T-564-03
SENTENCIA T-
Sentencia T-564/03
DERECHO A LA SALUD-Prueba de la incapacidad económica para
asumir tratamiento/REGIMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD-Prueba de la
incapacidad económica para asumir tratamiento
CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL-Falta de diligencia en la atención de
usuarios
No se observa dentro del expediente
que Cajanal hubiera realizado trámite alguno ante el Comité Técnico Científico
en busca de que se le aprobara al paciente el medicamento excluido del POS o
que en su defecto se ordenara el genérico incluido en el POS, actitud que
muestra falta de diligencia y desidia en la atención de los usuarios, más aún,
cuando ni siquiera se dio a la tarea de contestar el requerimiento hecho por el
despacho judicial.
DERECHO A
LA SALUD DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Protección
ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD-Suministro de medicamentos por
falta de recursos económicos del usuario/ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD-Repetición
contra el Fosyga
Referencia: expediente T-725152
Acción de tutela instaurada por Pablo Lara
Contreras contra la E.P.S. Cajanal Seccional Bogotá.
Procedencia: Juzgado 53 Penal del Circuito
de Bogotá
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil tres
(2003).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel
José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo adoptado en junio
cinco (5) de dos mil dos (2002), por el Juzgado 53 Penal del Circuito de
Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Pablo Lara
Contreras contra Cajanal Seccional Bogotá.
La Sala de Selección No. 4 de la Corte Constitucional,
por auto de abril veinticinco (25) de dos mil tres (2003), seleccionó, para
efectos de su revisión, el fallo de la referencia.  El expediente llegó a la
Corte Constitucional, por remisión que hizo el Juzgado 53 Penal del Circuito de
Bogotá, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES.
El actor reside en Codazzi – Cesar y recibe atención
médica en la E.P.S. Cajanal de esa ciudad, sin embargo al presentar esta acción
de tutela, lo hizo contra Cajanal Seccional Bogotá, motivo por el cual en
virtud de lo estatuido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se remitió
el proceso por competencia a los juzgados de reparto en Bogotá.
1. Hechos.
Tal como lo manifiesta el actor, es pensionado del ICA
desde 1992 y tanto él como su familia dependen económicamente de la pensión de
jubilación y a su vez, recibe atención en salud por parte de la E.P.S. Cajanal
Seccional Codazzi.
Expresa el actor que presenta insuficiencia cardiaca
siendo diagnosticado con  enfermedad coronaria severa de dos vasos y angina
inestable, por lo cual, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en 1999 de una
revascularización miocárdica.  En abril de 2002, tuvo una grave recaída
recibiendo atención inmediata en la Clínica Cooinsalud de Valledupar entidad
adscrita a Cajanal.  El médico que lo trató para ese momento, le ordenó el
medicamento Amilodipino por 5 mg y posterior control, pero la entidad demandada
no expidió la autorización para el suministro del medicamento bajo el argumento
de encontrarse excluido del plan obligatorio de salud.
2. Pretensiones y derechos presuntamente vulnerados.
Considera el actor que la E.P.S. Cajanal
le está vulnerando los derechos a la seguridad social, a la vida y por
conexidad a la salud, al no autorizar y entregar el medicamento que necesita su
enfermedad cardiaca.  Por ello, solicita suministro del medicamento amilodipino
x 5 mg.
3. Sentencia motivo de revisión.
Mediante sentencia de junio cinco (5) de
dos mil dos (2002), el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá no encontró
acreditada la amenaza contra la vida, ni el mínimo vital del actor,
estableciendo que en el desarrollo de la acción de tutela quedó probada la
mediana capacidad económica, que de manera racional y en forma provisional le
permite concurrir personalmente a la compra del medicamento amilodipino x 5 mg,
conforme a lo prescrito por el médico tratante, cuyo costo fue informado por un
profesional de la salud vinculado a la Subdirección de Salud de la E.P.S.
Cajanal, oscilando entre $57.000 a $115.000 por mes, cifra que no alteraría
completamente las finanzas del actor, máxime cuando se vislumbra que tal gasto
es provisional.
Adujo el despacho judicial que el servicio demandado
por el actor se funda en la aplicación de un marco legal que regula la
actividad de la entidad prestadora del servicio de salud Cajanal, especialmente
las relativas al régimen contributivo de seguridad social en salud, motivo por
el cual es un tema no ventilable en vía de tutela.
Expresa que se trata de un conflicto contractual o del
servicio para cuya solución ha de acudirse a la Superintendencia de Salud,
resultando que existe otro medio de defensa.  Aclara además, que se debe agotar
un trámite previo, cual es en el presente caso, la solicitud formal por parte
del paciente ante la E.P.S. a la que se encuentra vinculado, para que el Comité
Técnico Científico  estudie la posibilidad de reemplazo del medicamento “no
POS” por otro que si lo sea.
En vista de que el actor no demostró su incapacidad
económica para soportar periódicamente los valores de la droga excluida del
POS, toda vez que quedó establecido que goza de una pensión que supera el
salario mínimo legal mensual vigente ($400.873) y el valor promedio del
medicamento no es una suma desmesurada en comparación con su capacidad de pago,
se dispuso que el medicamento sea cancelado provisionalmente por el actor hasta
tanto el Comité Técnico Científico de la E.P.S. Cajanal cambie el medicamento
no incluido en el POS por el homólogo (nicedipina de 10 mg) u otro, incluido en
el plan obligatorio de salud y si ello no fuera posible, la E.P.S. Cajanal,
proceda al suministro del Amilopidino, por la vía de recobro ante el Fosyga,
respecto de la diferencia de los valores entre los dos medicamentos, siempre y
cuando el actor demuestre su incapacidad de pagar la diferencia de estos
precios.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala Segunda de Revisión es competente para decidir
sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 241, numeral 9°, de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de
1991.
Segunda. El asunto objeto de discusión.
Para el despacho judicial de conocimiento resultó
determinante para negar la acción de tutela interpuesta por el señor Pablo
Lara, el hecho de no haber demostrado su capacidad económica para costear
mensualmente el medicamento ordenado por el médico tratante, situación por la
cual, la Sala de Revisión debe decidir si, el argumento por el cual se negó la
protección  solicitada vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad
social del actor.
Tercera. Prueba de la incapacidad
económica del paciente no puede impedir que se protejan derechos fundamentales
a la salud en conexidad con la vida.
La Corte Constitucional ha plasmado en
su jurisprudencia que quien pertenezca al régimen contributivo, para acceder a
los beneficios excluidos del plan obligatorio de salud, debe demostrar su
incapacidad económica para asumirlos, debe establecer la necesidad del
tratamiento que permita garantizar sus derechos a la salud y a la vida y que la
orden haya sido impartida por el médico tratante adscrito a la entidad
promotora de salud
La sentencia de unificación 819 de 1999
se refiere a la necesidad de demostrar la capacidad de pago para acceder a los
beneficios que se encuentran excluidos del plan obligatorio de salud, en los
siguientes términos:
" i) El usuario debe acreditar su
falta de capacidad de pago total o parcial para financiar el procedimiento o
medicamento. Para este efecto, por falta de capacidad de pago se debe entender
no sólo la ausencia de recursos personales, sino la de mecanismos alternativos
de protección, como las pólizas de seguro o los contratos de medicina
prepagada, cuando el usuario posea tales beneficios y esté en capacidad legal
de exigir las correspondientes prestaciones asistenciales y económicas
derivadas de la incapacidad.
De otra parte, la preservación de los
derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del Estado social de
derecho, impone tanto al juez de tutela, cuando se acuda a este mecanismo para
obtener la defensa del derecho a la salud y por conexidad a la vida, como a las
autoridades gubernamentales, representadas por el Ministerio de Salud a través
del Fondo de Solidaridad y Garantía, el deber de solicitar a las autoridades o
al afiliado la remisión de la información tributaria, crediticia y laboral que
permita confirmar el estado de necesidad y la imposibilidad de pago. Es que no
puede olvidarse que en estos supuestos, se están utilizando los recursos de la
sociedad, limitados y normalmente escasos, con riesgo al equilibrio del sistema
mismo de seguridad social en salud.
Finalmente, no sobra reiterar que conforme
a la Constitución Política, la protección del derecho a la vida incumbe no sólo
al Estado, o a la organización que éste establezca, según el sistema acogido,
sino también a la sociedad y a los propios titulares del derecho
fundamental." [1]
Así las cosas, no cabe duda que, resulta necesario que
para mantener la estabilidad financiera de las E.P.S. y en general del sistema
de salud contributivo, los afiliados que tengan capacidad de pago para costear
tratamientos o medicamentos que se encuentran fuera del plan obligatorio de
salud, cubran el valor que les corresponda.  Sin embargo, la misma Corte ha
contemplado la excepción a esta regla, frente a situaciones donde aún el
cotizante o beneficiario perteneciendo al sistema contributivo cuentan
únicamente con medios económicos necesarios para subsistir con sus familias[2].
Por esta razón, no le corresponde al juez
constitucional generalizar la aplicación de la norma hasta tanto, individualice
la situación planteada. Sobre el tema, la sentencia T-048 de 2003 haciendo
referencia a otros fallos emitidos por esta Corporación, señaló:
“... en la sentencia T-421 de 2001 con
relación a la carga de la prueba, se dijo: ’hora bien, interesa resaltar, en
punto a la verificación de los hechos capaces de dar nacimiento al derecho de
invocar la protección del juez constitucional, que la carga de su demostración
no recae exclusivamente en el actor, puesto que al fallador le corresponde
desplegar una actividad sin límites, con miras a alcanzar la convicción que
requiere el emitir órdenes precisas e inmediatas tendientes al restablecimiento
de los derechos fundamentales conculcados, como también para dejar de hacerlo.’
La Corte
Constitucional se ha referido a la acreditación de la falta de capacidad de
pago de los servicios que prestan las E.P.S., en la sentencia de unificación 819
de 1999 y la retoma en la jurisprudencia T-170/02, así: ‘3.3. Ahora bien,
incluso si se tuviese en cuenta el argumento de la capacidad de pago de la
paciente, es inadmisible la suspensión del servicio. Como se mostró, la
jurisprudencia se ha preocupado por separar las discusiones de orden
constitucional de las de nivel legal que puedan afectar el goce de un derecho
fundamental, tales como a quién corresponde financiar el medicamento, quién es
responsable de prestar el servicio o quién debe asumir el costo del mismo, por
ejemplo.’ ”
Bajo los argumentos constitucionales
expuestos, la Sala de Revisión estudiará el caso concreto del señor Pablo Lara
Contreras.
El actor es una persona de 70 años de
edad, que bajo la gravedad del juramento manifestó en la demanda de tutela que,
su único sustento y con el que sostiene a su familia, lo constituye la pensión
que recibe por valor de $400.873, tal como lo certificó el Consorcio Fopep
mediante oficio dirigido al despacho judicial en junio 12 de 2002, folio 26.
De acuerdo con el resumen de la historia
clínica del paciente que reposa en el expediente se observa que presenta
enfermedad coronaria de dos vasos y angina inestable; para marzo de 1999 se le
practicó una revascularización miocárdica, se recomendó controles periódicos
con el cardiólogo y el suministro de los medicamentos ranitidina, ASA,
dinitrato de isosorbide, acetaminofes, N-Acetil cisteina, cascara sagrada,
amilodipino, metropolol, furosemida, lovastatina y cefradina.  Todos los
medicamentos han sido entregados por Cajanal excepto la droga amilodipino al
considerarse que se encuentra fuera del plan obligatorio de salud.
El despacho judicial menciona en el
fallo de tutela que sostuvo comunicación telefónica con una profesional de la
medicina vinculada a la Subdirección de Salud de la E.P.S. Cajanal, experta en
el manejo de medicamentos POS y NO POS, quien estableció que el medicamento
objeto de la presente acción amilodipino, efectivamente se encuentra excluido
del POS y que según la formulación hecha la dosis es de 30 tabletas de cinco
miligramos, los precios en el comercio pueden oscilar de acuerdo con el
laboratorio de producción entre $57.000 y $115.000.
Precisó la misma profesional de la
medicina que el medicamento para el paciente se constituye en un
antihipertensivo y que su homólogo dentro de los medicamentos del plan
obligatorio de salud es nicedipina de 10 miligramos, droga por la que
eventualmente podrá ser reemplazada de acuerdo con lo que establezca el Comité
Técnico Científico, quien debe estudiar la suerte del paciente.
No se observa dentro del expediente que
Cajanal hubiera realizado trámite alguno ante el Comité Técnico Científico en
busca de que se le aprobara al paciente el medicamento excluido del POS o que
en su defecto se ordenara el genérico incluido en el POS, actitud que muestra
falta de diligencia y desidia en la atención de los usuarios, más aún, cuando
ni siquiera se dio a la tarea de contestar el requerimiento hecho por el
despacho judicial.
La conducta asumida por la entidad
demandada vulnera en forma efectiva los derechos a la salud, a la vida y a la
dignidad humana del señor Lara Contreras ya que no se tuvo en cuenta que es un
adulto mayor, que tiene protección constitucional, tal como lo dice la
sentencia T-296 de 2003: “También ha señalado la jurisprudencia que en el
caso de las personas de la tercera edad, ese derecho a la salud se torna
fundamental de manera autónoma en virtud de la especial protección que la Carta
Política da a las personas que se encuentren en dichas circunstancias y su
particular conexidad en ese evento con los derechos a la vida y a la dignidad
humana[3].
El juez debe tener presente que la vida no
puede ser entendida sólo como la existencia biológica o la simple conservación
de los signos vitales sino que ésta se encuentra directamente relacionada con
la dignidad de la persona. El ser humano tiene derecho a gozar de una vida
digna, es decir, a poder desarrollar todas las facultades que como ser humano
le son inherentes. De tal manera que el derecho fundamental a la vida puede
resultar violado y como tal merece ser protegido por vía de tutela cuando se
desconoce el derecho de la persona a tener una vida digna[4].”
No obstante lo anterior, la razón por la
cual el despacho judicial negó la protección solicitada, fue la falta de prueba
para demostrar la incapacidad económica  del actor para costear el valor de los
medicamentos mensualmente.
Como se advirtió jurisprudencialmente, el
usuario del servicio de salud que cuente con recursos económicos para comprar
los medicamentos que no estén en el listado de cobertura del POS deben ser
asumidos por ellos, sin embargo, “se deberá tener en cuenta, aquella parte de
los ingresos que se pueden tomar del flujo de ingresos mensuales del usuario,
sin menoscabar aquellos destinados para vivienda, educación, seguridad social
(aportes para salud y pensiones), y demás elementos que permitan asegurar una
subsistencia digna, como la alimentación y el vestuario”[5].
En el caso del señor Lara, como ya se
mencionó, es una persona de 70 años de edad que subsiste junto con su familia
de $400.873 que recibe de pensión y además, padece de un problema cardiaco
severo.  Así las cosas, quizá el actor pueda asumir el costo del medicamento un
mes, pero al tener que soportar la carga todos los meses se pueden ver
afectadas sus necesidades básicas.
En conclusión, tal y como quedó comprobado
en el expediente, el actor es una persona de la tercera edad, padece de una
enfermedad cardiaca, le fue ordenado el medicamento amilodipino por 5 mg., el
mismo que no ha sido suministrado por la E.P.S. Cajanal y por último, al ser
cierta la información telefónica obtenida por un funcionario de la entidad
demandada, encargado del manejo de medicamentos POS y NO POS, el valor de la
droga, cubriría la cuarta parte del ingreso mensual del actor, cada vez que se
agote la caja de 30 cápsulas.
En estas condiciones,
se concederá la protección de los derechos reclamados, señalando que por la
falta de recursos económicos, los costos del medicamento requerido por el señor
Pablo Lara Contreras, deberán en primera instancia, ser asumidos por la Entidad
Promotora de Salud Cajanal Seccional Cesar a la que está afiliado, quien tendrá
la acción de repetición contra del Estado, para recuperar aquellos valores que
legalmente no estaba obligada a sufragar.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR el fallo proferido en junio cinco (5) de dos
mil dos (2002), por el Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la
acción de tutela instaurada por el señor Pablo Lara Contreras contra la E.P.S.
Cajanal Seccional Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de este
fallo. En consecuencia, se CONCEDE el amparo solicitado por el actor, en
los términos de esta sentencia.
Segundo: ORDENAR al representante legal de la empresa promotora de
salud Cajanal de Bogotá que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas,
siguientes a la notificación de esta sentencia, autorice a la Seccional Cesar,
donde reside y a la que se encuentra afiliado el actor, suministre el
medicamento amilodipino por 5 mg. y se preste toda la atención médica que la
enfermedad del actor requiera de acuerdo con la prescripción médica respectiva.
Así mismo, si la E.P.S. Cajanal lo
considera necesario puede repetir contra el Fondo de
Solidaridad Social en Salud (Fosyga), lo que pague en cumplimiento con lo
establecido en la presente sentencia.
Tercero: Por Secretaria General, líbrense las comunicaciones
de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR:
El Honorable
Magistrado doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente sentencia,
por encontrarse con permiso concedido con anterioridad.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En
esta ocasión, la Corte concedió la tutela al derecho a la salud en conexidad
con la vida de un menor de edad a quien la el médico tratante de la E.P.S.
había remitido al exterior para un transplante de médula, entre otros
argumentos, puesto que estaba probado que su padre tenía múltiples obligaciones
financieras por cubrir y con sus ingresos mensuales le era imposible costear la
parte del tratamiento no cubierto por la E.P.S.
[2]
Ver sentencia reciente sobre incapacidad económica para costear medicamentos
excluidos del P.O.S. T-366, T-369 y T-393 de 2003 entre otras.
[3]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-995 de 2002, ya citada. Ver las
sentencias T-036 del 8 de febrero de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) y T-04 del
17 de enero de 2002 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[4]
Ver al respecto las sentencias T-067 del 22 de febrero de 1994 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), T-271 de 1995, ya citada, T-572 del 11 de agosto
de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-926 del 18 de noviembre de 1999 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz).
[5] Parte
final de la sentencia SU-819 de 1999.