T-385-20
Sentencia T-385/20
Referencia: expediente T-7.796.133
Acción de tutela instaurada por Astrid Baquero Herrera, en calidad
de apoderada judicial de Leila Adriana Díaz Osorio, contra la Fundación Universitaria
Agraria de Colombia (Uniagraria)
Magistrada ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Bogotá
D.C., tres (3) de septiembre dos mil veinte (2020).
La Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, y por la magistrada Diana
Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente de las previstas en el Artículo 86
y en el numeral 9 del Artículo 241 de la Constitución Política, y en el Decreto
2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En la revisión
del Fallo dictado, en primera instancia, por el Juzgado
Setenta y Siete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
el 6 de diciembre de 2019, dentro del proceso de tutela iniciado por Astrid
Baquero Herrera, en calidad de apoderada judicial de Leila Adriana Díaz Osorio,
contra la Fundación Universitaria Agraria de Colombia.
Dado que la
Corte Constitucional ha analizado en varias ocasiones el problema jurídico
correspondiente al asunto de la referencia, la Sala reiterará la jurisprudencia
ya existente sobre la materia. Por lo tanto, tal y como lo ha hecho en
múltiples ocasiones esta Corporación en casos de este tipo, la presente Sentencia
será sustanciada de manera breve[1].
I.
ANTECEDENTES
1. El 25 de
noviembre de 2019, Astrid Baquero Herrera, en calidad de apoderada de Leila
Adriana Díaz Osorio, promovió acción de tutela contra la Fundación
Universitaria Agraria de Colombia (Uniagraria), por considerar vulnerados los
derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad
social, a la igualdad, al mínimo vital y móvil, y a la protección de las
personas en circunstancias de debilidad manifiesta. Esto, ante la decisión de
la Institución, para la cual laboró durante 9 años en diferentes cargos, de
terminar unilateralmente y, sin justa causa, el último contrato laboral
suscrito entre las partes el 12 de enero de 2016.
La señora Díaz
Osorio es una mujer de 59 años, que (i) le quedan menos de tres años para poder
pensionarse, pues le faltan 128,57 semanas para completar las 1.300 requeridas;
(ii) sufre una parálisis facial izquierda; (iii) padece sobrepeso por exceso de
calorías, por lo que debe someterse a una cirugía “bariátrica” para
mejorar su salud[2];
y (iv) cubre el 100% de la manutención de su señora madre de 76 años.
Adicionalmente, manifestó que no tiene otra fuente de ingresos económicos y por
su edad no le es fácil vincularse con otro empleador[3]. Por esto,
solicita que Uniagraria mantenga su vínculo laboral con la señora Leila Adriana
Díaz Osorio, como Jefe de Fortalecimiento de la Educación Media, cargo que se
encontraba desempeñando antes del despido, hasta que Colpensiones le reconozca
su pensión y la incluya en la nómina, con el respectivo
pago de la primera mesada pensional[4].
2. Por su
parte, Uniagraria solicitó que se negara el amparo, porque actuó conforme a
derecho, pues le pagó todas las acreencias laborales y la indemnización
estipulada en el Código Sustantivo del Trabajo a la señora Díaz Osorio.
Adicionalmente, señaló que la universidad desconocía de la trabajadora (i) las
enfermedades que padecía, (ii) que estuviera próxima a pensionarse, y (iii) que
de ella dependiera económicamente su madre. Asimismo, resaltó que la accionante
no probó la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez que la
exempleada es una profesional que se encuentra económicamente activa, por lo
que le es posible hallar una nueva ocupación.
3. Mediante
Sentencia del 6 de diciembre de 2019, el Juzgado Setenta y Siete Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá “negó por
improcedente” el amparo, argumentando que la jurisdicción ordinaria era el
medio adecuado para reclamar prerrogativas laborales. De igual manera, dispuso
que no procedía la tutela como mecanismo transitorio, toda vez que no quedó
demostrada la materialización de un perjuicio irremediable. No se evidenció una
enfermedad de origen laboral, ni la terminación del contrato durante un tiempo
de incapacidad o tratamiento médico, que pusiera en peligro la salud y la vida
de la empleada. Tampoco se probó una afectación al derecho al mínimo vital,
pues el empleador entregó la indemnización correspondiente por el despido[5].
II.
CONSIDERACIONES[6]
4. Con base en
la situación fáctica expuesta, corresponde a la Sala
Segunda de Revisión decidir sobre si la Fundación Universitaria Agraria de
Colombia vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad
laboral, a la seguridad social, a la igualdad, al mínimo vital y móvil, y a la
protección de las personas en circunstancias de debilidad manifiesta, ante la terminación del vínculo laboral y sin justa causa de
la señora Leila Adriana Díaz Osorio, mujer que goza la condición de pre pensionada, al faltarle dos
años y medio para cumplir el estatus pensional.
5. En el presente caso, se considera que la tutela es procedente. La acción
podía ser interpuesta (legitimación por activa), pues fue presentada por
intermedio de apoderada judicial a nombre de la titular de los derechos
presuntamente lesionados[7].
La tutela se puso contra la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, un particular
que presta el servicio público de educación[8],
y con el que la accionante sostuvo una relación de subordinación, como trabajadora
durante nueve años[9]
(legitimación por pasiva)[10].
La acción de tutela también cumple el requisito de inmediatez pues se
presentó al muy poco tiempo de ocurridos los hechos. Entre el día que la
universidad notificó del despido a la señora Díaz Osorio, 8 de noviembre de
2019, y la interposición de la tutela, el 25 de noviembre del mismo año, transcurrieron
aproximadamente dos semanas.
6. Finalmente,
con relación al carácter subsidiario de la acción de tutela, la Sala advierte
que, en aplicación de la jurisprudencia constitucional,
esta procede, porque los mecanismos ordinarios no resultan eficaces ni
oportunos para lograr una protección efectiva de los derechos fundamentales de
la señora Leila Adriana Díaz Osorio. La accionante es una mujer de avanzada
edad (59 años) que acredita la calidad de pre pensionada. Su único ingreso era
el salario que devengaba y no le es fácil conseguir otro empleo en este momento.
Ventilar la discusión de la legalidad del despido mediante la jurisdicción
ordinaria laboral, por las particularidades propias de estos procesos, no lograría
satisfacer la necesidad de una protección pronta y efectiva de sus derechos, extendiendo
la situación de vulnerabilidad, de manera indefinida en el tiempo[11]. Esto, especialmente
en el contexto de la pandemia, porque se trata de una mujer que cumple con los
criterios para ser considerada como una persona de alto riesgo por su condición
de sobrepeso[12].
Las circunstancias descritas exigen a esta Sala aplicar los criterios de
cumplimiento de los requisitos de procedencia, teniendo en cuenta las
especiales circunstancias de urgencia.
7. La Corte
Constitucional ha estudiado previamente casos en los que se acude a la acción
tutela para reclamar los derechos fundamentales al
trabajo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, y al mínimo vital y
móvil, concretamente en relación con el despido unilateral y sin justa causa de
un empleado de una institución privada, que acredita la condición de pre
pensionable.[13]
La Constitución consagra una protección amplia al derecho al trabajo (Arts.  25 y 53 de la CP), y dispone los principios fundamentales, entre
los que se encuentra la estabilidad del empleo. En consecuencia, el derecho al
trabajo es un derecho fundamental que goza de la especial salvaguarda del
Estado, por lo que debe ampararse en los eventos en que se vulnere o amenace
por una Entidad pública o particular[14].
8. La
jurisprudencia de este Tribunal ha establecido que se debe garantizar la
estabilidad laboral de quienes acreditan la condición de pre pensionables para
protegerlos frente a una posible desvinculación de sus cargos sin justa causa,
por cuanto son personas vinculadas al sector público o privado que están
próximas a pensionarse, al faltarles tres años o menos para cumplir los
requisitos para obtener la pensión de vejez: contar con 57 años de edad en el
caso de las mujeres y haber cotizado al menos 1.300 semanas al Sistema General
de Seguridad Social[15].
Esto, cuando ello suponga una (i) afectación de su derecho al mínimo vital,
dado que su salario y eventual pensión son la única fuente de sustento
económico; y (ii) dificultad para integrarse de nuevo al mercado laboral, en
razón de la edad del individuo[16].
9. Los pre
pensionados gozan de expectativas legítimas y previsibles de adquirir la
prerrogativa pensional, por lo que disfrutan de un privilegio y una protección
constitucional especial frente a las demás personas[17]. Realizar una
distinción, como es proteger el derecho a la estabilidad laboral de los pre
pensionados frente a los individuos que no lo son es razonable, toda vez que, a
pesar de que en ambos casos se conservan expectativas y no el derecho adquirido
como tal, los primeros han prestado muchos años de servicio y han dedicado gran
parte de su vida al trabajo y cotizado al Sistema de Seguridad Social, por lo
que tienen expectativas próximas y no lejanas frente al retiro[18]. Así, “la pre
pensión protege la expectativa del trabajador de obtener su pensión de vejez,
ante su posible frustración como consecuencia de una pérdida intempestiva del
empleo. Por tanto, ampara la estabilidad en el cargo y la continuidad en la
cotización efectiva al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para
consolidar los requisitos que le faltaren para acceder a su pensión de vejez”[19].
Si bien para los trabajadores del sector privado no existe norma legal que
establezca una protección para los pre pensionados, se deben aplicar los
principios y valores constitucionales en caso de evidenciarse una vulneración
de los derechos fundamentales a la seguridad social, el trabajo y la igualdad.
De lo contrario, se presentaría un desequilibrio entre los empleados públicos y
del sector privado, que, si bien pertenecen a sectores diferentes,
constitucionalmente se encuentran en la misma situación y, por consiguiente,
deben recibir el mismo trato[20].
10. Es importante aclarar que la estabilidad laboral
reforzada por fuero de pre pensión solo aplica en los casos en que sea
necesario mantener el vínculo laboral del trabajador, para que este pueda
completar las semanas de cotización requeridas en el Régimen de Prima Media,
comoquiera que cuando le falten tres o menos años de cotización se vea
amenazada o frustrada la expectativa legítima de acceder a la pensión de
jubilación. Así cualquier aplicación de la figura por fuera del escenario
fáctico referido desborda y desnaturaliza la garantía constitucional de la
misma. Por ejemplo, la Sentencia SU-003 estableció que “cuando el único requisito faltante para
acceder a la pensión de vejez es el de la edad, dado que se acredita el
cumplimiento del número mínimo de semanas de cotización, en caso de
desvinculación, no se frustra el acceso a la pensión de vejez, de allí que no
haya lugar a considerar que la persona sea beneficiaria del fuero de
estabilidad laboral reforzada de pre pensionable, dado que el requisito
faltante, relativo a la edad, puede ser cumplido de manera posterior, con o sin
vinculación laboral vigente”[21]. Asimismo, cuando el actor no cuenta
con la edad y le faltan más de tres años de cotización para completar las 1.300
semanas que exige el Régimen de Prima Media no procede la aplicación de la
protección a la estabilidad en el empleo. Por otro lado, cabe resaltar que el
alcance de la protección difiere para los trabajadores afiliados en el RAIS,
puesto que el reconocimiento de la prestación no está sujeta a cumplir una edad
determinada ni a completar un número de semanas, sino al ahorro de un capital
determinado para financiar la satisfacción, según los términos suscritos entre
el trabajador y la Administradora de Fondo de Pensiones.
11. La Corte
Constitucional ha enfrentado a casos similares a este. A continuación, se hace
referencia a algunas de esas decisiones. Las sentencias T-824 de 2014[22] y T-595 de 2016[23] evaluaron el despido
de dos empleados públicos, uno del Banco Agrario y el otro de la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Montería, por expiración del plazo
presuntivo en el primero y la declaratoria de insubsistencia en el segundo.
Aunque los supuestos fácticos de estos casos varían de los hechos del presente
asunto, es fundamental tener en cuenta que, mediante las Providencias citadas,
se ampararon los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, y al
mínimo vital, al identificar que el despido afectó de manera grave a los
accionantes, pues los despojó de la única fuente de ingresos con la que
contaban para mantener su sostenimiento, la cual se derivaba del salario
producto del vínculo laboral de estos con sus empleadores. Ambos
pronunciamientos ordenaron reincorporar a los demandantes a la Institución o Entidad
para la que laboraban[24].
Adicionalmente,
mediante la Sentencia T-325 de 2018[25],
la Sala Octava de Revisión estudió un caso donde la empresa Soluciones
Servicios y Empaques Solserpacks S.A.S terminó el vínculo laboral, sin justa
causa, de un hombre de 62 años, que contaba con 1.798,71 semanas cotizadas, por
lo que le faltaban menos de tres años para pensionarse. En esta oportunidad, se
estableció que se debía evidenciar en el caso concreto que la terminación del
contrato laboral hubiera puesto en riesgo los derechos fundamentales del
accionante y, en consecuencia, su mínimo vital, para amparar los derechos
solicitados por medio de la acción de tutela[26].
12. En síntesis,
la Corte Constitucional ha establecido que procede la protección a la estabilidad
laboral reforzada de aquellos empleados públicos y privados, que acreditan la
calidad de pre pensionados, por faltarles menos de tres años para contar con 57
años en el caso de las mujeres y 62 años en el caso de los hombres, y cotizar 1.300
semanas al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, siempre que su despido
afecte su derecho al mínimo vital, porque el salario que devengaban era su
único ingreso.
13. La
decisión de la Fundación Agraria de Colombia (Uniagraria) de terminar el
contrato de trabajo de la señora Leila Adriana Díaz Osorio vulnera sus derechos
fundamentales al trabajo, la estabilidad laboral reforzada, a la seguridad
social y al mínimo vital. En primer lugar, se encuentra probado que la accionante
cumple con la condición de pre pensionada, toda vez que, (i) tiene más de 57
años, por lo que actualmente cumple con el requisito de la edad, y (ii) según el
Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones de Colpensiones, para noviembre de
2019, mes en el que fue despedida, contaba con 1.171,43 semanas cotizadas[27]. En el
mismo informe Colpensiones indicó que restaban 128,57 semanas para ser
cotizadas, es decir, dos años y medio para pensionarse[28]. La desvinculación
de la señora Leila Adriana Díaz Osorio al empleo representó la pérdida de los
únicos ingresos que gozaba para cubrir su manutención y la de su madre de 76
años. Esta última situación quedó demostrada mediante declaración juramentada
ante la Notaria 60 del Círculo de Bogotá, donde la accionante sostuvo que su
madre dependía económicamente de ella en el 100% de sus gastos. Aunado a ello, las
condiciones de salud de la misma, reflejadas en el sobrepeso y la parálisis
facial izquierda, agravan su situación, porque sin ingresos no puede adelantar
los tratamientos requeridos, como la cirugía “bariátrica” necesaria para
mejorar su estado de salud.
14. Dado el
contexto actual en el que el caso ahora se inscribe, es necesario enmarcar el
análisis de este en la coyuntura actual del Covid-19. El despido, ocurrió el 8
de noviembre del 2019, justo antes de la pandemia, lo que agrava y vuelve más
difíciles las barreras y obstáculos a enfrentar, como encontrar una nueva
ocupación, sobre todo, por la edad y condiciones de salud de Leila Adriana Díaz
Osorio. Con la entrada de las medidas de emergencia para contener el virus, las
probabilidades de conseguir empleo se redujeron a su mínima expresión. La
accionante, dados los hechos, tendría que desconocer las reglas de
confinamiento para salir a enfrentar su precaria situación de no tener ningún
tipo de ingreso económico, conseguir los recursos necesarios con el objetivo de
cubrir sus gastos básicos mensuales y los de su madre, lo que agrava la
afectación al derecho al mínimo vital de ambas.
15. En este
caso el juez constitucional debe proteger urgentemente esos derechos
fundamentales que están siendo afectados, ante todo teniendo en cuenta que en
el contexto de la pandemia las violaciones tienen impactos e imponen amenazas y
riesgos aún más severos y desproporcionados, no sólo a las personas que
reclaman, sino al resto de la comunidad por los riesgos de contagio.  Por las razones expuestas, la Sala procederá a revocar el Fallo dictado, en primera instancia, por el Juzgado
Setenta y Siete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
el 6 de diciembre de 2019, dentro del proceso de la referencia, para en su
lugar conceder el amparo de los derechos fundamentales invocados. Así, ordenar
a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia (Unigraria) proceder a
reincorporar, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la
presente Sentencia, a la señora Leila Adriana Díaz Osorio al cargo que
desempeñaba antes del despido o a uno vacante, con funciones similares o
equivalentes a las que desarrollaba, sin desmejorar su condición laboral, hasta
tanto Colpensiones le reconozca la pensión de vejez y la incluya en la nómina de
pensionados, siempre que no exista alguna causal de despido justificado.
III. DECISIÓN
Se reitera, un empleador del
sector privado vulnera el derecho al mínimo vital de una persona, cuando la
despide sin justa causa, y no considera que se trata de una persona que es pre
pensionada y cuyo único ingreso es su salario.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de
la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero. – REVOCAR el Fallo dictado,
en primera instancia, por el Juzgado Setenta y Siete Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bogotá, el 6 de diciembre de 2019, dentro
del proceso de la referencia, para en su lugar conceder el amparo de los
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, a la estabilidad
laboral reforzada y al mínimo vital.
Segundo. - Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR
a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia
-Uniagraria- que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de
la presente Sentencia, reintegre a la señora Leila
Adriana Díaz Osorio al cargo que desempeñaba antes del despido o a uno vacante,
con funciones similares o equivalentes a las que desarrollaba, sin desmejorar
su condición laboral, hasta tanto Colpensiones le reconozca la pensión de vejez y la
incluya en la nómina de pensionados, siempre que no exista alguna causal de
despido justificado.
Tercero. - LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de
la Corte Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones
a las partes -a través del Juez de tutela de instancia-, previstas en el Artículo
36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cuarto. - DEVOLVER al Juzgado de
única instancia el expediente digitalizado para darle el trámite respectivo.
Una vez se retomen actividades normales, la Secretaría General de la Corte
Constitucional deberá REMITIR el expediente físico.
Cópiese, comuníquese y
cúmplase.
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
salvamento de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
general
[1] Ver, por ejemplo, las sentencias T-549 de
1995. M.P. Jorge Arango Mejía;
T-098 de 1999. M.P.  Antonio Barrera Carbonell; T-1006 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-392 de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-045 de 2007.
M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-085 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa;
T-943 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-200 de 2018. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-038 de
2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-493 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera;
T-389 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; y T-149 de 2019. M.P. Diana Fajardo
Rivera, entre otras.
[2] Folios
1 a 3 y 20 a 22 del Cuaderno Principal,
en los que obra el escrito de tutela (en adelante, cuando se haga alusión a un
folio del expediente, se entenderá que se hace referencia al cuaderno
principal, salvo que se diga algo distinto). Información respaldada con la Historia Clínica
expedida por el Centro Nacional de Oncología.
[3] Folios 1 a 3.
[4] Folio
9.
[5] Folios 56 a 61.
[6] Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el Fallo
de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto en el inciso 3º del Artículo 86 y el numeral 9º del Artículo 241 de
la Constitución Política, en concordancia con los Artículos 33, 34, 35 y 36 del
Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el Artículo 86 de la Constitución
Política”.
[7] Artículo 86 de la Constitución Política y
artículos 1 y 10 del Decreto 2591 de 1991.
[8] Mediante Resolución 2539 de 1986, “Por
medio de la cual se otorga personería jurídica a una Fundación de Educación
Superior”, el Ministerio de Educación en uso de sus facultades legales otorgó
personería jurídica a la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, como Entidad
de Educación Superior de utilidad común sin ánimo de lucro, y aprobó en todas
sus partes los estatutos adoptados por la misma. Así, en el Artículo 3 del
Estatuto General de Uniagraria se establece que uno de sus objetivos es
contribuir a la educación integral de los colombianos y formar profesionales,
técnicos y científicos que contribuyan a conformar una sociedad más armónica,
solidaria, justa y libre. Recuperado de https://www.uniagraria.edu.co/wp-content/uploads/2015/04/Estatutos-del-23-de-diciembre-de-1993-vigentes.pdf.
[9] Expediente,
folio 39, donde consta un documento
mediante el cual el Departamento de Gestión Humana de la universidad certifica
la suscripción de los diferentes contratos, por parte de la señora Leila
Adriana Díaz Osorio con Uniagraria.
[10] Numeral 1 y 4 del Artículo 42 del Decreto 2591 de
1991.
[11] Ver sentencias T-824 de 2014. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-693 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa;
T-638 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-357 de 2016. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; y T-325 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. La Corte
estudió el caso de personas prepensionadas que fueron despedidas de sus
trabajos, por lo que solicitan su reintegro laboral para completar el número de
semanas para pensionarse.
[12] Intervención del Viceministro de Salud Pública y Prestación de
Servicios Luis Alexander Moscoso Osorio, el 5 de abril de 2020.
[13] Ver sentencias T-638 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; y T-325 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[14] Artículos
25 y 53 de la Constitución Política de 1991. Sentencia T-638 de 2016. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. La Sala de Revisión Estudió un caso de un empleado
del sector privado que se encontraba próximo a pensionarse y le fue terminado
su vínculo laboral. Se declaró la carencia de actual por hecho superado porque el
accionante y la empresa acordaron el pagó unas sumas de dinero y Colpensiones
procedió a reconocer la pensión de vejez.
[15] Artículo 33 de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
Sentencias T-357 de 2016. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; y SU-003 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
Estudiaron casos en los que se analizó la estabilidad laboral reforzada de los
empleados públicos que son desvinculados de sus cargos. En el primero, la
terminación del vínculo laboral vulneró los derechos del accionante, pues
únicamente le faltaba completar el número de semanas. En el segundo, se negó la
tutela por considerar que los empleados públicos de libre nombramiento y
remoción y las personas que cumplen el número de semanas, pero les falta la
edad no gozan de la estabilidad laboral reforzada.
[16] Sentencias T-357 de 2016. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, citada por la Sentencia T-638 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y Sentencia T-325 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[17]Sentencias T-638 de 2016. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-325 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas. Se estudiaron
casos de despidos sin justa causa de empleados de empresa privada, quienes cumplían
la condición de pre pensionados y del cual dependían económicamente sus
familiares.
[18] Sentencia C-168 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz, citada por la Sentencia T-638
de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[19] Sentencia
SU-003 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[20] Sentencia T-638 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[21] Sentencia SU-003 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[22] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[23] M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[24] Sentencias T-824 de 2018. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez y T-595 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[25] M.P.
José Fernando Reyes Cuartas.
[26] Sentencia T-325 de 2018. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[27] Folio
31 del expediente.
[28] Folio
26 del expediente.