T-757-15
Sentencia T-757/15
ACCION DE TUTELA PARA PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre requisitos de procedencia
excepcional
La
Corte ha sostenido que la tutela puede ser interpuesta para reclamar
prestaciones sociales, si se verifican unos supuestos como, (i) que la tutela
sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de
reconocimiento de una prestación social vulnere algún derecho fundamental como
la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del reconocimiento
se origine en actuaciones que por su contradicción con los preceptos legales y
constitucionales desvirtúen la presunción de legalidad de las actuaciones de la
administración pública o sea evidentemente arbitraria en caso de que sea un
particular quien preste este servicio público.
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD SOCIAL-Naturaleza prestacional
La Corte, en variada jurisprudencia, se ha pronunciado
sobre este principio manifestando que este genera una limitación para el
legislador de establecer medidas que vayan en retroceso de los avances que se
hayan logrado a favor de los asociados y, en consecuencia, desarrolló la
doctrina de la “inconstitucionalidad
prima facie” de las medidas regresivas, según la cual toda medida
regresiva se presumirá desde su inicio como inconstitucional y le corresponderá
al legislador argumentar que la medida es proporcionada y se ajusta a la
Constitución.
SUSTITUCION PENSIONAL Y PENSION DE SOBREVIVIENTES-Naturaleza, finalidad y principios constitucionales
Tratándose
de la sustitución pensional, lo que pretende es sustituir, en este caso, el
derecho financiero que otro ha adquirido, fenómeno que se puede llevar a cabo
siempre y cuando el titular del mismo haya fallecido. Lo anterior, con la
intención de que el apoyo monetario recaiga en quienes dependían económicamente
del causante. En ese sentido, la sustitución pensional pretende evitar que las
personas que financieramente mantenían una dependencia con el pensionado,
queden sin un ingreso que les permita su congrua subsistencia, de manera
intempestiva, ante la eventualidad sobrevenida por el deceso. Se trata de una
prestación económica cuya finalidad se asimila a la de la pensión de
sobrevivientes, salvo que, en esta última no se ha consolidado el derecho
pensional en favor del afiliado sino que se encuentra laborando y cotizando al
SGSS y fallece, por lo que en este supuesto se torna necesario cumplir un
número mínimo de aportes para que puedan acudir sus familiares a solicitar el
reconocimiento.
SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos que
debe acreditar el hijo en situación de discapacidad para ser beneficiario
Concretamente, en el caso de los hijos en situación de
discapacidad, la reiterada jurisprudencia constitucional ha señalado que para poder obtener el
reconocimiento de la sustitución pensional es necesario que aquellos acrediten
los siguientes requisitos: (i) el parentesco; (ii) el estado de invalidez del solicitante; y, (iii) la dependencia económica respecto del
causante. En este sentido, esta Corporación ha sostenido que las
citadas condiciones deben mantenerse en el tiempo para asegurar la continuidad
en el pago de tal prestación, de tal manera que si éstas desaparecen, se
extinguirá el derecho a la sustitución pensional.
CONCEPTO DE DEPENDENCIA ECONOMICA ESTABLECIDO POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA C-111/06 A EFECTOS DE ACCEDER A LA PENSION DE
SOBREVIVIENTES
ASIGNACION MENSUAL DE RETIRO PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA
COMO DERECHO DE NATURALEZA PENSIONAL
Se trata de una prestación de carácter económico a
favor de los oficiales, suboficiales y soldados profesionales que adquirieron
ese derecho por haber prestado sus servicios al país durante un prolongado
lapso de actividad militar bajo las condiciones consagradas en las normas que
fijan el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública. Este Tribunal la ha definido como “una modalidad de prestación
social que se asimila a la pensión de vejez y que goza de cierto grado de
especialidad (en requisitos), atendiendo a la naturaleza especial del servicio
y las funciones que cumplen los servidores públicos a quienes se les
reconoce”.
PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos para
obtener reconocimiento y pago
PENSION DE INVALIDEZ-Reglas establecidas
por la Corte Constitucional para determinar la fecha de estructuración de la
invalidez en los casos de enfermedad degenerativa, crónica o congénita
Esta
Corporación ha establecido que, para efectos del reconocimiento de la pensión
de invalidez, las entidades administradoras de pensiones deberán tener en
cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de
la misma, las cuales se asumen efectuadas en ejercicio de una capacidad laboral residual que, sin ánimo de defraudar el sistema, le permitió seguir
trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva y
funcional de forma permanente y definitiva. Lo anterior, como garantía efectiva
del derecho fundamental a la seguridad social de sujetos en situación de
debilidad manifiesta y como una medida tendiente a evitar que se genere
enriquecimiento sin justa causa por parte de los fondos de pensiones.
PENSION DE VEJEZ Y REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN LA LEY 100/93-Reiteración de
jurisprudencia
El régimen de transición prevé como beneficio
para acceder a la pensión de vejez, que la edad, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la misma,
sea la establecida en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado el
trabajador. Para tal efecto, el legislador precisó que el régimen de transición
va dirigido a tres categorías de trabajadores: Mujeres con treinta y cinco (35)
o más años de edad, a 1° de abril de 1994. Hombres con cuarenta (40) o más años
de edad, a 1° de abril de 1994. Hombres y mujeres que, independientemente de la
edad, acrediten quince (15) años o más de servicios cotizados, a 1° de abril de
1994.
DERECHO A LA SUSTITUCION
PENSIONAL DE HIJO EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden
a la UGPP reconocer y pagar sustitución de la pensión gracia a favor de hija en
situación de discapacidad
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Improcedencia
por no cumplir con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los tres
años anteriores a la fecha de calificación
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Orden a fondo
de pensiones actualizar la historia laboral del accionante, integrando todos
los periodos de cotizaciones realizados al Sistema General de Pensiones
Referencia: Expedientes
acumulados  T-5.002.936, T-5.077.878, T-5.091.118, T-5.091.263, T-5.097.794,
T-5.098.745 y T-5.100.138
Demandante: Eliana Cerón Garzón
como curadora de Amanda Lucía Cerón Garzón, Claudio Franco Cortés como agente
oficioso de Humberto Franco Cortés, Judy Alexandra Duque Achury, Emma Díaz
Parada, Alfredo López Varona, María Edith Duque Galindo como curadora de Luz
Mery Duque Galindo y Olga María Santos Sanabria como curadora de Edgar Sanabria
Santos
Demandado: Unidad Especial de
Gestión Pensional y Parafiscales, Protección, Porvenir, Colpensiones, Junta de
Calificación de Invalidez del Quindío y Empresas Públicas de Armenia y
Ministerio de la Defensa Nacional
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C, once (11) de diciembre de dos mil quince
(2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y
Jorge Iván Palacio Palacio, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos (i) el
26 de marzo de 2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto,
Sala de Decisión Civil-Familia que, a su vez, revocó el del 16 de febrero de
2015, dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto en el trámite
iniciado por Eliana Cerón Garzón como curadora de Amanda Lucía Cerón Garzón
contra la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales, (ii) el 16 de
junio de 2015 por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá que, a
su vez, confirmó el del 17 de abril de 2015 emitido por el Juzgado Segundo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá en el trámite iniciado por
Claudio Franco Cortés como agente oficioso de Humberto Franco Cortés contra
Protección, (iii) el 31 de julio de 2015 por el Juzgado Once Penal del Circuito
con Función de Conocimiento de Bogotá que, a su vez, revocó el proveído del 22
de junio de 2015 por el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de la misma ciudad, en el trámite iniciado por Judy
Alexandra Duque Achury contra Porvenir, (iv) el 16 de julio de 2015 por el
Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito Piloto en Oralidad de Bogotá en el
trámite iniciado por Emma Díaz Parada contra Colpensiones, (v) el 24 de junio
de 2015 por el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, que a su
vez confirmó el dictado el 8 de mayo de 2015 por el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Pereira en el trámite iniciado por Alfredo López Varona contra
Colpensiones, (vi) el 26 de junio de 2015 dictado por el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Armenia que a su vez, revocó el del 15 de mayo de 2015 emitido
por el Juzgado Séptimo Civil Municipal Piloto en Oralidad de Armenia, en el
trámite iniciado por María Edith Duque Galindo como curadora de Luz Mery Duque
Galindo contra la Junta de Calificación de Invalidez del Quindío y las Empresas
Públicas de Armenia (vii) el 10 de julio de 2015 por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que a su vez revocó el dictado el 27 de abril de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en la
acción iniciada por Olga María Santos Sanabria como curadora de Edgar Santos
Sanabria contra Ministerio de Defensa Nacional y otros.
I.
ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política y el
artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número Ocho de la
Corte Constitucional, mediante auto del veintisiete (27) de agosto de dos mil
quince (2015), decidió seleccionar para revisión los fallos de tutela
correspondientes a los expedientes T-5.002.936, T-5.077.878, T-5.091.118,
T-5.091.263, T-5.097.794, T-5.098.745 y T-5.100.138. De igual forma, en dicho
proveído, la Sala resolvió acumular estos expedientes, por presentar unidad de
materia, para que fueran fallados en una misma sentencia.
II. ANTECEDENTES
1. Expediente T-5.002.936
1.1 La solicitud
La señora Eliana
Cerón Garzón en calidad de curadora de la señora Amanda Lucía Garzón Guerra, promovió
acción de tutela en procura de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, los
cuales considera vulnerados por la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante, -UGPP-,
al haberle negado a esta la sustitución pensional de su madre fallecida, María
Carmela Garzón Arteaga.
1.2 Reseña
fáctica
-
A la señora María Carmela Garzón Arteaga, madre
de Eliana Cerón Garzón y Amanda Lucía Garzón Guerra, le fue reconocida una
pensión gracia, a través de la Resolución No. 11728 del 23 de septiembre de
1999, efectiva desde el 10 de junio de 1998.
-
Su hija, Amanda Lucía Cerón Garzón, quien cuenta
a la fecha con 46 años de edad, fue diagnosticada desde su nacimiento con
retardo mental moderado.
-
El 17 de octubre de 2005, la señora Garzón
Arteaga falleció, por lo que su otra hija, Eliana Cerón Garzón inició proceso
de interdicción con el fin de que se le declarara como curadora de su hermana
Amanda Lucía Garzón Guerra. Dicho procedimiento culminó con sentencia del 5 de
octubre de 2007.
-
El 4 de abril de 2013, Eliana Cerón, en calidad
de curadora de Amanda Lucía, elevó una petición a la UGPP, en la que solicitaba
el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de su madre, a favor de su
pupila. Dicha petición fue resuelta de manera negativa mediante Resolución
RDP028918 del 25 de junio de 2013, bajo el argumento de no haberse allegado la
documentación necesaria, a saber, las copias auténticas del acta de posesión y
discernimiento del curador, del documento de identidad, del registro civil de
defunción y del registro civil de nacimiento de la beneficiaria.
-
El 27 de febrero de 2014, volvió a realizar la
solicitud ante la UGPP, en esta oportunidad allegando los documentos
solicitados por la entidad. No obstante, su petición fue nuevamente negada a
través de la Resolución RDP008351 del 11 de marzo de 2014, al estimar que del
dictamen de la pérdida de capacidad laboral de Amanda Lucía, se desprendía que
esta no dependía económicamente de su madre al momento del fallecimiento, toda
vez que, aunque su merma laboral era de 65.31%, la fecha de estructuración de
la calificación era del 11 de diciembre de 2013[1]. Dicha decisión fue recurrida, no obstante se confirmó bajo los
mismos argumentos esbozados en la resolución inicial.
-
Así las cosas, la señora Eliana del Carmen Cerón
Garzón, interpuso recurso de reposición contra el dictamen de la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Nariño, el cual fue resuelto a favor de los
intereses de la afectada, pues dicha junta, examinó nuevamente la historia
clínica de Amanda Lucía y determinó como fecha de estructuración de su invalidez,
el 4 de septiembre de 1969, es decir, la fecha de su nacimiento.
-
El 28 de julio de 2014, por tercera vez, se
elevó la solicitud pensional a la UGPP, anexando los documentos de modificación
de la fecha de estructuración de la invalidez de Amanda Lucía, sin embargo,
través de la Resolución RDP 032379 del 27 de octubre de 2014, la entidad volvió
a negar la solicitud pues evidenció que en los documentos aportados obraba una
copia autenticada, mas no auténtica, del registro civil de defunción de la
causante.
-
Una vez más, el 12 de noviembre de 2014, radicó
solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución pensional de su madre a
favor de su pupila, la cual fue negada el 26 de diciembre de 2014, a través de
la Resolución RDP 039058, por cuanto verificado que en la base de datos del
Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-, Amanda Lucía Cerón Garzón aparece
afiliada al régimen subsidiado en calidad de cabeza de hogar, situación que, en
su sentir, evidencia que siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina
de un hogar y que, por tanto, tiene personas a cargo.
1.3
Pretensión
La señora Eliana
del Carmen Cerón Garzón pretende que se le amparen a su pupila, Amanda Lucía
Cerón Garzón, los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la vida digna y, en consecuencia, se ordene a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social -UGPP- que reconozca la sustitución pensional de la señora María Carmela
Garzón Arteaga a favor de su hija Amanda Lucía Cerón Garzón, al encontrarse en
situación de discapacidad y la comience a pagar de manera inmediata.
1.4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
María Carmela Garzón Arteaga (folio 32).
-
Copia del registro civil de defunción de la
señora María Carmela Garzón Arteaga (folio 33).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Amanda Lucía Cerón Garzón (folio 34).
-
Copia de registro civil de nacimiento de la
señora Amanda Lucía Cerón Garzón (folio 35).
-
Copia del dictamen de pérdida de capacidad
laboral del 11 de diciembre de 2013, emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Nariño (folios 36 y 37).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Eliana del Carmen Cerón Garzón (folio 38).
-
Copia de declaraciones extra juicio realizadas el
13 de febrero de 2014 (folio 39 y 40).
-
Copia de la Resolución RDP 028918 del 25 de
junio de 2013, expedida por la UGPP (folios 42 y 43)
-
Copia de las sentencias judiciales a través de
la cuales se declara a Eliana del Carmen Cerón Garzón como curadora de Amanda
Lucía Cerón Garzón, proferidas por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito
de Pasto, el 5 de octubre de 2007 y por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Pasto -Sala de Decisión Civil-Familia- (folios 44 a 67).
-
Copia del acta de posesión de Eliana del Carmen
Cerón como curadora general legítima de la señora Amanda Lucía, del 12 de junio
de 2008 (folio 69).
-
Copia de la solicitud de copia autentica del
proceso de interdicción iniciado por la señora Eliana del Carmen Cerón Garzón
(folio 70).
-
Copia de la Resolución RDP008351 del 11 de marzo
de 2014, expedida por la UGPP (folio 72 a 77).
-
Copia del recurso de reposición y en subsidio de
apelación interpuestos contra la resolución RDP008351 del 11 de marzo de 2014,
expedida por la UGPP (folios 78 a 82)
-
Copia de la Resolución RDP013689 del 29 de abril
de 2014, a través de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución RDP008351 del 11 de marzo de 2014 (folio 83).
-
Copia de la Resolución RDP013689 del 29 de abril
de 2014, a través de la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto
contra la Resolución RDP008351 del 11 de marzo de 2014 (folio 84 a 86).
-
Copia de la Resolución RDP014128 del 5 de mayo
de 2014 expedida por la UGPP (folios 88 a 90).
-
Copia de la petición elevada por Eliana del
Carmen Cerón, el 24 de julio de 2014, a la UGPP, en la que se solicita el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de Amanda Lucía Cerón
Garzón (folios 91 a 93).
-
Copia de la respuesta al recurso de reposición
interpuesto contra el dictamen #286-2013 emitido por la Junta Regional de
Invalidez de Nariño, del 16 de julio de 2014, en la que se modifica la fecha de
estructuración de la invalidez de Amanda Lucía Cerón Garzón (folio 94 y 95).
-
Copia de la recepción de la solicitud de
reconocimiento y pago de la sustitución pensional a favor de la señora Amanda
Lucía del 10 de octubre de 2013, por parte de la UGPP (folios 97).
-
Copia de la Resolución RDP032379 del 27 de
octubre de 2014, expedida por la UGPP (folios 99 a 107).
-
Copia del recurso de reposición y en subsidio de
apelación interpuestos contra la Resolución RDP032379 del 27 de octubre de
2014, por la señora Eliana del Carmen (folios 108 a 111).
-
Copia de la notificación por correo electrónico
de la respuesta al recurso de reposición elevado contra la Resolución RDP032379
del 27 de octubre de 2014 (folio 112).
-
Copia de la respuesta al recurso de apelación
elevado por la actora de fecha 26 de diciembre de 2014 (folios 112 a 119).
1.5 Oposición
a la acción de tutela
El cuatro (4) de
febrero de 2015, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto, admitió el
recurso de amparo y corrió traslado a la entidad accionada para que se
pronunciara sobre los hechos y las pretensiones propuestas en la presente
acción.
1.6 Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
El 6 de febrero de
2015, el subdirector jurídico pensional de la entidad respondió la acción en
los siguientes términos:
Mediante
Resolución No.11728 del 23 de septiembre de 1999, se reconoció una pensión a
favor de la señora María Carmela Garzón Arteaga, en cuantía de $192,256
efectiva a partir del 11 de junio de 1998. Esa prestación, corresponde a una
pensión gracia que fue ajustada al salario mínimo legal mensual vigente para la
fecha del reconocimiento.
El 25 de junio
de 2013, a través de la Resolución No. RDP 28918, se negó el reconocimiento y
pago de la sustitución pensional a favor de la señora Amanda Lucía Cerón Garzón
pues no se allegó la totalidad de los documentos exigidos para el estudio del
caso.
Posteriormente,
en respuesta a una nueva solicitud, se expidió la Resolución RDP 8351 del 11 de
marzo de 2014, en la cual se negó la solicitud pensional al comprobar, en el
dictamen de pérdida de capacidad laboral, que la señora Amanda Lucía Cerón
Garzón, tenía una merma laboral del 65.31% con fecha de estructuración del 11
de diciembre de 2013, es decir, posterior a la fecha del fallecimiento de la
causante, cual es, 17 de octubre de 2005. Que mediante Resolución No.RDP 13689
de 29 de abril de 2014, se resolvió un recurso de reposición y, en
consecuencia, se confirmó en todas las partes lo decidido. Asimismo, con la
Resolución RDP 14128 del 5 de mayo de 2014, se resolvió el recurso de apelación
interpuesto, que reiteró lo establecido con anterioridad.
El 28 de julio
de 2014, la accionante elevó, por tercera vez, la solicitud de reconocimiento y
pago de la sustitución pensional a favor de Amanda Lucía Cerón Garzón. Esa
solicitud fue resuelta mediante Resolución RDP 032379 del 27 de octubre de
2014, por medio de la cual se negó el beneficio pensional al no evidenciar
dentro de los documentos aportados, copia auténtica del registro civil de
defunción de la causante, necesaria para esa clase de solicitudes.
La accionante,
repuso dicha resolución anexando la copia autentica del registro civil de
defunción de la señora María Carmela Garzón, no obstante, en Resolución RDP
039058 del 26 de diciembre de 2014, se negó la solicitud, al verificar la base
de datos del FOSYGA, pues la interesada en adquirir la sustitución pensional,
se encontraba afiliada al régimen subsidiado como cabeza de familia, por lo que
se infirió, que esta no dependía económicamente de la causante. En el mismo
sentido se expidió la Resolución RDP 039278 del 29 de diciembre de 2014, que resolvió
el recurso de apelación interpuesto por la actora.
De otra parte, señaló
que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para realizar la
reclamación pensional pues, para ello, se dispone de un proceso ordinario.
Además, sostuvo que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, en la
medida en que ha respondido cada una de las solicitudes de la accionante.
1.7 Decisión
de primera instancia
El Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Pasto, mediante sentencia proferida el 16 de
febrero de 2015, tuteló los derechos fundamentales de la accionante bajo la
consideración de que el mecanismo ordinario se tornaba ineficiente ante la
debilidad manifiesta de la señora Amanda Lucía Cerón Garzón.
En consecuencia,
ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión sustitutiva de la señora María
Carmela Garzón Arteaga, desde el momento de su fallecimiento.
1.8
Impugnación
La entidad
demandada, inconforme con la decisión del a quo, impugnó el fallo
argumentando la falta de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela.
1.9 Decisión
de segunda instancia
El 26 de marzo
de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala de Decisión
Civil-Familia, revocó la sentencia de primera instancia, al considerar que no se
evidenció la imperiosa necesidad de proteger los derechos fundamentales de la
accionante a través de la acción de tutela.
2. Expediente
T-5.077.878
2.1 La solicitud
El señor Claudio
Franco Cortés promovió acción de tutela en calidad de agente oficioso de su
hermano Humberto Franco Cortés, en procura de obtener la protección de los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida
digna, los cuales considera vulnerados por la Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Protección S.A., al haberle negado el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez.
2.2. Reseña
fáctica
-
El señor Humberto Franco Cortés tiene, a la
fecha, 50 años de edad y fue diagnosticado con el “síndrome de Usher”,
una enfermedad degenerativa que se caracteriza por la pérdida progresiva de la
visión y la audición.
-
Como consecuencia de su padecimiento, el 4 de
junio de 2014, se presentó a la Comisión Médico Laboral de la compañía
Suramericana Seguro de Vida S.A[2], con el fin de que se le realizara la calificación de la pérdida de
capacidad laboral, la cual fue determinada en un 73.60% con fecha de
estructuración del 6 de marzo de 2003. El accionante, inconforme con el
resultado, repuso y, en subsidio, apeló el dictamen.
-
El 1 de agosto de 2014, Protección envió el dictamen
a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cundinamarca, quien le fijó
una pérdida de capacidad laboral del 58.28% con fecha de estructuración del 5
de junio de 2003. Decisión que fue apelada por el accionante.
-
El 14 de marzo de 2015, la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez resolvió el recurso interpuesto y decidió confirmar
tanto el porcentaje fijado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Cundinamarca, así como la fecha de estructuración del señor Humberto Franco
Cortés.
-
Durante el trámite de la acción de tutela,
Protección S.A., negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez del señor Humberto Franco Cortés argumentando que, dentro de los tres
años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad
laboral, solo había cotizado 27.91 semanas y, por tanto, no cumplía con el
requisito exigido por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, a saber, contar con
cincuenta (50) semanas de cotización dentro de los tres años anteriores a la
fecha de estructuración señalada en el dictamen.
2.3
Pretensión
El señor Claudio
Guido Franco Cortés, en calidad de agente oficioso de su hermano, Humberto
Franco Cortés, pretende que se le amparen a este los derechos fundamentales a
la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna y, en consecuencia, se
ordene a Protección S.A., que reconozca y pague la pensión de invalidez a la
que considera tiene derecho, por contar con una pérdida de capacidad laboral
superior al 50% y tener más de 50 semanas cotizadas al sistema general de
pensiones.
2.4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Claudio
Guido Franco Cortés (folio 14).
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Humberto
Franco Cortés (folio 15).
-
Copia de constancia en la que se acredita que el
señor Humberto Franco Cortés se reconoce como miembro de la población
afrocolombiana, expedido por el director de comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior (folio 16).
-
Copia de las solicitudes de la prestación
económica radicada en Protección S.A., el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero
de 2014, por Humberto Franco Cortés (folios 17 a 19).
-
Copia de la respuesta del 6 de enero de 2015, a
una de las peticiones elevadas a Protección por el señor Claudio Guido Franco
Cortés, (folio 20).
-
Copia de la respuesta emitida el 20 de noviembre
de 2014, por Protección, a una queja interpuesta por el señor Humberto Franco
Cortés ante la Defensoría del Consumidor Financiero (folio 21).
-
Copia de la respuesta a una petición elevada a
Protección por el señor Humberto Franco Cortés, del 2 de diciembre de 2014
(folio 22).
-
Copia del dictamen de pérdida de capacidad
laboral del señor Humberto Franco Cortés emitido por la Junta Regional de
Calificación de invalidez de (Cundinamarca) del 9 de octubre de 2014 (folios 25
a 31).
-
Copia del dictamen de pérdida de capacidad
laboral del señor Humberto Franco Cortés emitido por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez del 11 de marzo de 2015 (folios 32 a 37).
-
Copia de la historia laboral de Humberto Franco
Cortés, expedida por Protección S.A. (folios 38 a 40).
-
Copia de la historia clínica del señor Humberto
Franco Cortés (folios 41 a 53).
2.5.
Oposición a la acción de tutela
El 6 de abril de
2015, el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá,
facultó al señor Claudio Franco Cortés para actuar como agente oficioso de
Humberto Franco Cortés, no obstante, inadmitió la acción de tutela por no
encontrar dentro del libelo petitorio el juramento requerido, en el que manifestara
que no había presentado acción constitucional por los mismos hechos. El 13 de
abril de 2015, una vez adjuntado el juramento, admitió el recurso de amparo y
corrió traslado a la entidad accionada para que se pronunciara sobre los hechos
y las pretensiones propuestas en la presente acción de tutela.
2.6.
Protección Pensiones y Cesantías
El 14 de abril
de 2015, la entidad respondió la solicitud que dio origen a la acción de
tutela, argumentando que el señor Humberto Franco Cortés no cumplía con el requisito
de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez y que, por tal motivo, no tenía el derecho a la
pensión de invalidez. Sostuvo también, que bien podía el accionante solicitar
la devolución de los aportes.
Posteriormente,
el 15 de abril de 2015, Protección S.A. respondió a las pretensiones del
accionante así:
El señor
Humberto Franco está afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias ING, hoy
Protección S.A., desde el 7 de octubre de 1997, como trasladado del Régimen de
Prima Media con prestación definida.
Comoquiera que
el accionante, solicitó la pensión de invalidez, fue remitido a la Comisión
Médico Laboral de la Compañía Suramericana Seguros de Vida S.A., allí se le realizó
el dictamen de pérdida de capacidad laboral, el cual fijó una disminución
laboral del 73.60% de origen común, con fecha de estructuración del 6 de marzo
de 2003. Inconforme con la decisión, el accionante presentó recurso de
apelación ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Cundinamarca
que, al resolver el recurso, determinó como pérdida de capacidad un porcentaje
del 58.28, de origen común y con fecha de estructuración del 5 de junio de
2003.
Dicha
determinación fue apelada y, en consecuencia, remitida a la Junta Nacional de
Calificación que, al desatar el recurso, resolvió confirmar el porcentaje de la
pérdida de capacidad, el origen de la enfermedad y la fecha de estructuración,
fijados por la Junta Regional de Cundinamarca.
En firme el
dictamen de la pérdida de capacidad laboral del señor Humberto Franco Cortés,
el fondo procedió a hacer el estudio de los requisitos exigidos para el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, encontrando que, dentro de
los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de
capacidad laboral, el señor Franco Cortés contaba con 27.91 semanas cotizadas
al Sistema General de Pensiones, por lo que al no cumplir con el requisito de
las 50 semanas exigidas por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, les era
imposible reconocer la prestación solicitada. Esta situación le fue informada
mediante comunicación del 14 de abril de 2015.
Por último, la
entidad expuso que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para hacer
reclamaciones de tipo prestacional pues, para ello, existe un procedimiento
ordinario. Además, sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del
accionante, en vista de que ha cumplido con lo establecido por el ordenamiento.
2.7. Decisión
de primera instancia
El Juzgado
Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, en providencia del
diecisiete (17) de abril de 2015, negó el amparo de los derechos fundamentales de
Humberto Franco Cortés, al considerar que de las pruebas aportadas al
expediente[3], se pudo evidenciar que el accionante no cumplía el requisito de
las 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración
de su pérdida de capacidad laboral, pues, en dicho periodo, solo contaba con
27.91 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones.
2.8.
Impugnación
El accionante
impugnó la decisión del a quo, exponiendo los mismos argumentos del
escrito de tutela.
2.9. Decisión
de segunda instancia
El Juzgado
Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá, en proveído del dieciséis (16) de
junio de 2015, confirmó la sentencia de primera instancia, al estimar que, si
bien es cierto, para el estudio de los requisitos de la pensión de invalidez de
una persona con una enfermedad degenerativa, se deben tener en cuenta las
cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez, en el presente caso, el accionante no efectuó ninguna cotización en
el periodo comprendido entre el 5 de junio de 2013 y el 11 de marzo de 2015.
En esa medida,
consideró que Protección Pensiones y Cesantías no vulneró los derechos
fundamentales del actor.
2.10.
Actuación surtida en sede de Revisión
Dentro del
trámite de Revisión, se evidenció que había deficiencias probatorias que
impedían tomar una decisión de fondo, por ese motivo, el Magistrado
sustanciador, resolvió:
“PRIMERO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a
Protección Fondo de Pensiones y Cesantías, para que, en el término de tres (3)
días contados a partir de la notificación de este Auto, con los
correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, allegue a esta
Corporación la historia laboral del señor Humberto Franco Cortés, en la que
conste detalladamente el tiempo cotizado al sistema general de pensiones.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General de la Corporación que, una vez
haya sido recepcionada la prueba requerida, le informe a Humberto Franco
Cortés, para que se pronuncie sobre la misma, en el término de tres (3) días hábiles.”
Mediante oficio del 28 de octubre
de 2015, la Secretaría General de esta Corporación, allegó un escrito dirigido
por el Jefe de Área de Prestaciones de Protección S.A., con el cual se adjuntó
la historia laboral del señor Humberto Franco Cortés. De igual forma, en
cumplimiento del numeral segundo del auto proferido por esta entidad, el señor
Humberto Franco Cortés, dirigió un pronunciamiento en el que manifestó
similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela.
3.
Expediente T-5.091.118
3.1 La solicitud
La señora Judy
Alexandra Duque Achury promovió acción de tutela en procura de obtener la
protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por el Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir, al negarle el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez a la que considera tener derecho.
3.2 Reseña
fáctica
-
Judy Alexandra Duque Achury tiene, a la fecha,
35 años de edad y fue diagnosticada con “artritis reumatoide” y “nefritis
lúpica”.
-
Como consecuencia de su padecimiento, el 20 de
abril del 2007, la Compañía de Seguros de Vida de BBVA Horizonte Pensiones y
Cesantías S.A. la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 55.25%, de
origen común y con fecha de estructuración del 22 de diciembre de 2005.
-
Posteriormente, la actora solicitó a BBVA
Horizonte Pensiones y Cesantías el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez, petición que fue resuelta de manera negativa el 28 de agosto de
2007, argumentando que no tenía las 73.29 semanas necesarias para la exigencia
de fidelidad al sistema, tal como lo contempla el artículo 39 de la Ley 100 de
1993.
-
El 10 de marzo de 2008, la accionante reiteró
la solicitud pensional al Fondo de Pensiones, que, en respuesta del 14 de julio
de 2008, nuevamente negó la prestación solicitada bajo los mismos argumentos de
la primera comunicación.
-
Teniendo en cuenta la negativa de la entidad,
el 10 de octubre de 2011, instauró demanda ordinaria
laboral contra BBVA Horizonte Administradora de Pensiones y Cesantías, con el
fin de que le fuera reconocida la pensión de invalidez.
-
El 10 de abril de 2013, el Juzgado Veinticinco
Laboral del Circuito de Bogotá, negó las pretensiones de la demanda, decisión
que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá,
Sala Laboral, el 26 de junio de 2013.
-
En abril de 2014, la actora solicitó a la
Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir[4]
reconsiderar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez pues, debido a
que las enfermedades que padece son degenerativas, con el paso del tiempo, su
salud ha ido empeorando.
-
El 17 de julio de 2014, la entidad contestó la
petición, argumentando que, dentro de los tres años anteriores a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral, la afiliada no cumplía con el
requisito de las 50 semanas cotizadas al sistema general de pensiones tal como
exige la ley.
3.3
Pretensión
La señora Judy
Alexandra Duque Achury pretende que se le amparen los derechos fundamentales a
la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna y, en consecuencia, se
ordene a Porvenir Fondo de Pensiones y Cesantías, que reconozca y pague la
pensión de invalidez a la que considera tiene derecho, por contar con una
pérdida de la capacidad laboral superior al 50% y haber cotizado más de 50 semanas
al Sistema General de Pensiones.
3.4 Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Judy Alexandra Duque Achury (folio 18).
-
Copia de la respuesta del 17 de julio de 2014,
de Porvenir S.A., a la solicitud elevada por la señora Judy Alexandra Duque
Achury, (folios 19 a 22).
-
Copia de la petición elevada a Porvenir en abril
de 2014, por la señora Judy Alexandra Duque Achury, (folios 23 a 25).
-
Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral
de Judy Alexandra Duque Achury, proferido por la Compañía de Seguros de Vida
BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., el 20 de abril de 2007 (folios 28 a 30).
-
Copia de la respuesta del 28 de agosto de 2007, a
la petición de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez elevada a BBVA
Horizonte Pensiones y Cesantías, por la señora Judy Alexandra Duque Achury (folios
31 a 33).
-
Copia de la respuesta del 14 de julio de 2008, a
la solicitud elevada a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías por la señora Judy Alexandra
Duque Achury (folios 35 a 37).
3.5 Oposición
a la acción de tutela
El 29 de mayo de
2015, el Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, admitió el recurso de amparo y corrió traslado a la
entidad accionada para que se pronunciara sobre los hechos y las pretensiones
propuestas en la presente acción de tutela.
3.6.
Porvenir Fondo de Pensiones y Cesantías
La entidad
demandada, a través de su representante legal, presentó escrito de defensa, dentro
del cual manifestó que las pretensiones que la señora Judy Alexandra Duque
Achury reclama, a través de la acción de amparo, ya fueron objeto de debate en
la jurisdicción ordinaria ante el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de
Bogotá quien, mediante sentencia del 10 de abril de 2013, las negó, decisión
que fue confirmada, en segunda instancia, por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, el 26 junio de 2013. No obstante, ante las
decisiones adversas, la accionante no agotó el recurso extraordinario de
casación.
Por último,
sostuvo, que si bien es cierto que la señora Judy Alexandra fue calificada con
un pérdida de capacidad laboral del 55.21%, de origen común y con una fecha de
estructuración del 22 de diciembre de 2005, la entidad analizó si la accionante
cumplía con los requisitos exigidos en la ley para acceder a la prestación
solicitada. Así pues, se evidenció que, dentro de los tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, no tiene las 50
semanas cotizadas necesarias para ser acreedora de dicho beneficio pensional.
Por lo
expuesto, solicita se nieguen las pretensiones de la accionante por no cumplir con
el requisito de subsidariedad pues no agotó el recurso de casación, y, además, al
no haber vulnerado los derechos fundamentales invocados por cuanto ha dado
aplicación a la normativa pensional vigente.
3.7.
Decisión de primera instancia
El Juzgado
Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
en providencia del 22 de junio de 2015 amparó los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la señora Judy Alexandra
Duque Achury al considerar, que en los casos en que una persona padece de una
enfermedad degenerativa, la cual, ocasiona de manera paulatina, la pérdida de
su capacidad laboral, la Corte Constitucional ha dispuesto, que en dichos
casos, se deben tener en cuenta las semanas cotizadas hasta que la persona
pierda efectivamente su capacidad para trabajar.
En ese
sentido, en el presente caso, la accionante tiene 53.71 semanas cotizadas en el
periodo comprendido entre los 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación, es decir, entre el 12 de abril de 2005 y el 20 de abril de 2007
y, además, cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%,
situaciones que la hacen beneficiaria de la pensión de invalidez, por lo que,
en consecuencia, ordenó a Porvenir Fondo de Pensiones y Cesantías, reconocer y
pagar dicha prestación a la señora Judy Alexandra Duque Achury.
3.8.
Impugnación
La entidad
accionada, inconforme con la decisión, la impugnó al considerar que el
beneficio pensional no podía reconocerse toda vez que la accionante no cumple
con el requisito exigido por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, a saber, las
50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Además, sostuvo que la
solicitud de la accionante ya había sido objeto de un pronunciamiento en la
jurisdicción ordinaria, el cual negó las pretensiones de la demanda. Y,
adicionalmente, no agotó todos los medios a su alcance, por cuanto no interpuso
el recurso de casación y, en ese sentido, la acción constitucional no cumple
con el requisito de subsidariedad necesario para su procedencia.
3.9.
Decisión de segunda instancia
El 31 de julio
de 2015, el Juzgado Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá, revocó lo dispuesto por el juez de primer grado y declaró improcedente el
mecanismo de amparo, al considerar que la actora, al no agotar el recurso de
casación incumplió con el requisito de la subsidariedad exigido para su
procedencia.
3.10
actuación surtida en sede de Revisión
Dentro del
trámite de Revisión, se evidenció que había deficiencias probatorias que
impedían tomar una decisión de fondo, por ese motivo, el Magistrado
sustanciador, resolvió:
“PRIMERO: Por Secretaría General, OFÍCIESE a Porvenir
Fondo de Pensiones y Cesantías, para que, en el término de tres (3) días
contados a partir de la notificación de este Auto, con los correspondientes
documentos que respalden sus afirmaciones, se sirva enviar a esta Corporación
la historia laboral de la señora Judy Alexandra Duque Achury, en la que conste detalladamente
el tiempo cotizado al sistema general de pensiones.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría
General de la Corporación que, una vez haya sido recepcionada la prueba
requerida, le informe a Judy Alexandra Duque Achury, para que se pronuncie
sobre la misma, en el término de tres (3) días hábiles.”
Mediante oficio
del 4 de noviembre de 2015, la Secretaría General de esta Corporación, allegó,
a este despacho, el documento solicitado por el Magistrado Sustanciador.
4.
Expediente T-5.091.263
4.1. La solicitud
La señora Emma
Díaz Parada instauró acción de tutela en procura de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida
digna, los cuales considera vulnerados por Colpensiones, al negarle el reconocimiento
y pago de la pensión de vejez a la que considera tiene derecho.
4.2. Reseña
fáctica
-
Emma Díaz Parada cuenta, a la fecha, con 73
años de edad y está afiliada al régimen de pensiones a través de Colpensiones.
-
En el año 2009 solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que consideraba tener derecho
por cuanto, acumulaba más de 1000 semanas cotizadas, 67 años y era beneficiaria
del régimen de transición contemplado en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Dicha solicitud fue negada a través de la Resolución No.027001 del 9 de
septiembre de 2010.
-
El 19 de mayo de 2011, solicitó el desarchivo
del expediente para que la entidad reconsiderara su caso. Así, mediante
Resolución No.16208 del 7 de mayo de 2012, Colpensiones le concedió la pensión
de vejez a partir del 1 de abril de 2009, pues encontró que era beneficiaria
del régimen de transición y cumplía con los requisitos del Artículo12 del
Acuerdo 049 de 1990. En el mismo acto administrativo, se liquidó el pago del
retroactivo desde la fecha del reconocimiento.
-
Aduce la accionante que, sin previo aviso, en
diciembre de 2012, fue retirada de la nómina de pensionados.
-
El 23 de enero de 2013, nuevamente solicitó el
reconocimiento de la pensión que le había sido suspendida y, el 1º de abril de
2013, a través de la Resolución GNR 049461, se le informó que no cumplía con el
requisito de las 1250 semanas exigidas para el año 2013, pues solo contaba con
896.
-
Interpuestos los recursos procedentes, la entidad
accionada expidió la Resolución GNR 258408 del 15 de octubre de 2013, en la
cual informó a la peticionaria que una vez verificada la nómina de pensionados,
se evidenció que la pensión de vejez reconocida a su favor, a través de la
Resolución No.16208 del 7 de mayo de 2012, se había suspendido a causa de
irregularidades e inconsistencias en la historia laboral y que, actualmente, contaba
con 896 semanas cotizadas al sistema y, por ello, no podía acceder a la
prestación solicitada. En su lugar, le sugirieron seguir cotizando hasta lograr
la densidad de semanas exigidas para el año 2013 (1250) o solicitar la
indemnización sustitutiva.
-
Manifestó que, según su historia laboral, el
periodo comprendido entre el 1º de enero de 1978 y 31 de diciembre de 1979,
correspondiente a 104.29 semanas de cotización, no aparecía reportado y, por
tal motivo, Colpensiones se niega a reconocer que es beneficiaria del régimen
de transición y que tiene derecho a la pensión de vejez contemplada en el
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
-
Señaló que no cuenta con recursos suficientes
para su manutención y que ha tenido que acudir a la caridad de amigos y
familiares para poder subsistir.
4.3. Pretensión
La señora Emma
Díaz Parada pretende que se le amparen los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna y, en consecuencia, se
ordene a Colpensiones que reconozca y pague la pensión de vejez a la que
considera tiene derecho, por pertenecer al régimen de transición y cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.
4.4.  Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Emma Díaz Parada (folio 8).
-
Copia de la Resolución 16208 del 7 de mayo de
2012, expedida por el Instituto de Seguros Sociales (folio 9).
-
Copia de la Resolución GNR 258408 del 15 de
octubre de 2013, expedida por Colpensiones (folios 10 y 11).
-
Copia del formulario de peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias de Colpensiones diligenciado por Emma Díaz Parada (folio 13).
-
Copia del aviso de notificación de la Resolución
del 8 de mayo de 2012, expedido por el Instituto de Seguros Sociales a Emma
Díaz Parada (folio 14).
-
Copia de la historia laboral de Emma Díaz
Parada, expedida por el Instituto de Seguros Sociales (folio 15).
-
Copia de la historia laboral de Emma Díaz
Parada, expedida por Colpensiones (folios 16 a 19).
-
Copia del formulario de solicitud de corrección
de historia laboral de Colpensiones, diligenciado por Emma Díaz Parada (folios
21 a 24).
4.5 Oposición
a la acción de tutela
El 7 de julio de
2015, el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, admitió el recurso
de amparo y corrió traslado a la entidad accionada para que ejerciera su
derecho de defensa, no obstante, vencido el término dispuesto para ello, la
entidad guardó silencio.
4.6. Decisión
de primera instancia
El Juzgado
Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 16 de julio
de 2015, declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar que esta
no es la vía para reclamar la prestación solicitada, siendo el mecanismo
ordinario laboral el medio idóneo para plantear sus pretensiones, toda vez que
de la situación fáctica expuesta, no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que la exima de acudir a la jurisdicción competente.
5.
Expediente T-5.097.794
5.1. La
solicitud
Alfredo López
Varona instauró acción de tutela en procura de obtener
la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital y a la vida digna, los cuales considera vulnerados por Colpensiones, al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que considera
tiene derecho.
5.2. Reseña
fáctica
-
El señor Alfredo López Varona cuenta, a la fecha,
con 57 años de edad. Padece de “embolia y trombosis de arterias de los
miembros inferiores”, “hipertensión arterial”, “insuficiencia renal
crónica”, “cardiomiopatía isquémica”, “degeneración del hígado”,
es oxigeno dependiente y sufre de trastornos psicológicos. Está afiliado al
sistema general de pensiones a través de Colpensiones y cuenta con un total de
465.14 semanas cotizadas.
-
El 5 de agosto de 2011, a través de la Resolución
SNML No.5230 expedida por el Instituto de Seguros Sociales, fue calificado con
una pérdida de capacidad laboral del 53.13%, de origen común y con fecha de
estructuración del 6 de septiembre de 2010.
-
El 29 de septiembre de 2011, solicitó a
Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual fue
negada por medio de la Resolución No.106842 del 16 de noviembre de 2011, bajo
el argumento de no cumplir con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro
de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Contra
este acto administrativo, interpuso los respectivos recursos, sin embargo, fue
confirmado en todas sus partes por la Resolución GNR 020087 del 13 de diciembre
de 2012.
-
Sostiene que, con ocasión de su grave estado de
salud, no puede seguir laborando y, debido a ello, no cuenta con ningún ingreso
para su manutención por lo que vive de la solidaridad de sus familiares.
5.3.
Pretensión
El señor Alfredo
López Varona pretende que se le amparen sus derechos fundamentales a la
seguridad social y a la vida digna y, en consecuencia, se ordene a Colpensiones
que reconozca y pague la pensión de invalidez a la que considera tiene derecho
por tener una merma laboral superior al 50% y haber cotizado al sistema general
de pensiones más de 50 semanas.
5.4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia de la cédula de ciudadanía de Alfredo
López Varona (folio 20).
-
Copia del dictamen de pérdida de capacidad
laboral de Alfredo López Varona, expedido el 5 de agosto de 2011 por el
Instituto de Seguros Sociales (folio 21).
-
Copia de la Resolución No. 106842 del 16 de
noviembre de 2011, expedida por el Instituto de Seguros Sociales (folio 22).
-
Copia de la Resolución GNR 020087 del 13 de
diciembre de 2012, expedida por Colpensiones (folio 23).
-
Copia de una declaración extra juicio rendida
por Alfredo López Varona (folio 24).
-
Copia de la historia clínica de Alfredo López
Varona (folios 25 a 39).
-
Copia de la historia laboral de Alfredo López
Varona, expedida por Colpensiones (folios 40 a 42).
5.5.
Oposición a la acción de tutela
El 23 de abril
de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Pereira, admitió el recurso de amparo y corrió traslado a la entidad accionada
para que ejerciera su derecho de defensa, sin embargo, una vez vencido el
término dispuesto para ello, Colpensiones guardó silencio.
5.6. Decisión
de primera instancia
El Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira, mediante sentencia
del 8 de mayo de 2015, negó las pretensiones del accionante al considerar que
no cumplía con el requisito de las 50 semanas dentro de los tres años anteriores
a la fecha de la estructuración de la invalidez, pues aun cuando aplicó el precedente
constitucional respecto de tomar la fecha del dictamen como la de
estructuración, bajo el entendido de que fue en ese momento que el afiliado perdió
efectivamente su capacidad para trabajar y, por ende, la imposiblidad de seguir
cotizando al sistema, el señor López Varona, en los tres años anteriores al 1º
se septiembre de 2011, momento en el que se notificó la calificación, solo cuenta
con 34.15 semanas de las 50 requeridas. En ese sentido, al no cumplir la
exigencia legal, la prestación no podía ser reconocida.
5.7.
Impugnación
El demandante, a
través de apoderado judicial, inconforme con la decisión tomada por el a quo,
presentó escrito mediante el cual la impugnó, en los siguientes términos: “
es claro que el señor Alfredo López Varona cumple con los requisitos exigidos
por el artículo 39 de la ley 100 de 1993, pues fue declarado inválido mediante
dictamen No.5230 del 5 de agosto de 2011, en el cual se estableció una pérdida
de capacidad laboral del 53.13%, de origen común, con fecha de estructuración
del 6 de septiembre de 2010, momento para el cual aún estaba cotizando al
régimen pensional. Así pues, en aplicación del principio de favorabilidad, debe
exigirse el requisito de las 26 semanas tal como lo contemplaba el artículo 39
de la Ley 100 de 1993 inicialmente.
Además, se
debe tener en consideración que, por el grave estado de salud del señor López
Varona y su precaria situación económica, la acción de tutela es el mecanismo
procedente para realizar su solicitud”.
5.8. Decisión
de segunda instancia
El 24 de junio
de 2015, el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, confirmó la
decisión del juez de primer grado argumentando que, si bien existen diferentes
pronunciamientos de la Corte Constitucional respecto de tener en cuenta las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida
de la capacidad laboral, a efectos de cumplir la exigencia de las semanas que
establece la ley, ello puede desencadenar en fraude al sistema, pues no siempre
que haya cotizaciones existe una relación laboral. Dicho argumento se refuerza
al resaltar que, en la declaración extra juicio rendida por el accionante y
contenida en el expediente, se aduce que desde el 4 de julio de 2008 no pudo
volver a laborar.
6. Expediente
T-5.098.745
6.1 La
solicitud
La señora María
Edith Duque Galindo promovió acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la vida digna de Luz Mery Duque Galindo, los cuales considera vulnerados
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío y las Empresas Públicas
Municipales de Armenia, al negarle la sustitución pensional de su padre Severo
Duque Betancourt.
6.2. Reseña
fáctica
-
Luz Mery Duque Galindo nació el 5 de abril de
1958, de la unión del señor Severo Duque Betancourt y Rosa Galindo de Duque.
-
El señor Severo Duque Betancourt, quien fue
pensionado de las Empresas Públicas de Armenia, falleció el 23 de octubre de
1975 y, a través de la Resolución No. RI 307 del 6 de noviembre de 1975,
expedida por la misma entidad, se sustituyó dicha pensión a favor de su
cónyuge, Rosa Galindo de Duque.
-
Luz Mery Galindo Duque, en el año de 1965, a la
edad de 7 años, sufrió un accidente que le produjo un trauma craneoencefálico
severo de carácter irreversible y permanente. Desde ese momento, depende de
ayuda para realizar la totalidad de las actividades cotidianas.
-
Como consecuencia de ello, posteriormente, a la
edad de 40 años, fue declarada interdicta mediante sentencia proferida por el
Juzgado Primero de Familia de Armenia del 11 de septiembre de 1998, como
curadora se designó a su hermana, María Edith Duque Galindo pues, su madre, la
señora Rosa Galindo tenía, en esa fecha, 72 años de edad y se le dificultaba
atenderla.
-
La señora Rosa Galindo, madre de Luz Mery Duque,
falleció el 28 de mayo de 2010, razón por la que mediante escrito radicado el
1º de septiembre de 2010, ante las Empresas Públicas de Armenia, la señora María
Edith Duque Galindo solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución
pensional del señor Severo Duque Betancourt a favor de su pupila y hermana, Luz
Mery Duque Galindo.
-
Con el fin de adjuntar todos los documentos
necesarios para la obtención de la prestación solicitada, el 15 de julio de
2010, la señora María Edith solicitó a la Junta Regional de Invalidez del
Quindío, determinar la pérdida de capacidad laboral a Luz Mery Duque Galindo,
la cual fue dictaminada, a través de la Resolución No. 01971 de 1999[5], en la que se determinó un porcentaje del 75.84 de disminución
laboral, de origen común y con fecha de estructuración del 5 de abril de 1979. No
obstante, manifestó que dicho acto administrativo nunca le fue notificado.
-
Mediante Resolución No.0339 del 12 de agosto de
2011, Empresas Públicas de Armenia, negó la solicitud pensional bajo el
argumento de que la fecha de estructuración de la invalidez establecida dentro
del dictamen de pérdida de capacidad de Luz Mery Duque Galindo, era posterior
al fallecimiento del señor Severo Duque Betancourt. Contra dicha decisión se
interpusieron los recursos de reposición y de apelación.
-
Como consecuencia de la decisión adoptada por la
entidad accionada, el 19 de agosto de 2011, la señora María Edith Duque Galindo
solicitó a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, revisar
el dictamen de pérdida de capacidad de Luz Mery Duque, toda vez que no fue
notificada de la Resolución No.01971 de 1999, y, por tanto, no pudo hacer uso
de los recursos dispuestos para tal fin.
-
El 6 de octubre de la misma anualidad, la junta
de calificación de Invalidez respondió, que el término para interponer los
recursos había vencido, sin embargo, indicó, que la fecha de estructuración de
la invalidez de la paciente, correspondía al día del cumplimiento de los 18
años de edad pues, con anterioridad a esa fecha, siempre se presume la
dependencia económica de los padres.
-
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2011, las
Empresas Públicas de Armenia, a través de la Resolución No.0491, confirmó la
decisición adoptada inicialmente al estimar que si bien al momento del
fallecimiento del causante, Luz Mery Duque Galindo era menor de edad, no podía
accederse a la solicitud porque la asignación de la sustitución se realizó en
un 100% a la cónyuge del señor Duque Betancourt sin que, en ese momento, se manifestara
alguna oposición.
-
La señora María Edith Duque Galindo curadora y
hermana de Luz Mery Duque, sostiene que no tiene los medios económicos
suficientes para afiliar a su hermana a salud, por tanto, esta se encuentra en
el régimen subsidiado. Del mismo modo, expone que necesita una serie de
medicamentos y terapias que no cubre su servicio de salud y que por su falta de
ingresos, no puede brindarle.
6.3.
Pretensión
La señora María
Edith Duque Galindo pretende que se le amparen a su pupila, Luz Mery Duque
Galindo, los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a
la vida digna y, en consecuencia, se ordene a las Empresas Públicas de Armenia
que reconozca la sustitución pensional de su padre Severo Duque a favor de su
hermana y comience a pagarla en el menor tiempo posible.
6.4 Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia del registro civil de defunción del señor
Severo Duque Betancourt (folio 2).
-
Copia del registro civil de defunción de la
señora Rosa Galindo de Duque (folio 3).
-
Copia del registro civil de nacimiento de Luz
Mery Duque Galindo (folio 4).
-
Copia del registro civil de nacimiento de María
Edith Duque Galindo (folio 5).
-
Copia de la sentencia de jurisdicción voluntaria
por medio de la cual se declara la interdicción judicial por demencia de Luz
Mery Duque Galindo dictada por el Juzgado Primero de Familia de Armenia (folios
6 a 12).
-
Copia del fallo de consulta de la sentencia de
jurisdicción voluntaria por medio de la cual se declara la interdicción
judicial por demencia de Luz Mery Duque Galindo dictado por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, de Armenia
(folios 14 a 22).
-
Copia de la solicitud de reconocimiento y pago
de la sustitución pensional, elevada a las Empresas Públicas de Armenia el 1º
de septiembre de 2010, por la señora María Edith Duque Galindo (folio 26)
-
Copia de la solicitud de calificación de
invalidez, elevada a la Junta de Calificación el 15 de julio de 2010, por la
señora María Edith Duque Galindo (folio 29).
-
Copia del dictamen de pérdida de capacidad
laboral, del 9 de agosto de 2010, emitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Quindío (folios 35 y 36).
-
Copia de la Resolución No.0339 del 12 de agosto
de 2011, emitida por las Empresas Públicas de Armenia (folios 37 a 39).
-
Copia de la respuesta a la solicitud elevada a
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, del 6 de octubre de
2011, por la señora María Edith Duque Galindo, en el que se informa que el
término de interposición de los recursos está vencido.
-
Copia de la solicitud elevada a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez, para reconsiderar el dictamen realizado
a Luz Mery Duque Galindo, del 1º de septiembre de 2011, por la señora María
Edith Duque Galindo (folio 41).
-
Copia del recurso de reposición y en subsidio
apelación, interpuestos contra la Resolución No. 0339 del 12 de agosto de 2011
emitida por las Empresas Públicas de Armenia, elevado el 7 de septiembre de
2011, por la señora María Edith Duque Galindo (folios 42 a 45).
-
Copia de la Resolución No.0491 del 23 de
noviembre de 2011, emitida por las Empresas Públicas de Armenia (folios 46 a
49).
6.6.
Oposición a la acción de tutela
El 6 de mayo de
2015, el Juzgado Séptimo Civil Municipal Piloto en Oralidad de Armenia, admitió
el recurso de amparo y corrió traslado a las entidades accionadas para que
ejercieran su derecho de defensa.
6.7. Empresas
Públicas de Armenia
Mediante escrito
presentado por el apoderado judicial de la entidad se dio respuesta a la
presente acción de tutela en los siguientes términos:
El señor Severo
Duque Betancourt, pensionado por la entidad, falleció el 23 de octubre de 1975,
en consecuencia, se sustituyó la mesada pensional a la señora Rosa Galindo de
Duque, a través de la Resolución RI 307 del 6 de noviembre de 1975.
Posteriormente, el 28 de mayo de 2010, murió la beneficiaria de la prestación.
El 1º de
septiembre de 2010, la señora María Edith Duque Galindo, solicitó el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, argumentando que Luz Mery
Duque Galindo se encuentra en situación de discapacidad. No obstante, mediante
Resolución No. 0339 del 12 de agosto de 2011, se negó dicha petición, pues la
fecha de estructuración de la invalidez de la interdicta, 5 de abril de 1979, es
posterior al 23 de octubre de 1975, fecha del fallecimiento del causante.
Desatado el
recurso procedente, la entidad profirió la Resolución No. 0491 del 23 de
noviembre de 2011, por medio de la cual se confirmó la decisión anterior. En
esta oportunidad, se consideró que Luz Mery Duque Galindo era menor de edad al
momento del fallecimiento del causante, no obstante, cuando se reconoció la
sustitución pensional a la cónyuge, nada se objetó respecto de la concurrencia
de un menor con igual derecho. Por tanto, no le es dable ahora a la accionante
solicitar una prestación que, por regla general, vencía al cumplimiento de los
18 años de edad.
Por último,
consideró que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para realizar
solicitudes de carácter prestacional pues, para ello, el ordenamiento jurídico
colombiano, dispuso un procedimiento ordinario. En conclusión, solicitó que se
desestimaran las pretensiones de la accionante por no tener fundamento legal
que las respalde.
6.8. Decisión
judicial de primera instancia
El 15 de mayo de
2015, el Juzgado Séptimo Civil Municipal Piloto en Oralidad de Armenia, tuteló
transitoriamente los derechos fundamentales invocados al considerar que el
dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío,
debió ubicar la fecha de estructuración el día en que Luz Mery Duque Galindo
sufrió el accidente que le causó el traumatismo pues, en la misma evaluación,
se expone que fue dicho accidente el que le causó la pérdida de su capacidad
laboral. Asimismo, sostuvo que del plenario, no se evidenció que la junta
hubiera notificado correctamente a la interesada.
En consecuencia,
ordenó a las Empresas Públicas de Armenia pagar la sustitución pensional del
señor Severo Duque Betancourt mes a mes, de forma continua, hasta tanto el juez
laboral resolviera de fondo el asunto.
Así mismo, le
ordenó a la junta de calificación, notificar la Resolución No.01971 del 19 de
agosto de 1999, conforme con la normativa aplicable. Por último, advirtió a la
demandante que, dentro  de los 4 meses siguientes a la notificación de la
presente decisión, iniciara el procedimiento ordinario laboral.
6.9.
Impugnación
Las Empresas
Públicas de Armenia, a través de su apoderado judicial, impugnó el fallo de
primera instancia, argumentando que la presente acción, no cumple con el
requisito de inmediatez pues la señora Rosa Galindo de Duque falleció en el año
2010, dejando transcurrir más de cinco años para interponer la acción.
De igual forma,
sostuvieron que la solicitud no puede ser tenida en cuenta, debido a que la
fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral es posterior al
fallecimiento del señor Duque Betancourt, por tal razón, consideran no haber
vulnerado los derechos fundamentales aludidos pues solo han aplicado la norma
establecida para el reconocimiento de las sustituciones pensionales.
6.10. Segunda
instancia
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de Armenia, en proveído del 26 de junio de 2015,
revocó lo dispuesto por el a quo considerando que existe prueba de que
la señora María Edith Duque Galindo fue notificada debidamente por la junta de
calificación, de modo que la accionante tuvo la oportunidad de interponer los
recursos procedentes. Así pues, declaró la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de subsidariedad.
7. Expediente
T-5.100.138
7.1 La
solicitud
La señora Olga
María Santos Sanabria promovió acción de tutela en procura de obtener la
protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital
y a la vida digna del interdicto Edgar Santos Sanabria, los cuales considera
vulnerados por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al haberle negado la
sustitución pensional de su hermano.
7.2. Reseña
fáctica
-
María Dominga Sanabria Cárdenas es madre de Héctor
Alexander Sanabria Cárdenas, Olga María Santos Sanabria, Wilson Flórez Sanabria
y Edgar Santos Sanabria. Este último, tiene a la fecha, 40 años de edad y
padece, desde su nacimiento, de epilepsia y retardo mental.
-
Héctor Alexander Sanabria Cárdenas, quien se
desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional, falleció el 14 de
junio de 2004. En consecuencia, a través de la Resolución 38928 del 30 de
agosto de la misma anualidad, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
reconoció a favor de la madre del causante, la señora María Dominga Sanabria
Cárdenas, la asignación mensual de retiro.
-
El 23 de mayo de 2009, falleció la señora María
Dominga Sanabria Cárdenas. En consecuencia, el cuidado y sostenimiento de Edgar
Santos Sanabria quedó a cargo de su hermana, Olga María.
-
El 4 de agosto de 2009, el señor Wilson Flórez
Sanabria, hermano de Edgar Santos, elevó, ante el Ministerio de Defensa,
solicitud de reconocimiento y pago de la sustitución pensional de Héctor
Alexander Sanabria Cárdenas, a favor de Edgar Santos Sanabria. Dicha solicitud
fue resuelta negativamente a través de la Resolución 1996 del 28 de mayo de
2010, bajo el argumento de no existir ningún derecho pensional por la muerte de
la señora María Dominga, respecto de sus hijos.
-
A través de proceso declarativo, el 20 de mayo
de 2014, el Juzgado Cuarto de Familia de Descongestión de Bogotá, declaró a
Olga María Santos Sanabria curadora de Edgar Santos Sanabria.
-
El 28 de agosto de 2014, el apoderado judicial
de la señora Olga María, elevó nuevamente al Grupo de Prestaciones Sociales del
Ministerio de Defensa, una solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de Héctor Alexander Sanabria Cárdenas, a favor de Edgar Santos
Sanabria, en calidad de hermano discapacitado.
-
El 10 de febrero de 2015, la entidad respondió
que la solicitud elevada anteriormente ya había sido negada mediante la
Resolución 1996 de 2010 y que, por tanto, habiendo un pronunciamiento claro y
preciso al respecto, la controversia estaba agotada.
-
Por último, la señora Olga María, aduce que no
tiene los medios económicos necesarios para la manutención de su pupilo pues,
desde que su madre falleció, le ha tocado acudir a la caridad de familiares y
amigos para cubrir los gastos en los que incurre.
7.3.
Pretensión
La señora Olga
María Santos Sanabria  pretende que se le amparen a su pupilo, Edgar Santos
Sanabria, los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a
la vida digna y, en consecuencia, se ordene a la Caja de Retiro de la Fuerzas
Militares – Grupo de Prestaciones Sociales, que reconozca y pague la
sustitución pensional a favor de su hermano.
7.4. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
-
Copia del poder de representación conferido a un
abogado por la señora Olga María Santos Sanabria (folio 7).
-
Copia de la respuesta del 10 de mayo de 2005, dada
por el coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales, a una petición elevada
por María Dominga Sanabria Cárdenas (folio 8).
-
Copia del registro civil de nacimiento de Olga
María Santos Sanabria (folio 9).
-
Copia del registro civil de nacimiento de Edgar
Santos Sanabria (folio 10).
-
Copia del registro civil de defunción de María
Dominga Sanabria Cárdenas (folio 11).
-
Copia de la Resolución No.38928 del 30 de agosto
de 2004, proferida por el Grupo de Prestaciones Sociales del Ejercito Nacional
(folios 12 a 14).
-
Copia de la Resolución 1996 del 28 de mayo 2010,
emitida por el Grupo de Prestaciones Sociales del Ejercito Nacional (folios 15
y 16).
-
Copia de la sentencia de declaración de
interdicción, del 20 de mayo de 2014, pronunciada por el Juzgado Cuarto de
Familia de Descongestión de Bogotá (folios 17 a 22).
-
Copia de la solicitud de reconocimiento y pago
de la sustitución pensional, elevada el 28 de agosto de 2014, al Grupo de
Prestaciones Sociales del Ejercito Nacional por el apoderado judicial de la
señora Olga María Santos Sanabria (folios 23 a 29).
-
Copia de la respuesta a la solicitud de
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, dada el 10 de febrero de
2015, por el Grupo de Prestaciones Sociales del Ejercito Nacional (folios 30 a
32).
7.5.
Oposición a la acción de tutela
El 20 de abril
de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, admitió el recurso de amparo y corrió traslado a la entidad accionada
para que se pronunciara sobres los hechos y las pretensiones interpuestas.
7.6. Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares
El 22 de abril
de 2015, el apoderado de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, respondió
a la acción de tutela en los siguientes términos:
El 28 de agosto
de 2014, la señora Olga María Santos Sanabria, en calidad de curadora de Edgar
Santos Sanabria, radicó una solicitud de reconocimiento y pago de la
sustitución pensional del soldado profesional Héctor Alexander Sanabria
Cárdenas, la cual fue resuelta por oficio del 15 de septiembre de 2014, en el
que se indicó que la solicitud se había dirigido al Grupo de Prestaciones
Sociales de la Dirección de Veteranos y Bienestar Social del Ministerio de
Defensa por ser ellos los competentes para resolver el asunto. Sin embargo,
esta caja tuvo conocimiento de que a través de la Resolución 1996 del 28 de
mayo de 2010, expedida por la dirección antes enunciada, se negó una solicitud
de sustitución pensional a favor de Edgar Santos Sanabria en calidad de hermano
interdicto del soldado Héctor Alexander Sanabria Cárdenas.
Por tanto, adujo
no tener legitimación en la causa por pasiva, pues la pensión reconocida a la
señora María Dominga Sanabria Cárdenas, no estuvo a cargo de esta dependencia, por
lo que solicita se desvincule a la entidad del trámite de la presente acción.
7.6. Grupo de
Prestaciones Sociales de la Dirección Administrativa del Ministerio de Defensa
Nacional
El 23 de abril
de 2015, la coordinadora del grupo de prestaciones, respondió a los hechos y a las
pretensiones del accionante en los siguientes términos:
Debido al
fallecimiento del soldado profesional Héctor Alexander Sanabria Cárdenas, se
reconoció la sustitución pensional a favor de la señora María Dominga Sanabria
Cárdenas, quien fue la única persona que se presentó como beneficiaria de dicha
prestación, toda vez que respecto de la situación particular del señor Edgar
Santos Sanabria, la entidad no tuvo conocimiento acerca del momento en que se
estructuró su discapacidad.
Ahora, respecto
de la presente solicitud, es menester resaltar que, a través de la Resolución
No. 1996 del 28 de mayo de 2010, esta dirección se pronunció sobre la
sustitución pensional solicitada por el señor Wilson Flórez Sanabria a favor de
los intereses del señor Edgar Santos Sanabria, en esa oportunidad, se informó,
que no le merecía ningún derecho, pues al momento de la asignación de la
pensión, solo se presentó la madre del causante.
De igual forma,
sostiene que en repetidas ocasiones este ministerio ha manifestado la
improcedencia de sustituir dos veces la misma pensión, por tal motivo,
consideran inviable la solicitud que da origen a la presente acción de amparo.
Por tanto, solicita se denieguen las pretensiones de la accionante, en
consideración a que el presente recurso de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad en tanto no se ha iniciado un proceso ordinario para lograr las
pretensiones aquí expuestas.
7.7. Decisión
de primera instancia
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en providencia
del 27 de abril de 2015, amparó los derechos fundamentales invocados al
considerar que, (i) el señor Edgar Santos Sanabria es un sujeto de especial
protección a quien debe otorgársele un trato especial en la medida en que no
puede proveerse su propia subsistencia, (ii) que cuando la acción de tutela
versa sobre los intereses de un sujeto especialmente amparado, es procedente
desplazar los recursos ordinarios en aras de proteger reforzadamente los
derechos del afectado, y, además, (iii) se demostró plenamente, a través de las
pruebas, que el señor Edgar dependía económicamente de su madre quien, a su
vez, se valía de la sustitución pensional a la que se hizo acreedora por el
deceso de su hijo.
En consecuencia,
el tribunal ordenó a la Dirección de Veteranos y Bienestar Social del
Ministerio de Defensa Nacional reconocer y pagar a Edgar Santos Sanabria, a
través de su curadora Olga María Santos Sanabria, la sustitución pensional del
soldado profesional Héctor Alexander Sanabria Cárdenas.
7.8
Impugnación
Inconforme con
la decisión, el ministerio aludido impugnó el fallo del a quo, allegando
un escrito contentivo con los mismos argumentos expuestos en el escrito de
contestación de la acción de tutela.
7.9. Decisión
de segunda instancia
El 10 de julio
de 2015, el Consejo de Estado, Sección Quinta, revocó lo dispuesto por el juez
de primer grado al considerar que, de los argumentos expuestos por la
accionante en sede de tutela, se resalta la intención de que se revoque la
Resolución 1996 de 2010, por medio de la cual se negó la sustitución pensional
a favor de Edgar Santos Sanabria y, en ese sentido, el mecanismo procedente
para reclamar la prestación es la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. En consecuencia, al no evidenciar un perjuicio irremediable que
hiciera procedente la acción de tutela se revocó lo dispuesto por el tribunal.
III.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas (i) el 26 marzo de marzo de 2015 por el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Pasto, Sala de Decisión Civil-Familia que, a su vez,
revocó el del 16 de febrero de 2015 dictado por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Pasto en el trámite iniciado por Eliana Cerón Garzón como curadora
de Amanda Lucía Cerón Garzón contra la Unidad Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales, dentro del expediente T-5.002.936; (ii) el 16 de junio de 2015
por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá que, a su vez,
confirmó el del 17 de abril de 2015 emitido por el Juzgado Segundo Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Bogotá en el trámite iniciado por Claudio Franco
Cortés como agente oficioso de Humberto Franco Cortés contra Protección S.A.,
dentro del expediente T-5.077.878; (iii) el 31 de julio de 2015 por el Juzgado
Once Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que, a su vez,
revocó el proveído del Juzgado Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función
Control de Garantías de Bogotá en el trámite iniciado por Judy Alexandra Duque
Achury contra Porvenir, dentro del expediente T-5.091.118; (iv) el 16 de julio
de 2015 por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito Piloto en Oralidad de
Bogotá en el trámite iniciado por Emma Díaz Parada contra Colpensiones, dentro
del expediente T- 5.091.263; (v) el 24 de junio de 2015 por el Tribunal
Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, que a su vez confirmó el dictado
el 8 de mayo de 2015 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira en el
trámite iniciado por Alfredo López Varona contra Colpensiones, dentro del
expediente T-5.097.794; (vi) el 26 de junio de 2015, por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Armenia que a su vez, revocó el del 15 de mayo de 2015 proferido
por el Juzgado Séptimo Civil Municipal Piloto en Oralidad de Armenia, en el
trámite iniciado por María Edith Duque Galindo como curadora de Luz Mery Duque
Galindo contra la Junta de Calificación de Invalidez del Quindío y las Empresas
Públicas de Armenia, dentro del expediente T-5.098.745; (vii) el 10 de julio de
2015 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que a su vez revocó el dictado
el 27 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, en la acción iniciada por Olga María Santos Sanabria
como curadora de Edgar Santos Sanabria contra Ministerio de la Defensa Nacional
y otros, dentro del expediente T-5.100.138, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problemas
jurídicos
Si bien los siete (7) casos objeto de revisión persiguen el mismo
fin, a saber, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o de vejez o
la sustitución pensional, abordan problemas jurídicos disímiles, por lo que la
Sala deberá analizar, de acuerdo con los hechos descritos en los diferentes
procesos de tutela, si las entidades demandadas, vulneraron los derechos de los
accionantes al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad
social, en primer lugar, (i) dentro del proceso de tutela T-5.002.936, al
haberle negado a la señora Amanda Lucía Cerón Garzón, quien cuenta con una
pérdida de capacidad laboral del 65.31%, el reconocimiento de la sustitución
pensional de su madre al estimar que no se encuentra acreditada la dependencia
económica, por aparecer dentro de la base de datos del Fosyga como “cabeza de
hogar”; (ii) en segundo lugar, dentro de los procesos de tutela T-5.077.878,
T-5.091.118 y T-5.097.794, al haberles negado a los accionantes la pensión de
invalidez, por no haber acreditado el requisito de las 50 semanas de cotización
dentro de los tres (3) años anteriores a la estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral, a pesar de padecer enfermedades congénitas, degenerativas
y/o catastróficas y haberles dictaminado porcentajes superiores al 50% de
pérdida de la capacidad para trabajar y contar con más de 50 semanas de
cotización al sistema general de pensiones; (iii) en tercer lugar, dentro del
expediente T-5.091.263, al haberle suspendido la pensión de vejez a la señora
Emma Díaz Parada, por no cumplir con el requisito de las 1250 semanas cotizadas
al régimen de pensiones, sin tener en cuenta que pertenece a régimen de
transición y sin que dentro de su historia laboral se contabilice el período comprendido entre el 1º de enero de 1978 y 31 de
diciembre de 1979, correspondiente a 104.29 semanas de cotización; (iv) en
cuarto lugar, dentro del proceso T-5.098.745, al haberle negado la sustitución
pensional del señor Severo Duque a Luz Mery Duque, quien cuenta con una
discapacidad laboral superior al 50%, al considerar que la fecha de
estructuración de su disminución para trabajar es posterior a la muerte de su
progenitor y, adicionalmente, al no haber alegado el derecho pensional en el
momento en que esta prestación fue sustituida a su madre; y, por último, (v) dentro
del proceso T-5.100.138, al haberle negado la sustitución pensional de Héctor
Alexander Sanabria a su hermano Edgar Santos, quien cuenta con una disminución
de la capacidad laboral superior al 50%, por cuanto dicha prestación ya había
sido reconocida a la madre del joven, quien, a pesar de haber fallecido, no
genera ningún derecho de sustitución respecto de sus otros hijos.
Con el objetivo
de dar solución a los casos concretos, se abordarán algunos temas tratados por
la jurisprudencia de esta corporación, como (i) la procedencia de la acción de
tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales, (ii) el derecho a la
seguridad social y el principio de progresividad, (iii) la sustitución
pensional, los requisitos para acceder a ella y la asignación mensual de retiro
(iv) la pensión de invalidez y los requisitos para acceder a
ella, (v) la calificación de la pérdida de capacidad laboral y la fecha
de estructuración, tratándose de enfermedades degenerativas, catastróficas o
congénitas y (vi) la pensión de vejez del régimen de transición.
3.
Procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones
sociales. Reiteración de jurisprudencia
La Constitución
Política de 1991 creó la acción de tutela con el fin de garantizar los derechos
constitucionales fundamentales de las personas, cuando éstos resulten violados
o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por
particulares en los casos que la ley establece. Este mecanismo prevé un
procedimiento preferente y sumario, destinado a brindar protección inmediata[6].
La acción de
tutela fue prevista como un mecanismo subsidiario, es decir que solo puede ser
ejercida en los eventos en que el afectado no cuente con otro medio de defensa
judicial, salvo que esta se utilice como un instrumento transitorio para evitar
un perjuicio irremediable.
Debido a la
naturaleza de este mecanismo constitucional, la Corte, en reiterada
jurisprudencia, ha señalado que este no puede interponerse para reclamar el
pago de prestaciones sociales, pues estas son controversias de carácter
litigioso que le corresponde resolver a la jurisdicción laboral. Además, la
seguridad social no es considerada en sí misma como un derecho fundamental “sino
como un derecho social que no tiene aplicación inmediata”[7], otra
razón por la cual, las divergencias generadas en torno a este tema deben ser
resueltas por la justicia ordinaria.
No obstante, la
Corte ha sostenido que la tutela puede ser interpuesta para reclamar
prestaciones sociales, si se verifican unos supuestos como, (i) que la tutela
sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de
reconocimiento de una prestación social vulnere algún derecho fundamental como
la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y que (iii) la negativa del
reconocimiento se origine en actuaciones que por su contradicción con los
preceptos legales y constitucionales desvirtúen la presunción de legalidad de
las actuaciones de la administración pública o sea evidentemente arbitraria en
caso de que sea un particular quien preste este servicio público[8].
Ahora bien, el
juicio de procedibilidad de la acción de tutela no puede ser igual en todos los
casos, pues este debe ser flexible cuando se trata de personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta y demandan una protección
constitucional especial como son, los ancianos, los niños, las mujeres
embarazadas, las madres o padres cabeza de familia o las personas que padecen
algún tipo de discapacidad física o mental, eventos en los cuales la
procedencia de la acción se hace menos estricta[9].
4. El derecho
a la seguridad social y el principio de progresividad. Reiteración de
jurisprudencia
La Constitución
Política de 1991 estableció dentro del catálogo de derechos un capítulo al que
llamó “de los derechos, sociales, económicos y culturales”. Los derechos
pertenecientes a esta categoría son todos aquellos que permiten el desarrollo
digno de las personas dentro de una sociedad, razón por la cual el Estado debe
reglamentarlos para la efectividad de su cumplimiento.
Dentro de la
categoría enunciada se encuentra el derecho a la seguridad social, contemplado
en el artículo 48 de la Carta Política de 1991 como un servicio público
obligatorio y, a la vez, como un derecho, por lo que es deber del Estado organizarlo,
dirigirlo y reglamentarlo bajo los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad.
En desarrollo de
la obligación que la Carta le impuso al Estado de reglamentar este derecho, el
legislador profirió la Ley 100 de 1993 que reguló el tema de manera integral y
estableció que la seguridad social tiene por objeto “garantizar los derechos
irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida
acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que
la afecten.”[10]
Así mismo, la
mencionada ley, define la seguridad social como un sistema compuesto por un
conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que se
encargan de reglamentar los diferentes regímenes prestacionales como son, el de
salud, el de pensiones, el de riesgos profesionales y el de servicios sociales
complementarios[11].
Prestaciones que permiten el desarrollo digno de las personas ante ciertas
incontingencias que puedan llegar a suceder, como son las enfermedades, los
accidentes, o los procesos naturales como la maternidad, la vejez etc.
Por consiguiente, debido a la naturaleza de los regímenes
enunciados, el Estado debe procurar el cumplimiento del principio de
progresividad, tal como lo ordena el artículo 48 de la Carta Política de 1991 y
los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia, que
consiste en ampliar progresivamente la cobertura del sistema de seguridad
social. Queriendo decir con esto, que “el Estado tiene el deber de avanzar
en la materialización del derecho en cabeza de todas las personas, procurando
el alcance de mayores beneficios por parte de la población.”[12]
La Corte, en
variada jurisprudencia, se ha pronunciado sobre este principio manifestando que
este genera una limitación para el legislador de establecer medidas que vayan
en retroceso de los avances que se hayan logrado a favor de los asociados y, en
consecuencia, desarrolló la doctrina de la “inconstitucionalidad prima
facie” de las medidas regresivas, según la cual toda medida regresiva se
presumirá desde su inicio como inconstitucional y le corresponderá al
legislador argumentar que la medida es proporcionada y se ajusta a la
Constitución.[13]
5. Naturaleza, finalidad y principios constitucionales de la
sustitución pensional. Reiteración de jurisprudencia.
Dentro del
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones se consagró por parte del
legislador un conjunto de prestaciones económicas con la finalidad de prevenir
contingencias propias de los seres humanos, tales como la viudez, la invalidez,
la muerte y la vejez.
Así las cosas,
reconoció derechos pensionales para aquellos afiliados que les sobrevenga
alguna de estas eventualidades, previo el cumplimiento de unos requisitos, a
efectos de evitar la consolidación de mayores daños a sus condiciones de vida.
Se estableció entonces, entre otras, la pensión de vejez, de invalidez, de
sobrevivientes y la sustitución pensional.
Tratándose de la
sustitución pensional, lo que pretende, como su nombre lo indica, es sustituir,
en este caso, el derecho financiero que otro ha adquirido, fenómeno que se
puede llevar a cabo siempre y cuando el titular del mismo haya fallecido. Lo
anterior, con la intención de que el apoyo monetario recaiga en quienes
dependían económicamente del causante.
En ese sentido,
la sustitución pensional pretende evitar que las personas que financieramente
mantenían una dependencia con el pensionado, queden sin un ingreso que les
permita su congrua subsistencia, de manera intempestiva, ante la eventualidad
sobrevenida por el deceso.
Por tanto, se
trata de una prestación económica cuya finalidad se asimila a la de la pensión
de sobrevivientes, salvo que, en esta última no se ha consolidado el derecho
pensional en favor del afiliado sino que se encuentra laborando y cotizando al
SGSS y fallece, por lo que en este supuesto se torna necesario cumplir un
número mínimo de aportes para que puedan acudir sus familiares a solicitar el
reconocimiento.
Situación que no
hace falta en tratándose de sustituciones, habida cuenta que el afiliado ya
consolidó y le fue reconocida su pensión y, ante su deceso, lo que pretenden
los beneficiarios es sustituirlo por cuanto este era quien suministraba los
recursos financieros para cubrir sus necesidades y, con su muerte, quienes de
él dependían, son expuestos a un inminente perjuicio al no contar con la
continuidad del pago de la asignación prestacional.
Desde esa
perspectiva, la Corte, en sentencia C-111 de 2006[14], estableció
que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para sus
beneficiarios, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que
contaban en vida del pensionado o del afiliado fallecido, que al desconocerse
puede significar, en no pocos casos, reducirlos a una evidente desprotección y
posiblemente a la miseria[15].
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación,
las personas más cercanas y que más dependían del causante y que, además, en
muchos casos compartían con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus
necesidades mínimas”. Por consiguiente, resulta claro para la Sala
que la finalidad que se persigue con la sustitución pensional es la de suplir
la ausencia repentina del apoyo económico que el pensionado ofrecía a sus
familiares, y que el deceso de éste no determine el cambio sustancial de las
condiciones de vida del beneficiario o beneficiarios, pues dicha sustitución
tiene el alcance de brindar una ayuda vital e indispensable para la
subsistencia de éstos.
Así las cosas,
para la Corte las disposiciones destinadas a regular los aspectos relacionados
con la sustitución pensional no pueden incluir expresa o implícitamente tratos
discriminatorios que se conviertan en barreras que dificulten el acceso a
aquella, dada su especial dimensión constitucional y los principios en comento
que le sirven de respaldo constitucional.
Desde el punto
de vista legal, la sustitución pensional se encuentra consagrada tanto en el
régimen de prima media con prestación definida como en el de ahorro individual
con solidaridad. En términos generales, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, las personas
que tienen derecho a la sustitución pensional son los miembros del grupo
familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca[16].
En forma
adicional, para tener derecho al reconocimiento de la sustitución pensional, se
debe acreditar por parte de los miembros del grupo familiar del causante, la
condición de beneficiarios legales a partir del orden de prelación que
estatuyen los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados y recogidos
en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003[17]. Dicho orden
garantiza la estabilidad económica y financiera del sistema general de
pensiones, habida consideración que el reconocimiento de la sustitución
pensional solo opera para los miembros del grupo familiar que, por su cercanía
y dependencia del causante, pueden resultar afectados en su digna subsistencia.
6. Requisitos
que debe acreditar el hijo en situación de discapacidad para que se le otorgue
la sustitución pensional. Estudio constitucional sobre la dependencia
económica. Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con
el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, dentro de los
beneficiarios de la sustitución pensional se encuentran los descendientes del
causante, quienes tendrán derecho siempre que: (i) se trate de hijos
menores de 18 años; (ii) cuando los hijos tengan más de 18 años y hasta
25 años de edad y se encuentren incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios, siempre que dependieran económicamente del difunto al momento de su
deceso; y, (iii) cuando se trate de hijos inválidos que dependían
económicamente del causante, que no tengan ingresos adicionales y mientras
subsistan las condiciones de invalidez.
En este último
caso, la determinación del estado de invalidez se efectúa con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, es decir, se considera
inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no
provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de la capacidad
laboral. Según estableció esta Corporación, en sentencia T-701 de 2008[18],
las entidades encargadas de determinar dicho estado de invalidez son las Juntas
Regionales y Nacionales de Calificación de Invalidez.
Concretamente,
en el caso de los hijos en situación de discapacidad, la reiterada
jurisprudencia constitucional[19]
ha señalado que de la norma en comento (artículo 38 ibídem) se desprende que
para poder obtener el reconocimiento de la sustitución pensional es necesario
que aquellos acrediten los siguientes requisitos: (i) el parentesco; (ii)
el estado de invalidez del solicitante; y, (iii) la dependencia económica
respecto del causante[20].
En este sentido, esta Corporación ha sostenido que “las citadas condiciones
deben mantenerse en el tiempo para asegurar la continuidad en el pago de tal
prestación, de tal manera que si éstas desaparecen, se extinguirá el derecho a
la sustitución pensional”[21].
Ahora bien,
tratándose de la dependencia económica que el hijo en situación de discapacidad
debe acreditar respecto del causante, esta Corporación ha manifestado que si
bien la norma contempla que este no tenga ningún ingreso adicional al recibido
de manos del de cujus[22],
una correcta interpretación deja entrever que hace referencia a entradas
económicas fijas, estables y permanentes en el tiempo que den seguridad
financiera. Quiere ello decir que, cuando el hijo en situación de discapacidad
percibe ingresos ocasionales que por su naturaleza no son periódicos ni le
brindan estabilidad para procurarse la digna satisfacción de todas sus
necesidades básicas, se debe otorgar el reconocimiento de la sustitución
pensional. No se puede esperar a que se encuentre el hijo en situación de total
indigencia y sin recurso alguno, para que pueda acceder al derecho
prestacional, más aún cuando se trata de un sujeto de especial protección
constitucional.
En este sentido,
la Sala estima pertinente traer a colación la sentencia C-111 de 2006, en la
cual la Corte estudió un apartado del literal d) del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, que prescribía que para que los padres del pensionado o afiliado
tuvieran derecho a la pensión de sobrevivientes debían acreditar, entre otras
cosas, que aquellos dependieran en forma total y absoluta de éste último. En
esa sentencia, la Corporación declaró inexequible la expresión “de forma
total y absoluta” pues exigir esto, significaba, en términos prácticos, que
el solicitante debía encontrarse en situación de miseria y desprotección para
que fuera procedente el reconocimiento del derecho prestacional, lo que
desconocía, de manera flagrante, el principio de proporcionalidad al sacrificar
los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad humana por alcanzar
una cierta austeridad del sistema de seguridad social en pensión[23].
Así las cosas, a partir de dicha sentencia, la dependencia económica que deben
acreditar los padres para obtener la pensión de sobrevivientes ante el
fallecimiento de sus hijos, puede ser parcial o total.
La Sala
considera que, mutatis mutandi, los anteriores criterios son también
aplicables al caso de los hijos en condición de discapacidad, que dependían
parcial o totalmente del causante, pues entendiendo la independencia económica
como “tener la autonomía necesaria para sufragar los costos de la propia
vida, sea a través de la capacidad laboral o de un patrimonio propio”[24]
o, como “la posibilidad de que dispone el individuo para generar un ingreso
económico o disponer de una fuente de recursos que le permitan asumir las
necesidades básicas, y garantizarse una vida en condiciones dignas y justas”[25],
si el sujeto beneficiario logra demostrar que los ingresos ocasionales con
los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo existencial que le
permita subsistir de forma digna (juicio de autosuficiencia), y que estaba
sometido al auxilio recibido de parte del causante, procede el reconocimiento
de la sustitución pensional a favor de la persona en situación de discapacidad.
Al respecto, la
Corte Constitucional, en su jurisprudencia, ha señalado un conjunto de reglas
para determinar si la persona es o no dependiente, a partir de la valoración
del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del
conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua
subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios fueron resumidos en
la sentencia C-111 de 2006, que, como dijimos, se aplica analógicamente al caso
de los hijos en condición de discapacidad. Tales criterios son:
“1. Para
tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a
los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.
2. El salario
mínimo no es determinante de la independencia económica.
3. No
constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre
otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la
pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal
j, de la Ley 100 de 1993.
4. La
independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.
5. Los
ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes.
6. Poseer un
predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica”.
De modo pues
que, los ingresos ocasionales que no tengan el carácter de permanentes, no
pueden ser un criterio constitucionalmente válido para que se niegue el
reconocimiento de la sustitución pensional a un hijo en condición de
discapacidad que probó que dependía parcial o totalmente del causante afiliado.
7. La asignación mensual de retiro para los miembros de la fuerza
pública y su sustitución. Reiteración de
jurisprudencia
Como es bien
sabido, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social
Integral, conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones,
salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que la
misma define.
El sistema en
mención, de acuerdo con el artículo 10º de la ley en cita, tiene como objeto i)
garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que dicha norma determina - dentro de las cuales se encuentran las
pensiones de vejez, invalidez, sobrevivientes, así como también, la sustitución
pensional y la indemnización sustitutiva, entre otras - y ii) propender
hacia la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos poblacionales no
cubiertos con un sistema de pensiones.
De conformidad
con lo consagrado en el artículo 279, la Ley 100 establece una serie de gremios
frente a los cuales no resulta aplicable el Sistema Integral de Seguridad
Social. Entre ellos, se encuentra el relativo a los miembros de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, cuya única excepción es para quienes se
vinculen a partir de la entrada en vigor de la normativa en comento.
Así las cosas,
el régimen de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional
consagra diversos tipos de prestaciones, entre las que cabe mencionar, dada la
pertinencia para la solución del caso en concreto, la asignación mensual de
retiro.
Dicha figura se
trata de una prestación de carácter económico a favor de los oficiales,
suboficiales y soldados profesionales que adquirieron ese derecho por haber
prestado sus servicios al país durante un prolongado lapso de actividad militar
bajo las condiciones consagradas en las normas que fijan el régimen pensional y
de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Este Tribunal la
ha definido como “una modalidad de prestación social que se asimila a la
pensión de vejez y que goza de cierto grado de especialidad (en requisitos),
atendiendo a la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen
los servidores públicos a quienes se les reconoce” [26].
De igual manera,
es de señalar que la circunstancia de que la asignación mensual de retiro sea
un derecho pensional,  implica per se que se trata de un derecho
cierto, indiscutible e irrenunciable (art. 48 de la Constitución), es decir,
que respecto de su reconocimiento no opera el fenómeno de la caducidad ya sea
en sede administrativa o judicial, motivo por el cual su reclamación puede
realizarse en cualquier momento, teniendo en cuenta que se trata de una
prestación periódica, resultando únicamente aplicable la prescripción de las
mesadas pensionales no recibidas, en los términos previstos en el ordenamiento
jurídico[27].
Así las cosas, el legislador aprobó la Ley 923
de 2004[28], la cual se constituyó en el marco para fijar
el régimen de asignación de retiro y de otras prestaciones correspondientes a
estos servidores.
Frente a quiénes pueden concurrir como
beneficiarios de la pensión por causa de muerte del servidor, dicha ley
estableció, en el artículo 3º, el siguiente orden:
“3.7. El orden de beneficiarios (…) de la
sustitución de la asignación de retiro (…) será establecido teniendo en cuenta
los miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular. // En todo caso
tendrán la calidad de beneficiarios, para la sustitución de la asignación de
retiro (…):
3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de
la asignación de retiro (…) se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su
muerte.
3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con éste. La sustitución de la asignación de retiro (…) se
pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años.
En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con el causante aplicará
el numeral 3.7.1.
Si respecto de un titular de asignación de
retiro (…) hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los
numerales 3.7.1 y 3.7.2. del presente numeral, dicha pensión se dividirá entre
ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos
cinco (5) años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.
3.8. Las asignaciones de retiro (…) y su
sustitución, (…) en ningún caso serán inferiores al salario mínimo legal
mensual vigente. La sustitución de la pensión será igual a lo que venía
disfrutando el titular, con excepción de los porcentajes adicionales para
quienes se pensionen a partir de la vigencia de la presente Ley. En todo caso,
la asignación mensual de retiro de los soldados profesionales no podrá ser
inferior a uno punto dos (1.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Por su parte, el Decreto Ejecutivo
4433 de 2004[29], en el parágrafo 2°, del artículo 11, reiteró
el orden de beneficiarios anteriormente señalado y estableció, en el artículo
40, que a la muerte de un miembro de las fuerzas militares en goce de
asignación de retiro o pensión, sus beneficiarios “tendrán derecho a una
pensión mensual que será pagada por la entidad correspondiente, equivalente a
la totalidad de la asignación o pensión que venía disfrutando el causante”[30].
En consonancia con lo anterior, es
viable concluir que la finalidad de la
sustitución de la asignación mensual de retiro es asimilable a la de la pensión
de sobrevivientes contemplada en el Sistema General de Pensiones, es decir,
garantizar el mínimo vital y las condiciones materiales de supervivencia de las
personas que estaban a cargo del fallecido, habiendo cumplido con una carga
determinada de aportes al sistema. Es decir, ello no significa el reconocimiento del derecho a la
pensión sino la legitimación para sustituir a la persona que venía disfrutando
de esta prestación[31].
Ahora, respecto de la
sustitución de la asignación para un hermano en situación de discapacidad, el
Decreto 4433 de 2004 expone, en su artículo 11, lo siguiente:
“Orden de beneficiarios de pensiones por
muerte en servicio activo. Las
pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y
Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales,
miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las
escuelas de formación, en servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el
siguiente orden:
11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de 18 años e hijos
estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su
condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían económicamente
del causante.
11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero
(a) permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente a los hijos
menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los
hijos inválidos, si dependían económicamente del causante.
11.3 Si no hubiere hijos, la pensión
corresponderá la mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, y
la otra mitad en partes iguales, para los padres que dependían económicamente
del causante.
11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero
(a) permanente sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los
padres, siempre y cuando dependieran económicamente del causante.
11.5 Si no hubiere cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la pensión le
corresponderá previa comprobación de que el causante era su único sostén, a los
hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos.(Subrayas fuera del
original)
Debe resaltarse, que esta norma
indica que, el hermano del causante, debe comprobar que su único sustento
económico provenía de la actividad desempeñada por el activo en la fuerza,
además haberse acreditado su situación de discapacidad, sin embargo, esta norma
no indica un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. No obstante, sobre el
concepto de la invalidez, esta Corporación ha asentido así:
“La invalidez ha sido asumida en el contexto internacional como la
reducción de la capacidad para el trabajo a consecuencia de limitaciones
físicas o mentales debidamente probadas. Esta idea ha sido adoptada en
el contexto jurídico nacional, que define a la invalidez como una pérdida
que excede el 50% de la facultad para laboral, lo que presupone la
valoración de la merma.  La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia advirtió que una persona es declarada inválida `desde el día en que
le sea imposible procurarse los medios económicos de subsistencia’. El momento
de estructuración de la invalidez de una persona es la fecha en que se genera
en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y
definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la
historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser
anterior o corresponder a la fecha de calificación.”[32](Subrayas fuera del texto original)
De ello se colige que, para ser
considerado inválido, se requiere tener un pérdida de la capacidad laboral
superior al 50% de la capacidad para laborar y, así mismo, se necesita ubicar,
temporalmente, el momento en el cual la persona perdió esa capacidad, para
ello, los médicos laborales determinan una fecha de estructuración.
Ahora bien, el medio probatorio
para determinar esta situación, es la calificación de una junta médica, es este
sentido la Corte ha sostenido:
“La calificación de la pérdida de
capacidad laboral, a través de los procedimientos previstos en la ley, es
determinante para establecer si una persona tiene derecho al reconocimiento de
aquellas prestaciones asistenciales o económicas en los eventos de incapacidad
permanente parcial o de invalidez. La determinación de la disminución
física o mental con secuelas laborales, se propone establecer el origen y el
porcentaje de afectación del ´conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes
y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten al individuo
desempeñarse en un trabajo habitual. `Tal propósito, conjugado con la
importancia de la función prestacional que cumple ha convertido este
procedimiento, desde una visión constitucional, en un derecho de los usuarios
del sistema, inescindible a determinadas prestaciones del mismo y que cobra
especial relevancia al convertirse en el medio para acceder a la garantía y
protección de otros derechos fundamentales como el mínimo vital. En otras
palabras, es decisivo para establecer a qué tipo de auxilios tiene derecho
quien padece una discapacidad como consecuencia de una actividad laboral, o por
causas de origen común. Adicionalmente, la Corte ha considerado que el derecho
a la calificación sobre el estado de invalidez, como garantía derivada de la
afiliación al sistema, precisa cuatro aspectos: (i) la pérdida de capacidad
laboral; (ii) el grado de invalidez; (iii) la fecha de estructuración; y (iv)
el origen de las contingencias.”
Así las cosas, para cualquiera de las
contingencias en las cuales se pretenda alegar una disminución laboral que haga
considerar a una persona en situación de discapacidad, se requiere tener el
dictamen de una Junta de Calificación de la pérdida de capacidad laboral pues,
es a través de ese documento técnico, que puede adelantarse bien sea un proceso
administrativo de reclamación o una eventual solicitud judicial.
8. La pensión
de invalidez y los requisitos para acceder a ella. Reiteración de
jurisprudencia
Uno de los
regímenes prestacionales de la seguridad social es el de pensiones, el cual
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte[33].
La pensión de
invalidez es aquella prestación económica que se otorga cuando una persona, ya
sea por enfermedad común o profesional o por haber padecido un accidente, ha
perdido la capacidad de locomoción y la plenitud de las funciones síquicas y
físicas y, como consecuencia, ha sufrido una pérdida en su capacidad laboral
que le impide llevar una vida cotidiana y social normal.
Según el
ordenamiento sobre la materia, se considera inválida una persona cuando por una
causa no provocada intencionalmente pierda el 50% o más de su capacidad laboral[34].
Los facultados para calificar la invalidez son las entidades del sistema como
Colpensiones, las ARP, las EPS y las aseguradoras, también existen las Juntas
Regionales de calificación de invalidez y la Junta Nacional de calificación de
invalidez.
La Ley 100 de
1993, estableció los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, en caso
de dictaminarse una pérdida del 50% o superior. Estos requisitos son:
“Artículo 39: Requisitos para obtener la pensión de invalidez.
Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y
cumplan con alguno de los siguientes requisitos:
a)
Que el afiliados se encuentre cotizando
al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento
de producirse el estado de invalidez, y
b)
Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas
del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de
invalidez.”
Este artículo
fue modificado por la Ley 797 de 2003, introduciendo variaciones a los
requisitos, sin embargo esta ley fue declarada inexequible por  esta
Corporación por vicios de trámite, mediante sentencia C-1056 de 2003.
Posteriormente
la Ley 860 de 2003, mediante su artículo 1°, volvió a modificar los requisitos
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, disponiendo lo siguiente:
“Artículo 39:
Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones:
1.
Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos t
res (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su
fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento
(20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años
de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. El
texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-428 de 2009.
2.
Invalidez causada por accidente:
Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma,y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.El texto
subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-428 de 2009.”
La pensión de
invalidez, como se dijo anteriormente, es una prestación que suple los ingresos
de una persona que por razones involuntarias ha perdido su capacidad laboral y,
por ende, se ve impedida para percibir sus ingresos del normal desempeño de su
trabajo. Por esta razón, la Corte ha señalado que “cuando la asignación
pensional por concepto de invalidez represente el único ingreso que garantice
la vida digna de la persona que ha sufrido una pérdida de capacidad laboral
significativa, el derecho a la pensión de invalidez, cobra la dimensión de
derecho fundamental.”[35]
9. Calificación de la pérdida
de capacidad laboral y la fecha de estructuración, tratándose de enfermedades
degenerativas, catastróficas o congénitas. Reiteración de jurisprudencia
De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, el estado de invalidez es una
situación física o mental que impide a la persona desarrollar una actividad
laboral remunerada, debido a la considerable disminución de sus capacidades
físicas e intelectuales, de manera tal que no le es dable suplir por sí mismo
una vida digna[36].
En
consonancia con lo manifestado por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, una persona es declarada inválida “desde el día en que
le sea imposible procurarse los medios económicos de subsistencia”[37].El mismo sentido, dicha Corporación
ha señalado que “como la invalidez es un estado que tiene relación directa
con el individuo y con la sociedad en la cual se desenvuelve, el criterio de
evaluación debe tener patrones científicos que midan hasta qué punto el
trabajador queda afectado para desempeñar la labor de acuerdo con las
características del mercado laboral”[38].
La
legislación nacional que regula la pensión de invalidez, establece en el artículo 38 de
la Ley 100 de 1993, que una persona es considerada inválida por enfermedad
común cuando “por cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido
el 50% o más de su capacidad laboral”.
El trámite para
la calificación de la invalidez ha sido regulado en diferentes disposiciones[39],
tales como la Ley 100 de 1993 artículos 41 al 43, el Decreto 917 de 1999, el
Decreto 2463 de 2001 y el Decreto 1507 de 2014, entre otros.
Según dichas
disposiciones, el dictamen de la calificación de la pérdida de capacidad
laboral es determinado inicialmente, por Colpensiones, las Administradoras de
Riesgos Profesionales, las compañías de seguros que asuman el riesgo de
invalidez y las Entidades Promotoras de Salud. De existir alguna controversia
con la calificación, el afiliado podrá, dentro los diez (10) días siguientes,
manifestar su inconformidad ante la entidad que la dictaminó y esta deberá
remitirlo a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, decisión que podrá
ser recurrida ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez[40].
El artículo 31
del Decreto 2463 de 2001, dispone que los dictámenes emitidos por las Juntas de
Calificación de Invalidez, “deben contener las decisiones expresas y claras
sobre el origen, fecha de estructuración y calificación porcentual de pérdida
de la capacidad laboral”, con base en los exámenes médicos, historia
clínica y demás elementos probatorios que sirvan para determinar una relación causal
entre la enfermedad o la limitación física y la pérdida de capacidad de trabajo.[41]
En cuanto a la
fecha de estructuración, el artículo 3° del Decreto 1507 de 2014, por el
cual se expide el Manual Único para la Calificación de Pérdida de la Capacidad
Laboral y Ocupacional, señala que “se entiende por fecha de estructuración
la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad
laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad
o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que
han dejado estos. Para el estado de
invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona
evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad
laboral u ocupacional.”.
A este respecto,
la Corte ha reconocido que existen situaciones en las que la enfermedad o el
accidente padecido por una persona generan en ella pérdida de su capacidad
laboral de manera inmediata, de ahí que la fecha de estructuración de la
invalidez, fijada en el correspondiente dictamen, coincida con la ocurrencia
del hecho generador de la misma. Sin embargo, también ha sostenido que, en
tratándose de enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, entiéndase por
tal, aquellas de larga duración y de progresión lenta[42], ocurre que
la disminución o pérdida de la capacidad laboral no se produce en un mismo
momento sino que, por el contrario, se genera de manera paulatina.[43]
Frente a este tipo de casos, la Corte ha evidenciado que los entes responsables
de efectuar la calificación de pérdida de la capacidad laboral establecen como
fecha de estructuración de la invalidez el momento a partir del cual se
presenta el primer síntoma de la enfermedad o se obtiene el primer diagnóstico,
sin importar que, de acuerdo con la realidad objetiva, la incapacidad
permanente y definitiva para desempeñarse laboralmente se produzca mucho tiempo
después.[44]
En efecto, son
numerosos los casos de personas que, a pesar de que padecen alguna enfermedad
catalogada como degenerativa, crónica o congénita, su estado de salud les
permite desarrollar actividades productivas con relativa normalidad y, en esa
medida, seguir cotizando al sistema general de pensiones, hasta que llega un
momento en el que la progresión de la enfermedad es tal, que les impide, de
manera definitiva, seguir ejerciendo su trabajo para obtener su sustento y, de
esta manera, aportar al sistema.
En tales
eventos, en los que el estado de invalidez de una persona está asociado al
padecimiento de enfermedades de carácter degenerativo, crónico o congénito,
esta Corporación ha establecido que, para efectos del reconocimiento de la
pensión de invalidez, las entidades administradoras de pensiones deberán tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
de la misma, las cuales se asumen efectuadas en ejercicio de una capacidad
laboral residual que, sin ánimo de defraudar el sistema, le permitió seguir
trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva y
funcional de forma permanente y definitiva. Lo anterior, como garantía efectiva
del derecho fundamental a la seguridad social de sujetos en situación de
debilidad manifiesta y como una medida tendiente a evitar que se genere
enriquecimiento sin justa causa por parte de los fondos de pensiones.[45]
Al respecto, la
sentencia T-040 de 2015[46],
sostuvo, que “cuando la invalidez proviene de un
accidente o de una situación de salud que generó la pérdida de capacidad laboral
de manera inmediata, la fecha de estructuración fijada en el dictamen médico
legal coincide con la fecha de la ocurrencia del hecho. Sin embargo, cuando la
persona inválida padece de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, y
la pérdida de la capacidad laboral se presenta de manera paulatina, existe la
posibilidad de que si tal circunstancia no es tenida en cuenta por las
autoridades competentes, la fecha consignada en el dictamen sea diferente a
aquella en que efectivamente perdió su capacidad para trabajar de manera
permanente y definitiva.
En relación con estas
situaciones excepcionales, la Corte ha señalado, reiteradamente, que las
personas que padezcan de una de estas enfermedades, que hayan conservado una
capacidad laboral residual después de ser diagnosticadas y que hayan seguido
trabajando, tienen derecho a que el fondo de pensiones les reconozca los
aportes que realizaron con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez, y hasta el momento en que perdieron su fuerza de trabajo de manera
permanente y definitiva.”
La Corte Constitucional, ha tenido la oportunidad de pronunciarse
en múltiples fallos sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez a
personas que sufren enfermedades catastróficas, degenerativas o congénitas y a
las que se les ha establecido una fecha de estructuración de su pérdida de
capacidad laboral que realmente no corresponde con su real disminución de su
fuerza de trabajo y, por el contrario, posterior a dicha fecha, han podido
seguir laborando y cotizando al sistema general de pensiones. La sentencia T-
789 de 2014[47],
sintetizó varios casos, los cuales se relacionaran a continuación:
“La sentencia T-699A de 2007,  trata sobre un tutelante que
contrajo VIH y contaba con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50
%. La entidad accionada negaba el derecho a la pensión de invalidez porque no
cumplía con el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, toda vez que entre
junio de 2000 y junio de 2003 solo contabilizaba 29.8 semanas de aporte. La
Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional consideró que era
desproporcionada la interpretación de la accionada, ya que desconocía que el
accionante continuó ejerciendo actividades laborales y cotizó al sistema de
seguridad social con posterioridad a la fecha de estructuración, por tanto,
tomó en cuenta como fecha de estructuración la fecha del dictamen de
calificación de la invalidez, ‘… en este caso la calificación de la invalidez
se realizó en una fecha muy posterior a aquella que se determinó para la
estructuración de la misma, ocurre que el tutelante continuó cotizando más allá
de la fecha de estructuración hasta, incluso, después de que se realizó el
examen de calificación, no obstante lo cual, la entidad accionada, al realizar
una interpretación literal del texto de la ley, sólo tuvo en cuenta el periodo
de aportes hasta la fecha de estructuración’.
Señaló en esta oportunidad
dicha Sala que el hecho de no tenerse en cuenta las
cotizaciones realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la
invalidez para el reconocimiento de esta prestación, puede generar un
enriquecimiento sin justa causa por parte del sistema de seguridad social en
pensiones al ‘beneficie[arse] de los aportes hechos con posterioridad a la
estructuración para, luego, no tener en cuenta este periodo al momento de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de
la pensión’.
En la sentencia T-561 de 2010 la Sala Sexta de Revisión de la
Corte reconoció una pensión de invalidez que había sido negada ya que la fecha
de estructuración impuesta, fijada 21 años atrás, reducía a 17 semanas el
tiempo cotizado por la actora. Por
lo cual, la Sala procedió a modificar la fecha de estructuración, de
conformidad con el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, emitido en el
2004, el cual consolidaba en la accionante una verdadera situación de
invalidez. ‘… salvo que exista una prueba concreta y fehaciente de que
la situación invalidante se configuró en un momento cierto y anterior, la
fecha de estructuración de invalidez de una persona suele ubicarse en época
relativamente próxima a aquella en la que se emite el respectivo dictamen de
calificación, hipótesis en la cual el trabajador puede incluso haber
alcanzado a realizar algunas cotizaciones de más mientras se produce tal
calificación. -subrayado fuera de texto- (…) en varias de las ocasiones en las
que, por excepción, esta Corporación ha estimado procedente la acción de tutela
como vía para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez, ha referido
de manera precisa la posibilidad de que una incorrecta fijación de la fecha de
estructuración de dicho estado conduzca a la negación de la pensión, al
considerarse insuficiente el número de semanas de cotización frente a lo
exigido por la norma legal aplicable al caso concreto. Este aspecto debe ser
entonces cuidadosamente valorado por la entidad que decide sobre el
otorgamiento del derecho pensional, pues la inadvertencia sobre la fecha de
estructuración puede implicar el desconocimiento del debido proceso
administrativo y de otros derechos fundamentales de la persona que busca la
prestación’.
Mediante providencia T-671 de 2011, esta Sala de Revisión
estudió el caso de una señora que le fue modificada por el Instituto de Seguro
Social, la fecha de estructuración de la enfermedad del 27 de febrero de 2009
al 13 de marzo de 1981, con una pérdida de la capacidad laboral del 64.64 %. Se
evidenció por la Sala en aquella oportunidad que ‘los órganos encargados de
determinar la pérdida de capacidad laboral, es decir las Juntas de Calificación
de Invalidez, establecen como fecha de estructuración de la invalidez aquella
en que aparece el primer síntoma de la enfermedad, o la que se señala en la
historia clínica como el momento en que se diagnosticó la enfermedad, a pesar
de que en ese momento, no se haya presentado una pérdida de capacidad laboral permanente
y definitiva superior al 50 %, tal y como establece el Manual Único
para la calificación de la invalidez – Decreto 917 de 1999-.
Esta situación genera una vulneración al derecho a la
seguridad social de las personas que se encuentran en situación de invalidez y
han solicitado su pensión para conjurar este riesgo, por cuanto, en primer
lugar, desconoce que, en el caso de enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas, la pérdida de capacidad laboral es gradual y por tanto la persona
que sufre de alguno de este tipo de padecimientos puede continuar desarrollando
sus actividades; en segundo lugar, no se tiene en cuenta las cotizaciones
realizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez para
el reconocimiento de esta prestación, lo cual puede generar un enriquecimiento
sin justa causa por parte del fondo de pensiones’. Por lo cual, tuvo en cuenta
la primera fecha de estructuración, dado que ese fue el día en que el galeno de
medicina laboral del ISS la determinó.
En la sentencia T-427 de 2012, la Sala Primera de Revisión de
la Corte Constitucional, estudió un caso de retardo mental leve, en el cual la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, confirmó la calificación y la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral del accionante, argumentando que la patología
calificada se identificó en el desarrollo general del retardo, el cual se
presentó a partir del nacimiento, el 11 de agosto de 1964.
En esta providencia, indicó
esta Sala que en los casos que la causa de la invalidez de los pacientes se deriva
de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, se establece una fecha de
estructuración anterior al dictamen, que vulnera el derecho a la seguridad
social y el mínimo vital de los afiliados al sistema, ya que la persona
conserva sus capacidades funciones y cotiza al sistema, ‘así, es posible que,
en razón de la enfermedad que genera la pérdida de la capacidad laboral, la
fecha de estructuración del estado de invalidez sea fijada en un momento
anterior a la fecha del dictamen, a pesar de que la persona haya conservado sus
capacidades funcionales y cotizado al sistema de seguridad social con
posterioridad a la fecha de estructuración”.
En ese sentido, concluyó la
Sala Primera de Revisión lo siguiente:
“A juicio de esta Sala, una
persona que haya nacido con discapacidad no puede ser excluida del derecho a la
pensión de invalidez, bajo el argumento de que no reúne 50 semanas antes de la
estructuración de su invalidez porque esta se estableció a partir de su
nacimiento, si se constata que, i) está en las mismas condiciones de
vulnerabilidad de quienes sí son, por disposición legal expresa, beneficiarios
de la pensión, ii) se afilió al sistema y ha aportado un número relevante de
semanas (50 o más), iii) no hay pruebas de que lo haya hecho con el ánimo de
defraudar al sistema”.
Por lo anterior, se ordenó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez en forma definitiva al
accionante, declarando sin efectos el dictamen de pérdida de capacidad laboral
proferido el 15 de abril de 2009, respecto de la fecha de estructuración del
estado de invalidez del actor a partir de su nacimiento. En su lugar, entendió
la Sala que la estructuración de la invalidez del señor Meza Franco se dio a
partir del el 8 de marzo de 1999, momento en que el trabajador hizo el último
aporte al Sistema General de Pensiones.
En la sentencia T-022 de 2013, la Sala Primera de Revisión de
la Corte Constitucional amparó una vulneración a la igualdad y a la seguridad
social, en un caso en el cual la actora fue evaluada el 29 de febrero de 2012, y mediante dictamen del 7 de
marzo de 2012, fue calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad
laboral del 53.15 %, con fecha de estructuración del 24 de marzo de 1980, es
decir, desde su nacimiento. La Sala de Revisión, consideró que la invalidez de
la señora Ramírez Peñuela no pudo estructurarse desde su nacimiento,
porque desde el año 2004 y hasta el año 2011, la actora contaba con las
habilidades, destrezas y aptitudes físicas, mentales y sociales, que le
permitieron desempeñar trabajos habituales, por los cuales recibía un salario y
aportaba al Sistema de Seguridad Social Integral. En razón a ello, modificó la
fecha de estructuración entendiendo por esta la fecha de solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez:
“… en aquellos casos en los que
una entidad encargada de practicar el dictamen de pérdida de capacidad laboral
de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, ha
establecido la estructuración de la misma en una fecha muy antigua en el tiempo,
con base en el momento en que se dictaminó por primera vez la enfermedad, sin
tener en cuenta que esa persona ha conservado su capacidad laboral y ha
aportado al sistema luego de ese momento, y que esa decisión hace que a esa
persona le sea imposible cumplir con los requisitos legales para pensionarse,
el juez de constitucionalidad debe tutelar el derecho a la seguridad social de
esa persona, estableciendo la fecha de estructuración a partir del momento en
que la persona perdió efectivamente su capacidad laboral”.
En el más reciente
pronunciamiento, T-483 de 2014, la Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, estudió el caso de Asdrubal Jesús Ariza, quien alegó violación
a sus derechos fundamentales por la Administradora Colombiana de Pensiones
–COLPENSIONES-, porque ésta le negó la pensión de invalidez argumentando que la
fecha en que se fijó la estructuración de su pérdida de capacidad laboral es
concomitante con su día de nacimiento, por lo que no tenían ninguna semana
cotizada al sistema de seguridad social en pensiones con anterioridad a la
fecha de estructuración.
Consideró la Sala irrazonable la interpretación de la entidad accionada, pues, “de darle eficacia
jurídica a tal interpretación, se le restaría valor a los mandatos constitucionales
de prohibición de discriminación, a la protección especial de las personas con
discapacidad, así como al principio de igualdad, porque bajo la legislación
actual no existe posibilidad de que el señor Ariza se pensione por invalidez.
Esta interpretación implica, que sin importar el número de semanas que trabaje
y cotice una persona al sistema de seguridad social en pensiones, bajo la
legislación vigente no podrá gozar de este derecho, por habérsele diagnosticado
desde su nacimiento una pérdida de la capacidad laboral superior al cincuenta
por ciento (50%)”.
Más adelante, señala, “de
aceptarse esta interpretación, se estaría (i) admitiendo que las personas que
nacieron con una discapacidad, por razón de su especial condición no pueden
trabajar ni procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la
dignidad humana, ni la posibilidad de acceder a una pensión de invalidez,
derechos que sí están reconocidos a las demás personas.[48]
Así como también, (ii) se estaría aceptando un acto de discriminación contra el
peticionario por motivo de su discapacidad, que tiene el efecto de impedir que
este acceda a la pensión de invalidez”.
En esa medida, como existían
aportes del accionante posteriores a la fecha de estructuración, dicha Sala
modificó la fecha de estructuración a la fecha del dictamen, en la cual se
estableció la verdadera pérdida definitiva y permanente de la capacidad
laboral.”
10. La pensión de vejez en el
régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 y sus reglas básicas.
Reiteración de jurisprudencia
Con el fin de que aquellas
personas próximas a pensionarse no se vieran afectadas con la creación del
sistema general de seguridad social en pensiones, previsto en la Ley 100 de
1993, el legislador fijó un régimen de transición, que les permitió mantenerse
en el régimen pensional al cual estaban afiliados al momento de entrar en
vigencia dicha ley, para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación.
Así las cosas, con el propósito
de proteger las expectativas legítimas que en materia pensional tenían los
trabajadores afiliados a los regímenes existentes con anterioridad al
establecido en la Ley 100 de 1993, y que estaban próximos a adquirir el derecho
se previó un régimen de transición, en virtud del cual, aquellos pueden
hacer efectivo su derecho a la pensión de jubilación, conforme con los
requisitos previstos en los respectivos regímenes, ante la creación de un nuevo
ordenamiento que exige mayores cargas para acceder a tal prestación.
Esta Corporación, refiriéndose, en términos generales,
al alcance de los regímenes de transición en materia pensional, con ocasión de
una demanda ciudadana presentada contra el Decreto Ley 2090 de 2003, que fijó
un régimen de transición para los trabajadores que laboran en actividades de
alto riesgo para la salud, explicó que “los regímenes de transición en el
ámbito pensional han sido entendidos como mecanismos de protección previstos
por el legislador, mediante los cuales se pretende que los cambios introducidos
por una reforma normativa no afecten excesivamente a quienes tienen una expectativa
próxima de adquirir un derecho, por estar cerca del cumplimiento de los
requisitos necesarios para acceder a él, en el momento del cambio legislativo.[49]”
En cuanto a su alcance, señaló que “la
consagración de tales regímenes, le permite al legislador ir más allá de la
protección de los derechos adquiridos de las personas, para salvaguardar
incluso ‘las expectativas de quienes están próximos por edad, tiempo de
servicios o número de semanas cotizadas a adquirir el derecho a la pensión de
vejez, lo que corresponde a una plausible política social que en lugar de
violar la Constitución, se adecua al artículo 25 [de la Carta] que ordena dar
especial protección al trabajo.[50]’”
Así las cosas, en la aludida sentencia la Corte
concluyó que los regímenes de transición “ (i) recaen sobre expectativas
legítimas de los asociados y no sobre derechos adquiridos; (ii) su fundamento
es el de salvaguardar las aspiraciones de quienes están cerca de acceder a un
derecho específico de conformidad con el régimen anterior  y (iii) su propósito
es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación del régimen
anterior, impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados,
especialmente si existe la posibilidad de minimizar esa incidencia y de
armonizar las expectativas ciudadanas y los cambios legislativos a través de un
régimen de transición”.[51]
En cuanto al régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993, el artículo 36 que lo regula,
básicamente, se ocupa de (i) establecer en qué consiste el régimen de
transición y los beneficios que otorga; (ii) señalar qué categoría de
trabajadores pueden acceder a dicho régimen, y (iii) definir bajo qué
circunstancias el mismo se pierde.
Acorde con ello,
el régimen de transición allí consagrado prevé como beneficio para acceder a la
pensión de vejez, que la edad, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la misma, sea la establecida en el
régimen anterior al cual se encuentre afiliado el trabajador.
Para tal efecto,
el legislador precisó que el régimen de transición va dirigido a tres categorías
de trabajadores, a saber:
§       Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad, a 1° de abril
de 1994.
§       Hombres con cuarenta (40) o más años de edad, a 1° de abril de 1994.
§       Hombres y mujeres que, independientemente de la edad, acrediten
quince (15) años o más de servicios cotizados, a 1° de abril de 1994.
Finalmente, es importante
mencionar que, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto
Legislativo 01 de 2005 al artículo 48 Superior, la aplicación del régimen de
transición no es indefinida. En efecto, a través de dicho acto legislativo, el
Congreso de la República fijó un límite temporal, en el sentido de señalar que,
“el régimen de transición establecido en la Ley 100
de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más
allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en
dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente
en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo,
a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014. Los
requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este
régimen serán los exigidos por el artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen".
En ese orden de
ideas, queda establecido que antes de la organización del Sistema General de
Pensiones, existían en el ordenamiento jurídico pluralidad de regímenes
especiales de pensión, muchos de los cuales, si bien es cierto, fueron
modificados o derogados por la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias,
aún siguen produciendo efectos jurídicos en casos muy específicos, en virtud de
haberse creado un régimen de transición que extendió sus prerrogativas a
quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión de
vejez para la fecha en que entró en vigencia el nuevo ordenamiento, y que son
aplicados en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el
artículo 48 de la Constitución Política.
Específicamente, y por interesar
a esta causa, la Sala debe señalar que el régimen pensional, en lo relativo a
la contingencia de vejez, que se encontraba vigente antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993, para quienes durante toda su vida laboral
estuvieron afiliados, y cotizaron para el efecto, al Instituto de Seguros
Sociales, es el contenido en el Decreto 758 de 1990, “Por el cual se aprueba
el acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del consejo nacional de
seguros sociales obligatorios”.
El artículo 12 del decreto en
cita establece que tienen derecho a la pensión de vejez quienes llegaren a la
edad de sesenta (60) años si son hombres, o cincuenta y cinco años (55) si son
mujeres y; hubieren efectuado al menos cotizaciones equivalentes a quinientas
(500) semanas en los veinte (20) años previos al cumplimiento de la edad
requerida, o mil (1.000) semanas de cotización en cualquier tiempo. La norma
comentada dispone:
ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE
LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán derecho a la pensión de vejez las
personas que reúnan los siguientes requisitos:
“a) Sesenta (60) o más años de
edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer
y,
b) Un mínimo de quinientas
(500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número
de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.”
A su vez, el artículo 13 del
decreto en cita dispone que, “La pensión de vejez se reconocerá a solicitud
de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo
anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda
entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta
la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.”
En este orden de ideas, el
régimen pensional aplicable a quienes antes de la entrada en vigencia se
encontraban afiliados al Instituto de Seguros Sociales en la materia, y durante
toda su vida laboral cotizaron para esa entidad, es el contenido en el Decreto
758 de 1990, conforme con el cual, para consolidar el derecho a la pensión por
vejez se requiere llegar a la edad de sesenta (60) años para los hombres, o
cincuenta y cinco años (55) si son mujeres y; haber realizado al menos
cotizaciones por quinientas (500) semanas en los veinte (20) años previos al
cumplimiento de la edad requerida, o mil (1.000) semanas de cotización en
cualquier tiempo.
11. Casos
concretos
En primer lugar, esta Sala
observa, de los siete (7) casos estudiados, que todos los accionantes pretenden
el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez o vejez o la sustitución
pensional, por parte de los fondos de pensiones a los que se encuentran
afiliados, las cuales, les han sido negadas por no cumplir con los requisitos
dispuestos en la ley, según cada caso.
Esta Sala evidencia que, de las
pruebas allegadas a los expedientes respectivos, los demandantes padecen
enfermedades degenerativas, catastróficas o congénitas o se encuentran en
situación de discapacidad o son adultos mayores y, por ende, sujetos de especial
protección constitucional. Así las cosas, en atención a esas circunstancias, antes
de entrar a las particularidades de cada caso, esta Sala se referirá a la
procedencia de las acciones de tutela de manera general, teniendo en cuenta que
todos los accionantes son personas que se encuentran en situación de
discapacidad, con enfermedades graves y en una situación económica precaria,
pues debido a su estado de salud o condición de edad, les es imposible proveerse
autónomamente de medios de subsistencia, teniendo que acudir a la caridad de
amigos, vecinos y/o familiares.
Esta Sala advierte, que la
mayoría de los fallos proferidos por los jueces que en esta ocasión se revisan,
niegan el amparo a los derechos fundamentales invocados por los accionantes, al
considerar que la acción de tutela no es la vía idónea para reclamar la
prestación que estos pretenden, pues no es evidente, para estos, que exista un
perjuicio irremediable que amerite el pronunciamiento del juez constitucional.
Esta Corporación ha establecido,
a través de la jurisprudencia, que si bien la tutela no es la vía para reclamar
prestaciones sociales, existen claras excepciones que convierten a la acción de
amparo constitucional en el mecanismo más acertado para reclamarlas, estas son (i) que la tutela sea presentada para evitar un perjuicio
irremediable, (ii) que la falta de reconocimiento de una prestación social
vulnere algún derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el mínimo
vital y (iii) que la negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que
por su contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen la
presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea
evidentemente arbitraria, en el evento de que sea un particular quien preste
este servicio público[52].
Ahora bien, el
juicio de procedibilidad de la acción de tutela no puede ser igual en todos los
casos, pues este debe ser flexible cuando se trata de personas que se
encuentran en estado de debilidad manifiesta y demandan una protección
constitucional especial como son, los ancianos, los niños, las mujeres
embarazadas, las madres o padres cabeza de familia o las personas que padecen
algún tipo de discapacidad física o mental, eventos en los cuales la
procedencia de la acción se hace menos estricta[53].
En consecuencia, esta Sala llama la atención a los
jueces de instancia de las acciones de tutela de la referencia, por cuanto
quienes invocan el amparo de sus derechos fundamentales son personas que se
encuentran en un estado de debilidad manifiesta por edad, pues son adultos mayores
y por la enfermedad que padecen, la cual ya ha sido calificada y se ha
determinado que efectivamente padecen una discapacidad, por lo que son sujetos
de especial protección constitucional que merecen un trato preferencial por
parte del Estado y, por tanto, el análisis de la procedencia de la acción es
mucho más flexible. Lo anterior sin tener en cuenta que, como resultado de su
estado de salud y de edad, se encuentran en una situación económica precaria al
estar imposibilitados para trabajar y proveerse de los medios necesarios para
su subsistencia y la de su familia.
En ese sentido, para esta Corporación, las
circunstancias descritas, caben dentro de las excepciones de la procedencia de
la acción de tutela para reclamar prestaciones sociales, pues lo que se
pretende, es que a través de este medio, se evite la configuración de un
perjuicio irremediable y se sigan vulnerando sus derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas y al mínimo vital, al no haberles reconocido la
pensión de invalidez, de vejez o la sustitución pensional, necesaria para su
subsistencia, pues exigirles, que agoten los mecanismos ordinarios para su
defensa, iría en contra de los postulados constitucionales al permitir la
agravación de sus derechos, toda vez que estos no son medios expeditos y no
podría evitarse la prolongación de su quebrantamiento.
En síntesis, para esta Sala, en todos los casos
puestos a su consideración resulta procedente la acción de tutela para reclamar
las prestaciones que pretenden, las cuales les han sido negadas por parte de
los fondos pensionales respectivos, por lo que, ahora, se seguirá con el
estudio de cada uno de ellos, con el fin de verificar si cumplen con los
requisitos para acceder a ellas.
11.1
Expediente T-5.002.936
Eliana Ceron
Garzón actuando en calidad de curadora de Amanda Lucía Cerón Garzón, interpone
la presente acción de tutela, al estimar vulnerados los derechos fundamentales
de su hermana al mínimo vital, a la dignidad humana y a la seguridad social,
toda vez que la UGPP no ha reconocido la sustitución pensional de su madre a
Amanda Lucía, a pesar de contar con un pérdida de capacidad laboral del 65.31%
y con fecha de estructuración de la enfermedad desde su nacimiento.
De la reseña
fáctica expuesta, se puede colegir que, en cuatro oportunidades, la curadora de
Amanda Lucía se ha dirigido a la UGPP para solicitar el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional a la que considera que su hermana tiene derecho por
ser una persona en situación de discapacidad.
En la primera
oportunidad, se negó la prestación por no haber adjuntado la totalidad de los documentos
que se requerían para iniciar el estudio de la solicitud.
La segunda negativa
obedeció a que la Junta Regional de Calificación de Invalidez fijó una pérdida
de la capacidad laboral del 65.31% con fecha de estructuración del 13 de
noviembre de 2013, en ese sentido, se entendía que la consolidación de la disminución
laboral era posterior a la muerte de la pensionada María Carmela Garzón Arteaga
(17 de octubre de 2007). Sin embargo, dicho dictamen fue recurrido y
posteriormente modificado fijando como fecha de estructuración el día del
nacimiento de Amanda Lucía, es decir, el 4 de septiembre de 1969.
Posteriormente,
anexando todos los documentos pertinentes, la UGPP reiteró la negación por no
obrar en el escrito petitorio copia autentica de registro civil de defunción de
la señora María Carmela, pues el documento obrante, era una copia autenticada.
Por último, allegando
todos los documentos que se habían solicitado, la entidad negó nuevamente el
reconocimiento y pago de la prestación, al considera que, en la base de datos
del FOSYGA consta que Amanda Lucía Cerón Garzón estaba vinculada al régimen
subsidiado como cabeza de familia situación que les hacía entender que
tenía personas a cargo y, en ese sentido, no dependía económicamente de la
pensión que devengaba su progenitora.
En la parte
general de esta providencia, se expuso que la sustitución pensional es una prestación
que tiene por naturaleza la estabilidad económica de aquel que dependía del
pensionado, siempre que estuviera dentro de los posibles beneficiarios. En
consecuencia, de acuerdo con el literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de
2003, dentro de los beneficiarios de la sustitución pensional se encuentran los
descendientes del causante, quienes tendrán derecho siempre que: (i) se
trate de hijos menores de 18 años; (ii) cuando los hijos tengan más de
18 años y hasta 25 años de edad y se encuentren incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios, siempre que dependieran económicamente del difunto al
momento de su deceso; y, (iii) cuando se trate de hijos inválidos que
dependían económicamente del causante, que no tengan ingresos adicionales y
mientras subsistan las condiciones de invalidez.
Concretamente,
en el caso de los hijos en situación de discapacidad, la reiterada
jurisprudencia constitucional[54]
ha señalado que de la norma en comento (artículo 38 ibídem) se desprende que
para poder obtener el reconocimiento de la sustitución pensional es necesario
que aquellos acrediten los siguientes requisitos: (i) el parentesco; (ii)
el estado de invalidez del solicitante; y, (iii) la dependencia
económica respecto del causante[55].
Asimismo, esta Corporación ha sostenido que “las citadas condiciones deben
mantenerse en el tiempo para asegurar la continuidad en el pago de tal
prestación, de tal manera que si éstas desaparecen, se extinguirá el derecho a
la sustitución pensional”[56].
En este sentido,
esta Sala observa que, en el presente caso, Amanda Lucía Cerón Garzón padece
una pérdida de capacidad laboral del 65.31%, estructurada a partir de su
nacimiento a saber, el 4 de septiembre de 1969, así mismo, fue declarada como
interdicta y se encuentra sometida al régimen de curaduría, de acuerdo con la
sentencia proferida el 5 de octubre de 2007, y desde la muerte de su madre, 17
de octubre de 2005, pertenece al régimen subsidiado en salud, pues su hermana
no cuenta con los medios suficientes para afiliarla como independiente ni como
beneficiaria.
De lo expuesto,
para esta Sala no es admisible el fundamento de la decisión de la UGPP de negar
la sustitución pensional de María Carmela Garzón a favor de su hija Amanda
Lucía, al considerar que esta no dependía económicamente de su madre por
constar dentro de la base de datos del Fosyga como “cabeza de hogar”, siendo
este aspecto un mero formalismo del sistema que no demuestra lo que presume la
entidad demandada, por el contrario, hechos como el dictamen de su pérdida de
capacidad laboral que contiene la fecha de estructuración y la sentencia que la
declara como interdicta, son suficientes para comprobar que Amanda Lucía
dependía tanto física como económicamente desde su nacimiento de su madre y
ahora lo hace de su hermana, pues le es imposible laborar y proveerse sus propios
ingresos.
Así mismo, se
debe resaltar que lo decidido por la Unidad Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales, en los dos últimos actos, es reprochable pues, tratándose de un
sujeto de especial protección, ha dilatado el reconocimiento y pago de la
pensión escudándose en razones formalistas que, en poco o nada, podrían
modificar el fondo del asunto, cual es, el indiscutible derecho de Amanda Lucía
Cerón Garzón sobre la sustitución de la pensión de la señora María Carmela
Garzón Arteaga, toda vez que se encuentra probado el parentesco, la pérdida de
capacidad laboral y, en consecuencia, la condición de discapacidad y la
dependencia económica.
Así las cosas,
esta Sala considera que la UGPP ha vulnerado los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la señora Amanda Lucía
Cerón Garzón y, en consecuencia, se revocará el fallo del 26 marzo de marzo de
2015, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala de
Decisión Civil-Familia que, a su vez, revocó el del 16 de febrero de 2015,
dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto para, en su lugar,
amparar los derechos fundamentales de Amanda Lucía Cerón Garzón.
En consecuencia,
se ordenará a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales que, en el término
de quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de esta
providencia, emita la resolución a través de la cual se  reconozca y pague la
sustitución de la pensión gracia de la señora María Carmela Garzón Arteaga a
favor de Amanda Lucía Cerón Garzón, como hija en situación de discapacidad, a
partir del 4 de abril de 2013, fecha en que se solicitó por primera vez, dicha
prestación ante la entidad.
11.2.
Expediente T-5.077.878
Claudio Franco
Cortés actuando en calidad de agente oficioso de Humberto Franco Cortés,
interpone la presente acción de tutela al considerare vulnerados los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social de su
agenciado, por Protección S.A., al haberle negado la pensión de invalidez, sin
tener en cuenta que padece de “síndrome de Usher”, una enfermedad
degenerativa que se caracteriza por la pérdida progresiva de la visión y la
audición y se encuentra calificado con una pérdida de capacidad laboral del
58.28%, con fecha de estructuración del 5 de junio de 2003 y cuenta con 279.14
semanas cotizadas al sistema general de pensiones.
De acuerdo con lo anterior, los requisitos
dispuestos por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
1º de la Ley 860 de 2003, son:
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
2. Invalidez causada por accidente: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
No obstante, tratándose de
enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, padecimientos en los que la
disminución o pérdida de la capacidad laboral ocurre lentamente y no se produce
en un mismo momento sino que, por el contrario, se agrava de manera paulatina,[57]
la Corte ha evidenciado que los entes responsables de efectuar la calificación
de pérdida de la capacidad laboral suelen establecer, como fecha de
estructuración de la invalidez el momento a partir del cual se presenta el
primer síntoma de la enfermedad o se obtiene el primer diagnóstico, sin
importar que, de acuerdo con la realidad objetiva, la incapacidad permanente y
definitiva para desempeñarse laboralmente se produzca mucho tiempo después.[58]
En efecto, son
numerosos los casos de personas que, a pesar de que padecen alguna enfermedad
catalogada como degenerativa, crónica o congénita, su estado de salud les
permite desarrollar actividades productivas con relativa normalidad y, en esa
medida, seguir cotizando al sistema general de pensiones, hasta que llega un
momento en el que la progresión de la enfermedad es tal, que les impide, de
manera definitiva, seguir ejerciendo su trabajo para obtener su sustento y, de
esta manera, aportar al sistema.
En tales
eventos, en los que el estado de invalidez de una persona está asociado al
padecimiento de enfermedades de carácter degenerativo, crónico o congénito,
esta Corporación ha establecido que, para efectos del reconocimiento de la
pensión de invalidez, las entidades administradoras de pensiones deberán tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
de la misma, las cuales se asumen efectuadas en ejercicio de una capacidad
laboral residual que, sin ánimo de defraudar al sistema, le permitió seguir
trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva y
funcional de forma permanente y definitiva. Lo anterior, como garantía efectiva
del derecho fundamental a la seguridad social de sujetos en situación de
debilidad manifiesta y como una medida tendiente a evitar que se genere
enriquecimiento sin justa causa por parte de los fondos de pensiones.[59]
En el presente caso, el señor Humberto Franco
Cortés, fue calificado el 19 de febrero de 2015, por lo
que esta Sala podría entender que es desde ahí que efectivamente perdió su
capacidad laboral y, en consecuencia, los tres años que establece la ley para
ser beneficiario de la pensión de invalidez, deben contabilizarse desde esa
fecha.
En efecto, teniendo en cuenta lo anterior, el actor
tiene dentro del periodo correspondiente entre 19 de
febrero de 2012 y 19 de febrero de 2015, un total de 13.14 semanas cotizadas al
sistema, lo que permite concluir que no cumple con el requisito de las 50
semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores, en este caso, a la fecha
de calificación.
Ahora bien,
aplicando el principio de favorabilidad laboral, esta Sala podría tomar, como
fecha para contabilizar los tres años anteriores, la de la última cotización al
sistema, esto es enero de 2013, así, dentro del periodo de enero de 2010 y
enero de 2013, el actor cuenta con 30.71 semanas cotizadas al sistema, lo que
lleva a deducir que el señor Humberto Franco Cortés tampoco cumplía con el
requisito establecido en el artículo 1º de la Ley 860 de2003.
En conclusión
aplicando la jurisprudencia de esta Corporación, respecto de los casos en que
el afiliado padece de enfermedades degenerativas, catastróficas o congénitas,
el señor Humberto Franco, no cumple con los requisitos de semanas de cotización
al sistema de pensiones, establecidos en la Ley 860 de 2003.
No obstante,
siguiendo con el principio de favorabilidad laboral, esta Corte ha sostenido
que, en aras de garantizar los derechos fundamentales a la seguridad social de
los afiliados, debe buscarse la legislación que resulte más beneficiosa para el
accionante. Para ello, cabría efectuar un estudio respecto de la Ley 100 de
1993, aplicando su texto original y, en caso de no cumplir con los supuestos
que dispone, procedería a examinar lo establecido en el artículo 6º del Acuerdo
049 de 1990.
Así las cosas,
la Ley 100 de 1993, indicaba, en su texto original que “tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los
siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se
encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26)
semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado de
cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis
(26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el
estado de invalidez.”
Entonces, aplicando la norma
citada, se encuentra que, en el año inmediatamente anterior a la fecha de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral, a saber 5 de junio de 2013,
el señor Franco Cortés, cuenta con 6,28 semanas cotizadas, por tanto, el
accionante no cumple con el requisito.
Ahora, el Artículo 6º del Acuerdo
090 de 1990, indica que, “tendrán derecho a la pensión de invalidez de
origen común, las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser inválido permanente
total o inválido permanente absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el
Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de
los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o trescientas
(300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de invalidez.”
De la historia laboral allegada a
esta Corporación por Protección Pensiones y Cesantías, se evidencia que, entre
junio de 2013 y junio de 2008, el señor Humberto tiene 35.85 semanas de 150
necesarias.
Ahora, de las 300 semanas en
cualquier tiempo, ha dicho esta Corporación que, para que esta normatividad
pueda ser aplicada, esa densidad de cotizaciones tuvo que haberse realizado en
cualquier tiempo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993, es decir, al 1º de abril de 1994[60].
Entonces con anterioridad a la fecha antes enunciada, el accionante tiene 31.42
semanas.
Así las cosas, esta Sala observa
que, aun invocando la normativa que pudiese resultarle más favorable para el
accionante, la densidad de cotizaciones no le es suficiente para lograr el beneficio
pensional.
Así pues, superado el estudio de
fondo, bajo el entendido de que el señor Franco Cortés no tiene derecho a la
pensión de invalidez que reclama, esta Sala confirmará el fallo dictado el 16 de junio de 2015 por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito
de Bogotá que, a su vez, confirmó el del 17 de abril de 2015 emitido por el
Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá en el trámite
iniciado por Claudio Franco Cortés como agente oficioso de Humberto Franco Cortés.
Sin embargo, comoquiera que el accionante aduce que la historia laboral no está
actualizada, y aun tiene la posibilidad de acudir al mecanismo ordinario, si
así lo desea, esta Sala ordenará a Protección Pensiones y Cesantías que se haga
una actualización del reporte total de cotizaciones al Sistema General de
Pensiones del señor Humberto Franco Cortés y se lo dé a conocer en un lapso no
mayor de 30 días.
11.3.
Expediente T-5.091.118
Judy Alexandra
Duque Achury, interpone la presente acción de tutela al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad
social por Porvenir S.A., al haberle negado la pensión de invalidez sin tener
en cuenta que padece de “artritis reumatoide” y “nefritis lúpica” enfermedades por las cuales fue calificada con una pérdida de
capacidad laboral del 55.25%.
La señora Judy
Alexandra fue diagnosticada con “artritis reumatoide” y “nefritis
lúpica”, enfermedades catalogadas como degenerativas y, como consecuencia
de ello, fue calificada el 20 de abril de 2011, con una pérdida de
capacidad laboral del 55.25%, con fecha de estructuración del 22 de diciembre
de 2005.
Ante la
imposibilidad de seguir ejerciendo su fuerza laboral, solicitó a Porvenir la
pensión de invalidez. Dicha entidad analizó los requisitos establecidos en el
Artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y determinó, que aun cuando estaba acreditada
la condición de discapacidad de la afiliada, dentro de los tres años anteriores
a la fecha de estructuración no había realizado cotizaciones y, por tal motivo,
no se podía reconocer la prestación.
Ahora bien, los requisitos dispuestos por el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860
de 2003, son:
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración
2. Invalidez causada por accidente: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
No obstante, tratándose de
enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, padecimientos en los que la
disminución o pérdida de la capacidad laboral ocurre lentamente y no se produce
en un mismo momento sino que, por el contrario, se agrava de manera paulatina,[61]
la Corte ha evidenciado que los entes responsables de efectuar la calificación
de pérdida de la capacidad laboral suelen establecer como fecha de
estructuración de la invalidez el momento a partir del cual se presenta el
primer síntoma de la enfermedad o se obtiene el primer diagnóstico, sin
importar que, de acuerdo con la realidad objetiva, la incapacidad permanente y
definitiva para desempeñarse laboralmente se produzca mucho tiempo después.[62]
En efecto, son
numerosos los casos de personas que, a pesar de que padecen alguna enfermedad
catalogada como degenerativa, crónica o congénita, su estado de salud les
permite desarrollar actividades productivas con relativa normalidad y, en esa
medida, seguir cotizando al sistema general de pensiones, hasta que llega un
momento en el que la progresión de la enfermedad es tal, que les impide, de
manera definitiva, seguir ejerciendo su trabajo para obtener su sustento y, de
esta manera, aportar al sistema.
En tales
eventos, en los que el estado de invalidez de una persona está asociado al
padecimiento de enfermedades de carácter degenerativo, crónico o congénito,
esta Corporación ha establecido que, para efectos del reconocimiento de la
pensión de invalidez, las entidades administradoras de pensiones deberán tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
de la misma, las cuales se asumen efectuadas en ejercicio de una capacidad
laboral residual que, sin ánimo de defraudar al sistema, le permitió seguir
trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva y
funcional de forma permanente y definitiva. Lo anterior, como garantía efectiva
del derecho fundamental a la seguridad social de sujetos en situación de
debilidad manifiesta y como una medida tendiente a evitar que se genere
enriquecimiento sin justa causa por parte de los fondos de pensiones.[63]
En el presente caso, la señora Judy Alexandra Duque
Achury, fue calificada el 28 de agosto de 2007, por lo
que esta Sala entenderá que es desde ahí que efectivamente perdió su capacidad
laboral y, en consecuencia, los tres años que establece la ley para ser
beneficiario de la pensión de invalidez, deben contabilizarse desde esa fecha.
En efecto, teniendo en cuenta lo anterior, la actora
tiene dentro del periodo correspondiente entre enero de
2006[64]y mayo de 2007, un total de 115.85 semanas cotizadas al sistema, lo
que permite concluir que cumple con el requisito de las 50 semanas cotizadas
dentro de los tres años anteriores, en este caso, a la fecha de calificación.
En consecuencia, esta Sala observa que la actora
cumple con los requisitos establecidos para acceder al beneficio pensional,
toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 55.25% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de
calificación (desde la cual perdió efectivamente su fuerza laboral), 115.85
semanas, por lo que se ordenará a Porvenir S.A., reconocer y pagar la pensión
de invalidez a la señora Judy Alexandra Duque Achury, a partir de 15 de abril
de 2014, fecha en que se solicitó la mencionada prestación a la entidad
demandada.
11.4. Expediente T-5.091.263
La señora Emma
Díaz Parada, quien cuenta con 71 años de edad, interpone la presente acción de
tutela contra Colpensiones al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social, al haberle suspendido la
pensión de vejez, reconocida por dicha entidad, por no cumplir con las semanas de
cotización exigidas en la ley.
El Instituto de
Seguros Sociales, a través de la Resolución No. 16208 del 7 de mayo de 2012,[65] reconoció a favor de la señora Emma Díaz Parada una pensión de
vejez. Para acceder a su reconocimiento, la entidad tuvo en cuenta que, para la
fecha de la solicitud, la accionante tenía 70 años de edad, 1002 semanas de
cotización y se encontraba como beneficiaria del régimen de transición, por lo
que la ley aplicable a su caso era el Acuerdo 049 de 1990. En ese sentido, la
actora cumplía con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, la cual se
le reconoció a partir de abril de 2009, y se incluyó en nómina desde de junio
de 2012.
Posteriormente,
en el mes de diciembre de 2012, sin previo aviso, Colpensiones retiro la
pensión que se le había reconocido a la accionante. Al elevar una solicitud de
pago de pensión de vejez, la entidad emitió la Resolución No.49461 del 1° de
abril de 2013, a través de la cual se negó el reconocimiento de la prestación
por tener solo 896 semanas de las 1250 que necesitaba para pensionarse bajo los
requisitos contenidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Luego, en
respuesta al recurso de reposición elevado por la accionante el 18 de abril de
2013, Colpensiones profirió la Resolución GNR 258408 del 15 de octubre de 2013,
en la que se sostuvo “que una vez verificada la nómina de pensionados se
observó que la prestación otorgada se retiró de la nómina en el ciclo de
diciembre de 2012 por causal irregularidad-retiro por inconsistencias en la
historia laboral Of. Grupo DAP no.4738…”[66]. Sobre ello, la accionante indica que la entidad borró de su
historia laboral aproximadamente 108 semanas que sí se reportaban cuando le fue
reconocida la pensión y que, en la nueva historia laboral que emite
Colpensiones, no aparecen.
Respecto de la
administración de la historia laboral de los afiliados, esta Corporación ha
indicado que, “[l]as entidades administradoras de pensiones tienen a su
cargo el manejo de las bases de datos contentivas de la información que
comprende la historia laboral de los afiliados al régimen de seguridad social
en pensiones ya sea en el régimen de prima media con prestación definida o el
de ahorro individual con solidaridad. Esta información permite la verificación
del cumplimiento de los requisitos que se deben acreditar para el
reconocimiento de una prestación pensional, por ello, deben garantizar el
adecuado manejo y conservación de los datos correspondientes a sus afiliados.
La obligación de cuidado y custodia de los datos que conforman la historia
laboral, comprende ´las[67] obligaciones de organización y sistematización de dicha
información, de manera que se evite su pérdida o deterioro y la consecuencial
afectación negativa de un reconocimiento”.
Del acervo
probatorio, se evidencia una historia laboral emitida por el ISS, en el que se
contabilizan las 1000 semanas por las cuales le fue reconocido el derecho
pensional a la señora Emma Díaz[68] y que no fue objetada dentro de la acción de tutela, comoquiera que
Colpensiones no ejerció su derecho de defensa.
Para la Sala,
Colpensiones desconoció la garantía al debido proceso durante el trámite
adelantado, pues no notificó a la accionante de la decisión de retirarla de la
nómina de pensionados y, debido a ello, esta no tuvo la oportunidad de
controvertir el acto y de aportar, durante la actuación administrativa, los
documentos que acreditaran el total de semanas necesarias.
De otra parte, esta Corporación ha
sostenido que“[l]as actuaciones entre los particulares y la administración
se rigen por el principio de buena fe, en sus dimensiones de confianza legítima
y respeto por el acto propio. En desarrollo de los mismos, las autoridades
administrativas deben adecuar sus manifestaciones a los imperativos de
confianza, honestidad, decoro y credibilidad que dimanan de la Carta Política,
de manera que los particulares puedan confiar en que la administración no va
alterar súbitamente las condiciones que rigen sus relaciones con los
particulares y en que no va a proferir decisiones que contravengan la línea
conductual que soporte los vínculos que mantenga con los individuos”[69].
Ahora, teniendo en cuenta que Colpensiones desatendió las obligaciones que implican
la administración de la base datos de los afiliados, en el sentido de guardar
con adecuado manejo y conservación su información laboral y, comoquiera
que no confrontó la veracidad del resumen de semanas cotizadas proferido por el
ISS y aportado por la accionante, la Sala admite como cierto lo expresado por
la señora Emma Díaz Parada y los datos contenidos en dicho documento, en el
sentido de que en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1973 hasta
el 31 de marzo de 2009 cotizó 1000.57 semanas. En este sentido, la accionante,
quien es beneficiaria del régimen de transición, cumple los requisitos para
acceder a la pensión de vejez que ya le había sido reconocida mediante la
Resolución 16208 del 7 de mayo de 2012.
Bajo este
entendido, la Sala revocará la sentencia proferida el
16 de julio de 2015 por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito Piloto en
Oralidad de Bogotá para, en su lugar, en vista de que se omitió adelantar un
debido proceso previo a la revocatoria de un derecho pensional ya reconocido y,
de que en esta oportunidad, la demandada guardó silencio sobre la acción de
tutela y del documento que reporta, a juicio de la demandante, las semanas
realmente cotizadas, con base en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, amparar
los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida
digna de la señora Emma Díaz Parada. En consecuencia, ordenará a Colpensiones
que, en el término de quince (15) días contado a partir de la notificación de
esta providencia, emita el acto administrativo a través del cual se reconozca y
pague la pensión de vejez a la señora Emma Díaz Parada, a partir de diciembre
de 2012, fecha en la cual le fue suspendida dicha prestación.
11.5. Expediente T-5.097.794
El señor Alfredo López Varona interpone la presente
acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida
digna, al mínimo vital y a la seguridad social por Colpensiones, al haberle
negado la pensión de invalidez por no cumplir con las 50 semanas de cotización
dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida
de capacidad laboral.
Alfredo López Varona padece de insuficiencia renal
crónica, cardiopatía, isquemia, trastorno de adaptación, páncreas atrófico,
entre otras patologías, y como consecuencia de ellas, fue calificado, el 5 de
agosto de 2011, con una pérdida de capacidad laboral de 53.13% y con fecha de
estructuración del 6 de septiembre de 2010. Por tal motivo, solicitó, el 29 de
septiembre de 2011, al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
El 16 de noviembre de 2011, a través de la Resolución
No.106842, la entidad negó la solicitud pensional bajo la consideración de que
el señor López Varona, no cumplía con el requisito de las 50 semanas cotizadas dentro
de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de la
capacidad laboral, tal como lo exige el artículo 1° de la Ley 860 de 2003.
Interpuestos los recursos procedentes, la entidad expidió la Resolución GNR
020087 del 13 de diciembre de 2012, a través de la cual, nuevamente, se negó la
solicitud, toda vez que de la historia laboral del accionante se evidencia que
entre septiembre de 2010 y 2007, no tiene semanas cotizadas.
Ahora bien, los requisitos dispuestos por el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860
de 2003, son:
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración
2. Invalidez causada por accidente: Que haya
cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
No obstante, tratándose de
enfermedades degenerativas, crónicas o congénitas, padecimientos en los que la
disminución o pérdida de la capacidad laboral ocurre lentamente y no se produce
en un mismo momento sino que, por el contrario, se agrava de manera paulatina,[70]
la Corte ha evidenciado que los entes responsables de efectuar la calificación
de pérdida de la capacidad laboral suelen establecer como fecha de
estructuración de la invalidez el momento a partir del cual se presenta el
primer síntoma de la enfermedad o se obtiene el primer diagnóstico, sin
importar que, de acuerdo con la realidad objetiva, la incapacidad permanente y
definitiva para desempeñarse laboralmente se produzca mucho tiempo después.[71]
En efecto, son
numerosos los casos de personas que, a pesar de que padecen alguna enfermedad
catalogada como degenerativa, crónica o congénita, su estado de salud les
permite desarrollar actividades productivas con relativa normalidad y, en esa
medida, seguir cotizando al sistema general de pensiones, hasta que llega un
momento en el que la progresión de la enfermedad es tal, que les impide, de
manera definitiva, seguir ejerciendo su trabajo para obtener su sustento y, de
esta manera, aportar al sistema.
En tales
eventos, en los que el estado de invalidez de una persona está asociado al
padecimiento de enfermedades de carácter degenerativo, crónico o congénito,
esta Corporación ha establecido que, para efectos del reconocimiento de la
pensión de invalidez, las entidades administradoras de pensiones deberán tener
en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
de la misma, las cuales se asumen efectuadas en ejercicio de una capacidad
laboral residual que, sin ánimo de defraudar al sistema, le permitió seguir
trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva y
funcional de forma permanente y definitiva. Lo anterior, como garantía efectiva
del derecho fundamental a la seguridad social de sujetos en situación de
debilidad manifiesta y como una medida tendiente a evitar que se genere
enriquecimiento sin justa causa por parte de los fondos de pensiones.[72]
En el presente caso, el señor Alfredo López Varona,
fue calificado el 5 de agosto de 2011, por lo que esta
Sala podría entender que es desde ahí que efectivamente perdió su capacidad
laboral y, en consecuencia, los tres años que establece la ley para ser
beneficiario de la pensión de invalidez, deben contabilizarse desde esa fecha.
En efecto, teniendo en cuenta lo anterior, el actor tendría
dentro del periodo correspondiente entre 5 de agosto de
2008 y el 5 de agosto de 2011, un total de 34.15 semanas cotizadas al sistema,
lo que permite concluir que no cumpliría con el requisito de las 50 semanas
cotizadas dentro de los tres años anteriores, en este caso, a la fecha de
calificación.
Ahora bien,
aplicando el principio de favorabilidad laboral, esta Sala tomará como fecha
para contabilizar los tres años anteriores, la de la última cotización al
sistema, esto es 31 de marzo de 2014, pues al padecer de una enfermedad
degenerativa, es desde ahí que efectivamente el accionante perdió su fuerza
laboral. Así, dentro del periodo de 31 de marzo 2011 y 31 de marzo de 2014, el
actor cuenta con 85.73 semanas cotizadas al sistema, lo que lleva a deducir que
el señor Alfredo López Varona sí cumple con el requisito establecido en el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 de haber cotizado dentro de los tres años
anteriores, en este caso, a la fecha de la última cotización, más de 50
semanas.
En consecuencia, esta Sala observa que el actor
cumple con los requisitos establecidos para acceder al beneficio pensional,
toda vez que cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 53.13% y tiene dentro de los tres años anteriores a la fecha de la
última cotización (desde la cual perdió efectivamente su fuerza laboral), 85.73
semanas, por lo que se ordenará a Colpensiones, reconocer y pagar la pensión de
invalidez al señor Alfredo López Varona, a partir del 31 de marzo de 2014,
fecha de la última cotización efectuada y hasta la cual se presume que el
demandante pudo ejercer su fuerza laboral.
11.6.
Expediente T-5.098.745
María Edith
Duque Galindo actuando en calidad de agente oficioso de Luz Mery Duque Galindo interpuso
la presente acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales
de su agenciada a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, toda
vez que las Empresas Públicas de Armenia, negaron la sustitución pensional del
señor Severo Duque Betancourt a su hija Luz Mery Duque.
Luz Mery Duque,
en el año de 1965, a la edad de 7 años, sufrió un accidente que le dejó como
secuela una lesión orgánica cerebral manifestada como retraso mental, momento
desde el cual depende para todas las actividades cotidianas de sus familiares.
Fue calificada el 19 de agosto de 2010, con una pérdida de capacidad laboral
del 75.84% con fecha de estructuración del 5 de abril de 1979, fecha en la cual
cumplió 18 años de edad.
Su padre, Severo
Duque, fue pensionado por las Empresas Públicas de Armenia, y murió el 25 de
octubre de 1975, dicha prestación la sustituyó su cónyuge Rosa Galindo de
Duque, quien tenía a cargo a su hija Luz Mery Duque. La señora Galindo,
falleció el 28 de mayo de 2010, por lo que su hija quedó sin recursos para
poder subsistir, razón por la que solicitó a las Empresas Públicas de Armenia
la sustitución pensional de su padre, la cual fue negada al considerar que la
fecha de estructuración es posterior a la fecha del fallecimiento de este.
En el presente
caso debe resaltarse que el accidente sufrido por Luz Mery Duque Galindo,
ocurrió en el año 1965, es decir, 10 años antes del deceso de su padre. En ese
sentido, el derecho a la sustitución pensional del señor Duque Betancourt debía
asignarse, en igual proporción, a la señora Rosa Galindo de Duque y a Luz Mery
Duque Galindo quien, para ese momento, era una menor de edad en situación de
discapacidad.
Entonces, no
cuenta con buen recibo el proceder de las Empresas Públicas de Armenia al
exponer como argumento de defensa, que al momento de la asignación nada se
objetó pues, era su deber, como ente pagador, tener en cuenta a los posibles
beneficiarios de igual o mayor derecho al cónyuge del causante.
Ahora, respecto
de la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral, esta Sala
no comparte la consideración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Quindío respecto de la cual, si bien aseguran que la invalidez de Luz Mery
Duque Galindo se debe al accidente que padeció en el año 1965, a los 7 años de
edad, ubican la fecha de estructuración el día del cumplimiento de la mayoría
de edad, puesto que, dicha consideración, va en detrimento del derecho
fundamental a la seguridad social de la accionante pues, como se evidencia, es
por tal motivo que las empresas públicas se niegan a reconocer el derecho.
Así pues, queda
demostrado que la solicitud elevada por la curadora de Luz Mery no responde a
la sustitución de la sustitución pensional, sino, a la corrección de la mala
asignación pensional que se hizo a raíz del deceso del señor Severo Duque
Betancourt por parte de las Empresas Públicas de Armenia. Ahora, respecto de la
solicitud de la accionante, acerca de que se le notifique la resolución a
través de la cual se calificó a Luz Mery Duque Galindo, considera esta Sala
que, comoquiera que el pronunciamiento del médico laboral corrobora que fue el
accidente sufrido en el año de 1965, a los 7 años de edad, el que generó su
discapacidad[73], anterior al deceso del causante, se entenderá tal fecha como la de
estructuración de la pérdida de capacidad laboral, por tanto, una eventual
orden acerca de la rectificación de dicha fecha, en el sentido indicado estaría
de más.
Así las cosas,
esta Sala considera que las Empresas Públicas de Armenia y la Junta Regional de
Calificación del Quindío han vulnerado los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de Luz Mery Duque Galindo,
por ello, se revocará fallo dictado el 26 de junio de 2015 dictado por el
Juzgado Primero Civil del Circuito que, a su vez, revocó el del 15 de mayo de
2015 emitido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal Piloto en Oralidad de
Armenia para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales antes enunciados.
En consecuencia,
ordenará a las Empresas Públicas de Armenia que, en el término de quince (15)
días hábiles, contado a partir de la notificación del presente fallo, profiera
la resolución a través de la cual reconozca y pague la sustitución de la
pensión por hijo en situación de discapacidad del señor Severo Duque
Betancourt, a favor de Luz Mery Duque Galindo, a partir de la muerte de su
madre Rosa Galindo de Duque.
11.7.
Expediente T-5.100.138
Olga María
Santos Sanabria actuando en calidad de agente oficioso de Edgar Santos Sanabria
interpuso la presente acción de tutela al considerar vulnerados los derechos
fundamentales de su agenciado al mínimo vital, a la seguridad social y a la
vida digna, al haberle negado la sustitución pensional de su hermano fallecido.
La señora María
Dominga Sanabria Cárdenas fue, en vida, beneficiada con la sustitución de una
asignación mensual de retiro, por la muerte de su hijo el soldado profesional
Héctor Alexander Sanabria Cárdenas. Además, tenía entre sus hijos a Olga María
Santos Sanabria, a Wilson Flórez Sanabria y a Edgar Santos Sanabria, este
último en situación de discapacidad.
Con la muerte de
la señora María Dominga Sanabria, el 4 de agosto de 2009, el señor Wilson
Flórez Sanabria elevó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en nombre
de su hermano Edgar Santos Sanabria, una solicitud de asignación mensual de
retiro, en calidad de hermano en situación de discapacidad. A través de la
Resolución 1996 del 28 de mayo de 2010, la entidad negó tal solicitud aduciendo
que, de una sustitución de asignación, no se deriva ningún otro derecho.
Posteriormente, el
28 de agosto de 2014, la señora Olga María Santos Sanabria, solicitó nuevamente
el reconocimiento de la sustitución y, en respuesta del 10 de febrero de 2015,
se indicó a la petente que dicha solicitud ya había sido respondida a través de
la Resolución No.1996 de 2010.
La señora Olga
María, indica que no ha tenido el dinero suficiente para atender las
necesidades de su hermano pues, era su mamá, quien con los recursos
provenientes de la sustitución de la asignación, quien procuraba su manutención.
Ahora, debe
anotarse que, si bien Edgar Santos Sanabria está sometido al régimen de guardas
pues, a través de sentencia del 20 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado
Cuarto de Familia de Descongestión de Bogotá, se declaró como interdicto por
discapacidad mental absoluta y tiene como curadora a su hermana Olga María
Santos Sanabria, aún no ha sido calificado por una Junta Médica y, en ese
sentido, esta Corporación ha sido enfática en resaltar que: “…con la
palabra “discapacidad” se resume un gran número de diferentes limitaciones
funcionales que se registran en las poblaciones... La discapacidad puede
revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una
dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales
deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o
transitorio…[74]”,
sin embargo , “se encuentra establecido que se presenta una
clara diferencia entre los conceptos de discapacidad e invalidez. En efecto,
podría afirmarse que la discapacidad es el género, mientras que la invalidez es
la especie, y en consecuencia no siempre que existe discapacidad necesariamente
nos encontramos frente a una persona inválida. La invalidez sería el producto
de una discapacidad severa.”
Así pues, como
se expuso en la parte considerativa de esta providencia, la prueba por
excelencia para demostrar el estado de invalidez de una persona, es el dictamen
médico laboral, en consecuencia, sin este requerimiento, no puede accederse a
la prestación solicitada. No obstante, lo que sí resulta procedente, en aras de
salvaguardar los derechos fundamentales de una persona en situación de
discapacidad, es reconocer transitoriamente el derecho a la sustitución de la
asignación mensual de retiro como quiera que, en reiteradas oportunidades se ha
indicado que la familia de Edgar Santos Sanabria, dependía económicamente de
dicha prestación.
Por tanto, esta
Sala considera acertado, conceder el amparo tutelar de manera transitoria,
mientras se califica la pérdida de capacidad laboral de Edgar Santos Sanabria.
Esa calificación deberá realizarse por los mecanismos ordinarios acogidos al
Manual Único de Calificación de Invalidez, bien sea por la EPS o las Juntas de
Calificación.
Ahora bien, en
caso de que la pérdida de capacidad laboral supere el 50% y la fecha de
estructuración se fije con anterioridad al 14 de junio de 2004, fecha del
deceso del soldado profesional Héctor Alexander Sanabria Cárdenas, la
sustitución de la asignación mensual deberá ser reconocida y pagada pues, se
trataría del error de la caja de retiro, al buscar los beneficiarios de igual o
mayor de derecho a la señora María Dominga Sanabria Cárdenas.
En consecuencia, esta Sala revocará lo dictado el 10 de julio de
2015 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que a su vez revocó el dictado
el 27 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B para, en su lugar, amparar transitoriamente los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de Edgar
Santos Sanabria. Para ello, se ordenará al Ministerio de Defensa que, en el
término de quince (15) días, contado a partir de la notificación de esta
sentencia, reconozca y pague transitoriamente a Edgar Santos Sanabria, la
sustitución de la asignación mensual de retiro, mientras se adelanta el trámite
de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral.
De encontrarse que la pérdida de capacidad laboral supera el 50% y
la fecha de estructuración se ubica con anterioridad al 14 de junio de 2004, día
del deceso del soldado profesional Héctor Alexander Sanabria Cárdenas, la
sustitución de la asignación mensual deberá ser reconocida y pagada
definitivamente.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de
Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO-. REVOCAR el fallo emitido el 26 marzo
de marzo de 2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, Sala
de Decisión Civil-Familia que, a su vez, revocó el del 16 de febrero de 2015
dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pasto en el trámite
iniciado por Eliana Cerón Garzón como curadora de Amanda Lucía Cerón Garzón
contra la Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales, identificado con
el radicado T-5.002.936 para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a
la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de Amanda Lucía Cerón
Garzón.
SEGUNDO-.
ORDENAR a la Unidad de Gestión Pensional y
Parafiscales que, en el término de quince (15) días hábiles, contado a partir
de la notificación de esta providencia, emita la resolución a través de la cual
reconozca y pague la sustitución de la pensión gracia de la señora María
Carmela Garzón Arteaga a favor de Amanda Lucía Cerón Garzón, como hija en
situación de discapacidad.
TERCERO-. CONFIRMAR el fallo proferido el
16 de junio de 2015 por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá
que, a su vez, confirmó el del 17 de abril de 2015 emitido por el Juzgado
Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá en el trámite iniciado
por Claudio Franco Cortés como agente oficioso de Humberto Franco Cortés contra
Protección, identificado con el radicado T-5.077.878.
CUARTO-.
ORDENAR a Protección Pensiones y Cesantías que, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación
del presente fallo, actualice la historia laboral del señor Humberto Franco
Cortés, integrando todos los periodos de cotizaciones realizados al Sistema
General de Pensiones y se la dé a conocer en un lapso no mayor de 30 días.
QUINTO-. REVOCAR el fallo emitido el 31
de julio de 2015 por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá con Función
de Conocimiento de Bogotá que, a su vez, revocó el proveído del Juzgado
Cincuenta y Ocho Penal Municipal con Función Control de Garantías de Bogotá en
el trámite iniciado por Judy Alexandra Duque Achury contra Porvenir, identificado
con el radicado T-5.091.118 para, en su lugar, amparar los derechos
fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la
accionante.
SEXTO-. ORDENAR a Porvenir Pensiones y
Cesantías que, en el término de quince (15) días hábiles, contado a partir de
la notificación de la presente providencia, reconozca y pague a la señora Judy
Alexandra Duque Achury la pensión de invalidez a la que tiene derecho.
SÉPTIMO-. REVOCAR el fallo emitido el 16
de julio de 2015 por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito Piloto en
Oralidad de Bogotá en el trámite iniciado por Emma Díaz Parada contra
Colpensiones, identificado con el radicado T-5.091.263 para, en su lugar,
amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a
la vida digna de la accionante.
OCTAVO-. ORDENAR a Colpensiones que, en
el término de quince (15) días contado a partir de la notificación de esta
providencia, emita el acto administrativo a través del cual se reconozca y
pague la pensión de vejez a la señora Emma Díaz Parada.
NOVENO-. REVOCAR el fallo emitido el 24
de junio de 2015 por el Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal,
que a su vez confirmó el dictado el 8 de mayo de 2015 por el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Pereira en el trámite iniciado por Alfredo López Varona
contra Colpensiones, identificado con el radicado T-5.097.794 para, en su
lugar, amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital y a la vida digna del accionante.
DÉCIMO-. ORDENAR a Colpensiones que, en
el término de quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de
la presente providencia, profiera el acto administrativo a través del cual
reconozca y pague la pensión de vejez al señor Alfredo López Varona.
DÉCIMO PRIMERO-.REVOCAR el fallo emitido
el 26 de junio de 2015 dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito que a
su vez, revocó el del 15 de mayo de 2015 emitido por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal Piloto en Oralidad de Armenia, en el trámite iniciado por María Edith
Duque Galindo como curadora de Luz Mery Duque Galindo contra la Junta de
Calificación de Invalidez del Quindío y las Empresas Públicas e Armenia para,
en su lugar, amparar los derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna de Luz Mery Duque Galindo.
DÉCIMO
SEGUNDO-. ORDENAR a las Empresas Públicas de
Armenia que, en el término de quince (15) días hábiles, contado a partir de la
notificación del presente fallo, emita la resolución a través de la cual
reconozca y pague, en lo no prescrito, desde la fecha de fallecimiento de su
madre, la sustitución de la pensión por hijo inválido del señor Severo Duque
Betancourt, a favor de Luz Mery Duque Galindo.
DÉCIMO
TERCERO-. REVOCAR el fallo proferido el 10 de julio
de 2015 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que a su vez revocó el
dictado el 27 de abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B, en la acción iniciada por Olga María Santos
Sanabria como curadora de Edgar Santos Sanabria contra el Ministerio de la
Defensa Nacional y otros para, en su lugar, amparar transitoriamente los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna
de Edgar Santos Sanabria.
DÉCIMO CUARTO-. ORDENAR al Ministerio de
Defensa que, en el término de quince (15) días, contado a partir de la
notificación de esta sentencia, reconozca y pague transitoriamente a Edgar
Santos Sanabria, la sustitución de la asignación mensual de retiro por hermano
inválido, mientras se adelanta el trámite de la calificación de la pérdida de
la capacidad laboral.
De encontrarse que el porcentaje resultante supera el 50% y la fecha
de estructuración se ubica con anterioridad al 14 de junio de 2004, día del
deceso del soldado profesional Héctor Alexander Sanabria Cárdenas, la
sustitución de la asignación mensual deberá ser reconocida y pagada
definitivamente.
DÉCIMO QUINTO-.Por Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-757/15
PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD
E INMEDIATEZ FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Juez debe ser más flexible, en desarrollo del principio de igualdad,
aplicando un tratamiento diferencial positivo (Aclaración de voto)
La
Corte debió realizar, en forma explícita, una argumentación más sólida sobre la
flexibilidad de la inmediatez y la subsidiariedad en estos casos, para efectos
de salvaguardar la excepcionalidad de la acción de tutela, y la rigurosidad del
análisis de su procedencia.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-No es aplicable frente a la vulneración
efectiva y continuada de derechos fundamentales (Aclaración
de voto)
De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional vigente, el estudio del requisito de inmediatez
es flexible cuando se advierta una vulneración de derechos fundamentales
permanente en el tiempo y actual en el momento de la presentación de la tutela.
Referencia: sentencia T-757 de 2015.
Expediente: T-5002936 (AC)
Acción de tutela instaurada por Amanda Lucía Cerón Garzón contra la
Unidad Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación presento las razones que me conducen a aclarar
el voto en la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Cuarta de
Revisión de Tutelas en providencia del 11 de diciembre de 2015, mediante la
cual se protegieron los derechos fundamentales de los accionantes.
En primer lugar,
quiero manifestar que estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la Sentencia
T-757 de 2015. No obstante, considero que la providencia debió estudiar con
mayor profundidad la procedencia de la acción de tutela en cada uno de los
casos analizados por la Corte.
Así, si bien los
accionantes son personas en una especial condición de vulnerabilidad, como bien
lo expresa la Sentencia T-757 de 2015, considero que era necesario que
la Sala realizara individualmente el análisis de procedencia de la acción
constitucional, y que hiciera explícitas las razones por las cuales el análisis
de exigencia de determinados requisitos podía ser más flexible. En particular,
este es el caso de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, los cuales no
se encontrarían satisfechos si se realizara un análisis estricto de su
cumplimiento. Sin embargo, dada la particular situación económica y social de
los accionantes, y su grave estado de salud, es posible advertir que el
análisis que la Corte Constitucional realiza sobre tales requisitos de
procedencia puede ser más flexible, con el fin de garantizar la protección de
los derechos fundamentales involucrados.
Así, en el expediente
T-5.098.745 se advierte que la entidad accionada negó el reconocimiento de la
pensión en noviembre del 2011, no obstante, la tutela se presentó casi cuatro
años después. Pese a que, en principio, puede cuestionarse el cumplimiento del
requisito de inmediatez en este caso, lo cierto es que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional vigente, el estudio del requisito de inmediatez
es flexible cuando se advierta una vulneración de derechos fundamentales
permanente en el tiempo y actual en el momento de la presentación de la tutela.
En este sentido, en Sentencia T-584 de 2011[75],
la Corte indicó:
“La Corte Constitucional ha señalado que en
aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho  es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por primera
vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, pero la situación
es continua y  actual, el principio de inmediatez en la interposición de
la tutela no es exigible de manera estricta. En ese sentido, en el caso objeto
de análisis los jueces han debido aceptar la procedencia  de la acción, en
razón de la situación excepcional en que se encuentra la accionante”.
Asimismo, en la
mayoría de los casos los accionantes no han presentado acciones ante la
jurisdicción ordinaria, situación que implicaría, prima facie, la falta
de cumplimiento del requisito de subsidiariedad. Sin embargo, en consonancia
con lo anteriormente expuesto, es claro que la Corte debía utilizar parámetros
menos rígidos para el análisis de este requisito en los casos estudiados en la
presente providencia. Así, la grave situación de salud, económica y social de
los accionantes permite comprender por qué no acudieron a la jurisdicción
ordinaria para el reclamo de sus pretensiones.
En consecuencia,
pese a que comparto la decisión adoptada, considero que la Corte debió
realizar, en forma explícita, una argumentación más sólida sobre la
flexibilidad de la inmediatez y la subsidiariedad en estos casos, para efectos
de salvaguardar la excepcionalidad de la acción de tutela, y la rigurosidad del
análisis de su procedencia.
De esta
manera, expongo las razones que me llevan a aclarar el voto con respecto a las
consideraciones expuestas en la providencia de la referencia.
Fecha
ut supra,
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Dictamen de la Junta Regional de Calificación de la Invalidez de
Nariño.
[2] Entidad a través de la cual Protección Pensiones y Cesantías
realiza el examen de pérdida de capacidad laboral. (folio 95).
[3] Folio 71 al 74.
[4] La Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en el año
de 2012, suscribió un contrato de compraventa de acciones de BBVA Horizonte. https://www.porvenir.com.co/CentroNoticias/Paginas/compra_horizonte_afp_empresas.aspx
[5] Debe anotarse que este es el nombre de la resolución, no obstante,
la fecha de expedición del dictamen es el 19 de agosto de 2010.
[6] Artículo 86 de la Constitución Política.
[7] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008, MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[8] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008, MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[9] Corte Constitucional, sentencia T-080 del 31 de enero de 2008, MP.
Rodrigo Escobar Gil.
[10] Ley 100 de 1993, artículo 1.
[11] Ley 100 de 1993, artículo 8.
[12] Corte Constitucional, sentencia T-1036 del 23 de octubre de 2008,
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[13]Corte Constitucional, sentencia T-080 del 31 de enero de 2008 MP.
Rodrigo Escobar Gil, Corte Constitucional, sentencia T-1036 del 23 de octubre
de 2008, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[14] Magistrado Rodrigo Escobar Gil.
[15]Sentencia C-002 de 1999.
[16]En sentencia C-617 de 2001, la Corte indicó que el numeral 1° del
Artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con su respectiva modificación, regula la
situación que se presenta ante la muerte del pensionado por vejez o invalidez,
hipótesis en la cual tiene lugar la subrogación de los miembros del grupo
familiar en el pago de la prestación que venía recibiendo su titular, y no la
generación de una prestación nueva o diferente. Dijo que es lo que se
denominado en sentido estricto, sustitución pensional.
[17]El artículo 13 de la Ley 797 de 2003
indica: “Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera
permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado
hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión.
Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del
presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de
hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18
años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios
y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y
cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la
Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente
e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían
económicamente de este.
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente,
padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del
causante si dependían económicamente de éste”.
[18] Magistrada Clara Inés Vargas Hernández
[19]Al respecto se pueden consultar las sentencias T-941 de 2005, T-595
de 2006, T-326 de 2007 y T-701 de 2008, entre otras.
[20] La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en
sentencia del 27 de agosto de 2002, señaló que los hijos inválidos deben
demostrar: “a) que se trate de hijos del causante, b) que sean inválidos, c)
que dependan económicamente de él, y, d) que se mantenga la condición de
invalidez”. Aparte jurisprudencial extraído del libro Régimen General de
Pensiones Comentado, del autor Jorge Gamboa Jiménez. Editorial Leyer, 2009,
página 107.
[21]Sentencia T-326 de 2007, en cuyo pié de página cita la sentencia
T-1283 de 2001 sobre el tema.
[22]Literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993.
[23]Al respecto, se puede consultar la sentencia T-396 de 2009 que
estudió por vía de tutela el tema de dependencia parcial de los padres frente
al hijo fallecido, para que opere el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes.
[24]Sentencia T-281 de 2002.
[25]Sentencia C-111 de 2006.
[26] Al respecto, ver la sentencia T-578 de 19
de julio de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[27] Al respecto, ver la sentencia T-578 de 19
de julio de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[28] “Mediante la cual se señalan las
normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública”.
[29] “Por medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”.
[30] Artículo 40 del Decreto 4433 de 2004.
[31] Ver, entre otras, la sentencia T-553 de 2
de diciembre de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[32] Corte Constitucional Sentencia T-811 de2012 M.P: Nilson Pinilla
Pinilla
[33] Ley 100 de 1993, artículo 10.
[34] Ley 100 de 1993, artículo 38.
[35] Corte Constitucional, sentencia T-221 del 23 de marzo de 2006, MP.
Rodrigo Escobar Gil y Sentencia T-653 del 8 de julio de 2004, MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra, sentencia T-104 del 8 de febrero de 2008, MP. Rodrigo Escobar
Gil.
[36]Al respecto, ver la Sentencia T-262 de 29
de marzo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[37]Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de
Casación Laboral de 17 de agosto de 1954
[38]Sala de Casación Laboral, rad. 17187 de
noviembre 27 de 2001, M. P. Germán Valdés Sánchez.
[39] Ley 100 de 1993
[40] Artículo 41 de la Ley 100 de 1993.
[41] Corte Constitucional, sentencia T-910 de 2014. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[42] Concepto emitido por la Organización Mundial de la Salud -OMS-, el
cual puede consultarse en el siguiente enlace: http://who.int/topics/chronic_diseases/es/
[43] Consultar, entre otras, la Sentencia T-040 de 2015.
[44] Sentencia T-580 de 2014.
[45] Consultar, entre otras, las sentencias T-163 de 2011, T-886 de 2014,
T-946 de 2014, T-013 de 2015 y T- 575 de 2015.
[46] M.P. María Victoria Calle Correa.
[47] M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez (e)
[48] Sentencia T-022 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[49]Corte Constitucional,  Sentencia C-663 de 2007M.P.Manuel José
Cepeda Espinosa.
[50] En la sentencia C-613 de 1996  se dijo
expresamente que:  “…el régimen de transición no constituye un derecho adquirido
o algo parecido, sino la expectativa legítima que tiene una persona de acceder
a una pensión de vejez con los requisitos previstos en él, sin que ello
implique renuncia del legislador a modificar las condiciones y requisitos en la
forma como se otorga una pensión, en razón a que el legislador con fundamento
en su libertad de configuración normativa frente al tema de los requisitos
pensionales, no está obligado a mantener en el tiempo las expectativas que
tienen las personas conforme a las leyes vigentes en un momento determinado…”.
[51] Sentencia C-663 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[52] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008, MP.
Jaime Córdoba Triviño.
[53] Corte Constitucional, sentencia T-080 del 31 de enero de 2008, MP.
Rodrigo Escobar Gil.
[54]Al respecto se pueden consultar las sentencias T-941 de 2005, T-595
de 2006, T-326 de 2007 y T-701 de 2008, entre otras.
[55] La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en
sentencia del 27 de agosto de 2002, señaló que los hijos inválidos deben
demostrar: “a) que se trate de hijos del causante, b) que sean inválidos, c)
que dependan económicamente de él, y, d) que se mantenga la condición de
invalidez”. Aparte jurisprudencial extraído del libro Régimen General de
Pensiones Comentado, del autor Jorge Gamboa Jiménez. Editorial Leyer, 2009,
página 107.
[56]Sentencia T-326 de 2007, en cuyo pié de página cita la sentencia
T-1283 de 2001 sobre el tema.
[57] Consultar, entre otras, la Sentencia T-040 de 2015.
[58] Sentencia T-580 de 2014.
[59] Consultar, entre otras, las sentencias T-163 de 2011, T-886 de
2014, T-946 de 2014, T-013 de 2015 y T- 575 de 2015.
[60]  Corte Constitucional sentencias T-872 de
2013 M.P. Gabriel Mendoza Martelo, T-012 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-295 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[61] Consultar, entre otras, la Sentencia T-040 de 2015.
[62] Sentencia T-580 de 2014.
[63] Consultar, entre otras, las sentencias T-163 de 2011, T-886 de
2014, T-946 de 2014, T-013 de 2015 y T- 575 de 2015.
[64] Fecha en la que se reporta la primera cotización al sistema.
[65] Hoy Colpensiones.
[66] Folios 10 y 11.
[67] Sentencia T-343 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[68] Folio 15
[69] Corte Constitucional Sentencia T-268 de 2009 M.P. Nilson
Pinilla Pinilla
[70] Consultar, entre otras, la Sentencia T-040 de 2015.
[71] Sentencia T-580 de 2014.
[72] Consultar, entre otras, las sentencias T-163 de 2011, T-886 de
2014, T-946 de 2014, T-013 de 2015 y T- 575 de 2015.
[73] Folios 35 y 36.
[74] Sentencias T-200 de 2007 y T-1248 de 2008, entre otras.
[75] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.