T-301-20
Sentencia T-301/20
Referencia: Expediente T-7.615.048
Acción de tutela presentada por Daniela Rodríguez
Acosta, en representación de su menor hija Suelen Michelle Freire Rodríguez,
contra la Registraduría Nacional del Estado Civil -Delegada Departamental del
Tolima-
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., diez (10)
de agosto de dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo
Rivera y los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares
Cantillo, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo dictado,
en instancia, por el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Ibagué -Tolima-, el 20 de junio de 2019, dentro de la acción
de tutela promovida por Daniela Rodríguez Acosta, en representación de su menor
hija Suelen Michelle Freire Rodríguez, contra la Registraduría Nacional del
Estado Civil -Delegada Departamental del Tolima-. El
expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por medio de Auto
del 18 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Diez
integrada por los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José
Lizarazo Ocampo.
I. ANTECEDENTES
La señora Daniela Rodríguez Acosta, en
representación de su hija Suelen Michelle Freire Rodríguez, presentó acción de
tutela en procura de la defensa de sus garantías fundamentales. Considera que
la Registraduría Nacional del Estado Civil -Delegada Departamental del Tolima- incurrió
en una conducta constitucionalmente inadmisible al no
inscribir el nacimiento de la menor, ocurrido en Ecuador, en el registro civil
colombiano pese a que por expreso mandato constitucional tiene derecho a ello.
Esta actuación, en su concepto, frustró la posibilidad de que se naturalizara
en el país e impidió consecuentemente que ejerciera a plenitud el conjunto de
prerrogativas básicas que se derivan del reconocimiento estatal a la
nacionalidad. La parte accionante fundamentó su solicitud de tutela en
los siguientes hechos[1]:
1. Hechos
1.1. La señora Daniela Rodríguez
Acosta es ciudadana colombiana y permaneció residenciada en Ecuador durante
aproximadamente 10 años; lugar al que se trasladó por razones personales[2]. En dicho
territorio nació su hija Suelen Michelle Freire Rodríguez, quien actualmente
cuenta con 6 años de edad[3].
Por motivos familiares se vio en la obligación de regresar a su país de origen,
particularmente a la ciudad de Ibagué, acompañada de su hija. Asentada en dicha
localidad y “con el fin de garantizarle a [la menor] su nacionalidad
en Colombia”[4]
se dirigió a la Registraduría Nacional del Estado Civil -Delegada Departamental
del Tolima-, donde le comunicaron que para efectuar la inscripción extemporánea
del nacimiento en el registro civil de extranjeros, hijos de padre o madre
colombianos, debía aportar la partida, acta o registro de nacimiento
debidamente apostillada. En caso de existir imposibilidad de presentar tal
documento, se le informó que era exigible la comparecencia personal del padre
que no estuviera presente para realizar el respectivo reconocimiento.
1.2. A pesar de haber allegado la partida
de nacimiento apostillada, la tutelante aseguró que la Entidad pública no
efectuó el trámite administrativo pretendido, pues le exigió la presencia del
padre de la menor, persona de nacionalidad ecuatoriana respecto de quien la
actora afirmó “no [tenía conocimiento alguno de su] paradero”[5], pues en su
estancia en el país vecino tuvo algunos inconvenientes con él que la llevaron
inclusive a desplazarse a una ciudad distinta a la que habitaba ordinariamente,
para “no exponer más [su] vida y la de [su] hija”[6]. Ante lo
ocurrido, estimó que la actuación de la Registraduría Delegada supuso una
negativa de plano a la satisfacción de sus pretensiones, pues no se
contemplaron alternativas que le permitieran lograr la inscripción extemporánea
del nacimiento de la menor extranjera en el registro civil colombiano, por
ejemplo, que dos testigos, en reemplazo del padre, dieran fe del nacimiento[7]. Además, en
su concepto, la decisión impartida genera obstáculos para que la menor acceda al
sistema de salud y de educación en el país, pues para ello resulta
indispensable aportar el registro civil colombiano.
1.3 Con fundamento en las circunstancias descritas e invocando el deber superior
de diligencia y cuidado, a cargo de las autoridades judiciales y
administrativas, “al momento de decidir”[8]
controversias que involucran las garantías básicas de sujetos de protección
prevalente, la señora Rodríguez Acosta presentó acción de tutela, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y de
los derechos a la nacionalidad, personalidad jurídica, dignidad humana y salud.
En consecuencia, pidió, como objeto material de protección, que la Entidad
accionada “en un término no mayor a 48 horas al fallo de la presente acción [expida]
el REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DE LA MENOR SUELEN MICHELLE FREIRE RODRÍGUEZ, y
que se [permita] subsanar la carencia con dos testigos, tal y como lo
permite el ordenamiento jurídico”[9].
2. Respuesta de la Entidad accionada
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción de
tutela por parte del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué -Tolima-, el
13 de junio de 2019, el Despacho ordenó notificar a la Entidad accionada para
que ejerciera el derecho de defensa y contradicción[10].
2.2. Mediante escrito del 14 de junio de
2019, los Registradores Especiales del Estado Civil de Ibagué -Tolima-
informaron que, por competencia, corrieron traslado de la acción de tutela a la
Oficina de Notificación de Tutelas de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, a fin de que se pronunciara sobre el asunto materia de controversia[11].
2.3. A través de escrito del 17 de junio
de 2019, la Registraduría Nacional del Estado Civil -Delegación Departamental
del Tolima- se pronunció sobre la solicitud de amparo[12]. Explicó
que para realizar la inscripción del nacimiento en el registro civil colombiano
de extranjeros, hijos de padre o madre nacionales, el documento antecedente
idóneo es el registro civil de nacimiento con el respectivo apostille del país
de origen, ya que “se trata de transcribir la información allí sentada, con
el fin de que la persona mantenga su identificación”[13]. Junto con
el registro civil de nacimiento apostillado, es requisito indispensable que al
menos uno de los padres del nacido en el exterior esté debidamente identificado
como colombiano[14],
tal y como se contempla en el artículo 96 superior y el Decreto 356 de 2017.
Acreditado lo anterior, se puede realizar la inscripción en el registro civil
acudiendo a cualquier oficina registral del territorio, a saber, registradurías,
notarias o consulados en el exterior. Para fundamentar esta postura hizo
referencia a la Circular Única Actualizada del 17 de mayo de 2019, cuyo artículo
3.12 prevé la inscripción en el territorio nacional de hijos de colombianos
nacidos en el exterior. La finalidad de estas exigencias legales, explicó,
“es que la persona que solicite la inscripción en el registro civil de
nacimiento colombiano, tenga el derecho a la nacionalidad por nacimiento, cumpliendo
el requisito esencial surgido desde la Constitución Política de Colombia: Ser
hijo de padre o madre colombiano”[15].
A partir de lo dicho, concluyó que la acción de tutela resultaba improcedente
dado que “la accionante para poder inscribir en el registro civil a su hija
menor, [debía] cumplir con los requisitos establecidos en la Ley antes
mencionados”[16].
2.4. Por medio de oficio del 18 de junio
de 2019, la Coordinación Jurídica de la Dirección Nacional de Registro Civil solicitó
negar por improcedente la protección constitucional, ante la
inexistencia de violación de derechos y la presencia de otros medios de defensa
para dirimir la controversia[17].
De manera preliminar, expuso el procedimiento a seguir cuando se pretende la
inscripción del nacimiento en el registro civil colombiano, conforme lo
señalado en los artículos 44[18],
45[19] y 50[20] del
Decreto Ley 1260 de 1970, el artículo 1 del Decreto 2188 de 2001[21] y el
artículo 31 del Decreto Ley 0019 de 2012[22].
Explicó que en el registro civil se pueden inscribir, entre otros, “los
nacimientos ocurridos en el extranjero, de personas hijas de padres o madres
colombianos”[23].
Para ello, es indispensable que se acredite el nacimiento con el acta, registro
o partida debidamente apostillada por la autoridad competente del país de
origen, siendo este el único requisito para que pueda ser presentado en el
territorio nacional[24].
No se requiere, por tanto, la autenticación en el respectivo Consulado de
Colombia ni la legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ello en
atención a que el Gobierno se adhirió a la Convención sobre la Abolición del
Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros, suscrita en La
Haya el 5 de octubre de 1961, la cual entró en vigor para Colombia a partir del
30 de enero del año 2001[25].
En consecuencia, a partir de esta fecha un documento público expedido en alguno
de los Estados parte de la referida Convención, como sucede en esta ocasión con
la República del Ecuador, debe simplemente apostillarse en el país extranjero
en el cual fue expedido[26].
Una vez se cuente con ello, la persona interesada puede acercarse a cualquier
consulado, oficina de registro o despacho notarial de la Nación para solicitar
la inscripción, aclarando que “los testigos para este caso no sirven como
documento antecedente para la inscripción de un nacido extranjero con padres
colombianos, basta solo con la presentación del acta de nacimiento del otro
país y la acreditación del padre como colombiano mediante la presentación de su
cédula de ciudadanía”[27].
Expuesto lo anterior, sostuvo que la
Registraduría Nacional no negó la inscripción del nacimiento de la menor Suelen
Michelle en el registro civil colombiano; simplemente advirtió a la tutelante que
debía “acudir a la Registraduría correspondiente e iniciar el proceso de
inscripción, el cual debe cumplir con unos estándares mínimos probatorios que
permitan inferir que los hechos denunciados corresponden a la realidad”[28]. Es decir,
la interesada tenía la carga de acreditar ante la autoridad competente algunas
exigencias mínimas de naturaleza legal cuyo cumplimiento permitían el inicio del
trámite administrativo pretendido[29].
No obstante lo anterior, la accionante, en lugar de agotar tal gestión, acudió
directamente al amparo desconociendo el carácter residual y subsidiario de esta
acción, en los términos de la jurisprudencia constitucional, y sin demostrar,
además, que el trámite administrativo exigible ante la Registraduría resultaba
inidóneo o ineficaz, a la luz de los intereses perseguidos, al punto que
procediera directamente la tutela para satisfacer adecuadamente su pretensión[30]. Aclaró
que de haberse registrado a la menor, mediante el agotamiento del procedimiento
previsto, aquella hubiera podido adquirir con posterioridad la nacionalidad
colombiana, elemento integrante del derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica, contemplado en diversos instrumentos internacionales
ratificados por Colombia[31]
y a nivel interno reconocido en el artículo 96 de la Carta Política[32]. En su
concepto, obedece a un presupuesto imprescindible para el ejercicio de la
ciudadanía y de todos los derechos y deberes que se derivan de la
naturalización de una persona en el territorio nacional[33].
3. Decisión que se revisa
En instancia el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Ibagué -Tolima-, mediante providencia del 20 de junio de 2019, negó
la protección constitucional. En su criterio, no existió actuación
administrativa arbitraria o caprichosa por parte de la Entidad accionada, pues esta
se limitó a informarle a la actora que, conforme a lo previsto en el artículo
96 de la Carta Política y la normativa regulatoria de los trámites registrales
-Decreto 356 de 2017- para efectos de lograr la inscripción del nacimiento en
el registro civil colombiano de una persona nacida en el extranjero, era
indispensable la acreditación de unas exigencias mínimas probatorias dentro de
las cuales se encontraba que, por lo menos, uno de los padres estuviera debidamente
identificado como nacional, en los términos de la Ley 43 de 1993. Así, no se
advertía “vulneración alguna por parte de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, sino más bien una carga que [tenían] que cumplir los
padres que [pretendían] nacionalizar [a] sus hijos nacidos en el
extranjero”[34].
4. Actuaciones surtidas en sede de
revisión
4.1. La Sala Segunda de Revisión, a efectos
de adoptar una decisión integral en el asunto de la referencia, por medio de Auto
del 15 de enero de 2020, requirió a la señora Daniela Rodríguez Acosta, a la
Registraduría Nacional del Estado Civil -Delegación Departamental del Tolima- y
a la Coordinación Jurídica de la Dirección Nacional de Registro Civil de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, a fin de que suministraran
información relacionada con (i) la iniciación de algún trámite administrativo
tendiente a lograr la inscripción extemporánea del nacimiento de la menor
Suelen Michelle Freire Rodríguez en el registro civil colombiano. En
particular, si existía alguna petición o requerimiento presentado con ese
propósito y en caso afirmativo debía aportarse el documento que demostrara lo
anterior; (ii) los requisitos legales vigentes para efectos de registrar en el
territorio nacional a una persona nacida en el exterior, hija de padre o madre
colombianos y (iii) la existencia de algún trámite en curso tendiente a lograr
la inscripción del nacimiento de la menor extranjera en el registro civil
colombiano. De ser así, debía indicarse su estado actual y aportar el documento
correspondiente que acreditara la circunstancia precedente. Mediante Auto del
28 de enero siguiente se insistió en el requerimiento formulado, toda vez que la
accionante no se pronunció sobre el mismo[35].
4.2. Mediante escrito del 22 de enero de
2020, la Delegación Departamental del Tolima -Registraduría Especial del Estado
Civil de Ibagué- brindó respuesta a la solicitud elevada por esta Corporación[36]. Indicó, frente al
primer interrogante, que la señora Daniela Rodríguez Acosta, por conducto de la
Defensora de Familia ICBF Zonal Jordán, Martha Mercedes Parra Rubio, presentó
solicitud de inscripción del nacimiento de la menor extranjera Suelen Michelle
Freire Rodríguez, a través del Oficio S-2019-193488-7301 recibido por la
Entidad el 5 de abril de 2019[37].
Mediante escrito No. 2336 del 11 de abril siguiente, la Delegada de la
Registraduría dio respuesta al requerimiento, en el cual, sin negársele la
pretensión, se le comunicó: “En atención al oficio de la referencia,
comedidamente solicitamos se presenten los padres con la documentación en
original y la menor, para poder asentar el registro en mención, por ser hijo de
colombiano nacido en el exterior; se devuelve (sic) las copias aportadas”[38]. En lo atinente a la
segunda cuestión planteada, explicó que para la inscripción de nacimientos
ocurridos en el exterior, concretamente en Venezuela[39], cuando alguno de los
padres del nacido es colombiano y a falta del requisito del apostille en el
registro de nacimiento extranjero es posible solicitar excepcionalmente la
inscripción mediante la presentación de dos testigos hábiles que prestarán declaración
juramentada en la que manifiesten haber presenciado, asistido o tenido noticia
directa y fidedigna del hecho; manifestaciones que se acompañaran del
respectivo documento sin apostillar. Con todo, aclaró que en estos eventos de
ausencia de apostille “para efectos del correspondiente registro, es
necesario la comparecencia personal tanto del padre como de la madre del menor
interesado”[40].
Frente a la última consulta realizada manifestó
que, tras surtirse las averiguaciones del caso, se encontró que “a la fecha no
existe trámite administrativo al respecto en esta oficina”[41].
4.3. El 23 de enero de 2020, la Coordinación Jurídica de la Dirección Nacional de Registro Civil se pronunció sobre el requerimiento judicial[42]. Frente a la primera
pregunta planteada advirtió que, revisado el Sistema de Información de
Correspondencia -SIC-, no se encontró petición alguna relacionada con la
inscripción de la menor Suelen Michelle Freire Rodríguez en el registro civil
colombiano, radicada por la señora Daniela Rodríguez Acosta. Aclaró, en este
punto, que la Entidad, en su nivel central[43],
“no lleva a cabo, autoriza u ordena inscripciones en el Registro Civil, pues
ello es competencia de las diferentes autoridades registrales [del país] (registradores,
notarios y cónsules)”[44].
En relación con el segundo cuestionamiento señaló que la Registraduría, en su
condición de Ente encargado del registro del estado civil de las personas a
través de los funcionarios registrales, inscribe en el registro civil
colombiano a quienes nacen en el territorio nacional y también a los hijos de
padre o madre colombianos nacidos en tierra extranjera. Frente a este último
supuesto, destacó que se contemplan tres exigencias: (i) que se aporte un documento
antecedente, en este caso, el acta o registro de nacimiento del país de
origen apostillado o legalizado y, si está en otro idioma, debidamente
traducido[45];
(ii) la declaración de quien puede fungir como denunciante del nacimiento de
acuerdo con la ley[46]
y (iii) la prueba de la nacionalidad colombiana de alguno de los padres del que
se va a inscribir, la cual se acredita a través de la cédula de ciudadanía, la
tarjeta de identidad o el registro civil de nacimiento[47].
Precisó que, acreditado lo anterior, “se
tendrá derecho a iniciar el trámite de inscripción”[48], sin que sea un
requisito esencial la comparecencia a la diligencia de inscripción de los
padres, basta con la presencia de quien sea el declarante, a menos que
tratándose de un hijo extramatrimonial vaya a ser reconocido como lo indica el
artículo 1 de la Ley 75 de 1968[49],
“en el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce”. Finalmente,
frente a la última pregunta realizada, informó que consultados los archivos del
Sistema de Información de Registro Civil -SIRC- y del Sistema de Información de
Correspondencia -SIC-, no se halló información relativa a una inscripción de
registro civil de nacimiento a nombre de Suelen Michelle Freire Rodríguez.
4.4. Por medio de informe del 12 de febrero
de 2020, la Delegación Departamental del Tolima -Registraduría Especial del
Estado Civil de Ibagué- intervino, una vez más, dentro del trámite de revisión[50]. Esta vez para advertir
que, el día 11 de febrero del año 2020, la Registraduría de Ibagué -Tolima-
expidió Registro Civil de Nacimiento a nombre de la menor Suelen Michelle
Freire Rodríguez, nacida el 11 de enero de 2014 en Guayas -Guayaquil-,
República del Ecuador, cuyos padres son Eric Jonathan Freire Martillo, de
nacionalidad ecuatoriana, y Daniela Rodríguez Acosta, de nacionalidad colombiana.
De su contenido se desprende que como declarante del hecho figuró la
progenitora de la niña, quien aportó como documento antecedente el registro
original de nacimiento extranjero apostillado No. 390-002040-79 AP. La copia
del documento obra en el proceso con indicación del Número Único de
Identificación Personal -NUIP- asignado en el territorio nacional.
4.5. La Delegada para los asuntos
constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo remitió concepto técnico
o amicus curiae al proceso de tutela[51].
Luego de referirse al trámite de inscripción extemporánea en el registro de hijos
de colombianos no nacidos en el territorio nacional y su importancia para el
reconocimiento a la nacionalidad, especialmente de los menores de edad, advirtió
que, en esta ocasión, las autoridades registrales tenían la obligación de
asegurar la inscripción del nacimiento de Suelen Michelle Freire Rodríguez en
el registro civil colombiano. Explicó que el orden vigente dispone, para estos
casos, el registro civil apostillado en la nación de origen, como prueba
prevalente del nacimiento y, residualmente, la declaración juramentada de, al
menos, dos testigos hábiles que den cuentan cierta del hecho[52]. En este asunto, agregó,
como quiera que obraba en el proceso el acta de inscripción del nacimiento
legalizada, más no apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana de la República del Ecuador, se habilitaba automáticamente el
remedio legal subsidiario para suplir estas ausencias, el dicho de testigos
respaldado con el documento antecedente legalizado, sin que fuera
exigible conocer los motivos que impidieron la presentación del medio probatorio
calificado pues lo que se debatía era la preservación del interés superior de
sujetos de protección prevalente[53].
iI. Consideraciones y
fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión
de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela
proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Cuestión previa: la
acción de tutela presentada por Daniela Rodríguez Acosta es procedente para
buscar la protección de los derechos fundamentales de su menor hija
En esta oportunidad, se
cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, esto es, legitimación
por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. A continuación, se analizarán
en detalle cada uno de los presupuestos mencionados, que sustentan dicha
conclusión.
2.1. En el presente asunto se cumple con el requisito de
legitimación para actuar
2.1.1. Legitimación por activa. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 86 Superior, toda persona tiene derecho a
interponer acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre[54].
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[55]
establece que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos”. Con base en las citadas
disposiciones, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que cualquier persona está legitimada para solicitar ante el juez el
restablecimiento de las garantías básicas que estima lesionadas, con independencia
de su nacionalidad[56].
En este sentido, un extranjero puede activar el mecanismo de amparo y procurar
la defensa de los derechos que, siendo predicables de toda persona, estima que se
encuentran en peligro[57],
dado que este instrumento de protección “no está sujeto al vínculo político que exista con el Estado
Colombiano, sino que se deriva del hecho de ser persona”[58].
La acción de tutela que se revisa
fue presentada por la señora Daniela Rodríguez Acosta, ciudadana colombiana, en
representación de su hija, Suelen Michelle Freire Rodríguez, de nacionalidad ecuatoriana,
invocando, entre otros, los derechos de la menor de 18 años a la nacionalidad
colombiana y a la personalidad jurídica, por lo cual se satisface este
requisito.
2.1.2. Legitimación por pasiva. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[59], “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u
omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar
cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”[60].
En esta
ocasión, la acción se dirige contra
la Registraduría Nacional del Estado Civil -Delegada Departamental
del Tolima-, Entidad pública que presuntamente vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante y que tendría
competencia para actuar, de constatarse dicha violación. En efecto, la
Registraduría Nacional del Estado Civil es un ente con autonomía administrativa
y presupuestal, organizada de manera desconcentrada[61], que tiene
a su cargo, entre otras funciones, llevar el registro civil y de identificación
de los colombianos[62].
Por lo expuesto, se cumple también esta condición de procedencia.
2.2. En el presente
asunto se cumple con el requisito de inmediatez y subsidiariedad de la acción
de tutela
2.2.1. Inmediatez.
La procedibilidad de la acción de tutela está igualmente supeditada al
cumplimiento del requisito de inmediatez. Este exige que el amparo sea
interpuesto de manera oportuna en relación con el acto que generó la presunta
vulneración de los derechos fundamentales[63]. Para
verificar el cumplimiento del principio de inmediatez, el juez debe constatar
si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza y la
interposición del amparo es razonable. De no serlo, debe analizar si existe una
razón válida que justifique la inactividad del accionante, pues es
inconstitucional pretender darle un término de caducidad a la acción, o
rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo[64].
En esta oportunidad, la solicitud de amparo que se revisa se invocó el 12 de junio de
2019, con el objeto de cuestionar la respuesta emitida el 11 de abril de 2019 por
la Delegación Departamental del Tolima -Registraduría Especial del Estado Civil
de Ibagué- (ver numeral 4.2. supra). En estos términos, el tiempo
transcurrido entre ambos momentos fue de 2 meses y 1 día, que se juzga
razonable y, por ende, se entiende superado el requisito formal de inmediatez.
2.2.2. Subsidiariedad.
En relación con el carácter residual y subsidiario
de la acción de tutela, la Constitución Política establece que su procedencia
está condicionada a que “el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial” (artículo 86 C.P.). Sin embargo, esta Corporación ha
señalado que no puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola
existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. El juez
constitucional debe analizar, en el marco de la situación fáctica particular,
si la acción judicial dispuesta por el ordenamiento jurídico es idónea y
eficaz en concreto para proteger los derechos fundamentales
comprometidos, más aún cuando se trata de sujetos de especial protección
constitucional. En el evento en el que no lo sea, o cuando lo sea pero de por
medio se evidencie la inminencia de un perjuicio irremediable, la acción de tutela
procederá para provocar un juicio sobre el fondo de manera definitiva o
transitoria, según el caso[65].
En
este evento, a la respuesta emitida por la autoridad demandada el 11 de abril
de 2019 puede dársele el alcance de un acto admistrativo que, por lo tanto,
puede ser cuestionado ante la misma Entidad, a través de los recursos en vía
administrativa y, luego, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
invocando la pretensión de nulidad y restablecimiento. Sin embargo, tales vías
no son idóneas y eficaces frente a la pretensión de la accionante, por dos
motivos.
Primero,
porque la respuesta ofrecida en el oficio mencionado
fue general y ambigua, esto es, la Entidad contestó sin tener en cuenta las
particularidades expuestas por la peticionaria y, por lo tanto, tampoco expuso las
razones concretas por las cuales la petición inicial era deficiente. El oficio,
además, parece significar que ni siquiera se abre formalmente un trámite y
tampoco indica si pueden interponerse recursos. En tales condiciones, el
ejercicio del derecho al debido proceso no es posible, al no presentarse
presupuestos mínimos de defensa.  Y, segundo, porque de la inscripción del
nacimiento en el registro civil de una menor de 18 años depende el ejercicio de
varios derechos fundamentales, que, por su urgencia, activan este mecanismo
judicial de protección[66].
3. Presentación del asunto objeto de revisión y solución razonable del
caso
3.1. Situación fáctica probada
3.1.1. El debate
constitucional que debe resolver la Sala parte de la reclamación que efectúa
una ciudadana colombiana en representación de los derechos fundamentales de su
hija, niña ecuatoriana de 6 años de edad. La tutelante, tras haber estado
residenciada por casi 10 años en Ecuador, decidió regresar a Colombia y asentar
su domicilio en la ciudad de Ibagué. Encontrándose en dicha localidad inició
gestiones para lograr que la menor Suelen Michelle adquiriera la nacionalidad
colombiana, mediante su inscripción extemporánea en el registro civil de
nacimiento. En concreto, el 5 de abril de 2019, por
conducto de la Defensora de Familia, presentó un requerimiento registral ante
los Registradores Especiales del Estado Civil de Ibagué. A partir de la
respuesta de la Entidad, la actora comprendió que para
la prosperidad del trámite administrativo era imperativa la presencia del
progenitor de la niña, respecto de quien no tenía noticia alguna de su
paradero. Tal imposición, en su concepto, era arbitraria pues se efectuó a
pesar de haber allegado el registro civil debidamente apostillado por las
autoridades competentes del país vecino, esto, es, el documento antecedente
idóneo de este hecho, y desconociendo abiertamente que el orden jurídico vigente
contempla la posibilidad de acreditar el nacimiento a través de otros medios de
prueba calificados[67].
En este sentido, la señora Rodríguez Acosta entendió que la Registraduría Delegada
le estaba imponiendo exigencias desproporcionadas, que conducían a la
frustración de las garantías básicas de un sujeto de protección prevalente. Así,
bajo tal convencimiento acudió al juez constitucional, esperando de su parte la
emisión de una medida afirmativa tendiente a reparar la violación
constitucional advertida.
3.1.2. En contraste, la
Entidad accionada resaltó que de su parte no había existido una conducta
restrictiva de garantías básicas. Expuso que mediante oficio del 11 de abril de 2019 se dio contestación a la solicitud formulada
por la actora y allí simplemente se le indicó que debían presentarse “los
padres con la documentación en original y la menor, para poder asentar el
registro en mención, por ser hijo de colombiano nacido en el exterior”[68]. Un entendimiento
objetivo de lo anterior, explicó, impedía razonablemente comprender que había
existido una negativa a la válida pretensión de la
accionante de lograr la inscripción del
nacimiento de su hija extranjera en el registro civil colombiano, pues
únicamente se le había comunicado que para la prosperidad de sus intereses
debía acudir a la registraduría correspondiente y activar el proceso de
inscripción, el cual se encontraba precedido del cumplimiento de unos
estándares mínimos probatorios legales “que [permitían] inferir que
los hechos denunciados [correspondían] a la realidad”[69]. Es decir,
desde su óptica, solo se le informó que a su cargo estaba la responsabilidad de
acatar las verificaciones de rigor previstas por el ordenamiento interno en
materia de registros de extranjeros, como fundamento determinante para activar y
dotar de veracidad el trámite administrativo.
Precisó que, en lugar de agotarse
debidamente tal gestión, la ciudadana peticionaria optó por acudir directamente
a la acción de amparo y, buscando un pronunciamiento más expedito, abusó de la
competencia del juez de tutela para que dirimiera, en forma principal, un
conflicto que, en su criterio, se había desatado, olvidando el carácter subsidiario
del amparo así como la idoneidad y eficacia del procedimiento instituido en
cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil para alcanzar la
materialización efectiva de sus pretensiones. Este convencimiento equivocado de
la situación por la tutelante impidió que su menor hija pudiera ser reconocida
como nacional colombiana, consecuencia lógica que se habría derivado del hecho
de haber impulsado debidamente el procedimiento previsto. Como ello no ocurrió,
mal podía hablarse de un actuar negligente o caprichoso por cuenta de la
Entidad, postura que acertadamente resultó avalada por parte de la autoridad
judicial que, en instancia, asumió el conocimiento del asunto.
3.1.3. En atención al material probatorio
allegado en sede de revisión, relacionado en precedencia (ver numeral 4 supra),
la Sala tuvo noticia de que la controversia descrita
y desencadenada entre los extremos de la solicitud de amparo llegó a su final. Esta
Corporación se enteró que el día 11 de febrero de la presente anualidad se
expidió el Registro Civil de Nacimiento de Suelen Michelle Freire Rodríguez, a
quien se le asignó el respectivo Número Único de Identificación Personal en el
territorio nacional. El advenimiento de este acontecimiento supone un panorama nuevo
y relevante para la resolución de la presente acción de tutela, en la medida en
que la pretensión subjetiva de amparo formulada por la parte accionante se
dirigió exclusiva y fundamentalmente a la protección del derecho a la
personalidad jurídica de la menor y, en tal dirección, a la expedición de dicho
documento público, el cual adquiere “una connotación de fundamental puesto
que implica la posibilidad de ejercer otros derechos del individuo dirigidos a
adquirir y ejercer garantías y responsabilidades inherentes a la pertenencia a
una comunidad política”[70].
Para la Sala, el contexto fáctico expuesto conduce objetivamente a la
configuración de una carencia actual de objeto por el surgimiento de un hecho
superado[71],
por lo que, a continuación, se hará referencia expresa a esta figura procesal y
a su estructuración en el caso concreto, no sin antes advertir que en esta
oportunidad, en atención a las particularidades descritas, resulta necesaria la
formulación de algunas consideraciones especiales relacionadas con la situación
que originó la presentación del reclamo.
3.2. La configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado en el caso concreto
3.2.1. El concepto general de hecho
superado y su estructuración presente en el asunto
En lo que aquí interesa, el hecho superado,
en el sentido obvio de las palabras que componen la expresión, se configura
dentro del contexto de la satisfacción plena de lo pedido en la acción de
amparo[72],
lo que implica, por consiguiente, que aquello que se pretendía lograr mediante
la intervención del juez se consiguió de manera independiente a las órdenes
proferidas en el marco de la misma acción de tutela[73]. La jurisprudencia constitucional ha entendido que, en
términos prácticos, esta modalidad de carencia actual de objeto ocurre cuando “la aspiración
primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha [por completo], ha
desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que
impartiera el juez caería en el vacío”[74]. Ello por
cuanto no habría riesgo que detener o
vulneración que cesar, de tal suerte que la decisión que pudiera adoptarse al
respecto resultaría inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección
previsto para el amparo constitucional[75]. La sustracción de materia puede presentarse durante o
después de la interposición de la acción de la tutela; y su “actualidad”
está mediada porque su acaecimiento sea necesariamente anterior a la decisión
judicial en firme que se profiera en el curso de esa solicitud de amparo, bien
sea de instancia o de revisión[76].
Como es apenas lógico, la superación del objeto debe atender a la
satisfacción integral y espontánea de los derechos fundamentales alegados como
vulnerados o amenazados en el escrito de tutela, a partir de una decisión
voluntaria y jurídicamente consciente del demandado[77].
De esta forma no es razonable contemplar la estructuración de esta figura
procesal en aquellos eventos en los que tal satisfacción ha sido producto del
cumplimiento de una orden dispuesta, por ejemplo, en la decisión de tutela que
se analiza por parte de esta Corporación, pues en ese caso de lo que se trata
no es de la superación o el acaecimiento del hecho vulnerador, sino de su
salvaguarda por parte del operador judicial que, en últimas, actuó en ejercicio
de la jurisdicción para resolver el conflicto constitucional integrado en la
petición de amparo, susceptible, por consiguiente, de valoración integral por
parte de la instancia posterior o en sede de revisión, según corresponda[78]. Dicho en otras palabras, para hablar
de sustracción de materia es necesario que la demandada
haya actuado o cesado en su accionar objeto de reproche por su decisión, es
decir, responsable, oportuna y voluntariamente[79].
Esto por cuanto el acatamiento de la Constitución y la ley es un deber
inmediato, ineludible e universal para todos los residentes del territorio
nacional, conforme se desprende del artículo 4 Constitucional[80].
Ahora bien, esta Corporación ha sostenido
que ante un escenario de superación del objeto no es imperioso realizar un análisis sobre
la vulneración de los derechos fundamentales invocados[81]. Sin embargo, ello no obsta para que de
manera excepcional y siempre que el asunto en cuestión lo amerite (por ejemplo
por la necesidad de adelantar un ejercicio de pedagogía, y en virtud de la
potestad de revisión que ejerce este Tribunal de manera eventual, en su
calidad de autoridad suprema de la jurisdicción constitucional e intérprete
autorizada de la Constitución Política)[82], se decida emitir algún
pronunciamiento judicial de fondo relacionado con el contenido y alcance de los
preceptos jurídicos que enmarcan la protección de las garantías iusfundamentales
invocadas en la petición de amparo (dimensión objetiva de los derechos
constitucionales)[83]. De ser necesario, dicho análisis
puede comprender, dependiendo de las circunstancias de los asuntos puestos a
consideración, observaciones complementarias sobre los hechos que dieron lugar
a la interposición de la tutela, bien sea para condenar lo ocurrido, llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la acción u omisión
desplegada, advertirle a la parte accionada sobre la inconveniencia de la
repetición, so pena de la imposición de las sanciones correspondientes o para corregir
las decisiones judiciales de instancia[84]. Con todo, “lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la
providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes
del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[85].
En esta oportunidad, a la luz de las consideraciones
descritas, la Sala encuentra que se ha producido una variación sustancial en los hechos de la petición de tutela,
de tal forma que ha desaparecido el objeto jurídico principal del litigio[86].
Está probado que durante el desarrollo de la acción constitucional y con
anterioridad a la adopción del fallo en revisión, el requerimiento principal
formulado por el extremo activo de la solicitud de amparo se satisfizo plena y
efectivamente y, por lo tanto, se alcanzó, por esta vía, la defensa integral de
las garantías constitucionales involucradas. Lo anterior a partir de una
actuación consciente y voluntaria del demandado, en este caso de la
Registraduría Especial del Estado Civil de Ibagué quien decidió autorizar la
inscripción del nacimiento de la menor extranjera Suelen Michelle Freire
Rodríguez en el registro civil colombiano (ver 4.4. supra); conducta que,
demostró, no fue consecuencia de ninguna orden impartida en la instancia de la
tutela que se revisa. Así las cosas, en la actualidad, aquello que se pretendía
lograr mediante la intervención del juez de tutela fue resuelto favorablemente
o halló respuesta definitiva antes de que se emitiera orden alguna, por lo que
es dable concluir que no persiste ningún riesgo o peligro sobre las garantías
básicas invocadas que deba detenerse o mitigarse en esta etapa judicial.
Ante un contexto como el descrito surge como
consecuencia razonable la revocatoria del fallo de instancia, que negó la
protección invocada, y la subsiguiente declaratoria de carencia actual de
objeto por el surgimiento de un hecho superado. Con todo, la Sala destaca que pese,
a la presencia de un escenario ya resuelto porque los motivos originales que
impulsaron el reproche cesaron, en esta ocasión, existe la necesidad
excepcional o, más bien, una razón constitucionalmente relevante para
pronunciarse sobre los preceptos involucrados y, en ese sentido, formular observaciones especiales sobre la materia.
3.2.2. La facultad de pronunciamiento
del juez de tutela ante la configuración de un hecho superado
3.2.2.1. Las circunstancias fácticas que
originan la emisión de un pronunciamiento adicional
Como se explicó con anterioridad, la carencia
actual de objeto conduce a que la acción de amparo pierda su “razón de ser”[87] como mecanismo de
protección judicial. Sin embargo, es posible que, en casos específicos, el asunto
amerite un pronunciamiento adicional por parte del juez de tutela, no para
resolver el objeto del amparo -el cual desapareció por sustracción de materia-,
pero sí por otras razones que superan el caso concreto; por ejemplo, para
avanzar en la comprensión o alcance de un derecho fundamental, o para prevenir
que una nueva violación se produzca en el futuro mediante la adopción de medidas
afirmativas[88].
Es posible entonces que, dadas las particularidades de un proceso, el juez intervenga
y efectué consideraciones complementarias, a pesar de la declaratoria de
carencia de objeto. Dicho en otras palabras, de cara a la Constitución
Política, ante un escenario de configuración de sustracción de materia por la presencia
de un hecho superado el juez constitucional tiene la facultad de decidir si
realiza o no declaraciones judiciales de fondo relacionadas con la materia,
destacándose la relevancia de su intervención y la necesidad de la misma cuando
deba efectuar precisiones importantes para la mejor garantía de los derechos
fundamentales comprometidos en el asunto objeto de estudio, por ejemplo, cuando
los titulares de estos presupuestos básicos tutelables son menores de edad.
En esta oportunidad, la Sala recuerda que
la señora Daniela Rodríguez Acosta, actuando por conducto de la Defensoría de
Familia, acudió ante la autoridad registral competente para solicitar la
inscripción del nacimiento de su menor hija, Suelen Michelle Freire Rodríguez,
en el registro civil nacional. El funcionario estatal que asumió el
conocimiento del requerimiento emitió un pronunciamiento, por medio del cual
ordenó la devolución de los documentos aportados con la solicitud de registro, al
tiempo que dispuso que, por tratarse de un asunto que involucraba los derechos
de una persona nacida en el exterior, hija de colombiana, resultaba necesario
que se presentaran “los padres con la documentación en original y la menor,
para poder asentar el registro en mención”[89],
mediante el respectivo procedimiento instituido para el efecto.
Desde la percepción de la actora, los
argumentos esgrimidos en la respuesta brindada no reflejaron ningún valor
jurídico constitucional y generaron en ella el convencimiento cierto de que se
había producido un rechazo de plano a sus legítimas pretensiones, sustentado en
la exigencia de cargas irrazonables, como lo es la comparecencia de ambos
progenitores a la diligencia administrativa, o, lo que es más, una dilación
injustificada de sus aspiraciones, por lo que era razonable la iniciación de
una acción judicial en defensa de los intereses de un sujeto de protección
prevalente, menor de edad, expuestos a un escenario de incertidumbre. Por su
parte, la Delegación Departamental del Tolima -Registraduría Especial del
Estado Civil de Ibagué- comprendió que la actuación desplegada no podía
calificarse ni interpretarse de inadmisible, en términos de protección de
intereses fundamentales, pues justamente, en garantía de los postulados en
tensión, resultaba imprescindible imprimirle al trámite rigurosidad y veracidad
para lo cual la persona interesada estaba en la obligación de atender y agotar determinadas
formalidades de ley o verificaciones propias de un procedimiento de esta
naturaleza. En particular, argumentó que “el marco
de protección [en estos asuntos era] amplio
y de carácter fundamental al tratarse de un elemento inherente a la dignidad
humana. No obstante [su iniciación] no [operaba] per se, la carga
mínima legal que [debía] acreditar el solicitante [era] el
fundamento probatorio que [daba] inicio al trámite administrativo. De
allí [la] existencia del criterio de duda razonable en su valoración”[90].
3.2.2.2. El procedimiento de inscripción de nacimientos en
el registro civil colombiano
El trámite administrativo requerido para satisfacer la
pretensión de la tutelante se encuentra expresamente regulado por el ordenamiento
interno. Por regla general, en el registro civil deben
inscribirse los nacimientos que tengan lugar en el territorio nacional y aquellos
“que ocurran en el extranjero, de personas hijas de
padre o madre colombianos de nacimiento o por adopción”[91]. Tal actuación debe
realizarse ante el correspondiente funcionario encargado de llevar el registro
del estado civil, dentro del mes siguiente a su ocurrencia[92]. Con todo, el orden jurídico habilita un trámite excepcional
de inscripción extemporánea del nacimiento en el
registro civil cuando no sea posible
efectuar tal gestión dentro de la oportunidad prevista. Con ese propósito se
contempla un procedimiento especial que inicia con la
presentación de una solicitud ante el funcionario registral de cualquier
oficina del territorio nacional o en los consulados de Colombia en el exterior[93]. Están facultados para presentar tal solicitud y denunciar los
nacimientos: (i) los padres; (ii) los demás ascendientes; (iii) los parientes
mayores más próximos; (iv) el director o administrador del establecimiento
público o privado en que haya ocurrido el nacimiento; (v) la persona que haya
recogido al recién nacido abandonado; (vi) el director o administrador del
establecimiento que se haya hecho cargo del recién nacido expósito y (vii) el
propio interesado mayor de dieciocho años[94]. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 1098
de 2006[95], también están legitimadas las Defensorías de Familia, las Comisarías
de Familia, cuando en el lugar no haya Defensor de Familia, o los Inspectores
de Policía, cuando no se cuente con Defensor de Familia ni Comisario de Familia,
siempre y cuando se trate de menores de edad y se den las condiciones señaladas
en el numeral 19 del artículo 82[96] de la Ley 1098 de 2006[97].
Presentada la respectiva petición de
inscripción, por alguno de los sujetos con legitimidad para ello, se inicia formalmente
una fase de verificación de la información allí contenida que busca confirmar,
fundamentalmente, “que los hechos corresponden a la realidad, para lo cual, [se
podrán] decretar de oficio las pruebas pertinentes y conducentes”[98]. De entrada, al recepcionar la solicitud, este propósito de
imparcialidad, responsabilidad y transparencia puede asegurarse requiriendo la inmediata
presencia del solicitante para tomarle las
impresiones de las huellas plantares o dactilares[99]. La autoridad registral
tiene, simultáneamente, la carga de constatar que el requerimiento se encuentre
acompañado de los siguientes documentos antecedentes: (1) declaración
juramentada que para el efecto aporte el solicitante, o su representante legal
si aquel fuere menor de edad, en la que manifieste que el nacimiento no se ha
inscrito con antelación ante autoridad competente[100] y (2) medios de prueba que acrediten debidamente el hecho del
nacimiento, concretamente: (i) documentos auténticos; (ii) certificados de
nacido vivo, expedidos por el médico, enfermera o partera; o (iii) copia de las
actas de las partidas parroquiales, respecto de aquellos bautizados en el seno
de la Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso
correspondientes a personas de otros credos[101]. En el supuesto de personas nacidas en el exterior debe comprobarse,
primero, que al menos uno de los padres del
interesado se encuentra debidamente identificado como nacional colombiano[102] y, segundo, la presentación del
registro civil de nacimiento expedido en su país de origen debidamente
apostillado y traducido[103]. Esta última exigencia legal se instituyó con la finalidad de evitar
el despliegue de actuaciones fraudulentas en la obtención del registro civil y situaciones
de múltiple identificación en el territorio[104].
Cuando no sea
posible acreditar el nacimiento con los documentos anteriormente referidos, el solicitante
habilitado, o su representante legal si aquel fuese menor de edad, debe
presentar ante el funcionario encargado del registro civil una solicitud por
escrito en donde relacione: (i) nombre completo; (ii) documento de identidad si
lo tuviere; (iii) fecha y lugar de nacimiento; (iv) lugar de residencia; (v) hechos
que fundamenten la extemporaneidad del registro, y (vi) demás información que
se considere pertinente. Para darle el trámite debido a esta solicitud de
inscripción, la persona interesada debe, además, acudir personalmente a la
oficina correspondiente con, al menos, dos testigos hábiles, quienes prestarán
declaración bajo juramento mediante la cual manifiesten haber presenciado,
asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento que se pretende
inscribir[105]. En este escenario, deberán identificarse plenamente y expresarán,
entre otros datos, su lugar de residencia, domicilio, teléfono y correo
electrónico, si lo tuvieren. Igualmente deberán presentar el documento de
identidad en original y copia, y se les tomarán las impresiones dactilares de
manera clara y legible, en el formato de declaración juramentada diseñado por
la Registraduría Nacional del Estado Civil[106]. La autoridad registral interrogará personal e individualmente al
solicitante y a los testigos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar
del nacimiento por inscribir y demás aspectos que, a su juicio, permitan
establecer la veracidad de los hechos conforme a las reglas del Código General
del Proceso o las normas que lo sustituyan, adicionen o complementen[107]. Lo anterior, bajo la premisa de que la diligencia de inscripción
debe adelantarse, por regla general, con la presencia activa de los
involucrados.
Dentro de este trámite de inscripción, el
funcionario encargado del registro civil, tras constatar que la petición se
encuentra respaldada por los documentos de rigor, “podrá [continuar
tomando] las medidas e impartir las instrucciones que considere necesarias”[108] para arribar a la certeza absoluta de los hechos denunciados. Así, por
ejemplo, cuando quiera que el solicitante de la inscripción extemporánea sea
mayor de 7 años, con el fin de comprobar la veracidad de lo manifestado en la
solicitud, acompañada de sus anexos, y cuando no pueda efectuar la consulta en
línea deberá (i) remitir a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
la información aportada por el requirente, a fin de que la Entidad realice las
verificaciones del caso para determinar si la persona es extranjera o no y (ii)
enviar a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional del Estado Civil
las impresiones dactilares de quien se pretende inscribir, para verificar si el
solicitante ya tiene cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad expedida con
anterioridad y si utilizó para ello, como documento base, registro civil de
nacimiento[109]. Las entidades en mención tienen el deber de dar respuesta al
funcionario encargado del registro civil dentro de los términos establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[110]. Agotadas las fases de averiguación y reconocimiento pertinentes, el
funcionario procederá a determinar con carácter definitivo si la información dada
por el solicitante puede calificarse de veraz en su integridad, en cuyo caso
afirmativo deberá proceder a elaborar y autorizar la inscripción del registro
civil de nacimiento[111]. Deberá negarla cuando verificada la información con las autoridades
competentes constate que (i) la misma “no corresponde a la realidad”[112] o (ii) corrobore que el solicitante ya tiene cédula de ciudadanía o
tarjeta de identidad, para lo cual previamente utilizó registro civil de
nacimiento[113].
3.2.2.3. La rigurosidad y claridad que
caracteriza el trámite administrativo descrito
Para la Sala el procedimiento de
inscripción del nacimiento en el registro civil colombiano contribuye a la realización
de principios y valores constitucionalmente imperiosos[114]; se constituye en un instrumento, en “[l]a forma idónea de asegurar que en efecto la persona
sea alguien ante el Estado y de garantizar que pueda ejercer
efectivamente sus derechos”[115], fundamentalmente el
reconocimiento estatal a la personalidad jurídica[116]. Esta garantía asegura la interacción del ser humano en el tráfico jurídico; en concreto, permite
que se valide su existencia legal dentro del mismo, se visibilice la esencia de
su individualidad a través de determinados atributos que son inseparables e
inherentes y, en últimas, se determine su aptitud para ser titular de todas las
posiciones jurídicas relacionadas con sus actividades e intereses en sociedad,
logrando, por esta vía, el acceso “a los bienes y servicios del Estado”[117].
Con todo, estas finalidades solo son materializables
en la medida en que tal procedimiento se encuentre dotado de rigurosidad y
certeza; aspiración que persigue que los hechos y actos denunciados realmente correspondan a la
persona que pretende inscribirlos, de suerte que el ejercicio de los derechos
en juego esté asignado exclusivamente a su verdadero titular. Este propósito
ineludible de la Registraduría, de blindar sus decisiones para que atiendan a
la realidad o, en el mismo sentido, la necesidad de atender su deber de arribar
a la verdad para “garantizar la correcta prestación de los servicios de registro civil de
las personas”[118],
supone la existencia de facultades probatorias a su cargo, que naturalmente
llevan consigo el sometimiento de los interesados a un trámite legal provisto
de ciertas formalidades. En concreto, como se explicó en precedencia (ver
2.2.2.2 supra), este procedimiento administrativo plantea exigencias
específicas que responden, de un lado, a la calidad del solicitante y, del
otro, al contenido de la solicitud misma. En vista de lo anterior, existen
requerimientos que, por una parte, solo son demandables frente a ciertos tipos
de solicitantes y, que de la otra, únicamente son aplicables ante al
advenimiento de circunstancias específicas. En últimas, lo que plantea la norma
es que no todos los requisitos de ley instituidos para dotar de veracidad el
proceso resultan aplicables a todas las solicitudes de inscripción del
nacimiento.
Entendiendo
lo anterior, las exigencias que se impongan en trámites de esta naturaleza
deben perseguir propósitos concretos, expresos, objetivos e identificables para
quien activa el procedimiento de registro. Es decir, su imposición debe generar
certeza y claridad en el solicitante. Esto supone, en términos prácticos, que
los pronunciamientos que emita la Registraduría frente a solicitudes de
inscripción del nacimiento deben ser precisos e individualizados y, especialmente,
en ellos debe brindarse una respuesta adecuada atendiendo el sentido concreto y
particular de las peticiones formuladas, de suerte que la persona pueda
comprender ampliamente por qué en su situación específica es razonable y
justificable el cumplimiento o la aplicación de determinado requerimiento
probatorio y no de otro, o por qué es necesaria u obligatoria cierta exigencia,
a luz de sus consideraciones específicas. En esa línea de acción, el interesado
tendrá claridad sobre los motivos que llevan a la Registraduría a exigir de su
parte el agotamiento de ciertas formalidades, que en consideración expresa de
su situación particular resultan indispensables para dotar de veracidad el trámite
y, de paso, para lograr la prosperidad de la pretensión planteada.
En
estos términos, la Sala encuentra que es necesario, a luz de los fines
perseguidos, que el procedimiento se estructure sobre presupuestos de agilidad,
transparencia, accesibilidad y claridad, esto es, “en tiempo real y en beneficio de los
usuarios”[119],
pues de otra manera no podría asegurarse el auténtico y verdadero ejercicio de los
intereses en cuestión por parte de quien está facultado para ello. En este
marco de acción, se reitera, los funcionarios registrales tienen un deber
superior de diligencia, que se traduce en informar, orientar, asesorar, guiar y
apoyar debida y oportunamente a quien acude al Estado para establecer “una relación de fidelidad y protección mutuas, y un
conjunto de derechos y obligaciones”[120],
evitando que sus actuaciones o pronunciamientos representen obstáculos,
barreras o impedimentos para que las personas no logren su debida
identificación en el territorio.
La Sala estima que, en esta oportunidad, la Registraduría Especial
del Estado Civil de Ibagué no observó con mayor atención los mandatos de
decisión referenciados. De acuerdo con la información presente en el proceso, cuando
se requirió la inscripción del nacimiento de Suelen Michelle Freire Rodríguez, por
conducto de la Defensoría de Familia, la Entidad se limitó a emitir un
pronunciamiento que, por demás, resultó generalizado, ambiguo y confuso en la
medida en que del mismo no fue posible comprender con precisión y contundencia
el alcance de la respuesta brindada. En particular, de su contenido no resultó
fácilmente entendible cuál era el propósito central contenido en la respuesta,
a luz de los fines constitucionales perseguidos con la realización de estos
trámites. Por ejemplo, del escrito de contestación no era objetivamente
identificable si la Registraduría tan solo estaba poniendo en conocimiento de
la parte solicitante el trámite general que regula la materia, sin preverse en
concreto el agotamiento de cierto requerimiento probatorio o si, por el
contrario, lo que involucraba la respuesta era que para efectos de definir adecuadamente
la situación registral de una persona extranjera en el territorio nacional y
sin desestimarse la competencia de la Defensoría de Familia resultaba razonable
que comparecieran los padres de la menor, junto con la documentación en
original y que tal exigencia resultaba fundamental para probar, entre otros
aspectos, la verdadera identificación y la nacionalidad de los progenitores y la
de la niña, así como la autenticidad de los documentos que respaldaban la
petición de registro extemporáneo. Tampoco, pudo derivarse con precisión de la
respuesta si lo que sucedía, en últimas, era que ante la falta de documentos
esenciales aportados con el requerimiento de inscripción la presencia de los
padres resultaba necesaria para avalar y apoyar probatoriamente la petición impetrada.
Este escenario de incertidumbre fue originado, como se observa,
por la falta de claridad de la Registraduría Especial en el acercamiento que
tuvo con la señora Rodríguez Acosta, principalmente porque, sin negarle formalmente
el requerimiento solicitado devolvió los documentos y no explicó los motivos. Se
abstuvo de esclarecer el sentido concreto de su pronunciamiento, las razones de
las determinaciones, a la luz de las circunstancias específicas; precisión y
concisión en las declaraciones que, por demás, resultaba esperable o, al menos,
razonablemente predicable por encontrarse la Entidad frente al requerimiento de
una ciudadana proveniente de otro país, en compañía de su hija ecuatoriana, abocada,
inclusive, a intervenir ante las autoridades nacionales a través de la Defensora de Familia del ICBF, a fin de activar correctamente
un trámite de registro civil e identificación. Bajo estos términos, dicha respuesta generó en la solicitante la
percepción de que su pretensión de inscripción había sido objeto de rechazo y
que la Entidad pública se estaba rehusando, sin más, a garantizar los derechos
fundamentales de una menor de edad, sujeto de especial protección. Esta
interpretación, que fue rebatida por la Registraduría en este proceso, sin
embargo, parecía sugerirse cuando, se reitera, en la contestación el Ente
estatal devolvió la documentación aportada. Para la Sala es claro que de haberse
asumido una actitud o un curso de acción diferente al advertido por el Ente
demandado, seguramente la peticionaria no hubiera acudido a la administración
de justicia en procura de una intervención inmediata del juez de tutela,
dejando de lado la competencia prevalente e idónea de la Registraduría para la
satisfacción de su aspiración.
Ante un contexto de ambigüedad como el expuesto, resulta
indispensable llamar la atención de la Registraduría Nacional del Estado Civil
y de sus dependencias para que, en adelante, todas las actuaciones relacionadas
con el trámite de inscripción de nacimientos en el registro civil sean desplegadas
con apego a los criterios de claridad y congruencia, a fin de que los
ciudadanos interesados conozcan a plenitud el conjunto de deberes y derechos
que se derivan de procedimientos de esta naturaleza. De un lado, el deber de
someterse con responsabilidad a las verificaciones de ley que impongan las
autoridades competentes, las cuales deben ser expresas a la luz de las
circunstancias específicas de cada caso e identificables para los interesados,
de suerte que comprendan el propósito de veracidad que persigue el proceso administrativo
y, del otro, la prerrogativa de toda persona a que el Estado reconozca y
respete su identidad y filiación propia. Los funcionarios registrales deben
adelantar su actuación, a la luz de la Carta Política, conscientes de que
detrás de un trámite como el expuesto se encuentra la consolidación de valores
constitucionales esenciales y el reconocimiento de atributos propios de la
persona humana, tales como el estado civil y la nacionalidad. El primero,
entendido como “un
conjunto de situaciones jurídicas en las cuales necesariamente debe encontrarse
todo ser humano, pues relacionan a cada persona con su familia, la sociedad a
la que pertenece y con ciertos hechos fundamentales de la personalidad”[121] y, la segunda, como
el vínculo político-jurídico que une a un
individuo con un Estado y que adquiere naturaleza prevalente cuando quien
pretende naturalizarse es un niño, niña o adolescente[122]. Por expreso mandato constitucional, frente a esta población en
particular, las autoridades de la República, armónicamente con la familia y la
sociedad, tienen una responsabilidad reforzada de cuidado y asistencia
encaminada a privilegiar
el ejercicio eficaz de esta garantía básica[123].
Su desatención puede conducir, en ocasiones, a que se desconozca el interés superior del menor[124], se obstaculice
el ingreso efectivo al tráfico jurídico de un grupo de protección
singular y se frustre el acceso “a los servicios de salud y de educación,
que a su vez hacen parte del núcleo de otros derechos fundamentales”[125].
III. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
La Sala Segunda de Revisión constató que,
en la acción de tutela instaurada por Daniela Rodríguez Acosta, en
representación de su menor hija, primero, se acreditaron los presupuestos
generales de procedencia de la solicitud de amparo y, segundo, se configuró una
carencia actual de objeto por la existencia de un hecho superado. Ello
por cuanto se encontró que durante el transcurso del trámite constitucional la
causa material que dio origen a la presentación del mecanismo desapareció, esto
es, que la aspiración primordial de protección de los derechos alegados,
materializada en la expedición del registro civil de nacimiento de Suelen
Michelle Freire Rodríguez, fue satisfecha plena e integralmente como
consecuencia de una actuación consciente y voluntaria de la Delegación
Departamental del Tolima -Registraduría Especial del Estado Civil de Ibagué-. Con
todo, en atención a las particularidades del asunto, fue preciso emitir un
pronunciamiento adicional, en tanto facultad del juez constitucional, indispensable,
en esta ocasión, para avanzar en la comprensión de garantías fundamentales bajo
la titularidad de sujetos de protección prevalente.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de instancia proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ibagué -Tolima-, el 20 de
junio de 2019, que negó el amparo invocado por la
señora Daniela Rodríguez Acosta, en representación de su hija Suelen Michelle
Freire Rodríguez. En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por
hecho superado, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo.- INSTAR a la Registraduría
Nacional del Estado Civil y a sus dependencias para que, en adelante, todas las
actuaciones relacionadas con el trámite de inscripción de nacimientos en el
registro civil sean desplegadas con apego a los criterios de claridad y
congruencia, a fin de que los ciudadanos interesados conozcan a plenitud el
conjunto de deberes y derechos que se derivan de procedimientos de esta
naturaleza. De un lado, el deber de someterse con responsabilidad a las
verificaciones de ley que impongan las autoridades competentes, las cuales
deben ser expresas a la luz de las circunstancias específicas de cada caso e
identificables para los interesados, de suerte que comprendan el propósito de
veracidad que persigue el proceso administrativo y, del otro, la prerrogativa
de toda persona a que el Estado reconozca y respete su identidad y filiación
propia. Los funcionarios registrales deben adelantar su actuación, a la luz de
la Carta Política, conscientes de que detrás de estos trámites se encuentra la
consolidación de valores constitucionales esenciales y el reconocimiento de
atributos propios de la persona humana, tales como el estado civil y la
nacionalidad.
Tercero.- LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte
Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes- a
través del juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] La exposición de los hechos corresponde
exclusivamente a la narración que de ellos realizó la parte accionante.
[2] En el expediente reposa copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Daniela Rodríguez Acosta donde consta que nació en
la ciudad de Ibagué -Tolima-, el 21 de octubre de 1997, y se advierte, por
consiguiente, que es de nacionalidad colombiana (folio 9). En adelante, siempre que se haga
mención a un folio del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno
principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[3] Obra en el proceso Acta de Inscripción de
Nacimiento, Registro Original No. 390-002040-79 correspondiente a Suelen
Michelle Freire Rodríguez, expedida el 29 de enero de 2014 y legalizada el 7 de
noviembre de 2018. Consta que nació en Ecuador, provincia de Guayas, cantón
Guayaquil, el 11 de enero de 2014, cuyos padres son Eric Jonathan Freire
Martillo de nacionalidad ecuatoriana y Daniela Rodríguez Acosta de nacionalidad
colombiana. El documento fue expedido por la Dirección General de Registro
Civil, Identificación y Cedulación de la República del Ecuador (folio 8).
También obra la Cédula de Ciudadanía No. 095795310-2 de la menor donde se
confirman los datos anteriores y se reitera su nacionalidad ecuatoriana (folios
8 y 9).
[4] Folio 2.
[5] Folio 2.
[6] Folio 3.
[7] Lo anterior, en los términos
del artículo 1 del Decreto 356 de 2017, “Por el cual se modifica la Sección
3 del Capítulo 12 del Título 6 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” de
acuerdo con el cual: “(…)5. En caso de no poder acreditarse el nacimiento
con los documentos anteriores, el solicitante, o su representante legal si
aquel fuese menor de edad, debe presentar ante el funcionario encargado del
registro civil una solicitud por escrito en donde relacione nombre completo,
documento de identidad si lo tuviere, fecha y lugar de nacimiento, lugar de
residencia, hechos que fundamenten la extemporaneidad del registro, y demás
información que se considere pertinente. En cumplimiento de lo establecido en
el artículo 50 del Decreto-ley 1260 de 1970, modificado por el artículo [1]
del Decreto 999 de 1988, al momento de recibir la solicitud, el solicitante
deberá acudir con al menos dos (2) testigos hábiles quienes prestarán
declaración bajo juramento mediante la cual manifiesten haber presenciado,
asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento del solicitante.
Los testigos deberán identificarse plenamente y expresarán, entre otros datos,
su lugar de residencia, su domicilio y teléfono y correo electrónico si lo
tuvieren. Igualmente deberán presentar el documento de identidad en original y
copia, y se les tomarán las impresiones dactilares de manera clara y legible,
en el formato de declaración juramentada diseñado por la Registraduría Nacional
del Estado Civil. El funcionario encargado del registro civil interrogará
personal e individualmente al solicitante y a los testigos sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento y demás aspectos que, a
su juicio, permitan establecer la veracidad de los hechos conforme a las reglas
del Código General del Proceso o las normas que lo sustituyan, adicionen o
complementen. De igual forma, diligenciará el formato de declaración
juramentada establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil para tal
fin”.
[8] Sentencia T-075 de 2013. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[9] Folio 6.
[10] Folios 10 al 12.
[11] Folio 13.
[12] Folios 14 y 15.
[13] Folio 14.
[14] La nacionalidad colombiana del progenitor
debe probarse a la luz de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 43 de 1993,
“Por medio de la
cual se establecen las normas relativas a la adquisición, renuncia, pérdida, y
recuperación de la nacionalidad colombiana; se desarrolla el numeral séptimo
del artículo 40 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”,
de acuerdo con el
cual: “Para
todos los efectos legales se considerarán como pruebas de la nacionalidad
colombiana, la cédula de ciudadanía para los mayores de dieciocho (18) años, la
tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14) años y menores de
dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para los menores de
catorce (14) años, expedidos bajo la organización y dirección de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio
cuando sea el caso”.
[15] Folio 14.
[16] Folio 15.
[17] Folios 16 al 20.
[18] Artículo 44 del Decreto Ley
1260 de 1970, “Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil
de las Personas”: “En el registro de nacimientos se inscribirán: 1.
Los nacimientos que ocurran en el territorio nacional. 2. los nacimientos
ocurridos en el extranjero, de personas hijas de padre y madre
colombianos. 3. Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de personas
hijas de padre o madre colombianos de nacimiento o por adopción, o de
extranjeros residentes en el país, caso de que lo solicite un
interesado. 4. Los reconocimientos de hijo natural, legitimaciones,
adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones
de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales,
discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonios,
divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre,
declaraciones de seudónimo, declaraciones de ausencia, defunciones y
declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos los hechos y actos
relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas”.
[19] Artículo 45 del Decreto Ley
1260 de 1970: “Están en el deber de denunciar los nacimientos y solicitar su
registro: 1. El padre. 2. La madre. 3. Los demás
ascendientes. 4. Los parientes mayores más próximos. 5. El director o
administrador del establecimiento público o privado en que haya
ocurrido. 6. La persona que haya recogido al recién nacido
abandonado. 7. El director o administrador del establecimiento que se haya
hecho cargo del recién nacido expósito. 8. El propio interesado mayor de
diez y ocho años”.
[20] Artículo 50 del Decreto Ley
1260 de 1970, modificado por el artículo 1 del Decreto 999 de 1988, “Por el cual se señala la
competencia para correcciones del registro del estado civil, se autoriza el
cambio de nombre ante notario público, y se dictan otras disposiciones” : “Cuando se pretenda
registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá
acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas
parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia
Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas
de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas,
presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos
hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y
fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la
forma establecida por el artículo 49 del presente Decreto. Los
documentos acompañados a la solicitud de inscripción se archivarán en carpeta
con indicación del código del folio que respaldan”.
[21] Artículo 1 del Decreto 2188 de
2001, “Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 1260 de 1970 y
se dictan otras disposiciones” :“Procedimiento para la inscripción
extemporánea de nacimiento en el Registro Civil. Por excepción,
cuando se pretende registrar el nacimiento fuera del término prescrito en el
artículo 48 del Decreto-ley 1260 de 1970, la inscripción se podrá solicitar
ante funcionario de registro civil, notario o funcionario autorizado por la
ley, caso en el cual se seguirán las siguientes reglas: 1. La solicitud se
adelantará ante el funcionario de registro civil o notario del domicilio de
quien se pretende registrar. 2. El solicitante, o su representante legal
si fuere menor de edad, declararán bajo juramento que su nacimiento no se ha
inscrito ante autoridad competente, previa amonestación sobre las implicaciones
penales que se deriven de una actuación ilícita. 3. El nacimiento deberá
acreditarse con el certificado de nacido vivo, expedido por el médico,
enfermera o partera, o con otros documentos auténticos o con copia de las
partidas parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la
iglesia católica o de las anotaciones de origen religioso, correspondientes a
las personas de otros credos, anexando además certificación auténtica de la
competencia del párroco o de celebración de convenio de derecho público interno
con el Estado colombiano, según el caso. 4. En caso de no poder
acreditarse el nacimiento con los documentos anteriores, se hará con fundamento
en testimonios de conformidad con el artículo 50 del Decreto-ley 1260 de 1970.
En este evento, la declaración bajo juramento rendida personalmente ante el
mismo funcionario de registro civil o notario, la harán al menos dos (2)
personas que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa y fidedigna
del nacimiento. 5. Los testigos deberán identificarse plenamente y
expresarán, entre otros datos, su domicilio permanente, dirección y teléfono de
su residencia; igualmente deberán presentar el documento de identidad en
original y copia, tomando la impresión de la huella dactilar del
testigo. 6. El funcionario de registro civil o notario interrogará
personal e individualmente al solicitante y a los testigos sobre las circunstancias
de tiempo, modo y lugar del nacimiento y demás aspectos que a su juicio
permitan establecer la veracidad de los hechos conforme a las reglas del Código
de Procedimiento Civil sobre la materia. 7. En todo caso, al tramitar la
inscripción, la autoridad procederá a tomar la impresión de las huellas
plantares o dactilares del solicitante, conforme a las reglas
vigentes. Los documentos que se presenten con la solicitud se archivarán
en carpeta con indicación del número serial que respaldan”.
[22] Artículo 31 del Decreto Ley
0019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública”: “Inscripción de actos jurídicos, hechos
jurídicos y providencias judiciales en registro civil. Todos los actos
jurídicos, hechos jurídicos y providencias judiciales que constituyen fuente
del registro civil o que afecten el mismo, podrán inscribirse en cualquier
oficina del territorio nacional o en los consulados de Colombia en el exterior”.
[23] Folio 16.
[24] Resaltó que en el año 2018 la Registraduría
Nacional del Estado Civil expidió la Circular Única de Registro Civil e
Identificación por medio de la cual prorrogó las medidas excepcionales para
garantizar la inscripción extemporánea en el registro civil de nacimiento de
personas hijas de colombianos, nacidas en Venezuela, que no contaran con el
requisito del registro civil extranjero debidamente apostillado, a causa de la
difícil situación del vecino país, situación que no resultaba aplicable al
presente caso por cuanto la República del Ecuador no se encontraba negando los
trámites de apostille. También aclaró que la Entidad ha venido adecuando sus
procesos y procedimientos en materia de registro civil de nacimiento para
personas nacidas en Venezuela, siguiendo para el efecto la jurisprudencia
constitucional en la materia de acuerdo con la cual la garantía de la
inscripción extemporánea de este hecho opera en igualdad de condiciones tanto
para los mayores como para los menores de edad nacidos en el territorio vecino.
Para el efecto hizo referencia a las sentencias T-212 de 2013. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla y T-421 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo (e)
(folios 17 y 18).
[25] Lo anterior tuvo como propósito la
disminución de trámites en la legalización de documentos públicos que debían
ser exhibidos en Colombia o en el exterior.
[26] La Entidad pública también advirtió, en el mismo sentido,
que, a partir del 30 de enero de 2001, los documentos públicos emanados de
autoridad colombiana que vayan a surtir efectos en algunos de los Estados parte
de la Convención deben ser apostillados en el Ministerio de Relaciones
Exteriores en Bogotá y no requieren el trámite en el consulado del país donde
van a ser exhibidos. Así mismo, los documentos públicos expedidos por Estados
que no forman parte de la Convención, continuaran autenticándose en los
consulados de Colombia y posteriormente en el Ministerio de Relaciones
Exteriores para ser presentados en el país.
[27] Folio 16.
[28] Folio 18.
[29] En palabras textuales de la Entidad
pública: “En esta medida el marco de protección es amplio y de carácter
fundamental al tratarse de un elemento inherente a la dignidad humana. No
obstante ello no opera per se, la carga mínima legal que debe acreditar el solicitante
es el fundamento probatorio que da inicio al trámite administrativo. De allí [la]
existencia del criterio de duda razonable en su valoración” (folio 20).
[30] La Entidad pública destacó que no es
posible abusar del amparo constitucional ni vaciar de competencia a la
jurisdicción ordinaria, con el propósito de obtener un pronunciamiento más ágil
y expedito, toda vez que este no ha sido consagrado para reemplazar los medios
judiciales ordinarios dispuestos por el legislador. Dicho en otras palabras, “si
existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces
para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, el afectado debe agotarlos de forma principal y no utilizar
directamente la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude a la
administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las
del funcionario que debe conocer del asunto dentro del marco estructural de la
administración de justicia”. Para el efecto citó las sentencias T-373 de
2015 y T-630 de 2015, ambas con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[31] En tal sentido, por ejemplo, el
artículo 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
aprobado por Colombia a través de la Ley 74 de 1968, de acuerdo con el cual: “Todo
ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad
jurídica”. Igualmente, el artículo 24.3 ibídem dispone: “3. Todo niño
tiene derecho a adquirir una nacionalidad”. También, el artículo 20 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),
aprobada en Colombia por medio de la Ley 16 de 1972, prevé: “1. Toda persona
tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la
nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 3.
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla”. A su vez, el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, aprobada en Colombia mediante la Ley 12 de 1991, contempla: “1. El
niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho
desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo
posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados
Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los
instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el
niño resultara de otro modo apátrida”.
[32] Artículo 96 de la
Constitución Política, reformado por el artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2002: “Son nacionales colombianos: 1. Por nacimiento: a)
Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la
madre hayan sido naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de
extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la República en el
momento del nacimiento y; b) Los hijos de padre o madre colombianos que
hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en territorio
colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 2. Por
adopción: a) Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización,
de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la
nacionalidad colombiana por adopción; b) Los Latinoamericanos y del Caribe por
nacimiento domiciliados en Colombia, que con autorización del Gobierno y de
acuerdo con la ley y el principio de reciprocidad, pidan ser inscritos como
colombianos ante la municipalidad donde se establecieren, y; c) Los miembros de
los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del
principio de reciprocidad según tratados públicos. Ningún colombiano por
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional
colombiano no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad. Los
nacionales por adopción no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de
origen o adopción. Quienes hayan renunciado a la nacionalidad colombiana podrán
recobrarla con arreglo a la ley”.
[33] En este punto, hizo remisión expresa al
artículo 98 de la Constitución Política según el cual: “La ciudadanía se
pierde de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad, y su ejercicio se
puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la
ley. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, podrán
solicitar su rehabilitación. PARAGRAFO. Mientras la ley no decida otra edad, la
ciudadanía se ejercerá a partir de los dieciocho años” y al artículo 99
superior que establece: “La calidad de ciudadano en ejercicio es condición
previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y
para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.
[34] Folios 27 y 28.
[35] Folios 36, 37, 53 y 54 del cuaderno de Revisión.
[36] Folios 47 al 49 del cuaderno de Revisión.
[37] Conforme se desprende del Formato de
Radicación de Correspondencia (folio
49 del cuaderno de Revisión).
[38] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[39] Hizo referencia expresa al referido país.
[40] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[41] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[42] Folios 43 al 47 del cuaderno de Revisión.
[43] Valga precisar
que la Registraduría Nacional del Estado Civil se organiza en dos niveles, el
nivel central, con competencia nacional, y el nivel desconcentrado, cuya
competencia está circunscrita a una circunscripción territorial específica. Los
dos niveles participan en el diseño de los planes, políticas y programas
generales de la administración, así como en su ejecución. En su nivel central,
la Entidad cuenta con dos Registradurías Delegadas, una en lo Electoral y otra
para el Registro Civil y la Identificación, mientras que en el nivel
desconcentrado cuenta con Delegaciones Departamentales, Registradurías
distritales y municipales, registradurías auxiliares y una para el Distrito
Capital de Bogotá. Al respecto, consultar el portal web de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
[44] Folio 44 del cuaderno de Revisión.
[45] Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.12.3.1 del
Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Justicia y del Derecho”. En este punto, manifestó que si el registro civil del
extranjero está apostillado y cumple con lo establecido en la Convención sobre
Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de
La Haya de 1961 se transcribe la información de la filiación tal y como aparece
en este documento extranjero al registro civil de nacimiento colombiano (folio
45 del cuaderno de Revisión).
[46] Conforme el artículo 45 del Decreto Ley
1260 de 1970.
[47] Conforme las previsiones del artículo 3 de la Ley 43 de 1993, el
artículo 2.2.6.12.3.2 del Decreto 1069 de 2015 y el artículo 1 del Decreto 356
de 2017.
[48] Folio 45 del cuaderno de Revisión.
[49] “Por la cual se dictan normas sobre
filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.
[50] Folios 58 y 59 del cuaderno de Revisión.
[51] Folios 28 al 34 del cuaderno de Revisión.
[52] Precisó que así lo reconoce expresamente el Decreto 356 de 2017 y la
jurisprudencia de esta Corporación plasmada, por ejemplo, en las sentencias
T-212 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla y T-241 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[53] En palabras textuales de la Entidad pública: “Esta Delegada encuentra
procedente las pretensiones formuladas en la acción de tutela, no sin antes
hacer especial énfasis en la negligencia y arbitrariedad en que incurrió la
Registraduría Nacional a la hora de garantizar el derecho a la nacionalidad
colombiana de la niña S.M.F.R. toda vez que el ordenamiento jurídico establece,
sin lugar a duda, la admisibilidad del testimonio como prueba válida del
nacimiento. Situación que se ve agravada por la existencia del acta de la
inscripción del nacimiento de la niña S.M.F.R. expedida por la autoridad
ecuatoriana, pues aunque no cuenta con la apostilla como para ser admitido como
prueba del nacimiento, sí cuenta con el sello de legalización que le permite
constituir un documento de respaldo al dicho de los testigos en el marco de la
especial función que ostenta el juez constitucional en la garantía y protección
de los derechos fundamentales” (folios 33 y 34 del cuaderno de Revisión).
[54] Constitución Política, artículo
86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
[55] “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[56] Conforme se dijo en la
Sentencia C-311 de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla: “La ley no puede
restringir, en razón de la nacionalidad, los derechos fundamentales reconocidos
en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales sobre derechos
humanos, dado que ellos son inherentes a la persona humana y tienen un carácter
universal”.
[57] Lo anterior encuentra sustento en lo
previsto en los artículos 4, 13 y 100 de la Constitución Política.
[58] En
este orden de ideas, “todo
ser humano que se halle en territorio colombiano puede ejercer la acción, o, en
el evento en que no se encuentre allí, cuando la autoridad o particular con
cuya acción u omisión se vulnera el derecho fundamental se halle en Colombia”.
Sobre el
particular, pueden verse las sentencias T-1020 de 2003. M.P. Jaime Córdoba
Triviño y T-493 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Otros
pronunciamientos sobre la materia pueden consultarse, entre muchas otras, en las sentencias T-172
de 1993. M.P.s José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara y
Alejandro Martínez Caballero; T-215 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz; T-380 de 1998. M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-321
de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-834 de 2007. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-269 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería; T-956 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-338 de
2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-314 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-421 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo (e); T-250 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-295 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado; T-500 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-197 de
2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[59] “Por el cual se reglamenta
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[60] También procede contra acciones
u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo
III del mencionado Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está
sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en
un acto jurídico escrito.
[61] La Entidad se
organiza en dos niveles, el nivel central, con competencia nacional, y el nivel
desconcentrado, cuya competencia está circunscrita a una jurisdicción
territorial específica. En su nivel central, la Entidad cuenta con dos
Registradurías Delegadas, una en lo Electoral y otra para el Registro Civil y
la Identificación, mientras que en el nivel desconcentrado cuenta con
delegaciones departamentales, registradurías distritales y municipales,
registradurías auxiliares y una para el Distrito Capital de Bogotá. De acuerdo
con el artículo 19 del Decreto 1010 de 2000 es “objetivo de las delegaciones
departamentales, y las registradurías municipales, especiales y la del Distrito
Capital representar a la Registraduría Nacional del Estado Civil en el
territorio de su jurisdicción. Igualmente les compete servir de apoyo al
ejercicio de las funciones asignadas en las disposiciones legales a los
delegados del Registrador Nacional, registradores distritales y a los registradores
municipales, especiales y auxiliares, según el caso”. En armonía con lo
anterior, según el artículo 46 ibídem, las delegaciones departamentales
y la Registraduría del Distrito Capital, sirven de apoyo al ejercicio de las
funciones atribuidas a los delegados del Registrador Nacional y a los
registradores del Distrito Capital, de conformidad con las normas
constitucionales y legales. Además, en lo atinente al registro civil les
corresponde, puntualmente: “(…) a) Solicitar a la Dirección de Registro
Civil los seriales para la inscripción de nacimiento, matrimonio, defunción y
demás documentos relacionados con el registro civil y vigilar su correcta
utilización (…)” y en cuanto a la identificación de las personas les
compete: “(…) Coordinar las acciones de los Centros de Acopio
departamentales y registradurías municipales, orientadas a lograr su adecuado
funcionamiento y operatividad, manteniendo los estándares de calidad, en
cumplimiento de las políticas trazadas por el nivel nacional para una adecuada
prestación del servicio de identificación en el ámbito de su respectiva
circunscripción (…)”.
[62] Para
el efecto, se encuentra a su cargo (i) la inscripción confiable y efectiva de los hechos, actos
y providencias sujetos a registro, tales como el nacimiento de las personas;
(ii) la asignación del Número Único de Identificación Personal -NUIP-, al
momento de hacer la inscripción de nacimiento en el Registro del Estado Civil
de las personas y ejercer los controles físico, lógico y técnico, para que
dicho número sea exclusivo a cada ciudadano y exista un único documento de
identificación y (iii) difundir las normas y los procedimientos a seguir dentro
del proceso de registro civil (al respecto puede consultarse el artículo 120 de
la Carta Política, el Decreto
1010 de 2000, “Por el cual se establece la organización interna de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus
dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de
la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”
y el portal web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/-Funciones-de-la-Registraduria,3672-.html.)
[63] La inmediatez encuentra su
razón de ser en la tensión existente entre el derecho a presentar una acción
constitucional “en todo momento” y el deber de respetar su configuración como
un medio de protección “inmediata” de las garantías básicas. Es
decir, que pese a no contar con un término preestablecido para efectuar la
presentación, debe existir necesariamente una correspondencia entre la
naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna.
[64] Si bien el término para
interponer la acción de tutela no puede establecerse de antemano, el juez
está en la obligación de verificar cuándo no se ha interpuesto de manera
razonable para evitar que se convierta en un factor de inseguridad que lesione
los derechos fundamentales de terceros o que desnaturalice la acción.
[65] En este último evento, el juez debe valorar el perjuicio teniendo en cuenta que sea
(a) cierto e inminente, esto es, que no se deba a meras conjeturas o
especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos que están
ocurriendo o están próximos a ocurrir; (b) grave, desde el punto de vista
del bien o interés jurídico que se lesionaría material o moralmente en un grado
relevante, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y
(c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable
su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en
forma irreparable. Quien
alegue la ocurrencia de un perjuicio de esta naturaleza debe presentar y
sustentar los factores a partir de los cuales se configura ya que la simple
afirmación de su acaecimiento hipotético es insuficiente para justificar la
procedencia de la tutela. El juez de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir,
imaginar o proyectar, por sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido
ocurrencia el presunto daño irreparable. Por ello, es necesario que el afectado explique en
qué consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo
y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez verificar la
existencia del elemento en cuestión. Sobre el particular, el artículo 8 del
Decreto 2591 de 1991 señala lo siguiente: “La tutela como mecanismo
transitorio. Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial,
la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. En el caso del inciso anterior, el juez
señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo
durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de
fondo sobre la acción instaurada por el afectado. En todo caso el afectado
deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir
del fallo de tutela. Si no se instaura, cesarán los efectos de éste”.
[66] Una aproximación similar en el estudio del
presupuesto general de subsidiariedad fue abordado pacíficamente por esta misma
Sala de Revisión, recientemente, en la Sentencia T-009 de 2020. M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[67] Por ejemplo,
avala la admisibilidad de dos testigos que, en reemplazo del padre ausente, den
fe del hecho a inscribir, tal y como se deriva de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 356 de
2017 y el artículo 2.2.6.12.3.1 del Decreto 1069 de 2015.
[68] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[69] Folio 18.
[70] Sentencia T-421
de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo (e).
[71] La acción de tutela se constituye en un
instrumento preferente y sumario de protección inmediata y efectiva de los
derechos fundamentales, cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados por
la acción u omisión de una autoridad pública o, excepcionalmente, de un
particular (artículo 86 superior). La medida de protección para que cese la
afectación, de haber lugar a ella, consiste en la emisión de una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo en
forma inmediata. Con todo, el recurso de amparo puede perder, en ocasiones, su
esencia, cuando se originan en el transcurso del trámite de la acción
circunstancias que le permiten al juez inferir que la amenaza o transgresión
denunciadas se concretaron o desaparecieron, lo que conlleva a que el amparo
pierda su “razón de ser” como mecanismo extraordinario de protección
judicial y tenga lugar la denominada carencia actual de objeto. En materia de la solicitud
constitucional, esta Corporación ha establecido pacíficamente que la carencia
de objeto corresponde a una figura jurídica de tipo procesal que fácticamente
puede verificarse por parte del juez de tutela de manera previa a la adopción
del fallo correspondiente, cuando se constata que “fueron satisfechas las
pretensiones, ocurrió el daño que se pretendía evitar o se perdió el interés en
su prosperidad”. Estos tres
eventos que originan una variación sustancial en los hechos de la petición de
tutela, de tal forma que desaparece el objeto jurídico del litigio, han venido
delimitándose por la jurisprudencia, y se conocen comúnmente como el hecho
superado, daño consumado y situación sobreviniente,
respectivamente. Para la Sala Plena de esta
Corporación, los eventos precedentes implican “la desaparición del
supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución”, de tal forma que la orden que pudiera emitirse al
respecto “caería en el vacío” o “no tendría efecto alguno”,
tornándose, por ende, inane o superflua cualquier
determinación acerca del fondo del asunto. Tal premisa parte del entendimiento de que la
intervención del juez constitucional se justifica para hacer cesar
vulneraciones y amenazas reales a los derechos fundamentales, “lo cual explica la necesidad
de un mandato proferido por [él] en sentido positivo o negativo”. En estas
condiciones siempre que se encuentre probada alguna de tales circunstancias se
debe declarar la carencia actual de objeto, no sólo para evitar desgastes
innecesarios en la actividad judicial, sino para dotar de seguridad jurídica a
los fallos judiciales. Esta es la idea central que soporta la noción de la
carencia de objeto y encuentra justificación en la concepción de que el juez de
tutela no ha sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o
decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre
escenarios hipotéticos, consumados o que ya se encuentran superados. En relación con el desarrollo de la carencia
actual de objeto pueden consultarse, entre muchos otros, los fallos T-519 de 1992. M.Ps. José Gregorio
Hernández Galindo: Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz; T-535 de
1992. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-570 de 1992. MP. Jaime Sanín
Greiffenstein; T-033 de 1994. MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-988 de
2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-412 de 2008. M.P. Jaime Araujo
Rentería; SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e); T-481 de 2016. M.P.
Alberto Rojas Ríos; SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-719 de 2017.
M.P. José Fernando Reyes Cuartas; T-668 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera;
T-684 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-510 de 2017. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo; T-625 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido; T-222 de 2017. M.P.
Iván Humberto Escrucería Mayolo (e); T-030 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-423 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo (e); T-444 de
2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; T-363 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-282 de 2018. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas; T-256 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-213
de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-130 de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo; T-085 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-216 de
2018. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-290 de 2018. M.P. Alejandro Linares
Cantillo; SU-096 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; T-060 de 2019. M.P.
Alejandro Linares Cantillo; T-168 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-047 de
2019. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-048 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-038
de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-039 de 2019. M.P. Carlos Bernal
Pulido; T-027 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-025 de 2019. M.P. Alberto
Rojas Ríos; T-007 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera; T-005 de 2019. M.P.
Antonio José Lizarazo Ocampo; T-344 de 2019. M.P. Alejandro Linares Cantillo; SU-399 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas; SU-522 de 2019. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[72] Al respecto ver la Sentencia SU-540 de
2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Recientemente en la Sentencia T-009 de 2019.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, la Sala Sexta de Revisión advirtió que no
obstante la afirmación de la entidad pensional demandada en el sentido de que
ya había reconocido los periodos cotizados en el
exterior por parte del accionante, se encontró que “lo cierto es que
éste aún no percibe la prestación pensional a la cual tiene derecho”.
Por ello, entró a resolver el asunto de fondo.
[73] Ver, entre otras, las
sentencias T-533 de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-585 de 2010.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada
(e).
[74] Así lo estableció la Corte a partir de la
Sentencia T-519 de 1992. M.Ps. José Gregorio Hernández Galindo: Alejandro
Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz. Reglamentariamente el hecho superado se
encuentra contemplado en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 en los
siguientes términos: “CESACION DE LA ACTUACION IMPUGNADA. Si, estando en
curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque,
detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud
únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes
(…)”.
[75] En la Sentencia SU-399 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas se definió el hecho superado en los siguientes términos: “(i) El
hecho superado que ocurre cuando durante el trámite de la acción de tutela
desaparecen los hechos u omisiones que dieron lugar a su interposición, es
decir, se satisfizo la pretensión del recurso de amparo. En este orden, ya no
habría riesgo que detener o vulneración que cesar. Por lo que no hay razón para
emitir alguna orden, pues esta caería en el vacío”. A efectos de verificar esta hipótesis en un
caso concreto, la Sentencia T-238 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo
estableció que le correspondía al juez constitucional valorar los siguientes
criterios: “1.
Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se
carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho
fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa. 2. Que durante el trámite
de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración
o amenaza haya cesado. 3.
Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una
prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se
puede considerar que existe un hecho superado”. Esta posición
fue reiterada recientemente en las sentencias T-344 de 2019 y T-060 de 2019,
ambas con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo.
[76] Sentencia T-045 de 2008. M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T-085 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[77] Al respecto, en la Sentencia T-344 de 2019.
M.P. Alejandro Linares Cantillo se reconoció esta postura en los siguientes
términos: “De esta
manera, para que se configure el hecho superado, deben acreditarse tres
requisitos, a saber: (i) que ocurra una variación en los hechos que originaron
la acción; (ii) que dicha variación implique una satisfacción íntegra de las
pretensiones de la demanda; y (iii) que sea resultado de una conducta asumida
por la parte demandada, de tal forma que pueda afirmarse que la vulneración
cesó, por un hecho imputable a ésta”.
Y se añadió: “La primera modalidad, conocida como el hecho superado,
se encuentra regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, y consiste en
que, entre la instauración de la acción de tutela, y el momento en que el juez
va a proferir el fallo, se satisfacen íntegramente las pretensiones planteadas,
por hechos atribuibles a la entidad accionada. De esta forma, pronunciarse
sobre lo solicitado carecería de sentido, por cuanto no podría ordenarse a la
entidad accionada a hacer lo que ya hizo, o abstenerse de realizar la conducta
que ya cesó”.
[78] En ese sentido ver, entre otras, la
Sentencia T-715 de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido, en la que con claridad se
descartó la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado
ante el acatamiento, por parte del extremo demandado, de la orden proferida por
el a quo. Igualmente, las sentencias T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo
Rivera y T-403 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[79] Recientemente la jurisprudencia
constitucional ha admitido que el hecho superado también puede derivarse cuando se satisfacen plena y
definitivamente las pretensiones invocadas por vía de la acción de tutela o
aquellas encuentran una respuesta efectiva a través de procesos judiciales
autónomos, distintos a la solicitud de amparo que se revisa por parte de esta
Corporación. En estos supuestos lo que ocurre es que en el marco de otra
acción, usualmente principal, un juez con competencia profiere decisiones que
generan un impacto relevante en la solicitud original que revisa la Corte
Constitucional, especialmente, en punto de la protección integral de los
derechos fundamentales cuya salvaguarda se buscaba alcanzar. Es decir, la “aspiración primordial en que consiste el derecho alegado” ha encontrado en otro contexto judicial una solución
decisiva y determinante, pues la autoridad competente ha impartido algunas órdenes
positivas de carácter inmodificables y, por consiguiente, de inmediato
cumplimiento. Así las cosas, se trata de acciones de protección que han
permitido la satisfacción absoluta de los requerimientos planteados por la
parte accionante y que, concretamente, se han producido por fuera y al margen
del escenario de la acción de amparo objeto de estudio por la Corte, esto es,
en otro proceso independiente, consecuencia del cual se han generado algunas
determinaciones que se encuentran debidamente ejecutoriadas y que no fueron
objeto del trámite de revisión que eventualmente se adelanta por esta
Corporación. Sobre el
particular, puede consultarse expresamente la Sentencia SU-399 de 2019. M.P.
José Fernando Reyes Cuartas.
[80] En estos términos fue reconocido
expresamente en la Sentencia SU-522 de 2019. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[81] Al
respecto, ver, entre otras, las
sentencias T-085 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-205A de 2018.
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-216 de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera;
T-236 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-290 de 2018. M.P. Alejandro
Linares Cantillo; T-326 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-319 de
2018. M.P. Carlos Bernal Pulido; T-310 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido;
T-401 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-403 de 2018. M.P. Carlos
Bernal Pulido; T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-038 de 2019.
M.P. Cristina Pardo Schlesinger; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[82] Artículo 241 de la Constitución Política.
Sobre la materia ver la Sentencia T-198 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez (e)
en la que se advirtió lo siguiente: “La Corte en sede de revisión tiene el
deber constitucional de dictar jurisprudencia, es el espacio en el cual cumple
la función de fijar la interpretación de los derechos fundamentales como
autoridad suprema de la jurisdicción constitucional”.
[83] El uso de la figura de la carencia actual
de objeto por hecho superado en casos que ameritan un pronunciamiento
constitucional adicional a la declaración del mismo puede observarse de manera
especial en las sentencias T-416 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero;
T-682 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-271 de 2001. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa y T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre
otras. De manera más reciente, las sentencias T-877 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; T-478 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa; T-707 de
2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-731 de 2017. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas; T-002 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas; T-363 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera, entre otras.
[84] Al respecto, pueden verse, entre muchas otras, las sentencias T-576 de
2008. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-685 de 2010. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e) y T-039 de 2019.
M.P. Carlos Bernal Pulido
[85] Sentencia SU-399 de 2019. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas. Esta posición ya había sido adoptada en la Sentencia
T-685 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y en la Sentencia T-039 de
2019. M.P. Carlos Bernal Pulido. En relación con lo referido es importante
precisar que en la Sentencia T-722 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis se
estableció lo siguiente: “Resulta pertinente,
desde el punto de vista procesal, establecer una diferencia importante en
cuanto a la declaración procedente en el proceso de revisión ante esta Corte
cuando el supuesto de hecho que motiva el proceso de tutela se supera o cesa
i.)  antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia -como sucede en
el presente caso- o en el transcurso del mismo y ii.) estando en curso el
trámite de revisión ante esta Corporación. i.) Así, pues, cuando el fundamento
fáctico del amparo se supera antes de iniciado el proceso ante los jueces de
tutela de instancia o en el transcurso de este y así lo declaran en las
respectivas providencias, la Sala de Revisión no puede exigir de ellos proceder
distinto y, en consecuencia, habrá de confirmar el fallo revisado quedando a
salvo la posibilidad de que en ejercicio de su competencia y con el propósito
de cumplir con los fines primordiales de la jurisprudencia de esta Corte,
realice un examen y una declaración adicional relacionada con la materia, tal
como se hará en el caso sub-examine. ii.) Por su parte, cuando la
sustracción de materia tiene lugar justo cuando la Sala de Revisión se dispone
a tomar una decisión; si se advirtiere que en el trámite ante los jueces de
instancia ha debido concederse el amparo de los derechos fundamentales
invocados y así no se hubiere dispuesto, la decisión de la Sala respectiva de
esta Corporación, de conformidad con la jurisprudencia reciente, consistirá en
revocar los fallos objeto de examen y conceder la tutela, sin importar que no
se proceda a impartir orden alguna”.
[86] “En varias ocasiones ha dicho la Corte
Constitucional que en aquellas contingencias en las cuales los supuestos de
hecho que daban lugar a la eventual amenaza de violación o violación de
derechos constitucionales fundamentales han cesado, desaparecen o se superan,
deja de existir objeto jurídico respecto del cual la o el juez constitucional
pueda adoptar decisión alguna por cuanto el propósito de la acción de tutela
consiste justamente en garantizar la protección cierta y efectiva del derecho y
bajo esas circunstancias “la orden que profiera el [o la] juez, cuyo objetivo
constitucional era la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente
vulnerado o amenazado, carecerá de sentido, eficacia, inmediatez y
justificación”. Así se contempló en la Sentencia T-988 de 2007. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[87] Sentencia SU-655 de 2017. M.P. Alberto
Rojas Ríos. En aquella oportunidad se advirtió lo siguiente: “La tutela es
una garantía constitucional destinada a la protección de los derechos
fundamentales, y por lo mismo, cuando cesa la amenaza o la violación de
los derechos fundamentales del solicitante, bien porque la causa de la amenaza
desapareció o fue superada, o porque la violación cesó o el derecho fue
satisfecho, entonces la acción de tutela pierde su razón de ser, en la medida
en que cualquier decisión que el juez pueda adoptar, carecerá de fundamento
fáctico. De este modo, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir
cualquier orden de protección del derecho invocado, en tanto que la decisión judicial resulta
inocua”. Ver también la Sentencia SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada
(e).
[88] Ver, por ejemplo, las sentencias SU-540 de
2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-585 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-236 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[89] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[90] Folio 20.
[91] El artículo 10 del Decreto Ley
1260 de 1970 dispone: “En el registro de nacimientos se anotarán éstos, y
posteriormente, todos los hechos y actos relativos al estado civil y a la
capacidad de las personas, sujetos a registro, y especialmente, los
relacionados con el artículo 5º”. Por su parte, el artículo 44 ibídem
establece: “En el registro de nacimientos se inscribirán: “1.
Los nacimientos que ocurran en el territorio nacional. 2. Los nacimientos
ocurridos en el extranjero, de personas hijas de padre y madre colombianos. 3.
Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de personas hijas de padre o
madre colombianos de nacimiento o por adopción, o de extranjeros residentes en
el país, caso de que lo solicite un interesado. 4. Los reconocimientos de hijo
natural, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad,
emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones
matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de gurda,
rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y
de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimo, declaraciones de
ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general,
todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las
personas”.
[92] Lo anterior, conforme lo
previsto en el artículo
48 del Decreto Ley 1260 de 1970. Dicho cuerpo normativo prevé que los nacimientos
ocurridos en el territorio nacional deben inscribirse en la oficina
correspondiente a la circunscripción territorial en que haya tenido lugar. Si
el nacimiento ocurre durante viaje dentro del territorio, o fuera de él, la inscripción
se hará en el lugar en que aquél determine. Ahora bien, los nacimientos
ocurridos en el extranjero o durante viaje cuyo término sea lugar extranjero,
se inscribirán en el competente consulado colombiano, y en defecto de éste, en
la forma y del modo prescritos por la legislación del respectivo país. El
Cónsul remitirá sendas copias de la inscripción; una destinada al archivo de la
oficina central y otra al funcionario encargado del registro civil en la
capital de la República, quien, previa autenticación del documento, reproducirá
la inscripción, para lo cual abrirá el folio correspondiente. En caso de que la
inscripción no se haya efectuado ante el cónsul nacional, el funcionario
encargado del registro del estado civil en la primera oficina de la capital de
la República procederá a abrir el folio, una vez establecida la autenticidad de
los documentos que acrediten el nacimiento (artículos 46, 47 y 118 ibídem. Este
último modificado por el artículo 77 de la Ley 962 de 2005). El artículo 49
estipula la forma de probar estos nacimientos y dispone que se acreditarán
mediante certificado del médico o enfermera que haya asistido a la madre en el
parto, y en defecto de aquel, con declaración juramentada de dos testigos
hábiles. Los médicos y las enfermeras deben expedir gratuitamente la
certificación. A los testigos les corresponde declarar sobre los hechos
acerca de los cuales tengan conocimiento, la razón de estos y suscribirán la
inscripción. El juramento se entenderá prestado por el solo hecho de su firma.
En todo caso, el Capítulo 12, Sección Primera del Decreto 1069 de 2015,
establece la “forma de efectuar el registro” del nacimiento.
[93] La reglamentación entorno al
trámite de inscripción extemporánea del nacimiento en el registro civil fue
reglada inicialmente por el Decreto 2188 de 2001, “Por el cual se reglamenta
parcialmente el Decreto-ley 1260 de 1970 y se dictan otras disposiciones”.
Posteriormente por el Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, el cual fue
modificado por el Decreto 356 de 2017, “Por el cual se modifica la Sección 3 del Capítulo 12 del Título 6
de la Parle 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Justicia y del Derecho”.
Debe precisarse que, en todo caso, desde el artículo 50 del Decreto Ley 1260 de
1970, “Por el
cual se expide el Estatuto del Registro del Estado Civil de las Personas”,
modificado por el artículo 1 del Decreto 999 de 1988, “Por el cual se señala la competencia
para correcciones del registro del estado civil, se autoriza el cambio de
nombre ante notario público, y se dictan otras disposiciones”, aunque no se previó expresamente el
procedimiento para efectuar la inscripción extemporánea del nacimiento en el
registro civil se contempló la posibilidad de adelantar tal gestión.
[94] El artículo 1 del Decreto 356 de 2017 y el artículo
2.2.6.12.3.5 del Decreto 1069 de 2015 establecen quiénes están en el deber de
denunciar los nacimientos y, de paso, detentan la calidad de únicos facultados
para solicitar la inscripción extemporánea en el registro civil. La norma
indica expresamente que los legitimados para el efecto deben estar debidamente
identificados. Dicha previsión también se encuentra expresamente consagrada en
el artículo 45 del Decreto Ley 1260 de 1970.
[95] El artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia”, dispone: “Competencia subsidiaria. En los municipios donde no haya
Defensor de Familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia.
En ausencia de este último, las funciones asignadas al defensor y al comisario
de familia corresponderán al inspector de policía”.
[96] Esta disposición contempla lo siguiente: “Funciones del defensor de
familia. Corresponde al Defensor de
Familia: (…) 19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la
corrección, modificación o cancelación de su registro civil, ante la Dirección
Nacional de Registro Civil de las personas, siempre y cuando dentro del proceso
administrativo de restablecimiento de sus derechos se pruebe que el nombre y
sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen
biológico, sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia”.
[97] En uso de las facultades delegadas para
ejercer la función de policía judicial, a dichas autoridades públicas les
corresponde practicar las pruebas necesarias, a fin de establecer la veracidad
de los hechos, cuando deban actuar como denunciantes. Lo anterior se encuentra expresamente consagrado en el
artículo 1 del Decreto 356 de 2017 y en los parágrafos 1 y 2 del artículo
2.2.6.12.3.5 del Decreto 1069 de 2015.
[98] Parágrafo 3 del artículo 2.2.6.12.3.5 del Decreto 1069 de 2015.
[99] En estas condiciones fue previsto en el
artículo 1 del Decreto 356 de 2017 y en el artículo 2.2.6.12.3.1 del Decreto 1069 de 2015.
[100] Esta exigencia se encuentra consagrada en el artículo 1 del Decreto 356
de 2017 y en los artículos 2.2.6.12.3.1 y 2.2.6.12.3.5, parágrafo 3, del
Decreto 1069 de 2015.
[101] El funcionario encargado del registro
civil, en relación a las partidas religiosas expedidas por la Iglesia Católica
u otros credos, como documento antecedente para la creación del registro civil
de nacimiento extemporáneo, en caso de duda razonable y en aras de salvaguardar
los principios con los que se deben desarrollar las actuaciones
administrativas, en particular los principios de imparcialidad, responsabilidad
y transparencia, podrá interrogar personal e individualmente al solicitante
sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del nacimiento y demás
aspectos que, a su juicio, permitan verificar la veracidad de los hechos
conforme a las reglas del Código General del Proceso o las normas que lo
sustituyan, adicionen o complementen (subrayas fuera del texto original). En
estos términos fue previsto en el artículo 1 del Decreto 356 de 2017 y en el
artículo 2.2.6.12.3.1 del Decreto 1069 de 2015.
[102] Así lo dispone expresamente el artículo 1
del Decreto 356 de 2017 y el artículo 2.2.6.12.3.2 del Decreto 1069 de 2015,
advirtiendo que, de lo contrario, no podrá inferirse
el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 del artículo 44 del Decreto
Ley 1260 de 1970 (ver pie de página 76). Debe aclararse que para efectos de
acreditar la nacionalidad colombiana deben seguirse las previsiones del
artículo 96 Constitucional y la Ley 43 de 1993. El capítulo II de esta normativa, referente
a la nacionalidad colombiana por nacimiento, establece en su artículo 2 lo
siguiente: “Para los hijos nacidos en el exterior, la nacionalidad
colombiana del padre o de la madre se define a la luz del principio de la doble
nacionalidad según el cual, “la calidad de nacional colombiano no se pierde por
el hecho de adquirir otra nacionalidad”. Por su parte, el artículo 3,
modificado por el artículo 38 de la Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, prevé: “Prueba
de nacionalidad. Para todos los efectos legales se considerarán como pruebas de
la nacionalidad colombiana, la cédula de ciudadanía para los mayores de
dieciocho (18) años, la tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14)
años y menores de dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para
los menores de catorce (14) años, expedidos bajo la organización y dirección de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de
domicilio cuando sea el caso”.
[103] La forma de acreditar el nacimiento para
efectos de lograr la inscripción extemporánea en el registro civil se encuentra
regulada en el artículo 50 del Decreto Ley 1260 de 1970, modificado por el
artículo 1 del Decreto 999 de 1988, en el artículo 2.2.6.12.3.1 del Decreto
1069 de 2015 y en el artículo 1 del Decreto 356 de 2017. Al respecto, la
Sentencia T-241 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado advirtió: “los menores de edad y los
adultos cuentan por igual con la posibilidad de acreditar su nacimiento
extemporáneo en la forma en la que lo indican tales disposiciones”.
[104] Es importante advertir, en este punto, que
el Decreto 1069 de 2015, compiló en la Sección 3 del Capítulo 12 del Título 6 de la Parte 2 del Libro
2 la reglamentación
correspondiente al procedimiento para la inscripción extemporánea del
nacimiento en el registro civil y dentro de esta regulación contempló la posibilidad
de obtener el registro civil de nacimiento extemporáneo con la declaración
juramentada personal de al menos dos testigos que hubieren presenciado,
asistido o tenido noticia directa y fidedigna del nacimiento. Lo anterior, ante
la inviabilidad de probar el correspondiente nacimiento a través del certificado de nacido vivo, expedido por el médico,
enfermera o partera; mediante otros documentos auténticos o con copias de las
partidas parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la
iglesia católica o de las anotaciones de origen religioso, correspondientes a
las personas de otros credos, anexando además certificación auténtica de la
competencia del párroco o de celebración de convenio de derecho público interno
con el Estado colombiano, según el caso. Debido a la flexibilidad de la norma,
el Ministerio de Relaciones Exteriores evidenció que extranjeros utilizaban la
misma para obtener de manera fraudulenta su registro civil de nacimiento;
también para la múltiple identificación por parte de colombianos, por lo que se
hizo necesario tomar medidas con el fin de que se lograra verificar que el
ciudadano realmente cumplía con lo dispuesto por el artículo 96 de la
Constitución Política. Esto, además, derivó en una problemática migratoria, ya
que personas nacidas en el exterior tramitaron de forma expedita, utilizando
testigos, su registro civil de nacimiento que los acreditaba como nacionales
colombianos, documento con el cual podían acceder a la cédula de ciudadanía
colombiana y, por tanto, a los derechos y garantías propias de un nacional, sin
serlo realmente. Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de evitar dicho
fraude, fue oportuno y necesario modificar la norma del Decreto 1069 de 2015
referente a la inscripción extemporánea en el registro civil de nacimiento y
disponer que en tratándose de extranjeros, por regla general, debían aportar el
registro civil de nacimiento debidamente apostillado a efectos de probar tal
circunstancia (que el documento equivalente de registro en el extranjero,
aportado ante las autoridades colombianas, demostrativo de la relación filial
es auténtico y genuino) y continuar adecuadamente con el trámite de inscripción
en el registro civil colombiano. En estos términos quedó entonces consagrado en
el artículo 1 del Decreto 356 de 2017.
[105] En estos términos se encuentra
expresamente regulado en el artículo 1 del Decreto 356 de 2017 y en el artículo
2.2.6.12.3.1 del Decreto 1069 de 2015. En todo caso, de tiempo atrás, tal
posibilidad ya se encontraba consagrada en el artículo 50 del Decreto Ley 1260 de
1970, modificado por el artículo 1 del Decreto 999 de 1988. De acuerdo con esta
disposición : “Cuando
se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado
deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copia de las actas de las partidas
parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia
Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas
de otros credos, o en últimas, con fundamento en declaraciones juramentadas,
presentadas ante el funcionario encargado del registro, por dos testigos
hábiles que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y
fidedigna de él, expresando los datos indispensables para la inscripción, en la
forma establecida por el artículo 49 del presente Decreto. Los documentos acompañados a la
solicitud de inscripción se archivarán en carpeta con indicación del código del
folio que respaldan” (subrayas fuera del texto original). Las referidas normas han
sido objeto de interpretación por parte de esta Corporación. Al respecto, ver,
entre muchas otras, las sentencias T-212 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-356 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-421 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo (e); T-023 de 2018. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas y T-241 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[106] Lo anterior, siguiendo también las
previsiones del artículo 49 del Decreto Ley 1260 de 1970.
[107] De igual forma, diligenciará el
formato de declaración juramentada establecido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil para tal fin.
[108] Artículo 2.2.6.12.3.6 del Decreto 1069 de
2015.
[109] Sobre el particular, el artículo 63 del
Decreto Ley 1260 de 1970, establece puntualmente: “Cuando la persona cuyo nacimiento pretende
inscribirse sea mayor de siete años, a la inscripción deberá preceder
constancia de que aquél no ha sido registrado, expedida por la oficina central”.
[110] Ley 1437 de 2011.
[111] Los documentos que presenten
con la solicitud se archivarán en carpeta con indicación del número de serial
que respaldan.
[112] Artículo 2.2.6.12.3.3 del Decreto 1069 de 2015.
[113] Así lo previó expresamente el artículo 1
del Decreto 356 de 2017 y el artículo 2.2.6.12.3.3 del Decreto 1069 de 2015 en
los siguientes términos: “Negación de la inscripción. Si analizada la solicitud en su
integridad y verificada la información con las autoridades competentes se
concluye que la misma no corresponde a la realidad, el funcionario encargado
del registro civil se abstendrá de elaborar y autorizar la inscripción. Lo
mismo sucederá en caso de que se corrobore que el solicitante ya tiene cédula
de ciudadanía o tarjeta de identidad, para el cual previamente utilizó registro
civil de nacimiento”. En garantía de la rigurosidad propia del desarrollo de este
trámite, el artículo 2.2.6.12.3.4 del Decreto 1069 de 2015, con las
modificaciones del Decreto 356 de 2017, introdujo la adopción de medidas para
hacerle frente a situaciones contrarias al orden jurídico. Así, contempló que
si derivado del análisis de la solicitud y de la verificación de la información
del trámite de registro civil, se evidencia la comisión de una presunta
conducta punible del inscrito, denunciante o de sus testigos, el funcionario
encargado del registro civil tiene el deber de poner estos hechos en
conocimiento de las autoridades competentes, en los términos del Código Único
Disciplinario. La omisión de denuncia por parte del funcionario se entenderá
como una falta a sus deberes.
[114] Artículo 2 de la Constitución Política
relativo a los fines esenciales del Estado.
[115] Sentencia T-106 de 1996. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[116] Su reconocimiento lo dispone el
artículo 14 de la Constitución Política y tradicionalmente se ha indicado que
la componen seis atributos: el nombre, la capacidad, el estado civil, el
domicilio, el patrimonio y la nacionalidad. También se ha hablado de la
identidad y la propia imagen. Al respecto, ver la Sentencia T-090 de 1996. M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[117] Al respecto consultar la página web de la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
[118] Estos términos fueron empleados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil en su intervención al trámite de amparo
(folio 44 del cuaderno de Revisión).
[119] Así lo reconoció expresamente la
Registraduría Nacional del Estado Civil en el marco del proceso de tutela
(folio 44 del cuaderno de Revisión).
[120] Sentencia C-520 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa. Esta postura ya había sido reconocida previamente en la
Sentencia C-622 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo, al establecer que la
nacionalidad es “entendida como el vínculo legal que une a un Estado con un
individuo y que significa su existencia jurídica y el disfrute de los derechos
fundamentales, económicos, sociales y culturales, así como la delimitación de
las responsabilidades políticas, sociales y económicas, tanto del Estado, como
de la persona”.
[121] Sentencia T-241 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[122] Ver los artículos 44 y 96 de la
Constitución
Política, este último reformado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2002; igualmente el
artículo 25 del
Código de Infancia y Adolescencia -Ley 1098 de 2006-.
[123] En la Sentencia T-023 de 2018. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas se advirtió: “En virtud de lo anterior, la nacionalidad es el mecanismo jurídico
mediante el cual el Estado reconoce la capacidad que tienen sus ciudadanos de
ejercer ciertos derechos y es reconocida como un derecho fundamental frente al
cual las autoridades competentes tienen deberes de diligencia y protección,
entre los que está la obligación de realizar los trámites registrales
estipulados en el ordenamiento jurídico para efectuar su reconocimiento. He ahí
la importancia de que los menores sean inscritos en el Registro Civil”. En igual sentido, tal como lo señaló la Defensoría del
Pueblo, en su intervención al proceso, la nacionalidad es “uno de los
derechos más importantes (…), después del derecho a la vida misma, porque todas
las prerrogativas, garantías y beneficios que [la persona] deriva de su
pertenencia a una comunidad política y social -el Estado-, provienen o son
respaldados por este derecho” (folio 32 del cuaderno de Revisión).
[124] Este
principio se encuentra expresamente consagrado en el artículo 8 de la Ley 1098
de 2006 y ha sido objeto de desarrollo por parte de esta Corporación en
múltiples ocasiones. Al respecto, pueden verse, entre muchos otros, los fallos
T-551 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y C-262 de 2016. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[125] Sentencia T-241 de 2018. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado.