T-639-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-639/11
(26 agosto)
DERECHO AL DIAGNOSTICO-Reiteración de jurisprudencia sobre el carácter de
fundamental/DERECHO AL DIAGNOSTICO-Aspectos que contiene
En
múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha señalado que el derecho a la
salud no sólo incluye la potestad de solicitar atención médica, es decir,
tratamientos, procedimientos quirúrgicos o terapéuticos, medicamentos o
implementos correspondientes al cuadro clínico, sino, también el derecho a un
diagnóstico efectivo. La Corte ha determinado que el derecho al diagnóstico
está compuesto por tres preceptos: “(i) la práctica de las pruebas, exámenes y
estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente,
(ii) la calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la
autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y
(iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento,
medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a la luz de
las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia
médica y los recursos disponibles.
DERECHO AL DIAGNOSTICO-Orden a COSMITET Ltda. para realizar mediante grupo
multidisciplinario valoración odontológica y tratamientos adecuados y
pertinentes para solucionar problemas de salud oral de la accionante
Referencia:
expediente T-3.055.878
Fallo de tutela objeto
revisión: Sentencia de 4 de abril de 2011 del Juzgado Civil del Circuito
de Roldanillo (Valle del Cauca), la cual revoca la sentencia del 14 de marzo
de 2011 del Juzgado Civil Municipal de Roldanillo (Valle del Cauca).
Accionante:
María de los Ángeles Padilla.
Accionado:
Corporación de Servicios Médicos Internacionales THEM & Cia. - COSMITET
LTDA.
Demanda del accionante
–elementos-:
Derechos
fundamentales invocados: Salud.
Conducta
que causa la vulneración: Negación del tratamiento de injerto óseo
preprotésico y rehabilitación dental, al ser un tratamiento excluido del Plan
de Atención en Salud del Magisterio.
Pretensión:
Se le ordene a COSMITET realizarle el tratamiento de injerto óseo
preprotésico y rehabilitación dental ordenado por un médico no adscrito a la
entidad accionada.
Magistrados
de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio
González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado
Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO
I.
ANTECEDENTE
1.
Demanda de tutela[1]
1.1.
Fundamentos de la pretensión
i.)
La señora María de los Ángeles Padilla se encuentra vinculada al régimen
de seguridad social en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(en adelante FNPSM) en calidad de beneficiaria de su cónyuge, Fabián Posso
Wilches, quien labora como docente y está afiliado al mismo Fondo en calidad de
cotizante.
ii.)
En razón a su vinculación al FNPSM, la señora Padilla se encuentra
afiliada a la IPS COSMITET Ltda., siendo esta la entidad encargada de prestar
los servicios médico-asistenciales a los afiliados al FNPSM.
iii.)
Manifiesta la accionante que a principios del año 2011 empezó a
presentar “intensos dolores e inflamación” en el lado izquierdo de su
cara, razón que la llevó a utilizar los servicios médicos de urgencias del
Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo. Allí fue atendida por el
médico de turno y, tras haberle examinado y formulado antibióticos,
anti-inflamatorios  y pastillas para el dolor, la remitió al médico
maxilofacial. La remisión con el especialista debía ser autorizada por COSMITET
y al solicitar dicha autorización en las oficinas de la entidad, le fue
informado que primero debía ser revisada por la odontóloga general para que
ésta emitiera un diagnóstico.
iv.)
Afirma la accionante que fue atendida el 4 de enero de 2011 por la
odontóloga general de COSMITET, la doctora Sandra Chávez, quien le formuló unos
medicamentos; y posteriormente, dado que el dolor no cesaba, tuvo que regresar
al consultorio de la Dra. Chávez el 7 de enero del mismo año.
v.)
El 11 de enero de 2011, la accionante acudió de manera particular al
consultorio de la Dra. Bertha Lucy Clavijo Alfonso, y ésta le ordenó un “injerto
de bloque óseo y rehabilitación dental”[2].
vi.)
El 12 de enero la accionante presentó una solicitud dirigida a COSMITET
Ltda., pidiendo el diligenciamiento de un formato de negación de servicios de
salud[3].
vii.)
El 13 de enero, la entidad accionada expidió el formato de negación
de servicios de salud y/o medicamentos, en el cual se niega el tratamiento de injerto
óseo preprotésico y rehabilitación dental debido a que el mismo está excluido
del Plan de Atención en Salud del Magisterio[4].
viii.)
La accionante, acudió al amparo constitucional al considerar que la
entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la
vida, a la salud y a la integridad personal, al negarle el tratamiento de “injerto
óseo preprotésico y rehabilitación dental” ordenado de manera particular.
ix.)
En su escrito la peticionaria solicitó ordenar a la entidad
accionada realizarle el tratamiento integral por la enfermedad que padece
puesto que no puede “morder los alimentos por el dolor tan fuerte que [le]
ocasiona el hecho de masticar, [ha] perdido mucho peso y solo [puede] tomar
alimentos líquidos o en puré, como tampoco [puede] estornudar” (corchetes
fuera del texto); y afirma no contar con los recursos económicos para costear
el tratamiento por sí misma.
2.
Actuación surtida en primera instancia
Mediante auto del 1 de marzo
de 2011, el Juez Civil Municipal de Roldanillo resolvió: i) oficiar al
representante legal de COSMITET Ltda., para que remitiera la historia clínica
de la accionante; ii) oficiar al médico tratante Dra. Sandra Chávez para que
rindiera un informe sobre el procedimiento ordenado a la señora Padilla; iii)
vincular a la Fiduciaria La Previsora para que se pronunciara respecto del
contrato celebrado con COSMITET Ltda.; y iv) “Recepcionar el testimonio de
la señora MARIA DE LOS ÁNGELES PADILLA”[5](sic).
Al momento de dictar el fallo
de primera instancia, solo se había recibido la respuesta de la Fiduciaria La
Previsora S.A., y la declaración de la peticionaria.
2.1.
Respuesta de la Fiduciaria La Previsora S.A.[6]
Al respecto, la entidad
respondió que el FNPSM fue creado por la Ley 91 de 1989 como una “cuenta
especial de la Nación con independencia patrimonial, contable y estadística,
sin personería jurídica, cuyos recursos deben ser manejados por una entidad Fiduciaria
estatal o de economía mixta” y que en virtud de lo anterior la
Nación-Ministerio de Educación Nacional y la Fiduciaria La Previsora S.A.,
celebraron un contrato de fiducia mercantil en el cual se autoriza a la Fiduciaria
la administración de los recursos del FNPSM. Una de las obligaciones del mencionado
contrato de fiducia es la de “contratar con las entidades que señale el
Consejo Directivo, de acuerdo con las instrucciones que este mismo le imparta,
los servicios médico-asistenciales del personal docente afiliado al Fondo.”
En consecuencia, para la prestación de los servicios de salud del Magisterio del
departamento del Valle se suscribió contrato con COSMITET Ltda.
Por tal razón, la entidad Fiduciaria
no presta servicios médicos a los docentes, “solo procede a cancelar en
virtud del encargo fiduciario, los valores de la prestación de servicios a los
contratistas médicos que prestan los servicios a los educadores sometidos al
régimen de la Ley 91 de 1989 de conformidad con el precio consignado en los
contratos y son éstos, los entes médicos, quienes entran a determinar las
exclusiones, tratamientos, cirugías.”
Por último, afirma que “según
los términos del Art. 279 de la Ley 100 de 1993, ‘El Sistema Integral de
Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio’” y que quien debe
prestar los servicios médicos, bajo este régimen, es el contratista COSMITET.
En consecuencia, solicita se declare improcedente la acción de tutela debido a
que la entidad Fiduciaria no ha vulnerado los derechos fundamentales de la
actora.
2.2.
Declaración de la accionante[7]
En la declaración rendida ante
el juez de primera instancia, la accionante manifestó que tiene 39 años, tiene
una hija de 18 y un hijo de 13 años, actualmente se encuentra desempleada y
depende económicamente de su cónyuge quien es docente y tiene un salario de
$1.120.000 pesos. Afirmó la actora, que sus egresos por concepto de arriendo,
pago de universidad de su hija, servicios públicos, transporte y mercado son
aproximadamente de $1.100.000 pesos.
Respecto del tratamiento
realizado por la odontóloga de COSMITET, afirmó que asistió en tres
oportunidades al consultorio de la Dra. Chávez en las cuales le recetaron
anti-inflamatorios, antibióticos y en una oportunidad le extrajo un diente. Relató
que “a los cinco días regresé a Cosmitec, la doctora Chávez, me atendió y me
formuló una radiografía, quien me dijo que no sabía mas que hacer porque al
haber extraído el diente anteriormente se suponía que esa era la solución”(sic).
Comentó en su declaración, que a la fecha tiene problemas para masticar y que
el dolor persiste y se le extiende “hacia el lado izquierdo hasta el oído y
parte del cuello”.
3.
Decisión de tutela objeto
de revisión:
3.1.
Primera instancia[8]: Sentencia del 14
de marzo de 2011 del Juzgado Civil Municipal de Roldanillo (Valle de Cauca).
El juez de primera instancia concedió
el amparo constitucional al considerar que la entidad accionada vulneró los
derechos fundamentales de la peticionaria al negarle el tratamiento solicitado
por estar excluido del plan de salud, pues si bien es verdad que el diagnóstico
fue dado por un médico particular, COSMITET convalidó el mismo al expedir el
formato de negación de servicios. De igual forma, la entidad no desvirtuó la
necesidad del tratamiento ordenado ni demostró que existiera dentro del marco
de prestación de servicios de COSMITET Ltda., otro servicio o tratamiento
semejante al prescrito.
3.2.
Segunda instancia[9]: Sentencia del 4
de abril de 2011 del Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo (Valle de Cauca).
El juez de segunda instancia,
revocó el fallo del a quo argumentando que el servicio denegado por la
entidad accionada no fue ordenado por un médico tratante adscrito a la misma y,
contrariamente a lo expuesto por el juez de primera instancia, la expedición
del formato de negación del tratamiento no es una convalidación del mismo. En
concordancia con lo anterior, afirmó que “la tutela resulta improcedente,
cuando a través (sic) de su ejercicio se pretende obtener la prestación
de un servicio de salud, sin que exista orden del médico tratante”.
Igualmente, expuso que esto no
significa que se desconozcan los problemas de salud de la accionante razón por
la cual exhortó a la accionada a que si llega a ser valorada por su médico
tratante y este le prescribe los tratamientos solicitados “una vez efectuado
el correspondiente requerimiento, procedan, sin dilación alguna, a
suministrárselos, siempre que se encuentren incluidos en el Plan de Beneficios
o que resulten indispensables para evitar que se quebrante aún más su derecho
fundamental a la salud”[10].
3.2.1.  Actuación
en segunda instancia
En segunda instancia, el juez
consideró pertinente oficiar nuevamente a la odontóloga de COSMITET Ltda., la
Dra. Chávez, como médico tratante de la accionante para que rindiera un informe
respecto del diagnóstico, tratamiento y procedimiento realizado a la misma[11].
Dado que la respuesta al anterior oficio fue allegado de manera extemporánea[12]
al proceso, esta no será tenida en cuenta en el presente análisis.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala es competente para revisar
la providencia de tutela antes reseñada, con base en la Constitución Política,
artículos 86 y 241 numeral 9; en el Decreto 2591 de 1991, artículos 33 a 36; y en el auto del veinte (20) de mayo de dos mil once (2011) de la Sala de Selección de Tutelas
número cinco (5) de la Corte Constitucional.
2.
Problema jurídico
De los antecedentes y pruebas obrantes en el
expediente, la Sala de Revisión pasará a examinar si ¿una entidad que presta el
servicio de salud a los beneficiarios del régimen especial de salud del Magisterio,
vulnera el derecho fundamental a la salud de un paciente al negarle un
tratamiento ordenado por un médico particular alegando que el mismo está
excluido del plan de salud?
2.1.
Para resolver el problema jurídico existente en el caso, la Sala de
Revisión de esta Corporación se referirá a: i) El derecho al diagnóstico como
componente del derecho fundamental a la salud. Reiteración de jurisprudencia;
ii) para posteriormente entrar a resolver el caso en concreto.
2.2.
El derecho al diagnóstico como componente del derecho fundamental
a la salud. Reiteración de jurisprudencia
En
múltiples pronunciamientos, esta Corporación ha señalado que el derecho a la
salud no sólo incluye la potestad de solicitar atención médica, es decir,
tratamientos, procedimientos quirúrgicos o terapéuticos, medicamentos o
implementos correspondientes al cuadro clínico, sino, también el derecho a un
diagnóstico efectivo[13].
El
derecho al diagnóstico[14], ha sido definido por la
jurisprudencia constitucional como “la seguridad de que, si los facultativos
así lo requieren, con el objeto de precisar la situación actual del paciente en
un momento determinado, con miras a establecer, por consecuencia, la
terapéutica indicada y controlar así oportuna y eficientemente los males que lo
aquejan o que lo pueden afectar, le serán practicados con la prontitud
necesaria y de manera completa los exámenes y pruebas que los médicos ordenen”[15].
Adicionalmente,
esta Corporación ha señalado que el derecho al diagnóstico “confiere al
paciente la prerrogativa de exigir de las entidades prestadoras de salud la
realización de los procedimientos que resulten precisos con el objetivo de
establecer la naturaleza de su dolencia para que, de esa manera, el médico
cuente con un panorama de plena certeza sobre la patología y determine ‘las
prescripciones más adecuadas’ que permitan conseguir la recuperación de la
salud, o en aquellos eventos en que dicho resultado no sea posible debido a la
gravedad de la dolencia, asegurar la estabilidad del estado de salud del
afectado”[16]
En
esta línea, la Corte ha determinado que el derecho al diagnóstico está
compuesto por tres preceptos: “(i) la práctica de las pruebas, exámenes y
estudios médicos ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente,
(ii) la calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la
autoridad médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y
(iii) la prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento,
medicamento o implemento que se considere pertinente y adecuado, a la luz de
las condiciones biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia
médica y los recursos disponibles.”[17]
Sobre
este punto, es preciso tener en cuenta que el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, cuyo criterio es relevante a la hora de determinar el
alcance de los derechos sociales[18], en su Observación
General No. 14[19] interpretando el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales, estableció como “elementos esenciales e interrelacionados”
del derecho a la salud, (i) la disponibilidad, (ii) accesibilidad, (iii)
aceptabilidad y (iv) calidad.
En
este orden de ideas, la Corte ha determinado que:
“Forma
parte del principio de calidad en la prestación del servicio de salud la
exigencia de especificar desde el punto de vista médico, la condición de salud
de los afiliados al sistema. Así, existe en estricto sentido, un derecho al
diagnóstico, cuyo contenido normativo se refiere a que las empresas prestadoras
del servicio están obligadas a determinar la condición médica de sus usuarios. […]
Forma parte de los deberes de quienes prestan el servicio, emitir estas
calificaciones, sin las cuales no podría existir prescripción médica alguna que
soportara la necesidad de una prestación (medicamento o tratamiento). El
servicio de salud no podría prestarse de manera satisfactoria, atendiendo el
principio de calidad, si no existiera la obligación de emitir un diagnóstico
médico del estado de salud de los afiliados”[20] (énfasis fuera del texto).
A manera de conclusión, la
entidad encargada de la prestación del servicio de salud, independientemente
del régimen de salud del cual forme parte, debe velar por brindar una atención
integral y de calidad a todos sus afiliados. Por consiguiente, dicha entidad, ante
la disfuncionalidad de algún órgano o sistema del cuerpo humano de alguno de
sus usuarios, tiene la obligación de emitir un diagnóstico y de suministrar los
tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes,
seguimiento y demás requerimientos que un médico tratante considere necesarios
para atender el estado de salud de ese determinado usuario.
2.3.
Caso Concreto
En el presente caso, la señora
María de los Ángeles Padilla considera que la IPS COSMITET Ltda., vulneró su
derecho fundamental a la salud al haberle negado un tratamiento ordenado por un
médico particular debido a que el mismo se encuentra excluido del Plan de
Atención en Salud de los docentes afiliados al FNPSM.
Como se pudo conocer del
recuento de los hechos y del material probatorio que reposa en el expediente,
la señora Padilla acudió en los primeros días del mes de enero de 2011, por
urgencias, al Hospital San Antonio de Roldanillo y que ahí fue atendida por el
médico de turno. Este la remitió al cirujano maxilofacial, pero dicha remisión
debía contar primero con la autorización de COSMITET, y al solicitarla en la
entidad le comentaron que tenía que acudir primero a la odontóloga general.
En varias oportunidades, la
señora Padilla asistió al consultorio de la odontóloga Sandra Chávez de COSMITET
quien, pese haberla tratado con antiinflamatorios, antibióticos y le extrajo un
diente, no logró encontrar la causa del problema odontológico y de dolor de la
peticionaria, ni logró brindarle una solución definitiva al mismo.
Viendo que la odontóloga de
COSMITET no la remitía a  un especialista y que tampoco lograba hallar la causa
de su afección oral, la accionante buscó atención odontológica particular en el
consultorio de la Dra. Bertha Lucy Clavijo. Esta le prescribió un tratamiento
consistente en un “injerto óseo preprotésico y rehabilitación dental”[21]
al considerar que la paciente lo requiere “para su funcionamiento oral
adecuado”[22]. Posteriormente,
la accionante procedió a presentar la orden médica de la odontóloga particular ante
COSMITET, la cual fue negada por la entidad alegando que el tratamiento se
encuentra excluido del Plan de Atención en Salud de los docentes del Magisterio.
De conformidad con lo
anteriormente expuesto, la Sala entra a hacer las siguientes observaciones
frente al caso:
Revisados los hechos del caso
y analizado el material probatorio obrante en el expediente, en el presente
caso, no se advierte que hubiera habido una valoración diligente por parte de
la entidad accionada de la afección dental que llevó a la accionante a
solicitar atención médica, ni que se haya determinado un tratamiento especifico
para conjurar la dolencia física de la paciente. Si bien es cierto que la
señora Padilla fue atendida por la odontóloga de COSMITET y que esta le formuló
unos medicamentos, también lo es que dicha atención se limitó exclusivamente a
mitigar las consecuencias de un problema funcional que hasta la fecha no ha
sido diagnosticado.
Esta Sala no podría arribar a una
conclusión diferente, teniendo en cuenta que: i) la entidad accionada no
contestó la acción de tutela, pese a que fue notificada del trámite de la misma
de manera oportuna[23]; ii) que en la
impugnación, la entidad accionada no hace referencia a un diagnóstico, ni a la
realización de tratamiento alguno por la odontóloga tratante; iii) que no se allegó
la Historia Clínica de la señora Padilla, a pesar de que fue solicitado tanto
por la peticionaria[24] como por el juez de
primera instancia[25]; iv) y que la única
evidencia de la prestación del servicio médico por parte de la entidad son dos
fórmulas en las cuales se prescribe un antiinflamatorio[26],
un antibiótico[27] y un antiácido[28].
Así las cosas, siendo evidente
que: (i) la accionante efectivamente cuenta con un problema oral el cual –de acuerdo
con lo expuesto en el escrito de tutela y en la declaración juramentada de la
peticionaria- le genera dolor y problemas para masticar; y que (ii) la
odontóloga de la entidad no determinó la causa de su afección oral, ni la
remitió a un especialista para que evaluara su condición sino se limitó a
tratar la inflamación y el dolor de la peticionaria, para la Sala, es claro que
lo reclamado por la actora era cuando menos una valoración minuciosa de su
problema de salud –respetando los elementos esenciales del derecho al
diagnóstico[29]- que le permitiera tener
un criterio médico específico respecto de su condición de salud oral. Sin
embargo, dicha valoración brilla por su ausencia.
Ahora bien, esta Corte no
desconoce el hecho que dentro del Plan de Atención en Salud del Magisterio existen
unas exclusiones, dentro de las cuales se enmarca el tratamiento ordenado por
la odontóloga particular en el caso de marras. Sin embargo, es pertinente
resaltar que la prestación del servicio de salud por parte de las entidades que
conforman el régimen de salud de los afiliados al FNPSM –así sea un régimen
exceptuado del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de
1993-, debe darse respetando y acatando de manera íntegra los principios
consagrados en la Constitución Política, el Bloque de Constitucionalidad[30]
y la jurisprudencia constitucional respecto del derecho fundamental a la salud[31].
Por lo tanto, si bien es cierto
que el tratamiento ordenado de manera particular a la peticionaria se encuentra
excluido del Plan de Atención en Salud del Magisterio, lo anterior no eximía de
manera alguna a la entidad de prestar el servicio atendiendo los principios de
integralidad y calidad, inherentes al derecho a la salud y ampliamente
desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte.
Por otro lado, en lo que
respecta al tratamiento ordenado por la odontóloga particular, es pertinente
traer a colación lo expuesto por esta Corporación en la sentencia T-760 de
2008, respecto del concepto de un galeno no adscrito a la entidad promotora de salud,
en la cual se estableció que:
“Toda
persona tiene derecho a que su EPS valore científica y técnicamente el concepto
de un médico reconocido y vinculado al Sistema de Salud que considera que la
persona requiere un servicio de salud. Este médico es el médico adscrito a la
EPS y a él debe acudir el interesado. No obstante, en el evento excepcional de
que el interesado acuda a un médico externo – no adscrito a la red de
prestadores de la correspondiente EPS– la EPS tiene una carga de valoración del
concepto de dicho médico. El concepto del médico externo no podrá ser
automáticamente descartado por la EPS, sino que es necesario una  valoración de
su idoneidad por parte de un médico adscrito a la EPS (de manera directa o
mediante remisión del interesado) o del Comité Técnico Científico, según lo
determine la propia EPS.”[32]
De manera más especifica, en
la sentencia mencionada se indicó que “[…] el concepto de un médico que
trata a una persona, puede llegar a obligar a una entidad de salud a la cual no
se encuentre adscrito, si la entidad tiene noticia de dicha opinión médica, y
no la descartó con base en información científica, teniendo la historia clínica
particular de la persona, bien sea porque se valoró inadecuadamente a la
persona o porque ni siquiera ha sido sometido a consideración de los
especialistas que sí están adscritos a la entidad de salud en cuestión. En
tales casos, el concepto médico externo vincula a la EPS, obligándola a
confirmarlo, descartarlo o modificarlo, con base en consideraciones de carácter
técnico, adoptadas en el contexto del caso concreto.”[33]
En este sentido, la accionada
debió realizar, por medio de su equipo de profesionales médicos, una valoración
de la paciente con miras a establecer un diagnóstico respecto de su afección
odontológica y de esta manera analizar la idoneidad y pertinencia del
tratamiento prescrito. De encontrarlo inadecuado le correspondía sustentar su
rechazo de manera técnica y científica, y proceder a modificarlo o formular uno
nuevo respetando de esta manera el derecho al diagnóstico del cual es titular
la accionante. En consecuencia, la entidad encargada de prestar los servicios
de salud a los afiliados al FNPSM tenía la obligación de confirmar, descartar o
modificar el concepto dado por la Dra. Bertha Lucy Clavijo con base en
argumentos médico-científicos, y no podía simplemente descartarlo por no estar
incluido dentro del Plan de Atención en Salud del Magisterio.
En conclusión, por las razones
anteriormente expuestas, esta Sala considera que la prestación del servicio de
salud por parte de la IPS COSMITET fue insuficiente y se dio en desconocimiento
tanto de los principios constitucionales relacionados con la prestación del
servicio de salud, como de las subreglas jurisprudenciales sentadas por esta
Corporación respecto del derecho al diagnóstico y de la autorización de
tratamientos no incluidos en el plan de salud; motivo por el cual la
vulneración del derecho fundamental a la salud de la peticionaria es evidente.
Por lo anterior, se revocarán
los fallos sometidos a la revisión de esta Corte para en su lugar conceder el
amparo constitucional al derecho fundamental a la salud de la accionante y se
ordenará a la IPS COSMITET Ltda., que dentro los cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta sentencia, por intermedio de un grupo multidisciplinario
de por lo menos tres especialistas en el área de la salud oral proceda a
realizar una valoración odontológica de la accionante, emitiendo un diagnóstico
específico respecto de su afección oral, para luego proceder a confirmar,
modificar, o revocar el concepto médico de la odontóloga particular, basándose
únicamente en criterios técnico-científicos.
De encontrar que el
tratamiento ordenado por la profesional de la salud particular es el indicado
para tratar el problema odontológico de la peticionaria, en los términos
anteriormente mencionados, COSMITET deberá iniciar dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes todos los trámites administrativos necesarios para
efectos de autorizar la práctica del procedimiento indicado por la odontóloga
particular. De lo contrario, la entidad accionada deberá determinar por medio
de este mismo grupo de profesionales las opciones de tratamiento adecuadas y
pertinentes para solucionar el problema de salud oral que aqueja a la
accionante; y procederá a ejecutar aquellas que estén a su cargo de acuerdo con
el Plan de Atención en Salud del Magisterio, siempre que la accionante acepte,
o iniciará los trámites respectivos para la autorización de aquellas que no lo
estén.
Por último, debe indicarse que
la presentación de esta acción de tutela no impide a la accionante volver a
presentar una nueva acción, sin que por ello incurra en temeridad, de encontrar
nuevamente amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por la entidad
accionada tras la ocurrencia de hechos distintos y/o posteriores a aquellos que
motivaron la presente acción de tutela.
3.
Razón de la decisión
Por las razones anteriormente
expuestas, esta Sala considera que la prestación del servicio de salud por
parte de la IPS COSMITET se dio en desconocimiento tanto de los principios
constitucionales relacionados con la prestación del servicio de salud, como las
subreglas jurisprudenciales sentadas por esta Corporación respecto del derecho
al diagnóstico y de la autorización de tratamientos no incluidos en el plan de
salud; vulnerando el derecho fundamental a la salud de la peticionaria.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las
sentencias proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de Roldanillo (Valle
del Cauca) del cuatro (4) de abril de dos mil once (2011) y del Juzgado Civil
Municipal de Roldanillo (Valle del Cauca) del catorce (14) de marzo de dos mil
once (2011), mediante las cuales se negó la protección al derecho fundamental a
la salud dentro de la acción de tutela presentada por la señora, en contra de COSMITET
Ltda., por las razones expuestas en la presente providencia; y en su lugar TUTELAR
el derecho fundamental a la salud de la señora María de los Ángeles Padilla.
Segundo.- ORDENAR a
COSMITET Ltda., que dentro los cinco (5) días siguientes a la notificación de
esta sentencia, por intermedio de un grupo multidisciplinario de por lo menos tres
especialistas en el área de la salud oral proceda a realizar una valoración odontológica
de la accionante, emitiendo un diagnóstico específico respecto de su afección oral,
para luego proceder a confirmar, modificar, o revocar el concepto médico de la
odontóloga particular, basándose únicamente en criterios técnico-científicos.
De encontrar que el tratamiento
ordenado por la profesional de la salud particular es el indicado para tratar
el problema odontológico de la peticionaria, en los términos anteriormente
mencionados, COSMITET deberá iniciar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes todos los trámites administrativos necesarios para efectos de
autorizar la práctica del procedimiento indicado por la odontóloga particular.
De lo contrario, la entidad accionada deberá determinar por medio de este mismo
grupo de profesionales las opciones de tratamiento adecuadas y pertinentes para
solucionar el problema de salud oral que aqueja a la accionante; y procederá a
ejecutar aquellas que estén a su cargo de acuerdo con el Plan de Atención en
Salud del Magisterio, siempre que la accionante acepte, o iniciará los trámites
respectivos para la autorización de aquellas que no lo estén.
Tercero.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
Comuníquese
y cúmplase,
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] La demanda fue interpuesta el 28 de febrero
de 2011 y admitida el 1 de marzo del mismo año, ver folios 15 y 16 del cuaderno
1. En adelante, los folios a los que se haga referencia en la presente
sentencia se encuentran en el cuaderno 1 del expediente, salvo que se exprese
lo contrario.
[2]
Ver folios 8 y 9.
[3]
Ver folio 10.
[4]
Ver folio 11.
[5]
Ver folio 16.
[6]
Ver folios 24 al 26.
[7]
Ver folios 21 a 23. Declaración rendida el 2 de marzo de 2011, ante el Juez
Civil Municipal de Roldanillo.
[8]
Ver folios 27 al 39.
[9]
Ver folio 10 a 20, cuaderno 2.
[10]
Ver folio 19, cuaderno 2.
[11]
Ver folio 4 y 7, cuaderno 2.
[12]
La odontóloga Sandra Chávez fue notificada del oficio, requiriendo el informe
en el término de un día contado al siguiente del recibo del comunicado, el 29
de marzo de 2011 y esta dio respuesta al mismo el 5 de abril de 2011. El fallo
de segunda instancia fue proferido el 4 de abril de 2011.
[13]
Sobre el concepto y alcances del derecho al diagnóstico, ver, entre otras, las
sentencias T-366 de 1992, T-849 de 2001, T-775 de 2002, T-867 de 2003, T-364 de
2003, T-343 de 2004, T-178 de 2003, T-101 de 2006, T-346 de 2006, T-887 de
2006.
[14]
El literal 10 del artículo 4 del Decreto 1938 de 1994 define el diagnóstico
como “todas aquellas actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a
demostrar la presencia de la enfermedad, su estado de evolución, sus
complicaciones y consecuencias presentes y futuras para el paciente y la
comunidad”.
[15]
Sentencia T-849 de 2001.
[16]
Sentencia T-274 de 2009.
[17]
Sentencia T-717 de 2009.
[18]
Para precisar el contenido del derecho a la Salud, la Corte, tomando pie en lo prescrito por el artículo 93 de la Constitución Política el cual establece que: “Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben
su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia”, ha acudido a los tratados internacionales de derechos humanos
suscritos y ratificados por el Estado colombiano relacionados con la materia,
en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales -aprobado por el Estado colombiano mediante la Ley 74 de 1968-, y a las interpretaciones que de éste ha hecho su órgano autorizado: el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
Ver, entre otras, las sentencias T-345 de 2011 y T-398 de 2008
[19]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Observación General No. 14, adoptada durante el 22ª periodo de sesiones en el
año 2000.
[20]
Sentencia T-398 de 2008.
[21]
Ver folio 9.
[22]
Ibíd.
[23]
Ver oficio No. 271 del 01 de marzo de 2011, visible a folio 17.
[24]
Ver folio 5.
[25]
Ver folio 16.
[26] Ver folio 7, “Diclofenaco.
Tab x 50 mg” con fecha de 7 de enero de 2011. Ver EE.UU. INSTITUTOS
NACIONALES DE SALUD. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. [base de datos
en línea]. [consultado 23 agosto. 2011]. Disponible en: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a689002-es.html>
[27] Ver folio 6, “Claritromicina.
Tab x 500 mg” con fecha de 14 de enero de 2011. Ver EE.UU. INSTITUTOS
NACIONALES DE SALUD. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. [base de datos
en línea]. [consultado 23 agosto. 2011]. Disponible en: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a692005-es.html>
[28] Ver folio 7, “Omeprazol.
Cap.” Con fecha de 7 de enero de 2011. Ver EE.UU. INSTITUTOS NACIONALES DE
SALUD. Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. [base de datos en línea].
[consultado 23 agosto. 2011]. Disponible en: <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a693050-es.html>
[29]
La Corte ha determinado que el derecho al diagnóstico está compuesto por tres
preceptos: “(i) la práctica de las pruebas, exámenes y estudios médicos
ordenados a raíz de los síntomas presentados por el paciente, (ii) la
calificación igualmente oportuna y completa de ellos por parte de la autoridad
médica correspondiente a la especialidad que requiera el caso, y (iii) la
prescripción, por el personal médico tratante, del procedimiento, medicamento o
implemento que se considere pertinente y adecuado, a la luz de las condiciones
biológicas o médicas del paciente, el desarrollo de la ciencia médica y los
recursos disponibles.” Sentencia T-717 de 2009.
[30]
Artículo 93 de la Constitución Política. Ver entre otras sentencias la C-225 de 1995.
[31]
Esta Corte ha reiterado que las subreglas establecidas en su jurisprudencia, en
relación con el derecho a la salud, “resultan plenamente aplicables, por vía
analógica, a los afiliados que pertenecen a los diversos regímenes exceptuados
en materia de salud”. Sentencia T-644 de 2010.
[32]
Sentencia T-760 de 2008.
[33]
Ibíd.