T-260-10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SENTENCIA T-260/10
(Abril 16; Bogotá
D.C.)
ACCION DE
TUTELA CONTRA EL CANAL RCN TELEVISION-Caso en que se debe establecer si con
la emisión del programa “El Cazanoticias”, se transgredieron límites
constitucionales impuestos al ejercicio del derecho de información y de opinión
y por consiguiente, hay lugar a ordenar una rectificación y bajo qué criterios
ACCION DE
TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION COMO MECANISMO PARA GARANTIZAR DERECHOS
FUNDAMENTALES-Criterios que deben tener en cuenta autoridades judiciales
para determinar procedibilidad del amparo constitucional
La existencia de razones
válidas para la inactividad del actor; (b) La posibilidad de que la inactividad
injustificada del actor vulnere los derechos fundamentales de terceros
afectados, si se llegase a adoptar una decisión por el juez de tutela; (c) La
existencia de un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los terceros interesados; (d) La permanencia en
el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del
accionante, esto es, su situación desfavorable como consecuencia de la
afectación de sus derechos continúa y es actual; y, (e) La carga de la
interposición de la acción de tutela resulta desproporcionada, dada la
situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante”
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION-Contenido
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE INFORMACION Y OPINION-Reiteración de
jurisprudencia sobre la verdad y la imparcialidad como límites cuando exista
colisión con otros derechos
DERECHO A LA
RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Fundamental
ACCION DE
TUTELA CONTRA EL CANAL RCN TELEVISION-Caso en que no procede la tutela por
no presentarse vulneración de derechos fundamentales
Referencia: Expediente
T-2.472.179
Accionante: Hernando
Salazar Pérez
Accionados: RCN Televisión;
Directora de Noticias RCN, el periodista Felipe Arias, el Defensor del
Televidente de RCN Televisión.
Tema:
Derechos
fundamentales cuya protección se invoca: derechos constitucionales
fundamentales a la honra y al buen nombre.
Conducta
que causa la vulneración: las directivas de RCN Televisión y de Noticias
RCN permitieron que saliera al aire una información en la que, considera el
accionante, se le señala como responsable de haber incurrido en actuaciones
delictivas, sin existir resolución judicial que así lo hubiere establecido.
Pretensión:
se conceda la tutela, y se ordene rectificar a las personas accionadas en los
términos en que lo indica el accionante.
Fallo objeto de
revisión:
sentencia emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil de
Decisión del día 27 de octubre de 2009.
Magistrados de
la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Juan Carlos
Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZALEZ
CUERVO.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda y pretensión
1.1. Fundamento de la pretensión
La presente solicitud de tutela se
sustenta en las siguientes afirmaciones, hechos y medios de prueba.
- Afirma el apoderado judicial del
accionante que el día 22 de abril de 2009 en el segmento periodístico e
informativo denominado “El CAZANOTICIAS”, el periodista Felipe Arias, de
manera irresponsable y omitiendo observar condiciones éticas y morales de un
periodismo serio, responsable, objetivo e investigativo, emitió, con
autorización de la representante legal de RCN Televisión, ciudadana Clara
Elvira Ospina, en su calidad de Directora de Noticias RCN, una información
carente de todo fundamento jurídico probatorio con el siguiente título: “Corrupción
en un Despacho Judicial” (sic)[1].
- Sostiene que en la mencionada
transmisión se arranca diciendo “de manera categórica e innegable que un
funcionario del juzgado 27 civil municipal de BOGOTA D.C. cobra sumas de
dinero para agilizar el trámite rápido y eficaz de los procesos que se
adelantan en el mencionado despacho judicial y de manera simultánea transmite
el video en el cual un usuario de la administración de justicia, pasa una suma
de dinero al supuesto funcionario del juzgado 27 civil municipal de Bogotá D.C.”
(Subrayas y negrillas dentro del texto original)[2].
Indica, de otro lado, que siendo parte integral de la misma noticia, se emite
una afirmación efectuada por un profesional del derecho –contactado para tales
efectos por la representante legal del RCN Televisión y directora de Noticias
RCN y por un periodista de la misma entidad–, en la que se asevera que de
conformidad con el video transmitido puede constatarse que se cometió un hecho
delictivo y criminal por parte del accionante. El apoderado judicial del
accionante describe de la siguiente forma lo supuestamente acontecido en el
programa:
DE ACUERDO A LOS
HECHOS QUE ALLÍ SE OBSERVAN, LO QUE SE HA CONFIGURADO ES LA OCURRENCIA DE UN
HECHO DELICTIVO Y CRIMINAL COMO LO ES: EL COHECHO PROPIO, toda vez que mi
cliente es un FUNCIONARIO PÚBLICO, ATRIBUYENDO E IMPUTANDO DE MANERA PÚBLICA Y
FRENTE A TODA LA TELEAUDICENCIA SIN TENER CAPACIDAD LEGAL Y JURISDICCIÓN PARA
HACERLO, UN HECHO DELICTIVO Y CRIMINAL AL señor: FELIPE ARIAS (PERIODISTA DEL
CANAL RCN) (sic), Y EL DEFENSOR DEL TELEVIDENTE DEL CANAL RCN, con el único fin
de que se RETRACTE y se RECTIFIQUEN legalmente DE TODA INFORMACIÓN DADA EN
DICHO SEGMENTO PERIODÍSTICO INCLUYENDO TAMBIÉN, LA RETRACTACIÓN Y ACLARACIÓN DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS AFIRMACIONES DADAS POR EL PROFESIONAL DEL DERECHO
respecto del contenido del video transmitido en dicha noticia, por considerar
que las mismas hacen parte integral de la noticia que vulnera de manera
indudable los derechos fundamentales y constitucionales de mi cliente, a la
HONRA y BUEN NOMBRE, contenido en la norma superior vigente artículo 21 de la       C.
N.[3].
- El día 23 de junio de 2009 se radicó
una comunicación suscrita por el apoderado judicial del accionante dirigida
tanto a la representante legal de RCN Televisión como a la Defensora del
Televidente de esa misma entidad[4]. En dicho escrito se
solicita de manera urgente “a quien corresponda y en especial al periodista
Felipe Arias que se RETRACTE Y ACLARE en igualdad de condiciones de
tiempo, modo y lugar de toda la información emitida en el segmento periodístico
e informativo de su canal, denominado CAZA NOTICIAS, emitido el día 22 de abril
cuyo titular fue “CORRUPCIÓN EN UN DESPACHO JUDICIAL (sic).”[5].
- El día 3 de julio de 2009 se recibe
respuesta por parte de la entidad accionada. La Directora de Noticias RCN[6],
Clara Elvira Ospina, informa que la entidad accedería a la solicitud de
rectificación y aclaración elevada por el accionante de la noticia emitida en
la Sección “El Cazanoticias” del día 22 de abril de 2009 a las 7 p. m.
En cumplimiento de lo ordenado por la ley, presentó a consideración del
accionante el siguiente texto:
EN NUESTRO
CAZANOTICIAS DEL PASADO 22 DE ABRIL, PUBLICAMOS UNA DENUNCIA DE UN CIUDADANO
QUE SOSTENÍA QUE DIO DINERO A UNA PERSONA DE UN DESPACHO JUDICIAL PARA AGILIZAR
EL DESARCHIVE DE UN PROCESO… EL CAZANOTICIAS RECTIFICA ESTA INFORMACIÓN PORQUE
NO TIENE EVIDENCIA DE QUE ESTA IMAGEN CORRESPONDA A UNA EXIGENCIA INDEBIDA DE
DINERO POR PARTE DE LA PERSONA QUE APARECE RECIBIENDO EL BILLETE… LOS
DENUNCIANTES SE NEGARON A RATIFICAR SU DENUNCIA FORMALMENTE ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES.
- El día 9 de julio de 2009 se radicó
una comunicación en la oficina de correspondencia de RCN Televisión mediante la
cual la parte accionante da respuesta al escrito de tres de julio de 2009[7].
En el escrito el accionante admite haber recibido la comunicación del 3 de
julio y agradece los esfuerzos:
Por tratar de
remediar el daño y los perjuicios que el canal RCN, el señor periodista FELIPE
ARIAS, y la clara Omisión de su parte como Directora de Noticias RCN, le causaron
[al accionante] señor Hernando Salazar Pérez, con la publicación televisiva de
la noticia en estudio, vulnerando con la misma de manera flagrante e innegable
SU DERECHO AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA (…)”. No obstante, encuentra que
respecto del texto puesto a su consideración resulta “conveniente que se
documente más sobre el contenido real de la noticia y del video lesivo de los
derechos fundamentales [del accionante por cuanto] no se hace mención alguna
sobre si el destino del dinero es para un desarchive tal y como ustedes ahora
lo plantean y quieren hacer ver de tal suerte que lo enunciado en el texto ‘EN
NUESTRO CAZANOTICIAS DEL PASADO 22 DE ABRIL PUBLICAMOS UNA DENUNCIA DE UN
CIUDADANO QUE SOSTENIA QUE DIO DINERO A UNA PERSONA DE UN DESPACHO JUDICIAL
PARA AGILIZAR EL DESARCHIVE DE UN PROCESO, es totalmente falso, motivo por [lo]
cual no estamos de acuerdo con el mismo, y respecto de la segunda parte, es
decir: EL CAZANOTICIAS RECTIFICA ESTA INFORMACIÓN PORQUE NO TIENE EVIDENCIA DE
QUE ESTA IMAGEN CORRESPONDA A UNA EXIGENCIA INDEBIDA DE DINERO POR PARTE DE LA
PERSONA QUE APARECE RECIBIENDO EL BILLETE … LOS DENUNCIANTES SE NEGARON A
RATIFICAR SU DENUNCIA FORMALMENTE ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES” tampoco
estamos de acuerdo pues lo que se tiene que decir es que todo lo comentado en
dicha noticia es contrario a la realidad y que piden excusas de manera formal
por haber transmitido una noticia que carece de todo FUNDAMENTO probatorio real
sobre el cual se pueda sustentar de manera legal[8].
- El día 14 de julio de 2009 se recibe
respuesta por parte de la entidad accionada frente al escrito anterior[9].
La entidad acusa recibo de la comunicación del 9 de julio y sostiene que la
rectificación no fue publicada el día domingo 12 de julio de 2009 pues el texto
propuesto por el accionante efectúa:
Afirmaciones y
exigencias con las cuales [Noticias RCN no está de acuerdo. En primer término,
se considera] que no es de recibo que Noticias RCN presente en la rectificación
las imágenes tal como fueron publicadas en la emisión objeto de reclamo y en
segundo término, no podemos aceptar que Noticias RCN asuma responsabilidad de
la retractación por usted solicitada por parte del profesional del derecho,
quien en su concepto calificó de manera equivocada el supuesto delito en que
pudo haber incurrido [el accionante] toda vez que Noticias RCN no se puede
hacer responsable de las afirmaciones que un particular haga en una entrevista
publicada. Si desea que ese abogado rectifique las declaraciones que en su
momento dio a la opinión pública, debe usted ponerse en contacto con él para
solicitárselo, pues se trata de una persona con la que el Canal RCN no tiene
ningún tipo de relación contractual o profesional[10].
Enfatiza la Directora de Noticias RCN
que la rectificación se debe efectuar utilizando el texto propuesto por esa
entidad y advierte que de no recibir respuesta oportuna, procederá a publicar
la rectificación en los términos ya propuestos el día 18 de julio en la Sección
“El Cazanoticias” de la emisión del noticiero de las 7:00 p. m. con lo
cual se entiende que el Canal cumple con las exigencias de orden legal[11].
- El día 15 de julio de 2009 se radicó
una comunicación en la oficina de correspondencia en RCN Televisión
respondiendo la comunicación anterior[12]. En el escrito el
accionante, por medio de su apoderado, pone de presente que no está de acuerdo
en la manera como la entidad quiere rectificar la noticia en cuestión por
cuanto a su juicio esa entidad “está compelida y obligada legalmente a
exponer de manera taxativa una a una las causas jurídicas y legales por las cuales
no es de recibo para Noticias RCN, que se presente en la rectificación, las
imágenes tal como fueron publicadas en la emisión objeto de reclamo.” Respecto
del argumento de conformidad con el cual no es de recibo que Noticias RCN asuma
responsabilidad por la retractación que le corresponde efectuar al abogado,
encuentra el accionante que lo anterior:
Raya en el
absurdo y por lo tanto se convierte en un verdadero despropósito de su parte,
tratar de desconocer la responsabilidad que recae y le asiste al Canal RCN, a
Usted como directora de noticias RCN y al periodista FELIPE ARIAS, por las
afirmaciones y declaraciones que este abogado realizó en dicha emisión, pues
fueron [ellos] quienes contactaron al mencionado abogado y le solicitaron que
comentara desde el punto de vista jurídico el contenido del video que hace
parte integral de la noticia objeto de reclamación; así las cosas es de su
exclusiva responsabilidad asumir las consecuencias legales y jurídicas que se
desprendan de dicho concepto jurídico, que para el caso que aquí nos ocupa fue
equivocado y lesionó los derechos fundamentales [del accionante] y de la tele
audiencia y del Canal RCN[13].
Hace hincapié en que únicamente
entenderá que se ha rectificado si el texto que se utiliza para el efecto es el
siguiente:
EN NUESTRO
CAZANOTICIAS DEL PASADO 22 DE ABRIL DE 2009, PUBLICAMOS UNA NOTICIA CUYO
TITULAR FUE, CORRUPCIÓN EN UN DESPACHO JUDICIAL…. (AQUÍ SE TRANSMITE EL VIDEO
DEL 12 DE ABRIL DE 2009, DE MANERA TOTAL Y SIN OCULTAR EL ROSTRO DE MI CLIENTE
SEÑOR HERNANDO SALAZA PÉREZ), SEGUIDO A ESTO SE DEBE MOSTRAR EL VIDEO EN EL
CUAL SALE EL PROFESIONAL DEL DERECHO MANIFESTANDO QUE SEGÚN EL VIDEO LO QUE SE
CONFIGURA ES EL DELITO DE COHECHO PROPIO… Y UNA VEZ FINALICEN LOS DOS VIDEOS SE
AFIRME LO SIGUIENTE: … EL CAZANOTICIAS RECTIFICA Y ACLARA DICHA INFORMACIÓN POR
SER ESTA CONTRARIA A LA REALIDAD EN TODAS SUS PARTES, PUES EL CANAL RCN CARECE
DE TODA EVIDENCIA LEGAL Y PROBATORIA QUE DEMUESTRE ALGUN HECHO DE CORRUPCIÓN
TAL COMO SE MENCIONÓ EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2009 Y SEGUIDO A ESTO SE DEBE HACER
LA RECTIFICACIÓN RESPECTO DEL CONCEPTO DADO POR EL ABOGADO; ES DECIR ESTE TIENE
QUE AFIMRAR QUE DE ACUERDO AL CONTENIDO DE DICHO VIDEO NO SE PUEDE DETERMINAR
DESDE NINGÚN PUNTO DE VISTA LEGAL LA OCURRENCIA DE UN HECHO ILÍCITO[14].
- El día 21 de julio de 2009 se recibe
respuesta de la entidad accionada[15]. En esa comunicación la
Directora de Noticias RCN pone de manifiesto que “después de un seguimiento
y análisis del hecho tanto por el área de Noticias RCN como por el área
jurídica de esta sociedad a la noticia y a los fundamentos de [la reclamación
del accionante], Noticias RCN ha llegado a la conclusión de que la
rectificación [solicitada por el accionante] no es procedente por las razones
que a continuación se exponen: // 1. De acuerdo con la respuesta dada al
derecho de petición elevado por Noticias RCN ante el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, no está autorizado por norma alguna el cobro
de expensas o aranceles por el desarchivo de un proceso. // 2.A su vez, el
Acuerdo No. 1772 del 10 de abril de 2003, expedido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se establece el arancel
judicial en asuntos civiles y de familia; se regula su cobro y determina su
inversión, en su artículo segundo, consagra que el costo de la expensas
judiciales es el siguiente: (i) por copias; (ii) por certificaciones; (iii) por
desgloses; (iv) por notificaciones personales y (v) por notificaciones
personales en procesos de alimentos (…)”[16].
Considera la entidad accionada que según
lo establece la normatividad vigente ningún funcionario y, mucho menos alguien
que no lo es, está habilitado legalmente para recibir dinero por la prestación
del servicio de desarchivo ni por la prestación de cualquier otro servicios
judicial que no haya sido contemplado de modo taxativo en la norma que regula
las expensas o aranceles por servicios judiciales. Estima que tampoco puede ser
de recibo que el demandante en tutela –quien aparece recibiendo el dinero de un
usuario en el juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá–, afirme por intermedio de
su apoderado judicial que no cometió ninguna irregularidad al no ser
funcionario de dicho despacho “porque es evidente que el señor Salazar
recibió un dinero que no estaba autorizado a recibir y que según lo manifiesta
el denunciante era  para el desarchivo de un proceso, servicio para el cual
expresamente manifiesta el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, que no se podía realizar cobro alguno”[17].
Más adelante afirma que la misma Jueza
del despacho aludido en la diligencia preliminar abierta con el fin de
establecer si existía o no responsabilidad disciplinaria expresó de manera
clara “que una persona ajena al Juzgado, que había sido empleado y
estaba pensionado, le colaboraba en baranda y en otros menesteres, manifestándole
que esa era su responsabilidad, sin haberlo autorizado (sic)”. Que la
funcionaria judicial había dicho que una vez se dio cuenta de que se trataba
del señor HERNANDO SALAZAR PÉREZ y le [prohibió] por escrito al señor
secretario, que personas extrañas a sus subalternos hicieran labores que le
correspondían a cada uno de ellos”. (Énfasis puesto por Noticias RCN).
Que “en ningún momento se le exigía valor alguno al usuario para obtener el
desarchivo de procesos, únicamente se le solicitaba al usuario el valor de las
expensas del trasporte para dirigirse a los diferentes archivos que tiene la
Rama Judicial para ir y traerlos (sic) en razón a que el despacho no cuenta con
fondos disponibles para esos gastos”[18].
A partir de lo anterior, resalta la
entidad accionada en la comunicación que con la denuncia presentada en la
sección Cazanoticias el día 12 de abril, Noticias RCN no incurrió en ninguna
falsedad o calumnia “toda vez que efectivamente el señor Salazar Gómez (sic)
recibió un dinero de un usuario por un servicio que no tiene cobro alguno y que
la señora Juez en su fallo de investigación interna y a mencionado, reconoce
expresamente que el señor Salazar no era funcionario y no estaba autorizado por
ese despacho para cumplir funciones judiciales” [19].
Concluye, finalmente, que por los motivos expresados no puede
acceder a la petición de rectificación elevada por el apoderado judicial del
accionante por cuanto la noticia difundida y respecto de la cual, en opinión
del accionante tendría que rectificar, no incurre en alguno de los presupuestos
previstos en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995 al no haberse valido de
información inexacta, injuriosa o falsa que son las exigencias que la citada
ley impone para que el medio de comunicación se vea obligado a rectificar.
- El peticionario –quien como ya se
mencionó obra mediante apoderado judicial–, sostiene que en el caso bajo examen
se ha desconocido su derecho constitucional fundamental al debido proceso y más
concretamente el derecho a la presunción de inocencia pues las directivas de
RCN Televisión permitieron que saliera al aire una información en la que se
señala al accionante de manera categórica de haber incurrido en actuaciones
delictivas, con lo que se desconoció, de paso, su derecho constitucional
fundamental al buen nombre y a la honra[20].
- El actor expresa dudas respecto de si
el video en cuestión fue objeto o no de edición –bien por parte de Noticias RCN
o por parte del periodista, o por parte de las personas que suministraron la
información a la entidad–, con el propósito de “adecuar y adaptar la
información para los fines que el periodista FELIPE ARIAS quería lograr, es decir
vulnerar y violar de manera flagrante e ilegal el derecho fundamental al BUEN
NOMBRE y HONRA [del peticionario]” [21].
- Considera el peticionario que con el
programa transmitido por Noticias RCN se monta una escena en la cual “no se
observa ni escucha en el mencionado video, que las personas o la persona que
pasa dinero [al accionante], realice manifestación alguna al respecto de que
dicho dinero es con el fin de que se agilice los trámites procesales y se pueda
entonces establecer de manera PREVIA, que haya corrupción y como consecuencia
un hecho ilícito, tal y como lo hizo ver la accionada” [22].
Estima, de igual manera, que resulta “indudable la negligencia periodística
puesta aquí de manifiesto, pues se observa que el periodista FELIPE ARIAS no
realizó como se lo ordena la ley (ley 182 de 1995) labores de campo
investigativas antes de emitir dicha nota periodística; [de haber sido así] se
habría enterado que [el accionante] no es funcionario judicial, ni tiene
vínculo laboral con el despacho judicial que [da pie a la noticia] pues está
pensionado hace 7 años precisamente de la rama judicial, y lo único que hacía
para la fecha de la grabación era prestar colaboración voluntaria debidamente
autorizada por más de 7 años al interior de ese despacho judicial sin exigir
remuneración laboral alguna, solo con el compromiso de ocupar su tiempo libre
en actividades que él sabe desarrollar por su experiencia laboral anterior” [23].
- Establece asimismo que el dinero
recibido por el accionante lo había sido para disponer de los recursos
indispensables que le permitieran desplazarse al sitio donde se encuentran
archivados los procesos y le facilitan poder comprar guantes y máscaras que lo
protejan de enfermedades, pues el polvo que se acumula en los expedientes
archivados es abundante[24].
- Menciona que la persona en cabeza de
quien estuvo la iniciativa de hacer el programa necesitaba que se le
desarchivara un proceso, el cual, físicamente no se encontraba en las
dependencias del despacho judicial. Esta situación fáctica –agrega–, constituye
una costumbre “y práctica constante en todos los despachos judiciales,
precisamente por no existir un rubro destinado para tal actividad y que a pesar
de todo se realiza de manera voluntaria y facultativa de quien quiera
hacerlo, y que además no puede considerarse este hecho como un cobro de
expensas no autorizadas por el consejo superior de la judicatura (sic), pues es
una práctica no habitual y reiterada (sic) que solo se dio en ese momento por
parte [del accionante] y que tenía por objeto allegar un expediente que se
encontraba fuera de las instalaciones del juzgado 27 civil municipal de BOGOTA
D. C. Aquí se observa el amarillismo y la mala fe tanto del noticiero RCN,
como de la persona o personas que suministraron el video base de la noticia,
pues no solo en derecho sino también en equidad, cabe analizar y resaltar señor
juez, cuales eran los fines de la ocurrencia de estos hechos”. (Subrayas
dentro del texto original)[25].
- Destaca el peticionario el hecho inexplicable
y alejado del principio de solidaridad social que se manifiesta en que una vez
transmitido el video, el Noticias RCN contacta a un profesional del derecho
para que de modo  “irresponsable afirme de manera expresa que lo que allí se
ha cometido y se vislumbra es un delito de COHECHO PROPIO”[26].
Agrega, que la información emitida por el periodista Felipe Arias fue
presentada en “términos afirmativos como si estuviera dando a conocer el
contenido sustancial de la parte motiva y resolutiva de un fallo o providencia
condenatoria por el delito de cohecho propio en desarrollo de actos de
corrupción”[27].
- Se pregunta el accionante “cuáles
son los criterios y parámetros, que un canal tan serio y visto por un número
considerable de colombianos tiene para seleccionar la calidad de información y
el análisis que de la misma se hace para garantizar la objetividad, veracidad y
responsabilidad, máxime cuando las consecuencias puedan ser VIOLATORIAS DE
DERECHOS FUNDAMENTALES COMO EL BUEN NOMBRE Y HONRA DE UNA PERSONA, Y ADEMÁS LA
FLAGRANTE VULNERACIÓN A LA PRESUNCIÓN LEGAL DE INOCENCIA DE LA CUAL TODOS SOMOS
TITULARES SIN EXCEPCIÓN ALGUNA EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO ENTERO”. (Mayúsculas
dentro del texto original)[28].
- Manifiesta que
la entidad accionada se ha abstenido de efectuar una retractación y aclaración
de los hechos en los términos en que ha sido solicitada por el accionante e
incluso ha llegado a afirmar que no tiene ninguna obligación de rectificar toda
vez que mediante constancia emitida por el Consejo Superior de la Judicatura se
tiene que “el cobro de expensas para el desarchive de un proceso no está
autorizado, situación que nada tiene que ver con el caso que aquí nos ocupa y
mucho menos con el contenido de la noticia que vulnera los derechos
fundamentales [del peticionario], sólo sería excusa jurídica valedera la comunicación
la comunicación del consejo superior de la judicatura y sirviera de argumento
(sic) si en la noticia se hubiera hablado precisamente de dicho cobro de
expensas por parte [del accionante], pero ese no es el tema. El tema es
que la accionada imputó a través de un medio televisivo un hecho criminal y
delictivo a mi poderdante, hecho que lesionó y conculcó los derechos
fundamentales ya mencionados”.
- Informa que los hechos presentados en
el programa que cuestiona el accionante fueron objeto de estudio y de análisis
jurídico –investigación preliminar–, por parte de la Jueza 27 Civil Municipal
de Bogotá, entidad que ordenó archivar el expediente “por no encontrar
méritos suficientes que acrediten que [el peticionario] cometió algún tipo de
hecho ilícito”. A propósito de lo anterior, recuerda que en la parte
resolutiva del fallo la Jueza ordenó al Canal RCN publicar el resultado del
fallo en el sentido de que se dejara claro que “no existió hecho ilícito o
[acto] de corrupción alguno por parte [del peticionario] situación que a la
fecha, la parte accionada se ha negado a [hacer] desatendiendo así, lo ordenado
por un juez de la república incurriendo en el presunto delito de FRAUDE A
RESOLUCIÓN JUDICIAL, toda vez que dicha investigación preliminar fue ordenada
por el consejo superior de la judicatura y con ocurrencia de la transmisión de
dicha noticia pero sobre todo en ejercicio de las funciones propias como
operador de justicia y de manera pública”.
- Por todo lo anterior, solicita que se
conceda la tutela del derecho fundamental constitucional a la honra y al buen
nombre ante la negativa de la accionada a rectificar la noticia y pide que,
como consecuencia de lo anterior, se ordene al representante legal del Canal
RCN TELEVISIÓN, Clara Elvira Ospina y al periodista Felipe Arias rectificar en
los términos expuestos en párrafos anteriores.
2. Respuesta de la entidad
accionada
El apoderado judicial de RCN Televisión;
de la ciudadana Clara Elvira Ospina –Directora de Noticias RCN–; del ciudadano
Felipe Arias, y de la ciudadana Consuelo Cepeda –Defensora del Televidente de
RCN Televisión–, solicitó mediante escrito allegado al juez a quo que la
tutela de la referencia fuera negada no sólo por cuanto el accionante dispone
de otras vías judiciales para hacer valer los derechos constitucionales
fundamentales que considera se le han vulnerado, sino por cuanto tampoco “se
respeta el principio de inmediatez, ni se demuestra la existencia de un
perjuicio actual que requiera la intervención inmediata y porque, finalmente,
las informaciones contenidas en la sección “El Cazanoticias” emitida dentro del
noticiero RCN el doce (12) de abril de dos mil nueve (2009), estuvieron
estrictamente ceñidas a la realidad, razón por la cual no se afectaron los
derechos a la honra y el buen nombre del señor HERNANDO SALAZAR PÉREZ”.
Encuentra el apoderado judicial de las
personas accionadas que en el presente caso tampoco existe un perjuicio
irremediable por cuanto “los hechos con base en los cuales el accionante
considera vulnerados los derechos al buen nombre y a la honra de su poderdante
habrían ocurrido el doce (12) de abril de dos mil nueve (2009), razón por la
cual no pueden ser calificados como una conducta ‘inminente’, que está ‘a punta
de suceder’ y cuya ‘próxima ocurrencia’ amenace un derecho fundamental”.
Advierte, de otra parte, que en la medida en que el accionante eleva la acción
de tutela sustentado en una acción pasada que –con arreglo a la personal
interpretación que de los hechos él hace–, en su momento habría podido desconocer
unos derechos constitucionales fundamentales “pero que no se está
prolongando en el tiempo, es evidente que no está acreditada la existencia de
un perjuicio inminente que haga urgente e impostergable la intervención del
Juez de Tutela”.
Luego de efectuar un repaso de los
pronunciamientos que ha realizado la jurisprudencia constitucional en materia
de inmediatez[29], concluye que el
accionante acude a la tutela varios meses después de ocurridos los hechos que
supuestamente causaron la lesión de sus derechos constitucionales
fundamentales. Por último, encuentra que a pesar de que los motivos expuestos
en precedencia constituyen suficiente prueba para que se desestime la acción de
tutela de la referencia, en el caso objeto de estudio tampoco se configuró una
violación de los derechos constitucionales fundamentales del peticionario. En
primer lugar, por cuanto a partir de lo transmitido en le programa resulta
factible “apreciar la imagen de una persona que le entrega un billete de
diez mil pesos ($10.000), al señor HERNANDO SALAZAR PÉREZ, después de que éste
le menciona al usuario lo dispendioso que resulta desarchivar el proceso”.
Dado que el apoderado judicial del
accionante dirigió a RCN Televisión una comunicación en la que se solicitaba
rectificar y RCN Televisión mediante derecho de petición le pidió al Consejo
Superior de la Judicatura que certificara si el desarchivo de un proceso en
materia civil tiene costo para el usuario. Como respuesta al anterior derecho
de petición, el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura respondió que no existía autorización legal para esos efectos, de
ahí puede deducirse “que el señor HERNANDO SALAZAR PÉREZ no estaba
autorizado legalmente para recibir dinero para desarchivar un proceso”. De
otra parte, el artículo 10º del Acuerdo 1772 de 2003 establece que únicamente
se “cobrará arancel judicial por los conceptos incluidos de manera expresa
en ese cuerpo normativo, y advierte que el Juez que autorice o tolere el cobro
de expensas judiciales no incluidas en ese acuerdo incurre en causal de mala
conducta”.
Las consideraciones efectuadas llevan al
apoderado judicial de las personas accionadas a constatar que: (i) En efecto el
accionante recibió dinero de un usuario por un servicio que no tiene costo
alguno; (ii) La jueza 27 Civil Municipal de Bogotá admitió de modo expreso que
el ciudadano Salazar Pérez no era funcionario de ese despacho judicial; (iii)
La misma jueza manifestó que el ciudadano Salazar no estaba autorizado por ella
para cumplir funciones judiciales. Indica, adicionalmente, que ante la
solicitud efectuada por el accionante de incluir en la rectificación el
resultado de la investigación preliminar realizada por la Jueza 27 Civil
Municipal de Bogotá, había enviado en su oportunidad un escrito al accionante
en la que le formuló un conjunto de preguntas “relacionadas con la facultad
que la ley le otorgaba para conminar a un empleado de RCN Televisión para que
publicara una decisión proferida por su despacho en desarrollo de una
investigación preliminar en la que nada tenía que ver este Canal”. Indica
que en respuesta a su comunicación, la Jueza 27 Municipal de Bogotá había
respondido el día 29 de agosto de 2009 que en “ningún momento se vinculó a
RCN televisión a la investigación preliminar con ocasión a la noticia divulgada
en la sección “Cazanoticias”, en las horas de la noche del pasado 12 de abril
de la presente actualidad”.
Llama la atención el apoderado judicial
de las personas accionadas que en la respuesta enviada por la Jueza 27 Civil
Municipal de Bogotá se abstuvo de ratificar la orden inicialmente emitida toda
vez que “era evidente que no tenía fundamento legal para obligar a un medio
de comunicación a publicar decisiones tomadas por ese Despacho en desarrollo de
investigaciones preliminares, cuyo resultado solo lo debe dar a conocer a las
autoridades competentes, en este caso, el Consejo Superior de la Judicatura y
la Fiscalía General de la Nación”. Hace énfasis en que, además, el
apoderado judicial del accionante “se abroga la representación de la señora
Juez 27 Civil Municipal de Bogotá, al pretender que ese Despacho ordene emitir
una decisión que dicha Juez tomó en los oficios ya citados en el presente
memorial, lo cual no puede ser de recibo, toda vez que el artículo 10 del
decreto 2591 de 1991, claramente establece: ‘Legitimidad e interés. La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí mismo o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa’”. (Énfasis puesto
por el apoderado judicial).
Los hechos descritos por el apoderado
judicial de las personas accionadas lo llevan a considerar que en el asunto
bajo examen el accionante carece de legitimidad para solicitar por medio de
acción de tutela que la rectificación incluya el resultado de una investigación
preliminar en la cual la entidad accionada, ni ninguna de las personas
accionadas, fueron vinculadas. De ahí que subraye la improcedencia de la tutela
para invocar tal petición. Finalmente, encuentra que la acción de tutela
también resulta improcedente para exigir que al “Defensor del Televidente un
particular que dio una opinión en un informativo y al apoderado del accionante
a que sean invitados a un programa para referirse al tema que el accionante
pretende imponer, pues esta sería una flagrante violación al artículo 20 de la
Constitución Política el cual consagra el derecho fundamental a informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación”.
Estima el apoderado judicial de las
personas accionadas que RCN Televisión ejerció ese derecho constitucional
fundamental de manera legítima sin desconocer o vulnerar derecho alguno.
Enfatiza que el accionante no está facultado para obligar “a un particular
como es el abogado que dio su opinión en el noticiero sobre los hechos objeto
de la denuncia, rectifique lo que él opinó en el noticiero sobre los hechos
objeto de denuncia”.
Con apoyo en las consideraciones
realizadas, solicita no conceder la protección tutelar invocada.
3. Decisión de tutela objeto de
revisión: sentencia emitida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Sala
Civil de Decisión del día 27 de octubre de 2009
3.1. Primera Instancia. Juzgado
Catorce Civil del Circuito de Bogotá
El juez a quo emitió sentencia el
día diecisiete de septiembre de dos mil nueve y resolvió conceder el amparo
solicitado. Se apoyó en las razones que se sintetizan a continuación.
Luego de recordar las exigencias
constitucionales llamadas por el a quo “premisas normativas y
jurisprudenciales” y después de contrastarlas con las circunstancias del
caso concreto, encontró que la difusión de la noticia cuestionada en sede de
tutela había desconocido, en efecto, los derechos constitucionales
fundamentales del accionante por cuanto “las expresiones lingüísticas usadas
en su presentación, y la estructura que se le dio a la misma, indujeron a
endilgarle la calidad de delincuente, reo del delito de cohecho, sin que por lo
menos se hubiera adelantado labores de verificación previas a la difusión de la
noticia de otras circunstancias tales como: (i) la condición en que el señor
SALAZAR se desempeñaba en el despacho judicial; (ii) la posibilidad o no de la
legalidad del cobro de estipendios por el ‘desarchivo’ de los expedientes
antiguos; (iii) la precisión –por otros medios– en cuanto a que en verdad, el
señor SALAZAR hizo las exigencias de dinero en este o en otros casos, como lo
sugiere la noticia, o –como lo señala el escrito de tutela y se deja entrever
por las expresiones de la noticia, fueron los ‘denunciantes’ quienes daban por
su voluntad libre el dinero que entregan al señor SALAZAR; (iv) la precisión
respecto del delito de cohecho no solo ocurre por pedir dinero, utilidad o
dádiva, sino que también sucede cuando tal conducta nace en el particular, sin
que ello exima al empleado público”.
Sostiene el juez a quo que la
entidad accionada habría podido obtener la versión del accionante pues de otra
manera la presentación de los hechos resultó incompleta, dado que tampoco se
contrastó lo relatado en el programa con el concepto emitido por el Consejo
Superior de la Judicatura en relación con la legalidad o no del cobro de
desarchivo de expedientes. Había podido ampliarse, igualmente, “el concepto
del jurista invitado acerca del cohecho por dar u ofrecer, en que puede
incurrir el particular frente al servidor público, y así no solo se hubiera
aprovechado el caso para una sindicación directa contra el señor SALAZAR sino
ejercido acciones pedagógicas compatibles con la función de los medios en la
sociedad, que hubieran dado a la noticia un mayor y mejor contexto
ejemplarizante y formativo”.
Para el a quo lo que sucedió en
el caso bajo examen fue que se presentó a una persona como responsable
penalmente sin que ello hubiese sido declarado previamente por la autoridad
judicial competente. Advierte que con esa constatación no se pretende cercenar
el derecho de denunciar situaciones o actuaciones inadecuadas sino que lo que
se quiere poner de relieve es que en la denuncia han de brindarse los elementos
de juicio necesarios “–que exigen una previa, completa y seria labor de
verificación– para que el público genere su propia opinión o saque sus propias
conclusiones. // Y tal ligereza por los elementos aportados tampoco puede
considerarse mala fe periodística, en esta labor fue reconocida inicialmente
por NOTICIAS RCN pues basta ver la propuesta de rectificación dirigida al
accionante, lo cual constituye una verdadera confesión de lo inapropiado en el
tratamiento y difusión de esta noticia”.
En relación con el tema de inmediatez,
encuentra el a quo que en el asunto bajo examen no impide la procedencia
de la acción de tutela por cuanto en el tiempo que medió entre la difusión de
la noticia y la presentación de la demanda tuvieron lugar un conjunto de
actuaciones que involucraron al accionante con las personas accionadas cuya
duración se extendió hasta el mes de julio de 2009 “con propuestas,
contrapropuestas, retractaciones, dimes y diretes que al final no terminaron en
nada”.
Por los motivos expuestos resuelve
tutelar los derechos constitucionales fundamentales del peticionario y ordena a
RCN Televisión, al Director de Noticias RCN y al periodista Felipe Arias “la
rectificación y precisión de la información, decidiendo autónomamente sobre el
texto de ella” respetando los criterios establecidos en la providencia
emitida por el a quo[30].
3.2. Impugnación
Mediante escrito de impugnación, el
apoderado judicial de las personas accionadas insiste en los argumentos
presentados en el escrito de respuesta a la solicitud de tutela. Amplía la
descripción de la noticia transmitida y solicita desestimar el amparo tutelar.
3.3. Segunda Instancia. Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Decisión
En sentencia fechada el día 27 de
octubre de 2009, el ad quem resuelve revocar el fallo de primera
instancia. Aporta las razones que se sintetizan a renglón seguido.
Luego de efectuar un recuento
jurisprudencial sobre los derechos constitucionales fundamentales al buen
nombre, a la honra, a la intimidad; acerca de la libertad de expresión y su
preeminencia inicial sobre los mencionados derechos al buen nombre y a la honra
así como después de precisar lo atinente a las exigencias que se derivan a
partir del texto constitucional con el fin de que los medios de comunicación
cumplan con postulados mínimos que preserven no solo la honra sino el buen
nombre de las personas, deberes y responsabilidades, que –reconoce el ad
quem–, no pueden ser desconocidos por quienes ejercen la libertad de
expresión, como lo son los de veracidad e imparcialidad de la información,
advierte el que “el ejercicio de la crítica a veces se hace mediante
expresiones descalificadoras o insultantes, sobre todo tratándose de personas
que prestan un servicio público. En tales casos el ámbito de protección de la
honra y el buen nombre se disminuye por existir un interés público relevante y
ser exigible a dichas personas un mayor grado de tolerancia frente al
cuestionamiento típico que su función suscita”.
Considera el ad quem que bajo las
premisas antes expuestas una persona que presta sus servicios como dependiente
judicial o ad honorem de todas maneras está comprometida con la
prestación de un servicio público por lo que esta persona debe estar dispuesta “a
soportar ataques o afirmaciones respecto de su conducta, dada la
responsabilidad que, a diferencia de los particulares, le es exigida. // Las
críticas que se dirigen contra un empleado público pueden consistir bien en
opiniones, ora en información sobre hechos. Respecto de las primeras no pueden
establecerse limitaciones, dada la prevalencia constitucional. En cambio
respecto de los hechos, la información debe estar sujeta a su exactitud o
verdad”.
La obligación de rectificar, afirma el ad
quem, surge en el momento en que “la presentación simultánea de hechos y
opiniones en una noticia se basa en fuentes falsas y tiene consecuencias
desproporcionadamente lesivas para la persona objeto de la información. En caso
contrario, el comunicador estará en entera libertad de difundir la noticia
aunque con ella se genera algún tipo de censura o de reproche”.
En punto al examen de los hechos del
caso puesto a su consideración, estima el ad quem que la amenaza o
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales que alega el
accionante “se deriva del contenido del video grabado por el usuario y
publicado por el accionado y del que se ha aportado una edición a esta tutela
como especial elemento de juicio. El video encuentra su origen, especialmente,
en el proceso que se tramita ante el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá. En
él se advierte claramente que al acercarse al usuario a la baranda del Juzgado
es atendido por una persona que sin lugar a dudas laboraba en la secretaría de
ese despacho. El usuario pide información sobre un proceso y el tutelante le indica
que ese proceso está archivado desde hace bastante tiempo y que desarchivarlo
no es cosa fácil ni que pueda hacerse de manera rápida. Seguidamente el usuario
le entrega un billete al oficinista y éste se lo guarda en el bolsillo de la
camisa”.
Encuentra que a partir del examen
cuidadoso de las advertencias que le hace el accionante al usuario queda
certeza de que “la información dada por el noticiero tiene respaldo en el
video. En el se observa a la persona que labora en la Secretaría recibiendo el
dinero de un usuario que requiere la agilización del trámite por lo que al
ceñirse la nota a hechos verdaderos no vulnera derecho fundamental alguno. (…)
La noticia divulgada no sólo se apegó de modo estricto a lo captado por el
video, sino que fundamentó su opiniones en el análisis de un experto en derecho
penal; lo que evidencia la diligencia y cuidado que tuvo para no incurrir en
eventuales violaciones de los derechos fundamentales de la persona públicamente
denunciada”.
Por los motivos expuestos el ad quem
resuelve revocar el fallo de primera instancia.
4. Otros elementos probatorios
que constan en el expediente
-
CD
con el contenido del programa “El CAZANOTICIAS” transmitido por el Canal RCN el
día 22 de abril de 2009 a las 7:00 p. m.
-
-
Copia
del documento de identidad del ciudadano Hernando Salazar Pérez.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para la revisión
del presente caso, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del
Auto de Sala de Selección Número Doce de 9 de Diciembre de 2009.
2. Problema
jurídico-constitucional
2.1. De conformidad con los antecedentes
de la tutela de la referencia debe establecer la Sala de Selección si con
ocasión del programa “El Cazanoticias” emitido el día 22 de abril de
2009 a las 7:00 p. m. las personas accionadas actuaron en ejercicio legítimo de
su derecho de información y de opinión o el contenido del programa trasgredió
los límites constitucionales impuestos al ejercicio de este derecho y, por
consiguiente, hay lugar a ordenar una rectificación y bajo qué criterios.
Antes, deberá resolver la Sala
una cuestión previa, a saber, la procedencia de la acción de tutela en el asunto
bajo examen.
3. Procedencia de la acción de
tutela contra medios de comunicación
3.1. Reiteración de
jurisprudencia
3.1.1. El
Decreto 2591 de 1991 establece en el numeral 7º de su artículo 42, que es
procedente la acción de tutela contra particulares “cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas” caso en el cual “se
deberá anexar la trascripción de la información o la copia de la publicación y
de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren
la eficacia de la misma”. El artículo 30 de la Ley 182 de 1995 mediante la
cual se reglamenta el servicio público de televisión[31]
dispone, a su turno, que “se podrá solicitar rectificación dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la transmisión del programa donde se originó el
mensaje motivo de la rectificación, salvo fuerza mayor, el afectado solicitará
por escrito la rectificación ante el director o responsable del programa, para
que se pronuncie al respecto; éste dispondrá de un término improrrogable de
siete (7) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud para hacer
las rectificaciones a que hubiere lugar”.
3.1.2. La
Corte Constitucional ha manifestado de manera reiterada que en estos casos
procede siempre la tutela, en atención a que las personas suelen encontrarse en
un claro estado de indefensión con respecto a los medios de información. Ello
ha sido destacado en repetidas ocasiones por la jurisprudencia constitucional y
ha sido puesto de presente recientemente en la sentencia T-219 de 2009 en la
cual se realizó un análisis acerca de los motivos que explican la situación de
indefensión en que suelen encontrarse las personas respecto de los medios de
comunicación[32].
3.1.3.
Recordó la Corte en aquella oportunidad que el conflicto forma parte integral
de la vida social, por lo que cualquier persona se encuentra en “posibilidad,
actual o potencial, de ser sujeto activo o pasivo de la vulneración de los
derechos”[33]. Destacó,
igualmente, que en el medio social existen organizaciones de orden público y
privado que ocupan posiciones dominantes a partir de la cuales suelen
agenciarse fines colectivos así como ejercerse controles que en ocasiones
terminan por afectar derechos ajenos. Con ello –dijo la Corte–, se pone en
evidencia la asimetría en las relaciones, lo que trae consigo desigualdad.
Entre estos poderes dominantes que se presentan en la vida social y generan
asimetrías, los medios de comunicación masiva juegan un papel destacado.
3.1.4. En
efecto, los medios de comunicación desempeñan una actividad fundamental para la
vida democrática; promueven el equilibrio social y contribuyen a establecer una
dinámica de pesos y contrapesos que ayuda a evitar los abusos provenientes de
los poderes dominantes. A un mismo tiempo, los medios de comunicación
configuran “verdaderas estructuras de poder cuyo creciente influjo en
los más variados ámbitos de la vida social los sustrae de la simple
calificación de "particulares", por oposición al concepto de
"autoridades públicas", para ubicarlos, dentro de un contexto
realista, como organizaciones privadas cuya misma actividad las dota de gran
fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones afectan a la comunidad
entera y, en caso de lesionar los derechos fundamentales de los asociados,
lo hacen con un incontrastable efecto multiplicador”[34].
(Subrayas en el texto original).
3.1.5.
También recordó la Corte que en virtud de la función adelantada por los medios
de comunicación, relacionada de modo estrecho con el oficio “de informar en
las sociedades abiertas, [su] actuación es forzosamente pública y unilateral:
la restricción del carácter potencialmente masivo de los mismos sería su
negación; y la imposición de la aquiescencia previa del sujeto de información,
como condición para la publicación de una noticia, entrañaría censura y
vulneración del derecho constitucional de informar y ser informado”.
Empero,
destacó la Corporación que entre los casos en los que la preeminencia económica
o social suele poner a las personas en situación de desigualdad y de
indefensión merecedora, por ende, de amparo constitucional –a la luz de lo
dispuesto en el artículo 86 superior–, se encuentra el de los“los medios
de comunicación[35], clubes de fútbol[36],
empresas que gozan de una posición dominante en el mercado[37]
o las organizaciones privadas de carácter asociativo, como asociaciones
profesionales[38], cooperativas[39]
o sindicatos[40]”[41].
(Subrayas introducidas por la sentencia T-219 de 2009).
3.1.6.
Finalmente, resaltó que cuando se plantea el desconocimiento de los derechos
constitucionales fundamentales a la honra y al buen nombre, “el ordenamiento
jurídico colombiano ha previsto diferentes instrumentos para su protección,
entre los que se encuentran las acciones civiles y penales en contra del
agresor”. Sin embargo, aún cuando existen instrumentos ordinarios de
defensa, “no por ello la acción de tutela resulta desplazada como medio de
protección, teniendo en cuenta que no siempre es posible que se predique la
existencia de un delito por hechos relacionados con la vulneración de esos
derechos, pero sí que pueda consolidarse una lesión de los mismos sin que la
conducta pueda adecuarse a un tipo penal determinado”. Es por este motivo,
que la rectificación previa se convierte en una herramienta clave, pues le
ofrece la oportunidad al medio “sobre cuya información hay inconformidad,
para que rectifique o aclare”[42].
3.1.7.
Si los medios se niegan injustificadamente a rectificar, el amparo
constitucional resulta ser, entonces, un instrumento de defensa eficaz e
independiente de la protección que pueda buscarse por la vía penal o civil.
Permite, además, la armonización de derechos como la libertad de información y
el buen nombre y honra de las personas, en el ámbito de los derechos
fundamentales[43]. Como lo ha reiterado la
Corte Constitucional en múltiples ocasiones: “el derecho a que se
rectifiquen las informaciones falsas, erróneas o inexactas cuya difusión haya
lesionado la honra o el buen nombre de una persona, es una garantía de rango
constitucional establecida para asegurar la veracidad de la información y para restablecer
o atenuar la lesión a los derechos que puedan ser vulnerados por su
inobservancia”[44].
Por tanto, la
única exigencia que se requiere cumplir para que proceda instaurar la acción de
tutela es que el demandante haya solicitado previamente al medio informativo la
rectificación de los datos publicados[45]. Ello por cuanto se
parte de la presunción de que el medio ha actuado de buena fe, lo que implica
que se le ha de brindar la oportunidad de corregir la información divulgada[46].
3.1.8. En este lugar vale la pena
recordar que en sentencia T-681 de 2007[47], la Corte Constitucional
reiteró su jurisprudencia sobre la aplicación del principio de inmediatez[48].
Luego de realizar un estudio sobre distintas sentencias extrajo las siguientes
subreglas que reciben plena aplicación en el caso bajo análisis: (i) Son dos
los requisitos que debe llenar la solicitud de rectificación ante el medio de
comunicación: (a) la solicitud debe ser formulada de manera oportuna y (b) en
la solicitud debe señalarse de modo explícito los puntos en donde el interesado
considera que existió una información errónea; (ii) La acción debe ser
interpuesta dentro de un plazo razonable para evitar que este mecanismo de
defensa judicial se emplee como herramienta que premia la desidia, negligencia
o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad
jurídica. (iii) La razonabilidad del término está determinada por la finalidad
misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.
3.2.9. Además, destacó la Corte
un conjunto de criterios adicionales que deben tener en cuenta las autoridades
judiciales para determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra
medios de comunicación[49]: (a) La existencia de razones
válidas para la inactividad del actor; (b) La posibilidad de que la inactividad
injustificada del actor vulnere los derechos fundamentales de terceros
afectados, si se llegase a adoptar una decisión por el juez de tutela; (c) La
existencia de un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los terceros interesados; (d) La permanencia en
el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante,
esto es, su situación desfavorable como consecuencia de la afectación de sus
derechos continúa y es actual; y, (e) La carga de la interposición de la acción
de tutela resulta desproporcionada, dada la situación de debilidad manifiesta
en la que se encuentra el accionante”[50].
De otra parte, enfatizó –luego de
efectuar un análisis pormenorizado de distintas sentencias emitidas por la
Corporación–, que en los casos en los que se ha solicitado una rectificación de
información para cumplir con el requisito de inmediatez, la solicitud ha sido
presentada al medio masivo de comunicación escrito en un lapso razonable que ha
sido inferior a dos meses con dos excepciones[51].
3.2. Procedencia de la acción
de tutela en el caso concreto
3.2.1. A partir de los antecedentes de
la presente tutela resulta posible para la Sala establecer que en el programa
denominado “El Cazanoticias” con el título “Soborno en un juzgado” emitido
por el Canal RCN el día 22 de abril de 2009 a las 7:00 p. m. dos ciudadanos
presentan una denuncia contra el supuesto dependiente de un juzgado en la
ciudad de Bogotá –accionante en la tutela bajo examen–, quien luego de ser
interrogado sobre la duración de un trámite de desarchivo de un expediente y de
aclarar que este es un asunto que puede durar bastante tiempo, más cuando se
trata de un expediente antiguo, recibe un dinero sin que, según afirman quienes
realizaron la grabación, hayan tenido éxito con el trámite de desarchivo pese a
que, según sostienen, “tres veces le han pasado billete” al accionante.
Consultado por el programa un abogado sobre la denuncia elevada en “El
Cazanoticias” explica a la tele audiencia que el paso a seguir ante un
hecho tan grave como el que aparece en el video es que se denuncie a la persona
que recibe el dinero ante las autoridades competentes, y explica el delito de
cohecho propio de acuerdo con los parámetros de la ley penal.
3.2.2. El día 23 de junio de 2009, es
decir, dos meses y un día después de haber sido transmitido el programa, el
apoderado judicial del accionante radicó escrito dirigido a la representante
legal de RCN Televisión, a la Directora de Noticias RCN, al periodista Felipe
Arias y al Defensor del Televidente de esa misma entidad solicitando
rectificación y aclaración. El día 3 de julio de 2009, las personas demandadas
responden a dicha solicitud y proponen una fórmula, la cual es rechazada por el
apoderado judicial del accionante mediante escrito fechado el día 9 de julio de
2009. En su escrito, el apoderado del accionante afirma que no se encuentra
conforme y sugiere otra rectificación distinta que es rechazada, a su turno,
por la Directora de Noticias RCN en comunicación del día 14 de julio de 2009.
En ese escrito, se manifiesta la inconformidad con el texto propuesto por el
apoderado judicial del accionante y se insiste en rectificar con el texto
inicialmente redactado por el Noticias RCN, sugerencia ésta que es rechazada de
nuevo por el apoderado judicial del actor en comunicación fechada el día 15 de
julio de 2009.
3.2.3. Ante la insistencia del apoderado
judicial del peticionario respecto de la manera como debía presentarse la
rectificación, la Directora de Noticias RCN en escrito fechado el día 21 de
julio de 2009 explica al accionante que, de conformidad con la normatividad
vigente, ningún funcionario y, mucho menos alguien que no lo es, está
habilitado legalmente para recibir dinero por la prestación del servicio de
desarchivo, ni por la prestación de cualquier otro servicio judicial que no
haya sido contemplado de modo taxativo en la norma que regula las expensas o
aranceles por servicios judiciales. Informa que por ese motivo que sustenta,
además, con un concepto emitido por el Presidente de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, no accederá a efectuar la rectificación y
aclaración solicitada por el actor.
3.2.4. Más arriba se mencionó que de
conformidad con el artículo 30 de la Ley 182 de 1995 por medio de la cual se
reglamenta el servicio público de televisión, la rectificación en el medio
televisivo deberá solicitarse dentro de los diez días hábiles “siguientes a
la transmisión del programa donde se originó el mensaje motivo de la
rectificación, salvo fuerza mayor”. En el presente caso, se tiene que la
solicitud de rectificación fue presentada ante las directivas del medio
accionado dos meses y un día después de haber aparecido el programa que emitió
el mensaje objeto de reproche. A primera vista, podría sostenerse que la tutela
es improcedente pues se incumplió con el término legal previsto para solicitar
la rectificación y, en tal sentido, se dejó de observar una exigencia indispensable
para que pueda instaurarse acción de tutela contra el medio de comunicación
televisivo.
Se recordó asimismo que con respecto a
los medios escritos, la jurisprudencia constitucional ha admitido que la
solicitud de rectificación pueda elevarse dentro de un término de dos meses. En
lo atinente a la rectificación en televisión, el artículo 30 de la Ley 182 de
1995 resulta claro: la solicitud de rectificación ante el medio debe
presentarse dentro de los 10 días siguientes contados a partir de haber salido al
aire la información objeto de reproche.
3.2.5. No obstante, dadas las
características que adquiere en el ordenamiento constitucional colombiano la
figura de la rectificación, si el medio televisivo está en disposición de
rectificar –pese a que la solicitud fue presentada luego de vencido el término
legal–, se entiende que el medio se allana a la extemporaneidad de la solicitud
y el requisito para que proceda la tutela se debe dar por cumplido. Lo anterior
en atención, –como se dijo– al sentido y alcance que tiene la rectificación en
cuanto remedio previsto por el ordenamiento jurídico colombiano para cumplir
con “la función social de la libertad de prensa”[52].
Como lo ha reiterado la Corte Constitucional,
El derecho a que se
rectifiquen las informaciones falsas, erróneas o inexactas cuya difusión haya
lesionado la honra o el buen nombre de una persona, es una garantía de rango
constitucional establecida para asegurar la veracidad de la información y para
restablecer o atenuar la lesión a los derechos que puedan ser vulnerados por su
inobservancia. En efecto, cuando el medio corrige o modifica la información
irregularmente difundida, favorece el equilibrio entre el poder de los medios
de comunicación y la vulnerabilidad e indefensión de las personas afectadas por
el abuso de estas amplias libertades[53].
3.2.6. La posibilidad de acudir ante un medio de
comunicación para solicitar que se corrija la información en condiciones de
equidad, es un derecho constitucional fundamental de la misma entidad que el
derecho constitucional fundamental a la libertad de expresión y que el derecho
constitucional fundamental a la libertad de información. El ordenamiento
jurídico colombiano diseñó así un instrumento que sin valerse del ius
puniendi del Estado, constituye una forma de defensa eficaz de la honra y
del buen nombre como derechos constitucionales fundamentales que pueden, en
ocasiones, verse vulnerados por los medios de comunicación. Entre las ventajas
que se desprenden del derecho a la rectificación en equidad se pueden
mencionar, principalmente, las siguientes:
(i) constituye un mecanismo menos intimidatorio que
la sanción penal y más cercano en el tiempo a la concreción del daño; (ii)
garantiza la protección de los derechos a la honra y al buen nombre, pero
preserva, de manera simultánea, los derechos a la libertad de expresión y de
información; (iii) no presupone para su ejercicio que se declare, previamente,
la existencia de responsabilidad civil o penal del comunicador o que se establezca
la intención de dañar o la negligencia al momento de trasmitir la información
no veraz o parcial; (iv) basta con que la persona afectada logre demostrar que
la información que se exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación;
o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de rectificarla;
(v) ofrece una reparación distinta a la que se deriva a partir de la
declaratoria de responsabilidad civil o penal, pues una rectificación oportuna “impide
que los efectos difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos
reales”[54]. (vi) no persigue
imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del agresor por
cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la reputación de
quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con igual despliegue
e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un especio destintado a
facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que fueron emitidos
de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad. Así, “según los
términos del acto comunicativo vulnerador, a los sujetos pasivos deberá
aclarárseles que las aseveraciones son realmente sus valoraciones, que los
hechos divulgados se alejan de la realidad o que sus denuncias no son
arbitrarias sino que tienen unos hechos que lo sustentan”[55].
(vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y
moral–, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico.
3.2.7. Ahora bien, en reiterada jurisprudencia ha
señalado la Corte Constitucional que no puede confundirse entre el derecho
constitucional fundamental a la rectificación en equidad con el derecho de
réplica. Al consignar en la Constitución el derecho a la rectificación en
equidad las y los Constituyentes optaron por privilegiar “la preservación de
la verdad, más que la promoción del equilibrio informativo”. En ese
horizonte de comprensión, lo garantía constitucional para reparar
extrajudicialmente los derechos constitucionales fundamentales a la honra y al
buen nombre vulnerados “con ocasión del ejercicio informativo, es el derecho
de rectificación y no el mecanismo de réplica”[56].
3.2.8. Teniendo en cuenta lo anterior,
si el medio de comunicación se allana a la extemporaneidad de la solicitud de
rectificación y admite la necesidad de rectificar –tal como, en efecto, sucedió
en el caso puesto a consideración de la Corte en la presente ocasión–, se debe
dar por cumplido tal requisito en cuanto exigencia para que proceda la tutela
contra el medio de comunicación.
3.2.9. Una vez establecida la
procedencia de la acción de tutela, le corresponde verificar a la Sala si con
ocasión de la emisión del programa “El Cazanoticias” del día 22 de abril
de 2009 a las 7 p. m., las personas accionadas actuaron en ejercicio legítimo
de su derecho de información y de opinión o el contenido del programa
trasgredió los límites constitucionales impuestos al ejercicio de este derecho
y, por consiguiente, hay lugar a ordenar una rectificación y bajo qué
criterios.
Para responder estos
interrogantes, la Corte reiterará su jurisprudencia sobre: (i) El contenido del
derecho a la libertad de información; (i) La verdad y la imparcialidad como
límites a la libertad de información; (ii) El derecho fundamental a la
rectificación en condiciones de equidad.
4. El contenido del derecho a la
libertad de información
4.1. Reiteración de
jurisprudencia
4.1.1. El derecho a la libertad de
información está contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política. En
reciente fallo[57], la Corte Constitucional
reiteró su jurisprudencia sobre el punto y recordó que la libertad de
información representaba el segundo derecho constitucional específico que
integra la libertad de expresión en sentido genérico[58].
Se refirió la Corte a distintos aspectos
y recordó que la libertad de información tenía un objeto jurídico específico
que la diferencia de la libertad de expresión en sentido lato, a saber, “la
comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos,
funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el
receptor se entere de lo que está ocurriendo”. Justo por ese motivo,
subrayó la Corte, “en la libertad de información el interés del receptor de
la misma es crucial”[59]. Recordó como la
jurisprudencia constitucional ha subrayado que la libertad de información se
debe ajustar a un conjunto de exigencias más estrictas que las que regulan la
libertad de expresión en sentido genérico por mandato mismo del artículo 20
superior así como por motivo de los “bienes e intereses jurídicamente
protegidos por cada una de [estas libertades][60]”.
En otras palabras: mencionó la Corte que la severidad en la regulación a la que
se ve sujeta la libertad de información implica que los contenidos del mensaje
emitido, han de ajustarse a un grupo de exigencias al paso que supone la
asunción de responsabilidades por parte de quienes los exteriorizan. Subrayó la
Corte la necesidad de distinguir en cada asunto concreto “si se está frente
al ejercicio de una u otra libertad[61]”.
4.1.2. Respecto del objeto de la
libertad de información dijo la Corte que comprendía diferentes aspectos como
lo son, por ejemplo, el de “buscar e investigar información, procesar la
información descubierta y transmitirla a través de un medio determinado, y
recibir tal información”. Dadas las características de la libertad de
información y la importancia que adquiere para la preservación y estímulo del
orden democrático y pluralista, destacó la Corte como la jurisprudencia
constitucional ha marcado especial énfasis en la importancia de garantizar los
derechos de las personas receptoras de la información.
4.1.3. En cuanto a los deberes y
responsabilidades que supone el ejercicio de la libertad de información, la
Corte Constitucional ha enfatizado en múltiples ocasiones que se trata de un
derecho fundamental sustentado en “el intercambio de ideas y opiniones”[62].
Por tal motivo, lo ha caracterizado la Corporación “como un derecho de doble
vía, que garantiza tanto la potestad de proveer información, como el derecho a
recibir una información veraz e imparcial”[63]. Además, se trata
de una libertad ligada al derecho a instituir medios masivos de comunicación, a
la prohibición de censura previa (Art. 73 superior), a la reserva de las
fuentes o secreto profesional (Art. 74 C. P.), a la igualdad de oportunidades
en el acceso al espectro electromagnético y a la existencia de condiciones
estructurales que permitan un intercambio de ideas libre y pluralista[64].
5. La verdad y la
imparcialidad como límites a la libertad de información
5.1. Reiteración de
jurisprudencia
5.1.1. Ha acentuado la Corte en
su jurisprudencia que la libertad de información no es absoluta. Por mandato
expreso del artículo 20 Superior, los medios de comunicación asumen
responsabilidad social; esta responsabilidad se extiende a los periodistas,
comunicadores y particulares que se expresan a través de los medios, dados los
riesgos que éstos plantean y su potencial de lesionar derechos de terceros, así
como por su poder social y su importancia para el sistema democrático. Esa responsabilidad
social de los medios de comunicación se manifiesta de diversas maneras[65].
Así respecto de la transmisión de informaciones sobre hechos, los medios están
particularmente sujetos a cumplir requisitos de: (i) veracidad e imparcialidad;
(ii) distinción entre informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho
de rectificación.
Puesto
en otros términos: la Constitución exige que la información transmitida lo sea,
observando requisitos de veracidad e imparcialidad. En relación con el
requerimiento de veracidad, ha dicho la Corte que cumplir con esta condición
reviste, con frecuencia, un alto grado de complejidad[66].
Por una parte, se trata en ocasiones de hechos cuya existencia no es fácilmente
comprobable por el emisor. Por tanto, quien los presenta como hechos ciertos o
definitivos desconoce el principio de veracidad. Cosa diferente ocurre cuando
los hechos son de sencilla comprobación, entonces la falsedad o la
inconsistencia con la verdad de tales sucesos podrá probarse de modo más
evidente y ello permitirá ser más estrictos cuando se juzga la veracidad. De
todos modos, la jurisprudencia constitucional ha destacado sobre este extremo
que “la actitud del periodista en materia de veracidad, debe ser la de
actuar ‘sin menosprecio por la verdad’, por lo que la diligencia mínima que se
exige es una labor previa de verificación de los hechos incluidos en la
información. Así, la Corte le da importancia a la actitud que el periodista
asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha sido
diligente a lo largo del proceso informativo, así la información no sea
totalmente exacta”[67].
5.1.2.
Ahora bien, en lo que respecta a la imparcialidad, la exigencia es que
el periodista guarde distancia frente a sus fuentes, a fin de no aceptar de
plano y de manera automática todas sus afirmaciones, sino que pueda aportar
variadas posiciones cuando un hecho así lo requiera. La información que le sea
suministrada ha de ser, en consecuencia, contrastada con versiones diversas
sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o expertos[68],
para plantear todas las aristas del debate. Además, “el comunicador está en
el deber de cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a
evitar que sus preferencias y prejuicios afecten también su percepción de los
hechos”[69] y sólo su posición
particular, de manera inexacta, sea la que se presente.
5.1.3.
Desde luego, ha hecho hincapié la Corte en que las exigencias de veracidad y de
imparcialidad no pueden llevarse al extremo de vaciar de contenido la libertad
de información que goza de una preeminencia inicial discutible únicamente
cuando existen razones de peso. En relación con este aspecto cabe mencionar que
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido eco
en las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional colombiana cuando se
trata de la interpretación del artículo 20 de la Constitución que contiene el
derecho a la libertad de información[70]. En el horizonte de
comprensión delineado por la jurisprudencia interamericana, las exigencias de veracidad
y de imparcialidad con las que se liga la libertad de información, no
pueden interpretarse de modo tal que se reclame prueba incontrovertible
acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera o imparcial. De
ser esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad sería el silencio y
significaría una clara amenaza para la democracia.
5.1.4.
El grado de verdad y de imparcialidad que se exige con relación a la
información emitida, se conecta por consiguiente con un deber de diligencia
razonable con base en el cual sea factible afirmar que: (i) se realizó un
esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) se actuó sin
un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) se obró sin
la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a la
intimidad y al buen nombre de otras personas. Como ya se mencionó, sólo podrá
restringirse la libertad de información cuando existen fuertes motivos y aún
así nunca podrá tal limitación vaciar de contenido la protección que el
ordenamiento jurídico nacional e internacional le confiere a la libertad de
información. Es por ello que siempre se parte de la aplicación del principio de
buena fe, es decir, se considera que los medios obran bajo aplicación del
principio de lealtad y de juego limpio pues su objetivo consiste en aumentar
los horizontes de expresión e informativos sobre la base de hechos ciertos
presentados de manera imparcial.
5.1.5.
Cabe destacar en este lugar que la libertad de información –y su manifestación
más notable, la libertad de prensa[71]–, son definitivas para
incentivar y ampliar los procesos democráticos en un Estado social y pluralista
de derecho. La doctrina ha destacado algunas de las más importantes razones por
las cuales se puede decir, también, que la prensa es importante para el
desarrollo[72]: (i) Por el nexo
inevitable que existe entre la libertad de prensa y la libertad de palabra y de
comunicación pública; (ii) Porque dado su papel informativo, una prensa libre
en la difusión del conocimiento permite el escrutinio crítico; (iii) Por cuanto
la libertad de prensa se traduce, asimismo, en una función protectora de la
libertad que se cumple al dar voz a los abandonados y a los desfavorecidos, de
manera tal que se promueve una mayor seguridad pública; (iv) Porque la libre
discusión contribuye, en suma, de manera constructiva en la formación de
valores y en el surgimiento de unas normas públicas compartidas básicas para la
realización de la justicia social.
Obsérvese
al respecto que la noción genérica de “prensa” –en cuanto actividad
periodística–, es un concepto que abarca la función de los medios en la
difusión masiva de información y opiniones e incluye tanto la prensa escrita
como también la radio, la televisión y formas más novedosas de comunicación
tipo internet y páginas electrónicas, entre otras. En
suma, puede aseverarse que el papel de los medios de comunicación resulta clave
para incentivar una mayor participación democrática y constituye un factor
decisivo en el reconocimiento del pluralismo y de la diversidad. Como lo acentuó
la Corte en la sentencia T-219 de 2009 citada más arriba:
Los medios de comunicación tienen un impacto
determinante en la difusión de opiniones e informaciones en la sociedad, que
hace de su actividad un componente fundamental de la democracia, ya que
contribuyen a la formación de la opinión pública, al funcionamiento del sistema
político, promueven el pluralismo, la libertad de pensamiento y expresión, y
favorecen el control sobre los poderes públicos y privados facilitando el
debate libre y abierto entre los diversos sectores de la comunidad y la
aproximación a diversas visiones de mundo. Internacionalmente, tanto la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la correspondiente Corte, han
coincidido en manifestar “que una sociedad que no esté bien informada, no es
plenamente libre”. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha dejado
establecido que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como
“…vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de expresión
en una sociedad democrática” y la Corte ha sostenido que “es indispensable que
[los medios] recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos
medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de
expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan.
5.1.6. En efecto, la Corte
Constitucional ha tenido que enfrentar en varias ocasiones el conflicto que
suele presentarse entre la libertad de información y otros valores o derechos
constitucionales fundamentales, por lo que ha entrado la Corporación a efectuar
una ponderación entre los intereses en conflicto siempre procurando obtener la
mayor realización de los bienes jurídicos contrapuestos[73].
Ha recalcado la Corporación, sin embargo, que en caso de conflicto existe un
mandato constitucional de favorecer prima facie la preeminencia de la
libertad de expresión -en sentido lato o estricto- y con ello la libertad de
información. Ha admitido también que ello deberá fijarse siempre teniendo en
cuenta las características del asunto en concreto, pues es algo que no puede
fijarse de antemano, en abstracto y de manera general. Como también lo ha
recordado la Corte, “el caso más frecuente de conflicto se establece con los
derechos constitucionales a la honra, la intimidad y el buen nombre”[74].
5.1.7.
Si bien antes se indicó que existe prima facie una protección preferente
a la libertad de información, ha dicho la Corte Constitucional que de
presentarse amenazas contra la honra, el buen nombre y otros derechos
constitucionales fundamentales, se abre paso a la intervención constitucional, “pues
ningún derecho fundamental se reputa absoluto”[75].
En tal sentido, resulta factible afirmar “que en casos de tensión entre
derechos, el objetivo constitucional será siempre el de lograr una adecuada
armonización y ponderación de los mismos”. La Corte ha puntualizado que el
derecho al buen nombre, hace referencia a “la buena opinión o fama
adquirida por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia
necesaria de las acciones protagonizadas por él”[76].
Se
trata entonces de un derecho que gira alrededor de la conducta que observe la
persona en su desempeño dentro de la sociedad[77], al punto de no ser
posible el reclamo de su afectación, cuando el comportamiento de la persona
misma es el que impide a los asociados “considerarla digna o acreedora de un
buen concepto o estimación”[78]. Por su parte, la honra
alude a la reputación de la persona en un sentido de valoración
intrínseca por cuanto “la honra o reputación es externa, llega desde afuera,
como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de
que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento
interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de
nosotros –honra–”[79].
5.1.8.
Estos derechos constitucionales fundamentales, pueden ser protegidos tanto en
sede de tutela como mediante las instancias penales y civiles[80],
cuando ello sea conducente. Con todo, para que proceda el amparo por vía
tutelar, solo se requiere que las afirmaciones propuestas en función del
derecho a la libertad de información y prensa, carezcan de veracidad. Sobre el
punto ha sostenido la jurisprudencia constitucional que el derecho al buen
nombre como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, “se
lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento
y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”[81].
En la tensión que suele presentarse entre la libertad de información y el
derecho al buen nombre ha avalado la Corte que prime la libertad de prensa,
"salvo que se demuestre por el afectado la intención dañina o la
negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que
vulneran o amenazan sus derechos fundamentales"[82]
como soporte de los mensajes que se exteriorizan.
5.1.9.
Tratándose del buen nombre, el ánimo de injuriar se encuentra directamente
ligado a la transmisión de información falsa o errada. Como ya se mencionó, ha
insistido la Corte Constitucional en que con el objetivo de darle solución a
las tensiones que se presenten entre estos derechos en conjunto, el juez
constitucional debe tener en cuenta las circunstancias de cada caso particular.
No obstante, la Corporación ha identificado un grupo de variables a partir de
las cuales se puede determinar el grado de responsabilidad de los medios de
comunicación, si ello es del caso, en el compromiso de derechos fundamentales.
Algunas de las variables a considerar son: a) el grado de difusión de la
información; b) el tipo de información de que se trata; c) la forma como se
difunde[83] y, d) la buena fe del
medio de comunicación[84]. Sobre este extremo ha
dicho la Corte:
El primero de esos elementos puede llevar a considerar
que la magnitud del perjuicio causado es mayor, si se informa erróneamente a un
amplio sector de la población. La afectación puede ser menos intensa, cuando el
error o la ausencia de veracidad de la información sólo sean del conocimiento
de un segmento parcial de la población. El segundo aspecto se refiere al tipo
de información de que se trate. Asuntos relacionados exclusivamente con la vida
íntima de los individuos no podrán ser tratados de la misma manera que los que
tengan que ver con su vida pública. Por ello, los medios de comunicación
tendrán mayor amplitud para informar sobre la conducta de un funcionario en
cuanto a sus funciones públicas, que en lo que atañe a su comportamiento como persona
privada. De la misma forma deberán evaluarse los aspectos relacionados con si
se trata de una información o una opinión, ya que en el segundo caso operan las
ya expresadas diferencias entre unos aspectos y otros, por lo que una opinión
contraria a estos derechos, debe llevar implícita en principio,
descalificaciones inadmisibles en una democracia constitucional o estar
soportada en hechos que no corresponden a la verdad[85].
5.1.10.
En relación con la importancia que adquieren para la vida democrática las
actuaciones de personas que ejercen una función pública o que desempeñan una
actividad de relevancia social, ha dicho la Corte Constitucional que en la
medida en que la conducta de estas personas “puede afectar el interés
general y los derechos de los individuos”, por este motivo se justifica una
reducción en el ámbito de protección de los derechos constitucionales
fundamentales de estas personalidades lo que supone, por consiguiente, extender
el marco de protección para la libertad de información. Ello con el fin de
ampliar los mecanismos de control democráticos y ciudadanos. En este sentido ha
señalado la Corte Constitucional que:
Cuando se presentan conflictos entre el derecho a la
información y los derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, en el
caso de las personas y los hechos de importancia públicos, predomina prima
facie el primero. En estos eventos, el derecho de información debe ser
preferido, en principio, en razón del papel de control del poder que se asigna
socialmente a los medios de comunicación. Del reconocimiento de que los medios
cumplen en este campo una función importantísima para la vigencia del sistema
democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la tarea de
supervisión de las entidades estatales - y de los poderes privados. Si se
impusieran fuertes restricciones sobre la prensa en estas áreas se perjudicaría
en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto desempeño de
estos poderes.
No desconoce la Corte que la referida amplitud de la
libertad de prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las
personas que se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No
obstante, en principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su
situación social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos
derechos. En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto
del interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades
públicas como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de
la sociedad[86]. (Subrayas en el texto
original)
Sin
embargo ha acentuado la Corporación que la protección de la libertad de
información no puede interpretarse de manera que se llegue al extremo de
tolerar la difamación injusta de estas personalidades. El hecho de que la
persona “afectada” sea una personalidad pública no supone a priori
la inoperancia de la protección constitucional de los derechos al buen nombre,
a la honra y a la intimidad. Simplemente significa, que se tornan más estrictos
los juicios tendientes a demostrar que no existe “un balance en la opinión o
que se presenta un ánimo persecutorio” [87]. Así, será, en buena
medida, el comportamiento del personaje el que responda a las opiniones y
deberá ser manifiesta la afectación e inadmisibles los
comentarios en una democracia constitucional[88].
5.1.11.
Por último, en lo atinente a la carga asumida por quienes emiten la
información, ha recalcado la Corte Constitucional que debe presumirse la buena
fe del comunicador y que, por lo tanto, si una persona alega una vulneración de
sus derechos constitucionales fundamentales por la difusión de una información
falsa, debe probar que lo es[89]. Con todo, la buena fe
del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en error, a pesar
de que haya cumplido con la obligación de verificar su información, pues la
misma naturaleza dinámica de su labor le impide, en algunos casos, ser tan
exhaustivo. Por lo tanto, esta presunción de buena fe no excluye la posibilidad
de error y tampoco, ostenta el carácter de una presunción de derecho que no
admita prueba en contrario. El juez de tutela debe entrar a constatar en cada
caso si el medio de comunicación ha incurrido en un error evidente o si,
existen elementos que permitan desvirtuar la presunción constitucional de buena
fe del periodista.
6. El derecho fundamental a la
rectificación en condiciones de equidad
6.1. Reiteración de jurisprudencia
6.1.1.
La Constitución Política consagra, expresamente, el derecho a la rectificación
(artículo 20, inciso 2º de la Carta Política) en precisos términos: “Se
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”. Como ya
se mencionó en precedencia el derecho a la rectificación en equidad significa
la forma jurídica directamente adoptada por el Constituyente de 1991 para
dirimir conflictos entre las libertades de expresión, información y prensa, y
de éstos con otros derechos constitucionales. En el marco de los derechos
humanos, el derecho de rectificación goza del mismo rango fundamental de los
derechos a recibir información veraz e imparcial, a la honra, el buen nombre,
la imagen, la intimidad, la vida y la integridad personal, la no
discriminación, entre otros que puedan resultar afectados por la actividad
informativa y que se busca proteger con su ejercicio[90].
La
rectificación ha sido también materia de regulación en la legislación
internacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos -"Pacto de
San José de Costa Rica" aprobado en la Ley 74 de 1968, dice (art. 14):
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en
las condiciones que establezca la ley.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta
eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la
reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio
o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por
inmunidades ni disponga de fuero especial[91].
En
relación con la equidad, a dicho la Corte Constitucional, que constituye “un
valioso instrumento que busca restablecer, al menos en el caso de la
información respectiva, un equilibrio entre el poder de los medios de
comunicación y la impotencia en que se encuentra, frente a ellos, la persona”[92].
Mas sus implicaciones trascienden a la esfera de la cultura social, por cuanto
representa una garantía de la eficacia del derecho a la información, ya que “fortalece
y afirma la certeza colectiva”[93] y contribuye a la
formación de una opinión pública libre e ilustrada.
6.1.2.
Arriba indicó la Sala las ventajas que se derivan a partir del derecho
constitucional fundamental a la rectificación en equidad. Con todo, para que se
considere que la rectificación se ha hecho efectivamente en condiciones de
equidad, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que es necesario
cumplir con un grupo de exigencias: (i) que la rectificación o
aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que se haga públicamente[94];
(iii) que tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la
información inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve
para el medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error,
tergiversación o falsedad[95]. Cuando la obligación de
rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe establecer en la
respectiva providencia “los lineamientos precisos bajo los cuales ésta
deberá ser realizada. Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los
derechos fundamentales de quien fue afectado con la información falsa divulgada
y asegurar su efectivo restablecimiento”[96].
6.1.3.
Respecto de los conceptos de equidad, equivalencia, despliegue y oportunidad,
la Sentencia T-626 de 2007[97] precisó un conjunto de
subreglas construidas por la jurisprudencia constitucional, así:
(i)
La garantía de equivalencia “no
supone una correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio
entre la publicación inicial y su aclaración o rectificación” [98].
Lo fundamental es la finalidad perseguida con la aclaración de la
información falsa o inexacta, esto es, que la rectificación tenga la aptitud de
restablecer los derechos del ciudadano cuyos derechos lesionó.
(ii)
Respecto de la oportunidad de la
rectificación, la Corte ha establecido que “el medio llamado a rectificar
debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente,
desde luego, previa verificación de los hechos”[99].
En este punto, nuevamente es determinante que la aclaración tenga la virtud de
garantizar la tutela efectiva de los derechos de la persona afectada, de modo
que las circunstancias específicas de cada caso ilustrarán sobre el término que
debe correr entre la publicación o difusión de la información lesiva del
derecho y su rectificación, consultando la circunstancias fácticas indicativas
del grado de dificultad para hacer las constataciones requeridas, la frecuencia
o periodicidad del medio emisor, etc.
(iii)
En relación con la carga
probatoria que recae en la persona que pide la rectificación, existen dos
situaciones diferentes: según si la información ha consistido en aseveraciones
sobre hechos específicos, o si se ha tratado de afirmaciones vagas o indefinidas
no soportadas en hechos concretos. En el primer caso, la persona afectada “debe
presentar las pruebas pertinentes para sustentar su solicitud de rectificación” [100];
en el segundo caso, dada la dificultad o imposibilidad de demostrar tal clase
de asertos, se releva al afectado de entrar a probar la inexactitud o falsedad
de los hechos, de conformidad con la conclusiones decantadas en la teoría
general de las pruebas judiciales. En estos eventos, dice la Corte,
“surge para el medio la carga de sustentar su negativa a rectificar y la de
demostrar la veracidad e imparcialidad de la información trasmitida[101].
(iv)
Son las informaciones, no los
pensamientos, criterios u opiniones, los hechos periodísticos susceptibles de
rectificación[102]. Esta pauta
elemental de la jurisprudencia, se limita a recoger la experiencia más que
centenaria de las sociedades libres, en las que circula el adagio propio del
oficio de la comunicación social: el comentario es libre, la información es
sagrada. Siendo el derecho de información del comunicador correlativo con
el derecho a recibir información “veraz e imparcial”, como manda la
Carta, la rectificación tiene un fin constitucionalmente válido consistente en
la reparación del daño infligido a un derecho ciudadano por obra de una
información mendaz o sesgada. Tratándose de opiniones, en cambio, se está ante
el derecho a la libre expresión del pensamiento, un derecho esencial que se
remite al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad y a la construcción
autónoma del proyecto de vida, esto es, a la noción misma de dignidad humana;
y, también, indisolublemente, se está ante el derecho a la libre difusión de
las ideas, clave del progreso cognoscitivo y científico de la humanidad como
del pluralismo político y social. Con todo, la Corte Constitucional, al
ratificar la inviolabilidad de la opinión, ha considerado que “existe en
cabeza del periodista un deber de cerciorarse razonablemente de la veracidad de
los hechos o de las premisas en los cuales fundamenta su opinión o juicio de
valor, bajo el presupuesto de la buena fe”, y ello, como se expresó,
implica para el comunicador la consecuencia de responder por ellos, en cuanto
hechos, que no opiniones[103].
(v)
Finalmente, cabe insistir en este
lugar respecto de lo señalado más arriba y es que la réplica, entendida como la
asunción por parte del afectado de la defensa del derecho que considera
lesionado por una información a través de una versión propia que controvierte
la afirmación difundida, no es constitucionalmente equiparable al derecho de
rectificación en condiciones de equidad. Es cierto que la réplica permite un
pluralismo de enfoques y puntos de vista que ilustra mejor al público receptor
de la información o la noticia, y en consecuencia propicia un sano equilibrio
informativo que lo hace recomendable. Pero en punto a la resolución de las
tensiones entre los derechos a la información y otros derechos ciudadanos, el
Constituyente de 1991 optó por la búsqueda y preservación de la verdad, a
través del mecanismo extrajudicial de la rectificación, que, realizada en los
términos constitucionales, también es elemento de equilibrio informativo. En
consecuencia, para la jurisprudencia constitucional, “el mecanismo que la
Constitución concibe y consagra para el restablecimiento extrajudicial de los
derechos fundamentales que sean vulnerados como consecuencia de la
extralimitación en el ejercicio informativo, es el derecho a la rectificación
en condiciones de equidad y no la réplica”[104].
A
partir de las consideraciones efectuadas en precedencia, pasará la Corte a
resolver el caso concreto.
7. Caso concreto
7.1.
En el asunto bajo examen el actor solicita la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, al buen nombre y a la honra
que considera fueron vulnerados por las directivas de RCN Televisión, de
Noticias RCN y por un periodista de esa entidad quienes, a su juicio, autorizaron
que se emitiera una información en la que se lo señala injustificadamente de
haber incurrido en el delito de cohecho propio.
7.2. Revisado el material
probatorio allegado al expediente, pudo la Sala constatar que en el programa “El
Cazanoticias” emitido por el Canal RCN el día 22 de abril de 2009 a las 7:
00 p. m. con el título “Soborno en un juzgado” aparece, en primer lugar,
el periodista presentador de la noticia quien literalmente dice: “Este es
“El Cazanoticias”, el original, donde el reportero es Usted. “Soborno en un
Juzgado”: un Cazanoticias grabó con su cámara de video cómo un empleado
judicial le exige dinero para agilizar los procesos”. (Subrayas
añadidas)
A continuación, aparece la imagen
de un dependiente judicial en la baranda de un juzgado y simultáneamente la voz
de quienes realizaron el video diciendo lo siguiente: “Acudimos al
“Cazanoticias” de RCN desesperados por la ineficiencia y corrupción de un
funcionario del Juzgado 27 Civil (sic) ubicado en Bogotá en la calle 10ª con
calle (SIC) 14. Hace más de seis meses que necesitamos desarchivar un documento
para poder realizar la venta de nuestro apartamento y este funcionario no ha
querido cumplir con su deber. Mi esposa y yo con una cámara oculta grabamos la
respuesta que siempre nos da”.
Acto seguido, surge la imagen del
supuesto funcionario en cuestión atendiendo público en la baranda del juzgado y
pronunciando las siguientes palabras: “yo me hago cargo de eso pero no me
vaya a llamar a los 8 días. El proceso es viejísimo… Y eso me toca mirar como
cincuenta de estos [y muestra un cuaderno radicador], pa ver, pa ubicar en qué
etapa está, en qué archivo está… Entonces me deja el teléfono y yo llamo tan
pronto ubique el proceso… Pero no crea que eso va a ser cuestión de 3 días, 4
días, 8 días… Por ser un proceso viejo, se demora más”.
De inmediato, sale en pantalla el
periodista presentador del programa quien afirma: “así el funcionario
presiona a las personas para que le den dinero y así agilizar el trámite”. Se
observa de nuevo la imagen del supuesto dependiente judicial quien recibe un
billete de diez mil pesos y se escucha otra vez la voz de quienes realizaron el
video: “Nos tocó recurrir a esta instancia. Le dimos dinero y lo recibió sin
problema. Sin embargo, nada que nos resuelve el caso y el documento que
necesitamos aún sigue archivado. Ya agotamos todos los recursos y este
personaje sigue sacándonos plata sin resultados. Tres veces le hemos pasado un
billete y se lo guarda sin cumplir con su promesa de ayudarnos. Queremos
denunciarlo y preguntarle a las autoridades por qué los ciudadanos tenemos que
someternos a estos maltratos por parte de los funcionarios públicos”.
Aparece, entonces, el presentador
quien manifiesta: “y en “El Cazanoticias” hablamos por Usted: ¿Qué medidas
tomarán las autoridades frente a esta denuncia?” En seguida, aparece en
pantalla un abogado que comenta: “bueno, el denunciante ante Ustedes debe
dirigirse ante la autoridad, en este caso, ante la Fiscalía, a través de alguna
oficina de policía judicial que funciona en todas las estaciones de policía, en
las instalaciones de Paloquemao, la Fiscalía. En cualquiera de estos lugares
que le queden cerca al ciudadano y él debe formular la denuncia por estos
hechos, constitutivos de este delito tipificado en nuestra Ley penal en el
artículo 405. Para la Ley penal, es considerado como hecho gravísimo, recibe el
nombre de cohecho propio y está sancionado con una pena privativa de la
libertad de cinco a ocho años de prisión”.Para finalizar aparece de nuevo
el presentador quien dice: “Muy bien, y hasta aquí ‘El Cazanoticias’ el
original”.
7.3. Como ya se dejó dicho antes, en
esta misma providencia, dos meses y un día después de emitido el programa, el
accionante de la tutela bajo examen –quien en el programa transmitido es el
dependiente judicial que recibe el billete de diez mil pesos–, se dirigió a RCN
Televisión y más concretamente a la Dirección de Noticias RCN para solicitar
rectificación y aclaración de la información emitida por el programa “El
Cazanoticias”. Pese a que la solicitud de rectificación fue extemporánea al
no observar el término establecido para tales efectos en el artículo 30 de la
Ley 182 de 1995, la entidad demandada –allanándose a la extemporaneidad–,
admitió inicialmente la necesidad de rectificar y propuso la siguiente fórmula:
EN NUESTRO
CAZANOTICIAS DEL PASADO 22 DE ABRIL, PUBLICAMOS UNA DENUNCIA DE UN CIUDADANO
QUE SOSTENÍA QUE DIO DINERO A UNA PERSONA DE UN DESPACHO JUDICIAL PARA AGILIZAR
EL DESARCHIVE DE UN PROCESO… EL CAZANOTICIAS RECTIFICA ESTA INFORMACIÓN PORQUE
NO TIENE EVIDENCIA DE QUE ESTA IMAGEN CORRESPONDA A UNA EXIGENCIA INDEBIDA DE
DINERO POR PARTE DE LA PERSONA QUE APARECE RECIBIENDO EL BILLETE… LOS
DENUNCIANTES SE NEGARON A RATIFICAR SU DENUNCIA FORMALMENTE ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES.
7.4. No obstante la disposición por
parte de la Dirección de Noticias RCN a rectificar y a aclarar la información
transmitida en el programa cuestionado por el accionante, éste último rechazó
la propuesta realizada por la entidad y mediante apoderado judicial sugirió la
siguiente fórmula añadiendo que si no era de este modo, no aceptaría que la
rectificación se hubiese verificado. La propuesta del accionante es la
siguiente:
En nuestro
CAZANOTICIAS DEL PASADO 22 de ABRIL DE 2009 PUBLICAMOS UNA NOTICIA CUYO TITULAR
FUE, CORRUPCIÓN EN UN DESPACHO JUDICIAL … (AQUÍ SE TRASMITE EL VIDEO DEL
12 DE ABRIL DE 2009, DE MANERA TOTAL Y SIN OCULTAR EL ROSTRO [DEL ACCIONANTE,
SEÑOR HERNANDO SALAZAR PÉREZ],SEGUIDO A ESTO SE DEBE MOSTRAR EL VIDEO EN EL
CUAL SALE EL PROFESIONAL DEL DERECHO MANIFESTANDO QUE SEGÚN EL VIDEO LO QUE SE
CONFIGURA ES EL DELITO DE COHECHO PROPIO …Y UNA VEZ FINALICEN LOS DOS VIDEOS SE
AFIRME LO SIGUIENTE: … EL CAZANOTICIAS RECTIFICA Y ACLARA DICHA INFORMACIÓN POR
SER ESTA CONTRARIA A LA REALIDAD EN TODAS SUS PARTES, PUES EL CANAL RCN CARECE
DE TODA EVIDENCIA LEGAL Y PROBATORIA QUE DEMUESTRE ALGÚN HECHO DE CORRUPCIÓN
TAL COMO SE MENCIONÓ EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2009. Y SEGUIDO A ESTO SE DEBE HACER
LA RECTIFICACIÓN RESPECTO DEL CONCEPTO DADO POR EL ABOGADO CONSULTADO; ES DECIR
ESTE TIENE QUE AFIRMAR QUE E ACUERDO AL CONTENIDO DE DICHO VIDEO NO SE PUEDE
DETERMINAR DESDE NINGÚN PUNTO DE VISTA LEGAL LA OCURRENCIA DE UN HECHO ILÍCITO.
(Mayúsculas y énfasis dentro del texto original).
7.5. La Dirección de Noticias RCN
consideró excesiva la sugerencia de rectificación presentada por el accionante
e insistió en rectificar con la fórmula propuesta inicialmente, frente a lo que
el peticionario manifestó de nuevo su desacuerdo. Por último, Noticias RCN
envió una comunicación al actor mediante la cual le informa que no rectificará,
toda vez que según lo establece la normatividad vigente ningún funcionario y,
mucho menos alguien que no lo es, está habilitado legalmente para recibir
dinero por la prestación del servicio de desarchivo ni por la prestación de
cualquier otro servicio judicial que no haya sido contemplado de modo taxativo
en la norma que regula las expensas o aranceles por servicios judiciales. Todo
lo anterior –sostuvo la Dirección de Noticias RCN–, se apoya no solo en las
normas que regulan la materia sino en el concepto emitido a instancias de esa
misma Dirección, por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.
Ante la negativa de las personas
accionadas a rectificar, el demandante instauró acción de tutela mediante
apoderado judicial.
7.6. En primera instancia, se le
confirió al accionante el amparo tutelar. Estimó el a quo que, en efecto,
se habían desconocido los derechos constitucionales fundamentales del
demandante al buen nombre y a la honra, pues la configuración que se le dio al
programa así como las expresiones lingüísticas en él utilizadas permitieron “endilgarle
la calidad de delincuente, reo del delito de cohecho, sin que por lo menos se
hubiera adelantado labores de verificación previas a la difusión de la noticia
de otras circunstancias”.
Para el a quo en el caso bajo
examen lo que se presentó fue que en el programa transmitido por Noticias RCN
se hizo al accionante responsable penalmente sin que ello hubiese sido
declarado de modo previo por autoridad competente. Tanto es ello así –sostuvo
el a quo–, que incluso la Dirección de Noticias RCN estuvo inicialmente
dispuesta a rectificar y a aclarar la información transmitida. La orden de
rectificación que ordenó efectuar el a quo fue del siguiente tenor:
En la próxima
emisión dominical del noticiero NOTICIAS RCN, en el segmento “EL CAZANOTICIAS”,
se dispondrá que con similar formato al de la noticia original, se efectúe la
nota de rectificación y aclaración así, omitiendo el nombre de las personas que
aparecen en el video: // Se indicará la causa de la rectificación mencionando
que en la edición del domingo 12 de abril de 2009, (sic) se incurrió en
imprecisiones que deben ser corregidas de acuerdo a la acá ordenado. //
Expresará que ‘no se tiene evidencia que la persona que aparece en las imágenes
sea empleado judicial al momento en que ocurrieron los hechos denunciados, como
tampoco que se tiene evidencia (sic) de que esta imagen corresponda a una
exigencia indebida de dinero por parte de la persona que aparece recibiendo el
billete, o si ese dinero fue ofrecido o dado por el usuario. Los denunciantes
se negaron a ratificar su denuncia formalmente a las autoridades judiciales’.
// Señalará que no se tiene pruebas que al momento de emitir la información que
tal (sic) de la persona que aparece en las imágenes recibiendo el billete, sea
una práctica generalizada  de su conducta personal o laboral. // Indicará que,
de acuerdo a respuesta dada por el Consejo Superior de la Judicatura,
únicamente generan cobro o ‘arancel judicial’ los conceptos y trámites
señalados en el Acuerdo 1172 de 2003, artículo 2º. // Señalará que no solo
constituye delito cuando un servidor público constriña o induzca a alguien a
dar o prometer a un tercero, dinero u otra utilidad, sino también, cuando
simplemente recibe dinero u otra utilidad para realizar o demorar o no realizar
un acto propio de sus funciones; pero también constituye delito cuando un
particular exige, da u ofrece dinero u otra utilidad a un servidor público en
cualquiera de los casos anteriores; para esto puede, si así lo estima RCN
TELEVISIÓN S. A: y EL DIRECTOR (A) DE NOTICIAS RCN, consultar la opinión de
cualquier experto en derecho penal. // Finalmente, y esto es
discrecional: si RCN TELEVISIÓN S. A. y EL DIRECTOR (A) DE NOTICIAS RCN
lo considera conveniente y si el accionante accede voluntaria y expresamente a
ello dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este fallo en
escrito dirigido a NOTICIAS RCN, podrá obtener y emitir la versión de los
hechos que presente el accionante, respecto de las imágenes del video.
7.7. Impugnado el fallo, el ad quem
resolvió revocar la sentencia de primera instancia. Entre los varios argumentos
aducidos para sustentar su decisión, ocupa un lugar central aquel que destaca
el hecho de fungir el accionante como funcionario ad honorem de un
despacho judicial. Encontró el ad quem que quienes desempeñan una
función pública –así sea ad honorem–, deben estar dispuestos a soportar
el estricto escrutinio por parte de la ciudadanía interesada en que tales
personas desempeñen a cabalidad sus funciones públicas. Enfatizó, eso sí, que
la información emitida respecto de las actuaciones de tales funcionarios debe
ajustarse a los principios de exactitud y veracidad. Subrayó, en tal sentido,
que al momento de presentar la información, el medio ha de realizar una
distinción entre hechos y opiniones y resaltó que el mensaje emitido no puede
apoyarse en fuentes falsas por cuanto con ello se ocasiona una lesión
desproporcionada a la persona de quien se predica la información. Si se cumple
con la exigencia de veracidad, entonces existe entera libertad de difundir la
noticia así con ella se genere “algún tipo de censura o de reproche”.
7.8. Encontró el ad quem que en
el asunto puesto a su consideración no existió vulneración de derecho
constitucional fundamental alguno, toda vez que el programa cuestionado por el
accionante lo que hizo fue reflejar los hechos de manera clara: “[e]l
usuario pide información sobre un proceso y el tutelante le indica que ese
proceso está archivado desde hace bastante tiempo y que desarchivarlo no es
cosa fácil ni que pueda hacerse de manera rápida. Seguidamente el usuario le
entrega un billete al oficinista y éste se lo guarda en el bolsillo de la
camisa”. Estimó el ad quem que la información emitida por el
noticiero halla pleno respaldo en el video presentado por el programa, por lo
que decidió negar la tutela solicitada y revocar, en consecuencia, el fallo de
primera instancia.
7.9. Con base en lo expuesto hasta aquí,
considera la Sala que han de distinguirse varios aspectos. En primer lugar,
debe precisarse que en el caso bajo examen la actuación cuestionada tiene lugar
en un  programa transmitido por el Noticiero RCN cuya finalidad consiste en
denunciar –con base en información sustentada en hechos ciertos–,
irregularidades que se presentan en distintos campos de la vida social, en este
caso, irregularidades cometidas por un supuesto funcionario público que trabaja
en un despacho judicial. A partir del video realizado por los denominados “Cazanoticias”,
esto es, ciudadanos y ciudadanas que fungen como reporteros –según el formato
utilizado por el programa–, se presenta una denuncia y se interroga a un
experto para que a partir de los hechos aportados por los reporteros recomiende
qué debe hacerse en el caso presentado a consideración de la teleaudiencia.
7.10. Siendo la base de la sección la
función del reportero ciudadano, es necesario recapitular y aclarar el
contenido que se aprecia en el video tomado por él, además del que finalmente
fue publicado en la sección de Noticias RCN. Se deben destacar los siguientes
tres momentos, claves en la recopilación de la información luego presentada por
Noticias RCN.
7.10.1. Tanto en los videos sin editar
tomados por el reportero ciudadano[105] como en el video
editado por Noticias RCN y transmitido el día 22 de abril de 2009 a las 7: 00
p.m.[106], es claro que el aquí
accionante parece laborar en el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá[107],
pues habla con toda propiedad de diligencias propias del despacho. En los
videos sin editar, incluso se aprecia que atiende no solo a los reporteros
ciudadanos, sino a otros usuarios recibiendo papeles en la baranda del despacho
judicial[108]. En todo momento la
actividad del accionante se desarrolla a la vista de otros funcionarios del
Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá, e incluso se puede apreciar como el señor
Hernando Salazar Pérez se dirige a uno de ellos a consultarlo con un expediente
en la mano[109].
7.10.2. El señor Hernando Salazar Pérez
afirma de manera clara que “yo me hago cargo de eso”[110],
refiriéndose al desarchivo del proceso de los reporteros ciudadanos, operando
siempre desde detrás de la baranda del Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá. El
accionante incluso menciona la dificultad del proceso de desarchivo por la
antigüedad del caso, y le manifiesta a los reporteros ciudadanos que el
desarchivo tardará bastante y que debe esperar a que los llame para informarles
de la culminación del procedimiento. En ningún momento el accionante mencionó
que él no era un funcionario judicial o que era ajeno al despacho.
7.10.3. En el video sin editar es claro
como una de las participantes en la filmación le pregunta al señor Hernando
Salazar Pérez “¿Cuánto, diez mil?”, a lo que el señor Salazar Pérez
asiente, toma el billete de las manos de la señora y lo guarda en el bolsillo
de su camisa. Luego toma un papel de la agenda de la accionante, y se aprecia
una conversación en la que el señor Salazar Pérez le reitera a la señora la
dificultad del proceso de desarchivo, el procedimiento que va a seguir para
localizar el proceso y le reafirma que él la llamará una vez lo localice,
cuestión que no tendrá lugar en menos de 8 días[111].
En el video editado por Noticias RCN sólo se aprecia el momento en que el
accionante toma el billete de las manos de la señora y los guarda en su camisa[112],
mientras se narra que ha recibido dinero por la gestión del desarchivo.
7.11 Surge entonces, dadas las
evidencias antes mencionadas, la necesidad de evaluar la proporcionalidad de la
información presentada por Noticias RCN, estando de presente circunstancias
particulares para el caso y que es necesario destacar.
7.11.1. En primer lugar, constituye una
situación altamente irregular que un particular, sin vinculación al Juzgado 27
Civil Municipal de Bogotá, realice gestiones detrás de la baranda, en una
situación que para cualquiera llevaría a confusión sobre la calidad del
funcionario del señor Hernando Salazar Pérez. De acuerdo con la evidencia
presentada a la Sala, es ineludible considerar que tanto para el reportero
ciudadano como para Noticias RCN, era imposible determinar de manera razonable
si el señor Salazar Pérez era funcionario del Juzgado 27 Civil Municipal de
Bogotá o no, pues por las circunstancias antes comentadas, como el hecho de que
despachaba al interior del despacho judicial, detrás de la baranda, a ojos de
otros funcionarios del juzgado y ofreciéndose a adelantar gestiones propias y
reservadas a los funcionarios judiciales –como el desarchivo de un proceso-.
Desde este punto de vista, el adscribir a un “empleado judicial” el
hecho irregular no parece irrazonable, pues es prácticamente imposible
distinguir a quienes efectivamente eran funcionarios del Juzgado 27 Civil
Municipal de Bogotá, del accionante.
Cabe traer a colación uno de los
argumentos expuestos por Noticias RCN en comunicación dirigida al apoderado del
accionante el 21 de junio de 2009[113], en donde citan
manifestaciones de la Juez responsable del despacho implicado en el caso, en
las que manifiesta que “el señor secretario me advirtió que una persona ajena
al Juzgado, que había sido empleado y estaba pensionado, le colaboraba en
baranda y en otros menesteres, manifestándole que esa era su
responsabilidad, sin haberlo autorizado (sic). Una vez se conoció la
noticia me pude dar cuenta que se trataba del señor HERNANDO SALAZAR
PÉREZ y le prohibí por escrito al señor secretario, que personas extrañas
a sus subalternos hicieran labores que le correspondían a cada uno de ellos”. (Énfasis
puesto por Noticias RCN).
En punto de la situación antes expuesta,
no resalta solamente la dificultad para el particular y el medio de
comunicación de diferenciar al señor Hernando Salazar Pérez de cualquiera de
los demás funcionarios judiciales adscritos al despacho, sino una situación
irregular que consiste en que indudablemente un particular se encontraba al
interior de un despacho judicial, ofreciéndose a prestar servicios que única y
exclusivamente podía desempeñar el personal adscrito al Juzgado 27 Civil
Municipal de Bogotá.
7.11.2. En el presente caso es claro que
el señor Hernando Salazar Pérez se ofrece a realizar la gestión del desarchivo,
situación clara por la expresión antes citada de “yo me hago cargo de eso”[114].
Es evidente entonces la voluntad del accionante de prestar un servicio que
debería estar reservado y adscrito a los funcionarios del Juzgado 27 Civil
Municipal de Bogotá.
Aún más, el señor Salazar Pérez es
reiterativo en las grabaciones en destacar lo dispendioso de la labor, el
tiempo que requerirá para hacerse y la condición de que él mismo será el que
llame cuando localice el proceso en los archivos del despacho, asumiendo sin
ambages el compromiso de realizar la gestión ante los reporteros ciudadanos.
Cabe aclarar, como lo manifiesta el
Doctor Jorge Antonio Castillo Rugeles, presidente del Consejo Superior de la
Judicatura en respuesta a derecho de petición aportado por Noticias RCN en su
comunicación del 21 de julio de 2009 dirigida al apoderado del accionante[115]
que,
“[M]ediante el
Acuerdo 1213 de 2001 se ordenó crear el archivo central de los juzgados con
sede en Bogotá […] En el mencionado acuerdo no se establece cobro alguno por
llevar a cabo la labor de desarchivo de algún expediente de un proceso […]”[116]
7.11.3. En lo relativo a la recepción de
dineros por parte del accionante, Hernando Salazar Pérez, deben destacarse
varias situaciones:
·
En
primera instancia, de acuerdo con los videos sin editar adjuntos al proceso[117],
es evidente que hay una entrega por parte de una de las participantes en el
video -una mujer que hace toda la conversación con el accionante, incluyendo
las consultas y la información de cuál es el proceso- de un billete de diez mil
pesos, que es recibido por el accionante y guardado en el bolsillo de su
camisa. Aunado a lo anterior, se escucha en el video cuando ella le pregunta al
señor Salazar Pérez, “¿Cuánto, diez mil?”, a lo que el asiente[118].
Esta situación,
si bien no se muestra en los videos finalmente publicados por el noticiero, no
puede desconocerse ni dejarse de lado, pues muestra claramente como el
accionante recibe un dinero. Hay que agregar que luego de hacerlo, el señor
Salazar Pérez le reitera a la señora participante en el video, la dificultad
del desarchivo, el procedimiento que va a seguir para localizar el proceso y le
reafirma que él la llamará una vez lo localice, cuestión que no tendría lugar
en menos de 8 días
·
En
segunda instancia, constan en el expediente afirmaciones provenientes tanto del
accionante como de los accionados, que parecen encaminarse a ratificar el hecho
de que el señor Salazar Pérez recibió dinero de parte de los reporteros
ciudadanos con miras al desarchivo del expediente solicitado.
Es así como el
apoderado del accionante manifiesta en el escrito de tutela que “el
dinero que recibió mi cliente fue con el objeto de obtener los
recursos necesarios para desplazarse al archivo de procesos, comprar guantes y
una máscara para evitar enfermarse por el cúmulo de polvo que se deposita en
dicha dependencia”[119], y luego sostiene que
esta es una “situación fáctica que es de absoluta costumbre y práctica
constante en todos los despachos judiciales, precisamente por no existir un
rubro destinado para tal actividad y que a pesar de todo se realiza de manera voluntaria
y facultativa de quien quiera hacerlo, y que además no puede considerarse
este hecho como un cobro de expensas no autorizadas por el consejo superior de
la judicatura (sic), pues es una práctica no habitual y reiterada (sic) que
solo se dio en ese momento por parte [del accionante] y que tenía por objeto
allegar un expediente que se encontraba fuera de las instalaciones del juzgado
27 civil municipal de BOGOTA D. C”[120].
Igualmente, en la providencia del 12 de
abril de 2009, en la que el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá decide
abstenerse de abrir investigación disciplinaria con ocasión de la noticia
difundida por el Cazanoticias de RCN, se lee lo siguiente:
Se le recibe
versión al señor HERNANDO SALAZAR PEREZ, quien no duda en reafirmar lo
aseverado por sus ex compañeros de labores, y acepta haber colaborado con
autorización de los jueces anteriores y bajo la supervisión del señor
Secretario, nunca solicitó dineros para adelantar procesos, su oficio fue
únicamente de traer procesos de los archivos previo suministro de las
expensas que el interesado aportaba[121].
Más adelante, se afirma en la misma
providencia que:
[E]l señor Hernando Salazar Pérez estaba
autorizado por los jueces anteriores para colaborar en el juzgado, y el señor
secretario da fe de haberlo autorizado para tramitar desarchivo, afirmando que
en ningún momento se le exigía valor alguno al usuario para obtener el
desarchivo de procesos, únicamente se le solicitaba al usuario el valor de
las expensas del trasporte para dirigirse a los diferentes archivos que tiene
la Rama Judicial para ir y traerlos (sic) en razón a que el despacho no cuenta
con fondos disponibles para esos gastos[122].
7.12. De cara al ejercicio del
derecho a la información por parte de Noticias RCN, y visto lo anterior, debe
la Sala proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad,
con el fin de determinar si el noticiero, al cumplir su derecho/deber de
informar, vulneró los derechos invocados por el accionante.
Cabe recordar que el requisito de
veracidad de la información ha dicho la Corte:
[L]a definición de lo que es veraz ciertamente es
compleja[123]. Si se trata de hechos
que no pueden ser fácilmente comprobados por el emisor, viola el principio de
veracidad el periodista o la persona que los presenta como hechos ciertos o
definitivos. En algunas oportunidades, además, se podrá ser estricto en cuanto
a la exigencia de veracidad, porque podrá probarse de manera evidente la
inconsistencia de los hechos o su falsedad. En otros casos, sin embargo, será
imposible acreditar si son ajenos o no las afirmaciones, por lo que quien
aporta la información deberá demostrar que fue suficientemente diligente en la
búsqueda de esa verdad. También es contrario al principio de veracidad, la
información que es presentada como una opinión, cuando se afirma como un hecho
cierto e indiscutible[124]. En la sentencia T-094
de 1993 se destacó que la actitud del periodista en materia de veracidad, debe
ser la de actuar sin menosprecio por la verdad, por lo que la diligencia
mínima que se exige es una labor previa de verificación de los hechos incluidos
en la información. Así, la Corte le da importancia a la actitud que el
periodista asume en el proceso de búsqueda de la verdad y lo protege cuando ha
sido diligente a lo largo del proceso informativo, así la información no sea
totalmente exacta[125].
Igualmente, frente al requisito
de imparcialidad, ha manifestado la jurisprudencia:
Ahora bien en lo que respecta a la imparcialidad,
la exigencia es que el periodista guarde distancia frente a sus fuentes, a fin
de no aceptar de plano y de manera automática todas sus afirmaciones, sino que
pueda aportar variadas posiciones cuando un hecho así lo requiera. La
información que le sea suministrada, en consecuencia, debe ser contrastada con
versiones diversas sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o
expertos[126], para plantear todas las
aristas del debate. Además, “el comunicador está en el deber de cuestionar
sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias
y prejuicios afecten también su percepción de los hechos”[127]
y sólo su posición particular, de manera inexacta, sea la que sea presentada[128].
Desde esta perspectiva,  no se
encuentra que se haya omitido el requisito de veracidad, como tampoco se
aprecia por la actitud del medio de comunicación, incumplimiento del requisito
de veracidad.
7.12.1. Esto es así porque se
puede apreciar, de acuerdo a lo expuesto anteriormente que el medio de
comunicación, que efectivamente, alguien que a todas luces parecía ser un
funcionario judicial recibió dinero de parte de un usuario del juzgado para
realizar el procedimiento de desarchivo de un proceso. Así, el encabezado de la
noticia que dijo: “Este es “El Cazanoticias”, el original, donde el
reportero es Usted. “Soborno en un Juzgado”: un Cazanoticias grabó con su
cámara de video cómo un empleado judicial le exige dinero para agilizar los
procesos”, no aparece como desproporcionadamente alejado de lo que
efectivamente ocurrió, y que se destacó anteriormente en esta providencia.
En primer término, el hecho de
que se haya calificado al accionante como “empleado” judicial no es
desproporcionado, puesto que tal aserción hubiera podido hacerla cualquier
ciudadano, en especial porque el señor Salazar Pérez aparentaba ser funcionario
del Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá, y como se dijo anteriormente, era
indistinguible de las personas que efectivamente laboraban en el despacho,
tanto por su actitud, como por las funciones que parecía estar desempeñando, y
la total aquiescencia frente al adelantamiento de dichas labores, evidente por
la inacción de los funcionarios del Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá,
frente al señor Salazar Pérez.
En cuanto al uso de la palabra
“soborno”, en la titulación de la noticia, tampoco aparece como
desproporcionada o alejada de la realidad la presentación del hecho, pues como
se anotó anteriormente, la parte accionante en el presente caso señala que “el
dinero que recibió mi cliente [refiriéndose al señor
Hernando Salazar Pérez,] fue con el objeto de obtener los recursos
necesarios para desplazarse al archivo de procesos […]”[129],
de manera que es claro que el accionante recibió dinero para adelantar un
procedimiento administrativo de desarchivo al interior de un despacho judicial,
sin que dicho cobro estuviera autorizado por el Consejo Superior de la
Judicatura. En el diccionario de la Real Academia Española se define sobornar
como el hecho de “[c]orromper a alguien con dádivas para conseguir de él
algo”[130]. En este caso
efectivamente hay una dádiva -el billete de diez mil pesos entregado por la
reportera ciudadana y recibido por el accionante- y hay una intención de
conseguir algo, que es el desarchivo del proceso. Al respecto, es necesario
aclarar que la destinación del dinero –sea para transporte o adquirir
implementos-, o el hecho de que recibir dinero por desarchivar un expediente
sea, en opinión del apoderado del accionante, una “costumbre y práctica
constante”[131], no borra el hecho de
que el accionante los recibió para hacer lo que razonablemente podría pensarse,
era el desarchivo del proceso.
En este punto cabe destacar que en
múltiples ocasiones ha dicho la Corte, que el principio de veracidad de los
hechos no puede llevarse al extremo de exigir prueba incontrovertible
acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera o imparcial. De
ser esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad sería el silencio y
significaría una clara amenaza para la democracia. Desde este punto de vista,
lo que debe exigirse es razonabilidad en el manejo y presentación de la
información, cosa que se aprecia en el presente caso en el que si bien no hay
certeza absoluta, si hay veracidad en el sentido antes expuesto.
Igualmente, el uso de la
expresión “le exige dinero para agilizar los procesos” no aparece
contraria al contexto fáctico antes esbozado, y si bien pudiera encontrarse un
uso poco técnico de la palabra “procesos”, que para un abogado o persona
familiarizada con el derecho lo conduciría a pensar en una cuestión de
naturaleza eminentemente judicial –V.Gr. un asunto civil que podría estarse tramitando
en el juzgado-, dicha expresión admite una interpretación más común que sería
el “[c]onjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial”[132], operación dentro de la
que cabría la definición del procedimiento de desarchivo de un proceso.
En cuanto al verbo exigir, este
está definido por la Real Academia Española como “[c]obrar, percibir por
autoridad pública dinero u otra cosa”[133], la situación que
acontecía en el despacho, también se acomoda a la definición, hecho verificado
por lo expuesto por la Juez encargada del despacho en el que se desempeñaba el
señor Hernando Salazar Pérez. Conviene volver a citar el aparte relevante de la
providencia del doce de junio de 2009 en la que se afirma que:
[E]l señor Hernando Salazar Pérez estaba
autorizado por los jueces anteriores para colaborar en el juzgado, y el señor
secretario da fe de haberlo autorizado para tramitar desarchivo, afirmando que
en ningún momento se le exigía valor alguno al usuario para obtener el
desarchivo de procesos, únicamente se le solicitaba al usuario el valor de
las expensas del trasporte para dirigirse a los diferentes archivos que tiene
la Rama Judicial para ir y traerlos (sic) en razón a que el despacho no cuenta
con fondos disponibles para esos gastos[134].
Así fuera para el transporte, o
para lo que fuera, es razonable pensar que el accionante exigía dinero para el
desarchivo de los procesos, cuestión reforzada por situaciones como las que se
aprecian en las grabaciones sin editar en donde la reportera ciudadana
cuestiona al accionante sobre la suma a entregar, este asiente, recibe el
dinero y vuelve a explicarle a la señora que le entrega el dinero el proceso,
de manera que es razonable pensar que la entrega del billete correspondía a la
gestión del desarchivo. Finalmente, el escrito de tutela no desmiente que el
señor Salazar Pérez hubiera recibido alguna suma para adelantar la gestión de
desarchivo del expediente -fuere para lo que fuere destinada finalmente- pues,
se reitera, se dice claramente que el aquí accionante recibió sumas de dinero,
no autorizadas en la normativa aplicable.
La narración posterior a la
presentación, a cargo del reportero ciudadano tampoco aparece irrazonable a la
luz de lo expuesto anteriormente, como tampoco carente de veracidad, pues
básicamente desarrolla el encabezado estudiado en detalle, agregando
circunstancias menores que más allá de precisar la situación de demoras y
atrasos en el desarchivo que requieren, no configuran imputaciones adicionales
que pudiesen afectar los derechos invocados por el accionante, así como tampoco
son atacadas por él en su escrito de tutela, ni se aporta demostración de que
sean falsas.
En este punto es conveniente
destacar que el hecho de que un particular, ajeno a un despacho judicial
adelante labores propias de un funcionario y atienda detrás de la baranda,
propiciando situaciones en las cuales los usuarios lo pueden confundir con un
empleado judicial es, de por sí, una situación irregular, e informar y traer a
la luz pública tal hecho, es parte de la función social que cumplen los medios
de comunicación. No puede entonces partirse de una total ausencia de
situaciones dignas de transmitirse por parte del medio de comunicación, sino de
que claramente se presentaba en el Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá una
situación que no era propia del funcionamiento adecuado de un despacho
judicial.
7.12.2. En cuanto
al requisito de imparcialidad, el contenido analizado cumple con la exigencia
de mostrar “la realidad en todas su facetas,
diferenciando claramente entre hechos y opiniones[135],
y sin irrazonables distinciones o restricciones de difusión apoyadas en una
particular simpatía o antipatía política o ideológica”[136].
En este punto es conveniente aclarar que el contenido
analizado en el presente caso exhibe una faceta informativa, aquella en la que
se hace la introducción por parte del presentador, Felipe Arias, y los
reporteros ciudadanos, y una segunda, bien diferenciada, en donde un experto en
el tema da su opinión. En punto a la imparcialidad, debe pues destacarse que en
la presentación del contenido, los accionados no desconocieron su deber de
presentar la información sin sesgos y de establecer una diferenciación entre
comunicación de hechos y opiniones.
7.12.3. Analizado el contenido
informativo de la emisión de Noticias RCN se puede concluir entonces que se
cumplieron los requisitos de veracidad e imparcialidad en la presentación de la
información, por lo que no puede considerarse que la vulneración alegada por el
accionante haya tenido lugar en la porción informativa del contenido analizado.
7.13. Como antes se mencionó, en
el “Cazanoticias” de RCN, no solo se presenta un contenido informativo, sino
que además se escucha la opinión de un experto en el tema presentado, que en el
presente caso correspondió a un profesional del derecho que conceptuó acerca
del video presentado en la introducción de la sección. Para el accionante, el
abogado entrevistado imputa un hecho delictivo y criminal al accionante,
acusándolo de la comisión de la conducta tipificada como cohecho propio, sin
que mediara decisión judicial que lo determinase como responsable del delito.
En opinión de la Sala, la
afirmación del apoderado del accionante que sirve como sustento de la acción de
tutela en este punto, no considera la declaración del abogado en su integridad,
y la interpreta para hacerla parecer como la imputación, sin que ello sea así.
Esto es así por cuanto el abogado entrevistado empieza su intervención diciendo
que “el denunciante ante Ustedes debe dirigirse ante la autoridad, en este
caso, ante la Fiscalía, a través de alguna oficina de policía judicial que
funciona en todas las estaciones de policía, en las instalaciones de
Paloquemao, la Fiscalía. En cualquiera de estos lugares que le queden cerca al
ciudadano y él debe formular la denuncia por estos hechos”.
Esta circunstancia lleva a
cuestionarse sobre la interpretación que del contenido hace el apoderado del
accionante cuando afirma que lo presentado en la sección de Cazanoticias es que
“DE ACUERDO A LOS HECHOS QUE ALLÍ SE OBSERVAN, LO QUE SE HA CONFIGURADO ES
LA OCURRENCIA DE UN HECHO DELICTIVO Y CRIMINAL COMO LO ES: EL COHECHO PROPIO, toda
vez que mi cliente es un FUNCIONARIO PÚBLICO, ATRIBUYENDO E IMPUTANDO DE MANERA
PÚBLICA Y FRENTE A TODA LA TELEAUDICENCIA SIN TENER CAPACIDAD LEGAL Y
JURISDICCIÓN PARA HACERLO, UN HECHO DELICTIVO Y CRIMINAL”.[137].
Para la parte actora, la información fue presentada en “términos
afirmativos como si estuviera dando a conocer el contenido sustancial de la
parte motiva y resolutiva de un fallo o providencia condenatoria por el delito
de cohecho propio en desarrollo de actos de corrupción”[138].
En opinión de la Sala, el hecho
de que el abogado hubiera ilustrado sobre el tipo penal de cohecho propio,
luego de decir que lo primero que tenía que hacer el denunciante era dirigirse
ante la autoridad competente, saca la afirmación del campo de una acusación
sobre la autoría de un delito, pues se deja claro que es precisamente la
Fiscalía, a través de los organismos de policía judicial quienes deben tramitar
lo correspondiente a la situación que se aprecia en el video. Posteriormente lo
que se hace es ilustrar a la audiencia sobre los elementos constitutivos de un
tipo penal, que en opinión del experto, podría estarse cometiendo.
Para clarificar este punto
conviene recordar lo dicho por la Corte en sentencia T-775 de 2005 en la que se
estudió un caso similar, a tal punto de que la supuesta imputación deshonrosa
que se hacía por parte del medio de comunicación al entonces tutelante,
contenía la mención y explicación en torno al delito de cohecho.
En aquel caso, según el
demandante, se habían realizado afirmaciones injuriosas y calumniosas, la más
relevante de las cuales era la siguiente:
“Mas adelante,
subtitula: “POSIBLES DELITOS” y nos coloca en entredicho judicial, con delitos
como: “Robo, Cohecho” y ya empieza su “juicio”. “El tercer posible delito a que
se verán sometidos los autores del posible ilícito por el descubrimiento por
parte de la Fiscalía de documentos vedados electorales, en manos de
particulares, es el cohecho”.
“En forma
parcializada, sistemática y con sesgo político, desde que tuve la osadía de
enfrentarme al Ex – patrón, Doctor Aníbal Gaviria, hijo del dueño del
periódico, en la contienda por la Gobernación, el Periódico El Mundo y el
columnista “Nacho”, nos ha venido injuriando y calumniando. En otro título: “30
MILLONES”, nos tipifica el Periodista un delito: “También tienen conocimiento
sobre el supuesto pago para conseguir el material electoral reservado a la
Registraduría. Se ha tenido conocimiento que esos documentos electorales
reservados fueron comprados por la suma de 30 millones”[139].
Para el medio, lo que había
ocurrido era que el columnista, “para sustentar la gravedad que percibe en
el hallazgo del material electoral reservado, y para explicar a sus lectores
por qué es relevante la noticia, se dedi[có] a analizar los posibles
delitos que se pueden tipificar a raíz de la violación a la disposición legal
contemplada en el artículo 213 del código electoral, y para ello transcrib[ió]
la definición legal de los delitos de prevaricato, robo y cohecho”[140].
La similitud con el presente caso
se aprecia al rompe, pues en alguna de las notas que el entonces accionante
consideraba atentaban contra su derecho a la honra y buen nombre, se había
hecho la descripción de algunos tipos penales. A pesar de la referencia a los
mismos, la Corte encontró que la labor periodística no había vulnerado los
derechos del actor, puesto que “[e]l hecho de que el periodista demandado
hubiera hecho relación a la posible comisión de unos delitos, no atenta contra
el buen nombre ni la honra del accionante, pues las notas editoriales
publicadas no hacen imputaciones respecto de ninguna persona en particular”[141].
A renglón seguido amplió su consideración y determinó que el hecho de referirse
a los delitos en los que pudiera haberse incurrido y el análisis de tipos
penales “se enmarca dentro de la libertad de expresión y opinión que
consagra el artículo 20 de la Constitución Política, pues ello permite a la
comunidad formarse una idea de la gravedad que conlleva el hallazgo de material
electoral restringido en manos de particulares”[142].
Esta subregla contenida en la
sentencia antes referida, aplica plenamente al caso que se analiza, pues es
claro que el abogado consultado no hace una imputación directa contra el señor
Salazar Pérez, tanto es así que remite al reportero ciudadano a la Fiscalía
para lo de su competencia, y lo que hace es ilustrar a la ciudadanía sobre la
gravedad de la situación, a partir de los hechos veraces e imparciales que se
le presentaron[143], afirmando que el
ciudadano “debe formular la denuncia por estos hechos, constitutivos de este
delito tipificado en nuestra Ley penal en el artículo 405. Para la Ley penal,
es considerado como hecho gravísimo, recibe el nombre de cohecho propio y está
sancionado con una pena privativa de la libertad de cinco a ocho años de
prisión”.
La expresión
de la opinión del experto y la manera como fue presentada por el medio no
afectaron pues, en opinión de esta Sala, los derechos fundamentales invocados
por el accionante, pues debe recordarse que “[l]a primacía de la libertad de
opinión en la tensión con el buen nombre será reforzada, de manera que sólo
opiniones insultantes o absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche
constitucional. Por su parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión
guarde una estrecha relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo
se trata de opiniones insultantes las que merecen reproche constitucional, sino
también opiniones que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente
exageradas siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar
a la persona en sí misma”[144]. En el presente caso no
se aprecia que la opinión del abogado presentado por Noticias RCN haya
presentado un desfase frente a los hechos presentados en el segmento
periodístico e informativo denominado “El CAZANOTICIAS” del día 22 de
abril de 2009, ni se aprecia de un ánimo insultante, una presentación exagerada
o que eleven un cuestionamiento directo a la persona, en el sentido de
imputarle la comisión de un delito, pues lo que se aprecia es que el medio
pretendió dar un contexto de la gravedad del asunto y el abogado que opinaba
sobre el caso se pronunció remitiendo a los reporteros a las autoridades
competentes –en su opinión, la Fiscalía-, y en explicar el contenido la
conducta penal que en su sentir se presentaba, sin imputarla directamente, ni
al señor Salazar Pérez, ni a ninguna otra persona, haciendo una presentación
genérica del delito, detallando su ubicación en el código penal, y la pena
prevista en el mismo para la conducta que describía.
Esta
situación, lejos de representar entonces una amenaza a los derechos del
accionante lo que hace es precisamente desarrollar la función social del
periodismo, pues no puede perderse de vista que los medios informativos ejercen
un control político y social, que permite la formación de la opinión pública en
relación con asuntos de trascendencia para la comunidad, como en este caso
puede considerarse el correcto funcionamiento de los despachos judiciales, la
participación de particulares en el desempeño de labores reservadas a los
funcionarios judiciales, y el cobro de expensas a los usuarios a pesar de no estar
contempladas en la norma.
7.14. Con respecto a lo anterior,
no sobra recordar que los medios de comunicación constituyen instrumentos para
realizar el derecho a la libertad de información de modo que cualquier
intromisión que se efectúe en el ejercicio que de esa libertad en cabeza de los
medios debe ajustarse a unos cánones de control muy rigurosos. Empero, debe
tenerse presente que los medios de comunicación tienen inmenso poder en las
sociedades actuales y por ello mismo el ordenamiento constitucional les exige
obrar con alto grado de responsabilidad.
Asimismo que la responsabilidad
social en cabeza de los medios de comunicación se traduce en el cumplimiento de
ciertos requisitos como son la veracidad e imparcialidad con que se presenten
los hechos noticiosos así como el cuidado que deben tener los medios en
distinguir entre hechos y opiniones, situaciones todas que se consideran
cumplidas por parte de los accionados en la presente tutela, como se explicó
anteriormente.
7.15. Hay dos puntos que merecen de la
Sala una mención, a pesar de no alterar las consideraciones precedentes en
cuanto al correcto ejercicio del derecho a la información y la libertad de
expresión, y la ausencia de vulneración de los derechos invocados por el
accionante en la presente tutela.
7.15.1. En primer lugar, considera la
Sala conveniente poner de relieve el hecho de que inicialmente, las Directivas
de Noticias RCN le propusieron al accionante una fórmula de rectificación[145],
que mostraba la actitud inicial por parte del Canal de acceder a las solicitudes
elevadas por el accionante sobre el particular.
A pesar de este ofrecimiento, el
accionante se negó en dos ocasiones a aceptar el texto propuesto por el Canal,
y en el entretanto Noticias RCN realizó verificaciones que llevaron a los
accionados a poner de manifiesto al señor Salazar Pérez que “después de un
seguimiento y análisis del hecho tanto por el área de Noticias RCN como por el
área jurídica de esta sociedad a la noticia y a los fundamentos de [la
reclamación del accionante], Noticias RCN ha llegado a la conclusión de que la
rectificación [solicitada por el accionante] no es procedente por las razones
que a continuación se exponen: // 1. De acuerdo con la respuesta dada al
derecho de petición elevado por Noticias RCN ante el Consejo Superior de la
Judicatura, Sala Administrativa, no está autorizado por norma alguna el cobro
de expensas o aranceles por el desarchivo de un proceso. // 2.A su vez, el
Acuerdo No. 1772 del 10 de abril de 2003, expedido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se establece el arancel
judicial en asuntos civiles y de familia; se regula su cobro y determina su
inversión, en su artículo segundo, consagra que el costo de la expensas
judiciales es el siguiente: (i) por copias; (ii) por certificaciones; (iii) por
desgloses; (iv) por notificaciones personales y (v) por notificaciones
personales en procesos de alimentos (…)”[146].
En primer lugar considera la Sala
necesario destacar que en ningún momento, el hecho de proponer una
rectificación tentativa implica un allanamiento a las solicitudes por parte del
accionante, pues el medio conserva, en ejercicio de su facultad de investigación
y su función social de informar al público, de verificar las circunstancias que
rodean los hechos motivo de discordia. Es así como en el presente caso el medio
de comunicación realizó verificaciones, muy pertinentes, en torno a la
exigencia, cobro, pago u ofrecimiento de dinero en los despachos judiciales a
cambio de la realización de un desarchivo, encontrando que bajo ninguna
circunstancia estaba autorizado el mismo, menos aún por parte de una persona
ajena al despacho pero que fungía como funcionario del mismo.
La actitud del medio de comunicación de,
luego de estas verificaciones, respaldar el contenido transmitido, a pesar de
haber ofrecido una opción de rectificación, lo único que hace es reforzar la
convicción de servicio público que tiene la labor informativa, pues ante la
comprobación de circunstancias fácticas que reforzaban las informaciones y
opiniones contenidas en “El CAZANOTICIAS” del 22 de abril de 2009, lo
que cabía como responsabilidad del medio era persistir y defender el contenido emitido,
pues este se encaminaba a la formación de una opinión en torno a hechos veraces
e imparciales, que para nada afectaban los derechos fundamentales de quien
pretendía obtener la rectificación.
7.15.2. Precisamente fruto de la labor
de verificación del contenido adelantada por el medio de comunicación, es que
surge para la Sala, el segundo hecho que conviene resaltar a pesar de que no
afecte las consideraciones en cuanto a la no vulneración de los derechos
invocados, y es la situación altamente irregular que logró descubrirse y
ponerse en evidencia al interior del Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá.
El hecho de que en un despacho judicial
se permitiera o tolerara el cobro de suma alguna, así fuera destinada al
transporte, los insumos, o la labor misma de un particular que cumplía labores
reservadas a los funcionarios judiciales, es inaceptable desde cualquier punto
de vista, y por lo mismo esta Sala, como parte de la Rama Judicial, y
consciente de la importancia que reviste para el ciudadano la correcta y
cumplida prestación del servicio judicial -especialmente por las repercusiones
que el mismo tiene sobre el ejercicio de los derechos fundamentales- se ve
impelida a llamar la atención sobre el particular y a instar al Consejo
Superior de la Judicatura a tomar medidas para que el ciudadano, al proceder a
realizar sus diligencias en los despachos, esté correctamente informado de los
procedimientos que generan cobros por parte de la Rama, para que de ese modo se
logre desterrar de los despachos una práctica inadecuada e inconveniente, que
puede representar una barrera de acceso para el usuario y un provecho irregular
de parte de funcionarios o particulares.
Esta recomendación, que se encamina a
hacer más disponible la información para el usuario del servicio, dándole
difusión al contenido del acuerdo 1772 de 2003 y cualquier otra norma que
disponga el cobro alguno por la prestación de servicios
administrativo-judiciales, busca propender por la realización adecuada de los
derechos de los ciudadanos y no obsta para que las autoridades competentes, en
ejercicio de las funciones a ellas encomendadas por la Constitución y la Ley,
tomen cartas en el asunto para corregir lo que justamente considera el
apoderado del accionante como una “costumbre y práctica constante”[147],
que no por ello excusa en su comisión o inhibe a la autoridad de actuar sobre
la misma.
7.16. Por los motivos expuestos, esta
Sala confirmará el fallo del ad quem por las consideraciones
precedentes. Del mismo modo instará al Consejo Superior de la Judicatura, para
que en cumplimiento de las funciones a él asignadas por la Constitución y la
Ley, disponga de las medidas necesarias para difundir las normas atinentes al
cobro de sumas de dinero por la realización de gestiones administrativas en los
despachos judiciales, con miras a ilustrar al ciudadano para facilitarle el
ejercicio de sus derechos y propender por el cumplimiento adecuado de las
normas y la prestación adecuada del servicio judicial.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la decisión adoptada por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá el día 27 de octubre de 2009, por las
consideraciones expuestas en la presente sentencia.
Segundo.- INSTAR
al Consejo Superior de la Judicatura a publicar en los despachos judiciales del
país las normas atinentes al cobro de sumas de dinero por la realización de
gestiones administrativas en los despachos judiciales, y destacar que las
restantes diligencias no deben generar costos para los solicitantes.
Tercero.- Por Secretaría
General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado Ponente
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Expediente, cuaderno principal, a folio 44.
[2]
Expediente, cuaderno principal, a folio 44.
[3]
Expediente, cuaderno principal, a folio 45.
[4]
Expediente, cuaderno principal, a folio 46.
[5] “Ya que toda la información dada en dicho segmento
por el Señor Periodista FELIPE ARIAS, es contraria a la realidad y sustentada
solamente en una grabación de video, que desde el punto de vista jurídico y del
derecho probatorio actual en Colombia, es ilegal dentro de un proceso judicial
y aun más como sustento a una noticia periodística como la transmitida
por éste periodista, de manera irresponsable y faltando a las condiciones
ÉTICAS y MORALES de un periodismo serio, y responsable y objetivo, pero,
sobretodo, investigativo, como se demostrará más adelante, toda vez que,
arranca afirmando de manera categórica e innegable, que un funcionario del
juzgado 27 civil municipal de BOGOTA DC cobra sumas de dinero para
agilizar el trámite rápido y eficaz de los procesos que se adelantan en el
mencionado despacho judicial y de manera simultánea transmite el video en el
cual un usuario de la administración de justicia, pasa una suma de dinero al
supuesto funcionario del juzgado 27 civil municipal de Bogotá DC”.
Expediente, cuaderno principal a folios 3-12.
[6] Expediente, cuaderno principal, a folio 46.
[7]
Expediente, cuaderno principal, a folio 46.
[8]
Expediente, cuaderno principal, a folios 14-17.
[9]
Expediente, cuaderno principal, a folio 46.
[10]
Expediente, cuaderno principal, a folio 18.
[11]
Ibíd.
[12]
Expediente, cuaderno principal, a folio 46.
[13]
Expediente, cuaderno principal, a folios 19-23.
[14]
Ibíd.
[15]
Expediente, cuaderno principal, a folio 46.
[16]
Expediente, cuaderno principal a folios 24-25.
[17]
Ibíd.
[18]
Ibíd.
[19]
Ibíd.
[20]
Expediente, cuaderno principal, a folio 47.
[21]
Expediente, cuaderno principal, a folio 47.
[22]
Expediente, cuaderno principal, a folio 48.
[23]
Expediente, cuaderno principal, a folio 48.
[24]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49.
[25]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49.
[26]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49.
[27]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49.
[28]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49.
[29] Cita
entre otras las siguientes sentencias: T-158 de 2006 y T-541 de 2006.
[30] “En la
próxima emisión dominical del noticiero NOTICIAS RCN, en el segmento ‘EL
CAZANOTICIAS’, se dispondrá que con similar formato al de la noticia original,
se efectúe la nota de rectificación y aclaración así, omitiendo el nombre de
las personas que aparecen en el video: // Se indicará la causa de la
rectificación mencionando que en la edición del domingo 12 de abril de 2009,
(sic) se incurrió en imprecisiones que deben ser corregidas de acuerdo a la acá
ordenado. // Expresará que ‘no se tiene evidencia que la persona que aparece en
las imágenes sea empleado judicial al momento en que ocurrieron los hechos
denunciados, como tampoco que se tiene evidencia (sic) de que esta imagen
corresponda a una exigencia indebida de dinero por parte de la persona que
aparece recibiendo el billete, o si ese dinero fue ofrecido o dado por el usuario.
Los denunciantes se negaron a ratificar su denuncia formalmente a las
autoridades judiciales’. // Señalará que no se tiene pruebas que al momento de
emitir la información que tal (sic) de la persona que aparece en las imágenes
recibiendo el billete, sea una práctica generalizada  de su conducta personal o
laboral. // Indicará que, de acuerdo a respuesta dada por el Consejo Superior
de la Judicatura, únicamente generan cobro o ‘arancel judicial’ los conceptos y
trámites señalados en el Acuerdo 1172 de 2003, artículo 2º. // Señalará que no
solo constituye delito cuando un servidor público constriña o induzca a alguien
a dar o prometer a un tercero, dinero u otra utilidad, sino también, cuando
simplemente recibe dinero u otra utilidad para realizar o demorar o no realizar
un acto propio de sus funciones; pero también constituye delito cuando un
particular exige, da u ofrece dinero u otra utilidad a un servidor público en
cualquiera de los casos anteriores; para esto puede, si así lo estima RCN
TELEVISIÓN S. A: y EL DIRECTOR (A) DE NOTICIAS RCN, consultar la opinión de
cualquier experto en derecho penal. // Finalmente, y esto es
discrecional: si RCN TELEVISIÓN S. A. y EL DIRECTOR (A) DE NOTICIAS RCN
lo considera conveniente y si el accionante accede voluntaria y expresamente a
ello dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de este fallo en
escrito dirigido a NOTICIAS RCN, podrá obtener y emitir la versión de los
hechos que presente el accionante, respecto de las imágenes del video”.
(Énfasis puesto por el a quo).
[31]
“y
se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se
conforma la Comisión Nacional de Televisión, se promueven la industria y
actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los
servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras
disposiciones en materia de telecomunicaciones”
[32] Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2009. En
esta ocasión le correspondió a la Sala Quinta de Revisión establecer si la
revista “Semana” al publicar un artículo titulado, desde la portada, “El
Rasputín de la justicia”, agregando en páginas interiores, “El ‘mecenas’
de la justicia”, artículo cuyo tema central giraba alrededor de la persona
de Ascencio Reyes, de quien destacó la Revista sus nexos con personas
comprometidas en el narcotráfico y el ser socio de sujeto solicitado en
extradición; también lo señala como benefactor de la Rama Judicial al organizar
homenajes para los Magistrados de las Altas Cortes y, específicamente, a favor
del peticionario en sede de tutela. La
Corte Constitucional se preguntó sin con dicha publicación la Revista Semana
había desconocido los derechos constitucionales fundamentales del accionante y
si de haberlo hecho los términos de la rectificación ordenadas a la revista
eran compatibles con los derechos de libertad de información. sobre l actor consideró que la información divulgada
en el medio de comunicación accionado, de haber sido homenajeado por persona a
quien le endilgan nexos con el narcotráfico sustentándose en hechos
supuestamente inexistentes, había desconocido sus derechos constitucionales
fundamentales, a la honra, al buen nombre, a la intimidad y a la dignidad
humana. El demandante solicitó a la Corte Constitucional que ordenara
rectificar la información publicada en la revista “Semana” de la siguiente
forma: “(i) anuncio de rectificación en la portada de la revista; (ii)
publicación de la carta de rectificación del accionante, así como las remitidas
por el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y
el señor Ascencio Reyes; (iii) publicación con las mismas características en
que fue difundida la noticia de un homenaje en su honor, en la ciudad de Santa
Marta, financiado por el señor Ascencio Reyes. En consecuencia, se ordene que
‘desde los titulares de la Revista ‘Semana’ se anuncie la rectificación, fundada
en que la noticia dada a conocer carece de absoluto sustento en la realidad
pues informó descontextualizadamente sobre hechos falaces y distorsionados, que
no tienen respaldo en prueba testimonial alguna’”. La Sala confirmó la
decisión de tutelar el derecho fundamental a la honra y al buen nombre del
actor adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, en providencia de 12 de septiembre de 2008 y confirmó la decisión de no
conceder el amparo al derecho a la intimidad del accionante, adoptada por ese
mismo Tribunal. Revocó la orden de rectificación dictada por este Tribunal,
específicamente, lo establecido en la parte motiva de la providencia emitida
por el Tribunal. De otra parte, se abstuvo de ordenar al señor Alejandro Santos
Rubino, director de la revista “Semana”, que efectúe una nueva rectificación,
por considerarla ya realizada de acuerdo con lo prescrito en esa sentencia.
[33]
Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2009.
[34] Corte Constitucional. Sentencia No. T-611 de 1992.
[35] Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998.
[36]
Corte Constitucional. Sentencia T-498 de 1994; T-368 de 1998; T-796 de 1999.
[37] Corte Constitucional. Sentencias T-584 de 2006;
T-152 de 2006; T-579 de 1995 y T-375 de 1997; T-602 de 1998.
[38]
Corte Constitucional. Sentencia T-697 de 1996.
[39]
Corte Constitucional. Sentencia T-394 de 1999.
[40] Corte Constitucional. Sentencia T-329 de 2005 y
T-331 de 2005.
[41] Corte Constitucional. Sentencia T-947 de 2008.
[42]
Corte Constitucional. Sentencia T-074 de 1995.
[43]
Ver Corte Constitucional. Sentencias C-255 de 1997 y T-622 de 1995, entre
otras.
[44]
Corte Constitucional. Sentencia T-1198 de 2004.
[45] Ver, entre otras, las sentencias T-512, T-603 y T-609
del año 1992, T-323 de 1993, T-259 de 1994 y T- 472 de 1996.
[46] “Tan sólo se puede acudir a la vía judicial cuando
se haya agotado, sin obtener éxito, la solicitud de rectificación ante el mismo
medio (…) Lo que se busca es dar oportunidad al medio sobre cuya información
hay inconformidad, para que rectifique o aclare.  En este como en otros campos,
es preciso partir de la base de la buena fe y, siendo posible que el medio de
comunicación no hubiese tenido intención o voluntad de agravio, es menester que
se le permita corregir lo dicho o escrito antes de plantearle un conflicto
judicial”. “No parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se
encuentra la persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente
recordar que ellos -analizada la situación desde el punto de vista de su
potencialidad-, aparte de la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en
el ámbito nacional, ya en el local, tienen el formidable poder del impacto
noticioso; cuentan con la capacidad de la presentación unilateral de cualquier
acontecimiento; gozan de la ventaja que representa la posibilidad de repetición
y ampliación de las informaciones sin límite alguno; manejan potentes
instrumentos que pueden orientar y condicionar las reacciones psicológicas del
público, resaltar u opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en
el momento de cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello,
disponen del excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la
rectificación y contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las
"notas de la Redacción" en el caso de la prensa escrita, ya por
conducto de los comentarios o glosas del periodista en los medios audiovisuales,
sin ocasión de nueva intervención por parte del ofendido // Este conjunto de
elementos confiere a los medios incalculables posibilidades de apabullar al
individuo, dejándolo inerme frente a los ataques de que pueda ser objeto”. Estas
subreglas han sido reiteradas por la Corte Constitucional en repetidas
ocasiones. Ver, por ejemplo, T- 611 de 1992; T-094 de 1995; T-066 de 1998;
T-368 de 1998; T-1682 de 2000; SU 1721 de 2000; T-213 de 2004; T-1198 de 2004;
T-755 de 2005; T-588 de 2006; T-626 de 2007; T-681 de 2007; T-219 de 2009.
[47] En ese caso le correspondió a la Corte pronunciarse
sobre la acción de tutela instaurada por el magistrado de la Corte
Constitucional Jaime Araújo Rentería contra la columnista Salud Hernández-Mora
Zapata, Enrique Santos, Rafael Santos y Milena Gómez Delgado al considerar que
el contenido de la columna titulada “¿Un pirómano en la Corte?” –escrita
por la periodista Salud Hernández en el mencionado diario el 14 de agosto de
2005– en la que “se le califica de ser la fuente de un anónimo y de las
filtraciones a un periódico y a su vez ‘imputa que existe un extracto bancario
de un miembro familiar de las huestes araujanas, dando a entender que se
trataría o de mi persona o de un familiar mío; que habría recibido honorarios
como abogado, lo que implicaría un delito, ya que un juez no puede jamás cobrar
honorarios’”, vulneró sus derechos constitucionales fundamentales al buen
nombre, a la honra y a la dignidad. En aquella ocasión concluyó la Corporación
que la tutela bajo examen no había cumplido con el requisito de inmediatez por
cuanto la solicitud de rectificación al medio de comunicación fue presentada 15
meses después de que se hubiera realizado la publicación y la tutela se
interpuso 17 meses después de alegada vulneración a los derechos
constitucionales fundamentales del tutelante.
[48] En esa providencia la Corte reiteró los lineamientos
sentados en las sentencias T-592 de 1992; T-575 de 2002, SU-961 de 1999; T-570
de 2005 y T-588 de 2006.
[49]
Estos criterios aparecen claramente referenciados, entre otras, en las
sentencias T-905 de 2006 y SU-961 de 1999.
[50]
Sentencia T-185 de 2007. Ver, entre otras, las sentencias T-1000 de 2006;
T-1050 de 2006; T-1056 de 2006.
[51] Una de ellas se presentó en el caso resuelto por la
sentencia T-588 de 2006 en el que la Corte concluyó que la demora implicaba que
los tutelantes no habían cumplido el requisito de inmediatez. La única
oportunidad en que la tardanza en la presentación de la solicitud de
rectificación y de la correspondiente tutela no fue calificada por la Corte
como un incumplimiento del principio de inmediatez, fue en la sentencia T-1193
de 2004. En ella se consideró cumplido el requisito en razón a la ignorancia
del tutelante, representante legal de una empresa, quien estimaba que se
requería de un pronunciamiento de la jurisdicción penal ordinaria como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela que buscaba la rectificación
de informaciones falsas o erróneas. Finalmente, la tutela fue negada pero por
razones de fondo.
[52] Ver, entre otras, Corte Constitucional.
Sentencias T-080 de 1993; T-472 de 1996; T-602 de 1995; T-206 de 1995; T-094 de
2000;  T-131 de 1998; T-1000 de 2000.
[53]
Ver, entre otras, Corte Constitucional. Sentencia T-1198 de 2004.
[54]
Ibíd.
[55]
Ibíd.
[56]
Ibíd.
[57] En la
sentencia T-391 de 2007 le correspondió a
la Corte Constitucional pronunciarse respecto de la acción de tutela instaurada
por Radio Cadena Nacional S.A. –RCN–, en contra del Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Consideró la entidad
demandante que la sentencia emitida por esa Corporación dentro del proceso
iniciado mediante acción popular por parte de la Fundación “Un Sueño por Colombia”, supuso el desconocimiento de sus derechos
fundamentales. A juicio de la Fundación a favor de la cual se falló la decisión
cuestionada en sede de tutela, el programa “El Mañanero de la Mega” de
RCN transmitido de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 10:00 a.m. “‘corrompe
nuestra juventud y la envenena de la más variada gama de vulgaridad y
patanería, constituyéndola así en un canal destructivo de los valores y la
moral colectiva con sus transmisiones’. En vista de lo anterior, resolvió
instaurar una acción popular en la que sostuvo que el Ministerio de
Comunicaciones “había incurrido en una omisión al abstenerse de controlar la
transmisión de este programa y ejercer sus funciones de inspección y
vigilancia”. Con la acción popular se buscaba que se ordenara al Ministerio
“cumplir con sus funciones constitucionales y legales, e imponer las
sanciones a las que hubiera lugar, tanto a la emisora como a los locutores que
hubiesen cometido faltas”. Admitida la acción popular, fue fallada
positivamente por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Sub-sección B, esta
providencia fue impugnada y confirmada posteriormente por el Consejo de Estado.
En aquella ocasión, la Corte Constitucional luego de efectuar un conjunto de
consideraciones sobre los alcances de la libertad de expresión y acerca de su
ámbito de protección, llegó a las siguientes conclusiones: “El Consejo de
Estado incurrió en una vía de hecho de carácter sustantivo, en la providencia
proferida para resolver en forma definitiva sobre el proceso de acción popular,
consistente en que el medio escogido para proteger los derechos de los menores
potencialmente usuarios de la radio vulnera de manera directa el artículo 20 de
la Constitución al ordenar a RCN que adecue el contenido del programa “El
Mañanero de La Mega” para efectos de que los usuarios reciban un servicio de
radiodifusión de calidad a nivel de temas y de lenguaje, confirmando al mismo
tiempo la orden impartida en primera instancia al Ministerio de Comunicaciones
en el sentido de que cumpliera con sus funciones de vigilancia y control,
invocando la protección del derecho a una eficiente prestación del servicio
público de radiodifusión y de los derechos de los consumidores y usuarios de la
radio. El cumplimiento que eventualmente se dio a esa orden, a través del
comité de verificación que se implementó, desconoce la libertad de expresión.
Tanto el Consejo de Estado, como el Ministerio de Comunicaciones, con los
medios aplicados han violado de manera directa las libertades de expresión
stricto sensu, información y prensa protegidas en el artículo 20 de la
Constitución, en la medida en que desconoció abiertamente la regla de
neutralidad de las actuaciones estatales frente al contenido de las expresiones
al ordenar directamente la adecuación de los contenidos del programa radial, en
contravía de la jurisprudencia, e incumplió los requisitos constitucionales que
han de satisfacer las limitaciones de la libertad de expresión señalados en
precedentes constitucionales vinculantes. Adicionalmente, al haber dejado
surtiendo efectos la decisión del Tribunal Administrativo de ordenar la
constitución de un comité de verificación de la adecuación del contenido del
programa “El Mañanero de La Mega” a los criterios indicados en forma vaga en sus
providencias, el Consejo de Estado confirmó una decisión judicial
manifiestamente violatoria de la prohibición constitucional de la censura. //
Por las mismas razones, también constituye una violación directa del artículo
20 superior, así sea por consecuencia, el acto administrativo adoptado por el
Ministerio de Comunicaciones en cumplimiento de los fallos del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado dentro del proceso de
acción popular. // Por lo tanto, dichas medidas, así como los actos
administrativos de ejecución de las mismas, serán dejadas sin efectos, con el
fin de amparar la libertad de expresión de los tutelantes, en conexidad con el
debido proceso”.
[58] En la sentencia
T-391 de 2007 destacó la Corte los elementos que conforman el ámbito de protección establecido
por el artículo 20 superior. Al respecto, distinguió once elementos que son los
siguientes: (1) La libertad de expresar
y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin
limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral,
escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien
se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas. Esta libertad
fundamental constituye la libertad de expresión stricto sensu, y
tiene una doble dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del
mensaje que se está expresando. (2) La libertad de buscar o investigar
información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con la
libertad de informar y la de recibir información, configura la llamada libertad
de información. (3) La libertad de informar, que cobija tanto
información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo,
a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar
información y la libertad de recibirla, configura la llamada libertad de
información. (4) La libertad y el derecho a recibir información
veraz e imparcial sobre hechos, así como sobre ideas y opiniones de toda
índole, por cualquier medio de expresión. Junto con los anteriores elementos,
configura la libertad de información. (5) La libertad de fundar medios
masivos de comunicación. (6) La libertad de prensa, o libertad de
funcionamiento dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente
responsabilidad social. (7) El derecho a la rectificación en condiciones
de equidad. (8) La prohibición de la censura, cualificada y puntualizada
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los siguientes términos:
(9) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del odio, la
violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación racial, (10) La prohibición de la
pornografía infantil, y (11) La prohibición de la instigación pública y
directa al genocidio. (Subrayas dentro del texto de la sentencia)
[59]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-488 de 1993. En aquella
ocasión la Corte indicó que el objeto de esta libertad fundamental es la
información veraz e imparcial: “El sujeto de
este derecho es universal: toda persona -sin ninguna distinción- y el objeto de
tal derecho es la información veraz e imparcial, como lo consagra el artículo
20 de la Carta Política”.
[60] En la sentencia C-488 de 1993 también se señaló que
la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información y admite
menores limitaciones: “Es una figura jurídica más amplia que la del derecho
a la información. Abarca una generalidad que admite múltiples especies y, en
virtud de la libertad de opinión y de pensamiento, no tiene tantas limitaciones
como las que tienen el derecho a la información y el derecho de informar.  Lo
que el sujeto puede expresar no necesariamente tiene que estar sometido a la
imparcialidad ni contener una verdad, porque perfectamente puede el ser humano
expresar todo lo que su ingenio e imaginación produzcan, mientras dicha
expresión no lesione derechos ajenos, ni vaya contra el orden público o el bien
común”.
[61]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-1723 de 2000. En aquella ocasión la
Corte explicó que en cada caso concreto, se debe determinar si se está frente a
una instancia de ejercicio de la libertad de expresión o de ejercicio del
derecho a la información. No obstante, admitió que los límites entre ambos son
difusos. Por ejemplo, en los dramatizados se puede informar sobre conjeturas
razonables y sustentadas sobre hechos reales; compete al juez distinguir en qué
ámbito se mueve en cada caso particular:  “38- Cualquier análisis serio del
derecho a la libertad de expresión tiene que adelantarse en concordancia con el
derecho a la información: “Toda opinión lleva, de forma más o menos explícita,
un contenido informativo, y toda información, un contenido valorativo de
opinión, sin el cual la información ni siquiera se justifica como actividad
social” [Balaguer Callejón Maria Luisa, El derecho Fundamental al Honor,
Editorial Tecnos, Madrid, 1992, pag.187]. // Corolario de lo anterior, no puede
impedirse que en un dramatizado se formulen conjeturas sobre un suceso, siempre
y cuando ellas tengan un sustento razonable a partir de la información
suministrada. Pero tampoco desconoce la Corte que resulta complejo fijar
tajantemente una distinción entre hechos y juicios de valor para determinar si
se está frente a la libertad de expresión o, si por el contrario se hace uso
del derecho a la información. Por lo mismo, corresponde al juez explorar las
particularidades de cada proceso y a partir de una apreciación objetiva del
reportaje o del relato, de la finalidad perseguida, de las características del
medio, así como de la forma en que es utilizado y presentado a un auditorio,
establecer de qué derecho se trata y con estos criterios desarrollar la
valoración jurídica”.
[62]
Corte Constitucional. Sentencia T-080 de 1993; T-602 de 1995.
[63]
Corte Constitucional. Sentencia T-1198 de 2004.
[64]
Corte Constitucional. Sentencia 219 de 2009.
[65]
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
[66] Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998.
[67] Corte Constitucional. Sentencias T-094 de 1993 y
T-219 de 2009.
[68]
Corte Constitucional. Sentencias T-080 de 1993 y T-219 de 2009.
[69]
Corte Constitucional. Sentencias T-066 de 1998 y T-219 de 2009.
[70] En sentencia T-213 de 2004 la Corte Constitucional
colombiana intenta seguir la línea argumentativa establecida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para fijar los alcances del artículo 13 de
la Convención Interamericana de Derechos Humanos y realiza una interpretación
del artículo 20 superior tendiente a ajustar lo dispuesto allí con la
aplicación del principio más favorable a la libertad de expresión. De lo
afirmado por la Corte Constitucional colombiana en la sentencia citada es
factible extraer, entre otros, los siguientes criterios:(1) La libertad de
expresión goza de una especial protección en el ordenamiento constitucional
colombiano, ya sea bajo el aspecto de la libertad de información o bajo el
aspecto de la libertad de opinión, pues ambos aspectos se conectan con el papel
nuclear que desempeña la libertad de expresión en la vida social. (2) Cualquier
restricción que se pretenda hacer al derecho a la libertad de expresión debe
estar justificada y motivada por la aspiración de alcanzar fines compatibles
con la democracia y con el respeto por la dignidad humana.(3) Las restricciones
al derecho a la libertad de expresión no pueden ser distintas a las
establecidas en el artículo 20 de la Constitución colombiana y a las
consagradas por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos.(4) La Corte distingue entre libertad de información y libertad de
opinión. Si bien de la lectura del artículo 20 de la Constitución colombiana se
deduce que la libertad de información está sujeta a las condiciones de
veracidad y de imparcialidad, la Corte Constitucional se ha propuesto delimitar
cuál es el sentido en que se deben interpretar estas exigencias  “con el objeto de evitar que el eventual
control sobre tales requisitos conduzca a la negación misma del derecho a
informar”. (Énfasis fuera del texto original). (i) Cuando se trata de la libertad de opinión no
parece posible exigir veracidad e imparcialidad. De un lado, la opinión no se
orienta a describir hechos. Por medio de la opinión se exterioriza, más bien,
una apreciación sobre los hechos. De otro lado, la opinión está impregnada por
entero de un tinte subjetivo. (ii) En una sociedad que se admite plural y
multicultural es imposible pensar que existe “un centro a partir del cual
emana la verdad” y que existe un único camino para acceder a ella. “La
‘verdad’ se traduce en un concepto relativo, producto de la construcción de
imaginarios y de sistemas de valores en la sociedad. Cada grupo social, cada
persona y cada sistema de la sociedad ofrecen versiones propias sobre la realidad,
que califica de verdaderas. No existe un monopolio sobre la verdad”. (iii)
Admitir algo distinto, implica aceptar que nos hallamos bajo un régimen
totalitario en el que cada persona “se ve constreñida a diseñar su proyecto
de vida a partir de determinada concepción acerca de lo que se considera
verdadero. Se controla, así, no el diseño del proyecto de vida en sus aspectos
particulares, sino que se impide seleccionar la concepción de lo verdadero que
cada persona considera razonable” (iv) Esa pluralidad de concepciones de
mundo encuentra una frontera en el sistema de valores en torno al cual está
organizado el sistema social. La Corte Constitucional los mencionó de manera
expresa en la sentencia  T-1083 de 2002: “[no es posible admitir] el
ejercicio de los derechos constitucionales que conduzca a amenazar la paz de
manera cierta y real o que sea contrario a lo dispuesto en la Carta de las
Naciones Unidas o cualquier conducta o expresión con la virtud directa de reducir los espacios de
pluralismo dentro de la sociedad”. (v) En la sentencia mencionada, la Corte
Constitucional colombiana enfatiza el carácter de necesidad que debe ostentar
toda restricción a la libertad de expresión –ya sea en su aspecto de libertad
de información o en su aspecto de libertad de opinión–. Para aclarar los
alcances del término necesidad la Corte colombiana hace mención a una sentencia
de la Corte Europea de Derechos Humanos: “Es importante destacar que la Corte Europea de
Derechos Humanos al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea,
concluyó que ‘necesarias’, sin ser sinónimo de ‘indispensables’, implica la
existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción
sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u
‘oportuna’. (Eur. Court
H. R., The Sunday Times case, judgment of 26 April 1979, Series A no. 30, párr.
no. 59, págs. 35-36 ). Esta
conclusión, que es igualmente aplicable a la Convención Americana, sugiere que
la ‘necesidad’ y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de
expresión fundadas sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a
satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar
ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido.
Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley
cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la
Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que,
por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del pleno
goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo
estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la
restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse
estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. ( The Sunday Times case, supra, párr. no.
62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment of 25 March 1985,
Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26)”
[71]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998. En esta sentencia se
abordó el tema de los límites de la libertad de prensa y se trató el conflicto
entre la libertad de prensa y las limitaciones de divulgar información
reservada.
[72]
Cfr. Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Buenos Aires, Planeta, 2000.
[73] Corte Constitucional. Sentencia SU-1723 de 2000. En
dicha sentencia se explicó que la libertad de expresión o el derecho a la
información pueden entrar en colisión con los derechos a la intimidad y el buen
nombre; y que cuando tal afectación es inevitable, es procedente efectuar un
juicio de ponderación entre los derechos afectados, con base en el principio de
armonización concreta: “No es extraño que en el ejercicio mismo de la
libertad de expresión o del derecho a la información surja colisión con los
derechos a la intimidad y al buen nombre de quien se emite una opinión o se
presenta una noticia, y se afecte la barrera que impone la autonomía individual
(…) Para el caso que ahora ocupa la atención, la Corte señaló en la sentencia
T-403/92, que ante la colisión de derechos fundamentales como la libertad de
expresión y el derecho a la intimidad, respecto de los cuales la Constitución
no establece ningún orden jerárquico que sirva de directriz para resolver tales
conflictos, “al juez le corresponde hacer una cuidadosa ponderación de los
intereses en juegos teniendo en cuenta las circunstancias concretas (...)
Enfrentados los derechos o libertades en conflicto cabe establecer la función
que cumplen dentro del ordenamiento jurídico democrático, participativo y
pluralista”, pero teniendo en cuenta siempre el principio de concordancia
práctica y armonización concreta orientado a la coexistencia entre derechos”.
En la sentencia C-033 de 1993 se señaló que es posible armonizar la protección
de la libertad de información, con la consiguiente prohibición de la censura, y
la preservación del valor del orden público, siempre y cuando se respete el
núcleo esencial de aquella: “el núcleo esencial del derecho a la información
protege el derecho de las personas a informar y ser informadas aún en estados
de excepción, con algunas limitaciones razonables que moldean el derecho o lo
restringen parcialmente pero no lo niegan ni lo desnaturalizan.  // En este
sentido, al estudiar el Decreto 1812 de 1992 se observa que la prohibición de
difundir comunicados pero preservando el derecho de informar al respecto (art.
1°); la prohibición de identificar testigos para proteger sus vidas pero
manteniendo el derecho de informar sobre los actos presenciados  por el testigo
(art. 2°); y la prohibición de transmitir "en directo" hechos que vulneran
el orden público pero conservando el derecho de transmitirlo inmediatamente
cese el hecho desestabilizador (art. 4°), constituyen tres ejemplos de clara
limitación razonable del derecho de información sin que se menoscabe en ningún
momento el núcleo esencial de este derecho”.
[74]
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
[75]
Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2009.
[76]
Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 1995.
[77] Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001.
[78] Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995.
[79]
Corte Constitucional. Sentencia C-063 de 1994
[80]
Ver Corte Constitucional. Sentencias T-1319 de 2001 y C-489 de 2002, entre
otras.
[81] De esta forma, por ejemplo, en la sentencia T-1319 de
2001 la Corte consideró que las expresiones dirigidas a cuestionar la aptitud
de un director técnico de un equipo deportivo no vulneraban en el caso concreto
ese derecho constitucional, con ocasión del ámbito relacional en el que el
accionante desarrollaba su trabajo, dado que no podía sostenerse: “que
existiera un atentado contra el buen nombre del demandante, si dicha
calificación es producto de la manera como la sociedad –de la cual hace parte
el demandado-, aprecia su ejercicio profesional como director técnico del
equipo que dirigía. Tampoco se aprecia violación de la honra del demandante,
pues las imputaciones –ineptitud, incompetencia, etc.- no aluden a la
personalidad del demandante, sino al ejercicio de su profesión de director
técnico. Es decir, no implican una minusvalía [del actor] como persona anónima,
sino del personaje público (…), director técnico del equipo de fútbol”.
[82] Corte Constitucional. Sentencia T-80 de 1993.
[83]
Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995; T-293 de 1994.
[84]
Corte Constitucional. Sentencia T-512 de 1992.
[85]
Corte Constitucional. Sentencia T-219 de 2009.
[86]
Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 1998.
[87]
Corte Constitucional. Sentencia SU-1723 de 2000.
[88]
Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007.
[89] Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995.
[90] Corte Constitucional Sentencia T-074 de 1995. Ver
también las sentencias T-472 de 1996; T-479 de 1993; T-066 de 1998; T-626 de
2007.
[91] Adicionalmente el Código Deontológico Europeo de la
Profesión Periodística prescribe que “A petición de las personas afectadas,
se rectificará por los medios de comunicación, con el tratamiento informativo
adecuado de manera automática y rápida, las informaciones y las opiniones que
sean falsas o erróneas. La legislación nacional deberá prever sanciones
adecuadas y si es necesario indemnizaciones por los daños”. Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, “Código Deontológico Europeo de la
Profesión Periodística” Resolución aprobada por unanimidad en Estrasburgo, 1
de Julio de 1993.
[92] Corte Constitucional. Sentencia. T-074 de 1995.
[93] Ibíd.
[94] Corte Constitucional. Sentencia T-274 de 1993. Allí
dijo la Corte que “la rectificación, en rigor, implica el reconocimiento
público del error”. Ver, además, la sentencia T-332 del 12 de 1994.
[95] Sobre la rectificación en condiciones de equidad se
pueden consultar las sentencias T-332 de1993; T-603 de 1992; T-274 de 1993; T-
332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de 1993; T-259 de 1994; T-381 de 1994; T-074
de 1995; T-472 de 1996; T-066 de 1998; T- 1198 de 2004; T-626 de 2007; T-787 de 2004.
[96] Corte
Constitucional. Sentencia T-684 de 2004. “La rectificación en sí, no
contiene formulas sacramentales, pues la forma como ésta debe realizarse
depende de cada caso concreto. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha
indicado que ésta debe hacerse con igual despliegue e importancia y por el
mismo conducto utilizado inicialmente”.
[97] En aquella ocasión le correspondió a la Corte
Constitucional pronunciarse respecto de la acción de tutela elevada por Carlos
Alfonso Potes Victoria contra la Compañía de Medios de Información
Ltda., CMI Televisión, el noticiero CM& y sus representantes legales al
considerar que dicha entidad había desconocido sus derechos constitucionales
fundamentales a la integridad personal (Art. 11); a la igualdad (Art. 13 C.
P.); a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre (Art. 15 C. P.); a
la honra (Art. 21 C. P.); y a informar y recibir información veraz e imparcial
(Art. 20 C. P.). El accionante apoyó su solicitud en los siguientes hechos: “1-
[E]l 15 de agosto de 2006, el noticiero CM&, que se trasmite por el canal
Uno de televisión en la sección “uno, dos, tres” presentada por la periodista
Claudia Hoyos, bajo el título ‘Nuevos datos sobre el escándalo de las Empresas
Públicas de Cali, trasmitió la siguiente información: ‘Nuevos datos sobre las
empresas públicas de Cali. Como si las cosas que se saben de la escabrosa
historia de la estafa de las empresas públicas de Cali, no fueran
suficientemente inmorales el mismo abogado denunciante Jaime Lombana, anuncia
que mañana agregará a su denuncia detalles más escabrosos. Lombana dijo a un
agente 001 que mañana anexará nuevas pruebas al expediente. Demostrará con
ellas que funcionarios, familiares y esposas de familiares del flamante
interventor de las empresas públicas, Carlos Alfonso Potes, hoy trabajan en
Swedtel y Osen Systems, las dos empresas que se ganaron el contratito de 25
millones de dólares adjudicado a dedo por el mismo señor Potes. // El contrato
por 25 millones de dólares lo adjudica el señor Potes a dedo, sin licitación, a
una fundación sin ánimo de lucro. La fundación sin ánimo de lucro contrata con
la empresa Swedtel y ésta con Open System, por 18 millones de dólares. Así, 7
millones de dólares se quedan en la fundación sin ánimo de lucro. Y antiguos
funcionarios, esposas de funcionarios, subordinados de EMCALI del mismo señor
Potes quien adjudicó el contrato, son hoy trabajadores de las empresas
subcontratadas por la fundación sin ánimo de lucro // Señala que el 24 de
agosto de 2006, solicitó al director del noticiero señor José Yamit Ahmad Ruíz
que rectificara las aseveraciones que considera inexactas, ‘con la misma
difusión que tuvo la información mendaz’ difundida en la emisión del 15 de
agosto de 2006. Transcribe su solicitud de rectificación en la cual manifiesta
que invocando la ley de prensa solicita rectificar las aseveraciones inexactas
y lesivas de su honra y buen nombre”. La Corte Constitucional llega a la
conclusión de que en el asunto puesto bajo su consideración, “la manera como fue presentada tanto la información
inicial, como la originada en la solicitud de rectificación, contiene elementos
que desconocen los principios de veracidad y de imparcialidad que deben
caracterizar el ejercicio del derecho a información amparado por el artículo 20
superior. // En primer lugar, la evidente mezcla en la presentación de la
noticia de hechos y opiniones o juicios de valor del editor o de quien presenta
la noticia, condujo a una distorsión de la información que se tradujo en su
inexactitud (…) En segundo lugar, tratándose de hechos que han sido sometidos a
investigación por parte de los entes de control y de los que se derivan
imputaciones de conductas punibles, la Corte ha llamado la atención sobre el
especial cuidado que se debe observar en el tratamiento de esta información. El
noticiero estaba en su derecho y aún en su deber de informar sobre los hechos
objeto de investigación, pero debió limitarse a hacer la exposición objetiva y
escueta de los mismos absteniéndose de emitir una calificación jurídica que no
se ha producido, derivada de una inferencia periodística”. Por lo anterior, resuelve conceder el amparo tutelar
y ordena rectificar de conformidad en los criterios establecidos en es
providencia.
[98]
Sentencia T-066 de 1998.
[99]
Sentencia T-074 de 1995.
[100]
Sentencias T- 050 de 1993; SU- 056 de 1995 y T-437 de 2004.
[101]
Sentencias T- 050 de 1993; SU- 056 de 1995 y T-437 de 2004.
[102]
Esta diferenciación se deriva de la consideración de la libertad de información
y la libertad de opinión como distintas dimensiones de la libertad de expresión
a las que se les asignan diferentes alcances. Mientras que la libertad de
opinión no tiene prima facie restricciones, la libertad de información
admite algunas restricciones derivadas de las exigencias de veracidad e
imparcialidad. (T- 048 de 1993).
[103]
Corte Constitucional. Sentencia SU 1721 de 2000. En esta sentencia se decidió
la tutela interpuesta contra un columnista que se refirió de manera crítica a
la gestión adelantada por un funcionario de una entidad estatal, quien
consideró que con ocasión de la publicación se le vulneraron sus derechos
fundamentales a la honra y el buen nombre. El funcionario concernido solicitó
la rectificación mediante una carta que envió al medio, cuyo texto fue
publicado con la correspondiente réplica del columnista. El funcionario
concernido consideró que tal proceder no permitió aclarar completamente el
contenido de la publicación. La Corte confirmó la decisión de segunda instancia
que concedió parcialmente la tutela al constatar que algunos de los hechos en
los cuales el periodista fundó sus opiniones no eran ciertos.
[104]
Esta subregla fue aplicada en la sentencia T-1198 de 2004.
[105]
Adjunto al expediente en disco compacto obrante a folio 37 del Cuaderno
Principal.
[106]
Adjunto al expediente en DVD obrante a folio 109 del Cuaderno Principal.
[107]
Archivo de video digital  21012009050, 2’20” de la grabación, disco compacto
obrante a folio 37 del Cuaderno Principal.
[108]
Se puede apreciar lo anterior en los segundos finales del archivo 21012009050,
y los iniciales del  archivo 21012009051, en disco compacto obrante a folio 37
del Cuaderno Principal.
[109]
Archivo de video digital  21012009051, 0’06” de la grabación, disco compacto
obrante a folio 37 del Cuaderno Principal.
[110]
El accionante afirma: “yo me hago cargo de eso pero no me vaya a llamar a
los 8 días. El proceso es viejísimo… Y eso me toca mirar como cincuenta de
estos [y muestra un cuaderno radicador], pa ver, pa ubicar en qué etapa
está, en qué archivo está… Entonces me deja el teléfono y yo llamo tan pronto
ubique el proceso… Pero no crea que eso va a ser cuestión de 3 días, 4 días, 8
días… Por ser un proceso viejo, se demora más”. Archivo de video digital,
0’44”, en DVD obrante a folio 109 del Cuaderno Principal.
[111]
Archivo de video digital  21012009051, disco compacto obrante a folio 37 del
Cuaderno Principal.
[112]
Archivo de video digital, 1’17” de la grabación, DVD obrante a folio 109 del
Cuaderno Principal.
[113]
Folios 24-26, Cuaderno Principal.
[114]
El accionante afirma: “yo me hago cargo de eso pero no me vaya a llamar a
los 8 días. El proceso es viejísimo… Y eso me toca mirar como cincuenta de
estos [y muestra un cuaderno radicador], pa ver, pa ubicar en qué etapa
está, en qué archivo está… Entonces me deja el teléfono y yo llamo tan pronto
ubique el proceso… Pero no crea que eso va a ser cuestión de 3 días, 4 días, 8
días… Por ser un proceso viejo, se demora más”. Archivo de video digital,
0’44”, en DVD obrante a folio 109 del Cuaderno Principal.
[115]
Folios 24 – 26, Cuaderno Principal.
[116]
Folio 30, Cuaderno Principal.
[117]
Adjuntos al expediente en disco compacto obrante a folio 37 del Cuaderno
Principal.
[118]
Archivo de video digital  21012009051, disco compacto obrante a folio 37 del
Cuaderno Principal.
[119]
Expediente, cuaderno principal, folio 49 (Negrilla y Subrayado fuera del texto
original).
[120]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49(Negrilla en el texto original)..
[121]
Folio 31, Cuaderno Principal (subrayas fuera del texto
original)..
[122]
Folio 32, Cuaderno Principal (subrayas fuera del texto
original)..
[123] Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[124] Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[125]
Sentencia T-218 de 2009.
[126]
Sentencia T-080 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[127]
Sentencia T-066 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[128]
Sentencia T-218 de 2009.
[129]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49(Negrilla en el texto original)..
[130]
En: www.rae.es .
[131]
Folio 49, Cuaderno Principal.
[132]
En: www.rae.es .
[133]
Ibíd.
[134]
Folio 32, Cuaderno Principal (subrayas fuera del texto
original)..
[135]
Cfr. Ibis.
[136]
Sentencia T-1202 de 2000.
[137]
Expediente, cuaderno principal, a folio 45. (Texto en mayúsculas en el
original).
[138]
Expediente, cuaderno principal, a folio 49.
[139]
Sentencia T-775 de 2005.
[140]
Ibíd..
[141]
Ibíd..
[142]
Ibíd..
[143]
En la sentencia T-775 de 2005 se indicó que: Cabe concluir que el
principio de veracidad que orienta la libertad de informar no ha sido
desconocido por el periodista demandado. En efecto, el contaba con suficiente
material probatorio que le permitía a partir de hechos ciertos y reales
plantear su opinión razonable en relación con asuntos que importaban a toda la
comunidad, a fin de que sus lectores pudieran formarse libremente una opinión
sobre los sucesos electorales que no les eran ajenos, mucho más, si se tiene en
cuenta que se trataba de un asunto que había trascendido al campo penal y de
denuncia pública por parte de varios parlamentarios”. Esta consideración
también es aplicable al caso que se analiza en la presente providencia.
[144]
Sentencia T-213 de 2004.
[145] “EN NUESTRO
CAZANOTICIAS DEL PASADO 22 DE ABRIL, PUBLICAMOS UNA DENUNCIA DE UN CIUDADANO
QUE SOSTENÍA QUE DIO DINERO A UNA PERSONA DE UN DESPACHO JUDICIAL PARA AGILIZAR
EL DESARCHIVO DE UN PROCESO… EL CAZANOTICIAS RECTIFICA ESTA INFORMACIÓN PORQUE
NO TIENE EVIDENCIA DE QUE ESTA IMAGEN CORRESPONDA A UNA EXIGENCIA INDEBIDA DE
DINERO POR PARTE DE LA PERSONA QUE APARECE RECIBIENDO EL BILLETE… LOS
DENUNCIANTES SE NEGARON A RATIFICAR SU DENUNCIA FORMALMENTE ANTE LAS
AUTORIDADES JUDICIALES”.
[146]
Expediente, cuaderno principal a folios 24-25.
[147]
Folio 49, Cuaderno Principal.