T-012-19
NOTA DE RELATORIA: Mediante auto 251
de fecha 20 de mayo de 2019, el cual se anexa a la parte final, la Sala Séptima
de Revisión decidió ADICIONAR de oficio los ordinales tercero y séptimo de la
parte resolutiva de la presente providencia, con el objeto de afianzar las
órdenes emitidas en ella y superar cualquier obstáculo administrativo que
impida garantizar con prontitud los derechos fundamentales de los accionantes,
sus familias y su comunidad.
Sentencia
T-012/19
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR PROTECCION DEL
DERECHO AL AGUA-Caso donde
accionantes consideran vulnerados sus derechos fundamentales por no contar con
acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
ACCION DE TUTELA Y
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Excepciones para aceptar que se presente en un extenso
espacio de tiempo entre vulneración y presentación
ACCION DE TUTELA
PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA
PARA SOLICITAR PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Acción popular es
desplazada por la acción de tutela como mecanismo idóneo de protección
DERECHO AL AGUA
POTABLE Y DERECHO AL SANEAMIENTO BASICO-Ambito internacional
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA-Contenido
y obligaciones estatales en materia de prestación del servicio de agua de
conformidad con el bloque de constitucionalidad
DERECHO
FUNDAMENTAL AL AGUA-Obligaciones
del Estado para garantizar disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio
de agua
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Naturaleza
La naturaleza jurídica del derecho al
agua como fundamental “deviene de su consagración en un instrumento
internacional de derechos humanos, el cual ha sido ratificado por el Estado
Colombiano, y cuyo ejercicio no puede limitarse ni siquiera en los estados de
excepción. Por tanto, integra el denominado bloque de constitucionalidad”
DERECHO AL AGUA POTABLE Y DERECHO AL
SANEAMIENTO BASICO-Postulados
de acuerdo a la resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
DERECHO AL AGUA
POTABLE Y DERECHO AL SANEAMIENTO BASICO-Jurisprudencia constitucional
DERECHO AL AGUA
POTABLE Y DERECHO AL SANEAMIENTO BASICO-Facetas
El agua potable y
el saneamiento básico tienen en el ordenamiento jurídico Colombiano dos facetas
que generalmente confluyen: (i) como derechos fundamentales y (ii) como
servicios públicos domiciliarios. Sobre la primera faceta, quedo explicado que
el agua y el saneamiento son derechos fundamentales profundamente relacionados
con la dignidad humana y su efectiva realización está supeditada al cumplimiento
de unas condiciones mínimas de acceso. Sobre la segunda faceta, es claro que la
mejor alternativa para garantizar los derechos al agua potable y al saneamiento
básico es la prestación de servicios públicos domiciliarios  de acueducto y
alcantarillado
PRESTACION DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Contribuye directamente a los fines
sociales del Estado
SERVICIOS
PUBLICOS-Pueden
ser prestados por el Estado, de manera directa o indirecta, por intermedio de
comunidades organizadas o por particulares
DERECHO AL AGUA
POTABLE Y DERECHO AL SANEAMIENTO BASICO-Garantía
La plena garantía de agua potable y de saneamiento básico se
constituye como una medida indispensable para la efectiva realización del
Estado Social de Derecho. De esta manera, la formula estatal centrada en la
dignidad humana podrá trascender el plano teórico e incidir en la vida de las
personas, contribuyendo a la transformación positiva de contextos de pobreza y
desigualdad sistemáticos
DERECHO AL AGUA
POTABLE Y DERECHO AL SANEAMIENTO BASICO-Constituyen derechos fundamentales
autónomos de las personas sin los cuales la vida, la salud, y la dignidad se
verían comprometidas
EFECTOS INTER
PARES-Concepto
EFECTOS INTER
PARES-Requisitos
DERECHO AL AGUA POTABLE Y DERECHO AL SANEAMIENTO
BASICO-Orden con efectos
inter pares, de garantizar condiciones mínimas de acceso a los servicios de
agua y saneamiento básico, a la comunidad de Bocachica en la isla Tierra Bomba
Referencia: Expedientes
T-6.470.199 y T-6.485.552 (AC)
Acciones de tutela interpuestas por: (i) Oscar Fernando Jiménez Fonseca,
Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado contra el Departamento de Bolívar
y el Distrito de Cartagena; y (ii) Liceth Carolina Zapata Cuentas contra el
Departamento de Bolívar, el Municipio de Hatillo de Loba y Cooservha E.S.P.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá
D.C., veintidós (22) de enero de dos mil diecinueve (2019)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional conformada por
los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada
Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos: (i) el 08 de mayo de 2017 por
el Juzgado 7° Laboral del Circuito de Cartagena y el 21 de junio de  2017 por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, en primera y
segunda instancia respectivamente, dentro del trámite acción de tutela
promovido por Oscar Fernando Jiménez
Fonseca, Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado contra el Departamento de
Bolívar y el Distrito de Cartagena; y (ii)
el 02 de agosto de 2017 por el Juzgado 1° Promiscuo del Circuito de Mompós, en
única instancia, dentro del trámite de acción de tutela promovido por Liceth
Carolina Zapata Cuentas contra el Departamento de Bolívar, el Municipio de
Hatillo de Loba y la empresa de servicios públicos Cooservha E.S.P.
Conforme
a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Once de la Corte
Constitucional seleccionó y acumuló para efectos de su revisión los expedientes
de la referencia, los cuales correspondieron por reparto a este despacho.[1]
I.       ANTECEDENTES
1.   Expediente T-6.470.199
1.1.
Hechos
y solicitud
1.1.1.
Los
señores Oscar
Fernando Jiménez Fonseca, Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado,
actuando en nombre propio y a favor de los habitantes de la comunidad de
Bocachica, ubicada en la isla de Tierra Bomba, interpusieron acción de tutela
el 21 de abril de 2017 contra el Departamento de Bolívar y el Distrito de
Cartagena. En el escrito de tutela solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales al agua potable y al saneamiento básico por no contar con acceso
a estos servicios en las condiciones establecidas por la ley y la
jurisprudencia constitucional.
1.1.2.
Los
accionantes sostuvieron que la comunidad de Bocachica, ubicada al sur de la
isla de Tierra Bomba, y a menos de 1.5 kilómetros de distancia de la ciudad de
Cartagena, no cuenta con acceso a los servicios domiciliarios de acueducto y
alcantarillado. Explican que la comunidad está conformada por personas de
escasos recursos que nunca han tenido acceso directo a estos servicios.
1.1.3.
Frente
al servicio de acueducto, indicaron que el abastecimiento de agua potable es
realizado por particulares a través de embarcaciones que transportan el agua
desde Cartagena –sin cumplir con los parámetros mínimos de higiene y
salubridad– hasta tanques de almacenamiento instalados en la isla, desde donde
es distribuida a los habitantes para su consumo personal y doméstico.[2]
1.1.4.
Señalaron
que los habitantes de Bocachica, incluidos niños, niñas y adultos de la tercera
edad, deben acercarse con envases plásticos a los tanques para adquirir el agua
a precios que no son congruentes con su capacidad económica. Agregan que la
falta de acceso a agua potable en condiciones de salubridad ha generado enfermedades
al interior de la comunidad.
1.1.5.   Frente al servicio
de alcantarillado, mencionaron que la completa ausencia de un sistema para
disponer higiénicamente los residuos personales impacta negativamente la salud
de la población.
1.1.6.
Por
lo anterior, solicitaron se ordene a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía
de Cartagena adelantar las gestiones necesarias para garantizar a la población
de Bocachica el acceso efectivo a los servicios de agua potable y saneamiento
básico.
1.2.     Traslado y
contestación de la acción de tutela
1.2.1.
El
Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, mediante auto del 24 de
abril de 2017, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes
accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa. Posteriormente,
mediante auto del 04 de mayo del mismo año, y con base en el informe presentado
por la Alcaldía de Cartagena, ordenó vincular al proceso de tutela a Aguas de
Cartagena S.A. E.S.P. (en adelante ACUACAR).
1.3.     Contestación de la
Gobernación de Bolívar
1.3.1.
La
coordinadora del grupo de defensa judicial del Departamento de Bolívar dio
respuesta a la acción de tutela el 27 de abril de 2017. En su escrito, puntualizó
que “corresponde a los gobernadores y los alcaldes, como cabezas visibles de
la administración local, la responsabilidad de materializar el Estado Social de
Derecho en su respectiva jurisdicción”[3].
Así mismo, sostuvo que una distinción fundamental entre departamentos y municipios
es el rol intermedio que desempeñan los primeros (departamentos) en el esquema de
gobierno, estando encargados de “planificar y promover el desarrollo económico
y social, así como el ejercicio de funciones de coordinación y
complementariedad de la acción municipal” mientras que corresponde a los
segundos (municipios) “como entidad fundamental de la división político-administrativa
del Estado, prestar los servicios públicos que determine la ley”[4].
1.3.2.
Señaló
que la Ley 142 de 1994 definió la noción de servicios públicos domiciliarios,
así como la responsabilidad del Alcalde de asegurar su prestación eficiente,
con calidad y oportunidad. Agregó que el numeral 19 del artículo 3° de la Ley
136 de 1994 estableció la obligación específica de los municipios de garantizar
la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento básico en el
ámbito de su jurisdicción.
1.3.3.
Concluyó
el escrito señalando que corresponde a la Alcaldía de Cartagena actuar en
relación con la problemática, considerando su condición de mayor autonomía por
tratarse de un distrito especial y “recordando que la obligación del Departamento
de Bolívar es la coordinación y complementariedad de la acción distrital.
1.4.     Contestación de la
Alcaldía de Cartagena
1.4.1.
La Alcaldía Mayor
de Cartagena, mediante oficio del 24 de abril de 2017, dio respuesta a la
acción de tutela y señaló que en el presente caso existe una falta de
legitimación en la causa por pasiva frente a la entidad, en tanto corresponde a
ACUACAR resolver las problemáticas relacionadas con el servicio público de
acueducto y alcantarillado. En ese sentido, sostuvo que no puede señalarse a la
Alcaldía como responsable “pues no existe un nexo de causalidad entre la
actuación de la entidad y la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes”[5].
Finalmente, agregó que en razón al asunto colectivo de la controversia los
accionantes debieron acudir a la acción popular como mecanismo de defensa.
1.5.     Contestación de
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. –ACUACAR–
1.5.1.
El
apoderado general de ACUACAR presentó escrito de contestación el 04 de mayo de
2017 y señaló, respecto a la vulneración de los derechos fundamentales de los
accionantes, que la empresa de acueducto firmó con la Alcaldía de Cartagena un
contrato para la Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y
Alcantarillado (GISAA) en virtud del cual recibió, por parte del Distrito, los
bienes afectos a la prestación del servicio “sin que se hiciera trasferencia
de su propiedad, acordándose expresamente que corresponde [a ACUACAR] el
mantenimiento, operación y explotación de tales bienes para la prestación de
los servicios”; así mismo, señaló que en la cláusula 20 del referido
contrato se estipuló que el Distrito asume el deber de planear y construir
todas las obras que sean necesarias para la expansión y mejora del servicio
público de acueducto y alcantarillado.
1.5.2.
En
ese orden de ideas, el apoderado de la entidad aseguró que la responsabilidad principal
de expandir y mejorar la infraestructura del sistema de acueducto y
alcantarillado fue asumida por la Alcaldía de Cartagena. Agregó que según el
acuerdo contractual “la decisión político administrativa de llevar a cabo la
ejecución de tales proyectos, así como su financiación, es de la entidad
territorial”[6].
1.5.3.
No
obstante lo anterior, indicó que actualmente la empresa de acueducto y
alcantarillado adelanta unos estudios hidrológicos con el fin de determinar la
posibilidad de abastecer de agua potable la isla de Tierra Bomba a partir de la
exploración y explotación de acuíferos subterráneos. Además, sostuvo que se
tienen previstas inversiones por parte de la Alcaldía y ACUACAR encaminadas a
implementar un proyecto de solución de agua potable para la población que
habita la isla.
1.5.4.
El
apoderado general de ACUACAR concluyó su contestación afirmando que la empresa
de acueducto no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes en
tanto entregó a la Alcaldía de Cartagena “los diseños de solución de
acueducto y alcantarillado y, además, actualmente trabaja en la definición del
proyecto de solución de agua potable”[7].
Por último, solicitó se declare improcedente la acción de tutela puesto que la
solicitud de los accionantes era de naturaleza colectiva, por lo que debían
acudir a la acción popular para la efectiva protección de sus derechos.
1.6.     Decisiones
judiciales objeto de revisión
Primera
instancia
1.6.1.
En
la
sentencia de primera instancia el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Cartagena, mediante fallo del 08 de mayo de 2017, decidió declarar improcedente
la acción de tutela al considerar que en el caso particular los accionantes no
acreditaron la existencia de una vulneración individual y efectiva de un
derecho fundamental. En efecto, la juez de instancia señaló que la situación
descrita en la tutela representa un problema de orden colectivo que involucra
los intereses de toda una comunidad y su adecuada solución debe hacerse a
través de la acción popular. De igual forma, especificó que dentro del
expediente no se encontró evidencia de que los accionantes o su grupo familiar
hubieran sido directamente afectados por una enfermedad como consecuencia del
acceso al agua potable.
Impugnación
1.6.2.
Los
accionantes impugnaron la decisión de primera instancia aduciendo que las
entidades accionadas se limitaron a justificar con argumentos técnicos la
prestación deficiente del servicio de acueducto y alcantarillado, olvidando que
los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y su
efectiva prestación repercute en la calidad de vida de las personas. Por lo
anterior, subrayaron que la falta de acceso al agua potable y al saneamiento
básico en la isla de Tierra Bomba constituye una clara vulneración a los
derechos fundamentales de sus habitantes y el juez de tutela debe intervenir
para garantizar su protección.
Segunda
instancia
1.6.3.
La
Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
mediante sentencia del 21 de junio de 2017, confirmó la decisión de
primera instancia con base en las mismas consideraciones.
2.
Expediente
T-6.485.552
2.1.     Hechos y solicitud
2.1.1.
La
señora Liceth Carolina Zapata Cuentas interpuso acción de tutela el 12 de junio
de 2017 contra la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía municipal de Hatillo de
Loba y la empresa de servicios públicos Cooservha E.S.P solicitando la
protección de sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la
salud y al agua potable debido a que en la vereda de Gualí, en donde vive, no
cuenta con acceso a agua potable.
2.1.2.
La
accionante señala que es madre comunitaria y vive con sus dos hijos menores de
edad en la vereda de Gualí, ubicada en el corregimiento
de La Victoria en el municipio de Hatillo de Loba (Bolívar), donde también
residen alrededor de 80 menores de edad que, al igual que ella y sus hijos, no
tienen acceso a agua potable.
2.1.3.
Afirma
que hace tres meses, desde que se dañó la bomba hidráulica que tenía dispuesta
la empresa de acueducto en la cabecera municipal para abastecer a la vereda, la
comunidad ha tenido que acceder al agua a través de un vecino que la extrae de
un pozo –sin tratamiento ni filtración alguna– y la vende de manera particular.
2.1.4.
Manifiesta
que la alcaldesa del municipio no ha atendido su solicitud de reparar la bomba
hidráulica, pese a que ha visitado en dos ocasiones la vereda y ha podido
constatar los riesgos que supone para la salud de la comunidad ingerir agua sin
tratar. Agrega que los habitantes de la vereda no cuentan con la capacidad económica
para sufragar de manera autónoma los gastos de arreglo y funcionamiento del
equipo de bombeo.[8]
2.1.5.
La
accionante anexa al escrito de tutela dos informes de laboratorio, con fecha
del 16 de febrero de 2015, realizados por QuimiProyectos S.A.S. – Laboratorio
de Análisis de Aguas, Suelos y Aire, donde se señala que las muestras de agua
tomadas de la bocatoma del acueducto municipal de Hatillo de Loba muestran
valores “por fuera de los aceptables según requisitos fisicoquímicos y
microbiológicos establecidos para la calidad del agua tratada”[9].
2.1.6.
Por
lo anterior, la accionante solicita se ordene a las entidades accionadas: (i)
prestar el servicio de agua potable de conformidad con los estándares de
calidad, salubridad, disponibilidad y accesibilidad exigidos a nivel nacional e
internacional; y (ii) preparar y desarrollar una campaña de salud integral en
favor de la población habitante en la vereda de Gualí para el tratamiento de
las enfermedades producidas por el consumo de agua en mal estado.
2.2.     Traslado y contestación
de la acción de tutela
2.2.1.
El
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompóx, mediante auto del 05 de julio
de 2017, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes accionadas
para que ejercieran el derecho a la defensa.
2.3.     Contestación de la
Alcaldía Municipal de Hatillo de Loba
2.3.1.
La
alcaldesa municipal de Hatillo de Loba, Maryolis Isabin González, mediante
contestación del 21 de julio de 2017, señaló que la accionante utilizó el
mecanismo judicial indebido para satisfacer sus pretensiones. Sostuvo que la
exigencia de obtener la prestación efectiva y oportuna del servicio público de
acueducto en la vereda de Gualí es un asunto de naturaleza colectiva, por lo
que el uso de la acción de tutela en el caso particular es equivocado. Señaló
que la Ley 472 de 1998 creó la acción popular para atender solicitudes de
carácter colectivo y que el artículo 4 de dicha ley estipuló, específicamente,
que entre los derechos a proteger mediante la acción popular está el acceso a
los servicios públicos.[10]
Por lo anterior, solicitó al juez de tutela declarar la improcedencia del
recurso de amparo constitucional.
2.4.     Contestación de la
Gobernación de Bolívar
2.4.1.
En
respuesta del 24 de julio de 2017, la directora de Defensa Judicial de la
Gobernación de Bolívar sostuvo que Hatillo de Loba es un municipio certificado
para la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento básico,
por lo que al Departamento de Bolívar no le asiste competencia respecto a la
prestación de los servicios domiciliarios según el artículo 3° de la Ley 1176
de 2007. Agregó que, si bien la Constitución Política estableció la obligación
de los departamentos de complementar la función municipal, el departamento no
puede usurpar las competencias propias de otra entidad territorial. Por lo anterior,
afirmó que existe una falta de legitimidad en la causa por pasiva del
Departamento de Bolívar en la acción de tutela.
2.5.     Decisión judicial
objeto de revisión
2.5.1.
Mediante
sentencia de primera instancia, proferida el 02 de agosto de 2017, el Juzgado
Primero Promiscuo del Circuito de Mompóx declaró improcedente la protección
invocada, toda vez que la naturaleza de la solicitud correspondía a la
protección de un derecho colectivo por tratarse de la prestación de un servicio
público domiciliario. Señaló que tales pretensiones debían ser tramitadas a
través de la acción popular y no mediante el mecanismo excepcional de tutela.
La sentencia no fue impugnada por la accionante.
3.
Actuaciones
en sede de Revisión
3.1.     Auto del 05 de
abril de 2018
3.1.1.
La Sala Séptima de Revisión, mediante auto del 05 de
abril de 2018,
decidió suspender
los términos del proceso de la referencia en consideración al material
probatorio requerido. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el
artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015 de la Corte Constitucional.
3.1.2.
De
esta manera, respecto del expediente T-6.470.199, requirió a la Alcaldía de
Cartagena, a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P, a la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique (CARDIQUE), a la Defensoría del Pueblo y a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el marco de sus
competencias, aclararan o adicionaran información sobre la situación actual de
los habitantes de la comunidad de Bocachica de la isla de Tierra Bomba, la
fuente hídrica de la cual se abastecen y los usos que se hacen de ella para la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
3.1.3.
Del
mismo modo, ordenó al juez de primera instancia el adelantamiento de una
inspección judicial a la isla de Tierra Bomba con el objeto de verificar las afirmaciones
realizadas en el escrito de la tutela. Finalmente, solicitó a los accionantes
información sobre el proceso de transporte y distribución del agua potable en
la comunidad de Bocachica.
3.1.4.
Respecto
del expediente T-6.485.552, la Sala Séptima de Revisión requirió a la
Gobernación de Bolívar, a la Alcaldía municipal de Hatillo de Loba y a la
empresa de servicios públicos Cooservha E.S.P. que precisaran, desde el ámbito
de sus competencias, la situación actual en materia de acceso al agua potable
de los habitantes de la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de Loba. De igual forma,
solicitó a la accionante información sobre el funcionamiento del acueducto, el
alcance de las redes y el estado actual del equipo de bombeo que abastece de agua
la vereda de Gualí, así como información sobre las enfermedades que han
afectado a la comunidad como consecuencia del consumo de agua sin tratamiento.
3.2.     Respuesta de la
Defensoría del Pueblo (T-6.470.199)
3.2.1.
El
08 de mayo de 2018, la Secretaría General de la Corte Constitucional puso en
conocimiento del despacho de la magistrada ponente un informe remitido por
Paula Robledo Silva, delegada para los asuntos constitucionales y legales de la
Defensoría del Pueblo.[11]
El informe daba cuenta de una visita de campo realizada el 20 de abril de 2018
por la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente a la
comunidad de Bocachica con la finalidad de verificar la situación actual de sus
habitantes en relación con la presunta deficiencia de los servicios de agua potable
y saneamiento básico.[12]
3.2.2.
La
Defensoría del Pueblo comenzó por destacar que actualmente la comunidad de
Bocachica “no cuenta con el servicio de acueducto ni con un sistema de
alcantarillado”. El agua que llega a la isla es transportada por
particulares a través de barcos cisterna denominados “bongos” desde la planta
de tratamiento “El Bosque” de ACUACAR, ubicada en barrio Paraguay de Cartagena.
En el proceso de transporte, el recurso hídrico es “manipulado y envasado de
manera artesanal sin ningún tipo de medida de control de salubridad, ya que los
bidones en los cuales se almacena el líquido para su venta en la isla no son
lavados apropiadamente”[13].
La Defensoría resaltó que en la mayoría de los casos los envases utilizados
para el transporte contenían originalmente combustible, lo que termina por
contaminar el agua que consumen los habitantes de Tierra Bomba.
3.2.3.
El
agua transportada hasta la isla es vendida a la comunidad en botellones o
“pimpinas” con diferentes capacidades; en general, el precio del agua potable
es de mil pesos por un galón de agua ($1.000 x 1 gal). El informe señala que en
promedio una familia de 4 integrantes debe comprar para su consumo diario entre
4 y 5 “pimpinas”, cantidad que supone un precio elevado “para una comunidad
en la cual los ingresos por persona varían entre diez mil ($10.000) y cuarenta
mil ($40.000) pesos, y en la cual, la mayoría de los habitantes no tiene una
actividad económica fija”[14].
3.2.4.
Respecto
a la existencia de otras fuentes de abastecimiento hídrico, el informe refiere que
existen dos pozos subterráneos que son usados por la comunidad para suplir sus
necesidades de agua potable. Uno de los pozos se encuentra en propiedad
privada, por lo que su utilización depende de la autorización del dueño del
predio; el otro pozo está ubicado cerca de la playa y su sobre utilización ha
conllevado a que en la actualidad el agua que se extrae sea cada vez más
salina. Para la Defensoría del Pueblo, existe una inadecuada gestión de las
fuentes hídricas en la comunidad de Bocachica debido a una falta de
conocimiento sobre la utilización sostenible de los recursos disponibles en la
isla.
3.2.5.
Adicionalmente,
la Defensoría señaló en el informe que es evidente la “inadecuada promoción
y ejecución de programas alternativos de abastecimiento de agua por parte de
las autoridades competentes, ya que como lo manifestó la comunidad, en la isla
no se han planteado estrategias alternativas de recolección y almacenamiento
del recurso hídrico”[15].
Así mismo, resaltó que es preocupante la contaminación en la comunidad de
Bocachica debido a que la empresa de aseo del municipio opera de manera
insuficiente, por lo que los habitantes deben acumular la basura en diferentes
sectores de la isla.
3.2.6.
En
relación con el saneamiento básico, en el informe se destaca que en la
comunidad de Bocachica no hay un sistema de alcantarillado ni existe una planta
de tratamiento de aguas residuales, lo que genera afectaciones en la salud
pública y ambiental. Únicamente algunas viviendas cuentan con baterías
sanitarias que usan agua salada para sus descargas, las cuales terminan siendo
vertidas en el mar y en las calles.
3.2.7.
La
Defensoría del Pueblo concluye su informe señalando que a partir de la visita
realizada se pudo constatar que los habitantes no cuentan con el servicio de acueducto
ni alcantarillado de acuerdo con los parámetros establecidos por los organismos
internacionales y por la jurisprudencia constitucional. Así mismo, subrayó que la
Alcaldía de Cartagena no está cumpliendo con la función otorgada a los
municipios en relación con la disponibilidad, calidad y accesibilidad al servicio
de acueducto y alcantarillado.
3.3.     Respuesta de Óscar
Fernando Jiménez Fonseca (T-6.470.199)
3.3.1.
Mediante
escrito del 07 de mayo de 2018, el señor Oscar Fernando Jiménez Fonseca –uno de
los accionantes– dio respuesta a la solicitud de información formulada en el
auto del 05 de abril de 2018. El accionante relató circunstancias similares a
las señaladas en el informe de la Defensoría del Pueblo respecto al transporte,
distribución y venta de agua potable en la comunidad de Bocachica.
3.3.2.
Por
su parte, sobre su vínculo específico con la comunidad de Bocachica, el accionante
señaló que si bien él no es nativo de la isla de Tierra Bomba, los otros
accionantes sí lo son. Manifestó que por su profesión se vinculó casualmente
con los habitantes de la isla y actualmente se desempeña como director del
departamento de investigación y desarrollo de la Asociación de Ciudadanos de
Bocachica, cuya función es “similar a la de un canciller de Estado con los
entes gubernamentales”[16].
Así mismo, anotó que va y viene de forma permanente de la isla al continente a
desempeñar sus funciones, y en la actualidad “desarrolla la viabilidad de
coordinar la intervención del Estado a fin de subsanar las carencias de la
comunidad”[17].
3.4.     Respuesta de
AUCACAR S.A. E.S.P. (T-6.470.199)
3.4.1.
El
apoderado general de ACUACAR, Plinio Espinosa Acosta, remitió el informe de una
visita realizada por la empresa de acueducto a la isla de Tierra Bomba con el
objeto de verificar la situación actual de sus habitantes en relación con el
sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico.[18]
3.4.2.
Sobre
el acceso al agua potable, la empresa de acueducto señaló directamente que “los
corregimientos de Tierra Bomba, Punta de Arena, Caño del Oro y Bocachica
carecen de la infraestructura de acueducto”[19]. Refirió que
el método de abastecimiento de agua potable de la isla se realiza a través de
barcos cisterna que una vez por semana llegan a las poblaciones y depositan el
agua, a través de mangueras, en tanques de almacenamiento ubicados en la línea
costera. Desde estos tanques se realiza la distribución hídrica a la población
en recipientes plásticos con capacidad de 5 galones, los cuales son vendidos a
la comunidad. Sobre el saneamiento básico, la empresa de acueducto
refirió llanamente que “los centros poblados de la isla de Tierra Bomba no
tienen sistema de recolección o evacuación de aguas residuales”[20].
3.4.3.
Ahora
bien, respecto a la situación descrita anteriormente, ACUACAR indicó que en la
actualidad se encuentra desarrollando una serie de proyectos para solucionar el
problema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico en la isla de
Tierra Bomba. Por un lado, expuso que recientemente desarrolló un estudio
hidrológico exploratorio para determinar la existencia de acuíferos
subterráneos en la isla. Por otro lado, presentó los planos de dos proyectos a
gran escala: (i) un sistema de abastecimiento de agua potable mediante plantas
desalinizadoras y (ii) una solución de saneamiento básico para los centros poblados
de la isla.
3.4.4.
Respecto
del estudio exploratorio para ubicar acuíferos subterráneos, señaló que los
análisis tomográficos iniciales arrojaron resultados que indicaban zonas de
acuíferos en algunos sectores de la isla de Tierra Bomba; no obstante, a pesar
de los resultados, “no fue posible confirmar la existencia de acuíferos
debido a que los poseedores de los predios donde se requería construir unos
piezómetros de prueba no dieron los permisos necesarios para continuar con el
trámite ante la autoridad ambiental”[21].
3.4.5.
En
relación con el proyecto de construcción de plantas desalinizadoras, ACUACAR
presentó los planos de un sistema de acueducto destinado a solucionar el
problema de suministro de agua potable basado en el tratamiento y depuración
del agua de mar. Este sistema de acueducto plantea una intervención a gran
escala para construir pozos de captación de agua, plantas desalinizadoras,
tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y redes de acueducto para
abastecer de agua potable a todos los centros poblados de la isla.
3.4.6.
En
cuanto al proyecto de solución de saneamiento básico, la empresa de acueducto planteó
la instalación de un sistema de redes secundarias y colectores encargados de
llevar el agua residual de los centros poblados hasta una planta de tratamiento
para su disposición final en el mar. El proyecto se encuentra “en la
actualidad a nivel de prefactibilidad”[22]
y se meditan dos alternativas de solución; la primera propone una solución
individual para cada uno de los corregimientos, mientras que la segunda propone
una solución integrada.
3.4.7.
Por
último, ACUACAR presentó un listado con todos los proyectos ideados hasta la
fecha para solucionar las deficiencias en materia de acueducto y alcantarillado
de la isla de Tierra Bomba.[23]
3.4.8.
Adicionalmente,
entre los documentos anexos al informe, ACUACAR presentó copia de una
constancia dirigida al alcalde de Cartagena, con fecha del 02 de agosto de
2017, donde manifestaba lo siguiente:
“En cumplimiento de
lo solicitado por la señora Juez, en desarrollo de la audiencia de seguimiento
al cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia,
nos permitimos presentar al Distrito de Cartagena la propuesta para la
realización de los diseños para la solución del alcantarillado de Tierra Bomba”[24]
3.4.9.
Esta
constancia hacía referencia al cumplimiento de un fallo proferido por el
Juzgado Primero Administrativo de Cartagena en el marco de una acción popular
–con radicado No. 13-001-23-31-000-2004-01700-00– impulsada por Magdalena
González
Giraldo,
habitante de la isla de Tierra Bomba, contra ACUACAR y la Alcaldía de
Cartagena.
3.5.     Respuesta del Juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena (T-6.470.199)
3.5.1.
La
Secretaría General de la Corte Constitucional puso en conocimiento del despacho
de la magistrada ponente, mediante oficio del 30 de julio de 2018, un auto
interlocutorio firmado por Lina María Hoyos Mahecha, Juez Séptimo Laboral del
Circuito de Cartagena, mediante el cual daba cumplimiento a la comisión
encargada en el auto del 05 de abril de 2018 por la Sala Séptima de Revisión para
que realizara una inspección judicial a la comunidad de Bocachica, ubicada en
la isla de Tierra Bomba.
3.5.2.
La
diligencia fue llevada a cabo el 26 de abril de 2018, entre las 8:00 am y las
4:00 pm, con la presencia de los accionantes, un representante de la Alcaldía
de Cartagena y dos representantes de ACUACAR. En desarrollo de la diligencia, la
Juez Séptimo Laboral del Circuito recogió varios y completos testimonios de los
miembros de la comunidad de Bocachica sobre la situación actual de acceso a los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. Así mismo, la juez de
instancia interrogó a los accionantes y a los representantes de las entidades
accionadas. De todo lo anterior dejó registros de audio y video.[25]
3.5.3.
Entre
las declaraciones hechas por los habitantes de la comunidad de Bocachica, es de
destacar las afirmaciones recurrentes en torno al alto precio que deben pagar
por el agua en la isla y sus bajas condiciones de potabilidad. Así mismo,
recalcaron que desde hace varios años la situación ha sido la misma y no ha
mejorado. Al contrario, los pozos subterráneos de los que antes extraían agua
han sido sobreutilizados, por lo que actualmente dependen casi exclusivamente
del transporte de agua potable desde Cartagena. En ese sentido, todos los
entrevistados subrayaron en su testimonio que, entre los muchos problemas que
aquejan a los habitantes de la isla de Tierra Bomba, la falta de acceso al agua
potable es el problema principal.
3.5.4.
Por
su parte, los representantes de las entidades accionadas manifestaron durante
el interrogatorio llevado a cabo por la juez de instancia que, si bien en el
pasado se han elaborado proyectos de solución a los problemas de agua potable y
saneamiento básico para la isla de Tierra Bomba, en la actualidad no se está
llevando a cabo la implementación de ninguno de estos proyectos por
dificultades técnicas y presupuestales. Adicional a lo anterior, el
representante de la Alcaldía de Cartagena afirmó que debido a la suspensión
temporal de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua
potable y saneamiento básico –impuesta por parte del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público mediante la Resolución 1609 del 06 de junio de 2018–, la
entidad tenía dificultades financieras para solucionar las problemáticas de
acceso a estos servicios en la isla de Tierra Bomba.
3.6.     Respuesta
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Expedientes T-6.470.199)
3.6.1.
La
directora técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, mediante escrito
del 21 de abril de 2018, precisó que el artículo 136 de la Ley 142 de 1994
establece que la principal obligación de las empresas de servicios públicos es
la prestación continua de un servicio de calidad.
3.6.2.
Así
mismo, destacó que el Decreto 1575 de 2007 creó el Sistema de Vigilancia de la
Calidad del Agua Potable (SIVICAP). Y la Resolución No. 2115 de 2007, expedida
por el entonces Ministerio de Protección Social, creó dos indicadores de
control de la calidad del agua: el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para
Consumo Humano (IRCA) y el Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento de
Agua para Consumo Humano (IRABAm). Estas dos disposiciones (el Decreto 1575 de
2007 y la Resolución 2115 de 2007) son el fundamento normativo del sistema de
protección y control de la calidad del agua en Colombia.
3.6.3.
Lo
anterior fue expuesto por la Superintendencia para explicar la existencia de
criterios legales, procedimentales y científicos “que otorgan
responsabilidad a distintos actores en la garantía de la calidad del agua
destinada al consumo humano”[26].
3.7.     Respuesta de
Liceth Carolina Zapata (T-6.485.552)
3.7.1.
Mediante
escrito remitido a la Corte Constitucional el 16 de mayo de 2018, la accionante
dio respuesta al auto del 05 de abril de 2018 y complementó los hechos expuestos
en la acción de tutela. Al respecto, señaló que en la actualidad “no cuentan
con agua apta para el consumo humano en la vereda de Gualí, este es un hecho
evidente y de público conocimiento en toda la región”[27].
3.7.2.
Adicionalmente,
indicó que en el mes de mayo de 2018 la Alcaldía de Hatillo de Loba adquirió e
instaló una motobomba con la finalidad de solucionar la problemática
relacionada con el servicio de agua potable. No obstante, esta solución resultó
ineficaz debido a que las redes de acueducto que conducían el agua hasta la
vereda fueron destruidas por las olas invernales que afectaron la región en los
últimos años. Resaltó que si bien la motobomba funciona, las tuberías están
colapsadas y el agua no llega hasta las viviendas; indicó que la comunidad de
la vereda de Gualí no cuenta con los recursos para sufragar los gastos de reposición
de las redes de acueducto.
3.7.3.
Por
último, adjuntó copia de un oficio expedido por la Secretaría de Salud de
Bolívar, con fecha del 10 de junio de 2016, donde se señala que luego de
inspección sanitaria realizada a varias localidades del municipio de Hatillo de
Loba –entre ellas la vereda de Gualí– se verificó que el agua no tiene ningún
tratamiento y no es apta para el consumo humano.
3.8.     Respuesta de la Alcaldía
de Hatillo de Loba (Expediente T-6.485.552)
3.8.1.
La
alcaldesa del municipio de Hatillo de Loba, Maryolis Isabin González Amarís,
señaló en escrito con fecha del 02 de mayo de 2018 que, en efecto, las redes de
acueducto que abastecían de agua la vereda de Gualí habían resultado afectadas
por la ola invernal, así como la bomba hidráulica que impulsaba el agua hacía
dicha población. No obstante, a la fecha la Alcaldía de Hatillo de Loba había
resuelto la problemática.
3.8.2.
Señaló
que en colaboración con la empresa de acueducto municipal Cooservha E.S.P. se
realizaron las siguientes intervenciones: (i) reparación de cuatro kilómetros
de redes subterráneas de acueducto; (ii) limpieza y encerramiento del pozo
desde el cual se extrae el agua potable; (iii) enchape y desinfección del
tanque elevado desde donde se distribuye el agua a la población de Gualí; y,
por último, (iv) adquisición de una nueva bomba hidráulica para extraer el agua
del pozo e impulsarla hasta el tanque elevado.
3.8.3.
Con
fundamento en lo anterior, la alcaldesa concluyó que “la población de Gualí
del corregimiento de La Victoria cuenta actualmente con agua potable para su
abastecimiento, lo que pone fin a la problemática que vivía esta población”[28]. Como
evidencia, adjuntó una serie de fotografías que registraban las intervenciones
relacionadas en el informe.
3.9.     Respuesta de la
empresa de servicios públicos Cooservha E.S.P. (Expediente T-6.485.552)
3.9.1.
La
gerente de Cooservha E.S.P., Digna Rosa Muñoz, manifestó que la reparación y
adecuación del sistema de acueducto de la vereda de Gualí habían sido
realizadas en colaboración con la Alcaldía de Hatillo de Loba. Resaltó que las
medidas adoptadas por las dos entidades habían permitido a la accionante y su
comunidad disfrutar actualmente del servicio de agua potable. Como sustento de
lo anterior adjuntó evidencia fotográfica de los trabajos mencionados.
3.10.  Auto del 21 de
junio de 2018
3.10.1.
La
magistrada ponente, mediante auto del 21 de junio de 2018, requirió nueva información
dentro del trámite de la referencia. Adicionalmente, a fin de preservar el
derecho a la defensa, vinculó al expediente T-6.470.199 a la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique (CARDIQUE) y a la Defensoría del Pueblo.[29]
3.10.2.
Con
respecto al expediente T-6.470.199, la magistrada ponente ordenó a la Alcaldía
de Cartagena y a CARDIQUE que allegaran la información solicitada en el auto
del 05 de abril de 2018. Del mismo modo, solicitó a la Defensoría del Pueblo
que interviniera en el proceso de tutela con el interés legítimo de contribuir
a garantizar la protección de los derechos fundamentales de los miembros de la
comunidad de Bocachica de la isla de Tierra Bomba. En ese sentido, le solicitó
identificar a los accionantes y determinar su pertenencia a la comunidad, pues a
la fecha del auto se había establecido con certeza que el accionante principal
y único firmante del escrito de tutela, Oscar Fernando Jiménez Fonseca, tenía
su domicilio en Bogotá.
3.10.3.
En
relación con el expediente T-6.485.552, la magistrada ponente solicitó a la
Secretaría de Salud de la Gobernación de Bolívar información sobre el Índice de
Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano (IRCA) y el Índice de Riesgo
Municipal por Abastecimiento de Agua para Consumo Humano (IRABA) del municipio
de Hatillo de Loba.
3.10.4.
Por
último, y en razón del completo informe elaborado para el expediente
T-6.470.199, se solicitó a la Defensoría del Pueblo un informe sobre la
situación sobre el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico
de los habitantes de la vereda de Gualí, ubicada en el corregimiento de La
Victoria del municipio de Hatillo de Loba.
3.11.  Respuesta
CARDIQUE (Expediente T-6.470.199)
3.11.1.
La
Secretaria General de CARDIQUE, Claudia Camacho, remitió dos escritos con
fechas del 29 de mayo y del 13 de julio de 2018 respectivamente. En el primero
escrito manifestó que una vez revisada la información que reposa en los
registros del Área de Agua y Saneamiento Básico de la entidad “no aparecen
trámites ambientales relacionados con el recurso hídrico para la población de
Tierra Bomba y comunidad Bocachica”, más adelante agregó que “no se encontró
material de estudios atinentes al recurso hídrico y saneamiento básico para la
población referida”[30].
3.11.2.
Por
su parte, en el segundo escrito señaló que la entidad no tiene conocimiento
sobre la existencia de acuíferos subterráneos o alguna otra fuente hídrica
natural en la isla de Tierra Bomba. Así mismo, indicó que en materia de
políticas ambientales únicamente se ha implementado en la isla un proyecto “para
el acompañamiento a instituciones educativas y organizaciones para la
capacitación en gestión integral de residuos sólidos”[31].
3.12.  Respuesta Defensoría del Pueblo
(Expediente
T-6.470.199)
3.12.1.
La
delegada para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo,
Paula Robledo Silva, indicó que en el mes de julio de 2018 funcionarios de la entidad
se reunieron con los señores José Matosa Hurtado y Gustavo Castro Barrios en la
vivienda de uno de ellos, ubicada en la isla de Tierra Bomba. En la reunión
también participó Pedro Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal de
la comunidad.
3.12.2.
La
reunión tuvo como motivo principal comprobar la pertenencia de los accionantes
a la comunidad de Bocachica, así como complementar los hechos descritos en la
acción de tutela. Sobre lo primero, la Defensoría del Pueblo verificó que si
bien el señor Óscar Fernando Jiménez Fonseca reside en la ciudad de Bogotá, los
otros dos accionantes sí pertenecen a la comunidad de Bocachica y tiene sus
viviendas en la isla de Tierra Bomba.[32]
Sobre lo segundo, examinó in situ la situación actual de los accionantes
en relación con sus derechos fundamentales de acceso al agua potable y al
saneamiento básico y encontró que existe “una vulneración total”[33].
3.12.3.
En
adición al anterior informe, en este informe la Defensoría del Pueblo ahondó
sobre las afecciones en materia de salud producidas en la comunidad de
Bocachica por el consumo de agua en mal estado. Al respecto, refirió que el
agua que consumen los habitantes ha generado “enfermedades diarreicas agudas
–EDA– que se intensifican por la precariedad en la prestación de los servicios
de salud”[34].
Inclusive, el puesto de salud y el colegio de la isla no cuentan con acceso a
agua potable y deben comprar el recurso a los particulares.
3.12.4.
En
la entrevista realizada a los trabajadores del puesto de salud, la Defensoría
del Pueblo constató que los casos de enfermedades por el consumo de agua en mal
estado son frecuentes: “cada día llegan aproximadamente tres personas, entre
niños, adultos y personas mayores con epicrisis asociada al consumo de agua no
tratada”[35].
Así mismo, evidenció que también se producen enfermedades relacionadas con la
falta de saneamiento básico en la isla.
3.12.5.
El
informe destacó que el tanque de almacenamiento del agua potable no se
encuentra en buen estado “dado que se observaron larvas, cucarachas y
residuos de basura, que al depositar el agua hacen que se contamine
inmediatamente”[36].
Así mismo, subrayó que no existe un sistema de alcantarillado en la comunidad
de Bocachica; la mayoría de viviendas cuentan con pozos sépticos en sus baños
que no son objeto de ningún tipo de tratamiento o mantenimiento. Finalmente,
frente al acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico la
Defensoría del Pueblo indicó que en el corregimiento de Bocachica de la isla de
Tierra Bomba no existe ni ha existido “control, vigilancia ni seguimiento
por parte de alguna entidad a nivel municipal o departamental”[37].
3.13.  Respuesta Alcaldía de Cartagena
(Expediente
T-6.470.199)
3.13.1.
La
Alcaldía de Cartagena, mediante escrito del 24 de julio de 2018, señaló que dentro
del Plan de Desarrollo de Cartagena 2016-2019 se contempló específicamente la
ampliación de la cobertura del servició de acueducto y alcantarillado para la
isla de Tierra Bomba. De igual forma, destacó que desde el año 2013 se
encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública
una propuesta denominada Proyecto de Solución al Acueducto de Tierra Bomba, con
código 2013-13001-069, cuyo objetivo es “suministrar agua potable al corregimiento
de Tierra Bomba con el fin de resolver las necesidades de acueducto y mejorar
la calidad de vida de sus habitantes”[38].
3.13.2.
Adicionalmente,
la Alcaldía de Cartagena adjuntó un informe firmado por ACUACAR con fecha de
julio de 2018 donde se indicaba que el Plan Maestro de Acueducto de Cartagena,
elaborado en el año 2009, contemplaba como una de sus obras prioritarias la construcción
de un sistema de agua potable y saneamiento básico para la isla de Tierra Bomba;
no obstante, el informe presentaba un listado con las principales barreras que
habían impedido tal construcción.[39]
3.14.  Respuesta Defensoría del Pueblo
(Expediente T-6.485.552)
3.14.1.
La
delegada para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo,
Paula Robledo Silva, envió un informe con los pormenores de una visita
realizada los días 9 y 10 de julio de 2018 a la vereda de Gualí, ubicada en el
municipio de Hatillo de Loba.
3.14.2.
En
relación con la fuente hídrica de la que se abastece actualmente la accionante,
su familia y la comunidad, destacó que el 12 de junio de 2018 entre la
comunidad de Gualí, la Alcaldía de Hatillo de Loba y Cooservha E.S.P. pusieron
en funcionamiento un pozo ubicado a 2 kilómetros de la vereda para el
suministro de agua.[40]
Mientras que la comunidad se encargó de la limpieza de la red de acueducto, las
autoridades adquirieron una nueva motobomba. El sistema de abastecimiento
instalado lleva el agua del pozo directamente a las viviendas a través de
mangueras, no obstante, no existe ningún tipo de tratamiento o filtración.
3.14.3.
La
Defensoría del Pueblo enfatizó que la manipulación del agua por parte de la
comunidad es inadecuada: las mangueras que transportan el agua hasta las
viviendas están en la tierra sin ningún cuidado, y el agua se almacena en
canecas y recipientes sin el aseo adecuado. Adicional a ello, a pocos metros de
la zona donde está ubicado el pozo existe una batería sanitaria subterránea que
fue dejada de usar hace varios años, no obstante, durante su operación se
almacenaron compuestos orgánicos y aguas residuales que pueden estar
contaminando el pozo de donde extraen el agua los habitantes de la vereda de
Gualí.
3.14.4.
Las
afectaciones a la salud generadas por el consumo de agua sin tratar es uno de
los problemas centrales de la comunidad de Gualí. La Defensoría resaltó 4 casos
de niños con problemas médicos reportados por la accionante durante su visita.
De igual forma, subrayó lo manifestado por el gerente del hospital de Hatillo
de Loba: “el agua para consumo humano no es apta en todo el municipio”[41].
3.14.5.
En
resumen, sobre la prestación del servicio de agua potable la Defensoría del
Pueblo indicó que: (i) el servicio no es continuo ni suficiente; (ii) la
calidad del agua no es apta para el consumo humano, tanto por la falta de
tratamiento al momento de extraerla como por la inadecuada manipulación por
parte de las personas; y (iii) la empresa de acueducto del municipio cobra un
valor económico acorde con la capacidad de las personas, no obstante, mantiene
deudas con los habitantes pese a no haber prestado el servicio en los años
anteriores.
3.14.6.
Finalmente,
sobre el servicio de saneamiento básico la Defensoría del Pueblo se limitó a
indicar que es inexistente. Refiere que la mayoría de la comunidad “hace sus
necesidades en el monte o en las afueras del caserío, por lo cual, en algunos
sectores de la periferia se perciben malos olores”[42]. Tan solo
algunas casas tienen pozos sépticos en los baños, con deficiente mantenimiento.
3.15.  Respuesta
Gobernación de Bolívar (Expediente T-6.485.552)
3.15.1.
El
jefe de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Salud de la Gobernación de
Bolívar, Rafael Vergara Campo, señaló que en el año 2016 la entidad realizó una
visita de inspección sanitaria al municipio de Hatillo de Loba donde se tomaron
muestras de agua para analizar su contenido bacteriológico y fisicoquímico. Se
analizaron un total de 26 muestras y de todas se obtuvo el mismo resultado: agua
no apta para el consumo humano. Específicamente sobre la vereda de Gualí, la
muestra bacteriológica señaló que el agua analizada era inviable sanitariamente.[43]
3.15.2.
En
el año 2017, la Secretaría de Salud realizó una inspección a la empresa de
acueducto Cooservha E.S.P. y determinó que la empresa de acueducto no cumplía
con las condiciones sanitarias mínimas para el tratamiento del agua.
Finalmente, en marzo de 2018 la Secretaría de Salud solicitó a la alcaldesa del
municipio de Hatillo de Loba un informe sobre la calidad del agua en el
municipio, el cual no fue remitido.
3.16.  Respuesta de la
señora Liceth Carolina Zapata Cuentas  (T-6.485.552)
3.16.1.
La
accionante, mediante escrito remitido a esta Corporación el 10 de julio de
2018, señaló que las reparaciones llevadas a cabo por las entidades accionadas
no resolvieron la problemática. En efecto, las redes de acueducto que conducen
el agua hasta la vereda de Gualí no fueron totalmente remplazadas; si bien los
tubos permiten el paso del agua, algunos permanecen oxidados y contaminan el
agua que transportan. Así mismo, la supuesta limpieza del pozo y la
desinfección del tanque elevado no tuvieron ningún efecto positivo en la
calidad del agua que consumen los habitantes de la vereda. Por último, destacó
que el municipio “no ha efectuado la estratificación socioeconómica para
aplicación de tarifas de servicio público”[44],
por lo que es incierto el valor real que debe pagar la accionante por el
servicio de acueducto.
3.17.  Auto del 22 de agosto
de 2018
3.17.1.
La
magistrada ponente, mediante auto del 22 de agosto de 2018, vinculó a los dos
procesos de la referencia (expedientes T-6.470.199 y T-6.485.552) al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Departamento Nacional de Planeación luego
de constatar que podrían resultar comprometidos con la decisión que finalmente
se adopte. Así mismo, les solicitó información sobre el apoyo que pueden
brindar a los distritos y municipios en la prestación de los servicios de
acueducto.
3.18.  Respuesta del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio
3.18.1.
El
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante apoderado judicial, dio
respuesta a la solicitud de información formulada e indicó que, según el
Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento (SINAS), no existen
registros específicos de proyectos de inversión sobre la isla de Tierra Bomba
en Cartagena. Los últimos registros de proyectos de inversión reportados por el
distrito de Cartagena corresponden al año 2015. De igual forma indicó que, según
la información remitida por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en
el año 2014 se radicó un proyecto para la isla de Tierra Bomba denominado
“Solución de acueducto para el corregimiento de Tierra Bomba”, no obstante, el
proyecto no registra recursos para su financiación y su estado actual es
“Devuelto/Ajustes”[45].
3.18.2.
Por
su parte, sobre el municipio de Hatillo de Loba el apoderado judicial indicó
que, según la información consignada en el SINAS y el reporte del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, en el año 2011 se ejecutaron 4
proyectos para la rehabilitación y reconstrucción de los sistemas de acueducto
en los corregimientos de San Miguel, El Pozón, La Ribona y la cabecera
municipal de Hatillo de Loba.
3.19.  Respuesta del
Departamento Nacional de Planeación
3.19.1.
Mediante
escrito remitido el 03 de septiembre de 2018, el apoderado judicial del
Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio respuesta a la solicitud de
información formulada. En la primera parte del escrito hizo un breve resumen de
los hechos del proceso de la referencia (expedientes T-6.470.199 y T-6.485.552),
para luego informar sobre los mecanismos de distribución de los recursos del
Estado en relación con cada uno de los casos.
3.19.2.
Sobre
el Presupuesto General de la Nación y el Sistema General de Regalías manifestó
que no encontró “proyectos aprobados del sector agua potable y saneamiento
básico, donde los beneficiarios sean la población de la isla de Tierra Bomba
(Cartagena) y el municipio de Hatillo de Loba (Bolívar)”[46]. Por su
parte, sobre los recursos del Sistema General de Participaciones, indicó que el
DNP es el encargado de girar estos recursos a las entidades territoriales
(departamentos, distritos y municipios) para que, por mandato de los artículos
356 y 357 de la Constitución Política, garanticen a la población la prestación
de los servicios públicos a su cargo, en salud, educación, agua potable y
saneamiento básico.
3.19.3.
De
acuerdo con lo anterior, especificó que los recursos distribuidos a la
participación de agua potable y saneamiento básico del SGP para el distrito de
Cartagena y el municipio de Hatillo de Loba en las últimas 5 vigencias han sido
los siguiente (pesos corrientes):
Nombre Entidad
2014
2015
2016
2017
2018
(once doceavas)
Cartagena
20.694’579.407,00
21.144’162.268,00
22.977’635.518,00
26.379’842.997,00
24.935’879.763,00
Hatillo de Loba
771.707.312,00
811.243.973,00
895.865.538,00
965.002.831,00
931.515.058,00
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
y procedencia de la acción de tutela
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente
para revisar los fallos de tutela adoptados en los procesos de la referencia,
en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, y en virtud de la selección y del reparto verificado en
la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
1.1.     Legitimidad en la
causa por activa y por pasiva
1.1.1.
De
acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de
1991, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que tiene toda
persona para solicitar, de manera directa o por quien actúe legítimamente a su
nombre, la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción
de amparo debe ser dirigida “contra la autoridad pública o el representante
del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”[47].
1.1.2.
En
relación con el expediente T-6.470.199 es necesario mencionar que si bien uno
de los accionantes, el señor Óscar Fernando Jiménez Fonseca, no reside en la
isla de Tierra Bomba y, por tanto, sus derechos fundamentales no están siendo
directamente afectados por la falta de acceso al agua y al saneamiento básico,
los otros dos accionantes, los señores Gustavo Castro Barrios y José Matosa
Hurtado, sí son miembros de la comunidad de Bocachica, según se pudo confirmar
a partir de las diferentes evidencias allegadas al proceso.[48]
1.1.3.
Durante
el trámite de revisión, la magistrada ponente vinculó a la Defensoría del
Pueblo en la calidad de coadyuvante en razón a su interés legítimo de contribuir
a garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En
cumplimiento de lo anterior, la Defensoría visitó la isla de Tierra Bomba y
verificó que dos de los accionantes sí viven en la comunidad de Bocachica. Así
mismo, pudo comprobar la veracidad de los hechos descritos en la acción de
tutela y la completa falta de acceso a los servicios de agua potable y
saneamiento básico de los accionantes, su familia y su comunidad.
1.1.4.
Ahora
bien, la acción de tutela fue dirigida contra la Gobernación de Bolívar, la
Alcaldía de Cartagena y ACUACAR (esta última vinculada en primera instancia por
el juez de tutela), entidades responsables de la prestación de los servicios
públicos y, por tanto, legitimadas en la causa por pasiva en virtud de los artículos
86 de la Constitución Política y 5° del Decreto 2591 de 1991.
1.1.5.
Adicional
a lo anterior, durante las actuaciones efectuadas en sede de revisión la
magistrada ponente vinculó a la Corporación Autónoma del Canal del Dique
(CARDIQUE) al proceso T-6.470.199 debido a que puede resultar comprometida en
la decisión que finalmente se adopte. En efecto, según el Título VI de la Ley
99 de 1993 las Corporaciones Autónomas Regionales son las máximas autoridades
ambientales en el área de su jurisdicción y están encargadas de proteger y
administrar los recursos naturales renovables (artículo 23). Entre sus
funciones específicas se encuentran las de promover el desarrollo de programas
comunitarios para la protección y gestión sostenible de los recursos renovables
(artículo 31, numeral 3°), así como la de otorgar permisos para el
aprovechamiento y uso de aguas subterráneas (artículo 31, numeral 9°).
1.1.6.
Así
las cosas, debido a que la solución del caso particular puede requerir la
gestión sostenible de los recursos ambientales de la isla de Tierra Bomba, así
como la exploración de acuíferos subterráneos, es posible advertir una eventual
responsabilidad de CARDIQUE.
1.1.7.
En
relación con el expediente T-6.485.552, los requisitos en mención se cumplen a
cabalidad pues la acción de tutela fue interpuesta por Liceth Carolina Zapata
Cuentas, actuando en nombre propio y en defensa de sus derechos fundamentales y
los de sus hijos, José Jorge Nieto Zapata y Carolina Andrea Nieto Zapata[49], así como en
defensa de los derechos fundamentales de los menores de edad de la vereda de
Gualí[50],
ubicada en el municipio de Hatillo de Loba, debido a la falta de acceso al
servicio de agua potable.
1.1.8.
Por
su parte, la tutela fue dirigida contra el Departamento de Bolívar, la Alcaldía
municipal de Hatillo de Loba y la empresa de servicios públicos Cooservha E.S.P.,
entidades legitimadas por pasivas en virtud de los artículos 86 de la Carta
Política y 5 del Decreto 2591 de 1991.
1.2.
Inmediatez
1.2.1.
De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión
que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. Sobre el
particular, la sentencia SU-961 de 1999 estimó que “la inexistencia de un
término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto”.[51] En
el mismo sentido la sentencia SU-391 de 2016 señaló que “[n]o existen reglas
estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo,
sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las
circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”[52].
1.2.2.
Así
mismo, esta Corporación ha planteado que no obstante la inmediatez que reclama
la interposición de la acción de tutela, se ha reconocido que la aplicación de
este presupuesto no es absoluta debido a la existencia de situaciones de
excepción como las que se presentan cuando “se demuestre que la vulneración
es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó por
primera vez es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación es continua y actual”[53].
1.2.3.
En
el caso del expediente T-6.470.199, los accionantes consideran que la
vulneración a sus derechos fundamentales se viene produciendo desde hace varios
años debido a la completa inexistencia de los servicios de acueducto y
alcantarillado en el corregimiento de Bocachica de la isla de Tierra Bomba. La
omisión de las entidades accionadas genera afectaciones individuales y
desconoce derechos fundamentales como el acceso a los servicios de agua potable
y saneamiento básico. Adicionalmente, el abandono de los accionantes y su
comunidad por parte de las autoridades públicas es una circunstancia continua y
actual. Por lo anterior, la Sala advierte que la afectación de los
derechos fundamentales permanece en el tiempo, manteniéndose una vulneración que
hace necesaria su protección por vía de tutela.[54]
1.2.4.
Sobre
el particular, la propia jurisprudencia ha precisado que la acción de tutela
tiene como objetivo central:
“la
protección cierta y efectiva de derechos fundamentales que se encuentran
amenazados, bien por acción o bien por omisión de autoridad pública o
particular cuando a ello hay lugar. Ese objetivo no se agota con el simple paso
del tiempo, sino que continúa vigente mientras el bien o interés que se
pretende tutelar pueda seguir siendo tutelado para evitar que se consume un
daño antijurídico de forma irreparable”[55]
1.2.5.
De
esta manera, debido a que la circunstancia que dio lugar a la vulneración de
los derechos fundamentales de los accionantes se encontraba vigente al momento
en que fue interpuesta la acción de tutela, esto es, el 21 de junio de 2017, la
Sala estima cumplido en el caso concreto el requisito de inmediatez.
1.2.6.
En
cuanto al expediente T-6.485.552, la accionante considera que, si bien la
vulneración a los derechos fundamentales de sus hijos y su comunidad viene de
tiempo atrás, los hechos definitivos que conllevaron a la formulación de la
acción de tutela ocurrieron luego de que en el mes de abril del 2017 se dañara
la bomba hidráulica que conducía el agua hasta la vereda de Gualí, y a que la
alcaldesa municipal, pese a tener conocimiento de la situación, no tomara
ninguna medida al respecto. La acción de tutela tiene fecha de reparto del 09
de junio de 2017, por lo que entre el daño de la motobomba y la formulación de
la tutela transcurrieron menos de 3 meses, término que la Sala estima
razonable.
1.3.
Subsidiariedad
1.3.1.
El artículo 86 de
la Constitución Política señala que la acción de tutela solo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o cuando se utilice
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Por su parte, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece
el mismo principio de procedencia y agrega, no obstante, que la existencia de
otro medio de defensa será apreciada en concreto por el juez, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el accionante. En
desarrollo de lo anterior, esta Corporación ha entendido que la existencia de “un
medio judicial únicamente excluye la acción de tutela cuando sirve en efecto y
con suficiente aptitud a la salva-guarda del derecho fundamental invocado”[56].
1.3.2.
En
relación con los expedientes T-6.470.199 y T-3485.522, los jueces de instancia
negaron por improcedente las acciones de tutela argumentando que los derechos
de acceso al agua potable y al saneamiento básico invocados por Óscar Fernando
Jiménez Fonseca, Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado, en el primer
caso, y por Liceth Carolina Zapata Cuentas, en el segundo caso, ostentan una
naturaleza colectiva y su adecuada protección debió solicitarse a través de una
acción popular.
1.3.3.
No
obstante lo anterior, para dar validez a tal razonamiento es necesario analizar
la naturaleza real de los derechos involucrados y el impacto para la vida
humana que supone la falta de acceso al agua potable y al saneamiento básico,
así como si las reclamaciones de los accionantes deben ser tramitadas a través
de una acción popular debido a la supuesta satisfacción de intereses
colectivos.
1.3.4.
En
ese sentido, la Sala debe comenzar por advertir el error de las decisiones de
los jueces de instancia que declararon improcedentes las acciones de tutela
bajo estudio debido a la supuesta naturaleza colectiva de los derechos
involucrados. La Corte Constitucional ha sido consistente en su jurisprudencia
al señalar que la tutela es procedente para resolver los conflictos que se
susciten en torno a la falla en la prestación de los servicios domiciliarios cuando
ello afecte el acceso al agua potable y al saneamiento básico de las personas.
Sobre el particular, la sentencia T-093 de 2015, señaló lo siguiente:
“Para la Corte
Constitucional la provisión de servicios públicos por vía de tutela se ha
limitado única y exclusivamente a los servicios de acueducto y alcantarillado.
Ello porque la provisión de agua potable y de un sistema sanitario, están
directamente relacionados con la garantía de condiciones de salubridad y
sanidad que protejan la salud de la población y permitan el desarrollo integral
de las personas dentro de la sociedad”[57]
1.3.5.
Sobre
la protección del derecho fundamental al agua, esta Corporación señaló que
durante el análisis de procedencia de la acción de tutela es preciso verificar
las particularidades del caso para “determinar si de las deficiencias en la
prestación del servicio público de acueducto se deriva una vulneración
individual del derecho fundamental al agua. Verificadas las particularidades
del caso, la acción de tutela puede ser el instrumento más idóneo para frenar
la vulneración”[58].
Para la Sala es claro, entonces, que la acción de tutela es procedente cuando
se trata de un conflicto relativo a la falla de prestación del servicio de agua
potable que termina por menoscabar los derechos fundamentales de las personas.
1.3.6.
Por
su parte, sobre el saneamiento básico, la jurisprudencia se ha abstenido de
considerar el saneamiento básico como un derecho autónomo y ha vinculado el
acceso a sistemas de alcantarillado a diferentes derechos fundamentales como la
salud y la vida digna, de acuerdo con el patrón fáctico de cada caso.[59]
1.3.7.
En
los expedientes bajo examen, si bien en apariencia se discute un asunto de
naturaleza colectiva entre dos comunidades y las entidades estatales en torno a
la falta de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, en
realidad la problemática de fondo se refiere a afectaciones individuales ocurridas
de manera generalizada. En ese sentido, los jueces de instancia realizaron una
interpretación errónea al considerar que los reclamos de los accionantes están
referidos a derechos de carácter colectivo y no a derechos fundamentales.
1.3.8.
En
esa misma línea de argumentación, la sentencia T-752 de 2011 señaló
que la acción popular es desplazada por la acción de tutela como mecanismo
idóneo de protección “cuando existe una afectación particular del derecho
fundamental en cabeza de una, varias e incluso múltiples personas o cuando
existe la amenaza de consumación de un perjuicio irremediable en la órbita de
este derecho fundamental”[60].
1.3.9.
Por
tanto, es claro que los accionantes han sufrido una afectación particular a sus
derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento básico en conexión con
la salud y la dignidad, lo cual permite su amparo por vía de tutela como
mecanismo definitivo de protección. En los dos casos bajo examen, el agua
potable y el saneamiento básico están íntimamente ligados con la posibilidad de
garantizar a cada accionante, su familia y su comunidad condiciones materiales
de existencia dignas que implican tener acceso a condiciones sanitarias para consumir
agua sin enfermarse y disponer higiénicamente las aguas residuales, por lo que
la prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado deben
entenderse incluidos dentro de la garantía efectiva de los derechos
fundamentales.
1.3.10.
Bajo
ese entendido, la falta de prestación de estos servicios “está llamada a
constituir una posible violación del derecho que tienen todas las
personas a vivir una vida digna”[61] y es aceptable
concluir, entonces, que los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado pueden ser objeto de protección judicial a través de la acción
de tutela.
1.3.11.
Con
base en lo expuesto de manera precedente, la acción popular no sería idónea en
los casos bajo estudio, pues solamente podría proteger derechos colectivos como
el medio ambiente o la salubridad pública y no los derechos fundamentales al
agua potable, al saneamiento básico, a la salud y a una vida digna. Por los
anteriores motivos, la Sala considera que se cumple el requisito de
subsidiariedad.
2.
Problema
jurídico
Teniendo
en cuenta la situación expuesta, corresponde a la Corte Constitucional responder
al siguiente problema jurídico planteado dentro de los expedientes T-6.470.199
y T-6.485.552:
¿Las
autoridades estatales vulneran los derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento
básico de una persona, su familia y su comunidad cuando, pese a tener
conocimiento sobre (i) la inexistencia de redes de acueducto y alcantarillado y
(ii) la contaminación de las fuentes hídricas, omiten garantizar unas
condiciones mínimas de acceso a los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado?
Para resolver el
problema jurídico se analizarán a continuación los
siguientes temas: (i) la naturaleza jurídica de los derechos al agua y al
saneamiento básico en el derecho internacional de los derechos humanos y en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional; (ii) el cumplimiento de los fines
del Estado Social de Derecho y su relación con la prestación de los servicios
públicos de agua potable y saneamiento básico; y (iii) la resolución del caso
concreto.
3.
Derechos
al agua potable y al saneamiento básico: instrumentos internacionales y
evolución de la jurisprudencia constitucional
En este acápite se presenta el
proceso por el que el derecho humano al agua potable, y más adelante el derecho
humano al saneamiento básico como derecho relacionado pero a la vez con
características propias, se han ido construyendo normativamente hasta
reconocerse explícitamente en años recientes como derechos humanos autónomos.
De igual forma, se hace referencia al reconocimiento progresivo que ha hecho la
Corte Constitucional en su jurisprudencia, a partir de los avances en el ámbito
internacional, del agua potable y el saneamiento básico como derechos
fundamentales.
De esta manera, la naturaleza
fundamental del agua potable y del saneamiento básico se ha consolidado en el
ordenamiento interno a través de dos vías principales: (i) por la integración
normativa de derechos humanos consagrados en tratados internacionales
ratificados por Colombia y (ii) por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
3.1.
El desarrollo del agua potable y el saneamiento en el derecho
internacional de los derechos humanos
3.1.1.
A partir del entendimiento que se ha tenido del agua potable y el
saneamiento básico como condiciones indispensables para la salud y el desarrollo
de una vida digna, la comunidad internacional ha avanzado en su reconocimiento
y consagración en diferentes instrumentos de derechos humanos. De esta manera,
en Colombia los derechos al agua potable y al saneamiento básico no pueden ser
plenamente entendidos sin hacer referencia al marco normativo internacional de
donde se deriva, en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad
(artículo 93 de la Constitución Política), su integración al ordenamiento
jurídico interno.
3.1.2.
Entre los principales soportes internacionales que explícitamente
han reconocido obligaciones relativas a garantizar el acceso al agua potable y
al saneamiento básico, es importante mencionar los siguientes:
a)
La
Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en el parágrafo 2 de su artículo 14
señala que los Estados Parte deben asegurar a las mujeres el derecho a: “Gozar
de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la
vivienda, los servicios sanitarios (…) y el abastecimiento de agua”[62].
b)
La
Convención de los Derechos del Niño (CDN) en el parágrafo 2 de su artículo 24
señala que los Estados Parte deben asegurar a los niños, niñas y adolescentes
el disfrute del nivel más alto de vida posible y deben adoptar medidas para
garantizar la salud “mediante el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre”[63].
c)
La
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el
parágrafo 2 de su artículo 28 señala que los Estados Parte tiene la obligación
de “asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con
discapacidad a servicios de agua potable”[64].
d)
La
Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) interpretó los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y señaló que acceder al
agua y al saneamiento básico es un derecho humano que se encuadra claramente en
las garantías indispensables para asegurar un “nivel de vida adecuado” y
el “disfrute del más alto nivel de vida posible”[65].
e)
La
Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 64/292, aprobada el 28
de julio de 2010, reconoció explícitamente “que el derecho al agua potable y
el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida
y de todos los derechos humanos”[66].
f)      La Asamblea
General de las Naciones Unidas en la Resolución 70/169, aprobada el 17 de
diciembre de 2015, reconoció la existencia autónoma e independiente, pero
interrelacionada, de “los derechos humanos al agua potable y el saneamiento
como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado”[67].
3.1.3.
El proceso de construcción de los derechos al agua potable y al
saneamiento básico ha venido avanzado hasta su reconocimiento reciente como
derechos humanos autónomos, de los que se derivan obligaciones jurídicamente
vinculantes para los Estados. Así, dentro de los soportes internacionales que
reconocen el acceso al agua potable y al saneamiento básico se destacan la
Observación General No. 15 del CDESC, que consolidó definitivamente el derecho
humano al agua potable; y la Resolución 70/169 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que precisó y diferenció los derechos humanos al agua potable
y al saneamiento básico como derechos independientes, pero profundamente
relacionados.
La
Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC)
3.1.4.
La Observación General No. 15 representa un pronunciamiento central en
la configuración del acceso al agua potable como derecho humano.[68]
En su condición de organismo encargado de establecer la interpretación
autorizada de las disposiciones del PIDESC, el CDESC determinó el contenido y
alcance de la expresión “un nivel de vida digno” e incluyó el derecho al
agua potable como parte fundamental e inescindible de la misma. En ese sentido
sostuvo que el agua “es un recurso natural limitado y un bien público
fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable
para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros
derechos humanos”[69].
3.1.5.
En referencia al contenido normativo del derecho al agua, el Comité
señaló que su efectiva realización implica garantizar las siguientes
condiciones mínimas en cualquier circunstancia: (i) disponibilidad: el
suministro de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente
para cubrir las necesidades básicas de uso personal y doméstico[70]; (ii) calidad:
el agua debe ser salubre para su consumo personal y doméstico[71];
y (iii) accesibilidad: los servicios de abastecimiento de agua deben ser
físicamente accesibles y económicamente asequibles para estar al
alcance de todos los sectores de la población, sin discriminación alguna.[72]
3.1.6.
Los factores mínimos anteriormente descritos suponen una obligación para
los Estados al momento de garantizar el acceso al agua potable a todas las
personas, de modo que el cumplimiento de la disponibilidad, calidad
y accesibilidad son el presupuesto tanto para
considerar asegurado el derecho al agua potable, como para garantizar otros
derechos como el saneamiento básico, la salud, la vida y la dignidad. Es decir,
para el Comité el agua potable es un derecho humano elemental e irrenunciable
cuya efectiva realización está ligada al cumplimiento de unas condiciones
mínimas (disponibilidad, calidad, accesibilidad) de acceso que deben ser
garantizadas por el Estado.
3.1.7.
Si bien el Comité subraya que los Estados tienen la obligación de
garantizar la plena realización del derecho humano al agua en todas sus
dimensiones, también reconoce que existen recursos limitados que pueden
prolongar en el tiempo la plena materialización de estas obligaciones. Es por
ello que distingue entre los elementos del derecho al agua que son de efecto
inmediato –condiciones mínimas mencionadas anteriormente– de aquellos que se
encuentran sujetos a una realización progresiva. La Observación General No. 15
especifica las obligaciones de efecto inmediato de los Estados:
“a) Garantizar
el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para
el uso personal y doméstico y prevenir las enfermedades;
b) Asegurar el
derecho de acceso al agua y las instalaciones y servicios de agua sobre una
base no discriminatoria, en especial en lo que respecta a los grupos
vulnerables o marginados;
c) Garantizar el
acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un
suministro suficiente y regular de agua salubre;
d) Velar por que no
se vea amenazada la seguridad personal cuando las personas tengan que acudir a
obtener el agua;
e) Velar por una
distribución equitativa de todas las instalaciones y servicios de agua
disponibles;
f) Adoptar y aplicar
una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la
población prestando especial atención a todos los grupos vulnerables o
marginados;
g) Vigilar el grado
de realización, o no realización, del derecho al agua;
h) Adoptar programas
de agua orientados a fines concretos y de relativo bajo costo para proteger a
los grupos vulnerables y marginados;
i) Adoptar medidas
para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en
particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.”[73]
3.1.8.
Dentro de las obligaciones citadas se destacan las establecidas
en los párrafos a), b), c), e) y f) ubicadas
dentro de la categoría de cumplir[74],
referidas a que los Estados tienen que garantizar el acceso suficiente,
regular, salubre y  equitativo al agua potable, con especial atención por las
poblaciones vulnerables. Adicionalmente, se destaca la referencia de la
obligación i) a que el Estado debe garantizar, junto con el acceso al
agua potable, el acceso al saneamiento básico. De igual forma, en virtud del
derecho a la igualdad y la no discriminación, se encuentra relacionado con
estas obligaciones la prohibición de negar el derecho al agua a los hogares por
razones de la clasificación de la vivienda o de la tierra en que se encuentran
ubicados.[75]
3.1.9.
En definitiva, el Comité establece que el derecho al agua potable
abarca “en todas sus formas y a todos los niveles” tres elementos
esenciales e interrelacionados cuya aplicación constituye el nivel mínimo de
satisfacción del derecho, a saber: disponibilidad, calidad y accesibilidad.
3.1.10.
Ahora bien, es importante reiterar que la Observación General No.
15 del CDESC ha sido admitida por la Corte Constitucional en varias de sus
sentencias como referente para delimitar el contenido del derecho de acceso al
agua potable.[76]
De acuerdo con la jurisprudencia, la Corte ha dejado claro que forman parte
del bloque de constitucionalidad –y con ello del ordenamiento interno– los
tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales deben
integrarse en los términos en que han sido desarrollados por sus intérpretes
autorizados. Estas interpretaciones, por tanto, deben ser atendidas por el
Estado como consecuencia de haber aceptado la competencia de dichas instancias.
3.1.11.
De lo hasta aquí expuesto, puede afirmarse entonces que la
naturaleza jurídica del derecho al agua como fundamental “deviene de su
consagración en un instrumento internacional de derechos humanos, el cual ha
sido ratificado por el Estado Colombiano, y cuyo ejercicio no puede limitarse
ni siquiera en los estados de excepción. Por tanto, integra el denominado
bloque de constitucionalidad”.[77]
La Resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
3.1.12.
El 15 de diciembre de 2015, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la histórica Resolución 70/169 que reconoció la
existencia independiente de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
básico. El reconocimiento fue hecho con fundamento en que el agua y el
saneamiento no son derechos nuevos, sino que existen previamente y se encuentra
implícitos en las nociones de “nivel de vida adecuado” y “disfrute
del más alto nivel de vida posible” consagradas en los artículos 11 y 12
del PIDESC.
3.1.13.
Según la Asamblea General, el agua potable y el
saneamiento básico están estrechamente relacionados entre sí, pero tienen
características particulares “que justifican su tratamiento por separado a
fin de abordar problemas específicos en su realización, ya que demasiado a
menudo el saneamiento se sigue descuidando si no se reconoce como un derecho
diferenciado”[78].
En efecto, según el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas
sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, la importancia del
saneamiento básico se ve aminorada debido a la preponderancia otorgada al agua.
Es por ello que reconocer el agua y el saneamiento como derechos humanos
separados permite desarrollar normas específicas para la realización plena de
cada uno. Además, la individualización de cada derecho supone reconocer que no
todas las opciones de saneamiento se basan en sistemas relacionados con en el
agua.[79]
3.1.14.
En sus consideraciones, la Asamblea General indicó
que según el mecanismo de medición oficial para verificar el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, más de 2.400 millones de
personas en el mundo siguen sin tener acceso a servicios adecuados de
saneamiento, entre ellas más de 946 millones de personas aún practican la
defecación al aire libre, que es una de las manifestaciones más claras de
pobreza y pobreza extrema. Adicionalmente, subrayó que casi 700.000 niños
menores de 5 años mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua y el
saneamiento, y enfatizó que los progresos en la reducción de la mortalidad, la
morbilidad y el retraso del crecimiento de los niños están vinculados al acceso
al agua potable y al saneamiento básico.
3.1.15.
Con fundamento en lo anterior, la Asamblea General
reconoció que el derecho humano al saneamiento básico significa que “toda
persona, sin discriminación, tiene derecho al acceso, desde el punto de vista
físico y económico, en todas las esferas de la vida, a un saneamiento que sea
salubre, higiénico, seguro, social y culturalmente aceptable y que proporcione
intimidad y garantice la dignidad”[80].
De esta manera, la visión del agua y el saneamiento como derechos humanos
autónomos –desarrollada inicialmente por la Relatora Especial– fue confirmada
por el máximo órgano deliberativo de las Naciones Unidas, que los reconoció
como derechos humanos esenciales para el pleno disfrute de la vida y todos los demás
derechos.
3.1.16.
Queda establecida, entonces, la naturaleza del acceso al agua y
al saneamiento básico como derechos humanos fundamentales independientes y
autónomos (pero profundamente relacionados), los estándares mínimos en que
deben ser garantizados y las obligaciones de efecto inmediato que tiene el
Estado respecto de los mismos.
3.2.
El desarrollo de los derechos fundamentales al agua
potable y al saneamiento básico en la jurisprudencia de la Corte Constitucional
3.2.1.   Si bien en Colombia el agua potable y saneamiento básico no se
encuentran consagrados en la Constitución Política de 1991 como derechos
fundamentales, desde sus inicios la Corte Constitucional les ha reconocido esta
calidad debido a su importancia para garantizar la vida y la salud de las
personas, así como por ser indispensables para la realización de otros
derechos. La evolución de cada concepto, no obstante, ha sido dispar. Mientras
que el acceso al agua potable ha sido reconocido por la jurisprudencia como un
derecho fundamental autónomo, el acceso al saneamiento básico permanece ligado
a la garantía de otros derechos fundamentales.
3.2.2.    La
Corte se ha pronunciado en favor del amparo por vía de tutela del agua potable
y el saneamiento básico cuando la falta de acceso a estos servicios afecta
derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la vida.[81]
En números pronunciamientos desde 1992 hasta el presente esta Corporación ha
abordado casos relacionados con los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, decantando progresivamente una posición en torno a su
naturaleza fundamental. En particular, el acceso al agua potable ha obtenido
mayor atención que el saneamiento básico y su protección se ha ido
consolidando, primero por conexidad con otros derechos fundamentales y
actualmente como derecho fundamental autónomo.
Agua potable y saneamiento básico: derechos fundamentales por conexidad
3.2.3.
La primera sentencia de la Corte Constitucional que tuvo que ver
con la protección del agua y el saneamiento básico fue la sentencia T-406 de
1992, la cual resolvió un caso donde una empresa de servicios públicos había
dejado a medio construir un alcantarillado, generando el desbordamiento de
aguas negras sobre los terrenos circundantes. La construcción inconclusa
exponía al accionante a afectaciones en su salud y vida digna, pues, entre
otras problemáticas, los desperdicios sépticos contaminaban el agua potable. La
Corte consideró que la empresa de servicios públicos había cometido “una
clara violación a un derecho fundamental”[82]. Esta decisión tuvo un
impacto trascendental para este y otros casos pues estableció que la prestación
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado podía ser protegida en
sede de tutela en aquellas circunstancias en que claramente se afectaran
derechos fundamentales, tales como la dignidad humana, la salud y la vida.
3.2.4.
Siguiendo el criterio de conexidad, en la sentencia T-578 de 1992 la
Corte estudió el caso de una urbanizadora que solicitaba por vía de tutela la
conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado. En aquella
oportunidad, si bien no se tutelaron los derechos invocados debido a que el
amparo no cumplía con la finalidad de satisfacer las necesidades esenciales
agua y saneamiento de una persona natural, se sostuvo lo siguiente:
“El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta
directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el
servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte
la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP arts. 365 y
366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como
tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela”[83].
En el
mismo pronunciamiento se formularon los siguientes requisitos para solicitar
por vía de tutela el acceso a los servicios de agua y saneamiento:“(i) que
la vulneración o amenaza recaiga sobre un derecho constitucional fundamental; (ii)
que no exista otro medio de defensa judicial; y (iii) que la acción de tutela a
pesar de existir otro medio de defensa judicial, sea procedente como mecanismo
transitorio”[84].
3.2.5.
Aplicando estos requisitos, en la sentencia T-140 de 1994 esta
Corporación tuteló el derecho fundamental a la salud de los residentes de un
grupo de viviendas que, por falta de planeación del constructor, no tenían
conexiones adecuadas de alcantarillado para las épocas de lluvia.[85] En el
mismo sentido, en la sentencia T-431 de 1994 la Corte amparó los derechos
fundamentales a la salud y vida digna de una comunidad que no contaba con
conexiones de alcantarillado en sus viviendas. En aquella oportunidad se
comprobó que, pese a tener conocimiento de la situación, el alcalde municipal
omitió adelantar las gestiones administrativas necesarias para garantizar el
servicio de alcantarillado a los accionantes.[86]
3.2.6.
Otro pronunciamiento sobre la protección por conexidad de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado, esta vez relacionado con las
condiciones mínimas de continuidad y regularidad en la prestación del servicio
de agua potable, fue la sentencia T-539 de 1993 donde la Corte decidió proteger
el acceso al agua de un grupo de vecinos que recibían un abastecimiento de agua
irregular e intermitente. La decisión fue la de amparar los derechos
fundamentales a la vida y la salud, considerando que “el suministro de agua
potable es un servicio público domiciliario cuya adecuada, completa y
permanente prestación resulta indispensable para la vida y la salud de las
personas”[87].
3.2.7.
Más adelante, en la sentencia T-413 de 1995, la
Corte estudió el caso de un grupo de familias que no estaba recibiendo de
manera prioritaria y en la cantidad suficiente el suministro de agua potable en
sus viviendas debido a que el recurso estaba siendo destinado por el
administrador del acueducto regional al riego de tierras. En aquella ocasión,
se decidió proteger el derecho fundamental a la vida por su extrema relación
con el acceso al servicio de acueducto para uso personal y doméstico: “De la
lectura se colige que el derecho al agua, para el uso de las personas, en
cuanto contribuye a la salud, a la salubridad pública, y, en últimas, a la
vida, SI es un derecho fundamental y que, por el contrario, NO lo es cuando se
destina a la explotación agropecuaria o a un terreno deshabitado”[88].
3.2.8.
En sus primeros pronunciamientos, la Corte
Constitucional acogió el criterio de “conexidad” según el cual, bajo ciertas
circunstancias, el acceso a los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado era susceptible de ser exigido por vía de tutela si se
evidenciaba que su falta de prestación podía vulnerar derechos fundamentales,
como la vida y la dignidad humana.
Dignidad humana como base de los derechos
fundamentales
3.2.9.
Más adelante, en un esfuerzo por sistematizar su postura en torno a la
definición de derechos fundamentales, la Corte Constitucional en la sentencia
T-227 de 2003, señaló:
“Es posible
recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de
derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto
que valor central del sistema y principio de principios. (…) Será fundamental
todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad
humana y sea traducible en un derecho subjetivo”[89]
3.2.10.
En ese pronunciamiento, la Corte sostuvo que el entendimiento de la
persona y de la sociedad en clave del Estado Social de Derecho debe girar en
torno de su dignidad humana y no principalmente en torno de su libertad. Es
decir, ya no es la libertad sino la dignidad humana el fin supremo de la
persona. En ese contexto, el acceso al agua y al saneamiento básico se elevan
para adquirir la connotación de derechos fundamentales, pues su prestación es
esencial para garantizar a cada individuo un nivel de vida digno que permita su
pleno desarrollo en la sociedad.[90]
Esta postura marcó un avance en la protección del agua potable –que fue también
extendida al saneamiento básico[91]–
pues determinó que el elemento central que le da sentido al
uso de la expresión derechos fundamentales es el concepto de dignidad
humana.
3.2.11.
La nueva postura basada en la dignidad del individuo como eje de los
derechos fundamentales contribuyó a superar la argumentación de la “conexidad”
como estrategia para proteger los derechos de tipo prestacional. Esta nueva
concepción advirtió que más allá de la discusión académica no existe una
verdadera distinción entre derechos fundamentales y derechos económicos,
sociales y culturales. La Corte Constitucional fue clara al señalar en la
sentencia T-016 de 2007 lo siguiente:
“Hoy
se muestra artificioso predicar la exigencia de conexidad respecto de derechos
fundamentales los cuales tienen todos –unos más que otros– una connotación
prestacional innegable. Ese requerimiento debe entenderse en otros términos, es
decir, en tanto enlace estrecho entre un conjunto de circunstancias que se
presentan en el caso concreto y la necesidad de acudir a la acción de tutela en
cuanto vía para hacer efectivo el derecho fundamental” [92]
3.2.12.
De este modo, la concepción original de garantizar derechos como el
acceso al agua potable y al saneamiento básico en virtud de la conexidad fue
remplazada por una nueva comprensión: todo derecho que sea necesario para
garantizar unas condiciones mínimas de dignidad tiene la potencialidad de
elevarse, según el caso, a la categoría de derecho fundamental. De ahí que la
jurisprudencia reconociera que despojar los derechos prestacionales como el
agua potable, e incluso el saneamiento básico, de su carácter fundamental “resulta
no sólo confuso sino contradictorio, pues si se
adopta esta tesis de ninguno de los derechos, ni siquiera del derecho a la
vida, se podría predicar la fundamentalidad”[93]
3.2.13.
Ahora, si bien los derechos al agua potable y al saneamiento básico se
encuentran profundamente relacionados con la dignidad humana, su evolución
jurisprudencial ha sido disímil. Mientras que a partir del año 2007 cada vez un
mayor número de personas acudieron a la acción de tutela como alternativa para acceder
al servicio de agua potable, el saneamiento básico no fue exigido masivamente
por esta vía.[94]
Por vía de tutela, la Corte Constitucional desarrolló nuevos escenarios de
protección para el acceso al agua, precisó su contenido de conformidad con el
marco jurídico internacional de derechos humanos y consolidó su condición de
derecho fundamental autónomo. Por su parte, el saneamiento básico continuó
siendo protegido en virtud de la tesis de conexidad, en los casos donde se
viera vulnerada la dignidad humana u otro derecho fundamental.
3.2.14.
Luego de esta corta aclaración en torno a la base conceptual de los
derechos fundamentales y el impacto que tuvo la dignidad sobre la evolución
jurisprudencial de los derechos al agua potable y al saneamiento básico, a continuación
se presenta el desarrollo posterior de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en relación con la protección de cada derecho.
Agua
potable: derecho fundamental autónomo
3.2.15.
Con fundamento en la dignidad, la Corte consolidó una tesis uniforme en
torno al amparo constitucional del acceso al agua potable por hacer parte del
núcleo esencial de derechos fundamentales del ser humano. A partir del año 2007,
en sus pronunciamientos se consolidó una línea jurisprudencial uniforme y
reiterada donde se estableció que el derecho al consumo de agua potable tiene
rango fundamental. De esta manera, se reconoció que si bien el acceso al agua
no es reconocido explícitamente como derecho fundamental en una disposición
específica de la Constitución Política, ello se deduce de su lectura
sistemática.[95]
3.2.16.
En ese sentido, aceptar el carácter fundamental del agua es una decisión
encaminada a reconocer un estado de cosas existente. Ningún sentido tendría,
como lo señala la sentencia T-418 de 2010, “pretender
asegurar la vida sin asegurar el derecho al agua, en sus dimensiones básicas,
como fundamental”[96].
A partir de lo anterior, la Corte incluyó en sus pronunciamientos la
Observación General No. 15 del CDESC con el objeto de consolidar en el ámbito
nacional una interpretación clara del derecho fundamental al agua potable y los
elementos que lo componen.
3.2.17.
Este avance conceptual es desarrollado en sentencias posteriores. Por
ejemplo, la Corte en la sentencia T-616 de 2010 reiteró la naturaleza
fundamental del derecho al agua potable y vinculó su protección por vía de
tutela al cumplimiento de las condiciones mínimas establecidas a nivel
internacional. En aquella oportunidad, sostuvo: “[C]onsidera la Sala que el
derecho al agua goza de protección constitucional. Particularmente, ello está
referido a los contenidos mínimos que componen el derecho al agua, los cuales
corresponden a las obligaciones básicas señaladas en la Observación General
Número 15”[97].
3.2.18.
Más adelante, en la sentencia T-131 de 2016 esta Corporación resaltó
nuevamente la importancia esencial del agua a nivel constitucional y su
condición de derecho fundamental autónomo de conformidad con su reconocimiento
en el ámbito internacional de los derechos humanos.[98] Esta posición
está relacionada con la importancia central que cumple el Estado al momento de
hacer efectivos los derechos humanos mediante su trasformación interna en
derechos fundamentales. En efecto, los “estados nacionales son un medio
importante para la institucionalización de los derechos humanos. En especial el
efecto de irradiación de los derechos humanos sobre los ordenamientos jurídicos
y su aseguramiento por juzgados nacionales buscan que los derechos humanos se
cumplan y fomenten a nivel nacional”[99].
3.2.19.
Durante los años 2017 y 2018 diferentes Salas de Revisión de Tutela de
la Corte Constitucional han protegido el derecho fundamental al agua potable de
conformidad con los parámetros establecidos a nivel internacional reconociendo,
de esta manera, la naturaleza autónoma del derecho. Por ejemplo, en la parte motiva
de la sentencia T-100 de 2017 se hizo referencia a las condiciones mínimas del
acceso al agua (disponibilidad, calidad y accesibilidad) y, en el acápite
resolutivo, se decidió tutelar explícitamente el derecho fundamental al agua
por el incumplimiento de estas condiciones.[100]
En el mismo sentido, la sentencia T-118 de 2018 sostuvo:
“El derecho fundamental al agua puede ser amparado a
través de la acción de tutela de manera independiente cuando el acceso de una
persona a este recurso, para su uso personal o doméstico, se ve afectado en
alguna de las condiciones mínimas establecidas por la Observación General No.
15 del CDESC. Por ejemplo, cuando con motivo de la prestación deficiente del
servicio público de acueducto no se cumplen con los requisitos básicos de
disponibilidad, calidad y accesibilidad, las personas –con especial énfasis las
pertenecientes a los sectores marginados y vulnerables de la población– se ven
facultadas para exigir por vía de tutela la protección del derecho fundamental
al agua potable”[101]
3.2.20.
En definitiva, la jurisprudencia constitucional ha sido constante y
unánime al proteger el derecho fundamental de acceder al agua potable, tanto en
sus primeros pronunciamientos por su conexidad con otros derechos
fundamentales, como actualmente por su condición autónoma de derecho
fundamental.[102]
Saneamiento básico: derecho fundamental por
conexidad
3.2.21.
La Corte Constitucional ha considerado que el derecho al saneamiento
básico es indispensable para garantizar la dignidad humana, por lo que el
acceso a unas condiciones sanitarias mínimas para la recolección, tratamiento y
disposición o reutilización de los residuos humanos (orina y heces) genera
derechos subjetivos susceptibles de protección por medio de la acción de
tutela. Por tanto, cuando el servicio público de alcantarillado no se presta o
existen fallas en su prestación se pone en peligro la dignidad de las personas,
así como “la posibilidad de hacer realidad la igualdad material entre todos
los integrantes de la comunidad y de garantizar la eficacia del Estado Social
de Derecho”[103].
3.2.22.
Si bien, en principio, el amparo constitucional del derecho al
saneamiento básico se deriva de la vulneración por conexidad con otros derechos
fundamentales como la salud, la vida e incluso el agua potable, su profunda relación
con la dignidad humana ha permitido en ocasiones su protección directa por vía
de tutela. En ese sentido, siguiendo el criterio antes expuesto de la dignidad
como pilar de los derechos fundamentales, la Corte definió la protección del
derecho al saneamiento básico en los siguientes términos:
“El acceso
a un sistema para la colección, transporte, tratamiento, y disposición o
reutilización de las excretas humanas y otras asociadas, genera obligaciones en
materia de derechos fundamentales indispensables para garantizar la dignidad
humana, pues las personas que no cuentan con sistemas adecuados para este fin,
carecen de condiciones higiénicas y seguras que les permitan desarrollar sus
proyectos de vida en espacios libres de enfermedades y olores nauseabundos”[104]
3.2.23.
En concordancia con lo anterior, esta Corporación señaló recientemente
que todas las personas tienen derecho al acceso físico, sin discriminación
alguna, a servicios de saneamiento básico en sus lugares de habitación, estudio
y trabajo. Y entendió por saneamiento básico “el sistema para la
recolección, transporte, tratamiento y disposición o reutilización de las
excretas humanas y otras asociadas”[105].
Así mismo, estableció unos criterios para salvaguardar el derecho al
saneamiento básico y, con ello, la dignidad de las personas:
“Los
sistemas de saneamiento deben cumplir al menos con las siguientes
características, verificadas en cada caso en concreto: (i) cumplir con todas
las normas técnicas y/o contractuales relativas al tipo de solución de saneamiento
básico instalado en un bien inmueble, teniendo en cuenta los principios que
rigen la prestación de los servicios públicos; (ii) garantizar la seguridad
personal e higiene del conjunto de instalaciones que componen el sistema, y
(iii) garantizar la intimidad del sujeto titular del saneamiento básico.
Además, conforme lo exigen los tratados internacionales referidos
anteriormente, adquiere especial relevancia garantizar estas características
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, por ejemplo,
las mujeres, los niños y las niñas”[106]
3.2.24.
Ahora bien, sobre la realización de obras y trabajos públicos, aunque la
intervención del juez de tutela es excepcional y el amparo constitucional no
procede directamente, cuando se verifica la violación clara y evidente de la
dignidad humana o de un derecho fundamental es posible ordenar a las
autoridades –en el marco del proceso de tutela– que garanticen unas condiciones
mínimas en la prestación del servicio domiciliario de alcantarillado. Este razonamiento
ha sido sostenido por la Corte desde sus primeros pronunciamientos.[107]
3.2.25.
De esta manera, cuando se está ante la falta de acceso a unas
condiciones mínimas de saneamiento básico, la acción de tutela desplaza en su
ejercicio a la acción popular y se presenta una unidad de defensa de los
derechos que justifica la prevalencia del amparo constitucional.[108] En otras
palabras, aunque en principio el juez de tutela no puede inmiscuirse en esferas
de decisión que son privativas de la administración pública, tampoco puede “soslayar
la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los asociados, siendo su
deber dar instrucciones para frenar la vulneración demostrada de derechos
fundamentales”[109].
3.2.26.
En síntesis, para la Corte Constitucional
el derecho al saneamiento básico es el acceso a unas condiciones
sanitarias mínimas para la recolección, tratamiento y disposición o
reutilización de los residuos humanos (orina y heces) en espacios higiénicos,
seguros y privados que permitan a las personas desarrollar su vida libre de
enfermedades y olores nauseabundos. La ausencia de estas condiciones o su
prestación ineficiente es susceptible de ser protegido por medio de la acción
de tutela. Por tanto, el servicio de
alcantarillado “no se limita a la instalación de baterías sanitarias y
desagües en el interior de las viviendas o en sus cercanías, sino que debe ser
un sistema integral que permita la garantía y el disfrute del derecho al
saneamiento básico en condiciones óptimas, acordes con la dignidad humana”[110].
4.   El
cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho y los servicios públicos
de agua potable y saneamiento básico
El
agua potable y el saneamiento básico tienen en el ordenamiento jurídico
colombiano dos facetas que generalmente confluyen: (i) como derechos fundamentales
y (ii) como servicios públicos domiciliarios. Sobre la primera faceta, quedó
explicado que el agua y el saneamiento son derechos fundamentales profundamente
relacionados con la dignidad humana y su efectiva realización está supeditada
al cumplimiento de unas condiciones mínimas de acceso. Sobre la segunda faceta,
es claro que la mejor alternativa para garantizar los derechos al agua potable
y al saneamiento básico es la prestación de los servicios públicos domiciliarios
de acueducto y alcantarillado. Aunado a ello, corresponde al Estado garantizar
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de conformidad con lo
establecido en la Constitución y la ley. La primera faceta del agua potable y
el saneamiento básico fue estudiada en el acápite precedente, mientras que la
segunda faceta será abordada a continuación.
4.1.
La obligación estatal de garantizar el acceso a los servicios públicos
de agua potable y saneamiento básico
Constitución
Política
4.1.1.
La Asamblea Nacional Constituyente al elaborar la Constitución Política
de 1991 estableció en su texto un capítulo expresamente dedicado a sentar las bases
de los servicios públicos.[111]
Este capítulo fijó, con rango constitucional, el deber del Estado de asegurar
la prestación de determinados servicios (salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, entre otros) imprescindibles para garantizar el
bienestar general y la calidad de vida de la población, y con ello, hacer
efectivos los derechos sociales fundamentales de los ciudadanos.
4.1.2.
En ese sentido, asegurar la prestación de determinados servicios
públicos es una de las principales herramientas del Estado para materializar los
derechos sociales fundamentales y así cumplir, por esa vía, con los objetivos
del Estado Social de Derecho. El artículo 365 de
la Constitución establece claramente lo anterior: “Artículo 365. Los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. (…)”
4.1.3.
La Corte Constitucional ha advertido desde sus inicios el vínculo
inescindible al interior de la Constitución Política entre el Estado Social de
Derecho que es Colombia y la prestación de los servicios públicos a todos los
habitantes del territorio. Este vínculo ha sido entendido como la
materialización real de los derechos fundamentales, no solo de los derechos
civiles y políticos, sino también de los derechos sociales, económicos y
culturales (sin los cuales no podría garantizarse el goce de los primeros). En
ese sentido, esta Corporación fue concluyente al indicar en la sentencia T-406
de 1992 lo siguiente:
“Sin la
satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia, o en términos del
artículo primero de la Constitución, sin el respeto ‘de la dignidad humana’ en
cuanto a sus condiciones materiales de existencia, toda pretensión de
efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal consagrados
en el capítulo primero del título segundo de la Carta, se reducirá a un mero e
inocuo formalismo, irónicamente descrito por Anatole France cuando señalaba que
todos los franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes. Sin la
efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos
civiles y políticos son una mascarada. Y a la inversa, sin la efectividad de
los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y
culturales son insignificantes”.[112]
4.1.4.
Ahora bien, dentro del concepto genérico de servicios públicos se
encuentran los servicios públicos domiciliarios, definidos como aquellos que se
prestan “a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos
terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la
finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas”[113].
A esta categoría especial pertenecen los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, los cuales constituyen la forma de acceso más extendida para
satisfacer los derechos al agua potable y al saneamiento básico.[114]
4.1.5.
Los servicios de acueducto y alcantarillado son, además, priorizados por
la Constitución Política por su naturaleza elemental para garantizar el
bienestar y la calidad de vida de las personas. Así lo establece de manera
inequívoca el artículo 366 al señalar: “El bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua
potable”. Esta disposición, establecida para guiar la acción estatal,
guarda un claro vínculo con la connotación de derechos fundamentales que
adquieren el acceso al agua potable y al saneamiento básico.[115]
4.1.6.
De los preceptos constitucionales antes citados se extrae que la
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado debe cumplir con las características de eficiencia,
universalidad y solidaridad. Estas características de la prestación suponen una
garantía para lograr el bienestar pleno y la calidad de vida de la población.
Respecto a las primeras dos características, esta Corporación señaló en la
sentencia C-741 de 2003 lo siguiente:
“En efecto, tal
como lo establece el artículo 365 Superior, el Estado debe asegurar que la
prestación de los servicios públicos sea eficiente en todo el territorio
nacional. Por su parte, el artículo 367 constitucional, junto con el artículo
365, resaltan el deber del Estado de garantizar la universalidad de la
cobertura y la calidad en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. Igualmente, de conformidad con el artículo 366 de la Carta, la
satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas en materia de saneamiento
básico y de agua potable es un objetivo fundamental de la actividad del Estado,
y está orientado a la consecución de los fines sociales del Estado”[116]
4.1.7.
Por su parte, la característica de solidaridad está claramente señalada
en el artículo 367 de la Constitución Política cuando establece que el régimen
tarifario de los servicios públicos “tendrá en cuenta, además de los
criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos”. En
ese sentido, la obligación del Estado de asegurar la prestación eficiente y
universal del servicio de acueducto y alcantarillado también incluye,
primordialmente, considerar la capacidad de pago de los sectores vulnerables
socioeconómicamente para garantizar la cobertura plena del servicio, sin
exclusiones ni discriminaciones por razones económicas.
4.1.8.
En cuanto a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la
Constitución señala en su artículo 311 que corresponde a los municipios como
entidades fundamentales de la organización político-administrativa del Estado “prestar
los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local (…)”. Así mismo, el inciso segundo del artículo 367 específicamente
señala que los “servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio” y delega en los departamentos las “funciones de
apoyo y coordinación”.
Régimen
legal de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
4.1.9.
La Ley 142 de 1994 fue expedida con fundamento en el marco
constitucional antes citado, y estableció el régimen legal de los servicios
públicos domiciliarios, precisó su noción y delimitó los fines de la
intervención del Estado. Así mismo, definió los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado de la siguiente manera:
“Servicio público
domiciliario de acueducto. Llamado también servicio público domiciliario de
agua potable. Es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano,
incluida su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades
complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento,
almacenamiento, conducción y transporte.
Servicio público
domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal de residuos,
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará
esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y
disposición final de tales residuos”[117]
4.1.10.
El artículo 2° de la Ley 142 de 1994 establece que la intervención del
Estado en el ámbito de los servicios públicos domiciliarios debe estar
encaminada a garantizar la calidad del bien objeto de servicio, así como su
prestación eficiente, continua e ininterrumpida. En efecto, el numeral 2.1 del
artículo en mención señala que para mejorar la calidad de vida de los usuarios
el Estado debe encargarse de garantizar la disposición final del servicio
domiciliario a las viviendas. Aunado a ello, el numeral 2.2 establece la
obligación del Estado de ampliar la cobertura del servicio hasta alcanzar un
cubrimiento universal. Por su parte, el numeral 2.3 del mismo artículo señala,
de conformidad con la Constitución Política y la función social del Estado, que
los servicios domiciliarios de agua potable y saneamiento básico tienen
prioridad sobre los demás por su importancia esencial para garantizar las
necesidades básicas insatisfechas de la población.[118]
4.1.11.
Conforme a lo anterior, se hace patente la relación sustancial entre el
efectivo cumplimiento de las finalidades del Estado Social de Derecho
(relacionadas con el bienestar de las personas y la garantía de sus derechos) y
la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios a los usuarios.
Este vínculo conllevó a su caracterización como “esenciales”[119], lo cual
supone que ninguna interrupción del servicio es admisible, ni siquiera en aras
del ejercicio del derecho fundamental de asociación en materia laboral.[120]
En el caso de los servicios de acueducto y alcantarillado la mencionada
prohibición está ligada al mantenimiento de las condiciones mínimas e
innegociables del derecho fundamental de acceso al agua (disponibilidad,
calidad y accesibilidad), así como con las condiciones mínimas del saneamiento
básico (higiene, seguridad y privacidad).
4.1.12.
De esta manera, los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado adquieren una connotación fundamental por tratarse de la
herramienta principal que tiene el Estado para asegurar a la población el
acceso al agua potable y al saneamiento básico. Por ello, es vital la intervención
estatal para asegurar su prestación con el fin de garantizar a las personas
unas condiciones de vida dignas. Así lo expuso con claridad la Corte
Constitucional en la sentencia C-1064 de 2003:
“[E]s obligación
constitucional del Estado garantizar el acceso a los servicios públicos de sus
habitantes, en forma permanente y general, como lo prevé el artículo 365 de la
Carta. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que ocurre cuando el prestador
es un particular, que tiene la libertad de decidir si contrata con el Estado
suministrar o no un servicio público, el Estado es el responsable de que los
servicios se presten en todo el territorio nacional, suministrándolo él
directamente o en forma indirecta y sin interrupciones. El Estado no se puede
sustraer de esta obligación, invocando, por ejemplo, razones de poca
rentabilidad económica, o de orden público[121]
4.1.13.
Respecto a la competencia de los municipios, los departamentos y la
Nación en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, los
artículos 5°, 6°, 7°, y 8° de la Ley 142 de 1994 establecen y delimitan su
alcance. En términos generales, estas disposiciones señalan que el Estado tiene
la función de asegurar a la población el acceso a los servicios domiciliarios
de acueducto y alcantarillado; dicha responsabilidad recae en primer lugar en
los municipios, mientras que los departamentos y la Nación concurren en segundo
lugar cuando los municipios no están en la capacidad de cumplirla.
4.1.14.
Siguiendo lo establecido en los artículos 311 y 367 de la Constitución
Política, el numeral 5.1 del artículo 5° de la Ley 142 establece que es
competencia de los municipios asegurar que se presten los servicios
domiciliarios de manera eficiente “por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central
del respectivo municipio en los casos previstos”. Es decir, el Estado debe
garantizar a la población el acceso a los servicios públicos domiciliarios y su
prestación es competencia de los municipios directamente o a través de empresas
de servicios públicos domiciliarios (ESP).
4.1.15.
Cabe anotar, en todo caso, que para la Corte Constitucional la
prestación de los servicios públicos domiciliarios a través de las ESP no exime
en ningún caso al Estado de la responsabilidad de garantizar el acceso al agua
potable y al saneamiento básico. En ese sentido, en los distritos o municipios
donde existen empresa de acueducto y alcantarillado, la obligación de prestar
el servicio de agua y saneamiento recae en estas, mientras que la obligación de
garantizar la prestación efectiva del servicio es tarea del Estado.
4.1.16.
Ahora, si bien existe una diferencia administrativa entre prestar el
servicio y garantizar su prestación cuando en el distrito o municipio
existe una ESP, esta distinción pierde relevancia de cara a la garantía de los
derechos fundamentales de las personas y a la obligación general del Estado de
asegurar a la población el acceso a unas condiciones mínimas de agua potable y
saneamiento básico. De ahí que sea deber de las autoridades estatales, y
principalmente del distrito o municipio, “tomar las medidas tendientes a
corregir la prestación de los servicios públicos suministrados por las
organizaciones autorizadas cuando estas no cumplen con los estándares del
servicio”.[122]
4.1.17.
Por su parte, los artículos 7° y 8° de la Ley 142 de 1994 establecen que
los departamentos y la Nación tienen la obligación de “apoyar financiera,
técnica y administrativamente” a los municipios y a las empresas de
servicios públicos. Además, según el numeral 8.6 del artículo 8°, la Nación
también tiene la obligación de prestar directamente los servicios públicos
domiciliarios cuando los departamentos y municipios no tengan la capacidad
suficiente para hacerlo.
4.1.18.
Las competencias de los municipios, los departamentos y la Nación deben
entenderse en armonía con el artículo 209 de la Constitución Política según el
cual “la función administrativa está al servicio de los intereses generales”
y “las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. Esta disposición es
desarrollada por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de
2011), la cual establece en su artículo 27 que las autoridades administrativas
deben ejercer sus competencias en cumplimiento de los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, entre otros.
4.1.19.
Por su parte, el parágrafo de artículo 28 de la misma ley señala que los
distritos y municipios “son titulares de cualquier competencia que no esté
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación. Cuando el respectivo
municipio no esté en capacidad de asumir dicha competencia solicitará la
concurrencia del departamento y la Nación”. En ese sentido, si bien los
municipios son los llamados en primer lugar a garantizar la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, los departamentos y la Nación también
integran la función administrativa y deben asegurar que no existan vacíos en la
prestación de los servicios públicos.
4.1.20.
Por último, es importante hacer referencia al Sistema General de
Participaciones (SGP) establecido en los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política. El SGP es un mecanismo diseñado para trasferir eficientemente los
recursos de la Nación a las entidades territoriales (departamentos, distritos y
municipios) con el objetivo de apoyar el financiamiento de los servicios
públicos a su cargo, dándole prioridad específica a la salud, la educación y “a
los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en
la población pobre”[123].
4.1.21.
La destinación específica del SGP para el agua potable y el saneamiento
básico fue dispuesta por la Ley 1176 de 2007, la cual modificó algunos
artículos de la Ley 715 de 2001 y separó los servicios de agua potable y
saneamiento básico de la participación de propósito general asignándole sus
propios recursos.[124]
Así mismo, la Ley 1176 de 2007 reforzó el mandato de priorizar la destinación
de los recursos del SGP en beneficio de las población pobre y reafirmó, en el
inciso final de su artículo 24, que los gobernadores y alcaldes “deben tomar
las medidas pertinentes para garantizar que los grupos de población pobre y
vulnerable tengan acceso a los servicios básicos”.
4.1.22.
Además, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 estableció que a los
municipios les corresponde, dentro sus competencias:
“[D]irecta
o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones
u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias (…) 76.1. Servicios
Públicos. Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios
públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos”
4.1.23.
En materia de agua potable y saneamiento básico la principal fuente de
financiación que tienen las entidades territoriales son los recursos del SGP.
No obstante, la Ley 1176 de 2007 estableció la necesidad de que los distritos y
municipios certifiquen el cumplimiento de unos requisitos señalados en su
artículo 4° para tener acceso a la administración de estos recursos. De no
hacerlo, los recursos del SGP deberán ser administrados por el respectivo
departamento. En ese sentido, el artículo 3° de Ley 1176 establece que
corresponde a los departamentos “asegurar que se preste a los habitantes de
los distritos o municipios no certificados en agua potable y saneamiento
básico, de manera eficiente, los servicios públicos de agua potable y
saneamiento básico”.
4.1.24.
Lo anterior se expone con el fin de ejemplificar, nuevamente, la
obligación estatal –a nivel nacional, departamental, distrital y municipal– de
garantizar de manera prioritaria el acceso a los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado, con especial énfasis en las
poblaciones pobres y vulnerables. Esta obligación se conecta con la destinación
específica de los recursos del SGP como principal fuente económica para
garantizar la materialización de los derechos fundamentales al agua potable y
al saneamiento básico. Las autoridades se encuentran obligadas, tanto por
mandato de la Constitución Política como por desarrollos legislativos y
jurisprudenciales, a garantizar unas condiciones mínimas en el disfrute de
estos derechos, dando prelación a las personas en condiciones de
vulnerabilidad.
4.2.
El acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico
como medida para reducir la pobreza y alcanzar los fines del Estado Social de
Derecho
4.2.1.
Como se expuso en la primera parte de este apartado, la prestación
eficiente de los servicios públicos y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población se constituyen como fines esenciales del Estado Social de Derecho
colombiano. Estos fines, en aras de materializar el principio constitucional de
la igualdad, están diseñados desde un enfoque que prioriza a los sectores más
pobres de la población, estableciendo, por ejemplo, la destinación específica
de los recursos del SGP a la prestación y ampliación de la cobertura de los
servicios públicos de educación, salud, agua potable y saneamiento básico,
haciendo énfasis en la población con dificultades para acceder por su cuenta a
estos servicios.
4.2.2.
De esta forma, como bien lo ha indicado la Corte Constitucional desde
sus inicios, el Estado Social de Derecho no es ajeno a las condiciones de vida
de los estratos más pobres del país, por el contrario, la palabra social en la
fórmula de configuración estatal va más allá de una “simple muletilla
retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la idea tradicional
del derecho y del Estado”[125]
y recurre a la garantía de los derechos sociales fundamentales como mecanismo
para inducir cambios de fondo en la sociedad.[126]
4.2.3.
Es bajo este entendido, que el garantizar plenamente el acceso a
servicios públicos que mejoren las condiciones de vida de la población se
constituye como una de las estrategias más efectivas para transformar
materialmente contextos de pobreza y desigualdad, y, al mismo tiempo, generar
oportunidades de desarrollo. De este modo, la realización y la eficacia
sustantiva del Estado Social de Derecho se mide “por su capacidad para
satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las
necesidades vitales de la población mediante el suministro de prestaciones
concretas que tiendan a ello y, consecuentemente, a lograr por esta vía la
igualación de las condiciones materiales de existencia de las personas”[127].
4.2.4.
Esta capacidad de satisfacer las necesidades vitales de la población ha
sido considerada por esta Corporación como un indicador de la eficacia del
Estado Social de Derecho. De la misma manera, no solo en Colombia sino también
en distintos países alrededor del mundo, la realización efectiva de los
derechos sociales fundamentales ha sido considerada como un requisito necesario
para trasformar la vida de las poblaciones pobres y consolidar el Estado Social
de Derecho. Este es el caso, por ejemplo, del Tribunal Supremo de India, que ha
atendido problemas sociales estructurales como el hambre y el analfabetismo,
acompañando sus decisiones con el nombramiento de comisionados que supervisen
la implementación de las sentencias. En esta misma línea, la Corte
Constitucional de Sudáfrica se ha convertido en un foro institucional central
para promover derechos como los de vivienda y salud y, además, para empujar al
Estado a actuar frente al legado social y económico del apartheid.[128]
4.2.5.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario aceptar que
existe una estrecha relación entre pobreza y falta de acceso a los servicios
públicos, y evidenciar la necesidad de ejecutar medidas concretas que busquen
hacer tangibles los principios constitucionales de equidad, justicia e igualdad
material. Por eso, dentro del actual Estado Social de Derecho, las personas
pobres tienen el derecho constitucional “a no ser los últimos de la fila a
la hora de acceder al derecho al agua potable y al saneamiento básico”[129].
4.2.6.
En concreto, respecto a los servicios de agua potable y saneamiento
básico, se encuentra que a mayores índices de pobreza, menores índices de
acceso a estos servicios básicos. Esta relación la corroboran estudios realizados
por la CEPAL, la OMS, UNICEF y el Banco Mundial. En primer lugar, la CEPAL
determina “que en promedio un aumento de mil dólares del PIB por habitante
está asociado a un incremento de más de 4% en la cobertura de agua potable y
saneamiento”[130].
Según la OMS y UNICEF, con respecto al acceso al agua potable, “la cobertura
más baja corresponde a los 48 países designados por las Naciones Unidas como
menos adelantados, en particular, los de África subsahariana”[131].
4.2.7.
En lo relativo al saneamiento básico, los países clasificados por la ONU
como los menos adelantados no cumplieron la meta establecida por los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, pues solo el 27% de sus poblaciones actuales han
accedido a servicios de saneamiento adecuados desde 1990.[132] Así
mismo, en un diagnóstico realizado por el Banco Mundial sobre el estado actual
en materia de acceso a servicios de saneamiento básico en 17 países de
Latinoamérica, África y Asia se demostró que la defecación al aire libre es una
práctica común en la población más pobre de la sociedad. En efecto, de una
distribución de la población dividida entre el 40% con menos riqueza (B40) y el
restante 60% con mayor riqueza (T60), se identificó que el 37% del B40 no
cuenta con ningún tipo de acceso a servicios de saneamiento y debe defecar al
aire libre, comparado con el 17% del T60 que se ve obligado a defecar al aire
libre.[133]
4.2.8.
Frente al acceso a servicios públicos domiciliarios específicamente en
el caso de América Latina, aunque se presentan avances respecto a la cobertura de
los mismos, siguen existiendo aspectos por mejorar, en particular, en las zonas
rurales y en los sectores urbanos más pobres. De acuerdo con un informe de la
CEPAL, Latinoamérica ha demostrado éxito en la expansión del acceso a servicios
públicos en los últimos 25 años, pues pasó de un 85% a casi un 95% de cobertura
en agua potable y de 67% a 83% en saneamiento. Sin embargo, todavía existen en
la región casi 34 millones de personas sin acceso a fuentes mejoradas de agua
potable y más de 106 millones que no cuentan con instalaciones adecuadas de
saneamiento.[134]
Además, estos déficits en cobertura y calidad de los servicios tienden a
concentrarse en los grupos de bajos ingresos, grupos vulnerables y habitantes
de áreas rurales.[135]
4.2.9.
Pasando a analizar las condiciones socioeconómicas de la zona donde
residen los accionantes, se encuentra que Bolívar es uno de los departamentos que
presentan mayores índices de pobreza en el país. Para el 2017, el porcentaje de
incidencia de la pobreza en Bolívar fue del 38.2, mientras que a nivel nacional
este porcentaje fue de 26.9. En cuanto a la brecha de la pobreza (que mide
cuánto dinero le hace falta a una persona para salir de la pobreza), el índice
en Bolívar para el 2017 fue de 12.9, mientras que el nacional fue de 9.7.[136]
4.2.10.
Las cifras anteriores reflejan unas condiciones de pobreza en el
departamento de Bolívar por encima del promedio nacional, lo que se encuentra
relacionado, a su vez, con los datos sobre cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento básico en el departamento de Bolívar. Según el Plan de
Desarrollo 2016 - 2019 “Bolívar Sí Avanza”, las cifras de agua potable son
ambiguas: mientras que en municipios como El Carmen de Bolívar, El Guamo, Rio
Viejo, San Pablo y Santa Rosa del Sur la cobertura alcanza un 90%; en
contraste, municipios como Santa Rosa, San Jacinto, María la Baja, Barranco de
Loba y el Peñón la cobertura no supera el 50 %.[137] En materia
de cobertura de agua potable en áreas rurales las cifras no son alentadores,
según el Plan de Desarrollo la cobertura solo alcanza un 35% del total del
departamento y a 2016 “hay un total de 232 corregimientos sin acueducto y
una población de 115.824 habitantes sin acceso a este servicio”[138].
4.2.11.
En materia de cobertura del servicio de saneamiento básico la situación
del departamento resulta todavía más preocupante. Según el Plan de Desarrollo
de Bolívar, la cobertura promedio en las cabeceras municipales es del 20%. En
ese sentido, mientras que municipios como Cantagallo y San Fernando tienen una
cobertura del 80%, municipios como El Peñón, María la Baja, San Jacinto, San
Juan Nepomuceno, entre otros, no cuentan con redes de alcantarillado. Lo
anterior, en palabras del Plan de Desarrollo, “supone un grave riesgo en
cuanto a la contaminación de cuerpos de agua y deterioro de la calidad de vida
de la población”[139].
4.2.12.
Ahora bien, las cifras sobre servicios de agua potable y saneamiento
básico en el distrito de Cartagena y el municipio de Hatillo de Loba son
llamativamente diferentes. En Cartagena, según el Informe de Calidad de Vida
del programa “Cartagena Cómo Vamos”, el distrito a 2017 tiene una cobertura
total de servicio de acueducto del 95%, mientras que la cobertura del servicio
de saneamiento básico es del 91%.[140]
Por su parte, y más acorde con la realidad del departamento, según datos del
Observatorio Municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la
Universidad de los Andes, en el año 2015 el municipio de Hatillo de Loba reportó
una cobertura total del servicio de acueducto del 55%, mientras que la cobertura
del servicio de saneamiento básico fue del 21%.[141]
4.2.13.
La información presentada permite entrever una relación (que se potencia
así misma) entre la falta de acceso a los servicios públicos básicos y la
condición de pobreza en que se encuentran amplios sectores de la población de Bolívar.
En este sentido, es fundamental resaltar la importancia de garantizar los
derechos sociales fundamentales al agua potable y al saneamiento básico de las
personas con el fin de proporcionarles unas condiciones de vida dignas y, de
esta manera, contribuir a reducir la desigualdad en la sociedad. Lo anterior es
el presupuesto de una teoría de la justicia encaminada a cumplir con los fines
del Estado Social de Derecho.[142]
4.2.14.
Con fundamento en lo anterior, esta Corporación considera como prioridad
esencial del Estado Social de Derecho garantizar el principio constitucional de
la igualdad material a través de la prestación efectiva de servicios públicos
vitales como el agua potable y el saneamiento básico a toda la población. Lo
anterior, no solo porque su prestación hace tangibles los principios de
justicia que guían el ordenamiento jurídico colombiano, sino porque estos
servicios son indispensables para mejorar las condiciones de vida de las
personas, en la medida en que además de contribuir a disminuir las
enfermedades, la mortalidad infantil y los problemas nutricionales, son un presupuesto
necesario para sacar a la población de la pobreza.
4.2.15.
En síntesis, la plena garantía de agua potable y de saneamiento básico
se constituye como una medida indispensable para la efectiva realización del
Estado Social de Derecho. De esta manera, la fórmula estatal centrada en la
dignidad humana podrá trascender el plano teórico e incidir en la vida de las
personas, contribuyendo a la transformación positiva de contextos de pobreza y
desigualdad sistemáticos.
5.
Análisis
de los casos concretos
En aras de resolver el problema jurídico
planteado, la Sala desarrollará los siguientes puntos en relación con cada
expediente: (i) resumen de los hechos relevantes; (ii) vulneración de los
derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento básico; y (iii)
obligación de las entidades accionadas y vinculadas de garantizar el acceso a
los servicios públicos domiciliarios de los accionantes y sus comunidades. Una
vez expuesto lo anterior, la Sala determinará las órdenes para los dos
expedientes en un acápite conjunto.
Expediente T-6.470.199
5.1.
Resumen
de los hechos relevantes
5.1.1.
Los
señores Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado son miembros de la
comunidad de Bocachica, ubicada en la isla de Tierra Bomba de la ciudad de
Cartagena. En el mes de abril de 2017, con ayuda del señor Oscar Fernando
Jiménez Fonseca, instauraron acción de tutela actuando en nombre propio y en
favor de los habitantes de su comunidad. En el escrito, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento
básico, presuntamente vulnerados por la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación
de Bolívar por no garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
básico.
5.1.2.
Indicaron
que el abastecimiento de agua para consumo humano es realizado por particulares
a través de embarcaciones que la transportan desde Cartagena (sin cumplir con
los parámetros mínimos de higiene y salubridad) hasta tanques de almacenamiento
instalados en la isla de Tierra Bomba, desde donde es vendida a los habitantes
para su consumo personal y doméstico. Respecto a los servicios de saneamiento
básico, manifestaron que no existe un sistema para disponer higiénicamente los
residuos personales y cada habitante se encarga de encontrar una solución
individual. Lo anterior impacta negativamente la salud de la población. Concluyeron
afirmando que la comunidad está conformada por personas de escasos recursos,
entre ellos niños, niñas y adultos mayores, que nunca han tenido acceso a los
servicios de acueducto y alcantarillado.
5.1.3.
El
juez de primera instancia admitió la acción de tutela y vinculó a la empresa de
acueducto y alcantarillado del distrito de Cartagena, Aguas de Cartagena S.A.
E.S.P. (en adelante ACUACAR). En su contestación, la Gobernación de Bolívar y
ACUACAR sostuvieron que corresponde al distrito garantizar a la población el
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, así como adelantar
las obras de infraestructura necesarias para tal fin. Por su parte, la Alcaldía
de Cartagena manifestó que la falta de acceso a los servicios públicos
domiciliarios es un asunto de naturaleza colectiva y su adecuada solución debe
tramitarse mediante una acción popular. El juez de instancia aceptó los
argumentos presentados por las entidades accionadas y declaró la improcedencia
de la acción de tutela. La decisión fue impugnada por los accionantes y
confirmada por el juez de segunda instancia.
5.1.4.
Durante
el trámite de revisión adelantado
por la Corte Constitucional, la Sala de Revisión vinculó al expediente
T-6.470.199 a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), a la
Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al
Departamento Nacional de Planeación. Dentro de la información remitida por las
entidades vinculadas se destaca lo siguiente:
i.
Los
informes presentados por la Defensoría del Pueblo donde se describe con
precisión la carencia completa de los servicios de agua potable y saneamiento
básico de la comunidad de Bocachica, así como la verificación in situ de
una vulneración actual de los derechos de la población. Entre los diferentes
aspectos problemáticos de la situación de los accionantes y su comunidad, la
Defensoría destacó: (i) la contaminación del agua que consumen los habitantes
debido al inadecuado transporte y almacenamiento del recurso hídrico realizado
por los particulares; (ii) los problemas de salud de los habitantes debido al
consumo de agua en mal estado y a la existencia de factores de contaminación producidos
por la falta de eliminación de las aguas residuales; (iii) la inadecuada gestión
de las fuentes hídricas de la isla de Tierra Bomba debido a la falta de
conocimiento sobre la utilización sostenible de los recursos disponibles; y,
por último, (iv) la situación de pobreza de los habitantes y su completo
abandono por parte de las autoridades estatales.
ii.
El
informe presentado por ACUACAR donde se acepta que, si bien la comunidad de
Bocachica no cuenta con acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
básico, en la actualidad existen los planos de diferentes proyectos a gran
escala para garantizar a los centros poblados de la isla de Tierra Bomba el
acceso a estos servicios.
iii.
El
oficio remitido por ACUACAR donde se hace referencia al cumplimiento de un
fallo proferido en el año 2007 por el Juzgado Primero Administrativo de
Cartagena, en el marco de una acción popular, donde se resuelve proteger el
derecho a la salubridad pública de los habitantes de la isla de Tierra Bomba.
El fallo ordena a la Alcaldía de Cartagena y a ACUACAR realizar las gestiones
necesarias de orden presupuestal y administrativo para garantizar a los
demandantes el acceso a una infraestructura adecuada de servicios domiciliarios
de acueducto y alcantarillado.[143]
iv.
La
respuesta de la Alcaldía de Cartagena donde se indica que garantizar el acceso
de los habitantes de la isla de Tierra Bomba a los servicios de agua potable y
saneamiento básico es desde hace varios años una de sus prioridades.
v.
El
informe de la inspección judicial realizada por Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Cartagena donde se documentan (en audio y video) las carencias
actuales de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico de los
habitantes de la comunidad de Bocachica. Dentro del informe se destaca la
afirmación hecha por el representante de la Alcaldía de Cartagena en torno a la
imposibilidad del distrito, desde junio de 2018, de administrar los recursos
para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones.[144]
vi.
La
respuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en referencia a la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, donde
afirma que el distrito de Cartagena recibió en cada una de las últimas 5 vigencias
entre veinte mil y veintiséis mil millones de pesos anuales –solo en el año
2017 recibió 26.379’842.997– destinados exclusivamente a garantizar a la
población el acceso a los servicios públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico.[145]
vii.
La
respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde señaló que,
según el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), a
la fecha no se encuentra inscrito ningún proyecto o programa destinado a
garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en la
isla de Tierra Bomba. De igual forma, indicó que los últimos proyectos de
inversión en agua potable y saneamiento básico registrados por el distrito de
Cartagena corresponden al año 2015.
5.2.
Vulneración
de los derechos fundamentales invocados
5.2.1.
La
Sala advierte que los accionantes y los miembros de la comunidad de Bocachica
son titulares de los derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento
básico, y adelanta que sus derechos fundamentales serán protegidos. Lo
anterior, en consideración a que en el caso particular el acceso al agua y al
saneamiento tiene un carácter individual y su finalidad es satisfacer las necesidades
básicas de cada persona, por lo que la falta de prestación de estos servicios
lesiona sus derechos fundamentales.
5.2.2.
En
ese sentido, como se dejó claro en la parte considerativa de esta sentencia, la
garantía efectiva de estos derechos fundamentales implica el cumplimiento de
unas condiciones mínimas. La satisfacción del derecho fundamental al agua
potable está sujeta al cumplimiento de las condiciones de disponibilidad,
calidad y accesibilidad en el acceso al recurso. Mientras que la satisfacción
del derecho fundamental al saneamiento básico implica asegurar unas condiciones
de higiene, seguridad y privacidad en la disposición y
eliminación
de los residuos personales. Aunado a ello, estos dos derechos deben ser
prestados sin discriminar a las personas por la ubicación del terreno donde
viven y sin cargos económicos excesivos que hagan inequitativo su acceso.
5.2.3.
De
acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de revisión, la Sala pudo
comprobar que la situación descrita por los accionantes es cierta, pues las
entidades accionadas reconocieron que en la isla de Tierra Bomba no existen servicios
de acueducto y alcantarillado. Así mismo, a partir de los registros de la
inspección judicial se pudo verificar que los accionantes viven en una situación
de pobreza que les impide garantizarse con sus propios recursos el acceso a los
servicios de acueducto y alcantarillado.
5.2.4.
Es
claro que la única fuente continua de agua potable que tienen los accionantes y
la comunidad de Bocachica son los particulares que trasportan el recurso en
embarcaciones desde Cartagena y lo venden en envases a la población. También es
claro que el servicio de saneamiento básico en la comunidad de Bocachica es
inexistente y sus habitantes se ven obligados a solucionar autónomamente la
eliminación de aguas residuales a través de letrinas que cavan cerca de sus
viviendas. A juicio de la Sala, las circunstancias descritas constituyen una
vulneración de los derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento
básico.
5.2.5.
Ahora
bien, en este punto es importante profundizar en el análisis del caso concreto
para determinar las afectaciones específicas de cada derecho. En ese sentido,
a continuación se hará referencia a la vulneración de los componentes
esenciales de los derechos al agua (disponibilidad, calidad y accesibilidad) y
al saneamiento (higiene, seguridad y privacidad):
i.
En
primer lugar, el suministro de agua no es continuo ni suficiente para cubrir
las necesidades básicas de uso personal y doméstico de los accionantes y la
comunidad de Bocachica, ni siquiera en el nivel mínimo establecido por la
jurisprudencia constitucional.[146]
El hecho de que los habitantes de la isla deban adquirir el agua por fracciones
a precios que no son congruentes con su condición socioeconómica y, como
consecuencia de ello, no puedan disfrutar de una cantidad mínima de agua
potable para satisfacer sus necesidades básicas, representa un incumplimiento a
la obligación estatal de garantizar la condición de disponibilidad.
ii.
En
segundo lugar, el agua que consumen los accionantes y la comunidad de Bocachica
no es apta para el consumo humano. Si bien el agua que llega a la isla proviene
de la planta de tratamiento de ACUACAR, durante el proceso de transporte y
almacenamiento el recurso resulta contaminado. De igual forma, las otras
ofertas hídricas de la isla –como los pozos subterráneos– no cumplen con los
parámetros mínimos establecidos por las normas nacionales sobre calidad del
agua potable.[147]
En definitiva, el consumo de agua contaminada o sin tratar ha provocado
problemas de salud al interior de la comunidad de Bocachica según los informes
de la Defensoría del Pueblo, lo que representa un incumplimiento a la
obligación estatal de garantizar la condición de calidad.
iii.
En
tercer lugar, la accesibilidad al agua en la isla de Tierra Bomba es precaria
debido a la condición socioeconómica de sus habitantes. A diferencia de los
hoteles y los establecimientos de comercio presentes en algunos sectores de la
isla, los accionantes y la comunidad de Bocachica no pueden financiar
autónomamente la infraestructura necesaria para obtener un suministro continuo,
suficiente y de calidad de agua potable. En su lugar, deben adquirir el agua de
manera fraccionada y a precios elevados, lo que representa un incumplimiento de
la obligación estatal de garantizar la condición de accesibilidad.
5.2.6.
Para
la Sala es claro que ninguno de los componentes esenciales del derecho
fundamental al agua potable se encuentra satisfecho en la actualidad, por lo
que resulta esencial garantizar a los accionantes y a la comunidad de Bocachica
el acceso continuo y suficiente, tanto físico como económico, a agua apta para
el consumo humano.
5.2.7.
Por
su parte, con respecto al saneamiento básico, la Sala pudo constatar que los
accionantes y la comunidad de Bocachica no tienen acceso a unas condiciones
mínimas de higiene, seguridad y privacidad para la disposición y eliminación de
los residuos personales (orina y heces). Si bien la excavación de huecos y la
construcción de letrinas cerca de las viviendas ha sido una práctica
generalizada, este método representa un serio problema para la salud y la
dignidad de los accionantes y su comunidad. Lo anterior resulta en una profunda
afectación del derecho fundamental al saneamiento básico en el caso particular,
pues ninguno de los componentes esenciales de esta garantía fundamental se
encuentra satisfecho:
i.
Por
un lado, la acumulación de excretas en pozos sin control sanitario atrae
insectos que transmiten infecciones y enfermedades a la población. Del mismo
modo, la falta de higiene de las letrinas representa un riesgo para las
personas por las infecciones y enfermedades que se transmiten a través del
contacto de la piel con las excretas. En ese sentido, las letrinas (o cualquier
otro servicio de saneamiento básico) deben ser construidas de tal manera que se
prevengan las fugas, los derrames y cualquier otro riesgo de contacto de las
aguas residuales con las personas y las fuentes de agua potable.
ii.
A
parte de las enfermedades trasmitidas por la falta de sanidad e higiene, las
letrinas de Bocachica no ofrecen seguridad y privacidad a los accionantes y su
comunidad. La seguridad está referida en particular a las mujeres y niñas,
quienes deben tener acceso a un servicio de saneamiento básico cercano a sus
viviendas que no las exponga a sufrir ataques contra su libertad e integridad
sexual.[148]
La privacidad está relacionada con las instalaciones del servicio de
saneamiento básico, las cuales deben permitir a las personas hacer uso de ellas
en espacios que garanticen su intimidad de conformidad con las necesidades
específicas de hombres y mujeres.[149]
5.2.8.
Por
lo anterior, para la Sala resulta de vital importancia garantizar a los
accionantes y a la comunidad de Bocachica el acceso a unas condiciones
sanitarias mínimas que les permitan eliminar de manera higiénica, segura y en
privacidad todas las materias fecales.
5.3.
Obligación
de las autoridades accionadas y vinculadas
5.3.1.
Teniendo
en cuenta la vulneración de los derechos al agua y al saneamiento básico de los
accionantes y su comunidad, la Sala a continuación pasa a determinar la
responsabilidad de las autoridades estatales de hacer real y efectiva su
garantía.
5.3.2.
En
primer lugar, ACUACAR y la Alcaldía de Cartagena tienen el deber de prestar y
garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico de
los accionantes y su comunidad. En virtud de los artículos 311, 366 y 367 de la
Constitución Política, y del desarrollo de estas disposiciones contenido en la
Ley 142 de 1994, la provisión de los servicios públicos domiciliarios de agua
potable y saneamiento básico es competencia, en primer lugar, de las empresas
de servicios públicos domiciliarios y del distrito o municipio. Así mismo, el
artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece que a los distritos y municipios
les corresponde promover, financiar o cofinanciar proyectos de construcción,
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios
públicos.
5.3.3.
En
segundo lugar, el Departamento de Bolívar y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio –con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación– tienen la
obligación de respaldar financiera, técnica y administrativamente a ACUACAR y a
la Alcaldía de Cartagena para garantizar a los accionantes y su comunidad la
prestación efectiva de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Lo
anterior, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política,
desarrollado por la Ley 1454 de 2011, que establece la obligación de las
autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para lograr el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Así mismo, los artículos 7° y 8°
de la Ley 142 de 1994 establecen la obligación específica de los departamentos
y la Nación de brindar apoyo a los municipios en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.
5.3.4.
En
tercer lugar, en virtud del Estado Social de Derecho que es Colombia, la Corte
Constitucional ha explicado en múltiples oportunidades la obligación de las
autoridades estatales a  nivel nacional, departamental y territorial de
intervenir para corregir las desigualdades sociales y facilitar la inclusión de
los sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida
económica y social del país, así como para estimular un mejoramiento progresivo
de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de
la sociedad.[150]
5.3.5.
En
ese orden de ideas, las entidades accionadas y vinculadas son responsables de
proteger los derechos fundamentales al agua potable y saneamiento básico de los
accionantes y su comunidad conforme a sus competencias constitucionales,
legales y jurisprudenciales.
5.3.6.
Ahora
bien, para la Sala es claro que ACUACAR y la Alcaldía de Cartagena (e incluso
el Departamento de Bolívar) conocen desde hace varios años la falta de
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la isla de
Tierra Bomba, así como la precaria situación en la que se encuentran actualmente
los accionantes y la comunidad de Bocachica debido a tales carencias. Pese a lo
anterior, ninguna de las autoridades distritales demostró haber emprendido
acciones reales encaminadas a proteger los derechos fundamentales vulnerados.
5.3.7.
En
efecto, la Sala evidencia la falta de un esfuerzo concreto por parte de las
autoridades distritales de garantizar la satisfacción de los derechos
fundamentales de los accionantes y su comunidad, de manera que actualmente no
es posible asegurar que exista una expectativa a futuro de que su situación sea
superada. Las gestiones adelantadas por ACUACAR y la Alcaldía de
Cartagena para solucionar la problemática se han limitado a la formulación de
diferentes proyectos de infraestructura que no han sido ejecutados.
5.3.8.
Durante
el trámite de revisión las entidades accionadas remitieron evidencia sobre su
intención, desde el año 2001, de solucionar las deficiencias de la isla de Tierra
Bomba en materia de agua y saneamiento. Entre las diferentes propuestas de
solución se destacan los siguientes[151]:
i.
Estudios de pre factibilidad para el servicio de acueducto y
alcantarillado para la isla de Tierra Bomba (2001);
ii.
Diseños detallados de redes de acueducto y alcantarillado para los
corregimientos de la isla de Tierra Bomba (2009);
iii.
Solución de acueducto para centros poblados de la zona insular de
Cartagena, incluida la isla de Tierra Bomba (2010);
iv.
Solución de acueducto para llevar agua potable a Tierra Bomba (2013);
v.
Alternativa de corto plazo para suministrar agua a los centros poblados
de Tierra Bomba (2015);
vi.
Alternativa para el sistema de abastecimiento de agua potable a la isla
de Tierra Bomba (2017);
vii.
Estudios hidrológicos exploratorios para determinar si el sistema de
acuíferos de la isla de Tierra Bomba puede servir como fuente de abastecimiento
de agua potable (2018).
5.3.9.
Las
evidencias descritas se encuentran relacionadas con un hecho que resulta
preocupante para la Sala: mientras que en la actualidad la ciudad de Cartagena
cuenta con una cobertura de acueducto y alcantarillado del 95% y 91%
respectivamente[152],
en la isla de Tierra Bomba, y particularmente en la comunidad de Bocachica, los
mismos servicios básicos son inexistentes.
5.3.10.
Lo
anterior representa una notoria desigualdad social que no puede ser ignorada
por esta Corporación. La falta de acceso a los servicios de acueducto y
alcantarillado de los accionantes y su comunidad es el reflejo del histórico
abandono institucional al que han sido relegados los habitantes de la isla de
Tierra Bomba, en clara contradicción de las prioridades establecidas en la
Constitución Política y los fines del Estado Social de Derecho. Resulta
alarmante constatar la actitud de abstención notoria adoptada por las
autoridades distritales frente a una comunidad expuesta al consumo permanente
de agua contaminada y a condiciones ambientales insalubres.
5.3.11.
Para
la Sala es innegable, entonces, que la necesidad de los accionantes y la
comunidad de Bocachica de contar con unas condiciones dignas de acceso al agua
y al saneamiento ha sido desatendida por ACUACAR y la Alcaldía de Cartagena, a
pesar de su obligación constitucional de velar de manera preferente por el goce
efectivo de los derechos fundamentales de las personas más vulnerables de la
sociedad.[153]
5.3.12.
Como
fue explicado en la parte motiva de la sentencia, el agua y el saneamiento
constituyen derechos fundamentales autónomos de las personas sin los cuales la
vida, la salud y la dignidad se verían completamente comprometidas. La
obligación de garantizar (i) una cantidad suficiente de agua apta para el consumo
personal y doméstico y (ii) unas instalaciones sanitarias seguras y privadas
para eliminar higiénicamente los residuos personales es una cuestión que
convoca a todas las entidades del Estado.
5.3.13.
En
atención a lo expuesto, la Sala ordenará a las entidades accionadas y
vinculadas adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar
definitivamente la problemática de acceso a los servicios de agua y saneamiento
de los accionantes y la comunidad de Bocachica.
T-6.485.552
5.4.
Resumen
de los hechos relevantes
5.4.1.
La
señora Liceth Carolina Zapata Cuentas, actuando en nombre de sus hijos y de los
habitantes de la vereda de Gualí, ubicada en el corregimiento La Victoria en el
municipio de Hatillo de Loba (Bolívar), interpuso acción de tutela en junio de
2017 solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la salud y al agua potable, presuntamente vulnerados por
la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Hatillo de Loba y la empresa de servicios
públicos Cooservha E.S.P. por no garantizar la calidad del servicio de agua
potable.
5.4.2.
Indicó
que el sistema de acueducto que transportaba el agua hasta la vereda de Gualí
quedó sepultado luego de la ola invernal que afectó el departamento de Bolívar
entre los años 2010 y 2011. En su remplazo, la Alcaldía de Hatillo de la Loba y
Cooservha E.S.P. dispusieron una bomba hidráulica para impulsar el agua a través
de mangueras superficiales hasta las viviendas de la vereda. No obstante, esta
bomba se dañó en abril de 2017, por lo que la comunidad se vio obligada a
extraer y consumir el agua de un pozo cercano sin tratamiento ni filtración
alguna.
5.4.3.
Refirió
que la alcaldesa del municipio no atendió su solicitud de reparar la bomba hidráulica,
pese a que visitó la vereda y pudo constatar los riesgos que supone para la
salud de la comunidad consumir agua sin tratar. Por último, sostuvo que
los habitantes de la vereda de Gualí no cuentan con la capacidad económica para
sufragar de manera autónoma los gastos de renovación del equipo de bombeo y las
redes de acueducto.
5.4.4.
En
respuesta a la acción de tutela, la Alcaldía de Hatillo de Loba argumentó que
los problemas en torno a la prestación de los servicios públicos domiciliarios
son un asunto de naturaleza colectiva, por lo que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para buscar su solución. Cooservha E.S.P. no se pronunció
sobre las pretensiones de la accionante. Por su parte, la Gobernación de
Bolívar se limitó a responder que corresponde al municipio garantizar a la
población el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico, así
como adelantar las obras de infraestructura necesarias para tal fin.
5.4.5.
El
juez de instancia aceptó los argumentos presentados por la Alcaldía de Hatillo
de Loba y declaró improcedente la acción de tutela. En su decisión, señaló que
las pretensiones relacionadas con la prestación de los servicios públicos
domiciliarios deben ser tramitadas a través de la acción popular. La decisión
no fue impugnada por ninguna de las partes.
5.4.6.
Durante
el trámite de revisión adelantado
sobre el expediente de la referencia, la Sala de Revisión vinculó y solicitó
información a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE), al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Departamento Nacional de
Planeación. Dentro de las pruebas recibidas se destacan las siguientes:
i.
El
informe presentado por la Defensoría del Pueblo donde se describe con precisión
las falencias en el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico
de la vereda de Gualí, así como la verificación in situ de una
vulneración actual de los derechos de la población. Entre los diferentes
aspectos problemáticos, la Defensoría destacó lo siguiente: (i) la accionante,
su familia y su comunidad consumen agua sin tratar que es extraída de un pozo
ubicado a 2 km de la vereda y transportada a través de mangueras hasta sus
viviendas; (ii) antes de la puesta en funcionamiento del pozo la comunidad
consumía agua directamente del río Magdalena; (iii) el servicio de saneamiento
básico es inexistente en la vereda de Gualí, por lo que la mayoría de la
comunidad se ve obligada a defecar al aire libre; (iv) las condiciones
señaladas anteriormente han afectado la salud de la población de Gualí,
especialmente la de los niños y adultos mayores.[154]
ii.
Los
informes presentados por Alcaldía de Hatillo de Loba y Cooservha E.S.P. donde
afirmaron que la vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes
había cesado gracias a la adquisición de una
moto bomba y la puesta en funcionamiento del pozo subterráneo.
iii.
El
informe remitido por la Gobernación de Bolívar donde se evidencia que el agua
consumida por los habitantes de la vereda de Gualí es “inviable sanitariamente”
y que la empresa de acueducto Cooservha E.S.P. no cumple con las condiciones
sanitarias mínimas para el tratamiento del agua.
iv.
La
respuesta del Departamento Nacional de Planeación, en referencia a la
distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP),
donde afirma que el municipio de Hatillo de Loba recibió en cada una de las
últimas 5 vigencias entre setecientos y novecientos millones de pesos anuales
–solo en el año 2017 recibió 965’002.831– destinados exclusivamente a
garantizar el acceso a los servicios públicos domiciliarios de agua potable y
saneamiento básico de la población.
v.
La
respuesta del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio donde señala que,
según el Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS), a
la fecha no se encuentra inscrito ningún proyecto o programa destinado a
garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el
municipio de Hatillo de Loba. De igual forma, refiere que los últimos proyectos
de inversión en agua y saneamiento registrados por el municipio corresponden al
año 2012, y estuvieron encaminados a rehabilitar y reconstruir el sistema de
acueducto de los corregimientos de San Miguel, El Pozón, La Ribona y la cabecera
municipal de Hatillo de Loba.[155]
5.5.
Vulneración
de los derechos fundamentales invocados
5.5.1.
La
Sala advierte que la accionante, su familia y los miembros de la vereda de
Gualí son titulares de los derechos fundamentales al agua potable y al
saneamiento básico, y adelanta que sus derechos fundamentales serán protegidos.
Lo anterior, en consideración a que en el caso particular el acceso al agua y
al saneamiento tiene un carácter individual y su finalidad es satisfacer las
necesidades básicas de cada persona, por lo que la falta de prestación de estos
servicios lesiona sus derechos fundamentales.
5.5.2.
En
ese sentido, como se dejó claro en la parte considerativa de esta sentencia, la
garantía efectiva de estos derechos fundamentales implica el cumplimiento de
unas condiciones mínimas. La satisfacción del derecho fundamental al agua
potable está sujeta al cumplimiento de las condiciones de disponibilidad,
calidad y accesibilidad en el acceso al recurso. Mientras que la satisfacción
del derecho fundamental al saneamiento básico implica asegurar unas condiciones
de higiene, seguridad y privacidad en la disposición y
eliminación
de los residuos personales. Aunado a ello, estos dos derechos deben ser
prestados sin discriminar a las personas por la ubicación del terreno donde
viven y sin cargos económicos excesivos que hagan inequitativo su acceso.
5.5.3.
De
acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de revisión, la Sala pudo
comprobar que la situación descrita por la accionante es cierta. Los resultados
del análisis bacteriológico del agua que consumen los habitantes de la vereda
de Gualí –aportados por la Gobernación de Bolívar– evidencian el riesgo para la
salud al que está expuesta la comunidad. Así mismo, a partir del informe
remitido por la Defensoría del Pueblo, se pudo verificar que la accionante vive
en una situación de pobreza que le impide garantizarse con sus propios recursos
el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado.
5.5.4.
Es
claro que la única fuente continua de agua potable que tienen los habitantes de
la vereda de Gualí son las mangueras que transportan el agua desde el pozo subterráneo
ubicado a 2 km. De igual forma, también es claro que el servicio de saneamiento
básico en la vereda de Gualí es inexistente y sus habitantes se ven obligados a
defecar al aire libre. A juicio de la Sala, las circunstancias descritas
constituyen una clara vulneración de los derechos fundamentales al agua potable
y al saneamiento básico de la accionante, su familia y su comunidad.
5.5.5.
Ahora
bien, en este punto es importante profundizar el análisis del caso concreto
para determinar las afectaciones específicas de cada derecho. En ese
sentido, a continuación se hará una breve referencia a la vulneración de los
componentes esenciales de los derechos al agua (disponibilidad, calidad y
accesibilidad) y al saneamiento (higiene, seguridad y privacidad):
i.
En
primer lugar, el suministro de agua no es continuo ni suficiente para cubrir
las necesidades básicas de uso personal y doméstico de la accionante, su
familia y los habitantes de la vereda de Gualí, ni siquiera en el nivel mínimo
establecido por la jurisprudencia constitucional.[156] El hecho de
la única fuente de acceso al agua en la vereda de Gualí sea una manguera que
transporta el recurso a cada vivienda con presiones variables representa un
incumplimiento a la obligación estatal de garantizar la condición de
disponibilidad.
ii.
En
segundo lugar, el agua que consume la accionante, su familia y la comunidad de
Gualí no es apta para el consumo humano. El agua que es extraída del pozo
subterráneo no cumple con los parámetros mínimos establecidos por las normas
nacionales sobre calidad.[157]
Como consecuencia del consumo de agua contaminada, los habitantes de la vereda
de Gualí han sufrido problemas en su salud, siendo los niños, niñas y adultos
mayores los principales afectados. Lo anterior representa un incumplimiento a
la obligación estatal de garantizar la condición de calidad.
iii.
En
tercer lugar, la accesibilidad al agua de los habitantes de la vereda de Gualí
es precaria debido a la condición socioeconómica de sus habitantes. La
población rural del municipio de Hatillo de Loba no puede financiar autónomamente
la construcción de un sistema de acueducto para obtener un suministro continuo,
suficiente y de calidad de agua potable. En su lugar, deben conformarse que el
servicio deficiente que prestan las entidades accionadas. Lo anterior
representa un incumplimiento a la obligación estatal de garantizar la condición
de accesibilidad.
5.5.6.
De
conformidad con lo expuesto, para la Sala es claro que ninguno de los
componentes esenciales del derecho fundamental al agua potable se encuentra
satisfecho, por lo que resulta esencial garantizar a la accionante, su familia
y comunidad el acceso continuo y suficiente, tanto físico como económico, a
agua apta para el consumo humano.
5.5.7.
Por
su parte, con respecto al saneamiento básico, la Sala pudo constatar que la
accionante, su familia y la comunidad de Gualí no tienen acceso a unas
condiciones mínimas de higiene, seguridad y privacidad para la disposición y
eliminación de los residuos personales (orina y heces). La opción de recurrir a
la defecación al aire libre por falta de instalaciones sanitarias adecuadas
representa un serio problema para la salud y la dignidad de la accionante, su
familia y su comunidad. Lo anterior resulta en una seria afectación del derecho
fundamental al saneamiento básico en el caso particular, pues ninguno de los
componentes esenciales de esta garantía fundamental se encuentra satisfecho:
i.
Por
un lado, la disposición de excretas en los alrededores de la vereda de Gualí
sin control sanitario atrae insectos que transmiten infecciones y enfermedades
a la población. Del mismo modo, la falta de higiene de la práctica de defecar
al aire libre supone un grave riesgo para las personas por las infecciones y
enfermedades que se transmiten a través del contacto de la piel con las
excretas. Esta situación representa una parte importante de los problemas de
saneamiento en la vereda de Gualí y en el municipio de Hatillo de Loba.
ii.
A
parte de las enfermedades trasmitidas por la falta de sanidad e higiene, la
defecación al aire libre no ofrece seguridad y privacidad a la accionante, su
familia y su comunidad. La seguridad está referida en particular a las mujeres
y niñas, quienes deben tener acceso a un servicio de saneamiento básico cercano
a sus viviendas que no las exponga a sufrir ataques contra su libertad e
integridad sexual. La privacidad está relacionada con las instalaciones del
servicio de saneamiento básico, las cuales deben permitir a las personas hacer
uso de ellas en espacios que garanticen su intimidad de conformidad con las
necesidades específicas de hombres y mujeres.
5.5.8.
Por
lo anterior, para la Sala resulta de vital importancia garantizar a la
accionante, su familia y su comunidad el acceso a unas condiciones sanitarias
mínimas que les permitan eliminar de manera higiénica, segura y en privacidad
todas las materias fecales.
5.6.
Obligaciones
de las autoridades estatales
5.6.1.
Teniendo
en cuenta la vulneración de los derechos al agua y al saneamiento básico de los
accionantes y su comunidad, la Sala a continuación pasa a determinar la
responsabilidad de las autoridades de hacer real y efectiva su garantía.
5.6.2.
En
primer lugar, Cooservha E.S.P. y la Alcaldía de Hatillo de Loba tienen el deber
de prestar y garantizar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
básico de la accionante, su familia y su comunidad. En virtud de los artículos
311, 366 y 367 de la Constitución Política, y del desarrollo de estas
disposiciones contenido en la Ley 142 de 1994, la provisión de los servicios
públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico es competencia, en
primer lugar, de las empresas de servicios públicos domiciliarios y del
municipio. Así mismo, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 establece que a los
distritos y municipios les corresponde promover, financiar o cofinanciar
proyectos de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.
5.6.3.
En
segundo lugar, el Departamento de Bolívar y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio –con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación– tienen la
obligación de respaldar financiera, técnica y administrativamente a Cooservha
E.S.P y a la Alcaldía de Hatillo de Loba para garantizar a los accionantes y su
comunidad la prestación efectiva de los servicios de agua potable y saneamiento
básico. Lo anterior, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución
Política, desarrollado por la Ley 1454 de 2011, que establece la obligación de
las autoridades administrativas de coordinar sus actuaciones para lograr el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Así mismo, los artículos 7° y 8°
de la Ley 142 de 1994 establecen la obligación específica de los departamentos
y la Nación de brindar apoyo a los municipios en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios.
5.6.4.
En
tercer lugar, en virtud del Estado Social de Derecho que es Colombia, la Corte
Constitucional ha explicado en múltiples oportunidades la obligación de las
autoridades estatales a  nivel nacional, departamental y municipal de
intervenir para corregir las desigualdades sociales y facilitar la inclusión de
los sectores débiles, marginados y vulnerables de la población en la vida
económica y social del país, así como para estimular un mejoramiento progresivo
de las condiciones materiales de existencia de los sectores más deprimidos de
la sociedad.[158]
5.6.5.
En
ese orden de ideas, las entidades accionadas y vinculadas son responsables de
proteger los derechos fundamentales al agua potable y saneamiento básico de los
accionantes y su comunidad conforme a sus competencias constitucionales,
legales y jurisprudenciales.
5.6.6.
Ahora
bien, para la Sala es claro que Cooservha E.S.P., la Alcaldía de Cartagena y el
Departamento de Bolívar conocen desde hace varios años la precaria situación en
la que se encuentran los habitantes de la vereda de Gualí debido al consumo de
agua en mal estado y a la total inexistencia del servicio de saneamiento básico.
Pese a lo anterior, ninguna de las autoridades distritales demostró haber
emprendido acciones reales encaminadas a proteger los derechos fundamentales
vulnerados.
5.6.7.
En
efecto, la Sala evidencia la falta de un esfuerzo real por parte de las
autoridades locales de garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales
de la accionante, su familia y su comunidad, de manera que actualmente no es
posible asegurar que exista una expectativa a futuro de que su situación sea
superada.
5.6.8.
Las
gestiones adelantadas por Cooservha E.S.P. y la Alcaldía de Hatillo de Loba
para solucionar la vulneración de los derechos fundamentales se limitaron a la
adquisición y puesta en funcionamiento de una bomba hidráulica que extrae el
agua de un pozo subterráneo y la distribuye a las viviendas de la vereda de
Gualí a través de mangueras superficiales, sin ningún tipo de tratamiento o
filtración.
5.6.9.
Así
mismo, durante el trámite de revisión el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
indicó que el Grupo de Evaluación de Proyectos del Viceministerio de Aguas y
Saneamiento tiene registro de la reconstrucción y rehabilitación del sistema de
acueducto de varios corregimientos del municipio de Hatillo de Loba en el año
2012. No obstante, dentro de los proyectos de reconstrucción y rehabilitación
no figura el corregimiento de La Victoria donde se encuentra ubicada la vereda
de Gualí.
5.6.10.
El
olvido institucional de la accionante, su familia y su comunidad se ve
reflejado en las cifras de cobertura de los servicios de acueducto y
alcantarillado en las áreas rurales del departamento de Bolívar. Según el Plan
Departamental de Desarrollo 2016 - 2019 “Bolívar Sí Avanza”, mientras que el
servicio público domiciliario de agua potable solo cubre el 35% de las áreas
rurales, en la actualidad no se tienen cifras sobre la cobertura del servicio
de saneamiento básico (lo que indica una probable inexistencia absoluta del
servicio). Específicamente, el Plan de Desarrollo refiere que en la actualidad
un total de 232 corregimientos y una población de 115.824 habitantes rurales
carecen por completo de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento
básico.[159]
5.6.11.
Lo
anterior representa una notoria desigualdad social que no puede ser ignorada
por esta Corporación. La falta de acceso a los servicios de acueducto y
alcantarillado de la accionante, su familia y comunidad es el reflejo del olvido
al han sido relegados los habitantes rurales del departamento de Bolívar, en
clara contradicción de las prioridades establecidas en la Constitución Política
y los fines del Estado Social de Derecho. Resulta alarmante constatar la
actitud de abstención notoria adoptada por las autoridades territoriales frente
a una comunidad expuesta al consumo permanente de agua contaminada y a
condiciones ambientales insalubres.
5.6.12.
Para
la Sala es innegable, entonces, que la necesidad de la accionante, su familia y
su comunidad de contar con unas condiciones dignas de acceso al agua y al
saneamiento ha sido desatendida por Cooservha E.S.P. y la Alcaldía de Hatillo
de Loba, a pesar de su obligación constitucional de velar de manera preferente
por el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas más
vulnerables de la sociedad.[160]
5.6.13.
Como
fue explicado en la parte motiva de la sentencia, el agua y el saneamiento
constituyen derechos fundamentales autónomos de las personas sin los cuales la
vida, la salud y la dignidad se verían completamente comprometidas. La
obligación de garantizar (i) una cantidad suficiente de agua apta para el consumo
personal y doméstico y (ii) unas instalaciones sanitarias seguras y privadas
para eliminar higiénicamente los residuos personales es una cuestión que
convoca a todas las entidades del Estado para su protección.
5.6.14.
En
atención a lo expuesto, la Sala ordenará a las entidades accionadas y
vinculadas adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar
definitivamente la problemática de acceso a los servicios de agua y saneamiento
de la accionante, su familia y la comunidad de la vereda de Gualí.
6.
Órdenes
de la Corte Constitucional para garantizar la protección de los derechos
fundamentales al agua potable y al saneamiento básico
La
Sala es consciente de que los accionantes de los expedientes T-6.470.199 y
T-6.485.552 no son las únicas personas que se han visto afectadas por el
incumplimiento de las obligaciones en cabeza de las entidades demandadas, por
lo que explicará las razones para otorgarle efectos inter pares a la
presente sentencia. Luego de ello, se expondrá el contenido de las órdenes a emitir
y su grado de complejidad.
6.1.
Modulación
de los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional
6.1.1.
El
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece, como regla general, que “las
sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el
caso concreto (…)”; es decir, que las decisiones judiciales proferidas por
la Corte Constitucional en su labor de revisión solo afectan las situaciones
particulares de quienes intervienen en el proceso de tutela. Sin embargo, de
manera excepcional, la Corte ha optado por extender los efectos de sus sentencias
cuando advierte, en un determinado asunto, que amparar exclusivamente los
derechos invocados por quien promueve la acción podría implicar el
desconocimiento de las garantías fundamentales de quienes no acudieron a dicho
mecanismo. Esta amplificación de los efectos de una sentencia a otras personas
que se encuentran en circunstancias similares a las del accionante han sido
denominados efectos inter pares[161].
6.1.2.
La
extensión de los efectos de un fallo a casos semejantes pretende salvaguardar
el principio de igualdad entre los sujetos pasivos de una vulneración
generalizada, puesto que las mismas circunstancias exigen que el juez
constitucional emita órdenes uniformes para todos los afectados. Así mismo,
amplificar el alcance de las decisiones de amparo garantiza la coherencia de la
protección y la seguridad jurídica, como quiera que deben existir decisiones
similares a casos equivalentes.
6.1.3.
Haciendo
uso de esa potestad, la Corte ha proferido numerosas sentencias de tutela a las
que ha dotado de efectos que tienen un alcance que no se limita meramente a las
partes. Acerca de este tema, la Corte en la sentencia SU-1023 de 2001
estableció:
“Existen
circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a
ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta
cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente
contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede
contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de
vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante
suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han
acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se
encuentren en condiciones similares a las de quienes sí hicieron uso de ella y
cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no
tutelantes.
En otras palabras,
hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben
fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del
derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se
evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales
del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente
fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de
aquel frente a la autoridad o particular accionado”[162]
6.1.4.
Así
mismo, esta Corporación en la sentencia T-239 de 2013 precisó que las Salas de
Revisión de Tutelas deben observar una serie de requisitos que permitan
determinar con cierto grado de objetividad la necesidad de extender los efectos
jurídicos de una sentencia. En ese sentido, como mínimo debe cumplirse lo
siguiente: “(i) que la protección de los derechos fundamentales de los
peticionarios amenace con atentar o desproteger los derechos fundamentales de
los no tutelantes; (ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los
accionantes se encuentren en condiciones similares; y (iii) que con la adopción
de este tipo de  fallo se cumplan fines constitucionales relevantes, tales como
el goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela
judicial efectiva”[163].
6.1.5.
Frente
al caso de la referencia, la Sala considera que la protección de los derechos
fundamentales al agua potable y al saneamiento básico debe extenderse a los
otros miembros de las comunidades donde habitan los accionantes. En efecto,
tanto en la comunidad de Bocachicha en la isla de Tierra Bomba (expediente T-6.470.199)
como en la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de Loba (expediente T-6.485.552),
se identificó la existencia de otras personas, incluidos niños, niñas y adultos
mayores, cuyos derechos fundamentales también se encuentran vulnerados debido a
la falta de acceso a unas condiciones mínimas de acueducto y alcantarillado.
6.1.6.
En
relación con los habitantes de la comunidad de Bocachica en la isla de Tierra
Bomba, los informes presentados por la Defensoría del Pueblo y la inspección
judicial realizada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena
demuestran con claridad que la falta de acceso al agua y al saneamiento es una
problemática generalizada que afecta por igual a los accionantes y todos los
habitantes de la comunidad. De ahí que la acción de tutela haya sido
interpuesta por Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado, con ayuda de
Óscar Fernando Jiménez Fonseca, en nombre de toda la comunidad de Bocachica.
6.1.7.
Los
funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la juez del Juzgado Séptimo Laboral
del Circuito de Cartagena, además de entrevistarse con los accionantes y
algunos miembros de la comunidad, verificaron in situ la situación y
comprobaron las graves carencias en materia de agua potable y saneamiento
básico. Indicaron que si bien los habitantes han encontrado soluciones
individuales a esta problemática, dichas soluciones son insuficientes y no
garantizan los derechos fundamentales al agua y al saneamiento en sus
condiciones mínimas. Así mismo, las entidades destacaron que la falta de
soluciones a largo plazo tiene relación con la notoria situación de pobreza en
que se encuentra los habitantes de Bocachica.
6.1.8.
En
lo referente a los habitantes de la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo
de Loba, el informe presentado por la Defensoría del Pueblo y los resultados de
la inspección sanitaria realizada por la Gobernación de Bolívar evidencian que
la accionante, su familia y su comunidad están consumiendo agua contaminada y
no cuentan con ningún tipo de servicio de saneamiento básico. Al igual que la
tutela interpuesta por los miembros de la comunidad de Bocachica en la isla de
Tierra Bomba, la señora Liceth Carolina Zapata Cuentas también interpuso la
acción de tutela buscando proteger sus derechos fundamentales, los de sus hijos
y los de los demás habitantes de la vereda de Gualí. En efecto, la falta de
acceso a los servicios de agua y saneamiento no es una problemática exclusiva
de la accionante, sino que se trata de una situación que afecta a todos los
habitantes de la vereda, donde también viven niños, niñas y adultos mayores.
6.1.9.
Los
funcionarios de la Defensoría del Pueblo visitaron a la accionante en su
vivienda y verificaron in situ que tanto ella, como sus hijos y los
demás habitantes de la vereda de Gualí están consumiendo agua que es extraída
directamente de un pozo subterráneo sin el tratamiento adecuado. Así mismo,
indicaron que la comunidad dispone sus desechos personales (orina y heces) al
aire libre, debido a la completa falta de un sistema de saneamiento básico en
la vereda. Por su parte, los informes de laboratorio remitidos por la
Gobernación de Bolívar indicaron que el agua que consumen los habitantes de la
vereda es “sanitariamente inviable”, esto significa que contiene microrganismos
cuyo consumo supone un alto riesgo para la salud.
6.1.10.
En
los expedientes estudiados concurren los requisitos para dictar una decisión
con efectos inter pares, toda vez que: (i) proteger únicamente los
derechos fundamentales de las partes accionantes amenaza el derecho a la
igualdad de las otras personas que requieren del Estado el acceso a unas
condiciones mínimas de agua potable y saneamiento básico; (ii) las personas que
no acudieron al proceso de tutela en cuestión se encuentran en la misma
situación de
los accionantes,
dado que habitan otras viviendas en la comunidad de Bocachica de la isla de
Tierra Bomba y en la vereda de Gualí del municipio de Hatillo de Loba; y (iii)
no hay duda que con la adopción de este tipo de providencia se alcanza el goce
efectivo de los derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento básico
de las dos comunidades, protegiendo con ello el acceso a la tutela judicial
efectiva de todos los afectados.
6.1.11.
En
conclusión, la Sala evidencia que quienes interpusieron la acción de tutela no
son los únicos a quienes las entidades accionadas desconocieron sus
derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento básico. En esa idéntica
situación se encuentran todos aquellos que habitan la comunidad de Bocachica en
Tierra Bomba y la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de Loba, por lo
que resulta necesario que los efectos de este fallo se extiendan a todas las
personas que cumplan
con los siguientes presupuestos: (i) viven en la comunidad de Bocachica en la
isla de Tierra Bomba o en la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de
Loba; (ii) no cuentan con suministro suficiente y de calidad de agua potable ni
con acceso a unas instalaciones sanitarias adecuadas para disponer
higiénicamente sus residuos personales (orina y heces), y (iii) no tienen
recursos suficientes para adelantar soluciones definitivas a sus problemáticas,
por lo que también requieren la protección de sus derechos fundamentales.
6.1.12.
En
consecuencia, para acoger el criterio que mejor protege los derechos
fundamentales invocados y atender a razones de celeridad, seguridad jurídica y
economía procesal, en esta oportunidad la Sala otorgará a la presente
providencia efectos inter pares. Estos efectos se aplican a todos los
sujetos residentes en las comunidades afectadas y cuya situación particular se
enmarca en los presupuestos anteriormente expuestos.
6.2.
Órdenes
de corto, mediano y largo plazo
6.2.1.
Con
base en lo expuesto y siguiendo los parámetros que ha fijado la jurisprudencia
constitucional para impartir órdenes complejas, la Sala ordenará adoptar
medidas a corto, mediano y largo plazo orientadas a que se garanticen los
derechos fundamentales de los accionantes. Frente a las órdenes de corto y
mediano plazo, los respectivos jueces de primera instancia de los expedientes
T-6.470.199 y T-6.485.552 se encargaran de asegurar su cumplimiento, mientras
que la Sala Séptima de Revisión asumirá el cumplimiento de las órdenes de largo
plazo adoptadas en la presente sentencia.
6.2.2.
En
primer lugar, como medida de corto plazo dirigida a conjurar de forma
inmediata la vulneración a los derechos fundamentales, se ordenará a ACUACAR y
a la Alcaldía de Cartagena (T-6.470.199), por un lado, y a Cooservha E.S.P. y
la Alcaldía de Hatillo de Loba (T-6.485.552), por otro lado, que garanticen las
condiciones mínimas de acceso a los servicios de agua y saneamiento
establecidas en la parte motiva de esta sentencia a los accionantes, sus
familias y a las demás personas que: (i) viven en la comunidad de Bocachica en
la isla de Tierra Bomba o en la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de
Loba; (ii) no cuentan con suministro suficiente y de calidad de agua potable ni
con acceso a unas instalaciones sanitarias adecuadas para disponer
higiénicamente sus residuos personales (orina y heces); y (iii) no tienen
recursos suficientes para adelantar soluciones definitivas a sus problemáticas.
En desarrollo de esta orden, las entidades accionadas en cada caso particular
deberán:
i.
Asegurar
el abastecimiento de 50 litros de agua potable diarios por persona para su
consumo personal y doméstico. Esta orden implica lo siguiente: (i) la
disposición final del recurso debe ser realizada directamente en cada una de
las viviendas o en un punto de abastecimiento situado a no más de 50 metros de
cada vivienda y (ii) el agua que almacenen y efectivamente consuman en sus
hogares los habitantes de las comunidades de Bocachica y de la vereda de Gualí
deberá cumplir con los requisitos de potabilidad establecidos por el Decreto
1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007.
En cumplimiento de
lo anterior, las entidades accionadas podrán hacer uso de cualquier sistema que
garantice el abastecimiento diario de agua a las personas en la cantidad y la
calidad mencionadas, como, por ejemplo, la implementación del servicio de
barcos cisterna y carro tanques, pilas públicas o la adecuación de sistemas individuales
de almacenamiento.
ii.
Asegurar
el acceso a unas instalaciones sanitarias que permitan: (i) la separación
higiénica de los residuos personales (heces y orines) del contacto humano; (ii)
el acceso cercano desde sus viviendas a dichas instalaciones y (iii) la
privacidad individual de conformidad con las necesidades específicas de hombres
y mujeres.
Esta orden aplica
específicamente a aquellas personas de las comunidades de Bocachica y la vereda
de Gualí que actualmente se encuentran obligadas a disponer sus residuos
personales al aire libre o en letrinas artesanales. En cumplimiento de lo
anterior, las entidades accionadas podrán hacer uso de cualquier sistema de
saneamiento que garantice las condiciones antes mencionadas.
6.2.3.
Con
el fin de cumplir a cabalidad con las órdenes a corto plazo, la Sala
ordenará ACUACAR
y a la Alcaldía de Cartagena (T-6.470.199), por un lado, y a Cooservha E.S.P. y
la Alcaldía de Hatillo de Loba (T-6.485.552), por otro lado, realizar una
visita a los inmuebles ubicados en la comunidad de Bocachica en la isla de
Tierra Bomba y en la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de Loba con el
fin de establecer las necesidades básicas de agua y saneamiento de los
habitantes, así como el medio idóneo para garantizar su satisfacción.
6.2.4.
Adicional
a lo anterior, la Gobernación de Bolívar deberá apoyar técnica, financiera y
administrativamente a la Alcaldía de Cartagena y a la Alcaldía de Hatillo de la
Loba a garantizar el cumplimiento de las órdenes a corto plazo. En
relación con el expediente T-6.470.199, en caso de seguir administrando los
recursos del Sistema General de Participaciones para agua y saneamiento básico
que corresponden al Distrito de Cartagena –en virtud de la Resolución 1609 del
06 de junio de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público[164]–, la
Gobernación de Bolívar deberá asegurar que un porcentaje de esos recursos sean
destinados por la Alcaldía de Cartagena al cumplimiento de esta sentencia. Por
su parte, en relación con el expediente T-6.485.522, la Gobernación de Bolívar
deberá apoyar a la Alcaldía de Hatillo de la Loba a garantizar el cumplimiento
de los requisitos de potabilidad del agua establecidos en el Decreto 1575 de
2007 y la Resolución 2115 de 2007.
6.2.5.
En
segundo lugar, como medida de mediano plazo, se ordenará a CARDIQUE
exclusivamente en relación con el expediente T-6.470.199 que, en ejercicio de
la función establecida en el numeral 3° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
desarrolle e implemente en el término de tres (3) meses un programa para el manejo
y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos disponibles en la isla de
Tierra Bomba con el fin de garantizar el derecho fundamental al agua potable de
los accionantes y su comunidad.
6.2.6.
Para
el efectivo cumplimiento de esta orden, CARDIQUE deberá realizar en el término
de un (1) mes un diagnóstico sobre (i) la capacidad de los aljibes naturales y
pozos subterráneos de agua presentes en la isla de Tierra Bomba y (ii) su
viabilidad como posibles fuentes de abastecimiento hídrico. Con la información
obtenida deberá, en el término de dos (2) meses, desarrollar e implementar un
programa dirigido a los accionantes y a la comunidad de Bocachica que los ayude
a aprovechar de manera sostenible los recursos hídricos disponibles en la isla
de Tierra Bomba.
6.2.7.
Así
mismo, como medida de mediano plazo, se ordenará a la Gobernación de
Bolívar específicamente en relación con el expediente T-6.485.552 que, a través
de su Secretaría de Salud, desarrolle e implemente, en el término de dos (2)
meses, una campaña de salud pública para la comunidad de la vereda de Gualí del
municipio de Hatillo de Loba donde informe a sus habitantes sobre los riesgos
que supone para la salud consumir agua sin el tratamiento adecuado y defecar al
aire libre.
6.2.8.
En
tercer lugar, como medida de largo plazo, se ordenará a ACUACAR,
a la Alcaldía de Cartagena, a Cooservha E.S.P, a la Alcaldía de Hatillo de
Loba, a la Gobernación de Bolívar, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y al Departamento Nacional de Planeación que, en el término de un
(1) mes a partir de la notificación de la presente sentencia, conformen un
comité interinstitucional con el fin de garantizar los derechos fundamentales
de los accionantes, sus familias y sus comunidades. El comité, que será
liderado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estará encargado
de diseñar e implementar un “plan de solución definitiva” que asegure la
construcción de la infraestructura necesaria para que los habitantes de la
comunidad de Bocachica en isla de Tierra Bomba (T-6.470.199) y los habitantes
de la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de Loba (T-6.485.552) tengan
cobertura de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico. Sin perjuicio de sus competencias específicas, cada entidad aportará
los recursos técnicos, administrativos y presupuestales que sean necesarios
para el cumplimiento de este objetivo.
6.2.9.
En
la conformación de este comité, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
podrá vincular a las entidades nacionales, departamentales y territoriales que
considere necesarias para el diseño de un “plan de solución definitiva”
y la ejecución del mismo. De igual forma, deberá invitar a la Defensoría del
Pueblo y a los accionantes, o a los representantes que estos designen, para que
participen en el diseño del plan y hagan veeduría sobre el cumplimiento de la
presente orden. El “plan de solución definitiva” deberá contener, como
mínimo, los siguientes elementos:
i.
El
diagnóstico del problema. Esto implica describir el grado de complejidad de la
situación y la cantidad de inversión económica que puede requerir su solución.
ii.
La
población a beneficiar. Es decir, la realización de un censo para determinar,
además de los accionantes y sus familias, a los miembros de cada comunidad que
dependan de las soluciones a implementar.
iii.
La
construcción de alternativas. Esto implica considerar las propuestas elaboradas
en el pasado por ACUACAR, la Alcaldía de Cartagena, Cooservha E.S.P. y la
Alcaldía de Hatillo de Loba para solucionar las problemáticas en materia de
acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico de cada comunidad.
iv.
La
selección de la mejor opción. Las opciones de solución que finalmente se
lleguen a tomar deberán tener en cuenta los lineamientos contemplados en la
Resolución No 0330 del 8 de junio de 2017 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
v.
El
cronograma de ejecución. El plan deberá especificar los tiempos de ejecución de
las fases del proyecto de construcción de la infraestructura necesaria para
garantizar a las comunidades de Bocachica y Gualí el acceso a los servicios de
acueducto y alcantarillado.
6.2.10.
Una
vez diseñado el plan, deberá iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de
conformidad con el cronograma incluido en él. En todo caso, la implementación
del mismo tendrá que comenzar a más tardar un (1) año después de la
notificación de esta sentencia.
6.2.11.
Por último, la Sala solicitará a la
Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Servicios Públicos
que ejerzan sus funciones de control y vigilancia respecto de la situación de
acceso a los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico en la comunidad de Bocachica, ubicada en la isla de Tierra Bomba, y en
la comunidad de la vereda de Gualí, ubicada en el corregimiento de La Victoria
del Municipio de Hatillo de Loba. Así mismo, la Sala solicitará a las dos
entidades apoyo en el seguimiento al cumplimiento de las órdenes establecidas
en esta sentencia.
7.
Seguimiento
por parte de la Sala séptima de Revisión al cumplimiento de las medidas de
protección constitucional de largo plazo dictadas en la presente
sentencia
7.1.1.
La
Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada y pacífica que las
órdenes contenidas en los fallos de tutela deben cumplirse de forma inmediata de
conformidad con los parámetros contenidos en la parte resolutiva de las
sentencias.[165]
Por ello, si la entidad estatal obligada a obedecer la orden de tutela omite
dicho deber constitucional, no sólo viola el artículo 86 de la Constitución Política,
sino que también vulnera el derecho fundamental protegido por el juez de
tutela, y ponen en entredicho la eficacia de las providencias judiciales y los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.
7.1.2.
Por
regla general, el juez de primera instancia es el competente para garantizar el
cumplimiento de las órdenes de tutela; no obstante, la Corte Constitucional ha
reconocido –debido a su carácter de órgano de cierre de la jurisdicción
constitucional y de guardiana de la supremacía de la Constitución Política– la posibilidad
de conservar la competencia para garantizar el efectivo cumplimiento de los
fallos que profiere en sede de revisión.[166]
7.1.3.
Así
mismo, la Corte ha señalado que es autónoma al momento de determinar la
oportunidad en que interviene para hacer cumplir sus órdenes. En efecto, esta
Corporación tiene potestad de “definir qué tipo de medidas serán desplegadas
para hacer cumplir el fallo, e incluso podrá imponer órdenes a terceros (...)
con el fin de que se materialice la protección de los derechos fundamentales
involucrados”[167].
Así las cosas, en virtud de los principios de eficacia de los derechos
fundamentales y de obligatoriedad de los fallos de tutela, las Salas de
Revisión de esta Corporación pueden conservar de manera excepcional la
competencia para realizar el seguimiento y garantizar el cumplimiento de las
órdenes que ésta profiere.[168]
7.1.4.
Ahora
bien, en ocasiones las órdenes a las que recurre la Corte Constitucional para
solucionar la vulneración de los derechos fundamentales no son simples,
ejecutables en un breve periodo de tiempo mediante una decisión única del
destinatario de la orden, sino que requieren acciones complejas. Esto quiere
decir que ciertos mandatos judiciales demandan para su realización “el
transcurso de un lapso significativo de tiempo, y dependen de procesos
decisorios y acciones administrativas que pueden requerir el concurso de
diferentes autoridades y llegar a representar un gasto considerable de recursos”[169].
7.1.5.
En
efecto, garantizar la faceta prestacional de ciertos derechos fundamentales
puede resultar complejo y, en ocasiones, su completa realización demandará un
desarrollo progresivo. En todo caso, la garantía efectiva de los derechos
fundamentales es innegociable, y su adecuada satisfacción implica para el
Estado que su realización no está ligada a consideraciones políticas, técnicas
o presupuestales. Las autoridades estatales, entonces, deben priorizar la
ejecución de los recursos hacia la satisfacción del contenido prestacional de
los derechos fundamentales.[170]
7.1.6.
Así
las cosas, la Sala asumirá el seguimiento específico de las órdenes a largo
plazo adoptadas en la presente sentencia con el fin de garantizar
definitivamente a los accionantes y sus respectivas comunidades el acceso a los
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico. En
efecto, durante el proceso de revisión se comprobó que sus derechos
fundamentales se encuentran afectados de manera generalizada debido a un
“bloqueo institucional”[171]
que desde hace varios años ha impedido su efectiva realización.
7.1.7.
La
Sala advierte que ACUACAR, la Alcaldía de Cartagena, Cooservha E.S.P. y la
Alcaldía de Hatillo de Loba no demostraron capacidad de respuesta oportuna para
proteger los derechos fundamentales de los accionantes y sus comunidades. Más
aún, las circunstancias de vulneración se han prolongado en el tiempo y no
existen garantías reales de que las entidades accionadas tengan la intención de
intervenir para mejorar su situación.
7.1.8.
Debido
a las realidades sociales y económicas de los habitantes de la isla de Tierra
Bomba y de la vereda de Gualí, la falta de acceso a los servicios de agua y
saneamiento impacta de manera profunda y lesiva sus derechos fundamentales. Esta
circunstancia, por tanto, hace necesaria la intervención de la Corte
Constitucional en el seguimiento a las órdenes a largo plazo con el objeto de
asegurar la protección de los derechos de todas las personas afectadas y otorgar
una protección definitiva a estas comunidades que por su condición
socioeconómica tienen una menor capacidad de asumir las obligaciones públicas.
7.1.9.
De
acuerdo con lo expuesto, con el fin de concertar la coordinación de las
distintas entidades y la atención urgente de los accionantes y sus comunidades,
la Corte Constitucional asumirá el seguimiento a la conformación del comité interinstitucional,
así como al diseño e implementación del “plan de solución definitiva” a
cargo de este comité. Para este fin, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio deberá enviar a la Corte Constitucional un informe mensual donde
describa de manera clara, concreta y específica las acciones realizadas por el
comité. De igual forma, deberá enviar copia a la Corte Constitucional del
mencionado plan una vez haya sido elaborado.
7.1.10.
En
todo caso, lo anterior no impide a esta Corporación solicitar información
adicional a las otras entidades accionadas y vinculadas sobre el efectivo
cumplimiento de las órdenes a largo plazo adoptadas en la presente sentencia.
III. DECISIÓN
Las
autoridades estatales vulneran los derechos fundamentales al agua potable y al
saneamiento básico de una persona, su familia y su comunidad cuando, pese a
tener conocimiento sobre (i) la falta de prestación de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado y (ii) la contaminación de las
fuentes hídricas, omiten prestar unas condiciones mínimas de acceso a estos
servicios que permitan proteger los derechos fundamentales de las personas y
garantizar su dignidad. En estos casos, las autoridades llamadas en primer
lugar a garantizar los derechos fundamentales al agua y al saneamiento de la
población son las autoridades del orden territorial; no obstante, las
autoridades departamentales y nacionales deben apoyar técnica, financiera y
administrativamente a los municipios y distritos a garantizar a las personas el
acceso a los servicios básicos.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando
justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.
– LEVANTAR la
suspensión de términos decretada en el asunto de la referencia.
SEGUNDO.
– REVOCAR las
sentencias proferidas el 08 de mayo de 2017 por el Juzgado 7° Laboral del
Circuito de Cartagena y el 21 de junio de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito de Cartagena, en primera y segunda instancia respectivamente,
que declararon improcedente la acción de tutela promovida por Oscar Fernando
Jiménez Fonseca, Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado contra el
Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena (Expediente T-6.470.199) y,
en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al agua potable y al
saneamiento básico de los accionantes y los habitantes de la comunidad de
Bocachica de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO.
– ORDENAR a
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y a la Alcaldía de Cartagena que garanticen las
condiciones mínimas de acceso a los servicios de agua y saneamiento
establecidas en la parte motiva de esta sentencia a los accionantes, a sus
familias y a las demás personas que: (i) viven en la comunidad de Bocachica en
la isla de Tierra Bomba; (ii) no cuentan con suministro suficiente y de calidad
de agua potable ni con acceso a unas instalaciones sanitarias adecuadas para
disponer higiénicamente sus residuos personales (orina y heces); y (iii) no
tienen recursos suficientes para adelantar soluciones definitivas a sus
problemáticas.
En
relación con el derecho fundamental al agua potable, esta orden supone, en un
término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente
fallo, asegurar el abastecimiento de 50 litros de agua potable diarios por
persona para su consumo personal y doméstico, directamente en las viviendas o
en un punto de abastecimiento situado a no más de 50 metros de cada vivienda.
Así mismo, Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y a la Alcaldía de Cartagena deberán
asegurar que el agua que almacenen en sus hogares y efectivamente consuman los
accionantes y los habitantes de la comunidad de Bocachica cumpla con los
requisitos de potabilidad establecidos por el Decreto 1575 de 2007 y la
Resolución 2115 de 2007.
En
relación con el derecho fundamental al saneamiento básico, esta orden supone,
en un término de veinte (20) días contados a partir de la notificación del
presente fallo, asegurar a los accionantes y a los miembros de la comunidad de
Bocachica, el acceso a unas instalaciones sanitarias cercanas a sus viviendas
que garanticen la privacidad individual y permitan la separación higiénica de
los residuos personales (heces y orines) del contacto humano.
En
cumplimiento de lo anterior, las entidades accionadas deberán, en un término de
cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente fallo, realizar una
visita a los inmuebles ubicados en la comunidad de Bocachica en la isla de
Tierra Bomba con el fin de individualizar a los afectados y establecer las
necesidades básicas de agua y saneamiento de los habitantes, así como el medio
idóneo para garantizar su satisfacción.
CUARTO.
– ORDENAR a
la Gobernación de Bolívar que, en un término de diez (10) días contados a
partir de la notificación del presente fallo, preste ayuda técnica, financiera
y administrativamente a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y a la Alcaldía de
Cartagena para garantizar el cumplimiento de las órdenes mencionadas en el
numeral anterior. En caso de seguir administrando los recursos del Sistema
General de Participaciones para agua y saneamiento básico del Distrito de
Cartagena, de acuerdo con la Resolución 1609 del 06 de junio de 2018 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá asegurar que un porcentaje de
dichos recursos sea destinado por la Alcaldía de Cartagena al cumplimiento de
la presente sentencia.
QUINTO.
– ORDENAR a
la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) que, en
ejercicio de la función establecida en el numeral 3° del artículo 31 de la Ley
99 de 1993, desarrolle e implemente en el término de tres (3) meses un programa
para el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos
disponibles en la isla de Tierra Bomba con el fin de garantizar el derecho
fundamental al agua potable de los accionantes y su comunidad.
Para
el efectivo cumplimiento de esta orden deberá realizar en el término de un (1)
mes un diagnóstico sobre (i) la capacidad de los aljibes naturales y pozos
subterráneos de agua presentes en la isla de Tierra Bomba y (ii) su viabilidad
como posibles fuentes de abastecimiento hídrico. Con la información obtenida
deberá, en el término de dos (2) meses, desarrollar e implementar un programa
dirigido a los accionantes y a la comunidad de Bocachica que los ayude a
aprovechar de manera sostenible los recursos hídricos disponibles en la isla de
Tierra Bomba.
SEXTO.
– REVOCAR la
sentencia proferida el 02 de agosto de 2017 por el Juzgado 1° Promiscuo del
Circuito de Mompós, en única instancia, dentro del trámite de acción de tutela
promovido por Liceth Carolina Zapata Cuentas contra el Departamento de Bolívar,
el Municipio de Hatillo de Loba y la empresa de servicios públicos Cooservha
E.S.P. (Expediente T-6.485.552) y, en su lugar, TUTELAR los derechos
fundamentales al agua potable y al saneamiento básico de la accionante, su
familia y los habitantes de la vereda de Gualí de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO.
– ORDENAR a
Cooservha E.S.P y a la Alcaldía de Hatillo de Loba que garanticen las
condiciones mínimas de acceso a los servicios de agua y saneamiento
establecidas en la parte motiva de esta sentencia a los accionantes, sus
familias y a las demás personas que: (i) viven en la vereda de Gualí en el
municipio de Hatillo de Loba; (ii) no cuentan con suministro suficiente y de
calidad de agua potable ni con acceso a unas instalaciones sanitarias adecuadas
para disponer higiénicamente sus residuos personales (orina y heces); y (iii)
no tienen recursos suficientes para adelantar soluciones definitivas a sus
problemáticas.
En
relación con el derecho fundamental al agua potable, esta orden supone, en un
término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente
fallo, asegurar el abastecimiento de 50 litros de agua potable diarios por
persona para su consumo personal y doméstico, directamente en las viviendas o
en un punto de abastecimiento situado a no más de 50 metros de cada vivienda.
Así mismo, Cooservha E.S.P y a la Alcaldía de Hatillo de Loba deberán
asegurarse que el agua que almacenen en sus hogares y efectivamente consuman la
accionante, su familia y los habitantes de la vereda de Gualí cumpla con los
requisitos de potabilidad establecidos por el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución
2115 de 2007.
En
relación con el derecho fundamental al saneamiento básico, esta orden supone,
en un término de veinte (20) días contados a partir de la notificación del
presente fallo, asegurar a la accionante, su familia y a los habitantes de la vereda
de Gualí que actualmente se ven obligados a defecar al aire libre, el acceso a
unas instalaciones sanitarias cercanas a sus viviendas que garanticen la
privacidad individual y permitan la separación higiénica de los residuos
personales (heces y orines) del contacto humano.
En
cumplimiento de lo anterior, las entidades accionadas deberán, en un término de
cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente fallo, realizar una
visita a los inmuebles ubicados en la vereda de Gualí en el municipio de
Hatillo de Loba con el fin de individualizar a los afectados y establecer las
necesidades básicas de agua y saneamiento de los habitantes, así como el medio
idóneo para garantizar su satisfacción.
OCTAVO.
– ORDENAR a
la Gobernación de Bolívar que, en un término de diez (10) días contados a
partir de la notificación del presente fallo, preste ayuda técnica, financiera
y administrativamente a Cooservha E.S.P. y la Alcaldía de Hatillo de Loba para asegurar
el cumplimiento de las órdenes mencionadas en el numeral anterior.
Particularmente, deberá apoyar a las dos entidades a garantizar el cumplimiento
de los requisitos de potabilidad del agua establecidos en el Decreto 1575 de
2007 y la Resolución 2115 de 2007.
NOVENO.
– ORDENAR a
la Gobernación de Bolívar que, en el término de dos (2) meses contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, desarrolle e implemente a través
de su Secretaría de Salud una campaña de salud pública destinada a la comunidad
de la vereda de Gualí del municipio de Hatillo de Loba donde informe a sus
habitantes sobre los riesgos que supone para la salud consumir agua sin el
tratamiento adecuado y defecar al aire libre.
DÉCIMO.
– ORDENAR a
Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., a la Alcaldía de Cartagena, a Cooservha E.S.P,
a la Alcaldía de Hatillo de Loba, a la Gobernación de Bolívar, al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y al Departamento Nacional de Planeación que, en
el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la presente
sentencia, conformen un comité interinstitucional con el fin de garantizar los
derechos fundamentales de los accionantes, sus familias y sus comunidades. El
comité, que será liderado por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, estará encargado de diseñar e
implementar un “plan de solución definitiva” que asegure la construcción
de la infraestructura necesaria para que los habitantes de la comunidad de
Bocachica en la isla de Tierra Bomba (T-6.470.199) y los habitantes de la
vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de Loba (T-6.485.552) tengan
cobertura de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento
básico. Sin perjuicio de sus competencias específicas, cada entidad aportará
los recursos técnicos, administrativos y presupuestales que sean necesarios
para el cumplimiento de este objetivo.
En
la conformación del comité, el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
podrá vincular a las entidades nacionales, departamentales y territoriales que
considere necesarias para el diseño del “plan de solución definitiva” y
la ejecución del mismo. De igual forma, deberá invitar a la Defensoría del
Pueblo y a los accionantes, o a los representantes que estos designen, para que
participen en el diseño del “plan de solución definitiva” y hagan
veeduría sobre el cumplimiento de la presente orden.
El
mencionado plan deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos[172]: (i) el
diagnóstico del problema; (ii) la población a beneficiar; (iii) la construcción
de alternativas; (iv) la selección de la mejor opción; y (v) el cronograma de
ejecución. Una vez diseñado, el comité deberá iniciar inmediatamente el proceso
de ejecución de conformidad con el cronograma incluido en él. En todo caso, la
implementación del mismo tendrá que comenzar a más tardar un (1) año después de
la notificación de esta sentencia.
DECIMOPRIMERO. – SOLICITAR a la
Procuraduría General de la Nación y a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios que, en desarrollo de sus competencias constitucionales y
legales, verifiquen el cumplimiento de las decisiones adoptadas en la presente
sentencia. En desarrollo de esta solicitud podrán enviar reportes periódicos a
la Corte Constitucional.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 251/19
Referencia: Adición y
aclaración de la Sentencia T-012 de 2019
Acción de tutela
instaurada por: (i) Oscar Fernando Jiménez Fonseca, Gustavo Castro Barrios y
José Matosa Hurtado contra el Departamento de Bolívar y el Distrito de
Cartagena; y (ii) Liceth Carolina Zapata Cuentas contra el Departamento de
Bolívar, el Municipio de Hatillo de Loba y Cooservha E.S.P.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C.,
veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger -quien
la preside- y por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede a
resolver la solicitud de adición y aclaración de la sentencia T-012 de 2019, presentada
por la apoderada judicial de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.
I.       ANTECEDENTES
4.   Expediente T-6.470.199
4.1.
Los
señores Oscar Fernando Jiménez Fonseca, Gustavo Castro Barrios y José Matosa
Hurtado, actuando en nombre propio y a favor de los habitantes de la comunidad
de Bocachica, ubicada en la isla de Tierra Bomba, interpusieron acción de
tutela contra el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena solicitando
la protección de sus derechos fundamentales al agua potable y al saneamiento
básico. Sostuvieron que no cuentan con acceso a los servicios de acueducto y
alcantarillado en las condiciones establecidas por la ley y la jurisprudencia
constitucional, situación que ha puesto en riesgo su salud y la posibilidad de
desarrollar una vida en condiciones dignas. Por lo anterior, solicitaron ordenar a las
entidades accionadas adelantar las gestiones necesarias para garantizar a la
población de Bocachica la protección efectiva de sus derechos fundamentales al
agua potable y al saneamiento básico.
4.2.
Antes
de decidir sobre la acción de tutela, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Cartagena ordenó vincular al trámite a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. (en
adelante ACUACAR). Posteriormente, en sentencia de primera instancia decidió
declarar improcedente la acción de tutela instaurada al considerar que los
accionantes no acreditaron la existencia de una vulneración individual y
efectiva de un derecho fundamental. En efecto, la juez señaló que la situación
descrita en la tutela representa un problema de orden colectivo que involucra
los intereses de toda una comunidad y su adecuada solución debe hacerse a
través de la acción popular. La decisión fue impugnada. En sentencia de segunda
instancia la Sala Tercera Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena
confirmó la decisión.
5.
Expediente
T-6.485.552
5.1.     La señora Liceth
Carolina Zapata interpuso acción de tutela contra la Gobernación de Bolívar, la
Alcaldía de Hatillo de Loba y la empresa de servicios públicos Cooservha E.S.P
solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, a la salud, al agua potable y al saneamiento básico debido
a que los habitantes de la vereda de Gualí, en donde vive, no cuentan con
acceso a estos servicios. Por lo anterior, solicitó ordenar a las entidades
accionadas: (i) prestar los servicios de acueducto y alcantarillado de
conformidad con los estándares de calidad, salubridad, disponibilidad y
accesibilidad exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional; y (ii)
preparar y desarrollar una campaña de salud integral en favor de la población
habitante en la vereda de Gualí para el tratamiento de las enfermedades
producidas por el consumo de agua en mal estado.
5.2.     Mediante sentencia
de única instancia, proferida el 02 de agosto de 2017, el Juzgado Primero
Promiscuo del Circuito de Mompóx declaró improcedente la protección invocada,
toda vez que la naturaleza de la solicitud correspondía a la protección de un
derecho colectivo por tratarse de la prestación de servicios públicos
domiciliarios. Señaló que tales pretensiones debían ser tramitadas a través de
la acción popular y no mediante el mecanismo excepcional de tutela. La
sentencia no fue impugnada por la accionante.
6.
La
sentencia T-012 de 2019
Problema
jurídico y consideraciones
6.1.
Luego
de establecer la procedencia de las acciones de tutela, la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional planteó el siguiente problema jurídico:
“¿Las
autoridades estatales vulneran los derechos fundamentales al agua potable y al
saneamiento básico de una persona, su familia y su comunidad cuando, pese a
tener conocimiento sobre (i) la inexistencia de redes de acueducto y
alcantarillad y (ii) la contaminación de las fuentes hídricas, omiten
garantizar unas condiciones mínimas de acceso a los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado?”
6.2.
Para
resolver este problema, la Sala se refirió a la naturaleza jurídica de
los derechos al agua potable y al saneamiento básico, así como a la obligación
de las entidades públicas de garantizar la prestación de estos servicios. En
ese sentido, explicó que tanto en el ámbito internacional de los derechos
humanos como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha reconocido
que el agua y el saneamiento son necesarios para garantizar a las personas una
vida digna, por consiguiente, el acceso a unas condiciones mínimas de estos
servicios constituye un derecho fundamental autónomo que puede ser reclamado
por vía de tutela. Así mismo, subrayó que la Constitución Política fijó el
deber del Estado de asegurar la prestación de los servicios al agua y al
saneamiento debido a su importancia imprescindible para garantizar el bienestar
general y la calidad de vida de la población, y de esta manera, hacer efectivos
los derechos fundamentales de las personas. En palabras de la Corte:
“El proceso de
construcción de los derechos al agua potable y al saneamiento básico ha venido
avanzado hasta su reconocimiento reciente como derechos humanos autónomos, de
los que se derivan obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados.
Así, dentro de los soportes internacionales que reconocen el acceso al agua
potable y al saneamiento básico se destacan la Observación General No. 15 del
CDESC, que consolidó definitivamente el derecho humano al agua potable, y la
Resolución 70/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que precisó y
diferenció los derechos humanos al agua potable y al saneamiento básico como
derechos independientes pero profundamente relacionados.
Si bien en
Colombia el agua potable y saneamiento básico no se encuentran expresamente
consagrados en la Constitución Política de 1991 como derechos fundamentales,
desde sus inicios la Corte Constitucional les ha reconocido esta calidad debido
a su importancia para garantizar la vida y la salud de las personas, así como
por ser indispensables para la realización de otros derechos. La Corte se ha
pronunciado en favor del amparo por vía de tutela del agua potable y el
saneamiento básico cuando la falta de acceso a estos servicios afecta derechos
fundamentales como la dignidad humana, la salud y la vida. En números
pronunciamientos desde 1992 hasta el presente esta Corporación ha abordado
casos relacionados con los servicios públicos de acueducto y alcantarillado,
decantando progresivamente una posición en torno a su naturaleza fundamental.
(…)
La garantía
efectiva de estos derechos fundamentales implica el cumplimiento de unas
condiciones mínimas. La satisfacción del derecho fundamental al agua potable
está sujeta al cumplimiento de las condiciones de disponibilidad, calidad y
accesibilidad en el acceso al recurso. Mientras que la satisfacción del derecho
fundamental al saneamiento básico implica asegurar unas condiciones de higiene,
seguridad y privacidad en la disposición y eliminación de los residuos personales
(…).”
Y
más adelante señaló en relación con las obligaciones del Estado:
“Es fundamental
resaltar la importancia de garantizar los derechos sociales fundamentales al
agua potable y al saneamiento básico de las personas con el fin de
proporcionarles unas condiciones de vida dignas y, de esta manera, contribuir a
reducir la desigualdad en la sociedad. (…) En síntesis, la plena garantía de
agua potable y de saneamiento básico se constituye como una medida
indispensable para la efectiva realización del Estado Social de Derecho. De
esta manera, la fórmula estatal centrada en la dignidad humana podrá trascender
el plano teórico e incidir en la vida de las personas, contribuyendo a la
transformación positiva de contextos de pobreza y desigualdad sistemáticos.”
6.3. En la resolución del caso
concreto, la Sala comprobó que la situación descrita por los accionantes en los
respectivos escritos de tutela era cierta. En sede de revisión las entidades
accionadas reconocieron que en la isla de Tierra Bomba y en la vereda de Gualí
no existen servicios de acueducto y alcantarillado. Así mismo, a partir de la
información allegada al proceso la Sala pudo verificar que tanto los
accionantes, sus familias y los otros miembros de sus comunidades viven en una
situación de pobreza que les impide garantizarse con sus propios recursos el
acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado.
6.4. Aunado a lo anterior, la Sala
evidenció la falta de un esfuerzo real por parte de las autoridades públicas de
garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales de los accionantes de
manera que no era posible asegurar que existieran a futuro propuestas reales
para solucionar sus problemáticas. En efecto, las gestiones adelantadas por las
autoridades hasta la fecha en que fueron interpuestas las acciones de tutela se
habían limitado a la formulación de proyectos que nunca fueron ejecutados.
Mientras que gran parte de la población del distrito de Cartagena y del
municipio de Hatillo de Loba cuentan con los servicios básicos de acueducto y alcantarillado,
los accionantes, sus familias y sus comunidades carecen por completo de estos
servicios. Ante esta situación la Sala sostuvo:
“Lo
anterior representa una notoria desigualdad social que no puede ser ignorada
por esta Corporación. La falta de acceso a los servicios de acueducto y
alcantarillado de los accionantes y sus comunidades es el reflejo del histórico
abandono institucional al que han sido relegados, en clara contradicción de las
prioridades establecidas en la Constitución Política y los fines del Estado
Social de Derecho. Resulta alarmante constatar la actitud de abstención notoria
adoptada por las autoridades frente a unas comunidades expuestas al consumo
permanente de agua contaminada y a condiciones ambientales insalubres.
Para
la Sala es innegable, entonces, que la necesidad de los accionantes y sus
comunidades de contar con unas condiciones dignas de acceso al agua y al
saneamiento ha sido desatendida por parte de las autoridades, a pesar de su
obligación constitucional de velar de manera preferente por el goce efectivo de
los derechos fundamentales de las personas más vulnerables de la sociedad.
Como fue explicado en la parte motiva de la sentencia, el agua y el saneamiento
constituyen derechos fundamentales autónomos de las personas sin los cuales la
vida, la salud y la dignidad se verían completamente comprometidas. La
obligación de garantizar (i) una cantidad suficiente de agua apta para el
consumo personal y doméstico y (ii) unas instalaciones sanitarias seguras y
privadas para eliminar higiénicamente los residuos personales es una cuestión
que convoca a todas las entidades del Estado.
En atención a lo
expuesto, la Sala ordenará a las entidades accionadas y vinculadas adoptar medidas
de corto, mediano y largo plazo para solucionar definitivamente la
problemática de acceso a los servicios de agua y saneamiento de la accionante,
su familia y la comunidad de la vereda de Gualí. (Negrillas fuera del texto
original)”
6.5. Por último, la Sala identificó que
la afectación de los derechos fundamentales al agua y al saneamiento básico no
se limitaba a los accionantes y sus familias, sino que también existían otras
personas –incluidos niños, niñas y adultos mayores– cuyos derechos
fundamentales estaban siendo vulnerados debido a la falta de acceso a unas
condiciones mínimas de acueducto y alcantarillado. Por consiguiente, decidió
otorgarle efectos inter pares a su decisión con el fin de extender la
protección a todas aquellas personas que cumplieran con determinados
requisitos.[173]
Órdenes de la
sentencia T-012 de 2019
6.6. En atención a lo expuesto, la Sala
Séptima de Revisión ordenó a las entidades accionadas y vinculadas adoptar
medidas de corto, mediano y largo plazo para solucionar progresivamente la
problemática de acceso a los servicios de agua y saneamiento de los
accionantes, sus familias y sus comunidades. Mientras que la supervisión de las
órdenes de corto y mediano plazo fue dejada en cabeza de los respectivos jueces
de primera instancia de
los expedientes T-6.470.199 y T-6.485.552, la Sala decidió conservar
la supervisión del cumplimiento de las órdenes a largo plazo debido a su
complejidad.
6.7. Ahora, específicamente sobre las
medidas de corto plazo adoptadas para proteger los derechos fundamentales de
los accionantes del expediente T-6.470.199, la Sala Séptima de Revisión de la
Corte Constitucional resolvió:
“TERCERO. –
ORDENAR a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y a la Alcaldía de Cartagena que
garanticen las condiciones mínimas de acceso a los servicios de agua y
saneamiento establecidas en la parte motiva de esta sentencia a los
accionantes, a sus familias y a las demás personas que: (i) viven en la
comunidad de Bocachica en la isla de Tierra Bomba; (ii) no cuentan con
suministro suficiente y de calidad de agua potable ni con acceso a unas
instalaciones sanitarias adecuadas para disponer higiénicamente sus residuos
personales (orina y heces); y (iii) no tienen recursos suficientes para
adelantar soluciones definitivas a sus problemáticas.
En relación con el
derecho fundamental al agua potable, esta orden supone, en un término de diez
(10) días contados a partir de la notificación del presente fallo, asegurar el
abastecimiento de 50 litros de agua potable diarios por persona para su consumo
personal y doméstico, directamente en las viviendas o en un punto de
abastecimiento situado a no más de 50 metros de cada vivienda. Así mismo, Aguas
de Cartagena S.A. E.S.P. y a la Alcaldía de Cartagena deberán asegurar que el
agua que almacenen en sus hogares y efectivamente consuman los accionantes y los
habitantes de la comunidad de Bocachica cumpla con los requisitos de
potabilidad establecidos por el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de
2007.
En relación con el
derecho fundamental al saneamiento básico, esta orden supone, en un término de
veinte (20) días contados a partir de la notificación del presente fallo,
asegurar a los accionantes y a los miembros de la comunidad de Bocachica, el
acceso a unas instalaciones sanitarias cercanas a sus viviendas que garanticen
la privacidad individual y permitan la separación higiénica de los residuos
personales (heces y orines) del contacto humano.
En cumplimiento de
lo anterior, las entidades accionadas deberán, en un término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación del presente fallo, realizar una
visita a los inmuebles ubicados en la comunidad de Bocachica en la isla de
Tierra Bomba con el fin de individualizar a los afectados y establecer las
necesidades básicas de agua y saneamiento de los habitantes, así como el medio
idóneo para garantizar su satisfacción.
CUARTO. – ORDENAR a la Gobernación
de Bolívar que, en un término de diez (10) días contados a partir de la
notificación del presente fallo, preste ayuda técnica, financiera y
administrativamente a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. y a la Alcaldía de
Cartagena para garantizar el cumplimiento de las órdenes mencionadas en el
numeral anterior. En caso de seguir administrando los recursos del Sistema
General de Participaciones para agua y saneamiento básico del Distrito de
Cartagena, de acuerdo con la Resolución 1609 del 06 de junio de 2018 del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá asegurar que un porcentaje de
dichos recursos sea destinado por la Alcaldía de Cartagena al cumplimiento de
la presente sentencia.”
7.
Solicitud
de aclaración y adición de la sentencia T-012 de 2019
7.1. Mediante escrito radicado en la
Secretaría General de la Corte Constitucional el 18 de marzo de 2019, la señora
Sandra Avellaneda Avendaño, apoderada judicial de ACUACAR, solicitó a la Sala
Séptima de Revisión de Tutelas aclarar y adicionar la sentencia T-012 de 2019.
7.2. En relación con la aclaración del
fallo, la peticionaria indicó que en el ordinal tercero de la parte resolutiva
la Sala estableció un término de 10 días para que la Alcaldía de Cartagena y
ACUACAR aseguren el abastecimiento de 50 litros diarios de agua potable a las
personas de la comunidad de Bocachica en la isla de Tierra Bomba. Por su parte,
en el ordinal cuarto la Sala estableció el mismo término de 10 días para que la
Gobernación de Bolívar preste ayuda técnica, financiera y administrativa a la
Alcaldía de Cartagena y ACUACAR con el fin de garantizar el cumplimiento de la
orden anterior. Según la solicitante, al estar las dos órdenes sujetas al mismo
plazo una de las dos no se va a poder cumplir por lo que pide a la Sala “aclarar
que para el cumplimiento de lo estipulado en el ordinal tercero se requiere
primero cumplir con lo estipulado en el ordinal cuarto, o establecer plazos
razonables y perentorios para que las dos órdenes puedan ser cumplidas de
manera oportuna”.
7.3. En cuanto a la adición del fallo,
la apoderada de ACUACAR pidió a la Sala adicionar los ordinales tercero y
décimo de la parte resolutiva de la sentencia en el sentido de indicar,
respecto de cada ordinal, “qué entidad asumirá los costos derivados del
cumplimiento de la orden” y “quién asumirá el pago del suministro del
agua potable y el acceso al saneamiento”. Precisó que la orden a corto
plazo formulada en el ordinal tercero no implica propiamente la prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado, lo cual es el objeto social de
ACUACAR, por lo que dicha solución temporal debe ser financiada por el Estado y
no por la empresa de servicios públicos. Por su parte, sobre el contenido de la
orden del ordinal décimo argumentó que la prestación de los servicios públicos,
así fuera en condiciones no convencionales, no puede dar lugar a la gratuidad
de los servicios.
7.4. Lo anterior, conforme a los
términos del contrato para la gestión integral de los servicios de acueducto y
alcantarillado de Cartagena (GISAA), el cual estipula que el marco de
competencias de ACUACAR se limita a la prestación de los servicios de agua y
saneamiento a través de la infraestructura de redes existente. Por
consiguiente, debido a que en la isla de Tierra Bomba no existen redes de
acueducto y alcantarillado, la empresa de servicios públicos no está obligada
–según los términos del contrato GISAA– a asumir el suministro de agua potable
y el acceso al saneamiento básico de los accionantes, sus familias y su
comunidad. Cualquier ampliación del servicio le corresponde hacerla a Alcaldía
de Cartagena mediante la construcción de nuevas redes de distribución.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Posibilidad
excepcional de aclarar y adicionar las sentencias de la Corte Constitucional
1.1. La Corte Constitucional ha sostenido desde sus
primeros pronunciamientos que por lo general la solicitud de aclaración
de sus sentencias no es procedente, pues esta figura tiende a desconocer los
principios de cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica. En efecto,
permitir que la Corte vuelva a pronunciarse luego de proferida la sentencia con
la cual culminó su actividad jurisdiccional transgrede las competencias que le
fueron asignadas por el artículo 241 de la Constitución Política.[174] Así lo señaló en
la sentencia C-113 de 1993, en la que fue declarado inexequible el inciso
cuarto del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, el cual contemplaba la
posibilidad de solicitar la aclaración de las sentencias proferidas por esta
Corporación. Al respecto dijo:
“La Corte
Constitucional ha expresado de manera reiterada que los fallos pronunciados en
virtud de la facultad dispuesta en el artículo 241, numeral 9 de la
Constitución Política, en principio no son susceptibles de aclaración, pues las
decisiones adoptadas hacen tránsito a cosa juzgada y, por lo tanto, no hay
posibilidad para debatir aspectos considerados en una sentencia o extender los
efectos definidos en ella.
El principio de
seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, considerados como pilares de
la actividad judicial, resultarían conculcados si la Corte Constitucional
reabriera el debate sobre asuntos decididos en forma definitiva. Los fallos
pronunciados por las Salas de Revisión deben ser acatados en los términos
expresados por la Corporación.”[175]
1.2. No obstante lo anterior, la Corte ha admitido la
procedencia excepcional de
la aclaración de sus sentencias de tutela, de oficio o a petición de parte,
respecto de “frases
o conceptos que se encuentren contenidos en la parte resolutiva de la sentencia
o que, incluidos en la parte motiva, influyan para el entendimiento pleno y el
cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión”[176], de
manera que se posibilite la
ejecución de sus decisiones y se asegure la protección de los derechos fundamentales.
1.3. En ese sentido, esta Corporación ha admitido la
procedencia de solicitudes de aclaración de sus sentencias cuando se cumplen
los supuestos establecidos en el artículo 285 del Código General del Proceso, a
saber:
“ARTÍCULO
285. ACLARACIÓN. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la
pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte,
cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan
en ella.
En las mismas
circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración procederá de
oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la
providencia.
La providencia que
resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria
podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de
aclaración.”
1.4. La aclaración es procedente, entonces, cuando una
sentencia de la Corte Constitucional: (i) contiene frases o conceptos ambiguos
que generan una razón objetiva de duda, y (ii) dichas frases o conceptos están
contenidos en la parte resolutiva del fallo o en la parte motiva cuando
influyan de manera directa sobre la decisión. En cuanto a estos requisitos, la
Corte ha especificado que una sentencia es confusa o ambigua cuando los
conceptos o frases objeto de aclaración “influyen para el entendimiento
pleno y el cumplimiento de lo decidido en el fallo en cuestión”[177].
En contraste, la solicitud de aclaración no sirve para “cuestionar la
decisión judicial adoptada, antes que dilucidar o aclarar puntos que ofrezcan
realmente duda”[178].
1.5. Recientemente, en el Auto 484 de 2017 la Sala Séptima
de Revisión, en atención a lo establecido en el artículo 285 del Código General
del Proceso, precisó los requisitos para que proceda la solicitud de
aclaración:
“a. La solicitud
de aclaración de la sentencia es presentada dentro del término de su ejecutoria
por una parte con interés en la decisión.
b. Tiene
fundamento en frases o conceptos que sugieren duda, son ambiguos o confusos
para su interpretación.
c. Tales frases o
conceptos deben estar contenidos en la parte resolutiva de la sentencia, o en
su cuerpo, siempre y cuando influya directamente en ella.”
1.6. En síntesis, la posibilidad de aclarar las sentencias
de la Corte Constitucional se circunscribe a aquellas expresiones contenidas en
la providencia cuya falta de precisión afecta su verdadero
entendimiento. En ese sentido, en atención a la jurisprudencia constitucional,
por regla general la solicitud de aclaración de sentencias de la Corte
Constitucional es improcedente.
1.7. Lo mismo sucede cuando se trata de una solicitud de adición,
que en modo alguno puede configurarse como una instancia paralela o alternativa
al proceso de revisión de tutela. Por regla general la solicitud de adición no
procede contra sentencias de tutela proferidas en el marco del proceso de
revisión, pues la Corte Constitucional, al momento de revisar un caso, tiene la
carga de resolver lo relacionado con la presunta violación de un derecho
fundamental, sin que ello signifique que deban estudiarse todos los escenarios
jurídicos planteados por las partes.[179]
1.8. Si bien la Corte Constitucional tiene el deber de
resolver lo relacionado con la vulneración de los derechos fundamentales, ello
no supone la obligación de estudiar todos los aspectos jurídicos que un caso
puede contener. Esto, teniendo en cuenta que “ni el artículo 241 del texto
superior ni el Decreto 2591 de 1991 prevén la obligatoriedad de dicho análisis,
por fuera de lo cual, una vez culmina la etapa de eventual revisión de
un proceso de tutela, se agota la competencia de este Tribunal para decidir
materias nuevas relacionadas con los mismos hechos”[180].
1.9. No obstante, la Corte ha admitido la posibilidad de adicionar
sus sentencias de tutela, de oficio o a petición de parte, cuando la omisión es
constitucionalmente relevante debido a que afecta la garantía efectiva de los
derechos fundamentales. En ese sentido, además de lo anterior, deben cumplirse
los supuestos establecidos en el artículo 287 del Código General del Proceso:
“Artículo 287.
Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de
la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser
objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia
complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda
instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de
reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que
dicte sentencia complementaria.
Los autos solo
podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud
de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término
de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal.”
1.10.  Por último, es
importante dejar claro que cuando la solicitud de aclaración o de adición
es a petición de parte, se requiere: (i) que el interesado cuente con
legitimación en la causa, lo que impone que la petición deba ser presentada por
uno de los sujetos reconocidos en el trámite procesal o por un tercero con
interés legítimo, y (ii) que la misma se presente durante el término de
ejecutoria de la providencia en cuestión, esto es, dentro de los tres días
siguientes a la notificación del fallo de revisión a las partes en el proceso.
III.
ESTUDIO
DE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y ADICIÓN  DE LA SENTENCIA T-012 DE 2019
La empresa de
acueducto y alcantarillado de Cartagena, ACUACAR, por intermedio de apoderada
judicial, solicitó aclarar y adicionar las órdenes a corto plazo dictadas en su
contra por la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-012 de 2019. A
continuación la Sala pasará analizar el cumplimiento de los requisitos formales
de la solicitud, para luego resumir brevemente su contenido y decidir de fondo
sobre su procedencia.
1.
Legitimación
en la causa por activa
1.1. La empresa de acueducto y alcantarillado de
Cartagena, ACUACAR, se encuentra legitimada por activa, pues fue vinculada al
proceso de tutela dentro del radicado T-6.470.199 y se emitieron órdenes en su
contra. Por su parte, la señora Sandra Avellaneda Avendaño se encuentra
legitimada para presentar la solicitud, pues presentó poder especial conferido
por el representante legal de ACUACAR el 15 de marzo de 2019 para asumir la
defensa de los intereses de la empresa en el proceso de la referencia.
2.
Oportunidad
para presentar la solicitud
II.
2.1. La apoderada de ACUACAR anexó copia del oficio, con
fecha del miércoles 13 de marzo de 2019, mediante el cual el Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito de Cartagena notificó a la empresa de acueducto y
alcantarillado la sentencia T-012 de 2019. La solicitud de aclaración y adición
fue presentada por la señora Sandra Avellaneda Avendaño ante la Secretaría
General de la Corte Constitucional el lunes 18 de marzo de 2018, de manera que
la interposición del escrito correspondiente se hizo dentro del término de
ejecutoria del fallo.
3.
Resolución
de la solicitud de aclaración y adición de la sentencia T-012 de 2019
1.1.  En relación con la solicitud de aclaración,
la apoderada de ACUACAR pidió a la Sala Séptima de Revisión diferenciar los
términos establecidos en las órdenes tercera y cuarta de la parte resolutiva de
la sentencia T-012 de 2019, en la medida en que, al estar sujetas al mismo
término de diez (10) días, “una de las dos no se iba a poder cumplir”. A
juicio de la solicitante, la orden tercera (dirigida a la Alcaldía de Cartagena
y a ACUACAR) de asegurar el abastecimiento de 50 litros de agua potable diarios
a los accionantes, sus familias y su comunidad era incompatible con la orden
cuarta (dirigida a la Gobernación de Bolívar) de brindar, en el mismo término,
ayuda técnica, financiera y administrativa para el cumplimiento de la orden
anterior.
1.2. La Sala considera que debe negarse esta solicitud por
cuanto el término establecido para cumplir las órdenes a corto plazo
relacionadas con la garantía de unas condiciones mínimas de acceso al agua
potable no sugiere
duda, ambigüedad o confusión en su interpretación. En efecto, el plazo de diez
(10) días para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales es
claro y no existen razones objetivas para argumentar su falta de entendimiento.
Luego de notificada la sentencia, la Sala concedió tanto a la Alcaldía de
Cartagena y ACUACAR como a la Gobernación de Bolívar un marco temporal
razonable con el fin de que coordinaran y desplegaran las actuaciones que
fueran necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento de las órdenes impartidas. Lo anterior, a su vez, en consideración a la
urgencia de asegurar a los habitantes de la comunidad de Bocachica el acceso a
una cantidad suficiente de agua apta para el consumo humano.
1.3. Esta Corporación ha establecido, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, que los fallos de
tutela deben cumplirse de forma inmediata y tal como fue ordenado en su parte
resolutiva. Al
respecto, la Corte ha indicado que la autoridad o el particular que haya sido
declarado responsable de la amenaza o violación debe acatar el fallo de tutela
“de buena fe, circunscribiéndose a lo establecido en las precisas órdenes
emitidas, así como en la ratio decidendi de la misma. Igualmente se
debe cumplir el mismo prestando atención al principio del efecto útil de la
sentencia, procurando hacer efectivo el derecho material”[181].
1.4. En tal virtud, la solicitud de ACUACAR debe ser
denegada toda vez que no se enmarca dentro de los supuestos de la figura de
aclaración establecidos en el artículo 285 del Código General del Proceso. Por
el contrario, lo que pretende la solicitante es que se extienda el término
establecido para asegurar la protección real y efectiva de los derechos
fundamentales de los accionantes, sus familias y su comunidad.
1.5. En cuanto a la solicitud de adición,
la apoderada de ACUACAR señaló que en las órdenes contenidas en los ordinales
tercero y décimo de la sentencia T-012 de 2019 la Sala omitió especificar “qué
entidad asumirá los costos derivados del cumplimiento de la orden” y “quién
asumirá el pago del suministro del agua potable y el acceso al saneamiento”.
De acuerdo con la solicitante, el marco competencial de ACUACAR se encuentra
definido por el contrato GISAA, el cual determina que la empresa está obligada
a prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, pero no a construir las
obras necesarias para ampliar y mejorar el acceso al agua potable y al
saneamiento básico de los habitantes de Cartagena. Por consiguiente, al
encontrarse la isla de Tierra Bomba fuera del cubrimiento de ACUACAR, no le
corresponde a ésta sino al Estado financiar el suministro de agua potable y el
acceso al saneamiento básico de los accionantes.
1.6. La Sala considera que los argumentos presentados por
la peticionaria no son suficientes para demostrar que la sentencia T-012 de
2019 omitió resolver uno de los extremos de la litis o pronunciarse
sobre un aspecto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento. En
efecto, la solicitud de adicionar la sentencia se limita a afirmar –sin otro
sustento jurídico que el contrato GISAA firmado entre ACUACAR y la Alcaldía de
Cartagena– que la Corte Constitucional tenía la obligación de determinar en su
providencia qué entidades debían asumir los costos económicos de garantizar la
protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en el
proceso de la referencia.
1.7. En el fallo que se busca adicionar, la Sala Séptima
de Revisión identificó de manera completa y clara la forma en que los derechos
fundamentales de los accionantes habían sido vulnerados. Así mismo, de
conformidad con los artículos 311, 366 y 367 de la Constitución Política y con
fundamento en la Ley 142 de 1994, señaló que la provisión de unas condiciones
mínimas de agua potable y saneamiento básico es competencia, en primer lugar,
de los distritos o municipios, los cuales deben garantizar estos derechos a
través de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, ya sea
directamente o a través de las empresas de servicios públicos domiciliarios.
Por consiguiente, la falta de un pronunciamiento acerca de los costos
económicos derivados del cumplimiento de la sentencia no se enmarca dentro de
los supuestos establecidos en el artículo 287 del Código General del Proceso.
1.8. No obstante lo anterior, en esta ocasión la Sala
considera importante asegurar la protección real y efectiva de los derechos
fundamentales de los accionantes, por lo que adicionará de oficio la parte
resolutiva de la sentencia T-012 de 2019 con el fin de precisar las
obligaciones de las entidades vinculadas al proceso de tutela de la referencia.
Es pertinente
recordar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el “juez de
tutela cuenta con amplias facultades oficiosas que debe asumir de forma activa
con el fin de procurar la adecuada protección de los derechos fundamentales de
las personas”[182].
1.9. En ese sentido, si bien la cuestión que está
generando controversia para dar cumplimiento a la sentencia T-012 de 2019 es un
asunto eminentemente contractual, cuya resolución no corresponde a la Corte
Constitucional, la adición de oficio del fallo busca afianzar las ordenes
emitidas con el objeto de superar cualquier obstáculo administrativo que impida
garantizar con prontitud los derechos fundamentales de los accionantes, sus
familias y su comunidad. La misma sentencia es clara al afirmar en el párrafo
4.1.16. lo siguiente:
“Ahora,
si bien existe una diferencia administrativa entre prestar el servicio y
garantizar su prestación cuando en el distrito o municipio existe una ESP, esta
distinción pierde relevancia de cara a la garantía de los derechos
fundamentales de las personas y a la obligación general del Estado de asegurar
a la población el acceso a unas condiciones mínimas de agua potable y
saneamiento básico.”
1.10.  Con fundamento en
lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión incluirá en el ordinal tercero el
siguiente inciso:
“Aguas
de Cartagena S.A. E.S.P. y la Alcaldía de Cartagena podrán, de conformidad con
la Constitución y la ley, adicionar nuevas cláusulas al contrato vigente para
la gestión integral de los servicios de acueducto y alcantarillado de Cartagena
(GISAA) o firmar un nuevo contrato con el fin de garantizar el efectivo
cumplimiento de esta orden.”
1.11.  De igual forma,
con el propósito de otorgar un tratamiento equitativo y legalmente equilibrado
al otro proceso acumulado en la sentencia T-012 de 2019, la Sala Séptima de
Revisión incluirá en el ordinal séptimo el siguiente inciso:
“Cooservha
E.S.P. y la Alcaldía de Hatillo de Loba podrán, de conformidad con la
Constitución y la ley, firmar un nuevo contrato o adicionar nuevas cláusulas al
contrato vigente para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado
con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de esta orden.”
I.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- NEGAR la solicitud de
aclaración de la sentencia T-012 de 2019, presentada por la apoderada judicial
de ACUACAR en el proceso de tutela de la referencia.
SEGUNDO.-
ADICIONAR
al ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-012 de 2019 el
siguiente inciso final:
“Aguas
de Cartagena S.A. E.S.P. y la Alcaldía de Cartagena podrán, de conformidad con
la Constitución y la ley, adicionar nuevas cláusulas al contrato vigente para
la gestión integral de los servicios de acueducto y alcantarillado de Cartagena
(GISAA) o firmar un nuevo contrato con el fin de garantizar el efectivo
cumplimiento de esta orden.”
TERCERO.- ADICIONAR al ordinal
séptimo de la parte resolutiva de la sentencia T-012 de 2019 el siguiente
inciso final:
“Cooservha
E.S.P. y la Alcaldía de Hatillo de Loba podrán, de conformidad con la
Constitución y la ley, firmar un nuevo contrato o adicionar nuevas cláusulas al
contrato vigente –si lo hay– para la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de esta
orden.”
CUARTO.- Por intermedio de Secretaría General de la Corte Constitucional, COMUNICAR
al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena (T-6.470.199) y al
Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Mompóx (T-6.485.552) el contenido de
la presente decisión para que verifiquen el cumplimiento efectivo de las
órdenes a corto y mediano plazo contenidas en la sentencia T-012 de 2019.
QUINTO.- Por intermedio de la Secretaría General de la Corte
Constitucional, COMUNICAR la presente providencia a ACUACAR, Cooservha
E.S.P. a la Alcaldía de Cartagena, a la Alcaldía de Hatillo de Loba y a la
Gobernación de Bolívar.
Comuníquese y cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La Sala de
Selección Número Once de 2017, integrada por los magistrados Alberto Rojas Ríos
y Alejandro Linares Cantillo, decidió acumular los expedientes T-6.485.552 y
T-6.470.199 por presentar unidad de materia, los cuales fueron repartidos a la
magistrada Cristina Pardo Schlesinger para que fueran fallados en una misma
sentencia.
[2] En el escrito de
tutela los accionantes manifestaron lo siguiente: “En el diario vivir el
suministro es realizado por algunos particulares, sin garantías de potabilidad,
llega en un bongo y es almacenada en unas cisternas cuyo mantenimiento es
mínimo. En una moto adaptada la reparten por las calles a costos no congruentes
con nuestro ingreso económico.” Cuaderno principal del expediente, folio 2.
[3] Cuaderno
principal del expediente, folio 17.
[4] Ibídem.
[5] Cuaderno
principal del expediente, folio 20.
[6] Cuaderno
principal del expediente, folio 29.
[7] El apoderado
general de ACUACAR adjuntó como prueba un documento denominado “Estudios
hidrogeológicos exploratorios a partir de tomografía de resistividad eléctrica
2D, 3D y modelación 4D, para conocer los sistemas acuíferos que conforman las
islas de Barú y Tierra Bomba”, folios 33 a 48.
[8] Cuaderno
principal del expediente, folio 3.
[9] Cuaderno
principal del expediente, folios 28 y 29.
[10] Cuaderno
principal del expediente, folios 38-40.
[11] “Informe de
visita a la Comunidad de Bocachica de la isla de Tierra Bomba, perteneciente al
Distrito de Cartagena (Bolívar). Realizada en el marco de la acción de tutela
número T-6.470.199AC”. Cuaderno de revisión del expediente, folios 42 – 48.
[12] Sobre la metodología utilizada para recoger la
información, la Defensoría del Pueblo señaló: “los resultados presentados se
limitan a la observación realizada durante la visita de campo y las entrevistas
personales que se realizaron a los habitantes de la comunidad de Bocachica”.
Cuaderno de revisión del expediente, folio 43 (reverso).
[13] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 44.
[14] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 44.
[15] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 45.
[16] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 52.
[17]  Cuaderno de
revisión del expediente, folio 52.
[18]  Informe
titulado: “Sistema de Acueducto y Saneamiento Básico. Isla de Tierra Bomba.
Informe técnico. Mayo de 2018”. Cuaderno de revisión del expediente, folios
72-97.
[19] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 74.
[20] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 75 (reverso).
[21] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 78 (reverso).
[22] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 85.
[23] En términos
generales, el listado es el siguiente: “En el año 2001, en colaboración con la
Alcaldía de Cartagena, se adelantó un estudio de prefactibilidad para prestar
el servicio de acueducto y alcantarillado a la isla de Tierra Bomba. // En el
año 2009 fueron presentados a la Alcaldía de Cartagena los diseños detallados
de redes de acueducto para los corregimientos de la isla de Tierra Bomba. En el
mismo año, se presentó un proyecto para la solución de alcantarillado para los
centros poblados de la isla, el cual fue actualizado en el año 2017. // En el
año 2010 se envió al asesor de servicios públicos domiciliarios de la Alcaldía
de Cartagena copia de un proyecto denominado ‘Solución de acueducto para
centros poblados de la zona insular de Cartagena’. // En el año 2013 se diseñó
una nueva alternativa para llevar agua potable a Tierra Bomba mediante la
instalación de una sonda submarina desde la planta de tratamiento de ACUACAR
hasta la isla. Proyecto que fue inscrito en el Banco de Programas y Proyectos
de la Alcaldía de Cartagena. // En el año 2015 se contrató una consultoría para
realizar los estudios hidrológicos exploratorios con el fin de determinar la
posibilidad de abastecer las islas de Tierra Bomba y Barú a partir de acuíferos
subterráneos. // En el año 2017 se preparó una alternativa para el
abastecimiento de agua potable en la isla de Tierra Bomba mediante
desalinizadoras, comunicado a la Alcaldía de Cartagena en diciembre de 2017.”
Ibídem, folio 87.
[24] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 97.
[25] Cuaderno de
revisión del expediente, folios 148 a 153.
[26] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 60.
[27] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 16.
[28] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 23.
[29] La magistrada
ponente decidió vincular a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
(CARDIQUE) y a la Defensoría del Pueblo con fundamento en la información
suministrada por dichas entidades en respuesta al Auto del 05 de abril de 2018.
Por su parte, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no fue
vinculada al proceso de la referencia.
[30] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 109.
[31] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 140.
[32] Al respecto, la Defensoría
del Pueblo adjunta fotos de las viviendas de los accionantes. Cuaderno de
revisión del expediente, folio 148.
[33] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 149.
[34] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 149.
[35] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 149 (reverso).
[36] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 151.
[37] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 150 (reverso).
[38] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 163 (reverso).
[39] Entre las
principales barreras mencionadas se destacan: (i) la distancia geográfica entre
de la isla y la bahía de Cartagena dificulta conectar líneas de tubería bajo el
agua; (ii) la distancia entre los centros poblados de la isla dificulta la
solución integral de la problemática; (iii) la falta de fuentes alternas de
agua potable en la isla. Cuaderno de revisión del expediente, folio 165.
[40] El informe señala
que antes de la puesta en funcionamiento de este pozo la situación de la
comunidad “fue precaria e inhumana durante los casi dos años que no tuvo
suministro de agua por parte de la empresa de acueducto, es decir, antes de la
puesta en funcionamiento del pozo subterráneo”. Antes del 12 de junio de 2018
las fuentes de agua eran: el río Magdalena, una pequeña laguna en la vereda y
el pozo de una finca cercana. Cuaderno de revisión del expediente, folio 71.
[41] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 72.
[42] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 73.
[43] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 76.
[44] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 91 (reverso).
[45] Cuaderno
de revisión del expediente T-6.470.199, folios 238.
[46] Cuaderno
de revisión del expediente T-6.470.199, folios 248.
[47] Decreto 2591 de 1991, art. 13.
[48] Como
se expuso en el acápite de antecedentes, la tutela correspondiente al
expediente T-6.470.199 fue interpuesta por los señores Óscar Fernando Jiménez
Fonseca, Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado. El señor Óscar Fernando
Jiménez Fonseca no reside en la isla de Tierra Bomba, sin mebargo, en sede de
revisión se pudo comprobar –a través de los informes presentados por la
Defensoría del Pueblo y de la insepcción judicial realziada por el juzgado
Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena– que los otros dos accionantes, los
señores Gustavo Castro Barrios y José Matosa Hurtado, sí viven en la comunidad
de Bocachica y no cuentan con acceso a los servicos de agua ptoable y
saneamiento básico.
[49]  La accionante
adjunta a la acción de tutela el Registro Civil de Nacimiento de cada uno de
sus hijos. Cuaderno principal del expediente, folios 12 y 13.
[50] La accionante
adjunta un escrito firmado por varios miembros de la comunidad de Gualí donde
manifiestan, en nombre de sus hijos menores de edad, su apoyo a la acción de
tutela. Cuaderno principal del expediente, folio 22. Así mismo, durante el
trámite de revisión de tutela, la Secretaría General de la Corte Constitucional
puso en conocimiento del despacho de la magistrada ponente un escrito de
coadyuvancia a la acción de tutela firmado, con número de identificación y
edad, por varios miembros de la comunidad de la vereda de Gualí. Cuaderno de
revisión del expediente, folio 62.
[51] Corte
Constitucional, sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[52] Corte Constitucional, sentencia
SU-391 de 2016, M.P. Alejandro Linares.
[53] Sentencia T-792
de 2007 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[54] En el mismo
sentido, la Corte Constitucional señaló recientemente que “las tutelas que
solicitan que la administración municipal o departamental ejecuten una serie de
acciones destinadas a satisfacer el derecho al agua de los habitantes, no
pueden ser rechazadas bajo el argumento de la falta de inmediatez en el
ejercicio de la acción, ya que mientras subsista la afectación del derecho en
el tiempo, o esta sea grave, la tutela es procedente como mecanismo expedito”.
Corte Constitucional, sentencia T-475 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
[55] Corte
Constitucional, sentencia T-590 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[56] Corte Constitucional, sentencias
T-311 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y SU-772 de 2014, M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[57] Corte Constitucional, sentencia
T-093 de 2015 M.P.  Gloria Stella Ortiz Delgado.
[58] Corte Constitucional, sentencia
T-616 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas. Este criterio se reiteró en las
sentencias T-362 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt y T-642 de 2015, M.P.
Alberto Rojas Ríos. Esta última concluyó: “Ahora bien, en relación con la
procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua, la
jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, si bien los usuarios
cuentan con otros medios de defensa para controvertir las actuaciones de las
empresas de servicios públicos que lesionen sus intereses y derechos, también
es cierto que existen ocasiones en las que esas conductas o decisiones afectan
de manera evidente derechos fundamentales, circunstancias en las cuales resulta
procedente el amparo constitucional. Bajo estos términos, el derecho al acceso
al agua en condiciones de potabilidad puede ser protegido por vía de tutela
cuando: (i) el líquido que se reclama esté destinado al consumo humano y en
consecuencia exista una afectación particular del derecho fundamental o (ii)
exista un perjuicio irremediable que autorice la intervención urgente del juez
de tutela.”.
[59] Entre otras, ver
las sentencias T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-207 de 1995, M.P.
Alejandro Martínez Caballero y T-022 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[60] Corte Constitucional, sentencia
T-752 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio.
[61] Corte Constitucional, sentencia
T-1104 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto.
[62] Convención Contra la Eliminación
de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Artículo 14. Agosto 12,
1979. Ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981.
[63] Convención sobre los Derechos del
Niño. Artículo 24. Noviembre 20, 1989. Ratificada por Colombia mediante la Ley
12 de 1991.
[64] Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad. Artículo 28. Diciembre 13, 2006. Ratificada por
Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.
[65] Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Artículos 11 y 12. Diciembre 16,
1966. Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968. Cabe destacar que el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEDESC) se estableció el
28 de mayo de 1985 en virtud de la Resolución 1985/17 del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas para desempeñar las funciones de
supervisión, monitoreo y adecuada aplicación del PIDESC.
[66] Naciones Unidas. Asamblea General.
Res. 64/292 El derecho humano al agua y el saneamiento. Sesión no. 64.
Julio 28, 2010.
[67] Naciones Unidas.
Asamblea General. Res. 70/169 Los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento básico. Septuagésimo periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015.
[68] La Corte Constitucional también ha
interpretado los derechos a la educación, trabajo, vivienda digna y salud en
los términos de las Observaciones Generales del CDESC.
[69] Naciones Unidas.
Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No.
15 El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales). Noviembre de 2002. párr. 1.
[70] “El derecho al agua abarca el
acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer las
necesidades básicas, y no confiere a las personas el derecho a una cantidad
ilimitada de agua. Según la OMS, se requieren entre 50 y 100 litros de agua por
persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar la
mayor parte de los problemas de salud. No obstante, estas cantidades son
indicativas, ya que dependen del contexto particular y pueden diferir de un
grupo a otro en función del estado de salud, el trabajo, las condiciones
climáticas y otros factores. Las madres lactantes, las mujeres embarazadas y
las personas que viven con el VIH/SIDA necesitarán más de 50-100 litros de agua
al día. Otros usos domésticos del agua, como el agua para las piscinas o la
jardinería, no están incluidos en el derecho al agua.” Organización de las
Naciones Unidas. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El
derecho al agua. Folleto Informativo No. 35. 2010. p. 9.
[71] “La salubridad del agua potable se
define normalmente mediante normas nacionales y/o locales de calidad del agua
potable. Las Guías para la calidad del agua potable, de la OMS, sirven de base
para elaborar normas nacionales que, debidamente aplicadas, garantizan la
inocuidad del agua potable.” Ibídem, p. 10.
[72] Según PNUD “el abastecimiento
regular de agua corriente limpia en el hogar es la forma óptima de suministro
para el desarrollo humano”. Organización de las Naciones Unidas. Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano
2006. Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua.
p. 83.
[73] Naciones Unidas. Comité de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Observación General No. 15 El
derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales). Noviembre de 2002. párr. 12.
[74] Las obligaciones
frente a los derechos humanos se definen y garantizan mediante convenios y
tratados internacionales vinculantes para los Estados que los ratifican. Estas
obligaciones, a su vez, se encuentran clasificadas en mandatos de respetar,
proteger y cumplir. La Observación General No. 15 utiliza esta clasificación
para explicar las obligaciones estatales respecto del derecho humano al agua:
“La obligación de respetar exige que los Estados Partes se abstengan de
injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua. La obligación
de proteger exige que los Estados Partes impidan a terceros que
menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. La obligación de cumplir
exige que los Estados Partes adopten las medidas necesarias para el pleno
ejercicio del derecho al agua. Esta obligación comprende, entre otras cosas, la
necesidad de reconocer en grado suficiente este derecho en el ordenamiento
político y jurídico nacional” Ibídem. pp. 9-12.
[75] Sobre ello, la Observación General
No. 15 establece: “Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán
basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios,
sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos
socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres
no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los
hogares más ricos”. Ibídem. párr. 11.
[76] Una de las decisiones precursoras
en explorar el contenido del derecho al agua según lo establecido en la
Observación General No. 15, fue la sentencia T-270 de 2007. Es de destacar que
el acceso al agua como derecho fundamental había sido abordado en otros
pronunciamientos, no obstante, es reciente la utilización de la Observación
General No. 15 como fundamento jurídico central. En efecto, académicos expertos
sobre la integración del derecho humano al agua en el ordenamiento jurídico han
señalado que “para determinar el marco dentro del cual se puede mover la regulación
económica colombiana es fundamental conocer los pronunciamientos de los
intérpretes autorizados de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia
y la forma como los ha incorporado la CCC [Corte Constitucional colombiana]. Por
su obligatoriedad, ya no es admisible que un operador jurídico no incluya en sus
análisis estos pronunciamientos. (Subrayado fuera del texto original)”.
López Murcia, J. y L. García Daza, La obligación de progresividad de los
derechos económicos, sociales y culturales: el caso de los servicios públicos
en Colombia, International Law: Revista Colombiana de Derecho
Internacional, Vol. 6, n° 12, 2008, p. 237. Recuperado: http//: revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13926.
[77] Corte Constitucional, sentencia
T-7901 de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[78] Naciones Unidas.
Asamblea General. Res. 70/169 Los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento básico. Septuagésimo periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015.
p.4.
[79] Catarina de
Albuquerque, Derechos hacia el final. Buenas prácticas en la realización de
los derechos al agua y al saneamiento, Relatora Especial de las Naciones
Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, Lisboa, 2012, p. 32.
[80] Naciones Unidas.
Asamblea General. Res. 70/169 Los derechos humanos al agua potable y al
saneamiento básico. Septuagésimo periodo de sesiones. Diciembre 17, 2015.
p.4.
[81] Como se explicó en el acápite
sobre competencia, la Corte Constitucionales ha desarrollado y sostenido desde
sus inicios un criterio consistente respecto a la protección del acceso a los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado cuando su garantía está
relacionada con la protección de otros derechos fundamentales como la salud y
la vida en condiciones dignas.
[82] Corte Constitucional, sentencia
T-406-1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[83] Corte Constitucional, sentencia
T-578 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[84] Ibídem.
[85] En dicho fallo,
la Corte señaló lo siguiente: “La eficiencia en la prestación del servicio
público de alcantarillado es una de las formas en que se pueden alcanzar las metas
sociales del Estado colombiano. Pero, si mediante la inadecuada prestación de
este servicio se afectan en forma evidente derechos fundamentales de las
personas, como puede ser el caso de la vida, la salud y la dignidad humana,
entonces quienes se consideren lesionados podrán hacer uso de las acciones
constitucionales y legales pertinentes para exigir el acatamiento de las
responsabilidades que la Carta le ha asignado al Estado”. Corte constitucional,
sentencia T-140 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[86] Esta Corporación sostuvo: “Para la
Corte resulta claro, sobre la base del material probatorio evaluado, que la
peticionaria padece en realidad un perjuicio directo en su salud y que, de
proseguir indefinidamente la perturbación ambiental, puede llegar a ver
amenazado su derecho a la vida. Asimismo, resulta indudable la relación de
causalidad existente entre la negligencia administrativa que ha mostrado la
autoridad municipal en lo que respecta a la construcción del alcantarillado en
el sector y el daño y la amenaza de que se trata”. Corte Constitucional,
sentencia T-431 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[87] En este caso, la Corte destacó que
la falta de acceso al agua potable es susceptible de protección por vía de
tutela y, en particular, cuando tal carencia es causa de la negligente y
descuidada prestación del servicio por parte de la empresa responsable. Corte
Constitucional, sentencia T-539 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[88] Corte
Constitucional, sentencia T-413 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[89] Corte
Constitucional, sentencia T-227 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
[90] Se elimina la
distinción del Título II de la Constitución Política entre los derechos
fundamentales del Capítulo I y los derechos económicos, sociales y culturales
del Capítulo II por su clara interrelación con la realización efectiva de la
dignidad humana en el marco de un Estado Social de Derecho. Según la Corte,
“ello es explicable por el carácter indivisible e interdependiente de los derechos
de acuerdo con el cual, en la medida en que comparten como fundamento y
finalidad la eficacia de la dignidad humana, todos ostentan la misma jerarquía,
y el avance o retroceso de uno influye en el desarrollo de los otros”. Corte
Constitucional, sentencia T-707 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[91] Pese a que el
acceso al saneamiento básico ha sido considerado como una condición
indispensable para garantizar la dignidad humana, en la actualidad la
jurisprudencia constitucional no le ha reconocido un carácter autónomo de
derecho fundamental y su protección por vía de tutela permanece ligada a la
retórica de la conexidad.
[92] Corte
Constitucional, sentencia T-016 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.
[93] Corte
Constitucional, T-160 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto.
[94] Referencia Libro
Externado, pp. 47 y 48.
[95] Corte Constitucional, sentencia
T-888 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[96] Corte
Constitucional, sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle.
[97] Para la Corte Constitucional, los
derechos humanos aportan los elementos necesarios para considerar la existencia
autónoma del derecho fundamental al agua, por lo que no necesita estar
conectado con otros derechos fundamentales (v. gr. la salud o la vida digna)
para ser protegido constitucionalmente. Corte Constitucional, sentencia T-616
de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[98] “Esta Corporación
en diversas oportunidades ha reconocido que el derecho al agua es un derecho
fundamental. El contenido de este derecho ha sido precisado por la Corte de conformidad
con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas de la siguiente manera: ‘el derecho de todos
a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para
el uso personal y doméstico’”. Corte Constitucional, sentencia T-131 de 2016,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[99] Rodolfo Arango, El
concepto de derechos sociales fundamentales, Universidad Nacional de
Colombia, 2005, Bogotá, p. 92.
[100] “TUTELAR el
derecho fundamental al agua potable de [los accionantes], dentro del referido
proceso de tutela, de conformidad con lo establecido en el presente fallo”. Corte
Constitucional, sentencia T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Otras
sentencias que han reconocido explícitamente el derecho fundamental al agua
potable son las siguientes: T-140 de 2017, M.P. María Victoria Calle y T-475 de
2017, M.P. Iván Humberto Escrucería.
[101] Corte
Constitucional, T-118 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[102] Entre otras sentencias relevantes
sobre la connotación del acceso al agua como derecho fundamental se encuentran
las siguientes: T-616 de 2010; Luis Ernesto Vargas; T-752 de 2011, M.P. Jorge
Iván Palacio; T-541 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt; T-028 de 2014, M.P.
María Victoria Calle; T-733 de 2015, M.P. María Victoria Calle; T-641 de 2015,
M.P. Alberto Rojas Ríos; T-103 de 2016; María Victoria Calle.
[103] Corte
Constitucional, T-707 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[104] Corte
Constitucional, sentencia T-707 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[105] Corte
Constitucional, sentencia T-280 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vagas Silva.
[106] Ibídem.
[107]  “La orden del
juez de tutela puede corregir la omisión de una autoridad administrativa cuando
tal conducta implica la violación directa o por conexidad de un derecho
fundamental. En el caso específico de la ejecución de una determinada obra
pública, el juez de tutela orienta la gestión administrativa dentro de los
parámetros que la Carta indica cuando, en concreto, se haya probado la
violación o amenaza del derecho fundamental del accionante por la falta de
determinada inversión y ante comprobada negligencia administrativa” Corte
Constitucional, sentencia T-207 de 1995 M. P.
Alejandro Martínez Caballero.
[108] “La acción de
tutela dirigida a obtener obras de alcantarillado no es improcedente por la
existencia de otros medios de defensa judiciales como las acciones populares,
cuando se demuestra que existe una violación o amenaza directa al derecho
fundamental de la persona que interpone la tutela y que esta situación tenga
una relación de causalidad directa con la omisión de la administración que
afecte el interés de la comunidad, dado que en estos casos se genera una unidad
de defensa, que obedece al principio de economía procesal y al de prevalencia de
la acción de tutela sobre las acciones populares”. Corte Constitucional,
sentencia T-207 de 1995 M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[109] Corte
Constitucional, sentencia T-022 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En el
mismo sentido, las sentencias T-771 de 2001, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-042
de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio.
[110] Corte
Constitucional, sentencia T-140 de 2017, M.P. María Victoria Calle.
[111] Capítulo V del
Título XII denominado: “De la finalidad social del estado y de los servicios
públicos” (artículos 365 a 370).
[112] Corte Constitucional, sentencia
T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón.
[113] Corte Constitucional, sentencia
T-578 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[114] En efecto, la
mejor alternativa para garantizar los derechos al agua potable y al saneamiento
básico es la prestación de los servicios público de acueducto y alcantarillado.
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz.
[115] También vale la pena mencionar el
artículo 368 del Capítulo V del Título XII de la Constitución el cual señala la
posibilidad que tienen la Nación, los departamentos, los distritos, los
municipios y las entidades descentralizadas de establecer subsidios “para que
las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas”. Por su parte, los
artículos 367 y 369 difieren a la ley la fijación del régimen jurídico de los
servicios públicos en los aspectos referentes a la: (i) “competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta
además de los criterios de costos, las de solidaridad y redistribución de
ingresos”; y a (ii) “los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su
protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las
empresas estatales que presten el servicio”.
[116] Corte Constitucional, sentencia
C-741 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. El mismo aprtado ha sido
citado y corroborado en su contenido por las sentencias: C-739 de 2008, M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra; SU-1010 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-055 de
2011, M.P. Jorge Iván Palacio; entre otras.
[117] Ley 142 de 1994,
artículo 14, numerales 14.22 y 14.23.
[118] El artículo 2 de la Ley 142 de
1994 señala: “El Estado intervendrá en los servicios públicos, conforme a las
reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los
artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los
siguientes fines:2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio
público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de
vida de los usuarios. 2.2. Ampliación permanente de la cobertura mediante
sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los
usuarios. 2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en
materia de agua potable y saneamiento básico. 2.4. Prestación continua e
ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza
mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan. 2.5.
Prestación eficiente. 2.6. Libertad de competencia y no utilización abusiva de
la posición dominante. 2.7. Obtención de economías de escala comprobables. 2.8.
Mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su
participación en la gestión y fiscalización de su prestación. 2.9. Establecer
un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de
acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”.
[119] Así lo señala el artículo 4 de la
mencionada Ley: “Servicios Públicos Esenciales. Para los efectos de la correcta
aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de
Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente Ley, se
considerarán servicios públicos esenciales.”
[120] Así lo indicado ampliamente la
Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia. Al respecto ver, entre
otras, las siguientes sentencias: C-179 de 1994, M.P, Carlos Gaviria Díaz;
T-927 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-691 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-122 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[121] Corte Constitucional en la
sentencia C-1064 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En el mismo sentido la sentencia
C-066 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz: “La idea de tales servicios no puede
concebirse en otra forma, teniendo en cuenta el inescindible vínculo existente
entre la prestación de los mismos y la efectividad de ciertas garantías y
derechos constitucionales fundamentales de las personas, que constituyen razón
de la existencia de la parte orgánica de la Carta y de la estructura y
ejercicio del poder público. Indudablemente, una ineficiente prestación de
los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta
significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc.
(Subrayado fuera del texto original)”.
[122] Corte
Constitucional, sentencia T-139 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio. En el mismo
sentido la sentencia T-118 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, donde la
Sala Séptima de Revisión ordenó a la Alcaldía de Ibagué y a la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. adoptar las medidas
de infraestructura necesarias para garantizar a los accionantes el acceso al
servicio de agua potable de acuerdo con los parámetros de disponibilidad,
calidad y accesibilidad desarrollados en la Observación General No.15 del
CDESC.
[123] Constitución
Política, artículo 356.
[124] En consecuencia,
según la Ley 1176 de 2007, “una vez descontados los recursos asignaciones
especiales del SGP, el 58,5% de los recursos se destinará a educación, el 24,5%
a salud, el 11,6% a propósito general y el 5,4% a agua potable y saneamiento
básico”. Contraloría General de la República, efecto redistributivo del
Sistema General de Participaciones, Bogotá, 2017, p. 17.
[125] Corte
Constitucional, sentencia T-406 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón
[126] Corte Constitucional, sentencia C-566 de 1995, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[127] Corte Constitucional, sentencia C-636 de 2000, MP. Antonio Barrera
Carbonell.
[128] César Rodríguez
Garavito, Más allá del cumplimiento: cómo analizar y aumentar el impacto de
los tribunales, en: Malcom Langford, César Rodríguez Garavito, Julieta
Rossi (Editores), La lucha por los derechos sociales. Los fallos judiciales
y la disputa política por su cumplimiento, Editorial Dejusticia, Bogotá,
2017, p. 100.
[129] Corte
Constitucional, sentencia T-418 de 2010, M.P. María Victoria Calle.
[130] Lentini, Emilio,
Servicios de agua potable y saneamiento: lecciones de experiencias relevantes,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile,
2011, p.
[131] OMS y UNICEF, Progresos en
materia de saneamiento y agua potable. Informe de actualización 2015 y
evaluación del ODM,
pág.  Recuperado de:
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204485/9789243509143_spa.pdf;jsessionid=1B02D7958FE12D49684C00D9C9872DFB?sequence=1
[132]
Ibídem, p. 6.
[133] World
Bank. Reducing Inequalities in Water Supply, Sanitation, and Hygiene in the
Era of the Sustainable Development Goals: Synthesis Report of the WASH Poverty
Diagnostic Initiative, World Bank, Washington, DC, 2017, p. 13.
[134] Ricardo Sánchez, Discurso
Inaugural. Reunión de Expertos “Formulación de Políticas de Agua en el contexto
de la agenda de desarrollo Post-2015”, CEPAL, Santiago de Chile, 2015, p.
2. Recuperado de
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/discursoinaugural.pdf.
[135] CEPAL, La
economía del cambio climático en América Latina y el Caribe Paradojas y
desafíos del desarrollo sostenible, Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, 2015, p.2.
[136] DANE. (2017). Boletín
técnico. Pobreza monetaria en Bolívar. Recuperado de
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Bolivar_Pobreza_2017.pdf
[137] Asamblea
Departamental de Bolívar, Ordenanza 153, por medio de la cual se adoptó el Plan
Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Bolívar Sí Avanza”, p. 136. Recuperado
de: https://icultur.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/06/PLAN-DE-DESARROLLO.pdf
[138]  Ibídem.
[139] Ibídem, página
137.
[140] Programa
Cartagena Cómo Vamos, Informe Calidad de Vida 2017, p. 6. Recuperado de:
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2014/11/Presentacion-Calidad-de-Vida-2017-FINAL.pdf
[141] Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económico, “Observatorio Municipal”, Facultad de
Economía de la Universidad de los Andes. Recuperado de:
https://datoscede.uniandes.edu.co/es/datos-municipales/observatorio-municipal
[142] Nussbaum, Martha.
Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión.
Colombia: Paidós, 2018, p. 228.
[143] El documento al
que hace referencia la Sala se encuentra en el folio 97 (reverso) del cuaderno
de revisión del expediente T-6.470.199. Este documento indica el número de
radicado de un proceso de acción popular con el cual, si se ingresa al Sistema
de Información de Porcesos “Justicia Siglo XXI” de la Rama Judicial, se pueden
consultar las actuaciones adelantadas durante el proceso. No obstante los
diferentes requerimientos del juzgado, a la fecha el fallo no ha sido obedecido
por las entidades demandadas.
[144] El Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, mediante la Resolución 1609 del 06 de junio de
2018, suspendió de manera cautelar el giro de los recursos del SGP
correspondientes a la participación de agua potable y saneamiento básico del
Distrito de Cartagena de Indias –Bolívar.
[145] El DNP también hizo referencia al
Sistema General de Regalías (SGR) e indicó que en la actualidad no existen
proyectos aprobados del sector de agua potable y saneamiento básico donde los
beneficiarios sean los centros poblados de la isla de Tierra Bomba; no
obstante, aclaró que las entidades territoriales pueden formular en cualquier
momento proyectos de inversión para ser financiados con recursos del SGR.
[146] Según la Corte
Constitucional, la cantidad de agua a proveer debe obedecer “al volumen mínimo
razonable establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua
por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de
salud”. Corte constitucional, sentencia T-028 de 2014, M.P. María Victoria
Calle. En el mismo sentido, las sentencias: T-641 de 2015, M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-223 de 2018, M.P. Gloria
Stella Ortiz. Por otro lado, el artículo 67 de la Resolución No. 1096 de 17 de
noviembre de 2000 “por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, indica que la cantidad mínima de
agua que debe estar en capacidad de proveer un acueducto es de 100 a 150 litros
por persona al día, dependiendo del nivel de complejidad del sistema.
[147] Como lo expuso la
Superintendencia de Servicios Públicos en la respuesta al auto del 05 de abril
de 2018, el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 son el fundamento
normativo del sistema de protección y control de la calidad del agua en
Colombia. Estas normas señalan que el agua potable es el recurso hídrico que
cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas adecuadas,
de tal manera que no genera un riesgo para la salud. Así mismo, estas
disposiciones indican que el agua para consumo humano debe ser transparente,
sin color ni sabor, y no debe tener sólidos suspendidos. Por último, estas
normas también establecen la obligación de las autoridades estatales a nivel
nacional, departamental y municipal de realizar inspección sanitaria a las
fuentes de suministro de agua utilizadas por la población con el fin de
identificar posibles riesgos a la salud.
[148] Organización de
las Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Relatora
Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Rashida
Manjoo, 2012.
[149] Inga
T. Winkler, “The Human Right to Sanitation”, Journal of International
Law, University of Pennsylvania, 2016, Vol. 37, p. 1382.
[150] Corte
Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P, Manuel José Cepeda.
[151] Cuaderno de
revisión del expediente, folio 87.
[152] Programa Cartagena
Cómo Vamos, Informe Calidad de Vida 2017, p. 6. Recuperado de:
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2014/11/Presentacion-Calidad-de-Vida-2017-FINAL.pdf
[153] En la sentencia
T-418 de 2010, la Corte Constitucional hizo referencia a la prioridad que
tienen las personas de escasos recursos frente a la protección de sus derechos
fundamentales. En aquella ocasión sostuvo que en materia de igualdad el Estado
“ha de proteger especialmente a ‘los últimos de la fila’, que para el caso
de acceso a agua potable apta para el consumo humano, son las personas de bajos
recursos de las áreas rurales”. Corte Constitucional, sentencia T-418 de
2010, M.P, María Victoria Calle.
[154] En el informe, la
Defensoría también hizo una pequeña caracterización de la vereda de Gualí donde
se indicó que actualmente está conformada por una comunidad de entre 300 y 400
habitantes, residentes en 63 casas ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros de
distancia de la cabecera municipal de Hatillo de Loba.
[155] Cuaderno de
revisión del expediente T-6.470.199, folios 238 y 239. Es de destacar que el
corregimiento de La Victoria del municipio Hatillo de Loba, donde se encuentra
ubicada la vereda de Gualí, no figura y aparentemente fue excluido de la
rehabilitación del sistema de acueducto municipal.
[156] Según la Corte
Constitucional, la cantidad de agua a proveer debe obedecer “al volumen mínimo
razonable establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua
por persona por día para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de
salud”. Corte constitucional, sentencia T-028 de 2014, M.P. María Victoria
Calle. En el mismo sentido, las sentencias: T-641 de 2015, M.P. Alberto Rojas
Ríos; T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-223 de 2018, M.P. Gloria
Stella Ortiz. Por otro lado, el artículo 67 de la Resolución No. 1096 de 17 de
noviembre de 2000 “por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS”, indica que la cantidad mínima de
agua que debe estar en capacidad de proveer un acueducto es de 100 a 150 litros
por persona al día, dependiendo del nivel de complejidad del sistema.
[157] Como lo expuso la
Superintendencia de Servicios Públicos en la respuesta al auto del 05 de abril
de 2018, el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 son el fundamento
normativo del sistema de protección y control de la calidad del agua en
Colombia. Estas normas señalan que el agua potable es el recurso hídrico que
cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas adecuadas,
de tal manera que no genera un riesgo para la salud. Así mismo, estas
disposiciones indican que el agua para consumo humano debe ser transparente,
sin color ni sabor, y no debe tener sólidos suspendidos. Por último, estas
normas también establecen la obligación de las autoridades estatales a nivel
nacional, departamental y municipal de realizar inspección sanitaria a las
fuentes de suministro de agua utilizadas por la población con el fin de
identificar posibles riesgos a la salud.
[158] Corte
Constitucional, sentencia T-025 de 2004, M.P, Manuel José Cepeda.
[159] Según el Plan
Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 “Bolívar Sí Avanza”, p. 135. Recuperado
de: https://icultur.gov.co/wp/wp-content/uploads/2017/06/PLAN-DE-DESARROLLO.pdf.
[160] En la sentencia
T-418 de 2010, la Corte Constitucional hizo referencia a la prioridad que
tienen las personas de escasos recursos frente a la protección de sus derechos
fundamentales. En aquella ocasión, sostuvo que en materia de igualdad el Estado
“ha de proteger especialmente a ‘los últimos de la fila’, que para el caso
de acceso a agua potable apta para el consumo humano, son las personas de bajos
recursos de las áreas rurales”. Corte Constitucional, sentencia T-418 de
2010, M.P, María Victoria Calle.
[161] Corte
Constitucional, sentencia T-100 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. En el mismo
sentido, la sentencia T-338 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[162] Corte
Constitucional, sentencia SU-1023 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[163] Corte
Constitucional, sentencia T-239 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
[164] Como expuso el
representante de la Alcaldía de Cartagena durante la inspección judicial
realizada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena (numeral
3.5.4. del acápite de antecedentes), el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, mediante la Resolución 1609 del 06 de junio de 2018, suspendió de
manera cautelar el giro de los recursos del SGP correspondientes a la
participación de agua potable y saneamiento básico del Distrito de Cartagena de
Indias –Bolívar.
[165] Corte
Constitucional, sentencia SU-1158 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[166] En efecto,
considerando que “la eficacia de las garantías individuales constituye un
principio fundante en el modelo de Estado social de derecho, y a su vez un
factor legitimante de las decisiones judiciales y del acceso a la justicia, la
Corte Constitucional se encuentra obligada a adoptar las medidas que sean
necesarias para impedir que tales garantías resulten del todo nugatorias y se
queden sin la respectiva protección judicial”. Corte Constitucional, Auto 010 de
2014, M.P. Rodrigo Escobar.
[167] Corte
Constitucional, Auto 192 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz.
[168] Así, la
jurisprudencia ha esquematizado los eventos en que ello procede, siendo algunos
de éstos: “i) cuando el juez de primera instancia ha ejercido su competencia en
el trámite incidental, pero persiste el incumplimiento, ii) cuando la autoridad
incumplida es una Alta Corte, iii) cuando se advierta un manifiesto
incumplimiento de las órdenes de tutela sin que los jueces competentes hayan
adoptado las medidas para hacer efectivas las órdenes, o cuando las referidas
medidas han sido insuficientes o ineficaces, iv) cuando se han emitido órdenes
complejas que requieren un permanente seguimiento temporal en el marco de un
estado de cosas inconstitucional, y v) cuando la propia sentencia ha
determinado que, por las particularidades del caso, y para hacer efectivas las
órdenes proferidas, es menester que la Corte Constitucional verifique el
cumplimiento de la sentencia”. Ibídem.
[169] Corte
Constitucional, sentencia T-086 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda.
[170] El contenido prestacional de los
derechos fundamentales implica para el Estado su realización inmediata o
progresiva, según sea el caso, independientemente de cualquier consideración
política, técnica o presupuestal.  Corte Constitucional, sentencias T-760 de
2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-235 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva y T-302 de 2017, M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
[171]  “El bloqueo
institucional es un escenario ocasionado por la incapacidad de respuesta
oportuna de las entidades estatales, donde se produce un menoscabo de los
derechos de todas las personas perjudicadas por amplios periodos de espera.” Corte Constitucional, Auto 110 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[172] La definición de
estos elementos se encuentra desarrollada en el párrafo 5.8.7 de la parte
motiva de la presente sentencia.
[173] En efecto, en el
párrafo 6.1.11. de la sentencia T-012 de 2019 se establece lo siguiente: “En
conclusión, la Sala evidencia que quienes interpusieron la acción de tutela no
son los únicos a quienes las entidades accionadas desconocieron sus derechos
fundamentales al agua potable y al saneamiento básico. En esa idéntica
situación se encuentran todos aquellos que habitan la comunidad de Bocachica en
Tierra Bomba y la vereda de Gualí en el municipio de Hatillo de Loba, por lo
que resulta necesario que los efectos de este fallo se extiendan a todas las
personas que cumplan con los siguientes presupuestos: (i) viven en la comunidad
de Bocachica en la isla de Tierra Bomba o en la vereda de Gualí en el municipio
de Hatillo de Loba; (ii) no cuentan con suministro suficiente y de calidad de
agua potable ni con acceso a unas instalaciones sanitarias adecuadas para
disponer higiénicamente sus residuos personales (orina y heces), y (iii) no
tienen recursos suficientes para adelantar soluciones definitivas a sus
problemáticas, por lo que también requieren la protección de sus derechos
fundamentales”.
[174] Esta regla
general ha sido reiterada por la Corte Constitucional en varios
pronunciamientos: Auto 193 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas; Auto 356 de 2010,
M.P. Humberto Sierra Porto y Auto 104 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos,  entre
muchos otros.
[175] Cote
Constitucional, sentencia C-113 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía.
[176] Corte Constitucional, Auto 049 de
2009, M.P. Mauricio González Cuervo. Reiterado en: Auto 025 de 2014, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; Auto 019 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz; Auto 104 de
2017, M.P. Alberto Rojas Ríos y Auto 103 de 2018, M.P, Cristina Pardo
Schlesinger.
[177] Corte
Constitucional, Auto 075A de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Citado en el
Auto 495 de 2018, M.P. Luis Guillermo Pérez.
[178] Corte
Constitucional, Auto 285 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto.
[179] En efecto, “en
razón a que la revisión de la Corte Constitucional es de naturaleza
discrecional, ésta puede eventualmente dejar de analizar algunos de los asuntos
planteados en la acción impetrada, de manera expresa o tácita”. Corte
Constitucional, Auto 019 de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz.
[180] Corte
constitucional, Auto
495 de 2018, M.P. Luis Guillermo Pérez.
[181] Corte
Constitucional, Auto 132 de 2012, M.P. Adriana María Guillén Arango. En el
mismo sentido, las sentencias SU-1158 de 2003,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-939 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[182] Corte Constitucional, sentencia
T-280 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís (E). En sentido similar las sentencias
T-153 de 2011 y T-568 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.