C-311-94
Sentencia No
Sentencia
No. C-311/94
EDUCACION
SUPERIOR-Regulación
Legal
El
contenido de la ley 30 de 1992 -al no regular un derecho fundamental, sino
establecer pautas para la organización de un servicio público- no corresponde
exactamente a lo que debe ser el objeto de una ley estatutaria, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 153, literal a) de la Carta Política. Desconocer lo
anterior -como lo pretenden los demandantes- implicaría, repetimos, que toda
normatividad, incluyendo las disposiciones contenidas en los Códigos, tendría
el carácter de ley estatutaria, lo que a todas luces resulta una carente de
lógica jurídica y una forma de entrabar la actividad legislativa y entorpecer
las funciones de esta Corte; de ser ello así, cualquier ley de le República que
de una forma u otra se relacione con un derecho fundamental -sin que llegue a
regular su núcleo esencial- tendría que ser tramitada en una sola legislatura,
aprobada por la mayoría de los integrantes del Congreso, y ser revisada previa
y automáticamente por la Corte Constitucional.
LEY
MARCO-Características
La
categoría de leyes marco o cuadro -hoy llamadas "generales"- se
introdujo a nuestra normatividad jurídica constitucional con la reforma de
1968. Dentro de sus características principales, que las diferencian de las
demás leyes, están el que deben versar sobre temas específicos, como son los
establecidos taxativamente en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
Política, y el que su finalidad es la de señalar, a través de normas generales,
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, cuando
proceda a desarrollar y aplicar dichas normas, sin que le esté permitido
exceder o desbordar los parámetros trazados de modo general por el legislador.
La expedición de toda ley marco implica, entonces, una distribución de poderes
y facultades legislativas entre el Congreso de la República y el Gobierno
Nacional.
LEY
DE EDUCACION-Trámite
La
Corte Constitucional considera que la propuesta sustitutiva aprobada el día 3
de julio de 1993 por la Asamblea Nacional Constituyente, en relación con el
numeral 19 del artículo 150 superior, no incluyó la facultad del Congreso de
"regular la educación" mediante las denominadas leyes generales,
pues, como lo demuestra la aclaración transcrita, el "ponente olvidó
indicar explícitamente" que los nuevos literales e) y f) no alteraban el
contenido del que debía ser el literal g). Ese "olvido" significó la
desaparición del referido literal del texto constitucional publicado en el
texto oficial el día 7 de julio de 1991. En consecuencia, resulta pertinente
señalar que, por la misma voluntad del Constituyente, no existe, dentro del
ordenamiento jurídico colombiano, la posibilidad de que el órgano legislativo
se ocupe de regular el tema de la educación a través de leyes generales que
posteriormente deben ser desarrolladas por el Gobierno Nacional.
COSA
JUZGADA RELATIVA
Los
efectos de cosa juzgada constitucional que la Constitución y la ley le
atribuyen a este pronunciamiento, únicamente se relacionan con los aspectos
formales de la ley sub-examine. Por tanto, ello no obsta para que, en un
futuro, la norma en mención pueda ser acusada de inconstitucionalidad por sus
aspectos materiales.
REF.:
Expediente No.  D-454
Demanda
de Inconstitucionalidad contra la Ley 30 de 1992 "por la cual se organiza
el servicio público de la Educación Superior".
Actor:
CARLOS ALBERTO BALLESTEROS  BARON
Magistrado
Ponente: Dr. VLADIMIRO NARANJO MESA
TEMAS:
*La
regulación legal de la educación superior.
Aprobado
según Acta No.
Santafé
de Bogotá, D.C.,  siete (7) de julio de mil novecientos noventa y cuatro
(1994).
I.
ANTECEDENTES
El
ciudadano CARLOS ALBERTO BALLESTEROS BARON, en ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la
Constitución Política, demandó la inexequibilidad de  la totalidad de la Ley 30
de 1992, y subsidiariamente, la inexequibilidad del artículo 142 de dicha Ley.
Admitida
la demanda, se ordenaron las comunicaciones constitucionales y legales
correspondientes; se fijó en lista el negocio en la Secretaría General de la
Corporación para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, se
dio traslado al Procurador General de la Nación, quien rindió el concepto de su
competencia.
Una
vez cumplidos todos los trámites previstos en el artículo 242 de la
Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la
demanda de la referencia.
II.      TEXTO
DE LA NORMA ACUSADA
El
tenor literal de las disposiciones demandadas es el siguiente:
LEY
30 DE 1992
(Diciembre
28)
por
la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA
TITULO
PRIMERO
FUNDAMENTOS
DE LA EDUCACION SUPERIOR
CAPITULO
I
Principios
Artículo
1. La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo
de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno
desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional.
Artículo
2o. La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la
finalidad social del Estado.
Artículo
3o. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la
presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del
servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia
de la Educación Superior.
Artículo
4o. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo
del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo
ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la
particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la
Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, de
aprendizaje, de investigación y de cátedra.
Artículo
5o. La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las
capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en
cada caso.
CAPITULO
II
Objetivos
Artículo
6o. Son objetivos de la Educación Superior y de sus instituciones:
a)
Profundizar en la formación integral de los colombianos, dentro de las
modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir
las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere
el país.
b)
Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos
para solucionar las necesidades del país.
c)
Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los
resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura
institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las
condiciones en que se desarrolla cada institución.
d)
Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a
nivel nacional y regional.
e)
Actuar armónicamente entre si y con las demás estructuras educativas y
formativas.
f)
Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para
facilitar el logro de sus correspondientes fines .
g)
Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les
permitan atender adecuadamente sus necesidades.
h)
Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la
articulación con sus homólogas a nivel internacional.
i)
Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y
cultura ecológica.
j)
Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.
CAPITULO
III
Campos
de acción y programas académicos
Artículo
7o. Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de
la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la
filosofía.
Artículo
8o. Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de
Educación Superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente
señalados, de conformidad con sus propósitos de formación.
Artículo
9o. Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para
el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza
tecnológica o científica o en el área de las humanidades; las artes y la
filosofía.
También
son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos
también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios
generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las
disciplinas que hacen parte de dichos campos.
Artículo
10. Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los
doctorados y los post-doctorados.
Artículo
11. Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan con
posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en
la misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias.
Artículo
12. Los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la
investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad.
Las
maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de
problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la
persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un
área específica de las ciencias o de las tecnologías o que le permitan
profundizar teórica y conceptualmente en un campo de la filosofía, de las
humanidades y de las artes.
Parágrafo.
La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado. Culmina
con un trabajo de investigación.
Artículo
13. Los programas de doctorado se concentran en la formación de investigadores
a nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad y conocimientos
adquiridos por la persona en los niveles anteriores de formación.
El
doctorado debe culminar con una tesis.
Artículo
14. Son requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación
Superior, además de los que señale cada institución, los siguientes:
a)
Para todos los programas de pregrado, poseer título de bachiller o su
equivalente en el exterior y haber presentado el Examen de Estado para el
ingreso a la Educación Superior.
b)
Para los programas de especialización, refereridos a ocupaciones, poseer el
título en la correspondiente ocupación u ocupaciones afines.
c)
Para los programas de especialización, maestría y doctorado, referidos al campo
de la tecnología, la ciencia, las humanidades, las artes y la filosofía, poseer
título profesional o título en una disciplina académica.
Parágrafo.
Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica profesional en
las instituciones de Educación Superior facultadas para adelantar programas de
formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental, quienes reúnan
los siguientes requisitos:
a)
Haber cursado y aprobado la Educación Básica Secundaria en su totalidad.
b)
Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y
c)
Haber laborado en el campo específico de dicha capacitación por un periodo no
inferior a dos (2) años, con posterioridad a la capacitación del SENA.
Artículo
15. Las instituciones de Educación Superior podrán adelantar programas en la
metodología de educación abierta y a distancia, de conformidad con la presente
Ley.
CAPITULO
IV
DE
LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
Artículo
16. Son instituciones de Educación Superior:
a)
Instituciones Técnicas Profesionales
b)
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas
c)
Universidades
Artículo
17.  Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultadas legalmente
para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e
instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin
perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel.
Artículo
18. Son instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, aquellas
facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de
formación académica en profesiones o disciplinas y programas de
especialización.
Artículo
19. Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las
instituciones que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las
siguientes actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación
académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.
Estas
instituciones están igualmente facultadas para adelantar programas de formación
en ocupaciones, profesiones o disciplinas, programas de especialización,
maestrías, doctorados y post-doctorados, de conformidad con la presente Ley.
Artículo
20. El Ministro de Educación Nacional previo concepto favorable del Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), podrá reconocer como universidad, a
partir de la vigencia de la presente Ley, a las instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de acreditación demuestren
tener:
a)
Experiencia en investigación científica de alto nivel
b)
Programas  académicos y además programas en Ciencias Básicas que apoyen los
primeros.
c)
Facúltase al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis (6) meses,
establezca los otros requisitos que se estimen necesarios para los fines del
presente artículo.
Estos
requisitos harán referencia, especialmente, al número de programas, número de
docentes, dedicación y formación académica de los mismos e infraestructura.
Artículo
21. Solamente podrán ser autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para
ofrecer programas de maestría, doctorado y post-doctorado y otorgar los
respectivos títulos, previo concepto favorable del Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU), aquellas universidades que satisfagan los requisitos
contemplados en los artículos 19 y 20.
Parágrafo.
Podrán también ser autorizadas por el Ministro de Educación Nacional para
ofrecer programas de maestrías y doctorados y expedir los títulos
correspondientes, las universidades, las instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas, que sin cumplir con el requisito establecido en el
literal b) del artículo 20, cumplan con los requisitos de calidad según el
Sistema Nacional de Acreditación, en los campos de acción afines al programa
propuesto, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU).
Artículo
22. El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), podrá aprobar el funcionamiento de
nuevas instituciones de Educación Superior y determinará el campo o campos de
acción en que se puedan desempeñar, su carácter académico y de conformidad con
la presente Ley.
Artículo
23. Por razón de su origen, las instituciones de Educación Superior se
clasifican en: Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía Solidaria.
CAPITULO
V
De
los títulos y exámenes de estado
Artículo
24. El título, es el reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a
una persona natural, a la culminación de un programa, por haber adquirido un
saber determinado en una institución de Educación Superior. Tal reconocimiento
se hará constar en un diploma.
El
otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de competencia exclusiva de
las instituciones de ese nivel de conformidad con la presente Ley.
Parágrafo.
En los títulos que otorguen las instituciones de Educación Superior se dejará
constancia de su correspondiente Personería Jurídica.
Artículo
25. Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, cuando son
ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al título en la
ocupación o área correspondiente.  Al título deberá anteponerse la denominación
de: "Técnico Profesional en...".
Los
ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por
una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual
deberá anteponerse la denominación de "Técnico Profesional en ...".
Si hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá
anteponerse la denominación de "Profesional en..." o "Tecnólogo
en ...".
Los
programas de pregrado en Artes conducen al título de:  "Maestro
en...".
Los
programas de especialización conducen al título de especialista en la
ocupación, profesión, disciplina o área afin respectiva.
Los
programas de maestría, doctorado y post-doctorado, conducen al título de
magister, doctor o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los
cuales deben referirse a la respectiva disciplina o a un área
interdisciplinaria del conocimiento.
Parágrafo
1o. Los programas de pregrado en Educación podrán conducir al título de
"Licenciado en ...".
Estos
programas se integrarán y asimilarán progresivamente a los programas académicos
que se ofrecen en el resto de instituciones universitarias o escuelas
tecnológicas y en las universidades.
Parágrafo
2o. El Gobierno Nacional, de acuerdo a las leyes que rigen la materia, reglamentará
la expedición de los títulos de que trata este artículo, previo concepto
favorable del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU).
Artículo
26. La nomenclatura de los títulos estará en correspondencia con las clases de
instituciones, los campos de acción, la denominación el contenido, la duración
de sus programas y niveles de pregrado y postgrado.
El
Ministro de Educación Nacional, con la asesoría del Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU), reglamentará esta materia.
Artículo
27. Los Exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter oficial que
tienen por objeto:
a)
Comprobar niveles mínimos de aptitudes y conocimientos
b)
Verificar conocimientos y destrezas para la expedición de títulos a los
egresados de programas cuya aprobación no esté vigente.
c)
Expedir certificación sobre aprobación o desaprobación de cursos que se hayan
adelantado en instituciones en disolución cuya personería jurídica ha sido
suspendida o cancelada.
d)
Homologar y convalidar títulos de estudios de Educación Superior realizados en
el exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la
Educación Superior (CESU).
CAPITULO
VI
Autonomía
de las Instituciones de Educación Superior
Artículo
28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas
y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos,
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores,
admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer,
arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional.
Artículo
29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y
de las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de
acción y de acuerdo con la presente Ley, en los siguientes aspectos:
a)
Darse y modificar sus estatutos.
b)
Designar sus autoridades académicas y administrativas
c)
Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
correspondientes títulos
d)
Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas,
culturales y de extensión.
e)
Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos
f)
Adoptar el régimen de alumnos y docentes
g)
Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de
su función institucional.
Parágrafo.
Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y c) se requiere
notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del  Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).
Artículo
30. Es propio de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de la
verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del
aprendizaje de acuerdo con la presente Ley.
CAPITULO
VII
Del
fomento, de la inspección y vigilancia
Artículo
31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21, 22 y 26 de la
Constitución Política de Colombia y de acuerdo con la presente Ley, el fomento,
la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de la
República, estarán orientados a:
a)
Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
b)
Vigilar que se cumpla e impere plena e integralmente la garantía constitucional
de la autonomía universitaria.
c)
Garantizar el derecho de los particulares a fundar establecimientos de
Educación Superior conforme a la ley.
d)
Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de
Educación Superior y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo.
e)
Facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, al arte y a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos
financieros que lo hagan viable.
f)
Crear incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten
la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las
artes.
g)
Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la
ciencia, la tecnología y la cultura.
h)
Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los
programas académicos de las instituciones de Educación Superior.
i)
Fomentar el desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en Directivos y
docentes de las instituciones de Educación Superior.
Artículo
32. La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo
anterior, se ejercerá indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de
la presente Ley, a través del desarrollo de un proceso de evaluación que apoye,
fomente y dignifique la Educación Superior, para velar por:
a)
La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía
universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y
cátedra.
b)
El cumplimiento de sus fines.
c)
La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos
d)
El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior
e)
Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como
personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen
debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus
fundadores. Por consiguiente, quien invierta dineros de propiedad de las
entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a las propias y exclusivas
de cada institución será incurso en Peculado por Extensión.
f)
Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la
naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es
inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y
que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente.
El
ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación de que
en la actividad de las instituciones de Educación Superior se cumplan los
objetivos previstos en la presente Ley y en sus propios estatutos, así como los
pertinentes al servicio público cultural y a la función social que tiene la
educación.
Artículo
33. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política
de Colombia, el Presidente de la República podrá delegar en el Ministro de
Educación Nacional todas las funciones señaladas en los artículos 31 y 32 de la
presente Ley.
La
suprema inspección y vigilancia de las instituciones de Educación Superior será
ejercida por el Gobierno Nacional con la inmediata asesoría del Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), de acuerdo con las disposiciones de la
presente Ley y con la cooperación de las comunidades académicas, científicas y
profesionales, de las entidades territoriales y de aquellas agencias del Estado
para el desarrollo de la Ciencia, de la Tecnología, del Arte y de la Cultura.
TITULO
SEGUNDO
Del
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior (ICFES)
CAPITULO
I
Del
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU)
Artículo
34. Créase el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de carácter
permanente, como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de
Educación Nacional, con funciones de coordinación, planificación, recomendación
y asesoría.
Artículo
35. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), estará integrado así:
a)
El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside
b)
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación
c)
El Rector de la Universidad Nacional de Colombia
d)
El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales
"Francisco José de Caldas", Colciencias.
e)
Un Rector de la universidad estatal u oficial
f)
Dos Rectores de universidades privadas
g)
Un Rector de universidad de economía solidaria
h)
Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u
oficial
i)
Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial
j)
Dos representantes del sector productivo
k)
Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial
l)
Un profesor universitario
m)
Un estudiante de los últimos años de universidad
n)
El Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(Icfes), con voz pero sin voto
Parágrafo.
Para la escogencia de los representantes establecidos en los literales e), f),
g), h), i), j), k), l) y m), el Gobierno Nacional establecerá una completa
reglamentación que asegure la participación de cada uno de los estamentos
representados, los cuales tendrán un periodo de dos años.
Esta
reglamentación será expedida dentro de los seis (6) meses siguientes a la
vigencia de la presente Ley.
Artículo
36. Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) proponer al
Gobierno Nacional:
a)
Políticas y planes para la marcha de la Educación Superior
b)
La reglamentación y procedimientos para:
a.
Organizar el Sistema de Acreditación
2.
Organizar el Sistema Nacional de Información
3.
Organizar los exámenes de estado
4.
Establecer las pautas sobre la nomenclatura de títulos
5.
La creación de las instituciones de Educación Superior
6.
Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas
académicos.
c)
La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las instituciones de
Educación Superior.
d)
Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de
Educación Superior y de sus programas.
e)
Su propio reglamento de funcionamiento
f)
Las funciones que considere pertinentes en desarrollo de la presente Ley
Parágrafo.
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará la
representación de las instituciones de Educación Superior de Economía Solidaria
en los comités asesores contemplados en el artículo 45 de la presente Ley, de
conformidad con su crecimiento y desarrollo académico.
CAPITULO
II
Del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES)
Artículo
37. El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes),
es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de
Educación Nacional.
Artículo
38. Las funciones del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (Icfes), son:
a)
Ejecutar las políticas que en materia de Educación Superior trace el Gobierno
Nacional, lo mismo que ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU).
b)
Constituirse en centro de información y documentación de la Educación Superior
para lo cual las instituciones suministrarán los informes académicos,
financieros y administrativos que se les soliciten.
c)
Realizar los estudios de base de la Educación Superior
d)
Estimular la cooperación entre las instituciones de Educación Superior y de
éstas con la comunidad internacional.
e)
Colaborar con las instituciones de Educación Superior para estimular y
perfeccionar sus procedimientos de autoevaluación.
f)
Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y
administradores de la Educación Superior
g)
Promover el desarrollo de la investigación en las instituciones de Educación
Superior.
h)
Estimular el desarrollo de las instituciones de Educación Superior en las
regiones, así como su integración y cooperación
i)
Homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior
j)
Definir las pautas sobre la nomenclatura de los programas académicos de
Educación Superior
k)
Realizar los exámenes de estado de conformidad con la presente Ley
Artículo
39. La dirección y administración del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes), estarán a cargo de una Junta Directiva y de un
Director General, quien es el representante legal del Instituto.
Artículo
40. La Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (Icfes), estará integrada de la siguiente manera:
a)
El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien la preside
b)
El Ministro de Hacienda o su delegado
c)
Un delegado del Presidente de la República
d)
Un ex-rector de universidad estatal u oficial
e)
Un ex-rector de universidad privada
f)
Un ex-rector de universidad de economía solidaria
g)
El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (Icfes), con voz pero sin voto
Parágrafo.
El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará la elección de
los exrectores de las universidades estatal u oficial y de economía solidaria,
para periodos de dos (2) años.
Artículo
41. Son funciones de la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes):
a)
Expedir los actos de carácter administrativo para el cumplimiento de las
funciones del Instituto
b)
Darse su propio reglamento
c)
Las demás que el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el Gobierno
Nacional le señale.
Artículo
42. El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes), es agente del Presidente de la República de su
libre nombramiento y remoción.
Para
ser Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(Icfes), se requiere: Poseer título universitario, haber sido Rector,
Vicerrector o Decano en propiedad o haber estado vinculado al cuerpo académico
de una Institución de Educación Superior al menos durante cinco (5) años
consecutivos.
Tendrá
las funciones señaladas en el artículo 27 del Decreto 1050 de 1968 y las que le
fijen los estatutos y demás disposiciones legales.
Artículo
43. Son bienes y recursos financieros del Instituto Colombiano para el Fomento
de la Educación Superior (Icfes):
a)
Todos los bienes que a la fecha le pertenecen
b)
Las partidas que con destino a él se incluyan en el presupuesto nacional
c)
Cualquier renta o donación que perciba de personas naturales o jurídicas, de
conformidad con las leyes.
d)
El dos por ciento (2%) de los aportes que por cualquier concepto reciban del
presupuesto nacional las instituciones de Educación Superior, tanto estatales u
oficiales como privadas y de economía solidaria. El Ministerio de Hacienda con
cargo al presupuesto nacional apropiará las partidas que por este concepto
deben efectuar las instituciones de Educación Superior estatales u oficiales.
Este
porcentaje será deducido y girado al Instituto Colombiano para la Educación
Superior (Icfes) por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por el
Ministerio de Educación Nacional, según el caso, al ordenar y efectuar el pago
a las mencionadas instituciones.
Los
recursos recibidos por este concepto serán destinados al funcionamiento del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) y a las
actividades de fomento de la Educación Superior que para estos efectos programe
el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
CAPITULO
III
De
los comités asesores
Artículo
44. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), contarán con tres comités
asesores que constituirán espacio permanente de reflexión para el estudio y
sugerencias de políticas apropiadas que permitan el logro de los objetivos de
la Educación Superior y el de los específicos de las instituciones que agrupan.
Artículo
45. Los comités asesores para efectos de su funcionamiento se denominarán e integrarán
de la siguiente manera:
a)
Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones
técnicas profesionales. Estará integrado por:
-
Un rector de institución técnica profesional de carácter estatal u oficial.
-
Un rector de institución técnica profesional de carácter privado.
-
Un representante de las comunidades académicas
-
Dos representantes del sector productivo
-
El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (Icfes), quien lo presidirá.
b)
Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las instituciones
universitarias o escuelas tecnológicas. Estará integrado por:
-
Un rector de institución universitaria o escuela tecnológica de carácter
estatal u oficial
-
Un rector institución universitaria o escuela tecnológica de carácter privado
-
Un representante de las comunidades académicas
-
Dos representantes del sector productivo
-
El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(Icfes), quien lo presidirá.
c)
Comité para estudio y análisis de los temas relativos a las universidades.
Estará integrado por
-
Un rector de institución universidad estatal u oficial
-
Un rector institución universidad privada
-
Un representante de las comunidades académicas
-
Dos representantes del sector productivo
-
El Director General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior (Icfes), quien lo presidirá.
Artículo
46. Los rectores integrantes de los comités señalados en el artículo anterior
serán elegidos para periodos de dos años, en asamblea de rectores de cada
modalidad de instituciones, convocada para tal efecto por el Director General
del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).
Los
representantes académicos a que se refiere el artículo anterior deberán ser
profesores de instituciones de Educación Superior con título de postgrado y
serán elegidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de hojas
de vida que le remitirán las instituciones de Educación Superior de la
modalidad respectiva, al Director General del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes).
Los
representantes del sector productivo a que se refiere el artículo anterior
serán elegidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), de terna
presentada por cada comité al Director General del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes).
Artículo
47. Serán funciones de los comités a que hace relación el artículo 45, de
conformidad con el ámbito de acción correspondiente a cada uno de ellos, las
siguientes:
a)
Proponer al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y al Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) políticas que
orienten el desarrollo de las Instituciones de Educación Superior y de sus
programas
b)
Emitir concepto previo sobre las solicitudes de creación de nuevas
instituciones estatales u oficiales y privadas de Educación Superior.
c)
Recomendar al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y al Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) las condiciones
académicas que se deben exigir a las instituciones de Educación Superior para
ofrecer programas de postgrado.
d)
Conceptuar sobre los procesos de recuperación o de liquidación de instituciones
de Educación Superior.
e)
Las demás que les asigne el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
CAPITULO
IV
Sanciones
Artículo
48. El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente Ley por
parte de las instituciones de Educación Superior según lo previsto en el
artículo siguiente, dará lugar a la iniciación de las acciones administrativas
correspondientes y previa observancia del debido proceso, a la imposición de
las sanciones que a continuación se indican:
a)
Amonestación privada
b)
Amonestación pública
c)
Multas sucesivas hasta de cien (100) veces el salario mínimo legal mensual
vigente en el país
d)
Suspensión de programas académicos y de admisiones por el término hasta de un
(1) año.
e)
Cancelación de programas académicos
f)
Suspensión de la personería jurídica de la institución
g)
Cancelación de la personería jurídica de la institución
Parágrafo.
A los representantes legales, a los rectores y a los directivos de las
instituciones de Educación Superior les podrán ser aplicadas las sanciones
previstas en los literales a), b) y c) del presente artículo, las cuales serán
impuestas por el Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), mediante resolución motivada, una vez
adelantado y concluído el correspondiente proceso administrativo, con
observancia de la plenitud de sus formas propias.
Artículo
49. Las sanciones a que se refieren los literales d), e), f) y g) del artículo
anterior, sólo podrán imponerse previo concepto del Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU) por el Ministro de Educación Nacional, mediante
resolución motivada en los siguientes casos:
a)
Por desconocer, incumplir o desviarse de los objetivos señalados a la Educación
Superior en el artículo 6o. de la presente Ley
b)
Por incumplir o entorpecer las facultades de inspección y vigilancia que
corresponden al Gobierno Nacional
c)
Por ofrecer programas sin el cumplimiento de las exigencias legales.
Contra
los actos administrativos impositivos de sanciones procederá el recurso de
reposición que deberá interponerse en la forma y términos previstos por el
Código Contencioso Administrativo.
Artículo
50. El Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior (Icfes), podrá ordenar la apertura de
investigación preliminar con el objeto de comprobar la existencia o comisión de
los actos constitutivos de falta administrativa señalados en el artículo
anterior.
Corresponde
al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes),
llevar el registro de las sanciones impuestas y adoptar las medidas conducentes
para que ellas se hagan efectivas.
Artículo
51. Cuando en el desarrollo de la investigación se establezca que una
institución o su representante legal pudo incurrir en una de las faltas
administrativas tipificadas en esta Ley, el investigador que designe el Ministro
de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes), le formulará mediante oficio que le será entregado
personalmente, pliego de cargos que contendrá una relación de los hechos y de
las pruebas, la cita de las disposiciones legales infringidas y los términos
para que rinda descargos para lo cual dispondrá de un término de treinta (30)
días.
Tanto
la Institución de Educación Superior a través de su representante legal, como
el investigado, tendrán derecho a conocer el expediente y sus pruebas; a que se
practiquen pruebas aún durante la etapa preliminar; a ser representado por un
apoderado y las demás que consagren la Constitución y las leyes.
Rendidos
los descargos se practicarán las pruebas solicitadas por la parte investigada o
las que de oficio decrete el investigador.
Concluida
la investigación el funcionario investigador rendirá informe detallado al
Ministro de Educación Nacional a través del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes), según el caso, sugiriendo la clase de
sanción que deba imponerse, o el archivo del expediente si es el caso.
Artículo
52. La acción y la sanción administrativa caducarán en el término de tres (3)
años, contados a partir del último acto constitutivo de la falta.
CAPITULO
V
De
los sistemas nacionales de acreditación e información
Artículo
53. Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las Instituciones de
Educación Superior cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que
las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos
de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.
Es
voluntario de las instituciones de Educación  Superior acogerse al Sistema de
Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal.
Las
instituciones que se acrediten, disfrutarán de las prerrogativas que para ellas
establezca la ley y las que señale el Consejo Superior de Educación Superior
(CESU).
Artículo
54. El Sistema previsto en el artículo anterior contará con un Consejo Nacional
de Acreditación integrado, entre otros, por las comunidades académicas y
científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), el
cual definirá su reglamento, funciones e integración.
Artículo
55. La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las
instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación.
El
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), a través del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), cooperará con
tales entidades para estimular y perfeccionar los procedimientos de
autoevaluación institucional.
Artículo
56. Créase el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior el cual
tendrá como objetivo fundamental divulgar información para orientar a la
comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y
programas del Sistema.
La
reglamentación del Sistema Nacional de Información corresponde al Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU).
TITULO
TERCERO
Del
régimen especial de las Universidades del Estado y de las otras Instituciones
de Educación Superior estatales u oficiales
CAPITULO
I
Naturaleza
Jurídica
Artículo
57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de
Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del
sector educativo.
Los
entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características:
Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera,
patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo
con las funciones que le corresponden.
El
carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales
comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y
administrativo, el sistema de las universidades estatales u oficiales, el
régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo
con la presente Ley.
Parágrafo.
Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el
carácter de universidad según lo previsto en la presente Ley, deberán
organizarse como Establecimientos Públicos del orden Nacional, Departamental,
Distrital o Municipal.
Artículo
58. La creación de universidades estatales u oficiales y demás instituciones de
Educación Superior corresponde al Congreso Nacional, a las Asambleas
Departamentales, a los Concejos Distritales o a los Concejos Municipales, o a
las entidades territoriales que se creen, con el cumplimiento de las
disposiciones de la presente Ley.
Al
proyecto de creación debe acompañarse por parte del Gobierno un estudio de
factibilidad socioeconómico aprobado por el Ministro de Educación Nacional
previo concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
Artículo
59. A partir de la vigencia de la presente Ley, la creación de universidades
estatales u oficiales o de seccionales y demás instituciones de Educación
Superior estatales u oficiales debe hacerse previo convenio entre la Nación y
la entidad territorial respectiva, en donde se establezca el monto de los
aportes permanentes de una y otra. Este convenio formará parte del estudio de
factibilidad requerido.
Artículo
60. El estudio de factibilidad a que se refiere el artículo 58 de la presente
Ley, deberá demostrar entre otras cosas, que la nueva institución dispondrá de
personal docente idóneo con la dedicación específica necesaria; organización
académica y administrativa adecuadas; recursos físicos y financieros
suficientes, de tal manera que tanto el nacimiento de la institución como el de
los programas que proyecta ofrecer garanticen la calidad académica. Este estudio
deberá demostrar igualmente, que la creación de la institución está acorde con
las necesidades regionales y nacionales.
Artículo
61. Las disposiciones de la presente Ley relativas a las instituciones
estatales u oficiales de Educación Superior, constituyen el estatuto básico u
orgánico y las normas que deben aplicarse para su creación, reorganización y
funcionamiento. A ellas deberán ajustarse el estatuto general y los reglamentos
internos que debe expedir cada institución.
Aquellos
establecerán cuáles de sus actos son administrativos y señalarán los recursos
que proceden contra los mismos.
CAPITULO
II
Organización
y elección de directivas
Artículo
62. La dirección de las universidades estatales u oficiales corresponde al
Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector.
Cada
universidad adoptará en su estatuto general una estructura que comprenda entre
otras, la existencia de un Consejo Superior Universitario y un Consejo
Académico, acordes con su naturaleza y campos de acción.
Parágrafo.
La dirección de las demás instituciones estatales u oficiales de Educación
Superior que no tengan el carácter de universidad, corresponde al Rector, al
Consejo Directivo y al Consejo Académico. La integración y funciones de estos
Consejos serán las contempladas en los artículos 64, 65, 68 y 69 de la presente
Ley.
Artículo
63. Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u
oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que en sus órganos
de dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de la
universidad.
Artículo
64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y
gobierno de la universidad y estará integrado por:
a)
El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso
de las instituciones de orden nacional.
b)
El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.
c)
Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido
vínculos con el sector universitario.
d)
Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los
egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector
universitario.
e)
El Rector de la institución con voz y sin voto.
Parágrafo
1o. En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el
Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no
el Gobernador.
Parágrafo
2o. Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y periodo de
permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el literal
d) del presente artículo.
Artículo
65. Son funciones del Consejo Superior Universitario:
a)
Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación
institucional.
b)
Definir la organización académica, administrativa y financiera de la
Institución.
c)
Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones
legales, el estatuto general y las políticas institucionales.
d)
Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.
e)
Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos.
f)
Aprobar el presupuesto de la institución
g)
Darse su propio reglamento
h)
Las demás que le señalen la ley y los estatutos
Parágrafo.
En los estatutos de cada universidad se señalarán las funciones que puedan
delegarse en el Rector.
Artículo
66. El Rector es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la
universidad estatal u oficial y será designado por el Consejo Superior
Universitario. Su designación, requisitos y calidades se reglamentarán en los
respectivos estatutos.
Parágrafo.
La designación del Rector de las instituciones estatales u oficiales que no tiene
el carácter de universidades de conformidad con la presente Ley se efectuará
por parte del Presidente de la República, el Gobernador o el Alcalde según el
caso, de ternas presentadas por el Consejo Directivo. El Estatuto General
determinará los requisitos y calidades que deben reunir los candidatos y los
procedimientos para la integración de esta terna, en los cuales deberá preverse
la participación democrática de la comunidad académica.
Artículo
67. Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos,
según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector,
estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades
establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a
los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u
oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los
Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán
responsables de las decisiones que se adopten.
Artículo
68. El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la institución,
estará integrado por el Rector, quien lo presidirá, por una representación de
los decanos de facultades, de los directores de programa, de los profesores y
de los estudiantes. Su disposición será determinada por los estatutos de cada
institución.
Artículo
69. Son funciones del Consejo Académico en concordancia con las políticas
trazadas por el Consejo Superior Universitario:
a)
Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a
docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas académicos, a
investigación, extensión y bienestar universitario.
b)
Diseñar las políticas académicas en lo referente al personal docente y
estudiantil.
c)
Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo
al Consejo Superior Universitario
d)
Rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario
e)
Las demás que le señalen los estatutos
CAPITULO
III
Del
personal docente y administrativo
Artículo
70. Para ser nombrado profesor de universidad estatal u oficial se requiere
como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación se
efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde al
Consejo Superior Universitario.
El
Consejo Superior Universitario reglamentará los casos en que se pueda eximir
del título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos
en el campo de la técnica, el arte o las humanidades.
Artículo
71. Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de
medio tiempo y de cátedra.
La
dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de cuarenta
horas laborales semanales.
Artículo
72. Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo
están amparados por el régimen especial previsto en esta Ley y aunque son
empleados públicos, no son de libre nombramiento y remoción, salvo durante el
periodo de prueba que establezca el reglamento docente de la universidad para
cada una de las categorías previstas en el mismo.
Artículo
73. Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores
oficiales: son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante
contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por periodos
académicos.
Los
contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades
distintas a las que se acostumbran entre particulares.  El régimen de
estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato
podrá darse por terminado sin indemnización alguna en los casos de
incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato.
Estos
contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal
correspondiente.
Artículo
74. Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo
o de medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un
periodo inferior a un año.
Los
docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus
servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen
prestacional previsto para estos últimos.
Artículo
75. El estatuto del profesor universitario expedido por el Consejo Superior
Universitario, deberá contener entre otros, los siguientes aspectos:
a)
Régimen de vinculación, promoción, categorías, retiro y demás situaciones
administrativas
b)
Derechos, obligaciones, inhabilidades, incompatibilidades, distinciones y
estímulos.
c)
Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño del profesor
universitario
d)
Régimen disciplinario
Artículo
76. El escalafón del profesor universitario comprenderá las siguientes
categorías:
a)
Profesor Auxiliar
b)
Profesor Asistente
c)
Profesor Asociado
d)
Profesor Titular
Para
ascender a la categoría de Profesor Asociado, además del tiempo de permanencia
determinado por la universidad para las categorías anteriores, el profesor
deberá haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, un
trabajo que constituya un aporte significativo a la docencia, a las ciencias, a
las artes o a las humanidades.
Para
ascender a la categoría de Profesor Titular, además del tiempo de permanencia
como profesor Asociado, determinado por la universidad, el profesor deberá
haber elaborado y sustentado ante homólogos de otras instituciones, trabajos
diferentes que constituyan un aporte significativo a la docencia, a las
ciencias, a las artes o a las humanidades.
Artículo
77. El régimen salarial y prestacional de los profesores de las universidades
estatales u oficiales se regirá por la Ley 4a. de 1992, los Decretos
Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan.
Artículo
78. Lo dispuesto en este capítulo se aplicará sin perjuicio de las situaciones
jurídicas individuales consolidadas conforme a derecho.
Artículo
79. El estatuto general de cada universidad estatal u oficial deberá contener
como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, los derechos,
obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen
disciplinario del personal administrativo.
Artículo
80. El régimen del personal docente y administrativo de las demás instituciones
estatales u oficiales que no tiene el carácter de universidades de acuerdo con
la presente Ley, será establecido en el Estatuto General y reglamentos
respectivos, preservando exigencias de formación y calidad académica, lo mismo
que la realización de concursos para la vinculación de los docentes.
CAPITULO
IV
Del
sistema de universidades estatales u oficiales
Artículo
81. Créase el Sistema de Universidades del Estado, integrado por todas las
universidades estatales u oficiales el cual tendrá los siguientes objetivos:
a)
Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros
b)
Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la
creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de
programas académicos conjuntos, y
c)
Crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones
pertenecientes al sistema.
Artículo
82. El Ministro de Educación Nacional reglamentará el funcionamiento de este
sistema, según las recomendaciones del Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU).
Artículo
83. Las universidades estatales u oficiales deberán elaborar planes periódicos
de desarrollo institucional, considerando las estrategias de planeación
regional y nacional.
CAPITULO
V
Del
régimen financiero
Artículo
84. El gasto público en la educación hace parte del gasto público social de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la Constitución Política
de Colombia.
Artículo
85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de
Educación Superior, estará constituído por:
a)
Las partidas que le sean asignadas dentro del presupuesto nacional,
departamental, distrital o municipal.
b)
Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran
posteriormente, así como sus frutos y rendimientos.
c)
Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás
derechos.
d)
Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título.
Artículo
86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y
municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para
funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los
recursos y rentas propias de cada institución.
Las
universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los
presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre
un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas
y gastos, vigentes a partir de 1993.
Artículo
87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno
Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales,
en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno
Bruto.
Este
incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el
Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la
calidad de las instituciones que lo integran.
Parágrafo.
El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas
que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán
distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior CESU), previa
reglamentación del Gobierno Nacional.
Artículo
88. Con el objeto de hacer una evaluación y posteriormente sanear los pasivos
correspondientes a las cesantías de las universidades estatales u oficiales,
éstas en un término no mayor a seis meses deberán presentar a través del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) la información
satisfactoria correspondiente.
El
Gobierno Nacional en un término no mayor a dos años y con la asesoría del
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), adelantará las medidas
necesarias para garantizar los aportes correspondiente del Presupuesto
Nacional, de los entes territoriales y de los esfuerzos de las mismas
universidades.
Parágrafo.
Facúltase a las universidades estatales u oficiales para adoptar el régimen de
cesantías previsto en la Ley 50 de 1990. Este se podrá acoger como obligatorio para
quienes se vinculen laboralmente a la universidad a partir de la vigencia de la
presente ley.
Con
respecto a quienes ya estuvieran vinculados, el traslado al nuevo régimen
quedará al criterio exclusivo del docente o funcionario.
Artículo
89. Créase el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), con
domicilio en la capital de la República, como una entidad de economía mixta
organizada bajo los principios de la economía solidaria.  En el Fondo de
Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), podrán participar todas aquellas
instituciones de Educación Superior, tanto privadas como estatales u oficiales,
que así lo deseen.
El
Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), tendrá las siguientes
funciones:
1.
Servir como entidad promotora de financiamiento para proyectos específicos de
las instituciones de Educación Superior.
2.
Plantear y promover programas y proyectos económicos en concordancia con el
desarrollo académico para beneficio de las instituciones de Educación Superior
3.
Las demás que le sean asignadas por la ley
Parágrafo.
El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de este fondo, de
conformidad con las disposiciones legales relativas a las instituciones de
economía solidaria.
Artículo
90. El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se conformará
con las instituciones de Educación Superior que voluntariamente deseen
participar en él.
Los
ingresos de este fondo se integrarán como sigue:
1.
Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el Presupuesto
Nacional
2.
Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación Superior
afiliadas al Fondo.
Artículo
91. El Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), se conformará
con las instituciones de Educación Superior que voluntariamente deseen
participar en él.
Los
ingresos de este fondo se integrarán como sigue:
1.
Con aportes que el Gobierno Nacional destine anualmente en el presupuesto
nacional
2.
Con los aportes voluntarios de las instituciones de Educación Superior
afiliadas al Fondo.
Artículo
92. Las instituciones de Educación Superior, los Colegios de Bachillerato y las
instituciones de Educación No Formal, no son responsables del IVA.
Adicionalmente, las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior
tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y
servicios que adquieran, mediante liquidaciones periódicas que se realicen en
los términos que señale el reglamento.
CAPITULO
VI
Del
Régimen de contratación y control fiscal
Artículo
93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que
para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u
oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán
sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los
contratos.
Parágrafo.
Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se
someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás
disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan.
Artículo
94. Para su validez, los contratos que celebren las universidades estatales u
oficiales, además del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación
entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro
presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las
respectivas apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto
de timbre nacional cuando a este haya lugar.
Artículo
95. En razón de su régimen especial, autorízase a las universidades estatales u
oficiales para contratatar con empresas privadas colombianas los servicios de
control interno a que se refiere el artículo 269 de la Constitución Política de
Colombia.
Parágrafo.
La anterior autorización se hará extensiva a las demás instituciones estatales
u oficiales de Educación Superior que de conformidad con la presente ley no
tiene el carácter de universidad.
TITULO
CUARTO
De
las instituciones de Educación Superior de carácter privado y de economía
solidaria
Artículo
96. Las personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en los
términos previstos en la presente ley, crear instituciones de Educación
Superior.
Artículo
97. Los particulares que pretendan fundar una institución de Educación
Superior, deberán acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU), que están en capacidad de cumplir la función que a aquéllas corresponde
y que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética,
académica, científica y pedagógica.
Artículo
98. Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas
jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como
corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria.
Artículo
99. El reconocimiento y la cancelación de la personería jurídica de las
instituciones privadas de Educación Superior corresponden exclusivamente al
Ministro de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de
Educación Superior (CESU).
Parágrafo.
Las personas que ocasionen la cancelación de la Personería Jurídica de una
institución de Educación Superior serán responsables legalmente, previo el
cumplimiento del debido proceso.
Artículo
100. A la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, deberán
acompañarse los siguientes documentos:
a)
Acta de constitución y hojas de vida de sus fundadores
b)
Los estatutos de la institución
c)
El estudio de factibilidad socio-económica
d)
Los documentos que acrediten la efectividad y seriedad de los aportes de los
fundadores
e)
El régimen de personal docente
f)
El régimen de participación democrática de la comunidad educativa en la
dirección de la institución
g)
El reglamento estudiantil
El
contenido, la forma y requisitos que deberán reunir los anteriores documentos
serán señalados por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
Parágrafo.
La efectividad de los aportes se acreditará mediante acta de recibo suscrita
por quienes hayan sido designados para ejercer las funciones de representante
legal y revisor fiscal de la institución. La seriedad de los aportes de
derechos reales, mediante promesa de transferencia de dominio, estará
condicionada únicamente al reconocimiento de la personería jurídica de la
institución.
Artículo
101. El Ministro de Educación con base en el estudio de factibilidad
socio-económica presentado por la institución, previo concepto del Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), determinará el monto mínimo de capital
que garantice su adecuado y correcto funcionamiento. Para esta determinación se
tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la ubicación de la institución, el
número de estudiantes y las características y naturaleza de los programas que
proyecten ofrecer las instituciones.
Artículo
102. El estudio de factibilidad deberá demostrar igualmente que el
funcionamiento de la institución que se pretende crear estará financiado con
recursos diferentes a los que se puedan obtener por concepto de matrículas, al
menos por un tiempo no menor a la mitad de la terminación de su primera
promoción. Los costos de funcionamiento deberán estimarse según los costos por
alumno y por programa.
Artículo
103. Las reformas estatutarias de estas instituciones deberán notificarse para
su ratificación al Ministerio de Educación Nacional por intermedio del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes).
Artículo
104. Las instituciones privadas de Educación Superior se disolverán en los
siguientes casos:
a)
Cuando transcurridos dos años contados a partir de la fecha de la providencia
que le otorgó la personería jurídica, la institución no hubiere iniciado
reglamentariamente sus actividades académicas.
b)
Cuando se cancele su personería jurídica
c)
Cuando ocurra alguno de los hechos previstos en los estatutos para su
disolución
d)
Cuando no entre en imposibilidad definitiva de cumplir el objeto para el cual
fue creada.
Artículo
105. Las instituciones de Educación Superior creadas por la Iglesia Católica se
regirán por los términos del Concordato vigente y por las demás normas de la
presente ley.
Artículo
106. Las instituciones privadas de Educación Superior podrán vincular
profesores por horas cuando su carga docente sea inferior a la de un profesor
de medio tiempo en la misma universidad, bien sea mediante contratos de trabajo
o mediante contratos de servicios, según los periodos del calendario académico
y su remuneración en cuanto a honorarios se refiere, corresponderá a lo pactado
por las partes; pero que en ningún caso podrá ser inferior al valor de computo
hora resultante del valor total de ocho (8) salarios mínimos dividido por el
número de horas laborables mes.
TITULO
QUINTO
Del
régimen estudiantil
CAPITULO
I
De
los estudiantes
Artículo
107. Es estudiante de una institución de Educación Superior la persona que
posee matrícula vigente para un programa académico.
Artículo
108. Las instituciones de Educación Superior tendrán la obligación de
proporcionar a los estudiantes servicios adecuados y actualizados de
bibliotecas.
Artículo
109. Las instituciones de Educación Superior deberán tener un reglamento
estudiantil que regule al menos los siguientes aspectos: Requisitos de
inscripción, admisión y matrícula, derechos y deberes, distinciones e
incentivos, régimen disciplinario y demás aspectos académicos.
Artículo
110. El Gobierno Nacional establecerá en las instituciones financieras
oficiales líneas de crédito destinadas a estudiantes de Educación Superior.
Artículo
111. Con el fin de facilitar el ingreso a las instituciones de Educación
Superior a las personas de escasos ingresos económicos, la Nación, las
entidades territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación,
establecerán una política general de becas, ayudas y créditos para los
mencionados estudiantes. Su ejecución corresponderá al Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), entidad que determinará
las modalidades de subsidio parcial o total del pago que, por concepto de
derechos pecuniarios, hagan efectivos las instituciones de Educación Superior.
CAPITULO
II
Del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el
Exterior (Icetex)
Artículo
112. Para proveer y mantener un adecuado financiamiento de las matrículas y
sostenimiento de los estudiantes, se fortalece el fondo de crédito educativo
del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (Icetex).
Este
fondo contará con los recursos provenientes de:
a)
Rentas propias del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (Icetex).
b)
Aportes del Presupuesto Nacional
c)
Recursos del Ahorro Educativo
d)
El producto de las multas a que hace relación el artículo 48 de la presente
ley.
e)
Líneas de crédito nacional
f)
Líneas de crédito internacional con el aval de la Nación
Artículo
113. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (Icetex), a través de un fondo creado con recursos del Presupuesto
Nacional, será garante de los préstamos otorgados por el sector financiero a
los estudiantes de Educación Superior de escasos recursos económicos.
Parágrafo.
El Gobierno Nacional reglamentará esta materia y establecerá las comisiones que
pueda cobrar el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (Icetex) por este concepto.
Artículo
114. Los recursos fiscales de la Nación, destinados a becas, o a créditos
educativos universitarios en Colombia, deberán ser girados exclusivamente al
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(Icetex) y a él corresponde su administración.
Esta
entidad adjudicará los créditos y las becas teniendo en cuenta, entre otros,
los siguientes parámetros:
a)
Excelencia académica
b)
Escasez de recursos económicos del estudiante
c)
Distribución regional en proporción al número de estudiantes
d)
Distribución adecuada para todas las áreas del conocimiento
Parágrafo.
Los recursos, que por cualquier concepto, reciban las distintas entidades del
Estado, para ser utilizados como becas, subsidios o créditos educativos,
deberán ser trasladados al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (Icetex), para que éste los adjudique de conformidad a
los criterios expresados en este artículo.
Artículo
115. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (Icetex), será la entidad encargada de seleccionar los beneficiarios
de las becas de cooperación internacional, becas de intercambio y las demás
becas internacionales que se ofrezcan a los colombianos a través de las
distintas entidades públicas del orden oficial. Se exceptúan del anterior
régimen, las becas que las instituciones de Educación Superior obtengan en
forma directa. Los representantes de las entidades que reciban las ofertas de
becas internacionales estarán obligados a hacerlas llegar al Icetex.
El
desconocimiento de esta norma será causal de destitución del funcionario.
Artículo
116. Los contribuyentes que donen al Instituto Colombiano de Crédito Educativo
y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) los bonos de financiamiento
especial y los de desarrollo social y seguridad interna emitidos en 1992,
podrán deducir el valor nominal de los mismos, de la renta gravable del año en
que los donen.
El
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(Icetex), destinará el monto de estos recursos exclusivamente para créditos
educativos de Educación Superior.
CAPITULO
III
Del
bienestar universitario
Artículo
117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de
bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al
desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes,
docentes y personal administrativo.
El
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de
bienestar universitario. Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario
con recursos del Presupuesto Nacional y de los entes territoriales que puedan
hacer aportes.
El
fondo señalado anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Superior (Icfes).
Artículo
118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por
ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su
propio bienestar universitario.
Artículo
119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y escenarios
deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en
forma permanente.
TITULO
SEXTO
Disposiciones
generales, especiales y transitorias
CAPITULO
I
Disposiciones
generales,
Artículo
120. La extensión comprende los programas de educación permanente, cursos,
seminarios y demás programas destinados a la difusión de los conocimientos, al
intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a
procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las
necesidades de la sociedad.
Artículo
121. Las instituciones de Educación Superior que proyecten establecer
seccionales, además de prever expresamente esa posibilidad en sus normas
estatutarias, deberán obtener autorización del Ministerio de Educación
Nacional, previa consulta ante el Consejo Nacional de Educación Superior
(CESU), que señalarán previamente los requisitos y procedimientos para tal
efecto.
Artículo
122. Los derechos pecuniarios que por razones académicas pueden exigir las
instituciones de Educación Superior, son los siguientes:
a)
Derechos de Inscripción
b)
Derechos de Matrícula
c)
Derechos por realización de exámenes de habilitación, supletorios y
preparatorios
d)
Derechos por la realización de cursos especiales y de educación permanente
e)
Derechos de Grado
f)
Derechos de expedición de certificados y constancias
Parágrafo
1o. Las instituciones de Educación Superior legalmente aprobadas fijarán el
valor de todos los derechos pecuniarios de que trata este artículo y aquellos
destinados a mantener un servicio médico asistencial para los estudiantes, los
cuales deberán informarse al Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes) para efectos de la inspección y vigilancia, de
conformidad con la presente ley.
Parágrafo
2o. Las instituciones de Educación Superior estatales u oficiales podrán además
de los derechos contemplados en este artículo, exigir otros derechos
denominados derechos complementarios, los cuales no pueden exceder del 20% del
valor de la matrícula.
Artículo
123. El régimen del personal docente de Educación Superior será el consagrado
en los estatutos de cada institución.
Dicho
régimen deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: Requisitos de
vinculación, sistemas de evaluación de capacitación, categorías, derechos y
deberes, distinciones e incentivos y régimen disciplinario.
Artículo
124. Las personas naturales y jurídicas que financien los estudios de sus
trabajadores en instituciones de Educación Superior, para efectos tributarios
podrán deducir dicho monto de sus costos de operación.
Artículo
125. Las instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la
investigación, podrán ofrecer previo convenio con universidades y conjuntamente
con éstas, programas de formación avanzada.
Artículo
126. El Gobierno Nacional destinará recursos presupuestales para la promoción
de la investigación científica y tecnológica de las universidades estatales u
oficiales, privadas y demás instituciones de Educación Superior, los cuales
serán asignados con criterios de prioridad social y excelencia académica.
Artículo
127. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) colaborará con el Estado
en su función de promover y orientar el desarrollo científico y tecnológico, de
acuerdo con lo establecido por la ley 29 de 1990.
Artículo
128. En todas las instituciones de Educación Superior, estatales u oficiales,
privadas y de economía solidaria, serán obligatorios el estudio de la
Constitución Política y la instrucción cívica en un curso de por lo menos un
semestre. Así mismo, se promoverán prácticas democráticas para el aprendizaje
de los principios y valores de la participación ciudadana.
Artículo
129. La formación ética profesional debe ser elemento fundamental obligatorio
de todos los programas de formación en las instituciones de Educación Superior.
Artículo
130. La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), a través de la
Banca Comercial y del Banco Central Hipotecario, establecerá líneas de crédito
especiales para las instituciones de Educación Superior, con destino a
programas de construcción de planta física, de instalaciones deportivas y
dotación de las mismas.
Artículo
131. Las instituciones de Educación Superior podrán celebrar contratos para
prestación del servicio de la Educación Superior con las entidades
territoriales.
Estos
contratos tendrán vigilancia especial por las entidades competentes.
Artículo
132. Para dar cumplimiento a los objetivos de educación cooperativa
establecidos en la Ley 79 de 1988, a partir del 1o. de enero de 1993, por lo
menos la mitad de los recursos previstos para educación, en el artículo 54 de
la precitada ley, deben ser invertidos en programas académicos de Educación
Superior, ofrecidos por instituciones de economía solidaria de Educación
Superior autorizados legalmente.
Artículo
133. De acuerdo con la política de descentralización consagrada por la
Constitución Política de Colombia, créanse los Comités Regionales de Educación
Superior (CRES), como organismos asesores del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes), con las siguientes funciones:
1.
Coordinar los esfuerzos regionales para el desarrollo de la Educación Superior
regional.
2.
Actuar como interlocutor válido para efectos de discusión y diseño de
políticas, planes y proyectos de Educación Superior regional.
3.
Contribuir en la Evaluación Compartida de programas académicos.
Artículo
134. Los Comités Regionales de Educación Superior (CRES), estarán conformados
por los Rectores o sus delegados, de las instituciones de Educación Superior
debidamente reconocidas como tales. Se reunirán en Comité Regional según la
clasificación de regionalización que señale el Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior (Icfes). Cada Comité Regional se dará su
propio reglamento y forma de funcionamiento.
CAPITULO
II
Disposiciones
Especiales
Artículo
135. La Universidad Nacional de Colombia se regirá por las normas de la
presente ley, salvo en lo previsto en su régimen orgánico especial.
Artículo
136. La Universidad Pedagógica Nacional será la institución asesora del
Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a
la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios.
Artículo
137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto
Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo,
la Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación
Superior y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a
las entidades respectivas. Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y
su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la presente ley.
Parágrafo.
El Ministro de Educación Nacional, previo concepto favorable del Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU), reglamentará el régimen de equivalencias
correspondientes a los títulos otorgados por las instituciones señaladas en el
presente artículo.
ARTICULO
III
Disposiciones
transitorias
Artículo
138. Mientras se dictan los nuevos estatutos generales de las instituciones de
Educación Superior, continuarán vigentes sus actuales normas estatutarias.
Dentro
de los quince días siguientes a la expedición de los estatutos de cada
institución, el Consejo Superior Universitario o el organismo que haga sus
veces, deberá enviar al Ministerio de Educación Nacional, por conducto del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), copia
auténtica de los mismos para efectos de su inspección y vigilancia.
Artículo
139. Las instituciones clasificadas actualmente en las modalidades de:
Universitarias, instituciones tecnológicas y las técnicas profesionales,
tendrán un plazo hasta de tres (3) años para transformarse en universidades o
en instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, siempre y cuando
llenen los requisitos establecidos en la presente ley y aquellos que fije el
Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) para este propósito.
Artículo
140. Las instituciones de Educación Superior creadas por ley, ordenanza o
acuerdo municipal que estén funcionando en la actualidad conservarán su
personería jurídica y atribuciones y deberán ajustarse en lo sucesivo a las
disposiciones de la presente ley.
Artículo
141. En las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, los
Consejos Superiores actualmente existentes, fijarán transitoriamente los
requisitos y procedimientos para la elección de los miembros de los Consejos
Superiores a que hace relación el literal d) del artículo 64 de la presente
ley.
Artículo
142. Se faculta al Gobierno Nacional para que en un plazo de seis (6) meses,
reestructure al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(Icfes) y a la Universidad Nacional de Colombia y expida las normas
reglamentarias de la presente ley.
Parágrafo.
Mientras se dicta el nuevo estatuto del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior (Icfes) y el de la Universidad Nacional de Colombia,
continuarán vigentes sus actuales normas estatutarias.
Artículo
143. Hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el Consejo Nacional de Educación
Superior (CESU) y reestructure el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior (Icfes), todos los trámites que en la actualidad surten ante
esta última entidad, las instituciones de Educación Superior culminarán su
proceso de conformidad con las normas vigentes.
Artículo
144. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que
le sean contrarias, especialmente los Decretos-leyes 80 y 81 de 1980.
Dado
en Santafé de Bogotá, D.C. a los ...
(siguen
firmas).
II.
LA DEMANDA
1.
Normas constitucionales que se consideran infringidas
Estima
el actor que las disposiciones acusadas son violatorias de los artículos 69,
150 numeral 10o., 152 y 153 de la Constitución Política.
2.
Fundamentos de la demanda
Considera
el demandante que si la Ley 30 de 1992 regula de alguna manera el derecho
fundamental de la educación en cualquiera de sus modalidades, así como el deber
correlativo del Estado y los particulares de prestar ese servicio público, y
señala además los procedimientos para el acceso a la misma y los recursos para
su protección, necesariamente ha debido expedirse como una ley estatutaria y
agotar los trámites previstos en el artículo 153 de la Carta. En efecto,
considera el actor que la ley acusada regula el derecho fundamental a la
educación, lo cual, a su juicio, ello se demuestra en el hecho de que el texto
legal define el derecho fundamental a la educación superior, determina los
objetivos y fines de este derecho, define los programas de pregrado y postgrado,
las especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados, y señala cuáles
son las instituciones de educación superior.
Igualmente
sostiene que, al definir la educación superior como un servicio público,
"implícitamente le está señalando el deber al Estado de asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, tal como
lo señala imperativamente el artículo 365 de la Corte Suprema, lo que es
desarrollado en el art. 3o. de la misma Ley".  Afirma también que la normatividad
acusada señala los procedimientos y recursos para la protección del derecho
fundamental a la educación.
Argumenta
pues el actor que, en virtud de que la ley demandada regula el derecho
fundamental a la educación, existió una violación al artículo 153 de la
Constitución Política, ya que no fue aprobada por la mayoría absoluta de los
miembros del Congreso, su trámite no se surtió en una sola legislatura, y no
hubo revisión previa por parte de la Corte Constitucional, presupuestos estos
que la Constitución determina para el trámite de las leyes estatutarias.
De
otra parte, estima el actor que, toda vez que las normas que regulan el derecho
fundamental de educación deben hacer parte de una ley estatutaria, "no era
posible que el Congreso revistiera de facultades al Presidente de la República
como se hizo en el art. 142 de la Ley 30 de 1992. Aceptar lo contrario implica
un serio atentado contra el mencionado artículo de la Constitución Política del
país".
Finalmente,
afirma el actor que la ley acusada en sus artículos 57 y subsiguientes,
estableció un "Régimen especial para las Universidades del Estado y de las
otras instituciones del Estado", el cual viola el principio de autonomía
universitaria consagrado en la Carta, puesto que impone unos estatutos que han
de regular las universidades públicas. "Por esta razón, las facultades
conferidas por el art. 142 el Gobierno Nacional para que expida las normas que
reglamentan la ley, lo que se traduce realmente en el estatuto orgánico de la
universidad debe considerarse como un atentado a la autonomía universitaria. La
facultad de reglamentación de la ley, dentro del criterio de autonomía
universitaria, le corresponde en cada caso a la respectiva entidad",
concluye el demandante.
IV.    INTERVENCIONES
OFICIALES
1.
Ministerio de Educación Nacional
El
Ministerio de Educación Nacional, mediante apoderada judicial, presentó ante
esta Corporación escrito defendiendo la constitucionalidad de la norma acusada,
por considerar, en primer lugar, que el artículo 67 de la Constitución Política
le reconoce a la educación un doble carácter: el primero, ser un derecho
fundamental de la persona, y el segundo, ser un servicio público que tiene una
función social.  Así, sostiene que la Ley 30 de 1992 reguló la educación como
un servicio público y no como un derecho fundamental, y fue expedida de acuerdo
con el procedimiento previsto en la Carta para las leyes ordinarias que regulan
la prestación de un servicio público, acorde con el numeral 23 del artículo 190
superior.
Concluye
la apoderada del Ministerio de Educación afirmando que la ley acusada regula el
nivel superior de la educación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 de
la Constitución Política.  "De conformidad con los argumentos
anteriormente expuestos -puntualiza la interviniente-, vemos claramente que la
Ley 30 de 1992 es una Ley ordinaria que regula la educación como un servicio
público, aspecto éste que no es materia de les estatutaria alguna, por
consiguiente bien podría el Congreso otorgar facultades extraordinarias al
Ejecutivo con miras a regular aspectos inherentes para la prestación eficiente
del servicio público en mención, utilizando los mecanismos legales tendientes a
la consecución de tal fin".
2.
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES
El
ICFES, mediante apoderada judicial, presentó ante esta Corporación escrito
defendiendo la constitucionalidad de la norma acusada, con base en los mismos
argumentos expuestos por el Ministerio de Educación Nacional.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
En
la oportunidad legal, el señor Procurador General de la Nación (e) se pronunció
sobre la demanda presentada por el actor y solicitó a esta Corporación que se
declare la exequibilidad de la norma acusada, por considerar que el artículo 67
superior "no define  la  educación exclusivamente como derecho subjetivo
sino también -y simultáneamente- como servicio público que tiene una función
social, es decir, como valor objetivo, como estructura teleológica que demanda
una regulación institucional por parte del Estado".
En
virtud de lo anterior, considera el señor Procurador (e) "que la
obligación constitucional consagrada en el literal a) del artículo 152 de la
Carta, en el sentido de  que los 'derechos y deberes fundamentales de las
personas y los procedimientos y recursos para su protección' se regulen
mediante ley estatutaria, se extienden únicamente al derecho a la educación, en
cuanto derecho subjetivo, y a las garantías estatales del mismo". Así, estima
que la regulación de la prestación del servicio público de educación se excluye
del trámite previsto en el literal a) del artículo 152 superior, es decir, el
de una ley estatutaria.
Por
otra parte, manifiesta el interviniente que la ley acusada regula la prestación
del servicio público de educación, y "tiene su eje central en la
determinación de las formas organizativas y de control, y de financiación del
sistema de educación superior y no en la regulación del derecho fundamental a
la educación  -al cual sólo se refieren los primeros artículos (1o. a 6o.), en
cuanto orientados a inscribirla dentro del marco de la Carta de Derechos-, cabe
entender que la misma no tenía por qué someterse al trámite de una ley
estatutaria".
Finalmente
anota el jefe del Ministerio Público que, tal como lo manifestó en su concepto
No. 382 del 10 de febrero de 1994, "observa con extrañeza la afirmación
del actor consistente en atribuirle a las universidades una insólita potestad
reglamentaria emanada del artículo 69 C.P., la que desde el punto de vista
constitucional sólo reside en cabeza del Presidente de la República, al afirmar
que la reglamentación de la Ley 30 de 1992, correspondía, dentro del criterio
de autonomía universitaria, a la respectiva entidad universitaria estatal",
razón por la cual considera que debe declararse exequible el artículo 142
acusado.
VI.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
1.
La competencia
Por
dirigirse la demanda contra una disposición que forma parte de una ley de la
República, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su
constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241 de la Carta Fundamental.
2.
El contenido de la ley 30 de 1992 "por la cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior".
Tras
un prolijo examen del contenido de la Ley 30 de 1992, la Corte encuentra que a
través de ella no se está regulando propiamente el núcleo esencial del derecho
a la educación como derecho fundamental, sino, como reza su título, se está
organizando el servicio público de la educación superior. En efecto, de la
simple lectura de la disposición en comento, se puede observar la  regulación
de la prestación del servicio público de educación superior, como aquel que
presenta las notas de continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y
obligatoriedad, bien por parte del  Estado o bien por parte de los
particulares con la tutoría de aquel. Por tanto, la Ley en comento no
determina, pues, los alcances del derecho fundamental a la educación, sino que
señala los parámetros de un servicio público, cuestión diferente a la expuesta
por el actor. Es así como ella busca garantizar la autonomía universitaria y
velar por la calidad del servicio público a través del ejercicio de la suprema
inspección y vigilancia de la educación superior. La normatividad bajo examen
se limita, pues, a fijar los principios, objetivos, campos de acción y
programas académicos, así como a la clasificación de las instituciones de
educación superior, señalando los alcances de los títulos y exámenes de estado.
El
Capítulo I del Título I de la Ley 30 de 1992, particularmente los artículos 1o.
y  4o., y, más adelante, algunos de los literales del artículo 6o., contienen
unos principios generales que, si bien es cierto, prima facie podrían
encuadrar dentro de la tipología de una ley estatutaria, para la Corte resulta
claro que esas disposiciones están referidas a la prestación del servicio
público de una de las etapas de la educación: la superior. Por su parte, en el
Capítulo II se señalan una serie de objetivos de la educación superior y de sus
instituciones, que desarrollan lo preceptuado en los artículos 67 y siguientes
de la Carta Política. El Capítulo III se refiere ya concretamente a los campos
de acción y programas académicos y contiene una serie de disposiciones de
carácter programático en lo atinente al pre-grado, post-grado,  maestría y
doctorado, así como lo relacionado con los requisitos para ingresar a la
educación superior. El Capítulo IV está dedicado a establecer la definición,
objetivos y condiciones de funcionamiento de las diversas instituciones de
educación superior. El Capítulo V regula lo atinente a los títulos y exámenes
de estado. El Capítulo VI, a su vez, determina los alcances de la autonomía
universitaria y de las demás instituciones de educación superior. Finalmente,
el Capítulo VII fija los criterios orientadores para la función del Presidente
de la República en lo referente al fomento, inspección y vigilancia de la
enseñanza,  de conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 21, 22 y 26 de
la Constitución.
El
Título Segundo de la Ley 30 de 1992 se refiere a la composición y
funcionamiento del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).  El
Capítulo I crea el CESU y señala quiénes lo integran,  así como sus funciones.
El Capítulo II asigna, a su vez, las funciones del ICFES, la estructura y
composición. En el Capítulo III se crean tres comités asesores del CESU y del
ICFES, así: el primero para el estudio y análisis de los temas relativos a las
instituciones técnicas profesionales;  el segundo para las instituciones
tecnológicas y el III para las universidades. En el Capítulo IV se señala el
régimen de sanciones al incumplimiento de las disposiciones que consagra la ley
sub examine, que van desde la amonestación privada hasta la cancelación
de la personería jurídica de la institución. Por su parte, los Capítulos V y VI
regulan el sistema nacional de acreditación e información y la organización y
elección de las directivas, respectivamente.
El
Título Tercero establece el régimen especial de las universidades del Estado y
de las otras instituciones de educación superior estatales u oficiales,
señalando en el Capítulo I su naturaleza jurídica; en el II su organización y
elección de sus directivas; y en el III, el escalafón del personal docente e
investigativo. El Capítulo IV crea el sistema de universidades del Estado y les
señala sus objetivos. El Capítulo V regula lo referente al régimen financiero
de las instituciones estatales u oficiales, y el VI fija su régimen de
contratación y control fiscal.
El
Título Cuarto se ocupa de las instituciones de educación superior de carácter
privado y de economía solidaria, y el Título Quinto establece el régimen
estudiantil, en temas como la definición de estudiante, el Instituto Colombiano
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el bienestar
universitario. Finalmente, el Título Sexto  consagra una serie de disposiciones
generales, especiales y transitorias.
Ahora
bien, como se observó, la Ley 30 de 1992 no está tocando directamente el núcleo
esencial del derecho a la educación, sino organizando, se repite, el servicio
público de la educación superior. En virtud de ello, podría plantearse el
siguiente interrogante: ¿pueden escindirse de la educación superior, su aspecto
de derecho fundamental y su carácter de servicio público, o más bien, al
afirmar el uno, se implica necesariamente el otro? Nada obsta para que una
misma realidad presente dos aspectos con regímenes jurídicos adecuados a su
diferencia. Ello ocurre con la ley bajo examen: una cuestión es la
determinación del contenido esencial de un derecho inherente a la persona
humana, como lo es el de la educación, que requeriría de una ley adecuada a sus
notas de derecho fundamental, es decir, la estatutaria, y otra muy distinta es
la organización legal de un servicio público al que el Estado no puede ser
indiferente. Así como una misma realidad puede presentar diversos aspectos, igualmente
la educación puede mirarse o bien desde el punto especializado de un derecho
fundamental, o bien,  desde el aspecto general de un servicio público. Este es,
precisamente, el asunto del cual se ocupó la ley 30 de 1992 al organizar el
servicio público de educación superior.
Finalmente
la Corte considera oportuno advertir al h. Congreso de la República, que
resultaría contrario al espíritu de la Carta Política incluír en una ley que se
ocuparía de la regulación de un determinado servicio público, aspectos propios
de las leyes estatutarias, es decir, disposiciones en las cuales se regula el
núcleo esencial de uno o de varios derechos constitucionales fundamentales.
Debe recordarse que por voluntad expresa del Constituyente, los derechos
constitucionales fundamentales, al ser la piedra angular del concepción moderna
del Estado social de derecho, requieren de un tratamiento jurídico proporcional
a su alta jerarquía y, además, ser desarrollados de forma plena e integral. Lo
anterior sólo se logra a través de unas leyes que, como las estatutarias,
tienen una jerarquía especial respecto de las leyes ordinarias, exigen un
trámite específico, demandan una aprobación calificada y se someten a la
revisión previa por parte de la Corte Constitucional.
3.
¿Es la ley 30 de 1992 una ley estatutaria?
Como
es sabido, las leyes estatutarias fueron introducidas en la Constitución de
1991 como una categoría especial de leyes, dentro del ordenamiento
constitucional, tanto por su contenido material como por el trámite a seguirse
en su formación. Su valor específico puede medirse si se tienen en cuenta, por
una parte, las materias de que trata, que, como enseguida se verá, son
básicamente de alto contenido político. El Constituyente no se ocupó de
definirlas, ni de precisar su nivel jerárquico frente a los demás tipos de
leyes previstas en la Carta Política, sino que entró directamente, en el
artículo 152, a señalar, las materias que ellas regulan, y en el artículo
siguiente, el 153, a señalar el procedimiento especial al cual se somete su
aprobación, derogación o modificación.
En
efecto, el artículo 152 de la Constitución Política, remite al Congreso la
facultad de regular, mediante este tipo de leyes, las siguientes materias:
"a) Derechos y deberes de las personas y los procedimientos y recursos
para su protección; b) Administración de Justicia; c) Organización y régimen de
los partidos y movimientos políticos, estatuto de la oposición y funciones
electorales; d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; y e) Estados
de excepción".
Ahora
bien, conviene establecer que, particularmente para el caso de los derechos
fundamentales de las personas, las leyes estatutarias no pueden encargarse de
desarrollar en forma exhaustiva todos los aspectos que de una forma u otra se
relacionen con un derecho fundamental, ni tampoco, por otra parte, toda ley o
norma que se refiera a alguno de los derechos fundamentales ha de considerarse
como estatutaria. Sobre el particular, ha señalado la Corporación:
"(...)
las leyes estatutarias sobre derechos fundamentales tienen por objeto
desarrollarlos y complementarlos. Esto no supone que toda regulación en la cual
se toquen aspectos relativos a un derecho fundamental deba hacerse por vía de
ley estatutaria. De sostenerse la tesis contraria, se vaciaría la competencia
del legislador ordinario. La misma carta autoriza al Congreso para expedir, por
la vía ordinaria, códigos en todos los ramos de la legislación. El Código Penal
regula facetas de varios derechos fundamentales cuando trata de las medidas de
detención preventiva, penas y medidas de seguridad imponibles, etc. Los Códigos
de Procedimiento sientan las normas que garantizan el debido proceso. El Código
Civil se ocupa de la personalidad jurídica y de la capacidad de las personas.
En resumen, mal puede sostenerse que toda regulación de estos temas haga
forzoso el procedimiento previsto para las leyes estatutarias.
"Las
leyes estatutarias están encargadas de desarrollar los textos constitucionales
que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. No fueron creadas
dentro del ordenamiento con el fin de regular en forma exhaustiva y casuística
todo evento ligado a los derechos fundamentales".1  (Negrillas
fuera de texto original)
La
Corte juzga que, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el acápite
anterior y por las razones expuestas en esta Sentencia, el contenido de la ley
30 de 1992 -al no regular un derecho fundamental, sino establecer pautas para
la organización de un servicio público- no corresponde exactamente a lo que
debe ser el objeto de una ley estatutaria, al tenor de lo dispuesto en el
artículo 153, literal a) de la Carta Política. Desconocer lo anterior -como lo
pretenden los demandantes- implicaría, repetimos, que toda normatividad,
incluyendo las disposiciones contenidas en los Códigos, tendría el carácter de
ley estatutaria, lo que a todas luces resulta una carente de lógica jurídica y
una forma de entrabar la actividad legislativa y entorpecer las funciones de
esta Corte; de ser ello así, cualquier ley de le República que de una forma u
otra se relacione con un derecho fundamental -sin que llegue a regular su
núcleo esencial- tendría que ser tramitada en una sola legislatura, aprobada
por la mayoría de los integrantes del Congreso, y ser revisada previa y
automáticamente por la Corte Constitucional.
4.
¿Es la ley 30 de 1992, una ley general, en los términos del numeral 19 del
artículo 150 de la Constitución Política?
La
categoría de leyes marco o cuadro -hoy llamadas "generales"- se
introdujo a nuestra normatividad jurídica constitucional con la reforma de
1968. Dentro de sus características principales, que las diferencian de las demás
leyes, están el que deben versar sobre temas específicos, como son los
establecidos taxativamente en el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución
Política, y el que su finalidad es la de señalar, a través de normas generales,
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno, cuando
proceda a desarrollar y aplicar dichas normas, sin que le esté permitido
exceder o desbordar los parámetros trazados de modo general por el legislador2
. De igual forma, debe anotarse que las características principales de este
tipo de leyes, han sido enumeradas por esta Corporación en los siguientes
términos:
"1o.
El legislador debe circunscribir su actuación a fijar la política, los
criterios y los principios que guiarán la acción del ejecutivo al desarrollar
la materia que constituye su objeto.
"2o.
Estas leyes limitan la función legislativa del Congreso en cuanto que dicho
poder se contrae a trazar las normas generales, a enunciar los principios
generales y a dar las orientaciones globales a que debe ceñirse el ejecutivo en
la adopción de regulaciones y medidas en los campos específicos de la actividad
estatal que constitucionalmente se reservan a esta clase de estatutos
normativos;  de ahí que su materia escape a la regulación de la ley ordinaria.
"3o.
Para expedirlas o modificarlas se requiere de iniciativa gubernamental, si bien
el legislativo decide autónomamente sobre su contenido.
"4o.
En virtud de esta clase de leyes, se deja al Congreso el señalamiento de la
política general y al ejecutivo su regulación particular y su aplicación
concreta.
"5o.
Revisadas las materias que la reforma de 1968  reservó a este tipo de leyes,
como rasgo común todas ellas se refieren a cuestiones técnico-administrativas
de difícil manejo; a fenómenos económicos que por su condición esencialmente
mutable, exigen una regulación flexible o dúctil que permita responder a circunstancias
cambiantes; o a asuntos que ameritan decisiones inmediatas y que, por tanto,
resulta inadecuado y engorroso manejar por el accidentado proceso de la
deliberación y votación parlamentaria pública.
"6o.
Al Gobierno incumbe concretar la normatividad jurídica que dichas materias
reclaman y lo hace por medio de decretos que deben ajustarse a los parámetros o
'marcos' dados  por el legislador  en la respectiva Ley".3
La
creación de esta clase de leyes, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia,
"encuentra su justificación en la condición esencialmente mutable de
aquellos fenómenos que exigen una regulación flexible o dúctil que se adecúe a
las cambiantes circunstancias del suceder aludido, de tal manera que solo al
Gobierno incumbe crear la normatividad jurídica que aquellos fenómenos reclaman
y lo hace por medio de decretos que deben ajustarse a los parámetros o
"marcos" dados por el legislador quien al señalarlos, queda con
aptitud legislativa recortada en las materias que la precitada disposición
constitucional enuncia" (Sent. 73 septiembre 18 de 1986).
De
lo anterior, puede concluirse que la expedición de toda ley marco implica,
entonces, una distribución de poderes y facultades legislativas entre el
Congreso de la República y el Gobierno Nacional. En efecto, el Congreso
consagra los preceptos generales y el Presidente expide los denominados
decretos ejecutivos, destinados a reglamentar, en forma por demás amplia,   los
asuntos a que se refiere la ley,  decretos éstos que, por cierto, no tienen la
misma jerarquía de la ley de la cual se derivan, pese a tener su misma
generalidad y obligatoriedad.
Ahora
bien, como se señaló anteriormente, las materias sobre las que se deben ocupar
las leyes generales son únicamente las que taxativamente  se enumeran en los
literales a), b), c), d) e) y f) del numeral 19 del artículo 150 superior. Sin
embargo, encuentra la Corte que algunos textos que reproducen la Constitución
Política de Colombia, incluyen el literal g) que contiene como atribución del
Congreso en relación con las referidas leyes, la de "regular la
educación". Lo anterior, se debe a la aclaración de la Secretaría General
de la Asamblea Nacional Constituyente, consignada en la Gaceta Constitucional
No. 125 del veinticinco (25) de septiembre de 1991, que prevé lo siguiente:
"ACLARACIONES
DE LA SECRETARIA GENERAL
"La
Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se permite
aclarar en relación con el texto de la Constitución publicado en las Gacetas
números 114 y 116 lo siguiente:
(...)
"4.
Artículo 150 numeral 19 literales e) y f) de la Constitución o Artículo 156
numeral 20 literales e) y f) de la Comisión Codificadora.
"Este
artículo fue aprobado en segundo debate el 30 de junio por 56 votos.
"Los
literales e) y f) de dicho artículo decían:
'e)
Fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
'f)
Regular la educación'.
"El
3 de julio fue aprobado un texto sustitutivo del literal e), pero se incluyó un
literal f), que dicen:
'e)
Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
'f)
Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores
oficiales.
'Estas
funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las
Corporaciones públicas territoriales, y estas no podrán arrogárselas'.
"En
esta propuesta sustitutiva, como puede observarse, se omitió por el ponente
indicar explícitamente que ella dejaba intacto el contenido del antiguo
literal f), que, por consiguiente, debería pasar a formar el literal g) del Artículo
150, y que decía:
'f)
Regular la educación'.
"La
Secretaría no puede decir algo distinto a lo relatado". (Negrillas
fuera de texto original).
De
acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional considera que la propuesta
sustitutiva aprobada el día 3 de julio de 1993 por la Asamblea Nacional
Constituyente, en relación con el numeral 19 del artículo 150 superior, no
incluyó la facultad del Congreso de "regular la educación" mediante
las denominadas leyes generales, pues, como lo demuestra la aclaración
transcrita, el "ponente olvidó indicar explícitamente" que los nuevos
literales e) y f) no alteraban el contenido del que debía ser el literal g).
Ese "olvido" significó la desaparición del referido literal del texto
constitucional publicado en el texto oficial el día 7 de julio de 1991[1].
En
consecuencia, resulta pertinente señalar que, por la misma voluntad del
Constituyente, no existe, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, la
posibilidad de que el órgano legislativo se ocupe de regular el tema de la
educación a través de leyes generales que posteriormente deben ser
desarrolladas por el Gobierno Nacional. Por tanto, debe establecerse que la ley
30 de 1992, en virtud de la cual se organiza el servicio público de educación
superior, no puede calificarse como una ley general, por no existir, se repite,
el literal correspondiente en el numeral 19 del artículo 150 constitucional.
5.
¿Es la ley 30 de 1992, una ley ordinaria?
Si,
como se ha visto, la ley 30 de 1992 no reviste las características necesarias
para que amerite ser calificada como una ley estatutaria (por no tratarse de la
regulación de un derecho constitucional fundamental), y es imposible que pueda
ser enmarcada bajo las denominadas leyes generales (por no existir facultad
constitucional que así lo permita), entonces resulta forzoso concluir que la
normatividad sub-examine corresponde a las denominadas leyes ordinarias
expedidas por el órgano legislativo.
En
efecto, el artículo 150 superior establece como competencia general del
Congreso, la de hacer las leyes. Y es la misma Constitución la que determina
las condiciones y los procedimientos especiales a que debe sujetarse el órgano
legislativo, cuando su función recaiga sobre asuntos específicos. Tal es el
caso de las materias que deben ser tramitadas como leyes orgánicas (Art. 151),
o como leyes estatutarias (Arts. 152 y153) o como leyes generales (Art. 150
Num. 19); o los casos que son de iniciativa privativa del Gobierno Nacional
(Art. 154). La regulación del servicio público de educación, no corresponde a
ninguno de los eventos mencionados. Por el contrario, se enmarca dentro de la
facultad general del Congreso de hacer las leyes e, inclusive, dentro de la
atribución específica contenida en el artículo 150, numeral 23, que prevé:
"Artículo
150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
"(................................................................................................)
"23.
Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la
prestación de los servicios públicos". (Negrillas fuera
de texto original)
En
virtud de las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional juzga que no
existió vicio de forma alguno en el trámite y aprobación de la ley 30 de 1992,
toda vez que no era necesario dar aplicación al mandato contenido en el
artículo 153 de la Carta Política, correspondiente al trámite de las leyes
estatutarias.
6.
El artículo 142 de la ley 30 de 1992
Mediante
Sentencia No. C-022 del veintisiete (27) de enero de 1994, la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 142 de la ley 30 de 1992,
únicamente en lo que respecta a su aspecto formal, salvo la expresión "y
expida las normas reglamentarias de la presente Ley", la cual fue
considerada como inexequible.
En
virtud de que por mandato de la Carta Política, los fallos de esta Corporación
en ejercicio del control jurisdiccional "hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional" (Art. 243 C.P.), la Corte se abstendrá de conocer los
aspectos formales del artículo 142 de la ley sub-examine y, por ende, se estará
a lo resuelto en la Sentencia No. C-022 referida.
7.
Alcance de este fallo.
Debe
la Corte señalar que los efectos de cosa juzgada constitucional que la
Constitución y la ley le atribuyen a este pronunciamiento, únicamente se
relacionan con los aspectos formales de la ley sub-examine. Por tanto, ello no
obsta para que, en un futuro, la norma en mención pueda ser acusada de
inconstitucionalidad por sus aspectos materiales. Para una mayor claridad,
conviene remitirse al inciso tercero del  artículo 21 del decreto-ley 2067 de
1991, que prevé:
"La
declaratoria de constitucionalidad de una norma impugnada por vicios formales
no obsta para que ésta sea demandada posteriormente por razones de fondo".
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el
concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites
previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S
U E L V E :
PRIMERO.-
Declarar
EXEQUIBLE la Ley 30 de 1992, únicamente en relación con los aspectos
formales que se contemplan en esta Sentencia.
SEGUNDO.-
ESTESE A LO RESUELTO en la Sentencia No. C-022 del
veintisiete (27) de enero de 1994, que declaró exequible, por aspectos
formales, el artículo 142 de la Ley 30 de 1992, salvo la expresión "y
expida las normas reglamentarias de la presente Ley", la cual fue
declarada como inexequible.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional y al Congreso de la República,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
JORGE
ARANGO MEJIA
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO
CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE
GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO
MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado Ponente
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
1 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-013/93 del 21 de
enero de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
2 Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencias Nos. C-465/92, C-510/92, C-013/93, C-133/93 y C-270/93, entre
otras.
3 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-465/92 del 16 de
julio de 1992. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.
[1]Sobre la entrada en vigencia de la Constitución
Política de 1991, esta Corporación ha señalado: "Sin embargo, la
publicación del texto oficial de las normas únicamente se llevó a cabo el día 7
de julio de 1991, al ser insertadas en la Gaceta Constitucional número 114 y es
entonces a partir de esa fecha cuando comenzaron a tener eficacia sus normas, y
por lo tanto el imperativo de obligatoriedad" (Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia No. C-533/92 del 8 de octubre de 1992. Magistrado Ponente:
Jaime Sanín Greiffestein).