T-299-09
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-299/09
(Abril 27, Bogotá DC)
DESPLAZADOS INTERNOS-Posibilidad de interponer acciones de
tutela por medio de asociaciones
ACCION DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-No es
exigible de manera estricta el principio de inmediatez cuando la vulneración ha
continuado el en tiempo
DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO-Procedencia de la acción de
tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales de la
población desplazada
DESPLAZADOS INTERNOS-Concepto
DESPLAZADOS INTERNOS-Víctimas de la violencia
PRESUNCION DE LA BUENA FE-Desplazados internos
DERECHOS DE LOS DESPLAZADOS-Protección
DERECHO A LA VERDAD-Alcance
DERECHO A LA JUSTICIA-Alcance
ACCION DE TUTELA-Acción Social deberá adoptar las medidas
necesarias para asegurar la atención a la población desplazada, evaluar la
situación de las personas que no se ha inscrito en el RUPD, orientar a los
desplazados sobre los beneficios a que tienen derecho
Referencia: Expediente T-2.116.013
Accionante: Raúl Alberto Bermúdez Murillo
Accionados: Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –
INCODER –, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, Presidencia de la Republica de Colombia, Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Superintendencia de Notariado y Registro,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejercito Nacional de Colombia, Policía
Nacional, Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos –, Ministerio del
Interior y de Justicia, Consejo Nacional de Estupefacientes, Dirección Nacional
de Estupefacientes, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales.
Fallos de tutela objeto revisión: Sentencia del Consejo Superior de la
Judicatura - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de fecha 29 del septiembre de
2008 (que modifica y niega la Sentencia del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca- Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 11 de agosto del mismo año).
Magistrados de la Sala Quinta de Revisión:
Mauricio González Cuervo, Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, Nilson Pinilla Pinilla.
Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y pretensión.
El señor Raúl Alberto Bermúdez Murillo, interpuso
acción de tutela el día 30 de julio de 2008, en nombre de los núcleos
familiares representados por las personas desplazadas afiliadas a su
organización, “como consecuencia del desplazamiento forzado originado en los
programas de erradicación manual y aérea de cultivos ilícitos…conforme a hechos
ocurridos desde el 22 de febrero de 2006 en los municipios de la Macarena,
Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama, Puerto Concordia y Puerto Rico, en
el departamento del Meta”.
1.1.
Derechos fundamentales invocados: derechos de la población desplazada a
verdad, justicia y reparación integral, la vida digna, el libre desarrollo de
la personalidad, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda digna, la
familia y la igualdad.
1.2. Hecho vulnerador: negativa de las entidades accionadas a inscribirlos
en el registro único de población desplazada, motivo por el cual han dejado de
recibir las ayudas humanitarias y otros beneficios que su condición de
desplazados les ofrece.
1.3.
Pretensión del accionante: i) ordenar a acción social la inscripción
inmediata de los accionantes en el registro único de población desplazada; ii)
ordenar a las accionadas la inscripción de las familias accionantes en el
servicio de salud, el otorgamiento de un subsidio para construcción o
adquisición de vivienda, la aprobación de un proyecto agropecuario, el acceso
al derecho a la educación y el reconocimiento de un subsidio para la
constitución de una cooperativa de economía campesina para los accionantes;
iii) ordenar a las accionadas la restitución de las tierras a las 114 familias
accionantes o en subsidio ordenar la reubicación de las mismas en un lugar
concertado con las mismas; iv) ordenar al INCODER la constitución como zona de
reserva campesina el territorio que sea restituido o aquel en donde sean
reubicadas las familias afectadas; v) ordenar la reparación integral y en
consecuencia ordenar el restablecimiento de sus derechos en sus componentes de
restitución, indemnización, rehabilitación y ordenarles la liquidación mediante
incidente, como lo dispone el artículo 25 del decreto 2591 de 1991 de los daños
y perjuicios causados; finalmente vi) exhortar a la Unidad Nacional de Derechos
Humanos para que asuman el caso de conocimiento actualmente de la Fiscalía
Séptima Especializada de Villavicencio.
1.4.
Fundamento de la pretensión:
-. En cuanto a la legitimación en la causa por activa
de ASPODEGUA, manifestó que de acuerdo con la Sentencia T-592 de 2006, las
organizaciones de población desplazada cuentan con reconocimiento de la
legitimación por activa para interponer acciones de tutela a favor de la
población desplazada.
-. A continuación, el accionante hace un relato de los
hechos que provocaron el desplazamiento de sus tierras, así:
-. Hace 30 años, en la región del río el Guayabero, se
asentó un grupo grande de campesinos que subsistían del cultivo de distintas
clases de productos y de la cría de animales, organizados en juntas de acción
comunal y con reconocimiento jurídico de la Secretaría de Gobierno del Meta,
departamento que los dotó de escuelas, puesto de salud, los sisbenizaron
como habitantes de esas veredas y por lo tanto reconocidos plenamente como
habitantes del Puerto Concordia y Puerto Rico Meta. Esto generó una situación
de confianza legítima de los pobladores para permanecer en sus tierras.
-. En el año 2005, el Gobierno Nacional inició un
programa de erradicación manual de cultivos ilícitos en dicha zona, con el
objetivo principal de recuperar el Parque Nacional Natural La Macarena, a
través de un programa estructurado que hiciera viable la subsistencia de las
familias de colonos que tuvieran que desplazarse en zonas de alta productividad,
que posibilitara el autoconsumo y el autosostenimiento mediante la venta de
productos propios a terceros.
-. En el proyecto de recuperación de esa reserva
natural se planteó un proceso de concertación con el INCODER, para reasignar un
predio ubicado en Puerto López (departamento del Meta) en acuerdo con las
familias residentes en el parque. El predio ofrecido por la entidad, se
denomina “Luz Mar”, esta  ubicado en el terreno de la Hacienda “La Sandrita”,
producto de la extinción de dominio del señor Leonidas Vargas por parte del
Consejo Nacional de Estupefacientes, y entregado por éste al INCODER. Sin
embargo dicho predio nunca pudo ser entregado a las familias desplazadas, dado
que existe un contrato de arrendamiento entre la firma Vargas y Rey Asociados,
secuestres del predio, y el señor José Jairo Rey, quien hará uso del terreno
con el pastaje de 900 cabezas de ganado hasta el año 2010.
-. La Dirección de Parques Naturales Nacionales
determinó que en total serían 103 familias – 420 personas – las que deberían
reubicarse fuera del parque Sierra de la Macarena, cuyas necesidades se
centraban básicamente en la prioridad de organizarse en un mismo núcleo
urbanístico, en que se fomentara la ganadería semintensiva, la explotación de
cerdos, la avicultura, la piscicultura, y la producción de alimentos en general
que permitieran el autoconsumo.
-. La comunidad al haber sido desplazada, comenzó un
proceso de negociación de reubicación con Parques Naturales Nacionales e
INCODER, pero casi dos años después no se ha dado solución a la situación de
estas familias. Discrepa el actor de la posición de las entidades accionadas,
las cuales afirman que la reubicación de las comunidades era voluntaria,
considera que su desplazamiento del Parque Nacional fue forzado.
-. A partir del 18 de enero de 2006, se inició la
movilización de los operativos antinarcóticos, con ocasión a la erradicación de
cultivos ilícitos, los cuales se ubicaron en la margen izquierda del río
Guayabero en el extremo sur del departamento del Meta, y en los municipios de
Puerto Concordia y Puerto Rico. Hasta hoy esos operativos no han cesado y
siguen generando desplazamiento forzado.
-. El 21 de febrero de 2006, algunas juntas de acción
comunal dirigieron una carta a la Defensoría Regional del Meta y a Acción
Social, narrando la problemática que estaban viviendo como consecuencia de las
actuaciones de la Fuerza Pública en la zona, los principales reclamos son:
(i) Desde el 26 de diciembre de 2005 hubo bombardeos
cerca de las viviendas de los campesinos, hasta pasados 5 días, debido al
arribo de las tropas integrantes del Batallón 21 Vargas y Joaquín Paris.
(ii) Con la llegada de las tropas, empezaron los robos
de utensilios de aseo personal en una de las tiendas del pueblo, así como el
robo de gasolina y gallinas.
(iii) Los integrantes de los batallones amenazaron a
los habitantes de las veredas con regresar el 20 de enero de 2006 y acabar con
todos.
(iv) El 17 de enero de 2006, con la llegada de la
policía antinarcóticos, iniciaron acciones violentas contra los señores Vicente
Reyes y Wilfredo Ulabarri Lucumi, quienes fueron esposados, golpeados y
trasladados en helicóptero a San José del Guaviare, donde continuaron los
maltratos.
(v) A su vez, se robaron la planta eléctrica YAMAHA
1.600 de la escuela de la vereda de Buenos Aires, bombardearon una canoa
empleada por Francisco Arévalo, empleada para trasportar a los moradores de la
vereda.
(vi) Miembros del Ejercito Nacional saquearon varias
casas de la vereda Bella Vista, robaron animales domésticos y una planta solar.
(vii) El 08 de febrero de 2006 el Ejercito Nacional,
en compañía de la Policía Nacional, quemaron 3 casas de propiedad de Ignacio
Ortiz, encerraron a cinco personas en una casa por dos horas: Mariela Torres y
su bebe de 7 meses, Hernán Guerra, Miguel Rodríguez, Mario Páez Torres y
Francisco Javier Páez Torres, amenazándolos con quemar la casa con ellos
adentro.
(viii) A los señores Miguel Rodríguez y Abelardo
Gutiérrez les lavaron la cara con amoniaco y obligados a olerlo durante largo
tiempo, despojados de sus documentos y con intento de violación contra el señor
Gutiérrez.
(ix) A los habitantes de la vereda Charco Carbón los
obligaron a abandonar la vereda en el término de 3 horas, les saquearon sus
pertenencias y hubo desapariciones forzadas.
(x) El 70% de las viviendas fueron quemadas, en el
caso el señor Dumar Rueda, no lo dejaron sacar la ropa de su bebe de un mes de
nacido.
(xi) El 15 y 16 de febrero de 2006 fue bombardeada la
vereda Caño Cabra Bajo y la rivera del río Caño Cabra.
(xii) El 22 de febrero los colonos de las veredas Laguna
Gringo y la Trigra iniciaron su desplazamiento como consecuencia de los
constantes bombardeos.
-. Otros actos violentos, por parte de la fuerza
pública, consistieron en la detención ilegal de 300 campesinos en la vereda El
Paraíso y la ejecución extrajudicial del Presidente de la Junta de Acción
Comunal junto con otras personas acusadas de guerrilleros, quienes además
fueron sometidos a ultrajes, golpeados y amarrados. Afirma el actor que estos hechos
no habían sido denunciados hasta el momento por temor de la comunidad. Por otra
parte, en la vereda Buenos Aires, fue detenido el coordinador de salud de la
región, en tanto que en la vereda Caño Carbón eran detenidos los señores Miguel
Rodríguez e Israel Romero, maltratados y amarados, a pesar que este último se
encuentra en estado de invalidez.
-. Manifiesta el demandante que “en ciertas
ocasiones aparecía la Fuerza Pública, en las veredas, con hombres vestidos de
negro, lo cual les hacía suponer a sus habitantes que se trataba de
paramilitares, quienes según amenazas, se desplazarían hacia la región con
intención de acabar con ellos”.
-. En todo tiempo, las comunidades campesinas
afectadas con los hechos de desplazamiento forzado aquí alegados, estuvieron
dispuestas a negociar con el Estado tal como consta en las actas de reunión de
las organizaciones campesinas y para esto buscaron a las entidades responsables
de la violación de derechos fundamentales tales como Acción Social, la Unidad
de Parques Nacionales y en general, al Gobierno Nacional. Sin embargo, a pesar
del ánimo de reubicación de las comunidades, la fuerza pública desplazó
forzadamente a estas comunidades.
-. Debido a las actuaciones de la fuerza pública,
señaladas anteriormente y otras más, los habitantes afectados de la región de
Guayabera tuvieron que desplazarse; en principio fueron 39 familias compuestas
por 53 adultos y 66 niños, empleando los pocos recursos que les quedaban.
-. Dentro de los reconocimientos hechos a favor de los
habitantes de la zona, se encuentra su inscripción en el SISBEN, siendo
reconocidos plenamente como habitantes de Puerto Concordia y Puerto Rico, Meta.
-. El INCODER y el Programa de Parques Nacionales realizaron
un censo de los habitantes de las veredas contempladas dentro del programa de
recuperación del Parque la Macarena. Luego del censo, se presentó el
desplazamiento de aproximadamente 114 familias, que equivalen aproximadamente a
400 personas. Sin embargo, de conformidad con otros datos, los núcleos
familiares desplazados ascienden a 130, dentro de las veredas enumeradas
previamente.
-. Asegura el accionante que cuenta con actas del
comité de desplazados de la alcaldía de San José del Guaviare del 5 y del 17 de
marzo de 2006 donde constan los hechos aquí relatados.
-. Para buscar una salida a la situación en que se
encontraban, las familias desplazadas se dirigieron a Acción Social, donde
plantearon la situación por la que habían pasado y los atropellos de que fueron
víctimas, pero no les fue reconocido estatus de desplazados. Un aspecto que
generó recelo por quienes acudieron allá, fue lo que les dijo un funcionario
llamado César García, quien estaba en compañía de un comandante antinarcóticos,
en el sentido de que si declaraban que habían sido desplazados por la
guerrilla, podrían ser reconocidos como tales, a lo cual los miembros de las
comunidades desplazadas  respondieron que eso no era cierto, pues su
desplazamiento tuvo origen en el “operativo adelantado por el ejército y la
Policía Antinarcóticos, encontrándose coincidencialmente los paramilitares en
la región, quienes contribuyeron a llevar a cabo las violaciones que sobre sus
derechos se infligieron”.
-. A pesar de los reclamos y solicitudes, los pocos
que fueron registrados fueron quienes accedieron a la recomendación de las
autoridades, en el sentido de responsabilizar a la guerrilla del
desplazamiento.
-. Luego de 15 días de estadía en el coliseo de San
José del Guaviare, 37 de las 39 familias desplazadas de la región de Guayabero
decidieron dirigirse hacia la inspección de policía de la Carpa, jurisdicción
del municipio de San José del Guaviare, recibiendo como única ayuda 65 galones
de gasolina y de mixtura para los motores fuera de borda que empujaban las embarcaciones
que los condujeron a la Carpa. Estando en la Carpa se comunicaron con la
Gobernación del Guaviare solicitando ayuda a su situación, encontrando con
respuesta que ellos no tenían la calidad de desplazados y que debían dirigirse
a Concordia – Meta o a Villavicencio que era quienes tenia jurisdicción para
conocer de los casos planteados.
-. Dada la negativa de esa entidad, miembros de las 39
familias se dirigieron a la Defensoría del Pueblo, donde relataron la situación
que estaban viviendo, luego de lo cual les dijeron que según lo que podía
evidenciarse, sí eran desplazados; no obstante, no obtuvieron certificación
escrita de dicho pronunciamiento.
-. También entablaron contacto con el INCODER y con
Parques Nacionales Naturales, quienes prometieron que resolverían el problema
del desplazamiento reubicándolos en el predio “Luz Mar”, el cual, como se habia
dicho antes, estaba en proceso de extinción, y propiedad de Leonidas Vargas, aunque
pasado el tiempo, la promesa no fue cumplida porque el proceso de extinción de
dominio presento inconvenientes.
-. En noviembre de 2007, se contempló la posibilidad
de comprar unas tierras ubicadas entre Puerto Concordia - Meta y San José del
Guaviare, propuesta que fue rechazada por los campesinos por considerar
riesgoso para su seguridad el hecho de ubicarse en una zona de claro dominio
paramilitar, que representaría para ellos el posicionamiento en una posición
clara de vulnerabilidad.
-. Seguidamente, el actor relató algunos de los
atropellos sufridos por los desplazados y expuso los derechos fundamentales que
considera vulnerados con las actuaciones de las fuerzas armadas, de los cuales
se considera relevante los siguientes:
(i) En primer lugar, pone de manifiesto lo estipulado
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-630 de 2007:
“El desplazamiento forzado puede perfectamente tener como causa no
sólo el accionar directo e inmediato de grupos armados al margen de la Ley,
sino una inicial acción legítima del Estado, a la cual es sometida el ciudadano,
y que finalmente cesa en cuanto a sus efectos directos sobre el derecho a la
libertad del procesado pero que, a su vez, ocasionan un grado tal de
estigmatización social y de amenazas de grupos armados irregulares, que el
grupo familiar se ve forzado a huir en busca de seguridad. En otras palabras,
las causas del desplazamiento forzado pueden ser diversas y concurrentes, sin
que, por definición, se pueda excluir el accionar estatal así sea éste, se
insiste, legítimo.”
De igual manera se refirió a la Sentencia T-328 de
2007, donde se dijo:
“El derecho de una persona a obtener el reconocimiento del Estado
cuando se encuentra en situación de desplazamiento forzado por la violencia:
(1) Condiciones para ser considerado como una persona en situación de
desplazamiento forzado; (2) Principios que deben guiar la interpretación y
aplicación de las normas en materia de desplazamiento forzado, especialmente en
cuanto se refiere al registro de las personas afectadas por este fenómeno; (3)
Derecho a ser inscrito en el RUPD si se encuentra en las condiciones materiales
que caracterizan el desplazamiento forzado”
(ii) Considera que se desconocieron los derechos a la
verdad, la justicia y la reparación, de la población desplazada de la Macarena
por la falta de conocimiento de la comunidad afectada sobre las razones que
dieron lugar a su desplazamiento masivo, pues nada explica el comportamiento
arbitrario e ilegítimo de la fuerza pública que bajo la excusa de erradicar
cultivos llamados de uso ilícito, cometió graves violaciones de derechos
humanos, entre ellas, el desplazamiento masivo de las comunidades del río
Guayabero y Macarena, sin que hasta el momento las víctimas conozcan los
motivos de la administración para expulsarlas de su territorio.
(iii) El derecho a la justicia está también en
entredicho pues si bien estos hechos son de conocimiento de la Fiscalía Séptima
Especializada de Villavicencio bajo el radicado N° 170.516, no han sido
investigados y sancionados los responsables del desplazamiento masivo a pesar
de haber solicitado la información a la Dirección Nacional de Estupefacientes y
a la Dirección Antinarcóticos, estas entidades se han negado a identificar al
personal que participó dentro de los operativos que causaron el desplazamiento
masivo. El derecho a la reparación integral es el que presenta mayor grado de
vulneración pues a los desplazados no les han sido reparados todos los daños y
perjuicios causados y no han podido reclamarlos ante la justicia pues ni
siquiera tienen condición de desplazados. Dada la condición de fundamental del
derecho a la reparación. El derecho a la inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada, también esta siendo vulnerado en el presente caso pues a
pesar de su carácter fundamental, tal como ha sido expuesto en la Sentencia T
-821 de 2007 de la Corte Constitucional, las entidades accionadas, en
particular Acción Social, se niegan a inscribir y reconocer el desplazamiento
forzado de las víctimas de este delito y más aún cuando se trata de
desplazamientos originados en la actividad estatal que también han sido
reconocidos por la Corte Constitucional en Sentencia T-630 de 2007 y sin
embargo, las víctimas aquí relacionadas aún no han sido inscritas como
población desplazada.
-. Esta situación se torna particularmente grave por
dos circunstancias, la primera, porque las entidades accionadas tenían pleno
conocimiento sobre los hechos de la tutela y no obstante, negaron la calidad de
desplazados de las víctimas y la segunda, porque fueron los funcionarios de las
entidades accionadas las que recomendaron a las víctimas que declararan el
desplazamiento como un hecho causado por la guerrilla para que lograran el
registro.
-. La responsabilidad de cada una de las entidades
accionadas por la violación de derechos fundamentales de los actores, derivó de
acciones u omisiones según el caso, que principalmente desconocieron la
confianza legítima de comunidades campesinas que venían poseyendo de forma
pacífica y con la presencia institucional en servicios de educación, salud e
infraestructura los terrenos de la serranía de la Macarena durante dos o tres
décadas hasta ser expulsadas violentamente.
-. La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional,
incumplió con sus finalidades y funciones institucionales de garantizar y
proteger los derechos humanos de los ciudadanos, en este caso, de las familias
desplazadas quienes vieron vulnerados sus derechos a la vida, a la paz, la
libre circulación, la familia, el trabajo, la integridad personal, la dignidad
humana, la educación de los menores y la vivienda en condiciones dignas, por
causa del desplazamiento forzado a que fueron sometidas por el accionar directo
de la Policía Nacional.
-. Acción Social es igualmente responsable, porque la Ley
387 cuenta con tres enfoques para el tratamiento de la problemática del
desplazamiento forzado referidos a la prevención, la atención humanitaria de
emergencia y el retorno voluntario en condiciones de seguridad y dignidad. Así,
le compete adoptar las medidas del caso para proteger a las personas
desplazadas, atenderlas en sus necesidades inmediatas una vez ha sucedido el
desplazamiento y asegurarles el retorno y restablecimiento de su situación al
momento anterior a los hechos de destierro. En el caso en concreto, la entidad
no sólo se ha negado a reconocer la condición de desplazadas a las familias
aquí afectadas, sino que les ha negado el apoyo en el proyecto de retorno o de
reubicación a que tienen derecho.
-. Igualmente, en materia de retorno, la Ley 387
dispone que le corresponde al Gobierno Nacional adoptar las medidas para
garantizar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen, en ese
sentido dice la citada Ley: “del retorno el Gobierno Nacional apoyará a la
población desplazada que quiera retornar a sus lugares de origen, de acuerdo
con las previsiones contenidas en esta Ley” (Art. 16 Ley 387 de 1997). A pesar
del mandato legal, las familias desplazadas no han recibido ningún tipo de
apoyo para retornar a sus predios ni tampoco les han dado garantías efectivas
de reubicación en otros predios en las condiciones óptimas en que los tenían en
la Macarena.
-. El fallido proceso para reubicar a las familias
aquí afectadas, representa prueba adicional de responsabilidad contra la
entidad quien incumplió previa y posteriormente sus obligaciones legales.
Previamente, porque ha debido intervenir en defensa de las comunidades
campesinas para que no fueran expulsadas violentamente del territorio y en su
defecto para reubicarlas en otro lugar. Posteriormente porque ha venido
adelantando un proceso fracasado de negociación con las comunidades,
prometiéndoles una falsa reubicación y generando expectativas que luego de casi
dos años y medio, se observa que son mal intencionadas pues las familias aún
permanecen desplazadas sin solución alguna por parte del INCODER.
-. El actor pidió conceder el amparo deprecado e
investir a la decisión que se profiera, efectos inter comunis para casos
similares. En consecuencia de ello, ordenar a Acción Social la inscripción
inmediata de los 114 núcleos familiares en el Registro Único de Población
Desplazada y en consecuencia, ofrecerles atención humanitaria de emergencia. La
inscripción en el RUPD con el reconocimiento de la causalidad estatal en este
desplazamiento y en cuanto a las familias que se inscribieron por otra
circunstancia esta debe ser variada y en su lugar, registrar el desplazamiento
provocado en las operaciones del Estado. Ordenar la adopción de medidas para
garantizar la protección inmediata de los derechos a la salud, vivienda digna,
la alimentación adecuada, la educación, el trabajo y el restablecimiento de
derechos mediante la inscripción en el servicio de salud, el otorgamiento de un
subsidio para construcción o adquisición de vivienda, la aprobación de un
proyecto agropecuario para la recuperación de la economía campesina y en
especial de los cultivos destruidos y los animales que tenían, el acceso al
derecho a la educación y el reconocimiento de un subsidio para la constitución
de una cooperativa de economía campesina para estos desplazados a partir de la
cual puedan reanudar sus labores agrícolas. Ordenar a las accionadas la
restitución de las tierras a las 114 familias desplazadas por causa de las
operaciones estatales y en subsidio, ordenarles la reubicación de las familias
desplazadas en un lugar concertado con las mismas, en un predio con condiciones
agropecuarias adecuadas para sus necesidades y ubicado en un lugar con acceso
directo a las rutas del mercado para comercializar sus productos de economía
campesina. El proceso de restitución o reubicación debe ir acompañado de un
plan operativo de retorno o reubicación que garantice condiciones de
voluntariedad y dignidad de las víctimas, mediante la protección de sus
derechos económicos, sociales y culturales. Ordenar al INCODER la constitución
como Zona de Reserva Campesina el territorio que sea restituido o aquel en donde
sean reubicadas las familias afectadas por estos hechos, como mecanismo de
protección de la población campesina desplazada y para garantizar el derecho
humano a la alimentación adecuada en relación con la seguridad y soberanía
alimentaria, conforme a lo previsto por el Art. 64 de la Constitución Política
y el 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ordenar
a las accionadas la adopción de medidas eficaces para proteger el derecho
fundamental a la reparación integral y en consecuencia ordenar el
restablecimiento del mismo en sus componentes de restitución, indemnización y
rehabilitación y ordenarles, la liquidación mediante incidente, como lo dispone
el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 de los daños y perjuicios causados,
entre otras (folios 1 a 77 del cuaderno original). Ordenar a la Fiscalía
General de la Nación la adopción inmediata de medidas en relación con la
investigación eficaz del delito de desplazamiento forzado que han sufrido las
familias relacionadas en esta tutela y en consecuencia, exhortar a la Unidad
Nacional de Derechos Humanos para que asuma el caso actualmente de conocimiento
de la Fiscalía 7 Especializada de Villavicencio bajo el radicado Nº 170.516. Declarar
el efecto inter comunis en el presente caso y en consecuencia ampliar el
alcance de las ordenes de tutela a las personas afectadas con los mismos hechos
y que aún no han podido ser identificadas.
2. Respuesta de las entidades accionadas.
Mediante auto del 30 de julio de 2008, el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria
–, admitió la acción de tutela y ordenó notificar de la misma a demás de los
accionados a las siguientes entidades: Ministerio de la Protección Social,
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., Gobernación del Guaviare,
Gobernación del Meta, Defensoría del Pueblo, Defensor Regional del Meta,
Fiscalía Séptima Especializada, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural –
INCODER – , Director del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios
de Programas Sociales, SISBEN –, Procuraduría General de la Nación.
2.1. Ministerio de la Protección Social[1]:
En memorial radicado el 4 de agosto de 2008, la señora
Miryam Salazar Contreras, coordinadora grupo de acciones constitucionales del
Ministerio de la Protección Social solicitó exonerar al Ministerio – Fosyga –
de las responsabilidades que se le endilgan dentro de la presente acción ya que
esa entidad no es competente para atender las peticiones de ayuda humanitaria
permanente efectuadas por el actor.
Mediante Acuerdo 59 de 1997 el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud declaró como evento catastrófico el desplazamiento
masivo de la población por causa de la violencia. Sin embargo, para ser
beneficiario de la prestación de los servicios de salud, se debe cumplir con el
requisito de haber declarado los hechos que dieron origen al desplazamiento
ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo,
Personerías Municipales o Distritales o cualquier despacho judicial de acuerdo
con el procedimiento de declaración de los hechos a la dirección general para los
derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia[2].
De acuerdo con las disposiciones vigentes, la población
desplazada por la violencia afiliada a la Seguridad Social en Salud deberá ser
atendida por el respectivo asegurador. Aquellos desplazados no afiliados o sin
capacidad de pago tienen derecho a la atención en las instituciones prestadoras
que integre en su red de prestadores la entidad territorial receptora y de acuerdo
con su capacidad resolutiva, dando prioridad a las IPS públicas o empresas
sociales del estado – ESE –.
2.2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural[3].
El jefe de la oficina asesora jurídica de esta
entidad, solicitó la improcedencia de la acción con respecto de este
Ministerio, dado que no existe legitimación en la causa por activa, puesto que,
en virtud de la Ley 1152 de 2007 es la Superintendencia de Notariado y Registro
quien se encarga de llevar un registro de los predios y territorios abandonados
por causa de la violencia. Así mismo, le compete el registro de las solicitudes
de protección de predios rurales abandonados.
Luego, parte de la competencia pasó al INCODER[4],
cuando el decreto 768 de 2008, le ordenó sustanciar el trámite de las
solicitudes que se encontraban pendientes al 26 de enero de 2008, incluyendo la
elaboración del respectivo acto administrativo, para lo cual contaría con la colaboración
de la Superintendencia de Notariado y Registro. Por tanto, el registro de los
predios y territorios abandonados a causa de la violencia ha sido competencia
del INCODER y en la actualidad de la Superintendencia mencionada.
De otra parte, de acuerdo con lo previsto en la Ley
1152 de 2007[5], es competencia del
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adquirir las
tierras para reubicar a la población aquí accionante, labor que desarrolla a
través de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada,
las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes, el INCODER y Acción Social.
Esta última entidad, es la encargada de atender a la población desplazada desde
el componente de acceso a tierra en el contexto de la reubicación[6],
por lo cual el INCODER pondría a disposición de Acción Social toda su
infraestructura para la operación de convocatorias públicas a favor de la población
referida, siendo de su competencia la constitución de una reserva campesina a la
población desplazada actora.
El doctor Oskar August Schroeder Muller manifestó que la
acción es improcedente en la medida en que no existen indicios de vulneración
de los derechos fundamentales de la parte actora por parte de ese Ministerio,
pues no se tiene conocimiento de la existencia de una solicitud formal hecha
por Raúl Alberto Bermúdez Murillo y/o ASPODEGUA de lo aquí pretendido.
2.3. Policía Nacional de Colombia – Dirección
Antinarcóticos –.
El Director Antinarcóticos de la Policía Nacional,
Brigadier General Álvaro Caro Meléndez, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela incoada por ASPODEGUA.
Comienza su escrito manifestando que efectivamente la
Fuerza Publica participó en operativos de erradicación de cultivos en la
serranía Parque Natural La Macarena en el año 2006, y su labor­ fundamental se
centraba en prestar seguridad al grupo de erradicadores manuales, ya que
existía riesgo dada la presencia del bloque oriental de las FARC, frentes 7,
27, 40, 43 y 44.
Los señores Vicente Reyes y Wilfredo Ulambarri Lucumi,
presentaron una queja ante la Defensoría del Pueblo - Seccional Guaviare-,
donde se adelantó una investigación disciplinaria que culminó con archivo
definitivo el 9 de noviembre de 2006, lo que indica que no es cierto que la
Policía Nacional haya cometido actos violentos contra estas personas.
Igualmente fueron iniciados varios procesos disciplinarios ante autoridades
administrativas como el Ministerio del Medio Ambiente, las cual también fueron
archivadas.
Resalta el accionado que es extraño que los afectados
no hayan interpuesto las denuncias penales correspondientes con ocasión a los
hechos que señalan en la demanda. En relación con las presuntas quemas masivas
de casas de habitación, en específico la del señor Ignacio Ortiz, el actor en
ningún momento aduce que haya sido La Policía Nacional y/o el Ejercito Nacional
directamente los causantes. El General Caro acepta que como consecuencia de
conductas ilícitas por parte de algunas personas, hubo capturas en flagrancia,
para las cuales se respetaron los protocolos en cada uno de esos
procedimientos.
En cuanto del desplazamiento forzado, el demandado
indica que los accionantes nunca  fueron coaccionados por miembros de la Policía
Nacional para que abandonaran el parque natural. Finalmente señala que las
condiciones de orden público durante el proceso de erradicación en el Parque
Natural La Macarena dejó como resultado la desactivación de minas antipersonal,
casas bomba y artefactos explosivos, al punto que en algunos casos en que
familias tomaron la decisión de abandonar el parque, como lo informa el actor,
se les brindó seguridad en su desplazamiento al punto de acompañarlos en las
cabeceras municipales.
Manifiesta que “si bien es cierto cabe la
posibilidad de que se causen algunos perjuicios materiales a estas personas por
acción de la fumigación, también es cierto, que los afectados tienen la
posibilidad legal de mediante un proceso de queja previamente establecido por
la resolución No 0008 de 2 de marzo de 2007 ‘por la cual se modifica la
resolución No 0017 del 04 de octubre de 2001, que establece un procedimiento
para la atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la aspersión
aérea con el herbicida glifosato, dentro del marco del programa de erradicación
de cultivos ilícitos’ (la cual anexo) estos pueden previa verificación por los
integrantes del comité de quejas del área de erradicación de la Dirección
antinarcóticos, si existe algún perjuicio, lograr el resarcimiento de esos
presuntos perjuicios y así la compensación económica por el daño sufrido. Y no
utilizar el mecanismo de tutela para este tipo de reclamación, al existir otro
mecanismo legal para incoar ante el estado el resarcimiento de perjuicios”.
Posteriormente, en Oficio 2358/DIRAN del 7 de agosto
de 2008, el Coronel José Ángel Mendoza Guzmán, Director Antinarcóticos (E) de la
Policía Nacional, frente a la solicitud de amparo constitucional, presentó
idénticos argumentos que el Brigadier General Álvaro Caro Meléndez[7].
Aportó copia de los mismos documentos allegados por el
titular de esa entidad y de la Resolución No. 0008 del 2 de marzo de 2007, por la
cual se modificó la 0017 del 4 de octubre de 2001, arriba mencionada.
2.4. Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales.
María Helena Suárez García, apoderada judicial de la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
dependiente del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, solicitó
no acceder al amparo Constitucional rogado por el actor en contra de esa
entidad, en tanto que la demanda carece de sustento fáctico y jurídico.
En primer lugar, el accionado alegó que el actor actúa
como agente oficioso de 114 presuntos ciudadanos, de los cuales no presenta
documento de identificación. Señala que 83 de los nombres referidos coinciden
con el censo realizado por el INCODER y la UAESPNN dentro del proceso de
definición del programa de reubicación voluntaria del Parque Natural Sierra de la
Macarena, ignorándose quienes son los demás agenciados. Por otra parte
manifestó que si bien es cierto para que este tipo de acciones la jurisprudencia
ha aceptado el agenciamiento oficioso hecho por organizaciones o asociaciones
como personas jurídicas, la Corte puso énfasis en que ello no implica que se
pueda omitir la identificación de las personas cuyos derechos han sido violados
y las situaciones particulares generadoras de la violación de los derechos
fundamentales.
De las pruebas aportadas por el actor, no se encuentra
consentimiento de los agenciados sobre la presentación de la tutela que ocupa
la atención; ni un escrito individual a nombre de quienes se interpone donde
indiquen la forma como se han puesto en peligro los derechos fundamentales o si
acudieron ante las autoridades encargadas de atender los derechos distintos
invocados y menos en que consiste la violación de derechos como consecuencia de
las funciones asignadas a la UANESPNN respecto del Parque Natural Nacional La
Macarena. Por lo que esta acción resulta improcedente, habida consideración que
el procedimiento previsto en el artículo 33 de la Ley 387 de 1997[8]
está dispuesto, precisamente  para lograr el cumplimiento de las obligaciones
previstas en dicho estatuto.
Para esta entidad, el accionante y sus agenciados, no
son “desplazados”, dado que ellos de manera voluntaria decidieron salir de un
área especial protegida para reubicarse en otro lugar, sin que estos hayan sido
forzados a trasladarse de un lugar a otro, esto en los términos de la Ley 387
de 1997[9].
Menciona el accionado que de acuerdo con la Sentencia
T-025 de 2004, el procedimiento para solicitar y obtener la protección de los
derechos de los desplazados es el siguiente:
Cuando las distintas autoridades reciban una petición proveniente de
un desplazado, en la cual se solicite la protección de alguno de sus derechos,
la autoridad competente procederá a: 1) incorporarlo en la lista de desplazados
peticionarios, 2) informarle al desplazado dentro del término de 15 días el
tiempo máximo dentro del cual le dará respuesta a la solicitud; 3) informarle
dentro del término de 15 días si la solicitud cumple con los requisitos para su
trámite, y en caso contrario, indicarle claramente cómo puede corregirla para
que pueda acceder a los programas de ayuda; 4) si la solicitud cumple con los
requisitos, pero no existe la disponibilidad presupuestal, adelantará los trámites
necesarios para obtener los recursos, determinará las prioridades y el orden en
que las resolverá; 5) si la solicitud cumple con los requisitos y existe
disponibilidad presupuestal suficiente, la informará cuándo se hará efectivo el
beneficio y el procedimiento se seguirá para lo reciba efectivamente. En todo
caso, deberá abstenerse de exigir un fallo de tutela para cumplir sus deberes
legales y respetar los derechos fundamentales de los desplazados.
Cada ciudadano para acceder a las prestaciones propias
de la estabilización socioeconómica, sobre todo en cuanto a reubicación,
vivienda y proyectos productivos, deben adelantar unas gestiones mínimas y
reunir unos requisitos básicos. En demanda de tutela, no está demostrado que
las accionantes hayan manifestado su inconformidad ante las entidades
encargadas de gestionar los subsidios de vivienda o de reubicación, o que de
haberlo solicitado, les haya sido negado por la entidad competente.
De acuerdo con lo previsto en el decreto 216 de 2003,
que reestructuró el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, del cual hace parte esa unidad administrativa, dentro de sus
funciones se encuentra la administración y manejo del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, no así la de reubicación de personas como pretende el
actor.
En cuanto a los presuntos atropellos de la fuerza
pública, no reconocen responsabilidad y mencionan que no se allegó prueba
alguna. Recapitula las funciones de la entidad en el área de La Macarena, así;
participación en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de
soluciones para las personas que con motivo de las actividades de erradicación
manual y química de cultivos ilícitos en esa reserva natural, optaron por salir
de esa área, y donde desde tiempo atrás se encontraban en calidad de ocupantes
irregulares o poseedores, sin que el cumplimiento de sus funciones haya sido
causa del desplazamiento que alegan los accionantes.
A continuación la accionada hace un recuento del proceso
de gestión de la Unidad de Parques Nacionales en el sector de Ariari –
Guayabero – en el Parque Nacional la Macarena[10] y su zona de
amortiguación.
Desde el año 2002, esta unidad inició procesos de
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Alternativo, en conjunto con CORMACARENA,
en el área de las cuencas bajas de los ríos Ariari y Guayabero, objeto de esta
tutela. De este proceso se estructuró un proyecto, que identificó las
potencialidades y limitaciones existentes a las formas de asentamiento que se
habían desarrollado en la zona. En la búsqueda de soluciones para los problemas
de uso y ocupación del territorio, partiendo de la premisa de estar frente a
ocupantes o poseedores irregulares, sin que en ningún momento dichas soluciones
estuvieran encaminadas a solucionar problemáticas de desplazamiento forzado
interno, como lo da a entender el actor, en tanto que esta entidad conocía y
sabe que la atención de este tipo de eventos no esta en el marco de sus
competencias.
En el año 2003, la UANESPNN formuló “la estrategia
integral y diferencial para atender los asentamientos y usos ilícitos en
parques nacionales y sus zonas amortiguadoras”. A partir del año siguiente,
se iniciaron concertaciones con las organizaciones sociales de las diferentes
áreas protegidas en que se presentaban casos de ocupación, sin que hasta la
fecha se hubiera podido establecer alternativas efectivas para promover la
salida de la población, dado que se encontraban al interior de las áreas
recibiendo importantes recursos de los gobiernos municipales y departamentales,
que afianzaban más sus asentamientos, sumado al ejercicio de actividades
agrícolas prohibidas (cultivos de coca) y en ocasiones su procesamiento, ante
las cuales, por lo cual esta entidad dejó en claro que no era viable generar
mecanismos para legalizar su permanencia en la zona y no eran permitidos los
usos del suelo para las actividades que venían desarrollando.
En el año 2005 se realizaron reuniones con el Comité
Coordinador de Organizaciones Campesinas, en las cuales quedó definida su
voluntad de avanzar en un proceso de relocalización voluntaria de acuerdo con las
posibilidades que el ordenamiento territorial lo posibilitara.
En enero de 2006 el Gobierno Nacional y sus Fuerzas
Armadas dieron inicio a la denominada “Operación Colombia Verde”, tendiente a
la erradicación manual de los cultivos ilícitos existente en el área de la
Macarena. En desarrollo de esa relocalización voluntaria, no por desplazamiento
forzado, la UANESPNN diseñó tres estrategias para contribuir a la solución de
esa problemática: i) relocalización a través de subsidios para vivienda urbana
y microproyectos para familias de la tercera edad; ii) constitución del
resguardo indígena Guayabero; y iii) relocalización voluntaria en predio
INCODER.
En ocasión al inició de la operaciones, 83 familias,
asentadas irregularmente en 13 veredas ubicadas en jurisdicción del Parque la
Macarena se trasladaron a San José del Guaviare aduciendo presuntos atropellos
y enfrentamientos con la Fuerza Pública, donde algunas de las entidades aquí
accionadas, los acompañaron buscando alternativas de solución de tierras y de
vivienda, luego de realizar la respectiva encuesta.
En el año 2006, el entonces subdirector de estrategia
especiales del INCODER, manifestó que promovería la adjudicación de un lote
proveniente de extinción del dominio ubicado en Puerto López (Meta), conformado
por 800 hectáreas, llamado Luzmar y que hace parte de otro de mayor extensión llamado
Hacienda La Sandrita, esto con ayuda de Parques Nacionales en cuanto a agilizar
el proceso y trámite de las solicitudes de adjudicación, así como en la
formulación de proyectos productivos de acompañamiento a la estrategia de
relocalización definitiva.
En julio de 2007, se realizó una reunión para revisar
y evaluar encuestas de familias voluntarias para el proceso de reubicación, en
la cual participaron 83 familias provenientes de doce veredas al interior del
Parque, con un total de 352 integrantes, 31 de las cuales presentan un solo
adulto cabeza de hogar y otras conformadas por adultos mayores, provenientes de
12 veredas al interior del parque y 1 por confirmar, las cuales afirmaron
poseer 86 predios. Solicitaron que se le adjudicaran viviendas en el casco
urbano (34 familias) y otros reubicación en predios rurales (49 familias). Aun
se espera el resultado de la puntuación final a cargo de INCODER para conocer
el listado definitivo de familias aptas pare reubicación en el predio Luzmar - La
Sandrita.
Seguidamente, se inició formalmente el proceso de
solicitud de adjudicación, arrojando como resultado la selección de 40 familias
que contaban con los requisitos exigidos para ser beneficiarias de la
adjudicación, a finales del año 2007, el INCODER informó la imposibilidad de
adjudicar el predio escogido, en razón a que tenía "un secuestre el cual
poseía un contrato de arrendamiento por cinco años, hasta el año 2010, con lo
cual se interrumpió este proceso de relocalización voluntaria".
Durante todo el proceso llevado en estos dos años, la
Unidad de parques ha sido enfática en que el proceso que acompaña no es de
atención a desplazados, sino de relocalización voluntaria de ocupantes irregulares
y por ello cuenta con la intervención de otras entidades del nivel nacional y
regional. Tampoco han recepcionado quejas de los presuntos incumplimientos.
En la actualidad se ha conformado el Plan de
Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) dirigido por Acción Social, como
entidad encargada de ejercer una labor de coordinación de todas las entidades
públicas, privadas y comunitarias que integran el Sistema Nacional para la
Atención de la Población Desplazada por la Violencia, creado por la Ley 387 de
1997. “En esa labor se han definido protocolos de coordinación en las
diferentes áreas del PNN La Macarena, incluyendo los métodos y áreas de
erradicación desarrollados por ésta, así como la atención básica de la
población, incluida la alimentación, la atención en salud, la coordinación con
las alcaldías y gobernación, el desarrollo de sistemas productivos, y
encadenamientos productivos”.
Una de las principales limitaciones que se presenta en
el caso de la atención a estas familias que salieron en el año 2006, es que
además de encontrarse dispersas, éstas no querían retornar a la zona
amortiguadora del Parque, dado que consideraban que las condiciones de
seguridad para el retorno no eran adecuadas, razón por la cual, su atención
dependía exclusivamente de entidades con competencias en el orden nacional.
Finalmente destacan que “la zona donde estaban
asentados los colonos, hace parte del territorio ancestral de la etnia
Guayabero, la cual hacia un uso estacional de esta área, y que por motivos de
orden público y por la muerte de varios de sus lideres interrumpieron el uso de
esta zona. Sin embargo, la Unidad de Parques viene acompañando la intención del
pueblo indígena Guayabero en su recuperación territorial y en la coordinación
interinstitucional que pretende la creación de un resguardo que reconozca esa
territorialidad y establezca las condiciones básicas para su retorno, de tal
manera, que, para el caso de las familias que deseen hacer su retorno a su área
de origen ésta se debe circunscribir al área amortiguadora del Parque, y
aceptando las restricciones que impone en la actualidad el Estatuto de
Desarrollo Rural (…)”.
2.5. Dirección Nacional de Estupefacientes del
Ministerio del Interior y de Justicia.
El señor Carlos Enrique Robledo Solano, subdirector
jurídico de la entidad accionada, solicitó desestimar las pretensiones de los
accionantes frente a la Dirección Nacional de Estupefacientes, de acuerdo al
siguiente relato.
El predio Luzmar, fue objeto de extinción de dominio
en un proceso que cursó contra Leonidas Vargas Vargas y en resolución No. 0644
del 12 de junio de 2006, fue asignado definitivamente al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y al INCODER, por lo que su administración o
entrega a tercero es del consorte exclusivo de esa institución.
El programa de erradicación de los cultivos ilícitos
no opera sobre cuerpos de agua, comunidades o coberturas vegetales diferentes
de la coca o la amapola. El PECIG, “Programa de Erradicación de los Cultivos
Ilícitos con el Herbicida Glifosato”, se desarrolla en tres etapas: detección,
aspersión y verificación. Las aspersiones aéreas son realizadas con una mezcla
conformada por glifosato 44%, cosmo flux 1% y agua 55%, clasificada como
categoría toxicológica II (medianamente toxico) por el Ministerio de la
Protección Social, por lo que no afecta la vida de los humanos ni de los
animales.
Explican los accionados que la erradicación de
cultivos ilícitos es responsabilidad de la Dirección de Antinarcóticos de la
Policía Nacional en concurso con el Consejo Nacional de Estupefacientes, y no a
la Dirección Nacional de Estupefacientes.
De acuerdo con lo anterior, y luego de hacer el
correspondiente estudio de la problemática de drogas en el país, así como de
sus posibles soluciones, el Consejo Nacional de Estupefacientes, aprobó con
pleno ajuste a la Ley, la tarea de autorizar a la Policía Antinarcóticos la
erradicación de los cultivos ilícitos, con énfasis sobre los cultivos de gran
extensión individual, de manera controlada desde el punto de vista operacional
y ambiental.
Gracias a la auditoría del INDERENA se ha permitido
efectuar un adecuando seguimiento a las actividades de erradicación, para que
el Estado pueda asegurar que no hay contradicción entre el uso legítimo del
poder de policía que en ellas se emplea y el deber de protección del medio
ambiente.
Finalmente, la accionada concluye: i) que no es esta
entidad la llamada a solucionar la problemática planteada por los accionantes y
por tanto se deben desestimar sus pretensiones frente a la misma, por no ser la
encargada de adelantar los procesos de aspersión de cultivos ilícitos como
tampoco la de designar o incluir dentro de los respectivos planes a la
población desplazada, por ser una entidad administrativa; y ii) en el caso
existen otros mecanismos de defensa en la jurisdicción ordinaria, a los que
pueden acudir los actores para hacer valer sus pretensiones, más cuando el
espíritu del constituyente con respecto a esta acción, no fue el de establecer
una vía alterna, sino una especial para casos proporcionados a su fin, es
decir, cuando un derecho está siendo o ha sido afectado o hay inminencia sobre
su lesión y no existe otro medio de defensa judicial.
2.6. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
En memorial radicado el 5 de agosto de 2008, el
apoderado judicial de la entidad accionada, dijo que se opone a las
pretensiones incoadas contra su representada en razón a que esa entidad no ha
vulnerado derecho fundamental alguno de los actores.
El decreto 216 de 2003, determina que este Ministerio es
una entidad encargada de formular políticas en materia habitacional, más no un
ejecutor de las mismas, que se encuentran asignadas a otras entidades e  virtud
del principio de descentralización, por lo tanto, esa cartera ministerial no es
el sujeto llamado a otorgar el subsidio familiar de vivienda que por la
presunta condición de desplazados demandan los accionantes.
La Ley 3ª de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda
de Interés Social y estableció el subsidio de vivienda como un aporte estatal
en dinero o especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de
facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de
restitución siempre que cumpla con loas condiciones establecidas en la Ley.
El subsidio familiar de vivienda para la población
desplazada, se encuentra reglamentado en el decreto 951 de 2001[11],
el cual establece las condiciones que debe cumplir la familia para ser
beneficiario del subsidio: i) el hogar debe estar conformado por personas que
ostenten la condición de desplazados y cumplan los requisitos señalados en el
artículo 32 de la Ley 387 de 1997, esto es que hayan declarado los hechos ante
las autoridades correspondientes, hayan solicitado la remisión para su
inscripción a la Dirección General para Derechos Humanos del Ministerio del
Interior y de Justicia; y ii) se deben encontrar registrados en el Registro
Único de Población Desplazada a cargo de Acción Social, herramienta técnica que
busca identificar a la población afectada por esa situación
El hogar desplazado debe presentar postulación ante la
otorgante del subsidio, esto es FONVIVIENDA, dentro de las fechas que este
señale. La asignación de los subsidios se realiza de acuerdo con criterios
objetivos de postulación y puntajes.
Los programas de vivienda para población desplazada
solo serán presentados por los municipios, distritos o departamentos ­quienes
deben contribuir con recursos económicos, logísticos y físicos para ejecutar la
política habitacional, o una organización no gubernamental o popular de
vivienda que tenga el aval del municipio o distrito.
2.7. Superintendencia Nacional de Salud[12].
En memorial radicado el 5 de agosto de 2008, el jefe de
la oficina asesora jurídica de la Superintendencia accionada, solicitó exonerar
a la entidad de toda responsabilidad dentro de la acción de tutela.
Con base en el parágrafo 4º del articulo 157 de la Ley
100 de 1993, el Consejo Nacional de Seguridad Social, ha definido los
mecanismos para seleccionar los potenciales beneficiaros del Régimen Subsidiado
de Salud. El Sistema de Selección de Beneficiarios a Programas Sociales (SISBEN)
es un conjunto de normas, reglas y procedimientos que permiten obtener
información socioeconómica acerca de los sectores más vulnerables de la
población.
El régimen subsidiado es el conjunto de normas que
rigen la vinculación al sistema a través de una cotización subsidiada, total o
parcialmente con recursos fiscales o de solidaridad. A este régimen deben ser
afiliadas aquellas personas sin capacidad de pago, de tal forma que sea posible
cubrir el monto total de las cotizaciones a su cargo. Para ser beneficiario de
este régimen, las personas deben estar clasificadas en los niveles I y II del
SISBEN.
Según jurisprudencia SU-819 de 1999, la administración
del régimen subsidiado corresponde a las direcciones locales, distritales o
departamentales de salud, que suscribirán contratos de administración del
subsidio con las Entidades Promotoras de Salud. Dichos contratos se financian
con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantías y del subsector oficial de
salud.
Esa Superintendencia es un órgano de control del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y como tal no le compete ejercer
funciones de inscripción en el Registro Único de Población Desplazada.
2.8. Procuraduría General de la Nación[13].
La Doctora Luisa Fernanda Ballén Martínez, apoderada
de la entidad demandada, solicitó se declarara improcedente en lo que a esa
entidad se refiere el amparo deprecado, pues dentro de sus funciones no está la
de adelantar acción alguna de las solicitadas en la petición y ha dado estricto
cumplimiento a sus labores de prevención e intervención en la defensa de los
derechos humanos, específicamente a través de la Procuraduría Delegada
Preventiva en esos asuntos. De los informes que ha presentado a la Corte
Constitucional se destaca:
a. El Gobierno Nacional confunde la ayuda inmediata
con la atención humanitaria de emergencia, pues pretende mediar la inmediata en
el conjunto de indicadores propuestos para la fase de atención humanitaria de
emergencia.
b. La visita domiciliaria, como mecanismo para
determinar la necesidad de prorroga de la ayuda humanitaria, desconoce a todas
luces el extremo grado de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran los
desplazados, al tiempo que los somete a un nuevo y dispendioso trámite
administrativo, puesto que las visitas rara vez se cumplen en el tiempo
programado. Por lo anterior, en la Procuraduría se han recibido un gran número
de quejas de personas desplazadas a quienes les han programado la visita y
llevan mas de un año esperando dicha visita para hacer efectiva la prorroga.
c. En la Sentencia T-025 de la Corte Constitucional,
ordeno al gobierno crear un indicador de resultados que permitiera medir la
garantía efectiva del derecho ala reparación de la población desplazada,
conducta que impide a la Procuraduría hacer un seguimiento e impiden mostrar el
avance, estancamiento o retroceso en la superación del estado de cosas
inconstitucionales y en la garantía de goce efectivo de los derechos de la
población desplazada.
2.9. Presidencia de la Republica - Consejería para la
Paz[14].
De acuerdo con lo previsto en la Ley 387 de 1997, la
entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral para la
Población Desplazada es la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación
Internacional.
Como esa entidad desconoce si el actor y sus
representados hacen parte de la población inscrita en el Registro Único de
Población Desplazada, y si son o no acreedores de la ayuda humanitaria, esa
oficina se abstiene de hacer pronunciamiento sobre sus pretensiones, más cuando
Raúl Alberto Bermúdez Murillo no ha dirigido comunicación alguna a esa oficina.
2.10. Presidencia de la Republica[15].
Allegó poder para intervenir, pero no realizó intervención
alguna.
2.11. Instituto de Fomento Industrial – IFI – [16].
El Gerente Liquidador de la entidad accionada,  dijo
que esa entidad no tiene dentro de su objeto social la atención a la población
desplazada y conforme a lo previsto en el artículo 222 del Código de Comercio
concordado con el 3° del decreto 2590 de 2003, no puede iniciar o desarrollar
nuevas actividades en razón de su objeto.
2.12. Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional[17].
La señora Lucy Adrey Acevedo Meneses, en
representación de Acción Social, se opuso a las pretensiones incoadas en su
contra, y solicitó denegar la acción de tutela en razón a que Acción Social ha
realizado dentro del  marco de su competencia todas y cada una de las gestiones
encaminadas a dar cumplimiento a lo señalado en la Ley.
Refiere la accionada que para acceder a los diferentes
beneficios gubernamentales que otorga la Ley 387 de 1997 y sus decretos
reglamentarios, no es requisito incoar acciones de tutela, sino acudir ante las
diferentes autoridades administrativas, de acuerdo con las pretensiones en
concreto y el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por cada entidad
en particular.
En cuanto al Registro Único de Población Desplazada,
se encontró en su base de datos a algunas de las personas en cuyo nombre se
presentó la petición tutelar y otras no aparecen registradas[18].
Sobre este punto cabe señalar que no fue posible determinar el estado en que se
encuentran algunas personas del listado, porque para ello es necesario contar
con su número de identificación.
Por otra parte, manifiesta que no es posible ordenar a
esa oficina la inscripción inmediata de los 114 núcleos familiares en el RUPD y
en consecuencia ofrecerles atención humanitaria de emergencia, porque su
identificación es primordial para esclarecer si están dentro del programa de
desplazados, y así determinar si realmente son desplazados y por ende
beneficiarios de la ayuda humanitaria.
Es de señalar que dentro del SIPOO, se encontró que
algunas familias de las relacionas como accionantes, han sido beneficiaria de
ayudas[19], sin embargo la entidad
accionada manifiesta que se encontró que algunas personas encontradas en el
sistema resultan ser homónimas y por tanto no se garantiza de manera alguna que
efectivamente sean los accionantes.
La población desplazada, por estar conformada por sujetos
de especial protección constitucional, es beneficiaria preferente del
procedimiento de asignación de subsidios integrales, incluida la compra de
tierra de acuerdo a la necesidad de la familia desplazada que reúne las
condiciones de orden público aptas para garantizar su vida, integridad personal
y patrimonio y aptitud productiva que les ofrezca sostenibilidad para su
proyecto agropecuario, puesto que es la familia quien lo escoge y postula.
Dichos procedimientos se adelantar en consonancia con
lo ordenado en la Ley 1152 de 2007 y el decreto 2984 de 2007.
Bajo esos presupuestos, la pretensión expuesta por los
actores no se limita exclusivamente a la entrega de un predio, sino que el
mismo cumpla con sus expectativas, por cuanto debe haber un acompañamiento y
proyecto productivo integral, del cual la entrega de la tierra solo constituye
un elemento que permita la generación de ingresos para garantizar la calidad de
vida congrua que menciona.
En este marco, la asesoría que presta el INCODER para
la elaboración de los proyectos productivos es un elemento esencial para
garantizar la materialización de los derechos. Así mismo en su calidad de
desplazados, tienen derecho a acceder a la oferta institucional que brindan las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población
Desplazada, a saber:
-
Educación a través del
Ministerio y las Secretarías departamentales y municipales de Educación.
-
Salud a través del Ministerio
y las Secretarías departamentales y municipales de la Protección Social.
-
Vivienda a través del
Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, FONVIVIENDA.
-
Estabilización
socioeconómica, a través del SENA en lo que hace a capacitación y BANCOLDEX y
Banco Agrario en lo referente a crédito para financiamiento de iniciativas
productivas.
De acuerdo a la información aportada por al proceso de
habitad y vivienda – Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, de los accionantes algunos han sido beneficiados de
apoyo para vivienda[20].
En relación con el resto de accionantes, la entidad
accionada los insita para que acudan a las instalaciones de cada una de las
entidades para que soliciten los beneficios a los cuales tiene derecho, luego
de demostrar su calidad de desplazados y adelantar el procedimiento señalado
para cada una de ellas, a efecto de acceder a esta oferta institucional.
No es posible ordenar la restitución de tierras a las
114 familias desplazadas por actividades del Estado, porque no hay prueba de
que ello haya sido así. De igual forma, no es viable ordenar a esta entidad la
constitución como zona de reserva campesina porque ello corresponde al INCODER,
tal como lo manifiesta el actor en las pretensiones. Y finalmente no es posible
condenar a esa entidad al pago de los perjuicios causados, pues no es la acción
de tutela el escenario para discutir la existencia de derechos de carácter
patrimonial más cuando existen otro tipo de acciones.
2.13. Ejército Nacional de Colombia[21].
Mediante oficio 08582 MD-CE-DIV4-ASJ del 5 de agosto,
el Jefe del Estado Mayor Cuarta División (E) del Ejercito Nacional, manifestó que
la solicitud de amparo fue remitida a otras unidades de esa institución
castrense por competencia.
Entidades accionadas que respondieron fuera del
término previsto en el auto admisorio.
2.14. Ministerio de Educación Nacional[22].
La señora Gloria Amparo Romero Gaitán, asesora del
Ministerio, solicitó desvincular a esta entidad como parte demandada, puesto
que no es la competente para atender los requerimientos que el efectúo el
tutelante y dado que no está desconociendo el derecho a la educación de la
población desplazada.
Manifestó que el artículo 19 de la Ley 387 del 18 de
julio de 1997, le atribuyo al Ministerio de Educación Nacional, la competencia
de definir la política y orientar las acciones para asegurar el derecho a la
educación de la población en edad escolar en situación de desplazamiento.
Seguidamente, el decreto 489 del 11 de marzo de 1999, trasladó a la Red de
Solidaridad Social (Acción Social), la coordinación del sistema nacional de
atención a la población desplazada por la violencia, competencia antes ejercida
por el Ministerio del Interior.
Mediante circular conjunta, este Ministerio y Acción
Social, se determinó el procedimiento para que las instituciones educativas
correspondientes a las Secretarías de Educación departamentales, distritales y
municipales, atiendan los requerimientos de educación formal para la población
desplazada por la violencia. Es así como mediante decreto 2562 de 2001, se
reglamenta la Ley 387 en cuanto a la prestación del servicio público educativo
a la población desplazada por la violencia. Por otra parte la Ley 715 de 2001
entregó el manejo del servicio público educativo los departamentos y municipios
certificados, por lo que si los desplazados se encuentran en dichas entidades
territoriales, son las gobernaciones, alcaldías y secretarias de educación
quienes deben garantizar el derecho a la educación, sin importar de que región
del país provengan.
En cuanto a la Educación Superior, de acuerdo con la
organización y autoridades de las Instituciones de Educación Superior, en
virtud de su “autonomía universitaria” son quienes a través de su reglamento
interno estudiantil, establecen las condiciones de ingreso a sus programas
académicos, sin embargo, por medio de la Ley 1084 de 2006 el Gobierno Nacional
ordena a las Instituciones de Educación Superior, publicas o privadas, otorgar
el 1% de sus cupos a los bachilleres de los departamentos donde no hayan
instituciones de educación superior y otro 1% a los aspirantes que provengan de
municipios de difícil acceso o con problemas de orden público.
Finalmente señalan que enviarán a las Secretarías de
Educación de las regiones donde están ubicados los menores para que con base en
la competencia que a las mismas le asiste, les otorgue el cupo escolar que
deberán requerir personalmente los padres o acudientes de los niños
desplazados.
2.15. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA –[23].
La señora Martha Lucia Campiño Barrera, subdirectora
centro de desarrollo agroindustrial, turístico y tecnológico del Guaviare,
solicitó no tutelar la pretensión de los accionantes en los que compete al
SENA, en virtud de que la entidad nunca ha negado ni ha dejado de atender la
formación de la población en situación de desplazamiento de la ciudad del
Guaviare.
Indicó que en cumplimiento de la Ley 378 de 1997 y de la
Sentencia T-025 de 2004, esta entidad implementó el plan de acción integral de
atención a la población desplazada, con el fin de atender de una forma oportuna
y eficiente a la población en situaciones de desplazamiento por la violencia.
Este plan se viene desarrollando dende el 1 de agosto de 2005, con proyección
hasta el 2009, su objetivo es brindar capacitación en formación ocupacional,
emprendimiento, asociatividad y asesoría para desarrollar proyectos
productivos, a través de los siguientes talleres, así como cursos de formación
complementaria, con una intensidad horaria corta adaptable a los horarios de la
población desplazada, igualmente hacen mención a las personas con perfil
ocupacional o profesional que son inscritas en el servicio publico de empleo.
De acuerdo a lo anterior, considera la accionada que
el SENA ha desplegado de manera oportuna y eficaz las acciones de acuerdo a su
misión. Así mismo informan a los accionantes que de requerir formación
adicional deberá dirigir la solicitud al coordinador de formación profesional y
empleo del SENA seccional Guaviare.
De manera similar se pronunció la señora Cielo Isabel
Usme Andrade, Directora Regional del SENA en el departamento del Meta.
2.16. Departamento del Guaviare[24].
Pedro Nel Pinzón Guiza, secretario jurídico de la
Gobernación del Guaviare, solicita se desvincule a esta gobernación de la
presente acción de tutela.
En primer lugar, el accionado resalta que en el
contexto general de los hechos planteados por el actor, las situaciones
tuvieron como epicentro la jurisdicción territorial de los municipios de Puerto
Concordia, Puerto Rico, Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama y la
Macarena, pertenecientes al departamento del Meta.
En segundo lugar, manifiesta que si es cierto que la
mayoría de desplazados del Meta y especialmente los accionantes, se trasladaron
al municipio de San José del Guaviare. Que dada la cantidad de desplazados, en
ocasiones, la atención humanitaria desborda el presupuesto que para tal
propósito proyecto el departamento del Guaviare. Que actualmente la Secretaría
de Gobierno atiende aproximadamente una población de 300 familias con un
presupuesto de $115.000.000 de recursos propios.
En relación con los hechos policivos que menciona el
accionante, señala que no le consta.
Resalta que está Gobernación, atendió la emergencia en
el momento en que se presento el desplazamiento, sin embargo para continuar con
la ayuda en la inspección de la Carpa era necesaria la acreditación de estas
personas como desplazados, la cual es emitida por Acción Social.
2.17. Secretaria de Educación Departamental de
Guaviare[25].
Fabio Cesar Granados Puerto, secretario de educación,
solicitó se absuelva de responsabilidad a está Secretaría.
En relación con el actor, refiere que Raúl Alberto
Bermúdez Murillo es educador nombrado en el departamento del Guaviare,
clasificado en el grado 1, y con la calidad de amenazado desde el día 18 de
noviembre de 2005[26], lo cual motivó su
reubicación fuera del departamento. Gracias al convenio interadministrativo
0169, suscrito entre el departamento del Guaviare y la Alcaldía Mayor de
Bogotá, se efectúo la reubicación transitoria (un año de duración) del docente,
mediante resolución 1159 de marzo 27 de 2005[27].
Comienza manifestando que esta Secretaría no está
dentro de las entidades demandadas por el accionante, sin embargo, en relación
con los hechos planteados en la demanda, manifiesta que dentro de los planes de
la entidad, esta el garantizar el derecho a la educación de niños y jóvenes en
edad escolar, dando prioridad a aquellos de estratos 1 y 2, a los calificados
en los niveles 1 y 2 del SISBEN y a la población victima de conflicto armado
con necesidad educativa especial, indígena, pobreza extrema y población adulta
iletrada[28].
2.18. Ministerio de la Protección Social – ICBF –[29].
Carlota Márquez Higuera, directora del ICBF regional
Meta, solicitó absolver al ICBF, por cuanto esté en ningún momento a amenazado
o vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes; además de que los
mismos no los han reclamado. Resalta que la entidad no fue demandada en la
acción de tutela y que las pretensiones no están encaminadas a que se le ordene
el cumplimiento de alguna obligación o deber del ICBF.
De otra parte, relacionó una serie de programas que el
ICBF lleva a cabo y de los cuales son beneficiarios la población desplazada en
las diferentes fases de desplazamiento y de los cuales cualquier niño, niña,
adolescente, madre, gestante o persona de la tercera edad, puede hacer uso, y
que además son gratis.
2.19. Alcaldía Municipal de Vista Hermosa – Meta –[30].
Miguel Antonio Briceño Sicacha, alcalde municipal,
solicitó exonerar de toda responsabilidad a esta alcaldía y ordenar el archivo
de la acción de tutela, considerando: i) que los hechos relatados son
atribuidos a la Nación, por lo tanto no es posible pronunciamiento alguno sobre
su veracidad; ii) dado que los hechos no ocurrieron en la jurisdicción del
municipio de Vista Hermosa; iii) por que los accionantes no residen ni han
residido en el municipio; y finalmente iv) por que no existe denuncia, ni
peticiones, ni quejas relacionadas con las situaciones descritas en la demanda.
Adicionalmente, el secretario de gobierno y la
inspectora municipal de policía  de Vista Hermosa, certificaron que no se
encontró dentro de los registros de: programas productivos, familias
guardabosques, erradicación de cultivos ilícitos, relación alguna a nombre de
las personas relacionadas. Igualmente, que revisados los archivos de libros
radicadores de denuncias penales, no existen registros a nombre de los
accionantes[31].
2.20. Fuerzas Militares de Colombia - Ejército
Nacional - Séptima Brigada[32].
El Brigadier General Pedro León Soto Suárez,
comandante de la Séptima Brigada, recalcó que debe estudiarse la legitimidad
por activa para la presentación de esta acción, puesto que la demanda carece de
los elementos probatorios para determinar si el accionante es el representante
legal de la asociación conocida como ASPODEGUA, debido a que para el traslado y
contestación no se allegaron los anexos señalados como pruebas, elementos
esenciales para garantizar el verdadero ejercicio del derecho de contradicción
y defensa.
Manifestó que en cumplimiento de la Sentencia T-025 de
2004 el Ministerio de defensa ha venido adoptando políticas las cuales quedan
plasmadas en Directivas Ministeriales[33], además el 10 de julio se
tomaron varias decisiones en el Comité Departamental de atención a la población
desplazada y de la cual resume los siguientes aspectos:
(i) Presentación del plan integral único para la
población en situación de desplazamiento: i) se desarrolla en cumplimiento de la Sentencia
T-025 de 2004; ii) se ha avanzado en la construcción de un sistema integral de
atención a la población desplazada; iii) se asignó la responsabilidad a cada
institución miembros del comité departamental, la misión de elaborar un
artículo sobre la misión que cada uno desempeña en pro de contrarrestar el
fenómeno del desplazamiento, con el fin de incluirlo en el PIU.
(ii) Reubicación comunidad Guayaberos – Mapiripán, el gobierno departamental y la defensoría
el pueblo consideran que las condiciones de seguridad no están dadas para
iniciar el retorno, pero los representantes del Ejercito y la alcaldesa de
Mapiripán, expresaron que si era viable dicho retorno.
(iii) Informe de riesgo No. 027 de 2007 Mapiripán,
Puerto Concordia (Meta), San José del Guaviare (Guaviare). El riesgo inminente lo corre por un parte
la población civil de: Puerto Alvira, especialmente las veredas Esteros Altos,
Esteros Bajos, Caño Jabon, Aserrío y Caño Minas, el casco urbano de Mapiripán,
los resguardos indigenas de las étnias Guayabero y Nukak Maku y veredas las
colinas en jurisdicción rural de San José del Guaviare. Y por otra la población
de la zona limitrofe entre Puerto Concordia y Mapiripán que comprende las
veredas el Trincho, el Palmar, Lindenia, Tienda Nueva, Pororio y Guarapuyas
(Puerto Concordia) y el corregimiento de Guacamayas en las veredas San Jorge,
el Aguila, Santa Helena y el Danubio (Mapiripán).
(iv) Reubicación Guayaberos – Puerto Concordia: igual que el punto anterior, esta en riesgo
inminente.
(v) Retorno Puerto Esperanza – la Horqueta (Vista
Hermosa). 21 familias
interesadas solicitaron el retorno a sus tierras, por lo tanto se solicitó a
las unidades militares garantizar las condiciones para el retorno de estas
familias.
(vi) Retorno al Castillo. Se viene dando un retorno irregular de familias
desplazadas por el conflicto armado, sin tener ningún tipo de acompañamiento
estatal, del orden local, departamental o nacional y evidenciándose lógicamente
falta de aplicabilidad del protocolo para el acompañamiento a los procesos de
retorno o reubicación de población desplazada.
(vii) Informe de riesgo No. 020 de 2007 Puerto Gaitan
(Meta), Cumaribo (Vichada).el
riego inminente lo corre la población civil de Puerto Gaitán en los
corregiminetos de Yucao, Plantas, Murujuy, Tillava, Cristalina, Puerto Trujillo
y Triunfo y los resguardos de Wacoyo, corozal, Tapaojo, Awaliba, Vencedor,
Piriridomo, Wiwi, Walianae, Enama y El Tigre.
Expone que para los casos de retorno o reubicación,
todo depende de un proceso que requiere etapas de planeación, seguimiento,
evaluación y adopción de medidas que corrijan o ajusten las falencias. En
primera instancia es el Comité de Atención a la Población Desplazada del
respectivo municipio o departamento, quien deberá establecer con claridad el
plan de retorno, y asegura que la séptima brigada ha brindado la seguridad
necesaria para garantizar en la medida de lo posible los planes de retorno de
las comunidades
El Teniente Coronel Mauricio Monsalve Duarte,
Comandante Batallón No. 21 Vargas, le informó al coronel Reinaldo Acevedo
Ojeda, que esa unidad no ha recibido oficio alguno por parte de organismos
gubernamentales donde soliciten apoyo para el retorno de personal desplazado de
los municipios en mención. Además, adjunto copia de las actas de comité local
de atención de desplazados de los municipios de San Juan de Arama y Mesetas de
los años 2006, 2007 y 2008[34]. De igual manera adjunta
respuesta a un derecho de petición interpuesto ante la personería municipal del
municipio de Mesetas, donde le manifiestan que en el año 2006 se presentaron 15
declaraciones de desplazamiento que involucran 70 personas, en el año 2007 13
declaraciones de 42 personas y hasta el 11 de agosto de 2008 se habían
presentado 34 declaraciones de 142 personas de las cuales sólo la del señor
José Aldemar Valencia Quintana se encuentra en trámite[35].
Así mismo, la Personera Municipal del municipio de San Juan de Arama (Meta),
informó que a la fecha no reposa en esa entidad solicitud de retorno al
municipio, de personas en condición de desplazamiento[36].
2.21. Financiera de Desarrollo Territorial[37].
Guillermo Javier Zapata Londoño, representante legal
suplente de la entidad accionada, solicita no vincular a su representada en la
decisión que se adopte al resolver la presente acción de amparo. En primer
lugar, pone de presente que esta entidad no es parte en esta acción, puesto que
la misma no ha sido dirigida en su contra por el tutelante.
En segundo lugar, manifiesta que de ninguna manera
puede exigírsele a FINDETER, obligaciones que no son de su resorte, puesto que
atender las necesidad de la población desplazada no se encuentra dentro de la
orbita de sus competencias legales[38].
2.22. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana – INURBE – en liquidación[39].
Juan Guillermo López Celis, actuando en representación
del PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN, solicitó declarar no fundadas las pretensiones
de la tutela, en lo referente a la INURBE, ya que para la fecha en que
ocurrieron los hechos, esta entidad se encontraba en liquidación, sin ningún
tipo de responsabilidad en lo relacionado con la vivienda.
Comenta que el Presidente de la Republica, mediante
decreto 554 del 10 de marzo de 2003, ordenó la supresión y liquidación del
INURBE, así mismo, mediante decreto 555 de 2003, el Gobierno Nacional dispuso
la creación del Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, y este, en su artículo
3, asume las funciones que venia desarrollando el ITURBE, lo que indica, que
desde el 10 de marzo de 2003, la entidad estatal que asume lo relacionado con
la vivienda de interés social es FONVIVIENDA y no el INURBE.
2.23. Superintendencia de Notariado y Registro[40].
María Teresa Salamanca Acosta, asesora jurídica de la
entidad accionada, solicita denegar las pretensiones de la demanda, teniendo en
cuenta varios aspectos.
El primero de ellos, por que el accionante no
especifica cuál o cuales han sido las accionantes o las omisiones de esta
entidad que hayan o estén vulnerando los derechos fundamentales por él
reclamados. En segundo lugar, por que la función de esta Superintendencia, en
relación con el caso concreto, se concreta en la inscripción de la medida de protección
en los folios de matricula inmobiliaria que identifiquen los predios “abandonados
por causa de la violencia armada”, lo que obliga al registrador de
instrumentos públicos a abstenerse de inscribir escrituras contentivas de
enajenación o transferencia otorgadas por el titular del predio, hasta tanto
este mismo haya solicitado ante las autoridades administrativas competentes, el
levantamiento o cancelación de dicha inscripción.
Dado que el tutelante no manifiesta que el Comité
Municipal de atención a la Población desplazada del Guaviare, haya declarado
alguna zona determinada en inminencia de riesgo de desplazamiento por causa de
la violencia armada y haya solicitado a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos la inscripción de la medida de protección en los folios de matricula
inmobiliaria, a favor del propietario, del poseedor o del tenedor, o que los
desplazados en forma individual hayan diligenciado ante el Ministerio Público
la solicitud de inscripción de medida de protección en el folio de matricula
inmobiliaria que identifique el predio abandonado por causa de la violencia
armada.
Otra competencia de la accionada, es la contenida en la
Ley 1152 de 2007, la cual le otorgo a esta Superintendencia las funciones que
tenía el INCODER, relacionadas con la inscripción de los bienes abandonados por
los desplazados en el Registro Único de Predios y la solicitud de protección a
las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos.
Finaliza resaltando que su representada ha desplegado
las acciones pertinentes, que dentro del marco de sus funciones, están
encaminadas a dar cumplimiento a las normas sobre la población desplazada en
aras de proteger a este sector vulnerable.
2.24. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER –[41].
Diana María Ocampo Duque, asesora jurídica de la
entidad accionada, comienza el escrito mencionando que el proyecto Macarena
beneficiará a las familias que ingresen al proceso de relocalización liderado
por la UAESPNN, que actualmente residen en el Parque Nacional Natural Serranía
de la Macarena; a 1.472 familias guardabosques del maergen izquierdo del río
Ariari, vinculadas en el 2006; a 400 familias guardabosques productivas
inscritas en el núcleo de consolidación de Vista Hermosa; a 550 familias
residentes en los núcleos de consolidación que se benefician de proyectos
productivos y de seguridad alimentaria; y a 140 familias cafeteras de San
Vicente del Cagúan.
En cuanto a los predios Luz Mar, San Luis y los
Ángeles, manifestó que una vez hecho el respectivo análisis y tras determinar
que el arrendatario estaba en el predio antes de que se hiciera la entrega
material al  INCODER y que su situación era incierta ante la suspensión de la
diligencia de desalojo, el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió en
sesión del 11 de julio del 2008 revocar la resolución de trasferencia en lo que
corresponde a estos predios. Los actos administrativos que protocolizarán esta
decisión están siendo objeto de las últimas revisiones y ajustes por la
Dirección Nacional de Estupefacientes y este Instituto.  Cuando se de lo
anterior, este predio saldrá del patrimonio del INCODER ya partir del registro
del respectivo acto administrativo estará a cargo de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, quien en virtud de la legislación que le gobierna determinará
qué procede para su administración y recuperación. Hasta el momento, el INCODER
no ha formalizado el diligenciamiento y recepción de formularios de inscripción
de los aspirantes al subsidio de tierras.
Por lo anterior, no tendría sentido admitir que el
INCODER ha violado derecho alguno, si no siquiera se ha probado haber
solicitado a la institución la asignación del subsidio en los términos que
exige la Ley, el decreto reglamentario No. 4984 de 2007 y la convocatoria
pública que para el efecto publica el INCODER.
2.25. Secretaría de Educación Departamento del Meta[42].
Malely Zarate Hernández, secretaria de educación,
manifestó que no ha omitido actuación alguna que vulnere o al menos amenace
derecho alguno incoado por el accionante, y mucho menos ha vulnerado derecho
alguno a los niños del Meta.
El objetivo primordial de esta Secretaría es
beneficiar a todos los niños y niñas estudiantes de los municipios no
certificados a cargo de esta administración, con los costos de matricula,
pensión y costos complementarios. Adjunta un anexo donde se dispone el pago de
recursos a los establecimientos educativos para el año lectivo 2008[43],
en donde se encuentran los municipios enunciados en la presente tutela,
haciendo alusión que la Secretaría de Educación no hace ninguna discriminación
al respecto, todo niño y niña es aceptado inmediatamente en las instituciones
educativas con el fin de brindar lo pertinente a su educación.
3. Hechos relevantes y medios de prueba
3.1. Elementos
de prueba del accionante.
3.1.1.
El accionante
aportó con la demanda el certificado de personas inscritas a la asociación[44],
así como el certificado de existencia y representación legal[45]
donde aparece como representante legal de la Asociación de Población Desplazada
del Guaviare – ASPODEGUA- en cuyo objeto social aparecen entre otros objetivos
propender por el retorno las personas desplazadas del Guaviare, orientarlos en
sus deberes y derechos, exigir a las entidades estatales la atención a la
población desplazada y la reparación de los daños causados por el conflicto.
3.1.2.
Adjuntó copia del
Proyecto Piloto de Reubicación Voluntaria con colono campesino del PNN Sierra
de la Macarena: Aspectos para la implementación de sistema productivo
sostenible en predios de extinción de dominio[46], en el cual,
básicamente se describió el predio “Luz Mar”, al ser el posible lugar de
habitación de las 420 familias participantes en el proceso de reubicación
voluntaria, así como las actividades económicas que allí se podrían realizan
como forma de sostenimiento de mismas.
3.1.3.
Con el fin de
demostrar la calidad de desplazados de sus representados, allego formatos de
declaración de desplazamiento masivo de los señores Ángel Luciano Ramírez:
código No. 9500124844610, Edgar Montealegre Andrade: código No. 95001283163463
y José Oscar Ledesma Bravo código No. 95001210631606[47],
donde los declarantes, presidentes de las juntas de acciona comunal de las
veredas Bella Vista, Charco Carbón y Buenos Aires, respectivamente,
manifestaron la situación de desplazamiento de ellos y de los habitantes de sus
veredas.
3.1.4.
Acta del comité de
desplazados del Municipio de San José de Guaviare del 5 de marzo de 2006, en la
cual quedo constancia de la entrega de colchones, elementos de cocina, un
tanque, 60 mercados por parte de Acción social, 100 galones de gasolina y 15
cuartos de mistura para motor, igualmente se canceló $90.000 de parqueadero de
las embarcaciones y a las 12:00am algunos de los refugiados en el Coliseo del
municipio partieron hacia la Carpa. También se indica que las personas que
decidieron continuar en el municipio de San José del Guaviare, se quedaron por
su propia cuenta y riesgo. Acta del comité de desplazados del Municipio de San
José de Guaviare del 17 de marzo de 2006, habla especialmente de las personas
que siguieron refugiándose en el Coliseo, les señalan que por no tener la
calidad de desplazados, lo que se les ha brindado son ayudas humanitarias, las
cuales cesaran el día siguiente, y no se les permitirá continuar viviendo en el
Coliseo, por lo que el Mayor Rodríguez, les sugiere volver a su lugar de origen
en compañía de la fuerza pública. El personero manifestó que en su despacho
nunca se han recibido denuncias de quema de casas o de humillaciones por parte
de la policía[48].
3.1.5.
Denuncias
presentadas por la comunidad en el mes de febrero de 2006 ante la Defensoría
del Pueblo y Acción Social[49], donde plasman hechos
similares a los comentados en la demanda de tutela.
3.1.6.
Manuscrito de
relación de familias inicialmente desplazadas de las veredas de caño Ceiba alto
con sus respectivos integrantes[50].
3.1.7.
Ayuda memoria de la
reunión del Comité Coordinador de las Organizaciones Campesinas del Área de
Manejo Especial de La Macarena del 5 al 7 de noviembre de 2005[51].
3.1.8.
Acta de
conformación del Comité Coordinador de las Organizaciones Campesinas de las Áreas
Protegidas del AME MACARENA del 16 al 17 de junio de 2005[52].
3.1.9.
Ayuda de memoria de
la reunión de las Asociaciones de la Cuenca del Río Guayabero El Raudal, Angosturas
julio 16 y 17 de 2005[53].
3.1.10.
Reunión Comité
Coordinador de Organizaciones Campesinas de las Áreas Protegidas del AME
MACARENA del 13 y 14 de agosto de 2005[54].
3.1.11.
Borrador de
propuesta de verificación de límites y diagnóstico participativo de uso y
ocupación de las áreas protegidas del AMEN. PNN Suma paz, Tinigua, Picachos,
Macarena del 13 a 14 de octubre de 2005[55].
3.1.12.
Proyectos FAP
Consolidación Parques y FAP Orinoquía, Amazonía “Planificación Predial
Participativa para el Proyecto Piloto de Reubicación Voluntaria de Colono ­Campesino
del PNN Sierra de la Macarena en el Predio de Extinción de Dominio, denominado
Luz Mar, Ubicado en el Municipio de Puerto López, Meta. Ministerio de Medio
Ambiente[56]”. Dentro del proyecto se
encuentra una relación de las familias encuestadas por INCODER y UAESPNN en el
programa de reubicación voluntaria del PNN Sierra de la Macarena, con un total
de 83 familias interesadas[57].
3.1.13.
Constancia de la
Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Ceiba Alto de Puerto Concordia Meta
sobre la pertenencia de León Grajales Fabio y José Vicente Reyes[58].
3.1.14.
Constancia de la
Junta de Acción Comunal de la Vereda Buenos Aires de Puerto Concordia Meta
sobre la pertenencia de José Ángel Bonilla, Illerlady Ceballos Grajales, Abdón
Quiroga Díaz, Gerardo Alfonso Quiroga Díaz y José Olmes Zape Montaño[59].
3.1.15.
Constancia de la
Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Ceiba Bajo de Puerto Concordia Meta
sobre la pertenencia de Martha Cecilia Díaz Díaz, Rubiela Díaz Herrera, Yamile
Ocaño Bustos, Ana Rita Ortega Herrera, Mercedes Salamanca Herrera y Marco
Antonio Vargas Torres[60].
3.1.16.
Constancia de la
Junta de Acción Comunal de la Vereda Charco Carbón de Puerto Concordia Meta
sobre la pertenencia de Eida Patricia Asprilla, Divia Chacón Enciso, Luz Dary
Garzón Mancera, Hernán Guerra Godoy, Angelino López Rodríguez, Orlando López Rodríguez,
Ermeliza Mancilla Díaz, Edgar Montealegre Andrade, Félix Niño Urueña, Gustavo
Ospina Pérez, Alfredo Rodríguez Aroca, Miguel Rodríguez Guevara, Marisel Rojas
Vallecilla, Israel Romero Rojas, Audoin Sierra González, Herminsul Solís Rivera[61].
3.1.17.
Constancia y/o
declaración extraprocesal de propiedad y/o posesión de fincas de Edgar
Montialegre Andrade, Rodrigo Montealegre Andrade, José Antonio Guerrero Prada,
Felix Niño Urueña, José Nicolás Graciano. Arquimeses Sanchez, Ermellsa Mancilla
Díaz, Hernán Guerra, Humberto Lopez, José Vicente Reyes, María Ruth Carrillo
Lopez, Cesar Alfonso Salce Do Torres, José Antonio Gómez, Raúl Humberto Rojas
Ramos, Martha Cecilia Valencia Dique, Gloria Emma Camacho, Dioner Herran Rojas,
Consuelo Ortiz Vargas, José Ignacio Rincón, Raúl Humberto Rojas, Oliverio
Hernan Cardozo, Rosa Paola Campos Rojas, Cenella Rojas, Faride Ortiz Pardo,
José Ángel Bonilla, Abdon Quiroga, Rubiela González Lugo Y José Antonio Gómez[62].
3.1.18.
Peticiones elevadas
ante la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Antinarcóticos[63],
donde solicitan: i) copia de las resoluciones y ordenes de trabajo  que
autorizaron las operaciones militares y de policía en los municipios de la
Macarena, Mesetas, Vistahermosa, San Juan de Arama, Puerto Concordia y Puerto
Rico del Meta, co ocasión del programa de erradicación manual de cultivos
ilícitos; y) copia del listado de los miembros de la fuerza pública que
participaron en dichas operaciones militares y de policía.
3.1.19.
Oficio 08-9585 DOJ
- 1300 del Ministerio de Interior y Justicia[64], donde dan
respuesta a un petición realizada en el mismo sentido de la anterior, allí se
indica que la solicitud le será trasladada al Ministerio de Defensa Nacional,
pues es a la entidad que le corresponde resolver lo peticionado.
3.1.20.
Oficio A 151 AJUDI
DISEC del 29 de abril de 2008 de la Policía Nacional[65],
donde le indican al peticionario que la solicitud le fue trasladada al
Brigadier General Álvaro Caro Meléndez por ser de su competencia responder los
requerimientos realizados.
3.1.21.
Oficio
20083410103241 de Acción Social[66], donde responden que la
información solicitada por el peticionario, no es de competencia de Acción
Social.
3.1.22.
Oficio 004
DIRAN–OGESI de la Dirección General de la Policía[67],
en el cual se señalan las generalidades del proyecto realizado para la
erradicación manual de cultivos ilícitos de coca y amapola en el país.
3.1.23.
Oficio N° 27275
MDSGDALGPO 41 del 22 de abril de 2008 Dirección del Ministerio de Defensa
Nacional[68], en el cual señala que
la petición fue enviada al señor Segundo Comandante del Ejercito Nacional y al
señor Subdirector General de la Policía Nacional, quienes darán respuesta
oportuna a la petición.
3.1.24.
Oficio N° 210408 -
352 DIRAN–ARECI de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional[69],
donde informan que esta dirección no dispone de las órdenes de trabajo de las
operaciones desarrolladas por el Ejercito Nacional de Colombia. Por lo
anterior, comentan que la petición debe ser presentada ente la Dirección de
Carabineros y el Departamento de Policía del Meta.
3.1.25.
Oficio 283
DIPOL–ASJUD del 27 de marzo de 2008 de la Dirección de Inteligencia de la
Policía Nacional[70].
3.1.26.
Oficio SARE 081
del 07 de abril de 2008 del Ministerio de Interior y Justicia[71].
3.1.27.
Oficio 0733 COMAN
ASJUR MEBOG del 17 de marzo de 2008 de la Policía Metropolitana de Bogotá[72].
3.1.28.
Oficio 05359
MD-CE-DIV4- ASJ del 14 de mayo de 2008 del Ejército Nacional, donde manifiesta
que “a mediados del año 2006 se inició la erradicación de cultivos ilícitos
en la vereda de Vista Hermosa (Meta) y la unidad que participó en esta labor
fue la Brigada Mobil 12, la cual solo se limitó a prestar la seguridad de la
jurisdicción en general, ya que fue la Policía Nacional en compañía de personal
de erradicaciones del programa Nacional de Erradicación de Cultivos Ilícitos,
quienes se encargaron de desarrollar esta gestión directamente. [73]”
3.1.29.
Oficio 2837 MD -
CE- DIV4 BRIM12-ASJ del 29 de mayo de 2008 del Ejército Nacional Brigada Móvil
N° 12[74], donde señalan que no es
viable acceder a la petición, por cuanto las ordenes de trabajo que imparte ese
comando quedan plasmadas en un documento llamado Orden de Operaciones, la cual
se encuentra enmarcada como un documento de carácter RESERVADO, y que este es
expedido única y exclusivamente, ante una solicitud de autoridad judicial. En
relación con la información sobre el personal que participó en dichas
operaciones, indicaron que para esa fecha no contaban con una base de datos
sistematizada que les permitiera confrontar la información solicitada.
3.1.30.
Oficio N° 06720 MD
-CE- DIV4- DDHH DIH del 17 de junio de 2008 del Ejército Nacional Cuarta
División[75].
3.2.
Elementos de
prueba de la Policía Nacional. Antinarcóticos –.
3.2.1
Resolución No. 1690
del 19 de septiembre de 2007, proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, mediante la cual exoneró a esa entidad de responsabilidad
a la Dirección Nacional de Estupefacientes y La Dirección Antinarcóticos de la
Policía[76].
3.2.2
Resolución No.
1667 del 22 de agosto de 2006, mediante la cual el Ministerio de Ambiente
dispuso la apertura de investigación ambiental[77].
3.2.3
Directiva permanente
No. 004 - Erradicación Manual de Cultivos lícitos de Coca y Amapola, proferida
por la Dirección General de la Policía Nacional[78].
3.2.4
Orden de servicios
006 del 21 de abril de 2006 ­operación La Macarena para erradicación manual de
cultivos ilícitos de ese parque natural[79].
3.2.5
Orden de servicios
056 del 21 de abril de 2006 ­operación Colombia Verde Fase 1I para erradicación
de cultivos en La Macarena[80].
3.2.6
Certificación expedida
por el Consejo Nacional de Estupefacientes[81].
3.3.
Pruebas de la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
3.3.1.
Listado de 46
familias aspirantes a subsidios de tierras de común acuerdo con el lNCOEDER y
delegados de las familias[82].
3.3.2.
Oficio dirigido el
25 de enero de 2007 por el facilitador externo al INCODER, mediante el cual se
remitió las encuestas de familias interesadas en participar en el proyecto
piloto de reubicación de campesinos de la Macarena[83].
3.3.3.
Memorial enviado
por los representantes de las familias el 19 de septiembre de 2006, en el cual
indican las razones de conformidad o inconformidad con las reuniones realizadas
al Comité de Asociaciones Serranía la Macarena[84].
3.3.4.
Memorial a través
del cual se remitieron encuestas y actas de reuniones al jefe del programa PNN
Sierra de la Macarena[85].
3.3.5.
Acta de la reunión
realizada el 24 de marzo de 2005[86].
3.3.6.
Acta de la reunión
del comité de vocería de desplazados del parque de la Macarena realizada el 4
de marzo de 2006 en San José del Guaviare[87].
3.3.7.
Acta de la reunión
No. 2 de algunas familias unidas para el plan de reubicación[88].
3.3.8.
Informe técnico del
predio Luzmar realizado por         INCODER[89].
3.3.9.
Censo realizado por
INCODER y la UANESPNN para la reubicación voluntaria[90].
3.3.10.
Pruebas de la
Dirección Nacional de Estupefacientes del Ministerio del Interior y de
Justicia.
3.3.11.
Antecedentes
administrativos del predio Luzmar[91].
3.4.
Elementos de prueba
de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional[92].
3.4.1.
Encontró en su base
de datos a algunas de las personas en cuyo nombre  se presentó la petición
tutelar y manifestó que algunas de dichas personas no aparecen registradas[93]
No.
Nombre
Registrado
Fecha de Valoración
1.
Nubia Guzmán Ramírez
SI
07.03.07
2.
Edgar Montealegre Andrade
SI
02.10.07
3.
José Nicolás Graciano Aguirre
SI
10.03.06
4.
José Ángel Bonilla
SI
02.11.06
5.
Audoin Sierra González
SI
24.06.08
6.
José Iván Martínez Caballero
SI
03.01.05
7.
José Leonidas Franco Bedoya
SI
08.02.06
8.
Willer Ángel Franco Bedoya
SI
03.03.06
9.
Ana Rita Ortega Herrera
SI
14.07.98
10.
Rubiela González
SI
01.06.07
11.
Nelcy Tisela Sánchez
SI
07.04.06
12.
Wilson Ortiz Reyes
SI
25.10.02
13.
Pedro Luis Lozada
SI
07.05.08
14.
Alicia Peña Montaña
SI
24.08.04
15.
Yamile Mahecha Saldaña
SI
30.09.02
16.
Israel Romero Rojas
No
17.
Nuris Amanda Ortega Herrera
No
18.
Gloria Esperanza Morales Morales
No
19.
Eliana Yizeth Garzón Morales
No
20.
Leidy Paola Garzón Morales
No
21.
Consuelo Ortiz Vargas
No
22.
Martha Nubia Bohórquez Sánchez
No
3.4.2.
Es de señalar que
dentro del SIPOO, se encontró que algunas familias  de las relacionas como
accionantes, han sido beneficiaria de ayudas tales como [94]:
No.
Nombre
Asignación.
1.
Martha Cecilia
Díaz Díaz
En el año 2006
le entregaron incentivos económicos, programas de salud, acompañamiento
psicosocial, asistencia alimentaria, orientación, entre otros.
2.
Gilberto Henry
Campos Rodríguez
En el año 2007
le entregaron recursos para trasporte, asistencias alimentarias y no
alimentarias, vestuario, acompañamiento psicológico, apoyo de alojamiento,
entre otros.
3.
Nelcy Tisela
Sánchez
En los años
2006 y 2007 recibió asistencias alimentarias y no alimentarias, vestuario,
acompañamiento psicológico, apoyo de alojamiento, entre otros.
4.
José Nicolás
Graciano Aguirre
En el año 2007
recibió apoyo de alojamiento, acompañamiento psicosocial, recursos de
trasporte, perfil ocupacional, orientación, entre otros.
5.
José Iván
Martínez Caballero
En los años
2005, 2006 y 2007 recibió asistencia no alimentaria, emprendimiento y apoyo
de alojamiento.
6.
José Ángel
Bonilla
En los años
2006 y 2007 recibió incentivo económico, talleres, acompañamiento
psicosocial, asistencia alimentaria y vestuario, entre otros.
7.
Mercedes
Salamanca Herrera
En los años
2005 y 2006 recibió apoyo económico, kit de higiene y aseo, asistencia no
alimentaria y alimentaria y apoyo de alojamiento.
8.
Ana Rita
Ortega Herrera
En los años
2002, 2003 y 2005 recibió programa de capacitación laboral, apoyo de
alojamiento, mercados, asistencia alimentaria, kit de higiene y aseo,
programa proyecto productivo, apoyo alojamiento y programa del ICBF.
9.
Rubiela Díaz
Herrera
En el año 2007
recibió apoyo económico y acompañamiento psicosocial.
10.
Diva Chacón
Enciso
En el año 2007
recibió apoyo económico, asistencia alimentaria, acompañamiento psicosocial,
perfil ocupacional, entre otros.
11.
Rodrigo
Montealegre Andrade
En el año 2007
recibió perfil ocupacional, acompañamiento psicosocial, apoyo de alojamiento,
apoyo económico, asistencia alimentaria y no alimentaria y orientación.
12.
María del
Pilar Parra Largo
En el año 2007
recibió apoyo económico y alojamiento.
13.
Jorge Charry
Díaz
En el año 2006
recibió acompañamiento psicosocial, entrega de recursos para trasporte,
asistencia no alimentaria y alimentaria, orientación, vestuario, entre otros.
14.
Octavio
Mahecha Pulido
En los años
2004 y 2005 recibió asistencia alimentaria y no alimentaria, apoyo economico
y otros.
15.
Marco Antonio
Acevedo Dueñas
En los años
2006 y 2007 recibió asistencia no alimentaria y alimentaria y apoyo de
alojamiento.
16.
Alexander
Santana Galeano
En los años
2005 y 2006 recibió apoyo de alojamiento.
17.
Wilson Ortiz
Reyes
En el año 2006
recibió una ayuda humanitaria.
18.
Rubiela
González
En el año 2007
y 2008 recibió asistencia alimentaria, apoyo de alojamiento, apoyo económico,
asistencia alimentaria, asistencia no alimentaria, acompañamiento
psicosocial, entre otros.
3.4.3.
De acuerdo a la
información aportada por al proceso de habitad y vivienda – Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, de los
accionantes los siguientes han sido beneficiados de apoyo para vivienda[95]:
No.
Nombre
Valor Asignado
1.
Martha Cecilia
Díaz Díaz
$
10.842.500
2.
Eida Patricia Asprilla
$
10.842.500
3.
Ana Rita Ortega Herrera
$
10.842.500
4.
Rosa Paola Campos Rojas
$
8.011.500
5.
Rubiela Díaz Herrera
$
10.842.500
6.
Alicia Peña Montaña
$
10.842.500
7.
Yamile Mahecha Saldaña
$
10.842.500
4.
Decisiones de
tutela objeto de revisión.
4.1.
El Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
Mediante Sentencia del 11 de agosto de 2008, la
Magistrada decidió declarar improcedente la acción de tutela.
El problema jurídico planteado en la Sentencia fue “el
de determinar si las autoridades accionadas han vulnerado los derechos de los
actores (…) al negar su inclusión, en el Sistema Único de Registro de la
Población desplazada y los beneficios que se derivan de la Ley 387 de 1997; al
restitución de tierras a las 114 familias desplazadas por causa de las
operaciones del Estado o su reubicación en un predio concertado con condiciones
agropecuarias adecuadas a sus necesidades; ordenar al INCODER la constitución
de una zona de reserva campesina, entre otras”.
En relación con la inscripción en el RUPD manifestó
que: i) de las pruebas aportadas al proceso, se evidencia que algunas de las
personas accionantes, ya se encuentran inscritas en el registro único de
población desplazada, es más, dicha situación ha permitido que algunas de las
personas registradas ya hayan recibido ayudas y subsidios para vivienda,
situación que genera una carencia actual de objeto; ii) en cuanto a las
personas que no aparecen inscritas en el RUPD, no obra prueba que permita afirmar
que dichas personas rindieron declaración juramentada ante la autoridad
competente a fin de que fueran inscritos junto con los miembros de su hogar,
por ende no es procedente ordenar la tan mencionada inscripción.
En lo que se refiere a la pretensión de ordenar la
restitución de tierras a las familias acreditadas como desplazadas, la
solicitud de amparo no tiene vocación de prosperidad en la medida en que ello
no es posible, pues conforme a la información suministrada por la Unidad
Administrativa Especial del sistema de Parques Naturales Nacionales, se conoce
que los referidos ciudadanos eran ocupantes irregulares de territorios ubicados
en la Serranía de la Macarena, territorio que constituye reserva biológica, así
como tampoco esta demostró que los peticionarios hayan cumplido con la carga
mínima que el Estado les defirió para acceder a los beneficios señalados para
la población desplazada, caso de la adjudicación de un predio, donde los
interesados deben postularse para obtener dicho beneficio.
Considera la Sala de decisión que “en el presente
caso es claro que los actores, al parecer no han deprecado de las entidades
accionadas el otorgamiento de los beneficios que su condición de población
desplazada les otorga, porque de ello no existe prueba que apunte a demostrar
que es así.”
“Finalmente en lo que se refiere a la solicitud de
protección Constitucional de los derechos a la verdad, justicia y reparación,
esa Sala consideró que tampoco tiene posibilidad de prosperar, en la medida en
que aquellos se encuentran previstos en la Ley 975 de 2005, por la cual
se dictaron disposiciones para la reincorporación de miembros armados
organizados al margen de la Ley, para las victimas de las conductas punibles
cometidas por estas personas, frente a los cuales, específicamente para se
reconocimiento,
los agenciados por el representante legal de ASPODEGUA
deben agotar la ritualidad de que habla dicha norma.”
4.2.
Impugnación.
El señor Raúl Alberto Bermúdez Murillo, representante
legal de la Asociación de Población Desplazada del Guaviare ASPODEGUA, impugnó
el fallo con los siguientes argumentos:
Las personas que refiere Acción Social fueron
inscritas en el RUPD por que declararon que eran desplazadas por la guerrilla y
no por la fuerza pública, seguidamente hace una relación de las personas que no
se encuentran inscritas en el RUPD, la mayoría identificadas con el documento
de identidad respetivo.  Tampoco acepta el argumento de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Naturales Nacionales en la que
dice que los accionantes eran ocupantes irregulares de la Sierra Nevada la
Macarena, puesto que llevaban más de 40 años en esas tierras con la aceptación
de las entidades del Gobierno.
Difiere del juez de segunda instancia cuando afirma
que existe otro mecanismo de defensa judicial, sin embargo, no hace mención a
dicho mecanismo, a demás considera que la acción de tutela es el único medio
idóneo para hacer cesar la vulneración de sus derechos.
Finalmente señaló que las declaraciones juramentadas a
que hacer referencia la Magistrada de primera instancia, no fueron posibles
realizarlas en el momento de acontecidos los hechos, puesto que solo le
recibieron al declaración a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de
cada vereda en donde se les dijo a la comunidad que por su gran cantidad, se le
tomaría la declaración masiva a cada líder y que luego con ello se inscribirían
en el RUPD a todos los habitantes de la vereda.
4.3.
El Consejo
Superior de la Judicatura de Cundinamarca – Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
La Sala Jurisdiccional decidió modificar el fallo
impugnado, para en su lugar negar el amparo solicitado. La Sala consideró que
de acuerdo con las normas que regulan la situación de desplazamiento, es
indispensable la declaración ante la autoridad competente, la cual debe constar
de: i) hechos y circunstancias que han determinado en el declarante su
condición de desplazado; ii) lugar del cual se ha visto impedido a desplazarse;
iii) profesión u oficio; iv) actividad económica que realizaba y bienes y
recursos patrimoniales que poseía antes del desplazamiento; y v) razones para
escoger el actual asentamiento. Dicha declaración se presentará en la entidad
competente, quién dentro de los 15 días siguientes manifestará si amerita ser
inscrito o no.
Conocido lo anterior, y teniendo en cuenta las pruebas
aportadas al procesos, es evidente que el accionante y sus representados no
cumplieron los trámites prescritos por la Ley.
Por otra parte, el juez considera que la situación
presentada en los hechos de la demanda no constituye ninguna de las razones
precisadas por la normatividad vigente para ser considerados como
“desplazados”, dado que la movilización de los accionantes fue producto de un
retiro voluntario, motivada por la política de erradicación de cultivos
ilícitos por parte del Gobierno Nacional.
Finalmente, en relación con las otras pretensiones de
los actores, considera que no están llamadas a prosperar debido a que la acción
de tutela no puede usarse para cuestionar la realización de políticas públicas
y menos que por su cauce se exija la adopción de las mismas, máxime cuando las
entidades accionadas han realizado actuaciones administrativas tendientes ha
lograr la recuperación de las condiciones de vida del los accionante.
5.
Intervención en
sede de revisión.
El representante legal de la Asociación de Población
Desplazada del Guaviare – ASPODEGUA- adjuntó certificaciones de la Defensoría
del Pueblo Seccional Guaviare donde se indica que Angel Luciano Ramírez, Oscar
Ledesma Bravo y Edgar Montealegre Bravo declararon ante ese despacho la
situación de desplazamiento.
Adjuntó igualmente la  certificación donde el
procurador Regional del Guaviare donde informa la presentación de la
declaración de desplazamiento realizada ante ese Despacho por la señora Claudia
Vanesa Conde Veásquez.
II. CONSIDERACIONES.
1.
Competencia.
Esta Sala es competente para revisar la providencia de
tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política, artículos 86 y 241
numeral 9; en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36; y en el Auto del 9 de
diciembre de 2008 de la Sala de Selección de Tutela Número Doce de la Corte
Constitucional.
2.
El problema
jurídico.
Corresponde a esta Sala determinar si los accionados
vulneraron los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral, la vida
digna, el libre desarrollo de la personalidad, la educación, la salud, el
trabajo, la vivienda digna, la familia y la igualdad, de las personas
desplazadas del PNN de La Macarena.
Antes de analizar el caso concreto la Sala estudiará
lo relativo a (i) la legitimación activa; (ii) el requisito de inmediatez;
(iii) la procedibilidad de la acción de tutela como mecanismo para garantizar
los derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento
forzado; (iv) la condición de desplazado, la posibilidad de que esta se origine
por la acción legítima del Estado y el principio de la buena fe procesal; (v)
los derechos de los desplazados y el derecho a la verdad la justicia y la
reparación; (vi) la condena en abstracto en tutela.
3.
Consideraciones
generales.
3.1.
Legitimación
activa.
3.1.1.
La acción de tutela
la interpone el representante legal de la Asociación de Población Desplazada
del Guaviare – ASPODEGUA- entidad en cuyo objeto social aparecen entre otros
objetivos propender por el retorno las personas desplazadas del Guaviare,
orientarlos en sus deberes y derechos, exigir a las entidades estatales la
atención a la población desplazada y la reparación de los daños causados por el
conflicto.
3.1.2.
Respecto a la
posibilidad de que la acción de tutela sea interpuesta por personas jurídicas
en representación de los desplazados la Corte dijo en la Sentencia T-1194 de
2003[96] consideró “procedente
la acción de tutela que interponen asociaciones conformadas por personas
desplazadas por la violencia, para la defensa de sus propios derechos. En esta
situación no desaparece el carácter individual de los derechos objeto de
defensa, sino que se presenta una respuesta organizada en torno a un problema
común”.
3.1.3.
En consecuencia es
procedente la tutela interpuesta por ASPODEGUA en nombre de los afiliados que
relaciona en la demanda y cuyos documentos de identificación y direcciones
informa en escrito adicional[97].
3.2.
Requisito de
inmediatez.
3.2.1. Uno de los requisitos para la procedencia de la acción
de tutela es  que la tutela se hubiere interpuesto en un lapso razonable y
proporcionado a partir del hecho que dio lugar a  la vulneración[98].
Al respecto ha dicho la Corte que tal requisito “se deriva del artículo 86
Superior que señala como una de las características y objeto de la tutela, la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados, siendo por tanto inherente a
la acción, la protección actual, inmediata y efectiva de aquellos derechos[99].
Y con su exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se
emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia o indiferencia de los
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica[100]”[101].
3.2.2.
Para establecer si
el requisito de la inmediatez se cumple la Corte ha precisado que el juez debe
constatar: “1) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados” [102]. Podría
entre otras cosas probarse: (i) que ocurrió un suceso de fuerza mayor o caso
fortuito; (ii) la incapacidad del actor para ejercer en un tiempo razonable la
defensa de sus derechos; (iii) la existencia de una amenaza grave e inminente a
los derechos fundamentales que sea necesario conjurar en forma inmediata; (iv)
la ocurrencia de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que produjo un
cambio  drástico de las circunstancias de manera resulte  justificada la demora
en el ejercicio de la acción de tutela[103].
3.2.3.
También ha aceptado
la Corte que no es exigible de manera estricta el principio de
inmediatez en la interposición de la tutela, es cuando “(i)...se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual[104];y (ii)
la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus
derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle
la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros.”[105]
3.2.4.
En el caso, la Sala
encuentra que respecto de las personas en cuyo nombre se interpone la tutela,
la vulneración puede haber continuado en el tiempo, pese a que los hechos
ocurrieron en el año 2006. La condición desfavorable de los accionantes es
actual, en tanto no se ha resuelto su situación.
3.3.
Procedibilidad
de la acción de tutela como mecanismo para garantizar los derechos
fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado
–reiteración Jurisprudencial-.
3.3.1.
El artículo 86 de la
Constitución Pública condiciona la procedencia de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo o  a que, en presencia de
un perjuicio irremediable, aún ante la presencia de otro medio de defensa
alternativo, sea la tutela el medio de protección constitucional indicado para
la  protección de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
3.3.2.
La Corte
Constitucional ha considerado que para el caso de la población desplazada, dado
que se trata de sujetos de especial protección que se encuentran en un estado
especial de vulnerabilidad, aún si existieren otros mecanismos jurídicos de
protección, la tutela constituye un medio de defensa adecuado para conjurar su
situación, por lo que corresponde al juez de tutela evaluar en cada caso
concreto las circunstancias en que se encuentra el titular de los derechos
invocados[106].  Al respecto señalo la
Corte:
“La acción de tutela procede como mecanismo de protección de los
derechos fundamentales de las personas en situación de desplazamiento forzado.
En efecto, las personas que se encuentran en situación de desplazamiento gozan
de un estatus constitucional especial que no puede simplemente tener un efecto
retórico. En este sentido, la Constitución obliga a las autoridades a reconocer
que se trata de una población especialmente protegida que se encuentra en una
situación dramática por haber soportado cargas excepcionales y, cuya protección
es urgente para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes”[107].
3.3.3.
Esta línea
jurisprudencial ha sido reiterada en ocasiones posteriores que han establecido
que la acción de tutela medio para amparar los derechos fundamentales de los
desplazados y se privilegia sobre otros mecanismos de protección, así:
“La existencia de normas inferiores a la Constitución que se
refieran a esos derechos fundamentales, como por ejemplo, Leyes sobre
educación, seguridad social, vivienda, diversidad étnica, debido proceso, no
significa que se torna improcedente la tutela y solo cabría la acción de cumplimiento.
Esta opinión no es aceptable por las siguientes razones:
a. La Ley 393/97, que reglamentó la acción de cumplimiento, en su
artículo 9° expresamente dice: “La acción de cumplimiento no procederá para la
protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la acción de
tutela. En estos eventos, el juez le dará a la solicitud el trámite
correspondiente al derecho de tutela.”
b. Con posterioridad a la expedición de dicha Ley son muchas las tutelas
que se han tramitado sobre el tema del desplazamiento, inclusive la
jurisprudencia sobre este aspecto ha tenido particular importancia a partir del
año 2000.
c. La tutela es el medio idóneo y eficaz porque se trata de proteger
en forma urgente e inmediata los derechos fundamentales de personas que
requieren salvar su vida y tener acceso a condiciones que les permitan una vida
digna. La tutela ha resultado ser un mecanismo eficaz y por ello, aún si
procedieran las acciones de cumplimiento o populares, no hay duda que sería
preferente porque en el desplazamiento lo notorio es la violación de varios
derechos fundamentales que requieren protección inmediata”[108].
3.3.4.
Para esta Sala es
claro, en consecuencia, que ante la situación de fragilidad en que se encuentra
la población desplazada la acción de tutela prevalece sobre otros los
mecanismos ordinarios de defensa, dado que en ese caso los titulares de los
derechos fundamentales vulnerados son sujetos cobijados por una protección
constitucional reforzada, cuya situación particular de debilidad manifiesta e
indefensión revela la necesidad de protección inminente mediante el amparo
constitucional.
3.4.
La condición de
desplazado, la posibilidad de que esta se origine por la acción legítima del
Estado y el principio de la buena fe procesal.
3.4.1.
Conforme a la
definición que trae el artículo 1º de la Ley 387 de 1997:
“Es desplazado toda persona que se ha
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad
de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público.
Por otra parte el artículo 2º de
los “Principios Rectores de
los Desplazamientos Internos”[109] define a los
desplazados como:
"las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual,
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, por
situaciones de violencia generalizada, por violaciones de derechos humanos o
por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado
una frontera estatal internacionalmente reconocida"
3.4.2.
La Corte
Constitucional a su vez concluyó en la Sentencia T- 1346 de 2001[110] lo siguiente:
“Sin entrar a desconocer los diferentes criterios que en relación
con el concepto de “desplazados internos” han sido expresados por las distintas
organizaciones nacionales  e internacionales  que se ocupan del tema,  de
conformidad con lo preceptuado en la Ley y la jurisprudencia constitucional,
puede afirmarse que se encuentra en condición de desplazado toda persona que se
ve obligada a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus
actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de las
fronteras del territorio nacional, por causas imputables a la existencia de un
conflicto armado interno, a la violencia generalizada, a la violación de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario y, en fin, a
determinados factores que pueden llegar a generar alteraciones en el orden
público-económico interno”.
3.4.3.
De estas
definiciones se deduce claramente que quienes se encuentran amenazados con
ocasión del conflicto armado interno o requieran evitar los efectos del mismo y
por ello se hayan visto forzados a abandonar el lugar de su residencia habitual
o de sus actividades, se consideran personas en condición de desplazamiento. Vale
la pena resaltar, que en ningún momento las definiciones mencionadas requieren
que la amenaza provenga de un grupo armado organizado al margen de la Ley para
que se configure la situación  de desplazamiento interno.
3.4.4. También ha considerado la Corte
que
“en un contexto de conflicto armado
interno el accionar ilegítimo de las autoridades públicas puede ocasionar una
situación de desplazamiento forzado de población civil. De igual manera, bajo
determinadas circunstancias, ciertas acciones u omisiones legítimas del Estado
pueden conducir al mismo resultado”.
“En efecto, no cabe duda alguna que cuando las autoridades públicas
se apartan del cumplimiento de sus deberes constitucionales, y de contera
desconocen tratados internacionales sobre derechos humanos, por acción u
omisión, pueden ocasionar desplazamientos masivos de población civil.
(…)
Ahora bien, la Sala estima que igualmente, bajo determinadas
circunstancias, el Estado puede ser considerado responsable por un
desplazamiento de población, así su accionar haya sido legítimo”[111].
3.4.5.
En tal sentido, debe
tenerse en cuenta que en la región del país donde ocurrieron los hechos
narrados por el demandante, existe presencia de grupos armados organizados al
margen de la Ley, lo que puede dar lugar a enfrentamientos entre estos y la
Fuerza Pública, que sin estar dirigidos a la población civil hagan que ésta
tema por su vida e integridad personal. En tal circunstancia, obrando el Estado
legítimamente en cumplimiento de su función de combatir esos grupos, puede
ocasionar una situación de desplazamiento forzado generada en confrontación
armada.
3.4.6.
En estos casos, la interpretación que hagan las
autoridades sobre las circunstancias que dan lugar al desplazamiento debe tomar
en cuenta las especiales condiciones que aquejan a una persona cuyas
condiciones de vida se ven necesariamente afectadas por la cercanía de los
combates y la intensidad de los mismos, realizar la interpretación de los
hechos que mejor favorezca la protección de los derechos fundamentales y
presumir la buena fe de quien manifiesta encontrarse en situación de
desplazamiento  Al respecto ha
dicho la Corte:
“Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba y, por
ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la persona
respectiva no tiene la calidad de desplazado. Por lo tanto, es a quien desea
contradecir la afirmación a quien corresponde probar la no ocurrencia del
hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad
gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la
inmanejable dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las entidades
gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones las causas
del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la persona que no
está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de situaciones es
inminente la necesidad de la presunción de buena fe si se le pretende dar
protección al desplazado”[112].
Además no se pueden desconocer las dificultades bajo
las cuales las víctimas del conflicto tienen que desarrollar todo un trámite,
muchas veces engorroso en busca de una asistencia íntegra por parte del Estado,
ni este puede desconocer las obligaciones que se derivan de la inversión de la
carga de la prueba, por cuanto sobre el recae la responsabilidad de desvirtuar
cualquier afirmación que sobre la materia realice el desplazado.
3.5.
Los derechos de
los desplazados y el derecho a la verdad la justicia y la reparación.
3.5.1.
La persona que ha
sido desplazada de su territorio a causa de la violencia tiene, conforme lo
señaló la Corte en la Sentencia la Corte en la Sentencia T-025 de 2004 [113],:
i) derecho a ser incluido en el Registro Unico de Población Desplazada bien
individualmente o con su núcleo familiar, ii) derecho a que se reconozca su
condición de sujeto de especial protección, iii) derecho a recibir ayuda
humanitaria que comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable,
b) alojamiento y vivienda básicos, c) vestido adecuado, y d) servicios médicos
y sanitarios esenciales, iv) derecho a que se les proporcione una certificación
o documento que los acredita como inscritos en una entidad promotora de salud,
a fin de garantizar su acceso efectivo a los servicios de atención en salud, v)
derecho al retorno a su lugar de origen en condiciones de seguridad, sin que se
les pueda obligar a regresar o a reubicarse en alguna parte específica del
territorio nacional, vi) derecho a que se establezcan, con su participación,
las circunstancias de su situación personal y familiar para determinar, cómo
pueden trabajar con miras a generar ingresos que le permita vivir en forma
digna y autónoma, vii) derecho de los menores de 15 años, a acceder a un cupo
en un establecimiento educativo, y, viii) derecho a la verdad la justicia y la
reparación como víctimas de un delito.
3.5.2.
El derecho a la
verdad exige que dentro del proceso penal se establezcan claramente las
circunstancias del desplazamiento y de los otros delitos de que hubiese sido
víctima el desplazado, autores y partícipes, al igual que la posibilidad de que
la víctima participe dentro del proceso. El derecho a la justicia incluye la
posibilidad de acceder a un recurso judicial efectivo y la eficiente actividad
estatal para evitar que los hechos queden en la impunidad. El derecho a la
reparación conlleva, una actuación diligente del Estado en la efectiva
recuperación de los bienes que se vieron compelidos a abandonar con motivo del
desplazamiento, o su equivalente[114].
3.5.3.
Los demandantes
tendrían por tanto el derecho a que se establezcan las condiciones que
generaron su desplazamiento y los autores y de haber sido víctimas no solo de
ese delito sino de otros, y en esos casos también tendrían derecho a que se
revele la verdad, se castiguen los autores, y a obtener una reparación judicial
o administrativa.
3.6.
La condena en
abstracto en tutela.
3.6.1.
En
relación con la posibilidad de una condena en abstracto en tutela el artículo 25 del Decreto 2591 de
1991, prevé:
"Artículo 25. Indemnizaciones
y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la
violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos
anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez, de oficio, tiene la
potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si
ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el
pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás
perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante
el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses
siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá
inmediatamente copia de toda la actuación...".
3.6.2.
Respecto del
alcance del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 la jurisprudencia de la Corte[115]
ha entendido que (i) la acción de tutela tiene como finalidad garantizar el
goce efectivo de los derechos y no tiene una naturaleza fundamentalmente
indemnizatoria; (ii) es excepcional pues si bien para concederla se requiere
que se haya concedido la tutela no siempre que esto ocurre es procedente la
indemnización; (iii) solo procede cuando no existe otra vía judicial para el
resarcimiento del perjuicio, por lo cual, en todo caso, no es procedente cuando
se concede la acción de tutela como mecanismo transitorio; (iv) no es
suficiente la violación o amenaza del derecho sino que es necesario que esta
sea evidente y consecuencia de la acción clara e indiscutiblemente arbitraria
del accionado; (v) debe ser necesaria para asegurar el goce efectivo del derecho
del tutelante; (vi) se debe garantizar el debido proceso al accionado; y (vii)
sólo cobija el daño emergente, esto es, el perjuicio y no la ganancia o
provecho que deja de reportarse; (viii) si el juez de tutela, fundado en la
viabilidad de la condena ‘in genere’ accede a decretarla, “debe
establecer con precisión en qué consistió el perjuicio; cuál es la razón para
que su resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho
fundamental; cuál es el hecho o acto que dio lugar al perjuicio; cuál la
relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y cuáles
serán las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo o el juez competente, según que se trate de condenas contra la
administración o contra particulares, para efectuar la correspondiente
liquidación"[116].
3.6.3.
No hay evidencia de
que sea necesaria una condena en abstracto para que los demandantes puedan
tener el goce efectivo de sus derechos, ni de que exista una conducta
manifiestamente arbitraria y contraria a la carta por parte de las accionadas.
4.
Caso concreto.
4.1.
De lo allegado al
expediente y recaudado se encuentra:
(i) La declaración de desplazamiento masivo
de los señores Ángel Luciano Ramírez: código No. 9500124844610, Edgar
Montealegre Andrade: código No. 95001283163463 y José Oscar Ledesma Bravo
código No. 95001210631606[117], donde los declarantes,
presidentes de las juntas de acciona comunal de las veredas Bella Vista, Charco
Carbón y Buenos Aires, respectivamente, manifestaron la situación de
desplazamiento de ellos y de los habitantes de sus veredas.
(ii) El desplazamiento de un grupo de familias que se
ubicaron en el Coliseo de San José del Guaviare y a quienes se les presto ayuda
de emergencia.
(iii) Las denuncias presentadas por la comunidad en el
mes de febrero de 2006 ante la Defensoría del Pueblo y Acción Social[118],
donde plasman hechos similares a los comentados en la demanda de tutela.
(iv) Las reuniones realizadas durante el año 2005 con
las personas asentadas en el PNN de La Macarena para definir su situación y
posible reubicación. (Numerales 3.1.7 a 3.1.12.) y la reunión realizada con los
desplazados en San José del Guaviare.
(v) Constancias de varias juntas de acción comunal de
veredas al interior del Parque sobre la pertenencia a las mismas de varias de
las personas en cuyo nombre se interpuso la tutela.
(vi) Las reuniones entre funcionarios del Gobierno y
las personas asentadas en el PNN de La Macarena para su reubicación con miras a
mantener dentro de la legalidad los usos del suelo al interior del Parque y su
zona de amortiguación.
(vii) La inscripción de algunos de los demandantes en
el RUPD y las ayudas proporcionadas por acción social a algunos de ellos.
4.2.
En la presente
acción se plantean mezcladas circunstancias diferentes: (i) la relacionada con
el desplazamiento de personas que habitaban el Parque Natural Nacional de La
Macarena, y (ii) la de quienes, pudiendo o no coincidir con aquellos, estaban
asentados ilegalmente en el Parque y se encontraban en negociaciones anteriores
con el gobierno para su reubicación, en razón de las limitaciones del uso del
suelo al interior del Parque y en su zona amortiguadora, y los presuntos
incumplimientos que ha hecho el Estado a éstos de las promesas sobre su posible
ubicación en otros predios. Dado que la demanda se presenta para defender los
derechos de los desplazados, la Sala se referirá sólo a la situación de éstos,
en tal condición.
4.3.
En relación con el
desplazamiento, de conformidad con las normas que definen el ámbito de
aplicación de la acción de tutela, no es función del juez constitucional entrar
a juzgar la existencia de un desplazamiento forzado a raíz de conductas de las
autoridades ajenas al cumplimiento de sus funciones, cuatión que corresponde
definir a la justicia penal y disciplinaria. Tampoco ha de entrar a juzgar la
Corte, en este caso, los procesos de reubicación de quienes se encontraban
asentados en el Parque Natural Nacional de La Macarena o las negociaciones que
para respetar las limitaciones al uso del suelo de dicho PNN se estén
realizando entre las autoridades competentes y los propietarios o poseedores de
tierras al interior del Parque.
4.4.
Desde otra
perspectiva no puede ignorar la Sala que es posible que la acción legítima de
las autoridades ocasione el desplazamiento de las personas, como lo ha señalado
la jurisprudencia de esta Corte. Así en el caso, si bien no se presentan
pruebas sobre el actuar ilegítimo de la Fuerza Pública, es evidente que algunas
de las personas que se desplazaron manifestaron que ellas y otros habitantes
del PNN de La Macarena, se desplazaron por el temor que se generó a raíz del
constante ruido provocado por las ametralladoras y las bombas que se utilizaban
en los enfrentamientos entre los grupos armados organizados al margen de la Ley
y la Fuerza Pública, actuando ésta en cumplimiento de su deber de combatir los
grupos armados organizados al margen de la Ley y preservar los derechos de las
personas contra el actuar ilegal de estos grupos.
4.5.
Lo anterior se
funda en las declaraciones de desplazamiento presentadas por los presidentes de
las juntas de acción comunal de las veredas Bella Vista, Charco Carbón y Buenos
Aires, ubicadas en el municipio Puerto Concordia (Meta), en las que se
manifiesta que los campesinos tenían temor por los enfrentamientos entre la
guerrilla y la Fuerza Pública. Así (i) Ángel Luciano Ramírez, manifestó que “luego
comenzaron los bombardeos y ametrallaban a nosotros no nos pareció que nosotros
estuviéramos en medio del fuego porque eso era día y noche el ametrallamiento y
los combates, la gente estaba muy asustada…”[119];
(ii) Edgar Montealegre Andrade expresó “nos fuimos para la Carpa porque
teníamos mucho miedo, entonces fue cuando quemaron mi casa y dijeron que era
una bomba que había caído en ella…”[120] y
(iii) José Oscar Ledesma Bravo, señaló “estábamos con miedo a cualquier
situación de bombardeos, enfrentamientos de guerra entre la guerrilla y la
policía,…”[121]. Además,
en el Acta de marzo 17 de 2006 realizada con las personas que procedentes de la
Serranía de la Macarena se habían ubicado en el Coliseo de la Villa Olímpica de
San José del Guaviare ellas manifestaron que “aquel lugar es muy difícil y
peligroso, debido a que los niños mantienen aterrorizados por las bombas…”[122]
4.6.
Por otra parte,
algunas las autoridades intervinientes reconocen la presencia en la zona tanto
de la guerrilla de las FARC[123] como de paramilitares[124],
lo que hace probable la existencia de enfrentamientos entre las autoridades
legalmente constituidas y esos grupos, por lo cual no resulta tan sencillo
desconocer la existencia de un desplazamiento con el solo argumento de que la
acción de las autoridades no puede dar lugar a un hecho semejante.
4.7.
Además, la
posibilidad de reubicación con el correspondiente traslado a la nueva zona,
originada en la necesidad de defender dentro del cauce legal los usos del suelo
en el PNN de La Macarena, si bien pudo ser aceptada voluntariamente, no ha de considerarse
como razón del desplazamiento: durante el tiempo de las negociaciones con el
Gobierno, y mientras se resolvía la nueva ubicación, tales personas no habían
sido obligadas a abandonar los lugares que habitaban al interior del Parque.
4.8.
En consecuencia
tampoco es de recibo la consideración del ad quem de que la situación
presentada en los hechos de la demanda no constituye ninguna de las razones
precisadas por la normatividad vigente para ser considerados como
“desplazados”, dado que la movilización de los accionantes fue producto de un
retiro voluntario, motivada por la política de erradicación de cultivos
ilícitos por parte del Gobierno Nacional.
4.9.
Se deriva de lo
dicho en la demanda y lo establecido por las entidades intervinientes, que
algunas de las personas en cuyo nombre se interpone la tutela ya fueron
inscritas en el RUPD y han venido recibiendo ayudas por parte de diferentes
entidades estatales, mientras otras no han realizado las solicitudes
pertinentes ni la declaración de encontrarse en situación de desplazamiento. En
cuanto a las primeras la intención del actor se dirige a que se reconozca que
el desplazamiento fue provocado por las presuntas operaciones ilegítimas del
Estado, asunto que como se dijo antes no corresponde al juez constitucional;
tampoco correspondería definirlo a las autoridades administrativas, máxime si,
de conformidad con el principio de buena fe, debe entenderse que quienes están
inscritos en el RUPD dijeron la verdad en cuanto a las circunstancias que
dieron lugar a su desplazamiento. Por lo anterior, no procede acceder a la
petición del tutelante en tal sentido.
4.10.
Respecto de quienes
ya manifestaron su condición de desplazamiento y les fue negada su inscripción
en el RUPD, por considerar que el accionar de la Fuerza Pública no puede
considerarse causal de desplazamiento, en tanto precisamente su labor es la de
proteger y no la de amenazar a la población, Acción Social deberá evaluar
nuevamente cada caso concreto, para determinar si el temor a las consecuencias
que pudieran tener los combates entre la Fuerza Pública y los grupos armados
organizados al margen de la Ley, pudo ocasionar la salida del solicitante del
lugar donde habitaba y proceder. De darse el caso, habrá de realizar la
inscripción en el RUPD y proporcionar la ayuda y orientación correspondientes,
para el acceso a la oferta institucional existente en diversas áreas para la
población desplazada por la violencia.
4.11.
En relación con las
demás personas, al no existir prueba de que hayan pedido y les haya sido negada
su inscripción en el RUPD por razones arbitrarias o caprichosas, es claro que la
Corte no puede pronunciarse. Es necesario que, respecto de ellas, Acción Social
haga la evaluación pertinente, dado que existe la afirmación del tutelante sobre
la condición de desplazadas que tienen éstas, para que se proporcionen las
ayudas pertinentes, en caso de ser procedente.
4.12.
En lo relativo a la
reubicación, se deriva de las pruebas obrantes en el proceso que se trata de
una circunstancia diferente a la del desplazamiento, sin perjuicio de que las
acciones encaminadas a resolver esta última situación permitan ubicar a las
personas en un lugar diferente, en tanto la atención a la población desplazada
incluye la búsqueda de la estabilización
socioeconómica de la víctima, y su autosostenimiento, lo cual debe
establecerse en cada caso concreto.
4.13.    En cuanto a la aplicación del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala encuentra que en el presente caso no se configuran  los requisitos
exigidos por dicha norma para imponer la condena en abstracto, toda vez que no
hay pruebas que permitan concluir (i) que  la vulneración de los derechos
invocados por el demandante fue "consecuencia de una acción clara e
indiscutiblemente arbitraria", por parte de las accionadas, ni (ii)
que los demandantes requieren de una condena en abstracto, para el goce
efectivo de los derechos que invocan como vulnerados. Además, en el caso, no es la acción de tutela el mecanismo
judicial apto para la defensa de los asuntos relacionados con la propiedad,
posesión o mejoras sobre las tierras que se dejaron abandonadas al salir del
PNN de La Macarena. Los procedimientos para la recuperación de las tierras del
Parque por el Estado, y las negociaciones que pudieran darse eventualmente con
los propietarios poseedores o tenedores de las mismas, bajo el supuesto de que
los desplazados tuvieran derechos sobre tierras diferentes a las del PNN - pues
éstas últimas son bienes inenajenables, inalienables, imprescriptibles e
inembargables, según lo previsto en el artículo 63 de la Constitución -, al
igual que la reparación por posibles daños causados en virtud de un delito, son
diferentes al objeto de este amparo constitucional.
4.14.
Concluye también la
Sala que no procede la aplicación del efecto inter comunis del presente fallo,
en tanto no se dan los elementos comunes determinantes y esenciales que
permiten su aplicación. En efecto, no hay evidencia de que existan otras
personas que se encuentran en las mismas condiciones de aquellas en cuyo nombre
se interpuso la tutela, o que se hayan visto obligadas a desplazarse por el
mismo hecho generador de la vulneración de los derechos, por lo cual no se
puede darse por probado que existan otros sujetos bajo condiciones objetivas
similares a las de los accionantes.
4.15.
Finalmente,
considera la sala que, tanto las personas desplazadas por la violencia como las
víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos,  tienen derecho a
acceder a la justicia para conocer la verdad, alcanzar la justicia y lograr la
reparación de los posibles perjuicios por lo cual es necesario poner en
conocimientote la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía general de la
Nación el presente proceso para lo de su competencia.
5.
Conclusión.
5.1.
Como se dijo a lo
largo de este escrito (i) es procedente la interposición de la acción de tutela
por una organización que agrupa a los desplazados; (ii) no hay pruebas de que
la condición desfavorable de los accionantes haya desaparecido en tanto no se
ha resuelto su situación ni se ha propiciado su reubicación; (iii) es posible
que no obstante la actuación legítima del Estado y el cumplimiento debido de su
función de combatir los grupos armados organizados al margen de la Ley y el
narcotráfico, el fragor de los enfrentamientos puede generar el temor de la
población civil por las consecuencias de los mismos; (iv) los demandantes
tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación en caso de que se
demuestre que son víctimas de uno o más delitos, asunto que compete resolver a
las autoridades competentes, y (v) no hay evidencia sobre la existencia de las
condiciones que dan lugar a una condena en abstracto.
5.2.
Como consecuencia
de lo anterior, la Sala ordenará a Acción Social en coordinación con el Gobernador
del Guaviare, el Gobernado del Meta, el Alcalde Municipal de la Macarena, el
Alcalde Municipal de Mesetas, el Alcalde Municipal de Vistahermosa, el Alcalde
Municipal de San Juan de Arama, el Alcalde Municipal de Puerto Concordia, el
Alcalde Municipal de Puerto Rico, el Alcalde Municipal de la Carpa que dentro
de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia (i) adopten
las medidas necesarias para asegurar que la atención a la población desplazada
a cargo de cada entidad, y las gestiones para poder disponer de los recursos
necesarios para el efecto, (ii) inicien las acciones necesarias para evaluar la
situación de las personas en cuyo nombre se instauró la tutela que aún no han
sido inscritas en el RUPD habiendo declarado su condición y que se compruebe
haber sido desplazadas por el miedo generado en razón de los enfrentamientos
entre la Fuerza Pública y los grupos armados organizados al margen de la Ley,
orientarlas en la obtención de los beneficios a que tienen derecho por su
condición, y coordinar con las entidades encargadas de manejar la oferta
institucional para la población desplazada el otorgamiento de los beneficios
correspondientes.
5.3.
Igualmente se
ordenará a Acción Social que dentro, de los 15 días siguientes a la
notificación de esta providencia, coordine con la entidad demandante la
localización de las personas en cuyo nombre se instauró la demanda que aún no
hayan declarado su condición de desplazadas, con el fin de que se evalúe su
situación concreta para efectos de definir su inscripción o la negativa de la
misma en el Registro Único de Población Desplazada; y se garantice a quienes
tuvieren la condición de desplazados en los términos de la Ley, su inclusión en
los programas y la obtención de los beneficios pertinentes.
5.4.
Se ordenará también
el envío de copia del presente expediente a la Procuraduría General de la
Nación y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política.
RESUELVE:
Primero.  REVOCAR  el fallo proferido por el Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Jurisdiccional disciplinaria, y en su lugar tutelar los derechos fundamentales
de los accionantes en los términos previstos en esta Sentencia.
Segundo.  ORDENAR a Acción Social, en coordinación con
la Gobernación del Guaviare, la Gobernación del Meta, la Alcaldía Municipal de la
Macarena, la Alcaldía Municipal de Mesetas, la Alcaldía Municipal de
Vistahermosa, la Alcaldía Municipal de San Juan de Arama, la Alcaldía Municipal
de Puerto Concordia, la Alcaldía Municipal de Puerto Rico, la Alcaldía Municipal
de la Carpa, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
providencia: (i) adopten las medidas necesarias para asegurar que la atención a
la población desplazada a cargo de cada entidad, y las gestiones de los recursos
necesarios para el efecto; (ii) inicien las acciones necesarias para evaluar la
situación de las personas en cuyo nombre se instauró la tutela que aún no han
sido inscritas en el RUPD, habiendo declarado su condición y comprobando haber
sido desplazadas por el temor generado por los enfrentamientos entre la acción
legítima de Fuerza Pública y el accionar ilegal de los grupos armados organizados
al margen de la Ley; (iii) orienten a estas personas respecto de los beneficios
a que tienen derecho por su condición; (iv) y coordinen con las entidades
encargadas de manejar la oferta institucional para la población desplazada el
otorgamiento de los beneficios correspondientes.
Tercero. ORDENAR a Acción Social que, dentro de los 15 días siguientes a la
notificación de esta providencia, coordine con la entidad demandante la
localización de las personas en cuyo nombre se instauró la demanda y que aún no
hayan declarado su condición de desplazadas, con el fin de que se evalúe su
situación concreta para efectos de definir su inscripción o la negativa de la
misma en el Registro Único de Población Desplazada; y se garantice a quienes
tuvieren la condición de desplazados, en los términos de la Ley, su inclusión
en los programas y la obtención de los beneficios pertinentes.
Cuarto. ORDENAR que por la Secretaría General se remita copia del presente expediente
a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación,
para lo de su competencia.
Quinto. Por Secretaría General, líbrese la
comunicación a que se refiere el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ponente
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
Ver folios 200 a 202 del
cuaderno 1.
[2] Ley 387 de 1997 ARTÍCULO 32: Tendrán
derecho a recibir los beneficios las personas colombianas que se encuentren n
las circunstancias previstas en el
Artículo 1º de esta Ley y cumplan con los
siguientes requisitos:
1. Que hayan
declarado estos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales o cualquier despacho
Judicial de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad
2. Que además
remitan para su inscripción copia de la declaración de los hechos de que trata
el numeral anterior a la Dirección General Unidad Administrativa Especial de
los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que esta
entidad designe.
Parágrafo: Cuando
se establezca que los hechos declarados por quien alega la condición de
desplazado no son ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga
la presente Ley, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
[3]. Ver folios 203 a 213 del
cuaderno 1.
[4]. El INCODER es
una persona jurídica diferente e independiente del Ministerio de Agricultura,
en razón a que es un establecimiento público del orden nacional que cuenta con
personería jurídica, patrimonio autónomo e independencia administrativa
adscrito al Ministerio de Agricultura, está en capacidad de adquirir derechos y
obligaciones y de responder por las que tuvieren origen en un proceso judicial.
[5]. Ley 1152 de
2007. Artículo 38. Adiciónese a las funciones que le han sido impuestas por las
normas vigentes al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial: …
2. Adquirir directamente tierras para reubicación de población propietaria de
predios ubicados en zonas de reservas forestales o ambientales, o en zonas de
amortiguamiento de Parques Nacionales Naturales o en los terrenos de estos.
[6] Ley 1152 de
2007. Artículo 126. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional podrá otorgar subsidios o adquirir, tierras y mejoras
de propiedad privada, o los que formen parte de las entidades de derecho
público, para su adjudicación a la población afectada por el desplazamiento
forzado. Parágrafo. Las normas atinentes a este capítulo se harán extensivas a
otras víctimas de violencia armada, aún cuando no tengan la condición de
desplazadas, siempre que dicha calidad sea previa-mente certificada por la
Comisión Nacional de Reparación y Re-conciliación.
[7] Ver folios 476 al 538 del cuaderno 1.
[8] ARTÍCULO 33: En
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución Nacional, los
beneficiarios de la presente Ley, las Organizaciones No Gubernamentales y las
Entidades Oficiales encargadas de la defensa o promoción de los Derechos
Humanos, podrán ejercitar la Acción de Cumplimiento para exigir judicialmente
la efectividad de los derechos consagrados en la presente Ley.
Mientras se
desarrolla legalmente el Articulo 87 de La Constitución Nacional, la acción de
cumplimiento se tramitará de conformidad con las disposiciones de procedimiento
y de competencia consignadas en el Decreto número 2591 de 1991 sobre la acción
de Tutela.
[9] ARTÍCULO 1. DEL
DESPLAZADO. El desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar
dentro de un territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de derechos humanos, infracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterara o alteren drásticamente el orden publico.
[10] Menciona la UAEPNN que el Parque natural Nacional
Sierra de la macarena se deriva de la Reserva Biológica de la macarena creada
por la Ley 52 de 1948 y fue constituida en el marco del decreto Ley 1989 de
1989, por el cual se declara el Área de Manejo Especial de La Macarena, se
clasifica y zonifica su territorio y se definen sus límites reales ubicados en
el departamento del Meta y en la jurisdicción de los municipios de San Juan de
Arama (12.803,39 has, 2,034%), Vista Hermosa (245.706,15 has. 39,045%), Puerto
Rico (139.434,21 has 22,157%), Puerto Concordia (2.929,83 has. 0,465%), La
Macarena (139.776,6 has. 22,212%) y Mesetas (88.629,82 has. 14,08%). Señala
igualmente que el PNN La macarena está unido al occidente con el PNN Tinigua
por el corredor del Río Duda, que a su vez está unido al PNN Cordillera de Los
Picachos, permitiendo un continuo geográfico especial desde las altas cumbres
de la Cordillera Oriental hasta las tierras bajas del río Guaviare. “Estos tres
parques constituyen un corredor que va desde el páramo hasta la selva, lo que
consituye el caso de mayor representatividad altitudinal ecológica que tiene el
país y por ende reviste especial importancia geoestratégica, al punto que se
convirtió en zona de especial interés tanto para los grupos subversivos y
paramilitares, como para el narcotráfico”. (…) Así como hay un reconocimiento
de la importancia ecológica y ambiental
de esta porción del territorio nacional, también es ampliamente reconocida su
compleja problemática: Como consecuencia de varios períodos de colonización
agrícola y de cultivos de marihuana y coca, en 1989 el Ministerio de
Agricultura apoyado en estudios realizados por la Universidad Nacional,
identificó que cerca de 300.000 hectáreas se encontraban intervenidas,
especialmente entre los ríos Quejar y Cafre. Para el 2004  se reportaron cerca
de 2.707 has de cultivos ilícitos. De esta forma, el principal problema del
área protegida es el uso y ocupación, manifiesto en la expansión de la frontera
agrícola con presencia de cultivos ilícitos, caza indiscriminada,
deforestación, contaminación e incendios forestales, así como el asentamiento
que de años atrás hicieron los grupos subversivos, especialmente las FARC.
Históricamente en la región ha sido determinante la presencia y agudización del
conflicto armado que ha generado un desarrollo vial de dimensiones
preocupantes, auspiciado por ese grupo al margen de la Ley”.
[11] ARTÍCULO 3o.
POSTULANTES. Serán potenciales beneficiarios, del subsidio de que trata el
presente decreto, los hogares que cumplan las siguientes condiciones:
1. Estar conformados por personas que sean
desplazadas en los términos del artículo 1o de la Ley 387 de 1997 y cumplan con
los requisitos previstos en el artículo 32 de la misma Ley.
2. Estar debidamente registradas en el
Registro Único de Población Desplazada a que se refiere el artículo 4o del
Decreto 2569 de 2000.
[12] Ver folios 419 a
424 del cuaderno 1.
[13]
Ver folios 425 a 433 del cuaderno 1.
[14] Ver folios 434 y 435 del cuaderno 1.
[15] Ver folios 437 a 442 del cuaderno 1.
[16] Ver folio 443 del cuaderno 1.
[17] Ver folios 444 a 472 del cuaderno 1.
[18] Ver
folios 445 al 447 del cuaderno 1.
[19] Ver
folios 447 al 454 del cuaderno 1.
[20] Ver
folio 455 del cuaderno 1.
[21] Ver
folio 475 del cuaderno 1.
[22] Ver
folios 1 al 4 del cuaderno de anexos número 2.
[23] Ver
folios 5 al 7 del cuaderno de anexos 1.
[24] Ver
folios 8 al 20 del cuaderno de anexos 1.
[25] Ver
folios 22 al 44 del cuaderno de anexos 1.
[26] Ver
folios 32 al 36 del cuaderno de anexos 2.
[27] Ver
folios 29 al 31 del cuaderno de anexos 2.
[28] Ver
folios 37 al 44 del cuaderno de anexos 2.
[29] Ver
folios 1 y 2 del cuaderno de anexos 2.
[30] Ver
folios 3 al 14 del cuaderno de anexos 2.
[31] Ver
folios 7 al 11 del cuaderno de anexos 3.
[32] Ver
folios 21 al 31 del cuaderno de anexos 2.
[33] Como
ejemplos mencionó la Directiva Ministerial Permanente No. 09 de 2005 y
Directiva Ministerial Permanente no. 01 de 2006
[34] Ver
folios 232 al 245 y 247 al 269 del cuaderno de anexos número 2.
[35] Ver
folio 230 del cuaderno de anexos 2.
[36] Ver
folio 246 del cuaderno de anexos 2.
[37] Ver
folios 32 al 60 del cuaderno de anexos 2.
[38] Anexa
la Ley 57 del 14 de noviembre de 1989, por la cual se autoriza la creación de la
Financiera de Desarrollo Territorial S.A., y se dictan otras disposiciones, ver
folios 38 al 46 del cuaderno de anexos número 2.
[39] Ver
folios 61 al 104 del cuaderno de anexos 2.
[40]
Ver folios 105 al 160 del cuaderno de anexos 2.
[41]
Ver folios 161 al 197 del cuaderno de anexos 2.
[42] Ver
folios 196 al 217 del cuaderno de anexos 2.
[43] Ver
folios 198 al 217 del cuaderno de anexos 2.
[44] Ver
folios 24 al 27 del cuaderno de anexos número 1.
[45] Ver
folios 28 y 29 del cuaderno de anexos número 1.
[46] Ver
folios 7 al 23 del cuaderno de anexos número 1.
[47] Ver folios
30 al 39 del cuaderno de anexos número 1.
[48] Ver
folios 40 al 44 del cuaderno de anexos número 1.
[49] Ver
folios 45 al 50 del cuaderno de anexos número 1.
[50] Ver
folios 51 al 55 del cuaderno de anexos número 1.
[51] Ver
folios 56 al 60 del cuaderno de anexos número 1.
[52] Ver
folio 61 del cuaderno de anexos número 1.
[53] Ver
folios 62 al 64 del cuaderno de anexos número 1.
[54] Ver
folios 65 y 66 del cuaderno de anexos número 1.
[55] Ver
folio 67 del cuaderno de anexos número 1.
[56] Ver
folios 68 al 79 del cuaderno de anexos número 1.
[57] Ver
folios 80 al 83 del cuaderno de anexos número 1.
[58] Ver
folio 83 del cuaderno de anexos número 1.
[59] Ver
folio 84 del cuaderno de anexos número 1.
[60] Ver
folio 85 del cuaderno de anexos número 1.
[61] Ver
folio 86 del cuaderno de anexos número 1.
[62] Ver
folios 87 al 127 del cuaderno de anexos número 1.
[63] Ver
folios 140 al 141 del cuaderno de anexos número 1
[64] Ver
folio 150 del cuaderno de anexos número 1.
[65] Ver
folio 151 del cuaderno de anexos número 1
[66] Ver
folios 128 y 129 del cuaderno de anexos número 1.
[67] Ver
folios 130 y 133 del cuaderno de anexos número 1
[68] Ver
folio 134 del cuaderno de anexos número 1.
[69] Ver
folios 135 y 136 del cuaderno de anexos número 1.
[70] Ver
folios 137 al 139 del cuaderno de anexos número 1.
[71] Ver
folio 143 del cuaderno de anexos número 1.
[72] Ver
folio 146 del cuaderno de anexos número 1.
[73] Ver
folio 147 del cuaderno de anexos número 1.
[74] Ver
folio 149 del cuaderno de anexos número 1.
[75] Ver
folio 148 del cuaderno de anexos número 1.
[76] Ver
folios 219 al 247 del cuaderno 1.
[77] Ver
folios 248 al 252 del cuaderno 1.
[78] Ver
folios 253 al 257 del cuaderno 1.
[79] Ver
folios 258 al 263 del cuaderno 1.
[80] Ver
folios 264 al 267 del cuaderno 1.
[81] Ver
folio 269 del cuaderno 1.
[82] Ver
folios 304 al 306 del cuaderno 1.
[83] Ver
folio 307 del cuaderno 1.
[84] Ver
folios 308 y 309 del cuaderno 1.
[85] Ver
folio 310 del cuaderno 1.
[86] Ver
folios 318 al 321 del cuaderno 1.
[87] Ver
folios 322 y 223 del cuaderno 1.
[88] Ver
folio 325 del cuaderno 1.
[89] Ver
folios 326 al 336 del cuaderno 1.
[90] Ver
folio 337 del cuaderno 1.
[91] Ver folios 345 a 394 del cuaderno 1.
[92] Ver folios 444 a 472 del cuaderno 1.
[93] Ver
folios 445 al 447 del cuaderno 1.
[94] Ver
folios 447 al 454 del cuaderno 1.
[95] Ver
folio 455 del cuaderno 1.
[96] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[97] Folios 407 a 417 del
cuaderno del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca..
[98] En la Sentencia
T-730 de 2003 M.P. jaime Córdoba Triviño la Corte dijo:
“2.  Por una
parte, si la acción de tutela pudiera interponerse varios años después de
ocurrido el agravio a los derechos fundamentales, carecería de sentido la
regulación que el constituyente hizo de ella.  De esa regulación se infiere que
el suministro del amparo constitucional está ligado al principio de inmediatez,
es decir, al transcurso de un prudencial lapso temporal entre la acción u
omisión lesiva de los derechos y la interposición del mecanismo de protección.
Nótese que el constituyente, para evitar dilaciones que prolonguen la
vulneración de los derechos invocados y para propiciar una protección tan
inmediata como el ejercicio de la acción, permite que se interponga
directamente por el afectado, es decir, sin necesidad de otorgar poder a un
profesional del derecho; orienta el mecanismo al suministro de protección
inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento preferente y sumario; dispone
que la decisión se tome en el preclusivo término de diez días; ordena que el
fallo que se emita es de inmediato cumplimiento y, cuando se dispone de otro
medio de defensa judicial, permite su ejercicio con carácter transitorio para
evitar un perjuicio irremediable”.
[99] Sentencia T-900 de 2004,
M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada  por esta Sala en Sentencias  T- 541, T-
675 y T- 678 todas de 2006, entre otras..
[100] Sentencia T- 678 de 2006.,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[101] Sentencia T-109 de 2006
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[102] Sentencia T-173
de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[103] Sentencias T-678 y 1009 de 2006 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
[104] [Cita del aparte transcrito] Cr. Por ejemplo la
Sentencia T- 1110 de 2005 (F.J # 46), entre otras.
[105] T-158 de 2006
[106] Sentencia T-1109 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[107] Sentencia T-821 de 2007, MP: Catalina Botero Marino.
[108] Sentencia T-078 de 2004, MP: Clara Inés Vargas
Hernández.
[109] Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y
Social (ECOSOC) de la ONU.
[110] M.P. Rodrigo Escobar Gil
[111] Sentencia T-630 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto
[112] Sentencia T-327 de 2001, MP: Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[113] ] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[114]  Ver al respecto la Sentencia T-327 de 2001 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[115] Al respecto, pueden consultarse las Sentencias
C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-04 de 1994 M.P. Jorge
Arango Mejía, T-033 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, SU-256 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa, T-375 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-403 de 1994, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, T-171 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-170
de 1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T-095 de 1994 T-673 de 2000 M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[116]
Sentencia T-403 del 14 de 1994. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo
[117] Ver
folios 30 al 39 del cuaderno de anexos número 1.
[118] Ver
folios 45 al 50 del cuaderno de anexos número 1.
[119] Folio 31 anexo 1
[120] Folio 34 anexo 1
[121] Folio 37 anexo 1
[122] Folio 43 anexo 1
[123] Ejército Nacional
[124] UAEPNNN