T-241-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-241/08
PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCION DE
TUTELA-Alcance
CONSEJO SUPERIOR DE CARRERA NOTARIAL-No admitió a los accionantes al concurso
para la carrera notarial por no anexar los documentos requeridos en la forma
exigida
ACCION DE TUTELA-Subsidiariedad/ACCION DE TUTELA-Supuestos
excepcionales en los que el carácter subsidiario no impide su utilización
Es necesario tomar en consideración que la
jurisprudencia también ha hecho ver que existen dos supuestos excepcionales en
los cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su
utilización, a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al
alcance de los interesados. La primera de estas excepciones, prevista
directamente en el precitado artículo 86 de la Constitución, se presenta cuando
la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; la segunda, cuando el otro medio de defensa existe, pero en la
práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se
invoca, excepción que
no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la
jurisprudencia de esta corporación. Ahora bien, tratándose de conflictos
suscitados con ocasión del agotamiento de los concursos para proveer cargos
públicos o para acceder al ejercicio de funciones públicas, esta Corte ha
llegado a estimar que las acciones ordinarias al alcance de los peticionarios
no son suficientemente aptas para lograr la protección de sus derechos, por lo
cual la tutela vendría a ser adecuada.
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Exigencia por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial de certificados originales y no en fotocopia
De la lectura de las disposiciones
normativas se infiere, como resulta obvio por su propia naturaleza, que sólo
dos de los documentos allí relacionados podían ser aportados en fotocopia por
los aspirantes a notario: la cédula de ciudadanía y el certificado judicial del
DAS, pues en forma taxativa e inequívoca señalaron cuáles documentos se debían
presentar en copia o fotocopia y cuales en original, figurando entre éstos
últimos los certificados de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría
General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura. Para la Sala la
exigencia de tales certificaciones en original resulta razonable, pues permite
que el Consejo Superior de la Carrera Notarial al realizar la selección, pueda
establecer con toda certeza que la persona que pretende ingresar a la carrera
de notario está habilitada para desempeñar la función pública fedataria, al no
recaer sobre ella sanción disciplinaria alguna, con certificados que
específicamente han de ser solicitados para ese fin concreto, a diferencia de
lo que ocurre con la cédula de ciudadanía y el certificado vigente sobre
antecedentes judiciales expedido por el DAS. El mencionado Consejo al definir
los parámetros y procedimientos dentro de los cuales se desarrollaría el
concurso de notarios, estaba plenamente autorizado para exigir documentos
originales que permitieran acreditar, entre otras circunstancias, la ausencia
de inhabilidades, como en efecto lo hizo al expedir el Acuerdo 1 de 2006, cuyo
artículo 10 dio alcance al citado artículo 4° del Decreto 3454 de 2006. En este
orden de ideas, no era entonces irrazonable ni desproporcionado exigir a los
aspirantes que su solicitud de acreditación incluyera originales de documentos
específicamente destinados a ese concreto propósito. Para la Sala, ese
requisito no genera obstáculo a quien aspira a ser notario.
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES-Exigencia por el Consejo Superior de la
Carrera Notarial de vigencia de los datos contenidos en el Boletín de
Responsables Fiscales
Le asiste razón a la entidad demandada. Ciertamente,
el artículo 10° del Acuerdo 01 de 2006, por el cual se convocó al concurso para
nombramiento de notarios e ingreso a la carrera notarial, dentro de los
documentos que ordenó acompañar a la solicitud de inscripción incluyó el certificado
de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República;
documento que, por razones obvias, debe ser el expedido con base en el último
Boletín de Responsables Fiscales emanado de esa entidad, y no en uno anterior
que no contenga información actualizada. La única forma de aproximarse a la
certeza respecto de la no inclusión de una persona en dicho Boletín radica en
conocer el último número del mismo, pues de lo contrario la entidad interesada
en verificar la inexistencia de antecedentes fiscales corre el riesgo de
atenerse a una información desactualizada y admitir al concurso o dar posesión
a una persona inhabilitada, con las sanciones que este hecho acarrea. Así, la
exigencia del Consejo Superior de la Carrera Notarial, relativa a presentar
certificado de antecedentes fiscales “vigente”, en nada resulta
inconstitucional, sino que, antes bien, responde al cumplimiento de un deber de
verificación, en desarrollo de los principios superiores de transparencia y
moralidad en el ejercicio de la función pública.
Referencia: expedientes T-1728786 y T-1754334
(acumulados).
Peticionarios: Jorge Alonso Flechas Díaz y
Lenin Darío Saavedra Saavedra.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado, respectivamente.
Magistrados Ponentes:
Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA y
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D.C.,
seis (6) de marzo de dos mil ocho (2008).
La Sala Sexta de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson
Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en la revisión de los fallos proferidos por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, de
fechas 6 y 13 de septiembre de 2007, dentro de los expedientes T-1728786 y
T-1754334, respectivamente.
Los expedientes llegaron a la Corte Constitucional por
remisión que hicieron las mencionadas corporaciones y fueron escogidos para su
revisión en noviembre 22 de 2007 por la Sala Once de Selección, que decidió
acumularlos para decidirlos en una misma sentencia, por existir entre ellos relación
de conexidad material.
La presente providencia conserva los antecedentes y otra
buena parte del proyecto originalmente presentado por el Magistrado Marco
Gerardo Monroy Cabra, con sustancial modificación en el acápite 4. de las
consideraciones y lo consecuente de la parte resolutiva, al ser diferente la
conclusión adoptada por los restantes Magistrados.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-1728786
1.1
Solicitud
Jorge Alonso Flechas Díaz solicita que se protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso al ejercicio de funciones públicas, presuntamente
vulnerados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, con base en los hechos y argumentos que a continuación
se resumen:
Hechos
1. Mediante el Acuerdo N° 1 de 2006, el Consejo Superior de la Carrera Notarial
convocó concurso público y abierto para el nombramiento de notarios en
propiedad e ingreso a la carrera notarial, cuyo texto señaló los requisitos
generales y específicos para ser notario y el procedimiento de inscripción y
concurso.
2. Conforme al reglamento y en tiempo oportuno, el 19
de enero de 2007 el actor remitió por primera vez la documentación exigida.
3. Como quiera que en ese primer envío olvidó adjuntar
el comprobante de inscripción, encontrándose aún dentro de la fecha límite para
ello, el 26 de enero de 2007 remitió nuevamente la documentación, incluyendo el
mencionado comprobante.
4. No obstante, mediante Acuerdo N° 7 de 2007 fue
declarado “no admitido” al concurso, por haber incumplido los requisitos
generales de allegar en original los certificados de antecedentes
disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación y de
antecedentes disciplinarios como abogado, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura.
5. En forma oportuna presentó recurso de reposición
contra el Acuerdo N° 7 de 2007, explicando que en dos oportunidades y en el
tiempo previsto, había remitido la documentación completa y auténtica que
demostraba el cumplimiento de los requisitos de inscripción.
6. No obstante lo anterior, mediante Resolución 000584 proferida el 23 de junio de 2007, el Presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial
confirmó la decisión de inadmitirlo al concurso, aduciendo que los certificados
echados de menos sí habían sido presentados pero en fotocopia simple y señalando
que conforme al Decreto 3454 de 2006 y al Acuerdo 01 de 2006, “sólo en
algunos casos puntuales se autoriza la presentación de documentos en copia”;
contra esta decisión no procedía recurso alguno.
Argumentos de derecho
A juicio del demandante, con la Resolución del 23 de
junio de 2007 el Consejo
Superior de la Carrera Notarial incurrió en vía de hecho por defecto
sustantivo, por cuanto la decisión de no admitirlo al concurso “se fundó en
la aplicación de una norma inaplicable al caso”.
Expresa que en su caso la acción de tutela es
procedente como mecanismo transitorio, ya que contra la aludida resolución no
procede recurso alguno y porque acudir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa
tomaría tanto tiempo que haría nugatorio el ejercicio de sus derechos, pues
para cuando fuera decidida una acción judicial intentada por esta vía, ya se
habrían superado todas las etapas del concurso.
Para sustentar la existencia de la vía de hecho
alegada, sostiene que la decisión de inadmitirlo a concurso se basó en el hecho
de que los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación fueron
aportados en fotocopia simple, cuando en opinión del Consejo Superior de la
Carrera Notarial tales copias no tenían valor probatorio, pues así se derivaría
de lo reglado por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil.
Lo anterior constituye una vía de hecho, a juicio del
demandante, pues “la determinación asumida se basó en una norma inaplicable
al caso, pues el artículo 254 del C. de P. C. es norma reguladora de los
trámites o procesos judiciales, en tanto, tratándose de un trámite administrativo,
la norma aplicable al caso, es el artículo 1° del Decreto 2150 de 1995 que
dispone que ‘a las entidades que integran la Administración Pública les está
prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o
judicialmente.’ (Se subraya), precepto que desde luego se aviene al
precepto constitucional de buena fe previsto en el artículo 83 de la Carta
Política que enseña que ‘Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas’.”
Así las cosas, a juicio del demandante “no podía la
Administración, ni en el Decreto 3454 de 2006 ni en el Acuerdo 1 del mismo año,
exigir el cumplimiento de un requisito especial cuando la ley expresamente se
lo prohíbe” y al hacerlo, en su parecer, incurrió en una vía de hecho.
Prosigue el actor señalando que como si lo anterior
fuera poco, la administración reafirmó la vía de hecho anotada cuando al
interponer el recurso de reposición contra el Acuerdo 7 de 2007 y aportar los
documentos originales de los certificados de antecedentes disciplinarios,
nuevamente le negó el derecho de admisión al concurso, repitiendo el argumento
inicial sin hacer ninguna referencia al hecho de que durante el trámite del
recurso se habían aportado los mencionados originales, ni a la circunstancia de
que el Decreto 3454 de 2006 y el Acuerdo 1 de 2006 se había exigido que los
mismos fueran presentados en original.
Como medida provisional, el demandante solicita que se
suspenda el trámite del concurso, mientras se define la presente acción de
tutela, ante la inminencia de la realización de una prueba de conocimientos,
prevista para el día 22 de julio de 2007.
Con fundamento en los anteriores hechos y argumentos
de derecho, el actor solicita al juez de tutela que deje sin efectos la
Resolución 000584 de 23 de junio de 2007, emanada del Consejo Superior de la
Carrera Notarial y, en su lugar, disponga su admisión al concurso.
1. 2.
Traslado de la demanda y decreto de medidas provisionales
1.2.1. La tutela fue admitida por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, que corrió traslado de la misma al Consejo Superior de la Carrera Notarial, y
así mismo, vinculó al trámite a la Superintendencia de Notariado y Registro,
teniendo en cuenta que las funciones de Secretaría del Consejo Superior de la
Carrera Notarial son cumplidas por esa Superintendencia, a través de su Oficina
Asesora Jurídica, conforme lo dispone el artículo 164 del Decreto Ley 960 de
1970.
Como medida provisional mientras se resolvía de fondo
el asunto, ordenó al Consejo Superior de la Carrera Notarial permitir al
demandante presentar la prueba escrita de conocimientos prevista para el día 22
de julio de 2007.
1.2.2. En forma oportuna intervino el Jefe de la
Oficia Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien
solicitó que las pretensiones del demandante fueran denegadas, con fundamento
en los siguientes argumentos:
Citando al respecto copiosa jurisprudencia de esta corporación
y de otros tribunales, sostiene que la acción de tutela presenta dos
características esenciales, subsidiariedad e inmediatez,  por lo cual no podía
el tutelante “pretender por vía de tutela acreditar unos requisitos para
acceder al concurso para ingreso a la carrera notarial, cuando no lo hizo
dentro del termino y en las condiciones que concedió el operador jurídico para
ello”.
Invoca el artículo 10 del Acuerdo 01 de 2006, por el cual
se convocó a concurso para nombramiento de notarios e ingreso a la carrera
notarial,  norma en la cual se enumeran los documentos generales que el
aspirante debía acompañar a su solicitud de acreditación para participar en
dicho concurso, del cual en parecer de esa entidad, al igual que de lo reglado
por el Decreto 3454 de 2006, se deduce que “solo en algunos casos puntuales,
se autoriza la presentación de documentos en copia, por lo que en esos casos
expresamente exceptuados es viable y legal la admisión de fotocopias”.
Explica que ello ocurre con la cédula de ciudadanía,
certificado de antecedentes expedido por el DAS, tarjeta profesional, acta de
grado y título expedido por una universidad reconocida, pero que no ocurre lo
mismo con los demás documentos que eran exigidos en ese caso, a los cuales era
necesario aplicar lo dispuesto por el artículo 252 del C. de P. C., al que
remite el 267 del C. C. A., que reconoce a las copias del documento el mismo
valor probatorio del original, siempre y cuando sean auténticas. Como ese no
era el caso de las fotocopias presentadas por el actor, no podían darse por
acreditados los requisitos para participar en el concurso.
Agrega la Superintendencia que el plazo para entrega
de  los documentos fue ampliado hasta el día 23 de abril de 2007, por lo que no
entiende por qué el demandante estima violados sus derechos fundamentales, si
tuvo la oportunidad de allegar los documentos faltantes en las condiciones
exigidas por las citadas normas. Estima que lo que alega no es otra cosa que su
propia culpa.
Finalmente explica que el 23 de junio de 2007 el
Consejo Superior de la Carrera Notarial resolvió negativamente el recurso de
reposición presentado por el demandante, porque el Acuerdo 7 de 2007 fue claro
en establecer que únicamente se considerarían los documentos presentados
durante la etapa de inscripción. Por último, expresa que crear una excepción a
las reglas generales rompería el equilibrio que se ha tratado de mantener
durante el desarrollo del concurso.
1.2.3. En escrito posterior, el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro hizo saber al
Tribunal Superior de Bogotá que, en acatamiento a la orden impartida dentro del
presente proceso, se había permitido que el señor Flechas Díaz presentara la
prueba de conocimientos programada para el día 22 de julio de 2007, dentro del
concurso abierto para acceso a la carrera notarial, mientras se resolvía en el
fondo esta acción de tutela.
1.2.4. En un nuevo escrito allegado al expediente, el
mismo jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y
Registro dio alcance al libelo mediante el cual contestó la tutela, para
señalar que el demandante no podía fundar sus pretensiones en el Decreto 2150
de 1995, pues “dicha norma no puede ser aplicada para acreditar el
cumplimiento de unos requisitos dentro de un concurso, cuyas bases han sido
divulgadas con suficiente antelación”. Destacó también cómo en el artículo
10 del Acuerdo 01 de 2006, se preveía la posibilidad de presentar fotocopias de
algunos documentos, pero no de todos, por lo cual sostiene que si el demandante
no estaba de acuerdo con dicha reglamentación debió en su momento demandar su
nulidad.
1.3. Pruebas obrantes en el expediente
Obran dentro del expediente, entre otras, las
siguientes pruebas documentales:
1. Copia del Decreto 3454 de 3 de octubre de 2006.
2. Copia del Acuerdo N° 1 de 2006, expedido por el
Consejo Superior de la Carrera Notarial.
3. Copia del comprobante de inscripción del
demandante, para participar en el concurso para acceso a la carrera notarial.
4. Copia de los documentos anexados al anterior
formulario de inscripción.
5. Copia del recurso de reposición interpuesto contra
el Acuerdo N° 7 de 2007.
6. Copia de la Resolución mediante la cual se resolvió
el anterior recurso.
7. DVD que “reproduce el momento en que se abrió el
sobre que contenía los documentos enviados por el aspirante-tutelante Jorge
Alfonso Flechas Díaz”.
2. Expediente T-1754334
2.1. Solicitud
Lenin Francisco Saavedra Saavedra solicita al juez de tutela que proteja su
derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el  Consejo
Superior de la Carrera Notarial. Fundamenta su demanda en los siguientes hechos
y argumentos de derecho:
Hechos
1. Mediante el Acuerdo N° 1 de 2006, el Consejo
Superior de la Carrera Notarial convocó a concurso público y abierto para el
nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.
2. Presentó a la convocatoria todos los documentos
exigidos.
3. Fue inadmitido a dicho concurso, por cuanto se
estimó que el certificado de antecedentes fiscales que allegó, expedido por la
Contraloría General de la Nación, había perdido vigencia.
4. Contra la anterior resolución de inadmisión
interpuso oportunamente el recurso de reposición, alegando la sin razón de la
decisión y aportando un nuevo certificado de antecedentes fiscales.
5. Mediante Resolución 0000918 de 27 de junio de 2007,
sin fundamentación razonable, se confirmó la decisión de inadmitirlo a
concurso.
Fundamentos de derecho
A juicio del demandante, la anterior actuación del Consejo
Superior de la Carrera Notarial desconoce sus derechos fundamentales, por las
razones jurídicas que explica así:
Allegó un certificado de antecedentes fiscales que,
por ser posterior a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 3454 de 2006,
mediante el cual se convocó el concurso para carrera notarial, debía entenderse
“vigente”.
Explica que el certificado que expide la Contraloría
General de la Nación no incluye la expresión “vigente”. No obstante, el
artículo 60 de la Ley 610 de 2000 dispone que ningún funcionario puede
posesionarse si aparece en el boletín de antecedentes fiscales, por lo cual
debe entenderse que si la Contraloría expidió el certificado que inicialmente
allegó, de fecha posterior a la convocatoria del concurso,  fue porque para esa
fecha no estaba incluido en dicho boletín.
Agrega que como se desprende de lo dicho por el mismo Consejo
Superior de la Carrera Notarial al resolver el recurso de reposición, tal
Consejo tuvo a la vista el Boletín N° 48, vigente a partir de 2 de enero de
2007, por lo cual pudo advertir que él no se encontraba incluido en dicho
Boletín. Además, en la sustentación del recurso otra vez allegó un nuevo
certificado.
Así las cosas, estima que la Administración no reparó
en la materialidad de la finalidad del concurso, que entre otros objetos
pretende impedir que quienes tengan deudas o condenas fiscales participen en él.
Adicionalmente, el Consejo Superior  violó el principio de legalidad, que en lo
referente al principio de eficacia en el artículo 3° del Código de
Procedimiento Civil perentoriamente establece que “los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales”.
2. 2. Traslado de la demanda
Admitida la demanda, de la misma se dio traslado al Consejo
Superior de la Carrera Notarial. No obstante, teniendo en cuenta que, conforme
lo dispone el artículo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, las funciones de
Secretaría del Consejo Superior de la Carrera Notarial son cumplidas por la
Superintendencia de Notariado y Registro a través de su Oficina Asesora
Jurídica, la demanda fue contestada por el jefe de esta última Oficina.
En su contestación, la Superintendencia recuerda los
principios de subsidiariedad e inmediatez que caracterizan a la acción de
tutela y tras citar jurisprudencia relativa a estos asuntos, afirma que el
demandante no podía pretender que por esta vía judicial se dieran por
acreditados los requisitos para acceder al concurso para ingreso a la carrera
notarial.
Afirma que cuando el artículo 10 del Acuerdo 01 de
2006 exigió como requisito para presentarse al concurso el certificado de
antecedentes fiscales, si bien no se indicó que el mismo debía estar “vigente”,
también es cierto que los boletines de la Contraloría con base en los cuales se
expide esa clase de certificados, tienen fechas de expiración, que se presentan
cada tres meses.
En el caso presente, expone la Superintendencia, la
fecha límite para acreditar los requisitos vencía el 26 de enero de 2007, que
luego se prorrogó hasta el 23 de abril del mismo año. Por lo cual, a su
parecer, el certificado de antecedentes fiscales allegado por el demandante no
se encontraba vigente para cuando fue remitido. No obstante, no precisa la
fecha cuando se envió, ni en la que se recibió, ni la fecha en que la pérdida
de vigencia habría ocurrido.
2.3. Oposición de la Procuraduría General de la Nación
Dentro del término del traslado, la Procuraduría
General de la Nación intervino para oponerse a las pretensiones de la demanda;
en sustento de su posición, entre otros asuntos, explicó que la Contraloría
General de la Nación fijaba unas fechas en las cuales expiraba la vigencia de
los boletines expedidos por ese órgano de control, con base en los cuales, a su
vez, se expiden los certificados de antecedentes fiscales.
Para analizar el caso concreto, repite textualmente
los argumentos de la Superintendencia de Notariado y Registro, afirmando que el
plazo máximo para allegar documentos a fin de participar en el concurso vencía
el 26 de enero de 2007, que fue prorrogado hasta el 23 de abril del mismo año,
por lo cual, estima que no se incurrió en violación de derechos. Sin embargo, omite
precisar la fecha en que el demandante remitió el certificado de antecedentes
fiscales y aquella en la que se recibió ese documento, así como la fecha en que
la pérdida de vigencia habría ocurrido.
Finalmente, aduce que existen otros mecanismos de
defensa judicial al alcance del actor, quien tampoco alegó que la presente
acción procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, que no demuestra y por ello la demanda no está llamada a
prosperar.
2.4. Pruebas obrantes en el expediente
1. Respuesta al derecho de petición elevado por el accionante
ante la Contraloría General de la Nación, donde constan las fechas en las que
solicitó certificado de antecedentes fiscales.
2. Copia de la Resolución 918 de 2007, mediante la
cual se desató el recurso de reposición interpuesto por el demandante.
3. Copia del certificado de antecedentes fiscales,
allegado al tiempo de la interposición del recurso de reposición.
II. ACTUACIÓN JUDICIAL
1. Expediente T-1728786
1.1 Sentencia de julio 24 de 2007, de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá
Mediante sentencia del 24 de julio de 2007, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Bogotá tuteló a favor del doctor Jorge Alonso
Flechas Díaz los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al
ejercicio de cargos públicos, al considerar que fueron vulnerados por el Consejo
Superior de la Carrera Notarial y ordenó al mencionado organismo que en un
término de 24 horas, incluyera definitivamente al demandante en la lista de
aspirantes admitidos al concurso notarial.
En sustento de esta decisión y tras recordar el texto
del parágrafo del artículo 4° del Decreto 3454 de 2006[1]
y del artículo 10° del Acuerdo 01 de 2006[2], emanado del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el Tribunal expresó que “siguiendo
los derroteros de la Ley 962 de 2005, sobre racionalización de trámites
administrativos, las personas tienen derecho, en sus relaciones con la
Administración Pública, a abstenerse de presentar documentos en términos no
exigidos por las normas legales”.
Sostuvo el Tribunal que en la convocatoria
correspondiente no se hizo expresa la circunstancia de que los certificados de
antecedentes debían ser allegados en original, por lo cual, al remitir
fotocopia legítima, el aspirante podía entender que cumplía el requisito
exigido.
Así las cosas, infirió que la inadmisión del
demandante al concurso para ingreso a la carrera notarial constituyó una vía de
hecho, más si se tiene en cuenta que al accionante lo amparaba el artículo 83
de la Constitución Política, conforme al cual la buena fe se presume en todo
tipo de actuaciones de los particulares ante la Administración Pública.
1.2. Impugnación
La anterior decisión judicial fue oportunamente
impugnada por la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de
Notariado y Registro, insistiendo en los argumentos presentados al contestar la
tutela, en especial los relativos a la aplicación de los artículos 252 y 254 del
Código de Procedimiento Civil.
1.3.
Sentencia de septiembre 6 de
2007, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
En sentencia del 6 de septiembre de 2007, la Sala de Casación Penal revocó
el fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y, en
su lugar, negó las pretensiones de la demanda por estimar que la alegada
violación de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a los
cargos públicos, se habría consumado con la expedición de la Resolución 000584
de 2007, mediante la cual el Consejo Superior de la Carrera Notarial resolvió
confirmar la decisión de inadmitir al accionante al concurso de notarios.
Entendió la corporación que la acción de tutela estaba
encaminada a conseguir que se declarara la invalidez de dicha Resolución,
propósito para el cual el accionante contaba con otros mecanismos de defensa
judicial a su alcance, que podía ejercer ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Agregó que el Decreto 3454 de 2006, como el Acuerdo 01
del mismo año, establecían claramente las exigencias que era necesario cumplir
para ser admitido al concurso notarial, donde se puntualizaba con claridad qué
documentos debían aportarse en original y cuáles en fotocopia, encontrándose entre
los primeros los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la
Procuraduría y por el Consejo Superior de la Judicatura, que el demandante
había allegado en fotocopia, razón por la cual la no admisión al concurso en
modo alguno podía ser vista como una actuación arbitraria o caprichosa, lesiva
de sus derechos fundamentales.
2. Expediente T-1754334
2.1 Sentencia de julio 26 de 2007, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”
En sentencia del 26 de julio de 2007, la Sección
Segunda, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el
derecho al debido proceso del señor Lenin Francisco Saavedra Saavedra  y, en
consecuencia, ordenó al Presidente del Consejo Superior de la Carrera Notarial
que dentro del término de 48 horas, revocara el acto contentivo de la lista de
inadmitidos al concurso para ingreso a la carrera notarial, únicamente en
relación con el accionante, quien debía ser admitido a dicho concurso y seguir
el proceso de selección, agotando todas las etapas del mismo.
Advirtió el Tribunal que la inadmisión al concurso
decidida por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y confirmada al
resolver el recurso de apelación, se había fundado en que el certificado de
antecedentes fiscales remitido por el actor no estaba vigente, pues dicho
documento había sido expedido con fundamento en el Boletín número 47, emanado
la Contraloría General de la República, que había expirado para el 16 de enero
de 2007, fecha de dicha remisión.
Recordó que en sentencia C-877 de 2005[3], esta
corporación señaló que la periodicidad del boletín de responsables fiscales
publicado por la Contraloría no implicaba la caducidad del dato recogido en él
y agregó que de la normatividad aplicable y de las pruebas allegadas al
expediente se colegía que el actor había presentado la documentación como lo
exigía el artículo 10 del Acuerdo 01 de 2006, y si bien el certificado de antecedentes
fiscales aportado correspondía a los datos que arrojaba un Boletín que había
perdido vigencia, no era menos cierto que la citada disposición no exigía
expresamente la vigencia de ese documento.
Manifestó que adicionalmente la Corte Constitucional
había establecido que el certificado de antecedentes fiscales no tenía una
fecha de caducidad, pues las normas pertinentes sólo hablaban de la
periodicidad del Boletín y el actor posteriormente había aportado un nuevo
certificado correspondiente al Boletín 49, que ratificaba la información
contenida en el primer certificado allegado.
Por todo lo anterior, el Tribunal concluyó que el
derecho al debido proceso del actor ciertamente había sido vulnerado, indicando
que lo pertinente en el caso materia de estudio habría sido que la administración
hubiera dado aplicación a lo dispuesto por los artículos 16 y 17 del Decreto
2150 de 1995, a saber:
“ARTICULO 16. SOLICITUD OFICIOSA POR PARTE
DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.
Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la
existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un
procedimiento o petición ciudadana, que obre en otra entidad pública,
procederán a solicitar oficialmente a la entidad el envío de dicha información.
PARAGRAFO. Las entidades de la Administración
Pública a las que se les solicite información darán prioridad a la atención de
dichas peticiones, las resolverán en un término no mayor a 10 días y deberán
establecer sistemas telemáticos compatibles que permitan integrar y compartir
la información.
ARTICULO 17. ANTECEDENTES JUDICIALES O DE
POLICIA, DISCIPLINARIOS
Y PROFESIONALES.
Cuando las entidades de la Administración Pública requieran la presentación de
los antecedentes judiciales o de policía, disciplinarios o profesionales acerca
de un ciudadano en particular deberán, previa autorización escrita del mismo,
solicitarlos directamente a la entidad correspondiente. Para este efecto, el
interesado deberá cancelar los derechos pertinentes si es del caso.”
2.2. Impugnación
La anterior decisión fue oportunamente impugnada tanto
por la Procuraduría General de la Nación, como por la Superintendencia de
Notariado y Registro.
2.2.1. Impugnación de la Procuraduría General de la
Nación.
Sostiene la Procuraduría que la orden dada por el a
quo de revocar respecto del tutelante la decisión de inadmisión al concurso
y permitirle que siguiera en el proceso, agotando todas las etapas del mismo,
se presenta como un mecanismo de protección extemporáneo, ya que la sentencia
impugnada fue expedida el 26 de julio de 2007 y, no obstante, la prueba de
conocimientos practicada dentro del proceso del concurso para acceso a la
carrera notarial se llevó a cabo el 22 de julio de la misma anualidad. Así las
cosas, a la fecha el actor no puede continuar dentro del proceso del concurso,
por no haber presentado dicha prueba de conocimientos.  A juicio de la
Procuraduría, la anterior circunstancia hace que la presente acción de tutela
se torne improcedente y que al actor sólo le quepa la posibilidad de lograr el
resarcimiento del daño que le fue ocasionado, acudiendo para ello a las
acciones ordinarias.
2.2.2.  Impugnación de la Superintendencia de
Notariado y Registro
A través de la Oficina Asesora Jurídica, la
Superintendencia impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, solicitando que se revoque la decisión de primera instancia, apoyada
en el carácter subsidiario de la acción de tutela y en otros argumentos que
había expuesto al contestar la demanda, por lo cual resulta innecesario
repetirlos ahora. No obstante, agrega que casos similares al presente fueron
fallados negativamente o considerados improcedentes por diversos tribunales del
país; al respecto, cita nueve providencias concretas que fueron resueltas de
esa forma.
2.3. Sentencia de septiembre 13 de 2007, de la Sección
Segunda,  Subsección “B” del Consejo de Estado.
Mediante sentencia del 13 de septiembre de 2007, la
Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado revocó la decisión de
primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y,
en su lugar, rechazó por improcedente la respectiva acción de tutela, al considerar
que sólo estaba llamada a proceder cuando el interesado no tuviera a su
disposición la acción ordinaria, a menos que se utilizara como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Según reiterada jurisprudencia
de esa corporación, la tutela procedía para amparar derechos fundamentales
constitucionales, “ante su real y efectiva vulneración o posible amenaza, y
no para obtener la declaración de los mismos”.
Para esa corporación, dada la existencia de mecanismos
de defensa judicial alternos, era menester estudiar si se presentaba la
inminencia de consumación de un perjuicio irremediable que hiciera procedente
la acción de amparo, situación que concluyó no existía, toda vez que “los
hechos que se exponen atentatorios de los derechos fundamentales del actor no
requieren medidas urgentes, inmediatas ni impostergables”.
Advirtió que en el caso bajo estudio los actos
administrativos cuestionados no podían calificarse como constitutivos de perjuicio
irremediable y “no se ha demostrado que la decisión adoptada sea resultado
del ejercicio irregular o arbitrario por parte de la autoridad al ejercer sus
competencias”. Además, el demandante no estaba reclamando un derecho
adquirido, sino una expectativa de ingreso a la carrera notarial.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional
es competente para conocer de los asuntos de la referencia, de conformidad con
lo establecido en los artículos 86 inciso 2° y 241 numeral 9° de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de
1991.
En el presente caso, la revisión se adelanta en virtud
de la selección practicada por la Sala correspondiente y del reparto y la acumulación,
verificados en la forma establecida por el reglamento de la corporación.
2. Problema
jurídico
2.1. Los actores estiman que sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso al ejercicio de funciones públicas
fueron vulnerados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al no haberles
admitido a participar en el concurso público y abierto para nombramiento de
notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial; el primero de ellos, Jorge
Alonso Flechas Díaz, sostiene que la alegada violación proviene de no haberle
aceptado fotocopia de los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la
Procuraduría General de la Nación y por el Consejo Superior de la Judicatura;
el segundo, Lenin Darío Saavedra Saavedra, estima que el quebranto se produce
por no haber allegado un certificado vigente de antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría
General de la Nación, cuando la realidad fácilmente comprobable era que en todo
momento, antes, durante y después de su proceso de inscripción al concurso, él
nunca figuró ni ha figurado en el mencionado Boletín de Responsables Fiscales de
esa entidad de control, que es de público conocimiento.
2.2 En el primer caso, la Oficina Asesora Jurídica de
la Superintendencia de Notariado y Registro, en ejercicio de las funciones de
Secretaría del Consejo Nacional de la Carrera Notarial, se opuso a la tutela
afirmando que conforme a las normas legales, en especial al Código de
Procedimiento Civil, la regla general es que las pruebas documentales deban
constar en documentos originales o copias auténticas, lo cual rechaza el
demandante afirmando que, contrario a esto, las normas legales especiales que
regulan el ejercicio de la función pública, fundadas en el principio
constitucional de la buena fe, permiten a los particulares en sus actuaciones
ante la administración, aportar tales pruebas en fotocopia, por lo cual
resultaba ilegítima la exigencia de allegar los mencionados certificados en
original.
En el segundo caso,  la misma oficina y también la
Procuraduría General de la Nación, que intervino dentro del proceso, manifestaron
su oposición a la tutela al considerar que los certificados de antecedentes
fiscales se expiden con fundamento en el Boletín de Responsables Fiscales que
publica la Contraloría General de la Nación, el cual tiene una vigencia que a
su vez determina la de aquellos certificados y en el caso de autos el
certificado aportado por el actor había perdido vigencia, al haberse allegado
cuando ya se había publicado un nuevo Boletín.
2.3 En los fallos de primera instancia fueron aceptados
los argumentos de las demandas para proteger los derechos de los actores,
ordenando se les permitiera continuar dentro del proceso del concurso. En
cambio, en las sentencias de segunda instancia las acciones fueron estimadas
improcedentes, dada la existencia de mecanismos alternos de defensa judicial al
alcance de los actores, considerando además que no había vulneración de
derechos fundamentales.
2.4. Así las cosas, corresponde a esta Sala establecer,
en primer lugar, si las acciones de tutela resultan procedentes o no, sabida la
existencia de mecanismos alternos de defensa judicial al alcance de los
demandantes, aptos para oponerse a los actos administrativos mediante los
cuales se les inadmitió al concurso para acceso a la carrera notarial. Si tal
procedencia fuera establecida positivamente, correspondería a la Sala
determinar si las exigencias de aportar (i) originales de certificados de
antecedentes disciplinarios y (ii) certificados de antecedentes fiscales “vigentes”,
frente a la actualización periódica del  Boletín de responsables fiscales,
constituye vía de hecho que lesiona los derechos fundamentales cuya protección
invocan los demandantes.
3. Presupuestos procesales de la acción de tutela
Como cuestión previa, debe la Sala abordar
el asunto de la procedencia de las acciones acumuladas, esto es, determinar si
se dan las circunstancias generales que tienen que estar presentes para que el
juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela, en
cuanto se cumplan sus presupuestos procesales.
3.1 El primer presupuesto procesal de la acción de
tutela exige que haya sido interpuesta para la defensa de un derecho
fundamental, a cuyo propósito es necesario recordar que, conforme lo prescribe
el  inciso primero del artículo 29 de la Constitución Política, “el debido
proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Por
tal razón, en las actuaciones administrativas que adelantan las
autoridades de la rama ejecutiva, como sucede en este caso, debe observarse la
plenitud de las formas previstas en la ley para tal clase de actuaciones, so
pena de que se incurra en el desconocimiento del derecho al debido proceso y de
las garantías que él comprende.
Adicionalmente, los actores estiman
desconocido por la actuación de la entidad accionada el derecho a acceder al
ejercicio de funciones públicas, también de rango fundamental según se
desprende de lo prescrito por el numeral 7° del artículo 40 de la Constitución,
conforme al cual todo ciudadano “tiene derecho a participar  en
la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo
este derecho puede: … 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos”.
Así pues, en cuanto la acusación principal de
que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al inadmitir a los accionantes
al concurso para acceso a la carrera notarial, desconoció sus derechos al
debido proceso y de acceso al desempeño de funciones públicas, la Sala encuentra
que la presente acción efectivamente persigue la defensa de derechos fundamentales, presuntamente
vulnerados por la actividad de la autoridad demandada, por lo cual el primer
presupuesto de procedencia de la acción está cumplido en ambos casos.
3.2. El segundo presupuesto procesal de la
acción de tutela se refiere a la existencia de legitimación en la causa por
activa[4], es decir, que el derecho
fundamental para cuya protección se interpone sea propio del demandante o se
halle dentro de las posibilidades de acción por otro normativamente admitidas.
En el presente caso, cada uno de los demandantes es titular de los derechos
cuya protección solicitan.
3.3 El tercer presupuesto procesal de la
acción de tutela es la legitimación en la causa por pasiva, exigencia que implica
que contra quien se interpone la acción sea la autoridad o el particular que
vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental, lo cual en el presente asunto
también está satisfecho, pues la demanda se dirige, en ambos casos, contra el Consejo
Superior de la Carrera Notarial, autoridad pública que es responsable de pronunciarse
sobre la admisión a dicho concurso, respecto de las personas que se inscribieron
para participar en él.
3.4 En torno a la inmediatez en el
ejercicio de la acción de tutela, el presunto agravio a los derechos
fundamentales del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz “se materializó con la
expedición de la Resolución 000548 del 23 de junio de 2007 del Presidente del
Consejo Superior de la Carrera Notarial, mediante la cual se confirmó la
decisión de inadmitirme al Concurso para la Carrera Notarial, asumida en el
Acuerdo N° 7 del 17 de mayo de 2007 …” (f. 1 cd. respectivo), habiendo
presentado este accionante la demanda el 9 de julio de 2007.
Por su parte, el doctor Lenin Francisco
Saavedra Saavedra fue notificado el 6 de julio de 2007 de la Resolución 0000918
de junio 27 del mismo año, mediante la cual se “desató el recurso y confirma
la decisión de rechazo” (f. 2 cd. respectivo), incoando la acción mediante
la demanda que presentó el 10 de julio de 2007.
Como se aprecia, en ambos eventos se acudió
al mecanismo tutelar en lapsos breves, claramente razonables.
3.5. En cuanto al quinto presupuesto procesal que debe
verificar la Sala para determinar la procedencia de la acción de tutela, esto
es, la inexistencia de otro medio idóneo de defensa judicial, debe considerarse
que haber incurrido dentro de actuaciones administrativas en el desconocimiento
del diligenciamiento y/o de los requisitos previamente establecidos,
quebrantando con ello el derecho al debido proceso administrativo y
eventualmente otros derechos fundamentales, no hace procedente per se la
acción de tutela, en cuanto el inciso tercero del artículo 86 superior estatuye
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
La arbitrariedad que denuncian ambos demandantes se habría
producido por la decisión del Consejo Superior de la Carrera Notarial de no
admitirlos al concurso para acceso a dicha carrera, decisión que está contenida
en una Resolución, es decir, en un acto administrativo cuya respectiva validez
pudo opugnar cada uno de los accionantes ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, como bien fue definido en sendas determinaciones de segunda instancia.
En efecto, mediante la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho resulta posible controvertir la legalidad de la decisión tomada por
dicho Consejo. El artículo 85 del Código Contencioso Administrativo consagra el
citado mecanismo de protección judicial en los siguientes términos:
“Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que
le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que
pagó indebidamente.”
Esta circunstancia, en principio, hace
improcedentes las presentes acciones, ya que, como reiteradamente lo ha dicho
esta Corporación, “el carácter subsidiario de la acción de tutela a que se
refiere el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución… supone que ella
no procede en lugar de otra acción existente para los mismos efectos, ni al
tiempo con la misma, o después de ella. Solamente procede a falta de la otra
acción. De ahí que la acción no pueda utilizarse para  reemplazar otros medios
de defensa, para adicionarse coetáneamente a ellos, como instancia posterior
cuando han sido utilizados, como recurso contra providencias de otros procesos,
o como recurso para resucitar términos procesales prescritos o caducados…”[5]
Sin perjuicio de lo anterior y no obstante hacer constar que uno y otro actor,
titulados en derecho, han podido incoar la referida actuación contencioso
administrativa, es necesario tomar en consideración que la jurisprudencia
también ha hecho ver que existen dos supuestos excepcionales en los cuales el
carácter subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar
de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance de los
interesados.
La primera de estas excepciones, prevista directamente
en el precitado artículo 86 de la Constitución, se presenta cuando la tutela se
ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable;
la segunda, cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es
ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, excepción que no emana directamente de la
Constitución, pero ha sido introducida por la jurisprudencia de esta corporación.[6]
Ahora bien, tratándose de conflictos suscitados con
ocasión del agotamiento de los concursos para proveer cargos públicos o para
acceder al ejercicio de funciones públicas, esta Corte ha llegado a estimar que
las acciones ordinarias al alcance de los peticionarios no son suficientemente aptas
para lograr la protección de sus derechos, por lo cual la tutela vendría a ser adecuada:
“Esta Corte ha precisado que: ‘...En el ordenamiento jurídico
colombiano los mecanismos que se pueden interponer... para desvirtuar la
legalidad de un acto administrativo son la acción de nulidad y la de nulidad y
restablecimiento del derecho, consagradas en los artículos 84 y 85 del C.C.A, y
además, es posible solicitar de acuerdo con el artículo 238 de la Constitución,
desarrollado por el artículo 152 del C.C.A., la suspensión provisional del acto
administrativo cuando éste se opone manifiestamente a la Constitución o a la
ley, causa un agravio injustificado a una persona o es contrario al interés
público o social...’[7].
Los citados instrumentos jurídicos se
ejercen ante la jurisdicción contencioso administrativa, la cual tiene como
objeto primordial, previa solicitud del interesado, efectuar la revisión de
legalidad de todos los actos administrativos, a la vez que repara los daños
sufridos por los particulares.
De suerte que ‘... ante acciones
instauradas respecto de actos administrativos, el juez de tutela no puede
asumir la facultad que le confiere la norma mencionada como una autorización de
la ley para sustituir al Contencioso Administrativo en la definición sobre la
validez de aquellos, ni suponer que podría suspenderlos provisionalmente pues
ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción…’ (Sentencia
T–203/93. M.P. José Gregorio Hernández).
No obstante, la Corte ha sostenido que, aún
a pesar de existir otros mecanismos de defensa judicial, la realidad formal de
estos, no implica por sí mismo que la tutela deba ser decretada improcedente.
Así lo sostuvo en la Sentencia SU-961 de
1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al considerar que: ‘...en cada caso, el
juez está en la obligación de determinar si las acciones disponibles le otorgan
una protección eficaz y completa a quien la interpone. Si no es así, si los
mecanismos ordinarios carecen de tales características, el juez puede otorgar el
amparo de dos maneras distintas, dependiendo de la situación de que se trate.
La primera posibilidad es que las acciones ordinarias sean lo suficientemente
amplias para proveer un remedio integral, pero que no sean lo suficientemente
expeditas para evitar el acontecimiento de un perjuicio irremediable. En este
caso será procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras
se resuelve el caso a través de la vía ordinaria. La segunda posibilidad, es
que las acciones comunes no sean susceptibles de resolver el problema de manera
integral...’, en este caso, es procedente conceder la tutela de manera directa,
como mecanismo eficaz e idóneo de protección de los derechos fundamentales.
En este sentido, tratándose de conflictos
suscitados en relación con el agotamiento de los concursos para proveer cargos
públicos, la Corte ha sostenido que las acciones contenciosas carecen de la
eficacia necesaria para otorgar un remedio integral y eficaz, y que por lo
tanto, resulta admisible la tutela, incluso de manera directa y plena, pues en
dichos eventos la duración del proceso contencioso haría nugatorio durante
dicho lapso el derecho ciudadano ‘a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político’, concretamente, en el aspecto referido al desempeño
de funciones y cargos públicos.
En tal sentido, sostuvo: ‘También en
reiterada jurisprudencia y acogiendo el mandato contenido en el artículo 6 del
decreto 2591 de 1991, esta Corporación ha determinado que las acciones
contencioso administrativas no consiguen en igual grado que la tutela, el
amparo jurisdiccional de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados en
los procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se hace por
concurso de méritos, pues muchas veces el agotamiento de dichas acciones
implica la prolongación en el tiempo de su vulneración y no consiguen la
protección del derecho a la igualdad concretamente, ya que, en la práctica,
ellas tan solo consiguen una compensación económica del daño causado, la
reelaboración de la lista de elegibles y muchas veces, la orden tardía de
nombrar a quien verdaderamente tiene el derecho de ocupar el cargo, pero sin
que realmente pueda restablecerse el derecho a permanecer en él durante todo el
tiempo que dura el proceso contencioso administrativo y con lo cual se ve
seriamente comprometido el derecho, también fundamental, a la participación en
la conformación, ejercicio y control del poder político, en la modalidad de ‘acceder
al desempeño de funciones y cargos públicos...’[8]”[9]
De tal manera, frente a probables observaciones que
pudieren tejerse en torno a la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
igualdad, y en la hipótesis de que esa vía normal de la acción de nulidad y
reestablecimiento del derecho habría sido resuelta después de que los demás
concursantes fueren calificados y los ganadores designados para el ejercicio de
la función notarial, es decir, después de que se hubiera reconocido en cabeza
de terceros derechos de contenido particular y concreto, esta Sala apreciará de
fondo las demandas de tutela que han sido acumuladas en el presente expediente.
4. Análisis material de las presentes acciones
4.1. Exigencia de certificados originales
de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo
Superior de la Judicatura
Jorge Alonso Flechas Díaz (expediente T-1728786) considera
que el Consejo Superior de la Carrera Notarial violó sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso
al desempeño de funciones públicas, al no haberlo admitido a participar en el concurso de la carrera
notarial, por no acompañar a su inscripción los certificados originales de antecedentes disciplinarios expedidos por
la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.
La accionada se defendió afirmando que actuó
legalmente, pues en su parecer tanto el Decreto 3454 de 2006, que reglamentó la
Ley 588 de 2000 sobre servicio notarial, como el Acuerdo 01 de 2006, que
convocó a concurso para nombramiento de notarios e ingreso a la carrera, no
autorizaron la presentación de tales documentos en fotocopia, siendo por tanto inviable
la tutela, además porque que el accionante al ser conocedor de tal situación estaría
alegando su propia negligencia para obtener la inscripción, cuando pudo haberlos
presentado dentro del amplio plazo concedido por dicha entidad.
No habiéndose aceptado por los restantes
integrantes de la Sala el proyecto que en este punto presentó el señor
Magistrado ponente, se explica a continuación la determinación a tomar.
4.1.1. El parágrafo del artículo 4° del
Decreto 3454 de 2006, que reglamentó la Ley 588 de 2000, sobre ejercicio de la
actividad notarial, dispuso que quienes desearan participar en el concurso para
notario, una vez diligenciado el formulario de inscripción, debían remitir,
además de los requisitos señalados en esa norma, los siguientes documentos:
“…certificación sobre conducta y
antecedentes en donde conste la situación o definición de los procesos penales
en que el aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado; certificado
de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación; certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil; certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloría General de la República y copia del
pasado judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad.” (No está en negrilla en el texto original.)
Por su parte, el Acuerdo 1 de 2006, por el
cual el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó a concurso público y
abierto para el nombramiento de notarios en propiedad y el ingreso a la carrera
notarial, determinó en su artículo 10 los documentos que debían adjuntar los
aspirantes a la solicitud de acreditación de cumplimiento de requisitos
generales, de la siguiente manera:
“Artículo 10. Acreditación del
cumplimiento de requisitos generales. El aspirante acompañará a su
solicitud de acreditación de requisitos los siguientes documentos:
1.  Fotocopia de la cédula de
ciudadanía.
2. Fotocopia del certificado sobre
antecedentes judiciales vigente expedido por el Departamento Administrativo de
Seguridad, con indicación de su fecha de expedición y refrendación.
3. Certificado especial de
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la
nación.
4. Certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloría General de la República.
5. Certificado de inscripción al
concurso.
6. Para quienes sean abogados, certificado
de antecedentes disciplinarios como abogado,  expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.
No serán recibidas las solicitudes de
acreditación que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin
perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su
solicitud completa dentro del plazo fijado por el Consejo Superior.” (No está en negrilla en el texto
original.)
De la lectura de las anteriores
disposiciones se infiere, como resulta obvio por su propia naturaleza, que sólo
dos de los documentos allí relacionados podían ser aportados en fotocopia por los
aspirantes a notario: la cédula de ciudadanía y el certificado judicial del
DAS, pues en forma taxativa e inequívoca señalaron cuáles documentos se debían presentar
en copia o fotocopia y cuales en original, figurando entre éstos últimos los
certificados de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la
Nación y del Consejo Superior de la Judicatura.
4.1.2. Para la Sala la exigencia de tales
certificaciones en original resulta razonable, pues permite que el Consejo
Superior de la Carrera Notarial al realizar la selección, pueda establecer con
toda certeza que la persona que pretende ingresar a la carrera de notario está
habilitada para desempeñar la función pública fedataria, al no recaer sobre
ella sanción disciplinaria alguna, con certificados que específicamente han de
ser solicitados para ese fin concreto, a diferencia de lo que ocurre con la
cédula de ciudadanía y el certificado vigente sobre antecedentes judiciales
expedido por el DAS.
Al respecto, cabe recordar que de acuerdo
con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 4° de la Ley 588 de 2000,
“quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente
por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como Notario
consagradas en el artículo 198 del Decreto-ley 960 de 1970, no podrá concursar
para el cargo de notario”[10] (no está en negrilla en
el texto original), lo cual significa que el mencionado Consejo al definir los
parámetros y procedimientos dentro de los cuales se desarrollaría el concurso
de notarios, estaba plenamente autorizado para exigir documentos originales que
permitieran acreditar, entre otras circunstancias, la ausencia de
inhabilidades, como en efecto lo hizo al expedir el Acuerdo 1 de 2006, cuyo
artículo 10 dio alcance al citado artículo 4° del Decreto 3454 de 2006.
Se trata, en verdad, de severos requisitos que, como
lo ha precisado esta Corte, forman parte de un sistema normativo especial
integrado por reglas “más exigentes”, que guardan correspondencia con la
finalidad perseguida con el proceso de selección de notarios. En sentencia
C-1508 de 2000, M. P. Jairo Charry Rivas[11], la Corte
precisó al respecto:
“En diferentes
oportunidades la Corte ha sometido a su análisis la institución del notariado,
y como resultado de ello ha podido elaborar un diseño doctrinario sobre dicho
asunto donde se examinan temas  relacionados con su naturaleza jurídica, la
condición misma del notario como colaborador del Estado, el sentido y finalidad
de la función fedante y el ámbito de competencias del legislador para
configurar la regulación sobre la materia.
A partir de estos pronunciamientos, la Corporación ha
deducido las notas distintivas de la actividad notarial, que en resumen la
caracterizan como (i) un servicio público, (ii) de carácter testimonial, iii)
que apareja el ejercicio de una función pública, (iv) a cargo normalmente de
los particulares, en desarrollo del principio de descentralización por
colaboración y (v) a los cuales les otorga, la condición de autoridades.
Es por estas connotaciones que la actividad
notarial está sujeta a un sistema normativo especial, y por las que el notario,
como gestor de dicha función, se le somete a reglas más exigentes en materia de
inhabilidades que a otros particulares que también ejercen funciones públicas,
pero que no tienen la importancia y trascendencia que conlleva la función
fedante. Es claro que la finalidad de estas previsiones con que se rodea por la
ley la actuación notarial obedece al propósito de garantizar la seriedad,
eficacia e imparcialidad de dicha actividad.”  (No está en negrilla en el texto original.)
En el mismo sentido, la jurisprudencia ha
recalcado que cuando la Constitución en el artículo 131 estableció la
obligación de implementar un concurso para el acceso al cargo de notario en
propiedad, ordenó el diseño de un proceso de selección, “público,
abierto, riguroso y objetivo, de manera tal que los candidatos tengan la
oportunidad de demostrar, en igualdad de condiciones, cuál de ellos es el más
idóneo para el ejercicio del cargo”[12] (no
está en negrilla en el texto original).
Igualmente ha expresado, que los notarios no
desarrollan únicamente un servicio público, sino que ejercen una actividad[13]
que si bien es distinta de las funciones estatales clásicas, a saber, la
legislativa, la ejecutiva y la judicial, ha de ser calificada como verdadera función
pública[14], a la cual se
accede en propiedad mediante la
realización de un concurso abierto que apunta hacia la eficacia en el desempeño
de dicha función, a  la vez que sienta las bases de un régimen especial de
carrera, razón por la cual los requisitos y condiciones de admisión deben garantizar
la escogencia de quienes por su altas calidades serán depositarios de la fe
pública. Ha manifestado la Corte:
“… dado que la función Notarial está
relacionada con la fe pública,  el concurso para el nombramiento de notarios
debe estar dirigido inequívocamente a quienes mayor idoneidad presenten para el
ejercicio de dichos destinos y en este sentido los concursos notariales deben
contar con criterios que vayan encaminados a garantizar la esencia de la
función notarial, tales como probidad, rectitud, experiencia y conocimiento
del oficio.” [15] (No está en negrilla en el texto original.)
En este orden de ideas, no era entonces irrazonable
ni desproporcionado exigir a los aspirantes que su solicitud de acreditación incluyera
originales de documentos específicamente destinados a ese concreto propósito, como
los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, siendo ello consecuente
con el diseño establecido por el constituyente para la designación de notarios
mediante concurso, con el cual se persigue escoger a aquellas personas que por
sus calidades morales e intelectuales son idóneas y probas para el ejercicio de
esa cardinal función pública.
Para la Sala, ese requisito no genera obstáculo
a quien aspira a ser notario. Además, según ha señalado la jurisprudencia[16],
el acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, como manifestación del
derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político (art. 40 Const.), tampoco es un derecho absoluto, estando
sometido a límites que procuran la realización del interés general y a los
principios de la función administrativa (art. 209 ib.)[17],
entre los cuales cabe resaltar los de igualdad, moralidad, eficacia e
imparcialidad, que deben ser garantizados con el establecimiento de rigurosas
reglas de ingreso a la función notarial.
Tales condiciones tampoco desconocen el
principio de buena fe consagrado en el artículo 83 superior, por cuanto la
acreditación de una circunstancia como la relativa a la conducta intachable del
aspirante a notario, necesariamente debe ser constatada por el Consejo Superior
de la Carrera Notarial con el documento público correspondiente que, para el
caso, son las certificaciones que expiden los organismos que ejercen potestad
disciplinaria, Procuraduría General de la Nación (art. 277-6 Const.) y Consejo
Superior de la Judicatura (art. 256-3 ib.), requisito que, según se ha
establecido, no es fruto de arbitrio o capricho de aquella entidad, sino que
deriva directamente de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 4° de la
Ley 588 de 2000, que ordena excluir del concurso a los aspirantes que registren
antecedentes disciplinarios.
Vale precisar, en relación con este punto,
que según la jurisprudencia[18] la violación al
principio de buena fe se materializa cuando las entidades públicas formulan
exigencias adicionales a las que han sido legalmente establecidas, lo
cual no sucede en el asunto que se revisa pues, como se ha visto, la
certificación en original de antecedentes disciplinarios encuentra claro
fundamento legal en las normas citadas anteriormente.
Al establecer el alcance del artículo 83
superior, la Corte ha expresado que “el principio es la confianza, expresada
en la presunción de buena fe, mientras que las excepciones al mismo, es decir,
aquellas ocasiones en las cuales pueda partir el Estado del supuesto contrario
para invertir la carga de la prueba, haciendo que los particulares aporten
documentos o requisitos tendientes a demostrar algo, deben estar expresa,
indudable y taxativamente señaladas en la ley” [19]. En el asunto bajo estudio no se advierte
quebranto alguno a esa garantía fundamental, pues para el caso de los notarios
ha quedado establecido que la exigencia de dichos certificados fue consagrada
expresamente en el Decreto 3454 de 2006 y el Acuerdo 1 de 2006, en desarrollo
del parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 588 de 2000.
Además, debe tenerse presente que la exigencia
de documentos originales no está restringida legalmente, sino su autenticación,
reconocimiento notarial o judicial, según dispone el artículo 1° del Decreto
Ley 2150 de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios en la administración pública:
“Artículo 1°. Supresión de autenticaciones
y reconocimientos.
A las entidades que integran la Administración Pública les está prohibido
exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial o
judicialmente.”
Vale recordar que esta disposición fue
declarada exequible en sentencia C-340 de 1996 (agosto 1°), M. P. José Gregorio
Hernández Galindo, al considerar, entre otras razones, que requisitos como los
prohibidos por esa norma, “en cuanto inoficiosos, partían de una concepción
preconstitucional basada en la desconfianza del Estado en la honestidad y
veracidad de los particulares cuando actuaban ante él”, agregando lo que a
continuación se resalta en negrilla, que es precisamente lo que sucedió en el
caso del concurso notarial: “Desde luego, no significa lo anterior que a
partir de la Constitución haya quedado el legislador desautorizado para exigir
los requisitos y formalidades que juzgue adecuados con miras a lograr ciertos
fines en toda clase de asuntos, pues las propias normas constitucionales
citadas le otorgan plena competencia para ello.”
4.1.3. En ningún momento el accionante Flechas
Díaz fue sorprendido con la exigencia de certificados originales de
antecedentes disciplinarios, que normalmente expiden para fines específicos la
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, pues
como se ha visto, la obligación de acompañar esos documentos a la solicitud de
inscripción al concurso notarial, fue consagrada de manera general en el
Decreto 3454 del 3 de octubre de  2006 y el Acuerdo 1 del 15 de noviembre de
2006, en desarrollo de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 4° de la
Ley 588 de 2000.
Es de precisar, además, que el plazo para
la entrega de la documentación completa vencía inicialmente el 26 de enero de
2007, pero fue prorrogado hasta el 23 de abril del mismo año mediante Acuerdo
N° 3 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, de manera que el actor contó
con tiempo más que suficiente para completar lo requerido y allegar los
certificados, que debía pedir para tal efecto y, obviamente, le serían suministrados
en original; al no entregarlos en tal condición, no fue admitido al concurso
mediante Acuerdo 7 de 2007, dando cabal aplicación al inciso final del artículo
10 del Acuerdo 01 de 2006: “No serán recibidas las solicitudes de
acreditación que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin
perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su
solicitud completa dentro del plazo fijado por el Consejo Superior.”
Con tal determinación, la entidad accionada no vulneró
entonces el derecho al debido proceso del demandante, ya que de conformidad con
la citada preceptiva la  consecuencia jurídica de no presentar la documentación
completa dentro del plazo fijado por el mencionado organismo, era la inadmisión
de la solicitud de inscripción al concurso de notarios.
Tampoco fue quebrantado, por causa imputable al ente
demandado, el derecho de acceder a cargos públicos, pues como tiene fijado la
jurisprudencia, “quienes acceden al desempeño de
funciones públicas deben someterse al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias,
acordes con los supremos intereses que les corresponde gestionar en beneficio
del interés común y de la prosperidad colectiva, sin que con ello pueda
entenderse que se desconoce el derecho a participar en los asuntos públicos a
que alude el artículo 40-7 superior”. [20]
Por tanto, no puede ser atendida favorablemente la
pretensión del doctor Jorge Alonso Flechas Díaz, en el sentido de
ordenar al Consejo Superior de la Carrera Notarial admitirlo al concurso de
notarios pese a  no haber allegado en tiempo la documentación completa, pues como
lo ha establecido esta Corte, “en los concursos de méritos los aspirantes
deben, en igualdad de condiciones, sujetarse a las reglas previamente
establecidas, conocidas de manera general y que son garantía de imparcialidad
para todos” [21]. Actuar de manera contraria significaría,
allí sí, romper el principio de igualdad en favor de un solo aspirante, desconociendo
que otros concursantes sí cumplieron a cabalidad las reglas de la convocatoria,
presentando oportuna y debidamente su documentación completa ante el al Consejo
Superior de la Carrera Notarial, ente encargado del proceso de selección.
4.1.4. Como el actor conocía con suficiente
antelación que, de conformidad con las normas que regularon el concurso para
notarios, era indispensable allegar a la solicitud de inscripción los
certificados originales de antecedentes disciplinarios, esto es, tal cual eran
entregados por los órganos que los expidieron, es evidente que erró al no
completar la documentación exigida por el Consejo Superior de Carrera Notarial y
mal puede pasar por alto su propio yerro para impetrar el amparo constitucional
que, por todo lo expuesto, no está llamado a prosperar.
Esta corporación en forma reiterada ha
señalado que “si los hechos que
dan origen a la acción de tutela corresponden a la actuación culposa,
imprudente o negligente del actor que derivó, a la postre, en la vulneración o
amenaza de sus derechos fundamentales, no es admisible que éste pretenda a
través de la acción de tutela obtener el amparo de tales derechos, y por lo
tanto, desplazar su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos que
fundamentan la solicitud de amparo a la autoridad pública o al particular
accionado. Una consideración en sentido contrario, constituiría la
afectación de los fundamentos del Estado de Derecho y del principio de la buena
fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política”.[22]
A tal conclusión llegó esta Corte luego de aplicar el principio universal derecho según el cual nadie puede obtener
provecho de su propia culpa (nemo auditur propriam
turpitudinem allegans).
En casos
semejantes al que se analiza, la Corte Constitucional ha denegado la tutela al
verificar que los hechos que
la originaron, fueron consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o
voluntad propia del actor. Así, en sentencia T-470 de 2007 (junio 12), M. P. Rodrigo Escobar Gil, negó la
solicitud de amparo constitucional de quien alegaba vulneración de sus derechos
fundamentales a la igualdad en
el acceso a la carrera judicial, debido proceso, petición y prevalencia del derecho material sobre
las formas, porque la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura no tuvo en cuenta ciertos datos que
consideraba relevantes para su clasificación dentro
del concurso de méritos para
el cargo de relator de una
corporación nacional; consideró entonces que la omisión alegada tuvo como causa el
descuido del peticionario, quien no presentó la documentación completa en la
oportunidad prevista para tal efecto. Sostuvo la Corte:
“…la aplicación de las normas de la
convocatoria en relación con la oportunidad en la que debe presentarse la
documentación que acredite la experiencia que se pretenda hacer valer en el
concurso debe ser estricta, aún cuando ello pueda dar lugar a que no se asigne puntaje por tiempo de experiencia
profesional con el que efectivamente cuenten los concursantes. En criterio de la Corte, esa consecuencia
es legítima, pues es resultado de la omisión del concursante y no de un
proceder arbitrario de la entidad administradora del concurso. En este caso, la Sala concluye que los concursantes tenían la carga de
presentar, de manera clara, oportuna y con los respectivos soportes, los elementos que permitieran establecer
su experiencia adicional. Sin embargo, el accionante no allegó de manera oportuna certificación sobre
la fecha de terminación de estudios de su carrera de derecho, ni solicitó que
para acreditarla se tuviese en cuenta la constancia que reposaba en el Registro
Nacional de Abogados, así como tampoco solicitó oportunamente que su experiencia profesional le
fuese contabilizada desde esa fecha. Por consiguiente, no puede considerarse que la actuación de la Sala Administrativa haya
sido un acto arbitrario y lesivo de los derechos fundamentales del accionante.” (No está en negrilla en el texto original.)
En la precitada sentencia T-547 de 2007, la Corte se
pronunció en el mismo sentido, en relación con la tutela que presentó un
aspirante al concurso de
méritos para los cargos de
empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios de los
Distritos Judiciales de Cali, Buga y del Distrito Judicial Administrativo del
Valle del Cauca, convocado en
el año 2006 por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. Encontró
que al inadmitirlo a dicho concurso, la accionada no había vulnerado los
derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político a través del desempeño de
funciones y cargos públicos, por cuanto el actor había “olvidado” firmar la declaración juramentada contenida
en el formulario de inscripción, según la cual, manifestaba no encontrarse
incurso en ninguna causal legal o constitucional de inhabilidad para el nombramiento,
o de incompatibilidad para el ejercicio del cargo para el cual se postuló. En
ese pronunciamiento, esta corporación reiteró la mencionada doctrina al
expresar:
“… el principio
general del derecho según el cual Nadie puede obtener provecho de su propia
culpa (Nemo auditur
propriam turpitudinem allegans), hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. En
consecuencia, en virtud de
dicho principio, la prosperidad de la acción de tutela está condicionada a la
verificación de que los hechos que la originan, no ocurrieron como
consecuencia de la culpa, imprudencia, negligencia o voluntad propia del actor…
quedó demostrado que los hechos que fundamentan la presente acción de tutela no
son responsabilidad de la Corporación judicial accionada, sino que por el
contrario son el resultado del comportamiento omisivo del actor...”
En el asunto en revisión existe una situación
semejante a la examinada por la Corte en los pronunciamientos anteriormente
reseñados, pues el actor Jorge Alonso Flechas Díaz reconoce no haber presentado
dentro del término estipulado la documentación completa, ya que omitió aportar
los certificados originales de antecedentes disciplinarios expedidos por la
Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, los
cuales vino a allegar tardíamente cuando sustentó el recurso de reposición
contra el Acuerdo 7 de 2007 que lo inadmitió al concurso de notarios. En la demanda
de tutela consta ese hecho, en los siguientes términos (f. 2 cd. respectivo):
“En dicho recurso demostré que en la
documentación remitida por mí en las dos oportunidades sí anexé, debidamente
relacionados en los numerales 4° y 7°, el ‘certificado especial de antecedentes
N° 5915298 expedido por la Procuraduría General de la Nación folio 4’ y el
certificado de antecedentes disciplinarios de abogados expedido por la sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura folio 7’, y
al mismo tiempo, para efectos del recurso, anexé los documentos originales,
demostrando además que éstos tenían fecha anterior al cierre de la inscripción
y por tanto ello probaba no sólo los tuve (sic) en mi poder antes de esa fecha, sino además
que sí los anexé en las dos oportunidades en que envié la documentación, aunque
en fotocopia simple”. (No está en negrilla en el texto original.)
4.1.5. En cuanto respecta a la supuesta vía
de hecho en que habría incurrido el Presidente del Consejo Superior de la
Carrera Notarial al expedir la Resolución 00584 del 23 de junio de 2007,
mediante la cual confirmó la decisión de inadmisión al concurso, encuentra la
Sala que tal decisión es correcta, observándose que la principal consideración tenida
en cuenta para confirmar la negativa de inscripción, consistió en que “al
revisar nuevamente la documentación el recurrente aportó el certificado de
antecedentes disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura, el
certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, en
fotocopia simple” (no está en negrilla en el texto original).
En las motivaciones de dicho acto se señaló, además,
que no podía otorgarse valor probatorio, en los términos del artículo 254 del
Código de Procedimiento Civil, a las fotocopias aportadas por el accionante,
pues “no fueron autorizadas por ningún funcionario, ni autenticadas por notario,
ni fueron compulsadas en el curso de inspección judicial”, consideración
que para la Sala carece de trascendencia si se tiene en cuenta que el
razonamiento no estaba orientado a reforzar el argumento principal que sustentó
la confirmación, sino a comentar que los mencionados documentos, cuya
presentación se exige en original, también podían adjuntarse en copia o
fotocopia con constancia de autorización, autenticación o compulsación, cita
que fue probablemente imprecisa,
pero sin entidad como para afirmar que quien profirió el acto administrativo
desconociere la ley en perjuicio del actor.
4.1.6. Por todo lo expuesto, la Sala de
Revisión confirmará la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2007 por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el fallo
dictado el 24 de julio de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior
de Bogotá y negó las pretensiones de la demanda, quedando demostrado que el
Consejo Superior de la Carrera Notarial al no inscribir al doctor Jorge Alonso
Flechas Díaz al concurso de notarios, no incurrió en violación de derecho fundamental
alguno.
4.2 La “vigencia” de los datos contenidos
en el Boletín de Responsables fiscales, y la exigencia de aportar certificados
de antecedentes fiscales “vigentes”.
4.2.1. Como se precisó anteriormente, el demandante Lenin
Darío Saavedra Saavedra (expediente T-1’754.334) fue inadmitido al
concurso de ingreso a la carrera notarial, por cuanto se estimó que el
certificado de antecedentes fiscales que allegó, expedido por la Contraloría
General de la Nación, había perdido vigencia.
Este actor allegó oportunamente un certificado, pero que
había sido expedido con fundamento en el Boletín N° 47 de la Contraloría, que
para la fecha de inscripción del aspirante (16 de enero de 2007) no se
encontraba actualizado, pues ya se había expedido un nuevo Boletín, N° 48,
publicado el día 2 de enero de ese mismo año.
La entidad demandada afirma que aunque el artículo 10°
del Acuerdo 01 de 2006 exige como requisito el certificado de antecedentes
fiscales sin expresa indicación  de que debe estar “vigente”, ha de tenerse en
cuenta que los boletines de la Contraloría con base en los cuales se expide tal
clase de certificados tienen fecha de expiración, que se presenta cada tres
meses, de lo cual se infiere que el certificado exigido debe ser el “vigente”.
4.2.2. A juicio unánime de la Sala, le asiste razón a
la entidad demandada. Ciertamente, el artículo 10° del Acuerdo 01 de 2006, por
el cual se convocó al concurso para nombramiento de notarios e ingreso a la
carrera notarial, dentro de los documentos que ordenó acompañar a la solicitud
de inscripción incluyó el certificado de antecedentes fiscales expedido por la
Contraloría General de la República; documento que, por razones obvias, debe
ser el expedido con base en el último Boletín de Responsables Fiscales emanado
de esa entidad, y no en uno anterior que no contenga información actualizada.
La única forma de aproximarse a la certeza respecto de
la no inclusión de una persona en dicho Boletín radica en conocer el último
número del mismo, pues de lo contrario la entidad interesada en verificar la
inexistencia de antecedentes fiscales corre el riesgo de atenerse a una
información desactualizada y admitir al concurso o dar posesión a una persona
inhabilitada, con las sanciones que este hecho acarrea, de conformidad con lo
reglado por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000.[23]
Debe entenderse que la finalidad del certificado en
cuestión emana de la necesidad de contar al momento de decidir con suficiente
información fidedigna y actual de unas calidades, que garanticen que
quienes sean incluidos en carrera notarial muestren las mayores probabilidades
de rectitud e idoneidad, siendo indicativo especialmente de lo primero y para
el caso, que no se hubiere proferido y ejecutoriado en contra del aspirante algún
fallo con responsabilidad fiscal y no se haya satisfecho la obligación allí contenida,
resultando inexorable a esos efectos que la certificación abarque hasta el
último momento, lo cual se logra, en lo posible, con la observación del más
reciente Boletín trimestral de responsabilidades fiscales.
Así, la exigencia del Consejo Superior de la Carrera
Notarial, relativa a presentar certificado de antecedentes fiscales “vigente”,
en nada resulta inconstitucional, sino que, antes bien, responde al
cumplimiento de un deber de verificación, en desarrollo de los principios
superiores de transparencia y moralidad en el ejercicio de la función pública.
Por las razones expuestas, también ha de ser denegada la
tutela de los derechos fundamentales que demandó el señor Lenin Darío
Saavedra Saavedra, a cuyo fin será modificado el fallo de septiembre 13 de
2007, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que al
revocar la decisión de amparo adoptada en julio 26 de 2007 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, sustentó y
determinó el rechazo de la acción de tutela, al estimarla improcedente en
cuanto existe otro medio judicial de defensa y no se demostró un perjuicio
irremediable.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de
septiembre de 2007 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que revocó el fallo dictado el 24 de julio de 2007 por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar negó
las pretensiones de la demanda de tutela (expediente T-1’728.786), por
cuanto el Consejo Superior de la Carrera Notarial al negar la inscripción de Jorge
Alonso Flechas Díaz al concurso de notarios, no incurrió en la demandada
violación de derechos fundamentales.
Segundo. MODIFICAR la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2007 por
la Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, que revocó el fallo dictado el 26 de julio de 2007 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, y en
su lugar rechazó por improcedente la acción de tutela (expediente T-1’754.334)
incoada por Lenin Darío Saavedra Saavedra contra el Consejo Superior de
la Carrera Notarial, la cual se decide DENEGAR, al no haberse incurrido
en la demandada violación de derechos fundamentales.
Tercero. Por Secretaría General líbrese la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO A LA SENTENCIA T-241/08
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA
PROCURADURIA Y EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Exigencia de certificados originales
depende de estudiar las normas legales aplicables a la inscripción al concurso
notarial/CONFLICTO NORMATIVO SOBRE LA EXIGENCIA DE CERTIFICADOS ORIGINALES-Se
debía dar aplicación a las normas especiales que regulan las actuaciones
administrativas (Salvamento parcial de voto)
A mi parecer, para resolver si la exigencia de aportar originales de certificados
de antecedentes disciplinarios resultaba conforme a la Ley y a la Constitución,
era menester detenerse a estudiar las normas legales y reglamentarias
pertinentes, aplicables a la inscripción al concurso notarial; lo anterior a
fin de establecer si esa exigencia estaba previamente reglamentada de manera
general, de manera que la entidad demandada pudiera legítimamente pedirle al
demandante cumplir con ella. Observa el suscrito que el artículo 1° del Decreto
Extraordinario 2150 de 1995, por medio del cual en su momento se suprimieron y
reformaron regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en
la Administración Pública, dispone que “(a) las entidades que integran la
Administración Pública les está prohibido exigir documentos originales
autenticados o reconocidos notarial o judicialmente.” Esta norma no resulta
contraria sino complementaria de aquellas otras contenidas en la citada Ley 962
de 2005. El suscrito concluye que el presente asunto implicaba un aparente
conflicto de normas, que se daría entre aquellos artículos del C. de P.C.[24]
en que se apoya la entidad demandada para justificar su exigencia de aportar en
original los certificados de antecedentes disciplinarios, de un lado, y de otro
las normas del citado Decreto 2150 de 1995 que, en armonía con la Ley 962 de
2005, llevaban a la conclusión contraria. A mi juicio, este aparente conflicto
debió haberse resuelto dándole aplicación preferente a las normas especiales
que regulan las actuaciones administrativas, es decir al Decreto 2150 de 1995 y
la Ley 962 de 2005, que además constituyen un desarrollo legislativo directo de
los principios constitucionales de buena fe, y de eficacia y eficiencia de la
función pública.
CONFLICTO NORMATIVO SOBRE LA EXIGENCIA DE
CERTIFICADOS ORIGINALES-Si
las normas especiales aplicables al concurso notarial no reglamentaban
expresamente el aporte de los certificados en original, las autoridades
públicas por vía de interpretación no podían exigirlo como requisito adicional (Salvamento
parcial de voto)
Si las normas especiales aplicables al concurso
notarial no reglamentaban en forma expresa que los certificados de antecedentes
disciplinarios debían aportarse en “original”, las autoridades públicas, por
vía de interpretación, no podían exigir como requisito adicional, dicha forma
de presentación. Lo anterior por cuanto las normas y principios
constitucionales a los que arriba se ha hecho referencia irradian el resto del
ordenamiento jurídico, de manera tal que cuando es necesario interpretar el
sentido de una norma de rango infra constitucional, esta exégesis debe hacerse
prefiriendo la lectura de la misma que mejor desarrolla los postulados
superiores. En el presente caso, esta exégesis conforme con la Constitución
debía dar preferencia a los mencionados principios de presunción de buena fe, y
de eficacia y eficiencia de la función pública, junto con la regla
constitucional de no exigencia de requisitos adicionales no reglamentados
expresamente.
DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO Y ACCESO AL
EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS-Vulneración por parte del Consejo Superior de la Carrera Notarial al
inadmitir al actor al concurso de notarios exigiéndole el aporte de
certificados originales (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expedientes T-1728786 y
T1754334 (acumulados)
Peticionarios: Jorge Flechas Díaz y Lenín
Darío Saavedra Saavedra.
Procedencia: Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado, respectivamente.
Magistrados Ponentes: Marco Gerardo Monroy Cabra y
Nilson Pinilla Pinilla.
Con el habitual respeto por las determinaciones de la
Sala, salvo parcialmente mi voto en el asunto de la referencia, por no
compartir los fundamentos jurídicos consignados en el numeral 4.1 de la parte
considerativa presente sentencia, ni la resolución a que ellos llevaron,
contenida en el numeral primero de la parte resolutiva de la providencia;  en
dicho numeral se confirmó el fallo proferido el 6 de septiembre de 2007 por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, que denegó la acción de tutela incoada
por el señor Jorge Alfonso Flechas Días contra el Consejo Superior de la
Carrera Notarial.  A mi parecer, dicha tutela ha debido concederse, conclusión
a la que llego con fundamento en las siguientes consideraciones jurídicas, que
en su momento fueron presentadas ante el resto de la Sala, y que a continuación
paso a exponer:
1. La Constitución Política no sólo
consagra un catálogo de derechos fundamentales[25], otro de
derechos económicos sociales y culturales[26] y uno más de
derechos colectivos y del medio ambiente[27], sino que
además en el Capítulo IV del Título II se refiere a los “medios de
protección y aplicación” de tales categorías derechos.
El primer artículo de este Capítulo es el
número 83, conforme al cual “Las actuaciones de los particulares y  de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la
cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.”[28]
Por su parte, la disposición inmediatamente siguiente
-artículo 84-  prescribe que “cuando un derecho o una actividad hayan
sido reglamentadas de manera general, las autoridades públicas no podrán
establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales
para su ejercicio.” [29]
Así pues, la presunción general de buena fe
de los particulares en sus actuaciones ante las autoridades públicas, así como
la no exigencia por parte de estas de requisitos adicionales a los
reglamentados de manera general, son considerados por el constituyente como un
medio de protección y de aplicación de los derechos de rango
constitucional.
Más adelante, el artículo 209 superior,
perteneciente al Capítulo 5 del Titulo VII, y referente a la función
administrativa, señala que esta se desarrollará “con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la delegación y la desconcentración de funciones.”
Agrega que las autoridades administrativas “deben coordinar sus acciones
para el adecuado cumplimento de los fines del Estado.”
En desarrollo de estas normas y principios
superiores, fue expedida la Ley 962 de 2005, cuyo objetivo fue racionalizar los trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, con el fin evitar
exigencias injustificadas a los administrados. En ella el legislador estimó que
los principios de presunción de buena fe, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad de la
función pública, así como la
proscripción constitucional de exigencia por las autoridades de requisitos no
reglamentados de manera general, exigían un desarrollo legislativo propio, a
fin de darles eficacia jurídica concreta en el ámbito de las actuaciones de los
particulares ante la Administración. En este sentido, el artículo 1° de la
mencionada Ley 962 de 2005 reza así:
“ARTÍCULO 1o. OBJETO Y PRINCIPIOS
RECTORES. La presente ley tiene por objeto facilitar las relaciones de los
particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones
que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o
cumplimiento de obligaciones se desarrollen de conformidad con los principios
establecidos en los artículos 83, 84, 209  y 333  de la Carta Política.” [30]
Por su parte, el artículo 3° de la misma Ley
desarrolla también los principios constitucionales mencionados, cuando en forma
expresa prescribe que las personas, en sus relaciones con la Administración
pública, tendrán derecho “a abstenerse de presentar documentos no exigidos
por las normas legales aplicables a los procedimientos de que trate la
gestión.”
Ahora bien, en el presente proceso el demandante Flechas Días estimaba que se le habían
lesionado sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso al ejercicio
de funciones públicas, por cuanto la Administración le había exigido, para ser
admitido al concurso notarial, cumplir con un requisito que no estaban
previamente reglamentado de manera general, cual era adjuntar en “original” los
certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría
General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.
A mi parecer, para resolver si la exigencia de aportar originales de
certificados de antecedentes disciplinarios resultaba conforme a la Ley y a la
Constitución, era menester detenerse a estudiar las normas legales y
reglamentarias pertinentes, aplicables a la inscripción al concurso notarial;
lo anterior a fin de establecer si esa exigencia estaba previamente reglamentada
de manera general, de manera que la entidad demandada pudiera legítimamente
pedirle al demandante cumplir con ella. Ahora bien, al llevar a cabo tal
estudio jurídico, el suscrito encontró lo siguiente:
2.  La entidad demandada sostenía que para efectos de
determinar la forma en la que debían aportarse los certificados de
antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación
y el Consejo Superior de la Judicatura, exigidos para acreditar el cumplimiento
de las condiciones requeridas para participar en el concurso notarial, era necesario aplicar lo dispuesto por el
artículo 252 del C. de P.C., al que remite el 267 del C.C.A.[31],
en concordancia con los artículos 253 y 254 del mismo Código.
El inciso 1° del artículo 252 del C. de P.C reza así:
“Artículo 252. Documento auténtico. Es auténtico
un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado,
manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se
compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad….”
Por su parte, el artículo 253 del mismo Código
prescribe lo siguiente:
“Artículo 253. Aportación de documentos. Los
documentos se aportarán al proceso originales o en copia. Ésta podrá consistir
en transcripción o reproducción mecánica del documento.”
Y el artículo 254 siguiente indica esto:
“Artículo 254. Valor probatorio de las copias. Las
copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos:
1. Cuando hayan sido autorizadas por
notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de
oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una
copia autenticada.
2. Cuando sean autenticadas por notario,
previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.
3. Cuando sean compulsadas del original o
de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley
disponga otra cosa.”[32]
3. Agregaba la entidad demandada, que de los artículos
transcritos se infería que los certificados de antecedentes disciplinarios no
podían allegarse en copia simple, sino que era menester presentarlos en
original o en copia auténtica. Más aun cuando de lo reglado por el artículo 10° del Acuerdo 01 de 2006, por el que se
convocó a concurso para nombramiento de notarios e ingreso a la carrera
notarial[33], en armonía con el
parágrafo del artículo 4° del Decreto 3454 de 2006[34],
se deducía que sólo en algunos casos se autorizaba la presentación de
documentos en fotocopia, y que entre esos casos no se incluía el de los
certificados de antecedentes disciplinarios.
4. Frente a esta posición jurídica avalada por en la
sentencia de la que parcialmente me aparto, se yergue  otra defendida por el citado demandante y acogida por
el a quo. Esta última sostiene que las normas del Código de
Procedimiento Civil antes citadas no resultaban aplicables al caso, pues ellas
estaban previstas para regular las pruebas documentales en procesos judiciales
y no en actuaciones administrativas como los son los concursos para acceder al
ejercicio de cargos o funciones públicas.  En cambio, eran pertinentes por su
mayor especialidad el artículo
1° del Decreto 2150 de 1995, que dispone que “a las entidades que integran
la Administración Pública les está prohibido exigir documentos originales
autenticados o reconocidos notarial o judicialmente”, como también
la Ley 962 de 2005, sobre racionalización de trámites administrativos, conforme
a la cuál las personas tiene derecho en sus relaciones con la Administración
Pública a abstenerse de presentar documentos en términos no exigidos por las
normas legales.
5. Observa
el suscrito que el artículo 1° del Decreto Extraordinario 2150 de 1995, por
medio del cual en su momento se suprimieron y  reformaron regulaciones,
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública,
dispone que “(a) las entidades que integran la Administración Pública les
está prohibido exigir documentos originales autenticados o reconocidos notarial
o judicialmente.” Esta norma no resulta contraria sino complementaria de
aquellas otras contenidas en la citada Ley 962 de 2005.
Visto lo anterior, el suscrito concluye que el
presente asunto implicaba un aparente conflicto de normas, que se daría entre
aquellos artículos del C. de P.C.[35] en que se apoya la
entidad demandada para justificar su exigencia de aportar en original los
certificados de antecedentes disciplinarios, de un lado, y de otro las normas
del citado Decreto 2150 de 1995 que, en armonía con la Ley 962 de 2005,
llevaban a la conclusión contraria. A mi juicio, este aparente conflicto debió
haberse resuelto dándole aplicación preferente a las normas especiales que
regulan las actuaciones administrativas, es decir al Decreto 2150 de 1995 y la
Ley 962 de 2005, que además constituyen un desarrollo legislativo directo de
los principios constitucionales de buena fe, y de eficacia y eficiencia de la
función pública.
6. Ahora bien, el suscrito también observa que
existían otras normas especiales igualmente aplicables al caso, cuales eran el
artículo 10° del Acuerdo 01 de 2006, mediante el cual se convocó a concurso
para nombramiento de notarios e ingreso a la carrera notarial, y el parágrafo
del artículo 4° del Decreto
3454 de 2006. La primera de estas normas indicaba que quienes desearan participar en el concurso mencionado
deberían remitir los siguientes documentos:
“1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
2. Fotocopia del certificado sobre
antecedentes judiciales vigente expedido por el Departamento Administrativo de
Seguridad, con indicación de su fecha de expedición y refrendación
3. Certificado especial de antecedentes
disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría General de la Nación
4. Certificado de antecedentes fiscales
expedido por la Contraloría General de la Republica
5. Certificado de inscripción al concurso
6. Para quienes sean abogados, certificado
de antecedentes disciplinarios como abogado, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura.
“No serán recibidas las solicitudes de
acreditación que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin
perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su
solicitud completa dentro del plazo fijado por el Consejo Superior.” (Negrillas fuera del original)
Por su parte, el parágrafo del artículo 4° del Decreto
3454 de 2006, reglamentario de la Ley 588 de 2000, por medio de la cual se
regula el ejercicio de la actividad notarial, señala lo siguiente:
“ Quienes deseen participar en el concurso, una vez
diligenciado el formulario de inscripción, deberán remitir, además de los
requisitos señalados en este artículo, los siguientes documentos: certificación
sobre conducta y antecedentes en donde conste la situación o definición de los procesos penales en que el
aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado; certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la Nación; certificado de vigencia de la cedula de
ciudadanía expedida por
la Registraduría Nacional del Estado Civil; certificado de antecedentes
fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica, y copia del
pasado judicial expedido por el Departamento Administrativo de
Seguridad.”(Negrillas fuera del original)
Nótese cómo en ambas disposiciones se hace alusión a
certificados de antecedentes disciplinarios, sin que en ninguna de ellas se
haga explícita la exigencia de que su aportación se haga “en original”. Y del
hecho de que respecto de otros de los documentos enumerados en estas
disposiciones se hablara de la posibilidad de allegarlos en “fotocopia”, no
podía inferirse que los demás fuera necesario entregarlos en “original”. A mi
parecer, esta no era una interpretación que resultara conforme con la
Constitución que, como se dijo, en su artículo 84 dispone que “las autoridades públicas no podrán
establecer ni exigir
permisos, licencias o requisitos adicionales” para el ejercicio de los derechos
constitucionales, distintos de aquellos exigidos por las normas reglamentarias
pertinentes.
Ciertamente, si las normas especiales aplicables al
concurso notarial no reglamentaban en forma expresa que los certificados de
antecedentes disciplinarios debían aportarse en “original”, las autoridades
públicas, por vía de interpretación, no podían exigir como requisito
adicional, dicha forma de presentación. Lo anterior por cuanto las normas y
principios constitucionales a los que arriba se ha hecho referencia irradian el
resto del ordenamiento jurídico, de manera tal que cuando es necesario
interpretar el sentido de una norma de rango infra constitucional, esta
exégesis debe hacerse prefiriendo la lectura de la misma que mejor desarrolla
los postulados superiores. En el presente caso, esta exégesis conforme con la
Constitución debía dar preferencia a los mencionados principios de presunción
de buena fe, y de eficacia y eficiencia de la función pública, junto con la
regla constitucional de no exigencia de requisitos adicionales no reglamentados
expresamente.
7. Por todo lo anterior, el suscrito descarta la
interpretación de las normas a las que se ha hecho referencia, aplicables al
concurso notarial, que lleva a concluir que cuando ellas hablan de
“certificados”, deba leerse “certificados aportados en original”. Así las
cosas, estima que efectivamente el Consejo Superior de la Carrera Notarial
vulneró los derechos al debido proceso administrativo y de acceso al ejercicio
de funciones públicas del señor Jorge Alfonso Flechas Días, cuando lo inadmitió
al concurso para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la
carrera notarial.
En los anteriores términos dejo expresadas las razones
de mi salvamento parcial de voto.
Fecha ut supra,
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
[1] Decreto 3453 de 2006.  “Artículo 4°… Parágrafo. Quienes
deseen participar en el concurso, una vez diligenciado el formulario de
inscripción, deberán remitir, además de los requisitos señalados en este
artículo, los siguientes documentos: certificación sobre conducta y
antecedentes en donde conste la situación o definición de los procesos penales
en que el aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado; certificado
de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la
Nación; certificado de vigencia de la cedula de ciudadanía expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil; certificado de antecedentes fiscales
expedido por la Contraloría General de la Republica, y copia del pasado
judicial expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad.”
[2] Acuerdo 01 de 2006. “Artículo 10. Acreditación del
cumplimiento de requisitos generales. El aspirante acompañará a su solicitud de
acreditación de requisitos los siguientes documentos: 1. Fotocopia de la cédula
de ciudadanía Página 28 de 34, del acuerdo de convocatoria. 2. Fotocopia del
certificado sobre antecedentes judiciales vigente expedido por el Departamento
Administrativo de Seguridad, con indicación de su fecha de expedición y
refrendación. 3. Certificado especial de antecedentes disciplinarios vigente
expedido por la Procuraduría General de la Nación. 4. Certificado de
antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la Republica. 5.
Certificado de inscripción al concurso 6. Para quienes sean abogados,
certificado de antecedentes disciplinarios como abogado, expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura. No serán recibidas las solicitudes de acreditación
que no incluyan alguno de los documentos mencionados, sin perjuicio de la
posibilidad que conserva cada aspirante de presentar su solicitud completa
dentro del plazo fijado por el Consejo Superior.”
[3] M. P.
Jaime Córdoba Triviño.
[4]
Cfr. T-1191 de 2004,  M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre
otras sentencias.
[5] T-1203
de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[6] Cf, entre otras, las
sentencias T-414 de 1992 y  SU-961 de 1999.
[7]
T-383 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[8]
T-388 de 1998. M. P. Fabio Morón Díaz.
[9] T-033 de 2002, M. P.
Rodrigo Escobar Gil.
[10] C-373 de 2002 (mayo 15), M. P. Jaime Córdoba Triviño.
En esta sentencia, la Corte declaró exequible el segmento “o por faltas como Notario consagradas en el artículo 198
del Decreto-ley 960 de 1970”, entendiendo
que la inhabilidad no se extiende a quienes fueron condenados con sanción de
multa conforme al Decreto-Ley 960 de 1970.
[11]
En este fallo la Corte declaró la exequibilidad de la incompatibilidad entre el
ejercicio de la función notarial con toda intervención en política, distinta
del ejercicio del sufragio, prevista en el artículo 10° del Decreto 960 de
1970.
[12] C-153 de 1999 (marzo
10), M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[13] T-634
de 2007 (agosto 15), M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[14]
C-741 de 1998 (diciembre 2), M. P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo
sentido, C-574 de 2003 (julio 15), M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[15] C-097
de 2001 (enero 31), M. P. Fabio Morón Díaz.
[16]
C-509-94  (noviembre 10), M. P. Hernando Herrera Vergara y C-558-94 (diciembre
6), M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[17] C-373
de 2002 (mayo 15), M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[18] T-460 de 1992 (julio 15), M. P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[19]
T-460 de 1992.
[20] C-311 de 2004 (marzo 31), M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[21] T-470
de 2007 (julio 12), M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] T-547 de 2007 (julio 19), M. P. Jaime Araújo Rentería.
[23]
“Artículo 60. Boletín de responsables
fiscales. La Contraloría General de la República publicará con periodicidad
trimestral un boletín que contendrá los nombres de las personas naturales o
jurídicas a quienes se les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal en
firme y ejecutoriado y no hayan satisfecho la obligación contenida en él.
Para efecto de lo anterior, las contralorías
territoriales deberán informar a la Contraloría General de la República, en la
forma y términos que esta establezca, la relación de las personas a quienes se
les haya dictado fallo con responsabilidad fiscal, así como de las que hubieren
acreditado el pago correspondiente, de los fallos que hubieren sido anulados
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y de las revocaciones
directas que hayan proferido, para incluir o retirar sus nombres del boletín,
según el caso. El incumplimiento de esta obligación será causal de mala
conducta.
Los representantes legales, así como los nominadores y
demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, de dar posesión
o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de
responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 190 de 1995. para cumplir con esta
obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores
públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la
inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín.”
[24] Artículos
252 a 254 del C. de P.C.
[25] C.P.
Título II, Capítulo I.
[26] C.P.
Título II, Capítulo II.
[27] C.P.
Título II, Capítulo III
[28] Negrillas
fuera del original.
[29] Negrillas
fuera del original.
[30] Negrillas
fuera del original.
[31] Código Contencioso Administrativo.  Artículo 267. Aspectos no
regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso
administrativo.
[32] Explicando el alcance de estas tres disposiciones,
especialmente la diferencia entre la expedición y la autenticación de copias o
reproducciones y los funcionarios competentes para ello, el Consejo de Estado
ha dicho lo siguiente:
"No es esta la primera vez que se
plantea ante esta corporación el tema de la autenticación de documentos cuyos
originales reposan en los archivos de la Administración pública. Ya la sección
Primera examinó la cuestión en el fallo del 14 de marzo de 1978, con ponencia
del Consejero Galindo Pinilla (Expedientes 2648-2586). A propósito de la
interpretación de los artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, se
expresó entonces:
"De las normas transcritas se deduce:
"1. Que las copias de documentos son
de dos clases, según sean transcripción o reproducción mecánica del original.
"2. Que los funcionarios públicos
están facultados para autorizar copias de documentos que se encuentren en su
oficina, ya sean transcripciones o, reproducciones mecánicas.
"3. Que la autenticación notarial o
por el Juez proceden en relación con documentos cuyo original no deba
mantenerse, por ministerio de la ley o de los reglamentos, en los archivos
oficiales o que reposen en poder del notario. Lo contrario implicaría una de
las dos cosas: o que el Notario tuviera que trasladarse al archivo para hacer
la verificación con el original, o que éste debiera extraer se del archivo para
ser llevado a la Notaría a fin de hacer el cotejo. Además de la inconveniencia
de las dos hipótesis y de los peligros que ofrece la segunda, para la seguridad
de los documentos oficiales, ambas resultan en contradicción con la facultad
que se otorga a los funcionarios públicos para autorizar copias, no sólo por el
mismo artículo 254, sino por otras disposiciones legales como el artículo 320
del Código Político y Municipal que es norma especial".
“Efectivamente el artículo 320 del Código Político y Municipal,
prescribe, como un deber de los jefes autorizados de las dependencias
administrativas, la expedición de copias de los documentos que existan en los
archivos de la Administración Pública tanto del orden nacional, como
departamental y municipal. Como la disposición se refiere a copias, sin
distinción, debe entenderse que comprende cualquier tipo de copias, ya
consistan en transcripción, o en reproducción mecánica del documento.
Igualmente el artículo 254, prescribe que las copias, o sea, tanto las
transcripciones como las reproducciones mecánicas, tendrán el mismo valor
probatorio del original, cuando han sido autorizadas por un funcionario
público, en cuya oficina se encuentre el original. Por consiguiente, ha de
concluirse que existe plena armonía entre uno y otro precepto y que la
exigencia de autenticación por un Notario de las reproducciones mecánicas de
documentos sólo puede referirse a las que no reposen en el archivo notarial o a
las que se hallen en poder de particulares.” (C.E., Sent. oct. 26/78.
M.P. Carlos Galindo Pinilla)
[33] “Acuerdo 01 de 2006. Artículo 10.
Acreditación del cumplimiento de requisitos generales. El aspirante
acompañará
a su solicitud de acreditación de requisitos los siguientes documentos:
1.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía
Página
28 de 34, del acuerdo de convocatoria
2.
Fotocopia del certificado sobre antecedentes judiciales vigente expedido por el
Departamento
Administrativo de Seguridad, con indicación de su fecha de expedición
y
refrendación
3.
Certificado especial de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la
Procuraduría
General de la Nación
4.
Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la
Republica
5.
Certificado de inscripción al concurso
6.
Para quienes sean abogados, certificado de antecedentes disciplinarios como
abogado,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
No
serán recibidas las solicitudes de acreditación que no incluyan alguno de los
documentos
mencionados, sin perjuicio de la posibilidad que conserva cada aspirante de
presentar
su solicitud completa dentro del plazo fijado por el Consejo Superior.”
[34] “Decreto 3454 de 2006, por el cual se reglamenta la
Ley 588 de 2000.
…
Artículo 4°:
…Parágrafo. Quienes deseen participar en
el concurso, una vez diligenciado el formulario de inscripción, deberán
remitir, además de los requisitos señalados en este artículo, los siguientes
documentos: certificación sobre conducta y antecedentes en donde conste la
situación o definición de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido
sindicado, enjuiciado o condenado; certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Procuraduría General de la Nación; certificado de vigencia de
la cedula de ciudadanía expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil; certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General
de la Republica, y copia del pasado judicial expedido por el Departamento
Administrativo de Seguridad.
[35] Artículos
252 a 254 del C. de P.C.