T-588-13
Sentencia T-588/13
Sentencia T-588/13
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Procedencia de la acción de tutela
Según la jurisprudencia de la Corte, el mecanismo
judicial pertinente e idóneo para invocar la protección de los derechos
fundamentales de la población desplazada es la acción de tutela. A
tal conclusión se ha llegado debido a la especial protección que ostentan las
personas que han tenido que abandonarlo todo por la violencia que aqueja al
país, lo que ha hecho que se predique que son sujetos titulares de una especial
protección constitucional teniendo en cuenta: (i) la situación de extrema
vulnerabilidad a que se encuentran expuestos, (ii) el estado de indefensión y
debilidad manifiesta y (iii) la necesidad proteger sus derechos fundamentales “ante
una actuación ilegítima de las autoridades encargadas de protegerlos, es la
acción de tutela”.
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Reiteración de jurisprudencia
OBLIGACIONES VINCULADAS CON EL
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Facetas de cumplimiento inmediato o en periodos
breves de tiempo
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA
POBLACION DESPLAZADA
POSTULACION DE POBLACION
DESPLAZADA AL SUBSIDIO DE VIVIENDA FAMILIAR ANTE FONVIVIENDA-Régimen
jurídico y procedimiento
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-No
puede sufrir ninguna alteración que imponga a los inscritos deberes adicionales
o trabas en el goce efectivo de sus derechos
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
EN LA ASIGNACION DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA A LA POBLACION DESPLAZADA-Deber
de Fonvivienda de realizar la asignación con base en la normatividad que rige
su actuación
El respeto del debido proceso en las actuaciones de la
administración implica, de un lado, brindar seguridad jurídica a los
administrados y de otro lado, dar validez a las actuaciones de la
administración. Puesto que “toda autoridad tiene sus competencias definidas
dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al
principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los
administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales
actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales,
legales o reglamentarios vigentes”. Luego, el reconocimiento del debido proceso
administrativo impone a todas las autoridades observar el trámite establecido
que rige sus actuaciones, así como desarrollar las mismas a la luz de los
principios que orientan la función pública, y en esta medida garantizar que las
personas, por ejemplo, los desplazados, tengan certeza de que los
procedimientos por medio de los cuales las entidades encargadas de asignar los
subsidios de vivienda, actúen guiadas por los procedimientos establecidos para
el efecto. En ese orden de ideas, la asignación de los subsidios
de vivienda para población desplazada llevada a cabo por Fonvivienda debe
realizarse, en cumplimiento del debido proceso administrativo, esto es, con
base en la normatividad que rige su actuación.
SUBSIDIO DE VIVIENDA PARA LA
POBLACION DESPLAZADA-Vulneración por Fonvivienda por negar de forma
injustificada la asignación del subsidio, bajo el argumento que ella no se
encontraba inscrita en el RUV, hecho que había sido desvirtuado por la accionante
DERECHO FUNDAMENTAL A LA
VIVIENDA DIGNA DE POBLACION DESPLAZADA-Orden a Fonvivienda incluir en la
lista de beneficiarios del subsidio a la accionante y su núcleo familiar
Referencia: expediente T-3876218
Acción de tutela presentada por María
Luz Dary Gómez Guzmán, contra la Nación – Fondo Nacional de Vivienda
(Fonvivienda), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y
Comfatolima.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece
(2013).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Luís Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera
instancia, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué-Tolima, el treinta
y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), y en segunda instancia, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el doce (12) de marzo de dos mil
trece (2013), dentro de la acción de tutela promovida por  María Luz
Dary Gómez Guzmán contra la Nación – Fonvivienda, Comfatolima y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
El expediente de la referencia fue escogido para revisión
por medio de Auto del dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013), proferido
por la Sala de Selección Número Cinco.
I.  ANTECEDENTES
María Luz Dary Gómez Guzmán inició acción de tutela contra
la Nación – Fonvivienda, Comfatolima y el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, tras considerar que frente a la negativa de las entidades accionadas
en aceptar su postulación al subsidio de vivienda en la convocatoria de 2007, bajo
el argumento de no estar inscrita en el Registro Único de Víctimas, y haber
omitido la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la que considera
tener derecho en su condición desplazada, le vulneraron sus derechos
fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la igualdad, al mínimo vital,
al debido proceso, al derecho de defensa y los derechos de los menores.
1. Hechos
1.1.   La señora María Luz Dary Gómez Guzmán, es una persona
de cincuenta y tres (53) años de edad.[1]
Manifiesta que junto con su núcleo familiar, es desplazada por la violencia, desde
hace ocho años, y se encuentra registrada en la base de datos de Acción Social desde
el 28 de septiembre de 2005. Su núcleo familiar está compuesto por 6 personas:
·
Cindy Eliana Abello Gómez, con fecha de nacimiento primero (1) de
noviembre de 1988, la cual es madre de Hilder Nicolás Gutiérrez Abello, con
fecha de nacimiento agosto de 2009.
·
Luisa Alejandra Abello Gómez, con fecha de nacimiento veintidós
(22) de julio de 1993
·
Mileidy Abello Gómez, con fecha de nacimiento veintitrés (23) de
febrero de 1986.
·
Yudy Marlin Abello Gómez, con fecha de nacimiento dieciocho (18)
de mayo de 1987, la cual es madre de Sergio Alejandro Abello Gómez, con fecha
de nacimiento veinte (20) de julio de 2007.
1.2.   Expone que ante la Convocatoria adelantada en el año
2007 por Fonvivienda, a efectos de ofrecerle a la población en situación de
desplazamiento unos subsidios de vivienda, el 16 de julio de 2007 se postuló ante
la Caja de Compensación Familiar del Tolima –Comfatolima, con la finalidad de ser
beneficiaria del subsidio de vivienda en la modalidad de adquisición de
vivienda nueva o usada. No obstante, su postulación fue rechazada por medio de
la Resolución 510 de 2007 “Por la cual se asignan doce mil setecientos
cuarenta (12.740) Subsidios Familiares de Vivienda, correspondientes a recursos
para población en situación de desplazamiento”, por “no estar
registrado en la red de solidaridad como desplazado”, motivo por el cual
interpuso el 6 de marzo de 2008 recurso de reposición contra dicha decisión.[2]
1.3.   Por medio de la Resolución 573 de 2008,[3] se aceptó el
recurso de reposición interpuesto  y, una vez verificada la información
contenida en el archivo de Acción Social, Fonvivienda desvirtuó la causal de
exclusión en el proceso de calificación, por lo que ordenó continuar el proceso
de validación y calificación en los términos del artículo 1° del Decreto 170 de
2008.[4]
1.4.   Sin embargo, asegura la peticionaria, desde ese
momento hasta la fecha han transcurrido tres años, sin que se le haya asignado
el correspondiente subsidio de vivienda.
1.5.   Agrega la accionante que en vista de la tardanza de
Fonvivienda para la asignación del subsidio, se dirigió a Comfatolima con el
fin de obtener información al respecto. Para su sorpresa, manifiesta que le
hicieron entrega de una copia de la Resolución 412 de 2011, en la cual le
indicaban que su postulación había sido “rechazada por estar reportado en la
base de acción social en el estado NO DISPONIBLE y rechazado por no estar
reportado en el Registro Único de Población Desplazada-RUPD de acción social en
el estado: INCLUIDO”.[5]
1.6.   Como consecuencia de lo anterior, elevó derecho de
petición en el año 2012 ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral
de Víctimas,[6]
“con el objeto de que [le] informaran las razones o motivos por los cuales
había sido excluida de la postulación de vivienda perdiendo la condición de
calificada, apareciendo como rechazada”.[7]
1.7.   La Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas,[8] en respuesta
al derecho de petición presentado, indicó que la accionante y su núcleo
familiar se encontraban incluidos en el Registro Único de Víctimas-RUV desde el
28 de septiembre de 2005.[9]
1.8.   A raíz de lo anterior y ante la dilación de las
entidades accionadas en brindar una solución de fondo a su pretensión, la
accionante indicó:
“Como se puede apreciar, es una
falta gravísima que luego de permanecer por más de cuatro años postulada y
calificada en espera del subsidio de vivienda, ahora sin ninguna justificación
legal y ante una abierta violación del debido proceso y del derecho de defensa
aparezca RECHAZADA, sin contar la vulneración al derecho de petición (…), me
incluyen, me postulo, repongo, no incluido, incluido, rechazado y luego por
medio de un oficio me confirman que estoy incluida, y ahora resolución donde
aparezco rechazada por dos motivos, que administrativamente ya habían sido
superados, pero lo más grave, rechazado por la Resolución 0412 de 2011, un acto
administrativo que no me fue notificado, que no me permitieron controvertir en
debida forma (…)”.[10]
1.9.   Con base en los hechos narrados, la señora Gómez
presentó acción de tutela, con la finalidad de lograr el amparo de sus derechos
fundamentales a la vivienda digna, la salud, la igualdad, el mínimo vital, debido
proceso,  derecho de defensa y los derechos de los menores. En consecuencia,
solicitó, como objeto material de protección, que el juez constitucional ordene:
(i) el reconocimiento y actualización de su condición de desplazada por la
violencia,  (ii) la corrección y posterior inclusión en el listado de
postulados calificados con ocasión de la convocatoria de Fonvivienda adelantada
para el otorgamiento de subsidios de vivienda de la población desplazada, (iii)
la entrega de todas las ayudas humanitarias a que tiene derecho; y finalmente,
(iv) el correspondiente requerimiento a las entidades accionadas para que no
vuelvan a incurrir en conductas omisivas y violatorias de derechos
fundamentales de la población vulnerable.
2. Respuesta de las entidades demandadas
2.1. Informe presentado por la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
2.1.1. La Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, por conducto de su apoderado, solicitó que
se negara la tutela de la referencia. Toda vez que: (i) la accionante, no
acreditó haber agotado los procedimientos administrativos necesarios para
lograr la satisfacción de sus derechos antes de acudir a la acción de tutela.
(ii) La accionante y su núcleo familiar se encuentran incluidos en el Registro
Único de Víctimas desde el 28 de septiembre de 2005[11], como se expone a
continuación:
Nombres
Apellidos
Tipo Documento
Documento
ID persona
Parentesco
Valoración
Fecha valoración
Es declarante
Activo
María Luz Dary
Gómez Guzmán
Cédula de ciudadanía
38259745
1837623
Jefe(a) de hogar
Incluido
28-sep-05
Si
Si
Yudi Marlin
Abello Gómez
Cédula de ciudadanía
1110462748
1837631
Hijo (a)/hijastro (a)
Incluido
28-sep-05
No
Si
Cindy Eliana
Abello Gómez
Cédula de ciudadanía
1110477615
1837632
Hijo (a)/hijastro
Incluido
28-sep-05
No
Si
Luisa Alejandra
Abello Gómez
Cédula de ciudadanía
1110537400
1837633
Hijo (a)/hijastro
Incluido
28-sep-05
No
Si
Sergio Alejandro
Abello Gómez
Registro civil
41003888
2859125
Nieto (a)
Incluido
28-sep-05
No
Si
Hilder Nicolás
Gutiérrez Abello
Registro civil
1104945441
4382947
Nieto (a)
Incluido
28-sep-05
No
Si
(iii) La peticionaria y su núcleo familiar han recibido las
siguientes ayudas humanitarias:
·
$1.380.000.00 el día primero de febrero de 2010.
·
$1.380.000.00 el día 23 de marzo de 2011.
·
$1.335.000.00 el día 28 de diciembre de 2011.
·
$1.380.000.00 el día 5 de septiembre de 2012.
2.1.2. Igualmente, informa que (iv) la señora Gómez Guzmán
tiene el turno No. 3D-302664 generado el 28 de diciembre de 2012, el cual está
pendiente de giro. Finalmente, expone que la entidad ha realizado dentro del
marco de sus competencias, todas las gestiones necesarias para cumplir los
mandatos constitucionales y legales, evitando la vulneración de los derechos de
la accionante.[12]
2.2. Informe presentado por el Fondo Nacional de
Vivienda- Fonvivienda
2.2.1. El apoderado de Fonvivienda, entidad adscrita al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, solicitó no acceder a las
pretensiones formuladas por la accionante, por cuanto (i) dicha entidad en
ningún momento ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de la peticionaria.[13]
Además, (ii) la accionante no interpuso ningún recurso
contra la resolución que negó su postulación en el año 2011, quedando
debidamente ejecutoriado el acto. No obstante la falta de actuación de la señora
Gómez. (iii) con la finalidad de garantizar el derecho de contradicción y
defensa de la accionante sobre el acto administrativo de rechazo, Fonvivienda
adelantó el procedimiento que se cita a continuación:
“Durante los meses de enero y
febrero de 2010 Fonvivienda procedió, de manera escrita y formal a efectuar la
citación personal por medio de la ´red Postal de Colombia 4-72´, a fin de dar
cumplimiento a las normas de comunicación y notificación contenidas en los
artículos 43 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Conforme al
CCA en que no se logró notificar personalmente el acto administrativo, cada
Caja de Compensación Familiar procedió a efectuar la notificación por Edicto,
incorporando en las publicaciones respectivas los hogares que se postularon en
ella, dando cumplimiento a las reglas establecidas en el Código Contencioso
Administrativo para esta forma de notificación”.[14]
Respecto de la situación particular de la señora María Luz
Dary Gómez Guzmán, manifiesta que ella “no cumplió con los requisitos
exigidos para acceder al subsidio familiar de vivienda para población
desplazada, siendo objeto de rechazo de acuerdo a la resolución 412 del 31 de
mayo de 2011, por el motivo: Rechazado por no estar reportado en la base de
Acción Social en el estado NO DISPONIBLE, siendo notificada por edicto fijado
el 26 de septiembre de 2011, quedando debidamente ejecutoriado sin que la
actora haya interpuesto recurso alguno, a pesar que dentro de la tutela conoce
el contenido de la mencionada resolución”.
2.3. Informe presentado por la Caja de Compensación
Familiar del Tolima-Comfatolima
2.3.1. Por conducto de apoderado, la Caja de Compensación
Familiar del Tolima-Comfatolima, solicitó en su escrito de contestación, su
desvinculación de la presente acción de tutela, en tanto sus funciones respecto
de la población desplazada se limitan a recibir los documentos requeridos para
las postulaciones a los subsidios de vivienda, otorgados por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de Fonvivienda. En efecto, quienes se
encargan del proceso de postulación y asignación  son estas últimas entidades.
2.3.2. De igual manera, la referida entidad expuso en su
escrito que la accionante se postuló junto con su núcleo familiar “para el
subsidio de vivienda otorgado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el 16 de julio de 2007, que con la resolución 510 de 2007
fue rechazado por no estar registrado en el RUPD; a lo cual interpuso recurso
de reposición extemporáneo. Según informa la tutelante, dicho recurso fue
aceptado, por lo cual procedió a cambiar su estado a calificado, sin embargo,
este hecho no nos consta pues no aparece ningún registro de ellos en la página
web, ni tampoco allega la señora Gómez Guzmán, respuesta del recurso donde se
evidencie tal suceso”.
2.3.3. Finalmente, indicó que en este caso, “se trata más
de confusión en cuanto a la información suministrada en este caso por la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, pues la accionante
afirma encontrarse allí registrada pero como se vio, cuando Fonvivienda realizó
el cruce de información el resultado fue no reportada y posteriormente fue
rechazada (…)”.[15]
3. Sentencias objeto de revisión
3.1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué, mediante
fallo del treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013), como juez de
primera instancia, resolvió negar la protección constitucional solicitada por
la accionante. El Juez de instancia manifestó que después de verificar los
requisitos exigidos para acceder al subsidio de vivienda, se consideró que la
accionante no reunía tales requerimientos. Al respecto, señaló que “conforme
a la resolución No. 412 de 31 de mayo de 2011, su solicitud fue objeto de
rechazo, por estar reportada en la base de Acción Social en el estado NO
DISPONIBLE, y no estar reportada en el Registro Único de Población Desplazada
–RUPD-, de Acción Social en el estado: INCLUIDO, conforme se observa del
informe rendido por el Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda”.[16]
En consecuencia consideró que las autoridades accionadas no vulneraron
los derechos fundamentales de la señora Gómez toda vez que, (i) la Unidad para
la Atención y Reparación Integral de las Víctimas hizo entrega de todos los
componentes de las ayudas humanitarias de emergencia y de su prórroga. De igual
manera, la referida entidad (ii)  indicó que en el momento en que se realizó la
convocatoria para el subsidio de vivienda en el año 2007, la accionante no
podía ser beneficiaria de tal subsidio, al no encontrarse inscrita en el RUPD. Pese
a lo anterior, (iii) al estar actualmente registrada en el RUPD, puede
postularse nuevamente para ser beneficiaria de los subsidios, para lo cual
Fonvivienda deberá tener en cuenta su condición de desplazada por la violencia
y en consecuencia deberá permitirle el acceso a las próximas convocatorias.
3.2. La accionante presentó escrito de impugnación contra el
fallo de primera instancia, solicitando
la revocatoria de la providencia y la protección de sus derechos fundamentales.
Sostuvo que el juez de instancia no realizó un análisis objetivo de los hechos que
originaron la vulneración de sus derechos ni de las pruebas allegadas al
proceso, pues en el oficio expedido por la Unidad para la Atención y Reparación
de las víctimas el 9 de febrero de 2012, dicha entidad reconoce que la
accionante y su núcleo familiar se encuentran incluidos en el Registro Único de
Víctimas desde el 28 de septiembre de 2005. Pese a ello, para el juez de
instancia no resultó extraño que después de haber interpuesto el recurso de
reposición contra la Resolución 510 de 2007 y haber sido incluida en la
convocatoria del año 2007, quedando incluso como postulada calificada, “de
un momento a otro sin ninguna explicación me retiran como NO DISPONIBLE,
situación que no es admisible pues las condiciones en ningún momento han
variado desde que me postule”.[17]
3.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué,
Sala de Decisión Penal, en sentencia de doce (12) de marzo de dos mil trece
(2013), confirmó el fallo impugnado considerando para ello, que la accionante y
su núcleo familiar ostentan la condición de desplazados y se encuentran
inscritos en el Registro Único de Víctimas –RUV. Asimismo, afirmó que “en lo
que respecta a Fonvivienda no puede en el presente caso predicarse la
afectación de los derechos fundamentales invocados por la accionante, cuando
según se afirma por dicha entidad, la señora María Luz Dary Gómez Guzmán encontrándose
dentro de los términos de ley, no interpuso los recursos ni presentó
documentación alguna para desvirtuar el motivo que le generó en estado de
rechazo en la convocatoria de 2007 para acceder al subsidio familiar de
vivienda de interés social”.[18]
4. Pruebas relevantes
4.1. Copia de la respuesta de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas frente al derecho de petición interpuesto
por la accionante. En la cual la entidad informa que la señora María Luz Dary
Gómez Guzmán se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas desde 28 de
septiembre de 2005 como jefe de hogar de su núcleo familiar.[19]
4.2. Copia de la Resolución 412 de 31 de mayo de 2011 “por
la cual se rechazan algunas postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda para
Población Desplazada, en el proceso de la sexta asignación de la Convocatoria
efectuada mediante Resolución 174 del 5 de junio de 2007 del Fondo Nacional de
Vivienda-Fonvivienda”. En esta consta el rechazo a la postulación de la
accionante por “no estar reportado en el Registro Único de Población
Desplazada-RUPD de Acción Social en el estado: INCLUIDO”.[20]
4.3. Copia del Edicto por medio del cual “el Director
Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda hace saber que expidió la
Resolución No. 0412 de 2011, por la cual se rechazan las postulaciones al
Subsidio Familiar de Vivienda para población desplazada, dentro de la sexta
asignación de la Convocatoria efectuada mediante Resolución 174 del 5 de junio
de 2007 de Fonvivienda”,  fijado el 26 de septiembre de 2011 y desfijado el
7 de octubre de 2011.[21]
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para revisar el fallo de tutela de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento del caso y problema jurídico
En este contexto, le corresponde a la Sala examinar el
siguiente problema jurídico:
¿Viola el derecho a la vivienda digna y al debido proceso
administrativo, una entidad encargada de otorgar los subsidios de vivienda a la
población desplazada (FONVIVIENDA), al negarse a otorgarle un subsidio a los
miembros de un hogar en situación de desplazamiento (María Luz Dary Gómez, sus
hijos y nietos, estos últimos menores de edad), argumentando que cuando se
realizó el cruce de información, a efectos de verificar el cumplimiento de los
requisitos para ser postulados, se encontró que la accionante no se encontraba inscrita
en el Registro Único de Víctimas, pese a que la Unidad para la Atención y
Reparación Integral de las Víctimas afirma que fue incluida y el de su grupo familiar
en el RUV desde el 28 de septiembre de 2005?
Con el fin de resolver el problema jurídico propuesto, la
Sala de Revisión estudiará la jurisprudencia de esta Corporación sobre: (i) la
procedibilidad de la acción de tutela en materia de desplazamiento forzado,
(ii) el derecho a la vivienda digna de las personas desplazadas por la
violencia, (iii) el subsidio de vivienda para población desplazada y, (iv) el
derecho al debido proceso administrativo en la asignación de subsidios de
vivienda. Finalmente, se resolverá el caso objeto de estudio.
3. La acción de tutela como mecanismo judicial
idóneo para amparar los derechos fundamentales de la población en situación de
desplazamiento forzado.
3.1. Según la jurisprudencia de la Corte, el mecanismo
judicial pertinente e idóneo para invocar la protección de los derechos
fundamentales de la población desplazada es la acción de tutela. [22] A tal
conclusión se ha llegado debido a la especial protección que ostentan las
personas que han tenido que abandonarlo todo por la violencia que aqueja al
país, lo que ha hecho que se predique que son sujetos titulares de una especial
protección constitucional teniendo en cuenta: (i) la situación de extrema
vulnerabilidad a que se encuentran expuestos, (ii) el estado de
indefensión y debilidad manifiesta y (iii) la necesidad proteger sus
derechos fundamentales “ante una actuación ilegítima de las autoridades
encargadas de protegerlos, es la acción de tutela”.[23]
En torno a esto, la Corte Constitucional en la sentencia T-441
de 2012 indicó lo siguiente:
“En reiterada jurisprudencia de
esta Corporación se ha dispuesto que la acción de tutela es el mecanismo
judicial adecuado para la protección de los derechos fundamentales de la
población desplazada. Concretamente, este Tribunal ha entendido que si bien
debido a la naturaleza jurídica de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social – hoy Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, las actuaciones de esta entidad
pueden ser controvertidas por otros medios de defensa judicial, tratándose de
personas en situación de desplazamiento forzado tales medios no resultan
idóneos y eficaces debido a las circunstancias particulares en que se
encuentran”. [24]
3.2. De lo anterior, la Sala Primera de Revisión advierte
que la presente acción de tutela es el mecanismo idóneo y pertinente para
tramitar las pretensiones  de la señora María Luz Dary Gómez, en tanto se trata
de una mujer víctima del desplazamiento forzado, jefe de hogar, por lo que, es
merecedora de la especial protección del Estado, que implica, entre otras
cosas, la admisión de la acción de tutela como único mecanismo idóneo para
frenar la grave y sistemática vulneración de los derechos a que es sometida la
población desplazada.
Por consiguiente, a
continuación procederá la Sala a resolver el fondo del problema jurídico
previamente planteado.
4. El derecho a la vivienda digna para la población
desplazada. Reiteración de jurisprudencia
4.1. Conforme lo establece el
artículo 51 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a la
vivienda digna, para lo cual el Estado fijará las condiciones necesarias con el
fin de hacerlo efectivo y promoverá planes de vivienda de interés social,
sistemas adecuados de financiación de largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda.
Asimismo, en el marco jurídico
internacional existen varios instrumentos internacionales[25] que desarrollan el
derecho a la vivienda adecuada. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales –en adelante PIDESC-, consagra que toda persona tiene
derecho “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia” (art. 11, núm. 1º).[26] Según la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, “[t]oda persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (art. 25, núm.
1º).
4.2. Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en la Observación General No. 4 expresó que “el derecho a la
vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo
equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un
tejado por encima de la cabeza”, pues tener una vivienda digna “significa
disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado,
seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura
básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los
servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. En el mismo sentido, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la
vivienda digna se garantiza cuando la persona cuenta con un lugar donde pueda
pasar las noches, resguardarse de las adversidades del clima, y tener un
espacio elemental de privacidad que a su vez le permita salvaguardar su
dignidad, y sus demás derechos y libertades.[27]
4.3. En este orden de ideas, corresponde al Estado
satisfacer todos los aspectos del derecho a la vivienda digna antes señalados.
Sin embargo, esta obligación es de carácter progresivo por lo que no puede exigirse
su cumplimiento inmediato o en periodos de tiempo cortos. Al respecto, el
PIDESC dispone que “[c]ada uno de los Estados
Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado
como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los
derechos aquí reconocidos” (art. 2, núm.
1º).
En
torno a esto, en la sentencia C-507 de 2008,[28] esta
Corporación sostuvo que la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Constitución
Política, se encuentran sometidos a un cumplimiento progresivo, señaló:
“La Constitución Colombiana
consagra un catálogo amplio de derechos sociales, pero somete la actuación del
Estado en esta materia, al llamado principio de progresividad. En este sentido,
la Constitución admite que la satisfacción plena de los derechos sociales exige
una inversión considerable de recursos públicos con los cuales el Estado no
cuenta de manera inmediata. Por ello, dada la escasez de recursos, la
satisfacción de los derechos sociales está sometida a una cierta “gradualidad
progresiva” En este sentido, la Corte Constitucional, siguiendo el derecho
internacional, ha entendido que, en general, la obligación del Estado en
materia de derechos sociales, es la de adoptar medidas, “hasta el máximo de los
recursos posibles”, para lograr progresivamente la plena efectividad de tales
derechos”. [29]
4.4. No obstante, la posibilidad que tiene el Estado
de cumplir progresivamente los distintos aspectos de, por ejemplo, el derecho a
la vivienda digna, no puede malinterpretarse, en el sentido de que el Estado
cuenta con la autorización para privar a los derechos sociales, económicos y
culturales de cualquier efecto inmediato. El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,[30]
la doctrina internacional más autorizada en la materia[31] y la Corte Constitucional coinciden en que –como lo
expresó esta última en la sentencia C-671 de 2002– [32] algunas de las
obligaciones asociadas a los derechos sociales, económicos y culturales deben
cumplirse en períodos breves o de inmediato: [33]
“El mandato
de progresividad no debe ser entendido como una justificación de la inactividad
del Estado en la protección de esos derechos. Por el contrario, el Estado
colombiano tiene claros compromisos internacionales y constitucionales en
relación con los derechos sociales prestacionales, como la salud. De un lado,
el Estado tiene la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a
la completa realización de ese derecho.
De otro lado,
existen unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de ese derecho que
el Estado debe garantizar a todas las personas. Esto es, la progresividad hace
referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación
con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de
progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan
pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de
esos derechos, tal y como esta Corte ya lo había reconocido con anterioridad”.[34]
4.5. De lo expuesto, este
Tribunal ha concluido que el derecho a la vivienda digna impone obligaciones para
el Estado de cumplimiento inmediato o en el corto plazo, y otras que implican
un desarrollo progresivo. Respecto de aquellas facetas que deben ser cumplidas
de manera inmediata o en periodos breves, en sentencia T-176 de 2013[35] la Corte
Constitucional señaló:
“(i) garantizar unos contenidos
mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos sus titulares; (ii) iniciar
cuanto antes el proceso encaminado a la completa realización del derecho –como
mínimo, disponer un plan-; (iii) garantizar la participación de los
involucrados en las decisiones; (iv) no discriminar injustificadamente; (v)
proteger especialmente a las personas desaventajadas, en circunstancias de
vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor situación; (vi) no
interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado del derecho y (vii)
no retroceder de forma injustificada en el nivel de protección alcanzado”.
4.6. Además, se debe recordar que pese
a que en sus inicios la Corte Constitucional consideró que el derecho a la
vivienda digna no era un derecho fundamental susceptible de ser amparado por
medio de la acción de tutela, por ser un derecho de contenido prestacional. Sin
embargo, esta postura varió y se adoptó la tesis de la conexidad,[36]
en virtud de la cual, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, podía
exigirse por medio de acción de tutela, pese a su carácter prestacional, siempre
y cuando su desconocimiento implicara a su vez la afectación o amenaza de otros
derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la dignidad humana,
a la integridad personal y al mínimo vital, entre otros. Posteriormente, esta
Corporación consideró que todos los derechos gozan de un contenido
prestacional, por lo que no puede afirmarse que un derecho por ser prestacional
no tiene carácter fundamental.
Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia T-175 de 2013,[37] sostuvo lo siguiente:
“[E]sta
Corporación en su desarrollo doctrinario advirtió como “artificioso” la
exigencia de conexidad respecto de derechos fundamentales, como presupuesto
para amparar por vía de tutela un derecho de contenido prestacional, como el
derecho a la vivienda digna, ya que todos los derechos, unos más que otros,
contienen una connotación prestacional evidente, y porque restarle el carácter
de derechos fundamentales a los derechos prestacionales no armoniza con las
exigencias derivadas de los pactos internacionales sobre derechos humanos que
hacen parte del bloque de constitucionalidad, mediante los cuales se ha logrado
superar esta diferenciación artificial, que hoy resulta en desuso así sea
explicable desde una perspectiva histórica”.[38]
Asimismo,
en la sentencia T-760 de 2008,[39] la Corte
precisó que todos los derechos tienen una faceta prestacional y otra no prestacional,
al respecto indicó:
“La
jurisprudencia constitucional considera entonces, que la condición de ‘prestacio­nal’
no se predica de la categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un dere­cho’ Es
un error categorial hablar de ‘derechos presta­cionales’, pues, como se dijo,
todo derecho tiene facetas prestacionales y facetas no prestacionales.
Algunas de las obligaciones que
se derivan de un derecho fundamental y que tienen un carácter prestacional, son
de cumplimiento inmediato, bien sea porque se trata de una acción simple del
Estado, que no requiere mayores recursos (por ejemplo, la obligación de
suministrar la información de cuáles son sus derechos a los pacientes, antes de
ser sometidos a un tratamiento médico), o porque a pesar de la movilización de
recursos que la labor implica, la gravedad y urgencia del asunto demandan una
acción estatal inmediata (por ejemplo, la obligación de adoptar las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar la atención en salud de todo bebé
durante su primer año de vida –art. 50, CP–). Otras de las obligaciones de
carácter prestacional derivadas de un derecho fundamental son de cumplimiento progresivo,
por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren para
garantizar efectivamente el goce efectivo de estas facetas de protección de un
derecho. Tanto la decisión democrática acerca del grado de protección que se
brindará a un derecho fundamental en sus facetas prestacionales, como la
adopción e implementación de las formas específicas de garantizar su efectivo
respeto, protección y cumplimiento, suponen que el cumplimiento de este tipo de
obligaciones se logre progresivamente. En tal sentido, el cumplimiento de este
tipo de obligaciones no se satisface con la simple actuación estatal, ésta debe
ser ajustada a la Constitución, por lo que debe estar encaminada a garantizar
el goce efectivo de los derechos”.
4.7. Finalmente, la Corte Constitucional en sentencia T-585 de 2008, [40] en relación con el derecho a la vivienda digna,
indicó que este derecho debe considerarse como fundamental debido a su estrecha
y evidente relación con la dignidad humana, por lo que “no es necesario
desplegar un ejercicio argumentativo exhaustivo para concluir que entre las
necesidades básicas que deben ser satisfechas para permitir a un individuo
desarrollar en condiciones dignas su proyecto de vida, se encuentra aquella
relacionada con proveerle -por medios que no necesariamente implican la
inversión pública- un lugar de habitación adecuado”.
5.  Subsidio de vivienda para
la población desplazada
5.1. La población desplazada se encuentra en una
situación de vulnerabilidad, debido a la “violación grave, masiva y
sistemática de sus derechos fundamentales”,[41] lo que los hace
acreedores de una protección especial por parte del Estado, en virtud del
artículo 2° de la Constitución Política de Colombia.[42]
También la Ley
387 de 1997,[43]
reconoció la situación especial de la población desplazada, y, el deber del
Estado de promover medidas para generar condiciones de estabilidad económica y
social, entre las que se incluye el deber de permitir “el acceso directo de la población desplazada a la oferta social
del gobierno, en particular a los programas relacionados con: (…) Atención
social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las
personas de la tercera edad” (art. 17, Ley 387 de 1997).
5.2. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 951 de 2001,[44] en el cual se
estableció respecto del subsidio de vivienda para población en situación de
desplazamiento, entre otros, los potenciales beneficiarios,[45] las modalidades de postulación,
los tipos de subsidio, los requisitos de acceso a los mismos,  los criterios y la
fórmula de calificación de las postulaciones y de asignación de los subsidios. Por
su parte, en el Decreto 2190 de 2009,[46]
se reglamentó lo relativo al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social
para las áreas urbanas. En este, se establecieron entre otros: las directrices
relativas a los requisitos de postulación para la obtención del subsidio,[47] la vigencia
de la postulación[48]
y la verificación de la información.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3º del
Decreto 951 de 2001,
los potenciales beneficiarios del subsidio de vivienda para la población
desplazada, son aquellos hogares conformados por personas desplazadas, que han
hecho su respectiva declaración ante las entidades competentes y que se encuentren
debidamente registradas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD),
actualmente Registro Único de Víctimas (RUV).
Una vez realizada la postulación, Fonvivienda procede
a verificar los datos suministrados
por los postulantes con base en la información que es suministrada mensualmente
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
IGAC, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Oficinas de Catastro de
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y el departamento de Antioquia, la
Superintendencia de Notariado y Registro, las Entidades Financieras, los Fondos
de Pensiones y Cesantías, el Inurbe en Liquidación, las Cajas de Compensación
Familiar, el Fondo Nacional de Vivienda, el Banco Agrario, la Caja Promotora de
Vivienda Militar y las demás entidades que el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial determine.[49]
Comprobada la veracidad de la
información y el cumplimiento de los demás requisitos normativos, los
postulantes al subsidio pasan a ser postulantes aceptables y se inicia
el proceso de calificación de la postulación. Se debe aclarar que las postulaciones
aceptables son aquellas que no se hubieren rechazado por falta de
cumplimiento de los requisitos normativos o por inconsistencias y/o falsedad en
la información.[50]
En esta etapa, Fonvivienda evalúa las condiciones socioeconómicas de la
familia, el número de integrantes y otras variables como las condiciones
especiales de cada miembro, con el fin de otorgar un
puntaje de calificación a cada postulante y así conformar el listado de postulantes
calificados hasta completar un número de hogares equivalente al total de
recursos disponibles.[51]
De esta forma, habrá hogares que alcancen el corte de selección y resulten como
beneficiarios de los subsidios, mientras que otros quedarán excluidos de las
asignaciones. Finalmente, el Decreto 170 de 2008
indica que los hogares postulados y calificados que no hayan sido beneficiarios
del subsidio, pese al cumplimiento de los requisitos establecidos, gozan de
atención prioritaria.[52]
5.3. En este punto, adquiere trascendental relevancia el
Registro Único de Víctimas, entendido como la herramienta administrativa que soporta el procedimiento de registro
de las víctimas,[53] en tanto, como se señaló en el párrafo anterior, uno
de los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio de vivienda para
población en situación de desplazamiento, es que el postulante se encuentre
inscrito en el mismo. Entonces, siendo este el mecanismo por medio del cual se
identifica a la población víctima del desplazamiento forzado, Fonvivienda debe,
al momento de verificar la información de los hogares postulantes al subsidio,
identificar si las personas se encuentran o no registrados y, contrastar la
información allí contenida con la remitida por las demás entidades que tiene la
obligación de enviar toda la documentación concerniente a los postulantes (art.
42, Decreto 2190 de 2009).
5.4. Ante la implementación del nuevo sistema de registro de
víctimas (RUV) y el cambio institucional que se dio con la transformación de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,[54] se origina para el
Estado el deber de velar porque este cambio no genere un riesgo en los derechos
de la población desplazada. Esto significa específicamente que, el registro de
víctimas del desplazamiento no puede sufrir ninguna alteración que imponga a
los inscritos deberes adicionales o trabas en el goce efectivo de sus derechos,
tales como: (i) tener que realizar nuevamente la inscripción, (ii) que la
información allí contenida sufra alteraciones sin justificación, (iii) pérdida
de la información, entre otros.
5.5. Ahora bien, respecto del derecho a la vivienda digna de
la población desplazada, en la sentencia T-025 de 2004, se señaló que este ha
sido considerado como uno de los derechos amenazados y vulnerados por la situación
de desplazamiento forzado.[55]
Por esto, la Corte ha advertido que en atención a las circunstancias de
debilidad, vulnerabilidad e indefensión y, a la cantidad de derechos
fundamentales amenazados y vulnerados a la población desplazada, el Estado debe
dar un trato preferente a dicha población, con fundamento en el inciso 3º
artículo 13 constitucional, de acuerdo con el cual, “el Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
6. El deber de las autoridades encargadas de asignar los
subsidios de vivienda a la población desplazada de observar el debido proceso
administrativo
6.1. El artículo 29 de la Constitución establece que el
debido proceso se aplicará en toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas. En esta medida, la Sala de Revisión considera necesario
analizar el alcance del debido proceso en las actuaciones administrativas. La
Corte en la sentencia T-149 de 2002 se refirió a la función que cumple el
derecho al debido proceso administrativo en el Estado Social de Derecho, al
respecto indicó:
“5.1. Históricamente el derecho
al debido proceso está relacionado con las garantías a no ser condenado sin ser
previamente oído y vencido en juicio seguido con estricta sujeción a la ley.
Esta garantía judicial se extendió posteriormente al ciudadano respecto de la
administración ante actos o decisiones que lo privaran de un beneficio, como
por ejemplo un permiso, una licencia o un subsidio. Es discutible si tales
beneficios son propiamente derechos constitucionales. Lo que parecería ser una
discusión académica adquiere, sin embargo, en un Estado social de derecho una
creciente importancia, ya que muchas veces el bienestar de la persona depende de
prestaciones que dada su complejidad y envergadura sólo el Estado está en
posibilidad de garantizar. Es así como en el derecho anglosajón se acuñó el
término de “entitlements” para referirse a los derechos y beneficios
creados por ley que no puede revocar la administración sin que se garantice al
beneficiario una audiencia o, más abstractamente, un debido proceso. En la
tradición jurídica colombiana el derecho administrativo se refiere a este tipo
de beneficios con la institución de las “situaciones subjetivas consolidadas”,
para distinguirlas de una mera expectativa no susceptible de protección
jurídica.
En materia de prestaciones
positivas del Estado, en desarrollo del principio de Estado social de derecho,
el debido proceso administrativo cumple una función de primer orden. Quien
puede ser beneficiario de una prestación estatal no puede ser privado de la
misma sino mediante una decisión respetuosa del debido proceso.
5.2. Ahora bien, la Corte se
pregunta si el derecho al debido proceso puede ser invocado para impedir que la
administración prive a su titular de un beneficio legal que aún no ha sido
reconocido a la persona. A primera vista podría pensarse que por tratarse de
una mera expectativa no nos encontramos ante un interés susceptible de
protección constitucional. No obstante, la exclusión injustificada de la
persona y la vulneración de su derecho al debido proceso, se presenta no sólo
por la privación del beneficio ya reconocido, sino también por la negación de
la oportunidad procesal para obtener dicho reconocimiento, pese a encontrarse
en las circunstancias descritas por la ley o el reglamento. En efecto, cuando
la persona alega que materialmente cumple con el supuesto de hecho de una norma
jurídica que asigna un beneficio, la administración no puede privar a dicha
persona del procedimiento debido para determinar si procede o no el
reconocimiento del respectivo beneficio. Tal proceder priva ex ante a la
persona del derecho al debido proceso administrativo dispuesto para decidir
sobre el reconocimiento del beneficio legal, con lo que se desconocen los
derechos fundamentales al debido proceso administrativo (art. 29 C.P.) y a la
igualdad de trato (art. 13 inc. 1 C.P), dada la exclusión injustificada del
solicitante”.[56]
6.2. El respeto del debido proceso en las actuaciones de la
administración implica, de un lado, brindar seguridad jurídica a los
administrados y de otro lado, dar validez a las actuaciones de la
administración. Puesto que “toda autoridad tiene sus competencias definidas
dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al
principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los
administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales
actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales,
legales o reglamentarios vigentes”.[57]
6.3. Luego, el reconocimiento del
debido proceso administrativo impone a todas las autoridades observar el
trámite establecido que rige sus actuaciones, así como desarrollar las mismas a
la luz de los principios que orientan la función pública,[58] y en esta medida
garantizar que las personas, por ejemplo, los desplazados, tengan certeza de
que los procedimientos por medio de los cuales las entidades encargadas de asignar
los subsidios de vivienda, actúen guiadas por los procedimientos establecidos
para el efecto.
6.4. En ese orden de ideas, la asignación de los subsidios de
vivienda para población desplazada llevada a cabo por Fonvivienda debe
realizarse, en cumplimiento del debido proceso administrativo, esto es, con
base en la normatividad que rige su actuación. [59]
7. FONVIVIENDA vulneró el derecho al debido proceso
administrativo y la vivienda digna de la señora María Luz Dary Gómez Guzmán y
de su grupo familiar, al rechazar su postulación al subsidio de vivienda para
población desplazada originada en la Convocatoria del año 2007
7.1. La señora María Luz Dary Gómez es desplazada por la
violencia del departamento del Tolima se encuentra inscrita junto con su núcleo
familiar, como jefe de hogar, en el RUPD, hoy RUV, desde el 28 de septiembre del
2005. El 16 de julio de 2007 se postuló ante la Caja de Compensación Familiar
del Tolima –Comfatolima, a fin de participar en la Convocatoria de Fonvivienda
dirigida a la población en situación de desplazamiento y encaminada a la adquisición
de vivienda.
7.2. Por su parte, Fonvivienda expidió
la Resolución 510 del 20 de diciembre de 2007, por medio de la cual asignó
subsidios de vivienda a un primer grupo de postulantes. En esta asignación, se
excluyó a la accionante del subsidio, en tanto al verificar su información, esta apareció
como “no registrado en la red de solidaridad como desplazado”.
Contra tal decisión, la peticionaria
interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución 573 del 5 de diciembre de
2008,[60]
Fonvivienda resolvió el recurso indicando que, de acuerdo con la información
enviada por Acción Social sobre la situación de los hogares postulantes al
subsidio, “se puede establecer que se desvirtúan las causas que motivaron la
no inclusión de los nombres de los recurrentes y en consecuencia resulta
procedente aceptar los recursos interpuestos y ordenar respecto a éstos,
continuar el proceso de validación y calificación”, quedando entonces la
accionante en Estado de validación y calificación en la Convocatoria de 2007.
Sin embargo, por medio de la Resolución 412 del 31 de mayo
de 2011,[61]
se  rechazó la postulación de la accionante al Subsidio Familiar de Vivienda, “por
estar reportado en la base de Acción Social en el estado NO DISPONIBLE. Rechazado
por no estar reportado en el Registro único de Población Desplazada-RUPD de
Acción Social en el estado: Incluido”.[62]
Contra esta decisión, la demandante no presentó los recursos de ley dentro del
término otorgado por la administración, razón por la cual fue excluida de la
convocatoria.
7.3. A juicio de la accionante, la actuación de Fonvivienda
en el proceso de asignación del subsidio de vivienda, la ha perjudicado “enormemente,
pues  [ha] tenido que pagar por varios años arriendo, sufrir humillaciones
indignas, pasar calamidades con [su] núcleo familiar”.[63] Con fundamento en
lo anterior, la peticionaria considera que se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, especialmente su derecho a la vivienda digna y al debido proceso,
puesto que la referida Entidad ha desconocido su condición de desplazada para
negarle el subsidio, pese a que desde el año 2005 está inscrita en el RUV y aun
cuando Acción Social le ha otorgado diferentes componentes de la ayuda
humanitaria de emergencia.
7.4. Por su parte, Fonvivienda señaló que la negativa en la
asignación del subsidio a la señora Gómez Guzmán (Resolución 412 de 2011),
obedece a que no cumplió los requisitos para acceder al mismo. Además, indicó que
la accionante no interpuso ningún recurso contra la precitada Resolución,
quedando debidamente ejecutoriado el acto.
7.5. Las afirmaciones realizadas por la accionante
encuentran soporte en las pruebas que obran en el expediente. Entre estas, está
la respuesta al derecho de petición elevado ante la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, en la que se afirma que la señora María Luz
Dary Gómez está incluida en el RUPD  “desde el 28 de septiembre de 2005 como
jefe de hogar en el núcleo familiar registrado”.[64] Así mismo, en el escrito
de contestación a la tutela por parte de la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y reparación Integral a las Víctimas consta lo siguiente: (i) la
inscripción de la accionante y su núcleo familiar en el RUV y, (ii) la fecha en
que han sido entregadas las ayudas humanitarias a la accionante, así como la
existencia de  un turno que está actualmente pendiente de giro (turno No.
3D-302664 generado el 28 de diciembre de 2012).
Reposa también en el expediente, copia del Edicto fijado el
26 de septiembre de 2011, mediante el cual se procedió a efectuar la
notificación de la Resolución 412 de 2011, esto en vista de que no fue posible
para Fonvivienda notificar personalmente dicho acto administrativo. En el
Edicto, la mencionada entidad señaló que “la Caja de Compensación Familiar
Comfatolima-Ibagué, tiene la información sobre las causales de rechazo de la
sexta asignación de subsidio familiar de vivienda de la Convocatoria 2007 y
debe informar a las personas que se acerquen a sus instalaciones sobre el
estado de su postulación, de conformidad con los contratos de encargo de
gestión celebrados entre el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda y la Unión
Temporal de Cajas de Compensación Familiar para subsidio de vivienda de interés
social CABIS-UT”.[65]
7.6. En esta medida, la Sala Primera de Revisión analizará a
la luz de la jurisprudencia y de las normas que regulan la asignación de los
subsidios de vivienda de interés social, si la actuación de Fonvivienda se
ajusta a las directrices fijadas o si por el contrario las mismas fueron
desconocidas y con ello, se vulneró el derecho al debido proceso administrativo.
Para tal efecto, se hará un breve recuento de las normas que rigen la actuación
de Fonvivienda en relación con la asignación de los subsidios de vivienda de
interés social.
7.6.1. En primer lugar,
el Decreto 555 de 2003 “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda
«Fonvivienda»”, establece en el artículo 3º las funciones de
Fonvivienda, entre las cuales se encuentran las de:
“(…) 9. Asignar subsidios de
vivienda de interés social bajo las diferentes modalidades de acuerdo con la
normatividad vigente sobre la materia y con el reglamento y condiciones definidas
por el Gobierno Nacional. Para el efecto, desarrollará a través de entidades
públicas o privadas las siguientes actividades, entre otras:
9.1 Atender de manera continua la
postulación de hogares para el subsidio familiar de vivienda, a través de
contratos de encargo de gestión u otros mecanismos”.
7.6.2. En segundo lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 3º del Decreto 951 de 2001 “Por
el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo
relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población
desplazada”, los potenciales beneficiarios del subsidio de
vivienda para la población desplazada, son los hogares que cumplan los
siguientes requisitos: (i) que estén conformados por personas desplazadas, y (ii)
que éstas se encuentren debidamente registradas en el Registro Único de
Población Desplazada. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para
ser beneficiario, Fonvivienda verifica la información de cada postulante, con
base en la documentación enviada mensualmente por varias entidades, entre las
que se encuentran el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y las Cajas de
Compensación Familiar (art. 42, Decreto 2190 de 2009). Con base en dicho
análisis, la entidad otorgante del subsidio califica las postulaciones
aceptables (art. 43, Decreto 2190), entendiendo por tales aquellas que no se hubieren rechazado por falta de
cumplimiento de los requisitos normativos o por inconsistencias y/o falsedad en
la información.[66]
Y finalmente, efectúa el listado de postulantes calificados hasta
completar un número de hogares equivalente al total de los recursos disponibles
(art. 45, Decreto 2190).
7.7. Una vez examinado el trámite administrativo realizado
con ocasión de la solicitud de la accionante para ser beneficiaria de la
Convocatoria del año 2007, se observan una serie de irregularidades.
Una vez Fonvivienda inició el trámite para analizar el
cumplimiento de los requisitos de los postulantes para acceder al subsidio de
vivienda, determinó por medio de la resolución 510 de 2007, que la señora Gómez
no estaba inscrita en el RUV razón por la cual fue excluida del proceso de asignación.
Con la anterior decisión, la mencionada Entidad desconoció que, como se logró
probar en el proceso, desde el 28 de septiembre de 2005 el núcleo familiar de
la accionante se encuentra incluido en el RUV y, que han sido beneficiarios de varios
componentes de la ayuda humanitaria de emergencia a que tiene derecho la
población desplazada. Sin embargo, Fonvivienda expidió la Resolución 573 de
2008 “Por la cual se aceptan unos recursos de reposición interpuestos contra
la Resolución 510 de 2007”, mediante la cual al resolver el recurso de
reposición interpuesto por varios postulantes no beneficiados, entre ellos la
accionante, subsanó el error en que había incurrido, al desvirtuar la causal de
exclusión consistente en “no estar registrado en la red de solidaridad como
desplazado”. Ello con base en la información contenida en el archivo de
Acción Social sobre la señora María Luz Dary Gómez.
En dicha Resolución, Fonvivienda resolvió “continuar con
el proceso de calificación y asignación”, queriendo esto decir, que el hogar de la accionante se encontraba a
la espera de que se surtieran las etapas posteriores para la asignación del
subsidio.
Sin embargo, el 31 de mayo de 2011 Fonvivienda expidió la
Resolución 412 de 2011, mediante la cual le otorgó el estado de rechazado al
núcleo familiar de la accionante “por estar reportado en la base de acción
social en el estado NO DISPONIBLE  y rechazado por no estar reportado en el
Registro Único de Población Desplazada-RUPD de acción social en el estado: INCLUIDO”.[67]
7.8. Ante esto, la Sala advierte que los motivos que
llevaron a Fonvivienda a rechazar la postulación de la accionante y de su
núcleo familiar mediante la resolución 412 de 2011 “por la cual se rechazan
algunas postulaciones al Subsidio Familiar de Vivienda para Población
Desplazada, en el proceso de la sexta asignación de la Convocatoria efectuada
mediante Resolución 174 del 5 de junio de 2007 del Fondo Nacional de Vivienda-Fonvivienda”,
ya habían sido superados y desvirtuados en la resolución 573 de 2008 “Por la
cual se aceptan unos recursos de reposición interpuestos contra la Resolución
510 de 2007”. Por lo anterior, forzoso resulta concluir, que los argumentos
aducidos por la entidad accionada para negar la asignación del subsidio de
vivienda, además de carecer de fundamentación legal y constitucional, se
constituyen en un obstáculo irrazonable e injustificado que impidió el goce
efectivo de una expectativa fundada y creada por la misma entidad.
Cercenándosele, de esta manera, la posibilidad que le asistía a la accionante
de continuar con el procedimiento establecido para determinar la procedencia o
no del subsidio.
7.9. Así las cosas, la Sala cuestiona de la actuación surtida
por Fonvivienda, el hecho de no haber rectificado la información con base en la
cual había negado el subsidio a la señora Gómez en el año 2007. De haberlo
hecho, imperioso resultaba concluir que la accionante y su núcleo familiar eran
personas en situación de desplazamiento, que se encontraban incluidos en el RUV
desde el 2005.
7.10. La conducta asumida por Fonvivienda y el consecuente
rechazo de la postulación de la accionante al subsidio de vivienda implicaron
el desconocimiento de los derechos fundamentales de la señora María Luz Dary
Gómez y de su núcleo familiar, en la medida en que su actuación no se ajustó a
la normatividad vigente ni a lo establecido en la jurisprudencia
constitucional, relativa a los subsidios de vivienda para población desplazada,
teniendo para ello en cuenta, que del expediente se desprende claramente que la
Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas afirmó que tanto la
accionante como su grupo familiar están inscritos en el RUV desde el 28 de
septiembre de 2005.
7.11. Se encuentra probado en el expediente que la
accionante hace parte de la población desplazada, lo que la hace acreedora de
un trato especial por parte del Estado y de las entidades encargadas de atender
sus necesidades y velar por el goce efectivo de sus derechos fundamentales. De
acuerdo con lo expuesto, la Sala estima que Fonvivienda, negó de forma
injustificada la asignación del subsidio de vivienda a la accionante pues, su
hogar cumplía con los requisitos mínimos para ser beneficiarios del mismo. Al
respecto: (i) el hogar está conformado por personas desplazadas, (ii) se
encuentran debidamente registrados en el Registro Único de Población
Desplazada, hoy Registro Único de Víctimas.
7.12. Con respecto a las consideraciones realizadas por el
juez de segunda instancia y Fonvivienda, relativas a la ausencia de vulneración
de los derechos fundamentales alegados por la accionante, bajo el argumento de que
a la señora Gómez se le concedió la oportunidad para interponer los recursos
contra la Resolución 412 de 2011 y no lo hizo; la Sala estima que esta omisión
de la peticionaria, no es un argumento válido para negar las pretensiones de la
tutela. En concepto de esta Corporación, tal consideración desconoce: (i) las
condiciones de especial protección de las personas desplazadas y la situación
de vulnerabilidad e indefensión que afronta la accionante y su núcleo familiar,
así como (ii) el deber de las entidades públicas encargadas de atender y
garantizar los derechos de la población desplazada de darles un trato
preferente, ya que se limita en señalar que la señora Gómez no desvirtuó la
causal de exclusión del subsidio al no interponer los recursos procedentes, sin
hacer un análisis de fondo de las circunstancias particulares de la señora
Gómez y su núcleo familiar.
Al respecto, es pertinente resaltar que si bien es cierto la
accionante no interpuso recurso alguno contra la Resolución 412 de 2011, mediante
la cual fue rechazado al hogar de la señora María Luz Dary Gómez, la
causal alegada por Fonvivienda en la citada decisión para excluirla de la
asignación del subsidio de vivienda ya había sido desvirtuada tanto por la peticionaria
como por Fonvivienda en el año 2008. De un lado, la señora Gómez, por medio del
recurso de reposición interpuesto el 6 de marzo de 2008, contra la Resolución
510 de 2007, había manifestado su inconformidad con la decisión de excluirla
del subsidio por no estar inscrita en el RUV en tanto que ella y su núcleo
familiar desde el 2005 están incluidos en el mismo. Por su parte, Fonvivienda mediante
Resolución 573 de 2008, resolvió el recurso de reposición incoado contra la
Resolución 510 de 2007, indicando que la causal por medio de la cual se había
rechazado la postulación de la accionante había sido desvirtuada.
Por este motivo, la Sala estima desproporcionado que a la
accionante se le haya impuesto la carga de presentar nuevamente un recurso
contra una Resolución que revivió una decisión que había sido previamente
desvirtuada en el año 2008, lo cual además hace evidente la negligencia en la
actuación de esta Entidad al no analizar en debida forma la información que
reposa en la base de datos de la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas antes de conceder o negar un subsidio.
En
este sentido, esta Corporación ha establecido que respecto de la asignación de
beneficios y la distribución de cargas, atinentes al derecho a la vivienda
digna, debe tenerse especial consideración constitucional hacia las personas
desventajadas, que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta.[68] Ahora bien,
las víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, son sujetos de especial protección constitucional, debido a la
vulneración grave y masiva de sus derechos fundamentales,[69] por lo que al requerir
que la señora María Luz Dary Gómez interponga los recursos pertinentes contra
la Resolución 412 de 2011, se está desconociendo la especial protección de que
es beneficiaria por pertenecer a la población desplazada y no haber logrado aún
una estabilización socioeconómica.
7.13. Ahora bien, teniendo en cuenta que se concluyó que la
única razón señalada por Fonvivienda para negar el susidio carece de
fundamento, es dable entender que la familia de la señora María Luz Dary Gómez
reúne los requisitos para la aprobación del subsidio de vivienda, máxime cuando
se evidencia que además de la condición de desplazado, el núcleo familiar de la
accionante está compuesto por seis personas entre las cuales dos son menores de
edad y por ende sujetos de especial protección constitucional. Adicionalmente, en
la Resolución 573 de 2008“Por la cual se aceptan unos recursos de reposición
interpuestos contra la Resolución 510 de 2007”, Fonvivienda subsanó el
error en que había incurrido, al desvirtuar la causal de exclusión consistente
en “no estar registrado en la red de solidaridad como desplazado” tras verificar
que la peticionaria y su núcleo familiar se encuentra incluido en el RUV desde
el 28 de septiembre de 2005 y, que han sido beneficiarios de varios componentes
de la ayuda humanitaria de emergencia a que tiene derecho la población
desplazada. Por esto, y como se señaló anteriormente, en dicha Resolución
Fonvivienda resolvió “continuar con el proceso de calificación y asignación”,
queriendo esto decir, que al haberse
surtido la etapa de verificación, el paso a seguir consistía en realizar la
calificación de la postulación de la peticionaria al hacer parte del listado de
postulantes calificados, con el fin de ubicarla en el puesto correspondiente al
puntaje otorgado después de analizar las variables contenidas en el artículo 43
del Decreto 2190 de 2009.
Debido a esto, y teniendo en cuenta que entre la Resolución
que ordenó continuar con la validación y calificación del hogar (Resolución 573
de 2008) y el posterior rechazo (Resolución 412 de 2011) trascurrieron tres
años, disponer una nueva evaluación de la postulación del grupo familiar no
sería adecuado pues sería imponer una carga desproporcionada que tal grupo no
está en condiciones de soportar. En consecuencia, para este caso, se ordenará a
Fonvivienda la expedición de un nuevo acto administrativo, mediante el cual se
asigne un subsidio familiar de vivienda de interés social al núcleo familiar
encabezado por la señora María Luz Dary Gómez Guzmán, modificando en lo
pertinente la Resolución 412 del 31 de mayo de 2011, que rechazó la postulación
del grupo familiar de la peticionaria. Para ello, se deberán realizar los
ajustes presupuestales y administrativos necesarios.
7.14. Finalmente, en relación con la solicitud realizada por
la accionante en la presente tutela consistente en la entrega de las ayudas
humanitarias de emergencia, la Sala recuerda que toda persona en situación de
desplazamiento tiene derecho a una ayuda humanitaria de emergencia por un
término de tres (3) meses, prorrogable (parágrafo, artículo 15 de la Ley 387 de
1997).[70]
Esa ayuda tiene el propósito de contribuir a que las personas, víctimas del
desplazamiento forzado, satisfagan sus necesidades básicas más elementales de “alimentación,
aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica
y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas” (artículo 15, inciso 1°, Ley 387 de 1997).
En el caso de la señora María Luz Dary Gómez, la Sala
Primera de Revisión encuentra que de las pruebas allegadas al proceso la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ha hecho
entrega de cuatro componentes de Ayuda Humanitaria de Emergencia, siendo la
última del 5 de septiembre de 2012, correspondiente a la suma de $1.380.000.00
(un millón trescientos ochenta mil pesos). Además, dicha entidad  informó, en
el escrito de contestación de la tutela, que la accionante tiene el turno No.
3D-302664 generado el 28 de diciembre de 2012, el cual está pendiente de giro, y
será entregado cuando se llegue al turno asignado.
Por esto, se concluye que la Unidad Administrativa Especial
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas no ha vulnerado el derecho
fundamental al mínimo vital de la accionante y su núcleo familiar, puesto que ha
cumplido con su obligación de otorgar las ayudas humanitarias de emergencia.
7.15. Conforme a lo expuesto, la Sala de Revisión considera
que la decisión de Fonvivienda de no reconocer el subsidio familiar de vivienda
a la señora María Luz Dary Gómez, constituye una vulneración al derecho a la
vivienda digna de ella y de su grupo familiar. En consecuencia, en la parte
resolutiva de esta sentencia se tutelará el derecho a la vivienda digna y al
debido proceso administrativo. Asimismo, se ordenará a Fonvivienda que dentro
de los cuatro (4) días hábiles siguientes contados a partir de la notificación
de la presente sentencia, adopte todas las medidas administrativas que sean
necesarias para que, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la
notificación de esta providencia, la señora María Luz Dary Gómez Guzmán sea
incluida en la lista de postulantes calificados.
Constata la Sala Primera de Revisión que la actuación de
Fonvivienda vulneró los derechos fundamentales de la accionante. Por tanto, la
Sala revocará la sentencia de segunda instancia proferida, el doce (12) de marzo de dos mil trece (2013)
por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué que a su vez confirmó la proferida el treinta y uno
(31) de enero de dos mil trece (2013) Juzgado Sexto Penal del Circuito de
Ibagué-Tolima. En su lugar, concederá la protección de los derechos
fundamentales del accionante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido en primera instancia, por
el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué-Tolima del treinta y uno (31) de
enero de dos mil trece (2013), que a su vez fue confirmado mediante providencia
del doce (12) de marzo de dos mil trece
(2013), proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Ibagué. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso administrativo y la vivienda digna de la señora María Luz Dary
Gómez Guzmán contra el Fondo Nacional de Vivienda –Fonvivienda.
Segundo.- En consecuencia, ORDENAR
a Fonvivienda que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes contados a
partir de la notificación de la presente sentencia, adopte todas las medidas
administrativas que sean necesarias para la señora María Luz Dary Gómez Guzmán y
su núcleo familiar, sean incluidos en la lista de beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda para la población desplazada.
Tercero.- ORDENAR a
FONVIVIENDA que dentro del mes siguiente a la notificación de esta sentencia,
presente un informe a la Corte Constitucional sobre las medidas adoptadas para
el cumplimiento de esta providencia.
Cuarto.- Por
Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Aportó copia de su cédula de ciudadanía No.
38.259.745. Nació el veintinueve (29) de marzo de 1962 (folio 8 del cuaderno
principal). En adelante, cuando se haga alusión a un folio del expediente, se
entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que expresamente se
diga otra cosa.
[2] Convocatoria efectuada mediante Resolución 174 del 5
de junio de 2007, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda.
[3]  “Por la cual se aceptan unos recursos de
reposición interpuestos contra la Resolución 510 de 2007”.
[4] “Por el cual se establece el criterio especial de
atención prioritaria al que se sujetará el otorgamiento del Subsidio Familiar
de Vivienda de Interés Social con cargo a los recursos para población en
situación de desplazamiento”. Se establece en el Artículo 1° lo
siguiente: “Atención prioritaria. Los hogares postulados y
calificados en las convocatorias para el Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los
recursos para población en situación de desplazamiento, que no hayan sido
beneficiarios del subsidio, habiendo cumplido con todos los requisitos
establecidos para tal fin, podrán ser atendidos de manera prioritaria hasta
completar la totalidad de la asignación a dichos hogares, de conformidad con el
procedimiento que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial. Lo dispuesto en el presente artículo operará siempre
y cuando exista disponibilidad de recursos y se de cumplimiento a las normas
del Estatuto Orgánico del Presupuesto”.
[5] Folio 2.
[6] Por medio del Decreto 4155 de 2011 “Por el cual se
transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social
y Reconciliación, y se fija su objetivo y estructura”.
[7] Folio 1.
[8] A folio 17 obra respuesta al derecho de petición
radicado No. 20127113476222 del 9 febrero de 2012, en el cual la entidad
informa que “verificado el Registro Único de Víctimas-RUV- le informamos que
usted esta incluido desde el 28 de septiembre de 2005 como jefe de hogar en el
núcleo familiar  registrado”.
[9] Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”, estipulo en el artículo 154 lo
concerniente al  “Registro Único de Víctimas. La Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, será la responsable del
funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Este Registro se soportará en el
Registro Único de Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional para la
atención a la población en situación de desplazamiento, y que será trasladado a
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas dentro de un (1) año
contado a partir de la promulgación de la presente Ley”.
PARÁGRAFO. La Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional deberá operar
los registros de población víctima a su cargo y existentes a la fecha de
vigencia de la presente Ley, incluido el Registro Único de Población
Desplazada, mientras se logra la interoperabilidad de la totalidad de estos
registros y entre en funcionamiento el Registro Único de Víctimas garantizando
la integridad de los registros actuales de la información”.
[10] Folio 2.
[11] Resalta la entidad que “las personas incluidas en
el Registro Único de Población Desplazada RUPD a la vigencia de la Ley 1448 de
2011 artículo 154 pasaron a integrar inmediatamente el Registro Único de
Víctimas (…)”. Folio 33.
[12] Esta
respuesta obra del folio 31 al 40.
[13] Esta
respuesta obra del folio 49 al 57.
[14] Folio 53 a 54.
[15] Esta respuesta obra del folio 65 al 66.
[16] Folio 96.
[17] A folio 106 obra escrito de impugnación de la
accionante.
[18] Cuaderno 2, folio 9.
[19] Folio 17.
[20] Folio 20 a 23.
[21] Folio 58 a 60.
[22] En sentencia T-821 de 2007(MP. Catalina Botero marino,
AV. Jaime Araujo Rentería). Este Tribunal se pronunció en torno el caso de una mujer desplazada por la
violencia que reclamaba la protección de su derecho, y el de su familia, a la
ayuda humanitaria de emergencia. En este fallo, La Corte Constitucional consideró, como aparece expresado en la cita,
que la tutela era el mecanismo directo e idóneo de protección de los derechos
invocados por ella, al respecto señaló: “La
acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado. En
efecto, las personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan de
un estatus constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto
retórico. En este sentido, la Constitución obliga a las autoridades a reconocer
que se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una
situación dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección
es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes. En
consecuencia, la Corte ha encontrado que resulta desproporcionado exigir el
agotamiento previo de los recursos ordinarios como requisito para la
procedencia de la acción”.
Similar consideración fue expuesta por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-188 de 2007 (MP Álvaro Tafur Galvis), esta vez aplicada al caso de víctimas
del conflicto armado, pero no específicamente del delito de desplazamiento
forzado, sino de homicidio. En esa oportunidad, la Corporación consideró que el
amparo era el medio procedente y, como fundamento de esa decisión, adujo que “el
sistema de protección internacional de los derechos humanos fundamentales prevé
que la población civil, necesitada de ayuda humanitaria, a causa de emergencias
naturales o conflictos armados, tiene derecho a contar con recursos apropiados
a sus circunstancias de apremio y desprotección[22],
para acceder a los obligatorios programas estatales de asistencia y reparación,
como prolongación natural i) del derecho a la vida[22],
ii) de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes[22]
y iii) del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental y de un nivel de vida adecuado[22]
–artículos 1°, 2°, 5° 9°, 11, 12 y 93 C.P.”.
[23] Ibídem.
[24] Sentencia T-441 de 2012 (MP. Humberto Antonio Sierra
porto). La Corte conoció el caso de una mujer desplazada por la violencia que
incoa Acción de Tutela contra Acción Social, aduciendo que dicha entidad
vulneró sus derechos fundamentales a la vida y a la igualdad, al negar la
inscripción de ella y de su grupo familiar en el RUPD.
[25] De conformidad con lo dicho por el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 4, los
siguientes son, algunos de los instrumentos internacionales que tratan el
derecho a una vivienda adecuada: “el párrafo 1 del artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el apartado iii) del párrafo e) del
artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el
párrafo 3 del artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el
artículo 10 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social, el
párrafo 8 de la sección III de la declaración de Vancouver sobre los
Asentamientos Humanos, 1976 […] el párrafo 1 del artículo 8 de la Declaración sobre
el Derecho al Desarrollo, y la recomendación No. 115 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la vivienda de los trabajadores, 1961”.
Punto 3.
[26] El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales fue aprobado por la Ley 74 de 1968.
[27] Sentencia T-044 de 2010. En esa oportunidad, la Corte
tuteló el derecho a la vivienda digna de una persona a la cual se le negó un
subsidio para adquisición de vivienda, bajo el argumento de que era propietaria
de un inmueble ubicado en el sitio desde el cual había sido desplazada por la
violencia. Luego de constatar que la persona no podía habitar en ese otro
inmueble por temor a las amenazas que originalmente la hicieron desplazarse, y
que entre tanto no tenía otra vivienda funcionalmente semejante, la Corte
Constitucional concluyó que la negativa del subsidio, significaba en la
práctica una violación de su derecho a la vivienda digna. Esta última la
caracterizó como una “necesidad humana básica real, [que] es la de contar
con un lugar donde poder pasar las noches, resguardarse de las adversidades del
clima, y tener un espacio elemental de privacidad que a su vez les depare a las
personas la posibilidad de salvaguardar su dignidad”.
[28] (MP. Jaime Córdoba Triviño, SPV. Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández).
En esa ocasión, la Corte Constitucional declaró inexequible una norma, por
violar el principio de progresividad, en su versión de prohibición de
regresividad injustificada. El precepto examinado, en la práctica, tenía la
potencialidad de obligar a las universidades estatales del orden nacional, a
realizar unas destinaciones de recursos que antes de esa norma no estaban
obligadas a hacer. Dado que eso suponía una afectación en la prestación del
servicio misional,  la Corporación juzgó que existía un retroceso, como este no
fue justificado, la norma fue declarada inexequible.
[29] Salvo que se trate de los derechos sociales
fundamentales, como, por ejemplo, el derecho de los menores a la educación
básica gratuita.
[30] En la Observación General No. 3, el Comité dice
respecto del principio de progresividad que, “el hecho de que la efectividad
a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en
relación con el Pacto no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a
la obligación de todo contenido significativo. Por una parte, se requiere un
dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real
y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad
de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase
debe interpretarse a la luz del objetivo general, en realidad la razón de ser,
del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con
respecto a la Plena efectividad de los derechos de que se trata. Este impone
así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible con miras
a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente
retroactivo en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y
deberán  justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos
previstos en el Pacto y en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de
los recursos de que se disponga”.
[31] Esa doctrina está contenida en los Principios de
Limburgo, la cual fue considerada por la Corte Constitucional, justamente, como
la más autorizada internacionalmente. Ver sentencia C-251 de 1997 (MP.
Alejandro Martínez Caballero) –Fundamento jurídico 8-. En relación con el
punto, pueden  destacarse los siguientes tres principios: “8. Aunque la
realización completa de los derechos reconocidos en el Pacto, se logre
progresivamente, la aplicación de algunos derechos puede introducirse
inmediatamente dentro del sistema legal, en tanto que para la de otros se
deberá esperar”; “21. La obligación de alcanzar el logro progresivo de
la completa aplicación de los derechos exige que los Estados partes actúan tan
rápidamente como les sea posible en esa dirección.  Bajo ningún motivo esto se
deberá interpretar como un derecho de los Estados de diferir indefinidamente
los esfuerzos desplegados para la completa realización de los derechos”; “22.
Algunas obligaciones del Pacto requieren su aplicación inmediata y completa por
parte de los Estados Partes, tales como prohibición de discriminación enunciada
en el artículo 2.2 del Pacto”.
[32] (MP. Eduardo Montealegre Lynett). En ella, la
Corporación examinaba la constitucionalidad de un precepto que excluía a un
grupo de beneficiarios de los servicios ofrecidos por el sistema de salud de
las fuerzas militares y de policía, aun cuando antes lo incluía. La Corte
consideró que ese retroceso, en la protección del derecho a la seguridad social
en salud del grupo excluido, resultaba injustificado. Para decidir, tuvo en
cuenta la distinción entre obligaciones de cumplimiento inmediato, y
obligaciones de cumplimiento progresivo. Dijo que el Estado había incumplido la
prohibición –la cual es de obligatorio cumplimiento en todo tiempo- de no
retroceder injustificadamente en el nivel de protección alcanzado. Esta última
prohibición la caracterizó de la siguiente manera: “el mandato de
progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección,
la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos
sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel
de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por
ello está sometido a un control judicial estricto. Para que pueda ser
constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas
razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho
social prestacional”.
[33] Sentencia T-176 de 2013 (MP. María Victoria Calle, AV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez). La Corte Constitucional estudio el caso de una
mujer desplazada, madre de dos menores uno de los cuales tiene una
discapacidad, que se postuló en el año 2007 ante la Caja de Compensación
Familiar, para ser beneficiaria de un subsidio familiar de vivienda por
situación de desplazamiento forzoso, pero a la fecha de interposición de la
acción de tutela aún no se lo han asignado. La Corte consideró que “la
decisión de FONVIVIENDA [de negar el trato preferente reclamado por la
señora Machado Cruz] no está justificada normativamente, ya que desconoce la
obligación de las entidades públicas de brindar un trato preferente a personas
en situación de extrema vulnerabilidad. En este punto, está claro que la lista
de asignación del subsidio familiar de vivienda para desplazados por la
violencia está conformada por personas vulnerables, pero si a la situación de
vulnerabilidad inicial se le agrega que uno de los miembros del grupo familiar,
es un niño que perdió su capacidad laboral en un 88.7% por una enfermedad grave
que afecta su expectativa de vida, para la Sala está claro que esa condición lo
hace acreedor de un trato preferente reconocido en la Constitución y en los
instrumentos internacionales suscritos por Colombia”.
[34] Sentencia C-671 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre
Lynett. Unánime). Antes citada.
[35] (MP. María Victoria Calle, AV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez). Antes citada.
[36] Se puede consultar, entre otras, las sentencias T-544
de 2009 (MP. María Victoria Calle Correa) y la T-036 de 2010 (MP. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[37]En esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión
estudió el caso de un señor que interpuso acción de tutela contra la Nación –
Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, el Departamento de Norte de
Santander, entre otros, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales,
debido a que las entidades accionadas no han tomado las medidas de prevención y
mitigación necesarias frente al impacto que causó un alud de tierra sobre su
vivienda y que actualmente amenaza con poner en peligro su vida y la de su
hija.  En esta ocasión la Corte sostuvo, con relación a los derechos de
contenido prestacional lo siguiente:  “Entonces,
la Corte ha sostenido en su jurisprudencia que el argumento según el cual los
derechos de contenido prestacional no son derechos fundamentales, apunta a
plasmar más la forma como dichos derechos pueden hacerse efectivos en la
práctica, que a desconocer la necesaria protección que merecen los mismos, en
cuanto derechos constitucionalmente consagrados, aspecto que deriva
incuestionable una vez establecida su imperiosa protección de cara al respeto
de la dignidad humana”.
[38] Sentencia
T-016 de 2007 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto).
[39] (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). Asimismo, la Corte
señaló que la procedibilidad de la tutela para la protección de esferas
positivas de los derechos está condicionada a (i) que la esfera prestacional
requerida no comprometa un alto esfuerzo económico, como cuando se solicita
información adecuada en un puesto de servicio al público; (ii) que se solicite
el cumplimiento de obligaciones que hayan recibido concreción política, o (iii)
que sean prestaciones imprescindibles para la garantía de la dignidad humana,
de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación o el DIDH.
[40] Sentencia T-585 de 2008 (MP. Humberto Antonio Sierra
Porto).
[41] Sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). La Corte Constitucional declaró que se estaba ante un estado de
cosas inconstitucionales respecto de la situación de la población interna
desplazada. En esta providencia la Corte Constitucional, por medio de un fallo
estructural, abarcó entre varios temas, las circunstancias que rodean el
desplazamiento, sobre lo cual resaltó que “las personas –en su mayor parte mujeres cabeza de
familia, niños y personas de la tercera edad ‑ que se ven obligadas “a
abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus actividades económicas
habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las fronteras del territorio
nacional” para huir de la violencia generada por el conflicto armado interno y
por el desconocimiento sistemático de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, quedan expuestas a un nivel mucho mayor
de vulnerabilidad, que implica una violación grave, masiva y sistemática de sus
derechos fundamentales y, por lo mismo, amerita el otorgamiento de una especial
atención por las autoridades: “Las personas desplazadas por la violencia se
encuentran en un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento
especial por parte del Estado”. En ese mismo orden de ideas, ha indicado la
Corte “la necesidad de inclinar la agenda política del Estado a la solución del
desplazamiento interno y el deber de darle prioridad sobre muchos otros tópicos
de la agenda pública”, dada la incidencia determinante que, por sus dimensiones
y sus consecuencias psicológicas, políticas y socioeconómicas, ejercerá este
fenómeno sobre la vida nacional”.
[42] Constitución Política de Colombia. Artículo 2°. “Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo. | Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
[43] Ley 387 de 1997 “[p]or la cual se adoptan medidas
para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por
la violencia en la República de Colombia”.
[44] “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes
3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de
vivienda para la población desplazada”. Artículo 1°. “Del subsidio
familiar de vivienda para población desplazada. Tal como lo establece el
artículo 6º de la Ley 3ª de 1991, el subsidio familiar de vivienda es un aporte
estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el
objeto de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de
restitución, siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que se
establecen en la Ley 3ª de 1991 y aquellas que la modifiquen o adicionen. || La
población desplazada tendrá acceso al subsidio familiar de vivienda en las
condiciones que se establecen en el presente decreto”.
[45] Artículo  3o.
“Postulantes. Serán potenciales beneficiarios, del subsidio de que trata el
presente decreto, los hogares que cumplan las siguientes condiciones: 1. Estar
conformados por personas que sean desplazadas en los términos del artículo 1° de
la Ley 387 de 1997 y cumplan con los requisitos previstos en el artículo 32 de
la misma ley. 2. Estar debidamente registradas en el Registro Único de
Población Desplazada a que se refiere el artículo 4° del Decreto 2569 de 2000”.
[46] “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789  de 2002 y 1151 de 2007 en
relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para
áreas urbanas”.
[47] Artículo  33. “Postulación.
La postulación de los hogares para la obtención de los subsidios se realizará
ante la entidad otorgante o el operador autorizado con el que se haya suscrito
un convenio para tales efectos (…)”.
[48] Artículo 39. “Vigencia de la postulación. Los
inscritos en el Registro de Postulantes, que no fueren beneficiarios en una
asignación de subsidios, podrán continuar como postulantes hábiles para las
asignaciones de la totalidad del año calendario. Si no fueren beneficiarios en
las demás asignaciones de dicho año, para continuar siendo postulantes en las
asignaciones del año siguiente deberán manifestar tal interés, mediante una
comunicación escrita dirigida a la entidad donde postularon por primera vez. Lo
anterior, sin perjuicio de la posibilidad de mantenerse en el Registro de
Postulantes mediante la actualización de la información, sin que ello afecte la
continuidad de las condiciones de postulación del hogar correspondiente. Para
efectos de la actualización, las entidades otorgantes del subsidio familiar de
vivienda deberán adelantar las gestiones necesarias para divulgar y facilitar a
los postulantes las modificaciones a que haya lugar”.
[49] Decreto 2190 de 2009. Artículo 42. Verificación
de información. “Antes de proceder a la calificación de las postulaciones, la
entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda verificará la información
suministrada por los postulantes. Mensualmente el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, IGAC, la Registraduría Nacional del Estado Civil, las Oficinas de
Catastro de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y el departamento de
Antioquia, la Superintendencia de Notariado y Registro, las Entidades
Financieras, los Fondos de Pensiones y Cesantías, el Inurbe en Liquidación, las
Cajas de Compensación Familiar, el Fondo Nacional de Vivienda, el Banco
Agrario, la Caja Promotora de Vivienda Militar y las demás entidades que el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial determine, deberán
entregar a este o a la entidad que este designe, sin costo alguno y en medio
magnético, electrónico o similar, la información necesaria para verificar la
información suministrada por los postulantes”.
[50] Decreto 2190 de 2009. Artículo 43. “Criterios
para la calificación de las postulaciones. Una vez surtido el proceso de
verificación de la información de que trata el artículo 42 del presente
decreto, las entidades otorgantes del subsidio calificarán cada una de las
postulaciones aceptables que conforman el Registro de Postulantes, esto es,
aquellas que no se hubieren rechazado por falta de cumplimiento de los
requisitos normativos o por inconsistencias y/o falsedad en la información.
Teniendo en cuenta que los aportes para la solución de vivienda que puede
realizar un hogar se definen en función de su nivel de ingresos y del número de
miembros del mismo, la calificación de las postulaciones se realizará de
acuerdo con la ponderación de variables del ahorro previo y las condiciones
socioeconómicas de los postulantes tal y como lo establece la Ley 3ª de 1991 en
sus artículos 6° y 7°. Estas variables son las siguientes: 1. Condiciones
socioeconómicas de acuerdo con los puntajes del Sisbén, que evidencien mayor
nivel de pobreza, en el caso de postulantes que presenten carné o certificación
municipal del puntaje Sisbén. 2. Número de miembros del hogar. 3. Condiciones
especiales de los miembros del hogar. 4. Ahorro previo. 5. Número de veces que
el postulante ha participado en el proceso de asignación de subsidios, sin
haber resultado beneficiario, siempre y cuando haya mantenido la inmovilización
del ahorro mínimo pactado para la postulación. Los puntajes a aplicar a cada
una de las variables son los establecidos en el artículo siguiente del presente
decreto”.
[51] Decreto 2190. Artículo
45. “Proceso general de selección de beneficiarios de los
subsidios. Una vez calificadas cada
una de las postulaciones aceptables, la entidad otorgante o el operador
autorizado, si fuere el caso, las ordenará de manera automática y en forma
secuencial descendente, para conformar un listado de postulantes calificados
hasta completar un número de hogares equivalente al total de los recursos
disponibles. Los hogares postulantes que no alcanzaren a quedar incorporados en
el listado resultante serán excluidos de la correspondiente asignación”.
[52] Artículo 1°. Atención prioritaria. Los hogares postulados y calificados en las
convocatorias para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social abiertas
por el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos para población en
situación de desplazamiento, que no hayan sido beneficiarios del subsidio,
habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos para tal fin, podrán
ser atendidos de manera prioritaria hasta completar la totalidad de la
asignación a dichos hogares, de conformidad con el procedimiento que para el
efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial”.
[53] Decreto 4800 de 2011, “Por el cual se
reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan
otras disposiciones”, señala en el artículo 16 que “El
Registro Único de Víctimas es una herramienta administrativa que soporta el
procedimiento de registro de las víctimas. La condición de víctima es una
situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de
la inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad
de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta
técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen
materializar los derechos constitucionales de las víctimas. El Registro Único
de Víctimas incluirá a las víctimas individuales a las que se refiere el
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 e incluirá un módulo destinado para los
sujetos de reparación colectiva en los términos de los artículos 151 y 152 de
la misma ley”. Asimismo, en el artículo 17 indica que “La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
será la encargada de la administración, operación y funcionamiento del Registro
Único de Víctimas”.
[54] Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”. Artículo 170. TRANSICIÓN DE LA
INSTITUCIONALIDAD. Durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley,
el Gobierno Nacional deberá hacer los ajustes institucionales que se requieran
en las entidades y organismos que actualmente cumplen funciones relacionadas
con los temas objeto de la presente Ley, con el fin de evitar duplicidad de
funciones y garantizar la continuidad en el servicio, sin que en ningún momento
se afecte la atención a las víctimas. La Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional se transformará en un departamento
administrativo que se encargará de fijar las políticas, planes generales,
programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas
de las violaciones a las que se refiere el artículo 3o
de la presente Ley, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la
reintegración social y económica.
PARÁGRAFO. Hasta tanto se
adopte la estructura y la planta de personal de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, y se transforme la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional en
Departamento Administrativo, esta entidad, así como las demás que vienen
cumpliendo estas funciones, continuarán ejecutando las políticas de atención y
reparación a las víctimas de que trata la presente ley (…)”.
[55] En la sentencia T-025 de 2004 se señalaron algunos de
los derechos amenazados y vulnerados por la situación de desplazamiento
forzado: “(i) el
derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los niños, de
las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera
edad y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a escoger su
lugar de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su
vida e integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su
sitio habitual de residencia y trabajo; (iv) los derechos al libre desarrollo
de la personalidad, a la libertad de expresión y de asociación;; (v) el derecho
a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (vi) el derecho
a la salud; (vii) el derecho a la integridad personal; (viii) el derecho a la
seguridad personal; (ix) el derecho a la libertad de circulación por el
territorio nacional y el derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir;
(x) el derecho al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio,
especialmente en el caso de los agricultores que se ven forzados a migrar a las
ciudades; (xi) el derecho a una alimentación mínima; (xii) el derecho a la
educación, en particular el de los menores de edad que sufren un desplazamiento
forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso de
formación; (xiii) el derecho a una vivienda digna; (xiv) el derecho a la paz;
(xv) el derecho a la personalidad jurídica y (xvi) el derecho a la igualdad”. (Sentencia T-946 de 2011 MP. María
Victoria Calle).
[56] Sentencia T-149 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa). En esta ocasión se revisó una acción de tutela interpuesta por una
persona de 58 años de edad, quien solicitó su inscripción en el programa
“Revivir”, por medio del cual el distrito de Bogotá administraba el subsidio
para adultos mayores indigentes o en situación de extrema pobreza. Argumentaba
que tenía derecho a ingresar a ese programa por su estado de invalidez derivada
de las afecciones cardíacas que padecía, las cuales le impedía emplearse y, por
lo tanto, percibir ingresos para cubrir sus necesidades básicas y las de su
familia. La Corte determinó que la administración no le había suministrado de
manera precisa la información necesaria acerca de los requisitos que debía
cumplir y las pruebas que debía allegar para ser inscrito en el programa,
situación que vulneraba sus derechos a la información, al debido proceso
administrativo, a la vida y a la seguridad social.
[57] Sentencia T-1341 de 2001(MP. Álvaro Tafur Galvis). La
Corte se pronunció con  ocasión de la demanda de tutela interpuesta por una
sociedad Limitada, al considerar que se
le desconoció el derecho fundamental al debido proceso con la decisión adoptada por el Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, de
terminar unilateralmente el contrato de consultoría con ella suscrito. A
juicio de la accionante, la falta de
conocimiento sobre el inicio de dicha actuación administrativa violó su derecho
de defensa, en tanto que se le impidió discutir y controvertir la situación
argüida en su contra, aun cuando la decisión afectaba sus intereses
particulares. La Corte determinó que “al no existir derecho fundamental vulnerado de la
sociedad contratista, con la actuación de la Administración Distrital, no
procedía la acción de tutela ni como mecanismo definitivo ni en su modalidad
transitoria, como correctamente lo avizoró el juez de tutela de primera
instancia.”
[58] Artículo 209. Constitución política. “La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
[59] La actuación de Fonvivienda respecto de la asignación
de subsidios dirigidos a la población desplazada re rige por los Decretos 951
de 2001, Decreto 2100 de 2005, Decreto 2190 de 2009, Decreto 4911 de 2009 y
Decreto 4729 de 2010.
[60] “Por la cual se aceptan unos recursos de reposición
interpuestos contra la Resolución 510 de 2007”. En esta Resolución,
Fonvivienda consideró lo siguiente: “Que en cumplimiento de sus funciones el
Fondo Nacional de Vivienda, mediante la Resolución No. 510 del 20 de diciembre
de 2007, publicada en el diario oficial No. 46.860 del 3 de enero de 2008,
asignó doce mil setecientos cuarenta (12.740) Subsidios Familiares de Vivienda,
correspondientes a recursos para población en situación de desplazamiento. Que
una vez publicado el mencionado acto administrativo y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 48 del Decreto 975 de 2004, que dispone “Los
postulantes no beneficiados que se sientan afectados por el resultado de los
procesos de preselección y asignación de subsidios adelantados por el Fondo
Nacional de Vivienda podrán interponer ante dicha entidad, en los términos y
condiciones establecidos por la ley, los recursos a que haya lugar contra las
resoluciones expedidas”, los ciudadanos cuyos nombres y números de cédulas se
enuncian en la parte resolutiva de este acto administrativo, cumpliendo con los
requisitos señalados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo,
interpusieron recurso de reposición contra la Resolución N° 510 del 20 de
diciembre de 2007, manifestando que en la citada resolución no se incluyeron
sus nombres pese a que aportaron todos los documentos requeridos por
Fonvivienda. Que en aplicación del principio de economía y teniendo en cuenta
que las circunstancias de hecho y de derecho que motivaron los recursos de
reposición son similares, éstos se resolverán en un solo acto administrativo”. http://www.minambiente.gov.co/documentos/res_0573_051208.pdf
[61] “Por la cual se rechazan algunas postulaciones al
Subsidio Familiar de Vivienda para Población Desplazada, en el proceso de la
sexta asignación de la Convocatoria efectuada mediante Resolución 174 del 5 de
junio de 2007 del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda”. En esta
Resolución, Fonvivienda consideró que: “los hogares postulados: en el año
2007, que no han sido asignados; en cumplimiento de lo establecido en el Auto
de Seguimiento 092 de 2008 emitido por la honorable Corte Constitucional; y en
mandato de órdenes judiciales durante los seis procesos de asignación de
Subsidios Familiares de Vivienda para Población Desplazada de la Convocatoria
dispuesta mediante Resolución número 174 de 2007, fueron objeto del proceso de
validación de información mencionado”.
[62] Folio 21.
[63] Folio 2.
[64] Folio 17.
[65] Folio 79.
[66] Decreto 2190 de 2009. Artículo 43. “Criterios
para la calificación de las postulaciones. Una vez surtido el proceso de
verificación de la información de que trata el artículo 42 del presente
decreto, las entidades otorgantes del subsidio calificarán cada una de las
postulaciones aceptables que conforman el Registro de Postulantes, esto es,
aquellas que no se hubieren rechazado por falta de cumplimiento de los
requisitos normativos o por inconsistencias y/o falsedad en la información.
Teniendo en cuenta que los aportes para la solución de vivienda que puede
realizar un hogar se definen en función de su nivel de ingresos y del número de
miembros del mismo, la calificación de las postulaciones se realizará de
acuerdo con la ponderación de variables del ahorro previo y las condiciones
socioeconómicas de los postulantes tal y como lo establece la Ley 3ª de 1991 en
sus artículos 6° y 7° (…)”
[67] Folio 2.
[68] En la sentencia T-657 de 2010 (MP. Jorge Iván Palacio
Palacio), la Corporación tuteló el derecho a la vivienda digna de una mujer
cabeza de familia, madre de cuatro menores de edad. En ese contexto, consideró
que la mujer tenía derecho a que se la protección de su necesidad de vivienda
digna, y a que impartieran las órdenes necesarias con el fin de satisfacerla
adecuadamente, porque “la Constitución ha recalcado la especial protección
que debe brindarse a quienes hacen parte de un grupo de personas en situación
de vulnerabilidad, - por su edad, situación económica o física etc. –, haciendo
necesaria la creación de un marco más amplio de protección, mediante el diseño
de acciones afirmativas para garantizar la efectividad del derecho a la
igualdad y de manera colateral todos los demás derechos”.
[69] Sentencia T-025 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[70] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-278 de
2007 (MP. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Jaime Araujo Rentería).