C-279-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-279/13
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA SOBRE
JURAMENTO ESTIMATORIO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Procedencia por cumplimiento de requisitos
En
el presente caso en que se demanda el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, el
actor indicó con precisión el objeto demandado; señaló las razones por las
cuales la Corte Constitucional es competente; y explicó el concepto de la
violación al expresar que la exigencia de la realización de juramento
estimatorio como requisito para la admisión de la demanda vulneraba los
derechos a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa,
pues establece la carga desproporcionada de realizar una tasación anticipada de
perjuicios que deberían poder tasarse durante el proceso y no en una etapa
previa en la cual se deberá contar con los medios económicos especiales para su
determinación. Esta Corporación considera que el cargo señalado por el actor
cumple con los requisitos indicados por la Corte Constitucional para configurar
un cargo de constitucionalidad toda vez que cumple las exigencias de certeza,
claridad, pertinencia y suficiencia.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Concepto/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Naturaleza
El
derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido
como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de
poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de
justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las
leyes”. Este derecho constituye un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del
núcleo esencial del debido proceso.
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA O
DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Alcance
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho de configuración legal
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA
PROCESAL-Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA PROCESAL-Límites
En virtud de la cláusula
general de competencia (Art. 150-2), el legislador está ampliamente facultado
para regular y fijar en forma exclusiva los procedimientos judiciales, su
acceso, etapas, características, formas, plazos y términos, al igual que
deberes y cargas procesales, limitado tan solo por la razonabilidad y
proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren
acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización
material de los derechos sustanciales. Para establecer si la norma demandada
vulnera los derechos a la adminstración de justicia o si simplememte es un
desarrollo de la libertad de configuración del legislador en materia procesal
civil, es necesario analizar cuatro criterios, a saber: “i) que atienda los
principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros;
ii) que la carga vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los
ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; iii) que la carga
permita la realización material de los derchos y del principio de la primacía
del derecho sustancial sobre las formas; y iv) es necesario que la disposición
obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la
definición de las formas.
LEGISLADOR-Proporcionalidad y razonabilidad en normas procesales/DEBIDO
PROCESO-Legitimidad de normas procesales dada por su proporcionalidad y
razonabilidad
La
Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función
de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio
del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia
y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”. Así las
cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la
omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para
alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el
evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que
se pretende obtener con su utilización”.
DEBERES, OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES-Distinción
La
jurisprudencia ha distinguido de manera clara entre deberes, obligaciones y
cargas procesales, así: “Son deberes procesales aquellos imperativos
establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que
miran, unas veces al Juez, otras a las partes y aun a los terceros, y su
incumplimiento se sanciona en forma diferente según quien sea la persona
llamada a su observancia y la clase de deber omitido; se caracterizan porque
emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho público, y,
por lo tanto, de imperativo cumplimiento. Las obligaciones procesales son, en
cambio, aquellas prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes
con ocasión del proceso, como las surgidas de la condena en costas. En tanto
las cargas procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que
comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él
consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad o un derecho
procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el
proceso; las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las
impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o
persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo
que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear
consecuencias desfavorables”. No obstante, por el solo hecho de ser pertinente
para un proceso no toda carga puede considerarse a priori ajustada a la
Constitución, pues las consecuencias derivadas de una carga impuesta por el
legislador, no deben ser desproporcionadas o irrazonables.
CONFIGURACION
LEGISLATIVA EN MATERIA DE CARGAS PROCESALES-Jurisprudencia constitucional
JURAMENTO ESTIMATORIO EN LA LEGISLACION COLOMBIANA-Evolución/JURAMENTO ESTIMATORIO-Tipos
La legislación procesal civil en Colombia consagra el
juramento como uno de los medios de prueba que buscan definir obligaciones o establecer hechos controvertidos,
y ya se contemplaba en la Ley 105 de 1931 (Código Judicial). Se distinguen dos
(2) tipos de juramento: el estimatorio en el que la ley defiere al acreedor la
facultad de estimar en dinero el derecho demandado; y el juramento deferido por
la ley o supletorio en el que se faculta al juez para pedir el juramento a una
de las partes, a fin de suplir una prueba que por renuencia de la parte
contraria no pudo ser practicada. El juramento estimatorio en el Código de
Procedimiento Civil estaba dirigido a estimar en dinero el derecho demandado y
le asignaba el valor de prueba mientras no sea objetado, permitiendo además que
el juez ordenara su regulación cuando considerara que era notoriamente injusta
o sospeche fraude o colusión, e imponía multa cuando la cantidad estimada
superara el doble de la que resultare de la regulación.
JURAMENTO ESTIMATORIO EN EL CODIGO
GENERAL DEL PROCESO-Requisito para la
admisión de demandas en procesos en que se pretenda una indemnización,
compensación o el pago de frutos o mejoras/JURAMENTO ESTIMATORIO EN EL
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-No constituye una carga procesal irrazonable ni
desproporcionada/JURAMENTO ESTIMATORIO-Exigencias y trámite de objeción
garantizan el debido proceso y el derecho de defensa
El Código General del Proceso exige un juramento
estimatorio en aquellos eventos en los que se pretenda el reconocimiento de una
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, constituyéndose el juramento
estimatorio además de un medio de prueba en un requisito de admisibilidad de la
demanda, situación que en modo alguno restringe el derecho a la administración
de justicia, habida cuenta que su finalidad es la de permitir agilizar la
justicia y disuadir la interposición de demandas temerarias y fabulosas,
propósitos que claramente se orientan a los fines de la administración de
justicia. Además, en la medida que la norma establece un procedimiento para la
aplicación y contradicción del juramento estimatorio se garantiza el derecho de
defensa y el debido proceso, además de permitirle al juez ordenar pruebas de
oficio si advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche
que haya fraude, colusión o cualquier situación similar, y deberá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido.
PRINCIPIO
DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESAL-Prevalencia
en juramento estimatorio del Código General del Proceso
SANCION
POR JURAMENTO ESTIMATORIO INCORRECTO-Finalidad/SANCION
POR JURAMENTO ESTIMATORIO INCORRECTO-Procedencia/JURAMENTO ESTIMATORIO
INCORRECTO POR EXCESO EN LAS PRETENSIONES-Configuración
Las
sanciones previstas en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 tienen finalidades
legítimas, tales como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la
realización de demandas “temerarias” y “fabulosas” en el sistema procesal
colombiano, fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy importante
como es la eficaz y recta administración de justicia que puede ser afectado a
través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la
Administración de Justicia. Es así como el inciso cuarto y el parágrafo de este
artículo (206 de la Ley 1564 de 2012), establecen sanciones específicas por la estimación
incorrecta de las pretensiones: del diez por ciento (10%) de la diferencia si
la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) de la que
resulte probada, y del cinco por ciento (5%) si las pretensiones fueron
desestimadas, encontrando la Corte que la sanción del inciso cuarto no es
excesiva ni desproporcionada y resulta razonable, ya que el demandante si obtiene
un pago de sus pretensiones, debiendo descontar un diez por ciento de la
diferencia entre lo estimado y lo probado.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración en relación con sanción por juramento
estimatorio cuando no media demostración de perjuicios/JURAMENTO ESTIMATORIO
INCORRECTO POR PRETENSIONES DESESTIMADAS-Exequibilidad condicionada
La
Corte evidenció la configuración del fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, ya que mediante sentencia C-157 de 2013 analizó ampliamente la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 y lo
declaró EXEQUIBLE, bajo el entendido de que tal sanción –por falta de
demostración de los perjuicios que conduce a la negación de las pretensiones-
no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos
a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de su obrar diligente.
Referencia: expediente D - 9324
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 206
de la ley 1564 de 2012.
Magistrado Sustanciador:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D. C., quince (15) de  mayo de dos
mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge
Iván Palacio Palacio –quien la preside– , María Victoria Calle Correa, Mauricio
González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas
Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en
el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en
los siguientes
1.
ANTECEDENTES
El
24 de septiembre de 2012, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverri demandó la
constitucionalidad del artículo 206 de la ley 1564 de 2012. A esta demanda se
le asignó la radicación D-9324.
Mediante auto del 5 de
octubre de 2012, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda presentada
contra el artículo 206 de la ley 1564 de 2012. Cumplidos los trámites propios
de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la
Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
1.1.
NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones
demandadas:
““LEY
1564 DE 2012
Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones.
Artículo
206. Juramento estimatorio.
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o
el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en
la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos.
Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la
objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la
estimación.
Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a
la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite las pruebas
pertinentes.
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión
o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que
considere necesarias para tasar el valor pretendido.
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) la
que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra parte una
suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento
estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la
presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces
de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin
efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma indicada
en el juramento.
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización,
compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz.
Parágrafo.
También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los
eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los
perjuicios. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas”.
1.2.
DEMANDA
El señor Jorge Hernán Gil Echeverri considera que el artículo 206 de la
Ley 1564 de 2012 vulnera los artículos 29 y 229 de la Constitución Política por
las siguientes razones:
1.2.1.
Señala que en todo proceso en
el cual se pretenda la indemnización de perjuicios, el pago de frutos, mejoras
o compensaciones, la norma demandada exige la realización de un juramento
estimatorio como requisito previo a la admisión de la demanda. En este sentido,
afirma que hasta que no se realice el juramento estimatorio con las condiciones
previstas en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 la demanda no podrá ser
admitida.
1.2.2.
Manifiesta que para cumplir
con la carga procesal de presentar el juramento estimatorio debidamente
razonado y desglosado, en la mayoría de los casos se requerirá de un experticio
previo o de una especie de dictamen pericial anticipado, pues de lo contrario
se podrían aplicar las consecuencias que señala la norma, las cuales no
resultarían razonables ni proporcionadas.
1.2.3.
Afirma que la norma puede
vulnerar el derecho a la administración de justicia respecto de aquellos
demandantes que no cuenten con los medios económicos para contratar un
experticio previo, así como también, en pueblos y localidades alejadas de la
capital en los cuales no será posible conseguir ningún perito.
1.2.4.
Aduce que el demandado también
deberá contar con un experto al realizar la contestación de la demanda para
objetar la estimación, pues si no lo objeta se entenderá que los perjuicios
estimados en la demanda son reales y ciertos, lo cual es funesto para el demandado,
pues no podrá demostrar la objeción en el transcurso del proceso.
1.2.5.
Señala que la norma parte del
presupuesto de que ambas partes son iguales y desconoce que es frecuente la
confrontación entre una parte fuerte y una débil, situación que sí es
considerada en otras normas como el Estatuto del Consumidor.
1.2.6.
Manifiesta que en muchos
eventos la estimación razonada de perjuicios o de los frutos solamente será
procedente cuando se cuente con la información correspondiente, a la cual no se
ha tenido acceso por incuria del demandado, lo cual resulta una de las causas
fundamentales para presentar la demanda, tal y como sucede cuando un socio,
comunero o copropietario frente al administrador se ha negado a rendir cuentas
y le ha impedido el acceso a la
información.
1.2.7.
Agrega que requerir
experticios que pueden tomar un término importante como presupuesto para
admitir la demanda restaría el término efectivo a la prescripción y a la
caducidad en contra del actor, por lo cual las consecuencias de la aplicación
de la norma no serían razonables ni proporcionadas.
1.2.8.
Afirma que exigir una prueba
anticipada negándole el derecho a la demandante de pedir su práctica durante el
proceso judicial es violar su derecho a la defensa tal como señalan las
sentencias C - 1270 de 2000 y C - 598 de 2011.
1.2.9.
Concluye que al aplicar el
test de razonabilidad y proporcionalidad se ve sacrificado el derecho a acceder
a la administración de justicia en toda la norma, sin percatarse de que ello
desconoce la realidad del país ya que en muchos casos el demandante o el
demandado no cuentan con los medios para presentar un juramento estimatorio
debidamente desglosado, razonado y discriminado o para objetarlo, lo cual
limita el derecho a la defensa  no resulta razonable ni proporcional en los
términos planteados en la sentencia C 598 de 2011.
1.2.10.
En consecuencia, para el
accionante el artículo demandado consagra una carga cuyas consecuencias y
sanciones a su incumplimiento o inexactitud resultan desproporcionadas e
irrazonables, por lo cual vulnera el derecho a la administración de justicia,
el debido proceso y el derecho a la defensa.
1.3.
INTERVENCIONES
1.3.1.
Intervención
del Instituto Colombiano de Derecho procesal
El apoderado del Instituto Colombiano de Derecho procesal solicitó
que se declarara la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes
razones:
1.3.1.1.Señala que el fundamento teórico el artículo 206 de la Ley
1564 de 2012 es el principio de buena fe, en virtud del cual el ordenamiento
jurídico le da crédito a las afirmaciones que el individuo hace en el proceso.
1.3.1.2.Manifiesta que el cumplimiento del deber de realizar el
juramento estimatorio puede relevar al demandante de la carga de probar el
monto del derecho reclamado, pues dicha afirmación suple la prueba mientras no
sea objetada.
1.3.1.3.Afirma que en caso de abuso del juramento estimatorio se
perderá el diez (10) por ciento de la diferencia entre la estimación realizada
y el valor real del objeto reclamado.
1.3.1.4.Aduce que quien reclame en un proceso judicial el pago de
perjuicios, mejoras, compensaciones o frutos, tiene la carga de demostrar no
solo la existencia del derecho reclamado, sino también el valor preciso de su
derecho. En este sentido, agrega que lo que hace la ley en la norma demandada
es simplemente facilitar la cuantificación del derecho reclamado, relevando al
interesado de aportar medios de prueba adicionales, dándole mérito probatorio a
su propia estimación.
1.3.1.5.Afirma que la realización de un juramento estimatorio no
exige necesariamente un dictamen pericial, como erradamente lo sugiere el
actor, pues la mayoría de las personas poseen suficientes elementos de juicio
para calcular el valor de sus derechos como lo demuestran diariamente en el
tráfico jurídico, aunque en algunos casos la complejidad del caso aconseja la
intervención de un perito evaluador lo cual facilita establecer el valor del
derecho sin el rigor del tratamiento procesal de la prueba pericial.
1.3.1.6.Señala que un análisis serio de la norma permite concluir
que tiene los efectos contrarios a los señalados por el autor, pues la misma
permite establecer el monto de los perjuicios sin necesidad de dictamen
pericial en todos aquellos casos en los que no haya objeción por el adversario,
con lo cual se evita el costo de los honorarios del perito en beneficio de las
partes cuyos recursos económicos sean escasos.
1.3.1.7.Afirma que el planteamiento del actor sobre la dificultad
de acceder a la información necesaria para hacer el juramento es errado pues la
persona que mejor conoce la información sobre el valor de los frutos o las
compensaciones por perjuicios es precisamente quien reclama su reconocimiento.
1.3.1.8.Señala que la medida compromete exclusivamente el
patrimonio económico de la parte que abusa de su derecho, por lo cual no
erosiona derechos fundamentales ni limita objetivos constitucionales.
1.3.1.9.Afirma que la medida es proporcional y razonable pues es
idónea para favorecer la pronta resolución de los litigios y desestimular la
infracción del principio de buena fe en la actividad del litigante, por lo cual
obedece a objetivos constitucionalmente legítimos y de rango constitucional.
1.3.2.
Intervención de
la Universidad Externado de Colombia
El director del departamento de derecho procesal de la facultad de
derecho de la Universidad Externado de Colombia solicita que se declare la
inconstitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.2.1.Afirma que no existe cosa juzgada constitucional, pues si
bien la Corte Constitucional en su sentencia C - 472 de 1995 declaró exequible
el artículo 495 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé la posibilidad
de que el ejecutante solicite el pago de los perjuicios sufridos mediante el
juramento estimatorio, en esa ocasión se debatió la posible vulneración de los
artículos 13 y 29 de la Constitución por una situación diferente a la señalada
por el accionante.
1.3.2.2.Señala que el actor no cuestiona la institución misma del
juramento estimatorio como medio de prueba, sino el hecho de que se haya
tornado obligatorio para el demandante que pretende reclamar el reconocimiento
de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, así como
también, que resulte obligatorio que el demandado que objete esa estimación
deba especificar razonadamente la inexactitud que enrostre a la estimación de
su contraparte.
1.3.2.3.Afirma que la norma deviene en el extremo de cercenar la
posibilidad a alguien de formular una demanda si no cuenta con los suficientes
elementos para concretar la estimación jurada o con los recursos económicos y
técnicos para facturarla.
1.3.2.4.Aduce que hay situaciones en las cuales no le resulta fácil
establecer un juramento estimatorio a quien ha de reclamar perjuicios, una
compensación o el pago de frutos o intereses, por lo cual, si esta dificultad
no puede ser superada el demandante se estrellará contra un sistema judicial
que no le permite presentar una demanda sin haber acatado la orden de jurar los
perjuicios y demás prestaciones que reclama.
1.3.2.5.Manifiesta que quien no tiene recursos para realizar
técnicamente una estimación jurada no puede acudir al amparo de pobreza, pues
aunque los artículos 161 del Código de Procedimiento Civil y el 151 del Código
General del Proceso prevén que el amparo de pobreza se puede solicitar antes de
la presentación de la demanda, tal facultad solo puede ser ejercida dentro de
un proceso, pues en ese momento incipiente del mismo todavía no se han
decretado pruebas que es donde puede decretarse un dictamen pericial.
1.3.2.6.Afirma que si un comunero o un socio minoritario disidente
o ausente excluido de la administración del bien común pretende reclamar
perjuicios por no haber podido gozar de la cosa en común o el pago de frutos no
estará en incapacidad de estimarlos cuando no conoce la administración
impartida por los otros comuneros.
1.3.2.7.Manifiesta que las demandas temerarias hay que evitarlas
pero no al extremo de crear unas condiciones excluyentes que solamente pueden
satisfacer a unos pocos ciudadanos.
1.3.2.8.Afirma que la solución al problema no puede ser la
estimación aproximada de perjuicios, pues obligar a alguien a hacer un cálculo
cercano de sus derechos es exponerlo a sanciones pecuniarias si resultare
excesiva y ofrecerle un camino inseguro tanto si se excede como si se queda
corto, provocando que la contraparte apoye la pretensión con su silencio.
Agrega en este sentido que tan severa es la camisa de fuerza creada por el
artículo 206 del Código General del Proceso que en la segunda parte del inciso
5 se sancionan con ineficacia de pleno derecho todas las expresiones que
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida
en relación con la suma indicada en el juramento.
1.3.2.9.Manifiesta que sancionar a quien estimó su cuantía en una
suma cualquiera por el hecho de que en la sentencia no se reconozca por lo
menos el cincuenta (50) por ciento de su valoración es una figura que violenta
el acceso a la justicia por no tener en cuenta la ponderación que se debe hacer
entre dicho acceso y el debido proceso.
1.3.2.10.
Solicita que en
caso de declararse la exequibilidad de la norma habría que tenerse en cuenta
que la excepción que hace el inciso sexto de la misma al indicar que con “el
juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños
extrapatrimoniales” tendría que ser condicionada agregándose a la frase lo
siguiente “…sea que su indemnización se pretenda por una compensación económica
o de cualquier otra forma”, pues el artículo no tiene en cuenta que las
indemnizaciones para los daños extramatrimoniales no tiene necesariamente que
otorgarse por vía dineraria, sino que pueden ser decretadas mediante
obligaciones de hacer o de no hacer que no tienen obligatoriamente por que
tener subrogado pecuniario.
1.3.2.11.
Concluye que: “la
norma debe ser declarada inexequible, porque ciertamente imponer al demandante
un solo medio de prueba para acreditar sus perjuicios, compensación o el pago
de frutos o mejoras, y además, obligarlo a que lo haga valer solamente en la
demanda, so pena de que si no lo hace en ese acto procesal, ya no pueda hacerlo
en el proceso o probar de otra manera, es violentarle su derecho a la defensa y
cercenarle el acceso a la justicia”[1].
1.3.3.
Intervención de
Edgar Daniel Orozco Caicedo
El ciudadano Edgar Daniel Orozco Caicedo solicita que se declare
la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.3.1.Afirma que el artículo 206 de la ley 1564 de 2012 de
ninguna manera impone la obligación de acompañar como anexo de la demanda un
dictamen pericial, teniendo presente que la afirmación razonada que hace el
demandante sobre la cuantía de sus pretensiones se constituye en prueba de la
misma.
1.3.3.2.Señala que la norma demandada es fundamental dentro del
cambio de sistema procesal que pasó de ser escrito y oscuro a ser oral,
abierto, dinámico y donde las versiones de las partes tienen verdaderos efectos
jurídicos.
1.3.3.3.Señala que el Código General del Proceso exige a las partes
que sean ponderadas y auto responsables, que antes de formular la demanda o su
contestación hayan reflexionado sobre la cuantía de las  pretensiones
reclamadas, lo cual resulta beneficioso para ambas y para la administración de
justicia, pues en la etapa inicial del litigio se determina el valor de lo que
realmente pretende el demandante. En este sentido, manifiesta que este modelo
se opone al del Código de Procedimiento Civil, en el cual se dejaba en manos de
un perito la determinación de una eventual condena sorprendiéndose al demandado
quien solo tendría 3 días para ejercer la contradicción de la experticia.
1.3.3.4.Afirma que quienes mejor conocen la cuantía y extensión de
los perjuicios son quienes lo han padecido si lo que se busca es reparar el
daño, a lo que cabe agregar que la norma busca evitar litigios que pretenden
sumas fantasiosas, extorsivas o astronómicas.
1.3.3.5.Indica que la ausencia de recursos económicos de las partes
no puede ser un obstáculo para acceder a la justicia, ni la norma le cierra a
las partes la posibilidad de probar sus afirmaciones por las siguientes
razones: (i) el amparo de pobreza puede aplicarse antes de la presentación de
la demanda, (ii) se puede decretar un dictamen pericial de oficio y (iii) la
utilización de la carga dinámica de la prueba.
1.3.4.
Intervención
del Ministerio de Justicia y del Derecho
El apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho solicita que
se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes
razones:
1.3.4.1.Señala que en la sentencia C – 472 de 1995 se hace una
referencia histórica de la figura en nuestra legislación y se señalan
determinados aspectos que deben resaltarse en cuanto se consideró que el
juramento estimatorio es una prueba de eficacia relativa, por cuanto la cuantía
del perjuicio estimado puede ser objetada o desestimada cuando sea notoriamente
injusta o producto de una colusión.
1.3.4.2.Afirma que el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012
contribuye a solucionar muchas de las inquietudes de la reforma de la ley 1395
de 2010, pues define aspectos cruciales como el alcance de la congruencia y la
activación de las sanciones y se implementan nuevas reglas que permiten
eliminar obstáculos y dinamizar la utilización de este instrumento.
1.3.4.3.Manifiesta que la ley 1564 de 2012 establece que el
juramento debe discriminar cada uno de los conceptos que lo integran debiendo
diferenciarse el daño emergente del lucro cesante, el daño consolidado del daño
futuro, entre otros.
1.3.4.4.Aduce que la sanción impuesta por la norma acusada cuando
se desestimen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios
tiene por finalidad la necesidad de fortalecer la efectividad del juramento
estimatorio, garantizando la agilización de la justicia y desestimar la
presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias para garantizar un
acceso efectivo a la administración de justicia, el respeto al debido proceso y
la igualdad de derechos en materia procesal.
1.3.4.5.Concluye que la carga de demostrar el monto del perjuicio
pretendido, constituye una mínima exigencia para activar la administración de
justicia sin que ello implique el desgaste inoficioso de la misma, teniendo en
cuenta que se trata de una justicia rogada por lo cual, gran parte de las
actuaciones deben ser impulsadas por las partes.
1.3.5.
Intervención de
Santiago Baptiste Merizalde
El ciudadano Santiago Baptiste Merizalde solicita que la Corte se
declare inhibida para conocer sobre la norma demandada o subsidiariamente
declare la constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.5.1.Manifiesta que la demanda contiene interpretaciones personales
del peticionario que van más allá de la lectura del artículo, añadiendo
supuestos que la disposición no menciona, incurriendo en los fallos que la
Corte ha insistido que no debían ser parte de una demanda de
inconstitucionalidad.
1.3.5.2.Manifiesta que el artículo demandado no incluye en su texto
la necesidad de un experticio técnico para realizar el juramento estimatorio.
1.3.5.3.Afirma que en la demanda en la cual se pretenda el pago de
un monto, además del juramento estimatorio, el demandante tiene que aportar
pruebas que traten de certificar la obligación y el monto que busca que le
reconozcan, lo cual no necesariamente tiene que corresponder a un peritazgo,
sino que pueden ser documentos que contengan una información clara sobre los
montos que se deberán probar en el proceso.
1.3.5.4.Afirma que la norma no establece como obligatorio un
estudio técnico para realizar el juramento estimatorio, a lo cual cabe agregar
que el propio legislador fue consciente de que las partes no están en situación
de igualdad en las cuales el Juez deberá distribuir la carga probatoria entre
las partes.
1.3.6.
Intervención de
los ciudadanos Pablo Felipe Robledo y Ulises Canosa Suárez
Los ciudadanos Pablo Felipe Robledo del Castillo y Ulises Canosa
Suárez solicitan que se declare la constitucionalidad de la norma
demandada por las siguientes razones:
1.3.6.1.
Señalan que el
legislador cuenta con autonomía para modificar los procesos y actuaciones
judiciales, incorporando nuevos sistemas acogidos por las tendencias modernas
en el Derecho Procesal en todo el mundo. En este sentido, manifiestan que el
Código General del Proceso hace parte de este movimiento al reemplazar un
sistema esencialmente escrito por el oral o por audiencias.
1.3.6.2.
Manifiestan que en
el sistema del Código General del Proceso, dentro del cual es pieza esencial el
juramento estimatorio se privilegia la función social del proceso, reemplazando
la lucha entre las partes por una comunidad de trabajo entre el juez y las
partes, con requerimientos de precisión, de argumentación, de estimaciones
razonadas y discriminadas en cuanto indemnizaciones, compensaciones frutos o
mejoras, para asegurar la publicidad y contradicción en el proceso.
1.3.6.3.
Afirman que el
juramento estimatorio del artículo 206 del Código General del Proceso derriba
formalismos y rinde tributo a la buena fe y a la lealtad procesal, pues las
partes tienen el deber de actuar con lealtad en todos sus actos, tal como
señala el artículo 78 de la misma ley.
1.3.6.4.
Manifiestan que la
norma demandada se basa en la posibilidad de deducir indicios de la conducta
procesal de las partes en relación con el juramento probatorio sobre la cuantía
de la indemnización, compensación, frutos o mejoras reclamados.
1.3.6.5.
Afirman que el
juramento estimatorio existía en el Código de Procedimiento Civil de 1970 y ya
había sido declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C -
472 de 1995.
1.3.6.6.
Manifiestan que al
contrario de lo señalado por el demandante, lo que hace el juramento
estimatorio es facilitar en medida importante la presentación de la demanda,
porque su propio dicho será prueba de lo reclamado y porque el actor no
necesita de entrada un dictamen pericial, sino que la misma parte de manera
ponderada, fundamentada, razonada y discriminada, asesorada por su abogado
cuando corresponda para estimar el valor de lo que demanda por indemnización,
compensación, frutos o mejoras.
1.3.6.7.
Afirman que
quienes mejor conocen la cuantía y extensión de los perjuicios son quienes lo
han padecido si de lo que se trata es de reparar el daño, por lo cual no se
entiende por qué el daño reclamado sea la conclusión a la que llegue un perito
y no el que señale la parte.
1.3.6.8.
Señalan que el
juramento estimatorio valoriza la declaración de parte como medio de prueba
porque el Código General del Proceso confiere la calidad de medio de prueba
tanto a la confesión como a la declaración de parte, otorgándole al demandante
un margen de error del cincuenta (50) por ciento.
1.3.6.9.
Agregan que el
juramento le facilita al demandante su acceso a la justicia, porque sin
dictamen le permite demandar e incluso lo exonera de probar hasta tanto no se
presente objeción de la contraparte.
1.3.6.10.
Señalan que el
juez además tiene la posibilidad de verificar la cuantía, pudiendo
eventualmente, decretar pruebas de oficio cuando se advierta que la estimación
sea notoriamente injusta, ilegal o se sospeche fraude, colusión o cualquier
otra situación similar. Por lo anterior el artículo 206 del Código General del
Proceso, obliga a los jueces a realizar una rigurosa valoración de las pruebas,
sin permitir ni tolerar que las partes fijen desproporcionadamente la cuantía
del perjuicio indemnizable.
1.3.6.11.
Afirman que la
ausencia de recursos económicos de las partes no significa un obstáculo de
acceso a la justicia porque la insuficiencia de recursos no se traduce en
insuficiencia de racionalidad, o imposibilidad de estimación de lo que se pide,
a lo cual cabe agregar que se podría solicitar un amparo de pobreza, decretar
un dictamen pericial de oficio o aplicar la carga dinámica de la prueba, por lo
cual no existe vulneración alguna de los artículos 29 y 229 de la Constitución.
1.3.7.
Intervención
del ciudadano Edgardo Villamil Portilla
El doctor Edgardo Villamil Portilla solicita que se declare la
constitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:
1.3.7.1.Señala que la demanda de inconstitucionalidad no acusa el
texto legal sino una lectura particular y antojadiza, es decir, que el
demandante no cuestiona la ley sino lo que cree ver en ella.
1.3.7.2.Señala que el demandante cuestiona realmente el artículo 227
del Código General del Proceso, pues esta norma es la que exige que en un
primer momento o más adelante la parte aporte un dictamen pericial.
1.3.7.3.Manifiesta que la exigencia de que el demandante estime
bajo juramento el valor de los perjuicios tiene una connotación ética, pues
implica un compromiso con la verdad, es decir, el proceso deja de ser un
espacio de especulación abierto a las habilidades.
1.3.7.4.Afirma que la exigencia del juramento estimatorio al
demandante no le grava desmesuradamente y por el contrario cumple con una
función de reducción de la actividad probatoria, de carta de navegación del
proceso y de referencia para el operador de justicia.
1.3.7.5.Concluye que el juramento estimatorio es un valioso límite
a las pretensiones de las partes y permite que no sea un tercero como auxiliar
de la justicia sino la parte directamente quien valore los perjuicios que se le
han ocasionado.
1.3.8.
Intervención de
la Universidad del Sinú
La Jefe del Área de Derecho Privado de la Universidad del Sinú
pide que se declare la constitucionalidad de la norma demandada por las
siguientes razones:
1.3.8.1.Manifiesta que el hecho de que la norma establezca que el
juramento estimatorio debe hacerse en la demanda es apenas lógico, toda vez que
es uno de los fundamentos de la misma y no por ello se convierte en un
obstáculo a la administración de justicia.
1.3.8.2.Manifiesta que la estimación de la pretensión marca el
derrotero entre otras cosas para determinar la competencia del juez, fijar el
litigio y finalmente la decisión del juez en la sentencia.
1.3.8.3.Señala que los problemas económicos del demandante no se
presentan en la mayoría de los casos, pues en la mayoría de los eventos no es
necesaria la contratación de un experto para saber cuáles son los valores que
se pueden atribuir a perjuicios ocasionados y frutos o mejoras que se pretendan
en la demanda.
1.3.8.4.Agrega que el artículo 167 del Código General del Proceso
señala una regulación específica cuando encuentra una situación desventajosa de
una parte en relación con las otras, otorgándole a la parte correspondiente un
término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba.
1.3.8.5.Señala que en virtud de la actual función activa de los
jueces estos podrán decretar pruebas de oficio necesarias para tasar el valor
pretendido cuando se advierta que la estimación es notoriamente injusta, ilegal
o que pueda existir fraude o colusión.
1.3.8.6.Manifiesta que la norma no exige experticios, pues
solamente requiere una estimación razonada de los mismos, por lo cual no se
vulneran los derechos al debido proceso, a la defensa, ni al acceso a la
administración de justicia.
2.  CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador General de la Nación
presentó concepto en el cual solicita que la Corte se declare inhibida para
conocer de los cargos formulados contra el artículo 206 del Código General del
Proceso por las siguientes razones:
2.1.
Manifiesta que la
interpretación que hace el actor de la norma es equivocada, pues no es cierto
que se exija la práctica de una prueba anticipada de un dictamen pericial para
estimar de manera razonada la cuantía de una pretensión.
2.2.
Señala que el
legislador tiene un amplio margen de configuración para regular procedimientos,
términos, efectos y demás aspectos de las instituciones procesales.
2.3.
Afirma que el
perjuicio o daño que da lugar a una indemnización, compensación o el pago
futuro de frutos o mejoras, es objetivo y cuantificable, por lo cual al momento
de estimar su valor no se puede proceder de manera subjetiva caprichosa o
arbitraria sino que se debe actuar razonablemente como lo exige la ley.
2.4.
Indica que otorgar
los parámetros que se emplean para realizar una estimación de los perjuicios y
su justificación no es una exigencia desproporcionada o irrazonable que obligue
al interesado a realizar una experticia, tal como lo precisó la Corte en la sentencia
C - 472 de 1995, al estudiar la constitucionalidad del artículo 211 del Código
de Procedimiento Civil que regulaba el juramento estimatorio, al advertir que
se trata de un mecanismo destinado a concretar o valorar en una suma de dinero
la pretensión que se demanda.
2.5.
Por lo anterior
concluye que es erróneo asumir que toda estimación razonable de la pretensión o
de la objeción a la misma implica de manera necesaria la práctica de una
experticia o dictamen pericial, por lo cual el actor hace decir al texto legal
algo que no afirma.
3.  CONSIDERACIONES
3.1.
COMPETENCIA
La Corte Constitucional es competente, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la
Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad
presentada en contra del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.
3.2.
ANÁLISIS DE LA APTITUD DEL
CARGO FORMULADO POR EL DEMANDANTE Y CONFIGURACIÓN DE COSA JUZGADA FRENTE AL
PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO DEMANDADO
3.2.1.
El artículo 2° del Decreto
2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda
en los procesos de control de constitucionalidad[2].
Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de
inconstitucionalidad contra una disposición determinada debe indicar con
precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la
razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.
3.2.2.
Por otro lado, en la sentencia
C-1052 de 2001, la Corte señaló las características que debe reunir el concepto
de violación formulado por el demandante, estableciendo que las razones
presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes, posición acogida por esta Corporación en
jurisprudencia reiterada[3].
3.2.3.
En este caso, el actor indicó
con precisión el objeto demandado, el cual corresponde al artículo 206 de la
Ley 1564 de 2012; señaló las razones por las cuales la Corte Constitucional es
competente y; explicó el concepto de la violación al expresar que la exigencia
de la realización de juramento estimatorio como requisito para la admisión de
la demanda vulnera los derechos a la administración de justicia, al debido
proceso y a la defensa, pues establece la carga desproporcionada de realizar
una tasación anticipada de perjuicios que deberían poder tasarse durante el
proceso y no en una etapa previa en la cual se deberá contar con los medios
económicos especiales para su determinación.
3.2.4.
Así mismo, esta Corporación
considera que el cargo señalado por el actor cumple con los requisitos
indicados por la Corte Constitucional para configurar un cargo de
constitucionalidad por las siguientes razones:
(i)     Se presenta el requisito de certeza, pues las
afirmaciones del demandante son ciertas, teniendo en cuenta que en el Código
General del Proceso el juramento estimatorio además de ser un medio de prueba
se convierte en un requisito especial para la admisión de la demanda cuando las
pretensiones estén dirigidas a reclamar la indemnización de perjuicios, el pago
de frutos, mejoras o compensaciones.
(ii)   Se configura el requisito de claridad, pues la demanda
expone de manera comprensible y razonada sus argumentos.
(iii)  Se
presenta el requisito de pertinencia, pues los reproches realizados a la norma
son constitucionales, teniendo en cuenta que se señala que la disposición
acusada impone una carga procesal que vulnera los derechos al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la defensa.
(iv)  Finalmente
se configura el requisito de suficiencia, pues la demanda ha generado una duda
sobre la constitucionalidad de la norma acusada. En este sentido se resalta que
en reiteradas oportunidades esta Corporación ha considerado relevante analizar
la constitucionalidad de cargas procesales que podrían afectar el derecho a la
administración de justicia, tal como sucedió en las sentencias C-1104 de 2001,
C-123 de 2003, C-561 de 2004, C-662 de 2004, C-275 de 2006, C-227 de 2009, C-807
de 2009, C-203 de 2011, C-763 de 2009 y C-598 de 2011.
En
todo caso debe señalarse que después de la admisión de la demanda esta
Corporación analizó ampliamente la constitucionalidad del parágrafo del
artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, el cual fue declarado EXEQUIBLE en la
sentencia C-157 de 2013, bajo el entendido de que tal sanción –por falta de
demostración de los perjuicios que conduce a la negación de las pretensiones-
no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos
a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de su obrar diligente. Dado
entonces, que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art.
243 C.P.), procede ordenar que se esté a lo resuelto en la citada providencia
respecto de la decisión adoptada sobre el parágrafo de la norma demandada.
3.3.
PROBLEMA JURÍDICO
El
demandante considera que el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 vulnera los
derechos a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa,
pues establece la carga desproporcionada de realizar una tasación anticipada de
perjuicios que deberían poder estimarse durante el proceso y no en una etapa
previa, en la cual se deberá contar con los medios económicos especiales para
su determinación, pues de lo contrario se inadmitirá la demanda, negándose el
derecho a la administración de justicia.
Para resolver estos problemas jurídicos se estudiarán
los siguientes temas: (i) el derecho a la administración de justicia, (ii) la libertad
de configuración legislativa en materia procesal, (iii) el establecimiento de
cargas procesales por el legislador, (iv) el juramento estimatorio y (v) la
norma demandada.
3.4.
DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
3.4.1.
Concepto, naturaleza y
consagración del derecho a la administración de justicia
3.4.1.1.El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva[4] se ha
definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en
Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y
tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y
por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos
y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes” [5].
3.4.1.2.Conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el
derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja,
pues es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho[6] y un
derecho fundamental de aplicación inmediata[7],
que forma parte del núcleo esencial del debido proceso[8], pues el proceso es el
medio para la concreción del derecho a la jurisdicción[9].
3.4.1.3.El derecho a la administración de justicia está
directamente relacionado con la justicia como valor fundamental de la
Constitución[10]
y otorga a los individuos una
garantía real y efectiva que busca asegurar la realización material de éste,
previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de indefensión[11].
3.4.1.4.En este sentido, el derecho a acceder a la justicia
contribuye de manera decidida a la realización material de los fines esenciales
e inmediatos del Estado, tales como los de garantizar un orden político,
económico y social justo, promover la convivencia pacífica, velar por el
respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la protección de los
asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades
públicas[12].
3.4.1.5.En este marco, la administración de justicia se
convierte también en el medio a través del cual se asegura el acceso al
servicio público de la administración de justicia, pues sin su previo
reconocimiento, no podrían hacerse plenamente efectivas el conjunto de
garantías sustanciales e instrumentales que han sido estatuidas para gobernar y
desarrollar la actuación judicial[13].
3.4.1.6.El fundamento del derecho a la tutela judicial
efectiva se encuentra especialmente en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la
Constitución Política, así como también en los artículos 25 de la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos:
“Cabe puntualizar que el
fundamento del derecho a la protección judicial efectiva no sólo se encuentra
en los artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución Política. También aparece
consagrado en las normas de derecho internacional, concretamente, en los tratados
y declaraciones de derechos que han sido suscritas y ratificadas por Colombia.
Así, por ejemplo, el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos declara que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.
En igual medida, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos declara que: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y
con todas las garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u
obligaciones de carácter civil.”
3.4.2.
Alcance y efectos del
derecho a la administración de justicia
3.4.2.1.La garantía de acceder a la administración de
justicia, no está restringida a la facultad de acudir físicamente ante la Rama
Judicial, sino que es necesario comprenderla desde un punto de vista material,
entendida como la posibilidad que tiene toda persona de poner en marcha el
aparato judicial y de que la autoridad competente resuelva el asunto que le ha
sido planteado, respetando el debido proceso y de manera oportuna[14].
3.4.2.2.En este sentido, el derecho a la administración de
justicia no se entiende concluido con la simple solicitud o el planteamiento de
las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; sino
que debe ser efectivo[15],
por lo cual el mismo no cumple su finalidad con la sola consagración formal de
recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente
idóneos y eficaces, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al afirmar que: “(...) la inexistencia de un recurso
efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención
constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual
semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que
tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley
o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente
idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos
humanos y proveer lo necesario para remediarla”. [16]
3.4.2.3.En
este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al interpretar el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos
Civiles y Políticos para definir cuándo no existe recurso judicial efectivo:
“... no pueden considerarse
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o
incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten
ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la
independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los
medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure
un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo
injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto
lesionado el acceso al recurso judicial.”[17]
3.4.2.4.Por lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación
ha venido reconociendo que el derecho a la administración de justicia no es una
garantía abstracta, sino que tiene efectos y condiciones concretas en los
procesos:
(i)
El derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad
que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos
que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en
defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares.[18]
(ii)
El derecho a que subsistan en el
orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales –acciones
y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos”[19].
(iii)
Contar con la posibilidad de
obtener la prueba necesaria a la fundamentación de las peticiones que se eleven
ante el juez”[20]
(iv)
El derecho a que la promoción
de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a
las pretensiones que han sido planteadas[21]
(v)
El derecho a que existan
procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las
pretensiones y excepciones debatidas.[22]
(vi)
El derecho a que los procesos se
desarrollen en un término razonable sin dilaciones injustificadas y con
observancia de las garantías propias del debido proceso[23].
3.4.3.  Configuración
legal y límites del acceso a la administración de justicia
3.4.3.1.El acceso a la administración de justicia es un derecho
de configuración legal, sometido a las consideraciones del legislador en torno
a su regulación y ejecución material[24].
Si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de
aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de
su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y
la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos
al legislador[25].
3.4.3.2.En este sentido, en virtud de la cláusula general de
competencia consagrada en el numeral 2° del artículo 150 Superior, la
regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas,
características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del
legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y
a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen
de configuración tan sólo limitado “por la razonabilidad y proporcionalidad
de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las
garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los
derechos sustanciales”[26].
3.4.3.3.En virtud de la potestad de configuración con la que
cuenta el legislador, este  puede regular y definir[27] entre los múltiples
aspectos de su resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos
procesales[28]:
(i)
El establecimiento de los recursos
y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que
profieren las autoridades, esto es, los recursos de reposición, apelación, u
otros, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos.[29]
(ii)
Las etapas procesales y los
términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos.
(iii)
La radicación de competencias
en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se
haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta[30].
(iv)
Los medios de prueba[31].
(v)
Los deberes, obligaciones y
cargas procesales de las partes, del  juez y aún de los terceros
intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, o para
proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños o perjuicios en
unos u otros procesos.[32]
3.4.3.4.En
este sentido, en desarrollo de su potestad legislativa, el Congreso de la
República puede establecer límites al ejercicio del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia:
“(...) (E)l derecho de acceso
a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo
esencial si, como lo anotó la Corte, “este pudiera concebirse como una
posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna
especie”[33].
Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato
encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de
ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas
de obtener pronta y cumplida justicia.
(...) (E)n virtud de la
cláusula general de competencia (Art. 150-2), el legislador está ampliamente
facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los
términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean
razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial”.[34]
3.4.3.5.Sin
embargo, esta potestad no es absoluta, pues se encuentra limitada por las
garantías constitucionales y debe ejercerse de acuerdo con la naturaleza de la
acción o recurso respectivo[35],
y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el
ejercicio pleno de los derechos de acceso a la administración de justicia y
debido proceso:
“El legislador dispone de un amplio margen de
discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar
el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en
el derecho sustancial[36].
Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).
Estos límites están representados por la prevalencia y
el respeto de los valores y fundamentos de la organización político
institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia
del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art.
1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona,
entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la
administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la
buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)”[37].
3.4.3.6.
Por lo anterior, la
legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido
proceso están dados por su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para
el cual fueron concebidas.[38]
3.5.
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN
LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL
3.5.1.
La Corte Constitucional[39] ha señalado
que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la
República “[e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y
reformar sus disposiciones”. Con base en esta competencia y en la
importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por
mandato constitucional, “de amplia libertad para definir el procedimiento en
los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”[40].
3.5.2.
En este sentido, al legislador
le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia
de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de
cada juicio[41],
a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas,
características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento
judicial”[42].
3.5.3.
En virtud de esta facultad, el
legislador era autónomo para decidir la estructura de los procedimientos
judiciales, no obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquel está
obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política.[43] De esta
manera, aunque la libertad de configuración normativa del legislador es amplia,
tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines
del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las
demás normas constitucionales.[44]
3.5.4.
En este sentido, la
discrecionalidad para la determinación de una vía, forma o actuación procesal o
administrativa no es absoluta; es decir, debe ejercitarse dentro del respeto a
valores fundantes de nuestra organización política y jurídica, tales como, la
justicia, la igualdad y un orden justo (Preámbulo) y de derechos fundamentales
de las personas como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229). Igualmente, debe hacer vigente el
principio de la  primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art.
228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de
realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial[45]
en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se
tornaría arbitraria[46].
3.5.5.
Por lo anterior, el legislador
debe asegurar la protección ponderada de
todos los bienes jurídicos implicados que se ordenan[47], cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el
cual fueron concebidas[48], con el objeto
de asegurar precisamente la  primacía del derecho sustancial (art. 228 C.P.),
así como el ejercicio más completo posible del derecho de acceso a la
administración de justicia (art. 229 C.P.), el debido proceso (art. 29 C.P)[49], el cumplimiento del postulado de la buena fe de las
actuaciones de los particulares (CP art. 83)[50]
y el principio de imparcialidad[51].
3.5.6.
Por lo anterior, la Corte ha
señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su
proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del
engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y,
por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.[52] Así las
cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la
omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para
alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el
evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que
se pretende obtener con su utilización”.[53]
3.5.7.
Para los efectos de garantizar
el respeto a tales límites amplios de la potestad legislativa, la
jurisprudencia ha decantado una serie de criterios recogidos inicialmente en la
sentencia C-227 de 2009: “i) que atienda los principios y fines del Estado
tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia
de los derechos fundamentales de los ciudadanos[54] que en
el caso procesal (…) puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)[55];
iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en
la definición de las formas[56]
y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la
primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)[57]”[58].
3.6.
EL ESTABLECIMIENTO DE
CARGAS PROCESALES POR EL LEGISLADOR
3.6.1.1.Esta Corporación ha señalado en diversas
oportunidades que conforme a lo dispuesto en los artículos 29, 150 y 228 de la
Carta Política, el legislador se encuentra investido de amplias facultades para
configurar los procedimientos judiciales, siempre y cuando al hacerlo respete
los principios y valores constitucionales y obre conforme a los principios de
razonabilidad y proporcionalidad [59].
3.6.1.2.En virtud de estas facultades de
configuración el legislador tiene competencia para establecer dentro de los
distintos trámites judiciales imperativos jurídicos de conducta consistentes en
deberes, obligaciones y cargas procesales a las partes, al juez y a terceros
intervinientes, para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal,
proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones
que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o a algunos de ellos[60].
3.6.1.3.El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la norma superior como puede ser el caso del debido proceso y
del acceso a la administración justicia, implica así mismo el ejercicio de
responsabilidades que se pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial.[61] Es válido
entonces que en los diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a
terceros e incluso al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o
cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de
justicia[62],
que si están sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados,
resultan plenamente legítimas[63].
3.6.1.4.En ese orden de ideas observa la Corte  que
el derecho constitucional  de acceso a la administración de justicia  debe
acompañarse con  deberes obligaciones y cargas procesales  que el legislador en
desarrollo  de mandatos como los contenidos en el artículo 95-7 constitucional
puede imponer a quienes acuden a la organización  judicial del Estado; deberes,
obligaciones y cargas que se orientan a garantizar los principios propios de la
administración de justicia (art. 228 C.P.)[64].
3.6.1.5.La jurisprudencia de esta Corporación ha
distinguido en este sentido de manera clara los deberes, las obligaciones y las
cargas procesales:
“Son deberes procesales aquellos imperativos
establecidos por la ley en orden a la adecuada realización del proceso y que
miran, unas veces al Juez (Art. 37 C. de P. C.), otras a las partes y aun a los
terceros (Art. 71 ib.), y su incumplimiento se sanciona en forma diferente
según quien sea la persona llamada a su observancia y la clase de deber omitido
(arts. 39, 72 y 73 ibídem y Decreto 250 de 1970 y 196 de 1971). Se caracterizan
porque emanan, precisamente, de las normas procesales, que son de derecho
público, y, por lo tanto, de imperativo cumplimiento en términos del artículo
6° del Código.
Las obligaciones procesales son, en cambio, aquellas
prestaciones de contenido patrimonial impuestas a las partes con ocasión del
proceso, como las surgidas de la condena en costas que, según lo explica
Couture, obedecen al concepto de responsabilidad procesal derivada del abuso
del derecho de acción o del derecho de defensa. “El daño que se cause con ese
abuso, dice, genera una obligación de reparación, que se hace efectiva mediante
la condenación en costas”. (“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, número
130).
Finalmente, las cargas procesales son aquellas
situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de
realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y
cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables, como la
preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la
pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso.
Como se ve, las cargas procesales se caracterizan
porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de
cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo
coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las
obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables.
Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho  para no recibir una sentencia
adversa.”(Subraya la Sala).”
En
ese orden de ideas observa la Corte que el derecho constitucional  de acceso a
la administración de justicia debe acompañarse con  deberes, obligaciones y
cargas procesales que el legislador en desarrollo de mandatos como los
contenidos en el artículo 95-7 constitucional puede imponer a quienes acuden a
la organización  judicial del Estado; deberes,  obligaciones y cargas que se
orientan  a garantizar los principios propios de la administración de justicia
(art. 228 C.P.)”[65].
3.6.1.6.No
obstante, por el solo hecho de ser pertinente para un proceso no toda carga
puede considerarse a priori ajustada a la Constitución, pues las consecuencias
derivadas de una carga impuesta por el legislador, no deben ser
desproporcionadas o irrazonables[66].
En este sentido, la Corte ha analizado múltiples cargas procesales para
determinar si las mismas se ajustan a la Constitución:
(i)
La
Sentencia C-123 de 2003 declaró exequible el artículo 148 del Código Contencioso Administrativo, que
imponía al demandante la carga de impulsar el proceso, por lo cual si por un
motivo diferente al decreto de suspensión del proceso éste permaneciera seis
meses en la secretaría durante la primera o única instancia se decretará la
perención del proceso[67].
En esta sentencia, la Corte Constitucional consideró que “el legislador, según lo expresado, es
competente no solo para establecer la carga procesal de impulsar el proceso por
parte del demandante sino lo es también para deducir las consecuencias
jurídicas de la no impulsión (la perención) en que aquel incurra y por ende
bien puede así mismo determinar las condiciones de operación de los efectos.”
(ii)
La
Sentencia C-227 de 2009 declaró exequible el numeral 3° del artículo 91 del
Código de Procedimiento Civil“en el
entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la
caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”. Esta norma señalaba que la prescripción
no se interrumpe y opera la caducidad “cuando la
nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda”[68].
La Corte consideró que “la norma permite un
sentido que resulta acorde con la Constitución, en cuanto impone unas cargas
legítimas y las correlativas consecuencias gravosas, a los sujetos procesales
que se sustraen a su cumplimiento; pero también ofrece un entendimiento que
resulta contrario a la Constitución,  en cuanto permite inferir que la
misma consecuencia gravosa prevista en la norma para el demandante
descuidado, es imponible al aquel que cumple con las cargas que el orden
jurídico le exige”. Por lo anterior, se decidió declarar la exequibilidad
condicionada de la norma.
La Corte reconoció que esta norma le
imponía al demandante las cargas de presentar la demanda dentro del término
exigido en la ley, cumplir con los requisitos  para que la presentación de
la demanda despliegue su función y no errar en la selección de la jurisdicción
y del juez con competencia funcional   en la formulación de su
reclamo, sancionando el incumplimiento de las mismas con la imposibilidad de
que la nulidad decretada interrumpa la caducidad, cuyo cumplimiento debe ser
tenido en cuenta para determinar la interrupción de la prescripción y la caducidad
pues de lo contrario se impondría también al
demandante diligente que ha ejercido su acción jurisdiccional en tiempo, que no
ha dado lugar a la declaratoria de la nulidad, y que sin embargo debe soportar
un menoscabo desproporcionado de sus derechos”.
(iii)
La Sentencia C-809 de 2009, declaró exequible la
expresión ‘en los demás casos, al rechazar la demanda se ordenará devolver
los anexos, sin necesidad de desglose’
del penúltimo inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil (numeral
37, parcial, del artículo 1° del Decreto No. 2282 de 1989)[69],
bajo el entendido de que ‘en los casos de rechazo de la demanda por falta de
jurisdicción, ésta se enviará al juez competente y con jurisdicción, de forma
análoga a como ocurre en los casos de rechazo por falta de competencia.’
Sobre este
caso, la Corte Constitucional indicó que la medida de devolver los anexos, sin
necesidad de desglose impuesta frente al rechazo de plano por falta de
jurisdicción –y, por tanto, la no interrupción de la prescripción y que no
opere la caducidad–, constituyó una carga procesal capaz de comprometer el goce
efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona, siendo irrazonable y desproporcionada,
por cuanto: “(i) no es adecuada ni necesaria,  (ii) muchos factores
propios del cumplimiento del trámite procesal no dependen exclusivamente de la
persona a la que las consecuencias negativas sí le son plenamente aplicables
y  (iii) tal consecuencia desprotege en alto grado los derechos del
demandante en pro de proteger levemente los derechos del demandado”.
(iv)
La Sentencia C-598 de 2011 analizó los parágrafos 2 y
3 del artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, que establecían que en los asuntos
contenciosos administrativos, antes de convocar la audiencia, el procurador
judicial verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o
en el reglamento y que en los asuntos civiles y de familia, con la solicitud de
conciliación el interesado deberá acompañar copia informal de las pruebas
documentales o anticipadas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en
el eventual proceso. En esta sentencia la Corte declaró la constitucionalidad
de ambas normas salvo de la expresión “De fracasar la
conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que
las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en
su poder” que se declaró inexequible.
En esta sentencia, la Corte
señaló que “En el caso en análisis, encuentra la Sala que la inadmisión de
la solicitud de conciliación es un mecanismo idóneo para lograr que este
dispositivo alternativo de solución de conflictos pueda cumplir la función y el
objetivo que se propuso el legislador desde el momento en que la instauró como
un requisito de procedibilidad de la acción, pues se busca que las personas
cada vez más accedan a estos instrumentos no para cumplir un mero formalismo
sino para hacer uso de una herramienta que les permita resolver directamente
sus diferencias y evitar así acudir a la justicia formal, teniendo en cuenta la
relación entre costos y beneficios de una y otra forma de resolución de
conflictos.”
Por otro lado, estimó
contrario al derecho al debido  proceso a la defensa, y a la naturaleza
misma de la conciliación,  la sanción que consagra el parágrafo 2 del
artículo 52 de la Ley 1395 de 2010, cuando prescribe que “De fracasar la
conciliación, en el proceso que se promueva no serán admitidas las pruebas que
las partes hayan omitido aportar en el trámite de la conciliación, estando en
su poder.”, porque impone una carga desproporcionada a las partes,
pues si la idea de este mecanismo de resolución alterna de conflictos  es
que éstas libremente y voluntariamente se acerquen para acordar sus
diferencias, sin necesidad de estar asistidos por abogado y sin tener que
agotar los trámites de un proceso normal, la carga impuesta en el precepto
acusado resulta limitando la posibilidad de llegar a un escenario libre de
apremios para lograr la negociación de las diferencias.”
(v)
La sentencia C-1104 de 2001, declaró exequible la expresión “aunque no hayan sido notificados
del auto admisorio todos los demandados o citados”, del artículo 19 de la Ley 446 de
1998 que imponía la carga de dar impulso a las dos partes (demandante y
demandado) al establecer que la perención también se aplicará cuando la
actuación pendiente esté a cargo de ambas partes [70].
Al respecto, señaló la Corte que “la
perención no le está otorgando ningún privilegio o ventaja procesal a los
demandados notificados en relación con aquellos que todavía no lo han sido. En
efecto,  en los términos del artículo 346 del Código de Procedimiento
Civil, dicho fenómeno lo que acarrea es la finalización del proceso impidiendo
que el demandante lo inicie de nuevo durante los dos años siguientes corriendo
el riesgo de la eventual pérdida de su derecho pretendido, si hay lugar a
decretar la perención por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de
la misma pretensión”.
(vi)     La sentencia 662 de 2004 declaró inexequible el numeral 2 del artículo 91 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la ley 794 de 2003, sobre
la excepción de falta de jurisdicción prevista en el numeral 1º del artículo 97
del Código de Procedimiento Civil. Dicha norma imponía una carga
procesal al demandado al establecer que la prescripción no se interrumpe y que
opera la caducidad si el demandante desiste de la demanda, entre otros
supuestos [71].
En esta sentencia, la Corte
señaló que “la carga procesal impuesta por la norma acusada, es
desproporcionada para el demandante, principalmente porque muchos factores
propios del trámite procesal, no dependen exclusivamente de él  y todas
sus consecuencias negativas sí le son plenamente aplicables.”
(vii)
La sentencia C-203 de 2011 declaró
inexequible la expresión “no reúne los requisitos, o” contemplada en el
artículo 49, inciso 3º de la ley 1395 de 2010, que imponía al recurrente la
carga de sustentar el recurso de casación y sancionaba su inejecución con una
multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales[72].
En dicha sentencia, la Corte consideró que esta
consecuencia sancionatoria de imponer multa entre cinco y diez salarios
mínimos, es inconsistente con la naturaleza jurídica de la figura allí
reconocida, y que lo que aparece allí no es otra cosa que la imposición de una
medida correccional que resulta inadmisible, porque no puede ser sancionable el
sólo hecho de haber ejercido un recurso de manera oportuna pero
insatisfactoria, por lo cual concluyó que “el
sancionar al apoderado de parte que ha presentado el recurso de casación
laboral en tiempo, sólo que sin el lleno de los requisitos, se plantea como una
medida arbitraria o irrazonable”.
(viii)
La sentencia C-257 de 2006 declaró
exequible la expresión “A la
demanda deberá acompañarse un certificado del registrador de instrumentos
públicos en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos
reales sujetos a registro, o que no aparece ninguna como tal”, contenida en
el numeral 5° del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, modificado
por el Decreto 2282 de 1989, en el entendido que el Registrador de Instrumentos
Públicos siempre deberá responder a la petición de dicho certificado, de
acuerdo con los datos que posea, dentro del término establecido por el Código
Contencioso Administrativo[73]. En dicho artículo se le imponía
al demandante la carga de acompañar a la demanda el certificado del registrador
de instrumentos públicos en el que señalen los titulares de derechos reales
sujetos a registro o si no aparece una persona.
Frente a este caso, la Corte Constitucional señaló que “es
innegable que  el requisito señalado  tiene una finalidad
constitucionalmente legítima  -a saber, asegurar la  primacía de los principios de
seguridad jurídica y de eficiencia, economía y celeridad procesales, dando
claridad frente a la situación de titularidad de derechos reales principales
sujetos a registro sobre el bien que se pretende obtener mediante la
prescripción adquisitiva-, por lo que la indagación que corresponde a la Corte
en este punto se reduce  a determinar concretamente si  dicha
exigencia puede en determinadas circunstancias  tener un alcance que
viole el referido  derecho de acceso a la justicia como lo afirma el
actor.”
(ix)
La sentencia C-763 de
2009 declaró exequible la expresión “Si la notificación de la decisión se
hace en estrados, los recursos deberán interponerse y sustentarse en el curso
de la respectiva audiencia o diligencia”, contemplada en el artículo 111 de
la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único) y de las expresiones “en la
misma diligencia” y “el cual deberá interponerse y sustentarse una vez
se produzca la notificación por estrado”, contenidas en el artículo 180 de
la misma.
En esta sentencia, la Corte
Constitucional indicó que “…la carga procesal de la
interposición de recursos en audiencia no sólo no es excesiva ni
desproporcionada sino necesaria en el trámite de los procesos verbales. Así,
por ejemplo, en otros ordenamientos, como el civil también se ha regulado de la
misma manera el proceso verbal. Véase, por ejemplo, cuando el artículo 434 del
Código de Procedimiento Civil establece que en los procesos verbales, que se
tramitan ante la jurisdicción civil, la apelación de providencias “deberá
interponerse tan pronto como se profieran”, así mismo el artículo 432 consagra
que el juez puede proferir sentencia en la audiencia estén o no presentes las
partes.”
(x)
La sentencia C-561 de 2004 declaró
exequible la expresión “el auto que la decida sólo será susceptible de
reposición”, contemplada en el artículo 34 del Código de Procedimiento
Civil, aplicable a la decisión sobre la nulidad de las peticiones de los
comisionados en un despacho comisorio. Así mismo declaró la exequibilidad del
último inciso de la norma, en el entendido de que la carga procesal que allí se
impone no hubiere sido objetivamente imposible de cumplir por razones ajenas a
la voluntad del solicitante:
“En ese sentido, la disposición acusada del último inciso de la norma
demandada, para ser respetuosa de la Constitución, debe ser interpretada y
aplicada en forma razonable, de tal manera que quien no puede cumplir con la
carga procesal en ella impuesta por circunstancias objetivas y justificadas,
ajenas a su voluntad, que le hacen imposible estar presente al inicio de la
diligencia, pueda alegar dicha circunstancia ante el juez comisionado o ante el
de conocimiento, en un momento posterior al de la iniciación de la diligencia,
de forma tal que dicho juez pueda evaluar si es o no aceptable la invocación de
la nulidad de lo actuado por falta de competencia territorial en un momento
diferente al indicado en el inciso final acusado, concretamente, dentro de los
cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordena agregar el
despacho diligenciado al expediente. La disposición acusada será declarada
constitucional con este condicionamiento específico, que mantiene la finalidad
de la norma y conserva la carga procesal que en situaciones generales y
ordinarias es razonable, pero permite que el juez valore si en una
circunstancia extrema, causas objetivas, justificadas y ajenas a la voluntad de
la parte interesada, hicieron imposible que dicha parte estuviera presente al
iniciarse la diligencia”
3.7.
EL JURAMENTO ESTIMATORIO
3.7.1.
Evolución del juramento
estimatorio en la legislación Colombiana.
3.7.2.
La legislación procesal civil
en Colombia consagra el juramento como uno de los medios de prueba que buscan definir obligaciones o establecer hechos
controvertidos[74].
En nuestra legislación se distinguen dos (2) tipos de juramento: el estimatorio que “ocurre cuando una parte o la
ley defiere a la declaración juramentada de la otra, la decisión sobre la
existencia o las modalidades de uno o varios hechos discutidos en el proceso”
y el decisorio que “se presenta cuando la ley acepta como prueba el
juramento de la parte beneficiada por tal acto, para fijar el monto o valor de
una prestación exigida al adversario u otra circunstancia que debe ser objeto
del proceso, mientras esta no pruebe lo contrario”[75].
3.7.3.
La Corte Constitucional ha
reconocido esta diferenciación: “En el del juramento estimatorio (art. 211
C.P.C.), la ley defiere al acreedor la facultad de "estimar en dinero el
derecho demandado" y, en el otro, en el del juramento deferido por la ley
o supletorio (art. 212 C.P.C.), se faculta al juez "para pedir el
juramento a una de las partes", a fin de suplir una prueba que por
renuencia de la parte contraria no pudo ser practicada”.
3.7.4.  El juramento ya se contemplada en la &&Ley 105 de 1931 (Código Judicial), el
cual consagraba una serie de disposiciones dentro del capítulo de declaración
de parte que constituyen un antecedente de la regulación del juramento. En este
sentido, el artículo 625 del Código Judicial señalaba que: “La declaración
jurada de una parte, cuando la ley autoriza a ésta para estimar, en dinero, el
derecho demandado proveniente de perjuicios u otra causa, hace fe mientras esa
estimación no se regule en articulación suscitada a pedimento de la otra parte
en cualquier estado del juicio, antes de fallar”. Por su parte, en el
inciso segundo del artículo 625 se contempla una disposición muy interesante
que resulta el antecedente de la imposición de sanciones por una estimación
desproporcionada según la cual “si la cantidad estimada por el interesado
excede en más del doble de la en que se regule, se le condena en las costas del
incidente y a pagar a la otra parte el diez por ciento de la diferencia”.
3.7.5.  El Código de Procedimiento Civil consagraba el
juramento estimatorio señalando que el juramento de una parte dirigido a
estimar en dinero el derecho demandado tendrá el valor de prueba mientras no
sea objetado, permitiendo además que el juez ordene la regulación cuando
considere que es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. Así mismo
imponía una multa cuando la cantidad estimada superara el doble de la que
resultare de la regulación:
“El juramento de una parte cuando la ley
la autoriza para estimar en dinero el derecho demandado, hará prueba de dicho
valor mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro de los
cinco días siguientes a la notificación del auto que lo admita o en el especial
que la ley señale; el juez de oficio podrá ordenar la regulación cuando
considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o
colusión.
Si la cantidad estimada excediere del
doble de la que resulte en la regulación se condenará a quien la hizo pagar a
la otra parte, a título de multa, una suma equivalente al diez por ciento de la
diferencia”[76].
3.7.6.
La Ley 1395 de 2010 modificó
el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, exigiendo el juramento
estimatorio cuando se pretenda el reconocimiento de una indemnización,
compensación o el pago de frutos o mejoras. Adicionalmente, en armonía con la
legislación anterior, se le da valor probatorio cuando no sea objetado,
permitiendo además que el juez ordene la regulación cuando considere que es
notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión. Finalmente se redujo el
margen para la aplicación de una sanción por exceso en la estimación del
cincuenta al treinta por ciento:
“Juramento
estimatorio. Quien pretenda el
reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición
correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no
sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de
oficio, podrá ordenar la regulación cuando considere que la estimación es
notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión.
Si la cantidad estimada excediere del treinta por
ciento (30%) de la que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a
pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la
diferencia”.
3.7.7.
El juramento estimatorio en
el proyecto de Código General del Proceso
3.7.7.1.En el anteproyecto del Código General del Proceso
elaborado por el Instituto de Derecho Procesal menciona las modificaciones
realizadas al juramento estimatorio y señala que éstas obligan a  obrar
sensatamente en la determinación del monto de la reclamación y de la
inexactitud:“Se le da entidad al juramento estimatorio, que obliga a quien
demanda solicitando el reconocimiento de mejoras, frutos, etc., a que obre con
sensatez en el monto de la reclamación que hace y a la persona contra la cual
se hace valer el juramento, a que especifique razonadamente la inexactitud que
le atribuya a la estimación”[77].
3.7.7.2.La exposición de motivos del Código General del
Proceso señala dentro de las principales modificaciones realizadas al
procedimiento civil la regulación del juramento estimatorio para la valoración
de las pretensiones con consecuencias concretas:
“El Código General del Proceso es
innovador. Trae nuevas instituciones y procedimientos verdaderamente novedosos
en Colombia. Hay muchos ejemplos: proceso monitorio para facilitar el acceso a
la justicia a quienes no tienen un título ejecutivo, notificaciones y
emplazamientos más ágiles y con menos  trámites, carga dinámica de la prueba,
pruebas de oficio, medidas cautelares innominadas, amplias y  según las
necesidades del proceso, expediente electrónico, prueba pericial sustentada en
audiencia por el perito, juramento estimatorio para valorar las pretensiones y
con las consecuencias procesales que ello acarrea, inspección judicial, pruebas
anticipadas, ejecución provisional de sentencias de primera instancia (efecto
devolutivo en la apelación de los fallos judiciales), entre otras instituciones
que sufren un giro significativo en esta nueva concepción del  procedimiento
civil en Colombia, muy a tono con las tendencias a nivel internacional”.
3.7.7.3.La ponencia para primer debate del proyecto de ley
número 196 de 2011 Cámara destaca que el Código General del Proceso fortalece
la figura del juramento estimatorio[78]
y establece una primera redacción del artículo demandado en la cual se
consideraba como prueba, y se establecía el procedimiento para su objeción, se
permitía al juez ordenar de oficio la regulación cuando considerara que existe
fraude o colusión y se imponía una sanción del diez por ciento de la regulación
en caso de que la suma estimada excediere en el treinta por ciento la que
resulte en la regulación:
“Artículo 206. Juramento estimatorio.
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago
de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la
demanda o petición correspondiente. Dicho juramento hará prueba de su monto
mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado
respectivo. Sólo se considerará la objeción que especifique  razonadamente la
inexactitud que se le atribuya a la estimación.
Formulada la objeción el juez concederá
el término de cinco días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o
solicite las pruebas pertinentes.
El juez, de oficio, podrá ordenar la
regulación  cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o
sospeche fraude o colusión.
Si la cantidad estimada excediere en el
treinta por ciento la que resulte en la regulación, se condenará a quien la
hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento de la
diferencia”.
Como puede apreciarse esta redacción es
muy similar a la consagrada en el artículo 10 de la ley 1395 de 2010 con
algunas modificaciones y adiciones como el establecimiento de un plazo y un
procedimiento para la realización de objeciones al juramento estimatorio.
3.7.7.4.La ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley Número
196 de 2011 Cámara volvió a destacar el fortalecimiento del juramento
estimatorio[79]
e introdujo varias modificaciones al artículo 206, tales como la obligación de
discriminar los conceptos de la estimación, la adición de un inciso con el
objeto de evitar posibles maniobras que conllevan a evadir o eludir el pago de
dicho arancel con base en el cálculo real de las pretensiones y de un inciso
final que establece una excepción cuando el demandante haga el juramento
estimatorio de daños inmateriales con fundamento en la jurisprudencia vigente
al momento de presentar la demanda, modificaciones que son explicadas
detalladamente en la ponencia:
“Artículo 206. Juramento estimatorio. Se Introducen  varias modificaciones importantes en
la norma. En primer lugar, se indica en el inciso primero que el juramento
estimatorio deberá hacerse discriminando cada uno de los conceptos que
comprenda.
En segundo término, dada la estrecha
relación de esta disposición con la obligación de pagar el arancel judicial,
ese adiciona un inciso (inciso quinto) que tiene como objetivo evitar posibles
maniobras que conllevan a evadir o eludir el pago de dicho arancel con base en
el cálculo real de las pretensiones.
En este sentido, se establece que la
suma indicada en el juramento estimatorio será la máxima pretendida, sin que le
sea posible al juez, en ningún caso, decretar una mayor en la sentencia.
Finalmente se introduce un inciso final
que establece una excepción a las reglas previstas en el artículo en mención,
cuando el demandante haga el juramento estimatorio de daños inmateriales con
fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda. Con
esta medida, se evita atribuirle al demandante sanciones o consecuencias
adversas a sus pretensiones derivadas del cambio o evolución de la
jurisprudencia.
Todas estas modificaciones se
encuentran en consonancia con las modificaciones que se pretenden establecer al
juramento estimatorio regulado hoy en el artículo 211 del Código de
Procedimiento Civil, a través del Proyecto de ley número 019 de 2011 Cámara, por
la cual se regula un Arancel Judicial y se dictan otras disposiciones”.
Estas modificaciones fueron aprobadas posteriormente
en la plenaria de la Cámara de representantes, la cual estableció una redacción
del artículo 206 del Proyecto muy similar a la que finalmente se consagraría en
el Código General del Proceso[80].
3.7.7.5.La ponencia para primer debate en el Senado de la República
explica de manera detallada los objetivos y la regulación del juramento
estimatorio en el Código General del Proceso, destacando que permite agilizar
la justicia y disuade la interposición de demandas “temerarias” y “fabulosas”:
“La Ley 1395 introdujo nuevamente el
juramento estimatorio. Esta institución permite agilizar la justicia y disuade
la interposición de demandas “temerarias” y “fabulosas”. El Código General del
Proceso establece varias novedades respecto del juramento estimatorio y pretende
resolver algunas controversias que se han presentado en torno a su aplicación:
a) En el Código General del Proceso se
adiciona la regla según la cual el juramento se entenderá como el máximo de lo
pretendido y por lo tanto el juez no podrá reconocer suma superior a la
indicada al juramento.
No obstante lo anterior, esta
limitación no operará cuando los perjuicios que se causen con posterioridad a
la presentación de la demanda o cuando el demandado objete la estimación de
perjuicios, toda vez que en estos casos el juez podrá fallar con base en lo
probado en el proceso. Esto le imprime igualdad a las partes, puesto que en
caso de objetar la estimación, el demandado también correrá con el riesgo de
que resulte probado en el proceso una suma superior a la estimada en la
demanda.
b) Asimismo el Código General del
Proceso establece una nueva oportunidad procesal para objetar el juramento:
puede ser objetado por la parte contraria y si así fuere, se le concede un
plazo de 5 días a la parte que hizo la estimación para que aporte o solicite
pruebas.
c) También habrá lugar a la condena en
los eventos en que se dé el desistimiento de las pretensiones por no
demostración. En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
d) Finalmente, se establece que en los
procesos en los cuales sea obligatorio realizar el juramento estimatorio[81],
este deberá ser incluido en la demanda so pena de su inadmisión. De la misma
forma, cuando el juramento debe ser incluido en la contestación de la demanda,
la falta del mismo impedirá que está considerada”[82].
En esta ponencia se precisó la redacción
de la norma y se realizaron algunos cambios como la ampliación del margen de
error requerido para aplicar la sanción por una estimación incorrecta del 30 al
50 por ciento, se aclaró que la limitación impuesta al juez en el sentido de no
poder reconocer en la sentencia una suma superior a la pretendida en la demanda
no aplica para los perjuicios que se causen con posterioridad a su
presentación, se sustituyó la expresión “daños inmateriales” por “daños
extrapatrimoniales” y se agregó la sanción contemplada en el parágrafo
final aplicable cuando las pretensiones fueran desestimadas:
“Artículo 206. Juramento estimatorio. En primer lugar, en el inciso 3° se precisa la
redacción sin modificar el sentido de la norma, salvo para una causal genérica
de sospecha.
En segundo lugar, teniendo en cuenta
las consecuencias negativas que pueden derivarse de la estimación deficiente de
las pretensiones prevista en la  norma, se optó por ampliar el margen de error
requerido para la aplicación de la sanción prevista en el inciso 4°. En este
orden de ideas, en lugar de 30%, la diferencia que deberá existir entre las
pretensiones y lo otorgado en la demanda deberá ser del 50%.
De otro lado, en el inciso quinto se
aclaró que la limitación impuesta al juez en el sentido de no poder reconocer
en la sentencia una suma superior a la pretendida en la demanda no aplica para
los perjuicios que se causen con posterioridad a su presentación.
La redacción del inciso 6º se
simplificó sustancialmente y varió en dos sentidos. Primero, se sustituyó la
expresión “daños inmateriales” por “daños extrapatrimoniales” en la medida en
que esta última es una categoría más comprensiva y ajustada con la tipología de
daños que maneja actualmente la jurisprudencia nacional. Segundo, se eliminó la
regla según la cual el juez debía calcular los daños bajo los estándares
jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda por
considerarse inconveniente.
Finalmente, se agregó un parágrafo que
tiene por objeto que la norma también sea aplicada a los casos en los cuales
las pretensiones sean desestimadas.
En este evento la sanción equivaldrá al
cinco (5) por ciento del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones
fueron desestimadas. Es decir, la sanción aplicará también para casos en los
que el juramento en sí mismo no es fabuloso sino que son las pretensiones
mismas las que son fabulosas. Por ejemplo, en un caso de responsabilidad
contractual si el juez decide que nunca hubo contrato. De esta manera, se va
más lejos en el objetivo de desestimular la presentación de pretensiones
sobrestimadas o temerarias”.
3.7.7.6.La ponencia para segundo debate en el Senado de la
República realizó una pequeña modificación en el proyecto incluyendo una regla
de acuerdo con la cual no es admisible el juramento estimatorio como prueba ni
como tope en los procesos en los que se reclamen indemnizaciones, frutos o
mejoras a favor de un incapaz, como una disposición protectora de sus intereses[83]. Finalmente,
en la conciliación del proyecto de ley se acogió la versión aprobada en el
Senado de la República[84].
3.7.7.7.De esta manera, en ningún modo puede señalarse que la
figura del juramento estimatorio sea nueva en nuestra legislación, pues existe
desde el propio Código Judicial.
3.8.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
3.8.1.
Determinación de los cargos
del demandante
3.8.1.1.El
demandante señala que la exigencia de la realización de juramento estimatorio
como requisito para la admisión de la demanda vulnera los derechos a la
administración de justicia, al debido proceso y a la defensa, pues establece
una carga desproporcionada de realizar una tasación anticipada de perjuicios que
deberían poder tasarse durante el proceso y no en una etapa previa en la cual
se deberá contar con los medios económicos especiales para su determinación,
pues de lo contrario se inadmitirá la demanda negándose el derecho a la
administración de justicia.
3.8.1.2.El
juramento estimatorio no es una figura nueva en nuestro derecho procesal, sino
que ha sido un medio de prueba consagrado en nuestra legislación desde el
Código Judicial para facilitar la determinación de los perjuicios. Esta figura
además ha estado dotada de un procedimiento especial para garantizar el respeto
al derecho de contradicción y a la igualdad de las partes, tal como estimó la
Corte Constitucional en la sentencia C – 472 de 1995 al analizar la norma que
contemplaba este medio de prueba en el Código de Procedimiento Civil:
3.8.1.3.
“No advierte la Corte la discriminación alegada en
perjuicio del ejecutado, pues aun cuando las partes se encuentran situadas en
diferentes situaciones jurídicas y materiales -la de acreedor y la de deudor-
no obstante ello, las normas procesales garantizan adecuadamente sus derechos
al facilitar, de una parte, la ejecución por perjuicios por el actor y, de
otra, la de controvertir la prueba de éstos por el deudor demandado. Por lo
tanto, mal puede hablarse de una eventual violación del derecho de igualdad del
ejecutado, pues ello sólo sucede cuando las normas regulan de manera distinta
situaciones de hecho que son genéricamente iguales”.
3.8.1.4.El
Código General del Proceso también establece un procedimiento para garantizar
el debido proceso y el derecho a la defensa en relación con el juramento
estimatorio, otorgando cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para
que aporte o solicite las pruebas pertinentes y permitiendo que el juez decrete
las pruebas necesarias para tasar el valor pretendido si advierte que la
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión
o cualquier otra situación similar. Este procedimiento es muy similar al
contemplado en el Código de Procedimiento Civil.
3.8.1.5.La
modificación realizada por la Ley 1395 de 2010 y más recientemente por el
Código General del Proceso ha sido exigir un juramento estimatorio en aquellos
eventos en los que se pretenda el reconocimiento de una indemnización,
compensación o el pago de frutos o mejoras. De esta manera, tal como lo expresa
el accionante, en la nueva legislación procesal civil, el juramento estimatorio
además de ser un medio de prueba se ha convertido en un requisito de admisibilidad
de la demanda en algunos procesos, situación que según el actor restringiría el
derecho a la administración de justicia lo cual se agravaría con las sanciones
impuestas en el caso de la determinación inexacta de las pretensiones
contempladas al final de la norma.
3.8.2.
Análisis de la
constitucionalidad de la norma demandada.
Para
establecer si la norma demandada vulnera los derechos a la administración de
justicia o si simplemente es un desarrollo de la libertad de configuración del
legislador en materia procesal civil es necesario analizar fundamentalmente
cuatro criterios determinados por esta corporación y señalados anteriormente[85]:
3.8.2.1.En
primer lugar, es necesario que la norma atienda los principios y fines del
Estado tales como la justicia y la
igualdad entre otros.  En este aspecto, esta Corporación ha considerado que los
requerimientos relacionados con la presentación de la demanda son cargas
procesales que puede válidamente determinar el legislador en los términos
predichos con el fin de darle viabilidad a la gestión jurisdiccional y asegurar
la efectividad y eficiencia de la actividad procesal:
“Las cargas procesales, bajo estos supuestos, se
fundamentan como se dijo,  en el deber constitucional de colaboración con los
órganos jurisdiccionales (art. 95-7 de la C.P.). De allí que sea razonable que
se impongan a las partes, incluso en el acceso a la administración de justicia
o durante el trámite del proceso, con el fin de darle viabilidad a la gestión
jurisdiccional y asegurar la efectividad y eficiencia de la actividad procesal.
Esas cargas son generalmente dispositivas, por lo que habilitan a las partes
para que realicen libremente alguna actividad procesal, so pena de ver
aparejadas consecuencias desfavorables en caso de omisión. Según lo ha señalado
esta Corte en otros momentos, las consecuencias
nocivas pueden implicar “desde la preclusión de una oportunidad o un derecho
procesal, hasta la pérdida del derecho material, dado que el sometimiento a las
normas procedimentales o adjetivas, como formas propias del respectivo juicio,
no es optativo (...)”.[86]
De allí que la posibilidad de las partes de acudir a la jurisdicción para hacer
efectiva la exigencia de sus derechos en un término procesal específico,  o con
requerimientos relacionados con la presentación de la demanda, - circunstancia
que se analizará con posterioridad en el caso de la prescripción y de la
caducidad o de las excepciones previas acusadas -, son cargas procesales que
puede válidamente determinar el legislador en los términos predichos”[87].
La finalidad de la introducción del juramento
estimatorio en la regulación procesal se mencionó en la ponencia para primer
debate en el Senado de la República del Código General del Proceso, en la cual
se señaló que “Esta institución permite agilizar la justicia y disuade la
interposición de demandas “temerarias” y “fabulosas”, propósitos que
claramente se orientan a los fines de la administración de justicia.
Por su parte, en la Sentencia C-157 de 2013, la Corte
Constitucional analizó el parágrafo del artículo 206 señalando que al aplicar
los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional, para
determinar si la norma preveía una sanción excesiva o desproporcionada, la
Corte pudo establecer que la finalidad de desestimular la presentación de
pretensiones sobre estimadas o temerarias resulta acorde con el ordenamiento
constitucional, toda vez que la norma demandada se refiere a las sanciones impuestas
por la falta de demostración de los perjuicios, no por su sobreestimación. Por
lo anterior estimó que presentar este tipo de pretensiones no puede cobijarse
ni en el principio de buena fe, que defrauda y anula ni en los derechos a
acceder a la justicia y a un debido proceso.
3.8.2.2.En
segundo lugar se requiere que la carga vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar
derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de
justicia (artículos  13, 29 y 229 C.P.)[88].
En este caso, la norma establece un procedimiento para la aplicación y
contradicción del juramento estimatorio que garantiza el derecho de defensa y
al debido proceso y que es muy similar al que analizó la Corte en la sentencia
C – 472 de 1995.
Se requiere que la norma permita la
realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho
sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)[89]. En este sentido, la
norma demandada permite el esclarecimiento de los hechos, pues el juramento
estimatorio no se trata de una determinación definitiva de lo reclamado, sino
que existe un proceso para su contradicción y en especial se le permite al juez
ordenar pruebas de oficio si advierte que la estimación es notoriamente
injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación
similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar
el valor pretendido. En este sentido, el juez es el garante de la realización
material de los derechos y de la primacía del derecho sustancial sobre las
formas.
3.8.2.3.En
tercer lugar es necesario que la carga permita la realización material de los
derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas
(artículo 228 C.P.). El juramento estimatorio tiene por objeto precisamente
hacer prevalecer la buena fe y la lealtad procesal sobre las formas procesales,
otorgándole un valor especial a lo señalado por las partes. Por otro lado, en
relación con la realización material de los derechos deben tenerse en cuenta
tres (3) circunstancias: (i) la inexistencia de recursos económicos no impide
la realización de un juramento estimatorio, pues en caso de requerirse asesoria
especializada se podría solicitar un amparo de pobreza, (ii) la solicitud del
amparo de pobreza no implica una demora que pueda concluir en la prescripción o
en la caducidad de la acción, pues según lo dispuesto en el artículo 154 del
Código General del Proceso la presentación de la solicitud de amparo “interrumpe
la prescripción que corría contra quien la formula e impide que ocurra la
caducidad” y (iii) según los artículos 2530 y 2541 del Código Civil, la
prescripción de la acción puede suspenderse en caso de imposibilidad absoluta
de hacer valer un derecho, situación que podría aplicarse en aquellos eventos
en los cuales exista imposibilidad temporal y justificada de realizar el
juramento estimatorio, con el objeto de hacer prevalecer el derecho sustancial.
3.8.2.4.Finalmente,
es necesario que la disposición obre conforme a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad en la definición de las formas[90], frente a lo cual es necesario destacar que la norma
tiene tres (3) partes:
(i)
La primera parte se consagra en el
inciso primero y desarrolla los aspectos generales del juramento estimatorio,
exigiendo su realización cuando se pretenda el reconocimiento de una
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras y le otorga mérito
probatorio. Sobre este aspecto, el actor señala que en un test de razonabilidad
y proporcionalidad se ve sacrificado el derecho a acceder a la administración
de justicia, pues la norma demandada estableció una presentación obligatoria de
experticios como requisito de procedibilidad para acudir a la justicia
ordinaria, sin percatarse que ello desconoce la realidad del país, pues en
muchos casos el demandante o el demandado no cuentan con los medios económicos
para presentar el juramento estimatorio exigido o para objetarlo.
Sin embargo, la ausencia de recursos económicos no
constituye un obstáculo para realizar un juramento estimatorio, pues en la
mayoría de los casos es el propio demandante quien conoce el valor de los
frutos, las mejoras y los perjuicios y si requiere de asesoría técnica puede
solicitar el amparo de pobreza, tal como dispone el artículo 152 del Código
General del Proceso, según el cual “el amparo podrá solicitarse por el
presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de
las partes durante el curso del proceso”.
De esta manera, tal como señalan algunos
intervinientes, quien pretenda presentar una demanda y considere necesario
contar con asesoría especializada para la determinación de los perjuicios puede
solicitar el amparo de pobreza para lograrla, lo cual salvaguarda su derecho a
la administración de justicia.
(ii)
Los incisos segundo, cuarto y
quinto de la norma consagran el procedimiento aplicable al juramento
estimatorio: otorga cinco (5) días para aportar o solicitar pruebas; permite al
juez decretar pruebas de oficio si aprecia la existencia de injusticia, ilegalidad
o fraude; impide el reconocimiento de una suma superior a la indicada en el
juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a
la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete y; señala
que el juramento estimatorio no será aplicable a la determinación de daños
extrapatrimoniales ni cuando el que reclame sea incapaz.
Estos incisos se refieren a aspectos de procedimiento
y por ello no afectan el derecho a la administración de justicia, sino que por
el contrario, otorgan garantías a las partes y establecen medidas para evitar
el fraude y la colusión. De otro lado, la limitación de la condena a lo
estimado en el juramento estimatorio es una consecuencia de la seriedad y
lealtad que caracterizan a la administración de justicia y a los principios
constitucionales de economía, celeridad, eficacia y buena fe que se predican
del ejercicio legítimo de la actividad jurisdiccional, los cuales se hacen
extensivos, sin excepción a todos los sujetos que integran la relación
jurídico- procesal.[91]
La justicia es uno de los elementos esenciales del
Estado y acudir a la misma exige el cumplimiento de cargas mínimas que deben
acreditarse antes de poner en marcha el aparato judicial, para evitar que la
justicia se utilice para realizar reclamaciones sin sentido, desproporcionadas
o fraudulentas, reiterando que “la posibilidad de las partes de acudir a la
jurisdicción para hacer efectiva la exigencia de sus derechos en un término
procesal específico, o con requerimientos relacionados con la presentación de
la demanda, - circunstancia que se analizará con posterioridad en el caso de la
prescripción y de la caducidad o de las excepciones previas acusadas-, son
cargas procesales que puede válidamente determinar el legislador en los
términos predichos”[92]
(iii) Finalmente el inciso cuarto y el parágrafo de la norma
establecen sanciones específicas por haber realizado una estimación incorrecta
de las pretensiones: del diez por ciento (10%) de la diferencia si la cantidad
estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) de la que resulte probada y
del cinco por ciento (5%) si las pretensiones fueron desestimadas. La primera
sanción se encontraba desde el propio Código Judicial de 1931 cuyo artículo 625
señalaba que “si la cantidad estimada por el interesado excede en más del
doble de la en que se regule, se le condena en las costas del incidente y a
pagar a la otra parte el diez por ciento de la diferencia” y fue conservada
en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil; mientras que la sanción
por desestimación de las pretensiones fue una creación del Código General del
Proceso.
En la sentencia C – 157 de 2013, la Corte
Constitucional analizó la constitucionalidad del parágrafo declarando su
exequibilidad condicionada, considerando que cuando la causa por la cual no se
satisface la carga de la prueba es imputable a hechos o motivos ajenos a la
voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente,
pues en este evento la sanción resultaba excesiva y desproporcionada frente al
principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido
proceso.
Por el contrario, la sanción contemplada en el inciso
cuarto no es excesiva ni desproporcionada y se diferencia claramente de la
sanción analizada en la sentencia     C – 157 de 2013, por dos (2) razones: (1)
en el caso de la sanción consagrada en el parágrafo, el demandante no obtiene
el pago de sus pretensiones y por ello debe cancelar el valor de la sanción
directamente con su propio patrimonio, mientras que en el evento de la sanción
contemplada en el inciso cuarto si se obtiene un pago pero debiendo descontar
un diez por ciento de la diferencia entre lo estimado y lo probado; (ii) la
sanción del parágrafo se aplica sobre el valor total de la pretensión, mientras
que la contemplada en el inciso cuarto se impone solo sobre la diferencia entre
la suma pretendida y la probada.
Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como
preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de
demandas “temerarias” y “fabulosas”[93]
en el sistema procesal colombiano. En este marco, la sanción se fundamenta en
la violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta
administración de justicia[94],
el cual puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o
desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia[95], que no
solamente se condena penalmente, sino también con la imposición de sanciones al
interior del propio proceso civil a través del sistema de responsabilidad
patrimonial de las partes cuyo punto cardinal es el artículo 80 de acuerdo con
el cual “Cada una de las partes responderá por los perjuicios que con sus
actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros
intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal
conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la
correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida”.
En consecuencia,  esta Corporación considera que la
sanción contemplada en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del
Proceso es proporcional, razonable y se funda en el principio de lealtad
procesal y en la tutela del bien jurídico de la administración de justicia.
Por lo anterior, esta Corporación considera que la
disposición demandada es exequible por los cargos examinados en esta sentencia.
DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
precedentes, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- ESTARSE
A LO RESUELTO en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del parágrafo único
del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012.
SEGUNDO.- Declarar
EXEQUIBLES los incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto
del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 por los cargos analizados en esta
sentencia.
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO  PARCIAL DE VOTO  DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA C-279/13
SANCION
POR JURAMENTO ESTIMATORIO INCORRECTO EN CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Procedencia de condicionamiento (Salvamento parcial de
voto)/SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA-Procedencia en norma del
Código General del Proceso que sanciona el juramento estimatorio incorrecto por
excesos en sus pretensiones (Salvamento parcial de voto)
Comparto
la decisión de mayoría, excepto en lo relacionado con la no inclusión, en la
parte resolutiva, de un condicionamiento que deje a salvo de la multa prevista
en el inciso cuarto del artículo 206 del Código General del Proceso, a quienes
en la estimación desbordada de los perjuicios hayan actuado movidos por hechos
o  motivos ajenos a su voluntad ocurridos a pesar de su obrar diligente, en los
términos que la Corte lo hizo en la sentencia C-157 de 2013 al examinar el
parágrafo del mismo artículo. Esto por razones de  elemental coherencia, pues
si resultaba constitucionalmente imperioso examinar tales circunstancias respecto
de quien no prueba los perjuicios que reclama y que estimó bajo juramento siéndole
negada su pretensión, con mayor razón se ha debido aplicar el mismo
condicionamiento a quien si prueba algo.
Expediente:
D-9324
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 206
de la ley 1564 de 2012.
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Comparto
la decisión de mayoría, excepto en lo relacionado con la no inclusión, en la
parte resolutiva de un condicionamiento, que deje a salvo de la multa prevista
en el inciso 4 del artículo 206 del Código General del Proceso, a quienes en la
estimación desbordada de los perjuicios que reclama, hayan actuado
probadamente, movidos por hechos o  motivos ajenos a su voluntad ocurridos a
pesar de su obrar diligente como el que hizo la Corte en la sentencia C-157 de
2013 al examinar el parágrafo único del mencionado artículo. Consideré
necesario ese condicionamiento por razones de elemental coherencia, pues si
resultaba constitucionalmente imperioso examinar tales circunstancias respecto
de quien no prueba, en lo más mínimo, los perjuicios que reclama y que
estimó bajo juramento y, por ende, es negada su pretensión, razón por la cual
se condicionó la interpretación del aludido parágrafo, con mayor razón
resultaba menester dicho examen y, consecuentemente, se ha debido aplicar la
misma regla (condicionamiento) para el caso del inciso 4 mencionado cuando el
demandante, por lo menos, sí prueba un porcentaje de los perjuicios estimados,
así este no alcance el 50%. En síntesis, si cabe la mencionada exoneración
frente a quien  no prueba nada, a fortiori, debe tenerse en cuenta
respecto de quien si prueba algo y si en relación con el primer supuesto
fue menester condicionar el entendimiento de la norma, como efectivamente se
hizo, en el segundo, con mayor razón, debió observarse idéntico proceder.  Si
bien la Corte en esta oportunidad decidió incorporar esas precisiones en la
parte motiva creo que lo procedente era adoptar el mismo condicionamiento
realizado en la sentencia C-157 de 2013 en el sentido de que la sanción
prevista en el inciso 4 no procede “cuando la causa de la misma sea imputable a
hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de su
obrar diligente” y que solo bajo ese entendido dicho precepto era exequible.
Fecha
ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
ACLARACIÓN DE
VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-279/13
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corte, en esta oportunidad me permito aclarar el voto porque si bien comparto
el sentido de la decisión, considero que el cargo examinado se circunscribía
únicamente al inciso primero de la norma acusada. Así lo evidencia, la
formulación del problema jurídico que resume los  argumentos de
inconstitucionalidad expuestos por el demandante, los cuales relacionan la
existencia del juramento estimatorio con la vulneración al debido proceso
(Artículo 29 de la C.P.) y al acceso a la administración de justicia (Artículo
229 de la C.P.)[96].
Por consiguiente, el análisis que correspondía en esta oportunidad a la Sala
debió limitarse a la carga, que a juicio del peticionario, implica la
realización del juramento estimatorio como requisito previo a la admisión de la
demanda en los eventos definidos por el artículo 206 del Código General del
Proceso, y no con la forma o con las particularidades con las que el legislador
lo reguló, establecidos en los demás incisos.
En ese contexto, las consideraciones del proyecto sobre el
acceso a la administración de justicia, así como los antecedentes legislativos
están relacionados con la existencia del juramento estimatorio[97], mas no con la forma en
que se regula su trámite dentro del proceso judicial. Por lo tanto, aunque
manifiesto mi acuerdo con el estudio de constitucionalidad de la norma  insisto
en que los cargos no implicaban un pronunciamiento extensivo sobre cada uno de
los incisos del artículo demandado.
Fecha ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Intervención
de la Universidad Externado de Colombia, pág. 46.
[2] Artículo 2º del Decreto 2067 de 1991: “Las demandas
en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en
duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como
inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar
de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas
constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales
dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la
forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente
para conocer de la demanda.”
[3] Ver entre otras las Sentencias de la Corte
Constitucional: C – 480 de 2003, M.P. Dr. Jaime Córdoba Treviño; C – 656 de
2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; C – 227 de 2004, M.P.: Manuel José
Cepeda Espinosa;  C – 675 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentaría; C – 025 de 2010,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 530 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C – 641 de 2010,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C – 647 de 2010, M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 649 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C – 819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; C – 840 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C – 978 de 2010, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; C – 647 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C
– 369 de 2011, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio.
[4] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002,  M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[5] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria
[6]. Ver entre otras las sentencias de la Corte
Constitucional C-059
de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-215 de 1999, M.P. (E), Martha Victoria Sáchica
Méndez; C-163
de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero; SU-091 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; y C-330 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz,  Sentencia
C- 426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] Cfr., entre otras, las
Sentencias de
la Corte Constitucional T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;  C-059 de 1993, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-215 de 1999 M.P. (E), Martha Victoria Sáchica
Méndez y C-1195
de 2001, M.P. Gerardo Monroy Cabra.
[8] Sentencia de la Corte
Constitucional T-268
de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En este fallo, la Corte
sostuvo que  el “acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido
proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la
vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el
cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales
establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho
acceso”. Sentencia de la Corte Constitucional T-006 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-059 de 1993, M.P. Alejandro Martínez
Caballero;  T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-215 de 1999, M.P. (E) María Victoria Sáchica
de Moncaleano; C-1195 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra; Cfr.,
entre otras, las Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.
Rodrigo Escobar Gil
y C-1177 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[9] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1083 de 2005, M.P. Jaime Araujo Renteria.
[10] Sentencia de la Corte Constitucional C-416 de 1994 M.P.
Antonio Barrera Carbonell: “El orden constitucional que entroniza la Carta de
1991 tiene como valor fundamental, entre otros, la justicia, la cual constituye
uno de los pilares para garantizar un orden político, económico y social justo.
La idea de justicia permea toda la normatividad constitucional que se construye
a partir del reconocimiento de Colombia como un Estado Social de Derecho,
organizado en forma de República democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad
de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”
[11] Para estos efectos, se entiende
por indefensión la ausencia del derecho a alegar y la imposibilidad de defender
en juicio los propios derechos.
[12] Cfr. Sentencia de la Corte
Constitucional C-426 de 2002, M.P Rodrigo Escobar Gil y C-1177 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[14] Sentencias de la Corte Constitucional C-985
de 2005, M.P. Alfredo Beltrán
Sierra y  T-292 de
1999 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Sentencia de la Corte Constitucional C-037 de 1996,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[16] Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8, Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre
de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.
[17] Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6
de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.). Esta opinión ha sido reiterada
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  en los Casos Velásquez
Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz.
[18] Sentencias de la Corte
Constitucional SU-067 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz;
T-275 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-416 de 1994, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; T-502 de 1997, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-652 de 1997,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; T-240
de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil;
C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[19] Sentencias de la Corte
Constitucional T-240 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-426 de 2002, M.P.
Rodrigo Escobar Gil; C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y C-1177 de
2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[20] Sentencia de la Corte
Constitucional T-240 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[21] Sentencias de la Corte
Constitucional SU-067 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz;
C-093 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero; C-301 de
1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; T-275 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-416 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-046 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-502 de 1997, M.P. Hernando
Herrera Vergara; C-652 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-742 de 1999,
M.P. José Gregorio Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil  y C-1177
de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] Sentencias de la Corte
Constitucional T-046 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-093 de 1993, M.P.
Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero; C-301 de 1993, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-268 de 1996,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández;
C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil  y C-1177 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[23] Sentencias de la Corte
Constitucional T-046 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-093 de 1993, M.P.
Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero; C-301 de 1993, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; C-544 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell; T-268 de 1996,
M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández;
C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-1177 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Triviño y C-483 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[24] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes
[25] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1043
de 2000, M.P. Álvaro
Tafur Galvis
[26] Sentencia de la Corte
Constitucional C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-428 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[27] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1104 de 2001, M.P.Clara Inés Vargas.
[28] Sentencia de la Corte
Constitucional C-183 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[29] Sentencias de la Corte Constitucional C-742 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández; C-384 de 2000,  M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-803 de 2000, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz,
entre otras.
[30] Sentencia de la Corte
Constitucional C-111 de 2000,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[31] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1270 de 2000,
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[32] Sentencia de la Corte Constitucional C-1104 de 2001. M.P. Clara Inés Vargas.
[33] Sentencia de la Corte
Constitucional C-351
de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.
[34] Sentencia de la Corte Constitucional C-652 de 1997,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En este fallo la Corte encontró conforme a la
Carta el establecimiento de plazos perentorios para el ejercicio de
determinados recursos procesales en casos de violencia intrafamiliar, vencidos
los cuales ya no era posible interponerlos pues “existe un interés general por
parte del Estado y de la sociedad para que los procesos judiciales se surtan en
forma oportuna y diligente”.
[35] Sentencias de la Corte Constitucional C-781 de 1999, M.P. Carlos
Gaviria Díaz y C-985 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] Cfr. artículo 150 numerales 1 y
2 de la Constitución Política y Sentencias C-680 de 1998 y C-1512-00
[37] Sentencia de la Corte Constitucional C-372 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[38] Sentencia de la Corte
Constitucional C-372 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[39] Sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; C-346 de 1997, M.P. Antonio
Barrera Carbonell; C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-742 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández; C-384 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1717
de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-1104 de 2001, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández; C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-316 de 2002,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-798 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño;
C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar
Gil; C-1091 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-899 de 2003, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; C-318 de 2003, M.P. Jaime Araujo Renteria.
[40] Sentencia de la Corte
Constitucional C-927 de 2000,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[41] Sentencia de la Corte
Constitucional C-043
de 2002. M.P. Álvaro
Tafur Galvis
[42] Sentencias de la Corte Constitucional C-927 de 2000,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-893 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández;
C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-309 de 2002, M.P. Jaime
Córdoba Triviño; C-314 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-646 de 2002,
M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-123 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-234 de
2003, M.P. Jaime Araujo Rentería; C-1146 de 2004, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; C-275 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-398 de 2006, M.P. Alfredo
Beltrán Sierra; C-718 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-738 de 2006, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; Sentencia de la Corte Constitucional C-1186 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[43] Sentencia de la Corte
Constitucional C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-227 de 2009,
M.P. Luis Eduardo Vargas Silva.
[44] Sentencia de la Corte
Constitucional C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[45] Sentencia de la Corte
Constitucional T-323
de 1999 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[46] Sentencia de la Corte
Constitucional C-204
de 2003 M.P. Álvaro
Tafur Galvis; Sentencia C-471 de 2006.
[47] Sentencias de la Corte Constitucional C-736 de 2002,
M.P. Jaime Araujo Renteria; C-296 de 2002, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; C-1075 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[48] Por ende, se decía en la
sentencia C-520 de 2009,
M.P. María Victoria Calle Correa,
siguiendo el precedente (Sentencias C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis. y C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.): “‘la violación del debido
proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla
procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual
fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y
desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su
utilización’”.
[49] Sobre el particular se observó
en la sentencia C-316 de 2001: “(…) Es así como la eliminación de una
institución procesal puede generar el desamparo de un derecho, cuando quiera
que el ordenamiento jurídico no ofrezca alternativas diferentes para protegerlo
(…)”, escenario en el que el control jurisdiccional de la Corte resulta
definitivo. Pues, “excluida del debate acerca de la pertinencia o impertinencia
de los modelos procedimentales, la Corte reclama su competencia cuando se trata
de definir si el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de
configuración que le confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal
determina si la potestad configurativa se ejerció respetando los principios
constitucionales y las garantías protegidas por el constituyente o si éstas han
quedado desamparadas por la decisión legislativa que se estudia”.
[50] Sentencia de la Corte
Constitucional C-798 de 2003,
M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[51] Sentencia de la Corte Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[52] Sentencia de la Corte
Constitucional C-925 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[53] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de 2000
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[54] Sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, entre
otras.
[55] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[56] Sentencias de la Corte Constitucional C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas y  C-1512
de 2000,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[57] Sentencia de la Corte
Constitucional C-426 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[58] Sentencia de la Corte
Constitucional C-203
de 2011, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[59] En sentencia C-555 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra, dijo la Corte al respecto: “...el legislador al diseñar los
procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y
debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a
fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de
una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben
propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de
imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o
procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros
que conforman la noción de debido proceso”. También en sentencia C-927 de 200º
se dijo: “De conformidad con lo preceptuado por el artículo 150-2 del
Ordenamiento Constitucional, le corresponde al Congreso de la República
“Expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus
disposiciones”, es decir, goza el Legislador, por mandato constitucional, de
amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y
acciones originadas en el derecho sustancial. Por lo tanto, el órgano
legislativo tiene una importante “libertad de configuración legislativa”, que
le permite desarrollar plenamente su función constitucional y, en ese orden de
ideas, le corresponde evaluar y definir las etapas, características, términos y
demás elementos que integran cada procedimiento judicial”. Esta doctrina ha
sido vertida en múltiples pronunciamientos: C-803 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-742 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández; C-596 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[60] Sentencia de la Corte Constitucional C-426 de 2002, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[61] Sentencia de la Corte
Constitucional C-095 de 2001. M.P. José Gregorio Hernández.
[62] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000. M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[63] Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004. M.P.(E)
Rodrigo Uprimny Yepes
[64] Sentencia de la Corte
Constitucional C-204
de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis: para el caso
concreto
[65] Sentencia de la Corte
Constitucional C-204
de 2003, M.P. Álvaro Tafur
Galvis y C-662 de 2004, M.P.(E). Rodrigo Uprimny Yepes.
[66] Sentencia de la Corte
Constitucional C-183 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[67] Artículo 148 del Código
Contencioso Administrativo: “Perención del proceso. Cuando por
causa distinta al decreto de suspensión del proceso y por falta de impulso
cuando este corresponda al demandante, permanezca el proceso en la secretaría
durante la primera o única instancia, por seis meses, se decretará la perención
del proceso. El término se contará desde la notificación del último auto o
desde el día de la práctica de la última diligencia o desde la notificación del
auto admisorio de la demanda al ministerio público, en su caso.
En el mismo auto se
decretará el levantamiento de las medidas cautelares, si las hubiere. Dicho
auto se notificará como las sentencias, y una vez ejecutoriado se archivará el
expediente.
La perención pone fin al
proceso y no interrumpe la caducidad de la acción. Si esta no ha caducado podrá
intentarse una vez más.
En los procesos de simple
nulidad no lugar a la perención. Tampoco en los que sean demandantes la Nación,
una entidad territorial o una descentralizada.
El auto que decrete la
perención en la primera instancia, será apelable en el efecto suspensivo.”
[68] El artículo 91 del Código
de Procedimiento Civil, “Ineficacia de la interrupción y operancia de la
caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la
caducidad, en los siguientes casos:
1. Cuando el demandante
desista de la demanda.
2. Cuando el proceso
termine por haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el
numeral 7 del artículo 99 o con sentencia que absuelva al demandado[1].
3. Cuando la nulidad
del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda."
[69] Artículo 1° del Decreto
2282 de 1989: Introdúcense las siguientes
reformas al Código de Procedimiento Civil: (…)
37. El artículo 85,
quedará así:
Inadmisibilidad y rechazo de
plano de la demanda. El Juez declarará inadmisible la demanda:
1. Cuando no reúna los
requisitos formales.
2. Cuando no se acompañen los
anexos ordenados por la ley.
3. Cuando la acumulación de
pretensiones en ella contenida, no reúna los requisitos exigidos por los tres
numerales del primer inciso del artículo 82.
4. Cuando no se hubiere
presentado en legal forma.
5. Cuando el poder conferido
no sea suficiente.
6. En asuntos en que el
derecho de postulación procesal este reservado por la ley a abogados, cuando el
actor que no tenga esta calidad presente la demanda por sí mismo o por conducto
apoderado general o representante que tampoco la tenga.
7. Cuando el demandante sea
incapaz y no actúe por conducto de su representante.
En estos casos el juez
señalará los defectos de que adolezca, para que el demandante los subsane en el
término de cinco días. Si no lo hiciere rechazara la demanda.
El juez rechazará de plano la
demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, o exista término de
caducidad para instaurarla, si de aquella o sus anexos aparece que el término
esta vencido.
Si el rechazo se debe a falta
de competencia, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente
dentro de la misma jurisdicción; en los demás casos, al rechazar la
demanda se ordenará devolver los anexos, sin necesidad de desglose.
La apelación del auto que
rechaza la demanda comprende la de aquél que negó su admisión, y se concederá
en el efecto suspensivo.’
[70] Artículo
19. “Perención. En
materia civil, una vez cumplidas las condiciones del artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil, el Juez, aun de oficio, podrá decretar la perención del
proceso o de la actuación, aunque no hayan sido notificados del auto
admisorio todos los demandados o citados. También cabe la perención cuando
la actuación pendiente esté a cargo de ambas partes.
Parágrafo 1º. En los procesos
ejecutivos se estará a lo dispuesto en el artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil.
Parágrafo 2º. En los procesos
de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo la perención se regulará,
de acuerdo con lo previsto en las normas especiales”.
[71] Artículo
11. De la Ley 794 de 2003: “El artículo 91 del Código de Procedimiento Civil,
quedará así:
“Artículo 91. Ineficacia de la
interrupción y operancia de la caducidad. No se considerará interrumpida
la prescripción y operará la caducidad, en los siguientes casos:
1. Cuando el demandante desista de la
demanda.
2. Cuando el proceso termine por
haber prosperado algunas de las excepciones mencionadas en el numeral 7 del
artículo 99 o con sentencia que absuelva al demandado.
3. Cuando la nulidad del
proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda.”
[72]  Artículo 49 de la Ley 1395 de 2010: El artículo 93 del Código de
Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social quedará así: Repartido el
expediente en la Corte, la Sala, dentro de los veinte días hábiles siguientes,
decidirá si es o no admisible el recurso. Si fuere admitido, dispondrá el
traslado al recurrente o recurrentes para que dentro de este término presenten
las demandas de casación. En caso contrario se procederá a la devolución del
expediente al sentenciador de origen.
Presentada en
tiempo la demanda de casación, la Sala resolverá si se ajusta a los requisitos
antes señalados. Si así lo hallare ordenará el traslado de ella a quienes no
sean recurrentes, por quince días hábiles a cada uno, para que formulen sus
alegatos.
Si la demanda
no reúne los requisitos, o no se presentare en tiempo, se declarará desierto
el recurso, y se impondrá al apoderado judicial una multa de 5 a 10 salarios
mínimos mensuales.
[73] Artículo
1° del Decreto 2282 de 1989: “Introdúcense las siguientes reformas al Código de Procedimiento
Civil. (…)
El artículo 407, quedará así:
Declaración de
Pertenencia.  En
las demandas sobre declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes
reglas:
5. A la demanda deberá acompañarse un
certificado del registrador de instrumentos públicos en donde consten las
personas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a registro, o
que no aparece ninguna como tal.[1]  Siempre que en el certificado figure determinada persona
como titular de un derecho real principal sobre el bien, la demanda deberá
dirigirse contra ella.
[74] Sentencia de la Corte
Constitucional C-472 de 1995, M.P.  Antonio Barrera Carbonell.
[75] DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría
general de la prueba judicial. Tomo II. Sexta edición. Editorial Temis. Bogotá,
2012. Pág.
2
[76] Artículo 211 Código de
Procedimiento Civil.
[77] http://www.icdp.org.co/esp/descargas/cgp/ExposicionMotivos.pdf, pág. 3.
[78] Régimen probatorio. Promueve la
solidaridad de las partes en la actividad probatoria e introduce la doctrina de
las cargas dinámicas; estimula el recaudo de pruebas fuera del proceso,
unilateralmente o con citación de la contraparte; suprime obstáculos normativos
para la reconstrucción de los hechos; dinamiza la contradicción de la prueba;
corrige vicios que entorpecen el objetivo del interrogatorio de parte;
fortalece la efectividad del juramento estimatorio; ajusta el régimen del
dictamen pericial al esquema de proceso por audiencias y asegura la
transparencia y la seriedad del dictamen; circunscribe el alcance de la
inspección judicial; fortalece el poder decisivo de los indicios derivados de
la conducta procesal de las partes; extiende a todos los documentos, en
original o en copia, la presunción de autenticidad a partir de la presunción de
buena fe, y facilita su aportación.
[79] 4. Régimen probatorio. Promueve el principio de
igualdad imponiéndole al juez la obligación de decretar pruebas de oficio, la
solidaridad de las partes en la actividad probatoria e introduce la doctrina de
la carga dinámica de la prueba; estimula el recaudo de pruebas fuera del
proceso, unilateralmente o con citación de la contraparte; suprime obstáculos
normativos para la reconstrucción de los hechos; dinamiza la contradicción de
la prueba; corrige vicios que entorpecen el objetivo del interrogatorio de
parte; fortalece la efectividad del juramento estimatorio; ajusta el régimen
del dictamen pericial al esquema de proceso por audiencias y asegura la
transparencia y la seriedad del mismo; circunscribe el alcance de la inspección
judicial; fortalece el poder decisivo de los indicios derivados de la conducta
procesal de las partes; extiende a todos los documentos, en original o en
copia, la presunción de autenticidad a partir de la presunción de buena fe, y
facilita su aportación.
[80] Artículo 206 de la Ley 1546 de 2012: “Juramento estimatorio.
Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago
de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la
demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos.
Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por
la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la
objeción que específique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la
estimación.
Formulada la objeción el juez concederá el término de
cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite
las pruebas pertinentes.
El juez, de oficio, podrá ordenar la regulación
cuando considere que la estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o
colusión. Si la cantidad estimada excediere en el treinta por ciento (30%) la
que resulte en la regulación, se condenará a quien la hizo a pagar a la otra
parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada
en el juramento estimatorio. La suma expresada deberá ser siempre entendida
como el máximo pretendido. Quedan proscritas todas las expresiones que
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida
en relación con la suma indicada en el juramento.
La sanción y la limitación previstas en este artículo
no se aplicarán a la cuantificación  daños inmateriales que deba ser realizada
discrecionalmente por el juez, siempre que se incorpore en la reclamación el
valor de cada una de las tipologías del daño bajo los estándares
jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación de la demanda”.
[81] “Quien pretenda el reconocimiento de una
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo
razonadamente bajo juramento…”.
[82] Informe de ponencia para primer debate Proyecto de
Ley Número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara.
[83] Informe de ponencia para segundo
debate en el honorable senado de la república (plenaria) al Proyecto de Ley
número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara: “Artículo 206. Juramento
estimatorio. En el inciso final se incluye una regla de acuerdo con la cual no
es admisible el juramento estimatorio como prueba ni como tope en los procesos
en los que se reclamen indemnizaciones, frutos o mejoras a favor de un incapaz,
como una disposición protectora de sus intereses. También se realizan ajustes
de redacción a la disposición contenida en el parágrafo, sin variar su
sentido”.
[84] Informe de conciliación al Proyecto de Ley número 159
de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara por medio de la cual se expide el Código
General. Artículo 206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento
de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá
estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición
correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará
prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria
dentro del traslado respectivo. Sólo se considerará la objeción que especifique
razonadamente la inexactitud que  se le atribuya a la estimación.
Formulada la objeción el juez concederá el término de
cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para que aporte o solicite
las pruebas pertinentes.
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el
juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que
haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de
oficio las pruebas que considere necesarias para  tasar el valor pretendido.
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por
ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la
otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia.
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada
en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con
posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo
objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las  expresiones que pretendan
desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en
relación con la suma indicada en el juramento.
El juramento estimatorio no aplicará a la
cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien
reclame la indemnización, compensación, los frutos o mejoras, sea un incapaz.
Parágrafo. También
habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos en que
se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. En
este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido
en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas.
[85] Sentencia de la Corte
Constitucional C-203 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[86] Sentencia de la Corte Constitucional C-1512 de
2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[87]
Sentencia de la Corte Constitucional C-662 de 2004, M.P. (E) Rodrigo Uprimny
Yepes.
[88] Sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[89] Sentencias de la Corte
Constitucional C-426 de 2002, M.P. (E) Rodrigo Escobar Gil y C-227 de 2009,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[90] Sentencias de la Corte
Constitucional C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas y C-1512 de 2000, M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[91] Sentencia de la Corte
Constitucional C-365 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[92] Sentencia de la Corte
Constitucional C-662 de 2004, M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes.
[93] Informe de ponencia para primer
debate Proyecto de Ley Número 159 de 2011 Senado, 196 de 2011 Cámara.
[94] Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal, Proceso No. 21422, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés,
Sentencia de 10 de agosto de 2005.
[95] GONZALEZ RUS, Juan José: Delitos
contra la Administración de justicia, en: COBO DEL ROSAL, Manuel: Derecho Penal
español, Dykinson, Madrid, pág. 940.
[96] Ver consideración 3.3 de la
sentencia C-279 de 2013:  “El demandante considera que el artículo 206 de la
Ley 1564 de 2012 vulnera los derechos a la administración de justicia, al
debido proceso y a la defensa, pues establece la carga desproporcionada de
realizar una tasación anticipada de perjuicios que deberían poder estimarse
durante el proceso y no en una etapa previa, en la cual se deberá contar con los
medios económicos especiales para su determinación, pues de lo contrario se
inadmitirá la demanda, negándose el derecho a la administración de justicia.”
[97] Para la defensa de la lealtad
procesal y evitar demandas temerarias o fabulosas