T-080-16
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-080/16
ACCION DE TUTELA PARA RECLAMAR EL
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DERECHOS PENSIONALES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE
PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial
protección
PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos para obtener reconocimiento y
pago
Para
obtener el derecho a la pensión de invalidez, en los precisos y estrictos términos
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley
860 de 2003, se requiere que el asegurado i) haya perdido el 50% o más de su
capacidad laboral y ii) haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez o al
hecho causante de la misma.
PENSION DE INVALIDEZ-Inexistencia de régimen de transición a
favor de las personas que han cotizado durante la vigencia de las
modificaciones legales para el reconocimiento
Contrario
a lo que sucede con la normatividad que rige la pensión de vejez, para la
prestación económica por concepto de invalidez no se previó un régimen de
transición legal con el que se pudiera determinar qué pasaría con aquellas
personas que bajo un orden jurídico derogado reunieran los requisitos para
obtener su prestación, pero que según lo exigido por la norma vigente, no
podían acceder a ella. Al respecto, emerge indiscutible que la complejidad en
la determinación de las causas y los plazos de un acontecimiento -la
discapacidad misma-, por lo demás, de carácter imprevisible, exige, en
principio, que en cada caso concreto se considere el cabal cumplimiento de los
presupuestos insertos en el ya examinado artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
PRINCIPIO
DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Posibilidad de aplicar un régimen legal más antiguo al inmediatamente
anterior acudiendo a este principio
PRINCIPIO
DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA EN MATERIA PENSIONAL-Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia
PRINCIPIO DE LA CONDICION MAS BENEFICIOSA-Aplicación a la pensión de invalidez
APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION
MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Requisitos
Cabe precisar que la aplicabilidad del principio de la
condición más beneficiosa, en materia de pensiones de invalidez, se sujeta a la
concurrencia de una serie de requisitos o presupuestos, siendo el primero que
se presente una sucesión normativa, es decir, que haya un tránsito legislativo
y que esas varias normas hayan sido aplicables al afiliado durante su
vinculación al sistema de pensiones. Pero además, es forzoso que, bajo el
imperio de la normatividad de la cual se depreca su aplicación, se hayan
logrado completar los presupuestos para dejar causado el derecho reclamado.
DERECHO A LA VIDA DIGNA, AL MINIMO VITAL Y
A LA SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración
por parte de Colpensiones al negar reconocimiento y pago de pensión de
invalidez, por no haber aplicado el principio de la condición más beneficiosa
en materia pensional
APLICACION DEL PRINCIPIO DE LA CONDICION
MAS BENEFICIOSA A LA PENSION DE INVALIDEZ-Orden a Colpensiones reconocer pensión de invalidez y
pagar mesadas adeudadas
Referencia:
Expediente T-5.206.105
Demandante:
Heberto Serna Martínez
Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de
dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 Num. 9º de la Constitución Política y
33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala de Decisión
Civil Familia- que, a su turno, confirmó el dictado por el Juzgado Primero de
Familia de Pereira, a propósito del recurso de amparo constitucional formulado
por Heberto Serna Martínez contra la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones-.
I.       ANTECEDENTES
1.      La solicitud
El 20 de
marzo de 2015, el señor Heberto Serna Martínez,
actuando por conducto de apoderada judicial, presentó acción de tutela contra
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- habida cuenta de     la
presunta violación de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al
mínimo vital y a la vida digna, en la que considera incurre dicha entidad como
consecuencia de su negativa a reconocerle como beneficiario de la pensión de
invalidez sin reparar para ello en las cotizaciones realizadas al Sistema
General de Seguridad Social mientras tuvo capacidad laboral y en el carácter
particularmente degenerativo de las patologías que padece. Los presupuestos
fácticos que respaldan la protección iusfundamental invocada con base en
el artículo 86 Superior, son los que seguidamente se exponen.
2.      Hechos relevantes
2.1. El
señor Heberto Serna Martínez nació el 5 de agosto de 1953[1] y comenzó su vida
laboral el 28 de septiembre de 1979 a la edad de 26 años, efectuando desde entonces
las cotizaciones obligatorias al Sistema de Seguridad Social en Pensiones con
el fin de que le amparasen los riesgos de vejez, invalidez y muerte[2].
2.2. Su idoneidad y suficiencia para trabajar, sin
embargo, se vio menguada cuatro lustros después a raíz de las secuelas motoras de
la poliomielitis[3]
y de un trastorno del comportamiento (secundario a afección pulmonar obstructiva
crónica[4],
parálisis del hemidiafragma izquierdo[5],
hipoxia moderada[6]
y paraparesia flácida[7]),
lo que llevó en su momento al entonces Instituto de Seguros Sociales -Seccional
Risaralda- a dar inicio al respectivo proceso        de calificación de pérdida
de la capacidad laboral, en desarrollo del cual se expidió un dictamen el 24 de
enero de 2011 que le confirió un porcentaje del 66,99%, siendo catalogada su
causa como de origen común y fijándose la estructuración a partir del 5 de
julio de 1954, fecha que concuerda con el día en que se le prescribió inicialmente
la poliomielitis[8].
2.3. Bajo esa coyuntura y tomando en consideración además
que en el citado dictamen se advirtió acerca del deterioro funcional,
progresivo y no reversible de sus padecimientos, allegó la documentación
pertinente para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, solicitud
que fue despachada desfavorablemente por el aludido Instituto a través de la
Resolución No. 2780 del 22 de junio de 2011[9],
luego de concluir que no cumplía con el requisito previsto en el artículo 5º
del Decreto 3041 de 1966[10],
en lo relativo a “tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de
cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez, setenta y
cinco (75) de las cuales deben corresponder a los últimos tres (3) años”, toda
vez que en la evaluación médico-laboral se determinó que la estructuración de
la contingencia declarada se produjo a los 11 meses de haber nacido y, por lo
mismo, resultaba apenas lógico que no se hallaran aportes válidamente pagados
con antelación a ese interregno en los certificados de semanas cotizadas en
pensiones[11].
2.4. La precedente decisión fue objeto de los recursos
de reposición y de apelación por parte del asegurado, sobre la base de que la
normatividad que debía aplicársele era la comprendida en el Código Sustantivo
del Trabajo, en tanto allí se establecen disposiciones legales mucho más
ventajosas y favorables a los afiliados en materia de prestaciones sociales
derivadas del estado de invalidez.
2.5. Mediante Resolución No. GNR 006346, del 16 de
noviembre de 2012[12],
la Gerencia Nacional de Reconocimiento de la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones- confirmó en todas y cada una de sus partes el acto
administrativo censurado y remitió el asunto a la Vicepresidencia de Beneficios
y Prestaciones que, con posterioridad, en Resolución No. VPB 2008 del 5 de
julio de 2013[13],
revalidó la postura institucional acogida en un principio con apoyo en dos
argumentos cardinales:
2.5.1. El primero de ellos sugiere que la norma que originalmente
introdujo la cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, a cargo del
Instituto de Seguros Sociales, fue el Decreto 3041 de 1966 al estipular las
condiciones requeridas para su adjudicación, por lo que, en definitiva, era a
partir de su entrada en vigencia que nacían las obligaciones de aseguramiento
respectivas; cuestión que, a la postre, explica “la inviabilidad de
contabilizar las semanas previas al 1º de enero de 1967, pues hasta esa específica
data no existía el seguro de invalidez en el sector privado”. En otras
palabras, no puede hablarse de recaudación de cotizaciones antes de ese referente
temporal y mucho menos tenerse en cuenta las que habrían sido originadas en virtud
de otras tipologías de protección social.
De ahí que sea claro que los requisitos que deben
reunirse en la presente ocasión para lograr el efectivo goce de la pensión de
invalidez estén consignados en el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966,
comoquiera que la pérdida de capacidad laboral fue estructurada el 5 de julio
de 1954.
2.5.2. El segundo, por su parte, revela simplemente
que el dictamen expedido por la junta de calificación que se pronunció sobre el
origen, la fecha de estructuración y la calificación porcentual de pérdida de
la capacidad laboral del interesado no fue recurrido oportunamente,
encontrándose en firme hoy por hoy de conformidad con los parámetros previstos
en el Decreto 917 de 1999[14].
2.6. Aun así las cosas, el señor Serna Martínez logró
realizar algunas cotizaciones discontinuas al Sistema entre el 1º de julio de
2010 y el 31 de agosto de 2012, para acreditar un total de 787,14 semanas[15] en su vida laboral. El
reporte es el siguiente:
Identificación del empleador
Nombre o Razón Social
Desde
Hasta
Último salario
Semanas
Total
4356111346
CARVAJAL C CARLOS A
28/09/1978
14/05/1979
$2.430
32,71
32,71
4356200513
MARTÍNEZ LÓPEZ FABIO
29/10/1979
15/12/1983
$11.850
215,57
215,57
4356200513
MARTÍNEZ LÓPEZ FABIO
15/03/1984
08/03/1985
$14.610
51,29
51,29
4356200513
MARTÍNEZ LÓPEZ FABIO
11/08/1987
30/11/1987
$25.530
16,00
16,00
20016104878
MARTÍNEZ PAUL ALEXANDER
03/12/1987
31/12/1991
$54.630
212,86
212,86
20016104878
MARTÍNEZ PAUL ALEXANDER
10/03/1992
31/12/1994
$138.275
146,71
146,71
20014002494
CONST. PROSALUD Y CIA LTDA
31/05/1993
01/06/1994
$98.700
52,43
52,43
89000412
COMPRAVENTA LA MAYOR PAUL ALEXANDER
01/01/1995
31/12/1995
$166.600
51,43
51,43
8900412
ALMACÉN Y COMPRAVENTA LA MAYOR
01/10/1995
31/12/1996
$166.600
4,14
4,14
89000412
PAUL ALEXANDER MARTÍNEZ PA
01/01/1996
31/07/1996
$200.000
22,00
22,00
89000412
ALMACÉN Y COMPRAVENTA LA MAYOR PAUL
01/08/1996
31/08/1996
$146.666
0,00
0,00
8900412
ALMACÉN Y COMPRAVENTA LA MAYOR
01/01/1997
31/12/1997
$172.005
0,00
0,00
8900412
ALMACÉN Y COMPRAVENTA LA MAYOR
01/01/1998
31/12/1998
$203.825
0,00
0,00
8900412
ALMACÉN Y COMPRAVENTA LA MAYOR
01/01/1999
30/09/1999
$236.460
0,00
0,00
10080718
SERNA MARTÍNEZ HEBERTO
01/07/2010
31/01/2011
$515.000
25,71
25,71
10080718
SERNA MARTÍNEZ HEBERTO
01/06/2012
31/08/2012
$566.700
12,86
12,86
Total Semanas Cotizadas: 787,14
3.      Fundamentos de la acción y pretensiones
3.1. Teniendo como fondo el escenario recientemente descrito,
la apoderada del actor empieza por señalar que el proceder de la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- consistente, principalmente, en hacer
nugatorio a éste último su derecho a la prestación económica por concepto de
invalidez, a causa de la aparente falta de los requisitos legales para acceder
a ella, al tiempo que dista de la efectiva vigencia de los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad que gobiernan el andamiaje estructural
del sistema general de pensiones, comporta la transgresión por entero de prerrogativas
tales como la seguridad social, el mínimo vital y la dignidad humana.
Y es que, en su opinión, fue absolutamente desatinado
que la entidad accionada decretara como fecha de estructuración de la pérdida
de capacidad laboral de su mandante el día en que se le diagnosticó por primera
vez poliomielitis a los escasos 11 meses de edad, cuando la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha dispuesto para casos similares, tratándose de
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, como fecha de estructuración,
no ya la equivalente al dictamen que evalúa el origen del accidente o de la
patología de que se trate, sino aquella en que el trabajador pierde en forma
definitiva y permanente su capacidad laboral[16].
Pero no siendo suficiente con lo anterior, llama
especialmente la atención en el sentido de que el procedimiento administrativo propiamente
dicho haya relegado, para efectos de resolver la situación pensional del
afiliado inválido, información tan vital como es el hecho de que éste se
encuentra actualmente postrado en una silla de ruedas, impedido físicamente
para valerse por sí mismo y, por consiguiente, para generar recursos que le permitan
satisfacer sus necesidades básicas más elementales.
3.2. En ese orden de ideas, dado que su poderdante es un
adulto mayor discapacitado y vulnerable, sin rentas fijas o ingresos
adicionales, acude al recurso de amparo constitucional con el propósito de que
sea el juez de tutela quien salvaguarde los derechos que han sido vulnerados,
corolario de lo cual se ordene a la Administradora Colombiana de Pensiones
-Colpensiones- que revoque los actos administrativos que engendraron la
controversia y, en su lugar, expida una nueva resolución en la que acceda a la
pensión de invalidez reclamada con plena aceptación de las cotizaciones verificadas
en el sistema tradicional de facturación.
4.      Oposición a la demanda de tutela
4.1. Con el objetivo de conformar debidamente el
contradictorio, el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en Auto del 20 de
marzo de 2015, admitió la acción de tutela y ordenó ponerla en conocimiento de las
Gerencias Nacionales de Reconocimiento y de Defensa Judicial de la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- para que se pronunciaran en torno a la
problemática jurídica expuesta[17].
4.2.
Así mismo, en la mencionada providencia se efectuó un requerimiento especial a
la Fiduprevisora S.A., en su calidad de agente liquidador del Instituto de
Seguros Sociales -I.S.S.-, para que enviara el expediente contentivo de todas
las actuaciones administrativas relacionadas con el afiliado Heberto Serna
Martínez a fin de comprobar el estado actual en el que se encuentra el trámite
de la pensión de invalidez pretendida.
4.3. No obstante, el término procesal de
rigor expiró con la mera intervención del Instituto de Seguros Sociales -en
liquidación-[18],
entidad que, en escrito fechado el 27 de marzo de 2015, solicitó al operador
jurídico abstenerse de proferir fallo en su contra y de la Fiduprevisora S.A., dado
que ya había entregado la
documentación requerida mediante Acta No. 1 del 4 de octubre de 2012, la cual
incluía información precisa sobre los aportes, la base de afiliación y el reciente
registro del señor Heberto Serna Martínez ante la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, acorde con lo establecido en los Decretos 2011, 2012
y 2013 de 2012[19].
4.4. De ese modo, el 10 de abril de 2015,
el Juzgado Primero de Familia de Pereira resolvió desestimar la protección
deprecada por el actor, ya que aun avalándose la idea según la cual su pérdida
de capacidad laboral se produjo hasta el 31 de agosto de 2012, fecha en la que
realizó su último aporte en condición de afiliado activo, lo cierto era que no
lograba satisfacer el requisito de 50 semanas de cotización dentro de los 3
años inmediatamente anteriores a la ocurrencia de dicha circunstancia. Decisión
que, de inmediato, fue recurrida por la apoderada judicial del tutelante
arguyendo que se había eludido el estudio del principio de la condición más
beneficiosa en materia pensional como temática inexcusable para dar una respuesta
verdaderamente adecuada a las particularidades ofrecidas por el caso concreto[20].
4.5. Una vez remitidas las diligencias al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala Unitaria Civil Familia-
con la finalidad de que decidiera la impugnación interpuesta contra el referido
fallo, se puso de relieve que no se había practicado en legal forma la
notificación a la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones, dependencia adscrita
al ente demandado que, tal y como consta en Resolución del 5 de julio de 2013,
fue la que solventó en segunda instancia el recurso de vía gubernativa
promovido por el señor Serna Martínez en su interés de enervar los efectos de
la Resolución No. 2780 de 2011.
4.6. Habiéndose reparado, entonces, en la
no vinculación de la citada oficina al proceso, por obra de Auto del 29 de mayo
de 2015, el ya distinguido cuerpo colegiado procedió a declarar la nulidad de
lo actuado desde la sentencia proferida con miras a que se garantizase el
derecho al debido proceso, devolviéndose el expediente al juzgado de origen para
que rehiciera la actuación correspondiente[21].
II.      DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.   Sentencia de Primera Instancia
1.1. Practicada la notificación omitida, el
Juzgado Primero de Familia de Pereira dictó sentencia el 12 de junio de 2015 en
la que perseveró en su criterio preliminar de negar el amparo de los derechos
fundamentales reivindicados por el señor Heberto Serna Martínez, pues si bien
se trataba de una persona discapacitada y sin recursos que ejerció actividades
laborales remuneradas durante ciertos periodos de tiempo y, por lo tanto, su
situación encajaba perfectamente en los márgenes de protección de la
jurisprudencia constitucional que ha reconocido el derecho a que la fecha de
estructuración de la invalidez se fije en el momento en que se pierde efectivamente
la capacidad laboral cuando se presentan enfermedades cuyas manifestaciones empeoran
gradual o progresivamente, un exhaustivo repaso de la historia laboral del
solicitante deja ver que no cumple con uno de los supuestos de hecho contemplados
en el primer numeral del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, cual es el de tener
cotizadas 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores al instante de
producirse dicho estado.
1.2. Esto último, valiéndose en su
integridad de los tiempos de cotización formalizados entre el 31 de agosto de
2009 y el 31 de agosto de 2012, que son asimilables a 38.57 semanas.
2.   Impugnación
2.1. Lo decidido por el a-quo fue refutado
nuevamente por la apoderada judicial del actor, quien bastante insistió en la
necesidad de que se aplicara la figura de la condición más beneficiosa al
escenario en cuestión, en donde debían, a su juicio, “prevalecer los
derechos adquiridos del afiliado en el sistema de seguridad social, máxime, si
se tenía en cuenta la gran cantidad de semanas que había cotizado al amparo de
normas anteriores a la Ley 860      de 2003, como es el caso del Acuerdo 049 de
1990 (más de 300 semanas en todo el tiempo) y la Ley 100 de 1993 (más de 26
semanas en el lapso en que fue estructurada la invalidez)”.
2.2. En todo caso, indicó que aunque se
varió la fecha de estructuración, no se empleó cabalmente la máxima
proteccionista del derecho laboral que “haría factible aplicar cualesquiera
de las normas anteriores por sobre aquella que estaba vigente al momento de la
estructuración de la discapacidad, sin necesidad, incluso, de que los regímenes
sean inmediatamente sucesivos, siempre y cuando el asegurado haya cumplido
plenamente con su deber de solidaridad al sistema bajo la vigencia de la
normativa que le precede”.
2.3. Por eso, a manera de colofón, invocó
como petición principal la revocatoria de la sentencia proferida por el
fallador de primera instancia para que, por el contrario, se brinde al señor
Heberto Serna Martínez la protección tutelar solicitada y se le reconozca la
pensión de invalidez de origen no profesional junto con los intereses,
retroactivos y demás emolumentos afines que sean conducentes.
3.   Sentencia de Segunda Instancia
3.1. En providencia del 3 de agosto de
2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala de Decisión
Civil Familia- confirmó el pronunciamiento prohijado en sede de primera
instancia tras reiterar que aun cuando la fecha de estructuración de la
invalidez del accionante no podía fijarse desde que asomaron los primeros
síntomas de la enfermedad degenerativa que todavía padece, sino a partir del
lapso en el que su discapacidad se agravó al punto de que le fue materialmente
imposible seguir laborando, tampoco por esa vía alcanzaría la prestación
económica interpelada pues lograron acreditarse tan solo 38,57 semanas de las
50 exigidas en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
3.2. Inclusive, dejándose aparte el motivo recién
aducido, para la autoridad judicial devenía improbable consentir la utilización
del principio de la condición más beneficiosa en tanto razonamiento incorporado
tardíamente en el escrito impugnatorio, particularidad que lo erigía en un
hecho nuevo que, a más de no haber sido debidamente controvertido por la
entidad demandada, “se pronosticaba como un elemento transgresor del derecho
a la defensa porque su uso jamás fue acometido ni en el trámite pensional ni en
la acción de tutela misma”.
III.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241,
numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a
36 del Decreto 2591 de 1991, y en acatamiento del Auto del 28 de octubre de
2015, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Diez de esta
Corporación[22].
2.      Delimitación de la controversia
constitucionalmente relevante
2.1. Según lo visto en el capítulo de antecedentes, se
le atribuye a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, la
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso administrativo,       a
la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna del señor Heberto Serna
Martínez por virtud de su decisión de negarle el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, arguyendo para ello, a modo de premisa principal,
la inobservancia de uno de los requisitos preestablecidos en la ley para su
efectiva asignación[23].
2.2. Basta recordar que la entidad encargada de la
gestión estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida se sirvió
concluir que el otorgamiento de la prestación económica por concepto de invalidez
al actor era inadmisible, porque aun siendo éste declarado inválido permanente,
conforme a lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley 90 de 1948, no lograba
acreditar la otra hipótesis prevista en el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966
que le era aplicable, relacionada con tener certificadas 150 semanas de
cotización pagadas dentro de los 6 años anteriores a la invalidez, 75 de las
cuales habrían de corresponder a los últimos 3 años.
2.3. Sobre esa base y en abierta oposición a los demás planteamientos
ofrecidos en las resoluciones emitidas por el ente asegurador en las que se indicaba -en líneas
generales- que el afiliado no tenía derecho a la pensión reclamada al no contar
con semanas cotizadas anteriores a la fecha de estructuración por ser aquella
establecida prácticamente desde su nacimiento, el actor decidió entablar acción
de tutela mediante apoderada judicial en la medida en que dicha determinación,
al paso que quebrantaba sus derechos a la seguridad social, al mínimo vital y a
la dignidad humana, desconocía la consolidada jurisprudencia de la Corte
Constitucional sobre el deber de las administradoras y los fondos de pensiones
de tomar en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de la
estructuración de la invalidez a quienes, como en su caso, se les diagnostica
enfermedades degenerativas, congénitas o crónicas.
2.4. En primera instancia, el Juzgado Primero de
Familia de Pereira reconoció desde un principio que la Administradora
Colombiana de Pensiones                   -Colpensiones- había prescindido,
para efectos de dar respuesta a la solicitud pensional del señor Serna
Martínez, de la aplicación de las sub-reglas contenidas en la
jurisprudencia constitucional relativa a la definición de la fecha que las
autoridades competentes deben observar para prescribir en qué momento se genera
la incapacidad permanente y definitiva del sujeto evaluado, en especial, cuando
está de por medio el diagnóstico de enfermedades catalogadas como
degenerativas, congénitas o crónicas. Empero, sostuvo que, aun bajo la ficción
de modificar la fecha de estructuración por el último día en que aparecen
cotizaciones registradas en su historia laboral, esto es, el 31 de agosto de
2012, el afiliado no lograría obtener la pensión de invalidez causada por
enfermedad prevista en la norma entonces vigente: el artículo 1º de la Ley 860 de
2003, ya que no demostraba cotizaciones equivalentes a 50 semanas en los 3 años
anteriores a ese interregno.
2.5. Contra la anterior decisión, la apoderada
judicial del actor interpuso impugnación pues, si bien se mostró conforme con el
reconocimiento de las cotizaciones realizadas como resultado de su capacidad
laboral residual, estuvo en desacuerdo con la tajante negativa del juez de
tutela sin que éste haya evaluado si quiera la posibilidad de emplear el
principio de la condición más beneficiosa, a la luz del cual sobrevendría la
plena adjudicación de lo solicitado merced a la aplicación de otro régimen
normativo mucho más benévolo en sus exigencias que, aunque derogado, le hubiese
permitido hacer valer el tiempo de servicios que cotizó mientras su estado de
salud le permitió desempeñar una labor productiva.
2.6. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Pereira -Sala de Decisión Civil Familia- ratificó en su integridad el fallo reprochado
y agregó además que del principio de la condición más beneficiosa, en el caso
concreto, no podía servirse por la sencilla razón de que tal petitoria no fue
ventilada en el curso de la actuación administrativa ni puesta oportunamente en
evidencia en la acción de tutela, lo que renegaba del derecho a la defensa de
la contraparte involucrada en el litigio.
2.7. Apreciado el contexto en el que se inscribe el
amparo invocado, la Sala de Revisión encuentra que, efectivamente, como consta en
el dictamen proyectado por la Comisión Médico Laboral del Instituto de Seguros
Sociales -Seccional Risaralda- el 24 de enero de 2011, el señor Serna Martínez
fue calificado con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 66,99%
por secuelas de poliomielitis y un trastorno del comportamiento, cuya
estructuración fue establecida a partir del 5 de julio de 1954, fecha en la
que, tomando como punto de referencia su cédula de ciudadanía, apenas contaba
con 11 meses de edad. Diagnóstico que lleva a comprender fácilmente que carezca
de cotizaciones en periodos previos a la mencionada estructuración y, por contera,
que incumpla parcialmente las previsiones del Decreto 3041 de 1966.
Igualmente, constata que, no obstante haberse fijado el
31 de agosto de 2012, último día en que cotizó al Sistema de Seguridad Social
en Pensiones, como la fecha de reconocimiento de una capacidad laboral residual,
en plena sintonía con las actuales prescripciones de la jurisprudencia
constitucional en la materia, el señor Serna Martínez no cumple con los
requisitos del numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en definitiva porque
los tiempos de servicios cotizados entre el 31 de agosto de 2009 y el 31 de
agosto de 2012 corresponden a un total de 38,57 semanas, de las 50 exigidas dentro
de los 3 años previos a la declaración de tal contingencia.
Con todo, más allá del señalado incumplimiento de los
presupuestos normativos incorporados tanto en el artículo 5º del Decreto 3041
de 1966 como en el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para
obtener la pensión de invalidez, en el plenario reposan suficientes elementos
de juicio estructurales que permiten dilucidar, con alto grado de certeza, que
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- omitió valorar, para
estudiar la viabilidad de la solicitud pensional ante ella realizada, el
contenido específico del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003,
que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, el cual dispone que “cuando
el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas
para acceder a la pensión de vejez, sólo se requerirá que haya cotizado 25
semanas en los últimos tres (3) años”. Labor ésta de medular trascendencia
que,             al echarse de menos en los apartes considerativos de las
resoluciones que se objetan, le impondría a la Sala de Revisión, a no dudarlo,
la necesidad de entrar a verificar, como cuestión preliminar, si la aludida
entidad incurrió en la anunciada desatención y si con la misma bastaría para
perfeccionar las estipulaciones legales pertinentes para el eventual
reconocimiento y pago        de la prestación económica que en esta oportunidad
se reclama.
Así también, vale la pena mencionar que existe plena
prueba en el expediente del considerable número de semanas cotizadas en el
Sistema Tradicional de Facturación por parte del señor Heberto Serna Martínez
en vigencia del Decreto 758 de 1990 y de la Ley 100 de 1993, lo cual se hace
patente en el reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por la misma
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- (actualizado a 23 de septiembre
de 2013), que concentra la densidad de cotizaciones reconocidas al afiliado
desde 1967. Valga anotar, a título ilustrativo de todo lo precedente, que al
amparo del Decreto 758 de 1990, el señor Serna Martínez aportó entre el 28 de
septiembre de 1978 y el 1º de abril de 1994, un aproximado de 646,3 semanas,
mientras que bajo el régimen normativo de la Ley 100 de 1993 cotizó, entre el
2º de abril de 1994 y el 28 de diciembre de 2003, alrededor de 102,3 semanas.
En total, se refrendaron cerca de 748,6 semanas de cotización.
2.8. Por manera que, una vez verificado que el actor
no cuenta con 150 semanas de cotización dentro de los 6 años anteriores a la
invalidez, 75 de las cuales deben corresponder a los últimos 3 años, atendiendo
al escenario originalmente descrito y estimado a la luz del Decreto 3041 de
1966; ni acredita 50 semanas cotizadas al Sistema dentro de los últimos 3 años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración definida por los jueces de
instancia, en los términos del numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003,
la Sala de Revisión estima plausible abordar el estudio de la institución
jurídica de la pensión de invalidez y los requisitos para acceder a ella,
particularmente en lo que hace a la acreditación del parágrafo 2º del artículo
1º de la Ley 860 de 2003, en subsidio de lo cual se traerá a colación el
principio de la condición más beneficiosa en materia pensional, desde cuya
perspectiva bien podría proponerse una posible solución al caso concreto, entre
otras razones, por la elemental consideración de que el régimen jurídico que
gobierna la prestación económica por invalidez no ofrece un esquema
transicional que le permita consolidar su derecho conforme a la legislación
precedente[24].
2.9. Esta comprensión, lejos de coincidir con las justificaciones
que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira esgrimió de forma
persuasiva para sustraerse de su deber de resolver sobre aspectos que no fueron
expuestos como fundamento de la acción de tutela pero que exigen una inmediata
decisión por impedir la efectividad de los derechos fundamentales presuntamente
quebrantados, conducen a la Sala a valerse, ya sea de la ausencia de
confrontación y análisis de la premisa normativa que integra el parágrafo 2º
del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, o bien, accesoriamente, del llamado fenómeno
de sucesión normativa de la condición más beneficiosa, en el propósito de
examinar si tiene cabida que se privilegie la situación individual alcanzada
por el actor al amparo de las disposiciones legales que trazan los requisitos
para lograr una pensión de invalidez, como los escenarios constitucionalmente
relevantes para abordar el presente juicio y decidir acerca de la presunta
violación suscitada.
3.      Problema Jurídico
3.1. Esclarecido el contexto en el que esta
Corporación debe intervenir,           la problemática de índole jurídica por
resolver, en sede de revisión, se contrae a la necesidad de establecer si,
efectivamente, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- transgredió
los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la seguridad
social, al mínimo vital y a la vida digna del señor Heberto Serna Martínez, al
negarle el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con fundamento en
el hecho de que no reúne el número mínimo de semanas cotizadas exigidas en el numeral
1º del artículo 1º de        la Ley 860 de 2003.
Para tal cometido, habrá de puntualizarse si
la insinuada transgresión encuentra asidero en la inobservancia del parágrafo
2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 o, en su defecto, en la falta de
aplicación de la regla de la condición más beneficiosa que imponía aplicar el
Decreto 758 de 1990 o el articulado original de la Ley 100 de 1993 al asunto
bajo estudio, sobre la base de haberse afianzado con dichas normas la
prestación económica exigida, la cual sería desconocida, eventualmente, a
partir de la entrada en vigor de la preceptiva promulgada el 29 de diciembre de
2003.
3.2. Con ese objetivo, conviene entrar a repasar la
jurisprudencia constitucional elaborada en cuanto incumbe a (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento
de derechos y prerrogativas de carácter prestacional, (ii) la
institución jurídica de la pensión de invalidez y los presupuestos para acceder
a ella, y la relativa a (iii) la aplicación del principio de la condición
más beneficiosa en materia pensional para luego, finalmente, identificadas las sub-reglas
aplicables y puestas en contraste con los hechos materiales del caso que se
revisa, dar respuesta al cuestionamiento previamente enunciado[25].
4.      La
procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento
de derechos y prerrogativas de carácter prestacional
4.1. Reiterado está por la jurisprudencia
constitucional que la acción de tutela fue concebida como un instrumento de
defensa judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales al
que la propia Carta Política atribuyó un carácter subsidiario y residual[26], nota distintiva al
hilo de la cual no puede admitírsele como un mecanismo alternativo, adicional o
complementario de los previstos en el ordenamiento para garantizar los derechos
de las personas, pues con ella no se busca sustituir los procesos ordinarios o
especiales y mucho menos aún, desconocer las acciones y recursos judiciales
inherentes a los mismos para controvertir las decisiones que se profieran[27].
4.2. Y es que tal atributo, claramente expresado en el
artículo 86 Superior, ha dicho la Corte, además de reconocer la naturaleza
preferente de los diversos mecanismos judiciales establecidos por la ley[28],
convirtiéndose en la regla general de resolución de los conflictos jurídicos
relacionados con derechos fundamentales, permite interpretar que el ejercicio
del recurso de amparo constitucional sólo es procedente de manera excepcional,
cuando no existan otros medios de protección a los que se pueda acudir, o aun
existiendo éstos, se compruebe su ineficacia en relación con el caso concreto o
se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[29].
4.3. Partiendo de las precisiones que anteceden, es
apenas lógico que, por ejemplo, tratándose de controversias relacionadas con el
reconocimiento y pago de un derecho de carácter prestacional, esta Corte haya sido consistente en
sostener la regla de improcedencia general de la acción de tutela para resolver
asuntos de esa índole, sobre todo porque el ordenamiento jurídico ha diseñado un
sistema de control judicial mediante acciones y recursos ordinarios -vías
jurisdiccionales y administrativas- que admiten el cuestionamiento de ese tipo de
asuntos cuyo carácter es eminentemente litigioso[30]. La postura
que sobre el particular ha mantenido esta colegiatura puede extractarse de la
siguiente manera:
“El reconocimiento y pago de prestaciones
sociales de tipo económico, por la clase de pretensiones que allí se discuten,
persiguen la definición de derechos litigiosos de naturaleza legal.
Resulta, entonces, ajeno a la competencia
de los jueces de tutela entrar a decidir sobre los conflictos jurídicos que
surjan alrededor del reconocimiento, liquidación y orden de pago de una
prestación social, por cuanto para ello existen las respectivas instancias,
procedimientos y medios judiciales establecidos por la ley; de lo contrario, se
desnaturalizaría la esencia y finalidad de la acción de tutela como mecanismo
de protección especial pero extraordinario de los derechos fundamentales de las
personas y se ignoraría la índole preventiva de la labor de los jueces de
tutela frente a la amenaza o vulneración de dichos derechos que les impide
dictar órdenes declarativas de derechos litigiosos[31] de
competencia de otras jurisdicciones”[32].
4.4. Ahora bien, no obstante lo anterior, es de mérito
advertir que tal aproximación dogmática no está planteada en términos
absolutos, pues en la misma jurisprudencia constitucional se ha atemperado el
criterio de improcedencia atrás descrito siempre que logre comprobarse que los medios ordinarios de defensa judicial no resultan
aptos, idóneos y eficaces para prodigar una protección inmediata a los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados, escenario en el que, de manera
excepcional, la acción de tutela se revela como el instrumento de defensa
adecuado y oportuno para salvaguardar las garantías constitucionales fundamentales[33].
Cometido que, por demás, le concierne directamente al juez constitucional, en cada caso en particular, en el
propósito de determinar cuándo ese medio judicial preferente es ineficaz o no
es lo suficientemente expedito para prodigar una protección inmediata, eventos
en los que la acción de amparo constitucional se impone, indefectiblemente,
como mecanismo directo de protección[34].
4.5.
Siguiendo ese paradigma argumental podría declararse, entonces, que si bien en
principio la acción de tutela promovida por el señor Heberto Serna Martínez, a
fuerza de la aplicación del presupuesto de subsidiariedad, deviene
improcedente, acudir al mecanismo ordinario de defensa judicial, cual es, en
esta oportunidad, un proceso contencioso administrativo de nulidad y
restablecimiento del derecho en donde se discuta la legalidad y el virtual
enervamiento de los efectos que producen las resoluciones proferidas por la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, puede resultar excesivo
y desproporcionado. Esto último, no solamente a causa del prolongado término de
duración que la jurisdicción respectiva suele emplear para zanjar una controversia
sustancialmente análoga a la que enfrenta el actor, sino en función del grado
de efectividad que el procedimiento propiamente dicho trae consigo para contrarrestar
la particular complejidad de las circunstancias que lo rodean, tomando en cuenta
que se trata de una persona discapacitada de avanzada edad, susceptible de
especial protección constitucional, que claramente se halla fuera del mercado
laboral y que no posee ingresos económicos que le permitan satisfacer sus
necesidades básicas más esenciales, las cuales cifra, hoy por hoy, en el
eventual reconocimiento de la pensión de invalidez a la que cree tener derecho.
De
ahí que ni siquiera la medida cautelar de suspensión provisional, que acompaña
generalmente la nulidad de un acto administrativo se considere apta como
herramienta procesal idónea para precaver cualquier potencial menoscabo que
pueda llegar a producirse, incluso porque yendo más allá del debate entre las
partes por el tema prestacional, se encuentra de por medio el goce efectivo de
los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida
digna.
4.6.
Pero además de la evaluación sobre la caracterización de la eficacia e
idoneidad de los medios ordinarios preferentes, es menester pronunciarse acerca
de la inmediatez que la propia jurisprudencia constitucional ha elaborado como
pauta para determinar la procedibilidad de la acción de tutela[35],
en atención, principalmente, a que la acción de tutela del señor Serna Martínez,
tendente a que se le reconozca la pensión de invalidez, se promovió cerca de un
año y medio después de la expedición del acto administrativo por obra del cual,
en sede de apelación, se resolvió negar el pago a su favor de dicha prestación.
A este respecto, la Sala se permite plasmar, cuando menos, cuatro criterios atenuantes
que modulan dicho presupuesto en el marco de las peculiaridades del caso
concreto y que resultan admisibles para explicar el prolongado espacio de
tiempo entre el supuesto de hecho que presumiblemente generó la vulneración y
la solicitud de amparo. En primer lugar, cabe señalar el carácter irrenunciable
de los beneficios laborales mínimos y su vinculación estrecha con los derechos
pensionales que, así mismo, son imprescriptibles y constituyen parte iusfundamental
de la protección constitucional del derecho al trabajo. En segundo término, y
como derivación natural del planteamiento recién aducido, se advierte que la
solicitud de amparo se sustenta en la afectación actual de los derechos
fundamentales del tutelante, pues está claro que subsiste una oposición
objetiva entre el contenido de los actos administrativos objeto de reproche y
la Constitución Política, producto del no reconocimiento de la prestación
económica de invalidez con base en interpretaciones que no se avienen a los derroteros
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional frente a la aplicación
del principio de la condición más beneficiosa en materia de seguridad social y
pensiones.
En
tercer lugar, es indiscutible que la entidad demandada también influyó en la
demora respecto del ejercicio de la acción pública constitucional, toda vez que
hasta el 5 de julio de 2013 respondió el recurso de apelación formulado por el
actor el 31 de agosto de 2011 contra la Resolución No. 2780 de ese mismo año
que le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Esta dilación
injustificada, en su momento, infringió ostensiblemente el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición del actor por el vencimiento de los términos para tramitar
su solicitud pensional de forma pronta y oportuna.
Por
último, ha de insistirse en las especiales circunstancias de indefensión[36],
vulnerabilidad[37]
y de debilidad manifiesta[38]
que confluyen en el señor Heberto Serna Martínez, por cuanto se encuentra a
merced de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- en lo referido
a la satisfacción de los requerimientos básicos indispensables para asegurar una
digna subsistencia y preservar determinada calidad de vida mediante una de las
prestaciones que las normas legales le asignan para su administración. No sobra
agregar que la omisión en el reconocimiento de la pensión de invalidez se
proyecta indefinida y gravemente sobre la posibilidad de realización de otros
de sus derechos como la igualdad, la salud, la alimentación y el vestuario, todo
lo cual, aunado a su situación de discapacidad y al consabido deterioro físico
que la misma ocasiona, desvela en el proceder de la entidad convocada a juicio la
ausencia de un tratamiento diferencial positivo con fundamento en los artículos
13 y 46 Superiores.
4.7. De acuerdo con cuanto se ha consignado, puede
concluirse que el recurso tuitivo de los derechos fundamentales es procedente
como mecanismo definitivo de protección en el caso concreto, razón por la que resta
profundizar en la institución jurídica de la pensión de invalidez y los
requisitos previstos en la ley para su efectivo reconocimiento, así como en el
concepto y alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de
seguridad social y pensiones, en el interés de orientar estas consideraciones
hacia la respuesta que finalmente debe darse a la controversia.
5.      De la
pensión de invalidez y los requisitos dispuestos en la ley para su efectivo
reconocimiento
5.1. Tal y como se ha dejado por sentado desde los
albores de la jurisprudencia constitucional, la pensión de invalidez representa
para quien ha perdido parcial o totalmente la capacidad de trabajar y no puede
por sí mismo proveerse de los medios indispensables para su subsistencia, un
derecho esencial e irrenunciable de indiscutible raigambre fundamental[39].
5.2. Para describir su desarrollo legislativo en el marco
del ordenamiento jurídico colombiano es preciso referirse, cuando menos, a tres
cuerpos normativos: el Decreto 758 de 1990, la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 de
2003.
5.2.1. El Decreto 758 de 1990, por obra del cual se
aprobó el Acuerdo No. 049 de ese mismo año, emanado del Consejo Nacional de
Seguros Sociales Obligatorios, que modificó algunas normas del Reglamento
General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, con el objetivo
de unificar la legislación existente en la materia, dispuso en el Capítulo II
que, para acceder a la prestación por riesgo de invalidez de origen común, debían
reunirse las siguientes condiciones fundadas en el artículo 6º de la
disposición:
“(…)
a) Ser inválido permanente total o inválido permanente
absoluto o gran inválido y,
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte, ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a
la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier
época, con anterioridad al estado de invalidez”[40].
Para los efectos de la citada prestación, habría de
considerarse inválida la persona que, por cualquier causa de origen no
profesional, no provocada intencionalmente o cuyo motivo no haya sido la
violación injustificada de los Reglamentos de los Seguros Sociales
Obligatorios, hubiera perdido su capacidad laboral en los términos de (i)
invalidez permanente total[41],
(ii) invalidez permanente absoluta[42]
y (iii) gran invalidez[43].
No se consideraba, por tanto, inválida por riesgo común, la persona que perdía
su capacidad laboral en un porcentaje inferior al 50% o cuya invalidez fuera
calificada como congénita.
Así mismo, si el asegurado al momento de invalidarse
no tuviere el número de semanas exigidas en el Acuerdo, tendría derecho, en
sustitución de la prestación de invalidez, a una indemnización sustitutiva
equivalente a una mensualidad de la pensión que le habría correspondido, por
cada 25 semanas  de cotización acreditadas[44].
Este régimen especial en materia pensional rigió desde
el 11 de abril de 1990 hasta el 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia la
Ley 100 de 1993, que creó el Sistema de Seguridad Social Integral con la
finalidad prístina de ordenar las instituciones y los recursos necesarios para
garantizar las prestaciones económicas y de salud de los afiliados al Sistema,
materializar la prestación de servicios sociales complementarios y asegurar la
ampliación de cobertura       de conformidad con el principio constitucional de
solidaridad.
5.2.2. En su tenor original, la Ley 100 de 1993
estableció en el Capítulo III, que inválida era la persona que, por cualquier
causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido
el 50% o más de su capacidad laboral[45].
De suerte que tendría derecho a la pensión de invalidez quien, además de ser
declarado inválido, cumpliera con alguno de los siguientes requisitos descritos
en el artículo 39 de la preceptiva:
“(…)
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y
hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse
el estado de invalidez, y
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere
efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez”.
El afiliado que al momento de invalidarse no
hubiere podido reunir los requisitos exigidos para la pensión de invalidez,
tendría derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la
que le hubiere correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez[46].
5.2.3. Con
posterioridad, algunas disposiciones del Sistema General de Pensiones fueron
reformadas por virtud de la Ley 860 de 2003, entre las que se encuentran los
requisitos para obtener la pensión de invalidez, luego del fallido intento del
artículo 11 de la Ley 797 de 2003, que fue declarado inexequible por violación
del principio de consecutividad en la aprobación de las Leyes que establece el
artículo 157 Superior[47].
Específicamente, el artículo 1º de la norma en cita dispuso que el afiliado al
Sistema que fuera declarado inválido y que cumpliera las siguientes
condiciones, tendría derecho a la pensión de invalidez:
“(…)
1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20)
años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en
el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria.
Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya
cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a
la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los
últimos tres (3) años”.
(Subrayas fuera de texto).
Como podrá
repararse, este ordenamiento mantuvo similares exigencias a las que fueron fijadas
en su momento por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, sobre todo en lo
tocante al número de semanas que debían ser cotizadas, pues aunque abrigó el
requisito de fidelidad de cotización para con el sistema, disminuyó el
porcentaje de 25% a 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que el
solicitante cumpliera 20 años y la fecha de la primera calificación del estado
de invalidez. Estos supuestos normativos fueron duramente cuestionados en sede
de revisión concreta de múltiples acciones     de tutela en las que terminó aplicándose
la figura de la excepción de inconstitucionalidad por encontrarse frente a unos
gravámenes, prima facie, gravosos y desmedidos en materia de seguridad
social que, de igual forma, lucían abiertamente desfavorables en comparación
con el texto original de la Ley 100 de 1993[48].
Tal influjo acarrearía,
a la sazón, que en sede de constitucionalidad abstracta,  la Sala Plena
declarara la inexequibilidad del requisito de fidelidad contemplado en los
numerales 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, al no haber logrado
desvirtuarse la presunción de regresividad ni justificarse cabalmente la
necesidad de la medida a la luz de los fines perseguidos por la misma[49].
En las
apuntadas condiciones, siendo avalado el requisito de cotizar 50 semanas en los
últimos 3 años para tener derecho a la pensión de invalidez por no aparejar un
retroceso en materia de exigibilidad de la propia prestación[50],         el régimen
normativo actualmente vigente para la obtención del aludido derecho es el
consagrado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
1º de la Ley 860 de 2003, así:
“Artículo 39.
Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de
invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo
anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez
causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.
2. Invalidez
causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los
últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo 1o.
Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado
veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho
causante de su invalidez o su declaratoria.
Parágrafo 2o.
Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas
requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya
cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años”.
5.3. En
resumidas cuentas, para obtener el derecho a la pensión de invalidez, en los
precisos y estrictos términos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, se requiere que el asegurado i)
haya perdido el 50% o más de su capacidad laboral y ii) haya cotizado 50
semanas en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez o al hecho causante de la misma.
Para el caso
de los menores de 20 años, sólo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas
en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su
declaratoria[51].
Y cuando quiera que se trate de un afiliado que haya cotizado por lo menos el
75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez,
bastará que haya acreditado cotizaciones por 25 semanas en los 3 últimos años.
5.4.
Finalmente, queda por aclarar que, contrario a lo que sucede con la
normatividad que rige la pensión de vejez[52],
para la prestación económica por concepto de invalidez no se previó un régimen
de transición legal con el que se pudiera determinar qué pasaría con aquellas
personas que bajo un orden jurídico derogado reunieran los requisitos para
obtener su prestación, pero que según lo exigido por la norma vigente, no
podían acceder a ella. Al respecto, emerge indiscutible que la complejidad en
la determinación de las causas y los plazos de un acontecimiento -la
discapacidad misma-, por lo demás, de carácter imprevisible, exige, en
principio, que en cada caso concreto se considere el cabal cumplimiento de los
presupuestos insertos en el ya examinado artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
No significa
lo anterior, como habrá de ilustrarse en lo que sigue, que no puedan emplearse principios
del derecho laboral que le permitan al asegurado beneficiarse de la aplicación
de una normatividad mucho más provechosa, para así coadyuvar en la preservación
de las prerrogativas íntimamente vinculadas con los derechos a la seguridad
social en el ámbito de las pensiones y, en últimas, en la regulación de su
acoplamiento a las distintas expresiones de modificación de las normas legales.
6.      El principio de la condición más
beneficiosa en materia pensional en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia y de la Corte Constitucional. Alcance y diferencias con otras
expresiones del principio protector del derecho laboral
6.1. Los principios generales del derecho al trabajo
han sido tradicionalmente definidos como aquellos postulados básicos que permiten
inspirar el sentido con el que han de aplicarse las normas laborales, así como desentrañar
los límites de las relaciones de trabajo y desvelar la intención o voluntad
de         los propios sujetos contratantes. No en vano suele dotárseles de un carácter
polivalente, a saber: (i) informador, en cuanto guían la
actividad del legislador y sirven de fundamento del ordenamiento jurídico
positivo del trabajo,           (ii) normativo o integrativo, al emerger
como fuente supletoria ante el vacío o laguna legal y complementar o hasta llenar
de contenido una disposición legal  o reglamentaria, e (iii) interpretativo,
ya que actúan como preceptos orientadores de la labor interpretativa
que está a cargo del operador jurídico, distinguiendo, si se quiere, el método
esclarecedor de las normas y, las más de las veces, la técnica hermenéutica que
se debe elegir[53].
6.2. Entre las categorías jurídicas a las que pueden
atribuírseles la calidad de principios esenciales del derecho al trabajo se
encuentran la primacía de la realidad sobre las formas, la racionalidad e
irrenunciabilidad, la conciencia     en la exégesis de la prueba y equidad en
la resolución, y el principio protector.
6.3. Frente al último de los criterios sugeridos se ha
expresado, por ejemplo, que surge como correlato de la constatación de los
planos de desigualdad intrínseca en los que se desenvuelven las partes dentro
de una relación laboral. Su propósito esencial es lograr justamente que dicha
relación, signada por un marcado desequilibrio material -que se refleja en un
contexto de subordinación que concede mayor fortaleza al empleador-, se desenvuelva
en condiciones de justicia y equidad, lográndose así la tutela o protección del
ser humano en su condición de trabajador[54].
6.4. Esa aptitud, deliberadamente compensatoria, que
caracteriza al principio protector, se materializa en la creación de diversas
reglas jurídicas o sub-principios que favorecen al más débil de la
relación jurídica, beneficiándolo en la utilización e interpretación de las
fuentes formales de derecho para eliminar, atenuar o disminuir la desigualdad
real existente. Con esa finalidad puede hablarse de las reglas in dubio pro
operario, norma más favorable y condición más beneficiosa, las
cuales, valga resaltar, están destinadas a solucionar fenómenos jurídicos
diversos y cuentan con ciertas particularidades que les otorgan un alcance e identidad
propias que las diferencian entre sí y teleológicamente de otras tipologías de
índole proteccionista en materia laboral.
6.5. A diferencia, entonces, de la regla del in dubio
pro operario, que soluciona las dudas que existan respecto de la interpretación
de una norma laboral y de la regla de la norma más favorable, que resuelve escenarios
de conflicto normativo, la regla de la condición más beneficiosa está llamada a
operar en aquellos casos en que se identifique una sucesión de normas, en donde
la preceptiva derogada del ordenamiento recobra vigencia para así mantener el
tratamiento obtenido de su aplicación por conducir a un escenario mucho más
beneficioso para el trabajador que aquel que resultaría de emplear la
regulación legal que la sustituyó[55].
6.6. Descifrada en otros términos, la condición más
beneficiosa supone la existencia de una situación fáctica concreta previamente
reconocida que debe ser respetada siempre y cuando sea más favorable al
trabajador en comparación con la nueva que habría de aplicársele. Ello explica
de alguna manera que el ámbito al que actualmente se ha circunscrito la regla corresponda
a la búsqueda sistemática de respuestas ante las más variadas problemáticas causadas
no ya solamente por el constante tránsito legislativo de disposiciones
normativas que inciden directamente en las condiciones laborales de un
trabajador, sino por las vicisitudes que esa manifestación produce respecto de las
garantías adquiridas derivadas de la seguridad social.
6.7. Y es que, a pesar de que en un comienzo la figura
en mención no era aceptada en el andamiaje jurídico colombiano por la
circunstancia de no hallarse claramente instituida en un precepto legal[56], las
profundas transformaciones que experimentó el sistema de fuentes en el derecho
laboral por cuenta de la expedición de la Carta Política de 1991, alentaron su construcción
dogmática a partir del paradigma según el cual tal elemento conceptual debía
desentrañarse del tenor literal del artículo 53 Superior que se refiere a los mínimos
fundamentales del estatuto del trabajo[57].
Fue así que, paulatinamente, tanto la jurisprudencia de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia como de la misma Corte Constitucional fueron
reconociéndole, con sus respectivos matices, cardinal importancia a esta regla perteneciente
al principio protector al punto de extender sus efectos prácticos, hoy por hoy,
a temas pensionales[58],
particularmente tratándose de las prestaciones económicas de invalidez y de
sobrevivientes, por carecer ambas de regímenes de transición que lograran
conservar los aspectos favorables de la normatividad social modificada o abolida
y protegieran los derechos adquiridos o las expectativas legítimas de los
trabajadores o afiliados a la seguridad social, al involucrar naturalmente situaciones
improbables de predecir que no admiten regulación por parte del legislador[59].
6.8. Para lo que interesa a esta causa, ha de resaltarse
que esta Sala de Revisión ahondará en el escrutinio de la jurisprudencia
existente en torno al principio de la condición más beneficiosa en materia de
pensiones de invalidez, en aquellos casos en que su aplicación le ha permitido al
asegurado emplear la normatividad inmediatamente anterior por resultar más
provechosa que aquella que le precedió para privilegiar su acceso a esa prestación
económica. Ello, sin perjuicio de otras vertientes constitucionales específicas
igualmente reconocidas por este Tribunal en las que se evidencian distintas
fórmulas de decisión que han avanzado en la dirección de amplificar el concepto,
la teleología y los ámbitos de protección ofrecidos por el citado
principio[60].
6.8.1.1. Pues bien, para comenzar, una primera
aproximación válida de la temática por parte de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia se encuentra en la Sentencia del 21 de febrero de
2006, Radicación No. 24812[61],
en la que se estudió una demanda promovida contra el Instituto de Seguros
Sociales -I.S.S- con la finalidad de que reconociera y pagara la pensión de
invalidez de origen común a una afiliada cuya pérdida de la capacidad laboral
declarada el 3 de julio de 2001 correspondía al 56,25% y que no contaba con las
cotizaciones requeridas por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, dado que en
el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez no tuvo aporte
alguno, pero que sí alcanzó a acreditar 657 semanas bajo el régimen normativo previo
al Sistema General de Pensiones.
De entrada, la referida Sala de Casación sostuvo que
no cabía duda alguna del derecho a la pensión de invalidez que le asistía a la
demandante por haber acumulado en su vida laboral una gran densidad de
cotizaciones que, por lo demás, rebasaba la exigencia del artículo 6º del
Acuerdo 049 de 1990, aplicable por entero a la discusión en la medida en que
así se otorgaba prevalencia a principios como la equidad y la proporcionalidad sobre
las normas legales que gobiernan la seguridad social. En punto a la utilización
del principio de la condición más beneficiosa frente a reclamaciones de
pensiones de invalidez con base en el régimen anterior vigente al momento de
fijarse la respectiva estructuración, se aludió a la Sentencia del 5 de julio
de 2005, Radicación No. 24280[62],
que logró recoger la línea hermenéutica que hasta entonces se había
confeccionado, como sucintamente se transcribe:
“(…)
Pues bien, la seguridad social, como lo advierte la acusación, tiene su
sustento en el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993,
como derecho inherente al ser humano y, por consiguiente, con la garantía para
éste de protección y amparo frente a las posibles contingencias que puedan
afectarlo junto con su núcleo familiar, derivadas de la prestación de un
servicio, de la ejecución de una relación laboral del trabajo independiente o
sencillamente del amparo previsto para quienes se aplica el régimen subsidiado,
entre otros. De allí, la efectiva acción del legislador, para procurar la
realización de los fines del régimen de la seguridad social y para cubrir
aquellas contingencias, como la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte.
Y
entendido el derecho a la seguridad social, dentro de esa especial categoría,
sobre los principios que lo inspiran, vale decir, la eficiencia, la
integralidad, la universalidad, y la solidaridad, es indudable que no podría
truncársele a una persona el derecho a pensionarse, como en este caso, si ha
cumplido aportaciones suficientes para acceder a él, bajo un régimen como el
del Acuerdo 049 de 1990, porque, en perspectiva de la finalidad de protección y
asistencia de la población, con el cubrimiento de los distintos riesgos o
infortunios, no resultaría viable vedar el campo de aplicación de dicha
normativa, con el pretexto de que la nueva ley, sin tener en cuenta aquella
finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por lo menos 26 semanas
anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o, contabilizadas en
el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o se halle
desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general inmediato de las
normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 16 del C. S. del
T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe tener  en cuenta
que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la causada por muerte,
no resulta válido considerar como único parámetro para determinar si existe o
no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo acontecimiento
(incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente observar el
conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la seguridad social,
con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos constitucionalmente, y
a los cuales se arriba con la puesta en vigor de  las instituciones legalmente
previstas.
Resultaría el sistema ineficaz, sin
sentido práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien
estuvo o está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de
aportaciones tan suficiente -971- que, de no haber variado la normatividad, se
repite, para disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año
anterior al infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo
alguno. De suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los
ordenamientos constitucionales y legales, que una modificación como la
introducida por la Ley 100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le
impida procurarse su subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a
través de la pensión, pues ello contrariaría los principios del régimen antes
anotados, que le permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente,
mediante el acceso a la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente
realizados antes de su acaecimiento (…)”[63].
6.8.1.2. Más adelante, en la Sentencia del 21 de
agosto de 2008, Radicación No. 33737[64],
la Sala de Casación Laboral avocó el conocimiento de una nueva demanda contra
el Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- por haberse negado a dar respuesta a
la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez de una persona
que laboró al servicio de la Cervecería Unión S.A. por más de 21 años y que
desde 1998 empezó a presentar una merma en el órgano de la visión, siendo
evaluada el 25 de junio de 2004 con un porcentaje de pérdida   de la capacidad
laboral del 66,10%, estructurada a partir del 30 de agosto de 2002.
En ese fallo, se hizo hincapié en el hecho de que ya
se había identificado en la jurisprudencia del máximo tribunal de la justicia
ordinaria, el evento de aplicación más usual del principio de la condición más
beneficiosa cuando se lo esgrimía en procura del otorgamiento de la pensión de
invalidez[65],
el cual corresponde, justamente, a las situaciones en que la entidad
aseguradora refuta su uso sobre la base del incumplimiento del requisito de
semanas cotizadas previsto en la Ley 100 de 1993, aun cuando existe el aporte
de un número de semanas considerable al amparo del régimen anterior[66].
Y como quiera que las circunstancias del asunto
concreto encajaban en el recién aludido supuesto, pues quien trabó la litis no
se encontraba afiliado al Sistema General de Pensiones para la fecha en que se
estructuró su invalidez ni había efectuado aportes durante 26 semanas en el año
inmediatamente anterior, pero sí cotizado un equivalente superior a 500 semanas
antes del 1º de abril de 1994, la Sala procedió a dejar en claro que se trataba
de una verdadera expectativa de derecho que debía ser protegida por
mantener clara y legítima una posibilidad de acceso a una prestación eventual
de carácter pensional, estadio superior que excedía aquello que daba en
conocerse simplemente como una mera expectativa al encontrarse cumplidos
ciertos requisitos, como es el del número de cotizaciones exigidas en los
reglamentos vigentes para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993[67].
6.8.1.3. Con posterioridad, la Sala de Casación
Laboral, en Sentencia del 1º de febrero de 2011, Radicación No. 44900[68], retomó el itinerario jurisprudencial
hasta ahora trazado con ocasión de un pleito en el que se reclamaba al
Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- la pensión de invalidez en aplicación
plena del principio de la condición más beneficiosa, debido a que se cumplía con
las exigencias de los artículos 5 y 6 del Acuerdo 049 de 1990 -dictamen de
pérdida de la capacidad laboral del 70,67% cuya estructuración fue fijada el 23
de junio de 2000 y 562,85 semanas aportadas antes de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993 en su redacción original-. Tal solicitud fue elevada ante la
entidad demandada en razón a que para la fecha de estructuración del estado de
invalidez ya no aparecían cotizaciones al Sistema, ni siquiera dentro del año
que precedió a dicha calificación.
Al efecto, después de reiterar la tesis acerca de que
no es dable desconocer el número de cotizaciones realizadas bajo las
previsiones del Acuerdo 049 de 1990 ante la modificación introducida por la Ley
100 de 1993, siempre que se superen las exigencias mínimas legales allí
previstas, la Sala de Casación Laboral reconoció que la densidad de semanas aportadas
contribuía a la obtención definitiva del derecho prestacional rogado por la vía
de haberse colmado el presupuesto de las 300 semanas cotizadas en cualquier
tiempo para el seguro de invalidez, una vez aceptado el criterio mayoritario de
utilidad del principio de la condición más beneficiosa para reclamarlo.
6.8.1.4. En idéntico parecer a lo recientemente
expuesto, la Sala de Casación Laboral, por medio de la Sentencia del 17 de
julio de 2013, Radicación No. 42620[69],
se pronunció respecto de una demanda ordinaria laboral entablada en contra del
Instituto de Seguros Sociales por haber rechazado el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez habida cuenta del incumplimiento de las condiciones
impuestas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, pese a que se había
demostrado en el trámite pensional que el reclamante tenía un porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral del 69,70%, así como un total de 364 semanas
cotizadas entre 1980 y 1999.
Para dirimir la cuestión así debatida, la Sala en cita
reafirmó las reglas que de manera reiterada y pacífica ha consolidado en su
jurisprudencia a fin de dar aplicación al principio de la condición más
beneficiosa, en los términos que a continuación se siguen[70]:
“1.
Cuando la estructuración del estado de invalidez se da en vigencia del artículo
39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, a la vez que no se reúnen
los requisitos allí establecidos para acceder a la pensión de invalidez, es
posible acudir a las previsiones del artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 de 1990, por virtud del principio de la condición
más beneficiosa.
(…)
2.
No obstante lo anterior, la Sala ha puntualizado que, para que dicha remisión
normativa sea posible, el afiliado debe haber alcanzado una condición de
acuerdo con la norma inmediatamente anterior, que, específicamente, se da por
haber reunido el número de semanas necesarias para adquirir una pensión”.
Así pues, siendo absolutamente imperioso cumplir
los requisitos establecidos en el régimen legal previo a la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993 para materializar el contenido del principio de la
condición más beneficiosa, mal haría en conferirse la prestación en el caso
objeto de estudio dándose aplicación al Acuerdo 049 de 1990, en la medida en
que el actor, de 300 semanas exigidas en cualquier tiempo apenas logró cotizar un
total de 255 antes del 1º de abril de 1994 y de las 150 semanas en los 6 años
anteriores a la fecha del estado de invalidez tan solo pudo aportar 125[71].
6.8.1.5. Similares consideraciones fueron acogidas
hace poco en la Sentencia del 25 de junio de 2014, Radicación No. 44827[72], en donde la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ocupó de examinar una
demanda contra el Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.- con motivo de su
oposición al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez al considerar
que el actor, a pesar de tener 439,2 semanas cotizadas para el 1º de abril de
1994, no acreditaba el cumplimiento del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en
tanto solo 257 semanas pertenecían a los 20 años anteriores al cumplimiento
mínimo de la edad.
La Sala empezó por advertir que el demandante fue
dictaminado con una pérdida de capacidad laboral del 50,95%, estructurada el 6
de diciembre de 1999, fecha que, prima facie, conduce a la aplicación
del artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para resolver sobre la prestación
pretendida al haberse producido durante su vigencia. Sin embargo, manifestó que
era perfectamente viable acudir al artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990 por
virtud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa para
determinar si le asiste el derecho a la pensión de invalidez, teniendo en
cuenta el afianzado precedente jurisprudencial de conformidad con el cual si el
asegurado no cumple con las exigencias de la Ley 100 de 1993, puede acceder a
la prestación de invalidez siempre que acredite el lleno de los requisitos
previstos en la legislación anterior, esto es, los contenidos en el Acuerdo 049
de 1990[73].
Es así como teniéndose acreditado que el demandante
aportó más de 300 semanas de cotización con anterioridad al 1º de abril de 1994
y que demostró un porcentaje de pérdida de su capacidad laboral que le produjo
una invalidez, que es claro que le asiste “el derecho a percibir la pensión incoada, según lo
preceptuado en el artículo 53 de la Constitución Política, que impone resolver
su derecho aplicando el ya citado principio de la condición más beneficiosa”[74].
6.8.2.1. De otro lado, la Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, a través de la Sentencia T-668 de 2011[75], asumió el
conocimiento de sendas acciones de tutela que se interpusieron en contra del
Instituto de Seguros Sociales -I.S.S- por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna
de dos personas a quienes se les negó la pensión de invalidez por no cumplir
los requisitos de la Ley 100 de 1993 sin tener en cuenta su estado de debilidad
manifiesta originado en calificaciones de pérdida de la capacidad laboral
superiores al 50%.
En esa ocasión, la referida Sala trajo a cuento el
principio de la condición más beneficiosa para efectos de que se determinase si
era posible conceder la prestación reclamada bajo los parámetros del Acuerdo
049 de 1990. De ahí que amparándose en nutrida jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que ha admitido la posibilidad
de que una persona pueda pensionarse por invalidez con base en un régimen
normativo inmediatamente anterior por haber efectuado aportes suficientes para
acceder a dicha prestación, resolvió dispensar la protección constitucional
impetrada sobre la base de que los actores, además de poseer porcentajes de
pérdida de la capacidad laboral superiores al 50%, habían cotizado más de 300
semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Esto es así, por
cuanto la seguridad social tiene unas finalidades específicas de cubrimiento de
ciertas contingencias que ni siquiera los cambios normativos pueden desconocer
o alterar, prevaleciendo los principios que la inspiran, tales como la
eficiencia, la integralidad, la universalidad y la solidaridad[76].
6.8.2.2. Ese criterio fue prácticamente reproducido
por la misma Sala de Revisión en la Sentencia T-320 de 2014[77], a propósito de la
formulación de un recurso de amparo constitucional contra la Administradora
Colombiana          de Pensiones -Colpensiones-, por negarse a adjudicar la
pensión de invalidez al actor con sustento en el régimen legal del artículo 1º
de la Ley 860 de 2003, aun cuando éste presentó dictamen médico laboral en el
que se le había valorado con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral
del 69,15%, estructurada el 27 de julio de 2005, y cotizaciones equivalentes a
524 semanas, por no haberlas aportado dentro de los últimos tres años
anteriores a la estructuración de la invalidez.
Tras pronunciarse sobre la evolución legislativa de
los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a
partir del Decreto 758 de 1990, la referida Sala admitió que la Corte
Constitucional, de tiempo atrás, había admitido la consagración constitucional e incluso legal de la
condición más beneficiosa, que se encuentra garantizada mediante la aplicación
del principio de favorabilidad en materia laboral que impone determinar, en
cada caso concreto, cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador[78].
Por manera que, para aplicar cabalmente el principio
de la condición más beneficiosa a las solicitudes de reconocimiento de
pensiones de invalidez, es indispensable determinar si el trabajador cumplió,
durante la vigencia de la norma que habría de ser aplicada, los presupuestos en
ella establecidos para     la obtención de la prestación, que no son otros que
los que estarían vigentes en caso de no haber sido ella modificada.
Así las cosas, la Sala encontró que si bien el actor no
cumplía con los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, vigente al momento
en que cesaron sus cotizaciones, sí acreditaba las exigencias pronosticadas en
la norma anterior, esto es el artículo 6° del Decreto 758 de 1990, que exigía haber cotizado al Seguro Social 300 semanas en cualquier
época, con anterioridad al estado de invalidez, las cuales se pagaron antes del
1° abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993. De esta manera,
es claro que el actor sí cumplió los requisitos para acceder a la pensión de
invalidez, de conformidad con lo previsto en la referida norma de 1990, que
para su caso resultaba ser la más beneficiosa[79].
6.8.2.3. Siguiendo análoga línea de
interpretación, la Sala Tercera de Revisión, por virtud de la Sentencia T-190
de 2015[80],
profundizó en la temática al revisar el caso de un adulto mayor de 87 años de
edad con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 64,0% a quien la
Administradora Colombiana                de Pensiones le había negado el acceso
a la pensión de invalidez descrita en el texto original del artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, por no tener
formalizados aportes durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior
al instante en que se produjo su estado incapacitante, ya que se encontraba
inactivo en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones.
Como propuesta de solución a la polémica,
la respectiva Sala optó por emplear el principio de la condición más
beneficiosa con base en el régimen legal anterior al vigente, tras descubrir en
los reportes de semanas cotizadas por el accionante una vasta densidad de contribuciones
ejecutadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Esa lectura
del asunto derivó automáticamente en la confrontación del artículo 6º del
Acuerdo 049 de 1990, cuyos supuestos hicieron asequible el derecho prestacional
discutido al demostrarse 515 de las 300 semanas exigidas en cualquier época con
anterioridad al estado de invalidez[81].
6.9. De
un repaso integral del marco normativo y jurisprudencial en que se desenvuelve
el asunto bajo estudio, bien puede colegirse que el principio de la condición
más beneficiosa puede definirse como una institución jurídica por medio de la
cual, frente a un cambio normativo, una disposición legal derogada del
ordenamiento recobra vigencia para producir efectos jurídicos en una situación
concreta.
Ahora bien, cabe precisar que la aplicabilidad de dicho
principio, en materia de pensiones de invalidez, se sujeta a la concurrencia de
una serie de requisitos o presupuestos, siendo el primero que se presente una
sucesión normativa, es decir, que haya un tránsito legislativo y que esas
varias normas hayan sido aplicables al afiliado durante su vinculación al
sistema de pensiones. Pero además, es forzoso que, bajo el imperio de la
normatividad de la cual se depreca su aplicación, se hayan logrado completar los
presupuestos para dejar causado el derecho reclamado[82].
7.      Caso Concreto
7.1. Establecido que el señor Heberto Serna Martínez
no logró acceder a la prestación económica por concepto de invalidez al
incumplir los presupuestos incluidos en el artículo 5º del Decreto 3041 de 1966
y en el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, esta Sala de Revisión
procederá a verificar el contenido del parágrafo 2º del artículo 1º de la
última norma en referencia, cuya aplicación fue descartada de plano por la
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a efectos de determinar
si con ello el actor puede asegurar el efectivo reconocimiento y pago de la
pensión reclamada.
7.2. Sea esta la oportunidad, sin embargo, para
advertir anticipadamente que el proceder de la Administradora Colombiana de
Pensiones -Colpensiones-, reflejado en los actos administrativos mediante los
cuales hizo nugatoria la pensión de invalidez pretendida, incide ostensiblemente
en la garantía del derecho fundamental al debido proceso administrativo que se
radica en cabeza del señor Serna Martínez, ya que durante todo el trámite
pensional la entidad aseguradora evadió su deber de conferirle, en sustitución,
una indemnización equivalente a la que le hubiere correspondido en el caso de
la        indemnización sustitutiva de la pensión de vejez prevista en el
artículo 37 de    la Ley 100 de 1993, si consideraba que al momento de
invalidarse no reunía los requisitos legales exigidos para obtener la pensión
de invalidez.
Desde luego, una actuación de esta índole, además de desconocer
la existencia del principio de favorabilidad en materia laboral y el carácter
público que ostentan las leyes del trabajo, configura, indefectiblemente, un
enriquecimiento sin causa, debido a que la retención opera sobre un capital que
no es más que el fruto exclusivo del ahorro del trabajador[83].
7.3. Hecha esta observación preliminar, pasará a
abordarse el estudio de la hipótesis normativa inserta en el parágrafo 2º del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que, a diferencia del numeral 1º de la misma norma
que exige 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años inmediatamente
anteriores a la invalidez, tan sólo exige que se hayan acreditado 25 semanas,
siempre y cuando “el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas
mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez”[84].
Así, entonces, se tiene que el señor Heberto Serna
Martínez, quien acredita una pérdida de la capacidad laboral del 66,99%, satisface
dicho supuesto por el análisis que se despliega a continuación:
(i) El
accionante es beneficiario del régimen de transición pensional en materia de
pensión de vejez previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar,
al 1º de abril de 1994, con 40 años de edad, pues tal y como quedó evidenciado
en los antecedentes de la providencia, su nacimiento data del 5 de agosto de
1953.
(ii) Por consiguiente, al ser beneficiario del régimen de transición, la
pensión de vejez a que hace alusión el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley
860 de 2003, es aquella delineada en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 que
fue aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
El reseñado artículo dispone que tendrán derecho a la
pensión de vejez quienes reúnan, o bien un mínimo de 500 semanas de cotización
pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años
de edad, o bien 1000 semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo.
(iii) Acudiendo al último de los supuestos enunciados en el artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990 y en aplicación del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley
860 de 2003, el señor Serna Martínez acredita más del 75% de las semanas
mínimas exigidas para acceder a la pensión de vejez, pues como se extrae del
reporte de semanas cotizadas, aportó en toda su vida laboral un aproximado de
787.14 semanas, lo que claramente supera la densidad de cotizaciones exigida en
el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, o sea, está por encima
de 750 semanas[85].
(iv)
Por fuera de lo anterior, conviene anotar que el accionante cuenta con más de
25 semanas cotizadas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha
en la que, se asume, perdió de manera permanente y definitiva su capacidad
laboral, lo cual hace relación al 31 de agosto de 2012, que en este caso debe
tomarse como referente para la determinación del derecho pensional, habida
cuenta de que la fecha de estructuración de su invalidez fue dictaminada el 5
de julio de 1954, cuando apenas contaba con 11 meses de edad y era
materialmente imposible que desarrollara actividad laboral alguna. Por manera
que, en función de la ya señalada capacidad laboral residual que le permitió
mantenerse activo productivamente por un interregno superior a los 20 años y
dadas las especiales circunstancias de sus padecimientos, excepcionalmente,
habrá de tomarse como fecha para establecer su derecho pensional aquella que,
como ya se dejó expuesto, concuerda con el último día en que realizó aportes al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones como afiliado activo.
De esta suerte, se tiene que el actor pudo acreditar 38,57
semanas. Recuérdese que, tal y como consta en los reportes de semanas cotizadas
expedidas por la misma Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-,
el señor Heberto Serna Martínez logró pagar válidamente tales aportes entre el
1º de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2012.
Son suficientes, entonces, las anteriores anotaciones
para concluir que al señor Heberto Serna Martínez le asiste el derecho de acceder
al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez conforme a los presupuestos
de hecho planteados en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003,
preceptiva vigente para el momento en que se produjo la pérdida definitiva y
permanente de su capacidad laboral residual. Por consiguiente, no resulta
necesario acudir supletivamente al principio de la condición más beneficiosa en
materia pensional para dar solución a la controversia, puesto que, como ya se
habrá advertido párrafos atrás, su aplicación solo es procedente en la medida
en que el asegurado no logre reunir los requisitos previstos en la norma
vigente para acceder a la pensión de invalidez.
7.4. Por tal motivo, esta Sala de Revisión arriba a la
conclusión según la cual la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- sí vulneró los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna
del señor Heberto Serna Martínez, al negarse a reconocerle y pagarle la pensión
de invalidez aduciendo para el efecto el incumplimiento de los requisitos
exigidos en la Ley 860 de 2003, sin haber analizado integralmente su contenido,
específicamente el descrito en el parágrafo 2º del artículo 1º.
7.5. En tal virtud, se revocará el fallo dictado por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala de Decisión Civil
Familia- que, a su vez, confirmó la decisión dictada por el Juzgado Primero de
Familia de Pereira, en cuanto si bien coincidieron en reconocer la jurisprudencia
constitucional sobre el deber de las administradoras y de los fondos de
pensiones de tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha
de estructuración de invalidez a quienes se les diagnostica enfermedades
degenerativas, congénitas o crónicas, no tuvo en cuenta, como ya se explicó, la
aplicación íntegra del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 como un elemento
esencial en el caso concreto para la configuración del derecho a la pensión de
invalidez.
En consecuencia, se dejarán sin efecto las resoluciones
mediante las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
negó la pensión de invalidez solicitada por el señor Heberto Serna Martínez y
se le ordenará a dicha entidad que, en un término perentorio, expida el acto
administrativo que la reconozca en su favor y se le incluya en la nómina de
pensionados, procediendo a pagar las mesadas dejadas de percibir que, en los
términos de ley no hayan prescrito para su cobro[86].
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO-. REVOCAR, por las razones expuestas en esta
providencia, la sentencia proferida el 3 de agosto de 2015 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira -Sala de Decisión Civil
Familia- que, a su vez, confirmó la decisión dictada el 12 de junio de 2015 por
el Juzgado Primero de Familia de Pereira y, en su lugar, TUTELAR los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna
del señor Heberto Serna Martínez.
SEGUNDO-. DEJAR
SIN EFECTO las Resoluciones
No. 2780 del 22 de junio de 2011, GNR 006346 del 12 de noviembre de 2012 y VPB
2008 del 5  de julio de 2013, expedidas por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- que resolvieron negar el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez al señor Heberto Serna Martínez por no contar
con los requisitos exigidos al amparo del Decreto 3041 de 1966.
TERCERO-. ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones           -Colpensiones- que, en el término
improrrogable de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación
de la presente providencia, expida nuevo acto administrativo en el que
reconozca, con carácter definitivo, la pensión de invalidez al señor Heberto
Serna Martínez, incluyéndosele en nómina inmediatamente y pagándole las mesadas
dejadas de percibir que, en los términos de ley no hayan prescrito para su
cobro.
CUARTO-. Líbrese la comunicación de que trata el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado Ponente
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Consultar copia simple de la Cédula de Ciudadanía del señor Heberto Serna
Martínez en folio No. 18 del Cuaderno Principal del Expediente.
[2]
Consultar copia simple del Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones por parte
del señor Heberto Serna Martínez en folios 13 a 15 del Cuaderno Principal del
Expediente.
[3]
Para la Organización Mundial de la Salud, la poliomielitis “es una
enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y
puede causar parálisis en cuestión de horas. Los síntomas iniciales son fiebre,
cansancio, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. Una
de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible -generalmente de las
piernas- y un 5% a 10% de los casos los afectados fallecen por parálisis de los
músculos respiratorios”. Consultar http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/es/.
[4] El diccionario médico de la Clínica
Universidad de Navarra define la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica como aquella que “abarca bajo su
denominación patologías como el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y la
afectación por asma de larga duración. La EPOC es una enfermedad caracterizada
por una obstrucción de los bronquios no reversible que, en los casos más
severos, puede estar asociada a una destrucción del pulmón. Además, estos
pacientes pueden presentar tos, flemas, pitidos y falta de aire”. Consultar
http://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/enfermedad-pulmonar-obstructiva-cronica.
[5]
La parálisis diafragmática es la pérdida del
movimiento del diafragma. En pacientes afectos de enfermedades pulmonares
crónicas, suele agravar su sintomatología respiratoria. Las parálisis
bilaterales suelen cursar con ortopnea y trastornos respiratorios durante el
sueño provocando consecuentemente, somnolencia diurna. Consultar
http://www.mapfre.es/salud/es/cinformativo/paralisis-diafragmatica.shtml.
[6]
Según el diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, la hipoxia “es
la disminución de la disponibilidad de oxígeno por un órgano o de todo el
organismo”. Consultar
http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/hipoxia.
[7]
Según el diccionario médico de la Clínica Universidad de Navarra, la
paraparesia flácida “es la disminución de fuerza en los miembros inferiores
(más frecuentemente) o los superiores”. Consultar
http://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/paraparesia.
[8]
Consultar copia simple del dictamen sobre la determinación de la pérdida de
capacidad laboral del señor Heberto Serna Martínez, expedido por la Gerencia
Nacional de Atención al Pensionado del Instituto de Seguros Sociales el 24 de
enero de 2011, en folio No. 19 del Cuaderno Principal del Expediente.
[9]
Consultar copia simple de la Resolución No. 2780 del 22 de junio de 2011, por
medio de la cual se resolvió negar la pensión de invalidez de origen no
profesional al señor Heberto Serna Martínez en folios 16 y 17 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[10] “Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social
obligatorio de invalidez, vejez y muerte”. El artículo 5º alude a las
condiciones que deben reunir los asegurados para tener derecho a la pensión de
invalidez de la siguiente manera: “(…) a. Ser inválido permanente
conforme a lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley 90 de 1948; b. Tener
acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de cotización dentro de los seis (6)
años anteriores a la invalidez, setenta y cinco (75) de las cuales deben
corresponder a los últimos tres (3) años”.
[11] La respuesta completa ofrecida por el Instituto de Seguros Sociales
-Seccional Risaralda- al señor Serna Martínez para refutar su reclamación es
como se sigue:
“(…) Que en el expediente obra Dictamen Médico Laboral emitido por
la oficina de Medicina Laboral del ISS, competente de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2463 de 2001, en el cual se establece que el asegurado HEBERTO
SERNA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 10.080.718,
presenta una pérdida de capacidad laboral del 66,99% estructurada a partir de
‘refiere poliomielitis aprox. a los 9 meses de edad.
Que
revisado el reporte de semanas expedido por la Vicepresidencia de Pensiones del
Seguro Social se establece que la asegurada [sic] HEBERTO
SERNA MARTÍNEZ, no cuenta con semanas cotizadas para acceder a la
pensión de invalidez solicitada, ya que para que esta se pueda conceder es
necesario que el asegurado haya cumplido con los requisitos exigidos por la
Ley; uno de los cuales son las semanas cotizadas antes de la fecha de
estructuración de la invalidez, y por ser ésta estructurada con fecha de
nacimiento no habría tiempos que contar (…)”. (Negrillas propias del
texto original).
[12] Ver folio No. 77 del Cuaderno Principal del Expediente.
[13] Ver folios 80 y 81 del Cuaderno Principal del Expediente.
[14] “Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995”. Se trata
del Manual Único para la Calificación de la Invalidez que es aplicable a todos
los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores público,
oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general,
para determinar la pérdida de la capacidad laboral de cualquier origen, de
conformidad con lo establecido por los artículos 38, siguientes y concordantes
de la Ley 100 de 1993, el 46 del Decreto-Ley 1295 de 1994 y el 5º de la Ley 361
de 1997.
[15] Según se advierte del Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones
entre el 1º de julio de 2010 y el 31 de agosto de 2012, el señor Heberto Serna
Martínez cotizó 38.57 semanas. Esta información se tendrá por cierta pese a los
tiempos de servicio reconocidos en la Resolución No. GNR 205784 del 14 de
agosto de 2013, por medio de la cual la Gerencia Nacional de Reconocimiento de
la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de la Administradora Colombiana
de Pensiones -Colpensiones- negó al señor Heberto Serna Martínez el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Ver folios 78 y 79 del Cuaderno
Principal del Expediente.
[16] La apoderada judicial del señor Heberto Serna Martínez funda sus
declaraciones a partir de extractos de la Sentencia T-549 de 2014, proferida
por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional. Ver folios 5 a 11
del Cuaderno Principal del Expediente.
[17] Ver folio No. 21 del Cuaderno Principal del Expediente.
[18] Debe anotarse que en el expediente contentivo de la presente acción
de tutela obra en físico la respuesta extemporánea que la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones- emitió frente al requerimiento judicial,
en la que pide que se declare la improcedencia del recurso de amparo por
desconocimiento del presupuesto de subsidiariedad, debido a que no se agotaron
todos los mecanismos ordinarios de defensa judicial dispuestos en la ley y al
alcance del accionante. Ver folios 73 a 81 del Cuaderno Principal del
Expediente.
[19] Normatividad por la cual se determina y reglamenta la entrada en
operación de la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-. Ver
folios 32 a 45 del Cuaderno Principal del Expediente.
[20] Ver folios 47 a 58 y 65 a 72 del Cuaderno Principal del Expediente.
[21] Ver folios 1 a 13 del Cuaderno No. 3 del Expediente.
[22] En
el referido Auto, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez dispuso la
acumulación entre sí de los expedientes T-5.204.735, T-5.206.105 y T-5.206.106,
por presentar unidad de materia, para que fueran decididos en una misma
sentencia, si así lo consideraba la respectiva Sala de Revisión. Sin embargo,
mediante Auto del 26 de enero de 2016, la Sala Segunda de Revisión resolvió
desacumular los expedientes por tratarse de procesos cuyas circunstancias
fácticas envolvían problemáticas jurídicas disímiles e imponían la aplicación
de variados fundamentos legales y jurisprudenciales para su resolución. Ver
folios 16 y 17 del Cuaderno No. 4 del Expediente.
[23] Para la elaboración del presente acápite se analizó el memorial que
la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- allegó al despacho del
Magistrado Sustanciador el 5 de febrero de 2016. En aquel, la Gerente Nacional
de Doctrina (E) de la Vicepresidencia Jurídica de la entidad exhibió un informe
con los nuevos criterios jurídicos internos a través de los cuales se trazaron
nuevas líneas operativas y reglas para la solución de casos como el del señor
Heberto Serna Martínez que, en su parecer, exigían pronunciarse sobre      i)
la falta de reglamentación que defina con claridad las categorías de
enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas; y ii) la identificación de
los incentivos que genera la jurisprudencia constitucional para las personas
que con ese tipo de enfermedades realizan cotizaciones hacia el futuro con el
fin de planificar el reconocimiento de pensiones de invalidez. Ver folios 19 a
23 del Cuaderno No. 4 del Expediente.
[24] La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara y
enfática en declarar que el juez de tutela es el encargado de impulsar
oficiosamente el proceso y, para ello, deberá averiguar no solo todos los
hechos determinantes sino los derechos que pueden resultar afectados en cada caso.
Por esa razón, en principio, le corresponde al juez corregir los errores del
actor al formular la petición o exponer los fundamentos de derecho. Esa
facultad permite ir más allá de los alegatos de las partes para identificar
realmente cuáles son los derechos amenazados o vulnerados y pronunciarse sobre
aspectos que no hayan sido expuestos como fundamento de la solicitud, pero que
exigen una decisión por vulnerar o impedir la efectividad de los derechos
fundamentales que el actor pretende proteger. Al respecto, consultar, entre
otras, la Sentencia T-886 de 2000.
[25] Según lo ha definido la Corte Constitucional, “la reiteración de jurisprudencia es un método de
adjudicación apropiado para resolver problemas jurídicos de frecuente aparición
en determinados escenarios constitucionales. La técnica citada consiste en
recordar y aplicar las subreglas definidas por la jurisprudencia en supuestos
fácticos análogos a los que presenta el caso de estudio. El método comporta
celeridad a la administración de justicia y cumple otros fines
constitucionalmente valiosos, como se explica a continuación: En primer
término, la reiteración de jurisprudencia contribuye a la unificación de la
interpretación consolidando las subreglas jurisprudenciales en el tiempo,
aspecto imprescindible para una aplicación adecuada de los derechos
fundamentales, contenidos en cláusulas de notoria apertura semántica; en
segundo lugar, propende por la consolidación de una cultura de respeto al
precedente lo que, a su vez, dota de eficacia al principio de igualdad, pues
permite que se corrijan aquellos fallos en que los jueces, bajo
escenarios fácticos similares, llegan a consecuencias diversas por la
inaplicación de subreglas decantadas por vía jurisprudencial; finalmente,
beneficia la confianza ciudadana en la administración de justicia, dado que los
jueces adoptarán sus decisiones bajo reglas claras y derroteros señalados por
los órganos de cierre del sistema jurídico”.
Sentencia T-589 de 2011. Sobre el tema de reiteración de jurisprudencia también
pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-505 de 2008 y T-662 de 2013.
[26] En relación con el principio de subsidiariedad de la acción de
tutela pueden consultarse, entre otras, las Sentencias T-287 de 1995, T-384 de
1998, T-554 de 1998, SU-086 de 1999, T-716 de 1999, T-156 de 2000, T-418 de
2000, T-815 de 2000, SU-1052 de 2000, T-482 de 2001, T-1062 de 2001, T-1062 de
2001, T-135 de 2002, T-500 de 2002, T-179 de 2003, T-723 de 2010, T-063 de
2013, T-230 de 2013 y T-491 de 2013.
[27] Consultar, entre otras, las Sentencias SU-037 de 2009, T-212 de
2009, T-136 de 2010, T-778 de 2010,          T-114 de 2014, T-563 de 2014,
T-708 de 2014, T-822 de 2014 y T-190 de 2015.
[28] La Carta Política le impone a las autoridades de la República la
obligación de proteger a todas las personas en sus derechos y libertades -C.P.
art. 2º-, por lo que debe entenderse que los diversos mecanismos judiciales de
defensa previstos en la ley, han sido estatuidos como instrumentos de carácter
preferente a los que deben acudir las personas en búsqueda de la efectiva
garantía de protección de sus derechos. De ahí que se justifique el carácter
subsidiario de la acción de tutela. Sobre la temática, consultar, entre otras,
las Sentencias T-106 de 1993, SU-544 de 2001, T-983 de 2001, T-514 de 2003,
T-1017 de 2006, SU-037 de 2009 y T-715 de 2009.
[29] Esta aproximación encuentra pleno respaldo
en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, el cual, al referirse a las
causales de improcedencia de la acción de tutela, puntualiza claramente que la
existencia de otros medios de defensa judicial tendrá que ser apreciada en
concreto, atendiendo al grado de eficiencia y efectividad del mecanismo
judicial para encarar las específicas circunstancias en que se encuentre el
solicitante al momento de invocar la protección del derecho presuntamente
conculcado. Disposición normativa declarada exequible por medio de la Sentencia
C-018 de 1993.
[30] Consultar, entre otras, las Sentencias T-453 de 2009, T-660 de
1999, T-708 de 2009, T-049 de 2010,            T-482 de 2010, T-595 de 2011,
T-637 de 2011, SU-189 de 2012, T-482 de 2012, T-037 de 2013 y T-494 de 2013.
[31] Consultar, entre otras, la
Sentencia T-528 de 1998.
[32] Sentencia T-660 de 1999.
[33] Por ejemplo, en la Sentencia T-033 de
2002, la Sala Quinta de Revisión de este Tribunal expuso que “(…) Sin
embargo, aunque dicha acción laboral constituye un remedio integral para la
protección de los derechos fundamentales relacionados con el reconocimiento de
una pensión, su trámite procesal - que ante situaciones normales es considerado
eficaz en la protección de los derechos- puede no resultar idóneo para la
obtención de los fines que se persiguen, atendiendo las circunstancias fácticas
del caso concreto o la situación personal de quien solicita el amparo. De esta
forma, si se controvierte un asunto de esta naturaleza a través de la acción de
tutela, el juez constitucional debe evaluar y calificar el conflicto planteado,
para determinar si el medio alternativo de defensa judicial con el que cuenta
el accionante es lo suficientemente expedito para proteger sus derechos
fundamentales, pues de lo contrario, debe ser protegido inmediatamente a través
de la acción de tutela para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable”.
[34] Consultar, entre otras, la
Sentencia T-083 de 2004.
[35] Sobre el criterio de la inmediatez pueden consultarse, entre otras,
las Sentencias T-425 de 2009, T-342        de 2012, T-599 de 2012, T-194 de
2014, T-210 de 2014, T-344 de 2014 y T-040 de 2015.
[36] Sobre la indefensión, consultar, entre otras, las Sentencias T-771
de 2003, T-655 de 2008 y T-337 de 2012. Adicionalmente, es del caso precisar
que existen algunas circunstancias en las que la indefensión no alude a la
insuficiencia de mecanismos jurídicos de defensa. Se trata de eventos en los
cuales las circunstancias de hecho demuestran la existencia de una relación
intersubjetiva, de tal jerarquía, que es necesario dotar a la parte sometida de
un mecanismo eficaz de defensa de sus derechos, so pena de que sucumban ante el
poder de la parte dominante. En este sentido, consultar las Sentencias T-338 de
1993 y T-125 de 1994.
[37] Sobre el estado de vulnerabilidad, consultar, entre otras, las
Sentencias T-702 de 2008, T-1151 de 2008 y    T-331 de 2014.
[38] Sobre el estado de debilidad manifiesta, consultar, entre otras,
las Sentencias T-577 de 2010, T-947 de 2010, T-337 de 2012, T-348 de 2012,
T-354 de 2012, T-597 de 2013 y T-077 de 2014.
[39] Sobre la naturaleza fundamental, esencial e irrenunciable de la
pensión de invalidez, consultar, entre otras, las Sentencias T-239 de 1993,
T-209 de 1995, T-032 de 2012, T-896 de 2013, T-158 de 2014, T-208 de 2014,
T-618 de 2014 y T-348 de 2015.
[40] Artículo 6º del Decreto 758 de 1990.
[41] Según el artículo 5º del Acuerdo 049 de 1990, un inválido
permanente total “es el afiliado o asegurado que por
enfermedad no profesional o por lesión distinta de accidente de trabajo, haya
perdido el 50% o más de su capacidad laborativa para desempeñar el oficio o
profesión para el cual está capacitado y que constituye su actividad habitual y
permanente. La cuantía básica de esta pensión será del 45 % del salario mensual
de base”.
[42] A partir de lo vertido en el Artículo 5º del Acuerdo 049 de 1990,
un inválido permanente absoluto “es el afiliado o asegurado que por
enfermedad no profesional o por lesión distinta de accidente de trabajo, haya
perdido su capacidad laboral para realizar cualquier clase de trabajo
remunerado. La cuantía básica de esta pensión será del 51% del salario mensual
de base”.
[43] Del artículo 5º del Acuerdo 049 de 1990 se tiene por gran inválido
al “afiliado o asegurado que por enfermedad no profesional o por lesión
distinta de accidente de trabajo, haya perdido su capacidad laboral en un grado
tal que necesite de la asistencia constante de otra persona para movilizarse,
conducirse o efectuar los actos esenciales de la existencia. La cuantía básica
de esta pensión será del 57% del salario mensual de base”.
[44] Respecto de acciones de tutela en las que se haya abordado el
estudio del Acuerdo 049 de 1990, consultar, entre otras, T-493 de 2013, T-832ª
de 2013, T-143 de 2014, T-175 de 2014, T-780 de 2014, T-884 de 2014,    T-361
de 2015 y T-482 de 2015.
[45] Artículo 38 de la Ley 100 de 1993. Sobre el particular, consultar,
entre otras, las Sentencias T-622 de 2011, C-589 de 2012 y C-458 de 2015.
[46] Según el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 “Las personas que habiendo cumplido la edad
para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas
exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a
recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de
liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas;
al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes
sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
[47] El artículo 11 de la Ley 797 de 2003
intensificó los requisitos para el acceso a la pensión de invalidez, de la
manera que a continuación se revela: “(…) 1.
Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad
de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido
entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez.
2.
Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los
tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo.
Los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26
semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su
invalidez o su declaratoria”. Sobre el particular,
debe señalarse que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1056 de 2003,
declaró la inexequibilidad de dicho precepto por haberse incurrido en el
desconocimiento del principio de consecutividad en el trámite que debió seguir
el proyecto de ley en el Congreso -vicios de procedimiento en su formación-.
[48] Consultar, entre otras, las Sentencias T-974 de 2005, T-1291 de
2005, T-221 de 2006, T-043 de 2007,         T-699A de 2007, T-018 de 2008,
T-485 de 2009 y T-951 de 2009.
[49] Consultar la Sentencia C-428 de 2009.
[50] Según quedó expuesto en la Sentencia C-428
de 2009, aunque si bien era cierto que se había aumentado el número de semanas
mínimas de cotización exigidas de 26 a 50, también lo era que se había
extendido el plazo para hacer valer las semanas de 1 a 3 años anteriores a la
estructuración de la invalidez, atendiendo principalmente la inestabilidad del
mercado laboral.
[51] Este parágrafo fue declarado exequible en la Sentencia C-020 de
2015, bajo el entendido de que se aplique, en cuanto sea más favorable, a toda
la población joven que, conforme ha sido señalado en distintas Salas de
Revisión de la propia Corte Constitucional, cobija a la población que tenga
hasta 26 años, inclusive.
[52] Consultar los artículos 33 a 37 de la Ley 100 de 1993.
[53] Consultar, PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Los principios del Derecho
del Trabajo”. Segunda Edición, Depalma Editores, Buenos Aires, 1978, pág 9.
El tratadista relieva en su obra que “los principios generales del derecho
al trabajo contemplan, abarcan y comprenden una serie indefinida de
situaciones. Sirven para inspirar a una norma, para entenderla y hasta
suplirla, además de constituir el cimiento de toda la estructura
jurídico-normativa laboral. De hecho, los principios armonizan las normas y las
relacionan entre sí, evitando que el sistema se transforme en una serie de
fragmentos inconexos. Esa vinculación, precisamente, contribuye a la sistematización
del conjunto y a diseñar la peculiar individualidad de cada rama del Derecho”. Sobre
el tema consultar, igualmente, a WAGNER, Giglio. “Los Procesos Laborales: su
autonomía científica, dogmática y normativa”. IET-CIAT, Lima, 1984.
[54] “Históricamente el Derecho del Trabajo surge como consecuencia de
que la libertad de contratación entre personas con desigual poder y resistencia
económica conducía a distintas formas de explotación. Incluso, las más abusivas
e inicuas. El Legislador no pudo mantener más la ficción de una igualdad
existente entre las partes del contrato de trabajo y tendió a compensar esa
desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica
favorable al trabajador”. Ibídem, pág 25.
[55] La aplicación práctica del principio de la condición más
beneficiosa puede comportar dos consecuencias   “(i) Cuando se dicta una
norma de carácter general aplicable a todo un conjunto de situaciones laborales,
éstas quedan modificadas en sus condiciones anteriores en cuanto no sean, para
el trabajador que ya venía prestando sus servicios, más beneficiosas que las
nuevamente establecidas y (ii) la nueva regulación habrá de respetar como
situaciones concretas reconocidas en favor del trabajador o trabajadores
interesados, aquellas condiciones que resulten más beneficiosas para éstos que
las establecidas para la materia o materias de que se trate por la nueva
normación”. Alonso García, Manuel. Curso de Derecho del Trabajo. Barcelona.
Editorial Ariel, 1980.
[56] Consultar Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Radicación No. 6448 del 31 de julio de 1979. En esa oportunidad, al estudiar la
posibilidad de variación de las condiciones pactadas en un contrato de trabajo,
la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia expresó que no
existía en la legislación laboral norma que prohibiera modificar un contrato de
trabajo, así fuera para disminuir los beneficios del trabajador. Esto, como
quiera que en el derecho positivo no estaba consagrado el principio de la
condición más beneficiosa.
[57] Si bien el principio de
la condición más beneficiosa no se halla expresa y claramente prevista en una
norma o precepto legal, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de
Justicia han reconocido su existencia y aplicación a partir del artículo 53 de
la Constitución Política, tanto del inciso 2º como del inciso final. El
contenido textual de la mencionada disposición es el siguiente: “El Congreso expedirá el estatuto del
trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes
principios mínimos fundamentales:
Igualdad
de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación
de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía
a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado
garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los
convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de
la legislación interna.
La
ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar
la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto original). Consultar, a este respecto,
la Sentencia T-832A de 2013, la cual recoge el criterio jurisprudencial
conforme al cual el artículo 53 constitucional garantiza la protección de la “situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales del derecho”, a través de dos principios
hermenéuticos: (i) favorabilidad en sentido estricto e (ii) in dubio
pro operario. “A su turno, derivado de la prohibición de menoscabo de los
derechos de los trabajadores (Art. 53 y 215
C.P.) se desprende (iii) la salvaguarda de las expectativas legítimas mediante
la aplicación del criterio de la condición más beneficiosa al trabajador o
beneficiario de la seguridad social.”
[58] Consultar el artículo 272 de la ley 100 de 1993, el cual se refiere
a que el Sistema Integral de Seguridad Social no tendrá, en ningún caso,
aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de
los trabajadores. En tal sentido, los principios mínimos fundamentales
consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez
y eficacia.
[59] Consultar, entre muchas otras, las Radicaciones No. 28503 del 21 de
septiembre de 2006, 29179 del 14 de noviembre de 2006, 30085 del 10 de julio de
2007, 29620 del 12 de febrero de 2007, 35658 del 10 de febrero de 2009, 35129
del 16 de marzo de 2009, 34404 del 5 de mayo de 2009, 37358 del 13 de abril de
2010 y 36621 del 9 de junio de 2010 de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Adicionalmente, contrastar dichos pronunciamientos con las
Sentencias T-951 de 2003 y T-221 de 2006, en cuanto justifican la falta de
creación de un régimen de transición para la pensión de invalidez.
[60] En la Sentencia T-719 de 2014, la Sala
Primera de Revisión de la Corte Constitucional se cuestionó sobre si era
posible utilizar el principio de la condición más beneficiosa para aplicar un
régimen distinto                        al inmediatamente anterior u otro más
antiguo, esto es, no siendo disposiciones legales sucesivas, teniendo como respuesta
que no bastaba efectuar reformas legislativas sucesivas para suprimir la
protección de las expectativas legítimas, pues una medida tal desconocería la
necesidad de tomar en consideración aspectos como la proximidad entre el cambio
legislativo que varió los presupuestos de reconocimiento de la garantía
pretendida y el instante en que la persona adquiriría definitivamente la
pensión, la intensidad del esfuerzo económico desplegado por el afiliado, entre
otros elementos indispensables para determinar una protección razonable y
proporcionada de los derechos eventuales como los índices de desempleo, los
niveles de informalidad laboral o la ausencia de mecanismos de protección
social supletorios. Consultar, así mismo, entre otras, las Sentencias T-062A de
2011, T-595 de 2012, T-832A de 2013, T-012 de 2014, T.586 de 2015 y T-737 de
2015.
[61] M.P. Camilo Tarquino Gallego.
[62] M.P. Camilo Tarquino Gallego.
[63] Esta postura fue adoptada por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia a partir de las Sentencias del 19, 25 y 26 de julio
de 2005, Radicaciones No. 23178, 24242 y 23414, respectivamente.
[64] M.P. Luis Javier Osorio López.
[65] Al respecto, se citan las Sentencias del 31 de enero, 30 de marzo y
24 de julio de 2006, Radicaciones         No. 25134, 27194 y 27514,
respectivamente.
[66] En
la Sentencia en cita se manifestó que por virtud de lo señalado en el artículo
31 de la Ley 100 de 1993, los Acuerdos del Seguro Social o disposiciones para
los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del ISS, se continúan
aplicando, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la
mencionada ley, por lo que no es de recibo aducir que el Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 0758 de igual año, hubiese quedado completamente
derogado.
[67] Sobre la diferencia entre una “expectativa de derecho” y una
“mera expectativa” puede consultarse la Sentencia del 18 de agosto de
1999 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Radicación
No. 11818.
[68] M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
[69] M.P. Rigoberto Echeverri Bueno.
[70] Dichas reglas también fueron expuestas por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las Sentencias del 10 de julio de
2007, Radicación No. 30083; del 21 de septiembre de 2010, Radicación No. 41731
y del 15 de mayo de 2012, Radicación No. 39204.
[71] En la Sentencia en mención se precisó
también que en aras de garantizar que se trate de una medida que resguarde una
posición o supuesto de hecho alcanzado por el asegurado, y no simplemente de
una ilegal aplicación de un precepto derogado, se debía cumplir con el número
mínimo de semanas exigido en la norma anterior, mientras estuvo vigente y no en
cualquier tiempo. Por ello había desarrollado una serie de limitantes, entre
las que se encuentran “i)
Las 300 semanas que prevé el artículo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 de 1990, deben haber sido cotizadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y no en cualquier época y ii) De
igual forma, las 150 semanas, que también establece la norma, deben haberse
verificado dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y también dentro de los seis (6) años anteriores
a la estructuración del estado de invalidez, sin que, en todo caso, dicho
periodo se extienda más allá del sexto año de vigencia de la
Ley 100 de 1993”.
Consultar, a este respecto, la Sentencia de la Sala de Casación de la Corte
Suprema de Justicia del 19 de agosto de 2009, Radicación No. 33238.
[72] M.P. Gustavo Hernando López Algarra.
[73] Las consideraciones vertidas tienen fundamento en la Sentencia de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del 15 de mayo de
2012, Radicación No. 39204.
[74] Recientemente, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre
la materia en las siguientes Sentencias: Radicaciones 54093 del 11 de noviembre
de 2015, 48231 del 18 de noviembre de 2015, 48007 del 24 de noviembre de 2015 y
52560 del 2 de diciembre de 2015.
[75] M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[76] En el acápite 5 de la Sentencia se
procedió a citar in extenso el criterio expuesto por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia sobre el principio de la condición más
beneficiosa cuando se trataba de la aplicación de normas concurrentes que rigen
la pensión de invalidez, así: “En efecto, las disposiciones que rigen el
asunto y que le dan derecho al actor a la pensión de invalidez, en aplicación
del principio de la condición más beneficiosa previsto por el artículo 53 de la
Constitución Política, son los artículos  5° y 6° del Acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Ello es así, porque la demandante
acreditó la disminución de su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50
%, y cotizó más de 300 semanas antes del 1º de abril de 1994, fecha en que
empezó a regir la Ley 100 de 1993. Los argumentos para concluir lo precedente
están condensados en la sentencia 24280, del 5 de junio de 2005, por lo que
conviene de nuevo reproducirlos.
‘… entendido el derecho a la seguridad
social, dentro de esa especial  categoría, sobre los principios que lo
inspiran, vale decir, la eficiencia, la integralidad, la universalidad, y la
solidaridad, es indudable que no podría truncársele a una persona el derecho a
pensionarse, como en este caso, si ha cumplido aportaciones suficientes para
acceder a él, bajo un régimen como el del Acuerdo 049 de 1990, porque, en
perspectiva de la finalidad de protección y asistencia de la población, con el
cubrimiento de los distintos riesgos o infortunios, no resultaría viable vedar
el campo de aplicación de dicha normativa, con el pretexto de que la nueva ley,
sin tener en cuenta aquella finalidad y cotizaciones, exige que se aporten por
lo menos 26 semanas anteriores a la invalidez (si se trata de un cotizante), o,
contabilizadas en el año anterior al suceso, así no se encuentre cotizando, o
se halle desafiliado. Desde luego que no se desconoce el efecto general
inmediato de las normas laborales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
16 del C. S. del T. Lo que ocurre es que en eventos como el analizado, se debe
tener en cuenta que para acceder a la pensión de invalidez, así como a la
causada por muerte, no resulta válido considerar como único parámetro para
determinar si existe o no el derecho correspondiente, la fecha del respectivo
acontecimiento (incapacidad para laborar o deceso); es necesario adicionalmente
observar el conjunto de postulados y la naturaleza misma del derecho a la
seguridad social, con miras a lograr el amparo y la asistencia propuestos
constitucionalmente, y a los cuales se arriba con la puesta en vigor de
las instituciones legalmente previstas.
Resultaría el sistema ineficaz, sin sentido
práctico y dinámico además, si se negara el derecho pensional a quien estuvo o
está afiliado a la seguridad social, y cumplió con un número de aportaciones
tan suficiente… que, de no haber variado la normatividad, se repite, para
disminuir la densidad de cotizaciones, con inmediatez al año anterior al
infortunio, hubiera obtenido el derecho pensional sin reparo alguno. De
suerte que no resulta acorde con la lógica, ni conforme con los ordenamientos
constitucionales y legales, que una modificación como la introducida por la Ley
100 de 1993, desconozca aquellas cotizaciones, y le impida procurarse su
subsistencia y, posiblemente, la de su grupo familiar, a través de la pensión,
pues ello contrariaría los principios del régimen antes anotados, que le
permiten, a quien ha padecido una novedad hacerle frente, mediante el acceso a
la pensión, como consecuencia de los aportes válidamente realizados antes de su
acaecimiento”.
Sentencia del 5 de febrero de 2008, Radicación No. 30528, Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Camilo Tarquino Gallego. Este
aparte fue replicado por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
en las Sentencias T-298 de 2012, 595 de 2012, T-1042 de 2012 y T-508 de 2013.
[77] M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[78] Consultar las Sentencia C-198 de 1995 y C-177 de 2005.
[79] En las consideraciones jurídicas de la
Sentencia se hizo alusión a que la Corte Constitucional, en desarrollo de la obligación
de protección laboral reforzada de las personas en situación de discapacidad,
que no pueden quedar por fuera de los sistemas de seguridad social, ha aplicado
el principio de la condición más beneficiosa y otras previsiones normativas que
permiten el acceso a la prestación económica de la invalidez. Consultar, entre
otras, las Sentencias T-062A de 2011, T-594 de 2011 y T- 668 de 2011.
[80] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[81] Sobre el tema de la aplicación de la condición más beneficiosa,
consultar, entre otras relativamente recientes, las Sentencias T-182 de 2015,
T-295 de 2015, T-401 de 2015, T-444 de 2015, T-480 de 2015, T-549 de 2015,
T-569 de 2015, T-586 de 2015 y T-717 de 2015.
[82] Ha de ponerse de manifiesto que para interpretar este presupuesto
se lo ha de relacionar directamente con la densidad de aportes a la fecha de
estructuración de la invalidez que, comúnmente, ocurre fuera del amparo del
régimen cuya aplicación se solicita. A este respecto, consultar, entre otras,
la Sentencia de la Sala Laboral       de la Corte Suprema de Justicia del 2 de
diciembre de 2015, Radicación No. 52560.
[83] Consultar, entre otras, las Sentencias T-850 de 2008, T-750 de
2012, T-538 de 2013, T-681 de 2013 y T-931 de 2013.
[84] El requisito mínimo de semanas cotizadas
establecido en el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, aplicable
al actor por haber cotizado el 75% de los aportes necesarios para adquirir el
derecho a la pensión de vejez, no puede tacharse de regresivo, toda vez que es
suficientemente claro que 25 semanas cotizadas en los 3 años anteriores que
exige el citado parágrafo resultan inferiores a las 26 semanas en el último año
a que se refiere el artículo 39 de la Ley 100 de 1993.
[85] Interesa destacar que el señor Heberto
Serna Martínez cumple los requisitos señalados en el acto legislativo 01 de
2005, que le permiten conservar el régimen de transición más allá del 31 de
julio de 2010, pues cuenta con más de 750 semanas cotizadas antes del 29 de
julio de 2005, teniendo en cuenta, en todo caso, que existen periodos de mora
en los años 1998 y 1999. A este respecto, consultar el reporte de semanas
cotizadas en el capítulo de antecedentes de la presente providencia.
[86] Consultar los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.