C-645-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-645/11
RECONOCIMIENTO DE UNA RETRIBUCION A LOS TRABAJADORES
ASOCIADOS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-No desconoce la protección del trabajo en todas sus
modalidades, ni los derechos de asociación  e igualdad, como tampoco el
principio de buena fe
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Contenido normativo
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Importancia/COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Elementos
esenciales del contrato de constitución
La
jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de las Cooperativas
de Trabajo Asociado y ha reconocido que las mismas gozan de especial protección
constitucional, como modalidad de trabajo y como expresión del sector
solidario. Ha dicho la Corte que, los elementos esenciales del contrato de
constitución de una cooperativa de trabajo asociado son los siguientes: (i)
Pluralidad de personas, (ii) aporte principalmente en trabajo, (iii) objeto de
interés social y sin ánimo de lucro, y (iv) calidad simultánea de aportante y
gestor. En la Sentencia C-211 de 2000, la Corte identificó como características
relevantes de las cooperativas de trabajo asociado las siguientes: (i)
asociación voluntaria y libre, (ii) igualdad de los cooperados, (iii) ausencia
de ánimo de lucro, (iv) organización democrática, (v) trabajo de los asociados
como base fundamental, (vi) desarrollo de actividades económico sociales, (vii)
solidaridad en la compensación o retribución, y (viii) autonomía empresarial.
También ha señalado la Corporación que, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley
79 de 1988,en las cooperativas de trabajo asociado, el régimen de trabajo, de
previsión, seguridad social y compensación, será establecido en los estatutos y
reglamentos, como quiera que tales materias tienen origen en el acuerdo
cooperativo y escapan del ámbito de regulación de la legislación laboral. Esta
figura cuenta con fundamento en el principio de solidaridad y tiene
manifestaciones tanto desde la perspectiva del derecho de asociación como desde
el derecho al trabajo.
DERECHO DE ASOCIACION-Contenido
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza jurídica
Las
cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un
grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus
propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos y
agregó que, en ellas, “(…) sus miembros deben sujetarse a unas reglas que son
de estricta observancia para todos los asociados, expedidas y aprobadas por
ellos mismos, respecto del manejo y administración de la misma, su
organización, el reparto de excedentes, los aspectos relativos al trabajo, la
compensación, y todos los demás asuntos atinentes al cumplimiento del objetivo
o finalidad para el cual decidieron asociarse voluntariamente que, en este
caso, no es otro que el de trabajar conjuntamente y así obtener los ingresos
necesarios para que los asociados y sus familias puedan llevar una vida digna.
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-La facultad que tienen los asociados de tales organizaciones
para autorregularse no significa que el legislador no pueda reglamentarlas
DERECHO AL TRABAJO-Contenido/TRABAJO-Concepto/TRABAJO-Modalidades/EMPLEOS
ASALARIADOS-Concepto/EMPLEOS INDEPENDIENTES-Concepto
De
acuerdo con el artículo 25 de la Constitución, el trabajo goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. La Corte ha destacado que
esa especial protección se predica no solamente de la actividad laboral
subordinada, regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que la misma se
extiende a otras modalidades, entre las cuales se cuentan aquellas en las que
el individuo lo ejerce de manera independiente, puesto que, más que al trabajo
como actividad abstracta se protege al trabajador y a su dignidad. Así, en el
artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo se define el trabajo subordinado o
dependiente,  como “(…)  toda actividad humana libre, ya sea material o
intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta
conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre
que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”. Junto a esa modalidad,
que es la que mayor atención ha recibido en la legislación, existen otras, para
cuya identificación podría acudirse a la Clasificación Internacional de la
Situación en el Empleo (CISE), elaborada bajo el auspicio de la OIT y conforme
a la cual es posible distinguir seis grupos de trabajadores: 1. Asalariados; 2.
Empleadores; 3.Trabajadores por cuenta propia;4.Miembros de cooperativas de productores;
5. Trabajadores familiares auxiliares, y 6.Trabajadores que no pueden
clasificarse según la situación en el empleo. La anterior clasificación tiene
en su base un conjunto de criterios, que permite diferenciar dos grandes grupos
de trabajadores, los asalariados, por un lado, y los independientes, por el
otro, atendiendo, entre otros factores, a la consideración sobre el tipo de
relaciones que surgen entre las partes de la relación de trabajo y a diversos
aspectos sobre la asunción del riesgo económico propio de la respectiva
actividad. Así, los Empleos asalariados: son aquellos en los que los titulares
tienen contratos de trabajo implícitos o explícitos (verbales o escritos), por
los que reciben una remuneración básica que no depende directamente de los
ingresos de la unidad para la que trabajan (esta unidad puede ser una
corporación, una institución sin fines de lucro, una unidad gubernamental o un
hogar). Los Empleos independientes, a su vez, son aquellos en los que la
remuneración depende directamente de los beneficios (o del potencial para
realizar beneficios) derivados de los bienes o servicios producidos (en estos
empleos se considera que el consumo propio forma parte de los beneficios). Los
titulares toman las decisiones operacionales que afectan a la empresa, o
delegan tales decisiones, pero mantienen la responsabilidad por el bienestar de
la empresa. (En este contexto, la “empresa” se define de manera suficientemente
amplia para incluir a las operaciones de una sola persona).
TRABAJO-Mandato
constitucional de brindar protección especial implica responsabilidades para el
Estado
El
mandato constitucional de brindar especial protección al trabajo implica dos
tipos de responsabilidades para el Estado. Por un lado, el deber de promover  las
condiciones que permitan a todas las personas que lo requieran acceder a un
trabajo para generar los ingresos necesarios y, por otro, velar porque el
trabajo se desarrolle en condiciones de dignidad, particularmente cuando se
realiza bajo subordinación y dependencia, dado que, en ese escenario, se
presenta una contraposición de intereses, dentro de la cual el trabajador es el
extremo más débil.
ESTABLECIMIENTO DE REGIMENES DIFERENCIADOS EN MATERIA
LABORAL SEGUN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE TRABAJO-No quiere decir que tales derechos fundamentales no
deban ser respetados o garantizados en las cooperativas de trabajo asociado/COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-El legislador puede adoptar medidas restrictivas/COOPERATIVAS
DE TRABAJO ASOCIADO-Intervención del Estado exige una labor de ponderación
en procura de defender un entorno de protección del trabajo
Para
la Corte, el reconocimiento de la diferencia de regímenes laborales, según las
distintas modalidades de trabajo, no quiere decir que tales derechos
fundamentales no deban ser respetados o garantizados en las cooperativas de
trabajo asociado, puesto que de no entenderse así, “(…) habría que sostener
inválidamente que la Constitución discrimina a los trabajadores, o en otras
palabras, que protege solamente a unos, lo cual no se ajusta con una
interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25 y 53 del estatuto
superior. Es que derechos fundamentales como el de la igualdad de
oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del trabajo en forma
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el principio de favorabilidad
a favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, el derecho a la capacitación, al descanso
necesario, a la seguridad social, entre otros, no son ajenos a ninguna clase de
trabajo.” De este modo, cabe señalar que, sin detrimento de la autonomía que,
de acuerdo con los principios constitucionales a los que se ha hecho
referencia, tienen las Cooperativas de Trabajo Asociado, y sin perjuicio del
deber del Estado de brindarles su apoyo, como expresión de formas asociativas
solidarias e instrumento para la generación de empleo, es posible que el
legislador adopte medidas restrictivas de su régimen interno, no sólo para
garantizar el mínimo de derechos de los trabajadores, sino, también, para
evitar que instrumentos, amparados, en principio, por la libertad  de
asociación, la autonomía privada, el derecho al trabajo y el principio de
solidaridad, se conviertan en medios que se traduzcan en un detrimento
generalizado o ampliamente extendido de las condiciones de los trabajadores.
Esa intervención del Estado, sin embargo, exige una labor de ponderación para,
en procura de defender un entorno de protección del trabajo, no afectar
desproporcionadamente los derechos de quienes optan por una modalidad
autogestionaria.
TRABAJADORES ASOCIADOS-Diferencia con las relaciones de trabajo dependiente
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Obligación de los Estados de promover todo tipo de
cooperativas incluidas las de trabajo asociado, pero se puntualiza que estas no
se creen o se utilicen para evadir la legislación del trabajo o para encubrir
relaciones de trabajo dependiente
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Constituyen una opción válida a la luz de la
Constitución para que las personas puedan autogenerar trabajo, en un contexto
de libertad y autonomía/COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Se encuentran
sujetas a la legislación laboral que se orienta a garantizar que el trabajo se
realice en condiciones de dignidad/COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Deberes
del Estado
PROHIBICIONES DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Normatividad y jurisprudencia
CONTRATACION DE PERSONAL A TRAVES DE COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO-Regulación
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO-Compensación de los trabajadores asociados por las
labores realizadas, en la modalidad jurídica que les es propia, debe estar a
tono con las previsiones del Código Sustantivo del Trabajo
Referencia: expediente
D–8428
Asunto:Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 63 (parcial) de la Ley 1429 de 2010,
“Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil
once (2011)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en especial la prevista en
el artículo 241 numeral 7º de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución
Política, el ciudadano Jorge Eliécer Manrique Villanueva presentó demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo
63 (parcial) de la Ley 1429 de 2010, “Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo”.
Mediante Auto del25defebrero de 2011, el Magistrado
Sustanciador resolvió admitir la demanda, dispuso su fijación en lista y, simultáneamente,
corrió traslado de la misma al señor Procurador General de la Nación para que
rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó, además,
comunicar la demanda al Ministerio del Interior y de Justicia y al Ministerio
de la Protección Social para que, si lo estimaban conveniente, intervinieran
dentro del proceso con el propósito de impugnar o defender la
constitucionalidad de la disposición acusada.
Así mismo, se invitó al Presidente de la Confederación
de Cooperativas de Colombia -Confecoop- y al Director Ejecutivo de la
Asociación Colombiana de Cooperativas -Ascoop- y a los Decanos de la Facultades
de Derecho de las Universidades del Atlántico, Javeriana y Externado de
Colombia, para que, si lo consideraban conveniente, interviniesen en el proceso
con el propósito de rendir concepto sobre la constitucionalidad de la
disposición demandada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 2067 de 1991.
Una vez cumplidos los trámites previstos en el
artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.      TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A continuación se transcribe el texto del artículo 63
de la Ley 1429 de 2010, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial
No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010, destacando en negrilla y subrayado el
aparte demandado.
“LEY 1429 DE 2010
(diciembre 29)
Por la cual se expide la Ley de
Formalización y Generación de Empleo.
El
Congreso de Colombia
DECRETA:
(…)
Artículo 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda institución y/o empresa pública
y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no
podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que
hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que
afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en
las normas laborales vigentes.
Sin perjuicio de los derechos mínimos
irrenunciables previstos en el artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las
Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos
excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a éstos y
a los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad
con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio de la Protección Social a través de las
Direcciones Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas
privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de
disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en
falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que
contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral
para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta
grave.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Esta disposición entrará en
vigencia a partir del primero (1º) de julio de 2013.[1]
(…)
III.
LA DEMANDA
3.1.
Disposiciones
constitucionales que se consideran infringidas
El demandante considera que el aparte acusado del
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 vulnera lo dispuesto en los artículos 13,
25, 38, 53, 83, 163 y 333 de la Constitución Política. Precisa que la demanda
tiene por objeto, de manera principal, obtener la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión acusada, y,  subsidiariamente, que se declare
que la misma es exequible en el entendido de que, a las relaciones entre las
cooperativas de trabajo asociado y sus asociados, se les aplicará la
legislación laboral cuando la autoridad competente advierta una situación de
fraude a la legislación laboral ordinaria.
3.2.   Fundamentos de la demanda
3.2.1. Primer cargo. Violación de los artículos 25 y53
de la Constitución.
Después de señalar que la Constitución consagra al
trabajo como un valor, un principio y un derecho constitucional de estirpe
fundamental y que, de manera expresa, lo protege en todas su modalidades, el
accionante manifiesta que la jurisprudencia constitucional ha encontrado que
dentro de las tipologías constitucionales se halla el trabajo solidario,
autogestionario o cooperativo, el cual debe estar revestido de todas las
garantías.
A renglón seguido sostiene que la disposición
parcialmente demandada, al imponer a las Cooperativas de Trabajo Asociado –CTA-
y a las relaciones entre éstas y sus trabajadores asociados, la aplicación del
régimen jurídico laboral del trabajo subordinado, dependiente y por cuenta
ajena, desconoce el concepto del trabajo cooperado solidario y autogestionario,
que se encuentra protegido constitucionalmente.
A su juicio, el inciso 2 del artículo 63 de la Ley
1429 de 2010, impone a las CTA la obligación de “laborizar”,“de
conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo”,a
los asociados por labores realizadas, en el sentido de aplicar a la
relación de trabajo asociativo las normas del contrato de trabajo (propias del
tradicional derecho laboral) y, por ende, todas las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo, lo cual vulnera la garantía especial que reconoce la
Constitución Política a todas las formas de trabajo, entre ellas el trabajo
solidario, porque desconoce los fundamentos que inspiran el trabajo solidario y
extrapola a la verdaderas Cooperativas de Trabajo Asociado el modelo que se
desarrolló para el mundo de la empresa capitalista a lo largo del siglo XX, que
es el regulado por el Código Sustantivo del Trabajo.
Agrega que el legislador olvidó que existen otras
relaciones de trabajo, legítimas y democráticas, tales como las que surgen del
trabajo independiente o las que se dan en el ámbito del trabajo cooperativo,
entre la Cooperativa de Trabajo Asociado o precooperativa y el socio cooperado.
En su criterio, la ratio legis de la
disposición acusada se encuentra en el hecho de que la modalidad de las
cooperativas de trabajo asociado ha sido utilizada en muchos casos para hacerle
un fraude al tradicional derecho laboral y para desconocer las garantías de las
que gozan los trabajadores subordinados, dependientes y por cuenta ajena. Sin
embargo, prosigue, aunque la motivación del legislador parece válida, la manera
de buscar el objetivo vulnera los derechos de los trabajadores que constituyen
por su propia iniciativa una Cooperativa de Trabajo Asociado. Es preciso,
manifiesta, que el Estado mejore su capacidad de lucha contra el fraude a la
legislación laboral, pero considera que se está ante un problema de inspección
y vigilancia, que no puede resolverse en desmedro del verdadero trabajo
cooperado.
Arguye que el Estado debe promover la empresa
autogestionaria y que la Ley 1429 está en contra de ese mandato, en la medida
en que impone mayores cargas económicas a las relaciones de los trabajadores
cooperados con las Cooperativas de Trabajo Asociado, al dar aplicación a normas
del Código Sustantivo del Trabajo, lo que significa, en términos de costos,
asumir un 51% adicional al valor de las compensaciones que los cooperados
causan a su favor y a cargo de  las Cooperativas de Trabajo Asociado.
La relación de trabajo cooperado no corresponde al
clásico modelo capital - trabajo en el que se desenvuelve el contrato
individual de trabajo, porque las Cooperativas de Trabajo Asociado son
propiedad de sus cooperados y a través de ellas se realiza el mandato
constitucional de la práctica de la mutua ayuda.
La norma demandada vulnera la regla de la paridad consagrada
en el artículo 13 constitucional por cuanto trata como iguales a desiguales, en
la medida en que laboraliza las relaciones de trabajo entre la Cooperativa de
Trabajo Asociado y sus asociados cuando quiera que ésta tengan un solo
trabajador contratado bajo el esquema del contrato de trabajo.
Considera que, si la Corte Constitucional al
interpretar el contenido de la expresión “el trabajo en todas sus formas”,ha
dejado por sentado que allí caben todas las formas de trabajo, tales como el
independiente, el subordinado y el cooperado, mal hace el legislador al obviar
estas tipologías o fisonomías laborales traspolando a una categoría laboral (el
trabajo cooperado)la relación de una categoría laboral diferente (el trabajo
subordinado, dependiente y por cuenta ajena) que sirve a otros intereses y a
otro modo de ser de la relación de trabajo que subyace.
3.2.2. Segundo cargo. Violación a los artículos 13 y
163 (Fundamentos de la autonomía de la voluntad); 38 (derecho de asociación) y
333 (deber del Estado de fortalecer las organizaciones solidarias) de la
Constitución Política.
Para el accionante, el inciso tercero del artículo 63
de la Ley 1429 de 2010, vulnera el derecho de asociación consagrado en el
artículo 38 de la Constitución en tanto impone consecuencias irracionales a las
pre-cooperativas o cooperativas cuando estás contratan por medio de contrato de
trabajo. Explica que las cooperativas están expresamente facultadas por la ley
para la vinculación excepcional y justificada de “trabajadores ocasionales o
permanentes no asociados”, caso en el cual las relaciones que de allí
surjan se regirán “por las normas de legislación laboral vigente”. Añade
que no se entiende la razón por la cual la disposición demandada ordena que
cuando se esté en el evento anterior, esto es, cuando una pre-cooperativa o una
cooperativa de trabajo asociado “tenga trabajadores”,quienes,
naturalmente, se regirán por el Código Sustantivo del Trabajo, dicho régimen se
aplique también a los asociados de las organizaciones solidarias, sin tener en
cuenta que éstos tienen un régimen propio, que es resultado de su libre
asociación y de la autonomía privada que permite a los particulares dictar sus
propias normas, condicionando su conducta por medio de la imposición de deberes
y obligaciones para el consecuente disfrute de derechos y beneficios. En
conclusión las pre-cooperativas y las cooperativas se regulan por un régimen
autónomo válido, el cual debe ser respetado por el Estado.
Para sustentar las anteriores consideraciones, el
actor se remite a lo expresado por la Corte Constitucional en diversas
Sentencias, así:
Pone de presente, en primer lugar, que en la Sentencia
C-211de 2000[2],la
Corte expresó: “…dado que los socios son los mismos trabajadores, éstos
pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones laborales, al
margen del código que regula esta materia...”.
Agrega que en la Sentencia C-855 de 2009[3], la Corte se
pronunció acerca de la subsistencia de dos regímenes diferentes de las
Cooperativas, en estos términos: “A partir de la premisa de que su origen es
el acuerdo cooperativo, la Corte consideró constitucionalmente admisible que el
régimen de trabajo, compensación, previsión y seguridad social de las
Cooperativas de Trabajo Asociado fuera el establecido en sus estatutos y
reglamentos, y no en la legislación laboral. Si bien esa facultad de darse sus
propias reglas no es absoluta, pues no pueden contrariar los principios y
valores constitucionales, cuestión que deberán vigilar las autoridades
competentes, la Corte estimó que, en principio, no se opone a la Constitución
que, en estos aspectos, los miembros de la Cooperativa se sometan a las reglas
‘expedidas y aprobadas por ellos’ mismos’.”Para el demandante, de este
modo, pueden coexistir un régimen para los asociados y otro para los
trabajadores que de forma excepcional laboren para la cooperativa, sin que ello
contraríe la Constitución.
Señala que la norma acusada, injustificadamente, hace
que la excepción se convierta en la regla general, pues si no existe
subordinación o dependencia, el régimen laboral debe quedar al margen y no
rigiendo todas las relaciones, en especial, y paradójicamente, las de los
asociados dentro de una pre-cooperativa o cooperativa, cercenando, así, la
libertad prevista para el régimen jurídico de dichas instituciones que
materializan el trabajo asociado.
3.2.3. Tercer cargo .Violación del artículo 83
(presunción de buena fe) de la constitución política.
Afirma
el demandante que, no obstante que la buena fe se presume por mandato
constitucional,  el aparte demandado
supone una interpretación conforme a la cual todas la pre-cooperativas o
cooperativas de trabajo asociado que contraten trabajadores de forma
excepcional, están defraudando la legislación laboral, revistiendo con un
ropaje distinto relaciones que, en realidad, serían contratos de trabajo.
Expresa que la solución para evitar el uso fraudulento
de la modalidad de las cooperativas de trabajo asociado, no es suprimirlas o
alterar su naturaleza, sino poner en marcha mecanismos idóneos de control.
3.2.4. Cuarto cargo. Violación a la protección
constitucional de las formas de propiedad solidaria y asociativa.
Indica el demandante que las organizaciones de
economía solidaria son expresión del
principio constitucional de solidaridad y que, por ello, dichas organizaciones
está amparadas por un mandato de especial protección que encuentra su
fundamento en diversas disposiciones de la Carta Política. Esa realidad,
prosigue, se desconoce en el inciso segundo del artículo 63 de la norma
demandada, cuyo contenido desconoce lo dispuesto en los artículos 1°, 51, 57,
58, 60, 64, 103, 189-24 y 333 de la Constitución Política, que no son simples
enunciados teóricos sino directivas de acción política que le imponen al Estado
el deber de fomentar, apoyar, promover y proteger a las organizaciones
solidarias y asociativas, como instrumentos útiles para lograr el desarrollo
económico dentro de esquemas democráticos, y que contribuyen de manera
equitativa a la distribución de la propiedad y del ingreso y a la
racionalización de la economía a favor de la comunidad, en especial, de las
clases populares.
Agrega que la laboralización de las formas asociativas
de trabajo, como respuesta ala indebida utilización de esta figura, no
encuentra asidero constitucional, toda vez que los argumentos que se han
expuesto para el efecto, no corresponden a criterios de proporcionalidad ni de
razonabilidad, en la medida en que esa solución hace nugatorio el derecho de
asociación y desconoce la protección especial del sector solidario que se
desprende de la Constitución.
Expresa que la conformación de Cooperativas de Trabajo
Asociado es manifestación del principio de solidaridad, toda vez que de la
estructura propia de la figura, es posible inferir la puesta en marcha de
intereses mutualistas y de cooperación comunitaria, elementos teleológicos,
que, sin duda, quedarían soslayados, al instituir un régimen laboral ordinario
para los trabajadores cooperados, pues este régimen laboral clásico descansa
sobre una ecuación extraña al universo del verdadero trabajo cooperado.
En su criterio, la relación de trabajo cooperado es un
instrumento jurídico que permite a colectivos de personas iguales y que
comparten intereses comunes, auto-regularse para construir su propia empresa y
adoptar una serie de condiciones laborales iguales, que realicen condiciones
dignas de trabajo, diferentes a las condiciones del contrato de trabajo.
Finalmente, indica que lo anterior obedece a
razonamientos de orientación estrictamente económica, ya que lo único que se
lograría con la norma acusada sería un incremento de los costos de producción y
por ende un desincentivo a la iniciativa de asociación, pues, en tales términos
no existiría diferencia desde el punto de vista del derecho laboral, entre
sociedades comerciales y sociedades pertenecientes al sector solidario.
IV.   INTERVENCIONES
1.Ministerio de la Protección Social
Mediante escrito allegado el 29 de marzo de 2011, el
apoderado judicial del Ministerio de la Protección Social intervino con el fin
de solicitarle a la Corte declarar la exequibilidad del precepto normativo
acusado.
En criterio del representante del Ministerio, el
demandante parte de una premisa equivocada, puesto que considera que la
expresión acusada impone a las Cooperativas de Trabajo Asociado y a las
relaciones entre éstas y sus trabajadores asociados, la asunción del régimen
jurídico laboral del trabajo subordinado, dependiente y por cuenta ajena,
desconociendo el concepto de trabajo cooperado, solidario y autogestionario
protegido constitucionalmente, cuando, en realidad, ello no es así.
Expresa el interviniente que el desacierto del
demandante se puede apreciar a partir de dos argumentos principales: En primer
término, el trabajo subordinado ha sido ampliamente tratado en la doctrina y en
la legislación nacional y no se compara con el realizado en las cooperativas de
trabajo asociado. De otro lado, lo que pretende el gobierno nacional es
garantizar a los trabajadores asociados los mínimos derechos que poseen todos
los trabajadores, por lo cual no se genera reproche constitucional alguno.
Después de referirse al régimen de los recursos de la
seguridad social, que marginalmente se relaciona con lo que es objeto de
controversia en este caso, expresa que las cooperativas de trabajo asociado no
pueden desconocer los derechos equiparables a los prestacionales, que, en el
ámbito de las mismas, están comprendidos dentro de las compensaciones de los
trabajadores asociados, los cuales gozan de la protección del Estado.  Agrega
que la previsión del inciso segundo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, se
justifica en consideración a las desviaciones que se han venido presentando en
este tipo de organizaciones, las cuales trasgreden de manera importante la
filosofía de la economía solidaria y en especial la figura del cooperativismo
asociado.
Afirma
que, en conclusión, las normas que se atacan no son contrarias a la
Constitución, porque a través de las mismas se desarrolla el objeto de la
protección de los trabajadores que pertenecen a este gremio y se adecua la
actuación estatal aprovechando las fortalezas de cada una de las entidades.
2. Universidad Externado de Colombia
La Coordinadora del Departamento de Derecho Laboral de
la Universidad Externado de Colombia intervino en el presente asunto con el
propósito de apoyar la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.
Para sustentar su posición, la interviniente presenta,
en primer lugar, un conjunto de consideraciones sobre el movimiento cooperativo
como una forma legítima de trabajo y destaca los principios fundamentales del
cooperativismo que constituyen el marco de esa actividad.
En ese contexto, pone de presente que, de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, la naturaleza jurídica de las cooperativas de
trabajo asociado surge de la expresión libre de la voluntad de crearlas y de la
autonomía ejercida por un grupo de personas que se unen para trabajar y
auto-regularse.[4]
Así, expresa, las Cooperativas de Trabajo Asociado son auto-reguladoras en sus
relaciones de trabajo asociado, por lo tanto, sus miembros pueden establecer
libremente las disposiciones que regirán sus relaciones en su doble calidad de
trabajadores y asociados. Añade que esta regulación debe estar gobernada por los
principios del cooperativismo, tales como afiliación abierta y voluntaria,
control democrático de los miembros, participación económica de los miembros,
autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación
entre cooperativas y compromiso con la comunidad.
Expresa que quien pertenece a una cooperativa de
trabajo asociado, posee dos  calidades en relación con la misma, puesto que es,
a la vez, socio y trabajador. Comosocio, dice, concurre democráticamente en las
decisiones de la Cooperativa, participa en los beneficios y se obliga a cumplir
los reglamentos de la misma. Como trabajador, aporta su actividad física o
intelectual en el puesto de trabajo asignado por la cooperativa. Indica que
esta doble vinculación se denomina relación de trabajo asociado.
Para la interviniente, el trabajador asociado está
vinculado con la cooperativa de trabajo asociado mediante una relación de
trabajo asociado, la cual se caracteriza por la autonomía e independencia con
la que el trabajador ejerce sus funciones, por considerar el trabajo como un
aporte a la cooperativa y por no generar una relación de subordinación o
dependencia típicamente laboral. En la relación de trabajo asociado no hay un
empleador y un trabajador, no hay una lucha de intereses, sino que lo que
existe es un trabajo mancomunado, autogestionario, orientado hacia el progreso
colectivo de los asociados.
Prosigue señalando que el trabajo asociado se
contrapone al trabajo subordinado, propio de una relación enmarcada en un
contrato de trabajo, donde los tres elementos clásicos son la prestación
personal del servicio, la subordinación y el salario. En efecto, añade, el
elemento más importante de la relación laboral formal (contrato de trabajo) es
inexistente en la relación de trabajo asociado, esto es, la subordinación.
Agrega que los derechos y las obligaciones de los
trabajadores asociados están señalados en los reglamentos que ellos mismos se
han provisto, y que, por lo tanto, todo lo relacionado con sus compensaciones
ordinarias (remuneración en contraprestación a su trabajo), compensaciones
extraordinarias, beneficios adicionales, periodos de descanso, jornadas, etc.,
está dentro del libre marco de la auto regulación, atendiendo solamente a los
mínimos establecidos en la legislación cooperativa.
Así las cosas, concluye, a la relación de trabajo
asociado no le es aplicable la normatividad propia del contrato de trabajo,
contenida en el Código Sustantivo de Trabajo y demás legislación
complementaria.
Manifiesta
que la Corte Constitucional en Sentencia
C -211 de 2000, señaló claramente las diferencias entre el trabajo subordinado,
propio del contrato de trabajo y el trabajo asociado, propio de la relación con
una cooperativa de trabajo asociado, y se refiere a la Recomendación 193 de
2002 de la Organización Internacional del Trabajo sobre promoción de las
cooperativas, para concluir que, en el ámbito de la misma, debe tenerse en
cuenta que es deber de los Estados propender por el trabajo decente, en
cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en el ejercicio subordinado del mismo
o en el independiente, autónomo o asociado.
En un segundo apartado de su escrito, la interviniente
desarrolla el principio de la primacía de la realidad y alude al hecho de que, en
algunos casos, la autodeterminación y autonomía propias del modelo cooperativo
han desaparecido y han cedido espacio a una verdadera subordinación laboral
solapada, cuyo único objetivo ha sido la vulneración de los derechos laborales de
los trabajadores formales, razón por la cual la legislación ha tenido que
endurecer los controles y la jurisprudencia no ha sido ajena a la problemática
planteada.
Llama la atención sobre el hecho de que el crecimiento
masivo del número de cooperativas de trabajo asociado puede tener diversas lecturas,
puesto que, por una parte, como lo observa la ACI, puede ser un indicador del
posicionamiento del movimiento cooperativo como creador de empleo, pero, por
otra, puede constituir un indicador de la disminución de contratos de trabajo
que otorgan un mínimo de derechos laborales establecidos en la legislación
laboral, producto de la evolución del derecho laboral en el mundo.
Aclara que cuando una cooperativa de trabajo asociado
nace de la libre voluntad de sus asociados, es dirigida democráticamente, se
mantiene autónoma durante su existencia, es una forma de trabajo que dignifica
a los trabajadores, que a su vez son socios de un proyecto productivo y
solidario; pero que cuando la cooperativa nace de la presión de un empleador o
grupo de empleadores, que presionan a sus trabajadores a formar estas
cooperativas, o que cuando son dirigidas por un grupo minoritario que
representa intereses diferentes a los de los trabajadores asociados, o cuando
su actuar se vuelve dependiente y subordinado, se está en presencia de un
fraude a la legislación laboral.
Expresa que las violaciones de la legislación laboral
y el fraude a los derechos de verdaderos trabajadores son una realidad que
amerita el pronunciamiento del Estado, la vigilancia y el control de los
órganos dispuestos para tal fin, pero que no se puede convertir en presupuesto
para una persecución al sector cooperativo.
En ese sentido manifiesta que la pretensión de
equiparar la legislación aplicable al sector cooperativo y al sector real en
materia de relaciones laborales, vulnera los postulados mismos del sistema
cooperativo y desconoce la libertad, la autonomía y la autodeterminación de los
asociados.
A partir de las anteriores consideraciones, concluye
que la disposición acusada resulta contraria a los artículos 13, 25 y 38 de la
Constitución Política.  En su criterio el artículo 13 Superior se transgrede
por cuanto ante realidades y naturaleza de trabajo diferente no es posible
aplicar igual legislación, y hacerlo así desconoce las diferencias protegidas
por la Constitución y genera una especie de persecución contra el modelo de
trabajo cooperativo, cuando lo que se debe perseguir con las herramientas
existentes es la vulneración del principio de la primacía de la realidad.
Advierte que desconocer los principios que fundan el
trabajo cooperativo y aplicar la normatividad laboral a trabajadores asociados,
sanciona, en contravía con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, la
utilización de una clase de trabajo que tiene protección constitucional y gran
reconocimiento mundial.
De igual forma, estima que se vulnera el derecho de
asociación consagrado en el artículo 38de la Carta Política pues los ciudadanos
tienen libertad para elegir constituir una cooperativa y convertir este modelo
en su opción de trabajo, sin que la autodeterminación, la solidaridad y la
autonomía puedan ser soslayadas legislando para la excepción fraudulenta y
atacando los principios propios de un sector de la economía mundial respetable
y avanzado.
En los anteriores términos, considera la interviniente
que la expresión “y a los trabajadores asociados” contenida en el inciso
segundo del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, debería ser declarada
inexequible, por atentar contra los artículos 13, 25 y 38 de la Constitución
Política.
3. Confederación de Cooperativas de Colombia –
Confecoop – y la Asociación Colombiana de Cooperativas - Ascoop
Clemencia
Dupont Cruz y Carlos Acero Sánchez, en calidad de Presidente Ejecutiva y
Director Ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia –Confecoop-
y de la Asociación Colombiana de Cooperativas–Ascoop- respectivamente,
presentaron escrito en el que someten a consideración de la Corte los puntos de
vista gremiales en relación con la situación del cooperativismo de trabajo
asociado que condujo a la expedición del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
3.1.   En primer lugar, en un acápite de ubicación
conceptual, señalan que las cooperativas de trabajo asociado son aquéllas que
vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, la
ejecución de obras o la prestación de servicios.
Agregan que este tipo de cooperativas asocia a personas
naturales que tienen simultáneamente la calidad de gestoras de la empresa, de
contribuyentes económicos y de aportantes directos de su capacidad de trabajo
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales,
con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios, que
redundan en la satisfacción de las necesidades de sus asociados y de la
comunidad en general.
Después de subrayar que un elemento fundamental de las
Cooperativas de Trabajo Asociado es el hecho de que desarrollan sus actividades
con autonomía, autodeterminación y autogobierno, de manera tal que la
generación de trabajo para sus asociados debe darse con total independencia del
tercero contratante, señalan que, en contravía con ese postulado, es sabido que algunas entidades, en muchos casos
públicas, utilizan a las cooperativas para contratar servicios de ex empleados,
cuando se producen recortes de sus plantas de personal. Añaden que pese a que
esas organizaciones se autodenominan cooperativas de trabajo asociado, en
realidad, tal como se hace por la OIT, deberían considerarse como
pseudo-cooperativas, puesto que aunque se constituyan con las formalidades
propias de las cooperativas, en realidad se convierten en un mecanismo que se
emplea para favorecer a unos pocos en perjuicio exclusivo de los trabajadores,
quienes, frente a cualquier eventualidad, se encuentran con el hecho de que, al
no ser empleados de la entidad contratante, ni de la cooperativa -dado que el
vínculo con ésta es de otra naturaleza-, nadie les responde, ni se les reconocen
sus prerrogativas básicas.
Expresan
que la situación descrita se ha reflejado en el crecimiento desbordado de
cooperativas de trabajo asociado, especialmente a partir del año 2003, y tiene
origen en causas variadas y de diversa naturaleza, como la flexibilización
laboral con el fin de reducir costos y, especialmente, la falta de adecuadas
estructuras de supervisión estatal.
3.2.   Al
referirse a los antecedentes de la norma demandada, señalan que, en su momento,
el Gobierno Nacional, a través del Vicepresidente de la República, le solicitó
al legislador revisar el funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado
y contemplar la posibilidad de acabar con esa figura. Agregan que, ante esa
perspectiva y en el convencimiento de que las Cooperativas de Trabajo Asociado
son una herramienta valiosa para muchos trabajadores y que un buen número de
ellas se han constituido y funcionan con pleno respeto de los principios
doctrinarios que les son propios y con sujeción a las disposiciones legales que
las gobiernan, el gremio planteó la posibilidad de adoptar una norma similar a
la que finalmente se incorporó en la Ley 1429 de 2010, de formalización y
generación de empleo, y por virtud de la cual se proponía que las CTA tendrían
lo obligación de retribuir a sus asociados por las labores realizadas, en forma
equivalente a los mínimos previstos en el Código Sustantivo del Trabajo.
Anotan
que esa propuesta se orientaba a permitir que, con el cumplimiento de ciertos
requisitos, las Cooperativas de Trabajo Asociado pudieran continuar desarrollando
sus actividades, se preservara el auténtico modelo cooperativo  y se depurara el
sector. Ello, teniendo en cuenta que el trabajo en todas sus modalidades goza
de la protección del Estado y que toda persona tiene derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas, como lo establece el artículo 25 de la
Constitución Política. Añaden que, para ese efecto, también se consideró que lo
dispuesto en el artículo 53 de la norma superior, sobre la remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, y
la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales, entre otros aspectos, debía aplicarse a las
Cooperativas de Trabajo Asociado.
Refieren
los intervinientes que, en ese contexto, a fin de lograr la supervivencia de
este tipo de cooperativas, se realizó la aludida propuesta de imponer a las
Cooperativas de Trabajo Asociado la obligación de retribuir a los trabajadores
asociados por las labores realizadas, en forma equivalente a los mínimos
previstos en el Código Sustantivo del Trabajo, en materias tales como horas
extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, primas, descansos
anuales, y otras prestaciones relacionadas con el desplazamiento de los
trabajadores, bonificaciones, subsidios y auxilios para épocas de vacancia y el
control y supervisión de estas cooperativas sobre su naturaleza y el desarrollo
de sus actividades, por parte del Estado. Sin embargo, expresan que, por una
parte, en el Congreso se alteró el sentido de la propuesta, para disponer, no
una retribución equivalente, sino la imposición del régimen laboral del Código
Sustantivo de Trabajo a las Cooperativas de Trabajo Asociado, y por otra, en la
ley quedaron consignados instrumentos de control y de sanción que hacen
innecesario acudir a medidas extremas como la que finalmente se adoptó.
Expresan
que el trabajo asociado cooperativo ha demostrado sus beneficios a nivel
internacional, como herramienta de generación de trabajo digno, de impulso al
emprendimiento y de desarrollo de la población y que no se puede sacrificar la
validez de este modelo, por la incapacidad del Estado para contrarrestar una
situación que ha crecido en un contexto socio-económico marcado por los
recortes presupuestales, la austeridad en el gasto, el afán de disminuir los
costos de la nómina y, sobre todo, por las deficiencias de control estatal.
4.    Los
ciudadanos Nancy Astrid Contreras Rincón, Luis Antonio Vargas Cortés, Luis
Alejandro Rodríguez Jáuregui y Edicson Manuel Linares Mendoza, mediante escrito
allegado a esta Corporación el 16 de marzo de 2011, solicitaron que el aparte
normativo objeto de reproche sea declarado exequible.
Después de hacer un recuento sobre los antecedentes
del cooperativismo y los principios que lo inspiran, así como sobre la manera
como las Cooperativas de Trabajo Asociado están previstas en la legislación
colombiana y los elementos que las caracterizan, los intervinientes puntualizan
que, en la práctica, las CTA no se han ceñido a esos postulados, sino que han
sido empleadas como instrumentos al servicios de grandes empresas, para
defraudar los derechos de los trabajadores.
Expresan que, no obstante que se han expedido medidas
legislativas orientadas a proscribir la utilización irregular de la CTA[5] y que en el
mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, haciendo valer el
principio de la primacía de la realidad sobre las formas en materia laboral[6], tales
medidas no han resultado efectivas y el fenómeno, en detrimento de la realidad
laboral del país, se sigue presentando.
A partir de las anteriores premisas, los
intervinientes se refieren a los cargos de la demanda, para señalar, de manera
general, que la disposición demandada no desconoce el derecho al trabajo, sino
que, por el contrario, lo protege, al aplicar a todas las relaciones de
trabajo, incluidas las que tienen lugar en la CTA, las disposiciones laborales
que establecen el mínimo de derechos y garantías de los trabajadores.
En su criterio, tampoco se restringe la autonomía de
la voluntad, la cual, en todo caso, debe ejercerse con sujeción a los límites
que imponga el legislador, los cuales, en este caso, se orientan a proteger al
trabajador y tienen, por consiguiente, justificación constitucional.
Agregan que, por la misma razón, tampoco se desconoce
el deber del Estado de promover el sector solidario, puesto que lo que impone
el precepto demandado es la aplicación dentro del mismo, del conjunto de
disposiciones laborales que garantizan los derechos mínimos del trabajador y
que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 333 Superior,“la empresa como
base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”, y
las cooperativas, en cualquiera de sus formas, están sometidas a este mandato
constitucional.
5.    Los
ciudadanos Miguel Leonardo Betancourt Moncada, Maritza Fernanda Ramírez Arias y
Jairo Gómez Ramos, mediante escrito allegado a esta Corporación el 17 de marzo
de 2011, solicitaron que se declare la exequibilidad de los apartes normativos
objeto de reproche.
Los
intervinientes se apartan de las pretensiones del accionante, teniendo en
cuenta que, en su criterio, la parte demandada del artículo 63, inciso segundo,
de la Ley 1429 de 2010, “Ley de Formalización y generación de empleo”
pretende garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales a que hace
referencia nuestra Carta Política, ejerciendo un mayor control sobre las
Cooperativas de Trabajo Asociado, diferenciándolas de las empresas que tengan
trabajadores en misión y que realicen intermediación laboral.
Después
de hacer unas consideraciones generales en torno al objetivo de la ley de
generación de empleo y sobre los objetivos de la misma, los intervinientes
anotan que la facultad de autorregulación que tienen las cooperativas no apunta
a permitir la violación de los derechos de los trabajadores, sino que es el
reconocimiento a la naturaleza especial de estas entidades, en las que están
ausentes las relaciones jerárquicas o de subordinación, que conducirían a
aplicar las normas laborales. La autorregulación implica que los trabajadores
mismos deben definir y aceptar los regímenes de trabajo y de compensaciones que
han de regir sus relaciones con la cooperativa, estableciendo en forma
concertada sus derechos y deberes.
En
ese contexto, presentan algunos desarrollos en torno a la manera como
desarrollan sus actividades las cooperativas de trabajo asociado, para
observar, después que, pese a los principios y a las finalidades que inspiran a
ese tipo de entidades, las mismas han sido utilizado indebidamente, en
modalidades operativas que se apartan de su filosofía y de la normatividad
vigente, para realizar actividades de intermediación laboral, propias de otras
entidades, con el propósito de satisfacer intereses individualistas en
perjuicio de los derechos de los trabajadores asociados. Por tal razón, añaden,
fue necesario que el legislador, tal como se hizo en la Ley 1429 de 2010,
garantizara el respeto de los derechos de los trabajadores.
Expresan
que, en los anteriores términos, al hacer el análisis de constitucionalidad por
la violación del artículo 13 Superior, se aprecia que no existe afectación del
principio de igualdad, toda vez que lo que pretende la ley es que a todos los
trabajadores, entendiéndose como tales a los trabajadores cooperativos, trabajadores
dependientes, subordinados y por cuenta ajena, se les trate por igual y sin
diferencias de trato derivadas de la calidad del trabajador.
Agregan
que la protección que la Constitución ordena dispensar al trabajo, no es
exclusivamente el subordinado, sino que lo comprende en todas sus modalidades
(art. 25 C.P.), y la garantía de los derechos mínimos irrenunciables tampoco se
ve menguada, porque son los mismos asociados quienes deben establecer sus
propias reglas para que aquél se desarrolle en condiciones dignas y justas, que
les permita mejorar su nivel de vida y lograr no solo su bienestar sino también
el de su familia.
Ponen
de presente, por otro lado, que en la ley se promueve la formalización del
empleo, a través de incentivos tributarios y otras medidas novedosas, como una
favorable progresividad para el pago de parafiscales y de la tarifa del
registro mercantil, así como de una radical simplificación del trámite
correspondiente a la liquidación de empresas entre otros.
Concluyen, en síntesis, que los apartes de la norma
tachados en la demanda no vulneran los artículos constitucionales mencionados
en la medida en que el objetivo  del Gobierno Nacional es buscar formas viables
y dignas, dentro de un Estado Social de Derecho, para la generación de empleo,
como pilar fundamental de la economía y medio efectivo para la disminución de
la pobreza.
6.  Comisión Colombiana de Juristas – Central Unitaria
de Trabajadores – Escuela Nacional Sindical.
Los ciudadanos Gustavo Gallón Giraldo, Fátima Esparza
Calderón, Juan Camilo Rivera Rugeles y Mateo Gómez Vásquez, integrantes de la
Comisión Colombiana de Juristas; Tarcisio Mora, Presidente de la Central
Unitaria de Trabajadores y Luciano Sanín Vásquez, Director de la Escuela
Nacional Sindical presentaron escrito en el que defienden la constitucionalidad
de la expresión demandada.
En criterio de los intervinientes, el problema
jurídico que plantea la demanda es  determinar si es contraria a la
Constitución una disposición que obliga a las Cooperativas de Trabajo Asociado
–CTA– a retribuir a sus trabajadores asociados de la misma manera como un
empleador debe retribuir a quienes tienen un contrato de trabajo.
Expresan que, en su opinión, una disposición tal no se
opone a la Constitución, sino que se limita a reconocer una realidad social
evidente, según la cual,el recurso a las cooperativas de trabajo asociado ha
sido utilizado para encubrir verdaderas relaciones laborales, a las que no se
les reconocen los derechos que surgen de una relación laboral mediante contrato
de trabajo.
Señalan que para desarrollar el anterior
planteamiento, se referirán a la situación en la que se encuentran los
trabajadores asociados a cooperativas de trabajo asociado; explicarán la manera
como hasta el momento se han afectado los derechos de esos trabajadores por
recibir un tratamiento distinto al previsto en el Código Sustantivo del Trabajo
y expondrán las razones por las cuales consideran que el aparte normativo
acusado no se opone a las disposiciones constitucionales citadas por el
demandante.
6.1.   Manifiestan, en primer lugar, que si bien es
cierto que, desde el punto de vista formal, la situación del trabajador
asociado es distinta a la del trabajador dependiente, esa diferencia ya no es
tan clara cuando se trata de la aplicación de las dos figuras, por cuanto,
aunque existe diferencia en el vínculo jurídico, la relación de los
trabajadores con el empleador resulta siendo casi la misma.
Para ese efecto, se remiten a la Sentencia C-614 de
2009, en la que la Corte Constitucional puso de presente la existencia de una “práctica
usual” conforme a la cual se utilizan personas asociadas a cooperativas de
trabajo asociado, para el desempeño de funciones de carácter permanente en
empresas privadas o en entidades del Estado, por la reducción de costos que
ello puede significar.
6.2.   A continuación se refieren a la afectación de
los derechos laborales que, en su criterio, se produce en relación con los
trabajadores asociados a cooperativas de trabajo asociado.
Expresan que, a manera de ejemplo, los trabajadores
vinculados por cooperativas de trabajo asociado no tienen estabilidad laboral,
puesto que no son reconocidos como trabajadores de la empresa para la cual
prestan sus servicios, la cual queda eximida de sus obligaciones laborales con
los trabajadores afiliados a la cooperativa. En ese orden de ideas, prosiguen,
a estos trabajadores se le niega el derecho de asociación, en cuanto que no se
les permite conformar organizaciones sindicales en las empresas en las que
ejercen su actividad. Del mismo modo, indican, estos trabajadores no tienen
derecho a un conjunto de prestaciones y beneficios, como pago de horas extras, protección
al embargo del salario mínimo, renovación del contrato, auxilio de transporte,
cesantías, indemnización por despido injusto, prima de servicio, etc., todo lo
cual incide en una notable diferencia en la remuneración que reciben los
trabajadores afiliados a las cooperativas y los que se encuentran vinculados
mediante contrato de trabajo. Agregan que, además, debe tenerse en cuenta que
rubros como las cotizaciones en pensiones en salud y en riesgos profesionales,
así como los aportes parafiscales, deben ser asumidos en su totalidad por los
trabajadores asociados.
6.3.   A partir de las anteriores consideraciones, los
intervinientes exponen las razones por las cuales estiman que la obligación
impuesta en la norma demandada se ajusta a la Constitución.
6.3.1. Así, señalan, la expresión demandada respeta el
principio de la primacía de la realidad sobre las formas, porque, más allá de
la denominación que se le dé a una determinada relación laboral, el régimen
aplicable debe guiarse por el contenido de la misma. De este modo, como quiera
que es una práctica usual que las relaciones de trabajo que se formalizan a
través de una cooperativa de trabajo asociado encubran, en realidad, una
relación que cumple las condiciones del trabajo dependiente que se realiza bajo
la modalidad del contrato de trabajo, es natural que las mismas den lugar a los
derechos propios del contrato de trabajo.
6.3.2.    Para los intervinientes, la expresión
demandada respeta la protección constitucional al trabajo, por cuanto, la misma
se predica de todas las modalidades laborales, sin que, al amparo del régimen
especial de las cooperativas de trabajo asociado, se puedan desconocer los
derechos mínimos que deben garantizarse a todos los trabajadores. Así,
manifiestan que la Constitución y tratados internacionales contienen el
principio conforme al cual a trabajo de igual valor debe corresponder igual
salario y que no se justifica que existan diferencias entre trabajadores de
planta y trabajadores vinculados a través de cooperativas de trabajo asociado,
que realizan las mismas labores.
6.3.3.
En su criterio, la expresión demandada tampoco
se opone al principio de igualdad, puesto que, en muchos casos, la vinculación
de los trabajadores asociados a las CTA con las empresas en las que prestan sus
servicios, no es distinta a la de quienes prestan sus servicios bajo la
modalidad del contrato de trabajo. Agregan que, aun admitiendo que existan
diferencias entre los dos tipos de relación, no cabe aplicar distintos
conjuntos de derechos a los trabajadores, puesto que la Constitución obliga al
Estado a proteger a todos los trabajadores, con independencia del rótulo que
tenga la relación laboral.
6.3.4.   Manifiestan, finalmente, que la expresión
demandada respeta el deber del Estado de luchar contra las relaciones de
trabajo encubiertas, que es un compromiso internacional de Colombia que ha sido
objeto de pronunciamiento por la OIT en la Recomendación 198 de 2006.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
La
Procuradora General de la Nación (E), mediante concepto No. 5144, solicita a
esta Corporación que declare la exequibilidad de la expresión “y a los
trabajadores asociados” contenida en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
Para
la Vista Fiscal, en orden a resolver el problema jurídico que plantea la
demanda, es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional, al ocuparse de
las cooperativas de trabajo asociado, en la Sentencia C-855 de 2009, precisó
que éstas nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que
decide unirse para trabajar de manera mancomunada, bajo sus propias reglas,
contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos. Agrega que en
esa sentencia se dijo que, dada la especial circunstancia de que los asociados
de la cooperativa son sus mismos trabajadores, éstos pueden pactar las reglas
con arreglo a las cuales se desarrolla su relación laboral, al margen del código
que regula esa materia, sin que ello implique desconocer su derecho a recibir
una compensación por el trabajo aportado y su derecho a participar en la
distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa.
Advierte
que, al examinar la expresión demandada dentro de su contexto, se aprecia que
la alusión que la norma hace al Código Sustantivo del Trabajo ocurre respecto
de una precisa conducta, señalada con el verbo retribuir, que significa
recompensar o pagar un servicio. Así, prosigue, lo que la expresión demandada
quiere decir es que los servicios o labores realizadas por los trabajadores
contratados por la cooperativa o por los trabajadores asociados a ésta, deben
ser recompensados o pagados de conformidad con lo establecido en el Código
Sustantivo de Trabajo.
En
su criterio, lo anterior no implica que los estatutos o reglamentos que los
trabajadores asociados, en ejercicio de su autonomía, su derecho de asociación
y el principio de solidaridad, acuerden para regir su relación laboral, sean
anulados o excluidos por la ley, para imponerles, en su lugar, el Código
Sustantivo del Trabajo. Para constatarlo basta considerar el amplio número de
cuestiones o asuntos propios de la relación laboral que son diferentes a la
retribución. Lo que sí ocurre, es que la ley establece un límite al ejercicio
de esa autonomía, que no es ni puede ser absoluta, como parece asumirlo el
actor, y lo hace a partir de valores y principios constitucionales, a los
cuales debe sujetarse cualquier relación laboral, con independencia del régimen
legal que le sea aplicable. Estos valores y principios están relacionados con
la protección de los trabajadores y de sus derechos, con independencia de su
condición de trabajadores dependientes o de trabajadores asociados.
Para
el Ministerio Público, ninguna modalidad de relación de trabajo puede pretender
regularse al margen de lo dispuesto por la Constitución. La supremacía
constitucional es predicable de la ley y del reglamento, pero también lo es de
los acuerdos, pactos, convenciones y contratos que celebren los particulares en
ejercicio de su autonomía. No puede olvidarse que el Estado interviene en uno y
otro caso, para establecer una serie de garantías mínimas en favor de los
trabajadores, a las cuales no es posible renunciar, pues éstos no son autónomos
para disponer de ellas, así esa sea su voluntad. Y no lo son, porque se trata
de un tema de orden público, que es ajeno a la autonomía de la voluntad, y que
no se acuerda o se negocia, sino que se impone.
Si
los acuerdos que los trabajadores asociados hacen en ejercicio de su autonomía,
no respetan esas garantías mínimas, el principio de autonomía o el principio de
solidaridad no son suficientes para considerar tales acuerdos como válidos. En
estos casos hay normas superiores que no pueden ser desconocidas: las que
establecen las garantías mínimas, que obran como un límite para dichos
principios. Por eso, en lugar de reprochar la intervención del Estado, por medio
del legislador, para fijar un límite en cuanto a la retribución por las labores
realizadas por los trabajadores, sean éstos asociados o no asociados, como lo
hace el actor, se debe reconocer en dicha intervención el cumplimiento de un
deber del Estado.
Añade
el Ministerio Público que, para cumplir con el deber en comento, el Estado, en
el artículo 3 de la Ley 1233 de 2008, a la que se alude en la norma que
contiene la expresión demandada, dispuso que las cooperativas y
pre-cooperativas de trabajo asociado deben establecer, en su respectivo
régimen, una compensación ordinaria mensual, de acuerdo con el tipo de labor
desempeñada, el rendimiento y la cantidad de trabajo aportado por el trabajador
asociado, que en ningún caso será inferior a un salario mínimo legal mensual
vigente, salvo que la actividad se realice en tiempos inferiores, en cuyo caso
será proporcional a la labor desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según
se establezca en el correspondiente régimen interno. El fijar un límite mínimo
a la remuneración, que además es el mismo que aparece en el Código Sustantivo
del Trabajo, en los artículos 145 y siguientes, no desconoce la especial
naturaleza jurídica de las cooperativas de trabajo asociado, sino que hace
efectiva la garantía mínima fundamental que la Carta reconoce a todos los
trabajadores en su artículo 53.
La
norma que contiene la expresión demandada, al disponer que la retribución de
los trabajadores no asociados y la de los trabajadores asociados a una
cooperativa de trabajo asociado, por las labores realizadas, debe hacerse
conforme al Código Sustantivo del Trabajo, atiende a los principios mínimos
fundamentales reconocidos en el artículo 53 Superior, en especial a los de
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de
trabajo, y de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales. En esa medida, al respetar dichos principios mínimos fundamentales,
la expresión demandada protege a todos los trabajadores, tanto a los
dependientes como a los asociados, y contribuye a dignificar su labor, pues les
permite acceder a un ingreso que satisfaga sus necesidades básicas, y las de su
familia, tanto en lo material, como en lo moral y lo cultural.
En
estos términos, la expresión demandada, reitera la Vista Fiscal, no toca
aspectos distintos a la citada retribución, y lo hace para proteger principios
mínimos fundamentales, por lo cual no puede decirse, como lo hace el actor, que
ésta implique desconocer el régimen propio de las cooperativas de trabajo
asociado, para imponer a los trabajadores asociados el régimen del Código
Sustantivo del Trabajo, sino que lo que hace, es fijar un límite a la autonomía
de dichas asociaciones, que no es caprichoso o arbitrario, sino que está
garantizado de manera clara e inequívoca por la Carta, como un principio mínimo
fundamental.
En mérito de lo expuesto, el Ministerio Público
solicita a la Corte declarar la exequibilidad de la expresión “y a los
trabajadores asociados”, contenida en el  artículo 63 de la Ley 1429 de
2010, por los aspectos aquí analizados.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.      Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4°, de la
Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y
decidir la demanda de la referencia.
Cabe
observar que, no obstante que en el parágrafo transitorio del artículo
demandado se establecía que dicha disposición entraría en vigencia a partir del
1º de julio de 2013, lo cual exigiría un pronunciamiento de la Corte sobre su
competencia para pronunciarse sobre la norma acusada a la luz de esa
circunstancia, dicho parágrafo fue derogado expresamente por el artículo 276 de
la Ley 1450 de 2011 y, por consiguiente, la disposición del artículo 63 de la
Ley 1429 de 2010 se encuentra vigente y la Corte es competente para
pronunciarse en torno a la demanda.
2.
La materia sometida a examen
Para el demandante, la disposición
parcialmente demandada, al imponer a las Cooperativas de Trabajo Asociado –CTA–
y a las relaciones entre éstas y sus trabajadores asociados, la aplicación del
régimen jurídico laboral del trabajo subordinado, dependiente y por cuenta
ajena, desconoce el concepto del trabajo cooperado solidario y autogestionario,
que se encuentra protegido constitucionalmente. En su criterio, ello resulta
contrario a los artículos 25 y 53 de la Constitución, en cuanto dichas
disposiciones protegen al trabajo en todas sus modalidades; a los artículos 13
y 63 de la Carta, que establecen los fundamentos del derecho de igualdad y de
la autonomía privada; al artículo 38, que consagra el derecho de asociación y
al artículo 333, que establece el deber del Estado de fortalecer las
organizaciones solidarias. Del mismo modo, considera que se desconoce el
artículo 83 de la Constitución, que consagra el principio de la buena fe, por
cuanto la ratio legis de la disposición acusada parte del supuesto de
que todas las Cooperativas de Trabajo Asociado se utilizan para defraudar la
legislación laboral. Expresa, también, finalmente, que la disposición acusada
está en contravía con todas las normas que contienen el desarrollo
constitucional de protección al sector solidario.
En el sentido de la demanda se pronuncia
quien interviene a nombre del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad
Externado de Colombia, para quien la disposición acusada resulta contraria al
artículo 25 de la Constitución, porque constituye una especie de persecución a
una modalidad de trabajo constitucionalmente protegida; al artículo 13
Superior, porque dispone la aplicación del mismo régimen a realidades sociales,
económicas y jurídicas distintas, y al artículo 38 de la Carta, porque se
desconoce el derecho de asociación de quienes optan por constituir una
cooperativa de trabajo asociado. Para este interviniente, no se puede legislar
para la excepción fraudulenta, la cual debe ser combatida con otros
instrumentos al alcance del Estado, sin desconocer una opción que tiene
desarrollo y es respetada en todo el mundo.
En la misma línea se ubican quienes
intervienen por la Confederación de Cooperativas de Colombia y por la
Asociación Colombia de Cooperativas, quienes manifiestan que,  no obstante que,
inicialmente, para hacer frente a la propuesta que cursaba en el Congreso de la
República en el sentido de acabar con las Cooperativas de Trabajo Asociado,
sugirieron una fórmula de regulación que, aunque con diferencias sustantivas,
tenía cierta proximidad con la que finalmente fue aprobada y es ahora objeto de
acusación, estiman en este momento que, en tanto que en la misma ley se han
incluido medidas de control para hacer frente al uso fraudulento del
instrumento de las cooperativas de trabajo asociado, resulta innecesario acudir
a medidas extremas, como la de imponer a las auténticas cooperativas que
retribuyan las labores realizadas por sus trabajadores asociados de conformidad
con el Código Sustantivo de Trabajo.
Por su parte, para quienes intervienen por
la Comisión Colombiana de Juristas, la Central Unitaria de Trabajadores y la
Escuela Nacional Sindical, la disposición acusada no se opone a la
Constitución, sino que se limita a reconocer el hecho de que la figura de las
Cooperativas de Trabajo Asociado ha sido utilizada para encubrir verdaderas
relaciones laborales, con el propósito de eludir los derechos de los
trabajadores que surgen de una relación laboral mediante contrato de trabajo.
En ese contexto, señalan, la obligación que en la norma demandada se impone a
las Cooperativas de Trabajo Asociado, se ajusta a la Constitución, porque, por
un lado, es expresión del principio de la primacía de la realidad sobre las
formas, porque, más allá de la denominación que se le dé a una determinada
relación laboral, el régimen aplicable debe guiarse por el contenido de la
misma, y, por otro, respeta la protección constitucional al trabajo, por
cuanto, la misma se predica de todas las modalidades laborales, sin que, al
amparo del régimen especial de las Cooperativas de Trabajo Asociado, se puedan
desconocer los derechos mínimos que deben garantizarse a todos los
trabajadores.
En ese mismo sentido se pronuncian dos
conjuntos distintos de ciudadanos que, en escritos separados, coinciden en la
apreciación conforme a la cual la disposición acusada constituye una
herramienta para la garantía de los derechos mínimos de los trabajadores, que
deben prevalecer en cualquiera de las modalidades de trabajo protegidas
constitucionalmente y que habían venido siendo desconocidos con el recurso de acudir
a las Cooperativas de Trabajo Asociado.
Quien interviene por el Ministerio de la
Protección Social, a su vez, considera que debe declararse la exequibilidad de
la disposición acusada, por cuanto el demandante parte de una premisa
equivocada, cual es suponer que en ella se impone a las Cooperativas de Trabajo
Asociado y a las relaciones entre éstas y sus trabajadores asociados, la
asunción del régimen jurídico laboral del trabajo subordinado, dependiente y
por cuenta ajena. Para el Ministerio, la disposición acusada no desconoce la
diferencias, ampliamente desarrolladas por el legislador, entre el trabajo
subordinado y el que se realiza en las cooperativas de trabajo asociado, sino
que se orienta a garantizar para los trabajadores asociados los derechos
mínimos que, de acuerdo con la ley, poseen todos los trabajadores.
El Ministerio Público, por su lado,
plantea que es preciso tener en cuenta que la disposición acusada se limita a
regular lo que tiene que ver con la retribución de los trabajadores asociados,
sin que quepa señalar que ella implica que los estatutos o reglamentos que
éstos, en ejercicio de su derecho de asociación, acuerden para regir su
relación laboral, sean anulados o excluidos por la ley, para imponerles en su
lugar el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que sí ocurre, expresa la Vista
Fiscal, es que la ley establece un límite al ejercicio de esa autonomía, que no
es ni puede ser absoluta, y lo hace a partir de valores y principios
constitucionales, relacionados con la protección de los trabajadores y de sus
derechos, particularmente en cuanto hace
a sus garantías mínimas, a
las cuales no es posible renunciar.
De este modo, el problema jurídico que
deber resolver la Corte es si la disposición acusada, al señalar que las
pre-cooperativas y las cooperativas de trabajo asociado, sin perjuicio de los
derechos mínimos irrenunciables consagrados en la Ley 1233 de 2008, cuando en
casos excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a
éstos y a los trabajadores asociados por sus labores conforme el Código
Sustantivo del Trabajo, resulta contraria a los preceptos superiores que protegen
al trabajo en todas sus modalidades y garantizan el derecho de asociación y la
autonomía privada; es violatoria del principio de igualdad; desconoce el
mandato constitucional de promoción al sector solidario y se opone al postulado
de la buena fe.
Para abordar el anterior problema
jurídico, la Corte se referirá, en primer lugar, al régimen de las Cooperativas
de Trabajo Asociado, destacando su inserción en el concepto de solidaridad y su
vinculación, tanto con el derecho de asociación y la autonomía privada, por un
lado, como con el derecho al trabajo y el régimen que le es propio, por otro.
En ese contexto la Corte puntualizará el alcance de la disposición demandada
para, finalmente, abordar la cuestión planteada.
3.      Las
Cooperativas de Trabajo Asociado
3.1.   De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 79 de 1988, las
cooperativas de trabajo asociado son aquellas que vinculan el trabajo personal
de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la
prestación de servicios. Por su parte, en el Decreto 4588 de 2006, se señala
que tales cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al
sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que
simultáneamente son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son
aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de
actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir
en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
El
anterior concepto de las Cooperativas de Trabajo Asociado está en consonancia
con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la Ley 79 de 1988, de conformidad
con los cuales, el acuerdo cooperativo es un contrato que se
celebra por un número plural de personas con el objetivo de crear una persona
jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben
desarrollarse con fines de interés social y sin ánimo de lucro, y se
define  a la cooperativa como una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la
que los cooperados son simultáneamente aportantes y gestores de la empresa,
cuyo objeto social debe tender a la satisfacción de las necesidades de sus
asociados y de la comunidad en general.
La
jurisprudencia constitucional ha destacado la importancia de las Cooperativas
de Trabajo Asociado y ha reconocido que las mismas gozan de especial protección
constitucional, como modalidad de trabajo y como expresión del sector
solidario.
Ha
dicho la Corte que, los elementos esenciales del contrato de constitución de
una cooperativa de trabajo asociado son los siguientes: (i) Pluralidad de
personas, (ii) aporte principalmente en trabajo, (iii) objeto de interés social
y sin ánimo de lucro, y (iv) calidad simultánea de aportante y gestor.En la
Sentencia C-211 de 2000, la Corte identificó como características relevantes de
las cooperativas de trabajo asociado las siguientes: (i) asociación voluntaria
y libre, (ii) igualdad de los cooperados, (iii) ausencia de ánimo de lucro,
(iv) organización democrática, (v) trabajo de los asociados como base
fundamental, (vi) desarrollo de actividades económico sociales, (vii)
solidaridad en la compensación o retribución, y (viii) autonomía empresarial.
También
ha señalado la Corporación que, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 79 de
1988,en las cooperativas de trabajo asociado, el régimen de trabajo, de
previsión, seguridad social y compensación[7],
será establecido en los estatutos y reglamentos, como quiera que tales materias
tienen origen en el acuerdo cooperativo y escapan del ámbito de regulación de
la legislación laboral.
Esta
figura cuenta con fundamento en el principio de solidaridad y tiene
manifestaciones tanto desde la perspectiva del derecho de asociación como desde
el derecho al trabajo.
3.2.
Derecho de asociación
En
la Sentencia C-211 de 2000, la Corte se refirió al pleno respaldo
constitucional que, en un Estado social de derecho como el nuestro, tienen las
organizaciones asociativas y solidarias, dado que el trabajo y la solidaridad
juegan un papel decisivo para el logro de un orden económico y social justo.
Para la Corte esa conclusión se desprende de lo dispuesto en el Preámbulo y en
los artículos 1, 38, 51, 57, 58, 60, 64, 103, 189-24, y 333 de la Carta
Fundamental.
Dijo
la Corte:
“(…) el artículo 1 determina que ‘Colombia es un
Estado social de derecho, (…..) fundado en el respeto de la dignidad humana, en
el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia
del interés general’; el artículo 38 garantiza ‘el derecho de libre
asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas
realizan en sociedad; el artículo 51 consagra el derecho a la vivienda
digna y la obligación del Estado de promover ‘formas asociativas de
ejecución de esos programas de vivienda’; el artículo 57 autoriza al
legislador ‘para establecer los estímulos y los medios para que los
trabajadores participen en la gestión de las empresas’; el artículo 58
(inc. 3) prescribe que ‘El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de propiedad’; el artículo 60 establece el derecho
que tienen los trabajadores y ‘las organizaciones solidarias y de
trabajadores’, para acceder a la propiedad accionaria; el articulo 64 alude
al deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, ‘en forma individual o asociativa’; el
artículo 103 ordena al Estado contribuir a ‘la organización, promoción y capacitación
de las asociaciones (….) comunitarias (…)’; el artículo 189-24
contempla la inspección, vigilancia y control por parte del Presidente de la
República ‘sobre las entidades cooperativas’; el artículo 333 le impone
al Estado fortalecer ‘las organizaciones solidarias y estimular el
desarrollo empresarial’.”
Para
la Corte, las anteriores disposiciones no son simples enunciados teóricos, sino
directivas de acción política que le imponen al Estado el deber de fomentar,
apoyar, promover y proteger a las organizaciones solidarias y asociativas de
trabajo.
Expresó
la Corporación que las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad
libre y autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar
mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos
estatutos o reglamentos internos y agregó que, en ellas, “(…) sus miembros
deben sujetarse a unas reglas que son de estricta observancia para todos los
asociados, expedidas y aprobadas por ellos mismos, respecto del manejo y
administración de la misma, su organización, el reparto de excedentes, los
aspectos relativos al trabajo, la compensación, y todos los demás asuntos
atinentes al cumplimiento del objetivo o finalidad para el cual decidieron
asociarse voluntariamente que, en este caso, no es otro que el de trabajar
conjuntamente y así obtener los ingresos necesarios para que los asociados y
sus familias puedan llevar una vida digna.”[8]
Puntualizó
la Corte que, si bien la facultad que tienen los asociados de tales
organizaciones para autorregularse no significa que el legislador no pueda
reglamentar algunos asuntos relacionados con ellas, el Estado, con la salvedad
indicada, no puede interferir en su ámbito estrictamente interno, en aspectos
que, por ejemplo, tengan que ver con su organización y su funcionamiento, pues
ello depende de la libre y autónoma decisión de los miembros que las conforman.
De
manera particular, señaló la Corte que entre las restricciones que el
legislador puede imponer a las Cooperativas de Trabajo Asociado, están las que
apuntan a la protección de los derechos de las personas en general y de los trabajadores
en forma especial, y que, en todo caso, la autonomía regulatoria de esas
entidades está limitada por los principios y valores constitucionales. Dijo la
Corte que, es claro que si bien en desarrollo de la libertad de asociación las
cooperativas están regidas“en principio por una amplia autonomía
configurativa de los asociados, no están excluidas de una adecuada
razonabilidad constitucional, en los distintos aspectos que las mismas
involucran, como ocurre frente a la posible afectación de los derechos
fundamentales de las personas vinculadas a dicha actividad de empresa, como
consecuencia del alcance de sus estipulaciones.”[9]
3.3.
Derecho al trabajo
De
acuerdo con el artículo 25 de la Constitución, el trabajo goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. La Corte ha destacado que
esa especial protección se predica no solamente de la actividad laboral
subordinada, regulada en el Código Sustantivo del Trabajo, sino que la
misma se extiende a otras modalidades, entre las cuales se cuentan aquellas en
las que el individuo lo ejerce de manera independiente, puesto que, más que al
trabajo como actividad abstracta se protege al trabajador y a su dignidad.[10]
Así,
en el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo se define el trabajo
subordinado o dependiente,  como “(…)  toda actividad humana libre, ya sea
material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural
ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad,
siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”.
Junto
a esa modalidad, que es la que mayor atención ha recibido en la legislación,
existen otras, para cuya identificación podría acudirse a la Clasificación
Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), elaborada bajo el auspicio
de la OIT y conforme a la cual es posible distinguir seis grupos de
trabajadores: 1. Asalariados; 2. Empleadores; 3.Trabajadores por cuenta
propia;4.Miembros de cooperativas de productores; 5. Trabajadores familiares
auxiliares, y6.Trabajadores que no pueden clasificarse según la situación en el
empleo.[11]
La
anterior clasificación tiene en su base un conjunto de criterios, que permite
diferenciar dos grandes grupos de trabajadores, los asalariados, por un lado, y
los independientes, por el otro, atendiendo, entre otros factores, a la
consideración sobre el tipo de relaciones que surgen entre las partes de la
relación de trabajo y a diversos aspectos sobre la asunción del riesgo
económico propio de la respectiva actividad. Así, los Empleos asalariados:
son aquellos en los que los titulares tienen contratos de trabajo implícitos o
explícitos (verbales o escritos), por los que reciben una remuneración básica
que no depende directamente de los ingresos de la unidad para la que trabajan
(esta unidad puede ser una corporación, una institución sin fines de lucro, una
unidad gubernamental o un hogar). Los Empleos independientes, a su vez,
son aquellos en los que la remuneración depende directamente de los beneficios
(o del potencial para realizar beneficios) derivados de los bienes o servicios
producidos (en estos empleos se considera que el consumo propio forma parte de
los beneficios). Los titulares toman las decisiones operacionales que afectan a
la empresa, o delegan tales decisiones, pero mantienen la responsabilidad por
el bienestar de la empresa. (En este contexto, la “empresa” se define de manera
suficientemente amplia para incluir a las operaciones de una sola persona.)[12]
En
relación con todas las anteriores modalidades, el mandato constitucional de
brindar especial protección al trabajo implica dos tipos de responsabilidades
para el Estado. Por un lado, el deber de promover  las condiciones que permitan
a todas las personas que lo requieran acceder a un trabajo para generar los
ingresos necesarios y, por otro, velar porque el trabajo se desarrolle en
condiciones de dignidad, particularmente cuando se realiza bajo subordinación y
dependencia, dado que, en ese escenario, se presenta una contraposición de
intereses, dentro de la cual el trabajador es el extremo más débil.
El
deber de promover el empleo, en cualquiera de sus formas, responde a un
imperativo de la dignidad de la persona humana, porque busca dar una respuesta,
no sólo a los requerimientos materiales de las personas, sino también a sus
necesidades de autosuficiencia, realización personal y contribución a la vida
social.
A
su vez, la garantía de las condiciones de dignidad en el trabajo, implica
promover una cultura laboral acorde con las mismas, definir un mínimo de
derechos del trabajador y aplicar el poder del Estado para proscribir las
conductas contrarias a ese mínimo, así como para señalar el marco obligatorio
dentro del cual deben desenvolverse las distintas modalidades de trabajo. Esta
última dimensión tiene particular sentido cuando existe oposición de intereses
y se interviene en favor del extremo más débil de la relación.
No
obstante esa particular incidencia sobre el trabajo que se realiza bajo
subordinación y dependencia, el marco regulatorio del trabajo comprende todas
sus modalidades y, respetando las características propias de cada una de ellas,
busca atender los dos objetivos que se ha mencionado: la generación de empleo y
el desarrollo del mismo en condiciones de dignidad.
En
relación con el trabajo que se realiza en las Cooperativas de Trabajo Asociado,
la Corte, en la Sentencia C-211 de 2000, puso de presente que el trabajo
asociado se ha venido abriendo espacio en la mayoría de países de Europa y
América, puesto que constituye un medio eficaz para el fortalecimiento de los
trabajadores, que siempre habían sido considerados la parte débil de las
relaciones de trabajo. Señaló la Corporación que en esas organizaciones se
rompe con el esquema tradicional de las empresas lucrativas de la economía de
mercado en las que unos son los empleadores y otros los trabajadores, pues, en
ellas, esas dos categorías de personas no existe ya que, los trabajadores son
los mismos socios y dueños de la empresa. Destacó la Corte que “[d]debido a
la naturaleza misma de las cooperativas de trabajo asociado (identidad de
trabajador-socio) la retribución que reciben los asociados por su trabajo no es
salario sino una compensación, que se fija teniendo en cuenta estos factores:
la función que cada trabajador cumple, la especialidad, el rendimiento, la
cantidad y calidad del trabajo aportado. Igualmente, el trabajador asociado
tiene derecho a recibir un porcentaje de los excedentes obtenidos por la
cooperativa. Pretender que el régimen de compensación de los socios de estas
cooperativas sea igual al de los trabajadores asalariados, sería desconocer la
naturaleza misma de tales organizaciones y la inexistencia frente a sus
asociados de una relación de trabajo de esa índole.”
Manifestó
la Corte que es preciso tener en cuenta que  los trabajadores asociados no sólo
reciben beneficios pues, dada su condición de propietarios, también tienen que
asumir los riesgos, ventajas y desventajas propios del ejercicio de toda actividad
empresarial. De manera que si se presentan pérdidas deben asumirlas
conjuntamente, lo que no ocurre en las relaciones de trabajo dependientes.
En
ese contexto, la Corporación expresó que los principios mínimos fundamentales
que rigen el trabajo contenidos en el artículo 53 de la Carta que, como se ha
dicho, “(…) configuran el suelo axiológico de los valores materiales
expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre
(…)”[13]
a los cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad legislativa, al igual
que el aplicador o intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad
en general “(…) no pretende una ciega unificación normativa en materia
laboral que desconozca la facultad del legislador de establecer regímenes
diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las particularidades
concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad
es la de exigir al legislador la consagración uniforme en los distintos
regímenes de los principios mínimos fundamentales que protegen a los
trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de hacer efectivo el principio
de igualdad ante la ley’[14].
Para
la Corte, el reconocimiento de la diferencia de regímenes laborales, según las
distintas modalidades de trabajo, no quiere decir que tales derechos
fundamentales no deban ser respetados o garantizados en las cooperativas de
trabajo asociado, puesto que de no entenderse así, “(…) habría que sostener
inválidamente que la Constitución discrimina a los trabajadores, o en otras
palabras, que protege solamente a unos, lo cual no se ajusta con una
interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25 y 53 del estatuto
superior. Es que derechos fundamentales como el de la igualdad de
oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del trabajo en forma
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el principio de favorabilidad
a favor del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, el derecho a la capacitación, al descanso necesario,
a la seguridad social, entre otros, no son ajenos a ninguna clase de trabajo.”[15]
De
este modo, cabe señalar que, sin detrimento de la autonomía que, de acuerdo con
los principios constitucionales a los que se ha hecho referencia, tienen las
Cooperativas de Trabajo Asociado, y sin perjuicio del deber del Estado de
brindarles su apoyo, como expresión de formas asociativas solidarias e
instrumento para la generación de empleo, es posible que el legislador adopte
medidas restrictivas de su régimen interno, no sólo para garantizar el mínimo
de derechos de los trabajadores, sino, también, para evitar que instrumentos,
amparados, en principio, por la libertad  de asociación, la autonomía privada, el
derecho al trabajo y el principio de solidaridad, se conviertan en medios que
se traduzcan en un detrimento generalizado o ampliamente extendido de las
condiciones de los trabajadores. Esa intervención del Estado, sin embargo,
exige una labor de ponderación para, en procura de defender un entorno de
protección del trabajo, no afectar desproporcionadamente los derechos de
quienes optan por una modalidad autogestionaria.
Esa
tensión entre la autonomía de las Cooperativas de Trabajo Asociado y los
derechos de los trabajadores, se ha planteado en diversos escenarios, en los
cuales se ha discutido el interrogante en torno a si cabe aplicarles a tales
cooperativas la legislación laboral propia de las modalidades de trabajo
dependiente. Sobre el particular, en el ámbito de la OIT, se ha señalado que la
Recomendación 193 de 2002 remite a la obligación de los Estados de promover
todo tipo de cooperativas, incluidas las de trabajo asociado, pero que se
puntualiza sobre la necesidad de velar porque dichas cooperativas no se creen o
se utilicen para evadir la legislación del trabajo o para encubrir relaciones
de trabajo dependiente[16].
En
ese contexto, en el marco de la OIT se distingue entre, por un lado, el derecho
que rige la relación entre empleador y trabajador, y, por otro, las previsiones
legislativas orientadas a garantizar las condiciones del trabajo decente. Así,
en la reunión de expertos sobre legislación cooperativa, en el año 1995, en
Ginebra, se concluyó que las normas de la OIT y la legislación sobre derechos
humanos básicos, salud, seguridad social y seguridad en el lugar de trabajo,
entre otras materias, eran aplicables a los socios de las cooperativas de
trabajo asociado, así no estuviesen sujetos a las normas que de manera general
regulan las relaciones entre empleador y empleado.[17]
De
este modo es posible concluir que (i) las Cooperativas de Trabajo Asociado,
constituyen una opción válida a la luz de la Constitución para que las personas
puedan autogenerar trabajo, en un contexto de libertad y autonomía; (ii) dichas
cooperativas se encuentran sujetas a la legislación laboral que se orienta a
garantizar que el trabajo se realice en condiciones de dignidad  y (iii) el
Estado  tiene, por un lado, el deber, de promover, tanto las formas asociativas
solidarias a las que acuden los trabajadores, como el respeto en ellas del
mínimo de derechos y garantías de los trabajadores, y, por otro, la obligación
de perseguir la utilización de esta figura y la creación de pseudo-cooperativas
con el propósito de eludir la legislación laboral protectora de los
trabajadores.
Por
otra parte, tal como se puso de presente en la Sentencia C-855 de 2009, en la
misma Sentencia C-211 de 2000, la Corte analizó el tema específico de las
compensaciones de los trabajadores socios de las Cooperativas de Trabajo
Asociado[18]
y sus diferencias notorias con el régimen aplicable a los trabajadores
dependientes, y, en análisis que resulta relevante para el problema
constitucional que plantea el presente proceso, expresó que, en todo caso, el
trabajo que desempeñan los asociados a las Cooperativas, se encuentra amparado
por las garantías consagradas en la Constitución para los trabajadores. Dijo la
Corte:
“La protección que la Constitución ordena dispensar al
trabajo, que dicho sea de paso, no es exclusivamente el subordinado sino éste
en todas sus modalidades (art. 25 C.P.), y la garantía de los derechos mínimos
irrenunciables tampoco se ven menguados, porque son los mismos asociados
quienes deben establecer sus propias reglas para que aquél se desarrolle en
condiciones dignas y justas, que les permita mejorar su nivel de vida y lograr
no solo su bienestar sino también el de su familia.
Al respecto ha dicho la Corte: “No sólo la
actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al
trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma
independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del
derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta
protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona
del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así como la
manifestación de la especial protección del Estado "en todas sus modalidades"
(CP art. 25).”[19]
Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que
rigen el trabajo contenidos en el artículo 53 de la Carta que, como se ha
dicho, "configuran el suelo axiológico de los valores materiales
expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre,[20]
a los cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad legislativa, al igual
que el aplicador o intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad
en general (…) "no pretende una ciega unificación normativa en materia
laboral que desconozca la facultad del legislador de establecer regímenes
diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las particularidades
concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad
es la de exigir al legislador la consagración uniforme en los distintos
regímenes de los principios mínimos fundamentales que protegen a los
trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de hacer efectivo el
principio de igualdad ante la ley"[21].
En
síntesis, dijo la Corte, en la Sentencia C-211 de 2000, la Corporación llegó
simultáneamente a dos conclusiones que resultan relevantes para el presente
caso: (i) La naturaleza jurídica, las finalidades, la estructura y el
funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado son distintas a las de
las empresas comerciales y por lo tanto, es válido que el legislador defina
para ellas un régimen diferente, especialmente en lo laboral y, (ii) en todo
caso, ese régimen diferenciado no puede desconocer que el trabajo que
desempeñan los asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado goza de las
mismas protecciones constitucionales, pues lo que protege la Carta no es el trabajo
como concepto abstracto, sino “al trabajador y su dignidad”.
3.4.
Aplicación indebida de la
modalidad de las Cooperativas de Trabajo Asociado
Tanto
la legislación como la jurisprudencia han abordado el problema de la utilización
de la figura de las Cooperativas de Trabajo Asociado como instrumento para
evadir la legislación laboral, en detrimento de las garantías de los
trabajadores.
Así,
en el artículo 17 del Decreto 4588 de 2006 se dispuso que “[l]as
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados
para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o
remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores
o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir
que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o
dependencia con terceros contratantes.” Añade la disposición que “[c]uando
se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado.”
A
su vez, en el artículo 7 de la Ley 1233 de 2008 se estableció que  “[l]as
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como
empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados
para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como
trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa
o indirectamente en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en
la selección del trabajador asociado.” Agrega la norma que “[c]uando se
comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las cooperativas o
las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente responsables por
las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas en las
causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del
debido proceso, y les será cancelada la personería jurídica.”
De
hecho, en el mismo artículo del que hace parte la expresión demandada se
dispone que ninguna institución o empresa, pública o privada, podrá vincular a
través de Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral, al
personal que requiera para el desarrollo de las actividades misionales
permanentes, y establece drásticas sanciones para quienes incumplan ese
mandato.
Por
su lado, en distintas sentencias, la Corte Constitucional, después de referirse
a los elementos que permiten declarar la existencia de un contrato realidad en
el ámbito laboral, y de identificar los criterios que pueden conducir a que la
relación entre cooperado y cooperativa pase de ser una relación horizontal,
ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de las dos
partes tenga mayor poder sobre la otra y, por ende, se configure un estado de
subordinación, ha puntualizado que en tales eventos es posible dar aplicación
directa a la Constitución Política para amparar los derechos fundamentales del
trabajador que resulten vulnerados en curso de la ejecución de un contrato que
formalmente escapa del ámbito de aplicación de la legislación laboral, pero que
materialmente describe una relación vertical de subordinación a la que deben
aplicarse los principios del derecho del trabajo.
En
ese contexto, la Corte ha precisado, que en algunos casos, a los trabajadores
vinculados con las Cooperativas de trabajo asociado se les aplica la
legislación laboral[22]
y ha dicho que uno de ellos se da cuando las cooperativas, de manera
excepcional, contratan trabajadores ocasionales o permanentes,[23] puesto que en tales
eventos se dan todos los supuestos de una relación laboral subordinada, a saber:
“existe un empleador, un trabajador que labora bajo la subordinación de
aquél, y una remuneración o salario”.[24]Ha
agregado la Corte que otra situación en la que ello ocurre así, se presenta
cuando  se da la vinculación formal a una cooperativa de trabajo asociado en
condiciones que no excluyen que en la práctica entre ésta y el trabajador
asociado surja una relación laboral[25],
es decir, cuando el cooperado no trabaja directamente para la cooperativa, sino
para un tercero, respecto del cual recibe órdenes y cumple horarios y la
relación con el tercero surge por mandato de la Cooperativa.[26]
Sobre
este particular, la Corte, en Sentencia C-614 de 2009, expresó:
“De hecho, esta Corporación reitera de manera enfática
la inconstitucionalidad de todos los procesos de deslaboralización de las
relaciones de trabajo que, a pesar de que utilizan formas asociativas
legalmente válidas, tienen como finalidad última modificar la naturaleza de la
relación contractual y falsear la verdadera relación de trabajo. Por ejemplo,
en muchas ocasiones, las cooperativas de trabajo asociados, que fueron creadas
por la Ley 79 de 1988, modificadas por la Ley 1233 de 2008 y reglamentadas por
el Decreto 3553 de 2008, para facilitar el desarrollo asociativo y el
cooperativismo, se han utilizado como instrumentos para desconocer la realidad
del vínculo laboral, a pesar de que expresamente el artículo 7º de la Ley 1233
de 2008, prohíbe su intermediación laboral.
Así, la eficacia normativa de la Constitución que
protege de manera especial la relación laboral y la aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre la forma, impone a los particulares y a todas las
autoridades públicas, de una parte, el deber de acatar las prohibiciones
legales dirigidas a impedir que los contratos estatales de prestación de
servicios (norma acusada) y las cooperativas y precooperativas de trabajo
asociado sean utilizadas como formas de intermediación laboral (artículo 7º de la
Ley 1233 de 2008) y, de otra, la responsabilidad social de evitar la burla de
la relación laboral.
En
la referida Sentencia C-855 de 2009,se puso de presente que “… la Corte ha
establecido que si por conducto de la Cooperativa de Trabajo Asociado llega a
suscitarse una relación laboral de un trabajador asociado con la cooperativa,
para prestarle servicios a un tercero -con elementos de subordinación, horario
y remuneración propios del contrato de trabajo-, esta relación laboral
prevalece sobre el acuerdo cooperativo, y en tal caso aplican todas las
regulaciones laborales, incluyendo, por supuesto, la protección laboral
reforzada a las mujeres embarazadas o lactantes (T-177/03, T-291/05, T-873/05,
T-063/06, T-195/07, T-531/07), a las personas en estado de debilidad manifiesta
(T-1219/05, T-002/06), o a los discapacitados o disminuidos físicos (T-504/08,
T-962/08, T-1119/08). De comprobarse la existencia de un contrato laboral
paralelo o concomitante con la relación de índole cooperativa, la Corte también
ha impuesto el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al
sistema de salud (T-413/04), al sistema de riesgos profesionales (T-632/04), o
incluso la muy elemental de reconocer los salarios pactados con el trabajador
(T-353/08). Cuando los hechos del caso lo ameritan, la Corte ha ordenado, no a la
Cooperativa, sino al tercero que se beneficia de la labor del trabajador
asociado, que responda por las obligaciones laborales omitidas (T-471/08), más
aun si el vínculo entre el trabajador y la cooperativa ya no pasa por la
prestación de servicios a un tercero, sino que se trata de una relación laboral
ordinaria entre aquel y ésta (T-900/04).”
Por
otro lado, en la Sentencia C-182 de 2010, en la que la Corte se pronunció sobre
la Ley 1233 de 2008 “Por medio de la cual se precisan los elementos
estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las
contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación
Familiar, se fortalece el control concurrente y se dictan otras disposiciones”,
se hizo notar que en la ponencia para primer debate
del correspondiente proyecto de ley en la Cámara de Representantes[27],
se hizo explícito que el
principal problema que aquejaba al subsector de las cooperativas de trabajo
asociado era “la realización de actividades de intermediación laboral,
ajenas a su naturaleza jurídica, por parte de entidades que bajo dicha figura
desarrollan esa práctica prohibida para ellas por la normatividad nacional”.
Esta situación, en muchos casos conducía “a la precarización del trabajador
por quien, en algunos casos, no se cotiza a la seguridad social o se le
traslada el costo de estos aportes, lo cual reduce aún más las compensaciones
que recibe por las labores realizadas”. Así mismo, se evidenciaba “la
falta de autonomía de muchas de las cooperativas existentes, que dependen de
una persona o entidad y son utilizadas para cometer abusos que desnaturalizan
esta figura”. Agregó esta ponencia que “las deficiencias en el control
que ejercen los entes estatales de supervisión y la utilización inapropiada de
esta figura en los sectores público y privado han sido determinantes en el
arraigo y profundización de la situación por la que atraviesa este subsector”. Sin
embargo, puntualizó la ponencia que no era  bueno “generalizar el problema y
de paso desconocer la existencia de las verdaderas cooperativas que desarrollan
su objeto social con estricta observancia de sus principios y naturaleza”.
Hizo notar la Corte que durante el trámite
en el Congreso de la República del proyecto de ley que concluyó con la
expedición de la Ley 1233 de 2008, se extendió el propósito legislativo
inicial,“… pues fruto de un proceso participativo con los sectores sociales
interesados, el Congreso buscó ampliar “la regulación jurídica vigente para las
cooperativas”[28], al haber evidenciado la realización
por algunas entidades organizadas como tales, “de actividades de
intermediación laboral, ajenas a su naturaleza jurídica, por parte de entidades
que bajo dicha figura desarrollan esa práctica prohibida para ellas por la
normatividad nacional”,[29]lo cual estaba
conduciendo a “la precarización del trabajador”[30].
Tal ampliación del objeto de la ley vino a verse reflejado en su
articulado, que, además de contemplar la creación de una contribución parafiscal llamada “contribución
especial”, vino a ocuparse también de la regulación legal de algunos
aspectos de la organización y funcionamiento de las cooperativas y
Precooperativas de trabajo asociado, entre ellos los requisitos de afiliación,
la definición sobre lo que ha de entenderse por compensación ordinaria y
extraordinaria de los asociados por el trabajo personal que cumplen, la
obligación de afiliarlos al Sistema de Seguridad Social, las prohibiciones para
la cooperativa y el régimen de vigilancia y control que sobre ellas recae.”
Después de
desarrollar ampliamente las anteriores consideraciones, la Corte, en la
referida Sentencia expresó que  “… no ignora que es posible que en el país se
sigan presentando abusos de la figura de las cooperativas de trabajo asociado y
que en el futuro se continúen dando estas situaciones; incluso es posible que
aun después de la expedición de las normas acusadas, aparentes organizaciones
de esta clase, pero en realidad dirigidas a cumplir actividades de
intermediación laboral o  de evasión de obligaciones patronales, persistan en
esas conductas y prosigan con prácticas de traslado a los trabajadores de las
obligaciones de cotización que legalmente les corresponden. No obstante, esa
circunstancia de utilización abusiva e ilegal de la figura de las cooperativas
de trabajo no hace inconstitucional una norma como la que ahora se examina, que
a todas luces fue adoptada con el ánimo de proteger a los trabajadores
asociados. Además, repara la Corte en que para controlar esas prácticas la
misma ley acusada consagra un estricto régimen de prohibiciones (artículo 7°) y
mecanismos efectivos de control y autocontrol (artículo 4°).”
Todos los anteriores
aspectos se sintetizaron por la Corte en la Sentencia T-449 de 2010, en la que,
después de reiterar que el vínculo que existe entre la Cooperativas de Trabajo
Asociado y sus asociados, en principio, no se rige por la legislación laboral,
puntualizó las excepciones que se aplican a ese criterio, en los siguientes
términos:
“Esa regla general se
exceptúa en eventos en los cuales de un lado, se vincula de manera casual a
personas naturales no asociadas para: i) trabajos ocasionales o accidentales
que recaigan sobre labores distintas de las que caracterizan el normal y
permanente giro de las actividades de la cooperativa, ii) reemplazar
temporalmente al asociado que, de acuerdo con los estatutos o al régimen de
trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio en
relación con una tarea indispensable para el cumplimiento del objeto social de
la cooperativa y iii) vincular personal técnico especializado, necesario para
el cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la cooperativa,
para cuyo desarrollo no se cuente con un miembro de la misma, siempre que la
persona escogida no quiera vincularse como asociado. La otra hipótesis que
obliga a la sujeción a la legislación laboral tiene ocurrencia por fuera del
ámbito de la cooperativa o precooperativa y se presenta, en particular, iv)
cuando un asociado es enviado, bajo su mandato, a prestar servicios a una
persona natural o jurídica. En todos esos casos, la regulación del trabajo debe
seguir la legislación laboral ordinaria, lo que desplaza de manera inevitable
lo dispuesto en los estatus o el régimen de trabajo asociado.[31]
En efecto, el
artículo 16 del decreto en cuestión, cuya lectura debe ser armonizada con la
del artículo 17, contiene una cláusula que prohíbe la desnaturalización
el trabajo asociado e impone la carga, a la persona natural o jurídica que se
beneficie de la prestación del servicio, de actuar como empleadora, lo cual
convierte al asociado, para el evento, en trabajador dependiente. Las
prohibiciones de las que habla el artículo 17 justamente desarrollan aquella
idea de la desnaturalización del trabajo asociado y proscriben, en
consecuencia, las actuaciones de la cooperativa –o precooperativa- que
conduzcan i) a su participación como empresas de intermediación laboral; ii) al
suministro de mano de obra temporal, constituida por sus asociados, a usuarios
o terceros beneficiarios; iii) a la remisión de un trabajador en misión  para
que asuma labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del
servicio; o iv) a la creación de un nexo de subordinación o dependencia entre
uno de sus trabajadores y un terceros contratante. Así pues, la adopción por
parte de la Cooperativa de prácticas que configuren intermediación laboral,
actividades características de las empresas de servicios temporales, o que
permitan la consolidación de una relación de subordinación frente a alguno de
sus asociados, hace del ‘tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, (…) solidariamente
responsables por la obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado’.”
De este modo, para la
Corte, la jurisprudencia relativa al tema de la relaciones entre una
cooperativa de trabajo asociado y sus cooperantes ha hecho evidente que en esta
marco pueden surgir distintas relaciones de índole contractual, circunstancia
que  exige que en cada caso el operador valore los hechos que le rodean para
así establecer de manera cierta la naturaleza del vínculo.
4.      Alcance
de la disposición acusada
La
demanda que es objeto de consideración se dirige contra un aparte del artículo
63 de la Ley 1429 de 2010, sobreformalización y generación de empleo, en cuanto
establece que, cuando en casos excepcionales previstos por la ley, las
Cooperativas de Trabajo Asociado tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a
los trabajadores asociados por las labores realizadas, de conformidad con lo
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.
El
texto completo del artículo 63 es el siguiente:
Artículo 63. CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS DE
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO. El personal requerido en toda institución y/o
empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales
permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de
Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad
de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y
prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes.
Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables
previstos en el artículo tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y
Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos excepcionales previstos por
la ley tengan trabajadores, retribuirán a éstos y a los trabajadores asociados
por las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código
Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio de la Protección Social a través de las
Direcciones Territoriales, impondrá multas hasta de cinco mil (5.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas y/o empresas
privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de
disolución y liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en
falta al incumplir lo establecido en la presente ley. El Servidor Público que
contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral
para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta
grave.
Observa
la Corte que la anterior disposición, particularmente en el aparte que contiene
la expresión acusada, plantea distintos problemas interpretativos.
En
primer lugar surge el interrogante que tiene que ver con la ubicación del
precepto demandado dentro del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, orientado, en
principio, a combatirla utilización de la modalidad de las Cooperativas de
Trabajo Asociado para hacer intermediación laboral, de manera que se encubran
verdaderas relaciones de trabajo subordinado y se eluda el cumplimiento del
régimen legal de ese tipo de vinculación laboral.
Una
primera interpretación de la disposición que impone a las cooperativas unas
determinadas pautas para la retribución de sus trabajadores asociados sería, en
ese contexto, aquella conforme a la cual, no obstante que el artículo 63 en su
conjunto, excluye la posibilidad  de la intermediación laboral a través de las
cooperativas y sanciona drásticamente, tanto a las empresas como a las
entidades públicas que incurran en esa práctica, así como alas cooperativas en
las que ello tenga lugar, cuando, de manera irregular, se den esos fenómenos de
intermediación, las cooperativas deberán remunerar a sus trabajadores, tanto a
los que excepcionalmente hayan vinculado mediante contrato de trabajo, como a los
trabajadores asociados, de conformidad con lo establecido en el Código
Sustantivo del Trabajo.
Esa
previsión sería entonces una concreción de los principios generales consagrados
en la legislación del trabajo que imponen la primacía de la realidad sobre las
formas y que han sido desarrollados de manera reiterada por la jurisprudencia
constitucional, con especial incidencia en el ámbito de las Cooperativas de
Trabajo Asociado.
No
cabe duda alguna que cuando, de acuerdo con la ley, las Cooperativas de Trabajo
Asociado contraten trabajadores dependientes, la relación laboral que de allí
surge queda íntegramente sometida a las previsiones del Código Sustantivo del
Trabajo. Tampoco ofrece dificultad la consideración conforme  a la cual, cuando
se establezcan las condiciones del denominado contrato realidad, porque bajo la
figura de una Cooperativa de Trabajo Asociado se esconde una relación de
trabajo dependiente y subordinado, habrán de aplicarse, a plenitud, las
disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, con la circunstancia adicional
de la solidaridad que surge entre la cooperativa y el tercero contratante en
relación con las obligaciones laborales, y sin perjuicio de la aplicación de
las sanciones previstas en la propia ley.
La
disposición acusada admite, sin embargo, una segunda aproximación
interpretativa que, aislando la expresión acusada del contexto general del
artículo 63, se centre en la consideración de la manera como está redactado el
aparte que es objeto de cuestionamiento por el actor. En efecto, de acuerdo con
el texto en cuestión, la obligación de retribuir a los trabajadores asociados
de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo solo se
presentaría cuando las Cooperativas de Trabajo Asociado excepcionalmente tengan
trabajadores dependientes. Surgen de esta aproximación dos dificultades. Por
una parte, el presupuesto para que de las cooperativas se predique la
obligación de remitirse al régimen del Código Sustantivo del Trabajo, no es el
de que se encuentren en una hipótesis de intermediación laboral. Por otra, ese
presupuesto parecería limitarse a los excepcionales casos en los que las
cooperativas tengan trabajadores a su servicio, entendimiento este último que
es el que se acoge por el actor.
Para
la Corte esta última posibilidad interpretativa, no obstante que surge de
manera indiscutible del texto tal como fue aprobado en el Congreso, no resulta
ser de recibo, porque estaría en contravía con el propósito manifiesto del
legislador, tal como obra en los antecedentes de la ley, y que estaba dirigido
a evitar que, en general, las Cooperativas de Trabajo Asociado pudiesen
utilizarse para afectar el ingreso de los trabajadores, retribuyéndolos por
debajo de los mínimos previstos en la legislación laboral.
Si
se admite, entonces que la disposición acusada no tiene como presupuesto la
existencia de un problema de intermediación laboral a través de las
cooperativas, pero que su aplicación tampoco se restringe ala hipótesis de las
cooperativas que excepcionalmente tengan trabajadores a su servicio, sino que
la misma se aplica, de manera general, a todas las precooperativas y
cooperativas de Trabajo Asociado, observa la Corte que se presenta un problema
de ambigüedad en la norma, porque dada la diferente naturaleza de las dos
modalidades de  trabajo a las que ella alude, la que es objeto de regulación
por el Código Sustantivo del Trabajo y la que tiene lugar en las Cooperativas
de Trabajo Asociado, no es claro de qué manera pueden aplicarse a la segunda
las previsiones que se han establecido para la primera, en materia de
remuneración del trabajo.
Para
no señalar sino las más notables diferencias entre las dos modalidades de
trabajo, basta con puntualizar que, en la que es objeto de regulación por el
Código Sustantivo del Trabajo, se presenta una oposición entre empleador y
trabajador, de lo cual resulta que el primero retribuye al segundo, por los
servicios personales que le presta, a través de un salario, al paso que en las
cooperativas de trabajo asociado hay una vinculación solidaria, que se
desenvuelve en un plano de igualdad, sin oposición de intereses entre empleador
y trabajadores, sin que exista relación de subordinación y dependencia, y en
donde el trabajo aportado se retribuye a través de una compensación cuyas
condiciones son acordadas por los propios trabajadores. En ese contexto una
lectura literal de la disposición demandada, conforme a la cual los
trabajadores asociados  deben retribuirse, por las labores realizadas, de
conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, implicaría desnaturalizar las
cooperativas, para convertirlas en una realidad jurídica distinta, en la que
adquirirían el carácter de empleadores, dentro de una relación que ya no sería
solidaria sino de trabajo dependiente y vinculada, por consiguiente, al pago de
un salario como retribución al servicio personal recibido. No fue esa, sin
embargo, la opción elegida por el legislador, que para ese objetivo habría debido
excluir del ordenamiento jurídico la posibilidad de las Cooperativas de Trabajo
Asociado, lo cual habría dado lugar a un debate de constitucionalidad distinto
del que ahora se ha planteado.
En
la medida en que el legislador optó por mantener a las Cooperativas de Trabajo
Asociado como una opción al alcance de las personas para hacer frente al
desempleo y a la informalidad, es preciso llegar a una interpretación de la
disposición demanda que resulte compatible con esa realidad.
El
Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones de derecho individual del
trabajo de carácter particular, y de manera expresa señala que sus previsiones
se aplican a una determinada modalidad de trabajo, que es aquella que consiste
en “(…) la actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente
o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de
otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de
un contrato de trabajo”.[32]
Dentro
del conjunto de materias que regula el Código se encuentran las atinentes a la
retribución del trabajo a través del salario. Las previsiones del código en
esta materia se inscriben dentro del principio general contenido en su artículo
13, conforme al cual “[l]as disposiciones de este Código contienen el mínimo
de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores.”
De
este modo, una interpretación que armonice la remisión que hace la norma
acusada  al Código Sustantivo del Trabajo para determinar la retribución delos
trabajadores asociados, con la naturaleza propia de las Cooperativas de Trabajo
Asociado de las que forman parte, conduce a la conclusión de que la
compensación que en dichas cooperativas reciban los trabajadores asociados por
las labores realizadas debe estar prevista de manera tal que, respetando la
naturaleza asociativa y solidaria de esa modalidad de trabajo, resulte
equivalente en condiciones a las que se han previsto para la retribución en el
Código Sustantivo del Trabajo como un mínimo de garantías para los
trabajadores.
De
este modo, en las Cooperativas de Trabajo Asociado, la compensación de los
trabajadores asociados por las labores realizadas, en la modalidad jurídica que
les es propia, debe estar a tono con las previsiones del Código Sustantivo del
Trabajo en aspectos tales como el salario mínimo, materia en relación con la
cual existe regulación expresa en la Ley 1233 de 2008[33]; el principio de a
trabajo igual salario igual (CST art. 143); el porcentaje del salario que se
puede pagar en especie (CST Art. 129); las horas extras y el recargo nocturno
(CST Art. 168) o el descanso remunerado y las vacaciones (CST Arts. 179 y ss.).
Ante
las ambigüedades que, para lograr esa armonización surgen de la ley, es preciso
que  las cooperativas, en ejercicio de su autonomía adecuen su régimen interno,
para acogerse a esa nueva realidad y lo propio debe acontecer con el marco
regulatorio estatal, en orden a permitir que se realice esa equivalencia de
prestaciones entre las dos modalidades de trabajo en función del mínimo de
garantías previsto en el Código Sustantivo del Trabajo.
5.      Análisis
de los cargos
Con
base en las premisas que se acaban de exponer, procede la Corte al análisis de
los problemas de constitucionalidad que se han identificado en el presente
caso.
5.1.   Primer
cargo: Violación del derecho al trabajo consagrado en los artículos 25 y 53 de la
Constitución.
De
acuerdo con el demandante, la disposición parcialmente acusada, al imponer a
las Cooperativas de Trabajo Asociado y a las relaciones entre éstas y sus
trabajadores asociados, la aplicación del régimen jurídico laboral del trabajo
subordinado, dependiente y por cuenta ajena, desconoce el concepto del trabajo
cooperado solidario y autogestionario, que se encuentra protegido
constitucionalmente.
Adicionalmente
a ese planteamiento, sería posible señalar que, en una extensión de los
argumentos de la demanda, con la aplicación de la disposición acusada se
afectaría el deber del Estado de promover el empleo, porque se limitarían las posibilidades
de las personas  de acceder al trabajo en una de sus modalidades, debido al
alcance altamente restrictivo que tendría para la opción de las Cooperativas de
Trabajo Asociado la imposición prevista en dicho precepto.
Frente
a los anteriores cuestionamientos, observa la Corte que si el alcance de la
disposición fuese el de imponer a las Cooperativas de Trabajo Asociado que
retribuyan a sus trabajadores asociados en la modalidad de salario, lo cual
implicaría establecer la existencia de una relación de trabajo subordinada, con
diferenciación y oposición entre empleador y trabajador, efectivamente se
alteraría la esencia de la figura de las cooperativas, se la transformaría en
otra distinta y, en la práctica, se acabaría la posibilidad de que las personas
accediesen a un trabajo a través de una modalidad cooperativa. Si ese fuese el
caso, el juicio de constitucionalidad sería distinto del que se ha propuesto,
y  habría de recaer sobre la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida
de exclusión de las cooperativas de trabajo asociado del ámbito jurídico
colombiano, en función de los objetivos que le sirven de base.
Sin
embargo, tal como se ha señalado por quien interviene por el Ministerio de la
Protección Social y por la Procuraduría General de la Nación, y como se
puntualizó en el apartado precedente de esta providencia, no es eso lo que
ocurre en este caso, por cuanto la norma acusada no implica sustituir el
régimen legal de las Cooperativas de Trabajo Asociado, ni el que en cada caso,
en ejercicio de su autonomía, se hayan fijado quienes las conforman, por el
régimen propio del trabajo dependiente que se realiza bajo el contrato de
trabajo, sino que su alcance es el de fijar para los trabajadores asociados
unas condiciones de compensación acordes con aquellas que se han previsto como
un mínimo de garantías en el Código Sustantivo del Trabajo.
La
norma acusada impone, si, una restricción alas cooperativas de trabajo
asociado, pero, como se ha visto, la misma se desenvuelve en el ámbito de las
consideraciones doctrinarias de la OIT sobre protección del trabajo decente,
que admiten la autonomía de las cooperativas y la posibilidad de que operen
bajo un régimen jurídico laboral distinto del propio del trabajo subordinado,
siempre y cuando se respeten las condiciones que definen el trabajo digno,
aspecto cuyo desenvolvimiento se inscribe dentro de la potestad de
configuración del legislador.
La
exigencia de que toda organización constituida bajo el orden jurídico
colombiano, en este caso la que responde a la forma de las cooperativas de
trabajo asociado, retribuya a su trabajadores por las labores realizadas,
atendiendo a la naturaleza jurídica de la respectiva institución, en los
términos del Código Sustantivo del Trabajo que garantizan unas condiciones
mínimas para los trabajadores, no desconoce el derecho al trabajo, y, por el
contrario debe tenerse como una armonización constitucionalmente válida de los
objetivos de promover, por un lado, el acceso de las personas al trabajo y, asegurar,
por otro, que éste, en todas sus modalidades, se realice en condiciones de
dignidad.
De
este modo, la disposición demandada no impide que las personas acudan a las
cooperativas de trabajo asociado, que han sido reconocidas por el legislador
como alternativas valiosas para la generación de empleo y la superación de la
informalidad, y, por consiguiente, no desconoce aquella dimensión del derecho
al trabajo que le impone al Estado la obligación de promover  las condiciones
que permitan a todas las personas que lo requieran acceder a un trabajo para la
satisfacción de sus necesidades. El deber que se impone a las Cooperativas de
Trabajo Asociado, por su parte, se inscribe dentro del segundo de los
componentes que, de acuerdo con la Constitución y con los tratados
internacionales, tiene la responsabilidad del Estado frente al derecho al
trabajo, cual es la adoptar las medidas que aseguren, de manera progresiva, que
el mismo se desenvuelva en condiciones de dignidad compatibles con la  noción
de trabajo decente desarrollada por la OIT, y, en todo caso, con respeto de las
garantías mínimas de los trabajadores.
5.2.   Segundo
cargo. Violación a los artículos 13 y 163 (Fundamentos de la autonomía de la
voluntad); 38 (derecho de asociación) y 333 (deber del Estado de fortalecer las
organizaciones solidarias) de la Constitución Política.
Con
los mismos argumentos utilizados para descartar la violación del derecho al
trabajo, cabe señalar que la disposición acusada no vulnera el derecho de asociación
en su dimensión positiva, en la medida en que no impide que las personas
constituyan cooperativas de trabajo asociado con el propósito de generar
oportunidades de trabajo solidario y autogestionario. Como se ha visto, la
norma acusada no sólo no proscribe la conformación de las cooperativas, sino
que tampoco puede interpretarse con un alcance, que de hecho, al desnaturalizar
su estructura y sus características, implique excluir la modalidad cooperativa
como alternativa de autogeneración de trabajo.
Tampoco
cabe señalar que las características de la obligación que se establece para las
cooperativas de trabajo asociado comporten la imposición de un gravamen
desproporcionado que desestimule, en contravía con la Constitución, la
conformación de este tipo de cooperativas, con desconocimiento, tanto del
derecho de asociación, como del deber del Estado de promover al sector
solidario. Tal como se ha señalado, esa obligación tiene el doble objetivo de
conseguir que el trabajo en las cooperativas de trabajo asociado, desde la
perspectiva de su retribución, se realice en condiciones que sean compatibles
con el mínimo de garantías que el legislador ha establecido para el trabajo
dependiente, y de evitar que las cooperativas de trabajo asociado, aún en
aquellos casos en los que  no constituyan expresión de una práctica prohibida
para defraudar la legislación laboral, se conviertan en instrumento que, de
manera general, incida en una reducción de las condiciones de retribución del
trabajo, al desplazar injustificadamente el que se realiza a través del
contrato de trabajo, en beneficio de modalidades en las que sería posible
retribuirlo en inferiores condiciones.
En
el mismo sentido es posible afirmar que la disposición acusada no limita de
manera contraria a la Constitución la autonomía privada, puesto que las
personas conservan la capacidad para conformar Cooperativas de Trabajo Asociado
y para disponer dentro de ellas, en sus estatutos y reglamentos internos, las
normas de autogobierno que estimen adecuadas, incluidas las que estén llamadas
gobernar sus relaciones laborales, con las limitaciones, que, en general se
desprendan del orden jurídico, y, en particular, con la que se deriva de la
disposición demandada, la que, como se ha visto, en cuanto que remite a la
garantía de un mínimo de condiciones para los trabajadores, se orienta a la
realización de un objetivo constitucionalmente imperioso y, por la manera como
está concebida, no comporta la imposición de un gravamen desproporcionado.
5.3.   Tercer
cargo. Vulneración del derecho a
la igualdad de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado (CP, art
13).
Aunque
el demandante no individualiza un cargo por violación del principio de
igualdad, sí presenta unas serie de consideraciones orientadas a mostrar que el
mismo se desconoce cuándo, a realidades jurídicas distintas, como son las
constituidas por el trabajo subordinado y dependiente, regido por el contrato
individual de trabajo, por un lado, y el trabajo autogestionario que se realiza
en el marco de las Cooperativas de Trabajo Asociado, por otro, se les aplica el
mismo régimen laboral.
Lo
primero que cabe observar en relación con este planteamiento es que, tal como
se pone de presente por el Ministerio Público y por el Ministerio de la
Protección Social, el actor parte de una premisa equivocada, porque la
disposición acusada no impone la aplicación de un mismo régimen laboral a las
relaciones que se desenvuelven en el ámbito del contrato de trabajo y a las que
discurren en el seno de las Cooperativas de Trabajo Asociado. A esa conclusión
se llega a partir de dos consideraciones centrales, la primera, que se
desprende del texto mismo de la disposición acusada, tiene que ver con el hecho
de que ella no se remite, en general, al régimen laboral contenido en el Código
Sustantivo de Trabajo, sino que lo hace, exclusivamente, en el ámbito de la
retribución de los trabajadores.  Eso deja abierta la posibilidad de que las
cooperativas, respetando el marco fijado por la ley, regulen los distintos
aspectos de la relación de trabajo, incluidos los que tienen que ver con la
compensación o retribución del trabajo, de manera que resulte acorde con la
naturaleza de la entidad asociativa en la que se desenvuelve. En segundo lugar,
se tiene que la distinta naturaleza de las relaciones que surgen en uno y otro
escenario hace materialmente imposible, aún en el ámbito de la retribución,
aplicar, sin matices, a las Cooperativas de Trabajo Asociado, las previsiones establecidas
en el Código Sustantivo del Trabajo para el trabajo dependiente y subordinado,
empezando porque no hay en las primeras una oposición entre capital y trabajo,
sino una relación solidaria que se desarrolla en un plano horizontal,  ni
existe un salario, como prestación a cargo de una parte del contrato, a cambio
del servicio personal que recibe de la otra, sino una compensación por el
trabajo aportado. Por consiguiente, como se estableció en el aparte
correspondiente de esta providencia, el alcance de la disposición cuya
constitucionalidad se revisa es el de imponer a las Cooperativas de Trabajo
Asociado unas condiciones de retribución para los trabajadores asociados que,
sin desconocer la distinta naturaleza de las relaciones laborales que se dan en
el seno de las cooperativas frente a las que son objeto de regulación en el
Código, permita que éstos accedan, mediante prestaciones equivalentes, a las
condiciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo como un mínimo a
favor de los trabajadores.
Esa
imposición no es discriminatoria, porque respetando las diferencias que pueden
existir entre las distintas modalidades de trabajo, establece unas condiciones
mínimas, que resultan aplicables a todas ellas. Sobre este particular, la
Corte, en la Sentencia C-855 de 2009, reiteró los pronunciamientos conforme a
los cuales, en la Carta de 1991, el trabajo se concibe no solamente como un
derecho humano (Artículo 25) sino también, en el mismo plano que el respeto a
la dignidad humana, como un principio fundamental del nuevo orden estatal
(Artículo 1).De ahí, dijo la Corte, que la Constitución proteja el
derecho al trabajo “en todas sus modalidades” (Art. 25 C.P.), y agregó que de ello se sigue que “(…)los mecanismos de protección y apoyo social que se
derivan del mismo no dependan, para su aplicación, de la formalidad contractual
que le da origen, sino de la condición misma de trabajador, que es,
precisamente, lo que tienen en común los trabajadores asociados a las
Cooperativas de Trabajo Asociado, y las demás categorías de trabajadores.”Para
la Corte ese factor de semejanza es el que justifica que determinadas normas
protectoras del trabajo previstas en función de una de las modalidades que el
mismo puede adoptar, se hagan extensivas a todas las demás formas de trabajo.
5.4.   Cuarto
cargo. Violación de la presunción de buena fe. (artículo 83  C.P.)
De
acuerdo con el demandante no obstante que la buena fe se presume por mandato
constitucional, el aparte normativo demandado supone una interpretación
conforme a la cual todas la precooperativas o cooperativas de trabajo asociado,
están defraudando la legislación laboral, revistiendo con un ropaje distinto
relaciones que, en realidad, serían contratos de trabajo.
Sobre
este particular cabe observar que la regulación que es objeto de
cuestionamiento obedece, no solo al hecho de que, como se ha documentado en
distintos escenarios, el instrumento de las Cooperativas de Trabajo Asociado se
ha utilizado para defraudar los derechos de los trabajadores, sino también ala
consideración del impacto negativo que, sobre el mínimo de derechos de los
trabajadores, puede tener el hecho de permitir modalidades de trabajo que
injustificadamente desconozcan esos mínimos.
Así,
el examen de la disposición acusada exige hacer una ponderación, entre, por un
lado, la necesidad de mantener a disposición de las personas opciones de generación
de empleo, aun cuando ello pueda implicar, por lo menos en ciertas etapas
iniciales, un sacrificio en las condiciones laborales, y, por otro, el
imperativo de promover el respeto de unas garantías mínimas para los
trabajadores e impulsar las condiciones que permitan que el trabajo en su
conjunto, de manera progresiva, se desenvuelva en condiciones más equitativas
desde la perspectiva de la distribución del ingreso y la satisfacción de los
mínimos vitales de las personas.
En
esa ponderación, y en ejercicio de su facultad de configuración, el legislador
puede adoptar medidas restrictivas, que no implican partir de una presunción de
mala fe en quienes acuden a la modalidad cooperativa, sino que enfrentan la
realidad objetiva de las consecuencias, ajenas a la intención de los
trabajadores asociados individualmente considerados, que dicha modalidad puede
tener sobre el empleo formal y sobre las condiciones de trabajo de las
personas.
De
este modo, estima la Corte que la disposición acusada, tanto si se atiende a su
contenido intrínseco, como si se examinan las consideraciones que le dieron
origen, responde a la finalidad de hacer frente a una realidad objetiva, para
lo cual impone una obligación a las cooperativas de trabajo asociado que no se
sustenta en una presunción de mala fe. Dicho en otras palabras, la disposición
acusada no presume que todo aquel que acude a una cooperativa de trabajo
asociado pretende hacer un fraude a la legislación laboral, sino que busca, por
un lado, evitar que, de hecho, ello ocurra así, y, por otro, garantizar a los
trabajadores asociados que, sin perjuicio de la autonomía que tienen para
auto-regular sus relaciones, en su retribución se atienda al mínimo de
condiciones fijadas en el Código Sustantivo del Trabajo.
Por
las anteriores razones, el cargo no está llamado a prosperar.
VII.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar la EXEQUIBILIDAD, en los términos de esta
providencia, de la expresión “y a los
trabajadores asociados por las labores realizadas”, contenida en el
artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, por los cargos analizados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]  Este parágrafo fue derogado expresamente en el artículo 276 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011
[2]M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[3]M.P.
Mauricio González Cuervo.
[4]    La interviniente se remite a lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-211 de 2000.
[5]  Los intervinientes se remiten al Decreto 4588 de 2006 y la Ley 1233 de 2008, en los que se prohibió a las CTA actuar como intermediarios o empresas de
servicios temporales.
[6]  Los intervinientescitan las Sentencias T-291 de
2005, T-917 de 2004, T-900 de 2004, T-550 de 2004,  T-286 y T-1177 de 2003,y
T-063 de 2006.
[7] De acuerdo con el inciso segundo del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, las compensaciones por el trabajo
aportado se fijarán teniendo en cuenta la función del trabajo, la especialidad,
el rendimiento y la cantidad de trabajo aportado.
[8]Sentencia
C-211 de 2000
[9] Sentencia T-394 de 1999
[10]Sentencia T-475 de 1992
[11]  Resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), adoptada por la decimoquinta
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, (enero de 1993).
[12]  Ver Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE)http://laborsta.ilo.org/ applv8/data/ icses.html. LABORSTA es la
base de datos sobre estadísticas del trabajo elaborada por el Departamento
de Estadística de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
[13] Sentencia C-055 de 1999
[14]Ibidem
[15] Sentencia C-211 de 2000
[16]  Ver, Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Recomendación sobre la promoción de las cooperativas,
2002.
[17]   Ver, Conclusiones de la Reunión de Expertos sobre Legislación Cooperativa, Ginebra, 1995, citadas en Hagen, Henrÿ, “Trabajo Decente y Cooperativas
de Trabajo Asociado”, documento presentado en taller organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia y la Organización Internacional del Trabajo, Bogotá, 2009,
[18] Para la Corte, “…debido a la naturaleza misma de las
cooperativas de trabajo asociado (identidad de trabajador-socio) la retribución
que reciben los asociados por su trabajo no es salario sino una compensación,
que sefija teniendo en cuenta estos factores: la función que cada
trabajador cumple, la especialidad, el rendimiento, la cantidad y calidad del
trabajo aportado. Igualmente, el trabajador asociado tiene derecho a recibir un
porcentaje de los excedentes obtenidos por la cooperativa. Pretender que el
régimen de compensación de los socios de estas cooperativas sea igual al de los
trabajadores asalariados, sería desconocer la naturaleza misma de tales
organizaciones y la inexistencia frente a sus asociados de una relación de
trabajo de esa índole… Sin embargo, los trabajadores asociados no sólo reciben
beneficios pues, dada su condición de propietarios, también tienen que asumir
los riesgos, ventajas y desventajas propios del ejercicio de toda actividad empresarial.
De manera que si se presentan pérdidas deben asumirlas conjuntamente, lo que no
ocurre en las relaciones de trabajo dependientes…. En las Cooperativas de
Trabajo Asociado se rompe con el esquema tradicional de las empresas lucrativas
de la economía de mercado en las que unos son los empleadores y otros los
trabajadores, pues en aquéllas esas dos categorías de personas no existe ya
que, como tantas veces se ha reiterado en esta sentencia, los trabajadores son
los mismos socios y dueños de la empresa.  El demandante sólo concibe una forma
de trabajo: la dependiente, olvidando otras, como el independiente y el
asociado, siendo este último el que se regula en las normas demandadas…”
[19]Sent T-475/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[20]Sent. C-055/99 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[21]ibidem
[22]
Sentencia T-900 de 2004
[23]
Artículo 59 Ley 79 de 1998.
[24]
Ver las sentencias T-1177 y T- 286 de 2003.
[25]
Posición reiterada en las sentencias T-1177 y T-286 de 2003;T-917,
T-900 y T-550 de 2004, yT-291 de 2005.
[26]
Sentencias T-1177 de 2003 y T- 550 de 2004
[27]Ver:
Gaceta del Congreso N° 636 de 16 de diciembre de 2007.
[28]Gaceta
del Congreso N° 636 de 16 de diciembre de 2007.
[29]Ibídem
[30]Ibídem
[31]Artículos
15, 16 y 17, Decreto 4588 de 2006.
[32]
CST. Art. 5º.
[33]
En el artículo 3 de la Ley 1233 se dispuso:Las Cooperativas
y Precooperativas de Trabajo Asociado establecerán en su respectivo régimen la
compensación ordinaria mensual de acuerdo con el tipo de labor desempeñada, el
rendimiento y la cantidad de trabajo aportado por el trabajador asociado, que
no será inferior en ningún caso a un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
salvo que la actividad se realice en tiempos inferiores, en cuyo caso será
proporcional a la labor desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según se
establezca en el correspondiente régimen interno. El artículo  145 del
CST establece que Salario mínimo es el que todo trabajador
tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su
familia, en el orden material, moral y cultural.