C-454-06
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
NOTA DE LA RELATORIA. LA SENTENCIA C-454 DE 2006 FUE CORREGIDA
EN LA ALUSION A LA CONDICION DE UN INTERVINIENTE MEDIANTE AUTO 248 DE 2006
Sentencia
C-454/06
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Competencia de la Corte Constitucional
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Concepto
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Presupuestos para que prospere
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
de pertinencia, claridad, certeza, especificidad y suficiencia
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-No cumplimiento de los requisitos de procedibilidad
La Corte se
inhibirá del estudio de los cargos dirigidos contra los artículos 11, 132, 133,
134, 136 y 137 de la misma ley por no responder en su formulación a las
exigencias de procedibilidad que demanda una impugnación fundada en una omisión
legislativa relativa, tal como quedó establecido en los apartes anteriores.
Esta circunstancia conduce a declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en
relación con los cargos dirigidos contra estas últimas normas mencionadas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Jurisprudencia
constitucional
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Fundamento
constitucional
Esta
reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la
Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i)
En el mandato de que  los derechos y deberes se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese
otorgado rango  constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6
y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en
particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv)
en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué
ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado
Social de Derecho que promueve la participación,  de donde deviene que la
intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse
exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera
preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual
se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos
para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido
proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias.
DERECHO A LA VERDAD-Alcance
DERECHO A LA VERDAD-Dimensión colectiva
DERECHO A LA VERDAD-Dimensión individual
DERECHO A LA JUSTICIA-Deberes de las
autoridades
El derecho a
que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya
impunidad. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de
los delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades,
que pueden sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y
sancionar adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el
derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de respetar
en todos los juicios las reglas del debido proceso.
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO-Alcance
DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO-Dimensión colectiva/DERECHO A LA REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO-Dimensión
individual
El derecho de
reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta
una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca
todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende  la adopción
de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii)
indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no
repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de
alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar
o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente
afectadas por las violaciones ocurridas.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
JUSTICIA Y REPARACION-Relación de conexidad e interdependencia
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Evolución en el derecho internacional
DECLARACION AMERICANA DE DERECHOS DEL HOMBRE-Derecho a la tutela judicial efectiva
DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS-Derecho a la tutela judicial efectiva
DECLARACION SOBRE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE JUSTICIA PARA LAS
VICTIMAS DE DELITOS Y DEL ABUSO DEL PODER-Acceso a
los mecanismos de justicia y pronta reparación del daño
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Derecho a recurso judicial efectivo
ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL-Derechos de las víctimas
ESTATUTOS DE LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PARA RUANDA Y LA
EX YUGOSLAVIA-Protección a las víctimas
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Superación de la concepción que limitaba los derechos de las
víctimas a una simple pretensión indemnizatoria
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Posibilidad de intervenir en todas las fases de la actuación/
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance
Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso
judicial efectivo (CP, artículos 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia
que su garantía  depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento
del proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención  no
sólo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido
con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y
a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el
proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo
de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la
Corte constitucional estableció una  doctrina en la que explícitamente abandonó
una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en
el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados
con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con
el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de
manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la
justicia.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Sistema penal de tendencia acusatoria
VICTIMAS DE DELITOS-Consagración constitucional
como elemento constitutivo del sistema penal/TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Carácter
bilateral
La explícita
consagración constitucional de la víctima como sujeto que merece especial
consideración en el conflicto penal, se deriva la profundización de las
relaciones entre el derecho constitucional y el derecho penal del Estado social
de derecho, que promueve una concepción de la política criminal respetuosa de
los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes en el proceso.
Los intereses de la víctima, elevados a rango constitucional se erigen así en
factor determinante de los fines del proceso penal que debe apuntar hacia el
restablecimiento de la paz social. Esta consagración constitucional de la
víctima como elemento constitutivo del sistema penal, es así mismo coherente
con los paradigmas de procuración de justicia provenientes del derecho
internacional, que han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corte tal
como se dejó establecido en aparte anterior. La determinación de una posición
procesal de la víctima en el proceso penal conforme a esos paradigmas, debe
establecerse tomando como punto de partida un sistema de garantías fundado en
el principio de la tutela judicial efectiva, de amplio reconocimiento
internacional, y con evidente acogida constitucional a través de los artículos
229, 29 y 93 de la Carta. Este principio que se caracteriza  por establecer un
sistema de garantías de naturaleza bilateral. Ello implica que garantías como
el acceso a la justicia (Art.229); la igualdad ante los tribunales (Art.13); la
defensa en el proceso (Art.29); la imparcialidad e independencia de los
tribunales; la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228);  sean predicables
tanto del acusado como de la víctima. Esta bilateralidad, ha sido admitido por
esta Corporación al señalar que el complejo del debido proceso, que involucra
principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto, derecho de defensa
y sus garantías, y el juez natural, se predican de igual manera respecto de las
víctimas y perjudicados.
ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2002-Adoptó un
sistema de tendencia acusatoria, sin que pueda afirmarse que se trata de un
sistema acusatorio puro
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Papel
del juez
SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Importancia
de la garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el
proceso, con prescindencia de su designación de parte o sujeto procesal
DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENAL-Ejercicio desde antes de la imputación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL–Garantía de  comunicación a las víctimas y perjudicados opera desde
el momento en que éstos entran en contacto con las autoridades/DERECHOS DE
LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Acceso a la información sobre las
circunstancias en que se cometió el delito/ DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL
PROCESO PENAL-Momento a partir del cual los órganos de investigación deben
comunicarles sobre sus derechos /VICTIMAS DE DELITOS-Momento a partir
del cual puede tener acceso a la información sobre las circunstancias en que se
cometió el delito
Se trunca el
derecho de acceso a la justicia, a través de una concepción recortada de la
garantía de comunicación a la víctima, limitada al momento en que ésta
“intervenga” en la actuación penal. No se precisa de una “intervención” en
sentido procesal para que las autoridades de investigación asuman los deberes
que impone la garantía de comunicación que se proyecta en dos ámbitos: (i) información
acerca de los derechos que el orden jurídico establece para garantizar sus
intereses en el proceso penal, y (ii) acceso a la información acerca de las
circunstancias en que se cometió el delito, que forma parte del derecho “a
saber”, el cual se materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a
las diligencias, desde sus primeros desarrollos. La interconexión e
interdependencia que existe entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a
la reparación exige que la garantía de comunicación se satisfaga desde el
primer momento en que las víctimas entran en contacto con los órganos de
investigación. Los derechos a la justicia y a la reparación pueden verse
menguados si se obstruye a la víctima las posibilidades de acceso a la
información desde el comienzo de la investigación  a efecto de que puedan
contribuir activamente con el aporte de pruebas e información relevante sobre
los hechos.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL–Comunicación a la víctima sobre sus derechos debe extenderse también
a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la
verdad y a la justicia
El derecho de acceso a la justicia
(Art.229), exige que toda la fase de indagación e investigación esté amparada
por la garantía de comunicación a las víctimas sobre sus derechos, y que la
misma, se extienda a las prerrogativas y potestades procesales que se derivan
de los derechos a la verdad y  a la justicia. Al estar desprovistas tales
omisiones de una razón objetiva y suficiente, se genera una situación que
privilegia de manera injustificada la pretensión indemnizatoria de la víctima,
con sacrificio de los derechos de verdad y justicia de que es titular, los
cuales han sido reivindicados por la jurisprudencia de esta Corporación. Esta
disección en la concepción de los derechos de las víctimas genera a su vez, un
desequilibrio en cuanto restringe el alcance de los derechos de las víctimas en
el proceso, en contraste con los derechos de otros actores procesales,
desvirtuándose así el carácter bilateral del derecho a una tutela judicial
efectiva. Las omisiones acusadas implican el incumplimiento de un deber
constitucional del legislador, quien está obligado a ajustar la configuración
de los derechos de participación e intervención de las víctimas en el proceso
penal a los principios de acceso al proceso (Arts. 229), de todos los actores
que participan en el conflicto penal, así como a la concepción integral de los
derechos de las víctimas derivada de los artículos 1°, 2° y 93 de la Carta, en
los términos establecidos en esta sentencia. Como consecuencia de esta
constatación la Corte declarará la constitucionalidad condicionada del artículo
135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de comunicación a la
víctima de sus derechos, se realizará desde el momento mismo en que ésta entre
en contacto con las autoridades de investigación penal, y que la misma debe
referirse a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de que es
titular.
AUDIENCIA PREPARATORIA-Importancia
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD
JUSTICIA Y REPARACION-Relación directa con el derecho a probar
La
efectividad del derecho a acceder a la justicia, en el que se inscriben los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, se
encuentra en una relación directa con el derecho a probar. El derecho a conocer
la verdad sobre los hechos que entrañan el agravio a la víctima, está
inescindiblemente vinculado con la posibilidad de probar; el derecho a la
justicia resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir
probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
responsabilidades; y el derecho a la reparación, cuando se ejerce en el proceso
penal, se consolida a partir de la determinación de la responsabilidad por el
hecho punible.
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL–Posibilidad de solicitar pruebas en audiencia preparatoria/OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración
Resulta inane que se contemple la
posibilidad de asistencia de los representantes de las víctimas a la audiencia
preparatoria y paralelamente se le excluya de la posibilidad de realizar
solicitudes probatorias, tal como lo establece la norma demandada. Encuentra la
Corte que efectivamente la norma demandada incurre en una omisión trascendente
para el derecho de acceso de la víctima a la justicia (Art.229 CP), en cuanto
obstruye sus posibilidades de  efectiva realización de sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación, y la coloca, de manera injustificada,
en una posición de desventaja en relación con otros actores e intervinientes
procesales. La inconstitucionalidad de la omisión que se acusa deriva de la
concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) La norma efectivamente incurre
en una omisión que excluye de su presupuesto fáctico a un sujeto que por
encontrarse en una situación asimilable a los que la norma contempla, debería
subsumirse dentro de ese presupuesto fáctico. En efecto, mientras se prevé la
posibilidad de que la fiscalía, la defensa, y aún el ministerio público, en una
fase posterior, formulen solicitudes probatorias, se excluye al representante
de las víctimas de esa misma posibilidad. (ii) No se vislumbra una razón
objetiva y suficiente que justifique la exclusión del representante de las
víctimas de la posibilidad de ejercer el derecho a formular solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria. El modelo procesal que la ley
configura considera a la víctima como un “interviniente” (Título IV), al que se
le deben garantizar todos los derechos que la Constitución le reconoce, como
son el derecho a acceder a la justicia, (Art.229 CP),  con sus derivados de
acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, a los que se integra de
manera inescindible el derecho a probar. (iii) Por carecer de una razón
objetiva y suficiente, la omisión genera  una desigualdad injustificada entre
víctima y acusado, a quienes cobija por igual una concepción bilateral del
derecho a la tutela judicial efectiva. (iv) La omisión entraña el
incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una verdadera “intervención”
de la víctima en el proceso penal, particularmente en la audiencia
preparatoria, en los términos que se lo impone el artículo 250.6 de la Carta,
en concordancia con los artículos 29, 229 de la misma.
Referencia: expediente D-5978
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 132, 133,
134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”.
Actor: Humberto Ardila Galindo
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
siete ( 7) de junio  de dos mil seis  (2006).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.  ANTECEDENTES:
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Humberto
Ardila Galindo demandó la inexequibilidad de los artículos 11, 132, 133, 134,
135, 136 y 357 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”.
Mediante Auto
del 15 de septiembre de 2005, la Corte inadmitió la demanda al constatar que el
demandante no había cumplido con el requisito previsto en el  numeral 2°
artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, que establece como uno de los requisitos
de la demanda el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales
mediante su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de su
publicación oficial[1]. En consecuencia, se
concedieron tres días al demandante para que corrigiera su libelo.
Se señaló en el
auto de inadmisión que pese a que “el demandante considera que   las
normas mencionadas vulneran los artículos 13, 29, 229 y 250.7 de la
Constitución, puesto que incurren en omisión legislativa en cuanto no
prevén herramientas adecuadas para que las víctimas puedan intervenir en el
proceso penal (…)”, la demanda no cumple con los requisitos mínimos de
admisibilidad.
En cumplimiento de lo dispuesto en el auto
inadmisorio, el actor procedió a corregir la demanda, transcribiendo las normas
que consideraba inconstitucionales. En auto del 27 de septiembre de 2005, la
Corte admitió la demanda de la referencia.
Mediante auto del 24 de octubre de 2005, la Sala
Plena de la Corte Constitucional aceptó los impedimentos del Procurador General
de la Nación y del Viceprocurador, para emitir concepto en el proceso de la
referencia, y  autorizó la designación de un funcionario de ese despacho para
este fin.
II. TEXTO DE
LAS NORMAS ACUSADAS
A continuación se transcribe el texto de
las disposiciones demandadas, conforme a la publicación efectuada en el Diario
Oficial No.45.658 del 1° de  septiembre de 2004:
"LEY No. 906  DE  2004
(Agosto 31)
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
El Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)
“ARTÍCULO
11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración
de justicia, en los términos establecidos en este código.
En desarrollo de lo
anterior, las víctimas tendrán derecho:
a) A recibir, durante todo
el procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de
su intimidad, a la garantía de su seguridad, y a la de sus familiares y
testigos a favor;
c) A una pronta e
integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del
injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;
d) A ser oídas y a que
se les facilite el aporte de pruebas;
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y
en los términos establecidos en este código, información pertinente para la
protección de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman
las circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una
decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a
la persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de
garantías, y a interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a
ello hubiere lugar;
h) A ser asistidas
durante el juicio y el incidente de reparación integral, si el interés de la
justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de oficio;
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los
términos que señale la ley;
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o
intérprete en el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir
el lenguaje por los órganos de los sentidos”.
(…)
ARTÍCULO
132. VÍCTIMAS. Se entiende por víctimas, para
efectos de este código, las personas naturales o
jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan
sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto.
ARTÍCULO
133. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS. La Fiscalía General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la garantía
de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda publicidad
que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad.
Las medidas de atención y protección a las víctimas no
podrán redundar en perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo
e imparcial, ni serán incompatibles con estos.
ARTÍCULO
134. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS. Las víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán por conducto del fiscal solicitar al
juez de control de garantías las medidas indispensables para su atención y
protección.
Igual solicitud podrán formular las víctimas, por sí mismas
o por medio de su abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparación
integral.
ARTÍCULO
135. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Los
derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a
la víctima desde el momento mismo en que esta intervenga.
Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos
que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de la
disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el
proceso por conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de
reparación integral.
ARTÍCULO
136. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la policía
judicial y la Fiscalía General de la Nación le suministrarán información sobre:
1. Organizaciones a las
que puede dirigirse para obtener apoyo.
2. El tipo de apoyo o
de servicios que puede recibir.
3. El lugar y el modo
de presentar una denuncia o una querella.
4. Las actuaciones
subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas.
5. El modo y las
condiciones en que puede pedir protección.
6. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a
asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo
de asesoría.
7. Los requisitos para
acceder a una indemnización.
8. Los mecanismos de
defensa que puede utilizar.
9. El trámite dado a su denuncia o querella.
10. Los elementos
pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el
desarrollo de la actuación.
11. La posibilidad de dar aplicación al principio de
oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control
de garantías, cuando haya lugar a ello.
12. La fecha y el lugar
del juicio oral.
13. El derecho que le asiste a promover el incidente de
reparación integral.
14. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de
dosificación de la pena y sentencia.
15. La sentencia del juez.
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en
caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que
se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada.
ARTÍCULO
137. INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN PENAL.
Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos
a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en
todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier
momento de la actuación medidas de protección frente a probables
hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de sus familiares.
2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con
respeto de su situación personal, derechos y dignidad.
3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que
las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la
audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un
profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de
derecho debidamente aprobada.
4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal,
durante la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que
las represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más
conveniente y efectivo.
5. Si la víctima no contare con medios suficientes para
contratar un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación
sumaria de la necesidad, la Fiscalía General de la Nación le designará uno de
oficio.
6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de
proteger a las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se
celebre a puerta cerrada.
7. Las víctimas podrán formular ante el juez de
conocimiento el incidente de reparación integral, una vez establecida la
responsabilidad penal del imputado”.
ARTÍCULO 357.
SOLICITUDES PROBATORIAS: Durante la Audiencia el juez dará la palabra a la
Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para
sustentar su pretensión.
El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas
cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de
acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código.
Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los
medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al
proceso.
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de
las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de
una prueba no pedida por éstas que pudiere tener esencial influencia en los
resultados del juicio, solicitará su práctica”.
III. LA
DEMANDA
El demandante
acusa los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley 906 de
2004 por considerarlos violatorios de los artículos 13, 29, 229, 250 numeral 7°
de la Constitución, y 4° transitorio del Acto Legislativo No. 03 de 2002 .
Solicita la inexequibilidad de los mencionados artículos fundamentando  su
petición en la tesis de que “El derecho a la víctima a intervenir en el
proceso penal no puede cristalizarse por medio diferente al de darle la calidad
de parte”. Para la demostración de su tesis expone los siguientes
argumentos:
1.
Manifiesta que el numeral 7° del artículo 250 de
la Constitución, modificado por el artículo 2° del A.L. No. 03 de 2002,
establece que “(…) la Ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctima en el proceso penal”. Debió entonces el legislador, “para
satisfacer la orden constitucional, prever la participación de la
víctima como parte en el proceso penal con la plenitud de las facultades que
esta calidad implica”.
2. Afirma que la
reglamentación que incorpora la Ley 906 de 2004 choca con el contenido de los
artículos 94 a 100 del Código Penal, en particular con lo previsto en el
artículo 95 de este estatuto, que contempla el derecho de los perjudicados a
ejercer la acción indemnizatoria dentro del proceso penal. Sostiene que el
nuevo código de procedimiento penal deroga esas disposiciones del estatuto
sustantivo, sin que tal reforma hubiese sido autorizada por el A.L. 03 de 2002.
3. Señala que el
título IV del Libro I del Nuevo Código Procesal Penal, incluye a la víctima
como interviniente reduciendo su actividad a la de un “observador pasivo”.
Cuestiona los artículos 132, 133 y 134 en cuanto se ocupan de actuaciones que
no implican “facultades de parte”.
4. Refiere que
el artículo 135 prevé la facultad de “formular una pretensión indemnizatoria
en el proceso por conducto del fiscal” lo cual no puede ser considerado
como una intervención de la víctima. Adicionalmente la Constitución no
redujo la potestad de intervención de la víctima a la obtención de una
indemnización, ni estableció que ella debiera procurarse por interpuesto sujeto
procesal (el fiscal). Esta disposición, según el demandante, despoja a la
víctima de sus derechos a conocer la verdad y a que se haga justicia, a la vez
que viola el derecho de acceso a la justicia de la víctima al establecer que
ésta debe “pedir al fiscal que ejerza la acción indemnizatoria” funcionario
que no desempeña funciones jurisdiccionales en el modelo acusatorio, no
obstante su pertenencia a la rama jurisdiccional.
5. Respecto del
artículo 136 que contempla el derecho a recibir información, manifiesta que  no
constituye un desarrollo del derecho de acceso a la justicia, como tampoco de
la facultad de intervención prevista en el numeral 7° del artículo 250 de la
Carta. Para el demandante tales normas reducen “el cometido del proceso
penal y, así, el de la sociedad frente a la víctima a enterarla: del trámite
dado a la denuncia (num9); de la fecha del juicio (num.12) , de la
sentencia(Num. 15)….”
Formula un
reparo global a esta norma (conformada por 15 numerales) señalando que “visto
en conjunto con las demás normas que conforman el capítulo, puede concluirse
que constituye una desviación de la precisa orden constitucional, ya que ser
informado, así, pasivamente, resulta opuesto a tener facultades, a tener la
iniciativa que corresponde a un sujeto procesal”.
Sostiene que la
norma encubre la absoluta incapacidad procesal en que se coloca a la víctima y
la falta de garantías procesales para el ejercicio de sus derechos de
indemnización, verdad y justicia. Así se le priva de intervenir para probar el
hecho generador del daño (el hecho punible), el daño mismo y la relación de
causalidad entre el hecho y el daño, aspectos que no pueden acreditarse dentro
de un incidente de reparación. Esta imposibilidad constituye “la más grave y
flagrante violación de los artículos 250 numeral 7° y 229 de la Constitución
Política (…) porque reduce la intervención de las víctima a actuaciones
secundarias, en contradicción con lo sostenido por esta Corporación de que el
acceso  a la justicia debe ser efectivo y cuando debería garantizarse la
igualdad entre las partes, la que no existe cuando una de ellas no puede
demostrar su derecho y sólo puede pedir su cuantificación”.
6. En cuanto al
artículo 137, manifiesta que su enunciado refiere a la regulación de “la
intervención de la víctima en la actuación procesal” por lo que se
esperaría una reglamentación de los derechos y facultades de este “sujeto
procesal” dentro de la actuación. Sin embargo, se limita esta norma a
establecer medidas encaminadas a “minimizar los efectos del delito”. Así
en el  numeral 1° establece una protección ante el hostigamiento; el numeral 2°
prevé el respeto por su condición personal al momento del interrogatorio; en
tanto que el numeral 6° prevé que por consideración a la víctima el juez podrá
decretar que durante el juicio su intervención se lleve a cabo a puerta
cerrada.
Para cuestionar
esta norma el demandante alude a otras disposiciones legales, no demandadas,
como los artículos 355 y 443 del C. de P.P., para señalar que conforme al
primero la víctima podrá estar presente en la instalación de la audiencia
preparatoria, lo que “no puede calificarse de intervención”, en tanto
que, conforme al segundo,  se le da el uso de la palabra para que presente
alegatos de conclusión en el juicio oral, lo cual considera una facultad
incompleta. Para señalar que la norma en lugar desarrollar el derecho de acceso
a la justicia, lo limita.
Cuestiona el
numeral 3° del artículo 137 relacionado con el derecho de postulación de las
víctimas, señalando que en tal norma deberían estar concentrados los derechos
de las víctimas, los cuales aparecen dispersos en todo el código mediante
normas que no son claras, y no permiten por ende hacer efectivos sus derechos.
Frente al
numeral 4° del artículo 137, señala que presenta una contradicción con lo
previsto en el artículo 340 de la misma Ley, en cuanto no se sabe “cual es
el criterio que se usó para establecer la diferencia” respecto del número
de apoderados que podrían intervenir en representación de las víctimas.
En lo que atañe
al numeral 7° del artículo 137 denuncia lo que considera “una grave
contradicción entre dos disposiciones casi inmediatas” , por cuanto, según
su parecer, tal disposición es contraria al inciso 2° del artículo 135, sobre
la manera de formular la pretensión indemnizatoria en el proceso.
7. En relación
con  artículo 11 afirma que no constituye un desarrollo del numeral 7° del
artículo 250 de la Carta, por que pese a contener el catálogo de los derechos
procesales de las víctimas, excluyen lo esencial que es la “intervención de
la víctima en el proceso penal” y no satisface el derecho de acceso a la
justicia.
8. Concluye su
cuestionamiento general a las facultades de la víctima y perjudicados en el
proceso penal, señalando que “no se garantiza el acceso a la administración
de justicia cuando la parte civil, en el juicio, no puede pedir pruebas a tenor
del artículo 357, aunque según el literal d) del artículo 11 pueda aportar
pruebas, no puede presentar la teoría del caso, pero sí se le concede el uso de
la palabra para presentar alegatos (Art.443). Es un acceso truncado por lo que
resulta claramente inconstitucional tanto a la luz del artículo 250 como del
229 de la Carta, no en el sentido de no poderse aplicar las pocas facultades
que se le conceden, sino en el de no poder aplicarse las restricciones que se
le imponen”.
Por último
manifiesta que la única manera de garantizar efectivamente el derecho de la
víctima a participar en el proceso penal es otorgándole la calidad de “parte”.
IV.
INTERVENCIONES
1.  De la Fiscalía General de la Nación
Solicita se profiera una decisión
inhibitoria en razón a que el demandante no cumplió con la carga que le
correspondía de precisar las razones por las cuales los textos normativos
demandados violan la Constitución.
Subsidiariamente solicita se considere de
oficio la existencia de una omisión legislativa relativa y se declare la
constitucionalidad de las normas demandadas condicionada a que a la víctima se
le considere como sujeto procesal y que su intervención le permita solicitar
pruebas, aportar elementos materiales de prueba e interponer recursos.
Fundamenta esta última solicitud en que la
Ley 906/04 presenta vacíos normativos en relación con el derecho de acceso de
las víctimas a la justicia. En tal sentido aduce que “omitió
el legislado, señalar a la víctima en una serie de artículos de la ley
demandada e igualmente precisar que su pretensión puede ser de verdad y
justicia”. La víctima debe
ser entendida como un sujeto procesal en sentido pleno y no solo como un
interviniente, lo cual le permite solicitar pruebas, controvertirlas,
interponer recursos, entre otras muchas actuaciones.
2. Del Ministerio del Interior y de
Justicia
Solicita declarar la constitucionalidad de
las disposiciones acusadas puesto que una interpretación armónica y sistemática
de esa normatividad con los principios contenidos en el estatuto procesal del
cual hacen parte, permite afirmar que los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación, se encuentran ampliamente regulados y protegidos
por la normatividad acusada. La demanda se funda en interpretaciones aisladas
del demandante que lo inducen a afirmaciones erróneas.
Contrario a lo manifestado por el actor,
el nuevo sistema cumple con los mandatos constitucionales, reconociendo a las
víctimas sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación,
facultándolas para intervenir en todas las etapas del proceso penal para
recibir información, solicitar medidas que garanticen la indemnización de
perjuicios, su seguridad personal y la de sus allegados, su privacidad y les
permite acceder a programas de justicia restaurativa, por lo que las
disposiciones demandadas guardan armonía y concordancia con los artículos 13,
29, 229, 250-7 y 4° transitorio (sic) de la Constitución Política.
3. De la Academia colombiana de
jurisprudencia
Manifiesta que aunque los cargos
formulados contra las normas acusadas carecen de claridad, y no se aprecia una línea
clara de argumentación, ni se está ante una demanda sistemática e integral de
las normas que contienen las presuntas violaciones  a la Constitución, se debe
declarar la exequibilidad de los artículos 11, 133, 134, 135, 136 y 137 de la
Ley 906 de 2004. Ello en razón a que las disposiciones demandadas reconocen
derechos, otorgan garantías, crean mecanismos de atención y de protección, lo
que conduce a que sean respetuosas de los principios constitucionales de
dignidad humana e igualdad, así como del derecho de acceso a la justicia.
No ocurre lo mismo respecto del artículo
357 demandado que excluye el derecho de las víctimas a solicitar pruebas. En
atención a que este derecho es elemento esencial para la realización de los
derechos a la verdad y a la justicia de los que es titular la víctima, se debe
declarar su inexequibilidad por contravenir los mandatos de los artículos 1°,
2°, 21 y 29 de la Constitución.
4. De la Comisión Colombiana de Juristas
Solicita declarar la constitucionalidad
condicionada de los artículos 135, 136.4, 136.6, 136.11, 137.7, y 357 inciso
1°, con fundamento en:
En cuanto al artículo 135, en el entendido
que las víctimas deberán ser informadas sobre sus derechos desde el comienzo
del proceso, éstos no se limitan a la pretensión indemnizatoria, podrán
participar en todas las actuaciones orientadas al esclarecimiento de los hechos
con miras a una adecuada reparación.
El artículo 136.4 sería exequible siempre
y cuando se entienda que el papel de la víctima en las actuaciones posteriores
a la denuncia le permite acceder al expediente, participar en todas las etapas
procesales y aportar información para el esclarecimiento de la verdad.
El artículo 136.6 sería exequible bajo el
entendido que durante todo el proceso las víctimas podrán contar con la
asistencia de abogado de oficio.
En cuanto al
artículo 136 num. 11, señala que la aplicación del principio de oportunidad
debe sujetarse al establecimiento de la verdad y a que existan mecanismos para
hacer justicia y garantizar la reparación de las víctimas.
El artículo 137
numeral 7, sería exequible si se garantiza la intervención de las víctimas, con
plenas facultades, desde un comienzo y no sólo a partir del incidente de
reparación. La expresión “una vez establecida la responsabilidad penal del
imputado” implica que para establecer esa responsabilidad las víctimas
fueron escuchadas, aportaron información, conocieron el expediente desde el
comienzo de la investigación y contaron con asistencia legal.
El artículo
357.1 sería exequible en el entendido que durante la audiencia preparatoria
también se diera la palabra a las víctimas para que solicitaran pruebas.
Este
interviniente considera que el numeral 4° del artículo 137 debe ser declarado
inconstitucional, pues limita el número de abogados que asisten a las víctimas
y atribuye indebidamente al fiscal la potestad de decidir por éstas, quien las
apoyará durante el proceso.
Igualmente
considera que la expresión “si el interés de la justicia lo exigiere” contenida
en el literal h) del artículo 11, debe ser declarada inconstitucional, pues la
atención de las víctimas durante el proceso debe hacerse en todos los casos de
manera incondicional.
5. De la
ciudadana Nayid Abú Pager Sáenz
Para esta
interviniente los artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley
906 de 2004 son inconstitucionales por violar los artículos 13, 29, 229, 250.7
de la Constitución y el artículo 4° transitorio del A.L. No.03 de 2002.
Señala que para
satisfacer los referidos mandatos constitucionales, el legislador debió prever
la participación de la víctima como parte en el proceso penal con la plenitud
de las facultades que esta calidad implica.
Indica que
conforme a la Carta corresponde a la Fiscalía la función de garantizar la
protección de las víctimas en el proceso penal,  pero no la de intervenir en su
representación en procura de la reparación integral.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En concepto de
la Procuraduría General de la Nación los artículos 11, 133, 134, 135, 136, y
137 de la Ley 906 deben ser declarados incondicionalmente exequibles, en tanto
que el artículo 357 debe ser declarado exequible bajo el entendido que las
víctimas también tienen derecho a solicitar pruebas en la audiencia
preparatoria con base en el artículo 11, d).
Fundamenta así
su concepto:
1.
El artículo 250 de la Constitución, en el cual
se fundan los cargos de la demanda, no tiene el alcance que le atribuye el
actor, puesto que de tal disposición no se deriva que el legislador deba
otorgar a la víctima la condición de parte dentro del proceso penal.
2.
Por el contrario, el artículo 250, numeral 7,
confirió al legislador un amplio margen para “fijar los términos en que
podrán intervenir las víctimas en el proceso penal”.
3.
Teniendo en cuenta las facultades que la ley
906/04 reconoce a la víctima dentro del proceso penal, no puede afirmarse que
sea un simple espectador como lo señala el demandante. Su papel, si bien no es
protagónico en cuanto no es parte, sí tiene singular trascendencia, si decide
hacer uso de las potestades que la ley le confiere, las cuales no se limitan a
las contempladas en las normas demandadas. Adicionalmente a las allí previstas
subsisten las señaladas en los artículos 92, 149, 174, 327, 333, 337 y 340 de
la Ley 906/04.
4.
La igualdad en los precisos términos planteados
por el demandante resulta constitucionalmente inexigible, pues la participación
de la víctima y del procesado no puede regirse por idénticos parámetros, como
quiera que su posición jurídica es muy diversa.
5.
El proceso penal de tendencia acusatoria,
signado por el carácter público de la acción y el sistema de partes podría
desfigurarse al permitir como partes del proceso a sujetos distintos al
acusador y a la parte acusada, por lo que correspondía al legislador, teniendo
en cuenta tal circunstancia, establecer mecanismos idóneos para garantizar el
acceso de las víctimas a la administración de justicia.
6.
En cuanto a la restricción que introduce el
artículo 357 demandado señala que merece reparo en cuanto niega a la víctima
una potestad cuyo ejercicio contribuye a materializar el derecho a que se
descubra y conozca la verdad sobre la conducta punible de la cual fue víctima,
y es la de pedir pruebas en la audiencia preparatoria. En consecuencia,
solicita su exequibilidad condicionada, bajo el entendido que su aplicación es
sin perjuicio del derecho de la víctima a solicitar pruebas en la audiencia
preparatoria, el cual está incluido en el deber judicial de facilitar a la
víctima el aporte de pruebas.
VI. FUNDAMENTOS
DE LA DECISIÓN
A.
Competencia de la Corte
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues
las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República, en este
caso, de la Ley 906 de 2004.
B.  Problema
jurídico
2. El demandante
considera que las normas impugnadas, que regulan algunos[2]
de los derechos y facultades de las víctimas y perjudicados en el proceso
penal, no configuran un desarrollo legislativo que responda al imperativo
constitucional previsto en el numeral 7° del artículo 250 de la Constitución
que establece que “la ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal (…)”.
En desarrollo de
la impugnación el demandante formula una crítica general a la reglamentación
legal que acusa, fundada en que la única manera de garantizar con suficiencia
una verdadera intervención de la víctima en el proceso penal es bajo el
reconocimiento de su condición de parte o de sujeto procesal, y no de simple interviniente
como lo prevé la ley parcialmente demandada. Esta configuración
legislativa que omite atribuir a la víctima la condición de parte o de sujeto
procesal,  viola, en criterio del demandante, el derecho de acceso a la
administración de justicia (228), el debido proceso (29) y el principio de
igualdad (13).  Sobre tal tesis hace cuestionamientos generales a los artículos
132, 133, 134, 136 (numerales 1, 1l, 15), 137 (numerales 1 al 7) y 11 (todos
los listarles a. al  j ), de la Ley 906 de 2004.
3.Ya de manera
particular, señala algunas omisiones en que habría incurrido el legislador,
vinculadas con los artículos 135, y 357 de la Ley parcialmente demandada.
En desarrollo de
esta censura particular, manifiesta que el artículo 135, que regula “La
garantía de comunicación a las víctimas”  vulnera su derecho a la verdad y
a la justicia en cuanto reduce la garantía de comunicación a las víctimas en
dos aspectos: limita la comunicación al momento en que la víctima interviene, y
reduce sus facultades y derechos a la posibilidad de perseguir los perjuicios
ocasionados con el injusto.
Señala que el
artículo 357 infringe el derecho de acceso a la justicia de la víctima, en
cuanto, a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía y la defensa,  se le
priva de la facultad de solicitar pruebas en el curso de la audiencia
preparatoria.
4. Algunos de los intervinientes
consideran que la demanda no cumple con la carga argumentativa de demostrar por
qué las normas acusadas violan la Constitución, en tanto que otros consideran
que la demanda se sustenta en la atribución, a la norma constitucional que se
considera infringida (Art. 250.7 de la Carta), de unos alcances que no tiene.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación solicita a la Corte que “se considere de oficio la existencia de una omisión legislativa
relativa y se declare la constitucionalidad de las normas demandadas
condicionada a que a la víctima se le considere como sujeto procesal y que su
intervención le permita solicitar pruebas, aportar elementos materiales de
prueba e interponer recursos”.
A juicio de
otros intervinientes, debe existir un pronunciamiento de  fondo en el que se
declare la inexequibilidad condicionada de algunas de las disposiciones
acusadas, en tanto que para otros la decisión de fondo debe ser de
exequibilidad integral.
5. Corresponde
en consecuencia a la Corte: (i) establecer si la demanda reúne los
presupuestos de aptitud sustantiva, que habilite un pronunciamiento de fondo; (ii)
en el evento de que este aspecto procesal resulte superado,  la Corte
deberá determinar si las normas acusadas, que concurren a integrar (junto a
otras no demandadas) el régimen de protección de los derechos de las víctimas
en el proceso penal, son acordes con la Constitución, en particular con los
artículos 250.7, 13, 29 y 229 de la Carta.
C. Cuestión
preliminar. Procedencia (parcial) de fallo de fondo respecto de la demanda de
la referencia.
6. El primer
asunto que debe ser estudiado es si el demandante ha formulado verdaderos
cargos de inconstitucionalidad en contra de las disposiciones acusadas.
Advierte la
Corte que el planteamiento del demandante, de manera general, se dirige a
estructurar una supuesta omisión legislativa relativa en que habría incurrido
el legislador  y que considera inconstitucional, derivada de la no inclusión de
la víctima como sujeto procesal con facultades de parte, en la ley 906 de 2004.
A juicio del demandante la forma en que el legislador asumió la tarea de
reglamentación de los derechos de las víctimas en el proceso penal, no
satisface a cabalidad el imperativo constitucional previsto en el artículo
250.7 de la Carta que establece que “La ley fijará los términos en que
podrán intervenir las víctima es en el proceso penal”.  Señala que la regulación
que los artículos impugnados introduce, coloca a la víctima en una posición
pasiva, que no responde al derecho de “intervención” que la norma
constitucional consagra en su favor. Sobre esta base argumentativa considera
inconstitucionales los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y 137  de la Ley 906 de
2004.
7. Sin embargo,
respecto de algunas de las disposiciones demandadas el actor puntualiza
presuntas omisiones del legislador que, según su criterio, infringen los
artículos 250.7, 13, 29 y 229 de la Constitución.
Así, en
desarrollo de esta censura particular, manifiesta que el artículo 135, que
regula “La garantía de comunicación a las víctimas”  vulnera su derecho
a la verdad y a la justicia en cuanto reduce la garantía de comunicación a las
víctimas en dos aspectos: limita la comunicación al momento en que la víctima
interviene, y reduce sus facultades y derechos a la posibilidad de perseguir
los perjuicios ocasionados con el injusto.
Encuentra la
Corte que en este caso la omisión que el demandante acusa se vincula al
contenido normativo de los incisos primero y segundo del artículo 135.
Señala que el
artículo 357 infringe el derecho de acceso a la justicia de la víctima, en
cuanto, a diferencia de lo que ocurre con la Fiscalía y la defensa,  se le
priva de la facultad de solicitar pruebas en el curso de la audiencia
preparatoria.
8. En orden a
establecer si concurren los presupuestos que permitan predicar la aptitud
sustantiva de la demanda para provocar un pronunciamiento de fondo, procede la
Corte a estudiar, con base en su jurisprudencia, los presupuestos que habilitan
a la Corte para el estudio de una demanda que se funda en cargos de
inconstitucionalidad derivada de omisión legislativa.
La
inconstitucionalidad de una omisión legislativa relativa.
9. La
jurisprudencia vigente  de esta Corte  tiene establecido que en relación con
demandas que plantean violación de la Constitución en virtud de omisiones del
legislador, sólo tiene competencia para pronunciarse respecto de aquellas que
se basan en cargos por omisión relativa.[3] Una omisión es
relativa, según la jurisprudencia, “cuando se vincula con un aspecto puntual
dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve
constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones
lógicas o jurídicas –específicamente por razones constitucionales-, debería
estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia
constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o
ineficiente”[4].
Estas omisiones
frecuentemente conducen a violaciones del derecho a la igualdad[5]
o el derecho al debido proceso.[6]
10. El desarrollo jurisprudencial que se ha producido en torno al
control de constitucionalidad sobre las omisiones legislativas relativas, ha
permitido la decantación de unos requisitos estructurales orientados a
facilitar el juicio de constitucionalidad sobre estos objetos normativos, que
presentan características particulares.
Así en sentencia C- 427 de 2000, dijo la Corte:
“Esta Corporación ha definido que para que
el cargo de inconstitucionalidad por omisión pueda prosperar, es necesario que
se cumplan determinados requisitos, que se pueden sintetizar de la siguiente
manera:  a) que exista una norma sobre la cual se predica; b) que una omisión
en tal norma excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser
asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha
exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de
una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una desigualdad
injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos a las
consecuencias previstas por la norma y; e) que la omisión implique el
incumplimiento de un deber constitucional del legislador”. [7]
La concurrencia
de los anteriores presupuestos, tal como lo señala la jurisprudencia citada,
permiten al tribunal constitucional declarar constitucionalmente reprochable
una omisión legislativa. Sin embargo, la doctrina de esta Corporación ha
definido también que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una
omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra
la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la
posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de
fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente
del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido
vinculados al proceso:[8]
“ (H)aciendo referencia a los requisitos de procedibilidad de la
acción pública de inconstitucionalidad, la doctrina de esta Corporación ha
definido que sólo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión
legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma
de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada[9]. En este
sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir
pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea
predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u
otros que no hayan sido vinculados al proceso[10]”.
Esta exigencia de procedibilidad, se orienta a garantizar un
presupuesto elemental para el estudio del mérito de la demanda: el señalamiento
del objeto normativo sobre el cual recae la impugnación, tal como se reiteró
en  la sentencia C - 041 de 2002:
“Para que una demanda de inconstitucionalidad contra una omisión
legislativa relativa sea admisible, resulta necesario que el actor acuse el
contenido normativo específicamente vinculado con la omisión. De esta
suerte, no resultan atendibles los cargos generales que se dirigen a atacar un
conjunto indeterminado de normas[11]con el
argumento de que omiten la regulación de un aspecto particular, o los que se
dirigen a atacar normas de las cuales no emerge el precepto que el demandante
echa de menos.”
11. De tal
manera que la admisibilidad de un cargo de inconstitucionalidad derivado de
omisión legislativa relativa exige la determinación del objeto normativo
sobre el cual recae la impugnación, lo cual se obtiene vinculando la omisión
que se acusa a una norma específica contra la cual se dirige la demanda, y a la
que es posible imputar válidamente el contenido normativo que se echa de menos.
12. Para
complementar este análisis de admisibilidad, es necesario recordar que la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido también unas reglas generales
sobre la aptitud de un cargo para propiciar un juicio de constitucionalidad. En
este sentido ha señalado que un cargo de inconstitucionalidad se considera
apto  para propiciar un juicio de inexequibilidad si cumple con los requisitos
de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia[12].
Un cargo de
inconstitucionalidad satisface el requisito de la claridad si los
argumentos que lo sustentan son inteligibles, han sido expuestos de manera
ordenada y coherente y siguen un hilo conductor del cual puede inferirse -sin
excesivo esfuerzo- la idea representada por el demandante. La claridad de los
argumentos exige la especificidad de los mismos; de allí que no sean
admisibles los cargos genéricos, vagos, abiertos y gaseosos[13].
El cargo de inconstitucionalidad es suficiente
si el argumento que lo sustenta contiene los elementos argumentativos de tipo
jurídico necesarios para evidenciar una oposición –por lo menos preliminar-
entre el texto legal que se demanda y el texto constitucional que lo confronta.[14]
El cargo es pertinente
si se desprende del texto normativo de la disposición acusada, es decir, si
existe una congruencia entre lo que la disposición dice y lo que de ella se
dice. No es pertinente el reproche si recae sobre una norma diferente a la
demandada, si se dirige a controvertir una hipótesis no contemplada en la
disposición o si se encamina a resolver un caso particular, pese a que en su
solución pudiera verse involucrada la norma que se acusa. Tampoco es pertinente
el cargo si pretende la declaratoria de inexequibilidad de la norma porque la
misma sea inconveniente o superflua, o si se refiere “a aspectos meramente
interpretativos de la ley”. [15]
13. Sobre estos
presupuestos doctrinarios procede la Corte a determinar si las omisiones que
denuncia el demandante, estructuran verdaderos cargos  que permitan a la Corte
abordar un estudio de fondo de la demanda. Para ello tendrá en cuenta si la
demanda cumple con el requisito específico de procedibilidad referido en
apartes anteriores, consistente en la acusación de contenidos normativos específicos
vinculados con la omisión que denuncia, y con los requisitos genéricos que
determinan la aptitud de un cargo para propiciar un juicio de
constitucionlaidad.
Determinación
de los cargos admisibles:
14. Observa la
Corte que el reparo fundamental que el demandante formula contra la
normatividad acusada consiste en señalar que el legislador omitió
asignar a la víctima facultades procesales, en términos similares a como lo
hizo con la Fiscalía y el procesado. En este sentido señala que “debió
entonces el legislador para satisfacer la orden constitucional[16]
prever la participación de la víctima como parte en el proceso penal con la
plenitud de las facultades que esta facultad implica”.
En desarrollo de
ese planteamiento manifiesta que la garantía de comunicación a las víctimas,
prevista en el Art. 135, excluye la consideración de sus derechos a conocer la
verdad y a que se haga justicia, en tanto que reconduce esta prerrogativa
únicamente a las facultades y derechos para la formulación de “una
pretensión indemnizatoria”. Esto, en criterio del demandante, configura una
omisión legislativa violatoria del derecho de la víctima a acceder a la
justicia.
15. En relación
con el artículo 357 impugnado, el demandante acusa una omisión del
legislador, al excluir a la víctima como sujeto o interviniente con facultades
para solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. La Fiscalía, la defensa, y
aún, de manera residual, el Ministerio Público pueden solicitar pruebas, pero
no el representante de las víctimas, a quien se autoriza hacer presencia en tal
acto conforme al artículo 355.  Esta omisión legislativa, sería violatoria de
los derechos a la igualdad y al debido proceso de la víctima.
16. Respecto de
los artículos 132, 133 y 134, la demanda se limita a señalar que tales normas
se ocupan de actuaciones que no “implican facultades de parte”.
17. En cuanto al
artículo 136 que regula el derecho de la víctima  a recibir información de
parte de los órganos de investigación (Fiscalía y Policía Judicial), afirma que
no constituye un desarrollo del derecho de acceso a la justicia, por cuanto “encubre
la absoluta incapacidad procesal de la víctima y la falta de garantías
procesales a sus derechos de indemnización, verdad , y justicia, derivada de la
imposibilidad de intervenir para probar el hecho generador del daño (el hecho
punible), el daño mismo y la relación  de causalidad entre hecho y daño, cosas
a las que no está llamado el incidente de reparación integral”. Aduce que “visto
en conjunto con las demás normas que conforman el capítulo, puede concluirse
que constituye una desviación de la precisa orden constitucional, ya que ser
informado, así, pasivamente, resulta opuesto a tener facultades, a tener la
iniciativa que corresponde a un sujeto procesal”. Y agrega que la norma “reduce
la intervención de las víctimas a actuaciones secundarias, en contradicción con
lo sostenido por esta Corporación de que el acceso a la justicia debe ser
efectivo y cuando debería garantizarse la igualdad entre las partes, la que no
existe cuando una de ellas no puede demostrar su derecho y sólo puede pedir su
cuantificación”.
18. En lo que
concierne al artículo 137, los reparos de la demanda se orientan a señalar que
en virtud del enunciado de la norma  “Intervención de las víctimas en la
actuación penal”, allí deberían estar concentrados todos los derechos y
facultades de este sujeto procesal, y sin embargo se limita a establecer
medidas encaminadas a “minimizar los efectos del delito”.  Para la
impugnación de esta norma el demandante aduce contradicciones de la norma
acusada con otras disposiciones  de la misma Ley, y menciona los artículos 355,
433, 340 y 135, inciso 2°.
19. Y en lo
relativo al artículo 11, señala la demanda  que pese a contener un catálogo de
los derechos procesales de las víctimas, excluye lo esencial que es “la
intervención de la víctima en el proceso penal”.
20. Lo primero
que observa la Sala es que el demandante, formula una crítica general a la
manera como el legislador desarrolló el mandato constitucional del artículo
250.7 de “fijar los términos en que podrán intervenir las víctimas en el
proceso penal”; sus reparos se enfocan fundamentalmente en las facultades
procesales que el nuevo sistema penal establece en favor de las víctimas,
afirmando que la única forma de garantizar sus derechos es atribuyéndole
condición de “parte”, reconocimiento que omitió el legislador. Lo que se
esperaría de un planteamiento de tal naturaleza, sería la impugnación de todas
aquellas disposiciones a las cuales se pudiesen vincular válidamente las
omisiones que el demandante acusa. Sin embargo, lo que se advierte es que para
la formulación de su impugnación el demandante selecciona algunas de las
disposiciones de la ley (artículos 11, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 357)  que
consagran los derechos de las víctimas en el proceso penal, dejando por fuera de
su reclamo  muchas otras que con mayor especificidad se orientan a la
regulación de las facultades de intervención procesal, como es el caso de los
artículos 92[17], 151[18],
174[19], 327[20],
333[21], 340[22]
y 102 a 128[23].
Así las cosas,
encuentra la Corte, que tratándose de una impugnación fundada en la
estructuración de una omisión legislativa relativa, presuntamente
inconstitucional, relacionada con las facultades procesales de la víctima en el
proceso penal, es claro que las omisiones que acusa el demandante deben estar
vinculadas con los específicos contenidos normativos demandados, de los cuales
surjan o emerjan claramente las omisiones denunciadas.
21. No es
admisible frente a esta forma de impugnación la pretensión de acusar
genéricamente falencias de técnica legislativa, como ocurre con la acusación
que se formula contra el artículo 137, en la que el demandante extraña la
concentración en esta norma de todos los derechos y facultades de la víctima en
el proceso penal, en razón a que la misma  se rotula “intervención de las
víctimas en la actuación penal”. El demandante no cumple, en relación con
este cargo, con el requisito de coherencia argumentativa de vincular a ese
contenido normativo acusado, una omisión en particular, que pueda derivar en
exclusión de casos asimilables que deberían ser incluidos dentro de un mismo
presupuesto fáctico. También adolece de pertinencia en cuanto el
demandante desarrolla su argumentación  apelando a supuestas contradicciones
entre la norma acusada y otras disposiciones de la misma Ley (Arts. 355, 443 y
340) que no fueron objeto de impugnación, y que además no constituyen un
referente válido de contraste para sustentar un cargo por inconstitucionalidad.
22. Tampoco
resulta admisible la impugnación de inconstitucionalidad que por la vía de la
omisión legislativa se pretende formular contra los artículos 132, 133 y 134,
por cuanto carece de coherencia una acusación al legislador consistente en
haber omitido incluir unas facultades procesales, en normas que tienen
cometidos y finalidades distintas, como son los de regular medidas de
protección y atención a las víctimas de los delitos. La acusación que se
formula en contra de estas normas no cumple así con la exigencia de
procedibilidad, consistente en vincular la omisión que se acusa con un
contenido normativo específico, al cual le es imputable el contenido omitido.
23. La
impugnación contra el artículo 136 tampoco reúne las condiciones de
admisibilidad que habiliten un estudio de fondo, en razón a que el demandante
no especifica una omisión cuyo contenido pueda adscribirse legítimamente a la
materia regulada por la norma. Su reproche se centra en señalar que la norma no
promueve la igualdad de partes, ni auspicia las posibilidades probatorias de la
víctima respecto de los elementos que estructuran la responsabilidad civil,
como el hecho generador del daño, el daño y el nexo de causalidad. Esa omisión
que invoca el demandante no puede vincularse a  una norma cuyo cometido no es
el de regular las facultades de la víctima en materia probatoria; su cometido
es el de señalar el alcance del derecho a recibir información en el proceso. La
formulación del cargo es además genérica  y global, por lo que no responde a
los  principios de especificidad y concreción que determinan la aptitud
de un cargo.
24. Similar
situación de inadmisibilidad se presenta respecto del cargo formulado contra el
artículo 11 acusado,  pues como lo señala el propio demandante la norma se
limita a consagrar un catálogo de derechos a favor de las víctimas; éste es
justamente el cometido de esta norma ubicada dentro del título preliminar que
consagra “los principios rectores y las  garantías procesales”, que
rigen la actuación penal. No puede pretenderse que en una disposición de tal
naturaleza se establezcan de manera minuciosa las reglas de participación en el
proceso, de los sujetos e intervinientes. En consecuencia, la omisión que se
imputa al legislador respecto del artículo 11 no cumple con el presupuesto de
admisibilidad que reclama la vinculación de la omisión a un contenido normativo
específico en el cual debería incluirse la materia que extraña el demandante.
No se respeta en la formulación de este cargo la regla de coherencia, según la
cual se debe vincular el vacío legislativo que se acusa a un contenido
normativo específico, al cual podría  imputarse  válidamente la materia omitida.
25. Tomando en
consideración los requisitos exigidos, encuentra la Sala que los únicos cargos
que responden al presupuesto específico de admisibilidad de una impugnación
fundada en una omisión legislativa relativa, así como a los genéricos de claridad,
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia son los que se
dirigen contra los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004.
En efecto, en el
cargo dirigido contra el artículo 135, se acusa una omisión vinculada de manera
específica al contenido normativo de esa disposición, consistente en la no
inclusión  en la consagración de la “Garantía de comunicación a las víctimas”,
los aspectos relativos a las facultades y  derechos que puede ejercer este
interviniente en el proceso en lo relacionado con su pretensión de verdad y de
justicia. La norma reduce tal garantía a la pretensión indemnizatoria. De tal
circunstancia se derivan así mismo los atributos de pertinencia y
especificidad. El cargo reviste así mismo condiciones mínimas de claridad y
certeza, en cuanto emerge de la impugnación que el demandante confronta el
contenido de la norma con el alcance constitucional del derecho de acceso a la
justicia de que son titulares las víctimas de los delitos.
26. En cuanto al
cargo dirigido contra el artículo 357, a pesar de su formulación lacónica y
breve reúne condiciones suficientes para provocar un estudio de fondo, en
cuanto acusa una omisión específica, vinculada con el contenido normativo de la
disposición, como es la exclusión de los representantes de las víctimas de la
posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. De ello se
deriva un trato diferenciado con lo previsto en la misma disposición respecto
de la fiscalía, la defensa y aún el ministerio público. El demandante considera
que dicha omisión vulnera el derecho a la igualdad y de acceso a la justicia.
El cargo, no obstante su formulación simple,  resulta así claro, específico,
suficiente y pertinente, en cuanto el demandante conecta el vacío normativo con
la norma de la cual podría predicarse la regulación omitida, cumpliendo así con
el requisito de coherencia lógica que exige la jurisprudencia. La omisión que
se imputa al artículo acusado podría configurar un defecto de tipo
constitucional, si se llega a establecer, a través del análisis de fondo, que
el legislador incumplió un deber impuesto por el Constituyente en materia de
regulación de los derechos de las víctimas.
27. Con
fundamento en el anterior análisis de admisibilidad la Corte abordará el
estudio de fondo de los cargos que se formulan en contra de los artículos 135 y
357 de la ley 906 de 2006, por encontrar que estructuran verdaderos cargos de
inconstitucionalidad conforme a las reglas jurisprudenciales establecidas en
materia de omisiones relativas del legislador.  Así mismo, se inhibirá del
estudio de los cargos dirigidos contra los artículos 11, 132, 133, 134, 136 y
137 de la misma ley por no responder en su formulación a las exigencias de
procedibilidad que demanda una impugnación fundada en una omisión legislativa
relativa, tal como quedó establecido en los apartes anteriores. Esta
circunstancia conduce a declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en
relación con los cargos dirigidos contra estas últimas normas mencionadas.
D.  Solución
28. Resuelta la cuestión preliminar sobre
la aptitud de la demanda, únicamente en favor de los cargos formulados contra
los artículos 135 y 357 de la Ley 906 de 2004, procede la Corte a realizar el
estudio de fondo tendente a determinar si las normas acusadas, que concurren a
integrar (junto a otras no demandadas) el régimen de protección de los derechos
de las víctimas en el proceso penal, son acordes con la Constitución, en
particular con los artículos 250.7, 13, 29 y 229 de la Carta.
Para el
desarrollo de este estudio conviene hacer una referencia a los siguientes
aspectos: (i) Los derechos de las víctimas: breve referencia a la
jurisprudencia constitucional y al derecho internacional aplicable; (ii) la
posición de la víctima en el nuevo sistema penal; (iii) el análisis de
constitucionalidad.
Los derechos
de las víctimas: una breve referencia a la jurisprudencia constitucional y al
derecho internacional aplicable.
29. Con
fundamento en la más autorizada doctrina y jurisprudencia internacional en
derechos humanos, la Corte Constitucional ha construido una sólida y
consistente jurisprudencia sobre el alcance constitucional de los derechos de
las víctimas y perjudicados con las conductas punibles[24].
En aplicación de
las facultades de interpretación que se derivan del artículo 93 de la Carta, en
punto a la determinación del alcance de  los derechos conforme a estándares
internacionales, esta Corporación ha acogido los desarrollos que el derecho y
la doctrina internacionales han efectuado  en relación con los derechos de las
víctimas en los delitos graves conforme al derecho internacional, haciendo
extensivos sus principios y concepciones básicas, a las víctimas de los delitos
en general. Así ha señalado que, “las víctimas de los delitos tienen un derecho
a la verdad y a la justicia, que desborda el campo de la simple reparación, tal
y como lo ha señalado con claridad la doctrina internacional en materia de
derechos humanos, que es relevante para interpretar el alcance de los derechos
constitucionales (CP art. 93). Por ello, los derechos de las víctimas
trascienden el campo puramente patrimonial”[25].
30. Esta
reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la
Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i)
En el mandato de que  los derechos y deberes se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese
otorgado rango  constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6
y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las
judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de
todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art.
2° CP); (iv)  en el principio de dignidad humana que promueve los
derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en
el principio del Estado Social de Derecho que promueve la participación,
de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no
puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y
de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia,
del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y
efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido
proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias.
En desarrollo de esos postulados, el
alcance de los derechos de las víctimas de la criminalidad compleja de que se
ocupa el derecho internacional, aplicables a las víctimas de los delitos en
general, ha sido sistematizado así:
a. El derecho a
la verdad.
31. El conjunto
de  principios para la protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad[26] (principios 1° a 4)
incorporan en este derecho las siguientes garantías: (i) el derecho
inalienable a la verdad; (ii) el deber de recordar; (iii) el
derecho de las víctimas a saber.
El primero,
comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración
de los crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la
historia de su opresión como parte de su patrimonio, y por ello se deben
adoptar medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al estado. Y
el tercero, determina que, independientemente de las acciones que las víctimas,
así como sus familiares o allegados puedan entablar ante la justicia, tiene el
derecho imprescriptible a conocer la verdad, acerca de las circunstancias en
que se cometieron las violaciones, y en caso de fallecimiento o desaparición
acerca de la suerte que corrió la víctima.
El derecho a la
verdad presenta así una dimensión colectiva cuyo fin es “preservar del olvido a
la memoria colectiva”[27], y una dimensión
individual cuya efectividad se realiza fundamentalmente en el ámbito judicial,
a través del derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo, tal como
lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corte.[28]
32. Proyectando
estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha
determinado que  el  derecho  de acceder a la verdad, implica que las
personas tienen derecho a conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso.
La dignidad humana de una persona se ve afectada si se le priva de información
que es vital para ella. El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al
respeto de la dignidad humana, a la memoria y a la imagen de la víctima[29].
b.  El derecho a
que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no haya
impunidad.
33. Este derecho
incorpora una serie de garantías para las víctimas de los delitos que se
derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así: (i) el deber del Estado de investigar y sancionar
adecuadamente a los autores y partícipes de los delitos; (ii) el derecho
de las víctimas a un recurso judicial efectivo; (iii) el deber de
respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.
La
jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la
justicia, tiene como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga
justicia. Este derecho involucra un verdadero derecho constitucional al proceso
penal[30] , y el derecho a participar
en el proceso penal[31], por cuanto el derecho
al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta
participación se expresa en " que los familiares de la persona
fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que
se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a
la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas"[32]
c. El derecho a
la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los
perjudicados con el delito.
34. El derecho
de reparación, conforme al derecho internacional contemporáneo también presenta
una dimensión individual y otra colectiva. Desde su dimensión individual abarca
todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, y comprende  la adopción
de medidas individuales relativas al derecho de (i) restitución, (ii)
indemnización, (iii)  rehabilitación, (iv) satisfacción y (v) garantía de no
repetición. En su dimensión colectiva, involucra medidas de satisfacción de
alcance general como la adopción de medidas encaminadas a restaurar, indemnizar
o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente
afectadas por las violaciones ocurridas.[33]
La integralidad
de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias
tendientes a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas, y a
devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.
35. Todos estos principios, que conforme al derecho
internacional contemporáneo y a la jurisprudencia constitucional concurren a
integrar el complejo de derechos de que son titulares las víctimas de los
delitos, presentan relaciones de conexidad e interdependencia; así lo ha
reconocido esta Corporación:
“Los principios adoptados por la comunidad
internacional propenden por el respeto hacia los derechos a la verdad, la
justicia y la reparación, que se reconocen a las víctimas de los delitos graves
según el derecho internacional.  En este sentido, la verdad, la justicia y la
reparación se erigen como bienes cardinales de toda sociedad que se funde en un
orden justo y de pacífica convivencia, entre los cuales median relaciones de
conexidad e interdependencia, de manera tal que: No es posible lograr la
justicia sin la verdad.  No es posible llegar a la reparación sin la justicia.[34]”
Esta
interdependencia de derechos aparece manifiesta en el derecho de las
víctimas a un recurso efectivo, el cual forma parte del derecho a la verdad
y también del derecho a la justicia. Por su particular relevancia  para el
análisis de las normas impugnadas es conveniente efectuar una especial
referencia a esta garantía en la perspectiva del derecho internacional.
El derecho de las víctimas a un recurso
judicial efectivo
36. Con fundamento en el artículo 93
constitucional, que establece que los derechos y deberes se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia, la Corte ha examinado la evolución que en el derecho
internacional, ha tenido la protección de los derechos de las víctimas,
particularmente el derecho a un recurso judicial efectivo, como elemento
fundamental de esa  protección. Los más relevantes instrumentos internacionales
consagran explícitamente este derecho[35].
37. Así, ha destacado la jurisprudencia que tanto la
Declaración Americana de Derechos del Hombre[36] como la
Declaración Universal de Derechos Humanos[37], marcan una
tendencia en el derecho internacional por desarrollar instrumentos que
garanticen el derecho de todas las personas a una tutela judicial efectiva
de sus derechos, a través de la cual no sólo obtengan reparación por el
daño sufrido, sino también se garanticen sus derechos a la verdad y a la
justicia. [38]
Esa tendencia del derecho internacional también está
presente en el sistema de Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó por consenso la "Declaración sobre los principios fundamentales
de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder"[39],
según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos
de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y
para ello es necesario que se permita "que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas
apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin
perjuicio de los del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia
penal correspondiente".
38. De otra parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana
sobre derechos humanos, consagran el derecho de todas las personas a acudir a
los procesos judiciales para ser escuchadas con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, para la determinación de sus derechos y obligaciones. De
particular relevancia en relación con los derechos de las víctimas, es el
artículo 25 de este instrumento que hace parte de la protección judicial a la
cual está obligado el Estado. Esta norma consagra el derecho de toda persona a
un recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra violaciones de sus derechos fundamentales. Por su especial relevancia
respecto de la decisión que debe adoptarse en este asunto, conviene citarlo:
Artículo 25.  Protección Judicial.
1.    Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales.
2.    Los Estados partes se comprometen:
a. )    a garantizar que la
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b.)  a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c.) a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.
En aplicación de esta norma, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha protegido en forma  reiterada y consistente  el derecho de
las víctimas a un recurso efectivo, para intervenir en los procesos judiciales
en los que se debate la autoría y responsabilidad de los presuntos
perpetradores de las conductas punibles[40].
39. A su turno,
el Estatuto de la Corte Penal Internacional consagró de manera expresa los
derechos de las víctimas a presentar observaciones sobre la competencia de la
Corte o la admisibilidad de la causa, a que se haga una presentación completa
de los hechos de la causa en interés de la justicia, a ser tratadas con
dignidad, a que se proteja su seguridad e intimidad, a que se tengan en cuenta
sus opiniones y observaciones, a ser reparadas materialmente y a apelar ciertas
decisiones que afecten sus intereses.[41] Los Estatutos de los
Tribunales Penales  Internacionales para Ruanda y la ex -  Yugoslavia, también
contienen disposiciones sobre la protección de las víctimas. [42]
40. En el orden interno colombiano, la Constitución Política,
consagra en su artículos 29 y 229, el derecho de acceso a la justicia como un
derecho fundamental, susceptible de ser amparado a través de la acción de
tutela (Art. (86 C.P.), pero además  como expresión medular del  carácter
democrático y participativo del Estado. En su ámbito se inscribe el derecho de
las víctimas a un recurso judicial efectivo, del cual forman parte las
garantías de comunicación e información,  que posibilitan el agotamiento de las
acciones y los recursos judiciales, los cuales se constituyen en los mecanismos
más efectivos para proteger y garantizar eficazmente los derechos  de quienes
han sido víctimas de una conducta punible. Del deber del Estado de proteger
ciertos bienes jurídicos a través de la tutela penal, emerge la obligación de
garantizar la protección judicial efectiva de los mismos.
41. Sobre la efectividad del derecho de las víctimas a un recurso
judicial efectivo (CP, artículos 29 y 229), ha establecido la jurisprudencia
que su garantía  depende de que éstas puedan intervenir en cualquier momento del
proceso penal, aún en la fase de indagación preliminar. Su intervención  no
sólo está orientada a garantizar la reparación patrimonial del daño inferido
con el delito, sino también a la satisfacción de sus derechos a la justicia y
a la verdad. En ocasiones, incluso la representación de las víctimas en el
proceso penal tiene unos cometidos exclusivamente vinculados al goce efectivo
de los derechos a la justicia y la reparación. Bajo estas consideraciones la
Corte constitucional estableció una  doctrina en la que explícitamente abandonó
una concepción reductora de los derechos de las víctimas, fundada únicamente en
el resarcimiento económico, para destacar que las víctimas, o los perjudicados
con el delito, tienen un derecho efectivo al proceso y a participar en él, con
el fin de reivindicar no solamente intereses pecuniarios, sino también, y de
manera prevalente, para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la
justicia[43].
La posición de la víctima en el sistema
procesal penal, instaurado por la Ley 906 de 2004.
42. El Acto
Legislativo No. 03 de 2002 por el cual se reformó la Constitución Política para
introducir un sistema de investigación y enjuiciamiento criminal de tendencia
acusatoria, asignó a la Fiscalía General de la Nación unas específicas
funciones en relación con las víctimas de los delitos. Así, en su artículo 2°
que reformó el 250 de la Constitución estableció que, “En ejercicio de sus
funciones la Fiscalía General de la Nación deberá:
(…)
6. Solicitar
ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la
asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
7. Velar por
la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes
en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las
víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”.
De esta
consagración constitucional de los derechos de las víctimas se derivan dos
fundamentos constitucionales relevantes: (i) la especial consideración
que el texto constitucional confiere a la protección de las víctimas, y (ii)
la ampliación de las competencias que la Constitución asigna a la Fiscalía
en relación con las víctimas de los delitos, en materia de asistencia y de
restablecimiento del derecho y reparación integral.
43. La explícita
consagración constitucional de la víctima como sujeto que merece especial
consideración en el conflicto penal, se deriva la profundización de las
relaciones entre el derecho constitucional y el derecho penal del Estado social
de derecho, que promueve una concepción de la política criminal respetuosa de
los derechos fundamentales de todos los sujetos e intervinientes en el proceso.
Los intereses de la víctima, elevados a rango constitucional se erigen así en
factor determinante de los fines del proceso penal que debe apuntar hacia el
restablecimiento de la paz social.
Esta
consagración constitucional de la víctima como elemento constitutivo del
sistema penal, es así mismo coherente con los paradigmas de procuración de
justicia provenientes del derecho internacional[44],
que han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Corte tal como se dejó
establecido en aparte anterior. La determinación de una posición procesal de la
víctima en el proceso penal conforme a esos paradigmas, debe establecerse
tomando como punto de partida un sistema de garantías fundado en el principio
de la tutela judicial efectiva[45], de
amplio reconocimiento internacional[46], y con evidente acogida
constitucional a través de los artículos 229, 29 y 93 de la Carta. Este
principio que se caracteriza  por establecer un sistema de garantías de naturaleza
bilateral. Ello implica que garantías como el acceso a la justicia (Art.229);
la igualdad ante los tribunales (Art.13); la defensa en el proceso (Art.29); la
imparcialidad e independencia de los tribunales[47];
la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228);  sean predicables tanto del
acusado como de la víctima. Esta bilateralidad, ha sido admitido por esta
Corporación al señalar que el complejo del debido proceso, que involucra
principio de legalidad, debido proceso en sentido estricto, derecho de defensa
y sus garantías, y el juez natural, se predican de igual manera respecto de las
víctimas y perjudicados.[48]
44. Lo que
cabría preguntarse ahora es si en un modelo de investigación y enjuiciamiento
que profundiza su tendencia acusatoria, como el configurado en la ley 906 de
2004, y en el que desaparece el concepto formal de “parte civil”, debe
entenderse sustancialmente alterada la posición de la víctima  en el proceso
penal. Para responder a este interrogante es conveniente hacer una referencia a
los pronunciamientos que ha realizado esta Corporación caracterizando el
sistema de procesamiento instaurado mediante la ley 906 de 2004.
45. De los
pronunciamientos que ha realizado la Corte sobre el modelo de enjuiciamiento
con tendencia acusatoria, se extraen algunos aspectos que revisten relevancia
para la decisión que habrá de adoptarse en el presente asunto:
a. Ha señalado
la Corte que la reforma introducida por el A.L. No. 03 de 2002, adoptó  un
perfil de tendencia acusatoria, tomando algunos rasgos de este sistema, sin que
pueda afirmarse que se trata de un sistema acusatorio puro:
“La reforma de los artículos 116, 250 y 251 de la Constitución
pretende, así, instaurar un “nuevo sistema”, que abandone la tendencia mixta
diseñada por el Constituyente de 1991, y adopte un perfil de tendencia
acusatoria, sin que ello signifique haber adoptado un esquema acusatorio puro.
El alcance de esta reforma y sus implicaciones serán desarrolladas por el
legislador y precisadas por la jurisprudencia (…)”.
(…)
Tal sucede con el sistema penal colombiano, que con posterioridad al
Acto Legislativo No. 2 de 2003, adoptó varios de los rasgos propios del modelo
acusatorio, pero al mismo tiempo mantuvo algunas de las características del
sistema mixto: en términos generales, la reforma se orienta hacia la adopción
de un sistema acusatorio, con una clara separación de las funciones de investigación,
acusación y juzgamiento, así como un juicio oral, público, concentrado y
contradictorio en el cual podrán participar jurados[49].
b. También ha
señalado que si bien el nuevo sistema introduce rasgos del modelo acusatorio,
mantiene su propia especificidad, sin que se le pueda adscribir o asimilar un
sistema acusatorio de tradición anglosajona o continental europea:
“Las
menciones generales sobre el nuevo sistema procesal penal, citadas
anteriormente, permiten advertir que se trata de un nuevo modelo que presenta características
fundamentales especiales y propias, que no permiten adscribirlo o
asimilarlo, prima facie, a otros sistemas acusatorios como el americano o el
continental europeo”[50].(Se destaca).
c. También ha
indicado la jurisprudencia de esta Corte que el nuevo sistema no se puede
catalogar como un modelo típicamente adversarial, en donde el juez funge como
árbitro entre dos partes que se enfrentan en igualdad de condiciones. El juez
cumple un papel activo de garante de los derechos del imputado o acusado y de
las víctimas:
“El nuevo
diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes
procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado,
un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de
unos cargos criminales, y por el otro, un acusado, quien busca demostrar su
inocencia. En desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas
potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control
de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero árbitro
regulador de las formas procesales, sino en buscar la aplicación de una
justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos
fundamentales del indiciado o sindicado, así como de aquellos de la víctima,
en especial, de los derechos de ésta a conocer la  verdad sobre lo ocurrido, a
acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad
con la Constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad”[51].(Se destaca).
d. El  sistema
procesal penal configurado por la Ley 906 de 2004 pone el acento en la garantía
de los derechos fundamentales de quienes intervienen en el proceso (inculpado o
víctima), con prescindencia de su designación de parte o sujeto procesal:
“Se diseñó
desde la Constitución un sistema procesal penal con tendencia acusatoria,
desarrollado por la Ley 906 de 2004, con acento en la garantía de los derechos
fundamentales del inculpado, para la definición de la verdad y la realización
efectiva de la justicia, teniendo presentes los derechos de las víctimas. Se
estructuró un nuevo modelo de tal manera, que toda afectación de los derechos
fundamentales del investigado por la actividad de la Fiscalía, queda decidida
en sede jurisdiccional, pues un funcionario judicial debe autorizarla o
convalidarla en el marco de las garantías constitucionales, guardándose el
equilibrio entre la eficacia del procedimiento y los derechos del implicado
mediante la ponderación de intereses, a fin de lograr la mínima afectación de derechos
fundamentales”[52].
e. Finalmente,
la Corte introdujo una regla de interpretación de particular relevancia para el
estudio de la materia bajo examen, consistente en que el A.L. 03 de 2002, que
sentó las bases constitucionales para la instauración del sistema de tendencia
acusatoria, se limitó a modificar algunos artículos de la parte orgánica de la
Constitución (116, 250 y 251), dejando intacta su parte dogmática, conforme a
la cual se debe analizar las nuevas instituciones procesales:
“Cabe
asimismo señalar que el Acto Legislativo 03 de 2002 introdujo únicamente
cambios en ciertos artículos de la parte orgánica de la Constitución, mas no en
la dogmática. De allí la necesidad de interpretar tales modificaciones a la luz
de determinadas disposiciones constitucionales, en especial, los artículos 6,
15, 28, 29, 30, 31 y 32, e igualmente, por la vía del artículo 93 de la Carta
Política, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
que prohíben su limitación en estados de excepción[53]”.
46. Así las
cosas, los fundamentos constitucionales de los derechos de las víctimas,  así
como los pronunciamientos que sobre la ley 906 de 2004 ha realizado la Corte,
permiten afirmar que la víctima ocupa un papel protagónico en el proceso, que
no depende del calificativo que se le atribuya (como parte o interviniente), en
tanto que se trata de un proceso con sus propias especificidades, en el que los
derechos de los sujetos que intervienen están predeterminados por los preceptos
constitucionales, las fuentes internacionales  acogidas por el orden interno y
la jurisprudencia constitucional. El alcance de los derechos de las víctimas
deben interpretarse dentro de este marco.
Estudio de los cargos de
inconstitucionalidad por omisión
47. Sobre el anterior marco conceptual procede la
Corte a analizar cada uno de los cargos que resultaron aptos para propiciar un
pronunciamiento de fondo a fin de establecer si las omisiones que se acusan
reúnen los requisitos que las conviertan en inconstitucionales. Tal como se
indicó en el estudio preliminar de esta sentencia, ellos son: (i)  que
la omisión excluya de sus consecuencias aquellos casos que, por ser
asimilables, deberían subsumirse dentro de su presupuesto fáctico; ( ii)
que dicha exclusión no obedezca a una razón objetiva y suficiente; (iii)
que al carecer de una razón objetiva y suficiente, la omisión produzca una
desigualdad injustificada entre los casos que están y los que no están sujetos
a las consecuencias previstas por la norma y; (iv) que la omisión
implique el incumplimiento de un deber constitucional del legislador”. [54]
Estudio de constitucionalidad del
artículo 135 de la Ley 906 de 2004
48. En el cargo
dirigido contra el artículo 135, se acusa una omisión del legislador vinculada
de manera específica al contenido normativo de esa disposición, consistente en
la no inclusión  en la consagración de la “Garantía de comunicación a las
víctimas”, los aspectos relativos a las facultades y  derechos que puede
ejercer este interviniente en el proceso, en lo relacionado con su pretensión
de verdad y de justicia. La norma reduce tal garantía a la pretensión
indemnizatoria.
De la demanda, y
del debate que se suscitó a partir de la participación de diversos
intervinientes en el juicio de constitucionalidad, se establece que la omisión
que se acusa en esta disposición, tienen que ver con dos aspectos: (i) con
el momento a partir del cual los órganos de investigación (fiscal y policía
judicial) deben cumplir con la garantía de comunicación de sus derechos a las
víctimas y perjudicados con el delito; y (ii) con el contenido y alcance
de esa garantía de comunicación. Se censura la reducción del derecho de acceso
a la justicia en esos dos ámbitos mencionados.
Para determinar
el alcance y naturaleza de las omisiones que se acusan conviene transcribir el
texto de la norma impugnada:
“ARTÍCULO 135. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS.
Los derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el
momento mismo en que ésta intervenga.
Igualmente se le informará sobre las facultades
y derechos que puede ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de
la disponibilidad que tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el
proceso por conducto del fiscal, o de manera directa en el incidente de
reparación integral”.
49. En orden a
satisfacer la garantía de comunicación, la norma establece dos prerrogativas
para las víctimas de los delitos, que a su vez involucran  correlativos
deberes del fiscal: (i) el fiscal debe informar a la víctima sobre los derechos
que el orden jurídico le reconoce, información que debe efectuarse “desde el
momento mismo en que intervenga”; y (ii) el fiscal debe informar a la
víctima acerca de las facultades y derechos que puede ejercer para perseguir
los perjuicios causados con el injusto, así como de la posibilidad de formular
esa pretensión a través del fiscal, en el proceso, o directamente en el
incidente de reparación integral.
50. En punto a
determinar, desde qué momento deben los órganos de investigación proporcionar
información a la víctima sobre sus derechos, debe señalarse, que ya esta Corte
ha admitido que tal información debe proporcionarse desde el primer momento en
que las víctimas entren en contacto con las autoridades. Así se deriva de las
sentencias C-1154 de 2005[55] y C - 1177 de 2005[56],
en las que se dispuso la comunicación de decisiones de archivo de las
diligencias (Art.79) , e inadmisión de la denuncia (Art.69), respectivamente, a
las víctimas o denunciantes a pesar de que las normas no contemplaban de manera
explícita tal exigencia.
Al respecto,
dijo la Corte:
“La decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de
las víctimas. En efecto, a ellas les interesa que se adelante una investigación
previa para que se esclarezca la verdad y se evite la impunidad.
Por lo tanto,
como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las
víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que éstas puedan expresar su
inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan
conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la
orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva
comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos. (Se destaca).
Igualmente, se
debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la
reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para
reabrir la investigación. Ante dicha solicitud es posible que exista una
controversia entre la posición de la Fiscalía y la de las víctimas, y que la
solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de
las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que
la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de
las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la
reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir
al juez de control de garantías”[57].
Similar
exigencia se hace en relación con la comunicación al denunciante de la
decisión, motivada, por medio de la cual el órgano de investigación inadmite
una demanda sin fundamento (Cfr. C-1177 de 2005).
51. Se trunca el
derecho de acceso a la justicia, a través de una concepción recortada de la
garantía de comunicación a la víctima, limitada al momento en que ésta
“intervenga” en la actuación penal. No se precisa de una “intervención” en
sentido procesal[58] para que las autoridades
de investigación asuman los deberes que impone la garantía de comunicación que
se proyecta en dos ámbitos: (i) información acerca de los derechos que
el orden jurídico establece para garantizar sus intereses en el proceso penal,
y (ii) acceso a la información acerca de las circunstancias en que se
cometió el delito, que forma parte del derecho “a saber”, el cual se
materializa con la posibilidad de acceso al expediente o a las diligencias,
desde sus primeros desarrollos. La interconexión e interdependencia que existe
entre los derechos a la verdad, a la justicia, y a la reparación exige que la
garantía de comunicación se satisfaga desde el primer momento en que las
víctimas entran en contacto con los órganos de investigación. Los derechos a la
justicia y a la reparación pueden verse menguados si se obstruye a la víctima
las posibilidades de acceso a la información desde el comienzo de la
investigación  a efecto de que puedan contribuir activamente con el aporte de
pruebas e información relevante sobre los hechos.
52. En el marco
de un sistema de investigación con un mayor componente inquisitivo (Ley 600 de
2000), la Corte había declarado la necesidad de que las víctimas, estuviesen
presentes desde las diligencias preliminares, al respecto señaló:
“(N)o
permitirle a la parte civil – hoy representantes de
las víctimas -actuar durante esta etapa –fase preliminar – o exigir
que el acceso al expediente sólo pueda hacerlo mediante un derecho de petición,
puede llevar a conculcar definitivamente sus derechos a la verdad a la justicia
y a la reparación. Tales limitaciones por lo tanto, constituyen una afectación
grave del derecho de acceso a la justicia que tiene la víctima de un hecho
punible”.
(…)
“En
consecuencia, y con el fin de proteger los derechos de la parte civil, la Corte
declarará la inexequibilidad de la expresión “a partir de la resolución de
apertura de instrucción” contenida en el artículo 47 de la Ley 600 de 200º,
como quiera que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación
económica dependen de que en esta etapa se le permita a la parte civil
intervenir activamente aportando pruebas y cooperando con las autoridades
judiciales y conociendo y controvirtiendo las decisiones que se adopten durante
esta etapa, en especial de la providencia mediante la cual se decide no abrir
formalmente la investigación”[59].
53. No desconoce
la Sala que la norma objeto de revisión se inscribe en un modelo de
investigación distinto, en el que el esquema de indagación no se estructura
sobre las etapas rígidas (preliminar y formal) que establecía el sistema
anterior. En el sistema actual se establece una fase de indagación e
investigación cuyo propósito es el de recaudar elementos materiales de prueba
orientados a establecer la existencia de la conducta punible, y los
presupuestos que permitan sostener una imputación y posteriormente una acusación.
Aunque en esta fase de indagación e investigación, no se practican “pruebas” en
sentido formal, sí se recaudan importantes elementos materiales de prueba
relacionados con el hecho y la responsabilidad del imputado o acusado, que
deberán ser refrendados en la fase del juicio. Es evidente en consecuencia, que
exista un claro interés de las víctimas y perjudicados con la conducta
investigada de acceder a la indagación desde sus inicios, a efectos de
contribuir positivamente al recaudo del material que dará soporte a la
imputación y la acusación, eventos perfectamente compatibles con sus derechos a
la verdad, a la justicia y a la reparación.
54. Es
conveniente señalar que el pronunciamiento anteriormente citado, que propugna
por un acceso pleno de la víctima a las diligencias, o expediente si existiere,
desde el comienzo de las indagaciones, es aplicable al actual régimen de
investigación en tanto que el mismo se basa en postulados como el acceso a la
justicia (Art.229); la igualdad ante los tribunales (Art.13); la defensa en el
proceso (Art.29); la efectividad de los derechos (Arts. 2° y 228) y el carácter
bilateral del derecho del derecho a la tutela judicial efectiva, que
mantiene su imperio frente al nuevo modelo de procesamiento criminal.
A propósito del
afirmado carácter bilateral del derecho a la tutela judicial
efectiva, conviene recordar que la Corte se pronunció sobre el derecho de
la defensa a intervenir aún antes de la formulación de imputación[60],
lo que marca un umbral para la protección de los derechos de las víctimas a
acceder a las diligencias, desde sus inicios, es decir, desde el  momento en
que entren en contacto con las autoridades, y aún antes de que se hubiese
formalizado una “intervención”  en sentido jurídico – procesal. La garantía de
comunicación de los derechos de las víctimas no se satisface a plenitud, si se
produce sólo al momento en que se produce “su intervención”, la misma, para que
sea plena, debe producirse desde el momento en que las víctimas entran en
contacto con los órganos de investigación.
55. La segunda
omisión  que se imputa a esta norma, tiene que ver con el carácter precario que
la misma adscribe a la garantía de comunicación a las víctimas. En efecto,
observa la Corte que el inciso segundo de la norma acusada señala que “se le
informará  - a la víctima - sobre las facultades y derechos que puede
ejercer por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que
tiene de formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del
fiscal, o de manera directa en el incidente de reparación integral”.
Resulta palmario
que el legislador reduce la  “Garantía de comunicación a las víctimas” a
los derechos y facultades  que puede ejercer para satisfacer su pretensión
indemnizatoria. Esta manera de concebir la garantía de comunicación a la
víctima acerca de sus derechos, es evidentemente reductora de la concepción
constitucional de los derechos de las víctimas  y perjudicados con los delitos,
que ha sido construida por la jurisprudencia con apoyo en el derecho y la
jurisprudencia internacional, y que incluso ha sido incorporada en algunas
disposiciones de la nueva ley procedimental, pero excluida de la norma objeto
de revisión.
56. La norma
impugnada en efecto, omite la “garantía de comunicación a la víctima” en
lo que concierne a las facultades y poderes procesales que se derivan de su
derecho a conocer la verdad y a que se haga justicia. El derecho a conocer la
verdad, que incorpora el derecho a saber, lo habilita para un acceso
pleno a la investigación desde sus inicios, no solamente como tributo a su
dignidad que exige una elemental consideración al incremento del dolor que
genera la incertidumbre sobre lo acontecido, sino como expresión de su derecho
a una tutela judicial efectiva que exige el establecimiento de
mecanismos adecuados para que las víctimas puedan obtener el goce efectivo de
sus derechos a la justicia y a la reparación integral.
57. Las omisiones que se imputan al contenido normativo acusado, en
efecto plantean un retorno a una concepción de los derechos de las víctimas,
que se entendía superada, en cuanto reduce la garantía de comunicación a la
víctima tanto en su ámbito temporal, como  en su contenido sustancial. En su
ámbito temporal por que la limita al momento en que la víctima “interviene” en
el proceso, excluyendo tal garantía de momentos previos en que la víctima no ha
consolidado una intervención formal, pero ha entrado en contacto con las
autoridades de investigación. En cuanto a su contenido sustancial por que
restringe, la garantía de comunicación a la pretensión indemnizatoria.
58. Encuentra así la Corte que las omisiones que se acusan, son
inconstitucionales en cuanto:
(i) La norma excluye de sus
consecuencias situaciones fácticas que deberían estar amparadas por el
contenido normativo acusado, como son  la aplicación de la garantía de
comunicación a fases previas a una “intervención” formal, y respecto de todos
los derechos ( no solamente la reparación) de que son titulares las víctimas de
los delitos.
( ii) No se aprecia una justificación objetiva y suficiente
para la exclusión de fases previas a una intervención formal, o de los derechos
a la verdad y a la justicia, de la garantía de comunicación que la norma
consagra. Por el contrario, el derecho de acceso a la justicia (Art.229), exige
que toda la fase de indagación e investigación esté amparada por la garantía de
comunicación a las víctimas sobre sus derechos, y que la misma, se extienda a
las prerrogativas y potestades procesales que se derivan de los derechos a la
verdad y  a la justicia.
(iii) Al estar desprovistas tales omisiones de una razón
objetiva y suficiente, se genera una situación que privilegia de manera
injustificada la pretensión indemnizatoria de la víctima, con sacrificio de los
derechos de verdad y justicia de que es titular, los cuales han sido
reivindicados por la jurisprudencia de esta Corporación. Esta disección en la
concepción de los derechos de las víctimas genera a su vez, un desequilibrio en
cuanto restringe el alcance de los derechos de las víctimas en el proceso, en
contraste con los derechos de otros actores procesales, desvirtuándose así el
carácter bilateral del derecho a una tutela judicial efectiva.
(iv) Las omisiones acusadas implican el incumplimiento de
un deber constitucional del legislador, quien está obligado a ajustar la
configuración de los derechos de participación e intervención de las víctimas
en el proceso penal a los principios de acceso al proceso (Arts. 229), de todos
los actores que participan en el conflicto penal, así como a la concepción
integral de los derechos de las víctimas derivada de los artículos 1°, 2° y 93
de la Carta, en los términos establecidos en esta sentencia.
59. Como consecuencia de esta constatación la Corte
declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 135 de la Ley 906 de
2004, en el entendido que la garantía de comunicación a la víctima de sus
derechos, se realizará desde el momento mismo en que ésta entre en contacto con
las autoridades de investigación penal, y que la misma debe referirse a los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de que es titular.
60. Quiere la Corte dejar en claro, que la norma fue
analizada única y exclusivamente en lo que concierne a los cargos por omisión
relativos a los dos aspectos aquí señalados, vale decir, el momento a partir
del cual opera la garantía de comunicación a la víctima y el ámbito de los
derechos que ésta garantía cobija, sin que la declaración de exequibilidad
alcance otros aspectos de la norma que fueron involucrados en la demanda, pero
respecto de los cuales no se estructuró cargo alguno.
Estudio de constitucionalidad del
artículo 357 de la Ley 906 de 2004
61. El cargo
dirigido contra el artículo 357, se contrae a acusar una omisión legislativa
específica, que el actor vincula con el contenido normativo de la disposición
demandada, consistente en la exclusión de los representantes de las víctimas de
la posibilidad de solicitar pruebas en la audiencia preparatoria. De ello se
deriva un trato diferenciado, en cuanto la misma disposición contempla la
potestad para la fiscalía, la defensa y aún el ministerio público, de realizar
solicitudes probatorias en el señalado acto procesal. El demandante considera
que dicha omisión vulnera el derecho a la igualdad y de acceso a la justicia.
62. Procede la
Corte a transcribir la norma demandada a efecto de determinar el alcance y
naturaleza de las omisiones denunciadas:
“ARTÍCULO 357. SOLICITUDES PROBATORIAS. Durante la
audiencia el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que
soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.
El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas
cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de
acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código.
Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los
medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al
proceso.
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de
las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de
una prueba no pedida por éstas que pudiere tener esencial influencia en los resultados
del juicio, solicitará su práctica”.
63. Lo primero
que debe precisarse, para establecer el alcance de esta norma,  es que la
audiencia preparatoria constituye, dentro del nuevo sistema,  el acto procesal
por excelencia para el trámite de las solicitudes de pruebas que habrán de
practicarse en el  juicio oral. Es la  oportunidad procesal[61]para
solicitar las pruebas orientadas a llevar al conocimiento del juez, más allá de
toda duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio, que
permitan establecer la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe
de esos hechos.
64. La norma
establece las reglas que debe observar el juez respecto de  las solicitudes
probatorias que se realizan en la audiencia preparatoria. Esas reglas son:
a.
Se establece una regla general conforme a la
cual los únicos actores procesales que pueden solicitar pruebas en esta
audiencia son el fiscal y la defensa.
b.
El decreto de pruebas solicitadas está
condicionado a que éstas se refieran a los hechos de la acusación, y se adecuen
a las reglas de pertinencia y admisibilidad.
c.
Los medios de prueba a los que pueden acudir
“las partes” para acreditar sus pretensiones  deben ser lícitos y debidamente
aducidos al proceso.
d.
Excepcionalmente, “agotadas las solicitudes
probatorias de las partes”, el Ministerio Público podrá solicitar la práctica
de una prueba no pedida, de la cual tuviere conocimiento y que pudiere tener
esencial influencia en los resultados del juicio. Su carácter excepcional
deriva de que se trata de la única solicitud probatoria que puede ser tramitada
con posterioridad a la audiencia preparatoria, tal como lo prevé el artículo
374[62].
De estas reglas
surge con claridad que el legislador omitió incluir al representante de
las víctimas dentro de las partes o intervinientes con facultad para realizar
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria. Corresponde entonces
establecer si esa omisión encuentra una justificación constitucionalmente
admisible, o sí por el contrario como lo afirma el demandante, algunos intervinientes
y el Procurador General de la Nación, se constituye en una omisión legislativa
de naturaleza inconstitucional.
65. La
efectividad del derecho a acceder a la justicia, en el que se inscriben los
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, se
encuentra en una relación directa con el derecho a probar.  El derecho a
conocer la verdad sobre los hechos que entrañan el agravio a la víctima, está
inescindiblemente vinculado con la posibilidad de probar; el derecho a la
justicia resulta inconcebible al margen de una posibilidad real de incidir
probatoriamente en el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
responsabilidades; y el derecho a la reparación, cuando se ejerce en el proceso
penal, se consolida a partir de la determinación de la responsabilidad por el
hecho punible.
66. La
interdependencia de estos derechos conlleva a que el derecho a aportar y
solicitar pruebas en torno al hecho mismo, las circunstancias, la determinación
de los autores o partícipes, y la magnitud del daño, se constituya en un
presupuesto inexcusable del derecho de las víctimas a acceder efectivamente
a la justicia. Resulta inane que se contemple la posibilidad de asistencia de
los representantes de las víctimas a la audiencia preparatoria (Art. 355 CPP),
que se exija que en esa diligencia deba estar asistida por un profesional del
derecho o estudiante de consultorio jurídico (Art. 137.3 CPP), y paralelamente
se le excluya de la posibilidad de realizar solicitudes probatorias, tal como
lo establece la norma demandada.
67. La
naturaleza bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva, impone
que se reconozcan a la víctima garantías de acceso a la justicia similares a
las que se reconocen al imputado o acusado. No pretende desconocer la Corte las
especificidades del nuevo sistema en el que se asignan a la Fiscalía unas
competencias que propugnan por el restablecimiento del derecho y la reparación
integral de la víctima (Art. 250.6 CP), sin embargo ellas no tienen la
virtualidad de desplazar a la víctima, cuando en un ejercicio soberano de su
derecho de acceso a la justicia, opta por agenciar por su cuenta ( a través de
su representante)  sus intereses dentro del proceso penal.
68. Tampoco se
suple la exclusión de los representantes de las víctimas de la posibilidad de
efectuar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, con la facultad
excepcional que el inciso final de la disposición acusada confiere al
Ministerio Público para solicitar, en el juicio, la práctica de una prueba no solicitada
en la audiencia preparatoria, y que pudiere tener esencial incidencia en los
resultados del juicio. Los intereses que defiende el Ministerio Público en el
proceso penal (el orden jurídico, el patrimonio público, o los derechos y
garantías fundamentales, Art. 109 CPP ), son muy distintos a los intereses que
agencia el representante de las víctimas, englobados en los derechos a conocer
la verdad, a que se haga justicia en su caso, y a obtener reparación.
69. Así las
cosas, encuentra la Corte que efectivamente la norma demandada incurre en una
omisión trascendente para el derecho de acceso de la víctima a la justicia
(Art.229 CP), en cuanto obstruye sus posibilidades de  efectiva realización
de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, y la coloca, de
manera injustificada, en una posición de desventaja en relación con otros
actores e intervinientes procesales.
70. La inconstitucionalidad de la omisión que se acusa
deriva de la concurrencia de los siguientes presupuestos:
(i)
La norma
efectivamente incurre en una omisión que excluye de su presupuesto fáctico a un
sujeto que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma
contempla, debería subsumirse dentro de ese presupuesto fáctico. En efecto,
mientras se prevé la posibilidad de que la fiscalía, la defensa, y aún el
ministerio público, en una fase posterior, formulen solicitudes probatorias, se
excluye al representante de las víctimas de esa misma posibilidad.
(ii)
No se vislumbra una
razón objetiva y suficiente que justifique la exclusión del representante de
las víctimas de la posibilidad de ejercer el derecho a formular solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria. El modelo procesal que la ley
configura considera a la víctima como un “interviniente” (Título IV), al que se
le deben garantizar todos los derechos que la Constitución le reconoce, como
son el derecho a acceder a la justicia, (Art.229 CP),  con sus derivados de
acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, a los que se integra de
manera inescindible el derecho a probar.
(iii)
Por carecer de una
razón objetiva y suficiente, la omisión genera  una desigualdad injustificada
entre los diferentes actores del proceso, particularmente entre víctima y
acusado, a quienes cobija por igual una concepción bilateral del derecho a la
tutela judicial efectiva.
(iv)
La omisión entraña
el incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una
verdadera “intervención” de la víctima en el proceso penal,
particularmente en la audiencia preparatoria, en los términos que se lo impone
el artículo 250.6 de la Carta, en concordancia con los artículos 29, 229 de la
misma.
Por las consideraciones expuestas la Corte
declarará la constitucionalidad condicionada del artículo 357 de la Ley 906 de
2004, en el entendido que los  representantes de las víctimas, pueden hacer
solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de
condiciones que la defensa y la fiscalía.
VII.    DECISIÓN
Con fundamento
en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los artículos
11, 132, 133, 134, 136 y 137 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de
la demanda.
Segundo:  Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el
artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de
comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento
en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Tercero: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el
artículo 357 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que los representantes de
las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes probatorias en la
audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la defensa y la
fiscalía.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
AUSENTE EN COMISION
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
Auto 248/06
Referencia: expediente D-5978
Corrección de la Sentencia C-454 del 7 de Junio de 2006.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte,
CONSIDERANDO:
Primero. Que en la Sentencia  C- 454 de junio 7 de 2006, proferida por la
Sala Plena de esta Corporación, en el capítulo IV relativo a las intervenciones
se reseñó lo siguiente: “5.De la ciudadana Nayid Abú Pager
Sáenz. Para esta interviniente (…)” .
Segundo. Que mediante escrito radicado en agosto 25 de 2006, Nayid Abú
Fager Sáenz, manifiesta que su condición es la de un ciudadano, del
género masculino, cuyo nombre es Nayid Abú Fager Sáenz, y para corroborar su
información adjunta fotocopia de su cédula de ciudadanía No.79.965.808 de
Bogotá.
Tercero. Que se hace necesario corregir la advertida imprecisión,
RESUELVE:
CORREGIR la sentencia C-454 de 2006 en el sentido que la Corte en el
capítulo IV. 5 (Fol. 10) de la mencionada sentencia, se refiere a la
intervención del ciudadano Nayid Abú Fager Sáenz, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.965.808 de Bogotá .
Comuníquese,
notifíquese y cúmplase,
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
En cumplimiento de esta condición la demanda transcribió los
artículos 11, 133, 134, 135, 136, 137 y 357 (parcial) de la Ley 906 de 2004. No
obstante en el desarrollo de los cargos incluía la censura de los artículos 132
y la integridad del 357.
[2]
Se advierte que aunque la demanda plantea una crítica integral a la manera como
está configurada en la ley la intervención de la víctima en el proceso penal no
dirige su demanda contra todas las normas que concurren a desarrollar esa
intervención. Así se observa que no fue demandado el artículo 92 que regula la
intervención de la víctima en la adopción de medidas cautelares para garantizar
el derecho a la indemnización de los perjuicios; el artículo 149 sobre los
derechos de la víctima frente a medida que limitan la publicidad de los
procedimientos; el artículo 174 que regula la comunicación de las peticiones
escritas a las demás partes e intervinientes, en virtud de esta disposición la
admisión de una petición dirigida al “juez” que conoce de la actuación, está
condicionada a que se acompañe de las copias necesarias para la información de
las demás partes e intervinientes; el artículo 327 que regula el control
judicial en la aplicación del principio de oportunidad, en cual será
obligatorio y automático, se realizará en audiencia especial en la que se
preserva el  derecho de la víctima para controvertir las pruebas aducidas por la
Fiscalía para sustentar tal decisión; el artículo 333 que regula el trámite de
la preclusión, contemplando el derecho de la víctima para intervenir
oponiéndose a la petición del fiscal; el artículo 337 que establece el
contenido de la acusación , y el deber de la Fiscalía de entregar copia del
escrito de acusación al acusado, ministerio público y víctimas, “con
fines únicos de información”; el artículo 340  que establece que en la
audiencia de formulación de acusación se determinará la calidad de víctima , se
reconocerá su representación legal, en caso de que se constituya, y se faculta
al juez para que en caso de que exista pluralidad de víctimas, determine la
intervención en el juicio oral de un número de representantes igual al de
defensores. Tampoco incluye el demandante en su demanda en contra del sistema
legal de protección de los derechos de las víctimas los artículos 102, 103,
104, 105, 106, 107 y 108, que reglamentan el incidente de reparación integral
de las víctimas.
[3] En la sentencia C- 543 de 1996, la Corte estableció
las clases de omisiones en que puede incurrir el legislador – absoluta y
relativa - , y señaló la imposibilidad de ejercer control de constitucionalidad
sobre las denominadas omisiones absolutas, admitiendo este mecanismo de control
únicamente respecto de las omisiones legislativas de naturaleza relativa. En
posteriores pronunciamientos (C-427 de 2000, C-1549 de 2000; C- 041 de 2002,
C-185 de 2002, C- 871 de 2002) se ha reiterado esta regla jurisprudencial. Con relación a las omisiones legislativas,
la sentencia C-528 de 2003 señaló lo siguiente: “(…) si el cargo se sustenta en
una omisión legislativa (…) resulta imposible, desde un punto de vista
estrictamente gramatical, que la acusación emane del texto de la disposición
acusada, ya que lo que en rigor se reprocha es aquello de lo cual la norma
carece. Así entonces, como en tal evento no es posible demandar lo que la norma
dice –sino lo que ella no dice -, la Corte ha entendido que para que el cargo
sea pertinente es necesario que el demandante formule sus acusaciones contra
los contenidos normativos específicamente vinculados con la omisión. De este
modo, el demandante conecta el vacío normativo con la norma de la cual podría
predicarse, cumpliendo así con el requisito de coherencia lógica que exige la
jurisprudencia. Ahora bien, dicha exigencia sólo puede cumplirse cuando la
omisión a la cual hace referencia el demandante es una omisión relativa;
ya que cuando la demanda se estructura sobre la base de una omisión absoluta
- también llamada omisión del legislador- la Corte carece de competencia para
tramitar el juzgamiento. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, un
cargo fundado en una omisión absoluta plantea una ausencia total de regulación.
Como la omisión absoluta es la que se deriva de la completa inactividad del
legislador, la Corte carece de referente normativo para hacer la confrontación
con la Carta. Por ello la jurisprudencia ha dicho que la acción de
inconstitucionalidad “si bien permite realizar un control más o menos extenso
de la labor legislativa, no autoriza la fiscalización de lo que el legislador
genéricamente ha omitido, conforme a las directrices constitucionales” Esta
es la razón por la cual la Corte no tiene competencia para “conocer de
demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”.De
acuerdo con esto, la Corte sólo tiene competencia para desatar demandas de
inconstitucionalidad basadas en cargos por omisión en la ley, siempre y cuando
dicha omisión sea relativa. Y un cargo de inconstitucionalidad por omisión es
relativo cuando denuncia la ausencia de un elemento que la Ley debería incluir
para garantizar, por ejemplo, el derecho a la igualdad o el derecho al debido
proceso de los particulares.”
[4]
Cfr. Sentencia C- 041 de 2001, MP Marco Gerardo Monroy Cabra, criterio
reiterado en la sentencia C-528 de 2003 del mismo Despacho, así como en la
sentencia C- 1009 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Sentencias C- 185 de
2001; C-420 de 2000.
[6] Sentencias C- 540 de
1997;  C-041 de 2002.
[7] C- 427 de 2000, MP,
Vladimiro Naranjo Mesa.
[8]
Ver entre otras las sentencias C-185 de 2002 MP. Rodrigo Escobar Gil, C-871de
2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett, C-041 de 2002, MP: Marco Gerardo Monroy
Cabra; C-427 de 2000, MP: Vladimiro Naranjo Mesa; C-1549 de 2000 MP. (e) Martha
Victoria Sáchica Méndez, C-543 de 1996, MP. Carlos Gaviria Díaz; C- 1009 de
2005, MP, Manuel José Cepeda Espinosa..
[9] Cfr. Las Sentencias
C-543/96 y C-1549/2001.
[10]
Sentencia C- 185 de 2002, MP Rodrigo Escobar
Gil. En esta sentencia dijo la Corte: (…) “Para
efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición
jurídica, por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la
Corte ha considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber:
(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo;
(ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que,
por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo
cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de
acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con
los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación
y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias
de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un
deber específico impuesto por el constituyente al legislador”.  A pesar de que
esta decisión pareciera ir en el mismo sentido de la sentencia de la cual
disiento en esta oportunidad, no es así. La misma sentencia transcrita aclara
que la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir, en estos
eventos, un pronunciamiento de fondo queda supeditada al hecho de que la
omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso
de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso. Es decir, que el actor
acuse el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión.
Coherente con este último planteamiento en la aludida sentencia, la Corte se
declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo en razón a que las
imputaciones que contenía la demanda no surgían de las preceptivas acusadas
(Arts. 365 y 366 de la Ley 600 de 2000), sino que eran pregonables de otra
norma (Art. 369 de la misma ley) que regulaba el instituto jurídico de la
caución y que no fue demandado.
[11]
Ídem.
[12]
Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño), A-178A de 2003, MP, Marco Gerardo Monroy Cabra; A-104 de 2005 MP,
Humberto Antonio Sierra Porto; A-032 de 2005, MP, Jaime Araújo Rentería. En
dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados
por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no
presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.
[13] Sobre este particular la Corte sostuvo:“El juicio de
constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente
existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el
texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver
sobre su inexequibilidad a partir de argumentos ‘vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales’[13] que no se relacionan
concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.” (Sentencia C-1052
de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).
[14]
Así se señaló en la sentencia C-1052 de 2001 M.P. Dr. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[15] Sentencia C-236/97, M.P.
Antonio Barrera Carbonell.
[16] Se refiere al artículo
250, num. 7° que establece que La ley fijará los términos en que podrán
intervenir las víctimas en el proceso penal”.
[17] En este
artículo se regula la intervención de la víctima en la adopción de medidas
cautelares tendentes a garantizar el derecho a la indemnización de los
perjuicios ocasionados con el delito.
[18]
En esta norma se establecen restricciones a la publicidad de los
procedimientos  por motivos de seguridad o respecto a las víctimas menores de
edad.
[19]
En esta norma se regula la comunicación de las peticiones
escritas de alguna de las partes e intervinientes, a las demás; en
virtud de esta disposición la admisión de una petición dirigida al “juez” que
conoce de la actuación, está condicionada a que se acompañe de las copias
necesarias para la información de las demás partes e intervinientes.
[20]
Esta norma regula el control judicial en la aplicación del principio de
oportunidad, el cual será obligatorio y automático, se realizará en audiencia
especial, en la que se preserva el  derecho de la víctima para controvertir las
pruebas aducidas por la Fiscalía para sustentar tal decisión.
[21]
Regula el trámite de la preclusión, contemplando el derecho de la víctima para
intervenir oponiéndose a la petición del fiscal.
[22]
Establece el contenido de la acusación, y el deber de la Fiscalía de entregar
copia del escrito de acusación al acusado, ministerio público y víctimas,
“con fines únicos de información”;
[23]
Estas normas introducen reglas sobre la procedencia y
ejercicio del incidente de reparación integral; el trámite del mismo; las
pruebas y las alegaciones; la decisión; la caducidad; la intervención del
tercero civilmente responsable y del asegurador de la responsabilidad civil
acaparada en virtud de contrato válidamente celebrado.
[24] Desde
la sentencia C-293 de 1995, proferida con ocasión de la revisión de
constitucionalidad del artículo 45 del Decreto 2700 de 1991 (oportunidad para
la constitución de parte civil en el proceso penal), la Corte dejó sentada la
tesis acerca de la superación de la concepción meramente económica de la parte
civil en el proceso penal. Esta doctrina
fue reiterada en la C- 163 de 2000, sobre los artículos 47.7 (requisitos de la
demanda de parte civil); 50 (rechazo de la demanda); y 55 parcial (sentencia
condenatoria y pronunciamiento sobre los perjuicios) del Decreto 2700 de 1991.
En la sentencia C-1149 de 2001 sobre los artículos 107, 108.3 y 305 (parcial)
de la Ley 522 de 1999 (Código penal Militar), la Corte extendió la doctrina
constitucional sobre los derechos de las víctimas, particularmente a conocer la
verdad y a que se haga justicia, a los procesos de competencia de la justicia
penal militar. Siguiendo esta misma tendencia la sentencia C- 178 de 2002 ,
declaró la inexequibilidad de los artículos 578 y 579 (parcial) de la Ley 522
de 1999, “por la cual se expide el código penal militar”. En la
sentencia T-1267  de 2001, se reiteró la doctrina sobre la superación de la
concepción puramente patrimonial de los derechos de las víctimas , y el derecho
a la participación activa en todo el proceso  que de tal concepción  se deriva.
La sentencia C- 228 de 2002 profundiza en la reconceptualización de la parte
civil a partir de la Constitución de 1991, realizando un completo estudio de
los derechos de las víctimas y los perjudicados con el delito,  señalando que
éstos tienen intereses adicionales  a la mera reparación pecuniaria, que es la
forma tradicional en que se ha resarcido a la víctima de un delito. Desarrolla
los derechos a la verdad y a la justicia a la luz de los principios de la
Constitución, y del derecho internacional, particularmente del derecho a la
tutela judicial efectiva; se apoya igualmente en una referencia al derecho
comparado. En esta decisión se declara exequible el inciso 1° del artículo 137
de la Ley 600 de 2002, en el sentido que la parte civil tiene derecho al
resarcimiento, a la verdad y a la justicia. En la sentencia C-578 de 2002,
revisión de la Ley 742 de 2002, “por medio de la cual se crea el Estatuto de
La Corte Penal Internacional”, se destacan la efectividad de los derechos
de las víctimas y el propósito de evitar la impunidad, como razones políticas
para declarar la exequibilidad de la Ley. En la sentencia C-805 de 2002, al
revisar la constitucionalidad del artículo 392 de la Ley 600 de 2000, la Corte
reiteró el alcance de los derechos  de las víctimas en sus dimensiones de
verdad, justicia y reparación integral. En la sentencia C- 875 de 2002, al
estudiar la constitucionalidad de los artículos 45 (parcial),  48 (parcial) y
137 (parcial) de la Ley 600 de 2000, la Corte reiteró la finalidad de la parte
civil en los términos establecidos en la sentencia C-228 de 2002, poniendo
énfasis en que el interés de las víctimas y los perjudicados en participar en
el proceso penal, trasciende el campo meramente subjetivo o individual. La
sentencia C- 916 de 2002,  al efectuar el estudio de constitucionalidad del
artículo 97 (indemnización por daños) de la Ley 599 de 2000, examinó la
responsabilidad civil derivada del hecho punible, con énfasis en las nuevas
estrategias que se han desarrollado en el derecho comparado para garantizar el
resarcimiento de los perjuicios que van desde el reconocimiento de la
posibilidad de buscar la reparación de los daños a través del mismo proceso
penal en países en que no estaba permitido, hasta la creación de fondos
públicos y sistemas de aseguramiento del riesgo de daño proveniente de los
delitos violentos. En la sentencia T- 556 de 2002, la Corte reiteró la doctrina
de los derechos de las víctimas en el proceso, con énfasis en la posibilidad de
acceso a la justicia, y la protección de este derecho por vía de tutela cuando
resulte vulnerado o amenazado. En la sentencia C-04 de 2003, la Corte declaró
la constitucionalidad condicionada del numeral 3° (parcial) del artículo 220 de
la Ley 600 de 2000 sobre la procedencia de la acción de revisión. En esta
sentencia se pone el énfasis en las obligaciones correlativas de investigación
seria que corresponden al Estado, frente a los derechos de las víctimas no sólo
a ser reparadas, sino a saber qué ocurrió y a que se haga justicia; deber que
adquiere particular relevancia cuando se trata  de graves violaciones de
derechos humanos. En la sentencia C- 451 de 2003, a propósito del estudio de
constitucionalidad del artículo 323 de la Ley 600 de 2000, la Corte declaró el
derecho de las víctimas a participar con plenas garantías en la fase de
investigación previa. En la sentencia C- 570 de 2003  la Corte realizó un
estudio sobre las especiales prerrogativas que se derivan de la constitución de
parte civil dentro del proceso penal, en contraste con la reclamación mediante
acciones de la jurisdicción civil; prerrogativas que se derivan del plexo de
derechos que a las víctimas de los delitos se han reconocido en el ámbito
penal  (a saber la verdad, a que se haga justicia y a la reparación integral).
La sentencia C-775 de 2003 estudió la constitucionalidad del artículo 21 de la
ley 600 de 2000 sobre restablecimeinto del derecho. Reiterando la doctrina
sobre la trilogía de derechos de que son titulares las víctimas: verdad,
justicia y reparación, destacó su valor como bienes cardinales de una sociedad
que persiga un orden justo, y la interdependencia que existe entre ellos, de
manera que “no es posible lograr la justicia sin la verdad. No es posible
llegar a la reparación sin la justicia”. En la sentencia C- 899 de 2003 se
efectuó el estudio de constitucionalidad sobre los artículos 38 (parcial), 42,
48 (parcial), 52 (parcial), 55, 57 (parcial) de la Ley 600 de 2000. En esta
sentencia se destacó la relevancia de la explícita consagración del derecho de
acceso a la administración de justicia (229) en la nueva conceptualización de
los derechos de las víctimas, en particular de su derecho al proceso penal. En
la sentencia T- 694 de 2000 , la Corte enfatizó en que los derechos de
participación y de acceso a la administración de justicia, le confieren a la
parte civil derechos y obligaciones similares a las de los demás sujetos
procesales, lo cual implica, entre otras cosas  “solicitar las pruebas que
considere conducentes para el esclarecimiento de la verdad o para demostrar la
responsabilidad del sindicado, así como el derecho a recurrir las decisiones
que afecten sus intereses”. En las sentencias C-014 de 2004 y C-114 de
2004, la Corte hizo extensivo el concepto de víctima y el alcance
constitucional de sus derechos a los afectados por las faltas disciplinarias.
En la sentencia C-998 de 2004, la Corte ratificó la legitimidad de la parte
civil (Art. 205 de la Ley 600 de 2000) para instaurar demanda de casación
contra sentencia absolutoria. En la sentencias C-1154 de 2005 (MP: Manuel José
Cepeda Espinosa) y C- 1177 de 2005, la Corte declaró la exequibilidad de
algunas normas de la ley 600 de 2000, sobre archivo de diligencias (Art.79) , e
inadmisión de denuncia (Art. 69), condicionando la constitucionalidad a que
tales decisiones fueran notificadas a las víctimas y al denunciante,
respectivamente, a fin de preservar sus derechos. En la sentencia C- 591 de
2005, se estudió la constitucionalidad de varias disposiciones de la Ley 600 de
2004, se destacó en esta sentencia la relevancia de los derechos de las
víctimas dentro del modelo procesal con tendencia acusatoria instaurado
mediante el A.L. 03 de 2002. En la sentencia C-979 de 2005  a propósito de la
demanda  contra los artículos 78, 192.4, 327, 330 y 527 de la Ley 906 de 2004, la
Corte realizó un pronunciamiento sobre la protección de las víctimas y los
esquemas de justicia distributiva establecidos en el sistema procesal de
tendencia acusatoria. En la sentencia C-047 de 2006, se estudió la
constitucionalidad de los artículos 176 (parcial) y 177 (parcial) de la Ley 906
de 2004, la Corte reiteró la doctrina referida a la tensión entre le derecho al
non bis in idem y el debido proceso contenido en la sentencia C-04 de
2003 y C-979 de 2005, señalando que “en los casos de impunidad de
violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la
búsqueda de un orden justo y los derechos de las víctimas desplazan la
protección de la seguridad jurídica y la garantía del non bis in idem.
[25] Cfr. Sentencia C- 228 de
2002.
[26]
Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la
impunidad”.Anexo del Informe final del Relator Especial acerca de la cuestión
de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
E/CN.4/Sub2/1997/20/Rev.1. Presentado a la Comisión de Derechos Humanos en
1998. Estos principios fueron actualizados por la experta independiente Diane
Orentlicher, de acuerdo con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión
de Derechos Humanos.
[27] Principio 2 del Conjunto
de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante
la lucha contra la impunidad.
[28] Cfr. Entre otras las
sentencias C- 293 de 1995 y C- 228 de 20002.
[29] Cfr.
Sentencias T- 443 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz ;  C- 293 de 1995, MP, Carlos Gaviria Díaz.
[30] Cfr. Sentencia C- 412 de
1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31] Cfr., Sentencia C- 275
de 1994, MP, Alejandro Martínez Caballero.
[32]
Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante resolución 1989/65 del 29
de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General. mediante resolución
44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la sentencia C-293 de 1995.
[33] Cfr. Art. 33 del
Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad.
[34] Cfr. Sentencia 775 de
2003, MP. Jaime Araújo Rentaría.
[35] Se presenta, una reseña
condensada del desarrollo que sobre este aspecto se realiza en la sentencia
C-228 de 2002.
[36] Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
OAS Res. XXX, aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana (1948),
reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a los Derechos Humanos en el
Sistema Interamericano, OEA/Ser. L.V/IL82 doc.6 rev.1 p. 17 (1992). Artículo
XVIII. Derecho de justicia. Toda persona puede concurrir a los tribunales para
hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y
breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen,
en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
[37] Declaración Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A
(III), ONU Doc. A/810 p. 71 (1948). Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un
recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.
[38] En igual sentido Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de
Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrafo.
24.
[39] Declaración
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y
del abuso de poder, Adoptada por la
Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Acceso a
la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas con compasión y
respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la
justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo
dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán, cuando
sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las
víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas
de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6. Se facilitará la adecuación de los
procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:
a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo
cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus
causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan
solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones
de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las
actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado
y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c)
Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;
d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas,
proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la
de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de
intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de
las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan
indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos
oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el
arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de
facilitar la conciliación y la   reparación en favor de las víctimas.
[40] Entre otras, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, sentencia de
julio 29 de 1988; Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez,
sentencia de noviembre 3 de 1997;  Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)  Awas Tingni, sentencia de agosto 31 de
2001.
[41] Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998 por la
Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de una corte penal internacional. A/CONF.183/9, 17 de julio de
1998, Artículos 19.3, 65.4, 68, 75 y 82.4.
[42]
Estatuto para el Tribunal Internacional para el Juzgamiento de personas
responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario
cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991, Artículo 20.
Apertura y conducción del proceso. 1. La Cámara de Primera Instancia debe
ocuparse de que el proceso sea imparcial y expedito y que la instancia se
desarrolle de conformidad con las reglas de procedimiento y de prueba, que los
derechos del acusado sean plenamente respectados y que la protección de
las víctimas y de los testigos sea debidamente asegurada. Artículo 22.
Protección de las víctimas y de los testigos. El Tribunal Internacional prevé
en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las
víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las
audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad. (se
destaca).
Estatuto del Tribunal
Internacional de Rwanda. Artículo 14. Reglas de procedimiento y de pruebas. A
los efectos de las actuaciones ante el Tribunal Internacional para Rwanda, los
magistrados del Tribunal Internacional adoptarán las reglas de procedimiento y
de pruebas aplicables a la etapa preliminar del proceso, al juicio propiamente
dicho, a las apelaciones, a la admisión de pruebas, a la protección de las
víctimas y testigos y a otros asuntos pertinentes del Tribunal Internacional
para la Ex Yugoslavia, con las modificaciones que estimen necesarias. Artículo
19. Iniciación y tramitación del juicio. 1. La Sala de Primera Instancia deberá
velar porque el procedimiento sea justo, expedito y que se tramite de
conformidad con las normas de procedimiento y de pruebas, con pleno respeto de
los derechos del acusado y con la consideración debida a la protección de
las víctimas y los testigos. Artículo 21. Protección de las víctimas y
de los testigos. El Tribunal Internacional para Rwanda, adoptará disposiciones,
en sus reglas de procedimiento y de prueba medidas de protección para las
víctimas y los testigos. Las medidas de protección comprenden, como mínimo, las
audiencias a puerta cerrada y la protección de su identidad. (Se
destaca).
[43]
Esta doctrina fue desarrollada tanto en el ámbito de la justicia penal militar,
como de la justicia penal ordinaria. Cfr. Sentencias C-293 de 1995; C- 163 de
2000; C- 1149 de 2001; C-228 de 2002;  C- 805 de 2002; C-916 de 2002.
[44]
Fundamentalmente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero
también del Derecho Internacional Humanitario y del emergente Derecho Penal
Internacional.
[45]
El principio de la tutela judicial efectiva, encuentra ubicación constitucional
en los artículos 229 y 29 de la Carta, sin perjuicio de su ampliación por la
vía del artículo 93, que ha permitido el ingreso de las fuentes internacionales
que consagran esta garantía.
[46]
Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y  25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
[47] Artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
[48] Sentencia  T-1184 de
2001.
[49]
Cfr. Sentencia C- 873 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Ello se ve
confirmado por lo dicho en el Informe de Ponencia para segundo debate en la
segunda vuelta del proyecto de Acto Legislativo, en los siguientes términos:
“Los temas originales y centrales de la reforma tienen
que ver con el cambio de funciones de la Fiscalía General de la Nación… El
proyecto propone el ajuste del juzgamiento penal a los cánones internacionales
de derechos humanos, a los cuales Colombia se ha comprometido a través de la
suscripción y ratificación de los instrumentos internacionales que a ellos
obligan, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de
1966 y el Pacto de San José de Costa Rica de 1969. Igualmente, la adopción el
sistema que se pretende acoger con esta reforma, que es un proceso de partes,
controversial o contradictorio, simplemente aspira a colocarse al nivel de los
estándares internacionales, toda vez que ha sido adoptado por la Corte Penal
Internacional, recientemente acogido por nuestro país”.
[50] Sentencia C- 591 de
2005, MP, Clara Inés Vargas Hernández.
[51] Ib.
[52] Ib.
[53] Ib.
[54] Cfr. C- 427 de 2000, MP,
Vladimiro Naranjo Mesa.
[55] En esta
sentencia se analizaron cargos contra los artículos 15 (parcial), 16 (parcial),
79, 177 (parcial), 274, 284, 285, 288 (parcial), 291, 306 (parcial), 308
(parcial), 327 (parcial), 337, 383 (parcial), 435, 436, y 455 de la Ley 906 de
2004. El pronunciamiento a que se hace referencia en esta oportunidad se
relaciona con la exequibilidad condicionada del artículo 79 relativo a las
condiciones de archivo de las diligencias.
[56]
En esta sentencia la Corte analizó cargos contra el artículo
69  (parcial) de la Ley 906 de 2004, sobre los requisitos de la denuncia, de la
querella y de la petición especial. En particular se analizó la
constitucionalidad de la inadmisión de las denuncias sin fundamento.
[57] Sentencia
C- 1154 de 2005.
[58]
El artículo 340 de la ley 906 de 2004 establece que en la
audiencia de formulación de acusación “se determinará la calidad de
víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su
representación legal en caso de que se constituya”.
[59]
Sentencia C- 228 de 2002, declaró inexequible el artículo 47
de la Ley 600 de 2000, que restringía el acceso de la parte civil al proceso a
partir del momento en que se produjera apertura formal de instrucción.
[60]
En la sentencia C-799 de 2005, la Corte declaró la
constitucionalidad del artículo 8° que consagra el  derecho defensa del
imputado a partir de que adquiriera tal condición, sin perjuicio del ejercicio
de su derecho de defensa en la indagación e investigación anterior a la imputación.
[61] Con los
eventos excepcionalísimos de la prueba anticipada y las facultades también
excepcionales que se atribuyen al Ministerio Público en materia probatoria
conforme al inciso final del artículo 357.
[62] “Artículos
374. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser solicitada o
presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final
del artículos 357, y se practicará en el momento correspondiente del juicio
oral y público.”