T-563-19
Sentencia T-563/19
ACCION DE TUTELA PARA EL SUMINISTRO Y PAGO DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS
NO COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS, DIRIGIDAS A NIÑOS CON PRESUNTAS
ALTERACIONES FISICAS, SENSORIALES O COGNITIVAS-Improcedencia
Referencia: Expedientes T-2893757 y otros
Asunto: Acción de tutela para el suministro y pago de
terapias especializadas no comprendidas en el Plan de Beneficios, dirigidas a
niños con presuntas alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá,
D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos de tutela dictados en los procesos de la
referencia
I.
ANTECEDENTES
En
el presente proceso judicial se acumularon 37 acciones de tutela que abordan
una misma problemática[1]. El debate constitucional
gira en torno a la situación de niños diagnosticados con distintas alteraciones
y afectaciones físicas, sensoriales y cognitivas, que, a través de sus padres o
acudientes, pretenden acceder a tratamientos especializados por cuenta del
sistema público de salud, cuando las prescripciones médicas, las tecnologías en
salud y los proveedores de los servicios se sustraen del sistema, esto es,
cuando el tratamiento es ordenado por médicos particulares, las prestaciones
requeridas no hacen parte del Plan de Beneficios[2], y las instituciones de
salud o las IPS que las proporcionan no hacen parte de la red de servicios de
la EPS a la que se encuentra adscrito el menor.
Esta
problemática general dio lugar a dos tipos de controversias en este proceso: en
36 de los 37 expedientes, acudientes de los infantes interponen la acción de
tutela con el propósito de que, por vía judicial, se ordene la autorización de los
servicios anteriores. En el último expediente, (T-5808227), una IPS que provee
este tipo de tratamientos (Funtierra Rehabilitación IPS) exige a la Gobernación
de Córdoba que mantenga su status de proveedor, respecto de cerca de 500 niños
que venían recibiendo el tratamiento en virtud de fallos de tutela anteriores,
y que cancele el valor de las prestaciones ya suministradas en razón de tales
providencias.
A
continuación se identifica y describe el contexto fáctico de la controversia, los
elementos estructurales del litigio, los patrones decisionales de los jueces de
tutela, y las actuaciones procesales realizadas por este tribunal.
1.
Patrones fácticos comunes
Los
37 casos seleccionados y acumulados por este tribunal comparten los siguientes
patrones fácticos:
(i)
Niños y jóvenes diagnosticados
alguna deficiencia o trastorno físico, sensorial o cognitivo[3].
En todos los casos la controversia
judicial involucra a niños y jóvenes cuya edad oscila entre los 2 y los 20
años, que fueron diagnosticados con algún tipo de alteración o deficiencia
física, sensorial o cognitiva.
Estas
afectaciones, sin embargo, presentan variaciones muy significativas en cuanto a
sus características estructurales, gravedad y nivel de especificidad. Así, en
algunos casos se refieren patologías concretas y determinadas de alta
complejidad y amenaza, como tetraplejia o parálisis cerebral, mientras que en
otros casos se señalan perturbaciones inespecíficas, difusas o con un menor
nivel de compromiso, como “alteración del comportamiento”, “torpeza motora”, “retardo
en el neurodesarrollo”, “trastorno del aprendizaje”, “hiperactividad”, o
“déficit de atención”. Las patologías más comunes son la alteración del
comportamiento, hiperactividad, trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), autismo, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno
de ansiedad, trastorno oposicional desafiante, retardo global del desarrollo,
déficit cognitivo, parálisis cerebral, retraso sicomotor, retardo mental
moderado, trastorno del aprendizaje, retardo en el desarrollo del lenguaje,
síndrome de West, enfermedad de Angelman, síndrome de Down, retardo psicomotor
e insuficiencia motora[4]. De este modo, el
espectro de afectaciones es particularmente amplio.
(ii)
Atención de los menores por
profesionales de la salud particulares[5]. Asimismo, los niños y jóvenes fueron atendidos por
profesionales de la salud particulares, esto es, por médicos que no hacen parte
de la Empresa Promotora de Salud (EPS) a la que se encuentran afiliados. Así,
aunque los referidos pacientes se encuentran vinculados al sistema público de
salud a través de una EPS, en el régimen contributivo o en el régimen
subsidiado, los diagnósticos y las prescripciones médicas provienen de
profesionales externos al mismo.
En
general, las justificaciones para prescindir del médico tratante de la EPS
apuntan a poner de presente la insuficiencia o la ineficacia de los
tratamientos ordenados por aquel, así como la necesidad de atender las
indicaciones de otros profesionales competentes que conocerían a profundidad la
condición del infante y que estarían en la capacidad de prescribir novedosas
alternativas terapéuticas que ofrecerían mejores perspectivas de recuperación.
En
cualquier caso, en la mayor parte de los expedientes revisados no hay evidencia
de que los padres de los niños hubiesen acudido previamente a la EPS para
obtener una valoración del médico tratante, ni de que sólo ante la incapacidad
del sistema para garantizar el derecho al diagnóstico y el derecho al
tratamiento médico, o de que sólo ante la ineficacia de las intervenciones
ofrecidas por la EPS, se hubiese apelado a los médicos particulares. Se advierte
entonces que en estos casos los padres acudieron espontánea, y a veces
intempestivamente, al apoyo terapéutico de los médicos particulares, sin que
hubiere mediado la intervención de la EPS.
(iii)
Solicitud de los acudientes de
los menores para que, con cargo al sistema de salud, una IPS específica les
provea el tratamiento integral prescrito por el médico particular que se
encuentra por fuera del Plan de Beneficios, así como los servicios
complementarios de transporte, alimentación y acompañamiento. Con fundamento en las prescripciones médicas
anteriores, los acudientes de los niños requirieron la provisión del
tratamiento integral especializado que no se encuentra en el Plan de Beneficios,
y de los servicios complementarios de transporte, alimentación y
acompañamiento, en una IPS determinada que no se encuentra dentro de la red de
servicios de la EPS a la que se encuentra afiliado el infante, por cuenta del
sistema público de salud.
De
esta suerte los requerimientos de los niños y jóvenes afectados presentan tres
particularidades:
-
Primero, acudientes de los
pacientes solicitan al sistema de salud la provisión del tratamiento integral
prescrito por el médico particular, tratamiento que incluye tanto terapias
especializadas que se encuentran por fuera de la oferta del sistema, esto es,
por fuera del Plan de Beneficios, así como los servicios complementarios
de transporte, alimentación y acompañamiento permanente.
En
efecto, los accionantes sostienen que la oferta del sistema de salud no incluye
un tratamiento específico para el padecimiento del infante, o que los
disponibles han resultado insuficientes o ineficaces, y que, por tanto, es
necesario acceder a tecnologías alternativas que ya se encuentran al alcance de
la comunidad médica. A su juicio, aunque el Plan de Beneficios contempla
diferentes tipos de terapias para tratar las alteraciones físicas, sensoriales
y cognitivas de los niños, como las terapias físicas, de fonoaudiología y
ocupacionales, estas no han producido el efecto esperado, por lo cual se deben
emplear otras herramientas terapéuticas: equino terapias, terapias asistidas
con perros, musicoterapia, terapia miofuncional, terapias Halliwick, terapias
comportamentales ABA, terapias de integración sensoriomotriz, o terapias
físicas, ocupacionales, de lenguaje y de fonoaudiología basadas en
neurodesarrollo o en neurorehabilitación[6].
Adicionalmente,
se exige el suministro de servicios complementarios, esto es, de prestaciones
que no son tecnologías en salud pero que facilitan el acceso a las mismas, como
transporte, alimentación y acompañamiento general[7],
acompañamiento sombra[8], e incluso alojamiento en
hotel cuando el servicio es prestado en un municipio distinto al de la
residencia del paciente, y todos los gastos directos e indirectos vinculados al
tratamiento[9].
-
Asimismo, los acudientes de los infantes
solicitan que el tratamiento integral sea suministrado por un proveedor
específico que no hace parte de la red de servicios de la EPS a la que se
encuentran afiliados los pacientes, sobre la base de que, por la especificidad
de las terapias ordenadas por los médicos tratantes, sólo son ofertadas por
dichas instituciones y no por las que hacen parte del sistema de salud, y de
que, además, ofrecen ventajas adicionales como los servicios de transporte,
alimentación y acompañamiento, o la cercanía al domicilio de los niños.
De
esta manera, los acudientes de 500 niños solicitaron el servicio en Funtierra
Rehabilitación IPS SAS[10], ocho en el Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social[11],
tres en Rehabilitamos de la Costa SAS[12], tres en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas CRIES[13], dos en el Centro de
Rehabilitación Integral Manantial[14], dos en el Centro de
Rehabilitación Arco Iris[15] y uno en la IPS Santa
Teresa de Jesús[16], en la Fundación Aprendo[17],
en el Centro de Rehabilitación Integral Caritas Felices[18],
en la Fundación Paso a Paso[19], en el Centro Integral
de Salud del Caribe[20], en la Clínica
Neurorehabilitar[21], en ASIDEA[22],
en CENCAES[23], en la Fundación Passus[24],
en el Instituto de Rehabilitación Integral Ebenezer[25],
en Fundane[26] y en la Fundación
Integrar[27].
-
Finalmente, los acudientes de los infantes
consideran que el sistema público de salud debe asumir integralmente la carga
económica por la provisión de los servicios anteriores, por lo cual, estos no
solo deben ser autorizados y prestados con cargo al sistema, sino que además
los pacientes deben ser exonerados de las obligaciones económicas establecidas para
preservar la sostenibilidad y racionalización del mismo. En particular, se
solicita la exoneración de los copagos y de cuotas moderadoras, teniendo en
cuenta la precaria situación económica de quienes tienen a su cargo el cuidado
de los niños y jóvenes afectados.
(iv)
Denegación expresa o presunta
de las solicitudes anteriores. Según
informan los accionantes en las acciones de tutela bajo revisión, las
peticiones para que el sistema público de salud brindara los tratamientos y las
prestaciones complementarias en IPS específicas, no fueron atendidas o fueron
rechazadas expresamente, aunque en algunos expedientes no hay evidencia de que
se haya hecho un requerimiento semejante al sistema de salud, ni de las
respuestas negativas u omisivas.
Según
las entidades accionadas, la negativa se explica por diferentes razones:
Primero,
porque los reclamos en la vía jurisdiccional deben estar precedidos de un
requerimiento especial ante el sistema de salud, para que las EPS tengan la
oportunidad de valorarlo partir de criterios técnicos y científicos, y de
aceptarlo rechazarlo. Sin embargo, en algunos de los casos los pacientes no
habrían hecho ningún requerimiento de este tipo, acudiendo directamente a la
acción de tutela para hacer valer las prescripciones médicas particulares, y prescindiendo
del análisis que en general corresponde efectuar a las EPS.
Además,
se argumenta que independientemente de lo anterior, las pretensiones de los accionantes
son materialmente inviables. Ello, por cuanto se reclaman servicios que en
realidad corresponden a prestaciones de tipo educativo y no a tecnologías en
salud propiamente dichas, y que además tampoco se encuentran contempladas en el
Plan de Beneficios por no existir evidencia sobre su seguridad y eficacia; que
las prestaciones solicitadas no fueron prescritas por el médico tratante de la
EPS sino por un galeno particular, que la solicitud fue direccionada hacia una
IPS específica que se encuentran por fuera del sistema de salud, y que el
suministro de los servicios debe estar mediado por unos pagos a cargo del
paciente y de su núcleo familiar, como los copagos y las cuotas moderadoras,
que estos se niegan a asumir[28].
2.
Las controversias judiciales en
las acciones de amparo
A
partir de los hechos anteriores se estructuraron dos tipos de controversia,
para ser resueltos en el escenario de la acción de tutela.
El
primer debate se presenta entre los acudientes de los niños afectados y las
instancias del sistema de salud encargadas de autorizar el suministro de las
terapias especializadas, esto es, las EPS y/o las entidades territoriales. El
interrogante que se plantea es si niños diagnosticados por médicos particulares
con alguna alteración física, sensorial o cognitiva, tienen derecho a acceder,
por cuenta del sistema público de salud, a tratamientos integrales que no se
encuentran dentro de la oferta regular del sistema, así como a los servicios
complementarios de transporte, alimentación y acompañamiento, provistos en una
institución que no hace parte de la red de servicios de la EPS a la que se
encuentra afiliado le paciente.
Las
EPS consideran que la provisión de los tratamientos debe enmarcarse dentro de
los lineamientos del sistema público de salud, de suerte que las prescripciones
médicas deben provenir del médico tratante del infante adscrito a la EPS, que
las terapias deben corresponder a tecnologías en salud contempladas en los
planes de beneficios del sistema, y que los servicios deben ser provistos por
los centros de salud que hacen parte de la red de la propia EPS. En contraste,
los accionantes sostienen que, ante la grave condición de salud de los niños, y
ante las deficiencias e ineficacia de los tratamientos convencionales, el
sistema debe proveer las terapias alternativas en centros especializados,
máxime cuando dentro del diseño del sistema se contempla la posibilidad de que
las EPS suministren tecnologías que no hacen parte del Plan de Beneficios, y
que luego realicen el recobro respectivo ante ADRES (antes Fosyga), en el caso
del régimen contributivo, o ante las entidades territoriales, en el caso del
régimen subsidiado[29].  Este tipo de
controversia se encuentra en 36 de los 37 casos acumulados en este proceso.
Y
por otro lado, en el expediente T-5808227 se plantea un debate distinto, no ya
entre los acudientes de los niños y las EPS o las entidades territoriales, sino
entre los proveedores de los tratamientos y los ordenadores y pagadores de los servicios
de salud, y en particular, entre la IPS Funtierra y la Secretaría de Salud de
Córdoba, para que, en cumplimiento de órdenes judiciales de tutela que
previamente habrían reconocido el derecho de los niños de acceder a los
tratamientos proporcionados por dicha IPS, se mantenga su condición de
proveedor de los servicios de salud, y se le efectúen los pagos
correspondientes que se encuentran en mora.
De
este modo, las controversias de tutela son las siguientes:
Controversia No. 1
Controversia No. 2
Partes
Acudientes vs EPS
IPS vs Entidad territorial
Pretensión
Ejecución de orden médica (autorización de servicios
de salud a menores de edad)
Ejecución de orden judicial (Pago a IPS)
Fundamento de la
pretensión
Orden médica
Orden judicial (sentencia de tutela que resuelve
controversia No. 1)
Como
puede advertirse, aunque los dos debates son independientes entre sí, la
afinidad y los vínculos entre uno y otro hacen aconsejable su estudio y
análisis conjunto.
Por
un lado,  aunque aparentemente el caso correspondiente al expediente T-5808227
plantea una controversia distinta de la que suscitan los demás, desde una perspectiva
material los elementos estructurales del litigio son los mismos, pues en aquel,
la IPS Funtierra pretende actuar en nombre y en beneficio de los infantes, e
invoca como fundamento de su pretensión los derechos de los niños
discapacitados a recibir un tratamiento integral de parte de dicha entidad, que
es precisamente lo que se discute en las demás acciones de tutela.
Asimismo,
tanto por las especificidades de la controversia como por el volumen de casos
que subyacen a este expediente, el mismo ofrece importantes insumos y elementos
de juicio para comprender la naturaleza y las dimensiones del litigio
constitucional. En efecto, en esta acción de tutela una sola IPS (la IPS Funtierra
Rehabilitación) exige a la Gobernación de Córdoba los pagos por los servicios
prestados a cerca de 500 niños, y que se mantenga su condición de proveedora de
los tratamientos médicos frente a estos sujetos de especial protección, con
fundamento en sentencias de tutela que previamente habrían reconocido el
derecho de estos pacientes a recibir el tratamiento especializado por parte de
la referida institución de salud. De este modo, los centenares de casos que
subyacen al expediente constituyen una muestra representativa de las
controversias que se suscitan en las instancias jurisdiccionales, que permite
develar las características de una modalidad específica de litigio
constitucional orientado a acceder a los servicios del sistema público de
salud, por vía judicial.
Por
lo demás, tanto los 36 casos referidos inicialmente, como el correspondiente al
expediente T-5808227, hacen parte de un mismo mecanismo litigioso para acceder
a tecnologías en salud y servicios complementarios que no hacen parte de la
oferta del sistema público de salud, provistas por centros de salud
particulares, con fundamento en prescripciones de médicos particulares. Lo que
sucede es que las controversias judiciales ocurren en fases distintas de un mismo
proceso: las esbozadas en los primeros 36 expedientes seleccionados por la Corte,
se presentan cuando los acudientes de los niños y jóvenes demandan a las EPS para
que éstas autoricen los tratamientos requeridos; y el debate planteado en el
expediente T-5808227 corresponde a una fase posterior, cuando por vía judicial
ya se ha reconocido el derecho de los niños a recibir por cuenta del sistema
público de salud el tratamiento ordenado por un médico particular por parte de
un centro de salud específico, y este último pretende hacer efectiva la orden
de tutela, para que sea reconocido como el proveedor exclusivo del servicio, y
se le efectúen los pagos correspondientes por parte de las entidades
territoriales, en aquellos casos en que el paciente hace parte del régimen
subsidiado de salud.
De
este modo, las dos controversias ofrecen el panorama completo sobre el
mecanismo jurídico para el suministro de tratamientos especializados que no
hacen parte de la oferta del sistema de salud, para niños y jóvenes con alteraciones
físicas, sensoriales y cognitivas en IPS particulares, con cargo al sistema de
salud.
3.
Patrones decisionales
3.1.
Decisiones judiciales en
relación con las controversias entre los acudientes de los menores y las EPS[30]
3.1.1. Tal como se expresó anteriormente, en 36 de los 37
casos revisados el debate constitucional se surtió entre los acudientes de los
niños y las EPS, con el propósito de que el sistema de salud proporcionara los
tratamientos especiales prescritos por médico particulares en IPS específicas,
así como los servicios complementarios de transporte, alimentación y
acompañamiento, con exoneración de copagos y cuotas moderadoras. En el
expediente T-5808227, en cambio, la controversia se suscitó entre una IPS que venía
brindado el tratamiento a cerca de 500 menores del régimen subsidiado con base
en fallos de tutela que previamente habían ordenado el suministro del servicio
(la IPS Funtierra), y una entidad territorial (el departamento de Córdoba), con
el propósito de que esta última autorizara y pagara de manera indefinida y
hasta nueva orden, los servicios contemplados en las sentencias de amparo.
3.1.2. Según consta en el Anexo 3 de esta sentencia, el
primer tipo de litigio fue resuelto desfavorablemente en la mayor parte de los
casos. De los 36 que hacen parte de este proceso, 30 fueron fallados en contra
de los accionantes, y sólo 6 fueron fallados a favor de los tutelantes. Es
decir, de este universo el 86% de sentencias deniegan el amparo, mientras que
el 14% conceden las pretensiones de los accionantes.
Los
esquemas decisionales, sin embargo, son variados y heterogéneos. De las 30
acciones de tutela negadas, en 21 casos el juez el juez de primera instancia
denegó las pretensiones, y la decisión se mantuvo porque no se surtió la
segunda instancia o porque el juez a quo confirmó la providencia inicial[31].
En los nueve casos restantes, en cambio, inicialmente se concedió la acción de
tutela, pero al surtirse el recurso de apelación, finalmente se negó el amparo[32].
En
general, estas decisiones se sustentan tanto en razones de orden procesal que
harían improcedente la acción de tutela, como en razones de orden sustantivo
que dejarían sin sustento las pretensiones de los accionantes. Es así como en
algunos casos los jueces se abstienen de fallar de fondo, argumentando que el
ordenamiento jurídico contempla otras vías procesales en la Superintendencia
Nacional de Salud[33], que el accionante no
acreditó el vínculo de parentesco ni ningún otro título que lo habilitara para
actuar como representante o como agente oficioso del infante[34],
o, incluso, que el actor había actuado con temeridad, al haber presentado previamente
otra acción de tutela, ya fallada en su contra.[35]
En otros procesos, en cambio, se consideró procedente el amparo, pero se
concluyó que no se había producido la vulneración iusfundamental alegada,
y que el requerimiento era infundado porque el tratamiento fue ordenado por un
médico particular, porque no se acreditó la incapacidad económica del núcleo
familiar del niño afectado, o porque el tratamiento requerido corresponde a un
servicio educativo que no debe asumir el sistema público de salud.[36]
3.1.3. En seis de los 36 casos seleccionados y acumulados, es
decir, en el 17% de los mismos, el amparo fue concedido[37].
En todos estos casos las pretensiones se concedieron en primera instancia, y la
decisión se mantuvo porque no se surtió la segunda instancia, o porque
habiéndose surtido, el juez confirmó el fallo inicial. No se encontró ningún
caso en el que el juez de primera instancia negara la tutela, y el juez de
segunda revocara la decisión y concediera el amparo.
En
general, los jueces argumentan que, ante la vulnerabilidad de los menores de
edad, y que ante la ineficacia de las intervenciones convencionales brindadas
por el sistema de salud, se justificaba hacer uso de otras alternativas
terapéuticas, incluso si estas son prescritas por médicos particulares, y si
estas son brindadas por centros que no hacen parte de la red de la EPS a la que
se encuentra afiliado el infante.
3.1.4. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que, aunque en el
85% de los casos se negó el amparo, esta tendencia no necesariamente coincide
con los esquemas decisionales de los jueces de tutela en el país, ya que como
la selección de fallos en la Corte no obedece a metodologías y criterios
estadísticos, la muestra obtenida en este proceso no puede considerarse como
representativa. Además, en materia de salud los amparos concedidos en la
justicia ordinaria no suelen tener prelación en la selección, mientras que las
tutelas denegadas en las que prima facie se advierte la necesidad de la
intervención judicial, suelen ser priorizadas, más aún cuando el accionante es
un sujeto de especial protección.
En
este escenario, no es posible establecer una correlación entre los patrones
decisionales identificados por este tribunal en el presente proceso judicial y
los que efectivamente operan en la justicia ordinaria. Por el contrario, los
hallazgos en el expediente T-5808227 sugieren que, por el contrario, con
frecuencia los jueces de tutela conceden los amparos constitucionales en la
hipótesis examinada en este proceso, pero que la Corte no suele seleccionar
estos fallos, y en cambio concentra su atención en aquellos que se deniegan las
pretensiones de los accionantes. Tal como se evidenció en dicho expediente, la
acción de tutela relacionaba más de 45 sentencias de tutela en las que se había
ordenado el suministro de las terapias a cerca de 500 niños, y ninguna de ellas
fue seleccionada en su momento por este tribunal.
3.2.
Decisiones judiciales en el
expediente T-5808227
3.2.1. Según se explicó en los acápites precedentes, aunque
este caso comparte algunos de los elementos fácticos de los anteriores, la
controversia jurídica difiere en algunos puntos, ya que el litigio no se
produjo entre los padres de los infantes y las EPS para exigir de esta última
el suministro de tratamientos no convencionales que se encuentran por fuera del
Plan de Beneficios prescritos por médicos particulares, sino entre una IPS que
venía brindando unas terapias a varios menores del régimen subsidiado, y una
entidad territorial, con el objeto de que ésta última las siga ordenando y
pagando, según las órdenes dadas previamente por múltiples jueces de tutela en
favor de los niños.  Así pues, no se trata de reclamar el suministro del
tratamiento no convencional, sino de exigir que se mantenga el status de
proveedor de las tecnologías en salud que fueron solicitadas por los acudientes
de los infantes.
3.2.2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería[38] y la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia negaron el amparo constitucional. El primero concluyó
que la acción de tutela era improcedente, en tanto la controversia tenía un
carácter netamente económico y podía ser ventilada en otros escenarios judiciales,
como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en la jurisdicción
laboral.
3.2.3. Por su parte, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia[39] confirmó el fallo
anterior, sobre la base de que la IPS Funtierra carecía de la legitimación para
reclamar la protección de los derechos de los niños, ni como su representante
ni como su agente oficioso, máxime cuando los padres de los infantes ya
actuaron directamente ante los jueces para exigir la provisión de los servicios
de salud.
Adicionalmente,
la acción de tutela tampoco podía ser utilizada como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, toda vez que los pacientes que previamente
fueron beneficiados con las sentencias de tutela cuentan con herramientas
procesales idóneas y eficaces para garantizar la ejecución de los fallos que
Funtierra estima incumplidos, como el incidente de cumplimiento o el incidente
de desacato.
Finalmente,
se aclara que si lo que en realidad se pretendía era la protección de los
derechos patrimoniales de Funtierra, la acción de tutela tampoco es procedente,
por su carácter residual y subsidiario. Así las cosas, existiendo otros dispositivos
procesales para canalizar la controversia patrimonial, y habiéndose incluso
activado tales vías, el amparo constitucional es inviable: “La acción de
tutela no es un medio para evitar la probable insolvencia económica de una
persona jurídica, como tampoco es viable su uso como excusa para rehusarse a
participar en calidad de acreedor en un proceso liquidatorio que adelanta la
entidad deudora, pues es este el mecanismo consagrado en la ley para garantizar
el pago de las obligaciones”.
4.
Presentación de los casos
A
continuación se presenta una síntesis de los casos que integran el presente
expediente, y que dan cuenta de los patrones de litigiosidad que se acaban de
reseñar.
4.1.    Expediente T-4880691
El 16 de diciembre de 2014, William Ricardo Utrera Reyes, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra Famisanar EPS en
representación de su hijo de dos años, Daniel Ricardo Utrera Barranco, que
padece autismo, trastorno del aprendizaje y trastorno de déficit de atención e
hiperactividad, lo anterior por el desconocimiento de sus derechos a la salud,
a la vida, a la integridad personal y a la seguridad social. Manifiesta que
acudió al neurólogo particular Pedro Pablo Barraza en el Centro de
Rehabilitación Solidaridad Social IPS SAS, quien, con base en el diagnóstico
“autismo + TDAH + trastorno del aprendizaje”, prescribió el suministro de 120 sesiones
mensuales de terapias de rehabilitación cognitiva conductual integrales ABA.
Sostiene que mediante derecho de petición solicitó a la EPS la autorización de
las sesiones prescritas; sin embargo, alega que esta nunca le respondió.
El actor solicita que se autorice el servicio en la IPS Centro de
Rehabilitación Solidaridad Social, pues esta le proporciona transporte para su
hijo y un acompañante, entre otras ventajas. Asimismo, solicita que se exonere
del pago de copagos y de cualquier cobro adicional por la prestación del
servicio.
La EPS Famisanar solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción, por cuanto las terapias requeridas por el actor no hacen parte del Plan
Obligatorio de Salud, primero porque tienen un componente educativo y esa responsabilidad
no le compete a las EPS y, segundo, porque no cuentan con evidencia científica
para demostrar su efectividad. Por otro lado, señaló que dentro de sus bases de
datos no está contenida la solicitud de los referidos servicios realizada por
el actor, por el contrario, obra un reporte de las autorizaciones activas para
Daniel Ricardo, en el que constan, entre otros, consultas de neurología, de
psicología y terapias ocupaciones, de fonoaudiología y de lenguaje. Puntualizó,
finalmente que, en caso de controversia, el demandante podía acudir a la
Superintendencia Nacional de Salud para solicitar la satisfacción de sus
pretensiones.
El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Santa Marta, en sentencia del 31 de diciembre de 2014, concedió el
amparo con base en la salvaguardia especial que merece el derecho a la salud de
un sujeto de especial protección, que presenta los diagnósticos ya referidos;
sin embargo, reconoció que en la medida que la EPS no tiene convenio con el
Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS, no se pueden autorizar las
terapias requeridas en ese centro.  En consecuencia, ordenó a la EPS
Famisanar otorgar el tratamiento integral requerido, incluyendo las terapias
solicitadas, así como las citas médicas, los exámenes, los medicamentos, las cirugías
y las demás intervenciones que demande su patología, siempre que exista
concepto del médico tratante. Adicionalmente, ordenó la autorización de los
gastos de transporte para el niño y un acompañante, así como hospedaje y
alimentación cuando ello se requiera y lo prescriba el médico tratante. No se
pronunció en cuanto a la exoneración de copagos. El fallo no fue impugnado.
4.2.
Expediente T-4877010
El 26 de noviembre de
2014, Yaneth Guzmán Galván presentó acción de tutela contra Caprecom EPS-S en
representación de su hijo de siete años, Yohan Enrique Manotas Guzmán, que
padece, según afirma, trastorno del lenguaje y del aprendizaje, por el
desconocimiento de sus derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas, a
la integridad personal y a la seguridad social. Manifiesta que el médico
neurólogo Pedro Pablo Barraza Mercado, con base en el diagnóstico “trastorno
del aprendizaje + retraso en el desarrollo del lenguaje”, prescribió al
menor 120 sesiones mensuales de “terapia de rehabilitación, cognitiva,
conductual, integral”[40], las
cuales se empezaron a realizar, por voluntad de los padres, en el municipio de
Juan De Acosta (Atlántico), específicamente en una institución particular
llamada IPS Rehabilitamos de la Costa S.A.S., a partir del 1 de septiembre de
2014[41]. Sostiene que, si bien solicitó a la
entidad accionada el suministro de dichas terapias, la EPS-S no contestó su
petición, fechada el 24 de septiembre de 2014[42].
La demandante solicita que
se autorice el tratamiento prescrito en la IPS Rehabilitamos de la Costa S.A.S.
en las cantidades y formas que ordenó el referido médico. Asimismo, requiere
que se le exonere de cancelar cualquier copago o suma adicional para acceder al
servicio de salud, pues aduce que es una persona de escasos recursos
económicos.
Luego de que el Juzgado
Único Promiscuo Municipal de Piojó corriera traslado a la EPS accionada para
que ejerciera su defensa y esta guardara silencio, en sentencia del 11 de
diciembre de 2014 el a quo declaró improcedente la acción de tutela
frente a la solicitud de amparo de los derechos a la salud, a la vida, a la
seguridad social y a la integridad personal, pues advirtió, primero, que la
parte actora puede acudir al mecanismo jurisdiccional dispuesto en la
Superintendencia Nacional de Salud para ventilar su pretensión y, segundo, que
no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia o
necesidad inminente del suministro de las terapias requeridas.
Sin perjuicio de lo
anterior, como no advirtió que hubiese prueba que demostrara la respuesta de la
entidad accionada a la petición aludida por la demandante en el escrito de
tutela, amparó el derecho fundamental de petición y, en consecuencia, ordenó a
Caprecom EPS-S resolver de manera efectiva y de fondo la solicitud calendada el
24 de septiembre de 2014. El fallo no fue impugnado.
4.3.    Expediente T-4877009
Luz
Marina Rivaldo Rivaldo, actuando en representación de su hija Fanny Luz Imitola
Rivaldo, interpone la acción de tutela en contra de Comfacor EPS-S al
considerar lesionado, entre otros, el derecho a la salud de su hija, de quien
afirma padece de retraso en el desarrollo del lenguaje y trastorno del
aprendizaje y no ha recibido de la EPS accionada las terapias integrales por el
método ABA. Al respecto, se expone que se acudió al neurólogo particular Pedro
Pablo Barraza, quien, con base en un diagnóstico de retraso en el desarrollo del
lenguaje y trastorno del aprendizaje, prescribió 120 sesiones mensuales de
terapias integrales por el método ABA, motivo por el cual se presentó el 30 de
septiembre de 2014 una petición a Comfacor EPS solicitando la autorización de
dichas terapias en la Centro de Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social
IPS SAS del municipio de Barranquilla, sin que se haya dado respuesta a la
misma al momento de interponer la acción de amparo. La accionante solicita que
se autorice el servicio en el Centro de Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social IPS SAS. Adicionalmente, se expone que Comfacor EPS, al no
responder la petición elevada, impidió valorar al niño por un médico adscrito a
dicha EPS y tampoco permitió que el tratamiento ordenado se brindara en una IPS
adscrita. También se señala que, al momento de interponer la tutela, las
terapias ya fueron iniciadas en la IPS Centro de Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social SAS y que, por consiguiente, se debe dar aplicación al
principio de continuidad en el tratamiento, adicionalmente dicha IPS presta el
servicio de transporte tanto para el paciente como para un acompañante.
A la demanda de tutela se
acompaña copia del diagnóstico del médico neurólogo Pedro Barraza Mercado, así
como una prescripción de las terapias suscrita por el mismo profesional y un
certificado del 5 de noviembre de 2014 donde la IPS Centro de
Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social SAS
expone que dichas terapias ya fueron iniciadas. Igualmente, se aporta la
petición elevada a la EPS accionada el 30 de septiembre de 2014, en la cual se
solicita la autorización de los anteriores servicios.
La EPS Comfacor no
contestó la acción de amparo. Al proceso fue vinculada la IPS Centro de
Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social SAS, quien guardó silencio.
El Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Piojo, Atlántico, en fallo del 11 de diciembre de 2014, negó el
amparo a los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad
social y a la integridad, pero se concedió la protección al derecho de petición
y se ordenó a Comfacor EPS-S dar respuesta a la petición presentada. Dicha
decisión se dio al considerar que no se cumple el requisito de subsidiariedad,
toda vez que se puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud para que,
en aplicación del procedimiento consagrado en el artículo 126 de la Ley 1438 de
2011, resolviera del asunto objeto de estudio. El fallo de primera instancia no
fue impugnado
4.4.    Expediente T-4877008
Mariluz Mendoza Ortega promovió acción de
tutela contra Famisanar EPS, en representación de su hijo Iván David Escorcia
Mendoza, de quien afirma, padece de trastorno de déficit de atención,
hiperactividad y retraso del desarrollo del lenguaje.
Manifiesta que acudió al médico neurólogo
particular Pedro Pablo Barraza en la IPS Rehabilitamos de la Costa SAS, quien,
con base en un diagnóstico de “trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) + retraso de desarrollo del lenguaje”, prescribió el
suministro de 120 sesiones mensuales de terapias de rehabilitación conductual,
cognitiva e integrativa. A este respecto, señala que presentó derecho de
petición ante la EPS con el propósito de que autorizara la práctica del
reseñado tratamiento, sin obtener ningún tipo de respuesta.
Por lo anterior, solicita que se autorice
el servicio en la IPS Rehabilitamos de la Costa SAS, a fin de que su hijo pueda
seguir recibiendo las terapias de rehabilitación funcional con la periodicidad
que requiere. Así mismo, pide que se le exonere de la cancelación de copagos y
de cualquier otro cobro adicional.
A la demanda de tutela se acompaña copia
simple del registro civil de nacimiento de Iván David Escorcia Mendoza, copia
del formato de diagnóstico del médico neurólogo Pedro Pablo Barraza, copia
simple de constancia de habilitación de la IPS Rehabilitamos de la Costa SAS
expedida por la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico y copia simple
del derecho de petición en el que la actora requirió la autorización de las
terapias prescritas.
La EPS Famisanar, por su parte, no
obstante haber sido notificada de la acción de tutela en su contra para que se
pronunciara frente a los hechos allí expuestos, guardó silencio.
El Juzgado Único Promiscuo Municipal de
Piojo, en sentencia del 11 de diciembre de 2014, resolvió denegar por improcedente
la protección de los derechos a la igualdad, a la salud, a la seguridad social
en conexidad con la vida y la integridad personal, habida cuenta de la
existencia de un procedimiento especial, expedito y perentorio del que la
actora puede valerse ante la Superintendencia Nacional de Salud para reclamar
las prestaciones que no se encuentran dentro del POS, como es el caso de las
terapias ABA solicitadas en esta oportunidad. Con todo, concedió el amparo del
derecho fundamental de petición a la reclamante, como consecuencia de lo cual
le ordenó a Famisanar EPS resolver, de manera efectiva y de fondo, la solicitud
por ella presentada, “pues existe prueba en el plenario de la remisión de
correspondencia documental al que el mismo ente accionado no ha dado una
respuesta concreta, clara y expresa”[43].
La decisión judicial no fue objeto de impugnación.
4.5.    Expediente T-4877007
Yadiris
Johana Vargas Goenaga, actuando en representación de su hijo Dilan Andrés
Zarate Vargas, interpuso acción de tutela en contra de Caprecom EPS-S al
considerar lesionado, entre otros, el derecho a la salud de su hijo, de quien
afirma padece de epilepsia, retraso en el desarrollo del lenguaje y trastorno
de la conducta y no ha recibido de la EPS accionada las terapias para la
rehabilitación funcional integrativa y conductual. Expresa que se acudió al
neurólogo particular Pedro Pablo Barraza, quien, con base en un diagnóstico de
epilepsia, retraso en el desarrollo del lenguaje y trastorno de la conducta, prescribió
120 sesiones mensuales de terapias para la rehabilitación funcional integrativa
y conductual, motivo por el cual se presentó el 30 de septiembre de 2014 una
petición a Caprecom EPS solicitando la autorización de dichas terapias en la
IPS Rehabilitamos de la Costa SAS del municipio de Juan de Acosta, sin que se
haya dado respuesta a la misma al momento de interponer la acción de amparo. La
accionante solicita que se autorice el servicio en la IPS Rehabilitamos de
Costa SAS y la exoneración de copagos y adicionales por la aplicación de las
terapias requeridas.
Adicionalmente, se expone que Caprecom EPS
al no responder la petición elevada no ofreció la posibilidad de valorar al
niño por un médico adscrito a dicha EPS ni ofreció que el tratamiento ordenado
se brindara en una IPS adscrita, se señala que, al momento de interponer la
tutela, las terapias ya fueron iniciadas en la IPS Rehabilitamos de Costa SAS
costeadas por la actora y que, por consiguiente, se debe dar aplicación al
principio de continuidad en el tratamiento, adicionalmente dicha IPS presta el
servicio de transporte tanto para el niño como para un acompañante. Igualmente,
se afirma que la accionante es una persona de escasos recursos económicos.
A la demanda de tutela se
acompaña copia del diagnóstico del médico neurólogo Pedro Barraza Mercado, así
como una prescripción de las terapias suscrita por el mismo profesional y un
certificado del 5 de noviembre de 2014 en el que la IPS Rehabilitamos de la
Costa SAS expone que dichas terapias ya fueron iniciadas. Igualmente, se aporta
la petición elevada a la EPS accionada el 30 de septiembre de 2014, en la cual
se solicita la autorización de los anteriores servicios.
La EPS Caprecom no
contestó la acción de amparo. Al proceso fue vinculada la IPS Rehabilitamos de
la Costa SAS, quien guardó silencio.
El Juzgado Único Promiscuo
Municipal de Piojo, Atlántico, en fallo del 11 de diciembre de 2014, negó el
amparo a los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad
social y a la integridad, pero se concedió la protección al derecho de petición
y se ordenó a Caprecom EPS-S dar respuesta a la solicitud presentada. Dicha
decisión se dio al considerar que no se cumple el requisito de subsidiariedad,
toda vez que se podía acudir a la Superintendencia Nacional de Salud para que,
en aplicación del procedimiento consagrado en el artículo 126 de la Ley 1438 de
2011, resolviera del asunto objeto de estudio.  El fallo de primera instancia
no fue impugnado
4.6.    Expediente T-4877006
Zoila Romero demandó a Mutual SER EPS, con el propósito de
solicitar el suministro de 120 sesiones mensuales, por un periodo de seis
meses, de terapias de rehabilitación cognitiva y conductual integral para su
hijo Jesús David López Romero en la IPS en el Centro de Estimulación,
Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social, tras ser diagnosticado con
“trastorno de déficit de atención con hiperactividad” y “trastorno del
aprendizaje”, padecimiento que, manifiesta, está catalogado como enfermedad
huérfana y rara. Agrega que elevó un derecho de petición a la accionada para
que dispusiera la práctica de las terapias, sin haber obtenido respuesta
alguna.
Expresa que el médico neurólogo Pedro Pablo Barraza, adscrito al
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad IPS SAS de la
ciudad de Barranquilla hizo la valoración de su hijo, y que, por consiguiente,
es en ese centro, en el que ya conocen su patología, en el que deben
practicarse las terapias integrales que solicita, así sea consciente de que
dicho centro no hace parte de la red de prestadores de servicios y de que las
terapias ordenadas no hacen parte del POS.
Manifiesta ser una persona de escasos recursos y pone de presente
que la IPS referida le resulta muy conveniente porque le facilita los medios de
transporte. Solicita que se le exonere de cancelar copagos y cualquier costo
adicional por la aplicación de las terapias requeridas.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó declaró la improcedencia
del amparo frente a los derechos fundamentales a la igualdad, la salud, la
seguridad social en conexidad con la vida y la integridad personal, por existir
otro mecanismo de defensa judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud. La
decisión judicial no fue impugnada.
4.7.    Expediente T-4877005
Rosenda Itria Jiménez presentó acción de
tutela contra Saludcoop EPS, en representación de su nieto Andrés Felipe
Villanueva Jiménez, quien presenta un diagnóstico de “Epilepsia + Retraso
Mental + Retraso en el Desarrollo del Leguaje” emitido por el neurólogo
Pedro Pablo Barraza el 1º de septiembre de 2014, con el fin de obtener el
amparo de los derechos de este a la igualdad, a la salud, a la seguridad social
en conexidad con la vida y la integridad personal y de petición. A raíz del
diagnóstico presentado se le prescribieron 120 sesiones de terapias integrales
comportamentales tipo ABA por un plazo de 6 meses. El 24 de septiembre de 2014
la abuela del niño afectado solicitó a Saludcoop EPS que autorizara la práctica
de las sesiones de terapias ABA prescritas en las instalaciones del Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social IPS SAS, en el
cual se valoró al menor y el cual disponía de los medios para prestar los
servicios requeridos[44].
La solicitud presentada no recibió respuesta por parte de Saludcoop EPS y por
ello la señora Rosenda Itria Jiménez interpuso acción de tutela con el fin de
que se ordenara a la precitada EPS que procediera a autorizar las terapias en
la institución de su elección.
La accionada Saludcoop EPS pese a haber
sido debidamente notificada de la admisión de la tutela no se pronunció sobre
los hechos que dieron origen a la misma.
El Juzgado Único Promiscuo Municipal de
Piojo (Atlántico), en sentencia de única instancia dictada el 11 de diciembre
de 2014 concedió parcialmente el amparo en relación con el derecho de petición
y ordenó responder la solicitud presentada por la abuela del afectado el 24 de
septiembre de 2014 pues no se encontró probado que la misma hubiera sido
resuelta oportunamente.
En relación con la pretensión de proteger
los  demás derechos incoados en el escrito de tutela y en consecuencia ordenar
la autorización de las terapias tipo ABA, declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo pues no se agotó el procedimiento ordinario ante la Superintendencia
de Salud, consagrado en los artículos 41 de la Ley 1122 de 2007 y 126 de la Ley
1438 de 2011, mediante el cual se puede obtener un pronunciamiento judicial que
ordene a la aquí accionada acceder a autorizar las sesiones de terapias prescritas.
Dicho mecanismo es plenamente idóneo y eficaz y  no se encuentra probado un
perjuicio irremediable que active la procedencia de la tutela como mecanismo
transitorio.
En sede de revisión la Saludcoop EPS
presento un memorial el 3 de julio de 2015 en el cual pidió que se confirmara
la providencia de única instancia pues no había lugar a ordenar la autorización
de las terapias ABA solicitadas para el menor afectado ya que las mismas no
habían sido prescritas por un profesional de la salud adscrito a la red de
prestadores de la EPS; la institución donde se pretendía su práctica no
pertenecía a la red de prestadores y no existía concepto médico o certeza
científica de que la práctica de las mismas implicara una mejoría para las
condiciones del paciente. De igual manera solicitó que se ordenara a la abuela
del niño que procediera a adelantar las gestiones para que se evalué el estado
actual de salud del menor.
De igual manera se aportó la respuesta
emitida el 21 de octubre de 2014 a la petición presentada por la señora Rosenda
Utría Jiménez el 24 de septiembre del mismo año, en la cual se le indica que no
se autorizaron las terapias ABA pues el médico tratante no está adscrito a su
red de prestadores por lo cual su prescripción no puede ser tenida en cuenta, ya
que además no hay certeza sobre su eficacia para mejorar las condiciones del
paciente. Por lo anterior se torna necesario que los médicos adscritos valoren
al paciente y determinen el tratamiento a seguir.
4.8.    Expediente T-4877004
El 25 de noviembre de
2014, Liz María Acosta Cordero presentó acción de tutela contra Nueva EPS S.A. por
el desconocimiento de sus derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas,
a la integridad personal y a la seguridad social de su hija de trece años,
Wendys Patricia Imitola Acosta. Manifiesta que el médico neurólogo Pedro Pablo
Barraza Mercado, con base en el diagnóstico “síndorme de Down + retraso
mental + retraso en el desarrollo del lenguaje”, prescribió a la menor 120
sesiones mensuales de “terapia de rehabilitación, cognitiva, conductual,
integral”[45], las cuales se empezaron a realizar,
a través del método ABA, en la ciudad de Barranquilla, específicamente en una
institución particular llamada Centro de Estimulación, Rehabilitación y
Aprendizaje Solidaridad Social IPS S.A.S., a partir del 1 de septiembre de 2014[46]. Sostiene que, si bien solicitó a la
entidad accionada el suministro de dichas terapias, la EPS no contestó su
petición, fechada el 24 de septiembre de 2014[47].
La demandante solicita que
se autorice el tratamiento prescrito en el Centro de Estimulación,
Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social IPS S.A.S en las cantidades y
formas que ordenó el referido médico. Asimismo, requiere que se le exonere de
cancelar cualquier copago o suma adicional para acceder al servicio de salud,
pues aduce que es una persona de escasos recursos económicos.
Luego de que el Juzgado
Único Promiscuo Municipal de Piojó corriera traslado a la EPS accionada para
que ejerciera su defensa y esta solo pusiera de manifiesto que no se notificó
el traslado contentivo de la admisión de la tutela y, por ello, solicitara la
nulidad de las diligencias, en sentencia del 10 de diciembre de 2014 el a
quo declaró improcedente la acción de tutela frente a la solicitud de
amparo de los derechos a la salud, a la vida, a la seguridad social y a la
integridad personal, pues advirtió, primero, que la parte actora puede acudir
al mecanismo jurisdiccional dispuesto en la Superintendencia Nacional de Salud
para ventilar su pretensión y, segundo, que no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable ni la urgencia o necesidad inminente del suministro de
las terapias requeridas.
Sin perjuicio de lo
anterior, no advirtió que hubiese prueba que demostrara la respuesta de la
entidad accionada a la petición aludida por la demandante en el escrito de
tutela. Por esta razón, amparó el derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, ordenó a Nueva EPS S.A. resolver de manera efectiva y de fondo la
solicitud calendada el 24 de septiembre de 2014. El fallo judicial no fue
impugnado.
4.9.    Expediente T-4647075
El
5 de junio de 2014, Edna Margarita Rúa Llinás, en representación de su hijo
Germán Enrique Uribe Rúa[48], presentó acción de
tutela contra Coomeva EPS, al considerar vulnerados los derechos fundamentales
a la salud y a la seguridad social de su descendiente, debido a la negativa de
autorizarle la práctica de las terapias ABA que requiere para el tratamiento
del autismo que padece[49].
Sobre
el particular, la accionante afirmó que debido a la limitada eficacia de los
tratamientos suministrados por la EPS demandada para atender el autismo que
sufre su hijo, a partir del año 2011 acudió a la Fundación Aprendo, donde el doctor Jesús Eduardo Ruíz
Aguirre le prescribió a su descendiente la práctica de terapias ABA, las cuales
generaron un avance significativo en su situación de salud.
En este sentido, la demandante resaltó que si bien
inicialmente asumió el costo de las terapias ante la negativa de la EPS
demandada de cubrir el valor de las mismas, lo cierto es que debido a la
escasez económica generada por su situación de desempleo, no pudo continuar con
los pagos correspondientes para asegurar que su hijo siga con el tratamiento
suministrado en la Fundación Aprende.
Con
base en lo anterior, la demandante pretende que se tutelen los derechos
fundamentales de su hijo Germán Enrique Uribe Rúa y, en consecuencia, se ordene
que la EPS accionada: (i) asuma el costo de las terapias ABA que le sean
practicadas en la Fundación Aprendo, y (ii) se abstenga de exigirle la
cancelación de copagos y cuotas moderadoras por la prestación de las mismas.
Coomeva
EPS se opuso a la prosperidad
del amparo, argumentando que Germán
Enrique Uribe Rúa si bien fue uno de sus afiliados en calidad de beneficiario
de los aportes efectuados por su progenitora y recibió todos los servicios que
fueron ordenados por sus médicos para el tratamiento del autismo que padece, lo
cierto es que para la fecha de la presentación de la tutela su estado de
vinculación al sistema de salud era de suspendido, por lo que no estaba en la
obligación de prestarle los servicios requeridos.
Adicionalmente,
la accionada expresó que las terapias solicitadas no fueron autorizadas por el
comité técnico científico, ya que: (i) estaban excluidas expresamente del Plan
Obligatorio de Salud debido a que su idoneidad no está demostrada, y (ii)
fueron prescritas por especialistas ajenos a la red de servicios que no llevan
el seguimiento del paciente.
A
través de Sentencia del 18 de junio de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal
para Adolescentes de Barranquilla teniendo en cuenta la especial protección
constitucional que ostentan las personas en situación de discapacidad, amparó
transitoriamente los derechos de Germán Enrique Uribe Rúa, ordenándole a
Coomeva EPS que procediera a prestarle los servicios médicos que requiere para
el tratamiento de su enfermedad hasta por cuatro meses, mientras se adelantan
los tramites respectivos para asegurar su vinculación al régimen subsidiado de salud.
Por
una parte, Edna Margarita Rúa Llinás impugnó el fallo de primera instancia,
señalando que la decisión no es congruente con lo pedido en la acción de
tutela, toda vez que no se pretendía un amparo transitorio en los términos en
los que fue concedido, sino que lo solicitado estaba dirigido a que se ordenara
que las terapias requeridas por su hijo fueran prestadas directamente en la
Fundación Aprendo a cargo de Coomeva sin necesidad de que se realice un cambio
de EPS, así como que no fueran cobrados copagos y cuotas moderadoras por la
práctica de las mismas.
De
otra parte, Coomeva EPS apeló la decisión de primer grado, señalando que las
terapias ABA si bien pueden llegar a ser efectivas para niños con algún
trastorno del espectro autista, lo cierto es que en el caso del joven Germán
Enrique Uribe Rúa las mismas no son idóneas para el tratamiento de su
enfermedad, debido a que su efectividad está restringida a casos de personas
cuyo sistema nervioso central no ha alcanzado la madurez, lo cual ocurre en la
niñez. Igualmente, la demandada indicó que la controversia puesta de presente
en el amparo debe ser desatada ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Mediante
Sentencia del 29 de julio de 2014, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para
Adolescentes de Barranquilla revocó el fallo de primera instancia y, en su
lugar, declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que las
pretensiones de la parte accionante pueden ser satisfechas mediante el
ejercicio de los mecanismos establecidos en las leyes 1122 de 2007 y 1438 de
2011 ante la Superintendencia Nacional de Salud. En este sentido, el
funcionario dispuso que el despacho de primera instancia remitiera de copias
del expediente a dicha entidad.
4.10.      Expediente T-4585824
El
11 de abril de 2014, la señora Dorina Ester Arias Arias, mediante apoderado
judicial, presentó
acción de tutela contra Salud
Total E.P.S., en representación de su hija, Sharith Daniela Blanco Arias, de quien afirma, padece
de insuficiencia motora de origen
cerebral y trastorno de aprendizaje y no ha recibido de la EPS accionada el tratamiento
integral que requiere. Expone que acudió al médico fisiatra particular Omar Rivera Martínez, en el Centro de Rehabilitación
Integral Estrellitas, quien, con base en el mencionado diagnóstico
prescribió el suministro de 120 sesiones mensuales de terapias físicas, ocupacional y de lenguaje de neurodesarrollo,
acuaterapia, equinoterapia, musicoterapia y psicología comportamental, y que
Salud Total E.P.S se ha negado a autorizar el tratamiento, porque el médico que lo
solicita no hace parte de su red de servicios. La actora solicita que se
autorice el servicio en la IPS,
Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas, pues es la única institución de ese tipo
en la zona en la que reside, que ofrece el tratamiento integral en las
condiciones requeridas por su hija y que, además, ofrece servicio de transporte
de manera gratuita y acomodar el horario de las terapias de manera que no se
afecte el horario de estudios de la niña. Argumenta que desde el momento en que su hija fue diagnosticada
con “IMOC más trastorno de aprendizaje” inició el tratamiento prescrito
en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas. Sin embargo, no cuenta con
los recursos económicos para garantizar su continuidad, razón por la cual,
también solicita que se le exonere de copagos o cuotas moderadoras.
Aduce
que en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas, ubicado en el
corregimiento de la Loma, Cesar, reciben tratamiento otros niños que también
están afiliados a la EPS Salud Total, toda vez que es el único sitio que presta
el servicio de terapias complementarias autorizado por la Secretaría de Salud
Departamental, y que además cuenta con profesionales idóneos.
A la demanda de tutela se
acompaña copia del formato de diagnóstico del médico fisiatra Omar Rivera Martínez, así como una
prescripción de las terapias suscrita por el mismo profesional. Igualmente se
aporta copia de dos autorizaciones de servicio emitidas por Salud Total EPS a
nombre de dos menores de edad afiliados a dicha entidad para recibir
tratamiento en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas.
Por su parte, la EPS Salud Total, solicitó al juez de tutela denegar el amparo
solicitado. Expresó que el médico Omar Rivera no está adscrito a la EPS Salud
Total, así como tampoco lo está el Centro de Rehabilitación Integral
Estrellitas. Además, que la accionante nunca presentó una petición solicitando
que se autorizaran las referidas terapias, por consiguiente, no le ha negado la
prestación del servicio a la niña Sharith Daniela Blanco Arias.
De
otro lado, advirtió que los niños que reciben atención en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas, que están afiliados a la EPS Salud Total,
lo hacen en virtud del cumplimiento de fallos de tutela que van en contravía de
las normas que regulan el funcionamiento del Sistema de Seguridad Social en
Salud. Por ejemplo, en la última semana, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Valledupar le notificó la admisión de tres
acciones de tutela que se presentaron con el mismo formato, igual redacción y
pretensiones que la formulada en esta oportunidad por la señora Dorina Ester
Arias Arias, en representación de su hija, Sharith Daniela Blanco Arias. Lo
anterior, prueba que lo que se pretende es obligar a la EPS Salud Total a
suscribir un convenio para la prestación de dichos servicios con el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas.
Señaló
que, según jurisprudencia constitucional, cuando se solicita a las EPS la autorización
de procedimientos médicos prescritos por médicos particulares no adscritos a su
red de prestadores de servicios dicho concepto debe ser ratificado por un
galeno que sí este adscrito. Por consiguiente, le asignó una cita a la niña
Sharith Daniela Blanco Arias, el 9 de mayo de 2014, a las 2:00 pm con un
neurólogo pediatra.
De
dicha acción conoció el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Valledupar con
Función de Control de Garantías, despacho que, en
providencia de 6 de mayo de 2014, resolvió tutelar los derechos
fundamentales a la salud y a la vida de la niña Sharith Daniela Blanco Arias.
En consecuencia, ordenó a Salud Total EPS autorizar en favor de la referida
menor las terapias prescritas por su médico tratante en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas. Adicionalmente a lo anterior, ordenó a
Salud Total EPS garantizar el tratamiento integral de la niña, de forma
oportuna y permanente. Así mismo, exonerarla de copagos y cuotas moderadoras.
Por
último, autorizó a Salud Total EPS para que realizara el correspondiente
recobro al FOSYGA por los servicios prestados a la niña Sharith Daniela Blanco
Arias que no estuvieran incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
En desacuerdo con lo anterior, Salud Total EPS, solicitó al juez de tutela revocar la
decisión de primera instancia, toda vez que la entidad no le ha negado a la
niña Sharith Daniela Blanco Arias la prestación de ningún tratamiento o
medicamento, prescrito por los galenos adscritos a la red de la EPS.
Así
mismo, advirtió que la madre de la niña no radicó ninguna petición solicitando
la autorización de algún procedimiento médico, ni tampoco acudió a la
valoración programada con los médicos adscritos a la EPS.
El
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar con Función de Conocimiento,
mediante providencia de 7 de julio de 2014, decidió revocar la sentencia de
primera instancia, al advertir que, en efecto, la accionante nunca presentó una
petición a la EPS Salud Total solicitando la autorización de algún
procedimiento o tratamiento médico, por consiguiente, dicha entidad no vulneró
ningún derecho fundamental. Además, señaló que el juez de instancia no verificó
la legitimación por activa, pues la actora no aportó prueba que acreditara su
condición como madre de Sharith Daniela Blanco Arias.
4.11.     Expediente T-4585818
A
través de apoderado judicial, Erika Patricia Jiménez Orozco presentó acción de
tutela contra Salud Total EPS, en representación de Jesús Manuel Jiménez, al no
recibir de la EPS accionada el tratamiento integral que requiere su hijo.
Expone que acudió al médico fisiatra Omar Rivera Martínez en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas IPS, quien, con base en el diagnóstico de
“IMOC tetraplejia espástica y epilepsia”, prescribió el suministro de 120
sesiones mensuales de terapias en neurodesarrollo, miofuncionales,
musicoterapia y asistidas con perros. Afirma que con soporte en el anterior
dictamen acudió a la EPS para solicitar la autorización del tratamiento, sin
embargo, le fue negado -de forma verbal- tras considerarse que la IPS no hace
parte de la red de servicios de la entidad, ni esos servicios de rehabilitación
se encuentran incluidos en el POS. En consecuencia, la actora solicita al juez
de tutela que se autorice el tratamiento prescrito en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas IPS, pues es la única institución en el
municipio de El Paso, Cesar, que ofrece el tratamiento integral para las
condiciones que presenta su hijo y, además, proporciona el servicio de
transporte de manera gratuita, con lo que se garantiza su seguridad. Por
último, asegura que carece de recursos económicos para cubrir el tratamiento y
solventar la cuota de cada sesión, por lo que también requiere la exoneración
de copagos.
A
la demanda de tutela acompaña los siguientes documentos: (i) la tarjeta
de identidad de Jesús Manuel Jiménez, que demuestra su minoría de edad; (ii)
el certificado de afiliación del infante al sistema de seguridad social, en
el régimen contributivo; (iii) la evaluación de fisiatría y la orden de
servicios del médico Omar Rivera Martínez, por medio de las cuales fija las
terapias mensuales; (iv) el registro del Centro de Rehabilitación
Integral Estrellitas IPS en la Lista Especial de Prestadores de Servicios de
Salud; (v) el certificado de la IPS donde consta que el niño se
encuentra recibiendo terapias de rehabilitación y, finalmente, (vi) el
poder otorgado al abogado Guillermo Alfonso Namen Vargas para el trámite de la
acción de tutela.
Salud
Total EPS expuso que no vulneró los derechos fundamentales del niño, a partir
de tres tipos de argumentos diferenciados. En primer lugar, manifiesta que la
parte actora no realizó una solicitud ante la EPS, a efectos de que los médicos
especialistas de la entidad valoraran la situación del infante y ordenaran el
tratamiento integral que necesita. En segundo lugar, con soporte en la Ley 1438
de 2011, sostiene que la entidad cuenta con el derecho de libre escogencia de
IPS y, en ese marco, el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas, lugar
donde solicitan el tratamiento, no es una institución adscrita a la EPS. En
tercer término, informa que tanto el Ministerio de Salud, como la
Superintendencia de Salud y la Secretaría Departamental del mismo sector,
coinciden en señalar que las terapias ABA no constituyen tratamientos médicos,
ni cuentan con un aval que certifique resultados del servicio. En consecuencia,
no brindan un tratamiento conforme a estándares mínimos, a efectos de
considerarlo como un servicio médico de rehabilitación.
El
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Valledupar concedió el amparo del derecho a la salud, afirmando que el paciente
tiene la doble condición –de menor de edad y persona en condición de
discapacidad- que lo hace merecedor de protección constitucional reforzada. Por
lo mismo, afirmó que la EPS debe asegurarle, como entidad a cargo de la
prestación de los servicios de salud, un plan de atención interdisciplinario,
de conformidad con lo ordenado por el médico tratante. En ese orden de ideas,
ordenó a la EPS que “autorice a favor del menor (...) el tratamiento de
terapias especializadas consistente en: terapia física en neurodesarrollo,
terapia ocupacional en neurodesarrollo, miofuncional, musicoterapia, terapia
asistida con perros y otros sugeridos por los médicos especialistas tratantes y
en la periodicidad prescrita”. Asimismo, que tal procedimiento “se
realice en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas (…) debido a que ha
venido recibiendo por parte de ese centro médico las diferentes valoraciones”.
Por último, dispuso que, en razón de las precarias condiciones económicas, la
actora fuera exonerada de los copagos.
Salud
Total EPS impugnó la anterior decisión señalando que el juzgado de primera instancia
no se pronunció frente a los argumentos esgrimidos en el escrito de
contestación a la acción de tutela. Por consiguiente, reiteró cada uno de los
puntos y solicitó un pronunciamiento específico respecto de los motivos de
inconformidad con el amparo efectuado.
El
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar
revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia
de la acción de tutela. Sostuvo que la decisión del a quo se profirió
sin la adecuada motivación, debido a que: (i) no existía legitimación
por activa de la actora, pues no aportó medios de prueba que acreditaban la
condición de representante legal del menor de edad; (ii) no demostró
que, con antelación, solicitó a la EPS los servicios de rehabilitación que
reclama por vía de tutela; (iii) no comprobó que la EPS accionada le
hubiera negado la autorización de terapias, consultas especializadas u otros
servicios médicos que requería el infante; (iv) ni explicó las razones
por las cuales carece de recursos económicos, cuando en el expediente de tutela
se observa que, al contrario de lo manifestado, el infante se encuentra
afiliado al régimen contributivo y, hasta la presentación de la tutela, la
familia asumía el pago del tratamiento en el Centro de Rehabilitación Integral
Estrellitas IPS.
En
el trámite de Revisión ante la Corte, Salud Total EPS presentó escrito
adicional solicitando se confirme el fallo de tutela de segunda instancia, bajo
las mismas razones expuestas a lo largo del proceso y con el propósito de que
este Tribunal realicé pedagogía constitucional sobre el alcance del derecho a
la salud frente a las terapias conductuales ABA.
4.12.     Expediente T-4582553
Esmith Viviana Rodríguez
Betin, por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de tutela en
contra Coosalud EPS-S, con el propósito de obtener autorización para la
práctica de 120 sesiones mensuales de terapias integrales por el método ABA
(análisis conductual aplicado), de manera indefinida, en el Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social IPS de la ciudad
de Barranquilla, para su hija Kenia Amador Rodríguez, tras ser diagnosticada
por el neurólogo Pedro Pablo Barraza Mercado, adscrito a dicho centro, con “trastorno
mental y retraso del desarrollo del lenguaje”, padecimiento que, según
manifiesta, está catalogado como enfermedad huérfana y rara. Agrega, que elevó petición ante la EPS-S accionada
para que expidiera la respectiva orden de servicios, obteniendo respuesta
desfavorable a su solicitud.
Manifiesta que es una persona de escasos recursos económicos y,
además, pone de presente que el Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social le
resulta el más adecuado, ya que este también le proporciona a la menor el
servicio de transporte, entre otras ventajas. En consecuencia, solicita que se
le garantice la “continuidad” en la prestación de las terapias ABA que, según
certificación que allega con la demanda de tutela, viene recibiendo desde el 2
de diciembre de 2014, por iniciativa de sus padres, así como que se le exonere
de cancelar copagos y cualquier otro emolumento adicional por la autorización
de dichas terapias.
Por su parte, Coosalud EPS-S expresó que
la razón de su negativa radica en que los servicios solicitados se encuentran
expresamente excluidos del POS-S por tratarse de terapias experimentales y,
debido a que, tanto el médico tratante como el centro de rehabilitación donde
se exige su práctica, no hacen parte de su red de prestadores de servicios de
salud. En todo caso, sostuvo que, por su carácter educativo, le corresponde al
Ministerio de Educación Nacional asumir la prestación de las terapias ABA.
A su turno, la Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla, en
respuesta a su vinculación oficiosa al trámite de tutela, manifestó que
Coosalud EPS-S es la única entidad llamada a garantizar la prestación de los
servicios de salud que requiere la menor, realizando el respectivo recobro ante
el Fosyga.
El Juzgado Décimo Penal Municipal con Función de Control del
Garantías de Barranquilla negó por improcedente el amparo deprecado por la
parte actora, en consideración a la existencia de otro medio judicial de
defensa, esto es, el trámite informal, sumario y preferente ante la
Superintendencia Nacional de Salud, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 126 de la Ley 1428 de 2011, y tras advertir que no se encuentra
acreditada la ocurrencia de un perjuicio irremediable en detrimento de los
derechos fundamentales de la niña, que le impida a la actora agotar dicho
mecanismo. El fallo judicial no fue impugnado.
4.13.     Expediente T-4582253
El
19 de marzo de 2014, Anyela Penagos Padilla, mediante apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra Comparta EPS en representación de su hijo de
nueve años, Armando José Escobar Penagos, que padece, según afirma, retraso
mental, trastorno de déficit de atención e hiperactividad y trastorno del
desarrollo del lenguaje. Manifiesta que acudió al neurólogo particular Pedro
Pablo Barraza del Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS SAS, quien,
con base en el diagnóstico “retraso mental + TDAH + trastorno del lenguaje”
prescribió el suministro de 120 sesiones mensuales de terapias integrales del
neurodesarrollo. Sostiene que presentó derecho de petición ante la EPS,
solicitando la autorización de las sesiones prescritas; sin embargo, afirma que
no obtuvo respuesta. La actora solicita que se autorice el servicio en la
IPS Centro de Rehabilitación Solidaridad Social, a fin de que su hijo pueda
continuar con el tratamiento iniciado. Asimismo, que se la exonere del pago de
copagos y de cualquier cobro adicional.
La demanda de tutela se acompaña con
copia de la prescripción de las terapias, suscrita por el médico neurólogo
Pedro Pablo Barraza el 31 de enero de 2014, y con un
documento que contiene el portafolio de servicios del Centro de Rehabilitación
Solidaridad Social IPS. Adicionalmente, se allega copia del derecho de petición
en el que la accionante solicita la autorización de los servicios (sin sello de
recibido, pero se aportan comprobantes de envío a la EPS).
La
EPS Comparta solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, por
cuanto, en sus bases de datos, no hay registro de solicitud de los referidos
servicios. Por otra parte, informó que las terapias requeridas no hacen parte
del Plan Obligatorio de Salud y que no existe orden médica, emitida por los
profesionales adscritos a la red de la entidad, en la que se ordene su
suministro. A lo anterior agregó que la IPS no integra su red prestadora y que no
es posible obligar a una EPS a celebrar un contrato con una institución
determinada. Por último, señaló que, en caso de que fuera procedente el acceso
a las terapias, su costo debería ser asumido por la Gobernación del Magdalena,
a través de la Dirección Departamental de Salud y con cargo a los recursos de
subsidio a la oferta, provenientes del Sistema General de Participaciones.
Acompañó la contestación con copia de
las autorizaciones activas para Armando José, entre estas, consulta de
neuropediatría por primera vez.
En
sentencia del 3 de abril de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal para
Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta concedió el
amparo, con base en la protección especial que merece el derecho a la salud de
un niño y en la concurrencia de los requisitos jurisprudenciales para acceder a
servicios excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Adicionalmente, señaló que,
dada la baja capacidad económica de la accionante, los copagos podrían
representar una barrera frente al acceso a los servicios médicos requeridos,
por lo cual debía ser exonerada de asumirlos.
La
EPS accionada presentó escrito de impugnación en el que reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda, en relación con la financiación de
servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud y en la imposibilidad de
obligar a una EPS a celebrar un contrato con una institución determinada.
Asimismo, destacó que, en 2013, la Superintendencia Nacional de Salud emitió un
oficio en el que indica que las terapias solicitadas tienen un componente de
carácter educativo y evidencia médica limitada.
Por
su parte, en sentencia del 9 de junio de 2014, el Juzgado Primero Penal del Circuito
para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Santa Marta confirmó aquella
dictada por el juez de primera instancia, por cuanto los niños en situación de
discapacidad son titulares del derecho fundamental a la salud y merecen una
protección reforzada. Ello implica que si un médico tratante prescribe un
tratamiento que no hace parte del Plan Obligatorio de Salud y no existe otro
que brinde los mismos beneficios, la EPS debe autorizar su suministro.
Finalmente, autorizó a la entidad demandada a recobrar al ente territorial el
costo asumido por los servicios.
4.14.     Expediente T-4581950
El 7 de mayo de 2014,
Yenis Zulay Reguillo Barrios presentó acción de tutela contra Saludcoop EPS en
representación de su hijo de nueve años, Pedro Luis Candanoza Reguillo, que
padece, según afirma, hiperquinesia, retraso cognoscitivo moderado, trastorno
del desarrollo del lenguaje y trastorno generalizado del desarrollo, por el
desconocimiento de sus derechos a la salud, a la vida, a la dignidad humana y a
la igualdad. Manifiesta que acudió a una institución particular llamada
Fundación Paso a Paso en la que, con base en el diagnóstico “dislalia e
hiperquinesia”, el área de medicina física y del deporte, en cabeza del
médico Orlando Santiago Moreno Barriga, le prescribió “170 sesiones de
rehabilitación multidisciplnaria con enfoque cognitivo y del lenguaje
coordinaición motora guresa, fonoaudiológica, apoyo psicológico que incluya
terapia de Hallwick, musicoterapia, Neurodesarrollo, terapia asistida con perros,
orientación con componente ABA”[50].
Sostiene que los médicos adscritos a la EPS no prescriben dichas terapias al no
estar cubiertas por el POS, razón por la cual adujo que su hijo no ha recibido
el tratamiento de rehabilitación integral que necesita.
La demandante solicita que
se autorice el tratamiento prescrito en la Fundación Paso a Paso y se le
exonere del pago de copagos y de cualquier cobro adicional por la prestación
del servicio. Asimismo, requiere los medios económicos para sufragar el transporte
y todos los gastos que impliquen acceder al servicio de salud.
La EPS Saludcoop solicitó
negar el amparo, pues advirtió que: (i) el infante ha sido atendido por
profesionales en pediatría y psicología[51],
especialidades que consideró idóneas para tratar su patología, sin que estos le
hubiesen prescrito las terapias solicitadas en sede de tutela; (ii) las
terapias pretendidas fueron ordenadas por un médico particular que, según
indicó, no puede determinar con precisión el tratamiento del niño, pues no es neurólogo
pediatra o pediatra; (iii) “no puede suministrar las Terapias ABA, de
neurosdesarrollo, miofuncional, musicoterapia, lenguaje basada en
neurodesarrollo, integración sensomotriz, y orientación y entrenamiento vocal
teniendo en cuenta que las mismas no solo no hacen parte del POS, sino que
además son consideradas como experimentales, sin que a la fecha cuenten con
habilitación”[52]; y (iii) no es dable admitir la
exoneración de copagos solicitada, ya que la accionante solo debe cancelar
$1.400 pesos por tal concepto, suma que, a su juicio, no es desproporcionada
frente al monto del ingreso sobre el cual cotiza, que en el año 2014 ascendía a
$668.000 pesos.
El Juzgado Tercero
Promiscuo Municipal de Ciénaga, en sentencia del 12 de junio de 2014, negó el
amparo luego de considerar que la orden del médico de la Fundación Paso a Paso
no resulta vinculante, pues además de que el galeno no se encontraba adscrito a
Saludcoop, el menor estaba siendo atendido por la EPS con todos los protocolos
que su patología requiere y, en ese sentido, fue valorado por los especialistas
idóneos para tratar la enfermedad que padece, quienes son los que deben
proferir las remisiones y prescripciones pertinentes.
Sin perjuicio de lo
anterior, exhortó a la entidad accionada para que continuara suministrando el
servicio de salud en forma pronta y eficiente de acuerdo con los términos
señalados por el galeno tratante en las órdenes médicas que expida. El fallo
judicial no fue impugnado.
4.15.     Expediente T-4288549
Yamile Esther Ramos Valdés presentó acción
de tutela contra Saludcoop EPS, en representación de su hija Valentina Michelle
Ramos Valdés, quien presenta un diagnóstico  de “Déficit Cognitivo con
Alteración de Comportamiento” por lo cual requiere atención especializada y por
ello la madre manifiesta que presentó un derecho de petición  el 4 de enero de
2012 solicitando la remisión de su hija a la IPS Centro de Rehabilitación
Manantial, ubicado en la ciudad de Santa Marta ya que el mismo cuenta con toda
la infraestructura y los medios necesarios para brindarle el tratamiento
integral a su hija, y el otorgamiento de viáticos para la práctica de exámenes
médicos en Barranquilla y no recibió respuesta alguna. La solicitud fue
reiterada el 19 de febrero de 2013 y tampoco recibió respuesta alguna, por lo
cual interpone la presente acción de tutela con el fin de que se ordenara a la
EPS accionada que autorizara la remisión de su hija a la IPS precitada con el
fin de que reciba el tratamiento integral.
De igual manera pidió que se le otorgaran
viáticos para transporte y alojamiento para acudir con su hija a la ciudad de
Barranquilla a la práctica de diversos exámenes médicos debido a que es madre
cabeza de familia y no cuenta con muchos recursos económicos para sufragar los
continuos traslados entre Santa Marta, donde reside, y Barranquilla, donde se
le ordenaron a su hija la práctica de unos exámenes médicos autorizados por el
médico tratante.
La EPS Saludcoop en su escrito de
contestación pidió la declaratoria de improcedencia de la tutela”,
porque la representante de la niña afectada pretendía que se le autorizaran “terapias
experimentales y no convencionales tipo ABA, neurodesarrollo, integración
sensoriomotriz, miofuncional, musicoterapia, rehabilitación del lenguaje,
acuaterapia e hipoterapia, las cuales no pueden ser autorizadas por la EPS,
debido a que fueron prescritas por médicos no adscritos a la Red de servicio de
la EPS”, las cuales no hacían parte del POS y por ello no debían ser
asumidas por Saludcoop EPS y en la misma línea argumental, al no tener contrato
con el IPC Centro Integral Manantial no podía darse la autorización para que se
prestaran en tal institución.
El Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Santa Marta, en fallo de única instancia
el 8 de mayo de 2013 concedió el amparo pretendido y ordenó a Saludcoop EPS que
debía autorizar la práctica de las terapias ABA, Integración sensoriomotriz,
miofuncional, musicoterapia, neurorehabilitación, rehabilitación del lenguaje,
acuaterapia, hidroterapia y todos los demás servicios médicos que requiriera la
menor afectada para su proceso de recuperación,  incluyendo los no incluidos en
el POS, el cual se debería adelantar en el IPC Centro Integral Manantial. El
tratamiento debería ser pagado por la EPS accionada, la cual podría recobrar
contra el FOSYGA todo concepto que correspondiera a servicios No POS.
De igual manera se ordenó a la accionada
que debía suministrarle a la niña y a un acompañante todo lo relacionado con
alojamiento, viáticos y transporte cuando así lo requiera con el fin de recibir
atención en salud en un municipio distinto al de su domicilio.
4.16.     Expediente T-4285631
Luis Alfonso Barreto García presentó
acción de tutela contra Cajacopi EPS, en representación de su hija Astrid Carolina
Barreto Silva, quien presenta un diagnóstico de “Discapacidad Cognitiva +
Dislalias”[53],
en virtud de lo anterior el médico tratante le prescribió la práctica sesiones
de acuaterapia, musicoterapia, de terapia miofuncional y de lenguaje, terapia
comportamental y de familia y de integración sensoriomotriz. El padre de la niña
afectada presentó un derecho de petición ante Cajacopi EPS el 25 de abril de
2013 solicitándole que diera las respectivas autorizaciones para que su hija
recibiera los servicios médicos prescritos en el Instituto de Rehabilitación
Integral Caritas Felices Ltda. IPS, donde su hija había sido valorada y se le
habían prescrito los tratamientos solicitados. Al no recibir respuesta interpuso
la presente acción de tutela con el fin de que se le ordene a la accionada
autorizar y brindar el tratamiento prescrito a través del centro de
rehabilitación integral precitado, ya que el mismo se encuentra ubicado en el
municipio La Loma de Calentura (Cesar) donde reside la menor, y goza de todas las
condiciones para brindarle la atención integral que requiere.
De igual manera sostuvo que no contaba con
los medios financieros para sufragar el tratamiento de su hija de manera
particular, y por ello pidió que se la EPS asumiera el costo del tratamiento y
los gastos de transporte que pudieran llegar a generarse.
Cajacopi EPS en su escrito de contestación
pidió negar la tutela, por tratarse de servicios prescritos por un galeno
particular y estar excluidos del POS sin haberse justificado su necesidad en
términos médicos, y por haberse exigido su suministro en una IPS que se
encuentra por fuera de la red de servicios de la EPS, pese a que esta última
cuenta con una amplia gama de proveedores que reúnen las condiciones para
tratar las patologías que aquejan a la menor. Asimismo, la EPS advierte que, en
caso de ordenarse por vía judicial el suministro de los servicios, los gastos
deben ser asumidos por la Secretaria Departamental de Salud del Cesar, por
tratarse de servicios excluidos del POS para personas del régimen subsidiado.
La Secretaría Departamental de Salud del Cesar, pese a haber sido debidamente
notificada, guardó silencio.
El Juzgado Cuarto Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Valledupar (Cesar), en fallo de única
instancia el 30 de diciembre de 2013 concedió el amparo deprecado y ordenó a
Cajacopi EPS autorizar el tratamiento prescrito consistente en la práctica de
sesiones de acuaterapia, musicoterapia, de terapia miofuncional y de lenguaje,
terapia comportamental y de familia y de integración sensoriomotriz, el cual
debería adelantarse en el Instituto de Rehabilitación Integral Caritas Felices
Ltda. IPS. El tratamiento debería ser pagado por la EPS accionada, la cual
podría recobrar contra el FOSYGA todo concepto que correspondiera a servicios
No Pos.
Para fundamentar su aserto el juzgado
advirtió que al estar probado tanto el diagnóstico como la afectación del derecho
a la salud, se hacía necesario que el juez constitucional adoptara todas las
medidas necesarias para garantizar tal derecho pues se trataba de un sujeto de
especial protección constitucional. Por lo anterior se hacía necesario ordenar
la realización del tratamiento en la IPS localizada en el domicilio de la
paciente en procura de facilitar la rehabilitación y permitir su recuperación.
En línea con lo anterior no había lugar a conceder los gastos de transporte
pues los servicios requeridos se prestarían en el municipio donde reside la
niña.
4.17.      Expediente T-4279777
Elioneth Rangel Rondón
presentó acción de tutela en contra Saludvida EPS-S, en representación de su
hijo, Rafael Andrés Rangel Rondón, de quien afirma padece secuelas de
encefalitis viral y no ha recibido de la EPS accionada el tratamiento
integral que requiere. Expone, que acudió al fisiatra particular, Omar Rivera
Martínez, quien, con base en un diagnóstico de “déficit cognitivo”, le
prescribió 20 sesiones mensuales de cada una de las siguientes terapias
asistidas para ser practicadas en el Centro de Rehabilitación Integral
Estrellitas IPS: terapia física en neurodesarrollo, terapia
ocupacional en neurodesarrollo, terapia de lenguaje en neurodesarrollo,
acuaterapia, equinoterapia, hidroterapia, miofuncional.
Sin embargo, afirma que Saludvida EPS-S se ha negado a autorizar estos
tratamientos, debido a que el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas IPS
no hace parte de su red de prestadores de servicios de salud, así como tampoco
el médico tratante.
A través del amparo
constitucional, la actora solicita que se autoricen las terapias requeridas por
su hijo en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas IPS, ya que es la
única institución que está ubicada en la zona donde reside y que, además,
presta el tratamiento integral en las condiciones de calidad requeridas por el niño,
al igual que los servicios de transporte y alimentación de manera gratuita.
Respecto a la carencia de recursos económicos, no realiza manifestación
alguna.
A la demanda de tutela
se acompaña copia del formato de diagnóstico del fisiatra Omar Rivera Martínez,
así como de una orden de servicios de las mencionadas terapias suscrita por el
mismo profesional con membrete del Centro de Rehabilitación Integral
Estrellitas (CRIES) IPS.
No se aporta copia de
alguna comunicación dirigida por la accionante a la EPS solicitando la
autorización de los anteriores servicios. No obstante, se allega copia del
formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos, expedido por la
Secretaría de Salud Departamental del Cesar, en el que se le informa que las
actividades de equinoterapia, terapia miofuncional, musicoterapia y terapia
asistida con perros se encuentran excluidas del POS-S, según lo dispuesto en el
Acuerdo 029 de 2011.
Por su parte, la EPS
Saludvida expresó que la accionante no radicó en sus instalaciones la
correspondiente orden de servicios, pues su solicitud únicamente la dirigió a
la Secretaría de Salud Departamental. Aun así, resaltó que son varias las
acciones de tutela promovidas en su contra, en las que se le exige la autorización
de terapias no convencionales en el Centro de Rehabilitación Integral
Estrellitas (CRIES), no siendo su obligación contratar la prestación de dichos
servicios con una IPS determinada, sin que el menor sea valorado por
profesionales adscritos a su red de prestadores y, de acuerdo al diagnóstico
que estos emitan, se le brinde la atención requerida a través de las IPS
pertenecientes a su propia red. Con todo, advirtió que es a la Secretaría de
Salud Departamental a quien le corresponde autorizar los servicios de salud que
se encuentren excluidos del POS-S y, por consiguiente, solicitó que se denegara
la protección constitucional solicitada.
El Juzgado Primero Penal
de Valledupar concedió el amparo invocado por la parte actora, con base en
providencias de la Corte Constitucional relacionadas con la protección del
derecho a la salud y a la educación de los niños en situación de discapacidad.
En consecuencia, ordenó a la EPS accionada que realizara una nueva valoración
médica e interdisciplinaria a Rafael Andrés Rangel Rondón, a fin de establecer
la viabilidad de la práctica de las terapias alternativas especializadas
ordenadas por el fisiatra tratante y, aclaró, que todo lo relacionado con su
derecho a la salud debía garantizársele a través de Saludvida EPS-S, en virtud
del principio de integralidad.
Impugnada la anterior
decisión, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Valledupar resolvió revocarla y, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda, tras concluir que no se acreditó que la actora haya elevado solicitud
ante la accionada, tendiente a que se le autorizara a su hijo la práctica de
las terapias ordenadas por el médico particular, de modo que, al no existir
negativa alguna por parte de Saludvida EPS-S, la acción de tutela deviene
improcedente.
4.18.       Expediente T-4277939
La
señora Flor Ángela del Águila Peña interpuso acción de tutela contra Salud Total E.P.S., al estimar que esa
entidad vulneró los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana de su hijo Juan José
Pérez del Águila, cuando
le negó la práctica de las terapias de
rehabilitación que requiere para tratar sus patologías.
El
hijo de la tutelante, de cuatro años de edad, fue diagnosticado con autismo
atípico y retardo mental en desarrollo. Por esta razón, su médico tratante
afirmó en la historia clínica del paciente que aquel “(…) requiere de forma
integral del apoyo multidisciplinario de especialidades como neuropediatría,
siquiatría, psicología y del manejo por terapia física, ocupacional y lenguaje,
lo cual debe ser realizado en una institución con experiencia en el manejo de
este tipo de trastornos”.
La
accionante expresó que su hijo fue valorado en la Clínica Neurorehabilitar,
institución especializada en la realización de este tipo de terapias, la cual
manifestó que el niño requería “(…) una intervención terapéutica integral,
especializada e individual. Además de equinoterapia e hidroterapia para
estabilizarlo a nivel propioceptivo, vestibular [sic] y mejorar su
equilibrio, como también bajar niveles de ansiedad”. Así las cosas, la
actora solicitó a la EPS accionada la autorización del tratamiento antedicho en
la Clínica Neurorehabilitar. La accionada respondió negativamente su solicitud
porque las terapias no se encuentran contempladas en el POS (al ser de tipo
educativo y no médico) y no existe convenio con esa Institución.
De
conformidad con lo expuesto, la tutelante pide que la EPS Salud Total autorice,
sin lugar a cobro alguno de copagos y/o cuotas moderadoras, el programa de
rehabilitación que requiere su hijo en la Clínica Neurorehabilitar, a efectos
de que este pueda mejorar su estado de salud. Solicita también el
correspondiente tratamiento integral de sus patologías, para evitar la
constante interposición de acciones de tutela.
El representante legal de Neurorehabilitar, en escrito
remitido al juez de instancia el 6 de noviembre de 2013, sostuvo que esa
Institución tiene convenio con la EPS Salud Total, por lo cual presta los
servicios de rehabilitación integral a sus pacientes afiliados. El Director
Administrativo de la EPS accionada, el 7 de noviembre de 2013, afirmó que la
entidad que representa ha cumplido con todas sus obligaciones en lo que tiene
que ver con el tratamiento que requiere el menor de edad, de conformidad con
las prescripciones que sus médicos adscritos han emitido. Sobre las terapias
que solicita la progenitora, afirmó (i) que corresponden a un servicio no
incluido en el POS, (ii) que su naturaleza es de tipo educativo y no médico, y,
(iii) que aun si fueren procedentes, las mismas no podrían ser prestadas por
una institución ajena a su red prestadora de salud.
El Juzgado Séptimo
Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, en sentencia del 13 de
noviembre de 2013, resolvió tutelar los
derechos a la salud y a la vida en condiciones dignas del infante y, en
consecuencia, ordenó a la accionada (i) autorizar el procedimiento terapéutico
que necesita en la Clínica Neurorehabilitar, y (ii) suministrar el tratamiento
integral de conformidad con lo que ordenen los médicos tratantes.
Para esto resaltó (i) que tanto su médico tratante como
los profesionales que estudiaron su patología coincidieron en la necesidad de
realizar las terapias aludidas al paciente, (ii) que de acuerdo con la
respuesta de la Clínica Neurorehabilitar, entre esta y la EPS accionada existe
un convenio para prestar ese servicio, y, (iii) que el mismo contribuirá a la
mejora de la salud del niño, lo cual le permitirá gozar de una vida en
condiciones dignas.
Salud Total EPS impugnó el fallo, solicitando al juez de
segunda instancia (i) que le otorgue la facultad de recobrar ante el Fosyga el
100% de los costos que asumirá por la prestación del servicio, dado que excede
la órbita de la salud y no está incluido en el POS, (ii) que no ordene el
tratamiento integral, porque no se pueden amparar situaciones futuras, y, (iii)
que limite el fallo en el sentido de indicar que la realización de las terapias
sea en una IPS con la que se tenga convenio, no con aquella que la accionante
prefiera de acuerdo con su voluntad.
El Juzgado Treinta y Cuatro Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Bogotá, en sentencia del 23 de enero de 2014, revocó
en su totalidad la decisión proferida por el a quo. Para esto argumentó
que la insistencia de la actora dirigida a que su hijo sea atendido
específicamente en la Clínica Neurorehabilitar, se torna caprichosa. A su vez,
señaló que no existe prueba de que tal institución esté adscrita a la EPS, así
como tampoco logró demostrarse una vulneración concreta de los derechos
fundamentales invocados en el documento tutelar.
En distintas oportunidades la accionante ha solicitado la
resolución de su caso, teniendo en cuenta que su hijo tendría la necesidad de
recibir las terapias prescritas, especialmente por su comportamiento agresivo,
y que con la atención recibida en la Clínica Neurorehabilitar, el niño habría
presentado una mejoría.
4.19.       Expediente T-4269949
La
señora Amalia Ossa Cruz promovió acción de tutela por considerar que Cafesalud E.P.S. vulneró los
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la igualdad de su
hija Winivier Bolívar Ossa, cuando
le negó la práctica de las terapias de
rehabilitación que requiere para tratar sus patologías. En efecto, la hija de
la tutelante, quien cuenta con cuatro años de edad, padece “retraso moderado
pondoestatural, síndrome dimórfico, retraso del lenguaje y síndrome de
convulsión”. Por esta razón, Cafesalud E.P.S., ordenó la realización de
algunas consultas a fin de evaluar el tratamiento que la paciente habría de
seguir[54]. No obstante, tales
citas no tuvieron lugar porque, en palabras de la accionante, la accionada
aducía no contar con agenda para ello.
Así
las cosas, la señora Ossa Cruz decidió motu proprio acudir a la Veeduría
de la Discapacidad –Veedisoc– donde se le otorgó una cita gratuita en el
Instituto Emanuel IPS. En esta última entidad, los profesionales de la salud
que conocieron del estado de la niña, concluyeron que esta “(…) se considera
apta para iniciar un proceso de rehabilitación integral que permita promover
actividades físicas y capacidades para su desempeño ocupacional y social”.
Habida
cuenta del diagnóstico referido, la tutelante pide que la EPS Cafesalud cubra
todos los servicios médicos y tratamientos que los profesionales del Instituto
Emanuel IPS ordenen, a efectos de que la niña pueda mejorar su estado de salud
y vivir en condiciones dignas. Al tiempo, pretende que se otorguen los pañales
desechables, los pañitos húmedos, las cremas antipañalitis y los suplementos
nutricionales que requiera[55], toda vez que, según
afirma, su familia es de escasos recursos económicos[56].
Trámite
procesal y respuesta de la accionada:
El
Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá, mediante proveído del 9 de
septiembre de 2013, admitió la tutela y ordenó oficiar a la accionada para
que diera respuesta a los hechos expuestos a fin de ejercer su derecho de
defensa.
La EPS accionada guardó silencio.
El Juzgado Treinta
y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, en
sentencia del 17 de septiembre de 2013,
resolvió tutelar los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad social de la
niña y, en consecuencia, ordenó a la accionada (i) otorgar el tratamiento
integral que requiere para su enfermedad, (ii) suministrar los pañales,
pañitos, cremas y suplementos nutricionales en la cantidad que requiera de
acuerdo con el concepto previo de su médico tratante, y (iii) programar fechas
para la realización de las terapias (hidroterapia, equinoterapia,
musicoterapia, fonoaudiología y terapia cognitiva) que necesite. Para esto
argumentó que una EPS no puede dejar de prestar el tratamiento en salud que
requiere un menor de edad señalando la existencia de trámites administrativos.
Cafesalud EPS impugnó el fallo aludido, alegando que el
mismo debió declarar la improcedencia de la acción, dado que (i) las terapias
no convencionales tipo ABA solicitadas por la actora, fueron prescritas en una
Institución que no hace parte de su Red de Prestadores, (ii) no existe
evidencia médica que indique que las terapias referidas redunden en una mejoría
del paciente, pues sus resultados dependen de la disposición de este último, y
(iii) no existe una orden emitida por el médico tratante –adscrito a la EPS–
que justifique la realización de tales terapias, así como tampoco existe frente
a la necesidad de otorgar pañitos, pañales y crema antipañalitis. De otro lado,
la accionante también impugnó la decisión del juez de instancia porque, en su
sentir, esa autoridad omitió ordenarle a la accionada la realización de las
terapias, de manera específica, en el Instituto Emanuel IPS.
El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Bogotá, en sentencia del 21 de noviembre de 2013, confirmó
parcialmente la decisión del a quo en lo relacionado con el suministro
del suplemento nutricional, ordenando la asignación de citas en pediatría,
odontopediatría, neuropediatría, gastroenterología y genética, y revocando las
demás órdenes al advertir que no existían conceptos médicos, emitidos por los
galenos tratantes adscritos a la EPS accionada, que dieran cuenta de su
necesidad.
4.20.       Expediente T-4267052
Dersa
María Barragán Cortés, actuando en nombre de su hijo, Jorge David Castro
Gamarra, presenta demanda de tutela contra EPS Caprecom, con el propósito de
que se amparen sus derechos a la vida, a la seguridad social, a la dignidad
humana, a la igualdad y a la salud.
El
niño fue diagnosticado con “trastorno del desarrollo”. Esto se advierte
en “dificultades en la búsqueda de estímulos visuales, atención,
dificultades para su desarrollo académico, lecturas y dictados”. El
diagnóstico aparece en un documento del “Programa de valoraciones
neuropsicológicas”, suscrito por el psicólogo José A. Velásquez V. En el
expediente no hay evidencia de que este psicólogo esté adscrito a la EPS. En
el escrito de tutela se afirma que la EPS no ha dado las órdenes de atención
que se requieren. En el expediente no hay noticia ni evidencia de
atención previa frente a la enfermedad diagnosticada. La accionante
afirma que su condición económica le impide asumir los costos del tratamiento,
pues no puede trabajar y está dedicada a cuidar a su hijo, sin contar con la
ayuda de nadie.
Los
tratamientos que se solicita, conforme al formato de consulta externa
diligenciado por el psicólogo José A. Velásquez V., son las siguientes
terapias: neurodesarrollo, terapia halliwick, musicoterapia, terapia
comportamental (A.B.A.) e integración sensoriomotriz. En la demanda de tutela
se solicita que el servicio se preste en el municipio de Fundación, que se
cubra los costos de transporte del domicilio al centro de rehabilitación (sin
especificar de manera concreta cuál, ni identificarlo como una IPS), que parece
ser el del referido psicólogo y que se proceda a la exoneración de copagos y
cuotas moderadoras.
La
EPS accionada contestó la demanda y argumenta que: la terapia ABA no está
incluida en el POS; que tiene en su red de prestadores el Centro Integral de
Salud del Caribe (CISAD), ubicado en el municipio de Fundación, que puede
atender lo requerido por el infante; que no ha negado en ningún momento la
atención al niño, al que le ha brindado la asistencia médica; que las terapias
requeridas: ABA, neurodesarrollo, halliwick, y musicoterapia, no hacen parte de
las guías de atención médica y son actividades lúdicas.
La
tutela fue resuelta el 28 de noviembre de 2013, por el Juzgado Civil del
Circuito de Fundación, que resolvió negar el amparo solicitado, porque la
accionante carece de legitimidad para actuar en representación del menor, ya
que no aportó el registro civil del infante para acreditar su condición de
madre del mismo, ni del cotejo de la tarjeta de identidad del niño y de la
cédula de ciudadanía de la demandante se colige parentesco alguno. La sentencia
no fue impugnada.
4.21.      Expediente T-4264678
Moisés
Sanjuan Martínez, en representación de su nieta Diana Fontalvo Sanjuan,
presentó acción de tutela contra COMFACOR EPS, por negarse a autorizar el
tratamiento de rehabilitación en la IPS San Teresa de Jesús. Afirma que su
nieta fue valorada por la médica Irma Caro, adscrita a la IPS SALUDCOOP, quien
le diagnosticó “retardo global de desarrollo y epilepsia”. Sostiene que viven
en La Soledad, y que en ese lugar la EPS no cuenta con una red de servicios
para que la menor de edad cuente con un tratamiento integral, motivo por el
cual, cada vez que tienen una cita médica, deben viajar a la ciudad de
Barranquilla. Considera que ese traslado permanente impide el buen desarrollo
del proceso de rehabilitación y, a la vez, resulta altamente oneroso para la
familia.  Por esta razón, afirma que llevó a su nieta con el médico general
Carlos Andrés Toro, quien después de valorarla le recomendó la práctica de terapias
de comportamiento ABA, 120 sesiones por tres meses. Informa que con ese
concepto solicitó a la EPS la autorización de las terapias en la IPS Santa
Teresa de Jesús, por ser una institución que presta sus servicios en el
municipio donde viven, no obstante, indica que la entidad –de forma verbal-
negó el tratamiento aduciendo que estaba excluido del POS, según la Resolución
No. 5261 de 1994. En vista a que no dispone de recursos suficientes para asumir
el costo de las terapias ABA, solicita al juez de tutela que ordene a la EPS la
autorización del tratamiento de rehabilitación en la IPS en mención, así como
la exoneración del pago de las cuotas moderadoras.
A
la demanda de tutela acompaña los siguientes documentos: (i) la cédula
de ciudadanía del actor, la partida de bautismo de la menor de edad y su
tarjeta de identidad, por medio de los cuales deja constancia del parentesco; (ii)
el certificado de afiliación de la niña d al sistema de seguridad social de
salud, en el régimen subsidiado; (iii) la orden de servicios del médico
general Carlos Andrés Toro donde fija 120 sesiones ABA; (iv) el informe
de valoración médica de la niñamediante el cual le diagnostican “retardo global
de desarrollo y epilepsia” y se recomienda, igualmente, el método
comportamental tipo ABA y, finalmente, (iv) del portafolio de servicios
de rehabilitación de la IPS Santa Teresa de Jesús.
En
el expediente de tutela no aparece escrito de contestación de la EPS accionada.
El
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barraquilla concedió el amparo de los
derechos fundamentales de la niña, al considerar que las personas que presentan
discapacidad intelectual se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y
dificultad mayor que sus congéneres, motivo por la cual se hacen merecedoras de
una protección especial por parte de Estado. Dicha protección se manifiesta, en
el caso concreto, en la posibilidad que tiene la niña se someterse a terapias
alternativas para contrarrestar su condición de discapacidad. Así, con soporte
en la Constitución de 1991, tratados internacionales que ratifican la
protección de los derechos humanos y la presunción de veracidad establecida en
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, ordenó a la EPS accionada que
autorizara la práctica del tratamiento conductual ABA ordenado por el médico
tratante en la IPS Santa Teresa de Jesús. Asimismo, requirió a la EPS para que,
en el término de un mes, rindiera un informe al despacho sobre el cumplimiento
de la orden, so pena de las acciones disciplinarias y penales señaladas en el
artículo 52 del referido decreto.
En
orden de lo expuesto, COMFACOR EPS informó al juzgado que procedió a dar
cumplimiento al fallo de tutela y, en consecuencia, autorizó el tratamiento de
rehabilitación prescrito por el médico general, en razón de la patología
diagnosticada a la menor de edad[57].
4.22.       Expediente T-4263532
Maryuris Astrid Hernández Guerra presentó
acción de tutela contra Salud Total EPS, en representación de su hija Aida Luz
Otero Hernández, quien presenta un diagnóstico  de “Parálisis Cerebral
Infantil, Retardo Global del Desarrollo y Microcefalia”, en virtud de lo
anterior el médico tratante particular le prescribió la práctica de un Programa
de Rehabilitación Integral en Salud con terapias físicas, fonoaudiológicas,
ocupacionales y comportamentales, el cual incluye Terapia Comportamental
(A.B.A.), el cual alega le ha sido negado por la EPS Salud Total al haber sido
prescrito por un médico de una IPS no adscrita a su red de prestadores
afectándose así los derechos de su hija. En consecuencia, la actora solicita
que se ordene a la EPS demandada autorizar los servicios prescritos, estén o no
incluidos en el POS, en el Centro de Atención Integral Especializado “Huellas”,
ubicado en el municipio de Fundación, Magdalena, en el cual residen y que se encuentra
localizado cerca a su hogar.
Igualmente manifestó ser una persona de
escasos recursos que no puede asumir el coste del tratamiento que requiere su
hija para adquirir habilidades básicas.
La EPS en su escrito de contestación
solicitó declarar la improcedencia de la tutela porque no ha vulnerado los
derechos de la niña en cuyo nombre se interpone el amparo, toda vez que no
existe un diagnóstico médico que indique el estado actual de la niña y por ello
no hay certeza de que requiera los procedimientos prescritos por un médico
particular no adscrito a la red de prestadores y por ello no puede
autorizarlos. De igual manera señalo que los servicios pedidos son de carácter
educativo y no médico, por lo cual autorizarlos no es propio del ámbito de sus competencias.
También pidió no acceder a la exoneración de copagos y/o cuotas moderadoras
pues no hay pruebas de la ausencia de capacidad económica de la madre de la niña
afectada y finalmente señaló que no tiene vínculo contractual con la IPS
solicitada para la prestación de servicios, de manera que en caso de tener que
autorizar algún servicio deberá hacerse en una entidad que pertenezca a su red
de prestadores asociados.
El Juzgado Octavo Civil Municipal de Santa
Marta, en fallo de única instancia del 28 de octubre de 2013, resolvió no
tutelar los derechos de Aida Luz Otero Hernández  porque los servicio médicos
pedidos por su madre en el escrito de tutela no fueron ordenados por un médico
tratante adscrito a la red de prestadores de servicios de la EPS Salud Total,
requisito indispensable para la autorización de los mismos en los términos de
la jurisprudencia constitucional[58],
por lo cual se deberán adelantar los procedimientos administrativos necesarios
para obtener las autorizaciones médicas  respectivas por parte de los médicos
adscritos a la EPS, la cual no ha negado los servicios y solo exige que sean
autorizados por un médico tratante adscrito a su red de prestadores.
Tampoco se accedió a la pretensión de
ordenar el tratamiento en la IPS Centro de Atención Integral Especializado
“Huellas” pues no hay pruebas que indiquen que no se pueda adelantar en alguna
otra IPS adscrita a Salud Total, la cual ha sido diligente y no ha negado
ningún servicio a la paciente, de tal manera que no se le puede endilgar la
violación de los derechos.
En sede de revisión SaludTotal EPS envió
un memorial el 19 de mayo de 2014 en el cual pidió confirmar providencia de
primera instancia pues no se cumplían los presupuestos jurisprudenciales para
conceder el amparo y ordenar las terapias, esto es no habían sido ordenadas por
un médico adscrito a la EPS, no se practicarían en una IPS igualmente adscrita
y además son servicios NO POS. De igual manera solicitó que se ordenara
investigar las conductas desplegadas por la IPS Centro de Atención Integral
Especializado “Huellas”, que, no estando vinculada a la EPS, autorizara
servicios que no le competían a SaludTotal y que direccionara a sus usuarios a
exigírselos sin fundamento y causando un grave detrimento al Sistema de
Seguridad Social en Salud.
4.23.       Expediente T-4262190
William Rebolledo Mercado, actuando en
calidad de Personero Municipal de Envigado presentó acción de tutela en procura
de obtener la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social y
a la salud en conexidad con la vida digna del menor Alejandro Arroyave
Ceballos, quien presenta un diagnóstico de “autismo” emitido por la Doctora
María Elena Sampedro, médico adscrita a la Fundación Integrar de Medellín
(Antioquia), la cual le prescribió la activación del programa “Intervención
Inicial” en la Fundación Integrar. La madre del afectado presento derecho de
petición el 27 de julio de 2013 con el fin de obtener la respectiva
autorización para iniciar el tratamiento, el cual le fue negado el 11 de julio
de 2013 bajo el argumento de que era un servicio NO POS prestado por una IPS no
adscrita a su red de prestadores de servicios de la EPS y por ello no podía ser
autorizado. En virtud de lo anterior interpone tutela, por intermedio del
personero municipal de Envigado con el fin de que se ordene la autorización del
servicio prescrito y se garantice el tratamiento integral de la patología.
En su escrito de contestación Salud Total
EPS pidió denegar el amparo pues no violó ningún derecho del menor, toda vez
que las pretensiones versan sobre servicios de educación y no servicios
médicos, por lo cual competencia para autorizarla recae en las autoridades
educativas como la Secretaría de Medellín. De igual manera afirmó que viene
prestándole servicios en salud, en especial por neurología, área en la cual le
ordenan terapia ocupacional y de lenguaje. En relación con la petición de
autorizar el servicio de Intervención Inicial de Autismo afirma que el mismo
está excluido del POS y por ello no puede autorizar su práctica.
El Juzgado Segundo Penal Municipal de
Envigado, en primera instancia, en providencia del 7 de octubre de 2013, negó
el amparo porque encontró justificada la negativa de la EPS a autorizar el
servicio toda vez que este se encontraba excluido del POS y había sido
prescrito por un médico ajeno a la EPS, circunstancia que hace que el paciente
deba asumir el costo del tratamiento si decide acudir a un médico externo. De
igual manera afirma que no hay vulneración al derecho a la salud pues el
servicio negado es de índole educativo y no compromete la vida e integridad
personal del afectado. En consecuencia, se recuerda que la madre del afectado
puede acudir ante Salud Total para obtener el respectivo diagnóstico por parte
de los médicos adscritos a la EPS.
El Personero Municipal impugnó el fallo de
primera instancia el 15 de octubre de 2013 argumentando que el juzgado había
omitido tener en cuenta el precedente contenido en la providencia T-765 de
2011, en la cual se estableció que el Estado colombiano debe garantizar la
protección de los derechos de sujetos de especial protección constitucional
como lo son los niños con diagnósticos de autismo y que por ello debe
concederse el amparo toda vez que la Fundación Integrar es idónea para tratar
el diagnostico que presenta el accionante al ser un ente especializado en el
tratamiento de personas con discapacidades cognitivas.
El Juzgado Único Penal del Circuito de
Envigado, en providencia del 18 de noviembre de 2013 resolvió confirmar la
providencia que negó el amparo en primera instancia porque en efecto la EPS no
está obligada a autorizar servicios excluidos del POS que no cuenten con el
visto bueno del médico tratante adscrito a su red de prestadores, tal cual lo
estableció la Corte Constitucional en varias providencias, entre las que
destacan la T-760 de 2008 y la T-104 de 2010, de manera que no hay lugar a
autorizar el servicio requerido.
4.24.       Expediente T-4253989
La
señora Sady Gómez Yanez, en representación de su hijo Carlos Andrés Lavalle
Gómez, interpuso acción de tutela contra la Secretaría Departamental de Salud
de Córdoba y la EPSS SALUD VIDA, por considerar que estas han vulnerado los
derechos fundamentales del niño a la salud, seguridad social, integridad
física, vida, igualdad, vida digna y dignidad humana.
De
acuerdo al escrito de tutela, el menor ha sido diagnosticado con secuelas de
microcefalia y retardo severo psicomotor secundario y se encuentra afiliado a
SALUDVIDA EPS-S. Con el fin de mejorar su calidad de vida, los médicos
tratantes de la citada EPS-S le ordenaron terapias asistidas con perros,
miofuncional, comportamental ABA, física, ocupacional, basada en
neurodesarrollo, fonoaudiología basada en neurodesarrollo, integración
sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia y educación especial.
En
el mes de octubre de 2013, la accionante solicitó a la Secretaría de Salud del
Departamento Córdoba autorización para la realización de las terapias indicadas
en el párrafo anterior, más la terapia del lenguaje. Este organismo, a través
de memorial del 18 de noviembre de 2013, le comunicó a la IPS FUNTIERRA
REHABILITACIÓN que solamente autorizaba las terapias miofuncional, físicas, de
fonoaudiología y ocupacional, basadas en neurodesarrollo. Asimismo, la entidad
suspendió los tratamientos autorizados a Carlos Andrés para el mes de
noviembre, sin ninguna motivación. Decisión que fue informada a la
Superintendencia Nacional de Salud a través del comunicado 1-2013-052159 del 4
de julio de 2013. Mediante el citado comunicado, la Secretaría de Salud de
Córdoba también decidió no autorizar las terapias no POS subsidiadas que
recibían los niños y niña del Departamento de Córdoba.
Según
la accionante, los tratamientos no incluidos en el plan de beneficios de
SALUDVIDA EPS-S deben ser cubiertos por la Secretaría de Salud Departamental
con recursos destinados por el CONPES, los cuales están dispuestos para los
servicios de salud de la población pobre no cubierta (vinculado o población sin
carnet de salud) y con subsidio a la demanda – No POS-subsidiadas).
Finalizando
su solicitud, la señora Gómez indica que es una persona de escasos recursos
económicos, situación que le impide acudir a otras IPS retiradas de su lugar de
residencia. Aunque FUNTIERRA no hace parte de la red de prestadores de
servicios de SALUDVIDA EPS-S, es el único centro cercano a su casa y que cumple
con los requisitos para brindar los tratamientos que necesita su hijo.
En
la actualidad, el niño asiste a FUNTIERRA, sin la autorización de la Secretaría
de Salud Departamental de Córdoba, razón por la cual su progenitora solicita
que i) sean tutelados los derechos fundamentales de su hijo; ii) las terapias
incluidas en el POS y por fuera de él, sean realizadas en un mismo lugar, en
condiciones idóneas, como las que brinda la IPS FUNTIERRA REHABILITACIÓN; iii)
se ordene a la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba dar continuidad a
los tratamientos de su hijo, y autorizar las terapias física, ocupacional,
fonoaudiológica basadas en neurodesarrollo, tratamiento asistido con perros,
miofuncional, terapias comportamental ABA, educación especial, integración
sensorio motriz, equinoterapia, musicoterapia, de acuerdo a las indicaciones
del médico tratante; vi) se ordene la inaplicabilidad del concepto del
viceministro de protección social, señor Julio Muñoz Muñoz, por carecer de
fuerza vinculante para las EPS del régimen subsidiado; v) se ordene a SALUDVIDA
EPS-S autorizar las terapias POS como la física, ocupacional, fonoaudiológica e
hídrica en FUNTIERRA REHABILITACIÓN IPS; vi) el pago de transporte y alimentación
para recibir los tratamientos POS sean asumidos por SALUDVIDA EPS-S y los NO
POS los cubra la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba.
Como
medida cautelar se solicita la continuidad de las terapias del niño y el
suministro de un medio de transporte para trasladarlo hasta el centro de
rehabilitación, ubicado en la ciudad de Montería.
A
través de oficio remitido No JUR-1203 00591 del 23 de diciembre de 2013, la
Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba informó que la Secretaría sí
autorizaba las terapias de rehabilitación basada en neurodesarrollo, para
personas en situación de discapacidad, no incluidas en el POS del régimen
subsidiado, a saber: terapia miofuncional, física, ocupacional, fonoaudiología
y sensorio motriz. En relación con las terapias ABA, sí se estaban autorizando,
pero no se continuó con esta práctica, debido a un concepto del Ministerio de
Salud y Protección Social. No obstante lo anterior, dichas terapias deben ser
autorizadas por la EPS y no por el ente territorial, ya que están basadas en
tratamientos incluidos en el POS y son reconocidas por la Unidad de Pago por
Capitación.
En
cuanto a la terapia de educación especial, por tener un componente netamente
educacional, se encuentra excluida del POS. Por el contrario, la terapia
miofuncional, físicas, de fonoaudiología y ocupacional, basadas en
neurodesarrollo y la terapia sensorio motriz son autorizadas por la Secretaría
de Salud, dado que están excluidas del POS.
Por
último, la accionada indica que el transporte, alimentación y hospedaje no
pueden ser sufragados con los recursos para la atención para la atención a la
población pobre no asegurada del Departamento de Córdoba, pues aquellos no
hacen parte de las tecnologías en salud.
El
18 de diciembre de 2013, el Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica –
Córdoba, decretó las terapias solicitadas como medida cautelar. De igual forma,
a través de providencia del 30 de diciembre de 2013, el juzgado decidió
conceder el amparo de los derechos fundamentales del niño Carlos Andrés Lavalle
Gómez. Lo anterior, teniendo en cuenta que la terapia de lenguaje e integración
sensorio motriz se encuentran incluidos POS del régimen subsidiado, y en
relación con el resto de terapias, excluidas del POS, se cumplen los requisitos
establecidos por esta corporación para el otorgamiento del amparo, a saber: a)
que la falta del servicio amenace o vulnere los derechos a la vida, dignidad o
integridad persona del paciente, b) que el servicio no sea sustituible por uno
existente en el plan, o si se puede sustituir, no tenga el mismo grado de
efectividad, c) que el paciente o su familia realmente no pueda sufragar los
costos del medicamento o tratamiento requerido, y d) que el servicio haya sido
prescrito por el médico tratante.
En
consecuencia, el juzgado, ordenó a la Secretaría de Desarrollo de Salud de
Córdoba brindar la integralidad del tratamiento, incluyendo las terapias
físicas y fonoaudiología basadas en neurodesarrollo, terapias con perros,
miofuncional, comportamental ABA, educación especial, integración sensorio
motriz, equinoterapia y musicoterapia.
De
otro lado, ordenó a SALUDVIDA EPS-S brindar al niño la integralidad del
tratamiento consistente en terapia física, ocupacional, fonoaudiología e
hídrica. Por último, la autoridad judicial conminó a las accionadas a que las
terapias sean continuas y sean desarrolladas por FUNTIERRA REHABILITACIÓN. Para
quienes inician estos tratamientos tendrán la libertad de escoger la IPS.
La
sentencia no fue impugnada.
4.25.      Expediente T-4124218
El
1 de agosto de 2013, Yolvys Yolanda Torne Castañeda, en representación de su
hijo Jesús David Marriaga Torne[59], presentó acción de
tutela contra el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Clínica
General del Norte, al considerar vulnerados los derechos fundamentales a la
salud y a la seguridad social de su descendiente, debido a la omisión de
autorizarle las terapias que requiere para el “trastorno de aprendizaje”
que padece.
En
concreto, la accionante afirmó que el 16 de mayo de 2013, el psicólogo José A.
Velázquez V., adscrito al Centro Integral de Salud del Caribe, diagnosticó que
su hijo Jesús David Marriaga Torne padece de “trastorno de aprendizaje”
y requiere para el tratamiento del mismo terapias “integrales ABA (124
sesiones mensuales), de integración sensoriomotriz (20), comportamentales ABA
(84), y de leguaje (20)”[60].
Sobre
el particular, la actora señaló que dichas terapias dada su especialidad deben
ser practicadas en el Centro Integral de Salud del Caribe ubicado en el
municipio de Fundación, comoquiera que en la ciudad de Santa Marta no existe
una institución que preste tal servicio.
Con
base en lo anterior, la demandante pretende que se tutelen los derechos fundamentales
de su hijo Jesús David Marriaga Torne y, en consecuencia, se ordene que las
accionadas: (i) asuman el costo de las terapias prescritas en el Centro
Integral de Salud del Caribe, (ii) se abstengan de exigir la cancelación de
copagos y cuotas moderadoras para la práctica de las mismas, y (iii) garanticen
el tratamiento integral para el trastorno de aprendizaje que padece su
descendiente.
La
Clínica General del Norte se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando
que si bien en su calidad de Institución Prestadora de Salud tiene la
obligación de suministrar los servicios médicos que requieren los afiliados y
beneficiarios del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio en el
departamento del Magdalena, lo cierto es que debido al alcance de los convenios
previamente celebrados con dicha entidad, no está en el deber de practicar las
terapias y demás procedimientos formulados a Jesús David Marriaga Torne, puesto
que:
(i) No fueron prescritos por un médico adscrito a su
red de servicios, comoquiera que fueron formulados por especialistas externos;
(ii) No fueron solicitados de manera previa a la
presentación de la acción de tutela, mediante los canales institucionales
respectivos; y
(iii) No son idóneos para el tratamiento del
diagnóstico denominado “trastorno de aprendizaje”, comoquiera que según
la literatura médica los mismos son recomendados para atender enfermedades del
espectro autista.
El
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no se pronunció sobre el amparo
presentado por Yolvys Yolanda Torne Castañeda, a pesar de haber sido notificado
de la interposición del mismo.
Mediante
Sentencia del 15 de agosto de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes de Santa Marta declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar
que las pretensiones de la parte accionante pueden ser satisfechas mediante el
ejercicio de los mecanismos establecidos en las leyes 1122 de 2007 y 1438 de
2011 ante la Superintendencia Nacional de Salud. En este sentido, el
funcionario dispuso la remisión de copias del expediente a dicha entidad para
que avocara el conocimiento del asunto. El fallo no fue impugnado.
4.26.      Expediente T-4124217
Jorge
Enrique Ramos Lujan como apoderado judicial del señor Alfredo Eliecer Maiguel
interpone la acción de tutela en contra de Comfacor EPS-S al considerar
lesionado, entre otros, el derecho a la salud de Arley de Jesús Maiguel
Buelvas, hijo del poderdante, de quien afirma padece de autismo y no ha
recibido de la EPS accionada las terapias integrales por el método ABA. Al
respecto, se expone que se acudió al neurólogo particular Pedro Pablo Barraza,
adscrito al Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS SAS en la ciudad de
Santa Marta, quien,
con base en un diagnóstico de autismo, prescribió 120 sesiones mensuales de
terapias integrales por el método ABA, motivo por el cual se presentó el 11 de
junio de 2013 una petición a Comfacor EPS-S solicitando la autorización de
dichas terapias en el Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS SAS sin
que se haya dado respuesta a la misma al momento de interponer la acción de
amparo. El apoderado solicita que se autorice el servicio en la IPS Centro de
Rehabilitación Solidaridad Social SAS y la exoneración de copagos y adicionales
por la aplicación de las terapias requeridas.
Adicionalmente, se expone que Comfacor
EPS-S al no responder la petición elevada no ofreció la posibilidad de valorar
al infante por un médico adscrito a dicha EPS ni ofreció que el tratamiento
ordenado se brindara en una IPS adscrita, se señala que, al momento de
interponer la tutela, las terapias ya fueron iniciadas en la IPS Centro de
Rehabilitación Solidaridad Social costeadas por el actor y que, por
consiguiente, se debe dar aplicación al principio de continuidad en el
tratamiento, adicionalmente dicha IPS presta el servicio de transporte tanto
para el niño como para un acompañante. Igualmente, se afirma que el poderdante
es una persona de escasos recursos económicos.
A la demanda de tutela se
acompaña copia del diagnóstico del médico neurólogo Pedro Barraza Mercado, así
como una prescripción de las terapias suscrita por el mismo profesional y un
certificado del 8 de julio de 2013 donde la IPS Centro de Rehabilitación
Solidaridad Social SAS expone que dichas terapias ya fueron iniciadas. Igualmente,
se aporta la petición elevada a la EPS el 11 de junio de 2013, en la cual se
solicita la autorización de los anteriores servicios.
La EPS Comfacor contestó
de manera extemporánea la tutela, manifestó que la EPS ha atendido al menor de
manera adecuada, se han autorizado algunas terapias en épocas pasadas, la
petición presentada si fue contestada y que dicha EPS cuenta con convenios con
centros de rehabilitación especializados. A la contestación se allegó copia de
la respuesta dada en la que se expone que: (a) las terapias ABA no se
encuentran dentro del plan de beneficios POS-S; y (b) se debe presentar una
solicitud a la Secretaría de Salud Departamental de Magdalena para que asuma
las exclusiones del POS-S.
A la acción de amparo fue
vinculada la Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta, quien respondió a la
tutela afirmando que fue la EPS quien lesionó los derechos fundamentales al no
autorizar los tratamientos médicos prescritos y solicita que se exonere de toda
responsabilidad a la Secretaría de Salud Distrital.
El Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes de Santa Marta, en fallo del 21 de agosto de 2013,
negó el amparo a los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
seguridad social y a la integridad, pero se concedió la protección al derecho
de petición y se ordenó a Comfacor EPS-S dar respuesta a la petición presentada
el 11 de junio de 2013.
Dicha decisión se dio al
considerar que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que se
puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud para que, en aplicación
del procedimiento consagrado en el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011,
resolviera del asunto objeto de estudio. Por lo tanto, se remitieron copias del
expediente a dicha autoridad.
El fallo de primera instancia
no fue impugnado
4.27.     Expediente T-4124215
Erica Paola Pacheco Larios, actuando en nombre de su hijo Keiler Andrés
Sanguino Pacheco, presenta demanda de tutela contra Saludcoop EPS, con el
propósito de que se amparen los derechos del niño a la vida y a la salud.
El niño fue diagnosticado con “Hipoxia neonatal”.
Esto se advierte en una “deformidad maxilar superior, marcha con ayuda
atáxica espasticidad leve 4 extremidades monosílabas”. El diagnóstico
aparece en un documento del “Centro de rehabilitación
integral especial Manantial”, suscrito por el médico Javier
Mazenett. En el expediente no hay evidencia de que este médico esté adscrito a
la EPS, aunque la accionante afirma que es el médico tratante del infante. En
el escrito de tutela se afirma que la EPS ha negado los tratamientos ordenados,
con el argumento de no estar incluidos en el POS. En el expediente no hay
noticia ni evidencia de atención previa frente a la enfermedad diagnosticada. La
demandante afirma ser madre cabeza de familia y encontrarse imposibilitada para
asumir directamente el costo del tratamiento, sin aludir a las razones de dicha
imposibilidad.
Los tratamientos que se solicita, conforme a la orden
de servicio de rehabilitación integral del mencionado centro “Manantial”, son
las siguientes terapias: integración sensoriomotriz, musicoterapia,
miofuncional, neurodesarrollo, terapia comportamental (A.B.A.). Si bien en la
demanda de tutela no se solicita el servicio en una IPS específica, por la
orden de servicio, parecería que éste debe prestarse por el “Centro de
rehabilitación integral especial Manantial”. La accionante no solicita
servicios complementarios, ni exoneración de copagos y cuotas moderadoras.
La
entidad accionada no contestó la demanda ni ejerció su derecho a la defensa.
La
tutela fue resuelta el 6 de agosto de 2013, por el Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes de Santa Marta, que resolvió declararla
improcedente, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, y remitir copia
del expediente a la Superintendencia Nacional de Salud, para que avoque
conocimiento del asunto. La sentencia no fue impugnada.
4.28.      Expediente T-3912170
El 30 de enero de 2013, Rosa Eva
Durango Núñez presentó acción de tutela contra Comparta EPS-S, por desconocimiento
de los derechos a la vida, a la dignidad humana y a la salud de su hija,
Esmeralda del Carmen Hurtado Durango, quien padece, según afirma, síndrome de
down. Manifestó que, con el apoyo económico de su cuñada, acudió al neurólogo
particular Jesús Eduardo Ruíz Aguirre en Salud Comedicosta IPS, quien
prescribió el suministro de 120 sesiones mensuales de terapias de
rehabilitación integral. Sostuvo que se acercó “hace mucho tiempo a las
oficinas de Comparta EPS-S, para que le suministraran un tratamiento idóneo
para mi hija y no he logrado nada con ellos”.
La actora solicitó que se ordenara el
tratamiento integral bajo el enfoque de las neurociencias que requiere su hija,
compuesto por terapias ocupacionales, de lenguaje, físicas, acuaterapia, equinoterapia,
musicoterapia, prescritas por su médico, ya que se encontraba en incapacidad
económica para costearlo considerando que es madre cabeza de familia y deriva
el sustento propio y el de su hija de la venta diaria de almuerzos.
La demanda de tutela se acompañó con
copia de la prescripción de las terapias suscrita por el médico neurólogo Jesús
Eduardo Ruíz Aguirre, el 15 de enero de 2013. También se allegan copias de las
cédulas de ciudadanía de la accionante y su hija, del carnet de afiliación de
Esmeralda a Comparta EPS-S, del certificado de afiliación al Sisbén del núcleo
familiar y de una certificación de atención general por gripa con fecha 11 de
mayo de 2012. No se aportó ningún documento que demuestre que la demandante haya
solicitado a la accionada la autorización de los servicios requeridos por
tutela.
La Gobernación del Atlántico solicitó
su desvinculación del proceso, toda vez que la atención en salud de Esmeralda
le corresponde a Comparta EPS-S. Aseguró que los servicios de “terapias neurocognitivas,
valoración por psicología, terapias psicológicas, terapias ocupacionales,
fonoaudiología” son POS y están cubiertos para Esmeralda por tener derecho al
POS unificado, en virtud del artículo 10 del Acuerdo 029 de 2011. Y que en el
caso de los servicios no POS-S, prescritos por el médico tratante adscrito a la
EPS-S, debe surtirse el procedimiento previsto en la Resolución 3099 de 2008,
artículo 7, ante el Comité Técnico Científico.
Comparta EPS-S no pudo ser notificada
del trámite de la presente acción, según el juzgado de instancia, debido a la
falta de suministro de la dirección y el teléfono de contacto por parte de la
accionante, y a pesar de las diligencias que al efecto adelantó dicho despacho.
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito
de Barranquilla, en sentencia del 1 de abril de 2013, negó el amparo, teniendo
en cuenta, desde el punto de vista procesal, que la accionante reportó una
información errada sobre la dirección de notificación de la entidad demandada y
que cuando se le solicitó que proporcionara los datos necesarios para su
ubicación, la actora guardó silencio, de suerte que no fue posible notificar a
la EPS, ni a esta última ejercer su derecho de defensa. Y desde el punto de
vista sustantivo, el juez argumentó que el requerimiento se soportaba en una
prescripción médica particular, y no en una orden del médico tratante de la
niña de la respectiva EPS, que constituye el punto de partida para poder exigir
las tecnologías en salud a la EPS, máxime cuando no se acreditó ninguna
circunstancia que justifique haber prescindido de la referida prescripción. La
decisión judicial no fue objeto de impugnación.
4.29.      Expediente T-3459124
El
14 de febrero de 2012, Luz Diny Espitia, en representación de su hijo Duban Felipe Zambrano Espitia[61],
presentó acción de tutela contra Saludcoop EPS, al considerar vulnerados los
derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social de su descendiente,
debido a la negativa de exonerarlo de la cancelación de copagos y cuotas
moderadoras generadas con ocasión de los servicios prestados para el
tratamiento de la parálisis cerebral que padece.
En
concreto, la accionante afirmó que desde que nació su hijo Duban Felipe
Zambrano Espitia sufre de “parálisis cerebral con cuadriparesia espástica y
microcefalea”, y que Saludcoop EPS le ha prestado los servicios necesarios
para el tratamiento de la enfermedad[62]. Empero, la actora llamó
la atención de que a partir del mes de febrero para la práctica de las terapias
de lenguaje y ocupacionales prescritas por los médicos tratantes de la EPS a su
descendiente, le exigieron la cancelación de copagos y cuotas moderadoras a
pesar de que puso de presente que se encontraba en incapacidad económica de
sufragarlas, en tanto es una madre cabeza de familia y devenga tan sólo un
salario mínimo.
Con
base en lo anterior, la demandante pretende que se tutelen los derechos
fundamentales de su hijo Duban Felipe Zambrano Espitia y, en consecuencia, se
ordene que la accionada autorice las terapías de lenguaje y ocupacionales que
requiere su descendiente sin exigirle la cancelación de copagos y cuotas
moderadoras.
Saludcoop
EPS se opuso a la prosperidad del amparo, argumentando que no ha vulnerado los
derechos fundamentales del descendiente de la actora, toda vez que le ha
suministrado todos los servicios y medicamentos que ha requerido para el
tratamiento de sus enfermedades[63]. Igualmente, la
demandada explicó que si bien le ha requerido a la accionante la cancelación de
copagos y cuotas moderadoras, lo cierto es que ello se ha efectuado siguiendo
lo dispuesto en la normatividad vigente.
El
Ministerio de Salud y Protección Social pidió que se denegara el amparo
pretendido, explicando que la cancelación de copagos y cuotas moderadoras
constituyen cobros respaldados en la ley, la cual los contempla como mecanismos
para la racionalización del servicio y contribuir a la financiación del mismo.
Mediante
Sentencia del 28 de febrero de 2012, el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal
de Bogotá denegó el amparo solicitado, al considerar que la EPS demandada no ha
vulnerado los derechos del hijo de la accionante, comoquiera que le ha
suministrado los medicamentos y tratamientos que ha requerido para el
tratamiento de sus enfermedades, así como al estimar que el cobro de copagos y
cuotas moderadoras está respaldado en el derecho positivo. La decisión judicial
no fue objeto de impugnación.
4.30.       Expediente T-3370193
María Katia Esther Pérez Lozano
presentó acción de tutela contra Saludcoop EPS, en representación de su hijo
José Alfredo Flórez Pérez, de quien afirma, padece de Síndrome de Down y no ha
recibido de la EPS accionada el tratamiento integral que requiere. Expone que
acudió al médico fisiatra particular Alfredo Rodríguez García en el Centro de
Rehabilitación Arco Iris, quien, con base en un diagnóstico de “déficit
cognitivo”, prescribió el suministro de 144 sesiones mensuales de terapias
asistidas con perros, de musicoterapia, comportamentales ABA, miofuncionales,
de lenguaje, equinoterapia, acuaterapia y de integración sensoriomotriz, y que
Saludcoop se ha negado a autorizar el tratamiento, porque el médico que lo
solicita no hace parte de su red de servicios. La actora solicita que se
autorice el servicio en la IPS Centro de Rehabilitación
Arco Iris, que es la única que en la zona en la que reside, ofrece el
tratamiento integral en las condiciones requeridas por su hijo y que, además,
ofrece servicio de transporte de manera gratuita y sus horarios no afectan el
programa de estudios de la niña. Argumenta que carece de los recursos
económicos para asumir los copagos y las cuotas moderadoras exigidas por la
EPS.
A la demanda de tutela se
acompaña copia del formato de diagnóstico del médico fisiatra Alfredo Rodríguez
García, así como una prescripción de las terapias suscrita por el mismo
profesional, en papelería de Libardo Rodríguez García, Esp. Medicina del
Deporte. Igualmente se aporta copia de una comunicación dirigida por la accionante
a la EPS el 30 de mayo de 2011 en la que solicita la autorización de los
anteriores servicios, y copia de la respuesta de Saludcoop del 8 de junio del
mismo año, en la que le manifiestan que no es posible acceder a la solicitud,
porque no hay orden expedida por un médico tratante que haga parte de la red de
la EPS y porque la entidad en la que se solicita se realicen las terapias no
hace parte de la red de prestadores de la EPS. Le indican que es preciso que se
acerque a su centro de atención para poner a su disposición toda la red de la
EPS y poder dar trámite a su solicitud.
El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Cereté, concedió el amparo, con base en providencias de
la Corte Constitucional que, en casos similares, han ordenado el tratamiento
integral, como los resueltos en sentencias T-282 de 2006 y T-518 de 2006, a
partir de las cuales concluye que, en este caso, “la falta de tratamiento
integral, incluidos los servicios de educación, afecta el derecho a la salud y
a la seguridad social, a quien se le debe por parte del Estado, la garantía de
un desarrollo integral”. En consecuencia ordenó a la EPS que inicie la
diligencias que permitan “practicar al menor José Alfredo Flórez Perez las
terapias ABA en hidroterapia, animalterapia, musicoterapia y equinoterapia que
requiere, las cuales deberán realizarse en un centro de rehabilitación
especializado y si ellos no cuentan con uno en su red de prestadores, se
ordenen las terapias al Centro de Rehabilitación Arco Iris en la vía Cereté –
Montería, previamente una valoración por parte de médicos adscritos a dicha
entidad con el fin de determinar la periodicidad, cantidad y tipo de
procedimiento concreto que debe realizarse”.
El Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Cereté revocó integralmente la decisión del Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Cereté, y en su lugar denegó las pretensiones de la
demanda, con base en la consideración conforme a la cual no podía disponerse la
realización de lo pretendido en un centro de rehabilitación particular, sin que
previamente se hubiese agotado por el afiliado el trámite ante la
correspondiente EPS, la cual, por otra parte, ha manifestado estar dispuesta a
brindar la atención que requiera el menor. Agregó que en atención a la
situación particular, no cabe señalar que se esté ante un supuesto que permita
omitir el trámite ante la EPS, a través de la cual debe accederse al
diagnóstico necesario y a los tratamientos que se estimen del caso.
4.31.       Expediente T-3370191
El
4 de noviembre de 2011, Ledys del Socorro Hernández
López actuando en representación de su hija de catorce años de edad, Brigith
Paola Moreno Zuñiga, diagnosticada con “hemiparesia espastia y retraso mental”,
demandó a Salud Vida EPS, por
desconocimiento de sus derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y
a la igualdad. Manifestó que acudió al médico fisiatra Alfredo Rodríguez
García, del Centro de Rehabilitación Integral Arco Iris, ubicado en la vía
Cereté-Córdoba, quien con base en el diagnóstico de “déficit cognitivo y
retraso del desarrollo motor y de lenguaje, y hemiparesia izquierda”, le
prescribió a su hija manejo integral con sesiones diarias de terapia física,
ocupacional, fonoaudiología, equinoterapia, caninoterapia y psicología. Agregó que elevó un derecho de petición a la accionada para
que dispusiera la práctica de las referidas terapias, obteniendo una respuesta
negativa a su solicitud en la medida en que dichas terapias están excluidas del
POS y, además, la prescripción no fue expedida por un médico tratante que haga
parte de la red de servicios de la EPS, ni el Centro Arco Iris hace parte de la
red de la EPS.
Por lo anterior, solicitó ordenar -con urgencia- la autorización
de las terapias integrales físicas y
ocupacionales, fonoaudiología, equinoterapia, caninoterapia y psicología que
requiere su hija, en el Centro de Rehabilitación Integral Arco Iris por ser el
único en el Departamento de Córdoba que cuenta con los servicios especializados
ordenados para el tratamiento de su patología, además de brindar servicio de
transporte gratuito para asistir a las terapias diarias en horarios que no
interfieren con la jornada escolar, y dar charlas y capacitaciones a las
familias para el manejo del comportamiento de sus hijos. También pide el
suministro de los medicamentos requeridos para el tratamiento de salud de su
hija. Afirmó no contar con los recursos económicos para pagar los altos costos
del tratamiento requerido.
La
demanda de tutela se acompañó con copias de la petición elevada a la EPS, la
respuesta dada por Salud Vida, de la prescripción de las terapias suscrita por
el médico fisiatra Alfredo Rodríguez García, el 29 de septiembre de 2011, del
carnet de afiliación a la EPS en el régimen subsidiado y de la contraseña de la
menor de edad agenciada.
La EPS Salud Vida solicitó negar el
amparo deprecado solamente en cuanto a las terapias equinoterapia y
caninoterapia requeridas por la actora, ya que no hacen parte del POS-S, razón
por la que pidió vincular a la Secretaría de Salud de Córdoba para que
suministre el tratamiento requerido con cargo al subsidio a la oferta, una vez
se demuestre la incapacidad económica de la accionante. Subsidiariamente, en
caso de acceder a las pretensiones de la tutela, solicitó autorizar,
expresamente, a Salud Vida EPS para recobrar o repetir contra el Estado, por el
100% del valor total de los costos de la atención, con cargo a los recursos del
FOSYGA. En cuanto a las demás terapias, indicó que “son POS” por lo que “le
daremos el tratamiento”; sin embargo, no acompañó a la contestación ninguna autorización
frente a las terapias requeridas.
La Secretaría de Salud de Córdoba,
vinculada al proceso, sostuvo en su respuesta -extemporánea- que la única
responsable de la atención integral en salud de la menor de edad con
discapacidad mental era la EPS-S. Aseguró que los servicios de “terapias
físicas, ocupacionales, psicología, etc” deben ser otorgados a la agenciada por
ser menor de edad y padecer una enfermedad congénita considerada de alto costo
o catastrófica, en virtud de la Ley 1438 de 2011, artículos 17 y 18, el Acuerdo
11 de 2010 y el Acuerdo 08 de 2009. Y que en el caso de los servicios no POS-S,
debe surtirse el procedimiento previsto en la Resolución 3099 de 2008, artículo
7, ante el Comité Técnico Científico.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté, Córdoba,
mediante sentencia del 15 de noviembre de 2011, amparó los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, ordenó a Salud Vida EPS “contratar
dentro del término de diez (10) días, una institución adecuada que pueda
brindar integralmente” el tratamiento requerido por Brigith, es decir,  terapias física, ocupacional, fonoaudiología,
equinoterapia, caninoterapia y psicología, dentro o
fuera del departamento, en este último caso debiendo cubrir los viáticos y los
gastos de transporte, hospedaje y alojamiento, tanto para la niña como para su
acompañante. También, ordenó a la accionada, en el término de 48 horas,
realizar la valoración médica de la agenciada e iniciar su atención integral,
así como brindar orientación y asesoría a la madre y familiares de Brigith
sobre la enfermedad que padece, el tratamiento y los cuidados que requiere.
Advirtió que la EPS solo podrá repetir contra el FOSYGA por el 50% del valor de
los servicios no POS.
La
EPS Salud Vida impugnó el fallo de primera instancia por considerar que este se
adoptó contraviniendo la normatividad y jurisprudencia constitucional vigentes,
debido a que i) las prestaciones no POS para el régimen subsidiado corresponden
a los entes departamentales, ii) no se tuvo en cuenta que la EPS autorizó las
terapias cubiertas por el POS y iii) se concede recobro ante el FOSYGA debiendo
hacerse ante el ente departamental. Por lo anterior, solicitó modificar la
decisión de instancia en el sentido de exonerar a la accionada de la prestación
de los servicios no POS tutelados, estos son, equinoterapia, caninoterapia y
psicología, y en consecuencia ordenar su prestación por parte de la Secretaría
de Salud de Córdoba; subsidiariamente, pidió autorizar el recobro del 100% del
valor total de los costos de los servicios no POS, ante la secretaría
departamental.
La
accionante también presentó escrito de impugnación, toda vez que las órdenes de
instancia no fueron impartidas para que se brindara el tratamiento integral
requerido -exclusivamente- en el Centro de Rehabilitación Integral Arco Iris,
al ser el único calificado y completo a nivel departamental.
El
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté, Córdoba, en sentencia del 14 de
diciembre de 2011, revocó en todas sus partes el fallo impugnado, al considerar
que “no debe evadirse el conducto regular para solicitar tratamientos o
terapias, en este caso ante una EPS-S con el pretexto de que otro médico no
adscrito a la EPS sea mejor y que su diagnóstico sea el más favorable para el
paciente, más aún cuando no se determina la vital inmediatez de dicho
tratamiento, de lo que se infiere puede someterse la paciente a un normal
proceso de control dentro de los parámetros de la accionada”.
En
sede de revisión, la Corte requirió información a la accionante sobre la
situación económica familiar, así como de los costos de los servicios en salud
y educativos que recibe y requiere la niña, sin que obre respuesta de su parte.
Igualmente, la Corte solicitó a la Secretaría de Educación Departamental de
Córdoba informar sobre las políticas y programas de educación que desarrolla el
municipio de Cereté para los niños con discapacidad, entidad que informa sobre
la implementación del Programa Educación Inclusiva con Calidad en los
municipios no certificados. También obra respuesta de la Alcaldía de Cereté
informando que la Secretaría de Educación Municipal tiene plasmado el
fortalecimiento de organización de población con discapacidad dentro del
programa de atención a población desplazada. Por último, Salud Vida EPS respondió
a la solicitud de este Tribunal que: i) el diagnóstico es “trastorno motor y de
aprendizaje”; ii) los tratamientos de rehabilitación y habilitación ordenados
por el médico tratante Carlos Arturo Durango Galván, adscrito a la EPS, se han
venido brindando, desde el 18 de julio de 2012, en la IPS FUNTIERRA
REHABILITACIÓN contratada por la EPS en la ciudad de Montería para la atención
integral de la menor de edad; iii) el impacto de los mismos en la salud de la
adolescente han evidenciado mejoría en su salud; iv) el CTC no adoptó decisión
alguna frente a la autorización de terapias integrales en el Centro Arco Iris
en la medida en que este requerimiento no fue presentado por la accionante ante
la EPS quien acudió directamente a la tutela.
4.32.       Expediente T-3308932
Actuando
en nombre y representación de su hija Laura Camila Londoño Salazar, el señor
Elkin Giovany Londoño, interpuso acción de tutela en contra de COOMEVA EPS, por
considerar que esta ha vulnerado los derechos fundamentales de la niña a un adecuado
nivel de vida, a la vida en conexión con la salud, a la seguridad social y a la
igualdad.
La
solicitud de amparo se sustenta en los siguientes hechos:
La
niña Laura Camila está afiliada desde mayo de 2011 a la EPS COOMEVA, en calidad
de beneficiaria en el régimen contributivo, y ha sido diagnosticada con autismo
infantil[64].
Debido a su diagnóstico, ella requiere el servicio integral terapéutico en
hidroterapia, musicoterapia, terapia del lenguaje, entre otras. Estos servicios
solamente pueden ser prestados con la autorización de la EPS.
Según
el escrito de tutela, el tratamiento que en principio suministraba COOMEVA era
precario. Razón por la cual él accionante decidió llevar a la niña a la IPS
“PASSUS”, la cual se encuentra adscrita a COOMEVA EPS y brinda procesos
pedagógicos en áreas integradas en sociales y naturales.
De
acuerdo a lo manifestado por el señor Londoño, el psiquiatra de niños y
adolescentes le ordenó las terapias en la IPS PASSUS. El servicio terapéutico
integral e intensivo que brinda PASSUS consiste en la práctica de terapias del
lenguaje, musicoterapia, hidroterapia y del método ABA. Esta IPS está ubicada
en la ciudad de residencia de la niña, situación que facilita su traslado,
además, ella ha mostrado adaptación, aceptación y colaboración frente a la
educación especial que allí recibe.
Teniendo
en cuenta lo anterior, el progenitor solicitó a COOMEVA EPS la autorización
para que la niña recibiera los servicios de PASSUS, pero la EPS respondió de
forma negativa, argumentando que ese servicio estaba por fuera del POS.
El
accionante señala que el autismo infantil es una enfermedad catastrófica y está
exenta de copagos y cuotas moderadoras, no obstante, Salud Total le cobra estos
conceptos. En relación a su situación económica, indica que es trabajador
independiente y no cuenta con recursos económicos para sufragar los costos de
las terapias integrales que requiere su hija.
Así
las cosas, el señor Londoño solicita que i) se ordene a la EPS COOMEVA que
autorice de manera permanente la prestación de los servicios terapéuticos no
incluidos en el POS, como terapia del lenguaje, hidroterapia, musicoterapia y
terapia ABA en la IPS PASSUS Taller Psicomotriz, así como exámenes y cirugías;
ii) se le exonere de copagos y cuotas moderadoras; iii) se ordene el suministro
permanente de alojamiento, comida para que su hija y un acompañante puedan a la
ciudad de Bogotá, para atender los controles y exámenes iv) se ordene al
Ministerio de Salud el reembolso los costos en que incurra la EPS en virtud del
cumplimiento de la acción de tutela.
COOMEVA
EPS dio respuesta a la solicitud de amparo, a través de oficio del 26 de
octubre de 2011. En este expuso, que el accionante ya había interpuesto una
acción de tutela por los mismos hechos, la cual fue denegada en el fallo del 4
de octubre de 2011, proferido por el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué.
No
obstante lo anterior, la accionada se refirió a las pretensiones del
accionante. En relación con las terapias solicitadas, estas no están incluidas
en el POS de los regímenes contributivo y subsidiado, y no fueron aprobadas por
el Comité Técnico Científico (CTC), pues se concluyó que la niña debe comenzar
a corregir y mejorar los problemas conductuales en el hogar con la ayuda de sus
padres. En cuanto al suministro de medicamentos comerciales, no se evidencia
vulneración alguna, ya que se autorizó la entrega del medicamento risperidona.
Ante
la solicitud de tratamiento integral, la EPS menciona varios pronunciamientos
de esta corporación, sobre el concepto de integralidad, la conveniencia de
acompañar el reconocimiento de la prestación integral del servicio de saludo de
indicaciones precisas que hagan determinable la orden del juez, pues no es
posible proferir órdenes indeterminadas, ni prestaciones futuras e inciertas.
En
lo que concierne al transporte, alojamiento y alimentación, COOMEVA aseguró que
no forman parte de la cobertura del POS, a excepción de lo establecido para los
territorios especiales que no cuentan con servicios de salud.  Por último,
agrega que el servicio de ambulancia no ha sido necesario en el caso en
análisis, pues la niña ha sido tratada en la ciudad de Ibagué y su estado de
salud no ha requerido ese servicio.
El
Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué
–Tolima, mediante el fallo del 3 de noviembre de 2011, rechazó la solicitud de
amparo por temeridad. La autoridad judicial llegó a esta conclusión, ya que el
accionante había interpuesto acción de tutela por los mismos hechos, y el trámite
culminó con la providencia del Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, el cual
negó la protección.
El
fallo no fue impugnado.
4.33.       Expediente T-3026926
Johanna Milena Vásquez
Buitrago presentó acción de tutela contra Coomeva EPS, en representación de su
hijo Juan David García Vásquez, de quien afirma, padece síndrome de Angelman y
no ha recibido de la EPS accionada el tratamiento integral que requiere. Expone
que acudió al médico fisiatra, adscrito a la EPS, José Fernando Guerrero
Acosta, quien, con base en el mencionado diagnóstico recomendó que el paciente
acudiera a una institución con manejo integral de su patología, en la que
recibiera terapias alternativas como hipoterapia, hidroterapia, terapias
comportamentales ABA y terapia asistida con perros. Señala que, en razón de lo
anterior, dicho galeno diligenció la solicitud de justificación de servicios NO
POS ante Coomeva EPS. No obstante, el Comité Técnico Científico de la entidad
negó dicha petición, al considerar que los tratamientos formulados por el
médico tratante no son propiamente técnicos para el mejoramiento del paciente.
La actora solicita que se autorice el servicio en la IPS Centro de Rehabilitación
Integral Ebenezer, toda vez que es la única institución de su tipo en la
zona en la que reside, que ofrece el tratamiento integral en las condiciones
requeridas por su hijo y que, además, ofrece servicio de transporte de manera
gratuita. Lo anterior, por cuanto, ella no cuenta con los recursos económicos para garantizar el mencionado
tratamiento, razón por la cual, también solicita que se le exonere de copagos o
cuotas moderadoras.
A la demanda de tutela se
acompaña copia del formato de diagnóstico del médico fisiatra José Fernando
Guerrero Acosta, así como una prescripción de las terapias suscrita por el
mismo profesional.
Igualmente se aporta copia
de la solicitud de justificación de servicios No Pos dirigida por el mencionado
galeno a la EPS, el 25 de octubre de 2010, en la que solicita la autorización
de los anteriores servicios, y copia de la respuesta del Comité Técnico
Científico de Coomeva del 26 de noviembre del mismo año, en la que le
manifiestan que no es posible acceder a la solicitud, porque considera que no
era pertinente, pues “la medicina es dueña de una arsenal de conocimientos
especializados pero a la vez se vale de recursos diferentes a los propiamente
técnicos de la profesión para beneficio del paciente y de la comunidad, por lo
cual un médico puede perfectamente recomendar estudios, terapias especiales que
ayuden a soportar una sospecha diagnostica y/o que faciliten la realización
actividades o produzcan cambios a nivel de la conducta familiar sin que
precisamente implique que sea una orden médica o un tratamiento médico como
tal.” La EPS Coomeva expresó que todos aquellos tratamientos, formulados por el
médico tratante, no necesariamente son los propiamente técnicos para el
mejoramiento del paciente. Además, dichas terapias no se encuentran incluidas
en el POS.
De dicha acción conoció el
Juzgado Octavo Penal Municipal de Villavicencio Meta, despacho que, mediante
providencia de 30 de noviembre de 2010, negó el amparo solicitado, al advertir
que dentro del expediente no obra ninguna fórmula por parte del médico tratante
adscrito a la EPS que verifique o certifique dichas terapias o procedimientos
por parte del Centro de Rehabilitación EBENEZER, pues solo existe una
recomendación que no puede ser tomada como orden médica, en razón a que el
médico José Fernando Guerrero, fisiatra de la IPS, Corporación Clínica
Universidad Cooperativa de Colombia, recomendó manejo integral de la patología
del paciente.
En desacuerdo con lo
anterior, la accionante impugnó la decisión, bajo el argumento de que su hijo
requiere de las mencionadas terapias para mejorar su calidad de vida.
El Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Villavicencio, mediante providencia de 2 de febrero de 2011,
confirmó la decisión del a quo, al considerar que las terapias
solicitadas además de estar por fuera del Plan Obligatorio de Salud, no son la
única alternativa para el tratamiento de la patología que presenta el hijo de
la accionante. Además, advierte que la señora Vásquez está afiliada al régimen
contributivo, por lo tanto, tiene la capacidad de sufragar dicho tratamiento.
Durante el trámite de
revisión el Instituto
de Rehabilitación y Habilitación Infantil EBENEZER presentó un escrito en el
que explicó el programa que recibe el niño Juan David Vásquez y su costo el
cual asciende a $ 3.800.000 mensuales. Asimismo, la accionante allegó un
escrito en el que informó que su grupo familiar está conformado por ella y sus tres
hijos de 3 meses, 2 y 12 años de edad. Además, indicó que es madre cabeza de
familia, pues sus hijos no son del mismo padre y no convive con ninguno de
ellos. Señaló que sus ingresos provienen de los alimentos que paga el padre de
dos de sus hijos, quien también paga su afiliación al régimen de salud. Por
último, afirmó que no tiene trabajo.
4.34.       Expediente T-3025534
El 20 de diciembre de 2010, Carmen Emilia Gudiño Paredes, presentó
acción de tutela contra Sanitas EPS, en busca de la protección de los derechos
a la vida, a la salud, a la seguridad social y a los derechos de los niños de
su hijo de 15 años[65], Santiago Daniel Román Gudiño que padece autismo. Manifiesta que desde
el 17 de diciembre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2010 su hijo recibió
tratamiento terapéutico ordenado por la EPS Sanitas, a través de la IPS
Horizontes ABA Terapia Integral. Sostiene que retiró a su hijo de dicho
tratamiento por problemas administrativos y porque este no estaba dando el
resultado esperado[66]. Así las cosas, relata que acudió a la IPS Asistencia Integral para el
Desarrollo Autónomo (ASIDEA), en la que le brindan a su hijo un tratamiento
personalizado para su diagnóstico. Relata que con esa información se dirigió a
la Clínica el Bosque, donde la neuróloga Olga Lucia Pedraza Linares, luego de
evaluarlo, solicitó su remisión a la IPS ASIDEA[67]. Relata que con la orden firmada por la citada neuróloga, el 25 de
octubre de 2010, presentó un derecho de petición a Sanitas EPS, en el que
solicitó que se autorizara el tratamiento ofrecido por la IPS ASIDEA. Esta
solicitud fue resuelta negativamente por la EPS, con fundamento en que dicha
IPS no hacía parte de la red adscrita a esa entidad, además, argumentó que contaba
con otras instituciones especializadas en el tratamiento del diagnóstico de su
hijo.
Con fundamento en los anteriores hechos, solicita que se autorice a Santiago
Daniel el tratamiento integral personalizado en la IPS ASIDEA, pues tiene
condiciones económicas que le impiden costear el servicio directamente.
La EPS Sanitas solicitó que se niegue la acción de tutela, por cuanto
al niño siempre le han autorizado la prestación de servicios que han sido
ordenados por el médico tratante. Además, informó que la EPS autorizó el
servicio de rehabilitación integral en una institución especializada, pero que
la accionante no ha querido continuar con el tratamiento, lo que demuestra que
la acción de tutela no obedece a la negación en la prestación de un servicio,
sino a que esto no se haga en la IPS ASIDEA, la cual, por lo demás, no está
adscrita a la red de prestadores de la entidad.
El Juzgado Treinta y Cuatro Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá, en sentencia del 4 de enero de 2011, denegó el
amparo pretendido, con base en que la EPS accionada ha brindado el tratamiento
médico especializado que requiere el infante, para lo que le ha ofrecido
pluralidad de IPS que le pueden prestar el servicio y que están incluidas en su
red de prestadores.
El 11 de enero de 2011 la accionante impugnó el fallo del a-quo,
con el argumento de que la IPS para la cual se autorizó el tratamiento de su
hijo, es precisamente aquella que no ha dado los resultados esperados. Solicita
así que se remita a su hijo a la IPS ASIDEA y que la EPS desembolse los dineros
por los servicios que allí le presten al menor.
El Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá confirmó la
decisión de primera instancia, con fundamento en los mismos argumentos, esto
es, que el niño ha recibido atención integral por parte de la EPS, aun cuando
ella no sea la de su preferencia.
En sede de revisión, el representante legal de la EPS remitió historia
clínica de Santiago Daniel, también aportó las evaluaciones de tratamiento en
la IPS Horizontes ABA Terapia Integral y realizó un recuento del tratamiento
suministrado por la EPS. La accionante, por su parte, informó que no cuenta con
capacidad económica para sufragar las terapias de Santiago Daniel, al respecto,
manifestó que su núcleo familiar lo componen ella y su hijo, que no tiene
bienes de ninguna clase y que sus ingresos mensuales son $ 1.200.000 de su
salario más $ 1.000.000 de cuota alimentaria que aporta el papá del niño, suma
insuficiente para el mantenimiento de los dos, lo cual se evidencia en que ha
debido acudir a préstamos bancarios[68]. También adujo que las terapias recibidas por su hijo en la IPS de la
red de prestadores de Sanitas no fueron adecuadas para el tratamiento del
menor, porque el proceso que llevaba para modificar su comportamiento y
conducta se estancó y no ha habido avance alguno, contrario a lo que sucedería
con la IPS ASIDEA donde puede recibir una terapia personalizada[69].
4.35.      Expediente T-2896065
Teódulo Eugenio Erira Tapia promovió
acción de tutela contra la Nueva EPS, en representación de su hija Lorena
Patricia Erira Rosero, de quien afirma, padece una discapacidad cognitiva y
alteraciones en su funcionalidad y adaptabilidad personal y familiar.
Expone que acudió al médico neurólogo
particular Gerardo Restrepo en la Fundación de Habilitación y Rehabilitación
Integral del Niño Especial de la Exprovincia de Obando -FUNDANE IPS- en la
ciudad de Ipiales, quien, con base en un diagnóstico de “retardo mental
moderado + leve hiperactividad + trastorno de ansiedad generalizado infantil +
retardo del desarrollo del lenguaje mixto”, prescribió el suministro de
terapias intensivas integrales individuales y grupales, las cuales venían
siéndole practicadas a su hija desde hace más de 9 años, por intermedio del
Instituto de Seguros Sociales -ISS-.
Sostiene, así mismo, que presentó derecho
de petición ante la Nueva EPS con el propósito de que garantizara la
continuidad del reseñado tratamiento. Sin embargo, dicha entidad se negó a
autorizar el servicio solicitado, no ya sólo por considerar que el médico
tratante no hace parte de su red de servicios, sino porque las terapias
requeridas no se encuentran incluidas dentro del plan de beneficios ofrecidos
en el POS.
En virtud de lo anterior, el accionante
solicita que se autoricen y suministren todos los servicios médicos,
asistenciales, farmacéuticos, terapéuticos y clínicos, particularmente las
terapias especializadas intensivas individuales y grupales en la IPS Fundación
de Habilitación y Rehabilitación Integral del Niño Especial de la Exprovincia
de Obando, a fin de que su hija pueda continuar recibiendo las terapias de
rehabilitación funcional con la periodicidad que requiere.
A la demanda de tutela se acompaña copia
simple del carné de afiliación de Lorena Patricia Erira Rosero a la Nueva EPS,
copia simple de certificación expedida por FUNDANE IPS en la que deja
constancia sobre el tratamiento terapéutico que brinda a la menor para paliar
sus padecimientos y diversas copias simples sobre valoraciones médicas que se
le han realizado en las áreas de terapia ocupacional, nutrición,
fonoaudiología, educación especial y psicología.
Una vez admitida la acción de tutela, la
Nueva EPS expresó que no ha vulnerado o amenazado derecho fundamental alguno en
cabeza de Lorena Patricia Erira Rosero, puesto que los servicios pretendidos
por el actor pertenecen al Nivel I de complejidad y hacen parte, por lo tanto,
de las prestaciones suministradas por la red de servicios en la ciudad de
Pasto. En ese orden de ideas, la niña “debe iniciar los trámites normales de
ingreso a dicha red para que le sean brindadas las atenciones que requiera, de
conformidad con lo ordenado por su médico tratante adscrito a la entidad”.
Por su parte, el médico tratante de la niña
allegó certificación médica en la que dejó en claro que la paciente es una
persona con discapacidad cognitiva con diagnóstico de retardo mental moderado
en el desarrollo del lenguaje de tipo mixto, trastorno de ansiedad
generalizado, escoliosis dorsal postural concomitante con hiperactividad y déficit
en procesos mentales superiores. Por ello, “dada su afectación en su función
cerebral y nerviosa y de que su situación no es reversible con ningún tipo de
tratamiento y/o cirugía, requiere de apoyo terapéutico integral intensivo
individual y grupal en terapias del lenguaje, terapia física, terapia
psicológica, terapia ocupacional y educación especial en forma permanente e
indefinida para evitar el deterioro y mejorar la calidad de vida”[70].
El Juzgado Primero Penal del Circuito de
Ipiales, Nariño, en sentencia del 26 de agosto de 2010, resolvió denegar la
protección de los derechos fundamentales invocados, tras considerar que, aun
cuando FUNDANE IPS  no se encuentra adscrita a la red de prestadores de
servicios de la Nueva EPS, Lorena Patricia Erira Rosero se encuentra
recibiendo, de manera particular, el tratamiento médico prescrito por los
médicos pertenecientes a esa entidad, por lo que “mal haría la EPS demandada en
ordenar el tratamiento exclusivo de la menor a una entidad con la cual no tiene
ningún vínculo laboral, máxime, cuando aquella es una sociedad comercial
anónima y de carácter privado”. En ese orden de ideas, la negativa frente a la
autorización del aludido tratamiento integral de la niña no supone vulneración
ni amenaza de sus derechos a la vida digna y a la salud, pues, insiste, ella no
fue remitida por un médico tratante de la Nueva EPS ni con su prescripción,
sino por iniciativa particular de su padre para mejorar su calidad de vida.
Recurrida la anterior decisión por el
actor, sobre la base de estimar que los derechos de los niños prevalecen sobre
cualquier formalidad de tipo administrativo o contractual, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de  Pasto -Sala de Decisión Penal-, en providencia del 14
de octubre de 2010, confirmó la decisión adoptada por el a-quo al
concluir que, por una parte, es la renuencia del actor   a acudir ante la EPS
accionada la causante de que su hija no reciba los tratamientos médicos que
requiere y, por otra parte, las propias EPS, en términos generales, están en
libertad de escoger las IPS con las que contratarán los servicios que deben
prestar, “de suerte que no puede obligársele a la entidad demandada que firme
un contrato con una IPS determinada, sobre todo cuando no existe prescripción
médica por parte de un médico tratante adscrito a aquella”.
Durante el trámite de revisión, el señor
Teódulo Eugenio Erira Tapia aclaró que se desempeñaba en el cargo de administrador
en una estación de Texaco S.A., que vive con su esposa y sus dos hijos en la
ciudad de Ipiales, que asume su sostenimiento económico y que sus ingresos
mensuales ascienden a un salario mínimo mensual legal vigente. Adicionalmente,
precisó que el costo aproximado de las terapias asciende a $3.300.000
mensuales, con cargo a la Nueva EPS, “ya que, de lo contrario, no podría
solventar los costos para que su hija sea atendida en Ipiales”.
4.36.       Expediente T-2893757
El
19 de agosto de 2010, Hernando Luis Vitola Baquero presentó acción de tutela
contra Coomeva EPS en representación de su hijo de tres años, Hernando Eliecer
Vitola Merchán.
Manifiesta
que su hijo tiene diagnóstico de parálisis cerebral y que, hasta la fecha, las
atenciones brindadas por Coomeva EPS no han beneficiado en manera alguna su
estado de salud. Agrega que ha sido evidente el progreso de otros niños que
presentan la misma patología y han accedido a “equinoterapias, animalterapia,
hidroterapia, musicoterapia, terapias ABA, psicología y fonoaudiología”, las
cuales fueron prescritas, en intensidad de 160 sesiones mensuales, por el
Comité Técnico Científico de la IPS Cencaes. Refiere que, en diversas
oportunidades, ha reclamado el suministro del servicio ante la EPS (no se
adjunta ningún documento que soporte esta información); sin embargo, esta ha
hecho caso omiso a sus peticiones. Por último, afirma que carece de capacidad
económica para cubrir el costo de este tratamiento, pues su vivienda es estrato
2 y su esposa se dedica al cuidado de sus hijos.
Por
lo anterior, solicita que se ordene a Coomeva EPS asumir el costo de las terapias
referidas en la IPS Cencaes, pues esta le proporciona transporte y alimentación
para su hijo. Asimismo, que se le exonere del pago de copagos y de cualquier
cobro adicional.
La demanda de tutela se acompaña con
copia de la prescripción de las terapias, suscrita por el director del Comité
Científico de la IPS Cencaes, y con un certificado emitido por Coomeva EPS, en
el que consta el diagnóstico.
Coomeva
se opuso a las pretensiones, por cuanto las terapias solicitadas son servicios
educativos que no integran el derecho fundamental a la salud y, además, no
existen estudios ni ensayos clínicos que las avalen. Por otra parte, destaca
que no ha habido negación expresa de las mismas por parte de la entidad y que,
dado que la IPS Cencaes no se encuentra en su red de prestadores, no está en la
obligación de acceder a lo requerido. Acompañó la contestación con copia de los
servicios ordenados a Hernando Eliecer, entre estos, terapia ocupacional
integral y exámenes diagnósticos.
En
sentencia del 31 de agosto de 2010, el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Soledad concedió el amparo en razón a que, en su criterio, el tratamiento
requerido podría beneficiar la salud emocional y psicológica del niño. En
consecuencia, ordenó a la EPS asumir el costo de los servicios en la IPS
Cencaes, con la posibilidad de efectuar el recobro correspondiente ante el
FOSYGA, y dispuso que se le eximiera de copagos y cuotas moderadoras.
La
EPS accionada presentó escrito de impugnación en el que reiteró los argumentos
expuestos en la contestación, a saber, la falta de negación expresa de la
prestación y el hecho de que la IPS Cencaes fuera una institución externa a su
red. Igualmente, resaltó que la sentencia cuestionada lesionaba el equilibrio
financiero del Sistema de Salud.
En
sentencia del 6 de octubre de 2010, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Soledad revocó integralmente la decisión del Juzgado Tercero Civil Municipal y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, en razón a que no se acreditó
que se hubiese presentado una petición ante la entidad y tampoco una negativa
por parte de la misma. Agregó que no era viable que el juez de tutela ordenara
el suministro de las terapias en una institución ajena a la red de prestadores,
más aún cuando estas no habían sido prescritas por el médico tratante y no se
evidenciaba un riesgo para la salud del paciente. Por último, ordenó a la EPS
valorar al menor con miras a determinar el tratamiento idóneo a seguir.
Para
efectos de adoptar una decisión en el presente asunto, mediante auto del 22 de
marzo de 2011 se solicitó a Coomeva EPS y a la IPS Cencaes que
suministraran determinada información.
En
oficio del 31 de marzo, la IPS definió los conceptos de equinoterapia,
hidroterapia, musicoterapia, animalterapia, fonoaudiología, terapia ABA y
terapia física, las cuales, destacó, corresponden al área de la salud. De otra
parte, señaló que hubo adaptación a las sesiones por parte del niño pero que se
requería continuidad en el tratamiento.
El 1º de abril Coomeva informó que su
diagnóstico es parálisis cerebral espástica con epilepsia focal secundaria, ha
sido valorado por ortopedista, fisiatra y ha recibido tratamiento de
fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional. Adicionalmente, indicó que
el paciente ha tenido poca mejoría y que la entidad efectivamente cuenta con un
prestador para suministrar los servicios de rehabilitación y habilitación. A lo
anterior adjuntó copia de la historia clínica de Hernando Eliecer.
Posteriormente, en auto del 12 de
abril se requirió al señor Hernando Luis Vitola para que respondiera preguntas
relacionadas con la conformación de su núcleo familiar y sus ingresos y
estimara el costo de las terapias prescritas. El
24 de abril de 2011, el señor Vitola allegó escrito a esta Corporación en el que
informó que tiene cuatro personas a cargo, a saber, su esposa y sus hijos.
Asimismo, señaló que sus ingresos mensuales son $ 1.877.574, de los cuales debe
destinar una parte para pagar el arriendo y los servicios públicos
domiciliarios. Acompañó la comunicación referida con varios documentos, entre
estos, un certificado de Cencaes IPS en el que consta que el costo de 160
terapias mensuales es $ 5.600.000.
Luego,
en auto del 4 de mayo del año en cita, se solicitó a Coomeva informar (i) qué
tratamiento recomendaba el médico tratante adscrito a la EPS, (ii) si dentro de
las opciones se encontraban las terapias integrales y (iii) por qué se
interrumpió el tratamiento de fisioterapia, fonoaudiología y terapia
ocupacional. En escrito del día 31, la entidad señaló que el tratamiento
recomendado es la integración educativa adyuvante y no las terapias integrales
prestadas por la IPS y que, además, durante los procesos de recuperación
quirúrgica las terapias se limitan a las disposiciones del ortopedista.
4.37.
Expediente T-5808227
La IPS Funtierra presentó acción de tutela contra la
Secretaría de Salud de Córdoba y contra el Ministerio de Salud, con el objeto
de que se ordene a dicha secretaría librar las autorizaciones requeridas para
que la IPS pueda brindar los tratamientos ordenados previamente por múltiples
fallos de tutela a cerca de 500 menores con discapacidad, y para que se
cancelen los servicios ya suministrados a dichos niños durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2015, y febrero de 2016.
Según expuso la entidad demandante, jueces de los
municipios de Lorica, Planeta Rica, San Carlos, Cereté y Montería reconocieron
el derecho de dichos infantes de recibir unos tratamientos especializados por
parte de la IPS Funtierra desde el año 2012, con cargo a la Gobernación de
Córdoba por tratarse de prestaciones NO POS de personas pertenecientes al
régimen subsidiado, pese a lo cual, a partir del año 2015, la Secretaría de
Salud de Córdoba comenzó a desatender sus obligaciones, dejando de autorizar los
servicios respectivos y de pagar los tratamientos y ya brindados.
La
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería negó el
amparo constitucional. En sentencia del día 3 de agosto de 2016 dicho tribunal
concluyó que la entidad territorial había respondido de fondo y de manera
oportuna los múltiples requerimientos formulados por la IPS Funtierra para que
se autorizaran y pagaran los tratamientos integrales a cerca de 500 niños
ordenados previamente por vía judicial. De igual modo, se declaró la
improcedencia de las solicitudes relacionadas con la autorización y el pago,
por parte de la entidad territorial, de las terapias de neurodesarrollo
ordenadas previamente en sentencias de tutela, ya que esta controversia, de
carácter meramente económico, estaba siendo ventilada en otros escenarios
judiciales, como en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en la
jurisdicción ordinaria laboral; y en este orden de ideas, al existir otros
mecanismos de naturaleza judicial para resolver la controversia, la IPS podría
ventilar el conflicto mediante estos otros dispositivos procesales, en razón de
la subsidiariedad de la acción del recurso de amparo.
Esta
decisión fue impugnada por la entidad accionante, con fundamento en dos tipos
de consideraciones.
Primero,
se argumentó que los mecanismos jurisdiccionales que en principio podrían
resolver la controversia carecían de la eficacia requerida para solventar el
debate constitucional, máxime cuando el caso involucra el derecho de más de 500
niños con discapacidad a recibir los tratamientos que demanda su situación de
salud, y cuando, además, el amparo puede ser utilizado como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable inminente, como podría
ocurrir de suspenderse los tratamientos brindados a los niños beneficiarios de
las terapias de neurodesarrollo. En este sentido, se sostuvo que aunque en
principio el debate jurídico tiene una connotación económica, en todo caso la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha permitido ventilar este tipo de
pretensiones mediante la acción de tutela, en aquellas hipótesis en que la
intervención judicial es urgente e impostergable, como ocurriría en el presente
caso. Además, el cobro a través de un proceso ejecutivo en la jurisdicción
ordinaria resultaría inviable, toda vez que el departamento de Córdoba se
encuentra en proceso reestructuración de pasivos según la Ley 550 de 1999, con
lo cual no resultan procedentes los dispositivos propios de este proceso, como
el embargo y el secuestro, y el ente territorial adquiere un amplio margen de
discrecionalidad para denegar el pago de sus obligaciones.
Asimismo,
la entidad accionante afirma que ninguno de los argumentos esbozados por la
Secretaría de Salud de Córdoba para negar el pago de las terapias, tiene
asidero. A juicio de Funtierra, no es procedente negar el amparo sobre la base
de que las EPS tendrían la obligación de brindar la atención requerida a los niños
tratados por la IPS, dado que, por un lado, existen pruebas de que estas
entidades han sido renuentes a prestar el servicio, y que, por otro, la
pertenencia de los niños atendidos al régimen subsidiado de salud hace que la
competencia y la carga económica por el suministro de las terapias se encuentra
radicada directamente en las entidades territoriales y no en las EPS, teniendo
en cuenta las directrices de la Resolución 5521 de 2013 del Ministerio de Salud
y del Acuerdo 029 de 2012.
Así
las cosas, la decisión del juez de instancia de considerar improcedente el
amparo constitucional, constituye una nueva amenaza no solo a los derechos
adquiridos de la IPS, sino sobre todo a los derechos fundamentales de los niños
con discapacidad que deben ser atendidos por el sistema de salud.
4.37.1.
Mediante sentencia del 15 de
septiembre de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
confirmó el fallo impugnado en segunda instancia, pero sobre una base distinta
a la esbozada por el tribunal.
En
este sentido, la Sala argumentó, en primer lugar, que la entidad demandada
carecía de la legitimidad para reclamar la protección de los derechos
fundamentales a la salud de los niños. De hecho, en la demanda no se señaló si
la entidad actuaba como representante autorizado de los menores o como agente
oficioso, y en todo caso no reúne las condiciones para actuar en ninguna de
estas calidades, máxime cuando los padres de los infantes ya actuaron
directamente ante los jueces para exigir la provisión de los servicios de
salud. Lo anterior pone en evidencia que los niños en cuyo nombre se solicita
la intervención judicial no se encuentran en condición de abandono o
desprotección, y que por tanto, la IPS no se puede amparar en su condición de
sujetos de especial protección para actuar procesalmente en nombre de ellos.
Adicionalmente,
la acción de tutela tampoco puede ser utilizada como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, toda vez que los pacientes que previamente
fueron beneficiados con las sentencias de tutela cuentan con herramientas
procesales idóneas y eficaces para garantizar la ejecución de los fallos que
Funtierra estima incumplidos, como el incidente de cumplimiento o el incidente
de desacato. Lo anterior, sin perjuicio de que su atención en salud debe ser
garantizada por la EPS y por las entidades territoriales, quienes pueden
canalizar los servicios a través de las IPS que a bien tengan.
Finalmente,
se aclara que si lo que en realidad se pretendía era la protección de los
derechos patrimoniales de Funtierra, la acción de tutela tampoco es procedente,
por su carácter residual y subsidiario. Así las cosas, existiendo otros
dispositivos procesales para canalizar la controversia patrimonial, y
habiéndose incluso activado tales vías, el amparo constitucional es inviable: “La
acción de tutela no es un medio para evitar la probable insolvencia económica
de una persona jurídica, como tampoco es viable su uso como excusa para
rehusarse a participar en calidad de acreedor en un proceso liquidatorio que
adelanta la entidad deudora, pues es este el mecanismo consagrado en la ley
para garantizar el pago de las obligaciones”.
5.
Actuaciones procesales en sede
de revisión
En
sede de revisión se realizaron tres tipos de actuaciones: (i) primero, se
acumularon progresivamente sentencias de tutela resueltas en la justicia
ordinaria, teniendo en cuenta que involucraban los mismos patrones fácticos, y
que correspondían a una misma problemática de base; (ii) segundo, se dispuso la
suspensión del proceso, dado que por la acumulación decretada previamente, la
actuación probatoria requerida para resolver las controversias, y la
complejidad inherente a los casos seleccionados, no era viable resolver las
acciones de tutela en los plazos determinados de manera general en la
legislación; (iii) finalmente, se realizaron actuaciones de orden probatorio,
con el propósito de obtener elementos de juicio necesarios para la adopción de
una decisión.
A
continuación se sintetizan las actividades desplegadas en estos tres frentes.
5.1.
Acumulación de casos
A lo
largo del proceso se dispuso la selección y la acumulación de nuevos casos de
tutela que planteaban la misma controversia jurídica, en el entendido de que
este agregado permitiría abordar la controversia desde una perspectiva
sistémica, poniendo en evidencia elementos de contexto que no pueden identificarse
con la aproximación judicial convencional, es decir, evaluando los casos
individualmente considerados. Esta nueva perspectiva analítica ofrecería los
insumos necesarios para individualizar los patrones del litigio constitucional,
la racionalidad y la funcionalidad que subyace a este tipo de controversias,
los actores que intervienen en ellas, los intereses y las dinámicas que se
configuran entre estos, y el impacto que tiene este tipo de litigio en el goce
efectivo de los derechos y en el funcionamiento del sistema público de salud.
En
esta medida, aunque inicialmente el proceso de revisión comenzó con dos
expedientes[71], en los años
subsiguientes se acumularon 35 más, tal como se reseña a continuación:
Año
Sala
de Selección
Auto
Expedientes
acumulados
2010
No.
13
10
de diciembre de 2010
2893757
y 2896065
2011
No.
4
15
de abril de 2011
3025534
y 3026926
No.
12
14
de diciembre de 2011
3308932
2012
No.
2
24
de mayo de 2012
3370191
y 3370193
No.
5
10
de mayo de 2012
3459124
2013
No.
5
28
de mayo de 2013
3912170
No.
11.
14
de noviembre de 2013
4124215,
4124217 y 4124218
2014
No.
3
18
de marzo de 2014
4253989,
4262190, 4263532, 4264678, 4267052 y 4269949
No.
3
31
de marzo de 2014
4277939,
4279777, 4285631, 4288549
No.
11
10
de noviembre de 2014
4581950,
4585818, 4582253, 4585824 y 4582553
No.
12
9
de diciembre de 2014
4647075
2015
No.
4.
28
de abril de 2015
T-4877004,
T-4877005, T-4877006, T-4877007, T-4877008, T-4877009, T-4877010 y T-4870691.
2016
No.
10
28
de octubre de 2016
T-5808227
5.2.
Suspensión del proceso
Mediante
auto del día 4 de mayo de 2011 se dispuso la suspensión del proceso, teniendo
en cuenta, por un lado, la significativa acumulación de casos, la amplia actividad
probatoria desplegada a lo largo del trámite judicial y la complejidad de las
controversias sometidas a consideración de este tribunal, y, por otro, la
naturaleza de las pretensiones y de la problemática abordada en las acciones de
tutela, pues estas persiguen la provisión de tratamientos que tienen una
proyección en el largo plazo para mejorar las condiciones de vida de los
menores en su entorno familiar, más no su supervivencia física, y, además, los
usuarios del sistema de salud tienen la facultad para para solicitar las terapias
que se encuentran en el Plan de Beneficios, mientras se resuelve sobre la
procedencia de las terapias no convencionales en IPS determinadas.
5.3.
Actividad probatoria
5.3.1. La actividad probatoria se desplegó en dos frentes.
Primero,
como quiera que el proceso involucra 37 acciones de tutela que fueron
interpuestas para obtener el acceso al sistema de salud, la actividad
probatoria se orientó a fijar los hechos constitucionalmente relevantes de
estas controversias, individualmente consideradas. En este contexto, se indagó
por el tipo de vinculación de los infantes en cuyo nombre se interpusieron las
acciones de tutela con el sistema de salud, por su estado y condición de salud,
por la capacidad económica de su entorno familiar, por los tratamientos a los que
han sido sometidos con ocasión de las patologías que dieron lugar al litigio, y
la atención que han recibido de la EPS a la que se encuentran afiliados.
Sin
embargo, algunos hallazgos en este proceso de exploración hicieron evidente la
necesidad de ampliar el espectro de la investigación. Así, al encontrar que los
casos seleccionados y acumulados respondían a una misma problemática de base y
a un mismo esquema procesal, y que podían constituir tan solo ejemplos y
manifestaciones puntuales de un litigio masivo y sistemático desplegado en el
país a lo largo de varios años, y que diferentes instancias, entre ellas, el
Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, habían llamado la
atención sobre las particularidades de este modelo de acceso al sistema de
salud por vía judicial, la Corte se vio abocada no solo a indagar por las
especificidades de los 37 casos, sino a identificar el fundamento, la
dimensión, los patrones y el impacto de este litigio en el sistema de salud
desde esta perspectiva global.
5.3.2. Con este propósito, la Corte efectuó distintas
indagaciones relacionadas con el sistema institucional de atención a los niños
con discapacidad, el alcance de las obligaciones del sistema público de salud
en relación con este grupo poblacional, los debates contemporáneos sobre la
idoneidad y efectividad de las terapias no convencionales solicitadas en las
acciones de tutela, el fenómeno de la medicalización y la patologización de la
diversidad en la niñez, la dimensión y las características del litigio
constitucional y su impacto en el sistema de salud, y sobre el modelo económico
que subyace a esta forma de acceso al sistema de salud.
5.3.3. En este marco, se efectuaron las siguientes
actuaciones:
(i)
Primero, se requirió de las instancias
gubernamentales y de organismos privados información técnica sobre
distintas temáticas relacionadas con el objeto de la controversia, así:
-
Con el propósito de conocer la
dimensión, las características y los patrones del litigio constitucional, así
como sobre los debates en la comunidad científica sobre la seguridad y eficacia
de las terapias alternativas solicitadas en las acciones de tutela, se realizó una
sesión técnica con funcionarios del Ministerio de Salud, y en particular, con
el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria, y los funcionarios Viviana
Ángel Corey, Carmen Eugenia Dávila, Luis Gabriel Fernández, Germán Escobar
Morales y Ángela Pérez.
Esta
sesión fue realizada el día  6 de abril de 2015, y a su finalización, el
Ministerio de Salud entregó la siguiente documentación[72]:
(i) “Terapias de Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA)[73];
(ii) Recobros por fallos de tutela de terapias ABA[74];
(iii) “Concepto técnico Terapias de Metodología ABA – Análisis de Comportamiento
Aplicado (Terapias ABA)[75]; (iv) Protocolo Clínico
para el Diagnóstico, Tratamiento y Ruta de Atención Integral de Niños y Niñas
con Trastorno del Espectro Autista[76]; (v) Terapias de
Análisis de Comportamiento Aplicado ABA, para el Tratamiento de Personas con
Diagnóstico de Trastornos del Espectro Autista y Trastorno de Hiperactividad y
Déficit de Atención[77].
-
Con el objeto de contar con
insumos y elementos de juicio sobre la naturaleza y sobre la idoneidad y
eficacia de las terapias requeridas en las acciones de tutela, se requirió a
distintas instancias gubernamentales e instancias técnicas, entre ellas, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y la Asociación Colombiana de Psiquiatría[78],
para que suministraran información relevante en las áreas de su experticia.
Con
este mismo propósito, se obtuvieron y estudiaron los meta-estudios científicos
realizados por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS) sobre
la seguridad y eficacia de las intervenciones solicitadas en las acciones de
tutela, la mayor parte de ellos disponibles en su página web.[79]
Asimismo,
se examinaron los instrumentos técnicos empleados por el Ministerio de Salud
para excluir algunas tecnologías en salud de su financiación con recursos
públicos, también disponibles en su página web. En particular, se revisó la
documentación de soporte del procedimiento técnico-científico y participativo
para la exclusión de algunas de las tecnologías solicitadas en las acciones de
tutela que hacen parte de este proceso, utilizada en las fases de nominación, de
análisis técnico científico, de consulta a los pacientes, y en el trámite de exclusión
propiamente dicho. En tal sentido, se acopió y revisó la documentación en la
que se plasmó el debate que se surtió para la exclusión de las terapias Tomatis,
del denominado “acompañamiento sombra” y de las terapias con enfoque distinto a
ABA, entre instancias como el IETS, la Academia Nacional de Medicina, la
Asociación Colombiana de Neurología Infantil, el Colegio Colombiano de Terapia
Ocupacional, el Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, el Colegio Colombiano de
Psicólogos, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Asociación
Colombiana de Neurología Infantil, el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos y el
Colegio Colombiano de Fisioterapeutas.[80]
-
Para conocer sobre el sistema institucional
de atención a los niños con discapacidad, se requirió al Ministerio de
Educación, a algunas secretarías municipales y distritales de educación, al
Consejo Distrital de Discapacidad del Atlántico, a la Defensoría del Pueblo y a
la Procuraduría General de la Nación[81], para que explicaran el
modelo de atención a este grupo poblacional.
(ii)
Asimismo, se instó a los organismos
de control para que informaran a este tribunal los hallazgos de sus
investigaciones sobre casos que involucraran el suministro de terapias
especializadas a menores de edad con cargo a los recursos del sistema público
de salud. En particular, se realizaron las siguientes actuaciones: (i) se requirió
a la Superintendencia Nacional de Salud para que remitiese los resultados de
las auditorías integrales realizadas a diferentes IPS del país que prestan el
tipo de terapias solicitadas en las acciones de tutela objeto de revisión[82];
(ii) se recibieron de la Procuraduría General de la Nación las decisiones
adoptadas en el marco del expediente IUS-2015-407061, en las que se identifican
y evalúan las actuaciones de los funcionarios de la gobernación de Córdoba en
relación con el suministro y pago de servicios proporcionados por la IPS
Funtierra[83]; (iii) se acopiaron los
hallazgos de la Contraloría General de la República en relación con el esquema
de autorizaciones y pagos empleado por la Secretaría de Salud de Córdoba para
la provisión de terapias especializadas a niños del régimen subsidiado.
(iii)
También se instó a los órganos
jurisdiccionales para que remitiesen las decisiones judiciales que
resolvieron las controversias sometidas a examen en este proceso. En
particular: (i) se ofició a la Superintendencia Nacional de Salud para que
allegara las decisiones que adoptó en el marco de los casos revisados en este
proceso, en los que el juez de tutela consideró que el amparo constitucional
era improcedente, y que la competencia para resolver la controversia era de
dicha entidad[84]; (ii) se ofició a los
jueces que resolvieron las acciones de tutela con fundamento en las cuales
Funtierra Rehabilitación IPS reclama las autorizaciones y los pagos por parte
de la Gobernación de Córdoba dentro del expediente T-5808227, para que enviaran
las correspondientes sentencias[85].
(iv)
Finalmente, se requirió a las partes
del presente proceso judicial para que suministran información precisa y
actualizada sobre los hechos relevantes de la controversia judicial. En tal
sentido, se desplegaron las siguientes actuaciones:
-
Se requirió a las partes
demandantes y demandadas en este proceso para que informaran sobre el estado
actual de las controversias jurídicas, el estado de salud de los pacientes, su
vinculación al sistema público de salud, la atención recibida, los desembolsos
efectuados para atender las órdenes de los jueces de tutela, y los recobros
efectuados[86].
-
Se solicitó a Funtierra
Rehabilitación IPS y a la Gobernación de Córdoba, partes demandante y demandada
dentro del expediente T-5808227, que suministraran información sobre el monto
de los recursos facturados y pagados con ocasión de las terapias prestadas con
base en órdenes de tutela, el sistema empleado por la IPS para facturar a la
entidad territorial, y el vínculo económico entre los profesionales de la salud
que ordenaron el suministro de las tecnologías en salud y la IPS[87].
-
Se entrevistó telefónicamente a
los acudientes de los pacientes que habrían sido atendidos por Funtierra
Rehabilitación IPS dentro del expediente T-5808227[88],
indagando sobre su pertenencia al régimen subsidiado o contributivo, la
naturaleza y el tipo de padecimientos de los pacientes, la forma en que
contactaron o fueron contactados por la IPS, los servicios de salud y
prestaciones recibidas, el estado de escolaridad de los niños, y el tipo de
actuación desplegada en las acciones de tutela interpuestas para acceder a los
servicios de la IPS.
-
Se recibieron los testimonios
documentales de los acudientes de los niños atendidos por Funtierra
Rehabilitación IPS, que dan cuenta de la condición de salud de los menores y
del tipo de servicios brindados por la institución.
-
Se recibieron notas de prensa que
dan cuenta de las posibles irregularidades en la provisión de tratamientos
integrales a niños con discapacidad, ordenados por vía judicial.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala es competente
para revisar la decisión proferida dentro del expediente de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.
2.       Planteamiento
de los casos, formulación de los problemas jurídicos y esquema de resolución
2.1.
Según se explicó anteriormente, los casos examinados
en este proceso involucran a niños que fueron atendidos por médicos
particulares que los diagnosticaron con algún tipo de alteración física,
sensorial o cognitiva, y que les prescribieron terapias especializadas que no
se encuentran dentro de la oferta del sistema de salud, pero que sí están
disponibles en IPS que no hacen parte de la red de servicios de las EPS a las
que se encuentran adscritos los infantes.
A partir de esta base
fáctica se estructuraron dos tipos de controversias:  una, encaminada a que los
niños accedan a los servicios de salud y complementarios, por cuenta del
sistema público de salud, y otra orientada a que los proveedores de tales
servicios mantengan esta condición, y sean remunerados con cargo al sistema.
2.2.
En este orden de ideas, corresponde a este tribunal
resolver dos tipos de interrogantes, relacionados con las condiciones bajo las
cuales los actores del sistema de salud pueden acceder a los servicios y a los
recursos que este ofrece.
En primer lugar, se debe
establecer lo que ocurre cuando se pretende que niños diagnosticados con alguna
alteración física, sensorial o cognitiva accedan, por cuenta del sistema
público de salud, a tratamientos integrales especializados y a los servicios
complementarios de transporte, alimentación y acompañamiento, cuando las
tecnologías en salud desbordan la oferta ordinaria del sistema, son prescritas
por médicos particulares y son provistas por IPS particulares que no hacen
parte de la red de servicios de la EPS.
Y en segundo lugar, se
debe establecer si a través de la acción de tutela las IPS pueden exigir el
reconocimiento de su condición de proveedores de tecnologías en salud así como
el pago por las prestaciones suministradas previamente a menores de edad con fundamento
en órdenes judiciales de amparo, y si, con fundamento en tales providencias que
reconocen el derecho de los niños a acceder a tratamientos especializados en
instituciones de salud determinadas, estas últimas tienen derecho a mantener su
status de proveedores, y si, por consiguiente, los ordenadores de los servicios
de salud (EPS y entidades territoriales), se encuentran obligados a librar las
autorizaciones respectivas y a efectuar los pagos respectivos.
2.3.
Con este propósito, a continuación se seguirá la
siguiente metodología:
En primer lugar, en la medida en que los casos sometidos a
revisión parecen
ser ejemplos y
manifestaciones puntuales de un patrón generalizado de acceso al sistema de
salud a través de la acción de tutela, se ofrecerá una caracterización de
este tipo de litigio, teniendo en cuenta la información proporcionada por el Ministerio de Salud y
por los organismos de control, particularmente de la Superintendencia Nacional
de Salud, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la
República, así como
los hallazgos obtenidos con la revisión de los múltiples fallos judiciales que obran en el
expediente. Esto permitirá abordar los casos individuales desde la
perspectiva más amplia del litigio constitucional, considerado globalmente.
En segundo lugar, en la
medida en que este tribunal es el órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional, se identificarán y explicarán sus patrones decisionales, tanto
en el proceso de selección de los fallos de instancia que resuelven las
acciones de tutela, como en la generación de precedentes vinculantes, y que,
directa o indirectamente, pueden incidir en la configuración del litigio
constitucional.
En tercer lugar, con
fundamento en los hallazgos anteriores y en los precedentes de este tribunal, se
fijarán las premisas del escrutinio judicial, precisando los criterios que
deben ser tenidos en cuenta para resolver las solicitudes de las acciones de
tutela, tendientes, en primer lugar, a que se ordene a las EPS autorizar las
terapias no convencionales prescritas por médicos particulares para niños con
alteraciones físicas, sensoriales y cognitivas en IPS específicas, y en segundo
lugar, a que se inste a los ordenadores y pagadores del sistema de salud (IPS o
entidades territoriales) a mantener la provisión de tales tecnologías con tales
IPS, y a efectuar los pagos correspondientes.
Finalmente, se
resolverán los casos planteados en este proceso, estableciendo tanto la
procedencia del amparo, como la viabilidad de las pretensiones de las demandas
de tutela.
3.  Caracterización
del litigio constitucional
3.1.    La
necesidad de una comprensión integral del modelo litigioso
3.1.1.  Según
la información allegada por el Ministerio de Salud y la Superintendencia
Nacional de Salud, los casos revisados en este proceso corresponden a un modelo
de litigio generalizado y extendido en el país.
Existen al menos dos
razones que obligan a la Corte a centrar el análisis no sólo en las
particularidades de estos casos, sino también en los patrones y las
regularidades de este modelo de acceso al sistema público de salud por vía
judicial: desde el punto de vista cuantitativo, este mecanismo ha venido
adquiriendo mayor relevancia tanto en la justicia constitucional como en el
sistema público de salud;  y desde el punto de vista cualitativo, los patrones
del litigio en salud difieren sustancialmente de los que operan para acceder a
las prestaciones que se solicitan en este proceso. De modo pues que este tipo
de aproximación se justifica tanto por la magnitud y el peso relativo que tiene
hoy en día este esquema, como por sus particularidades y especificidades.
3.1.2. En
primer lugar, tanto desde la perspectiva de la justicia constitucional
como desde la perspectiva del sistema de salud, este mecanismo tiene una
particular relevancia, pues, según han constatado el Ministerio de Salud
y la Superintendencia Nacional de Salud, los casos revisados en este proceso
corresponden a un patrón común de litigio en el país, masivo y sistemático, con
tendencia creciente en la justicia constitucional, hasta el punto de que la
acción de tutela se ha convertido en la principal vía de acceso al sistema de
salud para obtener terapias especializadas para niños con discapacidad,
desplazando casi que integralmente los dispositivos ordinarios contemplados en
la Ley 100 de 1993 y en las normas que la complementan.
Según información allegada
por el Ministerio de Salud a esta corporación, desde abril de 2006 hasta
febrero de 2013 se recobraron cerca de 109.000 mil millones al sistema de salud
por concepto de terapias especializadas prestadas a niños diagnosticados con alteraciones
físicas, sensoriales y cognitivas, recobros que corresponden en un 92% a fallos
de tutela en los que se habría ordenado brindar estos tratamientos a niños con
algún tipo de discapacidad, con base en prescripciones de médicos particulares,
para ser atendidas en IPS específicas. El crecimiento de este modelo vendría
siendo exponencial, teniendo en cuenta, por ejemplo, que mientras en el año
2006 se presentaron 134 acciones de tutela con este objeto, en el año 2014
ascendieron a 31.000, muchas de las cuales pueden llegar a involucrar a más de
20 pacientes, tal como se encontró en este proceso. Y mientras en el año 2006
los recobros por estas terapias ascendieron a $240.836.824, en el 2014 llegaron
a $62.863.172.792. Y, como la mayor parte de estos recobros fueron glosados, es
de presumirse que fueron asumidos por las EPS con cargo a los recursos
obtenidos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, con cargo los
recursos que deben ser destinados a la financiación de las tecnologías en salud
que se encuentran en el Plan de Beneficios del sistema público de salud[89].
La Superintendencia
Nacional de Salud ha arribado a un resultado semejante. Entre otras cosas, esta
entidad concluyó que efectivamente existe una tendencia creciente en el litigio
constitucional orientado a obtener el acceso a terapias que desbordan la oferta
del sistema de salud, en IPS específicas, con base en el dictamen de médicos
particulares; que el mercado de las terapias especializadas para menores de
edad se ha sustentado, casi que en su totalidad, en fallos de tutela, y que
además, se presenta una marcada concentración tanto geográfica, como
institucional: las autorizaciones de las EPS para el suministro de estas
tecnologías en salud se concentran en la Costa Caribe, especialmente en los
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena, y en las
ciudades de Bogotá y Medellín, y en unas IPS determinadas como la Clínica
Neurorehabilitar, el Centro de Estimulación y Aprendizaje Sonrisas de Esperanza
(Atlántico), Passus IPS Taller Psicomotriz (Atlántico), el Centro de
Capacitación Especial CENCAES (Atlántico), la Fundación Integrar (Antioquia),
la Clínica Neurorehabilitar (Bogotá, D.C.), Passus IPS Taller Psicomotriz
(Bogotá D.C.), la Corporación Encuentro para Soluciones de Comportamiento (Bolívar),
el Centro de Rehabilitación Integral Arco Iris (Córdoba), y el Centro de
Rehabilitación Integral Manantial (Magdalena), entre otros[90].
Incluso, pese a que según
los estimativos del Consejo Superior de la Judicatura la Corte selecciona tan
solo el 0.03% de las acciones de tutela que se presentan en el país, y a que
dentro de este porcentaje son poco frecuentes los casos que involucran el
derecho de los niños de acceder al sistema de salud[91], la información obtenida en este
proceso es muy indicativa de la magnitud del litigio, y del impacto que tiene
en el sistema público de salud. Según la información obtenida con la revisión
del expediente T-5808227, por concepto de servicios prestados a menores de edad
con fundamento en órdenes impartidas por jueces de tutela, Funtierra
Rehabilitación IPS facturó y recibió de la Secretaría de Salud Departamental de
Córdoba la suma de $16.280.261.121 entre enero de 2014 y abril de 2016, suma
esta nada despreciable si se tiene en cuenta que corresponde a dineros
recibidos por los servicios prestados durante dos años por una sola IPS que funciona
únicamente en dos municipios del país[92]. Asimismo,
en este expediente consta que en un solo día fueron expedidas 12 sentencias de
tutela por el juzgado único promiscuo municipal de Piojó, referidas todas a
controversias que corresponden a la misma estructura litigiosa: padres y
acudientes de niños que solicitan el acceso gratuito a terapias no
convencionales en una institución específica, ordenadas por un médico
particular, con cargo al sistema público de salud.
De este modo, este tipo de
controversias es cada vez más frecuente e importante en la jurisdicción
constitucional, y cada vez tiene mayor peso e impacto en el sistema público de
salud.
3.1.3. Además,
las dinámicas del litigio presentan algunas particularidades frente a
las que se presentan de manera general para exigir la faceta prestacional del
derecho a la salud. Esto, al menos desde cuatro puntos de vista:
3.1.3.1.
Por un lado, desde la perspectiva de las tasas de
crecimiento del litigio constitucional, existe una notable asimetría entre
las acciones de tutela en salud, y aquellas que abordan el debate específico de
este proceso.
En efecto, el incremento
de los amparos en salud a lo largo del tiempo ha sido proporcional al
incremento de las acciones de tutela en general, de modo que, con algunas
excepciones en los años 2008 y subsiguientes, el peso de las acciones de tutela
que invocan el derecho a la salud en la justicia constitucional ha permanecido relativamente
constante. Por el contrario, el litigio para reclamar la provisión de terapias
especializadas para niños con discapacidad prescritas por médicos particulares,
en centros médicos específicos, ha obedecido a otra lógica, pues hasta antes
del año 2004 fue prácticamente inexistente, y a partir de ese año, cuando
apareció en el escenario constitucional, ha tenido un crecimiento exponencial
sin precedentes.
Según información de la
Defensoría del Pueblo[93], el crecimiento anual de tutelas en
el país ha sido, en promedio, del 20.53% para el período comprendido entre 1992
y 2015, aunque con algunas variaciones importantes.[94] Por su parte, las tutelas en las que
se exige la faceta prestacional del derecho a la salud han tenido un incremento
proporcional, aunque con una tasa promedio ligeramente inferior, del 14,45% en
este mismo período, aunque con variaciones importantes, especialmente en los
años 2009 y 2010, en los que, luego de ser expedida la sentencia estructural
T-760 de 2008, el crecimiento fue negativo, con tasas de -29,71% y -5.96%
respectivamente.[95]  Para el período comprendido entre
1999 y 2015, las tutelas en salud representan, en promedio, el 28.79% de los
amparos constitucionales, oscilando entre el 18,85% en el año 2000 cuando tuvo
la menor participación, y el 41.50% en el año 2008, cuando tuvo el pico más
alto.[96]
Las dinámicas de la acción
de tutela para exigir la provisión de las terapias no convencionales para niños
con discapacidad, son sustancialmente distintas. Según se explicó, este tipo de
amparos aparecieron en el escenario constitucional hacia el año 2004 y desde
entonces han tenido un crecimiento sin precedentes en el país, pues mientras en
el año 2006 se presentaron 134 tutelas en el país, en el año 2014 se radicaron
cerca de 31.000, con el agravante de que, debido a las particularidades de este
tipo de litigio, con frecuencia cada amparo involucra a más de 10 de
accionantes. Incluso, mientras en los años 2009 y 2010, después de haberse
expedido la sentencia T-760 de 2008, y de haberse dispuesto, por ejemplo, la
revisión de los planes de beneficios, unificación de los planes de beneficios
del régimen subsidiado y contributivo, o la reconfiguración del procedimiento
de acceso a las prestaciones NO POS, las acciones de tutela en salud se
redujeron drásticamente durante los años subsiguientes, los amparos
constitucionales orientados a exigir las terapias no convencionales siguieron
un ritmo de crecimiento exponencial.
3.1.3.2.   A nivel
geográfico también presentan asimetrías muy notorias, pues mientras las
tutelas en salud se concentran en Antioquia, Valle y Bogotá, en la hipótesis
analizada los amparos constitucionales se han presentado de manera prevalente en
la Costa Caribe, especialmente en el departamento del Atlántico, pese a que ni desde
el punto de vista epidemiológico ni desde el punto de vista demográfico este
fenómeno encuentra una explicación clara.
En efecto, según la
Defensoría del Pueblo, entre los años 2014 y 2015 el departamento de Antioquia
concentró la mayor parte de acciones de tutela del país, con una participación
del 32,71% y del 33,22% respectivamente, siguiéndole Bogotá con una
participación del 16,68% en el 2014 y del 22,45% en el año 2015, y luego el
departamento del Valle con una participación del 8,14% y del 8,69% en estos mismos
años. El departamento del Atlántico tiene un peso relativo mucho más bajo, pues
para los años analizados representó únicamente el 3,18% y el 2,84% de las
tutelas en salud en el mismo período; lo propio puede decirse de los
departamentos de Córdoba y de Magdalena, que para los años 2014 y 2015 tuvieron
cada uno una participación inferior al 1,7% de las tutelas en salud.
En contraste, las acciones
de tutela para exigir la provisión de terapias no convencionales para niños con
discapacidad, tienen una distribución geográfica muy distinta. Según la
Superintendencia Nacional de Salud, el mayor número de pacientes atendidos con
este servicio se encuentra en el departamento del Atlántico, representando el
59,16% de todos los usuarios en el país a los que se les brinda esta tecnología
en salud, y en los últimos años las demandas en este frente se han incrementado
drásticamente en los departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena, Guajira y
Sucre, es decir, en la Costa Caribe.
Asimismo, la
Superintendencia Nacional de Salud hizo notar que del total de servicios
brindados, el 95% corresponde a los ordenados por vía de tutela, mientras que
únicamente el 5% de estos se obtuvo por vía de la aprobación de los Comités
Técnicos Científicos, mientras que, en general, el suministro de las
tecnologías en salud no se encuentra mediado por la intervención judicial.[97]
Todo lo anterior permite
concluir que también desde el punto de vista geográfico, el comportamiento del
litigio en este frente presenta especificidades inocultables, sin que, por otro
lado, existan factores epidemiológicos o demográficos que expliquen claramente este
fenómeno, pues, por ejemplo, no existe evidencias de que en la Costa Caribe
haya una mayor prevalencia de las enfermedades que dan lugar a las terapias
solicitadas en las acciones de tutela.
3.1.3.3.
En tercer lugar, la revisión del material probatorio
permite evidenciar algunas particularidades en la estrategia litigiosa, esto
es, en los mecanismos para poner en marcha el sistema judicial.
Normalmente, en otros
escenarios que involucran la faceta prestacional del derecho a la salud, los
pacientes acuden personal y espontáneamente al amparo constitucional después de
ver defraudadas sus expectativas de acceso al sistema de salud. Se trata, en
general, de un ejercicio individual en el que los pacientes exponen al sistema
judicial sus dificultades personales para acceder a los servicios sanitarios, y
en el que reclaman una atención acorde con la gravedad de su situación, con el
objeto de que las EPS suministren los servicios en salud que hasta el momento
se han negado a proveer, habiéndolos reclamado previamente.
En los casos analizados,
parece producirse una dinámica y un modus operandi muy distinto, al
menos en tres sentidos.
De una parte, en este
nuevo escenario la contención no sólo involucra a los pacientes y a las EPS,
como ocurre de ordinario, sino también a otros actores del sistema de salud,
como los médicos particulares que atienden a los infantes, y las propias IPS en
las que se solicita el tratamiento, quienes parecen jugar un papel muy
determinante en el litigio constitucional, hasta el punto de que, en ocasiones,
son estas las que lo impulsan o lo gestionan directamente, a través de los
acudientes de los niños.
De hecho, y según expresaron
algunos de los familiares de los niños que fueron tratados en la IPS Funtierra,
dicha entidad no solo les brindó las terapias solicitadas en las acciones de
tutela, sino que, además, previamente a ello contactó a los pacientes a través
de visitas domiciliarias, charlas informativas en centros educativos, llamadas
telefónicas o contactos a través de distintos intermediarios, informándoles de
la posibilidad de acceder gratuitamente a los servicios del centro de salud
mediante la interposición de una acción de tutela que la misma entidad
impulsaría en los estrados judiciales, y, una vez contactados, tramitó los
amparos constitucionales. Según manifestaron algunos padres, su intervención en
el trámite judicial consistió en “firmar unos papeles” y en presentar copia de
su cédula de ciudadanía y de la tarjeta de identidad o del registro civil del paciente
en la IPS, la cual habría gestionado directamente las acciones de tutela. Algunos
padres manifestaron, incluso, que desconocían que se hubiesen interpuesto amparos
constitucionales en su nombre.[98]
Algo semejante se advierte
con las acciones interpuestas ante el juez promiscuo de Piojó. Previamente a la
presentación de las acciones de tutela ante este juez, un mismo profesional de
la salud prescribió las mismas terapias a siete niños con patologías disímiles[99], todo ello en el transcurso de un
solo día[100], y posteriormente los padres
de los infantes acudieron masivamente a la acción de tutela en los mismos días,
ante el mismo juez y con el mismo formato de demanda[101], para reclamar
tecnologías de salud en dos centros de salud específicos que se encuentran
ubicados en otros municipios: la IPS Rehabilitamos de la Costa, en el municipio
de Juan de Acosta, y el Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social, en Barranquilla[102].
Pareciera ser, entonces
que, aunque formalmente la controversia jurídica se estructura entre los
usuarios del sistema de salud y las EPS, desde una perspectiva material el
mecanismo involucra a otros actores, y que, en este orden de ideas, la identificación
de su rol constituye una pieza clave en la comprensión del litigio
constitucional.
Aún más, estos actores
distintos a la EPS y a los propios pacientes, parecen tener algún tipo de
vinculación económica. En algunas de las demandas que fueron radicadas en el
municipio de Piojó, se sostiene que el médico que prescribió las terapias
especializadas, hacía parte de las mismas IPS en la que se estaba requiriendo
el tratamiento[103]. Los fallos judiciales en
los que se ordenó a cerca de 500 menores recibir los servicios de Funtierra IPS,
refieren que las prescripciones médicas fueron expedidas en todos los casos por
sólo dos profesionales de la salud. Y en las demandas de tutela en las que se
solicita el acceso al Centro de Rehabilitación Arco Iris y al Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas (CRIES), se sostiene que la prescripción
médica es de un profesional que hace parte de esas mismas organizaciones[104].
La intervención, directa o
indirecta de estos otros actores del sistema de salud explica varias de las particularidades
en el modus operandi de los amparos constitucionales.
Entre otras cosas, explica
el alto nivel de estandarización y masificación del litigio en este frente
específico, ya que según se encontró, las estrategias procesales y los
instrumentos y textos jurídicos empleados por los accionantes suelen estar
predeterminados, y estos parecen actuar concertada y colectivamente.
En el fallo del Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica del 8 de enero de 2015[105], una de las sentencias
con fundamento en la cual se interpuso la acción de tutela correspondiente
T-5808227, el juez decidió acumular los amparos formulados por 22 accionantes, teniendo
en cuenta que “guardan identidad de objeto, los hechos son similares, los
accionados son los mismos”, y que las acciones fueron formuladas en la
misma semana. Dos días antes, el 6 de enero de 2015, ese mismo juzgado resolvió
otra acción de tutela acumulando las demandas presentadas por 56 personas,
nuevamente por la identidad en la pretensión, en el objeto de la controversia,
en los hechos relevantes, y en las entidades accionadas[106]. El Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Cereté concedió una acción de tutela interpuesta conjuntamente por
ocho padres de familia en sentencia el 18 de diciembre de 2012[107]. El Juzgado Segundo Penal
del Circuito de Montería hizo mismo respecto al amparo propuesto conjuntamente
por 10 padres de familia en sentencia del 14 de enero de 2015[108].
Dentro de esta misma línea,
las demandas de tutela presentadas ante el juez promiscuo de Piojó responden a
un mismo formato, por lo cual, inadvertidamente se reprodujeron fórmulas
idiosincráticas o contenidos que claramente corresponden a otros casos. Así, en
estas demandas se afirma que el menor en cuyo nombre se interpone la acción de
tutela padece una enfermedad huérfana y rara que amerita una protección
especial por parte del Estado, cuando en realidad las órdenes médicas contienen
diagnósticos como retraso mental, síndrome de down, trastorno de aprendizaje,
trastorno de la conducta, autismo, retraso en el desarrollo del lenguaje,
epilepsia o TADH, ninguna de las cuales hace parte de esta categoría. En todas
las demandas, sin embargo, se repite la fórmula “en virtud del padecimiento
de mi mejor hijo, la cual es una enfermedad huérfana y rara, y que requiere de
una especial atención y prioridad, tal como lo establece la ley 1392 de 2010,
presenté un derecho de petición (…) la actitud negligente y ausente de la
entidad accionada no ayuda al estado de discapacidad de menor, todo lo
contrario, ha ignorado por completo lo expresado en la ley 1392 de 2010 que
trata de las enfermedades huérfanas y raras (…)”. También se reproducen
fórmulas idiosincráticas y personales que se incorporaron al texto “tipo”,
tales como “siendo menester de la suscrita y movida por mis sentimientos de
madre, de impotencia y contra mi economía, busqué una alternativa que mejore la
situación de menoscabo en salud físico mental de mi hijo”, “la suscrita es una
persona de escasos recursos económicos, con muchos sentimientos de impotencia y
rabia, sometida por la omisión de  la accionada (…) a una actitud negligente y
paternalista y de barrera institucional”, “la patología (…) va asociado a
desatinos mentales, generando rechazo social y estigmatización, pues aún
existen personas que de manera folclórica colocan seudónimos al menor en
cuestión, siendo una situación de frustración que no solo perturba la salud
mental del menor discapacitado y su familia sino a los que lo rodean”.[109]
Por lo demás, llama la
atención de este tribunal que, contrariamente a lo que ocurre en otros
escenarios que involucran la faceta prestacional del derecho a la salud, en los
que los pacientes apelan a la acción de tutela cuando la EPS efectivamente ha defraudado
sus expectativas y ha sido renuente a brindar los servicios solicitados, en
este contexto la estrategia es distinta: en general se acude al amparo
constitucional sin que previamente la EPS haya tenido la oportunidad de valorar
y de adoptar una decisión en relación con los requerimientos que le son
formulados por los pacientes, y no tanto con el propósito de oponerse a sus
políticas en el suministro de servicios, sino con el objeto de desplazar a la
EPS en su rol de ordenar la provisión de las terapias, y de que los órganos
jurisdiccionales asuman esta función. En los expedientes T-4877010, 4877009,
4877008, 4877007, 4877006, 4877005 y 4877004, por ejemplo, se evidencia que los
acudientes de los niños en cuyo nombre se interpuso la acción de tutela no
solicitaron su atención en la EPS, y que, por el contrario, desde el mismo día
en que obtuvieron el diagnóstico particular comenzaron a recibir el tratamiento
en la IPS solicitada en la acción de tutela, para días más tarde, interponer el
amparo constitucional.[110] Lo
propio se evidencia en el expediente T-4264678, en el que se acude directamente
a la acción de tutela, sin que hubiere mediado la intervención de la EPS, ni,
por tanto, una negativa de su parte a brindar la atención médica necesaria.
3.1.3.4.
Finalmente, desde el punto de vista sustantivo,
los amparos constitucionales revisados en este proceso tienen la particularidad
de que implican una sustracción integral de los principios y de las reglas que
rigen el funcionamiento del sistema público de salud.
De ordinario, las acciones
de tutela que versan sobre la faceta prestacional del derecho a la salud apuntan,
o bien a exigir una prestación a la que se tiene derecho de conformidad con los
principios y reglas generales, o bien a solicitar una prestación a partir de una
regla exceptiva que este tribunal ha reconocido en escenarios extraordinarios o
excepcionales. En los casos revisados en este proceso, se solicita al juez de
tutela acceder a los servicios del sistema, pero sustrayéndose integralmente de
las reglas que rigen el sistema de salud.
Según la Defensoría del
Pueblo, para el período comprendido entre los años 2003 y 2015, en el 61.9% de
las acciones de tutela en salud se exigen prestaciones contenidas en el Plan
Obligatorio de Salud (POS), es decir, tecnologías en salud a las que en
principio tienen derecho los usuarios, pero que por distintos motivos han sido
negadas, como tratamientos integrales para el cáncer, el trastorno mental o
enfermedades del sistema circulatorio y nervioso, medicamentos como oxígeno,
tramadol, rituximab, micofenolato, insulina o metformina, insumos como balas de
oxígeno, kit de glucometría, audífonos y jeringas, citas médicas de oncología,
ortopedia, neurología u oftalmología, cirugías como la bariátrica,
histerectomía abdominal, de remplazo de cadera o de rodilla, y otros
procedimientos.[111] Asimismo, a través de las
acciones de tutela se solicitan otro tipo de prestaciones o servicios,
invocando las reglas que rigen el sistema de salud, como el pago de
incapacidades o de licencia de maternidad, solicitudes de afiliación o retiro,
reintegro de pagos médicos, calificaciones de invalidez, requerimientos para
cambio de EPS, entre otros.
En otras oportunidades,
por el contrario, los usuarios apelan a la acción de tutela para solicitar la
provisión de tecnologías u otros servicios a partir de reglas exceptivas
previstas por la justicia constitucional para escenarios excepcionales o
extraordinarios. Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 2003 y 2015 el
38.1% de las tutelas en salud solicitan la provisión de prestaciones NO POS, es
decir, tecnologías que en principio no corresponde suministrar al sistema
público de salud, pero que bajo determinadas condiciones en las que se
compromete la vida o la integridad de los pacientes, deben ser provistas por
este. Es así como los usuarios del sistema solicitan, entre otras cosas,
medicamentos biológicos, complementos nutricionales, cremas antiescaras y
antipañalitis, pregabalina, pañales, silla de ruedas, pañitos húmedos,
colchones antiescaras, camas hospitalarias, cirugías como dermolipectomías,
mastopexia, implantes cocleares, liposucciones y turbinoplastias y diferentes
procedimientos odontológicos.[112] También
prestaciones del sistema de salud, pero se solicita la exoneración en el pago
de las cuotas moderadoras o de los copagos a los que normalmente hay lugar,  o
la provisión de tecnologías prescritas por médicos particulares cuando se
advierte que las del médico tratante de la EPS resultan insuficientes de cara
al estado de salud del paciente. Es decir, el reclamo judicial implica sólo una
sustracción parcial de la lógica general del sistema público de salud.
Por el contrario, y tal
como se explicará en los capítulos subsiguientes, en los casos analizados en
este proceso la controversia constitucional que plantean los accionantes se
estructura, en su integridad, en función de reglas jurisprudenciales exceptivas,
e invirtiendo la lógica general con la cual fue configurado el sistema de
salud: no sólo se exigen tecnologías que no se encuentran contempladas en el Plan
de Beneficios (PB), sino que, además, estas no son prescritas por los médicos
tratantes de la EPS a la que se encuentra afiliado el menor sino por un médico
particular, el proveedor de las mismas se encuentra por fuera de la red de la
EPS, y se reclama la exoneración de las cargas económicas asociadas a la
prestación del servicio, esto es, de los copagos y de las cuotas moderadoras.
De este modo, este tipo de litigio implica una sustitución plena de los
elementos estructurales del sistema de salud: de las tecnologías en salud, de
los ordenadores del servicio (profesionales de la salud y EPS), y proveedores
de la misma (IPS).
3.1.4. En
este orden de ideas, tanto por la magnitud de este tipo de litigio en la
justicia constitucional y en el sistema de salud, como por sus rasgos y
características diferenciales, se hace necesario evaluar las acciones de tutela
no sólo a partir de sus particularidades y especificidades intrínsecas, sino
también a partir de los elementos de contexto que comparten, de los patrones y
de las dinámicas económicas que subyacen a las mismas, y de sus potenciales
efectos en el funcionamiento del sistema de salud, y en el goce efectivo de los
derechos de las personas.
3.2.    Los
fines del litigio
3.2.1. El inusitado
crecimiento del litigio constitucional descrito en los acápites precedentes, resulta
concordante con los beneficios y las ventajas que este proporciona a los
actores del sistema de salud, pues la acción de tutela provee una vía
alternativa de acceso a los servicios y a los recursos del sistema de salud,
prescindiendo de los mecanismos, los dispositivos y los protocolos que
regularizan y limitan su funcionamiento, y diseñados e implementados para
garantizar su transparencia, idoneidad, universalidad, funcionalidad y
sostenibilidad.
El mecanismo a través del
cual estos actores han accedido a las prestaciones y a los recursos del sistema
ha consistido en desplazar a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) de su
atribución legal de administrar, bajo la lógica de la racionalización, los
instrumentos para el reconocimiento, otorgamiento y provisión de las
tecnologías, y asignarla al mismo sistema judicial, el cual, por carecer de las
condiciones y de las  herramientas técnicas para operar el modelo, ha venido
permitiendo y validando el acceso indiscriminado a los servicios y a los
recursos que provee el sistema de salud, sin sujeción a los criterios y las reglas
a partir de las cuales aquel fue estructurado. Con ello, los usuarios del
sistema de salud, es decir, los pacientes y sus acudientes, tienen un acceso
preferencial y expedito a tecnologías en salud y a servicios complementarios
que en principio no provee el sistema, y al mismo tiempo se liberan de las
cargas asociadas al suministro de tales servicios, y los oferentes de tales
tecnologías y servicios pueden brindarlos sin sujeción a las restricciones,
limitaciones y controles propios del sistema. Así, bajo el modelo que se
configura a través del amparo constitucional, oferta y demanda interactúan
libremente en el sistema de la salud.
3.2.2. Desde
la perspectiva de los pacientes y de sus acudientes, la acción de tutela
ha servido para desactivar los dispositivos del modelo de salud que limitan
o restringen los beneficios del sistema, y que fijan las cargas para
acceder a los servicios que este provee.
-       Primero,
con la intervención del juez constitucional, los usuarios logran ampliar el
espectro de beneficios, permitiéndoles acceder no solo a tecnologías que no
se encuentran incluidas en los planes de beneficios o que se encuentran excluidas
del mismo, sino también a prestaciones complementarias como los servicios de
transporte, alimentación, acompañamiento especial y viáticos.
En efecto, dentro de la
oferta del sistema público de salud se encuentra un repertorio limitado de
prestaciones, establecido a partir de consideraciones globales y sistémicas de
salud pública que incorporan, entre otras, variables clínicas sobre la
seguridad y eficacia de tales tecnologías, pero también variables económicas,
sociales y culturales relativas, por ejemplo, a consideraciones de equidad y de
justicia distributiva en la asignación de recursos en toda la población, y la eficiencia
en la funcionalidad del modelo. En la práctica, lo anterior se traduce en que
los usuarios no tienen un acceso libre e indiscriminado a las tecnologías en
salud, sino que este se encuentra mediado por valoraciones vinculadas a
criterios clínicos sobre su seguridad y eficacia, a criterios económicos
relacionados sobre su costo-efectividad e impacto financiero, e incluso a
variables sociales, éticas y organizacionales.
Empero, estos criterios de
los tomadores de decisión en el nivel macro y en el nivel intermedio, esto es,
a nivel de la política pública y de la administración de los servicios de
salud, no siempre coinciden con los criterios de los tomadores de decisión a
nivel micro, esto es, a nivel de la práctica clínica en la administración individual
de los servicios de salud. En este último escenario, los profesionales hacen
prevalecer los principios básicos de autonomía, beneficencia y no maleficencia,
e incluso, las consideraciones clínicas sobre la seguridad y eficacia de las
tecnologías en salud son valoradas con un nivel de rigor distinto del que opera
para el diseño y ejecución de políticas públicas.[113]
En este contexto, la
acción de tutela ha servido para extender el repertorio de tecnologías en salud
que están al alcance de los pacientes, por vía de Darle mayor peso a los
criterios de los tomadores de decisiones en el nivel micro, esto es, por los
profesionales de la salud, cuyas decisiones se soportan en criterios técnicos
que no necesariamente coinciden con los que soportan la estructuración del
sistema de salud. Es así como a través del amparo constitucional, los usuarios
del sistema de salud reclaman el suministro de tecnologías que, o no se
encuentran comprendidas dentro del Plan de Beneficio con Cargo a la UPC, o de
aquellas que han sido excluidas de su financiación con recursos públicos por
tener un propósito no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la
capacidad funcional o vital de las personas; por no existir evidencia
científica sobre su seguridad, eficacia clínica o efectividad; por no estar
autorizado su uso por la autoridad competente; por encontrarse en fase de
experimentación, o por estar disponibles únicamente en el exterior.[114]
Precisamente, en los casos
revisados en este proceso se apeló a la acción de tutela para exigir
tratamientos que comprenden terapias especializadas que en principio no deben
ser asumidas por el sistema de salud, bien por no hacer parte del Plan
Obligatorio de Salud o del Plan de Beneficios con Cargo a la UPC, o por haber
sido excluidos del sistema: terapias comportamentales ABA, terapias con animales,
músico terapia, terapia miofuncional, terapias de integración sensoriomotriz,
terapias halliwick, o terapias convencionales con un componente metodológico
especial, como terapias físicas, de fonoaudiología, ocupacionales “basadas en
neurodesarrollo” o “tipo ABA”.
De hecho, una buena parte
de estas terapias no se encontraban en el Plan de Beneficios, y hoy en día se
encuentran excluidas de su financiación con recursos públicos, básicamente por
no existir evidencias científicas sobre su seguridad y eficacia. Actualmente,
por ejemplo, la Resolución 244 de 2019 del Ministerio de Salud excluye las
sombras terapéuticas y las terapias con animales para tratar el autismo. Dentro
del proceso de evaluación de tecnologías en salud que lidera el Ministerio de
Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS) [115] efectuó una revisión
sistemática de la literatura sobre la seguridad, la eficacia y la efectividad
de algunas de las tecnologías que han sido prescritas por los profesionales de
la salud en estos procesos, concluyendo, en la mayor parte de los casos, que
deben ser excluidas del mismo. Con respecto a las terapias con animales, por
ejemplo, la entidad concluyó que “con base en la evidencia científica
disponible de seguridad y eficacia clínica no hay argumentos suficientes ni
consistentes acerca de los efectos positivos de la terapia asistida con
animales para niños con trastorno del espectro autista”, teniendo en cuenta
“la débil evidencia científica de su utilidad, los discrepantes resultados
sobre su eficacia clínica, la heterogeneidad de las intervenciones y falta de
consistencias en los esquemas terapéuticos (…) no facilita la generalización a
los diferentes ambientes y situaciones sociales típicas, no existe un límite
claro con los efectos de cualquier actividad recreativa normalizada, y existen
riesgos de alergias y accidentes, y los efectos adversos no son mencionados en
las revisiones sistemáticas”[116].
Con respecto a la sombra
terapéutica, solicitada en algunas de las acciones de tutela que se acumularon
en este proceso para que los niños cuenten con un acompañamiento permanente de
un tercero, el IETS concluyó que el servicio debía ser excluido del sistema
público de salud porque no solo no existen evidencias sobre los beneficios
terapéuticos que proporciona, sino porque además genera una serie de riesgos
que amenazan la salud física y mental de los menores: en la práctica termina
cumpliendo el rol de un cuidador no calificado y no el de un terapeuta, no
enfrenta las características clínicas del trastorno, genera aislamiento del
entorno familiar, debilita el empoderamiento familiar y social, y favorece la
dependencia del infante, en lugar de brindarle autonomía.[117]
-       Asimismo,
a través del amparo constitucional los usuarios del sistema de salud logran
acceder a servicios complementarios como el de transporte especial
intra-urbano o intermunicipal, el reconocimiento de viáticos, y la alimentación
para el menor y sus acompañantes durante su estadía en los centros de
tratamiento.
En efecto, el sistema público
de salud fue concebido para suministrar a los usuarios las tecnologías que integran
la faceta prestacional del derecho a la salud, es decir, aquellas que tienen
por objeto directo la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la
rehabilitación y la paliación de la enfermedad.[118] Por
ello, en principio los servicios complementarios, al no integrar la faceta
prestacional del derecho fundamental a la salud, no están a cargo del sistema.
No obstante, como la
diferenciación entre tecnología en salud y servicio complementario puede
resultar debatible, y como en escenarios determinados la ausencia de uno de
estos últimos puede convertirse en una barrera de acceso, el juez
constitucional ha considerado que, bajo determinadas condiciones, las
obligaciones del sistema de salud se extienden a estas prestaciones.
Precisamente, la mayor
parte de acciones de tutela revisadas en este proceso fueron empleadas para
acceder a estos servicios complementarios, y de hecho, en una parte
significativa de las decisiones judiciales revisadas en las que se otorgó el
amparo constitucional, los jueces ordenan la provisión del servicio de
transporte, de alimentación y de acompañamiento a los infantes, e incluso, el
reconocimiento de viáticos cuando el centro de salud se encuentra en un
municipio distinto al lugar de residencia del paciente, por cuenta del sistema
público de salud.
Dentro del expediente
T-5808227, por ejemplo, en múltiples fallos de tutela el juez promiscuo de
familia de Planeta Rica ordenó a la Secretaría de Salud de Córdoba proveer a
los menores las terapias solicitadas, “incluyendo gastos de transporte de
Planeta Rica – Montería y viceversa, más alimentación para los beneficiarios y
sus acompañantes en la ciudad de Montería”[119]; el
mismo juzgado, en procesos adelantados posteriormente, ordenó la provisión de
las terapias “que no le genere a sus familiares algún costo adicional, como
el transporte y estadía, por ejemplo, a no ser que las accionadas, como es su
deber, lo asuman”[120], argumentando,
con base en las sentencias T-760 de 2008 y T-019 de 2010, que “las
accionantes sí tienen derecho a que se les suministre el transporte para que
sus hijos y familiares, cuando sea necesario, puedan asistir a las citas para
las terapias y el tratamiento que corresponda”. El juez primero civil del
circuito de Cereté también ordenó a la Secretaría de Salud de Córdoba “sufragar
los gastos de transporte de los menores discapacitados de esta acción
constitucional, desde el lugar de su residencia hasta la IPS Funtierra
Rehabilitación Integral Ltda”[121]. El
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería[122] ordenó a las entidades
demandadas “proporcionar el valor del transporte correspondiente, para los
menores y un acompañante”.[123]
Por fuera del expediente
T-5808227 también se encontró que los demandantes solicitaban recurrentemente
los servicios complementarios en salud, y que, con frecuencia, las sentencias
favorables ordenaron al sistema de salud su suministro. Dentro del expediente
T-4269949, la madre de un niño diagnosticado con retraso sicomotor y epilepsia
solicitó al juez que ordenara a la EPS el suministro pañales desechables,
pañitos húmedos, cremas antipañalitis, suplemento nutricional Pediasure, y el
servicio de transporte en vehículos especializados ajustados a sus necesidades.
En el expediente T-4253989 se solicita no sólo las terapias especializadas para
un infante diagnosticado con retardo severo psicomotor secundario, sino también
el pago de los servicios de transporte y de alimentación, argumentando que
según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el servicio de transporte
hace posible el acceso a los servicios de salud, por lo cual también debe ser
provisto por las EPS; en fallo de primera instancia, el juez primero civil del
circuito de Cereté accede a las pretensiones de la accionante, ordenando a la
Secretaría de Salud de Córdoba suministrar el tratamiento integral prescrito
por el médico tratante, “incluyendo gastos de transporte de Planeta Rica –
Montería y viceversa, más alimentación para la beneficiaria y su acompañante en
la ciudad de Montería”.
-       La vía
judicial también ha sido utilizada para permitir el acceso libre al sistema
de salud, sin las condiciones, restricciones, limitaciones y cargas
económicas que, en general, le son inherentes.
En efecto, el acceso a las
tecnologías en salud se encuentra supeditado a que la misma sea ordenada por un
médico tratante de la EPS a la que se encuentra afiliado el paciente, a que sea
provista por una IPS de la red de servicios de la misma EPS, y a que el propio
usuario asuma ciertas cargas económicas para participar en la financiación del
servicio requerido o para racionalizar la utilización del sistema sanitario.
Mediante las acciones de tutela, el juez constitucional puede desactivar este
sistema de restricciones, cargas y limitaciones.
Así, se confiere a los
pacientes y a sus acudientes la facultad para hacer valer los diagnósticos y
las prescripciones de médicos particulares. En el expediente T-5808227, por
ejemplo, los fallos de tutela con base en los cuales Funtierrra Rehabilitación
IPS prestó las terapias a cerca de 500 niños, se basaron en prescripciones de
los médicos Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Parejo. En los procesos
correspondientes a los expedientes T-4877010, 4877009, 4877008, 4877007,
4877006, 4877005, 4877004, 4880691, 4582253, 4124217 y 4582553, Pedro Pablo
Barraza fue el médico particular que prescribió las terapias que fueron
solicitadas al juez promiscuo de Piojó. Y en los demás procesos, los médicos
Omar Rivera[124], José Velásquez Velásquez[125], Jesús Eduardo Ruiz
Aguirre[126], Carlos Andrés Toro[127], y Orlando Moreno[128], fueron los profesionales
que atendieron a los menores. En ninguno de estos casos la prescripción provino
del médico tratante de la EPS a la que se encuentra afiliado el niño, sino del
profesional por estos designado.
Asimismo, mediante la
acción de tutela los usuarios del sistema han reclamado la facultad para elegir
el proveedor de las tecnologías en salud, incluso si este desborda la oferta de
la EPS, argumentando, entre otras cosas, que los tratamientos ordenados tienen
tales especificidades y particularidades que únicamente puede ser provisto por
determinadas IPS que no hacen parte de la red de servicios de la EPS, o que la
institución ofrece ventajas y beneficios adicionales con los que cuentan las
demás instituciones de salud. En los fallos de tutela que sirvieron de soporte
al amparo correspondiente al expediente T-5808227, por ejemplo, se sostiene que
los tratamientos deben ser provistos por Funtierra Rehabilitación IPS, ya que
las terapias prescritas por los médicos tratantes, normalmente no incluidas en
el Plan de Beneficios o excluidas de su financiación con recursos públicos, no
son ofertadas por ninguna otra IPS de la región: “Los menores (…) requieren
un tratamiento médico especializado en las terapias NO POS (…) tales como
terapias asistidas con perros, miofuncional, terapias comportamental ABA (…)
terapias (…) basadas en neurodesarrollo, y requiere terapias POS. Para mejor
calidad de vía y para darle una rehabilitación integral, estos procedimientos
que solicitamos que sean realizadas en la entidad Funtierra Rehabilitación IPS
(…) en nuestro municipio no hay entidad integral como esta (…) en nuestra
localidad no hay un centro que garantice idóneamente estos tratamientos especiales”[129]. Aunque
en su momento las EPS reclamaron su facultad para designar la IPS que podría
prestar el servicio, “ya que si asumimos los caprichos de la accionante,
estaríamos frente a que Funtierra atendería todos los servicios en salud que
requieren los menores”, en general, la respuesta judicial consistió en
acoger la solicitud de los accionantes, conminando “a las accionados para
que las prácticas recuperativas de los amparados se maneje de acuerdo a su
continuidad, es decir, en Funtierra”. [130]
En algunos casos los
jueces reconocen el margen de maniobra de las EPS y de las entidades
territoriales para elegir la IPS, pero al atar y supeditar esta facultad a que
la institución de salud provea el servicio en las condiciones determinadas en
la orden médica, orden que, a su turno, tiene tal nivel de sofisticación y
especificidad que únicamente puede ser cumplida por un espectro muy reducido de
instituciones de salud, en la práctica se hace inoperante la facultad de
escogencia de las EPS: “Se ordena a los representantes legales de EPS (…)
continuar con las terapias que le fueron ordenadas por su médico tratante, le
programen de inmediato, en forma expedita sin más dilaciones, las terapias
correspondientes (…) en la IPS Funtierra Rehabilitación, o en cualquier otra
IPS con la que tengan contrato, que quede en este municipio; o en un municipio
cercado, que pueda garantizarles un servicio integral, eficiente y de calidad,
y que no les genere a sus familiares algún gasto adicional, como el transporte
y la estadía (…)”.[131]
En los demás casos
revisados en este proceso se encuentra este mismo modus operandi: padres
de familia acuden a un médico particular, este les prescribe terapias
especializadas que en principio no se encuentran dentro de la oferta del
sistema de salud, y luego se hace valer ante el sistema judicial, para que este
asuma su provisión en la IPS particular que se ajusta a las particularidades de
la orden médica: “El objetivo de mi tutela es que se ordene que mi hijo
reciba el tratamiento de equinoterapias, animalterapia, hidroterapia,
musicoterapia, terapias ABA, psicología y fonoaudiología en la IPS CENCAES,
[pues] se trata de un centro de salud especializado en el tratamiento de niños
con la patología de mi hija, (…) el horario del tratamiento médico de las
terapias van de la mano de su educación en el colegio que le queda al frente, y
la supervisión y traslado del colegio ya la IPS y viceversa corre por cuenta de
la terapista, [y]está comprobado que el tratamiento en niños especiales con
equinoterapias, animalterapia, hidroterapia, musicoterapia, terapias ABA,
psicología y fonoaudiología, sí logran avances significativos en su desarrollo
motriz (…)”[132];
“mi hija es una persona con discapacidad cognitiva (…) su única forma de
mantener los progresos que ha logrado, es dando continuidad al tratamiento
integral en la IPS FUNDANE (…) que es la única institución que lo ofrece en el
departamento de Nariño”; “mi hija tiene un diagnóstico de hemiparesia espástica
y retraso mental que según el médico fisiatra Dr. Alfredo Rodríguez, del Centro
de Rehabilitación Arco Iris, quien la valoró, dice que mi hija requiere con
urgencia todas las terapias integrales anteriormente descritas, para el normal
desarrollo de sus actividades sociales, familiares y afectivas, y estas sólo se
las puede brindar en su formal total exclusivamente en el Centro de
Rehabilitación Arco Iris, el cual se encuentra ubicado en la vía de Cereté”[133]; “el Centro de
Rehabilitación integral Estrellitas – CRIES IPS es la única IPS en el
corregimiento de la Loma, municipio del Paso Cesar que puede prestar el
servicio de terapias complementarias y/o alternativas habilitadas por la
Secretaría de Salud departamental (…) es la única que posee pista de
equinoterapia con caballos entrenados como cooterapeuta, piscina para
acuaterapia, zona de terapias con animales con perros especiales y entrenados
como cooterapeuta, consultorio para musicoterapia y todas las terapias basadas
en neurodesarrollo, miofuncional, terapias ABA, educación especial (…) y muchos
más servicios habilitados por la Secretaría de Salud, gozan de una buena dotación
e infraestructura, ofreciendo el servicio de transporte y refrigerio”[134].
Incluso, a través de la
acción de tutela se puede hacer frente a las restricciones cuantitativas que
han contemplado los Planes Obligatorios de Salud para las terapias. En este
orden de ideas, en las acciones de tutela revisadas se solicita la provisión de
120 terapias mensuales en la IPS Rehabilitamos de la Costa y en la IPS
Solidaridad Social y en el Centro de Estimulación Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social, prescritas por el médico Pedro Pablo Barraza[135], entre 120 y 160 terapias
mensuales en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas –CRIES IPS,
prescritas por el médico Omar Rivera[136], y
hasta 220 sesiones mensuales de terapias en Funtierra Rehabilitación IPS,
prescritas por el médico Carlos Arturo Durango[137]. Si
cada sesión tuviese una duración de 30 minutos, el cumplimiento de esta última
prescripción médica exigiría una dedicación de más de cinco horas diarias a la
actividad terapéutica.
-       Finalmente,
la acción de tutela no solo ha sido empleada para permitir el acceso amplio y
libre al sistema de salud, sino también para liberar a los usuarios de las
cargas económicas vinculadas al uso del sistema de salud, y en particular,
para liberar a los usuarios de la obligación de asumir los copagos y las cuotas
moderadoras, que fueron concebidas como dispositivos estratégicos para
racionalizar la demanda de los servicios de salud, y para preservar la
sostenibilidad del sistema.
Sin embargo, en los
expedientes revisados, en las acciones de tutela se solicita no sólo el acceso
a las tecnologías, sino también que los pacientes sean liberados de las
obligaciones asociadas a este servicio. En el expediente T-4277939l la
demandante solicita al juez que ordene “autorizar el programa de
Rehabilitación Integral personalizada e intensiva (…) con auxiliar terapéutica
profesional (sombra) tiempo completo con transporte en la Clínica Neurorehabilitar
(…) sin lugar a cobro alguno de copagos y/o cuotas moderadoras”. Dentro del
expediente T-4124218, la accionante solicita para su hijo diagnosticado con
trastorno del aprendizaje el suministro de 124 sesiones mensuales de terapias
de integración sensoriomotriz, del lenguaje y comportamental ABA en la Clínica
General del Norte, de manera integral, “sin condicionamientos económicos
como copago o cualesquiera otro concepto, por cuando carezco de las
posibilidades de sufragarlos”, teniendo en cuenta que, a su juicio, “el
juez de tutela puede inaplicar las normas sobre pagos de cuotas adicionales con
el propósito de garantizar el acceso a los servicios de salud de aquellas
personas que carecen de los medios suficientes para sufragarlos (…) y la
incapacidad económica precisamente, como he insistido, me obliga a solicitar el
amparo de los derechos de mi hijo”.
De este modo, la acción de
tutela ha sido empleada para proveer un acceso preferencial, inmediato y
expedito al sistema de salud, contemplando expresamente la remoción de todas
las barreras administrativas, geográficas y económicas[138].
3.2.3.  Por
otro lado, el litigio constitucional también ha sido funcional a los intereses
de los proveedores y oferentes de los servicios de salud, y en
particular, de las IPS que brindan las terapias a los menores de edad.
Ello ocurre porque a
través de la acción de tutela se desactivan los mecanismos con los que de
ordinario cuentan las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para contener la
demanda de servicios en salud y para racionalizar y controlar las condiciones operativas,
técnicas y económicas en las que estos se suministran, es decir, para
desactivar el sistema de controles, contenciones y verificaciones que las EPS
emplean en condiciones regulares.
En efecto, de ordinario el
vínculo entre los usuarios del sistema de salud y los proveedores de los
servicios se produce a través de las EPS, entidades que, al articular la oferta
y la demanda en salud, deben, por un lado, proveer las tecnologías en
condiciones tales que aseguren la satisfacción de los pacientes, y por otro,
regularizar y racionalizar el suministro de las mismas para preservar la propia
sostenibilidad de la EPS.
Así, por una parte, como
los usuarios tienen libertad en la elección de la EPS, y como al mismo tiempo
los ingresos de estas últimas están en función de las afiliaciones a través de
la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que reciben mensualmente de cada núcleo
familiar, las EPS deben garantizar a los afiliados un acceso oportuno, completo
y de calidad al sistema sanitario, para poder mantener las afiliaciones, y con
ello, sus ingresos. Sin embargo, como al mismo tiempo estas mismas EPS reciben
un pago periódico único por cada núcleo familiar (la UPC), independientemente
de las tecnologías en salud que efectivamente le sean suministradas, las EPS se
ven obligadas a optimizar el uso de los recursos que reciben, para poder
mantener sus ingresos. Bajo esta lógica, entonces, las EPS regularizan y
racionalizan la demanda de servicios en salud a través de los médicos tratantes
de dicha entidad, y controlan el suministro de las tecnologías en salud
estableciendo una red de servicios con los proveedores, con quienes previamente
se han acordado unas condiciones operativas, técnicas y económicas sostenibles
para ambos actores, y subordinando los pagos en salud a un estricto sistema de
controles y verificaciones.
Mediante las acciones de
tutela se altera de manera muy sustantiva esta lógica, porque al ordenarse
directamente la provisión de los servicios sin la mediación de las EPS, los
proveedores, es decir, las IPS,  pueden entablar directamente los vínculos con
aquellos, ofrecerles un catálogo de servicios, y luego hacer valer las
expectativas de los usuarios del sistema en los estrados judiciales, y las
tecnologías en salud en las condiciones operativas, técnicas y económicas
establecidas por los mismos proveedores, incluyendo el esquema tarifario, con
cargo a los recursos del sistema público de salud.
No pasa desapercibido para
este tribunal que, en los casos revisados, algunas IPS establecieron contacto
directo con los acudientes de los infantes, posteriormente participaron muy
activamente en la judicialización de la controversia entre el paciente y el
sistema de salud, y, una vez obtuvieron un fallo judicial favorable al usuario,
se convirtieron en proveedores de las tecnologías en salud exigidas por los
menores, sin estar sujetos a los controles y restricciones de la EPS, ni siquiera
en materia tarifaria.
Dentro del expediente
T-5808227, por ejemplo, en el que Funtierra IPS exige a la Gobernación de
Córdoba mantener su condición de proveedor de las terapias suministradas a 500
niños, los padres y abuelos de los infantes intervenidos sostuvieron que fueron
contactados por personal de la IPS, para informarles que podrían ser
“favorecidos” con los servicios gratuitos de esa institución, incluyendo los
tratamientos terapéuticos, el transporte y la alimentación de los niños, y que
para este efecto debían firmar unos papeles y suministrar los documentación de
identificación del infante y de ellos como padres o representantes legales. En
los expedientes se evidencia que los infantes fueron diagnosticados por los
médicos Carlos Arturo Durango o Karem Josefina Pareja, quienes les prescribieron
un tratamiento intensivo, que posteriormente la IPS gestionó las acciones de
tutela, y que una vez obtenido un fallo favorable, se convirtieron en los
proveedores de los tratamientos y de los servicios complementarios de transporte
y alimentación, con cargo a la entidad territorial y sin la intervención de las
EPS, fijando con un amplio margen de discrecionalidad las condiciones para la
provisión de los servicios, incluyendo el esquema tarifario. Bajo este mecanismo,
en el año 2014 este centro de salud recibió la suma de $7.978.663.609, y cobró
mensualmente la suma de $4.000.000 por cada niño tratado, aunque luego en el
año 2015 la tarifa se redujo a $2.250.000 mensuales.
Algo semejante pudo
encontrarse en los otros casos revisados en este proceso: las IPS establecen
directamente el enlace con los padres de los niños, y luego lo hacen valer en
los estrados judiciales para después convertirse en los proveedores de los
servicios, en las condiciones técnicas y económicas fijadas por ellos mismos. En
el expediente T-2893757, el padre de Hernando Eliecer Vitola sostiene que “vengo
observando que varios niños que presentan similitudes a la patología de mi hijo
mediante tratamiento médico en la IPS CENCAES, entidad de salud que queda cerca
de mi casa en Soledad, estos niños sí han progresado por estar protegidos por
tutelas contra las EPS (…)”; dentro del expediente T-4277939, la madre de Juan
José Pérez sostiene que “su médico tratante le ordenó la rehabilitación
integral en un centro especializado de manera especializada e individual que le
ofrezca un acompañamiento terapéutico (…) debido a lo anterior me acerqué a la
Clínica Neurorehabilitar  (…) en Neurorehabilitar valoraron a mi hijo y después
de analizar el caso determinaron la necesidad del inicio del programa de
rehabilitación integral personalizada e intensiva con psicología, psiquiatría,
terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje, fonoaudiología,
equinoterapia, hidroterapia, musicoterapia, psicopedagogía (…)”.
Lo anterior explica que, de
manera recurrente, en las acciones de tutela revisadas los accionantes pretendan
no sólo el acceso a las tecnologías en salud, sino también la exclusión de la EPS
en este proceso. En el expediente T-4253989, por ejemplo, el padre del niño no
solo solicita que le sean suministradas las terapias especializadas por una IPS
específica, sino también que estas sean asumidas directamente por la Secretaría
de Salud departamental, y que esta pague directamente a la IPS, en
consideración a que su hijo hace parte del régimen subsidiado: “Las terapias
que no están incluidas dentro del plan de beneficios de SALUDVIDA EPS-S deben
ser asumidas directamente por la Secretaría de Salud Departamental, ya que los
recursos los destina el CONPES anualmente para cubrir los servicios de salud de
la población pobre no cubierta (vinculado o población sin carnet de salud) y
con subsidio a la demanda (NO POS-Subsidiado), recursos estos que son
administrados directamente por la Secretaría de la Salud Departamental, la
cual deberá cancelar los servicios prestados directamente a la IPS, pues
debemos tener en cuenta que no hay lugar al recobro ante el Fosyga porque nuestros
menores se encuentran afiliados a una EPS del régimen  subsidiado y no
contributivo”. En los escritos que la IPS Funtierra allegó a este tribunal
en el marco del expediente T-5808227, los padres o acudientes insisten en que
estos deben recibir los servicios “por la gobernación y no por la EPS”. Y
en los múltiples fallos de tutela con base en los cuales dicha IPS prestó el
servicio a cerca de 500 niños en el departamento de Córdoba, las instancias
jurisdiccionales acogen este modelo de atención, en el que la IPS presta el
servicio directamente a los menores para luego facturarlo directamente a la
entidad territorial: “El Juzgado Primero Civil del Circuito (…) resuelve (…)
ordenar la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba que en el término de
48 horas contados a partir de la notificación de esta providencia autorice la
integralidad del tratamiento consistente en terapias NO POS SUBSIDIADAS,
autorizadas por el médico neurólogo clínico (…) en el Centro de Rehabilitación
FUNTIERRA REHABILITACIÓN, incluyendo gastos de transporte ida y regreso,
alimentación para el beneficiario y su acompañante”[139].
Como puede advertirse, la
cualificación de una tecnología como no incluida en el Plan de Beneficios
representa una ventaja para los proveedores de las mismas, en tanto con ello se
eliminan las restricciones, las limitaciones, los condicionamientos y los
controles que ejerce la EPS como mediador entre la oferta y la demanda en
salud.
3.2.4.  En
definitiva, la expansión de este modelo se explica por los amplios beneficios
que este esquema proporciona a los distintos actores del sistema: por un lado,
los infantes pueden acceder, mediante un dispositivo sumario y expedito, a una
amplia gama de tecnologías en salud, incluso las no contempladas en el plan de
beneficios, sin restricciones cuantitativas y cualitativas, así como a
servicios complementarios de transporte, alimentación y acompañamiento, y los
libera de las cargas asociadas a estos servicios, como el sistema de copagos y
cuotas moderadoras. Por otro lado, los oferentes de las tecnologías en salud
pueden promoverlas entre los usuarios del sistema, y convertirse en los
proveedores de las mismas, sin supeditarse a las condiciones operativas,
técnicas y económicas establecidas por las EPS.
3.3.
Los elementos de la estrategia
litigiosa
Hasta el momento se ha
dicho que a través de la acción de tutela, menores diagnosticados con alguna
alteración física, mental o sensorial, pueden acceder, con cargo al sistema de
salud, y a través de un trámite sumario, expedito y preferencial, a
tratamientos integrales que incluyen terapias no convencionales y servicios de
transporte, alimentación y acompañamiento, en centros de salud determinados que
no hacen parte de la red de servicios de la EPS, a partir de prescripciones
médicas particulares. De igual modo, se ha advertido que este modelo de acceso
al sistema de salud difiere del que opera de ordinario en este escenario.
Este mecanismo se ha
estructurado a partir de tres ejes básicos: (i) primero, las acciones de tutela
se han interpuesto en beneficio de infantes que, en función de alguna
alteración física, sensorial o cognitiva con la que han sido diagnosticados,
son calificados como discapacitados; y tanto la minoría de edad como la
discapacidad han servido tanto para exigir del Estado y del sistema público de
salud un mayor esfuerzo prestacional, y como para excluir la participación
activa de los niños en el proceso judicial, y que han sido controvertidas en la
comunidad médica; (ii) segundo, las solicitudes al sistema de salud se
sustentan en categorías médicas que, tanto desde el punto del diagnóstico, como
desde el punto de vista de las prescripciones médicas, confieren a los
profesionales de la salud un alto margen de apreciación y de discrecionalidad;
(iii) finalmente, los requerimientos se sustentan en la aplicación de reglas
jurisprudenciales exceptivas que flexibilizan el acceso a los recursos del
sistema de salud.
A continuación se explica cada
uno de estos elementos.
3.3.1. Los
sujetos en cuyo beneficio se estructura el litigio judicial: menores de edad
calificados como sujetos con discapacidad
3.3.1.1.
En todos los casos revisados, las acciones de tutela
son interpuestas por los padres o acudientes de menores de edad que, en función
de alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas con las que fueron
diagnosticados por médicos particulares, son calificados por aquellos como
personas con discapacidad. Es decir, respecto de los destinatarios de los
amparos constitucionales se alega una doble condición: la de ser menores de
edad, y la de ser personas con discapacidad.
Independientemente de la
entidad de los padecimientos alegados, lo cierto es que en las demandas de
tutela se resalta como un elemento relevante del amparo, la circunstancia de
que los amparos se interponen en beneficio de niños con discapacidad. En la
demanda correspondiente el expediente T-4264678 se sostiene que la niña, de tres
años de edad al momento de interposición de la acción de tutela, tenía retardo
global del desarrollo y epilepsia, y que, “esto le ocasiona una discapacidad
(…) y la EPS debe tener (…) un tratamiento que requiere mi hija discapacitada
(…) la IPS Santa Teresa abrió sus puertas dando una esperanza de realizar
una rehabilitación a los pacientes con discapacidad”. En el expediente
T-4267052 se afirma que el infante, de siete años de edad cuando se promovió la
acción constitucional, tenía un trastorno del desarrollo, y que, por lo mismo,
el sistema de salud debía proveerle una atención especializada. En el
expediente T-5808227, en el que la IPS Funtierra reclama a la gobernación de
Córdoba el pago de las terapias suministradas a cerca de 500 niños, se afirma
que “actualmente la institución presta el servicio de salud a usuarios con
fallos de tutela de primera y de segunda instancia donde se ampara los derechos
de los menores en condición de discapacidad, ordenando consecuencialmente a la
secretaría de desarrollo y a la gobernación de Córdoba a garantizar terapias
no-POS”. Incluso, algunos de los acudientes que fueron atendidos por la IPS
Funtierra, IPS que ahora reclama mediante la acción de tutela el pago por los
servicios brindados, respaldan su petición en la condición de discapacidad de
los pacientes: “Existe abundante material que permite tutelar el derecho de
los niños en condiciones de discapacidad del departamento de Córdoba y de las
IPS involucradas (…) qué mejor forma de proteger los derechos fundamentales de
nuestro infantes en condiciones de discapacidad y la de los empresarios y sus
empleados al derecho al trabajo, a un salario digno, la libre empresa, que
acabar con ese efecto cascada o dominó que ha ocasionado el ente territorial al
dejar de pagar las acreencias a estas IPS (…) no se puede desligar los derechos
fundamentales de los niños en situación de discapacidad y los de las IPS porque
ambos están intrínsecamente ligados”[140].
Esta doble condición de
los destinatarios de las acciones de tutela tiene relevancia desde dos puntos
de vista:
3.3.1.2.   Primero,
porque en función de la edad y del estado de salud, se ha venido considerando
que los niños y las personas con discapacidad son sujetos de especial
protección constitucional, lo cual se traduce, entre otras cosas, en que el
Estado debe realizar respecto de ellos, un mayor esfuerzo prestacional. De esta
suerte, cuando se trata de menores de edad con discapacidad, el sistema público
de salud tiene un deber reforzado de garantizar la faceta prestacional del
derecho a la salud, y es posible exigirle con mayor rigor el suministro de las
tecnologías que requieran, incluso si desbordan la oferta regular del sistema,
o si las exigencias no satisfacen los requisitos de acceso al sistema de salud.
En este caso, entonces, la doble condición de las personas en cuyo beneficio se
instauraron las acciones de tutela, se convierte en un elemento clave del
litigio constitucional, porque constituye la base para reclamar prestaciones y
recursos que exceden el Plan de Beneficios, y para apartarse de los canales
regulares de atención.
De hecho, en los casos
resueltos por este tribunal en los que se reclama el suministro de alguna
tecnología en salud para niños con discapacidad, la Corte ha enfatizado el
deber especial del sistema de salud de proveer oportunamente los servicios
requeridos, deber que es particularmente imperioso por las condiciones de
vulnerabilidad generadas por la edad y por el estado de discapacidad: “Como
lo señala el artículo 44 de la Carta Política, el derecho a la salud de los
niños tiene carácter fundamental y, además, con soporte en preceptos superiores
y en instrumentos de derecho internacional, son considerados sujetos de
especial protección constitucional y acreedores de un acentuado amparo en sede
de tutela, en tanto que sus derechos prevalecen sobre las prerrogativas de los
demás, por ende, deben ser tratados con preferencia. Protección que se
acrecienta cuando el pequeño padece algún tipo de discapacidad o enfermedad que
le suponga sufrir la merma de su capacidad física, por lo que, de conformidad
con las directrices contenidas en los artículos 13 y 47 superiores, le
corresponde al Estado adelantar políticas públicas tendientes a buscar su
rehabilitación e integración social y, de esa manera, es su deber brindarles la
atención especializada que requieran. En este sentido, a los menores de edad
que padecen una enfermedad que les ha generado algún tipo de discapacidad
física, mental o sensorial, se les debe prodigar la totalidad del componente
médico previsto para el manejo del padecimiento que le sobrevino, así no se
obtenga su recuperación completa y definitiva, pues los mismos, aunque sirvan
solo como paliativos, aseguran que al paciente se le dé la posibilidad de vivir
en el mayor nivel de dignidad a que haya lugar”.[141]
3.3.1.3.   Asimismo,
la minoría de edad y la condición de discapacidad se han constituido en un
elemento estratégico del litigio constitucional, en tanto permite a diferentes
actores gestionar causas de distinto tipo en nombre de los niños con
discapacidad, prescindiendo de su voluntad.
En la medida en que la
minoría de edad y la discapacidad pueden llegar a configurar una forma de
incapacidad legal desde la perspectiva de la legislación civil,  se ha
entendido que los derechos e intereses de estos sujetos deben ser gestionados a
través de sus representantes legales, o incluso a través de terceros que
afirman actuar como agentes oficiosos, sin que los infantes mismos tengan
participación directa en los trámites que se surten ante el sistema de salud y
en los estrados judiciales.
En el marco del expediente
T-5808227, por ejemplo, distintos sujetos tomaron la vocería de cerca de 500
niños con discapacidad. Es así como la IPS Funtierra interpuso la acción de
tutela para exigir a la Gobernación de Córdoba que se mantenga su status de
proveedora de los tratamientos especializados, invocando, precisamente, los
derechos a la vida, a la integridad y a la salud de estos niños.  Incluso,
terceros ajenos al amparo constitucional intervinieron sistemáticamente a lo
largo del proceso judicial en nombre de estos 500 menores de edad para reclamar
sus derechos fundamentales[142]. Todo
ello bajo la premisa de que en su condición de “niños discapacitados”,
cualquier persona puede gestionar y defender sus derechos e intereses.
3.3.1.4.
Así las cosas, la doble condición de los
destinatarios de las acciones de tutela de ser menores de edad y de ser
calificados como personas con discapacidad, constituye un elemento relevante
del litigio, porque ha servido para justificar un mayor esfuerzo prestacional
por parte del sistema de salud para proveerles tecnologías que en principio no
se encuentran en el mismo, y sin las restricciones regulares que operan en este
escenario, y también para gestionar diferentes causas en su nombre,
prescindiendo de su consentimiento y participación activa.
3.3.2.      La
utilización de categorías médicas abiertas y maleables
3.3.2.1.    En
segundo lugar, la materialización de este esquema alternativo de acceso a los
servicios y a los recursos del sistema de salud se ha estructurado a partir de
la utilización preferente de categorías médicas  que confieren a los
profesionales de la salud un alto margen de maniobra y de discrecionalidad en
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, sin que uno y otro puedan ser
sometidos a los protocolos ordinarios de control para verificar la entidad
médica de las patologías identificadas o el beneficio terapéutico de las
intervenciones exigidas al sistema de salud, protocolos que en otros escenarios
del sistema de salud tienen un mayor nivel de rigor, precisión y severidad. De
este modo, mientras que en otros escenarios los profesionales de la salud cuentan
con un margen de maniobra que se encuentra claramente demarcado por la
naturaleza de la patología, el litigio que se analiza en esta oportunidad se
configura en función de patologías más difusas cuyo diagnóstico y tratamiento
confiere a los operadores del sistema un mayor nivel de discrecionalidad.
Desde el punto de vista
del diagnóstico, el litigio constitucional ha apelado a categorías que han sido
objeto de controversia en la comunidad médica y científica, y que en ciertos
círculos han sido cuestionadas por, supuestamente, crear artificiosamente
patologías que corresponden a procesos vitales naturales, por sobredimensionar
su gravedad, o por estar sustentadas en criterios diagnósticos gaseosos o
equívocos que permiten abusar o sobre-diagnosticar a los pacientes, en
beneficio de otros actores del sistema de salud. Por su parte, las
intervenciones médicas que se prescriben han sido cuestionadas por no existir
evidencia científica que dé cuenta de su valor terapéutico, y por carecer de
herramientas de control.
Independientemente de la
solidez de estos cuestionamientos, asunto frente al cual este tribunal no se
pronuncia, es un hecho constitucionalmente relevante que el litigio se
estructure en función de estas categorías que otorgan un amplio margen de
maniobra a los operadores del sistema de salud para diagnosticar y para tratar
a los pacientes.
3.3.2.2.    Con
respecto a los diagnósticos médicos, la Corte toma nota de que una buena parte
de las patologías con fundamento en las cuales se reclama la atención en el
sistema de salud, han sido objeto de algunos debates en los que se cuestiona su
entidad clínica, así como el rigor y la precisión de los criterios empleados
para diagnosticar tales enfermedades. Ejemplos paradigmáticos de estas
patologías son el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH),
las enfermedades del espectro autista y los trastornos del desarrollo.
De hecho, una parte
significativa de las patologías con fundamento en las cuales se reclama la
atención del sistema de salud en las acciones de tutela, corresponden a
síndromes, trastornos y enfermedades que hacen parte de estas categorías.
Dentro del expediente T-5808227, por ejemplo, que involucra a cerca de 500 niños
que habrían sido atendidos en la IPS Funtierra, los médicos de la entidad diagnosticaron
a sus pacientes con patologías como “trastorno del comportamiento”[143], “retraso sicomotor”[144], “síndrome de
hiperactividad”[145], “trastorno del
aprendizaje”[146], “trastorno del lenguaje”[147], “síndrome del espectro
autista” o “autismo”[148], “trastorno oposicional
desafiante”[149] y “trastorno sicosocial”[150]. Por su parte, de los 10
los pacientes tratados en el municipio de Piojó[151] y
Santa Marta[152] que se encuentran en este
proceso, ocho fueron diagnosticados con trastorno en el desarrollo del lenguaje[153], cuatro con trastorno del
aprendizaje[154], tres con trastorno de
déficit de atención con hiperactividad[155], dos
con autismo[156] y uno con trastorno de la
conducta[157]. También se diagnosticó a
cuatro infantes con patologías como “insuficiencia motora”, “trastorno del
aprendizaje, “discapacidad cognitiva”, “dislalia”, “epilepsia”, “tetraplejia” y
“torpeza motora”.[158] En general son
recurrentes diagnósticos como “retardo en el desarrollo”, “retraso mental”,
“trastorno de déficit de atención con hiperactividad”, “retardo en el
desarrollo”, “dislalia”, “hiperquinesia”, “trastorno del desarrollo”,
“alteración del comportamiento”, “autismo”, “parálisis cerebral”, “enfermedad
de Angelman” y “trastorno del lenguaje”.
3.3.2.3.
En síntesis, las dificultades se explican porque aunque normalmente
el límite entre la salud y la enfermedad es claro, en ocasiones las fronteras
entre una y otra son mucho más difusas, y es posible que en estos casos la
calificación de las condiciones personales como patologías obedezca a
percepciones infundadas o controvertibles sobre la normalidad y la diferencia,
que el límite se utilice como mecanismo para ocultar problemas sociales más
profundos, o que la “zona de penumbra” sea empleada para promover intereses
económicos particulares. Estas dificultades serían particularmente recurrentes
en sujetos que se encuentran en situación de indefensión, dependencia o
subordinación como los niños, y respecto de enfermedades mentales. Aunque la
Corte no censura que las acciones de tutela se soporten en este tipo de
patologías, ni toma partido en un debate que le es extraño, sí toma nota de las
controversias a las que han dado lugar en el escenario académico y profesional.
De
hecho, distintos actores del sector de la salud pública, incluidos miembros de
la comunidad médica y científica, han hecho notar que, en muchas ocasiones, las
enfermedades, los trastornos y los síndromes constituyen, no realidades
inmanentes ni patologías individuales de origen biológico[159],
sino manifestaciones de problemas estructurales de orden social, cultural,
económico y político, que constituyen el marco en el cual deberían ser
comprendidas y atendidas las presuntas deficiencias individuales[160].
Precisamente,
bajo el rótulo “patologización y medicalización de la vida” se hace referencia
al fenómeno en virtud del cual los procesos de la vida personal, social,
cultural y económica (como las relaciones familiares y sociales, la vida
laboral, la vida sexual, la fases del ciclo reproductivo de la mujer
-menstruación, embarazo, parto, menopausia, la vejez, la infelicidad, la
soledad, la ansiedad, las angustias y problemas afectivos, la pobreza o el
desempleo), progresivamente son capturados, entendidos e intervenidos como
entidades y categorías médicas[161], desplazando otras
posibles aproximaciones a estos mismos procesos. Con lo anterior se apunta a
resaltar el resultado paradójico en el que, a medida que se incrementan y
optimizan las tecnologías en salud, y en la medida en que los Estados y las
sociedades invierten mayores recursos y esfuerzos en asistencia sanitaria,
mayor es la sensibilidad para la identificación de enfermedades, y mayor es la
propensión a que sean diagnosticadas con alguna patología. Dentro de esta
aproximación, la delgada línea entre la salud y la enfermedad, entonces, habría
jugado en favor de esta última, de suerte que anteriormente era percibido como
condiciones normales de la vida, ahora podría ser catalogado como síndrome,
trastorno y enfermedad, e intervenido como tal por la comunidad y por la
industria médica, incluida la industria farmacéutica. En este proceso participarían,
normalmente no de manera deliberada, los medios de comunicación, las empresas
médico-farmacéuticas, la sociedad civil en general, los actores del sistema
educativo, y la propia administración pública y el Estado en general[162].
Nuevamente,
aunque este tribunal no asume como propia esta aproximación a este fenómeno
social, sí llama la atención sobre los debates y las controversias a las que
han dado lugar.
3.3.2.4.
Quienes adoptan esta línea crítica
mencionan como ejemplos emblemáticos de este tipo de patologías el TDAH (Trastorno
de Déficit de Atención con o sin hiperactividad), el Trastorno Generalizado del
Desarrollo (TGD) y el Trastorno del Espectro Autista (TEA)[163].
En términos generales, las controversias han versado tanto sobre la entidad
clínica de estas patologías, como sobre el rigor y la precisión en los criterios
diagnósticos empleados. Así, se debate sobre si se trata de invenciones y de
construcciones artificiosas que pretenden patologizar estados o procesos
vitales ordinarios o disfuncionalidades sociales, o si se trata de auténticas
enfermedades que deben ser intervenidas y tratadas, y si los criterios
diagnósticos son objetivos y controlables, o si su laxitud o vaguedad se
traduce en el sobre-diagnóstico de los pacientes.
El
Trastorno de Déficit de Atención, por ejemplo, ha sido objeto de un interés
creciente en la comunidad médica, sin que hasta el momento se hayan consolidado
los consensos sobre a la pertinencia de esta categoría diagnóstica, o sobre los
tipos y mecanismos de intervención. Los datos epidemiológicos dan cuenta de una
realidad alarmante en el mundo contemporáneo, por una tendencia creciente en la
prevalencia de esta disfuncionalidad. El libro Blanco Europeo sobre el TDAH
sostiene que uno de cada 20 niños y adolescentes europeos la padece, y que,
según estudios comparativos en el mundo, su prevalencia oscila entre el 10 y el
20% de la población en general.[164] Se estima que en
Alemania la prevalencia es del 18,8% y que en Estados Unidos alcanza al 20% de
la población.[165]
Ello
ha generado una gran movilización, orientada a aumentar la concientización
sobre la existencia y la gravedad del TDAH, a generar nuevos espacios en la
familia, en las instituciones educativas, en el entorno laboral y en el sistema
de salud para su diagnóstico y tratamiento oportuno, y a crear y hacer uso de
nuevas herramientas de intervención de los pacientes, tanto farmacológicas como
no farmacológicas. El comportamiento de la oferta y la demanda del
metilfenidato, de lisdexanfetamina y de atomoxetina, fármacos indicados para el
tratamiento del TDAH, revela la magnitud del fenómeno. El metilfenidato,
comercializado con los nombres comerciales de Ritalina y Concerta, es el
estimulante de mayor venta en América Latina. Según la Organización de Naciones
Unidas, la producción mundial de metilfenidato se incrementó en un 1200% entre
1990 y 2006, y según la Junta Internacional de Control de Estupefacientes, el
consumo global pasó de 21.8 toneladas en 2002, a 35.8 toneladas en 2006,
llegando a 40 toneladas en el año 2009. En el caso de Brasil, la tasa de
comercialización entre 1996 y 2012 pasó de 9 kilos a 578, con un aumento del
6322%. En Argentina hasta el año 2004 la cantidad de droga importada era de
23,7 kilos, pasando a 55,23 kilos en 2010 y a 85.99 en 2011 y en el año 2013 a
100.55 kilos.[166]
Asimismo,
se ha defendido la entidad clínica y el sustrato biológico del TDAH, así como
la necesidad de que se diseñen e implementen políticas para atender un problema
grave de salud pública real y objetivamente verificable. Es así como al
interior de la misma comunidad médica se han suscrito distintas declaraciones
de consenso de profesionales de la salud en los que se defiende la entidad
médica del TDAH, argumentando que se trata de una patología real y grave que
afecta a miles de personas en el mundo, y que debe ser entendida con seriedad y
rigor. En enero de 2002, por ejemplo, se suscribió la “Declaración de
Consenso Internacional sobre el TDAH”, en la que se advierte sobre las críticas
infundadas difundidas en medios de comunicación a la patología del TDAH que lo
asocian a un mito, un fraude o a una condición benigna que no debe ser
intervenida médicamente, pese a que se trata de una enfermedad corroborada por
la ciencia: “Nosotros, los abajo firmantes como consorcio internacional de
científicos, estamos profundamente preocupados por la inadecuada manera en que
periódicamente llaman la atención sobre el trastorno por déficit de atención
con hiperactividad distintos reportajes en los medios de comunicación (…) nos
entendemos que historias inapropiadas que describen el TDAH como un mito, un
fraude o una condición benigna, pueden llevar a cientos de afectados a no
buscar tratamiento (…) la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, la
Asociación Médica Americana, la Asociación Psiquiátrica Americana, la Academia
Americana de Psiquiatría Infantil y de Adolescentes (…) reconocen el TDAH como
un trastorno auténtico (…) no hay dudas entre los líderes mundiales de la
investigación clínica de que el TDAH conlleva una seria deficiencia en un conjunto
de habilidades psicológicas y que estas deficiencias perjudican seriamente a
los individuos que padecen el trastorno (…) incluyendo las relaciones sociales,
la educación, el funcionamiento familiar y laboral, la autosuficiencia y el
acatamiento de las reglas sociales, las normas y las leyes (…) los principales
déficits psicológicos de quienes padecen TDAH se han relacionado con la
actualidad mediante numerosos estudios que han usado distintos métodos
científicos con una serie de regiones cerebrales específicas (el lóbulo
frontal, sus conexiones con los ganglios basales, y su relación con los
aspectos centrales del cerebelo (…) El hecho de que el TDAH es un trastorno
ficticio o puramente un conflicto entre los Hucklberry Finn de hoy en día y sus
cuidadores, es lo mismo que declarar que la Tierra es plana, que la ley de la
gravedad es discutible y que la tabla periódica de los elementos químicos es un
fraude. El TDAH debe ser descrito en los medios de comunicación de la misma
manera realista y rigurosa que en las publicaciones científicas: como un
trastorno auténtico que tiene un impacto dañino múltiple y sustancial sobre
quienes lo padecen, sin que se pueda culpar ni a ellos mismos, ni a sus padres
o maestros por ello”.
Declaraciones
en sentidos semejantes se han producido posteriormente en América Latina, como
la “Declaración de México para el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH)”, la “Declaración de Cartagena para el TDAH” del 2009,
liderada por la Liga Latinoamericana para el Estudio del TDAH. En esta última
se reitera que el TDAH es uno de los problemas de mayor prevalencia en América
Latina, que tiene origen biológico aunque en sus manifestaciones hay
participaciones de elementos psicosociales, que sus síntomas no son provocados
por factores sociales, económicos, educativos o de ambiente familiar, pero que
en todo caso no se requieren pruebas de laboratorio o gabinete para su
diagnóstico, y que se deben diseñar e implementar políticas para su detección
temprana, garantizar la disponibilidad de medicamentos como metilfenidato,
anfetaminas y atomoxetina, y brindar un tratamiento integral a la enfermedad. [167]
Paralelamente,
sin embargo, se han comenzado a plantear cuestionamientos a la pertinencia de
esta categoría diagnóstica, así como a las intervenciones que se han propuesto
para su manejo. En síntesis, se argumenta que el TDAH constituye una categoría
artificiosa que carece de un sustrato o de una base orgánica, con la cual se
pretende adjudicar a los individuos supuestas alteraciones que, en el mejor de
los casos, corresponden a disfuncionalidades de orden social que tienen alguna
contrapartida en el comportamiento de las personas, pero que en realidad no
tienen origen en deficiencias neurológicas directamente atribuibles a los
individuos ni en lesiones cerebrales detectables clínicamente. Como
consecuencia de ello, su diagnóstico se efectuaría a partir de criterios
gaseosos e imprecisos, y su tratamiento no solo dejaría incólumes las
irregularidades y anormalidades sociales de base que generan los
comportamientos desviados y prescinde de la etiología contextual, sistémica y
ecológica que rodea el comportamiento de los niños así como las claves
emocionales y la historia psico evolutivo subyacente, sino que además
interfiere con el desarrollo de los individuos, y únicamente beneficia a los
actores del sistema sanitario que se lucran de su diagnóstico y tratamiento.[168]
De
hecho, algunos críticos del TDAH han llegado a afirmar que este no corresponde
a una patología individual sino a disfuncionalidades sociales que perfectamente
no podrían ser adjudicadas a un país o a una comunidad completa: “En una
sociedad que fomenta la impulsividad, la falta de raciocinio crítico, que
alimenta hábitos en los que la atención continuada es difícilmente realizable y
la hiperactividad a todos los niveles del ecosistema cultural, desde lo laboral
a lo familiar, desde el rol del consumidor al de espectador, no es precisamente
extraño que se generen individuos que reflejen con especial intensidad,
incómoda intensidad, varias de las principales características del sistema en
el que crecen”.[169]
La
consecuencia inevitable de la consideración de esta patología, sería, a juicio
de esta vertiente crítica, la inexistencia de criterios diagnósticos precisos.
Y al no existir una deficiencia orgánica de base que pueda ser objeto de
verificación, los criterios y los procedimientos diagnósticos suelen tener un
sesgo importante de subjetividad. Según NIH (National Institute of Mental
Health) la sintomatología del TDAH incluye síntomas tan difusos como “distraerse
fácilmente y olvidarse de las cosas con frecuencia”, “cambiar rápidamente de
una actividad a otra”, “tener problemas para seguir instrucciones”, “fantasear
demasiado”, “tener problemas para terminar cosas como la tarea o los quehaceres
domésticos”, “perder juguetes, libros y útiles escolares con frecuencia”,
“estar muy inquietos”, “hablar mucho”, “interrumpir a las personas”, “corretear
mucho”, “tocar y jugar con todo lo que ven”, “ser muy impaciente”, “hacer
comentarios inadecuados” o “tener problemas para controlar las emociones”. Adicionalmente,
las distintas versiones del DSM han venido flexibilizando progresivamente los
requisitos del TDAH, como la ampliación de la edad de comienzo del trastorno,
la eliminación del requisito de la discapacidad, la reducción en la cantidad de
los síntomas requeridos, o permitir que los niños con autismo sean
diagnosticados con esta enfermedad: “Tales modificaciones dan mayor laxitud
y flexibilidad a la etiqueta, permitiendo albergar bajo su paraguas de
diagnóstico a una amplia población infantil y adulta casi inimaginable”.[170]
Y,
de hecho, la clave explicativa para la configuración del TDAH no está en la
presencia o inexistencia de los síntomas, esto es, de la desatención, de la
impulsividad y de la hiperactividad, pues todos estos están presentes siempre
en los niños, sino en la frecuencia, en la duración y en los contextos en los
que estos síntomas se producen. Se trata entonces, no de advertir si hay
comportamientos de este tipo, sino si estos, siempre existentes, se apartan de
los parámetros que se consideran normales, y si pueden ser calificados como
desproporcionados, excesivos o desmesurados, y normalmente mediados por las
percepciones que de ello tienen los cuidadores. De este modo, el TDAH se suele
diagnosticar a partir de las referencias que hacen los padres, profesores,
parientes y cuidadores de los menores, con apreciaciones como “se dispersa
fácilmente”, “no termina nada de lo que empieza”, “parece no escuchar lo que le
digo”, “le cuesta mucho trabajo que se concentre en la tarea”, para derivar
de allí los problemas de desatención; “no tiene paciencia para esperar su
turno”, “interrumpe las conversaciones o se entromete en juegos de otros”, “es
impaciente”, “no soporta esperar”, “comienza a responder antes de que yo
termine de preguntar” o “todo lo quiere para ya”, para derivar de
allí la impulsividad; o “está todo el tiempo moviendo las piernas”, “no
puede quedarse quieto”, “se mueve todo el tiempo en la silla”, o “habla
como un loro”, para derivar de allí la hiperactividad.[171]
La
consecuencia de este tipo de aproximación, es la postulación de intervenciones
que no siempre redundan en beneficio de los pacientes. Como en ocasiones la
sintomatología que se pretende intervenir es simplemente eso, una manifestación
de dinámicas personales, familiares y sociales subyacentes, o incluso de
procesos vitales no patológicos, los tratamientos prescritos, anclados en la
necesidad de modificar artificiosamente el comportamiento individual, dejan de
lado las problemáticas o las realidad de base que deberían ser comprendidas y
atendidas: “Asumir la realidad del TDAH no solo como una patología
individual, sino también como un signo de la naturaleza errónea y un reflejo de
los modos de funcionar de nuestra cultura, plantea problemas graves a
cualquiera. Es más sencillo resolver la cuestión construyendo una epidemia
psicopatológica que reformulando y replanteando muchas de las pautas
socioculturales en las que estamos inmersos. En un sentido ilustrativo, es más
sencillo medicar a uno de cada veinte niños y adolescentes europeos que
modificar desde sus cimientos todo el sistema educativo”.[172]
3.3.2.5.
Aunque este tribunal no toma
partido en este debate, para la Sala sí constituye un hecho constitucionalmente
relevante, primero, que el litigio constitucional se estructure en función de
categorías diagnósticas que también han sido problematizadas en la comunidad
científica, y segundo, que en razón de su maleabilidad y apertura, puedan ser
utilizadas estratégicamente en los amparos constitucionales.
3.3.2.6.
Una
problemática semejante se presenta frente a las intervenciones que se solicitan
en los casos revisados en este proceso, pues aunque estas encuentran respaldo
en los conceptos de los médicos tratantes, conceptos que en principio
constituyen el referente del análisis judicial, la Corte no pierde de vista que
también han sido objeto de diversos tipos de cuestionamientos en la comunidad
médica y científica, por no existir evidencia de su eficacia terapéutica o por
envolver riesgos para la salud, por no tratarse de tecnologías en salud sino de
servicios recreacionales o educativos, y por sustraerse a los controles a los
que normalmente está sujeto el suministro de tecnologías en salud. Nuevamente,
aunque este tribunal no censura la sola circunstancia de que las acciones de tutela
apunten a que se ordene el acceso a estas intervenciones en salud, sí toma nota
del hecho de que se inscriben en un entorno de alta complejidad, y de que, al
tener un alto nivel de maleabilidad que dota a los operadores del sistema de
salud de un alto nivel de discrecionalidad, el juez constitucional debe ser
particularmente cuidadoso al evaluar los amparos cuyo objeto es el acceso a
este tipo de servicios, y garantizar que no se prescinda de los instrumentos de
contención del sistema.
En
efecto, en la mayor parte de las acciones de tutela revisadas los acudientes de
los infantes solicitan la provisión de terapias que no se encuentran en el Plan
de Beneficios, sobre la base de que los tratamientos convencionales no habrían
tenido los efectos terapéuticos esperados. Así, terapias con perros, terapias
con caballos, musicoterapia, terapias ABA, terapias de neurorehabilitación, o
acompañamiento permanente o “sombra”, son algunas de las intervenciones que se
solicitan en estos procesos. Pero, precisamente, el sistema de salud ha excluido
algunas de estas tecnologías en salud por no existir evidencia científica de su
seguridad y eficacia, o se ha determinado que podrían tener algún beneficio
determinado y restringido para ciertas patologías, mientras que las acciones de
tutela se solicitan de manera indiscriminada para todo tipo de afectaciones
físicas, sensoriales o cognitivas.
Este es el caso, por ejemplo, de las terapias con animales, de las
sombras terapéuticas y de las terapias tomatis, que actualmente hacen parte de
las denominadas “exclusiones absolutas”, en las que el Estado ha descartado su
financiación con recursos públicos, al menos para ciertas indicaciones médicas.
Las
terapias con delfines, caballos o perros han sido prescritas en el país bajo el
entendido de que es posible aprovechar tanto la relación positiva que suele
existir entre los pacientes y los animales, como el carácter predecible y
repetitivo de estos últimos, para que coadyuven a los niños a “interpretar
los subconjuntos de las subconsciencias sociales”, y por ende, a normalizar
su comportamiento. Sin embargo, el Ministerio de Salud postuló estas
tecnologías para que fuesen excluidas de su financiación con recursos públicos,
por no existir evidencia científica sobre su beneficio terapéutico. Una vez
abierto el debate según las directrices de la Ley Estatutaria de la Salud,
distintas instancias intervinieron para recomendar su exclusión para el autismo.
El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS) efectuó una revisión
sistemática de la literatura en la materia, concluyendo, primero, que los
potenciales beneficios se producen para patologías diferentes al autismo, como
las asociadas a los trastornos del desarrollo, y segundo, que con respecto a
las enfermedades del espectro autista no existía evidencia concluyente sobre
sus beneficios terapéuticos[173]. Hoy en día la
resolución 244 de 2019 excluye el denominado “trabajo con animales” para la
indicación “autismo en la niñez”, aunque durante el proceso deliberativo se
cuestionó su pertinencia para otras indicaciones médicas.
Lo
propio ha ocurrido con las denominadas “sombras terapéuticas”, prescritas con
frecuencia porque proporcionan un acompañamiento y una asistencia a los niños con
necesidades especiales en todas las actividades de su vida cotidiana,
especialmente en el ámbito educativo. Sin embargo, esta tecnología fue
postulada por el Ministerio de Salud para excluir su financiación con recursos
públicos por no existir evidencias sobre sus efectos terapéuticos. Nuevamente,
dentro del proceso de exclusión establecido en la Ley Estatutaria de la Salud
se concluyó que no solo no existen evidencias sobre su eficacia, sino que
además conlleva una serie de peligros y de riesgos que desaconsejan su
utilización: se trata más de un apoyo físico que de una herramienta para
transformar los patrones conductuales, en la práctica cumple el rol de cuidado
y no de terapeuta, limita y reduce la interacción con los miembros del entorno
familiar y social, y provoca altos niveles de dependencia que son incompatibles
con el propósito de dotar de autonomía a las personas con discapacidad. Dentro
del citado proceso, el IETS sostuvo, en relación con las enfermedades del
espectro autista, que “no se encontraron estudios científicos que soporten
la seguridad, eficacia y efectividad clínica de la ‘sombra terapéutica’ como
una tecnología en salud (…) de acuerdo con el criterio de los expertos
clínicos, la ‘sombra terapéutica’ o las intervenciones basadas en un auxiliar
personal, pueden implicar, por el contrario, diversos riesgos: no garantizan
que la intervención apunte a las características clínicas del trastorno; por el
contrario, pueden limitarse a realizar apoyo físico, sin un planteamiento claro
del blanco conductual que se pretende lograr con dicho apoyo. El auxiliar
personal es más un cuidado, que un terapeuta. Esto es, en lugar de favorecer la
adquisición de nuevos repertorios, o de promover la participación en entornos
naturales, es posible que cumpla un papel instrumental. El auxiliar personal
puede realizar acciones cotidianas de forma individual o segregada, en vez de
favorecer la participación de la familia. De esta manera, la intervención
estaría en contravía con el empoderamiento y con la inclusión familiar y social
y sería una intervención equivalente a la ‘parentectomía’ que se recomendaba en
los años 50 para los niños con trastorno del espectro autista (separarlos de
sus padres)”[174]. Actualmente,
las sombras terapéuticas se encuentran excluidas de su financiación con
recursos públicos para todas las indicaciones, según lo determina la Resolución
244 de 2019.
Por
su parte, las denominadas “terapias ABA” constituyen un enfoque terapéutico
basado en el reforzamiento positivo para inducir la interiorización las
conductas que se estiman deseables y para reducir aquellas que puedan causar
daño o interferir con los procesos de aprendizaje, que tiene por objeto moldear
los patrones comportamentales de los niños[175]. Nuevamente, el
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS) hizo una revisión de la
literatura científica, concluyendo, primero, que aunque ha sido utilizado para
intervenir diferentes patologías, sólo existen indicios de su efectividad
frente a las enfermedades del espectro autista, especialmente en niños menores
de tres años de edad, y respecto de aspectos puntuales de estos trastornos,
pero que aún en estos frentes no existe evidencia concluyente. En particular,
la entidad destacó que, tanto frente a las habilidades cognitivas como frente a
las habilidades relacionadas con el lenguaje expresivo y receptivo, los
estudios científicos validados metodológicamente arrojan resultados no
concluyentes, pues mientras algunos demostraron diferencias estadísticamente
significativas comparadas con la terapia habitual, otros no hallaron tales
diferencias[176].
Además
de los cuestionamientos a la seguridad y eficacia de estas intervenciones,
también se han suscitado dudas sobre su naturaleza y sobre el uso que podrían
hacer de las mismas los operadores del sistema público de salud. Tal como se ha
explicado en los acápites precedentes, se suele argumentar que esas
intervenciones no corresponden a tecnologías en salud sino a servicios
asociados al cuidado o a la educación especial de niños con discapacidad. Así,
con respecto a la terapia tomatis el IETS sostuvo que “no se considera una
tecnología en salud”[177], y entidades como el
Ministerio de Salud, ASCONI, el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos y el
Colegio Colombiano de Psicología afirmaron, en el marco del procedimiento de
exclusión de tecnologías en salud, que no solo no existían evidencias sobre su
efectividad, sino que además “es sólo un método que puede ser incorporado dentro
de una estrategia terapéutica, pero no es una terapia como tal (…) y a lo largo
del tiempo se ha ido transformando en una terapia educativa”[178].
Con respecto al acompañamiento sombra se hicieron señalamientos semejantes,
en el sentido de que “hace parte de la educación individualizada sin ser del
ámbito de la salud (…) familia y profesores buscan la sombra terapéutica como
mecanismo de contención ante la falta de acompañamiento y apoyo para el manejo
de la situación. Sin embargo, el DMS5 cambia la estructura y se delega en el
sistema educativo. La inclusión escolar es obligatoria en todos los niveles de
educación, lo cual sería responsabilidad del Ministerio de Educación”[179].
También
se cuestiona el hecho de que, el suministro de este tipo de terapias, por
oposición a tecnologías como los medicamentos, las cirugías, las citas médicas,
las prótesis, órtesis y aparatos ortopédicos, gozan de un menor nivel de
regularización. Las dosis de medicamentos, por ejemplo, se establecen en
función de variables determinadas como el peso y la edad del paciente, mientras
que el suministro de estas terapias obedece a una dinámica esencialmente
distinta. En los expedientes revisados se evidencia, por ejemplo, que mientras
en los Planes Obligatorios de Salud se establecen topes de hasta 60 sesiones
anuales para las sesiones de psicoterapia para menores de edad[180],
los médicos tratantes prescriben, en promedio, 120 sesiones mensuales de
terapias, sin que sea claro el criterio empleado para este tipo de órdenes.
Precisamente,
los casos revisados en este proceso ponen en evidencia algunas de las
dificultades ya señaladas de manera general en la literatura científica. Así,
las terapias con animales y las terapias con enfoque ABA fueron prescritas de
manera indiscriminada, no solo para las enfermedades del espectro autista, sino
para todo tipo de alternaciones físicas, sensoriales y cognitivas, para tratar
patologías como trastorno en el desarrollo del lenguaje[181],
trastorno en el aprendizaje[182], parálisis cerebral[183],
TDAH[184], trastorno de la
conducta[185], retraso mental[186],
epilepsia[187], dislalia o
hiperquinesia[188]. Asimismo, las terapias
con animales también fueron prescritas indiscriminadamente para todo tipo de
patologías, entre ellas, la insuficiencia motora de origen cerebral (IMOC)[189],
trastornos del aprendizaje[190], tetraplejia[191],
epilepsia[192], déficit cognitivo[193],
retraso mental[194], síndrome convulsivo[195]
y la microcefalia[196].
De
esta suerte, aunque algunas de las patologías de los infantes en cuyo nombre se
interponen los amparos constitucionales pueden revestir un alto nivel de
gravedad y complejidad, existen dudas sobre la naturaleza y sobre la idoneidad
y eficacia de los servicios cuya provisión se reclama al sistema de salud
mediante las acciones constitucionales. Precisamente, dada la complejidad de
los debates que suscitan este tipo de intervenciones en salud, el sistema
contempla una serie de mecanismos e instancias para resolver las controversias
que estas suscitan, y que, en principio, corresponde determinar al médico
tratante de la EPS a al que se encuentre afiliado el paciente.
3.3.3.
Litigio de excepción
3.3.3.1.   Tal
como se explicó en los acápites precedentes, el litigio constitucional se ha
edificado a partir de precedentes esbozados por este este tribunal que, aunque
fueron concebidos para ser aplicados en escenarios excepcionales, han sido
utilizados de manera indiscriminada por los actores del sistema de salud.
En particular, las
controversias jurídicas se han constituido a partir de cuatro reglas
jurisprudenciales exceptivas que: (i) otorgan fuerza vinculante a
prescripciones de médicos particulares, en contraste con la exigencia general
de que éstas sean suscritas por los médicos tratantes de las EPS a las que se
encuentra adscrito el paciente; (ii) permiten el acceso a tecnologías en salud
no comprendidas en los planes de beneficios del sistema de salud, así como a
servicios complementarios, por contraposición a la regla general que
circunscribe las cargas del sistema a las prestaciones que tienen un vínculo
directo con la faceta prestacional del derecho a la salud, y que se encuentran
dentro de la oferta del sistema; (iii) permiten direccionar el acceso a las
tecnologías, para que sean provistas en la IPS solicitada por el propio
paciente, incluso si no hace parte de la red de servicios de la EPS a la que se
encuentra adscrito; (iv) suspenden los mecanismos de contención de la demanda
de servicios de salud, ordenando que su provisión se haga con cargo al sistema
público de salud, sin que haya lugar al cobro de copagos o cuotas moderadoras
para los usuarios.
La confluencia de estas
reglas exceptivas ha producidos dos efectos: por un lado, el rol fundamental de
las EPS de administrar las herramientas del sistema de salud, se ha trasladado
al sistema judicial; y segundo, como consecuencia de lo anterior, se ha
permitido que tanto los usuarios como los oferentes del sistema acceden libre e
indiscriminadamente a los servicios y a los recursos que este provee.
De esta manera, al amparo
de esta jurisprudencia exceptiva, que dota de fuerza vinculante a las órdenes
de médicos particulares, que permite el acceso a prestaciones que desbordan el
Plan de Beneficios en IPS que no hacen parte de la red de servicios de la EPS con
cargo al sistema público de salud, y que exoneran a los pacientes de pagar
copagos y cuotas moderadoras, y que utilizada y aplicada de manera
indiscriminada y por fuera de los escenarios extraordinarios para los cuales
fueron diseñadas, se terminó por implantar un modelo prestacional ajeno a las
directrices con las cuales fue estructurado el sistema público de salud en
Colombia.
3.3.3.2.
El primer precedente se refiere a la vinculatoriedad
de las prescripciones de médicos particulares frente a las EPS.
La Corte Constitucional ha
establecido que, por regla general, únicamente son vinculantes las
prescripciones de los médicos tratantes de las EPS de los pacientes, y que sólo
en contextos especiales y extraordinarios se pueden hacer valer órdenes de
médicos no adscritos a la correspondiente EPS. Así, la Corte ha determinado que
“un servicio
médico requerido por un usuario, esté o no incluido en el POS, debe en
principio ser ordenado por un médico adscrito a la EPS, como quiera que es la
persona capacitada, con criterio científico y que conoce al paciente” y que, para que sea vinculante la
prescripción de un médico particular, se requiere “que exista un principio
de razón suficiente para que el paciente haya decidido no acudir a la red de
servicios de la entidad a la que se encuentra afiliado”[197].
De
hecho, algunas de las acciones de tutela revisadas por esta corporación en las
que se ha solicitado a las EPS el suministro de las tecnologías en salud
ordenadas por un médico tratante particular, han sido resueltas, no para
disponer que se deben otorgar directamente las tecnologías requeridas por dicho
profesional, sino en el sentido de que se debe remitir al paciente a los
médicos tratantes de la EPS para evaluar su situación y, si es del caso, la
valoración previa del médico particular. Así lo ha definido, por ejemplo, en
casos de personas que han solicitado por vía de tutela exámenes diagnósticos
como encefalogramas de duración de 12 horas para casos de epilepsia[198],
medicamentos especiales para el tratamiento de hipertensión arterial[199],
cirugías de bypass gástrico para la obesidad[200], cirugías de lipectomía
para reducciones intempestivas de peso que provocan alteraciones en la piel[201],
o cirugías lesiones articulares[202], o prótesis, órtesis y
otros insumos[203], a partir de
prescripciones médicas particulares. Incluso, en hipótesis fácticas
coincidentes con la que se evalúa en esta oportunidad, la Corte ha optado, no
por ordenar directamente el suministro de las terapias especializadas ordenadas
por médicos particulares a niños con presunta discapacidad física, sensorial o
cognitiva, sino por ordenar la valoración de los menores por los especialistas
del propio sistema de salud, tal como se encuentra en las sentencias T-807 de
2013[204], T-374 de 2013[205]
y T-802 de 2014[206].
En
este contexto, la facultad para hacer valer prescripciones de médicos
particulares fue concebida por este tribunal como una regla exceptiva que
operaría en contextos excepcionales, esto es, en hipótesis “límite” en las que
existe un principio de razón suficiente que justifique prescindir de las valoraciones
del personal de las propias EPS. En este contexto, Corte Constitucional ha
establecido que aunque en principio las tecnologías en salud suministradas por
las EPS deben tener como respaldo las órdenes emitidas por los médicos
tratantes del paciente adscrito a su EPS, los pacientes también pueden hacer
valer las prescripciones de médicos particulares cuando la EPS no las
controvierte a partir de criterios médicos y técnicos, o incluso cuando de
hecho ha aceptado tales criterios médicos externos, o también cuando el
paciente no ha sido atendido adecuadamente en el sistema de salud, y no ha sido
sometido a la valoración de los especialistas adscritos a la entidad de salud[207].
3.3.3.3.
Asimismo, este tribunal ha
reconocido que, en principio, el sistema público de salud únicamente está
obligado a suministrar las tecnologías en salud que, por ser fundamentales para
la preservación de la salud humana, y por su nivel de costo efectividad, se
encuentran comprendidas en el plan de beneficios del sistema público de salud.
Es decir, la Corte ha entendido que, por regla general, las personas solo
tienen derecho a reclamar las tecnologías en salud previstas en el sistema
público de salud, sobre la base de que, en principio, este conjunto de
prestaciones comprende todas las intervenciones necesarias para preservar o
restaurar la salud de las personas.
Sin
embargo, este mismo tribunal ha reconocido que, excepcionalmente, se puede
exigir del sistema la provisión de tecnologías que no se encuentran
contempladas en los planes de beneficios, cuando estas resultan indispensables
para la preservación de la vida o integridad del paciente, no son sustituibles
por las previstas en el plan de beneficios, ha sido ordenada por el médico
tratante, y el paciente no puede costearla[208]. Es así como en
distintos escenarios este tribunal ha ordenado al sistema de salud la provisión
de tales tecnologías, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con medicamentos
como la inmunoglobulina humana para tratar algunas enfermedades autoinmunes que
provocan debilidad muscular[209], la glucosamina y
condroitrina para la reducción del dolor y el incremento en la flexibilidad
articular[210], los complementos
nutricionales[211],  la pregabalina para
el tratamiento del dolor[212], o las cremas
antiescaras y antipañalitis[213], con cirugías como
la mastopexia para el mejoramiento físico de los senos[214],
la braquioplastia para la eliminación de grasa en los brazos[215],
la abdominoplastia[216] o la lipectomía[217],
o con prótesis, órtesis e insumos como pañales[218],
sillas de ruedas[219], pañitos húmedos[220],
camas hospitalarias[221], colchones y cojines
antiescaras[222], lentes y audífonos
especializados[223].
De
igual modo, la Corte ha establecido que además de las tecnologías en salud
propiamente dichas, el sistema debe proveer a los pacientes de otros servicios
complementarios indispensables para acceder a las prestaciones de salud, cuando
su ausencia se convierte en una barrera de acceso al sistema y pone en peligro
la vida o integridad del paciente, y este carece de la capacidad económica para
asumir la carga correspondiente. Así se ha entendido, por ejemplo, con los
servicios de transporte intermunicipal, alimentación y alojamiento, en aquellas
hipótesis en las que la tecnología en salud prescrita por el médico tratante se
autoriza en  un municipio distinto al de la residencia del usuario[224];
con el servicio de transporte intra urbano cuando por las condiciones del
paciente, éste no puede desplazarse a través de los medios regulares[225],
y con el servicio de acompañamiento para personas que por su estado de salud o
por su edad, carecen de las condiciones para valerse por sí mismos[226].
Partiendo
de estos criterios, este tribunal ha ordenado al sistema de salud que provea
transporte intermunicipal a pacientes que deben trasladarse frecuentemente a
otros municipios para recibir servicios de alta complejidad que no se
encuentran en su ciudad de residencia, como personas que tienen insuficiencia
renal crónica y deben someterse a diálisis varias veces por semana[227],
personas que han sufrido accidentes de consideración y deben recibir terapias
de rehabilitación[228], o menores de edad que
tienen problemas respiratorios y reciben tratamientos especializados[229].
De igual modo, ha ordenado que se provea un servicio especial de transporte
intra urbano, tipo taxi, a personas que tienen dificultades para tomar el
transporte público regular, como cuando se trata de personas que se encuentran
en silla de ruedas[230] o de menores de edad
que tienen algún tipo de discapacidad que les provoca serias dificultades
motoras y comportamentales para movilizarse en el transporte público[231].
3.3.3.4.
En tercer lugar, este tribunal ha
establecido que, en principio, las tecnologías en salud deben ser provistas por
las EPS en las IPS que hagan parte de su red de servicios, y que por tanto, por
lo general los pacientes no pueden direccionar las solicitudes de acceso al
sistema público de salud, para que los servicios sean prestados por una IPS
específica y determinada que no tiene vínculo contractual previo con la EPS.
No
obstante ello, este tribunal ha establecido que en hipótesis especiales, el
sistema de salud está obligado a autorizar que las tecnologías en salud
requeridas por el paciente sean provistas en una IPS específica, incluso si no
hace parte de su red de servicios. Ello ocurre especialmente cuando esta red
resulta insuficiente o carece de las condiciones para suministrar el servicio
específico requerido por el paciente[232]. En este sentido, este
tribunal ha explicado que “es deber de la Entidad Promotora de Salud ofrecer
a sus afiliados instituciones que ofrezcan los tratamientos médicos que estos
requieran, de manera efectiva y adecuada. De esta manera, tienen la libertad
los usuarios, para escoger dentro de las opciones que le da la EPS, el lugar
donde consideren que esta prestación de servicio se realiza de manera integral.
Como excepción, pueden los usuarios solicitar la prestación de los servicios
médicos en una institución que no tenga convenio, siempre y cuando las IPS no
cuenten con la capacidad, o en el evento en que teniéndola, dicha prestación no
resulta efectiva y adecuada, teniendo en cuenta la situación del afiliado, lo
que resulta en una vulneración de sus derechos”.[233]
En
este escenario, esta corporación ha atendido requerimientos de pacientes que
acuden a la acción de tutela para que se ordene a su EPS autorizar la
prestación de servicios en una IPS determinada, ajena a su red de servicios,
como cuando el tratamiento autorizado se ha venido prestando en otra ciudad y
el traslado permanente e indefinido representa una carga muy gravosa,
existiendo otra IPS en el mismo municipio de residencia del accionante[234],
cuando la IPS en la que se autorizaron los servicios no ha prestado un servicio
de calidad, ha retardado el suministro de las prestaciones requeridas por el
paciente o carece de la idoneidad requerida[235], o cuando por motivos
religiosos el usuario se niega a recibir los tratamientos ofertados por el
sistema de salud, y recurre a los servicios alternativos por una IPS que no
hace parte de la red de la EPS[236].
3.3.3.5.
Finalmente, la jurisprudencia
constitucional también ha permitido que, de manera excepcional, se eliminen los
mecanismos de contención de la demanda, a través de la exoneración o el
diferimiento de los copagos y de las cuotas moderadoras.
La
Ley 100 de 1993 estableció que las personas afiliadas y beneficiarias al
sistema público de salud, tanto los del régimen contributivo como los del
régimen subsidiado, se encuentran sujetos a “pagos moderadores” ¸ que
comprenden los denominados “pagos compartidos”, las “cuotas
moderadoras” y los “deducibles”, todos los cuales tienen por objeto
racionalizar el acceso a los servicios del sistema, y a complementar la
financiación de los mismos para garantizar la viabilidad del modelo de salud.
Las
cuotas moderadoras tienen por objeto “regular la utilización del servicio de
salud y estimular su buen uso”, y los copagos “son los aportes en dinero
que corresponden a una parte del valor del servicio demandada y tienen como
finalidad ayudar a financiar el sistema”, por lo cual, mientras que los
primeros son exigibles tanto a los afiliados cotizantes como a sus
beneficiarios, los segundos únicamente a los beneficiarios. El sistema de
tarifas y cobros a los usuarios del sistema de salud se sustenta en los
principios de equidad, información al usuario, aplicación general y no
simultaneidad, de suerte que su monto se fija con base en la capacidad
económica de los afiliados cotizantes, y en particular, a partir del Ingreso
Base de Cotización (IBC) al sistema de salud, que existen limitaciones al cobro
de los mismos para las personas que pertenecen al régimen subsidiado, y en
ningún caso se cobran a las personas en situación de indigencia, a las que se
encuentran en el Nivel I del SISBEN, ni a grupos especiales como la población
infantil abandonada, la población en situación de indigencia o desplazamiento,
indígena, desmovilizada, las personas de la tercera edad que se encuentran en
ancianatos en instituciones de asistencia social, o la población rural migratoria
o ROM asimilable a SISBEN I[237].
Este
esquema general ha sido validado, en general, por la justicia constitucional,
de suerte que normalmente se acepta la viabilidad de los cobros por cuotas
moderadoras y copagos. Sin embargo, también se ha establecido que en
determinadas hipótesis en las que dicho cobro se convierte en una barrera de
acceso al sistema de salud, se torna constitucionalmente admisible, y hay lugar
a la exoneración del mismo, o al menos a un diferimiento.
Es
así como este tribunal ha atendido múltiples requerimientos de tutela de
personas que, sin cumplir las condiciones previstas en la normatividad legal y
reglamentaria para acceder a la exoneración de copagos y cuotas moderadoras,
alegan la necesidad apremiante de acceder al servicio de salud, así como su
incapacidad económica para asumir este costo. La Corte ha entendido que ante la
urgencia de contar con una tecnología en salud para la conservación de la vida,
la integridad o el estado de salud, y ante la precariedad económica del
paciente o de su núcleo familiar para asumir la deuda, o para hacer el
desembolso inmediato de los correspondientes recursos, hay lugar a la
exoneración de la obligación, o al menos al diferimiento de la misma en los
casos en que el paciente o su familia es solvente pero no tiene liquidez[238].
De igual modo, para la determinación de la capacidad económica la Corte ha
utilizado los criterios generales para la valoración de las pruebas, aplicando
las presunciones de veracidad y de buena fe del accionante, así como la
inversión de la carga de la prueba cuando el demandante alega su incapacidad
económica y la de su entorno familiar para asumir el costo correspondiente a
los copagos o de las cuotas moderadoras, y la inexistencia de un sistema de
tarifa legal[239].
Partiendo
de esta línea analítica, este tribunal ha ordenado la exoneración de pagos
moderadores en los que se advierte que la persona padece una enfermedad grave como
diabetes y obesidad mórbida, que afecta gravemente su capacidad de generación
de ingresos; cuando ejerce una actividad económica como persona independiente
que hace que no tenga un ingreso fijo, y cuando su calificación en el SISBEN ha
fluctuado a lo largo del tiempo[240]; cuando una persona del
régimen contributivo alega la imposibilidad de asumir los pagos moderadores y
la EPS no controvierte esta afirmación general[241];
cuando los pagos exigidos corresponden a un tratamiento para una enfermedad
crónica que requiere intervenciones permanentes, tales como hipertensión
arterial, diabetes y cirrosis[242]; cuando la capacidad de
generar ingresos se encuentra mermada por alguna afectación física grave en la
visión y la persona hace parte del sector informal de la economía[243];
cuando el paciente es menor de edad, tiene retardo mental leve y el servicio en
salud es requerido para ingresar a una institución educativa, y por tanto, para
la realización del derecho a la educación[244]; o cuando la persona
pertenece al régimen contributivo y el núcleo familiar tiene un IBC
considerable, pero los ingresos tienen otro destino, como el pago de deudas y
el sostenimiento de terceras personas[245].
3.3.3.6.
No obstante que todas las
anteriores reglas jurisprudenciales fueron concebidas como reglas exceptivas
que deberían operar en escenarios extraordinarios, a partir de ellas se ha
producido una extensión progresiva de las controversias judiciales en el
contexto específico de las terapias especializadas para niños con presuntas
alteraciones físicas, sensoriales y cognitivas en IPS determinadas, con cargo
al sistema de salud.
Primero,
como estas reglas están dotadas de un nivel considerable de maleabilidad,
flexibilidad y apertura, pueden ser empleadas para justificar las pretensiones
de los accionantes de acceder a los servicios ordenados por un médico
particular que no hacen parte de la oferta general del sistema, en una IPS que
no se hace parte de la red de servicios de las EPS. Así, la incapacidad
económica del paciente y de su núcleo familiar, que constituye un criterio en
función del cual se determina la obligación del sistema de salud de suministrar
las prestaciones que no se encuentran comprendidas dentro de los planes de
beneficios y las prestaciones complementarias, así como la exoneración de los
pagos moderadores, puede ser valorada por los operadores jurídicos con un amplio
margen de apreciación, no sólo a partir de criterios objetivos vinculados a la
calificación en el SISBEN, al IBC o a la pertenencia al régimen contributivo o
subsidiado, sino también a otros de mayor complejidad como el alto nivel de endeudamiento
personal, o la existencia de cargas económicas que no hacen parte del núcleo
familiar sino de la familia extendida. Lo propio puede afirmarse del requisito
sobre la insuficiencia de la atención de la EPS a los pacientes, deficiencia con
fundamento en la cual se puede tornar exigible la prescripción del médico
particular ante el sistema público de salud o la atención en una IPS
determinada que se encuentra por fuera de la red de servicios de la EPS;
nuevamente, que la atención sea adecuada o inadecuada no es algo que pueda ser
determinado a partir de criterios objetivos empíricamente verificables, sino
que depende de una gran cantidad de variables, relacionadas, muchas veces, con
la propia percepción. Y también los operadores jurídicos cuentan con un amplio
margen de discrecionalidad para valorar la respuesta que las EPS dan a los
pacientes para controvertir la prescripción de un galeno particular, máxime
cuando se trata de debates técnicos en los que las instancias judiciales
carecen de las herramientas e insumos de análisis para mediar en este tipo de controversias.
En
segundo lugar, los requisitos para la aplicación reglas exceptivas tienen el
riesgo de ser entendidos como exigencias autoreferenciales que remiten a un
mismo tipo de requerimientos. Así, para obtener el suministro de una prestación
que desborda el Plan de Beneficios, tradicionalmente la Corte ha establecido que
la tecnología en salud respectiva sea necesaria para la preservación de la
vida, integridad o estado de salud del paciente, y que sea prescrita por su
médico tratante. Sin embargo, de presumirse de pleno derecho la necesidad a
partir de la sola orden médica, y de establecerse una equivalencia plena entre
uno y otro requisito, el primero de estos corre el riesgo de perder toda su
sentido y utilidad. Lo propio puede advertirse en relación con los requisitos
para reclamar el suministro de servicios complementarios como el transporte o
el alojamiento cuando el paciente residen en un lugar distinto a aquel en el cual
se proveen las tecnologías en salud, o para reclamar la exoneración de copagos
o cuotas moderadoras, pues este tribunal ha exigido para ello que las
tecnologías en salud cuyo acceso se pretende sean necesarias para preservar la
salud, necesidad que, si se establece con fundamento exclusivo en una orden
médica, podría perder su sentido y utilidad. Así las cosas, aunque en principio
la existencia de una orden médica constituye un pilar y un referente ineludible
de la decisión judicial, el juez constitucional no puede perder de vista que en
entornos de alta complejidad, en los que, por ejemplo, se pretende el acceso a
tecnologías en salud que no se encuentran dentro de la oferta del sistema de
salud, adquiere especial importancia evaluar con rigor las exigencias que la
misma jurisprudencia ha establecido para este efecto.
Un
análisis semejante cabe en relación con la exigencia de incapacidad económica.
En las hipótesis que se revisan en este proceso, por ejemplo, bajo el actual
modelo en el que las tecnologías requeridas en las acciones de tutela son provistas
por el sistema público de salud sin la mediación de las EPS, las mismas tienen
un alto costo en el mercado que las hace inaccesibles para la mayor parte de
las personas, lo cual, a su turno, deriva en una incapacidad económica general
para la mayor parte de la población colombiana. Así las cosas, el juez
constitucional debe interpretar, entender y operar este tipo de exigencias de
tal modo que se preserve sus sustrato esencial.
En
tercer lugar, dados los principios que rigen la acción de tutela, vinculados a
la informalidad del proceso, a la protección de la parte débil en las
relaciones jurídicas que dan lugar al amparo constitucional, y a las
presunciones de veracidad y de buena fe del accionante, existe un
desplazamiento integral de la carga probatoria hacia el sistema público de
salud, y en particular, a las EPS. Así, por vía jurisprudencial se ha
establecido una regla de preferencia en favor de las prescripciones de los
médicos tratantes de los pacientes, de modo que cuando se quiere hacer valer la
orden de un médico particular corresponde a la EPS controvertir, a partir de
argumentos técnicos y científicos la citada prescripción, y de modo que ante un
conflicto o controversia entre ambos, la primera tiene prelación; de igual
modo, este tribunal ha entendido que cuando el accionante alega su incapacidad
económica, se invierte la carga probatoria, y corresponde a la EPS controvertir
la afirmación. En muchas ocasiones, además, se trata de una carga que excede
las posibilidades de las EPS, las cuales normalmente solo cuentan con la
información acerca del régimen al que pertenece al paciente, el nivel del
SISBEN del que hace parte, o el IBC cuando hace parte del régimen subsidiado, y
las alegaciones que tienen como fundamento alguno de estos insumos pueden ser
controvertidas por los accionantes, alegando circunstancias que no pueden ser
verificadas directamente por las EPS, como la ayuda económica que se
proporciona a terceras personas, o deudas pendientes con terceros.
Finalmente,
el modelo económico que se ha constituido con las reglas exceptivas de acceso
al sistema público de salud tiene como efecto que las EPS no tienen un interés
especial en controvertir las pretensiones de los accionantes en los procesos de
tutela. La razón de ello es que cuando se da aplicación a las reglas
exceptivas, y el juez constitucional ordena la provisión de una tecnología en
salud no contemplada en los planes de beneficios, en principio esta prestación
no se suministra con cargo a la UPC que administran las EPS, sino con cargo, o
bien al Fosyga (hoy  ADRES), para la cual se puede hacer el recobro
correspondiente, o bien con cargo a las entidades territoriales en el caso del
régimen subsidiado.
3.4.
Los riesgos inherentes del
litigio constitucional en el derecho y en el sistema de salud
3.4.1. Si bien este modelo de litigio judicial apunta a
flexibilizar las condiciones de acceso al sistema de salud, y con ello a
garantizar el derecho a la salud de menores de edad que se encuentran en
situación de discapacidad, en cualquier caso envuelve una serie de riesgos y
peligros que no pueden ser pasados por alto por el juez constitucional.
En
esencia, el peligro reside en que bajo este esquema de acceso paralelo al
sistema de salud, se suprimen y se desactivan los dispositivos, los mecanismos
y las herramientas establecidas en la legislación para controlar y para
racionalizar el funcionamiento del sistema de salud, en un escenario altamente
complejo y vulnerable en el que los distintos actores apelan a categorías
diagnósticas y terapéuticas abiertas y controvertidas en la comunidad médica,
en beneficio de sujetos que, en razón de su minoría de edad y de su condición
de discapacidad, no pueden gestionar directamente sus derechos e intereses. Lo
anterior da lugar a la conformación de esquemas de atención que persiguen el
suministro indiscriminado de tecnologías en salud y de servicios
complementarios, en las condiciones técnicas y económicas fijadas directamente
por los proveedores de tales servicios, sin la mediación de las Empresas
Promotoras de Salud (EPS), que cumplen un rol determinante en la
racionalización y en la estabilización del sistema de salud, y en la adecuada
distribución de sus recursos.
La
confluencia de los elementos anteriores podría tener repercusiones negativas
tanto desde la perspectiva del derecho a la salud, como desde la del sistema
público de salud: lo primero, en tanto el litigio constitucional podría ser
funcional, más que a los derechos de los pacientes, a los intereses de otros
actores, y lo segundo, en tanto podría erosionar la transparencia, la
funcionalidad y la operatividad, la equidad, y la sostenibilidad del sistema de
salud.
La
supresión de estos dispositivos se ha logrado a través de un engranaje
relativamente sencillo:
-
Primero, como en general las
tecnologías que provee el sistema son administradas, y por tanto racionalizadas
por las EPS a través de su red, algunos actores han identificado prestaciones
que desbordan los planes de beneficios, y que, por tanto, escapan a los
controles técnicos y económicos del sistema, entre ellos, los que ejercen las EPS.
En este caso, se han encontrado terapias no convencionales y relativamente
novedosas en el territorio nacional y en el extranjero, como terapias con
perros, caballos o delfines, terapias ABA, terapias de neurodesarrollo, terapias
halliwick o algunas modalidades de terapias con agua.
-
Segundo, aunque en principio estas
prestaciones que están por fuera del POS o de los planes de beneficios no están
a cargo del sistema, en razón de las reglas exceptivas de la jurisprudencia
constitucional sí pueden ser provistas con cargo a este cuando se acredite su
necesidad con una prescripción médica, así como la incapacidad económica del
paciente y de su núcleo familiar.
Para
acreditar la necesidad de las terapias alternativas, se ha apelado a otra regla
exceptiva de la jurisprudencia constitucional que otorga vinculatoriedad a las
prescripciones de médicos particulares, esto es, de galenos que no son los
médicos tratantes de la EPS a la que se encuentra afiliado el paciente,
especialmente en aquellos escenarios en que la propia EPS no controvierte con
argumentos técnicos y científicos el concepto del profesional de la salud. Con
base en esta regla, médicos particulares, que en ocasiones pertenecen al mismo
centro de salud que ofrece los tratamientos alternativos, prescriben este tipo
de terapias, para hacerla valer ante el sistema público de salud.
Y,
por otro lado, para acreditar la incapacidad financiera de los pacientes y de
su núcleo familiar, se vinculan personas que pertenecen al régimen subsidiado,
de las cuales se suele presumir su precariedad económica, o se hacen valer las
reglas de la jurisprudencia constitucional sobre la informalidad de la prueba o
de presunción de veracidad, y se obtienen declaraciones informales sobre las
limitaciones en la condición económica del núcleo familiar del paciente.
La
vinculación de personas del régimen subsidiado reviste particular interés en
este proceso, ya que, según se pudo advertir en el expediente T-5808227 y en el
expediente T-4253989, las IPS que proveen los tratamientos requeridos por los
menores de edad sostienen que, respecto de este grupo poblacional, las
tecnologías en salud que no se encuentran en el Plan de Beneficios deben ser
asumidas directamente por las entidades territoriales, y que, por consiguiente,
las EPS deben ser excluidas de los procesos regulares de validación y control
en el suministro de las terapias, y que, por lo mismo, las IPS pueden negociar
directamente con las secretarías de salud las condiciones técnicas y económicas
para la provisión de los servicios. A esta consideración acudió la IPS
Funtierra para negociar directamente con la Gobernación de Córdoba el valor de
las terapias brindadas a cerca de 500 niños durante varios años, sin sujeción a
los estándares y a los controles de las EPS, e incluso, sin sujeción al régimen
regular de contratación estatal. De este modo, aunque para la Corte resulta de
la mayor importancia que las personas del régimen subsidiado puedan acceder
integralmente a las prestaciones que integran el derecho fundamental a la
salud, también resulta inquietante que esta circunstancia sea utilizada para
sustraerse del sistema de controles y verificaciones para la provisión de
tecnologías en salud.
-
Tercero, aunque en general las
tecnologías en salud deben ser provistas por las IPS que hacen parte de la red
de servicios de las EPS, las reglas exceptivas de la jurisprudencia
constitucional permiten acceder a los servicios de estas IPS, cuando se
acredite que la red de la EPS no ofrece los servicios requeridos por el médico
tratante. En función de esta regla, los médicos particulares, que en ocasiones
pertenecen a la misma IPS que oferta las terapias alternativas, prescriben
tecnologías NO POS o que no están en los Planes de Beneficios del Sistema, y
que no son suministradas por las instituciones de la red de la EPS.
-
Una vez los proveedores de los
servicios de salud, a saber, las IPS particulares, han vinculado a los usuarios
de los mismos, y los médicos particulares han prescrito las terapias NO POS, se
acude a los estrados judiciales para exigir, con cargo al sistema público de
salud, el suministro del tratamiento alternativo por parte de las IPS.  A su
turno, dada la informalidad de la acción de tutela, y dada la flexibilidad de
las reglas de competencia en esta materia, en ocasiones se acude masivamente a
los juzgados que históricamente han concedido los amparos.
-
El juez de tutela, por su parte,
como no es una instancia técnica de validación, únicamente se encarga de
verificar la concurrencia de los requisitos formales relacionados con la
existencia de una prescripción médica que dé cuenta del diagnóstico y del
tratamiento solicitado para el paciente, las afirmaciones sobre la incapacidad
económica del paciente y de su núcleo familiar para financiar el tratamiento
requerido, y la verificación de que las terapias ordenadas no son ofertadas por
la red de la EPS, sino exclusivamente por la IPS particular.
3.4.2. Desde la perspectiva del derecho a la salud, aunque
las acciones de tutela apuntan a brindar alternativas terapéuticas a niños que
son diagnosticados con alguna deficiencia física, sensorial o cognitiva, la
flexibilidad del modelo podría favorecer la institucionalización de prácticas
que, en lugar de atender al interés superior del niño, permiten su
instrumentalización en beneficio de otros actores del sistema de salud.
-
Primero, en la medida en que las
intervenciones solicitadas en los estrados judiciales recaen sobre infantes de
los que se predica su condición de discapacidad, y como, por consiguiente,
carecen de voz propia en el proceso judicial y en el sistema de salud, y como las
patologías que se predican de ellos dejan al profesional un alto nivel de
discrecionalidad, un esquema abierto como el planteado puede favorecer el
sobre-diagnóstico de los pacientes, e incluso, su patologización injustificada.
No
pasa por alto para este tribunal que, en la mayor parte de los casos revisados,
las patologías con fundamento en las cuales se prescriben las terapias no están
respaldadas en criterios diagnósticos claros y precisos, no se encuentran
codificadas según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y en
su lugar se diagnostican disfuncionalidades genéricas, e incluso algunos papás
de los niños refieren padecimientos diferentes de los que constan en la orden
médica, o afirman que en realidad no padecen ningún trastorno o deficiencia.  En
un escenario como este, los diagnósticos podrían responder al interés de
extraer recursos del sistema público de salud a partir de los tratamientos
brindados a los pacientes.
Los
acudientes de los niños atendidos por Funtierra en el marco del expediente
T-5808227, por ejemplo, refirieron patologías diferentes de aquellas con base
en las cuales los jueces de tutela ordenaron los tratamientos médicos. Si bien
estas discrepancias pueden explicarse por las diferencias en que cada uno de
estos actores experimenta, percibe y entiende las patologías de los niños, para
el juez constitucional estas divergencias no deben ser desatendidas, y
constituyen una señal de alerta. Así, la IPS sostiene que Kened Luis Contreras
Sáenz[246] fue tratado para el
retraso sicomotor, pero sus acudientes afirman que no habla. Funtierra afirma
que Juan Diego Pacheco fue tratado por retraso psicomotor, pero los padres
sostienen que tiene una deformidad en la cara. La IPS afirma que Juliana Peñate
Romero tiene retraso sicomotor, pero sus acudientes aseguran que no tiene
ninguna enfermedad y que acudía a las terapias para manejar mejor su tiempo[247];
Funtierra sostiene que Angie Sofía Castrillón Hoyos[248]
tiene trastorno del aprendizaje, pero los padres aseguran que tampoco tiene
ninguna enfermedad. En algunos casos, incluso, se encontró que todos los hijos
de un mismo núcleo familiar eran atendidos por Funtierra con las terapias
solicitadas en las acciones de tutela, y al parecer, no todos estos tenían la
condición de personas con discapacidad, tal como al parecer, ocurre con los
hermanos Moisés David y Juan David Vitola Sánchez, Angie Sofía y Sebastián
Castrillón Hoyos, y Camilo y Ana Isabel Gutiérrez Ballestas[249].
De
igual modo, por fuera del expediente T-5808227 la información médica sugiere
dudas sobre el sustrato de los diagnósticos médicos, ya que, según la
documentación aportada en los procesos, las órdenes médicas no se encuentran sustentadas
en criterios diagnósticos concretos, refieren patologías genéricas que no
describen con precisión ni la gravedad ni la naturaleza de los problemas del
menor, o se amparan en síntomas difusos que no siempre son indicativos de
genuinas disfuncionalidades atribuibles a los niños.
Al
revisar los expedientes T-4877010, 4877009, 4877008, T-4877007, T-4877006,
T-4877006, T-4877005 y T-4877005, se pudo evidenciar que las sentencias de
tutela revisadas correspondían a amparos interpuestos en un solo día, por
acudientes de menores que fueron atendidos en un solo día por el mismo
profesional de la salud, por trastorno del lenguaje, trastorno del aprendizaje,
trastorno de déficit de atención, retraso en el desarrollo o autismo,
patologías estas que, según los protocolos médicos generalmente aceptados
requieren periodos de observación y de seguimiento incompatibles con un
diagnóstico sumario.
Asimismo,
en una parte significativa de los casos seleccionados, el diagnóstico médico
tiene un alto nivel de generalidad, porque no se especifica la presunta
afección que aqueja al paciente.  Es así como con frecuencia, los médicos
tratantes diagnostican a los niños con categorías como “retraso mental”[250],
“trastorno de la conducta”[251], “discapacidad
cognitiva”[252], “problemas de
comportamiento”[253], “lenguaje escaso”[254],
“trastorno del aprendizaje”[255], “retraso en el
desarrollo del lenguaje”[256], “alteraciones en la
adaptabilidad personal, familiar, escolar y psicosocial”[257].
Estas
categorías, sin embargo, no logran precisar el síndrome, el trastorno o la
enfermedad del paciente. Dentro de la Clasificación DSM-IV[258],
por ejemplo, el denominado “retraso mental” se encuentra dentro del primer
nivel de la clasificación de las enfermedades mentales, dentro de la cual se
encuentran muchas variantes; el denominado “trastorno de la conducta” no
coincide con ninguna de las categorías que se encuentran dentro de esta
clasificación, y en estricto sentido, podría referirse a cualquier síndrome,
trastorno o enfermedad que tenga incidencia en el comportamiento humano; la
llamada “discapacidad cognitiva” corresponde también a un concepto genérico que
no refiere una enfermedad, un trastorno o un síndrome, sino tan solo una de las
tres grandes modalidades de discapacidad[259], y que comprende
patologías tan disímiles como las enfermedades del espectro autista, el
síndrome de down o el retraso mental.
Dentro
de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de
la Salud (CIE-10), la categorización contenida en los diagnósticos médicos
tiene el mismo déficit anterior. El denominado “trastorno generalizado del
desarrollo” (F84.0) incluye variantes tan disímiles como el autismo infantil
(F84.0), el autismo atípico (F84.1), el síndrome de Rett (F84.2), el trastorno
hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados (F84-4), otros
trastornos desintegrativos de la infancia (F84-3), el síndrome de Asperger
(F84-5), entre otros; mientras en el autismo clásico se suele presentar un
retraso mental en el 75% de los casos, los niños con síndrome de Asperger no
tienen déficits o retrasos en el desarrollo del lenguaje o en el desarrollo
cognoscitivo, e incluso suelen tener habilidades y destrezas marcadamente
superiores en determinadas áreas. El denominado “trastorno de ansiedad”, diagnosticado
en algunos de los expedientes, corresponde en realidad a patologías de muy
diversa índole; un trastorno de ansiedad podría ser una forma de trastorno
mental orgánico, y en particular, una forma de trastorno mental por lesión o
disfunción cerebral o enfermedad somática (F06), como el trastorno de ansiedad
orgánica (F06.4); también podría corresponder a un trastorno neurótico
secundario a situaciones estresantes, como un trastorno de ansiedad fóbica
(F-40), que incluye la agarofobia (F40.0) o las fobias sociales (F40.1). O
incluso podría corresponder a trastornos del comportamiento y de las emociones
que comienzan en la infancia (F93), como el trastorno de ansiedad de separación
de la infancia (F93.0) o el trastorno de ansiedad fóbico de la infancia
(F93.1).
En
gran parte de los expedientes el diagnóstico del médico tratante con fundamento
en el cual se expide la orden médica y se interpone la acción de tutela, no se
encuentra respaldado por criterios diagnósticos precisos. En la mayor parte de
casos revisados, las acciones de tutela se encuentran respaldadas únicamente en
una evaluación en la que consta el diagnóstico y la orden médica, es decir, la
indicación de la enfermedad, síndrome o trastorno detectado, y el tratamiento a
seguir. Tan sólo excepcionalmente se da cuenta de los criterios médicos
empleados, tal como se evidencia en el expediente T-4277939, en el que el
diagnóstico de “autismo atípico” (Cod. F8041) en la Clínica Neurorehabilitar se
sustentó en el test denominado “Childhood Autism Rating Scale”, en el que se
valoran los criterios de relación con la gente, imitación, respuesta emocional,
uso del cuerpo, uso de objetos, adaptación al cambio, respuesta visual,
respuesta auditiva, el uso y la respuesta del gusto, olfato y tacto, miedo o
nerviosismo, comunicación verbal, comunicación no verbal, nivel de actividad,
nivel de consistencia, e impresiones generales. Sin embargo, en el expediente
no se precisan los indicadores de cada uno de estos criterios, ni los
resultados de su aplicación en el caso concreto.
Incluso,
en aquellos casos en los que se precisan los criterios diagnósticos empleados,
surge la duda sobre la verdadera entidad de las disfuncionalidades detectadas.
En el expediente T-4124218, por ejemplo, el profesional de la salud ordena 124 sesiones
mensuales de terapias de lenguaje, comportamentales ABA y de integración
sensoriomotriz a un niño al que se le detectó “dificultades articulatorias,
en los procesos académicos, en la lectura y escritura”, luego de que la
mamá refiere, que el niño tiene dificultades escolares, bajo rendimiento y poca
concentración[260]. Es decir, en muchos
casos la impresión diagnóstica se ampara en patrones conductuales que podrían
ser aplicables a cualquier otro niño: inquietud, hablar mucho,
desconcentración, irritabilidad, asumir posturas inadecuadas, etc.
Tan
solo en el expediente T-4262190, el diagnóstico final de autismo se encuentra
respaldado en la aplicación de criterios médicos previa e integralmente
identificados, junto con los indicadores de cada uno. En particular, se utilizaron
los criterios diagnósticos y los indicadores de autismo según el DSM-IV, en el
cual deben cumplirse seis o más manifestaciones del conjunto de los siguientes
trastornos, y como mínimo dos indicadores de cada uno de ellos: (i) en la
relación; (ii) en la comunicación; (iii) en la flexibilidad. Es así como en la
prueba se comprobó lo siguiente: (i) primero, que el infante tenía un trastorno
cualitativo en la interacción social, porque presentaba alteración importante
del uso de conductas no verbales (como no mirar a las personas y no responder
sonrisas), tenía una incapacidad significativa para desarrollar relaciones con
sus compañeros (no se une a los juegos, rechaza que lo toquen y en sitios
concurridos tiende a alejarse), y demostraba falta de reciprocidad social o
emocional (no reacciona ante las expresiones de los demás, e incluso puede reír
si los niños se caen); (ii) segundo, que el niño tenía un trastorno cualitativo
en la comunicación, en la medida en que tenía un retraso en el desarrollo del
lenguaje oral (porque su lenguaje no corresponde a su edad), y en que tenía un
empleo estereotipado y repetitivo del lenguaje (hace colalia inmediata o
diferida); (iii) finalmente, se evidenció que el infante tenía patrones de
conducta, intereses y actividades restringidos, repetitivos y estereotipados,
que se manifiesta en la existencia de intereses limitados (como el interés
excesivo en los carros) y en la adherencia inflexible a rutinas o rituales
específicos (como tomar tetero en el mismo lugar y en ningún otro, y reaccionar
agresivamente si no encuentra los carros en el lugar habitual). Adicionalmente,
se comprobó que antes de los tres años se debían producir retrasos o
alteraciones en una de estas áreas, y que los síntomas no se podían explicar
mejor por el síndrome de rett o un trastorno desintegrativo de la niñez.
En
este orden de ideas, aunque algunos amparos pueden tener como sustento una
patología real, concreta e individualizable que amerita y hace necesaria la
intervención de niños con alguna disfuncionalidad física, sensorial o
cognitiva, las reglas empleadas para validar tales diagnósticos en el escenario
judicial, impiden discriminar adecuadamente las prescripciones médicas,
existiendo el riesgo, real y serio, de que los niños sean sobre diagnosticados
con el propósito de intervenirlos, y por esta vía, extraer recursos del sistema
público de salud.
A
lo anterior se suma el hecho de que, con el modelo de acceso al sistema de
salud examinado, tampoco existen criterios de control y de validación que
garanticen el interés superior de los niños en el marco de los tratamientos que
les son suministrados por vía judicial.
Lo
primero que debe tenerse en cuenta es que las controversias judiciales se
estructuran en función de tecnologías en salud que no hacen parte de los Planes
de Beneficios por existir dudas sobre su seguridad y eficacia, y que incluso
han sido excluidas, mediante procesos deliberativos técnicos y científicos, de
su financiación con recursos públicos. Lo anterior sugiere la duda sobre si en
realidad el esfuerzo del sistema por brindar estas terapias se traduce en
beneficios terapéuticos concretos para los pacientes, o si se suministran
costosas terapias sin un provecho claro para los menores de edad, favoreciendo
otros actores.
Lo
anterior resulta particularmente relevante en este escenario, pues, en general,
los tratamientos prescritos implican un nivel de intrusión muy importante en la
vida de los niños, al menos en términos temporales, pues en la mayoría de los
casos suponen una dedicación de tiempo parcial o total, de suerte que, incluso,
podrían implicar su desescolarización, o podrían funcionar como un sustituto de
los establecimientos educativos. No sobra recordar que, en muchos de los casos
analizados, se prescriben entre 120 y 150 sesiones mensuales. Además, aunque
estos tratamientos pueden reportar ventajas al menor y a su familia, al brindar
alternativas terapéuticas y de recreación a menores con dificultades físicas,
sensoriales y cognitivas, persiste el interrogante sobre si los costos
asociados a estos tratamientos deben ser asumidos por el sistema de salud.
Por
lo demás, como se trata de terapias que no se encuentran en el Plan de
Beneficios, y que por tanto, en general no son prestadas por las IPS que hacen parte
de la red de servicios de la EPS, los esquemas de validación y control tienden
a ser débiles.
De hecho, algunos veedores
ciudadanos han expresado su inconformidad con las dinámicas que se producen en
este escenario, y han señalado, entre, otras cosas,  que las terapias
requeridas en las acciones de tutela no constituyen una necesidad genuina de
los niños, sino que son inducidas por algunos actores económicos beneficiados
con la provisión del servicio, actores que, además, realmente no
proporcionarían las tecnologías en salud que se reclaman en los amparos
constitucionales, sino servicios generales asociados al cuidado de los infantes,
a efectos de obtener un provecho económico.[261]
3.4.3. Desde la perspectiva del sistema público de salud,
la Corte encuentra que también este modelo de acceso lleva aparejado riesgos y
peligros que podrían afectar negativamente los principios básicos con
fundamento en los cuales fue estructurado: la transparencia, la equidad, la
funcionalidad y operatividad y la sostenibilidad.
Al
desactivarse los sistemas de contención y racionalización del sistema de salud,
tanto los acudientes de los pacientes como los actores del sistema que se
benefician del suministro de las terapias alternativas, diseñan e implementan
esquemas para acceder indiscriminadamente a los servicios y a los recursos del
sistema de salud a través de tecnologías en salud que no hacen parte de los
planes de beneficios. Esto ha conllevado, entre otras cosas, a las siguientes
disfuncionalidades:
-   El efecto más evidente es la explosión de los
requerimientos en salud, teniendo en cuenta que bajo este modelo, tanto los
usuarios como los proveedores del sistema pueden acceder indiscriminada y
libremente a los servicios y a los recursos del sistema público de salud: los
pacientes pueden acceder gratuitamente a las tecnologías en salud prescritas
por sus médicos tratantes e incluso a servicios complementarios, y los
proveedores pueden promover la demanda de sus prestaciones, y luego acceder a
los recursos del sistema de salud.
-
La explosión del litigio no solo
implica que la prestación de las terapias se masifica más allá de la necesidad
real de contar con un tratamiento médico especializado, sino que también se
liberalizan las condiciones en que se suministran los servicios de salud, al
existir una interacción directa entre la oferta y la demanda, con efectos como
el descontrol en los precios, y la creación de mercados oligopólicos.
Según
constató este tribunal, en el régimen subsidiado las IPS que prestan sus
servicios en virtud de un fallo judicial de tutela, reclaman el derecho a excluir
la mediación de las EPS, y a acordar directamente con las entidades
territoriales el valor de sus servicios, normalmente a precios que superan por
mucho los valores de referencia en el mercado para las terapias que se
encuentran en el Plan de Beneficios. Tal como se pudo advertir en el expediente
T-5808227, la IPS Funtierra Rehabilitación IPS consideró que jurídicamente no
era viable la intervención de las EPS en el suministro de las terapias a cerca
de 500 niños, y de manera discrecional acordó con la Secretaría de Salud de
Córdoba pagos mensuales por cada paciente que en enero de 2015 ascendían a
$5.380.000, y que fueron descendiendo con el paso del tiempo hasta llegar a
$2.700.000.
Durante
el proceso judicial, por ejemplo, Funtierra Rehabilitación allegó diversos
documentos jurídicos en los que se sostiene que la prestación de servicios NO
POS para las personas del régimen subsidiado excluye tanto la mediación de las
EPS como del Ministerio de Salud y del ADRES, en la medida en que la
financiación de estas prestaciones corre por cuenta a las entidades
territoriales: “Frente a la posibilidad de que la Nación – Ministerio de
Protección Social, ADRES (Administradora de Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud), antes Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA),
asuma la atención en salud de la población pobre y vulnerable en lo no cubierto
con subsidios a la demanda entre estos lo no cubierto por el régimen subsidiado
en salud, se considera que ello es completamente inadmisible, ya que es claro
que el numeral 43.2.1. del artículo 43 de la Ley 715 de 2001 le asigna
directamente al departamento y al distrito la obligación de gestionar la
atención en salud de esta clase de servicios (…) el hecho de que la nación gire
los recursos del Sistema General de Participaciones al ente territorial, no
significa que esta tenga asignada o pueda asumir la prestación del servicio de
salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda (…)”. Asimismo,
se sostiene que para esta población que pertenece al régimen subsidiado, las
prestaciones NO POS deben ser asumidos directamente por los entes territoriales,
sin que haya lugar a la injerencia de las EPS.[262].
En
los escritos de coadyuvancia a la acción de tutela presentada por Funtierra
Rehabilitación IPS, los acudientes de los niños tratados en dicha IPS solicitan
que sus niños sean intervenidos, no a través de la EPS, sino a través de la
Gobernación de Córdoba, requerimiento que genera extrañeza si se tiene en
cuenta que el interés de los padres de los acudientes es el de que sus hijos
sean intervenidos, más que el hecho de que operativamente se haga con la
mediación de una u otra instancia. Sin embargo, en las declaraciones bajo
juramento presentadas por estos acudientes, todos reclaman que el servicio se debe
realizar a través del ente territorial, y no por medio de la EPS.[263]
En
las acciones de tutela se insiste en la necesidad de este modelo para las
personas que hacen parte del régimen subsidiado, para que, desde los mismos
estrados judiciales, se excluya la intervención de las EPS, y el suministro de
los servicios de salud se canalice a través de las secretarías de salud
departamentales o distritales. En la acción de tutela correspondiente al
expediente T-4253989, por ejemplo, la accionante solicita no solo que le sea
provisto el tratamiento con terapias con perros y caballos, miofuncional,
comportamentales ABA, físicas de neurodesarrollo, fonoaudiológicas basadas en
neurodesarrollo y sensoriomotriz, sino que, además, se haga a través de la
Gobernación de Córdoba y no por medio de la EPS: “las terapias con perros,
terapias comportamental ABA, educación especial, equinoterapia y musicoterapia
no son modalidades cinéticas y/o mecánicas de terapia, por lo que no se puede
ni debe homologar los nombres de las terapias para que sean asumidas por las
EPS-Subsidiadas como ha querido hacer tal secretaría (…) las terapias que no
están incluidas dentro del Plan de Beneficios de la EPS, por tanto deben ser
asumidas directamente por la Secretaría de Salud Departamental, ya que los
recursos los destina el CONPES anualmente para cubrir los servicios de salud de
la población pobre no cubierta (vinculada o población sin carnet de salud) y
con subsidio a la demanda (NO POS subsidiadas), recursos estos que son
administrados directamente por la Secretaría de la Salud Departamental, la
cual deberá cancelar los servicios prestados directamente a la IPS, pues
debemos tener en cuenta que no hay lugar a recobro ante el Fosyga porque
nuestros menores se encuentran afiliados a una EPS del régimen subsidiado y no
contributivo (…) solicitamos ordenar la inaplicabilidad del concepto emitido
por el señor viceministro de Protección Social (…) y que el pago de los
tratamientos (…) NO POS los asuma la Secretaría de Salud Departamental”.[264]
Como puede advertirse, el interés de los acudientes expresado en las
acciones de tutela no consiste únicamente en que los niños sean tratados por
una IPS específica, sino que dicha IPS reciba los pagos directamente de las
secretarías departamentales o distritales, y no de la EPS a la que se encuentra
afiliado el infante, pretensión esta que parece corresponder, no al interés de
un padre de familia, sino a los intereses económicos de otros actores del
sistema de salud.
Siguiendo
este modelo, en los estrados judiciales se ha venido ordenando, a través de la
acción de tutela, que las terapias calificadas por los accionantes como NO POS
así como los servicios de transporte y alimentación para los infantes y sus
acompañantes, sean financiadas directamente por las secretarías de salud de las
entidades territoriales. Este es el caso de los múltiples fallos del Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica, en los que se ordena “establecer a la
Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba, que en el término de cuarenta y
ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta providencia,
ordene la integralidad del tratamiento consistente en terapias NO POS, tales
como terapias físicas basadas en neurodesarrollo, terapia ocupacional basada en
neurodesarrollo, terapia fonoaudiológica basada en neurodesarrollo, terapias asistidas
con perros, miofuncional, terapia comportamental ABA, educación especial,
integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia, incluyendo gastos de
transporte de Plantea Rica – Montería y visceversa, más alimentación para los
beneficiarios y sus acompañantes en la ciudad de Montería”[265]
El
efecto material de esta exclusión es que las IPS han venido negociando
directamente con las entidades territoriales las condiciones de prestación del
servicio, incluida la tarifa del mismo. Un esquema como este en el que el juez
de tutela ordena a las secretarías de salud autorizar y asumir los costos
derivados de los tratamientos brindados por IPS específicos, ordenados
previamente por profesionales de la salud que con frecuencia tienen vínculos
con esa misma IPS, incrementa los costos de los servicios, con recursos
públicos destinados a la salud.
-
Este modelo también genera
distorsiones en el sistema de salud, porque favorece la aparición de modalidades
cerradas, con escasos proveedores que prestan servicios que están por fuera del
Plan de Beneficios, pero cuyo suministro se torna obligatorio en virtud de
múltiples fallos de tutela, así como la aparición de redes en las que los
distintos actores de la salud interactúan con el objeto de promover el
suministro indiscriminado de los tratamientos a los menores de edad. Según
información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Salud, el suministro
de las terapias NO POS para niños se encuentra dominado por actores específicos
en cada región del país. La Clínica Neurorehabilitar, por ejemplo, que funciona
en la ciudad de Bogotá, contaba con el 10.6% de participación, siguiéndole, en
su orden, el Centro de Estimulación y Aprendizaje Sonrisas de Esperanza en el
departamento del Atlántico (7%), el Centro de Rehabilitación Integral Renacer
Ltda. en el Cesar (5.9%), la Fundación Integrar en Antioquia (5.5%), la
Corporación Encuentro para Soluciones de Comportamiento (ESCO) en Bolívar
(4.5%), el Centro de Rehabilitación Integral Ángeles Ltda. en Cesar (3.9%), la
Fundación Educación para Todos Aprendo en Atlántico (3.7%), Passus IPS Taller
Psicomotriz en Atlántico (3.5%) y el Centro de Rehabilitación Integral
Manantial en Magdalena (3.4%).[266]
-
La carencia de un sistema
robustecido de controles y verificaciones, y la aparición de un escenario dominado
por unos pocos proveedores de las tecnologías en salud, favorece la existencia
de irregularidades en la prestación de los servicios de salud frente a las
cuales las EPS carecen de herramientas e instrumentos de control, por existir
una orden judicial incondicionada que les permite a los pacientes acceder a los
servicios de salud en dicha IPS.
En
las auditorías realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud a
diferentes EPS encargadas de suministrar los tratamientos no convencionales a
menores de edad ordenados por jueces de tutela, se encontraron múltiples irregularidades
que ponen en entredicho la calidad de los servicios suministrados, y los
efectos terapéuticos en función de los cuales fueron ordenados. En dichas
auditorías se encontraron diversas irregularidades: las utilidades y
rendimientos económicos son superiores a las que se obtienen en las condiciones
establecidas de manera general para el sistema de salud[267],
las entidades no cuentan con la habilitación para prestar los servicios
ordenados en las acciones de tutela[268], infraestructura
inadecuada y elementos potencialmente riesgosos como vidrios expuestos
cortopunzantes, falta de aislamiento de cuerpos de agua potencialmente
peligrosos o presencia de aguas negras[269], sistemas de
información deficitarios, entre ellos los relativos a los indicadores de morbilidad
de los usuarios[270], instrumentación e
insumos con alto nivel de deterioro, incluyendo piscinas e instrumentos
musicales[271], carencia de un sistema
de remisión de pacientes a otro nivel de atención cuando la repuesta al
tratamiento no ha sido favorable o cuando la patología exige una atención
especializada[272], registros incompletos
o no fiables sobre los tratamientos impartidos, como que el mismo profesional
realiza evoluciones con letra diferente, las firmas de los acudientes son
inconsistentes en los distintos formatos, existen registros de 16 sesiones
realizados en un mismo día a un mismo niño, o se realizan terapias
simultáneamente para un mismo menor,[273] manejo inadecuado y
riesgoso de las historias clínicas[274], cobros y facturación a
las EPS por servicios o tecnologías que no se encuentran en la Clasificación
Única de Procedimientos en Salud (CUPS) y que no constituyen tecnologías en
salud propiamente dicha, afectando los procesos de recobro de las EPS[275],
inexistencia de protocolos para medir y cuantificar la evolución, los
beneficios o los efectos adversos de los tratamientos[276],
carencia de soportes para evidenciar la evolución de los pacientes[277],
profesionales sin la experiencia laboral y el entrenamiento específico para
impartir las terapias[278], carencia de
procedimientos y criterios técnicos para determinar los costos de las terapias
por sesión[279], inexistencia de
soportes para establecer número de sesiones impartidas, su valor unitario y el
valor total facturado[280], sobreocupación de sedes[281],
personal asistencial sin el perfil requerido en cuanto experiencia y
capacitación[282], inexistencia de
sistemas de información para conocer la programación y seguimiento a las
jornadas terapéuticas[283], inexistencia de un
departamento, oficina o mecanismo de atención al usuario o para atender quejas
y reclamos[284], inexistencia de un
programa de seguimiento a los tratamientos brindados a los usuarios[285],
historias clínicas sin los contenidos mínimos en los que conste el registro de
la orden y de la prescripción médica[286], incumplimiento de
protocolos de aseo y limpieza[287], carencia de una
estructura de análisis de costos para la identificación de los costos de las
terapias[288], carencia de
documentación que soporte la idoneidad de los profesionales que asisten las
terapias[289], prescripción de
terapias sin mediar la valoración por el médico tratante de la EPS[290]
-
Por un lado, aunque se trata de
beneficios NO POS o que están por fuera del Plan de Beneficios, y aunque por
este motivo, en principio, estos no deberían ser financiados con los recursos
de la Unidad de Pago por Capitación, esto es, con los recursos que reciben las
EPS para atender los requerimientos básicos en salud, en la práctica estas
tecnologías vienen siendo financiadas de facto por las EPS con estos
recursos que tienen una destinación diferente. La razón de ello es que como en
principio estas tecnologías deben ser financiadas por las EPS, y luego
recobradas al Fosyga, o al ADRES, pero estas entidades tienen la posibilidad de
objetar o de glosar el recobro sobre la base de que la prestación requerida
tiene un contenido educativo o de que no cumple con los estándares de calidad
exigidos, en la práctica las EPS han terminado por asumir estos costos, con
recursos que en principio están destinados a cubrir la atención básica en
salud.
Según
la Superintendencia Nacional de Salud, cuando el suministro de las prestaciones
no POS debía ser validado por los Comités Técnicos Científicos, la mayor parte
de las terapias alternativas suministradas por el sistema público de salud
tenían origen en decisiones de tutela, y no en decisiones de los CTC, pero al
ser recobradas al Fosyga, el pago tan solo fue aprobado en un 0.36% de los
casos para el período estudiado.[291]
-
Asimismo, en la medida en que se
ha reconocido la vinculatoriedad de prescripciones médicas particulares, se ha
evidenciado la tendencia a que las órdenes médicas con fundamento en las cuales
se solicitan las terapias en los estrados judiciales, provengan de
profesionales de la salud que hacen parte de la misma IPS en la que se
suministra el servicio, configurándose, eventualmente conflictos de intereses
que no son declarados. Bajo este esquema, entonces, los médicos de las IPS
prescriben terapias que sólo son prestadas en dichos centros de salud con los
que tienen algún vínculo económico, y de las cuales podrían obtener algún
provecho particular.[292]
Los
cerca de 500 niños que fueron atendidos en Funtierra Rehabilitación IPS, lo
fueron con base en sentencias de tutela soportadas en la prescripción de dos
médicos.[293] Un solo profesional de
la salud atendió a los niños que pidieron los tratamientos especializados en 11
de los 37 expedientes revisados, para ser atendidos en la IPS Rehabilitamos de
la Costa SAS en el municipio de Juan de Acosta y en el Centro de Estimulación,
Rehabilitación y Aprendizaje en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta.[294] Por su parte, un solo
profesional prescribió las terapias con fundamento en las cuales se solicitó el
servicio en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas (CRIES).[295] Y otro profesional extendió
todas  las órdenes médicas para la provisión de terapias en el Centro de
Rehabilitación Arco Iris[296]. En las acciones de tutela se afirma o se
sugiere que estos profesionales de la salud hacen parte de la misma IPS en la
que se requiere el servicio.
De hecho, algunos de estos profesionales ya
habían intervenido en procesos que dieron lugar a acciones de tutela revisadas
por este tribunal. En las sentencias T-1076 de 2012[297], T-534 de 2011[298] y T-799 de 2014[299], las órdenes
judiciales para que el sistema de salud suministrara las terapias a los menores
de edad, se basaron en prescripciones de un solo neuropediatra. En la sentencia
T-953 de 2011[300] se analiza el caso de
un niño diagnosticado, nuevamente, por un galeno que viene a ser el mismo que
prescribió los tratamientos en el Centro de Rehabilitación Integral Manantial.
Recientemente, en la sentencia T-651 de 2017[301], este tribunal analizó
una nueva solicitud de acceso a tratamientos no convencionales en una IPS del
departamento de Córdoba, a partir de una prescripción médica del mismo
profesional diagnosticó a los 500 menores respecto de los cuales se solicitó su
intervención en la IPS Funtierra.
-
Asimismo, con la intermediación judicial las IPS logran excluir la
intervención de las EPS: en el caso del régimen contributivo, al existir un
fallo en el que se ordena la provisión de un tratamiento médico en una
institución determinada, el rol de la EPS se contrae a asumir los gastos derivados
de estos servicios, y luego intentar el recobro en el sistema judicial; por su
parte, en el caso de los pacientes que hacen parte del régimen contributivo, se
logra excluir toda mediación de las EPS, ya que las demandas en salud se
canalizan a través de las entidades territoriales, con el argumento den que en
este régimen las prestaciones que no hacen parte del Plan de  Beneficios deben
ser asumidas con los recursos de estas instancias.
4.       El
rol de juez constitucional en la configuración del litigio
4.1.
Según se explicó en los acápites precedentes, la
controversia que se ventila en este proceso judicial no sólo es de vieja data
en la jurisdicción constitucional, sino que, además, este modelo litigioso ha
sido empleado de manera recurrente, y en algunos casos intensivamente,
generando y robusteciendo las alternativas de suministro de terapias no
convencionales.
4.2.
Advierte la Sala que, de manera indirecta, tanto el
proceso selección de los fallos de tutela por la Corte Constitucional, como el
indebido empleo de algunas de las subreglas constitucionales identificadas por
este tribunal, han tenido incidencia en la configuración de esta estrategia
litigiosa.
4.3.
Con respecto a la selección de fallos de tutela, el
artículo 249.1 de la Constitución Política determina que a la Corte
Constitucional le corresponde “revisar, en la forma que determine la ley,
las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
fundamentales”. La lógica que subyace a este proceso de selección de
sentencias de tutela parte del rol que cumple este tribunal dentro de la
organización política consistente en garantizar la supremacía de la Carta
Política dentro del ordenamiento jurídico y la vigencia de los derechos
fundamentales. En función de este objetivo, las acciones de tutela son
resueltas, en primera y en segunda instancia, en la justicia ordinaria, pero luego
son remitidas a este tribunal con el propósito de fijar las grandes líneas decisorias
que deben ser tenidas en cuenta por los jueces de tutela, especialmente en
aquellas hipótesis en las que los fallos de instancia evidencian, en principio,
un déficit en la protección de los derechos fundamentales.[302] De esta suerte, como son
los jueces y tribunales de las distintas jurisdicciones los llamados a resolver
las acciones de tutela, y no la propia Corte Constitucional, el proceso de
selección apunta a identificar casos paradigmáticos que sirvan para la creación
de precedentes vinculantes relativos al contenido y alcance de los derechos
fundamentales en los distintos escenarios de la vida social.
Así las cosas, la
totalidad de las sentencias de tutela resueltas por los jueces de instancia son
remitidas a este tribunal, y son consideradas y evaluadas por este mediante un
procesos riguroso y meticuloso, aunque discrecional en función del objetivo
misional de la Corte. Las providencias no seleccionadas se tornan definitivas
por la propia decisión de esta corporación, y aquellas otras son sometidas a
revisión: “Todas las sentencias [de tutela] son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva,
se tornan definitivas[303]” y “en
el trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela, la Corte
Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate
constitucional. Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la
materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o
de revisión, defina cuál es la última palabra en cada caso”[304].
En este contexto, puede
advertirse que, en general, la Corte suele abstenerse de escoger las sentencias
de los jueces de primera o de segunda instancia que conceden el amparo, y que,
en cambio, con mayor frecuencia se seleccionan aquellas que han denegado el
derecho de los niños a acceder a las terapias especializadas con cargo al
sistema de salud. Lo anterior es consistente con el criterio implícito de este
tribunal de hacer prevalecer la selección de fallos que niegan los derechos de
los accionantes/pacientes, sobre los de aquellos que conceden,
independientemente de que la decisión recoja integral y fielmente las líneas
jurisprudenciales de este tribunal.
Tal como se explicará más
adelante, de los 21 fallos de este tribunal que abordan la controversia que se
ventila en este proceso[305], 19
corresponden a procesos en los que se revisan fallos de tutela desfavorables al
accionante, es decir, a los acudientes de los infantes. Algunas de estas
sentencias de la Corte, además, corresponden a casos acumulados en los que el
juez de instancia, o declaró la improcedencia de la acción, o la negó al
resolver de fondo. Únicamente en las sentencias T-974 de 2010[306] y T-802 de 2014[307], se revisaron fallos de
tutela que concedieron el amparo. Es decir, la Corte ha concentrado su atención
en los fallos que niegan las acciones de tutela.
En contraste, las cifras
allegadas por el Ministerio de Salud y por la Superintendencia Nacional de
Salud demuestran que los considerables fallos de amparo en los que se reconoce
el derecho de los niños a acceder a terapias especializadas NO POS prescritas
por médicos particulares, en centros de salud específicos, con cargo al sistema
público de salud, no han sido seleccionados. De hecho, ninguno de los fallos de
tutela con base en los cuales la IPS Funtierra presenta su reclamación dentro
del expediente T-5808227, fallos en los cuales se ordenó el suministro de terapias
especializadas a cerca de 500 infantes, fue seleccionado. Lo anterior coincide
con algunos patrones de selección de tutela, en los que se priorizan los casos
que han sido denegados, respecto de aquellos que han sido concedidos por los
jueces de instancia y que involucran sujetos de especial protección o sujetos
que en principio se encuentran en situación de inferioridad o de desventaja
frente al demandado.
En este escenario, los
patrones de selección seguidos podrían ser entendidos e interpretados como una
especie de validación tácita de este tipo de litigio, teniendo en cuenta,
primero, que en general la selección se ha concentrado en los fallos que niegan
los amparos, y, por otro, la ausencia de selección de una sentencia equivale a
otorgar un valor definitivo a la decisión del juez de instancia.
4.4.
Con respecto a la generación de precedentes
vinculantes, la Corte Constitucional ha producido importante jurisprudencia
tanto en el contexto general de las acciones de tutela que involucran el
derecho y el sistema público de salud, como en el escenario específico de los
amparos constitucionales que persiguen la provisión de terapias especializadas
para niños diagnosticados con alguna alteración física, sensorial o cognitiva
prescritas por médicos particulares.
4.4.1.  En el
primer caso, esto es, en el escenario de las acciones de tutela que involucran
el derecho y el sistema público de salud, la Corte ha fijado cuatro reglas
jurisprudenciales que, aunque fueron establecidas para resolver controversias
diferentes a las que se estudian en el presente proceso judicial, han sido
utilizadas por los tutelantes y por los operadores del sistema de justicia para
resolver la hipótesis fáctica subyacente a este proceso. Según se explicó en el
capítulo anterior, se trata de reglas exceptivas que rigen en el sistema de
salud, que versan sobre el derecho de los pacientes de acceder a prestaciones
no contempladas en el sistema público de salud, sobre la vinculatoriedad de las
prescripciones de médicos particulares, sobre el derecho a que las prestaciones
en salud sean provistas en IPS específicas requeridas por los pacientes, y
sobre la exoneración de copagos y de cuotas moderadoras en el sistema de salud.
4.4.2. Con respecto al derecho de
acceso a prestaciones no contempladas en los planes de beneficios del sistema
de salud, se ha reconocido el derecho de las personas a acceder a tecnologías
en salud que en principio no deben ser provistas por el sistema, cuando ello se
convierta en una barrera de acceso a los servicios de salud, ponga en peligro
la vida o integridad personal del paciente, y este carezca de la capacidad
económica para asumir la carga correspondiente.[308] La Corte Constitucional ha establecido
que aunque en principio las EPS únicamente se encuentran obligadas a
suministrar las tecnologías en salud que se encuentran en el Plan Obligatorio
de Salud (POS), o actualmente en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, de
manera excepcional también tienen la obligación de suministrar aquellas que se
encuentran por fuera de estos planes, cuando su ausencia amenace la vida, la
salud o la integridad del paciente, no pueda ser sustituido por otro que sí se
encuentra en los citados planes, sea ordenado por el médico tratante, y el
usuario o su familia carezca de la capacidad económica para sufragarlo[309]. En función de esta regla
exceptiva, la Defensoría del Pueblo ha encontrado que, en promedio, el 64.08%
de las reclamaciones en las acciones de tutela corresponden a prestaciones que
se encuentran por fuera de los planes de beneficios en función de los cuestionamientos
a su seguridad y eficacia, por tener componentes estéticos o por no corresponder
a prestaciones de salud[310].
Aún más, este tribunal ha concluido que,
eventualmente, las EPS deben suministrar los servicios complementarios en salud
en aquellas hipótesis en las que su ausencia se convierte en una barrera de
acceso al sistema. En este orden de ideas, por ejemplo, ha ordenado a las EPS
proveer el servicio de transporte inter municipal a los pacientes que deben
desplazarse de un municipio a otro para recibir el tratamiento prescrito, y
carecen de las condiciones económicas para sufragar los gastos
correspondientes. Asimismo, en diferentes oportunidades ha considerado que las
EPS deben proveer a los pacientes insumos como pañales desechables para
adultos, elementos de higiene y suplementos nutricionales[311]
4.4.3.  Asimismo,  se ha considerado que
aunque en escenarios regulares la provisión de tecnologías en salud debe tener
respaldo en prescripciones de los médicos tratantes de las EPS a las que se
encuentran afiliados los pacientes, excepcionalmente las órdenes de médicos
particulares pueden ser vinculantes para el sistema público de salud, cuando
exista un principio de razón suficiente que justifique este proceder, como
cuando la EPS tiene acceso a la prescripción del médico particular y no la
controvierte a partir de criterios técnicos y científicos, cuando se evidencia
una atención inadecuada por los profesionales de la EPS o cuando el paciente no
tiene acceso a tales profesionales, o cuando de hecho la EPS ha aceptado y
reconocido el concepto de médicos particulares.[312]
Con fundamento en esta línea jurisprudencial,  se ha
reconocido vinculatoriedad de prescripciones médicas particulares en muy
variadas hipótesis, particularmente cuando la tecnología en salud ordenada por
el médico particular no hace parte del plan de beneficios del sistema de salud,
o cuando a juicio de la EPS es sustituible por otra que sí se encuentra dentro
de la oferta del sistema: cuando los profesionales de la EPS recomiendan tratar
la obesidad con un programa de dietas y ejercicio establecido por un grupo
interdisciplinario y el médico particular prescribe una cirugía bariátrica[313], cuando para una lesión en el hombro el
médico de la EPS prescribe una reducción abierta de luxación antigua, osteomía
de la caracoides, transferencia tendinosa, reparación de manguito rotador y
reconstrucción ligamentaria, mientras que el médico particular un remplazo
total de hombro por el riesgo de que a mediano plazo se presente otra luxación[314], cuando los pacientes solicitan
tratamientos de rehabilitación oral que no hacen parte del plan de beneficios[315], o cuando el paciente acude a centros
especializados en determinadas patologías que revisten un alto nivel de
complejidad.
4.4.4.  De la misma manera, se ha entendido
que, también de manera excepcional, los usuarios del sistema de salud pueden
exigir que la provisión de los servicios se efectúe por una IPS que no hace
parte de la red de la propia EPS, especialmente en aquellos casos en los que
esta última tiene una oferta limitada de servicios por razones de orden
geográfico, porque se trata de tecnologías que no hacen parte del plan de
beneficios y por tanto no son ofrecidos por la EPS, o porque se cuestiona su
calidad.
Con fundamento en este argumento, esta corporación ha
considerado que, con cargo al sistema de salud, los pacientes tienen derecho a
que sus tratamientos sean provistos en centros de salud particulares, o incluso
que los gastos en que han incurrido para ser atendidos en estos últimos, sean reembolsados
por la EPS. En la sentencia T-171 de 2015[316],
por ejemplo, se determinó que los gastos en que incurrió un paciente para someterse
a una intervención quirúrgica de emergencia en el marco de su tratamiento
contra el cáncer en un centro de salud particular, y no en una IPS que
previamente había fallado en la prestación del servicio, debían ser
reembolsados; por su parte, en la sentencia T-163 de 2018[317] la Corte determinó que la EPS debía hacer
entrega de los medicamentos requeridos por una paciente con depresión y
trastorno obsesivo compulsivo, a través de un centro de salud ubicado en el
municipio de su residencia o en uno cercano; y en la sentencia T-499 de 2014[318] se estableció que por la complejidad y
urgencia de la patología de la paciente, y ante la renuencia de la EPS en
brindarle un tratamiento oportuno y de calidad, se debía dar continuidad al
tratamiento ya iniciado en el Instituto Nacional de Cancerología, aun cuando
este no hiciese parte de la red de servicios de la EPS a la que se encontraba
afiliado el menor.
4.4.5. Finalmente, se ha considerado que
aunque en general los usuarios del sistema de salud se encuentran sujetos al
régimen de pagos moderadores para racionalizar la provisión de tecnologías y
para preservar la sostenibilidad del modelo, excepcionalmente pueden estar
liberados de estos deberes, cuando estos se conviertan en una barrera de acceso
al sistema sanitario.[319]  En este
orden de ideas, cuando la aplicación de este régimen se convierte en una carga
económica que desborda las posibilidades reales de los usuarios del sistema de
salud, se ha considerado viable la exoneración de este régimen.
4.4.6. Estas líneas jurisprudenciales,
concebidas para ser aplicadas en escenarios exceptivos, han sido empleadas de
manera intensiva en el litigio constitucional.
Los acudientes de los niños argumentan que los
padecimientos de estos últimos no han sido tratados adecuadamente por las EPS a
las que se encuentran afiliados, y que esta circunstancia los obligó a acudir a
médicos particulares capacitados e idóneos que les brindaran alternativas terapéuticas
para sus hijos. Estos profesionales, a su turno, prescriben terapias que
desbordan los contenidos básicos de los planes de beneficios, y que,
precisamente por lo anterior, no son provistas por las IPS que hacen parte de
la red de la EPS. Con base en los lineamientos jurisprudenciales anteriormente
descritos, estos acudientes pueden exigir, primero, que se atiendan las
prescripciones de los médicos particulares, segundo, que se provean las
terapias alternativas incluso si no hacen parte de la oferta del sistema, así
como los servicios complementarios de transporte, acompañamiento y
alimentación, y finalmente, que el tratamiento sea suministrado por una IPS
específica que no hace parte de la red de la EPS.
4.5.
Por otro lado, la jurisprudencia constitucional referida
a esta problemática específica, también ofrece diversas líneas decisionales.
Aunque el espectro de decisiones ha sido amplio, en esencia se encuentran dos
tendencias básicas: una, dominante en la jurisprudencia constitucional, que
reconoce en términos amplios el derecho de los menores de edad de acceder a los
tratamientos no convencionales ordenados por los médicos particulares, y de
preferencia en la institución requerida por el accionante, y otra que supedita
el acceso a las prestaciones de salud a que se haga a través de los
instrumentos el sistema, y no por fuera de este, esto es, a que sean ordenados
por el médico tratante de la respectiva EPS, a que se haga uso  de las
tecnologías de los planes de beneficios, y a que el  servicio sea suministrado
por una IPS de la red de servicios de la EPS.
4.5.1. Es así
como, en términos generales, en una primera etapa los fallos de este tribunal apuntaron
a determinar que las EPS deben autorizar la realización de las terapias NO POS
ordenadas por los médicos particulares, y de preferencia en las IPS solicitadas
por los accionantes. Este patrón decisorio comenzó a esbozarse en el año 2006,
y terminó de consolidarse definitivamente hacia el año 2009.
El fundamento de esta
línea jurisprudencial está en los mismos precedentes que este tribunal ha
seguido en otros escenarios del derecho a la salud: (i) primero, las
prescripciones de médicos particulares son vinculantes cuando las EPS no las
controvierten a partir de criterios médicos, cuando de hecho han venido
aceptado el criterio médico externo, o cuando el paciente no ha sido atendido
adecuadamente ni sometido a valoración por los especialistas adscritos a la
entidad de salud[320]; (ii) segundo, las EPS tienen el deber
de autorizar las prestaciones NO POS cuando sean necesarias y efectivas para la
conservación de la salud, cuando sean insustituibles por las tecnologías de los
planes de beneficios, y cuando el paciente y su entorno familiar carezca de las
condiciones económicas para asumir por sí solo los gastos correspondientes[321]; (iii) finalmente, los
pacientes tienen derecho a ser atendidos en una IPS que se encuentra por fuera
de la red de servicios de la EPS a la que se encuentran afiliados, cuando esta
resulta insuficiente para atender los requerimientos establecidos por el médico
tratante y no brinda las tecnologías en salud solicitadas por éste[322].
La particularidad de estos fallos en que se concede integralmente la
acción de tutela, es que para la aplicación de las reglas jurisprudenciales
anteriores se establece una presunción general en favor de los accionantes,
esto es, se presumen los supuestos de hecho que dan lugar a la aplicación de
las reglas exceptivas sobre la fuerza vinculante de las órdenes médicas
particulares, sobre el derecho de acceso a las prestaciones NO POS, y sobre los
límites a la libertad de escogencia de las EPS respecto de las IPS. El efecto
jurídico material de lo anterior es que se establece una inversión general de
la carga de la prueba, y se hace recaer sobre las EPS, de suerte que la sola
presentación de una orden médica particular hace presumir la insuficiencia de
la atención del sistema de salud, la idoneidad y eficacia del tratamiento
prescrito y su insustituibilidad por las tecnologías de los planes de
beneficios, y las afirmaciones sobre las limitaciones económicas del accionante
y de su entorno familiar, o sobre la idoneidad de la IPS, se presumen ciertas.
4.5.2.
Las variantes
dentro de esta primera gran línea jurisprudencial están en función del grado de
reconocimiento de la libertad de escogencia de las EPS, para elegir la IPS que
debe prestar las terapias a los menores.
Algunos fallos, o designan directamente la IPS que debe suministrar los
servicios, o reconocen un muy limitado margen de maniobra a las EPS, y
establecen una preferencia en favor de la IPS elegida por el tutelante. Dentro
de esta línea decisoria se encuentran, a modo de ejemplo, las sentencias T-518
de 2006[323],
T-864 de 2012[324]
T-207 de 2009[325],
T-650 de 2009[326],
T-855 de 2010[327],
T-392 de 2011[328],
T-771 de 2012[329]
T-757 de 2010[330],
fallos en los cuales se ordena el suministro inmediato de las terapias
requeridas por el médico tratante, y, en principio, en la IPS solicitada en la
accionante. La fórmula “tipo” acogida en estos fallos consiste en ordenar que “dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia practique a (…) las terapias en hidroterapia, animalterapia,
musicoterapia y equinoterapia (…)” y en “advertir (…) que las terapias
ordenadas preferiblemente deberán realizarse en el Centro de Capacitación
Especial -CENCAES- que se encuentra en el municipio de (…) con la salvedad de que
en el evento de no existir contrato con este organismo, podrán ser prestadas en
otro siempre y cuando no implique una carga desproporcionada o un obstáculo
para acceder al servicio de salud”[331].
Como puede advertirse, en estos casos se establece una clara regla de
preferencia en favor de la IPS solicitada por los acudientes de los niños, y se
restringe el ejercicio de la libertad de escogencia de las EPS, porque estas
únicamente pueden utilizar los servicios de otra entidad si la elegida por el
accionante no hace parte de la red de la EPS, si no implica o genera cargas
adicionales u obstáculos para el acceso al tratamiento, y si la institución
alternativa presta exactamente las terapias no convencionales ordenadas en la
tutela. En la práctica, ello equivale a un direccionar los servicios en una IPS
específica, en la medida en que usualmente las terapias ordenadas por el
médico particular tienen tales especificidades, que únicamente pueden ser
suministradas por la IPS que previamente determina el demandante.
La variante dominante, sin embargo, parte de la lógica inversa,
reconociendo el derecho de las EPS de elegir la institución encargada de
brindar las terapias dentro de su red de servicios, pero aclarando que en caso
de que ninguna cumpla las cualificaciones de la prescripción médica, se debe
acudir a una que sí las cumpla, de preferencia la requerida por el tutelante.
Dentro de esta línea se encuentra una amplia gama de sentencias, entre ellas,
la T-116A de 2013[332],
T-481 de 2015[333],
T-807 de 2013[334],
T-105 de 2014[335].
La fórmula “tipo” en este tipo de fallos consiste en ordenar a la autorización
de las terapias ordenadas por el médico tratante “en las instituciones que
se encuentren dentro de su red de prestadores de servicios. En caso de no poder
garantizar el tratamiento mediante su propia red de prestadores de servicio
deberá contar con una IPS que lo suministre”[336].
4.5.3.
Finalmente, otros
fallos presentan algunas particularidades en la configuración de su parte
resolutiva, preservando, en distintos grados, la libertad de escogencia de las
EPS. Este es el caso, por ejemplo, de la sentencia T-824 de 2010[337], en la que se optó por
someter a escrutinio técnico la idoneidad de la IPS deseada por el tutelante;
en este se examinó el caso de una niña diagnosticada con síndrome de
kinsbourne, y cuyos acudientes solicitaban que no solo se brindaran las
terapias convencionales (físicas, ocupacionales, de lenguaje y de
fonoaudiología) que venía prestando la EPS, sino que también que el tratamiento
integral fuese suministrado por una institución especializada en
neurodesarrollo, a saber, el Centro Médico Issa Abuchaibe. En el fallo la Corte
ordenó convocar un equipo interdisciplinario de profesionales de salud que
incluya un pediatra y un neurólogo, para determinar si el centro de salud “reúne
las condiciones para la práctica de las terapias en neurodesarrollo que
requiere la menor (…) según las prescripciones de rehabilitación ordenadas por
su médico tratante. El concepto de los profesionales de la salud obligará a la
EPS”.
4.5.4.
En cualquier
caso, bajo cualquiera de estos modelos la Corte ha reconocido el derecho de los
niños diagnosticados con una alteración física, sensorial o cognitiva a recibir
el tratamiento ordenado por su médico tratante particular, con terapias no
convencionales consideradas como NO POS, y de preferencia en la IPS designada
por sus acudientes.
4.6.
Progresivamente, sin embargo, y con algunas
excepciones, se ha comenzado a limitar el acceso a las terapias no
convencionales ordenadas por médicos particulares, y a que estas sean
direccionadas en una IPS específica. Esta línea se apoya en dos tipos de
aproximaciones: (i) por un lado, se ha advertido que aunque los servicios
requeridos pueden tener algún nivel de incidencia en el estado de salud y de
bienestar de las personas, no constituyen, técnicamente hablando, de
prestaciones de salud que deban ser asumidas por este sistema público, sino de
servicios relacionados con el derecho a la educación, o incluso con el derecho
de los niños a la recreación o al acompañamiento por su familia; (ii) por otro
lado, se ha entendido que la faceta prestacional del derecho a la salud debe
ser satisfecha preferencialmente al interior y con los instrumentos y
herramientas del sistema público de salud, de modo que el requerimiento para
acceder a servicios no contemplados dentro del modelo, ordenados por
profesionales que se encuentran por fuera del sistema, y para ser prestados en
IPS que funcionan por fuera del mismo, únicamente es viable cuando se logra
romper la presunción de idoneidad del modelo general,  ruptura que a su turno
debe estar soportada en criterios técnicos objetivos y no en la apreciación
subjetiva de los actores del sistema de salud.
4.6.1. El
primero de estos cuestionamientos fue planteado desde primeros fallos de este
tribunal en los que se abordó esta problemática, cuando se advirtió que las
solicitudes de los accionantes excedían lo que razonablemente puede ser exigido
a los sistemas públicos de salud, pues aunque la prestación de terapias
especializadas para niños con algún tipo de alteración física, sensorial o
cognitiva podrían incidir positivamente en su estado de salud, y generar un
mayor bienestar en los pacientes, en realidad su contenido se vincula con otro
tipo de derechos como el derecho a la educación, o el derecho a una familia, y
no constituyen, propiamente hablando, una tecnología en salud.
Es así como en la
sentencia T-207 de 2009[338], al
estudiarse el caso de una niña cuya madre solicitaba que la empresa de medicina
prepagada le brindara un tratamiento integral en una corporación especializada
en síndrome de down, en aras de su rehabilitación. La Corte estimó que, aunque la
menor tenía derecho a recibir las terapias vinculadas al derecho a la salud,
como las terapias de lenguaje, físicas y sicológicas, los componentes
educativos excedían las cargas que corresponde asumir a las instituciones de
salud, por lo cual, tales componentes debían ser atendidos por el sistema
educativo. De este modo, se aclaró que “la
atención del menor en la corporación especializada en Síndrome de Down “debe ir dirigida a garantizar el tratamiento en
salud requerido por el paciente”, lo cual se
entiende que incluye las necesarias terapias ocupacional, del lenguaje, física
y sicológica, y excluye lo atinente a la educación común”.
La misma dificultad fue planteada
directamente en la sentencia T-974 de 2010[339],
cuando con ocasión de un requerimiento para que a una niña diagnosticada con
retraso en el desarrollo del lenguaje, hiperactividad y microcefalia se le
brindara una atención integral en la Fundación Integrar. La Corte sostuvo que
el sistema de salud debía proveer a la niña de las tecnologías en salud
necesarias para tratar su alteración, pero que como su tratamiento integral
involucraba prestaciones adicionales relacionadas con el derecho a la
educación, era la institucionalidad correspondiente la llamada a satisfacer las
demandas de la accionante en este frente. En este orden de ideas, se ordenó a
la EPS brindar las tecnologías en salud requeridas por la infante, y ordenó a
las secretarías de educación distrital y departamental proveerle una atención
especializada, acorde con su situación particular. Adicionalmente, tras
verificarse las insuficiencias del sistema educativo en la atención de los
niños con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas, se exhortó al
Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Protección Social para
crear y poner en marcha una mesa de trabajo orientada a definir un esquema
integral de atención a las personas con discapacidad, a los ajustes razonables
a las políticas públicas y ante todo, para definir el ámbito de acción del
sistema de salud y educativo, así como los esquemas de articulación entre
ambos.
Aunque los interrogantes planteados
en ese entonces, entre los años 2009 y 2011, no han sido resueltos
definitivamente, como paralelamente se fue consolidando una línea de protección
amplia en la que se reconoce el derecho de acceder a las terapias no
convencionales ordenadas por médicos particulares en IPS específicas la pregunta
dejó de ser asumida en la jurisprudencia.
4.6.2. La
segunda línea de análisis comenzó a consolidarse más recientemente, y apunta a
cuestionar la provisión de servicios por fuera del sistema de salud, y, en
consecuencia, a imponer cargas probatorias reforzadas para prescindir de las
herramientas, instrumentos e instituciones del mismo. De este modo, mientras
que dentro de la línea decisoria anterior el juez constitucional da por sentada
la fuerza vinculante de las prescripciones de médicos particulares, la
idoneidad y la necesidad de las terapias alternativas ordenadas por este y de
la IPS en la que se pretende la prestación del servicio, dentro de esta
aproximación se exige a los accionantes demostrar que la orden médica fue
puesta a consideración de la EPS y que esta contó con un plazo razonable para
controvertirla, que la EPS efectivamente eludió la atención del paciente, que
existe consenso en la comunidad científica sobre la efectividad de las terapias
requeridas y sobre su insustituibilidad con las contempladas en el POS, la
idoneidad de la IPS y la insuficiencia de la red de servicios para atender al
paciente. Así las cosas, en los fallos se protege el derecho
a la salud, pero no por vía de ordenar la autorización de los servicios
solicitados por los accionantes, sino por vía del derecho al diagnóstico,
remitiendo al niño a la EPS, para que esta lo valore con su propio equipo
técnico, y suministre el tratamiento que este determine, es decir, para que la
provisión de servicios se efectúe atendiendo al esquema general del sistema
público de salud.
Esta línea decisoria se
encuentra en las sentencias T-371 de 2010[340],
T-893 de 2010[341], T-872 de 2011[342], T-1076 de 2012[343], T-374 de 2013[344], T-802 de 2014[345], y T-231 de 2015[346].
En la sentencia T-802 de
2014, por ejemplo, la Corte resolvió las acciones de tutela presentadas por 10
acudientes de menores de edad diagnosticados con autismo, trastorno sicomotor,
trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno del aprendizaje,
hidrocefalia y síndrome de down, y quienes, con base en órdenes médicas
expedidas por médicos particulares, solicitaron terapias ABA, de
neurodesarrollo, equinoterapias, hidroterapia y musicoterapia, en instituciones
de salud especializadas que no hacían parte de la red de servicios de las EPS a
las que se encontraban afiliados los menores, tales como la IPS Avanza,
Sonrisas de Esperanza, la Fundación Prosperar del Caribe IPS, CENCAES,
Institución Sonrisa y el Centro de Terapias Integrales Progresar.
En este fallo la Corte
hizo tres tipos de precisiones para denegar las pretensiones de los demandantes
y proteger únicamente el derecho al diagnóstico: (i) primero, en cuanto a la
fuerza vinculante de las prescripciones de médicos particulares, precisó que
esta vincula a la EPS únicamente cuando han sido sometidas a consideración de
la EPS y esta no la objeta a partir de criterios técnicos y científicos; (ii)
segundo, en cuanto al derecho de los pacientes de acceder a terapias que no se
encuentran en el POS, se aclaró que debe acreditarse, a partir de criterios
objetivos, su mayor efectividad en relación con las tecnologías en salud que
provee el sistema público de salud y su insustituibilidad, así como la
incapacidad del accionante de sufragarlas por sí mismo; (iii) y finalmente, que
las EPS “no están obligadas a prestar el servicio a través de una
institución particular por el sólo capricho del paciente o su familia, menos aun
cuando la IPS por aquellos designadas no cumple con los estándares para llevar
a cabo los tratamientos·”.
Aunque formalmente estas
reglas también habían sido reconocidas en los fallos de tutela de esta
corporación que accedieron a las pretensiones de los demandantes, el cambio
sustantivo se produjo porque en este caso se rompió la presunción en favor la
aplicación de las reglas exceptivas del sistema de salud, y se condicionó el
acceso a las terapias alternativas a que el accionante demostrara efectivamente
la necesidad del servicio, su incapacidad económica, y la falta de idoneidad de
la red del sistema público de salud para atender los requerimientos de los
niños. Así, este tribunal denegó las acciones de tutela al encontrar que no se
acreditó que se hubiera puesto a consideración de las EPS la valoración
efectuada por el médico particular, que se suministraron los insumos técnicos
que demostrarían la idoneidad y efectividad de las terapias ordenadas y su
insustituibilidad por las tecnologías del POS, que la EPS fue renuente en la
prestación del servicio, que el entorno familiar del menor carecía de la
capacidad económica para asumir
Con base en esta nueva
aproximación, la Corte denegó las pretensiones de los accionantes, y únicamente
ordenó a las EPS que integraran equipos interdisciplinarios para valorar a los
niños, y que posteriormente les suministraran los servicios requeridos por
estos.
Como puede advertirse, en
todos estos casos la decisión de no ordenar los tratamientos especializados se
ha hecho sin perjuicio del derecho al diagnóstico, y sin perjuicio del derecho
a acceder a las tecnologías en salud que hacen parte de la oferta regular del
sistema de salud. En este orden de ideas, siempre queda a salvo el deber de las
EPS de garantizar, primero, la identificación de la patología que aqueja al paciente,
lo cual incluye la verificación e indicación de sus características
estructurales y nivel de gravedad, segundo, la prescripción de las tecnologías
en salud, con indicación de su nivel de seguridad y eficacia, y finalmente, el
suministro oportuno de los servicios de salud.[347] Lo
anterior resulta particularmente relevante en este escenario, teniendo en
cuenta la maleabilidad de las patologías de base que se debaten en este
proceso, así como los debates que se han suscitado en la comunidad científica
sobre su entidad clínica, así como sobre la seguridad y eficacia de las
terapias requeridas. De este modo, la atención de los niños exige, antes que el
suministro indiscriminado de tecnologías en salud, un examen integral, juicioso
y meticuloso del paciente.
5.       Los
lineamientos para la evaluación de las controversias constitucionales
5.1.     Teniendo
en cuenta el marco analítico anterior, pasa la Corte a fijar las reglas para la
resolución de las controversias planteadas en este proceso, tanto frente a la
procedencia del amparo constitucional para abordar este tipo de debates, como
frente a la viabilidad de las pretensiones de los accionantes para que los niños
en cuyo nombre se interpone la acción de tutela accedan, por cuenta del sistema
público de salud, a tratamientos especializados que no se encuentran dentro del
Plan de Beneficios prescritos por médicos tratantes, en IPS específicas que no
hacen parte de la red de servicios de la EPS a la que se encuentran afiliados.
5.2.    Con
respecto a la procedencia del amparo constitucional, existen tres variables
de análisis que tienen especial relevancia en este contexto.
5.2.1. Primero,
con respecto a la legitimación por activa, se debe evaluar con especial
rigor la calidad en la que actúan los accionantes que obran en nombre de los
menores, pues, según se encontró en este proceso, tanto la minoría de edad como
la condición de discapacidad puede ser utilizada de manera irregular para obtener
provechos distintos al interés superior de los niños. Según se explicó
anteriormente, dentro del expediente T-5808227, algunos padres de familia
sostuvieron que las acciones de tutela con fundamento en las cuales accedieron
a los servicios de Funtierra Rehabilitación IPS, habían sido gestionadas
integralmente por dicha IPS, y que su rol en tales acciones había consistido
exclusivamente en entregar sus documentos de identidad y en firmar unos
documentos cuyo alcance tampoco tenían claro. Asimismo, dentro de este mismo
expediente, la IPS Funtierra presentó la acción de tutela con el propósito de
mantener su condición proveedora de los tratamientos especializados para los
niños con discapacidad del régimen subsidiado en algunos municipios del
departamento de Córdoba, invocando, precisamente, los derechos de los niños.
Incluso, algunos ciudadanos intervinieron activamente en este proceso para
solicitar la resolución inmediata de las acciones de tutela, alegando, al igual
que Funtierra, los derechos de los infantes a la vida y a la salud, pese a que
la controversia tenía un componente económico que involucraba a la IPS[348]. Asimismo, dentro del
expediente T-4267052, la accionante pretendía actuar en nombre de un niño sin
haber acreditado la representación legal del mismo, teniendo en cuenta que no
allegó el registro civil con el que se podría probar que actúa en su condición
de madre, y que los apellidos no son coincidentes.
En este orden de ideas, el
juez constitucional debe aplicar con rigor las reglas que ha delineado este
tribunal sobre la legitimación por activa, y en particular, las reglas sobre la
representación legal y la agencia oficiosa, buscando garantizar que los
requerimientos al sistema judicial respondan exclusivamente al interés superior
del niño, y evitando que los niños sean instrumentalizados para la consecución
de otro tipo de objetivos.
5.2.2.  Desde
la perspectiva de la residualidad de la acción de tutela, debe tenerse
en cuenta que como esta acción fue diseñada para resolver controversias iusfundamentales
frente a las cuales no existe una vía procesal especial para dirimirlas, y
que como el ordenamiento jurídico contempla un mecanismo de naturaleza
jurisdiccional, en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud, para
resolver los debates planteados en este proceso, el juez constitucional debe
evaluar en cada caso la viabilidad de este instrumento procesal para dar curso
a este tipo de controversias.
En efecto, el artículo 86
de la Carta Política establece que la acción de tutela “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”, directriz esta que se ha sido interpretada por este tribunal
en el sentido de que el amparo procede, de manera principal, cuando para
protección del derecho fundamental presuntamente lesionado no exista un
mecanismo jurisdiccional idóneo y eficaz, o de manera transitoria, cuando a
pesar de existir este dispositivo alternativo, se presenta una amenaza cierta y
concreta de un perjuicio irremediable.
En este contexto, el
artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 confiere la atribución a la
Superintendencia Nacional de Salud para resolver las controversias relativas a
las “prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes
para atender las condiciones particulares del individuo”, hipótesis que
corresponde plenamente a la que se plantea en este proceso judicial. Este
tribunal ha reconocido la idoneidad y eficacia de este dispositivo para
resolver las controversias que se suscitan entre los usuarios del sistema de
salud y las EPS, relativas a las prestaciones y tecnologías en salud que no se
encuentran en los planes de beneficios, determinando que, eventualmente, este
mecanismo podría desplazar la acción de tutela, aunque siempre incorporando a
este análisis variables como la gravedad de la situación que enfrenta el
accionante, las dificultades objetivas para interponer el recurso en la Superintendencia,
o el tiempo efectivamente transcurrido en el trámite de la acción de tutela, variables
en función de las cuales el amparo constitucional podría ser viable como
mecanismo principal o transitorio.[349]
El diseño legal e
institucional de este mecanismo le confiere la idoneidad y eficacia para la
salvaguarda del derecho fundamental a la salud, pues tanto el legislador como
la misma Superintendencia Nacional de Salud se han encargado de eliminar las
barreras geográficas, culturales y económicas de acceso a este dispositivo: no
se requiere actuar a través de apoderado judicial, se puede presentar por vía
virtual a través de un correo electrónico o mediante un correo certificado, la
acción debe ser resuelta en los diez días siguientes, la impugnación de los
fallos en primera instancia debe ser decidida en el mismo plazo de la acción de
tutela[350], y en la página web de la
entidad se encuentran a disposición del público diferentes formatos para
facilitar la elaboración del reclamo ante las EPS.
De hecho, según se explica
en los Informes de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, la
administración de justicia en este frente se ha optimizado con el paso del
tiempo, tanto desde una perspectiva cuantitativa como desde una perspectiva
cualitativa. Así, los índices de producción de decisiones son positivos, como
lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, en el año 2018 se profirieron 1782
decisiones judiciales en materias como el reconocimiento y pago de licencias de
maternidad, paternidad e incapacidad por enfermedad de origen común,
reconocimiento económico de gastos en salud, conflictos derivados de
devoluciones o glosas y recobros por servicios NO PBS, y acceso a las
tecnologías en salud, tanto PBS como NO PBS, por parte de los usuarios del sistema
de salud[351]. De igual modo, en estos
informes se señala que la entidad ha hecho un esfuerzo significativo por crear
líneas decisionales claras, transparentes y justificadas a la luz de los
principios que orientan el derecho fundamental a la salud, “garantizando la
efectiva prestación de servicios de salud y a su vez observando criterios
científicos y técnicos acordes con el marco normativo del sistema y con los
principios de universalidad y eficiencia del gasto público”[352].
Asimismo, por la
naturaleza y el rol institucional de la Superintendencia Nacional de Salud,
este organismo cuenta con las herramientas y los instrumentos técnicos para
abordar y evaluar con una perspectiva integral y global las pretensiones de los
accionantes, pretensiones que, analizadas de manera aislada y
descontextualizada, no permiten tener una comprensión de la problemática
constitucional que subyace a las acciones de tutela. En efecto, la Sala toma
nota de que, a los casos de tutela revisados en este proceso, subyace una
problemática de fondo cuya comprensión requiere no solo conocer y operar las
reglas jurisprudenciales establecidas por este tribunal, sino también tener en
mente los elementos de contexto que rodean los amparos, así como una visión
global sobre el funcionamiento del sistema de salud, el rol de los actores que
lo integran, y las circunstancias que pueden afectar su funcionalidad y
operatividad, sostenibilidad, y equidad. Y, precisamente, la Superintendencia
Nacional de Salud como organismo técnico encargado de dirigir la vigilancia,
inspección y control del sistema de salud y de promover el mejoramiento de la
calidad de la atención en salud, cuenta con las herramientas y los instrumentos
para, con esta perspectiva global e integral, abordar los requerimientos
individuales que se examinan en el presente proceso judicial, perspectiva de la
que, en cambio, en principio carecen los jueces de tutela, por involucrarse
únicamente desde el horizonte de los casos individuales, y desde la perspectiva
estrictamente jurídico-constitucional.
5.2.3.  Finalmente, dadas
las particularidades de los casos planteados en este procesos, en los que las patologías
de base no comprometen las funciones vitales de los niños, y en los que no
se pretende atender una contingencia de salud que requiera una intervención
inmediata, sino acceder a tratamientos integrales con vocación de permanencia
en el tiempo, las controversias pueden abordarse en el escenario del recurso
jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud, y no necesariamente en
el escenario de la acción de tutela ante la justicia ordinaria.
Según se explicó en los
acápites anteriores, los accionantes reclaman del sistema de salud unos
tratamientos que tiene una proyección de largo plazo, para atender patologías
de base que no están asociadas a las funciones vitales, sino a su condición de
discapacidad. De esta suerte, el debate constitucional no versa sobre el acceso
a tecnologías requeridas con urgencia para atender una contingencia en salud
que compromete directamente la vida de los menores, sino sobre el acceso a
tratamientos especializados diseñados para rehabilitar a niños que son
diagnosticados con alguna alteración, trastorno o deficiencia física, sensorial
o cognitiva.
5.3.
Por otro lado, desde la perspectiva de la viabilidad
de las pretensiones que se plantean en el presente proceso judicial, el debate
se centra en determinar las condiciones bajo las cuales las prescripciones de
médicos particulares resultan vinculantes para el sistema de salud, cuando se
ordena la provisión de terapias especializadas que no hacen parte del Plan de
Beneficios a niños que han sido diagnosticados con alguna alteración física,
sensorial o cognitiva, para que sean suministradas por IPS particulares que no
hacen parte de la red de servicios de la EPS a la que se encuentra afiliado el
infante.
5.3.1. En el
escenario de la acción de tutela, la provisión de tecnologías por parte del
sistema de salud debe estar mediada, en principio, por las prescripciones de
los médicos tratantes de la EPS. Esta exigencia se explica porque el acceso al
sistema público de salud se debe efectuar con las herramientas que este mismo
contempla, esto es, con las órdenes de los médicos que se encuentran adscritos
a la EPS a la que se encuentra afiliado el paciente, órdenes que, a su turno,
se encuentran revestidas de garantías de idoneidad técnica e imparcialidad que
no se encuentran en otros escenarios. En este orden de ideas, en principio las
prescripciones de los médicos tratantes de los pacientes resultan vinculantes
para la EPS, y, en general, al juez de tutela no le corresponde cuestionar o
controvertir su pertinencia técnica.
Sin embargo, en la
hipótesis fáctica que se examina en esta oportunidad, los requerimientos
provienen de médicos particulares, esto es, de profesionales de la salud que no
se encuentran vinculados a la EPS a la que se encuentran afiliados los menores
de edad. Estas prescripciones, por el contrario, en principio, no son
vinculantes para el sistema de salud, por lo cual, para que las tecnologías
prescritas por estos profesionales puedan ser exigidas por vía de tutela, se
debe acreditar un principio de razón suficiente que justifique el
desplazamiento de las herramientas del sistema público de salud, es decir, de
la orden del médico tratante de la EPS: cuando la EPS carece de los
especialistas requeridos para diagnosticar y tratar la patología, si se imponen
barreras administrativas, geográficas o temporales para acceder al médico
tratantes o cuando existen elementos de juicio objetivos que impiden contar con
un diagnóstico o y una prescripción fiable. Así las cosas, prescindir del médico
tratante de la EPS no constituye una facultad discrecional de los pacientes,
sino una opción con la que este cuenta cuando el instrumento previsto de manera
general por el sistema de salud, resulta claramente insuficiente frente a las
demandas del derecho fundamental a la salud.
Asimismo, como quiera que
las prescripciones de médicos particulares sólo deben ser tenidas en cuenta en
el sistema de salud cuando las mismas llenan los vacíos técnicos,
administrativos u operativos de las EPS, el juez constitucional debe tener en
cuenta la idoneidad del profesional sustituto, evaluando, por ejemplo, que las
ordenes se refieran a patologías propias de su especialidad y campo de
experticia, o que no se evidencien conflictos de intereses que pudieran minar
su confiabilidad.
5.3.2. Desde
el punto de vista de los servicios requeridos, el juez constitucional debe
tener en cuenta la naturaleza de la prestación solicitada en el amparo
constitucional por el médico tratante particular, así como la calificación que
de las mismas han hecho los operadores de la política pública, ya que estas
definiciones establecidas desde el nivel de la macro salud, y basadas en
criterios técnicos objetivos vinculados a la seguridad, eficacia y
costo-efectividad de las prestaciones en salud o al tipo de relación que tienen
con el derecho a la salud, y respaldadas en debates abiertos, públicos, y
transparentes, constituyen un criterio constitucionalmente relevante que debe
ser confrontado con el concepto técnico fijado a nivel individual por los
médicos tratantes de los menores.
En este sentido, debe
tenerse en cuenta que, aunque la Ley Estatutaria de Salud estableció que, por
regla general, todas las tecnologías en salud deben estar dentro de la oferta
del sistema, también determinó que su provisión no puede quedar librada
únicamente al criterio individual de los profesionales de la salud, sino
también que este proceso debe estar mediado por la evaluación objetiva que se
hace de las mismas, en función de criterios técnicos vinculados a su contenido
o naturaleza, a su relación con el derecho fundamental a la salud, o a su
seguridad y eficacia, establecidos en el marco de debates abiertos, públicos y
transparentes. Así las cosas, el juez constitucional no solo se encuentra
vinculado por los requerimientos de los médicos tratantes, sino que, por el
contrario, estos deben ser articulados con los consensos en la comunidad
científica y médica sobre la idoneidad de las tecnologías en salud.
En este orden de ideas,
existen tres categorías de tecnologías establecidas en función de este
criterio, que deben ser atendidas por el juez de tutela: (i) las que se
encuentran en el Plan de Beneficios, financiadas con recursos de la
Unidad de Pago por Capitación (UPC); (ii) las que se no se encuentran en el
Plan de Beneficios y cuentan con fuentes alternativas de financiación (exclusiones
relativas); (iii) las que han sido excluidas de su financiación con
recursos públicos a partir de un procedimiento participativo y de carácter
técnico y científico, por tener una finalidad cosmética o suntuaria no
vinculada a la recuperación de la capacidad funcional, por no existir evidencia
sobre su seguridad, eficacia o eficiencia clínica, o por estar disponibles
únicamente en el exterior (exclusiones absolutas).[353]
Desde esta perspectiva, el
operador jurídico que se enfrente a la controversia planteada en este proceso
debe tener en cuenta varias directrices:
-       Por un
lado, en la medida en que las prestaciones que se encuentran en el Plan de
Beneficios con cargo a la UPC cuentan con el mayor nivel de confiabilidad en la
comunidad médica y científica, la atención en salud debe privilegiar las
terapias que se encuentran dentro de tales programas. Por ello, cuando
determinado tratamiento es calificado como NO POS o por fuera del Plan de
Beneficios, corresponde al operador jurídico indagar, desde una perspectiva
material, si el mismo involucra servicios que se encuentran dentro de tales
programas, y si, por consiguiente, su provisión se puede efectuar a través de
los mecanismos regulares del sistema de salud.
Según encontró este
tribunal en varios de los casos analizados, algunos de los tratamientos
solicitados en las acciones de tutela involucran modalidades especiales de
terapias físicas, de terapias de fonoaudiología, de terapias sicológicas, a las
que se les introduce un componente metodológico especial: las terapias de
fonoaudiología son prescritas en la modalidad de “musicoterapia”, las sesiones
de sicología en la modalidad de terapias comportamentales ABA, y las terapias
físicas en la modalidad de “terapias con animales”. Así las cosas, el juez
constitucional debe indagar por el sustrato material del tratamiento
solicitado, y verificar a través de la EPS o a través de instancias técnicas,
sobre la naturaleza y categorización de las tecnologías en salud requeridas,
determinando si se trata de una terapia especial no subsumible dentro de las
que se encuentran dentro del Plan de Beneficios, o si se trata de un enfoque
metodológico especial dentro de las terapias convencionales que hace parte de
la oferta regular del sistema público de salud. Todo ello, para evitar una
calificación artificiosa de los tratamientos prescritos, y para evitar que por
esta vía se eluda el modus operandi y el sistema de controles y
verificaciones.
Precisamente, los
hallazgos de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General
de la República, en el sentido de que algunas entidades territoriales han
asumido el costo total de terapias especializadas que tenían un componente POS
o del Plan de Beneficios que debía ser pagado por la EPS, resultan consistente
con el hallazgo de esta Sala, en el sentido de que algunos actores pretenden
extraer recursos de la salud sin sujeción al sistema de controles y
verificaciones que efectúan las EPS, mediante la prescripción de tratamientos
calificados como NO POS o como excluidos del PB. En el caso de la IPS
Funtierra, por ejemplo, la Contraloría concluyó que los servicios prestados a
centenares de niños del régimen subsidiado se amparaban en sentencias de tutela
que ordenaban la prestación de servicios calificados como “NO POS” por incluir
terapias basadas en neurodesarrollo o neurorehabilitación, pese a que se
trataba de terapias físicas, de fonoaudiología o a sesiones de psicología que
únicamente tenían un componente metodológico especial, todo ello con el propósito
de excluir la mediación de las EPS, y “negociar” libre y directamente con las
entidades territoriales, y extraer de estas los recursos públicos: “la
Gobernación de Córdoba durante las vigencias 2015, en cumplimiento de fallos de
tutela, pagó $10.160.737.967 a las diferentes IPS relacionadas en el cuadro
anterior, por concepto de terapias basadas en neurodesarrollo; a pesar de que
los servicios se autorizaron acatando un fallo de tutela, es claro que el
tratamiento ordenado se encuentra incluido en el POS como está anotado y debido
a que tienen un componente adicional asociado que es el neurodesarrollo o
neurorehabilitación en cada caso, sólo le debe corresponder a la entidad
pagadora reconocer la tecnología diferente y por tanto la tarifa debió ser recobrada
por la administración departamental a la correspondiente EPS del afiliado (…)
la Gobernación de Córdoba durante la vigencia 2015 pagó a Funtierra
Rehabilitación IPS LTDA $6.225.572.967, por concepto de terapias basadas en
neurodesarrollo realizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre
de 2014, y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre de 2015, de los cuales correspondía a las EPS
$1.969.941.200 (…)”.[354]
-       Asimismo,
debe tenerse en cuenta que algunas de las terapias solicitadas en las acciones
de tutela han sido excluidas expresamente a partir del procedimiento
establecido en la Ley Estatutaria de la Salud, por no existir evidencias de su
seguridad y eficacia, o por no estar asociadas directamente al derecho a la
salud, por tener un contenido cosmético, recreativo o educacional.
Según se explicó en los
acápites precedentes, en la Resolución 244 de 2019 del Ministerio de Salud, las
denominadas “sombras terapéuticas” fueron excluidas para todas las
indicaciones, las terapias con animales (perros, caballos y delfines) y las
terapias sensorio motrices que no hacen parte del enfoque terapéutica ABA
fueron excluidas para la indicación “autismo en la niñez”, y las denominadas
“terapias tomatis”, que se enfocan en la estimulación neurosensorial a través
de la modificación de la música y la voz en tiempo real para captar la atención
del cerebro y desarrollar las facultades motoras, emocionales y cognitivas,
también fueron excluidas para todas las indicaciones.
El procedimiento a partir
del cual se definieron estas exclusiones contó con la participación de
entidades como el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS),
encargado precisamente de efectuar meta-estudios científicos sobre la seguridad
y eficacia de las tecnologías en salud, así como de sociedades científicas como
el Colegio Colombiano de Psicología, la Asociación Colombiana de Psiquiatría,
la Sociedad Colombia de Pediatría, la Asociación Colombiana de Neurología
Infantil, el Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos, la Asociación Colombiana de
Fisioterapia, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina, y la Federación Médica Colombiana.[355]
Con respecto a las
denominadas “terapias tomatis”, se hizo notar, por ejemplo, que las evidencias
sobre sus efectos terapéuticos han sido tomadas de revistas no calificadas que
no pertenecen a la categoría A y B, que los estudios efectuados tienen errores
y sesgos metodológicos como la falta de especificación de las variables de
inclusión o la existencia de muestras poblacionales bajas y poco representativas,
que las evidencias sobre sus efectividad son de baja calidad y están
sustentadas en pruebas testimoniales basadas en impresiones generales, que
entidades como Cochrane han desvirtuado su eficacia, o que se trata únicamente
de un método complementario a tratamientos integrales de base.[356]
Con respecto a las
terapias con animales, las instancias técnicas que participaron en el proceso
de exclusión de esta tecnología en salud de la oferta del sistema, pusieron de
presente que no existen evidencias sobre sus beneficios terapéuticos, que
supone la realización de actividades y ejercicios que no tienen una meta
terapéutica clara, que las actividades realizadas con animales no son
trasladables a los distintos ambientes y situaciones sociales típicas, y que no
se diferencia de las demás actividades recreativas normalizadas. De hecho, los
escasos estudios que existen sobre la seguridad y eficacia de este tipo de
intervención no dan cuenta de los riesgos inherentes a la interacción con
animales como los caballos o los delfines, muestran heterogeneidad en cuento al
tipo de animal, tiempo y esquemas de intervención y en la medición de los
resultados, y las conclusiones sobre los efectos se soportan en impresiones
generales no cuantificables de manera objetiva[357].
Respecto de la “sombra
terapéutica”, las instancias técnicas participaron en el proceso de exclusión
de esta tecnología de su financiación con recursos públicos para todas las
patologías, afirmaron que no solo no existen evidencias de su efectividad a
nivel terapéutico, sino que, además conlleva una serie de  peligros y riesgos
que desaconsejan su utilización: se trata más de un apoyo físico que una
herramienta para transformar los patrones conductuales, en la práctica cumple
el rol de cuidador y no de terapeuta, limita y reduce la interacción con los
miembros del entorno familiar y social, y provoca altos niveles de dependencia
que son incompatibles con el propósito de dotar de autonomía a las personas con
discapacidad[358].
Así las cosas, existiendo
una exclusión calificada de estas tecnologías en salud, respaldada en criterios
determinados directamente por el legislador estatutario, mal podría el juez
constitucional superponer a esta definición técnica un concepto médico
particular, que, considerado aisladamente, no desvirtúa el fundamento y el
sentido de la sustracción.
-       Finalmente,
debe tenerse en cuenta que, bajo el nuevo modelo implementado conforme a las
directrices de la Ley Estatutaria de Salud, las tecnologías que no se
encuentran en el Plan de Beneficios y tienen una fuente de financiación
distinta a la UPC, pero no están excluidas, se encuentran sometidas a un
régimen especial orientado a preservar la transparencia y la racionalidad en el
manejo de los recursos de la salud.
Entre otras cosas, este
régimen atiende a la necesidad de hacer frente a algunas de las anomalías e
irregularidades advertidas en el acápite anterior, relacionadas con el
incentivo que tienen algunos actores del sistema de suministrar de manera
indiscriminada y no controlada en términos técnicos y económicos las
tecnologías en salud que no se encuentran en los Planes Obligatorios de Salud o
en el Plan de Beneficios. La existencia de este nuevo régimen, por tanto,
diluye en parte el incentivo anterior, y corrige varias de las disfuncionalidades
a las que se ha venido haciendo referencia. Así las cosas, el juez
constitucional debe verificar que estos procedimientos y estas cargas se hayan
satisfecho antes de acudir a la acción de tutela, y que, en el escenario del
amparo también sean respetadas y cumplidas.
En este sentido, la
resolución 1885 de 2018 establece el protocolo para el acceso a estas
tecnologías, y las resoluciones 3056 y 3259 de 2018 fijan los criterios y la
metodología para calcular el valor máximo para el reconocimiento y pago de
servicios y tecnologías no financiadas con la UPC.
Entre otras cosas, se
establecen las siguientes exigencias: (i) el suministro de estas prestaciones
debe efectuarse a través de una herramienta tecnológica diseñada e implementada
por el Ministerio de Salud; (ii) la prescripción debe ser efectuada por el
profesional de la salud tratante de las Empresas Promotoras de Salud e inscrito
en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), y
diligenciada por este; (iii) la tecnología debe ser individualizada
debidamente, teniendo en cuenta la Clasificación Única de Procedimientos en
Salud (CUPS); (iv) la prescripción médica debe ser consecuencia con la
evidencia científica disponible, y debe efectuarse una vez se hayan agotado las
posibilidades tecnológicas, científicas y técnicas para intervenir la
enfermedad con las tecnologías del Plan de Beneficios, y no se hayan obtenido
el resultado clínico o paraclínico satisfactorio en el término previsto de sus
indicaciones, o se hayan encontrado reacciones adversas o intolerancia en el
paciente, o existan indicaciones o contraindicaciones expresas; (v) el profesional
de la salud que efectúe las prescripciones de tecnologías o de servicios
complementarios no comprendidos en el Plan de Beneficios, “asumirá en forma
directa la responsabilidad de la prescripción y fundamentada en su autonomía
para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación del paciente (…)
que habrá de ejercerse en el marco de la autoregulación, la ética, la
racionalidad y la mejor evidencia científica disponible”; (vi) cuando la
prescripción se realiza por un profesional que presta sus servicios a una IPS,
esta es igualmente responsable; (vii) la prescripción se supedita a una
aprobación por una Junta de Profesionales de la Salud, cuando se refiere a
servicios complementarios, productos de soporte nutricional en el ámbito
ambulatorio o medicamentos de la lista temporal con uso no incluido en el
registro sanitario, aprobación que debe establecer a partir de criterios
médicos, técnicos y de pertinencia; (viii) una vez suministrada la prestación,
puede ser recobrada ante el ADRES, quien verifica la regularidad del
procedimiento a partir de una auditoría integral.
Por su parte, las
resoluciones 3056 y 3259 de 2018 fijan criterios claros y precisos para
calcular el valor máximo que se pueden reconocer a las tecnologías en salud que
no hacen parte del Plan de Beneficios, para evitar situaciones como las
identificadas por la Contraloría General de la República y por la Procuraduría
General de la Nación, en las que, por ejemplo, las secretarías de salud
departamentales acuerdan directa y libremente con las IPS el valor de los
tratamientos dados a las personas del régimen subsidiado, a través de actas
informales suscritas entre los secretarios de salud y los representantes
legales de las IPS, y sin arreglo a un parámetro o criterio objetivo. En el
caso de Funtierra Rehabilitación, por ejemplo, estos valores, acordados de
manera discrecional, sin sujeción al procedimiento contractual, son
particularmente llamativos: por cada por cada menor se pagaba mensualmente
$3.800.000, según consta en el acta del 28 de marzo de 2016.
Precisamente, sobre este
punto la Procuraduría General de la Nación consideró que los mecanismos
empleados por la Gobernación de Córdoba para pagar los servicios a dicha IPS se
apartaron del régimen general y de los protocolos para la contratación estatal,
así como de los principios de transparencia y prevalencia del interés general
que subyacen al mismo, y que tampoco se evidenciaba una razón de urgencia
inminente que justificara este proceder: “la Gobernación de Córdoba no
observó los protocolos para la contratación estatal ni el proceso de
convocatoria pública que le antecede (…) Si bien es cierto que la prestación de
los servicios de salud realizados por Funtierra Rehabilitación IPS, fueron
ordenados por una autoridad judicial mediante fallos de tutela, los cuales no
podían ser desacatados por la entidad territorial, también se observa que en
los mismos no se ordenaron tratamientos o procedimientos destinados, en
palabras del Consejo de Estado, a evitar una ‘amenaza, o una lesión inminente e
irreversible al derecho a la salud’, es decir, no comportaban servicios médicos
para la atención de un evento imprevisto o de urgencia, que impidiera
planeación y exigencia de un contrato estatal para el aseguramiento de estos
servicios (…) no urgentes (…) se observa que la prestación del servicio era
recurrente, descartando la imprevisión, toda vez que a través del tiempo se
ordenaba lo mismo, por ende, no era nuevo para el ente territorial la necesidad
de tener contratada la entidad que supliera el servicio (…) era factible
desarrollo un proceso de convocatoria pública”[359].
Asimismo, dentro de esta
categoría se encuentran algunas tecnologías que, pese a no encontrarse
actualmente excluidas de su financiación con recursos públicos mediante el
procedimiento establecido en la Ley Estatutaria de la Salud, han sido
cuestionadas por diferentes actores del sistema por no tener un vínculo directo
con el derecho a la salud.
Según lo expusieron
algunas EPS dentro de este proceso judicial, algunas de las terapias
solicitadas no apuntan a restablecer el estado de salud de los niños, sino a
utilizar estrategias pedagógicas para promover su inserción en los escenarios
educativos y sociales. En este sentido, por ejemplo, la EPS Salud Total destaca
que las terapias ABA constituyen metodologías de aprendizaje “en la cual la
interacción del menor con sus padres y psicopedagogos especiales apoyados del
manejo de terapistas ocupacionales y del lenguaje con desarrollo pedagógico,
escalan un proceso de modificación de conductas que hacen que el menor se
adapte a entornos comunitarios, sociales y familiares”[360]. Según sostuvieron varias
EPS durante el proceso judicial, este tipo de intervenciones se orientan a
moldear, a través de actos repetitivos, los patrones de conducta de los niños
en los distintos escenarios de la vida real como la familia y el colegio, para
promover su inserción en estos contextos y facilitar su desenvolvimiento en los
mismos, en actividades como esperar el turno en una fila, comprar en la tienda,
esperar para comer en un restaurante, etc.
De este modo, algunos
servicios apuntan a garantizar la inserción de niños y jóvenes con discapacidad
en el entorno escolar, social y familiar, a partir de estrategias pedagógicas
diferenciadas que deberían estar a cargo de instituciones educativas y de la
propia familia, pero que se han venido atribuyendo al sistema público de salud.
5.3.3. Por
último, aunque los pacientes tienen derecho a elegir el proveedor de la
tecnología en salud que le ha sido prescrita, esta decisión se circunscribe, al
menos en principio, a los proveedores que hacen parte de la red de servicios de
la EPS a la que se encuentra afiliado el paciente, de suerte que únicamente
cuando esta resulta insuficiente para brindar las tecnologías prescritas por el
médico tratante, es viable exigir el acceso a IPS que no hacen parte de la red
de la EPS. Pero incluso en este escenario, las facultades decisorias de los
pacientes son limitadas, pues como el deber de la EPS consiste en brindar las
tecnologías requeridas para garantizar el derecho fundamental a la salud, la
institución preserva la facultad para elegir la institución proveedora, siempre
que con esta decisión se asegure la accesibilidad y la calidad en la prestación
de los servicios sanitarios.
5.3.4. Así
las cosas, el juez constitucional debe tener en cuenta tres tipos de pautas:
-
Con respecto al diagnóstico de los niños con
presuntas discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas: (i) se deben
atender los protocolos generalmente aceptados en la comunidad médica, y debe
realizarse por los especialistas en el área correspondiente; (ii) se debe
permitir y promover la participación de los mismos en la toma de decisiones, y
se debe tener en cuenta sus propios intereses y percepciones, teniendo en
cuenta su madurez y desarrollo emocional y cognitivo; (iii) los profesionales
de la salud deben evitar el sobre- diagnóstico y la patologización artificial
de los menores de edad; (iv) los profesionales de la salud encargados del
diagnóstico deben contar con la preparación y el nivel de especialización
requerido para ello; (v) los profesionales de la salud que deben declarar los
conflictos de intereses que podrían tener, especialmente cuando del diagnóstico
o de la prescripción médica pueda derivarse un provecho económico para sí o
para su núcleo cercano.
-
Con respecto a las prescripciones médicas: (i)
los tomadores de decisión en el sistema de salud deben tener en cuenta la
valoración que en la comunidad médica y científica se ha hecho de las
tecnologías en salud sobre su seguridad y eficacia, y, en particular, si estas
tecnologías se encuentran en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC, o si
hacen parte de las exclusiones absolutas o relativas; (ii) se deben discriminar
con precisión los componentes del tratamiento que se encuentran dentro del Plan
de Beneficios con cargo a la UPC, de aquellos que hacen parte de las
exclusiones absolutas y relativas, evitando la conformación de “paquetes”
integrales de servicios que se ofertan como “NO POS”, o la calificación
artificiosa de terapias; (iii) se debe evitar atribuir de manera artificiosa a
las tecnologías en salud la calificación de “NO POS” o  “no PB”, cuando su
sustrato material corresponde a una terapia que se encuentran en el Plan de
Beneficios con Cargo a la UPC, como las terapias físicas, de fonoaudiología u
ocupacionales; (iv) la prescripción del tratamiento debe atender al interés
superior de los niños, evitando su patologización o intervención médica sino en
casos donde los protocolos médicos generalmente aceptados así lo dispongan; (v)
se debe evitar sobre exponer a los infantes a intervenciones médicas que no
sean necesarias, especialmente cuando de las mismas se puede comprometer la
desescolarización; (vi) en el escenario de las terapias especializadas para
menores de edad, resulta particularmente importante que los profesionales de la
salud declaren los conflictos de intereses que podrían tener, especialmente
cuando del diagnóstico o de la prescripción médica pueda derivarse un provecho
económico para sí o para su núcleo cercano; igualmente, se debe evitar  que las
prescripciones médicas individualicen directamente a las IPS, o que lo hagan  indirectamente
a través de orden médicas que ordenan tratamientos que sólo provee un centro de
salud.
-
Con respecto a la provisión de servicios: (i)
los profesionales que brindan los tratamientos no convencionales, deben tener
las calidades que se exigen para este tipo de intervenciones; (ii) la provisión
de las tecnologías en salud que se encuentran por fuera del Plan de Beneficios
debe sujetarse a los protocolos establecidos reglamentariamente, y en
particular, a las reglas vigentes para calcular el tope máximo que se puede
reconocer por dichas tecnologías; (iii) la provisión de las tecnologías en
salud que se encuentran por fuera del Plan de Beneficios para la población del
régimen subsidiado, debe estar mediado por las EPS, de suerte que son estas las
responsables de la provisión del servicio, sin perjuicio del derecho de recobro
posterior ante las entidades territoriales; (iv) los actores del sistema de
salud y del sistema judicial deben evitar que aquel provean de servicios ajenos
a la faceta prestacional del derecho a la salud con cargo a los recursos de
este sistema, y que este asuma las cargas de la educación especial para niños
con discapacidad.
-
Con respecto al manejo de los instrumentos del
sistema judicial: (i) los proveedores del sistema de salud deben abstenerse
de inducir a los usuarios de promover acciones legales para que accedan
gratuitamente a sus servicios, con base en información imprecisa sobre la
seguridad y eficacia de las tecnologías en salud ofrecidas, o aprovechando el
desconocimiento o la necesidad económica o de otro tipo de las acudientes,
particularmente cuando hacen parte del régimen subsidiado de salud; (ii) la
acción de tutela orientada a exigir la faceta prestacional del derecho a la salud
no debe tener por objeto o efecto el desplazamiento, la supresión o la
sustitución de los mecanismos o de las cargas razonables establecidas en el
ordenamiento jurídico para acceder al sistema sanitario; (iii) la presentación
de acciones de tutela debe atenerse estrictamente a las reglas de competencia
territorial establecidas en el ordenamiento jurídico, y debe sujetarse a las
reglas de reparto definidas legal y reglamentariamente; (iv) los actores del
sistema de salud y del sistema judicial deben evitar que aquel provean de
servicios ajenos a la faceta prestacional del derecho a la salud con cargo a
los recursos de este sistema, y que este asuma las cargas de la educación
especial para niños con discapacidad; (vi) la intervención judicial para el
acceso al sistema de salud debe propender por mantener los principios con
arreglo a los cuales fue estructurado, y por no desarticular los elementos
estructurales que lo configuran.
5.4.
Teniendo en cuenta el marco anterior, las decisiones
judiciales que, en el marco de la acción de tutela, han reconocido el derecho
de los menores de edad a recibir tratamientos no convencionales no incluidos en
los planes de beneficios del sistema, en IPS determinadas, y según las
indicaciones de un médico particular, no deben ser interpretadas ni entendidas
como órdenes absolutas, incondicionadas e indefinidas de suministrar los
tratamientos prescritos por el galeno particular en la IPS, ni como
instrumentos estructurados en favor de estas últimas que confieran la
prerrogativa de mantener su condición de proveedor en una zona geográfica o
respecto de un grupo poblacional determinado.
En tal sentido, y teniendo
en cuenta, primero, que la disponibilidad y la evaluación de las tecnologías en
salud evoluciona permanentemente, que las alteraciones físicas, sensoriales y
cognitivas de los niños deben estar sujetas a un monitoreo y revisión
constante, y que, en la hipótesis planteada, el acceso al sistema de salud se
efectúa por la vía judicial, prescindiendo de los mecanismos regulares
establecidos para este efecto, debe entenderse:
Primero, que los fallos
judiciales no confieren un derecho a las IPS de convertirse en los proveedores
exclusivos de las tecnologías y servicios reconocidos en las sentencias, pues
estos instrumentos fueron estructurados en beneficio de los menores de edad.
Segundo, que los fallos
judiciales tienen un carácter provisional y limitado en el tiempo, en función
de las siguientes variables: (i)  la valoración que se hace de las tecnologías
en salud a lo largo del tiempo; en particular, como algunas de las terapias
cuya provisión fue ordenada en fallos de tutela, posteriormente fueron
excluidas de su financiación con recursos públicos a partir de los
procedimientos y criterios establecidos en la Ley Estatutaria de la Salud, el
cumplimiento del fallo judicial debe atender a esta realidad sobreviniente;
(ii) la disponibilidad del servicio en la red de la EPS a la que se encuentra
afiliado el menor, de suerte que cuando la EPS pueda proveer al paciente el
tratamiento requerido por el médico tratante, el acceso al sistema sanitario
puede canalizarse a través de esta vía; (iii) la evolución de la patología, que
haga necesario un reajuste en el tratamiento prescrito.
Tercero, los cambios
normativos ocurridos con ocasión de la expedición de la Ley Estatutaria de la
Salud han dado lugar a que, por un lado, los operadores del sistema de salud y
del sistema judicial se encuentren vinculados no solo por las prescripciones
médicas individuales, sino también por la valoración que se hace en instancias
abiertas y públicas, y a partir de criterios técnicos y científicos, de las
tecnologías en salud. Ello dentro de la idea de que no se trata de garantizar
el acceso indiscriminado a las prestaciones de salud, sino de asegurar servicios
necesarios, efectivos y de calidad.
Lo anterior ha dado lugar
a que la mayor parte de tecnologías en salud que se reclaman en las acciones de
tutela revisadas, hoy en día se encuentran excluidas de su financiación con
recursos públicos, tal como ha ocurrido, por ejemplo, con el acompañamiento
sombra para todas las indicaciones, con las terapias con animales para el
autismo, y con las terapias tomatis para todas las indicacions. En este orden
de ideas, el alcance de las decisiones de amparo debe determinarse a la luz de
estos cambios normativos, y de las determinaciones que en desarrollo de tales
transformaciones se han producido respecto de las tecnologías en salud.
Asimismo, dada la naturaleza
de los servicios cuya provisión se ordena en las acciones de tutela, debe
entenderse que las decisiones judiciales tienen un alcance provisional, sujeto
a los cambios en las condiciones de los pacientes y de los resultados de los
tratamientos, por lo cual, estos deben ser valorados permanentemente, y las
obligaciones del sistema de salud deben variar en función de tales evaluaciones.
En este orden de ideas, difícilmente puede entenderse que la orden judicial de
tutela que confiere fuerza vinculante a la prescripción del médico particular, deba
tener aplicación indefinida e irrestricta, cuando se evidencian variaciones en
función de factores como la edad del paciente, la evolución en la patología, y
la respuesta al tratamiento, que hacen necesaria la revisión en las
alternativas terapéuticas.
Finalmente, los cambios
permanentes en los esquemas de atención de los proveedores del sistema de
salud, constituyen un referente ineludible para determinar el alcance de las
órdenes judiciales. Es posible, por ejemplo, que en un principio las intervenciones
ordenadas en el fallo judicial no estén al alcance de los proveedores de la
EPS, pero que con el paso del tiempo sí hagan parte de la oferta del sistema.
Ante estas variaciones, no tendría sentido pretender una interpretación y una
aplicación rígida de la decisión judicial que, sin atender al interés superior
del menor, persiga mantener un esquema específico de atención mediante unos
proveedores determinados.
6.      Análisis
de los casos
Teniendo en cuenta el
análisis precedente, pasa la Corte a resolver las acciones de tutela que
integran este proceso.
Según se explicó en los
acápites precedentes, a todos los casos subyace el mismo sustrato fáctico: niños
que (i) acuden a médicos particulares, (ii) a los cuales les diagnostica alguna
deficiencia o alteración física, sensorial o cognitiva, y (iii) les prescriben
tratamientos que, en principio, desbordan la oferta del sistema público de
salud, porque los servicios reclamados no se encuentran en el Plan de
Beneficios, y porque son brindados en centros de salud (IPS) que no hacen parte
de la red de servicios del sistema.
A partir de esta base fáctica,
se presentaron dos tipos de controversias: por un lado, se debate sobre el
derecho de los niños de acceder a estos tratamientos por cuenta del sistema
público de salud. Y, por otro lado, se debate sobre el derecho que tendrían los
proveedores de tales servicios a mantener esta condición, así como a exigir los
pagos correspondientes, cuando previamente, en fallos de tutela, se ha
reconocido el derecho de los infantes de recibir los tratamientos por parte de dicha
institución.
Según consta en los Anexos
1 y 3 de esta sentencia, la primera controversia corresponde a 36 de los 37
casos revisados en este proceso, y la segunda corresponde a la planteada entre
Funtierra Rehabilitación IPS y la Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba,
en el expediente T-5808227. Sin embargo, tal como se pudo constatar en el
proceso de revisión, este último caso tiene como trasfondo múltiples sentencias
de tutela en las que se habría reconocido el derecho de cerca de 500 niños que
pertenecen al régimen subsidiado en el departamento de Córdoba, a recibir los
servicios de la IPS, por lo cual, este caso remite irremediablemente al primer
tipo de litigio.
Con este propósito, a
continuación se abordará el análisis de las 36 decisiones judiciales que
resuelven la solicitud de acceso a los tratamientos especializados prescritos
por médicos particulares, según se haya declarado la improcedencia del amparo,
o se hayan acogido o denegado las pretensiones de las acciones, para luego
revisar las decisiones de instancia que resolvieron la controversia entre la
IPS Funtierra Rehabilitación y la Gobernación de Córdoba, para establecer si
aquella tiene el derecho de mantener su condición de proveedora de los
tratamientos de 500 niños del régimen subsidiado, y sí por vía de tutela puede
reclamar los pagos por los servicios prestados previamente a estos infantes.
6.1.    Fallos
que declaran la improcedencia de la acción de tutela
6.1.1. En los
casos correspondientes a los expedientes T-4877010, 4877009, 4877008, 4877007,
4877006, 4877005, 4877004, 4647075, 4267052, 4124218, 4124217 y 4124215, los
jueces de instancia declararon la improcedencia de la acción de tutela, bien
sea por existir un mecanismo jurisdiccional idóneo y eficaz para resolver la
controversia planteada por los accionantes, o por no haberse acreditado la
legitimación de los demandantes para actuar en nombre y representación de los
niños.
6.1.2.  Con
respecto a la ausencia de legitimación de los demandantes para actuar en nombre
y representación o como agente oficioso de los niños, en el expediente
T-4267052 el Juzgado Civil del Circuito de Fundación concluyó que el amparo era
improcedente porque la accionante, la señora Dersa María Barragán Cortés no
acreditó la condición de madre con la que pretendía intervenir en el proceso
judicial, pues no allegó ni el registro civil ni los documentación de
identificación de ninguno de ellos, y, además, los apellidos de cada uno
sugieren que no existe el vínculo de parentesco alegado, pues el menor se llama
Jorge David Castro Gamarra.
6.1.3. Por su
parte, con respecto al requisito de subsidiariedad como fundamento de la
improcedencia de las acciones de tutela, en los expedientes restantes, esto es,
en los expedientes 4877010, 4877009, 4877008, 4877007, 4877006, 4877006,
4877005 y 4877004, 4647075, 4124218, 4124217 y 4124215, los jueces de instancia
declararon la improcedencia de este instrumento por existir un mecanismo
jurisdiccional idóneo y eficaz para resolver la controversia entre los usuarios
del sistema y las EPS.
En síntesis, los jueces de
tutela argumentaron que el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por
el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011, había otorgado funciones
jurisdiccionales a la Superintendencia Nacional de Salud para resolver las
controversias relativas a las “prestaciones excluidas del Plan de Beneficios
que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del
individuo”, y que tanto por su diseño legal, como por la forma como ha sido
configurado por la entidad gubernamental, hoy en día constituye un mecanismo
expedito, accesible, e idóneo y eficaz para garantizar el derecho fundamental a
la salud.
Desde la perspectiva del
diseño legal, se destacó que según la Ley 1122 de 2007, las controversias en
este escenario deben resolverse mediante un procedimiento preferente, sumario e
informal, que la acción puede ser presentada sin necesidad de apoderado
judicial, sin formalidades o autenticaciones y por cualquier medio escrito, y
que, al igual que la acción de tutela, debe ser resuelta dentro de los 10 días
siguientes a la presentación de la solicitud. Asimismo, se destacó que la
Superintendencia cuenta con la potestad para dictar medidas cautelares para
garantizar la protección de los usuarios del sistema público de salud.
Y desde la perspectiva del
diseño institucional de este mecanismo, se argumentó que la Superintendencia ha
implementado una serie de dispositivos para garantizar la accesibilidad del
instrumento judicial, entre ellos, la habilitación de un correo electrónico
para la presentación virtual de las demandas, la publicación de diferentes
formatos para que los usuarios del sistema de salud puedan presentar las solicitudes
sin necesidad de asesoría jurídica especializada, la puesta en marcha de un
sistema informático para hacer seguimiento virtual a los procesos judiciales,
todo lo cual facilitaría el acceso a este recurso.
Es así como en los casos
correspondientes a los expedientes 4877010, 4877009, 4877008, 4877007, 4877006,
4877006, 4877005 y 4877004, el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Piojó
expresó que los reclamantes en la acción de tutela “gozan de un
procedimiento especial, expedito y perentorio ante la Superintendencia Nacional
de Salud, para el reclamo de las prestaciones asistenciales no cubiertas por el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, al no pertenecer al POS, como es
el caso de las terapias tipo ABA, deprecadas por vía constitucional (…) el
legislador garantizó el acceso de todos los ciudadanos a la Superintendencia
(…) fíjese que se puede actuar en causa propia, es decir, no se requiere de
representante judicial. Dicho procedimiento es informal desde sus inicios, y se
asimiló tanto a la acción de tutela, que el fallo debe ser dictado dentro de
los diez días siguientes a la presentación de la solicitud (…) para radicar la
correspondiente demanda, puede ser a través el envío de la misma a través de
correo certificado o al correo electrónico, y es de resaltar que así como la
tutela goza de medidas provisionales, el artículo 127 de la Ley 1438 de 2001,
establecido herramientas en favor de la Superintendencia Nacional de Salud (…)
y en la página web (…) se encuentran 7 formatos guía para acceder a la función
jurisdiccional (…) Como quiera que la acción de tutela es de carácter residual,
y opera únicamente en caso de ausencia de mecanismo judicial idóneo, no pueden
los ciudadano acudir a ella, obviando los procedimientos judiciales
establecidos en su favor, máxime cuando el trámite que se imparte ante la
Superintendencia Nacional de Salud es casi idéntico al de la presente acción”. A
partir de estas consideraciones, el juez declaró la improcedencia de las siete
acciones de tutela presentadas en ese municipio.
Por su parte, el Juzgado
Segundo Penal de Conocimiento para Adolescentes de Barranquilla resolvió el
amparo correspondiente al expediente T-4647075 en segunda instancia, revocando
la decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con Función
de Garantías de conceder transitoriamente el amparo constitucional. Según el
juez, al accionante “le asiste la posibilidad de acudir ante la
Superintendencia Nacional de Salud para ventilar su inconformidad frente a las
decisiones atacadas en este procedimiento constitucional (…) y no se puede
conceder la protección tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, al no configurarse en cabeza de la parte activa tal
perjuicio, puesto que el presunto perjuicio ocasionado a la misma, está en la
posibilidad de desaparecer, o de prosperar y ser reparado, si la actora acude a
la vía expedita descrita y contemplada en la Ley 1438 de 2011”.
Y con respecto a los
expedientes 4124218, 4124217 y 4124215, el Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes de Santa Marta declaró en primera y única instancia la
improcedencia de las acciones de tutela, y las remitió a la Superintendencia
Nacional de Salud. En este sentido, el juez invocó las sentencias T-825, T-756
de 2012 y T-914 de 2012, para luego concluir que “no procede el análisis de
la demanda de tutela presentada (…) puesto que como se expresó en la
jurisprudencia relacionada líneas arriba, el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007
le otorgó a la Superintendencia Nacional de Salud la facultad de conocer y
fallar en derecho, con carácter definitivo y con  las facultades propias de un
juez, las prestaciones de salud excluidas del Plan de Beneficios, para lo cual
la entidad debe aplicar el  procedimiento preferente y sumario consagrado en el
artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 (…) así las cosas, la acción de tutela
resulta improcedente, por cuanto el proceso legalmente establecido por la Ley
1438 de 2011 es un mecanismo idóneo para la protección del derecho que la
actora pretende sea reconocido (...) por lo anterior se enviarán copia del
presente expediente la Superintendencia Nacional, para que avoque el
conocimiento del asunto tratado en el presente caso”.
6.1.4. La
Sala estima que las decisiones de los jueces de instancia que declararon la improcedencia
de las acciones de tutela son consistentes con las directrices constitucionales
de este mecanismo, y con el entendimiento que de las mismas ha tenido este
tribunal a lo largo del tiempo. Adicionalmente, en los casos revisados se
advierte la existencia de los patrones litigiosos identificados en los acápites
precedentes, orientados a obtener las prestaciones y los servicios del sistema
público de salud, pero sustrayéndose del esquema y de los protocolos previstos
en el ordenamiento jurídico para garantizar la accesibilidad, la transparencia,
la equidad y la sostenibilidad del mismo.
6.1.5. Con
respecto a la improcedencia de los amparos por la inobservancia del requisito
de subsidariedad, la Sala estima que estas decisiones se justifican por tres
razones: (i) de una parte, el ordenamiento jurídico contempla un recurso de
naturaleza jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud que, tanto
por su diseño legal como por su configuración institucional, permite solventar
la controversia planteada en este proceso; (ii) asimismo, por la naturaleza y
el rol institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, este organismo
cuenta con las herramientas y los instrumentos técnicos para abordar y evaluar
con una perspectiva integral y global las pretensiones de los accionantes,
pretensiones que analizadas de manera aislada y descontextualizada, no permiten
tener una comprensión de la problemática constitucional que subyace a las
acciones de tutela; (iii) finalmente, dadas las particularidades de los casos
planteados en estos procesos, en los que las patologías de base no comprometen
las funciones vitales de los menores, y en los que no se pretende atender una
contingencia de salud que requiera una intervención inmediata, sino acceder a
tratamientos integrales con vocación de permanencia en el tiempo y de plazo,
las controversias pueden abordarse en el escenario del recurso jurisdiccional
ante la Superintendencia Nacional de Salud, y no necesariamente en el escenario
de la acción de tutela ante la justicia ordinaria.
En efecto, el artículo 86
de la Carta Política establece que la acción de tutela “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”, directriz esta que se ha sido interpretada por este tribunal
en el sentido de que el amparo procede, de manera principal, cuando para
protección del derecho fundamental presuntamente lesionado no exista un
mecanismo jurisdiccional idóneo y eficaz, o de manera transitoria, cuando a
pesar de existir este dispositivo alternativo, se presenta una amenaza cierta y
concreta de un perjuicio irremediable.
En este contexto, el
artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 confiere la atribución a la
Superintendencia Nacional de Salud para resolver las controversias relativas a
las “prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes
para atender las condiciones particulares del individuo”, hipótesis que
corresponde plenamente a la que se plantea en este proceso judicial. Este
tribunal ha reconocido la idoneidad y eficacia de este dispositivo para
resolver las controversias que se suscitan entre los usuarios del sistema de
salud y las EPS, relativas a las prestaciones y tecnologías en salud que no se
encuentran en los planes de beneficios, determinando que, en principio, este
mecanismo desplaza la acción de tutela, y que sólo en eventos excepcionales,
cuando en función de factores como la gravedad de la situación que enfrenta el
accionante, de dificultades objetivas para interponer el recurso en la
Superintendencia, o el tiempo efectivamente transcurrido en el trámite de la
acción de tutela, el amparo constitucional puede proceder como mecanismo
principal o transitorio.[361]
Según destacó el Juez
Promiscuo Municipal de Piojó, el diseño legal e institucional de este mecanismo
le confiere la idoneidad y eficacia para la salvaguarda del derecho fundamental
a la salud, pues tanto el legislador como la misma Superintendencia Nacional de
Salud se han encargado de eliminar las barreras geográficas, culturales y
económicas de acceso a este dispositivo: no se requiere actuar a través de
apoderado judicial, se puede presentar por vía virtual a través de un correo
electrónico o mediante un correo certificado, la acción debe ser resuelta en
los diez días siguientes, la impugnación de los fallos en primera instancia
debe ser decidida en el mismo plazo de la acción de tutela[362], y en la página web de la
entidad se encuentran a disposición del público diferentes formatos para
facilitar la elaboración del reclamo ante las EPS.
De hecho, según se explica
en los Informes de Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, la
administración de justicia en este frente se ha optimizado con el paso del
tiempo, tanto desde una perspectiva cuantitativa como desde una perspectiva
cualitativa. Así, los índices de producción de decisiones son positivos, como
lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, en el año 2018 se profirieron 1782
decisiones judiciales en materias como el reconocimiento y pago de licencias de
maternidad, paternidad e incapacidad por enfermedad de origen común,
reconocimiento económico de gastos en salud, conflictos derivados de
devoluciones o glosas y recobros por servicios NO PBS, y acceso a las
tecnologías en salud, tanto PBS como NO PBS, por parte de los usuarios del
sistema de salud[363]. De igual modo, en estos
informes se señala que la entidad ha hecho un esfuerzo significativo por crear
líneas decisionales claras, transparentes y justificadas a la luz de los
principios que orientan el derecho fundamental a la salud, “garantizando la
efectiva prestación de servicios de salud y a su vez observando criterios
científicos y técnicos acordes con el marco normativo del sistema y con los
principios de universalidad y eficiencia del gasto público”[364].
Aún más, la idoneidad y
eficacia de este mecanismo se pone de presente al advertir que, una vez
remitidas las acciones de tutela por los jueces de instancia, en aquellos casos
en los que el funcionario judicial declaró la improcedencia del amparo y lo
remitió oficiosamente a la Superintendencia de Salud, ya fueron resueltas por
esta instancia. Así, el día 21 de enero de 2015 se denegó el requerimiento
presentado por Erica Paola Pacheco en representación de su hijo Keiler Andrés
Sanguino, al haberse evidenciado “el cumplimiento de las obligaciones por
parte de Saludcoop durante el período en el que el menor se encontró afiliado,
garantizando el tratamiento indicado de acuerdo con las necesidades y
particularidades del menor”, y que la intervención requerida por la
acudiente de Keiler Andrés Sanguino Pacheco no correspondía a un servicio de
salud, sino al servicio educativo, a cargo del sistema público de educación
(exp. T-4124215). De igual modo, se tramitó la solicitud de la Yolvys Yolanda
Torne Castañeda en nombre de José David Marriaga Torne, y se denegó sobre las
mismas bases anteriores, evidenciándose, además, que la accionante había
actuado de manera temeraria, al presentar diferentes acciones de tutela con el
mismo objeto, en distintos municipios de la Costa Caribe, ante la declaratoria
de improcedencia del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Santa
Marta (exp. T-4124218).
Pero además de la eficacia
e idoneidad que en general tiene este recurso, la Corte toma nota de que, a los
casos de tutela revisados en este proceso, subyace una problemática de fondo
cuya comprensión requiere no solo conocer y operar las reglas jurisprudenciales
establecidas por este tribunal, sino también tener en mente los elementos de
contexto que rodean los amparos, así como una visión global sobre el
funcionamiento del sistema de salud, el rol de los actores que lo integran, y
las circunstancias que pueden afectar su funcionalidad y operatividad,
sostenibilidad, y equidad. Y, precisamente, la Superintendencia Nacional de
Salud como organismo técnico encargado de dirigir la vigilancia, inspección y
control del sistema de salud y de promover el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud, cuenta con las herramientas y los instrumentos para, con
esta perspectiva global e integral, abordar los requerimientos individuales que
se examinan en el presente proceso judicial, perspectiva de la que, en cambio,
en principio carecen los jueces de tutela, por involucrarse únicamente desde el
horizonte de los casos individuales, y desde la perspectiva estrictamente
jurídico-constitucional.
Finalmente, debe tenerse
en cuenta que por la naturaleza de la problemática y de las pretensiones que se
abordan en este proceso, las controversias planteadas por los accionantes
pueden ser resueltas en el escenario de los mecanismos contemplados en la Ley
1122 de 2007 y de la Ley 1438 de 2011 ante la Superintendencia Nacional de
Salud, y no necesariamente en el contexto de la acción de tutela ante la
justicia ordinaria. Tal como se explicó en los acápites anteriores, los
accionantes reclaman del sistema de salud unos tratamientos que tiene una
proyección de largo plazo, para atender patologías de base que no están
asociadas a las funciones vitales de los niños, sino a su condición de
discapacidad. De esta suerte, el debate constitucional no versa sobre el acceso
a tecnologías requeridas con urgencia para atender una contingencia en salud
que compromete directamente la vida de los menores, sino sobre el acceso a
tratamientos especializados diseñados para rehabilitar integralmente a niños
que son diagnosticados con alguna alteración, trastorno o deficiencia física,
sensorial o cognitiva, por lo cual, este tipo de debates de alta complejidad
técnica pueden ser resueltos con solvencia por la citada agencia gubernamental.
6.1.6. Adicionalmente,
la Sala encontró algunas evidencias que podrían sugerir la existencia de
irregularidades en el acceso al sistema de salud por la vía judicial.
Según se explicó, dentro
del expediente T-4267052 el juez de instancia denegó el amparo a una persona
que afirmaba actuar en nombre de su hijo, pero sin acreditar su condición de
madre, y existiendo disparidades en los apellidos de ambos que sugieren la
inexistencia de la relación paterno-filial alegada. Si bien es cierto que la
acción de tutela se rige por el principio de informalidad, este principio no
puede ser empleado para prescindir de las cargas mínimas establecidas en el
propio beneficio de las personas cuyos derechos pretenden garantizarse. Además,
hay otros hallazgos relevantes: (i) según la base de datos del sistema de
seguridad social en salud, “el afiliado con número de documento 1062806094
no se encuentra en BDUA”, resultado que en principio significa no solo que
actualmente no se encuentra afiliado a ninguna EPS, sino que nunca lo ha
estado; (ii) las prescripciones con fundamento en las cuales se solicitó el
servicio fueron suscritas por el sicólogo José A. Velásquez, quien también
actuó como profesional particular en los casos que dieron lugar al proceso
4124218; (iii) la patología que da lugar al requerimiento judicial es un
trastorno del desarrollo, pero del cual no se especifican sus particularidades,
nivel de gravedad o sintomatología específica, y el tratamiento intensivo
prescrito, de cinco sesiones diarias, incluye terapias comprendidas y
reconocidas en el Plan de Beneficios y susceptibles de ser provistas por la
EPS, pero a las cuales se les añaden componentes metodológicos especiales: las
terapias físicas se prescriben en la modalidad de “neurodesarrollo y “halliwick”,
las terapias de fonoaudiología en la de “musicoterapia”, las de psicología en
la modalidad “terapia comportamental ABA”, y la ocupacional en la modalidad
“sensoriomotriz”.
Con respecto a los
expedientes T-4877010, 4877009, 4877008, 4877007, 4877006, 4877005 y 4877005,
las acciones de tutela corresponden a demandas interpuestas masivamente en el
municipio de Piojó en los últimos días del mes de noviembre de 2014, con fundamento
en prescripciones médicas de un mismo profesional de la salud, expedidas en un
único día, y para que se brindara el mismo tratamiento de 120 sesiones
mensuales de terapias ABA en la IPS Rehabilitamos de la Costa o en el Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social, a niños que
tienen diagnósticos tan disímiles como parálisis cerebral, trastorno de déficit
de atención con hiperactividad o autismo. Todas estas demandas fueron
elaboradas a partir de un mismo formato que contiene expresiones
idiosincráticas que fueron replicadas de manera inadvertida, o afirmaciones que
claramente no corresponden al caso concreto. Así, en las demandas de tutela se
afirma que patologías como el autismo, el síndrome de down, la epilepsia, la
hiperactividad o el retraso mental son enfermedades huérfanas y raras “que
requieren de una especial atención y prioridad, tal como lo establece la Ley
1392 de 2010”, o que “el suscrito es una persona de escasos recursos
económicos, con muchos sentimientos de impotencia y rabia, sometida por la
omisión de la accionada a una actitud negligente y paternalista y de barrera
institucional”. Ninguna de estas demandas anexa la historia clínica del
menor en cuyo beneficio se interpone la acción de tutela, y el único soporte de
la presunta negligencia de la EPS en la atención de sus afiliados, es un
derecho de petición que habría sido enviado a la entidad por correo no
certificado, pocos días antes de interponerse el amparo constitucional, y que
tampoco tiene el sello de recibido por la entidad, con lo cual, tampoco se
habría dado a la EPS la oportunidad para pronunciarse sobre la aspiración de
los accionantes de acceder a los tratamientos especializados. Y según se afirma
en las propias demandas de tutela, el tratamiento se inició el mismo día en que
el médico tratante particular expidió las órdenes médicas, en la IPS sugerida
por este último.
Las acciones de tutela
fueron presentadas en el único juzgado que se encuentra en el municipio de
Piojó, pese a que la dirección de notificación, que presumiblemente coincide
con el domicilio de los accionantes, se encuentra en la ciudad de Barranquilla,
y a que los servicios requeridos por los tutelantes se brindan en Juan de
Acosta o en Barranquilla, y a que en algunos de los casos en las bases de datos
oficiales como el RUAF, aparece que la ciudad de residencia no es Piojó. Lo
anterior resulta consistente con el hecho de que los accionantes anexaron como
soporte de sus pretensiones en la acción de tutela, un fallo anterior del mismo
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó del mes de agosto del año 2014, juzgado
que en ese momento era ocupado por otro funcionario[365], en el que al resolver la
misma controversia jurídica, ordenó a una EPS “expedir la respectiva orden
de servicio a nombre del Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social IPS SAS de la ciudad de Barranquilla, a fin de que este
centro continúe y siga aplicando las terapias para la rehabilitación funcional
integrativa y conductual consistente en 120 sesiones mensuales, las cuales son
de NO POS, en las cantidades y forma que lo ordenó el médico tratante”, así
como “exonerar a la señora (…) de cancelar copagos y adicionales por la
aplicación de las terapias requeridas de su hijo”.[366]   Esto
podría sugerir que el fallo judicial se convirtió en un incentivo para acudir a
este municipio para interponer la acción de tutela, más allá del lugar de
residencia de los niños o del lugar donde se pretendía acceder a los
tratamientos.
A las acciones de tutela correspondientes
a los expedientes 4124218, 4124217 y 4124215, subyacen patrones semejantes a
los encontrados en los amparos presentados en el municipio de Piojó. Incluso,
en el expediente T-4124217 el profesional que expide la orden es el mismo que
aparece como médico tratante particular de los pacientes del municipio de
Piojó, médico que, nuevamente, ordena las mismas 120 sesiones mensuales de
terapias ABA prescritas en los siete casos anteriores, para ser provistas en el
Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS, esta vez ubicado en la ciudad
de Santa Marta, y de la cual, según se afirma en el escrito de tutela, el
médico hace parte. El texto de la demanda es el mismo de las que se presentaron
en Piojó, incluidas las referencias al autismo como una enfermedad huérfana y
rara en los términos de la Ley 1392 de 2010, aunque con la particularidad de
que el demandante actúa por intermedio de apoderado judicial, quien también es
el apoderado en los casos correspondientes a los expedientes T-4582253, T-4288549
y T-4880691.
De igual modo, en las
solicitudes de amparo tampoco se encuentran evidencias de que previamente se
haya acudido al sistema de salud para obtener el diagnóstico y el tratamiento
de los infantes, de que estos fuesen intervenidos infructuosamente por la EPS,
o de que ante la desidia de la entidad o la ineficacia de los tratamientos
convencionales, los acudientes se vieran obligados a acudir a médicos
particulares o a tratamientos alternativos. En el expediente T-4124217, por
ejemplo, el niño fue diagnosticado tardíamente con autismo a la edad de 16 años
el día 3 de junio de 2013 por Pedro Pablo Barraza, un día después se radica
ante la EPS la solicitud para que reciba un tratamiento, y cinco días más tarde
se presenta la acción de tutela, sin haberle dado a esta última entidad la
oportunidad de diagnosticar o tratar al menor, o de dar una respuesta razonada
al requerimiento presentado de manera intempestiva.
Y dentro del expediente
T-4124218, llama la atención, nuevamente, que la acción de tutela fue
interpuesta en favor de una menor de 14 años cuya intervención con 124 sesiones
mensuales de terapias ABA tuvo como fundamento algunas “dificultades
escolares, bajo rendimiento escolar y baja atención y concentración”,
englobado bajo la categoría de “trastorno de aprendizaje”.  Al igual que
en los casos anteriores, el profesional particular que prescribe el
tratamiento, en este caso un psicólogo y no un neurólogo pediatra, pertenece a
la misma IPS en la que se solicita el tratamiento, sin que se encuentre una
declaración de conflicto de intereses. Lo propio se evidencia en el expediente
T-4124215: un médico fisiatra particular que hace parte de la misma IPS en la
que se reclama el tratamiento: el Centro de Rehabilitación Manantial.
Y aunque los tratamientos
solicitados en la acción de tutela son calificados como NO POS, en realidad
corresponden, según los mismos formatos de atención que se anexan a la demanda,
a tecnologías en salud que hacían parte del POS, pero que son reclamadas como
NO POS por tener componentes metodológicos especiales: las terapias
ocupacionales se realizan bajo la modalidad de “integración sensoriomotriz”,
las terapias físicas bajo la denominación de “terapia halliwick”, las de
fonoaudiología bajo las modalidades de “musicoterapias” o “miofuncional”, las
terapias físicas como “terapias de neurodesarrollo”, y las de psicología como
“terapia comportamental ABA”.
Dentro del expediente
T-4647075, la EPS argumentó que al momento de interponerse la acción de tutela,
el joven en cuyo beneficio se interpuso la acción de tutela se encontraba
suspendido de la EPS, que no solo la orden del tratamiento solicitado fue
suscrita por una persona que carece de registro médico y que se encarga de
organizar eventos para promocionar las terapias ABA en la ciudad de Cartagena,
y que este tipo de tratamientos no son indicados para personas que, como el
accionante, de 19 años, han concluido su proceso de maduración en el sistema
nervioso central.
6.1.7. En
este orden de ideas, la Sala concluye que las decisiones de los jueces de
instancia de declarar la improcedencia de la acción de tutela en el marco de
los expedientes T-4877010, 4877009, 4877008, 4877007, 4877006, 4877005,
4877004, 4647075, 4267052, 4124218, 4124217 y 4124215 son constitucionalmente adecuadas,
ya que el desplazamiento de la acción de tutela por el mecanismo de naturaleza
jurisdiccional ante la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra
plenamente justificado en razón de la confluencia de las siguientes
circunstancias: (i) las leyes1122 de 2007 y1438 de 2011 confieren la
competencia a esta instancia para resolver los debates entre los usuarios del
sistema de salud y las EPS relativos al acceso a las prestaciones que no se
encuentran dentro del Plan de Beneficios; (ii) tanto por el diseño legal e
institucional, se trata, en general de un recurso accesible, idóneo y eficaz
para resolver este tipo de controversias; (iii) por la naturaleza de las
pretensiones, orientadas a garantizar el acceso a tratamientos integrales que
tienen una proyección de largo plazo y que no tienen por objeto la preservación
de las funciones vitales de los infantes sino su rehabilitación frente a
presuntas disfuncionalidades físicas, sensoriales o cognitivas, el mecanismo
aludido constituye una vía procesal adecuada para abordar las controversias
planteadas; (iv) teniendo en cuenta los patrones litigiosos identificados en
los acápites precedentes, la mediación de un ente técnico con la capacidad para
evaluar las pretensiones de las acciones de tutela con una aproximación
sistémica y con elementos de contexto que en este escenario resultan de la
mayor relevancia, se encuentra plenamente justificada.
6.1.8. Así
las cosas, la Sala confirmará las decisiones de los jueces de instancia de
declarar la improcedencia de las acciones de tutela en los casos
correspondientes a los expedientes T-4877010, 4877009, 4877008, 4877007,
4877006, 4877005, 4877004, 4647075, 4267052, 4124218, 4124217 y 4124215, de la
siguiente manera:
-       Expediente T-4877010.  Janet de Jesús Guzmán
demanda a Caprecom EPS con el propósito de solicitar para su hijo Yohan Enrique
Manotas Guzmán el suministro de 120 sesiones mensuales terapias de
rehabilitación cognitiva, conductual e integral en la IPS Rehabilitamos de la
Costa SAS en el municipio de Juan de Acosta, prescritas por su médico tratante,
Pedro Pablo Barraza, tras ser diagnosticado con “trastorno del desarrollo del
lenguaje” y “trastorno del aprendizaje”[367]. El Juzgado Promiscuo
Municipal de Piojó declaró la improcedencia del amparo frente al derecho a la
salud, por existir otro mecanismo de defensa judicial ante la Superintendencia
Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia, sin
perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el
accionante cuenta con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño
legal como por su configuración permite abordar adecuadamente la controversia
planteada, que la Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los
instrumentos y las herramientas de análisis necesarias para evaluar con una
perspectiva integral la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las
patologías atribuidas al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de
salud, que exigen soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta
duración, resulta razonable exigir que se tramite el requerimiento en el
escenario dispuesto por el propio ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, y tal como se evidenció
anteriormente, la acción de tutela arroja algunas dudas sobre la competencia
territorial del juez para resolver el amparo y sobre el lugar en el que se
solicitaron los servicios, pues la acción se interpuso en el municipio de
Piojó, pero según la solicitud presuntamente enviada a Saludcoop, la dirección
de notificación del accionante es Barranquilla y las terapias se solicitan en
una IPS que se encuentra ubicada en Juan de Acosta. Asimismo, aunque
formalmente aparece un requerimiento a la EPS fechado el 24 de septiembre, que
no tiene constancia de haber sido recibido por la entidad, en los documentos
allegados al proceso consta que el niño inició el tratamiento en la IPS
Rehabilitamos de la Costa el mismo día en que el médico tratante expidió la
orden médica, sin que en la historia clínica de la EPS aparezca que,
previamente, el niño hubiese intentado infructuosamente atender sus
dificultades a través del sistema público de salud o que al menos hubiese hecho
el requerimiento respectivo a dicha instancia.
-
Expediente
T-4877009.  Luz Marina
Rivaldo demanda a Comfacor EPS, con el propósito de solicitar el suministro de 120
sesiones mensuales de terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral para su hija Fanny Luz Imitola Rivaldo en el Centro de Estimulación,
Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social, prescritas por su médico
tratante, Pedro Pablo Barraza, tras ser diagnosticada con “parálisis cerebral”,
“retraso en el desarrollo del lenguaje” e “hiperactividad”. El Juzgado
Promiscuo Municipal de Piojó declaró la improcedencia del amparo por existir
otro mecanismo de defensa judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho de la menor de acudir a la EPS para ser diagnosticada y tratada según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
a la paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen
soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta
razonable exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por
el propio ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, la acción de tutela arroja
algunas dudas sobre la competencia territorial del juez para resolver el amparo
y sobre el lugar en el que se solicitaron los servicios, pues la acción se
interpuso en el municipio de Piojó, pero según la solicitud enviada a
Saludcoop, la dirección de notificación del accionante es Barranquilla, las
terapias se solicitan en una IPS que se encuentra ubicada en Juan de Acosta, y
según las bases de datos del RUAF y de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, la niña habita en Juan de Acosta. Asimismo, aunque a la demanda se anexa
una solicitud de la EPS, esta no tiene la constancia de haber sido recibida por
la entidad, pues fue enviada por correo no certificado, y, en cualquier caso,
según la documentación que se encuentra el expediente, el tratamiento se inició
el mismo día en que el médico tratante particular libró la orden médica, el 1
de septiembre de 2014, y sólo posteriormente y de manera tardía, el 30 de
septiembre del mismo año, hizo el requerimiento a la Comfacor EPS. En la
historia clínica de la EPS tampoco aparece que se hubiera intentado
infructuosamente atender las dificultades de la niña a través del sistema
público de salud.
-
Expediente T-4877008.
Mariluz Mendoza demanda
a Famisanar EPS, con el propósito de solicitar el suministro de 120 sesiones
mensuales de terapias de rehabilitación cognitiva y conductual integral para su
hijo Iván David Escorcia Mendoza en la IPS Rehabilitamos de la Costa,
prescritas por su médico tratante, Pedro Pablo Barraza, tras ser diagnosticado
con “trastorno de déficit de atención”, “retraso en el desarrollo del lenguaje”
e “hiperactividad”.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó declaró la improcedencia
del amparo por existir otro mecanismo de defensa judicial ante la
Superintendencia Nacional de Salud. La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen
soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta
razonable exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por
el propio ordenamiento jurídico.
Al igual que en los casos anteriores, la acción de tutela arroja algunas dudas
sobre la competencia territorial del juez para resolver el amparo y sobre el
lugar en el que se solicitaron los servicios, pues la acción se interpuso en el
municipio de Piojó, pero según la solicitud enviada a Saludcoop, la dirección
de notificación del accionante es Barranquilla, las terapias se solicitan en
una IPS que se encuentra ubicada en esta última ciudad, y según las bases de
datos del RUAF, la afiliación del INFANTE se encuentra en el municipio de Juan
de Acosta. Y tal como se evidenció anteriormente, la acción de tutela arroja
algunas dudas sobre la competencia territorial del juez para resolver el amparo
y sobre el lugar en el que se solicitaron los servicios, pues la acción se
interpuso en el municipio de Piojó, pero según la solicitud presuntamente
enviada a Saludcoop, la dirección de notificación del accionante es
Barranquilla y las terapias se solicitan en una IPS que se encuentra ubicada en
Juan de Acosta. Asimismo, aunque formalmente aparece un requerimiento a la EPS
fechado el 26 de septiembre de 2014, que no tiene constancia de haber sido
recibido por la entidad, en los documentos allegados al proceso consta que el niño
inició el tratamiento en la IPS Rehabilitamos de la Costa el mismo día en que
el médico tratante, Pedro Pablo Barraza, expidió la orden médica, sin que en la
historia clínica de la EPS aparezca que el menor hubiese intentado
infructuosamente atender sus dificultades a través del sistema público de salud.
Por otro lado, en la medida en que en el fallo judicial se ordenó
a la entidad demandada resolver una petición presentada con sujeción a la
Constitución y la ley, habrá de confirmarse esta orden.
-
Expediente
T-4877007. Yadiris Vargas demanda a Caprecom EPS, con el propósito de
solicitar el suministro de 120 sesiones mensuales de terapias de rehabilitación
cognitiva y conductual integral para su hijo Dilan Andrés Zárate Vargas en la
IPS Rehabilitamos de la Costa, tras ser diagnosticado con “retraso en el
desarrollo del lenguaje”, “trastorno de la conducta” y “epilepsia”. El Juzgado
Promiscuo Municipal de Piojó declaró la improcedencia del amparo por existir
otro mecanismo de defensa judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del niño de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen soluciones
de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta razonable
exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por el propio
ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, y tal como se evidenció
anteriormente, la acción de tutela arroja algunas dudas sobre la competencia
territorial del juez para resolver el amparo y sobre el lugar en el que se
solicitaron los servicios, pues la acción se interpuso en el municipio de
Piojó, pero según la solicitud presuntamente enviada a la EPS, la dirección de
notificación del accionante es Barranquilla y las terapias se solicitan en una
IPS que se encuentra ubicada en Juan de Acosta. Asimismo, aunque formalmente
aparece un requerimiento a la EPS fechado el 30 de septiembre de 2014, que no
tiene constancia de haber sido recibido por la entidad, en los documentos
allegados al proceso consta que el menor inició el tratamiento en la IPS
Rehabilitamos de la Costa el mismo día en que el médico tratante expidió la
orden médica, sin que en la historia clínica de la EPS aparezca que el niño hubiese
intentado infructuosamente atender sus dificultades a través del sistema
público de salud.
-
Expediente
T-4877006.  Zoila Romero
demanda a Mutual SER EPS, con el propósito de solicitar el suministro de 120
sesiones mensuales de terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral para su hijo Jesús David López Romero en la IPS en el Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social, tras ser
diagnosticado con “trastorno de déficit de atención con hiperactividad” y
“trastorno del aprendizaje”. El Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó declaró la
improcedencia del amparo por existir otro mecanismo de defensa judicial ante la
Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen
soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta
razonable exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por
el propio ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, y tal como se evidenció
anteriormente, la acción de tutela arroja algunas dudas sobre la competencia
territorial del juez para resolver el amparo y sobre el lugar en el que se
solicitaron los servicios, pues la acción se interpuso en el municipio de
Piojó, pero según la solicitud presuntamente enviada a la EPS, la dirección de
notificación del accionante es Barranquilla y las terapias se solicitan en una
IPS que se encuentra ubicada en esta última ciudad. Asimismo, aunque
formalmente aparece un requerimiento a la EPS fechado el 24 de septiembre de
2014, que no tiene constancia de haber sido recibido por la entidad, en los
documentos allegados al proceso consta que el menor inició el tratamiento en la
IPS Rehabilitamos de la Costa el mismo día en que el médico tratante, Pedro
Pablo Barraza, expidió la orden médica, esto es, el 1 de septiembre de 2014,
sin que en la historia clínica de la EPS aparezca que el niño hubiese intentado
infructuosamente atender sus dificultades a través del sistema público de
salud, o que previamente a su atención en la IPS particular hubiese canalizado
el requerimiento a la EPS.
-
Expediente
T-4877005.  Rosenda Utría
Jiménez demanda a Saludcoop EPS, con el propósito de solicitar el suministro de
120 sesiones mensuales de terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral para su hijo Felipe Villanueva Jiménez en el Centro de Estimulación,
Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social, tras ser diagnosticado con
“retraso mental”, “retraso en el desarrollo del lenguaje” y “epilepsia”. El
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó declaró la improcedencia del amparo, por
existir otro mecanismo de defensa judicial ante la Superintendencia Nacional de
Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen soluciones
de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta razonable
exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por el propio
ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, la acción de tutela arroja
algunas dudas sobre la competencia territorial del juez para resolver el amparo
y sobre el lugar en el que se solicitaron los servicios, pues la acción se
interpuso en el municipio de Piojó, pero según la solicitud enviada a
Saludcoop, la dirección de notificación del accionante es Barranquilla, y las
terapias se solicitan en una IPS ubicada en esta última ciudad. Asimismo,
aunque a la demanda se anexa una solicitud de la EPS, esta no tiene la
constancia de haber sido recibida por la entidad, pues fue enviada por correo
no certificado el 24 de septiembre de 2014, y, en cualquier caso, según la
documentación que se encuentra el expediente, el tratamiento se inició el mismo
día en que el médico tratante particular libró la orden médica, el 1 de
septiembre de 2014, y sólo posteriormente y de manera tardía, el 24 de
septiembre del mismo año, hizo el requerimiento a Comfacor EPS. En la historia
clínica de la EPS tampoco consta que se hubiese intentado infructuosamente
atender las dificultades del niño a través del sistema público de salud.
-
Expediente
T-4877004.   Liz María
Acosta Cordero demanda a Nueva EPS, con el propósito de solicitar el suministro
de 120 sesiones mensuales de terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral para su hija Wendys Patricia Imitola Acosta en el Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social, tras ser
diagnosticada con “síndrome de down”, “retraso mental” y “retraso en el
desarrollo del lenguaje”. El Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó declaró la
improcedencia del amparo, por existir otro mecanismo de defensa judicial ante
la Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho de la menor de acudir a la EPS para ser diagnosticada y tratada según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que la accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
a la paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen
soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta
razonable exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por
el propio ordenamiento jurídico.
-
Expediente
T-4647075.  Edna
Margarita Rúa Llinás demanda a Coomeva EPS, con el propósito de solicitar el
suministro de 120 sesiones mensuales de terapias ABA para su hijo Germán
Enrique Uribe Rúa en la Fundación Aprendo, tras ser diagnosticado con “autismo”.
El Juzgado Segundo Penal de Conocimiento para Adolescentes de Barranquilla
revocó la sentencia del Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Barranquilla que concedió el amparo, y en su
lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela, por existir otro
mecanismo de defensa judicial ante la Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada; que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen
soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta
razonable exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por
el propio ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, en el expediente se
evidencia que la accionante acudió directa y unilateralmente a la Fundación
Aprendo, sin haber agotado las alternativas terapéuticas ofrecidas por la EPS,
y sin haber hecho el requerimiento previo a la entidad para acceder a los
servicios de la Fundación, pretendiendo posteriormente, y a modo de hecho
cumplido, que el sistema de salud asuma los costos respectivos en razón de la
necesidad de dar continuidad a los tratamientos iniciados años antes.
-
Expediente
T-4267052.  Dersa María
Barragán demanda a Caprecom EPS, con el propósito de solicitar el suministro de
105 sesiones mensuales de terapias especializadas, incluyendo ABA, de
neurodesarrollo, halliwick y de integración sensoriomotriz al menor Jorge David
Castro Gamarra, para tratar el trastorno del desarrollo con el cual fue
diagnosticado por el médico José A. Velásquez, así como la provisión de los
servicios de transporte, acompañamiento y alimentación. El Juzgado Civil del
Circuito de Fundación resolvió negar el amparo constitucional, el encontrar que
no existe ninguna prueba del vínculo de parentesco de la accionante que
acredite su condición de madre del menor, ni tampoco de la identidad de ninguno
de ella y de la menor en cuyo nombre se interpuso el amparo, “por lo que
para este despacho no estaría legitimada para interponer la presente acción
constitucional”.
La Corte confirmará el fallo de instancia, sin perjuicio del
derecho del niño de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta que, según lo advirtió el
juzgado, la accionante no acreditó las condiciones para actuar en nombre del niño,
y que tampoco fue satisfecho el requisito de subsidariedad de la acción de
tutela, dada la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud para
resolver este tipo de controversias.
Por lo demás, la Sala toma nota del hecho de que la EPS afirmó que
contaba con los instrumentos y las herramientas para tratar los padecimientos
del niño, a través de una IPS que hace parte de su red de servicios, el Centro
Integral de Salud del Caribe (CISAD), pero que inexplicablemente la accionante
acudió directamente a la acción de tutela sin haber agotado las alternativas
terapéuticas ofrecidas por la entidad y sin presentar el requerimiento para que
esta tuviera la oportunidad de evaluarlo. Asimismo, la Corte toma nota de que
la prescripción con base en la cual se solicita el tratamiento especializado
proviene de un sicólogo, y no de un neurólogo pediatra, que es, según la
entidad demandada, el profesional que cuenta con las calificaciones necesarias
para evaluar el estado de salud del infante y para establecer el tratamiento al
que debe ser sometido.
-
Expediente
T-4124218.  Yolvis
Yolanda Torne Castañeda demanda a la EPS Clínica General del Norte, con el
propósito de solicitar el suministro de 124 sesiones mensuales de terapias de
integración sensoriomotriz, de lenguaje y comportamental ABA para su hijo Jesús
David Marriaga Torne en el Centro Integral de Salud del Caribe (CISAD), en el
municipio de Fundación y no en Santa Marta, donde reside, tras ser
diagnosticado con “dificultad en procesos académicos, en la lectura y en la
escritura”. El Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Santa Marta
declaró la improcedencia del amparo y remitió el expediente a la
Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen
soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta
razonable exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por
el propio ordenamiento jurídico.
Por lo demás, genera extrañeza a este tribunal que pese a la
amplia oferta de servicios de salud que disponibles en la ciudad de Santa
Marta, donde se afirma que reside el menor, la accionante haya solicitado el
tratamiento en el municipio de Fundación en una IPS determinada, con el pago de
los correspondientes gastos de transporte, y que, además, la entidad demandada haya
sostenido que los tratamientos prescritos al menos son inconsistentes con el
diagnóstico de “dificultad en procesos académicos, en la lectura y en la
escritura”, ya que según la literatura médica, las terapias solicitadas fueron
concebidas para atender las enfermedades el espectro autista.
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Expediente T-4124217.  Alfredo Eliecer Maiguel Trujillo
demanda a Comfacor EPS, a través de su apoderado Jorge Enrique Ramos Luján, con
el propósito de solicitar el suministro de 180 sesiones mensuales de terapias
comportamentales ABA para su hijo Arley de Jesús Maiguel Buelvas en el Centro
de Rehabilitación Solidaridad Social IPS en la ciudad de Santa Marta, tras ser
diagnosticado con “autismo”. El Juzgado Primero Penal Municipal para
Adolescentes de Santa Marta declaró la improcedencia del amparo y remitió el
expediente a la Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen
soluciones de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta
razonable exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por
el propio ordenamiento jurídico.
Además, el infante fue diagnosticado tardíamente el día 3 de junio
de 2013 para una patología que, como el autismo, se detecta y trata durante los
primeros años de vida, y una vez obtenido el diagnóstico, al día siguiente se
radica una solicitud a la EPS para que suministre el tratamiento al niño en las
condiciones establecidas por el médico particular, cinco días después se
interpone la acción de tutela, e inmediatamente se inscribe al niño en el
Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS sin contar con la mediación de
la EPS. Resulta evidente, entonces, que no se agotaron las alternativas
terapéuticas que podría ofrecer la EPS, y que tampoco se le dio la oportunidad
de evaluar la situación del menor y la solicitud de atención a través de
prestaciones que desbordan el Plan de Beneficios en una IPS particular.
-
Expediente
T-4124215.  Erica Paola
Pacheco Larios demanda a Saludcoop EPS, con el propósito de solicitar el
suministro de 168 sesiones mensuales de terapias ocupaciones del tipo
integración sensoriomotriz, de terapias de fonoaudiología tipo musicoterapia y
tipo miofuncional, terapias físicas de neurodesarrollo, y terapias de
psicología tipo comportamental ABA para su hijo Keiler Andrés Sanguino en el
Centro de Rehabilitación Integral Manantial, tras ser diagnosticado por un
médico fisiatra con “encefalopatía hipóxica isquémica”, “retraso psicomotor”,
“deformidad maxilar superior”, “marcha con ayuda atáxica”, “espasticidad leve
en 4 extremidades” y “habla monosilábica”. El Juzgado Primero Penal Municipal
para Adolescentes de Santa Marta declaró la improcedencia del amparo y remitió
el expediente a la Superintendencia Nacional de Salud.
La Corte confirmará el fallo de instancia,
sin perjuicio del derecho del menor de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante, teniendo en cuenta, primero, que el accionante cuenta
con otro mecanismo jurisdiccional que tanto por su diseño legal como por su
configuración permite abordar adecuadamente la controversia planteada, que la
Superintendencia Nacional de Salud cuenta con los instrumentos y las
herramientas de análisis necesarias para evaluar con una perspectiva integral
la solicitud del peticionario, y, finalmente, que por las patologías atribuidas
al paciente y por el tratamiento requerido al sistema de salud, que exigen soluciones
de largo plazo y no remedios inmediatos y de corta duración, resulta razonable
exigir que se tramite el requerimiento en el escenario dispuesto por el propio
ordenamiento jurídico.
6.2.
Fallos de tutela que conceden el
amparo constitucional
6.2.1. Una
segunda línea decisoria apunta a acoger los reclamos de los accionantes,
reconociendo el derecho de los niños a acceder a los tratamientos no
convencionales prescritos por los médicos particulares, en las IPS por ellos
solicitadas. Aunque las fórmulas para reconocer estos derechos son variadas y
heterogéneas, en general ordenan a los proveedores del sistema de salud, bien
sean las EPS o las secretarías de salud departamentales o distritales, a
suministrar el tratamiento ordenado por el médico tratante particular, en las
condiciones por este determinadas, y en la IPS solicitada por el actor. En
algunas ocasiones, además, ordenan el suministro de los servicios
complementarios de transporte y alimentación para los infantes y para sus
acompañantes con cargo al sistema de salud, liberando a los actores de cargas
económicas asociadas al acceso al sistema de salud, en particular, de las
cuotas moderadoras y de los copagos a que habría lugar por el suministro de los
servicios. Esta línea decisoria se encuentra en seis de los 37 casos revisados,
estos es, en los expedientes T-4880691, T-4582253, T-4288549, T-4285631,
T-4264678 y T-4253989.
6.2.2. La
Sala encuentra que los fallos deben ser revocados, no sólo porque la
procedencia de la acción de tutela no es clara e inequívoca en razón de la
existencia de otros mecanismos de naturaleza jurisdiccional en cabeza de la
Superintendencia Nacional de Salud a través de los cuales se pueden canalizar
las pretensiones de los accionantes, sino porque aún suponiendo la viabilidad
de la acción de tutela, las pretensiones de los accionantes no están llamadas a
prosperar por las siguientes razones: (i) porque los requerimientos fueron
concedidos sin haberse agotado las instancias y sin haberse cumplido las cargas
asociadas a la prestación de los servicios de salud, máxime cuando se pretende
obtener prestaciones que no hacen parte de la oferta regular del sistema
público de salud; (ii) segundo, porque por su propia naturaleza, las medidas
adoptadas por los jueces de instancia son esencialmente provisionales, de
suerte que las razones en virtud de las cuales el amparo fue otorgado, de
persistir, requerirían una nueva evaluación; (iii) y tercero, porque los
elementos de contexto de los fallos judiciales evidencian una serie de
irregularidades en el acceso a las tecnologías en salud por la vía judicial.
6.2.3. Tal
como se expuso en los acápites precedentes, en principio la acción de tutela no
es el escenario para dirimir el debate planteado por los accionantes, pues, por
un lado, el ordenamiento contempla un mecanismo de naturaleza jurisdiccional,
en cabeza de la Superintendencia de Salud, para determinar si las prestaciones
que no se encuentran en el Plan de Beneficios deben ser suministradas por el
sistema, mecanismo este que, conforme se explicó anteriormente, puede ser
resuelto con solvencia por dicha entidad. Asimismo, como los accionantes
pretenden el acceso a prestaciones que tienen una proyección de largo plazo, y
no intervenciones que se requieran de manera inmediata para la conservación de
la vida o la salud, resulta razonable la exigencia de tramitar el conflicto en
su escenario natural, esto es, mediante la vía procesal establecida en las
leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, ante la Superintendencia Nacional de Salud.
No obstante ello, la Sala
estima que, a pesar de lo anterior, la conclusión de los jueces de instancia
sobre la procedencia del amparo constitucional podría no resultar irrazonable,
y que, por tanto, resulta viable un análisis de fondo. Por un lado, las
decisiones sobre la procedencia de la acción de tutela se sustentaron en que
los accionantes son sujetos de especial protección constitucional tanto por su
minoría de edad como por la condición de discapacidad que alegan sus padres con
base en los diagnósticos médicos allegado al proceso, circunstancia esta que,
según la jurisprudencia de este tribunal, permite flexibilizar el análisis de
procedencia. Asimismo, aunque las patologías con fundamento en las cuales se
solicita el amparo constitucional no comprometen directamente la vida de los niños,
y los tratamientos solicitados no son necesarios para la preservación de su
vida o de su integridad física, los acudientes argumentan que las afectaciones
sí impactan negativamente las condiciones y la calidad de vida de los niños y
de sus familias, incluso en aspectos críticos como el acceso a la educación o a
la recreación o el desenvolvimiento en las actividades cotidianas; patologías
como el retraso mental, el autismo o el trastorno de déficit de atención con
hiperactividad (TADH), relacionadas en las acciones de tutela que fueron
concedidas, pueden alterar drásticamente las dinámicas de la vida cotidiana, no
sólo de infante sino también de todo su núcleo familiar; razonablemente, esta
circunstancia fue tenida en cuenta por los jueces para concluir que, pese a la
existencia de otro mecanismo de naturaleza jurisdiccional para resolver la
controversia planteada, el litigio podía ser resuelto por el juez
constitucional en el escenario de la acción de tutela.
En razón de estas
circunstancias, entonces, la Sala considera que, eventualmente, podría ser
viable el análisis de las pretensiones de los accionantes.
6.2.4. Sin
embargo, incluso asumiendo que las acciones de tutela fuesen procedentes, la las
decisiones de los jueces de instancia de conceder las pretensiones para acceder
a los tratamientos especializados prescritos por médicos particular, en IPS
específicas, carecen de respaldo en el ordenamiento constitucional.
Primero, en las acciones
de tutela revisadas se pretende el acceso a prestaciones y servicios que no
hacen parte de la oferta regular del sistema de salud, pero eludiendo los
protocolos y las cargas asociadas a este acceso. De este modo, en la mayor
parte de los casos, el amparo fue empleado como sustituto de los dispositivos
ordinarios de acceso al sistema de salud, y en particular, eludiendo los
requisitos y las cargas asociadas a la prestación de los servicios de salud, máxime
cuando se trata de servicios que no hacen parte de la oferta del sistema
público de salud: prestaciones NO POS o por fuera del Plan de Beneficios, en
una IPS particular, y servicios complementarios.
Tal como se expresó en los
acápites precedentes, la pretensión de dotar de vinculatoriedad la
prescripciones médicas particulares y de acceder a prestaciones que no hacen
parte de los planes de beneficios en establecimientos sanitarios específicos, sólo
es viable cuando han fracasado los intentos por tratar una enfermedad mediante
los instrumentos que ofrece el sistema público de salud, esto es, cuando se ha
acudido al médico tratante y se han agotado las alternativas terapéuticas
brindadas por la EPS o esta última se rehúsa de manera injustificada a brindar
la atención requerida.
En los casos revisados,
sin embargo, se produce una dinámica muy distinta. En algunos casos, por
ejemplo, sin que hubiere mediado un requerimiento a la EPS, de manera
intempestiva los niños son diagnosticados por el médico particular con
patologías prima facie graves que no fueron puestas en conocimiento de
la EPS, y sin haber agotado las alternativas terapéuticas de los Planes
Obligatorios de Salud o del Plan de Beneficios, que incluyen terapias físicas,
de fonoaudiología, hídricas e hidráulicas, y sesiones de psicología, se
concluye que son ineficaces, y que se requiere con urgencia contar con el
tratamiento particular ordenado por el médico tratante.
En el expediente T-4880691,
por ejemplo, se encontró que hasta antes del 5 de agosto de 2014, Daniel
Ricardo Utrera fue atendido, según los requerimientos de sus padres, por
patologías y síntomas como dolor de garganta, reacción de hipersensibilidad de
las vías respiratorias superiores, fiebre, bronconeumonía, amigdalitis,
bronquitis, rinitis alérgica, prepucio redundante, fimosis y parafimosis,
neumonía viral, rinofaringitis aguda, bronquiolitis aguda y constipación, sin
que se solicitara alguna atención por síntomas propios de autismo, TDAH o
trastorno del aprendizaje.[368] Tan
sólo en el mes de agosto del año 2014 el niño fue atendido por el departamento
de psicología de la EPS, siendo diagnosticado con autismo, e iniciándose a
partir de ese momento un sistema de atención con terapias sicológicas, ocupacionales
y de fonoaudiología, realizadas con intervalos de no más de una semana. Pese a
ello, habiéndose producido el diagnóstico en el mes de agosto de 2014, y sin
esperar los resultados de las alternativas terapéuticas brindadas por la EPS,
en el mes de noviembre el infante es diagnosticado por el médico particular, y,
según sostiene el accionante, cinco días después solicita a la EPS que,
teniendo en cuenta dicha prescripción, su hijo reciba terapias integrales tipo
ABA en el Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS SAS en la ciudad de
Santa Marta, y posteriormente presentó la acción de tutela. Como puede
advertirse, los exigentes requerimientos del accionante para que el menor fuese
atendido en el Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS, no se
encuentran precedidos de solicitudes a la EPS, ni de la renuencia de esta
última para diagnosticar o tratar al paciente, ni del fracaso de las
alternativas terapéuticas contempladas en el Plan de Beneficios.
Este mismo patrón se
encuentra en el expediente T-4582253, en el que, nuevamente, se acude a los
jueces de Santa Marta para solicitar los tratamientos en el Centro de
Rehabilitación Solidaridad Social IPS SAS, a partir de la orden del médico
Pedro Pablo Barraza. Así, Armando José Escobar fue atendido por este
profesional el 31 de enero de 2014, sin que previamente hubiese solicitado
atención a la EPS Comparta, a pesar de la gravedad de las patologías detectadas
posteriormente. Con fundamento en un diagnóstico de retraso mental, TDAH y
trastorno del desarrollo del lenguaje, el profesional prescribió las mismas 120
sesiones de terapias ABA que había ordenado al otro menor con autismo, y un mes
y medio más tarde interpuso la acción de tutela, sin haber mediado ningún
requerimiento al sistema de salud.
Por su parte, en el
expediente T-4253989 tampoco se evidencia que los padres hubiesen requerido la
atención de la EPS, y que, ante el fracaso de las alternativas terapéuticas
brindadas, o ante la renuencia de la EPS en brindar el tratamiento requerido
por el menor, se acudiera a profesionales de la salud particulares, y a las IPS
particulares. Por el contrario, nuevamente de manera intempestiva, el infante Carlos
Andrés Lavalle Gómez fue atendido por el médico Carlos Arturo Durango Galván,
el mismo que atendió a los otros 500 infantes en el departamento de Córdoba
para ser atendido por la IPS Funtierra, y frente a este diagnóstico de
“cuadriparesia espástica con hiperreflexia, contractura en flexión de predominio
braquial, estrabismo de ojo derecho, afasia y microcefalia” y frente a la
prescripción de 660 terapias no convencionales dada el día 25 de septiembre de
2013, dos meses y medio después acude a la acción de tutela, sin solicitar
ningún servicio de salud a la EPS, para, en su lugar, exigir en los estrados
judiciales que la Secretaría de Salud provea el tratamiento especializado en la
IPS Funtierra.
Y en el expediente
T-4288549 se evidencia que la accionante acude a la acción de tutela para
solicitar que su hija sea atendida en la Fundación Centro Integral Manantial de
la ciudad de Santa Marta, sin que mediara una orden del galeno tratante de la
EPS, y pese a que la entidad aseguradora había ordenado una serie de exámenes
diagnósticos para determinar con precisión la patología y el tratamiento a
seguir. Obviando lo anterior, la madre solicita al juez de tutela el acceso a
la IPS particular, sobre la base de que dicha institución se encuentra ubicada
en Santa Marta y de que “cuenta con todo lo necesario para una atención
integral”.
Como puede advertirse en
todos estos casos, las decisiones del juez de tutela de conceder el amparo
constitucional para que los niños sean atendidos por una IPS particular que se
encuentra por fuera de la red de servicios de la EPS, para brindar tratamientos
no convencionales que no se encuentran previstos en el Plan Obligatorio de
Salud, con base en prescripciones de médicos particulares, o sin contar con
órdenes médicas, desconocen los principios básicos con fundamento en los cuales
se estructuró el sistema de salud.
6.2.5.  Pero
incluso suponiendo que las decisiones de los jueces de tutela tuviesen soporte
constitucional, debe tenerse en cuenta que, por la propia naturaleza de las
prestaciones reconocidas, los fallos tienen un carácter provisional, y sus
efectos no se pueden prolongar indefinidamente en el tiempo.
-       Así,
de una parte, debe tenerse en cuenta que, según la Ley Estatutaria de la Salud,
la provisión de las tecnologías en salud debe estar mediada por la evaluación
que se hace de las mismas en escenarios abiertos, públicos y deliberativos, y a
partir de criterios técnicos y científicos, y que, en función de tales
valoraciones, las mismas pueden hacer parte del Plan de Beneficios, o pueden
estar excluidas del mismo.
En este orden de ideas,
resulta relevante para este tribunal que con posterioridad a la expedición de
los fallos de amparo objeto de revisión, algunas de las tecnologías que se
solicitan en las acciones de tutela, y que se conceden en los fallos judiciales
respectivos, ahora hacen parte de las categorías de “exclusión relativa” o
“exclusión absoluta”, en razón de los cuestionamientos que se han hecho en la
comunidad científica, a su seguridad y a su eficacia. Así, por ejemplo, la
Resolución 0244 de 2019 del Ministerio de Salud establece como exclusiones
absolutas las que se consideran que no hacen parte del enfoque ABA
(intervenciones con agentes quelantes, con cámaras hiperbáricas, libres de
gluten, celular, inyecciones de secretina, estimulación magnética transcraneal,
terapias con perros, delfines y caballos y terapia sensoriomotriz) para el
autismo, y la terapia tomatis para todas las indicaciones. Por su parte, las
demás terapias requeridas en las acciones de tutela, al no estar contempladas
en el Plan de Beneficios con Cargo a la UPC, hacen parte de las exclusiones
relativas, y cuyo reconocimiento en el sistema de salud exige acreditar que las
prestaciones del Plan de Beneficios se encuentran contraindicadas en el caso
particular, o que no han surtido los efectos probables esperados.
En este nuevo escenario,
debe entenderse que las acciones de tutela no contienen órdenes absolutas e
incondicionadas, sino que deben adecuarse en función de los cambios fácticos y
normativos acaecidos con posterioridad a su expedición.
-       En
este mismo sentido, debe tenerse en cuenta que como las patologías evolucionan
y mutan a lo largo del tiempo, las prescripciones médicas no tienen una
vocación de vigencia indefinida en el tiempo, sino que, por el contrario, se
adaptan en función de los resultados de las intervenciones efectuadas en los
menores de edad. En este orden de ideas, ni el tipo ni la intensidad de
tratamiento solicitado puede mantenerse indefinidamente, ni las órdenes
judiciales que reconocen la vinculatoriedad de las prescripciones médicas
pueden entenderse con esta vocación. De hecho, algunas de las órdenes expedidas
por los profesionales de la salud fijan un límite temporal: en el expediente
T-4582553, el médico Pedro Pablo Barraza prescribe 120 sesiones mensuales de
terapias ABA a Armando Escobar, pero sólo durante seis meses, y sujeto a nueva
revisión. El mismo Pedro Pablo Barraza prescribe a Daniel Utrera 120 sesiones
mensuales de terapias ABA, pero por tres meses, tal como consta en el
expediente T-4880691; en el expediente T-4253989, el médico Carlos Arturo
Durango Galván establece que “se requieren terapias integrales de
neurorehabilitación durante tres meses, las cuales se discriminan de la
siguiente forma: equinoterapia (60), terapia asistida con perros (60),
musicoterapia (60), miofuncional (60), ABA (60), educación especial (60),
acuaterapia (60), basada en neurodesarrollo (60), integración sensorio motriz
(60), terapia física (60), ocupacional (60), fonoaudiológica (60)”. Y en el
expediente T-4268678, el médico Carlos Andrés Toro prescribe a Diana Fontalvo,
a quien se diagnosticó con retraso sicomotor, “terapias comportamentales ABA
120 sesiones por mes por tres meses”.
-
Finalmente, deben tenerse en cuenta las propias modificaciones
en la estructura y el funcionamiento del sistema de salud, pues, por ejemplo,
las EPS pueden alterar sus esquemas de atención a los pacientes, abriendo
programas especializados para atender las patologías identificadas en las
acciones de tutela, o estableciendo vínculos con otras IPS que suministran los
servicios requeridos en las acciones de tutela, o el servicio de las IPS puede
haber mutado o haber sido cuestionado por los organismos de vigilancia y
control del Estado, tal como ocurrió con las IPS CENCAES, ESCO, Fundación
Educación para Todos Aprendo, Integrar, Centro de Rehabilitación Integral
Ángeles Ltda., Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisas de
Esperanza SAS, Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena, Clínica
Neurorehabilitar y Funtierra Rehabilitación IPS, por parte de la
Superintendencia Nacional de Salud.[369]
Desde esta perspectiva, y
teniendo en cuenta, primero, que algunas de las tecnologías en salud
reconocidas en los fallos judiciales hoy en día se encuentran excluidos del
Plan de Beneficios y de su financiación con recursos públicos y que el acceso a
las mismas debe estar precedido de un protocolo, segundo, que las condiciones
han variado a lo largo del tiempo, y tercero, que las condiciones del sistema
de salud también se han modificado, concluye este tribunal que no es procedente
mantener las órdenes judiciales, y que, en su lugar, los niños deben ser
atendidos en las EPS a las que se encuentran afiliados, para que reciban el
diagnóstico y el tratamiento que sea acorde con su estado actual de salud.
6.2.6. Finalmente,
los elementos de contexto de los casos revisados arrojan evidencias sobre las
irregularidades en la forma en que se estructuró el acceso al sistema de salud
por vía judicial, y advierten sobre la necesidad de prestar particular atención
para garantizar que el litigio constitucional se estructure en beneficio de los
niños, y para que no los mismos no sean instrumentalizados por otros actores
para acceder a los recursos del sistema de salud.
Según advirtieron la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la
Superintendencia Nacional de Salud, el suministro y cobro de las terapias
estuvo rodeada de diversas irregularidades, entre ellas, no haber existido
criterios claros y transparentes para el cálculo del valor de las tecnologías
en salud, no haberse efectuado la discriminación entre los servicios POS, NO
POS y servicios complementarios, a efectos de determinar qué valores
correspondía asumir a la entidad territorial y a las EPS, haber conformado
“paquetes” integrales de servicios que incluían tecnologías que podían ser
provistas por las EPS a través de su red, que la Secretaría de Salud de Córdoba
acordó con la IPS unas condiciones económicas para la prestación de los
servicios sin sujeción a parámetros objetivos y eludiendo el trámite de
contratación que se requería según la ley, que el personal carecía de la
preparación y de la experiencia específica requerida para proporcionar las
tecnologías en salud ofrecidas, que en los registros constaban sesiones diarias
por niños imposibles de cumplir, o que según estos mismos registros, o un mismo
profesional aparece brindando terapias diferentes y en lugares distintos, en un
mismo momento.
Dentro de este mismo trámite
se encontraron anomalías sustantivas y procesales que generan una importante
alerta, estando de por medio el bienestar y la salud de los niños en cuyo favor
se interpusieron las acciones de tutela. En diferentes expedientes, entre ellos
el expediente T-4285631, se encontró que la acción de tutela fue interpuesta en
el municipio de Valledupar, pese a que el accionante afirma ser vecino del
municipio de El Paso y el servicio se solicita en este último municipio, y
aunque según el directorio de la Rama Judicial, El Paso cuenta con un juzgado,
el Juzgado 001 Civil Municipal de El Paso[370]. La
acción quedó radicada en el Juzgado Cuarto Penal Municipal Con Función de
Control de Garantías, sin que en el expediente se encuentre el acta de reparto
que debe sustentar la asignación de casos entre los juzgados de una misma
especialidad en el mismo municipio.
El mismo Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar conoció y
resolvió favorablemente otras dos acciones de tutela que responden a los mismos
patrones identificados en el expediente T-4285631: en todos los casos se acude
a un juez de Montería para resolver una controversia cuyo juez natural era el
Juez Promiscuo Municipal de El Paso; en todos estos la controversia quedó
asignada al Juez
Cuarto Penal Municipal, sin encontrarse en el expediente el documento donde
consta el reparto, y existiendo en el municipio de Valledupar multiplicidad de
despachos judiciales del orden municipal; y en todos estos el médico tratante
es el médico fisiatra Omar Rivera, y se solicita el tratamiento en la misma
IPS, a la que pertenece el profesional que prescribió las terapias
especializadas. El análisis del expediente T-4285631 puso en evidencia, por
ejemplo, que la prescripción médica provino de un médico fisiatra y no de un
neurólogo pediatra, que el diagnóstico “discapacidad cognitiva” no corresponde
a una patología concreta según la clasificación general de enfermedades, que
los acudientes no acudieron previamente a la EPS para solicitar o exigir algún
tipo de apoyo a través de sus médicos especialistas y de su red de servicios, y
que, en su lugar, de manera intempestiva hicieron diagnosticar a su hija por un
médico particular, para luego, inmediatamente después, solicitar a la EPS el
tratamiento en la IPS a la que pertenecía el médico tratante, el Instituto de
Rehabilitación Integral Caritas Felices; que pese al diagnóstico de
discapacidad cognitiva, el médico prescribió diferentes modalidades de terapias
físicas y comportamentales; o que se ordenaron 120 sesiones mensuales de
distintos tipos de terapias, intensidad que no sólo rebasa los estándares
regulares de intervención para este tipo de patologías, sino que, de cumplirse,
implica la desescolarización de la niña.
6.2.7. En este orden de ideas, la Corte
revocará las sentencias de instancia, y, en su lugar, denegará las acciones de
tutela en el marco de los expedientes T-4880691, T-4582253,
T-4288549, T-4285631, T-4264678 y T-4253989, reconociendo, sin embargo,
el derecho de los menores de acudir a la EPS para ser diagnosticados y tratados
según los estándares y protocolos generalmente aceptados en la comunidad médica,
tal como se indica a continuación:
-
Expediente
T-4880691.
Jorge Enrique Ramos Luján, actuando como apoderado de William Ricardo Utrera
Reyes, presentó acción de tutela contra Famisanar EPS, con el propósito de
solicitar el suministro de 120 sesiones mensuales de terapias ABA en el Centro
de Rehabilitación Solidaridad Social IPS, tras ser diagnosticado con “autismo”,
“TDAH” y “trastorno del aprendizaje” por el médico Pedro Pablo Barraza. El
Juzgado Primero Penal con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta
concedió el amparo, ordenando a la EPS autorizar el tratamiento integral para
el manejo de las patologías, así como cubrir los gastos de transporte,
hospedaje y alimentación, según la indicación del médico tratante de la EPS, y
sin lugar a hacer el cobro de las cuotas moderadoras y los copagos a los que
habría lugar.
La Corte revocará el fallo judicial y declarará la
improcedencia del amparo por no haberse satisfecho el requisito de
subsidariedad, reconociendo en todo caso el derecho del menor de acudir a la
EPS, para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del médico
tratante. Lo anterior, en la medida en que, según lo puso de presente la EPS
Famisanar, el accionante pretermitió integralmente los protocolos para acceder
a los servicios de salud, pues en lugar de acudir a la EPS para que su hijo
fuera diagnosticado y tratado según la oferta del sistema de salud, optó por
buscar la asistencia de un médico particular, y, sin mediar ninguna solicitud a
Famisanar, interpuso directamente la acción de tutela sin darle la oportunidad
a la entidad de valorar el requerimiento, con el propósito de acceder a
tecnologías que no hacen parte del Plan de Beneficios, por centros que no son
proveedores de la EPS a la que se encontraba afiliado el menor. En un escenario
como este, correspondía al tutelante agotar las instancias regulares acudiendo
a la EPS, y posteriormente, de resultar infructuoso, acudir a la
Superintendencia Nacional de Salud para resolver la controversia
constitucional.
-
Expediente
T-4582253.
Jorge Enrique Ramos Luján, actuando como apoderado judicial de Anyela Penagos
Padilla, presentó acción de tutela contra Comparta EPS, con el propósito de
solicitar el suministro 120 sesiones mensuales de terapias ABA para su hijo
Armando José Escobar Penagos, en el Centro de Rehabilitación Solidaridad Social
IPS, tras ser diagnosticado con “retraso mental”, TDAH” y “trastorno del
lenguaje”, así como el otorgamiento de viáticos para recibir los servicios que
requiriese en la ciudad de Barranquilla. El Juzgado Tercero Penal Municipal
para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta concedió
el amparo, ordenando a la EPS autorizar las terapias prescritas en el Centro de
Rehabilitación Solidaridad Social IPS, así como el pago de todos los servicios
complementarios a que hubiere lugar.
La Corte revocará el fallo judicial y declarará la
improcedencia del amparo por no haberse satisfecho el requisito de subsidariedad,
reconociendo en todo caso el derecho del menor de acudir a la EPS, para ser
diagnosticado y tratado según las indicaciones del médico tratante. Lo
anterior, en la medida en que, según lo puso de presente la EPS Comparta, la
accionante pretermitió los protocolos para acceder a los servicios de salud,
pues en lugar de acudir a la EPS para que su hijo fuera diagnosticado y tratado
según la oferta del sistema de salud, optó por buscar directamente la
asistencia de un médico particular, y luego solicitar el acceso tecnologías que
no se encuentran en el Plan de Beneficios con base en la orden médica
particular, en una IPS que no hace parte de la red de servicios de la EPS, así
como todos los servicios complementarios asociados a lo anterior, incluyendo el
pago permanente de viáticos por el traslado a otra ciudad para recibir el
tratamiento que, a su juicio, sólo puede ser brindado por una IPS particular.
Por el contrario, en el expediente figura el historial de atenciones por parte
de la EPS, sin que en ningún momento se pusiera de presente la necesidad de ser
diagnosticado y tratado por las afecciones que ahora se alegan en la acción de
tutela. En un escenario como este, correspondía al tutelante agotar las
instancias regulares acudiendo a la EPS, y posteriormente, de resultar
infructuoso, acudir a la Superintendencia Nacional de Salud para resolver la
controversia constitucional.
-
Expediente
T-4288549.
Yamile Esther Ramos Valdés presentó acción de tutela contra Saludcoop EPS, con
el propósito de solicitar un tratamiento integral en el Centro de
Rehabilitación Manantial para su hija Valentina Michelle Ramos Valdés, tras ser
diagnosticado con “retraso en el desarrollo del lenguaje” y “alteración
conductual”. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Santa Marta concedió el amparo, ordenando a la EPS autorizar el
tratamiento en el Centro Integral Manantial, “y suministrarle todo lo
necesario en lo relacionado con alojamiento, viáticos y transporte tanto para
el menor como para un acompañante”.
La Corte revocará el fallo judicial y declarará la
improcedencia del amparo por no haberse satisfecho el requisito de
subsidariedad, reconociendo en todo caso el derecho de la niña de acudir a la
EPS, para ser diagnosticada y tratada según las indicaciones del médico
tratante. Lo anterior, en la medida en que, según lo puso de presente la EPS
Saludcoop, la accionante pretermitió los protocolos para acceder a los
servicios de salud, pues en lugar de acudir a la EPS para que su hija fuera
diagnosticada y tratada según la oferta del sistema de salud, optó por buscar
directamente la asistencia de un médico particular, y luego solicitar el acceso
tecnologías que no se encuentran en el Plan de Beneficios con base en la orden
médica particular, en una IPS que no hace parte de la red de servicios de la
EPS, así como todos los servicios complementarios asociados a lo anterior,
incluyendo el pago permanente de viáticos por el traslado a otra ciudad para
recibir el tratamiento que, a su juicio, sólo puede ser brindado por una IPS
particular. Por el contrario, en el expediente figura el historial de
atenciones a la niña por parte de la EPS, sin que en ningún momento se pusiera
de presente la necesidad de ser diagnosticada y tratada por las afecciones que
ahora se alegan en la acción de tutela. En un escenario como este, correspondía
al tutelante agotar las instancias regulares acudiendo a la EPS, y
posteriormente, de resultar infructuoso, acudiendo a la Superintendencia
Nacional de Salud para resolver la controversia constitucional.
- Expediente T-4285631.  Luis Alfonso Barreto
García presentó acción de tutela contra Cajacopi EPS, con el propósito de
solicitar el suministro de un tratamiento integral que con sesiones de
acuaterapia, musicoterapia, terapia miofuncional, de lenguaje, comportamental,
de familia y de integración sensoriomotriz para su hija Astrid Carolina Barreto
Silva, en el Instituto de Rehabilitación Integral Caritas Felices, tras ser
diagnosticada con “discapacidad cognitiva” y “dislalia”. El Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar concedió el
amparo, ordenando a la EPS autorizar el tratamiento de terapias especializadas
en el Instituto de Rehabilitación Integral Caritas Felices.
La Corte revocará el fallo judicial y declarará la
improcedencia del amparo, ya que aunque según la información que reposa en el
expediente la accionante reside y solicita el servicio en el municipio de El
Paso, que cuenta con su propios juzgados[371],
extrañamente se interpuso la acción de tutela en el municipio de Valledupar,
quedando radicada en el mismo juzgado en el que fueron tramitadas los amparos
en que intervino como apoderado el abogado Guillermo Alfonso Namen Vargas, y
sin constar el acta de reparto respectiva. Adicionalmente, y al igual que en
los casos precedentes, el accionante acudió directamente a un médico
particular, sin haber agotado las alternativas terapéuticas que podía ofrecer
la EPS frente a las dificultades de su hija, y solicitando tratamientos que
desbordan la oferta del sistema de salud, en IPS que no son proveedoras de la
EPS a la que se encuentra afiliado la niña. En un escenario como este,
correspondía al actor acudir a la EPS para obtener el diagnóstico y el
tratamiento de su hija, y, en caso de resultar insuficiente esta atención,
buscar las alternativas ofrecidas por fuera del sistema, hacer el respectivo
requerimiento a la EPS, y en caso de ser denegado, plantear la controversia
ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Expediente T-4264678.  Moisés Sanjuan Martínez demandó a Comfacor EPS, con el
propósito de solicitar para su hija Diana Fontalvo Sanjuan el suministro de 120
sesiones mensuales terapias de comportamiento ABA en la IPS Santa Teresa de
Jesús, tras ser diagnosticada con “retardo en el desarrollo”. El Juzgado Cuarto
Civil Municipal de Barranquilla concedió el amparo, ordenando a la EPS
autorizar el suministro de las terapias prescritas en la IPS Santa Teresa de
Jesús.
La Corte revocará el fallo judicial y declarará la
improcedencia del amparo, ya que aunque según la información que reposa en el
expediente, el accionante reside y solicita el servicio en el municipio de
Soledad, que cuenta con su propios juzgados, extrañamente se interpuso la
acción de tutela en Barranquilla. Adicionalmente, se
encontraron otras irregularidades, ya que, aunque en la demanda de tutela el
accionante afirma actuar en nombre y representación de su hija, no se allegó el
registro civil que diera cuenta de este parentesco y los apellidos no coinciden
con la calidad que se alega. Y, al igual que en los casos precedentes,
el accionante acudió directamente a un médico particular, sin haber agotado las
alternativas terapéuticas que podía ofrecer la EPS frente a las dificultades de
su hija, y solicitando tratamientos que desbordan la oferta del sistema de
salud, en IPS que no son proveedoras de la EPS a la que se encuentra afiliado
la menor. En un escenario como este, correspondía al actor acudir a la EPS para
obtener el diagnóstico y el tratamiento de su hija, y, en caso de resultar
insuficiente esta atención, buscar las alternativas ofrecidas por fuera del
sistema, hacer el respectivo requerimiento a la EPS, y en caso de ser denegado,
plantear la controversia ante la Superintendencia Nacional de Salud.
-       Expediente T-4253989.  Sady Gómez Yáñez presentó acción
de tutela contra la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba y a la EPS
Saludvida EPS, con el propósito de solicitar para su hijo Carlos Andrés
Lavalle  Gómez el suministro de un tratamiento integral que comprende terapias
asistidas con perros, de integración sensoriomotriz, miofuncional,
comportamentales ABA, de educación especial, físicas, fonoaudiológicas y
ocupacionales basadas en neurodesarrollo, en Funtierra Rehabilitación IPS, tras
ser diagnosticada con “secuelas de microcefalia” y “retardo severo psicomotor
secundario”, y después de que la Secretaría de Salud de Córdoba se negó a
seguir autorizando los servicios en favor del menor en la citada IPS. El
Juzgado Promiscuo de Planeta Rica concedió el amparo constitucional, ordenando
a la Secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba autorizar el suministro de
las terapias NO POS, “incluyendo gastos de transporte de Planeta Rica –
Montería y viceversa, más alimentación, para el beneficiaria y su acompañante
en la ciudad de Montería”, y a la EPS el suministro de las terapias POS,
incluyendo los “emolumentos para transporte de Planeta Rica – Montería y
viceversa, más comidas para el beneficiaria y su acompañante en Montería”.
La Corte revocará el fallo
judicial y declarará la improcedencia del amparo constitucional, reconociendo
en todo caso el derecho del menor de acudir a la EPS a la que se encuentra
afiliado para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del médico
tratante. Lo anterior, en la medida en que el acceso a las tecnologías y a los
servicios complementarios de la IPS Funtierra se obtuvo sin la mediación de
ninguna instancia técnica de evaluación, y habiéndose excluido integralmente la
intervención de la EPS. En efecto, el juez de instancia acogió el argumento
esgrimido por el accionante, y que a lo largo de este proceso judicial expuso
la IPS Funtierra en el marco del expediente T-5808226, en el sentido de que las
prestaciones NO POS para las personas que hacen parte del régimen subsidiado
deben ser asumidas directamente por las entidades territoriales, sin la
intervención de la EPS, y sin que esta autorice los servicios respectivos y
luego efectúe el recobro ante el ente territorial, en este caso la gobernación
de Córdoba. Por lo mismo, y al igual que en los casos anteriores, la accionante
no acudió a la EPS para obtener las alternativas terapéuticas que esta podía
brindar, y, en lugar de solicitar a esta entidad la provisión de los servicios
a partir de la orden médica particular, acudió directamente a la acción de
tutela con el argumento de que, por tratarse de tecnologías NO POS para un
menor que hace parte del régimen subsidiado, no cabía la intervención de la
EPS, y de que la Gobernación de Córdoba debía librar las autorizaciones a
partir de las órdenes expedidas por el médico particular de la IPS Funtierra. Como
puede advertirse, bajo este modelo de acceso al sistema de salud, los pacientes
y los proveedores de servicios interactúan libremente, y luego hacen valer sus
expectativas ante la entidad territorial, quien tendría que supeditarse a las
exigencias de uno y otro actor. De igual modo, en lugar de acudir a la
Superintendencia Nacional de Salud, propuso interpuso directamente la acción de
tutela.
6.3.    Fallos
que deniegan el amparo constitucional
6.3.1.  Por
último, en un tercer grupo de fallos, el juez constitucional decide
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones planteadas por los accionantes,
pero deniega el amparo constitucional. Se trata de 17 fallos en primera y única
instancia, o en segunda instancia, correspondientes a los expedientes T-4585824,
4585818, 4582553, 4581950, 4279777, 4277939, 4269949, 4263532, 4582553, 4262190,
3912170, 3459124, 3370193, 3370191, 3308932, 3026926, 3025534, 2896065 y
2893757.
En esencia, los jueces
argumentan que no solo resulta dudosa la procedencia de las acciones de tutela,
sino que, además, no hay lugar a las prestaciones exigidas al sistema de salud.
En este sentido, en los fallos judiciales se advierte que, en estricto sentido,
no habría lugar al pronunciamiento judicial por existir otros mecanismos
jurisdiccionales para resolver la controversia, por existir indicios o
evidencias de temeridad en los amparos interpuestos, o por no acreditarse las
condiciones para actuar como representante o como agente oficioso de los
infantes. Pero que incluso prescindiendo de este debate, los reclamos son
infundados, ya que los servicios requeridos, por estar asociados a la educación
y al cuidado de los menores de edad no son exigibles al sistema público de
salud, y que además, tampoco están dados los presupuestos para obtener las
prestaciones exigidas, básicamente por estar soportados en una orden médica
particular, y por no haberse agotado las alternativas terapéuticas al alcance
de la EPS. De esta suerte, al exigirse una prestación que por su naturaleza es
extraña al sistema público de salud, y al no haberse satisfecho las cargas
mínimas para acceder a prestaciones que en principio le son ajenas, como son
las terapias NO POS, para que además sean provistas por una IPS que no hace
parte de la red de servicios de la EPS, los requerimientos resultan inviables.
6.3.2. El
primer señalamiento de fondo se relaciona con el cuestionamiento a la
naturaleza de las prestaciones requeridas en los amparos constitucionales,
argumentándose que, por tener de manera prevalente un contenido educativo, no
pueden estar a cargo del sistema de salud, o incluso, que los remedios
requeridos para preservar el bienestar de los niños en cuyo nombre se interpuso
la acción, están en cabeza del propio hogar.[372] En
este sentido, los funcionarios judiciales advierten que aunque ciertas
actividades lúdicas, recreativas, formativas o didácticas, como las que se
solicitan en las acciones de tutela, pueden tener impacto en el estado de salud
de las personas, no por esa sola circunstancia pueden ser atribuidas al sistema
público de salud, como quiera que este se encarga exclusivamente de prevenir,
tratar, curar o paliar la enfermedad.
Dentro del expediente
T-4262190, por ejemplo, en el que se solicita un tratamiento integral a un
menor de edad diagnosticado con autismo en la Fundación Integrar, el Juzgado
Segundo Penal Municipal de Envigado advierte, entre otras cosas, que los
servicios brindados por dicha entidad carecen de contenido sanitario, y se
orientan, en cambio, a realizar actividades formativas para la inclusión de los
niños y jóvenes con dificultades en el desarrollo cognitivo: “De otro lado,
el servicio que se está solicitando para el menor afectado no es de salud, sino
de tipo educativo, motivo por el cual no es ella la llamada a brindar el
mismo”. Lo propio se advierte en el expediente T-2893757, en el que se
solicitan terapias con animales, hidroterapias y terapias ABA en la IPS
CENCAES, para Hernando Eliécer Vitola Merchán, diagnosticado con parálisis
cerebral. A juicio del Juzgado Segundo del Circuito de Soledad, las
pretensiones de los accionantes desbordan las obligaciones atribuibles al
sistema de salud, como quiera que los servicios brindados por centros de
educación especial están relacionados con los procesos de aprendizaje y no con
el mantenimiento del estado de salud de los niños con discapacidad: “Los
centros de educación especial como IPS CENCAES (prestador fuera de la red)
manejan procesos de aprendizaje como los que el menor requiere para su
adaptación. No obstante, Coomeva EPS es una empresa prestadora de salud y no de
educación, que es lo que necesita y se le puede brindar en estos centros
educativos, de tal suerte que esta entidad no puede ni debe asumir estos
costos”.
6.3.3. La
segunda línea argumentativa para denegar los amparos constitucionales se
relaciona con la circunstancia de que los accionantes pretermitieron las
cargas, los requisitos y los procedimientos establecidos en el sistema de
salud para acceder a las prestaciones que este provee.
En particular, se
efectuaron tres tipos de objeciones a los requerimientos de las acciones de
tutela:
(i)
Por un lado, las solicitudes se habrían soportado en
prescripciones de profesionales de la salud particulares y no de los médicos
tratantes de la EPS a la que se encuentran afiliados los niños, sin que, por
otro lado, se hubiese acreditado un principio de razón suficiente para
apartarse o para prescindir del criterio de dicho profesional. De esta suerte,
los padres habrían invertido el orden natural de las cosas, porque en lugar de
acudir primero a la EPS para el diagnóstico y tratamiento de los niños,
descartaron de plano el soporte general del sistema de salud sin que se
advirtiera o evidenciara la insuficiencia de las alternativas terapéuticas
ofrecidas por la EPS, acudiendo directamente a profesionales particulares sobre
la base, no justificada en las acciones de amparo, de que estos tendrían un
mejor criterio para intervenir a sus hijos.[373]
Incluso, algunos jueces cuestionan el diagnóstico o la prescripción médica como
tal, por provenir de profesionales no competentes para intervenir el
padecimiento del menor, o por no individualizar y caracterizar correctamente la
patología.
(ii) Asimismo, los jueces
denegaron las pretensiones de las demandas sobre la base de que los accionantes
direccionaron el requerimiento hacia un centro de salud específico que no hace
parte de la red de servicios de la EPS a la que pertenece el menor, y sin que,
por otro lado, se evidenciara la insuficiencia de la atención que puede brindar
el sistema público de salud a través de las IPS con las que establecen enlaces
las EPS. Así las cosas, los requerimientos de los tutelantes desbordan las
obligaciones del sistema, ya que el suministro de las tecnologías en salud debe
canalizarse a través de las instituciones que integran la red de las EPS, o
excepcionalmente a través de otra institución, pero únicamente cuando se
acredita que aquella resulta insuficiente para atender los requerimientos en
salud de los pacientes, cosa que no ocurre en los casos analizados.[374]
(iii) En tercer lugar, se
sostiene que como el requerimiento se orienta a obtener una prestación que no
se encuentran dentro de los planes de beneficios y que excede las cargas
regulares del sistema de salud, la condición para que sea provista por este, es
que el paciente y su núcleo familiar carezcan de los medios económicos para
este efecto, y que, en los casos particulares, no se acreditó esta
circunstancia.[375] De hecho, en algunos
casos los mismos padres de los menores afirman haber financiado los
tratamientos de sus hijos por su propia cuenta, por lo cual no es dable exigir
tardíamente la misma prestación que se ha venido asumiendo, alegando la
carencia de medios económicos.
En los expedientes
T-4585824 y T-4585818, por ejemplo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Valledupar revoco las sentencias del Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esa misma
ciudad, que había concedido los amparos constitucionales para que los niños diagnosticados
por el médico fisiatra Omar Rivera fueren atendidos en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas (CRIES IPS), en el municipio El Paso, para
que se les brindaran terapias físicas, ocupacionales, de lenguaje en
neurodesarrollo, y miofuncional, asistida con perros y musicoterapias. En el
expediente T-4585818 el juez consideró que además de que la procedencia de la
acción era dudosa, por cuanto existían en el ordenamiento otros mecanismos para
reclamar judicialmente el acceso al sistema de salud, y por cuanto, además, la
accionante no acreditó el vínculo parental a partir del cual podría actuar en
representación del menor, las pretensiones de la acción carecían de todo
asidero. Entre ellos, que no se acreditó que previamente a la solicitud de tutela,
se hubiese acudido a la EPS para reclamar el tratamiento requerido por el
médico particular, que esta entidad los hubiese negado, e incluso, que en algún
momento hubiere solicitado valoración por el médico especialista de la EPS. Por
el contrario, de manera espontánea y libre, y sin haber mediado la negligencia
del sistema de salud o el fracaso de las alternativas terapéuticas brindadas
por este, se acudió a un médico particular, “dejando de lado las
posibilidades que le brinda la EPS a la que se encuentra afiliado como
beneficiario, y demostrando con ello que contrariamente, sí tiene cómo efectuar
el gasto del tratamiento que decidió ordenarle el galeno”. Por lo demás,
aunque el accionante alega la incapacidad económica para asumir el costo de los
tratamientos, tampoco proporcionó los elementos de juicio para arribar
razonablemente a esta conclusión, máxime cuando previamente ha venido cubriendo
de su propio patrimonio el tratamiento en la IPS CRIES. Lo propio se argumentó
en la sentencia de tutela correspondiente al expediente T-4585824, revocando,
nuevamente, la decisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Valledupar.
En las acciones de tutela
correspondientes a los expedientes T-3370193 y T-3370191, el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cereté revocó las sentencias que el Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Cereté en las que se había ordenado a las EPS asumir los
costos de los tratamientos especializados suministrados por el Centro de
Rehabilitación Arco Iris, a partir de las prescripciones del médico fisiatra
Alfredo Rodríguez. Nuevamente, el juez sostiene que los acudientes de los
menores solicitan un tratamiento especializado, sin haber agotado las
alternativas terapéuticas que brinda la EPS a través de su red de servicios, y
sin siquiera contar con un diagnóstico por parte de dicha entidad.
En el expediente T-2893757,
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad revoca la decisión de
instancia, argumentando que no solo la acudiente de la niña prescindió de la
atención que podía ser brindada por la EPS y omitió someter su requerimiento al
Comité Técnico Científico, sino que además, la atención que solicita de parte
de la institución CENCAES no corresponde a un servicio de salud propiamente
dicho, sino a un servicio educativo especializado y diferencial que apunta a
fortalecer los procesos de aprendizaje “los procedimientos de terapias ABA,
EQUINOTERAPIAS, ANIMALTERAPIAS, HIDROTERAPIAS, MUSICOTERAPIAS, NO
CONVENCIONALES, no se encuentran contemplados dentro del Plan Obligatorio de
Salud, y la accionante no acudió a la instancia natural para pedir estos
tratamientos por fuera del POS, el Comité Técnico aún no ha negado o autorizado
las terapias mencionadas (…) de las pruebas obrantes en el expediente se
constata que hay un documento emitido por el Comité Técnico Científico (…) y
dicho comité no pertenece a la entidad sino a la IPS CENCAES (…) De otra parte,
los centros de educación especial como IPS CENCAES manejan procesos de
aprendizaje como los que el menor requiere para su adaptación. No obstante, la
EPS es una empresa prestadora de salud y no de educación, que es lo que necesita
y se le puede brindar en estos centros educativos, de tal suerte que esta
entidad no puede ni debe asumir estos costos, ya que se rompería el equilibrio
financiero al condenarse a esta EPS, a cumplir un ordenamiento que el mismo
Estado no reglamenta”.
6.3.4. La
Corte considera que estos fallos deben ser confirmados, en consideración a que,
por un lado, las razones por las que se denegaron los amparos tienen pleno
asidero constitucional, y a que, por otro lado, se han producido cambios en el
contexto fáctico y normativo que tornan definitivamente inviables de las
pretensiones de las acciones de tutela.
6.3.5. Independientemente
del debate general sobre la procedencia de las acciones de tutela para
solicitar del sistema de salud tecnologías en salud no comprendidas en el Plan
de Beneficios, la Sala encuentra que algunos de los casos revisados no
satisfacen los presupuestos básicos para el pronunciamiento judicial.
En los expedientes
T-4585824 y 4585818, por ejemplo, la acción de tutela se interpuso en el
municipio de Valledupar, pese a que los accionantes afirman residir en el
municipio de El Paso, y a que el argumento para reclamar los servicios en el
Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas (CRIES) es que es la única IPS
que tiene una sede en dicho municipio y que cuenta con los servicios requeridos
por el médico tratante. Además, las acciones quedaron radicadas en un mismo
despacho judicial de los muchos que se encuentran en Valledupar, sin que en el
expediente se encuentre soportado el reparto con el acta correspondiente. Y en
todos estos casos, los acudientes de los menores fueron representados
judicialmente por el abogado Guillermo Alfonso Namen Vargas, de quien se
presume su conocimiento sobre las reglas de competencia territorial en materia
de tutela. Ninguna de estas circunstancias fue valorada por el juez de tutela
en primera instancia.
Asimismo, en algunos de
los casos revisados no se encuentran acreditados los presupuestos para que el
accionante pueda actuar como representante o como agente oficioso del infante
en cuyo nombre se interpone el amparo constitucional. En el expediente T-4581950,
por ejemplo, el señor Teodulo Eugenio Erira Tapia actúa en nombre y
representación de quien afirma ser su hija, la niña Lorena Patricia Erira
Rosero, pero sin acreditar tal condición, por cuanto únicamente se anexa su
documento de identidad, documento que no permite inferir el parentesco. En la
acción de tutela correspondiente al expediente T-3370191 acontece algo
semejante, con el agravante de que los apellidos de la tutelante, Ledys del
Socorro Hernández López, no coinciden con los de Brigith Paola Moreno Zúñiga. Lo
propio puede advertirse en los expedientes T-4269949, T-3912170, T-3370193 y
T-2896065.
Por último, otras acciones
de tutela que fueron falladas desfavorablemente, advirtieron, entre otras
cosas, que correspondían a casos de temeridad, en los que el accionante, al
contar con un fallo judicial en contra, decide activar nuevamente el sistema
judicial para abrir un nuevo debate constitucional frente a una controversia
que coincide en todos sus elementos estructurales. Esto es precisamente lo que
ocurrió en el amparo correspondiente al expediente T-3308932, propuesto para
que Laura Camila Londoño, diagnosticada con autismo por un médico de la IPS
Passus, contase gratuitamente con los servicios de esa misma entidad, en el municipio
de Ibagué; no obstante, previamente se había presentado la misma acción
constitucional, un mes antes.
En los demás casos en que
no se encontraron irregularidades semejantes, tampoco se encuentra viable la
acción de tutela, pues, tal como se explicó anteriormente, el ordenamiento
jurídico contempla un mecanismo de naturaleza jurisdiccional para resolver las
controversias planteadas, mecanismo accesible que puede ser resuelto con
solvencia por la Superintendencia Nacional de Salud. Adicionalmente, las
patologías por las cuales se reclama el acceso al sistema de salud no exigen
una atención inmediata para la preservación de la vida, sino una evaluación y
un diagnóstico integral del menor, así como el diseño cuidadoso de un plan
terapéutico de mediano y largo plazo, cuestiones para las cuales la acción de
tutela no es el escenario adecuado.
6.3.6. Pero
independientemente de las irregularidades que podrían tornar improcedente el
pronunciamiento judicial, en los casos analizados no se encuentran acreditadas
las condiciones para que los niños pudiesen acceder a los tratamientos
especializados en IPS determinadas que no hacen parte de la red de servicios de
las EPS a las que se encuentran afiliados los niños.
Primero, el acceso a las
tecnologías en salud no convencionales se encuentra supeditado a que se
acredite su necesidad, esto es, a que exista una patología de base debidamente
individualizada, que los tratamientos convencionales brindados por el sistema
de salud hayan fracasado, y que exista un vínculo entre tales patologías y las
intervenciones propuestas. Estas exigencias, sin embargo, no sólo no fueron
satisfechas, sino que además, los elementos de contexto generan dudas sobre la
naturaleza y el trasfondo y de las acciones de tutela, y en particular, sobre
si el litigio tiene por objeto y efecto la materialización del interés superior
de los niños, o si este interés es funcional al objetivo de extraer los
recursos del sistema público de salud por unos actores determinados.
Tal como se ha indicado a
lo largo de este fallo, con frecuencia las prescripciones médicas que se
pretenden hacer valer en los estrados judiciales provienen de galenos que
pertenecen a mismo centro médico en el que se pretende la provisión de las
terapias, de suerte que eventualmente podría configurarse un conflicto de
intereses, que en los casos concretos nunca fue declarado ni evitado: en los
expedientes T-4585824, 4585818 y T-4279777, por ejemplo, el diagnóstico
proviene del médico fisiatra Omar Rivera, quien, a su turno labora para el
Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas (CRIES), en el que, precisamente,
los accionantes solicitan la intervención en los menores de edad; en la demanda
correspondiente al expediente T-4582553 ocurre algo semejante, pues allí se sostiene
que el médico que prescribe las terapias pertenece al mismo centro en el que se
pretenden tomar, esto es, en el Centro de Rehabilitación Solidaridad Social. Lo
propio acontece en los expedientes T-3370193 y T-3370191, en los que la
pretensión para obtener los tratamientos especializados en el Centro de
Rehabilitación Arco Iris, en el municipio de Cereté, provienen del médico
fisiatra Alfredo Rodríguez; según los propios accionantes, este profesional
hace parte de dicha institución, aunque la prescripción consta en un papel
timbrado del Dr. Libardo Rodríguez y de “Pilates Sport Medicine. Conecta su
cuerpo, mente y espíritu”, ubicado en la ciudad de Montería.
Los diagnósticos médicos no
solo provienen de profesionales cuya especialidad parece no corresponder a la
patología identificada en el menor, sino que, además, no especifican los
criterios diagnósticos empleados, y se refieren a dificultades genéricas y
globales que no logran precisar las características estructurales ni la
gravedad de las presuntas patologías.
En el expediente
T-4263532, por ejemplo, el profesional Gary Job Linero, médico en Ciencias
Básicas Biomédicas con Énfasis en Morfología Humana y en Neurofisiología, diagnostica
a la niña con microcefalia, parálisis cerebral infantil y retardo global en el
desarrollo. En los expedientes T-4585824, 4585818 y T-4279777, los infantes son
diagnosticados por el médico fisiatra Omar Rivera, quien identifica patologías
genéricas como “trastorno del aprendizaje”, “insuficiencia motora”, “torpeza
motora” y “déficit cognitivo”. En el expediente T-4581950, el médico Orlando
Moreno, especializado en medicina física y del deporte, diagnostica a Pero Luis
Candanoza con dislalia e hiperquinesia. En el expediente T-3370193, el médico
fisiatra Alfredo Rodríguez diagnostica a José Alfredo Flórez con retraso mental
moderado y síndrome convulsivo, patología esta última que tampoco corresponde a
la clasificación CIE 10. En los expedientes T-3308932 y T-3025534, los menores
son diagnosticados con autismo y retardo en el desarrollo. En el expediente
T-2896065, el niño es diagnosticado con retardo en el desarrollo del lenguaje,
alteración motora, trastorno generalizado de ansiedad y discapacidad cognitiva.
Y en el expediente T-2893757 el accionante afirma que su hijo padece parálisis
cerebral, pero en los soportes médicos sólo se encuentra un acta del denominado
“Comité Técnico Científico” de la institución CENCAES IPS, en la que consta que
la madre suministra información relacionada con que el menor tiene “dificultades
motoras finas que afectan su aprendizaje”, que “al nacer permaneció dos
meses en la incubadora” y que otros médicos lo diagnosticaron con “semiparálisis
del lado izquierdo”, y posteriormente se constata que “su nivel de
atención es el adecuado (…) acata y ejecuta órdenes sencillas pero con
dificultad las complejas, atiende y responde al llamado de su nombre y edad y
reconoce e identifica ciertos campos semánticos, el estado de los órganos
fonoarticuladores es adecuado para su edad (…) con ciertas fallas
articulatorias en sus producciones orales (…) audición normal (…) alteración de
la coordinación y el equilibrio dinámico y estático (…) mal manejo de la
postura (…)”.
Como puede advertirse,
algunas de las categorías empleadas no corresponden a la versión actualizada de
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
Relacionados con la Salud (CIE 11), o las patologías no corresponden a la
especialidad del médico tratante. Así, el “trastorno generalizado del
desarrollo” comprende fenómenos tan disímiles como el autismo infantil, el
autismo atípico, el síndrome de rett, síndrome de Asperger, trastorno hipercinético
con retraso mental y movimientos estereotipados, y otros trastornos
generalizados del desarrollo. A su turno, las enfermedades del espectro autista
difieren en aspectos especiales. El síndrome de Asperger[376], por ejemplo, respecto
del cual se ha afirmado incluso que carece de entidad clínica y que no
corresponde a una patología propiamente dicha, no envuelve ningún tipo de
retraso mental, retraso del desarrollo del lenguaje ni afectación en el
desarrollo intelectual, sino que implica un deterioro cualitativo en la
interacción social recíproca así como un repertorio restringido de intereses y
actividades vitales, que tiende a ser repetitivo, y a veces estereotipado. La
referencia general a “trastornos del desarrollo”, “torpeza motora”,
“dificultades motoras” o “alteración del comportamiento”, no logra precisar la
naturaleza, la entidad y la gravedad de las patologías con fundamento en las
cuales se pretende la intervención de los menores[377].
Este tipo de referencias
genéricas no solo impiden establecer el camino terapéutico a seguir, sino que
también puede conducir a sobredimensionar la gravedad de las patologías, e
incluso, a patologizar condiciones naturales o manifestaciones de problemáticas
de otro orden, atribuyendo a los menores trastornos que no son sino la
expresión de disfuncionalidades sociales, culturales o familiares más
profundos.
Asimismo, las tecnologías
en salud propuestas en las acciones de tutela presentan algunas
particularidades que atraen la atención de este tribunal. Entre otras cosas,
resulta particularmente llamativo que para patologías de tan diversa naturaleza
y para pacientes con condiciones tan distintas en razón de su edad y condición,
los médicos propongan el mismo tratamiento en la misma IPS. Un mismo médico prescribe
entre 120 y 140 sesiones de terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje en
neurodesarrollo, acuaterapia, equinoterapia y psicología comportamental ABA
para patologías tan diversas como “trastorno del aprendizaje”, “tetraplejia”,
“dislalia”, “déficit cognitivo” y “torpeza motora”, en niños que tienen edades
que oscilan entre los 7 y los 16 años[378]. Otro
profesional prescribe a todos los infantes 120 sesiones mensuales de terapias
ABA, a niños cuyas edades oscilan entre los 2 y los 18 años, y con patologías
tan disímiles como “trastorno del desarrollo del lenguaje”, “trastorno del
aprendizaje”, “parálisis cerebral”, “trastorno de déficit de atención con
hiperactividad” o TDAH, epilepsia, “trastorno de la conducta”, “síndrome de
down” o “alteración en el desarrollo psicomotor”.
Aún más, las terapias
prescritas por los médicos tratantes son una modalidad de las terapias
contempladas en los antiguos Planes Obligatorios de Salud y en el Plan de
Beneficios, pero, en el contexto de las acciones de tutela son calificadas por
los operadores del sistema como NO POS, calificación que tiene por objeto la
eliminación de la intervención de las EPS.
Finalmente, los
accionantes acuden directamente a la acción de tutela, sin antes agotar las
alterativas terapéuticas que podría proveer el sistema de salud mediante sus
dispositivos ordinarios. Resulta llamativo, por ejemplo, que los acudientes de
los infantes prescindiesen del concepto del médico especialista de la EPS, que
bien podría ser un neuropediatra, y que en su lugar se optara por el de un
médico del deporte o el de un médico fisiatra. La Sala encontró que, en algunos
de los casos revisados, los niños no fueron intervenidos previamente en la EPS,
y que incluso no se hizo ninguna solicitud de diagnóstico o de tratamiento, y
que sólo tardíamente fueron sometidos al concepto de un médico particular, para
inmediatamente después acudir a la acción de tutela para exigir los
tratamientos intensivos en una IPS determinada.
En el expediente
T-2893757, por ejemplo, el accionante solicitó para Hernando Vitola Baquero un
tratamiento intensivo en la IPS CENCAES, para recibir equinoterapias,
animalterapia, hidroterapia, terapias ABA, psicología y terapias de
fonoaudiología, por una parálisis cerebral espástica. Durante el proceso
judicial, la EPS hizo notar no solo que las tecnologías en salud propuestas eran
inconsistentes con la naturaleza de la patología que tenía, sino también que en
ningún momento se solicitó alguna valoración a la EPS, e incluso que, la
prescripción médica de la IPS tampoco se sometió a consideración de la EPS a
través de su Comité Técnico Científico (CTC), sino que, en su lugar, la misma
IPS interesada en la provisión de los servicios creó un “Comité Técnico
Científico” ad hoc, para validar las terapias que ellos mismos habían
prescrito.
6.3.7. Por
último, además de que las razones por las que los jueces de instancia denegaron
los amparos son constitucionalmente admisibles, han operado cambios normativos
y fácticos que impiden definitivamente acceder a las pretensiones de las
demandas. Entre ellas, cabe destacar que luego de ser expedida la Ley
Estatutaria de la Salud, algunas de las tecnologías reclamadas en las acciones
de tutela se encuentran definitivamente excluidas de su financiación con
recursos públicos a partir del procedimiento técnico, científico y
participativo en dicha normatividad, y que las que no hacen parte de tales
exclusiones, tampoco se encuentran contempladas en el Plan de Beneficios con
Cargo a la UPC.  Según se ha explicado en diferentes oportunidades, las
terapias con animales se encuentran excluidas para el autismo y el
acompañamiento sombra y las terapias tomatis para todas las indicaciones.
6.3.8.  En
este orden de ideas, la Corte confirmará los fallos que resolvieron las
acciones de tutela dentro de los expedientes T-4585824, 4585818, 4582553,
4581950, 4279777, 4277939, 4269949, 4263532, 4262190, 3912170, 3459124,
3370193, 3370191, 3308932, 3026926, 3025534, 2896065 y 2893757, tal como se
indica a continuación:
-   Expediente
T-4585824.  Guillermo Alfonso Namén Vargas, actuando como apoderado
judicial de Dorina Ester Arias Arias, presentó acción de tutela contra Salud
Total EPS, con el propósito de solicitar para Sharith Daniela Blanco Arias el
suministro de 140 sesiones mensuales de terapias físicas, ocupaciones y de
lenguaje en neurodesarrollo, acuterapia, equinoterapia, musicoterapia y
comportamental, en el Centro de Rehabilitación Estrellitas, tras ser
diagnosticada con “Insuficiencia Motora de Origen Cerebral”(IMOC) y “trastorno
del aprendizaje”. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de
Valledupar revocó integralmente la decisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, que concedió el amparo, y
en su lugar denegó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que el
accionante nunca presentó una solicitud a la EPS Salud Total, ni le otorgó la
oportunidad de evaluar el requerimiento, y que, además, nunca se analizó
expresamente la legitimación por activa de la accionante, quien afirma ser la
madre, pero quien no aportó la documentación que respalda esta afirmación.
La Corte confirmará el
fallo del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de
la menor de acudir a la EPS, para ser diagnosticada y tratada según las
indicaciones del médico tratante. Por un lado, no es clara la procedencia del
amparo constitucional, por no acreditarse la legitimación por activa de la
accionante que le habilitaría para intervenir en nombre de la niña, y por no
haberse acudido al escenario que según el ordenamiento jurídico es el llamado a
resolver este tipo de controversias, esto es, la Superintendencia Nacional de
Salud. Asimismo, y tal como lo puso de presente el juez de instancia, la
accionante pretermitió las instancias exigidas para acceder al sistema de
salud, pues acudió directamente a la acción de tutela, sin antes acudir a la
EPS para que su hija fuese diagnosticada y tratada, y sin darle la oportunidad
de esta entidad para que evaluara su requerimiento para acceder a las terapias
brindadas de una IPS particular que no hacen parte del Plan de Beneficios.
-       Expediente
T-4585818.  Guillermo Alfonso Namen Vargas,
actuando como apoderado judicial de Erika Patricia Jiménez Orozco, presentó
acción de tutela contra Salud Total EPS, con el propósito de solicitar para
Jesús Manuel Jiménez Jiménez el suministro de 120 sesiones mensuales de
terapias físicas, ocupacionales y de lenguaje en neurodesarrollo,
miofuncionales, de musicoterapia y asistida con perros, en el Centro de
Rehabilitación Integral Estrellitas, tras ser diagnosticado con “tetraplejia” y
“epilepsia”. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Valledupar revocó integralmente la decisión del Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, que
concedió el amparo, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda, al
evidenciar que no existía legitimación por activa de la actora al no haberse
allegado la condición que la habilitaría para actuar en nombre y representación
de la menor, que no se acreditó que la EPS hubiere negado el servicio asi como
tampoco su incapacidad económica.
La Corte confirmará el
fallo del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de
la menor de acudir a la EPS, para ser diagnosticada y tratada según las
indicaciones del médico tratante. Primero, al igual que en los expedientes
4285631, 4585824 y 4279777, la acción de tutela se interpuso en el municipio de
Valledupar, pese a que según la documentación que aparece en la acción de
tutela, el niño en cuyo nombre se presentó el amparo reside y requiere el
servicio en el municipio de El Paso, que cuenta con sus propios juzgados. Asimismo,
tampoco se allegó la documentación que acreditaría la legitimación de la
accionante, y tampoco es clara la procedencia de la acción, teniendo en cuenta
que el escenario que según el ordenamiento es el llamado a resolver este tipo
de controversias era la Superintendencia Nacional de Salud. Y según expuso
Salud Total EPS, nunca se acudió a la EPS para obtener un diagnóstico y un
tratamiento para la menor, como tampoco se le dio la oportunidad a la entidad
para evaluar la pretensión de acceder a los servicios de la IPS Centro de
Rehabilitación Estrellitas, para obtener unas terapias que no hacen parte del
Plan de Beneficios prescritas por un médico particular.
-       Expediente
T-4582553.  Jorge Enrique Ramos Lujan,
actuando como apoderado judicial de Esmith Viviana Rodríguez Betin, presentó
acción de tutela contra Coosalud EPS, con el propósito de solicitar para Kenia
Amador Rodríguez el suministro de 120 sesiones de terapias integrales ABA en el
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad Social IPS,
tras ser diagnosticada con “retraso mental” y “retraso en el desarrollo del
lenguaje”. El Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Barranquilla denegó las pretensiones de la demanda, argumentando que ha
debido plantearse la controversia ante la Superintendencia Nacional de Salud,
que no existían evidencias de un perjuicio irremediable, y que no se acreditó
que la EPS se negara a brindar los servicios de salud que le corresponden ni la
presunta incapacidad económica.
La Corte confirmará el
fallo de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de la niña de acudir
a la EPS, para ser diagnosticada y tratada según las indicaciones del médico
tratante. Lo anterior, en la medida en que no sólo el debate ha debido ser
planteado ante la Superintendencia Nacional de Salud, sino que además tampoco
se acreditó que previamente se hubiese acudido a la EPS para obtener el
diagnóstico y el tratamiento, ni que se hubiese presentado el requerimiento a
dicha entidad para que esta evaluara su pertinencia y necesidad.
-       Expediente
T-4581950.  Yenis Zulay Reguillo Barrios
presentó acción de tutela contra Saludcoop EPS, con el propósito de solicitar para
Pedro Luis Candanoza Reguillo el suministro de 170 sesiones mensuales de rehabilitación
multidisciplinaria con enfoque cognitivo y del lenguaje, con terapia halliwick,
musicoterapia, terapias de neurodesarrollo, terapias asistidas con perros, y
terapias con competente ABA, en la Fundación Paso a Paso, tras ser
diagnosticado con “hiperquinesia”, “retraso cognitivo moderado”, “trastorno del
desarrollo del habla y del lenguaje” y “trastorno generalizado del desarrollo”.
El Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga denegó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la orden del médico de la Fundación Paso a Paso no
es vinculante, que el menor venía siendo atendido por la EPS para tratar la
patología que le fue diagnosticada. Sin perjuicio de lo anterior, se exhortó a
la EPS para brindar un servicio oportuno y de calidad.
La Corte confirmará el
fallo de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del menor de acudir
a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del médico
tratante. Lo anterior, en la medida en que el debate ha debido ser planteado
ante la Superintendencia Nacional de Salud, y en que, según se evidencia en la
historia clínica, el niño viene siendo atendido oportunamente por médicos
especialistas de la EPS. Adicionalmente, y al igual que en otros casos, no se
allegó la documentación que permitiría establecer el vínculo entre el infante y
la persona que afirma actuar en representación suya en su calidad de madre y el
diagnóstico que alega en la demanda de tutela no coincide con el que aparece en
la orden médica.
-       Expediente
T-4279777.   Elioneth Rangel Rondón presentó
acción de tutela contra Saludvida EPS, con el propósito de solicitar para
Rafael Andrés Rangel Rendón el suministro de 160 sesiones mensuales de terapias
físicas, ocupacionales y de lenguaje en neurodesarrollo, miofuncional,
asistidas con perros, de musicoterapia y de psicología comportamental en el
Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas (CRIES), tras ser diagnosticado
con “déficit cognitivo” y “torpeza motora”. El Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar revocó integralmente la decisión
del Juzgado Primero penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Valledupar, que había concedido la acción de tutela, y en su lugar denegó las
pretensiones de la demanda, sobre la base de que no se acreditó que la actora hubiese
elevado solicitud ante la EPS para acceder a las prestaciones que desbordan el
Plan de Beneficios en una IPS determinada, con base en una prescripción de un
médico particular, y de que esta nunca se negó a prestar los servicios.
La Corte confirmará el fallo
del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del menor
de acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, en la medida en que, según expresó la propia EPS
Saludvida, el accionante no acudió a la entidad para que su hijo fuese valorado
y tratado, ni tampoco para reclamar los servicios que exige en la acción de
tutela. Adicionalmente, la acción de tutela se interpuso en el municipio de
Valledupar, pese a que según la documentación que consta en el expediente, el infante
reside en el municipio de La Jagua de Ibirico, que cuenta con un Juzgado
Promiscuo Municipal[379], y quedó radicada en el
mismo juzgado donde se tramitaron los amparos que corresponden a los
expedientes 4585818, 4285631 y 4263532, sin que conste el acta de reparto.
- Expediente T-4277939.
Flor Ángela del Águila Peña presentó acción de tutela contra Salud Total EPS,
con el propósito de solicitar para Juan José Pérez del Águila el suministro del
tratamiento integral personalizado e intensivo, con acompañamiento terapéutico
profesional (sombra), y sesiones de equinoterapia, terapia neurosensorial, y
terapias de psicomotricidad, ocupacionales y de fonoaudiología, en la Clínica
Neurorehabilitar, tras ser diagnosticado con “autismo atípico” y “retardo
mental en desarrollo”. El Juzgado 34 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá revocó integralmente la decisión del Jugado Séptimo
Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que había concedido el
amparo, y en su lugar denegó las pretensiones de la demanda, sobre la base de
que la EPS ha venido ofreciendo la atención del menor en otras EPS, y que no se
había acreditado la necesidad de que el niño fuese atendido únicamente en la
Clínica Neurorehabilitar.
La Corte confirmará el
fallo del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del
menor de acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante. Lo anterior en la medida en que, según consta
en el expediente, la EPS ha venido ofreciendo al niño un tratamiento integral
en su red de servicios, en diferentes IPS que brindan el mismo tipo de terapias
que la accionante reclama, ante lo cual la accionante se niega con el argumento
de que debe dar continuidad al tratamiento que ya inició en la Clínica Neurorehabilitar.
-       Expediente
T-4269949.  Amalia Ossa Cruz presentó acción
de tutela contra Cafesalud EPS, con el propósito de solicitar para su hijo
Winivier Bolívar Ossa el suministro del tratamiento integral en el Instituto
Emmanuel IPS, tras ser diagnosticado con “retraso sicomotor” y “epilepsia”. El
Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá revocó
parcialmente la decisión del Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Bogotá de conceder la acción de tutela, y, en su lugar, denegó
las pretensiones de la demanda relacionadas con el suministro de las terapias
especializadas, sobre la base de que el reclamo de la accionante no se
encontraba soportado en órdenes médicas provenientes de profesionales de la
salud adscritos a la EPS, que dieran cuenta de la necesidad del servicio; por
el contrario, mantuvo la orden de otorgar las citas médicas, los medicamentos y
los insumos prescritos por el médico tratante.
La Corte confirmará el
fallo del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del
menor de acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante. Lo anterior, en la medida en que no se
acreditó el parentesco que habilitaría a la accionante para actuar en nombre y
representación del menor, que la controversia judicial podía ser ventilada en
la Superintendencia Nacional de Salud, y que, según advirtió la entidad
accionada, la accionante se ha negado a acudir a la EPS para que su hijo sea
valorado y tratado, pese a los continuos ofrecimientos que se le han hecho en
este sentido.
-       Expediente
T-4263532. Maryuris Hernández Guerra presentó
acción de tutela contra Salud Total EPS, con el propósito de solicitar para su
hija Aida Luz Otero Hernández el suministro de un tratamiento integral, que
incluye terapias de integración sensoriomotriz, terapia halliwick,
musicoterapia, miofuncional, de neurodesarrollo, orientación y entrenamiento
vocacional, comportamental ABA y fonoaudiología basada en neurodesarollo, en el
Centro de Atención Integral Especializado “Huellas”, tras ser diagnosticado con
“parálisis cerebral”, “retardo global del desarrollo” y “microcefalia”. El
Juzgado Octavo Civil Municipal de Santa Marta denegó las pretensiones de la
demanda, sobre la base de que las exigencias de la accionante no se encontraban
soportadas en una orden médica de un profesional adscrito a la EPS, que diese
cuenta de la necesidad de los servicios reclamados en sede de tutela, y sobre
la base de que la EPS había ofrecido a la accionante diagnosticar y tratar a la
menor.
La Corte confirmará el
fallo del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de la menor
de acudir a la EPS, para ser diagnosticada y tratada según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, en la medida en que la controversia podía ser
resuelta por la Superintendencia de Salud, y en que según advirtió la entidad
accionada, la accionante se ha negado a acudir a la EPS para que su hija sea
valorada y tratada, pese a los continuos ofrecimientos que se le han hecho en
este sentido.
-       Expediente
T-4262190.  el Personero Municipal de Envigado
interpuso acción de tutela contra la EPS Salud Total para reclamar los derechos
de Alejandro Arroyave de recibir el tratamiento integral en la Fundación
Integrar, para el autismo que le fue diagnosticado previamente. El Juzgado
Único Penal del Circuito de Envigado confirmó la sentencia del Juzgado Segundo
Penal Municipal de Envigado que denegó las pretensiones de la demanda, sobre la
base de que la prescripción médica no proviene del médico tratante de la EPS, y
de que las prestaciones requeridas hacen parte del servicio de educación, que
no deben ser asumidas por el sistema público de salud.
La Corte confirmará el fallo
del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del menor de
acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, en la medida en que, según advirtió la EPS Salud
Total, la entidad cuenta con un amplio repertorio de profesionales y de
entidades que permiten atender al paciente que han sido ofrecidos en múltiples
oportunidades, ante lo cual la madre se ha negado a recibir cualquier atención.
-       Expediente
T-3912170.  Rosa Eva Durango Núñez presentó acción
de tutela contra Comparta EPS, con el propósito de solicitar para Esmeralda del
Carmen Hurtado Durango el suministro de 120 sesiones mensuales de “terapias
integrales bajo el enfoque de las neurociencias”, incluyendo ecuaterapia,
equinoterapias, terapias sicológicas, de fonoaudiología, ocupacionales y de
educación especial, tras ser diagnosticada con “síndrome de down”. El Juzgado
Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla denegó las pretensiones de la
demanda, sobre la base de que la EPS venía atendiendo a la niña en condiciones
de oportunidad y calidad, y de que, en todo caso, no había sido notificada
debidamente en el trámite judicial.
La Corte confirmará el
fallo del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de la menor
de acudir a la EPS, para ser diagnosticada y tratada según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, en la medida en que no se acreditó la
legitimación que habilitaría a la accionante para actuar en nombre y
representación de la niña en la calidad de madre que se alega, máxime cuando la
avanzada edad de la actora pone en duda esta condición. Adicionalmente, y tal
como lo puso de presente el juez de instancia, la EPS no fue vinculada al
proceso judicial, por lo cual no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de
defensa, y, en todo caso, la historia clínica allegada sugiere que la infante
fue atendida según los requerimientos que se hicieron a la entidad.
-       Expediente
T-3459124.  Luz Dini Espitia presentó acción de
tutela contra Saludcoop EPS, con el propósito de solicitar para Dubán Felipe
Zambrano el suministro del tratamiento especializado prescrito por el médico
tratante, sin el cobro de los copagos correspondientes al 11% del valor de las
terapias recibidas, tras  haber sido diagnosticado con “parálisis cerebral”,
“cuadriparecia espástica” y “microcefalia”. El Juzgado 65 Civil Municipal de
Bogotá denegó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que el niño venía
siendo tratado según los requerimientos del médico tratante, y que, en
cualquier caso, el cobro de copagos y cuotas moderadoras tenía pleno respaldo
en el derecho positivo.
La Corte confirmará el
fallo del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del menor
de acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, en la medida en que, según lo expresó el juez de
instancia, la EPS no se ha negado a suministrar los servicios requeridos por la
actora, y el cobro de las cuotas moderadoras y de los copagos es proporcional a
los ingresos y a la capacidad económica de los usuarios, siendo en este caso
inferior a los $5.000 por cada terapia, exigencia esta que no resulta
lesiva de los derechos de los tutelantes.
- Expediente T-3370193.
María Katia Esther Pérez Lozano presentó acción de tutela contra Saludcoop
EPS, con el propósito de solicitar para José Alfredo Flórez Pérez el suministro
de 144 sesiones mensuales de terapias asistidas con perros, de musicoterapia,
comportamentales ABA, miofuncionales, de lenguaje, equinoterapia, acuaterapia y
de integración sensoriomotriz, en el Centro de Rehabilitación Arco Iris, tras
ser diagnosticado con “déficit cognitivo”. El Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Cereté revocó integralmente la decisión del Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Cereté, que había concedido la acción de tutela, y en su
lugar denegó las pretensiones de la demanda, sobre la base de que el acceso al
sistema de salud debía estar mediado por una orden del médico tratante de la
EPS, de que los tratamientos debían ser brindados por los proveedores de dicha
entidad y no necesariamente por la entidad que la usuaria del sistema elija
discrecionalmente, y de que, en cualquier caso, la EPS ha estado dispuesta a
valorar y a tratar al menor, sin que se advierta renuencia o negligencia de su
parte.
La Corte conformará el
fallo del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del
infante de acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante. Lo anterior, en la medida en que no se
acreditaron las condiciones que habrían habilitado a la accionante actuar en
nombre y representación de quien afirma ser su hijo, pues no se allegó el
registro civil de este último ni los documentos de identificación respectivos. Por
lo demás, la actora pretermitió integralmente los protocolos de acceso al
sistema de salud, pues en lugar de acudir a la EPS para solicitar la valoración
y el tratamiento de su hijo, optó por acudir directamente a un médico
particular, para luego exigir el suministro de unas terapias que no se
encuentran en el Plan de Beneficios, en una institución que no es proveedora de
la EPS, y, ante la negativa de Saludcoop, interpuso la acción de tutela, en
lugar de someter la controversia a la Superintendencia Nacional de Salud. Por
lo demás, según advirtió Saludcoop a la actora y posteriormente durante el
trámite del amparo constitucional, las terapias prescritas eventualmente
podrían tener algún efecto terapéutico frente al autismo, más no frente a la
patología con la que fue diagnosticado el menor de edad, esto es, el síndrome
de down.
- Expediente T-3370191.
Ledys del Socorro Hernández López presentó acción de tutela contra la
Gobernación de Córdoba y a Saludvida EPS, con el propósito de solicitar para
Brigith Paola Moreno Zúñiga el suministro de 154 sesiones mensuales de terapias
asistidas con perros, comportamentales ABA, de lenguaje, equinoterapias, de
neurodesarrollo, de integración sensoriomotriz y ocupacional basada en
neurodesarrollo, en el Centro de Rehabilitación Arco Iris, tras ser
diagnosticada con “hemiparesia espástica” y “retraso mental”. El Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cereté revocó la decisión del Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Cereté, que había concedido la acción de tutela, y, en
su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, por cuanto se evadió el
conducto regular para acceder a las tecnologías en salud, con el argumento de
que la actora estimó que el médico particular era preferible a los que ofrecía
la EPS, médico que, por lo demás, no tenía la especialidad requerida para este
tipo de patologías, pues se trataba de un médico fisiatra y no de un neurólogo
pediatra.
La Corte confirmará el
fallo del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de
la menor de acudir a la EPS, para ser diagnosticada y tratada según las
indicaciones del médico tratante. Lo anterior, en la medida en que no se
acreditaron las condiciones para que la accionante pudiera actuar en nombre y
representación de quien afirma ser su hija, pues no sólo no se allegó al
proceso judicial al registro civil y la documentación de identificación, sino
que tampoco coinciden los apellidos de la actora y de su presunta hija. Y, al
igual que en el expediente T-4253989, la accionante pretendía acceder a las
tecnologías y a los servicios del Centro de Rehabilitación Integral Arco Iris
sin la mediación de ninguna instancia técnica de evaluación, y habiéndose
excluido integralmente la intervención de la EPS a la que se encontraba
afiliada la niña. En tal sentido, la accionante propuso el mismo modelo de
acceso al sistema de salud que planteó Funtierra IPS en el marco del expediente
T-5808277, en el sentido de que las prestaciones NO POS para las personas que
hacen parte del régimen subsidiado deben ser asumidas directamente por las
entidades territoriales, sin la intervención de la EPS, y sin que esta autorice
los servicios respectivos y luego efectúe el recobro ante el ente territorial,
en este caso la gobernación de Córdoba. Según se puede advertir, bajo este
modelo de acceso al sistema de salud, los usuarios y los proveedores de los
servicios interactúan libremente en el sistema de salud, y luego hacen valer
sus expectativas ante las entidades territoriales, quienes tendrían que
supeditarse a las expectativas de unos y otros. Por lo mismo, y al igual que en
los casos anteriores, la accionante no acudió a la EPS para obtener las
alternativas terapéuticas que esta podía brindar, y, en lugar de solicitar a
esta entidad la provisión de los servicios a partir de la orden médica
particular, acudió directamente a la acción de tutela con el argumento de que,
por tratarse de tecnologías NO POS para un menor que hace parte del régimen
subsidiado, no cabía la intervención de la EPS, y la Gobernación de Córdoba
debía librar las autorizaciones libradas por el médico particular del Centro de
Rehabilitación Integral Arco Iris.  De igual modo, en lugar de acudir a la
Superintendencia Nacional de Salud, propuso interpuso directamente la acción de
tutela.
-       Expediente
T-3308932.  Elkin Giovany Londoño presentó
acción de tutela contra Coomeva EPS, con el propósito de solicitar el
suministro del tratamiento integral para Laura Camila Londoño Salazar con
terapias de rehabilitación cognitiva y comportamental con metodología ABA, en
jornada completa en la IPS PASSUS, tras ser diagnosticada con “autismo infantil”.
El Juzgado Quinto Penal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué denegó
las pretensiones de la demanda “por carecer en absoluto de justificación y
por ser a todas luces temeraria la pretensión de tutela”, por cuanto el
actor había presentado previamente una acción de tutela con el mismo objeto, y
por cuanto, en todo caso, las pretensiones no estaban llamadas a prosperar
porque se desconoció el trámite establecido en el ordenamiento jurídico para
acceder al sistema de salud.
La Corte confirmará el
fallo del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de la menor
de acudir a la EPS para ser diagnosticada y tratada según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, por cuanto, tal como puso en evidencia el Juzgado
Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, el
accionante había interpuesto previamente una acción de tutela con las mismas
pretensiones y con fundamento en los mismos hechos. Por lo demás, según expresó
Coomeva durante el trámite judicial, la niña viene siendo atendida por la
entidad en los distintos frentes en que se ha requerido, y ha estado dispuesta
a brindar un tratamiento integral para el manejo del autismo, ante lo cual el
padre se ha negado porque a su juicio, sólo la IPS Passus puede atender a su
hija.
-       Expediente
T-3026926.  Johanna Milena Vásquez Buitrago
presentó acción de tutela contra Coomeva EPS, con el propósito de solicitar el
suministro para Juan David García Vásquez, de un tratamiento integral
constituido por terapias alternativas, en el Instituto de Rehabilitación
Integral Ebenezer, tras ser diagnosticado con “parálisis cerebral espástica”,
“síndrome de Angelman” y “alteración en la movilidad”. El Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Villavicencio confirmó el fallo del Juzgado Octavo Penal
Municipal de Villavicencio, que denegó las pretensiones de la acción de tutela,
sobre la base de que la EPS cuenta con los instrumentos para manejar las
patologías del menor en el marco del Plan de Beneficios y de las IPS que hacen
parte de la red de servicios, y de que la actora cuenta con la capacidad
económica para asumir los tratamientos alternativos a los que quiere someter a
su hijo, como lo prueba el hecho de que hace parte del régimen contributivo,
así como el Ingreso Base de Liquidación.
La Corte confirmará el
fallo del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del menor
de acudir a la EPS para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del
médico tratante, teniendo en cuenta que la accionante no agotó las alternativas
terapéuticas que en efecto estuvo dispuesta a suministrar la EPS, y, en lugar
de ello, acudió directamente a un centro de salud particular bajo el argumento
de que sólo este podía brindar el tratamiento adecuado a su hijo. Asimismo, la
accionante se abstuvo de someter la controversia a la Superintendencia Nacional
de Salud, que es la instancia llamada a resolver este tipo de debates.
-       En el
expediente T-3025534, Carmen Gudiño Paredes presentó acción de tutela contra
Sanitas EPS, con el propósito de solicitar para Santiago Román Gudiño el
tratamiento integral en la IPS ASIDEA, y no en la IPS Horizontes ABA Terapia
Integral, tras ser diagnosticado con “autismo”. El Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Bogotá confirmó la decisión del Juzgado 34 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bogotá, que denegó las pretensiones de la
demanda, sobre la base de que la EPS ha ofrecido a la actora diversas
alternativas terapéuticas, incluso en distintas IPS accesibles y de calidad,
ante lo cual aquella se ha negado sin comprobar los resultados de los
tratamientos ofrecidos.
La Corte confirmará el
fallo del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del menor
de acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, en cuanto la actora no agotó las alternativas
terapéuticas ofrecidas en múltiples oportunidades en diferentes IPS, tales como
la Clínica Neurorehabilitar, Anthiros, CERES, Ludus, entre otras, y en cuanto
no sometió la controversia la Superintendencia Nacional de Salud, que es la
instancia llamada a resolver el debate.
- Expediente T-2896065.
Teodulo Eugenio Erira Tapia presentó acción de tutela contra Nueva EPS,
con el propósito de solicitar para Lorena Patricia Erira Rosero el suministro
del tratamiento intensivo integral individual y grupal en FUNDANE, tras ser
diagnosticada con “retraso mental moderado”, “retardo en el desarrollo del
lenguaje mixto”, y “trastorno generalizado de ansiedad”. El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Nariño conformó la decisión del Juzgado Primero Penal
del Circuito de Ipiales, que denegó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el actor pretende acceder a los servicios de un centro de salud sin
que un médico de la EPS haya efectuado un requerimiento semejante, y sin tener
en cuenta el portafolio de servicios y de IPS de aquellas entidades. De este
modo, la menor no fue remitida por un médico tratante de la EPS ni con su
prescripción, sino por iniciativa del padre para mejorar su calidad de vida.
La Corte confirmará el
fallo del juez de instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho de la menor
de acudir a la EPS, para ser diagnosticada y tratada según las indicaciones del
médico tratante. Lo anterior, en la medida en que el accionante pretermitió los
protocolos y los conductos regulares para acceder al sistema de salud, pues en
lugar de buscar la valoración y el tratamiento de su hija en la EPS, de manera
unilateral acudió a un centro que atiende la patología de la menor, y luego
exigió a la EPS que asumiera los gastos correspondientes. De igual modo, en
lugar de someter la controversia a la Superintendencia Nacional de Salud,
interpuso directamente la acción de tutela.
- Expediente T-2893757.
Hernando Luis Vitola Baquero presentó acción de tutela contra Coomeva EPS, con
el propósito de solicitar para Hernando Eliécer Vitola Merchán el suministro de
160 sesiones mensuales de terapias especializadas, que incluyen equinoterapias,
animalterapia, hidroterapia, musicoterapia, terapias ABA, terapias sicológicas
y de fonoaudiología, en la IPS CENCAES, tras ser diagnosticado con “parálisis
cerebral”. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad revocó la decisión
del Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad, que había concedido el amparo,
y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, al evidenciar que el
accionante las pretensiones no estaban soportadas en una prescripción del
médico tratante, que los servicios requeridos debían prestarse en una IPS que
hiciera parte de la red de servicios y de la EPS, y que, en todo caso, el actor
no presentó ningún requerimiento a la EPS para que brindara las terapias
requeridas, y en su lugar presentó directamente la acción de tutela.
La Corte confirmará el
fallo del juez de segunda instancia, reconociendo, en todo caso, el derecho del
menor de acudir a la EPS, para ser diagnosticado y tratado según las
indicaciones del médico tratante. Nuevamente, el accionante pretermitió los
protocolos y los conductos regulares para acceder al sistema de salud, pues en
lugar de buscar la valoración y el tratamiento de su hija en la EPS, de manera
unilateral acudió a un centro que atiende la patología de la niña, y luego
exigió a la EPS que asumiera los gastos correspondientes. De igual modo, en
lugar de someter la controversia a la Superintendencia Nacional de Salud,
interpuso directamente la acción de tutela
6.4.
Controversia entre Funtierra
Rehabilitación IPS y la Secretaría de Salud de Córdoba
6.4.1. Según
se expuso en los acápites precedentes, este proceso envuelve una segunda
controversia que involucra a las instituciones de salud que proveen los
tratamientos no convencionales para los menores de edad (las IPS), y a los
ordenadores de tales servicios (las EPS y las entidades territoriales), ya que
estas últimas se habrían rehusado a seguir autorizando y pagando el suministro
de los servicios ordenados previamente en otros fallos judiciales.
Específicamente, en la
acción de tutela correspondiente al expediente T-5808227, la IPS Funtierra
Rehabilitación solicita que se ordene a la Secretaría de Salud de Córdoba,
primero, autorizar los tratamientos prescritos por los médicos Carlos Arturo
Durango y Karem Josefina Pareja a cerca de 500 niños del régimen subsidiado en
la mencionada institución, y, segundo, pagarle a dicha organización el valor
los servicios ya brindados en desarrollo de fallos judiciales. Según la entidad
accionante, estas dos medidas son necesarias para garantizar los derechos de
los menores de edad en situación de discapacidad del régimen subsidiado,
quienes, ante la negativa de la entidad de seguir autorizando y pagando los
servicios, quedan desprovistos de los tratamientos que les permiten mantener su
vida e integridad, y en contravía, incluso, de fallos judiciales que ordenaron
la provisión de tales tecnologías.
Los jueces de primera y de
segunda instancia desestimaron las pretensiones de la demanda, al considerar
que la controversia planteada por Funtierra Rehabilitación IPS, relacionada con
el cobro de los servicios prestados a cerca de 500 menores de edad con base en
fallos de tutela, no era susceptible de ser resuelta en el escenario de la
acción de tutela.
La Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería y la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia estimaron que, de pretenderse la protección de los
derechos de los niños que venían siendo tratados, la IPS carecía de
legitimación para actuar en nombre de ellos, máxime cuando los niños, a través
de sus padres y acudientes, han intervenido en los estrados judiciales para
exigir sus derechos ante el sistema de salud, y cuando cuentan con herramientas
e instrumentos legales para reclamar el cumplimiento de las órdenes de tutela
que se libraron en su favor, como el trámite de cumplimiento de las sentencias
de amparo, y el incidente de desacato.
Y de pretenderse el pago de
los tratamientos ya brindados tampoco habría lugar al examen judicial, ya que,
primero, la pretensión tendría un contenido económico ajeno a la naturaleza de
la acción de tutela, concebida para garantizar el goce de los derechos
fundamentales y no para surtir sumariamente complejas controversias de orden
patrimonial, y segundo, por existir mecanismos judiciales idóneos y eficaces
para resolver el debate planteado, mecanismos que incluso ya habían sido
activados por la propia entidad demandante y que se encuentran actualmente en
trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y ante la
jurisdicción ordinaria laboral. En este orden de ideas, la circunstancia de que
se hayan desestimado los requerimientos de la IPS en otras instancias no hace
viable la acción de tutela, ni “esta es un medio para evitar la insolvencia
económica de una persona jurídica (…) ni una excusa para rehusarse
a participar en calidad de acreedor en un proceso liquidatorio que adelante la
entidad deudora”.
6.4.2.  La
Corte estima que las decisiones de la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería y de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en el sentido de declarar la improcedencia del amparo
constitucional, se encuentran plenamente justificadas.
La razón de ello es que la
entidad accionante invocó los derechos e hizo uso de los instrumentos jurídicos
que el ordenamiento jurídico contempla en favor de los niños en situación de
discapacidad, para promover causas que se relacionan con intereses de otros
actores del sistema salud, y en particular, con la pretensión de que por vía
judicial se mantenga a Funtierra Rehabilitación IPS como proveedora de los
servicios que venía prestando en desarrollo de diversos fallos de amparo, y de
que se ordene el pago por tales servicios por parte de la Secretaría de
Desarrollo de Salud de Córdoba, sin que una y otra reclamación puedan ser
resueltas en el escenario de la acción de tutela y sin que se encuentren
plenamente justificadas.
6.4.3. No pasa
desapercibido para este tribunal que la carta de presentación que la IPS ha
venido impulsando en los estados judiciales, en los organismos internacionales
y en los medios de comunicación, es la situación de vulnerabilidad de los
sujetos de especial protección que eran atendidos en Funtierra, y la
importancia de esta entidad para garantizar su estado de salud: su condición de
niños, su presunta condición de discapacidad, y su presunta condición de
pobreza, por pertenecer al régimen subsidiado de salud. En esencia, el
argumento que esbozaron es que la decisión de la Secretaría de Desarrollo de
Salud de Córdoba de no seguir autorizando los tratamientos a los niños en dicha
entidad, y de no cancelar los ya prestados, impide a Funtierra seguir brindando
a los infantes los tratamientos para la recuperación y para la conservación de
su estado de salud, por lo cual, en función de tales de derechos, el juez
constitucional debe impartir las órdenes a la entidad territorial para que
autorice y pague las terapias especializadas ofrecidas por la institución de
salud: “Los usuarios que actualmente atiende la institución Funtierra (…)
son usuarios con fallos de tutelas en primera y en segunda instancia, donde se
ampara los derechos fundamentales (…) ordenando a la secretaría de desarrollo
de la salud departamental de córdoba y Gobernación de Córdoba a garantizar
terapias NO POS-S (…) durante el año 2016 desde el mes de febrero (…) la
gobernación (…) ha venido incumpliendo con la orden judicial de expedir las
correspondientes autorizaciones de servicios de salud, lo que ha generado la violación
a los derechos de los menores referente a la continuidad de sus tratamientos
ordenados por fallos judiciales, y además adeuda a la institución (…) el actuar
omisivo y la falta de interés por parte de este de solucionar el conflicto (…)
que se vulnera el derecho (…) a la salud de los menores en condición de
discapacidad (…) con el actuar omisivo de la Gobernación de Córdoba y el
Ministerio de Salud y Protección Social están ocasionando perjuicios
irremediables en la salud de los menores en condición de discapacidad”.
Durante el proceso
judicial, la IPS insistió en que la negativa de la justicia ordinaria para dar
trámite al proceso ejecutivo iniciado contra la Gobernación de Córdoba por
encontrarse vigente un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, era una razón
más para acoger la controversia en el contexto de la acción de tutela, ya que
lo que está de por medio, a su juicio, son los derechos de los niños: “De
conformidad con el fallo del Tribunal de Córdoba, no es viable que la IPS que
represento pueda iniciar en contra de la Gobernación del departamento de
Córdoba, un proceso ejecutivo para el pago de las cuentas de cobro por concepto
de terapias NO POS-S que nos adeudan desde el año 2015 (…) los menores que
Funtierra Rehabilitación IPS venía atendiendo se encuentran doblemente
protegidos por nuestra Carta Magna, toda vez que además de su calidad de
infantes tienen otras condición especial debidamente protegida por la ley como
la de encontrarse en condiciones de discapacidad, situación que limita su
adaptación social y el derecho a una vida en condiciones dignas, por lo que el
único camino viable para que cese la vulneración de los derechos de estos 300
infantes (…) es la acción de tutela. El pretender, igualmente, que se someta la
salud de estos infantes a un proceso de reestructuración de pasivos de
conformidad con la Ley 550-99 (…) es atentar no sólo contra su salud y
rehabilitación sino contra su vida”[380]
El ciudadano Leonel
Guerrero Aguas[381], por
ejemplo, intervino sistemáticamente en durante el trámite de revisión, “preocupado
por la forma discriminatorio como se viene tratando a alrededor de 500 niños en
condición de discapacidad del departamento de Córdoba, a los cuales se les
viene perjudicando gravemente con el detrimento de su salud y calidad de vida,
al haberse suspendido por parte de la Gobernación de Córdoba y la secretaría de
salud departamental los pagos y autorizaciones para que se les continúe
prestando las terapias de neurodesarrollo ordenados en fallos de tutela por
jueces de Córdoba (…) lo que los coloca en situaciones de vulnerabilidad y
amenaza de una muerte acelerada por el acortamiento de su vida al dejársele de
prestar las terapias (…)”. Con este preámbulo, el ciudadano hizo múltiples
llamados a los magistrados de este tribunal para que “de una vez por todas
se protejan los derechos fundamentales de los niños en situación de
discapacidad, se ordene el pago de las terapias prestadas que la Secretaría de
Salud y Gobernación de Córdoba no han querido pagar, así como a que continúen
expidiendo las autorizaciones para que les presten las terapias de
neurodesarrollo”.[382]
Aún más, durante el
trámite de revisión algunos de los acudientes que fueron atendidos por  Funtierra
Rehabilitación IPS, allegaron, por medio de esta entidad, escritos de
coadyuvancia a la demanda de tutela, y posteriormente la entidad accionante
radicó unas declaraciones escritas que se afirman hacer bajo la gravedad de
juramento, con peticiones especiales a la Corte Constitucional para que esta
ordene que se sigan suministrando las terapias en Funtierra Rehabilitación, “dadas
por la Gobernación y no por la EPS”.[383]
Sin embargo, el sustrato material
de la acción de tutela apunta a que por vía judicial se mantenga a Funtierra
Rehabilitación como proveedora de los servicios de asistencia y de cuidado
brindados a cerca de 500 niños con base en fallos de tutela dictados
previamente, y a que se ordene el pago por el suministro de tales servicios por
parte de la Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba, pretensiones estas
que, por su parte, no corresponde resolver al juez constitucional en el
escenario de la acción de tutela.
De hecho, en la demanda de
tutela se solicita reconocer los derechos de “petición, salud, trabajo e
igualdad de los menores de edad”, reconocimiento que, a su juicio, se
materializa, ordenando “ a la Gobernación de Córdoba que en el menor tiempo
posible proceda a realizar la cancelación de los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2015 y febrero de 2016 (…) [y] que sin dilación de ninguna índole
proceda a expedir las autorizaciones de servicios de los meses de marzo, abril,
mayo, junio y julio de 2016 y se garantice el cumplimiento de los fallos de
tutela de los niños en condición de discapacidad”.
De esta suerte, hay una
asimetría entre los derechos invocados por la entidad demandante y los
destinatarios de la decisión judicial reclamada. Pese a que Funtierra reclama
los derechos de los infantes y el cumplimiento de los fallos judiciales que se
estructuraron en favor de aquellos, los requerimientos al poder judicial se
orientan fundamentalmente a promover causas propias. En realidad, están
relacionadas, primero, con la idea de que el suministro de los tratamientos NO
POS para las personas del régimen subsidiado debe canalizarse sin la mediación
de las EPS, segundo, con la idea de que las condiciones para la provisión de
estos servicios pueden ser acordadas libremente entre las entidades
territoriales y las IPS, y tercero, con la idea de que las sentencias de tutela
que reconocieron los derechos de los niños a recibir un tratamiento integral no
convencional, confiere a la IPS Funtierra un derecho indefinido para servir
como proveedor de las tecnologías en salud y los tratamientos complementarios.
Así las cosas, para la
Corte no es de recibo el argumento planteado por la IPS, en el sentido de que
para salvar la vida de 500 niños, y de para dar cumplimiento a los fallos de
tutela que se estructuraron en favor suyo, el juez constitucional debe ordenar
a las instancias gubernamentales mantener el monopolio en la provisión de las
terapias respecto de un grupo poblacional determinado, y en determinados
municipios del departamento de Córdoba.
6.4.4. Pero aun
prescindiendo de lo anterior, la Sala considera que el debate planteado no solo
no debe ser resuelto en el escenario de la acción de tutela, sino que, además,
las pretensiones de la entidad no se encuentran plenamente justificadas desde
la perspectiva constitucional.
En efecto, tal como se
explicó en los acápites precedentes, la controversia planteada versa, primero,
sobre el derecho de las IPS de mantenerse como proveedores de determinadas
tecnologías en salud que están excluidas de los Planes de Beneficios, y
segundo, sobre el derecho a reclamar los pagos por el suministro de los
servicios brindados anteriormente, respecto de una entidad territorial.
La Sala estima primero,
que estos interrogantes, al no involucrar una auténtica controversia iusfundamental,
no deben ser debatidos ni resueltos mediante el mecanismo de la acción de
tutela, y segundo, que de abordarse en este contexto, deben ser resueltos
desfavorablemente al accionante.
Primero, el debate sobre
el presunto derecho de las IPS a mantener su condición de proveedoras de
determinadas tecnologías en salud respecto de un grupo poblacional determinado
y en determinados zonas del país, no comporta para la Corte un problema que
involucre la vigencia de los derechos fundamentales ni de los pacientes ni de
la propia IPS, pues no tiene un vínculo directo y estrecho con la faceta
prestacional del derecho a la salud, ni tampoco se encuentra el vínculo con los
demás derechos fundamentales. En el caso que nos ocupa, además, este vínculo
con la faceta prestacional del derecho a la salud es aún más incierto, teniendo
en cuenta que la IPS suministra tecnologías en salud que no han sido incluidas
en el Plan de Beneficios con Cargo a la UPC, e incluso, tecnologías que han
sido excluidas de su financiación con recursos públicos, por no existir
evidencia sobre su seguridad y eficacia, y que, además, existen otros
proveedores en el mercado. Así las cosas, resulta falaz el argumento de que con
el propósito de salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de 500 niños, se
requiere seguir autorizando los servicios prescritos por los médicos tratantes
de dicha IPS.
Lo propio ocurre en
relación con la controversia por las deudas que presuntamente mantiene la
Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba con la IPS Funtierra, pues, tal
como acertadamente lo explicaron los jueces de instancia, la exigencia de los
pagos correspondiente no tiene, al menos prima facie, una connotación iusfundamental,
y menos un vínculo con la faceta prestacional del derecho a la salud.
Y, tal como acertadamente
destacaron la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería y la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver la acción de tutela,
estas controversias pueden ser ventiladas en otros escenarios jurisdiccionales,
particularmente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y en la
jurisdicción ordinaria laboral, en las que se adelantaron procesos ejecutivos y
audiencias de conciliación para obtener los pagos o compromisos ciertos y
concretos sobre futuros pagos. La circunstancia de que en el trámite de los
mismos no se haya obtenido un resultado favorable, no torna viable la acción de
tutela, pues la exigencia del artículo 86 de la Carta Política sobre la
procedencia de este mecanismo cuando no existan otros dispositivos de defensa
judicial no alude a que la acción de tutela se torna procedente cuando
activándose aquellos se tiene una respuesta negativa, sino a que la tutela sólo
procede cuando el ordenamiento jurídico no cuenta con instrumentos jurisdiccionales
idóneos y eficaces para ventilar la controversia ius fundamental.
Incluso, de tratarse de la
ejecución y cumplimiento de fallos judiciales de amparo, como lo plantea
reiteradamente la entidad accionante, el mecanismo para obtener el cumplimiento
de las sentencias de tutela no es una nueva acción de tutela, sino los que el
propio ordenamiento contempla para este efecto, como el incidente de desacato,
o el incidente de cumplimiento, aspectos estos sobre los cuales Funtierra no se
pronunció. Y de activarse tales dispositivos, la IPS se enfrentaría a la
dificultad de justificar su pretensión, pese a que en muchos de los fallos de
amparo en los que se reconoce el derecho de los niños a recibir un tratamiento
integral, no se establece que los servicios deban ser provistos necesariamente
por dicho centro de salud.
En este orden de ideas, la
tesis planteada por Funtierra Rehabilitación IPS, en el sentido de que la
acción de tutela es el escenario para plantear el debate sobre los pagos que la
Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba le debe hacer por los tratamientos
brindados a cerca de 500 niños del régimen subsidiado, y sobre las
autorizaciones que debería impartir hacia el futuro para seguir brindándolos, teniendo
en cuenta que el Tribunal Superior de Córdoba se negó a iniciar el proceso
ejecutivo en contra de la Gobernación de Córdoba por encontrarse vigente el Acuerdo
de Reestructuración de Pasivos de esa misma entidad, no es procedente.
6.4.5. Pero
incluso asumiendo que al juez constitucional le corresponde resolver el debate
sobre las entidades que deben ser proveedoras de las terapias a menores de
edad, o sobre los pagos que aquellas deben recibir, las solicitudes de
Funtierra son inviables. Es decir, la controversia planteada por Funtierra Rehabilitación
IPS no solo no puede ser resuelta en el escenario de la acción de tutela por no
involucrar un auténtico asunto vinculado a la protección de los derechos
fundamentales y por existir mecanismos judiciales idóneos y eficaces para
resolverla, sino que, además, las solicitudes de la entidad no se encuentran
justificadas.
6.4.6. En
primer lugar, tal como se explicó en los acápites precedentes, los fallos de
tutela en los que se ordena la provisión de un tratamiento no convencional
prescrito por un médico particular en una IPS específica, no deben ser
entendidos como órdenes incondicionales e indefinidas en el tiempo para que el
sistema público de salud se vea obligado a contratar los servicios de un centro
de salud en particular.
Entre otras cosas, las EPS
deben tener en cuenta diferentes variables de contexto para determinar el
verdadero y auténtico alcance de los fallos judiciales. Entre ellos, para esta
Sala es relevante el hecho de que, con posterioridad a la expedición de la Ley
Estatutaria de Salud, algunas de las tecnologías en salud que fueron prescritas
a los infantes, hayan sido excluidas de su financiación con recursos públicos,
o al menos no se encuentran en el Plan de Beneficios con Cargo a la UPC. En
este orden de ideas, una vez operada la recalificación de las terapias, por
encontrarse en el Plan de Beneficios con Cargo a la UPC, o por hacer parte de
las exclusiones absolutas o relativas, debe seguirse el protocolo establecido
en la legislación para cada una de estas categorías; así por ejemplo, si
resulta que el tratamiento ordenado para los infantes del régimen subsidiado en
su momento fue considerado como NO POS, pero posteriormente entró a hacer parte
del Plan de Beneficios, es claro que la financiación ya no corre por cuenta de
la entidad territorial, sino de la EPS, y que, en principio, este lo debe
suministrar a través de las IPS que hacen parte de su red de servicios. Y a la
inversa, si hace parte de las exclusiones absolutas, en principio ya no es
viable su financiación con recursos públicos.
6.4.7. Asimismo,
una revisión de los fallos de amparo que Funtierra Rehabilitación IPS aduce
como fundamento de la acción de tutela, pone evidencia que estos tienen un
alcance muy distinto del que le atribuye la entidad accionante, pues, como
fueron estructurados en función de los derechos de los menores de edad y no en
función de los derechos o intereses de las IPS, en realidad estos no consagran
ni establecen un derecho incondicionado a que Funtierra Rehabilitación sea
reconocida por el departamento de Córdoba como el proveedor exclusivo de los
tratamientos que deben darse a los beneficiarios de las acciones de tutela, ni
tales los fallos judiciales constituyen un título para efectuar los cobros por los
tratamientos brindados.
Por el contrario, la parte
resolutiva de la mayor parte de las providencias revisadas establecen, entre
otras cosas, que la secretaría de salud de Córdoba y las EPS a las que se
encuentran afiliados los niños preservan el derecho de elegir la IPS encargada
de suministrar los tratamientos ordenados por el médico tratante, que provisión
de las terapias debe canalizarse a través de las EPS y no directamente por
medio de la Secretaria de Salud, que esta última sólo asume las cargas
relacionadas con las prestaciones NO POS mientras que las prestaciones que se
encuentran en el POS deben ser asumidas por las EPS, que la orden judicial no
es indefinida en el tiempo, o incluso, que el suministro de las terapias se
encuentra supeditado a que la propia EPS valide la prescripción del médico
particular.
A pesar de la diversidad
de fórmulas con que los jueces de tutela estructuraron los fallos que se
allegaron a este proceso, puede advertirse que, en la mayoría de ellos, se reconoce
la facultad de los ordenadores de los servicios de salud, a designar a la IPS
encargada de brindar los tratamientos: “ordenar al representante legal del
departamento de Córdoba que (…) proceda a adelantar las actuaciones que le
correspondan y a expedir las órdenes necesarias para garantizar la realización
de los procedimientos y terapias ordenadas a los mencionados infantes conforme
lo indica su médico tratante”[384]; “se ordena a la
Secretaría a (…) autorizar las terapias (…) en la IPS Funtierra, o en cualquier
otra IPS con la que tengan contrato, que quede en ese municipio; o en un
municipio cercano, que pueda garantizarles un servicio integral, eficiente y de
calidad, y que no les genere a sus familiares algún costo adicional, como el
transporte y la estadía”[385];
“ordenar a la Secretaría (…) que proceda a ordenar a los niños las terapias NO
POS prescritas (…) en la IPS Funtierra Rehabilitación IPS o en otra entidad
adscrita a la red de servicios de la entidad territorial que preste la atención
con igual o mayor calidad”[386];
“ordenar (…) la expedición de las órdenes necesarias tendientes a hacer
efectivo el servicio reclamado (…) haciendo la salvedad que el mismo será
prestado por la IPS designada por la entidad accionada”[387]; “ordenar (…) la
autorización de las terapias (…) en Funtierra Rehabilitación IPS o en
cualquiera de su red de prestadoras del servicio”[388].
Si bien es cierto que
Funtierra brindó los tratamientos a partir de los convenios suscritos con la
Secretaría de Salud de Córdoba, lo cierto es que ni la suscripción de los
mismos, ni la prestación de los servicios a los niños beneficiarios de las
tutelas constituía un imperativo.
Lo anterior desvirtúa el
supuesto de la entidad accionante de que los fallos judiciales invocados como
sustento del amparo constitucional establecen que los tratamientos deben
canalizarse, necesariamente, a través de la IPS Funtierra, y que, en función de
tal orden judicial, la Secretaría de Desarrollo de Córdoba se encuentra
obligada a autorizar los tratamientos de los niños en dicha institución.
No pierde de vista este
tribunal que en muchas ocasiones los jueces de tutela reconocen formalmente el
derecho de las secretarías de salud y de las EPS de brindar los servicios a
través de una IPS que haga parte de su red de servicios, pero que, al exigir que
se cumplan estrictamente las indicaciones del médico tratante particular,
indirectamente se podría estar individualizando la IPS por vía de ordenar un
tratamiento que en el mercado sólo es ofertado por una institución de salud.
Sin embargo, lo cierto es que ni aun en estos casos las IPS pueden considerar
que los fallos de tutela les conceden el derecho a ser los proveedores del
servicio de salud de un segmento población determinado.
Asimismo, debe tenerse en
cuenta que algunos de los fallos judiciales que fueron aportados a este proceso
como fundamento de las pretensiones de la entidad accionante, establecen que la
provisión de los servicios de salud debe canalizarse a través de las EPS, las cuales
deben proporcionar las terapias POS y NO POS, y respecto de estas últimas, realizar
los respectivos recobros ante la Secretaría de Desarrollo de Salud de Córdoba.
Este esquema difiere del que propone Funtierra, para quien la entidad
territorial debe autorizar y pagar directamente los servicios, sin la mediación
de las EPS. Así, la sentencia del Tribunal Superior de Montería del 18 de
febrero de 2014, que a su turno revoca decisiones del Juzgado Promiscuo de
Planeta Rica, estableció que la provisión de las terapias debía estar a cargo
de las EPS a las que se encontraban afiliados los menores, sin perjuicio de que
respecto de las prestaciones NO POS, se pudiese efectuar el respectivo recobro
ante la entidad territorial. Un modelo semejante se encuentra en las sentencias
del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería[389] y del Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Montería[390].
De hecho, en múltiples fallos
judiciales se establece que, sin perjuicio del derecho de los niños a contar
con los tratamientos no convencionales prescritos por los médicos tratantes,
los cuales pueden ser provistos por la IPS Funtierra, en cualquier caso, la
entidad territorial y la EPS preservan su facultad para elegir la institución
que suministra las terapias requeridas. Así se encuentra, por ejemplo, en los
múltiples fallos del Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica, del Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería,
del Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos, del Juzgado Sexto Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Montería, del Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Cereté, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Aplicación del Juzgado
Segundo Civil del Circuito Civil de Montería, del Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Montería, del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Cereté, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Aplicación del Sistema
Procesal Oral de Montería, del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Monería, del Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería, del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Montería y del Tribunal Superior de Montería
y del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Así, en los múltiples
fallos del Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica se ordena a la
Secretaría de Desarrollo de la Salud y a las EPS autorizar los tratamientos
prescritos por los médicos tratantes, pero sin desconocer la facultad de la
entidad territorial de contratar con otra IPS para este efecto. Fórmulas
semejantes se encuentran en las sentencias del Juzgado Primero Penal del
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería, del Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Montería, del Tribunal Superior de Montería, del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, del Juzgado Primero penal
del Circuito de Montería, del Tribunal Administrativo de Córdoba, en las que se
ordena a la Secretaría de Salud de Córdoba autoriza las terapias “en la
Institución Funtierra Rehabilitación IPS o en otra entidad adscrita a la red de
servicios de la entidad territorial que preste la atención con igual o mayor
calidad que las de la entidad prestadora actual”[391].
6.4.8. Finalmente, el juez
constitucional no se encuentra habilitado para extender los alcances de un
esquema de acceso al sistema de salud que no sólo sustituye los elementos
estructurales del sistema de salud, sino que, además, no se configuró
necesariamente en función de los derechos ni en función del interés superior de
los niños. De hecho, la circunstancia de que Funtierra haya gestionado
directamente a través de los padres y acudientes de los niños las acciones de
tutela, que las prescripciones médicas hayan sido expedidas por los mismos dos
médicos particulares y que estas coincidan con las tecnologías ofertadas por la
IPS, que los servicios brindados tengan componentes de terapias que se
encuentran en el POS pero que hayan sido calificadas como NO POS, que algunas
de las terapias prescritas hayan sido cuestionadas en el sistema público de
salud por no existir evidencia de su seguridad y eficacia, que las patologías
identificadas no den cuenta de sus características estructurales ni de su
gravedad, ni tampoco está soportada en criterios diagnósticos claros, y de que,
los servicios brindados por Funtierra tengan una naturaleza mixta que involucra
componentes no solo asociados a la salud, sino también a la educación diferenciada,
a la recreación y al cuidado general de menores de edad, impiden a este
tribunal acoger las pretensiones del accionante y validar el esquema de acceso
al sistema de salud propuesto por aquel. ¿
6.4.9.  En este orden de
ideas, existiendo estas dudas sobre la virtualidad de este modelo de acceso al
sistema de salud para garantizar el interés superior de los niños, la Sala
confirmará los fallos de los jueces de instancia, en el sentido de considerar
la improcedencia de la acción de tutela presentada por Funtierra Rehabilitación
IPS, en el entendido de que sus pretensiones de mantener su condición de
proveedora de los servicios de salud no está asociada a la vulneración de
ningún derecho fundamental.
7.        Configuración
de la parte resolutiva
Con base en el análisis
precedente pasa la Corte a indicar los lineamientos de la parte resolutiva del
fallo judicial. Tal como se ha explicado a lo largo de este fallo, la
circunstancia de que el proceso judicial acumulara 37 casos, uno de los cuales
involucraba la atención a cerca de 500 menores de edad con base en fallos de
tutela que habrían ordenado el suministro de tratamientos no convencionales del
régimen subsidiado, permitió a la Corte indagar no solo por las
particularidades de los casos concretos, sino también por las características
estructurales del litigio que subyace a este tipo de controversias, y por el
impacto que este tienen en el derecho a la salud de los infantes con
discapacidad y en el sistema público de salud.
Así las cosas, en la parte
resolutiva se resolverán los 37 casos objeto de la revisión, y que plantean dos
tipos de controversias.
Con respecto a las
controversias entre los padres o acudientes y las EPS para que se ordene a
estas últimas brindar a los niños los tratamientos prescritos por médicos
particulares en una IPS específica, la Corte adoptará tres tipos de decisiones:
(i) primero, confirmará los fallos de los jueces de instancia que declararon la
improcedencia de las acciones de tutela en los expedientes T-4877010, 4877009,
4877008, 4877007, 4877006, 4877005, 4877004, 4647075, 4264678, 4124218, 4124217
y 4124215; (ii) segundo, confirmará los fallos de los jueces de instancia que
denegaron las pretensiones de la demanda en los expedientes T-4585824, 4585818,
4582553, 4581950, 4279777, 4277939, 4269949, 4263532, 4262190, 3912170,
3459124, 3370193, 3370191, 3308932, 3026926, 3025534, 2896065 y 2893757; (iii)
tercero, revocará las sentencias de los jueces de instancia que concedieron el
amparo en los expedientes T-4880691, T-4582253, T-4288549, T-4285631, T-4253989
y T-4264678, y en su lugar ordenará a las EPS a las que actualmente se
encuentran afiliados los beneficiarios de las acciones de tutela, a que sean
valorados y tratados según su estado de salud, y de acuerdo con los
lineamientos que establece la Ley Estatutaria de la Salud.
Por su parte, con respecto
a la controversia entre Funtierra Rehabilitación IPS y la Secretaría de Desarrollo
de Salud de Córdoba, para que esta última autorice y pague los tratamientos
prescritos en sentencias judiciales de amparo anteriores, planteada en el
expediente T-5808227, se confirmará la decisión de la Sala Penal de Corte
Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Montería, de declarar la
improcedencia de la acción de tutela.
Asimismo, se ordenará
oficiar a las instancias de control, ante las posibles irregularidades en que
los distintos actores del sistema de salud y del sistema judicial habrían
podido incurrir, así: (i) los médicos y profesionales de la salud tratantes,
por no declarar los conflictos de intereses en que pudiesen encontrarse
inmersos, y por diagnosticar y prescribir a los menores de edad sin sujeción a
los protocolos médicos; (ii) las IPS, por promover un esquema de acceso al
sistema público de salud que podría no responder al interés superior del niño y
que podría erosionar los principios de transparencia, equidad, funcionalidad y
operatividad y sostenibilidad del sistema de salud, (iii) los funcionarios
judiciales, por la eventualidad de prácticas irregulares en el reparto y en la
aplicación de las reglas sobre la competencia territorial de las acciones de
tutela, (iv) los abogados que habrían promovido ante los estrados judiciales
esquemas irregulares de acceso al sistema público de salud; (v) los demás
sujetos que se estime incurrieron en conductas irregulares.
En este orden de ideas, se
oficiará a las siguientes instancias, para que adelanten las actuaciones en el
marco de sus competencias: (i) a la Fiscalía General de la Nación; (ii) a la
Procuraduría General de la Nación; (iii) a la Contraloría General de la
República; (iv) a la Superintendencia Nacional de Salud; (v) a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial[392];
(vii) al Tribunal Nacional de Ética Médica.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. RESOLVER LAS ACCIONES DE TUTELA
acumuladas en este proceso, de la siguiente manera:
-
CONFIRMAR las decisiones de los
jueces de instancia que declararon la improcedencia de las acciones de
tutela en los expedientes T-5808227, T-4877010, T-4877009, T-4877008,
T-4877007, T-4877006, T-4877005, T-4877004, T-4647075, T-4267052, T-4124218,
T-4124217 y T-4124215, así:
(i)
Confirmar la decisión de la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó el fallo de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Montería en relación con el expediente T-5808227, en el que, al
resolver la acción de tutela interpuesta por Funtierra Rehabilitación IPS
contra la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, la Gobernación de
Córdoba y el Ministerio de Salud, declaró la improcedencia del amparo
constitucional.
(ii)
Confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Penal
Municipal de Piojó dentro del expediente T-4877010, del 11 de diciembre de
2014, en la que, al resolver la acción de tutela interpuesta por Janet de Jesús
Guzmán en nombre de Yohan Enrique Manotas Guzmán en contra de Caprecom EPS,
resolvió declarar la improcedencia del amparo constitucional.
(iii)
Confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Penal
Municipal de Piojó dentro del expediente T-4877009, del 11 de diciembre de 2014,
en la que, al resolver la acción de tutela interpuesta por Luz Marina Rivaldo
en nombre de Fanny Luz Imitola Rivaldo en contra de Comfacor EPS, resolvió
declarar la improcedencia del amparo constitucional.
(iv)
Confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Penal
Municipal de Piojó dentro del expediente T-4877008, del 11 de diciembre de 2014,
en la que, al resolver la acción de tutela interpuesta por Mariluz Mendoza en
nombre de Iván David Escorcia Mendoza en contra de Famisanar EPS, resolvió
declarar la improcedencia del amparo constitucional, y en la que concedió el
derecho de petición.
(v)
Confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Penal
Municipal de Piojó dentro del expediente T-4877007, del día 11 de diciembre de
2014, en la que, al resolver la acción de tutela interpuesta por Yadiris Vargas
en nombre de Dilan Andréz Zárate Vargas, resolvió declarar la improcedencia del
amparo constitucional.
(vi)
Confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Penal
Municipal de Piojó dentro del expediente T-4877006, del día 10 de diciembre de
2014, en la que, al resolver la acción de tutela interpuesta por Zoila Romero
en nombre de Jesús David López Romero en contra de Mutual SER EPS, resolvió
declarar la improcedencia del amparo constitucional.
(vii)
Confirmar la decisión del Juzgado Promiscuo Penal
Municipal de Piojó dentro del expediente T-4877005, del día 11 de diciembre de
2014, en la que, al resolver la acción de tutela interpuesta por Rosenda Utría
en nombre Felipe Villanueva Jiménez en contra SaludCoop EPS, resolvió declarar
la improcedencia del amparo constitucional.
(viii) Confirmar
la decisión del Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Piojó dentro del
expediente T-4877004, del día 10 de diciembre de 2014, en la que, al resolver
la acción de tutela interpuesta por Liz María Acosta en nombre de Wendys
Patricia Imitola Acosta en contra de Nueva EPS, resolvió declarar la improcedencia
del amparo constitucional.
(ix)
Confirmar la decisión del Juzgado Segundo Penal de
Conocimiento para Adolescentes de Barranquilla dentro del expediente T-4647075,
del día 29 de julio de 2014, en la que, al resolver la acción de tutela
interpuesta por Edna Rúa en nombre de Germán Enrique Uribe Rúa en contra de
Coomeva EPS, resolvió declarar la improcedencia del amparo constitucional.
(x)
Confirmar la decisión del Juzgado Civil del Circuito
de Fundación dentro del expediente T-4267052, en la que, al resolver la acción
de tutela interpuesta por Dersa María Barragán en nombre de David Castro
Gamarra, resolvió declarar la improcedencia del amparo constitucional. i
(xi)
Confirmar la decisión del Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes de Santa Marta dentro del expediente T-4124218, del
día 15 de agosto de 2013, en la que, al resolver la acción de tutela
interpuesta por Yolanda Torne en nombre de Jesús Marriaga Torne contra la
Clínica General del Norte, resolvió declarar la improcedencia del amparo
constitucional.
(xii)
Confirmar la decisión del Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes de Santa Marta dentro del expediente T-4124217, del
día 21 de agosto de 2013, en la que, al resolver la acción de tutela
interpuesta por Alfredo Maiguel en nombre de Arley de Jesús Maiguel en contra
de Comfacor EPS-S, resolvió declarar la improcedencia del amparo
constitucional.
(xiii) Confirmar
la decisión del Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de Santa
Marta dentro del expediente T-4124215, del día 10 de octubre de 2013, en la
que, al resolver la acción de tutela interpuesta por Erica Paola Pacheco Larios
en nombre de Keiler Sanguino en contra de Saludcoop EPS, resolvió declarar la
improcedencia del amparo constitucional.
-
CONFIRMAR las decisiones de los
jueces de instancia que denegaron las acciones de tutela correspondientes
a los expedientes T-4585824, T-4585818, T-4582553, T-4581950, T-4279777,
T-4277939, T-4269949, T-4263532, T-4262190, T-3912170, T-3459124, T-3370193,
T-3370191, T-3308932, T-3026926, T-3025534, T-2896065 y T-2893757, así:
(i)
Confirmar la decisión del Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar dentro del expediente
T-4585824, por medio de la cual revocó integralmente la decisión del Juzgado Cuarto
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, y se denegó
el amparo constitucional propuesto por Dorina Esther Arias Arias en nombre de
Sharith Daniela Blanco Arias en contra de Salud Total EPS, sin perjuicio del
derecho de la menor de ser diagnosticada y tratada en el sistema público de
salud, de conformidad con los principios de accesibilidad, calidad,
disponibilidad y aceptabilidad.
(ii)
Confirmar la decisión del Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar dentro del expediente
T-4585818, por medio de la cual revocó integralmente la decisión del Juzgado
Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, y se
denegó el amparo constitucional propuesto por Guillermo Alfonso Namen Vargas en
calidad de apoderado de Erika Patricia Jiménez Osorio, en nombre de Jesús
Manuel Jiménez Jiménez, en contra de Salud Total EPS, sin perjuicio del derecho
del menor de ser diagnosticado y tratado en el sistema de salud, de conformidad
con los principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(iii)
Confirmar la decisión del Juzgado Décimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla dentro del
expediente T-4582553, por medio de la cual se negó el amparo propuesto por
Jorge Enrique Ramos Luján en calidad de apoderado de Esmith Viviana Rodríguez
Betin, quien actúa en nombre y representación de Kenia Amador Rodríguez, contra
Coosalud EPS-S, sin perjuicio del derecho de la menor ser diagnosticada y
tratada en el sistema de salud, de conformidad con los principios de
accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(iv)
Confirmar la decisión del Juzgado Tercero Promiscuo
Municipal de Ciénaga dentro del expediente T-4581950, por medio de la cual se negó
el amparo propuesto por Yenis Zulay Reguillo Barrios en nombre de Pedro Luis
Candanoza Reguillo contra Salud Coop EPS, y se exhortó a la EPS a seguir
autorizando y suministrando los medicamentos, tratamientos, procedimientos,
exámenes diagnósticos y citas médicas ordenadas por el galeno tratante.
(v)
Confirmar la decisión del Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar dentro del expediente
T-4279777, por medio de la cual se revocó integralmente la decisión del Juzgado
Primero Penal Municipal con Funciones de Garantías de Valledupar, y se denegó la
acción de tutela interpuesta por Elioneth Rangel Rondón en nombre de Rafael
Andrés Rangel Rondón en contra de Saludvida EPS, sin perjuicio del derecho del
menor de ser diagnosticado y tratado en el sistema de salud, de conformidad con
los principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(vi)
Confirmar la decisión Juzgado 34 Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Bogotá dentro del expediente T-4277939, por
medio de la cual se revocó integralmente la decisión del Juzgado Séptimo Penal
Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogotá, y en su lugar negó la acción
de tutela interpuesta por Flor Ángela del Águila Peña en nombre de Juan José
Pérez del Águila contra EPS Salud Total, sin perjuicio del derecho del menor a ser
diagnosticado y tratado en el sistema público de salud, de conformidad con los
principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(vii)
Confirmar la decisión del Juzgado Sexto Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá dentro del expediente
T-4269949, en el marco de la acción de tutela interpuesta por Amalia Ossa Cruz
en nombre de Winiver Bolivar Ossa contra Café Salud EPS, por medio de la cual
revocó parcialmente la decisión del Juzgado 35 Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá de ordenar las citas para terapias físicas, de
hidroterapia, equinoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, musicoterapia
y psicología, y mantuvo la decisión de ordenar a la EPS brindar los
medicamentos y los insumos médicos prescritos por el galeno tratante, sin
perjuicio de su derecho de ser diagnosticado y tratado en el sistema público de
salud, de conformidad con los principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad
y aceptabilidad.
(viii)Confirmar la decisión del
Juzgado Octavo Civil Municipal de Santa Marta dentro del expediente T-4263532,
por medio de la cual se resolvió no tutelar los derechos fundamentales
reclamados en el marco de la acción de tutela interpuesta por Maryuris Astrid
Hernández Guerra en nombre de Aida Luz Otero Hernández contra Salud Total EPS,
sin perjuicio del derecho de la menor a ser diagnosticada y tratada en el
sistema de salud, de conformidad con los principios de accesibilidad, calidad,
disponibilidad y aceptabilidad.
(ix)
Confirmar la decisión del Juzgado Único Penal del
Circuito de Envigado dentro del expediente T-4262190, por medio de la cual se
resolvió no tutelar los derechos fundamentales reclamados en la acción de
tutela interpuesta la Personería de Envigado en nombre de Alejandro Arroyave
contra Salud Total EPS, sin perjuicio del derecho del menor a ser diagnosticado
y tratado en el sistema de salud, de conformidad con los principios de calidad,
disponibilidad y aceptabilidad.
(x)
Confirmar la decisión del Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Barranquilla dentro del expediente T-3912170, por medio de la cual
se resolvió no conceder la tutela de los derechos fundamentales reclamados en
el marco de la acción de tutela interpuesta por Rosa Eva Durango Núñez en
representación de Esmeralda del Carmen Hurtado Núñez contra Comparta EPS, sin
perjuicio del derecho de la menor a ser diagnosticada y tratada en el sistema
de salud, de conformidad con los principios de accesibilidad, calidad,
disponibilidad y aceptabilidad.
(xi)
Confirmar la decisión del Juzgado 65 Civil Municipal
de Bogotá dentro del expediente T-3459124, por medio de la cual se negó la
acción de tutela interpuesta por Luz Diny Espitia en nombre de Duban Felipe
Zambrano contra Saludcoop EPS, sin perjuicio del derecho del menor a ser
diagnosticado y tratado en el sistema de salud, de conformidad con los
principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(xii)
Confirmar la decisión del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Cereté dentro del expediente T-3370193, por medio de la cual revocó
integralmente la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
de Cereté, denegando las pretensiones del amparo interpuesto por María Katia
Pérez Lozano en representación de José Alfredo Flórez Pérez contra Saludcoop
EPS, sin perjuicio del derecho del menor a ser diagnosticado y tratado en el
sistema de salud, de conformidad con los principios de accesibilidad, calidad,
disponibilidad y aceptabilidad.
(xiii)Confirmar la decisión del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté dentro del expediente T-3370191,
por medio de la cual revocó integralmente la sentencia proferida por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Cereté, denegando las pretensiones del amparo
interpuesto por Ledys del Socorro Hernández López en nombre de Brygith Paola
Moreno Zúñiga contra Saludvida EPS, sin perjuicio de la menor de ser
diagnosticada y tratada en el sistema de salud, de conformidad con los
principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(xiv)Confirmar la decisión del
Juzgado Quinto Penal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué dentro del
expediente T-3308932, por medio de la cual se resuelve no tutelar los derechos
invocados en la acción de tutela interpuesta por Elkin Giovany Londoño en
representación de Laura Camila Londoño contra EPS Coomeva, sin perjuicio del
derecho de la menor a ser diagnosticada y tratada en el sistema de salud, de
conformidad con los principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y
aceptabilidad.
(xv)
Confirmar la decisión Juzgado Tercero Penal del
Circuito de Villavicencio dentro del expediente T-3026926, por medio de la cual
confirma el fallo del Juzgado Octavo Penal Municipal de Villavicencio, que
resolvió no tutelar los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela
interpuesta por Johana Milena Vásquez Buitrago en nombre de Juan David García
Vásquez contra EPS Coomeva, así como ordenar a esta última seguir cumpliendo
con los tratamientos y procedimientos que requiera el menor.
(xvi)Confirmar la decisión del
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá dentro del expediente T-3025534,
por medio de la cual confirma la sentencia del Juzgado 34 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bogotá, que resolvió no tutelar los
derechos fundamentales invocados en la acción de tutela interpuesta por Carmen
Emilia Gudiño Paredes en nombre de Santiago Daniel Román Gudiño contra EPS
Sanitas, sin perjuicio del derecho de este último de ser diagnosticado y tratado
en el sistema de salud, de conformidad con los principios de accesibilidad,
calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(xvii)
Confirmar la decisión del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Nariño dentro del expediente T-2896065, por medio de la
cual confirma la sentencia Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales, que
resolvió no tutelar los derechos invocados en el marco de la acción de tutela
interpuesta por Teodulo Eugenio Erira Tapia en representación de Lorena
Patricia Erira Rosero contra Nueva EPS, sin perjuicio del derecho de la menor a
ser diagnosticada y tratada en el sistema de salud, de conformidad con los
principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(xviii)
Confirmar la decisión del Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Soledad dentro del expediente T-2893757, por medio de la cual se
revoca la sentencia del Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad, y se
resuelve no conceder el amparo propuesto por Hernando Luis Vitola Baquero en
representación de Hernando Eliécer Vitola Merchán, así como ordenar a la EPS
proporcionar la atención necesaria al menor, según las indicaciones del médico
tratante.
-
REVOCAR las decisiones de los
jueces de instancia que concedieron las pretensiones de las acciones de
tutela correspondientes a los expedientes T-4880691, T-4582253, T-4288549,
T-4285631, T-4264678 y T-4253989, así:
(i)
Revocar la decisión del Juzgado Primero Penal con
funciones de Control de Garantías de Santa Marta dentro del expediente
T-4880691, en la que se concede la acción de tutela interpuesta por Jorge
Enrique Ramos Lujan como apoderado judicial de William Ricardo Utrera Reyes,
quien actúa en representación de Daniel Ricardo Utrera Barranco, contra
Famisanar EPS. En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda de
tutela, sin perjuicio del derecho del menor de ser diagnosticado y tratado en
el sistema de salud, de conformidad con los principios de accesibilidad,
calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(ii)
Revocar la decisión del Juzgado Primero Penal del
Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Santa Marta dentro
del expediente T-4582253, en la que se confirma el fallo del Juzgado Tercero
Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de
Santa Marta, el cual concedió la acción de tutela interpuesta por Jorge Enrique
Ramos Luján como apoderado judicial de Anyela Penagos Padilla, quien actúa como
representante legal de Armando José Escobar, contra Comparta EPS-S. En su lugar,
DENEGAR las pretensiones de la demanda, sin perjuicio del derecho de la
menor a ser diagnosticada y tratada de conformidad con los principios de
accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(iii)
Revocar la decisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta dentro del expediente
T-4288549, que concedió la acción de tutela interpuesta por Yamile Esther Ramos
Valdés en nombre de Valentina Michelle Ramos Valdés contra SaludCoop EPS. En su
lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, sin perjuicio del derecho
de la menor de ser diagnosticada y tratada de conformidad con los principios de
accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(iv)
Revocar la decisión de Juzgado Cuarto Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Valledupar dentro del expediente
T-4285631, que concedió la acción de tutela interpuesta por Luis Alfonso
Barreto García en nombre de Astrid Carolina Barreto Silva contra Cajacopi EPS.
En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, sin perjuicio del
derecho de la menor a ser diagnosticada y tratada de conformidad con los
principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
(v)
Revocar la decisión del Juzgado Cuarto Civil Municipal
de Barranquilla dentro del expediente T-4264678, que concedió la acción de
tutela interpuesta por Moisés Sanjuan Martínez en nombre de Diana Fontalvo San
Juan contra Confacor EPS. En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la
demanda, sin perjuicio del derecho de la menor a ser diagnosticada y tratada de
conformidad con los principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y
aceptabilidad.
(vi)
Revocar la decisión del Juzgado Promiscuo de Familia
de Planeta Rica dentro del expediente T-4253989, que concedió la acción de
tutela interpuesta por Sady Gómez Yañez en nombre de Carlos Andrés Lavalle
Gómez contra la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental y Saludvida
EPS. En su lugar, DENEGAR las pretensiones de la demanda, sin perjuicio
del derecho de la menor a ser diagnosticada y tratada de conformidad con los
principios de accesibilidad, calidad, disponibilidad y aceptabilidad.
SEGUNDO.- OFICIAR A (i) la
Fiscalía General de la Nación; (ii) la Procuraduría General de la Nación; (iii)
la Contraloría General de la República; (iv) la Superintendencia Nacional de
Salud; (v) la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura; (vi) la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; (vii) el Tribunal
Nacional de Ética Médica, para que, en el marco de sus competencias
constitucionales y legales, investiguen y adopten las medidas frente a las
eventuales irregularidades que se encuentren en el presente expediente, con
respecto a los actores del sistema de salud y con respecto a los actores del
sistema judicial, y en particular, a los  médicos y profesionales de la salud,
las IPS, sus directivos y administradores, las EPS, las instancias
gubernamentales del nivel nacional y del nivel local encargadas de manejar los
instrumentos y los recursos del sistema, los funcionarios judiciales, los
abogados que habrían promovido ante los estrados judiciales esquemas
irregulares de acceso al sistema público de salud, y los demás sujetos que se
estime incurrieron en conductas irregulares.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase,
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
ANEXO 1
INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PROCESOS DE TUTELA
SELECCIONADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
EXP.
DEMANDANTE (acudiente y menor de edad)
DEMANDADO
JUEZ PRIMERA INSTANCIA
JUEZ SEGUNDA INSTANCIA
1
5808227
Funtierra Rehabilitación IPS SAS
Gobernación de Córdoba y Ministerio de Salud
Tribunal Superior de Montería – Sala Penal
Corte Suprema de Justicia – Sala Penal
2
4880691
William Utrera Reyes - Daniel Ricardo Utrera
Barranco
Famisanar EPS
Juzgado Primero Penal con Funciones de Control de
Garantías de Santa Marta
---
3
4877010
Janet de Jesús Guzmán - Yohan Enrique Manotas Guzmán
Caprecom EPS
Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Piojó
---
4
4877009
Luz Marina Rivaldo - Fanny Luz Imitola R
Rivaldo
Comfacor
Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Piojó
---
5
4877008
Mariluz Mendoza - Iván David Escorcia Mendoza
Famisanar EPS
Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Piojó
---
6
4877007
Yadiris Vargas - Dilan Andrés Zárate Vargas
Caprecom EPS
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó
---
7
4877006
Zoila Romero - Jesús David López Romero
Mutual Ser EPS-S
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó
---
8
4877005
Rosenda Utría - Felipe Villanueva Jiménez
Saludcoop EPS
Juzgado Promiscuo Municipal del Piojó
---
9
4877004
Liz María Acosta - Wendys Patrici Imitola Acosta
Nueva EPS
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó
---
10
4647075
Edna Rúa - Germán Enrique Uribe Rúa
Coomeva
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Barranquilla
Juzgado Segundo Penal de Conocimiento para
Adolescentes de Barranquilla
11
4585824
Esther Arias – Sharith Blanco
Salud Total EPS
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Valledupar
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Valledupar
12
4585818
Erika Jiménez – Jesús Manuel Jiménez
Salud Total EPS
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Valledupar
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Valledupar
13
4582553
Esmith Rodríguez – Kenia Amador Rodríguez
Coosalud EPS-S
Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Barranquilla
---
14
4582253
Anyela Penagos – Armando Escobar Penagos
Comparta EPS-S
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescente
con Funciones de Conocimiento de Santa Marta
15
4581950
Yenis Zulay Reguillo – Pedro Luis Cansanoza Reguillo
Saludcoop EPS
Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga
---
16
4288549
Yamile Ramos – Valentina Ramos
Saludcoop EPS
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Valledupar
---
17
4285631
Alfonso Barreto – Astrid Carolina Barreto
Cajacopia EPS-S
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Valledupar
---
18
4279777
Elionet Rangel – Rafael Rangel
Saludvida EPS-S
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Garantías de Valledupar
Juzgado Segundo Penal del Circuito Con Función de
Conocimiento de Valledupar
19
4277939
Flor Ángela del Águila – Juan José Pérez Del Águila
Salud Total EPS
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá
Juzgado 34 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá
20
4269949
Amalia Ossa Cruz – Winiver Bolivar Ossa
Cafesalud EPS
Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá
Juzgado 6º Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá
21
4267052
Dersa María Barragán – David Castro Gamarra
Caprecom EPS-S
Juzgado Civil del Circuito de Fundación
---
22
4264678
Moisés San Juan – Diana Fontalvo San Juan
EPS-S Comfacor
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla
---
23
4263532
Astrid Hernández – Aida Luz Otero Hernández
Salud Total EPS
Juzgado Octavo Civil Municipal de Santa Marta
---
24
4262190
Personería de Envigado – Alejandro Arroyave
Salud Total EPS
Juzgado Segundo Penal Municipal de Envigado
Juzgado Único Penal del Circuito de Envigado
Antioquia
25
4253989
Sady Gómez – Carlos Lavalle Gómez
Saludvida EPS-S
Juzgado Promiscuo de Familiar de Planeta Rica
---
26
4124218
Yolanda Torne – Jesús Marriaga Torne
Clínica General del Norte
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de
Santa Marta
---
27
4124217
Alfredo Maiguel – Arley de Jesús Maiguel
Comfacor EPS-S
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de
Santa Marta
---
28
4124215
Erca Pacheco – Keiler Sanguino
Saludcoop – EPS
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de
Santa Marta
---
29
3912170
Eva Durango – Esmerando Hurtado Durango
Comparta EPS-S
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla
---
30
3459124
Luz Dini Espitia – Dubán Felipe Xambrano
Saludcoop EPS
Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá
---
31
3370193
María Esther Pérez – Alfredo Flórez
Saludcoop EPS
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cereté
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté
32
3370191
Leydys Hernández – Brigith Moreno Zúñiga
Saludvida EPS-S
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté
33
3308932
Elkin Londoño – Laura Londoño
Coomeva EPS
Juzgado Quinto Penal con Funciones de Control de
Garantías de Ibagué
--
34
3026926
Johana Vasquez – Juan David García Vásquez
Coomeva EPS
Juzgado Octavo Penal Municipal de Villavicencio
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio
35
3025534
Carmen Gudiño Paredes – Santiago Román Gudiño
Sanitas EPS
Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bogotá
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá
36
2896065
Teodulo Erira – Lorena Erira
Nueva EPS
Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Nariño –
Sala Penal
37
2893757
Hernando Vitola – Hernando Eliécer Vitola
Coomeva EPS
Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad
ANEXO 2
FICHAS MÉDICAS DE PACIENTES[393]
Menor
Edad[394]
Patología
Médico tratante
Terapias solicitadas
IPS
Keila del Carmen Posada
11
Trastorno del comportamiento
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Johanys Yurleis Nisperuza Tovar
12
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Darla María Osorio Pérez
8
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Kevin Manuel Reyes Berrocal
13
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Kenia Andrea Orozco Martínez
8
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Arley Bautista Rivero
11
Trastorno del comportamiento
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Faryori Paola Flórez
7
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Jennifer Martínez Martínez
5
Alteración del comportamiento
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
Junior Andrés Ruiz López
5
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA.
Funtierra Rehabilitación IPS
María Cenet Castro Yañez
9
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Veronica Lucía Jaraba Reyes
8
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yesid David Rivero Mestra
11
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Santiago Cantero Mena
9
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Camila Rodríguez Bautista
11
Escoliosis congénita
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús Rafael Cogollo
7
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ana Cecilia López Ayala
13
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Camilo Gutiérrez Ballestas
5
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ana Isabel Gutiérrez Ballestas
8
Trastorno de aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Alejandra Petro León
3
Trastorno de aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Fredy Jesùs Guzmán Vergara
19
Retraso mental severo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Marianella Guzmán Doria
14
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Raul Bernal Arteaga
18
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Claudia Patricia Buelvas
16
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Duvan Bravo Viloria
14
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Daniela Paola Talaigua
13
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Domingo Petro Espitia
9
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
David José Petro del Toro
9
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José David Vega Pimienta
5
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango Galván y/o Karem Josefina
Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Miguel Enrique Esquivel Vásquez
14
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván y/o Karem Josefina
Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Adriht Giovanna Tirado
13
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván y/o Karem Josefina
Pareja
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Tania María Martínez Gallego
14
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José David Arcón Rubio
8
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ismael Negrete Buelvas
2
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
1069467757
10
Síndrome de infarto cerebeloso
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús David Salcedo Ortíz
9
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y Karen Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Salomé Sierra Rosso
1
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Mario José Díaz Puche
10
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Isandro Florez Martínez
11
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Alfredo Manuel Mendoza Galindo
4
Retardo mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ana Inés Medrano Urbina
12
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Brenda Isela Gómez Otero
10
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Daniela Sofía Padilla Garavito
6
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Emily Polo Díaz
5
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Erick Albey Negrete Ruiz
15
Autismo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Glenis Benites Velásquez
5
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Manuel Herrera Benítez
9
Polineuropatía sin especificar
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Alejandro Martínez Sánchez
10
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Carlos Muñoz Raillo
6
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Daniel Salgado Buelvas
15
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Kened Luis Contreras Sáenz
14
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María José Sánchez Echavarría
9
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Melany Pastrana Acosta
1
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Saray Colon Jiménez
5
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitació IPS
Shariany Méndez Guzmán
1
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitació IPS
Yhonier Andrés Márquez Avilez
4
Síndrome de Apert
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitació IPS
Jarianys Ricardo Hoyos
3
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitació IPS
Jeimer Luis Almario Vertel
9
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitació IPS
Jordy Terán Zúñiga
9
Retraso sicomotor
Funtierra Rehabilitación IPS
José Luis Paternina Ruiz
5
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Diego Pacheco
12
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Esteban Martínez Sotelo
16
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Esteban Sáez González
13
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Julian David Peinado de Oro
3
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Ludis Mayleth Marzola Márquez
8
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Carlos Barragán Ávila
13
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Paula Martínez Aguirre
14
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Mauricio Pacheco Peña
9
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Merlina Trujillo Molina
8
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Pamela Montes Berrocal
7
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sara Judith Pérez
3
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yan Carlo Campo Vásquez
4
Síndrome de West
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yarlenis Alcázar Ortíz
5
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yurleidy Carolina Ruiz Pérez
11
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Emmanuel Pérez Lugo
5
Retardo en el desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Alexander Araujo Jiménez
12
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Elianiz Luz Roquema Salcedo
11
Retraso psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Fernanda Morales Araujo
7
Alteración del comportamiento
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Samir Domingo Perneth Arcia
18
Retraso mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Emerson de Jesús Pereira Soto
12
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Matías García Bettin
5
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Julia del Carmen Yáñez Fuentes
14
Retraso mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Alejandro Casarrubla Delgado
13
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Martha Cecilia Tobías Peña
11
Retardo en el desarrollo psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Delcy Liliana Cordero Viloria
10
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias asistida con perros, terapia miofuncional,
terapia comportamental ABA, educación especial, neurodesarrollo,
equinoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Freydel Stiven Villera Vidal
12
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias asistida con perros, terapia miofuncional,
terapia comportamental ABA, educación especial, neurodesarrollo,
equinoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Daniel Avilez Bedoya
9
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango Galván y Karem Josefina Parejo
Terapia miofuncional, terapia basada en
neurodesarrollo física y ocupacional, integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Maireth Ochoa Gómez
5
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Marlon José Suárez Rambao
6
Trastorno del comportamiento
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Nicol Dayana Durango Mestra
7
Síndrome de Cri-du-chat
Carlos Arturo Durango Galván y Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Saray Marìa Priolo San Martín
14
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús Manuel Salazar Naranjo
8
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Diomedes Dionisio Miranda Naranjo
8
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Isaac Daniel Simanca Herrera
13
Retraso mental leve
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias asistida con perros, terapia miofuncional,
terapia comportamental ABA, educación especial, neurodesarrollo,
equinoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Lorena Galván Nobles
10
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José David Villera Martínez
7
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física,
terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o
en neurorehabilitación; terapias de integración sensoriomotriz; terapia
miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con perros; acuaterapia;
terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Santiago Espitia Negrete
8
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Felipe Ortega Alean
7
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sebastián Aristizabal Giraldo
8
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juliana Peñate Romero
9
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jhonatan Mauricio Mena Gómez
12
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y Karen Josefina Parejo
Equinoterapia, terapias asistidas con perros, musicoterapia,
terapia miofuncional, BA, educación especial, acuaterapia terapia basada en
neurodesarrollo, integración sensorio motriz, terapia física, terapia
ocupacional y terapia fonoaudiológica
Funtierra Rehabilitación IPS
Yeferson Jesús Espitia Díaz
16
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida
con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Pedro Luis Vidal
10
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Cristian Alexander Durango López
14
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Daniel Martínez Carrasco
2
Síndrome de hiperactividad
Carlos Artguro Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Daniel Salgado Ortíz
4
Retraso sicomotor severo
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Estefany soto Madera
7
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Keudi Sofía Espìtia Enamorado
7
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sara Elisa Berrocal Sariego
7
Trastorno del lenguaje
Carlos Arguro Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sheyla Sofía Olivares López
4
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Andrés Felipe Hoyos López
16
Síndrome del espectro autista
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Carlos Andrés Martínez Durango
15
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Charles Jaramillo Germán
14
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Esteban Durango Martínez
15
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jorge Eliécer Romero Suárez
16
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Jorge Luis Aparicio Cogollo
4
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Manuel Atilano Tirado
12
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan José Pérez Tatis
12
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Olga Lucía Pereira Barrios
15
Retraso mental leve
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ubadel Andrés Marzola Pacheco
9
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jhon Kevin Salcedo Paternina
14
Distrofia de Duchene
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Sebastián Viloria Cogollo
9
Meningitis bacteriana
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ada Luz Hernández Mausa
14
Esclerosis tuberosa
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Angie Sofía Castrillón Hoyos
8
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Estefanía Guerrero Gómez
7
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Libia Rosa Ramos Avilez
17
Retraso mental severo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Alberto Galezo Torrez
11
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Luisa Restrepo Castro
5
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Miguel Jesús Ramos Petro
8
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ángela María Madera Meléndez
14
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, terapia fonoaudiológica basada en neurodesarrollo,
integración sensoriomotríz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Deivis Johana Salgado Páez
7
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Elian Alid Montiel Villera
13
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Esteban Hernández Alzate
5
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jerónimo Petro Bettin
5
Síndrome del espectro autista
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan David Vitola Sánchez
11
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Paula Olivero Molina
3
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia y
terapia del lenguaje
Funtierra Rehabilitación IPS
Merlys María Romero Romero
6
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Moisés David Vitola Sánchez
14
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Liney Paola Ortíz Anaya
13
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yasneidis Conde Arrieta
9
Trastorno sicosocial asociados
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Daniel Andrés Payares Rivas
9
Síndrome de infarto cerebeloso
Carlos Arturo Durango Galván
Equinoterapia, terapias asistidas con perros,
musicoterapia, terapia miofuncional, BA, educación especial, acuaterapia
terapia basada en neurodesarrollo, integración sensorio motriz, terapia
física, terapia ocupacional y terapia fonoaudiológica
Funtierra Rehabilitación IPS
Carmen Daniela Ariza Guerra
2
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Mario luis Díaz López
11
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yisel Andrea Casarrubia Pérez
10
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Iván Darío Gallego Ortúa
12
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Tania Luz Luna Díaz
12
Retardo mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Angel Santana Torreglosa
3
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Dilan Jaramillo Ayazo
12
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Fernando Pérez Arrieta
16
Retardo mental moderado
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Andrés Felipe Osorio Ospino
7
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango Galván
Equinoterapia, asistida con perros, musicoterapia,
miofuncional, ABA, educación especial, acuaterapia, basada en
neurodesarrollo, integración  sensoriomotriz, terapia física, ocupacional y
fonoaudiológica
Funtierra Rehabilitación IPS
Danna Sofía Estrada Hernández
5
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapia miofuncional, terapia basada en
neurodesarrollo física y ocupacional, integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Everildis Durango Hoyos
8
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Alfredo Berrocal Ayala
17
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Antonio Galvis Castillo
9
Meningitis bacteriana
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan de Dios Restan Guerra
14
Hidrocefalia
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Mileidis Luz Alvarez Higuita
14
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Wilfer José Flórez Goez
10
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango Galván
Equinoterapia, asistida con perros, musicoterapia,
miofuncional, ABA, educación especial, acuaterapia, basada en
neurodesarrollo, integración  sensoriomotriz, terapia física, ocupacional y
fonoaudiológica
Funtierra Rehabilitación IPS
Yuri Marcela Herrera Benitez
11
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ana María Ortega Benitez
12
Polineuropatía sin especificar
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia,
terapia del lenguaje.
Funtierra Rehabilitación IPS
Andrea Camila Alemán Narváez
12
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Angie Paola Simaca Corrales
15
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológicas
basadas en neurodesarrollo, miofuncional, y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Daniela Muñoz Cuadrado
11
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de
integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Dayelis Romero Montes
15
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Eliana Fuentes Vergara
11
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Eliana Ramos
8
Parálisis cerebral
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia,
terapia del lenguaje
Funtierra Rehabilitación IPS
Jotam Emanuel Rodríguez Valdez
5
Síndrome de West
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológicas
basadas en neurodesarrollo, miofuncional, y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Andrés Ríos Anaya
5
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Sebastián Flores Barrios
7
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Leicy Fernanda González Gaviria
2
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Eduardo Otero Campo
9
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Mariana Montes Berrocal
6
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Miguel Alejandro Vergara Duarte
10
Retraso mental severo
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológicas
basadas en neurodesarrollo, miofuncional, y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Oscar David Padilla Romero
4
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia y
terapia del lenguaje
Funtierra Rehabilitación IPS
Saral Duseth Zúñiga Calle
12
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Silenis Velásquez
14
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yormand David López Jiménez
3
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Saharay Cortés Pinto
10
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Alid David Montes Vásquez
6
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Carlos Farid López Payares
8
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Dessire Pinto Gómez
10
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Eduardo Cano Jiménez
11
Retraso mental severo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Marisol Espitia Bello
12
Retraso mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Miguel Herrera Mejía
16
Retraso mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Eider Portillo Espitia
4
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Brayan Guillin Pérez
9
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Julio Cesar Rosso Julio
12
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jhon Jairo Polo Ruiz
9
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Carlos José Humanez Posada
12
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Pedro Luis Álvarez Posada
12
Trastorno oposicional desafiante
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Karen Sofía Zúñiga Castillo
10
Sindrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Nelly Johanna Ortíz Gaviria
3
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yelibeth Pantoja Mejía
11
Parálisis cerebral atáxica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Esneider Andrés Boloaño Contreras
5
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Alexandra de Jesús Ávila Guerra
11
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Andry Luz Paternina Nova
6
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ener José Gaspar Ayala
13
Retardo en el desarrollo piscomotor severo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Fabián David Berrocal Suárez
7
Retardo en el desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Franchesca María Suárez Ibáñez
10
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús Adrian Suárez Padilla
3
Síndrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Keiner José Peña Castillo
9
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Fernando Solano Baltazar
11
Retardo sicomotor severo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Wendy Paola del Toro Cardozo
8
Retardo en el desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yacelis María Carvajal Montalvo
14
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Esther María Celestino Muñoz
9
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ismael Antonio Celestino Muñoz
9
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Iván Suárez Espinosa
10
Escoliosis congénita
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Eduardo Salgado Araujo
10
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jimena Correa De la Rosa
13
Trastorno del comportamiento
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Roque Junio Guzmán Cardozo
13
Distrofia de Duchene
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Paula Andrea Suárez Ballestas
9
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Alith David Nisperuza Ariza
5
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Josué David Urango Hernández
3
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Santiago Urango Hernández
3
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Daniel Posada Sánchez
12
Trastorno del comportamiento
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Betty Lucía Suárez Rambao
9
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Roseny Penate Páez
16
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Roberto Carlos Rodiño Urango
16
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Manuel Espitia
11
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sebastián Hernández Doria
8
Hidrocefalia
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Milagro Galarcio Gallego
4
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Carmen Pacheco Furnieles
16
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Cesar Augusto Pérez Ceballos
18
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Dayana Gómez Jiménez
9
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapia miofuncional, basada en neurodesarrollo en
física ocupacional y de fonoaudiología, e integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Jairo Armando Arbeláez Ortega
9
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapia miofuncional, basada en neurodesarrollo en
física ocupacional y de fonoaudiología, e integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús David Calderón Bandera
8
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús Manuel Ramos Rivas
16
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Laura Berrío Jiménez
5
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Antonio Peñata Hernández
5
Trastorno de la marcha
Carlos Arturo Durango
Terapia miofuncional, terapia basada en
neurodesarrollo física y ocupacional, integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
María Angélica Pérez Montalvo
5
Retraso sicomotor severo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Lucía Rodriguez Regino
5
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Paula Movilla Flórez
7
Sindrome de infarto cerebeloso
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Miguel Angel Salgado Furnieles
4
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Omar Yesith Quintero Pérez
4
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Equinoterapia, asistida con perros, musicoterapia,
miofuncional, ABA, educación especial, acuaterapia, basada en
neurodesarrollo, integración  sensoriomotriz, terapia física, ocupacional y
fonoaudiológica
Funtierra Rehabilitación IPS
Sebastián Castrillón Hoyos
9
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yosti Quiñonez Méndez
6
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Brayan José González Balvin
11
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en neurodesarrollo,
integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
César Luis González Gómez
12
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Duranog
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Danna Dariana Bedoya Suárez
11
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Helio Rafael Salgado Paternina
11
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológicas
basadas en neurodesarrollo, miofuncional, y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Jorge Luis Díaz Ortíz
14
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológica
basadas en neurodesarrollo, miofuncional y de integración sensoriomotríz
Funtierra Rehabilitación IPS
Karen Dayana Pertuz Ortíz
14
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológicas
basadas en neurodesarrollo, miofuncional, y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Alejandro Ricardo Pérez
8
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
María Camila Rivero Guzmán
9
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias especializadas NO POS
Funtierra Rehabilitación IPS
Miguel Alberto Salcedo Hernández
13
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango
Terapias especializadas NO POS
Funtierra Rehabilitación IPS
Sebastián Andrés Salazar Payares
10
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológicas
basadas en neurodesarrollo, miofuncional, y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Vriana Liley Lozano Argumedo
3
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapias física, ocupacional y fonoaudiológicas
basadas en neurodesarrollo, miofuncional, y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Wendy Vanesa Romero Díaz
10
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Angel Enrique Hernández Fuentes
8
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Bernel Manuel Gaspar Ayala
13
Trastorno severo del desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Danilo Javier Hernández Ortíz
4
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ender David Padilla Gómez
3
Trastorno del lenguaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Carlos Avila Ramos
11
Retardo severo en el desarrollo psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Pablo Agresot PIneda
12
Retardo leve en el desarrollo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Karen Sofía Peñate Estrada
12
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María del Carmen de Hoyos Àvila
13
Hipoacusia neurosensorial
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Moisés David Álvarez Tordecilla
7
Secuelas de mielomeningocele
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Rafael Antonio Izquierdo López
9
Retardo en el desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Reinel José Sánchez Martínez
3
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yuliana Oquendo Garcés
15
Retardo en el desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Julian Cortés Villalobos
8
Sindrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sebastián Andrés Roqueme Pérez
8
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jorge Luis Mercado Plaza
9
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Mariana Gaviria Bustamante
4
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Enith María Caraballo Espitia
13
Conduca oposicional desafiante
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Carmelo José Brango Sibaja
10
Trastorno sicosocial asociado
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Diego Andrés de la Rosa Pérez
10
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapia miofuncional, terapia basada en
neurodesarrollo física y ocupacional, integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
José Antonio Gómez Pérez
9
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Equinoterapia, terapia asistida con perros,
musicoterapia, terapia miofuncional, terapia ABA, educación especial,
acuaterapia, terapia de neurodesarrolllo, integracción sensoriomotriz,
fonoaudiología y terapia ocupacional
Funtierra Rehabilitación IPS
José Gregorio Sánchez Pastrana
8
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ana Melissa Lozano Mestra
13
Epilepsias generalizadas
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Andrés Felipe Cárdenas Espitia
6
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapia miofuncional, terapia basada en
neurodesarrollo física y ocupacional, integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Darien Lorena Álvarez Monterroza
6
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús David Verona Padilla
8
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapia física basada en neurodesarrollo, terapia
ocupacional, terapia fonoaudiológica, de integración sensoriomotriz,
miofuncional, asistida con caninos, asistida con equinos, hídrica,
musicoterapia y ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Miguel Pérez Soto
10
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yamile Berrío Navarro
5
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Deison Antonio Estrada Terán
14
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Claudia Patricia Arrieta Berrocal
9
Parálisis cerebral
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Daniel Alberto Herazo Pérez
10
Retraso mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Daniel Morales Hernández
8
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Steven David Miranda Pérez
4
Retardo en el desarrollo psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Brigith Moreno Zúñiga
18
Retardo mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Carlos Andrés Bolaños Jiménez
18
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús David de Vargas Pérez
14
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Leifys Palomo Ruiz
11
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Aldo José Negrete Estrada
19
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Hernando Miguel Gómez Sáenz
9
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de fonoaudiología
basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias de integración
sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia asistida con
perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús Antonio Jiménez Ordóñez
10
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Juan Camilo Cortecerro Sierra
7
Síndrome de hiperactividad
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Consuelo Angulo López
10
Parálisis cerebral espásatica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Alejandra del Toro Barrios
3
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Mateo De la Ossa Pineda
12
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jesús Alberto Hernández Durango
13
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Vanessa Yepes Tirado
10
Sindrome de down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Fernanda Herazo Herazo
5
Hidrocefalia
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapia miofuncional, terapia basada en
neurodesarrollo física y ocupacional, integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Camilo Andrés Durango Sánchez
5
Hidrocefalia
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, terapia comportamental
ABA, miofuncional, educación especial, de neurodesarrollo, equinoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Jaider Antonio Díaz Teherán
1
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Alejandra Yañez Negrete
6
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María de los Àngeles Gómez Montalvo
8
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
María Teresa Figueroa Álvarez
3
Parálisis cerebral sin especificar
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Saray Peinado Castro
11
Retraso sicomotor severo
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yeison Isaac Aguas Cantero
9
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Adolfo David Beltrán Caicedo
9
Retardo psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Carlos Andrés Lavalle Gómez
6
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Ernesto José Espinosa Díaz
15
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Jorge Luis Padilla Miranda
11
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
José Miguel Vanegas Pastrana
9
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luisa Fernanda Causil García
10
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Luisa Fernanda Martínez Julio
12
Trastorno del aprendizaje
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Oscar Enrique Sotelo Vergara
12
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sebastián Oviedo Ramos
6
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Wendy Vanesa Oviedo López
9
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yimmy Andrés López Tarras
3
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Carol Patricia Zarante López
16
Retraso en el desarrollo psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Lays del Carmen Pérez Carmona
14
Retardo en el desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Fernando Velásquez Macias
9
Retardo en el desarrollo sicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Neivis Peña Jacinto
14
Retardo mental leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Sirley Del Carmen Ramires Raveles
10
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yenis Luz Céspedes Espitia
9
Retardo en el desarrollo psicomotor
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Yuliet Marcela Arcia Vargas
12
Retardo psicomotor leve
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Beder de Jesús Sánchez Cogollo
17
Retraso mental moderado
Carlos Arturo Durango y/o Karem Josefina Parejo
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Abel José Argumedo Argumedo
16
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango Galván
Equinoterapia, terapia asistida con perros,
musicoterapia, terapia miofuncional, terapia ABA, educación especial,
acuaterapia, terapia de neurodesarrolllo, integracción sensoriomotriz,
fonoaudiología y terapia ocupacional
Funtierra Rehabilitacion IPS
Camilo Olivera Crizón
11
Retraso mental severo
Carlos Arturo Durango y Karen Josefina Parejo
Equinoterapia, terapias asistidas con perros,
musicoterapia, terapia miofuncional, BA, educación especial, acuaterapia
terapia basada en neurodesarrollo, integración sensorio motriz, terapia
física, terapia ocupacional y terapia fonoaudiológica
Funtierra Rehabilitación IPS
Saray Ortega Díaz
7
Retraso sicomotor
Carlos Arturo Durango
Terapias física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología basadas en neurodesarrollo o en neurorehabilitación; terapias
de integración sensoriomotriz; terapia miofuncional; equinoterapia y terapia
asistida con perros; acuaterapia; terapias ABA
Funtierra Rehabilitación IPS
Luis Miguel Causil Mejía
17
Autismo
Carlos Arturo Durango
Terapia miofuncional, basada en neurodesarrollo en
física ocupacional y de fonoaudiología, e integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Alejandro Lobo Simanca
9
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango y Karem Josefina Pareja
Terapia física, ocupacional, fonoaudiológica basadas
en neurodesarrollo, miofuncional y de integración sensoriomotriz
Funtierra Rehabilitación IPS
Sair Moreno Arteaga
11
Parálisis cerebral espástica
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Pedro José Arrieta Julio
1
Síndrome de Down
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias asistidas con perros, miofuncional,
comportamental ABA, educación especial, terapia física basada en
neurodesarrollo, integración sensoriomotriz, equinoterapia, musicoterapia
Funtierra Rehabilitación IPS
Yohan Enrique Manotas Guzmán
7
Trastorno del desarrollo del lenguaje y trastorno del
aprendizaje
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral
IPS Rehabilitamos de la Costa SAS (Juan de Acosta)
Fanny Luz Imitola Rivaldo
2
Parálisis cerebral, retraso en el desarrollo del
lenguaje y trastorno del aprendizaje
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social (Barranquilla)
Iván David Escorcia Mendoza
7
Trastorno de déficit de atención, retraso en el
desarrollo del lenguaje e hiperactividad
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral
IPS Rehabilitamos de la Costa SAS (Juan de Acosta)
Dilan Andrés Zárate Vargas
7
Retraso en el desarrollo del lenguaje, trastorno de
la conducta y epilepsia
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral
IPS Rehabilitamos de la Costa SAS (Juan de Acosta)
Jesús David López Romero
9
Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
(TDAH) y trastorno del aprendizaje
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social (Barranquilla)
Felipe Villanueva Jiménez
15
Retraso mental, retraso en el desarrollo del lenguaje
y epilepsia
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social (Barranquilla)
Wendys Patricia Imitola Acosta
14
Síndrome de Down, retraso mental y retraso en el
desarrollo del lenguaje
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integral
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
Solidaridad Social (Barranquilla)
Daniel Ricardo Utrera Barranco
2
Autismo, trastorno del aprendizaje e hiperactividad
Pedro Pablo Barraza
Terapias de rehabilitación conductual y cognitiva
integral
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje
(Santa Marta)
Kenia Amador Rodríguez
15
Retraso en el desarrollo del lenguaje y retraso
mental
Pedro Pablo Barraza
Terapia de neurodesarrollo
Centro de Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad
Social (Barranquilla)
Diana Fontalvo San Juan
14
Retardo en el desarrollo y alteración en el
desarrollo sicomotor
Carlos Andrés Toro y equipo interdisciplinario de IPS
Santa Teresa de Jesús
Terapias ABA
IPS Santa Teresa de Jesús
Esmeralda del Carmen Hurtado Durango
16
No se especifica
Jesús Eduardo Ruiz Aguirre
Equinoterapia, acuaterapia, fonoaudiología, terapia
ocupacional, terapia física y otras ilegibles
No se especifica
Germán Enrique Uribe Rúa
19
Autismo
Jesús Eduardo Ruiz Aguirre y Sonia Calderón
Terapias ABA
Fundación Aprendo
Armando José Escobar Penagos
9
Retraso mental, trastorno de déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), y trastorno del lenguaje
Pedro Pablo Barraza
Terapia de neurodesarrollo
Centro de Rehabilitación y Aprendizaje Solidaridad
Social (Santa Marta)
Arley de Jesús Miguel Buelvas
16
Autismo
Pedro Pablo Barraza
Terapia comportamental ABA
Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS
(Santa Marta)
Sarith Daniela Blanco Arias
10
Insuficiencia Motora de Origen Cerebral (IMOC) y
trastorno del aprendizaje
Omar Rivera
Terapia física en neurodesarrollo, terapia
ocupacional en neurodesarrollo, terapia del lengauje en neurodesarrollo,
acuaterapia, equinoterapia, musicoterapia y psicología comportamental
Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas CRIES
(El Paso)
Jesús Manuel Jiménez Jiménez
9
Insuficiencia Motora de Origen Cerebral (IMOC),
epilepsia y tetraplejia
Omar Rivera
Terapia física, ocupacional y de lenguaje en
neurodesarrollo, miofuncional, musicoterapia y asistida con perros
Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas CRIES
(El Paso)
Astrid Carolina Barreto Silva
14
Discapacidad cognitiva y dislalia
Omar Rivera
Acuaterapia, musicoterapia, miofuncional, terapia de
lenguaje, comportamental, de familia e integración sensoriomotriz
Centro de Rehabilitación Integral Caritas Felices IPS
Rafael Andrés Rangel Rondón
11
Déficit cognitivo y torpeza motora
Omar Rivera
Terapia física, ocuopacional y de lenguaje en
neurodesarrollo, equinoterapia, miofuncional, musicoterapia, psicología
comportamental y asistida con perros
Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas CRIES
(La Jagua de Ibirico)
Aida Luz Otero Hernández
10
Parálisis cerebral infantil, retardo global del
desarrollo y microcefalia
Gary Lob Linero
Terapia ocupacional, sensoriomotriz, física
halliwick, fe fonoaudiología tipo musicoterapia y tipomiofuncional, física
tipo neurodesarrollo, ocupacional de tipo orientación y de entretenimiento
vocacional, y fonoaudiología basada en neurodesarrollo
Centro de Atención Especializado Huellas (Fundación)
Keiler Andrés Sanguino Pacheco
14
Encefalopatía hipóxica isquémica, retardo sicomotor,
deformidad maxilar superior, marcha con ayuda atáxica, espasticidad leve en 4
extremidades y habla monosilábica
Javier Mezzenet
Terapia ocupacional de tipo integración
sensoriomotriz, terapia de fonoaudiología tipo musicoterapia y tipo
miofuncional, terapia física de neurodesarrollo, y terapia de psicología tipo
comportamental ABA
Centro de Rehabilitación Integral Manantial
Pedro Luis Candanoza Reguillo
9
Dislalia e hiperquinesia
Orlando S. Moreno
Terapias de rehabilitación multidisciplinaria con
enfoque cognitivo y del lenguaje, de coordinación motora gruesa,
fonoaudiología, apoyo psicológico con terapia halliwick, musicoterapia,
neurodesarrollo, terapia asistida con perros, todo con orientación ABA
Fundación Paso a Paso
Jesús David Marriaga Torne
14
Dificultad articulatoria, en procesos académicos y en
la lectura y escritura
José Velásquez Velásquez
Terapia de lenguaje, ABA y ocupacional
Centro Integral de Salud del Caribe (CISAD)
Jorge David Castro Gamarra
7
Trastorno en el desarrollo
José Velásquez Velásquez
Terapia física de neurodesarrollo y tipo kalliwick,
terapia de fonoaudiología tipo musicoterapia, terapia psicológica tipo
comportamental ABA, y terapia ocupacional tipo sensoriomotriz
NO se especifica
Carlos Andrés Lavalle Gómez
6
Cuadriparesia con hiperreflexia, estrabismo en ojo
derecho, afasia, microcefalia, y retardo severo sicomotor secundario
Carlos Arturo Durango Galván
Terapias de neurorehabilitación: equinoterapia,
terapia asistida con perros, musicoterapia, terapia miofuncional, terapias
ABA, educación especial, acuaterapia, terapia basada en neurodesarrollo,
intetración sensoriomotriz, terapia física, terapia ocupacional y terapia de
fonoaudiología
Funtierra Rehabilitación IPS
Valentina Ramos
9
Retraso mental y déficit cognitivo con alteración del
comportamiento
NO hay orden médica
No se especifica
Centro de Rehabilitación Integral Manantial (Santa
Marta)
Juan José Pérez del Águila
4
Trastorno del espectro autista no especificado con
características de funcionamiento intermedio
Ilegíble de personal de Clínica Neurorehabilitar y
del Instituto de Ortopedia Infantil Roosvelt
Apoyo terapéutico integral, terapia física,
ocupacional, de lenguaje, comportamental. Programa de rehabilitación integral
intensiva, programa terapéutico, de psicomotricidad, ocupacional,
fonoaudiología, terapia neurosensorial y asistencia de personal sombra
Clínica Neurorehabilitar
Winivier Bolivar Ossa
4
NO se especifica
NO se especifica
NO se especifica
No se especifica
Duvan Felipe Zambrano
4
Parálisis cerebral espástica y retardo en el
desarrollo
Natalia Jara Pinzón
Orden de cuidado diario
NO se especifica
Santiago Daniel Román Gudiño
15
Autismo
Lucía Pedraza y Gerardo Restrepo
Tratamiento integral en institución especializada
ASIDEA (Asistencia integral en el Desarrollo
Autónomo)
Hernando Eliecer Vitola Merchán
3
NO se especifica
Valoración interdisciplinaria en CENCAES IPS
Tratamiento intensivo y permanente en terapias ABA
con equinoterapia, hidroterapia y animalterapia
CENCAES
José Alfredo López Flórez Pérez
14
Retraso mental moderado y síndrome convulsivo
Alfredo Rodríguez García
Psicología (terapia asistida con perros y terapia
comportamental ABA), fonoaudiología (terapia del lenguaje), fisioterapia
(equinoterapia y preacondicionamiento para auaterapia), y terapia ocupacional
(integración sensoriomotríz y cognitiva)
Centro de Rehabilitacion Arco Iris
Brigith Paola Moreno Zúñiga
14
Hemiparesia espástica y retraso mental leve
Alfredo Rodríguez García
Psicología (terapia asistida con perros y terapia
comportamental ABA), fonoaudiología (terapia del lenguaje), fisioterapia
(equinoterapia y preacondicionamiento para auaterapia), y terapia ocupacional
(integración sensoriomotríz y cognitiva)
Centro de Rehabilitación Arco Iris
Laura Camila Londoño Salazar
10
Autismo y retraso en el desarrollo
Álvaro Eduardo Osorio
Tratamiento integrativo conductual y reeducativo
Fundación Passus
Juan David García Vásquez
11
Parálisis cerebral espástica, síndrome de Angelman
con alteración de la movilidad
José Fernando Guerrero Acosta
Uso de institución con manejo integral
Instituto de Rehabilitación Ebenezer
Lorena Patricia Erira Rosero
16
Retardo mental moderado, retardo en el desarrollo del
lenguaje, alteraciones motora, trastorno generalizado de ansiedad,
discapacidad cognitiva
Gerardo Restrepo
Terapia ocupacional, fonoaudología, educación
especial y psicología
FUNDANE (Fundación para la Habilitación y
Rehabilitación Integral del Niño Especial de la Exprovincia de Obando)
Alejandro Arroyave Ceballos
3
Autismo
María Elena Sampedro y Clara Lucía Ávila
Programa de intervención inicial
Fundación Integrar
ANEXO 3
DECISIONES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA
Proceso
Primera instancia
Segunda instancia
Juez
Decisión
Juez
Decisión
1
5808227
Tribunal Superior de Montería – Sala Penal
Declara improcedencia de la acción de tutela
Corte Suprema de Justicia – Sala Penal
Confirma fallo de primera instancia
2
4880691
Juzgado Primero Penal con Funciones de Control de
Garantías de Santa Marta
Concede parcialmente, ordenando tratamiento
prescrito, pero supeditado a que este sea avalado por médico tratante de la EPS
---
---
3
4877010
Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Piojó
Declara la improcedencia de la acción de tutela
---
---
4
4877009
Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Piojó
Declara la improcedencia de la acción de tutela
---
---
5
4877008
Juzgado Promiscuo Penal Municipal de Piojó
Declara la improcedencia de la acción de tutela
---
---
6
4877007
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó
Declara la improcedencia de la acción de tutela
---
---
7
4877006
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó
Declara la improcedencia de la acción de tutela
---
---
8
4877005
Juzgado Promiscuo Municipal del Piojó
Declara la improcedencia de la acción de tutela
---
---
9
4877004
Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó
Declara la improcedencia de la acción de tutela
---
---
10
4647075
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
con Función de Control de Garantías de Barranquilla
Concede transitoriamente las pretensiones de la
demanda, ordenando el suministro del tratamiento
Juzgado Segundo Penal de Conocimiento para Adolescentes
de Barranquilla
Revoca sentencia de primera instancia, declara
improcedencia de la acción de tutela
11
4585824
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Valledupar
Concede pretensiones de la demanda, ordenando autorización
y suministro de tratamiento integral NO POS prescrito por el médico
particular, en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas – CRIES IPS
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Valledupar
Revoca integralmente el fallo de primera instancia y
deniega pretensiones de la demanda
12
4585818
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Valledupar
Concede pretensiones de la demanda, ordenando
autorización y suministro de tratamiento integral prescrito por el médico
particular, en el Centro de Rehabilitación Integral Estrellitas – CRIES IPS
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Valledupar
Revoca integralmente el fallo de primera instancia y
deniega pretensiones de la demanda
13
4582553
Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Barranquilla
Deniega pretensiones de la demanda
---
---
14
4582253
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
con Funciones de Control de Garantías de Santa Marta
Concede la acción de tutela, ordenando la
autorización y suministro del tratamiento integral NO POS en el Centro de
Rehabilitación Solidaridad Social
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescente
con Funciones de Conocimiento de Santa Marta
Confirma fallo de primera instancia, y
adicionalmente autoriza a la EPS a efectuar el recobro ante la entidad
territorial respectiva
15
4581950
Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga
Deniega pretensiones de la demanda
---
---
16
4288549
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Santa Marta
Concede la acción de tutela, ordenando: (i)
tratamiento integral en Centro Integral Manancial, incluyendo terapias NO
POS; (ii) transporte, alojamiento, viáticos al menor y al acompañante
---
---
17
4285631
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Valledupar
Concede pretensiones de la demanda, ordenando
tratamiento integral prescrito por el médico tratante particular, en el
Instituto de Rehabilitación Integral Caritas Felices
---
---
18
4279777
Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Garantías de Valledupar
Concede parcialmente pretensiones de la demanda,
ordenando nueva valoración médica en la EPS, y tratamiento integral en dicha
entidad
Juzgado Segundo Penal del Circuito Con Función de
Conocimiento de Valledupar
Revoca fallo de primera instancia, y deniega en su
totalidad las pretensiones de la demanda
19
4277939
Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá
Concede las pretensiones de la demanda, ordenando
autorización de tratamiento integral en Clínica Neurorehabilitar en las
condiciones establecidas por médico particular
Juzgado 34 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá
Revoca fallo de primera instancia, y deniega
pretensiones de la demanda
20
4269949
Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá
Concede pretensiones de la demanda, ordenando
autorización y suministro de tratamiento integral requerido en la demanda,
sin perjuicio del derecho de la EPS de repetir contra el Fosyga
Juzgado 6º Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá
Revoca fallo de primera instancia, deniega
pretensión de otorgar tratamiento NO POS, y ordena valoración del menor
21
4267052
Juzgado Civil del Circuito de Fundación
Declara improcedencia de la acción
---
---
22
4264678
Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla
Concede, ordenando tratamiento integral NO POS en
IPS Santa Teresa de Jesús
---
---
23
4263532
Juzgado Octavo Civil Municipal de Santa Marta
Deniega pretensiones de la demanda
---
---
4262190
Juzgado Segundo Penal Municipal de Envigado
Deniega pretensiones de la demanda
Juzgado Único Penal del Circuito de Envigado
Antioquia
Confirma fallo de primera instancia
24
4253989
Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica
Concede tutela,
ordenando: (i) a Secretaría de Salud de Córdoba, autorizar terapias NO POS en
Funtierra IPS; (ii) a EPS, autorizar terapias POS en IPS Funtierra.
---
---
25
4124218
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de
Santa Marta
Declara la improcedencia de la acción de tutela y
remite expediente a la Superintendencia Nacional de Salud
---
---
26
4124217
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de
Santa Marta
Declara la improcedencia de la acción de tutela y
remite expediente a la Superintendencia Nacional de Salud
---
---
27
4124215
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes de
Santa Marta
Declara improcedencia de la acción de tutela
---
---
28
3912170
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla
Deniega pretensiones de la demanda
---
---
29
3459124
Juzgado 65 Civil Municipal de Bogotá
Deniega las pretensiones de la demanda
---
---
30
3370193
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cereté
Concede pretensiones de la demanda, ordenando
tratamiento integral en Centro de Rehabilitación Arco Iris
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté
Revoca sentencia de primera instancia, y deniega
pretensiones de la demanda
31
3370191
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cereté
Concede parcialmente las pretensiones de la demanda,
ordenando tratamiento integral, pero supeditado a valoración médica
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté
Revoca sentencia de primera instancia, y deniega pretensiones
de la demanda
32
3308932
Juzgado Quinto Penal con Funciones de Control de
Garantías de Ibagué
Deniega pretensiones de la demanda
--
---
33
3026926
Juzgado Octavo Penal Municipal de Villavicencio
Deniega las pretensiones de la demanda
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio
Confirma fallo de primera instancia.
34
3025534
Juzgado 34 Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Bogotá
Deniega las pretensiones de la demanda
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá
Confirma fallo de primera instancia
35
2896065
Juzgado Primero Penal del Circuito de Ipiales
Deniega pretensiones de la demanda
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Nariño –
Sala Penal
Confirma fallo de primera instancia
36
2893757
Juzgado Tercero Civil Municipal de Soledad
Concede pretensiones de la demanda, ordenando el
tratamiento integral prescrito por el médico particular en la IPS CENCAES, y
reconociendo el derecho de la EPS de repetir contra el Fosyga.
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad
Revoca fallo de primera instancia, y deniega
pretensiones de la demanda
ACLARACION DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA T-563/19
ACCION DE TUTELA PARA EL SUMINISTRO Y PAGO DE TERAPIAS
ESPECIALIZADAS NO COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE BENEFICIOS, DIRIGIDAS A NIÑOS CON
PRESUNTAS ALTERACIONES FISICAS, SENSORIALES O COGNITIVAS-Interrelación entre
derecho a la salud y a la educación (Aclaración de voto)
Las situaciones fácticas relacionadas con terapias
especializadas requieren que se estudie en detalle la diferencia entre el
acceso a los servicios educativos –educación inclusiva de niños, niñas y
adolescentes en situación de discapacidad- y el acceso a los servicios de salud
en el marco de una oferta regular del sistema a dicha población, entre otras
cosas, por la interrelación que en situaciones como estas, presenta la
satisfacción de los derechos a la salud y a la educación de los menores. Las situaciones fácticas
relacionadas con terapias especializadas requieren que se estudie en detalle la
diferencia entre el acceso a los servicios educativos –educación inclusiva de
niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad- y el acceso a los
servicios de salud en el marco de una oferta regular del sistema a dicha
población, entre otras cosas, por la interrelación que en situaciones como
estas, presenta la satisfacción de los derechos a la salud y a la educación de
los menores. Esta distinción considero permite al juez, en este tipo de casos,
aproximarse de mejor forma a la identificación de posibles problemáticas no
sólo en materia de salud como derecho fundamental autónomo, sino en el ámbito
del derecho fundamental a la educación que, como lo ha señalado esta Corte de
manera reiterada, exige corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la
familia.
Referencia: Expediente T-2.893.757 y acumulados.
Terapias especializadas no comprendidas en el Plan de Beneficios en
Salud, dirigidas a niños diagnosticados con alteraciones físicas, sensoriales y
cognitivas
Magistrado Ponente:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
Con
el debido respeto por las decisiones adoptadas por la mayoría, considero
necesario aclarar mi voto frente a la sentencia T-563 de 2019 adoptada por la
Sala Tercera de Revisión este tribunal, con el fin de precisar ciertos
conceptos para futuras providencias que deban ser adoptadas en relación con
terapias especializadas ABA no comprendidas en el Plan de Beneficios en Salud.
Lo anterior, con fundamento en los asuntos que se exponen a continuación.
1.
Las
situaciones fácticas relacionadas con terapias especializadas requieren que se
estudie en detalle la diferencia entre el acceso a los servicios educativos
–educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes en situación de
discapacidad- y el acceso a los servicios de salud en el marco de una oferta
regular del sistema a dicha población, entre otras cosas, por la interrelación
que en situaciones como estas, presenta la satisfacción de los derechos a la
salud y a la educación de los menores.
2.
Esta
distinción considero permite al juez, en este tipo de casos, aproximarse de
mejor forma a la identificación de posibles problemáticas no sólo en materia de
salud como derecho fundamental autónomo, sino en el ámbito del derecho
fundamental a la educación que, como lo ha señalado esta Corte de manera
reiterada[395],
exige corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia.
3.
De
esta forma, realizar el estudio de terapias especializadas ABA no comprendidas
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), en el marco del derecho fundamental a
la educación, permitirá resaltar las responsabilidades y cargas que
corresponden no sólo al Estado, sino también a la familia del menor y a las
instituciones educativas en sí mismas, al encontrarse frente al conjunto de
derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad (art.
67 CP). En este sentido, algunas de las prestaciones requeridas para la
inclusión de los menores de edad en situación de discapacidad, pueden
orientarse bajo una adecuada estructuración del Plan Individual de Ajustes
Razonables (PIAR) -a título de ejemplo- como herramienta para la garantía de
una educación inclusiva real. En efecto, a través del PIAR podrán definirse los
ajustes correspondientes que permitan viabilizar el proceso de aprendizaje del
menor de edad.
4.
Por
último, destaco que la distinción mencionada también adquiere especial
importancia para el juez constitucional, quien debe respetar la obligatoriedad
del listado de exclusiones expresas del PBS -exclusión expresa de terapias
ABA-, por cuanto, dichas exclusiones provienen de un procedimiento técnico
científico adelantado por el Ministerio de Salud, el cual responde a la
normatividad legal que desarrolla el mandato expreso en dicho sentido contenido
en la ley estatutaria en salud.
De esta
forma, dejo sentado los argumentos que me llevan a aclarar el voto en esta
oportunidad.
Con el
debido respeto,
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
[1] Los casos seleccionados y acumulados por la Corte Constitucional
corresponden a los siguientes expedientes: T-5808227, T-4880691, T-4877010,
T-4877009, T-4877008, T-4877007, T-4877006, T-4877005, T-4877004, T-4647075,
T-4585824, T-4585818, T-4582553, T-4582253, T-4581950, T-4288549, T-4285631,
T-4279777, T-4277939, T-4269949, T-4267052, T-4264678, T-4263532, T-4262190,
T-4253989, T-4124218, T-4124217, T-4124215, T-3912170, T-3459124, T-3370193,
T-3370191, T-3308932, T-3026926, T-3025534, T-2896065 y T-2893757 (Ver anexo 1,
con información sobre demandantes, demandados, y juez de tutela primera y de
segunda instancia de cada uno de los expedientes de tutela seleccionado y
acumulados por la Corte Constitucional).
[2]  En la mayor parte de las acciones de tutela, los requerimientos al
sistema de salud se efectuaron bajo la vigencia de los Planes Obligatorios de
Salud (POS) de los años 2009 y 2013, antes de que entrara en vigencia de la Ley
Estatutaria de la Salud (Ley 1751 de 2015), y de que se definiera el contenido
del actual Plan de Beneficios. No obstante, como quiera que la presente
decisión judicial se adopta estando vigente el Plan de Beneficios adoptado en
la Resolución 5857 de 2018 del Ministerio de Salud, este fallo se referirá
genéricamente al Plan de Beneficios (PB), salvo cuando se requiera hacer una
referencia específica a los Planes Obligatorios de Salud (POS).
[3]  Ver Anexo 2 de esta sentencia.
[4]  Ver Anexo 2 de esta sentencia.
[5]  Ver Anexo 2 a esta sentencia.
[6]  Ver Anexo 2, en el que se encuentra la relación de terapias
solicitadas por los accionantes.
[7] Exp. T-4880691, 4877010, 4877009, 4877008, 4877007, 4877006,
4877005, 4877004, 4585824, 4585818, 4285631, 4582253, 4282553, 4279777,
4269949, 4253989, 4124217 y 3370191. Dentro del expediente T-5808227 la entidad
demandante informa que los servicios suministrados en virtud de fallos de
tutela incluyen el servicio de merienda, transporte a zona rural y urbana al
usuario y a sus acompañantes, póliza escolar, almuerzo al usuario y a su
acompañante, y valoración por médico especialista (respuesta al oficio
OPT-A-2364/2016, radicado el 9 de diciembre de 2016).
[8]  Exp. T-4277939.
[9]  Exp. T-5808227 y 3026926.
[10]  Exp. T-5808227 y T-4253989.
[11]  Exp T-4877010, T-4877006, T-4877005, T-4877004, T-4582553 y
T-4582253.
[12]  Exp. T-4880691, T-4877010, T-4877008 y T-4877007.
[13]  Exp. T-4585824, T-4585818 y T-4279777.
[14]  Exp. T-4124215 y T-4288549.
[15]  Exp. T-3370193 y T-3370191.
[16]  Exp. T-4264678.
[17]  Exp. T-4647075.
[18]  Exp. T-4285631.
[19]  Exp. T-4581950.
[20]  Exp. T-4124218.
[21]  Exp. T-4277939.
[22]  Exp. T-3025534.
[23]  Exp. T-2893753.
[24]  Exp. T-3308932.
[25]  Exp. T-3026926.
[26]  Exp. T-2896065.
[27]  Exp. T-4262190.
[28]  Exp. T-5808227, T-4582253, T-4263532, T-4277939, T-3025534,
T-3370193, T-3370191, T-3308932, T-3026926, T-2896065 y T-4262190.
[29] En la mayor parte de los expedientes revisados, las acciones de
tutela se interponen contra las Empresas Promotoras de Salud, con el objetivo
de que estas autoricen los tratamientos integrales para los menores, sin
perjuicio de que, por tratarse de tecnologías NO POS, posteriormente se pueda
iniciar el trámite del recobro ante el Fosyga, en el caso de las personas
afiliadas al régimen contributivo, o ante las entidades territoriales, en el
caso de las personas afiliadas al régimen subsidiado de salud.// Sin embargo,
los amparos en los que se exige que las terapias sean brindadas por Funtierra
IPS (exp. T-4253989 y demandas de tutela que dieron lugar al expediente T-5808227),
no se demanda a la EPS sino directamente a la entidad territorial, con el
argumento de que en el caso las personas afiliadas al régimen subsidiado, las
tecnologías NO POS deben ser autorizadas y pagadas directamente por el ente
territorial: “Las terapias que no están incluidas dentro del plan de
beneficios de la EPS deben ser asumidas directamente por la Secretaría de Salud
Departamental, ya que los recursos los destina el CONPES anualmente para cubrir
los servicios de salud de la población pobre no cubierta y con subsidio a la
demanda (NO POS subsidiadas), recursos estos que son administrados directamente
por la Secretaría de Salud Departamental, la cual deberá cancelar los servicios
prestados directamente a la IPS, pues debemos tener en cuenta que no hay lugar
a recobro ante el Fosyga porque nuestros menores se encuentran afiliados a un
EPS del régimen subsidiado y no contributivo” (exp. T-4253989).
[30]  Ver Anexo 3.
[31] Este patrón decisional se encontró en 21 de los 36 casos
seleccionados que integran este proceso judicial, correspondiente al 58% del
total seleccionado y acumulado. Se trata de los expedientes 4877010, 4877009,
4877008, 4877007, 4877006, 4877005, 4877004, 4582553, 3912170, 4124217,
4263532, 4124215, 4581950, 4124218, 4267052, 3459124, 3025534, 3309832,
3026926, 2896065 y 4261190.
[32]  Este patrón decisional se encuentra en 9 de los 36 casos
seleccionados, que corresponde al 25% de los mismos. Se trata de los
expedientes 4647075, 4585824, 4585818, 4279777, 4277939, 4269949, 2893757, 3370193
y 3370191.
[33] Exp. 4877010, 4877009, 4877008, 4877007, 4877006, 4877005, 4877004,
4582553, 4124217, 4124215 y 4124218.
[34]  Exp. 4267052.
[35]  Exp. 3308932.
[36]  Exp. 4582553, 3912170, 4263532, 3459124, 3025534, 3026926,
2896065, 4262190.
[37]  Se trata de los expedientes 4880691, 4582253, 4288549, 4285631,
4264678, y 4253989.
[38]  Sentencia del 3 de agosto de 2016.
[39]  Sentencia del 15 de septiembre de 2016.
[40] Folio 9 del cuaderno 1.
[41] Folio 13 del cuaderno 1.
[42] En los folios 7 y 11 obra copia de la petición y la guía de envío a
las instalaciones de Caprecom.
[43] Folio 70, cuaderno principal.
[44] Folios 9 a 10 del cuaderno principal
[45] Folio 10 del cuaderno 1.
[46] Folio 17 del cuaderno 1.
[47] En los folios 8 y 11 obra copia de la petición y la guía de envío a
las instalaciones de Nueva EPS S.A.
[48] Para la fecha de presentación de la acción de tutela Germán Enrique
Uribe Rúa tenía 19 años, pues nació el 23 de enero de 1995, como consta en las
copias de su registro civil y cédula de ciudadanía visibles en los folios 11 y
12 del cuaderno principal del expediente T-4647075.
[49] Cfr. El autismo le genera a Germán Enrique Rúa una pérdida de
capacidad laboral del 57.35%, como consta en el certificado visible en los
folios 13 y 14 del expediente T-4647075.
[50] Folio 8 del cuaderno 1.
[51] La EPS acompañó la contestación de una copia del informe de autorizaciones
activas para Pedro Luis en el que se evidencian, entre otros procedimientos
autorizados, consulta por primera con psicología y múltiples consultas de
pediatría. (Cfr. Folio 43 del cuaderno 1).
[52] Folio 35 del cuaderno 1. // En torno a este punto, la entidad
aportó una carta suscrita en septiembre de 2013 por el Director Ejecutivo del
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, y dirigida al Ministro de Salud y
Protección Social, en la que compartió algunos hallazgos del equipo de
investigadores del Instituto con base  en los cuales concluyeron que las
terapias ABA “no representan un beneficio terapéutico para los pacientes que
padecen parálisis cerebral”, además de advertir que  no se encontró
evidencia a nivel mundial que apoye el uso de dichas terapias para el
tratamiento de esa enfermedad. (Cfr.
Folio 42 del cuaderno 1).
[53] Según consta en el diagnóstico suscrito por el Doctor Omar Rivera
Martínez que obra en el folio 12 del cuaderno principal.
[54] Consultas que serían realizadas en los campos de odontología,
pediatría, neurología, gastroenterología y genética.
[55] Frente a este particular, se encuentra que médicos adscritos a la
EPS han ordenado la entrega del suplemento Pediasure. Sin embargo, según la
actora, los mismos han sido entregados de manera incompleta.
[56]  La afirmación según la cual la familia es de escasos recursos no
cuenta con sustento probatorio dentro del expediente.
[57] Cuaderno principal del expediente de tutela, folio 79.
[58] Al respecto cita la Sentencia T-749 de 2001, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[59] Para la fecha de presentación de la acción de tutela Jesús David
Marriaga Torne tenía 14 años, pues nació el 31 de marzo de 1999, como consta en
la copia de su tarjeta de identidad.
[60] Para respaldar sus afirmaciones, la actora allegó copia de la
valoración psicológica de su hijo, así como de las ordenes médicas en las
cuales se le prescribieron las referidas terapias.
[61] Para la fecha de presentación de la acción de tutela Duban Felipe
Zambrano Espitia tenía 4 años, pues nació el 15 de diciembre de 2007, como
consta en su historia clínica.
[62] Para respaldar sus afirmaciones, la actora allega copia de las
ordenes médicas y de la historia clínica de su hijo (folios 18 a 21 del
cuaderno principal T-3459194).
[63] Para probar sus afirmaciones la EPS demandada allegó copia de los
registros donde constan el suministro de medicamentos e insumos, así como la
prestación de servicios médicos.
[64]
Folio 1, cuaderno principal.
[65] El menor nació el 25 de enero de 1995, como consta en la tarjeta de
identidad, visible a folio 12 del cuaderno principal.
[66] Como respaldo se encuentra una carta suscrita el 15 de octubre de
2010, por una empleada de la IPS Horizontes ABA Terapia Integral, dirigida a la
EPS Sanitas, en la que informan que el niño terminó su tratamiento por decisión
de la madre.
[67] Esto se sustenta en la prescripción médica para manejo de terapia
integral en ASIDEA, suscrita por la neuróloga Olga Lucia Pedraza Linares el 6
de diciembre de 2010.
[68] La accionante aporta sendos recibos de caja menor por las terapias
que le costea a su hijo.
[69] En el expediente se encuentra la propuesta de servicios de ASIDEA,
así como una cotización con el programa terapéutico integral, por un valor de $
5.400.000 mensuales por concepto de terapias integrales durante ocho horas
diarias de lunes a viernes, más $350.000 por concepto de evaluación. Dentro de
las terapias ofertadas, de acuerdo a necesidad, se encuentran fisioterapia,
terapia ocupacional, educación especial; así como las especialidades de
fonoaudiología y psicología.
[70] Folio 115, cuaderno principal.
[71] Exp. T-2893757 y T-2896065. Expedientes seleccionados mediante auto
del 10 de diciembre de 2010, de la Sala de Selección No. 12.
[72]  Auto del 25 de marzo de 2015 y actas de audiencia de pruebas del
día 6 de abril de 2015 y del 27 de abril de 2015, suscrita por la magistrada
auxiliar Claudia Escobar García, y los secretarios ad hoc Manuel Felipe
Rodríguez Duarte y Juan Sebastián Vega Rodríguez.
[73]  Ministerio de Salud y Protección Social.
[74]  Ministerio de Salud y Protección Social.
[75]  Superintendencia Nacional de Salud.
[76]  Ministerio de Salud e Instituto de Evaluación de Tecnologías en
Salud.
[77]  Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud.
[78]  Auto del 4 de agosto de 2011.
[79]  Documentación disponible en www.iets.org.co.
[80]  Esta información se encuentra en la herramienta “Mi vox populi”
del Ministerio de Salud, disponible en: http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx.
Último acceso: 7 de marzo de 2019.
[81]  Autos del 24 de agosto de 2012 y del 13 de enero de 2014.
[82]  Autos del 28 de noviembre de 2016 y del 13 de enero de 2017 de la
Corte Constitucional, y oficio 2-2017-003848, por medio del cual se hace
entrega en medio magnético de los informes de auditoría efectuados a la
Fundación Educación Para Todos Aprendo, la Asociación Centro de Capacitación
Especial CENCAES, la Fundación Integrar, la Corporación Encuentro para
Soluciones del Comportamiento ESCO IPS, la Clínica Neurorehabilitar, el Centro
de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza, el Centro
de Rehabilitación Ángeles Ltda, y el Centro de Rehabilitación Integral Rosalía
Mena.// Asimismo, mediante auto del día 28 de enero de 2019, se requirió
nuevamente la Superintendencia Nacional de Salud para que remitiese el informe
de auditoría realizado Funtierra Rehabilitación IPS; este informe fue allegado
el día 11 de febrero de 2019.
[83]  Mediante oficio del día 12 de octubre de 2018, la Procuraduría
General de la Nación remitió a este tribunal el fallo de primera instancia del
27 de septiembre de 2018, en el que se sanciona disciplinariamente al
gobernador y a los secretarios de salud de Córdoba, por haber efectuado pagos
irregulares a la IPS Funtierra, sin haber seguido el proceso regular de
contratación establecido en la legislación, y con claro detrimento de los
recursos públicos.
[84]  Autos del 18 de diciembre de 2015 y del 2 de febrero de 2016, de
la Corte Constitucional. La respuesta de la Superintendencia Nacional de Salud
fue allegada el día 17 de febrero de 2016, mediante oficio 2-2016-015335.
[85]  Autos del 28 de noviembre de 2016 y del 4 de abril de 2018 de la
Corte Constitucional. Las sentencias fueron remitidas a este tribunal a lo
largo del año 2017 y 2018.
[86] Auto del 23 de febrero de 2016. Asimismo, con base en la
información proporcionada por Funtierra Rehabilitación IPS, se contactó
telefónicamente a los acudientes de los menores que habrían sido atendidos por
dicha entidad, para conocer su estado de salud, la forma en que accedieron a
los servicios de dicha IPS, y los perjuicios ocasionados por la falta de
autorización de los servicios por parte de la Gobernación de Córdoba.
[87]  Auto del 28 de noviembre de 2016. Las respuestas fueron recibidas
a lo largo de los años 2016 y 2017 mediante múltiples comunicaciones que se
allegaron al despacho del magistrado sustanciador.
[88]  Las entrevistas telefónicas fueron realizadas entre a lo largo del
mes de abril del año de 2018 a los acudientes de los menores que presuntamente
venían siendo atendidos por Funtierra Rehabilitación IPS, a partir del
directorio telefónico suministrado por esta última entidad.
[89]  Ministerio de Salud, Terapias de Análisis Comportamental Aplicado
(ABA), 2015.
[90] Superintendencia Nacional de Salud – Superintendencia Delegada para
la Supervisión Institucional, Concepto técnico Terapias de Metodología ABA –
Análisis de Comportamiento Aplicado (Terapias ABA), 2015
[91] Al respecto cfr., Consejo Superior de la Judicatura, Informe al
Congreso de la República. Gestión de la Administración de Justicia, 2016-2017,
Bogotá, 2016, p. 150. Al respecto se sostiene que “del total de asuntos
ingresados a la Rama Judicial, el 20.4% corresponde a acciones de tutela e
impugnaciones de las mismas, con un valor absoluto de 752.153, alcanzando uno
de los mayores valores durante el septenio. Asimismo, el 86.7% de las tutelas e
impugnaciones se recibieron en la jurisdicción ordinaria, el 12.7% en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, el 0,5% en la Jurisdicción
disciplinaria, y el 0.03% ingresó a la jurisdicción constitucional (…) en el
año 2016, la Corte Constitucional seleccionó para revisión 237 acciones de
tutela del universo total de tutelas del país que le son remitidas (…) el 0.03%
de la Corte Constitucional durante el año 2016 hace referencia al número de
tutelas que fueron seleccionadas para su revisión en esa corporación y no al
número de tutelas que llegan para su eventual revisión, porque estas últimas
corresponden al universo total de tutelas del país”.
[92]  Según la relación de pagos que consta en la respuesta de Funtierra
Rehabilitación IPS a la Corte Constitucional radicada el día 9 de diciembre de
2016, dicha entidad facturó y recibió de la Secretaría de Salud departamental
de Córdoba la suma de $9.964.448 en el año 2014, $6.252.144.173 en 2015 y
$1.063.327.500 entre enero y abril de 2016.
[93]  Al respecto cfr. Defensoría del Pueblo, La tutela y los derechos a
la salud ya la seguridad social, 2015, Bogotá, 2016.
[94]  Así por ejemplo, en los años 1993, 1999, 2000 y 2004 el
crecimiento en el número de tutelas interpuestas fue inusualmente mayor,
seguramente asociado a fenómenos como el nacimiento de la tutela en el país y
su descubrimiento como herramienta efectiva para la protección de los derechos
fundamentales, el desplazamiento forzado o los problemas en el funcionamiento
del sistema de salud. En los años 1993, 1999, 2000 y 2004, el incremento de los
amparos con respecto al año anterior fue, respectivamente, de 74.48%, 122.56%,
50.52% y 30.95%. Al respecto cfr. Defensoría del Pueblo, La tutela y
los derechos a la salud y a la seguridad social 2015, Bogotá, p. 126.
[95]  Así por ejemplo, entre los años 2009 y 2010, luego de ser expedida
la sentencia estructural T-760 de 2008, el crecimiento anual de tutelas en
salud fue negativo, con tasas de -29,71%
[96]  Al respecto cfr. Defensoría del Pueblo, La tutela y los
derechos a la salud y a la seguridad social, 2015, Bogotá, p. 145.
[97]  Al respecto cfr. Superintendencia Nacional de Salud –
Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, Concepto
técnico de Metodología ABA – Análisis de Comportamiento Aplicado, Bogotá,
2015.
[98]  La Corte Constitucional entrevistó telefónicamente a algunos de
los acudientes que fueron atendidos por la IPS Funtierra, teniendo en cuenta el
directorio telefónico que esta entidad proporcionó durante este proceso. Padres
y abuelos de los niños que recibieron las terapias con base en fallos de
tutela, manifestaron que la iniciativa de interponer las acciones para acceder
a los servicios de la IPS Funtierra fue de esta última entidad y no de los
propios padres de familia, y que dicha entidad realizó todas las gestiones y
trámites del caso para este efecto. Cuando los acudientes fueron interrogados
acerca del mecanismo para obtener las terapias especializadas, se obtuvieron
respuestas como que “me hicieron firmar una demanda”, “me dijeron que
firmara una acción de tutela para lograr la prestación de las terapias”, “en
Funtierra me hicieron firmar varios papeles para obtener las terapias”, “no
presenté tutelas, pues la encargada de Funtierra me hizo firmar unos papeles,
pero no sé si son de una tutela”, y fórmulas semejantes.
[99]  A todos los niños les prescribieron el mismo tratamiento, a saber,
120 sesiones mensuales de terapias de rehabilitación cognitiva y conductual
integrales ABA. Las patologías de base, sin embargo, difieren notablemente:
retraso mental, autismo, trastorno del aprendizaje, epilepsia, retraso en el
desarrollo del lenguaje, TADH y parálisis cerebral.
[100]  El día 1 de septiembre de 2014.
[101]  La Sala encontró que la mayor parte de las demandas de tutela que
se presentaron ante el juez promiscuo de Piojó correspondían a un mismo
formato, y que, como consecuencia de ello, se reprodujeron fórmulas
idiosincráticas o contenidos que correspondían a otros casos.
[102]  Se trata de los expedientes T-4877010, T-4877009, T-4877008,
T-4877007, T-4877006, T-4877005 y T-4877004.
[103] Así, en la demanda correspondiente al expediente T-4877007 se
afirma que “movido por mis sentimientos de padre (…) buscar (sic) alternativa
que mejoran la situación de menoscabo en salud física mental de mi hija, poniéndola
en manos a la menor del Dr. PEDRO PABLO BARRAZA, médico neurólogo y de la IPS
rehabilitamos de la Costa SAS del municipio de Juan de Acosta (…)”. En la
demanda correspondiente al expediente T-4877006 se afirma que “movida por mis
sentimientos de madre, de impotencia y contra mi economía, buscar (sic)
alternativa que mejoren la situación de menoscabo en salud físico mental de mi
hijo, poniéndolo en manos al menor Jesús David López Romero del Dr. Pedro Pablo
Barraza, médico neurólogo y del Centro de Estimulación, Rehabilitación y
Aprendizaje Solidaridad Social IPS SAS”.
[104]  Alfredo
Rodríguez y Omar Rivera respectivamente. En tal sentido, los accionantes
expresaron en la acción de tutela lo siguiente: “Mi hija (…) tiene un
diagnóstico de hemiparesia espástica y retraso mental, que según el médico
fisiatra Alfredo Rodríguez del Centro de Rehabilitación Arco Iris, dice que
requiere con urgencia todas las terapias integrales anteriormente descritas (…)
y estas sólo se les pueden brindar (…) en el Centro de Rehabilitación Arco
Iris” (expediente T-3370191). Otro accionante afirma
que “el niño Arley de Jesús Maiguel Buelvas padece autismo, según (…) el
concepto del médico tratante Dr. Pedro Pablo Barraza (…) profesional adscrito
al Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS de la ciudad de Santa Marta
(…) quien ordenó la práctica de las terapias integrales por el método ABA en
120 sesiones mensuales, que son NO POS (…) y solicito que se le practiquen las
ya precitadas terapias en el Centro de Rehabilitación Solidaridad Social IPS
SAS, en el libre ejercicio de escoger libremente la IPS” (expediente T-4224217).
[105]  Rad. 00356-2014.
[106]  Rad. 00329-2014.
[107]  Rad. 00085-2014.
[108]  Rad. 00281-2014.
[109]  Al respecto cfr. las demandas de tutela correspondientes a
los expedientes T-4877010, T-4877009, T-4877008, T-4877007, T-4877007,
T-4877006, T-4877005 y T-4877004.
[110]  En el expediente T-4877007, por ejemplo, el niño Dilan Andrés
Zárate Vargas fue atendido por el médico particular Pedro Pablo Barraza el 1 de
septiembre de 2014, y según certificación de la IPS Rehabilitamos de la Costa,
desde ese mismo día comenzó a recibir en dicha institución 120 sesiones
mensuales de terapias para la rehabilitación funcional integrativa y
conductual. Aunque según el accionante el día 29 de septiembre de 2014 se envió
el requerimiento respectivo a la EPS, el documento con la solicitud no tiene el
sello de recepción de la EPS. Y el día 26 de noviembre de 2014 se interpone la
acción de tutela.
[111]  Sobre los contenidos POS de las acciones de tutela cfr. Defensoría
del Pueblo, La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2015,
Bogotá, 2016, pp. 201-219.
[112]  Sobre los contenidos NO POS de las acciones de tutela en salud cfr.
Defensoría del Pueblo, La tutela y los derechos a la salud y a la
seguridad social, 2015, Bogotá, pp. 201-219.
[113]  Sobre las divergencias en la evaluación de las tecnologías en
salud por los distintos tomadores de decisiones, cfr. Centro Nacional de
Excelencia Tecnológica en Salud, Evaluación de Tecnologías para la Salud, México,
2010. Documento disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/detes/metodologico_ETES.pdf.
Último acceso: 10 de octubre de 2018.// Un ejemplo de ello es la pregabalina o
la memantina, que suelen ser prescritos para el dolor agudo y crónico en
adultos y para el Alzheimer, respectivamente, y exigidos mediante acciones de
tutela, mientras que instituto de evaluación de tecnologías como Cochrane han
concluido que “una minoría de pacientes tendrá beneficios
significativos con pregabalina y otros beneficios moderados. Muchos no tendrán
beneficios, los mismos serán triviales o habrá interrupciones debido a los
eventos adversos (…) no existen pruebas que favorezcan el uso de la pregabalina
en escenarios de dolor agudo”[113], o que “la
memantina tiene un efecto beneficioso pequeño, detectable clínicamente sobre la
función cognitiva y la disminución funcional medida a los 6 meses en los
pacientes con enfermedad de Alzheimer moderada a grave. En los pacientes con
demencia leve a moderada, el efecto beneficioso pequeño sobre la cognición no
fue clínicamente detectable y apenas detectable en aquellos con EA”. Al respecto
cfr.
Defensoría del Pueblo, La tutela y
los derechos a la salud y a la seguridad social, 2015, Bogotá, p. 126;
asimismo, Al respecto cfr. R Andrew Moore, Sebastian Straube, Philip J Wiffen,
Sheena Derry, Henry J McQuay, Pregabalina para el dolor agudo y crónico en
adultos. Documento disponible en: https://www.cochrane.org/es/CD007076/pregabalina-para-el-dolor-agudo-y-cronico-en-adultos. Último acceso: 7 de
marzo de 2019; McShane R, Areosa Sastre A, Minakaran N, Memantina para la
demencia. Documento disponible en: https://www.cochrane.org/es/CD003154/memantina-para-la-demencia. Último acceso: 7 de
marzo de 2019.
[114]  Según el artículo 15 de la Ley Estatutaria de la Salud, “los
recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar
servicios y tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes
criterios: a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o
suntuario no relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad
funcional o vital de las personas; b) Que no exista evidencia científica sobre
su seguridad y eficacia clínica; c) Que no exista evidencia científica sobre su
efectividad clínica; d) Que su uso no haya sido autorizado por la autoridad
competente; e) Que se encuentren en fase de experimentación; f) Que tengan que
ser prestados en el exterior.”
[115]  El Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud
[116]  Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), Estudio
técnico de terapia asistida con animales para el tratamiento de niños menores
de 18 años con trastorno del espectro autista, en el marco del procedimiento
técnico científico y participativo de excusiones, Bogotá, agosto de 2017.
Documento disponible en: www.minsalud.gov.co.
Último acceso: 19 de noviembre de 2018.
[117]  Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), Estudio
Técnico de sombra terapéutica para trastorno del espectro autista, en el marco
del procedimiento técnico-científico y participativo de exclusiones¸ Bogotá,
agosto de 2017. Documento disponible en: www.minsalud.gov.co.
Último acceso: 19 de agosto de 2018.
[118]  Sobre la definición de tecnología en salud cfr. Leonardo
Cubillos Turriago, Evaluación de Tecnologías en Salud: Aplicaciones y
Recomendaciones en el Sistema de Seguridad Social en Salud Colombiano, Ministerio
de Salud – Programa de Apoyo a la Reforma de Salud Crédito BID 910/OC-CO,
Bogotá. Documento disponible en: https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Tecnologias%20en%20Salud.pdf.
[119] Sentencias del 29 de noviembre de 2013, rad. 2013-0258, 2013-0259,
2013-0260, 2013-0261, 2013-0263, 2013-0269, 2013-0273 del Juzgado Promiscuo de
Familia de Planeta Rica; y sentencias del 30 de diciembre de 2013, rad.
2013-0293, 2013-0295.
[120]  Sentencia del 8 de enero de 2015, rad. 2014-0356 del Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica.
[121]  Sentencia del 5 de septiembre de 2013, rad. 2013-0155 del Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cereté.
[122]  Sentencia del 28 de junio de 2013, rad. 2013-0121 del Juzgado
Segundo Civil del Circuito.
[123]  Tan
sólo de manera excepcional, los jueces no concedieron la pretensión de acceder
a este beneficio con cargo a los recursos del sistema público de salud. Este es
el caso, por ejemplo, de la sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de San
Carlos, al encontrar que los niños no eran ni pacientes hospitalizados por
enfermedades de alto costo que requieran un traslado a un nivel superior de
atención, ni pacientes en caso de urgencia que requiriesen el traslado a otro
nivel de atención, ni pacientes ambulatorio y hospitalizados que requieren
traslado, y que, de cualquier manera, no se advertía que el núcleo familiar de los
niños no contase con la capacidad para asumir los gastos de transporte, máxime
cuando el tratamiento al que se encuentran sometidos no compromete su vida e
integridad física.
[124]  Exps. 4585824, 4585818, 4285631 y 4279777
[125]  Exps. T-4124218 y 4267052.
[126]  Exps. T-3912170 y 4647075.
[127]  Exp. T-4264678.
[128]  Exp. T-4581950.
[129] Sentencia del 29 de noviembre de 2013, rad. 2013-0258 del Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica.
[130] Sentencia del 29 de noviembre de 2013, rad. 2013-0258 del Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica.
[131]  Sentencia del 8 de enero de 2015, rad. 2014-0356 del Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica.
[132]  Exp. T-2893757.
[133]  Exp. T-3370191.
[134]  Exp.T-4585824.
[135]  Exp. 4877010, 4877009, 4877008, 4877007, 4877006, 4877005,
4877004, 4880691 y 4582553.
[136]  Exp. 4585824, 4585818, 4285631 y 4279777.
[137]  Exp. 4253989.
[138]  Las
órdenes de tutela  son del siguiente tipo: “Se ordena a los representantes
legales de (…) para que en un término improrrogable de 48 siguientes a la
notificación de este fallo, suministren a (…) las órdenes que sean necesarias
para continuar con las terapias que le fueron ordenadas por su médico tratante,
le programen, de inmediato, en forma expedita, sin más dilaciones, las terapias
correspondientes, y todo el tratamiento integral que ellos requieran, estén o
no en el POS-S” (…) establecer a la Secretaría de Desarrollo de Salud de
Córdoba, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de
la notificación de esta providencia, ordene la integralidad del tratamiento (Sentencia del 29 de noviembre de 2013, rad. 2013-0258 del Juzgado
Promiscuo de Familia de Planeta Rica.).// “Ordenar a la Secretaría de Salud
Departamental de Córdoba (…) que en el término de 48  horas, contados desde la
notificación de este fallo, autorice la realización de todo el tratamiento
integral, incluidas las terapias convencionales y no convencionales que el
respectivo médico tratante prescribió a los menores enlistados (…) exhortar al
Secretario de Desarrollo para la Salud del departamento de Córdoba para que sin
necesidad de nuevo trámite por parte de los representantes de los menores ante
las EPS o ESS a las cuales están afiliados, procede en los términos dispuestos
en el informe rendido ante esta unidad judicial (Sentencia del 15 de diciembre de 2014 rad. 2014-0445, del Juzgado
Sexto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería).
[139]  Sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería del
27 de marzo de 2015, exp. 000180-2014.
[140]  Solicitud presentada por el ciudadano Leonel Guerrero Aguas el 24
de septiembre de 2018.
[141]  Sentencia T-674 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[142]  Lo
anterior se evidencia con las solicitudes de un
mismo ciudadano que, sin ser parte en el proceso y sin ser padre de ninguno de
los niños atendidos por Funtierra, radicó solicitudes los días 3 de octubre de
2017, 9 de junio, 9 de julio, 10 de agosto, 14, 18 y 24 de septiembre, 25 de
octubre y 2 de noviembre de 2018.
[143]  Con esta patología fueron diagnosticados los niños Keila del
Carmen Posada, Arley Bautista Rivero, Marlon José Suárez Rambao, Jaime Correa
de la Rosa, Juan Daniel Posada Sánchez y Dilan Andrés Zárate Vargas.
[144]  Con esta patología fueron diagnosticados Darla María Osorio Pérez,
Kevin Manuel Reyes Berrocal, Jesús Rafael Cogollo, Domingo Petro Espitia, David
José Petro del Toro, Salomé Sierra Rosso, Juan Carlos Muñoz Railo, Kenet Luis
Contreras Sáenz, María José Sánchez Echavarría, Saray Colon Jiménez, Jarianys
Ricardo Hoyos, Jordy Terán Zúñiga, Juan Diego Pacheco, Julián David Peinado de
Oro, Luis Carlos Barragán Ávila, María Paula Martínez Aguirre, Merlina Trujillo
Molina, Elianiz Luz Roquema Salcedo, Emerson de Jesús Pereira Soto, Martha
Cecilia Tobías Peña, Maireth Ochoa Gómez, Juan Felipe Ortega Alean, Juliana
Peñate Romero, Daniel Salgado Ortiz, Estefanía Guerrero Gómez, Elian Alid
Montiel Villera, María Paula Olivero Molina, Moisés David Vitola Sánchez, Liney
Paola Ortíz Anaya, Mileidis Luz Álvarez Higuita, Daniela Muñoz Cuadrado, Alid
David Montes Vásquez, Dessire Pinto Gómez, Jhon Jairo Polo Ruíz, Ener José
Gaspar Ayala, Luis Fernando Solano Baltazar, Dayana Gómez Jiménez, Angélica
Pérez Montalvo, María Lucía Rodríguez Regino, Miguel Ángel Salgado Furnieles,
Brayan José González Balvin, Danna Dariana Bedoya Suárez, Danilo Javier
Hernández Ortíz, Rafael Antonio Izquierdo López, Yuliana Oquendo Garcés,
Sebastián Andrés Roqueme Pérez, Diego Andrés de la Rosa Pérez, Darien Lorena
Álvarez Monterrosa, Luis Miguel Pérez Soto, Carlos Andrés Bolaños Jiménez,
María Alejandra Del Toro Barrios, María de los Ángeles Gómez Montalvo, Saray
Peinado Castro, Adolfo David Beltrán Caicedo, Oscar Enrique Sotelo Vergara, Wendy
Vanessa Oviedo López, Carol Patricia Zarante López, Lays del Carmen Pérez
Carmona, Luis Fernando Velásquez Macias, Yenis Luz Céspedes Espitia, Yuliet
Marcela Arcia Vargas y Saray Ortega Díaz.
[145]  Con esta patología fueron diagnosticados Faryori Paola Flórez,
Yesid David Rivero Mestre, Santiago Cantero Mena, Camilo Gutierrez Ballestas,
Luis Daniel Avilez Bedoya, Daniel Martínez Carrasco, Juan Andrés Ríos Anaya,
Alith David Nisperuza Ariza, Angel Enrique Hernández Fuentes, Reinel José
Sanchéz Martínez, Jesús Antonio Jiménez Ordoñez y Juan Camilo Cortecerro
Sierra.
[146]  Con esta patología fueron diagnosticados Ana Isabel Gutierrez
Ballestas, María Alejandra Petro, Tanía María Martínez Gallego, Mario José Díaz
Puche, Jeimer Luis Almario Vertel, Juan Alejandro Martínez Sánchez, Juan
Sebastián Sáez González, Pamela Montes Berrocal, Yarlenis Alcázar Ortíz,
Alexander Araujo Jiménez, Alejandro Casarrubla Delgado, Jhonatan Mauricio Mena
Gómez, Pedro Luis Vidal, Yeferson Jesús Espitia, Keudi Sofía Espitia Enamorado,
Carlos Andrés Martínez Durango, Esteban Durango Martínez, Angie Sofía Calderón,
Luis Alberto Galezo Torrez, Deivis Johana Salgado Párez, Juan David Vitola
Sánchez, Andrés Felipe Osorio Ospino, José Alfredo Berrocal Ayala, Juan
Sebastián Flóres Barrios, Mariana Montes Berrocal, Saral Duseth Zúñiga Calle,
Silenis Velásquez, Carlos José Humanez Posada, Esneider Andrés Bolaño, Luis
Eduardo Salgado Araujo, Jairo Armando Arbeláez, César Luis González Gómez,
Helio Rafael Salgado, Maria Camila Rivero, Wendy Vanessa Romero, José Gregorio
Sánchez, Deison Antonio Estrada Terán, Luisa Fernanda Martínez,
[147]  Con esta patología fueron diagnosticados Matías García Bettin,
Sara Elisa Berrocal Sariego, Wilfer José Flórez Goez, Paula Andrea Suárez
Ballestas y Ender David Padilla Gómez.
[148]  Con esta patología fueron diagnosticados Erick Albey Negrete Ruiz,
Jerónimo Petro Bettin y Luis Miguel Causil Mejía.
[149]  Con esta patología fueron diagnosticados Pedro Luis Álvarez Posada
y Enith María Caraballo Espitia.
[150]  Con esta patología fue diagnosticada Yasneidis Conde Arrieta.
[151]  Expedientes T-4877010, T-4877009, T-4877008, T-4877007, T-4877006,
T-4877006, T-4877005 y T-4877004.
[152]  Expedientes T-4880691, T-4582553, T-4582253 y T-4124217.
[153] Con esta patología fueron diagnosticados Yohan Enrique Manotas,
Fanny Luz Imitola Rivaldo, Ivan David Escorcia, Dilán Andrés Zárate, Felipe
Villanueva, Wendys Patricia Imitola Kenia Amador Rodrígez, y Armando José
Escobar.
[154]  Con esta patología fueron diagnosticados Yohan Enrique Manotas,
Fanny Liz Imitola Rivaldo, Jesús David López, Daniel Ricardo Utrera
[155]  Con esta patología fueron diagnosticados Ivan David Escorcia,
Jesús David López y Armando José Escobar Penagos.
[156]  Con esta patología fueron diagnosticados Daniel Ricardo Utrera y
Germán Enrique Uribe.
[157]  Con esta patología fue diagnosticado Dilan Andrés Zárate.
[158]  Expedientes T-4585824, T-4585818, T-4285631 y T-4279777.
[159]  Para Michael Foucault, por ejemplo, las percepciones y los
conocimientos sobre el cuerpo carecen de este carácter de veracidad,
objetividad y neutralidad que normalmente se les adjudica, y por el contrario,
están vinculados esencialmente a los mecanismos de poder y las construcciones
sociales en las que se enmarcan. Al respecto cfr. Michael Foucault, El
nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada médica. Editorial
Siglo XXI, México 1996.
[160]  Al respecto cfr. Gisela Untoiglich, Medicalización y patologización
de la vida: situación de las infancias en Latinoamérica. Revista de la
Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Estatal Paulista, Vol. 25
No. 1. Documento disponible en: http://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/viewFile/2743/2515.
Último acceso. 16 de diciembre de 2015.
[161]  Al respecto cfr. Soledad Márquez y Ricard Meneu, La
medicalización de la vida y sus protagonistas, en Eikasia. Revista de
Filosofía, Nro. 7, 2007, pp. 65-86. Documento disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2187136.
Último acceso: 16 de diciembre de 2015.
[162]  Al respecto cfr. Jason S. Cetel, Disease-Branding and
Drug-Mongering: Could Pharmaceutical Industry Promotional Practices result in
Tort Liability?, en 42 Seton Hall Law Review 643. Documento disponible en: http://scholarship.shu.edu/shlr/vol42/iss2/5/.
Último acceso: 14 de diciembre de 2015.
[163]  Sobre los debates, las aproximaciones y los discursos acerca del
TDAH, el TGD y el TEA como entidad clínica, cfr. Inmaculada Hurtado
García, Asociaciones y disociaciones: agentes, discursos y controversias en
torno a la hiperactividad infantil, en Salud Colectiva, V. 15, 2019.
Documento disponible en: https://www.scielosp.org/article/scol/2017.v13n2/321-335/.
Último acceso: 25 de junio de 201
[164]  S. Young, M. Fitzgerald y M.J. Postma, TDAH: Hacer visible lo
invisible. Libro Blanco sobre el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad: propuestas políticas para abordar el impacto social, el costo y
los resultados a largo plazo en apoyo a los afectados, European Brain Council,
Bruselas, 2013. Documento disponible en: https://consaludmental.org/publicaciones/LibroblancoTDAH.pdf.
Último acceso: 1 de octubre de 2018.
[165]  Al respecto cfr. J.J. González González, C. Romo
Barrientos, A. Mohedano, Moriano, J.C. Montero Rubio, J.P. Pérez Veiga,  Variabilidad
y tendencias en el consumo de fármacos para los trastornos por déficit de
atención e hiperactividad en Castilla-La Mancha, España (1992-2015), en Neurología,
V. 33, Issue 6, julio-agosto 2018, pp. 360-368. Documento disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485316301712#bib0335.
Último acceso: 1 de octubre de 2018.
[166]  Al respecto cfr. Eugenia Bianchi y Silvia Faraone, Farmacos
utilizados para el TDAH en Argentina; igualmente cfr.  Eugenia
Bianchi, Silvia Faraone, Francisco Ortega, Valeria Portugal Gongalvez y Rafaela
Teixeira Zorzanelli, Controversias sobre ADHD y metilfenidato, en
discusiones sobre medicalización en Argentina y Brasil, Physis Revista de
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 27 [ 3 ]: 641-660, 2017.y S
[167]  Francisco De la Peña Olvera, Juan David Palacio Ortiz y Eduardo
Barragán Pérez, “Declaración de Cartagena para el Trastorno por Déficit de
Atención con Hiperactividad (TADH): rompiendo el estigma”, Revista Cien.
Salud, 2010, 8 (1): 93-98. Documento disponible en: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/1285/1212.
Último acceso: 8 de octubre de 2018.
[168]
Al respecto cfr. Francisco Balbuena Rivera, La elevada prevalencia del TDAH: posibles causas y
repercusiones socioeducativas, en
Revista Psicología Educativa, Vol. 22, issue 2, Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid, dic. De 2016, pp. 21-85. Documento disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1135755X16000051. Último acceso: 8 de marzo de 2019.
[169]  Carlos Javier López Castilla, La medicalización de la infancia
en salud mental: el caso paradigmático de los trastornos de atención¸ en Papeles
del Psicólogo, 2015, Vol. 36 (39, pp. 174.181. Documento disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2610.pdf.
Último acceso: 5 de octubre de 2018.
[170]  Carlos Javier López Castilla, La medical
ización de la infancia en salud
mental: el caso paradigmático de los trastornos de atención¸ en Papeles del Psicólogo, 2015, Vol. 36 (39, pp. 174.181.
Documento disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2610.pdf.
Último acceso: 5 de octubre de 2018.
[171] Al respecto cfr. Eugenia Bianchi, Problematizando la noción de
trastorno en el TDAH e influencia del manual DSM¸ en Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (2), pp. 1021-1038. Documento
disponible en:
[172]   Carlos Javier López Castilla, La medicalización de la infancia
en salud mental: el caso paradigmático de los trastornos de atención¸ en Papeles
del Psicólogo, 2015, Vol. 36 (39, pp. 174.181. Documento disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2610.pdf.
Último acceso: 5 de octubre de 2018.// En el año 2012, se reunieron equipos
profesionales interdisciplinarios de Argentina y Brasil para suscribir la
denominada “Carta sobre la medicalización de la vida”, en la que se sostiene
que  “asistimos en nuestra época a una multiplicidad de ‘diagnósticos’
psicopatológicos y de terapéuticas que simplifican las determinaciones de los trastornos
infantiles y regresan a una concepción reduccionista de las problemáticas
psicopatológicas y su tratamiento (…) procediendo de manera sumaria,
esquemática y carente de verdadero rigor científico, se hacen diagnósticos y
hasta se postulan nuevos cuadros a partir de observaciones y de agrupaciones
arbitrarias de rasgos. Es el caso de llamado síndrome de “Déficit de atención
con y sin hiperactividad”, de la dislexia, del trastorno de oposición
desafiante (TOD), y otros trastornos constantemente inventados y reinventados,
lanzados como nuevas mercaderías. Rótulos y etiquetas, maquillados de
diagnósticos, y píldoras psicotrópicas que prometen resolver todos los
conflictos naturales de la vida, arrojando a la vida de la escena (…) A la vez,
suponer que diagnosticar es nominar nos lleva por un camino muy poco riguroso,
porque desconoce la variabilidad de las determinaciones de lo nominado (…)
problemas de diferentes órdenes son presentados como ‘enfermedades’,
‘trastornos’ o ‘disturbios’ que escamotean las grandes cuestiones políticas,
sociales, culturales y afectivas que afligen la vida de las personas.
Cuestiones colectivas son tomadas como individuales; problemas sociales y
políticos son transformados en biológicos (…) la medicalización cumple así, también,
el papel de abortar cuestionamientos y movimientos que reivindican cambios (…)
es alarmante el número de niños y adolescentes medicados por ADD/ADHD sin que
se formulen preguntas acerca de las dificultades que presentan los adultos para
contener, trasmitir, educar, y sobre el tipo de estimulación, valores y
ambiente a los que están sujetos esos niños dentro y fuera de la escuela (…)
Cada día nos confrontamos con niños y adolescentes víctimas de violencia,
acompañados por médicos –pediatras, neurólogos y psiquiátras- psicólogos,
fonoaudiólogos y psicopedagogos, con etiquetas de trastornos neuropsiquiátricos
inherentes a ellos, recibiendo psicotrópicos en dosis crecientes, sedados, y
que son todavía más vulnerables a las agresiones (…) y rotulados como portadores
de trastornos como ADHD y/o TOD, y medicados.”. A partir de esta reflexión
crítica, Forum Infancias y Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade declaran, en
primer lugar, su oposición al uso del DSM IV y del DSM V para el diagnóstico de
personas, en particular de niños y adolescentes. // Años atrás Forum Infancias
ya que había suscrito el “Consenso de Expertos del área de la salud sobre el
llamado ‘Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad”, en el
que, basados en el mismo marco analítico, exponen las dificultades generadas
por la sobreutilización del TDAH en la población infantil, y por la
aproximación segmentada, reduccionista, agresiva e intrusiva con la que se
entiende y trata esta patología: “Lo primero que se hace es diagnosticarlo
de un modo invalidante, con un ‘déficit’ de por vida, luego se lo médica y se
intenta modificar su conducta. Así, se rotula, reduciendo la complejidad de la
vida psíquica infantil a un paradigma simplificador (…) nos hemos encontrado
con niños en los que se diagnostica ADD o AFHD cuando presentan cuadros
psicóticos, otros que están en proceso de duelo o han sufrido cambios sucesivos
como adopciones o migraciones, o es habitual también este diagnóstico en niños
que han sido víctimas de episodios de violencia, abuso sexual incluido (…) a la
vez, los medios de comunicación hablan del tema casi como si se tratara de una
suerte de epidemia, divulgando sus características y los modos de detección y
tratamiento. Se banaliza así tanto el modo de diagnosticar como el recurso de
la medicación. En el límite, cualquier niño, por el mero hecho de ser niño y
por tanto inquieto, explorador y movedizo, se vuelve sospechoso de padecer un
déficit de atención, aún cuando muchísimos de estos niños exhiben una perfecta
capacidad de concentración cuando se trata de algo que les interesa
poderosamente (…) los niños desatentos e hiperactivos dan cuenta de algo de lo
que ocurre en nuestros días? Padres desbordados, padres deprimidos, docentes
que quedan superados por las exigencias, un medio en el que la palabra ha ido
perdiendo valor y normas que suelen ser confusas, ¿incidirán en la dificultad
para atender en clase? Tampoco se ha tomado en cuenta la gran contradicción que
se genera entre los estímulos de tiempos breves y rápidos a los que los niños
se van habituando desde temprano con la televisión y la computadora, donde los
mensajes suelen durar pocos segundos, con predominio de lo visual y los tiempos
más largos de la enseñanza centrada y la escritura a los que el niño no está
para nada habituado. Por todo esto es totalmente inadecuado desde el punto de
vista de la salud pública unificar en un diagnóstico a todos los niños
desatentos y/o inquietos sin una investigación clínica pormenorizada”.
[173]  Entre otras cosas, el IETS sostuvo que los resultados obtenidos
eran heterogéneos, que se sustentaban en observaciones personales y anecdóticas
y con sistemas de medición no validados y con escasos y poco fiables controles
de co-intervención, que no se habían identificado las variables del diagnóstico
de la enfermedad que resultaban relevantes para medir los resultados, como
severidad de la condición, nivel de desempeño cognitivo y comorbilidad, que las
muestras empleadas para eran escasas, que el diseño de los mismos no respondía
a estudios experimentales, y que en general, la metodología empleada para
evaluar la eficacia de las terapias tenía diferentes sesgos. Con base en estas
consideraciones, el IETS recomendó excluir estas tecnologías de su financiación
con recursos públicos asignados a la salud para tratar las enfermedades del
espectro autista por la “débil evidencia científica de su utilidad, los
discrepantes resultados sobre su eficacia clínica, la heterogeneidad de las
intervenciones y falta de consistencia en los esquemas terapéuticos, porque no
hay una meta terapéutica clara, porque no facilita la generalización a los
diferentes ambientes y situaciones sociales típicas y no existe un límite claro
con los efectos de cualquier actividad recreativa normalizada (…) y que sólo se
reportan beneficios en aspectos puntuales de este trastorno”.// Al respecto
cfr. IETS, Efectividad y seguridad de las terapias de Análisis de
Comportamiento Aplicado ABA, para el tratamiento de pacientes con diagnóstico
de trastornos del espectro autista., julio de 2014, Documento disponible en: http://www.iets.org.co/reportes-iets/Documentacin%20Reportes/Reporte%20ABA%20Final%2023%20julio%202014.pdf.
Último acceso. 5 de febrero de 2014.
[174] Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), Estudio
técnico de sombra terapéutica para trastorno del espectro autista, en el marco
del procedimiento técnico científico y participativo de exclusiones”, Reporte
No. 3, agosto de 2017. Documento disponible en: http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?cod=1&v=1&r=1.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[175]  Sobre la caracterización de este enfoque terapéutico cfr.
Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), Efectividad y seguridad
de las terapias de Análisis de Comportamiento Aplicado ABA, para el tratamiento
de pacientes con diagnóstico de trastornos del espectro autista, julio de 2014.
Documento disponible en: http://www.iets.org.co/reportes-iets/Documentacin%20Reportes/Reporte%20ABA%20Final%2023%20julio%202014.pdf.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[176]  . Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS),
Efectividad y seguridad de las terapias de Análisis de Comportamiento Aplicado
ABA, para el tratamiento de pacientes con diagnóstico de trastornos del
espectro autista, julio de 2014. Documento disponible en: http://www.iets.org.co/reportes-iets/Documentacin%20Reportes/Reporte%20ABA%20Final%2023%20julio%202014.pdf.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[177] Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS), Estudio
técnico de terapia Tomatis® para pacientes menores de 18 años con trastorno del
espectro autista en el marco del procedimiento técnico científico y
participativo de exclusiones, Reporte No. 111, mayo de 2018. Documento
disponible en:    https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/DOCUMENTOS/a/23_Terapia%20Tomatis.pdf.
Último acceso: 26 de junio de 2019. La terapia tomatis se encuentran integrado
por un programa de estimulación por sonidos y asesoramiento clínico para
desarrollar y mejorar la audición, con el propósito de reeducar la forma de
escuchar y mejorar el aprendizaje, las habilidades del lenguaje, la atención,
la concentración, la comunicación, la creatividad y el comportamiento social.
[178]  Acta en la que constan las intervenciones dentro del proceso de
exclusión de tecnologías en salud para el año 2018. Documento disponible en: http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?cod=1&v=2&r=1.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[179]  Intervención de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil
(ASCONI) en el marco del proceso de exclusión de tecnologías en salud de su financiación
con recursos públicos. Documento disponible en: http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?cod=1&v=1&r=1.
Último acceso 26 de junio de 2019.
[180]  En el POS del año 2013 contenido en la Resolución 5521 de 2013,
por ejemplo, se establecen una serie de topes a la atención en psicoterapia. El
artículo 91 de dicha resolución establece que “para la atención de personas
menores de 6 años con trastorno o enfermedad mental de cualquier tipo o
etiología, (…) se cubre la atención ambulatoria con piscoterapia individual o
grupo, independientemente de la fase en la que se encuentra la enfermedad así:
1. Hasta treinta sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y
médico especialista competentes, durante el año calendario. 2. Hasta treinta
(30) terapias grupales y familiares en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario”. Para el rango
comprendido entre los 6 y los 14 años, el artículo 106 determina que “se
cubre la atención ambulatoria con psicoterapia individual o grupal,
independientemente de la fase en la que se encuentra la enfermedad, así: 1.
Hasta treinta (30) sesiones de psicoterapia individual en total por psicólogo y
médico especialista competentes durante el año calendario. 2. Hasta treinta
(30) terapias grupales, familiares y de pareja en total por psicólogo y médico
especialista competentes, durante el año calendario (…)”.
[181]  Exp. 4877010, 4877009 y 4877006.
[182]  Exp. 4877010 y 4877009
[183]  Exp. 4877009.
[184]  Exp. 4877007 y 4877005.
[185]  Exp. 4877006.
[186]  Exp. 4877004.
[187]  Exp. 4877006 y 4877004
[188]  Exp. 4581950.
[189]  Exp. 4585824 y 4585818
[190]  Exp. 4585824.
[191]  Exp. 4585818.
[192]  Exp. 4585818.
[193]  Exp. 4279777.
[194]  Exp. 4253989, 3370193 y 3370191
[195] Exp. 3370193.
[196]  Exp. 4253989.
[197]  Sentencia T-545 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
[198]  Sentencia T-025 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[199]  Sentencia T-100 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
[200] Sentencia T-931 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[201]  Sentencia T-575 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[202]  Sentencia T-545 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
[203]  Sentencia T-686 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[204]  M.P. Alberto Rojas Ríos.
[205]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[206]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[207]  Al respecto cfr. las sentencias T-545 de 2014 (M.P. Gloria
Stella Ortíz Delgado),T-268 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-686 de
2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-374 de 2013 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T-025 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-872 de
2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-178 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-435 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-320 de 2009
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[208]  Al respecto cfr. las sentencias T-760 de 2008 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-124 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) yT-558 de
2016 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[209]  Sentencia T-124 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[210]  Sentencia T-861 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[211]  Sentencias T-261 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-014 de 2017
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-208 de 2017 (M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo) y T-096 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[212]  Sentencia T-781 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[213]  Sentencia T-120 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[214]  Sentencias T-120 de 2017 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-944
de 2014 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-375 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa), T-570 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[215]   Sentencia T-392 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[216]  Sentencias T-142 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-457 de 2014
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-759 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla),
T-468 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), y T-289 de 2006 (M.P. Jame
Araujo Rentería).
[217]  Sentencias T-457 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-004
de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-142 de 2014 (M.P. Alberto Rojas
Ríos) y T-469 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[218]  Sentencias T-096 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-014
de 2017 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-120 de 2017 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[219]  Sentencia T-056 de 2015 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[220] Sentencias T-096 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-014 de
2017 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-120 de 2017 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[221]  Sentencias T-610 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-683 de
2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-111 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[222]  Sentencias T-683 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) y
T-056 de 2015 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez).
[223]  Sentencias T-311 de 2014 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-809 de 2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-536 de 2014 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[224]  Según este tribunal, para acceder a los servicios de transporte
inter urbano, alimentación y alojamiento, con cargo al sistema público de
salud, se requiere la confluencia de los siguientes requisitos: (i) que la
tecnología en salud sea autorizada por la EPS, remitiendo esta última al
paciente a un municipio distinto al de su residencia; (ii) que el paciente y su
núcleo familiar carezcan de la capacidad económica para asumir el costo del
servicio; (iii) que la falta de provisión del servicio de salud ponga en riesgo
la vida, integridad o estado de salud del paciente. Al respecto cfr. las
sentencias T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-206 de 2013
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T- 149 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[225]  Sentencia T-062 de 2017, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[226]  Según este tribunal, para acceder al servicio de acompañamiento
con cargo al sistema público de salud, deben concluir las siguientes
condiciones: (i) dependencia del paciente de un tercero; (ii) necesidad de una
atención permanente para la conservación de la integridad física y para el ejercicio
adecuado de las labores cotidianas; (iii) carencia de capacidad económica del
paciente y de su núcleo familiar para asumir el costo del servicio.
[227]  Sentencias T-736 de 2016 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-650
de 2015 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-339 de 2013 (M.P. Alberto Rojas
Ríos) y T-206 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[228]  Sentencias T-275 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-062 de 2017 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-148 de 2016 (M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[229]  Sentencias T-062 de 2017 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo),
T-148 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[230]  Sentencia T-062 de 2017, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[231]  Sentencia T-707 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[232]  Al respecto, cfr. las sentencias T-476 de 2016 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez), T-171 de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-745 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-499 de 2014 (M.P. Alberto
Rojas Ríos), T-745 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-676 de 2011
(Juan Carlos Henao Pérez), T-719 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y
T-010 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[233]  Sentencia T-499 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[234]  Sentencia T-745 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[235]  Sentencias T-499 de 2014 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-676 de 2011
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[236]  Sentencia T-476 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[237] Art. 187 de la Ley 100 de 1993, Decreto 2375 de 1994 y Acuerdo 260
de 2004 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.
[238]  Sentencia T-115 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[239]  Sentencia T-115 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[240]  Sentencia T-115 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[241]  Sentencia T-062 de 2017, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[242]  Sentencia T-676 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[243]  Sentencia T-236A de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[244]  Sentencia T-478 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[245]  Sentencia T-178 d 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[246]  T.I. 1003047824.
[247]  T.I. 1069471857.
[248]  T.I. 1068428569.
[249]  Expediente T-5808227.
[250]  Diagnóstico del médico Pedro Pablo Barraza en los expedientes
T-4877004, T-4877005, T-4582553 y T-4582253.
[251]  Diagnóstico del médico Pedro Pablo Barraza dentro del expediente
T-4877007.
[252]  Diagnóstico del médico Omar Rivera Martínez dentro del expediente
T-4277008.
[253]  Diagnóstico del médico Alfredo Rodríguez dentro del expediente
T-3370193.
[254]  Diagnóstico del médico Alfredo Rodríguez dentro del expediente
T-3370193.
[255]  Diagnósticos del médico Pedro Pablo Barraza dentro de los
expedientes T-4877006, T-4877007, T-4877009 y T-4877010, y del psicólogo José
Velásquez Velásquez dentro del expediente T-4124218.
[256]  Diagnóstico del médico Pedro Pablo Barraza dentro de los
expedientes T-487004, T-4877005, T-4877007, T-4877008, T-4877009, T-4877010,
T-4582253 y T-4582553; del médico Orlando Santiago Moreno Barriga dentro del
expediente T-4581950; de Alfredo Rodríguez dentro del expediente T-3370191; y
del médico Gerardo Restrepo dentro del expediente T-2896065.
[257]  Diagnóstico de Gerardo Restrepo dentro del expediente T-2896065.
[258]  Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales.
Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales
[259]  Discapacidad física, sensorial y cognitiva.
[260]  Un ejemplo de ello se encuentra en el expediente T-4264678, en el que el tratamiento intensivo solicitado al sistema
de salud se basa en percepciones sobre condiciones que, desde cierto punto de
vista, podrían considerarse propias de una menor inquieta. En el concepto
profesional la intervención se sustenta en que “la paciente se distrae con
un mínimo de estímulo externo, dificultando así concentrarse en las actividades
y tener un buen desempeño; se observa que (…) adopta posturas inadecuadas y
realiza ajustes posturales constantes. A nivel visual posee fijación por corto
tiempo y tiene seguimiento pero con pérdida del estímulo en todos los planos;
(…) demuestra preferencia manual izquierda poca precisión y destreza (…)
inestabilidad en la atención en la concentración, se distrae con facilidad ante
un mínimo de estímulo externo; cambia con facilitad y frecuencia de actividad
sin acabar ninguna: comenzaba con una tarea y hacía otra; (…) el juego de la
niña es solitario, carece de estructura, de imaginación y es poco creativo no
tiene iniciativa para acceder a él, ella prefiere dibujar y colorear (…) bajo
nivel de frustración se vio reflejado con las reacciones de enojo (manos en la
cara y negación) cuando no lograba hacer una actividad, cuando se le quitaba
algún objeto y cuando no se le permite hacer lo que ella quería (…) Habla en
exceso; interrumpía las actividades que estaba realizando para hacer preguntas
infundadas sobre  todo lo que observaba a su alrededor (…) le cuesta mantener
por un período largo de tiempo el contacto visual, sus habilidades de memoria a
corto y mediano plazo son buenas, pero a mediano y largo plazo son regulares
(…) siempre está buscando modificar el contexto para obtener aquello que desea
o necesita, cuando no lo obtiene tapa su cara, puede comentar hechos
relacionados con su cotidianidad, pero se enfrasca en este ítem sin poder ceder
con facilidad a diferentes tópicos, le cuesta trabajo tomar en cuenta al
interlocutor y tomar turnos conversacionales”.
[261]  Dentro del expediente T-4585818, la EPS Salud Total anexó una
queja de un veedor ciudadano de la Loma de Calenturas, en la que expresa frente
a la IPS que viene atendiendo a los infantes en dicho municipio, entre otras
cosas, que “le hemos venido haciendo un seguimiento para comprobar lo que a
nuestros oídos ha llegado ya en varias ocasiones lo comentado por varias
personas, y lo más claro es que este centro o fundación no tiene el recurso
humano necesario para atender estos niños, sólo los recogen en sus casas todos
los días y luego los ingresan a la IPS , a hacerles absolutamente nada, a jugar
será y me imagino que las EPS les pagan es para que brinden un servicio con
terapias que es lo que ofrecen estos centros, y así poder demostrarle a ustedes
mismos y a los padres de familia de estos niños, que sí vale la pena el
tratamiento que se les está pagando para que se los realicen a estos niños (…)
En varias oportunidades me tomé el trabajo de sentarme a verificar lo informado
por personas ajenas a esta institución, desde las horas de la mañana y sólo se
ve entrar dos o tres personas; es más, entré a visitar y a verificar así, si de
pronto mis pensamientos no estaban bien y me llevé la sorpresa que una de las
mujeres era la secretaria y otra una auxiliar de enfermería de aquí mismo de mi
pueblo; esto da fe de lo que me han informado para que tome cartas en el
asunto, y lo que les estoy diciendo es totalmente cierto porque cómo van a
hacer dos personas para atender 20 o 30 niños, que es lo calculado que entran
en varias jornadas (…) es necesario que ustedes verifiquen la estafa que les
están haciendo a ustedes sin asco, sin consideración a los mismos padres de
familia que les hacen creer que a sus hijos les están brindando un servicio
eficiente. Estamos muy consternados por esto que está sucediendo en nuestro
pueblo, porque tanto que les rogamos a ustedes como Entidades Promotoras de
Salud para que nos presten sus servicios, a veces hasta con tutelas y no es
justo que algunas de estas IPS de garaje como se hacen llamar cuando no prestan
un servicio eficiente, se encarguen de robarle el dinero a la salud que bien
desquebrajado y agonizando está”.
[262]  Documento allegado por Funtierra Rehabilitación IPS mediante
oficia del 3 de abril de 2018, con concepto jurídico suscrito por el abogado
William Javier Vega Vargas.
[263] Así en diferentes casos se aprecian expresiones como: “Mi hijo está
recibiendo las terapias en Funtierra desde hace dos años, dadas por la
Gobernación y no por la EPS (…) les pido el favor que me ayuden para mi hijo
continúe con ellas”; “(…) solicito su ayuda para la niña pueda seguir con las
terapias que las da la gobernación por medio de tutela y no la EPS”.
[264]  Demanda de tutela correspondiente al expediente T-4253989.
[265]  Sentencia del Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica del 29
de noviembre de 2013, rad. 2013-0258.
[266]  Superintendencia Nacional de Salud – Superintendencia Delegada
para la Supervisión Institucional, Concepto técnico Terapias de Metodología
ABA – Análisis de Comportamiento Aplicado (Terapias ABA), 2015.
[267] Es así como en el informe de auditoría realizado a Funtierra
Rehabilitación IPS, se destaca que “llama la atención el hecho de que las
utilidades de Funtierra Rehabilitación IPS SAS sean bastante onerosas, estas
ascendieron a $705.042 miles en el año 2014, a $725.160 miles en el año 2015, y
a 553.829 miles en el año 2016, lo que arroja que el indicador de retorno de la
inversión sea relativamente alto, este alcanzó el 7.050% para el año 2014, su
primer año de funcionamiento”.
[268]  En el informe de auditoría realizado a Funtierra Rehabilitación
IPS se destaca que “se solicitó a Funtierra Rehabilitación IPS SAS los soportes
de inscripción ante la Secretaría de Salud Departamental y los reportes de
novedades. La IPS informa que a partir del 30 de junio de 2016 realizaron
cierre temporal de servicios debido a la crisis financiera, por lo anterior no
se pudo establecer los servicios habilitados con los que cuenta la IPS”. En el
informe final de auditoría a la Fundación Integrar se advierte que “la entidad
no cumple con la habilitación del servicio de terapia del lenguaje, que se
viene prestando ni tampoco el registro de novedad de apertura de este servicio.
Este hallazgo también se obtuvo en la Fundación Educación para Todos Aprendo y
en la Corporación Encuentro para Soluciones del Comportamiento ESCO IPS.
[269]  Informe de auditoría realizado a Funtierra Rehabilitación IPS, a
la Asociación Centro de Capacitación Especial CENCAES y a la Asociación Centro
de Capacitación Especial CENCAES.
[270]  En el informe de auditoría realizado a Funtierra Rehabilitación
IPS se destaca que dicha entidad “no cuenta con un mecanismo establecido para
la identificación y elaboración de los indicadores de morbilidad de los
usuarios que acuden a los servicios, que apoyen la gestión”.
[271]  En el informe de auditoría realizado a Funtierra Rehabilitación
IPS se sostiene que en las actas de inspección administrativa se evidencian en
las sedes de Cereté, Montería y Planeta Rica “piso del comedor manchado,
meses del comedor con excrementos de murciélago (…) piscina sucia (…) elementos
para dar de baja (rompecabezas incompleto, tarros de témpera vacíos), papel
higiénico y jabón de baño ubicados sobre la caneca de residuos biológicos (…)”.
También se encuentra en el informe final de auditoría a la Corporación
Encuentro para Soluciones del Comportamiento ESCO IPS.
[272]  Informe de auditoría realizado a Funtierra Rehabilitacion IPS.
[273]  Informe de auditoría realizado a Funtierra Rehabilitación IPS.
[274]  Informe final de auditoría realizado a Funtierra Rehabilitación
IPS, a la Fundación Educación para Todos Aprendo, y a la Fundación Integrar.
[275]  En el informe final de auditoría realizado a la Clínica
Neurorehabilitar se determinar que “la entidad está facturando procedimientos
con códigos procedentes de acuerdos de voluntades con la EPS, más no están
incluidas en la base CUPS, lo que podría generar afectación en sus pagos por
parte de las mismos, dado que algunos de estos procedimientos como
equinoterapia o hidroterapia no son reconocidos por las entidades facultades
para tal fin, y con ello dificultar el recobro ante el FOSYGA que adelantan las
EPS quienes son las directas responsables de dicho cobro”. Con respecto al
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS,
se afirma que “no está dando cumplimiento a los códigos CUPS en su proceso de
facturación de acuerdo a la base única del CUPS para las vigencias 2014 y
2015”.
[276] Informe final de auditoría realizado a la Clínica Neurorehabilitar,
a la Corporación Encuentro para Soluciones del Comportamiento ESCO IPS al
Centro de Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS,
a la Fundación Educación para Todos Aprendo, al Centro de Rehabilitación
Integral Ángeles Ltda, y al Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena.
[277] Informe final de auditoría realizado a la Clínica Neurorehabilitar
y al Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena.
[278]  Informe final de auditoría realizado a la Clínica Neurorehabilitar
y al Centro de Estimulación Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza
SAS.
[279]  Informe final de la auditoría realizada al Centro de
Rehabilitación Integral Rosalía Mena y a la Corporación Encuentro para
Soluciones del Comportamiento ESCO IPS.
[280]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS, a la
Corporación Encuentro para Soluciones del Comportamiento ESCO IPS, y a la Fundación
Educación para Todos Aprendo
[281]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS y a la
Fundación Integrar.
[282]  Hallazgo en el informe final de auditoría a la Fundación Integrar,
a la Asociación Centro de Capacitación Especial CENCAES, a la Corporación
Encuentro para Soluciones del Comportamiento ESCO IPS, al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS y al Centro
de Rehabilitación Integral Ángeles Ltda. Con respecto a la Fundación Integrar,
se advierte que “se cuenta con profesionales del área educativo en pre
escolar, educación especial y educación física desarrollando los planes de
manejo de los usuarios”. Respecto de la Asociación Centro de Capacitación
Especial CENCAES se advierte que “dentro de los profesionales que están
encargados de la atención directa, desarrollando procesos de habilitación con
personas con discapacidad, hay profesionales licenciados en educación, perfil
que no corresponde ni avala el sistema de salud, ya que son del área de
educación”.
[283]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS y a la
Corporación Encuentro para Soluciones del Comportamiento ESCO IPS.
[284]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS.
[285]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS y a la
Asociación Centro de Capacitación Especial CENCAES.
[286]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS y a la
Asociación Centro de Capacitación Especial CENCAES.
[287]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS.
[288]  Hallazgo en el informe final de auditoría al Centro de
Estimulación, Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza SAS, a la
Asociación Centro de Capacitación Especial CENCAES, y al Centro de
Rehabilitación Ángeles Ltda.
[289]  Informe final de auditoría a la Fundación Integrar.
[290]  Informe final de auditoría a la Fundación Educación Para Todos
Aprendo y a la Corporación Encuentro para Soluciones del Comportamiento ESCO
IPS.
[291]  Al respecto cfr. Superintendencia Nacional de Salud –
Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, Concepto
Técnico Terapias de Metodología ABA – Análisis de comportamiento aplicado ABA. En
dicho informe se sostiene que “del universo total de casos autorizados vía
tutela o que fueron aprobados por el CTC, se puede afirmar que el 80,82% fueron
recobrados al Fosyga. Un 18.77% no fueron recobrados, y el porcentaje restante
no fue recobrado, o fue caracterizado como ‘no aplica’. Confirmando lo
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se encontró que le
86,18% de los casos reportados fueron rechazados por Fosyga. A su vez, el
12.70% de los casos no hubo respuesta a esta pregunta, en el 0,36% de los casos
se reportó haber realizado el recobro, y en el 0.40% de los casos se manifestó
que la pregunta no aplicable”.
[292]  Según la Circular Externa del Ministerio de Salud del día 3 de
marzo de 2015, para la provisión de terapias no convencionales para menores de
edad con cargo a los recursos del sistema público de salud, los profesionales
de la salud deben declarar el conflicto de intereses cuando la prescripción de
una terapia en determinado establecimiento puede traducirse en algún beneficio
directo o indirecto para sí mismo.// Asimismo, el artículo 44 de la
Ley 23 de 1981 determina de manera general que “el médico no aprovechará su
vinculación con una institución para invitar al paciente a que utilice sus
servicios en el ejercicio privado de su profesión”, y el artículo 26 de la
Ley 1164 de 2007, modificado por el artículo 104 de la Ley 1438 de 2001,
determina que “los profesionales de la salud tienen la responsabilidad
permanente de la autorregulación”, que el ejercicio profesional debe
atender a los estándares de responsabilidad y competencia, y que la actividad
profesional debe tener en cuenta “la pertinencia clínica y uso racional de
tecnologías, dada la necesidad de la racionalización del gasto en salud, en la
medida en que los recursos son bienes limitados y de beneficio social”.
[293]  Exp. T-5808227.
[294] Exps. T-4877010, T-4877009, T-4877008, T-4877007, T-4877006,
T-4877005, T-4877004, T-4880691, T-4582553, T-4582253 y T-4124217.
[295]  Expedientes T-4585824, T-4585818, T-4285631 y T-4279777.
[296]  Expedientes T-3370191 y T-3370191.
[297]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[298]  M.P. María Victoria Calle Correa.
[299]  M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[300]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[301]  M.P. Alberto Rojas Ríos.
[302]  Por ello, el artículo 52 del Reglamento de la Corte Constitucional
establece que “sin perjuicio del carácter discrecional de la selección de
fallos de tutelas y ante la inexistencia constitucional de un derecho subjetivo
a que un determinado caso sea seleccionado, la Corte se guiará por los
siguientes criterios orientadores: a) Criterios objetivos: unificación de
jurisprudencia, asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre una determinada
línea jurisprudencial, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un
derecho fundamental, posible violación o desconocimiento de un precedente de la
Corte Constitucional. b) Criterios subjetivos: urgencia de proteger un derecho
fundamental o la necesidad de materializar un enfoque diferencial. c) Criterios
complementarios: lucha contra la corrupción, examen de pronunciamientos de
instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales, tutela contra
providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional;
preservación del interés general y grave afectación del patrimonio público.
Estos criterios de selección, en todo caso, deben entenderse como meramente
enunciativos y no taxativos. Parágrafo. En todos los casos, al aplicar los criterios
de selección, deberá tenerse en cuenta la relevancia constitucional del asunto,
particularmente tratándose de casos de contenido económico.”.
[303]  Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[304]  Sentencia SU-1219 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[305]  Se trata de las sentencias T-481 de 2015 (M.P. Alberto Rojas
Ríos), T-231 de 2015 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-105 de 2014 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-807 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos), T-374 de 2013
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-116A de 2013 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla), T-1076 de 2012 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-864 de 2012 (M.P.
Alexei Julio Estrada), T-771 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-872
de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-392 de 2011 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto), T-872 de 2010 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-855 de 2010
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-824 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva), T-757 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-371 de 2010 (M.P.
Mauricio González Cuervo), T-650 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto),
T-207 de 2009 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-518 de 2006 (M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra).
[306]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[307]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[308]  En este sentido, la Corte ha establecido que “En principio, cuando el
servicio que se requiere se encuentre excluido del POS, no es obligación de la
EPS cubrirlo y, por tanto, debe ser asumido por el paciente. Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional, si bien, ha aceptado las mencionadas
exclusiones, como se vio en el párrafo precedente, también ha sido enfática en
señalar que existen determinados casos en los que la no prestación de un tratamiento,
procedimiento o medicamento, bajo el argumento de encontrarse por fuera de lo
señalado en el citado plan, puede afectar gravemente el derecho fundamental a
la salud de una persona, dado que existe la posibilidad de que no cuente con
los recursos necesarios para asumirlo por cuenta propia y no se prevea una
alternativa que permita conjurar la afectación que padece. Por lo tanto, la
regla que se plantea no es absoluta (…) Bajo esa perspectiva, la Corte
ha establecido que para que proceda la autorización y realización de un
servicio a cargo de la EPS, aunque se encuentre excluido del POS, se deben
acreditar los siguientes requisitos: (i) que la falta del servicio
médico vulnere o amenace los derechos a la vida y a la integridad personal de
quien lo requiere; (…) (ii) que el servicio no pueda ser sustituido por otro
que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (…) (iii) que el interesado
no pueda directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de
garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a
cobrar, y no pueda acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie;
(…) (iv) que el servicio médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está
solicitándolo. (…)”.
[309]  Al respecto cfr. las sentencias T-001 de 2018 (M.P.
Cristina Pardo Schlesinger), T-062 de 2017 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza),
T-027 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-131 de 2015 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez), T-769 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio),
T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-069 de 2005 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), T-406 de 2011 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-560 de 1998 (M.P.
Vladimiro Naranjo Mesa), T-236 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y SU-480 de 1997
(M.P. Alejandro Martínez Caballero).
[310] Según la Defensoría del Pueblo, dentro de tales tecnologías se
encuentran  los complementos
nutricionales, dermolipectomías para retirar la piel sobrante y darle firmeza,
mastopexias, liposucciones, turbinoplastias para el remodelamiento de los
cornetes en la nariz, cremas antiescaras y antipañalitis, pañales, pañitos
húmedos, sillas de ruedas, camas hospitalarias, colchón antiescaras, quetiapina
para el tratamiento de la esquizofrenia y los episodios maniacos y depresivos
severos del trastorno bipolar, pregabalina para el dolor neuropático generados
como lesiones en el sistema nervioso central o periférico, cilostazol para
pacientes con enfermedad arterial periférica, salmoterol para el tratamiento
del asma y de la enfermedad obstructiva crónica, bromuro de triotropio para el
tratamiento del EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), aplicación de
medicamentos biológicos, procedimientos odontológicos, entre otros. Algunos de
estas tecnologías en salud han sido cuestionadas en la comunidad científica:
según Cochrane, por ejemplo, “una minoría de pacientes tendrá beneficios
significativos con pregabalina y otros beneficios moderados. Muchos no tendrán
beneficios, los mismos serán triviales o habrá interrupciones debido a los
eventos adversos (…) no existen pruebas que favorezcan el uso de la pregabalina
en escenarios de dolor agudo”. Al respecto cfr. Defensoría del
Pueblo, La tutela y los derechos a la salud y la seguridad social 2015, Bogotá,
2016, pp. 197-218. Documento disponible en:
http://desarrollos.defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/textos/La_Tutela_y_los_Derechos_a_la_Salud_y_a_la_Seguridad_Social_2015_completo_(1).pdf.
Último acceso: 11 de febrero de 2019; igualmente cfr. https://www.cochrane.org/es/CD007076/pregabalina-para-el-dolor-agudo-y-cronico-en-adultos.
Último acceso: 19 de febrero de 2019.
[311]  Sentencia T-552 de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[312]  Al respecto cfr. las sentencias T-235 de 2018 (M.P. Gloria
Stella Ortíz Delgado) y T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[313]  Sentencia T-395 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[314]  Sentencia T-545 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[315]  Sentencia T-248 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[316]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[317]  M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[318]  M.P. Alberto Rojas Ríos.
[319]  Al respecto cfr. la sentencia T-115 de 2016, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[320]  Al respecto cfr. las sentencias T-545 de 2014 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado),T-268 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-686 de
2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-374 de 2013 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), T-025 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-872 de
2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-178 de 2011 (M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo), T-435 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-320 de 2009
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[321]  Al respecto cfr. las sentencias T-760 de 2008 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-098 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), T-034
de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-017 de 2013 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva), T-062 de 2017 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[322]  Al respecto cfr. las sentencias T-268 de 2014 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-286ª de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-770 de
2011 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-668 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T.603 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-760 de 2008 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-347 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-423 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-247 de 2005 (M.P. Clara Inés
Vargas Hernández), T-010 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-614 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[323]  M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[324]  M.P. Alexei Julio Estrada.
[325]  M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[326]  M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[327]  M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[328] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En la acción de tutela
respectivas se solicitaron terapias integrales, hidroterapias, terapias con
animales y musicoterapias en CENCAES y Passus IPS. En el fallo se ordenó a las
EPS “que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta
sentencia practique (…) las terapias en hidroterapia, animalterapia,
musicoterapia y equinoterapia que requiere con necesidad (…) y deberán
realizarse en el Centro de Capacitación Especial –CENCAES- que se encuentra en
el municipio (.-..) donde está ubicada la residencia del demandante, con la
salvedad de que en el evento de no existir contrato con este organismo, podrán
ser prestadas en otro siempre y cuando no implica una carga desproporcionada o
un obstáculo para acceder al servicio de salud”. Una orden equivalente se
imparte respecto del otro demandante en el proceso, en Passus IPS. Igualmente
se autoriza a las EPS a efectuar el recobro en el Fosyga, “hasta por la
mitad del valor de las terapias ordenadas en esta sentencia”.
[329]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[330]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[331]  Sentencia T-650 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[332]  M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[333]  M.P. Alberto Rojas Ríos.
[334]  M.P. Alberto Rojas Ríos.
[335]  M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[336]  Sentencia T-481 de 2915, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[337]  M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[338]  M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[339]  M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[340]  M.P. Mauricio González Cuervo.
[341]  M.P. María Victoria Calle Correa.
[342]  M.P. Mauricio González Cuervo.
[343]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[344]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[345]  M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[346]  M.P. Mauricio González Cuervo.
[347]  Sobre los elementos del derecho al diagnóstico cfr. las
sentencias T-196 de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-100 de 2016 (M.P.
María Victoria Calle Correa), T-020 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y
T-050 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[348] Al respecto cfr. las solicitudes del ciudadano Leonel
Guerrero Aguas de los días 15 de junio, 9 de junio, 8, 14 y 24 de septiembre y
2 de noviembre de 2018.
[349]  Al respecto cfr. las sentencias 171 de 2018 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger)
[350]  Aunque ni la Ley la Ley 1122 de 2007 ni la Ley 1438 de 2001
establecen específicamente el plazo para resolver las impugnaciones de los
fallos de la Superintendencia Nacional de Salud, este tribunal ha concluido que,
por vía de analogía con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, este plazo
coincide con el previsto para las acciones de tutela. Al respecto cfr. las
sentencias T-375 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado), T-603 de 2015
(M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-425 de 2017 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
[351]  Al respecto cfr. Superintendencia Nacional de Salud, Informe
de Gestión. Superintendencia Nacional de Salud 2018. Documento disponible
en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/InformesGestion/IG056.pdf.
Último acceso: 5 de marzo de 2019.
[352]  Superintendencia Nacional de Salud, Informe de Gestión.
Superintendencia Nacional de Salud 2018. Documento disponible en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/InformesGestion/IG056.pdf.
Último acceso: 5 de marzo de 2019.
[353]  Artículo 15 de la Ley Estatutaria de la Salud.
[354]  Auto No. 250 de 2017 de la Contraloría General de la República, “por
medio del cual se apertura el proceso ordinario de responsabilidad fiscal No.
80233-064-1000”.
[355]  Sobre las tecnologías en salud que han sido excluidas de su
financiación con recursos públicos, cfr. la Resolución 244 de 2019 del
Ministerio de Salud. Y sobre el procedimiento, las instancias participantes y
los instrumentos técnicos y científicos empleados para la exclusión cfr. http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/logica/frmdefault.aspx.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[356] En el acta en la que consta la decisión de exclusión el Colegio
Colombiano de Psicología sostuvo que “la información revisada respecto a la
terapia tomatis se encontró en revistas que no pertenecen a la categoría A y B.
Estos estudios en algunas ocasiones tienen errores metodológicos, no
especifican las variables de inclusión y la muestra poblacional es baja. Lo que
se encuentran son descripciones de casos únicos que muestran que la terapia ha
sido exitosa; sin embargo, esta descripción no es específica en el momento de describir
la mejoría en los pacientes. Una sola terapia no es posible que funcione para
tan diversos tipos de patologías (…) y se encuentra en fase experimental”. El
Colegio Colombiano de Fonoaudiólogos sostuvo que “los estudios están limitados
a estudios de casos, los cuales, desde la perspectiva del autor, tienen bajos
niveles de evidencia, con poca población, no controlados, y la evidencia es
puramente testimonial. La medida apunta a múltiples patologías, esta
intervención no es específica para el tratamiento del autismo en la niñez”. La
Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia afirmó que “debe excluirse
del sistema de salud debido a que no tiene evidencia científica. Se reconoce
que sí hay estudios pero estos son de baja calidad, por tanto, puede ser una
praxis médica con un riesgo”. La Asociación Colombiana de Neurología Infantil
afirma que “para Cochrane en ninguna condición (no sólo autismo sino también en
síndrome de down, a la fecha no hay evidencia de efectividad. La tecnología
debe ser excluida de la financiación” y que “teniendo en cuenta la revisión de
Cochrane, existen tres revisiones sistemáticas de la terapia tomatis que
coinciden en que no tiene evidencia y se encuentra en fase experimental. Es
importante considerar los riesgos que estas terapias tienen, pues por el
contrario podrían generar retrasos en la capacidad auditiva”. El acta donde
constan estas intervenciones se encuentra disponible en: http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?cod=1&v=2&r=1.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[357]  En este proceso, la Academia Nacional de Medicina sostuvo que “no
existe evidencia porque no hay suficientes trabajos para demostrar su
efectividad clínica. Se han revisado 15’ trabajos en el marco de una revisión
sistemática, hay una evidencia débil en 75 trabajos”. La Asociación Colombiana
de Neurología Infantil argumentó que “metodológicamente es difícil establecer
que el caballo o el animal es el elemento que favorece la mejoría del paciente.
Hay un trabajo del Colegio Americano de Autismo del 2015 donde establecen que
hay terapias que caen dentro del un nivel NO establecido de evidencia y el
número 1 es la terapia asistida con animales (…) a hoy, la equinoterapia no
tiene evidencia fuerte que permita establecer su efectividad clínica”. Al
respecto cfr. http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?cod=1&v=2&r=1.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[358]  En este proceso, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil
sostuvo que “la sombra terapéutica no tiene evidencia (…) familia y profesores
buscan la sombra terapéutica como forma de contención ante la falta de
acompañamiento y apoyo para el manejo de la situación. DSM5 cambia la
estructura y se delega a escenarios de educación. El niño que tiene una sombra
terapéutica pierde independencia y la se busca es un niño autónomo”. El
Ministerio de Salud sostuvo que “la sombra terapéutica no favorece la autonomía
e independencia por parte del niño. Se da sólo en el ámbito escolar, pero se
está abusando de la tecnología, y no se orienta a las necesidades del niño sino
de los padres”. El reporte del IETS informa que no se trata de una tecnología
en salud, que no hay evidencia sobre su efectividad clínica, y que tiene
riesgos asociados, como la pérdida de independencia y autonomía, y la exclusión
de la participación del entorno familiar y social. Al respecto cfr. http://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoAnalisis.aspx?cod=1&v=2&r=1.
Último acceso: 26 de junio de 2019.
[359]  Auto de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal del 27 de septiembre de 2018, en el marco del proceso correspondiente
al rad. IUS 2015-407061 y IUC-D-2015-50-813843.
[360]  Intervención de Salud Total en el marco del expediente T-4585818.
[361]  Al respecto cfr. las sentencias 171 de 2018 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger)
[362]  Aunque ni la Ley la Ley 1122 de 2007 ni la Ley 1438 de 2001
establecen específicamente el plazo para resolver las impugnaciones de los
fallos de la Superintendencia Nacional de Salud, este tribunal ha concluido
que, por vía de analogía con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, este
plazo coincide con el previsto para las acciones de tutela. Al respecto cfr.
las sentencias T-375 de 2018 (M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado), T-603 de
2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-425 de 2017 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
[363]  Al respecto cfr. Superintendencia Nacional de Salud, Informe
de Gestión. Superintendencia Nacional de Salud 2018. Documento disponible
en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/InformesGestion/IG056.pdf.
Último acceso: 5 de marzo de 2019.
[364]  Superintendencia Nacional de Salud, Informe de Gestión.
Superintendencia Nacional de Salud 2018. Documento disponible en: https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/InformesGestion/IG056.pdf.
Último acceso: 5 de marzo de 2019.
[365]  Para el mes de agosto de 2014, el funcionario encargado del
Juzgado era el ciudadano Ramiro Rafael Díaz Barreto, mientras que para el mes
de diciembre de ese mismo año, cuando se resolvieron los amparos analizados en
este proceso, el funcionario judicial era Otto Martínez Siado.
[366] Sentencia del 12 de agosto de 2014 del Juzgado Promiscuo Municipal
de Piojó, rad. 2014-00082.
[367]  Lo anterior, con exoneración de “copagos y adicionales por la
aplicación de las terapias requeridas”.
[368]  Informe de autorizaciones activas de Daniel Ricardo Utrera
Barranco, suministrada por Famisanar EPS.
[369]  Mediante autos del 28 de noviembre de 2016 y del 13 de enero de
2017, este tribunal solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud remitir
los informes de auditoría realizados a las IPS que suministran tratamientos no
convencionales a niños con alteraciones físicas, sensoriales o cognitivas a
partir de órdenes judiciales de tutela. Atendiendo este requerimiento, mediante
oficio 2-2017-003848, la Superintendencia Nacional de Saludo se entregó en
medio magnético los informes de auditoría efectuados a la Fundación Educación
Para Todos Aprendo, la Asociación Centro de Capacitación Especial CENCAES, la
Fundación Integrar, la Corporación Encuentro para Soluciones del Comportamiento
ESCO IPS, la Clínica Neurorehabilitar, el Centro de Estimulación,
Rehabilitación y Aprendizaje Sonrisa de Esperanza, el Centro de Rehabilitación
Ángeles Ltda, y el Centro de Rehabilitación Integral Rosalía Mena.// Asimismo, mediante
auto del día 28 de enero de 2019, se requirió nuevamente la Superintendencia
Nacional de Salud, para que remitiese el informe de auditoría realizado
Funtierra Rehabilitación IPS; este informe fue allegado el día 11 de febrero de
2019.
[370]  Al respecto cfr. https://www.ramajudicial.gov.co/jurisdiccion-ordinaria.
[371]  Según la información proporcionada por el Consejo Superior de la
Judicatura, el municipio de El Paso cuenta con un Juzgado Promiscuo Municipal.
Información disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/jurisdiccion-ordinaria.
Último acceso: 28 de junio de 2019.
[372]  Al respecto cfr.: (i) la sentencia del Juzgado Único Penal
del Circuito de Envigado dentro del expediente T-4262190; (ii) la sentencia del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad dentro del expediente T-2893757;
(iii) la sentencia del Juzgado Quinto Penal con Funciones de Control de Garantías
de Ibagué, dentro del expediente T-3308932.
[373]  Al respecto cfr.: (i) la sentencia del Juzgado Único Penal
del Circuito de Envigado, en el marco del expediente T-4262190; (ii) la
sentencia del Juzgado Octavo Civil Municipal de Santa Marta, en el marco del
expediente T-4263532; (iii) la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Valledupar, en el marco del expediente
T-4279777; (iv) la sentencia del Juzgado Décimo Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Barranquilla, en el marco del expediente T-4582553;
(v) la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Valledupar, en el marco del expediente T-4586818; (vi) la
sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Valledupar, en el marco del expediente T-4585824; (vii) la sentencia del
Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Ciénaga, en el marco del expediente
T-4581950; (viii) la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad,
en el marco del expediente T-2893757; (ix) la sentencia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Nariño – Sala Penal, en el marco del expediente
T-2896065; (x) la sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cereté,
en el marco del expediente T-3370193.
[374]  Al respecto cfr.: (i) la sentencia del Juzgado Único Penal
de Envigado, en el marco del expediente T-4262190; (ii) la sentencia del
Juzgado 34 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, en el
marco del expediente T-4277939; (iii) la sentencia del Juzgado Segundo Civil
del Circuito de Soledad, en el marco del expediente T-2893757; (iv) la
sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Nariño, en el marco
del expediente T-2896065; (v) la sentencia del Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Bogotá, en el marco del expediente T-3025534.
[375]  Al respecto cfr.: (i) la sentencia del Juzgado Décimo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla, en el marco
del expediente T-4582553; (ii) la sentencia del Juzgado Segundo Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar, en el marco del
expediente T-4585818; (iii) la sentencia del Juzgado 65 Civil Municipal de
Bogotá, en el marco del expediente T-3459124.
[376]  Según el CIE 11, el síndrome de Asperger,
codificado como F84.5, es un “trastorno de dudosa validez nosológica, caracterizado
por el mismo tipo de deterioro cualitativo de la interacción social recíproca
que caracteriza al autismo, conjuntamente con un repertorio de intereses y de
actividades restringido que es estereotipado y repetitivo. Difiere del autismo
fundamentalmente por el hecho de que no hay retraso general, o retraso del
desarrollo del lenguaje o del desarrollo intelectual, Este trastorno se asocia
a menudo con una torpeza marcada. Hay fuerte tendencia a que las anormalidades
persistan durante la adolescencia y la edad adulta. Ocasionalmente ocurren
episodios psicóticos en la edad adulta temprana”. Documento disponible en: http://ais.paho.org/classifications/Chapters/. Último acceso: 9 de julio de 2019.
[377]  Sobre la clasificación de enfermedades según el CIE 11, cfr. http://ais.paho.org/classifications/Chapters/.
Último acceso: 9 de julio de 2019.
[378]  Expedientes T-4585824, 4585818, 4582553 y 4279777.
[379]  Según información reportada por el Consejo Superior de la
Judicatura. Información disponible en: https://www.ramajudicial.gov.co/jurisdiccion-ordinaria.
Último acceso: 28 de junio de 2019.
[380]  Oficio remitido por Funtierra Rehabilitación IPS a este tribunal
el día 8 de junio de 2018.
[381]  El ciudadano Leonel Guerrero Aguas ha escrito distintos artículos
periodísticos para defender causas de Funtierra Rehabilitación IPS. Así, en el
artículo denominado “El irregular caso de copia y pega en una tutela en
Montería”, el articulista critica un fallo judicial en el que denegó la
acción de tutela interpuesta por Funtierra en contra de la Contraloría General
de la República para defender el buen nombre de la institución (al respecto cfr.
https://www.las2orillas.co/el-irregular-caso-de-copia-y-pega-en-una-tutela-en-monteria/).
[382]  Oficio radicado el día 9 de julio de 2018 ante este tribunal.
[383]  Documentos radicados el día 22 de noviembre de 2016.
[384]  Sentencia del Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos del 24 de
junio de 2013, rad. 2013-00052.
[385]  Sentencia del Juez Promiscuo de Familia de Planeta Rica del 8 de
enero de 2015, rad. 2014-00356.
[386]  Sentencias del Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería: (i) 26 de junio de 2013,
rad. 2013-00067; (ii) 12 de diciembre de 2014, rad. 2014-00135; (iii) 15 de
diciembre de 2014, rad. 2014-00136; (iv) 19 de diciembre de 2014, rad.
2014-00144.
[387]  Sentencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería del
28 de junio de 2013, rad. 2013-000121.
[388]  Sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial – Sala
Constitucional Ad-hoc del 17 de febrero de 2015, rad. 2014-00151.
[389]  Sentencia del 28 de junio de 2013, rad. 2013-00121.
[390]  Sentencia del 16 de enero de 2014, rad. 2015-00289.
[391]  Sentencias del Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Montería: (i) Rad. 2014-00135 del
12 de diciembre de 2014; (ii) rad. 2014-00136, del 15 de diciembre de 2014;
(iii) rad. 2014-00144, del 19 de diciembre de 2014; (iv) rad. 2013-00067, del
26 de junio.
[392]  Según el artículo 257ª de la Constitución Política “la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional
disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”. Sin
embargo, según el parágrafo transitorio de este artículo “los actuales
Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las Salas Disciplinarias de los
Consejos Seccionales de la Judicatura serán transformadas en Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial. Se garantizarán los derechos de carrera de
los Magistrados y empleados de las salas disciplinarias de los Consejos
Seccionales de la Judicatura quienes continuarán conociendo de los procesos a
su cargo, sin solución de continuidad.”
[393]  La información correspondiente al expediente T-5808227 se tomó de
los datos proporcionados por la entidad accionante, Funtierra Rehabilitación
IPS. En los demás casos corresponde a la información que consta en las
respectivas acciones de tutela.
[394]  Edad el momento de interponerse la acción de tutela.
[395] Corte Constitucional, entre otras, sentencia
T-364 de 2019.