T-513-10
Sentencia T-513/10
Sentencia T-513/10
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza, características y principios rectores/COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-Contexto jurídico constitucional
SUBORDINACION DEL TRABAJADOR EN CONTRATO DE ASOCIACION-Elementos que configuran estado de subordinación
respecto a un tercero
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA
EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Su garantía se concreta con la exigencia de requerir
autorización del juez o Ministerio de la Protección Social para su desvinculación
al cargo
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
TRABAJADORES DISMINUIDOS EN SALUD Y PRINCIPIO DE IGUALDAD REAL-Se contradice el principio de igualdad real cuando se
brinda un trato igual a trabajadores que se encuentran en circunstancias
distintas de salud
ACCION DE TUTELA-Procede el amparo para reintegro de la peticionaria en un cargo de
análogas o mejores condiciones al que desempeñaba hasta el momento en que fue despedida
sin autorización de autoridad competente
Referencia: expediente T-2355697
Acción de tutela instaurada por Sandra Catalina Rendón
Zapata contra COOPTAR CTA y Clínica UROS.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C. dieciocho (18) de junio de dos mil diez
(2010).
La
Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional integrada por los
Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, Luis Ernesto
Vargas Silva y María Victoria Calle Correa, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, especialmente las de los artículos 86 y 241 numeral
9º de la Constitución Política y los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo proferido en
primera instancia por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de
control de garantías y en segunda instancia por el Juzgado Tercero Penal del
Circuito con funciones de conocimiento, ambos de la ciudad de Neiva.
I.
ANTECEDENTES
La
señora Sandra catalina Rendón Zapata, por intermedio de apoderado, interpuso
acción de tutela en contra la Cooperativa de Trabajo Asociado COOPTAR y la
Clínica UROS. La accionante sustenta su pretensión en los siguientes
Hechos
1.-
La señora Rendón prestó sus servicios personales y profesionales al servicio de
la Clínica UROS, desde el 25 de mayo de 2007 hasta el 15 de enero de 2009.
2.-
Estos servicios han sido prestados en razón a que la señora Rendón se
encontraba asociada a COOPTAR CTA y ésta, a su vez, tenía un contrato para el
suministro de personal con la Clínica UROS.
3.-
La señora Rendón se ha desempeñado de manera continua y subordinada como
auxiliar de enfermería, cargo que demandaba la realización de funciones como la
administración de medicamentos, la realización de curaciones, el traslado de
pacientes a toma de rayos X y ecografías, el diligenciamiento de historias
clínicas y la realización de los oficios propios del auxiliar del área de
hospitalización.
4.-
La señora Rendón Zapata devengó salarios de $850.000 en 2007 y $900.000 en
2009.
5.-
La clínica giraba el dinero correspondiente al salario a la cooperativa, para
que ésta procediera a pagar luego a sus asociados.
6.-
En el mes de junio de 2008 la accionante fue diagnosticada con cáncer, lo que
originó que el cinco de julio le fuera realizada una operación para tratar
dicha enfermedad.
7.-
Con posterioridad a la operación la señora Rendón Zapata ha estado en
recuperación postoperatoria, a la que siguió la práctica de radioterapias.
8.-
A la accionante le fueron reconocidas las siguientes incapacidades:
i.
del 15 de agosto al 24 de agosto
de 2008.
ii.
Del 18 de septiembre al 29 de
octubre de 2008.
iii.
Del 14 de noviembre al 25 de
diciembre de 2008
9.-
Al término del último período de incapacidad concedido la señora Rendón Zapata
se presentó a la clínica UROS para conocer su horario de trabajo, ante lo que
fue informada que la clínica ya no requeriría más de sus servicios.
10.-
Al dirigirse ante la cooperativa es informada que no hay vacantes para su
cargo.
11.-
Saludcoop EPS suspende los servicios que venía prestando a la accionante en
virtud a que su afiliación fue dada de baja en el sistema.
12.
La accionante acudió a la vía ordinaria laboral demandando a COOPTAR y a la
clínica UROS.
13.
Manifiesta que todavía se encuentra en proceso de recuperación de su enfermedad
y que, en virtud de las patologías y enfermedades adquiridas, se encuentra en
condición de disminución física.
14.
En la actualidad la señora Rendón Zapata se encuentra desempleada, ya que por
su condición de debilidad manifiesta que le es imposible encontrar trabajo que
le permita sufragar sus gastos mínimos de subsistencia.
Solicitud
de tutela
Por
lo anterior la señora Rendón Zapata solicita la protección de sus derechos al
debido proceso, a la salud, a la vida, a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital, solicitando, en consecuencia, sea ordenado su reintegro a la
clínica UROS, la cancelación de las prestaciones sociales debidas y el pago de
la indemnización establecida en el artículo 26 de la ley 361 de 1997.
Respuesta
de la Cooperativa COOPTAR .
Por
medio de apoderado la cooperativa COOPTAR solicitó al juez de tutela que
declarara improcedente la acción constitucional incoada, con fundamento en el
principio de subsidariedad que consagra la Constitución. En efecto, afirma el
apoderado de la cooperativa que la señora Rendón Zapata activó dos mecanismos
jurídicos: la acción laboral y la acción de tutela, de manera que en esta
ocasión corresponde al juez de tutela reconocer la competencia de la
jurisdicción ordinaria y permitir que el asunto se resuelva por dicha vía
–folios 39 y 40-.
Respuesta
Clínica UROS
Afirma
la accionada que entre ella y la señora Rendón Zapata no existió contrato de
trabajo, ya que la accionante prestó servicios en la clínica en razón del
contrato de asociación que voluntariamente firmó con COOPTAR y del contrato
existente entre la clínica y la cooperativa. Afirma, además, que en ningún
momento existió intermediación laboral por parte de la cooperativa, pues las
relaciones derivadas de los contratos no tenían los elementos que exige la
relación laboral –folio 48-; que la accionante debe acudir a la vía arbitral
para resolver los conflictos que surjan entre ella y la cooperativa; y que, en
todo caso, existe otro mecanismo –cual es la vía laboral- para resolver este
tipo de controversias, tanto así que actualmente cursa un proceso ordinario
ante esa jurisdicción por el mismo caso –folio 50-.
Por
las razones expuestas solicita se niegue la tutela interpuesta por la señora
Rendón Zapata.
II. ACTUACIONES PROCESALES
Primera instancia
En
sentencia de 15 de mayo de 2009 el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones
de control de garantías consideró que la acción de tutela no cumplía con el
requisito de la inmediatez  por haber transcurrido más de tres meses entre la
desvinculación de la accionante y la interposición de la acción. Así las cosas,
concluye el juez que esta espera demostraría que no se está ante el peligro de
ocurrencia de perjuicio irremediable alguno, de manera que resulta improcedente
en este caso la acción de tutela.
Impugnación
La
sentencia de primera instancia fue impugnada por el representante de la señora
Rendón Zapata por considerar que la misma desconocía la protección que debe
brindarse a los derechos fundamentales de la accionante, en cuya evaluación
debe considerarse que se está ante un sujeto de especial protección en razón de
la disminución en su estado de salud.
Segunda Instancia
En
sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito en funciones de
conocimiento se resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, por
cuanto no se encontró probada la existencia de un perjuicio irremediable que
amerite utilizar la tutela como mecanismo transitorio y, adicionalmente, por
cuanto no se cumple con la exigencia de la inmediatez predicable de esta acción
–folios 8 y 9 del cuaderno de segunda instancia-.
Pruebas
Como
acervo probatorio en el presente caso se adjuntó
1.-
Certificación de las semanas cotizadas por la accionante –folio 19-.
2.-
Relación de los pagos a la EPS Saludcoop realizados por COOPTAR CTA a nombre de
la accionante –folio 20-.
3.
Certificación de COOPTAR CTA de que la señora Rendón Zapata prestó sus
servicios profesionales desde el 25 de mayo de 2007 hasta el 31 de diciembre de
2008, tiempo durante el que estuvo al servicio de la Clínica UROS –folio 21-.
4.-
Certificación de compensación mensual durante el último año de novecientos mil
pesos ($900.000) –folio 21-.
5.- Incapacidad por enfermedad general reconocida a la
señora Rendón Zapata entre el 05 de julio y el 03 de agosto de 2008 –folio 22-.
6.- Incapacidad por enfermedad general reconocida a la
señora Rendón Zapata entre el 05 y el 14 de agosto de 2008 –folio 23-.
7.- Incapacidad por enfermedad general reconocida a la
señora Rendón Zapata entre el 25 de agosto y el 17 de septiembre de 2008 –folio
24-.
8.- Incapacidad por enfermedad general reconocida a la
señora Rendón Zapata entre el 29 de octubre y el 12 de noviembre de 2008 –folio
25-.
9.- Incapacidad por enfermedad general reconocida a la
señora Rendón Zapata entre el 13 de noviembre y el 17 de noviembre de 2008
–folio 26-.
10.- Incapacidad por enfermedad general reconocida a
la señora Rendón Zapata entre el 26 de diciembre de 2008 y el 20 de enero de
2009 –folio 27-.
11.- Diagnóstico e incapacidad concedida el 20 de
enero de 2002 –folio 28-
12.- Comunicación de la Cooperativa informando de la
terminación del contrato con la clínica UROS –folio 29-.
13. Demanda ante la justicia laboral presentada por la
accionante contra los mismos sujetos –folio 32-.
14.- Cédula de ciudadanía de la señora Rendón Zapata
–folio 31-.
15.- Contrato de prestación de servicios celebrado
entre la Cooperativa y la Clínica –folios 59 a 62-.
16.- Contrato de Asociación firmado entre COOPTAR CTA
y la señora Rendón Zapata –folios 63 y 64-.
17.- Resolución número 068 de 2008 expedida por el
Ministerio de Protección Social por la cual se sanciona a la Cooperativa y a la
Clínica –folios 66 a 74-.
18. Historia clínica de la accionante –folio 14 a 28
del cuaderno de revisión de tutela-.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional
para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral
9o., de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y
problema jurídico
El presente caso somete a la Sala la situación de la
señora Rendón Zapata quien, en virtud de contrato de asociación con la
cooperativa COOPTAR CTA, se desempeñó como auxiliar de enfermería en la clínica
UROS de la ciudad de Neiva desde el 25 de mayo de 2007 hasta el 30 de diciembre
de 2008, fecha en que, por voluntad de la Cooperativa y mientras transcurría
una incapacidad médica, fue terminado su contrato de asociación.
Sostiene la accionante que su desvinculación fue
causada por su enfermedad, ya que debido a sufrir cáncer se sometió a una
cirugía durante el mes de julio de 2008, fecha a partir de la cual le han sido
diagnosticadas varias incapacidades, la última de ellas entre el 26 de
diciembre y el 20 de enero. El despido en estas condiciones desconoce su
calidad de sujeto de especial protección y vulnera directamente sus derechos al
mínimo vital, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y a la salud,
entre otros.
El problema que en esta ocasión aborda la Sala
consiste en determinar si en el caso de la señora Rendón Zapata se desconoció
el derecho fundamental al trabajo y, por consiguiente, a la estabilidad laboral
reforzada al ser terminado su contrato de asociación con COOPTAR CTA y no poder
seguir prestando sus servicios en la clínica UROS.
Para dar solución a este aspecto la corte hará
referencia a i) las características de las cooperativas de trabajo asociado en
nuestro ordenamiento; ii) la subordinación en las relaciones de trabajo
asociado y su protección constitucional; iii) la garantía de estabilidad
laboral reforzada para las personas que padecen algún tipo de disminución en su
salud; y, finalmente; iv) se resolverá el caso concreto.
3.
Contrato cooperativo y Cooperativas de Trabajo Asociado
La
intención de realizar un contrato de cooperación surge del ánimo de un grupo de
personas de asociarse para desarrollar actividades que involucren un interés
social y carezcan de ánimo de lucro. En este sentido el artículo 4º de la ley
79 de 1988, al referirse al régimen de las cooperativas en general, establece
que los asociados o trabajadores serán simultáneamente los aportantes y los
gestores de la empresa.
En
este contexto, el artículo 70 de la ley antes citada establece que serán
cooperativas de trabajo asociado aquellas que vinculen el trabajo de sus
asociados a la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de
servicios. Las características más relevantes de estas cooperativas serán: la
asociación voluntaria y libre; el principio de igualdad de los asociados; no
existe ánimo de lucro; la organización democrática; el trabajo de los asociados
como su base fundamental; el desarrollo de actividades económico sociales; la
solidaridad en la compensación o retribución; y la existencia de autonomía
empresarial.
En
este contexto es claro que las cooperativas de trabajo asociado resultan una de
las manifestaciones más directas y esenciales del Estado Social de Derecho, por
cuanto resaltan principios que deben orientar el desarrollo de las actividades
en este tipo de Estado, como son el de solidaridad, asociación para beneficio y
progreso mutuo y la supremacía del interés social, entre otros.
En
este sentido no es casual que en varios artículos de la Constitución se
promocionen los elementos más destacados de esta forma de asociación. En
efecto: el artículo 1 determina que "Colombia es un Estado social de
derecho, (…..) fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general";
el artículo 38 garantiza "el derecho de libre asociación para el desarrollo
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad"; el
artículo 57 autoriza al legislador "para establecer los estímulos y los
medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas";
el artículo 58 (inc. 3) prescribe que "El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de propiedad"; el artículo 103 ordena al
Estado contribuir a "la organización, promoción y capacitación de las
asociaciones (….) comunitarias (…)"; el artículo 189-24 contempla la
inspección, vigilancia y control por parte del Presidente de la República
"sobre las entidades cooperativas"; el artículo 333 le impone al
Estado fortalecer "las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo
empresarial"; entre otros.
No
cabe duda de la relación esencial que en el Estado colombiano se traba entre
las cooperativas de trabajo asociado y el carácter Social del mismo, que más
allá de una simple coincidencia, determina la configuración de los elementos
esenciales y los efectos que deben y pueden surgir de la estructuración,
realización y desarrollo del contrato cooperativo.
Este
es el prisma que utiliza el juez constitucional cuando evalúa los desarrollos
que, a partir de un contrato cooperativo, se han presentado entre uno o varios
asociados y los terceros que puedan verse involucrados y, cómo no, serán estos
importantes elementos constitucionales los que deban trazar los parámetros de
evaluación y estudio de los casos concretos en estas situaciones.
4.
La subordinación en las Cooperativas de Trabajo Asociado
Por
ser un contrato en que diferentes personas se asocian en pos de un propósito
común, para el cual aportan su fuerza de trabajo y cuyo objeto carece de ánimo
de lucro, en el contrato de cooperación, en principio, no se presenta
subordinación, ya que los asociados se encuentran todos en igualdad de
condiciones en desarrollo del mencionado contrato.
Sin
embargo, puede darse el caso que en una específica relación se presenten
elementos a partir de los cuales se desvirtúe esa igualdad entre los
participantes del contrato y, por el contrario, conlleven a que surja una
relación que, sin dejar de estar enmarcada por el contrato de cooperación
asociativa para el trabajo, incorpore elementos que no son propios del mismo y
que obliguen al operador jurídico a replantear el entendimiento que se haga de
esa precisa situación.
En
este sentido se han manifestado varias veces las conclusiones de la Corte
Constitucional, siendo una de ellas la sentencia T- 445 de 2006 en la que
estableció
“En relación con los elementos que pueden conducir a
que la relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal,
ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de la dos
partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende se configure un estado de
subordinación, se pueden destacar diferentes elementos, como por ejemplo (i)
el hecho de que para que se produzca el pago de las compensaciones a que tiene
derecho el cooperado éste haya cumplido con la labor en las condiciones
indicadas por la cooperativa o el tercero a favor del cual la realizó; (ii)
el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo
con las reglas previstas en el régimen cooperativo; (iii) la sujeción
por parte del asociado a la designación de la Cooperativa del tercero a favor
del cual se va a ejecutar la labor contratada y las condiciones en las cuales
trabajará; entre otros.”
La
existencia de subordinación entre el cooperado y su cooperativa genera el
contexto jurídico requerido por la Constitución para que, eventualmente y
siempre atendiendo al requisito constitucional de subsidiariedad o el objetivo
de evitar un perjuicio irremediable, las situaciones de naturaleza
iusfundamental se puedan resolver mediando el mecanismo de la acción de tutela.
De
igual trascendencia para la relación entre cooperado y cooperativa resulta el
hecho que de la subordinación existente pueda derivarse protección de tipo
laboral para los asociados, lo cual no es otra cosa que la concreción de
principios y garantías consagrados en la Constitución, como el principio Social
de nuestro Estado –artículo 1º-, la igualdad entendida en términos reales
–artículo 13-, la protección a las formas de producción asociativas –artículo
58-, [la protección] del trabajo en todas sus formas –artículo 53- y,
finalmente, la primacía de la realidad sobre la forma, sobre todo cuando ésta
involucra la protección de derechos fundamentales –artículo 53-.
En
este sentido puede concluirse que la vinculación a una Cooperativa no
necesariamente excluye el surgimiento de una relación laboral[1],
situación que se presentará “cuando el cooperado no trabaja directamente
para la cooperativa, sino para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y
cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la
Cooperativa[2]”.
Las
conclusiones de la sentencia T – 445 de 2006, antes citadas, no son
accidentales dentro de la jurisprudencia de la Corte respecto de las
cooperativas de trabajo asociado. Por el contrario responde a una constante y
extendida interpretación de los preceptos constitucionales que, como se dijo,
son de plena aplicación en situaciones como las que ahora nos ocupa. Es
pertinente recordar la ocasión en que la Corte señaló
“[E]n situaciones como la analizada, donde el
trabajador está asociado a una cooperativa, que lo envía en misión para que
presta sus servicios a otra empresa, de la cual recibe instrucciones y cumple
horarios, en relación que surge por mandato de aquélla[3],
puede  predicarse la existencia de un vínculo de subordinación que da lugar a
la aplicación de la legislación laboral, como quiera que la relación del
cooperado permite colegir la existencia de un contrato realidad, al reunirse
los elementos esenciales del contrato de trabajo[4]”[5].
Valga
anotar que la enumeración de los elementos que pueden llevar a determinar la
existencia de una relación de índole laboral realizada por la Corte no resulta
taxativa, sino enunciativa, en el sentido que no excluye la conducencia,
pertinencia y validez de otros que sean viables en el propósito de demostrar la
existencia de una relación laboral entre el asociado y la cooperativa de
trabajo asociado, o entre aquel y un tercero que contrata con una de estas
cooperativas el suministro de personal. Así, adquiere plena vigencia el
enunciado del artículo 53 de la Constitución, que no da lugar a dudas al
afirmar que la realidad debe primar sobre las diferentes formas que puedan
adquirir las relaciones laborales.
Por
estos motivos resulta pertinente resaltar la fuerza y solidez de la sentencia
T-504 de 2008, en la que se estableció que “ante la presencia de cualquiera de
estos elementos, o de otros que el juez de tutela valore como determinantes de
una relación de trabajo subordinada, éste podrá dar aplicación directa a la
Constitución Política para amparar los derechos fundamentales del trabajador
que resulten vulnerados en curso de la ejecución de un contrato que formalmente
escapa del ámbito de aplicación de la legislación laboral, pero que materialmente
describe una relación vertical de subordinación a la que deben aplicarse los
principios del derecho del trabajo”.
Las
consecuencias de la existencia de una relación laboral serán, como es
previsible, que tanto la cooperativa de trabajo asociado, como el tercero que
se beneficia del servicio sean responsables, en igualdad de condiciones, de la
protección de naturaleza iusfundamental  -concretada por vía legal y reglamentaria-
que se deriva a favor del trabajador. El fundamento de esta consecuencia se
encuentra en los principios constitucionales tantas veces mencionados, que,
además de mandatos de optimización que sirven como parámetro en el actuar de
los distintos operadores jurídicos, implican consecuencias directas en las
relaciones donde se presente esta condición y en las cuales la parte más débil
vea afectadas sus garantías.
En
este sentido resulta enunciativo traer a colación la sentencia T-401 de 2008 en
la que se puede apreciar la aplicación concreta de la protección iusfundamental
en una situación similar a la que ahora ocupa a la Sala. Consagró la mencionada
providencia
“La Sociedad Portuaria, por su parte, destaca que “no
es empleadora directa [de los accionantes]”, afirma desconocer las
condiciones laborales en que los mismos ejecutan su labor y alude a la
existencia de una Cooperativa de Trabajo Asociado, al tiempo que sostiene que, “en
virtud de la responsabilidad solidaria que podría surgir en la eventualidad de
acciones labores instauradas por estos trabajadores”, debe velar porque los
operadores y la comunidad portuaria en general cumplan con las normas de
seguridad industrial implementada en el Terminal.
“Ciertamente, establecido el beneficio directo que la
Sociedad Portuaria de Buenaventura recibe de la labor que realizan quienes
cargan y descargan los camiones en el Terminal y previsto que dada su
vulnerabilidad los señores Ruiz Aragón y Montaño Boya no tienen que acudir ante
la justicia laboral para acceder a la protección de sus derechos fundamentales,
no queda sino conminar a la Sociedad Portuaria a afiliar a los accionantes a la
seguridad social y a mantener vigente dicha afiliación, sin perjuicio de su
derecho a repetir contra el operador responsable de la prestación, de
conformidad con los términos de los convenios de prestación de servicios,
establecidos para el efecto.
“Siendo así la entidad accionada no puede impedir que
los trabajadores ingresen al Terminal Marítimo a realizar labores que la
benefician directamente, argumentando que sus empleadores no les garantizan el
acceso a seguridad social, por el contrario, habrá de prestar su concurso para
que sus contratistas y subcontratistas brinden a sus trabajadores condiciones
laborales acordes con los principios mínimos establecidos en el artículo 53
constitucional y de no ser ello asumirá las prestaciones directamente.
“No se explica en consecuencia la Sala cómo la
accionada afirma desconocer las condiciones que rodean la prestación del
servicio, en tanto no niega que los señores Ruíz Aragón y Montaño Boya ejecutan
labores que la benefician directamente.”
Siendo
este el contexto, se resalta la gran coherencia y armonía que presenta el
artículo 17 del decreto 4588 de 2006 con las disposiciones constitucionales, en
el entendido que éste prevé la responsabilidad solidaria en aquellos casos en
que la relación material desvirtúa la existencia de una simple relación de
asociación entre el trabajador y los beneficiarios de sus servicios. Al
respecto señala la mencionada norma
ARTICULO 17º. PROHIBICIÓN PARA ACTUAR COMO
INTERMEDIARIO O EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos
atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del
servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación
laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el
tercero contratante, la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus
directivos, serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas
que se causen a favor del trabajador asociado. –subrayado ausente en texto original-
Resalta
en esta ocasión la Sala que la efectividad y eficacia de los principios
constitucionales no depende del desarrollo legal o reglamentario, el cual, sin
lugar a duda, resulta un elemento valioso en el esfuerzo por dar correcta
aplicación y adecuada eficacia a los mismos, más su ausencia no inhibiría las
atribuciones de cualquier juez de la república para que en sede ordinaria,
administrativa o constitucional les diera aplicación y, por consiguiente,
efectiva protección en pos de garantizar los elementos mínimos que implican
concreción de los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social.
En
este sentido, la Sala concluye:
i.
La relación de los asociados con
las cooperativas de trabajo asociado es una relación que surge con fundamento
en los principios de interés social, decisión democrática, autogestión de los
intereses y ausencia de ánimo de lucro.
ii.
En protección de la efectividad de
principios constitucionales fundamentales como el de Estado social, el democrático
y el de protección material de los trabajadores, debe entenderse que las
cooperativas de trabajo asociado, más que una forma de organización jurídica,
serán entidades que deben propugnar por la realización de fines que atiendan al
interés social, sin que la obtención de lucro –ya sea para ellas o para un
tercero- resulte un elemento determinante en el giro ordinario de sus
actividades.
iii.
Cuando se falsean dichos elementos
axiales del contrato de asociación cooperativa resulta un fraude a derecho
entender que las relaciones jurídicas surgidas del mismo tienen dicha
naturaleza.
iv.
La aplicación de principios
constitucionales en estos casos tiene una doble utilidad: la primera, orientar
el entendimiento de las relaciones surgidas a partir de este contrato; la
segunda, mediante su aplicación directa facilitar la comprensión acorde con la
Constitución de las situaciones surgidas a partir de la ejecución del mismo.
v.
La Constitución prevé distintas
vías para proteger a las personas que, en desarrollo de un contrato con una
cooperativa de trabajo asociado, terminan desarrollando una relación de
subordinación con la cooperativa o con un tercero por ella designado.
vi.
Principios como el carácter social
de nuestro Estado y la protección de todas las formas de trabajo aportan
elementos suficientes para brindar efectiva protección ante el surgimiento de
relaciones de subordinación a partir de un contrato de asociación. Esto
implicará, además del establecimiento de efectivas garantías, la necesidad de
implementar criterios de base sustancial amplia en la interpretación de las
manifestaciones que dicha subordinación pueda presentar.
vii.
Ante la existencia de subordinación
la protección que se debe dar a la parte más débil obliga a prever mecanismos
que garanticen su efectividad, los cuales pueden ser establecidos por el
legislador –verbigracia, responsabilidad solidaria- o determinados por el juez
de tutela, siempre actuando dentro de los parámetros constitucionales y en pos
del objetivo trazado por los principios anteriormente mencionados.
5.
Las personas con afecciones a la salud como sujetos de especial protección
La
protección constitucional a las personas que encuentran afectada su salud es
uno de los imperativos del Estado social colombiano. Distintas normas
constitucionales se suman al entramado de protección establecido por el
constituyente a partir del año 1991, entre los cuales podemos contar como
principales los artículos 13, 44, 48, 49 y 53, sin negar la existencia de otros
preceptos que complementen los instrumentos que con dicho objetivo se han
creado.
Con
este fundamento la Corte ha concluido sobre la necesidad de reconocer una
posición jurídica especial a quienes son objeto de diferenciación negativa en
razón de su afección a la salud, en aquellos casos en que se extraña una
justificación legítima. Es decir, del desarrollo jurisprudencial se ha
establecido la necesidad de crear una protección especial para aquellas
personas que, en razón de su condición de salud y sin que medie justificación
legítima en el contexto de un Estado constitucional, son objeto de distinciones
que generan efectos negativos en sus derechos, sin que éstos estén obligados a
soportarlos. En este sentido la Corte ha entendido que estos casos son eventos
de discriminación y quienes los padecen deben ser objeto de una protección que
tenga en cuenta su condición de sujetos que ameritan especial consideración por
parte del ordenamiento[6].
Esta
protección cobra especial relevancia cuando la discriminación conlleva, además,
la vulneración de otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho al
trabajo e, indirectamente, el derecho a la seguridad social. En estos casos la
vulneración del derecho a la igualdad y a la prohibición de discriminación
tendrá directa conexión con el desconocimiento de mandatos constitucionales que
interesan en igual medida al juez constitucional. Ha sido esta la motivación
para que la Corte haya reconocido la necesidad de crear una especial protección
para las personas que se encuentran en esta situación, lo que manifestó en
reciente ocasión a través de su sentencia T-780 de 2008
“Al respecto, como se indicó, la Corte
Constitucional ha dicho en varias ocasiones que la acción de tutela no procede
para obtener el reintegro laboral.
No obstante, sí procede cuando se
desvincula a un individuo que goza de una estabilidad laboral reforzada por
estar inmerso en una situación de especial protección constitucional. Es el
caso de las personas que por alguna afección médica se encuentran en estado de
debilidad manifiesta respecto a una persona sana.
En esos términos la jurisprudencia
constitucional determinó que cuando se desvincula una persona en razón de su
condición física es un acto discriminatorio. Por tanto procede la acción de
tutela como un mecanismo transitorio de protección mientras el afectado acude a
la jurisdicción correspondiente y se lleva a cabo el procedimiento laboral que
amerite.”
Esta especial protección se
manifiesta en tres derechos esenciales: (i) tener las mismas oportunidades para
acceder a un empleo y gozar de todos los beneficios que se desprenden de la
ejecución del contrato de trabajo[7]; (ii) permanecer en él mientras no se configure una
causal objetiva que justifique su desvinculación[8]; y
(iii) desempeñar trabajos y funciones acordes con sus condiciones de salud que
le permitan acceder a los bienes y servicios necesarios para su subsistencia[9].
Esta protección no sólo se predica de los discapacitados o inválidos, sino que
también cobija a las personas que por su especial condición de salud merecen
una especial consideración al momento de determinar la protección
constitucional a que son acreedores. En consonancia con lo expresado la
sentencia T-198 de 2006 precisó:
“Aquellos trabajadores que sufren una disminución en
su estado de salud durante el transcurso del contrato laboral, deben ser
considerados como personas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, razón por la cual frente a ellas también procede la llamada
estabilidad laboral reforzada, por la aplicación inmediata de la Constitución.
La protección legal opera por el sólo hecho de encontrarse la persona dentro de
la categoría protegida, consagrando las medidas de defensa previstas en la ley.
Por su parte, el amparo constitucional de las personas en circunstancia de
debilidad manifiesta permite al juez de tutela identificar y ponderar un
conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la
ocurrencia de tal circunstancia y le da un amplio margen de decisión para
proteger el derecho fundamental amenazado o restablecerlo cuando hubiera sido
vulnerado. En materia laboral, la protección especial de quienes por su
condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende
también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de
salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados o de invalidez.” (subrayado fuera del
texto original).
En
el mismo sentido, la sentencia T-962 de 2008 reiteró la especial protección que
ameritan las personas –en ese caso, los trabajadores- que padecen una
disminución en su salud en grado tal que afecte su desempeño laboral. En
aquella ocasión se estudiaba el caso de una trabajadora vinculada a una
cooperativa de trabajo asociado que prestaba su servicio en un call center,
trabajo que generó padecimientos derivados de infecciones urinarias en razón al
extenso tiempo que debía permanecer sentada sin posibilidad de dirigirse al
baño. En esta ocasión la mencionada sentencia T-962 de 2008 la Corte recordó
que
“(…), de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
la protección laboral reforzada en estos casos no sólo se predica de quienes
tienen la calidad de inválidos o discapacitados[10].
De igual forma, la estabilidad laboral reforzada se hace extensiva a todos los
trabajadores que se encuentren en una situación de debilidad manifiesta como
consecuencia de la disminución de su estado de salud en virtud de sus
actividades.”
Finalmente,
y una vez establecida la existencia de especial protección para aquellas
personas que padecen algún tipo de deficiencia en su salud, la Sala encuentra
pertinente llamar la atención respecto de una de las consecuencias concretas
que de dicha protección se deduce: la estabilidad reforzada para estos sujetos
de especial protección. De este modo, se ha establecido que un trabajador que
no se encuentre sano no puede ser despedido en las mismas condiciones que uno
sano, por cuanto esto vulnera el principio de igualdad real que consagra
nuestra Constitución en el artículo 13 y que resulta fundamental dentro de un
Estado Social. En este sentido ha manifestado la jurisprudencia
“[n]o existe un derecho fundamental a la conservación
del trabajo o a permanecer determinado tiempo en cierto empleo. No obstante, en
virtud de las particulares garantías que  señala la Constitución, algunas
personas merecen especial protección a su estabilidad laboral. En esa medida no
se les puede desvincular laboralmente mientras no exista una especial
autorización de la oficina del trabajo o del juez. Es el caso de las mujeres en
estado de embarazo, los trabajadores aforados, las personas limitadas –por la
debilidad manifiesta en que se encuentran.”[11]
En
sentencia T-002 de 2006 se reafirmó la existencia del precedente al consagrar
14. En particular, la Corte ha advertido que se
discrimina a un trabajador cuando el despido estuvo motivado en su estado de
salud siempre que este no resulte claramente incompatible con las funciones que
puedan serle asignadas por el empleador[12].
En efecto, como lo ha reconocido la Corte terminar unilateralmente la relación
laboral en razón a una limitación física del trabajador, constituye una
discriminación, puesto que: “a las personas en estado de debilidad física
manifiesta no se les puede tratar de igual manera que aquellas sanas”[13].
Como
efectos concretos de la protección antes enunciada se tiene que para despedir
de forma legítima un trabajador que se encuentra con claras muestras de
afecciones a su salud, en el entendido de que se está ante un sujeto de
especial protección, se debe solicitar autorización al juez o al Ministerio de la
Protección Social, pues de lo contrario se estará ante una vulneración de los
principios constitucionales y normas legales y reglamentarias que dan
fundamento a este régimen. En este contexto la estabilidad reforzada ha sido
entendida de la siguiente manera por la Corte Constitucional en la, antes
mencionada, sentencia T-002 de 2006 “13. La Corte ha protegido la permanencia
laboral de las personas con alguna limitación o desventaja subordinando su
despido a la autorización del juez o la autoridad laboral competente. En tal
sentido, la Corte ha garantizado que la terminación del vínculo laboral no esté
determinada por el estado de debilidad manifiesta[14], o por la situación de
desventaja o incapacidad[15]”.
De
esta forma queda claro que en un Estado social, que tiene como uno de sus
principios cardinales el de solidaridad, que insta a la búsqueda de la igualdad
real en las relaciones jurídicas y que, en esa medida, protege a aquellas
personas que se encuentran en una situación de debilidad manifiesta, las
relaciones laborales deben ser uno de los campos en que encuentren aplicación
de forma más directa estos principios y, por consiguiente, en que se actúe toda
protección iusfundamental a favor de las personas que, por condiciones
materiales y relacionales, se encuentran en situación de necesidad y debilidad
manifiestas.
De
lo hasta ahora dicho puede concluirse que
1.
La protección constitucional a los trabajadores con afecciones a la salud no
puede ser la misma que aquella prestada a los trabajadores sanos, pues
contradice el principio de igualdad real brindar un trato igual a sujetos que
se encuentran en circunstancias distintas.
2.
La garantía que como sujetos de especial protección se deriva para los
trabajadores disminuidos en su salud se concreta en el derecho a la estabilidad
laboral reforzada, entendido éste como la exigencia de requerir autorización
del juez o del Ministerio de Protección Social para su desvinculación del
cargo.
3.
No es necesario que se haya iniciado el proceso de calificación de incapacidad
para que dichos trabajadores sean merecedores de protección reforzada, basta
con el hecho que su afección a la salud sea algo objetivamente apreciable.
4.
El corolario de los razonamientos expresados debe ser la directa pertinencia de
los principios constitucionales al momento de determinar el marco jurídico que
debe regir este tipo de relaciones, la consideración a hacerse respecto de las
personas involucradas y la protección a ellas debida.
6.
El caso concreto
El
caso que ahora ocupa a la Sala es el de la señora Rendón Zapata que se vinculó
a la cooperativa de trabajo asociado COOPTAR y que prestó sus servicios a la
clínica UROS, que tenía contrato de prestación de servicios de personal con la
Cooperativa, hasta que fue finalizado mientras gozaba de una incapacidad médica
reconocida por la EPS a la que se encontraba afiliada.
6.1.
Sea lo primero decir que la Sala encuentra procedente la tutela por cuanto se
cumplen los requisitos que jurisprudencialmente se han establecido para la
interposición de esta acción.
En
efecto, como lo argumenta en su escrito la accionante, la desvinculación de la
Cooperativa y de la Clínica generan un perjuicio que se antoja como
irremediable en la medida que genera consecuencias en ámbitos de concreción de
derechos fundamentales como el mínimo vital, en cuanto se afecta la única
fuente de ingreso con que cuenta la accionante, según lo manifiesta en su
escrito y es aceptado tácitamente por la Cooperativa y la Clínica; la salud,
por cuanto, a partir de la historia clínica, se comprueba que la señora Rendón
Zapata sufrió de cáncer, (folio 28 del cuaderno de revisión de tutela)-, ha
tenido que someterse a distintos procedimientos médicos con posterioridad a su
operación y a causa de la misma enfermedad ha sido incapacitada en reiteradas
ocasiones –folio 22 a 27 cuaderno principal-; y a la estabilidad laboral
reforzada, ya que si se concluye la existencia de una relación laboral, en
razón de su condición de persona con disminución en su estado de salud, debería
haberse pedido autorización a la autoridad administrativa o al juez para su
despido, lo que, además de la vulneración de las garantías laborales, puede
redundar en una desprotección en materia del derecho a la salud.
Por
estas razones, para la Sala es claro que se está ante la posible ocurrencia de
un perjuicio irremediable, que hace viable la interposición de la acción de
tutela que ahora se resuelve como mecanismo transitorio.
Otro
punto que merece atención por parte de la Corte es que tanto la sentencia de
primera, como la de segunda instancia hayan determinado que no se presentaba el
requisito de la inmediatez en la interposición de la presente acción. Para la
Corte el requisito de la inmediatez hace referencia a la razonabilidad del
término temporal transcurrido entre la ocurrencia del hecho que presuntamente
desconoce los derechos fundamentales y el momento de interposición de la acción
de tutela. En el presente caso encuentra la Sala que la señora Rendón Zapata
interpuso la tutela transcurridos tres meses y ocho días desde el momento en
que finalizó la última incapacidad reconocida mientras servía a la clínica
UROS. En el interregno interpuso acción ordinaria laboral en contra de las
mismas partes procesales. Para la Sala este resulta un término más que
razonable para precaver la protección constitucional de los derechos
fundamentales, máxime si se tiene en cuenta que no existe un tiempo límite
establecido legal o jurisprudencialmente; que se trata de una persona aquejada
por una enfermedad que, hasta donde se demuestra en el expediente, le exige
continuos tratamientos que denotan su disminución física y, por consiguiente,
la disminución de capacidad para desarrollar una vida en las mismas condiciones
que una persona sana –folios 17, 18 y 19 del cuaderno de revisión de tutela-; y
que luego de ser desvinculada, es decir durante el tiempo que se cuenta para
concluir la falta de inmediatez en la interposición de la acción constitucional
por parte de los jueces de instancia, la señora Rendón Zapata estuvo
incapacitada por treinta y cinco (35) días debido a su enfermedad –folio 27
cuaderno principal y folio 19 cuaderno de revisión de tutela-.
Estas
razones no dejan otra opción al fallador que concluir sobre la procedibilidad
de la presente acción y llamar la atención de los jueces de instancia respecto
de la necesidad de hacer un análisis sustancial del requisito de inmediatez,
para que en cada caso se tomen en cuenta todos los elementos relevantes en la
determinación del derecho de acceso a la justicia.
6.2.
Pasando al fondo del asunto, para la Sala es claro que en el presente caso se
encuentran plenamente demostradas las exigencias que jurisprudencialmente se
han establecido para que se reconozca la existencia de relación laboral entre la
Clínica UROS y la señora Sandra Catalina Rendón Zapata. La jurisprudencia de la
Corte ha reconocido la existencia de relación laboral en aquellos casos donde
se cumpla con una labor sometido a las instrucciones, el cumplimiento de
horarios y, en general, demás condiciones establecidas por el beneficiario del
servicio[16].
En
el presente caso es evidente que la señora Rendón Zapata se encontraba
subordinada a la Clínica en razón a que i) era ésta la que determinaba su
horario de trabajo, denominado en la acción cuadro de turnos –folio 3-, lo que
no fue controvertido por la Clínica, punto respecto del cual se limitó a
realizar una escueta manifestación que no sustentó en forma alguna –folio 48-;
ii) en el propio contrato de asociación con la Cooperativa COOPTAR CTA
–cláusula tercera literal H- se determina como una de las obligaciones de la
asociada el cumplir con lo previsto en el contrato con la clínica UROS –folio
63-; y iii) En el propio contrato de asociación se establece que el puesto de
trabajo de la asociada será el de auxiliar de enfermería en la clínica UROS
–cláusula quinta, folio 64-.
Como
se comprueba el contrato de asociación de la señora Rendón Zapata estaba lejos
de ser un acuerdo de vinculación a una cooperativa en donde ella, como aportante
y gestora común, formaría parte del cuerpo que determinara de forma democrática
qué es lo más benéfico para el cumplimiento de los fines que se trace la
cooperativa; por el contrario se trataba de un contrato de adhesión a un
supuesto contrato de cooperación en el que se contenían instrucciones precisas
de la labor que desarrollaría la accionante, incluyendo cláusulas que
determinaban cual sería el tercero beneficiario de los servicios prestados, que
éste establecería el horario de trabajo y que, además, podría imponer
obligaciones que vincularan a la asociada en desarrollo de su labor.
Sin
duda alguna este tipo de relación se aleja por una parte de un verdadero
contrato de asociación cooperativa, pues lejos de formarse una relación
horizontal entre cooperados, éstos deben adherirse a un contrato con
condicionamientos plenamente establecidos, en el cual no se hace referencia a
actividad alguna que implique determinación democrática del interés social que
debe guiar a la cooperativa. Por otra parte, la relación de verticalidad
también se manifiesta respecto de la Clínica, que tenía la posibilidad de
determinar obligaciones a cumplir por parte de la asociada y que determinaba el
cuadro de turnos –horario de trabajo- de la accionante.
La
existencia de estos elementos guía a la conclusión que la relación existente
entre la asociada y la clínica era de naturaleza laboral, siendo la cooperativa
un simple elemento de intermediación entre el servicio subordinado que la
asociada prestaba a la Clínica.
6.3.
Siendo esta la situación en que se encontraba la señora Rendón Zapata resulta
evidente el desconocimiento de las garantías debidas a las personas que, por
disminución en su Estado de salud, deben ser considerados sujetos de especial
protección, resultando ilegítimo su despido sin que mediara autorización del
Ministerio de Protección Social o del autoridad judicial.
En
efecto de los documentos aportados al expediente se comprueba que a la señora
Rendón Zapata le fue diagnosticado leiomiosarcoma vaginal, es decir, la
existencia de un tumor cancerígeno en la vagina –folio 28 cuaderno de revisión
de tutela-, que en criterio de los médicos tratantes ameritó el tratamiento
quirúrgico de dicha enfermedad –folio 28 y 27 cuaderno de revisión de tutela-,
a lo que siguió tratamiento que implicó radioterapias formuladas por la Junta
Oncológica reunida el 25 de julio de 2008 y que se extendieron hasta el mes de
diciembre –folio 25 cuaderno de revisión de tutela-. Con base en estos
elementos probatorios no cabe duda para la Sala que la accionante padeció
durante el segundo semestre del 2008 de una enfermedad objetivamente
apreciable, cuyo tratamiento motivó la concesión de reiteradas incapacidades,
extendiéndose una de ellas, incluso, hasta veinte días después de finalizada su
relación laboral con la clínica UROS.
Por
esta razón para la Sala resulta evidente que la Clínica conocía el estado de
salud de la persona que se encontraba bajo su subordinación, siendo claro la
disminución física que sufría en razón de su enfermedad.
6.4.
Con base en lo hasta ahora expuesto surge como un derecho fundamental de la
accionante la estabilidad laboral reforzada en razón de su estado de salud, el
cual, al no ser respetado por la Clínica, puso en riesgo de ser vulnerados
otros derechos de un sujeto de especial protección como son el mínimo vital y
el derecho a la salud.
En
efecto, como se mencionó al inicio de estas consideraciones la jurisprudencia
de la Corte ha reconocido que respecto de las personas que padecen una
disminución en su condición de salud deben preverse medidas de protección
especial, pues resultaría contrario al principio de igualdad real, propio de un
Estado Social, el brindarles el mismo tratamiento y garantías que una persona
sana. En este sentido se ha entendido que en estos casos la eficaz protección
de los derechos fundamentales se asegura por medio de un procedimiento más
exigente para el empleador al momento de desvincularlos, asegurando que el
despido se deba a circunstancias objetivas del empleo y que no se trate,
simplemente, de discriminación por su estado de salud. Por esta razón se ha
exigido que en el evento de querer despedir un trabajador que sufra una
ostensible disminución en su salud sea necesario, en virtud de la estabilidad
laboral reforzada de que goza, solicitar autorización a la autoridad judicial o
al inspector del trabajo.
6.5.
En el presente caso la Clínica decidió terminar el contrato de prestación de servicios
con la señora Rendón Zapata no sólo mientras ésta gozaba de una licencia por
incapacidad por enfermedad general, sino, además, sin solicitar autorización a
la autoridad competente.
Por
esta razón en esta ocasión la Sala concederá el amparo solicitado y ordenará a la
Clínica que, en virtud de la relación de subordinación que tenía con la señora
Sandra Carolina Rendón Zapata y de la responsabilidad solidaria que por este
hecho se deriva del artículo 17 del decreto 4588 de 2006, reincorpore a la
accionante a su planta de personal
en
un cargo de análogas o mejores condiciones al que desempeñaba anteriormente en
la propia Clínica.
Igualmente,
la Sala considera oportuno resaltar que en aquellos casos que involucran
derechos fundamentales el juez de tutela, en cuanto juez constitucional, debe
realizar una interpretación que tome en cuenta todos los elementos de
concreción de estos derechos, de manera que su respuesta supere el simple
análisis formal y redunde en una protección que atienda a criterios materiales
de realización de los derechos fundamentales. Los casos que dilucidan derechos
fundamentales resultan las puntas de lanza en la concreción del carácter social
de nuestro Estado y, aunque todos los órganos del Estado e incluso en ocasiones
los particulares son los encargados de su realización, no debe olvidarse el
papel que en este sentido corresponde a la jurisdicción constitucional en
cuanto instancia de resolución de controversias a este respecto. El juez
constitucional, siempre ajustándose a los preceptos constitucionales y a las
interpretaciones que esté obligado a acatar, debe resaltar el carácter de
concreción de postulados éticos fundamentales a la sociedad que involucran los
derechos fundamentales y, con un fuerte acento, aquellos que garantizan la
posición del más débil, en pos de hacer cada vez más real una situación de
igualdad real.
Esta
motivación hace que se deban siempre buscar y emplear herramientas eficaces en
la concreción de los derechos fundamentales, sin olvidar el límite competencial
que se deriva de la jurisdicción a la cual pertenece.
Por
estas razones la Sala dejará en manos del proceso laboral ordinario que al
momento se adelanta aspectos que sin duda alguna afectan el derecho a la
seguridad social, al mínimo vital o a la estabilidad laboral reforzada, que por
el carácter de mecanismo transitorio de la acción de tutela en esta ocasión
resultarían excesivos para su competencia. Por este motivo no hará referencia
al hecho de que la Cooperativa realizara aportes a  nombre de la  señora  Rendón
Zapata  por un sueldo inferior al que pudiera ser acreedora la Clínica por
despedir a un sujeto de especial protección en razón de su salud, vulnerando
por completo las garantías reforzadas de que goza la accionante; o, a si la
Cooperativa tenía el carácter de empresa de servicios temporales de empleo sin
tener licencia para ello; o al verdadero objeto social de la cooperativa y su
relación con la Clínica UROS en la contratación del personal que labora en ésta
última. Son estos asuntos que deben quedar a la decisión de juez ordinario, que
interpretará la ley de acuerdo a la Constitución y su carta de derechos.
Con
base en los anteriores argumentos esta Sala revocará el fallo del Juzgado
Catorce Civil Municipal de Barranquilla y en su lugar concederá el amparo
solicitado en los términos antes mencionados.
IV.
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero:
REVOCAR la sentencia del Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Neiva en funciones de conocimiento y, en
consecuencia, CONCEDER por las razones antes expuestas y de forma
transitoria el amparo solicitado.
Segundo:
ORDENAR que en el término de tres (3)
días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, la
Clínica UROS vincule laboralmente a la señora Sandra Catalina Rendón Zapata,
hasta tanto la justicia laboral por medio de providencia ejecutoriada se
manifieste de forma definitiva en el caso que actualmente cursa ante esa
jurisdicción, entre las partes ahora involucradas y en razón de los mismos
hechos.
Tercero: Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Ausente en comisón
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Posición que ha
sido manifestada en las sentencias T- 531 de 2007, T-445 de 2006, T-291 de
2005, T-917 de 2004, T-900 de 2004, T-550 de 2004, T-1177 de 2003, T-286 de
2003.
[2] Sentencias 1177
de 2003 y T-550 de 2004, reiterada en la Sentencia T-063 de 2006.
[3] Sentencia T-445 de 2006.
[4] Sentencia T-063 de 2006.
[5] Sentencia T-1119 de 2008.
[6] En este sentido la sentencia T – 962 de 2008, cuyos
apartes más relevantes serán considerados en la presente sentencia.
[7] Sentencia T-513 de 2006.
[8] Sentencia C-531 de 2000. En esta oportunidad, la
Corte resolvió: “Declarar EXEQUIBLE el inciso 2o. del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 bajo el supuesto de que en los términos de esta providencia y
debido a los principios de respeto a la dignidad humana, solidaridad e igualdad
(C.P., Arts. 2o. y 13), así como de especial protección constitucional en favor
de los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos (C.P., Arts. 47 y 54), carece
de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona
por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de
Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para
el despido o terminación del respectivo contrato.” (Negrilla fuera del
texto original).
[9] Sentencias T-504 de 2008 y T-1040 de 2001.
[10] Sentencia T-351 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[11] Sentencia T-689/04
[12] En sentencia T-632/04 la Corte consideró que se había
desconocido la especial protección de que goza  el trabajador que padece una
enfermedad profesional que era conocida por el empleador al momento del
despido. En el mismo sentido, en sentencia T-530/05, la Corte reiteró que se
viola la protec­ción a la estabilidad laboral reforzada, cuando se despide a un
trabajador en razón a la condición de debilidad manifiesta en que se encuentra
por su estado de salud. Por el contrario, en sentencia T-689/04 la Corte señaló
que el empleador, una vez conocido la enfermedad de la trabajadora, adoptó una
posición de garante al brindar una discriminación positiva, dado que durante 6
años se le redistribuyeron funciones y se le proporcionaron facilidades
respecto de su lugar de trabajo y su uniforme. En este caso la Corte concluyó
que no existió nexo causal entre la enfermedad de la trabajadora y su despido,
sino que este último estuvo motivado exclusivamente por un proceso de
reestructuración de la empresa que impedía la reubicación de la trabajadora.
[13] Sentencia T-943/99 en la que la Corte indicó que: “la
empresa (...) dio a la actora un tratamiento discriminatorio, porque la trató
como si fuera un empleado sano, al que basta indemnizar en los términos del
artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, para dejar cesante de manera
unilateral, cuando esa firma sabía, por las incapacidades que el Instituto de
Seguros Sociales le había otorgado a la actora, que ésta se encontraba
disminuida físicamente, y merecía un trato diferente al que exige la ley para
una persona en buenas condiciones de salud. De esa manera, la dejó expuesta a
perder la atención médica que precisa, pues dejó de darle el trato que, de
acuerdo con el artículo 13 de la Carta Política, debe otorgarse al que está en
condi­ciones de debilidad manifiesta; al omitir considerar la situación de
invalidez de su trabajadora, para dar por terminada la relación laboral de la
manera más gravosa para la empleada, también vulneró la entidad empleadora el
derecho de la accionante a un trabajo en condi­ci­ones dignas y justas y, en
consecuencia, los argumentos que adujo no son de recibo.”
[14] Cfr. Sentencia C-531/00.
[15] Cfr. Sentencia T-1219/05
[16]  Ver numeral 4 de la presente sentencia.