C-200-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-200/02
PROPOSICION
JURIDICA COMPLETA-Integración
UNIDAD NORMATIVA-Procedencia
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Disposiciones
frente a las cuales debe realizarse/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD ESTRICTU
SENSU/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD LATO SENSU
Esta Corporación
ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a
su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta,
sino también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía
constitucional  -bloque de constitucionalidad estricto sensu-, y en
relación con otras normas que aunque no tienen rango constitucional,
configuran  parámetros  necesarios para el análisis de las disposiciones
sometidas a  su  control  -bloque de constitucionalidad lato sensu-.
BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD EN SENTIDO LATO-Integración
Se ha dicho que integran
el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el preámbulo, (ii) el
articulado de la Constitución, (iii) algunos tratados y convenios
internacionales de derechos humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes orgánicas y,
(v) las leyes estatutarias.
TRATADO
INTERNACIONAL EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Parámetros de control constitucional
En relación con
los tratados, la Corte ha señalado que, salvo remisión expresa de normas
superiores, sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos
tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que reconocen
derechos humanos (i) y, que prohíben su limitación en estados de excepción
(ii).
CONVENCION
INTERNACIONAL EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Disposición no incluida en listado cuya suspensión
está prohibida
CONVENCION
INTERNACIONAL EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Disposición no incluida en listado que prohíbe
limitación de derechos en estados de excepción
TRATADO
INTERNACIONAL EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-No suspensión de garantías judiciales indispensables
ESTADOS DE
EMERGENCIA-Garantías
judiciales/ESTADOS DE EXCEPCION-No suspensión de garantías
indispensables
ESTADOS DE
EMERGENCIA-Debido proceso
y garantías judiciales indispensables
DEBIDO PROCESO
LEGAL EN ESTADOS DE EMERGENCIA-No suspensión
DEBIDO PROCESO
LEGAL EN ESTADOS DE EXCEPCION-No
suspensión
DEBIDO PROCESO EN
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Componente
básico/DEBIDO PROCESO EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Intervención de
órgano judicial independiente e imparcial
DEBIDO PROCESO EN
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Garantía
en diferentes componentes
PRINCIPIO DE
LEGALIDAD EN EL ESTADO DE DERECHO-Rector del ejercicio del poder
En el Estado de derecho el principio de legalidad se erige
en principio rector del ejercicio del poder. En este sentido ha dicho esta
Corporación “no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los
servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma
expresa, clara y precisa en la ley”.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Elementos/DERECHO PENAL-Principios
legalistas que lo rigen
DEBIDO PROCESO-Respeto por garantías
fundamentales
PRINCIPIOS DE RESERVA LEGAL Y TIPICIDAD O
TAXATIVIDAD DE LA PENA-Alcance
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Dimensiones y alcance
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Reserva legal
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Prohibición de aplicación
retroactiva de leyes que crean delitos o aumentan penas
PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL-Prohibición de la
retroactividad
PRINCIPIO DE TIPICIDAD O TAXATIVIDAD
PENAL-Alcance
SANCION PENAL-Existencia de procedimiento aplicable y
juez o tribunal competente/SANCION PENAL-Existencia de juez
independiente e imparcial
La jurisprudencia ha señalado que para imponer sanciones
penales, “no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que
además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y
sancionar esas conductas”. Para que se pueda sancionar penalmente a una
persona, no es suficiente que el Congreso defina los delitos y las penas
imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable
y un juez o tribunal competente claramente establecidos. Para esta Corporación
la exigencia contenida en el artículo 29 en este aspecto hace relación a la existencia
de un juez independiente e imparcial al cual el ordenamiento jurídico le haya
atribuido la competencia  para decidir sobre la conducta de la persona acusada
de un hecho punible, juez o tribunal que  deberá observar  la plenitud de las
“formas propias  de cada  juicio”, establecidas igualmente por el legislador.
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL-Significado
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL-Elemento
medular del debido proceso
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL-Características/PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL-Prohibición de crear tribunales de excepción/PRINCIPIO
DEL JUEZ NATURAL-No
desconocimiento de competencia de jurisdicción ordinaria
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL PENAL-Alcance/PRINCIPIO
DEL JUEZ NATURAL-Finalidad más sustancial que formal/PRINCIPIO DEL JUEZ
NATURAL PENAL-Seguridad de juicio imparcial y con plenas garantías/PRINCIPIO
DEL JUEZ NATURAL-Juzgamiento por jurisdicción ordinaria
La jurisprudencia ha puntualizado que la  garantía del juez
natural tiene una finalidad más sustancial que formal,  habida consideración
que lo que protege  no es solamente el claro establecimiento de la jurisdicción
encargada del juzgamiento previamente a la comisión del hecho punible, sino la
seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para el procesado. La
Corte ha tenido oportunidad de hacer énfasis en que el respeto al debido
proceso en este campo,  concretado en el principio de juez natural, implica la
garantía  de que el juzgamiento de las conductas tipificadas como delitos será
efectuado, independiente de la persona o institución en concreto, por los
funcionarios y órganos que integran la jurisdicción ordinaria.
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Elemento fundamental del
debido proceso
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-No desconocimiento en ninguna
circunstancia
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-Ultractividad y
retroactividad de la ley
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL-No distinción entre normas
sustantivas y procesales
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL EN NORMA
PROCESAL-Operancia
Independientemente del efecto general  inmediato de las
normas  procesales, el principio de favorabilidad debe operar para garantizar
la aplicación de la norma más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse
distinción entre normas sustantivas y normas procesales que resulten más
benéficas al procesado.
LEY PREEXISTENTE-Significado en normas de procedimiento y
de jurisdicción y competencia
LEY PREEXISTENTE
EN MATERIA PENAL-Carácter
sustancial que definen delitos y penas
NO JUZGAMIENTO
SINO CONFORME A LEYES PREEXISTENTES AL ACTO QUE SE IMPUTA-Alcance en relación con los efectos de las
leyes procesales en el tiempo
LEY PREEXISTENTE
EN MATERIA PENAL-Existencia
de tribunal competente y procedimiento de juzgamiento/LEY PREEXISTENTE EN
MATERIA PENAL-Procedimiento puede cambiar o quedar definida
inmodificablemente competencia del juzgamiento/LEY PREEXISTENTE EN MATERIA
PENAL-Potestad legislativa de señalar formas de cada juicio/LEY
PREEXISTENTE EN MATERIA PENAL-Potestad legislativa para distribuir
competencias entre organismos que administran justicia
Al momento de los
hechos que configuran la conducta punible, debe existir  un tribunal
competente  y un procedimiento  para juzgar a la persona que ha cometido un
delito, pero ello no significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la
competencia  del juzgamiento quede inmodificablemente definida. Al respecto, se
debe partir de la base de que  mientras el legislador,  al consagrar las
disposiciones que rigen los procesos, no ignore ni contraríe las garantías
básicas previstas por el Constituyente, goza de potestad para señalar las
formas de cada juicio, así como para distribuir las competencias entre los
organismos que administran justicia dentro de la estructura del Estado.  Lo que
establece el artículo 29 es la exigencia de que al momento del acaecimiento del
hecho punible  exista un juez o tribunal competente, y un procedimiento
aplicable, pero no una prohibición de variar  el juez o tribunal  o las formas
propias de cada juicio, asuntos sobre los que como se acaba de ver  tiene
amplia potestad el legislador, bajo el entendido claro está del respeto a los
principios y valores esenciales del orden constitucional.
LEY PROCESAL-Aplicación general inmediata
LEY EN EL TIEMPO-Efectos/TRANSITO DE LEY PROCESAL
TRANSITO DE
LEGISLACION-Respeto de
derechos adquiridos y aplicación de principios de legalidad y favorabilidad
penal en regulación de efectos
LEY EN EL TIEMPO-Reglamentación específica
PROCESO-Situación jurídica en curso/PROCESO-Aplicación
general inmediata de leyes sobre ritualidad de procedimientos
Dado que el proceso es una situación
jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de
aplicación general inmediata. Al respecto debe tenerse en cuenta que todo
proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales concatenados
cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a través de una
sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación consolidada
sino como una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas disposiciones
instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto entran en
vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se han cumplido
de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en firme.
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD PENAL EN LEY PROCESAL PENAL-Alcance
LEY PROCESAL-Efecto general inmediato/LEY PROCESAL
EN EL TIEMPO-Aplicación a situaciones jurídicas no consolidadas
El efecto general inmediato de la ley
procesal que consagra el artículo 40 de la ley 153 de 1887 no desconoce la
Constitución, pues por aplicarse a situaciones jurídicas que aun no se han
consolidado, no tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos.
PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD EN LEY PROCESAL PENAL-Aplicación ultraactiva
DEBIDO PROCESO-Existencia de juez competente, independiente
e imparcial
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL EN PROCESO PENAL EN CURSO-No establecimiento de prohibición de variar
competencia de jueces y tribunales/PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL EN PROCESO
PENAL EN CURSO-No establecimiento de jueces ad hoc ni atribución de
competencias por fuera de jurisdicción ordinaria
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL EN PROCESO PENAL EN CURSO-Modificación de competencias por legislador
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL-Proscripción
de establecer con posterioridad a hechos de juzgamiento jueces para el caso
específico/PRINCIPIO DEL JUEZ NATURAL-Proscripción de desconocimiento de
competencia de jurisdicción ordinaria y en materias precisas
FUNCION JUDICIAL
POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Carácter
excepcional y en materias precisas
FUNCION JUDICIAL
POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Atributos
de independencia e imparcialidad
FUNCION JUDICIAL
POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-No
permisión para adelantar instrucción de sumarios ni juzgamiento de delitos
Referencia: expediente D-3690
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 40 y 43 (parcial) de la Ley 153 de 1887.
Actor: Juan Pablo
Anaya Santana
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá
D.C., diecinueve  (19) de marzo de dos mil dos (2002).
La Sala
Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067
de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Juan Pablo Anaya Santana,
demandó los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887,  “que adiciona y
reforma los Códigos nacionales,  la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
Mediante auto del  5  de septiembre de  2001,
el Magistrado Ponente admitió la referida demanda una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2o. del Decreto 2067 de
1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y
actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”.
Al proveer sobre esa admisión, se ordenó
fijar en lista la disposición acusada en la Secretaría General de la Corte,
para garantizar la intervención ciudadana, así mismo se dispuso enviar copia de
la demanda al señor Procurador General de la Nación, a fin de que rindiera el
concepto de su competencia, y se ordenó realizar las comunicaciones exigidas
constitucional y legalmente.
Cumplidos los
trámites propios de los procesos de constitucionalidad, esta Corporación
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.    NORMA DEMANDADA
A continuación, se transcriben los textos de
las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial
número 7.151-7.152 del 24 de agosto de 1887, y se subraya lo demandado:
“LEY 153 de 1887
(24 de agosto)
que adiciona y reforma los Códigos nacionales,
la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887
El Consejo Nacional Legislativo
DECRETA:
Artículo
40:  Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regír.
Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al
tiempo de su iniciación.
Artículo 43:  La ley
preexistente prefiere a la ley expost-facto en materia penal.  Nadie podrá ser
juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da
lugar al juicio.  Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y castigan
los delitos, pero no a aquellas que establecen los Tribunales y determinan
el procedimiento, las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40.”
III.  LA
DEMANDA
A juicio del
actor, las normas demandadas vulneran los artículos 29 y 93 de la Constitución
Política, así como el artículo 8° de la Convención Americana sobre  Derechos
Humanos, toda vez que permiten que mediante ley posterior a la ocurrencia de
los hechos, se establezcan los tribunales y los procedimientos que han de
seguirse para juzgar al autor de un delito. Para el efecto, expone las razones
que a continuación se resumen.
Luego de
recordar los antecedentes históricos y  el alcance jurídico de los principios
de legalidad y de favorabilidad  en materia penal, se detiene en el análisis de
lo que denomina  el principio de legalidad procesal, “en virtud del cual nadie
podrá ser castigado  sino como consecuencia de un juicio formal  ante sus
jueces naturales, y tras un proceso  en que se respeten las garantías
establecidas en la ley”.
Para el actor
dicho principio implica  que “las reglas de procedimiento o las formas o las
formalidades legales, o formas propias de cada juicio (art 29, inciso 2° C.P.)
sean reguladas previamente por el legislador ordinario definiendo las etapas
mínimas del proceso”,  al tiempo que “la competencia  de los tribunales o
jueces ha de ser preexistente al hecho punible”. El fundamento constitucional
de su afirmación la encuentra en algunos  apartes de los artículos  28  y 29 de
la Constitución[1],
con base en los cuales concluye  que “el juez competente, las forma propias
de cada juicio, la descripción del delito y la fijación de la pena, deben
establecerse en la ley con anterioridad a la ocurrencia de los hechos”.
Invoca además
el texto del artículo 8°  del Pacto de San José de Costa Rica para recalcar
que “el tratado internacional es claro  cuando dice  que ‘toda persona tiene
derecho a ser oída por un juez  o tribunal competente establecido con
anterioridad por la ley’ ”, y que la expresión “ser oída” implica que
el procedimiento  mediante el cual se garantice  el derecho a la defensa y el
debido proceso “deba ser señalado previamente por el legislador”.
Solicita en
consecuencia a esta Corporación que declare la inexequibilidad de las normas
objeto de examen de constitucionalidad, toda vez que en su concepto ellas
permiten que mediante una ley posterior a la ocurrencia de los hechos  se
establezcan los tribunales y los procedimientos que han de seguirse para juzgar
a una persona acusada de un delito.
IV.
INTERVENCIONES.
1.      Intervención
Ciudadana
El ciudadano
Ernesto Rey Cantor, coadyuva la  demanda para solicitar la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión “los tribunales” contenida en el artículo 43 de
la Ley 153 de 1887, así como la constitucionalidad condicionada de la expresión
“el procedimiento” contenida en el mismo artículo,  con  fundamento en las
siguientes consideraciones.
Para el
coadyuvante el principio de legalidad es un elemento esencial del derecho
fundamental del debido proceso, cuyo contenido y alcance ha sido dilucidado en
su concepto por esta Corporación en las sentencias C-552 de mayo 31 de 2001 y
C-653 de junio 20 de 2001, algunos de cuyos partes transcribe.
De dichas
decisiones infiere que el debido proceso en materia penal  comporta  dos
elementos, a saber:  i) el principio de legalidad sustantivo, es decir
el establecimiento previo del hecho ilícito (tipo) y la sanción (pena), y ii)
el principio de legalidad procesal, en cuanto que nadie podrá ser juzgado o
castigado sino como consecuencia de un juicio formal, ante jueces naturales y
tras un proceso en el que se respeten las garantías establecidas por la ley.
En esa
medida  advierte que “ las reglas del procedimiento con las cuales se
juzgará a una persona en un caso determinado, deben regularse por el legislador
ordinario con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, de forma tal que de
manera previa estén establecidas las reglas del procedimiento que integraran el
debido proceso, entendidas como las formas propias de cada juicio.  El mismo
sentido se le debe dar a la consagración del juez natural o tribunal
competente, el cual ha de ser determinado de manera preexistente al hecho
reprochable.”
Al respecto
invoca además  tanto la  Convención Americana sobre Derechos del Hombre  en su
artículo 8° numeral 1[2], como la Declaración Americana de los Derechos  y deberes del
Hombre  artículo XXVI, segundo inciso[3], haciendo énfasis en la importancia de respetar el mandato  del
inciso segundo del artículo 93 de la Constitución al interpretar  en este caso
el derecho fundamental del debido proceso, tomando en cuenta  la preceptiva
de  los tratados internacionales citados.
En este
sentido concluye  que  la necesidad de una ley preexistente se debe predicar  “no
solo ‘del acto que se le imputa’ sino también del ‘juez o tribunal competente’”
por lo que en su concepto  la expresión  “los tribunales” del artículo 43  de
la ley 153 de 1887 es inconstitucional.
En cuanto al
término “procedimiento”, afirma que sería constitucional pero sólo  de
manera condicionada  “en el entendido de que una nueva ley procesal que
establezca normas de procedimiento (formas propias de cada juicio) diferentes a
aquellas con las cuales se viene juzgando a una persona, empezará a regir de
inmediato, siempre y cuando que no sea restrictiva o desfavorable para el reo,
porque  si lo es, el juez o tribunal competente tendrá el deber de aplicar
ultractivamente la vieja ley procesal, a través de la cual se juzga, a
fin de garantizar el derecho humano al debido proceso”.
2.     Ministerio de Justicia y del Derecho
El
representante del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita la
declaratoria de exequibilidad de las normas acusadas, por las razones que a
continuación se sintetizan.
Señala que el
artículo 29 de la Constitución entraña una de las garantías de la libertad
individual y del ejercicio de los derechos que de ella emanan, a saber, el
juzgamiento conforme a leyes preexistentes y con la plenitud de las formas propias
de cada juicio, siendo la única excepción la prevista en el inciso segundo del
mismo texto, en cuanto a la aplicación preferente, en materia penal, de la ley
favorable aun cuando sea posterior.
Afirma de
otra parte que la irretroactividad de la ley  es la regla general en nuestro
sistema jurídico, sin perjuicio  de la excepción relativa a la aplicación
retroactiva de la ley penal más favorable.
En relación
con las normas demandadas, precisa que ellas se refieren al efecto inmediato
de las normas procesales,  que no debe confundirse  en su concepto con  el
efecto retroactivo  a que se ha hecho referencia.
Así las
cosas, concluye que dichas normas no vulneran la Constitución dado que: “Las
disposiciones acusadas, al establecer la aplicación inmediata de las leyes
procesales, con excepción de las actuaciones ya iniciadas que se rigen por la
ley vigente al tiempo de su iniciación, es consecuente con la realidad en la
medida en que no es ajena a los efectos de las situaciones anteriores que se
extienden después de la vigencia de la ley nueva, que conlleva a la aplicación
retroactiva  de la ley penal para modificar efectos ya realizados de un
derecho, sino a la aplicación del efecto inmediato, cobijando las consecuencias
o efectos de una situación jurídica nacida bajo el imperio de la ley anterior,
sin que sea retroactiva.”
3.  Academia Colombiana de Jurisprudencia
El doctor
Héctor Enrique Quiroga Cubillos, atendiendo la designación efectuada por el
presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con el fin de rendir
concepto en el proceso de la referencia, dada la solicitud de esta
Corporación, solicita que se declare la constitucionalidad condicionada de las
normas acusadas, por las razones que a continuación se sintetizan:
Para el interviniente
los conceptos de juez natural y de  legalidad del procedimiento constituyen
elementos pilares de las disposiciones legales acusadas, por lo que  de manera
previa al correspondiente cotejo de las normas acusadas frente a la Carta
Fundamental, hace un breve análisis de los mismos y de sus antecedentes
históricos en el ordenamiento jurídico colombiano.
En relación
con el principio del juez natural señala que en virtud del mismo  no es posible
designar jueces especiales para juzgar hechos ocurridos  con anterioridad a su
posesión en los cuales “esté interesado el gobierno de turno”. Indica
que actualmente dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 29 de la
Constitución, disposición que “comporta una asignación por parte de la ley
de las materias que son asignadas a los jueces y tribunales legalmente
constituidos”.
En esa medida
señala que el principio del juez natural podría afectarse si el tribunal o juez
competente fuese alterado en su origen o en su composición, para hacerlo
“especial”.
Aclara sin
embargo que “ una cosa es la figura del juez natural a quien se le asigna
con antelación el juzgamiento y otra muy distinta es la redistribución de
competencias dentro de la misma rama de la jurisdicción”. En su concepto,
dicho principio se vería vulnerado si el juzgamiento de un caso concreto  que
corresponde a la rama judicial pasa “a manos de tribunales especiales  que
no tiene precisamente la función judicial (militares), así se les denomine
tribunales”. Pero señala que cuando el juzgamiento de un asunto está
asignado con antelación  a un “órgano de la función judicial en una de sus
especialidades  y dentro de esta se reasignan  las competencias de manera
general  para todos los procesos” no es posible hablar de desconocimiento
del principio de juez natural, máxime cuando  el cambio del juez “no se hace
de manera individual para un caso  en particular sino para todos los asuntos
que se encuentran en las mismas condiciones”.
En relación
concretamente con  el artículo 43 de la ley 153 de 1887 considera oportuno,
partiendo del principio de conservación del derecho, que  esta Corporación
precise el alcance de la norma y si es el caso condicione su interpretación a
que “la legislación procesal posterior no podrá ser cambiada  para reasignar
jueces a casos únicos o especiales ni trasladar las competencias  a órganos
distintos  de la rama judicial, de quienes se predica el cumplimiento de la
función judicial”.
Sobre el
principio de legalidad del procedimiento, señala que éste  tiene diferentes
matices, que van desde la correcta interpretación de la primacía del derecho
sustancial, pasando por el respeto de los términos judiciales y del principio
de celeridad, pero que para el asunto que estudia la Corte tiene especial
relevancia el hecho de que “las etapas procesales no agotadas  de un
procedimiento pueden tomar la vía nueva asignada  en una nueva ley  dándole un
carácter de aplicabilidad inmediata a la ley procesal”.
Apelando
nuevamente al principio de conservación del derecho, señala entonces que “ha
de entenderse que la nueva ley procesal ordenará la adecuación de los
procedimientos a ésta, sin que ello, desde luego, implique la violación del
debido proceso y en especial del derecho de defensa”. Y, en ese orden de
ideas, solicita a esta Corporación, condicionar la constitucionalidad de la
norma a la interpretación  según la cual “las modificaciones a los
procedimientos y su adecuación a una nueva ley procesal operará en la medida en
que no se violen los derechos fundamentales de las partes que litigan en los
procesos”.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Señor
Procurador General de la Nación, mediante concepto número 2694 del 22 de
octubre de 2001, solicita que se declare la exequibilidad condicionada de
las normas acusadas,  de acuerdo con las  razones que a continuación se
sintetizan.
Recuerda que
el  debido proceso, el principio de legalidad y la seguridad jurídica son
elementos fundamentales del Estado de Derecho, en el que  las funciones
públicas  se ejercen “a través de competencias y procesos  con base en
normas preexistentes ajustadas al orden constitucional vigente”. Que en
este marco toda actuación judicial “se debe adelantar de acuerdo con leyes
prexistentes, ante juez o tribunal competente  y con observancia de la
plenitud  de las formas propias de cada juicio (artículos 28,29,228,229 y 230
constitucionales)” .
El Ministerio
Público afirma que  las formas propias de cada juicio  son las reglas
establecidas  directa y exclusivamente por el Legislador (art. 150  numerales 2
y 10 C.P.) quien de conformidad  con la naturaleza del asunto  determina
“cada una de las etapas que le son propias  y que a su vez constituyen las
garantías de defensa y seguridad jurídica  para los intervinientes en el
respectivo proceso”
Señala así
mismo que  las normas de procedimiento i) son de orden público ii) de interés
general, iii) tienen un carácter temporal, iv) así como impersonal y abstracto,
v) son de interpretación estricta, vi) de obligatorio cumplimiento y vii) son
de aplicación inmediata.
En relación
con esta última característica destaca que en la demanda se plantea
precisamente el problema  del tránsito en el tiempo  de las normas de
procedimiento penal, materia  en la que si bien  cabe aplicar la regla general
de la aplicación inmediata de las mismas, debe tenerse en cuenta que  “excepcionalmente,
la ley de procedimiento punitivo  derogada, o aún más, declarada inexequible,
puede tener efectos ultraactivos en lo que sustancialmente  beneficie al
procesado”[4].
Explica esta
circunstancia  en la vigencia del principio de favorabilidad  en materia penal,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución, aplicado en este caso  “con
el fin de proteger derechos sustantivos  fundamentales, básicamente debido proceso
y derecho a la defensa”.
Recuerda al
respecto que  el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000)
aplica este principio al  señalar que “ la ley procesal de efectos
sustanciales permisiva o favorable, aun cuando sea posterior a la actuación, se
aplicará de preferencia  a la restrictiva o desfavorable”.
Por lo que
concluye que  frente a los cambios de legislación en materia  de procedimiento
penal, la nueva norma se rige por el principio general de aplicación inmediata,
pero que excepcionalmente deberá ceder ante la norma derogada  si en lo
atinente a aspectos sustanciales (debido proceso, derecho de defensa, libertad
del procesado) resulta aplicable el principio de favorabilidad.
En este
sentido constata que las normas atacadas consagran “lo relacionado con la
irretroactividad de la ley procesal penal, pero no la excepción de
ultraactividad de la norma procedimental derogada en lo atinente a sus aspectos
sustanciales cuando le favorezcan al procesado, frente al cambio de legislación
que cubra su situación jurídica procedimental.” Por lo que “en defensa
del  derecho fundamental al debido proceso”, solicita a la Corte  declarar
la exequibilidad condicionada del artículo 40  de la Ley 153 de 1887  y
de la frase “pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el
procedimiento” contenida en el artículo 43  de la misma ley, “bajo el
entendido que excepcionalmente se aplicará en forma ultraactiva la ley procesal
penal derogada en los procesos que se vinieren adelantando durante el cambio de
legislación, si ésta fuere más favorable al procesado”.
V.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional
es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, como quiera que las normas demandadas
están contenidas en la Ley 153 de 1887 que es una ley de la República.
2.      Materia sujeta a examen
El demandante solicita la declaratoria de
inexequibilidad del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, así como de la frase
“pero no a aquellas que establecen los tribunales y determinan el
procedimiento”,  contenida en el artículo 43 de la misma ley, dado que en su
concepto permiten que mediante ley posterior a la ocurrencia de los hechos, se
establezcan los tribunales y los procedimientos que han de seguirse para juzgar
al autor del delito, con desconocimiento de los dictados de los artículos 29 y
93 de la Constitución Política y el artículo 8° de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
El ciudadano Ernesto Rey Cantor coadyuva
la demanda aduciendo similares argumentos, para solicitar, en defensa del
derecho fundamental al debido proceso,  la declaratoria de inexequiblididad de
la expresión “los tribunales” contenida en el artículo 43 de la ley 153 de
1887, al tiempo que solicita que se condicione la declaratoria de exequibilidad
de la expresión “el procedimiento” contenida en el mismo artículo, a la aplicación
ultractiva de  la ley procesal anterior en caso de ser más favorable.
El representante del Ministerio de
justicia  solicita por su parte la declaratoria de exequibilidad pura y simple
de las normas atacadas, argumentando que no debe confundirse el fenómeno la
irretroactividad de la ley penal, con el fenómeno de  la  aplicación inmediata
de las normas procesales.
El
representante de la Academia Colombiana de Jurisprudencia luego de analizar
los principios de juez natural y de legalidad del procedimiento penal, solicita
condicionar la exequibilidad de las disposiciones acusadas  a que  no se
reasignen jueces a casos únicos o especiales, ni se  trasladen competencias  a
órganos distintos  de la rama judicial, y a que la modificación de  los procedimientos
y su adecuación a una nueva ley procesal no viole los derechos fundamentales.
El señor Procurador General solicita
igualmente que se declare la exequibilidad de las disposiciones atacadas pero
de manera condicionada, en el entendido que excepcionalmente  se aplicará en
forma ultraactiva  la ley procesal penal derogada en los procesos que se
vinieren adelantando durante el cambio de legislación, si ésta fuere más
favorable al procesado.
Corresponde en consecuencia a la Corte
examinar si, como lo aduce el demandante y quien coadyuva la demanda,  debe
declararse la inexequibilidad  de las normas atacadas por vulnerar tanto los
artículos 29 y 93 de la Constitución, así como algunas normas internacionales
sobre derechos humanos, en cuanto  con ellas se desconocería  la exigencia de
ley preexistente que determine el tribunal y el procedimiento aplicable para el
juzgamiento de un delito,  o si por el contrario debe la Corte declarar su
exequibilidad pura y simple,  o  su exequibilidad condicionada conforme a los
principios de favorabilidad de la ley penal y de juez natural.
3.     Consideraciones previas
Antes de hacer el  análisis  de
constitucionalidad de las normas demandadas, la Corte estima necesario hacer
algunas  consideraciones previas en relación con la unidad normativa  de
algunos apartes del artículo 43 demandado, así como sobre la integración del
bloque de constitucionalidad, y en relación con los  principios de juez
natural, de legalidad y favorabilidad en materia penal, temas éstos que resultan
relevantes para el análisis de los cargos planteados.
3.1.    Unidad normativa
El demandante solicita la declaratoria de
inexequibilidad de la totalidad del artículo 40  de la ley 153 de 1887, así
como de la frase “pero no a aquellas que establecen los Tribunales y determinan
el procedimiento”  contenida en el artículo 43 de la misma ley.
En relación con esta última disposición
la Corte considera necesario integrar la proposición jurídica completa con  la
expresión “las cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40” contenida en la
misma disposición. Cabe recordar  que  en el  juicio de constitucionalidad
dicha integración procede cuando la proposición jurídica acusada, si bien tiene
un contenido propio, se encuentra tan íntimamente ligada con otros contenidos
jurídicos, que resulta imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar
las otras disposiciones[5].
En este sentido esta Corporación ha
señalado lo siguiente :
“(...)la unidad normativa procede cuando
ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es
absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido
normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este
último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y
se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis
para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado.”[6]
Ahora bien, para entender el sentido de
la frase demandada, no solamente es necesario  leerla en el contexto de la
totalidad del artículo 43, sino que se hace indispensable tener en cuenta el
aparte subsiguiente  “las cuales se aplicarán  con arreglo al artículo 40” a
que se ha referido la Corte. Es por ello que esta Corporación integrará la
proposición normativa en los términos señalados y en consecuencia, el examen de
constitucionalidad comprenderá las siguientes expresiones del artículo 43 de la
Ley 153 de 1887: “pero no a
aquellas que establecen los Tribunales y determinan el procedimiento, las
cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40”.
3.2.    El bloque de
constitucionalidad y su significado en el presente proceso
Esta Corporación ha
establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su
competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino
también frente a otras disposiciones a las que se atribuye jerarquía
constitucional[7]
-bloque de constitucionalidad estricto sensu-, y en relación con
otras normas que aunque no tienen rango constitucional, configuran  parámetros
necesarios para el análisis de las disposiciones  sometidas a  su  control
-bloque de constitucionalidad   lato sensu-. [8]
En este contexto, se
ha dicho que integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato: (i) el
preámbulo, (ii) el articulado de la Constitución, (iii) algunos tratados y
convenios internacionales de derechos humanos (C.P. art. 93), (iv) las leyes
orgánicas[9]
y, (v) las leyes estatutarias[10].
En relación con los
tratados, la Corte ha señalado que, salvo remisión expresa de normas superiores[11], sólo constituyen
parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios
internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos humanos (i) y,
que prohíben su limitación en estados de excepción (ii)[12].
En efecto ha dicho
la Corte que:
“(...) de la
Carta también hacen parte las normas y principios incorporados en el bloque de
constitucionalidad, que “sin aparecer formalmente en el articulado del texto
constitucional, son utilizados como parámetros del control constitucional de
las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por
diversas vías y por mandato de la Constitución”[13], como
sucede con ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados
por Colombia que prevalecen en el orden interno por disponerlo así el artículo
93 superior, precepto que “no se refiere a todos los derechos humanos
consagrados en los tratados y convenios internacionales en sí mismos y de por
sí, sino a éstos cuando tales instrumentos internacionales ‘prohiben su limitación
en los Estados de Excepción’, es decir que para que tenga lugar la prevalencia
o superioridad de los tratados y convenios internacionales en el orden interno,
es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el
reconocimiento de un derecho humano y de la otra que sea de aquellos cuya
limitación se prohiba durante los Estados de Excepción”[14], caso
en el cual se trata de principios y reglas de verdadero valor constitucional
que deben ser respetados por el legislador”[15].
Ahora bien, en el presente proceso el
actor invoca como violado el numeral primero del artículo 8° de  la Convención
Americana sobre Derechos del Hombre -Pacto de San José de Costa Rica-[16], aprobado
en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 23 de
noviembre de 1969,  integrada en el orden jurídico interno de Colombia a través
de la ley 16 de 1972. Por su parte quien coadyuva la demanda se refiere a la
supuesta violación del  artículo XXVI  de la Declaración Americana de  los
derechos y deberes del Hombre, aprobada en la novena  Conferencia Internacional
Americana de Bogotá en 1948,  por lo que corresponde a la Corte precisar, si
las disposiciones invocadas son de aquellas que  hacen parte del bloque de
constitucionalidad y por lo tanto resultan  de necesaria consideración por esta
Corporación para establecer la exequibilidad o inexequibilidad de las
disposiciones atacadas.
Al respecto la Corte señala,  en relación
con el  artículo XXVI  de la Declaración Americana de  los Derechos y Deberes
del Hombre[17],
citada por el coadyuvante,  que el literal d) del artículo 29 de la Convención
Americana de Derechos del Hombre, en virtud del cual se hace exigible la
aplicación de  dicha declaración por los Estados Parte, no está incluido  en el
artículo 27-2 de la Convención[18]
dentro del listado de disposiciones cuya suspensión está prohibida durante los
estados de excepción.
La Corte  constata  igualmente  que el
primer inciso del artículo octavo de la Convención Americana de Derechos del
Hombre invocado por el actor   tampoco figura dentro del listado establecido en
el artículo 27-2 de la misma Convención,  mediante el cual  se prohíbe la
limitación de los derechos en ella consagrados,  durante los estados de excepción.
La Corte advierte  también que  dentro
del listado establecido en el artículo 4°  de la Ley Estatutaria 137 de 1994
sobre estados de excepción[19],
en relación con los derechos intangibles durante dichos estados,  se hace
mención  exclusivamente a los principios de legalidad, de favorabilidad y de
irretroactividad de la ley penal a que alude el contenido del artículo 9 de la
Convención Americana de Derechos del Hombre, incluido como ya se ha dicho  en
el numeral 2° del artículo 27 de la citada Convención.
Es decir que ni en relación con el
artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y deberes del hombre, ni
con el numeral primero del artículo 8° de la Convención existe mención expresa
que prohíba la  suspensión durante los estados de excepción de dichas
disposiciones.
Esta Corporación
debe precisar al respecto sin embargo que tanto el artículo 27-2 de la
Convención, como el artículo 4° de la Ley estatutaria  sobre estados de
excepción, señalan que no podrán ser suspendidas las “garantías judiciales
indispensables” para la protección de los  derechos enunciados en cada uno de
dichos artículos, por lo que sobre el particular esta  Corporación considera
oportuno recordar  lo dicho por  la Corte Interamericana de Derechos del
Hombre, en la  opinión consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, sobre el tema de las  garantías judiciales en estados de emergencia[20].
“20. La Corte
examinará en primer lugar qué son, de conformidad con la Convención, “las
garantías judiciales indispensables” a las que alude el artículo 27.2 de la
misma. A este respecto, en anterior ocasión, la Corte ha definido, en términos
generales, que por tales garantías  deben entenderse “aquellos procedimientos
judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del
ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere dicho artículo
(27.2) y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud” (El
hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 29).
Asimismo ha subrayado que el carácter judicial de tales medios “implica la
intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para
determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de
excepción” (Ibid., párr. 30).
(...)
38. La Corte
concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de los
derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el
artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente
en los artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los
principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del
Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la
suspensión de garantías.
39. Naturalmente,
cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya suspendido algunos
derechos y libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán
conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de
tales derechos y libertades.
40. Debe reconocerse
que no es posible ni sería aconsejable que la Corte, en la presente opinión
consultiva, trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las posibles
“garantías judiciales indispensables” que no pueden ser suspendidas de
conformidad con el artículo 27.2, que dependerá en cada caso de un análisis
del ordenamiento jurídico y la práctica de cada Estado Parte, de cuáles son
los derechos involucrados y de los hechos concretos que motiven la indagación.
Desde luego y por las mismas razones, la Corte tampoco ha considerado en esta
opinión las implicaciones de otros instrumentos internacionales (art. 27.1) que
pudieren ser aplicables en casos concretos.”[21]
En la misma Opinión Consultiva afirmó que la
relación existente entre el debido proceso del artículo 8° y las garantías
judiciales indispensables es de necesidad específica, en la medida en que
respecto de estas garantías es indispensable que se preserve de manera integral
el debido proceso[22]:
“8.1.1.2.  debido
proceso legal en estado emergencia
29. El concepto de debido proceso
legal recogido por el artículo 8 de la Convención debe entenderse como aplicable,
en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas en la Convención
Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 27 de la
misma.
30. Relacionado
el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye
que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de
las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para
que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan
considerarse como garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente
respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en
seguida y que tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos
humanos que no pueden ser objeto de suspensión.”[23]
De la opinión consultiva  transcrita en
sus apartes pertinentes se desprende que las garantías judiciales no
susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la
Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los
artículos 7.6 (habeas corpus) y 25.1 (amparo), consideradas dentro del marco de
los principios del artículo 8° de la misma Convención, el cual consagra,  según
la Corte Interamericana, el debido proceso legal que no puede suspenderse bajo
ninguna circunstancia  durante los estados de excepción.
Es decir que el derecho al debido proceso
consagrado en el artículo 8° de la Convención,  al no poder ser suspendido
durante los estados de excepción y al tratarse de una norma de derechos humanos
contenida en un tratado ratificado por Colombia, hace parte del bloque de
constitucionalidad y debe ser tomado en cuenta por esta Corporación para el
análisis de constitucionalidad de las disposiciones demandadas.
Igual consideración cabe respecto del
artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en
cuanto su contenido se refiere a elementos esenciales del debido proceso, que
como acaba de señalarse debe ser respetado  en toda circunstancia en el
ordenamiento jurídico colombiano.
Ahora bien, las disposiciones anteriores
deben interpretarse teniendo en cuenta tanto la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,  como su concordancia con el artículo 29 de
la Constitución que consagra en nuestro ordenamiento jurídico la  garantía del
debido proceso.
En este sentido, la Corte considera
necesario señalar que  de la opinión consultiva reseñada se desprende que dentro
de los  medios  judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de
los derechos y libertades a que se refiere dicho artículo (27.2 de la
Convención) se exige concretamente, y sin que tal exigencia pueda desconocerse
durante los estados de excepción,   la intervención de un órgano judicial
independiente e imparcial, como componente básico del debido proceso.
Es decir que para el caso que ocupa la
atención de esta Corte,  de la  interpretación que hace la Corte Interamericana
del artículo 8° de la Convención, se desprende la obligación de garantizar, como
uno de los componentes sustanciales del debido proceso, la intervención de un
órgano judicial independiente e imparcial,  garantía a la que debe sumarse
el respeto a  los principios de legalidad, de favorabilidad y de
irretroactividad de la ley penal a que alude  por su parte el  artículo 9° de
la Convención Americana de Derechos del Hombre.
En relación con la
concordancia necesaria entre el texto de artículo 8° anotado  y el artículo 29
de la Constitución[24],
la Corte resalta que en la norma superior se contienen todos y cada uno de los
principios  establecidos en los artículos 8° y 9° de la Convención Americana
del Derechos del Hombre y en el artículo XXVI de la Declaración Americana de
Derechos y deberes del hombre, a los que habría que agregar los que enuncia el
artículo 15-1 del  Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos[25].
Es decir que en nuestro ordenamiento
jurídico se garantiza plenamente el debido proceso en sus diferentes
componentes -principio de
legalidad, juez natural, derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho a
presentar y controvertir pruebas, principio de favorabilidad...- en perfecta armonía con las
disposiciones internacionales sobre la materia y en particular con las normas
de la Convención Americana de Derechos del Hombre  a que se ha hecho
referencia.
En relación con los elementos enunciados
la Corte  se detendrá a continuación  en el análisis de aquellos que tienen
relevancia para el examen de las disposiciones atacadas.
3.3.    El principio de
legalidad  en materia penal
En el Estado de derecho el principio de
legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder. En este sentido
ha dicho esta Corporación “no existe facultad, función o acto que puedan
desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o
establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley”[26].
En materia penal dicho principio comporta
varios elementos que la doctrina especializada reconoce como “los principios
legalistas que rigen el derecho penal”[27], los cuales define de la siguiente
manera:
“ ...nullum
crimen sine praevia lege: no puede considerarse delito el hecho que no ha
sido expresa y previamente declarado como tal por la ley; nulla poena sine
praevia lege: esto es, no puede aplicarse pena alguna que no esté conminada
por la ley anterior e indicada en ella; nemo iudex sine lege: o sea que
la ley penal sólo puede aplicarse  por los órganos y jueces instituidos por la
ley para esa función; nemo damnetur nisi per legale indicum, es decir
que nadie puede ser castigado sino en virtud de juicio legal.”[28]
Esto quiere decir que para poder
legítimamente aplicar sanciones por parte del Estado[29], y como salvaguarda de la seguridad jurídica
de los ciudadanos, deben respetarse estas
garantías fundamentales del debido proceso, destinadas a “proteger la libertad individual, controlar la
arbitrariedad judicial y asegurar la igualdad de todas las personas ante el
poder punitivo estatal”.[30]
Al respecto, cabe
recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos en su
artículo 15-1[31], como la Convención Americana de Derechos
Humanos en el artículo 9[32],  se refieren en forma particular y
explícita  a la preexistencia de los delitos y sus respectivas sanciones.
La  Carta Política colombiana, por su
parte en el artículo 29 establece que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y
con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, exigiendo
al legislador (i) definir de manera clara, concreta e inequívoca las conductas
reprobadas, (ii) el señalar anticipadamente las respectivas sanciones, así como
(iii) la definición de las autoridades competentes y (iv) el establecimiento de
las reglas sustantivas y procesales aplicables, todo ello en aras de garantizar
un debido proceso.
En torno a  cada uno de los aspectos
enunciados, la jurisprudencia ha precisado el entendimiento que en el
ordenamiento jurídico colombiano debe darse al artículo 29 constitucional[33], haciendo énfasis entre otros
temas en los principios de reserva legal y de tipicidad
o taxatividad de la pena. Así ha dicho esta Corporación lo siguiente:
“13- El principio de legalidad penal constituye una de las principales
conquistas del constitucionalismo pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos ya
que les permite conocer previamente cuándo y por qué “motivos pueden ser objeto
de penas ya sea privativas de la libertad o de otra índole evitando de esta
forma toda clase de arbitrariedad o intervención indebida por parte de las
autoridades penales respectivas”[34]. De esa manera, ese principio protege la
libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad
de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que
los tratados de derechos humanos y nuestra constitución lo incorporen
expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme
a leyes preexistentes al acto que se le imputa (CP art. 29)[35].
14- Este principio de legalidad penal tiene varias dimensiones y
alcances. Así, la más natural es la reserva legal, esto es, que la definición
de las conductas punibles corresponde al Legislador, y no a los jueces ni a la
administración, con lo cual se busca que la imposición de penas derive de
criterios generales establecidos por los representantes del pueblo, y no de la
voluntad individual y de la apreciación personal de los jueces o del poder
ejecutivo.
15- Esta reserva legal es entonces una importante garantía para los
asociados. Pero no basta, pues si la decisión legislativa de penalizar una
conducta puede ser aplicada a hechos ocurridos en el pasado, entonces el
principio de legalidad no cumple su función garantista. Una consecuencia obvia
del principio de legalidad es entonces la prohibición de la aplicación
retroactiva de las leyes que crean delitos o aumentan las penas. Por ello esta
Corporación había precisado que no sólo “un hecho no puede considerarse delito ni ser objeto
de sanción si no existe una ley que así lo señale” sino que además la norma
sancionadora “ineludiblemente debe ser anterior al hecho o comportamiento
punible, es decir, previa o preexistente.[36]”
16- La prohibición
de la retroactividad y la reserva legal no son sin embargo suficientes, pues si
la ley penal puede ser aplicada por los jueces a conductas que no se encuentran
claramente definidas en la ley previa, entonces tampoco se protege la libertad
jurídica de los ciudadanos, ni se controla la arbitrariedad de los funcionarios
estatales, ni se asegura la igualdad de las personas ante la ley, ya que la
determinación concreta de cuáles son los hechos punibles recae finalmente, ex
post facto, en los jueces, quienes pueden además interpretar de manera muy
diversa leyes que no son inequívocas. Por eso, la doctrina y la jurisprudencia,
nacional e internacionales, han entendido que en materia penal, el principio de
legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir
previamente los hechos punibles, no es suficiente y  debe ser complementado por
un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el
principio de tipicidad o taxatividad[37], según el
cual, las conductas punibles deben ser no sólo previamente sino taxativa e
inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se
limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción
abstracta realizada por la ley. Según esa concepción, que esta Corte prohija,
sólo de esa manera, el principio de legalidad cumple verdaderamente su función
garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y
asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal”[38]
La jurisprudencia ha señalado igualmente
que para imponer sanciones penales, “no basta que la ley describa el
comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez
competente para investigar y sancionar esas conductas (CP arts. 28 y 29)”[39]. Por ende,
para que se pueda sancionar penalmente a una persona, no es suficiente que el
Congreso defina los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el
ordenamiento un procedimiento aplicable y un juez o tribunal competente
claramente establecidos.
Para esta Corporación la exigencia
contenida en el artículo 29 en este aspecto hace relación a la existencia de un
juez independiente e imparcial al cual el ordenamiento jurídico le haya
atribuido la competencia  para decidir sobre la conducta de la persona acusada
de un hecho punible, juez o tribunal que  deberá observar  la plenitud de las
“formas propias  de cada  juicio”, establecidas igualmente por el legislador.
3.4.    El principio del juez
natural
La exigencia de un juez competente,
independiente e imparcial remite  necesariamente a la noción de “juez natural”,
que tiene en el ordenamiento jurídico colombiano un significado preciso, esto
es, “aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de
un determinado asunto”[40].
Este principio constituye elemento
medular del debido proceso, en la medida en que desarrolla y estructura el
postulado constitucional establecido en el artículo 29 superior[41].
Para precisar su
contenido la jurisprudencia  ha identificado una serie de características en
torno de la competencia de la autoridad judicial[42], y ha puntualizado que este principio
implica específicamente la prohibición de crear Tribunales de excepción, o de
desconocer la competencia de la jurisdicción ordinaria.  Al respecto  ha
señalado  concretamente lo siguiente.
“Por
lo demás, hace ver esta Corte que la noción constitucional de "Juez o
Tribunal competente" consignada en el inciso segundo del artículo 29 de la
Carta de 1991, se refiere a la prohibición de crear Jueces, Juzgados y
Tribunales de excepción, lo cual se reitera en los artículos 213 y 214 de la
misma normatividad superior.
Tal concepto no significa en modo alguno que el legislador -ordinario o
extraordinario- no pueda -sobre la base de criterios de política criminal y de
racionalización del servicio público de administración de justicia-, crear
nuevos factores de radicación de competencias en cabeza de los funcionarios que
pertenecen a la jurisdicción ordinaria -en este caso, a la penal- o modificar
los existentes, respetando -desde luego- los principios y valores
constitucionales.
La
competencia ha sido definida tradicionalmente como la facultad que tiene el
juez para ejercer, por autoridad de la ley, una determinada función, quedando
tal atribución circunscrita a aquellos aspectos designados por la ley.
Normalmente la determinación de la competencia de un juez atiende a criterios
de lugar, naturaleza del hecho y calidad de los sujetos procesales.
Este principio de carácter normativo definido por la Constitución,
comprende una doble garantía en el sentido de que asegura en primer término al
sindicado el derecho a no ser juzgado por un juez distinto a los que integran
la Jurisdicción, evitándose la posibilidad de crear nuevas competencias
distintas de las que comprende la organización de los jueces. Además, en
segundo lugar, significa una garantía para la Rama Judicial en cuanto impide la
violación de principios de independencia, unidad y "monopolio" de la
jurisdicción ante las modificaciones que podrían intentarse para alterar el
funcionamiento ordinario”[43].
(subrayas fuera de texto)
Debe señalarse finalmente que la
jurisprudencia ha puntualizado que la  garantía del juez natural tiene una
finalidad más sustancial que formal,  habida consideración que lo que protege
no es solamente el claro establecimiento de la jurisdicción encargada del
juzgamiento previamente a la comisión del hecho punible[44], sino la
seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para el procesado.
En este sentido la Corte ha tenido
oportunidad de hacer énfasis en que el respeto al debido proceso en este
campo,  concretado en el principio de juez natural, implica la garantía  de que
el juzgamiento de las conductas tipificadas como delitos será efectuado,
independiente de la persona o institución en concreto, por los funcionarios y
órganos que integran la jurisdicción ordinaria[45].
3.5.    El principio de
favorabilidad en materia penal
El principio de favorabilidad, como
elemento integrante del debido proceso en materia penal, se encuentra
establecido en el artículo 29 del Estatuto Superior, en los siguientes
términos:
"En materia penal, la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable."
El Pacto
Internacional de Derechos civiles y políticos, aprobado por la ley 74 de 1968,
enuncia  por su parte este principio así:
"Artículo 15-1 Nadie será condenado
por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según
el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el
delincuente se beneficiará de ello."(subrayas fuera de texto)
La Convención
Americana de Derechos Humanos, aprobada por la ley 16/72, lo plasma
igualmente  en el artículo 9°, así:
"Artículo 9° Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser
condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivas, según el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena
más leve, el delincuente se beneficiará de ello."
De acuerdo con estas
normas, que como ya se ha visto integran todas el bloque de constitucionalidad,
en materia penal el principio de favorabilidad  constituye un elemento
fundamental del debido proceso que no puede desconocerse en ninguna
circunstancia. El carácter imperativo del inciso segundo del artículo 29 de la
Carta no deja  duda al respecto.
Así, en el caso de
sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con
la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos
que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina
ultractividad de la ley.
La retroactividad, por el contrario,
significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las
contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos
delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.
Sobre este punto
debe la Corte señalar finalmente que tratándose de la aplicación del principio
de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas
sustantivas y normas procesales,  pues el texto constitucional no establece
diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales,
cuyo tránsito en el tiempo es precisamente objeto de los artículos 40 y 43 de
la Ley 153 de 1887, demandados en este proceso.
Al respecto cabe recordar que  la Corte
Suprema de Justicia  refiriéndose al artículo 26 de la Constitución de 1886,
cuyo texto en lo pertinente es reproducido de manera casi idéntica por el
articulo 29  de la Carta de 1991 ya había dicho que:
“Debe observarse,
ante todo, que ni el texto constitucional, ni los textos legales citados, que
en una forma categórica consagran y reiteran  el canon de la retroactividad de
la ley penal permisiva o favorable en materia penal, y por lo tanto, y a contrario
sensu, el canon de la no retroactividad de la ley restrictiva o
desfavorable, no hacen distinción alguna entre las leyes sustantivas o
adjetivas ni procesales. La observación es pertinente por cuanto existe una
generalizada tendencia a suponer que el artículo 40 de la ley 153 de 1887, en
cuanto dispone que: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir”, restringe o limita el canon constitucional de la retroactividad
de la ley penal más favorable, y por lo tanto, el de la no retroactividad de la
restrictiva, únicamente al campo de las leyes penales sustantivas, y que por
consiguientes las leyes procesales, aunque sean más desfavorables que la ley
anterior, tienen efecto inmediato aún sobre hechos ilícitos cometidos con
anterioridad a su vigencia.
“Pretender darle
este alcance al citado artículo de la Ley 153, equivale, desde luego a darle
una aplicación preferente a un texto legal sobre un precepto constitucional.
“Con frecuencia,
sobre todo en los últimos, se han dictado leyes y principalmente decretos leyes
de carácter procesal que restringen, limitan y hasta suprimen casi
completamente las garantías procesales de la defensa consagradas por el C.de
P.P., leyes a las que se da inmediata vigencia sobre las normas anteriores más
benignas, suponiendo acaso que por tratarse de leyes sobre ritualidad de los
juicios están excluídas  por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, del
principio de la no retroactividad de la ley restrictiva.
“Por esto
oportunamente recuerda el demandante la jurisprudencia siguiente:
“Es verdad que
ante la vigencia de una nueva ley procedimental, el reo no puede invocar,
alegar derecho adquiridos por leyes procesales anteriores, pero la aplicación
inmediata de la nueva ley sólo debe llevarse a efecto cuando con ella no se
agravan las condiciones del acusado; de no ser así, la ley procedimental, lejos
de tutelar los intereses sociales y los del procesado, los restringirá en
perjuicio de éste”. (sentencia, 13 de septiembre de 1945. LIX, 539).
“A pesar de lo
dispuesto en el artículo 40 de la ley 153 de 1887 sobre la vigencia inmediata
de lo relativo a la sustanciación y ritualidad de los juicios, es doctrina
constitucional y legal la de que ni siquiera lo que se refiere a procedimiento
debe tener aplicación inmediata si, sin solicitud de parte, apareciere como
menos favorable, a simple vista, que el procedimiento anterior”. (Auto 22 de
septiembre de 1950. LXVIII, 232; 29 de septiembre de 1950, LXVIII, 271).
“El canon de la retroactividad de la ley
penal favorable o permisiva, y por lo tanto, el de la no retroactividad de la
ley desfavorable al sindicado está erigido por nuestra Carta en un principio
supralegal, en una garantía constitucional, como uno de los derechos supremos
reconocidos a la persona humana frente al poder del Estado, es decir, como uno
de aquellos derechos que integran la personalidad inviolable de todo ciudadano,
que no puede ser desconocido por ninguna norma legislativa, cualquiera sea la
naturaleza de ésta.”[46]
Este análisis que  ha  retomado esta
Corporación en diferentes ocasiones en las que se ha referido a la concordancia
del artículo 40 de la ley 153 de 1887 con el artículo 29 constitucional[47], permite concluir que
independientemente del efecto general  inmediato de las normas  procesales, el
principio de favorabilidad debe operar para garantizar la aplicación de la
norma más favorable, sin que en materia penal pueda hacerse distinción entre
normas sustantivas y normas procesales que resulten más benéficas al procesado.
4.     El análisis de los
cargos
Para el actor los
artículos 40 y 43  de la ley 153 de 1887 deben ser declarados inexequibles por desconocer el
artículo 29  de la Constitución,  del que se desprende en su concepto que
mediante ley previa se  determine el juez o tribunal competente y el
procedimiento aplicable, los cuales no podrán ser cambiados por ley posterior.
Por su parte quien
coadyuva la demanda hace una diferencia entre la expresión “los tribunales”
contenida en el artículo 43, que considera inconstitucional por violar  los
artículos 8° de la Convención Americana de Derechos del Hombre y XXVI  de la
Declaración Americana de derechos y deberes del hombre, y la expresión “el
procedimiento” que considera constitucional solamente bajo el entendido que se
aplique el principio de favorabilidad.
En relación con estos cargos la Corte
hace las siguientes consideraciones:
4.1.    La exigencia de leyes
preexistentes y su significado en materia de normas de procedimiento y de
jurisdicción y competencia
De acuerdo con el
inciso segundo del artículo 29 de la Constitución Política, “nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio”.
Para el actor  esta
disposición  impide el efecto general inmediato de las normas procesales y de
jurisdicción y competencia, bajo la consideración según la cual  de aplicarse
tal principio la persona procesada por un delito vendría a serlo conforme a leyes
que no son preexistentes al acto que se le imputa.
En relación con lo
anterior, la Corte ha señalado sin embargo  que la tradición jurídica nacional
ha concluido en esta materia que “las leyes preexistentes” a que se refiere la
norma constitucional son  solamente aquellas de carácter sustancial que definen
los delitos y las penas.
Así ha señalado:
7. En relación
con el tema que ocupa la atención de la Corte, merece comentario especial la
expresión contenida en el artículo 29 de la Constitución Política, según la
cual “nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio” y el alcance que dicha expresión tiene en
relación con los efectos de la leyes procesales en el tiempo. Al respecto, es
de importancia definir si dicha expresión puede tener el significado de impedir
el efecto general inmediato de las normas procesales, bajo la consideración
según la cual tal efecto implicaría que la persona procesada viniera a serlo
conforme a leyes que no son “preexistentes al acto que se le imputa.”
En relación con
lo anterior, la Corte detecta que la legislación colombiana y la tradición
jurídica nacional han concluido que las “leyes preexistentes” a que se refiere
la norma constitucional son aquellas de carácter substancial que definen los
delitos y las penas. De esta manera se incorpora a nuestro ordenamiento el
principio de legalidad en materia penal expresado en el aforismo latino nullum
crimen, nulla poena sine praevia lege. Pero la normas procesales y de
jurisdicción y competencia, tienen efecto general inmediato. En este sentido,
el artículo 43 de la Ley 153 de 1887, recoge la interpretación expuesta cuando
indica:
“La ley
preexistente prefiere a la ley ex post facto en materia penal. Nadie podrá ser
juzgado o penado sino por ley que haya sido promulgada antes del hecho que da
lugar al juicio. Esta regla solo se refiere a las leyes que definen y
castigan los delitos, pero no a aquellas que establecen los tribunales y
determinan el procedimiento, la cuales se aplicarán con arreglo al artículo 40.
(Resalta la
Corte)”[48].
El entendimiento  del artículo 29
constitucional  que hace esta Corporación es en efecto  el de que al momento de
los hechos que configuran la conducta punible, debe existir  un tribunal
competente  y un procedimiento  para juzgar a la persona que ha cometido un
delito[49],
pero ello no significa que ese procedimiento no pueda cambiar, o que la
competencia  del juzgamiento quede inmodificablemente definida.
Al respecto, se debe
partir de la base de que  mientras el legislador,  al consagrar las
disposiciones que rigen los procesos, no ignore ni contraríe las garantías
básicas previstas por el Constituyente, goza de potestad para señalar las
formas de cada juicio, así como para distribuir las competencias entre los
organismos que administran justicia dentro de la estructura del Estado.  Así ha
precisado esta Corporación que:
“Ciertamente,
la Constitución permite al legislador -ordinario o extraordinario- distribuir
las competencias entre los organismos que administran justicia dentro de la
estructura del Estado; además, lo habilita para establecer los correspondientes
procedimientos, con las garantías constitucionales señaladas, que precisamente
en materia penal aparecen reforzadas en favor del sindicado o procesado, por
virtud de los principios de la preexistencia normativa o de la tipicidad penal,
del juez competente, y los demás principios incorporados en el artículo 29
constitucional en comento.
Por
lo demás, no teniendo rango constitucional, la radicación de competencias, es
del resorte ordinario del legislador regularla sin que por el hecho de hacerlo
pueda válidamente sostenerse que ofende la Carta, pues es la política criminal
la que determina y orienta sus criterios, aunque desde luego, al fijarla debe
acatar las disposiciones superiores que gobiernan el ejercicio de la soberanía
punitiva.
Queda
así claro que bajo los supuestos que se han indicado en materia de garantías
constitucionales en el proceso penal, la regulación de las materias
relacionadas con las características de cada proceso corresponden al legislador
y éste bien puede proveer al respecto(...).”[50]
Así las cosas, la
Corte considera  frente al argumento del demandante, que lo que establece el
artículo 29 es la exigencia de que al momento del acaecimiento del hecho
punible  exista un juez o tribunal competente, y un procedimiento aplicable,
pero no una prohibición de variar  el juez o tribunal  o las formas propias de
cada juicio, asuntos sobre los que como se acaba de ver  tiene amplia potestad
el legislador, bajo el entendido claro está del respeto a los principios y
valores esenciales del orden constitucional.
4.2 El
entendimiento dado por la jurisprudencia del principio de aplicación general inmediata
de la ley procesal
El artículo 40 de la ley 153 de 1887
consagra la regla general de aplicación inmediata de la ley procesal en los
siguientes términos:
Artículo 40.  Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.  Pero los
términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias
que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su
iniciación.
Ahora bien, sobre este artículo, la
Corporación  tuvo  oportunidad de pronunciarse  recientemente en la Sentencia
C- 619 de 2001, al examinar el tema del tránsito de legislación de las normas
aplicables en los procesos de responsabilidad fiscal a partir de la Ley 610 de
2000, providencia en la que se formularon precisiones  sobre el contenido de la
disposición bajo estudio por la Corte, que resultan relevantes en esta ocasión
para el examen de los  cargos planteados en este proceso.
Así en esa oportunidad  al estudiar el
tema del efecto de las leyes en el tiempo  y el tránsito de las normas
procesales,  señaló la Corte lo siguiente:
“Normas
constitucionales relativas al efecto de las leyes en el tiempo. Desarrollo
legal de las mismas. Normas relativas al tránsito de las leyes procesales.
3. Las normas
superiores que se refieren explícitamente a los efectos del tránsito de
legislación, son los artículos 58 y 29 de la Constitución Política. Conforme al
primero, “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores.  Cuando de la aplicación de una ley expedida
por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social.” Al tenor del segundo, “nadie
podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio... en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o
desfavorable.”
Con fundamento en
las normas constitucionales transcritas, puede afirmarse que en relación con
los efectos de la ley en el tiempo la regla general es la irretroactividad,
entendida como el fenómeno según el cual la ley nueva rige todos los hechos y
actos que se produzcan a partir de su vigencia. Obviamente, si una situación
jurídica se ha consolidado completamente bajo la ley antigua, no existe
propiamente un conflicto de leyes, como tampoco se da el mismo cuando los
hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de
la ley nueva. La necesidad de establecer cuál es la ley que debe regir un
determinado asunto, se presenta cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley
antigua pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la nueva, o cuando se
realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas
condiciones para el reconocimiento de sus efectos.
La fórmula
general que emana del artículo 58 de la Constitución para solucionar los
anteriores conflictos, como se dijo, es la irretroactividad de la ley, pues
ella garantiza que se respeten los derechos legítimamente adquiridos bajo la
ley anterior, sin perjuicio de que se afecten las meras expectativas de
derecho. No
obstante, la misma Carta fundamental en el mencionado artículo, autoriza
expresamente la retroactividad de las leyes penales benignas al reo, o de
aquellas que comprometen el interés público o social. Ahora bien, cuando se
trata de situaciones jurídicas en curso, que no han generado situaciones consolidadas
ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta
entra a regular dicha situación en el estado en que esté, sin perjuicio de que
se respete lo ya surtido bajo la ley antigua.
Sobre este tema
la jurisprudencia de esta Corte, como también la de la h. Corte Suprema de
Justicia y del h. Consejo de Estado, han expresado:
“El principio de
la irretroactividad de la ley tiene plena aplicación en el ordenamiento
jurídico colombiano y ha sido desarrollado por una abundante jurisprudencia de
la H. Corte Suprema de Justicia, del H. Consejo de Estado y de  esta misma
Corte Constitucional.
“Una nueva ley,
dispone tal principio fundamental para la seguridad jurídica en el Estado
Social de Derecho, no puede regular las situaciones jurídicas del pasado que ya
se han definido o consolidado, y que por tanto  resultan incólumes en sus
efectos jurídicos, con la fuerza que les presta la ley bajo la cual se
constituyeron.
“En la doctrina y
la jurisprudencia sobre esta materia jurídica se recurre a  términos como los
“derechos adquiridos”,  de mucha raigambre clásica, pero que hoy son
sustituídos por las expresiones “situaciones jurídicas subjetivas o
particulares”, opuestas en  esta concepción a las llamadas  “meras
expectativas”, que apenas conforman  una simple posibilidad de alcanzar  un
derecho, y que por tanto sí pueden ser reguladas o modificadas por la ley,
según un principio generalmente aceptado en la doctrina universal “Las meras
expectativas no constituyen  derecho contra la ley nueva que las anule o
cercene”, dice el art. 17 de la ley  153 de 1887, precepto que además ha
adquirido la fuerza  expresiva de un aforismo.  Vale la pena también
anotar que en la C.P. sólo existe una excepción al principio de la
irretroactividad en materia penal, por la prevalencia de la ley permisiva o
favorable, según lo dispone el artículo 58 en concordancia con el 29 de la C.P.
(...)
“Por su parte, la
Corte Constitucional en reciente fallo expresó en relación con este tema lo
siguiente:
"La norma (art.
58 C.N.) se refiere a las situaciones jurídicas consolidadas, no a las que
configuran meras expectativas, estas, por no haberse perfeccionado el derecho,
están sujetas a las futuras regulaciones que la ley introduzca.
“Es claro que la
modificación o derogación de una norma surte efectos hacia el futuro, salvo el
principio de favorabilidad, de tal manera que las situaciones consolidadas bajo
el imperio de la legislación objeto de aquélla no pueden sufrir menoscabo. Por
tanto, de conformidad con el precepto constitucional, los derechos individuales
y concretos que ya se habían radicado en cabeza de una persona no quedan
afectados por la nueva normatividad, la cual únicamente podrá aplicarse a las
situaciones jurídicas que tengan lugar a partir de su vigencia." (sent.
C-529/94  M.P. José Gregorio Hernández Galindo)”[51]
4. Con fundamento
en las disposiciones superiores anteriormente comentadas (artículos 58 y 29
C.P.), las cuales también estaban consignadas en la Constitución Nacional de
1886 y que delimitan la órbita de libertad de configuración legislativa en la
materia, se desarrolló un régimen legal que señaló los principios generales
relativos a los efectos del tránsito de legislación, respetando el límite
señalado por la garantía de los derechos adquiridos y los principios de
legalidad y favorabilidad penal. Dicho régimen legal está contenido en los
artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que de manera general, en relación con
diversos tipos de leyes, prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan
todas las situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su vigencia. A
contrario sensu, las situaciones jurídicas extinguidas al entrar en vigencia
una nueva ley, se rigen por la ley antigua. Ahora bien, cuando no se trata
de situaciones jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la ley anterior, sino
de aquellas que están en curso en el momento de entrar en vigencia la nueva
ley, ni de derechos adquiridos en ese momento, sino de simples expectativas, la
nueva ley es de aplicación inmediata. La aplicación o efecto general inmediato
de la ley es la proyección de sus disposiciones a situaciones jurídicas que
están en curso al momento de su entrada en vigencia. El efecto general
inmediato de la nueva ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en
su aplicación a situaciones jurídicas que aun no se han consolidado, no tiene
el alcance de desconocer derechos adquiridos.
En cuanto a la
proyección futura de los efectos de una ley derogada, (ultraactividad de la
ley), el régimen legal general contenido en las normas mencionadas lo contempla
para ciertos eventos. La ultraactividad en sí misma no contraviene tampoco la
Constitución, siempre y cuando, en el caso particular, no tenga el alcance de
desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, ni el
principio de favorabilidad penal.
5. En lo que
tiene que ver concretamente con las leyes procesales, ellas igualmente se
siguen por los anteriores criterios. Dado que el proceso es una situación
jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son de
aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso debe ser considerado como
una serie de actos procesales concatenados cuyo objetivo final es la definición
de una situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no
se erige como una situación consolidada sino como una situación en curso.  Por
lo tanto, las nuevas disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en
trámite tan pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos
procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean
respetados y queden en firme. En este sentido, a manera de norma general
aplicable al tránsito de las leyes rituales, el artículo 40 de la Ley 153 de
1887, antes mencionado, prescribe lo siguiente:
“Las leyes
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos
que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su
iniciación.”
En concordancia
con lo anterior, el artículo 38 de la misma Ley, referente al tránsito de las
leyes que regulan relaciones contractuales, indica que todo contrato se rige
por las leyes vigentes al momento de su celebración. No obstante, se exceptúan
de esta regla “las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del contrato.”  Y con la misma orientación, en materia
procesal civil, el artículo 699 del Código de Procedimiento Civil establece:
“En los procesos
iniciados antes, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas
decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en
curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a
correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la
notificación”.
De acuerdo con lo
hasta aquí expuesto, la norma general que fija la ley es el efecto general
inmediato de las nuevas disposiciones procesales, salvo en lo referente a los
términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya
estuvieren iniciadas, las cuales continúan rigiéndose por la ley antigua.  Esta
norma general, en principio, no resulta contraria a la Constitución pues no
tiene el alcance de desconocer derechos adquiridos o situaciones jurídicas
consolidadas, que es lo que expresamente prohíbe el artículo 58 superior. Sin
embargo, su aplicación debe respetar el principio de favorabilidad penal.
6. Con todo,
dentro del conjunto de las normas que fijan la ritualidad de los
procedimientos, pueden estar incluidas algunas otras de las cuales surgen
obligaciones o derechos substanciales. En efecto, la naturaleza de una
disposición no depende del lugar en donde aparece incluida, como puede ser por
ejemplo un código de procedimiento, sino de su objeto. Si dicho objeto es la
regulación de las formas de actuación para reclamar o lograr la declaración en
juicio los derechos substanciales, la disposición será procedimental, pero si
por el contrario ella reconoce, modifica o extingue derechos subjetivos de las
partes, debe considerarse sustantiva. Para no contrariar la Constitución, la
ley procesal nueva debe respetar los derechos adquiridos o las situaciones
jurídicas consolidadas al amparo de este tipo de disposiciones materiales,
aunque ellas aparezcan consignadas en estatutos procesales”[52]
.(subrayas fuera de texto)
A manera de resumen de lo dicho por la
Corte  en la citada Sentencia  puede concluirse que en materia de regulación de
los efectos del tránsito de legislación, la Constitución sólo impone como
límite el respeto de los derechos adquiridos y la aplicación de los principios
de legalidad y de favorabilidad penal. Por fuera de ellos, opera una amplia
potestad de configuración legislativa.
En armonía con esta concepción, el
legislador ha desarrollado una reglamentación específica sobre el efecto de las
leyes en el tiempo, que data de la Ley 153 de 1887, según la cual como regla
general las leyes rigen hacia el futuro, pero pueden tener efecto inmediato
sobre situaciones jurídicas en curso, que por tanto no se han consolidado bajo
la vigencia de la ley anterior, ni han constituido derechos adquiridos sino
simples expectativas.  Este es el caso de las leyes procesales, que  regulan
actuaciones que en sí mismas no constituyen derechos adquiridos, sino formas
para reclamar aquellos.
En este sentido, dado que el proceso es una
situación jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos
son de aplicación general inmediata. Al respecto debe tenerse en cuenta que
todo proceso debe ser considerado como una serie de actos procesales
concatenados cuyo objetivo final es la definición de una situación jurídica a
través de una sentencia. Por ello, en sí mismo no se erige como una situación
consolidada sino como una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas
disposiciones instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan pronto
entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos procesales que ya se
han cumplido de conformidad con la ley antigua, sean respetados y queden en
firme. Tal es precisamente el sentido del artículo 40 de la ley 153 de 1887
objeto de esta Sentencia.
Así las cosas, en la medida en que la regla
general anotada no desconoce  derechos adquiridos o situaciones jurídicas
consolidadas (artículo 58 C.P.),  el texto del artículo 40 de la ley 153 de
1887 que así la establece,  se ajusta a la Constitución. Obviamente en la
aplicación de la norma  deberá respetarse  el principio de favorabilidad penal
(artículo 29 C.P.).
4.3  La petición de
constitucionalidad condicionada del artículo 40 de la ley 153 de 1887
Del análisis efectuado en la Sentencia
C-619 de 2001 citada, cuyos considerandos reitera  la Corte, es posible
concluir que el efecto general inmediato de la ley procesal que consagra el
artículo 40 de la ley 153 de 1887 no desconoce la Constitución, pues por
aplicarse a situaciones jurídicas que aun no se han consolidado, no tiene el
alcance de desconocer derechos adquiridos.
En
lo que se refiere  a los términos que hubiesen empezado a correr, y las
actuaciones  y las diligencias  que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara
en establecer  que estas se regirán por la  ley vigente al tiempo de su
iniciación.
Ahora
bien, en la medida en que  ha quedado establecido que el respeto del principio
de favorabilidad es un presupuesto necesario para la aplicación de la norma y
que  se ha solicitado precisamente a esta Corporación condicionar su
constitucionalidad en este sentido, la Corte estima pertinente efectuar las
siguientes consideraciones:
Como
ya se  explicó, el principio de favorabilidad rige toda aplicación de la
normatividad penal sin que pueda hacerse ninguna diferencia entre normas
sustantivas y normas procesales que beneficien al procesado.
Estas
consideraciones  llevarían en principio  a esta Corporación  a concluir  en la
necesidad de condicionar la constitucionalidad del artículo atacado al respeto
del principio de favorabilidad y concretamente a que se establezca que se
aplicará de manera ultractiva la ley procesal penal si ella resulta favorable
al procesado.
Sin
embargo, estima la Corte que no procede declarar la constitucionalidad
condicionada de la disposición atacada como lo sugieren  tanto el Ministerio
Público como los intervinientes, puesto que precisamente por expresa
disposición constitucional (art 29 C.P.), toda norma en materia penal debe
aplicarse  de conformidad con el aludido principio de favorabilidad. Cabe
resaltar además que este principio, referido a la  disposición atacada,  hace
relación a la aplicación de la misma y no a  la interpretación de su contenido,
el cual como hemos visto se ajusta a la Constitución. No existe pues
justificación para proferir una sentencia de constitucionalidad condicionada,
en tanto que necesariamente, con  o sin pronunciamiento de la Corte, el
principio de favorabilidad debe ser respetado.
Consideración
similar cabe respecto de la solicitud de constitucionalidad condicionada del
aparte demandado del artículo 43 de la ley 153 de 1887, norma respecto de la
cual  la Corte debe sin embargo hacer las siguientes puntualizaciones.
4.4
La exequibilidad  del  aparte demandado del artículo 43  de la ley 153 de 1887
En relación con las disposiciones
internacionales de derechos humanos  invocadas por el actor y por  quien
coadyuva la demanda para sustentar el cargo de violación de los artículos 29 y
93 constitucionales por el artículo 43 de la ley 153 de 1887, esta Corporación
llama la atención sobre  las conclusiones a que se llegó en el aparte
pertinente de esta sentencia en relación con la integración del bloque de
constitucionalidad para el examen de las normas objeto de este proceso.
Al respecto cabe recordar que la aplicación
en nuestro ordenamiento interno para efectos del control de constitucionalidad
de los  artículos 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y XXVI de
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se concreta en la
necesidad de respetar el principio del debido proceso, principio que como se ha
dicho encuentra en la Carta política Colombiana pleno desarrollo,
particularmente en el artículo 29 constitucional en el que se consagran todas
las garantías básicas que  estructuran universalmente el debido proceso, y a
las cuales se ha referido en lo pertinente esta Sentencia.
De los textos  internacionales de derechos
humanos referidos, a los cuales, atendiendo el mandato del aparte final del
artículo 93 constitucional  debe sumarse  el artículo 14-1  del Pacto
Internacional de  derechos civiles y políticos[53],
se desprende concretamente  la necesidad de  garantizar la existencia de un
juez competente,  independiente e imparcial establecido por la ley.
En este sentido y si bien, como se ha
visto, el artículo 29 constitucional no establece una prohibición de variar  la
competencia de  jueces y tribunales que venían conociendo de un asunto penal en
curso, debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de juez natural,
consubstancial al debido proceso, no podrá en estas circunstancias establecerse
jueces ad-hoc (para el caso específico), ni atribuirse competencias por fuera
de la jurisdicción ordinaria.
La
Corte debe señalar en efecto  que si bien debe entenderse que hace parte de la
potestad del legislador  la asignación de competencias y que este podrá
modificarlas aún con posterioridad al acaecimiento de los hechos objeto de
juzgamiento,  dicha modificación no podrá desconocer  el principio de juez
natural.
La
evidencia de esta circunstancia hace que  no resulte tampoco en este caso
necesario condicionar la constitucionalidad del aparte demandado del artículo
43 de la ley 153 de 1887, pues, tratándose  de autoridades judiciales,
independientemente del pronunciamiento de esta Corporación en relación con el
contenido de la disposición atacada,  en la aplicación de la misma deberá
necesariamente respetarse el principio de juez natural, el cual proscribe la
posibilidad de establecer con posterioridad a los hechos objeto de juzgamiento
jueces para el caso específico, así como la posibilidad de desconocer la
competencia de la  jurisdicción ordinaria.
Ahora
bien, debe tenerse en cuenta, que  el legislador puede  decidir  en casos
excepcionales autorizados por la Constitución (art. 116 C.P.) trasladar
competencias jurisdiccionales de una autoridad judicial a una autoridad
administrativa.
Así,
siempre y cuando no se trate de adelantar la instrucción de sumarios ni de
juzgar delitos, el artículo 116 constitucional autoriza a la ley para que
excepcionalmente y en materias precisas confiera a las autoridades
administrativas el ejercicio de una función judicial.
La Corte Constitucional  en varias
decisiones ha declarado la constitucionalidad de diferentes normas que consagran
esta posibilidad[54],
pero ha hecho particular énfasis en que esté garantizada la independencia e
imparcialidad del funcionario administrativo encargado de  dichas funciones.
En este sentido ha señalado que:
“18- Una lectura
aislada y literal del artículo 116 parecería indicar que la ley puede atribuir
funciones judiciales a cualquier autoridad administrativa, puesto que esa
disposición constitucional no establece que el funcionario a quien se le
confieran esas competencias jurisdiccionales deba reunir determinados
requisitos. Sin embargo, una interpretación constitucional sistemática lleva a
la inevitable conclusión de que para que un funcionario administrativo pueda
ejercer funciones jurisdiccionales debe contar con ciertos atributos de
independencia e imparcialidad. En efecto, la Carta es clara en señalar que las
decisiones de la justicia son independientes (CP art. 228), mientras que las
normas internacionales de derechos humanos, conforme a las cuales se deben
interpretar los derechos constitucionales (CP art. 93), indican que toda
persona tiene derecho a ser oída, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1
Convención  Interamericana y art. 14-1 del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos). En tales condiciones, es necesario armonizar la posibilidad que
confiere el artículo 116 de la Carta de conferir funciones judiciales a las
autoridades administrativas con los requisitos de imparcialidad,
predeterminación e independencia que deben tener las personas que ejercen
funciones jurisdiccionales. Una conclusión se impone: La ley puede conferir
atribuciones judiciales a las autoridades administrativas, pero siempre y
cuando los funcionarios que ejercen concretamente esas competencias no sólo se
encuentren previamente determinados en la ley sino que gocen de la independencia
e imparcialidad propia de quien ejercita una función judicial.”[55]
Téngase
en cuenta que esta posibilidad en ningún caso se refiere  al juzgamiento de
delitos,  circunstancia que expresamente excluye el artículo 116
constitucional  y solamente a aquellos casos excepcionales autorizados por la
Constitución y a los que se ha referido esta Corporación en su jurisprudencia[56].
Tomando
en cuenta estas previsiones recientemente reiteradas  por la Corte[57],  surge
claramente la necesidad de exigir  en caso de traslado de funciones judiciales
a funcionarios administrativos la  garantía de su independencia e
imparcialidad, así como la seguridad  para el procesado de ver mantenidas las
mismas  garantías procesales  con que contaba ante el funcionario judicial.
Para
la Corte, esta interpretación, que atiende el principio de conservación del
derecho a que alude el representante de la Academia de Jurisprudencia, permite
declarar la constitucionalidad de la disposición atacada sin que se haga
necesario ningún tipo de condicionamiento al respecto, pues  sin necesidad de
un nuevo pronunciamiento de la Corte, en caso de trasladarse competencias
jurisdiccionales a autoridades administrativas, es claro que deberán ofrecerse
necesariamente las mismas garantías procesales existentes ante la jurisdicción
ordinaria, y asegurarse la imparcialidad e independencia de los funcionarios
administrativos que ejerzan dichas competencias.
VI.  DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE
el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,  por los cargos analizados en esta
sentencia.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la
frase “pero no a aquellas que
establecen los tribunales y determinan el procedimiento, las cuales se
aplicarán con arreglo al artículo 40”,  contenida el artículo 43 de la
Ley 153 de 1887.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTERIA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
CLARA INES
VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Aclaración
de voto a la Sentencia C-200/02
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL-Alcance/PRINCIPIO
DEL JUEZ NATURAL-Preconstitución de órgano competente y composición
(Aclaración de voto)
El principio del juez natural es una
garantía de la libertad de los ciudadanos.  Con fundamento en tal principio,
ninguna persona puede ser juzgada si no es por el juez preconstituido por la
ley, esto es, el juez establecido con anterioridad a aquel particular
juzgamiento y, lógicamente, se requiere que ese juez sea competente para juzgar
ese hecho, competencia que le ha sido dada por una ley anterior al juicio
mismo. El principio del juez natural, entendido como norma sustancial, implica
no sólo la preconstitución del órgano competente para juzgar sino también la
preconstitución de su composición. Por esta razón, en ciertos sistemas
jurídicos, como el alemán, la garantía del juez natural cobija también la
determinación previa del procedimiento interno con que se juzga.
JUEZ NATURAL,
JUEZ ESPECIAL Y JUEZ EXTRAORDINARIO-Distinción (Aclaración de voto)
El concepto de juez natural hay que
distinguirlo del de juez especial y del de juez extraordinario. El primero de
ellos hace referencia a los jueces denominados "ordinarios"; en
cambio el concepto de juez especial es propio de ciertos órganos
jurisdiccionales como por ejemplo la justicia contenciosa administrativa. El
concepto de juez extraordinario apunta a la existencia de jueces ad hoc, es
decir, órganos jurisdiccionales creados para juzgar una determinada
controversia con posterioridad al surgimiento de ésta o la ocurrencia de los
hechos. Debe advertirse que los jueces extraordinarios están proscritos en
nuestro sistema constitucional.
PRINCIPIO DEL
JUEZ NATURAL-Vulneración
por terminación de juzgamiento por funcionario administrativo (Aclaración de
voto)
JUEZ Y AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA-Distinción
(Aclaración de voto)
JUEZ NATURAL-Variación de competencia en otro
funcionario judicial y no administrativo/AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Transferencia
de competencias a autoridad judicial/AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Transferencia
de funciones judiciales a otro funcionario administrativo (Aclaración de voto)
Las alteraciones de competencia, cuando
el juez natural es al comienzo un funcionario jurisdiccional, sólo pueden
hacerse a otros funcionarios judiciales, pero nunca trasladarse la competencia
de los casos que se están juzgando, a funcionarios administrativos. En cambio
me parece que es posible pasar una competencia jurisdiccional de una autoridad
administrativa a una autoridad judicial ya que la autoridad judicial es mucho
más garantista, precisamente por el principio de independencia que la rige.
También es posible transferir funciones judiciales de una autoridad
administrativa a otra por ejemplo, de una superintendencia a otra.
JUEZ-Traslado de competencia a funcionario
administrativo (Aclaración de voto)
Cuando una autoridad judicial competente
está conociendo de un caso, el traslado de competencia que se produzca a una
autoridad administrativa sólo podrá aplicarse a los nuevos casos pero a
aquellos de los que venían conociendo los jueces, ya que estos deben ser
juzgados sólo por funcionarios judiciales hasta su terminación y las
autoridades administrativas sólo conocerán de los nuevos casos, ya que para
ellos el juez natural es la autoridad administrativa.
Referencia:
expediente D-3690
Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 40 y 43 (parcial) de la Ley 153 de
1887.
Magistrado Ponente:
ALVARO TAFUR GALVIS
Con el debido respeto me permito aclarar mi
voto en relación con el tema del juez natural, a que se hizo referencia en la
sentencia.
El principio del juez natural es una
garantía de la libertad de los ciudadanos.  Con fundamento en tal principio,
ninguna persona puede ser juzgada si no es por el juez preconstituido por la
ley, esto es, el juez establecido con anterioridad a aquel particular
juzgamiento y, lógicamente, se requiere que ese juez sea competente para juzgar
ese hecho, competencia que le ha sido dada por una ley anterior al juicio
mismo.
El principio del juez natural, entendido
como norma sustancial, implica no sólo la preconstitución del órgano competente
para juzgar sino también la preconstitución de su composición. Por esta razón,
en ciertos sistemas jurídicos, como el alemán, la garantía del juez natural
cobija también la determinación previa del procedimiento interno con que se
juzga; por ejemplo, que esté establecido claramente cómo se hace el reparto a
los diversos jueces o el reparto interno de los tribunales; cómo se determina
en estos últimos el orden del día de los casos que van a ser fallados, etc.
El concepto de juez natural hay que
distinguirlo del de juez especial y del de juez extraordinario.
El primero de ellos hace referencia a los
jueces denominados "ordinarios"; en cambio el concepto de juez
especial es propio de ciertos órganos jurisdiccionales como por ejemplo la
justicia contenciosa administrativa.  El concepto de juez extraordinario apunta
a la existencia de jueces ad hoc, es decir, órganos jurisdiccionales creados
para juzgar una determinada controversia con posterioridad al surgimiento de
ésta o la ocurrencia de los hechos. Debe advertirse que los jueces
extraordinarios están proscritos en nuestro sistema constitucional.
Como los jueces extraordinarios están
proscritos de tal manera, que no me pueden crear un juez ad hoc para que me
juzgue después de cometido el delito y el principio del juez natural exige que
antes de que se me juzgue yo conozca el juez que me va a juzgar, surge el
interrogante de ¿si después de que me comienza a juzgar por mi juez natural, me
pueden variar de juez, para que me continúe juzgando otro juez distinto? y ¿lo
que es más importante si con la variación no me estan creando un nuevo juez y
sustrayéndome de mi juez natural?.
En nuestro sistema jurídico el problema se
complica mucho más si se tiene encuenta que la variación de juez no sólo se
hace entre diversos funcionarios judiciales, de modo que se puede pasar un
asunto penal a otro juez penal, por ejemplo, dentro de la propia jurisdicción
ordinaria; o de la jurisdicción ordinaria a una jurisdicción especial, por
ejemplo de la jurisdicción civil a la  contenciosa administrativa y, lo que es
más grave, por mandato del inciso tercero del artículo 116 de la Constitución,
se pueden atribuir funciones jurisdiccionales a las autoridades
administrativas. Como se puede observar, es jurídicamente posible que yo
comience a ser juzgado por un juez y termine siendo juzgado por el mismo hecho
por una autoridad administrativa.  Considero que esto es una violación de la
garantía del juez natural, ya que no hay duda en que no es lo mismo ser juzgado
por un juez que ser juzgado por un funcionario administrativo.  Basta  señalar
que los principios que orientan la rama judicial son diversos y más garantistas
que los principios que rigen la organización administrativa; mientras la rama
judicial se caracteriza por el principio de la independencia de los jueces, de
tal manera que no existe jerarquía,  las autoridades administrativas son una
estructura jerárquica donde no hay independencia sino subordinación y
obediencia.  Por estas razones considero que las alteraciones de competencia,
cuando el juez natural es al comienzo un funcionario jurisdiccional, sólo
pueden hacerse a otros funcionarios judiciales, pero nunca trasladarse la
competencia de los casos que se están juzgando, a funcionarios
administrativos.  En cambio me parece que es posible pasar una competencia
jurisdiccional de una autoridad administrativa a una autoridad judicial ya que
la autoridad judicial es mucho más garantista, precisamente por el principio de
independencia que la rige.
También es posible transferir funciones
judiciales de una autoridad administrativa a otra por ejemplo, de una
superintendencia a otra.
Cuando una autoridad judicial competente
está conociendo de un caso, el traslado de competencia que se produzca a una
autoridad administrativa sólo podrá aplicarse a los nuevos casos pero a
aquellos de los que venían conociendo los jueces, ya que estos deben ser
juzgados sólo por funcionarios judiciales hasta su terminación y las
autoridades administrativas sólo conocerán de los nuevos casos, ya que para
ellos el juez natural es la autoridad administrativa.
Fecha ut supra
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
[1] “...y por motivo  previamente definido en
la ley” (artículo 28 C.P.); “ ...conforme a leyes preexistentes al acto que se
le imputa...” (artículo 29 ibidem).
[2] “ Artículo 8. Garantías judiciales
1.Toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley (...).”
[3] “Toda persona acusada de delito tiene
derecho a ser  oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por
tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes (...)”.
[4] Ilustra su afirmación  al respecto
transcribiendo apartes de la Sentencia C- 171 de 1993 mediante la cual se
declaró la inexequibilidad  del Decreto 264 de 1993 “Por el cual se expiden
normas  sobre concesión de beneficios por colaboración con la justicia”.
[5] Sentencia C-320/97 M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[6] Sentencia C-320/97 M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[7] Entre otros   los tratados
internacionales que reconocen derechos humanos y que prohiben su limitación es
los estados de excepción. (C-358 de 1997), los tratados limítrofes (C –191 de
1998) y  los convenios  87 y 88 de la O.I.T ( T- 568 de 1999).
[8]  Ver Sentencias C-191 de 1998, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz  y  C-774-2001 M.P. Rodrigo Escobar.
[9] Sentencias C-600A de 1995, C-287 de 1997,
C-337 de 1993.
[10] Sentencias C-179 de 1994, C-578 de 1995.
[11] Sentencia C-358 de 1997 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[12] Al respecto puede consultarse las
sentencias C-195 de 1993 y C-179 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[13] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencias No. C-225 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[14] Cf. Corte Constitucional. Sala Plena.
Sentencia No. C-295 de 1993. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.
[15] Sentencia C-      M.P. Fabio Morón Díaz
[16]  “Artículo 8.- Garantías judiciales.  1.
Toda persona tiene derecho a ser oída , con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad  por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden laboral, o de cualquier otro carácter (...)”.
[17] Artículo XXVI. Se presume que todo
acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Oda persona acusada
de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada
por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las leyes
preexistentes, y a que no se le impongan penas crueles, infamantes e
inusitadas”.
[18]  "Articulo 27 Suspensión de garantías
1. En caso de guerra de peligro público o de
otra emergencia  que amenace la independencia o seguridad  del Estado Parte,
éste podrá adoptar disposiciones  que, en la medida y por el tiempo
estrictamente  limitados a las exigencias de la situación, suspendan las
obligaciones contraídas  en virtud de esta Convención, siempre que tales
disposiciones  no sean incompatibles con las demás obligaciones  que les impone
el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada  en
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La
disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados
en los siguientes artículos: 3º (derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica), 4º (derecho a la vida), 5º (derecho a la integridad personal), 6º
(prohibición de la esclavitud y servidumbre) , 9º  (principio de legalidad y de
retroactividad), 12 (libertad de conciencia y de religión), 17 (protección de
la familia), 18 (derecho al nombre), 19 (derechos del niño), 20 (derecho a la
nacionalidad) y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales
indispensables para la protección de tales derechos".(...).
[19] - Artículo 4o. "Derechos Intangibles.
De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, y los demás tratados sobre la materia ratificados por Colombia,
durante los estados de excepción serán intangibles; el derecho a la vida y a la
integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a
torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la
servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de
destierro, prisión perpetua y confiscación, la libertad de conciencia; la
libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de
irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el
derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del
niño, a la protección por parte de su familia; de la sociedad y del Estado; el
derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles; el derecho al Habeas
Corpus y el derecho de los colombianos por nacimiento a no ser extraditados.
Tampoco podrán ser
suspendidas las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos.
De conformidad con el
literal b) del artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
ninguna disposición de la Convención, puede ser interpretada en el sentido de
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de
acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de estos Estados."
(subrayas fuera de texto).
[20] Ver A.V. Magistrado Manuel José Cepeda
Espinosa  a la Sentencia C- 774-2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Corte I.D.H., Garantías judiciales en estados de
emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párrs.
38-40.(Subrayado agregado al texto)
[22] Ver A.V. Magistrado Manuel José Cepeda
Espinosa  a la Sentencia C- 774-2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil
[23] Corte
I.D.H., Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6
de octubre de 1987, Serie  A No. 9, párrs. 29-30.
[24] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio.
En materia penal, la
ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno
derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.
[25] Artículo 15.
1.Nadie será condenado por actos u
omisiones  que en el momento de cometerse no  fueran delictivos  según el
derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave  que la
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el
delincuente se beneficiará de ello. (...).
[26] Ver Sentencia C-710/01 M.P. Jaime Cordoba
Triviño
[27]  Ver Sentencia C-739/00 M.P. Fabio Morón
Diaz.
[28] Luis Jiménez de Asúa, “Tratado de Derecho
Penal. Tomo II Filosofía y Ley Penal”, Edit. Losada, Buenos Aires Argentina,
1950.
[29] Al respecto debe recordarse que dichos
principios se aplican  de manera general en el derecho sancionador. Ver
Sentencia C-708/99, MP: Alvaro Tafur Galvis.
[30] Ver
Sentencia C-653/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[31] "Artículo 15-1 Nadie será condenado
por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según
el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que
la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el
delincuente se beneficiará de ello." (subrayas fuera de texto)
[32]
"Principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado
por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas,
según el derecho aplicable. Tampoco puede imponerse pena más grave que la
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el
delincuente se beneficiará de ello." .(subrayas fuera de texto).
[33] Ver, entre otras, las sentencias  C-127
de 1993, C-344 de 1996 y C-559 de 1999.
[34] Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos
Gaviria Díaz. Consideración de la Corte No 3. Ver igualmente, entre otras, las
sentencias C-127 de 1993. C-2465 de 1993 y C-344 de 1996.
[35] Ver igualmente el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15-1 y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en el artículo 9, aprobados por nuestro país mediante
las leyes 74 de 1968 y 16/72, respectivamente.
[36] Sentencia C-133 de 1999. MP Carlos
Gaviria Díaz. Consideración de la Corte No 3
[37] Al respecto, ver por todos, Luigi Ferrajoli.
Razón y derecho. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 1995,
párrafos 6.3., 9 y 28.
[38] Sentencia
C-559/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[39] Ver Sentencia C-843/99 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[40] Ver la  Sentencia
C-429-01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
[41] "Nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud
de las formas propias de cada juicio” (subrayas fuera de texto).
[42] La jurisprudencia ha señalado en efecto que
la  competencia judicial tiene  las siguientes calidades: legalidad, pues debe
ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por
la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el
curso de un proceso (perpetuatio iurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no
puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se
funda en principios de interés general. Ver al respecto, entre otras, la
Sentencia C-111/00 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[43] Sentencia C-208/93 M.P. Hernando Herrera
Vergara.
[44] Ver Sentencia C-597/96   M.P. Alejandro
Martínez Caballero
[45] Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[46] Sentencia C.S.J. Sala de Casación Penal
Marzo 15 de 1961.
[47]  Ver entre otras   las Sentencias
C-252/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz  y  C-922/01 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra
[48] Sentencia C- 619/01 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[49] Ver Sentencia C-843/99 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[50] Sentencia C-208/93 M.P. Hernando Herrera
Vergara.
[51] Sentencia C-402 de 1998, M.P. Fabio Morón
Díaz.
[52] Sentencia C- 619 de 2001 M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[53] Artículo 14
1. Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías  por un tribunal competente,
independiente e imparcial. Establecido por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación  de carácter penal formulada contra ella  o para la
determinación  de sus derechos u obligaciones de carácter civil. (...)
[54] Ver, entre otras, las sentencias C-592 de
1992, C-212 de 1994, C-037 de 1996 y C-384 de 2000.
[55] Sentencia C-1641 de 2000. M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[56] Ver, entre otras, las sentencias C-592 de
1992, C-212 de 1994, C-037 de 1996 , C-384 de 2000, C-1641 de 2000 y C-649 de
2001.
[57] Sentencia C-649/01 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett.