C-567-10
Sentencia C-567/10
Sentencia C-567/10
PROGRAMA
COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y SU
ADMINISTRACION POR EL BANCO INTERAMERICANO-Acorde con los preceptos
constitucionales
CONVENIO
DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA-Trámite
legislativo
CONVENIO
DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA-Objeto
y propósito
LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Naturaleza del control constitucional
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Criterios
jurisprudenciales para determinar la existencia y validez del anuncio
Los términos en que debe
realizarse el anuncio previo fueron resumidos en el Auto 311 de 2006, así: “i)
no existe fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso
para hacer el aviso; ii) el uso de la expresión “anuncio”, para referirse a los
avisos de proyectos que serán “considerados” o “debatidos” en otras sesiones
debe entenderse como inclusivo de la intención de votar dichos proyectos y, por
tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional; iii)
que el contexto de las discusiones y los debates puede utilizarse como
referencia de validación para determinar si un anuncio efectivamente se hizo,
si el aviso hecho por la secretaría a solicitud de la presidencia incluía la
intención de debatir y votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión
para la cual se anunció la votación es una fecha determinable y, finalmente,
iv) que el contexto del cual pueden extraerse los criterios de validación no se
limita al de la sesión en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras
sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la  votación.
TRAMITE
LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de
límites temporales
CONVENIO
DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA-Composición
y estructura normativa
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Improcedencia
sobre aspectos de conveniencia o de oportunidad
Referencia:
expediente LAT-356
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009, “Por medio de la
cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de
tecnología agropecuaria’ Enmendado, y el ‘Convenio de Administración del
Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’
enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996”.
Magistrado
Ponente:
Dr. JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ
Bogotá, DC., catorce (14) de julio de dos mil diez
(2010).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión
de la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009, “por medio de la cual se aprueba el
‘Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología
agropecuaria’ Enmendado, y el “Convenio de Administración del Programa
cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria” enmendado,
firmado el 15 de marzo de 1996”.
I. TEXTO DE LA NORMA.
1. La ley objeto de análisis es la siguiente:
“LEY 1351 DE
2009
(agosto 13)
Diario Oficial No. 47.440 de 13 de agosto de 2009
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo
para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, Enmendado, y el “Convenio
de Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria’, Enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998.
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el
texto del “Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria”, Enmendado, y el “Convenio de Administración del
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”,
Enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998, que a la letra dice:
(Para ser
transcrito se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumentos
internacional mencionado).
CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO
REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 1998
CONVENIO ADMINISTRACION PROGRAMA COOPERATIVO
CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO
REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
CONSIDERANDO:
Que el
desarrollo del sector agrícola (pecuario, forestal, pesquero y alimentario) es
fundamental para el desarrollo económico, para la conservación de los recursos
naturales y para la reducción de la pobreza de la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe;
Que para
alcanzar un desarrollo sostenible del sector agropecuario en los países de la
región es esencial potenciar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de
interés común que fomenten la productividad y la competitividad del sector a
nivel regional y subregional;
Que a tal
fin un grupo de países prestatarios miembros del Banco Interamericano de
Desarrollo y otras partes interesadas (en adelante, cada uno de ellos
denominado un “Participante”), que se enumeran en el Anexo I del Convenio del
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (el
“Convenio Constitutivo”), desean crear un Programa Cooperativo para el Fondo
Regional de Tecnología Agropecuaria, y han adoptado el Convenio Constitutivo
con la misma fecha del presente Convenio;
Que dicho
Programa podría proveer recursos esenciales para complementar las actividades
de los sistemas de investigación agropecuaria nacionales y constituir un
mecanismo de integración regional para promover el desarrollo sostenible del
sector agropecuario;
Que se ha
solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”) que administre
dicho Programa durante el Período Inicial, y que el Banco ha acordado
administrarlo mediante la suscripción, en esta fecha, del Convenio de
Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria (el “Convenio de Administración”). Los términos no definidos en el
presente Convenio tendrán la acepción atribuida en el Convenio Constitutivo;
POR LO
TANTO, el Banco y los Participantes acuerdan lo siguiente:
ARTICULO I:
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA
Sección 1.
Disposición general. Capacidad
Durante el
Período Inicial, el Banco administrará el Fondo y prestará servicios de
depositario y otros servicios relacionados con las actividades del Programa. En
el desempeño de sus funciones previstas en el presente Convenio, el Banco
actuará con el mismo cuidado que ejerce en la administración y gestión de sus
propios asuntos. Una vez transcurrido el Período Inicial, se podrá solicitar al
Banco que preste los servicios que se acuerden por escrito entre el Consejo
Directivo y el Banco.
El Banco
será el representante legal del Programa y tendrá plena capacidad para celebrar
contratos, aceptar donaciones, comprar y vender valores, invertir los recursos
del Programa y realizar otras transacciones, y todas las demás acciones
necesarias para el cumplimiento de su objeto y propósito, en nombre y
representación del Programa.
Sección 2.
Servicios
a) El Banco
administrará las cuentas del Fondo, incluida la inversión de los recursos a que
se refiere el inciso b). A tal fin, utilizará las cuentas bancarias necesarias
para recibir los pagos de los Participantes y otros contribuyentes y para
realizar las inversiones necesarias. El Banco aceptará el pago de las
contribuciones y aportes al Fondo y exigirá el pago de las contribuciones, o de
las cuotas de las mismas, que adeuden los Participantes o que vayan venciendo
conforme los Cronogramas de Contribuciones;
b) El Banco
invertirá el capital intangible y otros recursos del Fondo que no se necesitan
para sus operaciones a fin de obtener las rentas necesarias para el
financiamiento de las operaciones del Programa y para sufragar los gastos del
Programa, conforme a la política de inversiones aprobada por el Consejo
Directivo del Programa. Asimismo, el Banco asignará ingresos del Fondo para mantener
el valor del capital intangible del mismo conforme al mandato del Consejo
Directivo del Programa. A fin de facilitar la administración de los mismos; el
Banco podrá convertir a otras monedas los recursos del Fondo;
c) A
solicitud del Consejo Directivo, el Banco podrá prestar servicios de
secretaría, instalación y otros servicios de apoyo para facilitar las
actividades del Programa. En el desempeño de sus funciones de secretaría del
Consejo Directivo, el Banco:
i) Convocará
las reuniones de dicho Consejo de conformidad con lo dispuesto en el Convenio
Constitutivo;
ii) Con una
antelación mínima de treinta días a una reunión, distribuirá entre los
representantes de cada Participante, los principales documentos relativos a la
misma y el orden del día, y
iii)
Redactará las actas de las reuniones del Consejo Directivo.
d) El Banco
asignará algunos de sus funcionarios o contratará consultores externos para
desempeñar las funciones de la Secretaría Técnica-Administrativa, de
conformidad con las políticas y procedimientos del Banco;
e) El Banco
será depositario del presente Convenio, del Convenio Constitutivo, y de los
otros documentos oficiales del Programa;
f) El Banco
desempeñará todas las demás funciones que acuerden por escrito el Consejo
Directivo y el Banco.
Sección 3.
Gastos del Banco
Durante el
Período Inicial, el Banco no recibirá reembolso alguno con cargo al Programa
respecto a los costos directos e indirectos en los que incurra en el ejercicio
de las actividades relacionadas con dicho Programa, incluidas la remuneración
de los funcionarios o consultores del Banco que trabajen en la Secretaría
Técnica-Administrativa del Programa, gastos de viaje, dietas, gastos de
comunicación y cualquier otro gasto semejante derivado de la administración del
Programa; excepto por lo establecido en el artículo II, Sección 2 b) del
presente Convenio.
ARTICULO II:
CONTABILIDAD E INFORMES
Sección 1.
Cuentas
El Banco
llevará registros contables de los recursos y las operaciones del Programa, de
forma que se puedan identificar los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos
relativos al Programa separada e independientemente del resto de las
operaciones del Banco. El sistema de contabilidad permitirá también identificar
y registrar el origen de los diversos recursos recibidos en virtud del Convenio
Constitutivo y las rentas generadas por dichos recursos. La contabilidad del
Programa se llevará en dólares de los Estados Unidos de América.
Sección 2.
Presentación de informes
a) Durante
la vigencia del presente Convenio, el Banco en su carácter de Administrador
presentará cada año un estado de situación del Programa dentro de los noventa
días siguientes al cierre de su ejercicio fiscal (que será por año calendario),
en el que se detallarán los activos y pasivos, un informe de los ingresos y
gastos acumulados y un informe sobre el origen y el destino de los recursos,
acompañados de las notas explicativas que proceda;
b) Los
informes a los que se refiere el párrafo a) de esta Sección se prepararán con
arreglo a los principios de contabilidad que aplica el Banco a sus propias
operaciones, y se presentarán acompañados de un dictamen emitido por la misma
firma independiente de contadores públicos que designe la Asamblea de
Gobernadores del Banco para la auditoría de sus propios estados financieros.
Los honorarios de dichos contadores independientes se abonarán con cargo a los
recursos del Programa;
c) El
Consejo Directivo podrá solicitar al Banco, o a la firma de contadores públicos
a que se hace referencia en el párrafo (b) a través del Banco, que faciliten
cualquier otra información razonable con respecto a las operaciones del
Programa y a los informes de auditoría presentados.
ARTICULO
III: PERIODO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
Sección 1.
Entrada en vigor. Duración. Prórroga
El presente
Convenio entrará en vigor en la misma fecha en que entre en vigor el Convenio
Constitutivo. El presente Convenio permanecerá en vigor durante el Período
Inicial, a menos que se dé por terminado al tenor de lo dispuesto en la Sección
2 del presente Artículo, o según lo dispuesto por el artículo VII del Convenio
Constitutivo. El Banco y el Consejo Directivo podrán acordar prorrogarlo con
una antelación de al menos noventa días antes del último día del Período
Inicial o de cualquiera de las sucesivas prórrogas.
Sección 2.
Terminación anticipada
El Banco
terminará el presente Convenio en el caso en que suspenda sus propias
operaciones o si cesará en sus operaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo X del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (la
“Carta Orgánica”). Asimismo, el Banco terminará el presente Convenio en el caso
en que una enmienda del Convenio Constitutivo requiera que el Banco, en el
desempeño de las obligaciones que el presente Convenio estipula, actúe en
contravención de su Carta Orgánica. El Consejo Directivo por decisión de al
menos las dos terceras partes de la totalidad de Participantes, podrá decidir
en cualquier momento terminar el presente Convenio.
Sección 3.
Liquidación
En caso de
terminación del Convenio Constitutivo, el Banco cesará todas las operaciones
que desarrolle en cumplimiento del presente Convenio, salvo las que fueran
necesarias a efectos de la realización, conservación y preservación ordenadas
de los activos y para la liquidación de las obligaciones. Una vez liquidados o
provisionados todos los pasivos correspondientes al Programa, el Banco
distribuirá o asignará los activos remanentes conforme a lo dispuesto en la
Sección 2 del artículo VII del Convenio Constitutivo.
ARTICULO IV:
DISPOSICIONES GENERALES
Sección 1.
El Banco como administrador
El Banco
confirma que, conforme a lo dispuesto en la Sección 1 v) del artículo VII de su
Carta Orgánica, goza de capacidad para llevar a cabo las disposiciones de este
Convenio, y que las actividades emprendidas en cumplimiento del mismo
contribuirán al cumplimiento de los objetivos del Banco. El presente Convenio
no constituye una renuncia o limitación de ninguno de los derechos, privilegios
e inmunidades de las que goza el Banco de acuerdo con su Carta Orgánica y las
leyes de sus países Participantes. En todos los contratos y documentos
relacionados con el Programa, se indicará que el Banco está actuando en su
carácter de administrador o depositario del Programa, según el caso.
Sección 2.
Responsabilidad del Banco
El Banco no
podrá beneficiarse en ningún caso de las utilidades, ganancias o beneficios
derivados del financiamiento, las inversiones, o cualquier otro tipo de
operación efectuadas con los recursos del Programa. Ninguna operación de
financiamiento, inversión o de cualquier otro tipo que se efectúe con los
recursos del Programa establecerá una obligación o responsabilidad financiera
del Banco frente al Programa o sus Participantes; de la misma manera, los
Participantes o el Consejo Directivo tampoco tendrán derecho a exigir
indemnización alguna al Banco por cualquier pérdida o déficit que pueda
producirse como consecuencia de una operación, salvo en los casos en que el
Banco no haya actuado con el mismo cuidado que ejerce en la administración de
sus propios recursos.
Sección 3.
Adhesión al presente Convenio
Podrán
adherirse al presente Convenio todos los Participantes.
Sección 4.
Enmienda
El presente
Convenio solo podrá enmendarse por escrito con el mutuo acuerdo del Banco y del
Consejo Directivo por decisión de al menos las dos terceras partes de la
totalidad de los Participantes que representen como mínimo las tres cuartas
partes de la totalidad de votos.
Sección 5.
Solución de controversias
Cualquier
controversia que se produzca en el marco del presente Convenio entre el Banco y
el Programa y/o los Participantes, que no se supere mediante consulta, se
resolverá por arbitraje, conforme a lo dispuesto en el Apéndice A al presente
Convenio. Toda decisión arbitral tendrá carácter definitivo y será ejecutada
por la parte pertinente dentro de los 60 días de su notificación.
Sección 6.
Limitación de la responsabilidad
La
responsabilidad del Banco se limitará a los recursos del Programa; la responsabilidad
del Programa se limitará a la porción impaga de las respectivas contribuciones
de los Participantes.
Sección 7.
Retiro del Convenio Constitutivo
En la fecha
en que la notificación de su intención de retirarse sea efectiva, conforme a lo
dispuesto en la Sección 5 del artículo VII del Convenio Constitutivo, el
Participante que haya presentado dicha notificación se reputará retirado
a los
efectos de este Convenio. Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 5 del
artículo VII del Convenio Constitutivo, el Banco celebrará un acuerdo con el
Participante en cuestión para liquidar sus correspondientes reclamos y
obligaciones.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL, el Banco y cada uno de los Participantes, actuando a
través de su representante autorizado, han firmado el presente Convenio en la
ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el día 15 de marzo de 1998, en un
documento original único que se depositará en los archivos del Depositario, el
cual enviará un ejemplar debidamente certificado a cada uno de los
Participantes.
República de
Bolivia
Ronald
MacLean
Ministro de
Hacienda
* * *
Nación
Argentina
Roberto
Alfredo Recalde
Subsecretario
de Inversión Pública y Gasto Social
Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos
* * *
República de
Chile
Eduardo
Aninat
Ministro de
Hacienda
* * *
República de
Colombia
Antonio
J. Urdinola
Ministro de
Hacienda y Crédito Público
* * *
República de
Costa Rica
Francisco
de Paulo Gutiérrez
Ministro de
Hacienda
* * *
República de
Honduras
William
Chong Wong
Secretario
de Estado en el Despacho de Finanzas
* * *
República de
Ecuador
Marco A.
Flores
Ministro de
Finanzas y Crédito Público
* * *
República de
Nicaragua
Noel
Sacasa
Ministro de
Economía y Desarrollo
* * *
República de
Panamá
Guillermo
Chapman
Ministro de
Planificación y Política Económica
* * *
República
del Paraguay
Miguel
Ángel Maidana Zayas
Ministro de
Hacienda
* * *
República
del Perú
Víctor
Joy Way
Presidente
del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas
* * *
República
Dominicana
Héctor
Valdez Albizu
Gobernador
del Banco Central
* * *
República
Oriental del Uruguay
Ariel
Davrieux
Director de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
República de
Venezuela
Freddy
Rojas Parra
Ministro de
Hacienda
* * *
Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo , CIID
Carlos
Seré
Director
Regional para América Latina y el Caribe
* * *
Banco
Interamericano de Desarrollo
Enrique
V. Iglesias
Presidente
APENDICE A.
PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE.
Composición
del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje
encargado de resolver las controversias mencionadas en la Sección 5 del
artículo IV del Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (en adelante denominado el
“Convenio”) estará integrado por tres miembros que serán designados en la
siguiente forma: uno por el Banco, otro por el Consejo Directivo y un tercero,
en adelante denominado el “Dirimente”, por acuerdo directo entre las partes, o
por intermedio de sus respectivos árbitros. Si las partes o los árbitros no se
pusieren de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o si una de las
partes no designare a su árbitro, el Dirimente será designado a petición de
cualquiera de las partes por el Secretario General de la Organización de
Estados Americanos. Si una de las partes no designare árbitro, este será
designado por el Dirimente. Si cualquiera de los árbitros designados o el
Dirimente no quisiere o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su
sustitución en igual forma que para la designación original. El sucesor tendrá
las mismas funciones y atribuciones que su antecesor.
Iniciación
del procedimiento. Para someter la
controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la
otra una comunicación escrita exponiendo la naturaleza de la reclamación, la
satisfacción o compensación que persigue y el nombre del árbitro que designa.
La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, dentro del plazo de
cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona
que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días contados a
partir de la entrega de dicha comunicación al reclamante, las partes no se
hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del Dirimente, cualquiera de
ellas podrá acudir ante el Secretario General de la Organización de Estados
Americanos para que este proceda a la designación.
Constitución
del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se
constituirá en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de
América, en la fecha que el Dirimente designe y, una vez constituido, se
reunirá en las fechas que fije el propio Tribunal.
Procedimiento:
a) El
Tribunal solo tendrá competencia para conocer los puntos de la controversia.
Adoptará su propio procedimiento y podrá, por propia iniciativa, designar los
peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las partes la
oportunidad de presentar exposiciones orales en audiencia;
b) El
Tribunal fallará ex-aequo et bono, basándose exclusivamente en
los términos del Convenio, y pronunciará su fallo aún en el caso en que alguna
de las partes actúe en rebeldía;
c) El fallo
se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de por lo
menos dos de los miembros del Tribunal. Este deberá fallar dentro del plazo
aproximado de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de nombramiento
del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que, por circunstancias
especiales e imprevistas, dicho plazo deba ampliarse. El fallo será notificado
a las partes mediante comunicación firmada al menos por dos miembros del
Tribunal.
Gastos. Los honorarios de cada árbitro serán sufragados por la
parte que lo hubiere designado, y los del Dirimente serán sufragados a partes
iguales por ambos contratantes. Estos acordarán, antes de constituirse el
Tribunal, los honorarios de las demás personas que, de mutuo acuerdo, estimen
que deben intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si no se llegase
oportunamente a un acuerdo en este sentido, el propio Tribunal fijará la
compensación que sea razonable para dichas personas teniendo en cuenta las
circunstancias. Cada una de las partes sufragará sus propios costos en el
procedimiento de arbitraje, pero los del Tribunal serán sufragados en partes iguales
por los contratantes. Toda duda con respecto al reparto de los costos o a la
forma en que deban pagarse será resuelta por el Tribunal sin posibilidad de
apelación. Todo honorario o gasto pendiente de pago por el Consejo Directivo a
tenor de este artículo deberá sufragarse con recursos del Programa administrado
al amparo del Convenio.
APENDICE B.
ENMENDADO EL [06/junio/05]
Participantes
Argentina
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Honduras
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Venezuela
CIID (Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo-Canadá)
TERCERA
PRORROGA AL CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO
REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
CONSIDERANDO:
Que el
desarrollo del sector agrícola (pecuario, forestal, pesquero y alimentario) es
fundamental para el desarrollo económico, para la conservación de los recursos
naturales y para la reducción de la pobreza de la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe;
Que para
alcanzar un desarrollo sostenible del sector agropecuario en los países de la
región es esencial potenciar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de
interés común que fomenten la productividad y la competitividad del sector a
nivel regional y subrregional;
Que a tal
fin un grupo de países prestatarios miembros del Banco Interamericano de
Desarrollo y otras partes interesadas han suscrito el Convenio del Programa
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (en adelante, el
“Programa”), de fecha 15 de marzo de 1998, enmendado (en adelante, el “Convenio
Constitutivo”);
Que
asimismo, se acordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, el
“Banco”) administre el Programa durante su período inicial mediante la
suscripción del Convenio de Administración del Programa, de fecha 15 de marzo
de 1998, enmendado (en adelante, el “Convenio de Administración”);
Que con
fecha 2 de mayo de 1999, el Consejo Directivo del Programa (en adelante, el “Consejo
Directivo”) solicitó la prórroga del período inicial de administración del
Programa por el Banco hasta el 31 de diciembre de 2002, y que mediante la
Resolución DE-35/99 del 5 de mayo de 1999, el Directorio Ejecutivo del Banco
(en adelante, el “Directorio”) autorizó la enmienda del Convenio de
Administración a fin de acordar dicha prórroga;
Que con
fecha 28 de junio de 2002, el Consejo Directivo solicitó una segunda prórroga
del período inicial de administración del Programa por el Banco hasta el 31 de
diciembre de 2005, y que mediante la Resolución DE-85/02 del 11 de septiembre
de 2002, el Directorio autorizó la enmienda del Convenio de Administración a
fin de acordar dicha prórroga;
Que con
fecha 8 de octubre de 2004, el Consejo Directivo solicitó una tercera prórroga
del período inicial de administración del Programa por el Banco hasta el 31 de
diciembre de 2008, y que mediante la Resolución DE-89/05 del 21 de septiembre
de 2005, el Directorio autorizó la enmienda del Convenio de Administración a
fin de acordar dicha prórroga;
POR LO
TANTO, el Banco y el Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:
Conforme a
lo establecido en la Sección 1 del artículo III del Convenio de Administración,
el Banco y el Consejo Directivo prorrogan el Período Inicial contemplado en el
Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración a fin de que se extienda
el plazo de vigencia de este último hasta el 31 de diciembre de 2008.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL, el Banco y el Consejo Directivo han suscrito la presente
Tercera Prórroga al Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria en la ciudad de Washington, D. C., el
día 22 de septiembre de 2005, y en la ciudad de Buenos Aires, el día 30 de
septiembre de 2005, respectivamente, en dos ejemplares del mismo tenor en el
idioma español.
Banco Interamericano de Desarrollo
Enrique V. Iglesias
Presidente
Consejo Directivo del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria
Reynaldo Pérez-Guardia
Presidente
SEGUNDA
PRORROGA AL CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO
REGIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
CONSIDERANDO:
Que el
desarrollo del sector agrícola (pecuario, forestal, pesquero y alimentario) es
fundamental para el desarrollo económico, para la conservación de los recursos
naturales y para la reducción de la pobreza de la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe;
Que para
alcanzar un desarrollo sostenible del sector agropecuario en los países de la
región es esencial potenciar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de
interés común que fomenten la productividad y la competitividad del sector a
nivel regional y subregional;
Que a tal
fin un grupo de países prestatarios miembros del Banco Interamericano de
Desarrollo y otras partes interesadas han suscrito el Convenio del Programa
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (en adelante, el
“Programa”), de fecha 15 de marzo de 1998, enmendado (en adelante, el “Convenio
Constitutivo”);
Que así mismo,
se acordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, el “Banco”)
administre el Programa durante su período inicial mediante la suscripción del
Convenio de Administración del Programa, de fecha 15 de marzo de 1998,
enmendado (en adelante, el “Convenio de Administración”);
Que con
fecha 2 de mayo de 1999, el Consejo Directivo del Programa (en adelante, el
“Consejo Directivo”) solicitó la prórroga del período de administración del
Programa por el Banco hasta el 31 de diciembre de 2002, y que mediante la
Resolución DE-35/99 del 5 de mayo de 1999, el Directorio Ejecutivo del Banco
(en adelante, el “Directorio”) autorizó la enmienda del Convenio de
Administración a fin de acordar dicha prórroga;
Que con
fecha 28 de junio de 2002, el Consejo Directivo solicitó una segunda prórroga
del período de administración del Programa por el Banco hasta el 31 de
diciembre de 2005, y que mediante la Resolución DE-85/02 del 11 de septiembre
de 2002, el Directorio autorizó la enmienda del Convenio de Administración a
fin de acordar dicha prórroga;
POR LO
TANTO, el Banco y el Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:
Conforme a
lo establecido en la Sección 1 del artículo III del Convenio de Administración,
el Banco y el Consejo Directivo prorrogan el Período Inicial contemplado en el
Convenio Constitutivo y el Convenio de Administración a fin de que se extienda
hasta el 31 de diciembre de 2005.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL, el Banco y el Consejo Directivo han suscrito la presente
Segunda Prórroga al Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria en dos ejemplares del mismo tenor en
la ciudad de Washington, el 19 de septiembre de 2002.
Banco Interamericano de Desarrollo
Enrique V. Iglesias
Presidente
Consejo Directivo del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria
Prudencio Chacón
Presidente
PRORROGA DEL
CONVENIO DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE
TECNOLOGIA AGROPECUARIA
CONSIDERANDO:
Que el
desarrollo del sector agrícola (pecuario, forestal, pesquero y alimentario) es
fundamental para el desarrollo económico, para la conservación de los recursos
naturales y para la reducción de la pobreza de la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe;
Que para
alcanzar un desarrollo sostenible del sector agropecuario en los países de la
región es esencial potenciar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de
interés común que fomenten la productividad y la competitividad del sector a
nivel regional y subrregional;
Que a tal
fin un grupo de países prestatarios miembros del Banco Interamericano de
Desarrollo y otras partes interesadas (cada uno, un “Participante”) han
suscripto el Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria, de fecha 15 de marzo de 1998, enmendado (el “Convenio
Constitutivo”);
Que así
mismo, se acordó que el Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”)
administre dicho Programa durante el Período Inicial mediante la suscripción
del Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional
de Tecnología Agropecuaria, de fecha 15 de marzo de 1998, enmendado (el
“Convenio de Administración”);
Que con
fecha 2 de mayo de 1999, el Consejo Directivo del Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria solicitó la prórroga del período de administración por el Banco
hasta el 31 de diciembre de 2002;
Que el
Directorio Ejecutivo del Banco autorizó la enmienda del Convenio de
Administración a fin de acordar dicha prórroga (Resolución DE-35/99 del 5 de
mayo de 1999);
POR LO
TANTO, el Banco y el Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:
Conforme lo
establecido en la Sección 1 del artículo III del Convenio de Administración, el
Banco y el Consejo Directivo prorrogan el período durante el cual el Banco
administra los recursos del Programa conforme lo contemplado en el Convenio de
Administración a fin de extender dicha administración hasta el 31 de diciembre
de 2002.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL, el Banco y el Consejo Directivo han suscripto la
presente Prórroga al Convenio de Administración del Programa Cooperativo para
el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria en dos ejemplares del mismo tenor,
el día 1o de octubre de 1999.
Banco Interamericano de Desarrollo
Enrique V. Iglesias
Presidente
Consejo Directivo del Programa del Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria
Vicente Novoa H.
Presidente
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMIENTO
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT
GERENTE. a,i.
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(2002) 623-1608
antoniov@iadb.org
8 de mayo de
2006
Señor
Federico
Burone
Director
Regional para América Latina y el Caribe
International
Development Research Centre (IDRC)/
Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID)
Avenida
Brasil 2655
11300
Montevideo
Uruguay
Referencia:
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (el
“Fontagro”)-Convenio Constitutivo del 15 de marzo de 1998, enmendado, (el
“Convenio Constitutivo”) y Convenio de Administración del 15 de marzo de 1998,
enmendado (el “Convenio de Administración”). Retiro del Centro Internacional
de Investigaciones para el Desarrollo (el “CIID”)
Estimado
señor Burone:
Hago
referencia a su carta del 26 de enero de 2005 (anexa), mediante la cual usted
dirige notificación escrita al Presidente del Consejo Directivo y a la
Secretaría TécnicaAdministrativa del Fontagro sobre el retiro oficial del CIID
del Consejo Directivo del Fontagro.
Por medio de
la presente carta-acuerdo, le comunicamos:
i) Que su
carta constituye notificación formal escrita para el retiro del CIID del
Fontagro, de conformidad con el artículo VII, Sección 5 del Convenio
Constitutivo y el artículo IV, Sección 7 del Convenio de Administración, y
ii) Que con
fecha 26 de julio de 2005 el CIID cesó de ser miembro del Consejo Directivo del
Fontagro. Así mismo, los derechos y las obligaciones del CIID con relación al
Convenio Constitutivo y al Convenio de Administración cesarán con efectividad
al 26 de julio de 2005, salvo el derecho de recibir el valor de liquidación
contemplado en la Sección 2 del artículo VII del Convenio Constitutivo.
Le
agradecería indicar su acuerdo con lo anteriormente expuesto firmando en el
espacio indicado al pie de la presente carta-acuerdo y devolviendo un original
de la misma a la atención de la Secretaría Técnica-Administrativa del Fontagro
en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo.
Atentamente,
Antonio Vives,
Gerente, a.i., Departamento de Desarrollo Sostenible.
Leído y
acordado.
En
representación de International Development Research Centre (IDRC)/Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID.
Federico
Burone,
Director
Regional para América Latina y el Caribe.
Fecha: 16 de
mayo de 2006.
cc: Ing.
Agr. Juan Daniel Vago Armand Ugon, Presidente del Fontagro
Señor
Nicolás Mateo, Secretario Ejecutivo del Fontagro.
CERTIFICADO
DE SECRETARIO
El suscrito,
Hugo Eduardo Beteta, Secretario del Banco Interamericano de Desarrollo (el
“Banco”), por medio del presente certifica lo siguiente:
1. Que
adjunta una copia auténtica del “Convenio del Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, con fecha 15 de marzo de 1998,
enmendado, incluyendo el “Convenio de Administración del Programa Cooperativo
para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, con fecha 15 de marzo de
1998, enmendado.
En fe de lo
cual se suscribe manualmente el presente certificado y se lo sella con el sello
oficial del Banco, en la ciudad de Washington, D. C., a los 25 días del mes de
enero de 2008.
Hugo Eduardo Beteta
Secretario
CONVENIO DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
1998
CONVENIO PROGRAMA COOPERATIVO
INDICE
CONSIDERANDOS
ARTICULO I
OBJETO Y PROPOSITO - PARTICIPANTES
Sección 1
Objeto
Sección 2
Propósito
Sección 3
Participantes
ARTICULO II
CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA
Sección 1
Contribuciones.
Pago de las contribuciones
Sección 2
Recursos del
Programa
Sección 3
Uso de los
Recursos del Programa
ARTICULO III
OPERACIONES DEL PROGRAMA
Sección 1
Disposición
general
Sección 2
Principios
por los que se guiarán las operaciones del Programa
ARTICULO IV
CONSEJO DIRECTIVO
Sección 1
Composición
y condiciones
Sección 2
Atribuciones
Sección 3
Reuniones y
quórum
Sección 4
Votación
ARTICULO V
SECRETARIA TECNICA-ADMINISTRATIVA
Sección 1
Composición
Sección 2
Funciones
técnicas
Sección 3
Funciones
administrativas
ARTICULO VI
ADMINISTRADOR
Sección 1
Administrador
inicial
Sección 2
Atribuciones
ARTICULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
Sección 1
Entrada en
vigor. Vigencia
Sección 2
Terminación.
Liquidación
Sección 3
Enmienda
Sección 4
Limitación
de la responsabilidad
Sección 5
Retiro y
reincorporación de los Participantes
Sección 6
Solución de
controversias
Sección 7
Definiciones
ANEXO I
PARTICIPANTES Y CONTRIBUCIONES
ANEXO II
CONVENIO DE ADMINISTRACION
CONVENIO DEL PROGRAMA COOPERATIVO PARA EL FONDO REGIONAL DE TECNOLOGIA
AGROPECUARIA
CONSIDERANDO:
Que el
desarrollo del sector agrícola (pecuario, forestal, pesquero y alimentario) es
fundamental para el desarrollo económico, para la conservación de los recursos
naturales y para la reducción de la pobreza de la mayoría de los países de
América Latina y el Caribe;
Que para
alcanzar un desarrollo sostenible del sector agropecuario en los países de la
región es esencial potenciar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de
interés común que fomenten la productividad y la competitividad del sector a
nivel regional y subrregional;
Que a tal
fin un grupo de países prestatarios miembros del Banco Interamericano de
Desarrollo y otras partes interesadas, que se enumeran en el Anexo I de este
Convenio (en adelante, denominados “Participantes”), desean crear un Programa
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, el que contará
con un fondo común de capital de aproximadamente 200 millones de dólares luego
de su período de consolidación;
Que dicho
Programa podría proveer recursos esenciales para complementar las actividades
de los sistemas de investigación agropecuaria nacionales y constituir un
mecanismo de integración regional para promover el desarrollo sostenible del
sector agropecuario;
Que se ha
solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (el “Banco”) que administre
dicho Programa durante el Período Inicial, y que el Banco ha acordado
administrarlo de conformidad con las disposiciones del artículo 6o del presente
Convenio y del Convenio de Administración que se adjunta como Anexo II;
POR LO
TANTO, los Participantes acuerdan establecer el Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (el “Programa”) conforme a lo
siguiente:
ARTICULO I: OBJETO Y PROPOSITO-PARTICIPANTES
Sección 1.
Objeto
El objeto
del Programa es el de establecer un mecanismo de financiamiento sostenible para
el desarrollo de tecnología agropecuaria en América Latina y el Caribe, e
instituir un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación
tecnológica.
Sección 2.
Propósito
El propósito
del Programa es promover el incremento de la competitividad del sector
agroalimentario, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales y la
reducción de la pobreza en la región.
Sección 3.
Participantes
Todo país
miembro del Banco y cualquier otro país o persona jurídica que desee contribuir
con recursos al Programa podrá suscribir el presente Convenio y ser un Participante
en el Programa, de conformidad con el presente Convenio. Todo país o cualquier
otra parte interesada no enumerado en el Anexo I a la fecha de la entrada en
vigor del presente Convenio que desee ser Participante podrá solicitar su
incorporación al Programa y comprometerse a pagar una contribución de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo II.
ARTICULO II: CONTRIBUCIONES AL PROGRAMA
Sección 1.
Contribuciones. Pago de las contribuciones
a) La
contribución de cada Participante será la indicada en el Anexo I, el que se
revisará periódicamente para incluir las contribuciones de los nuevos
Participantes. A la mayor brevedad posible después de suscribir el presente
Convenio, pero en ningún caso después de sesenta días de su firma, cada
Participante acordará con el Administrador un cronograma de pago de la
contribución a que se refiere la Sección 2 i) del artículo II (el “Cronograma
de Contribución”). El pago de la contribución se hará en efectivo, en dólares o
en cualquier otra moneda de libre convertibilidad aceptable al Administrador,
durante el Período Inicial. Se contribuirá como mínimo una cuota por año, de
conformidad con el correspondiente Cronograma de Contribución;
b) Las
contribuciones de los Participantes, y los aportes contemplados en la Sección 2
ii) del artículo II integrarán un fondo común de capital intangible que genere
flujos de renta. Esta renta se aplicará, de acuerdo a lo establecido por este
Convenio, al financiamiento de actividades regionales de investigación
agropecuaria, las que serán seleccionadas y priorizadas por los propios
Participantes del Programa;
c) Los
Participantes podrán efectuar contribuciones adicionales en efectivo siguiendo
los procedimientos descritos en el presente Convenio para las contribuciones
iniciales. Asimismo, el Programa podrá aceptar los aportes mencionados en la
Sección 2 iii) infra en especie;
d) Durante
el Período Inicial, además de sus servicios como Depositario y Administrador
del Programa, el Banco financiará ciertos servicios técnicos y administrativos
conforme a lo dispuesto en el artículo VI del presente Convenio y el Convenio
de Administración que se adjunta como Anexo II. El Banco no efectuará
aportaciones en calidad de Participante;
e) La
contribución inicial de cada Participante no será menor de US$500.000, o su
equivalente; excepto que la contribución mínima de las organizaciones
internacionales y las no gubernamentales que suscriban el Convenio en esta
fecha será de US$100.000, o su equivalente. Los pagos que se efectúen a tenor
de lo establecido en este artículo se depositarán en las cuentas bancarias
designadas por el Administrador. A fin de facilitar la administración de recursos
del Programa, el Administrador podrá convertir a otras monedas las
contribuciones recibidas.
Sección 2.
Recursos del Programa
Los recursos
del Programa consistirán en un fondo común de capital denominado “Fondo
Regional de Tecnología Agropecuaria” o el “Fondo” el que estará integrado por:
i) Las
contribuciones de los Participantes;
ii) Los
aportes, legados, afectaciones y donaciones adicionales destinados a
incrementar el Fondo mediando aprobación del Consejo Directivo (los recursos
contemplados en los incisos i) y ii) de esta Sección constituirán el “capital
intangible” del Fondo);
iii) Los
aportes, legados, afectaciones y donaciones adicionales destinados a financiar
directamente programas de investigación, o a facilitar el cumplimiento de los
fines del Programa cuando explícitamente así se acuerde entre el donante y el
Consejo Directivo, y
iv) Todos
los ingresos de los recursos anteriores y todos los demás ingresos provenientes
de cualquier fuente.
Sección 3.
Uso de los recursos del Programa
El capital
intangible del Fondo no se utilizará para financiar operaciones o gasto alguno
del Programa. Los recursos contemplados en el inciso iv) de la Sección 2 de
este artículo II, una vez deducidos los gastos y las asignaciones para mantener
el valor del capital intangible constituirán los ingresos netos del Fondo
(“ingresos netos”). Las operaciones del Programa se financiarán con los
ingresos netos del Fondo y, si fuera el caso, con los recursos del Programa contemplados
en el inciso iii) de la Sección 2 de este artículo II (los “recursos
disponibles”).
Los recursos
disponibles solo podrán ser utilizados para el cumplimiento del objetivo y
propósito del Programa.
ARTICULO III: OPERACIONES DEL PROGRAMA
Sección 1.
Disposición general
Las
operaciones del Programa serán aprobadas por el Consejo Directivo y
administradas por la Secretaría Técnica-Administrativa (la “Secretaría”).
Sección 2.
Principios por los que se guiarán las operaciones del Programa
Las
operaciones del Programa se realizarán con base en:
i) Un Plan
de Mediano Plazo que representa la visión estratégica del Programa y define las
áreas prioritarias de investigación susceptibles de financiamiento;
ii) El
Manual de Operaciones del Programa que contempla los aspectos de políticas y
procedimientos aplicables a las operaciones, y
iii) Un Plan
Operativo Anual que contempla el programa anual de financiamiento y el
presupuesto anual.
ARTICULO IV: CONSEJO DIRECTIVO
Sección 1.
Composición y condiciones
El órgano de
dirección superior del Programa es el Consejo Directivo. Todos los
Participantes integrarán el Consejo Directivo del Programa participando a
través de una entidad representante designada y debidamente acreditada por las
autoridades pertinentes, la que deberá contar con reconocida experiencia en el
tema de desarrollo tecnológico agropecuario. Para el caso de Participantes que
no fueran países, por un miembro del Directorio o Gerencia de la entidad
Participante. El Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica-Administrativa
participará como Participante “ex-oficio” del Consejo, con voz pero sin voto.
Los integrantes del Consejo Directivo desempeñarán sus funciones sin recibir
compensación alguna del Programa.
Sección 2.
Atribuciones
El Consejo
Directivo tendrá las siguientes atribuciones:
a) Elegir de
entre los países Participantes de América Latina y el Caribe al Presidente del
Consejo por un período de un año, renovable por otro período;
b) Designar
al Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica-Administrativa, seleccionado
mediante concurso público internacional, por un período de tres años,
renovable; renovar su mandato y removerlo;
c) Designar
y remover sucesivos Administradores; administrar, por intermedio del
Administrador, los recursos del Programa; y disponer de los mismos de acuerdo
con el objeto y propósito del Programa;
d)
Considerar y aprobar o denegar las solicitudes de ingreso de nuevos
Participantes y los aumentos en los recursos del Programa;
e) Aprobar
el Plan de Mediano Plazo que representa la visión estratégica del Programa y
define las áreas prioritarias de investigación susceptibles de financiamiento;
f) Aprobar y
modificar el Manual de Operaciones del Programa, incluyendo las políticas y
procedimientos para la financiación de sus operaciones;
g) Aprobar
para el ejercicio siguiente el Plan Operativo Anual, que incluirá el programa
anual de financiamiento de operaciones y un presupuesto anual consistente con
las proyecciones de ingresos;
h) Aprobar
los estados financieros anuales y la memoria anual del ejercicio anterior;
i) Aprobar y
actualizar periódicamente una política de inversiones con respecto a los
recursos del Programa, incluyendo disposiciones respecto de la asignación de
ingresos para mantener el valor del capital intangible;
j) Revisar y
aprobar el Informe Técnico Anual;
k) Disponer
cuando se estime necesario los estudios o auditorías para evaluar los
resultados de los proyectos financiados y la correcta utilización de los
recursos asignados;
1) Evaluar
el cumplimiento de sus decisiones y la ejecución de las mismas por parte de la
Secretaría Técnica-Administrativa;
m) Modificar
el presente Convenio;
n) Disponer de la disolución del Programa y la liquidación del Fondo de
conformidad con las disposiciones del presente Convenio, y
o) Aprobar
su reglamentación interna y tratar los demás asuntos que le sean propios
conforme lo dispuesto en el presente Convenio.
Sección 3.
Reuniones y quórum
El Consejo
Directivo se reunirá con la frecuencia que requieran las operaciones del
Programa, pero como mínimo una vez al año, en el lugar que el Consejo decida.
El Consejo Directivo convocará las reuniones a petición de su Presidente o
cuando Participantes que representen como mínimo el 25% del total de votos lo
soliciten. Las convocatorias a reunión del Consejo Directivo se harán con
indicación del día, hora, lugar y asuntos a tratar con una anticipación no
menor de 30 días. El quórum en cualquiera de las reuniones del Consejo
Directivo será la simple mayoría de los Participantes que representen no menos
de dos tercios del total de los votos.
Sección 4.
Votación
a) A menos
que se indique lo contrario en este Convenio, el Consejo Directivo adoptará sus
decisiones por la simple mayoría de la totalidad de los votos. Cada
Participante tendrá un voto proporcional por cada cien mil dólares, o su
equivalente, que haya aportado al capital intangible del Fondo, conforme a lo
dispuesto en la Sección 1 del artículo II. Cada país Participante de América
Latina y el Caribe que tenga al menos un voto proporcional tendrá asimismo
votos básicos por una cuantía equivalente al número de votos resultantes de
distribuir en partes iguales entre todos los países Participantes de América
Latina y el Caribe el veinticinco por ciento (25%) del total agregado de los
votos proporcionales divididos por el número total de países Participantes de
América Latina y el Caribe que tengan al menos un voto proporcional. La
totalidad de votos de cada Participante será igual a la suma de sus votos
proporcionales y de sus votos básicos, si los tuviera, y la totalidad de los
votos de los Participantes será la suma de los votos de cada Participante;
b) A efectos
de cálculo del número de votos de cada Participante, cada contribución que se
realice en moneda libremente convertible distinta del dólar se computará en
dólares al tipo de cambio declarado por el Fondo Monetario Internacional en la
fecha en que el Administrador reciba el pago de cada cuota correspondiente a la
aportación del Participante en cuestión;
c) Los
derechos de los Participantes resultantes de su contribución al Programa no
podrán ser enajenados o gravados sin la aprobación previa del Consejo
Directivo.
ARTICULO V: SECRETARIA TECNICA-ADMINISTRATIVA
Sección 1.
Composición
a) La
Secretaría Técnica-Administrativa será el órgano responsable del apoyo técnico
y administrativo del Programa. La Secretaría contará con un Secretario
Ejecutivo, un asistente técnico y un asistente administrativo, y con el apoyo
de los consultores de corto plazo necesarios para llevar a cabo la evaluación
de propuestas de proyectos y el seguimiento y evaluación de las actividades de
investigación financiadas por el Programa. Una vez completado el Período
Inicial, no se podrá utilizar más del cinco por ciento (5%) anual de los
recursos contemplados en la Sección 2 iv) del artículo II con el fin de
sufragar los gastos operativos de la Secretaría, incluyendo costo de su
personal y de las consultorías de corto plazo, reuniones, talleres de trabajo,
publicaciones y otros gastos administrativos. La Secretaría tendrá su sede en
cualquier país de América Latina o el Caribe Participante del Programa cuya
ubicación e infraestructura favorezca los contactos entre la Secretaría, los
Participantes y las instituciones ejecutoras de los proyectos. Durante el
Período Inicial, la Secretaría estará ubicada en la sede del Banco;
b) El
Secretario Ejecutivo será la autoridad designada por el Consejo, con la
conformidad del Banco durante el Período Inicial, para conducir los trabajos de
la Secretaría y para representar al Programa y ejecutar las acciones requeridas
por el funcionamiento del Programa. El Secretario Ejecutivo designará y
removerá al personal de la Secretaría.
Sección 2.
Funciones Técnicas
La
Secretaría Técnica-Administrativa tendrá las siguientes funciones técnicas:
i)
Asegurarse del cumplimiento de las políticas del Programa y de la
implementación de las decisiones del Consejo Directivo;
ii) Elaborar
y someter a la aprobación del Consejo Directivo el Plan a Mediano Plazo,
realizando reuniones técnicas relacionadas con el proceso de identificación de
prioridades de investigación;
iii)
Elaborar y someter a la aprobación del Consejo Directivo el Plan Operativo
Anual con los proyectos seleccionados, especificando las propuestas de los
montos anuales y máximo a financiar por el Programa, así como los aportes
anuales a los proyectos en ejecución;
iv) Coordinar
la realización de actividades de seguimiento de los proyectos incluidos en el
Plan de Operaciones Anual, evaluando los resultados parciales y finales, así
como el impacto de los mismos, informando al Consejo Directivo sobre los
resultados por medio del Informe Técnico Anual;
v) Generar
la información necesaria que contribuya a ampliar la articulación,
complementariedad y colaboración mutua entre el Consejo Directivo y
organizaciones de desarrollo tecnológico agropecuario y difundir los resultados
obtenidos con las actividades financiadas por el Programa;
(vi)
presentar al Consejo los estados financieros anuales y la memoria anual del
ejercicio anterior; y hacer recomendaciones al Consejo Directivo respecto del
presupuesto anual y de las políticas de inversión con respecto a los recursos
de Programa, y
vii) Llevar
a cabo toda otra actividad conducente al desempeño de sus funciones.
Sección 3.
Funciones administrativas
La
Secretaría Técnico-Administrativa tendrá las siguientes responsabilidades
administrativas:
i) Realizar
el seguimiento administrativo al proceso de recepción, evaluación,
calificación, y aprobación de propuestas, selección de ejecutores, y la
tramitación de los desembolsos correspondientes;
ii) Prestar
servicios de secretaría al Consejo Directivo, y
iii)
Coordinar los aspectos financieros, legales y administrativos relacionados al
manejo de los recursos de capital del Fondo, incluyendo el cálculo del poder de
voto de cada uno de los Participantes.
ARTÍCULO VI: ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA
Sección 1.
Administrador inicial
Durante el
Período inicial, el Banco Interamericano de Desarrollo administrará el Fondo y
prestará servicios de depositario y otros servicios relacionados con las
actividades del Programa. En el desempeño de sus funciones, el Banco actuará
con el mismo cuidado que ejerce en la administración y gestión de sus propios
asuntos. Una vez transcurrido el Período Inicial, se podrá solicitar al Banco o
a un administrador que le suceda que preste los servicios que se acuerden por
escrito entre el Consejo Directivo y el Banco o administrador que le suceda.
Solamente podrán ser Administrador aquellas personas jurídicas internacionales
que cuenten con privilegios e inmunidades similares a los del Banco.
Sección 2.
Atribuciones
El
Administrador será el representante legal del Programa y tendrá plena capacidad
para celebrar contratos, aceptar donaciones, comprar y vender valores, invertir
los recursos del Programa y realizar todas las transacciones financieras
necesarias para el cumplimiento de su objeto y propósito, y realizar todas las
demás acciones para el desarrollo de sus funciones, en nombre y representación
del Programa. Las obligaciones del Administrador se regirán de acuerdo al Anexo
II, el que se reemplazará o enmendará según corresponda.
ARTICULO VII: DISPOSICIONES GENERALES
Sección 1.
Entrada en vigor Vigencia
El presente
Convenio entrará en vigor en la fecha en que se haya suscripto por
Participantes cuyas contribuciones agregadas superen los US$50.000.000, o su
equivalente. El presente Convenio tendrá una duración indefinida, a menos que
se termine a tenor de lo dispuesto en este artículo VII.
Sección 2.
Terminación. Liquidación
El Consejo
Directivo, en cualquier momento, podrá decidir terminar el presente Convenio
con el voto de al menos las dos terceras partes de los Participantes que
representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de votos.
Al terminar
el presente Convenio, el Consejo Directivo dará instrucciones al Administrador
para efectuar una distribución entre los Participantes del monto a que ascienda
el saldo de los recursos del Programa en la fecha de la terminación. Dicho
monto o valor de liquidación del Fondo será igual al valor neto de sus activos
una vez evaluados todos los pasivos y reclamos conocidos, y se distribuirá en
relación a los votos proporcionales que tenga cada uno de los Participantes al
aprobarse la terminación del Convenio o al tiempo de retirarse del Programa de
conformidad con las disposiciones de la Sección 5 de este artículo VII.
Sección 3.
Enmienda
El presente
Convenio podrá ser enmendado por el Consejo Directivo, con una mayoría de votos
de al menos las dos terceras partes de los Participantes que representen como
mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de votos. Se requerirá la
aprobación de todos los Participantes, para efectuar una enmienda a esta
Sección, a las disposiciones de la Sección 4 de este artículo que limitan la
responsabilidad de los Participantes, una enmienda a la Sección 2 de este
artículo VII, o una enmienda por la que se incrementen las obligaciones
financieras o de otro tipo de los Participantes.
Sección 4.
Limitación de la responsabilidad
La
responsabilidad de los Participantes se limitará a la porción impaga de sus
respectivas contribuciones, y la responsabilidad del Administrador se limitará
a los recursos del Programa. Los Participantes, las personas que los
representen o que deriven de ellos sus derechos no iniciarán ninguna acción
judicial contra el Programa. Los Participantes podrán hacer valer sus derechos
conforme a los procedimientos que se señalan en este Convenio, en los
reglamentos del Programa o en los contratos que celebren.
Sección 5.
Retiro y reincorporación de los Participantes
Una vez
efectuado el pago de la totalidad de su contribución, cualquier Participante
podrá retirarse del presente Convenio mediante notificación por escrito de su
intención al Depositario. La separación será efectiva con carácter definitivo
en la fecha indicada en dicha notificación, pero en ningún caso antes de los
seis meses siguientes a la fecha de entrega de dicha notificación al
Depositario. No obstante, en cualquier momento pero al menos sesenta días antes
de que la separación sea definitivamente efectiva, el Participante podrá
notificar por escrito al Depositario su decisión de revocar la notificación por
la que manifestaba su intención de retirarse. Los Participantes que se retiren
del presente Convenio no tendrán derecho a retirar ninguna de sus
contribuciones o aportes al Programa hasta que se proceda con la liquidación a
que se refiere la Sección 2 de este artículo VII. Los Participantes que se
hayan retirado podrán reincorporarse en una fecha posterior con los mismos
derechos de voto y representación con que contaría de no haberse retirado.
Sección 6.
Solución de controversias
En caso de
que surgiere un desacuerdo entre cualquiera de los Participantes y el Programa
que no se supere mediante consulta, tal controversia se someterá al arbitraje
de un tribunal compuesto de tres personas: una designada por el Consejo
Directivo, otra por el Participante y la tercera, salvo acuerdo en contrario
entre las partes, por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El
tercer árbitro podrá decidir todas las cuestiones de procedimiento en los casos
en que las partes no estén de acuerdo sobre la materia. Si fracasaren todos los
intentos de llegar a un acuerdo unánime, las decisiones se tomarán por mayoría.
Toda decisión arbitral tendrá carácter definitivo y será ejecutada por la parte
pertinente dentro de los 60 días de la notificación de la decisión. Toda duda
con respecto al reparto de los costos o a la forma en que deban pagarse será
resuelta por el tribunal sin posibilidad de apelación. Todo honorario o gasto
pendiente de pago por el Programa a tenor de esta sección deberá sufragarse con
recursos del Fondo.
Sección 7.
Definiciones
A los
efectos del presente Convenio, los siguientes términos tendrán la siguiente
acepción:
Administrador:
El Banco Interamericano de Desarrollo
durante el Período Inicial, y cada Administrador que le suceda en tal
capacidad.
Capital
intangible: Los recursos del Programa
contemplados en los incisos i) y ii) de la Sección 2 del artículo II.
Consejo
Directivo: El órgano de dirección
superior del Programa descrito en el artículo IV.
Cronograma
de Contribución: El cronograma de
pago que se define en el artículo II.1 a).
Depositario:
El Banco Interamericano de Desarrollo
y cada depositario que le suceda en tal capacidad.
Fecha
Efectiva: Fecha de entrada en vigor
del presente Convenio de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 1 del artículo
VII.
Ingresos
netos: La diferencia entre (a) los
recursos establecidos en el inciso iv) de la Sección 2 del artículo II y (b)
todos los gastos más las asignaciones para mantener el valor del capital
intangible del Fondo.
Período
Inicial: Período desde la Fecha
Efectiva hasta el 31 de diciembre de 1999.
Presidente:
El Participante del Consejo Directivo
seleccionado para presidir el mismo.
Recursos
Disponibles: Los ingresos netos más
los recursos contemplados en el artículo II. 2 iii), si los hubiere.
Secretaría
Técnica-Administrativa: El órgano del
Programa descrito en el artículo V.
Secretario
Ejecutivo: La persona designada para
encabezar la Secretaría de conformidad con el artículo V.1. b).
US$ o
dólares: Dólares de los Estados
Unidos de América.
EN
TESTIMONIO DE LO CUAL, cada uno de los Participantes, actuando a través de su
representante autorizado, han firmado el presente Convenio el día 15 de marzo
de 1998 en un documento original único que se depositará en los archivos del
Depositario, el cual enviará un ejemplar debidamente certificado a cada uno.
Nación
Argentina*
Roberto
Alfredo Recalde
Subsecretario
de Inversión Pública y Gasto Social
Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos
* El monto
de la Contribución está sujeto a la aprobación del financiamiento de su
contribución mediante un préstamo externo, incluyendo financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo en el sector agropecuario o de ciencia y
tecnología, o a la disponibilidad de otros recursos.
República de
Bolivia
Ronald
MacLean
Ministro de
Hacienda
* * *
República de
Chile
Eduardo
Aninat
Ministro de
Hacienda
* * *
República de
Colombia*
Antonio
J. Urdinola
Ministro de
Hacienda y Crédito Público
* La
presente firma expresa la voluntad del Gobierno de Colombia de participar en
este Programa Cooperativo. La Contribución prevista en este Convenio está
sujeta a la suscripción de un convenio interinstitucional entre Colciencias y
el Banco Interamericano de Desarrollo, previa la expedición del Decreto
Reglamentario de la Ley número 318 de 1996 y de la incorporación en el
presupuesto de Colciencias de la partida presupuestal para tal fin.
* * *
República de
Costa Rica*
Francisco
de Paulo Gutiérrez
Ministro de
Hacienda
*
Suscripción sujeta a la ratificación legislativa de conformidad con los
requisitos de legislación interna. Dentro de los 60 días de la referida
ratificación se acordará el Cronograma de Pagos.
* * *
República de
Ecuador
Marco A.
Flores
Ministro de
Finanzas y Crédito Público
* * *
República de
Nicaragua*
Noel
Sacasa
Ministro de
Economía y Desarrollo
* El monto
de la Contribución que exceda US$500.000 está sujeto a la aprobación del
financiamiento de su contribución mediante un préstamo externo, incluyendo
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en el sector agropecuario
o de ciencia y tecnología, o a la disponibilidad de otros recursos.
* * *
República de
Honduras*
William
Chong Wong
Secretario
de Estado en el Despacho de Finanzas
*
Suscripción sujeta a la aprobación legislativa de conformidad con los
requisitos de legislación interna de la República de Honduras.
República de
Panamá*
Guillermo
Chapman
Ministro de
Planificación y Política Económica
* El monto
de la Contribución que exceda US$500.000 está sujeto a la aprobación del
financiamiento de su contribución mediante un préstamo externo, incluyendo
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en el sector agropecuario
o de ciencia y tecnología, o a la disponibilidad de otros recursos.
* * *
República
del Paraguay*
Miguel
Angel Maidana Zayas
Ministro de
Hacienda
* El monto
de la Contribución que exceda US$500.000 está sujeto a la aprobación del
financiamiento de su contribución mediante un préstamo externo, incluyendo
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en el sector agropecuario
o de ciencia y tecnología, o a la disponibilidad de otros recursos.
* * *
República
del Perú*
Víctor
Joy Way
Presidente
del Consejo de Ministros y Ministro de Economía y Finanzas
*
Suscripción sujeta a la aprobación legislativa de conformidad con los
requisitos de legislación interna. Dentro de los 60 días de la referida
ratificación se acordará el Cronograma de Pagos. El monto de la Contribución
está sujeto a la aprobación del financiamiento de su contribución mediante un
préstamo externo, incluyendo financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo en el sector agropecuario o de ciencia y tecnología, o a la
disponibilidad de otros recursos.
* * *
República
Dominicana*
Héctor
Valdez Albizu
Gobernador
del Banco Central
* El monto
de la Contribución que exceda US$500.000 está sujeto a la aprobación del
financiamiento de su contribución mediante un préstamo externo, incluyendo
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo en el sector agropecuario
o de ciencia y tecnología, o a la disponibilidad de otros recursos.
* * *
República
Oriental del Uruguay*
Rodolfo
Caretti/Ariel Davrieux
Ministro de
Economía y Finanzas
* El monto
de la Contribución está sujeto a la aprobación del financiamiento de su contribución
mediante un préstamo externo, incluyendo financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo en el sector agropecuario o de ciencia y
tecnología, o a la disponibilidad de otros recursos.
* * *
República de
Venezuela*
Freddy
Rojas Parra
Ministro de
Hacienda
* El monto y
el cronograma de pagos de las Contribuciones serán fijados por el Ministerio de
Agricultura y Cría previo cumplimiento de los trámites legales y
presupuestarios pertinentes.
* * *
Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIID
Carlos
Seré
Director
Regional para América Latina y el Caribe
TESTIGO DE
HONOR
Banco
Interamericano de Desarrollo
Enrique V. Iglesias
Presidente
Nancy Birdsall
Executive Vice President
ANEXO I
AL CONVENIO DEL PROGRAMA COOPERATIVOENMENDADO EL [06/junio/05]
PARTICIPANTES Y CONTRIBUCIONES
Participantes
Contribuciones
(en miles de US$)
Argentina
20.000
Bolivia
2.500
Chile
2.500
Colombia
10.000
Costa Rica
500
Ecuador
2.500
Honduras
2.500
Nicaragua
2.500
Panamá
5.000
Paraguay
2.500
Perú
2.500
República Dominicana
2.500
Uruguay
5.000
Venezuela
12.000
CIID (Centro Internacional de Investigaciones para
el Desarrollo-Canadá)
100
INDICE
CONSIDERANDOS
ARTICULO I
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA
Sección 1.
Disposición
General. Capacidad
Sección 2.
Servicios
Sección 3.
Gastos del
Banco
ARTICULO II
CONTABILIDAD E INFORMES
Sección 1.
Cuentas
Sección 2.
Presentación
de informes
ARTICULO III
PERIODO DE VIGENCIA DEL CONVENIO
Sección 1.
Entrada en
vigor. Duración. Prórroga
Sección 2.
Terminación
anticipada
Sección 3.
Liquidación
ARTICULO IV
DISPOSICIONES GENERALES
Sección 1.
El Banco
como administrador
Sección 2.
Responsabilidad
del Banco
Sección 3.
Adhesión al
presente Convenio
Sección 4.
Enmienda
Sección 5.
Solución de
controversias
Sección 6.
Limitación
de la responsabilidad
Sección 7.
Retiro del
Convenio Constitutivo
APENDICE A
Procedimiento de Arbitraje
APENDICE B
Participantes
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D.
C., 26 de febrero de 2008
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso
de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro
de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Fernando
Araújo Perdomo.
DECRETA:
Artículo 1o.
Apruébanse el “Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria”, Enmendado, y el “Convenio de Administración del
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”,
Enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998.
Artículo 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria”, Enmendado, y el “Convenio de Administración del Programa
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, Enmendado,
firmados el 15 de marzo de 1998, que por el artículo 1o de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá, D. C., a…
Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de
Relaciones Exteriores, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural.
Jaime Bermúdez Merizalde, Ministro de Relaciones Exteriores; Oscar Iván
Zuluaga, Ministro de Hacienda y Crédito Público; Andrés Felipe Arias
Leiva, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D.
C., 26 de febrero de 2008
Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso
de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.)
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro
de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime
Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
Artículo 1o.
Apruébanse el “Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria”, Enmendado, y el “Convenio de Administración del
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”,
Enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998.
Artículo 2o.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el
“Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria”, Enmendado, y el “Convenio de Administración del Programa
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, Enmendado,
firmados el 15 de marzo de 1998, que por el artículo 1o de esta ley se
aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
Artículo 3o.
La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,
JAVIER CÁCERES LEAL.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
EMILIO OTERO DAJUD.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
EDGAR ALFONSO GÓMEZ ROMÁN.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la
Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de agosto de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
ANDRÉS DARÍO FERNÁNDEZ ACOSTA”
II. INTERVENCIONES
Del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2. La Oficina Asesora Jurídica
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a esta Corporación
declarar ajustados los preceptos de la Ley 1351 de 2009 “Por medio de
la cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional
de Tecnología Agropecuaria’, Enmendado, y el “Convenio de Administración del
Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, Enmendado,
firmados el 15 de marzo de 1998.” a la Constitución Política de 1991.
Frente a los aspectos relacionados con el procedimiento, se señaló que “[d]urante
el trámite del Proyecto de Ley 54 de 2008 (S) – 225 de 2008 (C) se dio estricto
cumplimiento a los requisitos, términos y condiciones definidos para el efecto
en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 5 de 1992, tal y como se
puede evidenciar en las Gacetas del Congreso correspondientes y la información
remitida por la Secretarías Generales por requerimiento de la H. Corte
Constitucional”.
3. En relación con los aspectos
de fondo, en síntesis, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que
no se advierten contradicciones con el texto constitucional. Por el contrario,
señala que la ley objeto de examen desarrolla mandatos constitucionales como la
cooperación internacional, la internacionalización de las relaciones políticas
y el estímulo al desarrollo tecnológico en actividades agrícolas con el
propósito de incrementar la productividad de dicho sector. Adicionalmente,
señaló que “el impacto fiscal que tendrá la Nación con la adopción de la Ley
1351 de 2009 derivado del pago de las contribuciones pactadas en el convenio de
cooperación, se calculó por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
también autor de esta iniciativa, en la suma de US $8.195.597 equivalentes
aproximadamente a $17.985.000.000 de pesos colombianos. Dicho valor se
financiará con cargo al presupuesto del Instituto Colombiano para el Desarrollo
de la Ciencia y la Tecnología –COLCIENCIAS-, de conformidad con el convenio
celebrado entre Colciencias y el BID, el cual se suscribió con el fin de dar
cumplimiento a la condición establecida en la firma del Convenio Constitutivo
por parte de Colombia para el pago de las contribuciones, toda vez que tal
entidad es el organismo competente dentro del Estado Colombiano para participar
en el Programa Cooperativo de acuerdo con los Decretos 585 y 591 de 1991”.
4. La Coordinadora del Área de
tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito radicado en la
Secretaría General de esta Corporación, manifestó que coadyuvaba la solicitud
de constitucionalidad de la Ley 1351 de 2009 presentada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
5. El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó a la Corte
declarar exequible la Ley 1351 de 2009. En la primera parte de su escrito
explica el objetivo y el contenido del Convenio y describe los eventuales
beneficios que obtendría el Estado colombiano de ingresar a su ordenamiento
jurídico el instrumento bajo examen:
“Acceso
a los resultados de los proyectos desarrollados por el país y al conocimiento y
tecnologías generadas por los otros proyectos financiados por FONTAGRO
“Una
mirada común del desarrollo científico y tecnológico de América Latina, que
permite generar sinergias y potencializar las ventajas competitivas que
poseemos
“La
posibilidad de que Colombia contribuya e influya en el desarrollo tecnológico
de la región y en las agendas regionales a través de su participación en proyectos
de interés regional
“Negociación,
exportación y diseminación de tecnologías
Incremento
en los niveles de desarrollo tecnológico y financiamiento de investigación
“Menores
costos de investigación gracias a la participación de otros países lo que ayuda
a economías de escala
“Sinergias
y redes de conocimiento con los diferentes centros de investigación regionales”
A partir de lo anterior, la
representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural concluye que la
Ley 1351 de 2009 “viene siendo el desarrollo de los principios
constitucionales fijados en el artículo 8 de la Carta Política, como quiera
que, el fomento de la investigación agropecuaria por medio del Programa o
Fondo, propende por asegurar el manejo sostenible de los recursos naturales,
con lo cual se cumple la obligación de proteger[los]”¸razón por a
cual reclama la declaratoria de constitucionalidad.
III. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la
Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278
de la Constitución Política, solicitó a la Corte que declare la exequibilidad
de la Ley 1351 de 2009 “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio
del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria’,
Enmendado, y el “Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria”, Enmendado, firmados el 15 de marzo
de 1998.”
En cuanto al procedimiento
legislativo y luego de hacer un análisis detallado de cada una de las etapas
del trámite, el Ministerio Público concluyó que se respetaron las condiciones
constitucionales relacionadas con la adopción del tratado y las formalidades
propias de las etapas, en cada una de las cámaras del Congreso de la República.
En lo relativo a la
constitucionalidad de la Ley 1351 de 2009, advierte que ésta contiene dos (2)
instrumentos internacionales, respecto de los cuales realiza una descripción
individualizada. Luego de la descripción de las disposiciones normativas
contenidas en cada uno de los instrumentos, esto es, del ‘Convenio del
Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ Enmendado,
y del ‘Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo
regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996’,
concluyó que las normas de la Ley 1351 de 2009 “se ajustan a la Constitución
Política, en la medida que contribuyen a promover la integración económica y
social, al tenor de los dispuesto por el artículo 227 de la Constitución”. Señala
dos razones para soportar esta conclusión:
“a)
Busca el fortalecimiento del sector agropecuario, lo cual desarrolla el
contenido del artículo 2º de la Carta, pues cumple con el fin esencial del
Estado de impulsar la prosperidad general. En igual sentido, cumple con los
cometidos del artículo 65 de la Constitución Política que le confiere
protección especial a la producción de alimentos, otorgando prioridad al
desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras,
forestales y agroindustriales. Así mismo, el inciso segundo de la citada
disposición constitucional establece que ‘el Estado  promoverá la investigación
y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias
primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la
productividad’ aspectos que se reflejan cuando en el artículo 1 del Convenio se
promueve la competitividad del sector agroalimentario, asegurando el manejo
sostenible de los recursos naturales y la reducción de la pobreza en la región”
“b)
El Convenio está encaminado al establecimiento de un mecanismo de
financiamiento sostenible para el desarrollo de la tecnología agropecuaria en
América Latina y el Caribe, y a instituir un foro para la discusión de temas prioritarios
de innovación tecnológica, cumpliendo con los cometidos del Preámbulo, y de los
artículos 9. 226 y 227 de la Carta Política, sin vulnerar la soberanía nacional
sobre bases de reciprocidad, equidad y conveniencia nacional”
De esta manera, a juicio de la
Procuraduría General, tanto en su aspecto formal como material, la Ley 1351 se
ajusta a los preceptos constitucionales porque, en primer lugar, “se cumplen
los requisitos exigidos por la Constitución y la ley para convertirse en parte
integrante del ordenamiento jurídico interno” y, en segundo lugar, “su
contenido desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta Política,
pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco
de reciprocidad y conveniencia nacional”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.  Naturaleza del control de
constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados. Reiteración de
jurisprudencia.
De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia, la Corte
Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su
ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación
es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del
instrumento internacional bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la
concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales.
En relación con el aspecto formal
corresponde a la Corte examinar dos tópicos: De un lado, la validez de la
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del tratado. De otro lado, la observancia de las
reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto
de análisis.
Al respecto, esta Corporación
tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en
términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta
previsión opera salvo las obligaciones de (i) iniciación del debate en
el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones
internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (Art. 241-10 C.P.).
Desde esta perspectiva se
requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del
proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la
comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154
C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones
y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre
el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre
la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en
la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la
comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi)
la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional
dentro de los seis días siguientes (Art.  241-10 C.P).
Por último, frente los aspectos
de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del
instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los
preceptos constitucionales, a fin de  determinar si se ajustan o no a la Carta
Política.
De acuerdo con este marco de
análisis, la Sala asume a continuación el estudio de la Ley 1351 del 13 de
agosto de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio del
Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’
Enmendado, y el ‘Convenio de Administración del Programa cooperativo para el
fondo regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de
1996”.
2. La revisión del aspecto
formal.
2.1.
Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación presidencial.
2.1.1.  El Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante comunicación del veintidós (22) de septiembre de
2009[1]
firmada por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó a esta
Corporación que “el 15 de marzo de 1998 el entonces Ministro de Hacienda y
Crédito Público Antonio J. Urdinola, suscribió en nombre del Estado colombiano
los precitados instrumentos y el 26 de  febrero de 2008 el señor
Presidente de la República expidió instrumento de refrendación de firma de
dichos convenios”.[2]
Respecto de este aspecto, el
artículo 8 de la Convención de Viena, aprobada por Colombia mediante la Ley 32
de 1985, dispone:
“8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin
autorización. Un acto relativo
a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al
articulo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un
Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado
por ese Estado.”
En ese sentido, encuentra esta
Corporación que no se incumplieron las formalidades requeridas para el ejercicio
de la representación necesaria para la suscripción del instrumento objeto de
examen.
2.1.2. Mediante aprobación
presidencial del instrumento internacional con fecha del 26 de febrero de 2008[3],
el Presidente de la República ordenó someter el Acuerdo bajo
examen a consideración del Congreso de la República, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 150 numeral 16 de la Constitución Política.
2.2. Examen del trámite de la
Ley 1351 de 2009 ante el Congreso de la República.
Con fundamento en los
antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la
República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado
de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que
el proyecto de ley radicado bajo los números 054 de 2008 Senado y 225
de 2008 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1351 de 2009 surtió
el trámite que se describe a continuación.
2.2.1. Trámite en el Senado de
la República.
2.2.1.1. El texto del proyecto de
ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República el veintinueve (29)
de julio de 2008, por los entonces Ministros de Relaciones Exteriores, Jaime
Bermúdez Merizalde, de  Hacienda y Crédito Público, Oscar Iván Zuluaga y, de
Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Felipe Arias. Su texto y la respectiva
exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso 472 del 30 de
julio de 2008[4].
2.2.1.2. La ponencia para el
primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada
por los senadores Adriana Gutiérrez Jaramillo, Jesús Enrique Piñacué Achué, Luz
Helena Restrepo, Juan Manuel Galán Pachón, Mario Varón Olarte, Alexandra Moreno
Piraquive, Carlos Emiro Barriga Peñaranda y Nancy Patricia Gutiérrez. Fue
publicada en la Gaceta del Congreso Nº 648 del 19 septiembre de 2008[5].
2.2.1.3. De acuerdo con la
certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado
de la República[6], el proyecto de ley fue
anunciado en la sesión del catorce (14) de octubre de 2008, de acuerdo con lo
consignado en el Acta Nº 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso
Nº 334 del 19 de mayo de 2009. Revisado el texto de la Gaceta, se tiene que el
anuncio fue realizado así:
“Procede con la
lectura del anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por
instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República,
anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión.
(Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003). (…) Proyecto de ley
número 54 de 2008 Senado, por
medio de la cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo
Regional de Tecnología Agropecuaria’, Enmendado, y el ‘Convenio de
Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria’, Enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998. (…) Informo señor
Presidente que se han hecho los anuncios para discusión y votación de los proyectos
de ley para la próxima sesión”[7];
Al final de la sesión la
Presidente (e) de la Comisión Segunda del Senado, Cecilia López Montaño citó
para el día siguiente así: “Levantamos la sesión y convocamos para mañana a las 10:00 a. m. Se da
por terminada la sesión y se levanta a las 12:45 p. m.”.
2.2.1.4. De
acuerdo con el anuncio precitado, el proyecto fue aprobado por unanimidad
de los asistentes[8] al
día siguiente, esto es, el quince (15) de octubre de 2008, como consta en el
Acta No 16 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 448 del 8 de
junio de 2009:
“El señor Vicepresidente Jairo Clopatofsky
Ghisays, somete a consideración de los Senadores de la Comisión el informe con
el cual termina la ponencia. Lo aprueba la Comisión.
El señor Secretario responde al señor
Presidente que ha sido aprobado el informe con el cual termina la ponencia.
El señor Presidente solicita la lectura
del articulado.
El señor Secretario informa a la
presidencia que hay solicitud de omisión de lectura del articulado.
El señor Presidente Jairo Clopatofsky
Ghisays, somete a consideración la omisión de lectura del articulado del
proyecto. Aprueban los Senadores la Omisión de la Lectura del articulado.
El señor Secretario responde al
Vicepresidente, que ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado.
El señor Vicepresidente Jairo Clopatofsky
Ghisays, somete a consideración el articulado del proyecto. ¿Aprueba la
Comisión el articulado del proyecto?
El señor Secretario informa al señor
Vicepresidente que ha sido aprobado el articulado del proyecto.
Título del proyecto.
El señor Secretario da lectura al título
del proyecto: por medio de la cual se aprueba el ¿Convenio del Programa
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria enmendado y el
Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de
Tecnología Agropecuaria¿ enmendados, firmados el 15 de marzo de 1998. Está
leído el título.
El señor Vicepresidente, Jairo Clopatofsky
Ghisays, somete a consideración el título del proyecto, ¿Aprueba la Comisión el
título leído?
El señor Secretario responde que ha sido
aprobado por los Senadores de la Comisión el título del proyecto leído.
El señor Vicepresidente pregunta a los
Senadores de la Comisión, si quiere la Comisión que este proyecto tenga segundo
debate.
El señor Secretario responde al señor
Vicepresidente que los Senadores si quieren que el proyecto tenga segundo
debate en la Plenaria del Sendo. .
En consecuencia, el señor Vicepresidente,
nombra como Ponente para segundo debate a los mismos Senadores que presentaron
la ponencia para primer debate.”
2.2.1.5. La ponencia para segundo
debate fue presentada por los senadores Adriana Gutiérrez Jaramillo, Jesús
Enrique Piñacué Achué, Luz Helena Restrepo, Juan Manuel Galán Pachón, Mario
Varón Olarte, Alexandra Moreno Piraquive, Carlos Emiro Barriga Peñaranda y
Nancy Patricia Gutiérrez. Fue publicada en la Gaceta del Congreso No 759 del 30
de octubre 2008[9].
2.2.1.6. Según certificación
expedida el 24 de febrero de 2009 por el Secretario General (e) del Senado de
la República[10], Saúl Cruz Bonilla, el
proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo
debate en la sesión del 18 de noviembre de 2008, según consta en el Acta de
Plenaria N° 26 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 111 del
12 de marzo de 2009[11]. Según el texto de la
referida acta, el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Por instrucciones de la
Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la
Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima
sesión. Los proyectos para la próxima sesión son los siguientes:(…)
Proyecto de ley número
54 de 2008 Senado, por
medio de la cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo
Regional de Tecnología Agropecuaria’, enmendado, y el ‘Convenio de
Administración del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria’, enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998 (…)
Revisado en detalle el contenido del Acta
de Plenaria N° 42 de 2008, se estableció que la sesión finalizó así: “Siendo las 9:00 p. m., la Presidencia
levanta la sesión y convoca para el día miércoles 19 de noviembre de 2008, a
las 3:00 m. (sic)”.
2.2.1.7.  Según la certificación
referida en el numeral anterior, el Proyecto de Ley fue considerado en segundo
debate el miércoles 19 de noviembre de 2008, con un quórum deliberatorio y
decisorio de 91 senadores del total que conforman la Plenaria y aprobado por
mayoría como consta en el Acta 27 de la misma fecha publicada en la Gaceta del
Congreso No 112 del doce de marzo de 2009[12].
“La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria el articulado del proyecto y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la
Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La Presidencia indica a la Secretaría dar
lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al título del
Proyecto número 54 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio
del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria’,
enmendado, y el ‘Convenio de Administración del Programa Cooperativo para el
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria’, enmendado, firmados  (sic) el 15 de marzo de 1998.
Leído este, la Presidencia lo somete a
consideración de la Plenaria y, cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los
miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites constitucionales,
legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores
presentes que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República? Y estos
responden afirmativamente.
2.2.1.8. El texto definitivo del
Proyecto de Ley 054/08 Senado fue publicado en la Gaceta del Congreso No 879 del dos de diciembre de 2008[13].
2.2.1.9. Así las cosas, encuentra
la Sala Plena que en el trámite legislativo en el Senado (a) el anuncio
lo hicieron tanto el Secretario de la Comisión como de la Plenaria, por
instrucciones de las respectivas Presidencias; (b) en ambos casos se
señaló expresamente para qué asunto estaban siendo convocados los congresistas.
Además, según ha señalado esta Corporación, (c) el anuncio para la
votación de un proyecto de ley, se hizo para una sesión posterior a aquella en
la que se hace el anuncio, siempre y cuando se convoque para (…) una fecha
futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable”. En el caso
bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló las fechas en las cuales
tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 054 de 2008 Senado. En ese orden
de ideas, encuentra la Corte que (d) no se rompió la cadena de anuncios,
y se respetó lo dispuesto por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003,
que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política.
2.2.2 Trámite en la Cámara de
Representantes.
2.2.2.1. Radicado el Proyecto de
Ley en la Cámara de Representantes con el número 225 de 2008, se le repartió a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, siendo designados como ponentes los
Representantes a la Cámara Pedro Nelson Pardo Rodríguez y Héctor Javier Osorio
Botello. El informe de ponencia fue publicado en la Gaceta del
Congreso No. 230 del 22 de abril de 2009[14].
2.2.2.2. De acuerdo con la
certificación allegada a esta Corporación el nueve (9) de octubre de 2009[15],
por la Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el
proyecto fue anunciado en sesión del veintiocho (28) de abril de 2009, según el
Acta No. 27 de la misma fecha, publicada posteriormente en la Gaceta
del Congreso No. 544 del 2 de julio de 2009, en cumplimiento del
artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003. Según el texto de la
referida acta el anuncio se realizó de la siguiente forma:
“Hace uso de la palabra la Secretaria de la
Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias: Anuncio de proyectos de ley (…)
Segundo proyecto anunciado: Proyecto de Ley número 54 de 2008 Senado -225 de
2008 Cámara, por medio
de la cual se aprueba el convenio del programa Cooperativo para el Fondo
Regional de Tecnología Agropecuaria, enmendado y el convenio de administración
del programa cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria,
enmendado y firmados el 5 de marzo de 1998. Ponente: honorable Representante Pedro
Nelson Pardo. (…) Estos anuncios se hacen para dar cumplimiento al artículo 8°
del acto legislativo número. 01 de 2003, para ser aprobados en la próxima
sesión de Comisión. (…) Hace uso de la palabra el Presidente de la Comisión,
honorable Representante Pedro Pablo Trujillo Ramírez: Se anuncian su
aprobación en la próxima sesión.”[16] [Énfasis fuera de texto].
Ese día la sesión finalizó de la siguiente manera: “Los esperamos en el almuerzo con el señor Ministro,
honorables colegas. Se levanta la sesión y se convoca para mañana, ocho de la
mañana, Comisión Séptima de Cámara.”
2.2.2.3. De la revisión estricta del consecutivo de actas y tal como se
desprende de la misma certificación a la que se hizo referencia en el numeral
anterior de la Secretaria de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes[17], se tiene que (i)
no hubo sesión el veintinueve (29) de abril de 2009, y (ii) es evidente que
la próxima sesión se llevó a cabo el cinco (5) de mayo de
2009, como consta en el Acta 28 de la misma fecha, publicada también la Gaceta
del Congreso No 544 de 2009.
2.2.2.3.1. En relación con este punto, vale la pena hacer un alto y
reiterar algunas precisiones hechas por esta Corte en situaciones similares.
Recientemente, en la sentencia C-305 de 2010, que fue aprobada por esta
Corporación, la Corte reafirmó las reglas definidas y consolidadas por la
jurisprudencia constitucional para determinar, si una situación como esta que
plantea este caso, vicia la constitucionalidad de un proyecto de ley.
Específicamente, en esta sentencia, la Corte estudió si en un caso -como ocurre
también en el presente- donde (a) el anuncio de un proyecto de ley se hace para
la “próxima sesión”, y (b) durante la sesión se precisa una fecha
cierta de convocatoria, pero (c)  resulta que la próxima sesión
no se adelanta en la fecha cierta indicada, sino otro día, vicia la
constitucionalidad del proyecto[18]. La Corte respondió
enfáticamente que esta situación no constituye un vicio. Para sostener esta
conclusión, la Corte se apoyó en la reconstrucción de lo dicho en diferentes
fallos, así:
“El objetivo del anuncio ha sido
descrito por este Tribunal a partir de la ‘relación estrecha con la eficacia
del principio democrático. En ese sentido, la Corte ha resaltado que lo que se
pretende con esta condición del trámite legislativo es que los congresistas
conozcan con la debida antelación el momento en que las iniciativas se
someterán a consideración de las cámaras, evitándose con ello que sean sorprendidos
por votaciones intempestivas.[19]
Así, no se está ante un simple requisito formal, sino ante una condición de
racionalidad mínima del trabajo legislativo y de transparencia en el
procedimiento de creación de la ley.’[20].
De esta manera, se informa con antelación a los congresistas los proyectos que
podrían ser aprobados en la siguiente sesión, lo que evita que sean
sorprendidos con la votación de los mismos.
“Igualmente, los términos en que debe
realizarse el anuncio previo fueron resumidos en el Auto 311 de 2006, así: ‘i) no existe fórmula sacramental o frase textual
que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso; ii) el uso de la expresión
“anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán “considerados” o
“debatidos” en otras sesiones debe entenderse como inclusivo de la intención de
votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al requisito del
artículo 160 constitucional; iii) que el contexto de las discusiones y los
debates puede utilizarse como referencia de validación para determinar si un
anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la secretaría a solicitud
de la presidencia incluía la intención de debatir y votar el proyecto anunciado
y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció la votación es una fecha
determinable y, finalmente, iv) que el contexto del cual pueden extraerse los
criterios de validación no se limita al de la sesión en que se hizo el anuncio,
sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la
votación.’[21]
(…)
“En cuanto estos condicionamientos
del anuncio previo a la votación, resulta relevante destacar lo decidido por
esta corporación en el Auto 081 de 2008 y en la sentencia C-011 de 2010. En
estas providencias la Corte avaló los anuncios realizados para un día
determinado o determinable aún cuando en dicha fecha no se hubiere celebrado la
sesión, siempre que fuera verificable, mediante el consecutivo de actas, que en
la siguiente reunión de la plenaria o la comisión se continúo (sic) la
cadena de anuncios o se votó el proyecto anunciado.
“En el Auto 081 de 2008 este Tribunal
estudió la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria de Habeas Data y
concluyó que era admisible constitucionalmente el anuncio realizado por la
Comisión Primera de la Cámara de Representantes para la sesión siguiente a la
del 25 de abril de 2007, la cual debía realizarse el 2 de mayo de 2007. No
obstante, en esa fecha no hubo sesión, pero se constató por el consecutivo de
actas que la siguiente sesión tuvo lugar el 8 de mayo de 2007, fecha en la que
se sometió a discusión y votación el proyecto de ley estatutaria anunciado en
la sesión del 25 de abril de 2007.
(…)
“En el mismo sentido, la sentencia
C-011 de 2010 reiteró que pese a que tanto en la Comisión Segunda como en la
Plenaria del Senado se hubiera anunciado el proyecto de ley para un día
determinado, sin que en esa fecha hubiere tenido lugar la sesión
correspondiente, no se ‘rompía’ la cadena de anuncios. Esto, debido a que se
había utilizado la fórmula de la “próxima sesión”, lo cual permitía verificar,
mediante el consecutivo de actas, que efectivamente en la siguiente sesión de
la comisión o la plenaria el proyecto de ley había sido considerado bien para
un nuevo anuncio o para su aprobación.
“En concreto, la sentencia aludida
advirtió: ‘Así las cosas, encuentra la Sala Plena que en el trámite
legislativo en el Senado (a) el anuncio lo hicieron tanto el Secretario de la
Comisión como de la Plenaria, por instrucciones de las respectivas
Presidencias; (b) en ambos casos se señaló expresamente para qué asunto estaban
siendo convocados los congresistas. Además, según ha señalado esta Corporación,
(c) el anuncio para la votación de un proyecto de ley, debe hacerse para una
sesión posterior a aquella en la que se hace el anuncio, siempre y cuando se
convoque para (…) una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos,
determinable”. En el caso bajo estudio, la Comisión Segunda del Senado señaló
las fechas en las cuales tendría lugar la votación del Proyecto de Ley 145 de
2007 Senado, por lo cual, tanto para los miembros de la Comisión Segunda del
Senado, como para los integrantes de la Plenaria, siempre fue claro cuándo
sería discutido y votado el proyecto, porque a pesar de que en algunas sesiones
se convocó para  una fecha determinada, también se mantuvo la fórmula de la
“próxima sesión” en cada uno de los anuncios, de tal manera que los senadores
siempre tuvieron certeza suficiente acerca del momento en que llevarían a cabo
las discusiones y las votaciones del Proyecto, que en últimas es lo que se
protege con la exigencia del anuncio. En ese orden de ideas, (d) no se rompió
la cadena de anuncios, desde la fecha del primer anuncio hasta la fecha en que
fue discutido y aprobado el proyecto de ley’.”
Ahora bien, teniendo en cuenta que el problema jurídico que se acaba de
estudiar ya ha sido objeto de pronunciamientos previos por parte de esta
Corporación, la Corte encuentra que en el caso bajo estudio, la situación
descrita en el apartado considerativo 2.2.2.3, no configura un vicio de
constitucionalidad en relación con el tema de los anuncios. De un lado, por
cuanto (i) el anuncio se hizo acudiendo a la fórmula “próxima
sesión”, lo cual garantiza que los Congresistas sabían que en la
siguiente sesión discutirían sobre el proyecto bajo estudio, por lo que tampoco
puede argumentarse que son tomados por sorpresa viciando el proceso
deliberativo, dado que estaban avisados de antemano y (ii) porque
ciertamente, la discusión y aprobación se dio en la sesión inmediatamente
siguiente a aquella en que se hizo el anuncio[22].
Considerar lo contrario, constituiría desconocer el precedente claro y
consolidado, fijado por esta Corte, para situaciones como la analizada.
2.2.2.3.2.  La Secretaría de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes Certificó también que el proyecto de ley bajo estudio “fue
aprobado por unanimidad, en votación ordinaria, con la asistencia de 15 Honorables
Representantes”.
Confrontado el texto del Acta 28 del cinco (5) de mayo publicada en la
Gaceta del Congreso Nº 544 se tiene que la aprobación se dio de la siguiente
manera:
“Hace uso de la palabra el Presidente
(e.), honorable Representante Silfredo Morales Altamar: En consideración los artículos leídos,
anuncio que va a cerrarse, se cierra ¿Aprueba la Comisión los artículos leídos?
Hace uso de la palabra la señora
Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: Ha sido aprobado el articulado leído y
puesto a consideración por usted señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente (e.),
honorable Representante Silfredo Morales Altamar: Señora Secretaria,
sírvase leer el título del proyecto.
Hace uso de la palabra la señora
Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: Título: Por medio de la cual se aprueba el
Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria, enmendado, y el Convenio de Administración del Programa
Cooperativo para el Fondo Re
gional de Tecnología Agropecuario,
enmendado, firmados el 15 de marzo de 1998.
Ha sido leído el título del proyecto señor
Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente (e.),
honorable Representante Silfredo Morales Altamar: En consideración el título del proyecto
leído, pongo a consideración de la Comisión el título, anuncio que va a
cerrarse, ¿Aprueba la comisión el título del proyecto leído?
Hace uso de la palabra la señora
Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: Ha sido aprobado el título del proyecto
leído y puesto a consideración, señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente (e.),
honorable Representante Silfredo Morales Altamar: ¿Quieren los Representantes que el
presente proyecto de ley sea Ley de la República?
Hace uso de la palabra la señora
Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: Sí lo quieren señor Presidente.
Hace uso de la palabra el Presidente (e.),
honorable Representante Silfredo Morales Altamar: Queda asignado como ponente el honorable
Representante. Pedro Nelson Pardo para la asignación del segundo debate y el
honorable Representante. Héctor Javier Botello.
Hace uso de la palabra la señora
Secretaria General, doctora Pilar Rodríguez Arias: Así se hará señor Presidente.”[23]
2.2.2.4. Para segundo debate la
ponencia fue presentada por los representantes Pedro Nelson Pardo Rodríguez y
Héctor Javier Osorio Botello y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 354
del 22 de mayo de 2009[24].
2.2.2.5. Según certificación
expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes,[25]
en sesión del 17 de junio de 2009 se anunció la discusión y aprobación del proyecto
de ley objeto de estudio, tal como quedó consignado en el Acta de Plenaria No. 188
de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 840 del 3 de septiembre 2009[26].
Revisada el acta de esta sesión, se encuentra que el anuncio de que trata el
artículo 160 C.P. se realizó del siguiente modo:
“Se anuncian los siguientes proyectos para sesión
plenaria del día 18 de junio en la cual se debatan proyectos de ley o acto
legislativo según el acto legislativo 01 de julio 3 de 2003 (…) Proyecto de Ley
225 de 2008 Cámara, 054 de 2008 Senado, Por medio del cual se aprueba el
Convenio del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología
Agropecuaria, enmendado y el convenio (sic) de administración del programa
cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria, enmendado,
firmado el 15 de marzo de 1998 (…) Señor Presidente han sido anunciados los
proyectos”
2.2.2.6. Según la certificación
referida en el numeral anterior[27], el Proyecto de Ley fue
considerado y aprobado, por unanimidad, por la mayoría requerida el dieciocho (18)
de junio de 2009, con la asistencia de ciento cincuenta y tres (153) de los
Representantes, de acuerdo a lo certificado por el Secretario General de la
Cámara de Representantes y lo consignado en el Acta de Plenaria No. 189 de la
misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 861 de septiembre 8 de 2009[28].
2.2.3 Cumplimiento de los
límites temporales para tramitar el proyecto de ley.
La Corte ha precisado que la
expresión del artículo 162 de la Constitución según la cual “[n]ingún
proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”, debe entenderse
en el sentido de que el Congreso cuenta con cuatro períodos de sesiones
ordinarias para llevar a cabo los debates requeridos para la formación de la
ley[29].
En este caso se observa que, el
proyecto inició y finalizó su trámite en la legislatura desarrollada entre el
20 de julio de 2008 y el 20 de junio de 2009. Por lo tanto, se cumplió a
cabalidad con el mencionado requisito constitucional.
2.2.4 Verificación del cumplimiento
de los demás requisitos derivados del artículo 160 de la Constitución.
De acuerdo con el primer inciso
del artículo 160 de la Constitución, entre el primer y segundo debate deben
transcurrir por lo menos ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una
Cámara y la iniciación del debate en la otra, debe mediar un término no
inferior a 15 días.
En el presente caso se tiene que
la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 15
de octubre de 2008 y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el 19 de
noviembre de 2008, es decir, se cumplió con el requisito constitucional, en
tanto transcurrieron más de tres semanas entre uno y otro debate.
Por otra parte, el primer y el
segundo debate en la Cámara de Representantes distaron en más de ocho días,
puesto que el primero de ellos ocurrió el 5 de mayo de 2009, y la aprobación en
plenaria se llevó a cabo el 18 de junio de 2009.  Además, entre la aprobación
del Proyecto en el Senado, realizada el 19 de noviembre de 2008, y la
iniciación del debate en la Cámara de Representantes, efectuada el 5 de mayo de
2009, transcurrió un lapso mayor a quince días.
Habiéndose constatado lo
anterior, la Corte observa que el trámite del proyecto de ley cumplió con las
exigencias del artículo 160 de la Constitución.
2.2.5. Una
vez descrito el procedimiento que surtió el Proyecto de Ley, la Corte concluye
que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal, pues, en
síntesis:
(i) El Proyecto de Ley
inició su trámite en el Senado de la República
Ver
supra 2.2.1.1. GC* 472 de 2008.
(ii) El Proyecto de Ley fue
publicado previamente al inicio del proceso legislativo
Ver
supra 2.2.1.1. GC 472 de 2008.
(iii) El Proyecto de Ley
fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras
legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Constitución Política
y el Reglamento del Congreso
En
Senado:
Primer debate: Ver
supra 2.2.1.4.; GC 448 de 2009
Segundo debate: Ver
supra 2.2.1.7.; GC 112 de 2009
En
Cámara
Primer debate: Ver
supra 2.2.2.3; GC 544 de 2009
Segundo debate: Ver
supra 2.2.2.6; GC 861 de 2009
(iv) Las ponencias tanto en
comisiones como en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los
debates;
En
Senado:
Primer debate: Ver
supra 2.2.1.2; GC 648 de 2008.
Segundo debate: Ver
supra 2.2.1.5; GC 759 de 2008.
En
Cámara
Primer debate: Ver supra 2.2.2.1; GC 230 de 2009.
Segundo debate: Ver
supra 2.2.2.4; GC 354 de 2009
(v) Entre el primer y
segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en
una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los
términos señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior: ocho y
quince días respectivamente.
En
Senado
La
aprobación en primer debate en el Senado tuvo lugar el 15 de octubre de 2008
(Ver supra 2.2.1.4;  GC 448 de 2009) y la aprobación en plenaria se
llevó a cabo el 19 de noviembre de 2008 (Ver supra 2.2.1.7; GC 112 de
2009)
En
Cámara
El
primer debate en Cámara tuvo lugar el 5 de mayo de 2009 (Ver supra
2.2.2.3; GC 544 de 2009) y la aprobación en plenaria se llevó a cabo el
18 de junio de 2009 (Ver supra 2.2.2.6. GC 861 de 2009)
Entre
la aprobación del Proyecto en el Senado (19 de noviembre de 2008) y la
iniciación del debate en la Cámara de Representantes (5 de mayo de 2008)
transcurrió un lapso no inferior a quince días.
(vi) Fue cumplido en cada
una de las etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo
exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el
artículo 160 C.P.
En
Senado
El
anuncio para el  Primer debate se produjo el 14 de octubre de
2008 (Ver supra 2.2.1.3; GC 334 de 2009) y la aprobación se llevó a
cabo el 15 de octubre de 2008; (Ver supra  2.2.1.4; GC 448 de 2009)
El
anuncio para el Segundo debate se produjo el 18 de noviembre de
2008 (Ver supra 2.2.1.6; GC 111 de 2009) y la aprobación se llevó a
cabo el 19 de noviembre de 2009 (Ver supra 2.2.1.6. GC 112 de 2009)
En
Cámara
El
anuncio para el  Primer debate se produjo el 28 de abril de
2009 y la aprobación se llevó a cabo el 05 de mayo de 2009; (Ver supra 2.2.2.2.
y 2.2.2.3; GC 544 de 2009)
El
anuncio para el Segundo debate se produjo el 17/06/2009 (Ver supra
2.2.2.5; GC 840 de 2009) y la aprobación se llevó a cabo el 18/06/2009;  (Ver
supra 2.2.2.6; GC 861 de 2009)
2.3.
Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional.
El trece (13)
de agosto de 2009, el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria
del instrumento internacional objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 1351
de 2009. Fue remitida para su estudio a la Corte Constitucional el dieciocho (18)
de agosto de 2009, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la
Presidencia,[30] dentro del término de
seis días dispuesto por el artículo 241-10 de la Constitución.
En consecuencia, la Corte
concluye que para el asunto bajo examen resultan acreditados los requisitos
propios del trámite de este tipo de leyes;  razones por las que no existe
defecto alguno en cuanto al análisis formal. Así, superada esta primera etapa
del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a realizar el análisis de
fondo del instrumento internacional.
3. Análisis sustancial de
constitucionalidad de la Ley 1351 de 2009.
Mediante la Ley 1351 de 2009 se
aprueban el “Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de
tecnología agropecuaria” Enmendado, y el “Convenio
de Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología
agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996”.
En términos generales, los dos
instrumentos que contempla esta ley aparecen  en el marco de la creación de un
programa cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (en
adelante FONTAGRO o el Fondo), que surge como una alianza de países encaminada
a financiar la investigación, la innovación científica y tecnológica en el
sector agrícola (pecuario, forestal, pesquero y alimentario), específicamente.
El programa tiene dentro de sus objetivos estimular la competitividad y
contribuir a la reducción de la pobreza en la región y la gestión sustentable
de los recursos naturales en América Latina y el Caribe. Los convenios, como
indican sus partes considerativas, parten del presupuesto de que para “alcanzar
un desarrollo sostenible del sector agropecuario en los países de la región es
esencial potenciar el desarrollo tecnológico en áreas estratégicas de interés
común que fomenten la productividad y la competitividad del sector a nivel
regional y subrregional”. A continuación se revisará el contenido y
estructura normativa de los Convenios contenidos en la Ley 1351 de 2009.
3.1. Análisis de  constitucionalidad a
partir de la descripción de la composición y estructura normativa de los Convenios
contenidos en la Ley 1351 de 2009.
3.1.1. Descripción de las disposiciones
del Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología
agropecuaria.
El Convenio constitutivo del Programa está
compuesto por siete artículos, compuestos al mismo tiempo por secciones y
literales, cuyo contenido normativo se resume a continuación:
El artículo I, Objeto y
Propósito-Participantes (sic), está compuesto tres secciones: en la sección
I, Objeto, dispone que lo pretendido con el convenio es crear “un mecanismo
de financiamiento sostenible para el desarrollo de tecnología agropecuaria en
América Latina y el Caribe, e instituir un foro para la discusión de temas
prioritarios de innovación tecnológica”. Al describir el propósito que tiene
la creación de este mecanismo, en la sección II, dispone que con ello se busca
“promover el incremento de la competitividad del sector agroalimentario,
asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales y la reducción de la
pobreza en la región”. La sección III, dispone quiénes pueden hacerse parte
del Programa. Al respecto, indica que “Todo país miembro del Banco [Interamericano
de Desarrollo] y cualquier otro país o persona jurídica que desee contribuir
con recursos al Programa podrá suscribir el presente Convenio y ser un
Participante en el Programa, de conformidad con el presente Convenio.”
También agrega esta disposición que “Todo país o cualquier otra parte
interesada no enumerado en el Anexo I a la fecha de la entrada en vigor del
presente Convenio que desee ser Participante podrá solicitar su incorporación
al Programa y comprometerse a pagar una contribución de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo II”.
La Corte no encuentra, respecto de este
primer artículo, reproche de constitucionalidad. El objeto y propósito, así
como la elección de los participantes del Programa, se enmarcan dentro de las
posibilidades contractuales con que cuenta el Estado al momento de suscribir
convenios de este orden. De la misma manera, la Corte advierte que la
preocupación que motiva la creación del Convenio hace parte de los propósitos
descritos en la Carta Política, específicamente, lo establecido en su artículo
65 cuando dispone que “el Estado promoverá la investigación y la
transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas
de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.
El artículo II diseña el sistema de
contribuciones al Programa. La sección primera establece la forma en que los
participantes deben realizar el pago de la contribución: los montos, el tipo de
moneda y la forma de pago. La sección 2 dispone la forma en que los recursos
del programa integrarán el “Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria” y
la metodología que delimita su administración. La sección 3 explica en detalle
las limitaciones de uso de los recursos del programa. Por ejemplo, esta norma
establece que “El capital intangible del Fondo no se utilizará para
financiar operaciones o gasto alguno del Programa.” Y también que “Los
recursos disponibles solo podrán ser utilizados para el cumplimiento del
objetivo y propósito del Programa.”
El artículo III establece que las reglas
que rigen las “operaciones del programa”.  La sección 1 de este
artículo establece que “Las operaciones del Programa serán aprobadas por el
Consejo Directivo y administradas por la Secretaría Técnica-Administrativa”. La
sección 2 determina los principios orientadores de las operaciones. Esta
sección establece la obligación de diseñar (i) esquemas de planeación a mediano
plazo “que representa la visión estratégica del Programa y define las áreas
prioritarias de investigación susceptibles de financiamiento”, (ii) el “Manual
de Operaciones del Programa que contempla los aspectos de políticas y
procedimientos aplicables a las operaciones” y (iii) “Un Plan Operativo
Anual que contempla el programa anual de financiamiento y el presupuesto anual”.
El artículo IV contempla las funciones,
estructura y composición del Consejo Directivo. La sección 1 precisa que el
órgano de “dirección superior del Programa es el Consejo Directivo”. La
sección 2 describe sus atribuciones, las secciones 3 y 4 definen reglas de
funcionamiento relacionadas con la Reuniones y el quórum y la forma de realizar
las votaciones.
Por su parte, el artículo V regula lo
relacionado con la Secretaría Administrativa. La sección 1 indica que “La
Secretaría Técnica-Administrativa será el órgano responsable del apoyo técnico
y administrativo del Programa. La Secretaría contará con un Secretario
Ejecutivo, un asistente técnico y un asistente administrativo, y con el apoyo
de los consultores de corto plazo necesarios para llevar a cabo la evaluación
de propuestas de proyectos y el seguimiento y evaluación de las actividades de
investigación financiadas por el Programa”. Define también las funciones
del Secretario Ejecutivo. La sección 2 contempla las funciones técnicas y la
sección 3 indica las funciones administrativas que desempeñará esta Secretaría.
El artículo VI, sección 1, establece que “[d]urante
el Período inicial, el Banco Interamericano de Desarrollo administrará el Fondo
y prestará servicios de depositario y otros servicios relacionados con las
actividades del Programa. En el desempeño de sus funciones, el Banco actuará
con el mismo cuidado que ejerce en la administración y gestión de sus propios
asuntos. Una vez transcurrido el Período Inicial, se podrá solicitar al Banco o
a un administrador que le suceda que preste los servicios que se acuerden por
escrito entre el Consejo Directivo y el Banco o administrador que le suceda.
Solamente podrán ser Administrador aquellas personas jurídicas internacionales
que cuenten con privilegios e inmunidades similares a los del Banco.”. En
la sección 2 se definen como atribuciones del Administrador la de fungir como
representante legal y la habilitación para “celebrar contratos, aceptar
donaciones, comprar y vender valores, invertir los recursos del Programa y
realizar todas las transacciones financieras necesarias para el cumplimiento de
su objeto y propósito, y realizar todas las demás acciones para el desarrollo
de sus funciones, en nombre y representación del Programa.”
Revisado en detalle el contenido de los
artículos II, III, IV, V y VI, en tanto disposiciones operativas y
organizacionales del Convenio, la Corte Constitucional, no encuentra reproche a
la luz de las disposiciones de nuestra Carta Política. En el análisis, se tuvo
en cuenta particularmente, que en el marco del funcionamiento del programa
-además de garantizarse el desarrollo de los lineamientos de promoción al
sector agrario y la internacionalización de las relaciones económicas del
país-, estas disposiciones y su aplicación práctica respetan la soberanía del
Estado colombiano y de su eventual aplicación no se advierte vulneración de los
derechos fundamentales y los principios constitucionales que irradian nuestro
ordenamiento jurídico.
Por último, el artículo VII contempla las
disposiciones finales relacionadas con la vigencia (sección 1), procesos
reglados para la terminación o liquidación (sección 2) y las posibilidades de
enmienda (sección 3), la limitación de responsabilidad (sección 4), las formas
de retiro y reincorporación de los participantes (sección 5), los mecanismos de
solución de controversias (sección 6) y algunas definiciones (sección 7). En
relación con la vigencia, el Convenio dispone que  “entrará en vigor en la
fecha en que se haya suscripto por Participantes cuyas contribuciones agregadas
superen los US$50.000.000, o su equivalente. El presente Convenio tendrá
una duración indefinida, a menos que se termine a tenor de lo dispuesto en este
artículo VII.”[31].  En relación con
las controversias, vale la pena transcribir lo que dispone el Convenio: La
responsabilidad de los Participantes se limitará a la porción impaga de sus
respectivas contribuciones, y la responsabilidad del Administrador se limitará
a los recursos del Programa. Los Participantes, las personas que los
representen o que deriven de ellos sus derechos no iniciarán ninguna acción
judicial contra el Programa. Los Participantes podrán hacer valer sus derechos
conforme a los procedimientos que se señalan en este Convenio, en los
reglamentos del Programa o en los contratos que celebren.” Más adelante
establece que “En caso de que surgiere un desacuerdo entre cualquiera de los
Participantes y el Programa que no se supere mediante consulta, tal
controversia se someterá al arbitraje de un tribunal compuesto de tres
personas: una designada por el Consejo Directivo, otra por el Participante y la
tercera, salvo acuerdo en contrario entre las partes, por el presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo. El tercer árbitro podrá decidir todas las
cuestiones de procedimiento en los casos en que las partes no estén de acuerdo
sobre la materia. Si fracasaren todos los intentos de llegar a un acuerdo
unánime, las decisiones se tomarán por mayoría. Toda decisión arbitral tendrá
carácter definitivo y será ejecutada por la parte pertinente dentro de los 60
días de la notificación de la decisión. Toda duda con respecto al reparto de
los costos o a la forma en que deban pagarse será resuelta por el tribunal sin
posibilidad de apelación. Todo honorario o gasto pendiente de pago por el
Programa a tenor de esta sección deberá sufragarse con recursos del Fondo”.
Respecto de todas estas disposiciones,
contenidas en el artículo VII del Convenio constitutivo, la Corte advierte que
su contenido reitera las fórmulas comúnmente utilizadas para los instrumentos internacionales
y acatan las previsiones del derecho internacional público, en especial las
contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.  Por ende,
no presentan reparo alguno respecto de su constitucionalidad.
3.1.2. Descripción de las disposiciones
del Convenio de Administración del Programa cooperativo para el
fondo regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de
1996.
En el marco del Programa
Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria creado por el
Convenio constitutivo que se acaba de describir, los participantes han
solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el BID) que
administre dicho Programa durante el Período Inicial. Por su parte el BID, ha
acordado administrarlo mediante la suscripción del Convenio de Administración
del Programa Cooperativo para el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria o
“Convenio de Administración”.
El Convenio de Administración
está compuesto por cuatro (4) artículos, integrados también por secciones
específicas. Como se indica también en el Convenio  constitutivo, el marco
general de funcionamiento es el siguiente: el BID
presta sus servicios como depositario y ejerce sus funciones con el mismo
cuidado con el que realiza sus propios asuntos. Por estos servicios no recibe
reembolso alguno con cargo al Programa (artículo I, sección 3), excepción hecha
de los contadores independientes que preparan el dictamen para la auditoría de
los estados financieros, cuyos honorarios se cargan a los recursos del Programa
(artículo II).
En su
condición de Administrador, el BID asume la condición de representante legal y
en consecuencia, como lo dispone la sección 1 del artículo I, “tendrá
plena capacidad para celebrar contratos, aceptar donaciones, comprar y vender
valores, invertir los recursos del Programa y realizar otras transacciones, y
todas las demás acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto y
propósito, en nombre y representación del Programa”, en plena concordancia
con el Convenio constitutivo.
Los
servicios que como Administrador del Programa prestará el BID, se encuentran
detallados en la sección 2 del artículo 1:
“a) El Banco
administrará las cuentas del Fondo, incluida la inversión de los recursos a que
se refiere el inciso b). A tal fin, utilizará las cuentas bancarias necesarias
para recibir los pagos de los Participantes y otros contribuyentes y para
realizar las inversiones necesarias. El Banco aceptará el pago de las
contribuciones y aportes al Fondo y exigirá el pago de las contribuciones, o de
las cuotas de las mismas, que adeuden los Participantes o que vayan venciendo
conforme los Cronogramas de Contribuciones;
b)
El Banco invertirá el capital intangible y otros recursos del Fondo que no se
necesitan para sus operaciones a fin de obtener las rentas necesarias para el
financiamiento de las operaciones del Programa y para sufragar los gastos del
Programa, conforme a la política de inversiones aprobada por el Consejo
Directivo del Programa. Asimismo, el Banco asignará ingresos del Fondo para
mantener el valor del capital intangible del mismo conforme al mandato del
Consejo Directivo del Programa. A fin de facilitar la administración de los
mismos; el Banco podrá convertir a otras monedas los recursos del Fondo;
c)
A solicitud del Consejo Directivo, el Banco podrá prestar servicios de
secretaría, instalación y otros servicios de apoyo para facilitar las
actividades del Programa. En el desempeño de sus funciones de secretaría del
Consejo Directivo, el Banco:
i)
Convocará las reuniones de dicho Consejo de conformidad con lo dispuesto en el
Convenio Constitutivo;
ii)
Con una antelación mínima de treinta días a una reunión, distribuirá entre los
representantes de cada Participante, los principales documentos relativos a la
misma y el orden del día, y
iii)
Redactará las actas de las reuniones del Consejo Directivo.
d)
El Banco asignará algunos de sus funcionarios o contratará consultores externos
para desempeñar las funciones de la Secretaría Técnica-Administrativa, de
conformidad con las políticas y procedimientos del Banco;
e)
El Banco será depositario del presente Convenio, del Convenio Constitutivo, y
de los otros documentos oficiales del Programa;
f)
El Banco desempeñará todas las demás funciones que acuerden por escrito el
Consejo Directivo y el Banco.”
El artículo II del Convenio precisa
la forma en que el BID llevará los registros contables (sección 1) y la manera
en que presentará los informes (sección 2). Una cláusula importante consignada
en este instrumento es la relacionada con la facultad según la cual,
independientemente de los informes anuales que debe elaborar y presentar el
Banco con el respaldo de una firma auditora independiente, “El Consejo
Directivo podrá solicitar al Banco, o a la firma de contadores públicos a que
se hace referencia en el párrafo (b) a través del Banco, que faciliten
cualquier otra información razonable con respecto a las operaciones del
Programa y a los informes de auditoría presentados” lo que garantiza el
ejercicio de control y veeduría por parte de los Participantes, respecto del
administrador.
El artículo III regula lo
relacionado con la vigencia del Convenio de Administración. Esta norma
contempla tres secciones: (1) Entrada en vigor, duración y prórroga. (2) Terminación
anticipada, (3) Liquidación. En relación con la entrada en vigor, se establece
la misma que para el Convenio constitutivo. Respecto de la duración dispuso un
plazo inicial, con posibilidad de prórrogas así: “el Banco y el
Consejo Directivo podrán acordar prorrogarlo con una antelación de al menos
noventa días antes del último día del Período Inicial o de cualquiera de las
sucesivas prórrogas”. Sobre la terminación anticipada, contempla causales
razonables como, por ejemplo, que el BID suspenda sus propias operaciones o cesa
en sus operaciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo X del Convenio
Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. También contempla como
causal de terminación anticipada, el caso “en que una enmienda del Convenio
Constitutivo requiera que el Banco, en el desempeño de las obligaciones que el
presente Convenio estipula, actúe en contravención de su Carta Orgánica”.
Por último, respecto de este tema, dispone que “El Consejo Directivo por
decisión de al menos las dos terceras partes de la totalidad de Participantes,
podrá decidir en cualquier momento terminar el presente Convenio.”. En
relación con la liquidación, establece que el Banco deberá cesar todas las
operaciones que desarrolle en cumplimiento del Convenio administrativo, salvo aquellas
que sean necesarias “a efectos de la realización, conservación y
preservación ordenadas de los activos y para la liquidación de las obligaciones”.
También establece que “una vez liquidados o provisionados todos los pasivos
correspondientes al Programa, el Banco distribuirá o asignará los activos
remanentes conforme a lo dispuesto en la Sección 2 del artículo VII del
Convenio Constitutivo”, es decir, el Consejo Directivo dará instrucciones
al Administrador para efectuar una distribución entre los Participantes del
monto a que ascienda el saldo de los recursos del Programa en la fecha de la
terminación.
Por último, el artículo IV contempla
una serie de disposiciones generales, en las que se precisan las
obligaciones (sección 1) y responsabilidades (sección 2) del BID como administrador.
El Convenio es claro al prescribir que “El Banco no podrá beneficiarse en
ningún caso de las utilidades, ganancias o beneficios derivados del
financiamiento, las inversiones, o cualquier otro tipo de operación efectuadas
con los recursos del Programa”. La norma también dispone que cuando el
Banco no haya actuado con el mismo cuidado que ejerce en la administración de
sus propios recursos, faculta a los Participantes o el Consejo Directivo para exigir
indemnización por cualquier pérdida o déficit que pueda producirse como
consecuencia de una operación.
En la
sección 3 dispone que “Podrán adherirse al presente Convenio todos los
Participantes”. La sección 4 establece que el “presente Convenio solo
podrá enmendarse por escrito con el mutuo acuerdo del Banco y del Consejo
Directivo por decisión de al menos las dos terceras partes de la totalidad de
los Participantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de la
totalidad de votos”. La sección 5 regula lo relacionado con los mecanismos
de solución de controversias. Dispone, bajo el mismo esquema del Convenio
constitutivo, “que cualquier controversia que se produzca en el marco del
presente Convenio entre el Banco y el Programa y/o los Participantes, que no se
supere mediante consulta, se resolverá por arbitraje”, precisando que “Toda
decisión arbitral tendrá carácter definitivo y será ejecutada por la parte
pertinente dentro de los 60 días de su notificación”. La sección 6 regula
la responsabilidad del BID y del Programa así: “la responsabilidad del Banco
se limitará a los recursos del Programa; la responsabilidad del Programa se
limitará a la porción impaga de las respectivas contribuciones de los
Participantes”. En relación con el retiro del Convenio, la sección 7 del
artículo IV, establece que el Participante que se
retire del Convenio Constitutivo, se tendrá como retirado del Convenio de
Administración, caso en el que el BID celebrará un acuerdo con dicho
Participante para efectos de la liquidación de los reclamos y obligaciones.
Revisadas y estudiadas en
conjunto las disposiciones del Convenio de Administración del Programa
cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria, esta Corporación
encuentra que coincide y hace operativos objetivos y propósitos del Convenio constitutivo
ya revisado. La Corte en ocasiones anteriores no ha encontrado problemas de
constitucionalidad cuando se crean fondos de cooperación que son administrados
por organismos de orden internacional frente a los cuales el Estado tiene que
hacer sus respectivos aportes cuando, luego de revisar el contenido del
Convenio, se encuentra que desarrolla mandatos constitucionales[32].
Analizadas sus disposiciones, prima facie, no se advierten reproches de
constitucionalidad por cuanto las normas contempladas en este último Convenio
no exceden las posibilidades fijadas por nuestra Carta Política en la
suscripción de este tipo de acuerdos. Al igual que el Convenio constitutivo, en
el Convenio de Administración, se  acude a fórmulas comúnmente utilizadas en
este tipo de instrumentos internacionales, dentro de las previsiones del
derecho internacional público, en especial las contenidas en la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados y la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados celebrados entre Estados y Organizaciones Internacionales o
entre Organizaciones Internacionales.
3.3.
Consideraciones Finales
Teniendo en
cuenta la revisión del procedimiento legislativo descrito en el fundamento
jurídico dos (2) de esta sentencia, esta Corporación determina que la
aprobación de la Ley 1351 de 2009 cumplió con los requisitos constitucionales formales
exigidos para ser considerada Ley de la República.
De igual
manera, hecha la revisión de las disposiciones contenidas tanto en el “Convenio
del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria”
Enmendado, como en el “Convenio de Administración del Programa
cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ enmendado,
firmado el 15 de marzo de 1996”, la Corte encuentra que este conjunto de
disposiciones, desarrollan postulados constitucionales, sin encontrar normas
que contravengan enunciados normativos de la Constitución. Por el contrario, se
tiene que las normas de los instrumentos internacionales analizados se ajustan
a la Carta Política, en la medida en que, este tipo
de tratados o acuerdos[33] se erigen
como mecanismos de colaboración entre los países, y desarrollan normas
como (i) el artículo 70 conforme al cual “el Estado tiene el deber de
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza
científica, técnica, artística y profesional…”; (ii) los mandatos
constitucionales que indican que es deber del Estado promover la
competitividad, la productividad y la formación tecnológica (artículos 54 y 334),
(iii) la orientación de la política exterior colombiana hacia la
integración latinoamericana y del caribe (artículos 9 y 227 C.P.). También (iv)
se advierte que los objetivos del proyecto de ley bajo examen se enmarcan
dentro del contenido del artículo 65 superior que dispone que “la producción
de alimentos gozará de especial protección del Estado. Para tal efecto, se
otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, (…)”.
También resulta importante
aclarar, en relación con la exposición de razones hechas por las oficinas
jurídicas de los Ministerios del gobierno intervinientes en este asunto, que la
Corte mediante el control abstracto de constitucionalidad  no analiza
asuntos de conveniencia o de oportunidad. Éstos corresponden al jefe de Estado
y al Congreso de la República, en los términos de la Constitución[34].
La Corte verifica que los instrumentos bajo examen, armonicen con los
postulados constitucionales de respeto a la soberanía nacional, a la
autodeterminación de los pueblos y de reconocimiento de los principios de
derecho internacional aceptados por Colombia, según lo instituye el artículo 9
Superior. Y además, que resulten acordes con la promoción de la
internacionalización de las relaciones económicas y  sociales, sobre bases
de equidad y reciprocidad, tal y como lo ordena el artículo 226 de la Carta
Política, situaciones todas, que se respetan y garantizan en los instrumentos
analizados en el presente asunto.
En
consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad del “Convenio del Programa
Cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria” Enmendado,
y del “Convenio de Administración del Programa cooperativo para el fondo
regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996”
y  su ley aprobatoria.
DECISIÓN
Con
fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009, “Por medio de la cual se aprueba el
‘Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de tecnología
agropecuaria’ Enmendado, y el ‘Convenio de Administración del Programa cooperativo
para el fondo regional de tecnología agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de
marzo de 1996”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES
el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de
tecnología agropecuaria’ Enmendado, y el ‘Convenio de
Administración del Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología
agropecuaria’ enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996”.
Tercero.-  COMUNÍQUESE esta
decisión al Gobierno Nacional por intermedio de la Secretaría General de la
Presidencia de la República, y envíesele copia auténtica de la misma para los
efectos constitucionales previstos en el numeral 10 del artículo 241 de la
Carta Política.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
Ausente en comisión
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Salvamento de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en comisión
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETTELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO Y
ACLARACION DE VOTO DE LA MAGISTRADA MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA
C-567 de 2010
REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Interpretación de la expresión “próxima sesión”
(Salvamento de voto)
REQUISITO DE
ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-La expresión “próxima sesión” adquiere un carácter
indeterminado que no cumple con los requisitos constitucionales exigidos por el
Acto Legislativo 01 de 2003 (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente
LAT-356
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 1351 del 13 de agosto de 2009, “Por medio de la
cual se aprueba el ‘Convenio del Programa Cooperativo para el fondo regional de
tecnología agropecuaria’ Enmendado, y el ‘Convenio de Administración del
Programa cooperativo para el fondo regional de tecnología agropecuaria’
enmendado, firmado el 15 de marzo de 1996”.
Magistrado
Ponente:
Juan Carlos
Henao Pérez
1. Con el acostumbrado respeto, a
continuación expongo las razones que me llevaron a salvar el voto en la
presente sentencia. La posición mayoritaria de la cual me aparto consideró que
durante el debate ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, a
pesar de que el día 29 de abril de 2009 no tuvo lugar la sesión convocada el
día anterior, sino que ésta se realizó en una fecha posterior, sin que dicho
anuncio se reiterara, éste cumplió con los mandatos del artículo 8 del Acto
Legislativo de 2003. En efecto, la mayoría estimó que en la medida que el
proyecto fue anunciado para votación en una fecha determinada y la sesión prevista
para esa fecha no se realizó, sino que tuvo lugar en una fecha posterior, tal
situación no contrariaba el artículo 160 de la Carta, porque también se mantuvo
la fórmula de la “próxima sesión” en cada uno de los anuncios, con lo
cual se podía entender que el anuncio se había hecho para una fecha
determinable.
2. De conformidad con lo que
consta en la Gaceta 544 de 2009 citada en la sentencia, el anuncio exigido por
el Acto Legislativo 01 de 2003 en la Comisión Segunda Constitucional Permanente
de la Cámara de Representantes, se hace inicialmente en la sesión del 28 de
abril de 2009, diciendo que se cita “para la próxima sesión”. Al final
de esa sesión, tal como consta en esa Gaceta, el Presidente de la Comisión dice
lo siguiente: “Se levanta la sesión y se convoca
para mañana, ocho de la mañana, Comisión Séptima de Cámara.” Es decir que la Comisión Segunda de la Cámara entendía que
la sesión sería el día 29 de abril de 2009, esto es, en una fecha cierta. Toda
la explicación del Presidente de la Comisión antes de finalizar la sesión del
día 28 de abril de 2009 confirma que la sesión sería al día siguiente: “Hace
uso de la palabra el Presidente de la Comisión, honorable Representante Pedro
Pablo Trujillo Ramírez: Tenemos dos inconvenientes sobre el
particular. El problema logístico para ubicación normal ordinaria nuestra, nos
ha tocado ser sedentarios y eso nos ha dificultado fijar fechas para los
debates respectivos y en cuanto a los avances de las obras se nos dice que
sobre finales de junio a principios de julio, debe estar totalmente ya remodelado
el objeto contractual sobre las instalaciones de la Comisión Segunda. De tal
manera que nos quedamos con los deseos de inaugurar las instalaciones, entonces
tenemos inconvenientes por localización y en la medida que nosotros podamos
vamos a agilizar los debates que tenemos pendientes. Hasta junio está copado el
Salón Elíptico, ha sido una situación muy complicada, afortunadamente hemos
podido darle ya en dos semanas darle trámite a las funciones de la Comisión
pero la verdad que sí les pediría tranquilidad y paciencia sobre el particular,
mañana es muy factible que la Comisión estaríamos iniciando ocho de la
mañana en la Comisión Séptima porque no hay otro espacio que nos hayan podido
facilitar para tal efecto, tenemos reunión de bancada pero nos corresponde
agilizar la agenda; y si no nos quedaríamos colgado en la misma. Los esperamos
en el almuerzo con el señor Ministro, honorables colegas. Se levanta la sesión
y se convoca para mañana, ocho de la mañana, Comisión Séptima de Cámara.”
(Subrayado y negrillas fuera del texto).
La
sesión no se realizó el día 29 de abril, sino el 5 de mayo. No obstante, no hay
explicación de qué pasó ni cómo fueron informados los congresistas o la
ciudadanía sobre el cambio de día de la sesión. Lo que sí es claro es que ese
anuncio no se reiteró durante la sesión de la Comisión, y que a la certeza del
anuncio inicial, lo sigue una situación de incertidumbre que desconoce la
finalidad prevista en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que afecta
el derecho de participación de la ciudadanía y la posibilidad de que los
congresistas hagan seguimiento a los temas que les interesan. Para la mayoría,
la utilización de la fórmula “próxima sesión”, independientemente de si
la sesión para la cual es citada la célula legislativa ocurre al día, a la
semana, o al mes siguiente, suple las condiciones del anuncio.
3. En mi opinión, tal interpretación
desconoce la finalidad constitucional del artículo 8 del Acto Legislativo 01 de
2003 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, y vuelve
inocuo el requisito del aviso previo y determinado de votación de los proyectos
de ley. Por ser pertinente, me remito a las consideraciones hechas por este
Despacho en el Salvamento de Voto a la sentencia C-011 de 2010 (MP. Juan Carlos
Henao Pérez), de las cuales resalto lo siguiente:
“2. Acerca del cumplimiento del requisito del
anuncio previo de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que
adicionó el artículo 160 de la Carta,[35] la Corte
Constitucional ha señalado en varias oportunidades que esta disposición ordena
(1) que la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada;
(2) que el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la
sesión en que es sometido a su aprobación; y, (3) que la votación debe surtirse
el día en que se anuncie.[36]
“La Corte
ha señalado además como requisitos mínimos que debe cumplir ese anuncio previo,
el que sea realizado por el Presidente de la respectiva célula legislativa, o
cuando menos, por el Secretario por instrucciones del Presidente de la Comisión
o de la Plenaria.[37] Dado que el texto
constitucional no exige una fórmula sacramental específica que emplee los
términos votación o aprobación, se ha aceptado que se empleen expresiones
análogas, de las cuales sea posible inferir para qué están siendo convocados
los congresistas y que se está dando cumplimiento a lo ordenado en el Acto
Legislativo 01 de 2003. Finalmente, el anuncio para la votación de un proyecto
de ley debe hacerse para una sesión posterior a aquella en la que se hace el
anuncio, “siempre y cuando se convoque para (…) una fecha futura prefijada y
determinada, o por lo menos, determinable”.[38]
“3. Este
requisito consagrado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, no sólo
fue un tema sobre el cual existió un amplísimo consenso en el Congreso de la
República durante el trámite de esta reforma constitucional en el Congreso,
sino que además, fue considerado como uno de los instrumentos necesarios para
alcanzar uno de los objetivos principales de dicha reforma: el fortalecimiento
y la racionalización de la actividad del Congreso de la República, mediante la
introducción de mecanismos que, como el del aviso previo, garantizaran una
mayor transparencia, publicidad y respeto de los derechos de las minorías
políticas en el proceso de formación de las leyes en Colombia.[39]
“Por otra
parte, la Corte ha dicho que el anuncio citado “facilita a los ciudadanos y
organizaciones sociales que  tengan interés en influir en la formación de la
ley y en la suerte de ésta, ejercer sus derechos de participación política
(Artículo 40 CP) con el fin de incidir en el resultado de la votación, lo cual
es importante para hacer efectivo el principio de democracia participativa
(Artículos 1 y 3 CP.)”.[40]
(…)
“No nos
pasa desapercibido que en varias sentencias de esta Corporación se ha entendido
que se cumple con el requisito constitucional cuando a pesar de no efectuarse
la votación por la no realización de la sesión en la fecha prevista finalmente,
ésta ocurre en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la
próxima sesión, para lo cual se examina el orden sucesivo de las actas.[41]
Sin examinar en detalle si en cada uno de esos casos el contexto permitía
inferir cuándo se realizaría la sesión de votación, considero que la evolución
jurisprudencial frente a tal interpretación ha ido permitiendo que se entienda
como “fecha determinable”, cualquier fórmula en la que se emplee la expresión
“próxima sesión”, sin verificar si del contexto esa expresión permite obtener
el grado de certeza sobre cuándo se realizará la sesión de votación del
proyecto exigido hasta ahora por la jurisprudencia.
“Ciertamente,
si la finalidad del anuncio es alertar a los Congresistas y a la ciudadanía
sobre los proyectos que habrán de debatirse y votarse en una sesión determinada
o determinable, es claro que cualquier expresión verbal que inequívocamente
transmita dicha idea garantiza el cumplimiento de la exigencia constitucional.
La prevalencia de lo sustancial sobre lo formal (art. 228 CP.), inscrita como
principio de ejercicio de la función jurisdiccional, impide que el juez
constitucional exija la adopción de una frase específica para obtener un
resultado que puede lograrse de maneras distintas, utilizando expresiones
sinónimas.
“No
obstante, el hecho de que no exista una expresión específica diseñada para
cumplir con el requisito del artículo 160 constitucional no significa que
cualquier expresión verbal vinculada con éste tema supla la exigencia de
anuncio impuesta por la Carta. Más allá de la discusión acerca de las frases o
expresiones sinónimas que pudieran transmitir la idea de que la respectiva
plenaria o comisión desean anunciar los proyectos que serán votados en una
sesión específica, la Corte ha admitido la posibilidad de dar por cumplido el
requisito del artículo 160 cuando el contexto de la sesión permite inferir que
la intención de la mesa directiva ha sido la de anunciar determinados proyectos
con el fin de someterlos a votación, en una sesión determinada o determinable.
“La
apelación al contexto del debate como elemento de identificación del anuncio se
predica tanto de la fórmula empleada para el anuncio, en sí mismo considerado,
como de la fecha de votación y de la intención misma de someter a votación el
proyecto específico; lo cual es independiente de que, en cada caso concreto, el
contexto permita identificar con éxito el cumplimiento de cada uno de dichos
elementos. En todo caso, dado que las exigencias constitucionales sobre el
anuncio se refieren a lo que debe ocurrir en la sesión de la célula legislativa
en la que éste se realiza, es claro que el contexto relevante para determinar
qué tan preciso es el anuncio, es lo ocurrido en la sesión en la que se realiza
el anuncio, no los hechos ocurridos por fuera de esta.
“En el caso
examinado en la sentencia de la cual nos apartamos, ni el empleo de la
expresión “próxima sesión” ni el contexto permitían realmente tener certeza
sobre cuándo se produciría la votación. La convocatoria se hizo inicialmente
para una sesión que tendría lugar en una fecha determinada. La expectativa de
los congresistas y del público en general era que en la fecha prefijada
ocurriera la votación. Cuando la sesión no se produjo, ni los congresistas ni
el público tenían un contexto con base en el cual obtener claridad sobre cuándo
se produciría la votación. En ese evento, la expresión “próxima sesión” que
cobija cualquier sesión futura, la cual puede ocurrir al día siguiente, la
próxima semana, o el mes siguiente. Es por ello que dicha expresión adquiere un
carácter indeterminado, que no cumple con los requisitos constitucionales
exigidos por el Acto Legislativo 01 de 2003.”
Dejo, pues
expuestas las razones que me llevaron a disentir de la decisión mayoritaria
adoptada por esta Corporación en el asunto de la referencia.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1] Cfr.  Folio 83 del cuaderno principal.
[2] El acto de refrendación expresamente dispone “(…) de conformidad
con el artículo 8 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
del 23 de  mayo de 1969 he determinado expedir el presente INSTRUMENTO DE
REFRENDACIÓN DE FIRMA, para dichos instrumentos internacionales. Dado y
firmado de mi mano, sellado con el sello de la República y refrendado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Bogotá, D.C., a los
veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil ocho (2008).”.
[Negrillas del original]. Cfr. Folio 86 del cuaderno principal.
[3] Cfr. Folio 9 del cuaderno principal.
[4] Cfr. Folios 3-16 del cuaderno de pruebas 1.
[5] Cfr. Folios 21-24 del cuaderno de pruebas 1.
[6] Cfr. Folios 1 y 2  del cuaderno de pruebas 2.
[7] Cfr. Folios 50 y 51 del cuaderno de pruebas 2.
[8] El Secretario General de la Comisión Segunda del Senado afirmó que el
proyecto de ley se aprobó con un quórum decisorio “integrado por ocho (8) de
los trece (13) Senadores que conforman la comisión segunda del Senado”. Folio
1 del cuaderno de pruebas.
[9] Cfr. Folios 605-608 del cuaderno 3 de pruebas.
[10] Cfr. Folios 1-2 del cuaderno 3 de pruebas.
[11] Cfr. Folio 392  del cuaderno 2 de pruebas.
[12] Cfr. Folios 537-542 del cuaderno 3 de pruebas.
[13] Cfr. Folio 583 del cuaderno 3 de pruebas.
[14] Cfr. Folio 59-65 del cuaderno 4 de pruebas.
[15] Cfr. Folio 1 del cuaderno 4 de pruebas.
[16] Cfr. Folio 12 del cuaderno de pruebas 4.
[17] Ver supra nota 14.
[18] En la C-305 de 2010, ocurrió que “En la
sesión del 30 de septiembre de 2008 se anunció para votación el proyecto de ley
con las siguientes expresiones: a) “queremos anunciar proyectos para el día de
mañana”; b) “El señor Secretario, doctor
Felipe Ortiz Marulanda, informa al señor Presidente, están hechos los anuncios
de los proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la
Comisión Segunda del Senado”; y c) “se convoca a la
Comisión Segunda del Senado para mañana a las 10:00 a.m.”. Sin embargo, el 1º
de octubre de 2008, la Comisión Segunda no se reunió sino que la sesión se
llevó a cabo el 7 de octubre de 2008”
[19] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-533/04.
[20] Auto 081 de 2008.
[21]Auto 311 de 2006. Dos años más tarde, la Corte
sistematizó el alcance de estos requisitos en la sentencia C-533 de 2008 de la
siguiente forma: “a)  No atiende a una determinada fórmula sacramental:  no
es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el
aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención de
someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha convalidado por ejemplo
términos como: “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”. b) Determinación
de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, de lo
contrario hace de aquél un anuncio no determinado ni determinable contrario a
la exigencia constitucional: si bien la exigencia constitucional parte de
que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y
votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que
habrá de realizarse la votación siempre que sea determinable, por ejemplo, la
Corte ha avalado expresiones como “próximo martes”, “próxima sesión”,
“próxima semana”,“siguiente sesión” y “día de mañana”. c)
Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación salvo
que en sesión anterior a la aprobación hubiere sido anunciado: frente al
aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión de anuncios
a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso, sin embargo,
no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha
ruptura fue anunciado en la sesión inmediatamente anterior a la votación del
proyecto. d)  Cumplimiento de la exigencia constitucional cuando a pesar de
no cumplirse la votación por su no realización en la fecha prevista finalmente
ocurre la misma en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir,
en la próxima sesión, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo
de las actas.”. En dicha oportunidad, para efectos de esta sistematización, la
Corte tuvo en cuenta los siguientes fallos: C-927 de 2007, C-718 de 2007, C-502
de 2007, C-309 de 2007, C-933 de 2006, C-864 de 2006, C-863 de 2006, C-649 de
2006, C-576 de 2006, C-337 de 2006, C-322 de 2006, C-276 de 2006, C-241 de
2006, C-1040 de 2005, y C-780 de 2004. También los siguientes autos de Sala
Plena: 232 de 2007, 145 de 2007, 119 de 2007, 053 de 2007 y 311 de 2006.
[22] En el mismo sentido ver también la Sentencia de C-094 de 2009, donde
en relación con uno de los anuncios se dijo “(…) (c) El anuncio se
hizo de manera clara, empleando la expresión ‘próxima sesión’, es decir, que se
trataba de una fecha determinable que permitía a los congresistas, saber cuándo
exactamente tendría lugar la votación. (d) La votación se hizo efectivamente en
la sesión inmediatamente posterior a aquella en que se hizo el anuncio,
respetando así la cadena de anuncios exigida por la Carta.”
[23]  Cfr. Folios 19 y 20 del cuaderno de pruebas 4.
[24] Cfr. Folios 22 - 28 del cuaderno de pruebas 4.
[25] Cfr. Folio 2 del cuaderno de pruebas 6.
[26] Cfr. Folio 116 del
cuaderno de pruebas 7. Allegada también en medio magnético al expediente,
cuaderno 6 de pruebas.
[27] Ver Supra nota 19.
[28] Folio 212-213 del cuaderno de pruebas 7. Allegada también en medio
magnético al expediente, cuaderno 6 de pruebas.
[29] Cfr. entre otras, C-086/04.
[30] Cfr. Folio 1 del cuaderno principal.
[31] De acuerdo con la información que aparece en la página
http://www.fontagro.org/ [Consultada 28.06.10], a la fecha $52.5 millones de
dólares, han sido aportados a la fecha por los países miembros.
[32] Cfr. Por ejemplo en la sentencia C-390 de 2004 se declaró
constitucional la Ley 111 de 1994, "Por medio de la cual se
aprueba el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones y el Convenio
de Administración del fondo multilateral de inversiones, suscritos en
Washington el 11 de febrero  de 1992” y en la sentencia C-683 de 2009, se declaró la constitucionalidad de la Ley
1246 del 19 de noviembre de  2008 “Por medio de la cual se
aprueba el ‘Convenio Constitutivo del Fondo
Multilateral de Inversiones II’ y el ‘Convenio de Administración del Fondo
Multilateral de Inversiones II’, otorgados en Okinawa, Japón, el día noveno del
mes de abril de 2005”.
[33] En el mismo sentido, se han pronunciado esta Corporación en varias
sentencias referidas a instrumentos internacionales en materia de
cooperación técnica, científica y/o tecnológica, donde la Corte ha indicado que
no controvierten la Carta Política. Al respecto ver, entre otras: C-378 de
2009, C-176-06, C-154-05, C-264-02, C-862-01, C-303-01,
C-1439-00, C-1258-00, C-186-99, C-379-97, C-104-97 y C-047-97.
[34] Ver entre otras, la sentencia C-750 de 2008.
[35] El artículo 160 de la Constitución fue adicionado por
el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de fecha 3 de julio de 2003 así: “Artículo
8°. El artículo 160 de la Constitución Política tendrá un inciso adicional
del siguiente tenor: ║ Ningún proyecto de ley será sometido a votación en
sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que
un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o
Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
[36] Véase entre muchas otras
las sentencias C-644 de 2004 (MP: Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny
Yepes); C-549 de 2006 (MP: Manuel José Cepeda Espinosa); C-172 de 2006 (MP:
Jaime Córdoba Triviño); C-241 de 2006 (MP: Marco Gerardo Monroy Cabra) y los
Autos 038 de 2004 y 089 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa).
[37] Ver por ejemplo las
sentencias C-533 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis); C-661 de 2004, (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra); C-780 de 2004 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo
Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra y SPV. Rodrigo Uprimny Yepes); C-333 de
2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño);  C-400 de 2005 (MP. Humberto Sierra Porto);
C-930 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño); C-1040 de 2005 (MM.PP. Manuel José
Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto
Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, SV.
Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra, SV. Jaime Córdoba Triviño,
SPV y AV. Humberto Antonio Sierra Porto); C-241 de 2006 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra);  C-276 de 2006 (MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco
Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Alfredo Beltrán Sierra y
SV. Humberto Antonio Sierra Porto);  C-322 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería y SV. Alfredo Beltrán Sierra); C-337 de 2006
(MP. Clara Inés Vargas Hernández, SV. Jaime Araujo Rentería); C-576 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo Rentería); C-649 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa, AV. Jaime Araujo Rentería);  C-676 de 2006
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa);  C-863 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa, SV. Jaime Araujo Rentería); C-864 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil,
SV. Jaime Araujo Rentería); C-933 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil); C-309 de
2007 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Jaime Araujo Rentería, SV. Humberto
Antonio Sierra Porto); C-502 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV.
Jaime Araujo Rentería); C-718 de 2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); C-927 de
2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto); C-387 de 2008 (MP: Rodrigo Escobar
Gil);  C-799 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández); C-031 de 2009 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto);  C-150 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo);
C-195 de 2009 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio);  C-248 de 2009 (MP. Luís
Ernesto Vargas Silva); C-376 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo);
C-379 de 2009 (MP. Maria Victoria Calle Correa. También ver autos de Sala Plena
Nos. 232 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime Araujo Rentería); 145 de
2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla); A-119 de 2007 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV.
Jaime Araujo Rentería); A-053 de 2007 (MP. Jaime Córdoba Triviño, SV. Jaime
Araujo Rentería); y A-311 de 2006 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, SV. Humberto
Antonio Sierra Porto, SV. Clara Inés Vargas Hernández).
[38] Corte Constitucional.
Sentencia C-644 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil, SV: Rodrigo Uprimny Yepes).
Ver también la Sentencia C-930 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño SV: Manuel
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil y Álvaro Tafur Galvis).
[39] Auto 013 de 2007 (MP.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[40] Auto 089 de 2005 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa; SV: Jaime Araujo, Alfredo Beltrán, Jaime Córdoba y
Clara Inés Vargas).
[41] Ver entre otras las
sentencias C-533 de 2008 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), C-639 de 2009 (MP.
Jorge Iván Palacio Palacio), C-615 de 2009 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).