T-344-01
Sentencia T-344/01
Sentencia T-344/01
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Cónyuge en representación de esposo enfermo
PLAN
OBLIGATORIO DE SALUD-Exclusiones y limitaciones
PLAN
OBLIGATORIO DE SALUD-Periodos de carencia
ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD-Repetición contra el FOSYGA
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD-Cirugía de próstata
Referencia: expediente T-384335
Acción de tutela de
María Consuelo Pantoja Medina contra CAJANAL E.P.S. Seccional Huila, por una
presunta violación de los derechos a la vida y a la salud.
Temas:
Agencia oficiosa de
hecho, cuando el afectado está gravemente enfermo.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME ARAUJO
RENTERÍA
Bogotá, D.C., treinta (30) de
marzo de dos mil uno (2001).
La Sala Primera de Revisión de
tutelas de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Jaime Araujo
Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Manuel José Cepeda Espinosa, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del
fallo adoptado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, dentro de la
acción de tutela instaurada por María Consuelo Pantoja de Medina contra CAJANAL
E.P.S. Seccional Huila.
I.  ANTECEDENTES
La actora se encuentra afiliada
al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de CAJANAL E.P.S.
desde el 1º de marzo de 1996.
Su esposo, beneficiario en esa
relación, padece de adenocarcinoma de próstata, y ha sido tratado por Cajanal a
través de la Liga de Lucha Contra el Cáncer.  Él fue valorado el 14 de junio
por el Urólogo, quien le ordenó la práctica de una cirugía denominada
NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA;  al momento de la formulación de la tutela
(agosto 10 de 2000) la IPS correspondiente no había ordenado dicha cirugía,
toda vez que el coordinador médico de la IPS le informó a la cónyuge del
paciente que ese procedimiento no estaba incluido en el POS, y que por ende, ni
la IPS ni la EPS estaban en la obligación de realizarlo.
Prosigue la peticionaria
diciendo que la situación del paciente se agrava día a día, y que ni él ni ella
cuentan con los medios económicos para asumir el costo de la operación. Por
tanto ella, en nombre de su esposo, solicita la protección de los derechos a la
salud, a la vida y a la seguridad social, a través de una orden para que la IPS
y/o la EPS, según sea el caso, realicen inmediatamente la intervención ordenada
por el urólogo.
I.  DECISION JUDICIAL QUE SE REVISA
El Juzgado 1o Penal del Circuito de Neiva
negó la tutela fundándose en que la esposa del afectado no estaba autorizada
para solicitar la protección;  pues a su modo de ver, el sentido del artículo
10 del D.2591/91 está encaminado a que “la Acción de Tutela sea ejercitada
preferencialmente por la persona afectada o por quien ésta designe como su
representante, en atención a la calidad de ser (sic) de los derechos
fundamentales, personales e intransferibles, reservando la agencia oficiosa a
un caso muy particular cuál (sic) es aquel en que la persona no pueda
por sí misma acudir en su defensa, debiéndose precisar la razón para ello”
Así las cosas, bajo el entendido de que la
actora no hizo manifestación expresa sobre la imposibilidad de su esposo para
asumir la defensa de sus derechos, culminó el juzgado de instancia denegando la
protección de los derechos invocados aduciendo falta de legitimidad de la
solicitante.
III. CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
A. Competencia
La Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo proferido en el trámite de este proceso en
virtud de lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Carta Política.
Corresponde a la Sala Primera de Revisión de Tutelas adoptar la decisión
respectiva, según el reglamento interno y el auto de la Sala de Selección
Número Once del diez (10) de noviembre de dos mil (2000).
Agencia oficiosa en tutela
El juez de instancia negó la tutela porque
consideró que la esposa del afectado no estaba legitimada para interponer la
demanda.
El artículo 10 del decreto 2591 de 1991
prevé la agencia oficiosa para los eventos en que el titular de los derechos no
esté en condiciones de promover su propia defensa, caso en el cual deberá
manifestarse tal circunstancia en la solicitud.  Lineamiento que a su vez debe
acompasarse con la prevalencia del derecho sustancial que la Constitución
instauró a términos de su artículo 228, de suerte que para el presente caso,
pese a que la señora Maria Consuelo Pantoja de Medina omitió hacer tal
manifestación en forma expresa, dada la gravedad de los hechos el juez no debió
desestimar la procedencia de la pretensión.  Por lo demás, siendo evidente que
en materia de tutela no existen fórmulas sacramentales, en autos consta que la
señora se refirió al padecimiento cancerígeno que agobiaba la próstata de su
esposo, anotando en lo pertinente: “con esta nueva enfermedad mi esposo se
ha sentido con mucho dolor y en su estado general ha disminuido mucho,
comprometiéndolo cada vez más, hasta el punto de que el dolor le dificulta su
movilidad” (sic).
Desde luego que dentro de una correcta
inteligencia del asunto, dada la gravedad de los hechos, no hacían falta
explicaciones adicionales para reconocer la presencia material de la agencia
oficiosa a despecho de todo formalismo inocuo.  Siendo del caso observar que a
instancias del poder interpretativo que al juez le asiste frente a la
integralidad de la demanda, mal podía el juez de instancia ceñirse
dogmáticamente a la geometría de un requisito que en último término fue
cumplido por la actora, proscribiendo así cualquier estudio de fondo sobre los
hechos judicializados.
Por lo mismo, dada la naturaleza de los
hechos denunciados por la actora, la Sala reitera la tesis sostenida por esta
Corporación en torno a los servicios no comprendidos en el Plan Obligatorio de
Salud, que en lo pertinente dice:
"3- En
reiterada jurisprudencia, esta Corte ha señalado que, salvo en el caso de los
niños, el derecho a la salud no es fundamental, pero puede adquirir, por
conexidad, ese carácter, si la ausencia de un tratamiento pone en peligro un
derecho fundamental de la persona, y en especial el derecho a la integridad
física y a la vida en condiciones dignas. Por ello, esta Corporación ha
señalado que procede que el juez de tutela ordene “la prestación de los
servicios de salud, a los cuales las personas no tienen el derecho fundamental
a acceder, cuando sin ellos se haría nugatoria la garantía a derechos
constitucionales fundamentales como la vida y la integridad personal, pues
frente a estos derechos, inherentes a la persona humana e independientes de
cualquier circunstancia ajena a su núcleo esencial, no puede oponerse la falta
de reglamentación legal (decisión política) o la carencia de recursos para
satisfacerlos.[1]”
"4- En ese
orden de ideas, y siguiendo los anteriores lineamientos jurisprudenciales, esta
Corporación también tiene bien establecido que la existencia de exclusiones y
limitaciones al Plan Obligatorio de Salud (POS) es también compatible con la
Constitución, ya que representa un mecanismo para asegurar el equilibrio
financiero del sistema de salud, teniendo en cuenta que los recursos económicos
para las prestaciones sanitarias no son infinitos[2]. Sin
embargo, en determinados casos concretos, la aplicación rígida y absoluta de
las exclusiones y limitaciones previstas por el POS puede vulnerar derechos
fundamentales, y por eso esta Corporación ha inaplicado la reglamentación que
excluye el tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea
suministrado, y evitar, de ese modo, que una reglamentación legal o
administrativa impida el goce efectivo de garantías constitucionales y de los
derechos fundamentales a la vida y a la integridad  de las personas[3]. Sin
embargo, no en todos los casos procede la inaplicabilidad de las disposiciones
legales o reglamentarias sobre la materia, pues no siempre ellas significan
vulneración de derechos constitucionales fundamentales. En efecto, se requiere
que la falta del medicamentos o tratamientos excluidos  por la reglamentación
legal o administrativa, amenace los derechos constitucionales fundamentales a
la vida o a la integridad personal del interesado,[4] pues no
se puede obligar a las Entidades Promotoras de Salud a asumir el alto costo de
los medicamentos o tratamientos excluidos, cuando sin ellos no peligran tales
derechos.
"Por ende, y
siguiendo, mutatis mutandi, los criterios establecidos por esta Corte en los
casos de períodos de carencia, la Corte recuerda que la aplicación sin
contemplaciones de las limitaciones y exclusiones previstas en las regulaciones
que definen el POS vulnera el derecho constitucional a la vida y a la
integridad física, de quien necesita el tratamiento no incluido en el POS,
cuando (i) la falta del tratamiento vulnera o amenaza los derechos a la vida y
a la integridad física de quien lo requiere;  (ii) ese tratamiento no puede ser
sustituido por otro que se encuentre incluido en el POS; (iii) el interesado no
puede directamente costear el tratamiento ni las sumas que la E.P.S. se
encuentra autorizada legalmente a cobrar y no puede acceder al tratamiento por
otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el tratamiento ha sido prescrito
por un médico adscrito a la E.P.S. de quien se está solicitando el tratamiento.
"En tales
eventos, la EPS se encuentra obligada a prestar el servicio, pero, como es
obvio, y para preservar su equilibrio financiero, tiene derecho a repetir
contra el Estado, específicamente contra el Fondo de Solidaridad y Garantía,
FOSYGA, tal y como esta Corporación lo ha señalado en sentencias precedentes.
"5- Además,
esta Corporación ha aclarado que por afectación a la vida no debe tenerse en
cuenta únicamente la amenaza inmediata de la muerte del paciente sino también
otros factores que perturben profundamente la posibilidad de mantener una
existencia digna. Así, en la sentencia T-860 de 1999, MP Carlos Gaviria Díaz,
esta Corte  dijo al respecto:
"La
jurisprudencia constitucional, así mismo, ha condenado enfáticamente la
resistencia a proteger el referido derecho cuando el demandante en acción de
tutela, como lo sostuvieron los jueces de instancia en este proceso, no ve
comprometida su vida, es decir, no se halla al borde de la muerte. También en
reiteradas ocasiones, la Corte ha manifestado que no tiene sentido esperar tan
indeseable límite para hacer efectiva una garantía constitucional, pues ello
significa, además, una falta al deber de solidaridad dispuesto en el artículo
95 de la Constitución Política (Sentencia T-560 de 1998).
"La negativa
a proteger el derecho a la vida, el más fundamental de todos, solamente puede
resultar de un examen riguroso de todas las circunstancias planteadas en el
proceso y de que el juez de tutela tenga la seguridad absoluta de que el mismo,
con todas sus implicaciones, no se encuentra amenazado o violado; más (sic)
cuando la discusión al respecto surge de falta de atención en salud, pues, en
estos casos, los demandantes generalmente se encuentran en estado de debilidad
manifiesta y, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución, deben
recibir un trato especial por parte de las autoridades de la República”.[5]
En el caso de autos
está demostrado: que la falta del tratamiento solicitado vulnera los derechos a
la vida y a la integridad física del señor Euclides Medina Perdomo;  que no hay
certeza en cuanto a que ese tratamiento pueda ser sustituido por otro que se
encuentre incluido en el POS;  que la actora ni su esposo están en condiciones
de costear el tratamiento ni las sumas que la E.P.S. se encuentra legalmente
autorizada a cobrar, y que además no pueden acceder al tratamiento por otro
plan distinto que los beneficie;  que el tratamiento ha sido prescrito por un
médico autorizado por CAJANAL E.P.S.
Consecuentemente la
Sala accederá a lo solicitado ordenándole a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
E.P.S. - Seccional Huila realizar la cirugía suplicada en la demanda, pudiendo
al efecto la entidad repetir contra el FOSYGA en procura del reintegro
correspondiente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva, por la cual se le
negó a Consuelo Pantoja de Medina la tutela de los derechos invocados.
Segundo. En su lugar, CONCEDER a la
actora en representación del señor Euclides Medina Perdomo, la tutela de los
derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social.
Tercero. Ordenar a la CAJA NACIONAL DE
PREVISIÓN E.P.S. - Seccional Huila, si no lo ha hecho a la fecha, que proceda a
practicarle al señor Euclides Medina Perdomo la cirugía denominada
NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia.
Cuarto. La CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
E.P.S. - Seccional Huila podrá repetir lo que desembolse por concepto de este fallo
contra la cuenta correspondiente del Fondo de Solidaridad y Garantía del
sistema general de seguridad social en salud.
Quinto. Por Secretaría, líbrese la
comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase, e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T-939 de 1999. MP Carlos
Gaviria Díaz.  En el mismo sentido, ver la sentencia T-498 de 1998.
[2] Ver, entre otras, las sentencias SU-480
de 1997 y SU-819 de 1999.
[3] Corte Constitucional. Sentencias
T-114/97; T-640/97 y T-784/98.
[4] Corte Constitucional, Sala Plena,
sentencia SU-111 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] Sentencia T-1176 ce 2000.