T-575-02
República de Colombia
Sentencia
T-575/02
PERSONA JURIDICA-Titularidad
de derechos fundamentales
DERECHO DE ASOCIACION
SINDICAL-Alcance/LIBERTAD
SINDICAL-Alcance
LEGITIMACION POR
ACTIVA DEL SINDICATO-Presentación de tutela
Para
considerar legitimado a un sindicato en la interposición de la acción, resulta
necesario que éste actúe por intermedio de su representante legal, bien para
instaurar la acción en forma directa, ya para conferir el correspondiente
poder.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Reintegro al cargo
PROCESO DE
REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA-No es necesario solicitar el levantamiento del fuero
sindical
Esta Sala
verificó que previo a la supresión del cargo, la Universidad obtuvo el permiso
judicial de levantamiento del fuero sindical. Ello, a pesar de que cuando se
trata de suprimir empleos a raíz de un proceso de reestructuración, es
innecesario solicitar el levantamiento del citado fuero. “La facultad constitucional de reestructurar una entidad
pública implica entre otras consecuencias, la atribución jurídica de suprimir
cargos; la debida supresión de un empleo, verificada de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales, hace innecesario acudir a la
definición judicial del fuero sindical como lo determina la disposición
acusada;  éste no es un límite absoluto que pueda enervar las decisiones
ordinarias del legislador en materia de la estructura  de la Administración
Nacional..."
JUEZ CONSTITUCIONAL-Improcedencia
para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la
Constitución Política/JURISDICCION
CONSTITUCIONAL-Alcance frente a fallos de otra jurisdicción
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Elementos
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA-Inexistencia de perjuicio irremediable
De acuerdo con las circunstancias
fácticas del caso, encuentra la Corte que la acción de tutela es improcedente
como mecanismo transitorio por ausencia de un perjuicio irremediable. Esto es
así, porque: (i) No se encuentra evidencia fáctica que demuestre el daño
inminente, ni la existencia de la unidad de designio o de la intención evidente
de desmembrar el sindicato por parte de la Universidad; (ii) Asimismo, no se
desconoce el principio de estabilidad laboral y cualquier eventual daño ha sido
remediado con el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación; (iii) De
igual forma, el retardo en la administración de justicia no conlleva a un
menoscabo irremediable y; (iv) Por último, los accionantes desconocieron la
regla de la inmediatez que fundamenta la protección tutelar.
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA-Improcedencia
por no existir daño inminente
Es claro que la simple manifestación del
eventual riesgo en la existencia del sindicato por la disminución del número de
trabajadores afiliados y de la posible falta de medios de subsistencia para los
empleados despedidos, no genera per se y de manera directa o indirecta, un daño
inminente, grave y fundado que afecte los derechos fundamentales al trabajo, al
debido proceso, a la libertad sindical y a la asociación sindical invocados por
los accionantes, sin que se fundamente en evidencia alguna que demuestre tales
afirmaciones. De esta manera, no se encuentra evidencia alguna que demuestre
que, de no protegerse los derechos constitucionales invocados, se seguiría en
corto tiempo un daño o menoscabo en las garantías fundamentales de los
accionantes, toda vez que la simple posibilidad de lesión, considerada
aisladamente sin la presencia de pruebas contundentes que demuestren la
necesidad de proteger los derechos, hacen improcedente la tutela como mecanismo
transitorio, por la imposibilidad de observar la inminencia de un perjuicio
irremediable.
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA-Ausencia de unidad de designio o de intención evidente de
desmembrar el sindicato
ESTABILIDAD LABORAL-No
es fundamental/ESTABILIDAD
LABORAL-No hace parte del núcleo esencial del derecho al trabajo/ESTABILIDAD LABORAL-Protección
excepcional por tutela
La estabilidad laboral no es un
derecho fundamental y, en principio, no forma parte del núcleo esencial del
derecho al trabajo. De suerte que, la estabilidad laboral, por regla general,
no es objeto de protección a través de la acción de tutela, a menos que, por
circunstancias especiales y dada su conexidad inescindible con dicho derecho
fundamental y con otros principios, derechos y valores previstos en la Carta
Fundamental, sea procedente su protección tutelar, verbi gracia, en el caso de
la estabilidad laboral reforzada de las trabajadoras embarazadas.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Inexistencia de pérdida de estabilidad
laboral
En el presente caso, no encuentra la
Corte que la razón de supresión de los cargos haya sido consecuencia de una
actuación ilegítima de las directivas de la Universidad, ni que con tal
proceder se haya pretendido, de manera específica, afectar a sujetos
beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada.
PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia por supuesta demora en las vías
ordinarias
ACCION DE TUTELA-Término razonable de presentación
ACCION DE TUTELA­-Inmediatez
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia por desconocimiento de la
inmediatez
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia por reconocimiento de
pensiones de jubilación/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia por
reconocimiento de pensiones de jubilación
A 17 de los accionantes, les fue
reconocida por parte de la Universidad, pensión de jubilación. Acontecimiento
que permite excluir la posibilidad de conceder la tutela como mecanismo
transitorio, ya que el eventual perjuicio irremediable que la supresión de
cargos hubiese podido generar, se encuentra remediado con el reconocimiento y
pago de la pensión, permitiendo a sus titulares la satisfacción de sus
necesidades vitales.
Sala Quinta de Revisión
Referencia:
expediente T- 466.789
Accionantes: Edgar
Mercado Campo, en su calidad de Presidente y Representante de la Subdirectiva
Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Magdalena - y otros.
Demandado:
Universidad del Magdalena
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR
GIL
Bogotá,
D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dos (2002).
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco
Gerardo Monroy Cabra y Eduardo Montealegre Lynett, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso
de tutela identificado con el número de radicación T-466.789, instaurado por
Edgar Mercado Campo, en su calidad de Presidente y Representante de la Subdirectiva
Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Magdalena -
y otros, contra la Universidad del Magdalena.
I.       ANTECEDENTES
1.
La Solicitud
Edgar Mercado Campo,
actuando en calidad de Presidente y Representante de la Subdirectiva Seccional del Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena
-, en nombre propio y en el de los
siguientes afiliados: Idania Esther Aragón De la Hoz, Mercy Aragón Escobar,
Marlene Barrios Alonso, Miguel Bruges Arocho, Carlos Gustavo Buelvas Alvarado,
María Camargo Yepes, Marlene Candanoza de Campo, Elizabeth Carrillo, Miguel
Cotes Perozo, Enrique Cuadrado Parra, Mariela Vergel, Gustavo Fernández Vidal,
Daisy Esther Gómez Solano, Pedro González Blanco, Dennys Granados, Harold
Hernández, Hermilda Hernández, Cipriano Jiménez Acuña, Julio Jiménez Cantillo,
Myriam Linero Osorio, Nurys Linero Osorio,  Germán Martínez V., Héctor Martínez
V., José L. Mercado Peña, Silvia Mier Palacio, Myriam Morales, Humberto Muñiz,
Gladys Esther Narváez Arévalo, Ricardo Navarro, Gladys Navarro Castilla,
Gilberto Obregón V, Graciela Olarte Padilla, Jorge Orozco Barrera, Armando
Ortiz Carrión, Cleotilde Palomino Mejía, Wilson Peñate Barros, Judith Peñate
Barrios, Clara Pereira Rada, Magaly Silva de Polo, Norma Rocha de Posada, María
Robles Lugo, Rubén Rocha Díaz, Ada Luz Romero Romero, Aura Isabel Rubio Moran,
Francisco Valencia R, Pablo Vanegas Mejía, Alba Rosa Vásquez Núñez, Carmen
Isabel Vega Vives, Eloisa María Zagarra Hernández, Ana Lucía Amor Montalvo,
Aquileo Jiménez Soli, Eladio A. Pereira B., Armando Restrepo M., José M. Romero
Jiménez, Aseneth San Juan P., Clerys De la Hoz Domínguez, Carolina Linero
Revollo, Luis Ricardo Martínez Lambi, Nuris María Zambrano, Fuscaldo E.
Maestre, Omar Mesa Serrano y Dubis Méndez González; interpuso directamente acción
de tutela, el día 7 de marzo de 2001, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al trabajo, a la asociación sindical, al debido proceso y a la
existencia de la persona jurídica, tanto de los mencionados trabajadores como
de la Subdirectiva Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena -, como consecuencia de la actuación de la entidad demandada,
quien mediante Resoluciones Nos. 024 y 073
de enero 28 y marzo 30 de 1999, procedió a suprimir los empleos que dichos
trabajadores detentaban en la Universidad, en aras de disminuir el número de
empleados afiliados al sindicato y, por ende, llevarlo a su disolución[1].
2.
Hechos
relevantes.
2.1.  Afirman los
accionantes que estaban vinculados a la Universidad del Magdalena, en calidad
de empleados públicos y, al mismo tiempo, pertenecían a la Subdirectiva
Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Magdalena -[2].
2.2. La citada
Subdirectiva Seccional de SINTRAUNICOL, nació a partir de la asamblea de
fundación llevada a cabo el 18 de marzo de 1992, inscrita el 26 de marzo del
mismo año y cuya obtención del registro sindical, se logró el 30 de abril de
1992 mediante Resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
Magdalena.
2.3. Una vez se
conformó el sindicato, en ejercicio del derecho de negociación colectiva, se
pactaron derechos de rango convencional a favor de los empleados públicos de la
citada institución educativa. Los principales acuerdos se hallan contenidos en
actas del 13 de junio de 1990, 24 de junio de 1991 y 6 de agosto de 1996.
2.4. Se señala en la
demanda, que los directivos del sindicato, al descubrir que el señor Carlos
Eduardo Caicedo Omar - Rector de la Institución -  no reunía los requisitos
necesarios para acceder al cargo, presentaron denuncias ante la Procuraduría y
la Fiscalía General de la Nación. Se sostiene por los accionantes que el
Ministerio Público, sancionó al Rector, separándolo del cargo por un término de
treinta (30) días, y que, el máximo órgano investigador, dictó resolución de
acusación en su contra.
2.5. Los accionantes
afirman, que a raíz de las denuncias presentadas, el Rector de la institución,
emprendió una política de persecución sindical, a través de múltiples
actuaciones que se resumen a continuación:
·
Solicitó ante los
Jueces Laborales del Circuito, el levantamiento del fuero sindical del señor
Edgar Mercado Campo - Presidente de la organización sindical -, con el fin de
proceder a su despido.
·
El 5 de septiembre de
1997, desvinculó del servicio a Oscar Alvarado, Edith Meléndez, Juan Tapias,
Wilson Peñate, Guadalupe Hernández y Carmen Vega Vives, miembros de la Junta
Directiva y de la Comisión de Reclamos de la organización sindical.
·
Instauró demanda ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, solicitando la nulidad de los
acuerdos contenidos en actas del 13 de junio de 1990, 24 de junio de 1991 y 6
de agosto de 1996.
·
Resolvió mediante
Resolución No. 268 de diciembre 9 de 1998, disminuir los salarios de todos los
trabajadores a su servicio, desmejorando el valor que se reconocía por concepto
de prima de carestía. Según se afirma, la citada prestación estaba contenida en
los acuerdos cuya nulidad solicitó la Universidad.
·
A partir del 26 de
enero de 1999, impidió el acceso al área administrativa de la Universidad de
los empleados Cleotilde Palomino, Gustavo Fernández, Eduth Coley de Bandera,
Mercy Aragon Escobar, Marlene Barrios Alonso, Graciela Olarte y José Romero,
todos miembros activos de la organización sindical.
2.6. Sin embargo, a
juicio de los accionantes, fue por intermedio de las Resoluciones Nos. 024 y
073 de enero 28 y marzo 30 de 1999, mediante las cuales se vulneró el derecho
de asociación sindical, dada la disminución drástica del número de trabajadores
afiliados al sindicato, en aras de llevarlo
a su disolución[3]. Esto ocurre, porque:
·
Por medio de la
Resolución No. 024 de enero 28 de 1999, se suprimió sesenta y cinco (65) cargos
de la planta de personal de la institución educativa, entre ellos, sesenta y
cuatro (64) de trabajadores afiliados al sindicato.
·
A través de Resolución
No. 073 de marzo 30 de 1999, se suprimió los cargos de veinticinco (25)
trabajadores, diez (10) de los cuales, eran afiliados a la organización
sindical.
·
De este modo, el
derecho de asociación sindical, se vió afectado al mermar de forma contundente
el número de afiliados al sindicato que de un total de 109 de los 138 empleados
de la Universidad, con los 74 despedidos quedó reducido a 35 socios.
·
Agregan que la Rectoría
de la Universidad sustenta dichas Resoluciones, en un estudio ‘antitécnico’ que
pretende enfocar el cambio, en la necesidad de modernizar la Universidad,
racionalizar el gasto y mejorar la prestación del servicio.
·
Sostienen, además, que
pese a las razones expuestas en las Resoluciones, se contrataron estudiantes en
los mismos cargos que ocupaban los empleados sindicalizados, cambiando exclusivamente
la denominación y la remuneración.
2.7 Por otra parte,
los accionantes reconocen la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial, especialmente, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral y la acción de reintegro por fuero sindical (ante el Tribunal
Administrativo del Magdalena y los Jueces Laborales del Circuito de Santa
Marta). No obstante, afirman que es procedente la acción de tutela, como
mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, “...de tal
forma que si no se [les] protege de manera urgente [los derechos invocados],
los perjuicios a los que [se verían] abocados (sic) serán irremediables, aunque
más tarde haya decisiones judiciales favorables...”.
Sin embargo,
sostienen que la protección del derecho de asociación sindical y,
específicamente, de la existencia de la Subdirectiva Seccional del Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena
-, únicamente puede ser amparada mediante la acción tutelar.
2.8. Por último, los
accionantes afirman que la Universidad del Magdalena se niega a realizar los
descuentos de las cuotas sindicales desde enero de 1999, motivo por el cual,
ante la falta de recursos, se encuentran inactivos en el ejercicio de sus derechos
sindicales.
3.      Fundamento de la acción.
3.1. De
acuerdo con los accionantes, la decisión de suprimir el empleo a más del
cincuenta por ciento (50%) de los trabajadores afiliados a la Subdirectiva
Seccional de SINTRAUNICOL - Magdalena -, es una clara manifestación de la
violación de los derechos fundamentales al trabajo y a la asociación sindical,
ya que las razones expuestas por el Rector de la institución educativa, al
expedir las Resoluciones Nos. 024 y 073 de 1999, en el sentido de que la
supresión obedecía a la necesidad de modernizar la Universidad, racionalizar el
gasto y mejorar las condiciones del servicio, no son ciertas, toda vez que las
funciones públicas suprimidas, continúan siendo desempeñadas por estudiantes
que han sido contratados por la entidad.
3.2.
A juicio de los demandantes, si bien es cierto que el Rector de la Universidad,
tiene la facultad discrecional de remover a los servidores públicos atendiendo
a un interés superior, dicha atribución, no puede ser ejercida para desmembrar
al sindicato, ya que una actuación en dicho sentido, desconoce el mínimo de
garantías legales, constitucionales e internacionales que prevén la protección
del derecho de asociación sindical. Precisamente, de esta manera, consideran
vulnerados el artículo 39 de la Constitución Política, el artículo 354 del
Código Sustantivo del Trabajo,  el artículo 11 del Convenio 87 y el artículo 1°
del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, igualmente, la
ley 411 de 1997, por medio de la cual se aprobó el “Convenio 151 sobre la
protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar
las condiciones de empleo de la administración pública”.
3.3  Por otra parte,
estiman los accionantes que la Universidad del Magdalena, además de atentar
contra la libertad de asociación sindical, infringió los artículos 25 y 53 de
la Constitución Política, referentes a la protección que el Estado debe dar al
trabajo y, específicamente, a la estabilidad en su prestación.
3.4. Por último, se
indica en la demanda, que según el artículo 29 de la Constitución Política, el
debido proceso se debe observar en todas las actuaciones judiciales como
administrativas. Sin embargo, la Universidad del Magdalena desconoció este
derecho fundamental, ya que: (i) Instauró demanda por la vía de acción de
nulidad simple, contra los acuerdos suscritos de manera concertada, cuando a su
juicio, debió acudirse a la Jurisdicción Ordinaria Laboral y; (ii) Se
suprimieron cargos tanto de la junta directiva del sindicato como de los demás
trabajadores, sin solicitar permiso previo al Juez laboral, según lo establece
el artículo 113 del Código Sustantivo del Trabajo.
4.    Pretensión
Los
accionantes pretenden que por
intermedio de la acción de tutela, se proteja de manera transitoria los
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso y a la existencia de la
persona jurídica y, de manera definitiva, el derecho de asociación sindical,
tanto de los trabajadores referenciados como de la Subdirectiva Seccional del
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL)
- Magdalena -. Para lo cual, solicitan que se ordene a la Universidad del
Magdalena, el reintegro de todos los trabajadores desvinculados, en los mismos
cargos y en idénticas condiciones, en que desempeñaban sus trabajos al momento
de la expedición de las Resoluciones Nos. 024 y 073 de enero 28 y marzo 30 de
1999.
5. Oposición a la demanda de tutela.
En respuesta a la solicitud de las
autoridades judiciales, la Universidad del Magdalena se opuso a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
·
Afirma que el Juzgado
Segundo Laboral de Santa Marta, en sentencia de 9 noviembre de 2001, levantó la
garantía foral que amparaba al señor Edgar Mercado Campo, como Presidente de
SINTRAUNICOL y autorizó a la institución educativa para despedirlo, en razón a
que el mencionado directivo sindical, no concurrió a trabajar en forma regular
a su puesto de trabajo durante un amplio período de tiempo. Apelada la
decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Magdalena, con ponencia del
Magistrado Luis Alejandro Linero Mier, confirmó la decisión, en providencia de
9 febrero de 1999.
Ahora bien, de este modo, a juicio del
demandado, el señor Edgar Mercado Campo, invocó una calidad que no tiene - ser
Presidente y Representante del sindicato - y por tal motivo, carece de
legitimación para interponer la presente acción de tutela.
·
Paso seguido, afirma
que la supresión de cargos fue el resultado de un proceso de reinvención, que
adelantó inicialmente el Departamento de Magdalena y que luego se extendió a
los institutos y establecimientos públicos del orden departamental. En el caso
concreto de la Universidad del Magdalena, el citado proceso, se inició dadas
las connotaciones de la profunda crisis financiera, administrativa y académica
que venía atravesando la institución educativa y se implementó mediante un
amplio diagnóstico elaborado por estudiantes, directivos, miembros del cuerpo
docente y de algunos empleados, porque los restantes, pese a la convocatoria
hecha en el acuerdo 006 de 1997 que pretendía la autoevaluación, el reordenamiento
y la reestructuración de la Universidad, se abstuvieron de participar.
·
Por otra parte,
sostiene que el ICFES recomendó en un documento denominado “Análisis de la Universidad del Magdalena”, como consecuencia de su visita a la institución
educativa en septiembre de 1997, renegociar la convención colectiva, revocar la
prima de carestía de los profesores acogidos al Decreto 1444 de 1992 y
replantear la planta de personal administrativa y académica.
·
Expresa el demandado
que con fundamento en el acuerdo 006 de 1997, y como producto de los
diagnósticos recogidos en talleres y mesas de trabajo que se desarrollaron en
esa época, se suscribió en mayo de 1998, entre el Ministerio de Educación
Nacional y el Rector de la institución educativa, un documento denominado “Acuerdo de Eficiencia”, mediante el cual, la Universidad se comprometió dentro de los
aspectos más importantes a: i) Ajustar la estructura financiera de manera que
tienda al equilibrio presupuestal, mejore el esfuerzo fiscal y permita en consecuencia
un incremento real y significativo de los recursos propios; ii) Redimensionar
la estructura de la planta de personal de acuerdo con las metas de
racionalización y modernización de la Universidad y, buscar los mecanismos
legales que le permitan reajustar y racionalizar las prestaciones y primas de
sus directivos, docentes, trabajadores oficiales y  empleados públicos
administrativos; iii) Adelantar un plan para la modernización y desarrollo
institucional a través de proyectos que permitan introducir una mejora
sustancial a la gestión, adoptando un sistema integral financiero e
institucional de incorporación de procesos de selección, contratación,
capacitación de personal, montaje del sistema de información, seguimiento,
evaluación y control de la gestión; con el fin de garantizar la viabilidad
administrativa y financiera de la Universidad.
Por su parte, el Ministerio de Educación
Nacional, se comprometió a efectuar un aporte adicional, en la suma de mil
millones de pesos moneda legal colombiana, como un estímulo a la
reestructuración. Así mismo, previó adelantar gestiones ante el Ministerio de
Hacienda y crédito público para lograr la emisión de bonos pensionales y la
inclusión de citada cifra, en la base de transferencias futuras.
·
A juicio del
demandado, en virtud de las medidas propuestas y ejecutadas a partir de una
serie de documentos técnicos y administrativos[4], la Universidad logró reorientar su rumbo
y, emprender el proceso de reestructuración, reorganización y
redimensionamiento del modelo financiero y administrativo vigente, en donde se
hizo indispensable, la reorganización de la planta de personal existente para
armonizarla con la nueva estructura administrativa, en aras de garantizar la
buena prestación del servicio.
·
Así, con la drástica
reducción de gastos generales, de personal y con el aumento de las
transferencias y los recursos propios, se inició un proceso sostenido de
disminución del déficit de tesorería, lográndose reducir un 49 % de los gastos
generales de la Universidad. De este modo, en los tres últimos años, la
institución ha alcanzado una reducción de gastos de funcionamiento en $
4.820.000.oo.
·
Por otra parte, de
acuerdo con el demandado, se han gestionado recursos para saldar los pasivos
laborales, llegándose a destinar $ 7.228.000.000.oo para pagar el 74% de
cesantías acumuladas en 35 años. Así mismo, se ha logrado cumplir con la
obligación de pensionar 113 servidores que ya cumplieron con el tiempo de
trabajo requerido por ley. Entre los cuales, se encuentran, algunos que
extrañamente reclaman a través de la presente acción su reintegro[5].
·
Sostiene el demandando
que la tutela es improcedente, ya que los accionantes entablaron un proceso
contencioso, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena y, en
la demanda, no se destaca la presencia de un perjuicio irremediable, que
justifique la protección tutelar.
·
Se informa que la
Subdirectiva Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena -, se conformó con el fin
de agrupar a los empleados públicos de la Universidad del Magdalena, toda vez
que los trabajadores oficiales de la citada institución educativa, están agrupados
a sindicato de empresa denominado SINTRAUNIMAG, motivo por el cual se
encontraba limitado su poder para negociar las condiciones de trabajo.
En virtud de lo
anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso      Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, el 16 de septiembre de 1999, decretó la
suspensión provisional de los acuerdos mencionados y por ende, se suspendieron
los pagos de algunos factores salariales a empleados no docentes a partir del
mes de diciembre de 1999.
II.      TRAMITE
PROCESAL
1.
Primera Instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Santa Marta - Sala Laboral -, denegó la tutela por las siguientes razones:
1.1. Inicialmente,
sostiene que existen otros medios de defensa judicial previstos en el
ordenamiento jurídico para proceder a garantizar y salvaguardar los derechos
invocados. Precisamente, mediante un juicio ordinario laboral, es posible
resolver la presente controversia. Sin embargo, analiza la procedencia de la
tutela como mecanismo transitorio, destacando que en el presente caso, los
accionantes no precisan la naturaleza del perjuicio irremediable “... respecto de cada uno de los
exservidores de la Universidad del Magdalena a cuyo favor depreca el amparo; ni
invoca uno concreto, común a todos ellos; ni a simple vista se vislumbra alguno
que reúna las características que la jurisprudencia constitucional ha señalado
como fundamentales para que un daño potencial merezca la calificación de
irremediable, o sea: la inminencia y gravedad del perjuicio y la consiguiente
necesidad de inmediatamente conjurarlo, empece al hecho concreto, en este caso,
de que el despido, fuente de dicho perjuicio es, viejo en el tiempo...”. Por este motivo: “...Se carece pues, de elementos de juicio
para determinar si los medios legales con que cuenta la persona afectada
adolecen de la suficiente prontitud y eficacia para enfrentar la inminencia del
peligro para el derecho fundamental. Máxime cuando, en lo que respecta al
reintegro solicitado a través de la presente acción de tutela, el daño que de
su demora pueda seguirse, encuentra su propio mecanismo de reparación en el
pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo que transcurra entre
el despido y la reinstalación del servidor en el cargo del cual fue
separado....”.
1.2.  Paso seguido, afirma que para poder
establecer el propósito de la reforma, es decir, si correspondía a un proceso
de reestructuración o era propio de una política de persecución sindical,
resultaba necesario un estudio que por su naturaleza “no
sólo rebasa la capacidad y poderes del juez constitucional sino el tiempo
físico otorgado para la resolución de la acción de tutela”. De este modo, si se pretendiera decidir
con prescindencia de ese estudio, se estaría aceptando entonces, “que la definición de asuntos que exigen juicios minuciosos o en
extremo especializados, se realice luego de un procedimiento en el que resulta
imposible solicitar, practicar y controvertir la totalidad de las pruebas
necesarias para la adopción de la correspondiente decisión.”
1.3.  Por otra parte, estima que “no obstante  el alto número de asociados despedidos, no se deduce de
ello violación del derecho de asociación. En primer lugar, porque aparte de que
tan alto recorte de personal tenía necesariamente que cobijar gran parte de los
miembros de SINTRAUNICOL, las desvinculaciones además, guardaron la proporción
entre sindicalizados y no sindicalizados. En efecto, de acuerdo con lo afirmado
en la demanda, los sindicalizados eran: 103 de los 138 servidores de la
universidad -78%- y 74 de los 90 despedidos por supresión de sus cargos -82-%.”
1.4. Igualmente, la mayoría de tales
desvinculaciones, se originaron en un plan de reestructuración serio y
efectivamente ejecutado, tal y como lo puso de presente el demandado en los
documentos que aportó al expediente. Es decir, se trató de supresiones legales,
al amparo de la facultad concedida constitucionalmente a los entes
administrativos para suprimir y fusionar cargos, en pro de una mayor eficiencia
y eficacia en la prestación del servicio.
1.5. En cuanto a “....la afirmación de que los cargos sólo cambiaron de denominación y
remuneración, y continúan siendo desempeñadas por estudiantes contratados como
auxiliares y monitores administrativos, no desluce el plan de reinvención de la
Universidad del Magdalena; si de lo que se trató - y contra ello no milita
prueba alguna - fue de dependencias que se fusionaron, funciones que se
repartieron entre los cargos que quedaron o que se asignaron a estudiantes con
menos títulos pero con los suficientes para desempeñarlos con idoneidad y a
menor costo; porque de eso se trata cuando a una reestructuración se procede
bajo la égida de mayor eficiencia a menor costo....”.
4.
Impugnación
Los señores Edgar Mercado Campo, Idiania Aragón de la
Hoz, Marlene B. Alonso y Miguel Bruges A., en calidad de accionantes en la
tutela de la referencia, impugnaron la decisión proferida en primera instancia,
por las siguientes razones:
·
Estiman que con la desvinculación masiva
realizada por la Universidad del Magdalena, se vulneraron derechos
fundamentales de cada uno de los trabajadores y de la organización sindical,
que no pueden ser protegidos o resarcidos por las vías ordinarias.
Así, manifiesta
que: “...En el presente caso, es evidente que en los procesos que se
adelantan en nombre nuestro ante el Tribunal Administrativo del Magdalena no se
llegará a dilucidar si colectivamente mirados y teniendo en cuenta que el
despido de que fuimos objeto fue masivo, se violó en cada caso concreto el
derecho de asociación sindical, y menos podrá verificarse si el derecho
fundamental del sindicato en sí mismo, se vio vulnerado cuando la Universidad
decidió terminar simultáneamente el vínculo laboral de setenta y cuatro
trabajadores que pertenecían a él....
...Bien puede
ocurrir que el Tribunal nos de la razón y ordene restablecer nuestros derechos,
o por el contrario puede resolverse a favor de la entidad demandada, pero no
puede definir en ninguno de los procesos vigentes, si el derecho de asociación
sindical, que invoca el sindicato y sus afiliados, fue o no materia de
atropello por la conducta de la Universidad...”[6].
·
Sostienen que con las actuaciones de la
Universidad del Magdalena, especialmente con la desvinculación de más del
cincuenta por ciento (50%) de los trabajadores afiliados al sindicato, se
limitó el  derecho de Asociación Sindical, toda vez que la organización
sindical se vio mermada en el número de sus afiliados, y como consecuencia
lógica en sus ingresos mensuales.
·
Por otra parte, sostienen que la Universidad del
Magdalena, después de la desvinculación masiva ha venido tomando otras medidas
represivas tendientes a obtener la desaparición de la organización sindical, la
más disiente, es la negativa a efectuar los descuentos por concepto de cuotas
sindicales a los pocos afiliados al sindicato que aún quedan en la Universidad.
·
De todo lo expuesto concluye, que es al juez
constitucional al que le corresponde dilucidar este asunto, ya que el juez
administrativo, no puede establecer si el derecho de asociación sindical fue
efectivamente vulnerado.
3.    Segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, mediante providencia proferida el quince (15) de mayo de
2001, decidió confirmar la decisión pronunciada por el ad
quo, con fundamento en las
consideraciones que se resumen a continuación:
·
Inicialmente, estima
que existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos
fundamentales que puedan corresponder a los accionantes. Además, no existe
elemento alguno que permita conceder la tutela como mecanismo transitorio, por
fuera de la propia afirmación que hace Edgar Mercado Campo sobre el sometimiento
a un perjuicio irremediable.
·
Posteriormente, afirma
en relación con la persona jurídica denominada Subdirectiva Seccional del
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL)
- Magdalena -, que para confirmar la sentencia basta con anotar que los
derechos fundamentales sólo se predican de los seres humanos, conforme a lo
dispuesto en los artículo 93 y 94 de la Constitución Política.
Así, expresa que: “...Aún
cuando no se desconoce que existen interpretaciones según las cuales también
las ‘persona jurídicas’ pueden promover en su propia defensa acciones de tutela,
en la medida en que, al igual que los seres humanos, gozan de derechos
fundamentales constitucionales, para esta sala de la Corte resulta equivocada
esta posición, pues estima que tanto de los expresos y claros términos de la
propia Constitución Nacional como de las tesis filosóficas y de las doctrinas
políticas que inspiran la Teoría de los Derechos Humanos  - que es la
originaria denominación de lo que en nuestro ordenamiento jurídico positivo
figura como ‘Derechos constitucionales fundamentales’ -, resulta indudable que
únicamente el ser humano tiene derechos que le son inherentes....
...Las
denominadas ‘personas jurídicas’ desde luego gozan de derechos y nuestro
ordenamiento positivo se los garantiza; sin embargo, los derechos de tales
personas se los otorga la ley sin que le sean esenciales o inherentes....
... Con esta
comprensión aparece que el artículo 86 de la Constitucional Nacional debe ser
interpretado como la consagración de un instrumento judicial enderezado a
permitirle a los seres humanos reclamar la protección inmediata de los derechos
que le son inherentes a su condición de personas, así consideradas por el sólo
hecho de existir y sin que su personalidad jurídica ni la existencia de los
derechos que le son esenciales dependa de un reconocimiento estatal..”.
5.
Material probatorio aportado al proceso
y recaudado en sede de revisión.
Tal y como lo
impone la metodología utilizada en la presente sentencia, el material
probatorio recaudado que fuere conducente para adoptar la decisión de fondo
sobre la procedencia o improcedencia de la presente acción de tutela, será
debidamente comentado y analizado en el acápite correspondiente a las
consideraciones. Por lo pronto, compete hacer mención a la información general
allegada al proceso en las respectivas instancias, y a la recogida durante el
tramite de revisión por esta Corporación.
Básicamente,
en el expediente se encuentran los siguientes documentos relevantes para
decidir la presente causa:
-
Fotocopia del acta de fundación de la Subdirectiva
Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Magdalena -, de fecha 18 de marzo de 1992.
-
Fotocopia de la comunicación de fecha 26 de
marzo de 1992, por medio de la cual el Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Seccional Magdalena -, informó al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la fundación de la organización
sindical y solicitó su inscripción en el registro sindical.
-
Fotocopia de la comunicación de fecha 30 de
abril de 1992, por medio de la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
inscribió en el registro sindical, los miembros de la Junta Directiva de SINTRAUNICOL
- Seccional Magdalena -.
-
Fotocopia del informe fiscal emitido por la
Contraloría Departamental del Magdalena, en relación con la auditoria integral
realizada en la Universidad, el 4 de diciembre de 1996.
-
Fotocopia de la comunicación de fecha 15 de
septiembre de 1997, por medio de la cual, el señor Edgar Mercado Campo en su
calidad de Presidente de la organización sindical SINTRAUNICOL - Seccional
Magdalena -, solicitó a la Procuraduría Departamental de Magdalena, investigar
a la Universidad por la falta de pago de los salarios, despidos masivos,
designación ilegal del Rector, persecución sindical y doble vinculación.
-
Fotocopia de los documentos que sirvieron de
fundamento a la organización sindical SINTRAUNICOL, para denunciar al señor
Carlos Eduardo Caicedo Omar, por haber tomado posesión del cargo de Rector de
la Universidad del Magdalena, sin cumplir con los requisitos para ocupar dicha
designación.
-
Fotocopia del acuerdo de eficiencia, “hacia
una Universidad integral” suscrito entre el Ministro de Educación Nacional
y el Rector de la Universidad del Magdalena, el 12 de mayo de 1998.
-
Copia del informe rendido a Asamblea
Departamental del Magdalena, por la Directiva de la Asociación de profesores
universitarios ‘ASPU’ Seccional  Magdalena, el 21 de julio de 1998, sobre la
crisis institucional en la Universidad.
-
Comunicación de septiembre 30 de 1998, mediante
la cual, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL)  - Seccional Magdalena -, solicita al Gobernador de dicho
Departamento, una audiencia para tratar los problemas de la Universidad y de
sus servidores.
-
Denuncia No. 043 de octubre 29 de 1998, por
medio de la cual el señor Edgar Mercado Campo, pone en conocimiento del
Departamento Administrativo de Seguridad, Seccional Magdalena, Unidad
Administrativa de Policía Judicial, las amenazas de muerte que ha recibido él y
los señores Armando Restrepo, Acisclo Zambrano y Graciela Olarte.
-
Copia de la denuncia presentada ante el Procurador
General de la Nación por los señores Armando Restrepo y Graciela Olarte
Padilla, directivos de SINTRAUNICOL, mediante la cual ponen en conocimiento los
hechos irregulares que se venían presentando en la Universidad.
-
Fotocopia de la Resolución No. 0263 de diciembre
9 de 1998, por medio de la cual la Universidad del Magdalena, ordenó la
correcta liquidación de la prima de carestía de los trabajadores oficiales y
empleados públicos no docentes de la Institución.
-
Fotocopia de la Resolución No. 024 del 28 de
enero de 1999, por medio de la cual se suprimen unos cargos de la planta de
personal de la Universidad del Magdalena, entre ellos, 64 cargos ocupados por
afiliados a SINTRAUNICOL.
-
Fotocopia de la Resolución No. 073 de marzo 30
de 1999, por medio de la cual se suprimen unos cargos de la planta de personal
de la Universidad del Magdalena, entre ellos, 10 cargos ocupados por afiliados
a la organización sindical.
-
Fotocopia de la Certificación de febrero de
1999, expedida por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Willian Orlando
Correa Lozano, en donde constan los cambios parciales que ha tenido la Junta
Directiva de la organización Sindical, hasta octubre 5 de 1998.
-
Fotocopia de la denuncia No. 017 de abril 16 de
1999, formulada por el Departamento Administrativo de Seguridad Seccional
Magdalena, por el señor Armando Restrepo, directivo de SINTRAUNICOL, mediante
la cual pone en conocimiento de dicha entidad, el atentado de que fue víctima
la sede de la organización sindical, tras detonar un artefacto explosivo, que
causó la destrucción de dicha sede.
-
Fotocopia del Acta adoptada por la Subdirectiva
Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Magdalena -, realizada el día 2 de diciembre de 2000, mediante
la cual, deciden interponer la acción de tutela por violación del derecho de
asociación sindical.
-
Fotocopia de la comunicación de fecha 13 de
diciembre de 2000, enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante
la cual la organización sindical SINTRAUNICOL solicitó se le diera trámite a la
fusión con SINTRAUNIMAG.
-
Listado de afiliados a la organización sindical
denominada Sindicato de trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Magdalena - a 29 de enero de 1999.
-
Listado de afiliados a la organización sindical
denominada Sindicato de trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Seccional Magdalena - a la fecha.
-
Copia de la certificación de inscripción
ordenada mediante Resolución No. 016 de junio 28 de 1996, en la que certifica
la condición Edgar Mercado Campo como presidente de SINTRAUNICOL - Seccional
Magdalena -.
-
Fotocopia de los recortes de periódicos de
circulación regional de los años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 en relación con
la crisis por la que atravesó la Universidad del Magdalena.
-
Fotocopia del informe de la visita que realizó
el ICFES a la Universidad del Magdalena, los días 22 y 23 de mayo de 1997.
-
Fotocopia del diagnóstico financiero e
institucional para el Plan de Reforma Económica Territorial -PRET- de la
Universidad del Magdalena.
-
Fotocopia del Acuerdo Académico 006 de 1997, por
medio del cual se autoriza la iniciación del proceso de autoevaluación,
reordenamiento y reestructuración de la Universidad del Magdalena y, se
confirma y reglamentan las comisiones de trabajo, su composición y
funcionamiento.
-
Fotocopia del Acuerdo Superior 003 de 1999, por
medio de la cual se adopta la estructura de personal no docente de la
Universidad del Magdalena.
-
Fotocopia del Acuerdo Superior 004 de 1999, por
el cual se faculta al rector para suprimir empleos en la planta de personal de
la Universidad del Magdalena.
-
Fotocopia de la Resolución No. 00128 de 2000,
por medio de la cual se fija la escala salarial de los cargos y empleos de la
universidad.
-
Plan Decenal de Desarrollo de la Universidad del
Magdalena 2000-2009.
-
Copia del informe de gestión 1997-2000.
-
Copia del pliego de peticiones que la
Subdirectiva Seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena -, presentó a la
Universidad, el día 23 de noviembre de 2001.
Por su parte,
la Sala Quinta de Revisión, mediante Autos del 30 de octubre de 2001, 18 de
enero de 2002 y 8 de febrero del mismo año, le solicitó a la Universidad del
Magdalena que remitiera con destino a la Corte, la siguiente información:
-
Copia de las comunicaciones por medio de las
cuales se dio cumplimiento a las Resoluciones Nos. 024 de enero 28 de 1999 y
073 de marzo 30 del mismo año, informando a los trabajadores de la
desvinculación de la institución[7].
-
Una relación actual de los empleados de la
Universidad que se encuentran afiliados a la Subdirectiva Seccional de
SINTRAUNICOL - Magdalena -.
-
Un informe escrito en donde conste la
realización de los descuentos por concepto de cuotas sindicales a los
trabajadores afiliados a SINTRAUNICOL - Magdalena -.
-
Copia de las Resoluciones por medio de las
cuales se les reconoció la pensión de jubilación a las siguientes personas:
Fanny Jhonson Vives, Armando Ortiz Carrión, Clara Pereira Rada, Magalu Silva de
Polo, María Robles Lugo, Nurys Linero Osorio, José L. Mercado, Silvia Mier
Palacio, Humberto Muñiz, Germán Martínez, Hector Martínez, Gilberto Obregón,
Jorge Orosco, Pablo Venegas, Alba Rosa Vásquez, Eloisa María Zagarra, Fuscaldo
Maestre y Pedro González.
-
Copia de las decisiones judiciales por medio de
las cuales se autorizó el despido de la institución educativa de las siguientes
personas: Edgar Mercado Campo, Miguel Bruges Arocho, Elizabeth Carrillo,
Ricardo Navarro, Gladys Navarro Castilla, Graciela Olarte Padilla, Ada Luz
Romero Romero, Enrique Cuadrado y Carmen Isabel Vega Vives.
Igualmente,
la citada Sala de Revisión, le solicitó a Edgar Mercado Campo, quien actuó como
Presidente y Representante de la Subdirectiva Seccional del Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena
-, que remitiera la siguiente información:
-
Un informe sobre los trabajadores que
promovieron acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en contra de las Resoluciones
Nos. 024 de enero 29 de 1999 y 073 de marzo 30 del mismo año.
-
Copia de las decisiones judiciales por medio de
las cuales se ordenó el reintegro a sus cargos de las siguientes personas:
Gustavo Fernández, Harold Hernández, Guadalupe Hernández, Wilson Peñate Barros
y Armando Restrepo.
Así mismo, la
citada Sala de Revisión, le solicitó al Inspector de Trabajo y Seguridad Social
de la Dirección Regional del Trabajo y Seguridad Social del Magdalena, que
remitiera la siguiente información:
-
Copia de la providencia por medio de la cual se
decidió sobre la solicitud de inscripción en el registro sindical de la fusión
del Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Universidad de Magdalena
(SINTRAUNIMAG) al Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios
de Colombia (SINTRAUNICOL).
-
Certificación de la Junta Directiva conformada a
partir de la fusión efectuada por los citados sindicatos.
-
Certificación de la Junta Directiva del
Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Seccional Magdalena - a 7 de marzo de 2001.
III. FUNDAMENTOS JURIDICOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente, a través de
esta Sala de Revisión, para revisar la sentencia proferida dentro del proceso
de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Derechos constitucionales violados o amenazados.
Los peticionarios
solicitan la protección de manera transitoria de los derechos fundamentales al
trabajo, al debido proceso y a la existencia de la persona jurídica y, de
manera definitiva, el derecho de asociación sindical, tanto de los trabajadores
referenciados como de la Subdirectiva Seccional del Sindicato de Trabajadores y
Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena -.
3.    Problemas
jurídicos.
De conformidad con
lo expuesto en el acápite de antecedentes, se le atribuye a la Universidad del
Magdalena la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, al debido
proceso, a la libertad sindical y a la asociación sindical, tanto de los
trabajadores referenciados como de la Subdirectiva Seccional del Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena
-, por cuanto en desarrollo de un proceso de reestructuración, mediante las
Resoluciones Nos. 024 y 073 de enero 28 y marzo 30 de 1999, suprimió diversos
cargos, entre otros, los de algunos empleados sindicalizados, conduciendo,
según los demandantes, a una disminución drástica del número de trabajadores
afiliados al sindicato que coloca en riesgo su propia subsistencia.
De acuerdo con la
situación fáctica planteada y las decisiones adoptadas en sede de tutela, en
esta oportunidad le corresponde a la Corte determinar:
·
Si se pueden considerar
parte en el proceso tutelar los accionantes que no suscribieron la demanda.
·
Si las personas
jurídicas, puntualmente, la Subdirectiva Seccional del Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena
- se encuentra legitimada por activa para interponer la presente acción.
·
Si la acción de tutela
es el mecanismo judicial idóneo y eficaz para garantizar la protección de los
derechos fundamentales invocados o, si es posible conceder la acción de amparo
constitucional de forma transitoria para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, siempre que se establezca el daño inminente, la unidad de
designio o de la intención evidente de desmembrar al sindicato y se ajuste la
interposición de la acción a la regla de la inmediatez.
4.     Procedencia
de la acción de tutela
4.1.  Legitimación activa.
4.1.1. La presente acción de tutela fue
interpuesta por el señor Edgar Mercado Campo, a nombre propio y de 72
extrabajadores de la Universidad del Magdalena, pertenecientes a la
Subdirectiva Seccional de Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios
de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena -, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales al trabajo, a la libertad sindical y al debido proceso.
En este caso, por
tratarse de personas naturales se encuentran legitimadas por activa, ya que son
titulares de la acción de tutela, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991.
Sin embargo, de los
72 extrabajadores, encuentra la Sala que los señores: Geoname Amarís, Francisco
Bosson P, Moises Consuegra, Fanny Jhonson Vives, Elizabeth Goenaga de M, Jairo
Ortiz de la Hoz, Juan Bernier Pérez y Edison Obretor T., no suscribieron la
citada demanda, motivo por el cual, se pregunta la Corte ¿Si por el hecho de no
hacerlo se pueden considerar legitimados por activa en el presente proceso?.
La Corte considera que la acción de amparo
constitucional cuyo fin particular es velar por la inmediata, efectiva y
expedita protección de los derechos fundamentales, no es ajena al cumplimiento
de unos requisitos mínimos de procedibilidad que, entre otras, determinan la
forma de acceder al recurso. De esta manera, independientemente de su
naturaleza sumaria, el ejercicio de la acción tutelar exige que ésta se
encuentre debidamente suscrita por los demandantes, con el objeto de establecer
la veracidad de la protección pretendida y de poder evitar la suplantación de
personas. (artículo 14 del decreto 2591 de 1991[8] y artículos 2° y 86 de la Constitución
Política)
Así, la ausencia de cualquiera de los
mecanismos autorizados por la ley para dejar constancia sobre la suscripción de
la demanda, verbi gracia, la firma personal, la huella dactilar, la firma a
ruego o la agencia oficiosa, conlleva a que la Corte no pueda tener a las
citadas personas como accionantes, pues no aparece probada su voluntad de
promover el proceso de tutela. De este modo, la citada exigencia se constituye
en una forma de garantizar el debido proceso constitucional y de racionalizar
el uso de la acción.
Precisamente, esta Corporación ha
expresado que: "... La persona que ejerce la acción no necesita saber
escribir ni es indispensable que sepa firmar, pues bien puede requerir el
amparo alguien que por su edad o su falta de preparación se ubica en el rango
del analfabetismo, que no puede constituir barrera para el acceso a la
administración de justicia en materia de derechos fundamentales. En tales
eventos, la impresión de la huella dactilar, la firma a ruego o la agencia
oficiosa suplen la rúbrica del peticionario, siempre que en el expediente quede
clara constancia acerca de cualquiera de esas modalidades de actuación...
...Pero, desde luego, el juez que
conduce el trámite de la tutela debe tener la certeza de quién ha promovido la
acción y en qué forma lo ha hecho, motivo por el cual, cuando son varios los
solicitantes, debe establecerse con claridad cómo obra cada uno. Si actúan
por escrito deben aparecer sus firmas o los señalados medios de dejar
constancia sobre la presentación directa que hayan hecho de la demanda, con
el objeto de evitar que sus nombres sean usados por otras personas sin su
consentimiento para instaurar la acción..." [9].
Partiendo de
estas consideraciones, encuentra la Sala que los señores Geoname Amarís,
Francisco Bosson P, Moises Consuegra, Fanny Jhonson Vives, Elizabeth Goenaga de
M, Jairo Ortiz de la Hoz, Juan Bernier Pérez y Edison Obretor T., no se
encuentran legitimados por activa para interponer la presente acción de tutela
y que, por lo tanto, en relación con ellos, la Corte confirmará el fallo
proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pero
no por las razones que en su parte motiva lo sustentan, sino teniendo en cuenta
que en realidad no ejercieron la acción de tutela.
4.1.2. Por otra
parte, Edgar Mercado Campo, igualmente interpuso la acción de tutela, en su
calidad de Presidente y Representante de la Subdirectiva Seccional del
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL)
- Magdalena -, en aras de tutelar los derechos fundamentales de asociación
sindical y de existencia de la persona jurídica del sindicato.
A este
respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al confirmar
la sentencia de primera instancia, mediante la cual se denegó el amparo
solicitado, consideró que la acción de tutela ejercitada para amparar los
derechos constitucionales fundamentales de la persona jurídica denominada Subdirectiva
Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) - Magdalena - no procedía, entre otros aspectos, porque esta
clase de derechos sólo cabe predicarlos de los seres humanos, conforme a lo
dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política. Así, sostuvo
que:
“...Aún cuando no se desconoce que existen
interpretaciones según las cuales también las ‘persona jurídicas’ pueden
promover en su propia defensa acciones de tutela, en la medida en que, al igual
que los seres humanos, gozan de derechos fundamentales constitucionales, para
esta sala de la Corte resulta equivocada esta posición, pues estima que tanto
de los expresos y claros términos de la propia Constitución Nacional como de
las tesis filosóficas y de las doctrinas políticas que inspiran la Teoría de
los Derechos Humanos  - que es la originaria denominación de lo que en nuestro
ordenamiento jurídico positivo figura como ‘Derechos constitucionales
fundamentales’ -, resulta indudable que únicamente el ser humano tiene derechos
que le son inherentes....
...Las denominadas ‘personas jurídicas’ desde luego
gozan de derechos y nuestro ordenamiento positivo se los garantiza; sin
embargo, los derechos de tales personas se los otorga la ley sin que le sean
esenciales o inherentes...”.
No acoge la
Corte la tesis expuesta por el fallador de segunda instancia en torno al no
reconocimiento de los derechos fundamentales en cabeza de las personas
jurídicas. Dicho criterio contraría de manera manifiesta, clara y ostensible la
reiterada doctrina constitucional sobre el tema[10], en el sentido de considerar que el artículo 86 de la Constitución
Política no introduce distinción alguna entre las personas titulares de la
acción de tutela[11] e, igualmente, no distingue entre los derechos fundamentales
susceptibles de protección por esta vía[12], sin ignorar que, por su propia naturaleza, ciertos derechos
fundamentales son impredicables del ente moral y, por ende, exclusivos e
inherentes al ser humano.
La doctrina
sobre la materia, ha sido precisada por la Corte en los siguientes términos:
“...Para los efectos
relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que
existen derechos fundamentales que se predican de manera exclusiva de la
persona humana, v.gr. el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte
(artículo 11); la prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad
familiar (artículo 15), entre otros....
...Pero otros derechos
ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también
en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea
específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los
intereses comunes....
...Por lo tanto, es
necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas
jurídicas, no per se, sino en tanto instrumento para garantizar los derechos
constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a
criterio razonable del juez de tutela....
...Otros derechos
constitucionales fundamentales los poseen directamente las personas jurídicas,
como en el caso del debido proceso (artículo 29), el derecho a la honra
(artículo 21) y al buen nombre (artículo 15), entre otros....
...De esa manera
entonces, las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales
por dos vías: indirectamente, cuando la esencialidad de la protección
gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de
las personas naturalmente asociadas, y directamente, cuando las personas
jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en
sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre que esos
derechos sean por su naturaleza ejercitables por ellas mismas...”.
Más allá de las distintas teorías que se hayan
expuesto para explicar la naturaleza de las personas jurídicas, la dogmática
actual ha estimado, de manera uniforme, que el ente colectivo es una realidad
formada a partir de la unión y organización de individuos para la realización
de fines o intereses propios distintos de los individualmente considerados. De
este modo, la persona jurídica expresa autónomamente su voluntad y obra como
cualquier otro sujeto de derecho, a través de la organización de sus propios
órganos de dirección, administración y representación. Así, dicha entidad moral
actúa como un sujeto autónomo y racional - como persona -, con aptitud para
ejercer derechos y contraer obligaciones[13].
Ahora bien, dado que las personas jurídicas pretenden
la consecución de intereses colectivos, es necesario que al expresar su propia
racionalidad y autonomía se hagan titulares de derechos y puedan, precisamente,
lograr la satisfacción del objetivo o fin común. Dichos derechos, generalmente
son de contenido patrimonial y prestacional, v.gr, la adquisición y formación
de capital, el reconocimiento y reparto de utilidades, la posibilidad de
adquirir activos y ceder créditos, etc., sin embargo, algunos otros, son de
raigambre fundamental, como el debido proceso, el buen nombre, la libertad de
comunicación, la inviolabilidad de correspondencia, la asociación sindical,
etc.
De esta manera, como lo ha expuesto esta Corporación,
la protección tutelar de las personas jurídicas tiene una doble connotación,
por una parte, permite garantizar y salvaguardar, de manera indirecta, los
derechos fundamentales de los sujetos asociados, v.gr, el derecho al trabajo,
la libertad de asociación, la libertad sindical, etc.; y por otra, faculta a
las personas jurídicas para velar por sus propios derechos fundamentales - sin
consideración alguna a sus miembros individuales -, toda vez que son titulares
de dicha garantía constitucional por sí mismas.
De esta suerte, en el caso específico de la libertad
sindical y el derecho de asociación sindical, esta Corporación ha expuesto que
no solamente se desconocen los citados derechos cuando se interviene, impide o
obstruye a los trabajadores individualmente considerados el ejercicio de las
atribuciones y libertades propias de la organización sindical, sino que también
puede verse afectado el sindicato, cuando con dichas actuaciones se procura o
persigue su debilitamiento económico o se impide cumplir con su objetivo de
velar por la protección efectiva de los intereses comunes de sus asociados[14].
Justamente, por dichas circunstancias, la Corte ha
distinguido entre el derecho de asociación sindical y la libertad sindical, en
los siguientes términos[15]:
“...En el derecho de asociación sindical
subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho,
como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda
restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición
de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad
que poseen las referidas organizaciones para autoconformarse y autoregularse
conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus
integrantes, con la limitación que impone el inciso 2 del art. 39, según el
cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al
orden legal y a los principios democráticos...”.
“...Considera la Corte, en consecuencia,
que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin
discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución
de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses
comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica  la libertad tanto para
afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de
constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones
y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia,
intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de
trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de
admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen
disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y
manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento
liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y
funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los
miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o
reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador
conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de las asociaciones
sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su
administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor
convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de que
las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la
suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad
administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones
sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones
nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades
públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o
adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la
libertad sindical....
...No es admisible reconocer el carácter
absoluto de la libertad sindical, en la medida en que la propia Constitución
establece como limitación, concretable por el legislador, que “la estructura
interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al
orden legal y a los principios democráticos” (art. 39 inciso 2) y que, los
Convenios Internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía
legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean
necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad  que se
persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral
públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de
cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se
advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo
alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la
libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado
ejercicio...”.
De este modo, a juicio de la Corte, la libertad
sindical comprende tanto la atribución de afiliarse como de retirarse de la
agrupación sindical, sin mas  intervención que la propia autonomía de los
trabajadores. Sin embargo, el ejercicio del citado derecho presupone la
existencia de una relación jurídica respecto de la entidad sindical,
consistente en encontrarse vinculado a ella o poder llegar a estarlo. Por esta
razón, en sentencia T-527 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Renteria), la Corte estimó
que la libertad sindical, corresponde al “libre ejercicio de la voluntad del
individuo”, por lo tanto, es un derecho exclusivo del trabajador
individualmente considerado, mientras que el derecho de asociación sindical
corresponde a los sindicatos, “...ya que existe, más un interés colectivo
que individual en el derecho que se invoca, estando radicado éste en cabeza de
la Asociación Sindical como titular del mismo...”[16].
De lo
expuesto hasta el momento podemos concluir: (i) Que las personas jurídicas son
titulares de ciertos derechos fundamentales y, por tanto, sujetos activos de la
acción de tutela; (ii) Que la protección tutelar de las personas jurídicas
tiene una doble connotación, por una parte, permite salvaguardar y garantizar
los derechos fundamentales de los sujetos asociados y, por otra, faculta a las
personas jurídicas para velar por la defensa de sus propios derechos y; (iii)
Tratándose de organizaciones sindicales dicha connotación es igualmente
predicable, motivo por el cual, se distingue entre la libertad sindical y el
derecho de asociación sindical.
Al predicarse el derecho a la libertad
sindical de las personas individualmente consideradas y el derecho de
asociación sindical del ente colectivo o sindicato, se distinguen los titulares
de cada uno y, por ende, los legitimados para ejercer la acción. Así, cuando se
trata de personas jurídicas, la Corte ha sostenido que “...cuando una
persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la
personería correspondiente y su representación..."(Sentencia T-430 de
1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Por esta razón, para considerar legitimado a un
sindicato en la interposición de la acción, resulta necesario que éste actúe
por intermedio de su representante legal, bien para instaurar la acción en
forma directa, ya para conferir el correspondiente poder.
En el caso en
concreto, esta Sala de Revisión solicitó a la Dirección Regional del Trabajo y
Seguridad Social del Magdalena, que le remitiera: " La certificación de
la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Seccional Magdalena - a 7 de marzo
de 2001”; a efectos de determinar si Edgar Mercado Campos era el Presidente
y el representante legal del sindicato al momento de interponer la tutela. De
acuerdo con certificación del 22 de noviembre de 2001 de la Dirección Regional
del Trabajo, se pudo constatar que efectivamente el citado señor actúo en
calidad de representante legal.
Partiendo de
estas consideraciones, encuentra la Sala que la Subdirectiva Seccional del
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL)
- Magdalena - , se encuentra legitimada para interponer la acción de tutela,
tal y como lo efectúo su representante legal, es decir, el señor Edgar Mercado
Campo.
4.2.  Legitimación pasiva.
La presente acción
se interpuso en contra de las medidas adoptadas por los directivos de la
Universidad del Magdalena, consistentes en suprimir algunos cargos
administrativos ocupados en su mayoría por trabajadores sindicalizados, en
desarrollo de un proceso de reestructuración. De tal manera que, como se trata
de una entidad publica, es procedente acceder al amparo constitucional por vía
de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 2591
de 1991.
4.3.
Procedibilidad de la acción de tutela.
4.3.1.   De la
existencia de otro medio de defensa judicial.
De conformidad con
lo expuesto en el acápite de antecedentes, se le atribuye a la Universidad del
Magdalena la vulneración de los derechos fundamentales al trabajo, al debido
proceso, a la libertad sindical y a la asociación sindical, tanto de los
trabajadores referenciados como de la Subdirectiva Seccional del Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena
-, por cuanto en desarrollo de un proceso de reestructuración, suprimió
diversos cargos, entre otros, los de algunos empleados sindicalizados,
conduciendo, según los demandantes, a una disminución desmesurada del número de
trabajadores afiliados a la organización sindical que coloca en riesgo su propia
subsistencia.
Según los
accionantes, la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo para lograr el
amparo de los derechos fundamentales invocados y, por ende, para obtener el
reintegro a los cargos que ocupaban al momento de la supresión de sus empleos.
Esto es así, porque
- a su juicio - en el evento del derecho de asociación sindical: "...bien
puede ocurrir que el Tribunal nos de la razón y ordene restablecer nuestros
derechos o por el contrario puede resolver a favor de la entidad demandada, pero
no puede definir en ninguno de los procesos vigentes, si el derecho de
asociación sindical, que invoca el sindicato y sus afiliados, fue o no materia
de atropello por la conducta de la Universidad...". Además, tratándose
de los otros derechos fundamentales invocados, de no concederse la protección:
"...los perjuicios a los que nos vemos abocados serán irremediables,
aunque más tarde haya decisiones judiciales favorables...".
Como es sabido, dada
su naturaleza sumaria, la acción de tutela procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial, restricción que tiene como fundamento jurídico el
artículo 86 de la Constitución Política. Sin embargo, la misma disposición
permite que proceda el amparo tutelar de forma transitoria, siempre que ello
sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Por lo anterior,
resulta necesario indagar, si existen en el ordenamiento jurídico medios de
defensa judicial que permitan proteger y garantizar los derechos fundamentales
invocados y, en caso positivo, establecer si es posible conceder la tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Precisamente, cuando
se trata de actos administrativos, como lo son las Resoluciones No.024 y 073
enero 28 y marzo 30 de 1999 de la Universidad del Magdalena, mediante las
cuales se suprimieron los cargos de los tutelantes, debe observarse que las
mismas se encuentran amparadas por las presunciones de legalidad y de
veracidad, razón por la cual, los accionantes tienen el deber de desvirtuar su
fuerza obligatoria y vinculante mediante la utilización de los instrumentos
jurídicos que la ley concede para el efecto.
Al respecto, esta
Corte, ha precisado que: “...En el ordenamiento jurídico colombiano los
mecanismos que se pueden interponer... para desvirtuar la legalidad de un acto
administrativo son la acción de nulidad y la de nulidad y restablecimiento del
derecho, consagradas en los artículos 84 y 85 del C.C.A, y además, es posible
solicitar de acuerdo con el artículo 238 de la Constitución, desarrollado por
el artículo 152 del C.C.A, la suspensión provisional del acto administrativo
cuando éste se opone manifiestamente a la Constitución o a la ley, causa un
agravio injustificado a una persona o es contrario al interés público o social...”[17].
Los citados instrumentos jurídicos se
ejercen ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la cual tiene
como objeto primordial, previa solicitud del interesado, efectuar la revisión
de legalidad y, por ende, de constitucionalidad de todos los actos
administrativos, a la vez que repara los daños sufridos por los particulares.
En efecto, el juez contencioso está en la obligación de estudiar la magnitud
constitucional de la desvinculación y determinar la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados por los accionantes.
Por lo tanto, tal y
como lo manifestó esta Corporación en sentencia T-691 de 2001 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil), debemos partir de la premisa de que los peticionarios disponen de
otro medio de defensa judicial, como es la acción de nulidad contra el acto
administrativo de carácter general que ordenó la reestructuración y la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que
determinaron la supresión de los empleos. Asimismo, en caso de estar los
extrabajadores amparados por fuero sindical, pueden promover ante la
Jurisdicción ordinaria laboral un proceso especial derivado de la acción de
reintegro, prevista en los artículos 118 y SS del Código Procesal Laboral.
De esta manera, la
Corte considera que no es el juez de tutela, sino el ordinario o especial, el
llamado a proteger los derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso,
a la libertad sindical y a la asociación sindical de los accionantes.
Recuérdese que la acción de tutela es de naturaleza subsidiaria y, por lo
tanto, solamente es procedente cuando los distintos mecanismos judiciales no
son lo suficientemente expeditos para evitar el acontecimiento de un perjuicio
irremediable o no son apropiadamente idóneos para resolver el problema de
manera integral dada su absoluta inoperancia e ineficacia (artículo 6° del Decreto
2591 de 1991 y artículo 86 de la Constitución Política).
De suerte que, aun
cuando los accionantes estiman que la tutela es el único medio judicial idóneo
para proteger el derecho de asociación sindical, respaldando su posición en lo
previsto en la sentencia T-436 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
esta Corporación ha sostenido que, en tratándose de la supresión de cargos en
ejercicio de la potestad de reestructuración administrativa, no es el juez
constitucional el llamado a velar inicialmente por la protección del citado
derecho[18]. Al respecto, esta Corporación ha
determinado que:
"... [E]l
derecho de asociación sindical que invocan los actores como vulnerado, hace
referencia en su decir, al haber provocado la disminución de afiliados al
sindicado en un número considerable ocasionando su debilitamiento; en razón a
la decisión de reestructuración de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la
consiguiente supresión de cargos...
...La Sala considera
del caso analizar si frente al derecho de asociación sindical,  existe otro
mecanismo de defensa ó si la acción de tutela es el mecanismo idóneo y  único
para su protección. Al respecto, se considera que si bien mediante la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso
administrativo, se puede controvertir la legalidad del acto o actos
administrativos que dieron origen al presente asunto, dentro de este igualmente
se puede solicitar la protección constitucional al derecho fundamental, por
violación de la norma superior que lo consagra dado que el concepto de
'legalidad' debe entenderse desde el punto de vista material y no formal, esto
es, toda contradicción entre el acto controvertido y una norma sea esta
constitucional o legal. Así mismo, si resulta evidente que el acto demandado
vulnera alguno de los derechos fundamentales, resulta expedito este medio para
solicitar la protección inmediata mediante la 'suspensión provisional'.
...[De este modo]...No
obstante, ser el derecho a la libre asociación sindical un derecho fundamental,
no es la acción de tutela el único medio de defensa de que disponen los actores
para obtener su protección,  pues como se señaló dentro de la misma acción
contencioso administrativa podían controvertir su legalidad y además, solicitar
como medida previa la suspensión provisional del acto, de considerarse que este
vulneraba el derecho fundamental aquí invocado...."[19]
De lo expuesto, se
concluye que, en principio, no procede la acción de tutela por existir otros
medios de defensa judicial, idóneos y eficaces para obtener la protección
pretendida.
En el caso en
concreto, la Sala pudo constatar que de 64 accionantes legitimados por activa[20], 31 han interpuesto acción de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Magdalena,
contra las Resoluciones Nos. 024 y 073 de 1999. El siguiente cuadro muestra lo
referente a dicha información:
Nombre
Número de la Resolución de despido y fecha
Fecha de Comunicación de la Resolución
Acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra de la Resolución de
Despido.
GEONAME AMARIS
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
IDIANA ARAGON DE LA H.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
MARLENE BARRIOS A.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
MIGUEL BRUGES A.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
CARLOS G. BUELVAS
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
MIGUEL COTES P.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
ENRIQUE CUADRADO P.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
MARIELA VERGEL C.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
GUSTAVO FERNANDEZ V.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
DAISY ESTHER GOMEZ S.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
PEDRO GONZALEZ B.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
HERMILDA HERNANDEZ J.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
MYRIAM LINERO OSORIO
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
EDGAR MERCADO CAMPO
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
ELIZABETH GOENAGA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
RICARDO NAVARRO B.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
NURYS M. ZAMBRANO
24 de Enero 28 de 1999
Proceso en curso
GRACIELA OLARTE PADILLA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
JAIRO ORTIZ DE LA HOZ
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
CLEOTILDE PALOMINO M.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
WILSON PEÑATE BARROS
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
JUDITH PEÑATE BARROS
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
MAGALY SILVA DE POLO
No. 24 de Enero 28 de1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
ADA LUZ ROMERO
No. 24 de Enero de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
AURA ISABEL RUBIO M.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
ALBA ROSA VASQUEZ N.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
CARMEN ISABEL VEGA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
JUAN BERNIER PEREZ
No. 73 de Marzo 30 de 1999
Abril 23 de 1999
Proceso en curso
JOSE M. ROMERO J.
No. 73 de Marzo de 1999
Abril 23 de 1999
Proceso en curso
CLERYS DE LA HOZ
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
CAROLINA LINERO
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Proceso en curso
Del mismo modo, se
pudo establecer que fueron promovidas 14 demandas de reintegro por fuero
sindical ante los Jueces Laborales del Circuito de Santa Marta, de las cuales:
5 ordenaron el reintegro y 9 absolvieron a la Universidad. Es importante
denotar que, igualmente, algunos de dichos trabajadores promovieron acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 024 y 073
de 1999.
En el siguientes
cuadro se refleja dicha información:
Nombre
Número de la Resolución de despido y fecha
Fecha de Comunicación de la Resolución
Sentencia Proceso Especial de Fuero
Sindical
Sentencia Judicial de Autorización de
despido de la Institución
Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho en contra de la Resolución de Despido.
GUSTAVO FERNANDEZ V.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 31 de octubre de 2000 (revoca el punto primero del fallo de 4 de
mayo de 2000, proferido por el Juez 1 Laboral del Circuito de Santa Marta y
en su lugar se dispone "(...) ORDENASE  a la UNIVERSIDAD DEL
MAGADALENA REINTEGRAR al señor GUSTAVO FERNANDEZ VIDAL al cargo que
desempeñaba en esa institución al momento de su despido, o a otro de similar
categoría, y a pagarle los salarios dejados de percibir, desde la fecha de su
despido, osea, desde el 1° de febrero de 1999, hasta su reinstalación, a
razón de veintidós mil ochocientos setenta t tres pesos con diecisiete
centavos ($ 22.873,17) diarios".
Proceso en curso
HAROLD HERNANDEZ C.
No. 24 de Enero 28 DE 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 27 de julio de 2000 (revoca la sentencia del 30 de noviembre de
1999, proferida por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Santa Marta en donde
se absuelve a la U y en su lugar se dispone "(...) ORDENASE  a la
UNIVERSIDAD DEL MAGADALENA reintegrar al señor HAROLD HERNANDEZ CASTRO en
el cargo de Auxiliar (Biblioteca) de la División de Recursos Educativos de
esa entidad (...)".
No presentó
GUADALUPE HERNANDEZ E.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 1 de agosto de 2000(Revoca la sentencia apelada de 24 de enero de
2000, dictada por el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Santa Marta y en su
lugar dispone "(...) CONDENASE a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA a
REINTEGRAR a la señora GUADALUPE HERNANDEZ ESPINOSA al cargo de
Secretaria en el Programa de Ingeniería de Sistemas y al pago de los salarios
dejados de percibir a razón de veintinueve mil ochocientos ocho pesos ($
29.808.oo) diarios, desde su despido hasta cuando se produzca su
reintegro")
No presentó
WILSON PEÑATE BARROS
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 13 de julio de 2000 (Revoca la sentencia apelada de 14 de diciembre
de 1999 proferida por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Santa Marta y en
su lugar "(...) condena a la UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA a reintegrar
al accionante WILSON PEÑATE BARROS al cargo de auxiliar de biblioteca II y al
pago de los salarios dejados de percibir desde su despido y hasta cuando se
produzca su reintegro(...)"
Proceso en curso
ARMANDO RESTREPO M.
No. 73 de Marzo de 1999
Abril 23 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral,10 de agosto de 2000 (Revoca la sentencia apelada de fecha 8 de marzo
de 2000 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Marta
y en su lugar condena a la UNIVERSIDAD DEL MAGADALENA a reintegrar al
accionante ARMANDO RESTREPO MAURY al cargo de obrero de mantenimiento que
desempeñaba al momento del despido, y el pago de los salarios dejados de
percibir desde su despido y hasta cuando se produzca su reintegro).
No presentó
MIGUEL BRUGES A.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 31 de agosto de 2000 (confirma sentencia del 13 de marzo de 2000,
proferida por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Santa Marta en donde se
absuelve a la U).
Proceso en curso
ELIZABETH P. CARRILLO R
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 17 de mayo de 2000 (confirma sentencia del 10 de marzo de 2000,
proferida por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Santa Marta en donde se
absuelve a la U).
No presentó
ENRIQUE CUADRADO P.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 28 de septiembre de 2000 (confirma sentencia del 10 de marzo de
2000, proferida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Santa Marta en
donde se absuelve a la U).
Proceso en curso
RICARDO NAVARRO B.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 23 de noviembre de 1999 (confirma sentencia del 5 de octubre de
1999, proferida por el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Santa Marta, en
donde se absuelve a la U).
Proceso en curso
GLADYS NAVARRO C.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 3 de octubre de 2000 (confirma sentencia del 11 de julio de 2000,
proferida por el Juzgado 1 laboral del Circuito de Santa Marta, en donde
se absuelve a la U).
No presentó
GRACIELA OLARTE PADILLA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 31 de octubre de 2000 (Revoca el numeral primero de la sentencia del
21 de octubre de 1999, proferida por el Juzgado 2 laboral del Circuito de
Santa Marta, en donde se condena a la U ", y en su lugar, absolvió a
la Universidad, respecto de todas las suplicas de la demanda.
Proceso en curso
ADA LUZ ROMERO
No. 24 de Enero de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 29 de junio de 2000 (confirma sentencia del 13 de diciembre de 1999,
proferida por el Juzgado 1 Laboral del Circuito de Santa Marta, en donde
se absuelve a la U).
Proceso en curso
CARMEN ISABEL VEGA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 28 de noviembre de 2000 (confirma sentencia del 22 de marzo de 2000,
proferida por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Santa Marta, en donde
se absuelve a la U).
Proceso en curso
EDGAR MERCADO CAMPO
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 9 de febrero de 1999 (confirma sentencia del 9 de noviembre de 1999,
proferida por el Juzgado 2 Laboral del Circuito de Santa Marta, en donde se
absuelve a la U).y  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta,
Sala Laboral, 18 de mayo de 2000 (confirma sentencia del 17  de enero de
2000, proferida por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Santa Marta, en
donde se absuelve a la U).
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, 9 de febrero de 1999, en donde resuelve confirmar la
sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa
Marta, en cuya virtud se resolvió: " Primero. Levántase el fuero
sindical que cobija al señor Edgar Mercado Campo,...", "Segundo.
En consecuencia autorízase a la Universidad del Magdalena, para que despida
al señor Edgar Mercado Campo".
Proceso en curso
En el caso del
Representante Legal del sindicato, señor Edgar Mercado Campo, esta Sala
verificó que previo a la supresión del cargo, la Universidad obtuvo el permiso
judicial de levantamiento del fuero sindical. Ello, a pesar de que cuando se
trata de suprimir empleos a raíz de un proceso de reestructuración, es
innecesario solicitar el levantamiento del citado fuero. Así, esta Corporación
ha expuesto que:
"..., se observa que las garantías constitucionales y legales
sobre el fuero sindical y la estabilidad laboral, no son afectadas con las
disposiciones acusadas, ya que las consecuencias jurídicas, relacionadas con el
vínculo laboral que se impugna por el actor se desprenden de una definición
legal de carácter general, se hace por ministerio de la ley, y porque la
facultad constitucional de reestructurar una entidad pública implica entre
otras consecuencias, la atribución jurídica de suprimir cargos; en este mismo
sentido se encuentra que no asiste razón al actor en cuanto a la supuesta
violación del derecho constitucional al fuero sindical de los trabajadores
vinculados al sindicato de trabajadores de la CVC, puesto que la debida
supresión de un empleo, verificada de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales, hace innecesario acudir a la definición
judicial del fuero sindical como lo determina la disposición acusada;  éste
no es un límite absoluto que pueda enervar las decisiones ordinarias del
legislador en materia de la estructura  de la Administración Nacional...."[21].
De esta manera, en
relación con los accionantes frente a quienes la jurisdicción ordinaria laboral
resolvió sobre la acción de reintegro por fuero sindical, la Corte considera
que es improcedente proferir un fallo de tutela, ya que el juez competente
evaluó la posible vulneración de los derechos fundamentales alegados en esta
causa, como son, los derechos al trabajo, al debido proceso y a la libertad
sindical de los citados tutelantes.
Así, a título de
ejemplo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, Sala
Laboral, en proceso especial de fuero sindical promovido por Miguel Bruges,
determinó que:
"...Sin
desconocer la importancia y prevalencia que a través de los tiempos ha tenido
el derecho de asociación sindical y el amparo foral, y que los jueces
deben establecer que la terminación del contrato obedezca a una verdadera
reestructuración de la entidad, porque no puede ser éste un trampolín para que
las entidades oficiales, so pretexto de la reestructuración, despidan a
trabajadores que gozan de fuero sindical, ya que esto si constituiría una
violación a las disposiciones que consagra la Carta Política sobre el derecho
de asociación. Según lo ha expuesto la Corte Constitucional, no se requiere
de permiso para despedir al trabajador protegido por fuero sindical cuando la
terminación obedece verdaderamente a políticas de reestructuración de las
entidades públicas, ya sea nacionales o territoriales...". (Subrayado por
fuera del texto original).
Por lo tanto, es
procedente reiterar que: “…No es propio de la acción de tutela el sentido de
medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales,
ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos
ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las
existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente
definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la
persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus
derechos constitucionales fundamentales....” (Sentencia C–543/92. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo).
En consecuencia,
siendo que la jurisdicción del trabajo resolvió acerca de los asuntos
relacionados en esta causa, no le es dable al juez de tutela, sin perjuicio de
sustituir al juez ordinario y usurpar su competencia, decidir las citadas
controversias. Por consiguiente, dichas sentencias permanecerán inmodificables
e inmutables, a menos que, los jueces laborales al proferirlas hayan incurrido
en actuaciones arbitrarias e ilegítimas consideradas por esta Corporación como
verdaderas 'vías de hecho'.
Esta circunstancia
excepcional, justifica entonces su revisión por parte del juez constitucional,
siempre que sean objeto de acusación por parte de los accionantes, de lo
contrario, es deber del juez de tutela, estarse a lo resuelto en dichas
providencias.
Partiendo de estas
consideraciones, encuentra la Sala que en torno a los señores Gustavo Fernández
V, Harold Hernández C, Guadalupe Hernández E, Wilson Peñate Barros, Armando
Restrepo M, Miguel Bruges A, Elizabeth P. Carrillo R, Enrique Cuadrado P, Edgar
Mercado Campo, Ricardo Navarro B, Gladys Navarro C, Graciela Olarte Padilla,
Ada Luz Romero y Carmen Isabel Vega., es improcedente la acción de tutela, en
relación con la posible vulneración de los derechos fundamentales al trabajo,
al debido proceso y a la libertad sindical, ya que aquéllos fueron objeto de
pronunciamiento por la jurisdicción ordinaria, en procesos especiales de fuero
sindical. De este modo, la Corte confirmará el fallo proferido por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en esta providencia.
Sin embargo, como lo
ha expuesto esta Corporación, aun cuando el juez de tutela se encuentra
inhabilitado para emitir un pronunciamiento tutelar en relación con los
demandantes individualmente considerados, dada la existencia previa de una
decisión judicial ordinaria y por estar en curso las correspondientes acciones
contenciosas. Es claro que, no se encuentra por ello impedido, si llegase a
encontrar un perjuicio irremediable que afecte a la Subdirectiva Seccional del
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL)
- como persona jurídica -, para conceder el amparo fundamental al sindicato y,
por ende, ordenar el reintegro transitorio de los trabajadores despedidos,
incluso, existiendo sentencias de jueces laborales por fuero sindical[22].
De suerte que,
siguiendo con lo expuesto, procederá la Sala a determinar si en el presente
caso, es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable, tanto de la Subdirectiva Seccional
del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia
(SINTRAUNICOL) como de los demandantes en esta acción de tutela.
4.3.2.  Improcedencia
de la acción de tutela como mecanismo transitorio por ausencia de un perjuicio
irremediable.
De acuerdo con los
antecedentes previamente expuestos, a título de resumen, es necesario recordar
que se le atribuye a la Universidad del Magdalena la vulneración de los
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la libertad sindical y
a la asociación sindical, por cuanto en desarrollo de un proceso de
reestructuración suprimió diversos cargos, entre ellos, los de algunos
empleados sindicalizados, conduciendo, según los demandantes, a una disminución
desmesurada del número de trabajadores afiliados a la organización sindical que
colocan en riesgo su propia subsistencia.
En relación con el
citado punto, se pudo concluir en el acápite 4.2.1 de esta providencia, que en
el ordenamiento jurídico existen otros mecanismos de defensa judicial a los
cuales pueden acudir los accionantes para la defensa de sus derechos
fundamentales, y que, en algunos casos, dichos medios ya han sido empleados.
Mas sin embargo,
como se precisó anteriormente, la realidad formal de los citados mecanismos no
implica por sí mismo que la tutela deba ser declarada improcedente. De tal
forma, que si los accionantes se encuentran ante la inminencia de sufrir un
perjuicio irremediable, cabe el amparo tutelar como medio transitorio de
protección de los derechos fundamentales[23].
Ahora bien,
para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio, es
imprescindible que de la falta de atención judicial inmediata se siga para los
afectados un daño irremediable, el cual debe valorarse de acuerdo con las
circunstancias fácticas en que éstos se encuentran.
Para establecer la
irremediabilidad del perjuicio, se requiere que concurran los siguientes
elementos estructurales, a saber: la inminencia, que exige medidas
inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese
perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de
los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la
situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio
y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos
fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados.  Con respecto al
término 'amenaza' es conveniente manifestar que no se trata de la simple
posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y
grave de manera injustificada.  La amenaza requiere un mínimo de evidencia
fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o
menoscabo material o moral....” (Sentencia T- 225/93.M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa).
Teniendo en cuenta tanto lo expuesto en
la demanda como en la impugnación de la decisión de instancia, se aducen como
hechos causantes de un perjuicio irremediable, los siguientes: (i) La
disminución del número de trabajadores afiliados a la organización sindical que
colocan en riesgo su propia subsistencia; (ii) La escasez de medios de subsistencia
para los empleados despedidos; (iii) La disminución de las cuotas sindicales
que le impiden al sindicato su correcto funcionamiento y; (iv) El retardo que
para la protección de sus derechos significa acudir a las mecanismos judiciales
ordinarios.
De acuerdo con las
circunstancias fácticas del caso, encuentra la Corte que la acción de tutela es
improcedente como mecanismo transitorio por ausencia de un perjuicio
irremediable. Esto es así, porque: (i) No se encuentra evidencia fáctica que
demuestre el daño inminente, ni la existencia de la unidad de designio o de la
intención evidente de desmembrar el sindicato por parte de la Universidad; (ii)
Asimismo, no se desconoce el principio de estabilidad laboral y cualquier
eventual daño ha sido remediado con el reconocimiento y pago de pensiones de
jubilación; (iii) De igual forma, el retardo en la administración de justicia
no conlleva a un menoscabo irremediable y; (iv) Por último, los accionantes
desconocieron la regla de la inmediatez que fundamenta la protección tutelar. A
continuación la Corte procederá a exponer cada uno de los citados argumentos:
A. Ausencia de
evidencia fáctica que demuestre el daño inminente.
De acuerdo con las
consideraciones previamente expuestas, el primer requisito para que opere un
perjuicio irremediable es que éste sea inminente, es decir, requiere de la
presencia de un margen mínimo de evidencia fáctica que demuestre que, de
no protegerse el derecho, se seguiría en corto tiempo un daño o menoscabo que
exija o requiera de medidas urgentes.
Frente al caso en
concreto, los accionantes justifican el perjuicio irremediable, cuyo
surgimiento lo imputan al riesgo que en la subsistencia del sindicato significa
la disminución del número de trabajadores afiliados a dicha organización
sindical y la escasez de medios de subsistencia para los empleados despedidos,
en la afirmación de que dichos "...perjuicios a los que [se verían...]
abocados serán irremediables, aunque más tarde haya decisiones judiciales
favorables...".
De este modo, y
siguiendo lo expuesto, es claro que la simple manifestación del eventual
riesgo en la existencia del sindicato por la disminución del número de
trabajadores afiliados y de la posible falta de medios de subsistencia para los
empleados despedidos, no genera per se y de manera directa o indirecta,
un daño inminente, grave y fundado que afecte los derechos fundamentales al
trabajo, al debido proceso, a la libertad sindical y a la asociación sindical
invocados por los accionantes, sin que se fundamente en evidencia alguna que
demuestre tales afirmaciones.
Precisamente, esta
Corporación en sentencia T-733 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), en un caso
similar, sostuvo que no basta con señalar el número de trabajadores afiliados a
un sindicado que fueron despedidos para considerar vulnerado el derecho de
asociación sindical, sino que, resulta necesario probar la ilegalidad de dicha
actuación para conceder el amparo tutelar.
".. [E]n la medida
en que la reestructuración de las entidades públicas se refleja en la supresión
de cargos, es factible que tal decisión signifique el retiro del servicio de
empleados que pertenezcan al sindicato. Aunque no existe, por principio,
relación de causalidad entre los procesos de reestructuración y la vulneración
del derecho de asociación sindical, tal presunción puede desvirtuarse por parte
de los interesados, para lo cual no será suficiente con señalar el número de
afiliados al sindicato que fueron retirados del servicio. Corresponde a los
interesados demostrar la mala fe del empleador al realizar el despido masivo de
los trabajadores, en tanto es improcedente la vulneración de derechos en
los eventos en que se produce una desvinculación razonable de trabajadores
sindicalizados. Incluso podría presentarse el evento en que el sindicato sea
disuelto como consecuencia de la reestructuración de una entidad pública, sin
que ello compruebe que la decisión de la administración obedeció a conductas
tendientes a vulnerar el derecho de asociación sindical...". (Subrayado por fuera del texto original).
De esta manera, no
se encuentra evidencia alguna que demuestre que, de no protegerse los derechos
constitucionales invocados, se seguiría en corto tiempo un daño o menoscabo en
las garantías fundamentales de los accionantes, toda vez que la simple
posibilidad de lesión, considerada aisladamente sin la presencia de pruebas
contundentes que demuestren la necesidad de proteger los derechos, hacen
improcedente la tutela como mecanismo transitorio, por la imposibilidad de
observar la inminencia de un perjuicio irremediable.
B.
Ausencia de la unidad de designio o de la intención evidente de desmembrar el
sindicato.
De acuerdo con
esta Corporación, los procesos de reestructuración administrativa suponen
irremediablemente, la posibilidad de suprimir cargos y, por ende, de despedir
personal, siendo algunos de dichos trabajadores, miembros activos de
organizaciones sindicales. Tal atribución tiene como fundamento, la
satisfacción de móviles de interés general, de racionalización del gasto
público y, consecuentemente, de eficiencia y eficacia en el desarrollo de la
función pública. Por esta razón, el interés particular en la estabilidad
laboral - y aún el goce mismo de las libertades sindicales -, debe ceder ante
la necesidad de adecuar al Estado para el cumplimiento de sus fines, a través
del ejercicio mismo de los principios que gobiernan el desarrollo la función
pública.
Al respecto,
esta Corporación ha sostenido que:
"... Ciertamente, en Sentencia  T-729
de noviembre 26 de 1998 (M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara) que decidió una
tutela sobre una situación semejante a la que aquí se examina, en la que a
semejanza de lo que aquí sucede, se pretendía por los trabajadores de la Secretaría
de Obras Públicas de la Gobernación del Cauca el reintegro a sus empleos, pese
a que estos habían sido suprimidos, como consecuencia de la supresión y
liquidación de la misma,  la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
en términos categóricos puntualizó que no hay lugar al reintegro de empleados
públicos - así gocen de  fuero sindical - cuando la terminación del vínculo
laboral se debe a la supresión del cargo como consecuencia de la liquidación y
supresión de una dependencia que se produce en el marco de un proceso de
reestructuración administrativa, pues, en todo caso prevalece el interés
general, que efectivamente tiene la colectividad en que haya racionalidad en
las plantas estatales de modo que, por esta vía, se  racionalice el gasto público
y se asegure eficiencia y eficacia en la gestión pública,  lo cual es imperioso
en situaciones de déficit fiscal y de crisis en las finanzas de los entes
territoriales..." (Sentencia T-1020 de 1999.
M.P. Vladimiro Naranjo mesa).
De esta
manera, sólo en el evento en que pueda demostrarse que la acción administrativa
de reestructuración tiene como finalidad desmembrar el sindicato o desestimular
la afiliación al mismo, puede acudirse a la protección constitucional, pues en
estos eventos es evidente que la facultad contenida en la Constitución
(artículos 189 #14, 305 #7 y 315 #7) y en la ley, se utiliza como pretexto para
desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores.
Al respecto, esta
Corporación en sentencia T-512 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), en un
caso similar, sostuvo que:
"...El precedente de la Corte en
materia de despidos y violación del derecho de asociación sindical manda que se
proteja el derecho de asociación sindical cuando los despidos, aún dentro de
los procesos de reestructuración, se han realizado con el objetivo o como
consecuencia de actividades antisindicales. Es decir, si tal propósito no se
descubre, no existe violación al derecho de asociación sindical..."(subrayado
por fuera del texto original).
De acuerdo con
lo expuesto, para considerar vulnerado el derecho de asociación sindical, es
necesario que los accionantes prueben la unidad de designio[24] o la intención inequívoca de desmembrar
el sindicato.
Ahora bien, en
el caso en concreto, la Universidad del Magdalena argumenta que la supresión de
cargos obedeció a la necesidad de reestructurar la planta de personal, por los
excesivos gastos de funcionamiento, que la colocaron al borde de la
liquidación. De ahí que: "...el Consejo Superior
de la Institución, expidiera el Acuerdo Superior 003 del 14 de enero de 1999,
mediante el cual adopta la estructura de planta de personal no docente de la
universidad, y el Acuerdo Superior 004 del 27 de enero de 1999, por el cual el
Consejo Superior faculta al rector para suprimir empleos de la planta de
personal no docentes de la Universidad, en consideración al crecimiento
desmedido de la planta de personal que conllevo a un alto costo en los gastos
de administración...”. De
este modo, a juicio de la Universidad, la reestructuración tuvo como fundamento
la necesidad de racionalizar los gastos, con el fin de mejorar la eficiencia en
el cumplimiento de sus funciones públicas.
Por su parte,
para los trabajadores, se tuvo como propósito u objetivo desmembrar al
sindicato. Así, manifiestan que: "...aunque el
señor Rector, como empleado oficial tiene la facultad discrecional de remoción
de sus servidores atendiendo un interés superior, en el caso que nos ocupa, el
nominador abusó de esa facultad discrecional, ya que utilizó la figura de la
supresión de cargos para desmembrar el sindicato, desconociendo de paso las
garantías constitucionales, en especial el derecho de asociación sindical y la normas
de protección consagradas en tratados internacionales..."[25].
Para la Corte,
de acuerdo con los elementos de prueba aportados al proceso y los recaudados en
sede revisión, se pudo concluir que no existió la unidad de designio o de
propósito. Esto es así, porque:
·
El propósito de la
reestructuración, siguiendo los distintos acuerdos, programas, estudios y
planes allegados al expediente de tutela, entre ellos, el Acuerdo de Eficiencia
firmado entre la Universidad del Magdalena y el Ministerio de Educación
Nacional, subyace en la necesidad de racionalizar el gasto de la citada
institución educativa ante el riesgo latente de su liquidación. Por esta razón,
el citado Acuerdo, señala que: " ...[era
necesario] Redimensionar y reestructurar la planta de personal de acuerdo con
las metas de racionalización y modernización de la Universidad, y buscar los
mecanismos legales que le permitan ajustar y racionalizar las prestaciones y
primas de sus directivos, docentes, trabajadores oficiales y empleados públicos
administrativos de acuerdo con la ley...”.
Del mismo modo, el Informe del ICFES, con el objeto
de verificar la situación presupuestal de la Universidad, recomienda que: "....Analizada la situación presupuestal de la Universidad, se
puede concluir que la institución tiene una insuficiencia para la actual vigencia
de $1.934.2 millones con cargo a la Nación, suma que de no ser apropiada
conduciría a un posible cierra de la institución...Además de los requerimiento
de financiación de la insuficiencia y como mecanismos de solución a la actual
crisis, la Universidad requiere de un proceso de reestructuración
administrativa que permita racionalizar el uso de sus recursos
humanos...".
De esta manera, como se anotó con anterioridad, la
presunción de legalidad que cobija un proceso de reestructuración, en este
caso, ante la necesidad de racionalizar el gasto de la Universidad, puede ser
desvirtuada por los demandantes; más sin embargo, no será suficiente con
señalar el número de afiliados al sindicato que fueron retirados del servicio,
pues corresponde a los interesados demostrar la mala fe del empleador al
realizar la supresión masiva de cargos de los trabajadores sindicalizados,
elemento intencional, del cual no existe comprobación alguna.
Por otra
parte, la ausencia de persecución sindical es patente, si se tiene en cuenta
que la supresión de cargos incluyó tanto trabajadores sindicalizados como no
sindicalizados, lo que a juicio de la Corte demuestra que la reestructuración
no pretendía desmembrar al sindicato. En efecto, de los 90 cargos suprimidos 74
correspondían a trabajadores sindicalizados mientras  16 a trabajadores sin
dicha condición.
Del mismo
modo, si la Universidad contaba con 138 asalariados, la reestructuración guardó
proporcionalidad entre los cargos de los trabajadores sindicalizados y no
sindicalizados que fueron objeto de supresión, lo cual advierte la ausencia de
unidad de designio. Así, se pudo constatar que se eliminaron los empleos de 74
trabajadores sindicalizados de un total de 109[26], en razón a la separación de los cargos de 16 trabajadores sin
dicha condición de un total de 29[27].
·
Asimismo, ha de recordarse que de acuerdo con el
artículo 55 de la Ley 50 de 1990, toda Subdirectiva Sindical exige para poder
subsistir un número no inferior de 25 afiliados. En el presente caso, el total
de trabajadores sindicalizados jamás ha estado por debajo de dicho límite,
motivo por el cual no opera la causal de disolución por disminución del número
de empleados afiliados, prevista en el artículo 401 del C.S.T. Precisamente, la
Corte pudo verificar que mediante Resolución 00354 de 02 de marzo de 2001, se
admitió por parte del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la cancelación
del Sindicato de Trabajadores oficiales de la Universidad Tecnológica del
Magdalena SINTRAUNIMAG (Sindicato de base de la Universidad), por fusión con
SINTRAUNICOL. Así, se puede concluir que la Subdirectiva Seccional del
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL)
continuó operando y afiliando trabajadores.
·
Como prueba de su operatividad aparece que el
sindicato presentó el día 2 de noviembre de 2001 a la Universidad del
Magdalena, un nuevo pliego de peticiones, evento que pone de presente, la
conservación del poder de presión y de negociación en la organización sindical.
·
Para concluir, el informe de gestión presentado
por la Universidad a los jueces de instancia, demuestra que la reducción de la
planta de personal condujo a un ahorro significativo de gastos de
funcionamiento[28]. Al respecto, vale la pena resaltar, que de acuerdo con el artículo
47 de la Ley 222 de 1995, los informes de gestión deben contener una exposición
fiel sobre la situación jurídica, económica y administrativa de la entidad, so
pena, de asumir las consecuencias penales, disciplinarias y civiles del caso
C.
Ausencia de perjuicio irremediable derivado de la perdida de la estabilidad
laboral.
A juicio de la Corte, resulta igualmente
improcedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, en relación con
los accionantes que estiman que el perjuicio irremediable se encuentra en la
perdida de sus trabajos, dada la falta de recursos para dotarse de las
condiciones básicas que permitan el goce de una vida digna. Al respecto, es
preciso recordar que la estabilidad laboral no es un derecho fundamental y, en
principio, no forma parte del núcleo esencial del derecho al trabajo.
Así, esta Corporación ha expuesto que: “...el
derecho al trabajo, al ser reconocido como fundamental, exige la protección a
su núcleo esencial, pero no trae consigo la facultad de obtener una vinculación
concreta... Así las cosas, debe entenderse que el derecho al trabajo no
consiste en la pretensión incondicional de ejercer un oficio o cargo
específico, en un lugar determinado por el arbitrio absoluto del sujeto, sino
en la facultad, in genere, de desarrollar una labor remunerada en un espacio y
tiempo indeterminados....”[29].
De suerte que, la estabilidad laboral,
por regla general, no es objeto de protección a través de la acción de tutela,
a menos que, por circunstancias especiales y dada su conexidad inescindible con
dicho derecho fundamental y con otros principios, derechos y valores previstos
en la Carta Fundamental, sea procedente su protección tutelar, verbi gracia, en
el caso de la estabilidad laboral reforzada de las trabajadoras embarazadas[30].
En el presente
caso, no encuentra la Corte que la razón de supresión de los cargos haya sido
consecuencia de una actuación ilegítima de las directivas de la Universidad del
Magdalena, ni que con tal proceder se haya pretendido, de manera específica, afectar
a sujetos beneficiarios de la estabilidad laboral reforzada.
D.
Ausencia de perjuicio irremediable por la supuesta demora de las vías
ordinarias.
Afirman los accionantes que el retardo de
los mecanismos judiciales ordinarios para la protección de sus derechos,
constituye un hecho causante de perjuicio irremediable. Al respecto, la Corte
ha sostenido que la amplitud de un proceso judicial comporta una carga procesal
que debe ser asumida por las partes, con el propósito de garantizarles el ejercicio
oportuno y efectivo de sus derechos sustanciales y procesales.
Sobre este tema, la
Corte en sentencia T-383 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), señaló que : "...este
hecho no constituye un perjuicio irremediable, por cuanto el proceso judicial,
en cualquiera de sus expresiones requiere de un cierto tiempo, destinado a
garantizar los derechos procesales mínimos para las partes que en él
intervienen. La demora de un proceso judicial, constituye una carga que todos
los ciudadanos deben asumir, y que no puede el juez de tutela desconocer, so
pena de, hacer inútiles los procesos ordinarios o especiales que la ley ha
concebido para la defensa de los derechos... "
Por lo tanto, al no
entrañar el retardo en la administración de justicia un daño irremediable para
los ciudadanos, no es admisible el argumento de los accionantes para justificar
el precitado perjuicio.
E. Ausencia de
perjuicio irremediable por desconocimiento de la regla de la inmediatez.
Ahora bien, tal y como lo ha expuesto de
forma reiterada esta Corporación, la procedibilidad de la acción de tutela
exige su  interposición dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, de tal
manera que la acción no se convierta en un factor de inseguridad jurídica,
premiando con ello la inactividad de los interesados en el ejercicio oportuno
de los recursos, la negligencia y la decidía.
Ciertamente, si con la acción de tutela se
busca la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas, es imprescindible que su
ejercicio tenga lugar dentro del marco de ocurrencia de la amenaza o violación
de los derechos. Una percepción contraria a esta interpretación, desvirtúa el
alcance jurídico dado por el Constituyente a la acción de tutela y deja sin
efecto el objetivo de garantizar por esa vía judicial la protección actual,
inmediata y efectiva de tales derechos.
De suerte que esta Corporación ha
determinado que la tutela tiene como elemento característico la 'inmediatez', y
así lo ha expuesto: “...la Corte ha señalado que dos de
las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico
colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: ...la segunda, puesto
que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente
que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual
del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de
tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos
ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación
de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia
adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración,
expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de
brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la
garantía de sus derechos constitucionales fundamentales...
...La acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación
urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y
actual del derecho objeto de violación o amenaza..”[31]
De acuerdo con esta característica, la
Corte concluye que: “...si la inactividad del
accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una
protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo,
es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción
durante un término prudencial,  debe llevar a que no se conceda. En el caso
en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de
interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la
Sentencia arriba mencionada (C-543 de 1992), según el cual la falta de
ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de
sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en
que existen derechos de terceros involucrados en la decisión...”[32].
Para determinar la procedencia de la
acción de tutela, en relación con la regla de la 'inmediatez', la Corte ha
señalado, entre otros elementos, que el juez constitucional debe constatar:
“...si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes...”[33], es decir, si es
predicable la existencia de una justa causa por la cual no ejercitó la acción
de manera oportuna.
Partiendo de estas consideraciones,
encuentra la Sala que los tutelantes se notificaron de las Resoluciones Nos.
024 y 073 de 1999 de la Universidad del Magdalena, mediante las cuales se
suprimieron sus cargos, entre los días 29 de enero y abril 23 del mismo año, e
interpusieron la presente acción de tutela hasta el día 7 de marzo de 2001.
Así, los accionantes recurrieron al
mecanismo de amparo constitucional un (1) año, once (11) meses y catorce (14)
días después de notificados los actos administrativos que consideran lesivos de
sus derechos, sin que exista en la expediente razón o causa valida que
justifique la demora en el ejercicio de la acción de tutela, ni el surgimiento
de hechos nuevos que obliguen a la protección actual de los derechos alegados.
Ello le permite a esta Corporación, sin perjuicio de que se hayan ejercido o no
las acciones contenciosas, considerar que no existió en realidad la amenaza que
de lugar a calificar la protección solicitada de irremediable.
En efecto, al haber sido notificados los
accionantes de una decisión administrativa que afectaba supuestamente sus
derechos al trabajo, a la libertad sindical y a la asociación sindical,
constituía un deber de los mismos recurrir al juez constitucional, dentro de un
término razonable, con el fin de obtener de éste el restablecimiento efectivo
de su derecho. Así, esta Corporación ha sostenido que: "...en cuanto el principio de la inmediatez es consustancial a la
protección que la tutela ofrece a los derechos fundamentales de las personas,
su ejercicio está condicionado por un deber correlativo: la interposición
actual y oportuna de la acción..."[34].
Por este motivo, precisamente, el artículo
8º del Decreto 2591 de 1991, permite que la acción de tutela se ejercite de
manera conjunta con las acciones administrativas, en aras de prevenir los daños
irremediables que con la actuación de la administración se generen a los
tutelantes. Así, dicha disposición determina que: "
(...) cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño
irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la
acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente
podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación
jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dura el proceso".
En este mismo sentido, la Corte se ha
pronunciado de la siguiente manera:
"...Procede la tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando el afectado en su
derecho fundamental dispone de acción contenciosa pero no procede la suspensión
provisional, según los términos del art. 152 del C.C.A.. Sin embargo, es
preciso aclarar que según la legislación vigente, la suspensión provisional es
admisible en todos los casos en que se impugna un acto administrativo. Por
tanto, hay que entender que la no procedencia de la suspensión provisional se
refiere a los casos en que se ejercitan acciones que no involucran la anulación
de actos administrativos (contractuales o de reparación directa).
Igualmente es viable la tutela como
mecanismo transitorio, cuando el interesado dispone de la acción contenciosa
administrativa y la suspensión provisional es procedente..." (Sentencia SU-039 de
1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell).
De acuerdo con lo
expuesto, es impredicable la procedencia de la acción de tutela, frente a la
exigencia del requisito de la inmediatez, pues como se anotó su ejercicio se
produjo por fuera de un término razonable, sin que se haya justificado tal
determinación, ni probado la ocurrencia de nuevas circunstancias que afectando
los derechos invocados hubiesen legitimado la interposición de la acción de
tutela, casi 2 años después de ocurridos los hechos. Por el contrario, como se
expresó en el acápite (B) del punto 4.3.2., el sindicato continuó operando y
afiliando trabajadores, como lo prueban la fusión por absorción de SINTRAUNICOL
con SINTRAUNIMAG, y la presentación de un nuevo pliego de peticiones, que puso
de presente, la conservación del poder de presión y de negociación en el
sindicato.
F.
Ausencia de perjuicio irremediable por reconocimiento de pensiones de
jubilación.
La Sala Quinta
de Revisión pudo constatar que a 17 de los accionantes, les fue reconocida por
parte de la Universidad, pensión de jubilación. Acontecimiento que permite excluir
la posibilidad de conceder la tutela como mecanismo transitorio, ya que el
eventual perjuicio irremediable que la supresión de cargos hubiese podido
generar, se encuentra remediado con el reconocimiento y pago de la pensión,
permitiendo a sus titulares la satisfacción de sus necesidades vitales.
El siguiente
cuadro, resalta los accionantes a quienes les fue reconocida la citada pensión:
Nombre
Número de la Resolución de despido y fecha
Fecha de Comunicación de la Resolución
Resolución
de Reconocimiento de la Pensión de Jubilación
PEDRO GONZALEZ B.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No.0009 de 2001
FANNY JHONSON VIVES
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 00248 de 2000
NURYS LINERO OSORIO
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 405 de 1999
HECTOR MARTINEZ V.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 445 de 1999
JOSE L. MERCADO P.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 408 de 1999
SILVIA MIER PALACIO
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 0045 de 2001
HUMBERTO MUÑIZ J.
24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 406 de 1999
GILBERTO OBREGON V.
24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No.601 de 1999
JORGE OROZCO BARRERA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 477 de 1999
ARMANDO ORTIZ C.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 00037 de 2000
CLARA PEREIRA RADA
No. 24 de Enero 28 de1999
Enero 29 de 1999
No. 00249 de 2000
MAGALY SILVA DE POLO
No. 24 de Enero 28 de1999
Enero 29 de 1999
No. 00178 de 2000
MARIA ROBLES LUGO
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 411 de 1999
PABLO VANEGAS MEJIA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Marzo 11 de 1999
No. 441 de 1999
ALBA ROSA VASQUEZ N.
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 410 de 1999
ELOISA MARIA ZAGARRA
No. 24 de Enero 28 de 1999
Enero 29 de 1999
No. 413 de 1999
FUSCALDO  MAESTRE J.
No. 73 de Marzo de 1999
Abril 23 de 1999
No. 409 de 1999
De esta
manera, se concluye que, el reconocimiento de pensiones de jubilación, hacen
improcedente la acción de tutela dada la ausencia de un perjuicio irremediable.
G.
Inaplicación de las sentencias T-300 de 2000, T-436 de 2000 y SU-998 de 2000.
A juicio de los
accionantes, las citadas sentencias se constituyen en el principal fundamento
para considerar que en su caso la tutela debe prosperar. Por ello, esta Sala de
Revisión, entrará a analizar si dichas providencias pueden tomarse como
precedentes válidos para la solución del asunto controvertido.
Al respecto,
encuentra la Sala de Revisión que las sentencias T-300, T-436 y SU-998 de 2000,
recogen el criterio hermenéutico establecido por esta Corporación en el sentido
de considerar que es procedente conceder el amparo en tutela para proteger el
derecho de asociación sindical, cuando se trata de despidos masivos
unilaterales y retenciones indebidas de cuotas sindicales por parte del
empleador, con el fin de disminuir la capacidad de negociación y desmembrar a
los sindicatos (unidad de designio). Esta situación no tiene ocurrencia en el
presente caso, pues la supresión de los distintos empleos de los trabajadores
de la Universidad del Magdalena obedeció a una reestructuración administrativa,
y no a maniobras ocultas o subrepticias destinadas a disociar a la organización
sindical.
De este modo, como
se expuso con anterioridad, las razones que tuvo en cuenta la Universidad
demandada para suprimir un número considerable de cargos, cual era la de
racionalizar sus gastos de administración con el fin de hacer viable el
funcionamiento de dicha institución educativa, constituye sin lugar a equívocos
un fundamento válido y justificado que desvirtúa la existencia de una posible
persecución sindical y, en consecuencia, la  vulneración de los derechos
fundamentales invocados. Por lo tanto, las sentencias citadas por el
demandante, y que a su juicio constituyen criterio obligatorio para fallar
casos análogos relacionados con los derechos de asociación sindical e igualdad,
no son aplicables en este caso, dada la diversidad de supuestos a los que ya se
ha hecho referencia, los cuales descartan cualquier vinculación con las reglas
de interpretación descritas en los precitados fallos. Al respecto, y siguiendo
los mismos lineamientos que expone la Sala en este caso, esta Corporación ha
proferido, entre otras, las siguientes sentencias: T-069, T-527, T-615, T-691,
T-727 y T-733 de 2001, en la que también se ha negado la protección de los
derechos sindicales.
Adicionalmente,
tampoco es admisible en esta caso la aplicación de la jurisprudencia citada en
la demanda, toda vez que la Corte pudo determinar que la gran mayoría de los
accionantes han acudido, en defensa de sus derechos e intereses sindicales, a
otros mecanismos de defensa judicial, habiéndose resuelto por la Jurisdicción
Ordinaria Laboral varias acciones de reintegro por fuero sindical y
encontrándose en curso un gran número de demandas ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo contra las Resoluciones Nos. 024 y 073 de 1999.
De igual forma, la
Corte encontró que la acción de tutela es improcedente como mecanismo
transitorio dada la ausencia de un perjuicio irremediable, esto es así, porque
los accionantes no demostraron la presencia de un daño inminente y la intención
evidente por parte de la Universidad en desmembrar el sindicato. además,
cualquier menoscabo producto del despido ha sido remediado para algunos de los
demandantes con el reconocimiento y pago de pensiones de jubilación.
5. DECISION
Bajo estas
consideraciones, la Sala Quinta de Revisión encuentra que la acción de tutela
es improcedente, razón por la cual, confirmará el fallo del día quince (15) de
mayo de 2001 proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, por las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR el fallo proferido el 15
de mayo de 2001, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en relación con los señores Geoname Amarís, Francisco Bosson P,
Moises Consuegra, Fanny Jhonson Vives, Elizabeth Goenaga de M, Jairo Ortiz de
la Hoz, Juan Bernier Pérez y Edison Obretor T., por no estar legitimados por
activa.
Segundo.
CONFIRMAR el fallo
proferido el 15 de mayo de 2001, por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en relación con Gustavo Fernández V, Harold Hernández C,
Guadalupe Hernández E, Wilson Peñate Barros, Armando Restrepo M, Miguel Bruges
A, Elizabeth P. Carrillo R, Enrique Cuadrado P, Edgar Mercado Campo, Ricardo
Navarro B, Gladys Navarro C, Graciela Olarte Padilla, Ada Luz Romero y Carmen
Isabel Vega., toda vez que los derechos fundamentales por ellos invocados,
fueron objeto de pronunciamiento por la jurisdicción ordinaria, en procesos
especiales de fuero sindical.
Tercero.
CONFIRMAR el fallo
proferido el 15 de mayo de 2001, por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, en relación con los señores Pedro González B, Fanny
Jhonson Vives, Nurys Linero Osorio, Hector Martínez V, José L. Mercado P,
Silvia Mier Palacio, Humberto Muñiz J, Gilberto Obregón V, Jorge Orozco
Barrera, Armando Ortiz C, Clara Pereira Rada, Magaly Silva de Polo, María
Robles Lugo, Pablo Vanegas Mejía, Alba Rosa Vásquez N, Eloisa María Zagarra y
Fuscaldo Maestre J., dado el reconocimiento de pensiones de jubilación que
permiten excluir la posibilidad de conceder el amparo tutelar.
Cuarto. En relación con los restantes demandantes y
en torno a la Subdirectiva Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL) -Magdalena- CONFIRMAR la
Sentencia del quince (15) de mayo de 2001, proferida por la Sala de Casación
laboral de la Corte Suprema de Justicia, por las razones expuestas en esta
providencia.
Quinto. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]             Es de resaltar que el escrito que contiene la demanda
fue firmado por todos los demandantes previamente citados (64 en total), a
excepción de los siguientes señores: Geoname Amaris, Francisco Bosson P, Moisés
Consuegra, Fanny Jhonson Vives, Elizabeth Goenaga de M, Jairo Ortiz de la Hoz,
Juan Bernier Pérez y Edison Obredor T.
[2]             Al estudiar la tutela, la Corte se formuló el
siguiente cuestionamiento: ¿Cuál era el tipo de vinculación laboral que tenían
los trabajadores accionantes?. Se pudo concluir, a partir de las piezas
probatorias que se encuentran en el expediente, que se trataba de empleados
públicos de libre nombramiento y remoción. De esta forma, se sostiene en la
demanda que pese a las peticiones elevadas por los accionantes a la
Universidad, no se efectuó la inscripción como trabajadores de carrera, al
mismo tiempo, el demandado expresa que: “....[los] distintos estudios
recomendaron la reducción de la planta de personal administrativo, - cargos
estos que eran de libre nombramiento y remoción en tanto la Universidad no había
adoptado la carrera administrativa -...”.
[3]             Señalan las citadas
Resoluciones que: “....CONSIDERANDO....Que el considerable crecimiento en la
nómina de los funcionarios de la Universidad del Magdalena ha agudizado la
crítica situación financiera de la institución a tal punto que se hace
necesario la adopción de medidas que permitan restablecer el equilibrio
financiero de la entidad...Que la Universidad del Magdalena adelantó un estudio
técnico en el que se sustentan las razones de modernización, racionalización
del gasto y necesidades del servicio que justifican la supresión de empleos en
la institución...Que para poder cumplir con eficiencia e idoneidad los
objetivos de la Universidad del Magdalena es indispensable ajustar su planta de
personal a través de la supresión de cargos en diferentes dependencias, sin que
ésta afecte la adecuada prestación del servicio, conservando una nómina de
empleos que garantice la aplicación de los principios administrativos de
economía y eficiencia consagrados constitucionalmente (....) RESUELVE
(...)Artículo 1°. Suprimir de la planta de personal de la Universidad del
Magdalena los siguientes cargos (...) Parágrafo único. Las personas nombradas
para desempeñar los cargos suprimidos quedan desvinculadas del servicio a
partir del momento en que se surta la debida comunicación”.
En términos generales las comunicaciones
expresaban que: “(...) Por medio de la presente me permito comunicarle de
que mediante resolución No. 024 de enero de 1999, expedida por el señor Rector
de la Universidad del Magdalena, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, el cargo
de XX, que usted ocupa en XXX, ha sido suprimido de la planta de personal
adscrita a esa dependencia (...) En consecuencia se produce su desvinculación
del servicio a partir de la fecha”.
[4]             A saber: (i) El Plan de
trabajo; (ii) Las recomendaciones del ICFES; (iii) el Acuerdo Académico 006
para la autoevaluación, el reordenamiento y la reestructuración; (iv) el
Acuerdo de Eficiencia; (v) el Plan de Reestructuración Económica Territorial  -
PRET - y; (vi) el Plan Decenal de Desarrollo Universitario 2000-2009.
[5]             Se citan los siguientes accionantes: Armando Ortiz Carrión, Clara Pereira, Magaly Silva de Polo, María
Robles Lugo, Fanny Jhonson Vives, Nurys Linero Osorio, José Mercado Peña,
Silvia Mier Palacio, Humberto Muñiz, Germán Martínez, Héctor Martínez, Gilberto
Obregón, Jorge Orozco, Pablo Vanegas, Alba Rosa Vásquez, Eloisa Algarra,
Fuscaldo Maestre, Pedro González, Héctor Martínez.
[6]             Al respecto citan la sentencia T-436 de 2000.
[7]              En términos generales las comunicaciones expresaban
que: “...Por medio de la presente me permito comunicarle de que mediante
resolución No. 024 de enero de 1999, expedida por el señor Rector de la
Universidad del Magdalena, doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, el cargo de XX,
que usted ocupa en XXX, ha sido suprimido de la planta de personal adscrita a
esa dependencia (...) En consecuencia se produce su desvinculación del servicio
a partir de la fecha”.
[8]
Artículo 14 del Decreto 2591 de 1991. “Contenido de la
solicitud. Informalidad. En la solicitud de tutela se expresará, con la
mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se
considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere
posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de
las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También
contendrá el nombre y el lugar de residencia del solicitante. (...)”.
[9]              Sentencia T-575 de 1997. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.  Por otra parte, en Sentencia T-1684 de 2000 (M.P.
José Gregorio Hernández Galindo), la Corte estimó que aun cuando en el proceso
de la referencia, no se probó la legitimación por activa de un sindicato para
interponer la acción de tutela, la misma era procedente, en relación con los
miembros de la organización sindical que suscribieron el escrito
que contenía la demanda, es decir, que procedieron a su firma.
[10]            Puede consultarse al respecto: Sentencias SU-1193 de
2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra); SU-182 de 1998. (M.P. Carlos Gaviria Díaz y
José Gregorio Hernández); T-201 de 1993. (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-300
de 2000.(M.P José Gregorio Hernández Galindo); T-238 de 1996. (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa).
[11]            Recuérdese que de conformidad con el Código Civil
(artículos 73 y SS), las personas se dividen en naturales o jurídicas. Se
consideran personas naturales, todos los individuos de la especie humana
y, personas jurídicas, aquellos entes a los cuales el derecho les
reconoce capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.
[12]            Sobre el tema, la Corte ha señalado que: “...Cuando
el artículo 86 de la Constitución establece que  'toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quién actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública', no está excluyendo a las
personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el
contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo
genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro,
sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las
especies de ese género esté conformada precisamente por las personas
jurídicas...." (Sentencia T-430 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo).
[13]           Sobre
este punto, dijo la Corte: "...La persona jurídica es apta para la
titularidad de derechos y deberes por su racionalidad y por su autonomía. La
aptitud es la adecuada disposición para dar o recibir, para hacer o soportar
algo, y la persona jurídica puede (tiene la dimensión jurídica de la facultad)
y también debe (soporta el deber frente a sus miembros y frente a otras
personas jurídicas o naturales); por tanto tiene adecuada disposición para que
se le otorguen o reconozcan derechos y deberes....” ."...Este tipo de
entidad al ser racional y autónoma es por sí (per se), no por otro, es decir,
es  persona (personare), De alguna manera es substancial; y todo lo substancial
es un supuesto, y el  supuesto  es  sujeto, y si éste es racional y autónomo,
sin duda alguna tiene que ser sujeto de derechos y deberes. Luego la persona
jurídica es una entidad que se expresa jurídicamente como sujeto de derechos y
deberes...". (Sentencia T-396 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[14]            Así, en sentencia T-300 de 2000, se consideró que el
sindicato resultaba afectado en su mínimo vital, por la retención indebida de
las cuotas sindicales de los trabajadores por parte del empleador y, en
sentencia T-1328 de 2001, se tuteló el derecho de representación del sindicato,
consistente en ser comunicado previamente por parte del patrono, cuando se
pretende la terminación unilateral del contrato de trabajo de un empleado
aforado.
[15]           Al respecto, se citan las sentencias C-385 de 2000 y
C-797 de 2000. M.P. Antonio Barrera Carbonell
[16]            A juicio de la Corte, los trabajadores individualmente
considerados, que habían sido retirados por parte de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, a través de un proceso de reestructuración, no tenían legitimación para
invocar la protección del derecho de asociación sindical, toda vez que este
derecho se encontraba radicado exclusivamente en cabeza del sindicato.
[17]            Corte Constitucional. Sentencia T-383 de 2001. M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[18]            Ver entre otras, las sentencias T-069 de 2001, T-527 de
2001, T-615 de 2001, T-691 de 2001, T-727 de 2001 y T-733 de 2001.
[19]           Sentencia T-527 de 2001. M.P. Jaime Araujo Renteria.
[20]           Recuérdese que en el acápite 4.1.1 de esta providencia,
se determinó que los señores: Geoname Amarís, Francisco Bosson P, Moises
Consuegra, Fanny Jhonson Vives, Elizabeth Goenaga de M, Jairo Ortiz de la Hoz,
Juan Bernier Pérez y Edison Obretor T, no se encuentran legitimados por activa,
al no haber suscrito la demanda de la referencia.
[21]            Sentencia C-262 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
[22]
Al respecto, la Sentencia SU-342 de 1995 (caso: Leonisa) señala que:
"... No obstante la procedencia de las órdenes antes mencionadas, con
arreglo a la preceptiva de los numerales 4° y 5° del art. 29 del decreto 2591
de 1991, la Corte debe resolver el problema que se presenta con la
existencia de las sentencias de los juzgados laborales del Circuito, las
cuales en algunos casos han absuelto a la empresa y en otros han condenado al
pago de la mencionada diferencia salarial....A juicio de la Corte las
decisiones contenidas en dichas sentencias no constituyen obstáculo para que el
juez constitucional decrete el amparo de los derechos fundamentales y su
restablecimiento con la plenitud que su vigencia y respeto requieren, por las
siguientes razones:...[.i..] La jurisdicción ordinaria laboral actuó en cada
proceso una pretensión procesal que tenía como causa motivo o fundamento el
desconocimiento de normas de rango legal, particularmente del principio a
trabajo igual salario igual que reconoce desde época anterior a la Constitución
de 1991 el Código Sustantivo del Trabajo en el art. 143. Por lo tanto, la cosa
juzgada que se predica de dichos pronunciamientos judiciales necesariamente
queda limitada y circunscrita única y exclusivamente al ámbito y al contenido
específico de la pretensión que se adujo y fue denegada o acogida...[ii]..La
cosa juzgada que ampara dichas decisiones, obviamente no limita o inhibe el
pronunciamiento del juez de tutela que corresponde a la jurisdicción
constitucional y que en su misión aplica e interpreta con autoridad la
Constitución y se pronuncia favorablemente sobre una pretensión que tiene su
causa u origen en el quebrantamiento de los derechos fundamentales. En tal
virtud, al juez de tutela no lo obliga la cosa juzgada que emerge de la
solución de una controversia por la justicia ordinaria laboral, en la cual
tanto la pretensión como la decisión han tenido fundamento o causa en normas de
rango legal.....La Constitución reconoce la autonomía de las distintas jurisdicciones,
Constitucional, Contencioso Administrativa y Ordinaria, etc. Ello implica que
el poder estatal de administrar justicia se radica y concreta en cada una de
ellas, para que ejerzan sus atribuciones dentro del propio espacio o ámbito de
poder que se les ha señalado. Por consiguiente, una jurisdicción no puede
invadir el ámbito de las atribuciones que les corresponden a las demás
jurisdicciones. En estas circunstancias, se afirma que ni el juez laboral está
facultado al ejercer su misión de juez ordinario para resolver pretensiones que
caen dentro del ámbito de la jurisdicción propia de la acción de tutela, ni el
juez de tutela puede penetrar en la órbita de la jurisdicción propia de la
justicia ordinaria laboral (art. 86  inciso 3 C.P. y 6 numeral 1° del decreto
2591 de 1991), salvo en los casos en que sea procedente la tutela como
mecanismo transitorio....".
[23]           Ver, entre otras, las sentencias: T-203 de 1993, C-543
de 1992, T-225 de1993 y  T-1060 de 2000.
[24]            Término utilizado en la sentencia T-436 de 2000. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[25]            Al respecto, resulta necesario resaltar que la
Subdirectiva Seccional del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios
de Colombia (SINTRAUNICOL) - Magdalena -, es un sindicato de industria y no de
empresa, ya que reúne a los trabajadores y empleados de las Universidades  de
Colombia. De este modo, los trabajadores que conforman la Subdirectiva no
solamente son aquellos que prestan sus servicios a la Universidad del
Magdalena, sino todos aquellos otros vinculados a las Universidades de la
región. De esta manera, la posibilidad de que un sindicato de industria sea
desmembrado por una sola empresa se reduce ostensiblemente. Sin embargo, tal y
como lo expuso esta Corporación en sentencia T-436 de 2000 (M.P. José Gregorio
Hernández Galindo), "...la clase de sindicato resulta, pues,
irrelevante respecto del hecho objetivo y contundente de la violación del
derecho...".
[26]            Correspondiente al 67.88% del total de trabajadores
sindicalizados.
[27]            Correspondiente al 55.17% del total de trabajadores no
sindicalizados.
[28]            Señala el citado informe de gestión que: "...al
presentarse la supresión de cargos y desvinculación de personal también se dio
un ahorro de los gastos de funcionamiento de $1.1419'614.831 en 1999...".
[29]            Sentencia T-047 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[30]            Al respecto, la Corte ha sostenido que: "... la
mujer embarazada tiene un derecho constitucional a una 'estabilidad laboral
reforzada'. Este derecho parte del reconocimiento de que la gestación de un
hijo puede dar lugar a graves medidas de discriminación laboral en contra de la
futura madre, por las complicaciones y costos que, en términos administrativos
y financieros, ello puede generar. No obstante, a la luz de la Constitución,
puede afirmarse que resulta equitativo que sea la sociedad -  y no la futura
madre - quien deba absorber las dificultades que implican la gestación y el
parto y, en consecuencia, el Estado está en la obligación de fortalecer o
reforzar los mecanismos que aseguran, entre otras cosas, la estabilidad en el
empleo de la mujer embarazada. En este sentido, la Corporación ha indicado, por
ejemplo, que el despido de la mujer por razón de su estado de gestación es
ineficaz y, por lo tanto, procede el reintegro además del pago de los
emolumentos dejados de recibir y las indemnizaciones a las que haya
lugar...". (Sentencia T-373 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[31]
Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[32]            Sentencia SU-961 de 1999.M.P.Vladimiro Naranjo Mesa.
Subrayado por fuera del texto original.
[33]            Ibídem.
[34]            Sentencia T-1169 de 2001.M.P. Rodrigo Escobar Gil.