T-434-07
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-434/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
especiales
DEFECTO SUSTANTIVO-Configuración
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación en normas sustantivas y
procesales
DEBIDO PROCESO-Vulneración por omisión en aplicar el principio de
favorabilidad penal previsto en la ley 906 de 2004
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN MATERIA
PENAL-Directrices
SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000 Y
ALLANAMIENTO DE CARGOS EN LEY 906 DE 2004-Aplicabilidad del principio de favorabilidad
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Sentencia anticipada y aceptación de
cargos son instituciones similares y coexistentes
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Elemento fundamental del debido proceso
Referencia: expedientes acumulados
T-1517857, T-1518676, T-1519471, T-1532009
Acción de tutela instaurada por Henry
Villarraga Prieto contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga con
citación oficiosa del Juzgado Tercero (3°) de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali; Daniel Vicente Rodríguez Silva contra el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, con citación oficiosa
del Juzgado Cuarto (4°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar;
Diana Said Manrique Aldana contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué y Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, Sala Penal; José María Rodríguez, Eleuterio Grueso y Esuel Urbano
Viveros contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Buga y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Penal.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de
mayo de dos mil siete (2007).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional
integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Álvaro Tafur Galvis
y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y en los artículos 33
y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos de
instancia proferidos en los procesos correspondientes a los expedientes
T-1517857, T-1518676, T-1549471 y T-1532009. Los procesos fueron acumulados
para su revisión en Auto de nueve (9) de febrero de 2007 y Auto de dieciséis
(16) de febrero de la misma anualidad, proferidos por la Sala de Selección
Número Dos, por presentar unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
Hechos y pretensiones
1. Expediente T-1517857
1.1. El 20 de mayo de 2006, el señor Henry
Villarraga Prieto instauró acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y la libertad, con fundamento en
los siguientes hechos:
1.2. El peticionario fue condenado mediante
sentencia anticipada, contemplada en la Ley 600 de 2000[1],
de 28 de abril de 2004 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Buga a pena de 5 años, 5 meses y 14 días de prisión por el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Mediante memorial
dirigido ante el Juzgado Primero (1°) de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Palmira, el señor Villarraga Prieto solicitó que le fuera concedida
la rebaja de pena consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004[2]
para la figura de allanamiento o aceptación de cargos, con fundamento en el
principio de favorabilidad penal e igualmente la libertad condicional o en su
defecto prisión domiciliaria.
1.3. En Auto Interlocutorio No. 1345 de 19
de diciembre de 2005, la Juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Palmira redosificó la pena impuesta y la fijó en cincuenta y siete
(57) meses y nueve (9) días, por considerar que la figura de aceptación de
cargos prevista en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000 –que daba lugar a
sentencia anticipada- es semejante a la contemplada en los artículos 348 y
siguientes de la Ley 906 de 2004 y por tanto, debía aplicarse favorablemente la
sanción prevista en la Ley 906 de 2004 para la figura de allanamiento o
aceptación de cargos. De igual manera, sustituyó la pena de prisión intramural
por prisión domiciliaria a favor del condenado.
En tal pronunciamiento, el Juzgado precisó
que el condenado aceptó los cargos que le fueron imputados en la etapa de
instrucción después de la imposición de la medida de aseguramiento y por tanto,
la rebaja de pena sería realizada entre una tercera parte y la mitad.
1.4. La decisión referida fue apelada por la agente
del Ministerio Público, quien señaló que el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad interpretó de manera equivocada el principio de
favorabilidad para acceder a la solicitud de prisión domiciliaria por cuanto no
se cumplía la condición objetiva impuesta en el artículo 38 de la Ley 599 de
2000.
1.5. En providencia de cuatro (4) de abril
de 2006, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
revocó la decisión de redosificar la condena y dictó de nuevo orden de captura
contra el condenado para su encarcelamiento en establecimiento oficial. Dentro
de sus consideraciones señaló que: (i) la sentencia anticipada prevista en la
Ley 600 de 2000 no tiene institución procesal idéntica en la Ley 906 de 2004 y
por tanto no es posible aplicar una rebaja punitiva más favorable en casos que
finalizaron en forma abreviada con fundamento en la Ley 600 de 2000; (ii) en el
sistema penal acusatorio fueron previstas rebajas de pena en mayores
proporciones, solamente para los delitos cuya pena imponible fue elevada por la
Ley 890 de 2004; (iii) a la luz de las condiciones impuestas por el artículo
461 en armonía con el artículo 314 de la Ley 906 de 2004 era necesario “el
encerramiento intramural del condenado  para preservar la confianza de la
comunidad y la seriedad de las instituciones a fin de que el procesado no
vuelva a delinquir y sirva de desestímulo a la delincuencia (…)”[3].
Como consecuencia de la decisión adoptada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, el peticionario presentó
acción de tutela, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la
igualdad, debido proceso y favorabilidad en materia penal.
Intervención del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga
1.6. La Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga contestó la demanda de tutela y manifestó que se
remitía a los fundamentos expuestos en la providencia de 4 de abril de 2006 que
revocó el Auto 1345 emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Palmira y restableció la pena corporal impuesta a Henry
Villarraga de cinco (5) años, cinco (5) meses y 14 días mediante sentencia
anticipada de 28 de abril de 2004.
Intervención del Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali
1.7. En el trámite de revisión de los
fallos de instancia llevado a cabo ante la Corte Constitucional, el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira informó que el
señor Henry Villarraga Prieto fue trasladado para el cumplimiento de su condena
a la Cárcel de Villahermosa, ubicada en el Municipio de Santiago de Cali.
Adicionalmente, indicó que luego de surtirse el recurso de apelación ante la
Sala de decisión penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, se
remitió a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.
Así las cosas, mediante Auto de mayo (3) de
2007, el Magistrado Sustanciador ordenó poner en conocimiento del Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali el contenido de la
acción de tutela con el fin de que el despacho se pronunciara sobre las circunstancias
que motivaron la presentación de aquélla.
1.8. Mediante oficio No. 0886 de siete (7)
de mayo de 2006, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Cali informó que avocó conocimiento del cumplimiento de la condena
del señor Henry Villarraga Prieto mediante Auto de 19 de julio de 2006. Así
mismo, señaló que mediante Auto interlocutorio No. 2868 del 23 de noviembre de
2006, reconoció al sentenciado libertad condicional previo reconocimiento de
redención de la pena por estudio.
En virtud del Auto Interlocutorio 2868 de
2006, el Juzgado decidió: “Primero Reconocer a favor de Henry Villarraga
Prieto redención de pena por estudio según el certificado de cómputos
relacionado en la parte motiva de este auto, en el equivalente en total a:
cuatro (4) meses y veintidós días. Segundo. Declarar que Henry Villarraga a la
fecha de este proveído ha cumplido el total de la pena de prisión impuesta:
treinta y nueve meses y diez (10) días. Tercero: Reconocer en favor de
Villarraga P. la libertad condicional, de conformidad con los artículos 64 fr
la Ley 599 de 2000 y 480 de la Ley 600 de 1000, y lo expuesto en la parte
motiva de este proveído. (…)”[4]
De la misma manera, solicitó ser exonerado
de responsabilidad por presunta violación de derechos fundamentales del
accionante.
2. Expediente T-1518676
2.1. El señor Daniel Vicente Rodríguez
Silva presentó acción de tutela el 28 de agosto de 2006 contra el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, con
fundamento en que tal despacho negó la aplicación favorable de la rebaja de
pena contemplada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a la condena que le
fue impuesta mediante sentencia anticipada en el año 2004. Las circunstancias
que motivaron la acción de tutela presentada son las siguientes:
2.2. El peticionario fue condenado en
sentencia anticipada del 26 de marzo de 2004 a la pena principal de diez (10)
años, nueve (9) meses de prisión y multa de 9.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, como autor del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes en la modalidad agravada y la accesoria de interdicción de
derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal.
2.3. Mediante escrito dirigido al Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, encargado
de ejercer la vigilancia del cumplimiento de la condena, el condenado Daniel
Vicente Rodríguez solicitó que le fuera reconocida la rebaja de pena prevista
en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 para la figura de allanamiento o
aceptación de cargos, la cual resultaba más favorable que la reconocida en el
2004 bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000.
2.4. En respuesta a la solicitud referida,
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar
emitió providencia de diecisiete (17) de agosto de 2005, en la cual denegó la
aplicación favorable del beneficio penal consagrado en la Ley 906 de 2004 para
la aceptación o allanamiento a cargos. En su pronunciamiento, el Juzgado indicó
que la Ley 906 de 2004 es de aplicación progresiva según lo previsto en el
artículo 530 de la misma y sólo entra en vigencia en el Distrito Judicial de
Valledupar en enero de 2008 y por tanto, no es posible aplicar los preceptos
incluidos en aquélla a los condenados que se encuentran en esa jurisdicción.
Posteriormente, el señor Daniel Vicente
Rodríguez Silva presentó petición reiterando su solicitud de rebaja de pena,
con fundamento en el principio de favorabilidad. Tal solicitud fue resuelta
mediante providencia de 28 de octubre de 2005, en la cual el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar quien nuevamente negó
la aplicación favorable de la norma y reiteró que la implementación gradual del
nuevo sistema de enjuiciamiento penal contenido en la Ley 906 de 2004
representaba un impedimento para conceder la rebaja solicitada.
2.5. Como consecuencia de lo anterior, el
señor Daniel Vicente Rodríguez Silva solicitó mediante acción de tutela el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, defensa y
libertad y que le sea reconocida la rebaja de pena dispuesta en el artículo 351
de la Ley 906 de 2004.
Intervención del Juzgado Cuarto de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar
2.6. En el trámite de la acción de tutela,
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar
informó al Juzgado de conocimiento de la acción constitucional que el
expediente con las diligencias penales adelantadas contra el señor Daniel
Vicente Rodríguez Silva fue puesto en conocimiento del Juzgado Cuarto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, como consecuencia del
reparto efectuado con ocasión del inicio de sus labores en esa jurisdicción.
2.7. En memorial de ocho (8) de septiembre
de 2006, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar intervino en el trámite de la tutela con el fin de solicitar que la
misma fuera declarada improcedente. En su escrito informó que el accionante
solicitó la redosificación de su condena, la cual le fue negada en dos
oportunidades. En este contexto, precisó que el condenado presentó recurso de
apelación contra la providencia de 17 de agosto de 2005, el cual no sustentó
oportunamente y por tal motivo fue declarado desierto. Igualmente, indicó que
contra la providencia de 10 de octubre de 2005 dictada por el Juzgado Primero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el condenado no interpuso recurso
de apelación.
Por otra parte, la autoridad judicial
destacó que las decisiones adoptadas en relación con las solicitud del
accionante se encuentran sustentadas en posiciones de la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia pues no existe identidad entre la figura de
sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de 2000 y la aceptación de cargos
contemplada en la Ley 906 de 2004 y por cuanto no es posible aplicar la Ley 906
de 2004 en distritos judiciales donde no ha entrado en vigencia.
3. Expediente T- 1519471
3.1. La señora Diana Said Manrique Aldana,
por intermedio de apoderada, presentó acción de tutela el 29 de agosto de 2006
en la cual solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con
fundamento en las siguientes circunstancias:
3.2. La peticionaria y dos personas más fueron
condenadas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito del Espinal mediante
sentencia anticipada de 19 de octubre de 2004, a la pena principal de setenta y
cinco (75) meses de prisión, por la conducta punible de hurto agravado y
falsedad en documento privado. Dicho fallo, otorgó a los condenados una rebaja
de la tercera parte de la pena con fundamento en lo dispuesto por el artículo
40 de la Ley 600 de 2000.
Posteriormente, en providencia de 11 de agosto de
2005, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
confirmó la sentencia condenatoria. Sin embargo, modificó la decisión de
primera instancia e impuso a los condenados setenta y ocho (78) meses de pena
privativa de la libertad.
3.3. En providencia de 21 de noviembre de 2005, el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué negó la
redosificación de la pena de la señora Diana Said Manrique Aldana. Lo anterior,
con fundamento en diferentes sentencias dictadas por la Corte Suprema de
Justicia en las cuales ha sido establecido que no es posible equiparar las
figuras de sentencia anticipada y allanamiento o aceptación de cargos con el
fin de aplicar favorablemente y de manera retroactiva los beneficios penales
contemplados en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. Igualmente, el Juzgado
negó la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria solicitada por
la actora.
3.4.- Contra la decisión proferida por la Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la señora Diana Said Manrique Aldana
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en orden a obtener la
redosificación solicitada y la prisión domiciliaria invocada. Dentro de sus
argumentos expuso que es posible aplicar de manera favorable la rebaja de penas
prevista para el allanamiento o aceptación de cargos del artículo 351 de la Ley
906 de 2004 pues tanto ésta figura como la sentencia anticipada persiguen la
terminación anticipada del proceso y en consecuencia son equiparables ara
efectos de la aplicación retroactiva de los beneficios penales previstos en la
ley más reciente.
3.5. En providencia de 16 de febrero de 2006, el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué decidió
no reponer el auto de 21 de noviembre de 2005, por medio del cual había sido
negada tanto la redosificación de la pena impuesta a la peticionaria como la
solicitud de prisión domiciliaria. Así mismo, concedió ante la Sala Penal del
Tribunal Superior de Ibagué recurso de apelación.
3.6. En providencia de ocho (8) de junio de 2006, la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
revocó parcialmente la decisión del Juzgado de Ejecución Penal adoptada el 16
de febrero de 2006. En primer lugar, confirmó la decisión del Juzgado de
Ejecución de Penas, por la cual fue negada la aplicación favorable del
beneficio penal de rebaja de la condena impuesta a la peticionaria. En el fallo
aludió al criterio sostenido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
en virtud del cual la figura de sentencia anticipada y el allanamiento o
aceptación de cargos son instituciones jurídicas diferentes y por tanto, las
consecuencias jurídicas del allanamiento no son aplicables de manera
retroactiva a los fallos anticipados dictados a la luz de la Ley 600 de 2000.
Por otra parte, sustituyó la pena de prisión impuesta
a la sentenciada Diana Said Manrique Aldana por la prisión domiciliaria. Así
mismo, ordenó el traslado de la condenada a su lugar de residencia en Ibagué.
3.7.- Como consecuencia de la decisión emitida tanto
por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué
como por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que negaron la
redosificación punitiva, la peticionaria presentó acción de tutela, con el fin
de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
favorabilidad en materia penal.
Intervención del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Ibagué
3.8- El Juez Israel Rodríguez Arias intervino en el
trámite de acción de tutela con el fin de informar las decisiones adoptadas
frente a la ejecución de la pena impuesta a la demandante Diana Said Manrique
Aldana.
En el oficio remitido expresó que por auto No. 21 de
noviembre de 2005 negó la redosificación de la pena impuesta a la actora en
sentencia anticipada como consecuencia de la jurisprudencia reiterada por la
Corte Suprema de Justicia, acerca de la imposibilidad de aplicar los beneficios
penales del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a trámites que finalizaron
mediante sentencia anticipada.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué fue notificado del inicio de la acción de amparo
constitucional. Sin embargo, no intervino dentro del trámite llevado a cabo[5].
4. Expediente T-1532009
4.1. Los señores Esnel Urbano Viveros, José María
Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso Riascos presentaron acción de tutela el
26 de agosto de 2006 con el fin de solicitar el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso presuntamente vulnerado por el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga, con fundamento en que éstos despachos judiciales no
les concedieron el beneficio penal consagrado en la Ley 906 de 2004 para la
figura del allanamiento a cargos solicitado por los condenados, por virtud del
principio de favorabilidad penal.
4.2. Los accionantes fueron condenados por coautoría a
título de dolo en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,
mediante sentencia anticipada del veintiuno (21) de febrero de 2005 a la pena
privativa de libertad de ciento treinta y tres (133) meses y diez (10) días,
multa de 133.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes al año 2004 y
sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas durante un lapso de 140 meses[6].
Los condenados solicitaron ante el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, la redosificación de la
condena que les fue impuesta con fundamento en la rebaja de penas prevista en
el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 para la figura de allanamiento o
aceptación de cargos, la cual, consideran resulta más favorable que la prevista
en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, con fundamento en la cual fueron
condenados.
4.3. Mediante Auto Interlocutorio No. 00127 de seis
(6) de febrero de 2006, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Buga negó a los condenados la redosificación de pena solicitada.
En su providencia, el despacho accionado afirmó en primer término que el
beneficio penal contemplado en la Ley 906 de 2004 solamente es aplicable para
las conductas penales que se ejecutan a partir del 1° de enero de 2006 y que
sean procesadas con fundamento en el trámite del sistema penal acusatorio.
En este contexto, el Juzgado sostuvo que la rebaja de
pena contemplada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 “está aparejada
con el quantum o cantidad de la pena que registran las conductas determinadas
en la misma ley 599 de 2000, pero con el incremento del artículo 14 de la Ley
890 de 2004, luego es claro que se trata de dos fenómenos jurídicos que se
cumplen en estadios diferentes y en ese orden de ideas, se consideran las
peticiones invocadas y relacionadas con la redosificación de la pena para cada
uno de los filiados, máxime cuando la preceptiva no establece parámetros fijo,
sino que va de uno hasta la mitad y la rebaja otorgada a los mismos en la
sentencia penal implementada está dentro de ese ámbito”[7].
En segundo lugar, el Despacho destacó que hasta el
momento de proferirse la decisión sobre la aplicación del beneficio penal a los
condenados “no se conoce sobre el particular pronunciamiento proveniente de
nuestro superior jerárquico, con relación a (sic) la pertinencia del contenido
de la norma en mientes, para conductas penales realizadas en el territorio
competencia de ese Distrito Judicial, con anterior al primero de enero de 2006”[8].
4.4. Los peticionarios instauraron recurso de
apelación contra la decisión proferida por el Juzgado de Ejecución Penal y
solicitaron al superior conceder la petición de redosificación penal. La
impugnación fue resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga, en providencia de diez (10) de mayo de 2006, por medio de la
cual confirmó el pronunciamiento del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Buga.
4.5. De acuerdo con la Sala Penal, no obstante
presentarse identidad entre los procedimientos de sentencia anticipada –Ley 600
de 2000- y allanamiento o aceptación de cargos – Ley 906 de 2004- que
permitirían la aplicación favorable de la última normatividad a la pena
impuesta, la pretensión de los condenados no es procedente, “por motivos
inherentes al aspecto subjetivo de los requisitos de la norma requerida en
aplicación”[9].
En su providencia, la Sala estimó que la aplicación
favorable de la normatividad penal debe ser ponderada con la gravedad y
lesividad de la conducta punible desarrollada por el agente en el caso
concreto. Por tanto, en criterio del Tribunal, principios tales como equidad,
proporcionalidad y razonabilidad, impiden conceder a los condenados una rebaja
de pena de hasta la mitad tal como lo concibe el artículo 906 de 2004. Lo
anterior, pues en la sentencia condenatoria fueron destacados algunos aspectos
como (i) la cantidad de droga incautada, que excedió 5 kilogramos de cocaína y
1000 kilogramos de marihuana, factor que constituye una circunstancia de
agravación punitiva, (ii) predisposición de los actores para huir ante la
presencia de la fuerza pública cuando en alta mar se exigió una requisa de la
nave en que transportaban droga, (iii) intento de huida de dos de los
condenados, por lo cual se infiere que “no fue un procedimiento casual y
clandestino sino el de personas dedicadas permanentemente a cometer delitos de
tráfico de drogas en forma indeterminada, colocando de tal manera el grave
riesgo la salubridad pública”[10] y
(iv) las personas juzgadas representan un peligro para la sociedad y lo que es
más grave, para su familia.
4.6. Así las cosas, dada la negativa de la aplicación
del principio de favorabilidad penal, los señores Esnel Urbano Viveros, José
María Rodríguez y Eleuterio Grueso Riascos instauraron acción de tutela con el
fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso.
Intervención del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Buga
4.7. En memorial de 12 de octubre de 2006, la Jueza,
Damira Medina Ruiz, respondió la acción de tutela instaurada e informó que el
despacho judicial a su cargo negó la redosificación de la pena a los accionantes,
la cual fue recurrida y posteriormente confirmada por la Sala Penal del
Tribunal Superior.
En su intervención, afirmó que ese despacho judicial
no incurrió en “vías de hecho” y destacó que la disminución de la pena
que prevé el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 corresponde al aumento de penas
consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 por ende, “el beneficio
sólo tiene cabida en los asuntos cuya situación fáctica se materializó a partir
del 01-02-2006, inclusive, y este no es el caso (…)”[11].
Intervención del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga – Sala Penal-
4.8. En oficio de dos (2) de octubre de 2006, el
Magistrado Luis Alberto Peralta Rojas expresó ante el Juez de conocimiento de
la acción de tutela que se atiene a los argumentos explícitos de la actuación
consignados en providencia de diez (10) de mayo de 2006, donde fue confirmado
el auto interlocutorio que negó la petición de redosificación penal impetrada
por los actores.
Pruebas relevantes que obran en los expedientes
Expediente T-1517857
- Demanda de acción de tutela presentada por Henry
Villarraga Prieto –fls. 1 a 6, cuaderno principal-.
- Copia de sentencia anticipada de abril 28 de 2004,
en la cual Henry Villarraga Prieto fue condenado a pena de prisión de 5 años, 5
meses y 14 días, por el delito de tráfico de estupefacientes –fls- 26 a 31,
segundo cuaderno-.
- Copia de auto interlocutorio No. 1345 de 19 de
diciembre de 2005, de 17 de mayo de 2005 proferido por el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, donde readecua la pena
impuesta al peticionario y la rebaja a 57 meses y nueve (9) días de prisión con
fundamento en la Ley 906 de 2004 –fls. 32 a 43, segundo cuaderno-.
- Copia de providencia de 4 de abril de 2006 dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Sala de Decisión
Penal- que revoca auto interlocutorio No. 1345 de 19 de diciembre de 2005 sobre
la redosificación penal –fls. 7 a 19, cuaderno principal-.
- Copia de Auto Interlocutorio No. 2868 de 23 de
noviembre de 2006 proferida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali, en la cual reconoce a favor de Henry Villarraga
libertad condicional del artículo 64 de la Ley 599 de 2000 y del artículo 480 de
la Ley 600 de 2000 –fls. 44 a 48, segundo cuaderno-.
Expediente T-1518676
- Demanda de acción de tutela presentada por Daniel
Vicente Rodríguez Silva –fls. 1 a 3, cuaderno principal-.
- Copia de sentencia anticipada de marzo 26 de 2004
proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, en la
cual Daniel Vicente Rodríguez Silva fue condenado a la pena de prisión de diez
(10) años y nueve (9) meses de prisión por el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes en la modalidad de transportar –fls- 14 a 22, tercer
cuaderno-.
- Copia de auto de 17 de agosto de 2005 proferido por
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar,
donde niega la readecuación de la pena impuesta al peticionario –fls. 4 y 5,
cuaderno principal-.
- Copia de providencia de 28 de octubre de 2005
dictada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar, donde niega la redosificación penal solicitada –fls. 6 a 8,
cuaderno principal-.
Expediente T-1519471
- Demanda de acción de tutela presentada por Diana
Said Manrique Aldana –fls. 1 a 13, cuaderno principal-.
- Copia de sentencia anticipada de 19 de octubre de
2004 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué, en la cual
Diana Said Manrique Aldana y dos personas más fueron condenadas a la pena de
prisión de 75 meses de prisión por el delito de hurto agravado y falsedad en
documento privado -fls 29 a 42, cuaderno principal-.
- Copia de sentencia de agosto once (11) de 2005
dictada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Ibagué, en la que modifica el fallo de primera instancia en el
proceso penal e impone a los condenados la pena principal de 78 meses de
prisión –fls. 43 a 58, cuaderno principal-.
- Copia de auto de 21 de noviembre de 2005 proferido
por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
donde niega la readecuación de la pena impuesta a la peticionaria –fls. 62 a
70, cuaderno principal-.
- Copia de auto de 16 de febrero de 2006 dictada por
el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué,
donde decide no reponer el auto que niega la redosificación penal solicitada
–fls. 82 a 88, cuaderno principal-.
- Copia de providencia de 8 de junio de 2006, en la
cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala de Decisión
Penal confirma la decisión de negar la aplicación favorable de los beneficios
previstos en el artículo 351 de 2006 a la condena impuesta a la accionante.
Expediente T-1532009
- Demanda de acción de tutela presentada por Esnel
Urbano Viveros, José María Rodríguez y Eleuterio Grueso Riascos –fls. 2 a 5,
cuaderno principal-.
- Copia de sentencia anticipada de veintiuno (21) de
febrero de 2005 proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Buga, donde los señores Esnel Urbano Viveros, José María
Rodríguez y Eleuterio Grueso Riascos fueron condenados a la pena de prisión de
133 meses, diez (10) días de prisión por el delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes –fls- 24 a 32, tercer cuaderno-.
- Copia de auto de seis (6) de febrero de 2006
proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Buga, donde niega la readecuación de la pena impuesta a los condenados –fls.
88 a 92, cuaderno principal-.
- Copia de providencia de 10 de mayo de 2006 dictada
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la que confirma la
decisión adoptada por el Juzgado de Ejecución de Penas referente a la
redosificación penal solicitada –fls. 93 a 101, cuaderno principal-.
Sentencias objeto de revisión
Expediente T-1517857
Fallo único de instancia
5.1.- En sentencia de 6 de junio de 2006 la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia denegó el amparo constitucional
solicitado por el peticionario.
5.2.- Dentro de sus consideraciones sostuvo que “es
criterio reiterado y ampliamente divulgado por la jurisprudencia constitucional
de la Sala, que la acción de tutela contra actuaciones judiciales y proveídos
de este mismo talante resulta por regla general improcedente”[12].
Del mismo modo, expresó que se acepta la intervención excepcional del juez
de tutela, cuando se trata de remediar situaciones de manifiesta arbitrariedad,
capricho o ilegalidad judicial.
En este contexto, afirmó que en la providencia
judicial objeto de cuestionamiento por el peticionario, el Tribunal indicó los
motivos para revocar la decisión emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad e igualmente apoyó su criterio en la interpretación de
normas pertinentes.
Así mismo, precisó que el Tribunal Superior de Buga
siguió lineamientos jurisprudenciales en virtud de los cuales no existen
similitudes entre la sentencia anticipada que consagra la Ley 600 de 2000 y el
allanamiento a cargos que prevé la Ley 906 de 2004 que permitieran aplicar una
rebaja eventual más favorable.
5.3.- Por otra parte, anotó que en relación con la
decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga de
revocar la prisión domiciliaria no era posible concluir la existencia de una vía
de hecho, pues el fallo judicial se fundamentó en la apreciación de la
Colegiatura sobre el criterio subjetivo que permitía conceder el mecanismo
sustitutivo de la prisión. Así las cosas, en criterio de la Corte Suprema, “cuando
el funcionario judicial entrega una razonable y ponderada interpretación a los
términos empleados en la Ley, equivocado y desacertado resulta atribuirle a las
razones y argumentos en ella contenidos el calificativo de caprichoso o
arbitrario”.
En el pronunciamiento salvaron voto los magistrados
Alfredo Gómez Quintero, Edgar Lombana Trujillo, Marina Pulido de Barón. Aclaró
su voto el Magistrado Mauro Solarte Portilla.
Expediente T-1518676
Fallo de primera instancia
6.1.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar, profirió sentencia de 12 de septiembre de 2006. en la
cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
peticionario. Dentro de sus consideraciones afirmó que no se cumplían los
requisitos jurisprudenciales establecidos para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, ya que no fueron agotados los recursos
judiciales ordinarios contra las providencias que negaron el beneficio judicial
solicitado.
6.2.- De igual manera, el Tribunal recordó las
decisiones de la Corte Suprema de Justicia en las cuales ha sido reiterado que
no existe semejanza entre las figuras de allanamiento o aceptación de cargos y
la sentencia anticipada que permitan a las autoridades judiciales aplicar los
beneficios penales consagrados en la Ley 906 de 2004 a las condenas impuestas
bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000 en fallos anticipados.
6.3.- Adicionalmente, en relación con el alcance del
fallo T-091 de 2006 de la Corte Constitucional manifestó lo siguiente[13]:
“ a) Nadie puede desconocer la aplicación
de la favorabilidad de una ley en materia penal cuando es permisiva, así se
trate de una que no había nacido a la vida jurídica en el momento en que se
produjeron los hechos materia de discusión;
“b) Esto no quiere decir que el precedente
de tutela citado haya afirmado que necesariamente del cotejo entre la sentencia
anticipada y la aceptación de cargos en audiencia de imputación surja un trato
preferente. Lo que hay necesidad de mirar es si, en cada casi, realmente existe
favorabilidad que -entre otras razones- puede determinarse por el momento
procesal en que se sometió el sindicado a la sentencia anticipada porque, si es
en la causa, la Ley 906 de 2004 puede resultar favorable;
“c) La tutela, además, es una institución
respetabilísima pero genéricamente sólo opera entre partes; su efecto no puede
ser para todos porque así no lo estableció la ley ni tampoco la Corte
Constitucional”.
Impugnación
6.4.- El señor Daniel Vicente Rodríguez Silva
interpuso recurso de apelación contra el fallo de tutela proferido en primera
instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. En el
memorial presentado, manifestó que en su caso debían aplicarse las
consideraciones expuestas por la Corte Constitucional en diferentes fallos,
especialmente en sentencias T-1211 de 2005 y T-091 de 2006, en relación con el
principio de favorabilidad penal. Así mismo, reiteró su solicitud sobre el
reconocimiento de la rebaja de pena contemplada en el artículo 351 de la Ley
906 de 2004 a la condena que le fue impuesta en el 2004.
Fallo de segunda instancia
6.5.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia dictó sentencia de segunda instancia del 14 de noviembre de 2006, en
la que confirmó la decisión adoptada por el tribunal de conocimiento de la
acción de tutela.
En su fallo, la Corte estimó que la acción de tutela
para controvertir la decisión adoptada por el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad es improcedente, por cuanto el peticionario se abstuvo de
presentar los mecanismos de impugnación previstos para cuestionar la
providencia judicial contrarias a su solicitud de rebaja de pena.
Igualmente, sostuvo que “la acción pública no
constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los consagrados en la
legislación ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual,
preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente
por la acción u omisión antijurídica de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos previstos en la ley; y en este orden de ideas,
procede cuando el afectado dispone de otro medio eficaz de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
conjunto de hipótesis que en el caso que se examina no convergen”[14].
Como consecuencia de lo anterior, la Sala Penal
confirmó la decisión de negar el amparo constitucional solicitado por el actor.
Expediente T-1519471
Fallo único de instancia
7.1.- El conocimiento de la acción de tutela
instaurada por Diana Said Manrique Aldana correspondió a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia de octubre diez (10) de
2006 decidió negar el amparo constitucional de los derechos fundamentales
solicitado.
7.2.- En su fallo, la Sala afirmó que la acción de
tutela contra providencias judiciales es por regla general improcedente. A
partir de este criterio, aseveró que tal acción constitucional constituye un “mecanismo
residual y supletorio que no puede suplantar las vías ordinarias de reclamación
judicial, por cuanto ellas son garantía de orden en un Estado Social de
Derecho”[15].
Igualmente, estimó que el no reconocimiento del
beneficio penal solicitado por la accionante ante las autoridades
correspondientes “es una materia eminentemente interpretativa, asunto que el
juez constitucional no puede dirimir, toda vez que soslayaría la autonomía e
independencia del juez natural, sin pasar por alto que, como se dijo, de la
lectura de las providencias atacadas por esta vía se desprenden consideraciones
jurídicas que, de manera razonada, sustentan la decisión, descartando la
existencia de una vía de hecho”[16].
7.3. La decisión adoptada en primera instancia en el
trámite de acción de tutela fue impugnada por la accionante mediante memorial
de 23 de octubre de 2006. No obstante, mediante auto de cuatro (4) de diciembre
de 2006, dicha impugnación fue declarada desierta por extemporaneidad. Así
mismo, se dispuso el envío del expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión[17].
Expediente T-1532009
Fallo de primera instancia
8.1.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia mediante fallo de diez (10) de octubre de 2006 negó el amparo
constitucional solicitado por los accionantes. En el fallo señaló que la acción
de tutela instaurada es improcedente ya que los actores cuestionaron una decisión
proferida por juez natural, “debidamente razonada y no producto del
alejamiento arbitrario, caprichoso o de la negligencia”[18].
8.2.- De igual manera, la Corte reiteró el criterio
mayoritario sostenido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
virtud del cual la sentencia anticipada regulada por la Ley 600 de 2000 y el
allanamiento o aceptación de cargos incluido en la Ley 906 de 2004 son
instituciones jurídicas diferentes, que no presentan identidad que permitan
aplicar por favorabilidad penal los beneficios penales contemplados para el
allanamiento o aceptación de cargos a fallos anticipados dictados bajo la
vigencia de la Ley 600 de 2000.
8.3.- Por último, precisó que la rebaja de penas de
hasta de la mitad de la pena que puede realizar una autoridad judicial con
fundamento en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, se encuentra sujeta a
distintos factores que deben ser ponderados en el trabajo de dosificación
punitiva.
Fallo de segunda instancia
8.4.- Mediante sentencia de 27 de noviembre de 2006,
la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada en
primera instancia, por la cual fue negada la protección del derecho al debido
invocada por los accionantes. En su pronunciamiento, la Sala Civil indicó que
las decisiones judiciales cuestionadas por los peticionarios “no son
carentes de razonabilidad, pues obedecen a criterios interpretativos
consustanciales a la función decisoria que les compete y tienen respaldo en
respetables posiciones jurisprudenciales sobre la inaplicabilidad del principio
de favorabilidad (…)”[19].
En este orden de ideas, en criterio del ad quem, tanto
los motivos esgrimidos por el Tribunal Superior del Distrito Superior de Buga
referentes a circunstancias subjetivas que impedían conceder el beneficio penal
solicitado como los argumentos reiterados por la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia en el fallo de tutela en relación con la imposibilidad de aplicar
de manera favorable la rebaja penal del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a
sentencias anticipadas permiten concluir la inaplicabilidad de la
redosificación punitiva en el caso de los accionantes.
Revisión por la Corte Constitucional
9.- Remitidos los expedientes a esta Corporación, la
Sala de Selección Número Dos, mediante autos de nueve (9) y dieciséis (16) de
febrero de dos mil siete, dispuso su revisión por la Corte Constitucional. Los
procesos fueron acumulados para su revisión por presentar unidad de materia.
10.- En Auto de cinco (5) de marzo de 2007, el
Magistrado Sustanciador ordenó por Secretaría General de esta Corporación,
solicitar al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Palmira enviar a esta Corporación copia de la sentencia anticipada dictada
contra Henry Villarraga Prieto así como del Auto No. 1345 de 19 de diciembre de
2005, que resolvió solicitud de redosificación penal solicitada por el
condenado para que tales diligencias obraran dentro del expediente T-1517857.
Así mismo, fue ordenado que se solicitara al Juzgado
Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar copia del
fallo anticipado por el cual fue impuesta condena de prisión al accionante
Daniel Vicente Rodríguez Silva en orden a que dicha información fuera
incorporada al acervo probatorio del expediente T- 1518676.
Finalmente, fue ordenado que se solicitara al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, allegar a esta
Corporación copia de la sentencia anticipada impuesta a los señores José María
Rodríguez Valencia, Eleuterio Grueso Riascos y Esnel Urbano Riveros, para que
la misma fuera incorporada en el proceso T- 1532009.
11.- Posteriormente, mediante auto de tres (3) de mayo
de 2007, el Magistrado Sustanciador ordenó por Secretaría General de esta
Corporación vincular al asunto bajo examen al Juzgado Tercero de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Cali, con el fin de que se pronunciara en
relación con la petición de amparo constitucional dentro del expediente
T-1517857.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- Esta Corte es competente para revisar los
presentes fallos de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y
241 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás
disposiciones pertinentes.
Presentación de los casos y problema jurídico objeto
de estudio
2.- Con fundamento en las circunstancias planteadas en
las acciones de tutela, corresponde a esta Sala (i) determinar si negar la
aplicación de la rebaja de penas consagrada en la Ley 906 de 2004 para la
figura de allanamiento a cargos del artículo 351 de Ley 906 de 2004 a personas
condenadas en virtud de sentencia anticipada prevista en el artículo 40 de la
Ley 600 de 2000 vulnera el derecho al debido proceso y el principio de
favorabilidad en materia penal de las mismas y (ii) establecer si procede la
acción de tutela contra una providencia judicial que niega la aplicación del
principio de favorabilidad penal cuando aquélla no fue impugnada mediante los
recursos ordinarios previstos en la legislación.
Con el fin de responder los problemas jurídicos
planteados, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia constitucional sobre
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y
analizará el cumplimiento de tales requisitos en los casos concretos, (ii) se
referirá a la configuración de un defecto sustancial en providencias judiciales
que niegan la aplicación favorable de la rebaja de pena consagrada en la Ley
906 de 2004 para el allanamiento a cargos a personas condenadas mediante
sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de 2000, (iii) estudiará el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales en los casos objeto de revisión y, (iv)
resolverá los casos concretos.
Reiteración de jurisprudencia constitucional sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.- La acción de tutela como mecanismo constitucional
para promover la defensa de los derechos fundamentales permite que las personas
soliciten el amparo judicial de sus derechos frente a afectaciones o amenazas
de los mismos por cualquier autoridad pública. Por este motivo, dado que las y
los jueces son autoridades públicas, el control constitucional de sus
actuaciones en orden a verificar la garantía de los derechos fundamentales de
las personas en los trámites a su cargo puede ejercerse mediante la acción de
tutela[20].
4.- Ahora bien, la consagración constitucional del
Estado Social de Derecho en Colombia implica que las actuaciones de las
autoridades estás sujetas a derecho, es decir a la normatividad vigente y en
primer lugar, al Texto Fundamental. Por ello, en ejercicio de sus actuaciones
corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos
constitucionales reconocidos tanto en la Constitución como en tratados
internacionales de conformidad con los cuales deben interpretarse los derechos
constitucionales[21].
5.- En este contexto, dada la finalidad de la acción
de amparo constitucional, la acción de tutela contra sentencias judiciales, “se
convierte no sólo en la última garantía de los derechos fundamentales, cuando
quiera que ellos han sido vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
una autoridad judicial, sino que sirve como instrumento para introducir la
perspectiva de los derechos fundamentales a juicios tradicionalmente tramitados
y definidos, exclusivamente, desde la perspectiva del derecho legislado” [22]
tal como fue señalado en sentencia C-590 de 2005.
Adicionalmente, la protección de derechos
fundamentales mediante la acción de tutela se encuentra en armonía con el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos[23] y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[24] que
establecen la existencia de un mecanismo judicial que ampare a las personas
contra actos que violen sus derechos fundamentales.
6.- No obstante, el ejercicio de este mecanismo de
protección constitucional frente a providencias judiciales se encuentra
sometido a un conjunto de requisitos que debe ser verificado en cada caso, los
cuales han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional y permiten
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales[25].
Estas condiciones han sido clasificadas en dos
categorías: Por una parte, requisitos de carácter general, los cuales se
dirigen a analizar el agotamiento de vías judiciales ordinarias previas a la
presentación de la acción de tutela, la existencia de un problema de relevancia
y su carácter decisivo para vulnerar derechos fundamentales, la existencia de
inmediatez en la presentación de la acción de tutela para controvertir una
decisión judicial, la verificación de un perjuicio irremediable y por otra,
requisitos especiales que se encuentran relacionados con la presencia de
acciones u omisiones concretas en el trámite judicial que conducen a la
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales como la ausencia de
justificación de un fallo o el desconocimiento de normas procesales.
7.- Así, en fallos T-1026 de 2006 y T-015 de 2007,
donde esta Corporación se pronunció sobre la presunta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de la falta de aplicación del principio de
favorabilidad penal en casos similares a los que se revisan en esta ocasión,
la Corte reseñó las condiciones de procedencia de la acción de tutela para
garantizar la vigencia de los derechos fundamentales en el trámite de
actuaciones judiciales de la siguiente forma:
a.
Requisitos Generales
“1. Que la cuestión que se discute tenga relevancia
constitucional, pues el juez constitucional no puede analizar cuestiones que no
tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones.
“2. Que no exista otro medio de defensa eficaz e
inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[26].
De allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales
ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.
“3. La verificación de una relación de inmediatez
entre la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos
fundamentales, bajo los principios de  razonabilidad y proporcionalidad. En
este último caso, se ha determinado que no es procedente la acción de tutela
contra sentencias judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan
significativo que sería desproporcionado un control constitucional de la
actividad judicial, por la vía de la acción de tutela.
“4. Cuando se presente una irregularidad procesal,
ésta debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que afecta
los derechos fundamentales del actor.
“5. El actor debe identificar los hechos que generaron
la vulneración de sus derechos fundamentales, y éstos debió alegarlos en el
proceso judicial, si hubiese sido posible.
“6. Que no se trate de sentencias de tutela, porque la
protección de los derechos fundamentales no puede prolongarse de manera
indefinida.
b. Requisitos Especiales[27]
“1. Cuando el funcionario judicial que profirió la
sentencia impugnada carece de competencia, defecto orgánico.
“2. Defecto procedimental, se presenta cuando la
violación de la Constitución y la afectación de los derechos fundamentales es
consecuencia del desconocimiento de normas de procedimiento.
“3. Cuando la vulneración de los derechos
fundamentales se presenta con ocasión de problemas relacionados con el soporte
probatorio de los procesos, como por ejemplo cuando se omiten la práctica o el
decreto de las pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas
por juicio contraevidente o porque la prueba es nula de pleno derecho (defecto
fáctico).
“4. Cuando la violación de los derechos fundamentales
por parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de
que es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración
de justicia, lo que corresponde a la denominado vía de hecho por consecuencia[28].
“5. Cuando la providencia judicial presenta graves e
injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión misma y que se
contrae a la insuficiente sustentación o justificación del fallo.
“6. Defecto material o sustantivo,  se origina cuando
se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“7. Desconocimiento del precedente, esta causal se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance.
“8. Cuando la decisión del juez se fundamenta en la
interpretación de una disposición en contra de la Constitución o cuando el juez
se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación
manifiesta de la Constitución siempre que se presente solicitud expresa de su
declaración, por alguna de las partes en el proceso[29].”
8.- Las condiciones reseñadas conllevan que en casos
concretos, puedan protegerse derechos fundamentales de personas que presentan
acción de tutela por violaciones de los mismos con ocasión de un trámite
judicial, cuando las decisiones que se cuestionen vulneren la Constitución.
Así, en sentencia T-1110 de 2005, la Corte señaló que el fundamento esencial de
las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales es la violación de la Constitución por parte del pronunciamiento en
cuestión y segundo, se abandona la verificación mecánica de la existencia de
tipos de defectos o de vías de hecho, por el examen material de las mencionadas
causales de procedibilidad referente a la idoneidad para vulnerar la Carta de
1991.
9. En consecuencia, la tutela contra providencias
judiciales es un mecanismo efectivo para proteger derechos fundamentales de las
personas cuando estos resulten vulnerados en un trámite judicial. De igual
manera, la existencia de causales de procedibilidad desarrolladas en la
jurisprudencia constitucional genéricas y específicas permiten que el mecanismo
constitucional para la defensa de derechos fundamentales sea compatible con el
principio de seguridad jurídica y autonomía de las autoridades judiciales.
Configuración de un defecto sustantivo en providencias
judiciales que niegan la aplicación favorable de los beneficios consagrados en
la Ley 906 de 2004 para el allanamiento a cargos a personas condenadas mediante
sentencia anticipada prevista en la Ley 600 de 2000.
10.- En sentencia C-590 de 2005, esta Corporación
precisó que un defecto sustantivo o material como causal de procedibilidad de
la acción de tutela se presenta cuando se decide con base en normas
inexistentes o inconstitucionales[30] o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Igualmente, han sido reseñadas algunas situaciones que
configuran un defecto sustantivo vulneratorio de derechos fundamentales. De
esta forma, en virtud del fallo T- 061 de 2007 reiterado en providencia T- 244
de 2007, el defecto sustantivo se presenta, (i) cuando la decisión cuestionada
se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, es decir,
por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente
impertinente[31], o no se encuentra
vigente por haber sido derogada[32], o por haber sido
declarada inconstitucional[33], (ii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso
concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido
su alcance[34], (iii) cuando la
interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones
aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación
sistemática[35], (iv) cuando la norma
aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada[36],
o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es
constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque
a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los
expresamente señalados por el legislador[37].
Igualmente, según fue señalado en sentencias T-1123 de
2002 y T-1160 de 2003 reiteradas en fallo T- 015 de 2007, la ausencia de
aplicación de un principio constitucional vigente a una situación que debe
resolverse de conformidad con el mismo, permite la procedencia de la acción de
tutela en relación con el fallo judicial que presuntamente incurrió en defecto
sustancial.
11.- De conformidad con los criterios anteriormente
mencionados, una decisión judicial adoptada con base en una interpretación
contraria a preceptos constitucionales como el principio de favorabilidad penal
contemplado en el artículo 29 del Texto Fundamental, genera un defecto
sustantivo que permite la procedencia de la acción de tutela en orden a
proteger derechos fundamentales.
En este contexto, frente a la
interpretación del principio de favorabilidad en relación con el sistema de
procedimiento penal acusatorio, esta Corte ha destacado que aquél es aplicable
respecto de la Ley 906 de 2004 y por ende, sus preceptos deben ser aplicados a
hechos acaecidos antes de su vigencia, en distritos judiciales donde no ha entrado
en vigor como consecuencia de la progresividad en su implementación.
12.- Así pues, en virtud de la
jurisprudencia constitucional, se vulnera el derecho fundamental al debido
proceso y por tanto se configura un defecto sustantivo que permite la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en casos en los cuales las
autoridades judiciales competentes niegan la aplicación favorable de normas
contenidas en la Ley 906 de 2004 frente a procesos tramitados y decididos bajo
la vigencia de la Ley 600 de 2000[38].
El anterior criterio fue sostenido en
sentencias T-091 de 2006, T-797 de 2006, T-966 de 2006, T-1026 de 2006, T-015
de 2007, T-082 de 2007, T-232 de 2007, donde esta Corte se pronunció sobre las
implicaciones del principio de favorabilidad, en casos en los que personas
sancionadas penalmente solicitaban la aplicación de beneficios penales
consagrados en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 para la figura del allanamiento
o aceptación de cargos, a las condenas que les habían sido impuestas en
sentencias anticipadas según lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 600 de
2000.
De esta forma, en providencia T-941 de
2006, la Corte señaló[39]:
“… se configura un defecto sustancial
consistente en haber tomado la decisión con fundamento en una normatividad que
no era la aplicable al caso concreto. Así, el Juez de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad fundamentó su decisión en una providencia de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según la cual a los casos de
los condenados que se acogieron a sentencia anticipada en vigencia del artículo
40 de la Ley 600 no les es aplicable, en virtud del principio de favorabilidad,
la rebaja de pena establecida en el inciso 1º del artículo 351 de la Ley 906.
Así mismo lo resolvió el Tribunal accionado, al confirmar la sentencia del a
quo.
Esa interpretación que se hizo del
principio de favorabilidad es violatoria del artículo 29 inciso 3° de la
Constitución que prevé un concepto amplio de favorabilidad, sin restricciones
relativas a los condenados y sin ubicarlo en el estrecho margen de la norma
sustantiva favorable; aspectos que están superados en el ámbito normativo y
jurisprudencial, a partir de la amplia concepción constitucional y que fueron
interpretados por los accionados de manera negativa a los derechos
fundamentales de la actora”.
Posteriormente, en sentencia T-966 de 2006 la Corte
reiteró el fallo T-567 de 1998 en virtud del cual una providencia que vulnera
el principio de favorabilidad, “queda de inmediato revestida de un defecto
sustantivo de tal magnitud que origina una vía de hecho”.
En fallo T-015 de 2007, la Corte se
pronunció sobre un caso en el cual una persona condenada mediante fallo
anticipado proferido en el año 2002, solicitaba la aplicación por favorabilidad
de la rebaja penal prevista en la Ley 906 de 2004 para la figura de
allanamiento o aceptación de cargos. La pretensión del actor había sido
concedida y posteriormente negada por el Tribunal Superior competente, con el
argumento que las instituciones procesales fundamento de la pretensión del
peticionario –sentencia anticipada y allanamiento o aceptación de cargos- no
eran análogas y por ende, no era posible aplicar favorablemente los beneficios
jurídicos consagrados al peticionario. Allí se precisó:
“Por consiguiente y en armonía con lo que
ha sostenido la Corte en anteriores oportunidades, tratándose del tránsito
legislativo entre la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, las autoridades judiciales
pueden aplicar con carácter retroactivo la norma reciente y conferir beneficios
establecidos en la misma si resultan más favorables en el caso particular
frente a figuras jurídicas semejantes pero reguladas de manera distinta en las
leyes mencionadas[40].
“(…)
“En consecuencia, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Popayán infringió la Constitución Política, pues
desconoció que la sentencia anticipada y la aceptación de cargos son figuras
análogas ante las cuales procede aplicar el principio de favorabilidad. Por
este motivo, incurrió en una de las causales que hace procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, esto es, un defecto sustantivo por una
interpretación inconstitucional de la Ley 906 de 2004 e inaplicar el artículo
351 de dicha Ley a la situación del señor Bernardo Antonio David[41].
Igualmente, en providencia T- 082 de 2007 esta
Corporación indicó que se había vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso de un peticionario a quien le había sido negada la aplicación del
principio de favorabilidad constitucional, frente a la petición de
redosificación de la condena de prisión que le había sido impuesta en sentencia
anticipada. Sobre la configuración del defecto sustantivo en la providencia
judicial que había negado la aplicación del principio de favorabilidad al
accionante se afirmó:
“27.- Tal como fue reiterado en las
consideraciones de esta providencia, tratándose del tránsito legislativo entre
la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, las autoridades judiciales pueden
aplicar con carácter retroactivo la norma reciente y conferir beneficios
establecidos en la misma si resultan más favorables en el caso particular
frente a figuras jurídicas semejantes pero reguladas de manera distinta en las
leyes mencionadas.
“Como lo ha sostenido la jurisprudencia de
esta Corte las figuras de sentencia anticipada y allanamiento a cargos son
semejantes y por tanto, corresponde aplicar el descuento punitivo hasta de la
mitad de la pena previsto en el Art. 351 de la Ley 906 de 2004 en relación con
las condenas impuestas mediante sentencia anticipada.
“28.- Por consiguiente, la decisión del
Tribunal Superior es violatoria del debido proceso del accionante, por cuanto
desconoció la aplicación del principio de favorabilidad que permitía readecuar
la condena impuesta al señor Jorge Luís Peñuela Marín mediante sentencia
anticipada a la luz de los parámetros dispuestos en la ley para la figura del
allanamiento o aceptación de cargos. Por este motivo, incurrió en una causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por
violación directa de la Constitución, al inaplicar el artículo 29 de la Carta
en relación con el principio de favorabilidad.
13.- Ahora bien, el contenido del principio de
favorabilidad aplicable en situaciones como las que aquí se analizan ha sido
precisado por la Corte Constitucional en diferentes decisiones. Sobre este
particular, importa recordar algunos lineamientos que deben considerar los
jueces encargados de adoptar decisiones relacionadas con el principio de
favorabilidad en materia penal.
Estas directrices pueden sintetizarse de la siguiente
manera:
a.- El principio de favorabilidad penal constituye un
elemento fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29
constitucional e implica que en materia penal, la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable. Esta cláusula se encuentra incluida en tratados internacionales
de derechos humanos, a partir de los cuales en asuntos punitivos debe
preferirse la ley benigna frente a la desfavorable como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos[42] y la Convención
Americana de Derechos Humanos[43].
b.- El principio de favorabilidad penal es una
excepción al principio de irretroactividad de la ley penal. Lo anterior, por
cuanto en situaciones de tránsito legislativo, la autoridad judicial debe
evaluar los efectos de la ley en el caso y aplicar la norma que resulte más
benigna aún cuando la norma sea posterior a la conducta que es objeto de
juzgamiento[44].
c.- Dado que el Texto Constitucional regula toda
aplicación de la normatividad penal, el principio de favorabilidad opera frente
a normas procesales y de contenido sustancial[45].
d.- La Ley 906 de 2004 puede aplicarse de manera
favorable en relación con conductas que fueron juzgadas bajo la vigencia de la
Ley 600 de 2000. Así mismo, esta aplicación benéfica de la Ley 906 de 2004
puede presentarse en distritos judiciales donde la misma no ha entrado en
vigencia, lo cual es compatible con el principio de igualdad constitucional[46].
De esta manera, el principio de favorabilidad es
aplicable en relación con procesos concluidos y por ello, no es posible
restringir la aplicación de la cláusula constitucional frente a personas que ya
cuentan con sentencia condenatoria[47].
e.- Las autoridades judiciales en su labor de
interpretación deben establecer en el caso concreto cuál es la norma más
favorable a los intereses del procesado o sentenciado. En virtud de lo
anterior, el principio de favorabilidad atañe al examen de situaciones
concretas.
f.- El principio de favorabilidad se encuentra
supeditado a situaciones análogas reguladas de manera diferente en la normatividad.
Por tanto, en caso de evidenciarse la existencia de una norma más favorable en
el nuevo sistema relacionada con instituciones que guardan la misma identidad
debe aplicarse la norma más benéfica[48].
En virtud de este postulado y en relación con los
casos sometidos a estudio de la Sala, ha sido concluido que el principio de
favorabilidad en materia penal es aplicable en situaciones de terminación
anticipada del proceso que se encuentran reguladas de manera similar en la Ley
906 de 2004 y la Ley 600 de 2000. Es decir que dada la existencia de una
identidad de supuestos fácticos de las figuras de sentencia anticipada – Ley
600 de 2000- y allanamiento o aceptación de caros –Ley 906 de 2004- debe aplicarse
el principio de favorabilidad penal cuando la regulación de la nueva
legislación resulte más beneficiosa al procesado o condenado.
A la luz de las sentencias T-091 de 2006, T-1026 de
2006, T-941 de 2006 T-015 de 2007 y más recientemente T-232 de 2007, las
similitudes entre las figuras de terminación anticipada del proceso se
presentan en diferentes ámbitos, a saber: (i) la finalidad de las figuras
jurídicas es la misma, la cual consiste en mayor eficacia y eficiencia de la
administración de justicia; (ii) el trámite de las figuras es similar pues
ambas figuras están precedidas por una formulación de cargos contra el
procesado; (iii) en ambas situaciones existe control por parte del o la juez
que interviene apara verificar la protección de derechos fundamentales de la
persona que se acoge a la terminación anticipada; (iv) el fundamento
constitucional es la presunción de inocencia de la persona procesada; (v) ambas
instituciones se surten de conformidad con el principio de publicidad, (vi) en
la aplicación de las figuras de terminación anticipada las partes están
sometidas al principio de lealtad y buena fe; (vii) Ambas instituciones
conllevan una modalidad de confesión que implica la aceptación de
responsabilidad por parte del procesado; (viii) En el trámite de las
modalidades de terminación anticipada se demanda la asistencia de un defensor
de la persona que va a aceptar su responsabilidad.
14.- En conclusión, el principio de favorabilidad
penal forma parte del derecho fundamental al debido proceso consagrado en la
Constitución Política. Este principio representa una excepción al principio de
irretroactividad de la ley y permite que en situaciones de tránsito legislativo
la autoridad judicial aplica la norma más beneficiosa para la persona procesada
o condenada.
De la misma manera, el principio de favorabilidad es
aplicable frente a los preceptos establecidos en la Ley 906 de 2004 y prevalece
no obstante, la implementación gradual de esta normatividad. Por ello, si en un
caso específico, los efectos de la Ley 906 de 2004 resultan más favorables que
las consecuencias jurídicas de la Ley 600 de 2000 en instituciones jurídicas
análogas, procede la aplicación favorable de la ley posterior.
Igualmente, el principio de favorabilidad debe ser
aplicado frente a instituciones con referente en el anterior sistema de
enjuiciamiento penal. Por ello, dada la identidad de supuestos entre las
instituciones de terminación anticipada del proceso penal reguladas tanto en la
Ley 600 de 2000 como en la Ley 906 de 2004, corresponde a los jueces
competentes aplicar de manera favorable las rebajas de penas previstas para la
figura de aceptación o allanamiento a cargos a fallos condenatorios dictados
mediante sentencia anticipada. Lo anterior, por cuanto la ausencia de aplicación
del principio constitucional aun cuando el mismo es aplicable, constituye una
vulneración de derechos fundamentales y una causal de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo de la providencia
que omite aplicar el postulado constitucional.
Estudio sobre el cumplimiento de requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en los
casos objeto de revisión
15.- Los
accionantes instauraron diferentes acciones de tutela, por considerar que las
decisiones adoptadas en distintas instancias por las autoridades judiciales
demandadas –Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad o Tribunales
Superiores del Distrito Judicial, según el caso- de denegar la aplicación
favorable de la rebaja de pena prevista para la aceptación de cargos en el
artículo 351 de la Ley 906 de 2004 en relación con la ejecución de la condena
que les fue impuesta mediante sentencia anticipada regulada en el artículo 40
de la Ley 600 de 2000 vulneraron su derecho fundamental al debido proceso.
Así mismo, las decisiones de instancia en los trámites
de acción de tutela negaron el amparo constitucional solicitado por diversos
motivos, a saber: (i) la imposibilidad de homologar las figuras de sentencia
anticipada –Ley 600 de 2000 y allanamiento o aceptación de cargos –Ley 906 de
2004- con el fin de aplicar favorablemente los beneficios consagrados en ésta
última normatividad y (ii) la improcedencia de la acción de tutela contra las
providencias judiciales cuestionadas y contra las cuales podían ejercer los
recursos contemplados en la jurisdicción ordinaria.
16.- La Sala considera que en tres de los cuatro casos
objeto de estudio se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra sentencias judiciales.
16.1. En primer lugar, los casos bajo revisión tratan
cuestiones relevantes constitucionalmente, toda vez que se trata de la vigencia
del derecho fundamental al debido proceso, el cual conlleva la aplicación
favorable de la ley penal a las personas sujetas a la potestad punitiva del
Estado. Adicionalmente, la revisión de los casos permitirá evidenciar si las
autoridades demandadas mediante la acción de tutela han cumplido con el
precepto constitucional del artículo 5 del Texto Fundamental cuyo tenor señala “El Estado reconoce, sin discriminación
alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la
familia como institución básica de la sociedad”.
16.2. En los casos de los demandantes Henry Villarraga
Prieto (Expediente T-1517857), Esnel Urbano Viveros, José María Rodríguez,
Eleuterio Grueso Riascos (Expediente T-1519471) y Diana Said Manrique Aldana
(T-1532009), la Sala observa que fueron agotados los recursos judiciales
ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales. En efecto, en los
expedientes se encuentran las copias de las sentencias proferidas en primera y
segunda instancias, donde fueron resueltas las solicitudes de redosificación de
las condenas impuestas mediante sentencia anticipada, a fin de que las mismas
fueran rebajadas a la luz de lo dispuesto para la aceptación o allanamiento a
cargos de la Ley 906 de 2004.
No obstante, en el caso del señor Henry Villarraga
Prieto (Expediente T-1518676), el demandante no agotó el mecanismo ordinario de
defensa de sus derechos. Lo anterior, por cuanto si bien solicitó en reiteradas
oportunidades el beneficio penal de rebaja de pena previsto en la Ley 906 de
2004 ante el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad competente
para ejercer la vigilancia del cumplimiento de su condena, las cuales le fueron
resueltas de manera negativa, el peticionario omitió impugnar tales decisiones
es decir, presentar el recurso de reposición  ante el Juzgado de Ejecución
Penal correspondiente y apelación ante el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
presentada por Henry Villarraga Prieto, accionante en el proceso T-1518676,
contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar con citación oficiosa del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Valledupar, por no haber agotado los mecanismos
judiciales de defensa que tenían a su alcance contra las providencias
referidas.
16.3 En tercer término, esta Sala encuentra
que en los casos sometidos a estudio existe una relación de inmediatez entre
las providencias judiciales que se cuestionan y la solicitud de amparo
constitucional. En efecto, en el expediente T-1517857 se observa que la
providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que revocó la
aplicación favorable de la Ley 906 de 2004 fue proferida el 4 de abril de 2006
y la demanda de tutela se presentó el 20 de mayo siguiente; en el expediente
T-1519471, los actores acudieron a la acción de tutela 26 de agosto de 2006 y
cuestionaron la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
que había sido emitida el 10 de mayo de 2006; en el caso del expediente
T-1532009, la actora formuló acción de tutela 29 de junio de 2006 contra la
decisión del Tribunal de Ibagué de 8 de junio de 2006.
Así, los peticionarios acudieron a la
jurisdicción constitucional dentro de los 6 meses siguientes a la adopción de
las decisiones cuestionadas. En consecuencia, la Sala considera que las
acciones de tutela se presentaron dentro de un plazo razonable y por ende, es
procedente la tutela como mecanismo para proteger los derechos de los
accionantes.
16.4- Finalmente en todos los casos los
hechos fueron claramente identificados y no se trata de providencias dictadas
con ocasión de acciones de tutela presentadas con anterioridad.
Análisis de los casos concretos
17.- Ahora bien, corresponde a esta Sala determinar si
en los casos objeto de revisión se configuró la violación del derecho al debido
proceso de las y los peticionarios por falta de aplicación de la cláusula de
favorabilidad penal y por ende, se configuró un defecto sustantivo en las
providencias donde se negó otorgar de manera favorable la rebaja de pena del artículo
351 de la Ley 906 de 2004 para la figura de aceptación o allanamiento a cargos
a sentencias anticipadas dictadas a la luz de la Ley 600 de 2000, que permita
la procedencia de la acción de tutela contra las decisiones cuestionadas.
Expediente T-1517857
18.- En el expediente se encuentra
demostrado que el señor Henry Villarraga Prieto fue condenado mediante
sentencia anticipada de 28 de abril de 2004 a pena de 5 años, 5 meses y 14 días
de prisión por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,
(i) que en Auto Interlocutorio No. 1345 de 19 de diciembre de 2005, la Juez
Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira redosificó la
pena impuesta y la fijó en cincuenta y siete (57) meses y nueve (9) días y
aplicó a la pena del peticionario la rebaja contemplada en el artículo 351 de
la Ley 906 de 2004; (ii) que la decisión adoptada por la Juez de Ejecución de
Penas fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga en
providencia de cuatro (4) de abril de 2006.
19.- A la luz de las consideraciones de
este fallo, la Sala considera que la decisión adoptada por el Tribunal Suprior
del Distrito Judicial de Buga vulneró el derecho al debido proceso del actor,
por la falta de aplicación del principio de favorabilidad al que tenía derecho
el condenado. Por tanto, en la providencia aludida se configuró un defecto
sustantivo que permite la procedencia de la acción de tutela contra la decisión
dictada por el Tribunal Superior de Buga.
En efecto, los argumentos esgrimidos por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga acerca de la imposibilidad de
conceder de manera favorable vulneraron el derecho del señor Henry Villarraga
al debido proceso, ya que esta Corporación ha establecido (i) que la aplicación
favorable de los beneficios establecidos en la Ley 906 de 2004 para la figura
de allanamiento o aceptación de cargos es posible frente a sentencias
condenatorias dictadas de manera anticipada pues son figuras análogas en
relación con las cuales opera el principio de favorabilidad y (ii) que los
beneficios penales de la Ley 906 de 2004 pueden ser aplicados en relación con
procesos terminados a los cuales  no les fue aplicado el aumento de penas
contemplado en la Ley 890 de 2004[49].
20.- Así las cosas, el fallo único de instancia
proferido el 6 de junio de 2006 por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, donde se negó el amparo constitucional solicitado por el
señor Henry Villarraga Prieto mediante acción de tutela será revocado y en su
lugar, se concederá el amparo del derecho al debido proceso del accionante.
En consecuencia, el numeral primero (1°) de la
providencia de 4 de abril de 2006 dictada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Buga que negó la aplicación favorable de la rebaja de pena
solicitada por el peticionario se dejará sin efecto. Así mismo será confirmado
el numeral primero (1°) del auto interlocutorio No. 1345 de 2005 proferido por
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, en
virtud del cual se redosificó la pena impuesta al señor Henry Villarraga Prieto
y fijó la misma en cincuenta y siete (57) meses y nueve (9) días de prisión.
Expediente T-1518676
21.- El señor Daniel Vicente Rodríguez
Silva presentó acción de tutela el 28 de agosto de 2006 contra el Juzgado
Primero (1°) de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, con
fundamento en que tal despacho negó la aplicación favorable de la rebaja de
pena contemplada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a la condena que le
fue impuesta mediante sentencia anticipada en el año 2004.
22.- Tal como fue señalado en el numeral
15.2 de las consideraciones precedentes en el expediente objeto de examen no se
observa que el peticionario impugnó la decisión adoptada por el Juzgado de
Ejecución Penal. Es decir, no agotó el recurso judicial ordinario previsto en
la legislación contra la decisión adversa a sus pretensiones. Por tanto, no se
cumplió el requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales en relación con la necesidad de presentar recursos
judiciales ordinarios contra la decisión judicial presuntamente violatoria de
los derechos fundamentales[50].
23.- Adicionalmente, de acuerdo con las circunstancias
del caso no existen circunstancias excepcionales que permitan exonerar al
peticionario de la carga de impugnar mediante la vía ordinaria la decisión
emitida por el Juzgado de Ejecución Penal correspondiente. Es así como, (i) el
accionante no se encuentra en una situación de absoluta imposibilidad de
presentar recursos contra las providencias dictadas por el Juzgado Penal de
Ejecución en relación con el control que el mismo ejerce sobre el cumplimiento
de condenas[51], (ii) no se observa la
vulneración de derechos de niñas y niños como consecuencia de no conceder el
amparo constitucional deprecado por el actor[52], (iii) no es
posible concluir que el recurso de apelación ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Valledupar que eventualmente podría interponer el
accionante carece de idoneidad o eficacia para amparar los derechos cuya
protección es solicitada[53]. En este orden, la Sala
no puede señalar que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar
se pronunciará de manera contraria al reconocimiento de los beneficios penales
que pretende el actor en virtud del principio de favorabilidad y por tanto, se
esté ante una amenaza de otros derechos constitucionales como la igualdad o el
acceso a la administración de justicia que deba ser acaparada en esta
oportunidad.
24.- En consecuencia, la Corte confirmará
por los motivos expuestos el fallo de segunda instancia dictado por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de la acción de
tutela.
Expediente T-1519471
25.- La señora Diana Said Manrique Aldana, por
intermedio de apoderada, presentó acción de tutela contra el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué, ya que tales despachos negaron la aplicación
favorable del beneficio de redosificación penal que prevé la Ley 906 de 2004
para la figura de allanamiento o aceptación de cargos frente a la condena que
le fue impuesta mediante sentencia anticipada en el año 2004.
26.- En el caso objeto de examen, la Sala estima que
las decisiones cuestionadas por el peticionario conllevan un defecto sustantivo
que permite la procedibilidad de la acción de tutela contra los fallos
judiciales cuestionados. En efecto, tanto el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad como el Tribunal Superior del Distrito Judicial competente
omitieron aplicar el principio de favorabilidad penal solicitado por la
accionante, aún cuando se evidenciaban los factores que conducían a su vigencia
con respecto a la señora Diana Said Manrique Aldana.
27.- En efecto, tal como fue señalado en el fundamento
12 de las consideraciones precedentes y en armonía con la jurisprudencia
constitucional, dada la finalidad y otras características procesales, la terminación
anticipada del proceso penal mediante el allanamiento o aceptación de cargos
que realiza el procesado al amparo de la Ley 906 de 2004 es referente de la
figura de sentencia anticipada que regula la Ley 600 de 2000 en el artículo 40.
En consecuencia, ha sido afirmado por esta Corte que de acuerdo con el análisis
de las circunstancias del caso, es posible aplicar de manera favorable los
beneficios penales del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a las condenas
anticipadas del anterior sistema de enjuiciamiento.
28.- En virtud de lo anterior, la Sala revocará el
fallo único de instancia dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia y en su lugar, concederá la protección de los derechos
fundamentales de la peticionaria Diana Said Manrique Aldana.
Por consiguiente, dejará sin efectos el numeral
segundo (2°) del Auto proferido el 21 de noviembre de 2005 por el Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, donde se negó
la rebaja de pena prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 así como la
decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué que confirmó la negativa de aplicación del principio de
favorabilidad. Finalmente, ordenará al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Ibagué, que dicte nuevamente una providencia en la cual
decida sobre la petición de favorabilidad penal de la accionante, con sujeción
a las consideraciones de esta sentencia.
Expediente T-1532009
29.- Los señores Esnel Urbano Viveros, José María
Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso Riascos instauraron acción de tutela, por
considerar que la decisión del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Buga, así como por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Buga de negar la aplicación favorable del beneficio de rebaja de pena
consagrado para la aceptación de cargos en el artículo 351 de la Ley 906 de
2004 en relación con la condena que les fue impuesta mediante sentencia
anticipada, regulada en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, violó su derecho
fundamental al debido proceso y su derecho a la igualdad en la aplicación de la
ley.
30.- Esta Sala considera que las decisiones adoptadas
frente a la solicitud de favorabilidad de los tres accionantes configura un
defecto sustantivo que permite la procedencia de la acción de tutela contra
tales decisiones. Dicho defecto es resultado de la ausencia de aplicación del
principio de favorabilidad en relación con la redosificación de la pena que les
fue impuesta mediante fallo anticipado de febrero de 2005.
31.- Ahora bien, frente a los argumentos expuestos por
los despachos judiciales demandados esta Sala debe precisar lo siguiente.
En primer término, tal como fue expresado en el
numeral 12 de este fallo, el principio de favorabilidad se encuentra vigente
con respecto a la Ley 906 de 2004 y su aplicación no puede ser negada, pues se
vulneraría el derecho a la igualdad de las personas. Adicionalmente, la
aplicación favorable de normas se presenta tanto frente a personas procesadas
como condenadas. Por ende, el principio de favorabilidad debe aplicarse a
situaciones tramitadas y decididas bajo la Ley 600 de 2000 como frente a las
que fueron iniciadas a partir de la vigencia de la Ley 906 de 2004.
En segundo lugar, importa recordar que la aplicación
favorable de la rebaja penal establecida para el allanamiento o aceptación de
cargos en la Ley 906 de 2004 no se encuentra restringida por aspectos como el
aumento de penas contemplado en la Ley 860 de 2004. Lo anterior, por cuanto, la
finalidad de la figura de terminación anticipada es buscar la eficacia y
eficiencia de la administración de justicia y por tanto, una vez se cumple este
propósito y se termina el proceso corresponde la aplicación del beneficio
penal.
En tercer término, como fue reiterado en el numeral 12
de esta sentencia, la aceptación o allanamiento a cargos y la sentencia
anticipada son instituciones jurídicas análogas dentro de los sistemas de
enjuiciamiento penal mixto con tendencia acusatoria regulado por la Ley 600 de
2000 y acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004. Por este motivo, la
favorabilidad penal procede frente a tales figuras.
Finalmente, el principio de favorabilidad implica que
la ley permisiva se aplicará de manera favorable a la restrictiva o
desfavorable. En este orden, ante dos regulaciones aplicables al caso, la
autoridad judicial debe aplicar la más benévola. Por ello, el argumento en
virtud del cual la gravedad de la conducta punible impide aplicar el principio
de favorabilidad no obstante la existencia de la norma más beneficiosa no es
admisible como justificación para desconocer el derecho fundamental de las
personas.
32.- En consecuencia, se concederá el
amparo constitucional solicitado por los señores Esnel Urbano Viveros, José
María Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso Riascos y se revocará el fallo de
segunda instancia dictado dentro del trámite de acción de tutela por la Corte
Suprema de Justicia. Igualmente, dado que tanto el Juzgado de Ejecución de Penas
como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga negaron la
redosificación de la condena y que el juicio de favorabilidad debe efectuarse
en concreto por el juez competente, la Sala ordenará al Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga dictar una nueva providencia
en la cual realice la redosificación penal, con sujeción a las consideraciones
de esta sentencia.
33.- Así las cosas, dado que la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas proferirá diferentes decisiones en relación con cada uno de
los cuatro casos acumulados, el acápite resolutivo de esta providencia se
plasmará de la siguiente manera:
33.1.- En relación con el expediente T-1518676
correspondiente a la acción de tutela instaurada por el señor Daniel Vicente
Rodríguez Silva, la Corte confirmará el fallo de segunda instancia dictado por
la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, el 14 de diciembre de
2006, en el cual se negó la protección constitucional del derecho al debido
proceso del peticionario. Lo anterior, por cuanto tal como fue señalado en el
análisis del caso concreto, no se cumplió el requisito de procedibilidad
general de la acción de tutela contra providencias judiciales consistente en
agotar los mecanismos previstos en la jurisdicción ordinaria para controvertir
la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar.
33.2. Por otra parte, la Sala revocará los fallos
dictados por la Corte Suprema de Justicia en las acciones de tutela correspondientes
a los expedientes T- 1517857, T-1519471 y T-1532009, donde fue negado el amparo
constitucional del derecho al debido proceso de los demandantes. En su lugar,
se concederá la protección constitucional invocada dado que de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional reiterada en esta sentencia la rebaja de pena favorable del
artículo 351 de la ley 906 de 2004 procede frente a sentencias anticipadas
dictadas bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000.
Ahora bien, con el fin de hacer efectiva la protección
del derecho constitucional al debido proceso y en particular la aplicación del
principio de favorabilidad penal, la Sala adoptará dos clases de órdenes, a
saber: (i) En el caso T- 1517857, donde el Juzgado de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad concedió la aplicación del principio de favorabilidad y
luego el Tribunal revocó la rebaja penal, la Sala dejará sin efectos la
decisión del Tribunal concerniente a la no aplicación del principio de
favorabilidad y en su lugar, confirmará la decisión del Juzgado de Ejecución de
Penas que ordenó la rebaja de pena por virtud del principio de favorabilidad.
(ii) Por el contrario, en los procesos T-1519471 y T-1532009 en los que tanto
el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad como el Tribunal
Superior negaron la aplicación del principio de favorabilidad, se dejarán sin
efecto las decisiones relacionadas con la aplicación del principio de
favorabilidad y se ordenará que el Juzgado de Ejecución de Penas
correspondiente emita una nueva providencia que se ajuste a las consideraciones
de esta sentencia en relación con la aplicabilidad del principio de
favorabilidad penal.
Finalmente, importa destacar que en las dos clases de
órdenes aludidas en el párrafo anterior, se dejarán en firme las decisiones
judiciales que se encuentran relacionadas con aspectos ajenos a la aplicación
del principio de favorabilidad en las providencias judiciales como el caso de
las solicitudes de libertad condicional y prisión domiciliaria.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal el seis (6) de junio de 2006, dentro del trámite del
expediente T-1517857, por la cual negó la tutela promovida por Henry Villarraga
Prieto contra la Sala Segunda de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga y en su lugar, CONCEDER la tutela de su
derecho fundamental al debido proceso.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO, el numeral primero (1°) de la providencia de 4 de
abril de 2006 dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga,
que negó la aplicación favorable de la rebaja de penas prevista en la Ley 906
de 2004 al señor Henry Villarraga Prieto, accionante en el expediente
T-1517857.
En consecuencia, DEJAR EN FIRME el numeral
primero (1°) del auto interlocutorio No. 1345 de 2005 proferido por el Juzgado
Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, que obra en el
expediente T-1517857, en virtud del cual se redosificó la pena impuesta al
señor Henry Villarraga Prieto y fijó la misma en cincuenta y siete (57) meses y
nueve (9) días de prisión.
TERCERO.- CONFIRMAR por los motivos expuestos en esta providencia, la
sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal el
catorce (14) de diciembre de 2006, dentro del trámite del expediente T-1518676,
por la cual negó la tutela promovida por Daniel Vicente Rodríguez Silva contra
el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar,
con citación oficiosa del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Valledupar.
CUARTO.- REVOCAR la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Penal el diez (10) de octubre de 2006, dentro del trámite del
expediente T- 1519471, por la cual negó la tutela promovida por Diana Said
Manrique Aldana contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Ibagué y en su lugar, CONCEDER la tutela de su derecho fundamental al
debido proceso.
QUINTO.- DEJAR SIN EFECTO, el numeral segundo (2°) del auto de 21 de noviembre
de 2005 dictado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Ibagué que obra en el expediente T-1519471 y negó la aplicación
del principio de favorabilidad penal a la condena impuesta a la señora Diana Said
Manrique Aldana e igualmente, la providencia de ocho (8) de junio de 2006
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué sobre la inaplicación del principio de favorabilidad penal a la condena
de la peticionaria.
En consecuencia, ORDENAR al Juzgado
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, que en el
término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de este
fallo, proceda a resolver la solicitud de redosificación punitiva formulada por
la señora Diana Said Manrique Aldana peticionaria en el proceso T-1519471, de
conformidad con las normas aplicables en virtud del principio de favorabilidad,
según las consideraciones de esta sentencia.
SEXTO.- REVOCAR la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil el veintisiete (27) de noviembre de 2006, dentro el
trámite del expediente T-1532009, por la cual negó la tutela promovida por
Esnel Urbano Viveros, José María Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso Riascos
contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga
y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
y en su lugar, CONCEDER la tutela del derecho fundamental de los
peticionarios al debido proceso.
SÉPTIMO.- DEJAR SIN EFECTO, el auto interlocutorio No. 00127 de seis (6) de
febrero de 2006 dictado por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Buga e igualmente, la providencia de diez (10) de mayo de 2006
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga, que obran en el expediente T-1532009, en las cuales fue negada la
aplicación favorable de la rebaja de penas prevista en la Ley 906 de 2004 a los
señores Esnel Urbano Viveros, José María Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso
Riascos.
En consecuencia, ORDENAR al Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Buga, que en el término de cinco
(5) días hábiles contados a partir de la notificación de este fallo, proceda a
resolver la solicitud de redosificación punitiva formulada por los señores Esnel
Urbano Viveros, José María Rodríguez Valencia y Eleuterio Grueso Riascos,
accionantes en el proceso T-1532009, de conformidad con las normas aplicables
en virtud del principio de favorabilidad, según las consideraciones de esta
sentencia.
OCTAVO.-  LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 44.097 del 24 de
julio de 2000
[2] Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 45.658,
de 1° de septiembre de 2004.
[3] Folio 17, cuaderno
principal expediente T- 1517857
[4] Folio 47, segundo
cuaderno expediente T-1517857
[5] Ver copia de notificaciones en
folios 131 a 133, cuaderno principal expediente T-1519471
[6] Ver folio 31,
tercer cuaderno del expediente T-1532009
[7] Folio 61, cuaderno
principal expediente T-1532009
[8] Ibídem
[9] Ver folio 99,
cuaderno principal, expediente T-1532009
[10] Cfr. folio
100, ibídem
[11] Folio 87, ibídem
[12] Folio 38, cuaderno
principal expediente T- 1517857
[13] Cfr. folio
31, cuaderno principal expediente T-1518676.
[14] Cfr. folio
11, segundo cuaderno expediente T-1518676
[15] Ver folio 215,
cuaderno principal expediente T-1519471
[16] Folio 217, cuaderno
principal, ibídem.
[17] Cfr. Folio
269, cuaderno principal expediente T-1519471
[18] Folio 109, segundo
cuaderno, expediente T-1532009
[19] Ver folio 19,
segundo cuaderno expediente T-1532009
[20] En sentencia C-543
de 1992 la Corte Constitucional afirmó que “de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para particulares y también para el Estado”.
[21] El artículo 93 señala “Los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el
orden interno.
“Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia.
“(…)”.
[22] Cfr.
sentencia C-590 de 2005.
[23] Aprobado mediante
Ley 74 de 1968
[24] Aprobado mediante
Ley 16 de 1972
[25] En jurisprudencia
constitucional inicial estableció que la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para restablecer derechos fundamentales conculcados mediante una decisión
judicial cuando se presentaba una “vía de hecho”. No obstante, esta
denominación fue sustituida por el concepto de causales de procedibilidad de la
acción de tutela, según fue ratificado en la sentencia C-590 de 2005.
[26] Sentencia T-698 de
2004.
[27] Esta clasificación
se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003, reiterada en las
sentencias     T-461 de 2003, T-589 de 2003, T-606 de 2004, T-698 de 2004,
T-068 de 2005, T-690 de 2005.
[28] Ver sentencia
SU-014 de 2001.
[29] Al respecto pueden
consultarse las sentencias SU-1184 de 200, T-522 de 2001 y T-1265 de 2000.
[30] [Cita del aparte
transcrito] Sentencia T-522/01
[31] Sentencias
T-008 de 1998 y T-189 de 2005.
[32] Ver sentencia T-205 de
2004.
[33] Al respecto, consultar
sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001.
[34] Esta Corporación,
mediante la sentencia T-1244 de 2004 manifestó que la autoridad judicial (juez
laboral) había incurrido en una causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales por defecto sustantivo, al negar la indexación
de la primera mesada pensional, al argumentar que la norma aplicable no lo
permitía, a pesar de que la interpretación que había hecho la Corte
Constitucional en varias sentencias de constitucionalidad señalaban el sentido
de la norma y la obligación de indexar. Ver también, sentencia T-462 de 2003.
[35] Consultar sentencias
T-694 de 2000 y T-807 de 2004.
[36] Corte constitucional, Sentencia T-056 de 2005.
[37] Sentencia SU-159 de
2002.
[38]En sentencia T-356
de 2007, la Corte reiteró el criterio mencionado. Adicionalmente, estudió la
posibilidad de aplicar el principio de favorabilidad para los casos de personas
condenadas que se hubiesen sometido al instituto de la sentencia anticipada
durante la vigencia del decreto 2700 de 1991, modificado por la Ley 81 de 1993.
[39]En el asunto estudiado por la Corte, la accionante instauró acción de tutela
contra las providencias proferidas por el Juzgado Décimo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá y contra la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá, donde le fue negada la redosificación punitiva de su condena,
solicitada con fundamento en lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 351 de
la Ley 906 de 2004, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política.
[40] Sobre
la aplicación del principio de favorabilidad en el caso concreto, en sentencia
T-1026 de 2006, la Corte Constitucional sostuvo: “4.4 En resumen, habrá lugar a la aplicación de las
disposiciones de la Ley 906 de 2004 a delitos juzgados al amparo de la Ley 600
de 2000, cuando (i) el efecto de las mismas sea más favorable al imputado o
condenado, y (ii) no se trate de instituciones procesales o características del
nuevo sistema procesal sin referente en el anterior. Estos requisitos deben ser
verificados por el juez en cada caso, sujetándose a los imperativos normativos
pertinentes y a los precedentes jurisprudenciales que rigen el asunto”.
[41] [Cita del aparte transcrito] En un caso similar, en
sentencia T-1112 de 2005 la Corte Constitucional estimó que la decisión
adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva de revocar la
redosificación penal otorgada por un juez de ejecución con fundamento en el
principio de favorabilidad, era violatoria de derechos fundamentales y permitía
la procedibilidad de la acción de tutela. En su fallo afirmó “ (…) el Auto de mayo 10 de 2005 del
Tribunal Superior accionado, que revocó la mencionada redosificación de la pena
al actor, incurrió en una de las causales que hace procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, esto es, vía de hecho por defecto
sustantivo, al emplear interpretaciones inconstitucionales de la Ley 906 de
2004, e inaplicar las disposiciones que dada la favorabilidad eran pertinentes
a las pretensiones del señor Cruz Vergara, desbordando así el principio de
autonomía judicial en detrimento de los derechos fundamentales del afectado”.
[42] Aprobado mediante
Ley 74 de 1968 artículo
15-1 que
“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del
delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.
[43] Aprobada mediante Ley 16 de 1972. El artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos señala “Principio de legalidad y
de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco
puede imponerse pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión
del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
[44] Cfr. sentencias C-619 de
2001, C-200 de 2002, T-015 de 2007
[45] Sentencia C-252 de
2001, C-922 de 2001, C-200 de 2002, C-207 de 2003, C-272 de 2005, T-291 de
2006.
[46] Ver sentencias
C-592 de 2005 y T-1211 de 2005
[47] Ver sentencia T-091 de
2006
[48] Consultar sentencias
T-091 de 2006, T-015 de 2007
[49] Cfr.
sentencia T-091 de 2006
[50] Ver sentencias T-1026
de 2006 y T-441 de 2003. En esta última fue afirmado: “La Corte
Constitucional ha señalado que, en punto a la tutela contra sentencias
judiciales, es menester que la persona haya utilizado los medios de defensa
dispuestos en los respectivos regímenes procedimentales, pues de lo contrario la
tutela se tornaría en un instrumento dirigido a subsanar errores y yerros
imputables a las partes en el proceso y no, como corresponde, a controlar la
conformidad de decisiones judiciales con la Constitución”.
[51] Este criterio fue
expuesto en fallo T-441 de 2003
[52] Cfr. sentencia T- 329 de 1996, donde
la Corte establece como regla que la tutela resulta procedente, a pesar de no
agotar los medios ordinarios de defensa, cuando derechos fundamentales de las
menores (en aquél caso la filiación) son desconocidos por la decisión judicial.
[53] Este aspecto puede estudiarse en sentencia T-232 de
2007, donde la Corte revisó un caso en el cual a la persona le había sido
negada la aplicación favorable del artículo 351 de la Ley 906 de 2004 por el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Popayán correspondiente y presentó
acción de tutela sin agotar previamente el recurso de apelación ante el
Tribunal Superior del Distrito. Sobre la procedencia de la acción de tutela aún
cuando no se observaba el agotamiento del mecanismo ordinario esta Corporación
afirmó:
“22.
Tal como se señaló en el fundamento No. 9 de esta sentencia, en eventos como el
presente, en que el orden jurídico ofrece  otro medio judicial para la defensa
de los derechos fundamentales que el demandante  considera  vulnerados,
corresponde al juez de tutela analizar si el mismo presenta la idoneidad y eficacia
para la plena protección de los derechos fundamentales. El grado de eficacia
del medio alterno debe apreciarse, en atención a las circunstancias en que se
encuentre el solicitante y a los derechos fundamentales involucrados.
“En
efecto, tal como lo señalaron los jueces constitucionales de primera y segunda
instancia, el demandante contaba con otro medio judicial de defensa para la
protección de su derecho a la libertad y a la aplicación de la ley más
favorable, consistente en la impugnación, ante el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Popayán,  de las decisiones del Juez Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de esa ciudad que le habían negado el beneficio
solicitado. No obstante tal mecanismo alterno de defensa no fue analizado en su
grado de eficacia concreta como lo exige  la jurisprudencia. Para la Sala, la
apelación de las señaladas decisiones puede considerarse en abstracto, un medio
idóneo para la defensa de los derechos fundamentales que se consideran
conculcados.  Sin embargo, atendidas las circunstancias particulares del
actor, y la naturaleza de los derechos que se invocan a través de la acción de
tutela, advierte la Sala que tal mecanismo ordinario se presenta como ineficaz
e insuficiente.
“Es
ineficaz en concreto, por cuanto como se puede constatar a través de piezas que
forman parte del expediente el accionante se encuentra privado de la libertad
en la jurisdicción del Distrito Judicial de Popayán, cuya máxima autoridad (El
Tribunal Superior de Distrito) y quien debería resolver la impugnación contra
la decisión que le negó el beneficio, se ha declarado contrario a la aplicación
del principio de favorabilidad  en casos similares[53]. Lo que permite inferir
una alta probabilidad de que ante una impugnación en sede ordinaria se aplique
el criterio ya expresado por esa Corporación al definir la acción de tutela,
oportunidad en la que se pronunció sobre el fondo del asunto, pese a haber
argumentado una causal de improcedencia de la acción de tutela consistente en
la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa como era la impugnación del
auto, recurso que esa misma instancia debería resolver”.