T-423-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-423/13
DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACION-Importancia del acceso y permanencia en el sistema
educativo
El
derecho a la educación fue establecido por el constituyente dentro de los
derechos económicos, sociales y culturales, por tener un carácter prestacional,
sin embargo, esta Corporación, lo ha catalogado, desde sus inicios, como un
derecho fundamental al estar íntimamente relacionado con diversos principios
constitucionales de carácter esencial para las personas, tales como su propio
desarrollo y crecimiento individual, cultural, intelectual e incluso, físico.
La fundamentalidad del derecho a la educación se da en razón a varios
argumentos como son: “i) su entidad como herramienta necesaria para hacer
efectivo el mandato de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución
debido a que potencia la igualdad material y de oportunidades, ii) constituye
un instrumento que permite la proyección social del ser humano, iii) es un
elemento dignificador de la persona humana, iv) representa un factor esencial
para el desarrollo humano, social y económico, v) es un instrumento para la
construcción de equidad social, y vi) significa un valioso medio para el
desarrollo de la comunidad en general.” En observancia de lo que se ha venido
reseñando, el Estado debe adoptar todos los medios que estén a su alcance para
realizar los fines que persigue tal derecho, pues, de no hacerlo, se amenazarían,
además de aquel, todos aquellos con los que se encuentra íntimamente
relacionado. Al ser el derecho a la educación un derecho fundamental en razón
de la íntima relación que tiene con diversos derechos fundamentales de la
esencia del individuo, se deben establecer, por parte del Estado y de la
sociedad, diversas acciones afirmativas que conlleven su realización. En caso
de adoptarse medidas que lo limiten, éstas, deben cumplir con los postulados de
razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
DERECHO A LA EDUCACION Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO-Se extiende la protección a
la educación superior
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Permanencia en el sistema educativo como parte de su
núcleo esencial y la connotación de ser un derecho-deber que impone cargas
mínimas
La
permanencia dentro del sistema, depende también del alumno, toda vez que la
educación tiene una doble connotación, pues es un derecho-deber que exige de
los estudiantes el acatamiento de los reglamentos que las instituciones
educativas profieran, los cuales contienen normas de comportamiento, que, a su
vez, no pueden ser arbitrarias y se deben enmarcar dentro de los límites
constitucionales.
EDUCACION SUPERIOR-Deber del Estado de establecer mecanismos para su garantía/DERECHO A
LA EDUCACION SUPERIOR-Carácter progresivo de las obligaciones del Estado
En
virtud del mandato de progresividad al que se ha comprometido Colombia, en
particular frente al derecho a la educación, el Estado debe buscar las medidas
necesarias para el acceso y permanencia de las personas que opten por la
educación superior. En consecuencia, tal como lo establece el artículo 69 de la
Constitución, deberá facilitar los mecanismos financieros que hagan posible tal
objetivo, así como los que se consideren necesarios para alcanzarlo.
PRINCIPIO DE AUTONOMIA UNIVERSITARIA-No es absoluto
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION EN INSTITUCION
UNIVERSITARIA-Estudiantes tienen
derecho a intervenir en asuntos y decisiones tomadas en virtud de todo el
proceso formativo
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSO-Definiciones de la Corte Constitucional y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Caso en que estudiantes entraron en asamblea
permanente y la universidad canceló semestre sin posibilidad de devolver el
dinero por concepto de matrícula o abonar al siguiente semestre
Los
estudiantes de la Universidad del Pacífico fueron convocados por sus
representantes cuando transcurría la tercera semana del periodo académico
2012-2, con el fin de entrar en una “asamblea permanente” por los malos manejos
que los directivos de la universidad le están dando a la institución, lo cual
se refleja en la baja calidad de la educación que se está impartiendo, decisión
que fue apoyada por la mayoría de éstos. Señalan los estudiantes que en
septiembre fueron llamados por el rector de la universidad para que reiniciaran
las clases, lo cual no fue posible debido a que eran pocos los disidentes del
paro y, además, por la inasistencia de los profesores a dictar la cátedra
respectiva. Por lo que en vista de no haber podido conciliar con los
estudiantes, el 30 de octubre de 2012, el Consejo Académico de la Universidad
del Pacífico tomó la determinación de cancelar el período académico 2012-2, sin
posibilidad de retornar lo que aquellos pagaron por concepto de matrícula.
ACCION DE TUTELA CONTRA UNIVERSIDAD-Procedencia para garantizar permanencia en el sistema
educativo de estudiantes a quienes se les canceló el semestre y no se devolvió
el valor de la matrícula ni se abonó al siguiente semestre
El
hecho de que los estudiantes al no haber podido desarrollar los respectivos
cursos en el periodo académico 2012-2 y, como consecuencia de ello, no
retornarles el dinero cancelado por concepto de matrícula o tenerlo en cuenta
para el próximo período académico, repercute en la permanencia de estos en el
sistema educativo, pues se trata de personas de escasos recursos económicos a
los que no les resulta fácil obtener los medios para permanecer y llegar hasta
el fin de su proyecto académico. Por tal razón, la vía ordinaria que tendrían
para reclamar su derecho, no es eficaz, debido al tiempo que demanda su trámite
y a la congestión misma de la jurisdicción contenciosa, la decisión se
prolongaría y podría ser inocua. Es por ello que la tutela, al ser una vía
expedita, garantiza la protección efectiva del derecho, en caso de que
prospere.
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION Y ASOCIACION DE
ESTUDIANTES EN INSTITUCION UNIVERSITARIA-Vulneración por amenazas de cancelación de semestre a estudiantes que
decidieron entrar en asamblea permanente al reclamar mejor calidad de educación
Esta Sala considera, que aun cuando la actitud asumida
por las directivas de la universidad era de diálogo, como lo sostiene su
rector, no cabe duda que simultáneamente se coartaron las libertades de
expresión y de asociación de los estudiantes al ser amenazados con sanciones de
tipo pecuniario si no retornaban a las actividades académicas programadas para
dicho semestre. La institución universitaria demandada, no respetó sus
reglamentos, pues dentro de estos se encuentran, como derechos de los
estudiantes, el de vigilar que se cumplan de manera satisfactoria las
obligaciones académicas por parte de la universidad, así como el de asociarse y
formar organizaciones de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes, pues
al tratar de disuadirlos con amenazas para volver a la normalidad académica,
les estaba limitando la posibilidad de ejercer tales derechos.
DERECHO A LA EDUCACION SUPERIOR-Orden a Universidad reconocer el valor total de la
matrícula para el siguiente periodo académico
Referencia:
Expedientes
T-3.816.804, T-3.818.340, T-3.816.807, T-3.822.679, T-3.822676,
T-3.822.677,                     T-3.816.813, T-3.816.808, T-3.816.810, T-3.816.809,
T-3.816.811, T-3.822.678,                    T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.827.727,
T-3.827.698, T-3.823.729, T-3.821.992,                    T-3.822.675, T-3.828.681
(Acumulados)
Demandantes:
Luis Carlos Caicedo, Yasmín Olave Valencia, Astrid Yulieth Martínez Torres, Leidy
Tatiana Montaño Mosquera, Carlos Alberto Gamboa Álvarez, Aura Cecilia Angulo
Angulo, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr
Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Doris
María Palacios Salas, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Yandra
Stheyner Quiñónez Casquete, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos
Salcedo, Estefany Riascos Contreras, Adolfo Alzamora Caicedo, Elí Mina Cuero.
Demandado:
Universidad del Pacífico
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil trece (2013)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En
la revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes                T-3.822.679,
T-3.822.677 y T-3.822.678, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Buenaventura, dentro del expediente T-3.818.340, el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes       T-
3.816.804, T-3.816.807, T- 3.816.813, T-3.816.808, T-3.816.810,        T-
3.816.809, T-3.816.811, T-3.816.805 y T-3.816.806, el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.827.698
y T-3.823.729, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Buenaventura, dentro del expediente T-3.827.727, el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.821.992
y           T-3.828.681 y, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Buenaventura, dentro de los expedientes T-3.822.676 y T-3.822.675
en el trámite de las acciones de tutela promovidas por las y los ciudadanos Leidy
Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacios
Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth Martínez
Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr
Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly
Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie
Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos Contreras,
Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora Caicedo, respectivamente.
I.       ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241
de la Constitución Política, y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de
Selección Número Tres de la Corte Constitucional, mediante Auto del veintiuno (21)
de marzo de dos mil trece (2013), decidió seleccionar para revisión los
expedientes de tutela número T-3.816.804, T-3.818.340, T-3.816.807,
T-3.822.679,         T-3.822.676, T-3.822.677, T-3.816.813, T-3.816.808,
T-3.816.810,            T-3.816.809, T-3.816.811, T-3.822.678, T-3.816.805,
T-3.816.806,           T-3.827.727, T-3.827.698, T-3.823.729, T-3.821.992,
T-3.822.675,           T-3.828.681, correspondiendo su estudio a la Sala Cuarta
de Revisión de Tutelas.
En consideración a que los expedientes señalados
anteriormente abordan idéntica temática y se dirigen contra la misma entidad
demandada, cual es la relacionada con la posible vulneración del derecho
fundamental a la educación, en virtud de la cancelación por parte del Consejo
Directivo de la Universidad del Pacífico, del segundo semestre del año 2012 por
haber entrado los estudiantes en asamblea permanente, sin tenerles en cuenta lo
pagado deduciéndolo del valor de la matrícula del siguiente semestre o
devolverles el dinero, en el citado auto, la Sala de Selección correspondiente ordenó
acumularlos para que fueran fallados en
una misma providencia.
II.      ANTECEDENTES
1. Precisión metodológica
Previamente, debe destacarse que los asuntos objeto del
presente pronunciamiento fueron presentados mediante escritos separados que
coinciden por completo en sus aspectos esenciales[1]. Por esa razón, para
mayor claridad y coherencia en la exposición de los hechos materia de análisis,
procederá la Sala de Revisión a realizar un solo recuento de los mismos,
diferenciando ulteriormente algunos elementos propios de cada caso, de ser
necesario.
2.
La solicitud
Las
demandas se dirigen a obtener la protección del derecho fundamental a la educación
el cual, afirman, ha sido desconocido por la Universidad del Pacífico, por
cuanto en el segundo semestre de 2012 los estudiantes de dicha institución
entraron en asamblea permanente y luego de tratar de llegar a acuerdos, sin
lograrlo, el Consejo Directivo de dicho claustro tomó la determinación de
cancelarlo sin derecho a devolverles lo pagado por éste o al menos tener en
cuenta la suma respectiva como parte de pago de la matrícula del primer período
lectivo de 2013.
3.
Hechos relevantes
La
situación fáctica fundamento de la acción es la que a continuación se expone:
3.1.
Los estudiantes de la Universidad del Pacífico, de diferentes
programas académicos, se matricularon para cursar el segundo semestre de 2012.
No obstante, en la segunda semana de dicho período académico, los
representantes del alumnado hicieron un llamado para entrar en “asamblea
permanente” debido a irregularidades que estaban ocurriendo dentro de la
institución. Decisión que fue apoyada por la mayoría de los educandos.
3.2.
En el mes de septiembre el rector solicitó la presencia de los estudiantes en
las aulas de clase para reanudar las actividades y de esta manera continuar con
el calendario académico. Sin embargo, a dicha convocatoria acudieron muy pocos
de ellos.
3.3.
En consecuencia el 30 de octubre de 2012, en vista de no haber llegado a ningún
acuerdo con los estudiantes, el Consejo Académico de la Universidad del
Pacífico, decidió que “… 4. A raíz de los continuos llamados a la normalidad
académica, los manifestantes decidieron finalizar la asamblea permanente y
declararse en paro indefinido y que seguirán con la toma a las instalaciones
administrativas impidiendo que la universidad en condición de entidad estatal
desarrolle sus actividades legales y normativas, a pesar que la defensoría
delegada para los derechos humanos, secretaria de gobierno y Policía Nacional,
advierten que su actuar es ilegal. Además que en un actuar de vandalismo
pintaron con grafitis ofensivos el campus universitario, e hicieron daños en
las diferentes sedes.
….
9. Que el Rector, el Consejo Superior y este Consejo, mantuvo abierto el
diálogo con los representantes estudiantiles a través de diversas reuniones en
las que se recogieron inquietudes, algunas de las cuales no son competencia de
la universidad.
10.
Que el Consejo Académico a través de un comunicado expedido el 10 de octubre,
manifestó que si el día 16 del presente, no se retomaban clases, era inviable
recuperar el tiempo transcurrido en el próximo año, razón por la cual recomendó
cancelar el semestre académico del periodo 2012-2.
11.
Que los manifestantes continúan en su actitud de no levantar el paro, y los
estudiantes que son mayoría y no están en el paro, a pesar del panorama de
clausura del semestre, mantienen una actitud pasiva y no se presentan a las
aulas de clase.
…
13. Que el día 22 de octubre el Consejo Académico sesionó extraordinariamente,
para atender y evaluar las garantías solicitadas por los estudiantes
representantes del paro para retornar a clases, las cuales fueron acogidas y
otorgadas por este Consejo.
14.
Que a pesar de haberse dado las garantías y llegado a un acuerdo concertado con
los líderes estudiantiles del paro, sobre las peticiones presentadas por ellos,
como resultado al cumplimiento de la directriz del Consejo Superior de avanzar
en la concertación de las peticiones de índole administrativo y estableciendo
como fecha límite el día miércoles 24 de octubre los representantes del paro
manifiestan su negativa de retornar a clases.
15.
Que ante la interrupción al desarrollo de la actividad formativa, la permanente
actitud de intransigencia y de desconocimiento de las decisiones legales y
legítimas de las autoridades universitarias, por parte de los manifestantes, se
evidencia la falta de condiciones apropiadas para la reanudación exitosa del
segundo semestre académico del año 2012.”
En
consecuencia,  acordó cancelar las actividades académicas del segundo periodo
del año 2012 que requieren presencia de estudiantes para su realización, así
como las matrículas de los estudiantes regulares y de cursos libres de la
Universidad del Pacífico para el mismo periodo académico.
3.4.
La cancelación del período académico 2012-2, tuvo repercusión en el dinero pagado
por los estudiantes por concepto de matrícula, que el Consejo Directivo dispuso
no devolver por no configurarse ninguna de las situaciones que así lo permitían
conforme al artículo 38 del estatuto estudiantil.
3.5.
En consecuencia, varios estudiantes de diferentes programas académicos de la
Universidad del Pacífico y que se relacionarán a continuación, invocaron el
mecanismo de protección constitucional, con el fin de salvaguardar su derecho
fundamental a la educación, el cual ven violentado por la institución demandada
al no reintegrar o tener en cuenta para el siguiente periodo lectivo los
dineros pagados por concepto de matrícula, pues son personas de escasos ingresos
y no les es tan fácil obtener los recursos para solventar sus estudios y, por
el contrario, se les está obligando a pagar, para continuar sus programas, una
nueva matrícula con valor actualizado para el año 2013.
A
continuación se relacionarán los estudiantes que interpusieron la presente
acción, así como los programas académicos que se encuentran cursando, el valor
que pagaron por concepto de matrícula para el año 2012-2 y el que deben pagar
para el año 2013-1.
Radicado
Estudiante
Programa académico
Matrícula 2012
Matrícula 2013
T-3.828.681
Elí Mina Cuero
Ingeniería de Sistemas
$122.500
$271.400
T-3.822.675
Adolfo Alzamora Caicedo
Tecnología en Informática
$ 292.500
$300.500
T-3.821.992
Estefany Riascos Contreras
Arquitectura
$292.600
$300.600
T-3.823.729
Charlie Riascos Salcedo
Tecnología en Informática
$292.600
No lo señala
T-3.827.698
Deivi Antonio Gamboa Hernández
Tecnología en Informática
$488.000
$489.900
T-3.827.727
Yandra Stheyner Quiñónez
Tecnología en Informática
$264.300
$271.600
T-3.816.806
Julio César Vidal Mina
Tecnología en Informática
$434.200
No lo señala
T-3.816.805
Yucelly Vente Campaz
Sociología
$264.200
264.200
T-3.822.678
Doris María Palacio Salas
Tecnología en Acuicultura
$320.000
$329.600
T-3.816.811
Héctor Fabio Montaño
Tecnología en Informática
$275.600
$271.500
T-3.816.809
Danny Stiven Torres Moreno
Tecnología en Informática
$264.300
$271.600
T-3.816.810
Miverr Andrés Mina Grueso
Tecnología en Informática
$303.900
No lo señala
T-3.816.808
José Yessi Rodríguez Padilla
Tecnología en Agronomía
$292.500
$271.600
T-3.816.813
Jerry Andrés Mosquera Minotta
Tecnología en Informática
$304.000
$300.600
T-3.822.677
Aura Cecilia Angulo Angulo
Tecnología en Informática
$348.500
No lo señala
T-3.822.676
Carlos Alberto Gamboa Álvarez
Tecnología en Informática
$488.000
$489.900
T-3.822.679
Leidy Tatiana Montaño Mosquera
Tecnología en Informática
$434.300
$446.300
T-3.816.807
Astrid Yulieth Martínez Torres
Tecnología en Informática
$303.900
$329.700
T-3.818.340
Yasmín Olave Valencia
Sociología
$264.300
$271.600
T-3.816.804
Luis Carlos Caicedo
Sociología
$292.600
$300.700
4.
Pretensiones
Los
estudiantes de la Universidad del Pacífico que acuden a la acción de tutela solicitan
la protección de su derecho fundamental a la educación, que estiman violado, toda
vez que la entidad accionada, al no tenerles en cuenta lo pagado por concepto
de matrícula en el segundo semestre del año 2012, en el valor que deben cubrir
por el mismo concepto respecto del primer semestre de 2013, hace nugatorio el
permanecer en los respectivos programas académicos, por lo que solicitan le sea
ordenado a la institución universitaria que reconozca, como parte de la
matrícula del primer semestre del año 2013, el 100% de lo pagado por ese mismo concepto
durante el semestre que se canceló y que deben repetir.
5.
Pruebas que obran en los expedientes
Como
las pruebas que fueron allegadas dentro de los procesos de tutela coinciden, cabe
relacionarlas así:
-
Copia de las cédulas de ciudadanía
de los estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris
María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid
Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez
Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio
Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio
Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany
Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo
Alzamora Caicedo.
-
Copia de los recibos de matrícula
del año 2012-2 en los respectivos programas académicos cursados por los
estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris
María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid
Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez
Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio
Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio
Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany
Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo
Alzamora Caicedo, en los que se evidencia el valor cancelado por los mismo en
dicho periodo.
-
Copia de los recibos de matrícula
del periodo 2013-1 en los respectivos programas académicos de los alumnos Leidy
Tatiana Montaño Mosquera,  Doris María
Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid Yulieth
Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Danny
Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Deivi
Antonio Gamboa Hernández, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany Riascos
Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo Alzamora
Caicedo.
-
Copia del Acuerdo 001 de 2012, por
medio del cual se cancela el segundo periodo académico de 2012.
-
Copia de las peticiones e
inquietudes de los estudiantes de la Universidad del Pacífico formuladas al
Consejo Académico dentro de la asamblea permanente.
-
Copia de las respuestas a las
peticiones e inquietudes formuladas por los estudiantes y garantías dadas por
el Consejo Académico de la Universidad del Pacífico a éstos.
-
Copia de la Resolución Rectorial
No. 002 del 5 de febrero de 2013, mediante la cual se otorga un subsidio
equivalente al 70% de la matrícula básica para el primer período del 2013, a los estudiantes regulares y estudiantes de cursos libres de la Universidad del Pacífico que
estuvieron matrículados en el período académico 2012-2.
-
Dentro del expediente T-3.822.677
obra copia de carta enviada al Rector de la Universidad del Pacífico por los
representantes y voceros estudiantiles, mediante la cual se insta a la institución
para que cumpla con los compromisos adquiridos. Adjunto se anexa el documento
en el cual constan los acuerdos asumidos por la entidad educativa con los
respectivos plazos de ejecución.
6. Oposición a la demanda de tutela
Con
el propósito de conformar debidamente el contradictorio, cada una de las
autoridades judiciales que conocieron de las acciones de tutela resolvieron admitirlas
y ordenaron ponerlas en conocimiento de la entidad accionada, así como del
Consejo Superior de la Universidad del Pacífico (exps. T-3.816.804, T-3.816.805,
T-3.816.806, T-3.816.807, T-3.816.808, T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813),
del Ministerio de Educación Nacional (exps. T-3.816.804, T-3.816.805, T-3.816.806,
T-3.816.807, T-3.816.808, T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y         T-3.816.813,
T-3.822.677, T-3.822.678, T-3.822.679, T-3.827698,            T-3.823729) y del
Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, así como de la Secretaría de
Educación Departamental (exps. T-3.816.804,     T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807,
T-3.816.808, T-3.816.809,           T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813, T-3.822.677,
T-3.822.678,         T-3.822.679), para efectos de que se pronunciaran respecto
de los hechos y las pretensiones planteados en ellas.
Dentro
del término otorgado para ejercer el derecho de defensa, la Universidad del
Pacífico y el Ministerio de Educación Nacional dieron respuesta a los
requerimientos judiciales, mediante escritos separados que contienen los mismos
argumentos. Por esa razón, y con fines prácticos, se realizará un solo recuento
de lo allí expuesto.
6.1. Universidad del
Pacífico
El Rector de la Universidad del Pacífico en calidad de
representante de la institución, dio respuesta a las acciones de tutela
interpuestas por los estudiantes Luis Carlos Caicedo,
Yasmín Olave Valencia, Astrid Yulieth Martínez Torres, Leidy
Tatiana Montaño Mosquera, Carlos Alberto Gamboa Álvarez, Aura
Cecilia Angulo Angulo, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi
Rodríguez Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres
Moreno, Héctor Fabio Montaño Rentería, Doris María Palacios
Salas, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Yandra
Stheyner Quiñónez Casquete, Deivi Antonio Gamboa Hernández, Charlie
Riascos Salcedo, Estefany Riascos Contreras, Adolfo Alzamora Caicedo,
Elí Mina Cuero, respectivamente.
En su defensa expuso que el 12 de septiembre de 2012 un
grupo de estudiantes se tomó las instalaciones de la Universidad impidiendo que
se realizaran las actividades académicas y se declaró en paro indefinido. A
partir de ese momento, la universidad buscó las alternativas para entrar en diálogo
con los alumnos, los cuales se encontraban reticentes. No obstante, con la
intervención de varios actores, se logró realizar una mesa de concertación con
el objetivo de retornar a la normalidad académica.
Resaltó que la Universidad del Pacífico desde sus tres órganos
de dirección, como el Consejo Superior, el Consejo Académico y la Rectoría,
realizó siete (7) llamados a la comunidad estudiantil solicitando el regreso a
clases, oportunidades en las que se les comunicó las consecuencias de su no
comparecencia a las aulas, como la cancelación del semestre y el no retorno de los
dineros pagados por concepto de matrícula.
Ante dicho panorama, se realizó una tarea de concertación
con los líderes del movimiento estudiantil, quienes presentaron un pliego de
condiciones y unas garantías para retornar a clases, las cuales, a pesar de ser
acordadas y concedidas por parte de la Rectoría y el Consejo Académico, la
asamblea estudiantil decidió continuar en paro indefinido.
Como consecuencia de la decisión adoptada por los
estudiantes, el Consejo Académico tomó la decisión de cancelar el semestre
académico debido a la no comparecencia del estudiantado a clases. Al respecto
dicho órgano precisó:
“1. Que el
artículo 14 del reglamento estudiantil de la institución establece: ‘la
matrícula da derecho a cursar el programa de formación elegido por el
estudiante en el periodo académico correspondiente…’ es decir, que el valor
pagado por los estudiantes por concepto de matrícula les permite cursar el
periodo al cual se matrícularon.
2. Ante esta
situación, dicho pago cobija el periodo 2012-2, comprendido entre agosto y
diciembre de 2012.
3. Que el mismo
estatuto en su artículo 38, establece en qué casos es viable la devolución de
dineros de matrícula y en ninguno de sus literales contempla la devolución de
dicho pago por concepto de cancelación del periodo académico.
4. Bajo estas
circunstancias, estatutariamente no es viable retornar los dineros por concepto
de matrícula.”
Manifestó
que en ningún momento hubo un enriquecimiento sin causa por parte de la
universidad que representa, pues tal como lo ha dicho el Consejo de Estado en
su jurisprudencia, esta figura no tiene aplicación “cuando el
empobrecimiento tiene por causa el hecho exclusivo del sujeto que lo padece,
pues en estos casos debe soportar las consecuencias de sus acciones u
omisiones, como lo impone la máxima según  la cual a nadie le es dable alegar
su culpa en beneficio propio”.[2]
En
consecuencia, a pesar de que la universidad realizó varios llamados para que se
normalizara la situación académica y, así mismo, estuvo presta a  brindar el
servicio educativo, atendiendo incluso, las garantías solicitadas por los
manifestantes, los estudiantes, a través de sus representantes manifestaron su
negativa de retornar a clases, razón por la que la universidad se vio obligada
a cancelar el período académico, situación que libera a la institución de toda
responsabilidad, pues su actuación no fue arbitraria y, por el contrario, la
medida se tomó para salvaguardar el patrimonio y la estabilidad institucional.
Precisó
que “los dineros del recaudo de matrícula, una vez ingresan al patrimonio de
la universidad, automáticamente se transforman en dineros públicos, los cuales
entran a apalancar gastos en que se compromete la institución, que se deben
ejecutar en la vigencia fiscal correspondiente, es decir, el año 2012. Disponer
de los recursos para la devolución o reembolso de dineros de matrícula, por
cancelación del periodo académico a particulares, configura sanciones de índole
disciplinaria, fiscales y penales, tales como indebida destinación de recurso
públicos, prevaricato, entre otro.”
Además,
la Universidad del Pacífico es un ente que goza de autonomía universitaria, por
lo que en función de ésta expide reglamentos que enmarcan su actividad. En ese
sentido los estatutos de la institución, no pueden insinuar que cuando los
estudiantes, transcurrido el inicio del semestre, entren en paro indefinido que
conlleve la cancelación del período académico, se les deba retornar el dinero,
pues tal disposición vulneraría la facultad del ente de ser autónomo, así
mismo, dicha situación no es imputable a las directivas de la universidad y
esta no puede salir lesionada por el actuar irresponsable y omisivo de los
estudiantes.
Ante
la situación presentada dentro del campus, la universidad respetó el derecho a
la educación de los estudiantes en tanto el pago del valor de la matrícula del
período 2012-2, cubrió ese período académico, en el que la institución ejecutó
unos gastos y fueron los mismos estudiantes los que decidieron no terminar este
periodo, reiterando que por parte del ente académico “se brindaron todas las
garantías para retornar a clases y por capricho de los mismos se toma esa
decisión que perjudica no solo a los estudiantes sino a la universidad en
general”.
Por
último, afirmó que “a nadie le es dado sacar beneficio de su propia culpa y
el estudiantado debe ser responsable de sus actuaciones, sea por acción u
omisión, al no hacer uso del derecho a la educación que la universidad insistentemente
ofertó”. Derecho que, en su opinión, exige obligaciones de ambas partes,
por parte de la universidad, la de brindar el servicio educativo y, por parte
del estudiante, la de recibir conocimiento cumpliendo compromisos académicos y
administrativos.
6.2. Ministerio de
Educación Nacional
Mediante
escritos allegados oportunamente a los procesos T-3.822.677,     T-3.822.678,
T-3.822.679, T-3.827.698 y T-3.823.729, el Ministerio de Educación Nacional manifestó
su oposición a las acciones de tutela formuladas. En las demás, no obstante que
fue vinculado por el respectivo ente judicial, guardó silencio.
Dentro
del escrito presentado por esta entidad solicita se le desvincule de las acciones
de tutela, bajo los siguientes argumentos:
En
primer lugar, resaltó que en desarrollo de la autonomía universitaria
garantizada por el artículo 69 de la Constitución Política y por la Ley 30 de
1992, se faculta a las universidades para darse y modificar sus estatutos,
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional.
Conforme
con lo mencionado, las universidades ejercen su autonomía diseñando las reglas
y los principios a las cuales se han de someter los miembros de la comunidad
académica, potestad que se extiende a la configuración de las consecuencias que
acarreará su incumplimiento.
No
obstante, la autonomía de los entes universitarios no puede ser entendida como
absoluta, sin límites que la regulen y racionalicen, pues esta se predica de un
régimen democrático y constitucional.
En
segundo lugar, relacionado con el principio de la autonomía universitaria, se
refirió al reglamento estudiantil, el cual debe definir lo concerniente a las
matrículas, específicamente sobre el pago, devoluciones y sanciones frente al
incumplimiento del contrato educativo.  En ese orden de ideas, adujo que el
proceder de la institución educativa accionada deberá estar soportado en sus
disposiciones internas, las cuales justifiquen la cancelación del semestre
cuando ocurran hechos como los acontecidos y legitimen a la institución para
retener el 100% de lo pagado por concepto de matrícula.
Y,
por último, se refirió a la función de inspección y vigilancia que dicha
entidad tiene a su cargo, delegada por el Presidente, la cual está encaminada
al deber de velar entre otros asuntos por la calidad de la educación superior,
el cumplimiento de las normas internas de las instituciones de educación
superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de
aprendizaje, investigación y cátedra.
En
consecuencia, estima que: “cuando existen indicios de que una institución de
educación superior no está cumpliendo con los fines y objetivos que como
entidad prestadora del servicio educativo del nivel superior debe cumplir, con
las normas que regulan la prestación de este servicio; se inicia una
investigación administrativa tendiente a verificar, respetando el debido
proceso a la institución implicada, los hechos que puedan evidenciar si
realmente existe incumplimiento.”
De
acuerdo con ello, ante el número de tutelas presentado por los estudiantes de la
Universidad del Pacífico por los hechos ocurridos dentro del campus
universitario, en relación con la protesta realizada por ellos y la cancelación
del semestre, por parte de las autoridades educativas, se solicitó a la
institución que rindiera un informe detallado sobre los hechos y las decisiones
adoptadas.
En
respuesta, la institución remitió una comunicación en la que expone los motivos
que la llevaron a la cancelación del semestre 2012-2, de los que se desprende
que ello obedeció: “a la decisión autónoma de los estudiantes de no asistir
a clases desde el 12 de septiembre hasta el 30 de octubre de 2012 fecha en que
se adopta la decisión por parte del Consejo Académico de la Universidad, sin
que se hubiere evidenciado a partir de los relatos de los estudiantes y de la
institución, que se hubiere incumplido por parte de esta última su obligación
de prestar el servicio de educación contratado.”
Por
otra parte, en relación con la determinación de no devolver los dineros
abonados por concepto de matrícula a los estudiantes, advierte que las
disposiciones del reglamento estudiantil, establecen que no habrá lugar a
devolución de los mismos, y que excepcionalmente procederá en algunos casos
entre los cuales no se encuentra incluida la eventualidad de cancelación del
período académico.
Con
fundamento en lo señalado, y “habida cuenta que el acto de matrícula es ante
todo un contrato o convenio educativo, en el que las partes gozan de libertad
para asumir los compromisos que de este se derivan, a sabiendas que el
cumplimiento del mismo supone no solo el ejercicio de derechos, sino también de
obligaciones, siendo una de ellas la prestación efectiva del servicio por parte
de la institución y de manera correlativa el derecho y obligación por parte del
estudiante de asistir a las actividades académicas previamente programadas y
dadas a conocer, la ‘Subdirección de Inspección y Vigilancia de la Educación
Superior determinó que solo en el caso de que pudiere comprobarse que hubo
incumplimiento por parte de la institución, podrá por parte de los estudiantes
alegarse el incumplimiento del contrato y en tal sentido, adelantarse las
acciones correspondientes a fin de exigir la preservación de sus derechos
constitucionales, legales y sobre todo contractuales.”
II.
DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
Las
decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela objeto de revisión,
corresponden a los siguientes despachos judiciales: Juzgado Tercero Civil del
Circuito, Juzgado Segundo Civil del Circuito, Juzgado Primero Laboral del
Circuito, Juzgado Primero Civil del Circuito, Juzgado Tercero Penal del
Circuito, Juzgado Segundo Laboral del Circuito y Juzgado Tercero Laboral del
Circuito, todos de la ciudad de Buenaventura.
En
consecuencia, a continuación, se procederá a exponer los fundamentos que los
jueces dispusieron para resolver las acciones de tutela interpuesta por los
estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris
María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid
Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez
Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio
Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio
Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany
Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo
Alzamora Caicedo contra la Universidad del Pacífico, de las cuales tuvieron
conocimiento respectivamente. Así, se hará un solo recuento de cada uno de
ellos, pues los argumentos de los fallos proferidos dentro de los procesos de
tutela, coinciden en su integridad.  Ninguna de las decisiones tomadas por los
respectivos jueces fue objeto de impugnación.
1.
Expedientes T-3.816.804,
T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807,      T-3.816.808, T-3.816.809,
T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813
El
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, mediante  Sentencias del 8
de febrero de dos mil trece (2013)[3],
11 de febrero de dos mil trece (2013)[4],
12 de febrero de dos mil trece (2013)[5]
y 14 de febrero de dos mil trece (2013)[6],
respectivamente negó el amparo constitucional impetrado, al considerar que los
estudiantes contaban con mecanismos institucionales para quejarse de los malos
manejos de la universidad y de la corrupción, que éstos pretendieron combatir.
Al respecto el ente judicial señaló:
“Cabe destacar que no está reglamentado de manera
específica en ninguno de los acuerdos, procedimiento alguno destinado a pedir y
adelantar la remoción del Rector de la Universidad del Pacífico, por lo que es
menester entender que cualquiera de los estamentos universitarios, entre ellos
los estudiantes, están habilitados por los artículos 67,71 y 72 del Acuerdo No.
14 de 2005 para presentar peticiones ante las autoridades competentes de la
universidad como lo indican los artículos 13 y siguientes que reglan el derecho
de petición y 47 y siguientes que reglan el procedimiento administrativo
sancionatorio de la Ley 1437 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, competencia que en el caso concreto de
rogar la remoción del Rector pertenece al Consejo Superior como lo señala el
literal h) del artículo 19 del acuerdo 14 de 2005, por lo que la formación
probanzas, publicidad y ejecución de las actuaciones administrativas que ese
Consejo llegue a conocer, adelantar y proferir, fuere favorable o denegatoria
de la remoción del Rector, se sujetará ‘a las normas legales sobre la materia’
porque ‘las actuaciones administrativas de los órganos de gobierno y dirección
de la Universidad se rigen por el Código Contencioso Administrativo y demás
normas que lo reformen, adicionen o sustituyan, en todo aquello que sea
compatible con  la naturaleza de la institución y su régimen legal especial.
Este es el debido proceso que los estudiantes de la
Universidad del Pacífico han debido seguir para denunciar ‘que existía
corrupción y politiquería al interior del alma mater’ y reclamar ‘mejor calidad
académica para sus pregrados’ así como la remoción del Rector”.
En
consideración de lo expuesto, el a quo estimó que los actos de “rebeldía
y de contumacia” de los estudiantes carecen de apoyo constitucional, legal
e institucional, pues el Reglamento Estudiantil de la Universidad del Pacífico
prevé que quien se matricule a uno de los programas ofertados por la
institución, adquiere “el derecho de organizarse para participar en la vida
universitaria,, en el marco del respeto de la opinión ajena, la pluralidad de
posiciones y análisis y del ejercicio de estos derechos en condiciones de
acatamiento a los procedimientos pertinentes”, que no pueden ser, en todo
caso, actuaciones de violencia o de facto.
Así
las cosas, la pretensión de los estudiantes de que se les aplique el valor de
la matrícula que cancelaron por el periodo académico 2012-2 al período
académico 2013-1, es de contenido económico lo que hace a la acción de tutela
improcedente, pues no se evidencia la violación del derecho fundamental a la
educación por la circunstancia descrita.
2.
Expedientes T-3.822.675 y
3.822.676
El
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, en sentencias del 31 de
enero de dos mil trece (2013) y del 1° de febrero[7] del mismo año, decidió
conceder el amparo del derecho fundamental a la educación de los estudiantes Adolfo
Alzamora Caicedo y Carlos Alberto Gamboa Álvarez, y, en consecuencia, ordenó a la
Universidad del Pacífico que reintegre a los mismos, el cien por ciento (100%)
del valor que cancelaron por concepto de matrícula en el periodo 2- 2012, suma
que deberá aplicar la institución como parte de pago de matrícula de los
estudiantes en el período 1-2013, a título de indemnización en abstracto.
El
a quo fundó su decisión en los siguientes argumentos:
“Cabe entonces preguntarse, si el aquí accionante
incurrió en una o varias de las conductas que constituyen faltas disciplinarias
graves conforme lo reglado en los artículo 75 y 77 del Acuerdo 029 de 2006
Reglamento Estudiantil de la Universidad del Pacífico y de ser afirmativa la
respuesta, debió la universidad imponerle la sanción de cancelación de la
matrícula (u otra) prevista en el artículo 76 ibídem, entendiendo, a la luz del
mismo reglamento estudiantil, que la cancelación de la matrícula es una sanción
aplicable al estudiantes que haya cometido una falta grave o que teniendo
matrícula condicional incumpla con alguna obligación contraída, y la impone el
Rector, previo concepto del Consejo Académico e inhabilita al estudiante para
continuar sus estudios por un período máximo de dos (2) años.
Tal parecer que en el sentir de las Directivas de la
Universidad del Pacífico la respuesta sería afirmativa, ya que tal razonamiento
fue el que dio lugar a la generación e implementación o consumación del Acuerdo
001 de 2012, sin percatarse que tal actuar del ente universitario vulnera
ostensiblemente el derecho constitucional al debido proceso del estudiante.
(…) En lo referente al primero de los aspectos
señalados, debe enfatizarse que toda imposición de sanciones, inclusive en los
centros docentes, debe estar precedida de la realización de un procedimiento
donde se permita al implicado el ejercicio de los derechos de defensa y
contradicción.
(…) La Universidad del Pacífico en uso de la autonomía
universitaria, mediante Acuerdo No. 001 del 30 de octubre de 2012 canceló las
actividades académicas del período 2-2012, que requieren presencia de los
estudiantes; canceló las matrículas de los alumnos regulares y de cursos libres
de esa Universidad; la cancelación de la matrícula conforme el Reglamento
Estudiantil (literal d, art. 76) es una sanción que impone el Rector, previo
concepto del Consejo académico, por incurrir el alumno en una falta grave (art.
77), que además de inhabilitar al estudiante para continuar sus estudios por un
período hasta de dos años, le genera la pérdida de los derechos económicos
cancelados por concepto de matrícula (art. 38), empero, no se arribó a este
trámite prueba alguna que dé lugar a inequívocamente soportar el haber
preservado el derecho al debido proceso del estudiante accionante por parte de la
Universidad del Pacífico; esto es, se le vulneró el derecho a que se le oiga y
se examinen y evalúen las pruebas que obran en su contra y también las que
constan a su favor.”
En
razón de lo expuesto, el a quo declaró la nulidad del Acuerdo No. 001
del 30 de octubre de 2012, por medio del cual se canceló el semestre 2-2012 proferido
por el Consejo Académico de la Universidad del Pacífico, dentro de los procesos
en que tuvo conocimiento, al considerarlo trasgresor de los principios de
legalidad y tipicidad.
3.
Expedientes T-3.828.681 y
T-3.821.992
El
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, en sentencias del 4 de
febrero de dos mil trece (2013), negó el amparo del derecho fundamental a la
educación de los estudiantes Estefany Riascos Contreras y Elí Mina Cuero, por considerar
que no fue transgredido, toda vez que el mencionado derecho ostenta también la
calidad de deber en el sentido de que quien funge como estudiante debe asistir
al claustro universitario para recibir la formación académica que brinda la
institución, en consecuencia, no se puede hablar de la vulneración de un
derecho si el estudiante no cumple con asistir a las clases programadas.
Por
otro lado, estimó que los estudiantes cuentan con otros mecanismos de defensa,
como las acciones que prevé la jurisdicción contencioso administrativa, pues lo
que se demanda es un acto administrativo, siendo ésta la vía idónea para
pronunciarse sobre su legalidad y no la acción de tutela. Así mismo, el a
quo observó que la institución universitaria expidió el acto administrativo
el 30 de octubre de 2012, sin embargo, las acciones de tutela solo se presentaron
en enero de 2013, es decir, más de dos (2) meses después de la expedición del
mencionado acuerdo, razón por la que considera que no se cumple con el
requisito de la inmediatez.
4.
Expediente T-3.827.727
El
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura mediante sentencia del 14 de
febrero de dos mil trece (2013) declaró improcedente la presente acción, negando,
en consecuencia, el amparo del derecho fundamental a la educación de Yandra
Stheyner Quiñónez Casquete.
El
a quo, encontró que la negativa por parte de las directivas del
establecimiento educativo de reembolsar el dinero, no podía considerarse como un
acto arbitrario, toda vez que durante el paro estudiantil, la institución
siempre estuvo presta a dialogar y a solucionar las diferencias planteadas por
los estudiantes. No obstante, éstos desestimaron las propuestas elevadas por la
universidad, sin considerar las probables repercusiones que ello ocasionaría y “se
empecinaron en mantener vigente el paro”.
El
juez estimó, que lo que pretende la accionante es el reembolso del dinero que
pagó por concepto de matrícula, pretensión que no es procedente por el
mecanismo de amparo constitucional, pues esta acción está concebida para la
protección de los derechos fundamentales, y escapa al ámbito meramente
económico. Para ello, concluyó, debe acudir a la jurisdicción pertinente y no
al juez constitucional.
5.
Expediente T-3.818.340
El
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura mediante sentencia del 30 de
enero de dos mil trece (2013) negó el amparo del derecho fundamental a la
educación de Yasmín Olave Valencia, por cuanto consideró que en ejercicio de la
autonomía universitaria, la Universidad del Pacífico fijó un ordenamiento al
que se deben acoger los estudiantes y en el cual no se contempló la devolución
de los dineros por cancelación del periodo académico a causa de paros
estudiantiles.
El
a quo dispuso que “al faltar a clases los alumnos, más allá del
límite permitido, se tiene que no cumplieron con sus obligaciones académicas
contenidas en el reglamento estudiantil, razón por la cual pueden aplicarse las
sanciones establecidas en los estatutos o reglamentos de la universidad,
previamente establecidos para el efecto, sin que tal hecho devenga en la
desprotección exigida jurisprudencialmente para la activación de la protección
especial por vía de tutela.
(…)
está demostrado que debido a la posición asumida por la comunidad estudiantil
de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO, no fue posible el desarrollo normal de las
actividades académicas previstas para el segundo período académico del año 2012”.
Así
mismo, señaló que lo que se busca es la devolución o reintegro del dinero pagado
por concepto de matrícula o que éste se impute para el siguiente periodo
académico, pretensión que no es posible exigir por el mecanismo de la tutela,
pues para ello existen otros medios de defensa judicial, como son las acciones
previstas en la jurisdicción contencioso administrativa.
6.
Expedientes T-3.827.698 y
T-3.823.729
El
Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, en sentencias del 4 de
febrero de dos mil trece (2013) y del 11 de febrero del mismo año, negó por
improcedente el amparo del derecho fundamental a la educación de los
estudiantes Charlie Riascos Salcedo y Deivi Antonio Gamboa Hernández, al establecer
que entre la institución universitaria y los estudiantes se celebró un contrato
de adhesión para la prestación del servicio de educación, correspondiente al
período académico del segundo semestre de 2012. Así, la relación contractual
que se dio entre el alumno y el ente universitario se perfeccionó en virtud del
pago de la matrícula, del cual, a su vez, nacieron obligaciones para las
partes, pero únicamente para el período académico contratado, esto es, el
segundo semestre de ese año. En consecuencia, la relación contractual que se
constituye para el año 2013 es diferente y se perfecciona con el pago que se
haga para dicho período.
Señaló,
que el período académico del segundo semestre de 2012 no pudo adelantarse en
virtud a un paro estudiantil el cual se prolongó indefinidamente, por lo que el
objeto del contrato de educación no pudo perfeccionarse. Dicho conflicto no
puede ser dirimido por el juez constitucional, pues para esta clase de asuntos
existen otros mecanismos de defensa judicial ante la jurisdicción ordinaria a
través de los cuales se puede lograr, dentro de un debate procesal más amplio,
establecer si alguna de las partes ha incumplido las obligaciones emanadas del
contrato.
Así
mismo, concluyó que no existe una violación o amenaza de las garantías a la
educación de los estudiantes que interpusieron las acciones de tutela
respectivas, ni que se evidencie que se esté causando un perjuicio irremediable
a los mismos por la situación descrita.
7.
Expedientes T- 3.822.677,
T-3.822.678 y T- 3.822.679
El
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, mediante sentencias del
31 de enero de dos mil trece (2013)[8]
y del 5 de febrero del mismo año[9],
negó el amparo del derecho fundamental a la educación de los estudiantes Aura
Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacios Salas y Leidy Tatiana Montaño
Mosquera, al considerar que las actoras no demostraron que por causa atribuible
a la universidad se hayan suspendido las actividades académicas y, en virtud de
ello, se les haya negado el acceso a clase. Por el contrario, de lo relatado
por las estudiantes y por la entidad demandada, se desprende que los alumnos
dejaron de cumplir con su deber al no retornar a sus estudios a pesar de los
llamados que realizó la universidad para continuar con el calendario académico.
Razón por la cual “ahora no pueden alegar a su favor las consecuencias que
le ocasionaron su incumplimiento”.
Así
mismo, el despacho judicial consideró que el Acuerdo No. 001 de 2012, por medio
del cual se canceló el segundo semestre del año 2012, es totalmente válido y,
en ningún momento, vulnerador de los derechos fundamentales de los estudiantes.
Además, sostuvo que éstos conocieron dicho acto, sin que hayan acudido ante la
jurisdicción ordinaria a demandarlo, siendo esa la vía idónea para reclamar los
intereses que ahora se demandan ante el juez constitucional, sin que éste pueda
pronunciarse al respecto, pues no existe, a su juicio, un perjuicio
irremediable que permita su intervención.
III.
PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Con
el fin de contar con mejores elementos de juicio para resolver el presente
caso, el magistrado sustanciador, consideró pertinente recolectar ciertas
pruebas, por lo que mediante Auto del 10 de mayo de 2013, dispuso:
“Por Secretaría General, OFÍCIESE al Rector y
al Consejo Directivo de la Universidad del Pacífico, para que, en el término de
tres (3) días contados a partir de la notificación de este Auto, con los
correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se sirva informar a
esta Sala, si se han adoptado medidas relacionadas con el pago efectuado por
los estudiantes por concepto de matrícula para el periodo académico 2012-2 en
los diversos programas académicos, teniendo en cuenta la cancelación del
semestre respectivo, como consecuencia del paro estudiantil.”
Mediante
oficio del 30 de mayo de 2013, la Secretaría General de esta Corporación allegó
al despacho comunicación dirigida por el rector de la Universidad del Pacífico
en la cual sostuvo lo siguiente:
“ACTUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
Respetuosamente manifiesto a esta honorable Corte que la
Institución, ante la problemática suscitada cumplió con todos los compromisos y
deberes institucionales que le permitían a los estudiantes gozar de su derecho
a la educación, procediendo a citarlos para retornar a las clases y sin embargo
fueron estos quienes se negaron a asistir, por tanto la cancelación de las
actividades académicas no se dio por voluntad del Rector, del Consejo
Académico, ni del Consejo Superior, sino por la negación de los estudiantes de
asistir a clases, por lo que la universidad no puede hacerse responsable del
actuar negligente y omisivo de los estudiantes. Sin embargo, la Universidad en
búsqueda de encontrar salida a la problemática y en búsqueda de disminuir la
deserción estudiantil y apoyar a los estudiantes, a través de la resolución
rectoral 002 de 2013, ha otorgado un subsidio equivalente al 70% del valor de
la matrícula a los estudiantes matrículados en el período académico 2012-2, con
lo cual demuestra nuevamente su intención de concertar con los estudiantes, así
como también extendió el plazo para el pago de matrículas para que los
estudiantes paguen el 30% del valor que les correspondió, además de permitir la
financiación de la matrícula.(sic)
Es importante precisar que más del 80% de los
estudiantes de la UniPacífico, pagan en la actualidad un valor equivalente a
medio salario mínimo legal mensual vigente, es decir la suma de $294.750, que
aplicando el subsidio del 70% que se otorgó, pagaron $88.450, por concepto de
matrícula básica, valor que, a su vez, puede ser financiado en 4 cuotas
mensuales. (sic)
En este sentido la Universidad originó diversas
garantías para que los estudiantes retornaran a clases, situación que
afortunadamente quedó aclarada y superada y en la actualidad se cuenta con
normalidad académica y un buen ambiente universitario.”
Con
la comunicación trascrita, el Rector de la Universidad del Pacífico adjuntó dos
resoluciones, las cuales se relacionarán a continuación y su contenido se
detallará posteriormente:
1.
Resolución Rectorial No. 002 del
05 de febrero de 2013, por medio de la cual se modifica el calendario académico
y se otorga un subsidio en la matrícula para el período 2013-1.
2.
Resolución Rectorial No. 006 del 19
de febrero de 2013, por medio de la
cual se modifica el calendario académico para el período 2013-1.
IV.  CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Es competente esta Sala
de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las
acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del Auto
del 21 de marzo de 2013, proferido por la Sala de Selección de Tutelas número Tres
de esta corporación.
2.
Problema
jurídico
De acuerdo
con los hechos descritos por los accionantes en los diferentes procesos de
tutela, le corresponde a esta Sala de Revisión establecer si la Universidad del
Pacífico vulneró el derecho fundamental a la educación de los estudiantes de
dicha institución educativa, en primer lugar, al haber cancelado el segundo
semestre del 2012 por haber entrado los estudiantes a paro indefinido y, en
segundo término, en virtud de tal hecho, no devolverles el dinero pagado por
concepto de matrícula o aplicárselo a lo que debían pagar por matricularse en el
siguiente período académico.
Con
el objetivo de dar solución a los casos concretos, se abordarán algunos temas
tratados por la jurisprudencia de esta corporación, como (i) el derecho
fundamental de educación y la permanencia en el sistema educativo, (ii) el deber
que tiene el Estado de establecer mecanismos para garantizar la educación
superior, en especial, a personas de escasos recursos, (iii) el principio de
autonomía universitaria y (iv) el derecho a la participación estudiantil.
3.
Derecho fundamental de educación y permanencia en el sistema educativo.
Reiteración de jurisprudencia
La
Constitución Política, en el artículo 67, dispuso que la educación es un
derecho y, a la vez, un servicio público que tiene una función social. Con ella
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores de la cultura.
Así
mismo, dicho artículo determinó que los responsables de garantizar el servicio
de la educación son, el Estado, la sociedad y la familia, el cual deberá ser
obligatorio entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
“Le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos, así como garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales
participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.”[10]
El
derecho a la educación fue establecido por el constituyente dentro de los
derechos económicos, sociales y culturales, por tener un carácter prestacional,
sin embargo, esta Corporación, lo ha catalogado, desde sus inicios, como un
derecho fundamental al estar íntimamente relacionado con diversos principios
constitucionales de carácter esencial para las personas, tales como su propio
desarrollo y crecimiento individual, cultural, intelectual e incluso, físico.
Al
respecto esta corporación ha señalado:
“[e]s indudable que el derecho a la educación
pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo
esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo
ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus
potencialidades. Esta Corporación, también ha estimado que este derecho
constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a
la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos
esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a
la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la
cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y
perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y
principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y
en los artículos 5, 13, 67, 68 y 69 de la C.P. En este orden de ideas, en la
medida que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá
igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona.”[11]
En
síntesis, la fundamentalidad del derecho a la educación se da en razón a varios
argumentos como son: “i) su entidad como herramienta necesaria para hacer
efectivo el mandato de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución
debido a que potencia la igualdad material y de oportunidades, ii) constituye
un instrumento que permite la proyección social del ser humano, iii) es un
elemento dignificador de la persona humana, iv) representa un factor esencial
para el desarrollo humano, social y económico, v) es un instrumento para la
construcción de equidad social, y vi) significa un valioso medio para el
desarrollo de la comunidad en general.[12]”[13]
En
observancia de lo que se ha venido reseñando, el Estado debe adoptar todos los
medios que estén a su alcance para realizar los fines que persigue tal derecho,
pues, de no hacerlo, se amenazarían, además de aquel, todos aquellos con los
que se encuentra íntimamente relacionado.
Al
respecto, esta Corte, a través de su jurisprudencia, ha reconocido el mandato
de progresividad[14]
de los derechos, el cual “impone
al Estado (i) la obligación inmediata de adoptar medidas positivas (dElíberadas
y en un plazo razonable) para lograr una mayor realización del derecho en
cuestión, de manera que la simple actitud pasiva del Estado se opone al
principio en mención; (ii) la prohibición de discriminación y/o la obligación
de no imponer barreras injustificadas sobre determinados grupos vulnerables; y
(iii) la prohibición de adoptar medidas regresivas para la eficacia del derecho
concernido. Esta prohibición de regresividad o de retroceso se erige en una
presunción de inconstitucionalidad de la medida legislativa o administrativa a
evaluar.
(…)
El
mandato de progresividad, en los términos recién descritos, incorpora los
principios de razonabilidad, de acuerdo con el cual no se pueden adoptar
medidas que restrinjan en alguna medida los derechos constitucionales, si no
obedecen a una razón y finalidad constitucionalmente legítimas; y el principio
de proporcionalidad, con los subprincipios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto, destinados a evaluar que los derechos
fundamentales alcancen la mayor efectividad posible, dentro de las posibilidades
fácticas y jurídicas existentes[15]”.[16]
En
conclusión, al ser el derecho a la educación un derecho fundamental en razón de
la íntima relación que tiene con diversos derechos fundamentales de la esencia
del individuo, se deben establecer, por parte del Estado y de la sociedad, diversas
acciones afirmativas que conlleven su realización. En caso de adoptarse medidas
que lo limiten, éstas, deben cumplir con los postulados de razonabilidad,
proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
En
virtud de lo anterior, es deber del Estado garantizar, no solo el acceso al
sistema educativo, sino también su permanencia en el mismo, pues así lo
determina el artículo 67 superior, que establece:
“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por
el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y
asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo”. (Subrayado fuera de texto).
El
constituyente al establecer el derecho de los estudiantes a permanecer en el
sistema educativo, se refirió a la posibilidad del niño, niña o joven a no ser
excluido del mismo.
Al efecto esta corporación ha señalado “que el
núcleo esencial del derecho a la educación reside no solo en el acceso, sino en
la permanencia en el sistema educativo[17].
‘La efectividad del derecho
fundamental a la educación exige que se tenga acceso a un establecimiento que
la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, se garantice la
permanencia del educando en el sistema educativo’.[18]
‘El núcleo esencial del
derecho a la educación está comprendido por la potestad de sus titulares de
reclamar el acceso al sistema educativo o a uno que permita una ‘adecuada
formación’[19], así como de permanecer en el mismo’.[20]
‘Corresponde entonces al
Estado garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los
estudiantes las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el
sistema educativo’.[21]
(…)
En
síntesis, la Corte ha protegido el derecho a  permanecer en una institución
educativa determinada, en aquellos casos en que los motivos de la exclusión del
estudiante no han estado directamente relacionados con el desempeño académico
y/o disciplinario del alumno, analizado dentro de los parámetros previstos en
el manual de convivencia del plantel, los cuales, a su vez, tienen que haber
sido concebidos bajo criterios constitucionalmente razonables. ”[22]
No
obstante, la permanencia dentro del sistema, depende también del alumno, toda
vez que la educación tiene una doble connotación, pues es un derecho-deber que
exige de los estudiantes el acatamiento de los reglamentos que las
instituciones educativas profieran, los cuales contienen normas de
comportamiento, que, a su vez, no pueden ser arbitrarias y se deben enmarcar
dentro de los límites constitucionales.[23]
“De ahí que el
incumplimiento de los deberes por parte del estudiante puede dar lugar a la
toma de medidas correctivas que sólo en casos muy extremos pueden terminar en
la pérdida de cupo, y que correlativamente, redundan en la garantía de
estabilidad y permanencia dentro de ese plantel educativo, en la medida en que
el estudiante cumpla sus deberes a cabalidad.”[24]
4.
Deber del Estado de establecer mecanismo para garantizar la educación superior
El
artículo 67 de la Constitución Política establece que “[E]l Estado, la sociedad y la familia son responsables
de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad
y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.”
Del
mismo modo, el artículo 28 del Código de la Infancia y la Adolescencia
determina que “[L]os niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a
una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año
de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las
instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la
Constitución Política.”
La
Ley 115 de 1994[25]
se encargó de regular lo concerniente al tema educativo. En ella se señalaron
tres tipos de educación, la formal, la no formal y la informal.
La
educación formal, es aquella que se imparte en establecimientos educativos
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.[26]Ésta contiene tres
niveles[27]:
1.    Preescolar
2.    Educación
básica, divida en dos niveles, básica primaria y básica secundaria
3.    Educación media
En
primer lugar, la educación preescolar corresponde a la ofrecida a los niños y
niñas, para su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz,
socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización
pedagógicas y recreativas. Este nivel comprende, como mínimo, un (1) grado
obligatorio en los establecimientos educativos estatales para menores de seis
años de edad.[28]
En
segundo lugar, la educación básica obligatoria, es aquella que se encuentra
constituida por nueve grados, de los cuales 5 son de básica primaria y 4 de
básica secundaria. Dicho nivel se estructura en torno a un currículo común,
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad
humana.[29]
En
tercer lugar, la educación media, constituye la culminación, consolidación y
avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, décimo  y
undécimo. Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales,
la preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al
trabajo.
Luego
de este tercer nivel, se encuentra el de educación superior, el cual ha sido
definido por el artículo 1º de la Ley 30 de 1992, como aquel que constituye un proceso permanente que posibilita el desarrollo de
las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.
Según
lo establecido por la Carta Fundamental y la ley, el Estado debe garantizar el
acceso al sistema educativo de manera obligatoria a los niños, niñas y
adolescentes, entre los grados de preescolar y los nueve de básica, divididos
entre primaria y secundaria. Así mismo, se habla en el artículo 356 de la
Constitución, de la financiación de los servicios a cargo de los departamentos,
distritos y municipios, el cual establece:
“(…) Los
recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos
y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo,
dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación,
preescolar, primaria, secundaria y media, y servicios públicos domiciliarios de
agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación
de coberturas con énfasis en la población pobre.”
El
artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, en cuanto al
derecho de educación, dispuso que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho:
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible
a todos gratuitamente;
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas,
incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente
accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos
medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la
enseñanza gratuita”.
De
acuerdo con los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, la
Constitución Política, y las leyes que al efecto se han proferido sobre la
materia, para el pleno goce del derecho a la educación, el Estado debe asegurar
el acceso al sistema educativo en todos sus niveles, así como implementar de
manera progresiva la gratuidad en los mismos.
En
consecuencia, esta corporación en sentencia[30]
que decidió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 183[31] de la Ley
115 de 1994, según el cual se faculta al Gobierno Nacional a regular lo
concerniente al cobro de derechos académicos por parte de establecimiento educativos
estatales, consideró que dicho precepto demandado era exequible de manera
condicionada, toda vez, que “la competencia que la norma otorga al Gobierno Nacional para regular
cobros académicos en los establecimientos educativos estatales, no se
aplica  en el nivel de educación básica primaria, la cual es obligatoria y
gratuita.”
En
aquella ocasión la Corte consideró:
“De
acuerdo con el texto de los anteriores instrumentos internacionales que forman
parte del bloque de constitucionalidad, en armonía con la interpretación
autorizada efectuada en las Observaciones Generales 11 y 13 del Comité DESC,
existe claridad sobre la obligación de los estados de garantizar a todos el
acceso gratuito en el caso de la educación primaria. En efecto, la Observación
General No. 11 señala que el requisito de gratuidad es de carácter ‘inequívoco’
en cuanto ‘se formula de manera expresa para asegurar la disponibilidad de
enseñanza primaria gratuita para el niño’ (num.7). En similar sentido, la
Observación General No. 13 contempla la gratuidad como rasgo distintivo de la
educación básica primaria, al señalar que debe ser: ‘asequible a todos
gratuitamente’ (num. 10), y precisa que ‘mientras que la enseñanza primaria ha
de ser gratuita para todos, se pide a los Estados partes que implementen la
enseñanza secundaria y superior gratuita’ (num. 6.b. parte iii).
La gratuidad de la educación básica primaria forma así
parte integrante del contenido de los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia mencionados, al igual que de la doctrina de los organismos
autorizados para interpretar dichos instrumentos. La gratuidad es concebida en
esos referentes jurídicos como un mecanismo privilegiado para remover las
barreras económicas que dificultan el acceso a la educación en este nivel. Se
trata de una obligación mínima de carácter
inmediato, exigible a los Estados, en tanto que el mecanismo de la
progresividad está previsto para garantizar el acceso a los niveles de
educación secundaria y superior.
(…)
En síntesis, de acuerdo con los tratados
internacionales sobre el derecho a la educación, vinculantes para el Estado
colombiano, mientras que la enseñanza primaria debe ser gratuita para todos, se
insta a los Estados Partes que implementen gradualmente la enseñanza secundaria
y superior gratuita.
No obstante, el carácter progresivo de estas
obligaciones, el PIDESC (Art. 2.1), dispone que cada uno de los Estados Parte
de dicho Pacto ‘se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como
mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para
lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular
la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos’.
El mandato de progresividad, reitera  la Corte[32],
no justifica la inactividad del Estado. Por el contrario, le exige la
obligación de actuar lo más expedita y eficazmente posible para ampliar el
nivel de satisfacción de los derechos, respetando el contenido mínimo previsto
en los tratados, el cual le es exigible de manera inmediata.
8.2.4. Interpretando el inciso cuarto del artículo 67
de la Constitución, de conformidad con los estándares de protección
establecidos en los tratados internacionales sobre el derecho a la educación,
precisa la Corte que la gratuidad es un principio que se predica del derecho a
la educación pública en cualquiera de sus niveles, en la medida que se trata de
un mecanismo para lograr la accesibilidad de todos a este bien social. Sin
embargo, para su implantación los Estados deben adoptar diferentes estrategias:
la gratuidad como obligación inequívoca y de exigibilidad inmediata respecto de
la enseñanza primaria, y progresividad en los niveles de secundaria y
superior.”
En
conclusión, en virtud del mandato de progresividad al que se ha comprometido
Colombia, en particular frente al derecho a la educación, el Estado debe buscar
las medidas necesarias para el acceso y permanencia de las personas que opten
por la educación superior. En consecuencia, tal como lo establece el artículo
69 de la Constitución, deberá facilitar los mecanismos financieros que hagan
posible tal objetivo, así como los que se consideren necesarios para alcanzarlo.
Frente a este punto esta corporación ha señalado:
“De los antecedentes normativos previamente reseñados
se desprende que en el diseño de esos mecanismos, son aplicables todos los
principios y criterios que componen el mandato de progresividad (incluidos por
supuesto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad), así como los
principios que orientan la adecuada prestación de los servicios públicos,
reseñados en el numeral 2 de  esta providencia y, en el caso concreto de la
educación superior, el principio de igualdad ordena dar prioridad a la
población económicamente vulnerable (focalización y redistribución de los
recursos), y a los estudiantes con mayores méritos académicos.”[33]
5.
El principio de la autonomía universitaria. Reiteración de jurisprudencia
El
artículo 67 de la Constitución Política establece que el Estado y la sociedad
son los responsables de la educación, concebida como un servicio público dotado
de función social. Así mismo, con el fin de garantizar este derecho al Estado
le corresponde regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la
educación, con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los estudiantes.
La
misma Carta, en el artículo 68, delega la prestación del servicio educativo
tanto al Estado como a los particulares, los cuales podrán crear
establecimientos educativos con sujeción a la ley.
En
tratándose de las universidades, la Constitución les dio la potestad de ser
autónomas, en el sentido de estar facultadas para darse sus propias directivas
y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley.
En
desarrollo de dicho postulado constitucional, la Ley 30 de 1992, por medio de
la cual se organiza el servicio de educación superior, dispuso:
“La autonomía universitaria consagrada en la
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley,
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos,
designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y
desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar
sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.”[34]
En
ese sentido, la misma ley, mencionó el campo de acción de dichas instituciones
educativas en virtud de la mencionada potestad, así se dispuso:
“La autonomía de las instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas profesionales estará
determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente Ley en los
siguientes aspectos:
a) Darse y modificar sus estatutos.
b) Designar sus autoridades académicas y
administrativas.
c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo
mismo que expedir los correspondientes títulos.
d) Definir y organizar sus labores formativas,
académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.
e) Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que
a sus alumnos.
f) Adoptar el régimen de alumnos y docentes.
g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el
cumplimiento de su misión social y de su función institucional.”[35]
Al
respecto de la autonomía universitaria esta corporación ha manifestado:
“En armonía con dicha disposición, la Corte Constitucional
en varias ocasiones ha determinado que la autonomía universitaria ‘encuentra fundamento en la necesidad de
que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un
clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente
académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o
financiero del ente educativo[36]’”[37].
En virtud de la mencionada facultad, los
entes universitarios pueden establecer reglas con el fin de gobernar las relaciones dentro del ente de
educación superior, no obstante, éstas deben ser claras “sobre el
comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras
de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para
respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se
desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Las instituciones educativas
tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero
sujeto a límites básicos como la
previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del
previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de
cualquier sanción.”[38]
En esa medida, las prerrogativas concedidas a las instituciones
universitarias “no pueden interpretarse en el sentido de abandonar su
regulación al entero poder discrecional de las universidades, pues estas
facultades han de ser ejercidas dentro del marco que fija la Constitución
Nacional, y en tal sentido, el orden público, el interés general, el bien común
y, desde luego, el respeto por los derechos constitucionales fundamentales.”[39]
6.
Derecho a la libertad de expresión de los estudiantes en relación con el
proceso educativo. Reiteración de jurisprudencia
El
Estado colombiano, a partir de la Constitución Política de 1991, con el fin de
fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad
y la paz, se fundó dentro de un marco jurídico democrático y participativo.[40]
El
artículo primero de la carta fundamental promulgó que Colombia es un Estado
Social de Derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista. Igualmente, dispuso que uno de los fines esenciales del Estado es
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.[41]
Esta corporación en relación con el principio de
participación democrática como uno de los pilares fundamentales del Estado
Social de Derecho ha dispuesto lo siguiente:
“El
principio de participación  democrática expresa no sólo un sistema de toma
de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado
en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos
y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la
definición del destino colectivo.
El concepto de democracia
participativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que
informan la práctica política a esferas diferentes de la electoral. Comporta
una revaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un
replanteamiento de su papel en la vida nacional.
No comprende simplemente
la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en
referendos o en consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes
han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano puede
participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que
incidirán significativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer
los canales de representación, democratizarlos y promover un pluralismo más
equilibrado y menos desigual.
La participación ciudadana
en escenarios distintos del electoral  alimenta la preocupación y el
interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la
formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los
procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del
ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el
desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho.” [42]
En
ese sentido, en el escenario educativo, los estudiantes tienen el derecho de
intervenir en los asuntos y decisiones tomadas en virtud de todo el proceso
formativo, pues éste les concierne al ostentar la calidad de beneficiarios del
mismo, por lo que en los estatutos de la institución, se deben fijar los
mecanismos a través de los cuales éstos pueden y deben participar.
Adicionalmente
a los mecanismos democráticos derivados del principio de participación, los
estudiantes cuentan con la posibilidad de asociarse o reunirse para expresar
sus opiniones y ser oídos en sus demandas e inconformidades. Esta posibilidad
con la que cuenta se deriva del derecho fundamental de expresión contenido en la
Constitución Política, así:
“Se garantiza a toda persona
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura.”[43]
La
sentencia T-391 de 2007[44],
al respecto de este derecho, puntualizó que tal como se encuentra concebido en la
Carta Fundamental, tiene un sentido muy amplio y complejo, compuesto por varios
derechos y libertades fundamentales. Razón por la que dicha disposición debe
ser interpretada a la luz de los diferentes tratados internacionales de derechos
humanos que hacen referencia a la libertad de expresión.
Al
respecto se dispuso por parte de esta corporación que “para dElímitar el
contenido de la libertad de expresión en nuestro ordenamiento constitucional y
el ámbito de protección del artículo 20 Superior, es obligatorio tener en
cuenta –como mínimo- el contenido de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 –artículo 19[45]-,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –artículos 19[46] y
20[47]-,
la Convención Americana sobre Derechos Humanos –artículo 13[48]-, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 –artículo IV[49]-,
la Convención sobre los Derechos del Niño –con sus Protocolos adicionales-, la
Convención para la prevención y la sanción del dElíto de genocidio, y la
Convención internacional sobre la Elíminación de todas las formas de
discriminación racial.
A
la luz de tales instrumentos internacionales, se tiene que el artículo 20 de la
Constitución contiene un total de once elementos normativos diferenciables, puesto
que ampara siete derechos y libertades fundamentales específicos y autónomos, y
establece cuatro prohibiciones especialmente cualificadas en relación con su
ejercicio.”[50]
En relación con
lo anterior, la Corte ha definido la libertad de expresión en sentido estricto
como aquel derecho que tienen las personas “a expresar y difundir libremente
el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a
través del medio y la forma escogidos por quien se expresa. Desde esa
perspectiva puede ser entendida como una libertad negativa pues implica el
derecho de su titular a no ser molestado por expresar su pensamiento,
opiniones, informaciones o ideas personales, y cuenta con una dimensión
individual y una colectiva, pero también como una libertad positiva pues implica
una capacidad de actuar por parte del titular del derecho y un ejercicio de
autodeterminación[51]”.
Sin embargo, a pesar
de que toda forma de expresión se presume protegida, existen unas excepciones
tales como: “(a) la propaganda en favor de la guerra; (b) la apología del
odio nacional, racial, rElígioso o de otro tipo de odio que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier
persona o grupo de personas por cualquier motivo (modo de expresión que cobija
las categorías conocidas comúnmente como discurso del odio, discurso
discriminatorio, apología del dElíto y apología de la violencia); (c) la
pornografía infantil; y (d) la incitación directa y pública a cometer
genocidio. Estas cuatro categorías se han de interpretar con estricta sujeción
a las definiciones fijadas en los instrumentos jurídicos correspondientes, para
así minimizar el riesgo de que se sancionen formas de expresión legítimamente
acreedoras de la protección constitucional.”[52]
En esa medida, existen
diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos de la
expresión humana protegidos por la libertad de expresión stricto sensu,
por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que
otros, lo que incide directamente sobre la regulación estatal admisible y el
estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones.
Gozan de mayor grado de protección el discurso político, el debate sobre
asuntos de interés público, y los discursos que constituyen un ejercicio directo
e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se vinculan
necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse.[53]
Por otro lado,
existen demostraciones de la libertad de expresión que componen el ejercicio de
otros derechos fundamentales, por lo tanto ésta es una condición necesaria para
su manifestación por lo que debe ser protegida especialmente en estos ámbitos
particulares de discurso, a saber: “(a) la correspondencia y demás formas de
comunicación privada, (b) los discursos estéticos, morales, emotivos o
personales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de
conductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la protección
constitucional explícita de la libre expresión artística; (c) la exposición de
convicciones y la objeción de conciencia; (d) el discurso religioso; (e) el
discurso académico, investigativo y científico; (f) las expresiones
realizadas en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) el
discurso cívico o de participación ciudadana, y (h) el discurso de identidad,
que expresa y refuerza la propia adscripción cultural y social.”(Subrayado
fuera de texto).
A pesar de la
protección que se debe dar a todo tipo de libertar de expresión, teniendo en cuenta
las excepciones antes dichas, este derecho puede ser objeto de limitaciones, “posibilidad
que se desprende claramente del artículo 13 de la CADH cuando señala que su
ejercicio puede ser objeto de responsabilidades ulteriores fijadas por la ley y
necesarias para garantizar los derechos y la reputación de los demás, la
seguridad nacional, el orden público o la moral pública. En el mismo sentido el
artículo 19 del PIDCP expresamente señala que este derecho puede ser objeto de
restricciones siempre y cuando estén expresamente fijadas por la ley y sean
necesarias asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o
la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas. En todo caso las limitaciones a la libertad de expresión están
sujetas a un control constitucional estricto, como ha señalado de manera
reiterada la jurisprudencia de esta Corporación.”[54]
7.
Casos concretos
De
acuerdo con lo expuesto en la parte general de esta providencia, a continuación
se resolverán los casos concretos puestos a consideración. Tal como se ha
venido señalando a lo largo de esta sentencia, la situación fáctica en todos es
la misma, por lo que no se tratarán de manera individual, sino que la solución
se impartirá al conjunto de estudiantes demandantes.
Los
estudiantes Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris
María Palacios Salas, Yasmín Olave Valencia, Luis Carlos Caicedo, Astrid
Yulieth Martínez Torres, Jerry Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez
Padilla, Miverr Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio
Montaño Rentería, Yucelly Vente Campaz, Julio César Vidal Mina, Deivi Antonio
Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Estefany
Riascos Contreras, Elí Mina Cuero, Carlos Alberto Gamboa Álvarez y Adolfo
Alzamora Caicedo interpusieron acción de tutela con el fin de que les sea
protegido su derecho fundamental a la educación, presuntamente vulnerado por la
Universidad del Pacífico, al no reconocerles el valor pagado por concepto de
matrícula en el período 2012-2 o aplicárselos para el siguiente período
académico, debido a la decisión que tomó el Consejo Directivo de la institución
de cancelar el semestre, por no haber llegado a un acuerdo con los estudiantes
y haber permanecido éstos en “paro indefinido”.
Los
estudiantes de la Universidad del Pacífico fueron convocados por sus
representantes cuando transcurría la tercera semana del periodo académico
2012-2, con el fin de entrar en una “asamblea permanente” por los malos
manejos que los directivos de la universidad le están dando a la institución, lo
cual se refleja en la baja calidad de la educación que se está impartiendo,
decisión que fue apoyada por la mayoría de éstos.
Señalan
los estudiantes que en septiembre fueron llamados por el rector de la
universidad para que reiniciaran las clases, lo cual no fue posible debido a
que eran pocos los disidentes del paro y, además, por la inasistencia de los
profesores a dictar la cátedra respectiva.
Por
lo que en vista de no haber podido conciliar con los estudiantes, el 30 de
octubre de 2012, el Consejo Académico de la Universidad del Pacífico tomó la
determinación de cancelar el período académico 2012-2, sin posibilidad de
retornar lo que aquellos pagaron por concepto de matrícula.
Debido
a dicha situación muchos de los estudiantes acudieron al mecanismo de amparo
constitucional, pues son personas de escasos recursos a los que les es difícil
acceder y permanecer en el sistema de educación y tanto ellos como sus familias
realizan un gran esfuerzo para obtener los medios para su superación, por lo
que la decisión tomada por la universidad de cancelar el semestre y, como
consecuencia de ello, no devolverles ni imputarles como parte del valor del
siguiente período académico lo pagado por concepto de matrícula, los perjudica
en gran medida.
Por
otra parte, el Rector de la Universidad del Pacífico señaló que el día 12 de
septiembre un grupo de estudiantes se tomó las instalaciones de la universidad
impidiendo que se realizaran las actividades académicas, declarándose en paro
indefinido, argumentando falacias, improperios y mentiras en contra del rector
y su cuerpo directivo, agitando los ánimos de los demás alumnos.
Manifestó
que desde ese momento la universidad buscó las alternativas para entrar en
diálogo con los estudiantes, a lo cual éstos se negaban. Luego de un ir y venir,
y gracias a la intervención de diversos actores, se logró realizar una mesa de
concertación con el fin de retornar a las actividades académicas, la
universidad a través de sus diferentes órganos de dirección realizó 7 llamados
a la comunidad estudiantil solicitando el regreso a clases y,
“tras distintos comunicados se les socializó las
consecuencias de su no comparecencia a las aulas, entre ellas se les manifestó
que si no se retornaba a clases se cancelaría el semestre y los dineros
conforme a lo estipulado en la ley no se podrían devolver.
Ante esta situación se realizó una tarea de
concertación con los líderes del movimiento estudiantil, quienes presentaron un
pliego de condiciones y unas garantías para retornar a clases, las cuales a
pesar de ser acordadas y concedidas por la Rectoría y el Consejo Académico con
el objetivo de retornar a clases, sorpresivamente nos informan que la asamblea
estudiantil había decidido, continuar en paro sin importar las consecuencias.
Ante esta decisión el Consejo Académico en sesión
extraordinaria, tomó la decisión de cancelar el semestre académico, por la no
comparecencia de los estudiantes a las clases.
En este sentido ante la decisión del Consejo Académico
de cancelar el período académico 2012-2, es importante precisar:
1.
Que el artículo 14 del
reglamento estudiantil de la institución establece: ‘la matrícula da derecho a
cursar el programa de formación elegido por el estudiante en el período
académico correspondiente…’, es decir que el valor pagado por los estudiantes
por concepto de matrícula les permite cursar el periodo al cual se matrícularon.
2.
Ante esta situación, dicho
pago cobija el período 2012-2, comprendido entre agosto y diciembre de 2012.
3.
Que el mismo estatuto en su
artículo 38, establece en qué casos es viable la devolución de dineros de
matrícula y en ninguno de sus literales contempla la devolución de dicho pago
por concepto de cancelación del período académico.
4.
Bajo estas circunstancias,
estatutariamente no es viable retornar los dineros por concepto de matrículas.”
Ahora
bien, esta Sala observa que dentro de los expedientes de tutela se encuentran
los siguientes documentos:
·
Acuerdo 001 del 30 de octubre de
2012, por medio del cual se cancela el segundo período académico del 2012, el
cual dispone lo siguiente:
“EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO,
en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y;
CONSIDERANDO
1.
Que es función del Consejo
académico, conceptuar y definir sobre el desarrollo académico de la Universidad
relativo a sus ejes misionales (Docencia, Investigación y Proyección social) y
Bienestar Universitario, con fundamento en el artículo 21 literal b del
estatuto general.
2.
Que el día 12 de septiembre
un grupo de estudiantes y personas externas a la Universidad, bloquearon las
instalaciones de la sede administrativa y se declararon en asamblea permanente,
agitando los ánimos, con frases calumniadoras y ofensivas en contra del Rector
y su cuerpo directivo y de algunos consejeros, entorpeciendo las actividades
académicas y administrativas de la institución.
3.
Que el Consejo Superior, el
Consejo académico y el Rector mediante diversos comunicados y ruedas de prensa,
llamaron al diálogo y a retornar las actividades académicas y administrativas,
paralelo a unos espacios de diálogo, donde pudiesen aclararse malos entendidos
y mejorar aspectos en los cuales se presentan debilidades.
4.
Que a raíz de los continuos
llamados a la normalidad académica, los manifestantes decidieron finalizar la
asamblea permanente y declararse en paro indefinido y que seguirán con la toma
a las instalaciones administrativas impidiendo que la Universidad en su
condición de entidad estatal desarrolle sus actividades legales y normativas, a
pesar que la defensoría delegada para los derechos humanos, secretaria de
gobierno y Policía Nacional, advierten que su actuar es ilegal. Además que en
un actuar de vandalismo pintaron con grafitis ofensivos el campus
universitario, e hicieron daños en las diferentes sedes.
5.
Que debido a la situación
anterior la policía realizó el desbloqueo de la sede administrativa evacuando a
los manifestantes.
6.
Que posterior a esta
situación se invita a una reunión en el Consejo Distrital de Buenaventura,
donde se concluye realizar una mesa de concertación integrada, por distintos
actores, tales como: estudiantes, rector, concejales, comisión del CSU, ex
trabajadores, comunidades negras, indígenas, federación de municipios,
habitantes de Tumaco, entre otros, donde los líderes del paro manifiestan que
no van a regresar a clases y que solo se dedicarán a concertar en la mesa.
7.
Que ante la situación la
Dirección de la Universidad suspendió la vinculación laboral de los docentes y
personal que presta servicios directos a os estudiantes, desde el 1 de octubre.
8.
Que en las mesas de
concertación, los manifestantes han entregado varios pliegos donde han
presentado una amplia cantidad de peticiones muchas de competencia del Consejo
Superior, Consejo académico, Dirección de la Universidad, Ministerio de
Educación y Congreso de la República.
9.
Que el Rector, el Consejo
Superior y este Consejo, mantuvo abierto el diálogo con los representantes
estudiantiles a través de diversas reuniones en las que se recogieron
inquietudes, algunas de las cuales no son  competencia de la Universidad.
10.
Que el Consejo académico a
través de un comunicado expedido el 10 de octubre, manifestó que si el día 16
del presente, no se retomaban clases, era inviable recuperar el tiempo
transcurrido en el próximo año, razón por la cual recomendó cancelar el
semestre académico del período 2012-2.
11.
Que los manifestantes
continúan en su actitud de no levantar el paro, y los estudiantes que son
mayoría y no están en el paro, a pesar del panorama de clausura del semestre,
mantienen una actitud pasiva y no se presentan a las aulas de clase.
12.
Que ante las vías de hecho
descritas y la negativa de los manifestantes de buscar una salida consensuada y
eficaz a la problemática generada por la parálisis de la universidad, porque la
mesa de concertación hasta el momento ha sido dilatoria y no se visiona un
panorama de solución viable a corto plazo.
13.
Que el día 22 de octubre el
Consejo académico sesionó extraordinariamente, para atender y evaluar las
garantías solicitadas por los estudiantes representantes del paro para retornar
a clase, las cuales fueron acogidas y otorgadas por este Consejo.
14.
Que a pesar de haberse dado
las garantías y llegado a un acuerdo concertado con los líderes estudiantiles
del paro, sobre las peticiones presentadas por ellos, como resultado al
cumplimiento de la directriz del Consejo Superior de avanzar en la concertación
de las peticiones de índole administrativo y estableciendo como fecha límite el
día miércoles 24 de octubre, los representantes del paro manifiestan su
negativa de retornar a clases.
15.
Que ante la interrupción al
desarrollo de la actividad formativa, la permanente actitud de intransigencia y
de desconocimiento de las decisiones legales y legítimas de las autoridades
universitarias, por parte de los manifestantes, se evidencia la falta de
condiciones apropiadas para la reanudación exitosa del segundo semestre
académico del año 2012.
En mérito de lo anterior,
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°. Cancelar las actividades académicas del
segundo período del año 2012 que requieren presencia de estudiantes para su
realización.
PARÁGRAFO: Se deberá reprogramar las actividades
misionales de docencia, investigación, proyección social y Bienestar Universitario
que puedan desarrollarse sin la participación de estudiantes.
ARTÍCULO 2°. En consecuencia de lo anterior se
cancelan las matrículas de los estudiantes regulares y de cursos libres de la
Universidad del Pacífico, para el segundo período del año 2012.
ARTÍCULO 3°. Recomendar al señor Rector, derogar la
Resolución Rectorial No. 018 del 6 de agosto de 2012 ‘Por medio de la cual se
establece el calendario académico para la matrícula de estudiantes antiguos y
para la organización y el desarrollo del segundo periodo de 2012.”
·
Así mismo, se encuentran los cuestionamientos
que hacen los representantes de los estudiantes al Consejo Directivo, sobre las
garantías para regresar a la normalidad académica, los cuales se refieren a lo
siguiente:
“Se les pregunta: ¿Hay condiciones garantizadas para
regresar a clases?, Entonces si las hay respóndanos lo siguiente:
1. ¿Los estudiantes de arquitectura están preparados
para entregar todas las maquetas desde el primer corte hasta esta fecha?,
Sabiendo que para hacer tan solo una requieren de tiempo, dedicación y
trasnocho. ¡cómo será para entregar varias!
2. ¿Los estudiantes de agronomía tienen todos los
docentes suficientes para el desarrollo de su carrera?, Sabiendo que no tienen
algunos docentes y les toca ver materias en noveno semestre.
3. ¿Los estudiantes que están en proyecto de grado ya
tienen los tutores para que los asesoren en su proyecto?, Sabiendo que la
administración cree que no necesitamos de un tutor para poder ¡hacer más
difícil los medios para graduarnos!
4. ¿Los estudiantes de informática tienen todas las
salas de sistemas adecuadas y los laboratorios de redes y circuitos en óptimas
condiciones para regresar?, sabiendo que no se ve la preocupación por parte del
director del programa para gestionar el fortalecimiento de lo mencionado
anteriormente.
5. ¿Los estudiantes tienen asesorías?, teniendo en
cuenta que la administración no ha pagado las asesorías que deben recibir los
estudiantes y lo peor del caso es que son limitadas, es decir deben haber 20
estudiantes para poder recibir asesorías, ¡oséa que si hay 19 estudiantes no
las pueden recibir!
6. ¿Los estudiantes de sociología tienen tiempo para
poder leer todo lo que se tenía previsto desde que se inició el semestre,
existe una biblioteca adecuada y posibilidades de realizar excelentes
investigaciones?, teniendo en cuenta que no hay los elementos básicos para que
un sociólogo pueda desarrollar la investigación y la proyección social.
7. ¿Hay garantías de que el agua pueda ser consumible
y utilizada para la higiene de la universidad?, teniendo en cuenta que la
universidad no tiene agua potable.
8. ¿Hay garantías de consumir una alimentación
saludable para obtener el bienestar que nos merecemos?, sabiendo que el
restaurante- cafetería de la Universidad del Pacífico desde que se posesionó el
rector fue cerrada y no ha funcionado.
9. ¿Todos los estudiantes de la Universidad del
Pacífico ya realizaron la matrícula financiera y académica para que aparezcan
como estudiantes regulares de la universidad y no tener inconvenientes con las
notas cuando finalice el semestre al que piensan regresar?
10. ¿Los estudiantes que hacen parte de grupos
culturales, deportivos y artísticos de la universidad tienen los elementos
suficientes para fortalecer el trabajo? Teniendo en cuenta que por medio de
estos grupos la universidad gana reconocimientos desde estos ámbitos.
11. ¿Los estudiantes de todos los programas como:
arquitectura, sociología, tecnología en informática, ingeniería en sistemas,
agronomía y acuicultura, podrán realizar sus salidas pedagógicas para
contribuir con el desempeño de su formación integral y educativa? Sabiendo que
en Bienestar Universitario nunca hay presupuesto para las salidas de los
estudiantes.
12. ¿Qué alternativas o estrategias de solución real
le ofrece la administración de la universidad a los estudiantes que no pudieron
matricularse por falta de recursos económicos para combatir la deserción
intersemestral?
13. ¿Qué solución real da la administración a los
estudiantes que estando matriculados solo pueden cursar una sola asignatura en
el semestre por la decisión de no haber abierto convocatoria de aperturas
anteriormente o en la actualidad para sus respectivos programas académicos?
14. ¿Qué solución real tenemos los estudiantes y
docentes para realizar investigación cuando no tenemos las garantías para
hacerlas ya que cada 4 meses no sabemos con cuales docentes nos vamos a
encontrar?
Bueno compañeros de ser así entonces estamos listos
para la normalidad académica y que tengan buena suerte en este semestre, porque
yo no estoy lista sin garantías.
Definitivamente no hay ningún tipo de garantías y no
creo que la población de la Región Pacífica se merezca una educación con tanta
mediocridad.
Compañeros su dinero no se pierde, y no lo digo yo lo
dice el Consejo Superior quién es la máxima autoridad de la Universidad del
Pacífico, así que no le sigan el juego a la Administración encabezada por el
señor Rector porque si el no ha cumplido con la ejecución del plan de
desarrollo institucional, ni ha cumplido con acuerdos en las mesas de diálogos,
entonces el no va a responder por los inconvenientes que se tengan en el
transcurso del semestre.”
·
Posteriormente, el 25 de octubre
de 2012, el Consejo Académico de la Universidad del Pacífico respondió a las
inquietudes de los estudiantes, lo siguiente:
“RESPUESTA GARANTÍAS POR PARTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
1.
Se reprogramará el semestre
y las jornadas, permitiendo flexibilidad en las evaluaciones y en los talleres,
no solo del programa de arquitectura, sino de todas las carreras.
2.
En el momento se cuenta con
todos los docentes para iniciar clases y en agronomía hubo un problema con unas
materias específicas, en las cuales los docentes de esas especialidades, no
pudieron asistir este período por fuerza mayor, a raíz de esa situación se está
fortaleciendo la búsqueda de estos docentes dado que sus especialidades son muy
difíciles de conseguir en la Región.
3.
Los que estaban matriculados
ya tienen tutores asignados, y si se llegasen a matricular más estudiantes en
trabajo de grado, se cuenta con un número de docentes calificados externos que
se vincularían para suplir esa función.
4.
Ya se evacuó en la mesa de
diálogo.
5.
Esto obedece  al
cumplimiento de los estatutos y está plasmado corregirse esta situación y otras
del estatuto docente, que lo plasma de esa manera y no permite la asignación de
horas por docentes.
6.
Se cuenta con una base de
datos de libros, para esta gestión y se cuenta con suscripciones a bibliotecas
como la Luis Ángel Arango, la cual el estudiante puede consultar y pedir
préstamo de libros gratuitos.
7.
Tema que se debe tocar en
la mesa de diálogo.
8.
Tema que se debe tocar en
al mesa de diálogo.
9.
El Consejo Académico,
dentro de la reprogramación del período académico se compromete a reabrir, el
plazo de matrículas.
10.
Tema que se debe tocar en
la mesa de diálogo.
11.
Tema evacuado en la mesa de
diálogo.
12.
La universidad se
compromete a abrir las matrículas y la financiación, y evaluar los costos de
matrícula, para el próximo período así como la financiación sin codeudor, con base
en consultas a otras universidades y órganos gubernamentales.
13.
La dirección académica
deberá realizar un censo, de que estudiantes se encuentran en esa situación, y
velar por solucionar esta situación.
14.
Se está elaborando la
política de investigación que fortalezca y direccione la investigación
universitaria y se abrirán espacios para que los estudiantes participen en su
construcción.”
·
El 16 de noviembre de 2012, los
representantes y voceros estudiantiles de la Universidad del Pacífico
presentaron ante el rector de esta institución una comunicación en la que
manifestaron:
“Por medio de la presente queremos hacer acuerdo de
los compromisos que usted como administrador de la universidad asumió en la
mesa de diálogo para dar cumplimiento al pliego de peticiones que presentamos
los estudiantes y que estamos en espera de soluciones.
En la última reunión que sostuvimos en la mesa de
diálogo el día jueves 25 de octubre, usted y su equipo de colaboradores se
levantaron sorpresivamente después de escuchar la decisión tomada por los
estudiantes en asamblea el día miércoles 24 del mismo mes, donde se ratificaba
la postura de seguir en PARO INDEFINIDO dado que el pliego no había sido
abordado en su totalidad pues el Consejo Superior Universitario no había
agendado los puntos correspondientes.
De todas maneras, independiente de que la mesa no se
haya vuelto a reunir y que aún queden aspectos por discutir, usted como
administrador de la Alma Mater, junto con su equipo de colaboradores, asumieron
unos compromisos que esperamos sean cumplidos en los tiempos establecidos por
ustedes mismos, en donde estaba presente la comisión del CSU que pueden dar fe
de lo avanzado hasta ese momento. A la fecha ya debieron haber entregado
informes y algunos avances importantes como lo indica el documento que
anexaremos a esta carta”.
Así
mismo, dentro de uno de los expedientes de tutela[55], se encuentran los
acuerdos asumidos por la administración de la Universidad del Pacífico, con las
respectivas fechas para su cumplimiento.
De
acuerdo con la situación fáctica descrita y al haber analizado las pruebas allegadas
en los expedientes, se vio la necesidad de preguntar a la institución
universitaria, si luego de haber cancelado el semestre 2012-2, desplegó alguna
actuación en relación con el pago que hicieron los estudiantes por concepto de
matrícula para dicho periodo.
Así,
mediante Auto del 10 de mayo de 2013, se solicitó tal información, la cual fue
recibida a través de oficio remitido por la Secretaría General de esta
corporación el 30 de mayo de 2013, con la cual, el rector de la Universidad del
Pacífico, adjuntó dos resoluciones, una en la cual se otorga un beneficio
económico del 70% a los estudiantes para el período  académico 2013-1 y, la
otra que modifica el calendario de estudios. Dichos actos administrativos
disponen:
“RESOLUCIÓN RECTORIAL No. 002
05 de febrero de 2013
‘Por medio de la cual se modifica el calendario
académico y se otorga un subsidio en la matrícula para el período 2013-1’
El Rector de la Universidad del Pacífico, en uso de
sus facultades legales y considerando
1.
Que la Universidad del
Pacífico se ha visto abocada a una anormalidad académica a raíz de un paro
estudiantil indefinido, que inició el 12 de septiembre del 2012.
2.
Que ante la negativa del
estudiantado en retornar a clases y el avanzado estado del semestre, el Consejo
Académico determinó la cancelación de las actividades que requerían la
participación de estudiantes, ante la imposibilidad de ejecutar los programas
académicos en el tiempo restante.
3.
Que ante esta medida se
estudió una propuesta de subsidio de matrícula, presentada por el Representante
estudiantil ante el Consejo Superior, para buscar salida a la problemática
presentada por el pago del semestre en el período 2013-1.
4.
Que esta iniciativa fue
bien recibida por el pleno del Consejo Superior y recomendó su estudio de
pertinencia y factibilidad.
5.
Que la Dirección
Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, estudiaron la
propuesta y previo ajustes técnicos, consideraron recomendar su adopción al
Rector.
6.
Que en el presupuesto de
inversión existe un rubro en el eje de Bienestar Universitario, denominado
Disminución a la deserción estudiantil, en el cual se apropiaron recursos para
otorgar subsidios a los estudiantes por concepto de matrículas.
7.
Que de igual forma del 2%
del presupuesto que le corresponde a Bienestar Universitario por transferencias
se utilizará un porcentaje para aplicar la cobertura de subsidios con el objeto
de disminuir la deserción estudiantil.
8.
Que dicha propuesta fue
avalada por el Consejo académico en sesión ordinaria desarrollada el día 5 de
febrero de 2013.
9.
Que la dirección
universitaria, liderada por el señor Rector, acoge e implementará la propuesta,
con el sano propósito de facilitar y viabilizar todas las condiciones que
propicien el reinicio de las actividades académicas en las mejores condiciones
posibles.
10.
Que de igual manera el
Consejo académico estableció reabrir el plazo del pago de matrículas, para
permitir a los estudiantes realizar los trámites respectivos y disminuir los
índices de deserción.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un subsidio equivalente al setenta por
ciento (70%) de la matrícula básica, para el período 2013-1, a los estudiantes de cursos libres que estuvieron matrículados en el período académico 2012-2.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los estudiantes que a la fecha de expedición de la
presente resolución hayan realizado el pago de matrícula para el período
académico en vigencia, se les aplicará el subsidio, y la diferencia resultante,
constituirá un saldo a favor, el cual podrá ser utilizado para el pago de
cualquier derecho pecuniario, tales como matrícula, derecho de grado,
inscripción, certificaciones, entre otros, que establecen las normas internas
de la Universidad.
ARTÍCULO TERCERO: Que el presente subsidio aplica exclusivamente para
el período académico de 2013-1.
ARTÍCULO CUARTO: Que los plazos del pago de matrícula extraordinaria
para el período 2013-1, quedará de la siguiente manera:
Pago de Matrícula Extraordinaria: a partir del 6 de febrero hasta el 21 de febrero del
2013.
Trámite de Financiación: a partir del 6 de febrero hasta el 19 de febrero de
2013.
Matrícula Académica: hasta el 27 de febrero de 2013.”
Y, la segunda resolución dispone:
“RESOLUCIÓN RECTORIAL No. 006
19 de febrero de 2013
‘Por medio de la cual se modifica el calendario académico
para el período 2013-1’.
El rector de la Universidad del Pacífico, en uso de sus
facultades legales y considerando
1.
Que
la Universidad del Pacífico, está en proceso de reiniciar actividades
académicas para el período 2013-1.
2.
Que
dado los inconvenientes suscitados en el período académico anterior, se están
realizando gestiones y estrategias que permitan disminuir la deserción
estudiantil.
3.
Que
en sesión ordinaria del Consejo Académico del día 19 de febrero de 2013, se
aprobó conceder una extensión a las fechas de matrícula de los estudiantes.
4.
Que
esta iniciativa fue acogida por el Consejo Académico, en la búsqueda de
permitir mayor ingreso de estudiantes para el período que  se avecina.
En mérito de los expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Extender los plazos del
pago de matrícula extraordinaria para el período 2013-1, quedará de la
siguiente manera:
Pago de Matrícula Extraordinaria: hasta el 7 de marzo de
2013.
Trámite de Financiación: hasta el 1 de marzo de
2013.
Matrícula Académica: hasta el 11 de marzo de
2013.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a los
funcionarios competentes realizar las acciones, que permitan realizar los
trámites de matrícula a los estudiantes.”
De
acuerdo con las pruebas arriba transcritas, contenidas dentro de los
expedientes de tutela, esta Sala, en primer lugar, se referirá a la procedencia
del mecanismo de amparo constitucional para los casos objeto de estudio y, en
segundo término, analizará si la medida tomada por la Universidad del Pacífico
en la Resolución 002 del 5 de febrero de 2013, se ajusta a los postulados constitucionales
reiterados en la parte general de esta providencia.
Al
efecto, la Ley 65 de 1988 creó la Universidad del Pacífico como un ente público
nacional de carácter docente con personería jurídica y autonomía de educación
nacional con domicilio en la ciudad de Buenaventura, que tiene como fin
principal generar, compartir y transferir el conocimiento y ofrecer, con
calidad, el servicio de educación superior a los habitantes de la región.
En
consecuencia, al ser la institución demandada un ente público que presta el
servicio de educación superior a una población de bajos recursos con el fin de
que tengan acceso al conocimiento en condiciones de igualdad, la acción de
tutela es el mecanismo eficaz para reclamar este derecho fundamental, no
obstante que se controvierta un acto administrativo susceptible de ser
demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues la acción
que en este caso procedería, no resultaría eficaz para la protección inmediata del
derecho en discusión.
Lo
anterior, por cuanto el hecho de que los estudiantes al no haber podido desarrollar
los respectivos cursos en el periodo académico 2012-2 y, como consecuencia de
ello, no retornarles el dinero cancelado por concepto de matrícula o tenerlo en
cuenta para el próximo período académico, repercute en la permanencia de estos
en el sistema educativo, pues, como se expuso, se trata de personas de escasos
recursos económicos a los que no les resulta fácil obtener los medios para
permanecer y llegar hasta el fin de su proyecto académico. Por tal razón, la
vía ordinaria que tendrían para reclamar su derecho, no es eficaz, debido al
tiempo que demanda su trámite y a la congestión misma de la jurisdicción contenciosa,
la decisión se prolongaría y podría ser inocua. Es por ello que la tutela, al
ser una vía expedita, garantiza la protección efectiva del derecho, en caso de que
prospere.
Ahora
bien, en cuanto a la constitucionalidad de la medida adoptada por el Consejo
Académico de la Universidad del Pacífico de otorgar un subsidio económico
equivalente al 70% del valor de la matrícula para el período 2013-1 a los estudiantes regulares y de cursos libres, esta Sala considera que la medida no se ajusta a
los postulados constitucionales, bajo los fundamentos que se reseñarán a
continuación.
En
primer lugar, cabe reiterar que la Corte “ha
protegido el derecho a  permanecer en una institución educativa determinada, en
aquellos casos en que los motivos de la exclusión del estudiante no han estado
directamente relacionados con el desempeño académico y/o disciplinario del
alumno, analizado dentro de los parámetros previstos en el manual de
convivencia del plantel, los cuales, a su vez, tienen que haber sido concebidos
bajo criterios constitucionalmente razonables. ”[56]
En
esa medida, en virtud del mandato de progresividad al que se ha comprometido
Colombia, en particular, frente al derecho a la educación, el Estado debe
buscar las medidas necesarias para el acceso y permanencia de los estudiantes
que opten por la educación superior. En consecuencia, tal como lo establece el
artículo 69 de la Constitución, deberá facilitar los mecanismos financieros que
hagan posible tal objetivo, así como los que se consideren necesarios para
alcanzarlo. Al respecto esta corporación ha mencionado
“De los antecedentes normativos previamente reseñados
se desprende que en el diseño de esos mecanismos, son aplicables todos los
principios y criterios que componen el mandato de progresividad (incluidos por
supuesto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad), así como los
principios que orientan la adecuada prestación de los servicios públicos,
reseñados en el numeral 2 de esta providencia y, en el caso concreto de la
educación superior, el principio de igualdad ordena dar prioridad a la
población económicamente vulnerable (focalización y redistribución de los
recursos), y a los estudiantes con mayores méritos académicos.”[57]
No obstante, la Carta Política envistió
a las instituciones universitarias de autonomía, entendida como aquella
facultad, mediante la cual se pueden establecer reglas con el fin de gobernar las relaciones dentro del
ente de educación superior, sin embargo, éstas deben ser claras “sobre el
comportamiento que se espera de los miembros de la comunidad educativa en aras
de asegurar el debido proceso en el ámbito disciplinario. Dichas reglas, para
respetar el derecho al debido proceso, han de otorgar las garantías que se
desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Las instituciones educativas
tienen un amplio margen de autorregulación en materia disciplinaria, pero
sujeto a límites básicos como la
previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además del
previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de
cualquier sanción.”[58]
En ese sentido el Reglamento
estudiantil[59]
de la Universidad del Pacífico, dispone que la matrícula es el acto mediante el
cual un aspirante admitido adquiere la calidad de estudiante de la Universidad
del Pacífico, y, en consecuencia, acepta y se compromete a cumplir los
estatutos, reglamentos y demás disposiciones institucionales. Así mismo, dicho
instrumento normativo, establece las causales por medio de las cuáles se podrá
cancelar la matrícula, que son, a. por decisión voluntaria del
estudiante; o b. por incurrir en alguna de las causales de pérdida de dicha
calidad, que son:
“1. Cuando se ha completado el programa de formación
académica previsto.
2. Cuando no se renueva la matrícula dentro de los
plazos señalados por la Universidad.
3. Cuando se cancela voluntariamente la matrícula,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente reglamento.
4. Cuando se pierde el derecho a permanecer en la
universidad por bajo rendimiento académico.
5. Cuando sea retirado por sanción disciplinaria.
6. Cuando por motivos graves de salud, previo dictamen
médico o psicológico, la universidad considere inconveniente su permanencia.”
Ahora bien, específicamente
sobre el reintegro de los derechos pecuniarios pagados por los estudiantes
dicha disposición establece que éstos no podrán ser devueltos, salvo en los
casos de matrícula, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos:
“a. Que el estudiante con matrícula inicial,
desista de la iniciación de sus estudios antes de comenzar el período académico
respectivo, según calendario fijado por el Consejo Académico, por calamidad o
fuerza mayor y lo informe por escrito a la Oficina de registro y Control
Académico, con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles, el Consejo
Académico podrá previa evaluación:
“1.Conservar el cupo
2. Devolver excepcionalmente la totalidad de lo que
hubiere pagado cuando las condiciones así lo ameriten.
3. De la devolución de que trata el presente artículo,
se descontará el 30% del valor pagado, como gastos de administración, con las
excepciones que el Consejo Académico considere procedente y previo el
cumplimiento de las condiciones.
b. Cuando un estudiante, a partir del segundo período
académico, se vea obligado a retirarse de sus estudios, deberá formular la
solicitud de retiro ante el Consejo Académico indicando los motivos de
calamidad doméstica o fuerza mayor. En este caso se podrá autorizar la
devolución de los derechos pecuniarios de matrícula, parcial o totalmente según
el concepto del Consejo Académico.”
De lo expuesto, se puede concluir que las directivas
de la Universidad del Pacífico desbordaron el marco regulatorio de sus
atribuciones, pues a través de la Resolución 001 de 2012, por medio de la cual
se canceló el segundo semestre de 2012, decidió, así mismo, cancelar las
matrículas de los estudiantes regulares y de cursos libres por la inasistencia
a las clases programadas en los respectivos programas y permanecer en paro
indefinido, hecho que se encuentra por fuera de los supuestos contenidos en el
reglamento estudiantil. Lo sucedido durante el semestre de 2012-2 fue una
situación atípica, no contemplada en los estatutos, por lo cual la medida
tomada vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la educación de los
estudiantes.
Del mismo modo, esta Sala considera, que aun cuando la
actitud asumida por las directivas de la universidad era de diálogo, como lo
sostiene su rector, no cabe duda que simultáneamente se coartaron las libertades
de expresión y de asociación de los estudiantes al ser amenazados con sanciones
de tipo pecuniario si no retornaban a las actividades académicas programadas
para dicho semestre. Por lo que para esta corporación, el argumento del rector
de la institución, según el cual: “Respetuosamente manifiesto a esta
honorable Corte que la Institución, ante la problemática suscitada cumplió con
todos los compromisos y deberes institucionales que le permitían a los estudiantes
gozar de su derecho a la educación, procediendo a citarlos para retornar a las
clases y sin embargo fueron estos quienes se negaron a asistir, por tanto la
cancelación de las actividades académicas no se dio por voluntad del Rector,
del Consejo Académico, ni del Consejo Superior, sino por la negación de los
estudiantes de asistir a clases, por lo que la universidad no puede hacerse
responsable del actuar negligente y omisivo de los estudiantes”, no se
compadece con su deber de garantizar el derecho fundamental a la libertad de
expresión y de asociación de los estudiantes, quienes se sentían agredidos por
la baja calidad del servicio educativo que la universidad les estaba prestando.
La institución universitaria demandada, no respetó sus
reglamentos, pues dentro de estos se encuentran, como derechos de los
estudiantes, el de vigilar que se cumplan de manera satisfactoria las
obligaciones académicas por parte de la universidad, así como el de asociarse y
formar organizaciones de acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes, pues
al tratar de disuadirlos con amenazas para volver a la normalidad académica,
les estaba limitando la posibilidad de ejercer tales derechos.
Para esta
corporación, “existen diferentes grados de protección constitucional en los
variados ámbitos de la expresión humana protegidos por la libertad de expresión
stricto senso, por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más
reforzada que otros, lo que incide directamente sobre la regulación estatal
admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las
limitaciones. Gozan de mayor grado de protección el discurso político, el
debate sobre asuntos de interés público, y los discursos que constituyen un
ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales adicionales que se
vinculan necesariamente a la libertad de expresión para poder materializarse.[60]”
Con base en lo
dispuesto, esta Sala concluye que el discurso de los estudiantes de la
Universidad del Pacífico, que decidieron entrar en asamblea permanente, con el
objetivo de reclamar una mejor calidad de la educación y mejorar diversos
aspectos administrativos y académicos que los beneficien para culminar
satisfactoriamente su proyecto educativo, es totalmente válido y debe ser
protegido constitucionalmente, siempre que éste sea pacífico. Razón por la que
la medida adoptada por el Consejo Académico de la universidad de cancelar el
semestre y, como consecuencia, las matrículas de los estudiantes, y además, la de
no retornar los dineros pagados por concepto de ésta, es desproporcionada, pues
constituye un desincentivo a la libertad de expresión y asociación de los estudiantes,
al obligarlos a pagar dos veces lo que en realidad representa un único
semestre. Para esta corporación, es cuestionable la adopción de dicha sanción por
exceder el ámbito de la autonomía universitaria.
En virtud de lo
expuesto, la Corte considera que la institución demandada debió aplicar el 100%
de lo pagado por los estudiantes por concepto de matrícula en el período
2012-2, para el período 2013-1 y no solo el 70%, como lo hizo mediante la
Resolución 002 de 2013. Por lo que esta Sala ordenará a las directivas de la
Universidad del Pacífico que aplique a las matrículas correspondientes al
semestre 2013-2 o subsiguientes el 30% restante de lo pagado en el período
2012-2, por dicho concepto.
En
consecuencia, se revocarán las sentencias de los entes judiciales que negaron
el amparo invocado por los accionantes, y en su lugar se concederá la
protección al derecho fundamental a la educación, al debido proceso y a la libertad
de expresión de los estudiantes que se relacionarán a continuación:
Radicado
Estudiante
Entidad judicial que resolvió la acción
Fecha de providencia
T-3.828.681
Elí Mina Cuero
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura
Cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.821.992
Estefany Riascos Contreras
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura
Cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.823.729
Charlie Riascos Salcedo
Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura
Once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.827.698
Deivi Antonio Gamboa Hernández
Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura
Cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.827.727
Yandra Stheyner Quiñónez
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura
Catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.806
Julio César Vidal Mina
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.805
Yucelly Vente Campaz
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.822.678
Doris María Palacio Salas
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura
Cinco (5) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.811
Héctor Fabio Montaño
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.809
Danny Stiven Torres Moreno
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.810
Miverr Andrés Mina Grueso
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Doce (12) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.808
José Yessi Rodríguez Padilla
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.816.813
Jerry Andrés Mosquera Minotta
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.822.677
Aura Cecilia Angulo Angulo
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura
Treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013)
T-3.822.679
Leidy Tatiana Montaño Mosquera
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura
Treinta y uno (31) de enero de dos mil trece (2013)
T-3.816.807
Astrid Yulieth Martínez Torres
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Once (11) de febrero de dos mil trece (2013)
T-3.818.340
Yasmín Olave Valencia
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buenaventura
Treinta (30) de enero de dos mil trece (2013)
T-3.816.804
Luis Carlos Caicedo
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura
Ocho (8) de febrero de dos mil trece (2013)
Y
por otro lado, se confirmarán las sentencias proferidas por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Buenaventura el 31 de enero de dos mil trece (2013) y
el 1° de febrero del mismo año, dentro de los expedientes     T-3.822.676 y
T-3.822.675, las cuales concedieron el amparo y ordenaron tener en cuenta para
la matrícula del periodo académico 2013-1, el 100% de lo cancelado en el
semestre 2012-2, por los estudiantes Adolfo Alzamora Caicedo y Carlos Alberto
Gamboa Álvarez.
Así
mismo, se ordena al Ministerio de Educación Nacional que supervise el
cumplimiento de lo concertado entre los estudiantes y las directivas de la
universidad, en pro de mejorar la calidad de la educación brindada a los
alumnos de la institución.
Adicionalmente,
se compulsaran copias al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría
General de la Nación y a la Fiscalía General, para que investiguen y examinen las
denuncias sobre corrupción que los alumnos de la Universidad del Pacífico han
puesto de manifiesto en la presente acción de tutela, para que se tomen las
medidas pertinentes.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
CONFIRMAR, por las razones expuestas
en esta providencia, los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Buenaventura el 31 de enero de dos mil trece (2013) y el 1° de
febrero del mismo año, dentro de los expedientes T-3.822.675 y                 T-3.822.676
en relación con el amparo constitucional solicitado por Adolfo Alzamora Caicedo
y Carlos Alberto Gamboa Álvarez.
SEGUNDO.-
REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias del 8, 11, 12 y 14 de febrero de 2013 proferidas por
el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Buenaventura, dentro de los
expedientes T-3.816.804, T-3.816.805, T-3.816.806, T-3.816.807,            T-3.816.808,
T-3.816.809, T-3.816.810, T-3.816.811 y T-3.816.813 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación,
debido proceso y libertad de expresión de los estudiantes Luis Carlos Caicedo, Yucelly Vente Campaz, Julio César
Vidal Mina, Astrid Yulieth Martínez Torres, José Yessi Rodríguez Padilla, Danny
Stiven Torres Moreno, Miverr Andrés Mina Grueso, Héctor Fabio Montaño y Jerry
Andrés Mosquera Minotta.
TERCERO.-
REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de 30 de enero de 2013, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Buenaventura, dentro del expediente T-3.818.340,
y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación,
debido proceso y libertad de expresión de la estudiante Yasmín Olave Valencia.
CUARTO.- REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de 31 de enero de 2013 y 5 de febrero de 2013 proferidas
por el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Buenaventura, dentro
de los expedientes T-3.822.677, T-3.822.679
y T-3.822.678, y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido
proceso y libertad de expresión de los estudiantes Aura Cecilia Angulo Angulo, Doris María Palacio Salas
y Leidy Tatiana Montaño Mosquera.
QUINTO.-
REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de 4 y 11 de febrero de 2013, proferidas por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Buenaventura, dentro de los
expedientes T-3.827.698 y T-3.823.729 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación,
debido proceso y libertad de expresión de los estudiantes Deivi Antonio Gamboa Hernández y Charlie Riascos
Salcedo.
SEXTO.- REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de 14 de febrero de 2013, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura, dentro del expediente T-3.827.727 y, en su lugar, CONCEDER el
amparo a los derechos fundamentales a la educación, debido proceso y libertad
de expresión de la estudiante Yandra
Stheyner Quiñónez.
SÉPTIMO.-
REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, las sentencias de 4 de febrero de 2013, proferidas por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Buenaventura, dentro de los expedientes                T-3.828.681 y T-3.821.992 y, en su lugar, CONCEDER el amparo a los derechos fundamentales a la educación,
debido proceso y libertad de expresión de los estudiantes Estefany Riascos Contreras y Elí Mina Cuero.
OCTAVO.-
ORDENAR al rector de la Universidad
del Pacífico y a sus directivas que para el semestre 2013-2 o subsiguientes, realice
un descuento del 30% al valor de las matrículas de los estudiantes Luis Carlos
Caicedo, Yasmín Olave Valencia, Astrid Yulieth Martínez Torres,
Leidy Tatiana Montaño Mosquera, Aura Cecilia Angulo Angulo, Jerry
Andrés Mosquera Minotta, José Yessi Rodríguez Padilla, Miverr
Andrés Mina Grueso, Danny Stiven Torres Moreno, Héctor Fabio
Montaño Rentería, Doris María Palacios Salas, Yucelly Vente
Campaz, Julio César Vidal Mina, Yandra Stheyner Quiñónez Casquete, Deivi
Antonio Gamboa Hernández, Charlie Riascos Salcedo, Estefany
Riascos Contreras y Elí Mina Cuero, toda vez que mediante la Resolución 002 de
2013 se otorgó un beneficio del 70% sobre la matrícula del semestre 2013-1.
NOVENO.- ORDENAR al rector y a las directivas de la Universidad del
Pacífico, tener en cuenta lo ordenado en el presente fallo, respecto de los
demás estudiantes que se encontraban matrículados en dicha institución, en
cualquier calidad, en el período académico 2012-2.
DÉCIMO.- ADVERTIR a las autoridades académicas de la Universidad del
Pacífico abstenerse de volver a incurrir en este tipo de sanciones.
UNDÉCIMO.-
ORDENAR al Ministerio de Educación
Nacional que supervise el cumplimiento de lo concertado entre los estudiantes y
las directivas de la Universidad del Pacífico, en pro de mejorar la calidad de
la educación brindada a los alumnos de la institución.
DUODÉCIMO.-
COMPULSAR copias al Ministerio de
Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía
General, para que investiguen y examinen las denuncias sobre corrupción que los
alumnos de la Universidad del Pacífico han puesto de manifiesto en la presente
acción de tutela, para que se tomen las medidas pertinentes.
DÉCIMO
TERCERO.- Por Secretaría, líbrense las
comunicaciones prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado Ponente
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Supuesto fáctico transgresor, material probatorio
allegado al proceso, entidad legitimada en la causa por pasiva, derechos
fundamentales invocados y fundamentación jurídica de soporte al escrito de
demanda.
[2]
Consejo de Estado, sentencia 7 de junio de 2007, M.P. Ramiro Saavedra.
[3]
T- 3.816.804. Accionante Luis Carlos Caicedo; T-3.816.805. Accionante Yucelly
Vente Campaz;         T-3.816.806. Accionante Julio César Vidal Mina;
T-3.816.813. Accionante Jerry Andrés Mosquera Minotta.
[4]
T-3.816.807. Accionante Astrid Yulieth Martínez Torres; T-3.816.808. Accionante
José Yessi Rodríguez Padilla.
[5]
T-3.816.809. Accionante Danny Stiven Torres Moreno; T-3.816.810. Accionante
Miverr Andrés Mina Grueso.
[6]
T-3.816.811. Accionante Héctor Fabio Montaño Rentería.
[7]
T-3.822.676 Accionante Carlos Alberto Gamboa Álvarez.
[8]
Expedientes T-3.822.677 y T-3.822.679.
[9]
Expediente T-3.822.678
[10]
Constitución Política, artículo 67.
[11]
Corte Constitucional, sentencia T-202 del 28 de febrero 28 de 2000, MP. Fabio
Morón Díaz.
[12] Sentencia T-787 de 2006.
[13]
Reiterada, entre otras, por la sentencia T-308 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[14]“El contenido del
principio de progresividad en el ámbito interno ha sido desarrollado por la
jurisprudencia constitucional en un amplio número de pronunciamientos. Ver,
entre otros, C-1165 de 2000, C-1489 de 2000, C-671 de 2002, C-981 de 2004,
C-038 de 2004, T-1318 de 2005 y T-043 de 2007, entre otras. También constituye
un criterio de interpretación relevante en la materia, la Observación General Nro. 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el alcance de las obligaciones estatales en la aplicación del PIDESC”.(Sentencia
T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva)
[15] El principio de proporcionalidad está lógicamente
implicado en la concepción de los derechos fundamentales como mandatos de
optimización, adoptada por esta Corporación. En ese sentido, los derechos
indican propósitos particularmente valiosos para la sociedad que deben hacerse
efectivos en la mayor medida, dentro de las posibilidades fácticas (medios
disponibles) y las posibilidades jurídicas, que están dadas por la necesidad de
garantizar, a la vez, eficacia a todos los derechos fundamentales e incluso a
todos los principios constitucionales. El estudio de los medios se lleva a cabo
mediante los principios de idoneidad (potencialidad del medio para alcanzar el
fin), necesidad (ausencia de medidas alternativas para lograr el fin
perseguido) y el estudio de los límites que cada derecho impone a otro, en el
marco de un caso concreto, mediante el principio de proporcionalidad en sentido
estricto. Es decir, mediante la evaluación del grado de afectación (y eficacia)
de los principios en conflicto, analizando la importancia de los principios en
conflicto en un momento histórico determinado, la gravedad de la afectación de
cada derecho, y la certeza de la afectación, a partir de le evidencia empírica
presente en el caso concreto. Sobre el principio de proporcionalidad, la Sala remite a las sentencias C-093 de 2001, C-916 de 2002, y la reciente T-340 de 2010.
[16]
Corte Constitucional, sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[17] Ver por ejemplo las
sentencias T-452 de 1997, T-585 de 1999, T-571 de 1999 y T-620 de 1999.
[18]
T-290 de 1996. Negación del cupo por causa de embarazo.
[19]
Sentencia T-534 de 1997.
[20]
Sentencia T-329 de 1997.
[21]
Sentencia T-423 de 1996.
[22]
Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[23]
Ibídem.
[24]
Ibídem.
[25]
Ley General de Educación.
[26]
Artículo 10, Ley 115 de 1994.
[27]
Artículo 11, Ley 115 de 1994.
[28]
Artículos 15 y 17, Ley 115 de 1994.
[29]
Artículo 19 de la Ley 115 de 1994.
[30]
Corte Constitucional, sentencia C-376 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[31] El Gobierno Nacional
regulará los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los
establecimientos educativos estatales. Para tales efectos definirá escalas que
tengan en cuenta el nivel socioeconómico de los educandos, las variaciones en
el costo de vida, la composición familiar, y los servicios complementarios de
la institución educativa.
[32] Ver al
respecto las sentencias C-251 de 1997; C-671 de 2002, T-025 de 2004; C-038 de
2004; T-1318 de 2005; T-787 de 2006; T- 1030 de 2006 y T-1228 de 2008.
[33]
Corte Constitucional, sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34]
Artículo 28.
[35] Artículo 29.
[36] Sentencia T-492 de 1992
MP: José Gregorio Hernández.
[37] Sentencia de T-237 de
1995 MP: Alejandro Martínez Caballero.
[38] Sentencia T-917 de 2006 MP:
Manuel José Cepeda Espinosa. Providencia reiterada entre otras en la sentencia
T-705 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda.
[39]
Corte Constitucional, T-1105 de 2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[40]
Constitución Política de 1991, Preámbulo.
[41]
Constitución Política de 1991, artículo 2°.
[42]Corte
Constitucional, sentencia C-180 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara. Reiterada en otras por la sentencia T-141 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43]
Constitución Política, artículo 20.
[44]
M.P. Manuel José Cepeda
[45] “Artículo
19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
[46] “Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones. // 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. // 3. El ejercicio del derecho previsto en el
párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: (a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; (b) La
protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral
públicas.”
[47] “Artículo
20. 1. Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. //
2. Toda apología del odio nacional, racial o rElígioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida
por la ley.”
[48] “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de
Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en
el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser
necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud
o la moral públicas. // 3. No se puede restringir el derecho de expresión por
vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o
particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y
opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la
protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2. // 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda
en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o rElígioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los
de raza, color, rElígión, idioma u origen nacional.”
[49] “Artículo IV. Toda persona tiene derecho a la
libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento
por cualquier medio.”
[50]
Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda.
[51] En fecha reciente
algunos autores critican la clásica distinción entre libertades negativas y
libertades positivas, al respecto puede consultarse a Luigi Ferrajoli. Principa iuris. Teoría del derecho y la
democracia. Madrid, Ed. Trotta, Vol. I., p. 151-155.
[52]
Corte Constitucional, sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda. Reiterada por la sentencia C-442 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[53]
Ibidem.
[54]
Ibidem.
[55]
T-3822677. Accionante Aura Cecilia Angulo Angulo.
[56]
Corte Constitucional, sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[57]
Corte Constitucional, sentencia T-845 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] Sentencia T-917 de 2006 MP:
Manuel José Cepeda Espinosa. Providencia reiterada entre otras en la sentencia
T-705 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda.
[59]
Acuerdo 029 de 2006.
[60]
Ibidem.