T-711-16
NOTA DE
RELATORIA: Mediante
Auto 164 de fecha 31 de marzo de 2017, el cual se anexa en la parte final de la
presente providencia, la Sala Primera de Revisión dispuso corregir el numeral
quinto de su parte resolutiva, en el sentido de indicar que la visita allí
ordenada se imparte a la Secretaría de Salud de La Dorada (Caldas) y no a la de
Manizales, como erradamente se registró
Sentencia T-711/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-Caso en que persona privada de la libertad solicita la instalación de
dispensador de agua fría
RELACIONES
DE ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad humana de personas privadas de
la libertad
El contenido de estos mínimos
de conducta indica, entre otras cosas, que deben existir unas condiciones
idóneas para que cada recluso pueda sobrellevar la sanción intramural bajo
parámetros de humanidad, tranquilidad, decencia y dentro de un marco de respeto
por los valores y principios superiores. Surge entonces, el deber a cargo del
Estado de asegurar un trato humano y digno, el de proporcionar alimentación
adecuada y suficiente, vestuario, utensilios de aseo e higiene personal,
instalaciones en condiciones de sanidad y salud adecuadas con ventilación e
iluminación y el deber de asistencia médica. Por su parte, el interno tiene
derecho al descanso nocturno en un espacio mínimo vital, a no ser expuesto a
temperaturas extremas, a que se le garantice su seguridad, a las visitas íntimas,
a ejercitarse físicamente, a la lectura, al ejercicio de la religión y el
acceso a los servicios públicos como energía y agua potable, entre otros
supuestos básicos que permitan una supervivencia decorosa.
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro de agua potable en condiciones de
disponibilidad, calidad y accesibilidad es una obligación estatal de imperativo
cumplimiento
El agua, es un derecho constitucional complejo que ha
sido objeto de progresivo reconocimiento normativo y jurisprudencial a lo largo
de los últimos años, en especial, en atención a la importancia que el mismo
tiene como presupuesto para el ejercicio y goce efectivo de derechos
fundamentales como la vida, la salud, la integridad física y la dignidad
humana. Aunque no es una garantía expresamente señalada por la Carta Superior,
se ha de entender incluida, teniendo en cuenta el texto constitucional aprobado
por el Constituyente de 1991, en el cual se consagran una serie de principios
que rigen los servicios públicos. La interpretación del contenido y alcance de
los componentes del derecho al agua tutelados hasta ahora por esta Corporación
se ha realizado en conjunto con las garantías establecidas en el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la
Observación General No. 15 del dos mil dos (2002) que propende porque todas las
personas gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan
satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan
problemas de salud y en general sanitarios.
SERVICIO
PUBLICO DE AGUA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO-La no prestación de este servicio vulnera la dignidad
humana y el derecho a la salud
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-No vulneración por establecimiento carcelario con la
negativa de instalar un dispensador de agua fría, por cuanto se han tomado
todas las medidas necesarias para asegurar la adecuada prestación del servicio
de agua
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Establecimiento carcelario, teniendo en cuenta las
mayores necesidades de agua por razón del clima, deberá garantizar
abastecimiento diario de agua potable equivalente a veinticinco (25) litros por
persona
Referencia: expediente T-5724136
Acción de tutela presentada por
Jorge Iván Carvajal Cometa contra la Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas (Doña Juana) con
vinculación oficiosa de la Dirección General del INPEC, la Dirección Regional del
INPEC -Viejo Caldas, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios-USPEC-
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Alejandro Linares
Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, en primera
instancia, por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de La Dorada, Caldas, el cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016), y en
segunda instancia, por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de
Manizales, el veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dentro de
la acción de tutela promovida por Jorge Iván Carvajal Cometa contra la
Dirección del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La
Dorada, Caldas (Doña Juana) con vinculación oficiosa de la Dirección General
del INPEC, la Dirección Regional del INPEC -Viejo Caldas, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
-USPEC-.
El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por medio de auto del diecinueve (19) de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), proferido por la Sala de Selección Número Nueve.
I.  ANTECEDENTES
El catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016), el señor
Jorge Iván Carvajal Cometa presentó acción de tutela en nombre propio reclamando
la defensa de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana. Considera que la autoridad accionada violó estos bienes
constitucionales al no garantizar la prestación del servicio de agua potable en
condiciones adecuadas al interior del Pabellón Quinto del Establecimiento Penitenciario
de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas donde se encuentra recluido. Asegura
que además de ser poca en cantidad, es mala en calidad pues presenta problemas
de salubridad y las personas allí confinadas se han enfermado al consumirla. Por
ello y ante la ausencia de un abastecimiento apropiado, solicita la provisión
de un dispensador de agua fría u otro medio que asegure la satisfacción plena
de esta necesidad vital.
1. Hechos
1.1. Al momento de interponer la tutela, el actor permanecía
recluido en el Pabellón Quinto del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas, integrado por ciento sesenta y cuatro
(164) internos.
1.2. Afirma que elevó, junto con otros compañeros, derecho
de petición ante el director del centro de reclusión solicitando la provisión
de un dispensador de agua fría para que fuera ubicado en la zona de entrega de los
alimentos correspondientes. En su criterio, “es una necesidad de toda vida
humana de todo cuerpo estar diariamente idratado (sic) y por recomendación de
los médicos el cuerpo tiene que consumir diariamente por mínimo un litro de
agua tratada aparte de la que se consume con los alimentos”[1].
1.3. Explica que el establecimiento carcelario suministra a
cada interno una cantidad de doscientos (200) mililitros de agua potable una
vez en el día. Por esta razón, las necesidades que surjan en horarios diversos
al abastecimiento programado, deben ser suplidas con el líquido de la llave que
naturalmente genera “brotes y nacidos en el cuerpo y muchas más enfermedades
y el área de sanidad aún no es competente para prestar su atención médica a
todos los internos”[2].
1.4.  Señala que esto ocurre por cuanto las instalaciones de
la penitenciaría cuentan con más de doce (12) años de funcionamiento y las
tuberías allí existentes no han sido renovadas ni modernizadas durante este
periodo, situación que ha generado que en su interior se acumulen elementos
tóxicos ocasionando la salida de agua contaminada y no apta para el consumo
humano.
1.5. Por medio de escrito del diecisiete (17) de noviembre
de dos mil quince (2015), la Dirección de la cárcel negó formalmente la
solicitud incoada argumentando que dentro de los elementos permitidos al
interior de los pabellones para uso de los internos no se encuentran
autorizados los dispensadores de agua fría conforme al reglamento general del
INPEC[3].
No obstante aclaró que “además del suministro permanente de agua en el
acueducto, se brindan opciones adicionales como lo son la venta de agua en
bolsa y en botella a través del expendio del Establecimiento, y el suministro
de bebidas frías por parte del Rancho después del almuerzo”[4].
1.6. Aseguró el peticionario que la alternativa del expendio
no es adecuada toda vez que este únicamente funciona por espacio de una hora y
media al día, sumado a que en muchas ocasiones no es posible adquirir el
líquido allí vendido debido a la imposibilidad económica de sus familias para
enviarles dinero desde los lugares del país donde residen. En esa medida, deben
acudir a la caridad de otros para acceder al servicio en condiciones
calificadas[5].
1.7. Resalta que dada la condición de especial sujeción e
indefensión en que se encuentran las personas privadas de la libertad, es el
Estado a través de las autoridades penitenciarias quien debe asumir la
obligación de velar por su bienestar y salubridad, disponiendo para tal fin del
presupuesto y de las medidas que resulten necesarias.
1.8. Con fundamento en lo anterior, acude al mecanismo
constitucional solicitando que se amparen sus derechos fundamentales a la vida,
la salud, la integridad física y la dignidad humana y en consecuencia se
disponga la instalación del dispensador de agua fría en un lugar accesible “para
que todos se beneficien de el (sic) agua fría cada vez que la persona tenga la
necesidad y el cuerpo la pida”[6].
2. Respuesta de la entidad accionada y de las vinculadas
de oficio
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la presente acción
de tutela por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de La Dorada, Caldas, el dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciséis
(2016), el Despacho ordenó notificar a la entidad accionada para que ejerciera
el derecho de defensa y contradicción. De igual forma, ordenó la vinculación de
la Dirección General del INPEC y de la Dirección Regional del INPEC -Viejo
Caldas para que se pronunciaran sobre los hechos objeto de debate[7].
Las contestaciones aportadas al proceso dicen lo siguiente:
2.2. La Directora Regional del INPEC -Viejo
Caldas[8]
solicitó que se declarará la improcedencia del amparo aduciendo la inexistencia
de vulneración de los derechos fundamentales invocados por parte de la entidad[9].
Para sustentar esta postura, señaló que en los establecimientos carcelarios
calificados como de alta seguridad está prohibido, conforme al reglamento
interno, la tenencia de algunos elementos en las celdas o lugares comunes que
puedan constituirse en armas para causar daños[10].
Precisó que a sabiendas de lo anterior, el accionante solicitó en reiteradas
ocasiones, el ingreso de objetos prohibidos como ventiladores, sillas y ahora
un dispensador pese a que la negativa a portarlos encuentra razón de ser en la
necesidad de preservar el interés general, el orden y la seguridad de los
internos, funcionarios y visitantes. Concluyó manifestando que la acción de
tutela presentada “no es más que la forma caprichosa de querer cambiar el
reglamento de régimen interno, un acto administrativo revestido de legalidad y
lo contrario debe ser debatido y demostrado en su jurisdicción natural”[11].
2.3. El Coordinador del Grupo de Tutelas de la Dirección
General del INPEC[12]
se pronunció sobre los hechos materia de discusión
solicitando la desvinculación del trámite adelantado ante la ausencia de
violación a los derechos fundamentales del actor[13]. En su
criterio, el funcionamiento y el control de cada centro de reclusión recaen en
forma prioritaria en su director, quien se erige en el jefe de gobierno interno[14]. Por ello,
es su obligación directa atender las peticiones y consultas de quienes allí se
encuentran privados de la libertad, como ocurre en este caso con la solicitud
elevada por el tutelante[15].
2.4. El Director encargado del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas[16], dio
contestación al requerimiento judicial peticionando no acceder a las súplicas
del actor por ausencia de vulneración a sus garantías constitucionales básicas[17]. Sobre el
fondo del asunto, indicó que la penitenciaría no cuenta en la actualidad con
los recursos presupuestales para la compra de dispensadores de agua en todos
los pabellones existentes, teniendo en cuenta que el consumo de energía de
tales equipos resulta altamente costoso y por ello la Subdirección de Gestión
Contractual del INPEC y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público restringen
gastos de esta naturaleza[18].
Aclaró que aunque el uso de electrodomésticos como el solicitado se encuentran prohibidos
por el reglamento interno del centro de reclusión[19], el
suministro de agua potable está plenamente asegurado en el penal a través de los
puntos de venta, los proveedores de alimentos diarios y el acueducto, cuyo
funcionamiento es permanente y bajo parámetros de calidad.
3. Decisiones que se revisan
3.1. Decisión del juez de tutela de
primera instancia
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas, mediante fallo del cuatro (4) de
abril de dos mil dieciséis (2016), declaró improcedente el amparo invocado. Lo
hizo sobre la base de considerar que la negativa impartida por la entidad
accionada, lejos de constituirse en una afrenta a los derechos fundamentales
del actor y en general de la población privada de la libertad, es consecuencia
de una prohibición expresa del reglamento interno, fundada en razones de
seguridad y orden público. Destacó que este tipo de controversias con un
contenido colectivo, dirigidas además al reconocimiento de algunas prebendas y comodidades
al interior del penal, deben ventilarse directamente ante el director del mismo
o dirimirse en la jurisdicción competente dada la ausencia de un perjuicio
irremediable.
3.2. Impugnación presentada por el señor Jorge Iván
Carvajal Cometa
El accionante impugnó la decisión
anterior mediante escrito del siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016)[20]. Reiteró
que la prestación del servicio de agua en condiciones aptas para el consumo
humano es una necesidad vital para la población privada de la libertad. Adujo
que el dispensador es una de las tantas medidas para suplir la carencia
presentada, pero es posible considerar otras alternativas como el suministro
constante del líquido por parte del proveedor de alimentos o el uso de la
nevera refrigeradora, actualmente al servicio de la guardia penitenciaria para
almacenar recipientes con agua. En su criterio, lo importante es lograr la
provisión gratuita y permanente de agua fría a través de medios adecuados, toda
vez que el acueducto la proporciona sin tratamiento y con altos niveles de
cloro[21].
3.3. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
Luego de impugnarse este fallo, conoció
de la tutela en segunda instancia la Sala Penal de Decisión del Tribunal
Superior de Manizales, autoridad que mediante providencia del veinticuatro (24)
de mayo de dos mil dieciséis (2016) confirmó la decisión de primera instancia. Para
el Despacho, aunque el acceso al servicio de agua potable de la población
privada de la libertad es una garantía ius fundamental a cargo de las
autoridades penitenciarias, “los internos no [pueden] exigir
requisitos como que ésta [sea] fría o que se [abastezca] a través de un
dispensador, dado que las razones de seguridad de los centros penitenciarios
[pueden] imponer ciertas limitaciones a tal goce”[22]. De ahí
que el reclamo del actor, asegura, más que fundamentarse en una violación de
sus derechos encuentra asidero en una discrepancia en torno a la forma de provisión
actual del líquido, que debe dirimirse exclusivamente al interior del
establecimiento carcelario[23].
4. Actuaciones surtidas en sede de revisión
4.1. La Sala de Revisión, a efectos de adoptar una decisión
informada en el asunto de la referencia, requirió a la Dirección
del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La
Dorada, Caldas, para que suministrara determinada
información[24]
por auto del catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016)[25].
También ordenó la vinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- para que se pronunciaran
acerca de las pretensiones y del problema jurídico que plantea la presente
acción de tutela. Finalmente, le solicitó a la empresa de Obras Sanitarias de
Caldas -EMPOCALDAS S.A E.S.P-, un concepto técnico sobre la calidad y
potabilidad del agua suministrada al establecimiento carcelario durante los
últimos seis (6) meses y que actualmente consumen las personas allí recluidas[26].
4.2. Mediante escrito del veinte (20) de octubre de dos mil
dieciséis (2016), la Directora de Política Criminal y Penitenciaria del
Ministerio de Justicia y del Derecho[27]
solicitó declarar su falta de legitimidad en la causa por pasiva y, en
consecuencia, disponer su desvinculación del trámite ante la ausencia de violación
a los derechos invocados[28].
Para sustentar esta postura, señaló que es función de la entidad formular, diseñar,
elaborar y evaluar la política en materia criminal, carcelaria y de prevención del
delito, y adoptar las acciones contra la criminalidad organizada de acuerdo con
el Decreto 2897 de dos mil once (2011)[29].
Agregó que las condiciones de los establecimientos penitenciarios, la
prestación de los servicios de salud en su interior, la provisión de los
elementos de primera necesidad, la custodia, la vigilancia así como la
infraestructura son responsabilidad exclusiva del INPEC y de la USPEC, quienes
cuentan con personería jurídica y con un patrimonio propio reconocido por la
ley para garantizar la dignidad de la población privada de la libertad. En esa
medida, las pretensiones del accionante desbordan su competencia legal y
constitucional pues, además de no contar con las partidas presupuestales para
el efecto, el Ministerio carece de la idoneidad técnica y del poder coercitivo
para determinar el funcionamiento interno de las cárceles.
4.3. Por medio de oficio del veintiuno (21) de octubre de
dos mil dieciséis (2016), el Director encargado del Complejo Carcelario y
Penitenciario de La Dorada, Caldas[30],
dio contestación a cada uno de los interrogantes planteados en el requerimiento
judicial[31].
De manera general aludió al hecho de estar garantizando la prestación del
servicio público adecuadamente. Sin embargo, el contenido integral de las
respuestas será ampliamente esbozado en el estudio del caso concreto.
4.4. Igualmente, a través de informe del veinticuatro (24)
de octubre de la presente anualidad, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-[32]
se pronunció sobre la acción de tutela objeto de revisión, pretendiendo su
desvinculación por falta de competencia en los hechos materia de debate[33].
Como argumentos de fondo señaló que a cargo de la entidad, y en coordinación
con el Ministerio de Justicia y del Derecho así como del INPEC, radica la
competencia de definir las políticas en materia de infraestructura carcelaria[34].
La organización interna de los centros  de reclusión y la atención de sus
necesidades, como dotaciones, son responsabilidad de los directores, de
conformidad con lo previsto en el artículo 10[35]
del Acuerdo 11 de mil novecientos noventa y cinco (1995)[36].
Por esta razón, la instalación de un dispensador no se encuentra dentro de las
funciones de la Unidad previstas en el Decreto 4150 de dos mil once (2011)[37].
4.5. Por su parte, el veintiséis (26) de octubre la empresa
EMPOCALDAS, por conducto de su gerente[38],
emitió concepto técnico sobre la potabilidad del agua suministrada al penal aportando
las muestras de calidad realizadas por la Sección Técnica y Operativa de la
entidad durante seis (6) meses del año y en las cuales se aprecia la aptitud
del líquido para el consumo humano[39].
iI.
Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y problema jurídico
2.1. La presente tutela se
interpone con el objetivo de proteger la vida, la salud, la integridad física y
la dignidad humana del ciudadano Jorge Iván Carvajal Cometa. A su juicio, estos
derechos se encuentran en peligro en el sitio de reclusión donde permanece
privado de la libertad debido a la ausencia de condiciones cualificadas en la
prestación del servicio de agua potable. En concreto, expone que la Cárcel Doña
Juana, no ofrece los medios eficaces para garantizar un abastecimiento del
líquido bajo parámetros de disponibilidad, calidad y accesibilidad
pues además de suministrarse con poca frecuencia y en cantidades mínimas, en la
mayoría de ocasiones, sus necesidades más elementales y las de sus demás
compañeros deben ser suplidas consumiendo el agua que proviene de la llave.
Está, en su criterio no es apta para el consumo humano y es, por el contrario
generadora de graves enfermedades en atención a la falta de mantenimiento de
las tuberías por donde transita. Ante esta situación, mediante comunicación
escrita puso en conocimiento de las autoridades penitenciarias la gravedad de
la problemática, solicitando la provisión de un dispensador de agua fría u otro
elemento apropiado que permita la satisfacción plena de esta necesidad vital
para quienes como él, habitan el Pabellón Quinto del Penal.
La entidad accionada advirtió sobre la imposibilidad de
autorizar la tenencia de un elemento de esta naturaleza al interior del penal
por razones de orden público. No obstante, aseguró estar garantizando la
prestación del servicio en forma adecuada a través del suministro en el
restaurante, las ventas en el expendio y el acueducto.
2.2. Con fundamento en la
situación fáctica reseñada corresponde resolver el siguiente problema jurídico
¿vulneran las autoridades penitenciarias (Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas, Dirección
General del INPEC, Dirección Regional del INPEC -Viejo Caldas, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-)
los derechos fundamentales a la vida, la salud,
la integridad física y la dignidad humana de una persona privada de la libertad
(Jorge Iván Carvajal Cometa) al no garantizarle el acceso al agua en forma
permanente, suficiente y salubre para hidratarse y suplir otras necesidades
primarias?
2.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala de Revisión analizará (i) la procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto; (ii) abordará la jurisprudencia
constitucional sobre la relación de especial sujeción en la que se encuentran
las personas privadas de la libertad. (iii) Con base en ello, examinará los
deberes mínimos estatales frente a este grupo de la población especialmente en
materia de acceso al agua. (iv) Para ello, estudiará los casos más relevantes
en la materia decididos por algunas Salas de esta Corporación. Finalmente (v) resolverá
el asunto materia de estudio señalando algunas consideraciones adicionales.
3. Cuestión previa: La acción de tutela presentada
por Jorge Iván Carvajal Cometa es procedente para buscar la protección de sus
derechos fundamentales
3.1. Legitimación para
actuar
3.1.1. Legitimación por
activa. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 superior, toda
persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma o por quien
actúe a su nombre[40].
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[41],
establece que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad, el señor Jorge
Iván Carvajal Cometa actúa en defensa de sus derechos e intereses, razón por la
cual se encuentra legitimado para intervenir en esta causa.
En este punto, la Sala
considera oportuno realizar la siguiente aclaración. De acuerdo con la
información suministrada por la Dirección del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas desde el nueve (9) de julio de
dos mil dieciséis (2016) y hasta la fecha, el señor Carvajal Cometa se
encuentra purgando su pena en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Chiquinquirá en acatamiento a la Resolución de Traslado No. 900-902825 del
siete (7) de julio de la presente anualidad emanada de la Dirección General del
INPEC[42].
Está sola circunstancia no da lugar a una declaratoria de hecho superado, tampoco
obstaculiza la legitimación por activa ni mucho menos impide un pronunciamiento
de fondo sobre los supuestos fácticos materia de controversia toda vez que la gravedad
del problema aducido por el peticionario de esta demanda supera el reclamo
individual y pone en evidencia una situación generalizada que podría estar
afectando también a los demás reclusos del centro correccional. Si bien la
tutela tiene en principio efectos inter partes y subjetivos, la vulneración de
los derechos fundamentales alegada se origina en presuntas fallas y defectos
estructurales que pueden aquejar como el mismo actor lo afirma a sus otros
compañeros de celda que no interpusieron directamente la acción de amparo pero
eventualmente padecen la misma situación de desprotección y ostentan igual
interés en la solución del caso.
Por lo anterior, resulta claro
que las órdenes que surjan de la presente providencia estarán dirigidas a
garantizar los derechos de todos los internos del Complejo Carcelario y
Penitenciario Doña Juana y a mejorar su situación como personas privadas de la
libertad[43].
La tarea de precisar estos aspectos tendrá lugar en líneas posteriores.
3.1.2. Legitimación por
pasiva. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991[44],
“[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En este orden de
ideas, las autoridades penitenciarias accionadas están legitimadas como parte
pasiva en el proceso de tutela, al atribuírseles en su condición de entidades
públicas encargadas del funcionamiento del sistema carcelario y en esa medida
de la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana del recluso
accionante, la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.
3.2. En el presente asunto se cumple con el requisito de
subsidiariedad e inmediatez de la acción de tutela
3.2.1. Inmediatez. La procedibilidad de la acción de
tutela está supeditada al cumplimiento del requisito de inmediatez. Este exige
que la acción sea interpuesta de manera oportuna en relación con el acto que
generó la presunta vulneración de los derechos fundamentales. La inmediatez
encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho
constitucional a presentar una acción de tutela “en todo momento” y el deber de
respetar la configuración de la acción como un medio de
protección “inmediata” de los derechos fundamentales. Es decir que,
pese a no contar con un término para efectuar la presentación, debe existir
necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la tutela y
su interposición oportuna[45].
Para verificar el cumplimiento del principio de inmediatez,
el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o
amenaza y la interposición de la tutela es razonable. De no serlo, debe
analizar si existe una razón válida que justifique la inactividad del
accionante, pues es inconstitucional pretender darle un término de caducidad a
la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del tiempo[46].
En el caso concreto, la acción de tutela que se revisa se radicó el catorce
(14) de marzo de dos mil dieciséis (2016). La demanda fue admitida el dieciocho
(18) de marzo de la misma anualidad por el Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas. El hecho generador de la
vulneración lo constituye la respuesta emitida por la Dirección del
establecimiento penitenciario el diecisiete (17) de noviembre de dos mil quince
(2015) en la cual se indicó la imposibilidad de acceder a la pretensión de instalar
un dispensador de agua fría. Es decir transcurrieron casi cuatro (4) meses desde
la negativa de la entidad hasta el momento en que el actor ejerció el amparo
para la protección de sus derechos, término que resulta razonable máxime cuando
no puede olvidarse que el juicio sobre ello no puede ser tan estricto, ya que
se trata de una persona privada de la libertad cuya pretensión de amparo
constituye una necesidad diaria y vital para el ser humano[47].
3.2.2.  Subsidiariedad. En relación con el carácter
residual y subsidiario de la acción de tutela, la Constitución Política
establece que su procedencia está condicionada a que “el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial” (art. 86 C.P.). Sin
embargo, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la improcedencia
de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de
defensa. El juez constitucional debe analizar, en el marco de la situación
fáctica particular, si la acción judicial dispuesta por el ordenamiento
jurídico es idónea y eficaz en concreto para proteger los
derechos fundamentales comprometidos, más aún cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional[48].
En el evento en el que no lo sea, el mecanismo de amparo procederá para
provocar un juicio sobre el fondo[49].
Durante el trámite de tutela, algunas entidades accionadas y
los jueces de instancia consideraron improcedente la acción presentada debido a
que la controversia, en su criterio, se refería a discusiones de índole legal
relativas a las prohibiciones expresas de un acto administrativo (reglamento
interno del penal) y se orientaba además al reconocimiento de pretensiones colectivas.
En ese sentido, debía dirimirse en la jurisdicción ordinaria. Sobre este
particular, la Sala estima que no les asiste la razón toda vez que el caso
objeto de estudio plantea un debate que reviste especial relevancia
constitucional, en tanto involucra el goce efectivo de los derechos
fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de
las personas privadas de la libertad respecto de las cuales, la Constitución
Política consagra una protección especial que en hechos concretos se traduce en
un tratamiento reforzado dada su condición de especial sujeción e indefensión
frente al Estado que debe garantizarse a través de la acción de tutela.
En la sentencia T- 388 de 2013[50],
la Sala Primera de Revisión estudió nueve (9) expedientes de acción de tutela,
referentes a las violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en
condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración
social de personas privadas de la libertad en seis (6) centros de reclusión del
país. En todos los casos, se hizo referencia a la necesidad de tomar medidas
adecuadas y necesarias, de manera urgente para superar el estado de cosas en
que se encuentra el Sistema penitenciario y carcelario que, se alega, es
contrario al orden constitucional de manera estructural y general.
Dentro de las consideraciones de la sentencia, la Sala
indicó que “los menos privilegiados, las personas más descuidadas y
abandonadas a su suerte y sus problemas, como es el caso de las personas
privadas de la libertad” son sujetos de especial protección constitucional
en razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos fundamentales al
interior de los mismos centros de reclusión. De ahí que sus garantías
constitucionales deben “ser [protegidas] con celo en una democracia”.
Recordó entonces que la acción de tutela adquiere un lugar protagónico y
estratégico en un Sistema penitenciario y carcelario, en crisis, que muchas
veces implica un peligro grave, real e inminente. A través de ella “no sólo
se [permite] asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en general,
sino que, además, [permite] a las autoridades tener noticia de graves amenazas
que [están] teniendo lugar. En este sentido, la jurisprudencia constitucional
[ha] reconocido que la acción de tutela [es] un derecho protegido de forma
especial para personas privadas de la libertad”.
3.3. En este contexto, encuentra
la Sala superado el análisis de procedibilidad, por lo que pasará a
estudiar el problema jurídico planteado.
4. Las personas privadas de la libertad están en
una relación de especial sujeción: sus derechos deben ser asegurados de manera
reforzada, sin otras limitaciones o restricciones a las que razonable y
proporcionalmente haya lugar
En este apartado, la Sala analizará la categoría de especial
sujeción predicable de las personas privadas de la libertad. Más adelante, se
referirá a las normas internacionales y las del orden interno así como a la
jurisprudencia constitucional de esta Corporación en materia de protección y satisfacción
de un mínimo vital como lo es el agua en condiciones apropiadas en beneficio de
un sector marginado de la sociedad.
4.1. Las autoridades penitenciarias tienen el deber de
proteger sin restricción ni limitación alguna la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana de las personas privadas de la libertad
4.1.1. Desde el inicio de su
jurisprudencia, la Corte ha hecho relación a los sujetos en situación de
especial sujeción, como una condición que es relevante constitucionalmente para
determinar el exclusivo grado de respeto, de protección y de garantía que debe predicarse
respecto de sus derechos fundamentales. La primera vez que la categoría fue
empleada se usó para hacer referencia a la relación entre el preso y la
administración penitenciaria, en la sentencia T-596 de 1992[51]
señalándose puntualmente que el predominio de una parte sobre la otra no impide
la existencia de derechos y deberes para ambas partes[52].
Erróneamente se ha pensado que
el delincuente, por su condición de tal y por el hecho de haber atentado contra
la sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno de derechos al ingresar a un
centro de reclusión, incluso en relación con aquellas garantías que no están en
directa correspondencia con la pena que se le ha impuesto. Según esto, “el
preso, al ingresar a la institución carcelaria, pierde buena parte de sus
derechos y aquellos que no pierde de manera definitiva, se encuentran sometidos
a la posibilidad permanente de vulneración, sin que ello sea visto como una
violación similar a la que se comete contra una persona libre. De acuerdo con
esta visión dominante, los derechos del preso son derechos en un sentido
atenuado; su violación está, sino justificada, por lo menos disminuida por el
mal social cometido”[53].
No hay nada más alejado del
concepto de dignidad humana y del texto constitucional mismo que un panorama de
esta naturaleza. La efectividad del derecho “no termina en las murallas de
las cárceles” y “el delincuente, al ingresar a la prisión, no
entra en un territorio sin ley”. Si bien, frente a la administración
penitenciaria, el recluso se encuentra en una relación especial de sujeción,
diseñada y comandada por el Estado, situado en una posición preponderante que
se manifiesta en el poder disciplinario, los límites de este ejercicio están
determinados por el reconocimiento de sus derechos y por los correspondientes
deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento. La cárcel no es en
consecuencia “un sitio ajeno al derecho” y las personas allí recluidas no son individuos
eliminados de la sociedad. La relación de sometimiento que mantienen con el
Estado no les quita su calidad de sujetos activos de derechos y si bien, en
razón de su comportamiento “antisocial anterior”, tienen algunas de sus
garantías suspendidas, como la libertad, otras limitadas como la comunicación o
la intimidad, gozan del ejercicio de presupuestos fundamentales básicos en
forma plena, como la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana
cuyo contenido ontológico es esencial, intangible y reforzado[54].
4.1.2. Del ejercicio pleno de
estos derechos se derivan importantes consecuencias jurídicas para la
administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes[55].
Los derechos fundamentales no incluyen sólo prerrogativas subjetivas y
garantías constitucionales a través de las cuales el individuo se defiende
frente a las actuaciones u omisiones de las autoridades públicas, también
incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No
sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de abstenerse de
lesionar la esfera individual, también  existe la obligación positiva de
contribuir a la realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que
explica este compromiso se encuentra en el mandato constitucional según el
cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana (artículo
1 superior)[56],
lo cual determina no sólo un deber negativo de no intromisión, sino también un
deber positivo de protección[57].
Las personas recluidas en
establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia y vigilancia del
Estado conforme se indicó en precedencia. Ello implica, por un lado,
responsabilidades relativas a su seguridad y a su conminación bajo el perímetro
carcelario (potestad disciplinaria y administrativa) y, por el otro,
obligaciones en relación con sus condiciones materiales de existencia e
internamiento. La Constitución de manera explícita hace referencia a esta idea
en su artículo 11[58].
La vida es “el presupuesto indispensable para que haya titularidad de
derechos y obligaciones. Tener derecho a
la vida es reconocer que nadie puede por una causa injusta desconocérmela,
lesionármela ni quitármela”[59].
También, en el artículo 12 cuando establece que “nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”[60].
De acuerdo con esto, toda pena, independientemente del delito del cual
provenga, debe respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de los
reclusos, que se encuentran ligadas de manera esencial a los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad a partir de los cuales la sanción es “la
necesidad socio-política de la defensa del orden jurídico y la garantía de las
condiciones mínimas de la existencia social pacífica, pero nunca se impone, en
un estado de derecho, por encima de las necesidades de protección de bienes
jurídicos, ni por fuera del marco subjetivo de la culpabilidad”[61].
En esa medida, el contenido de
estos mínimos de conducta indica, entre otras cosas, que deben existir unas
condiciones idóneas para que cada recluso pueda sobrellevar la sanción
intramural bajo parámetros de humanidad, tranquilidad, decencia y dentro de un
marco de respeto por los valores y principios superiores[62].
Surge entonces, el deber a cargo del Estado de asegurar un trato humano y
digno, el de proporcionar alimentación adecuada y suficiente, vestuario, utensilios
de aseo e higiene personal, instalaciones en condiciones de sanidad y salud
adecuadas con ventilación e iluminación y el deber de asistencia médica. Por su
parte, el interno tiene derecho al descanso nocturno en un espacio mínimo
vital, a no ser expuesto a temperaturas extremas, a que se le garantice su
seguridad, a las visitas íntimas, a ejercitarse físicamente, a la lectura, al
ejercicio de la religión y el acceso a los servicios públicos como energía y agua
potable, entre otros supuestos básicos que permitan una supervivencia decorosa[63].
La regla entonces en la materia
se orienta a establecer que aunque “la condición de prisionero determina una
drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la
mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe
ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación del tales
derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta
innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan
fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones
carcelarias. Los derechos no limitados del  sindicado o del  condenado, son
derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de
poder para demandar del Estado su protección”[64].
4.1.3. El accionante estima que la obligación
constitucional referida está siendo desconocida en su caso particular ya que
durante su permanencia en la Cárcel Doña Juana, las autoridades penitenciarias no
han adoptado acciones concretas para asegurar en condiciones de disponibilidad,
calidad y accesibilidad el suministro de agua potable. Lo anterior aun cuando
la garantía de su prestación se erige en un presupuesto indispensable para
satisfacer derechos constitucionales fundamentales que el Estado, aún en
reclusión, está obligado a respetarle y protegerle. Esto ha generado que su
situación de internamiento sea más gravosa de lo que per se apareja su
estado de sujeción configurándose un desconocimiento de los postulados de
protección consagrados en la jurisprudencia constitucional sobre la materia.
4.2. El suministro de agua
potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una
obligación estatal de imperativo cumplimiento con personas privadas de la
libertad
4.2.1. El hacinamiento o la sobrepoblación es uno de los
problemas que con mayor urgencia requiere atención, por la capacidad de agravar
los demás obstáculos y dificultades que enfrenta el Sistema Penitenciario y Carcelario
del país, y por hacer más difícil y gravosa cualquier opción de solución.
Estrechamente ligado a ello, se encuentra el mal estado de las instalaciones, la
falta de servicios asistenciales básicos al interior de los centros
penitenciarios y la ausencia de condiciones de vida que difícilmente cumplen
con las más elementales exigencias de humanidad como factores determinantes en el
reconocimiento de un estado de cosas inconstitucional[65].
Dificultades relacionadas con la falta de presupuesto y con el aumento de la
criminalidad, son presentadas por la administración pública para mantener a los
internos en la situación en la que se encuentran actualmente. No obstante, los
Estados no pueden alegar tropiezos económicos[66]
para justificar ambientes de detención que no cumplan con los estándares
mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente
del ser humano, pues más allá de estas consideraciones sustanciales y de los problemas
estructurales, existe en la sociedad y también en la administración un deber irrenunciable
en la satisfacción de unos presupuestos materiales de existencia para la
población privada de la libertad[67].
4.2.2. Para la
jurisprudencia es claro que en el orden constitucional vigente existe un
contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las personas privadas
de la libertad independientemente de los crímenes que hayan cometido o del
grado del nivel de desarrollo socioeconómico del país donde se encuentren
purgando la pena o la medida de seguridad[68].
Así lo ha indicado al reconocer las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de
los Reclusos (producidas al interior de las Naciones Unidas en la década de
los años 50)[69]
las cuales representan un consenso básico con relación a estándares de
protección en una sociedad democrática, respetuosa de la dignidad humana y en
la que no deben existir distinciones por razón de raza,
color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra naturaleza, origen
nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera[70]. El Comité de Derechos Humanos ha enunciado los presupuestos concretos
y específicos que hacen parte de ese conjunto de derechos fundamentales esenciales
de todo individuo recluido, que son impostergables, de inmediato e imperativo
cumplimiento para los Estados adoptantes[71].
De antemano,
destaca que todos los locales frecuentados regularmente por los internos
deberán ser mantenidos en debido estado y limpios considerando siempre el
factor clima[72].
Resalta, “el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua
potable, suficiente y adecuada”[73]
así como “la provisión de los implementos necesarios para el debido aseo
personal de los presos”[74]
a través de un eficiente abastecimiento del líquido. Se garantiza entonces que “todo recluso [tenga] la posibilidad de proveerse de agua potable
cuando la necesite”[75].
Junto a las Reglas Mínimas,
aparecen los “Principios y buenas prácticas sobre la protección de las
personas privadas de la libertad en las Américas (2008)”[76]
que disponen en sus principios XI y XII, el acceso en todo momento a agua potable
suficiente y adecuada para el consumo, y advierten que su suspensión o
limitación como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. Del
mismo modo señalan que las personas privadas de la libertad tendrán acceso a
instalaciones sanitarias higiénicas que aseguren su privacidad y dignidad, así
como a los productos básicos de higiene personal, y agua para su aseo personal,
conforme a las condiciones climáticas[77].
4.2.3. El agua, es un derecho
constitucional complejo que ha sido objeto de progresivo reconocimiento
normativo y jurisprudencial a lo largo de los últimos años, en especial, en
atención a la importancia que el mismo tiene como presupuesto para el ejercicio
y goce efectivo de derechos fundamentales como la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana[78].
Aunque no es una garantía expresamente señalada por la Carta Superior, se ha de
entender incluida, teniendo en cuenta el texto constitucional aprobado por el
Constituyente de 1991, en el cual se consagran una serie de principios que
rigen los servicios públicos[79].
La interpretación del contenido y alcance de los componentes del
derecho al agua tutelados hasta ahora por esta Corporación se ha
realizado en conjunto con las garantías establecidas en el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la
Observación General No. 15 del dos mil dos (2002) que propende porque todas las
personas gocen de un mínimo de agua apta para el consumo, con el cual puedan
satisfacer sus necesidades básicas domiciliarias, y además se prevengan
problemas de salud y en general sanitarios[80].
En la referida
Observación, se entiende el derecho al agua como “el derecho de todos a
disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico”[81].
Su justificación jurídica además de reposar en varios textos de tratados
internacionales sobre Derechos Humanos[82],
supone que a cada ciudadano se le proteja, respete y garantice[83] las siguientes tres
(3) facetas: (i) el derecho a disponer, y a (ii) acceder a cantidades
suficientes, esenciales y continuas de agua, y además, que la misma sea (iii)
de calidad “para los usos personales y domésticos”, es decir salubre y,
por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o
radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Igualmente,
deberá tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso[84].
Allí, se resalta el
hecho de que algunos individuos y grupos necesiten recursos de agua adicionales
en razón de la salud, el clima, las condiciones de trabajo u otros factores
externos y se advierte que el agua y los servicios e instalaciones deben ser
accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables
y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de
los motivos prohibidos en la Constitución. También se precisa que éste derecho
debe satisfacerse, por lo menos en unos niveles mínimos esenciales
para lo cual se identifican algunas obligaciones básicas que no pueden
suspenderse y tienen un efecto inmediato: “Garantizar
el acceso físico a instalaciones o servicios de agua que proporcionen un
suministro suficiente y regular de agua salubre; que tengan un número
suficiente de salidas de agua para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; vigilar
el grado de realización, o no realización, del derecho al agua y adoptar
medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua,
en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados”.
En armonía directa
con lo anterior, la Ley 142 de mil novecientos noventa y cuatro (1994)[85] consagra que el
servicio de agua y saneamiento ambiental básico se debe prestar de forma ‘continua’
e ‘ininterrumpida’, estableciendo categóricamente que ello debe ser así
‘sin excepción alguna’, salvo cuando existan razones de fuerza mayor
o caso fortuito (artículo 2). Existen distintos criterios para
determinar cuál debe ser la continuidad y disponibilidad del
servicio. El Informe del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y el contenido de
las obligaciones relacionadas con el acceso equitativo al agua potable y el
saneamiento señala que la cantidad de agua a proveer debe
obedecer al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta (50)
y cien (100) litros de agua por persona diarios para asegurar la satisfacción
de todas las necesidades de salud. Estas diversas cantidades son indicativas,
ya que pueden cambiar con arreglo a un contexto en particular, y pueden diferir
en el caso de algunos grupos, debido a su estado de salud, trabajo, condiciones
climáticas, exigencias culturales u otros factores[86].
La cantidad
referida se ha considerado óptima especialmente para espacios domiciliarios,
sin embargo, en la medida en que las personas privadas de la libertad están
sometidas a otras condiciones, esta Corporación ha precisado que deben tenerse
en cuenta los criterios de la CIDH[87] plasmados en el “Informe
sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las
Américas (2011)”[88].
Allí se dispuso que “la cantidad mínima de agua que una persona necesita
para sobrevivir es de 3 a 5 litros por día. Este mínimo puede aumentar de
acuerdo con el clima y la cantidad de ejercicio físico que hagan los internos.
Además, el mínimo requerido por persona para cubrir todas sus necesidades es de
10 a 15 litros de agua al día, siempre que las instalaciones sanitarias estén
funcionando adecuadamente; y la cantidad mínima de agua que deben poder
almacenar los internos dentro de sus celdas es de 2 litros por persona por día, si éstos están encerrados por periodos de hasta 16 horas, y de 3 a 5 litros por persona por día, si lo están por más de 16 horas o si el clima es caluroso”.
En modo semejante, el CICR[89]
en la Guía complementaria al Manual Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat en
las Cárceles, previó que el agua potable de la que disponga el
establecimiento penitenciario, por recluso, debe oscilar entre diez (10) y
quince (15) litros por día, en condiciones de normalidad, en lo que a sanidad y
tanques de almacenamiento se refiere.
4.2.4. A partir de estos
estándares y criterios de protección, la jurisprudencia constitucional ha
tomado medidas de acción en varias oportunidades especialmente en escenarios en
los que se han constatado graves violaciones a la vida, la salud y la
integridad física de los internos por permanecer recluidos en instituciones
penitenciarias que carecen de las condiciones mínimas de respeto a la dignidad
humana. La razón que justifica esta postura es que los Estados deben prestar especial atención a las personas y grupos de
personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer este
derecho, en particular las mujeres, los niños, los presos y los
detenidos[90].
4.3. Casos
relevantes que ha manejado la jurisprudencia constitucional sobre el suministro
adecuado y suficiente de agua al interior de los establecimientos carcelarios como
presupuesto efectivo de la vida, la salud, la integridad física y en especial
de la dignidad humana
4.3.1. Las personas
privadas de la libertad históricamente han tenido dificultades para ejercer de
forma plena y efectiva su derecho al agua. Resulta natural que los reclusos en
establecimientos penitenciarios se encuentren en imposibilidad absoluta de
proveerse ellos mismos el referido servicio público. Lo anterior por cuanto las
circunstancias propias del encierro impiden que puedan satisfacer por su cuenta
una serie de necesidades básicas que son esenciales para una existencia digna, a
diferencia de quienes disfrutan de su libertad de locomoción. De este modo, por
estar bajo la custodia del Estado en virtud de la especial relación de
sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen el acceso al
fluido con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad tal como quedó
explicado con anterioridad[91].
La Corte ha
resaltado la importancia de garantizarles a quienes presentan limitaciones
determinantes en su libertad, el acceso suficiente al agua limpia necesaria
para satisfacer unos niveles mínimos esenciales encaminados a cubrir las
necesidades de consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad
pública dentro de los establecimientos de reclusión. El fundamento
constitucional es que ningún ser humano, de hecho ningún ser vivo, puede
existir o sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene derecho a
acceder, por lo menos, a la calidad y cantidad de agua adecuada y suficiente
para poder calmar la sed y asearse. Por ello, a todo reo
al igual que a cualquier otro ser humano se le debe asegurar su
satisfacción pero de forma prioritaria y reforzada por tratarse
de un sujeto especialmente vulnerable. La ausencia de suministro
constituye una falta grave del Estado a los deberes de garantía especialmente a
la dignidad humana[92].
El respeto por la dignidad humana constituye el pilar
central de la relación entre el Estado y la persona privada de la libertad, y
es, además, una norma fundamental de aplicación universal, reconocida
expresamente por los tratados y convenios de Derechos Humanos, prevalentes en
el orden interno (art. 93 CP)[93].
Una de las decisiones en las que la Corte Constitucional abordó en detalle la
noción de ‘dignidad humana’ fue en la sentencia T-881 de 2002[94].
Allí, se identificaron tres (3) lineamientos claros
y diferenciables que construyen el contenido de esta garantía: vivir como
quiera, vivir bien, vivir sin humillaciones y se precisó que estos ámbitos
de protección integran, entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las
normas constitucionales desarrolladas a partir de los enunciados normativos
sobre “dignidad”, principalmente el contenido en el artículo 1 superior[95].
4.3.2. Los presupuestos
constitucionales descritos deben ser considerados en este caso, entre otras
razones, porque han sido reiterados por la jurisprudencia en diferentes ocasiones
y contextos aludiendo siempre a las facetas de disponibilidad, calidad y
accesibilidad referidas. A continuación se efectuará una mención
específica de algunos casos que guardan semejanzas notorias con el asunto
objeto de decisión. El propósito de hacer reseñas expresas e independientes
obedece a la importancia de mantener al máximo la consistencia en las
decisiones de la Corte mediante la identificación y aplicación de las subreglas
jurisprudenciales desarrolladas en supuestos fácticos análogos ya decididos
(precedentes)[96].
4.3.2.1. Accesibilidad económica. En momentos anteriores, se ha
resaltado que la provisión permanente de agua
no puede desconocerse so pretexto de la falta de recursos al interior de los centros correccionales. En la sentencia T-639 de 2004[97],
la Sala Quinta de Revisión estudió el caso de los reclusos de la penitenciaría
de mínima seguridad “Las Mercedes” de Cartago, Valle del Cauca, quienes
manifestaban que la distribución de agua en las horas de la mañana no
satisfacía la demanda de doscientos setenta (270) internos para bañarse, realizar
sus necesidades fisiológicas y actividades productivas dentro del penal. Esta
situación había generado efectos adversos en su salud, especialmente agravada
por las altas temperaturas de la zona. El escaso abastecimiento se debía a que
la empresa encargada de la prestación había racionalizado el servicio porque la
cárcel le adeudaba algunas facturas.
En esa oportunidad, la Sala manifestó que el deber de suministro de agua
potable en el marco de la relación de especial sujeción, exigía una provisión
continua y adecuada pues de ello dependía la satisfacción de unos contenidos
básicos para la vida, la salud y la integridad física de la población privada
de la libertad[98].
Advirtió que los gastos de funcionamiento debían estar correctamente previstos
dentro del Presupuesto General de la Nación para poder cumplir con las
funciones de manejo y administración del sistema carcelario, en condiciones de
respeto por la dignidad de las personas sometidas a su cargo. La ausencia de la
apropiación presupuestal correspondiente para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas y la falta de recursos para satisfacer
las necesidades primarias de los internos atentaba contra sus garantías  fundamentales.
Concluyó que las empresas de servicios públicos tenían derecho a ejercer los
medios coactivos a su disposición, pero no podían suspender el suministro de agua
especialmente sobre un sector de la población en imposibilidad de
procurarse autónomamente una vida decorosa. Por ello, se le ordenó la regularización y restablecimiento inmediato
del líquido en beneficio de la comunidad afectada.
4.3.2.2. Accesibilidad
física. La importancia de mantener instalaciones físicas en buen estado que
aseguren condiciones de higiene y de salubridad a través de una distribución
eficiente de agua ha sido tema de debate en sede de revisión. En la sentencia T-317
de 2006[99],
la Sala Novena de Revisión protegió los derechos de los reclusos del
Establecimiento Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, Boyacá
quienes se quejaban de la falta de suministro continúo de agua potable y, por
lo mismo, de la consecuente proliferación de moscas y zancudos, así como de
malos olores producidos por los excrementos estancados en los baños ubicados
cerca de los comedores. A pesar de requerir insistentemente una solución al
problema, en concreto la reubicación de las baterías de los sanitarios, las
autoridades penitenciarias se rehusaban a realizar modificaciones
arquitectónicas sobre la infraestructura que a juicio del peticionario no era
lo suficientemente adecuada[100].
En esa oportunidad, la Sala
reiteró que en tanto la dignidad era un derecho que no admitía limitación
alguna, las autoridades correccionales estaban en la obligación de satisfacer
las necesidades vitales mínimas de las personas privadas de libertad a través
de la alimentación, la habitación y el abastecimiento suficiente de agua no
sólo para el consumo, sino también para disfrutar de un entorno higiénico. Por
ello, era preciso que la situación de desaseo de los baños del penal generara
profundas y graves incomodidades constituyéndose en un trato cruel y degradante
generador además de enfermedades y problemas de sanidad. Por estas razones, se
le ordenó a la entidad accionada adoptar las medidas administrativas necesarias
para mantener las baterías de baños en buenas condiciones de limpieza y
asegurar efectivamente la prestación estable del servicio público.
Avalando la misma línea anterior
y destacando la necesidad de asegurar este presupuesto, aparece la
sentencia T-077 de 2013[101].
Allí, la Sala Octava de Revisión examinó el caso de los internos del Complejo Carcelario de Ibagué Picaleña Coiba. De acuerdo con el
accionante su situación de reclusión y la de cuatrocientos (400) más era
contraria a los postulados básicos de una subsistencia digna toda vez que el
suministro de agua potable se realizaba dos (2) o tres (3)
veces al día por un tiempo de quince (15) a veinte (20) minutos “lo cual no
era suficiente para lavar ropa, lavar patios y celdas y para [bañarse]” pero
además para limpiar las tazas sanitarias del patio y de las celdas que
permanecían llenas de materia fecal y rodeadas de moscas que “luego
pisoteaban los menajes donde [recibían] los alimentos”[102]. La entidad
aseguraba que en la zona de reclusión del interno (Bloque 1) existían ciertas
restricciones debido a que la estructura contaba con casi treinta (30) años de
existencia lo que imposibilitaba técnicamente proporcionar agua en forma
continua[103].
La Sala encontró que la
insuficiencia en la entrega del líquido había generado una serie de
irregularidades en la infraestructura física del pabellón (baños, duchas y
albercas dañadas, celdas con humedad, residuos líquidos con malos olores,
inadecuado manejo de basuras, filtraciones de aguas negras y comedores en mal
estado). Esta circunstancia a su vez había producido enfermedades estomacales,
respiratorias y cutáneas en los internos. Con base en ello, se sostuvo que la
protección del derecho al agua debía ser en este caso prioritaria y reforzada
y que era compromiso del Estado “velar por una distribución equitativa
de todas las instalaciones y servicios de agua disponibles” a efectos de
satisfacer unos niveles mínimos esenciales y de calidad especialmente en una
zona expuesta a altas temperaturas[104]. En esta medida, se
concedió el amparo de la dignidad humana y se le ordenó al INPEC y a la
Dirección del complejo que mientras se empezaba a suministrar el servicio de
agua de forma continua y permanente tras la ejecución de un plan de
mejoramiento integral orientado entre otras cosas a renovar las instalaciones[105]
debía garantizarse una provisión diaria de fluido potable equivalente a
veinticinco (25) litros permitiendo además su almacenamiento en las celdas en
cantidades no inferiores a cinco (5) litros[106].
4.3.2.3.
Disponibilidad. Las condiciones de periodicidad en el abastecimiento del
líquido con miras a asegurar unas dimensiones vitales también ha sido un
imperativo de la jurisprudencia constitucional. Hace
más de diez (10) años una decisión judicial enfrentó una situación similar en
algunos aspectos a la que hoy es objeto de control por parte de esta
Corporación. En la sentencia T-1134 de 2004[107],
la Sala Segunda de Revisión dirigió su atención hacia el Establecimiento
Penitenciario de La Dorada. En el pasado reciente esta cárcel ya ha sido objeto
de vigilancia por parte de los órganos de control del Estado, en especial para
salvaguardar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas
allí desprovistas de la libertad. Con ese propósito se han impartido una serie
de órdenes encaminadas a mejorar la situación de internamiento.
En esa ocasión, la
situación fáctica objeto de debate obligaba a decidir
sobre la constitucionalidad del horario dispuesto para el suministro de
agua potable dentro de la penitenciaría y el
impacto de los razonamientos realizados especialmente en el horario nocturno
donde la temperatura llegaba a un nivel superior. Tras analizarse la situación
real del complejo, se encontró que los intervalos existentes eran
insuficientes para suplir la demanda de diez (10) pabellones con mil quinientos
veinte (1520) internos, y que en consecuencia aquellos se encontraban
experimentando una violación en sus derechos a la dotación y la distribución de
agua para el aseo personal y demás actividades, la cual podía generar problemas
de sanidad, olores nauseabundos, proliferación de bacterias y enfermedades,
entre otras circunstancias contrarias a la Constitución[108]. La entidad justificaba la programación y
regulación del consumo en (i) la existencia de algunas reparaciones realizadas debido
a los daños presentados en la tubería por la presión del agua y, (ii) en el
hecho de que su entrada por el acueducto era muy pequeña para abastecer los
tanques del suministro continúo a los internos en las celdas y en todo el
centro de reclusión, requiriéndose para lograr la solución una acometida
adicional para cada tanque.
Dentro de sus
consideraciones, la Sala estimó que el problema penitenciario representaba no
sólo un delicado asunto de orden público sino un escenario de extrema gravedad
social que no podía dejarse desatendido, sin siquiera plantearse soluciones. Sobre
estos planteamientos, y en aras de proteger los derechos vulnerados del actor y
de los demás internos, se le ordenó al INPEC que iniciará las gestiones
necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien correspondiera, en un
término no superior a un (1) mes, la materialización de la obra de acometida
adicional en la tubería para solucionar así las dificultades en la provisión de
agua presentadas en la cárcel y de esta forma mejorar su almacenamiento. La Dirección
del establecimiento debía a su vez efectuar los
trámites para su realización.
4.3.2.4. Disponibilidad y accesibilidad física. Esta
Sala ha tenido que pronunciarse sobre la obligación de las autoridades
penitenciarias de brindar soluciones plausibles ante una prestación deficiente
del servicio público. En la sentencia T-175 de 2012[109]
se analizaron dos (2) acciones de tutela presentadas por personas privadas de
la libertad en diferentes cárceles del país. En una de ellas, tres (3) internos
de la Cárcel de Mediana Seguridad de Cúcuta relataban las deficiencias que en
su criterio tenía el penal para la atención de sus necesidades más básicas. En
concreto, afirmaban que no existía un suministro apto de agua potable toda vez
que su provisión era interrumpida y sujeta a constantes razonamientos o cortes
intempestivos especialmente durante la noche cuando se alcanzaban altas
temperaturas que agudizaban el estado de hacinamiento en las celdas[110].
Este hecho había generado a su vez la existencia de instalaciones sanitarias
inadecuadas, filtraciones constantes en las celdas, malos olores, proliferación
de moscas y zancudos y en consecuencia un ambiente de insalubridad[111].
Para resolver el problema jurídico, la Sala encontró que la
distribución de agua en el penal no era constante y permanente porque la
capacidad del tanque de abastecimiento no era suficiente para suplir la
demanda. Dicha situación planteaba una problemática para los peticionarios en
especial por el horario de provisión del líquido en las noches que se suspendía
durante nueve (9) horas continuas interfiriendo en su derecho a contar con
cantidades básicas del fluido[112].
Esta dificultad obligaba a adoptar alguna medida para cambiar el déficit
existente que podría consistir incluso en la provisión del servicio en un punto
intermedio durante la noche; o en la reducción relevante del horario de
suspensión; o en el suministro de recipientes suficientes y en condiciones
higiénicas aceptables que los reclusos pudieran llenar, uno con agua para el
consumo y otro para vaciar los baños y realizar las demás tareas de limpieza[113].
En todo caso la solución no podía consistir sólo en la ‘permisión’ para que
compraran botellas de agua en el expendio. Esta medida era insuficiente y
resultaba inconstitucional por ser este un deber a cargo del Estado.
4.3.2.5. Calidad. La garantía prioritaria y reforzada
del derecho al agua que merecen las personas privadas de la libertad como
sujetos especialmente vulnerables también implica un abastecimiento bajo
parámetros de potabilidad. En la sentencia T-322 de 2007[114],
la Sala Segunda de Revisión concluyó que el Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander, desconocía los
derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la dignidad de
los reclusos al no garantizarles el acceso suficiente al agua limpia necesaria
para su aseo personal y desarrollo de otras necesidades primordiales. Los
actores aseguraban además que la distribución de agua no era permanente, ya que
solo la colocaban por espacio de cinco (5) minutos dentro de las celdas (a las
8:00 pm y 6:00 am). También aludían a la presencia de roedores y humedades en
las instalaciones que ponían en entredicho la higiene del penal[115].
Recientemente, la Sala Quinta de Revisión en la sentencia
T-762 de 2015[116]
reiteró la existencia de un estado de cosas contrario a la Constitución
Política de 1991 en el Sistema penitenciario y carcelario del país[117].
En esta providencia, se estudió la dramática situación de hacinamiento y otros
problemas estructurales relacionados con la falta de higiene y salubridad al
interior de dieciséis (16) centros carcelarios. Todas las solicitudes de amparo
se encontraban orientadas a la adecuación general de las condiciones de reclusión
por razón especialmente de la ausencia de baterías sanitarias y deficiencias en
la prestación del servicio de agua potable para los internos[118].
Frente a este último aspecto, se advirtió que las características del agua
potable eran definidas por el Ministerio de la Protección Social a través de la
Resolución No. 2115 del veintidós (22) de junio de dos mil siete (2007)[119]
y a ellas debían ceñirse las autoridades sanitarias municipales, con el fin de
determinar la calidad del líquido suministrado, en la medida en que a pesar de
su disposición, el fluido podía no contar con las características de potabilidad
requeridas, como en efecto había ocurrido en algunos de los casos estudiados. En
este punto precisó que el agua destinada para el consumo humano y para efectos
de la sobrevivencia, no podía ser inferior a cinco (5) litros diarios por
persona, de tal manera que la identificación de un establecimiento carcelario
que ofreciera una cantidad menor del líquido vital ameritaba una intervención
urgente, en el corto plazo, para contener la situación. Por estas razones y
tras constatarse un déficit en la materia, se le ordenó al INPEC, a la USPEC[120]
y al Ministerio de Justicia y del Derecho emprender las acciones necesarias
para constatar las necesidades reales de adecuación en infraestructura en
relación con el manejo de aguas (suministro de agua potable y evacuación
adecuada de aguas negras)[121].
4.3.3. En suma, como lo ejemplifican los casos citados, el derecho
a acceder a la cantidad de agua que se requiere para vivir en dignidad adquiere
especial trascendencia tratándose de personas privadas de la libertad. Este
sector marginado y vulnerable de la población no cuenta con una opción distinta
a la administración penitenciaria para alcanzar la plena realización de este
derecho bajo estándares de disponibilidad, calidad y accesibilidad.
Esto justifica que su satisfacción deba ser reforzada y prioritaria. Su
inobservancia constituye un incumplimiento de la
obligación positiva del Estado de procurar a los internos unas condiciones
materiales y mínimas de existencia y se erige en una violación de sus garantías
fundamentales que puede ser reparada mediante la acción de tutela.
5. Al señor Jorge
Iván Carvajal Cometa y demás internos del Pabellón Quinto no les vulneraron sus
derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad
humana con la negativa de instalar un dispensador de agua fría por cuanto las
autoridades penitenciarias del Establecimiento Carcelario de La Dorada, Caldas han
adoptado las medidas necesarias para asegurar la adecuada prestación del
servicio público
5.1. El señor Jorge Iván
Carvajal Cometa a través de una solicitud dirigida a las autoridades de
la Cárcel de La Dorada ha puesto de manifiesto una situación crítica de
irrespeto a la dignidad humana relacionada con algunos defectos estructurales y
de calidad en la prestación del servicio público de agua potable. En su
criterio, la entidad accionada no ha protegido materialmente
sus derechos por lo que decidió acudir al mecanismo constitucional para
procurar su salvaguarda. Los jueces de instancia consideraron que no era procedente
disponer por vía de tutela la instalación de un dispensador de agua, debido a que
la facultad para ello recae exclusivamente en la Dirección del penal quien,
fundada en el reglamento interno prohíbe la tenencia de este tipo de elementos,
pero garantiza la provisión del fluido adecuadamente.
Tras analizar el caso, la Sala
encontró que el material probatorio que obraba en el
expediente de tutela hasta antes de solicitarse pruebas en sede de revisión
daba cuenta de una noticia de amenaza sobre la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana del actor y demás internos, es decir de “una
violación potencial que se presenta como inminente y próxima”[122]
que no había sido atendida por las autoridades penitenciarias.
Independientemente de las condiciones y argumentos del caso
concreto, todo juez de tutela debe por lo menos desde el momento mismo de la
recepción del caso (i) verificar la violación o amenaza a los derechos
que ha sido alegada;  (ii) declarar que esta ocurre, en caso de que así
se haya constatado e (iii) informar y comunicar la situación para
que las autoridades del Sistema penitenciario y carcelario adopten las medidas
materiales orientadas a superar los riesgos que se ciñen sobre el bienestar de
las personas privadas de la libertad. Es decir, en primer término corresponde
al juez ejercer sus competencias y facultades, para establecer si el alegato de
tutela que le fue presentado es cierto. En tal medida, le corresponde fijar
procesalmente si la violación invocada se encuentra o no probada, en otras
palabras, verificar la veracidad del reclamo de amparo. En caso de constatarse
la violación o amenaza, deberá declararlo; expresar de forma inequívoca que
esta se configuró. Finalmente, deberá informar su declaración de verificación
de la violación y, ante todo, comunicarla a las autoridades encargadas de
actuar y de resolver dichas afectaciones, así como a las entidades de
vigilancia, control, defensa y promoción de los derechos[123].
5.2. En cumplimiento al requerimiento
probatorio efectuado por el Despacho, la Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas informó que consciente
de sus obligaciones legales y constitucionales en materia de contenidos
mínimos que deben garantizárseles a las personas privadas de la libertad y
reconociendo que el estado de cosas actual en la materia no es adecuado, ha
realizado esfuerzos significantes encaminados a garantizar entornos óptimos de
reclusión que atiendan los postulados de disponibilidad, calidad y accesibilidad
establecidos en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas a través de la Observación General No. 15 del dos mil dos (2002).
Considerando que de acuerdo con estos parámetros, el
abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los
usos personales y domésticos, el Complejo Carcelario cuenta en la actualidad con
fuentes de acceso y de prestación del servicio que resultan eficaces y
admisibles para atender la demanda en los términos de la jurisprudencia
constitucional. Según el Área de Mantenimiento, la empresa de Obras Sanitarias-EMPOCALDAS
S.A E.S.P- es la encargada de proveer el líquido dentro de las instalaciones
del penal integrado a la fecha por mil setecientos treinta y cinco (1735)
internos y en todo el municipio de La Dorada, Caldas donde se encuentra
localizado. En concreto, el abastecimiento en el Pabellón Quinto se presenta a
través de cuatro (4) llaves terminales ubicadas en el lavadero comunal. A su
vez, al interior de cada celda hay una llave para un total de ochenta y seis (86)
grifos dentro de esta zona de la prisión. Esto apunta a que por cada dos (2)
presos exista una llave teniendo en cuenta que conforme el Área de Comando de
Vigilancia en este espacio de confinamiento hay ciento sesenta y cuatro (164)
reclusos[124].
El sistema previsto permite que la periodicidad del suministro de agua potable
en el establecimiento sea de veinticuatro (24) horas durante los trescientos
sesenta y cinco (365) días del año. Como prueba de esta distribución continua, se
aportaron al proceso copia de dos (2) recibos de cobro de agua en los cuales se
demuestra que durante los meses de julio y agosto de este año, la empresa de
acueducto y alcantarillado facturó un consumo de 25.997 M3 y 9.636 M3 en los
dos (2) medidores existentes en el centro carcelario[125].
Estas cantidades facturadas resultan plausibles, pues
incluso se advierte que la suspensión en la provisión del líquido únicamente
ocurre en forma momentánea y esporádica cuando quiera que surgen circunstancias
que tienen la virtualidad de preservar la seguridad alimentaria y la integridad
de todos los reclusos. En efecto, ello tiene lugar cuando es necesario realizar
reparaciones internas en la red principal de la penitenciaría o en la tubería
madre para el beneficio mismo de la población privada de la libertad y de los funcionarios
que prestan sus servicios en el centro de reclusión. También cuando deben
ejecutarse procedimientos de esta misma naturaleza en la subestación eléctrica
o cuando la empresa prestadora del servicio suspende la dotación hacia el
establecimiento por motivos de mantenimiento en los tanques de almacenamiento
del municipio[126].
Llama la atención inclusive que el actor no plantee queja
alguna en torno a posibles cesaciones del servicio lo que permite inferir
razonablemente que estos escenarios ocurren con poca frecuencia y cuando tienen
lugar, la prisión se asegura que quienes se encuentran bajo su custodia no
queden desprovistos de este mínimo vital. Para este fin cuenta con un tanque de
almacenamiento cuya capacidad es de tres mil (3.000) M3 requerido justamente para
evitar o controlar supuestos de esta magnitud que eventualmente tengan la
potencialidad de obstaculizar el goce efectivo de las necesidades primarias de
todo ser humano. Igualmente, el establecimiento cuenta con personal de guardia
capacitado, además de un grupo de internos que redimen pena, en actividades de
reparaciones locativas cuando es preciso restaurar o arreglar algún daño en la
red que fortuitamente ponga en riesgo la provisión dentro de un proceso de
secuencia. En cualquier evento, se garantiza invariablemente el suministro de
bebidas frías por parte del Rancho después del almuerzo[127]
y en todo caso EMPOCALDAS informa previamente las novedades de interrupción que
en un momento dado puedan llegar a presentarse para que se adopten previamente
los correctivos correspondientes[128].
5.3. Estos supuestos de periodicidad se complementan con un
abastecimiento potable del fluido. Del material probatorio aportado al
expediente se desprende que el agua brindada a la población reclusa cumple con
los estándares de limpieza y salubridad exigidos por la normatividad vigente en
la materia[129].
De acuerdo con el reporte de la Jefe de Sección Técnica y Operativa de
EMPOCALDAS, la Ingeniera Química Nubia Janeth Galvis González, la empresa
realiza un control de calidad periódico, constante y rutinario al líquido
suministrado en el municipio de La Dorada, Caldas mediante la toma de ocho (8)
muestras semanales en los puntos de muestreo instalados en los sectores de
interés sanitario, según lo establece la Resolución No. 0811 de dos mil ocho (2008)[130].
Para el caso específico de seguimiento al buen estado del fluido proporcionado en
el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Doña Juana, se cuenta con el
puesto de muestreo ubicado en el Barrio Las Ferias, que representa la aptitud
de consumo de agua para un amplio sector por tratarse de una misma red[131].
Al proceso se anexaron los resultados de control de calidad realizados a través
de un análisis fisicoquímico y microbiológico sobre el lugar de muestreo denominado
Concentración Escolar Las Ferias durante seis (6) meses, en concreto entre
el seis (6) de abril de dos mil dieciséis (2016) y el veintiocho (28) de
septiembre del mismo año. En cada mes, se efectuaron tomas de muestra sobre
aspectos relacionados con el color aparente, turbiedad, PH, cloro residual,
dureza total, hierro total, cloruros, alcalinidad, coliformes totales,
echerichia coli, residual del coagulante utilizado, nitritos y sulfatos. El
reporte final evidencia que el agua distribuida cumple con los patrones de
calidad definidos en la Resolución No. 2115 de dos mil siete (2007)[132]
y que el resultado del índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA) es cero,
es decir que se trata de agua apta para el consumo humano que no genera
consecuencias adversas en el bienestar de los usuarios[133].
El procedimiento de adecuación y manejo de aguas empleado ha
tenido por finalidad priorizar y asegurar el goce efectivo de las garantías
constitucionales básicas de quienes permanecen confinados en el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas. Su efectividad
ha sido a tal punto que el derecho a la salud de los internos así como el
componente de integridad física susceptibles de ser afectados por
acontecimientos de insalubridad, permanecen al día de hoy protegidos. Conforme
la información suministrada por la Doctora Leidy Plata Plata, encargada del
Área de Sanidad, de acuerdo a los protocolos del Instituto Nacional de Salud-
Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública-, el evento relacionado
con el suministro no cualificado de agua es conocido como Enfermedad
Transmitida por Agua (ETAS). Los brotes y nacidos en el cuerpo cuya
ocurrencia relató el accionante en su escrito de tutela como causantes de este
desorden, clínicamente son considerados problemas de piel (enfermedades
dermatológicas) que en la mayoría de los casos surgen de complicaciones alérgicas
y más que todo relacionadas con el clima pero no con el evento médico referido.
En todo caso, ante su traslado y la consecuente remisión de la historia clínica
al nuevo lugar de reclusión, no ha sido posible verificar dichas afecciones en
su estado de salud. Sin embargo, de acuerdo con los reportes presentes en la
plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública- SIVIGILA-,  no
se evidencia que en la vigencia dos mil dieciséis (2016) se hubieren presentado
padecimientos originados en la patología ETAS[134].
Con la intención de constatar este hecho, al expediente se
aportaron los registros de prestación de los servicios de salud donde se
acreditan los diagnósticos que se han determinado durante la atención por
medicina general brindada por el Consorcio Fondo de Atención en Salud a la
Población Privada de la Libertad en el establecimiento accionado desde el diez
(10) de agosto hasta el diecinueve (19) de septiembre de la presente anualidad
sin que se advierta ningún desorden surgido como consecuencia de una
distribución deficiente de agua[135].
Se adjunta también el soporte donde se demuestra que en lo corrido del año se
han presentado eventos concretos que no están relacionados directamente con las
malas prácticas en la provisión del fluido. Así, aparecen diez (10) casos de Enfermedad
Diarreica Aguda (EDA) originada por múltiples factores, un (1) caso por Hepatitis
B, C y Coinfección Hepatitis B Y Delta y cinco (5) sucesos de intento de
suicidio[136].
5.4. La CIDH[137]
con relación a la integridad de los reclusos en lo que respecta a la
alimentación y el acceso al agua potable, ha puntualizado que estos elementos
deben facilitarse en condiciones apropiadas de cantidad, calidad e higiene,
pues por ejemplo la falta de provisión y tratamiento del agua potable, es un
factor permanente de enfermedades y complicaciones de salud de los internos,
que atenta contra su dignidad. A efectos de que estos parámetros se cumplan y
perduren, la cárcel ha contribuido a la existencia de instalaciones apropiadas
y de procesos constantes de aseo en su interior. Así pues, las tuberías de la
correccional permanecen siempre en buen estado y constantemente se realizan
lavados a los tanques de almacenamiento así como tomas de muestras de agua que
permiten llevar un control y un seguimiento a su condición de salubridad. Incluso,
al proceso se adjuntaron las copias de las actas de visitas (No. 1349, 1619,
1621 y 2430) y actividades realizadas por parte de la empresa AL SERVICIO RT
contratada para realizar, entre otras labores, la desinfección y el lavado de
tanques por medio de una práctica de aspersión e hidro lavado que contribuye al
retiro de lodos, residuos sólidos y escombros. Este procedimiento se realizó durante
los días veintiséis (26) y veintisiete (27) de mayo, veintidós (22) de junio y
treinta (30) de septiembre de este año. Por su parte, el veinticinco (25) de
junio se desarrolló un estudio para el análisis microbiológico y fisicoquímico
de calidad de agua[138].
Además, como medida preventiva y en aras de garantizar un oportuno
internamiento, el Área de Actividades Ambientales de la prisión mediante
comunicado de aceptación No. 039 del veintiocho (28) de abril de dos mil
dieciséis (2016), realizó una contratación del servicio de fumigación para el
control de insectos y desratización a través de técnicas de nebulización con la
misma empresa por valor de nueve millones cuatrocientos mil pesos ($9.400.000).
No existe certeza acerca de si la implementación de tales medidas ha obedecido
a una planeación y concertación previa o es producto de la iniciación de esta
acción de amparo. Lo innegable del asunto es que han sido ciertamente
ejecutadas y el resultado concluyente de tales operaciones ha arrojado que el
establecimiento cumple con las condiciones de orden e higiene de acuerdo con
las normas de la Secretaría de Salud[139].
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- vinculada
a este trámite de tutela ha ejercido un control permanente sobre la ejecución
de estas actividades e incluso dentro del ámbito de sus competencias ha
desplegado todas las acciones ineludibles para atender los ciento treinta y
ocho (138) establecimientos a nivel nacional que se encuentran a su cargo.
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado y la priorización de las obras con el
INPEC, en la Penitenciaría Doña Juana se han llevado a cabo las siguientes
inversiones e intervenciones contractuales que complementan las que hasta la
fecha se han materializado:
(i) Contrato No. 183 de dos mil catorce (2014) cuyo objeto
fue “contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para la
ejecución de obras de mantenimiento, mejoramiento y conservación de la
infraestructura física general” en los Establecimientos Penitenciarios de
Aguadas y La Dorada por un valor de ciento nueve millones trecientos sesenta y
siete mil ciento veinte pesos ($109.367.120).
(ii) Contrato No. 202 de dos mil catorce (2014) cuya
finalidad fue el “mantenimiento, mejoramiento y conservación de la
infraestructura física general para el establecimiento penitenciario de alta y
mediana seguridad y carcelario EPAMSCAS La Dorada, Caldas”, por cuantía de
ochocientos cuarenta y ocho millones setecientos treinta y tres mil sesenta y
cuatro pesos ($848.733.064).
(iii) Contrato No. 350 de dos mil catorce (2014) cuyo
propósito fue el “mantenimiento correctivo a todo costo de calderas, líneas
de distribución de vapor y equipos de lavandería” en diferentes cárceles
del país incluida Doña Juana por un costo total de cuatrocientos once millones
doscientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos ($411.286.746).
(iv) Contrato No. 144 de dos mil quince (2015) orientado al
“mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura física
general en establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional (La
Dorada y Villeta)” por un monto de seiscientos sesenta y ocho millones
ochocientos cincuenta y un mil quinientos cuarenta y dos pesos ($668.851.542).
(v) Contrato de interventoría No. 214 de dos mil quince
(2015) celebrado con la finalidad de realizar “interventoría técnica,
administrativa y financiera para la ejecución de obras de mantenimiento,
mejoramiento y conservación de la infraestructura física general en
establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional (La Dorada y
Villeta)” por un precio equivalente a setenta millones ciento ochenta mil
setecientos treinta y nueve pesos ($70.180.739) suscrito con el consorcio
Anabel.
(vi) Contrato No. 289 de dos mil quince (2015) encaminado a
“contratar el mantenimiento de calderas y equipos de lavandería en los
establecimientos carcelarios del orden nacional” incluido el de La Dorada,
Caldas por un importe de doscientos cuarenta y nueve millones ochenta y cinco
mil doscientos cincuenta y ocho pesos ($249.085.258) firmado con el Grupo
Gemlsa S.A. y,
(vii) el contrato No. 319 de dos mil quince (2015) cuya
intención fue el “suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y
operación de sistema de captación (pozo de bombeo), tratamiento,
almacenamiento, distribución, optimización (incluye: mantenimiento y operación
de pozo profundo), tanques de almacenamiento y operación de todos los sistemas
residuales” en los Establecimientos de Guaduas y La Dorada por valor de
setecientos noventa y seis millones setecientos cincuenta y ocho mil
ochocientos cinco pesos ($796.758.805) celebrado con Hidralobras SAS[140].
5.5. Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala concluye
que los derechos fundamentales señalados no han sido vulnerados con la negativa
de instalar un dispensador de agua fría por cuanto la Dirección de la Cárcel
Doña Juana, si bien no accedió a la solicitud en tal sentido presentada por el
accionante, se ha asegurado de garantizar la prestación del servicio público
vital a través de otros medios igualmente efectivos y con la virtualidad
suficiente para atender adecuadamente y en forma gratuita la demanda de un número
significante de internos recluidos no solamente en el Pabellón Quinto sino en
toda la prisión. El hecho de que el agua sea suministrada actualmente por otros
canales de abastecimiento distintos a los pretendidos por el actor y demás
presos no supone en modo alguno una amenaza o violación a sus garantías
constitucionales y no se erige en una medida desproporcionada, caprichosa o
irrazonable máxime cuando de ninguna manera este hecho ha implicado la
restricción o prohibición de acceso al mínimo esencial dentro del penal en
detrimento de los postulados de disponibilidad, calidad y
accesibilidad.
Del expediente se desprende que la entidad en coordinación
con otras instituciones del Estado ha ejecutado los compromisos a su cargo y ha
cumplido positivamente con los deberes bajo su responsabilidad conforme a los
cuales, en los establecimientos de reclusión, siempre deberá prevalecer el
respeto a la dignidad humana, a los preceptos superiores y a los Derechos Humanos
que han sido reconocidos de forma universal. Se observa que sus buenas
intenciones se han materializado en verdaderas acciones orientadas a preservar
un ambiente de salubridad por medio de instalaciones físicas adecuadas que
permitan alcanzar unas condiciones mínimas de existencia.
La obligación de la administración de respetar los
principios y valores supremos se exacerba en el caso colombiano pues el
desconocimiento de los mismos no se presenta en todas las cárceles del país. Es
de conocimiento popular que algunas prisiones, como ocurre en esta oportunidad,
realizan esfuerzos importantes por respetar las garantías primordiales de los
reclusos[141].
En esta ocasión, para alcanzar ese avance en la materia, la Cárcel de La
Dorada, Caldas ha incluso concertado fuerzas con el Ministerio de Justicia y
del Derecho quien en su respuesta institucional señaló que “en el marco de
sus competencias, se encuentra adelantando todas las acciones tendientes a
coordinar, articular y convocar a las entidades involucradas para implementar
mecanismos orientados a mejorar las condiciones de habitabilidad y de servicios
para la población privada de la libertad de los establecimientos penitenciarios
y carcelarios del país en procura de proteger los derechos fundamentales de
esta población”[142].
En su criterio, “la alternativa coherente para superar el estado de cosas en
materia carcelaria es el acatamiento estricto de las ordenes estructurales que
ya han sido expedidas y no generar, como ha pasado en los últimos años, una
desarticulación y difusión de órdenes estructurales de diversa índole que han
tomado los jueces de instancia”[143].
Con ese propósito, la entidad “se encuentra actualmente en fase de
articulación con las demás entidades del orden nacional para adelantar y
trabajar en el cumplimiento y superación del estado de cosas inconstitucionales”[144].
5.6. En virtud de lo anterior, en tanto no hay violación a
garantías esenciales se revocarán las sentencias de instancia proferidas por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
La Dorada, Caldas el cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016) y por la
Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Manizales el veinticuatro (24)
de mayo de dos mil dieciséis (2016) que declararon improcedente la acción de
tutela presentada y en su lugar se negará la protección invocada para el amparo
de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad
humana.
Sin embargo, teniendo en cuenta que en
este momento el Sistema penitenciario y carcelario se encuentra bajo un estado
de cosas inconstitucional, como medida preventiva y a efectos de asegurar la
protección integral y continuada de los derechos fundamentales de los internos
recluidos en la Cárcel de La Dorada, se le comunicará a la Defensoría del
Pueblo Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria que dentro de su
obligación de guardar, proteger y promover los bienes constitucionales de la
sociedad colombiana, en especial de los grupos más vulnerables como la población
carcelaria, realice en el término de un (1) mes siguiente a la notificación de
esta providencia, un seguimiento a las circunstancias de reclusión en dicho
complejo penitenciario en términos de goce efectivo de acceso al agua y
condiciones de dignidad humana.
Esta orden resulta particularmente
relevante toda vez que la Dirección del penal asegura que a la fecha, los
resultados de algunos análisis microbiológicos realizados sobre la calidad del
agua distribuida están pendientes de ser allegados, puntualmente aquel
realizado el veinticinco (25) de junio de este año[145]. En esa
medida, aunque de los elementos probatorios se desprenden buenas condiciones en
la prestación del servicio público, dicha labor debe ser objeto de una vigilancia
constante y permanente para continuar garantizando presupuestos de potabilidad.
Así las cosas, en caso de encontrarse alguna situación que entorpezca la
materialización de este postulado u otros de categoría básica, la entidad de
control deberá adoptar las medidas de protección que resulten adecuadas y
necesarias en el marco de sus competencias legales y constitucionales. Verificado lo anterior y definida la manera de actuar,
deberá en el término de un (1) mes siguiente a la decisión adoptada, informar
sobre la misma a la Sala Primera de Revisión.
Igualmente, se le comunicará esta
decisión a la Secretaría de Salud de Manizales para que en el término de un (1)
mes contado a partir de la notificación de este fallo, realice una visita al establecimiento
penitenciario con el fin de que verifique el cumplimiento de las medidas
implementadas por la Dirección del penal para satisfacer bajo parámetros cualificados
el acceso al servicio público de agua y un ambiente físico apropiado. De
esa visita se deberá remitir un informe a esta Sala de Revisión, y además, en
caso de que existan acciones que no se hayan adoptado, o nuevas condiciones de
afectación a los derechos podrá tomar los correctivos que sean de su
competencia, implementar las medidas de choque que sean necesarias para mitigar
de forma inmediata el impacto sobre los derechos y emitir las recomendaciones a
que haya lugar. De conformidad con el artículo 44.3.5 de la Ley 715 de dos mil
uno (2001)[146],
a los municipios les corresponde ejercer vigilancia y control sanitario en su
jurisdicción, sobre los factores de riesgo para la salud, en los
establecimientos y espacios que puedan generar peligros para la población,
tales como las cárceles.
Finalmente, es de conocimiento público que el municipio de
La Dorada, Caldas se encuentra ubicado en una zona del país donde las
condiciones climáticas alcanzan niveles muy altos. En un informe periodístico
presentado el primero (1) de febrero de dos mil dieciséis (2016) a través del
portal web de la revista Semana, se denunció que los internos de la Cárcel de
Máxima Seguridad Doña Juana vivían un drama social debido a que la temperatura
del penal llegaba a cuarenta y cinco (45) grados centígrados y no tenían donde
resguardarse. Esta situación resultaba agravada por cuanto el hacinamiento
desbordaba el cuarenta porciento (40%) y, por si fuera poco, los estragos del
fenómeno del Niño habían convertido los días de condena en un auténtico
infierno pues aunque sonara dantesco, el calor extremo había generado
conflictos y disputas para ganar un espacio en sitios con alguna sombra[147].
Se advirtió además que aunque las autoridades garantizaban que el suministro de
agua fuera suficiente para mantener los niveles de hidratación y se estaban
buscando soluciones con el apoyo de la Secretaría de Salud y otros entes de
control, el temor entre los funcionarios es que llegará un periodo de
racionamiento que generará una verdadera crisis humanitaria[148].
Con el objeto de proveer a la eficacia de los derechos
fundamentales involucrados, esta Sala conminará a la Dirección de la Cárcel de
La Dorada, Caldas para que en el supuesto de presentarse alguna situación que imposibilite,
limite o restringa la provisión del líquido con los niveles de aptitud,
inmediatez y regularidad exigidos por la Constitución y la ley se asegure de
adoptar las medidas adecuadas, necesarias y suficientes para impedir una
circunstancia de privación de agua que ponga en peligro las condiciones
materiales de existencia en términos de calidad de vida de los reclusos. Si la
entidad accionada considera que existe una alternativa adicional a las ya
indicadas por ella que evite un desabastecimiento que afecte presupuestos
mínimos la podrá ejercer dentro de los límites sugeridos por la Carta Política
y esta providencia.
En todo caso, teniendo
en cuenta las mayores necesidades de agua de los internos por razón del clima, siguiendo lo dispuesto por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y reiterando las reglas fijadas en las sentencias T-077 de
2013[149]
y T-762 de 2015[150],
en periodos de anormalidad en la distribución deberá
garantizarse siempre un abastecimiento diario razonable de agua potable
equivalente a veinticinco (25) litros por persona y se les deberá facilitar a los presos los utensilios
precisos para que puedan almacenar el líquido en sus celdas especialmente
durante la noche en cantidades no inferiores a cinco
(5) litros para el consumo, para vaciar los baños y realizar las demás
tareas de limpieza. El cumplimiento de estas acciones resulta
imprescindible para aminorar el impacto del verano en la población carcelaria y
no debe escatimarse esfuerzo alguno para adquirir y distribuir el fluido
en forma adecuada, eficiente y oportuna[151].
6. Consideraciones y órdenes
adicionales
6.1. Tratándose de medidas encaminadas a la protección de
los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, las
autoridades gozan de autonomía para tomar las decisiones necesarias, siempre
que estas ofrezcan soluciones reales y efectivas. El juez de tutela no puede
arrogarse competencias que corresponden al INPEC. Es esta entidad la que tiene el
conocimiento directo e inmediato de la situación concreta y de las condiciones
propias de la población carcelaria del país (disponibilidad física, condiciones
sanitarias, de infraestructura y de seguridad, entre otros factores). Sin
embargo, las alternativas formuladas deben siempre partir del criterio
razonable más adecuado frente al nivel de peligro expuesto, siendo en todo
caso, exigible que se elimine o, al menos, se minimice la exposición a riesgos
garantizando a plenitud los entornos de integridad para el detenido afectado.
La Sala reconoce que la Dirección del Complejo Carcelario Doña
Juana ha venido adoptando en forma oportuna y diligente, las medidas que a su
juicio garantizan la eficaz y cierta protección de los internos y el cumplimiento
adecuado de la orden judicial impuesta. Frente a este hecho no surge reparo
alguno. Sin embargo, no puede olvidarse que cuando el asunto puesto a
consideración involucra las garantías constitucionales de personas privadas de
la libertad, al juez de tutela le asiste la facultad
y el deber de asumir permanentemente una actitud más oficiosa y activa en la
defensa de sus derechos y asegurarse que no se presenten situaciones de
incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección que le
asisten al Estado frente a su vida, salud, integridad personal y dignidad
humana. Esto es trascendente toda vez que se trata de un sector de la población
que en virtud de la situación de sujeción en la que se encuentra, y máxime
cuando está sobrellevando un escenario de extrema vulnerabilidad, ve limitados
drásticamente sus derechos de defensa[152].
El deber positivo en cabeza del Estado de
asegurar el goce efectivo, tanto de los derechos no fundamentales como de los
fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma
procede, y en su integridad frente a los demás, es indeleble debido justamente
a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se
encuentran los reclusos[153].
Los jueces de la República en estos casos no deben considerar nunca terminada
su rigurosa misión de salvaguarda e integridad de la Carta Política y no pueden
abandonar a las personas confinadas en las prisiones pues como autoridades
constitucionales están obligadas “a asumir la vocería de las minorías
olvidadas”[154].
6.2. En el presente proceso se evidencian algunas circunstancias
puntuales que pueden comprometer seriamente el ejercicio integral de presupuestos
ius fundamentales. Aunque se advierten y se prueban intentos y acciones
traducidas en soluciones reales ante una problemática generalizada, ello no es
permiso para no avanzar en la protección de los derechos de las personas
vulnerables, sobre quienes justamente recae el deber de actuar con mayor
urgencia y celeridad (artículo 13 superior). Por ello, corresponde tomar las
medidas necesarias para consolidar pasos adicionales a los ya recorridos en lo
que atañe a la salvaguarda de postulados básicos cuya titularidad en este caso
recae en los individuos internados en el Complejo Carcelario de La Dorada. Con
ese propósito, se plantearan brevemente tres (3) problemas individuales
observados en el curso de este trámite y se analizará la afectación constatada
en cada uno de ellos.
6.2.1. En el trámite de la acción de tutela, la Dirección Regional
del INPEC -Viejo Caldas, la Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas y los jueces de
instancia fundamentaron parte de su argumentación defensiva en la prohibición
del reglamento interno de portar elementos constitutivos de un peligro para la
población recluida. Las autoridades no encontraron violación de los
derechos fundamentales debido a que gran parte de sus consideraciones sobre la
dignidad y en general las garantías básicas de la población privada de la
libertad no tuvieron en cuenta el caso concreto sino simplemente la
confrontación de validez de las normas legales y reglamentarias establecidas
con anterioridad a la ocurrencia de los hechos materia de la queja y cuya
modificación debía plantearse en la jurisdicción natural.
Para la Sala, el valor de la dignidad
humana no puede reducirse al valor de la legalidad, “como la norma no
viola el valor, entonces la realidad tampoco puede hacerlo”[155].
Este tipo de razonamientos como se indicó en la sentencia T-596 de 1992[156]
son el resultado de una inadecuada perspectiva en la solución de los casos de
tutela, según los cuales las violaciones a los derechos fundamentales se miran
a la luz del derecho ordinario, desconociendo de esta manera el texto
constitucional. La protección de los derechos fundamentales no puede reducirse
al juicio de legalidad acerca de la decisión tomada por la autoridad pública
correspondiente. Es necesario, además, y sobre todo, confrontar dicha decisión
con la Constitución misma. La acción de tutela obliga al juez y demás
funcionarios a efectuar este tipo de ejercicio y de esta manera, logra el
propósito de efectividad de los derechos que consagra con énfasis la Carta
Política y que se deriva de la fuerza normativa prevista en su artículo cuarto[157].
Sobre este tipo de interpretaciones anacrónicas, se ha advertido
que la despreocupación por las responsabilidades
de los funcionarios del Estado y la protección de los derechos fundamentales,
ha tenido su origen en la ausencia de una  nueva perspectiva
constitucional en la argumentación de los procesos de tutela que los jueces y
tribunales realizan. De ahí la necesidad de que “tomen conciencia de
que cuando se plantea la violación de un derecho fundamental por medio de una
acción de tutela, el parámetro esencial e inmediato de interpretación es el
texto constitucional y no la legislación ordinaria vigente”[158].
En la adopción de este nuevo punto de vista, aparentemente simple y
evidente, se encuentra la clave axiológica que determinó la adopción de la
tutela como uno de los puntos esenciales de la Constitución de 1991. La tutela
de los derechos fundamentales, además de introducir una importante variación
formal en la protección de las garantías superiores al disminuir radicalmente
los plazos para la decisión judicial, impuso una modificación sustancial y sin
precedentes, al exigir de los jueces y autoridades públicas una interpretación
de los derechos fundada en el texto constitucional y no simplemente en la
confrontación con las normas del área jurídica dentro de la cual se plantea la
violación[159].
Dentro de este contexto, las consideraciones
puramente formales no pueden sobreponerse por encima de la garantía
efectiva de derechos fundamentales ni son una excusa razonable para impedir o
no asegurar su pleno ejercicio. Como se ha indicado reiteradamente, los
reclusos merecen un trato acorde con la naturaleza humana y su protección debe
ser reforzada y prioritaria. Ello supone que aunque habiendo perdido el
beneficio de la libertad cumplan la pena sin detrimento de la dignidad e
integridad. Toda persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible,
tiene derecho a ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano y ese debe ser el norte que guie permanentemente el funcionamiento
de todos los establecimientos carcelarios y oriente el ejercicio de la
administración de justicia. Este no es un postulado meramente retórico sino que
tiene un contenido específico dentro del ordenamiento jurídico. La defensa de los derechos no puede ser formal. La misión
del Estado no se reduce a expedir las normas y textos legales que reconozcan,
tan sólo en el papel, que se es titular de ciertos derechos. La racionalidad
estatal mínima exige que dichas normas sean seguidas de acciones reales. Estas
deben dirigirse a facilitar que las personas puedan disfrutar y ejercer
cabalmente dentro de los límites impuestos los derechos que les fueron
reconocidos en la Constitución[160].
Con base en estos planteamientos, la Sala reiterará la regla
establecida en la sentencia T-525 de 1992[161]
de acuerdo con la cual “mientras el tema de
los derechos fundamentales no sea interpretado bajo una perspectiva
constitucional, la acción de tutela se reducirá a un mecanismo adicional e
insuficiente de protección y dejará de cumplir por lo menos uno de sus propósitos
esenciales: el de constitucionalizar
todo el ordenamiento jurídico colombiano y, de esta manera, hacer efectiva la
protección de los derechos fundamentales de las personas”.
6.2.2. Durante el periodo de contradicción, la
Dirección del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas indicó que dentro de las
alternativas existentes para proteger oportunamente el derecho al agua de los
reclusos, “además del suministro permanente de [fluido] en el acueducto,
se [brindan] opciones adicionales como  [la] venta de agua en bolsa y en
botella a través del expendio del Establecimiento”[162].
Esta Sala estima que la venta de líquido a través del expendio no es una opción
que satisfaga el acceso al agua de la población privada de la libertad porque
su prestación se deriva de una carga económica que deben asumir directamente
los internos, lo cual resulta contradictorio por su estado de privación,
sujeción, indefensión y por la natural limitación de ciertos derechos como el trabajo
con remuneración. Además, supone un desconocimiento de las obligaciones de las
autoridades penitenciarias quienes son las principales responsables de la apropiación presupuestal correspondiente para
satisfacer las necesidades primarias de los presos y por esta vía asegurar
sus derechos fundamentales. Por su condición de sometimiento y por estar bajo
la custodia del Estado, el recluso está en imposibilidad inmediata de
procurarse en forma autónoma los beneficios propios para alcanzar unas
condiciones mínimas de existencia digna. Como se dijo en la sentencia T-175 de
2012[163],
“no es admisible que para no pasar sed en las noches, los internos deban
comprar botellas con agua, pues no todos los internos tienen dinero para
hacerlo y además este es un presupuesto que desconoce, en el marco de la
relación de especial sujeción, el deber del Estado de garantizar a todas las
personas privadas de la libertad el mínimo de agua potable”.
Bajo estos supuestos, se le advertirá a la entidad accionada
que en adelante, la distribución de líquido potable a través de su venta en el
expendio, no podrá considerarse como una alternativa que garantice en los
términos de la jurisprudencia constitucional, el cumplimiento estatal en
materia de accesibilidad al mínimo vital. El Estado a través de sus
funcionarios penitenciarios es el garante de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad y su efectivo goce no puede estar supeditado a
cargas económicas que desconozcan el contenido intrínseco y el valor material
de los preceptos constitucionales.
6.2.3. El Juzgado Segundo de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas al resolver en primera
instancia el asunto puesto a su consideración, apreció que el reclamo
constitucional planteado por el actor tenía un contenido colectivo
dirigido al reconocimiento de algunas comodidades al interior del penal, refiriéndose
a la pretensión de un dispensador que debía ventilarse directamente ante el
director del mismo o dirimirse en la jurisdicción competente[164].
La Sala discrepa de estas razones por los siguientes motivos.
En primer lugar, el accionante no está reclamando derechos
colectivos. Es cierto que el derecho al agua tiene facetas de carácter
colectivo, pero también es un derecho fundamental de toda persona como se ha
reconocido internacionalmente y en la jurisprudencia constitucional[165].
La Corte ha admitido que ningún ser humano, de hecho ningún ser vivo, puede
existir o sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene derecho a
acceder, por lo menos, a una cantidad de agua adecuada y suficiente. Se trata
de “recursos mínimos que solucionan sufrimientos mayores”[166]
pero de ninguna manera se refiere a un derecho colectivo. Quizá el derecho
a los ríos y a los mares sea, como el derecho a un ambiente sano, de carácter
colectivo. Pero el derecho de toda persona a acceder a la cantidad de agua que
se requiere para vivir en dignidad es de cada individuo. Que los sistemas de
distribución sean masivos o dependan de la correcta prestación de un servicio
público, no le resta el carácter de individual al derecho. En tal medida, la
acción de tutela es el medio adecuado para que se solicite por un recluso la
protección de su derecho fundamental al agua[167].
En segundo lugar, ya se precisó en líneas anteriores que la
ausencia de un dispensador no es lesiva de preceptos superiores pues existen
medios alternativos que tienen la misma o mayor eficacia para lograr el fin
constitucionalmente legítimo, el cual es la satisfacción de una necesidad
primaria. Al margen de este argumento, el trasfondo de la pretensión incoada representa
una necesidad de suministro de fluido en condiciones de calidad. Aunque este
aspecto ya se encuentra superado, las preocupaciones que surgen en torno a un
abastecimiento apropiado de agua lejos de ser caprichosas o antojadizas merecen
la atención debida en tanto amenazan con comprometer supuestos materiales y
dignos de existencia[168].
Existe una diferencia cualitativa radical entre pretender un entorno de confort
y lujo en un establecimiento carcelario y abocar por lograr un ambiente de
higiene básico. Lo primero no es posible en tanto es el resultado directo e
inevitable de los rigores del aislamiento social y de la pena; lo segundo es apenas
un imperativo, una consecuencia necesaria de los fines esenciales de un Estado
social y democrático de derecho que no tiene atenuante alguno en el hecho de
estar referido a personas que han cometido delitos contra la sociedad. Por estas
razones, los reclamos de un preso que alega estar sometido a condiciones
indignas plantean un inmenso reto constitucional. Se trata de una situación en
la que claramente están involucrados los derechos fundamentales de una persona
y, por lo tanto, el juez constitucional está plenamente facultado e incluso
obligado a actuar diligentemente en su defensa.
7. Conclusiones
7.1. Frente a la administración, el preso se encuentra en
una relación especial de sujeción que corresponde a una política pública diseñada,
implementada y dirigida por el Estado, pero con derechos y deberes en cabeza de
ambas partes. Los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos
restringidos o limitados y cuando esto no sucede, es decir cuando la pena
impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho,
este debe ser tan protegido y respetado como el de cualquier otra persona[169].
7.2. En tratándose de la vida, la salud, la integridad
física y la dignidad humana no opera limitación alguna pues son derechos
inalienables e inherentes a la persona cuya protección compete siempre y en
todo momento a las autoridades penitenciarias. En situaciones específicas, este
deber pleno se concreta en el cumplimiento de unos niveles mínimos
esenciales que comprenden un suministro de agua potable en condiciones de disponibilidad,
calidad y accesibilidad encaminados a cubrir las necesidades de
consumo y contribuir a preservar la salud y la salubridad pública dentro de instituciones
constitucionalmente protegidas, como lo son las cárceles.
7.3.
Las personas privadas de la libertad son sujetos especialmente vulnerables que
merecen una garantía prioritaria y reforzada de su derecho al agua: (i) prioritaria,
por cuanto requieren el líquido con fines
domésticos o personales, para vivir en condiciones de salubridad y evitar las
enfermedades, y (ii) reforzada, en razón a que pertenecen a un grupo poblacional
que tradicionalmente ha tenido dificultades para ejercer este derecho por el
estado de cosas inconstitucional que se vive en las prisiones del país, y por
su especial relación de sujeción con el Estado[170].
7.4. Las autoridades penitenciarias no vulneran los derechos
fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana de
una persona privada de la libertad cuando niegan la instalación de un
dispensador de agua fría porque han implementado las acciones necesarias para
garantizar una adecuada prestación del servicio público, a través de fuentes de
acceso que aseguren su provisión periódica (disponibilidad) y bajo
parámetros de potabilidad (calidad). Lo anterior en el marco además de un
ambiente físico apropiado cuyo estado de sanidad asegura incluso unas
condiciones vitales y respetuosas de un mínimo esencial para quienes allí
permanecen recluidos (accesibilidad).
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por
mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR las sentencias de instancia proferidas
por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de La Dorada, Caldas el cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis
(2016) y por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Manizales el
veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016) en tanto declararon
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Jorge Iván Carvajal
Cometa y en su lugar, NEGAR la protección invocada para el amparo de los
derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad
humana.
Segundo.- CONMINAR a la Dirección del Establecimiento Penitenciario
de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas para que en el supuesto de
presentarse alguna situación que imposibilite, limite o restringa la provisión
del líquido con los niveles de aptitud, inmediatez y regularidad exigidos por
la Constitución y la ley se asegure de adoptar las medidas adecuadas,
necesarias y suficientes para impedir una circunstancia de privación de agua
que ponga en peligro las condiciones materiales de existencia en términos de
calidad de vida de los reclusos. Si la entidad accionada considera que existe
una alternativa adicional a las ya indicadas por ella que evite un
desabastecimiento que afecte presupuestos mínimos la podrá ejercer dentro de
los límites sugeridos por la Carta Política y está providencia.
En todo caso, teniendo
en cuenta las mayores necesidades de agua de los internos por razón del clima, en
periodos de anormalidad en la distribución deberá
garantizarse siempre un abastecimiento diario razonable de agua potable
equivalente a veinticinco (25) litros por persona y se les deberá facilitar a los presos los utensilios
precisos para que puedan almacenar el líquido en sus celdas especialmente
durante la noche en cantidades no inferiores a cinco
(5) litros para el consumo, para vaciar los baños y realizar las demás
tareas de limpieza.
Tercero.- ADVERTIR a la Dirección del
Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas que
en adelante, la distribución de líquido potable a través de su venta en el
expendio, no podrá considerarse como una alternativa que garantice en los
términos de la jurisprudencia constitucional, el cumplimiento estatal en
materia de accesibilidad al mínimo vital. El Estado a través de sus
funcionarios penitenciarios es el garante de los derechos fundamentales de las
personas privadas de la libertad y su efectivo goce no puede estar supeditado a
cargas económicas que desconozcan el contenido intrínseco y el valor material
de los preceptos constitucionales.
Cuarto.- COMUNICAR la presente
decisión a la Defensoría del Pueblo Delegada para la
Política Criminal y Penitenciaria para que dentro de su obligación de guardar,
proteger y promover los derechos de la sociedad colombiana en especial de los
grupos más vulnerables como la población carcelaria, realice en el término de
un (1) mes siguiente a la notificación de esta providencia, un seguimiento a
las circunstancias de reclusión en el Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas en términos de
goce efectivo de acceso al agua y condiciones de dignidad
humana. En caso de encontrar alguna situación que entorpezca la materialización
de estas garantías, deberá adoptar las medidas de protección que resulten
adecuadas y necesarias en el marco de sus competencias legales y
constitucionales. Verificado lo anterior y definida la manera de actuar, deberá
en el término de un (1) mes siguiente a la decisión adoptada, informar sobre la
misma a la Sala Primera de Revisión.
Quinto.- COMUNICAR la presente
decisión a la Secretaría de Salud de Manizales para que
en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de este fallo,
realice una visita al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de La Dorada, Caldas con el fin de que
verifique el cumplimiento de las medidas
implementadas por la Dirección del penal para satisfacer bajo parámetros cualificados
el acceso al servicio público de agua y un ambiente físico apropiado. De
esa visita se deberá remitir un informe a esta Sala de Revisión, y además, en
caso de que existan acciones que no se hayan adoptado, o nuevas condiciones de
afectación a los derechos podrá tomar los correctivos que sean de su
competencia, implementar las medidas de choque que sean necesarias para mitigar
de forma inmediata el impacto sobre los derechos y emitir las recomendaciones a
que haya lugar.
Sexto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 164/17
Referencia: Corrección de la
sentencia T-711 de 2016 presentada por la Secretaría de Salud de Manizales,
Caldas
Magistrada ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil
diecisiete (2017)
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales y,
CONSIDERANDO:
1. La Sala Primera de Revisión de esta Corporación el día
quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dentro del proceso de
tutela T-5724136 iniciado por Jorge Iván Carvajal Cometa contra la Dirección
del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada-
Caldas (Doña Juana), profirió la sentencia T-711 de 2016[171].
Mediante dicha providencia se resolvió, entre otras cosas, lo siguiente:
“Quinto.- COMUNICAR
la presente decisión a la Secretaría de Salud de Manizales para que en el
término de un (1) mes contado a partir de la notificación de este fallo,
realice una visita al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad
de La Dorada, Caldas con el fin de que verifique el cumplimiento de las medidas
implementadas por la Dirección del penal para satisfacer bajo parámetros
cualificados el acceso al servicio público de agua y un ambiente físico
apropiado. De esa visita se deberá remitir un informe a esta Sala de Revisión, y
además, en caso de que existan acciones que no se hayan adoptado, o nuevas
condiciones de afectación a los derechos podrá tomar los correctivos que sean
de su competencia, implementar las medidas de choque que sean necesarias para
mitigar de forma inmediata el impacto sobre los derechos y emitir las
recomendaciones a que haya lugar”.
2. A través de escrito remitido
por correo certificado el día dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete
(2017) y recibido por el Despacho el veintitrés (23) de marzo siguiente, el
Secretario Local de Salud de la ciudad de Manizales, Caldas[172],
precisó que “la jurisdicción de esta Secretaría en cuanto a medidas de
control y vigilancia referidas en la sentencia, solo se circunscriben a la
extensión territorial propia del municipio de Manizales”. Luego, “la
visita solicitada en un establecimiento penitenciario que se encuentra ubicado
en jurisdicción territorial del municipio de la Dorada, Caldas, deberá ser
entonces, realizada por, la secretaría de salud de dicho municipio”.
3. Sobre la base de esta argumentación, el citado
funcionario público solicitó la aclaración del numeral quinto de la sentencia
T-711 de 2016. Esta Corporación ha reiterado que por regla general no hay lugar
a la aclaración de sentencias proferidas en desarrollo de su función de
revisión, toda vez que tal procedimiento desconoce la intangibilidad de la cosa
juzgada, dando lugar a que se exceda el ámbito de competencias que le han sido
asignadas por el artículo 241 de la Carta Política. No obstante,
excepcionalmente y con fundamento en el artículo 285[173]
del Código General del Proceso[174],
ha admitido la procedencia de solicitudes de aclaración en la medida en que
exista una razón objetiva de duda que nuble el entendimiento de la sentencia,
siempre que tal perplejidad repercuta en la parte resolutiva del fallo, o en la
parte motiva cuando de manera directa esta última influya sobre aquélla. De no
cumplirse este requisito, se mantiene el principio de intangibilidad de las
sentencias[175].
En detalle se ha dicho lo siguiente:
“… Se aclara lo que ofrece duda,
lo que es ambiguo, lo que es susceptible de ocasionar perplejidad en su
intelección y, solamente respecto de la parte resolutiva de los fallos o cuando
lo expuesto en la parte motiva influye en aquella. Es decir, mientras esa
hipótesis no se encuentre establecida a plenitud, se mantiene incólume la
prohibición al juzgador de pronunciarse de nuevo sobre la sentencia ya
proferida, pues, se repite, ella es intangible para el juez que la hubiere dictado,
a quien le está vedado revocarla o reformarla, aún a pretexto de aclararla”[176].
4. En esta oportunidad puede colegirse que no hay lugar a la
aclaración de que trata el artículo 285 del Código General del Proceso, toda
vez que no existe confusión o duda alguna sobre la intelección del fallo ni del
mismo puede predicarse ambigüedad en su alcance. Por el contrario, lo que se
constata de su contenido, y lo que en últimas motivó al funcionario público a
interponer la solicitud, es la existencia de un error involuntario en la parte
motiva con incidencia en la resolutiva que debe ser corregido a efectos de
salvaguardar los derechos fundamentales cuya guarda se le encomienda a la Corte
Constitucional y en el caso concreto, para asegurar el pronto cumplimiento de
la tutela en favor del accionante. En efecto, en el numeral quinto de la parte
resolutiva de la providencia, se le ordenó a la Secretaría de Salud de
Manizales, Caldas y no a la Secretaría de Salud de La Dorada-Caldas, como en
realidad correspondía atendiendo al ámbito de competencia territorial de cada
una de las instituciones, llevar a cabo una visita en el Establecimiento
Penitenciario accionado. Este error en la referencia de la entidad competente
para cumplir la orden no implica, sin embargo, una modificación sustancial o
reforma de la sentencia.
5. Esta Corporación ha señalado que cuando en la
trascripción del texto de una sentencia se producen errores involuntarios por
omisión, cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas
en la parte resolutiva o influyan en ella, es aplicable directamente el
artículo 286[177]
del Código General del Proceso[178]
que prevé la figura de la corrección, la cual puede ser adelantada de oficio o
a petición de parte. En esta línea, se ha expresado que “cuando el error
consiste en “omisión  o cambio  de palabras o alteración de éstas”, para que
proceda su corrección, es necesario que el defecto esté contenido en la parte
resolutiva de la sentencia o influir de manera directa en ésta (…) En efecto,
la debida comprensión del contenido y alcance de la decisión no se ve afectada
por la comisión de ese tipo de errores, pues las reglas de hermenéutica
jurídica permiten interpretar de manera correcta e unívoca la providencia, a
pesar del defecto que contiene”[179].
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera
de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero.- CORREGIR la parte resolutiva de la
sentencia T-711 de 2016, en el sentido de que el artículo quinto quedará así:
“Quinto.- COMUNICAR
la presente decisión a la Secretaría de Salud de La Dorada, Caldas para que en
el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de este fallo,
realice una visita al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad
de La Dorada, Caldas con el fin de que verifique el cumplimiento de las medidas
implementadas por la Dirección del penal para satisfacer bajo parámetros
cualificados el acceso al servicio público de agua y un ambiente físico
apropiado. De esa visita se deberá remitir un informe a esta Sala de Revisión,
y además, en caso de que existan acciones que no se hayan adoptado, o nuevas
condiciones de afectación a los derechos podrá tomar los correctivos que sean
de su competencia, implementar las medidas de choque que sean necesarias para
mitigar de forma inmediata el impacto sobre los derechos y emitir las
recomendaciones a que haya lugar”.
Segundo.- ORDENAR a la Secretaría General de
la Corte Constitucional que envíe el presente auto al juzgado de origen para
que notifique su contenido a las partes interesadas en el asunto de la
referencia.
Comuníquese y cúmplase,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 3. En adelante, siempre que se haga mención a un folio del
expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa. Como argumento adicional para la provisión de un
dispensador de agua, señaló que: “Abemos (sic) 164 internos de los que un grupo
de 12 a 24 internos diariamente se recrean haciendo deporte como futbol por lo
que se constata que si (sic) es una necesidad tener el servicio de una
dispensadora de agua fría, conforme se expuso anteriormente” (folio 7).
[2]
Folio 3.
[3]
En sentido literal, la entidad accionada sostuvo lo siguiente: “Este
Establecimiento de Reclusión se rige bajo los parámetros del Reglamento de
Régimen Interno establecido en la Resolución No. 122 de Febrero 08 de 2005 bajo
los parámetros del Acuerdo 0011 de 1995 que se constituye en el Reglamento
General del INPEC, y aprobado por la Dirección General mediante acto
administrativo 1605 de abril del mismo año, una vez se verificó que el mismo
cumple con todos los requisitos legales que en materia de normatividad
penitenciaria se han expedido. Dicho Reglamento establece los elementos que se
deben implementar al interior de los pabellones para uso de los internos como
lo son los Televisores, los cuales son considerados como necesarios para el
desarrollo de las diferentes actividades y programas realizados con el personal
de internos, y dentro de estos elementos, no se encuentran autorizados los
dispensadores de agua fría. //Es de anotar, que el Acuerdo 0011 de 1995,
estipula que: “… Toda modificación, adición o supresión a un reglamento de
Régimen Interno, se sujetará al procedimiento establecido en el párrafo
anterior”, refiriéndose al concepto previo que se requiere del Director General
del INPEC quien a su vez debe solicitar concepto a la Oficina Jurídica del Instituto.
Por tanto, lo normado en el Reglamento Interno está avalado por estas
instancias, y la Dirección del Establecimiento no tiene la facultad legal para
a su voluntad modificarlo en el sentido que se refiere en su derecho de
petición” (folio 10).
[4]
Folio 10.
[5]
En palabras del accionante: “En mi caso particular mi familia viven (sic) en el
Huila y en el Caquetá y por la cituación (sic) económica nunca me concinan
(sic) a la cuenta Mathis de el establecimiento. Por esta razón no tengo como
comprar el agua fría del expendio y por esta razón tengo que recurrir a
consumir el agua de la llave. Téngase encuenta (sic) su señoria (sic) que en el
pabellón hay muchos internos que viven en la misma situación y a la voluntad de
otros compañeros que quieran colavorarles (sic)” (folio 4).
[6]
Folio 3.
[7]
Folios 12 al 18.
[8]
Martha Lucía Feho Moncada.
[9]
Folios 19 y 20.
[10]
En palabras de la entidad: “A modo de ejemplo, de una simple cuchara se
elaboran chuzos, de una simple platina que trae los tenis se elaboran chuzos;
en fin se fabrican armas que no tienen un buen propósito; en este orden de
ideas, prima el interés general sobre el particular” (folio 19).
[11]
Folio 19.
[12]
Leonel Fernando Chaparro Gómez.
[13]
Folio 24.
[14]
Artículo 36 de la Ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el Código
Penitenciario y Carcelario”.
[15]
Artículo 30 del Decreto 4151 de 2011, “Por el cual se modifica la estructura
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ­INPEC y se dictan otras
disposiciones”.
[16]
Orlando Trujillo Rojas.
[17]
Folios 25 al 28.
[18]
En este punto la entidad explicó que de acceder a las pretensiones del actor se
generaría un grave detrimento patrimonial dado que por respeto al principio de
igualdad tendría que suministrarse el agua fría a través de dispensador para
todos los pabellones del centro de reclusión (folio 25).
[19]
Artículo 34 (alta seguridad) y artículo 134 (mediana seguridad).
[20]
Folios 38 al 41.
[21]
Sobre el argumento planteado por la Dirección del establecimiento relacionado
con el alto consumo de energía que podría generar la instalación de un
dispensador de agua, el accionante sostuvo que: “El 70% de la energía que se
consume en el penal los gasta el Inpec, en las comodidades que ellos se dan y
solo el 30% gastamos los internos ya que solo tenemos dos electrodomésticos ha
(sic) nuestro servicio que consumen energía, “el televisor y la greca” (folio
40).
[22]
Folio 60.
[23]
En concreto, el Despacho dijo lo siguiente: “No se le están violentando los
derechos fundamentales al señor Jorge Iván Carvajal, pues no se ha prohibido o
restringido el acceso al agua potable, por lo contrario, lo que advierte esta
Colegiatura es que no es de su agrado la forma en cómo es suministrada y por
ello insiste en la utilización de un dispensador de agua; no obstante, ello no
significa que exista una vulneración a un derecho fundamental. Así pues, esta
solicitud solo le corresponde resolverla al director del establecimiento
penitenciario donde él se encuentra recluido, pues los parámetros de seguridad
que allí se manejan son autonomía exclusiva de las directivas del plantel; en
los cuales el Juez constitucional no tiene injerencia alguna, salvo que se
constate una decisión arbitraria y más allá del límite permitido por la
Constitución, lo cual no sucede en este caso” (folio 61).
[24]
Se le pidió informar y suministrar al Despacho la siguiente información: (i)
Indicar el número de internos que actualmente permanecen recluidos en el
establecimiento penitenciario y en concreto, el número de personas que se
encuentran privadas de la libertad en el Pabellón Quinto del penal, donde
asegura encontrarse el señor Jorge Iván Carvajal Cometa. (ii) Enviar un informe
detallado acerca de las diversas fuentes de acceso y suministro que actualmente
ofrece el centro de reclusión para satisfacer el servicio de agua potable de la
población privada de la libertad en condiciones de calidad, salubridad,
suficiencia y gratuidad. En el deberá indicarse la cantidad y la periodicidad
con la que se garantiza el acceso al líquido con miras a lograr un adecuado
abastecimiento del mismo. (iii) Señalar si a la fecha existe o ha existido
alguna situación que imposibilite la provisión del líquido en forma permanente
y apropiada para el consumo humano, o si se han presentado algunas limitaciones
o restricciones en su prestación debido a problemas de higiene o limpieza en
las tuberías del penal. En este punto, deberá indicarse si las tuberías del establecimiento
y en general las instalaciones del mismo son objeto de mantenimiento y procesos
frecuentes de saneamiento. En caso afirmativo, indicar el procedimiento
empleado para tal fin y la frecuencia con la que este se realiza. (iv) Precisar
si a la fecha, el señor Jorge Iván Carvajal Cometa o algún otro interno han
resultado afectados en su estado de salud como consecuencia de la falta de
calidad y sanidad del agua que se suministra para satisfacer las necesidades de
la comunidad recluida. Esta información deberá ser certificada por el prestador
de servicios de salud que actualmente opera en el penal. (v) Enviar copia de
los estudios de control y seguimiento que han medido la calidad y potabilidad
del agua suministrada por el penal durante los últimos seis (6) meses y que
actualmente consumen las personas allí recluidas. Esta información deberá ser
certificada por parte de la empresa que actualmente presta el servicio público
de acueducto y alcantarillado en la penitenciaría.
[25]
Folios 22 al 24 del cuaderno de Revisión.
[26]
Folios 25 al 28 del cuaderno de Revisión.
[27]
Marcela Abadia Cubillos.
[28]
Folios 29 al 36 del cuaderno de Revisión.
[29]
“Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones
del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo
de Justicia y del Derecho”.
[30]
Álvaro Enrique Malagón Pérez.
[31]
Folios 37 al 71 del cuaderno de Revisión.
[32]
Jorge Alirio Mancera Cortes.
[33]
Folios 72 al 81 del cuaderno de Revisión.
[34]
En este punto la entidad señaló que: “Es importante dejar claro al despacho
este marco temporal de creación, apropiación de funciones y asignación de
recursos por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
-USPEC-, para indicar que la entidad hasta hace menos de tres años, asumió
formalmente el cumplimiento de unas funciones que trajeron como consecuencia,
heredar una problemática estructural y compleja proveniente del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC, materializada en el hecho de
recibir una infraestructura inadecuada y vetusta, en regular estado y con
índices de intervención bajos, sin dejar de mencionar el más delicado de todos,
el hacinamiento carcelario” (folio 44 del cuaderno de Revisión).
[35]
Artículo 10. Dotaciones. “El director de cada centro de reclusión velará por
que el establecimiento sea dotado con los medios necesarios que aseguren el
mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines”.
[36]
“Por el cual se expide el Reglamento General al cual se sujetarán los
reglamentos internos de los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios”.
[37]
“Por el cual se crea la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC,
se determina su objeto y estructura”.
[38]
Carlos Arturo Agudelo Montoya.
[39]
Folios 82 al 88 del cuaderno de Revisión.
[40] Constitución Política, artículo 86. “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[41]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[42]
Esta información pudo verificarse a través del Sistema de Información de
Sistematización Integral del Sistema Penitenciario y Carcelario (SISIPEC)
(folios 37 y 39 del cuaderno de Revisión).
[43]
Según lo ha explicado la Corte, el efecto inter comunis se adopta con el fin de
proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma
situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad. A este respecto,
esta Corporación ha sostenido que existen circunstancias en las cuales la
protección de los derechos fundamentales de los accionantes debe hacerse
extensiva a otras personas o ciudadanos que no han acudido a la acción de
tutela, o que habiendo acudido no son demandantes dentro de los casos bajo
estudio, pero que sin embargo, se encuentran en situaciones de hecho o de
derecho similares o análogas a las de los actores. En estos casos, ha
establecido que la acción de tutela no debe limitarse a un mecanismo judicial
subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
solamente de los accionantes, y que la naturaleza y razón de ser de la acción
de amparo debe suponer también la fuerza vinculante suficiente para proteger
garantías superiores de quienes no han acudido directamente a este medio
judicial. La aplicación de esta figura, que constituye una excepción al mandato
consagrado en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 que señala que las
sentencias de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto, se encuentra
supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que la protección
de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o amenace con atentar
contra los derechos fundamentales de los no tutelantes; (ii) que quienes no
acudieron a la acción de tutela y los accionantes se encuentren en condiciones
objetivas similares; y (iii) que con la adopción de este tipo de fallo se
cumplan fines constitucionales relevantes tales como el goce efectivo de los
derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial efectiva. La
sentencia SU-1023 de 2001 (MP Jaime Córdoba Triviño; AV Jaime Araujo Rentería),
trata por primera vez dicho efecto al estudiar el caso de unos pensionados que
interpusieron tutela en contra de la compañía de inversiones de la Flota
Mercante, entidad que no había pagado sus mesadas pensionales desde mil
novecientos noventa y nueve (1999). En ese caso, la Sala Plena estimó que:
“Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se
limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto
se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios
atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no
puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de
vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante
suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han
acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se
encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y
cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera
directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no
tutelantes. (…)”. Además, pueden consultarse, entre muchas otras, las
sentencias: T-203 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-200 de 2006 (MP
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-451 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-088
de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-938 de 2011 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-987 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-239 de 2013 (MP María
Victoria Calle Correa), SU-254 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV
Mauricio González Cuervo), T-370 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-465
de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-649 de 2013 (MP Mauricio González
Cuervo), T-689 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[44]
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de
la Constitución Política”.
[45]
Sobre el principio de inmediatez, en general, se pueden consultar las
sentencias T-1110 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-429 de 2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-998 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), SU-158 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa) y T-521 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo),
entre muchas otras.
[46]
Si bien el término para interponer la acción de tutela no puede establecerse de
antemano, el juez está en la obligación de verificar cuándo no se ha
interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en un factor de
inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros o que
desnaturalice la acción.
[47]
En estos casos, el juez de tutela debe ser sensible a las
condiciones especiales de vulnerabilidad, exclusión, marginalidad y
precariedad en las que se encuentran aquellas personas
privadas de la libertad. Se trata de una población
especialmente protegida que enfrenta una situación dramática y de continua
vulneración de sus derechos fundamentales cuya protección es urgente para la
satisfacción de sus necesidades más apremiantes.
[48]
Al respecto la sentencia T-222 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) señaló:
“No puede predicarse idoneidad y eficacia de un recurso sin hacerse un análisis
concreto. Ello implica que el juez constitucional despliegue una carga
argumentativa a fin de determinar la procedencia de la tutela. No es dable en
un Estado Social de Derecho que un juez constitucional niegue por improcedente
un amparo constitucional sin si quiera analizar, paso a paso, el requisito de
subsidiariedad”. En aquella oportunidad, la Sala Novena de Revisión estimó
procedente una acción de tutela presentada por tres (3) ciudadanos contra
compañías de seguros por cuanto, a pesar de existir un medio judicial de
defensa para controvertir los asuntos contractuales en conflicto, este no era eficaz
por la calidad de sujetos de especial protección constitucional de los
accionantes quienes se encontraban en condición de discapacidad y carecían de
recursos económicos. La jurisprudencia constitucional ha señalado que hay
especiales condiciones que deben ser analizadas en cada caso concreto para
determinar la procedencia de la acción, por ejemplo, que la persona interesada
sea sujeto de especial protección constitucional, como sucede con las personas
de la tercera edad o con quienes por sus condiciones de vulnerabilidad
económica, de salud o familiares, no les sea exigible acudir a otra vía
judicial para solicitar la protección de su derecho, habida cuenta del
tratamiento preferencial que su condición exige, con lo cual el análisis de
procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente.
[49]
En ciertos casos, además, este puede ser un argumento para proveer una solución
principal y definitiva. En ese sentido, la sentencia T-396 de 2009 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto) indicó: “[L]a acción de tutela procederá como mecanismo
principal y definitivo en el evento en que el medio judicial previsto para este
tipo de controversias no resulte idóneo y/o eficaz en el caso concreto”. Esta
posición ha sido reiterada por las sentencias T-820 de 2009 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto), T-354 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-140 de
2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-491 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez), T-327 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa), T-471 de 2014 (MP Luis
Guillermo Guerrero Pérez), entre muchas otras.
[50]
MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo. En esta
oportunidad, la Sala Primera de Revisión adoptó una serie de órdenes
encaminadas a superar el estado de cosas inconstitucional del Sistema
penitenciario y carcelario del país. Allí, se advirtió la presencia de diversos
factores determinantes de esta situación destacándose en concreto los
siguientes: “(i) Los derechos constitucionales de las
personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada;
(ii) las obligaciones de respeto, protección y garantía, derivadas de
tales derechos, han sido incumplidas de forma prolongada; (iii) el Sistema ha
institucionalizado prácticas claramente inconstitucionales, dentro de su
funcionamiento cotidiano; (iv) hay una ausencia notoria de medidas legislativas,
administrativas y presupuestales que se requieren con urgencia; (v) la solución
de los problemas estructurales compromete la intervención de varias entidades,
que deben realizar acciones complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si
todas las personas privadas de la libertad que se ven enfrentadas al mismo
estado de cosas presentaran acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa
de sus derechos), tal como lo hicieron los accionantes de las tutelas
acumuladas en esta oportunidad, el sistema judicial se congestionaría aún más
de lo que está ocurriendo”.
[51] MP Ciro Angarita Barón. Allí se analizó la situación
de varios ciudadanos privados de la libertad en la penitenciaría de “Peñas
Blancas” de Calarcá, Quindío, a quienes por diferentes circunstancias se les
había vulnerado por parte de las autoridades carcelarias su derecho fundamental
a la dignidad humana debido a las precarias condiciones de higiene y sanidad al
interior del centro de reclusión. De manera concreta, se aludía a la existencia
de tratos degradantes como consecuencia de la inadecuada evacuación de excretas
en recintos cerrados de la penitenciaría. Los reclusos se quejaban también de
las insoportables condiciones ambientales producidas por la ubicación de
letrinas deterioradas, sin agua suficiente para la limpieza y contiguas a los
sitios destinados para dormir. La Sala Primera de Revisión concedió el amparo
de los derechos fundamentales de los peticionarios en tanto la situación en la
que vivían era algo intolerable, degradante e inhumana. Precisó que existía una
palmaria negligencia o, en el mejor de los casos, una falta de diligencia
considerable, que no tenía atenuante alguno en el hecho de estar referida a
personas que habían cometido delitos contra la sociedad. Por ello, le ordenó al
Ministerio de Justicia (Dirección General de Prisiones) que adecuará y reparará
los dormitorios, baños, rejillas y disposición de basuras, de acuerdo con las
recomendaciones establecidas en el informe presentado por el Instituto
Seccional de Salud del Quindío, luego de una visita realizada a la prisión. Así
mismo, dispuso la intervención de los entes de control a efectos del
cumplimiento de la sentencia. La providencia T-153 de 1998 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz), también constituye un precedente hito sobre la categoría de
especial sujeción. En esa sentencia, se estudiaron casos de hacinamiento en dos
(2) instituciones penitenciarias del país (La Modelo de Bogotá y Bellavista de
Medellín). Al visitar las instalaciones, la Sala Tercera de Revisión observó
que la política carcelaria del Estado no estaba garantizando la protección de
los derechos fundamentales de los reclusos, ni las condiciones mínimas de
existencia digna y en consecuencia declaró un estado de cosas inconstitucional.
La doctrina constitucional sobre relaciones de especial sujeción en el caso de
las personas privadas legalmente de la libertad ha sido reiterada en múltiples
ocasiones, entre ellas, en las sentencias T-1190 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett), T-690 de 2004 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-274 y T-1275 de
2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-848 de 2005 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-566 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández).
[52] Con relación a los elementos característicos de las
relaciones de sujeción, la Corte se pronunció en la sentencia T-881 de 2002 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), en la cual recopiló su jurisprudencia al respecto:
“De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la Sala identifica seis
elementos característicos qué procederá a relacionar así: las relaciones de
especial sujeción implican (i) la subordinación  de una parte (el recluso), a
la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta en el sometimiento del
interno a un régimen jurídico especial (controles disciplinarios y
administrativos  especiales y posibilidad de limitar  el ejercicio de derechos,
incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la
potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales
debe estar autorizado  por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad  del
ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos
fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás
derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina,
seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la
resocialización). (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos
derechos especiales  (relacionados con las condiciones materiales de
existencia: alimentación, habitación, servicios públicos) en cabeza de los
reclusos, los cuales deben ser especialmente garantizados por el Estado. (vi)
Simultáneamente el Estado debe garantizar  de manera especial el principio de
eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el
desarrollo de conductas activas)”. Esta postura ha sido reiterada, entre otras,
en las sentencias T-490 de 2004 (Eduardo Montealegre Lynett), T-274 de 2005 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-705 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla),
T-311 de  2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[53]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[54]
Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[55]
Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la
funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la
resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones
cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria.
Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal
y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra
de los valores y principios propios del Estado social de derecho. Sobre el
particular, consultar la sentencia T-175 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa), cuyo análisis se efectuará más adelante.
[56]
Constitución Política, artículo 1. “Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. En términos
constitucionales, la dignidad humana es tanto un principio como un derecho
constitucional. Como principio, la dignidad humana “[…] se constituye como un
mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción, según el
cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la medida de sus
posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las conductas relacionadas
con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las
condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos de protección de la
dignidad humana identificados por la Sala: autonomía individual, condiciones
materiales de existencia, e integridad física y moral”. Como derecho
fundamental autónomo, la dignidad humana cuenta con los elementos propios de
todo derecho “un titular claramente identificado (las personas naturales), un
objeto de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida,
integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción
de tutela). Se consolida entonces como verdadero derecho subjetivo”. Sobre el
particular, ver la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[57]
Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[58]
Constitución Política, artículo 11. “El derecho a la vida es inviolable. No
habrá pena de muerte”.
[59]
Sentencia T-102 de 1993 (MP Carlos Gaviria Díaz). En ese pronunciamiento, la
Sala Cuarta de Revisión analizó una acción de tutela presentada por algunos
pobladores del Municipio de Santo Domingo, Antioquia quienes consideraban que
la construcción de un comando de policía junto a dos (2) centros educativos amenazaba
sus derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la integridad física y
a la educación, por lo cual solicitaban ordenar la suspensión de la
construcción, prohibir su ocupación y cambiar la destinación de dicha obra. Con
todo, aunque en los fallos de instancia se ordenó suspender la construcción,
esta corporación revocó esas decisiones, denegó la tutela impetrada y autorizó
proseguir la obra que había sido interrumpida.
[60]
La prohibición del artículo 12 de la Constitución relativa a los tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes es una de las innovaciones más importantes
introducidas por la Constituyente de mil novecientos noventa y uno (1991). Esta
parte del texto fue extraída de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Resolución 39/46 de
la Asamblea General en diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).
Sobre el particular, consultar la sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita
Barón), previamente analizada.
[61]
Juan Fernández Carrasquilla, Derecho penal fundamental, Temis, Bogotá, 1989, p.
88. Esta postura ha sido asumida por la Corte Constitucional en virtud de lo
dispuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) señala en su artículo 10.3
que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad
esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. Por su
parte, la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) dispone textualmente
en su artículo 5.6 que: “Las penas privativas de la libertad tendrán como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. En
este mismo sentido, la Observación General No. 21 al artículo 10 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas señala que: “Ningún sistema penitenciario debe estar orientado
a solamente el castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la reforma y la
readaptación social del preso”. Con estos argumentos, la Corte ha entendido
que: “El Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la
desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización”. Para
mayor información, puede consultarse la sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei
Julio Estrada (e)), cuyo análisis se realizará más adelante.
[62]
La protección constitucional antes descrita ha sido objeto de reconocimiento en
el ámbito internacional a través de diversos mecanismos que abogan por la
garantía de los Derechos Humanos así como a nivel del derecho interno. En el
ámbito jurídico internacional de los Derechos Humanos, ha existido la
preocupación por el respeto de unas reglas básicas en relación con el trato de
los detenidos. De acuerdo con la doctrina del Comité de Derechos Humanos y de
la Comisión Interamericana, el contenido de tales reglas mínimas indica, entre
otras cosas, que “deben existir instalaciones sanitarias suficientes para que
cada recluso pueda “satisfacer sus necesidades naturales en momento oportuno,
en forma aseada y decente” ( ). El Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968 también se refiere al trato de los
detenidos en su artículo 10 al señalar que: “Toda persona privada de la
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano”. A su turno la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada en Colombia por medio de la
Ley 74 de 1968, dice lo siguiente en su artículo 5: “1. Toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie puede
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano”. Sobre el particular, consultar la sentencia
T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón) donde expresamente se consagraron estos
planteamientos. Por su parte, el trato de los prisioneros ha sido también
considerado en la legislación colombiana. En efecto, el Código de Procedimiento
Penal (Ley 906 de 2004), en su artículo 1 preceptúa expresamente como principio
rector el respeto por la dignidad humana. Allí consagra que: “Los
intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la
dignidad humana”. También, el artículo 10 señala que: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a
los derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la
necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. En ella los
funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho sustancial”. De otro lado,
el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) dispone en su artículo 5
modificado por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2014 que: “En los
establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a
las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente
reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. Las
restricciones impuestas a las personas privadas de la libertad estarán
limitadas a un estricto criterio de necesidad y deben ser proporcionales a los
objetivos legítimos para los que se han impuesto. La carencia de recursos no
podrá justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad”.
[63]
El Comité de Derechos Humanos ha sintetizado el núcleo más básico de los derechos
de los reclusos en los siguientes términos: “Todo recluso debe disponer de una
superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones sanitarias adecuadas,
de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes, de una
cama individual y de una alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para
el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar que son estos
requisitos mínimos, que en opinión del Comité, deben cumplirse siempre, aunque
consideraciones económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el
cumplimiento de esas obligaciones”. Comité de Derechos Humanos, caso de Mukong
contra Camerún, 1994, parr. 9.3. Citado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esa ocasión, el
proceso de tutela tuvo origen en la demanda presentada por el Defensor del
Pueblo, Seccional Vaupés, en relación con las circunstancias de detención de la
población carcelaria del Departamento especialmente de quienes se hallaban
recluidos en la Cárcel Municipal de Mitú y en el calabozo del Comando de
Policía de la misma ciudad. En ambos casos, se constató que las autoridades
estatales habían incumplido en forma grave sus obligaciones constitucionales e
internacionales en la materia: mientras que las personas privadas de la
libertad en el calabozo del Comando de Policía se veían expuestas a condiciones
deplorables de reclusión que vulneraban la mayor parte de los derechos
constitucionales de los cuales eran titulares, quienes se encontraban internados
en la Cárcel Municipal veían negado, en lo esencial, su acceso a la
resocialización por medio del trabajo y el estudio. Se ordenó en consecuencia
adoptar las medidas necesarias para lograr la
protección efectiva de los derechos fundamentales de los individuos afectados
con la omisión estatal.
[64]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[65]
En la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), la Sala Tercera de
Revisión declaró que el Sistema penitenciario y carcelario estaba en un estado
de cosas inconstitucional, emitiendo una serie de órdenes tendientes a
superarlo. El hacinamiento, las graves deficiencias en materia de servicios
públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y la
corrupción, y la carencia de oportunidades y medios para la resocialización de
los reclusos originaron esta declaratoria. Esta situación, que se entendió
superada medianamente en un momento, se volvió a presentar nuevamente, por lo que
la Sala Primera de Revisión en la sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo), declaró una vez más este estado
contrario a la Constitución Política de 1991. Allí, se aclaró que aunque la
situación actual era crítica, se trataba de un escenario diferente al
constatado hace ya más de una década debido al incremento en los problemas
estructurales, la aparición de nuevas amenazas y violaciones no consideradas en
su momento y el hecho de que las políticas y programas planeados inicialmente,
aparentemente válidos y adecuados para el entorno considerado, eran inadecuados
e insuficientes para las actuales demandas. En la sentencia T-762 de 2015 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado) se reiteró esta declaratoria. Las condiciones de
hacinamiento y de indignidad en que se tiene recluida a la mayoría de personas
en el Sistema penitenciario y carcelario colombiano constituyen a la luz de la
jurisprudencia constitucional, un estado de cosas que es contrario al orden
constitucional vigente y que, por tanto, debe ser superado por las autoridades
competentes, ejerciendo las competencias que se tienen para ello en democracia,
dentro de un plazo de tiempo razonable, y de manera transparente y
participativa. En las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las Salas
Primera y Quinta de Revisión de esta Corporación constataron el grave estado de
hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, en
sus diversos y diferentes grados, según el caso de que se tratará, así como el
grave impacto que esta situación tenía sobre la población carcelaria en
términos de dignidad humana y Derechos Humanos. Allí se advirtió que el
hacinamiento generaba corrupción, extorsión y violencia, con lo cual se
comprometían también los derechos a la vida e integridad personal de los
internos.
[66]
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 62, párr. 85 y Caso
Vélez Loor, supra nota 62, párr. 198. Sobre el particular, puede consultarse la
sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González
Cuervo), previamente analizada. El artículo 4 de la Ley 1709 de 2004, “Por
medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley
599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones”, dispone que
la carencia de recursos no podrá justificar que las condiciones de reclusión
vulneren los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
[67]
Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-596 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[68] Sentencia T-851 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
previamente analizada.
[69] Las Reglas Mínimas de Tratamiento de los Reclusos son
normas de soft law que describen las condiciones de internamiento que
deben ser garantizadas por las autoridades penitenciarias para la plena
efectividad de los derechos de las personas privadas de la libertad. (Las
normas de soft law son disposiciones flexibles, adoptadas en el seno de organizaciones
internacionales, a veces por amplias mayorías, que constituyen sobre todo
directivas de comportamiento dirigidas a los Estados, más que obligaciones
estrictamente de resultado). Fueron adoptadas por
el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en mil novecientos cincuenta
y cinco (1955), y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
Resoluciones 663C (XXIV) del treinta y uno (31) de julio de mil novecientos
cincuenta y siete (1957) y 2076 (LXII) del trece (13) de mayo de mil
novecientos sesenta y siete (1967). En las observaciones preliminares de las
reglas, como finalidad de las mismas, se señala: “El objeto de las
reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema
penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos
generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los
sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de una buena
organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los
reclusos”.
[70] Junto a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos que han adquirido en la práctica un nivel de vinculatoriedad especial
para los funcionarios judiciales se encuentran el Conjunto de Principios para
la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión (adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de
diciembre de 1988) y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
(adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de
1990). Ante el
incumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones contenidas en los
instrumentos internacionales referidos, se han producido una serie de
decisiones en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del
Comité de Derechos Humanos en las cuales se ha recurrido, especialmente, a las
Reglas Mínimas para interpretar el contenido del derecho de los presos a
recibir un trato digno y humano. Así por ejemplo, en el caso Potter v. Nueva
Zelandia el Comité consideró que mantener a una persona privada de la
libertad en condiciones materiales inferiores a las establecidas por las Normas
Mínimas constituía una violación del artículo 10 del PIDCP, es decir, se debía
considerar un trato inhumano que atentaba contra la dignidad del recluso. Este en
concreto, se quejaba de la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos que
requería. Por su parte, en el caso Mukong v. Camerún el Comité insistió
en la universalidad del derecho a un trato digno y humano el cual no podía depender enteramente del presupuesto
estatal, y resaltó la
importancia de las Reglas Mínimas en la definición de las condiciones
materiales de reclusión que deben garantizarse en virtud del principio de
dignidad humana. En este caso estimó que excepcionalmente las condiciones de
detención debían considerarse un trato inhumano violatorio del artículo 7 del
PIDCP, en los casos en que éstas eran agravadas por otros abusos debiéndose
considerar un “trato excepcionalmente duro y degradante”. El Sr. Mukong
aducía que había sido encerrado con otros veinticinco (25) o treinta (30)
detenidos en una celda de aproximadamente veinticinco (25) m2 desprovista de
servicios sanitarios. Además que las autoridades penitenciarias se negaron a
alimentarlo por varios días y que después de dos (2) semanas de detención en
tales circunstancias, contrajo una infección en el pecho (bronquitis). Esta
última posición fue reiterada en el caso Suarez Rosero v. Ecuador en el
cual, frente a un cuadro de golpes y amenazas, hacinamiento, insalubridad y
otras condiciones indignas de subsistencia dentro de un establecimiento
carcelario, la Corte consideró que se configuraba un trato cruel, inhumano y
degradante en los términos de la Convención. Para mayor información, puede
consultarse la sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei Julio Estrada (e)), cuyo
análisis se realizará más adelante.
[71]
Tales derechos fueron recogidos de las interpretaciones de la Carta
Internacional de Derechos del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (i
a v; caso de Mukong contra Camerún, 1994), y de las interpretaciones de
la Carta Interamericana de Derechos Humanos hechas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (vi a xiii; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica, párrafo
133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada,
párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195, 2001). Sobre el
particular, puede consultarse la sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo), previamente analizada.
[72]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 14. En directa
consonancia se encuentran las reglas número 10, 12, 13 y 26.1.
[73]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “1) Todo recluso
recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de
buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente
para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.
[74]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se exigirá de los
reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de los artículos de
aseo indispensables para su salud y limpieza”.
[75]
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “2) Todo recluso
deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite”.
[76]
Aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Resolución
01/08, adoptada durante el 131 Período Ordinario de Sesiones.
[77]
El Comité Internacional de la Cruz Roja también suscribió en su informe “Agua,
saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles (2011)” que el servicio de agua
se debe prestar sin interrupciones en todo lugar donde hay personas privadas de
la libertad y en cantidades suficientes, ya que es un recurso fundamental para
beber, preparar comida, mantener la higiene personal y adecuar las aguas
residuales. Estableció que “para toda persona a cargo de una cárcel es una
tarea prioritaria hacer todo lo necesario para que el abastecimiento de agua
sea regular y adecuado” pues “los detenidos deben tener acceso al agua en todo
momento”.
[78]
Algunas Salas de Revisión de la Corte han considerado que el derecho de toda
persona al agua es un derecho fundamental que debe ser objeto de protección
mediante la acción de tutela en muchas de sus dimensiones, en especial cuando
está destinada al consumo humano y cuando contribuye a preservar la salud y la
salubridad pública. Esta protección ha sido amplia y ha sido otorgada por esta
Corporación, incluso desde sus inicios de acuerdo con las garantías mínimas de
disponibilidad, accesibilidad, calidad y no discriminación en la distribución.
La primera sentencia de la jurisprudencia constitucional que tuvo que ver con
la protección del derecho al agua, fue la T-406 de 1992 (MP Ciro Angarita
Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo) en la cual se analizó el caso en el
que una empresa de servicios públicos había dejado a mitad de camino la
reparación de un alcantarillado, con lo cual, el tutelante y demás habitantes
del barrio, carecían por completo del servicio, exponiendo su salud y su
integridad personal.  En esta ocasión, la Sala Primera de Revisión decidió que
la entidad accionada había cometido “una clara violación a un derecho
fundamental”, puesto que el alcantarillado inconcluso había ocasionado el
desbordamiento de las aguas negras sobre las calles del barrio, afectando
especialmente a personas de escasos recursos.  Así pues, la Corte estableció
desde entonces, expresamente, que “el derecho al servicio de alcantarillado”,
puede “ser protegido por la acción de tutela” en aquellos casos en los que
“afecte de manera evidente derechos y principios constitucionales
fundamentales, como son los consagrados en los artículos 1 (dignidad humana),
11 (vida) y 13 (derechos de los disminuidos)”. Posteriormente, en la sentencia
T-578 de 1992 (MP Alejandro Martínez Caballero), la Sala Cuarta de Revisión
reconoció el agua como un derecho con dimensiones de fundamentalidad tutelables
y se decidió que “la limitación o el incumplimiento” en la prestación del
servicio público domiciliario, en este caso, el agua por “el Estado, los
particulares o las comunidades organizadas”, sólo constituía vulneración o
amenaza de un derecho constitucional fundamental cuando se encontraba vinculada
directamente la persona, el ser humano. Así, en el caso concreto se negó la
acción de tutela porque no estaban en juego los derechos de un ser humano, sino
de “la persona jurídica que contrató”. En aquella oportunidad, se precisó que:
“En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta
directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el
servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte
la vida de las personas (CP art.11), la salubridad pública (CP arts. 365 y
366), o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como
tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela”. Sin
embargo, estas no han sido las únicas sentencias a través de las cuales se ha
garantizado la protección del derecho fundamental al agua. En efecto, a lo
largo de la jurisprudencia constitucional, diversos pronunciamientos han
reafirmado esta posición y se han establecido diferentes formas de vulneración
específica de esta garantía. Sobre el particular, pueden consultarse, entre
muchas otras, las sentencias T-539 de 1993 (MP José Gregorio Hernández
Galindo), T-523 de 1994 (MP Alejandro Martínez Caballero), T 244 de 1994 y
T-092 de 1995 (MP Hernando Herrera Vergara), T-481 de 1997 (MP Fabio Morón
Díaz), SU-442 de 1997 (MP Hernando Herrera Vergara), T-410 de 2003 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-1104 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería), T-022 de 2008 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T-143 de 2010 (MP María Victoria Calle Correa; AV
Mauricio González Cuervo), T-091 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-616 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-418 de 2010 (MP
María Victoria Calle Correa; AV Mauricio González Cuervo), T-740 de 2011 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto), T-707 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-
312 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-082 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub), T-242 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-028 de 2014
(MP María Victoria Calle Correa; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-790 de
2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-641 de 2015 (MP Alberto Rojas Ríos;
SVP Luis Ernesto Vargas Silva), T-139 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-131 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[79]
De acuerdo con la Carta Política, la no mención expresa de un derecho en la
Constitución, en modo alguno implica que éste no se encuentre considerado
(artículo 94 superior). En esa medida, aunque el agua no es reconocida como un
derecho constitucional autónomo, en una disposición específica de la
Constitución, así se deduce de una lectura sistemática de la misma. Esto se
concluye, si se tiene en cuenta el Preámbulo, la fórmula política de un Estado
social y democrático de derecho, las funciones esenciales del Estado, la
dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y el lugar
privilegiado que se da a los recursos y competencias necesarias para el goce
efectivo del servicio público de agua potable y saneamiento básico así como de
un ambiente sano (artículos 49, 79 y 366 constitucionales).
[80]
La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas dice lo siguiente: “6. El agua es necesaria
para diversas finalidades, aparte de los usos personales y domésticos, y para
el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el
agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación
adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua
es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la
vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales
(el derecho a participar en la vida cultural). Sin embargo, en la asignación
del agua debe concederse prioridad al derecho de utilizarla para fines
personales y domésticos. También debe darse prioridad a los recursos hídricos
necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así como para cumplir las
obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los derechos del Pacto”.
[81]
La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas en su parágrafo número 2 continúa señalando:
“[…] Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la
muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina
y las necesidades de higiene personal y doméstica”.
[82]
La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas dice al respecto: “3. En el párrafo 1 del
artículo 11 del Pacto se enumeran una serie de derechos que dimanan del derecho
a un nivel de vida adecuado, ‘incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados’, y son indispensables para su realización. El uso de la palabra
‘incluso’ indica que esta enumeración de derechos no pretendía ser exhaustiva.
El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías
indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es
una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Además, el Comité
ha reconocido anteriormente que el agua es un derecho humano amparado por el
párrafo 1 del artículo 11 (véase la Observación general Nº 6 (1995)). El derecho al agua también está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel
posible de salud (párrafo 1 del artículo 12) y al derecho a una vivienda y una
alimentación adecuadas (párrafo 1 del artículo 11). Este derecho también debe
considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en primer lugar el derecho a la vida y a la dignidad
humana.  ||  4. El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de
documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas.
Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone
que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a “gozar de
condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el
abastecimiento de agua”. En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las
enfermedades y la malnutrición mediante ‘el suministro de alimentos nutritivos
adecuados y agua potable salubre’.  ||  5. El Comité se ha ocupado
constantemente del derecho al agua en su examen de los informes de los Estados
Partes, de conformidad con sus directrices generales revisadas sobre la forma y
el contenido de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo a
los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales y sus observaciones generales”.
[83] Las obligaciones derivadas de un derecho fundamental
suponen por lo menos, las obligaciones de respetar, proteger y garantizar. En
el caso del agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
observó que las obligaciones de respetar implican abstenerse de injerir directa
o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua; las obligaciones de
proteger implican impedir a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute
del derecho al agua; y las obligaciones de garantizar (‘de cumplir’), que a su
vez se dividen en diversas medidas, de carácter positivo y complejo muchas de
ellas, orientadas especialmente a asegurar el derecho de quienes no pueden
proveérselo por sí mismos.
[84]
En torno a dichas condiciones, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas ha indicado lo siguiente: “a) La
disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y
suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden
normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos
y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada
persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o
doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un
sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. c) La accesibilidad. El
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física.
El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico
de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de
agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o
lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e
instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua. Accesibilidad económica. El
agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. No discriminación. El agua
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y
de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Esta fue la posición adoptada por la Corte al establecer que ninguna fuente de
agua puede ser utilizada de manera que el líquido logre abastecer solo a
algunas personas, y se deje sin provisión a otros. Acceso a la información. La
accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua”.
[85] “Por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
[86]
Sólo para efectos de ilustrar cómo pueden ser adoptadas esas medidas mínimas de
agua potable, conviene señalar lo manifestado en el informe referido. De
acuerdo con el mismo: “[s]i bien incumbe a cada país determinar el volumen
mínimo razonable de agua necesaria para satisfacer los usos personales y
domésticos, las cifras suministradas en las publicaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) pueden servir de orientación útil. Por consiguiente,
se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para asegurar la
satisfacción de todas las necesidades de salud (31). El umbral de 25 litros por
persona por día representa el nivel mínimo para mantener la vida, pero esta
cantidad plantea problemas de salud, ya que es insuficiente para atender las
necesidades de higiene básica y consumo (32). En los casos de emergencia, tales
como desastres naturales, conflictos o situaciones después de los conflictos,
el Manual del Proyecto Esfera sugiere un abastecimiento básico de 7,5 a 15
litros mínimos por persona y por día, ya que puede no haber suficiente agua
disponible para atender a todos los usos personales y domésticos (33)”. (Este
informe se presenta en cumplimiento de la decisión 2/104 del Consejo de Derechos
Humanos del veintisiete (27) de noviembre de dos mil seis (2006), sobre “los
Derechos Humanos y el acceso al agua”, en la cual el Consejo pidió a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que,
teniendo en cuenta las opiniones de los Estados y otros interesados, efectuara
un estudio detallado sobre el alcance y el contenido de las obligaciones
pertinentes en materia de Derechos Humanos relacionadas con el acceso
equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos).
[87]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[88]
Esta postura fue por ejemplo adoptada en la sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei
Julio Estrada (e)) y en la T-762 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[89]
Comité Internacional de la Cruz Roja.
[90]
Párrafo 16 de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
[91]
A propósito de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
sostenido que: “La ausencia de condiciones mínimas que garanticen el suministro
de agua potable dentro de un penitenciario constituye una falta grave del
Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su
custodia, toda vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las
personas privadas de la libertad satisfagan por cuenta propia una serie de
necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna”.
[92]
El Magistrado Ciro Angarita Barón, recordaba una frase que evidencia el sentido
medular de la dignidad humana: “Toda vida tiene un objeto y puede ser útil, no
importa cuán menguada esté”. Cualquier persona, no importa que tan menguada la
tenga la cárcel, vive una vida que debe ser protegida, por principio, bajo el
orden constitucional vigente.
[93]
Las normas internacionales de Derechos Humanos, tanto en el sistema universal
de protección, como en el sistema interamericano de protección, consagran la
dignidad de toda persona privada de la libertad como uno de los Derechos
Humanos (CADH, 1969). Verbigracia, la Declaración de los Derechos Humanos de
1948 dispone que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que los
reclusos tienen el derecho a ser tratados en una forma digna, de acuerdo con el
valor que les confiere su calidad de personas y que nadie debe ser sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
[94]
MP Eduardo Montealegre Lynett. En esta ocasión, la Sala Séptima de Revisión
examinó dos (2) acciones de tutela. La primera para proteger los derechos de
las personas de un municipio (El Arenal, Bolívar), al que se le había
suspendido el suministro de energía eléctrica por falta de pago (incluyendo al
hospital y el acueducto)  y la otra, para proteger los derechos de las personas
recluidas en la Cárcel de Cartagena, a la que se le estaba sometiendo a
racionamientos de la misma naturaleza, debido a que el INPEC no había cancelado
las cuentas correspondientes por diversas circunstancias, incluida la
insuficiencia de la partida presupuestal para el pago de los servicios públicos
y el encarecimiento de los precios de los mismos. Este hecho había impedido el
goce y ejercicio de actividades cotidianas elementales. En este último caso, la
Sala concedió el amparo, tras considerar que de la prestación ininterrumpida
del servicio de suministro de agua dependía la posibilidad del mantenimiento de
las condiciones materiales de existencia de los habitantes de la prisión. En
este sentido, la actuación desplegada se había traducido en una amenaza de su
derecho a la dignidad humana.
[95] Para la Corte, el derecho de toda persona a que se le
respete su dignidad ha sido fundamental para desarrollar la jurisprudencia
constitucional sobre la protección de las personas privadas de la libertad. En
la sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), la Sala Séptima de Revisión precisó ampliamente el
alcance del derecho fundamental a la dignidad humana, tras identificar tres (3)
lineamientos claros y diferenciables que construyen el contenido de esta
garantía: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como
quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales
concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) La dignidad humana como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, esto es el cuerpo y el espíritu,
entendida como integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).
Concretamente se sostuvo lo siguiente: “La Sala concluye que el referente
concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la
persona natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de
elegir un proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas
condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales
necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo
y del espíritu (entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para
la realización del proyecto de vida)”.
[96]
En esa dirección, la Corte Constitucional ha sostenido que el respeto por el
precedente es un mandato derivado del principio de igualdad en la esfera de la
interpretación y aplicación de la ley, y contribuye a la eficacia de diversos
principios constitucionales como la seguridad jurídica, la confianza legítima,
la buena fe y la unidad del sistema, pues la disciplina en la aplicación del
precedente permite dotar de cierta previsibilidad las actuaciones de los jueces
y avanzar en la unificación de la interpretación de las normas jurídicas,
aspecto que se hace más relevante en la jurisdicción constitucional, dada la
característica de indeterminación de las cláusulas que consagran los derechos
fundamentales. El precedente cumple también un papel esencial en la
argumentación judicial, pues es un imperativo del razonamiento práctico dar
igual trato a situaciones iguales si no median trascendentales razones para no
hacerlo, lo que se traduce en reglas de “carga” y “descarga” argumentativa:
así, quien sigue el precedente sustenta su fallo en los ya citados principios
constitucionales así como en la racionalidad de la práctica judicial vigente,
lo que supone una descarga en su argumentación; por el contrario, el juez que
considere prudente (o necesario) variar el camino trazado por vía de
precedentes deberá asumir cargas especiales de argumentación de tal manera que
demuestre no sólo la superioridad jurídica de la nueva posición, sino la razón
por la cual ésta justifica desde el punto de vista constitucional una
restricción de los principios superiores. Sobre el particular, puede
consultarse la sentencia T-183 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa). En
esta oportunidad, la Sala Primera de Revisión protegió los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de un ciudadano ante la
negativa de un fondo de pensiones de proceder a liquidar la indexación de su
primera mesada pensional en claro detrimento del precedente constitucional en
la materia.
[97]
MP Rodrigo Escobar Gil.
[98]
Se destacan los componentes de alimentación,
aseo personal y mantenimiento de condiciones sanitarias higiénicas aceptables.
[99]
MP Clara Inés Vargas Hernández.
[100]
La entidad también señalaba que a los internos se les proveía diez (10) horas
de agua en forma permanente, con lo cual se desvirtuaba una presunta escases
del líquido.
[101]
MP Alexei Julio Estrada (e).
[102]
A ello se sumaba el hecho de que “la mayoría de las duchas no [funcionaban],
los tanques [estaban] en pésimo estado y el agua se [filtraba], además no
[había] canecas plásticas para recoger suficiente agua y (…) a las plantas
tercera y cuarta no [subía] el agua por falta de presión”.
[103]
Ello se debía especialmente a la existencia de tanques subterráneos que
tardaban alrededor de cuatro (4) horas en llenarse y por “el vandalismo de los
mismos internos y la falta de cultura en cuanto al ahorro de agua”.
[104]
Las temperaturas en la región oscilan entre los 23° y 29°C.
[105]
El plan debía estar dirigido a superar de forma estructural y definitiva: la
falta de un suministro continuo y permanente de agua, el problema de los daños
en el sistema hidrosanitario (inodoros, duchas, albercas y tanques de
almacenamiento dañados o deteriorados), el problema de filtración de aguas
negras y de basuras, la falta de saneamiento en el área de lavado de los
recipientes en los que se alimentaban los internos y los demás problemas que
presentará el bloque 1 relacionados con la falta de salubridad. El plan debía
ser diseñado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
INPEC y el Complejo Carcelario.
[106]
Teniendo en cuenta, en primer lugar las mayores necesidades de agua de los
reclusos por razón del clima y de las enfermedades presentadas, y en segundo
lugar, lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  acerca
de la cantidad de agua mínima, se dispuso garantizar un suministro diario total
de veinticinco (25) litros de agua a cada uno de los internos del bloque 1.
Igualmente, las autoridades debían asegurar un suministro diario razonable de
agua potable a cada preso y facilitarles los utensilios necesarios para que
pudieran almacenar en sus celdas hasta cinco (5) litros de agua por día. Las
medidas para cumplir lo anterior, serían las que los requeridos consideraran
pertinentes, de acuerdo con sus limitaciones logísticas. Así, por ejemplo, el
suministro podía garantizarse a través de la instalación de tanques adicionales
de agua, del traslado de los reclusos a otros bloques con suministro permanente
de agua o del traslado de reclusos a otros centros correccionales con
condiciones adecuadas de salubridad.
[107]
MP Alfredo Beltrán Sierra.
[108]
El horario aproximado de provisión de agua
potable era de 5:30 am a 6:00 am (10 minutos antes de salir de la
celda); después de salir diez (10) minutos por patio- ducha; de 9:00 a 9:40 am
(baños comunitarios); de 12:00 a 12:15 pm (15 minutos por pabellón - ducha) y
de 4:00 a 4.15 pm (ducha por pabellón). Después de entrar a la celda diez (10)
minutos perduraba el suministro del agua, y volvían a reinstalar el servicio
nuevamente hasta el otro día.
[109]
MP María Victoria Calle Correa. En la misma línea que esta sentencia aparece la
T-764 de 2012 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Allí, la Sala Séptima de
Revisión consideró que se estaban vulnerando los derechos fundamentales de la
población carcelaria del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de
Cúcuta, Norte de Santander al no garantizárseles el acceso permanente, continuo
y adecuado al agua potable pues esta estaba siendo suspendida a través de un
mecanismo de turnos que no permitía que fuera suficiente para cubrir las
necesidades vitales mínimas. Aquí no se reprochaba el sistema de turnos para el
suministro de agua a los internos en sí mismo, sino la manera como éste era
aplicado, es decir, si la prisión tenía contemplado dicho método para abastecer
el agua a las celdas, debía garantizar que los presos, en el momento en el que
se restringiera, tuvieran baldes o recipientes con la cantidad requerida bien
fuera durante las catorce (14) o doce (12) horas nocturnas, para vaciar los
retretes o para el consumo humano. En este último caso, el líquido debía ser
potable.
[110]
En palabras de los internos accionantes: “Los horarios para el suministro son
de 6 a.m. a 8 a.m. cortan el agua y la ponen nuevamente a las 3 p.m. y la
cortan a las 8 p.m. […] en las celdas o dormitorios nos quitan el agua a las 8
p.m. y la ponen nuevamente a las 6 a.m. toda la noche duramos sin una gota de
agua para tomar pues no nos dejan tener ni una botella ni un balde para
acaparar agua. Usted si se imagina cuatro internos encerrados en un cuatro que
mide tres por tres metros el calor en la noches es insoportable y los
sanitarios con materia fecal y orines es insoportable”.
[111]
De acuerdo con los accionantes, por falta de agua para vaciar los sanitarios, y
debido al escaso control de limpieza, los baños rebozan de materia fecal y
orines. Este hecho se agravaba teniendo en cuenta que los baños se encontraban
ubicados cerca a los comedores siendo realmente insoportable para los internos,
pues ni siquiera al momento de consumir sus alimentos estaban libres de la
presencia de olores fétidos o nauseabundos.
[112]
Se suspendía desde las 8:00 pm y hasta las 4:45 am del día siguiente.
[113]
Frente a la obligación de mantener instalaciones aptas para una decente
reclusión, la Sala ordenó que para evitar las filtraciones de agua a las
celdas, la entidad debía separar los espacios sanitarios del resto del patio,
por ejemplo, mediante la construcción de un muro, o de un canal de agua. En
todo caso, la institución debía asesorarse de personal especializado para
resolver este punto específico. En ese mismo sentido, debía inspeccionar el
estado de las celdas que habían sido afectadas por el agua que corría de los
baños, y si se encontraba que a causa de la humedad aquellas requerían
adecuaciones, la administración debía realizar la gestión necesaria para
ejecutarlas.
[114]
MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[115]
En esta ocasión, se le ordenó al Director del Establecimiento Penitenciario de
Alta y Mediana Seguridad de Girón, Santander, que adoptará todas las medidas
adecuadas y necesarias para garantizar el acceso suficiente al agua limpia
necesaria para el aseo personal de cada uno de los accionantes y de los demás
internos.
[116]
MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[117]
Este estado fue declarado mediante la sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo) después de reconocerse por primera
vez en la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz). Para más
información, ver el pie de página 65.
[118]
Conforme el artículo 2 del Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se establece el
Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano”, el agua potable es “aquella que por cumplir las características
físicas, químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el
presente decreto y demás normas que la reglamenten, es apta para consumo
humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la
higiene personal”.
[119]
“Por medio de la cual se señalan características, instrumentos
básicos y frecuencia del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano”.
[120]
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.
[121]
En virtud de esta orden, las autoridades debían presentar un informe y un plan
de acción para cubrir las necesidades insatisfechas, que en todo caso no podían
superar los dos (2) años para su ejecución total. Además de las mencionadas,
existen reiteradas sentencias de esta Corporación en las cuales se ha conocido
la generalizada situación de vulneración del derecho al agua de los reclusos al
interior de las cárceles colombianas. En la mayoría de los casos, los reclusos
han solicitado, tal como quedó expuesto (i) que se superen las pésimas
condiciones de higiene y de salubridad debido a la falta de suministro de agua,
(ii) el mejoramiento de la infraestructura carcelaria que debido al mal estado
en que se encuentra no permite un abastecimiento continuo, (iii) la reubicación
de los baños y los comedores en razón a los insoportables olores, (iv) el
suministro de agua limpia para su aseo personal, y (v) el abastecimiento de
agua suficiente para vaciar sanitarios y hacer las demás labores de limpieza al
interior de las celdas. En estos casos, la Corte ha dado órdenes diversas como
la adecuación y reparación de los baños en malas condiciones, del sistema de
basuras y de tuberías o de otros problemas que impiden el adecuado suministro
de agua, ya sea por cantidad o calidad. También se han dado órdenes
relacionadas con la reubicación de los baños o de los comedores por haber sido
ubicados a corta distancia, con el diseño de planes para superar de forma
general las falencias en el área de sanidad de las cárceles, con la adopción de
las recomendaciones de las Secretarías de Salud e, incluso, con la realización
total de planes de construcción y refacción carcelaria. Junto con las órdenes
de hacer dadas en las sentencias referidas, la Corte Constitucional ha ordenado
también a los órganos de control competentes ejercer la vigilancia del
cumplimiento de las órdenes dadas en dichas providencias. Sobre el
particular, pueden consultarse entre muchas otras, las sentencias T-596 de 1992
(MP Ciro Angarita Barón), T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de
2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), T-693 de 2007 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-690 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-764 de 2012 (MP
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-266 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González Cuervo),
T-282 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[122]
Sentencia T-349 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo). En esta
oportunidad, la Sala Quinta de Revisión estimó que el derecho a la
inviolabilidad de la correspondencia que le asistía a una persona privada de la
libertad estaba siendo amenazado por las autoridades penitenciaras razón por la
cual el juez de tutela debía intervenir para evitar que la “violación
potencial” se concretará.
[123]
Sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González
Cuervo), previamente analizada.
[124]
El Área de Comando de Vigilancia del Establecimiento Penitenciario de Alta y
Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas informó que el penal se encuentra
integrado a la fecha por mil setecientos treinta y cinco (1735) internos
recluidos de la siguiente manera: Recepción (97 internos, incluidos 41 en el
pasillo de seguridad), Pabellón 1B (29 internos), Pabellón 2 (162 internos),
Pabellón 3 (164 internos), Pabellón 4 (161 internos), Pabellón 5 (164
internos), Pabellón 6 (164 internos), Pabellón 7 (160 internos), Pabellón 8
(162 internos), Pabellón 9 (180 internos), Pabellón 10A (43 internos), Pabellón
10B (137 internos), prisión o detención domiciliaria (108 internos), permiso de
setenta y dos (72) horas (3 internos) y hospitalizados (1 interno) (folio 37
del cuaderno de Revisión).
[125]
Folios 37, 38, 40 y 41 al 44 del cuaderno de Revisión.
[126]
Folio 37 del cuaderno de Revisión.
[127]
Folio 10.
[128]
Folio 37 del cuaderno de Revisión.
[129]
El Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 del mismo año señalan los
criterios que deberán tenerse en cuenta para efectuar el control de calidad del
agua para consumo humano y los parámetros para medir el índice de riesgo de la
misma.
[130]
“Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la
autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su
área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de
distribución”.
[131]
Folios 85 y 87 del cuaderno de Revisión.
[132]
“Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para
consumo humano”.
[133]
Folio 86 del cuaderno de Revisión.
[134]
Folio 37 del cuaderno de Revisión.
[135]
Folios 37, 38 y 46 al 64 del cuaderno de Revisión.
[136]
Folio 45 del cuaderno de Revisión.
[137]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[138]
Folios 37, 38 y 65 al 70 del cuaderno de Revisión.
[139]
La fecha de realización del procedimiento fue el veintidós (22) de junio de dos
mil dieciséis (2016) (folios 38 y 67 del cuaderno de Revisión).
[140]
Folio 77 del cuaderno de Revisión.
[141]
Esta consideración fue plasmada en la sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada (e), previamente analizada.
[142]
Folio 36 del cuaderno de Revisión.
[143]
Folio 35 del cuaderno de Revisión.
[144]
Folio 35 del cuaderno de Revisión.
[145]
Folio 38 del cuaderno de Revisión.
[146]
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias
de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
[147]
En el relato periodístico se advirtió que: “Cuando el reloj marca el mediodía
es la peor tortura, los reclusos deben estar al aire bajo los inclementes rayos
solares y la arquitectura de los patios no ofrece ni una sola opción de
refugio”.
[148]
Por ahora, los esfuerzos buscan facilitar el ingreso de ropa liviana por parte
de los familiares y para el uso de los presos y flexibilizar la distribución de
las raciones de alimentos en horas en que las temperaturas no sean tan altas.
Para mayor información, consultar el siguiente portal web:
www.semana.com/nacion/articulo/carcel-de-la-dorada-presos-se-quejan-por-altas-temperaturas/458927.
[149]
MP Alexei Julio Estrada (e).
[150]
MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[151]
Teniendo en cuenta la jurisprudencia interamericana, la Corte ha recordado que
todas las personas privadas de la libertad tienen el derecho a no ser sometidas
a temperaturas extremas, por cuanto ello conlleva un trato cruel e indigno. Las
condiciones climáticas extremas en prisión (tener que sufrir temperaturas
altas, bajas, o peor aún, ambas), son propicias para deteriorar la salud de los
seres humanos y propagar ciertos males o enfermedades. El Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, en el caso Polay Campos contra Perú, expresó
que la reclusión de una persona en una celda durante la mayor parte del día a
temperaturas extremas constituye una violación del artículo 10-1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impone a los Estados la
obligación de impartir un trato humano y digno a los internos.
[152]
El juez de tutela debe ser especialmente sensible a los derechos de personas en
situación de sujeción pues, por ejemplo, los individuos privados de la libertad
pueden verse forzados a no denunciar las violaciones más graves e insultantes a
la dignidad humana que sufren, por miedo a represalias que podrían padecer o,
simplemente, por falta de conocimiento respecto a la posibilidad de exigir un
derecho o de cómo hacerlo.
[153]
Sentencia T-881 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett), previamente
analizada.
[154]
Sentencia T-296 de 1998 (MP Alejandro Martínez Caballero). En esta ocasión, la
Sala Séptima de Revisión estudió la acción de tutela presentada por una persona
recluida en una Cárcel de Fusagasugá con problemas de hacinamiento que implicaban
que tuviera que dormir sobre un piso húmedo, lugar de paso de otros reclusos.
Aunque en este caso no se concedió la tutela por existir hecho superado
(libertad del actor), la Sala se pronunció sobre la relación entre el
hacinamiento penitenciario, la dignidad humana y las condiciones materiales de
existencia. En la sentencia T-153 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), se
indicó que: “Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo
hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente
accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas
condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír
su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de necesidades
que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana”.
[155]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[156]
MP Ciro Angarita Barón.
[157]
Constitución Política, artículo 4. “La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales. //Es deber de los nacionales y
de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y
obedecer a las autoridades”.
[158]
Sentencia T-525 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; AV José Gregorio Hernández
Galindo). En esta ocasión, el peticionario solicitaba que se le tutelara el
derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Carta. En su criterio, tal
derecho estaba siendo afectado por la situación de amenaza derivada de la
publicación en el periódico El Espectador de una información falsa sobre su
vinculación con la guerrilla. Para la Sala Primera de Revisión, los supuestos
fácticos y jurídicos del caso sub lite indicaban que aunque la amenaza
constituía una probabilidad, aquella reunía las características que la
Constitución exige para proteger a las personas contra actos que pongan en
peligro de manera objetiva su vida. En esa medida, existían méritos suficientes
para otorgar la protección impetrada por el actor.
[159]
Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia T-525 de
1992 (MP Ciro Angarita Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo), previamente
analizada.
[160]
Sentencia T-595 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). En esta oportunidad,
la Sala Tercera de Revisión reconoció que Transmilenio era una empresa que
había demostrado ser sensible a la situación de las personas en condición de
discapacidad. De hecho, se constató que el Sistema Troncal de Transmilenio era
un ejemplo de la preocupación que se había tenido por atender las necesidades
de transporte de todos los habitantes de Bogotá, incluidas las de este grupo de
personas, que en razón a sus limitaciones seguían estando marginadas y
excluidas de la sociedad. Sin embargo, aseguró que los intentos y
aproximaciones de solución en materia de accesibilidad aunque resultaban
significantes y valiosos pues se erigían en pasos adicionales a los ya
recorridos, aun ponían en evidencia una omisión que debía ser subsanada
mediante acciones reales.
[161]
MP Ciro Angarita Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo.
[162]
Folio 10.
[163]
MP María Victoria Calle Correa.
[164]
Folio 31.
[165]
Sobre el particular, consultar el pie de página 78.
[166]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[167]
Estas consideraciones fueron consignadas y recogidas expresamente en la
sentencia T-388 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Mauricio González
Cuervo), previamente analizada.
[168]
Esta Corte ha entendido que el suministro de agua potable es un servicio
público domiciliario cuya adecuada, completa y permanente prestación resulta
indispensable para la vida y la salud de las personas, aparte de que es un
elemento necesario para la realización de un sinnúmero de actividades útiles al
hombre.
[169]
Sentencia T-596 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón), previamente analizada.
[170]
Esta conclusión fue plasmada en la sentencia T-077 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada (e)), previamente analizada.
[171]
La tutela se interpuso con el objetivo de proteger
los derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la
dignidad humana vulnerados, en criterio del actor, debido a la ausencia de
condiciones cualificadas en la prestación del servicio de agua potable. En
concreto, el peticionario exponía que la cárcel no ofrecía los medios eficaces
para garantizar un abastecimiento del líquido bajo parámetros de
disponibilidad, calidad y accesibilidad. Tras analizarse el material probatorio
obrante en el expediente, se logró constatar que la entidad accionada en
coordinación con otras instituciones del Estado y consciente de sus
obligaciones legales y constitucionales en materia de contenidos mínimos que
deben garantizárseles a las personas privadas de la libertad, realizó esfuerzos
significantes encaminados a garantizar entornos óptimos de reclusión que
atendieran los postulados establecidos en el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la Observación General
No. 15 del año dos mil dos (2002). En efecto, se verificó que el centro de
reclusión llevó a cabo diversas acciones orientadas a preservar un ambiente de
salubridad por medio de instalaciones físicas adecuadas que comportaban un
suministro adecuado y oportuno de agua potable permitiendo así alcanzar unas
condiciones mínimas de existencia para quienes allí permanecían confinados.
Aunque con base en estos presupuestos se negó el amparo, teniendo en cuenta que
el Sistema penitenciario y carcelario se encuentra
bajo un estado de cosas inconstitucional, la Sala adoptó como medida preventiva
una serie de órdenes tendientes a asegurar la protección integral y continuada
de los derechos fundamentales de los internos recluidos en la Cárcel de La
Dorada-Caldas.
[172] Doctor Héctor William Restrepo Osorio.
[173]
“Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el
juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud
de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de
duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella. En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto.
La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del
término de ejecutoria de la providencia. La providencia que resuelva sobre la
aclaración no admite recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse
los que procedan contra la providencia objeto de aclaración”.
[174]
Ley 1564 de 2012.
[175]
Sobre el particular, pueden consultarse, entre otros, el Auto 058 de 2002 (MP
Álvaro Tafur Galvis), Auto 026 de 2003 (MP Eduardo Montealegre Lynett), Auto
018 de 2004 (MP Clara Inés Vargas Hernández), Auto 147 de 2004 (MP Jaime Araujo
Rentería), Auto 001 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 279 de 2006
(MP Humberto Antonio Sierra Porto; SV Jaime Araujo Rentería), Auto 342 de 2008
(MP Jaime Araujo Rentería), Auto 276 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
Auto 150 de 2012 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 344 de 2014 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), Auto 114 de 2014 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Auto 072
de 2015 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 123 de 2016 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SVP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[176]
Auto 004 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra). En esta ocasión, se rechazó una
solicitud de aclaración de las sentencias C-383 de 1999 (MP Alfredo Beltrán
Sierra; SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa) y C-700 de 1999
(MP José Gregorio Hernández Galindo; AV Alfredo Beltrán Sierra y José Gregorio
Hernández Galindo; SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Álvaro Tafur Galvis y Vladimiro
Naranjo Mesa) por no predicarse de los fallos aludidos ambigüedad alguna ni
constatarse que los mismos indujeran a confusión o duda sobre lo que fue
resuelto. Para la Corporación, una actuación contraria implicaría obrar en
forma adversa a derecho, ya que, al dictar las providencias cuya aclaración se
solicitó, agotó su competencia en los procesos de inconstitucionalidad de las
normas acusadas.
[177]
“Artículo 286. Corrección de errores aritméticos y otros. Toda providencia en
que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el
juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte,
mediante auto. Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el
auto se notificará por aviso. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica
a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”.
[178]
En el Auto 302 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), la Sala Sexta de
Revisión ordenó modificar el numeral trigésimo noveno de la sentencia T-128 de
2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) toda vez que por error involuntario se
ordenó a COLPENSIONES y no a la AFP PROTECCIÓN, como en realidad correspondía,
por ser ésta última la parte pasiva de la acción de tutela, el reconocimiento
de la devolución de saldos en favor de la accionante. En la misma línea pueden
consultarse, entre otros, el Auto 054 de 2001 (MP Alejandro Martínez
Caballero), Auto 316 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 085 de 2008
(MP Rodrigo Escobar Gil), Auto 250 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
Auto 060 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), Auto 084 de 2010 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), Auto 085 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), Auto 125 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), Auto 114 de 2014
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[179]
Sentencia T-1004 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).