T-410-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-410/12
(Bogotá, DC, Mayo
31)
ACCION
DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
Este Tribunal ha señalado que la acción de tutela procede
para el reconocimiento del derecho a la pensión ‘(i) cuando quiera que su
afectación vulnera derechos de raigambre fundamental como la vida, o el mínimo
vital; o (ii) en eventos en los que se trata del reconocimiento de esta
prestación a favor de una persona de la tercera edad, dada la especial
protección de la que son destinatarios por orden de la Constitución, y visto el
caso concreto no existe un mecanismo ordinario e defensa del derecho, o que
existiendo éste no provee una protección eficaz al mismo…’
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Improcedencia cuando no se cumplió con
el requisito de inmediatez
Referencia: expediente
T – 3.333.058
Fallo de tutela objeto
revisión: Sentencia del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de San José de
Cúcuta del 6 de agosto de 2011 y Sentencia de segunda Instancia del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala Civil Familia del 17 de
noviembre de 2011.
Accionante: Jorge
Augusto Hernández Bermúdez.
Accionado: Instituto
de Seguros Sociales.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Adriana Guillén Arango y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Demanda de Tutela[1]
El señor Jorge Augusto
Hernández Bermúdez interpuso acción de tutela contra el Instituto de Seguros
Sociales (I.S.S.), solicitando el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente
vulnerados.
1.1. Derechos
fundamentales invocados: Mínimo vital, vida digna, protección de las
personas de tercera edad, seguridad social, salud y debido proceso.
1.2. Pretensión: el
accionante acude a la tutela solicitando se ordene al Instituto de Seguros
Sociales conceder la pensión de vejez de manera transitoria, mientras finaliza
el proceso judicial ordinario correspondiente.
1.3. Conducta que causa la
vulneración: La negativa del Instituto de seguros Sociales de
reconocer la pensión de vejez al accionante, por no reunir las semanas de
cotización requeridas, según lo estipulado en la ley 100 de 1993.
2. Hechos aducidos.
2.1. El señor  Jorge
Augusto Hernández Bermúdez de 73 años[2], presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez al Instituto de Seguros Sociales –
Seccional Santander, institución que mediante la Resolución No. 010726 del 27
de septiembre de 2006,  negó su solicitud bajo el argumento de que el
peticionario no reunía las semanas exigidas para tener derecho a la pensión.
Inconforme con la decisión adoptada por la administración, el accionante
interpuso los recursos de reposición y apelación.
2.2. En la primera
instancia de la vía gubernativa, el Departamento de Atención al Pensionado del
ISS – Seccional Santander, mediante Resolución No. 348 de 2007, resolvió el recurso
de reposición, negó el reconocimiento de la pensión, modificó la resolución
recurrida aumentando el número de semanas cotizadas por el actor a 917 y
concedió el recurso de apelación ante la Gerencia Seccional del ISS Santander.
2.3. El 30 de junio
de 2009, mediante Resolución No. 0908[3], el I.S.S. al resolver el
recurso de apelación instaurado, confirmó la decisión  que negó la pensión de
jubilación del accionante por no reunir los requisitos de ley, pero certificó
que el actor tenía hasta ese momento, 1017 semanas de cotización.
2.4. Cabe resaltar
que la entidad demandada sustentó la anterior decisión con base en las
siguientes consideraciones: (i) el accionante es beneficiario del régimen de
transición pues tenía más de 40 años cuando entró en vigencia la ley 100 de
1993[4],
(ii) para el 30 de junio de 2009 tenía registradas un total de 1017 semanas de cotización
al sistema, las cuales fueron insuficientes para aplicar cualquiera de los regímenes
anteriores de pensión[5], (iii) por lo tanto, el
régimen de pensión aplicable en este caso es el establecido en la ley 100 de
1993[6],
que exige un total de 1.000 semanas de cotización, las cuales se vienen
incrementando a partir del 1 de enero del 2005 en 50 semanas y a partir del 1
de enero de 2006 en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año
2014.
En virtud de lo
anterior, el I.S.S. consideró que el actor no tenía derecho a la pensión de
vejez, porque de las 1200 semanas  de cotización exigidas para el año 2009,
solo contaba con 1017 semanas.
2.5. A juicio del accionante,
la decisión de la entidad demandada vulnera sus derechos fundamentales puesto
que desconoce que está cobijado en primer lugar, por el articulo 101 de la
Convención Colectiva de trabajo celebrada entre el I.S.S. y
SINTRASEGURIDADSOCIAL[7], que acumula el tiempo de
servicio que prestó en entidades publicas, y en segundo lugar, por el régimen
de transición de la ley 100 de 1993, el cual establece que se debe aplicar el
régimen anterior al cual estaba afiliado, es decir la ley 71 de 1988, que solo
exigía cumplir 1000 semanas de cotización y 60 años de edad, para acceder a la
pensión de vejez. Requisitos que según el actor se encuentran cumplidos, porque
a la fecha tiene más de 70 años y reporta un total de 1.100.43 semanas de
cotización.
3. Respuesta de la entidad
accionada
El Instituto de Seguros
Sociales no contestó la presente acción de tutela.
4. Decisiones de tutela
objeto de revisión:
4.1. Sentencia de Primera
Instancia del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de San José de Cúcuta del 6 de
agosto de 2011[8].
El Juzgado mencionado, denegó
el amparo solicitado al estimar que la tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
debido a que transcurrió un termino de más de dos (2) años desde que se
notificó la resolución que negó la pensión hasta la fecha de la interposición
de la tutela, sin que el actor haya ejercido la acción ordinaria que tenía a su
alcance para solicitar el reconocimiento de la pensión. Aunado a lo anterior,
señala el juez que dentro del proceso el peticionario no acredito el
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión pretendida,
pues al momento de elevarse la petición en 2006, el accionante no contaba con las
semanas de cotización  que exigía la ley y estas tan solo se vinieron a
satisfacer con posterioridad a su solicitud.
4.2.   Sentencia de
segunda Instancia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta – Sala
Civil Familia, del 17  de noviembre de 2011[9].
El Tribunal confirmó la
sentencia del a quo, al considerar que se presentó una inactividad judicial
del tutelante durante un termino considerable. Además de lo anterior, el
accionante no probó sumariamente las razones por las cuales el medio judicial
ordinario es ineficaz para lograr la protección de los derechos presuntamente
vulnerados.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión judicial mencionada, con base en la Constitución Política -artículos
86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991 -artículos 31 a 36-[10].
2. Procedencia de la demanda de tutela.
2.1. Alegación de
afectación de un derecho fundamental. Se alega la vulneración de los
derechos a la seguridad social pensional, al mínimo vital, a la vida digna, a
la protección de las personas de tercera edad, a la salud y al debido proceso.
2.1.1. Conforme con el artículo 48 Superior, la seguridad
social es un derecho de contenido prestacional, irrenunciable, cuya protección,
en principio, no puede procurarse a través del ejercicio de la acción de
tutela. En esa medida, por regla general, el amparo constitucional,  no es
procedente para obtener el reconocimiento de derechos de contenido
prestacional, como en el caso que ocupa la atención de la Sala, controversias
que deben ser resueltas ante la jurisdicción laboral o contencioso
administrativa, según sea el caso.
2.1.2. No obstante, la
jurisprudencia constitucional, ha aceptado la procedencia de la acción de tutela
de manera excepcional, para obtener el reconocimiento y pago de una pensión,
cuando quiera que no exista otro mecanismo de defensa judicial para el efecto,
o cuando existiendo,  este  no resulte eficaz para procurar su protección, o cuando
se intente como medio transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, siempre que esté debidamente probado, y mientras que la autoridad
competente decide de fondo, y definitivamente, el conflicto de que se trate[11].
2.1.3. Con esa misma orientación, este Tribunal ha señalado
que la acción de tutela procede para el reconocimiento del derecho a la pensión
“(i) cuando quiera que su afectación vulnera derechos de raigambre
fundamental como la vida, o el mínimo vital; o (ii) en eventos en los que se
trata del reconocimiento de esta prestación a favor de una persona de la
tercera edad, dada la especial protección de la que son destinatarios por orden
de la Constitución, y visto el caso concreto no existe un mecanismo ordinario
de defensa del derecho, o que existiendo éste no provee una protección eficaz
al mismo…”[12].
2.1.4. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el
accionante es una persona de la tercera edad[13], que manifiesta carecer
de recursos económicos para su subsistencia, por lo que se reúnen las
condiciones para que sea procedente la acción de tutela como mecanismo
principal de protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
2.2. Legitimación activa. El artículo 86 de la
Constitución Política, establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. En este caso, el señor Jorge Augusto
Hernández Bermúdez es una persona mayor de edad que actúa en defensa de sus
derechos, razón por la cual, está legitimado para presentar la acción[14].
2.3.
Legitimación pasiva: El Instituto de los Seguros Sociales, en su condición
de autoridad pública, está legitimado como parte pasiva en el presente proceso,
en vista de que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en
cuestión. (CP, art 86; D 2591/91, art 42),
2.4. Subsidiariedad: El artículo 86 de la
Constitución Política, establece que la acción de tutela es un instrumento
judicial, preferente y sumario, para reclamar “la protección inmediata”
de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados, por la acción u omisión de las autoridades públicas, y
excepcionalmente de los particulares. Este mecanismo se caracteriza por ser subsidiario
y residual, lo que implica que, frente a una situación fáctica, procederá en
procura de la protección de derechos fundamentales, cuando quiera que no exista
otra acción de defensa judicial prevista en el ordenamiento para el efecto, o
cuando existiendo, no sea eficaz para obtener su amparo; o cuando se promueva
como mecanismo transitorio en orden a evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
2.4.1. En el caso sub examine, si bien el accionante
cuenta con las acciones laborales como mecanismo principal, encuentra la Sala
que dado que se trata de una persona de la tercera edad, éstos pueden tornarse
en ineficaces para la protección de sus derechos fundamentales, para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que como lo expone en el escrito de
demanda de tutela,“cuento con mas de 73 años de edad y sin ninguna
ocupación, que no tengo protección en salud, ni ingreso económico alguno, que
por necesidad debo acudir de manera constante a pedir casi de limosna la ayuda
para sostenerme (...)”[15].
2.5.
Inmediatez: Interpretando el articulo 86 de la Carta Política, la
jurisprudencia constitucional ha estimado que si bien, la acción de tutela no
cuenta con un término de caducidad, dentro del cual deba ser ejercida, de tal
manera que su rechazó, en principio, no es procedente por la sola circunstancia
del paso del tiempo, la solicitud de amparo no puede ser deprecada en cualquier
momento, sin atender la época en la que ocurrió la acción u omisión que origina
la violación o amenaza de los derechos fundamentales de que se trate[16].
Lo que significa que la acción se debe
promover oportunamente, esto es, en un término razonable, después de la
ocurrencia de los hechos que motivaron el agravio de los derechos[17],
pues de otra forma  se desvirtuaría el propósito mismo de la acción de
tutela, cual es,  proporcionar protección urgente o inmediata, a los derechos
fundamentales cuando quiera que se amenacen o vulneren.
2.5.1. En este sentido, esta Corporación
ha señalado que para establecer la procedencia de la acción de tutela en
relación con el requisito de inmediatez, entre otros elementos, el juez
constitucional debe evaluar “… si existe un motivo válido para la
inactividad de los accionantes... [18], es decir, si es
predicable la existencia de una justa causa por la cual no ejercitó la acción
de manera oportuna…”[19].
2.5.2. Analizada la documentación del expediente, la Sala
advierte que el accionante, solicitó al Instituto de Seguros Sociales el
reconocimiento de la pensión de vejez, a la que consideraba tenia derecho, por
estimar que cumplía con los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988.
2.5.3. En respuesta a la solicitud, el Instituto de Seguros
Sociales negó el reconocimiento de la prestación solicitada indicándole al
accionante los motivos por los cuales no accedía a su pretensión, siendo el
último de ellos la Resolución 908 de junio 30/09.  El 21 de septiembre de 2011,
el interesado presentó acción de tutela para la protección de sus derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, dos (2)  años y tres (3) meses después
del acto administrativo[20] del cual se deriva la
presunta vulneración.
2.5.4. Por lo expuesto, en la medida en que trascurrió un
periodo considerable entre el momento en el que produjo el acto administrativo
del que el accionante considera se deriva la vulneración de sus derechos y el
ejercicio de la acción de amparo constitucional, sin que exista una explicación
razonable de su inactividad, la Sala concluye que en el caso concreto, no se
cumplió con el requisito de inmediatez de la acción de tutela, razón por la
cual la urgencia en la protección de sus garantías resulta desvirtuada.
En conclusión, la Sala procederá a
revocar las decisiones de instancia que negaron el amparo y en su remplazo,
declarará la improcedencia de la acción de tutela por las razones
expuestas.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la
sentencia de segunda Instancia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cúcuta – Sala Civil Familia, del 17 de noviembre de 2011,  que confirmó la
sentencia de primera instancia que negó la acción de tutela instaurada por el señor
Jorge Augusto Hernández Bermúdez contra el Instituto de Seguros Sociales y en
su lugar declarar la improcedencia de la acción de tutela impetrada, por los
motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
ADRIANA
GUILLÉN ARANGO                       GABRIEL E. MENDOZA MARTELO
Magistrada
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Demanda presentada el 21 de septiembre/11. (folios 127 a 129 cuaderno No.1)
[2] Cedula
de Ciudadanía y Registro Civil de Nacimiento. (Folio 2 y 3 del cuaderno No.1
del expediente).
[3] Ver folios 11 a 14 del cuaderno No.1.
[4]  1º de abril de 1994.
[5] El
I.S.S. en la resolución  No. 0908 de 2009 señalo: “entonces por descarte
podemos confirmar que no se encuentra dentro la ley 33 de 1985, por que no
reúne el tiempo de servicio público exigido(20 años públicos); nótese que los
requisitos de la ley 71 de 1988, tampoco son satisfechos ya que no cumple con
el tiempo de servicio exigido (20 años); ahora las semanas cotizadas al ISS
fueron pagadas con posterioridad al 0l de abril de 1994, por lo cual el decreto
758 de 1990 no es aplicable.”
[6]  La ley 100 de 1993 fue modificada
posteriormente por la ley 797 de 2003.
[7]  El artículo 101 de la Convención Colectiva de trabajo establece: Acumulación de tiempo de servicios. Los
servicios prestados sucesiva o alternativamente en las demás entidades de
derecho público podrá acumularse para el cómputo del tiempo requerido para
poder  tener derecho a  pensión  de  jubilación y el monto correspondiente se
distribuirá en proporción al tiempo laborado en cada una de tales entidades.
[8]  Ver folios  133 a 139 del cuaderno No. 1.
[9] Ver folios  9 a 18 del cuaderno No. 2.
[10] En Auto del treinta y uno (31) de enero de 2012, de la Sala de Selección de tutela No 1 de la Corte Constitucional, se dispuso la revisión de la providencia en cuestión y se procedió a su reparto.
[11] Ver, entre otras, la Sentencia T-052/08.
[12] Ver, entre otras, la Sentencia T-1260/08.
[13] 73 años de edad.
[14] Escrito de tutela. (folios 127 a 129 del cuaderno. 1. (Decreto 2591/1991)
[15] Folio
128 del cuaderno No. 1.
[16] Ver Sentencias T-1040/05,T-791/09.
[17] Consultar, entre otras, las Sentencias T-495/05,
T-575/02, T-900/04, T-403/05 y T-425/09.
[18] Sentencia SU-961 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[19] En el miso sentido ver Sentencia T-575 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[20] Resolución numero 908 de junio 30 de 2009.  (folio 14 del cuaderno 1)