T-352-16
Sentencia T-352/16
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Improcedencia de
tutela/ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR INDEMNIZACION DE PERJUICIOS-Procedencia
excepcional
Como regla general, en virtud del principio
de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente para ordenar el
reconocimiento de obligaciones económicas que estén supeditadas a litigio. Sin
embargo, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, el juez constitucional podría decretar una
indemnización, siempre que confluyan varias condiciones, dentro de las cuales
se destaca que los accionantes no cuenten con otro medio judicial para reclamar
los perjuicios a los que consideran tener derecho por la acción arbitraria a la
que fueron sometidos y que vulneró sus derechos fundamentales.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION
DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Respecto
del defecto fáctico, esta Corporación ha manifestado que este se presenta en los casos en que “resulte
evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez para resolver un
caso es absolutamente inadecuado.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de
jurisprudencia
VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y PROTECCION
INTERNACIONAL A LOS DERECHOS HUMANOS-Contenido en el artículo 93 de la
Constitución Política
El artículo 93 de la Constitución Política dispone que “los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen
los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno.
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Alcance
Las disposiciones
que integran el bloque de constitucionalidad, tienen jerarquía constitucional,
ello quiere decir que deben ser observadas por los diferentes actores de una
sociedad, con el fin de evitar la conculcación de los derechos y de los
postulados que en la Carta se consignan.
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO
DEL DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Contenido y alcance
En el
ámbito internacional se ha creado un catálogo de tres derechos básicos para las
víctimas de violaciones a los derechos humanos: derecho a la verdad, la
justicia y la reparación integral. Esta Corporación ha entendido que entre “estos
tres derechos median relaciones de conexidad
e interdependencia, de manera tal que no es posible lograr la justicia sin la
verdad y no es posible llegar la reparación sin la justicia”. .
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO INCLUYENDO LA POBLACION DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA-Nuevo marco jurídico en la ley
1448 de 2011 y los decretos reglamentarios
La Ley 1448 de 2011, ha sido concebida como una ley de reparación
integral. El hecho de ser entendida como una norma reparadora, supone que el
Estado colombiano, por primera vez, está reconociendo su responsabilidad, independientemente
de la naturaleza de los agentes perpetradores. Es decir, más allá de que los
victimarios hayan sido agentes estatales o miembros de grupos armados al margen
de la ley, el Estado asumió el deber de reparar por la vía administrativa; es
decir, de manera más expedita y eliminando la carga de la prueba en cabeza de
las víctimas.
REPARACION A LAS VICTIMAS POR VIA JUDICIAL Y
ADMINISTRATIVA-Diferencias
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Término de
caducidad
COGNOSCIBILIDAD-Tiene lugar cuando el hecho dañoso pudo haberse presentado en
un momento determinado, pero sus repercusiones se manifestaron de manera
externa y perceptible para el afectado solamente hasta una ulterior oportunidad
CADUCIDAD EN LOS PROCESOS DE REPARACION DIRECTA
POR EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DENTRO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Jurisprudencia
del Consejo de Estado
TEORIA DEL DAÑO DESCUBIERTO-Establece
que, excepcionalmente, la caducidad del medio de control no se debe contar
desde el acaecimiento del hecho o acto, sino cuando las víctimas conocieron de
la existencia del mismo
El conteo del término de caducidad
en acciones de reparación directa para casos de ejecuciones extrajudiciales
(“falsos positivos”) es de dos años contados desde el día siguiente de la
ejecutoria del fallo penal que determina la existencia del delito de homicidio
en persona protegida. Es decir, el término no empieza a contarse desde el
momento en que aparece el cadáver, como se ha desarrollado para el caso de las
desapariciones forzosas, sino después, esperando que exista un fallo judicial
penal condenatorio. No de otra manera podría el derecho esperar que las
víctimas conocieran de la antijuridicidad del hecho.
VIOLACION DERECHOS HUMANOS-Responsabilidad
extracontractual del Estado por ejecuciones extrajudiciales -falsos positivos-
ACCION DE REPARACION DIRECTA-Definición
El recurso judicial efectivo para reclamar los perjuicios causados por los
actos cometidos por las autoridades del Estado, es la acción de reparación
directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Dicha acción de
carácter individual,
busca el reconocimiento de la responsabilidad objetiva del Estado y por tanto
la tasación de los perjuicios causados por la acción o la omisión de la entidad
causante del daño antijurídico.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación directa de la Constitución,
por cuanto se desconoció lo ratificado por Colombia en la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
Para
los casos en que se imputa la responsabilidad del Estado por actuaciones
cometidas por la Fuerza Pública contra civiles con ocasión del conflicto
armado, el estudio de la caducidad de la acción de reparación directa debe
corresponder con la Constitución Política, atendiendo el bloque de
constitucionalidad, es decir a las normas de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario, así como los principios de interpretación de los
tratados y los demás postulados de la Carta Fundamental.
Referencia: Expedientes
T-4.254.307 y T-5.086.690
Demandante: Benigno Antonio Cañas
Quintero y Dulcinea Sanabria Sánchez y otros
Demandado: La
Nación- Ministerio de                                    Defensa Nacional- Ejército
Nacional, Tribunal Administrativo de Casanare y otros
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C.,  seis (6) de julio de
dos mil dieciséis (2016)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella Ortiz Delgado, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la revisión de los
fallos de tutela proferidos por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A que, a su vez, confirmó el dictado por el Tribunal Administrativo
de Antioquia, al decidir la acción de tutela promovida por Benigno Antonio
Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas
Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional dentro de la acción de tutela
T-4.254.307; y, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que
confirmó el pronunciado por la Sección Segunda, Subsección B, de la misma Corporación,
dentro de la acción de tutela promovida por Dulcinea Sanabria Sánchez, Pablo Antonio
Mora Tovar, Fray Danilo Mora Sanabria, Albeiro Alejandro Mora Sanabria, Yanibel
Díaz Montaña y Cristian Danilo Mora Díaz contra el Tribunal Administrativo de
Casanare, radicada con el número T-5.086.690.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número Tres de la
Corte Constitucional, mediante Auto del 18 de marzo de 2014, decidió seleccionar
para revisión el expediente T-4.254.307. Posteriormente,
la Sala de Selección número Diez de la Corte Constitucional, mediante Auto del 15
de octubre de 2015, decidió seleccionar para revisión el expediente T-5.086.690,
correspondiendo su estudio a la Sala Cuarta de Revisión de
Tutelas.
En consideración a que los expedientes señalados
anteriormente abordan idéntica temática, relacionada con la posible vulneración
del derecho fundamental al debido proceso, por cuanto las instancias judiciales
respectivas, al decidir sobre las acciones de reparación directa interpuestas
por los aquí accionantes, consideraron que sobre éstas había operado el
fenómeno de la caducidad, sin tener en cuenta que, a juicio de los demandantes,
los hechos causantes del daño a reparar guardan relación con delitos que se enlistan
dentro de los catalogados como de lesa humanidad, pues fueron muertes
perpetradas por las Fuerzas Militares a miembros de la población civil dentro
del marco del conflicto armado colombiano y, en consecuencia, bajo ese
contexto, las acciones no cuentan con término para su interposición.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
Las demandas
se dirigen a obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de los
accionantes, quienes acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa a
través de la acción de reparación directa, con el fin de que se les paguen los
daños causados por las muertes de sus familiares, de quienes, afirman, fueron
dados de baja por miembros de las Fuerzas Militares dentro del marco del
conflicto armado, procesos cuyas instancias respectivas, determinaron que había
operado el fenómeno de la caducidad, quedando sin la posibilidad de reclamar
los perjuicios causados.
A continuación, pasará la Sala a exponer la situación fáctica de
cada caso, toda vez que, aunque persiguen el mismo objetivo, a saber, que se
ordene a los jueces del asunto decidir las demandas de reparación directa
interpuestas, sin dar aplicación a la caducidad, por cuanto se trata de delitos
de lesa humanidad, las dos abordan situaciones disímiles.
II. EXPEDIENTE T- 4.254.307
1. Reseña fáctica
El apoderado judicial de los
accionantes relató la situación fáctica, así:
1.1. El señor Benigno Antonio Cañas
contrajo matrimonio con la señora Luz Moreno y de esa unión nacieron Pedro
Pablo, José Albeiro, Luz Edilia, Benigno Antonio, Evert Robinson y Fausto
Hernán Cañas Moreno.
1.2. Fausto Hernán Cañas Moreno,
quien nació el 30 de marzo de 1980, vivía en la casa de sus padres junto con
sus hermanos y se encargaba de la recolección de café, del cuidado de los
animales semovientes y del cultivo de cebolla, en los terrenos del hogar
familiar, ubicados en la vereda El Paraíso del municipio de Barbosa- Antioquia.
1.3. El día 8 de diciembre de
2005, Fausto Hernán Cañas Moreno salió de la casa de su abuela hacia la suya, a
cinco minutos de camino, pero este no llegó a su destino. Al día siguiente, su
familia fue notificada por parte de la Estación de Policía de Barbosa, que el
cadáver de su hijo reposaba en la morgue de dicho municipio, el cual había sido
trasladado allí, por miembros del Ejército Nacional.
1.4. Fausto Hernán Cañas fue
asesinado el 8 de diciembre de 2005, en la vereda el Eco del municipio de Barbosa
por miembros del Ejército Nacional que integraban el grupo de contraguerrilla
Baraya 1, adscrito al Batallón Pedro Nel Ospina, quienes manifestaron que se
había presentado un combate en el que no podían divisar a los agresores,
procediendo a accionar el armamento, dando de baja al joven Cañas.
1.5. La investigación y el
juzgamiento por el asesinato de Fausto Hernán Cañas, le correspondió al Juzgado
Veintisiete Penal del Circuito de Medellín, el cual profirió sentencia
condenatoria contra los militares Eneil Quiroz Flórez, Juan Carlos Oviedo
Reinoso, Didier Arley Gómez, Jorge Luis Areiza Gallego, Jorge Luis Avello Gutiérrez,
José Omar Cardona Arango, Luis Fernando Agudelo Espinosa y Bairon Andrés
Aristizabal Gómez por el homicidio agravado del joven, “toda vez que los
uniformados obraron en aprovechamiento del estado de indefensión en que
colocaron a la víctima, actuaron por motivo abyecto, cual suele darse en estos
eventos conocidos como falsos positivos, en el que aquellos militares llevaron
a cabo las conductas homicidas con la finalidad de obtener una felicitación por
parte de sus superiores, de obtener ascensos, permisos o licencias.”
1.6. Igualmente, el Juzgado de
conocimiento de la acción penal, los condenó al pago de una suma equivalente a
mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de
perjuicios morales, a favor de Benigno Antonio Cañas y demás personas que
acreditaran estar legitimadas para reclamar. No obstante, la familia no
pretendía reclamar a los condenados los perjuicios a los que se vieron
sometidos, sino directamente al Estado, a través de la acción de reparación
directa ante la jurisdicción contencioso administrativa.
1.7. Dicho fallo fue confirmado
por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, el 23 de mayo de
2012.
1.8. Indicó que, en ese sentido,
el asesinato de Fausto Hernán Cañas Moreno, ocasionado por tropas del Ejército
Nacional constituye una ejecución extrajudicial, así como el mal trato en las
requisas arbitrarias realizadas a la familia Cañas Moreno en su hogar, producto
de la acción directa de las autoridades públicas en el curso de sus
actuaciones.
1.9. Una vez condenados los
militares que participaron en la muerte del joven Cañas, los accionantes, a
través de apoderado, demandaron a la Nación- Ministerio de Defensa, Ejercito
Nacional, mediante acción de reparación directa, la cual fue conocida por el
Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín, que resolvió, mediante auto
del 27 de agosto de 2012, rechazar la demanda propuesta, al considerar, que
había operado el fenómeno de la caducidad, pues el término de dos (2) años para
interponerla comenzó a contar desde el momento en que se conocieron los hechos
que dieron origen a la acción, en este caso, el 9 de diciembre de 2005. Dicha
decisión no fue recurrida.
1.10. Según los demandantes, tratándose
de este tipo de delitos, tal como lo dispone el inciso 2º del numeral 8º del
artículo 136[1]
del C.C.A., nada obsta para que, en defensa de los derechos constitucionales
fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, la
caducidad de la acción de reparación directa se cuente desde la ejecutoria del
fallo definitivo adoptado en el proceso penal y no, desde el día siguiente al
acaecimiento del hecho.
2. Fundamentos de la acción
El apoderado judicial de los
accionantes manifestó que dentro del proceso penal, los condenados radicaron un
escrito en el que confesaban la forma en la que se había cometido la
desaparición forzada y el posterior homicidio de Fausto Hernán Cañas Moreno,
liderado por el Sargento que estaba al mando del grupo. En ese sentido, afirmó,
el asesinato del joven Cañas, ocasionado por tropas del Ejército Nacional,
constituye una ejecución extrajudicial, toda vez que fue producida por la
acción directa de las autoridades públicas.
Señaló que Fausto Hernán Cañas
sufrió durante sus últimos momentos de vida, daños patrimoniales a su estado
emocional, pues soportó no solo la angustia y el terror a una inminente muerte,
sino, también, la humillación y la tortura psicológica, lo que se traduce en
perjuicio moral.
Por las mismas circunstancias,
los accionantes se vieron sometidos a “perjuicios morales y perjuicios a la
vida de relación, así como daños patrimoniales a su integridad económica
(perjuicios materiales consistentes en lucro cesante).
Los perjuicios morales se
traducen en un intenso dolor, sufrido por la desaparición forzada y ejecución
de su hijo y hermano, además de la impotencia y angustia al momento de los
malos tratos y las requisas extrajudiciales realizadas por el Ejercito a la
familia Cañas, que se incrementó al momento de la aparición del cadáver de
Fausto Hernán Cañas Moreno, siendo el dolor más grande que cualquier ser humano
puede sufrir.
Los demandantes, Benigno Antonio
Cañas Quintero y Luz Moreno, con la muerte de su hijo, sufrieron un evidente
daño en su patrimonio, toda vez que han dejado de percibir la ayuda económica
que aportaba su hijo dentro del hogar, pues era el que se encargaba de la
recolección de café, del cuidado de los animales semovientes y del cultivo de
cebolla.
En ese sentido, señaló, que si
bien es cierto que la acción de tutela no es viable para reclamar beneficios
patrimoniales, en el presente caso, los accionantes no cuentan con ninguna otra
opción, toda vez que el juez administrativo negó la posibilidad de reclamar los
perjuicios causados por la muerte de Fausto Hernán Cañas, a través de la acción
de reparación directa.
3. Pretensiones
Los accionantes solicitan que les
sean amparados los derechos fundamentales que estiman conculcados y, en
consecuencia, se ordene al Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín, dejar
sin efectos el auto interlocutorio No. 355 del 27 de agosto de 2012, por medio
del cual se rechazó la demanda de reparación directa que interpusieron contra
la Nación- Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, como resultado de la
muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno.
En ese sentido, en virtud de las
circunstancias que rodean el caso, solicitan que la caducidad de la acción de
reparación directa, se comience a contar desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado dentro del proceso penal, es decir, a partir del 23 de mayo
de 2012, con el fin de que se surta dicho proceso.
Como pretensión subsidiaria, en
caso de no ser posible lo anterior, solicitan que se declare “a la Nación colombiana-
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, administrativamente responsable de la
desaparición forzada y del posterior homicidio de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, y
de tratos crueles e inhumanos, así como de las requisas extrajudiciales
realizadas por el Ejército a la familia Cañas Moreno.
Que como consecuencia de la
declaración anterior, se condene a las entidades demandadas a pagar:
1. A favor de cada uno de los siguientes
demandantes, una suma de dinero equivalente a las siguientes cantidades de
salarios mínimos legales mensuales vigentes, como indemnización por los
perjuicios morales:
1.1.
Benigno Antonio Cañas Quintero (padre), mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
1.2.
Luz Moreno (madre) mil (1000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
1.3.
Pedro Pablo Cañas Moreno (hermano), mil (1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
1.4.
José Albeiro Cañas Moreno (hermano) mil (1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
1.5.
Luz Edilia Cañas Moreno (hermana) mil (1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
1.6.
Benigno Antonio Cañas Moreno (hermano) mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
1.7.
Evert Robinson Cañas Moreno (hermano) mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
2.
A favor de la masa sucesoral del causante FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, en
su condición de herederos, en virtud del derecho de transmisión (artículo 1014
C.C.), que se repartirán, de acuerdo con la legislación sucesoral, el
equivalente en pesos, a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
como indemnización por los daños en el patrimonio y a la integralidad afectiva
y emocional, constituidos como perjuicios morales, que Fausto Hernán Cañas
sufrió desde el momento de su desaparición forzada hasta su homicidio.
3.
A favor de la masa sucesoral de la causante Josefina Moreno, en su
condición de herederos, en virtud del derecho de transmisión (artículo 1014
C.C.), que se repartirán, de acuerdo con la legislación sucesoral, el
equivalente en pesos, a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
como indemnización por los daños en el patrimonio y a la integralidad afectiva
y emocional, constituidos como perjuicios morales, que sufrió desde el momento
de la desaparición forzada y homicidio de su nieto Fausto Hernán Cañas Moreno
y, hasta la muerte de aquella.
4.
A favor de cada uno de los siguientes demandantes, una suma de dinero
equivalente a las siguientes cantidades de salarios mínimos legales mensuales
vigentes, como indemnización por los perjuicios a la vida de relación:
4.1.
Benigno Antonio Cañas Quintero (padre), cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
4.2.
Luz Moreno (madre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
4.3.
Pedro Pablo Cañas Moreno (hermano), cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
4.4.
José Albeiro Cañas Moreno (hermano) cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
4.5.
Luz Edilia Cañas Moreno (hermana) cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
4.6.
Benigno Antonio Cañas Moreno (hermano) cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
4.7.
Evert Robinson Cañas Moreno (hermano) cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
5.
A favor de la masa sucesoral de la causante Josefina Moreno, en su
condición de herederos, en virtud del derecho de transmisión (artículo 1014
C.C.), que se repartirán, de acuerdo con la legislación sucesoral, el
equivalente en pesos, a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
como indemnización por los perjuicios a la vida de relación que sufrió desde el
momento de la desaparición forzada y homicidio de su nieto Fausto Hernán Cañas
Moreno y, hasta la muerte de aquella.
6.
Se condene a pagar la suma de diecinueve millones setecientos cincuenta
y siete mil doscientos pesos ($19.757.200) por Lucro cesante consolidado:
$8.745.420 y por lucro cesante futuro: $11.011.780, o el mayor o menor valor
que llegue a probarse dentro del proceso acorde con la tabla de liquidación
utilizada por la jurisdicción administrativa, a favor de Benigno Antonio Cañas
Quintero (padre).
7.
Se condene a pagar la suma de veinticuatro millones ochocientos noventa
y cinco mil ochocientos pesos ($24.895.800) por concepto de lucro cesante
consolidado: $8.745720 y por lucro cesante futuro $16.150.380 o el mayor o
menor valor que llegue a probarse dentro del proceso acorde con la tabla de
liquidación utilizada por la jurisdicción administrativa, como indemnización a
favor de Luz Moreno (Madre).
8.
Que se condene a la entidad demandada a pagar a favor de los demandantes,
en la modalidad de daño emergente futuro, una cantidad de dinero equivalente al
40% de la indemnización que se reconozca por concepto de perjuicios materiales
e inmateriales, el cual equivale a la suma de dinero que deberán pagar por
concepto de honorarios al profesional del derecho que los representa
judicialmente para poder obtener la indemnización.
9.
Que se disponga que la entidad demandada pida perdón por el asesinato de
Fausto Hernán Cañas, a sus familiares, acto que deberá llevarse a cabo en las
instalaciones de la Alcaldía municipal de Barbosa, Antioquia, con la asistencia
de las autoridades locales y el comandante del Ejército de la Región.
10.    Que
se disponga que la entidad demandada publique en los diarios que circulan en el
Departamento de Antioquia y en uno de circulación Nacional, que Fausto Hernán
Cañas Moreno fue víctima de violación de los derecho humanos en una fingida
operación militar y que por lo tanto, la Nación Colombiana- Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional, pide perdón público por dicho acto.
11.    Que
se pague por parte del ente demandado y, a favor de los demandantes, los
intereses remuneratorios y moratorios sobre todas las sumas reconocidas por
concepto de perjuicios inmateriales y materiales, los primeros a partir del 8
de diciembre de 2005, (fecha en que se produjo el daño) y los segundos, a
partir de la fecha en que cobre ejecutoria la sentencia que ponga fin al
proceso, hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación.”
4. Pruebas
En el expediente obran las
siguientes pruebas:
- Copia de poder otorgado por
Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo, Jose Alberto, Luz Edilia,
Benigno Antonio y Evert Robinson Cañas Moreno a Juliette Andrea Rúa Rodríguez y
Jorge Andrés Pérez para que los representen en el proceso de reparación directa
contra el Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional por la muerte de su
hijo y hermano Fausto Hernán Cañas Moreno (folios 17 a 18)
- Copia del auto proferido por el
Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Medellín el 27 de agosto de 2012,
mediante el cual se rechazó la demanda de reparación directa por caducidad de
la acción (folios 19 a 22).
-Copia de la sentencia
condenatoria No. 039 dentro del proceso penal, proferida por el Tribunal
Superior de Medellín del 23 de mayo de 2012 (folios 23 a 60).
5. Respuesta de los entes
accionados
Mediante Auto del 24 de julio de
2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
admitió la acción de tutela, notificó a las partes y vinculó al Juzgado
Dieciocho (18) Administrativo del Circuito de Medellín, por tener un posible
interés en el resultado de la decisión.
5.1. Juzgado Dieciocho (18)
Administrativo del Circuito de Medellín
El Juez Dieciocho (18)
Administrativo del Circuito de Medellín, dio respuesta a la acción de tutela
mediante escrito presentado el 26 de julio de 2013, en el que solicitó declarar
improcedente el mecanismo de amparo, toda vez que, en primer lugar, no se
cumple con el requisito de la inmediatez, pues los accionantes tardaron 11
meses en dar inicio a la presente acción, sin que se hubiere justificado el
motivo de la demora.
En segundo término, no se cumple con
el requisito de agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial, pues lo que los actores pretenden “es la reparación
económica de los perjuicios ocasionados por la muerte de una persona a manos de
la Fuerza Pública, no se trata de la protección de derechos fundamentales”,
lo que hace obligatorio la interposición de todos los medios que tengan a su
alcance. En el presente caso, los apoderados de los tutelantes, no ejercieron
ninguna defensa contra el Auto interlocutorio No. 355 del 29 de agosto de 2012,
que rechazó la demanda de reparación directa por haber operado la caducidad de
la acción, pudiendo haber interpuesto recurso de apelación.
En consecuencia, estimó, que lo
que se pretende a través del mecanismo de amparo es revivir instancias
judiciales precluídas por desidia o falta de diligencia técnica de los
apoderados en el proceso de reparación directa.
En cuanto a la solicitud de los accionantes
de que se cuente el término de caducidad a partir de la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, señaló que el artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo, si bien prevé una excepción a la caducidad, esta
solo opera para aquellos casos de desaparición forzada, supuesto que no se
enmarca en el asunto de la referencia, pues los militares que cometieron el
ilícito, fueron condenados por homicidio agravado.
5.2. Ministerio de Defensa
Nacional
La Coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional de la Dirección de asuntos Legales del Ministerio de
Defensa Nacional, contestó la acción de tutela con fundamento en las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, se refirió a la
procedencia del mecanismo de amparo para controvertir sentencias judiciales. Al
respecto señaló que para el caso en cuestión no es claro qué tipo de hipótesis
de procedibilidad plantea el accionante como quiera que no identificó de forma
razonable los hechos que generaron la violación y tampoco acreditó que la haya
alegado dentro del proceso judicial.
Expuso que, contrario a lo
afirmado por el actor, la providencia, cuestionada realiza un análisis de las
normas aplicables a la materia, así como de las pruebas obrantes dentro del
proceso, de las consideraciones de los funcionarios y de los sujetos
procesales, y hace una evaluación de los fundamentos jurídicos, estableciéndose
que se trata de una decisión que no puede ser calificada como vía de hecho por
cuanto la fundamentación que le sirvió de apoyo es razonable.
A su juicio no es viable mediante
la acción de tutela, cuestionar decisiones proferidas dentro de un proceso
judicial, porque el juez constitucional no tiene competencia para conocer, con
fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política, de las providencias
de los funcionarios judiciales, de ahí la declaratoria de inconstitucionalidad
de los artículos 11,12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Mediante sentencia C-543
de 1992, la Corte Constitucional, sostuvo que quien falla la tutela no puede
extender ‘su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión
litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que allí se
controvierte’. Con lo cual se entiende por qué el Tribunal no podía, en este
caso, hacer una evaluación en los términos que lo solicita el impugnante y por
la misma razón tampoco ahora puede hacerlo el Consejo de Estado.
Estima que en la demanda de
tutela lo que se observa es una disparidad de criterios que el recurrente tiene
con los funcionarios demandados en el proceso administrativo, lo cual no es
suficiente para acudir a la misma y acusar las actuaciones de desconocer
derechos fundamentales, menos cuando las determinaciones de los jueces no son
arbitrarias ni caprichosas.
En segundo término, se refirió a
la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con el requisito de
inmediatez, pues los accionantes se tardaron aproximadamente 11 meses en interponer
el mecanismo constitucional, sin justificación alguna. Al respecto del
mencionado requisito, advierte que la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado, han señalado que debe ser cumplido de manera estricta con el objetivo
de no sacrificar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
Manifestó, que si bien es cierto,
no existe norma que estipule un término legal para interponer la acción de
tutela contra una providencia judicial, la jurisprudencia constitucional al
referirse a este punto, ha indicado que debe tratarse de un tiempo razonable,
dependiendo de las circunstancias de cada caso en concreto. “En ese sentido,
en el presente asunto, no se da cumplimiento al requisito de inmediatez, pues
de la narración de los hechos en el escrito de tutela, no se evidencian
argumentos de los cuales se pueda inferir una circunstancia que excuse al actor
en la mora para interponer la acción de tutela”.
Y, como tercer punto, hizo
alusión al tema de la caducidad de la acción de reparación directa. Al respecto
señaló, que en el presente caso el término de caducidad inició el 8 de
diciembre de 2005 y el hecho de haberse dictado sentencia condenatoria dentro
del proceso penal adelantado por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno, no es
razón para que el término cambie pues no es un caso de desaparición forzada.
6. DECISIONES JUDICIALES
6.1. Primera instancia
Mediante sentencia del 5 de
agosto de 2013, el Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Segunda de Oralidad,
decidió rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por Benigno
Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas
Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, al considerar que el Auto
interlocutorio No. 355 del 27 de agosto de 2012, que rechazó la demanda de
reparación directa por haberse configurado el fenómeno de la caducidad, fue
notificado por estado el 29 de agosto de 2012, “sin embargo, no hay ni mención
alguna por parte de los accionantes, ni constancia de la cual se pueda inferir,
que se interpuso recurso de apelación contra dicha decisión.”
En consecuencia, estimó, que los
accionantes no usaron los medios que tenían a su alcance para debatir lo que
ahora pretenden por medio del mecanismo de amparo constitucional, “por lo que
acorde con los lineamientos establecidos por el máximo órgano en materia
constitucional, no es procedente el amparo solicitado, ya que no es propio de
la acción de tutela, reemplazar los recursos ordinarios o medios de control
previstos para la protección de un derecho, desplazar al juez competente, ni
mucho menos servir de instancia adicional a las existentes, o ser instrumento
para suplir la inactividad de los sujetos procesales”.
Al momento de la notificación del
fallo, el apoderado de la parte actora apeló la decisión del a quo, haciendo la
manifestación de que lo hacía bajo los mismos fundamentos expuestos en la
acción de tutela.
6.2. Segunda instancia
Mediante sentencia del 21 de octubre
de 2013, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, confirmó el fallo
de primera instancia, al estimar que la decisión tomada por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de agosto de 2012, que
rechazó la demanda de reparación directa por caducidad, fue notificada por
estado el 27 de agosto de 2012 y, no se observó que contra la misma se haya
presentado el recurso de apelación de que trata el numeral 1º del artículo 243,
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Al respecto textualmente expuso:
“Así las
cosas, es claro que la parte actora contó con otro mecanismo de defensa
judicial y no lo utilizó, para efecto de ventilar las alegaciones puestas en
consideración en esta instancia constitucional, de manera que en segunda
instancia se emitiera un pronunciamiento frente a la legalidad de la decisión,
hecho que patentiza la improcedencia de la acción de tutela.
La Sala
recuerda que la acción de tutela no fue concebida como un instrumento
alternativo o supletorio de los procedimientos ordinarios de defensa consagrados
por el legislador, en cuyo marco se garantiza el acceso a la administración de
justicia y el debido proceso de las partes en contienda.
No puede
pretenderse que ante la desidia de quien pudo acudir a los mecanismos
ordinarios de defensa y no lo hizo, el juez de tutela estudie la causa petendi
so pretexto de la vulneración de derechos ius fundamentales, porque, se
reitera, la acción de tutela fue concebida constitucionalmente como un
mecanismo preferente y sumario de protección en el evento de no contarse con
otro mecanismo de defensa judicial.”
III. PRUEBAS
SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.254.307
Mediante Auto
del 12 de junio de 2014, el magistrado sustanciador consideró necesario vincular
al trámite de tutela a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, con el fin de que se pronuncie sobre el contenido de la demanda. Así
mismo, con el objetivo de contar con mejores elementos de juicio resolvió
solicitarle algunas pruebas, así:
“PRIMERO: ORDENAR que
por conducto de la Secretaría General, se ponga en
conocimiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
el contenido de la demanda de tutela que obra en el T-4.254.307, para que,
dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, se
pronuncie respecto de los hechos, las pretensiones y el problema jurídico que
plantea la aludida acción de tutela.
SEGUNDO: Por
Secretaría General, OFÍCIESE a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, para que dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación del presente auto, con los correspondientes documentos que
respalden sus afirmaciones, se sirva informar a esta Sala:
- Si el señor Benigno Antonio Cañas Quintero junto con
su grupo familiar han sido reconocidos como víctimas por el homicidio de Fausto
Hernán Cañas Moreno a manos del Ejército Nacional.”
Mediante
Oficio del 26 de junio de 2014, la Secretaria General de esta Corporación
allegó escrito del Jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, mediante el cual dio respuesta a lo
solicitado por parte del magistrado sustanciador, en el cual señaló lo
siguiente:
“De manera atenta la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas se permite dar respuesta al requerimiento
probatorio de la referencia, de conformidad con lo previsto en el Título III,
Capítulo II de la Ley 1448 /11 y su Decreto Reglamentario 4800 de 2011. Para el
efecto, la información que se remite se obtuvo de la herramienta tecnológica
‘VIVANTO’, administrada por la Red Nacional de Información de la Unidad, que
contiene una base de datos completa y actualizada de acreditación de las
personas en el Registro único de Víctimas (RUV) y la información que ha
gestionado y articulado la Red Nacional de Información en cuanto a las medidas
de asistencia, atención y reparación integral, otorgadas a las víctimas del
conflicto.
Información Registro único de Víctimas
Verificada la información contenida en la mencionada herramienta se
observa que el señor Benigno Antonio Cañas Quintero, identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.385.037, no aparece incluido en el mencionado Registro único
de Víctimas.”
IV. EXPEDIENTE T- 5.086.690
1. Reseña
fáctica
1.1. A través
de apoderado, los señores Dulcinea Sanabria Sánchez, Pablo Antonio Mora Tovar,
Fray Danilo Mora Sanabria, Albeiro Alejandro Mora Sanabria, Yanibel Díaz
Montaña y Cristian Danilo Mora Díaz, interpusieron acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, por parte del Tribunal Administrativo del Casanare,
al haber declarado, en segunda instancia, la caducidad de la acción de
reparación directa, interpuesta por los accionantes, como consecuencia, de la
muerte de Gustavo Mora Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria, por miembros del
Ejercito Nacional.
1.2. Gustavo
Mora Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria, de origen campesino, fueron
desplazados, junto con su familia, de la vereda la Esmeralda del municipio de
Aguazul- Casanare hacia el Corregimiento Unete del mismo municipio.
1.3. El 30 de
marzo de 2007, a las 6:30 am, Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, salieron
rumbo a la vereda Altos de Cupiagua de Aguazul- Casanare, con el objetivo de
supervisar una finca de propiedad de sus padres Dulcinea Sanabria Sánchez y
Pablo Antonio Mora Tovar.
1.4. Al
llegar, decidieron visitar al señor Omar Mendoza en la finca vecina, lugar en
el que fueron abordados por agentes del Gaula del departamento de Casanare,
quienes los retuvieron, los amarraron y los sacaron de la vivienda, junto con
el señor Mendoza y otro sujeto.
1.5.
Posteriormente, los mencionados agentes, dejaron ir al señor Omar Mendoza, quien
afirma, que minutos después, escuchó unos disparos.
1.6. Mediante
Oficio No. 517 de 31 de marzo de 2007, suscrito por el Teniente del Ejército
Nacional, Fabio Arturo Puentes Porras y dirigido al Juez de Instrucción Penal
Militar de las Brigadas XVI y VIII, se informó, que en “cumplimiento de la
‘Misión Técnica Antiextorsión No. 034, Marcial’, ejecutada por tropas del Gaula
Casanare, el 30 de marzo de 2007, hubo enfrentamiento armado en el que
resultaron muertos tres (3) sujetos, quienes pertenecían a la cuadrilla José
David Suárez del E.L.N.”.
1.7. Dentro
de las tres personas dadas de baja por los agentes del Gaula, se encontraban
los hermanos Mora Sanabria, los cuales fueron registrados, en las actas de
levantamiento, como NN.
1.8. El 21 de
julio de 2012, familiares de los hermanos Mora Sanabria interpusieron ante la
jurisdicción contencioso administrativa, la acción de reparación directa contra
el Ejército Nacional, en búsqueda del resarcimiento de los daños causados por
la muerte de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria.
1.9. Dicha
acción fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Casanare, el cual, mediante sentencia del 28
de noviembre de 2013, declaró responsable a la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional- Ejercito Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes como
consecuencia de la muerte de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria.
1.10. Contra
dicha decisión se interpuso el recurso de apelación, el cual fue conocido por el
Tribunal Administrativo del Casanare, quien, mediante providencia del 17 de
julio de 2014, revocó el fallo del a quo, y, en su lugar, declaró la caducidad
de la acción, al considerar que no era posible aplicar la regla especial del
delito de desaparición forzada, pues entre la aprehensión ilegal, la muerte y
la entrega de los cadáveres de los hermanos Mora Sanabria transcurrieron pocas
horas, lo que permite desvirtuar la configuración del mismo.
1.11. Afirman
los accionantes, que el Tribunal Administrativo de Casanare, vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia
y al principio de confianza legítima, pues no tuvo en cuenta sus propios
precedentes, ni los del Consejo de Estado, en los que, en casos similares, se
aplicó la excepción a la caducidad de la acción de reparación directa por
tratarse de crímenes de lesa humanidad.
2.
Fundamentos de derecho
En el escrito
de presentación de la acción de tutela el apoderado de los accionantes, explicó
brevemente la procedencia de esta, en ese sentido, manifestó, que el presente
asunto (i) reviste relevancia constitucional por cuanto se pretende reconocer
el carácter fundamental del derecho de acceso a la administración de justicia
en conexidad con los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la
reparación integral, pues el Tribunal Administrativo del Casanare, al no
haberse pronunciado de fondo y, por el contrario, aplicar el artículo 136 del
CCA, relativo a la caducidad de la acción de reparación directa, incurre en un
error, pues, al tratarse de una grave violación de derechos humanos, no debe
someterse al plazo de caducidad.
(ii) Se han
agotado todos los medios y recursos para obtener la defensa de los derechos de
los accionantes que buscan la reparación integral de los daños causados con
ocasión de la muerte de los hermanos Mora Sanabria. Los demandantes
interpusieron acción de reparación directa contra la Nación- Ministerio de
Defensa- Ejercito Nacional, radicada bajo el número 85001-33-33-703-2012-00084
y de la cual conoció el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de
Yopal- Casanare, en primer instancia, despacho que acogió parcialmente las
pretensiones de la demanda, mediante providencia del 28 de noviembre de 2013,
decisión que fue apelada de manera oportuna y, posteriormente, decidida por el
Tribunal Administrativo del Casanare quien, revocó el fallo y declaró la caducidad
de la acción. Al ser una decisión de segunda instancia, no cuenta con recursos
para controvertir lo decidido por el ad quem, razón por la que el mecanismo
de amparo constitucional se torna procedente.
(iii) Se
cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia que se
cuestiona fue proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 17 de
julio de 2014, notificada por estado los días 23, 24 y 25 de julio del mismo
año, quedando ejecutoriada, finalmente, el día 30 de julio y, la presente
acción de tutela, fue interpuesta el 22 de enero de 2015, es decir dentro de un
término razonable y prudente, pues no transcurrieron más de seis (6) meses.
(iv) En el
presente caso ocurrieron irregularidades procesales que tuvieron incidencia en
la decisión cuestionada, por cuanto al no haber pronunciado una decisión de
fondo y, en su lugar, haber decretado la caducidad de la acción de reparación
directa sin tener en cuenta el precedente judicial establecido por el Tribunal
Administrativo del Casanare y por el Consejo de Estado, en relación con la
problemática planteada, así como no valorar el material probatorio con el cual
se evidencia que se trata de un delito de lesa humanidad, se quebrantaron
principios de seguridad jurídica y confianza legítima, al cambiar las reglas
establecidas.
(v) En cuanto
a los hechos que dan origen a la presente acción, advirtió que fueron objeto
tanto de la demanda de reparación directa como de los alegatos de conclusión al
cierre del debate probatorio, de la apelación y de los alegatos en segunda
instancia, oportunidades en las que se expusieron las graves violaciones de los
derechos humanos, así como la vulneración de los derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad y a la
reparación integral como consecuencia de la decisión inhibitoria del juez de
segunda instancia.
(vi) Por
último, señaló que la sentencia cuestionada y que motivó la presente acción de
tutela, fue proferida dentro de un proceso de reparación directa.
En cuanto a
las causales especiales, manifestó que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, adolece de dos defectos: fáctico y material o
sustantivo.
Respecto del
defecto fáctico, señaló que el juez realizó una indebida valoración probatoria,
pues no tuvo en cuenta los elementos presentados que demuestran las graves
violaciones a los derechos humanos por un acto de lesa humanidad cometido por
las fuerzas armadas.
En cuanto al
defecto sustantivo, advirtió que el juez de segunda instancia desconoció los
precedentes horizontales y verticales sobre la materia. En ese sentido expresó
que, “a fin de salvaguardar los derechos fundamentales de los cuales se
busca amparo, es vital acudir al precedente judicial, el cual nos muestra con
total claridad que si el tema ha sido tratado de una manera por la
jurisprudencia, no es dable apartarse de tales razonamientos sino por medio de
una mejor argumentación, la cual en el caso concreto no se observa, por cuanto
únicamente se refirió en la sentencia de alzada, infundadamente por cierto, que
al caso concreto no podía aplicársele la regla especial de caducidad propia de
los eventos de desaparición forzada y que el homicidio en persona protegida no
configura el tipo de crimen de lesa humanidad, premisas que llevan a concluir
que en el proceso referido habría operado la caducidad”.
3.
Pretensiones
A través de
la presente acción de tutela, los accionantes, mediante apoderado, solicitaron
el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Casanare al haber proferido la
sentencia del 17 de julio de 2014, que declaró la caducidad de la acción de
reparación directa, por lo que requieren que se anule y, en su lugar, se
ordene, a dicha corporación judicial, que dicte una sentencia en la cual se
profiera un pronunciamiento de fondo, sin tener en cuenta la caducidad de la
acción, por tratarse de delitos de lesa humanidad.
4. Pruebas
En el expediente obran las
siguientes pruebas:
-
Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Yopal- Casanare, dentro de la acción de reparación directa
interpuesta por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la Nación Ministerio de
Defensa Nacional (folios 60 a 85).
-
Copia del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de
primera instancia, por el apoderado de los demandantes (folios 87 a 159).
-
Copia del fallo de segunda instancia pronunciado por el Tribunal
Administrativo de Casanare, mediante el cual se declaró la caducidad de la
acción de reparación directa (160 a 171).
-
Copia de salvamento de voto a la sentencia proferida el 17 de julio de
2014, del Magistrado Néstor Trujillo González, dentro del proceso de reparación
directa interpuesto por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la Nación Ministerio
de Defensa Nacional, que conforma la sala de decisión de la mencionada
Corporación (folios 172 a 179).
-
Copia de la comunicación enviada al apoderado de los demandantes, por el
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
mediante la cual se le informa que la denuncia interpuesta contra el Estado
Colombiana el 15 de marzo de 2012, fue recibida y registrada con el número
P-408-12 (folio 180).
5. Respuesta de los entes
accionados
Mediante Auto del 27 de enero de
2015, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, admitió la acción de
tutela, notificó al Tribunal Administrativo del Casanare en calidad de
demandado y vinculó al Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, por tener un
posible interés en el resultado de la decisión.
5.1. Tribunal Administrativo
de Casanare
Los magistrados del Tribunal
Administrativo del Casanare, dieron respuesta a la acción de tutela mediante
escrito presentado el 10 de marzo de 2015, en el que manifestaron que en la
sentencia proferida el 17 de julio de 2014, por la mayoría de la sala, se
discutió un evento de muerte de unas personas por miembros de la Fuerza Pública,
suceso ocurrido el 30 de marzo de 2007. Sus familiares, a través de apoderado,
presentaron demanda de reparación directa el 21 de junio de 2012, en la que
argumentaron que el presente caso constituía un crimen de lesa humanidad y
desaparición forzada, para los cuales, según la apreciación de los demandantes,
no opera la caducidad de la acción.
Los jueces estimaron que “no
hay lugar a reabrir el debate propio de las instancias, por ello prescindimos
de replicar argumentos relativos a las tesis jurídicas que entonces se
debatieron, incluida la disidencia de la sala.
Basta destacar que en la
motivación se diferenciaron eventos de típica desaparición forzada, para los
cuales por unanimidad esta Corporación aplica la solución legal con regla
especial de caducidad, de aquellos en los que el homicidio en persona protegida
no va acompañado de los elementos constitutivos del tipo internacional e
interno que se invoca, a saber: privación material de la libertad (sea legítima
como una situación de flagrancia; o ilegitima), seguida de ocultamiento del
hecho y de la suerte de la víctima y de negación del acontecimiento para
sustraer a la víctima misma y a los responsables del control judicial y del
amparo que ofrece el bloque de constitucionalidad. (sic)
En los hechos concretos, por
mayoría, la Corporación encontró no demostrados los presupuestos fácticos de la
desaparición forzada; de ahí que haya calificado lo ocurrido como un suceso al
parecer enteramente criminal de captura ilegal de un ciudadano por una patrulla
militar que se lo llevó delante de quienes estaban presentes al sitio donde lo
mantuvo cautivo, con otra persona, cuya liberación permitió hacer saber a la
familia del occiso lo que había acontecido.(sic) El aparente combate y
la baja fueron revelados de inmediato a la línea castrense de mando y a las
autoridades judiciales, ante las cuales los deudos reconocieron el cuerpo un
día después de la ejecución.
Como puede verse en la motivación,
aunque se abordó expresamente, no se acogió la tesis disidente que extiende a
todos los delitos de lesa humanidad el mismo tratamiento legal interno de no
caducidad o de regla especial (…).
En lo demás ha de estarse en
la motivación expresa y explicita de la sentencia, (sic) en la cual se
examinaron diversas aristas de línea horizontal y de precedentes del superior
funcional, así como algunas posiciones no homogéneas y pareceres de otros
jueces. De ahí que estimemos infundado el cargo de desconocimiento de la
jurisprudencia vinculante (…)”.
5.2. Ministerio de Defensa
Nacional
La Coordinadora del Grupo
Contencioso Constitucional de la Dirección de asuntos Legales del Ministerio de
Defensa Nacional, contestó la acción de tutela en la que manifestó que el fallo
cuestionado no adolece de ningún defecto, por cuanto el Tribunal Administrativo
del Casanare actuó de conformidad con la legislación aplicable al caso, pues es
clara la voluntad del legislador al expresar que el término para interponer la
acción de reparación directa es de dos años contados a partir de la ocurrencia
del hecho notorio, en el caso en particular, desde la fecha en que los
demandantes se enteraron de la muerte de los hermanos Mora Sanabria, con el
objetivo de garantizar el principio de seguridad jurídica de los sujetos
procesales.
Señaló, que respecto a la
caducidad de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado, en
situaciones similares a la que se debate en esta oportunidad, ha establecido
que “La caducidad es la sanción que consagra la ley por
el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos
preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le
asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato
jurisdiccional del poder público. Es decir, las normas de caducidad tienen
fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en
el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean
definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos
razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción y, con
el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan al aparato
jurisdiccional a efectos de que el respectivo litigio o controversia, sea
resuelto de manera definitiva por un juez de la república con competencia para
ello.”
Advirtió que en el asunto sub
examine, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2007, en la vereda Cupiagua
Alto de Aguazul (Casanare)  en el que fueron dados de baja los hermanos Mora
Sanabria. Se trata de un caso de homicidio del cual la familia tuvo
conocimiento al día siguiente, por lo que el término de la caducidad debía
iniciar a partir del 1 de abril de 2007, debiendo acudir los demandantes al
estrado a más tardar el 1 de abril de 2009.
Anotó, que de conformidad con el
material probatorio, a la familia se le puso en conocimiento, desde el mismo
día de los hechos, que los hermanos Mora Sanabria habían fallecido con ocasión
de un enfrentamiento en una operación, por lo que no puede aplicarse la regla
especial de caducidad propia de la desaparición forzada, a un caso de muerte de
unos ciudadanos, cuando entre la aprehensión ilegal, la muerte y la entrega de
los cadáveres a la autoridad judicial transcurrieron pocas horas.
En consecuencia, replicó, que no
puede ser de recibo que el ente demandado comience a contar el término de
caducidad de la acción de reparación una vez quede ejecutoriado el fallo penal,
pues no se trata de un caso de desaparición forzada, si desde el principio la
familia tuvo conocimiento de las circunstancias del deceso, fecha desde la cual
pudieron haber acudido a la jurisdicción contenciosa.
Del mismo modo, resaltó, que la
muerte se produjo con ocasión del cumplimiento de una operación denominada
Misión Táctica Antiextorsión, ejecutada por tropas del Gaula en la cual se
dieron de baja a los familiares de los demandantes. Por lo que, a su juicio, “no
se trataba de personas del todo ejemplar como se pretende hacer creer, se
trataba de sujetos que independiente de si hacían parte o no (sic), en
su momento actuaron contra la fuerza pública, lo que se corroboró en el
expediente con los informes operacionales, quienes supuestamente pertenecías a
una cuadrilla del ELN.”
En ese sentido, manifestó que “en
aras de brindar respuesta a uno de los interrogantes planteados, es claro que
no puede la entidad demandada responder por los hechos acaecidos cuando es
evidente que al haberse identificado el Ejército Nacional como tal, obtuvo un
ataque del cual era imperioso protegerse y actuar de inmediato y que en el
presente caso operó el fenómeno jurídico de la caducidad (sic)”.
6. DECISIONES JUDICIALES
6.1. Primera instancia
Mediante sentencia del 19 de marzo
de 2015, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, decidió negar el
amparo de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, al
considerar que en eventos como el que ocupó su atención, esto es, en los que la
discusión jurídica radica en la presunta ocurrencia del fenómeno de la
caducidad de la acción de reparación directa, que tiene como fin el
reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales, causados por la
muerte de un civil, como consecuencia de una falla en el servicio del Ejercito
Nacional, el cómputo de los dos años, establecido por la ley, se debe efectuar
a partir de la ocurrencia del hecho censurado o desde la fecha en que se haya
tenido conocimiento del mismo.
Señaló que, en ese sentido, la
Sección Tercera de dicha Corporación, ha afirmado que la caducidad de la acción
de reparación directa se cuenta, por regla general, a partir del momento en que
sucede el hecho dañoso, y, por excepción, a partir del momento en el que se tiene
conocimiento del daño. En efecto, ha precisado el juez natural y máxima
autoridad en este asunto, que no es posible establecer prima facie una
regla absoluta de caducidad por lo que, en cada caso, corresponde al juez
efectuar el análisis que permita concluir si se aplica uno u otro criterio.
Sobre dicho punto mencionó varios precedentes, a saber:
1.     Sección
Tercera, providencia de 3 de marzo de 2010, radicado interno No. 36282, C.P.
Myriam Guerrero de Escobar:
“(…) En ese
orden de ideas si el delito de desaparición forzada en el derecho interno
también se predica respecto del particular que perteneciendo a un grupo armado
al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad,
cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a
reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola
del amparo de la ley, es claro para la Sala que el término de caducidad que se
debe aplicar al sub examine es el establecido en el inciso 2° del numeral 8°
del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por el
artículo 7° de la Ley 589 de 2000. De acuerdo con la prescripción transcrita,
el legislador nacional previó unas reglas de excepción frente a las acciones de
reparación directa en cuanto el término para ser intentadas, atendiendo las
particulares circunstancias que rodean este ominoso crimen. Así la norma
establece tres eventos: i) se contarán los dos años a partir de la fecha en que
aparezca la víctima, ii) esa contabilización se hará desde la ejecutoria del
fallo definitivo adoptado en el proceso penal y iii) lo anterior sin perjuicio
de que pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición. Esta regulación se explica en tanto que en este
tipo de eventos el daño antijurídico que se demanda tiene la calidad de ‘continuado’,
esto es, que se sigue produciendo de manera sucesiva en el tiempo. O lo que es
igual, todo acto de desaparición forzada es considerado delito permanente
mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona
desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos. De ahí que sea
razonable la previsión contenida en el precepto en cita conforme a la cual el
término para intentar la acción inicia a partir del momento en que se verifica
la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo. En otras palabras,
una vez ‘reaparece’ la persona, esta se encuentra en condiciones de recurrir
ante la jurisdicción para buscar el amparo de la ley, siendo pues una carga
hacerlo dentro del plazo indicado por el ordenamiento. La Sala reitera que la
ocurrencia de los eventos consignados en la norma en cita no implica que no
opere la caducidad para la reclamación de los perjuicios causados con el evento
de ‘desaparición forzada’, toda vez que lo que el legislador hizo fue
introducir una variación en relación con el momento en que se inicia el conteo
del término para intentar la acción, el cual queda pues sometido al
acaecimiento de una de dos condiciones: i) el aparecimiento de la víctima; o
ii) la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Por manera
que el término de dos años previsto en la norma, no varía. Justamente como lo
ha precisado la Sala, en atención a la gravedad de la desaparición forzada, el
legislador nacional previó una regla singular para demandar la indemnización
por los daños causados con esa conducta y estableció un plazo razonable, como
ya se precisó, de dos (2) años que se cuentan a partir del día en que el
desaparecido recobra su libertad, o desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal (…)”.
2.     Sección
Tercera- Subsección C. Sentencia de 2 de febrero de 2011, radicado interno No.
39360, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz:
“La
desaparición forzada de personas fue calificada como delito de lesa humanidad
en el año de 1983 por la Organización de Estados Americanos (OEA) mediante
Resolución 666 XIII-0/83.  Entre los años 1990 y 2007 se firmaron varios
instrumentos internacionales relacionados con la desaparición forzosa de
personas, a saber: i).En 1992 la Declaración sobre la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de Naciones
Unidas (Resolución 47/133 del 18 de diciembre);  ii). En 1994 la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. iii). La tipificación
universal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. iv).
Y finalmente en el  2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó
el texto de la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra las desapariciones forzadas […]. Por su lado, esta Corporación
ha considerado que este delito  constituye violación de múltiples derechos
humanos tanto en el orden interno como en el marco del derecho internacional y
por lo mismo, esta práctica abominable es considerada en el derecho
internacional como delito de lesa humanidad pues -como lo ha resaltado la Sala-
esta práctica no sólo compromete los intereses de la víctima sino, que
simultáneamente, atenta contra la convivencia social, la paz y la tranquilidad
de la humanidad y por ello, cualquier Estado puede pretender que se investigue
y sancione al infractor de la misma.  El legislador también tipificó la
desaparición forzosa como delito en la Ley 589 de 2000 y 599 del mismo año
considerándola como la privación de la libertad a la que es sometida una
persona por un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley
cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a
reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndolo
del amparo de la ley.  También incurren en el delito, el servidor público, o el
particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, que
realice la conducta descrita anteriormente. De lo anteriormente expuesto se
concluye que la desaparición forzada es un delito considerado nacional e
internacionalmente como de lesa humanidad, que se extiende en el tiempo, desde
el momento mismo en que la persona es privada de la libertad, continúa con su
ocultamiento y culmina con la aparición de la víctima o con el conocimiento de
su paradero.
(…)
Entonces,
para que se constituya el delito deben concurrir varios elementos: i).Que
exista privación de la libertad de una o varias personas, cualquiera que sea su
forma; ii). Que sea cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de
personas que actúen con la autorización de éste, o por un particular
perteneciente a un grupo armado al margen de la ley; iii). Que exista
ocultamiento y  la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre
su paradero, sustrayendo a la persona del amparo de la ley.
(…)
En el caso
sub examine, al estar en presencia de las anteriores circunstancias,  el
término de caducidad debe ser el dispuesto en el inciso 2° del numeral 8 del
artículo 136 del C.C.A.   Debemos precisar que dicho artículo, al ser
adicionado por la Ley 589 de 2000, en el sentido de establecer en su inciso
segundo una variación en relación con el momento en que se inicia el conteo del
término para intentar la acción, no hizo otra cosa que permitir el acceso a la
justicia para aquellas personas víctimas de este cruel delito, debido a que,
como ya se mencionó, el delito de desaparición forzada continúa en el tiempo
hasta tanto ocurra uno de estos eventos: que aparezca la víctima,  o desde la ejecutoria
del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal
acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición. Luego entonces, el plazo de los dos (2) años se
empieza a contabilizar a partir del acaecimiento de cualquiera de los sucesos
ya indicados.”
3.     Sección
Tercera, Sentencia de 28 de agosto de 2013, radicado interno No. 41706, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez:
“Ciertamente,
en varios instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, de
los cuales el Estado Colombiano hace parte, se
establecen como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición
forzada de personas: i) la privación de la libertad; ii) la intervención
directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y ii) la negativa de
reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona
interesada. Así por ejemplo, los artículos 2 y 5 de la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas de 2007
(…)
La ley consagró entonces un término de dos (2) años,
contados desde el día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión que da
lugar al daño por el cual se demanda la indemnización, para intentar la acción
de reparación directa, período que, una vez vencido, impide solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el
fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción. (…) se
desprenden los siguientes eventos para la contabilización de los dos (2) años
de caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, a saber: i) se contarán a partir de la fecha en que
aparezca la víctima; o en su defecto, ii) desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal. Adicionalmente, se estableció que los
anteriores eventos no constituyen óbice para que la correspondiente acción de
reparación directa pudiera intentarse desde el momento en que ocurrieron los
hechos que dieron lugar a la desaparición forzada. (…)”.
En observancia de lo expuesto, en
Consejo de Estado, consideró que el Tribunal fundó su decisión, en la
jurisprudencia sentada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, toda vez
que los demandantes conocieron de la muerte de los señores Gustavo y Yefer Mora
Sanabria, quienes fallecieron en un presunto combate ocurrido el 30 de marzo de
2007, el 31 del mismo mes y año, momento en que los cuerpos fueron reconocidos
por la señora Dulcinea Sanabria, madre de los occisos, razón por la que dicho
ente judicial determinó que al no configurarse los elementos del delito de
desaparición forzada, no era posible aplicar la regla excepcional de la
caducidad.
Afirmó que “el análisis
relacionado con aquél momento en el que se tuvo la certeza del fallecimiento de
la víctima, es suficiente para establecer que en este asunto la caducidad se
ciñó a los criterios descritos en la jurisprudencia citada, toda vez que ésta
no se contabilizó desde la ocurrencia de la muerte de los hermanos Mora
Sanabria, sino desde la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, estos es,
desde el 31 de marzo de 2007, fecha en que se efectuó la diligencia de
necropsia y le fueron entregados los cuerpos a su progenitora.”
6.2. Impugnación
El apoderado de los accionantes
solicitó revocar la sentencia del a quo y, en su lugar, se amparen los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al
debido proceso y a la reparación integral de sus representados y, en
consecuencia, se anule la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Casanare del 17 de julio de 2014, con el fin de que se dicte un nuevo fallo
en el que no se tenga en cuenta el fenómeno de la caducidad de la acción de
reparación directa.
En sustento de su petición mencionó
un fallo mediante el cual, el Consejo de Estado, desarrollo la teoría del “daño
al descubierto”, según la cual la caducidad de la acción de reparación directa
no se debe contar a partir del acaecimiento del hecho, sino desde que las
víctimas conocieron de la existencia del daño antijurídico, esto es, a partir
de la decisión de la jurisdicción penal en la que se señale que el implicado no
murió a causa de un presunto combate, así lo afirmó:
“En efecto,
a diferencia del delito de desaparición, en estos homicidios, a partir de los
informes que rinden los miembros de las fuerzas legítimas del Estado, en los
que se muestra a la persona como miembro de un grupo enfrentado con estas, dada
de “baja en combate”, hace que surja la presunción que el Estado actuó en
ejercicio de sus deberes, lo que excluye la posibilidad de exigirle alguna
responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la Constitución, por cuanto
no existe un daño antijurídico que resarcir.
Es decir,
el daño antijurídico en estos casos, se materializa cuando el Estado establece
que la persona que se dijo fue muerta en combate, en realidad, no hacia parte
de las hostilidades, y, por tanto, fue involucrada en él,  desconociendo todas
las prescripciones internas e internacionales sobre el particular.
En otros
términos, en estos casos, se puede  acudir a lo que la misma Sección Tercera ha
denominado teoría del daño descubierto según la cual, excepcionalmente, la
caducidad del medio de control no se debe contar desde el acaecimiento del
hecho o acto, sino cuando las víctimas conocieron de la existencia del mismo.
En este
caso, la aplicación de esta teoría se traduciría en que el daño se configuraría
no con la muerte de la persona que se dice “fue dado de baja en combate”, sino
con la decisión de la jurisdicción, en este caso, la  penal, en la que se
señale que el sujeto era una persona protegida y, por ende, que el Estado
descoció su carácter de garante de aquella, al involucrarlo en las
hostilidades.
Sobre la
teoría del daño al descubierto se ha señalado:
“Si bien
es cierto que el inciso 4o del artículo 136 del C. C. A. establece que el
termino de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a
partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajeno por
causa de trabajos públicos, dicha norma entendida de manera racional debe
interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple
del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el
afectado, lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin
embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el
principio pro actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a
partir del momento en el cual el demandante conoció́ la existencia del
hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un
interés actual para acudir a la jurisdicción…”[2]
(negrilla fuera de texto).
(…)
En los
casos, de homicidio en persona protegida y/o ejecución extrajudicial, el solo
hecho de la muerte no puede generar la caducidad, porque, en principio, no hay
daño frente al cual se pueda reclamar, pese a que los familiares tengan el
convencimiento que la persona señalada de pertenecer a las fuerzas armadas
ilegales no lo era, en contraposición a los informes oficiales.
En ese
sentido, insiste la Sala de Sección que, en razón de la naturaleza de esta
conducta, el juez administrativo puede hacer uso de las teorías que ha ido
construyendo, a efectos de buscar parámetros diferentes a la aplicación textual
del precepto que consagra la caducidad, para determinar esta, a efectos de
garantizar, en forma efectiva, no solo el componente del derecho a la reparación
la que, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, hace
parte del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sino
la garantía de otros derechos, igualmente  fundamentales como el de acceso a la
administración de justicia, pues declarada la caducidad, este derecho queda
limitado.
(…)
Por tanto,
considera la Sala que, por hechos como los que dieron origen al proceso de
reparación directa y a efectos de materializar  los derechos de acceso a la
administración de justicia de las víctimas, se requiere de una interpretación
diferente del artículo 136 del C.C.A, que permita la realización efectiva de
los derechos de aquellos, pues, por la naturaleza y configuración de la
conducta de los agentes del Estado que allí se alega, la que, se repite, no es
la desaparición forzada, contar el término de caducidad desde el día siguiente
a la ocurrencia del hecho o de la aparición del cadáver de la víctima, deja de
lado la consideración de una circunstancia o presunción que se debe desvirtuar y
es aquella según la cual, la muerte se presentó en combate, hecho que, en
principio, impediría la configuración de  la responsabilidad del Estado.
Presunción
que, en principio, solo se puede desvirtuar a lo largo del proceso penal que se
inicie con ocasión de esa conducta y la discusión misma sobre sus verdaderas
connotaciones. Así, solo cuando exista un pronunciamiento que declare que, en
efecto, la persona que fue reportada como guerrillera era un persona protegida,
se descubre que el hecho es, en sí, antijurídico.
Por tanto,
es desde ese instante que se cuenta la caducidad de los dos años sin que ello
implique que se pueda acudir con anterioridad a la justicia contenciosa, la que
a partir de las diversas pruebas puede llegar al convencimiento sobre la
realidad de los hechos alegados por los agentes del Estado.
Es decir,
a partir de la teoría del descubrimiento del daño, los dos años de caducidad
del medio de control de reparación directa debe comenzar a correr al día
siguiente de la ejecutoria del fallo penal que así lo determine.
Así, para
hacer razonable el término de caducidad en los mal llamados “falsos positivos”,
ejecuciones extrajudiciales o técnicamente homicidios en persona protegida,
este solo podría contarse, cuando la autoridad penal declare que el Estado
desconoció su deber de garante e involucró al personal civil en las
hostilidades, al señalarlos como miembros de grupos armados, cuando en realidad
no lo eran. Es decir, cuando el Estado mismo, a través de la justicia penal,
declare que se dio la violación de las normas del Derecho Internacional
Humanitario.
En otros
términos, la caducidad, en estos casos, en concepto de la Sala, solo se puede
contar a partir de la ejecutoria de la sentencia penal. En consecuencia, este
no es un presupuesto que se pueda analizar al momento de la admisión del medio
de control, cuando aquella no exista, pues la presunción de la que venimos
hablando solo podría desvirtuarse en el transcurso del proceso administrativo,
si no hay fallo penal, y, por tanto, únicamente al momento de dictarse el
respectivo fallo será posible establecer la realidad de los hechos frente a los
cuales se demanda la responsabilidad del Estado.
En
consecuencia, es evidente, que el juez administrativo, a efectos de contar los
términos de caducidad cuando de estos hechos se trate, no puede llanamente
tener en cuenta la ocurrencia del hecho para poner en marcha el cronómetro de
aquella, sin reparar que hay circunstancias que impiden hacer esa adecuación,
en razón del contexto mismo de la situación que se alega, como en efecto lo
reconoció el legislador para la desaparición forzada, pero solo para esa
conducta, dejando de lado otras igualmente graves que requieren de exámenes
diversos.” [3]
En observancia de lo anterior, el
apoderado de los accionantes solicitó que se aplique el mencionado precedente
jurisprudencial el cual ha sido reiterado por la misma Corporación en varias
ocasiones, con el fin de garantizar los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, pues los
demandantes, por prudencia, decidieron ejercer su derecho a la acción de
reparación directa, luego de ejecutoriada la resolución de acusación proferida
en el proceso penal radicado bajo la causa 2012-0006, que aún sigue en curso en
el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal- Casanare, la cual quedó
en firme el 30 de marzo de 2010, y que se convierte en un punto de referencia
para el proceso de imputación de responsabilidad patrimonial al Estado.
6.3. Segunda instancia
Mediante sentencia del 9 de julio
de 2015, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, confirmó el fallo de primera
instancia, al estimar que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de
Casanare, el 17 de julio de 2014, que declaró la caducidad de la acción de
reparación directa por no haberse interpuesto dentro de los dos años a partir
del acaecimiento del hecho o conocimiento del mismo, no desconoció los
precedentes que invocan los demandantes. Al respecto señaló:
“En efecto,
la providencia cuestionada (…) analizó la decisión que al día siguiente de la
muerte de los hermanos Mora Sanabria, sus familiares conocieron del hecho y
recibieron los cadáveres de sus seres queridos, sin que en el modus operandi de
los hechos se adviertan los elementos del delito de desaparición forzada, pues
una vez ocurrió el supuesto enfrentamiento, los militares dieron informe a sus
superiores, y se adelantaron las diligencias de la investigación penal de
rigor.
(…)
Revisados
los escritos presentados por el apoderado de los demandantes y comparados con
el libelo de la presente acción de tutela, no duda esta Sala en concluir que se
trata de la reiteración de los argumentos expuestos en las instancias del
proceso, con lo cual pretende, en forma indebida, constituir una tercera
instancia, que revise la legalidad de las deicisones proferidas en ejercicio de
la autonomía e independiencia de la función jurisdiccional, objetivo ajeno a la
acción constitucional.”
III. PRUEBAS SOLICITADAS POR
LA CORTE CONSTITUCIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE T-5.086.690
Mediante Auto
del 27 de enero de 2016, el magistrado sustanciador resolvió oficiar al Juzgado
Penal Especializado de Yopal Casanare, para que enviara a esta Sala, copia de
todas las actuaciones surtidas dentro del proceso penal con radicado No.
201000055, iniciado contra el señor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, el cual
fue remitido al despacho por la Secretaria General de esta Corporación mediante
oficio del 12 de febrero de 2016.
IV     FUNDAMENTOS JURÍDICOS
DE LA SALA
1.      Competencia
A través de esta Sala de
Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias
proferidas el 21 de octubre de 2013, por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que, a su vez, confirmó el fallo de primera instancia, dentro del
proceso T-4.254.307, y la dictada por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta, que confirmó la providencia del a quo, dentro del proceso T-5.086.690,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.       Problema jurídico
La Sala Cuarta de Revisión, mediante
auto del 27 de enero de 2016, decidió acumular los expedientes T-4.254.307 y
T-5.086.690, al considerar que los procesos plantean, en líneas generales,
el mismo problema jurídico, cual es la necesidad de determinar si los despachos
accionados vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral, de los
accionantes, al haber decretado la caducidad de las acciones de reparación
directa formuladas por los accionantes con base en el homicidio de sus
familiares por parte de miembros de la Fuerza Pública, sin tomar en cuenta que
dicho acto fue, a su parecer, un delito de lesa humanidad para cuya reparación
no se tiene término de caducidad, según reciente jurisprudencia del Consejo de
Estado.
En consecuencia, corresponde a la
Sala determinar si dentro del expediente T-4.254.307, existió, por parte
del Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional y el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín, la vulneración de los derechos
fundamentales aducidos, por Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro
Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert
Robinson Cañas Moreno, toda vez que el ente judicial rechazó la demanda de
reparación directa interpuesta como consecuencia del homicidio de Fausto Hernán
Cañas Moreno, hijo y hermano de los accionantes, por tropas del Ejército
Nacional, sin tener en cuenta que dicha acción fue interpuesta, a su juicio,
oportunamente, una vez quedó en firme la sentencia condenatoria de los
militares que cometieron el ilícito.
Los accionantes solicitan, en
primer lugar, se deje sin efectos el auto interlocutorio proferido por el
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín que rechazó la
demanda de reparación directa al considerar que había operado el fenómeno de la
caducidad y, en consecuencia, se dé trámite a la acción interpuesta con el fin
de que sean resarcidos los daños producidos por el hecho punitivo.
En segundo lugar, y en caso de no
ser posible lo anterior, solicitan que por medio de la acción de amparo
constitucional se ordene al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, el
reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales a los que
tienen derecho por la muerte de su hijo y hermano, Fausto Hernán Cañas Moreno,
causada por miembros de dicha entidad.
Respecto del expediente T-5.086.690,
corresponde determinar si el Tribunal Administrativo del Casanare, vulneró
los derechos fundamentales invocados por los accionantes Dulcinea Sanabria
Sánchez, Pablo Antonio Mora Tovar, Fray Danilo Mora Sanabria, Albeiro Alejandro
Mora Sanabria, Yanibel Díaz Montaña y Cristian Danilo Mora Díaz, al haber
declarado la caducidad de la acción de reparación directa en segunda instancia,
y haber pronunciado un fallo inhibitorio, dentro del proceso interpuesto contra
el Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, al considerar que la demanda fue
presentada 5 años después de haber conocido de la muerte de sus familiares
Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria a causa de una supuesta “Misión Táctica
Antiextorsión” practicada por el Gaula, en la que estos fueron retenidos y
posteriormente asesinados.
Con el fin de abordar el caso
concreto, esta Sala hará referencia, en primer lugar, a la procedencia de la
acción de tutela para reclamar pretensiones económicas y, en segundo lugar, a
la viabilidad del mecanismo de amparo para debatir decisiones judiciales, con
el fin de estudiar si, tratándose de las circunstancias de cada caso, los
jueces administrativos respectivos, incurrieron en alguno de los vicios establecidos
por esta Corporación que hayan ocasionado la vulneración de derechos
fundamentales de los accionantes, al haber declarado la caducidad de la acción de
reparación directa por haber transcurrido más de dos años, desde que tuvieron
conocimiento de los hechos que pretenden controvertir.
3. Procedencia de la acción de
tutela para reclamar pretensiones de carácter económico, específicamente
indemnización de perjuicios. Reiteración de jurisprudencia
La acción de tutela ha sido
concebida como un mecanismo de defensa judicial, de carácter subsidiario y
residual, en virtud del cual, es posible, a través de un procedimiento
preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los derechos
constitucionales fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares en los casos expresamente determinados por la ley.
El carácter subsidiario y
residual, significa que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no
existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo
éstos, se promueva para impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable[4]. A este
respecto, el artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que: “Esta
acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”.
De acuerdo con ello, ha dicho la
Corte que “la acción de tutela, en términos generales, no puede ser
utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los
establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se
busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer
los mecanismos dispuestos al interior de estos procesos para controvertir las
decisiones que se adopten”[5].
Este elemento medular de la
acción de tutela, la subsidiariedad, adquiere fundamento y se justifica, en la
necesidad de preservar el orden regular de asignación de competencias a las
distintas autoridades jurisdiccionales, con el objeto no solo de impedir su
paulatina disgregación sino también de garantizar el principio de seguridad
jurídica. Ello, sobre la base de que no es la acción de tutela el único
mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos
fundamentales, pues existen otros instrumentos, ordinarios y especiales,
dotados de la capacidad necesaria para, de manera preferente, lograr su
protección.
Así las cosas, los conflictos
jurídicos en los que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, en
principio, deben ser resueltos a través de los distintos medios ordinarios de
defensa previstos en la ley para estos efectos, y solo ante la ausencia de
dichos mecanismos o cuando los mismos no resulten idóneos o eficaces para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es procedente acudir, de manera
directa, a la acción de amparo constitucional.
Respecto de las pretensiones que
llevan implícitas el pago de obligaciones económicas que se encuentran
sometidas a litigio, esta Corporación ha sostenido, que si bien es cierto que
en algunos casos se ha admitido la procedencia de la acción de tutela, aquellas
han sido excepcionalmente sustentados en la falta de idoneidad del medio
ordinario, lo anterior dependiendo de las circunstancias fácticas de cada
situación, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo constitucional
para dichos fines de forma masiva e indiscriminada[6]. En relación con lo
anterior, la Sentencia T-528 de 1998, señaló que: “[...].ha sido clara la
jurisprudencia de la Corporación al indicar que los fallos emitidos en materia
de acción de tutela no tienen la virtualidad para declarar derechos litigiosos,
menos aun cuando de estos se predica su carácter legal.”[7]
En efecto, como regla general, en
virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela es improcedente
para ordenar el reconocimiento de obligaciones económicas que estén supeditadas
a litigio. Sin embargo, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, el
juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de dichas prestaciones
económicas, si: (i) el interesado no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial; (ii) teniendo medio judicial éste resulte ineficaz
para la protección de los derechos y (iii) en los eventos en los que,
luego de verificar los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e
impostergabilidad de la acción, se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable el cual se pretende evitar a través de la acción de tutela.[8]
Tratándose de pretensiones sobre
indemnización de perjuicios, el Decreto 2591 de 1991, prevé la posibilidad de
que el juez constitucional los decrete, siempre y cuando concurran algunas
circunstancias. El artículo 25 del mencionado decreto, señala:
“Artículo
25. INDEMNIZACIONES Y COSTAS. Cuando el afectado no disponga de otro medio
judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una
acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos
artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio,
tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente
causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así
como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante
el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses
siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá
inmediatamente copia de toda la actuación.
La condena
será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra
éste, si se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo
ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o
penales en que haya incurrido.
Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará
al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió
en temeridad.”
Al respecto de lo dispuesto en este
artículo, la sentencia T-095 de 1994[9],
indicó el alcance del mismo, en el sentido de que “la acción de tutela no
tiene por objeto una determinación judicial sobre indemnización de perjuicios.
Para ello el legislador ha instituido varios procedimientos, entre los cuales
cabe destacar, cuando se aspira a obtener resarcimiento de parte de la
administración pública, el que se desarrolla a partir de la acción de reparación
directa y cumplimiento, si la causa de la petición es un hecho o un acto
administrativo para cuya prueba haya grave dificultad, o la ocupación temporal
o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos.
Ahora bien, es verdad que el
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 consagra la posibilidad de condenar
"in genere" a la indemnización de perjuicios, dentro del proceso de
tutela, pero debe precisarse el alcance de la institución.
Como lo ha reiterado esta
Corte (Cfr. Sentencias C-543 del 1º de octubre de 1992 de la Sala Plena y T-033
del 2 de febrero de 1994, Sala Quinta de Revisión), tal norma busca dar
aplicación a criterios de justicia según los cuales la comprobación del daño
que se deriva de una acción u omisión antijurídica hace indispensable el
resarcimiento de aquél, a cargo de quien lo ocasionó.
Debe recordarse,
adicionalmente, que tal indemnización sólo es posible decretarla si se concede
la tutela, razón por la cual la prosperidad de la acción en esta materia -que,
por ende, resulta ser accesoria- únicamente puede darse si prospera la
pretensión principal, es decir, si el juez ha encontrado aquélla procedente y,
además, ha concluido que las razones de hecho y de derecho por él evaluadas dan
lugar a impartir una orden de inmediato cumplimiento en cuya virtud se
realicen, en el caso específico, los postulados constitucionales.
Pero, fuera de eso, se
requiere que la indemnización sea necesaria para asegurar el goce efectivo del
derecho; que el afectado no disponga de otro medio judicial para obtener el
resarcimiento del perjuicio; que la violación sea manifiesta y provenga de una
acción clara e indiscutiblemente arbitraria, ‘..supuestos que justifican y aun
exigen que el fallador, buscando realizar a plenitud la justicia en cada caso,
disponga lo concerniente’ (Cfr. Sentencia C-543, ya citada).”
En síntesis, la
acción de tutela no es el medio idóneo para reclamar pretensiones económicas
salvo que (i) el interesado no cuente con otro mecanismo de defensa
judicial; (ii) teniendo medio judicial éste resulte ineficaz para la
protección de los derechos y (iii) en los eventos en los que, luego de
verificar los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad
de la acción, se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable el cual
se pretende evitar a través de la acción de tutela. Ahora bien, tratándose de
pretensiones alusivas a indemnización de perjuicios el Decreto 2591 de 1991, faculta
al juez constitucional para decretarla, siempre que: (i) la tutela sea
concedida, (ii) que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial
para obtener el resarcimiento del perjuicio, (iii) que la violación del derecho
haya sido manifiesta y como consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, (iv) que la indemnización sea necesaria para
asegurar el goce efectivo del derecho y, (v) que se haya garantizado el debido
proceso a quien resulte condenado.[10]
Dentro del expediente T-4.254.307,
una de las pretensiones de los accionantes es que, por vía de tutela, se
reconozcan los perjuicios causados por la muerte de su hijo y hermano Fausto
Hernán Cañas Moreno, toda vez que el Juez Dieciocho Administrativo del Circuito
de Medellín rechazó la demanda de reparación directa interpuesta contra el
Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, por haberse configurado la caducidad
de la acción.
Tal como precedentemente se
advirtió, el juez constitucional podría decretar una indemnización, siempre que
confluyan varias condiciones, dentro de las cuales se destaca que los
accionantes no cuenten con otro medio judicial para reclamar los perjuicios a
los que consideran tener derecho por la acción arbitraria a la que fueron sometidos
y que vulneró sus derechos fundamentales.
En consecuencia, con el fin de
verificar los presupuestos dispuestos anteriormente, esta Sala hará un análisis
de la providencia dictada por el Juez Dieciocho Administrativo del Circuito de
Medellín, que decidió rechazar la demanda de reparación directa interpuesta por
los accionantes contra el Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, y la
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en segunda instancia, en
proceso tramitado contra la misma entidad, que revocó el fallo del a quo
y declaró la caducidad de la acción, con el fin de establecer si dichos
proveídos se ajustan a los postulaos constitucionales y, por ende, no
constituyen una vulneración al derecho fundamental del debido proceso de los
demandantes y, de esta manera, determinar, sí, efectivamente, estos no cuentan
con otro mecanismo judicial idóneo para reclamar lo pretendido en esta
oportunidad.
Para resolver dicho
cuestionamiento, esta Sala estudiará la procedencia excepcional del mecanismo
de amparo constitucional contra providencias judiciales, para descartar algún
vicio en el que los jueces administrativos hayan podido incurrir al resolver
sobre el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa dentro de
las demandas interpuestas por los accionantes y que controvierten mediante el
mecanismo de amparo constitucional dentro de los expedientes T-4.254.307 y
T-5.086.690.
4. Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
La sentencia C-543 de 1992[11], por medio de
la cual se decidió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11
y 12 del Decreto 2591 de 1991, resolvió declarar inexequibles los artículo 11 y
12 y, por unidad normativa, el artículo 40[12]
del mencionado decreto. Dicha providencia hizo referencia a la procedibilidad
de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Al respecto dispuso que:
“Así, pues, la
tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado,
para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la
excepción dicha- la acción ordinaria.
La acción de
tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea
el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente
incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus
derechos esenciales.
Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus
remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de
medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si
tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.
Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las
posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en
obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la
Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición,
tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de
salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia
incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter
subsidiario de la acción.
(…)
Vistas así las
cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de
aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan
implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es
decir, constituyen por definición ‘otros medios de defensa judicial’ que, a la
luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de
tutela.
(…)
La acción de
tutela no puede asumirse como un sistema de justicia paralelo al que ha
consagrado el ordenamiento jurídico en vigor. El entendimiento y la aplicación
del artículo 86 de la Constitución tan solo resultan coherentes y ajustados a
los fines que le son propios si se lo armoniza con el sistema. De allí que no
sea comprensible como medio judicial capaz de sustituir los procedimientos y
las competencias ordinarias o especiales, pues ello llevaría a un caos no
querido por el Constituyente.”
En observancia de lo establecido
por esta Corporación, el ejercicio de la acción de tutela, en principio, no es
procedente para controvertir decisiones judiciales proferidas dentro de un
proceso que ha cumplido con las diversas etapas previstas por la ley y, dentro
del cual, se han agotado los recursos respectivos, que han llevado a una
decisión final sobre el asunto en discusión. Sin embargo, también se ha señalado
por esta Corte que, en dichos eventos, el amparo por vía constitucional es de
carácter excepcional, es decir, que solo procede en aquellas circunstancias en
que se evidencia una grave actuación de hecho por parte de los jueces
ordinarios. Ello, en razón de la necesidad de respetar el principio de cosa
juzgada y de preservar la seguridad jurídica, la autonomía e independencia de
la actividad jurisdiccional del Estado, así como el sometimiento general de los
conflictos a las competencias ordinarias de cada juez[13].
Al respecto la sentencia C-543[14] de 1992
señaló:
“Ahora bien, de
conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de
esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por
medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni
tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual
sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo
transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal
y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario
competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de
1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la
seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los
fines que persigue la justicia.”
Debido al
carácter excepcional y restrictivo de la acción de tutela para controvertir
decisiones judiciales, esta Corporación, a través de su jurisprudencia, ha
establecido unos requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
constitucional. Los primeros, también llamados requisitos formales, son aquellos
presupuestos que el juez constitucional debe verificar, para que, una vez
acreditados, pueda entrar a analizar de fondo el conflicto planteado. En cuanto
a los requisitos especiales, también llamados materiales, corresponden,
concretamente, a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que
constituyen la fuente de vulneración de los derechos fundamentales[15].
De acuerdo con
lo anterior, la Sentencia C-590 de 2005[16],
proferida con fundamento en los precedentes recogidos a partir de la Sentencia
C-543 de 1992[17],
y reiterada posteriormente, la Corte señaló los requisitos generales, para la
procedencia de la acción de tutela, así:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[18].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[19].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[20].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[21]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[22]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[23]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
(Negrilla fuera del texto original).
Verificados y cumplidos los
requisitos generales o formales, que hacen procedente el estudio de fondo, por
parte del juez constitucional, del recurso de amparo contra una decisión
judicial, este podría prosperar si la providencia acusada ha incurrido, al
menos, en uno de las causales especiales o materiales de procedibilidad que se
han identificado por la jurisprudencia como generadores de la violación de
derechos fundamentales, reiterados por esta Sala de Revisión en la sentencia
T-867 de 2011[24],
de la siguiente manera:
“a. En un defecto orgánico.
El cual se configura cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. Dicho en otras
palabras, tal defecto se estructura en los eventos en que la decisión
cuestionada vía tutela, ha sido proferida por un operador jurídico
jurídicamente incompetente.
b. En un defecto procedimental absoluto. Que se origina cuando el juez ha actuado completamente al margen
del procedimiento establecido, es decir, cuando éste se aparta abiertamente y
sin justificación válida, de la normatividad procesal que era aplicable al caso
concreto. Sobre este defecto, ha expresado la Corte, que al ignorar
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina dictando
una sentencia contraria a derecho, arbitraria, que vulnera derechos
fundamentales. No obstante, también la jurisprudencia ha precisado que para
configurar el defecto, el desconocimiento del procedimiento debe atender a los
siguientes requisitos: (ii) debe ser un error trascendente y manifiesto, que
afecte de manera grave el derecho al debido proceso y tenga a su vez una
influencia directa en la decisión de fondo adoptada; y (ii) y que la
deficiencia no resulte atribuible al afectado.
Así, por
ejemplo, la Corte ha encontrado que se configura un defecto procedimental, en
los siguientes casos: (i) cuando se deja de notificar una decisión judicial a
raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir
dicha decisión. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos
procesales importantes, o si se deriva de un error del afectado, o si la misma
no produjo verdaderamente un efecto real, lo cual puede ocurrir porque el
afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios, no procederá la
tutela; (ii) cuando existe una dilación injustificada, tanto en la adopción de
decisiones como en el cumplimiento de las mismas por parte del juez; cuando la
autoridad judicial pretermite la recepción y el debate de unas pruebas cuya
práctica previamente había sido ordenada; y (iii) cuando resulta evidente que
una decisión condenatoria en materia penal, se produjo como consecuencia de una
clara deficiencia en la defensa técnica, siempre que sea imputable al Estado.
c. En un defecto fáctico.
Este surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Se estructura, entonces,
siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, que sean atribuibles a
deficiencias probatorias del proceso. Según esta Corporación, el fundamento de
la intervención del juez de tutela por deficiencias probatorias en el proceso,
radica en que, no obstante las amplias facultades discrecionales
con que cuenta el juez del proceso para el análisis del material probatorio,
éste debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, es decir,
con base en criterios objetivos y racionales. En ese
contexto, La Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden
generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como
puede ser la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso
debatido, presentándose una insuficiencia probatoria; (ii) o por vía de una
acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las pruebas
allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno derecho
o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en el
primer caso, un defecto por interpretación errónea, y en el segundo, un defecto
por ineptitud e ilegalidad de la prueba.
En punto a los
fundamentos y al margen de intervención que tiene el juez de tutela para
configurar la ocurrencia de un defecto fáctico, la Corte ha fijado los
siguientes criterios de aplicación:
-
La intervención del juez de tutela, frente al manejo dado por el juez
natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. El respeto por el
principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que en
sede de tutela se lleve a cabo un examen exhaustivo del material probatorio.
-
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la
apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores
fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural
quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es
autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y
salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.
-
Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico,
“[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que
sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una
instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[25].
d. En un defecto sustantivo o material. Se presenta cuando la decisión judicial adoptada por el juez,
desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al
sustentarse aquella en disposiciones claramente inaplicables al caso concreto.
Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido, que cuando una decisión
judicial se soporta en una norma jurídica manifiestamente equivocada, que la
excluye del marco de la juridicidad y de la hermenéutica, aquella pasa a ser
una simple manifestación de arbitrariedad, que debe dejarse sin efectos, para
lo cual la acción de tutela pasa a ser el mecanismo idóneo y apropiado. Al
respecto, ha explicado la Corte que tal situación de arbitrariedad se presenta
cuando se aplica: (i) una norma inexistente; (ii) o que ha sido
derogada o declarada inexequible; (iii) o que estando vigente, resulta
inconstitucional frente al caso concreto y el funcionario se haya abstenido de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad; (iv) o que estando vigente y
siendo constitucional, la misma es incompatible con la materia objeto de
definición judicial.
f. En error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido
víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la
adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos,
la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización
participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia
-autoridades o particulares-, y cuyo manejo irregular induce en error al
funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de
alguna de las partes o de terceros.
g. En una decisión sin motivación. Se configura frente al incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones, en el entendido que, precisamente, en tal motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional y, por tanto, de las providencias que les
competen proferir.
h. En desconocimiento del
precedente judicial. Se presenta en aquellos casos en los cuales la
autoridad judicial, a través de sus pronunciamientos, se aparta del precedente
jurisprudencial que le resulta aplicable al caso, sin ofrecer un mínimo razonable
de argumentación jurídica que justifique tal cambio de jurisprudencia. Ocurre,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado. Se presenta igualmente, cuando el juez del proceso
ignora el alcance de una ley, fijado por la Corte Constitucional con efectos
erga omnes.
i. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la
discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio
de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta
Política.”
Sobre la base
de lo expuesto, la acción de tutela procede contra providencias judiciales
siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad, la decisión
debatida por esta vía haya incurrido en uno o varios de los defectos o vicios
específicos y, a su vez, el defecto sea de tal magnitud que implique una lesión
o afectación a los derechos fundamentales del tutelante.
4.1. Análisis del cumplimiento
de los requisitos generales dispuestos por la jurisprudencia respecto de los
expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690
Con el fin de establecer la
procedencia del mecanismo de amparo para conocer de fondo los asuntos planteados
en esta oportunidad, esta Sala, en primer lugar, estudiará la procedencia de las
acciones de tutela a la luz de los requisitos generales dispuestos por la
jurisprudencia para conocer controversias contra providencias judiciales.
1. La cuestión que se
discute en esta oportunidad dentro de los expedientes    T-4.254.307 y T-5.086.690,
resulta de relevancia constitucional, por cuanto la Sala advierte, en relación
con los accionantes, una posible vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
reparación integral de las víctimas, como consecuencia de las providencias
proferidas por los jueces administrativos.
2. Dentro del expediente T-4.254.307,
se observa que ante el rechazo de la demanda de reparación directa interpuesta
por los accionantes, por parte del Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Medellín, estos no ejercieron el recurso de apelación que prevé el
artículo 243 de la Ley 1437 de 2011. Por lo que, en principio, el requisito
referente al agotamiento de todos los medios ordinarios y /o extraordinarios de
defensa judicial, no se encuentra satisfecho. No obstante, esta Corporación ha
admitido, que al valorar este punto, se puede flexibilizar el análisis con el
fin de evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
En el presente caso, esta Sala
estima, que aun cuando los accionantes no utilizaron todos los medios
procesales a su alcance, la acción de tutela es procedente, por cuanto están de
por medio los derechos de las víctimas a ser reparadas dentro del marco del
conflicto, que por muchos años ha vivido nuestro país, circunstancia que
amerita, con el fin de evitar que se agrave su condición de vulnerabilidad, un
estudio sobre la controversia planteada.
Dentro del expediente T-5.086.690,
en el cual se controvierte la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Casanare, quien, al conocer de la apelación interpuesta,
resolvió revocar la sentencia del a quo y declarar la caducidad de la
acción, se observa que los accionantes no contaban con otro recurso ordinario
ni extraordinario de defensa judicial para debatir la decisión tomada, por lo
que la acción de tutela se convierte en un mecanismo idóneo con el fin de
salvaguardar los derechos invocados.
3. Frente al requisito de
inmediatez, con respecto al expediente T-4.254.307, esta Sala observa
que entre el proveído dictado por el Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Medellín, que rechazó la demanda de reparación directa por
caducidad y la interposición de la acción de tutela, transcurrieron 10 meses y
11 días, toda vez que el auto interlocutorio quedó ejecutoriado el 30 de agosto
de 2012, y el mecanismo de amparo fue presentado el 12 de julio de 2013.
En cuanto al requisito de
inmediatez esta Corporación ha señalado que aun cuando la acción de tutela no
cuenta con un término de caducidad, la interposición de este mecanismo debe efectuarse
dentro de un tiempo prudente y razonable, con el objetivo de que dicha acción
cumpla la finalidad para la cual fue creada.
Con relación a la caducidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la sentencia C-543 de 1992,
declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991,
los cuales se referían puntualmente a dicho tema.
Posteriormente, la sentencia
SU-961 de 1999, abordó de manera concreta el punto de la inmediatez. Al
respecto, dispuso que la tutela puede interponerse en cualquier momento
independientemente del asunto de que se trate. No obstante, la mencionada
providencia, estimó pertinente dar un límite a la interposición de la acción.
Al efecto señaló:
“La
posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que
no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede
rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar
a estudiar el asunto de fondo.
(…)
Teniendo
en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la
inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de
tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de
este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser
ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez
está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial
y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el
término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse
de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar
cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se
convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.”
(…)
El estudio de la razonabilidad
del plazo, depende de las circunstancias de cada caso concreto, puesto que solo
del análisis de los hechos, el juez constitucional puede concluir que una
acción de tutela que, en principio, careciera de inmediatez, resulta ser
procedente teniendo en cuenta el contexto del asunto que se estudia.
Esta Corporación a través de su
jurisprudencia ha definido algunos eventos, que no son taxativos, en los que esta
situación se puede presentar, estos son:
“(i) La
existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo
, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la
ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado
drásticamente las circunstancias previas, entre otras.
(ii)
Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación
desfavorable como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es
actual. Lo que adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia
de la inmediatez no es imponer un término de prescripción o caducidad a la
acción de tutela sino asegurarse de que se trate de una amenaza o violación de derechos
fundamentales que requiera, en realidad, una protección inmediata.
(iii)
Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo
razonable resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en
la que se encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente
autorizado por el artículo 13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan’”.[26]
Frente al caso particular, los
demandantes Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas
Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson
Cañas Moreno, habitan en la Vereda El Paraíso del municipio de Barbosa,
Antioquia, se dedican a trabajar la tierra, recolectando café y cultivando
cebolla. Son personas de escasos recursos y a quienes, la Fuerza Pública les
arrebató a su hijo y hermano, pues así se demostró dentro del proceso penal
seguido por las autoridades respectivas.
De acuerdo con el contexto
anterior, para esta Sala, el tiempo que transcurrió entre el auto
interlocutorio que rechazó la demandan de reparación directa por caducidad y la
interposición de la acción de tutela, a saber, 10 meses y 11 días, no resulta
irrazonable, toda vez que los accionantes no son profesionales del derecho ni
cuentan con herramientas expeditas para acudir a la administración de justicia con
el fin de hacer exigible sus pretensiones; por lo que exigirles un plazo menor
resulta desproporcionado, más aun si se tiene en cuenta su condición de
debilidad manifiesta, al ser víctimas del conflicto armado colombiano. En
consecuencia, en virtud del artículo 13 de la Constitución Política, esta Sala
encuentra satisfecho el requisito de inmediatez.
Respecto del
expediente T-5.086.690, la sentencia que los accionantes pretenden
controvertir, fue proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare el 17
de julio de 2014, y la presente acción de tutela, fue interpuesta el 22 de
enero de 2015, es decir, transcurrieron aproximadamente 6 meses entre una y
otra, lo que a juicio de la Sala es un término razonable para acudir al
mecanismo de amparo constitucional.
4. Esta Sala observa que la irregularidad que plantean los casos
puestos a su consideración, a través de los expediente T-4.254.307 y
T-5.086.690, es determinante en la decisión adoptada, toda vez que al
declararse la caducidad de la acción de reparación directa, los accionantes
pierden la posibilidad de ser resarcidos judicialmente por la
muerte de sus familiares lo cual conduce a que se desconozcan sus derechos
fundamentales.
5. En cuanto al requisito referente a la identificación de los
hechos que generaron la vulneración, así como de los derechos transgredidos,
esta Sala observa que las demandas contenidas en los expedientes T-4.254.307
y T-5.086.690, los satisfacen, en la medida en que
controvierten proveídos dictados dentro de procesos ante la jurisdicción
contencioso administrativa, que nada tienen que ver contra fallos de tutela.
Agotado el examen
de los requisitos generales dispuestos por la jurisprudencia, pasa esta Sala a
analizar de fondo, los casos planteados, con el fin de verificar si las decisiones
proferidas por los jueces administrativos, adolecen de alguna de las causales admitidas
por esta Corporación, como generadoras de transgresión de los derechos
fundamentales de los accionantes.
4.2. Estudio
de los defectos de fondo en que hubieren podido incurrir las providencias
judiciales proferidas dentro de los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690
Las demandas de tutela respectivas,
señalan que las providencias dictadas dentro de los procesos surtidos ante los
jueces contencioso administrativos adolecen de defecto fáctico y
desconocimiento del precedente horizontal y vertical existente sobre el asunto.
Respecto del defecto fáctico,
esta Corporación ha manifestado que este se presenta en los casos
en que “resulte evidente que el apoyo probatorio en que se fundamentó el juez
para resolver un caso es absolutamente inadecuado[27]. (…) ‘Si bien el juzgador goza de un amplio margen para valorar el material
probatorio en el cual ha de fundar su decisión y formar libremente su
convencimiento, ‘inspirándose en los principios científicos de la sana crítica
(…)’[28], dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad
evaluativa probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos[29]’[30]”.[31]
En ese sentido, solo es posible
acudir al mecanismo de amparo judicial para controvertir una decisión judicial
aduciendo esta clase de defecto, cuando es evidente que dentro del transcurso
de un proceso, la valoración probatoria realizada por el juez de la causa, resulta
arbitraria y el convencimiento generado a partir de ésta, tuvo incidencia
directa en la decisión tomada.
En los casos puestos a
consideración de la Sala en esta oportunidad, se observa que los jueces
administrativos no tuvieron ocasión de valorar las pruebas dentro de los procesos
contencioso administrativos, pues no conocieron de fondo las controversias
suscitadas al haber declarado la caducidad de la acción de reparación directa,
por lo que no se puede hablar de un defecto de esta naturaleza.
Ahora bien,
tratándose del defecto por desconocimiento del precedente, alegado también, por
los demandantes, la Corte ha entendido, en primer lugar, que el precedente lo
constituye, “la sentencia o el conjunto de
ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en
los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo[32].”[33]
Así mismo, ha mencionado, que la importancia de
tenerlo en cuenta, radica en la “necesidad de proteger el derecho a la igualdad
de las personas que acuden a la administración de justicia y de salvaguardar
los principios de buena fe y seguridad jurídica. Esto, debido a que no tener en
cuenta las sentencias anteriores a un caso que resulta equiparable al
analizado, implicaría el evidente desconocimiento de esos derechos y
principios.”[34]
Adicionalmente, la relevancia de su observancia “se
basa en el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones judiciales,
en especial si son adoptadas por órganos cuya función es unificar
jurisprudencia. Como lo ha explicado esta Corte, tal reconocimiento se funda en
una postura teórica que señala que ‘el Derecho no es una aplicación mecánica
de consecuencias jurídicas previstas en preceptos generales, como lo aspiraba
la práctica jurídica de inicios del siglo XIX…, sino una práctica argumentativa
racional’[35].
Con lo cual, en últimas, se le otorga al precedente la categoría de fuente de
derecho aplicable al caso concreto.”[36]
La sentencia T-292 de 2006, estableció unos
criterios con el fin de verificar si un precedente es aplicable o no a un caso
concreto, estos son: i) que en la ratio decidendi de la sentencia
anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver;
ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto
en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los
resueltos anteriormente.[37]
En consecuencia, de no constatarse los elementos
mencionados, no es viable establecer que “un conjunto de sentencias anteriores
constituyen un precedente aplicable al caso concreto, por lo cual al juez no le
es exigible dar aplicación al mismo.”[38]
En los procesos puestos a
consideración de la Sala, se observa que los precedentes mencionados por los
demandantes y que, a su juicio, son desconocidos por los jueces
administrativos, no cumplen con los criterios definidos por la jurisprudencia,
toda vez que, si bien abordan asuntos relativos a la reparación de perjuicios
en casos de ejecuciones extrajudiciales, estos no abordan el problema jurídico
planteado en esta ocasión, a saber, la excepción a la caducidad de la acción de
reparación directa para estos eventos, por lo que la Sala considera que los
proveídos demandados, no adolecen del defecto atribuido.
Ahora bien, de acuerdo con el
planteamiento del problema jurídico expuesto por los demandantes y las
providencias demandadas, para esta Sala es importante analizar, si bien éstos no
lo adujeron, el defecto relativo a la violación directa de la constitución, que “tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la
discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio
de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta
Política.”[39]
Dicha causal tiene fundamento en
el artículo 4° de la Constitución Política, según el cual: “la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”
Al respecto
esta Corporación ha dispuesto que “la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución, en principio,
fue considerada como un defecto sustantivo[40].
Posteriormente, la Sentencia T-949 de 2003[41], la
asumió como una causal especifica de procedibilidad de la acción de tutela de
carácter independiente y autónomo[42].
Esta interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en la
que la Corte incluyó definitivamente la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales. Este tribunal constitucional sostuvo que: ‘(…) la
violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando se deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto, dos (ii), al aplicar la ley al margen de los
dictados de la Constitución’.
La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución cuando:
‘(a) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta
en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es
norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad’[43]”.[44]
Tales reglas
parten de la consideración según la cual, la Constitución Política al ser
mandato superior, vincula a los jueces y éstos, deben observar y aplicar de
manera directa los mandatos establecidos en ella.[45]
De acuerdo
con lo expuesto, pasa la Sala a examinar el artículo 93 de la Constitución
Política, referente al bloque de constitucionalidad, y el artículo 229 de
acceso a la administración de justicia, con el fin de establecer si las
decisiones de los jueces administrativos vulneraron los postulados
constitucionales.
4.3. Bloque
de constitucionalidad contenido en el artículo 93 de la Constitución Política y
la protección internacional a los derechos humanos
El artículo
93 de la Constitución Política dispone que “los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos
y que prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno.
Lor derechos
y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.
De acuerdo con la
adición dispuesta en el Acto Legislativo 02 de 2001: El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte
Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado
el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones
Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el
procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento
diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto
a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente
dentro del ámbito de la materia regulada en él.”
La sentencia C-067 de 2003, se refirió al concepto y alcance del
bloque de constitucionalidad, así:
“Es sabido y últimamente aceptado por algunos
doctrinantes que la normatividad constitucional no es privilegio exclusivo de
los artículos que formalmente integran el texto de la Carta Política. El
Estatuto Superior está compuesto por un grupo más amplio de principios, reglas
y normas de derecho positivo que conforman el denominado ‘bloque de
constitucionalidad’ y que comparten con los artículos del texto de la Carta la
mayor jerarquía normativa en el orden interno. En este sentido, la noción
“bloque de constitucionalidad” pretende transmitir la idea de que la
constitución de un Estado es mucho más amplia que su texto constitucional, dado
que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o
recopilaciones, que también son normas constitucionales.
(…)
La
incorporación en la doctrina jurídica nacional de una institución como el
bloque de constitucionalidad surgió entonces del reconocimiento de la prevalencia
de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el orden interno pero
también, y de manera específica, de la necesidad de armonizar dicho principio
con la ya tradicional preceptiva constitucional que erige a la Carta Política
en el estatuto de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico nacional.
Ciertamente, el artículo 4º de la Constitución Política establece que la
Constitución es norma de normas y que en caso de incompatibilidad con
cualquiera de las normas subordinadas, aquella se aplicará de preferencia.
Del
análisis de los artículos 4º y 93 de la Constitución Política era evidente para
la Corte que la coexistencia de dos jerarquías normativas de carácter
prevalente constituía un escenario jurídico de gran complejidad; por esta
razón, la Corporación entendió que la única manera de conciliar dicha
contradicción era aceptando que los tratados internacionales de los cuales
Colombia es Estado parte, en los que se reconocieran derechos humanos de
conculcación prohibitiva en estados de excepción, también tenían jerarquía
constitucional y conformaban, con el texto del Estatuto Superior, un solo
bloque normativo al que la legalidad restante debía sumisión.”
En ese sentido, las disposiciones que integran el bloque de
constitucionalidad, tienen jerarquía constitucional, ello quiere decir que
deben ser observadas por los diferentes actores de una sociedad, con el fin de
evitar la conculcación de los derechos y de los postulados que en la Carta se
consignan. La sentencia C-067 de 2003, respecto a la fuerza normativa del
bloque señaló:
“El
hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan
jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que
significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus
comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. Así
como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son
obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque
de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los
asociados.
Además,
las normas del bloque operan como disposiciones básicas que reflejan los
valores y principios fundacionales del Estado y también regulan la producción
de las demás normas del ordenamiento doméstico. Dado el rango constitucional
que les confiere la carta, las disposiciones que integran el bloque superior
cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber, servir de i)
regla de interpretación respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento
de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando no exista regla
directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador
jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas.
Ahora
bien, es claro que si los preceptos, principios y valores contenidos en el
bloque de constitucionalidad irradian el texto de la normatividad interna y
obligan a las autoridades a acondicionarla a sus disposiciones, también las
decisiones judiciales tienen que guardar similar obediencia. Así entonces, no
sólo el productor del derecho positivo, sino también el ejecutor de la norma y
su intérprete autorizado, están compelidos a seguir los lineamientos del bloque
de constitucionalidad, ya que en dicha sumisión reside la validez jurídica de
sus actuaciones.”
La obligación
estatal de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos se desprende de
varias disposiciones de la Constitución Política de 1991, tales como el
Preámbulo y los artículos 1, 2, 12, 29, 93, 228 y 229. Dicha obligación también
se ha establecido en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los
cuales Colombia es parte y que integran el bloque de constitucionalidad.[46]
Ha aclarado
esta Corte que existen dos formas de integrar los tratados internacionales al
bloque de constitucionalidad. En primer lugar, vía “integración normativa”, en
virtud de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 93 de la Constitución.
Para ello se requiere que un tratado ratificado por Colombia reconozca derechos
humanos cuya limitación se prohíba en los estados de excepción. En este caso,
la incorporación es directa y puede comprender, incluso, derechos que no estén
reconocidos en forma expresa en la Carta.[47] En
segundo lugar, vía “referente interpretativo”, de acuerdo con el inciso segundo
del artículo constitucional referido. Algunos tratados de derechos humanos cuya
limitación no está prohibida en los estados de excepción también hacen parte
del bloque de constitucionalidad, aunque por una vía de incorporación
diferente; no como “referentes normativos directos” sino como “herramientas
hermenéuticas” para analizar la legitimidad de la normatividad interna.[48]
Igualmente,
no todos los tratados internacionales incorporados en nuestro ordenamiento
pueden ser incluidos en el bloque de constitucionalidad, pues el Constituyente
introdujo esa prerrogativa únicamente para aquellos tratados que versen sobre
derechos humanos o sobre la prohibición de limitarlos en los estados de
excepción, tal como lo dispone el artículo 93 de la Carta.[49]
En materia de
derechos humanos, las obligaciones de respetar y garantizar sin discriminación
los derechos de las personas bajo su jurisdicción, se encuentran consagradas,
especialmente, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(artículo 2.1) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 1.1).
Esta
Corporación ha reiterado la plena vigencia y el carácter vinculante de normas
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Y, a nivel regional, la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH) también hace parte del bloque de constitucionalidad
y consagra con claridad las obligaciones de respeto y garantía de los derechos
humanos (art. 1.1).[50]
Esta Corporación
ha señalado que tanto la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de
Derechos Humanos, como las recomendaciones de los organismos internacionales
que tienen funciones de monitoreo al cumplimiento de las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, también tienen fuerza
vinculante al momento de interpretar el alcance de los derechos fundamentales.[51]
Así mismo se
ha establecido que los derechos humanos se realizan plenamente cuando los Estados cumplen ciertas
obligaciones particulares, tales como prevenir su vulneración, tutelarlos de manera efectiva, garantizar la reparación  y la
verdad, e investigar, juzgar y
sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario.[52]
La
investigación, juzgamiento y sanción de las principales y más graves
violaciones a los derechos humanos incluye conductas como las ejecuciones
extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura; el genocidio; el
establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud,
servidumbre o trabajo forzoso; la detención arbitraria y prolongada; el
desplazamiento forzado; la violencia sexual contra las mujeres y el
reclutamiento forzado de menores.[53]
Los Estados, en
su obligación de investigar, juzgar y sancionar todos los hechos que
constituyan una infracción grave a tales derechos, deben aplicar de manera armónica
el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario (DIH).[54]
El
DIH es fundamento de la responsabilidad penal; las violaciones de las normas
convencionales y consuetudinarias de DIH que prohíben los ataques contra la
población y bienes civiles generan responsabilidad penal individual.[55]
En el caso colombiano, las normas que se refieren a la configuración de
crímenes de guerra, se encuentran tipificadas en la ley 599 de 2000.[56]
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional constituye
otra de las normas de derecho internacional adoptadas por Colombia. No todas
las normas del Estatuto de Roma hacen parte del bloque de constitucionalidad
per se y su aplicación se basa en el principio de complementariedad frente a la
legislación nacional.
Es
importante la convergencia y complementariedad del DIH y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, las cuales han sido reconocidas por
diversos órganos de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la
Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte
Constitucional.[57]
4.3.1. Los derechos de las
víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado
en Colombia
El deber genérico de todo Estado de investigar conductas punibles,
juzgarlas, sancionarlas y repararlas, debe ser entendido de manera distinta en
escenarios de violaciones masivas a las normas de derechos humanos y DIH.
Uno de los principios generales del derecho internacional hace alusión
al deber de reparar los daños. La dificultad de materializar este principio se
predica especialmente en contextos donde han ocurrido atrocidades y se han
vulnerado los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los daños
ocasionados por dichas atrocidades son, generalmente, irreparables.
Adicionalmente, los daños aludidos se predican no solamente en relación
con el individuo victimizado, sino también sobre su núcleo familiar y la
sociedad en general. Igualmente, este tipo de violaciones supone varias
dimensiones: individual y colectiva; moral/simbólica y material; administrativa
y judicial.[58]
Teniendo presente esta complejidad, el derecho ha asumido una
concepción integral de la reparación del daño, entendiendo que las graves
violaciones a los derechos humanos representan, realmente, una multiplicidad de
daños.
En el ámbito
internacional se ha creado un catálogo de tres derechos básicos para las
víctimas de violaciones a los derechos humanos: derecho a la verdad, la
justicia y la reparación integral. Esta Corporación ha entendido que entre “estos
tres derechos median relaciones de conexidad e interdependencia, de
manera tal que no es posible lograr la justicia sin la verdad y no es posible
llegar la reparación sin la justicia”[59]. El
Estatuto de Roma, por su parte, consagra en el artículo 75 el derecho a la
reparación de las víctimas, el cual incluye “la restitución, indemnización y
rehabilitación” que deben suministrarse a las víctimas o a sus familiares[60].
El derecho internacional ha aceptado que una reparación idónea no solo
debe contener una indemnización monetaria, sino también otras retribuciones que
corrijan y compensen, en cuanto ello sea posible, la dignidad vulnerada. Se
hace alusión a las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación y
garantías de no repetición[61].
Estas cinco medidas básicas constituyen una reparación integral.
Así ha sido establecido en numerosos estándares internacionales, entre los
cuales se destacan la Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder (ONU, 1993), los
Principios relativos a la impunidad (ONU, 1997); El derecho a la restitución,
indemnización, rehabilitación de las víctimas de violaciones graves a las
normas de DDHH y DIH (ONU, 2000); los Principios para la lucha contra la
impunidad (ONU, 2005); el artículo 68 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
el párrafo 5 del artículo 5º del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales relativas al derecho efectivo a
obtener reparación, y la copiosa jurisprudencia de los Sistemas Europeo e
Interamericano de Derechos Humanos, respectivamente, todos reconocidos por vía
jurisprudencial por parte de esta Corporación.
Los
Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones de las Naciones Unidas adoptados en 2005,
contemplan igualmente que los Estados se asegurarán de que su derecho interno
sea compatible con sus obligaciones jurídicas internacionales adoptando
procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras
medidas que den un acceso igual a un recurso judicial efectivo y rápido.[62]
Los mencionados estándares han sido acogidos por el ordenamiento
jurídico colombiano de manera explícita en la Constitución Política y hacen
parte de la normatividad interna a través del bloque de constitucionalidad
reseñado anteriormente.
Los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la
reparación y las garantías de no repetición, encuentran fundamento en los
siguientes preceptos de la Constitución: “1. El principio de dignidad humana
(Art.1° CP), 2. El deber de las autoridades de proteger los derechos de todos
los residentes en Colombia (Art. 2° CP), 3. Las garantías del debido proceso
judicial y administrativo (art. 29, CP), 4. La cláusula general de
responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los
servidores con dolo o culpa grave (art. 29, CP), 5. La consagración de los
derechos de las víctimas como derechos de rango constitucional (Art. 250 num. 6
y 7 CP), 6. La integración del bloque de constitucionalidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP),
7. El derecho a acceder a la justicia (art. 229 CP), 8. El  Artículo
Transitorio 66, (Artículo 1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de 2012),
que contempla el deber de adoptar instrumentos de justicia transicional que
garanticen en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación y establece que en cualquier caso se aplicarán
mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la
reparación de las víctimas”.[63]
Esta
Corporación ha consagrado que el derecho a la reparación integral es un derecho
fundamental de las víctimas del conflicto armado, porque: “1) busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les
han vulnerado sus derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho
complejo que se interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en
pretensiones concretas de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de
satisfacción y no repetición”[64].
En
sentencia de unificación SU-254 de 2013, esta Corte manifestó que “el derecho internacional relativo al tema de
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para víctimas de
delitos, tiene una clara relevancia constitucional de conformidad con el
artículo 93 superior, en cuanto de una parte, los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno, y de otra parte, los derechos constitucionales deben ser
interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia. En este mismo sentido, la Corte ha puesto de relieve que la
jurisprudencia de las instancias internacionales de derechos humanos, tal como
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene una especial relevancia
constitucional en cuanto constituye una pauta hermenéutica para interpretar el
alcance de esos tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos, y
por ende de los propios derechos constitucionales”.
El
derecho a la reparación integral, a su vez, implica la obligación del Estado de
adoptar “todas las medidas necesarias tendientes a hacer desaparecer los
efectos de las violaciones cometidas, y a devolver a la víctima al estado en
que se encontraba antes  de la violación”[65].
Es claro el deber estatal en materia de reparación integral y la
obligación de garantizar el acceso de las víctimas a dicha reparación, a través
de recursos judiciales idóneos. No basta con que existan recursos judiciales
idóneos en el papel; el acceso a dichos recursos no se puede ver obstaculizado,
so pena de una posible revictimización. Lo anterior, en aplicación del principio
pro persona y a la interpretación más favorable a favor de las víctimas.
En relación con la noción de
víctima adoptada por el ordenamiento interno colombiano, existe un importante
marco normativo que ha sido reiteradamente reconocido por esta Corporación.[66] Desde el año
1993, con el artículo 1º del Decreto 444 de 1993, se reconoció la calidad de
víctima a aquellas personas que hayan sufrido perjuicios indirectos como
consecuencia de atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos que
afecten a la población civil. Posteriormente, se amplió el concepto incluyendo
a la población afectada como consecuencia de tomas guerrilleras[67], a las que sufran por
combates y masacres indiscriminadas por motivos ideológicos o políticos[68] y, con el
artículo 15 de la Ley 418 1997, se incluyó a la población civil que sufra
perjuicios en su vida, integridad personal o bienes, como consecuencia de actos
relacionados con el marco del conflicto armado interno, atentados terroristas,
combates, ataques y masacres.[69]
Con la Ley 975 de 2005, se dio un
importante paso con la creación de un marco legal para reincorporar a la
vida civil a los miembros de grupos armados al margen de la ley y, al mismo
tiempo, garantizar los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad,
justicia y reparación integral. En el artículo 102 de dicha ley se estableció
el incidente de reparación integral para que, en el curso del proceso penal
cuando se determinara la responsabilidad del acusado, y la víctima o el
Ministerio Público lo solicitasen, se procediera a reparar integralmente a la
víctima, por los daños causados con ocasión de la conducta criminal.[70]
Tres años después, el Decreto
1290 de 2008, dispuso la creación de un programa de reparación individual por
vía administrativa de las víctimas de los grupos armados al margen de la ley,
basándose en el denominado principio de solidaridad. La reparación por
vía administrativa se entendió como una reparación anticipada del Estado por
hechos punibles realizados por grupos al margen de la ley, “sin
perjuicio de la responsabilidad de los victimarios y de la responsabilidad
subsidiaria o residual del Estado”. Se definió como víctimas, aquellas
personas a las que se refiere el artículo 15 de la Ley 418 de 1997.[71]
En tratándose de las normas internas que han sido expedidas por el
Congreso de la República y el Gobierno Nacional, de manera prevalente debe
mencionarse la Ley 1448 de 2011 y sus decretos con fuerza de ley creados para
satisfacer los derechos de los grupos étnicos. La Ley 1448, comúnmente
reconocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, busca
restablecer el proyecto de vida de cada víctima del conflicto armado interno,
así como garantizar el goce efectivo de sus derechos de manera sostenible y transformadora.[72]
La Ley 1448 de 2011, se enmarcó
dentro del campo de la justicia transicional y tiene como propósito definir
acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia,
reparación y no repetición.
En relación con el concepto de
víctima, el artículo 3º de dicha ley estableció lo siguiente:
“aquellas personas
que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente,
parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma, se consideran
víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir para asistir a la
víctima en peligro o para prevenir la victimización. La condición de víctima se
adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o
condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda
existir entre el autor y la víctima”.
De
conformidad con el citado artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el propio Estado
no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno en Colombia, sino
también la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional
Humanitario (DIH); en especial, el artículo 3º común a los Convenios y
Protocolos de Ginebra.
Dentro
de los aspectos tenidos en cuenta en el artículo 3º común a los Convenios y
Protocolos de Ginebra, se encuentra el denominado principio de distinción,
el cual genera a las partes el deber de diferenciar entre combatientes y no
combatientes. Ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las
personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades. Estas
personas, por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas.
Así
las cosas, cualquier afectación a los derechos de las personas protegidas
en el marco del conflicto armado interno, es reconocida y está enmarcada en la
Ley 1448 de 2011.
A partir de
las sentencias C-253A de 2012 y C-781 del mismo año, esta Corporación ha
entendido que en cuanto a la expresión consagrada en el artículo 3° referente a
la noción de víctima “con ocasión al conflicto armado”, dicho “conflicto
armado” debe interpretarse de manera amplia, más allá de las confrontaciones
estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con
exclusión de otros. [73]
Esta Corte ha
indicado que estos criterios interpretativos son obligatorios para los
operadores jurídicos y “ante la ocurrencia
de una afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas
del derecho humanitario, en caso de duda sobre si tal hecho ha ocurrido en el
marco del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la interpretación
en favor de la víctima”.[74]
La Ley 1448 de 2011, ha sido concebida como una ley de reparación
integral. El hecho de ser entendida como una norma reparadora, supone que el
Estado colombiano, por primera vez, está reconociendo su responsabilidad,
independientemente de la naturaleza de los agentes perpetradores[75].
Es decir, más allá de que los victimarios hayan sido agentes estatales o
miembros de grupos armados al margen de la ley, el Estado asumió el deber de
reparar por la vía administrativa; es decir, de manera más expedita y
eliminando la carga de la prueba en cabeza de las víctimas.
En cumplimiento del principio general del derecho que estipula que
quien comete un daño debe repararlo, el primer y principal responsable de
reparar es el perpetrador. Así, el Estado colombiano, reconociendo la dignidad
de las víctimas y cumpliendo con su rol de garante de los derechos humanos, a
través de la Ley 1448 de 2011, asumió el deber de reparar administrativamente,
sin perjuicio de que simultánea y/o posteriormente se ejerza la persecución
penal y patrimonial contra los perpetradores.
De trascendental importancia para el contexto colombiano, es la
consagración del principio denominado “enfoque transformador” en el
marco del Decreto 4800 de 2011 (Art. 5º). Este busca eliminar los
esquemas de discriminación y marginación de las víctimas del conflicto armado,
evitando la repetición de los hechos. Es decir, en Colombia no solo se pretende
reparar a las víctimas de manera integral con las cinco medidas ya mencionadas,
sino también evitar que aquellas vuelvan a su situación previa de precariedad
material y de discriminación[76].
El enfoque transformador busca, precisamente, transformar esas
circunstancias, pues la exclusión es un factor generador del conflicto armado.
4.3.2. La reparación por la
vía judicial y el acceso a la administración de justicia como reparación
La garantía de derechos a cargo del Estado no puede desconocer que las
víctimas tienen el derecho de exigir su reparación por la vía judicial. Es
decir, un juez de la República puede ordenar el pago de indemnizaciones
adicionales a las administrativas. Incluso, las víctimas pueden optar solo por
acudir ante las instancias judiciales, en cumplimiento de su derecho
fundamental de acceso a la justicia.
Lo anterior dado que, en materia de reparación, las víctimas ostentan
en términos generales, dos derechos: i) a tener y poder ejercer un recurso
accesible, rápido y eficaz para obtener la reparación y ii) a ser reparadas
adecuadamente por los perjuicios sufridos.[77]
Así las cosas, la vía judicial cumple así mismo con el derecho a una reparación
adecuada y proporcional a los daños causados.
Ha establecido previamente esta Corporación que “[e]n relación con
las diferentes vías para que las víctimas individuales y colectivas de delitos
en general (…) puedan obtener el derecho a la reparación integral, en general
los ordenamientos prevén tanto la vía judicial como la vía administrativa.
Estas diferentes vías de reparación a víctimas presentan diferencias
importantes: (i) la reparación en sede judicial hace énfasis en el otorgamiento
de justicia a personas individualmente consideradas, examinando caso por caso
las violaciones. En esta vía se encuentra articulada la investigación y sanción
de los responsables, la verdad en cuanto al esclarecimiento del delito, y las
medidas reparatorias de restitución, compensación y rehabilitación de la
víctima. Propia de este tipo de reparación judicial, es la búsqueda de la
reparación plena del daño antijurídico causado a la víctima. ii) Mientras que
por otra parte, la reparación por la vía administrativa se caracteriza en forma
comparativa (i) por tratarse de reparaciones de carácter masivo, (ii) por
buscar una reparación, que si bien es integral, en cuanto comprende diferentes
componentes o medidas de reparación, se guía fundamentalmente por el principio
de equidad, en razón a que por esta vía no resulta probable una reparación
plena del daño, ya que es difícil determinar con exactitud la dimensión,
proporción o cuantía del daño sufrido, y (iii) por ser una vía expedita que
facilita el acceso de las víctimas a la reparación, por cuanto los procesos son
rápidos, económicos y más flexibles en materia probatoria. Ambas vías deben
estar articuladas institucionalmente, deben guiarse por el principio de
complementariedad entre ellas, y deben garantizar en su conjunto una reparación
integral, adecuada y proporcional a las víctimas”[78].
El derecho a la
administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional como “la posibilidad reconocida a todas las personas
residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los
jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden
jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e
intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales previstas en las leyes”.[79]
Esta Corporación ha
establecido que la obligación de respetar el derecho a la administración de
justicia implica, por un lado, el compromiso del Estado de abstenerse de
adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la
justicia o su realización. Por otro lado, que el Estado adopte medidas para
impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración
de justicia. Adicionalmente, que el Estado facilite las condiciones para el
disfrute del derecho y haga efectivo el goce del mismo, adoptando normas y
medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan
posibilidad de ser parte en un proceso.[80]
El artículo 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos consagra el derecho a la protección judicial estableciendo que
todas las personas tienen derecho a un recurso sencillo y rápido ante los
jueces o tribunales, de manera que las proteja contra actos que violen los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la ley o en la
Convención Americana.[81]
En cuanto al
derecho a la tutela judicial efectiva, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que las autoridades judiciales deben promover e impulsar las
condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo y no meramente nominal.[82]
En relación
con los alcances del principio de reparación integral en el escenario judicial,
el Consejo de Estado ha manifestado que la reparación “i) prevalece sobre
otros principios, específicamente sobre aquellos de tipo procesal como el de
congruencia, sin que ello suponga una alteración al principio constitucional al
debido proceso; ii) si se trata de apelante único, el principio de la no
reformatio in pejus debe ceder ante la reparación integral. En otros términos,
el juez de segunda instancia puede hacer más gravosa la situación del apelante
único condenado en la primera instancia, en los procesos de violación a
derechos humanos, iii) el fundamento de esta serie de conclusiones se encuentra
en el artículo 93 de la Carta Política Colombiana que establece la prevalencia
de los convenios, tratados y protocolos relativos a derechos humanos en el
orden jurídico interno, lo cual significa que integran el bloque de
constitucionalidad, y iv) en asuntos en los cuales se juzgue la responsabilidad
del Estado, derivada de la violación a los derechos humanos, es imperativo en
primera medida, por parte del funcionario judicial, garantizar la ‘restitutio
in integrum’ del daño y, en caso de que ésta se torne imposible, decretar las
medidas pecuniarias y no pecuniarias que sean necesarias para reversar los
efectos del daño”.[83]
4.5. Acción de reparación directa y su caducidad
A partir de la Constitución de 1991, se reconoce expresamente la
responsabilidad directa del Estado por hechos cometidos por la acción u omisión
de sus autoridades públicas. El artículo 90 del mencionado Estatuto, señaló:
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de
las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta
dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste.”
Esta
Corporación, respecto de los fundamentos existentes acerca de la obligación y el
deber del Estado de reparar los daños causados a los ciudadanos, mencionó:
“Es claro, entonces,
que la responsabilidad patrimonial del Estado en nuestro sistema jurídico
encuentra fundamento en el principio de la garantía integral del patrimonio de
los ciudadanos, desarrollado in extenso por la jurisprudencia y expresamente
consagrado en el artículo 90 de la Constitución Política, el cual a su vez debe
interpretarse en concordancia con los artículos 2°,13, 58 y 83 del mismo
ordenamiento superior que, por un lado, le impone a las autoridades de la
República el deber de proteger a todas las personas en Colombia en su vida,
honra y bienes (art. 2°) y, por el otro, la obligación de promover la igualdad
de los particulares ante las cargas públicas  (art. 13) y de garantizar la
confianza, la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles (arts. 58 y 83).”[84]
En ese sentido, la Ley 1437 de 2011,
dispuso en su artículo 140, que toda persona podrá demandar de manera directa
la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los
agentes del Estado.
En consecuencia, el Estado responderá, entre otros eventos, cuando
la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que
haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
La acción contenciosa permite a toda persona, directamente
interesada, que tratándose de hechos, operaciones y
omisiones administrativas, solicite la reparación de un daño causado por la
administración, cuando concurren tres presupuestos fácticos, a saber: (i) un
daño antijurídico o lesión, que consiste en el menoscabo o perjuicio que sufre
la víctima en su patrimonio o en sus derechos personalísimos (materiales o
inmateriales), sin tener el deber jurídico de soportarlo; (ii) una acción u
omisión imputable al Estado, que se presenta cuando la administración pública
no satisface las obligaciones a su cargo dentro de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que han sido fijadas; y (iii) una relación de
causalidad, para que el daño antijurídico atribuido al Estado sea indemnizable,
que exige que éste sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de
la Administración, esto es, desde una perspectiva negativa, que el daño sufrido
por la víctima no se derive de un fenómeno de fuerza mayor o sea atribuible a
su conducta negligente.[85]
Con base en el artículo 228 de la Constitución Política, la ley previó
un término para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas de
manera que de no promoverse, opera el fenómeno de la caducidad, el cual ha sido
entendido como “una institución jurídico procesal a través de la cual, el
legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el
tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se haya en la
necesidad del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la
paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede
derechos subjetivos, sino que, por el contrario, apunta a la protección de un
interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual,
cuando se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso.
Esta es una figura de orden  público lo que explica su carácter
irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez,
cuando se verifique su ocurrencia.
La justificación de la aplicación de la figura de la
caducidad en las acciones contencioso administrativas, tiene como fundamento
evitar la incertidumbre que podría generarse ya sea por la eventual anulación
de un acto administrativo, o el deber que podría recaer sobre el Estado de
reparar el patrimonio del particular afectado por una acción u omisión suya.
Así, en esta materia, se han establecido plazos breves y perentorios para el
ejercicio de estas acciones, transcurridos los cuales el derecho del particular
no podrá  reclamarse en consideración del interés general.”[86]
En cuanto al término de caducidad de la acción de reparación
directa, este fue establecido por el artículo 164 del CPACA, así:
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La
demanda deberá ser presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que
opere la caducidad:
(…)
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo
si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la
pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición forzada,
se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.
Al respecto el Consejo de Estado mediante auto del 17 de
septiembre de 2013, dictado por la Sección Tercera, Subsección C, explicó cómo
ha sido entendido, por dicho Tribunal, el cómputo del instituto procesal de la
caducidad. Al respecto dispuso:
“El tratamiento legislativo dado a la caducidad
de la acción de reparación directa es clara: el legislador ha establecido una
evidente e inobjetable regla general en la materia, permitiéndole a quien
alegue ser víctima de daños antijurídicos imputables al Estado, hacer uso de la
acción dentro de los 2 años siguientes de la ocurrencia del hecho, omisión,
operación administrativa u ocupación temporal por obra pública o por cualquier
otra causa de la propiedad ajena, o también, según el caso y las
circunstancias, es procedente su invocación a partir del día siguiente a aquel
en que la persona interesada tenga conocimiento[87] del hecho, operación, omisión u
ocupación, etc.
Así las cosas, se ha distinguido que el cómputo de dicho término inicia
i) al día siguiente a cuando ha sucedido la conducta generadora del daño
antijurídico, o ii) a partir de cuando ésta es conocida por quien la ha
padecido, distinguiendo dicho fenómeno de la prescripción[88], y manteniéndose su
concepción tradicional respecto del daño continuado[89].
8.4.-
Por otra parte, el segundo evento de cómputo de la caducidad ha sido estructurado
a partir de un criterio de cognoscibilidad[90], y tiene lugar cuando el
hecho dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, pero sus
repercusiones se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado
solamente hasta una ulterior oportunidad, de modo que el término de caducidad
se computa desde cuando el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció[91].
8.5.- Ahora bien, dentro del análisis de la caducidad de la acción
de reparación directa se advierte que de los supuestos a considerar por el juez
contencioso administrativo está aquel de la acción encaminada a establecer la
responsabilidad patrimonial del Estado por acciones, omisiones o inactividad
constitutivas de actos de lesa humanidad. En el concepto de actos de lesa
humanidad, ya el legislador colombiano determinó el alcance de la caducidad de
la acción de reparación directa para el supuesto específico de la desaparición
forzada, (que para su calificación como crimen de lesa humanidad debe cumplir
con los siguientes elementos: debe tratarse de un ataque sistemático o
generalizado dirigido a una población civil), tal como se desprende del inciso
segundo del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984), adicionado por el artículo 7º de la ley 589 de 2000, y de
cuyo tenor se deriva que el cómputo de la caducidad será “a partir de la fecha
en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda
intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición”.
En este sentido, el término de caducidad, para el específico supuesto de
la desaparición forzada,  tiene tres posibles alternativas de cómputo: a) a
partir del día de aparición de la víctima, lo cual se convierte en un dato
histórico cierto y objetivo, del cual se puede predicar los postulados
generales para la caducidad de la simple acción de reparación directa; b) a
partir de la firmeza, por ejecutoria, del fallo penal que declare la
desaparición forzosa, caso en el cual podría aplicarse las reglas
jurisprudenciales que para el cómputo de la caducidad operan con ocasión de
daños debidos a detención arbitraria (privación injusta de la libertad); y, por
último, c) a partir del momento de ocurrencia de los hechos, que en la práctica
constituye también una fecha cierta[92]
(y es la regla general).
Finalmente, la Sub-sección C mediante el auto de 9 de mayo de 2011 (expediente
40324) argumentó que ‘considerando que la caducidad implica la pérdida de
oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren
vulnerados por causa de la actividad del Estado, solo se debe proceder a su
declaración cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto
de su acaecimiento; por lo que ante la duda se deberá dar trámite al proceso a
fin de que en el mismo se determine, sin asomo de dudas, la configuración o no
de la caducidad’”.
4.5.1. Jurisprudencia del Consejo de Estado respecto a la
caducidad de la acción de reparación, tratándose de ejecuciones extrajudiciales
dentro del conflicto armado interno
Los jueces
colombianos se han dado a la tarea de resolver recientemente los parámetros que
deben tenerse en cuenta para verificar si las decisiones judiciales proferidas
dentro de acciones de reparación directa en las que se aleguen conductas
diferentes a la desaparición forzada, pero ocurridas dentro del conflicto
armado interno, han sido valoradas adecuadamente. Esto, con el fin de
garantizar el acceso a la administración de justicia y a la reparación
integral.
El Consejo de Estado ha venido
desarrollando abundante jurisprudencia con respecto a los casos de homicidios
en persona protegida o ejecuciones extrajudiciales, comúnmente
denominados “falsos positivos”, correspondientes a “falsas victorias
militares”. De acuerdo con la jurisprudencia de dicha Corporación,
en estos casos se impone un manejo diferente a efectos de no generar un trato
discriminatorio en lo que respecta al acceso a la administración de justicia.
Dicha Corporación ha
manifestado que frente a estas conductas, calificadas en el derecho
internacional como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y
en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, como un delito de lesa humanidad,
la caducidad de la acción de reparación directa no puede tener el mismo
tratamiento de aquellas que podrían denominarse “comunes o generales” y que se
configuran por fuera del conflicto armado que viene padeciendo el Estado
colombiano, pues su connotación es diversa.
A continuación,
esta Sala, expondrá unos casos recientes en los que el Consejo de Estado se ha
referido a la caducidad de la acción de reparación directa en contextos de
ejecuciones extrajudiciales, específicamente, en los llamados “falsos
positivos”.
En fallo del 12 de
febrero de 2015[93],
se decidió una impugnación presentada contra la decisión de tutela del 25 de
junio de 2014, adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales solicitado por el señor
Jairo Moncaleano Perdomo contra la Sección Tercera del Consejo de Estado y el
Tribunal Contencioso de Risaralda, al considerar que no se cumplía con el
requisito de inmediatez.
En dicha ocasión,
la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del mecanismo constitucional,
conoció de la muerte de un joven que fue dado de baja por la Fuerza Pública, en
un aparente enfrentamiento con la guerrilla, haciéndolo pasar como militante de
la misma, sin serlo. Entre el momento en que este fue aprehendido y el
conocimiento de su muerte por parte de sus familiares, transcurrieron tres
días.
La acción de
tutela, se dirigió contra las providencias dictadas por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que decidió rechazar la demanda de reparación directa,
por caducidad de la acción, decisión que fue confirmada por la Sección Tercera
del Consejo de Estado con fundamento en el hecho de que “la conducta objeto
de reproche era una desaparición forzada y, por tanto, en aplicación del
artículo 7º de la Ley 589 de 2000, la acción de reparación directa había
caducado, ya que la víctima había “aparecido” muerta el 12 de julio de 2007”
y, era desde ese momento, en que se debían comenzar a contabilizar los dos años
que establece la ley.
En el fallo del 12
de febrero de 2015, el Consejo de Estado sostuvo que el fenómeno de los
llamados “falsos positivos” ha sido reconocido ampliamente por dicha
Corporación como casos de ejecuciones ilegales de civiles, manipuladas por las
fuerzas de seguridad estatales, para que parecieran bajas legítimas de
guerrilleros o delincuentes ocurridas en combate. De acuerdo con el material
probatorio allegado y reconocido por el Consejo de Estado, este fenómeno se dio
con una frecuencia alarmante en toda Colombia a partir del año 2004.[94]
De acuerdo con la
citada Corporación, los denominados “falsos positivos” tenían elementos comunes
en su modus operandi, tales como “(i) la presencia de un enlace
militar horas antes de la desaparición; (ii) ausencia de antecedentes penales
de la víctima; (iii) traslado de su lugar de residencia a otra ciudad; (iv)
calificación como guerrillero; (v) decomiso de supuesto armamento empleado en
un combate; (vi) acoso y amenazas contra los familiares; (vii) entierro del
fallecido como N.N.; (viii) una indebida necropsia; y (ix) evidentes
contradicciones en los relatos de los soldados y oficiales que participaron en
los hechos”.[95]
En relación con
estos casos, la Asamblea General de Naciones Unidas en Resolución 67/168 de
2012, indicó que las ejecuciones extrajudiciales (sumarias o arbitrarias)
podían equivaler al genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra,
dependiendo de las circunstancias.[96]
En dicho fallo, la
mencionada Corporación hizo alusión a lo que por vía jurisprudencial se ha
denominado “Teoría del daño descubierto”. Esta teoría establece que,
excepcionalmente, la caducidad del medio de control no se debe contar desde el
acaecimiento del hecho o acto, sino cuando las víctimas conocieron de la
existencia del mismo.
En otras palabras,
el conteo del término de caducidad en acciones de reparación directa para casos
de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) es de dos años contados
desde el día siguiente de la ejecutoria del fallo penal que determina la
existencia del delito de homicidio en persona protegida. Es decir, el término
no empieza a contarse desde el momento en que aparece el cadáver, como se ha
desarrollado para el caso de las desapariciones forzosas, sino después,
esperando que exista un fallo judicial penal condenatorio. No de otra manera
podría el derecho esperar que las víctimas conocieran de la antijuridicidad del
hecho.[97]
El análisis
realizado en este caso por el Consejo de Estado para diferenciar casos de
desaparición forzada de los casos de los mal denominados “falsos positivos”, se
sintetiza de la siguiente manera: “cuando el Ejército Colombiano reporta en
sus informes de acciones que ha dado de baja a guerrilleros, como lo hizo en el
caso que se analiza, se parte de dos supuestos como mínimo i) que la operación
militar que arrojó ese resultado, lo fue en desarrollo del conflicto armado
interno que tiene el Estado con facciones armadas y ii) que las personas que
murieron en su accionar contra el Estado no eran personas protegidas y, por
tanto, su deceso hace parte de las hostilidades, frente a las cuales el Estado
no tiene ninguna responsabilidad. Estas connotaciones, obligaban, se repite,
por lo menos desde las circunstancias descritas en los hechos de la demanda de
reparación a un análisis diferente sobre la caracterización de la conducta y la
forma de contar la caducidad del medio de control para lograr la reparación por
parte del Estado, pues, en principio, a partir de los informes oficiales no se
puede hablar de un hecho del cual pueda deducirse responsabilidad del Estado,
del cual, por demás, pueda predicarse la caducidad del medio de control de
reparación directa”[98]
(Consejo de Estado, fallo de impugnación de tutela del 12 de febrero de 2015,
M.P. Alberto Yepes Barreiro).
El Consejo de
Estado, en este caso, consideró que “tanto el Tribunal Contencioso de
Risaralda como la Sección Tercera al no estudiar la naturaleza y
caracterización de los hechos que se alegaban como causa de la responsabilidad
del Estado, a partir de sus verdaderas connotaciones, dejaron de valorar si era
razonable y proporcional aplicar a la conducta denunciada, la caducidad propia
de las desapariciones, pues (…) por tratarse de hechos o conductas diversas, no
basta, en el caso de los homicidios en personas protegidas falsos positivos,
que aparezca el cadáver de la víctima, pues, dadas las connotaciones de este
delito, la analogía para aplicar la norma especial de las desapariciones
forzadas no resulta suficiente.”
Insistió el Consejo
de Estado, en aquella oportunidad, en que “en razón de la naturaleza de esta
conducta, el juez administrativo puede hacer uso de las teorías que ha ido
construyendo, a efectos de buscar parámetros diferentes a la aplicación textual
del precepto que consagra la caducidad, para determinar esta, a efectos de
garantizar, en forma efectiva, no solo el componente del derecho a la reparación,
la que, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, hace
parte del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, sino la
garantía de otros derechos, igualmente fundamentales como el de acceso a la
administración de justicia, pues declarada la caducidad, este derecho queda
limitado”
Añadió dicho
Tribunal que “el juez contencioso administrativo, como garante de los
derechos fundamentales, como hoy lo establece expresamente el nuevo Código de
lo Contencioso Administrativo –CPACA-, artículo 103, debe procurar la
realización efectiva de estos, haciendo uso de los distintos instrumentos para
el efecto, entre otros, la interpretación sistemática del ordenamiento y la
aplicación de las teorías que se han venido desarrollando en la misma
jurisdicción, entendiendo que de él hace parte, como norma de carácter
constitucional y prevalente, para estos casos, las normas del Derecho
Internacional del Derecho Humanitario, en los términos de los artículo 93 y
214, numeral 2 de la Constitución”.[99]
En una decisión posterior, la
misma Sección Quinta del Consejo de Estado, en un fallo de tutela del 12 de
marzo de 2015[100],
reiteró lo expuesto por la decisión del 12 de febrero del mismo año[101] , en
el que afirmó que la ley no contempla un término específico de
caducidad para los eventos en que se alegue una ejecución extrajudicial, como
sí ocurre para la desaparición forzada, por lo que decidió revocar el
fallo de primera instancia proferido por el Tribunal  de
Casanare, al haberse vulnerado los derechos de acceso a la administración de
justicia y a la reparación en favor de las tutelantes.
Afirmó dicha
Corporación que el caso objeto de estudio no configuró una desaparición
forzada, como lo indicaron los tutelantes, sino que se trató de un caso de
homicidio en persona protegida o ejecución extrajudicial.
En consecuencia, reiteró
los fundamentos del fallo del 12 de febrero de 2015, con ponencia del Consejero
Alberto Yepes, manifestando que “es garantía de los usuarios de la
administración de justicia, en este caso de los derechos de los tutelantes, que
el juez obvie el examen de caducidad de la acción en casos en los que se
identifiquen conductas como la que efectivamente estableció, so pretexto de
verificar si existe posibilidad de que la “presunción” que cobija las
actuaciones de los agentes estatales pueda ser quebrada a fin de confirmar si
se generó el daño antijurídico”[102].
Finalmente,
concluyó, que “visto el contenido de la providencia censurada, para la Sala
es posible concluir que la autoridad demandada no analizó los hechos que
encontró constituyen la conducta constitutiva de daño para la parte actora y,
desde luego, no los contrastó con el material probatorio obrante a fin de
configurar la responsabilidad del Estado. Conforme a lo expuesto hasta ahora,
es claro que la autoridad judicial tutelada vulneró los derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia y de reparación de las tutelantes, pues
la providencia censurada no cumple con los criterios establecidos por la Sala
en la providencia de 12 de febrero de 2015”[103]
Posteriormente, la
Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado profirió un fallo en una
acción de reparación directa que amplió aún más el marco interpretativo de la
caducidad en esta clase de asuntos.
En esta oportunidad,
el juez contencioso conoció de un caso en el que un joven de 28 años de
edad, quien desde su niñez fue diagnosticado con retardo mental moderado y epilepsia,
fue desaparecido, en marzo de 2007, de su casa en Villavicencio, y sus
familiares solo supieron de él hasta septiembre de 2008, momento en el que
fueron informados de que este había muerto pocos días después de su
desaparición, al parecer en un enfrentamiento desarrollado por el batallón de
infantería con sede en Tauramena, por presuntos vínculos con narcotraficantes.
Dicha providencia, no
se atuvo a la tesis acogida en los dos fallos de tutela, citados, en los que se
sostuvo que la caducidad de la acción empieza a contarse desde el día siguiente
de la ejecutoria del fallo penal que determina la existencia del delito de
homicidio en persona protegida, pues en esta[104]
el Consejo de Estado fue más allá al concluir que este tipo de delitos no cuentan
con término de caducidad.
Uno de los
argumentos principales que se expuso dentro de la decisión para argumentar que tratándose
de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos” la acción no
caduca, es porque estas conductas se enmarcan dentro de la definición de
crímenes de lesa humanidad. Es decir, actos que se realizan contra la población
civil en el marco de ataques generalizados o sistemáticos.
Por tanto, con base
en el corpus iuris de derechos humanos, de la normativa
internacional en materia de derechos humanos, y de la doctrina y jurisprudencia
de los tribunales nacionales e internacionales sobre la materia, este tipo de
conductas trascienden el interés individual de la víctima y sus familiares, y
pasa a ser también del interés de la humanidad misma.
En el caso de
reparación directa que se trató en la providencia que se estudia, el Consejo de
Estado afirmó que “la muerte de JOSÉ LOREZNO TABORDA TABORDA debe estudiarse
como un acto de lesa humanidad ya que hace parte de una acción sistemática que
ciertos agentes del Estado en los últimos años vienen practicando contra
miembros de la población civil, que para el caso en concreto se materializó en
la muerte violenta de dicha persona”.[105]
Para el Consejo de
Estado “guardar silencio, en virtud del argumento de la prescripción de la
acción, respecto de una posible responsabilidad del Estado en esta clase de
actos que suponen una violación flagrante y grave de Derechos Humanos
equivaldría a desconocer la gravedad de los hechos objeto de pronunciamiento –y
sus nefastas consecuencias-”.[106]
El raciocinio
jurídico realizado por dicho Tribunal, en la providencia bajo análisis,
consistió en estudiar el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo,
estableciendo que el ordenamiento jurídico interno en Colombia nada dice
respecto de la caducidad de la acción de reparación directa para casos de
delitos de lesa humanidad, salvo para el delito de desaparición forzada. En ese
sentido, se dio aplicación del “principio de integración normativa” que implica
la aplicación de normas de diferentes ordenamientos como forma de llenar los
vacíos normativos, a saber, el corpus iuris del derecho internacional de los
derechos humanos.[107]
En dicha
oportunidad, el Consejo de Estado fue enfático en rechazar la rigidez ordinaria
con que deben interpretarse las normas procesales. Al respecto, afirmó que “cuando
se trata de eventos, casos o hechos en los que se encuentra comprometida la
violación de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, por
afectación de miembros de la población civil (…) inmersa en el conflicto
armado, por violación de los derechos fundamentales de los niños, por violación
de los derechos de los combatientes, por violación de los derechos de un
miembro de una comunidad de especial protección, o de un sujeto de especial
protección por su discapacidad (…) o identidad social, la aplicación de las
reglas normativas procesales [antes Código de Procedimiento Civil, hoy Código
General del Proceso] debe hacerse conforme con los estándares convencionales de
protección de los mencionados ámbitos, debiendo garantizarse el acceso a la
justicia en todo su contenido como garantía convencional y constitucional (…)”.[108]
Agregó dicho
Tribunal, que “desde la perspectiva convencional, y en atención a la
vulneración de los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional
humanitario o a otras normas convencionales que pueden desvelarse en el
presente proceso, la Sala de Subsección como juez de convencionalidad y
sustentado en los artículos 1.1, 2, 8.1, y 25 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y 29 y 229 de la Carta Política contrastará lo declarado en
la indagatoria con los demás medios probatorios”.[109] Es decir,
para delitos graves como los que se enmarcan dentro de la categoría de lesa
humanidad, el juez administrativo no puede mantener un excesivo rigorismo
procedimental.
Para dicha
Corporación “la hipótesis de la sujeción del juzgamiento de las conductas
constitutivas de delitos de lesa humanidad que comprometan la responsabilidad
del Estado a la regla general de caducidad de los dos (2) años establecida en
el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo resulta insuficiente y
poco satisfactoria, sobre todo cuando se hace manifiesta la presencia de
situaciones fácticas que se enmarcan en hipótesis constitutivas de delitos que
comprometen intereses y valores sustancialmente diferentes a los simplemente
individuales; intereses y valores vinculados materialmente a la suerte de la
humanidad misma, y que por lo tanto trascienden cualquier barrera del
ordenamiento jurídico interno que fundada en razones de seguridad jurídica
pretenda establecer límites temporales para el juzgamiento de los mismos, sea
en el ámbito de la responsabilidad penal o de cualquier otro, como el de la responsabilidad
del Estado.”
La posición de la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, a raíz de este fallo de
reparación directa, adopta la premisa de que la seguridad jurídica que busca el
fenómeno de la caducidad debe ceder ante situaciones que son del interés de la
humanidad entera. Dicho Tribunal lo estableció en los siguientes términos: “las
hipótesis de daño antijurídico acaecidos con ocasión de actos de lesa humanidad
no tienen caducidad de ninguna clase y su tratamiento procesal no puede hacerse
con sujeción a las reglas limitativas de la caducidad propias del ordenamiento
jurídico interno de los países en cuanto entrañan situaciones de interés para
la humanidad, en relación con los cuales, los argumentos de seguridad jurídica
deben ceder en aras de una adecuada ponderación a favor de esos interés
superiores que los delitos en mención involucran.”[110]
De acuerdo con el
Consejo de Estado, “la filosofía en que se inspira la caducidad de las
acciones contencioso administrativas diseñada por el Código, es de una clara
esencia individualista, esto quiere decir que el soporte para imponer esta
sanción es limitar el acceso a la administración de justicia al obrar con negligencia
o con incuria de la parte afectada o interesada en demandar la protección de
sus derechos subjetivos, es decir, se sustenta la caducidad en el ejercicio de
acciones en las que se controvierten y pretenden proteger intereses
particulares. Por el contrario, no es de recibo este criterio tratándose de
asuntos en los que la acción persigue la satisfacción de intereses públicos
intersubjetivamente relevantes para la humanidad”.[111]
En síntesis, para
el Consejo de Estado “existe una norma superior e inderogable, reconocida
por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y refrendada en el
contexto regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispone
expresamente que el paso del tiempo no genera consecuencia negativa alguna para
acudir a la jurisdicción a solicitar la reparación integral de los daños
generados por tales actos inhumanos.”[112]
5. Casos
concretos
5.1. Análisis
de las providencias dictadas dentro de los procesos de reparación directa
surtidos ante la jurisdicción contencioso administrativa y que se controvierten
a través de la acción de tutela dentro de los expedientes T-4.254.307
y T-5.086.690
5.1.1.
Expediente T-4.254.307
El joven
Fausto Hernán Cañas Moreno fue asesinado el 8 de diciembre de 2005, en la
vereda el Eco del municipio de Barbosa, Antioquia, por miembros del Ejército
Nacional, pues así fue establecido por las autoridades penales quienes, en
primera y segunda instancia, los encontraron responsables de homicidio
agravado.
El Juzgado 27 Penal del Circuito
de Medellín, quien conoció en primera instancia de la investigación y
juzgamiento de la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno, mediante sentencia del
5 de agosto de 2011, concluyó lo siguiente:
“La
foliatura permite conocer, que no existió una razón o motivo de peso, para que
los hoy procesados terminaran con la existencia de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO,
pues el hecho de pesar en su contra un antecedente judicial por violación a la
Ley 30 de 1986, e incluso de que adicionalmente se diga, que realizaba hurtos
en asocio de su hermano BENIGNO ANTONIO y que en compañía de este último,
supuestamente, había accedido sexualmente, mediante el empleo de la fuerza, a
la esposa de don GUSTAVO GONZALEZ HERNANDEZ, al igual que a una hija de éste y
que era consumidor de marihuana, tales circunstancias, en conjunto, o alguna de
éstas en particular, no constituye motivo para que se le diera muerte, pues si
le ameritaba responsabilidad por algún hecho de estos, existía la
Administración de justicia para su juzgamiento y castigo correspondiente, mas
no el de terminar con su existencia.
Igualmente
ilustra el acervo probatorio arrimado en las etapas instructiva y del juicio,
que FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, no pertenecía a ningún grupo guerrillero, se
dedicaba a ciertas actividades agrícolas en el predio de sus padres y solía
consumir marihuana, sin que se pueda inferir entonces, de buenas a primeras,
que éste, sin contar con armas adecuadas y completamente solo, pues no hay ni
indicios, que la noche de los hechos estuviese acompañado de otros sujetos,
como lo quisieron hacer ver los justiciables y sus defensores técnicos, se
enfrentó militarmente con los hoy acusados, éstos sí provistos de sofisticado
armamento, nadie, pero nadie, así se trate del delincuente más avezado, en
solitario, se somete a un enfrentamiento armado con una patrulla militar.
Entonces,
en virtud de lo que viene de expresarse, en los dos párrafos anteriores, cabe
inferir, como igualmente lo hiciera la ilustre Fiscal, que además de haber
obrado los acusados en aprovechamiento del estado de indefensión en que colocaron
a la víctima, actuaron en igual forma, por motivo abyecto o fútil, cual suele
darse en estos eventos conocidos como falsos positivos, donde los militares
llevan a cabo las conductas homicidas con la finalidad de obtener una
felicitación por parte de sus superiores, un permiso o una licencia, razón de
escasa importancia y desproporcionada frente a la magnitud del homicidio de
FAUSTO HERNÁN, circunstancia que ciertamente revela la personalidad perversa de
los autores y carencia de valores éticos, así se trate de justificar con el pretexto
de efectuar limpieza social, configurándose en consecuencia, la circunstancia
de agravación punitiva (…)”.
Dicha decisión fue apelada por
los sindicados, recurso que le correspondió desatar al Tribunal Superior de
Medellín, que, en sentencia del 23 de mayo de 2012, confirmó la pena impuesta
por el a quo, bajo los siguientes argumentos:
“El
presunto hallazgo de las citadas armas se ofrece para la Sala, como poco
creíble, no obstante que las fotografías tomadas al cuerpo sin vida lo muestran
como probable portador de uno de los artefactos, analizadas sus manos para
examinar si había en ellas residuos de disparos, fue negativo el resultado y si
a ello agregamos que todos los familiares del occiso afirman que desapareció
sin dejar rastro durante su camino de regreso a su hogar, distante nueve
kilómetros del sitio en donde se dice fue dado de baja, que las patrullas
militares habían sido observadas justamente cerca a la morada de los CAÑAS
MORENO, que precisamente en la finca en la cual no era extraño que descansaran
los miembros del ejército se hubiera presentado en día anterior un ataque en el
cual fueron víctimas de accesos carnales violentos, la hija y la esposa del
mayordomo, situación conocida por aquellos uniformados que formaban parte del
contingente destinado a la protección de la hidroeléctrica; que la patrulla
BARAYA 1, por la orden de operaciones cumplía justamente esas labores en la
zona; que con anterioridad a la desaparición y posterior muerte de Fausto
Hernán ya la casa de la familia CAÑAS MORENO había sido registrada, varios de
sus miembros habían sido abordados por integrantes del ejército, francamente el
cuadro que se ofrece, vistas las pruebas en su conjunto es que, como lo
concluye el A quo, no se trató de ningún combate con fuerzas irregulares como
lo pregonan a coro, y lacónicamente en sus presentaciones ante la autoridad
judicial, los acusados; por el contrario, lo que emerge en nuestro criterio,
con certeza, es que se trató de una ejecución extrajudicial de un civil a manos
de personal adscrito al ejército y que se quiso presentar como una baja de
combate.
(…) Resulta
francamente intolerable que personal armado al servicio del estado, cuyo fin
constitucional no es otro que la protección de las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades,
se hayan prestado para desarrollar un burdo montaje con el que se quiso
encubrir lo que la prueba en este proceso revela, la ejecución extrajudicial de
FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, cuando por el contrario, debían, todos y cada uno
de ellos si advertían actuación irregular de su superior, o de cualquiera de
sus compañeros, oponerse a las mismas (…) y, por el contrario, actuaron al
unísono, utilizando su armamento oficial para poner fin  a la vida de un ser
humano- si bien podía tener conductas poco edificantes, o ser sospechoso de
haber agredido sexualmente a dos mujeres- debía ser respetado y luego al
unísono, buscaron la impunidad elaborando un relato que se acomodara a lo por
ellos fraguado; cuidadosos fueron en establecer hora, lugar, y circunstancias
modales del hecho, narración que esperaban diera un manto de credibilidad al
informe suscrito por el suboficial y por el cual puso en conocimiento de su
superior, la existencia del pretendido enfrentamiento.”
Dicho fallo fue ejecutoriado el 7
de julio de 2012, según consta dentro de las actuaciones enviadas a esta
Corporación por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, a quien le
fue reasignado dicho proceso penal.
Una vez
ejecutoriada la condena penal, los accionantes, Benigno Antonio Cañas
Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz
Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson Cañas Moreno, a través de apoderado,
presentaron demanda de reparación directa ante el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín, con el fin de que se declarara al
Estado como responsable por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno y, en
consecuencia, se les reparara económicamente los perjuicios materiales y
morales causados por éste ilícito.
El Juzgado Dieciocho (18)
Administrativo del Circuito de Medellín, mediante proveído del 27 de agosto de
2012, decidió lo siguiente:
“(…) En el caso sub lite las pretensiones elevadas por la parte
demandante apuntan a que esta jurisdicción declare administrativamente
responsable a la demandada y se condene al pago de los perjuicios morales, de
daño a la vida de relación y materiales en la modalidad de daño emergente por
desaparición forzada y posterior homicidio de quien en vida respondía al nombre
de FAUSTO HERNÁN CAÑAS MORENO, razón por la cual, en principio, se ha debido
presentar la demanda dentro del término de caducidad para interponer la acción,
consagrado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, esto es,
dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia
del hecho o a partir de que se tuvo conocimiento del mismo o de la fecha en que
aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia y doctrina.
En el caso concreto la parte demandante tuvo conocimiento de los
hechos que dieron origen a la presente demanda, el pasado nueve (9) de
diciembre de 2005, fecha en la cual apareció el cadáver de FAUSTO HERNÁN CAÑAS
MORENO.
El señor Fausto Hernán Cañas Moreno fue visto por última vez el
día anterior a que fuera encontrado muerto, esto es el día ocho (8) de
diciembre de 2005, a eso de las ocho de la noche, según es narrado en los
hechos de la demanda.
De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya
precitada en la presente providencia,[113] se tiene entonces que
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la muerte de Fausto
Cañas Moreno, desvirtúa los elementos para que se hable de desaparición
forzada, esto es, no hubo una privación de la libertad que perdurara en el
tiempo, los hoy demandantes no negaron información sobre su paradero, pues de
acuerdo con los hechos de la demanda, la muerte de Cañas Moreno fue producto de
un combate y el proceso penal adelantado contra los uniformados tuvo por objeto
el delito de homicidio agravado, delito por el cual fueron condenados los
uniformados implicados en dicha muerte.
En virtud de lo anterior, el término de caducidad de la demanda
necesariamente deberá ser contabilizado a partir de la ocurrencia del hecho o
que se tuvo conocimiento del mismo y no, a partir de la sentencia dictada en el
proceso penal ya que no hubo desaparición forzada alguna como lo quiere hacer
ver el señor apoderado, ya que como claramente expresó en la demanda, la muerte
del señor Fausto Hernán Cañas Moreno constituye una ejecución extrajudicial o
mal llamado falso positivo.
El Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, en su obra Derecho Procesal
Administrativo, respecto del tema del término de caducidad de la acción de
reparación directa, señala:
‘Con la nueva disposición, tal como se analiza al hablar del
presupuesto de la caducidad, el tiempo se cuenta a partir del día siguiente al
hecho, es decir, al día siguiente de la muerte o derrumbe, o de la lesión, etc.
Sin embargo, todas las acciones se deben ejercer en el tiempo que
la ley otorga al actor y que empieza a contarse, por regla general, a partir
del día siguiente al momento en que el interesado tiene conocimiento del
hecho.’
La presente demanda fue presentada en la Oficina de apoyo Judicial
el pasado uno (1) de junio de 2012. Sin embargo, hay que tener en cuenta la
fecha en la cual se elevó la solicitud de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos, por cuanto tal trámite, en
principio, interrumpe el término de caducidad de la acción. Dicha solicitud fue
presentada el nueve (9) de abril de 2012, de conformidad con la constancia
obrante a folios 140 y siguientes del expediente.
De lo anterior se colige que a la fecha de la solicitud de la
conciliación, esto es nueve (9) de abril de 2012, habían transcurrido seis (6)
años, tres (3) meses y veintinueve (29) días contados a partir del día
siguiente de la ocurrencia del hecho, en el cual murió el señor Fausto Hernán
Cañas Moreno, configurándose así el fenómeno de la caducidad.
En consecuencia se impone el rechazo de la misma en los términos
señalados por el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, según el
cual, ‘se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción’”.
5.1.2. Expediente T-5.086.690
Gustavo Mora
Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria, fueron asesinados el 30 de marzo de
2007, presuntamente por agentes del Gaula del Casanare en una “Misión Táctica
Antiextorsión No. 034, Marcial” en la cual fueron “dadas de baja” tres
personas, supuestamente pertenecientes a la cuadrilla José David Suárez
del ELN.
No obstante,
según sus familiares, amigos y conocidos, los jóvenes no pertenecían a ningún
grupo guerrillero, por el contrario, eran campesinos que se dedicaban a las
labores agrícolas junto con sus padres y, según testimonios, el día en el que resultaron
asesinados, estos fueron abordados y retenidos por los agentes estatales y
posteriormente ejecutados.
La
investigación de los hechos le correspondió a la Fiscalía 61 Especializada de
la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
quien, mediante proveído del 21 de enero de 2010, decidió formular resolución
de acusación contra los integrantes de las Fuerza Pública, por los delitos de
homicidio agravado, en concurso con los delitos de secuestro simple agravado,
portes ilegales de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las
Fuerzas Armadas, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y
peculado por apropiación. Dicha resolución quedó ejecutoriada el 30 de marzo de
2010, y mediante oficio del 6 de abril del mismo año, se remitió el proceso al
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare, para su
juzgamiento.
El proceso
penal aún sigue en curso, no se ha dictado sentencia alguna, en la que se declare
la responsabilidad de los implicados, pues dentro de las actuaciones enviadas a
esta Corporación por parte del juzgado de la causa, se observa que el 8 de
octubre de 2015, dicho ente judicial decidió “decretar la nulidad de lo
actuado, a partir de la terminación de la etapa probatoria” con el fin de
escuchar a dos de los procesados y para que se incluya una prueba que la
fiscalía posee y a través de la cual pretende aclarar los hechos. En ese mismo
proveído, además, fijó como fecha el 9 de noviembre de 2015, para la
realización de la audiencia pública.
Llegado el 9
de noviembre de 2015, para la realización de la diligencia mencionada, está fue
aplazada por ausencia de algunos defensores y procesados, por lo que fue
reprogramada para el 28 de enero de 2016, fecha en la cual tampoco pudo ser
efectuada toda vez que los procesados no fueron remitidos por los diferentes
CRM (centro de reclusión militar), razón por la cual, el juez fijó, nuevamente,
como fecha para su práctica el 11 de abril de 2016.
El mencionado
expediente radicado bajo el número 201000055, fue remitido en original a esta
Corporación el 8 de febrero de 2016, por solicitud realizada por el magistrado
sustanciador, mediante auto del 27 de enero de 2016.
En el
transcurso del proceso penal, los familiares de Gustavo y Yefer Arialdo Mora
Sanabria, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional, con el fin de que se les declare
responsables por la muerte de los jóvenes y, en consecuencia se les condene a
reparar, moral y económicamente, el daño causado.
Dicha acción
fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión del Circuito de Yopal, Casanare, en la que mediante sentencia del
28 de noviembre de 2013, resolvió declarar responsable a la Nación, Ministerio
de Defensa- Ejército Nacional a título de falla del servicio, por la muerte de
los señores Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, ocasionada por miembros del Grupo
Gaula Casanare, el 30 de marzo de 2007, en la zona rural del municipio de
Aguazul del departamento del Casanare.
Dicha decisión con respecto a la
caducidad de la acción de reparación directa dispuso lo siguiente:
“(...)
Previo a realizar un estudio de fondo del caso concreto, es necesario resolver
la excepción de caducidad planteada por la entidad demandada a lo largo del
presente juicio.
En el
traslado de las excepciones la parte demandante se pronunció acerca de dicho
argumento defensivo manifestado que el Consejo de Estado ha sostenido que el
plazo de caducidad de la acción de reparación directa debe ser flexible, en
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal,
para el caso en concreto no hay sujeción al plazo de caducidad por derivar la
acción de hechos constitutivos de violación de derechos humanos cometidos por
agentes del Estado (…).
(…) El
Tribunal Administrativo del Casanare, acerca del conteo del término de la
caducidad en las acciones de reparación directa por delitos de lesa humanidad,
ha establecido:
‘Desaparición
forzada, aparición de cadáver y cómputo de caducidad. Marco Abstracto
Los
conflictos de desaparición forzada han generado duda sobre la contabilización
del término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, prueba de ello es la reiteración de
alzada en asuntos como el que ahora se estudia.
Para
dilucidar el conflicto en torno a si operó o no la caducidad en el caso
particular, se parte de la previsión legal contenida en el numeral 8° del
artículo 136 del CCA, que para efectos de la reparación directa en general
prevé como fecha límite para hacerlo: ‘al vencimiento del plazo de dos años,
contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa’, de
donde se desprende que vencido este plazo, impide su ejercicio y conocimiento
de la jurisdicción de dicho asunto.
No
obstante, no se puede desconocer que con la entrada en vigencia de la Ley 589
de 2002, se introdujo una modificación al Código Contencioso Administrativo,
con relación al momento en que se inicia el conteo del término para intentar la
acción de reparación directa con el fin de reclamar los daños derivados del
delito de desaparición forzada, así:
‘(…) a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de
que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos
que dieron lugar a la desaparición’.
Para dar
acertado alcance a la norma en comento hay que ponderar el carácter continuado
que corresponde al tipo de desaparición forzada, como quiera que se encuentra
constituido por un conjunto de actos que se extienden en el tiempo, iniciando
con la privación de la libertad de la víctima, continúa con la negativa de los
victimarios de reconocer su realización y con su ocultamiento, finaliza con la
liberación del retenido o con el conocimiento de su paradero.
Así las
cosas, si bien el cadáver (…) apareció el 16 de agosto de 2007 y fue reconocido
por su compañera permanente el día siguiente (17), la contabilización del
término de caducidad no puede hacerse precisamente desde esa fecha, como
desacertadamente los estimó el a quo, habida cuenta que la víctima no apareció
ni tampoco podrá aparecer nunca: pues fue encontrado su cadáver, situación muy
distinta, no contemplada en la norma, que requiere que el juez construya una
solución acorde con postulados humanistas en los que deben prevalecer los
principios pro acción y pro damato, frente a uno de los más horripilantes
crímenes  de lesa humanidad. Lo menos que el Estado debe a la comunidad y a los
deudos, cuando se imputan hechos como estos, es ofrecer la verdad y si se
prueba que hubo conducta impropia de sus agentes, reparar y dar garantías de no
repetición, desde luego, respecto de otros potenciales afectados, que lo serán
todos los habitantes del territorio. Es la opción interpretativa que ha
aplicado esta Sala en sede de fallo, siguiendo al Consejo de Estado; la que ha
de privilegiarse, con mayor razón, en los albores del trámite, para dar paso a
la acción.’
En el caso
concreto, los cadáveres de los hermanos Mora Sanabria fueron reconocidos por
parte de su señora madre Dulcinea Sanabria, el sábado 31 de marzo de 2007, sin
embargo, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal, lo que en realidad
encontraron los familiares fueron los cadáveres de sus seres queridos, por eso
no se puede aplicar la parte inicial del inciso 2° del numeral 8° del artículo
136 del CCA., en cambio sí se puede establecer que el término de caducidad
comenzaría a correr una vez se produzca el fallo de primera instancia en la
jurisdicción penal.
Por lo
anterior se denegará la excepción planteada por la entidad demandada.”
Una vez agotado el análisis de la
caducidad de la acción de reparación directa, el juez de primera instancia,
realizó un análisis de fondo teniendo en cuenta las pruebas allegadas al
proceso y de las cuáles pudo establecer lo siguiente:
“Una vez
más miembros del Ejército, valiéndose de engaños, reclutaron a las víctimas
directas y las dirigieron hacia un paraje donde acabaron con sus vidas, para
luego montar una escena llena de errores e incoherencias y presentarlas como
bandidos abatidos en combate, del que, por cierto nunca se obtuvo
identificación dentro de la organización a la que se dijo que pertenecía, por
el contrario, uno de los voceros de la misma negó, a través de un comunicado,
que lo fueran.
La
confesión producida por uno de los miembros de la tropa, es suficiente para
tener certeza de lo ocurrido, tal y como lo narra el soldado, no existió el tan
mentado combate de que hablan los militares, en cambio estamos de cara a una
ejecución extrajudicial a manos de miembros del Ejército Nacional y con armas
de dotación oficial.
La
actuación de los uniformados no pasó de ser eso, una actuación mal elaborada,
mal intencionada, premeditada, calculada e injusta. Nada justifica que un grupo
de personas superiores solo en número y en fuerza bélica, maten a ciudadanos,
que no tenían por qué morir a discreción de quienes se suponen están para
salvaguardarnos (…).
Los
miembros del Ejército Nacional actuaron valiéndose de su condición de
funcionarios públicos, en servicio activo, ya que no solo fueron los actores
directos, sino que trataron insistentemente de alterar el resultado de las
pruebas que se practicaron en el curso de los procesos penal y disciplinario.
La defensa
técnica de la entidad demandada, se limitó a presentar a los hermanos Mora
Sanabria como subversivos pertenecientes al ELN, sin embargo, esa organización
manifestó a través de un comunicado lo contrario, advirtiendo que las víctimas
eran campesinos de la región (...).
Lo aquí
acontecido, se enmarca en el grupo de ejecuciones extrajudiciales efectuadas
por servidores públicos, quienes de forma arbitraria decidieron acabar con la
vida de humildes pobladores simulando un combate que como se probó, nunca
existió.”
Dicha decisión fue apelada por el
apoderado de los demandantes, en cuanto no estuvieron de acuerdo con la
tasación de los perjuicios reconocidos en dicha providencia, el cual fue
decidido por el Tribunal Administrativo del Casanare, que, en sentencia del 17
de julio de 2014, resolvió revocar la sentencia del 28 de noviembre de 2013,
proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito de Yopal
y, en su lugar dispuso:
“Declarar
la caducidad de la acción y, en consecuencia, inhibirse de pronunciamiento de
fondo acerca de la responsabilidad estatal por esos hechos”.
Los fundamentos en los que se
basó para tomar dicha decisión fueron los siguientes:
“Carga de
Transparencia: Este Tribunal ha acudido a la solución especial relativa al
cómputo de caducidad en eventos de desaparición forzada sin reconocer a la
aparición o recuperación de un cadáver las connotaciones de la aparición de
persona humana, no solo para propiciar el acceso efectivo a la Administración de
Justicia con ocasión de admisión de demandas de reparación, sino también en los
respectivos fallos.
En los
casos a los que se alude las particularidades fácticas y probatorias,
permitieron establecer que los agentes estatales involucrados en los hechos, o
sus compinches particulares con algún grado de colaboración criminal de dichos
servidores públicos, engañaron a las víctimas directas o mediante otros
artificios las sonsacaron del seno de sus familias y comunidades, las hicieron
llegar o llevaron a lugares distantes de los sitios de origen, las mataron,
ocultaron la identidad y estorbaron activamente con uso de diversas maniobras
tanto el paradero de las víctimas (mientras estuvieron con vida) como su suerte
o destino, de manera que los deudos no pudieran obtener oportuno auxilio
estatal para hacer cesar la privación ilícita de su libertad personal o
ponerlas bajo el cuidado legítimo de las autoridades competentes, o para
develar la verdad y perseguir el condigno castigo de los delincuentes.
La Sala optó
por extender el espectro del ocultamiento, para esos efectos procesales de la
caducidad, no solo a los retorcidos artilugios de los perpetradores o sus
compinches con relación a la víctima directa misma o su cadáver, o al
acontecimiento funesto de la muerte por actividad estatal directa o indirecta,
sino también a la noticia y a la identidad en cuanto, y en tanto, ese haya sido
el camino recorrido por los facinerosos para cubrir el hecho, las huellas o la
responsabilidad institucional y personal; entramado en que se identifica el
propósito ilícito de privar al ultimado de la protección estatal, de violar
abiertamente los deberes de garante que tiene el Estado y de mantener impune la
fechoría.(sic)
El debate
de ahora es propicio para reafirmar los alcances de esta opción interpretativa,
pues no se trata de rectificar, sino de fijar un contorno más claro en la
perspectiva dogmática y en los presupuestos fácticos, de manera que no prosiga
el ejercicio abusivo del litigio en el que ilusoriamente se pretenda que la
escueta inclusión de la expresión ‘desaparición forzada’ en la demanda, o
invocar que una familia no supo del paradero de uno de los suyos durante
algunas horas, días o lapsos más prolongados, automáticamente pueda convertir
el bienio para acudir a la jurisdicción en un plazo generosamente extenso, a
veces prácticamente indefinido.
El núcleo
esencial del tipo de desaparición forzada deviene del ocultamiento imputable a
la actividad estatal (de sus propios agentes o de los particulares que actuaron
en anuencia o con la complicidad de aquellos). No puede darse idéntico trato a
un supuesto fáctico en el que las autoridades ocultan a la víctima, su
paradero, destino, ejecución, identidad o los hechos acontecidos, con aquellos
en los que el comportamiento habitual de una persona, la incomunicación
voluntaria con los demás integrantes de su familia, o el desentendimiento de
esta respecto de algunos de los suyos, hace que por razones ajenas al Estado
mismo de los deudos nada sepan de aquella. Estas claridades se reiteran una vez
más para revelar la tendencia de la línea, posición mayoritaria, acorde con el
art. 103 de la Ley 1437.
3.2.
Homicidio en persona protegida y delitos de lesa humanidad. Diferenciación.
¿Imputada
la comisión de delito de homicidio en persona protegida en virtud de actividad
de la administración, se configura necesariamente el tipo internacional e
interno de crimen de lesa humanidad, cuya reparación a cargo del Estado, pueda
perseguirse en cualquier tiempo?
3.2.1.
Tesis. No y así se reitera. La disposición legal interna, que no ha sido
retirada del ordenamiento por su juez natural, somete a plazo perentorio el
contencioso de reparación por la muerte de una persona atribuida al Estado,
para predicar que se ha incurrido en delito de lesa humanidad deben
identificarse y probarse hechos constitutivos de la actuación masiva o
sistemática contra la población civil. La ley colombiana, por lo demás, entre
todos ellos excluyó la caducidad únicamente para los eventos de desaparición
forzada.
3.2.2. Es
pertinente indagar si todos los eventos de homicidio que se atribuyan a la
Fuerza Pública constituyen crimen de lesa humanidad y si configurado alguno de
aquellos, queda abierta la posibilidad de perseguir en cualquier tiempo no solo
la responsabilidad personal de los perpetradores, sino también la del Estado,
esto es, sin que pueda oponerse caducidad del medio de control de reparación
directa.
(…) De
manera que resulta ostensible que para declarar judicialmente que se ha
configurado delito de lesa humanidad, cuando menos en lo que atañe al oportuno
ejercicio de la acción contencioso administrativa (medio de reparación directa,
ahora), no basta que lo diga la demanda; ni que lo predique el juez en
abstracto. Los hechos constitutivos de la actuación masiva o sistemática contra
la población civil tienen que identificarse y probarse.
3.2.6. En
gracia de discusión podría ser relevante examinar si el hecho específico que se
juzga en este proceso, ocurrido en un momento y lugar determinados (marzo de
2007 en Aguazul) pudiera enmarcarse en presunta campaña masiva y sistemática de
acciones criminales de algunos miembros de la Fuerza Pública contra la
población civil, en la medida en que este Tribunal ha condenado en múltiples
ocasiones a la Nación (componente Ejército) por actuaciones similares de las
tropas, con mayor frecuencia orgánicos del Gaula Militar Casanare y del
Batallón 44 Ramón Nonato Pérez, acantonado en Tauramena, acontecidas en una
época aciaga del acontecer territorial, más recientemente enunciado
institucionalmente en un espectro más amplio de los impropiamente denominados
‘falsos positivos’ orientados a ofrecer resultados operacionales para diversos
fines contrarios al ordenamiento.
4. Caso
concreto
(…) 4.2. La
premisa, sin adentrarse todavía en las particularidades de éste trágico suceso,
es que el daño antijurídico no se causó con la imputación penal a los presuntos
autores y coautores del crimen; esa decisión de la autoridad penal carece de
connotaciones constitutivas, no hace surgir el daño, ni siquiera lo revela,
pues el hecho mismo de la muerte, ocurrido el 30 de marzo de 2007, fue conocido
por el Estado (entiéndase la referencia a los investigadores penales, no a las
tropas que lo causaron) ese mismo día; y por la familia, deudos o interesados
aquí demandantes, desde el día siguiente, 31 de marzo de 2007, cuando tuvieron
absoluta certeza de haberse producido las muertes de los hermanos Mora
Sanabria, imputadas desde entonces al Ejército.
Entonces el
bienio para la caducidad de la acción corre desde la noticia cierta de la
ocurrencia del daño (las muertes); la evidencia que surja de la investigación
penal, valorada por la Fiscalía y por los jueces naturales, es prueba; las
decisiones que adopte esa jurisdicción, que no impiden a esta llegar a
conclusiones diferentes, declaran qué ocurrió. Nada más. El daño será injusto o
antijurídico desde cuando se haya causado, esa es una propiedad de su esencia,
no un atributo que surja de la providencia acusatoria, o de la sentencia penal
eventualmente condenatoria.
Con ello se
fija una premisa que conducirá el examen de particularidades; salvo que se haya
configurado realmente desaparición forzada, en las condiciones y términos ya
expresados en el marco conceptual, se estará frente a un caso de homicidio,
hecho que la familia conoció al día siguiente de consumado; la caducidad corre,
entonces, desde el 1 de abril de 2007.
(…) Se
agrega además, que la Fiscalía 61 de la Unidad de Derecho Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, por lo hechos ocurridos el 30 de marzo de 2007, en
la vereda Cupiagua Alto de Aguazul en que fueron dados de baja los señores
Gustavo Mora Sanabria y Yefer Arialdo Mora Sanabria y otro civil, no adelantó
investigación por el delito de desaparición forzada y de allí tampoco se ha
trasladado prueba que permita a esta jurisdicción autónomamente y conforme a su
propio criterio jurídico, no condicionado por el parecer de la Fiscalía ni por
el de la justicia penal, atribuir a los miembros del Ejército que participaron
en la operación militar que a la muerte le haya seguido el ocultamiento de los
hechos.”
5.2. Resolución de los casos concretos
De acuerdo con lo expuesto, la Sala deberá establecer si las
decisiones de los jueces administrativos, que fueron demandadas mediante las acciones
de tutela respectivas, están acordes o no con los postulados de la Carta
Política y, si, consecuencia, vulneraron o no el debido proceso de los accionantes.
Para resolver los casos concretos, esta Sala abordará el problema
jurídico de manera general, es decir, aunque los casos no son idénticos y
cuentan con diferencias importantes, esta Sala encuentra que la cuestión que
plantean versa sobre la caducidad de la acción de reparación directa en los
casos enmarcados como ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos
positivos”.
Las decisiones que fueron proferidas por el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín, el 27 de agosto de 2012, dentro de la
acción de reparación directa interpuesta por Benigno Antonio Cañas Moreno y
otros, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional,
contenida en el expediente T-4.254.307; y, por el Tribunal
Administrativo del Casanare, el 17 de julio de 2014, como consecuencia de la
acción de reparación directa interpuesta por Dulcinea Sanabria Sánchez y otros
contra los mismos demandados, dentro del proceso T-5.086.690, fundamentaron
su juicio en el artículo 164 del CPACA, el cual establece lo siguiente:
“(…) la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento
del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sin embargo, el término para
formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la
víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda
intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la
desaparición”.
En
consecuencia, los jueces contenciosos consideraron que, al no configurarse los
supuestos de la desaparición forzada, dentro de las acciones de reparación
directa interpuestas por los demandantes, a saber: “i) la privación de la
libertad; ii) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de
éstos, y ii) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el
paradero de la persona interesada”[114],
no podían aplicar la excepción a la regla de caducidad introducida en virtud de
la Ley 589 de 2000, según la cual los dos años que establece el artículo
referido, se comenzaran a contar desde que aparece la víctima, o en su defecto,
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal. Razón
por la cual, aplicaron la regla de la caducidad, según la cognoscibildiad del
hecho, es decir, desde el momento en que los familiares fueron enterados de las
muertes de las víctimas, por lo que al interponer las demandas de reparación,
años después, al hacer el conteo del término, éstas ya se encontraban
caducadas.
Es importante
precisar que dentro del expediente T-4.254.307, los miembros del Ejército
Nacional que participaron en la muerte del joven Fausto Hernán Cañas Moreno el
8 de diciembre de 2005, fueron condenados por homicidio agravado, sentencia que
quedó ejecutoriada el 7 de julio de 2012. Posterior a la condena, los
familiares de la víctima acudieron a la jurisdicción contenciosa en demanda de
reparación directa.
Por otro lado,
dentro del proceso T-5.086.690, el juzgamiento ante la justicia
penal contra los miembros de la Fuerza Pública que participaron en las muertes
de Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria, está en curso. La Fiscalía 61
Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, mediante proveído del 21 de enero de 2010, decidió formular
resolución de acusación contra sus integrantes, por los delitos de homicidio
agravado, en concurso con los delitos de secuestro simple agravado, porte
ilegal de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas
Armadas, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado
por apropiación. Dicha resolución quedó ejecutoriada el 30 de marzo de 2010, y
mediante oficio del 6 de abril del mismo año, se remitió el proceso al Juzgado
Penal del Circuito Especializado de Yopal, Casanare, para su juzgamiento.
Atendiendo a
las circunstancias de los casos concretos y a las decisiones tomadas por los
jueces administrativos, esta Sala considera, que existe una clara violación a
los postulados y principios establecidos en la Constitución Política, por las
razones que se expondrán a continuación.
Como se
mencionó en precedencia, se ha reconocido que el marco de protección a las
víctimas se compone de tres derechos, verdad, justicia y reparación,
reconocidos por el derecho internacional e interno.
El marco
internacional de protección a las víctimas está plasmado en múltiples
instrumentos internacionales. La Sentencia C-180 de 2014, los sintetizó, así:
“Derecho a
la verdad. El derecho internacional ha reconocido dos dimensiones del
derecho a la verdad: una individual (derecho a saber) y una colectiva (derecho
inalienable a la verdad y deber de recordar).  Los Estados deben garantizar el
derecho a saber para lo cual pueden tomar medidas judiciales y no judiciales
como la creación de comisiones de la verdad. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado que el derecho a la verdad se subsume en la
obligación de los Estados de esclarecer los hechos y juzgar a los responsables,
conforme a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Del mismo derecho se ocupan los Principios 1
a 5 de los Principios para la lucha contra la impunidad. [115]
Derecho a
la Justicia. Su garantía impone al Estado la obligación de investigar,
juzgar y condenar a penas adecuadas a los responsables de las conductas delictivas
y evitar la impunidad. [116]
Encuentra fundamento en el artículo 2 del Pacto internacional de Derechos
Civiles y Políticos, los artículos 4, 5 y 6 de la Convención contra la Tortura
y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, los artículos 1, 3,
7-10 de la Convención Interamericana para
prevenir y sancionar la tortura, los artículos 1, 3, 7-10 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas, los artículos 18 y 24 de la Declaración Americana de
Derechos Humanos[117],  los artículos 1.1, 2, 8
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[118]
y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos[119]
relativos al derecho de acceso a los tribunales para hacer valer los derechos
mediante los recursos ágiles y efectivos.
Esta
obligación implica: i) el establecimiento de mecanismos jurídicos idóneos para
llegar al descubrimiento de los hechos y la condena de los responsables[120]; ii)
El deber de investigar todos los asuntos relacionados con graves violaciones de
los derechos humanos[121];
iii) el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo; y
iv) el deber de respetar las garantías del debido proceso.
Derecho a
la reparación. Este derecho se apoya en el principio general del derecho
según el cual el responsable de un daño o agravio debe repararlo o compensarlo.
Sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a
obtener una adecuada reparación versan los artículos 14 de la Convención contra
la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, el artículo 75 del Estatuto de Roma[122] y el artículo 63.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos[123],
relacionado con el deber de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de disponer “el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”,
cuando se ha establecido la violación de un derecho o libertad protegido por la
Convención.”
Adicionalmente
a dichas disposiciones, se encuentran otras que establecen pautas que permiten
a los Estados orientarse e interpretar las obligaciones, principios y deberes
dispuestos en dichos instrumentos, entre los cuales cabe resaltar, teniendo en
cuenta los asuntos que, en esta oportunidad conoce la Sala, la Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso del poder, de la Asamblea General de las Naciones Unidas proferida
mediante la Resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985, en la cual se
consagra:
“4. Las
víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán
derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del
daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.
5.
Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y
administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante
procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos
y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener
reparación mediante esos mecanismos.
6.
Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos
a las necesidades de las víctimas: ( …)
11.
Cuando funcionarios públicos u otros agentes que actúen a título oficial o
cuasioficial hayan violado la legislación penal nacional, las víctimas serán
resarcidas por el Estado cuyos funcionarios o agentes hayan sido responsables
de los daños causados. En los casos en que ya no exista el gobierno bajo cuya
autoridad se produjo la acción u omisión victimizadora, el Estado o gobierno
sucesor deberá proveer al resarcimiento de las víctimas.
12. Cuando no
sea suficiente la indemnización procedente del delincuente o de otras fuentes,
los Estados procurarán indemnizar financieramente:
a)
A las víctimas de delitos que hayan sufrido importantes lesiones corporales o
menoscabo de su salud física o mental como consecuencia de delitos graves;
b)
A la familia, en particular a las personas a cargo, de las víctimas que hayan
muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas como consecuencia de
la victimización.(…)”
En
el mismo sentido, la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, mediante la
cual se adoptan Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones, contempla la obligación de los Estados
de asegurar que se respeten las normas internacionales de derechos humanos y el
derecho internacional humanitario, pues el derecho interno debe ser compatible
con las obligaciones jurídicas internacionales. Dicha correspondencia debe ser:
(i) incorporando las normas de derechos humanos y de derecho internacional
humanitario al derecho interno (ii) adoptando procedimientos legislativos y
administrativos eficaces y otras medidas apropiadas que den un acceso
equitativo, efectivo y rápido a la justicia; (iii) disponiendo para las
víctimas los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados y (iv)
asegurando que el derecho interno proporcione, como mínimo, el mismo grado de
protección a las víctimas que el que impone las obligaciones internacionales.
En
consecuencia, dicha disposición sostuvo que, con el propósito de asegurar el
respeto y la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, los Estados tienen el deber de otorgar,
dentro de sus ordenamientos jurídicos, a quienes afirmen ser víctimas de una
violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario, un acceso
equitativo y efectivo a la justicia, con independencia de quién resulte ser en
definitiva el responsable de la violación.
Con
respecto al tratamiento que se debe dar a las víctimas y al derecho que tienen
a contar con recursos efectivos, dicha resolución señaló que: “las víctimas
deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos
humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su
seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de
sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su
derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una
consideración y atención especial para que los procedimientos jurídicos y
administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den
lugar a un nuevo trauma.
Entre los recursos contra las violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho
internacional humanitario figuran los siguientes derechos de la víctima,
conforme a lo previsto en el derecho internacional:
a) Acceso igual y efectivo a la justicia;
b) Reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido;
c) Acceso a información pertinente sobre las violaciones y
los mecanismos de reparación.”
En
cuanto a la reparación de los daños sufridos por las víctimas y siguiendo los
lineamientos expuesto en dicha resolución, el Principio 15, dispuso que “Una
reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la
justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional
humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las
violaciones y al daño sufrido. Conforme a su derecho interno y a sus
obligaciones jurídicas internacionales, los Estados concederán reparación a las
víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado y
constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario.”,
La reparación
a la que hace referencia el principio 18 de la Resolución 60/147, debe ser
plena y efectiva, es decir debe constituirse de una restitución,
una indemnización, de rehabilitación, de satisfacción y de garantías de no
repetición.
Entendiendo que el componente indemnizatorio ha de concederse, de forma
apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias
de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean
consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario.
Y, el de satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la
totalidad o parte de las medidas siguientes:
“a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las
violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y
completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños
o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los
testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir
que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las
identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas,
y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el
deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su
familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca
la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas
estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de
los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas
a los responsables de las violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones
ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a
todos los niveles.”
Con respecto a los derechos de
las víctimas, el derecho interno colombiano a través de la Constitución
Política de 1991 ha acogido los mandatos internacionales y los ha introducido
dentro de su ordenamiento, en consecuencia, ha reconocido los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, elevándolos a rango constitucional,
con fundamento en postulados como el de la dignidad humana[124], el fin esencial del Estado
de proteger a todas las personas residentes en Colombia[125], la garantía del debido
proceso en actuaciones judiciales y administrativas[126], la cláusula general de
responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que causen los
servidores con dolo o culpa grave[127],
la consagración de los derechos de las víctimas como derechos de rango
constitucional[128],
la integración del bloque de constitucionalidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia[129], el
derecho a acceder a la justicia[130]
y el Artículo Transitorio 66[131],
que contempla el deber de adoptar instrumentos de justicia transicional que
garanticen, en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación y establece que en cualquier caso se
aplicarán mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la
verdad y la reparación de las víctimas.[132]
Teniendo en cuenta dichos postulados, el Congreso expidió la Ley 1448
de 2011, conocida como “Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras”, la cual
tiene como objetivo restablecer el proyecto de vida de cada víctima del
conflicto armado interno, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos
de manera sostenible y transformadora.[133]
La Ley 1448 de 2011, se enmarcó
dentro del campo de la justicia transicional y tiene como propósito definir
acciones concretas para garantizar los derechos a la verdad, justicia,
reparación y no repetición. En relación con el concepto de víctima, el artículo
3º de dicha ley estableció lo siguiente:
“aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge, compañero o
compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere
dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se
encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma forma,
se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. La
condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice,
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”.
De
conformidad con el citado artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, el propio Estado
no solo reconoció la existencia del conflicto armado interno en Colombia, sino
también la configuración de violaciones a las normas del Derecho Internacional
Humanitario (DIH); en especial, el artículo 3º común a los Convenios y
Protocolos de Ginebra.
Dentro
de los aspectos tenidos en cuenta en el artículo 3º, común a los Convenios y
Protocolos de Ginebra, se encuentra el denominado principio de distinción,
el cual genera a las partes el deber de diferenciar entre combatientes y no
combatientes. Ninguna de las partes en conflicto puede involucrar a las
personas que no tomen o hagan parte directamente de las hostilidades. Estas
personas, por ese hecho, adquieren el estatus de personas protegidas.
Así
las cosas, cualquier afectación a los derechos de las personas protegidas en el
marco del conflicto armado interno, es reconocida y está enmarcada en la Ley
1448 de 2011.
Los casos puestos a disposición de la Sala, en esta oportunidad,
se relacionan con actos cometidos por la Fuerza Pública, que en ataques
inexistentes contra grupos al margen de la ley son dados de baja civiles
pertenecientes a la población campesina, haciéndolos pasar como insurgentes
armados a sabiendas de que no lo son. Estos actos se enmarcan
dentro del conflicto armado colombiano y se configuran contra personas
protegidas, pues son civiles que no pertenecen al conflicto.
En ese sentido, de acuerdo con lo dispuesto por el corpus iuris de
derecho humanos y de derecho internacional humanitario, así como por el
ordenamiento interno colombiano, para esta Sala, los familiares de los occisos
Fausto Hernán Cañas Moreno y de Yefer Arialdo y Gustavo Mora Sanabria, son
víctimas del conflicto armado colombiano y por tanto deben ser tratadas como
tales, es decir, debe aplicárseles los postulados internacionales y nacionales
que sobre la materia existe.
En consecuencia, tratándose del acceso a la administración de
justicia, “el derecho internacional indica que la legislación interna debe
establecer un recurso judicial efectivo en garantía del derecho de las víctimas
a la justicia, lo cual implica el deber de darles a conocer los mecanismos
disponibles para reclamar sus derechos, tomar medidas de protección de tal
forma que se garantice su seguridad y utilizar los medios jurídicos adecuados
para que ellas puedan iniciar las acciones pertinentes y presentar demandas de
reparación.”[134]
En ese
sentido, el Estado debe garantizarles a las víctimas de violaciones a normas de
derechos humanos y de derecho internacional humanitario, como consecuencia del
conflicto armado colombiano, un recurso judicial efectivo que busque la
reparación de los daños causados. Al respecto esta Corporación ha señalado que:
“En materia de reparación, las víctimas tienen en términos
generales dos derechos: i) a tener y poder ejercer un recurso accesible, rápido
y eficaz para obtener la reparación y ii) a ser reparadas adecuadamente por los
perjuicios sufridos.
El primer
matiz del derecho a la reparación, esto es, la disponibilidad de un recurso
efectivo, impone al Estado distintas obligaciones de procedimiento frente al
ejercicio del derecho a la reparación: i)  respeto por la dignidad de las
víctimas; ii) garantía en cuanto a establecer medios que permitan a las
víctimas participar en el diseño y ejecución de los programas de reparaciones;
y iii) el deber de garantizar mecanismos adecuados, efectivos y de fácil
acceso, a través de los cuales las víctimas, sin discriminación alguna, puedan obtener
una reparación que tenga en cuenta la gravedad del daño que han sufrido e
incluya restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas para
evitar la repetición de las violaciones. Como parte de esta garantía
corresponde a los Estados difundir la existencia de los recursos que tienen las
víctimas con la mayor amplitud posible y contemplar medidas que permitan
proteger a las víctimas contra actos intimidatorios que hagan nugatorio el
establecimiento normativo del recurso.”[135]
A propósito del recurso judicial
efectivo con el que deben contar las víctimas para reclamar la reparación de
los daños, el Comité contra la Tortura, en la Observación General Nº 3 (2012),
al explicar y aclarar el contenido y alcance de las obligaciones que impone el artículo
14 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes a los Estados partes, manifestó que[136]:
“20.    Para
dar cumplimiento al artículo 14, los Estados partes han de promulgar leyes que
ofrezcan expresamente a las víctimas de tortura un recurso efectivo y
reconozcan su derecho a obtener una reparación apropiada, que incluya una
indemnización y la rehabilitación más completa posible. Esa legislación debe
permitir ejercer tal derecho a título individual y asegurar que se disponga de
un recurso judicial. Si bien las reparaciones colectivas y los programas
administrativos de reparación pueden ser una forma de resarcimiento aceptable,
esos programas no pueden dejar sin efecto el derecho individual a un recurso
efectivo y a obtener reparación.
21.       Los Estados partes deben
disponer en su derecho interno que las víctimas de violencia o traumas han de
obtener protección y cuidado adecuados de manera que los procedimientos
jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una
reparación no den lugar a un nuevo trauma.”
En el derecho
interno colombiano, el recurso judicial efectivo para reclamar los perjuicios
causados por los actos cometidos por las autoridades del Estado, es la acción
de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa. Dicha
acción de carácter individual, busca el reconocimiento de la responsabilidad
objetiva del Estado y por tanto la tasación de los perjuicios causados por la
acción o la omisión de la entidad causante del daño antijurídico.
Dicha acción cuenta con una
caducidad de dos años, contados desde que acaeció el hecho o desde que se tuvo
conocimiento del mismo y, para los casos en los que se configure el delito de
desaparición forzada, el tiempo se cuenta desde que aparece la víctima o desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.
Si bien el instituto de la
caducidad dentro de la acción de reparación directa es válido y tiene sustento
constitucional, en el presente caso se constituye en una barrera para el acceso
a la administración de justicia de las víctimas del conflicto armado haciendo
nugatorio la defensa de sus derechos y agravando aún más su condición de
víctimas.
En consecuencia, la Sala
considera que dar aplicación al artículo 164 del CPACA, relativo a la caducidad
de la acción de reparación directa sin tener en consideración las
circunstancias fácticas que dieron origen a las demandas y, por el contrario,
darle prevalencia a la formalidad procesal, desconoce totalmente lo establecido
por los instrumentos internacionales integrados al ordenamiento interno
mediante el bloque de constitucionalidad a través del artículo 93 Superior, así
como los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la
Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
En ese sentido también se ha
pronunciado la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 7 de septiembre de 2015[137],
al resolver un caso en el que el Ejército Nacional asesinó, en un combate
inexistente, a un joven que padecía retardo mental, haciéndolo pasar por
guerrillero. En dicha ocasión la citada Corporación consideró que la caducidad
de la acción de reparación directa, no debía contabilizarse, por lo siguiente:
“Las reglas y fundamentos anteriores deben, por garantía imperativa del
artículo 93 de la Carta Política, de los artículos 8.1 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos [incorporada al ordenamiento jurídico colombiano
mediante la Ley 16 de 1972], y del principio de derecho internacional del ius
cogens, armonizarse cuando se demanda la responsabilidad patrimonial del Estado
por actos de lesa humanidad, ya que en estos eventos [en una perspectiva
adjetiva, no individual] debe examinarse cómo en dichos eventos no puede
mantenerse un excesivo rigorismo que represente el incumplimiento de principios
y mandatos normativos de derecho internacional público [de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario] a los que está sujeto el Estado
colombiano.
Ahora bien, la Sala encuentra que conforme a los hechos expuestos tanto
en la demanda y en la sentencia del a quo, la hipótesis de la sujeción del
juzgamiento de las conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad que
comprometan la responsabilidad del Estado a la regla general de caducidad de
los dos (2) años establecida en el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo
resulta insuficiente y poco satisfactoria, sobre todo cuando se hace manifiesta
la presencia de situaciones fácticas que se enmarcan en hipótesis constitutivas
de delitos que comprometen intereses y valores sustancialmente diferentes a los
simplemente individuales; intereses y valores vinculados materialmente a la
suerte de la humanidad misma, y que por lo tanto trascienden cualquier barrera
del ordenamiento jurídico interno que fundada en razones de seguridad jurídica
pretenda establecer límites temporales para el juzgamiento de los mismos, sea
en el ámbito de la responsabilidad penal o de cualquier otro, como el de la
responsabilidad del Estado.
Se hace preciso, pues, abordar el tema a partir de una hipótesis
particular que tiene por fundamento el derecho a una tutela judicial efectiva,
en aplicación del artículo 229 constitucional en armonía con el ordenamiento
jurídico internacional [obligaciones convencionales consagradas en los
artículos 1.1, 2 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el
artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos
Adicionales] y con los compromisos internacionales del Estado colombiano, que
parten de la premisa de que las hipótesis de daño antijurídico acaecidos con
ocasión de actos de lesa humanidad no tienen caducidad de ninguna clase y su
tratamiento procesal no puede hacerse con sujeción a las reglas limitativas de
la caducidad propias del ordenamiento jurídico interno de los países en cuanto
entrañan situaciones de interés para la humanidad, en relación con los cuales
los argumentos de seguridad jurídica deben ceder en aras de una adecuada
ponderación a favor de esos interés superiores que los delitos en mención
involucran.
Al respecto basta recordar que el artículo 93 constitucional, incisos
primero y segundo determinan de manera perentoria e imperativa que los tratados
y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción,
prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en la Carta,
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia. A lo que cabe afirmar la procedencia de la
cláusula de convencionalidad en sus dos formas, material y formal.
Así mismo, con base en los artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, la regla de universalidad de las normas de
derechos humanos y el principio del ius cogens del derecho internacional de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario, determinan cualquier
estudio y aplicación que deba hacerse de institutos procesales como el de
caducidad de la acción cuando se trata de demandar un daño antijurídico
presuntamente ocasionado por un agente estatal, con su anuencia, participación
u omisión, conjuntamente o no con otros sujetos o actores violentos no
estatales, como pueden ser para el asunto en estudio.
(…)
La Sala entiende que cuando se está en presencia de actos de lesa humanidad
[configurados como crímenes de lesa humanidad] como aquellos actos ominosos que
niegan la existencia y vigencia imperativa de los Derechos Humanos en la
sociedad, al atentar contra la dignidad humana por medio de acciones que llevan
a la degradación de la condición de las personas, generando no sólo una
afectación a quienes físicamente han padecido tales actos, sino también
agrediendo a la conciencia de toda la humanidad.
(…)
Así las cosas, una vez precisado el alcance del control de convencionalidad
en el ordenamiento jurídico interno, la Sala debe destacar que los hechos
objeto de la presente sentencia implican una clara y grave violación de los
derechos humanos, del derecho internacional humanitario, y puede ser
constitutivo de un acto de lesa humanidad. En cuanto a este último aspecto,
cabe afirmar que bajo un análisis contextual las denominas “falsas acciones de
cumplimiento” de los mandatos constitucionales y legales por parte de agentes
estatales, específicamente de miembros de las fuerzas militares en Colombia
desde los años ochenta, pero con mayor frecuencia y rigurosidad a partir del
año 2004 se viene presentando como una actividad sistemática, dirigida contra
personas de la población civil y, con la participación directa o la aquiescencia
de los mencionados miembros de las fuerzas militares, por lo que los hechos
ocurridos el 14 de marzo de 2007 en los que murió violentamente JOSÉ LORENZO
TABORDA TABORDA en el municipio de Monterrey [Casanare], cabe encuadrarlo
dentro de esta categoría de acto de lesa humanidad.
Al encontrarse la Sala frente a un caso de tal
magnitud, constitutivo de un acto de lesa humanidad, considerando que es la
sociedad como un todo, la humanidad y no solo unos sujetos individualmente
considerados quienes resultan ofendidos con este tipo de acciones, surge una
competencia convencional oficiosa en virtud de la cual el juez administrativo
está llamado a abordar el juicio de responsabilidad del Estado en el marco de
este contexto y, por contera, le corresponderá dictar las medidas generales no
pecuniarias dirigidas a la sociedad y humanidad como un todo.
Por consiguiente, mal haría la Sala en guardar silencio
respecto de unos hechos constitutivos de la desaparición y muerte violenta de
una persona de la población civil, como JOSÉ LORENZO TABORDA TABORDA,
apoyándose en un argumento de raigambre procedimental. Ello, a más de prohijar
una visión miope de la realidad que se juzga e impedir la estructuración de una
completa dimensión contextual en la cual se desenvolvieron los hechos objeto de
juicio, no se ajusta a los postulados ideales del juez administrativo en el
ámbito del Estado Social y Democrático de Derecho y conforme al control de
convencionalidad, comprometido con la obtención del derecho sustancial y la
búsqueda de la verdad, en tanto manifestaciones de la justicia material [138]
conforme a las normas convencionales123 y constitucionales.”[139]
En relación con lo expuesto en precedencia, esta Sala
advierte que si bien los jueces administrativos basaron sus decisiones en una
norma que se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico y es aplicable, el
resultado de su resolución no se acompasa con la Carta Política, toda vez que
luego de realizar una integración normativa con los postulados contenidos en
los diferentes instrumentos internacionales y de los principios de
interpretación, así como lo dicho por esta Corporación en copiosa
jurisprudencia sobre la materia, esta Sala encuentra que, para los casos en que
se imputa la responsabilidad del Estado por actuaciones cometidas por la Fuerza
Pública contra civiles con ocasión del conflicto armado, el estudio de la
caducidad de la acción de reparación directa debe corresponder con la
Constitución Política, atendiendo el bloque de constitucionalidad, es decir a las
normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, así como los
principios de interpretación de los tratados y los demás postulados de la Carta
Fundamental.
Por consiguiente, los jueces administrativos deberán,
atendiendo a la calidad de víctimas del conflicto armado interno de los demandantes,
por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno Y Gustavo y Yefer Arialdo Mora
Sanabria, respectivamente, estudiar nuevamente la caducidad de las acciones de
reparación directa interpuestas por los accionante, por tratarse de violaciones
de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, teniendo en cuenta
la Carta Política y los instrumentos internacionales integrados mediante el
bloque de constitucionalidad, así como los principios que se desprenden de las
diferentes disposiciones normativas internacionales, además del pronunciamiento
del juez natural de lo contencioso administrativo, y que se exponen a lo largo
de esta providencia.
En consecuencia, no le corresponde al juez constitucional
determinar la responsabilidad de Estado en los casos puestos en conocimiento de
la Sala en esta oportunidad, ya que la jurisdicción idónea para hacerlo es la
contencioso administrativa, a través de la acción de reparación directa, por lo
que, esta Sala dejará sin efectos las decisiones de los jueces administrativos
dentro de las acciones de reparación directa interpuestas por Benigno Antonio
Cañas Quintero y Dulcinea Sanabria Sánchez, respectivamente, para que, profieran
nuevamente una decisión acorde con lo dispuesto a lo largo de la presente
sentencia.
5.3. Síntesis de la decisión
La Sala Cuarta de Revisión, en primer lugar, revocará las
sentencias de tutela proferidas dentro de los expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690 y, en su lugar, se
concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
Esta Sala, dentro del expediente T-4.254.307, dejará
sin efectos la decisión tomada por el Juez Dieciocho Administrativo del
Circuito de Medellín el 27 de agosto de 2012, dentro de la
acción de reparación directa interpuesta por Benigno Antonio Cañas Quintero
contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por la muerte de
Fausto Hernán Cañas Moreno. En su lugar se ordenará al Juzgado demandado que
profiera nuevamente una decisión en la que se vuelva a estudiar la admisión de
dicha demanda teniendo en cuenta lo manifestado en esta providencia y, en
particular, de cara a la sentencia del 7 de septiembre de 2015, de la Sección
Tercera, Sección C del Consejo de Estado.
Y, respecto del expediente T-5.086.690, se dejará
sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare,
el 17 de julio de 2014, que revocó la sentencia del juez de primera
instancia y declaró la caducidad de la acción, dentro de la demanda de
reparación directa instaurada por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por la muerte de
Gustavo y Yefer Arialdo Mora Sanabria. En su lugar se ordenará al Tribunal
Administrativo del Casanare que profiera una nueva decisión teniendo en cuenta
lo manifestado en esta sentencia y, en el pronunciamiento de la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado del 7 de septiembre de 2015.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el
21 de octubre de 2013, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
que, a su vez, confirmó la dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que negó el amparo invocado y, en su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de Benigno Antonio Cañas Quintero, Luz Moreno, Pedro Pablo Cañas
Moreno, José Albeiro Cañas Moreno, Luz Edilia Cañas Moreno y Evert Robinson
Cañas Moreno.
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO el
auto interlocutorio proferido por el Juez Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín el 27 de agosto de 2012, dentro de la acción de reparación directa interpuesta por Benigno
Antonio Cañas Quintero contra la Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito
Nacional, por la muerte de Fausto Hernán Cañas Moreno
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Medellín que, dentro de veinte (20) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nuevamente una
decisión en la que se vuelva a estudiar la admisión de dicha demanda teniendo
en cuenta lo manifestado en esta providencia.
CUARTO: REVOCAR la sentencia proferida el
9 de julio de 2015, por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que, a su vez,
confirmó la dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
que negó el amparo invocado y, en su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de Dulcinea Sanabria Sánchez, Pablo Antonio Mora Tovar, Fray Danilo
Mora Sanabria, Albeiro Alejandro Mora Sanabria, Yanibel Díaz Montaña y Cristian
Danilo Mora Díaz.
QUINTO: DEJAR SIN
EFECTO la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Casanare, el 17 de julio de 2014, que revocó la sentencia del juez
de primera instancia y declaró la caducidad de la acción, dentro de la demandan
de reparación instaurada por Dulcinea Sanabria Sánchez contra la
Nación- Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por la muerte de Gustavo y
Yefer Arialdo Mora Sanabria.
SEXTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de
Casanare que, dentro de veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera nuevamente una decisión en la que se vuelva a estudiar la
impugnación de la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta lo aquí
dispuesto.
SÉPTIMO: Por Secretaría,
líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
Con salvamento de
voto
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
A
LA SENTENCIA T-352/16
Referencia:
Expedientes T-4.254.307 y T-5.086.690.
Demandantes:
Benigno Antonio Cañas Quintero y Dulcinea Sanabria Sánchez y otros.
Demandados: La
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, Tribunal
Administrativo de Casanare y Otros.
Magistrado
Sustanciador
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO.
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, presento a
continuación las razones que me conducen a salvar mi voto en la decisión
adoptada por la Sala Cuarta de Revisión en sesión de 6 de julio de 2016, que
por votación mayoritaria profirió la Sentencia T-352 de 2016, de la
misma fecha.
La
providencia en la que salvo mi voto resolvió en el expediente T-4.254.307: i)
revocar las sentencias de instancia y tutelar los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los accionantes;
ii) dejar sin efecto el auto de 27 de agosto de 2012, proferido por el Juzgado
Dieciocho Administrativo del Circuito de Medellín; y, en consecuencia iii)
proferir una nueva decisión en la que estudie la admisión de la demanda con
fundamento en lo manifestado en esa misma providencia.
Por
su parte en el expediente T-5.086.690, resolvió: i) revocar los fallos de
instancia y conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia a los actores; ii) dejar sin efecto
la sentencia de 17 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
del Casanare que declaró la caducidad de la acción de reparación directa; y, en
consecuencia, iii) dictar una nueva providencia que estudie la impugnación
presentada con base en lo dispuesto en esa misma decisión.
El
problema jurídico formulado en la providencia estuvo dirigido a determinar si,
en ambos expedientes, los despachos judiciales accionados vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la reparación integral de los accionantes, al haber
decretado la caducidad de las acciones de reparación directa formuladas por los
demandantes con ocasión del homicidio de sus familiares por parte de miembros
de la fuerza pública, sin considerar que se trató de delitos de lesa humanidad
cuya reparación no tiene término de caducidad, según las reglas
jurisprudenciales establecidas recientemente por el Consejo de Estado.
Las
líneas argumentativas que sustentaron la sentencia de la referencia fueron las
siguientes: i) la procedencia de la acción de tutela para reclamar pretensiones
económicas; ii) la viabilidad del mecanismo de amparo para debatir decisiones
judiciales; iii) el estudio de la actuación de los jueces administrativos y si
aquellos desconocieron los derechos fundamentales de los actores al haber
decretado la caducidad de la acción de reparación directa por haber
transcurrido más de 2 años, desde que tuvieron conocimiento de los hechos que
pretenden controvertir.
En
este salvamento de voto me aparto de la decisión de conceder el amparo
solicitado por los accionantes en ambos casos, con fundamento en que: i) la
tutela radicada con el número T-4.254.307 era improcedente, por falta de
subsidiariedad; ii) la providencia basó el análisis de fondo de los expedientes
objeto de revisión en la demostración del defecto por violación de la
Constitución, sin que existiera una argumentación que justificara esa
aproximación metodológica de resolución del problema jurídico; y finalmente,
iii) la ratio decidendi de los asuntos sometidos al conocimiento de la
Corte (T-4.254.307 y T-5.086.690) se sustentó en un equivocado estudio sobre la
contabilización de los términos de caducidad de las acciones contencioso
administrativas. Fundan mi disenso las siguientes razones:
Improcedencia de la acción de tutela con radicado T-4.254.307[140]
1. La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es
excepcional[141]
y encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86 de la Carta, que
establece su viabilidad cuando la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales se produce por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública, incluidos los jueces de la República.
La Corte en
la sentencia C-590 de 2005[142],
superó el concepto de  vías de hecho, utilizado previamente en el análisis de
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, para dar paso a la
doctrina de específicos supuestos de procedibilidad, reiterada en la sentencia SU–195
de 2012[143],
la cual condiciona la procedencia de la acción de tutela al cumplimiento de
ciertos y rigurosos requisitos agrupados en: i) presupuestos generales de
procedencia y ii) causales específicas de procedibilidad[144].
2. Los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: i) que la cuestión sea de relevancia
constitucional; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial
–ordinarios y extraordinarios -, salvo que se trate de evitar la ocurrencia de
un perjuicio ius fundamental irremediable[145]; iii) la
observancia del requisito de inmediatez, es decir, que la acción de tutela se
interponga en un tiempo razonable y proporcionado a la ocurrencia del hecho
generador de la vulneración[146];
iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en la
providencia que se impugna en sede de amparo[147];
v) la identificación razonable de los hechos que generaron la vulneración de
derechos fundamentales y de haber sido posible, que los mismos hayan sido
alegados en el proceso judicial[148];
y vi) que no se trate de una tutela contra tutela[149].
3. La sentencia de la cual me aparto, al
estudiar el requisito de subsidiariedad, consideró que en el expediente estaba
acreditado que los accionantes no ejercieron el recurso de apelación contra el
auto de 27 de agosto de 2012, que rechazó la demanda de reparación directa por
haber operado la caducidad en los términos del artículo 243 de la Ley 1437 de
2011, proferido por el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de
Medellín. Bajo esa perspectiva, la providencia expresó que “(…) en
principio, el requisito referente al agotamiento de todos los medios ordinarios
y/o extraordinarios de defensa judicial no se encuentra satisfecho”[150].
No obstante, la posición mayoritaria consideró que el análisis de este
requisito se podía flexibilizar con la finalidad de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable. Por tal razón, la acción de tutela era procedente
porque el objeto de la protección era el derecho de las víctimas a ser
reparadas dentro del marco del conflicto armado que por muchos años ha vivido
el país, lo que implicaba que “(…) con el fin de evitar que se agrave su
situación de vulnerabilidad (…)”[151] procedía el estudio de fondo de la controversia planteada.
4. Este caso presentaba grandes retos en
materia de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues no fue acreditado el requisito de subsidiariedad. En efecto,
los accionantes no hicieron uso de los recursos judiciales ordinarios que
tenían a su disposición como era el de apelación del auto que rechazó la
demanda por la operancia de la caducidad y tampoco manifestaron las razones por
las cuales no presentaron la alzada en la oportunidad procesal pertinente,
sobre todo porque en el proceso contencioso administrativo estaban
representados por un abogado, de quien se presumen conocimientos jurídicos
necesarios y suficientes para adelantar adecuadamente la gestión judicial
encomendada.
5. No comparto el argumento tendiente a “flexibilizar”
el análisis de estos presupuestos, ya que la jurisprudencia de esta Corporación
ha sido pacífica en establecer que en el caso de tutela contra providencias
judiciales la intervención del juez constitucional debe ser excepcionalísima.
Bajo esa perspectiva, el cumplimiento de este presupuesto cumple finalidades
constitucionalmente válidas, principalmente, cuando se trata del recurso de
apelación, pues le permite al superior revisar la providencia del juez natural
del asunto y corregir la actuación si considera que hubo errores en la
decisión. No obstante, dicho cauce procesal no sería exigible como requisito de
procedibilidad siempre que concurran razones suficientes en términos ius
fundamentales que imposibilitan a la parte su formulación.
Este Tribunal, desde sus primeras decisiones, ha considerado que el
amparo constitucional no fue consagrado para modificar las reglas que fijan los
ámbitos de competencia de los jueces, mucho menos para crear instancias
adicionales “(…) ni para
otorgar a los litigantes la opción de rescatar pleitos ya perdidos”[152].
En
tal sentido, la acción de tutela “(…) permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos
ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes
para la salvaguarda de los derechos”[153]. Es ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos
ordinarios con los que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de
sus derechos y que impide el uso indebido de la acción como vía preferente o
instancia adicional de protección[154]. De esta manera, el juez constitucional cuando conoce de tutela contra
providencias judiciales de ninguna manera actúa como superior jerárquico del
operador jurídico que profirió la decisión acusada, sino que su intervención está
condicionada en los estrictos términos de la Carta y a las reglas
jurisprudenciales construidas por esta Corte, que exigen la demostración de una
afectación ius fundamental con ocasión de la actuación procesal
enjuiciada.
6. En el expediente T-4.254.307 debió
declararse la improcedencia de la tutela por falta de subsidiariedad, porque
los accionantes no presentaron argumentos suficientes que acreditaran la
existencia de situaciones fácticas o jurídicas que les impidiera formular el
recurso de alzada.
La resolución del problema jurídico con base en el defecto por
violación de la Constitución
7. Los
accionantes de los casos objeto de revisión por la Corte (expedientes
T-4.254.307 y T-5.086.690), fundaron la solicitud de amparo contra las
providencias judiciales que decretaron la caducidad de las acciones
contenciosas administrativas, en la presunta ocurrencia de los defectos
fáctico, sustantivo y por desconocimiento del precedente. No obstante, la
sentencia expresó que:
“Ahora bien, de acuerdo con el planteamiento
del problema jurídico expuesto por los demandantes y las providencias
demandadas, para esta Sala es importante analizar, si bien éstos no lo
adujeron, el defecto relativo a la violación directa de la constitución, que “tiene
lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad
interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política.”[155]
En
esa medida, adoptó una metodología de resolución del problema
jurídico planteado, fundada en la demostración de la ocurrencia de un defecto
por violación de la Constitución[156], sin que exista una argumentación que justificara esta aproximación,
particularmente porque las acciones de tutela fueron sustentadas en la presunta
ocurrencia de defecto sustancial por desconocimiento del precedente.
8. Bajo ese entendido, la providencia en la que salvo mi
voto no justificó de manera suficiente las razones por las cuales las
vulneraciones acusadas en los casos bajo estudio, debían examinarse bajo la
causal de violación de la Constitución, la cual, de acuerdo con la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación es un requisito de procedibilidad
específico, autónomo y con contenidos jurídicos propios y diferentes a los
consagrados para los defectos fáctico, sustantivo y por desconocimiento del
precedente.
En tal sentido, si la posición mayoritaria de la Sala consideraba que
las providencias judiciales censuradas incurrieron en defecto fáctico debía
acreditar que las decisiones impugnadas carecían del apoyo probatorio para
aplicar la norma que las sustentaba o desconocieron las pruebas que tienen
incidencia directa en el fallo.
Por su parte, si se consideraba la operancia del defecto sustantivo la
argumentación debía acreditar que las decisiones atacadas se fundó en normas
inexistentes o inconstitucionales o los juzgadores otorgaron un sentido
jurídico a la norma aplicada que no tiene.
El defecto por desconocimiento del precedente exigía acreditar que el
funcionario judicial se apartó de la regla jurisprudencial establecida en
decisiones que constituyen precedente vertical u horizontal.
Finalmente, la causal de violación directa de la Constitución se deriva
del principio de supremacía de la Carta y opera cuando la decisión acusada
desconoce los postulados superiores. No obstante, como defecto de tutela contra
providencias judiciales, requiere una justificación que vaya más allá de la
sola argumentación de que se violaron derechos fundamentales, pues esto
llevaría al absurdo de concluir que cada vez que se acude a la acción de tutela
para proteger derechos fundamentales puede valorarse la decisión judicial
atacada por violación directa de la Carta.
9. La
posición mayoritaria desatendió la obligación de justificar la supuesta operancia
del defecto por violación de la Constitución y desconoció las causales de
procedencia específica planteadas por los accionantes. En su lugar, emprendió
el estudio de las vulneraciones acusadas por el presunto desconocimiento del
artículo 93 de la Carta y de “(…) los instrumentos normativos de interpretación de los derechos humanos y
del derecho internacional humanitario, además de los artículos de la
Constitución Política de 1991, referentes a la dignidad humana, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.”[157] Todo lo anterior, sin exponer las razones
argumentativas suficientes para tal aproximación metodológica.
La contabilización del término de caducidad de las acciones de
reparación directa constituía el objeto de la discusión de la acción de tutela
10. En el expediente T-4.254.307, la
acción de tutela se sustentó en el hecho de la muerte del señor Fausto Hernán
Cañas presuntamente por miembros de la fuerza pública el 8 de diciembre de
2005. La investigación del homicidio le correspondió al Juzgado Veintisiete
Penal del Circuito de Medellín, que profirió sentencia condenatoria y que fue
confirmada por el Tribunal Superior de Medellín mediante providencia de 23 de
mayo de 2012. Los accionantes expresaron que al haberse establecido la responsabilidad
penal de los militares en la muerte de su familiar, presentaron demanda de
reparación directa, la cual correspondió al Juzgado 18 Administrativo del
Circuito de Medellín. Ese despacho, mediante auto de 27 de agosto de 2012
(acusado en sede de amparo), rechazó la demanda al haber operado el fenómeno de
la caducidad, puesto que los actores conocieron los hechos que dieron origen a
la misma el 9 de diciembre de 2005.
Por su parte, en el expediente T-5.086.690, los peticionarios
expresaron que los hermanos Gustavo y Yefer Mora, fueron asesinados por
miembros del Gaula del Departamento de Casanare el 30 de marzo de 2007. Por
estos hechos, el 21 de julio de 2012, presentaron acción de reparación directa
contra el Ejército Nacional y fue conocida en primera instancia por el Juzgado
Tercero Administrativo de Descongestión de Casanare. Ese despacho, mediante
sentencia de 28 de noviembre de 2013, accedió a las pretensiones de los
demandantes. No obstante, dicha decisión fue revocada mediante providencia de
17 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, con
fundamento en que operó la caducidad de la acción, bajo el entendido de que no
le era aplicable la regla especial del delito de desaparición forzada, puesto
que entre la aprehensión ilegal, la muerte y la entrega de los cadáveres
transcurrieron pocas horas.
11. Conforme a lo expuesto, la sentencia en la
cual salvo mi voto, formuló el problema jurídico en términos de desconocimiento
de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la reparación integral de las víctimas. No
obstante, la providencia realizó un extenso análisis[158] de la improcedencia de la acción de tutela
para reclamar pretensiones económicas, en atención a la reparación integral
solicitada por los accionantes del expediente T-4.254.307.
Esta aproximación al objeto de la tutela condicionó el debate en sede
de revisión al derecho de las víctimas a una reparación integral tal y como
puede observarse en las páginas 91 a 102 de la sentencia, por lo que la
discusión se centró en la necesidad de proteger los derechos de las víctimas a
tener un recurso judicial efectivo, que les garantice sus derechos a la verdad,
la justicia y la reparación.
En tal sentido,
precisó que la acción de reparación directa “(…) cuenta con
una caducidad de dos años, contados desde que acaeció el hecho o desde que se
tuvo conocimiento del mismo y, para los casos en los que se configure el delito
de desaparición forzada, el tiempo se cuenta desde que aparece la víctima o
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal.” Bajo esa perspectiva, decidió que los jueces administrativos debían:
“(…) estudiar nuevamente la caducidad de las acciones
de reparación directa interpuestas por los accionante, por tratarse de
violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitario,
teniendo en cuenta la Carta Política y los instrumentos internacionales
integrados mediante el bloque de constitucionalidad, así como los principios
que se desprenden de las diferentes disposiciones normativas internacionales,
además del pronunciamiento del juez natural de lo contencioso administrativo, y
que se exponen a lo largo de esta providencia.”
Con
fundamento en lo expuesto, la posición mayoritaria resolvió que se desconoció
la Constitución y en consecuencia, dejó sin efectos las providencias objeto de
censura y ordenó la expedición de nuevas decisiones, basadas en las
consideraciones desarrolladas en esa sentencia.
12. No comparto el estudio realizado por la sentencia, en el sentido de
demostrar que en los casos sometidos al conocimiento de la Corte la aplicación
de la caducidad afectó la garantía constitucional de acceso a un medio judicial
efectivo lo que lesionó los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación, con fundamento en las siguientes razones:
13. Contrario a lo expuesto, considero que la
fijación del objeto de estudio por parte de la Corte estaba delimitado
únicamente al análisis de la supuesta vulneración del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, pues las demandas de reparación directa
no fueron conocidas de fondo por los jueces naturales de los casos debido a la
declaratoria de caducidad de las mismas. En efecto, el verdadero problema ius
fundamental en el presente asunto, se refería a la manera en que los jueces
ordinarios aplicaron los términos previstos para la caducidad de la acción de
reparación directa, particularmente porque deben contabilizarse a partir de: i)
el conocimiento de los hechos (fundamento de las decisiones atacadas);
ii) las decisiones judiciales que resolvieron sobre la responsabilidad penal de
la conducta de los funcionarios implicados (expediente T-4.254.307); o,
iii) en los casos en los que se configure el delito de desaparición forzada, el
tiempo se cuenta desde que aparece la víctima o desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal tal y como lo establecía el numeral 8º
del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, hoy literal i) del numeral 2º del artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo.
En otras palabras, la sentencia adoptada por la
posición mayoritaria debió determinar si para garantizar el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia en los asuntos objeto de estudio, los
jueces tenían la obligación de inaplicar la caducidad, en los términos
establecidos en la Sentencia de 7 de septiembre de 2015, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado[159].
14. La caducidad es un instrumento
constitucional y parámetro del derecho fundamental al debido proceso, pues
constituye la sanción consagrada en la ley por la falta de ejercicio oportuno
del derecho de acción, pues el mismo fenece por su inoperancia durante los plazos
contenidos en las disposiciones jurídicas procedimentales. Adicionalmente,
tiene como fundamento garantizar el principio de la seguridad jurídica que debe
operar en todo ordenamiento, pues las situaciones no pueden tener vocación de
permanencia indefinida sin obtener resolución judicial, de tal suerte que el
Legislador estableció plazos razonables para que las personas acudan a un
proceso jurisdiccional con la finalidad de satisfacer una pretensión y que la
misma sea resuelta por un juez con competencia para ello[160].
En tal
sentido, se trata de un elemento imprescindible para la constitución de una
relación jurídica procesal válida, pues se trata de un presupuesto procesal que
condiciona la admisibilidad de la acción ejercida y no genera derechos
subjetivos. De igual forma, dicho instrumento se caracteriza por ser: i) de
orden público; ii) irrenunciable; y iii) su declaratoria procede de oficio[161].
15.
La Corte ha reiterado que el término de caducidad es razonable, pues al
ciudadano se le imponen obligaciones relacionadas con el cumplimiento de
deberes procesales para acceder al discernimiento producido por la
jurisdicción, que además contribuyen a la protección de los principios de
certeza jurídica y la recta administración de justicia[162].
16.
El numeral 8º del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, vigente al momento de
interponer las acciones de reparación directa que son objeto de estudio,
establecía lo siguiente:
“La
de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa.
<Inciso adicionado por el artículo 7 de la
Ley 589 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Sin embargo, el término de
caducidad de la acción de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la
víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el
proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.”
De esta manera, la
acción de reparación directa tenía un término de caducidad general de dos años
contados a partir de del día siguiente del hecho imputable a la administración.
Sin embargo, cuando se trataba del ejercicio de dicha acción derivada del
delito de desaparición forzada, el cómputo empezaba: i) a partir de la fecha en
que aparecía la víctima; o, ii) desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal.
El Consejo de Estado, al analizar el alcance de la
normativa mencionada, había establecido[163] que “(…)
el término de caducidad de la acción de reparación
directa debe computarse a partir del día siguiente a la fecha en que tuvo
ocurrencia el hecho, la omisión o la operación administrativa fuente o causa
del perjuicio”[164].
Para esa Corporación, es importante diferenciar tres
situaciones para contabilizar el término de caducidad de la acción de
reparación directa. En primer lugar, y en aplicación de la regla general,
cuando el hecho, la omisión o la operación son instantáneos, la caducidad opera
desde el día siguiente en que se concreta el generador del daño, “esto es la
fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el daño, de no ser así se
confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo”[165]. En segundo
lugar, en el evento en que el hecho generador del daño se prolongue en el
tiempo, en cuyo caso la caducidad se contabiliza a partir del último suceso
dañino. Y, en tercer lugar, la jurisprudencia de ese Tribunal consagró que si
el hecho generador del daño es oculto, la caducidad se cuenta a partir del día
siguiente al que la persona tuvo conocimiento del daño, pues lógicamente el
tiempo transcurrido es posterior a la ocurrencia del hecho[166].
17. En el asunto analizado en la Sentencia
T-352 de 2016, considero que la aplicación de los términos de caducidad por
parte de los jueces administrativos, de ninguna manera desconoció el acceso a
la administración de justicia de los peticionarios y por el contrario, las
acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa eran los instrumentos
judiciales idóneos y eficaces para garantizar los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación.
18. Era evidente que no podía aplicarse la Sentencia de 7 de septiembre
de 2015, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, referida con antelación, pues era posterior a las decisiones judiciales
y no constituía jurisprudencia en vigor. En tal sentido, los asuntos puestos a
consideración de la jurisdicción contenciosa administrativa fueron
correctamente resueltos con fundamento en el artículo 136 del Decreto 01 de
1984. Dicho proceso hermenéutico adelantado por los juzgadores de instancia, no
desconoció la Constitución y no configuró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los accionantes, porque la caducidad fue
contabilizada a partir del momento en que los demandantes conocieron el hecho
de la desaparición y muerte de sus parientes a las horas o al día del suceso,
conforme a lo expresado por los jueces naturales.
En consecuencia, a los casos objeto de análisis en sede de
revisión les eran aplicables las reglas de la caducidad, cuyo término comenzó a
correr a partir del día siguiente al que tuvieron conocimiento de los hechos,
esto es desde los años 2005 y 2007 respectivamente, como acertadamente lo
hicieron los jueces de lo contencioso administrativo.
19. Sumado a lo expuesto, no obró en el
expediente prueba de la imposibilidad de los accionantes para presentar la
acción de reparación directa dentro de los 2 años siguientes a la ocurrencia de
los hechos, lo que hubiese permitido inferir que les asiste una justa causa en
términos ius fundamentales  para no haber cumplido con los términos de
caducidad, más cuando están representadas por un apoderado judicial, quien en
principio, cuenta con los conocimientos jurídicos que orientan adecuadamente el
ejercicio de su profesión. Bajo ese entendido, no era suficiente invocar la
condición de víctima del conflicto armado para inaplicar los términos de
caducidad.
De tal suerte que, si tal y como lo advirtió equivocadamente la
posición mayoritaria, la situación de los accionantes era tan grave en materia
de déficit de protección de garantías fundamentales, lo que procedía era la
realización de un juicio de ponderación entre los derechos de las víctimas que
debían optimizarse y el sacrificio de los principios de certeza y seguridad
jurídica, puesto que se eludió la aplicación de la caducidad en estos casos.
Dicho ejercicio hermenéutico está ausente en la sentencia y considero que no
existían razones ius fundamentales suficientes para desconocer el
principio de seguridad jurídica e inaplicar las reglas de la caducidad en los
asuntos de la referencia.
20. La sentencia de la cual salvo mi voto
generó los siguientes efectos: i) Estableció subreglas jurisprudenciales que
vacían de contenido el riguroso y estricto presupuesto de subsidiariedad que
habilita el uso de la acción de tutela contra providencias judiciales, puesto
que, de ahora en adelante, bastará con que los accionantes invoquen su
condición de víctimas del conflicto, para que omitan su cumplimiento y para que
los jueces eludan el estudio de su acreditación; y ii) afectó de manera grave e
injustificada el principio de seguridad jurídica, pues las reglas de la
caducidad de las acciones reparatorias presentadas por las víctimas del
conflicto, ante lo contencioso administrativo o cualquier otra jurisdicción,
podrán ser inobservadas, lo que genera escenarios inciertos y de indefinición
judicial inaceptables en términos constitucionales, puesto que estarán
sometidos a la actuación discrecional de los actores, lo que genera una
revisión jurisdiccional intemporal que afecta postulados superiores.
21. En suma, la decisión de la cual me aparto
debió confirmar las sentencias de instancia, pues no estaba acreditada la
procedibilidad de la acción de tutela del expediente T-4.254.307, y
adicionalmente, no se demostró la ocurrencia de las causales específicas de
procedencia invocadas por los accionantes, puesto que los jueces de la jurisdicción
contenciosa administrativa aplicaron en debida forma los términos de caducidad
de las acciones de reparación directa presentadas por los accionantes, tanto en
el expediente mencionado, como en el T-6.086.690.
Fecha ut
supra
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Condigo Contencioso Administrativo. Artículo 136,
numeral 8º: La de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
Adicionado por el art. 7, Ley
589 de 2000, con el
siguiente texto: Sin embargo, el término de caducidad de la acción de
reparación directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima
o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.
[2] CONSEJO DE
ESTADO. Auto del 7 de mayo de 1998 proferido dentro del proceso 14.297. Actor:
William Alberto Londoño Demandado: Instituto de Seguro Social. Consejera
Ponente: A partir de esta providencia, el Consejo de Estado y, en términos
generales la jurisdicción contenciosa viene aplicando esta teoría, a efectos de
flexibilizar la aplicación rigurosa del precepto que señala la caducidad para
los diversos medios de control.
[3] Consejo
de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de febrero de 2015. Radicado No.
2014-0074701. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
[4] Corte Constitucional Sentencia SU-037 de 2009 M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[5] Ver, entre otras, sentencias T-565 de 2009, T-520 de
2010 y T-1043 de 2010.
[6]Corte Constitucional, sentencia T-332 de 1997.
[7] T-421 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[8] Ibidem.
[9] M.P. Jose Gregorio Hernández
[10] Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2014,
Mauricio González Cuervo.
[11] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[12] Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo. Al respecto señaló: “Conclusión forzosa de las
consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991. Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya
expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el
Constituyente a la acción de tutela (artículo 86), quebranta la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230), obstruye el acceso a la
administración de justicia (artículo 229), rompe la estructura descentralizada
y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII), impide la
preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el interés
general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave el
principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del
ordenamiento jurídico.
No
desconoce la Corte la existencia del artículo 40, perteneciente al mismo
decreto del cual hacen parte las normas demandadas, disposición que establece
la competencia especial para conocer sobre acciones de tutela cuando esta sea
ejercida contra sentencias proferidas por los jueces superiores, los
tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Esto genera
una obvia e inescindible unidad normativa entre ella y el artículo 11, hallado
contrario a la Constitución, puesto que la materia que constituye núcleo
esencial de los preceptos no es otra que la examinada en este fallo, es decir,
la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales.
En
desarrollo de lo previsto por el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la Corte
declarará que, habida cuenta de la unidad normativa, también dicho artículo es
inconstitucional.”
[13] Corte Constitucional, T-018 de 2011, MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[14] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sobre
el particular, consultar, entre otras, las Sentencias C-590 de 2005, T-789 de
2008, T-217 de 2010 y T-285 de 2010; T-867 de 2011, MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[16] M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[17] M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[18] Sentencia 173 del 4 de mayo de 1993, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[19] Sentencia T-504 del 8 de mayo de 2000,
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[20] Ver entre otras la Sentencia T-315 del 1 de abril de
2005, M.P. Jaime Córdoba Treviño.
[21] Sentencia T-008 del 22 de enero de 1998,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[22] Sentencia T-658 del 11 de noviembre de 1998, M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[23] Sentencias T-088 del 17 de febrero de 1999, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo y SU-1219 del 21 de noviembre de 2001, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[24] MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[25] “Sentencia T-590 de 2009.”
[26] Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 2010, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[27] Sentencias T-143 de 2011 y T-567 de 1998.
[28] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[29] Cfr. sentencia SU.1300 de 2001.
[30] Sentencia SU.159 de 2002.
[31] Corte Constitucional, sentencia SU-195 de 2012.
[32] Cfr., sobre la definición de precedente, las
sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M. P. Alejandro
Martínez Caballero.
[33] Corte Constitucional, sentencia T-667 de 2015.
[34] Ibídem.
[35] Cfr. Sentencia C-634 de
2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] Corte Constitucional, sentencia T-667 de 2015.
[37] Ibídem
[38] Ibídem.
[39]Corte Constitucional, sentencia T-867 de 2011.
[40] Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[41] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[42]Ver también la Sentencia T-462 de 2003, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.
[43]Sentencia T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Esta causal de procedibilidad también ha sido aplicada en las Sentencias T-747
de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva y T-071 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[44] Corte Constitucional, sentencia T-667 de 2015.
[45] Ibidem.
[46] Corte Constitucional, sentencia C-084 de 2016. Ver también Sentencias C-577 de 2014 y C-579 de 2013.
[47] Corte Constitucional, sentencia C-488 de 2009.
[48] Ibídem.
[49] Corte
Constitucional, sentencia C-1490 de 2000.
[50] Sobre la CADH, ver sentencias C- 774 de 2001, C- 802 de 2002 y T-
786 de 2003 y C-028 de 2006.
[51] Corte Constitucional, Sentencia C-084 de 2016.
Sobre este punto pueden consultarse igualmente las Sentencias T-568 de 1999,
C-010-00, T-1319 de 2001, C-067 de 2003 y C-038 de 2004.
[52] Corte Constitucional, Sentencia C-084 de 2016.
[53] Ibídem.
[54] Ibídem.
[55] Ibídem.
[56] Ibídem.
[57] Ibídem.
[58] Comisión
de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la
República de 2013.
[59] Corte Constitucional, Sentencia C-775 de 2003.
[60] Ibídem.
[61] Corte
Constitucional, Sentencia SU-254 de 2013.
[62] Corte
Constitucional, Sentencia C-180 de 2014.
[63] Corte
Constitucional, Sentencia C-180 de 2014.
[64] Corte Constitucional, Sentencia C-753 de 2013.
[65] Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.
[66] Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2015.
[67] Artículo 18 de la Ley 104 de 1993.
[68] Artículo 10 de la ley 241 de 1995.
[69] Ibídem.
[70] Ibídem.
[71] Ibídem.
[72] Ibídem. Ver Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la
Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la República 2013.
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2015. “A partir de las sentencias C-253A de
2012 y C-781 del mismo año, esta Corporación ha entendido que la expresión
consagrada en el artículo 3° referente a la noción de víctima “con ocasión al
conflicto armado”, incorpora una definición operativa que sirve (i) para
delimitar el universo de personas beneficiarias de unas prerrogativas
especiales establecidas en la Ley 1448 de 2011, (ii) es compatible con el
principio de igualdad en la medida en que aquellas personas cuyos hechos
victimizantes no estén circunscritos al conflicto armado, siguen siendo
acreedores de medidas ordinarias previstas en el resto del ordenamiento
jurídico, (iii) la expresión “con ocasión” hace alusión a una “relación cercana
y suficiente con el desarrollo del conflicto armado” . (iv) La jurisprudencia
constitucional ha entendido que “el conflicto armado” debe interpretarse de
manera amplia, así, “lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la
limite a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico
de actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido
amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del
conflicto armado interno colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta
por el Legislador al expedir la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios
interpretativos obligatorios para los operadores jurídicos encargados de dar
aplicación concreta a la Ley 1448 de 2011”  y (v) “ante la ocurrencia de una
afectación grave de derechos humanos o de una infracción de las normas del
derecho humanitario, en caso de duda sobre ti tal hecho ha ocurrido en el marco
del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la interpretación en
favor de la víctima (Corte Constitucional, sentencia C-781 de 2012).”
[74] Ibídem.
[75] Comisión
de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la
República 2013.
[76] Comisión
de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la
República 2013.
[77] Corte
Constitucional, Sentencia C-180 de 2014.
[78] Corte
Constitucional, Sentencia SU-254 de 2013.
[79] Corte Constitucional, Sentencia T-283 de 2013.
[80] Ibídem.
[81] Corte
Constitucional, Sentencia C-500 de 2014.
[82] Corte
Constitucional, Sentencia C-180 de 2014.
[83] Consejo de Estado, Sentencia de reparación directa del
15 de abril de 2015, M.P. (E)
Hernán Andrade Rincón).
[84] Corte
Constitucional, sentencia C-644 de 2011.
[85] Corte
Constitucional, sentencia T-535 de 2015.
[86] Corte
Constitucional, sentencia C-832 de 2001.
[87] Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000,
expediente 12200. “Por regla general, la fecha para la iniciación del conteo de
ese término es el del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión y
operación administrativa. Excepcionalmente, esta Sala en su jurisprudencia ha
tenido en cuenta que el término de caducidad, por alguna de esas conductas
administrativas, se cuenta a partir del conocimiento del hecho dañino y no a
partir de su ocurrencia, precisamente, porque el hecho no se hizo visible. Si
en este caso el hecho ocurrió el día 5 de octubre de 1988 el término venció al
fenecimiento del bienio, contado a partir del día siguiente al señalado. El
caso planteado no se ubica en la situación relativa a que un hecho
administrativo pasado se conoce cuando el daño causado aparece (caso médico de
práctica de cirugías en las cuales se le deja al paciente un instrumento el
cual se descubre cuando el paciente se enferma y se reinterviene)”. Sección
Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2000, expediente 18805. “La
providencia de fecha 30 de abril de 1997, exp. 11350, ciertamente alude al tema
de la caducidad de la acción y refiere que no puede extremarse el rigor para
verificar el término de la misma, pero debe advertirse que se trata de un caso
clínico en el cual la víctima directa sufrió una lesión irreversible en el
oído, la cual no le fue diagnosticada al momento de ser dado de baja sino
cuando la Junta Médica Laboral rindió su concepto. Sin embargo, la Sala ha sido
flexible y ha garantizado el acceso a la administración de justicia en eventos
en los que no se tiene certeza sobre cuándo se inicia el cómputo del término de
caducidad, para que dentro del proceso se demuestren las condiciones que
permitan determinar si operó o no dicho fenómeno. En este sentido se pronunció
en providencia del 7 de mayo de 1998 proferida dentro del proceso 14.297
adelantado por W. A. L. contra el Instituto de Seguro Social. En el mismo
sentido se pronunció la Sala en sentencia del 7 de septiembre de 2000, expediente
13126, dentro del proceso adelantado por J. A. R. A. contra Nación-Ministerio
de Obras Públicas, expediente 12090 y del 10 de abril de 1997, expediente
10954”.
[88] Sección Tercera, auto de 31 de mayo de 1979. “De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia
extranjera y nacional, existen notables diferencias entre las figuras de la
prescripción y la caducidad: La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de l9
de octubre de 1946, estudió el tema al examinar el contenido jurídico del
artículo 7° de la Ley 160 de 1936 en relación con el ejercicio de las acciones
consagradas y de los plazos señalados para intentarlas por la vía ordinaria.
Después de transcribir las opiniones de Planiol y Ripert, Josserand y Nicolás
Coviello, y de analizar las disposiciones pertinentes de nuestra legislación,
condensó las diferencias fundamentales entre los dos medios de extinción de los
derechos y las acciones "según la concepción de los técnicos y el
desenvolvimiento positivo del Código Civil y de las normas particulares contenidas
en otras leyes", así: "a) Aunque excepción de naturaleza perentoria,
la prescripción debe ser propuesta o alegada por quien quiera aprovecharse de
ella, pues no es susceptible de ser declarada de oficio (artículos 2.513 del C.
C. y 343 del C.J.). Es, por consiguiente, un medio de defensa al alcance de la
parte demandada, lo que quiere decir que no puede operar sino cuando se ha
conformado la relación procesal o sea una vez que se promueva la acción y el
adversario se propone extinguirla por tal vía. De ahí que la prescripción
extintiva no tiene cabida sino ape exceptionis. "Por el contrario, la
caducidad puede ser declarada de oficio por el juez, pues sería inadmisible que
vencido el plazo señalado por la ley para el ejercicio de la acción o del recurso,
sin embargo, se oyera el promotor de la una o del otro. Aparecen como ejemplos
de estas caducidades los términos señalados en el Código de Procedimiento para
el cumplimiento de ciertos actos, la interposición de recursos, etc., los
cuales no pueden producir resultado de ningún género si no se cumplen dentro de
la oportunidad prevista, pues de otro modo se surte con respecto a ellos un
efecto preclusivo. En este sentido la caducidad opera ipso jure, vale decir que
no es necesario instancia de parte para ser reconocida. "b) La
prescripción es renunciable de modo expreso o tácito, en las condiciones
previstas en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil. La caducidad no lo es
nunca lo cual se explica por la naturaleza de orden público que en esta última
tiene el término preestablecido por la ley positiva para la realización del
acto jurídico. "c) Los términos de prescripción admiten suspensión y
pueden ser interrumpidos. Es la regla general que domina el fenómeno, si bien
es cierto que algunas prescripciones breves las señaladas en los artículos 2542
y 2543 corren contra toda clase de personas y no son, por tanto susceptibles de
suspensión. Pero tal circunstancia no altera ni disminuye la diferencia
apuntada, puesto que los plazos de caducidad no comportan jamás la posibilidad
de ser ampliados por medio de la suspensión y deben ser cumplidos rigurosamente
so pena de que el derecho o la acción se extingan de modo irrevocable. La
interrupción de la prescripción impide que ésta se produzca. En la extintiva o
liberatoria la interrupción civil por la notificación judicial de la demanda
hace legalmente eficaz el ejercito del derecho o de la acción. "Con
respecto a la caducidad no puede hablarse de interrupción, desde luego que en
el mismo supuesto la presentación de la demanda dentro del término
preestablecido es el ejercicio mismo de la acción, el adecuado acomodamiento al
precepto que instituye el plazo. "d) La prescripción corre o empieza a
contarse desde que 'la obligación se hace exigible', lo que implica siempre la
existencia de una obligación que extinguir (artículo 2535, inciso 29). "La
caducidad por el transcurso del tiempo no la supone necesariamente, ya que la
consagra la ley en forma objetiva para la realización de un acto jurídico o un
hecho, de suerte que el plazo prefijado sólo indica el límite de tiempo dentro
del cual puede válidamente expresarse la voluntad inclinada a producir el
efecto de derecho previsto". (G.J. Tomo LXI Nos. 2040, 2041, págs. 589 a
591). También el Consejo, por lo menos desde 1958, deslindó las nociones de las
dos figuras jurídicas para dar el verdadero significado procesal al fenómeno de
la caducidad, realmente consagrado en las disposiciones de la Ley 167 de 1941,
y al de la prescripción "como medio que tiende a aniquilar la acción en
sus aspectos sustantivos" (Anales, Tomo LXI, bis, págs. 146 y 234) para
afirmar que no son equivalentes pues "la caducidad consiste en la
extinción del derecho a la acción o al recurso, por vencimiento del término
concedido para ello, institución que se justifica ante la conveniencia de
señalar un plazo invariable para que quien se pretenda titular de un derecho
opte por ejercitarlo o renuncie a él, fijado en forma objetiva sin
consideración a situaciones personales del interesado, no susceptible de interrupción
ni de renuncia por parte de la administración, al contrario de lo que sucede
con la prescripción extintiva de derechos" (Anales, Tomo LXIII, Nos. 392,
396, pág. 847); para confirmar que "los términos de caducidad de las
acciones contencioso administrativas que señalan los artículos 83 y 272 del
Código Contencioso Administrativo son perentorios y al contrario de lo que
sucede con los de la prescripción de los derechos y de las acciones civiles, no
son susceptibles de suspensión" (Anales, Tomo LXIV, Nos. 397, 398, pág.
323); para "dejar en claro la diferencia que existe entre el derecho
subjetivo reclamado y el derecho a ejercitar la acción establecida para
deducirlo en juicio", y reiterar que "los términos para el ejercicio
de las acciones de naturaleza civil deducibles ante la jurisdicción ordinaria
rigen lo concerniente a ellas en tanto que las acciones de naturaleza
administrativa que promueven contenciones ante la respectiva jurisdicción se
subordinan a los plazos prefijados en las normas que regulan el modo de hacer
efectiva la responsabilidad del Estado cuando con un acto, o hecho u omisión
suya en función de autoridad o de servicio oficial lesiona un derecho
particular", respaldando estas últimas afirmaciones con la reproducción de
las conclusiones finales de la providencia de la Corte antes transcrita.
(Anales, Tomo LXVII, Nos. 403 y 404, págs. 286 a 289)”. Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de
2006, expediente 32628. “La doctrina ha desarrollado las características
propias de esta figura para intentar delimitarla y diferenciarla con la
prescripción extintiva de corto plazo. La caducidad, a diferencia de la
prescripción, no admite suspensión salvo la excepción consignada con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho,
consagrada en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001. Tampoco admite renuncia y de
encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez”.
[89] Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de
2006, expediente 32628. “Cuando el daño por el cual se reclama indemnización
proviene de una conducta omisiva de la Administración, la prolongación en el
tiempo de esa actitud omisiva, característica que es connatural a la omisión,
no conduce a concluir la inexistencia del término para intentar la acción; en
este evento, tal término empezará a contarse a partir del día siguiente en que
se consolidó la omisión, es decir, del momento en el cual se puede predicar el
incumplimiento de un deber por parte de la Administración”. En una posición
contraria ver: Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 37268. “Ahora
bien, es menester precisar que el hecho dañoso puede darse de forma instantánea
o modulada en el tiempo, es decir, puede agotarse en un único momento o
presentarse de forma reiterada o continuada en el tiempo pero,
independientemente de la forma en la que se exterioriza dicha actuación, el
término de caducidad inicia una vez haya tenido ocurrencia la causación del
daño, por tanto, desde el momento en que se presentó el daño irrogado al patrimonio
de la víctima debe computarse el término de caducidad de la acción, es decir,
al momento en el cual la actuación específica causó el daño cuya indemnización
se reclama. Lo anterior obedece por cuanto desde ese primer momento en que se
causó el perjuicio, la víctima puede acudir a la administración de justicia
para solicitar el restablecimiento del derecho correspondiente. De otra manera,
existirían situaciones en las cuales el término de caducidad nunca iniciaría,
cuestión que daría lugar a la indeterminación de tales situaciones jurídicas,
en contra de la seguridad jurídica de los sujetos procesales y de su debido
proceso, comoquiera que el ejercicio de su derecho de defensa se vería
extendido indefinidamente. Aun cuando se trate de una actuación dañosa cuyas
consecuencias perjudiciales permanecen en el tiempo, la caducidad no se
extiende indefinidamente, sino que opera desde el mismo momento en que ésta
ocurra, es decir, cuando efectivamente se haya inferido el daño”.
[90] Sala de lo
Contencioso Administrativo, auto de 28 de septiembre de 1961. “La
equivalencia que se da en el mismo Código Contencioso Adminis­trativo a los
vocablos "prescripción" y "caducidad" es una impropiedad de
lenguaje. Lo cierto es que esos vocablos corresponden jurídicamente a fenómenos
semejantes, aunque bien diferentes por algunos aspectos. En numerosas ocasiones
el Consejo de Estado ha rechazado deman­das de plena jurisdicción, así como ha
confirmado autos inadmisorios de demandas en revisión de impuestos, fundándose
en que tales acciones tienen fijados en el Código Contencioso Administrativo
plazo perentorio para su ejercicio, de tal manera que vencido el plazo la
acción se ex­tingue. Este fenómeno jurídico de la extinción del derecho a
accionar o a recurrir por vencimiento del término perentorio concedido para
ello es lo que los doctrinantes denominan caducidad. Aunque en el mismo Có­digo
se le denomine indistintamente caducidad o prescripción parece más ajustado a
la terminología jurídica llamar a ese fenómeno caducidad, porque  no; obstante
ser sus consecuencias muy semejantes a las de la prescripción  se diferencia de
ésta por varios extremos importantes. Entre ellos pueden tenerse en cuenta, por
su trascendencia los siguien­tes, en los cuales debe ponerse énfasis cuando se trata
de acciones contencioso administrativas de carácter subjetivo, es decir, de las
encami­nadas a sustentar un derecho particular que se cree lesionado por un
acto de la Administración creador de una situación jurídica individual y
concreta para el demandante. Dicen los doctrinantes que en ciertos casos, con
el fin de no cargar a una persona con obligaciones inseguras y para ella
desconocidas, convie­ne señalar un plazo invariable para que quien se pretenda
titular de los derechos correlativos opte por ejercitarlos o renuncie a ellos.
Y eso es lo que sucede precisamente a las personas administrativas cuando pro­ducen
actos creadores de situaciones individuales y concretas para otros entes
jurídicos. Se hizo necesario por eso fijar términos precisos e inva­riables
dentro de los cuales hubiera de ejercitarse la acción o el recurso concedido
contra tales actos en favor de quienes se creyeran lesionados por ellos. Dentro
de ese plazo el derecho de accionar o de recurrir puede ejercitarse desde el
primer día. Después del plazo prefijado tal derecho ya no existe. El se ha
extinguido con el término concedido para ejerci­tarlo. Esa extinción del
derecho por la extinción del plazo prefijado en la ley para incoar la acción es
lo que se denomina caducidad de ésta. Y esos plazos están preestablecidos en
forma objetiva, es decir, sin consideración a situaciones personales del
interesado. Si los deja trans­currir sin presentar la demanda, el derecho a la
acción caduca, se extin­gue inexorablemente, sin que pueda alegar para
revivirlos excusa algu­na, ya que no son susceptibles de interrumpirse, al
contrario de lo que ocurre con la prescripción extintiva de derechos. En otras
palabras, el derecho puramente potestativo a la acción o al recurso comienza
con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejercite desde el primer día,
pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo improrroga­ble.
Teniendo esto en cuenta, quien se crea con derecho a accionar o a recurrir
contra el acto administrativo que le ha creado una situación ju­rídica
subjetiva debe hacerlo cuanto antes para no correr el riesgo de que se le
extinga el plazo concedido. Los tratadistas y la jurisprudencia están de
acuerdo también en que el plazo prefijado para ejercitar un derecho  como es el
de accionar en el caso que se estudia  puede y debe dar lugar a que el juzgador
lo de­clare de oficio caducado y con él la acción cuyo ejercicio limita. Muchas
son las opiniones de tratadistas en favor de esta tesis y el Consejo de Estado
como se dijo al principio  la aplica para no admitir la de­manda si aparece
evidente que ella se ha presentado cuando el término se halla extinguido. No es
menester, pues, que la persona administrativa demandada invoque la extinción
del término como excepción. En la caducidad o vencimiento del plazo prefijado
para incoar una acción subjetiva contra actos de la Administración no cabe
siquiera que ésta renuncie al derecho que le da el vencimiento del plazo que el
deman­dante tuvo y no aprovechó para intentar la acción o el recurso. Se trata
de una institución de orden público para evitar que las personas esta­tales
queden expuestas más allá del plazo prefijado al cumplimiento de obligaciones
inseguras y ocultas que hubiera podido crearles el ejercicio de su actividad en
frente de otras personas”. Sección Tercera, sentencia de 28 de
septiembre de 2006, expediente 32628. “Se tiene entonces que el inicio del
término para intentar la acción coincide con el de la ejecución del hecho,
omisión u operación administrativa, ocupación temporal o permanente del
inmueble y sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la
producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la
actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para
accionar no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación
causante del daño sino desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo”.
Sección Tercera, Subsección C, Auto de 21 de febrero de 2011, expediente 39360.
“En el caso sub examine, al estar en presencia de las anteriores
circunstancias, el término de caducidad debe ser el dispuesto en el inciso 2°
del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A. Debemos precisar que dicho artículo,
al ser adicionado por la Ley 589 de 2000, en el sentido de establecer en su
inciso segundo una variación en relación con el momento en que se inicia el
conteo del término para intentar la acción, no hizo otra cosa que permitir el
acceso a la justicia para aquellas personas víctimas de este cruel delito,
debido a que, como ya se mencionó, el delito de desaparición forzada continúa
en el tiempo hasta tanto ocurra uno de estos eventos: que aparezca la víctima,
o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron
los hechos que dieron lugar a la desaparición. Luego entonces, el plazo de los
dos (2) años se empieza a contabilizar a partir del acaecimiento de cualquiera
de los sucesos ya indicados. Del estudio del material probatorio allegado al
proceso, es posible establecer que el soldado Gildardo Pabón Perdomo se
encuentra desaparecido desde 1998, sin que a la fecha se tenga conocimiento de
su paradero, y por cuanto dicha conducta no ha cesado, no puede considerarse
caducada la acción de reparación directa, toda vez que éste no ha recobrado su
libertad, ni tampoco se ha proferido sentencia dentro del proceso penal que se
adelanta ante la Fiscalía General de la Nación Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.” Consejo de Estado”.
[91] Sección Tercera, sentencia de 11 de mayo de 2000,
expediente.12200. Puede verse: Sección Tercera, sentencias de 12 de mayo de
2010, expediente 31582; Sub-sección A, sentencia de 12 de mayo de 2011,
expediente 19835; Sub-sección A, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente
24249.
Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2004, expediente 18273.
“No obstante, esta Corporación ha expresado, en diferentes ocasiones, que si
bien el término de caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del
hecho o la omisión, cuando no puede conocerse, en el mismo momento, cuáles son
las consecuencias de éstos, debe tenerse en cuenta la fecha en la que se
determina que el perjuicio de que se trata es irreversible y el paciente tiene
conocimiento de ello.  Con mayor razón, entonces, debe entenderse que el
término de caducidad no puede comenzar a contarse desde una fecha anterior a
aquélla en que el daño ha sido efectivamente advertido” (subrayado fuera de
texto).
[92] Sección Tercera, Sub-sección C, auto de 26 de julio de
2011, expediente 41037. “Sin embargo, la Sección Tercera de esta Corporación ha
reconocido que existen ciertas excepciones a la regla de caducidad dispuesta
por el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A, una de ellas es el caso de la desaparición
forzada, en la que el término empieza a correr luego de constatados uno de
estos dos eventos: (i) el aparecimiento de la víctima o (ii) la ejecutoria del
fallo definitivo adoptado en el proceso penal. La anterior conclusión tiene su
fundamento legal en la ley 589 de 2002, que introdujo una modificación al
Código Contencioso Administrativo en relación con el momento en que se inicia
el conteo del término para intentar la acción de reparación directa con el fin
de reclamar los daños derivados del delito de desaparición forzada, esto es, “a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de
que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos
que dieron lugar a la desaparición (…)En efecto, cualquier tipo de desplazamiento forzoso presupone un
abandono involuntario e intempestivo del lugar de residencia y de la actividad
económica a la que se dedicaban los afectados, por ende, implica un desarraigo
cultural de quien se ve forzado a migrar a un punto geográfico diferente. Esta
situación se agrava, cuando el desplazamiento no se produce al interior del
país, sino que rebasa las fronteras nacionales, donde el desarraigo es aun (sic)
mayor en virtud de las marcadas diferencias culturales que existen entre un
país y otro. Así las cosas, el desplazamiento forzado también infringe un daño
que es continuado y se extiende en el tiempo, como quiera que dicha conducta no
se agota en el primer acto de desplazamiento, por el contrario, el estado de
desplazado continua hasta que las personas no puedan retornar a su lugar de
origen, es decir, que las causas violentas que originaron el éxodo todavía
existen, y por tanto, es imposible volver. 5. Respecto de la forma para computar el plazo de caducidad en los eventos
de daño continuado, la jurisprudencia de la Sección ha sido reiterativa, en el
sentido de que cuando se demanda la reparación de un daño continuado en el
tiempo, como sería la hipótesis del desplazamiento forzado, el término para
intentar la acción, sólo inicia su conteo a partir del momento en que se
verifique la cesación de la conducta o hecho que dio lugar al mismo”. Puede
verse: Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2001, expediente 13772.
“...en un tema tan complejo como el de la caducidad, que involucra de una parte
razones de justicia y de otra el interés de la seguridad jurídica, no es
posible establecer criterios absolutos, pues todo depende de las circunstancias
que rodean el caso concreto. No obstante, no debe perderse de vista que de
conformidad con la ley, para establecer el término de caducidad se debe tener
en cuenta el momento de la producción del hecho, omisión, operación u ocupación
generadores del perjuicio. Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación
de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que éstos se producen, es
razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se
generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá
contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es
la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria. Para la
solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo,
o de aquéllos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de
hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el
término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la
norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se
niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no
concurra con su origen”.
[93] CP. Alberto Yepes Barreiro (E).
[94] El Consejo de Estado, a su vez, ha tomado como
material probatorio los informes elaborados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre
ejecuciones sumarias o arbitrarias
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/executions/ .
[95] Consejo de Estado, fallo de tutela del 12 de febrero
de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
[96] Ibidem
[97] Ibidem.
[98] Ibidem
[99] Ibidem.
[100] CP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
[101] C.P. Alberto Yepes Barreiro.
[102]Consejo de Estado, fallo de tutela del 12 de marzo de
2015, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
[103] Consejo de Estado, fallo de tutela del 12 de marzo de
2015, c.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
[104] Consejo de Estado, fallo de reparación directa del 7
de septiembre de 2015, MP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
[105] Consejo
de Estado, fallo de reparación directa del 7 de septiembre de 2015, MP. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
[106] Ibídem.
[107] Ibidem.
[108] Ibídem.
[109] Ibídem.
[110] Ibídem.
[111] Ibídem.
[112] Ibídem.
[113] Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 21 de
febrero de 2011, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz:
“Nuestra Constitución Política en su artículo 12 dispuso que "nadie
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”.  Observamos como el espíritu del legislador, en
armonía con las disposiciones internacionales, y poniendo de presente la
situación particular del estado colombiano, quiso revestir esta agresión a la
libertad del hombre, a su convivencia social, a la paz y a la tranquilidad ,
de un valor constitucional cuyo alcance es el de derecho fundamental, motivo
por el cual el concepto internacional fue ampliado al considerar que esta
transgresión resulta imputable no sólo a los agentes del Estado, sino también a
todo aquel particular que perteneciendo a un grupo al margen de la Ley prive de
la libertad a otro conciudadano.
“El Artículo 12 de la Constitución Nacional es más amplio que los
instrumentos internacionales suscritos por Colombia sobre el tema, pues como se
dijo anteriormente, la Carta colombiana prohíbe la desaparición forzada y la
tortura en los casos en que su práctica sea  por un particular” . (Negrillas
fuera de texto).
Por su lado, esta Corporación ha considerado que este delito  constituye
violación de múltiples derechos humanos tanto en el orden interno como en el
marco del derecho internacional y por lo mismo, esta práctica abominable es
considerada en el derecho internacional como delito de lesa humanidad pues
-como lo ha resaltado la Sala- esta práctica no sólo compromete los intereses
de la víctima sino, que simultáneamente, atenta contra la convivencia social, la
paz y la tranquilidad de la humanidad y por ello, cualquier Estado puede
pretender que se investigue y sancione al infractor de la misma .
El legislador también tipificó la desaparición forzosa como delito en la
Ley 589 de 2000 y 599 del mismo año considerándola como la privación de la
libertad a la que es sometida una persona por un particular perteneciente a un
grupo armado al margen de la ley cualquiera que sea la forma, seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información
sobre su paradero, sustrayéndolo del amparo de la ley.  También incurren en el
delito, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o
la aquiescencia de aquel, que realice la conducta descrita anteriormente.
De lo anteriormente expuesto se concluye que la desaparición forzada es
un delito considerado nacional e internacionalmente como de lesa humanidad, que
se extiende en el tiempo, desde el momento mismo en que la persona es privada
de la libertad, continúa con su ocultamiento y culmina con la aparición de la
víctima o con el conocimiento de su paradero.
Entonces, para que se constituya el delito deben concurrir varios
elementos: i).Que exista privación de la libertad de una o varias personas,
cualquiera que sea su forma; ii). Que sea cometida por agentes del Estado, o
por personas o grupos de personas que actúen con la autorización de éste, o por
un particular perteneciente a un grupo armado al margen de la ley; iii). Que
exista ocultamiento y  la negativa a reconocer dicha privación o de dar
información sobre su paradero, sustrayendo a la persona del amparo de la ley.
En el caso sub examine, al estar en presencia de las anteriores
circunstancias,  el término de caducidad debe ser el dispuesto en el inciso 2°
del numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.   Debemos precisar que dicho
artículo, al ser adicionado por la Ley 589 de 2000, en el sentido de establecer
en su inciso segundo una variación en relación con el momento en que se inicia
el conteo del término para intentar la acción , no hizo otra cosa que permitir
el acceso a la justicia para aquellas personas víctimas de este cruel delito,
debido a que,  como ya se mencionó, el delito de desaparición forzada continúa
en el tiempo hasta tanto ocurra uno de estos eventos: que aparezca la víctima,
o desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron
los hechos que dieron lugar a la desaparición.
Luego entonces, el plazo de los dos (2) años se empieza a contabilizar a
partir del acaecimiento de cualquiera de los sucesos ya indicados.”
[114] Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2013,
CE. Mauricio Fajardo Gómez.
[115]  Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en Colombia.
[116]  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Paniagua Morales y Otros, Sentencia del 8 de marzo de 1998: “173. La Corte
constata que en Guatemala existió y existe un estado de impunidad respecto de
los hechos del presente caso entendiéndose como impunidad la falta en su
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de
los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la
Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir
tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad
propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la
total indefensión de las víctimas y de sus familiares.”
[117] “Artículo
XVIII.  Toda persona puede acudir a los tribunales para hacer valer sus
derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por
el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.”
[118] “Artículo 8. Toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.”
[119] “Artículo 8.  Garantías Judiciales.  1. Toda
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos
y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
[120] Caso de
la Masacre La Rochela vs Colombia: “145. La Corte ha sostenido que, según la
Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos
judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos
(artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las
reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la
obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1).
146. Esta Corte ha señalado que el derecho de acceso a
la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas
víctimas o sus familiares, a que se haga todo lo necesario para conocer la
verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables.”
[121] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso  Barrios Altos. Sentencia del 14 de
marzo de 2001: “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones
de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las
violaciones graves de los derechos humanos”.
[122] La
Corte Penal Internacional “establecerá principios aplicables a la reparación,
incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación, que ha de
otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes”
[123]  “1. Cuando decida que
hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de
esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”
[124] Artículo 1º.
[125] Artículo2º.
[126] Artículo 29.
[127] Artículo 90.
[128] Art. 250 num. 6 y 7.
[129] Artículo 93.
[130] Artículo 229
[131] Artículo 1 del Acto legislativo 01 del 31 de julio de
2012.
[132] Corte Constitucional, sentencia C-180 de 2014.
[133] Ibídem. Ver Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la
Ley 1448 de 2011, Informe al Congreso de la República 2013.
[134] Corte Constitucional, sentencia C-180 de 2014.
[135] Ibidem
[136] Ibidem.
[137] Expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671). CE.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
[138] Corte
Constitucional sentencia SU-768/2014. In extenso, este punto fue desarrollado
por la Corte en los siguientes términos: “El Juez del Estado social de derecho
es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica irreflexivamente la
ley”, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de
las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir
su responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El Juez que reclama el pueblo colombiano a través de su Carta
Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del
derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos, a su
vez, constituyen el ideal de la justicia material.”. 123 “es común
sostener que el Juez Administrativo no es un mero ejecutor formal de las normas
legales, sino que en consideración al rol funcional que desempeña dentro del
Estado Social de Derecho, es su obligación, antes que nada, ser garante de la
corrección constitucional en la interpretación y aplicación de las normas
legales, al igual que ejercer, ex oficio, el control de convencionalidad que se
le impone en razón a la fuerza vinculante de los tratados de Derechos Humanos y
su doctrina.” Sección Tercera, Subsección C. auto de 17 de septiembre de 2013,
expediente 45092.
[139] Pronunciamiento reiterado, entre otras, por las
sentencias del 15 de septiembre de 2015 y 1 de febrero de 2016, proferidas por
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de los
expedientes con radicado No. 52892 y 48842, respectivamente.
[140]
Los argumentos que siguen a continuación fueron desarrollados en la sentencia
T-273 de 2016 con ponencia de la suscrita.
[141] T-006 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-223 de
1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-413 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón, T-474 de
1992 Eduardo Cifuentes Muñoz, entre otras.
[142] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En este fallo se declaró
inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906 de 2004, que impedía
el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela, contra las sentencias
proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[143]
M.P. Jorge Iván Palacio.
[144]
Este punto reitera la sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado, ver también sentencia T-610 de 2015 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[145] Artículos 86 de la Constitución y 6º del
Decreto 2591 de 1991.
[146] Sentencia T-315 de 2005 M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[147] Sentencias T-008 de 1998 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz y SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[148] Sentencia T-658 de 1998 M.P. Carlos Gaviria
Díaz.
[149]
Tomado de la sentencia SU-242 de 2015 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado
[150]
Página 43 de la sentencia.
[151]
Ibídem.
[152]
Sentencia T-001 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[153]
Sentencia T 580 de 2006. M. P. Manuel José Cepeda.
[154]
Sentencia SU-498 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[155]
Página 51 de la Sentencia T-352 de 2016.
[156]
Páginas 102 -105 de la Sentencia T-352 de 2016.
[157]
Página 102 de la Sentencia T-352 de 2016.
[158]
Páginas 30-34 de la sentencia.
[159] Consejo de Estado. Sección Tercera Subsección C.
Actor: CRUZ HELENA TABORDA TABORDA Y OTROS contra NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL. ACCION DE REPARACION DIRECTA (APELACION
SENTENCIA) referencia 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671) C.P. Jaime Orlando
Santofimio. En este pronunciamiento, esa Corporación analizó el caso de José
Lorenzo Taborda Taborda, quien desapareció en marzo de 2007 y sus familiares
tuvieron conocimiento de su paradero mediante oficio de 8 septiembre de 2008,
remitido por el Personero municipal de Cartago Valle del Cauca, quien les
informó de su muerte por parte del Ejercito Nacional pocos días después de su
desaparición. La demanda de reparación directa fue presentada el 23 de
septiembre de 2010. Luego de analizar la conducta desplegada por los miembros
de la fuerza pública y de calificarla como delito de lesa humanidad, expresó
que la caducidad no había operado por las siguientes razones: “(…)  (1) se
encuentra demostrado que el hecho de la muerte de JOSÉ LORENZO TABORDA
TABORDA ocurrió el 14 de marzo de 2007 en el municipio de Monterrey,
Casanare; (2) dicho hecho como tal no fue posible conocer a los demandantes,
hasta el 8 de septiembre de 2008 cuando fueron contactados por el Personero
Municipal de Cartago, Valle del Cauca; (3) que si bien la conciliación se
celebró el 23 de septiembre de 2010 declarándose fallida, presentándose la
demanda ese mismo día, no puede comprenderse que opera el cómputo de los
términos de caducidad como lo consagra el artículo 136.8 del Código Contencioso
Administrativo, ya que la muerte de JOSÉ LOREZNO TABORDA TABORDA debe
estudiarse como un acto de lesa humanidad ya que hace parte de una acción sistemática
que ciertos agentes del Estado en los últimos años vienen practicando contra
miembros de la población civil, que para el caso en concreto se materializó en
la muerte violenta de dicha persona; (4) de ahí, pues, que existe y está en
curso ante la Fiscalía 31 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario, Regional Villavicencio [Meta] el proceso penal
identificado con el número de radicado 8100, de cuyas pruebas se desprende una
serie de factores para llegar a su calificación como acto de lesa humanidad,
especialmente por la planificación previa que de las conductas como las que se
juzga ha venido operando en los últimos años en las fuerzas militares del
Estado colombiano; por lo tanto, (5) la Sala concluye que en el presente caso
si bien se presentó la demanda el 23 de septiembre de 2010, cuando debió
haberse hecho dentro del término que quedó suspendido a la presentación de la
solicitud de conciliación pre-judicial, la interpretación convencional,
constitucional y ponderada exige comprender que al tratarse de un acto que
puede configurarse como de lesa humanidad el fenómeno de caducidad no ha
operado.”
[160]
Cfr., Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 21 de febrero de
2011, con radicación 52001-23-31-000-2010-00214-01(39360), C. P. Olga Melida Valle De la Hoz
[161]
Sentencia C-832 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[162]
Corte Constitucional, C-115 de 1998 MP: Hernando Herrera Vergara. La sentencia
revisó la constitucionalidad parcial del artículo 136 de Decreto 01 de 1984, subrogado
por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989 por considerar, entre otros, que el
establecimiento de una límite temporal para el ejercicio de la acción de
reparación directa vulneraba el derecho de las víctimas de acceder a la
administración de justicia y a la igualdad. La Corte declaró la
constitucionalidad del aparte del artículo demandado.
[163]
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 28 de enero de
2015 No. de Rad. 08001-23-31-000-1998-00537-01(31145), CP: Olga Melida Valle de
la Hoz citando al Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de: 11 de mayo
de 2000 Exp. 12200; 10 de noviembre de 2000 Exp. 18805; 10 de abril de 1997
Exp. 10954, y de 3 de agosto de 2006, Exp. 32537. Autos de: 3 de agosto de
2006, Exp. 32537; 7 de febrero de 2007, Exp. 32215.
[164]
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 28 de enero de
2015 No. de Rad. 08001-23-31-000-1998-00537-01(31145), CP: Olga Melida Valle de
la Hoz, Acápite 2.1; Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, 13 de febrero de 2015, Rad. 73001-23-31-000-1999-00952-02(31187)
CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sentencia del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección, 29 de julio de 2013, Rad.
20001-23-31-000-2001-00226-01(28030) CP: Ramiro de Jesús Pasos Guerrero.
[165]
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 28 de enero de
2015, Rad. 08001-23-31-000-1998-00537-01(31145), CP: Olga Melida Valle de la
Hoz, Acápite 2.1.
[166]
Ibídem acápite 2.1:  “Cosa distinta es que la parte demandante sólo haya
tenido conocimiento del daño tiempo después de la ocurrencia del hecho, omisión
u operación, pues en tales eventos, en aplicación del principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal (artículo 228 C.P.), el conteo debe iniciarse
a partir de la fecha en que la persona -o personas- tuvieron conocimiento del
daño; una interpretación contraria supondría cercenar el mencionado derecho
fundamental, así como el derecho de acción”.