T-510-17
Sentencia T-510/17
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia cuando afecta mínimo vital y demás
derechos de personas de la tercera edad
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Precedente ha indicado que doctrina de tutela contra
providencias judiciales es aplicable a actuaciones administrativas
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Mecanismo para controvertir la legalidad de un acto
administrativo
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-lnterpretación del artículo 37 de la Ley 100/93
De
acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, en sede de tutela y en sede de
constitucionalidad, la indemnización sustitutiva en el régimen de prima media
con prestación definida es “el derecho que le asiste a las personas que no logran acreditar
los requisitos para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez, de
vejez y de sobreviviente, para reclamar -en sustitución de dicha pensión- una
indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente actualizadas”.
DERECHO A LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION
DE VEJEZ-Carácter
imprescriptible
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en
destacar la imprescriptibilidad de la indemnización sustitutiva de la pensión
y, con base en este atributo, en numerosas ocasiones ha tutelado los derechos a
la seguridad social y al mínimo vital.
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS-Procedencia por desconocimiento del precedente
constitucional en relación con la imprescriptibilidad de la indemnización
sustitutiva de pensión de vejez
La Corte encontró que, teniendo
en cuenta que “en materia de imprescriptibilidad de indemnizaciones
sustitutivas, la Corte Constitucional ha fijado como precedente que dicha
imprescriptibilidad se predica tanto de la oportunidad para solicitar el
reconocimiento de la prestación como de su posterior reclamación”, los
despachos judiciales accionados vulneraron el derecho al debido proceso de la
accionante por apartarse de este precedente, sin la debida justificación.
ACCION DE TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTO DE
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE PENSION DE VEJEZ-Orden a Colpensiones reconocer y pagar indemnización
sustitutiva
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos eventos
que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño consumado
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-A la accionante le fue negada la posibilidad de
mejorar su derecho a la pensión
Teniendo
en cuenta que la demandante pretendía la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital
mediante la revocatoria de la Resolución que concedió la indemnización
sustitutiva y la autorización para continuar cotizando al sistema integral de
seguridad social, para efectos de mejorar su derecho a la pensión y estar
amparada frente al riesgo de invalidez y frente a la muerte, respectivamente,
la Sala considera que al negar la revocatoria directa de la Resolución GNR
195249 del 1 de julio de 2016 y, posteriormente, acceder a pagar el monto de la
prestación sustitutiva indemnizatoria y devolver los aportes al sistema de
seguridad social a la empleadora de la accionante, se materializa el daño que
pretendía evitar la demandante por vía de la acción de tutela, es decir, que no
le fuera negada la posibilidad de mejorar su derecho a la pensión y estar
desamparada frente a las contingencias de invalidez y frente a la muerte, por
la falta de cotización al sistema de seguridad social de la Ley 100 de 1993.
Este daño se consumó pese a que el 14 de diciembre de 2016 la accionante
solicitó el pago de la indemnización sustitutiva, tal como la Sala pasará a
explicar.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración por
Colpensiones al negar revocatoria directa de acto administrativo que ordena el
reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,
pese a que beneficiaria desiste de manera expresa de la prestación
Colpensiones
vulneró los derechos a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital
de la demandante al negar la revocatoria directa del acto administrativo que
ordena el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez a su favor, pese a que la beneficiaria desiste de manera expresa de la
prestación, y no efectúa el cobro de misma, al decidir continuar laborando como
empleada doméstica y cotizar al sistema integral de la Ley 100 de 1993 para
efectos de mejorar su derecho a la pensión y estar amparada frente a las
contingencias de invalidez y muerte.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD-Se le informa a la accionante la opción que tiene de reintegrar la suma de dinero
correspondiente a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, así como
de continuar cotizando al sistema de seguridad social, para efectos de mejorar
su derecho a la pensión
Referencia: Expedientes T-6.070.328 y T-6.074.191
Demandante
(s): María Ester Zorro Guerrero y Ena Luz Severiche Acuña
Demandado: Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones-.
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de
dos mil diecisiete (2017)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo, Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.) y Gloria Stella Ortiz Delgado, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En la revisión de la decisión judicial
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que revocó la
Sentencia del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas de la misma ciudad,
dentro del expediente T-6.070.328 y, de la decisión de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que
confirmó la Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Barranquilla, dentro del expediente T-6.074.191.
Los expedientes
T-6.070.328 y T-6.074.191 fueron escogidos
y acumulados para revisión por la Sala de Selección Número Cuatro por medio de
Auto del 17 de abril de 2017 y repartidos a la Sala Cuarta de Revisión.
ANTECEDENTES
1.
T-6.070.328
1.1.
La solicitud
María Ester
Zorro Guerrero, promovió acción de tutela contra la Administradora Colombiana
de Pensiones, en adelante –Colpensiones-, con el propósito de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la
seguridad social presuntamente vulnerados por dicha entidad, al negarle el reconocimiento
y pago de la indemnización sustitutiva de vejez, aduciendo la prescripción por
no haber sido reclamada dentro del primer año contado a partir de su
reconocimiento.
1.2.
Hechos
1.2.1. La
señora María Ester Zorro Guerrero, tiene 67 años de edad. Durante su vida
laboral realizó aportes con fines pensionales al Instituto de Seguros Sociales,
en adelante, –ISS- y alcanzó a completar un total de 660 semanas.
1.2.2. Mediante
Resolución No. 011974 del 26 de abril de 2005, el ISS reconoció una
indemnización sustitutiva de pensión de vejez a favor de  la accionante por
valor de dos millones trescientos veintitrés mil seiscientos ochenta y cinco
pesos ($ 2.323.685).
1.2.3. Entre
el 12 y el 23 de septiembre del año 2005, el ISS fijó un edicto en el que se le
informaba a la accionante sobre el reconocimiento de una indemnización sustitutiva
pensional de vejez.
1.2.4. La
accionante afirma nunca haberse enterado del trámite ni del edicto publicado,
razón por la cual no reclamó la indemnización sustitutiva en su momento[1].
1.2.5. El
11 de abril de 2007 la demandante solicitó al ISS el pago efectivo del valor a
título de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, reconocida en la
Resolución No. 011974 del 26 de abril de 2005.
1.2.6. Mediante
oficio No. 062.02 del 17 de octubre de 2007, el ISS le informó   a la
accionante “[…] lo relativo al fenómeno de la prescripción sobre este tipo
de prestaciones en los términos del artículo 50 del Decreto 758 de 1990”[2].
1.2.7. Por
medio de escrito del 16 de abril de 2008, reiterado el 18 de abril del mismo
año, la señora Zorro Guerrero solicitó al ISS, nuevamente, el estudio de su
expediente con miras al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez.
1.2.8. En
el año 2008, reactivó las cotizaciones a pensión como trabajadora
independiente.
1.2.9.  A
través de la Resolución No. 014275 del 24 de mayo de 2010, de nuevo, el ISS
negó el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez bajo el
argumento de la aplicación del artículo 50 del Decreto 758 de 1990.
1.2.10.
“[A]nte la falta de ingresos económicos”[3], el 25 de mayo
del año 2016 la demandante solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de
la indemnización sustitutiva de pensión de vejez.
1.2.11.
Mediante Resolución GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016, suscrita
por Luis Fernando Ucros Velásquez, Gerente Nacional de Reconocimiento de
Colpensiones, se negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva a
favor de la demandante. La entidad manifestó que, tal como fue comunicado de
manera previa por medio de la Resolución No. 014275 del 24 de mayo de 2010, que
negó el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez ya
reconocida a través de la Resolución No. 011974 de 26 de abril de 2005, la
negativa obedecía a la aplicación del artículo 50 del Decreto 758 de 1990. Lo
anterior, por cuanto el acto administrativo que reconoció la indemnización
sustitutiva a favor de la accionante fue notificado por edicto fijado desde el
12 de septiembre hasta el 23 de septiembre del 2005 y la demandante no efectuó
su cobro dentro del año siguiente, tal como lo exige el artículo 50 del Decreto
758 de 1990.
1.2.12.
La accionante interpuso recurso de reposición contra la Resolución GNR
260126. En respuesta, a través de Resolución GNR 315485 del 26 de octubre de
2016, Colpensiones confirma la decisión y concede recurso de apelación.
1.2.13.
Mediante la Resolución VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016, que
resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante, Colpensiones
confirma la decisión contenida en la Resolución GNR 315485 del 26 de octubre de
2016.
1.3.
Pretensiones
La
accionante solicita sea tutelado su derecho fundamental al debido proceso, el
cual habría sido vulnerado por Colpensiones mediante la Resolución GNR 260126
del 2 de septiembre de 2016 por medio de la cual niega el reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva a su favor, y las Resoluciones GNR 315485 del
26 de octubre de 2016 y VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016 que,
respectivamente, confirman esta decisión, al resolver  los recursos de
reposición y apelación interpuestos por la accionante.
1.4.
Pruebas
En el expediente obran las
siguientes pruebas:
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante (Folio 9 del
cuaderno 1).
-
Fotocopia del Reporte de semanas cotizadas en pensiones, del período
comprendido entre enero de 1967 a julio de 2015 de la accionante. (Folios 10 –
11 del cuaderno 1).
-
Fotocopia de la Resolución No. VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016,
suscrita por Doris Patarroyo Patarroyo, Vicepresidenta de Beneficios y
Prestaciones del Colpensiones. (Folios 13-16 del cuaderno 1).
-
Fotocopia de la Resolución No. GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016,
suscrita por Luis Fernando Ucros Velásquez, Gerente Nacional de Reconocimiento
de Colpensiones. (Folios 18-21 del cuaderno 1).
-
Fotocopia de la Resolución GNR 315485 del 26 de octubre de 2016,
suscrita por Luis Fernando Ucros Velásquez, Gerente Nacional de Reconocimiento
de Colpensiones. (Folios 23-26 del cuaderno 1).
1.5.
Respuesta de la entidad accionada
En el trámite de primera instancia
de la acción de tutela, mediante Oficio No. 0030 del 10 de enero de 2017, la
Juez titular del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Bogotá, solicitó a Colpensiones que presentara “[…]  las razones por las
cuales no le concede la indemnización sustitutiva a la accionante”[4]. En
respuesta, la entidad accionada argumentó lo siguiente:
(i). Conforme al artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente cuando existen otros
recursos o medios de defensa judicial y, de acuerdo con el numeral 4 del
artículo 2 del Código Procesal del Trabajo, toda controversia que se presente
en el marco del Sistema de Seguridad Social entre afiliados, beneficiarios, usuarios,
empleadores y entidades administradoras, deberá ser conocida por la
jurisdicción ordinaria laboral.
(ii) Mediante las Sentencias
T-528 de 1998 y T-660 de 1999, la Corte Constitucional consideró que es “ajeno
a la competencia de los jueces de tutela entrar a decidir sobre conflictos
jurídicos que surjan alrededor del reconocimiento, liquidación y orden de pago
de una prestación social, por cuanto para ello existen las respectivas instancias,
procedimientos y medios judiciales establecidos por la Ley.”
(iii) Mediante las Resoluciones
GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016;  GNR 315485 del 26 de octubre de 2016 y
VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016, Colpensiones resolvió tanto la primera
solicitud de la accionante, así como los recursos que interpuso en la vía
gubernativa, razón por la cual no habría vulnerado su derecho al debido
proceso.
(iv) Mediante Resolución No.
011974 del 26 de abril de 2005, el ISS reconoció una indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez a favor de la señora María Ester Zorro Guerrero, al
tiempo que en Resolución No. 14275 del 24 de mayo de 2010 negó el pago de dicha
prestación, en los términos del artículo 50 del Decreto 758 de 1900, por
prescripción, dado que el plazo para reclamar su pago era de un año. Precisó
que el mencionado acto administrativo fue notificado por edicto el del 12 de septiembre
de 2005 y la actora sólo hasta el año 2016 “se preocupó por su trámite"[5].
1.6.
Decisiones judiciales que se revisan
1.6.1. Decisión de primera
instancia
Por medio de Sentencia del 23 de
enero de 2017, la Juez titular del Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, resolvió tutelar el derecho al debido proceso
administrativo de la accionante, al incurrir la accionada en una vía de hecho
por desconocimiento del precedente judicial. En ese sentido, ordenó dejar sin
efectos las Resoluciones No. GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016; GNR 315485
del 26 de octubre de 2016 y VPB 44110 del 9 de noviembre de 2016, proferidas
por Colpensiones y, en su lugar, solicitó a la entidad que dicte actos
administrativos de reemplazo.
Para sustentar su decisión, en
primer lugar, considera que la tutela es procedente por cuanto se cumplen los
requisitos generales y específicos para ello. Así, aunque la accionante cuenta
con otros medios legales para solicitar la reclamación pensional, esto es, la
jurisdicción ordinaria laboral, sus condiciones y circunstancias personales
tornan ineficaz esta vía: “(…) por las condiciones especiales de la actora
que harían nugatorio sus derechos, el obligarla a acudir a un proceso
contencioso, cuando se sabe que es una persona de 67 años de edad, sin
actividad laboral, sin posibilidad real de cotizar el restante tiempo que le
faltaría para una pensión de vejez (….)”[6].
En segundo lugar, la entidad
accionada incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del precedente
constitucional, al negar la indemnización sustitutiva previamente reconocida
por el extinto ISS. Esto, según el fallo, por cuanto “[…] verificado está que
efectivamente, la Corte Constitucional previamente ha estudiado casos donde se
discute la imprescriptibilidad del reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva, fijando como precedente que en ninguno de estos eventos habrá
lugar a la ocurrencia del fenómeno de la prescripción. No obstante, […]
Colpensiones sólo tuvo en cuenta el primer pronunciamiento que la Corte
Constitucional hizo sobre la imprescriptibilidad de la indemnización
sustitutiva, sin considerar que la postura jurisprudencial varió a partir del
año 2011 y sin explicar las razones por las que se aparta del precedente fijado
por la Corte Constitucional. Nótese que se limitan a afirmar que la
indemnización sustitutiva reconocida por el ISS a favor de la señora Zorro
Guerrero mediante Resolución No. 011974 del  26 de abril de 2005 se encuentra prescrita,
debatiendo únicamente la fecha desde cuando se comienza a contabilizar el
término de prescripción, esto es, la fecha en que fue notificado por edicto”[7]. La juez de
primera instancia se refiere, en particular, a las Sentencias de Tutela T-972
de 2006, T-896 de 2010 y T-155 de 2011.
En consecuencia, se resolvió
tutelar el derecho al debido proceso de la accionante; dejar sin efecto las
resoluciones No. GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016, GNR 315485 del 26 de octubre
de 2016 y VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016 de Colpensiones y, en su lugar,
dictar los administrativos de reemplazo.
1.6.2. Impugnación
Mediante
escrito del 25 de enero de 2017, la Vicepresidente jurídica y Secretaria
General (E) de Colpensiones impugnó el fallo de tutela de primera instancia,
con base en las siguientes razones:
1.6.2.1.
Las resoluciones: i) GNR No. 260126 del 2 de septiembre de 2016, por
medio de la cual se niega una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez;
ii) GNR 315485 del 26 de octubre de 2016, por medio de la cual se resuelve un
recurso de reposición en contra de la Resolución No. GNR 260126 del 2 de
septiembre de 2016 y; iii) la resolución VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016,
por la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la Resolución GNR
260126 de 2 de septiembre de 2016, emitidas por Colpensiones, son actos
administrativos legales por cuanto la presunción de legalidad que recae sobre
ellos no ha sido desvirtuada. Lo anterior, de conformidad con los artículos 87[8] y 88[9] de la Ley
1437 de 2011.
1.6.2.2.
De acuerdo con las resoluciones emitidas por Colpensiones, la señora
María Esther Zorro Guerrero no cumple con los requisitos legales para el
reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.  En
primer lugar, por cuanto cada uno de los recursos de la vía gubernativa
interpuestos por la demandante fueron resueltos por la entidad, razón por la
cual no se configura una vulneración al debido proceso. En segundo lugar, la
norma aplicable al caso –Art. 50 del Decreto 758 de 1900 - dispone que el
término para cobrar cualquier subsidio, prestación o mesada pensional ya
reconocidos es de un año. Mediante Resolución No. 011974 del 26 de abril de
2005, se reconoció la indemnización sustitutiva a la pensión de vejez a favor
de la accionante, no obstante, sólo hasta el año 2016, la demandante procedió a
su reclamación.  En tercer lugar, en virtud del principio de subsidiariedad de
la acción de tutela, la peticionaria debe agotar los procedimientos
administrativos y judiciales si quiere controvertir las decisiones de la
entidad. Además, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
la acción de tutela no es procedente para obtener el reconocimiento de
prestaciones económicas[10].
De acuerdo con
lo anterior, la entidad solicita “[…] al señor juez tener en
cuenta los argumentos rendidos en este recurso, especialmente frente a la necesidad
de CONCEDER LA IMPUGNACIÓN ante el superior jerárquico, con el fin de que
revoque el fallo de tutela y en su lugar se declare la improcedencia de la
acción de tutela por cuanto la accionante cuenta con otros mecanismos de
defensa, además no le asiste el derecho a lo solicitado. Como consecuencia de
lo anterior se ordene el ARCHIVO DEL PRESENTE TRÀMITE DE TUTELA”[11].
1.6.3. Decisión de segunda
instancia
Mediante fallo del 7 de marzo de
2017,  la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió “[r]evocar la
sentencia del 23 de enero de 2017, proferida por el Juzgado Veintidós de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y, en su lugar, negar el
amparo pretendido por María Ester Zorro Guerrero, contra la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones-”[12].
La decisión se fundamentó en el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. En ese sentido, señaló el ad
quem que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto
2591, la acción de tutela es improcedente cuando existan otros mecanismos
jurídicos que ofrezcan una protección eficaz y no meramente formal, a menos que
se conceda el amparo de manera transitoria para evitar un perjuicio
irremediable. Cuando se discuten reclamaciones laborales, el mecanismo idóneo
es la jurisdicción laboral ordinaria o la contencioso administrativa, de
acuerdo con las reglas de competencia.
En el litigio subjudice,
correspondería al juez laboral ordinario conocer de las pretensiones de la
accionante, salvo que demostrara la ineficacia o falta de idoneidad de acudir a
la instancia judicial. No obstante, la accionante no efectuó esta demostración,
ni probó la afectación del mínimo vital ni el perjuicio irremediable como exige
la jurisprudencia[13].
Ahora bien, teniendo en cuenta
que Colpensiones absolvió los recursos interpuestos por la demandante, se
entendería agotado el requisito de reclamación administrativa al que alude el
artículo 6 del Código Procesal del  Trabajo y de la Seguridad Social, por lo
tanto, es viable acudir ante el juez laboral.
2.
T- 6.074.191
2.1.
La solicitud
Ena Luz
Severiche Acuña presenta acción de tutela contra Colpensiones, por considerar
que la entidad vulneró sus derechos al debido proceso, al trabajo, al mínimo
vital y a la seguridad social al negar la solicitud de revocatoria directa contra
la resolución que concedió a su favor una indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez. Pese a que la indemnización fue otorgada por petición de la
peticionaria, el cobro de la misma no se hizo efectiva y la accionante decidió de
continuar cotizando al régimen de seguridad social, dado que fue contratada para
desempeñar servicios domésticos. Por ello, a juicio de la demandante, la negativa
de la revocatoria impide su acceso a la pensión de vejez, así como a estar
amparada ante la contingencia de la invalidez o la muerte.
2.2.
Hechos
2.2.1. La
accionante manifiesta que nació el 10 de febrero de 1959 y cotizó al régimen
General de Pensiones desde abril de 1994, por lo cual estaría sujeta a la Ley
100 de 1993.
2.2.2. El
25 de mayo de 2016, solicitó la indemnización sustitutiva de pensión de vejez a
Colpensiones, porque en ese entonces consideró la posibilidad de retirarse del
empleo al cual se encuentra vinculada.
2.2.3. Mediante
Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016, emitida por Luis Fernando Ucros
Velásquez, Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, se reconoció y
ordenó el pago de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por
valor de ocho millones setecientos cuarenta y dos mil cinto ochenta pesos M/cc
($ 8.742.180), teniendo en cuenta que la accionante cotizó 445 semanas. Además,
señaló que el pago único sería ingresado en la nómina del período 201607 que se
paga en el período 201608 en la central de pagos del Banco popular de
Barranquilla.
2.2.4. La
demandante afirma que, pese a que de acuerdo con la parte considerativa de la
Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016 con corte del 31 de mayo de 2016, se
registra un total de 445 semanas cotizadas, a la fecha de la presentación de la
acción de tutela el número de semanas cotizadas ha ido en aumento por cuanto
descartó su intención de renunciar a su relación laboral y continuó cotizando
al sistema de seguridad social.
2.2.5. El
28 de julio de 2016, presentó un memorial por medio del cual solicita la
revocatoria directa de la Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016.
Manifiesta que la solicitud de revocatoria se justifica, en su intención de
seguir cotizando después de la fecha de su petición de indemnización y en que
el cobro de la misma no se hizo efectivo. Además, decidió seguir trabajando y
cotizando el pago de aportes por cuanto, lo cual le permite una vocación
pensional una vez se configuren los requisitos para ello, tiene protegidas las contingencias
de invalidez y muerte, lo cual no sería viable si recibe el pago de la
indemnización sustitutiva.
2.2.6. Por
medio de la Resolución GNR 268105 del 12 de septiembre de 2016, suscrita Luis
Fernando Ucros Velásquez, Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones,
la entidad decidió no acceder a la solicitud de revocatoria directa de la
Resolución GNR 195249 del 1 de julio 2016. En primer lugar, el acto
administrativo citó los artículos 93, 94, 95 y 97 de la Ley 1437 de 2011, que
se refieren a las causales de revocatoria de los actos administrativos, así
como a la improcedencia, oportunidad de presentación y a la revocación de los
actos administrativos de carácter particular y concreto. En segundo lugar, la
Resolución fundamentó la negativa a la revocatoria en la aplicación de la Circular
01 de 2012 -capítulo VI- que se refiere a la afiliación al Sistema General de
Pensiones cuando se ha reconocido una indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez. En ese sentido, la citada Circular dispone expresamente que: “una vez
el asegurado haya solicitado la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez no puede volver al Sistema General de Pensiones, toda vez que manifestó
bajo la gravedad de juramento la imposibilidad de continuar cotizando al
sistema, manifestación que es de carácter voluntario.” En tercer lugar, la
Resolución señala que, una vez verificado el aplicativo de nómina de Colpensiones,
se comprobó que el valor correspondiente a $8.742.180 fue girado a la
demandante y “no se evidencia reintegro de este valor lo que permite inferir
que dicha suma fue reclamada por la beneficiaria”[14].
2.3.
Pretensiones
La accionante solicita que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a
la seguridad social y, en consecuencia, que Colpensiones deje sin efecto las
Resoluciones GNR 195249 del 1 de julio y GNR 268105 del 12 de septiembre, ambas
del año 2016. Así mismo, requiere que la entidad accionada continúe recibiendo
los aportes a la seguridad social integral.
2.4.
Pruebas
En el expediente obran las
siguientes pruebas:
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la accionante (Folio 9 del
cuaderno 3).
-
Fotocopia de la Resolución GNR 195249 del 1 de julio 2016, suscrita por
Luis Fernando Ucros Velásquez, Gerente Nacional de Reconocimiento de
Colpensiones (Folios 10-11 del cuaderno 3).
-
Fotocopia del Formato de Solictud de Prestaciones Económicas
diligenciado con número de radicado 2016-8609308 del 28 de julio de de 2016
(Folio 12 del cuaderno 3).
-
Fotocopia del Oficio BZ2016_8609308-1881916 del 28 de julio de 2016,
suscrito por el Osvaldo Andrés Alvarado Castro, Agente de Calidad de
Colpensiones. (Folio 13 del cuaderno 3).
-
Fotocopia del memorial del 28 de julio de 2016, suscrito por Ena Luz
Severiche Acuña. (Folios 14-17 cuaderno 3).
-
Fotocopia de la Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016, emitida
por Luis Fernando Ucros Velásquez, Gerente Nacional de Reconocimiento de
Colpensiones. (Folios 18-19 cuaderno 3).
-
Fotocopia de reporte de semanas cotizadas en pensiones, del período
comprendido entre enero de 1967 a septiembre de 2016 de la accionante. (Folios
20 – 22 del cuaderno 3).
-
Fotocopia de la certificación laboral del 27 de septiembre de 2016,
suscrita por Fabiola Rondón Moscarella, en calidad de empleadora de la
accionante. (Folio 23 del cuaderno 3).
-
Fotocopias de las planillas integradas de autoliquidación de aportes,
suscritas por  Fabiola Rondón Moscarella, en calidad de aportante, con tipo de
planilla “Empleados Servicio Doméstico”, correspondiente a los mes de marzo,
abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2016. (Folios 24-29 del cuaderno 3).
2.5.
Respuesta de la entidad accionada
Carlos Alberto Parra Satizabal,
en calidad de Vicepresidente de Financiamiento e Inversiones de Colpensiones,
en escrito del 11 de octubre de 2016, solicitó al Juez de primera instancia que
declare improcedente el amparo solicitado. En primer lugar, porque, a su juicio,
no se cumple con el requisito de subsidiariedad y, en segundo lugar, porque al
juez constitucional no le correspondería realizar un análisis de fondo frente a
la revocatoria directa del acto administrativo[15].
Sobre el primer argumento, señaló
que de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela
es improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial,
como en el presente caso, toda vez que, de conformidad el numeral 4 del
artículo 2 del Código Procesal de trabajo, las controversias que se presenten
en el marco del Sistema de Seguridad Social entre afiliados, beneficiarios,
usuarios o empleadores y entidades administradoras deberá ser conocidas por la
jurisdicción ordinaria laboral.
En cuanto al segundo argumento,
señaló que la entidad dio respuesta a la solicitud de pago de la indemnización
sustitutiva de la accionante y de revocatoria directa de la misma. Además, hizo
referencia a la Sentencia T-344 de 2011, para resaltar “que el juez de
tutela no debe indicarle a una entidad encargada del reconocimiento de una
pensión, el contenido, al alcance y efecto de sus decisiones frente a las
solicitudes encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de una prestación
económica, pues su competencia se circunscribe a verificar que la entidad
responsable proporcione una respuesta oportuna y de fondo a las solicitudes
presentadas por los presuntos beneficiarios de esta pretensión económica”.
La respuesta de la entidad
demandada se allegó de manera extemporánea[16].
2.6.
Decisiones judiciales que se revisan
2.6.1. Decisión de primera
instancia
El Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Oralidad de Barranquilla, mediante fallo del 11 de octubre de 2016
declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la demandante. Justificó
la decisión en la falta de demostración del requisito de subsidiariedad. En esa
línea, señaló que de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, para la procedencia de la acción es
necesario que el afectado no disponga de otro medio de defensa para hacer valer
sus derechos, salvo que la ejerza como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[17]
o que, existiendo el medio de defensa ordinario, este no resulte idóneo, eficaz
o apto, en cuyo caso la acción de tutela no operará como mecanismo transitorio
sino como un instrumento calificado y conveniente para salvaguardar las
garantías constitucionales fundamentales. El Juez de tutela deberá valorar, a
partir de las circunstancias fácticas del accionante, si se configuran los
presupuestos para determinar la existencia de un perjuicio irremediable o si el
medio judicial resulta idóneo o eficaz.
Además, con base en la Sentencia
T-1025 de 2005 de la Corte Constitucional, las controversias relacionadas con
la seguridad social, deben ventilarse ante la jurisdicción ordinaria laboral o
contencioso administrativa, según se trate, salvo que la ocurrencia de un
perjuicio irremediable haga necesaria la intervención transitoria por vía de
tutela para proteger los derechos fundamentales del afectado.
En este caso, el Juez de primera
instancia consideró que no procede el amparo de tutela, “toda vez que las
pretensiones de la actora apuntan a que se deje sin efecto un acto
administrativo (Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016), así como la
Resolución GNR 268105 del 12 de septiembre de 2016 mediante el cual se denegó
revocatoria directa incoada por activa, sobre la cual de plano se debe recordar
que la acción de tutela no es el mecanismo procedente para dirimir asuntos
relacionados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, salvo que existieren
causales especiales v.gr. afectación al mínimo vital, lo cual no está probado
en el expediente. Igualmente, la solicitante no hizo manifestación acerca de
tal circunstancia. En consecuencia, no se cumple el requisito o principio de
subsidiariedad por cuanto la accionante cuenta con las herramientas judiciales
ordinarias, tales como: el proceso ordinario laboral o los medio de control
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, si fuere el caso, a fin
de lograr se deje sin efecto dicha decisión”[18].
2.6.2. Impugnación
Mediante escrito del 13 de
octubre de 2016, la señora Ena Luz Severiche Acuña impugna la sentencia de
tutela, bajo los siguientes argumentos: (i) contrario a lo afirmado por el Juez
de tutela de primera instancia, no existe otro instrumento procesal que permita
la protección de los derechos vulnerados, toda vez que, por tratarse de una
resolución de revocatoria directa de un acto administrativo, no admite ningún
recurso ni control contencioso administrativo. Lo anterior, teniendo en cuenta
el artículo 96 del Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso
administrativo dispone lo siguiente: “ni la petición de revocación de un
acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para
demandar el acto ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni
darán lugar a la aplicación del silencio administrativo”.
En segundo lugar, al tener como
precedente la Sentencia T-1044 de 2007 de la Corte Constitucional, el a quo
incurre en una inexactitud por cuanto en esa providencia se pretende el pago de
una pensión y, este caso, se persigue que el juez de tutela ordene a la
accionada permitirle continuar con las cotizaciones a la seguridad social.
En tercer lugar,  al negarse la
revocatoria del acto administrativo que reconoce y ordena el pago de una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, se excluiría a la accionante
de la protección por la ocurrencia de los riesgos de invalidez y muerte.
En cuarto lugar, el juez de
primera instancia habría incurrido en un error al no dar aplicación al artículo
20 del Decreto 2591 de 1991 que establece la presunción de veracidad sobre los
hechos, toda vez que Colpensiones no se pronunció sobre la acción de tutela
interpuesta en su contra, con lo cual operaría una “confesión ficta” de
los hechos que se le endilgan.
En quinto lugar, la declaratoria
de improcedencia de la acción de tutela es equivocada. El juez no habría
examinado los argumentos acerca del estado de indefensión y vulneración de los
derechos, por cuanto la negativa de revocatoria de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, la excluiría de la protección contra las contingencias
de invalidez y muerte, tal como lo establece la Resolución GNR 195249 del 1 de
julio de 2016, que señala que la indemnización sustitutiva es incompatible con
las prestaciones que derivan de estos riesgos.
2.6.3. Decisión de segunda
instancia
Mediante sentencia del 25 de
noviembre de 2016, la Sala Primera de Decisión Civil – Familia del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, confirmó la Sentencia del 11 de
octubre de 2016 proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Barranquilla. Fundamentó su decisión en que si bien contra la resolución de
Colpensiones que negó la revocatoria directa de la indemnización sustitutiva de
la pensión de vejez no admite recursos y no revive la oportunidad para
presentar las acciones judiciales contra el primer acto administrativo que
concedió esta indemnización, la decisión de revocatoria no fue arbitraria,
caprichosa o ilegal.
Señala el ad quem que el
cambio de decisión por parte de la accionante, conforme al artículo 93 de la
Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, no configura una causal legal de revocatoria de un acto
administrativo que se expidió con base en la reglamentación legal vigente, es
decir, la voluntad de la peticionaria de acceder a la indemnización sustitutiva
por cuanto, si bien contaba con la edad para acceder a la pensión -57 años - le
restan cerca de 855 de las 1300 semanas cotizadas que requiere para acceder a
la pensión de vejez, de acuerdo con el fallo del Tribunal.
2.6.4. Trámite en sede de revisión
Mediante radicado del 19 de julio
de 2017, Diego Alejandro Urrego Escobar, en calidad de Director de Acciones
Constitucionales de la Gerencia de Defensa Judicial de la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, solicitó a esta Sala de Revisión declarar
“[…] la carencia actual de objeto por no existir las actuaciones que
generaron que la señora Ena Luz Severiche interpusiera esta acción
constitucional”[19].
Como
sustento de la solicitud, indicó que el 14 de diciembre de 2016, la demandante solicitó
el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vez, en la cuantía que
fue reconocida mediante la Resolución No. 195249 de 2016, después de que fuera
confirmada la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela en segunda
instancia mediante fallo del 25 de noviembre de 2016 proferido por la Sala
Primera de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Barranquilla.
Manifestó
que la solicitud de la peticionaria fue atendida de manera favorable, tal como
consta en la certificación del 13 de junio de 2017, suscrita por la Directora
de Nómina de Pensionados de Colpensiones, por medio de la cual se da fe de que la
suma de dinero correspondiente a la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez de la señora Ena Luz Severiche Acuña, fue consignada a la cuenta bancaria
de la peticionaria en marzo de 2017. [20]
Adicionalmente, Colpensiones
informó a esta Sala de Revisión que la empleadora de la demandante, mediante
petición del 15 de mayo de 2017, solicitó la devolución de los aportes
comprendidos entre el 1 de junio de 2016 y el 9 de marzo de 2017 a favor de Ena
Luz Severiche Acuña. [21]
Al respecto, señaló que, conforme a lo establecido en el artículo 40 del
Decreto 2665 de 1988, procede la devolución de los aportes que no fueron
incluidos en la liquidación del monto de la indemnización sustitutiva y, en
consecuencia, efectuará la devolución.[22]
Conforme a lo anterior, considera
la entidad que actualmente existe la carencia actual del objeto, por cuanto se
procedió al pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y a la
devolución de las cotizaciones, tal como fue solicitado por la demandante.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA
DECISIÓN
3. Competencia
Con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar las
decisiones proferidas dentro del proceso de la referencia.
4.
Legitimación activa
El
artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela es un mecanismo de
defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales.
En esta
oportunidad, las acciones de tutela fueron presentadas, a nombre propio, por
las señoras María Ester Zorro Guerrero y Ena Luz Severiche Acuña, quienes
alegan la violación de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social y al debido proceso, razón por cual se encuentran legitimadas
para actuar en esta causa.
5. Legitimación
pasiva
Colpensiones
es una entidad pública, por tanto, de conformidad con el numeral 2° del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como parte pasiva en el procesos
de tutela acumulados bajo estudio, en la medida en que a esta entidad se le
atribuye de manera razonable la violación de los derechos fundamentales en
discusión.
6. Problema (s) Jurídico (s)
6.1.
Dentro del proceso de tutela promovido por la señora María Ester Zorro Guerrero,
corresponde a la Sala de Cuarta de Revisión determinar si Colpensiones vulnera
los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social
por negar el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez bajo el argumento de que sobre esta prestación económica operó
el fenómeno de la prescripción con base en el artículo 50 del Decreto 758 de
1990.
6.2. Por su parte, dentro del
acción promovida por la señora Ena Luz Severiche Acuña, la Sala debe definir si
Colpensiones conculca los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido
proceso y a la seguridad social de la demandante al negar la revocatoria
directa del acto administrativo que ordena el reconocimiento y pago de una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a su favor, pese a que la
beneficiaria desiste de manera expresa de la prestación, al decidir continuar
laborando como empleada doméstica y cotizar al sistema integral de la Ley 100
de 1993, para efectos de mejorar su derecho a la pensión y estar amparada
frente a las contingencias de invalidez y muerte.
No obstante, en sede de revisión, la entidad demandada informó que el
14 de diciembre de 2016 la demandante solicitó el pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, en la cuantía reconocida en la Resolución
GNR 195249 del 1 de julio de 2016 la cual fue desembolsada por Colpensiones y
efectivamente cobrada por la accionante.
Adicionalmente, a solicitud de la empleadora de la demandante, Colpensiones
devolvió la suma de dinero correspondiente a las cotizaciones al sistema de
seguridad social efectuadas con posterioridad a la fecha de expedición de la
Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016.
Por esta razón, la Sala examinará si en este caso se configura la
carencia actual del objeto y, en tal virtud, si corresponde a la Sala declarar
improcedente la acción de tutela.
Para resolver los problemas
jurídicos planteados, la Sala se ocupará de los siguientes temas: (I) Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela; procedencia excepcional para
el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y
procedencia excepcional contra los actos administrativos; (II) Régimen de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en la Ley 100 de 1993 y, en
particular, el carácter imprescriptible y desistible de la prestación; (III)
Vulneración al debido proceso administrativo por desconocimiento del precedente
constitucional que señala la imprescriptibilidad de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez y, finalmente, (IV) el análisis de los casos
en concreto.
I.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela.
Procedencia excepcional para el reconocimiento de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez. Procedencia excepcional contra actos administrativos
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente, sumario y subsidiario. De acuerdo con el
requisito general de subsidiariedad, los ciudadanos y ciudadanas se
encuentran habilitados para emplear este mecanismo ante la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales cuando: i) no exista un medio judicial ordinario
para hacerlo ii); aun existiendo otros medios judiciales, no resulten eficaces
o idóneos o, iii), cuando pese a la existencia de los mecanismos
judiciales ordinarios, resulte necesaria la intervención del juez de tutela
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable[23].
De acuerdo con el carácter subsidiario y excepcional de la acción de
tutela, ésta no es procedente si existen los mecanismos ordinarios judiciales
para su reclamación y éstos son idóneos y eficaces para la reclamación del
derecho fundamental. La razón de ser de este requisito consiste en asegurar que
la acción de tutela no sea considerada una instancia adicional dentro del
trámite procesal, ni un mecanismo de defensa que sustituya o desplace aquellos
diseñados por el legislador[24].
De acuerdo
con lo anterior, en principio, la tutela no puede ejercerse con el fin de
reclamar derechos prestacionales. La acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para reclamar la pensión de vejez, ni la indemnización sustitutiva de la misma.
Correspondería a la justicia ordinaria laboral o la jurisdicción contenciosa
administrativa, según sea el caso, tramitar este tipo de controversias, en la
medida en que su valoración implica un análisis litigioso de carácter legal que
excede el ámbito de estudio del juez constitucional[25].
Sin embargo, existen
algunas excepciones a esta regla general cuando se niega el reconocimiento,
restablecimiento y pago de derechos prestacionales y, en particular, el derecho
a la pensión o a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez[26], a saber[27]: (i) cuando
se trata de un sujeto de especial protección constitucional[28], como lo son los adultos
mayores, ya que su situación de debilidad manifiesta lleva a que la
Constitución les brinde un amparo mayor. En estos casos, el juicio de
procedibilidad de la acción de tutela es menos riguroso[29] o menos restrictivo[30] y debe atender a las
circunstancias fácticas y probatorias del asunto bajo examen; (ii) cuando la
vulneración al derecho a la seguridad social implica la vulneración de derechos
fundamentales como la vida, el mínimo vital y/o el debido proceso[31]; y, (iii)
cuando los medios de defensa con los que cuenta el accionante no puedan
brindar una protección inmediata de los derechos
fundamentales afectados[32]
y en consecuencia no sean eficaces o
se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[33].
De igual forma,
en sede de tutela, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra actos administrativos en virtud del
desconocimiento de las autoridades públicas del derecho al debido proceso. En
ese sentido, en la Sentencia T-076 de 2011 se indicó que, de acuerdo con artículo
2º de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales es uno de los
fines esenciales del Estado y una de sus facetas es el respeto a los distintos
planos del derecho al debido proceso por parte de las actuaciones
administrativas. Así, “las distintas autoridades del Estado deben llevar a
cabo sus funciones institucionales con plena sujeción a la legislación
aplicable, garantizándose el derecho de contradicción y defensa de los
interesados, haciendo públicas las distintas decisiones de trámite y
definitivas que se adopten y analizando las pruebas y demás elementos de juicio
recaudados bajo estrictas condiciones de razonabilidad, proporcionalidad y
buena fe”[34].
En materia pensional, las
actuaciones de las administradoras de pensiones como prestadoras del servicio
público de la seguridad social, deben estar sujetas al debido proceso, en
respeto a los derechos y obligaciones de los afiliados sometidos a las decisiones
de la administración[35].
Para examinar si,
en efecto, un acto administrativo desconoce el debido proceso, la
jurisprudencia constitucional ha empleado las causales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales[36].
Si bien la actuación administrativa y la actuación judicial configuran
escenarios de reclamación de derechos diferentes,[37] “[…] estas causales
de procedencia han servido como instrumento de definición conceptual para los
jueces constitucionales, quienes determinan si los defectos que éstas describen
son comprobados en la actuación administrativa objeto de análisis”[38].
En ese sentido, se han identificado como causales de evaluación de la posible
vulneración de afectación del debido proceso administrativo el defecto
orgánico, el defecto procedimental absoluto, el defecto fáctico, el defecto
material o sustantivo, el error inducido o vía de hecho por consecuencia, la falta
de motivación, el desconocimiento del precedente constitucional vinculante y la
violación directa de la Constitución.
En particular, la
Corte Constitucional en sede de revisión ha caracterizado el desconocimiento
del precedente constitucional vinculante como el “defecto que ocurre cuando
la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con efectos
obligatorios, la Corte Constitucional”[39].
Expuestas las
anteriores consideraciones, se concluye que, de acuerdo al principio de
subsidiariedad al cual debe ceñirse el examen de procedencia de la acción de
tutela, en principio, este mecanismo extraordinario no es procedente para el reconocimiento
y pago de prestaciones económicas y, en particular, para el reconocimiento y
pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Lo anterior, por
cuanto el ordenamiento jurídico ha dispuesto la jurisdicción laboral ordinaria
o la contencioso-administrativa, según las características particulares del
caso concreto, como vías judiciales ordinarias para reclamar esta prestación.
Sin embargo,
la jurisprudencia constitucional en sede de tutela, ha establecido algunas
excepciones a esta regla general cuando se niega el reconocimiento,
restablecimiento y pago del derecho a la pensión o a la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez,  (i) cuando se trata de un sujeto de
especial protección constitucional;  (ii) cuando la vulneración al derecho a la
seguridad social implica la vulneración de derechos fundamentales como la vida,
el mínimo vital y/o el debido proceso y, (iii) cuando los medios
de defensa con los que cuenta el accionante no están en capacidad de brindar
una protección inmediata de los derechos fundamentales afectados[40] y en
consecuencia no sean eficaces o,
(iv) cuando se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en
cuyo caso la acción de tutela procede como mecanismo transitorio de la
protección del derecho.
Así mismo, la
jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que en, principio, no procede la
acción de tutela para controvertir los actos administrativos. Sin embargo, de
manera excepcional el amparo de tutela es procedente en estos casos si la
administración incurre en la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, para lo cual el juez constitucional empleará las reglas específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en la
evaluación correspondiente. En ese sentido, el Juez de tutela debe examinar si
el acto administrativo configura cualquiera de los siguientes defectos: el
defecto orgánico, el defecto procedimental absoluto, el defecto fáctico, el
defecto material o sustantivo, el error inducido o vía de hecho por
consecuencia, la falta de motivación, el desconocimiento del precedente
constitucional vinculante o la violación directa de la Constitución.
Ahora bien, teniendo en cuenta las
anteriores consideraciones, de manera previa, la Sala debe determinar si la
acción de tutela es procedente para solicitar el amparo de los derechos
fundamentales invocados por las accionantes, toda vez que, sólo en el caso de
que el examen de procedibilidad resulte positivo, será válido efectuar un
pronunciamiento de fondo en los casos que se examinan.
En relación con la acción de
tutela interpuesta por la señora María Ester Zorro Guerrero, identificada con
el expediente T 6.070.328, la acción de tutela resulta procedente por
cuanto si bien existe un mecanismo judicial ordinario por medio de la cual
puede reclamar la protección del derecho que estima conculcado, que sería la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, dada las circunstancias fácticas,
éste mecanismo no resulta eficaz.
En efecto, la accionante pretende
la protección de su derecho al debido proceso administrativo por cuanto estima
que el extinto ISS y hoy Colpensiones, desconoce el precedente sentado por la
Corte Constitucional que establece imprescriptibilidad del pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Por ello, solicita la anulación
de las Resoluciones GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016, GNR 315485 del 26
de octubre de 2016 y VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016 que: niegan el
reconocimiento y pago de esta prestación económica y resuelven de manera
negativa los recursos de reposición y apelación que interpone la accionante,
respectivamente.
Estas reclamaciones pueden ser
ventiladas ante los jueces contencioso administrativos mediante la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, que se encuentra  reglamentada en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 – o Código de Procedimiento Administrativo
y Contencioso Administrativo -, y que dispone que “¨[t]oda persona que se
crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá
pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño.”
La acción de nulidad y restablecimiento
del derecho procede, de conformidad con el artículo 137 citado, cuando los
actos administrativo hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió[41].  No
obstante, la Sala considera que, de acuerdo con las características del caso,
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no resulta un medio
judicial eficaz para salvaguardar los derechos fundamentales que la accionante
estima vulnerada.
En primer lugar, la accionante es
una mujer de 67 años de edad, que desde el año 2005, configuró los requisitos
legales y reglamentarios para acceder a la indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez. Prueba de ello es que, si bien la entidad alega la prescripción del
pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, desde el 26 de
abril de 2005, es decir, hace más de doce años, esta prestación económica fue
reconocida por el extinto ISS mediante la Resolución No. 011974 del 26 de abril
de 2005.[42]
Así, debido a la congestión judicial que atraviesa la jurisdicción contencioso
administrativa, someter a la accionante a iniciar una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sería dilatar aún más en el tiempo el proceso de
reclamación de su derecho  prestacional cuya estructuración hoy en día supera
los doce años, tal como se indicó.
En segundo lugar, la vía
contencioso administrativa puede resultar ineficaz   dado la edad de la
accionante, y el tiempo que tarde el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, hasta tanto quede en firme la sentencia correspondiente, puede suponer
la superación de la expectativa de vida de la accionante.
En tercer lugar, partiendo de la
presunción de buena fe y la presunción de veracidad de los hechos establecida
en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la
acción de tutela, el derecho al mínimo vital de la accionante se encuentra
efectivamente vulnerado frente a la inexistencia de una fuente de recursos que
le permita solventar sus necesidades básicas. Lo anterior, por cuanto, de
acuerdo con lo afirmado por la accionante, reclamó la indemnización sustitutiva
por carecer de ingresos económicos, falta de oportunidades laborales y de
estudio[43]
y esta afirmación no fue desvirtuada por Colpensiones en el trámite de la
acción de tutela, ni en primera ni en segunda instancia.
Esta afirmación, además, es
consistente con: (i) los hechos que dan cuenta de la manera diligente con que
la accionante ha reclamado la prestación económica a lo largo de más de doce
años. Ha presentado la solicitud en seis oportunidades ante Colpensiones y en
todas ellas la entidad ha sido renuente a acceder al pago de la indemnización
sustitutiva alegando su prescripción; (ii) con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional que ha aceptado que “[…] la situación de vulnerabilidad del
sujeto que reclama la indemnización sustitutiva o devolución de saldos, es
superior a la de quien reclama la pensión de vejez, porque mientras éste cuenta
con un ingreso mensual durante el resto de su vida, aquel tiene que subsistir
el tiempo de vida que le queda, con una suma fija; sin importar, bajo el
supuesto improbable de predecir la fecha de defunción del beneficiario de la
prestación, que el prorrateo de la misma, arroje mesadas inferiores al salario
mínimo mensual legal vigente”[44].
Y, (iii) con el hecho de que la avanzada edad le impide acceder al mercado
laboral, por lo cual tiene altas probabilidades de no contar con ingresos
suficientes para procurarse una calidad de vida en condiciones dignas.
Por otro lado, la Sala encuentra que
la acción de tutela interpuesta por la señora Ena Luz Severiche Acuña,
identificada con el expediente T.6.074.191 es procedente por cuanto no cuenta
con un mecanismo judicial ordinario para reclamar la protección de los derechos
fundamentales que estima vulnerados. La accionante interpone la acción por
cuanto Colpensiones, por medio de la Resolución GNR 268105 del 12 de septiembre
de 2016, resolvió de manera negativa la solicitud de revocatoria directa en
contra de una resolución anterior emitida por entidad - GNR 195249 del 1 de
julio de 2016-, mediante la cual se concede el reconocimiento y pago de una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. La demandante no cuenta con
una vía legal ordinaria para solicitar el amparo de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social debido a la
naturaleza jurídica de los actos administrativos señalados.
En efecto, teniendo en cuenta su
contenido, en principio se podría considerar que las resoluciones señaladas
constituyen actos administrativos de carácter particular y concreto
susceptibles de ser cuestionados ante la jurisdicción contencioso
–administrativa. Incluso, podría advertirse una eventual negligencia de parte
de la accionante por cuanto no interpuso ningún recurso en sede administrativa
en contra de la Resolución del 1 de julio de 2016, que ordenó el reconocimiento
y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.  No obstante,
ninguna de las dos Resoluciones puede ser demandada ante los jueces
administrativos, como se verá a continuación:
(i). La Resolución GNR 195249 del
1 de julio de 2016 reconoció y ordenó el pago de una indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez. Mediante memorial del 28 de julio del mismo año, la
accionante solicitó la revocatoria directa de la misma por cuanto desistió de
recibir el valor de la indemnización sustitutiva, al decidir continuar
cotizando al sistema de seguridad social, a fin de mejorar su derecho a la
pensión, así como mantenerse cubierta ante los riesgos de invalidez y muerte
mediante la expectativa de obtener las prestaciones que prevé el sistema de la
Ley 100 de 1993 para los efectos, en caso de materializarse alguno de estos
riesgos. La accionante afirma bajo la gravedad de juramento que no hizo
efectivo el cobro del valor de la indemnización.
Ahora, debido al tipo de
pretensión de la accionante, esto es, el desistimiento del pago de la
prestación económica cuyo pago ya había sido ordenado por Colpensiones, la
misma no puede ser ventilada mediante la acción de nulidad y restablecimiento
por cuanto, de acuerdo con los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta acción sólo puede ser
interpuesta cuando los actos administrativos hayan sido expedidos con
infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de
quien los profirió[45].
Y, ninguno de estos supuestos es el caso de un desistimiento de un derecho
prestacional. En tanto la Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016  reconoce
un derecho prestacional a favor de la accionante, tras verificar el
cumplimiento de los requisitos legales, esto es el artículo 37 de la Ley 100 de
1990 y el Decreto 1730 de 2001 reglamentario de este artículo, y la pretensión
de  demandante es desistir de este derecho, no se configura ninguna de las
causales que habilitan el cuestionamiento de la legalidad del acto
administrativo mediante la acción la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho. En ese sentido, pese a que la accionante omitió interponer los
recursos en sede administrativa, esta omisión no es susceptible de ser calificada
como negligencia, toda vez que, en cualquier caso, su pretensión de desistir de
la indemnización sustitutiva concedida no puede ser ventilada ante la
jurisdicción contenciosa a través de la nulidad y restablecimiento del derecho.
(ii) De otra parte, la Resolución
GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016 resolvió denegar la solicitud de
revocatoria directa en contra de la Resolución GNR 195249 del 1 de julio de
2016, es decir, mantiene en firme el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva a favor de la accionante. Esta Resolución no es susceptible de
recursos en sede administrativa, no da lugar a silencio administrativo positivo,
y no revive los términos para interponer los recursos contra el acto
administrativo cuya revocatoria se solicita, de conformidad con el artículo 96
de la Ley 1147 de 2011 o CPACA, que reglamenta los efectos de la revocatoria
directa en el siguiente sentido: “[n]i la petición de revocación de un acto,
ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para
demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni
darán lugar a la aplicación del silencio administrativo”.
La decisión que niega la
revocatoria directa de un acto administrativo, como la  Resolución GNR 260126
del 2 de septiembre de 2016, no tiene control ante la jurisdicción contencioso
administrativa, si se tiene en cuenta lo dispuesto por  el artículo 96 del
CPACA, en el sentido de que, ni la petición de la accionante ni la decisión de
la Administración que le da respuesta, reviven los términos para interponer las
acciones contencioso administrativa contra el acto administrativa cuya
revocatoria es solicitada, ni dan lugar al silencio administrativo positivo. Lo
anterior, teniendo en cuenta que, tal como lo ha explicado la jurisprudencia
del Consejo de Estado, la decisión que niega la solicitud de revocatoria
directa no configura un nuevo acto administrativo puesto que no crea una
situación jurídica distinta a la del acto cuya revocatoria se solicita, ni lo
confirma ni se fusiona[46].
De acuerdo con lo anterior, la
Resolución GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016, que resolvió denegar la
solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución GNR 195249 del 1 de
julio de 2016, no cuenta con un medio judicial ordinario para ser discutida por
la accionante.
Por otro lado, constata la Sala
que la demanda de tutela interpuesta por la señoras María Ester Zorro Guerrero
y Ana Luz Severiche Acuña cumplen con el requisito de inmediatez. En el primer caso,
por cuanto el último acto administrativo por medio del cual Colpensiones niega
el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, data del 2 de
septiembre de 2016. Luego de interponer los recursos de reposición y apelación
contra este acto, obteniendo de parte de la entidad la confirmación de la
decisión negativa del 2 de septiembre de 2016, la demandante acude a la acción
de tutela el 6 de enero de 2017[47],
la cual es asignada al Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá. Esto significa que, entre la fecha del acto administrativo
que presuntamente vulnera los derechos fundamentales de la accionante y la
interposición de la acción de tutela, transcurrieron cuatro meses y cuatro
días. Estima la Sala que éste es un tiempo razonable y no se observa una
desproporción entre el tiempo en que se configura el acto generador de la
garantía iusfundamental y el uso del recurso extraordinario de tutela.
En el segundo caso, el acto
administrativo por medio del cual se niega la revocatoria directa de la
Resolución que concede la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a
favor de la señora Severiche Acuña, fue emitido el 12 de septiembre de 2016. La
acción de tutela por medio de la cual se solicita la protección de los derechos
al mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso presuntamente
vulnerados por la Resolución del 12 de septiembre señalada, fue interpuesta el
29 de septiembre de 2016 y repartida al Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Barranquilla. Lo anterior, indica que entre el acto presuntamente vulneratorio
de los derechos fundamentales de la accionada y la interposición de la acción
de tutela, no transcurrieron sino quince días, con lo cual a todas luces se da
cumplimiento al requisito de inmediatez.
En línea con lo expuesto,  la
Sala pasa conocer de fondo las acciones de tutela en los casos subjudice.
(II). Régimen de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en la Ley 100 de 1993.
Carácter imprescriptible y desistible de la prestación
De conformidad con lo preceptuado
en la Ley 100 de 1993, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que la misma Ley determina, así como procurar la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones[48].
En el sistema de pensiones bajo
el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, los aportes de los
afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública,
que dado su carácter parafiscal, no pueden ser entendidos como dineros
pertenecientes a la Nación[49].
Con ese fondo común se garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan
la calidad de pensionados en cada vigencia, y además, la obtención de la
pensión de vejez, invalidez, o de sobreviviente, o una indemnización
sustitutiva de la pensión para los nuevos afiliados y sus beneficiarios[50].
De acuerdo con el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, el derecho a la pensión de vejez se adquiere con el
cumplimiento de dos requisitos: (i) Haber cumplido 55 años de edad si es
mujer y 60 años de edad si es hombre[51];
y, (ii) Haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo[52]. Cuando el
afiliado cumple con el primer requisito, pero no con el segundo, el legislador
estableció la posibilidad de obtener una indemnización sustitutiva, consagrada
en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993. El mencionado artículo dispone lo
siguiente:
ARTÍCULO
37. INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Las personas que habiendo
cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo
de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un
salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de
semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado
de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”.
De acuerdo con la jurisprudencia
de esta Corte, en sede de tutela y en sede de constitucionalidad, la indemnización
sustitutiva en el régimen de prima media con prestación definida es “el
derecho que le asiste a las personas que no logran acreditar los requisitos
para obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez, de vejez y de
sobreviviente, para reclamar -en sustitución de dicha pensión- una
indemnización equivalente a las sumas cotizadas debidamente actualizadas”[53]. Se
caracteriza por ser un derecho imprescriptible[54],
suplementario[55],
irrenunciable[56]y
facultativo[57].
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha sido pacífica en destacar la imprescriptibilidad de la
indemnización sustitutiva de la pensión y, con base en este atributo, en
numerosas ocasiones ha tutelado los derechos a la seguridad social  y al mínimo
vital[58].
En general, el carácter
imprescriptible de las indemnizaciones sustitutivas de las pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes deriva de principio de la imprescriptibilidad de los
derechos pensionales consagrado en los artículos 46 y 48. En tanto estas
prestaciones “[…] buscan sustituir la pensión de vejez, invalidez y
sobrevivientes, cuando no se cumplen los requisitos para que sea reconocida
cualquiera de ellas, es claro mutatis mutandis que puede equipararse a un
derecho pensional, razón por la cual el parámetro de imprescriptibilidad para
este tipo de derechos, fijado por la jurisprudencia constitucional, debe
aplicarse en este ámbito, es decir, que su exigibilidad puede hacerse en
cualquier tiempo, sujetándose únicamente a normas de prescripción, una vez ha
sido efectuado su reconocimiento por parte de la autoridad correspondiente.”[59] Así,
la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad que se divulga del derecho a la
pensión también debe predicarse del derecho a reclamar la indemnización sustitutiva
o devolución de saldos[60].
En particular, en la Sentencia T-
155 de 2011[61]
la Corte señaló que se vulnera el derecho fundamental a la seguridad social cuando
la entidad niega el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez, alegando que, de acuerdo el artículo 50 del Decreto 758 de 1990, el
término para cobrar esta prestación prescribe en un año. Para llegar a esta
conclusión, la Sentencia señaló que el término de prescripción del artículo
señalado es predicable únicamente de las mesadas pensionales no reclamadas y
deducido del contenido de las prestaciones. Ahora, dado que esta indemnización
hace las veces de la pensión con que cuenta quien no alcanzó a cotizar lo
suficiente y, en esa medida,  la situación de desprotección es mayor en quien
recibe la indemnización sustitutiva que en quien recibe la pensión de vejez,
dar aplicación  al artículo 50 del Decreto 758 de 1990 para negar el pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, viola los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad  con sujeción a los cuales el Estado
tiene la obligación de prestar el servicio público de la seguridad social.
La indemnización sustitutiva ha
sido considerada por la jurisprudencia de esta Corte como una “especie de
ahorro”[62],
una “acreencia a favor de los trabajadores”[63]
o “compensación”[64]
en cuya virtud se restituye el capital aportado de acuerdo con las fórmulas
designadas en la ley y en los reglamentos correspondientes[65]. Así, dado que la
indemnización sustitutiva constituye un capital que pertenece a los
trabajadores por los aportes efectuados durante un periodo de su vida laboral,
ante la imposibilidad de obtener la pensión por no cumplir con todos los
requisitos que exige la Ley, es posible que el beneficiario al que le ha sido
reconocida, desista de la misma, sin perder la posibilidad de continuar cotizando
al sistema de seguridad social con el propósito de mejorar su derecho a la
pensión, así como mantenerse bajo la cobertura de los riesgos de invalidez y
muerte.
Pero además de la razón derivada
de que los aportes pertenecen al trabajador, la indemnización sustitutiva es
desistible, por su carácter facultativo y por la regla jurisprudencial que
señala que el reconocimiento y pago de estas prestaciones económicas no que
excluyen la posibilidad de que el afiliado siga cotizando al sistema y solicite
el reconocimiento de la pensión respectiva, en cuyo caso serán compensadas las
mesadas con el valor correspondiente a la indemnización sustitutiva concedida.
El carácter facultativo de la
indemnización sustitutiva fue objeto de análisis por parte de la Corte mediante
la Sentencia C-375 de 2004, por medio del cual se declaró
exequible el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, bajo el
entendido que no vulnera el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad, por cuanto el precepto establece una posibilidad facultativa
-no impuesta- para los afiliados de recibir la indemnización sustitutiva o de
continuar cotizando al sistema de pensiones por el tiempo faltante. En ese
sentido, el derecho que adquiere el trabajador en dichos términos, es
una prerrogativa o un derecho facultativo, dado que tiene la opción de
utilizarla y reclamar sus ahorros, o seguir cotizando hasta alcanzar el monto o
semanas que le hagan falta, para obtener así su pensión de jubilación.
Por su parte, en las Sentencias T-606 de 2014[66] y T-002 A de 2017[67], las Salas
de revisión fijaron la subregla jurisprudencial consistente en que el
reconocimiento de una indemnización sustitutiva de vejez o invalidez no impide
que el beneficiario reclame el derecho a la pensión, siempre y cuando el valor
de esta última se compense con las mesadas pensionales. Así, el artículo 6 del
Decreto 1730 de 2001[68]
que señala taxativamente que “[…] las indemnizaciones sustitutivas de vejez
y de invalidez, son incompatibles con las pensiones de vejez y de invalidez”, ha
sido interpretado por la Corte en el sentido de que “[...] no significa que a una persona que ya se le reconoció
el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, no pueda
volvérsele a examinar el derecho a una pensión, que cubra de manera más amplia
las contingencias de la discapacidad. ¨[…] la incompatibilidad de los
beneficios pensionales no es una barrera para evaluar nuevamente los casos, ni
efectuar un reconocimiento pensional, sino que debe interpretarse como una
imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos prestaciones
simultáneamente, cuando una de ellas se otorgó con apego a las normas legales y
a la Constitución.”
En conclusión, la jurisprudencia  “protege a quienes habiendo
cumplido la edad para obtener una pensión no cotizaron el mínimo de semanas
exigidas y declararon su imposibilidad de continuar haciéndolo, otorgándoles la
opción de acceder a una indemnización, lo que no significa que, en caso de
establecer que puede ser acreedor de una prestación mejor, como lo es la
pensión propiamente, no pueda acceder a la misma, caso en el cual se descontará
de las mesadas correspondientes el valor cancelado con anterioridad por dicho
concepto.”[69]
Lo que no estaría autorizado por la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la
Sentencia de tutela citada, “sería acceder a la pensión y a la indemnización
sustitutiva por la misma causa. […] Aunque si después de concedida la
indemnización, se establece que tiene derecho a la pensión, procede la compensación”[70].
Ahora
bien, pese a que la Sentencia T-002 A de 2017 se refiere a una indemnización
sustitutiva de invalidez, esta subregla puede ser aplicada de manera analógica
a la indemnización sustitutiva de vejez, toda vez que ambas prestaciones
económicas constituyen derechos económicos a favor del beneficiario, cuando no
logran completar los requisitos legales para obtener la correspondiente
pensión.
Por otro lado, la jurisprudencia
constitucional ha fijado algunos criterios sobre el reconocimiento, liquidación
y pago la liquidación de la indemnización sustitutiva, dejando claro que para
estos efectos, serán tenidas en cuenta los derechos, garantías, prerrogativas,
servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones normativas
anteriores a la Ley 100 de 1993.
A partir de las consideraciones
contenidas en  las Sentencias T-972 de 2006[71],
T-1088 de 2007[72]
y la T-850 de 2008[73],
la Sentencia T-080 de 2010[74],
como uno de estos criterios para liquidar la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez destacó que, “sin importar que las cotizaciones se hayan
presentado con anterioridad o en vigencia de la Ley 100 de 1993, todas las
semanas deben tenerse en cuenta para acceder al reconocimiento y fijar el monto
de la indemnización sustitutiva. No hacerlo propiciaría un “enriquecimiento
sin justa causa de la entidad a la cual se efectuó aportes”[75].
(III). Vulneración al debido
proceso administrativo por desconocimiento del precedente constitucional que
señala la imprescriptibilidad de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez. Reiteración de Jurisprudencia
Con el fin de analizar la afectación del derecho al
debido proceso en sede administrativa, esta Corte ha hecho uso de las causales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por
tratarse de las formas más usuales de vulneración. No obstante, ha reconocido
que se trata de escenarios diferentes dado que “la procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos es más estricta que contra decisiones judiciales, puesto que
las controversias jurídicas que generen aquellos deben ser resueltas, de manera
general y preferente, a través de los recursos judiciales contenciosos”[76].
Sobre la vulneración del debido proceso administrativo,
por desconocimiento del precedente constitucional, la Corte consideró que este
defecto ocurre “cuando la autoridad administrativa obra, de
forma injustificada, en contravía del contenido y alcance de los derechos
fundamentales que ha realizado, con efectos obligatorios, la Corte
Constitucional”[77].
En particular, en la Sentencia T-477 de 2015[78], la Corte
consideró que se desconoce el precedente constitucional y, con ello, se incurre
en la vulneración al debido proceso por esa causa, cuando autoridades
judiciales dan aplicación al artículo 50
del Decreto 758 de 1990, entendiendo que el pago de la indemnización
sustitutiva prescribe dentro del año siguiente a su reconocimiento. En esa
oportunidad, la accionante promovió demanda laboral en contra del ISS con el
fin de reclamar el pago de la indemnización. El Juez Laboral ordinario decidió
absolver a la entidad demandada del pago de la indemnización sustitutiva por
haber prescrito, según su interpretación del artículo 50 del Decreto 758 de
1990.
Y, en segunda instancia, el Tribunal Superior– Sala
Laboral– confirmó la decisión.
La Corte encontró que, teniendo en cuenta que “en materia de
imprescriptibilidad de indemnizaciones sustitutivas, la Corte Constitucional ha
fijado como precedente que dicha imprescriptibilidad se predica tanto de la
oportunidad para solicitar el reconocimiento de la prestación como de su
posterior reclamación”, los despachos judiciales accionados vulneraron el
derecho al debido proceso de la accionante por apartarse de este precedente,
sin la debida justificación.
(IV). Análisis de los casos en
concreto
1.
Expediente
T.6.070.328
Esta
Sala de revisión encuentra que, dentro del proceso de tutela promovido por la
señora María Ester Zorro Guerrero, Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a la seguridad social de la
accionante al negar el reconocimiento y pago de una indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, bajo la tesis de que sobre esta prestación económica
operó el fenómeno de la prescripción con base en el artículo 50 del Decreto 758
de 1990.
Como
fue expuesto en la sección (II), la Corte Constitucional ha considerado en
numerosos fallos que, la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez es
imprescriptible como quiera que su naturaleza prestacional es equiparable a la
pensión de vejez. En ese sentido, tal como ocurre con la pensión de vejez, el
derecho como tal es imprescriptible, de tal suerte que puede ser reclamado por
el beneficiario en cualquier momento. En esa línea, el artículo 50 del Decreto
758 de 1990, se limita a la fijación de un límite temporal para el cobro de
mesadas y subsidios y no debe ser interpretado en el sentido de que establece
la prescripción del pago de la indemnización sustitutiva. En efecto, como
quiera que el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez
corresponde a la entrega de un solo valor monetario, y en esa medida no
corresponde a una prestación de tracto sucesivo, aplicar el término de un año equivale
a fijar la prescripción del derecho como tal.
Tal
como fue señalado por la Corte en la Sentencia T-477 de 2015,
cuando la autoridad administrativa o judicial se niega a reconocer y/o pagar la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez argumentado que sobre ésta
operó el fenómeno de la prescripción de acuerdo con lo establecido en el
artículo 50 del Decreto 758 de 1990, desconoce el precedente constitucional
fijado por esta Corporación sobre la imprescriptibilidad de esta prestación
sustitutiva.
En el caso de la señora María Ester Zorro Guerrero, el
extinto ISS y hoy Colpensiones vulneró el derecho al debido proceso
administrativo y a la seguridad social al desconocer el precedente sentado por
la Corte Constitucional que establece imprescriptibilidad del pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Esta vulneración se configuró
en cada uno de los actos administrativos en que la entidad negó el pago de la
indemnización sustitutiva aduciendo la aplicación del artículo 50 del Decreto
758 de 1990, es decir, en la Resolución No. 014275 del 24 de mayo de 2010; GNR
260126 del 2 de septiembre de 2016; GNR 315485 del 26 de octubre de 2016 y VPB
44110 del 9 de diciembre de 2016. Por esta razón, la Sala ordenará a
Colpensiones dejar sin efectos las resoluciones mencionadas.
Ahora, la
accionante, quien cuenta con 67 años, desde el año 2005, configuró los
requisitos legales y reglamentarios para acceder a la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez y, en esa medida, mediante la Resolución No. 011974 del
26 de abril de 2005, el extinto ISS ordenó el reconocimiento y pago de esta
prestación por valor de dos millones trescientos veintitrés mil seiscientos
ochenta y cinco pesos ($ 2.323.685).  No obstante, como quiera que en el
expediente consta que con posterioridad a la expedición de la Resolución No.
011974 del 26 de abril de 2005[79],
la accionante continuó cotizando al sistema de seguridad social, incluso, hasta
el año 2014[80],
la Sala ordenará a Colpensiones reliquidar el valor de la indemnización
sustitutiva incluyendo todas las semanas cotizadas hasta la fecha. Por esta
razón, pese a que el fallo de tutela fue favorable a las pretensiones de la
accionante, la Sala lo revocará, en tanto no dispuso la reliquidación del valor
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez con la inclusión de la totalidad
de semanas cotizadas por la accionante hasta la fecha.
Conforme a lo
expuesto, la Sala Cuarta, en primer lugar, procederá a revocar la sentencia
proferida el 23 de enero de 2017 por el Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante la cual tuteló el derecho al debido
proceso administrativo de la accionante y la sentencia dictada el 7 de marzo de
2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal-, que
revocó el fallo de tutela de primera instancia. En su lugar, se concederá el
amparo de tutela del derecho al mínimo vital, a la seguridad social y al debido
proceso administrativo de la señora María Ester Zorro Guerrero por las
consideraciones expuestas en esta providencia.
En segundo
lugar, la Sala dejará sin efectos: (i) la Resolución No. 011974 del 26 de abril
de 2005, por medio de la cual el extinto ISS reconoció una indemnización
sustitutiva de pensión de vejez a favor de  la accionante por valor de dos
millones trescientos veintitrés mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($ 2.323.685);
(ii) la Resolución No. 014275 del 24 de mayo de 2010, por medio del cual ISS
negó el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez bajo el
argumento de la aplicación del artículo 50 del Decreto 758 de 1990; (iii) la Resolución
GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016, por medio de la cual se negó el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva a favor de la demandante
bajo el mismo argumento; (iv) la Resolución GNR 315485 del 26 de octubre de
2016, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición contra la
Resolución GNR 260126 confirmando la decisión negativa adoptada en ésta y, (v) la
Resolución VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016, que resolvió el recurso de
apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución GNR 315485 del 26
de octubre de 2016.
En su lugar, se ordenará a Colpensiones
reconocer y pagar la indemnización sustitutiva a favor de la accionante,
teniendo en cuenta todas las semanas cotizadas desde 1967 hasta hoy.
2.
Expediente
T.6.074.191
En varios
pronunciamientos[81],
la Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno jurídico de la carencia
actual de objeto puede generarse por la ocurrencia de un hecho superado, daño
consumado o cualquier otra circunstancia que torne inocuas las órdenes del
juez de tutela, por ejemplo, aquellos eventos en el que el accionante pierde el
interés en sus pretensiones o fueran imposible de realizarse, dada la
ocurrencia de una modificación en los hechos que originaron la acción de tutela[82].  Se
presenta una carencia actual de objeto por un hecho superado cuando el
objeto jurídico que da origen a la acción de tutela, cesa, desaparece o se
supera por causa de la reparación del derecho cuya protección pretende el
accionante. En este caso “[…] aquello que se pretendía lograr mediante la
orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna[83].”
Por su
parte, se constituye un daño consumado cuando la vulneración o amenaza
del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con
la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro.[84].Cuando
el daño se consuma en el transcurso del trámite de la acción de tutela, es
decir, en primera instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante
la Corte Constitucional[85],
la jurisprudencia en sede de tutela ha fijado algunas pautas a seguir por los
jueces, a saber:
(i)
Pronunciarse de fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la
presencia del daño consumado y sobre si existió o no la vulneración de los
derechos invocados en la demanda, lo cual incluye, en el caso del juez de
segunda instancia y de la Corte Constitucional, la revisión de los fallos
precedentes para señalar si el amparo ha debido ser concedido o negado[86].
(ii)
Hacer una advertencia “a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
conceder la tutela (…)”, al tenor del artículo 24 del decreto 2591 de 1991[87].
(iii)
Informar al actor o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de
toda índole a las que puede acudir para la reparación del daño[88].
(iv)
De ser necesario a juicio del juez constitucional, compulsar
copias del expediente a las autoridades que considere obligadas a investigar la
conducta de los demandados cuya acción u omisión causó el mencionado daño[89].
Ahora bien, dentro de la acción
promovida por la señora Ena Luz Severiche Acuña, operó el fenómeno procesal de
la carencia actual de objeto por daño consumado. Tal como fue informado por
la accionada en escrito allegado a esta Sala de Revisión el 19 de julio de 2017[90], el 14 de
diciembre de 2016 la demandante solicitó a Colpensiones el pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida en la Resolución de
GNR 195249 del 1 de julio de 2016, luego de que en segunda instancia, mediante
fallo del 25 de noviembre de 2016, la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla confirmara el fallo de primera instancia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla por medio del cual fueron
negadas las pretensiones de la accionante. Así mismo, Colpensiones procedió a
la devolución de los aportes efectuados por la empleadora de la accionante
entre el 1 de junio de 2016 al 9 de marzo de 9 de 2017.
En ese sentido, teniendo en
cuenta que la demandante pretendía la protección de sus derechos fundamentales
a la seguridad social, al debido proceso y al mínimo vital mediante la
revocatoria de la Resolución que concedió la indemnización sustitutiva y la
autorización para continuar cotizando al sistema integral de seguridad social,
para efectos de mejorar su derecho a la pensión y estar amparada frente al
riesgo de invalidez y frente a la muerte, respectivamente, la Sala considera
que al negar la revocatoria directa de la Resolución GNR 195249 del 1 de julio
de 2016 y, posteriormente, acceder a pagar el monto de la prestación
sustitutiva indemnizatoria y devolver los aportes al sistema de seguridad
social a la empleadora de la accionante, se materializa el daño que pretendía
evitar la demandante por vía de la acción de tutela, es decir, que no le fuera
negada la posibilidad de mejorar su derecho a la pensión y estar desamparada
frente a las contingencias de invalidez y frente a la muerte, por la falta de
cotización al sistema de seguridad social de la Ley 100 de 1993. Este daño se
consumó pese a que el 14 de diciembre de 2016 la accionante solicitó el pago de
la indemnización sustitutiva, tal como la Sala pasará a explicar.
La solicitud del pago la
indemnización sustitutiva a Colpensiones por parte de la accionante se efectuó
luego de que no prosperaran sus pretensiones, es decir, se ocasionó
posiblemente en razón de la negativa de los jueces de tutela de amparar sus
derechos al debido proceso por desconocimiento del precedente judicial, al
mínimo vital y a la seguridad social, a través de una orden a la accionada
tendiente a revocar la Resolución de GNR 195249 del 1 de julio de 2016 que
concedió en su momento la prestación económica sustitutiva.  Bajo estas
circunstancias, es cuestionable que el cobro de la indemnización el 14
diciembre de 2016, haya obedecido a un acto voluntario de parte de la
accionante, tal como supone Colpensiones, sino al hecho de que la peticionaria
no obtuvo la protección de sus derechos en sede de tutela. En ese sentido, es
cuestionable que la solicitud de la peticionaria tendiente a que fuera pagada
la suma correspondiente a la indemnización sustitutiva previamente reconocida,
se realizara como una decisión libre y voluntaria, derivada del carácter
opcional que ostenta la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, tal
como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corte.
Aunado a lo anterior, la Sala
considera necesario pronunciarse de fondo sobre la vulneración de los derechos
que tuvo lugar antes de que la accionante volviera a reclamar el pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión, luego de que no prosperaran sus pretensiones
ante las autoridades judiciales que conocieron en primera y segunda instancia
la acción de tutela.
En esa línea de análisis, la Sala
encuentra que Colpensiones vulneró los derechos a la seguridad social, al
debido proceso y al mínimo vital de la demandante al negar la revocatoria
directa del acto administrativo que ordena el reconocimiento y pago de una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a su favor, pese a que la
beneficiaria desiste de manera expresa de la prestación, y no efectúa el cobro
de misma, al decidir continuar laborando como empleada doméstica y cotizar al
sistema integral de la Ley 100 de 1993 para efectos de mejorar su derecho a la
pensión y estar amparada frente a las contingencias de invalidez y muerte.
La accionante promueve la acción
por cuanto Colpensiones, por medio de la Resolución GNR 268105 del 12 de
septiembre de 2016, resolvió de manera negativa la solicitud de revocatoria
directa en contra de una resolución anterior emitida por entidad - GNR 195249
del 1 de julio de 2016-, mediante la cual se concede el reconocimiento y pago
de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
La decisión de no revocar la
indemnización sustitutiva concedida mediante la Resolución GNR 195249 del 1 de
julio de 2016, vulneró el derecho a la seguridad social de la accionante por
cuanto desconoce la jurisprudencia de esta Corte en relación con que
indemnización sustitutiva es desistible, por su carácter facultativo. Este
carácter optativo fue destacado por la Corte mediante la Sentencia C-375 de 2004, por medio del cual se declaró exequible el
artículo 37 de la Ley 100 de 1993, al señalar que esta
prestación económica constituye una prerrogativa o un derecho
facultativo del trabajador, dado que tiene la opción de utilizarla y reclamar
sus ahorros, o seguir cotizando hasta alcanzar el monto o semanas que le hagan
falta, para obtener así su pensión de jubilación. Así, la negativa de dejar sin
efectos la Resolución GNR 195249 del 1 de julio de 2016, que concedió la
prestación sustitutiva a favor de la demandante, equivaldría a imponer al
afiliado la condición de acreedor de la indemnización, lo que es contradictorio
con la naturaleza facultativa de esta prestación.
El argumento de Colpensiones en
cuanto a que no procedía la revocatoria en virtud de la Circular 01 de 2012 - Capítulo
VI- que dispone que: “una vez el asegurado haya solicitado la indemnización
sustitutiva no puede volver al Sistema General de Pensiones, toda vez que
manifestó bajo la gravedad de juramento la imposibilidad de continuar cotizando
al sistema, manifestación que es de carácter voluntario”, no es de recibo
toda vez que contraviene la jurisprudencia constitucional que ha señalado que
el reconocimiento y pago de estas prestaciones económicas no excluyen la
posibilidad de que el afiliado siga cotizando al sistema y solicite el
reconocimiento de la pensión respectiva, en cuyo caso serán compensadas las
mesadas con el valor correspondiente a la indemnización sustitutiva concedida[91].
Adicionalmente, de acuerdo con el
artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, los actos administrativos deberán ser
revocados por las autoridades que los profirieron o por el superior jerárquico,
de oficio o a petición de parte, cuando: (i) sea manifiesta su oposición a la
Constitución o la Ley; (ii) no sean conformes con el interés público o social
y; (iii) cause un agravio injustificado a una persona.
A su turno, el artículo 97 de la
Ley 1437 de 2011, ha dispuesto como condición para que
proceda la revocatoria de un acto administrativo que ha creado o modificado una
situación jurídica particular o reconocido un derecho en iguales
circunstancias, obtener previamente el consentimiento expreso y por escrito del
titular.
La
jurisprudencia de esta Corte[92]
ha reiterado que los actos administrativos de carácter particular y concreto
son irrevocables o inmutables, salvo que el titular del derecho
manifieste su consentimiento expreso y por escrito para que puedan ser
revocados por la administración.
La Sala
observa que, la solicitud de revocatoria directa de la Resolución de
Colpensiones que ordenó el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez de la accionante, cumplía con los requisitos
establecidos en los artículos 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011, toda vez
que: (i) fue solicitada por la beneficiaria de la prestación económica; (ii)
bajo el argumento de que optaba por seguir cotizando al sistema de seguridad
social para mejorar su derecho a la pensión y no perder la cobertura frente a
las contingencias de invalidez y muerte, (iii) la titular de la prestación
económica manifestó su voluntad inequívoca por escrito.
Debido a la configuración de los
requisitos exigidos por los artículos 93 y 97 del CPACA en el caso subjudice,
no era válida la negativa de Colpensiones de negar la revocatoria de la
indemnización sustitutiva.
Aunado a lo anterior, la Sala
llama la atención de Colpensiones en cuanto a que no informó a la accionante sobre
la posibilidad de que su acción de tutela fuera seleccionada para revisión por
esta Corte, tal como ocurrió. Esta omisión configuró una falta de lealtad
procesal por parte de la accionada, toda vez que, con esta información, la
demandante eventualmente habría tomado una determinación distinta. En lugar de
reclamar la suma de dinero correspondiente a la indemnización sustitutiva,
podría haber optado por esperar la decisión de la Corte Constitucional en sede
revisión.
De otra parte, de acuerdo con las
Sentencias T 606 de 2014 y T-002 A de 2017, la accionante tiene la posibilidad
de continuar cotizando al sistema de seguridad social aun habiendo cumplido la
edad para acceder a la pensión, pues la prohibición del artículo 6 del Decreto
1730 de 2011, según el cual son incompatibles las indemnizaciones sustitutivas
de vejez y de invalidez y las pensiones correspondientes, debe interpretarse,
únicamente, como la imposibilidad de que los aportes al sistema financien dos
prestaciones simultáneamente, y no como erróneamente consideró Colpensiones, es
decir, vetando a la accionante de continuar cotizando al sistema por haberse
reconocido previamente la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
De acuerdo
con lo expuesto, la Sala declarará que en la acción de tutela presentada por
Ena Luz Severiche Acuña, operó el fenómeno procesal de la carencia actual de
objeto por daño consumado, teniendo en cuenta los hechos explicados.
Para efectos
de la reparación del daño causado, se le comunicará a la demandante que tiene
la opción de reintegrar la suma de dinero correspondiente a la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez y las cotizaciones devueltas a la empleadora
de la accionante, así como de continuar cotizando al sistema de seguridad
social. Para materializar esta posibilidad a favor de la demandante, Colpensiones
deberá comunicarse con la accionante para efectos de informarle que tiene la
opción de reintegrar el monto de la prestación económica y las cotizaciones
devueltas.
En caso de
que la accionante se decida por la devolución del dinero correspondiente a la
prestación sustitutiva, la entidad y la accionante suscribirán un acuerdo de
devolución del dinero a Colpensiones, bajo condiciones de modo, tiempo y lugar
favorables para la demandante y razonables para la entidad.
Una vez se
suscriba dicho acuerdo, Colpensiones deberá revocar de oficio la Resolución GNR
195249 del 1 de julio de 2016, por medio de la cual se reconoció la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; aceptar el reintegro de las
cotizaciones al sistema de seguridad social y permitir que la accionante
continúe cotizando al sistema, en los términos explicados en la parte
considerativa de esta sentencia.
Igualmente,
la Sala efectúa una advertencia a Colpensiones en el sentido de que no vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar a la vulneración de los
derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y al debido
proceso por desconocimiento del precedente constitucional en el caso subjudice,
de conformidad con el artículo 24 del decreto 2591 de 1991[93].
Y finalmente, la Sala revocará la
sentencia proferida del 11 de octubre del 2016 por el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Barranquilla que negó por improcedente la acción y la sentencia
emitida el 25 de noviembre de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla -Sala Civil- Familia-, que confirmó el fallo de
primera instancia. Lo anterior, teniendo en cuenta que al negar las
pretensiones de la accionante, desprotegieron sus derechos fundamentales al
debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad que para ese momento eran
objeto de vulneración por la negativa de Colpensiones de revocar la Resolución
de GNR 195249 del 1 de julio de 2016 que concedió la prestación económica
sustitutiva.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
En el expediente T.6.070.328, REVOCAR la sentencia proferida
el 23 de enero de 2017 por el Juzgado Veintidós de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Bogotá, mediante la cual tuteló el derecho al debido proceso
administrativo de la accionante y la sentencia dictada el 7 de marzo de 2017
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Penal-, que revocó
el fallo de tutela de primera instancia. En su lugar CONCEDER el amparo
de tutela del derecho al mínimo vital, a la seguridad social y al debido
proceso administrativo de la señora María Ester Zorro Guerrero, por las
consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.-
DEJAR SIN EFECTOS: (i) la Resolución No. 011974 del 26 de abril de
2005, por medio de la cual el extinto ISS reconoció una indemnización
sustitutiva de pensión de vejez a favor de la accionante por valor de dos
millones trescientos veintitrés mil seiscientos ochenta y cinco pesos ($ 2.323.685);
(ii) la Resolución No. 014275 del 24 de mayo de 2010, por medio del cual ISS
negó el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez bajo el
argumento de la aplicación del artículo 50 del Decreto 758 de 1990; (iii) la
Resolución GNR 260126 del 2 de septiembre de 2016, por medio de la cual se negó
el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva a favor de la
demandante bajo el mismo argumento; (iv) la Resolución GNR 315485 del 26 de
octubre de 2016, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición contra
la Resolución GNR 260126 confirmando la decisión negativa adoptada en ésta y,
(v) la Resolución VPB 44110 del 9 de diciembre de 2016, que resolvió el recurso
de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución GNR 315485 del
26 de octubre de 2016.
TERCERO.-
ORDENAR a Colpensiones que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, reconozca y pague
la indemnización sustitutiva a favor de la señora María Ester Zorro Guerrero,
de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.
CUARTO.- REVOCAR
la sentencia proferida del 11 de octubre del 2016 por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Barranquilla que negó por improcedente la acción y la
sentencia emitida el 25 de noviembre de 2016 por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Civil- Familia-, que confirmó el fallo
de primera instancia, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de
la presente sentencia.
QUINTO.- En
el expediente T 6.074.191, DECLARAR la carencia actual de objeto
por haberse consumado un daño en contra la señora Ena Luz Severiche Acuña, en
los términos explicados en la parte considerativa de esta sentencia.
SEXTO.-
ORDENAR a Colpensiones que, en el término de setenta y dos (72) horas
contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, se comunique con
la accionante para efectos de informarle que tiene la opción de devolver el monto
de la prestación económica reconocida y las cotizaciones. En caso de que la
accionante decida reintegrar el dinero correspondiente a la prestación
sustitutiva, la entidad y la accionante acordarán la sustitución de la suma de
dinero a Colpensiones, bajo condiciones de modo, tiempo y lugar razonables para
ambas partes.
Con
fundamento en dicho acuerdo, Colpensiones deberá revocar la Resolución GNR
195249 del 1 de julio de 2016, por medio de la cual se reconoció la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; aceptar el reintegro de las
cotizaciones al sistema de seguridad social y permitir que la accionante
continúe cotizando al sistema, en los términos explicados en la parte
considerativa de esta sentencia.
SÉPTIMO.-INFORMAR
a la señora Ena Luz Severiche Acuña que tiene la opción de reintegrar la
suma de dinero correspondiente a la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez y las cotizaciones devueltas a la empleadora, así como de continuar
cotizando al sistema de seguridad social, para efectos de mejorar su derecho a
la pensión y estar amparada ante el riesgo de invalidez y a la muerte, en los
términos explicados en la parte considerativa de esta sentencia.
OCTAVO.- Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (e.)
ROCÍO
LOAIZA MILIAN
Secretaria
General (e.)
[1] Folio 1. Cuaderno No. 3.
[2] Folio 13. Cuaderno No. 3.
[3] Folio 1. Cuaderno No. 3
[4] Folio 28 del cuaderno 1.
[5] Expediente T 6070328. Cuaderno 3. Folio 31.
[6] Folio 45 del cuaderno 1.
[7] Folio 45 del cuaderno 1.
[8] Este dispone lo siguiente: “Los actos administrativos quedarán en
firme: “Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación
de la decisión sobre los recursos interpuestos”.
[9] “Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán
suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de
inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de
otra autoridad. Para tal efecto podrá  requerirse, si fuere necesario, el apoyo
o la colaboración de la Policía Nacional.
[10]En el escrito de impugnación se citan las  Sentencias T-528 de 1998.
M.P. Antonio Barrera Carbonell; la Sentencia T-660 de 1999. M.P Álvaro Tafur
Galvis y la Sentencia T-344 de 2011.
[11] Cuaderno 3. Folio 49.
[12] Cuaderno 2. Folio 9.
[13] Sentencia T-366 de 2010. M.P. María Victoria Calle.
[14] Ver Cuaderno No. 3. Folio 58.
[15] Folio 51 del cuaderno 3.
[16] Así lo afirma el fallo de tutela de primera instancia del
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla. Folio  37 del
cuaderno 3.
[17] Folio 39 del cuaderno No. 3
[18] Folio 42 del cuaderno 3.
[19] Expediente T-6074191. Cuaderno 1. Folio 16.
[20] Expediente T-6074191. Cuaderno 1. Folio 18
[21] Expediente T6074191. Cuaderno 1. Folio 26.
[22] Expediente T6074191. Cuaderno 1. Folio 16.
[23] Ver Sentencias:   T-1015 de 2008 MP. Jaime Córdoba Triviño,
[24]. T-262 de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-762 de 2008, T-608 de 2008, T-063 de 2009 y T-1088 de 2007.
[25] Sentencia T-080 de 2010. MP. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[26] Al respecto, la T-905 de 2008, consideró lo
siguiente: “La acción de tutela procederá para solicitar el reconocimiento de
un pensión de vejez o de una indemnización sustitutiva siempre que la negativa
implique conexidad con un derecho de naturaleza fundamental y esté de por medio
la protección efectiva de los sujetos de especial protección. Los efectos de la
protección podrán ser transitorios o definitivos, subordinados a las reglas que
rigen el perjuicio irremediable o si se acredita que el procedimiento jurídico
correspondiente resulta ineficaz para las condiciones específicas de casa
situación.”.
En
particular, sobre la procedencia de la acción de tutela para reclamar la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la Sentencia T-155/11: de lo
anterior se infiere que la indemnización sustitutiva o devolución de saldos,
era el derecho a la pensión de vejez en vía de adquisición, el cual no se pudo
adquirir por la imposibilidad de seguir cotizando al Sistema General de
Seguridad Social. Por ende, la procedencia de la acción de tutela para reclamar
estas prestaciones, debe analizarse desde la perspectiva jurisprudencial
vigente, para reclamar una pensión vitalicia de jubilación. Ver: Sentencia
T-155 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[27] Sentencia T-080 de 2010. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] Sentencias: T-668 de  2007.MP. Clara Inés Vargas
Hernández, T-1088 de 2007. MP. Rodrigo Escobar Gil y  T-850 de 2008. MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra
[29] Al respecto manifestó la Corte en la citada Sentencia T-1088 de
2007: “El hecho de que se trate de un sujeto de especial protección
constitucional que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta,
necesariamente implica que no se pueda reclamar de él la misma diligencia que
se exige de las demás personas, por lo que no podría evaluarse con la misma
rigurosidad el ejercicio oportuno de las acciones respetivas”.
[30] Sentencias: T-789 de 2003. MP. Manuel
José Cepeda Espinosa, T-456 de 2004. MP. Jaime Araujo Rentería y T-850 de 2008.
MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[31]  Ver
Sentencias: T-038 de 1997. MP. Hernando Herrara Vergara,  T-1083 de 2001. MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra,  T-850 de 2008 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. T-905 de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[32] Sentencia T-1268 de 2005. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Sentencia T-1083 de 2001.
MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[34] Sentencia T-076 de 2011. M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[35] Sentencia T-040 de 2014,
M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico n° 4.2.
[36].
Corte Constitucional, sentencias SU-805/03 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-1110/02 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra)  T-1182/03 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y
T-1102/05 (M.P. Jaime Araújo Rentería). Las anteriores Sentencias son citadas
por la Sentencia T-076 de 2011 (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).
Pie de página No. 39.
[37] Estas diferencias se centran en el grado de intensidad del
requisito de procedibilidad.  La jurisprudencia ha previsto que la procedencia
de la acción de tutela contra actos administrativos es más estricta que contra
decisiones judiciales, puesto que las controversias jurídicas que generen
aquellos deben ser resueltas, de manera general y preferente, a través de los
recursos judiciales contenciosos. Sobre el tópico, la Corte ha señalado que ““Aunque el derecho al debido proceso administrativo adquirió rango
fundamental, ello no significa que la tutela sea el medio adecuado para
controvertir este tipo de actuaciones. En principio, el ámbito propio para
tramitar los reproches de los ciudadanos contra las actuaciones de la administración
es la jurisdicción contenciosa administrativa quien está vinculada con el deber
de guarda y promoción de las garantías fundamentales. Es en este contexto donde
demandados y demandantes pueden desplegar una amplia y exhaustiva controversia
argumentativa y probatoria, teniendo a su disposición los diversos recursos que
la normatividad nacional contempla. El recurso de amparo sólo será procedente,
en consecuencia, cuando la vulneración de las etapas y garantías que informan
los procedimientos administrativos haya sido de tal magnitud, que los derechos
fundamentales de los asociados no cuentan con otro medio de defensa efectivo.
El recurso de amparo, como sucede en la hipótesis de protección de todos los
derechos fundamentales, es subsidiario y residual, lo que implica que si la
persona cuenta con un medio  de defensa efectivo a su alcance o, habiendo
contado con el mismo, de manera negligente lo ha dejado vencer, la tutela
devendrá improcedente. En caso de existir otro medio de defensa, procede la
tutela como mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable”.  Cfr.
Corte Constitucional, sentencia T-214/04.
[38] Sentencia T-076 de 2011. M. P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[39] Sentencia T-076 de 2011. M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[40] Sentencia T-1268 de 2005. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[41] Ver artículos 138 y 137 de la 1437  de 2011, por medio de la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
[42] Expediente T 6070328. Cuaderno 3. Folio 13.
[43] Expediente T 6070328. Cuaderno No. 3. Folio 1.
[44] Ver: Sentencia T-155 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[45] Ver artículos 138 y 137 de la 1437  de 2011, por medio de la
cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
[46] Sentencia del 16 de noviembre de 2001. Expediente No, 7068,
Sección Primera. Consejero Ponente. Manuel Santiago Urueta Ayola.
[47] Ver acta individual de reparto del 6 de enero de 2017.
Expediente T-6070328. Cuaderno 3.
[48] Artículo 10 de la Ley 100 de 1993.
[49] Sentencia C-378 de 1998.
[50] Artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
[51] A partir del 1° de enero de 2014, la edad se
incrementará a 57 años si se es mujer y 62 años si se es hombre.
[52] A partir del 1° de enero de 2005 el número de
semanas se incrementó el 50 y, a partir del 1° de enero de 2006 se presenta un
incremento anual de 25 semanas, hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015.
[53] Texto original de la sentencia C-624 de 2003,
reiterado en las sentencias T-750 de 2006 y T-972 de 2006.
[54] Ver: Sentencia T-746 de 2004 y T-972 de 2006. En esta última, la Corte estudió el caso de una persona de la tercera
edad, quien laboró en el Incora entre el 25 de septiembre de 1967  y el 30 de
septiembre de 1976, y posteriormente en el Instituto Colombiano de Hidrología,
Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), hasta el 24 de junio de 1981.
Posteriormente, y dado que no le fue posible hallar una nueva ocupación
laboral, el actor y su familia entraron en una grave crisis económica que los
llevó a la indigencia, por lo que en el año 2003 solicitó a Cajanal que se le
reconociera y pagara la indemnización sustitutiva; sin embargo, Cajanal denegó
la prestación económica señalando que no cumplía con los requisitos para
acceder a la misma. La Corte tuteló los derechos del accionante y ordenó
adelantar el trámite pertinente para que la indemnización fuera reconocida y
pagado. La Corte indicó que la indemnización sustitutiva es de
naturaleza imprescriptible porque se puede reclamar en cualquier momento,
siempre que el interesado haya cumplido la edad para pensionarse pero no haya
cotizado al Sistema de Seguridad Social en pensiones por un tiempo igual o
superior al mínimo requerido para la obtención de la pensión de vejez.
[55] Sentencia C-624 de 2003
[56] Sentencia T-1046 de 2007
[57] El estudio de constitucional de esta norma fue
objeto de análisis por la Corte Constitucional en sentencia C-375 de 2004, en
la cual se declaró exequible el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, bajo en
entendido que no vulnera el derecho fundamental al libre desarrollo de la
personalidad, por cuanto el precepto establece una posibilidad facultativa no
obligatoria para los afiliados de recibir la indemnización sustitutiva o de
continuar cotizando al sistema de pensiones por el tiempo faltante.
[58] Ver, por ejemplo: Sentencias T-099 de 2008, T-972 de 2006, T-099 de 2008, T-529 de 2009, T-597 de 2009 y
T-849A de 2009.
[59] T-546 de 2008
[60] En esta Sentencia, el problema jurídico planteado es
el siguiente: ¿el Instituto de Seguros Sociales vulneró los derechos a la
seguridad social, al mínimo vital, y a la protección de las personas de la
tercera edad, al omitir el reconocimiento de 269 semanas de cotización a la
actora, en el reconocimiento de la indemnización sustitutiva, mediante
resolución N° 020733 de 19 de mayo de 2008, y al aplicar el fenómeno de la
prescripción al pago de dicha prestación, con base en el artículo 50 del
Decreto 758 de 1990?
[62] Sentencia T-115 de 15. M. P. Mauricio González Cuervo.
[63] En la T-750 de 2006. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
la Corte afirmó que que por esta vía se reconoce una auténtica acreencia que
le permite al cotizante “recuperar los aportes efectuados durante el período
laboral, ante la imposibilidad de obtener la pensión”.
[64] T-981 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[65] En el caso de la indemnización sustitutiva es preciso
remitirse a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1730 de 2001, mientras
que en la hipótesis de la devolución de saldos es menester acudir a lo
dispuesto en el artículo 66 de la ley 100 de 1993.
[66] M.P. María Victoria Calle Correa.  En esta
providencia, la Corte debió resolver el siguiente problema jurídico: ¿se
vulneran los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de un afiliado a
un fondo de pensiones (Orlando Castro Rojas), cuando se le niega el
reconocimiento de la pensión de invalidez argumentando que no cotizó al menos
cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez y que ya le fue reconocida una indemnización
sustitutiva, a pesar de que en el dictamen tomado como referencia se estableció
el momento en que perdió el 58.8% de capacidad laboral, pero no el 50% exigido
por la normativa vigente?
[67] M. P. Jorge Iván Palacio Palacio. En esta providencia, la Corte
se planteó la resolución del siguiente problema jurídico: ¿ establecer
si se vulneran los derechos fundamentales de una persona que se encuentran en
situación de debilidad manifiesta, con la negativa del fondo de pensiones a reconocerle la pensión de invalidez bajo el argumento de no cumplir
con los requisitos exigidos por la ley vigente al momento de la estructuración
de la invalidez y haber recibió con anterioridad una indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez.?
[68] “Por el cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de
1993 referentes a la indemnización sustitutiva del régimen solidario de prima
media con prestación definida”.
[69] Sentencia
T-002  A de 2017. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[70] En este sentido la sentencia T-937 de 2013
indicó: “puesto que es plausible que entre
ambas prestaciones ocurra la compensación, en casos en los cuales se haya
pagado una indemnización sustitutiva por error y posteriormente se demuestre
que el afiliado si tenía derecho a la pensión, siempre que se trate de
prestaciones de igual naturaleza u origen (vejez-vejez o invalidez-invalidez).”
[71] En esta oportunidad la Corte señaló lo
siguiente sobre: En esa sentencia la Corte examinó el caso de una persona de la
tercera edad, quien trabajó en el Incora desde el 25 de septiembre de 1967
hasta el 30 de septiembre de 1976, y posteriormente laboró en el Instituto
Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT),
desempeñando funciones hasta el 24 de junio de 1981. Ante la imposibilidad
siguiente de conseguir un nuevo trabajo, el actor y su familia se fueron sumiendo
en la indigencia, y en el año 2003 solicitó a Cajanal el reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva. Sin embargo, Cajanal le negó la prestación
económica por cuanto no cumplía con los requisitos para acceder a la misma. La
Corte concedió el amparo y ordenó el adelantar el trámite pertinente para el
reconocimiento y pago de la indemnización.
[72] En
esa oportunidad la Corte estudió el caso de una persona de la tercera edad,
quien cotizó en pensiones a Cajanal, obteniendo un total de 2169 días
cotizados. Debido a que el accionante dejó de cotizar en el año 1967 y,
posteriormente a la expedición de la Ley 100 de 1993 acudió a reclamar la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la misma le fue negada bajo
el argumento de que solo tenían derecho a su reconocimiento y pago las personas
que fuesen afiliadas activas al Sistema General de Pensiones que contempla la
Ley 100.  La Corte tuteló y ordenó a Cajanal adelantar el trámite pertinente
para el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva al actor, de
acuerdo con las semanas efectivamente cotizadas.
[73] Esta
Corporación analizó el caso de un señor que había trabajado como conductor en
la Universidad del Tolima desde el 19 de febrero de 1971 y hasta el 7 de marzo
de 1982, equivalente a 3979 días cotizados. Al solicitar el reconocimiento y
pago de la indemnización sustitutiva, la Secretaría Administrativa del Fondo
Territorial de Pensiones del Tolima, el 31 de marzo de 2007 le negó tal
reconocimiento aduciendo que solo procedía para las personas que se encontraban
cotizando a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La Corte concedió el
amparo definitivo al derecho al mínimo vital del accionante y, en consecuencia,
ordenó al Departamento del Tolima que adelantara el trámite pertinente para el
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva al actor, de acuerdo con
las semanas de cotización.
[74] Ver T-080 de 2010. M.P. Varias de las subreglas resumidas en esta
Sentencia han sido aplicadas, por ejemplo, en las Sentencias T-1075 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio
y la Sentencia T-230/14. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB.
[75] Consejo
de Estado, Sección Segunda – Subsección A. Sentencia No. 4109-04 del 26 de
octubre de 2006. M.P.: Jaime Moreno García. Concretamente el fallo puntualizó: “(…) en aras de despejar cualquier duda respecto del
reconocimiento de un derecho consagrado en la Ley 100 de 1993, a una persona que para la fecha en la cual ésta entró en vigencia no estaba vinculada al
servicio público, destaca la Sala que el legislador no exigió como presupuesto
del reconocimiento del derecho a la indemnización sustitutiva estar vinculado
al servicio, ni excluyó de su aplicación a las personas que estuvieran
retiradas del servicio. Si así lo hubiere hecho, tal disposición sería a todas
luces inconstitucional, entre otras razones, por ser violatoria del derecho a
la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta y desconocer la
irrenunciabilidad de los derechos ciertos e indiscutibles (art. 15 C.S. del T.) y de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales – art. 53 ibídem-, así
como la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales de derecho, la garantía a la seguridad
social y la asistencia a las personas de la tercera edad -art. 46-.” Esta sentencia fue citada como nota de pié de página
en las sentencia T-1088 de 2007 y T-850 de 2008.
[76] Sentencias T-076 de 2011.
[77] Sentencia T-080 de 2011.
[78] M.P. Mauricio González Cuervo. El problema jurídico
resuelto en esa oportunidad, es el siguiente: ¿el Juzgado 32 Laboral del Circuito de Bogotá y el
Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral – vulneraron el derecho al debido
proceso del accionante al declarar prescrita la indemnización sustitutiva
previamente reconocida por Colpensiones a favor de laaccionante?
[79] Expediente T6070328. Cuaderno 3. Folios 10-11.
[80] Expediente T6070328. Cuaderno 3. Folio 10.
[81] Ver: Corte Constitucional SU-540 de 2007, Sentencia T-612 de 2009.
[82] Sentencia T-585 de 2010.
[83] En el mismo sentido, las sentencias T-170 de 2009, T-309 de 2006,
T-308 de 2003 y T-972 de 2000, entre muchas otras.
[84] Sentencia T-083 de 2010.
[85] Sentencia T-890 de 2013, T-615 de 2012,  T-170 de 2009 y SU-667 de 1998.
[86] Ver sentencias T-803 de 2005, T-758 de 2003, T-873 de 2001, T-498 de
2000, SU-667 de 1998, T-428 de 1998 y T-476 de 1995, entre otras.
[87] Así se hizo en las sentencias T-803 de 2005, SU-667 de 1998,
T-428 de 1998 y T-476 de 1995.
[88] Ver las sentencias T-170 de 2009 y T-576 de 2008.
[89] Así se hizo en las sentencias T-808 de 2005, T-662 de 2005,
T-980 de 2004, T-288 de 2004, T-496 de 2003 y SU-667 de 1998.
[90] Ver: Numeral de 2.6.4. de esta Sentencia. Pág. 13.
[91] Ver Sentencias las Sentencias T-606 de 2014 y  T-002  A de 2017.
[92] Ver: Sentencia T-628 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-344
de 2010 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-381 de 2012 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[93] Así se hizo en las sentencias T-803 de 2005, SU-667 de 1998,
T-428 de 1998 y T-476 de 1995.