T-218-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-218/12
ACCION
DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia por haber operado el
fenómeno de la cosa juzgada constitucional
Una vez ha culminado el
proceso de revisión por parte de la Corte, “no hay lugar para reabrir el
debate” y, por tanto, la decisión se torna inmutable y definitivamente
vinculante, revistiéndose de la calidad de cosa juzgada. Así las cosas, “(…)
[d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de
selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la
selección de un proceso de tutela para revisión (…), opera el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte
Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido”.  Por lo
anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante
vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acción de tutela que de
alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar
aquella decisión, tales argumentos no serán procesalmente admisibles, pues la
decisión del juez de tutela, una vez surtido el trámite de revisión en la Corte
Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada
constitucional.
ACCION
DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Análisis de la sentencia SU1219/01 y
fenómeno jurídico de la cosa juzgada
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Requisitos
para la procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia para obtener
cumplimiento de un fallo de tutela previo
INCIDENTE
DE CUMPLIMIENTO Y SANCION POR DESACATO-Mecanismos utilizados simultánea o
sucesivamente para obtener cumplimiento fallo de tutela
El incidente de cumplimiento y
la sanción por desacato son figuras creadas por los artículos 23, 27 y 52 del
Decreto 2591 de 1991, con el fin de que el juez de tutela utilice sus
potestades, que incluyen poderes disciplinarios, y así obtenga el cumplimiento
de un fallo de tutela que busca proteger derechos fundamentales cuando el
obligado sea renuente a materializar las órdenes proferidas por el juez de
tutela. Se trata así de dos mecanismos que puede utilizar el actor en sede de
tutela, ya sea de manera simultánea o sucesivamente, ante el incumplimiento de
la orden emitida en un fallo de amparo proferido con ocasión de la declaratoria
de la vulneración o la amenaza de sus derechos fundamentales, no excluyentes
entre sí: uno de tipo sancionatorio y otro de tipo material, pues de lo que se
trata es del goce efectivo de los derechos fundamentales, razón de ser del
Estado Social de Derecho conforme lo define el artículo 2º de la Constitución,
que en la parte pertinente consagra como fin del referido tipo de Estado, la
garantía de la efectividad “(…) de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución (…)”.
TRAMITE
DE CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA Y SANCION EN INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias
JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL SOBRE EL INCIDENTE DE DESACATO
COSA
JUZGADA O RES JUDICATA-Definición
La Cosa juzgada, denominada
también res judicata, puede ser comprendida como lo decidido por una autoridad
pública revestida de jurisdicción o, en otras palabras, lo que ha sido materia
de una decisión judicial. Sin embargo, conforme a Couture, esta comprensión no
resuelve de qué trata tal institución más que de una manera superficial y
meramente aproximativa.
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL-Función negativa y positiva
COSA
JUZGADA-Efectos procesales y sustanciales/COSA JUZGADA-Elementos
para existencia
Identidad de objeto,
“es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o
inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o
varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica identidad
sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron declarados
expresamente”.  Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), “es decir, la
demanda y la decisión que hizo transito (sic) a cosa juzgada deben tener los
mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos,
la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los
nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que
constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa”. Identidad
de partes, “es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que
constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige que se presente la
identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad
jurídica”.” Lo anterior significa que si no existe identidad de objeto, de
causa – entendida como hecho jurídico - y de partes, no opera el fenómeno
jurídico de la cosa juzgada y el juez, obviamente, sin contrariar el principio
de non bis in idem, podrá pronunciarse sobre un asunto puesto a su
consideración.
COSA
JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL Y MATERIAL-Diferencias
PRINCIPIO
FRAUS OMNIA CORRUMPIT
FRAUDE
EN EL DERECHO-Cosa juzgada fraudulenta y fraude procesal
COSA
JUZGADA FRAUDULENTA Y FRAUDE PROCESAL-Diferencias
La cosa juzgada fraudulenta se presenta cuando la actuación aviesa al
derecho se materializa en la providencia, mientras que el fraude procesal no
necesariamente se reviste o tiene la calidad de la cosa juzgada. En este
sentido, para diferenciar ambos conceptos, Véscori plantea que la cosa juzgada
fraudulenta se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los
requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a
través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad.
PENSION
GRACIA-Naturaleza especial, requisitos y titulares
PENSION
GRACIA-Objeto
La pensión de gracia tuvo por
objeto eliminar las desigualdades prestacionales que sufrían los maestros del
orden territorial en razón de la descentralización administrativa que rigió
durante parte del siglo XX en el territorio Nacional. Por ello, son titulares
de la misma – exclusivamente – los maestros de primaria y secundaria del orden
territorial, y los demás servidores que contempló la Ley 116 de 1928, siempre
que se hayan vinculado antes del 1º de enero de 1981 y que cumplan con los
demás requisitos establecidos en la legislación pertinente, como lo son los 20
años de servicio en dicho orden territorial. Entonces, se reitera, por ningún
motivo puede considerarse que todos los maestros son beneficiarios de esta
prestación.
PENSION
GRACIA Y PENSION DE INVALIDEZ-Compatibilidad/PENSION GRACIA Y PENSION DE
JUBILACION-Compatibilidad
ACCION
DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Caso en que se solicita el
cumplimiento de acción de tutela que concedió pensión gracia de forma
fraudulenta
PRINCIPIO
FRAUDE LO CORROMPE TODO-Caso en que se concedió mediante acción de tutela
pensión gracia a docentes que no cumplían requisitos
ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA-Procedencia excepcional cuando concurren determinados
elementos que requieren la actuación inmediata del juez constitucional para
revertir o detener situaciones fraudulentas y graves
Referencia: expediente
T-2.620.501
Acción de
Tutela instaurada por Amparo Sierra de Quintero, Ruby Cortes de López y otros
contra CAJANAL, Ministerio de Protección Social, Buen Futuro: Unidad de Gestión
Fideicomiso Patrimonio Autónomo, Ministerio de Hacienda, y Sociedad Fiduciaria
FIDUPREVISORA.
Magistrado Ponente:
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Colaboró:
Javier Francisco Arenas Ferro
Bogotá, D.C.,  veinte (20) de
marzo de dos mil doce (2012)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IVÁN PALACIO PALACIO y
JUAN
CARLOS HENAO PÉREZ, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de
los fallos dictados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria, el veintinueve (29) de octubre de dos mil
nueve (2009), y por el Consejo Superior de la Judicatura, el tres (03) de
diciembre de dos mil nueve (2009), en el asunto de la referencia.
I.
ANTECEDENTES
1. Hechos
El veintiuno (21) de octubre de
dos mil nueve (2009), los accionantes, obrando a través de apoderado judicial,
instauraron acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social -
CAJANAL EICE en liquidación (en adelante CAJANAL)-, el Ministerio de la Protección
Social,  Buen Futuro - Unidad de Gestión del Fideicomiso Patrimonio Autónomo-, el
Ministerio de Hacienda, y la Sociedad Fiduciaria FIDUPREVISORA, por considerar
que estas entidades conculcaban sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital, a la vida digna y al “(…) derecho
prevalente de los sujetos de especial protección (…)” (Cuad. 1A, folio 5).
Los hechos relatados por la parte
demandante en la acción de tutela se resumen así:
1. En virtud de una acción de
tutela instaurada en el dos mil seis (2006) y como quiera que acreditaron ante
el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué que se habían desempeñado
como docentes en el sector oficial por 20 años, que su vinculación al mismo se
produjo antes del 31 de diciembre de 1980, y que tenían una edad superior a los
50 años, les fueron concedidas – mediante sentencia proferida por dicha
autoridad judicial el once (11) de diciembre de dos mil seis (2006) – las
pretensiones en torno a que CAJANAL les reconociera y pagara la pensión gracia.
Dicho fallo fue excluido de revisión por parte de la Corte Constitucional,
mediante auto del diez (10) de abril de dos mil siete (2007), razón por la cual
- a su juicio - cobró ejecutoria formal y material.
2.  Señaló que CAJANAL, en
desconocimiento de la aludida sentencia de tutela,  profirió los respectivos
actos administrativos donde les negó el pago y reconocimiento de la pensión
gracia. Por lo tanto, el apoderado de los demandantes para ese momento,
presentó, el veintidós (22) de enero de dos mil siete (2007), un incidente de
desacato ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué para obtener el
cumplimiento de la referida sentencia. En consecuencia, esta autoridad judicial
ordenó el arresto del representante legal de CAJANAL, sin referirse al
cumplimiento material de la orden impartida en la sentencia a favor de los
accionantes.
3. Expresó que, a pesar de lo
anterior, CAJANAL continúa renuente a dar cumplimiento a la orden impartida en
la sentencia del dos mil seis (2006). Por lo mismo, afirmó se les transgrede el
derecho de acceso a la justicia, amén de causárseles un perjuicio irremediable
dado que pertenecen a la tercera edad, muchos padecen enfermedades, y sus
familias dependen económicamente de ellos. Finalmente, indicó que en la
presente acción de tutela se cumple el requisito de inmediatez, dado que la
transgresión se ha prolongado en el tiempo.
4. Por último, adujo que el tema
del reconocimiento de pensiones por parte de CAJANAL “(…) ha generado gran
controversia, por la alerta entorno (sic) a un cártel dedicado a la
defraudación sistemática del erario público; [empero] no puede generalizarse el
prejuzgamiento sobre el reconocimiento de derechos como el que en su momento el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangé [efectuó], radicado en cabeza de
los hoy accionantes sin ningún tipo de reparo y en providencia que hace rato
hizo tránsito a cosa juzgada (…)” (Cuad. 1A, folio 19).
2. Solicitud de tutela
Con fundamento en los anteriores
hechos, el gestor del amparo solicitó al juez de tutela, el veintiuno (21) de
octubre de dos mil nueve (2009) (Cuad. 1A, folio 28), que ordenara “(…) a la
entidad correspondiente, incluir en nómina los nombres de los accionantes,
respecto de los cuales el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué –
Bolívar, emitió decisión a favor el 11 de diciembre de 2006 (…)” (Cuad. 1A,
folio 26).
Igualmente solicitó que “(…) en
el perentorio término de 8 días se dé estricto cumplimiento a la mentada
providencia, pagando a favor de los hoy demandantes el monto dinerario correspondiente
al derecho de su pensión gracia, a partir incluso del día siguiente en que
adquirieron el status pensional, debidamente indexado y actualizado, en el cual
se incluyan todos los factores salariales a que tiene derecho según la ley y
hasta la fecha en que se haga efectivo materialmente dicho pago” (Cuad. 1A,
folio 26).
3. Intervención de las partes
demandadas
3.1 CAJANAL
CAJANAL, al momento de ejercer su
derecho de defensa, explicó que desde la expedición del Decreto 2196 de junio
de 2009 se ordenó su liquidación y que, por lo tanto, no se encuentra facultada
para desarrollar su antiguo objeto social, pudiendo solo realizar los actos,
operaciones y contratos que permitan la pronta consecución de este acto.
Además, afirmó que desde el momento en el que se dispuso su liquidación se
constituyó un patrimonio autónomo: PAP BUENFUTURO, encargado del trámite y
reconocimiento de las obligaciones pensionales. Dicho patrimonio está a cargo
de Fiduprevisora S.A.
Apuntó que a partir de la
sentencia T-1234 de 2008 – en la que se estudiaron las sanciones, desde la
perspectiva de los derechos fundamentales, decretadas contra el Gerente de la
entidad -, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional
debido a un problema estructural y no personal de la entidad. En este sentido,
señaló que la misma Corporación aceptó que debe tenerse en cuenta el plan de
contingencia adoptado y que un aumento en las órdenes impartidas puede
conllevar al colapso del sistema de contingencia, así como a una alteración
inequitativa de los turnos asignados para resolver cada uno de los casos. Por lo
tanto, la imposición de una sanción en contra del representante legal implicaría
una contradicción frente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha
establecido que en caso de problemas estructurales no cabe el desacato en los
casos individuales – cuya responsabilidad es subjetiva -, pues desconoce los
principios de racionalidad y universalidad. Finalmente, afirmó que en la
mentada sentencia se dispuso que “(…) la doctrina constitucional que se fija
en esta providencia habrá de tenerse en cuenta por los jueces, tanto al
resolver las acciones de tutela por violación del derecho de petición en
CAJANAL, como en los eventuales incidentes de desacato (…)” (Cuad. 1A,
folio 53).
Indicó, finalmente, que en
cumplimiento de la sentencia T-1234 de 2008, CAJANAL le presentó a la Corte
Constitucional “(…) El Plan de Acción concertado con los Ministerios de
Protección Social y Hacienda y Crédito Público (…), con el cual se buscaba
superar en el término de doce (12) meses, el represamiento de las cincuenta mil
solicitudes prestacionales pendientes de resolver a la fecha de presentación
del Plan” (Cuad. 1A, folio 54).
3.2 Ministerio de la
Protección Social
El Ministerio solicitó al juez de
tutela que declarara la improcedencia de las pretensiones elevadas en su contra,
dado que carece de legitimación por pasiva. Para sustentar su afirmación,
manifestó que aunque CAJANAL está vinculada al Ministerio, es una persona
jurídica con autonomía administrativa y patrimonio propio. En otras palabras,
su relación con la entidad debe observarse siguiendo los parámetros de la
descentralización por servicios del sector administrativo de la Protección
Social. Debido a esto, sólo ejerce control administrativo sobre CAJANAL, mas no
aprueba o autoriza los actos específicos que, conforme con la ley, dicha
entidad debe expedir o materializar. Finalmente, enfatizó que la jurisdicción
ordinaria es la competente para resolver el asunto que aqueja a los demandantes,
por lo que la acción de tutela debe ser declarada procesalmente inviable.
3.3 Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
En su intervención, el Ministerio
expuso que no es una administradora del Sistema General de Pensiones y, por lo
mismo, no tiene dentro de sus funciones el decidir sobre solicitudes de
reconocimiento de pensión. En este sentido, solicitó el rechazo de las
pretensiones formuladas en la acción de tutela, ya que no tiene ninguna
relación con las actuaciones administrativas del mentado sistema.
De otro lado, sostuvo que ha
tenido conocimiento de procesos de tutela en los cuales, de forma contraria a
la ley, se ha reconocido la pensión gracia a docentes nacionales. Recordó que
dicha prestación obedeció a la necesidad de igualar los salarios entre los
docentes de primaria, cuyas remuneraciones correspondían a los entes
municipales, y los de secundaria, para quienes el obligado a pagar sus
servicios era la Nación. “(…) En consecuencia[,] la pensión gracia
consagrada en el artículo 1º de la Ley 114 de 1913 perseguía un fin legítimo,
pues pretendía corregir de algún modo la desigualdad existente entre los
educadores de primaria del sector oficial” (Cuad. 1B, folio 38). Por lo
mismo, a su juicio, no existe fundamento legal para que la mentada prestación
sea reconocida a docentes del orden nacional. Para sustentar este punto, amén
de referirse a la mentada normatividad, reiteró lo expuesto en la sentencia
C-479 de 1998, proferida por esta Corporación y en la providencia del Consejo
de Estado, del veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y siete
(1997), con ponencia del Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda - correspondiente
al expediente No S-699 -.
En suma, el Ministerio enfatizó
que los demandantes no tenían el derecho de hacerse acreedores de la pensión
gracia, pues existen normas que expresamente lo prohíben. “(…) No puede
considerarse que existe violación de derecho fundamental alguno cuando lo que
se está preservando es el interés general de todos los ciudadanos, al proteger
recursos de la Nación, que dicha (sic) sea de paso[,] corresponden a las
cotizaciones para pensión recibidas de los afiliados a CAJANAL (…)” (Cuad.
1B, folio 41).
3.4 Patrimonio Autónomo Buen
Futuro
En primer lugar, señaló que hay
falta de legitimación por pasiva, ya que tienen como funciones la sustentación,
análisis, y verificación de la información solicitada por los usuarios de
CAJANAL, para que el liquidador pueda expedir los actos administrativos
correspondientes. Por ende, corresponde a este último referirse a las
pretensiones de los actores. Igualmente, afirmó que los demandantes buscan que
se produzca un segundo pronunciamiento del juez constitucional sobre los mismos
hechos ignorando la cosa jugada, cuando en realidad el mecanismo idóneo para
materializar sus pretensiones es el incidente de desacato, que debió ser
instaurado ante la autoridad judicial que conoció la causa en el dos mil seis
(2006).
Aunado a lo anterior, insistió
que según la sentencia T-104 de 2007, hay cosa juzgada constitucional desde el
momento en que la Corte Constitucional omite la revisión del fallo de tutela.
Expresó, en este sentido, que “la decisión de excluir la sentencia de tutela
de revisión se traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y
definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la seguridad jurídica y
se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del
sistema jurídico”. (Cuad. 1B, folio 28).
De otro lado, señaló que desde un
principio se les debió negar la pensión gracia a los accionantes, pues la
tutela no es un mecanismo llamado a  proteger prestaciones económicas. Sustentó
su argumento en las sentencias T-116 de 2003 y SU-111 de 1997 de la Corte
Constitucional. En este orden de ideas, expresó que a la entidad “(…) no le
es dable (…) reconocer pensión gracia a docentes del orden Nacional (…)”
(Cuad. 1B, folio 30), pues el artículo 4 de la Ley 114 de 1913 consagra tal
prohibición, dado que los docentes del orden nacional reciben la pensión
ordinaria que está a cargo de la Nación. Por lo cual, consideró que el fallo de
primera instancia del Juzgado 2 Civil del Circuito de Magangué se apartó del
querer legal. Lo anterior, por lo demás, concuerda con el artículo 128 de la
Constitución, que dispone la prohibición de recibir más de una asignación del
tesoro público.
4. Pruebas relevantes aportadas
al proceso
a.     Poder,
certificados de supervivencia o declaraciones extrajuicio, y copias de la
cédula de ciudadanía de 88 de los accionantes (Cuad. 3, Folios 1-578).
b.     Relación
de los hijos y de la situación actual de 86 de los accionantes (Cuad. 3, folios
578-591).
c.
Copia de la providencia del once (11) de diciembre de dos mil seis (2006),
proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué. Dentro de las
consideraciones del despacho, se encuentra la siguiente “(…) transcurrido el
término legal establecido para [ejercer el derecho de defensa] la entidad
accionada guardó silencio, deviniendo así para el despacho el deber legal de
resolver lo pertinente y dando aplicación al principio de ¨presunción de
veracidad¨ que deriva del silencio de [CAJANAL] (…)” (Cuad. 3, folio 596).
Adicionalmente, la autoridad judicial de instancia esbozó argumentos en torno a
la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de
prestaciones sociales. Sobre este punto arguyó que los medios ordinarios de
defensa no resultaban idóneos, pues los demandantes “(…) todos pertenecen al
grupo de personas de la tercera edad, de quienes se dijo en el marco normativo
del Estado Social de Derecho por imposición de la norma superior (art.46)
requieren de esa protección especial, y dadas las circunstancias en particular,
no le asiste ninguna justicia a la inaplicación del derecho en forma oportuna
(…)” (Cuad. 3, folio 602). Igualmente, argumentó que la jurisdicción
ordinaria no “(…) está en capacidad instantánea o al menos inmediata de
ofrecer una protección a los derechos fundamentales invocados (…)” (Cuad.
1, folio 601). Paso seguido, analizó si los actores tenían derecho a recibir la
pensión gracia. Para ello, expuso que “(…) los supuestos fácticos en el caso
que ocupan nuestra atención, podemos resumirlos así: 1. Todos los accionantes,
se han desempeñado en distintas épocas al servicio de la Docencia Oficial, en
forma continua o discontinua[;] 2. Todos ellos, han cumplido aquella labor de la
Docencia por espacio superior a 20 años[;] 3. Su vinculación a la docencia
oficial se produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 1980[;] 4.  La
totalidad de los accionantes han (sic) superado los 50 años de edad[;] 5.
Ninguno de ellos ha sido sancionado disciplinariamente. Lo anterior, se
corrobora efectivamente en los anexos que se allegaron con la presente acción y
se evidencia fehacientemente con la aceptación por parte de CAJANAL del
cumplimiento de dichos requisitos, plasmados en su resolución de negación de
reconocimiento” (Cuad. 3, folio 603). Concatenado a lo anterior, la
autoridad judicial, tras efectuar estudios normativos y jurisprudenciales,
expuso que para “(…) el tiempo de servicio exigido para ser beneficiario de la
Pensión Gracia, no se exige ni (sic) específico si eran o no válidos los
tiempos servidos a la Nación” (Cuad. 3, folio 609). Por ello, concluyó que “(…)
los docentes del sector oficial quienes hayan prestado sus servicios en
instituciones del orden Nacional y a su vez lo hicieron en establecimientos del
orden territorial, el tiempo de servicio en el sector nacional le (sic) sirve
para el cómputo de tiempo requerido para la obtención del la Pensión Gracia,
pues en ninguna de las leyes tantas veces referidas se hace exigencia que el
tiempo deba ser prestado en una entidad territorial” (Cuad. 3, folio 610).
En este sentido, señaló que “(…) este despacho puede afirmar que la pensión
gracia es compatible con otra pensión nacional y que contrario a lo sostenido
por la accionada [- asunto relevante, pues el mismo juez señaló que CAJANAL
guardó silencio[1]-], la ley 114 de 1913
sí sufrió modificaciones, como sin duda se desprende de la atenta lectura de la
Ley 91 de 1989, artículo 15, literal a) al preceptuar que la Pensión Gracia ¨será
compatible con la Pensión Ordinaria de Jubilación, aún en el evento de estar
esta (sic) a cargo total o parcial de la Nación¨, luego las argumentaciones
sobre la incompatibilidad expuestas por CAJANAL pierden así su razón de ser”
(subrayas del original) (Cuad. 3, folio 613). Igualmente, enfatizó que “(…)
se deduce de manera transparente que el mandato legal es preciso y firme al
determinar de manera infalible que la Pensión Gracia está instituida para
docentes nacionales y nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980” (Cuad. 1, folio 613); es decir, para el juez todos los
docentes, siempre y cuando se hubiesen vinculado con anterioridad a la
mencionada fecha, tendrían derecho a la Pensión Gracia. De otro lado, expuso
que, en caso de duda, debía aplicarse el principio constitucional de indubio
pro operario, por lo que si existían posibilidades diferentes al momento de
aplicar la legislación pertinente relacionada con esta prestación, era menester
escoger aquella que más favoreciera al trabajador. Finalmente, en la parte
resolutiva de la sentencia, ordenó a CAJANAL que procediera a “(…) dictar
los Actos Administrativos mediante los cuales se les reconozca la pensión
gracia a los accionantes (…) incluyendo todos los factores salariales causados
en el año inmediatamente anterior a aquél en que los accionantes adquirieron el
status jurídico de pensionados, junto con su respectiva retroactividad,
reajuste e indexación a que pueda haber lugar y que efectivamente tienen
derecho (…)” (Cuad. 3, folio 25)(Cuad. 3, folios 592-626).
d.     Copia
del incidente de desacato presentado el veintidós (22) de enero de  dos mil
siete (2007) (Cuad. 3, folios 627-733).
e.
Copias de las resoluciones que les niega la pensión gracia a los
accionantes, proferidas por CAJANAL entre Mayo y Julio de dos mil siete (2007)
(Cuad. 4, folios 1-98).
f.
Copia del Plan de acción presentado por CAJANAL en cumplimiento de la sentencia
T-1234 de 2008 (Cuad. 1A, folios 72-98).
g.     Copia
de la Formulación de Pliego de Cargos por parte del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, con fecha cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009), contra
el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, donde se indica que las
actuaciones de la mencionada autoridad judicial, dentro del trámite de la
tutela del 2006, se consideran “(…) como grave dolosas (…)”, dado que en
el fallo “(…) es evidente (…) que (…) desconoció la procedibilidad de la
acción de amparo (…) por cuanto existía otro mecanismo de protección judicial,
[y] no se daban los presupuestos para que operara como mecanismo transitorio
(…)”. Adicionalmente, transgredió las reglas del Decreto 1382 de 2000, dado
que carecía de competencia, pues “(…) los accionantes todos con cédula de
ciudadanía de diferentes partes del País y ninguno con cédula de Magangué o
Bolívar, con residencia fuera del departamento de Bolívar como se demuestra con
el cuadernillo anexo, donde se observa que prestaban sus labores como docente
(sic) en departamento distinto al de Bolívar y de la Región Caribe, que el
lugar de la supuesta vulneración lo es la ciudad de Bogotá donde CAJANAL recibe
notificaciones y donde se profirieron los actos administrativos que negaban las
pensiones y donde además el abogado que representó a los tutelantes recibía
notificaciones (…)”. (Cuad. 1B, Folios 75- 80)
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
1. Primera instancia
Conoció de la causa en primera
instancia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, que mediante sentencia del veintinueve (29) de
octubre de dos mil nueve (2009), resolvió declarar improcedente la acción de
tutela instaurada. Además, frente a determinados accionantes – que no aportaron
poder alguno para ser representados – resolvió rechazar el amparo deprecado.
Sustentó su decisión señalando
que, a pesar de que podía afirmarse que la entidad demandada no había dado
efectivo cumplimiento a las órdenes impartidas en el 2006, es evidente que “(…)
el Decreto 2591 de 1991, en sus artículos 27 y 52, estableció procedimientos
claros y precisos para estos fines, como lo son los trámites de cumplimiento y
el incidente de desacato (…)” (Cuad. 1A, folio 286). Así las cosas,
enfatizó que la acción de tutela resulta  improcedente para obtener el
cumplimiento de otra acción tuitiva de derechos fundamentales.
De otro lado, se refirió a la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra incidentes de desacatos y
enfatizó que “(…) dentro de este asunto las y los accionantes no denuncian
vía de hecho alguna en la decisión adoptada respecto al incidente de desacato,
sino que solicitan se ordene su inclusión en nómina por parte de CAJANAL (…)”
(Cuad. 1A, folio 293). Por lo mismo, reiteró, resultaba improcedente que “(…)
por esta vía procesal, se [profiriera] la misma orden ya dada por el Juzgado 2
Civil del Circuito de Magangue (Bolívar)” (Cuad. 1A, folio 293).
2. Apelación de la parte
demandante
Inconforme con la decisión de
primera instancia, el apoderado de los demandantes instauró el recurso de
alzada. Para sustentarlo, indicó que sólo mediante una orden de “(…) dar o
hacer (…)” (Cuad. 2, folio 7), referente al cumplimiento de la providencia
del once (11) de diciembre de dos mil seis (2006), se garantizaría el goce efectivo
de los derechos aludidos.
En este sentido, alegó que “no
se pod[ía] continuar con la inoperancia del despacho de Magangué, que es quien
ha omitido verificar que se dé cumplimiento del fallo, ya que este (sic) es su
obligación” (Cuad. 2. folio 7) y solicitó que se ordenara a CAJANAL dar
estricto cumplimiento a la referida sentencia del dos mil seis (2006),
ordenando, si fuere el caso, “(…) medidas cautelares de embargo, para
garantizar el efectivo goce del derecho amparado” (Cuad. 2, folio 8).
3. Segunda instancia
Conoció del recurso de alzada el
Consejo Superior de la Judicatura, que mediante providencia del tres (3) de
diciembre de dos mil nueve (2009) resolvió revocar la decisión del a quo
y en su lugar concedió el amparo solicitado, pero confirmando el rechazo de la
acción de tutela en los casos en los cuales no fueron aportados los poderes de
los demandantes.
Para el ad quem, a pesar
de que la acción de tutela fue promovida contra CAJANAL, el problema versaba
sobre el incumplimiento de la sentencia proferida en el dos mil seis (2006).
Así las cosas, indicó que las “(…) notables diferencias entre la acción de
tutela y el incidente de desacato, permiten afirmar que la acción de tutela
procede excepcionalmente contra las decisiones tomadas en el curso de un
incidente de desacato, si puede verificarse la existencia de una vía de hecho.
Lo anterior, por cuanto es claro que por medio del incidente de desacato, las
autoridades judiciales toman decisiones que pueden vulnerar los mandatos
superiores” (Cuad. 2, folios 39 y 40).
En este orden de ideas, encontró
que las actuaciones adelantadas por el Juez Segundo Civil del Circuito de
Magangué transgredieron los derechos fundamentales de los actores, toda vez que
– a pesar de que era el funcionario competente para hacer cumplir la
providencia proferida en el dos mil seis (2006) y que reconoció a los
demandantes la pensión gracia – no adoptó medidas para materializar el derecho
tras el incidente de desacato instaurado por la parte demandante y resuelto por
él.
Por ello, a pesar de que los
análisis efectuados en la sentencia giraron en torno a la actuación adelantada
por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, consideró pertinente
ordenarle a CAJANAL cumplir la sentencia proferida, el once (11) de diciembre
de dos mil seis (2006), por dicha autoridad judicial.
Posteriormente, el tres (3) de
marzo de dos mil diez (2010), tras una solicitud de aclaración presentada por
la parte demandante contra esta providencia, y donde -de contera- le solicitó a
la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura
asumir el cumplimiento de la sentencia, esta autoridad judicial le indicó que “(…)
obedeciendo los preceptos de la Corte Constitucional, el peticionario en su
calidad de interesado habrá de dirigirse al Juez de primera instancia, Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Magangué, Bolívar, para impulsar el cumplimiento
del Fallo de la Tutela (…)” (Subrayas fuera del original) (Cuad. 2,
folio 99).
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Remitido el expediente a esta Corporación, la Sala de
Selección número Seis,  mediante Auto del once (11) de junio de dos mil diez
(2010), dispuso su revisión por la Corte Constitucional.
1. Competencia
Esta Corte es competente para conocer de la revisión de
los fallos materia de acción de tutela, de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes, así como por la escogencia del
caso por la Sala de Selección.
2. Pruebas decretadas por la
Sala de Revisión
2.1 Orden al Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Magangué
La Sala de Revisión, al
considerar que para decidir el asunto bajo estudio era necesaria información
adicional, ordenó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué -mediante
Auto del nueve (9) de septiembre de dos mil diez (2010)- que remitiera el
expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por  los demandantes -
entre ellos Ruby Cortes de López y Amparo Sierra de Quintero – contra CAJANAL
en el dos mil seis (2006) y que fue decidida mediante sentencia de ese juzgado
el once (11) de diciembre de dos mil seis (2006).
Adicionalmente, solicitó a la
Procuraduría General de la Nación y al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, que informaran si existían
investigaciones contra el señor Arneidis José Payares Pérez, en su condición de
Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, y en caso tal, señalaran en qué
estado se encontraban. Finalmente, mediante la misma providencia, se estableció
la suspensión de los términos para decidir hasta tanto fuera recibida y
evaluada la información mencionada, así como la suspensión de cualquier pago
relacionado con el presente asunto.
2.2 Intervención de la
Procuraduría General de la Nación y providencia del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico.
La Procuraduría General de la
Nación, mediante escrito radicado en esta Corporación el veintiuno (21) de
septiembre de dos mil diez (2010), indicó que “(…) no se encontró
investigación alguna que exista en esta Entidad contra el señor Payares (…)”
(Cuad. 3, folio 80). Por su parte, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar guardó silencio y se abstuvo de mencionarle a esta Corporación el
estado de las investigaciones adelantadas contra la referida autoridad
judicial. Sin embargo, Arnedys Payares Pérez, alegando vulneraciones a sus
derechos fundamentales, mediante escrito radicado en la Secretaría de la Corte
Constitucional el trece (13) de enero de dos mil once (2011), allegó copias de la
decisión adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico –Sala
Jurisdiccional Disciplinaria Dual de Descongestión- el diecisiete (17) de
noviembre de dos mil diez (2010) (Cuad. 5, folio 191 y ss).
En este sentido, es menester
enfatizar que el mencionado Consejo expuso que “(…) el presupuesto fáctico
en la presente investigación recoge la conducta desarrollada (…) [en] el
trámite de la acción de tutela impetrada por la señora Amparo Sierra Quintero y
Otros noventa y cuatro docentes, en contra [de] (…) CAJANAL, (…) actuación que
culminó con la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué, el día 11 de diciembre de 2006 (…)” (Cuad. 5, folio
201). Con respecto a la conducta reprochada, se enfatizó que “(…) la
actuación arbitraria y abiertamente irregular adoptada por el funcionario
judicial, consistió en ordenar mediante el fallo de tutela el reconocimiento de
la pensión gracia a docentes pasando por alto la jurisdicción Contenciosa
Administrativa, y ordenar posteriormente el embargo y retención de los dineros
que tuviera CAJANAL (…)” (Cuad. 5, folio 206). En cuanto a la
procedencia de la acción de tutela, se expuso que “(…) tenían otro mecanismo
judicial (…), no sufrían un perjuicio irremediable, en tanto devengaban sus
salarios, (…) las medidas de embargo no son viables en esta clase de acciones
constitucionales (…)[y] la acción de tutela fue instaurado cuando la acción de
lo contencioso administrativo, la nulidad y restablecimiento del derecho, había
caducado ya para varias resoluciones que negaron el reconocimiento y pago de la
pensión  (…)” (cuad. 5, folios 206 y 207).
En este orden de ideas, a juicio
del Consejo, la conducta cometida se adecua “(…) a la modalidad de gravísima
dolosa (…) [que] responde a que en la decisión del funcionario se advierte
claramente un desconocimiento de la Constitución y la Ley (…)” (Cuad. 5,
folio 209). Igualmente, esta autoridad judicial expuso que “(…) no hay duda
que el juez investigado vislumbró de entrada la improcedencia de la acción
constitucional llegada a su conocimiento, advirtió la ausencia de requisitos
inherentes al test de procedibilidad como lo son la inmediatez y la
subsidiariedad; y sabía (…) que los accionantes no habían acudido a los
escenarios judiciales naturales (…)” (Cuad. 5, folio 232). Por lo anterior,
y tras señalar que la conducta efectuada daría lugar al tipo penal de “(…)
prevaricato por acción (…)” (Cuad. 5, folio 236), resolvió “Declarar
disciplinariamente responsable, al doctor Arnedys José Payares Pérez (…) de
incurrir en falta gravísima dolosa (…) [e] imponer sanción de destitución (…) e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por espacio de diez (10) años”
(Cuad. 5, folio 240).  Finalmente, se le informó al disciplinado de la
posibilidad de apelar la decisión y se dispuso compulsar copias a la Fiscalía
de Bolívar para lo de su competencia.
2.3 Análisis del expediente
T-1.576.340 y de la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil seis
(2006)
2.3.1 El cuadro que se presenta
como anexo en esta providencia, recoge los elementos probatorios relevantes que
para el dos mil seis (2006) tuvo que tener en cuenta la autoridad judicial de
Magangué para resolver el asunto que se ponía bajo su conocimiento. La estructura
del mismo, dispuesta para aprehender de manera simplificada tales elementos
probatorios, es la siguiente:
2.3.2 En primer lugar, una
columna con el nombre de cada uno de los actores, identificado con un número
que corresponde a aquel con el que figuraba en las acciones de tutela
instauradas en el dos mil seis (2006) y dos mil nueve (2009).
2.3.3 En segundo lugar, una
columna que contiene los elementos probatorios aportados por cada uno de ellos,
que en su mayoría corresponden al derecho de petición elevado ante CAJANAL para
solicitar el reconocimiento de la pensión gracia, el poder otorgado a
determinados abogados, la cédula de ciudadanía y una resolución (que en
ocasiones atañe a aquellas que resolvieron recursos de reposición o apelación).
Cabe señalar que cada una de ellas desató las solicitudes de manera negativa.
2.3.4 En tercer lugar, una
columna que muestra dos relaciones geográficas a través de la diligencia de
presentación personal y de un domicilio mencionado en el poder otorgado a los
abogados. De ellas puede inferirse el presunto domicilio de los demandantes.
2.3.5 Finalmente, en cuarto
lugar, una columna que contempla los elementos probatorios que satisfacerían o
no los requisitos legales para acceder a la pensión de gracia y que, a su vez,
se dividen en tres: edad del peticionario, entidad responsable de la
vinculación y tiempo de servicio aproximado. Ahora bien, en esta misma columna
se encuentra una subdivisión que corresponde al lugar de trabajo y a la(s)
institución(es) en la(s) que fueron prestados los años de servicio. Las
principales conclusiones del análisis de los mencionados componentes se exponen
más adelante, en la resolución del caso concreto.
3. Problema jurídico y esquema
de resolución
De los hechos narrados y probados
en este proceso, corresponde a esta Sala de Revisión determinar, en primer
lugar, si la acción de tutela instaurada el veintiuno (21) de octubre de dos
mil nueve (2009) resulta procedente para obtener el cumplimiento de las órdenes
impartidas en una acción de tutela anterior.
Una vez resuelto tal
cuestionamiento, esta Corporación deberá -en segundo lugar- analizar si el
presente asunto, que incluye la solicitud de cumplimiento de la decisión
adoptada el once (11) de diciembre de dos mil seis (2006), está revestido de la
entidad de cosa juzgada constitucional, en razón a que fue proferida una
sentencia por parte de un juez de la República en sede de tutela, que en ese
momento no fue seleccionada por la Corte Constitucional, pero en la que se
avizoran serias irregularidades procesales y probatorias.
Para resolver ambos problemas
jurídicos, la Sala reiterará la jurisprudencia de esta Corporación en torno a
(3.1) la improcedencia de la acción de tutela para controvertir sentencias de
tutela previas, la inviabilidad procesal de la acción de tutela para obtener el
cumplimiento de órdenes impartidas en sentencias de tutela y el incidente de
cumplimiento. Adicionalmente, analizará la figura de (3.2) la cosa juzgada
constitucional y el principio constitucional: el fraude lo corrompe todo.
A continuación, efectuará un estudio jurisprudencial y normativo a (3.3) la
pensión gracia, desde una aproximación histórica a su naturaleza, los
requisitos jurídicos para su reconocimiento y sus posibles titulares.
Posteriormente (4) se resolverá el asunto sometido a su conocimiento.
3.1 Improcedencia de la acción
de tutela para controvertir sentencias de tutela, inviabilidad procesal de la
acción de tutela para obtener el cumplimiento de órdenes impartidas en
sentencias de tutela y el incidente de cumplimiento. Reiteración de jurisprudencia.
a. Improcedencia de la acción
de tutela para controvertir una sentencia de tutela previa.
3.3.1 Antes de ahondar en la
inviabilidad procesal de la acción de tutela para obtener el cumplimiento de
una sentencia anterior proferida en la misma sede constitucional, es importante
indicar que en su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado que la
acción de tutela no procede tampoco contra un fallo de tutela[2].
Esto, en razón a que la protección del debido proceso se garantiza por medio de
la revisión que hace la misma Corporación con base en el inciso 2º del artículo
86 de la Carta Política, que dispone que “(…) en todo caso, [el asunto se]
remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión” y en los
artículos pertinentes del Decreto 2591 de 1991, como los son el 33 y siguientes.
Así, en sentencia SU-1219 de 2001[3], la Corte expuso que la
revisión eventual de todos los fallos de tutela dictados supone “(…) un
proceso especial contra cualquier falta de protección de los derechos
fundamentales”. Por ello, se considera que la decisión de la Corte de
seleccionar o no un determinado fallo, es una facultad que le fue otorgada por la
Constitución para la protección de los derechos fundamentales, no sólo de las
denominadas vías de hecho o errores en sentencias de tutela, sino
también de las interpretaciones problemáticas que se puedan hacer frente a los
artículos de la Constitución. Así, la revisión se constituye en un “(…) control
eficaz e idóneo de los fallos de instancia que violan de forma grosera la
Constitución.”
Además, la posibilidad que tiene
cualquier persona de elevar una solicitud de revisión ante la Corte
Constitucional, frente a un fallo que a su juicio incurrió en cualquier tipo de
yerro, es una razón más para concluir que no hay lugar a la acción de tutela
contra sentencias de tutela, pues ya hay un mecanismo que garantiza la corrección
de cualquier falta frente a la protección de los derechos fundamentales. Por lo
anterior, incluso en casos como el presente, donde los demandantes resultan ser
las mismas personas que instauraron la primera acción de tutela ya resuelta por
el juez constitucional, no es de recibo que las partes demandadas intenten
cuestionar los argumentos esbozados por la autoridad judicial en aquella
decisión previa adoptada en sede de tutela, cuando tuvieron todas las
oportunidades procesales para defender sus intereses y no lo hicieron.
3.1.2 En este sentido, concluyó la
Corte en la ya referida SU-1219 de 2001 que “(…) la decisión de la Corte
Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de
tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta
sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma
Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la
sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa
juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la
seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como
órgano de cierre del sistema jurídico.”
3.1.3 Esto no significa que los
jueces, al decidir asuntos a través de sentencias de tutela, no puedan
equivocarse, tal y como sucede en los asuntos ordinarios que conoce cualquier
jurisdicción. Sin embargo, conforme a la sentencia previamente referida, las
soluciones para tales errores son diferentes, pues el juez ordinario “(…) al
decidir, principalmente, sobre asuntos de orden legal eventualmente pueden
representar un desconocimiento absoluto de los derechos constitucionales
fundamentales y constituir en situaciones extremas vías de hecho susceptibles
de impugnación mediante la acción de tutela”. En cambio, en los fallos de
tutela “(…) el objeto principal y específico es precisamente la protección
de los derechos fundamentales. En el proceso de tutela se aplica de manera
directa la Constitución al análisis de las acciones u omisiones de autoridades
públicas o de ciertos particulares”.
Por ello, incluso en la
eventualidad de que el juez, contrariando sus obligaciones constitucionales y
legales, decida un caso mediante una argumentación que pueda encontrarse en los
extramuros del ordenamiento jurídico, la solución existente, además del
necesario contradictorio entre las partes y los recursos propios existentes en
sede del proceso de tutela, es aquella contemplada expresamente en la
Constitución: la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, que “(…)
no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos
fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de
derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el
alcance de los mismos”[4].
Se considera entonces que una vez
ha culminado el proceso de revisión por parte de la Corte, “no hay lugar
para reabrir el debate” y, por tanto, la decisión se torna inmutable y
definitivamente vinculante, revistiéndose de la calidad de cosa juzgada[5].
Así las cosas, “(…) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o
terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso
establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión
(…), opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional (art. 243
numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de
tutela por decisión judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir
el debate sobre lo decidido”[6].
Por lo anterior, se reitera,
incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis
precedente, instaure una nueva acción de tutela que de alguna manera permita a
la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisión, tales
argumentos no serán procesalmente admisibles, pues la decisión del juez de
tutela, una vez surtido el trámite de revisión en la Corte Constitucional, se
encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional.
3.1.4 Ahora bien, en la sentencia
T-104 de 2007[7], esta Corporación reiteró
que en razón a la competencia de la Corte en relación con la revisión de los
fallos de tutela, la acción tuitiva de derechos fundamentales no resulta
procesalmente viable contra sentencias de tutela.
Lo anterior, con el fin de “ i)
(…) hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales confiada por la
Carta Política a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la
justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las
órdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien
reclama sobre la protección constitucional que el asunto de la vulneración de
sus derechos fundamentales será resuelto de una vez (…)”. En este sentido, se
enfatizó nuevamente que si bien puede el juez de tutela equivocarse, existen
mecanismos que solventarían tales yerros, como lo es la revisión que, conforme
con sus competencias funcionales contempladas en el artículo 241 de la
Constitución, puede hacer la Corte Constitucional.
3.1.5 Con todo, con expresa
remisión a la sentencia SU-1219 de 2001, se indicó que “[l]a Corte ha
admitido en el pasado la posibilidad de interponer acciones de tutela contra
las actuaciones judiciales arbitrarias, incluso de los jueces de tutela, pero
no respecto de sentencias de tutela”[8]. Así, una cosa es
analizar una sentencia de tutela que pone fin a un asunto relativo a la
aplicación directa de los derechos fundamentales y de la Constitución, cuyas
posibles equivocaciones pueden ser solventadas a través de la revisión, y otra
muy distinta controvertir actuaciones dentro del proceso de tutela que deben
ser resueltas, en primera medida, a través de los medios existentes en el
mismo, como por ejemplo la solicitud de nulidad.
En este sentido, en la mencionada
sentencia de unificación se expuso que la Corte aceptó una acción tuitiva de
los derechos fundamentales contra un juez de tutela que se había negado a
conceder la impugnación de su decisión con el argumento de que el poder
presentado para elevar el recurso de alzada no era auténtico, a pesar de que el
artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 establece que los poderes se presumirán
auténticos (T-162 de 1997). Igualmente, esta Corporación concedió el amparo en
un caso en el cual el juez constitucional no vinculó a un tercero
potencialmente afectado por la decisión (T-1009 de 2009). Sin embargo, el caso
objeto de estudio en la SU-1219 de 2001 resultaba distinto, pues se debía “(…)
decidir si contra una sentencia de tutela procede una nueva acción de tutela
basada exclusivamente en el argumento de que al concederla se incurrió en una
vía de hecho porque la tutela era desde el principio improcedente. Se observa
cómo el cuestionamiento al fallo de tutela versa sobre el juicio de procedencia
de la acción como elemento constitutivo e inescindible del fallo, sin que se
cuestionen actuaciones del juez de tutela diferentes a la sentencia misma”.
En otras palabras, se trataba de
una acción de tutela que tenía por finalidad controvertir la cosa juzgada
constitucional. Lo anterior resulta claro en la referida providencia con el
hecho de que la Sala Plena de esta Corporación, tras diferenciar entre los
conceptos de obiter dicta y ratio decidendi, enfatizó que “(…)
La ratio decidendi en este caso excluye la acción de tutela contra
sentencias de tutela. El afectado e inconforme con un fallo en esa
jurisdicción, puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar su
revisión”.
b. Improcedencia de la acción
de tutela para obtener el cumplimiento de una sentencia previa de tutela.
3.1.6 Por lo demás, la Corte
también ha señalado que resulta procesalmente inviable instaurar una acción de
tutela para exigir el cumplimiento de una sentencia de tutela previa. En
efecto, en la sentencia T-956 de 2010[9], esta Corporación –
reiterando su jurisprudencia – indicó que “[l]a tendencia marcada en
los pronunciamientos de esta Corte, ha sido radical en el entendido que es
improcedente toda acción de tutela interpuesta para obtener el cumplimiento de
una anterior”.
Esta regla encuentra su sustento en
razón a que el ordenamiento jurídico colombiano contempla otros medios
jurídicos para obtener la satisfacción de las órdenes proferidas en una
sentencia de tutela, como lo es el incidente de cumplimiento y la sanción por
desacato, desarrollados en los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, “Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”. Los elementos pertinentes de tales medios
judiciales para el caso objeto de estudio se desarrollan a continuación.
c. Incidente de cumplimiento
3.1.7 Como se indicó con
anterioridad, el incidente de cumplimiento y la sanción por desacato son
figuras creadas por los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, con el
fin de que el juez de tutela utilice sus potestades, que incluyen poderes
disciplinarios, y así obtenga el cumplimiento de un fallo de tutela que busca
proteger derechos fundamentales cuando el obligado sea renuente a materializar
las órdenes proferidas por el juez de tutela.
Se trata así de dos mecanismos
que puede utilizar el actor en sede de tutela, ya sea de manera simultánea o
sucesivamente, ante el incumplimiento de la orden emitida en un fallo de amparo
proferido con ocasión de la declaratoria de la vulneración o la amenaza de sus
derechos fundamentales, no excluyentes entre sí: uno de tipo sancionatorio y
otro de tipo material, pues de lo que se trata es del goce efectivo de los
derechos fundamentales, razón de ser del Estado Social de Derecho conforme lo
define el artículo 2º de la Constitución, que en la parte pertinente consagra
como fin del referido tipo de Estado, la garantía de la efectividad “(…) de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)”.
3.1.8 En cuanto al primero, los
mecanismos de cumplimiento de tipo sancionatorio (requerimiento al superior
jerárquico, solicitud de apertura de proceso disciplinario, compulsión de
copias para que se adelanten investigaciones penales y trámite del incidente de
desacato), suponen la valoración de la responsabilidad subjetiva de los
demandados.
Por su parte, el mecanismo de
naturaleza material, comprende cualquier otro tipo de actuación del juez que
por vías legales pueda conducir al cumplimiento de la orden impartida. Para
ello se puede valer, por ejemplo: i. de la solicitud de pruebas[10] con el fin de esclarecer
los hechos del incumplimiento y adoptar la solución más acertada; ii. De dictar
órdenes y requerimientos complementarios al fallo o decisión[11]; iii. De proferir
sentencias de reemplazo o revivir decisiones de jueces de instancia que habían
sido revocadas o casadas en la jurisdicción ordinaria en el caso de tutelas
contra providencias judiciales que no se cumplen[12]; iv. Adicionar la
decisión inicial para vincular a quienes no quedaron expresamente incursos en
las consecuencias que acarrea el incumplimiento[13] o;  v. la celebración de
audiencias para hacer públicas las actuaciones de las autoridades encargadas
del cumplimiento de órdenes judiciales[14].
3.1.9 En este sentido, existe una
diferencia sustancial entre el cumplimiento y la mencionada sanción de desacato,
pues esta última es un mecanismo coercitivo que depende de la responsabilidad
subjetiva del obligado a cumplir la decisión judicial, creado con el fin de
asegurar que la protección impartida por un fallo en razón de una acción de
tutela se cumpla, otorgando para ello poderes sancionatorios al juez
constitucional en los siguientes términos:
"Artículo 52. Desacato.
La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el
presente Decreto, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis
(6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, salvo que en
este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por
el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior
jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse
la sanción. ".
3.1.10 Ahora bien, el juez
competente para asegurar el cumplimiento del fallo de tutela, que no depende de
la responsabilidad subjetiva del obligado, y de tramitar el incidente de
desacato en caso de que se evidencie ese tipo de responsabilidad[15],
es el juez que conoció del amparo en primera instancia salvo las excepciones
que ha fijado la jurisprudencia de esta Corporación al respecto[16].
d. Conclusiones de este
apartado
3.1.11 En suma, conforme con la
jurisprudencia de esta Corporación, no resulta procesalmente viable acudir a la
acción de tutela para controvertir la cosa juzgada constitucional que reviste
las decisiones de los jueces de instancia una vez se surte el trámite de
revisión ante esta Corporación. Asimismo, no resulta procedente que las partes
vencidas, aprovechando que la parte demandante haya instaurado una nueva acción
de tutela, controviertan la decisión previa, cuando tuvieron las instancias
pertinentes para hacerlo y no lo llevaron a cabo.
En este sentido, una vez se surte
el trámite de revisión y la decisión del juez constitucional ha sido excluida
por las Salas de Selección de esta Corporación para que haga parte de su
jurisprudencia, surge la calidad de cosa juzgada constitucional, inmutable e
incontrovertible para esa providencia. Esto, en razón a que la revisión es un
medio definido por el propio Constituyente con el fin de que la Corte
Constitucional, dentro de su competencia funcional, sea la única autoridad
encargada de unificar la jurisprudencia que desarrolle o verse sobre derechos
fundamentales, así como la responsable de cerrar cualquier controversia que
trate sobre los mismos, en todo caso preciados para el Estado Social de
Derecho.
De igual modo, ante la existencia
de medios judiciales para garantizar el cumplimiento de las decisiones
adoptadas en sede de tutela, no resulta procesalmente viable la instauración de
una nueva acción de tutela para lograr la materialización de tales órdenes. Por
ello, las personas que consideren que frente a su caso se presenta un
incumplimiento, deben iniciar los incidentes correspondientes contemplados en
el ordenamiento jurídico colombiano.
3.2 Cosa Juzgada
Constitucional y el principio constitucional de El fraude lo corrompe todo.
A. Cosa Juzgada
3.2.1 La Constitución de 1991,
tras definir en su preámbulo como fin del ejercicio del poder soberano del
pueblo al darse la Carta Política - representado en los delegatarios de la
Asamblea Nacional Constituyente -, el garantizar un orden político, económico y
social justo, estableció - en el artículo 229 - el derecho de toda persona de acudir
ante la justicia.
En efecto, la referida norma
contempla “(…) el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia (…)”. Esto, con el fin de que los jueces, a través de sus
providencias, sometidos al imperio de la ley conforme con los mismos principios
que rigen a todo poder constituido dentro del Estado Social de Derecho,
resuelvan las controversias que aquejan a las personas aplicando las
disposiciones comprendidas en el ordenamiento jurídico, dando prelación dentro
de sus consideraciones y resoluciones al derecho sustancial[17].
Se trata así del derecho de
acción que tienen las personas, en ocasiones ejercido a través de apoderados
judiciales o de manera directa[18]. Como contra partida, el
Estado – administrando justicia –, cumpliendo las reglas que se derivan del
respeto al debido proceso y demás derechos fundamentales, deberá resolver de
manera definitiva la causa que las personas han llevado ante él[19].
Es aquí donde ha de resaltarse el concepto de cosa juzgada, que en esta
providencia se analizará antes de ahondar en un tipo específico: la cosa
juzgada constitucional y en el principio del fraude lo corrompe todo,
precepto que también se expresa como fraus omnia corrumpit.
3.2.2 La Cosa juzgada, denominada
también res judicata, puede ser comprendida como lo decidido por una
autoridad pública revestida de jurisdicción o, en otras palabras, lo que ha
sido materia de una decisión judicial[20]. Sin embargo, conforme a
Couture, esta comprensión no resuelve de qué trata tal institución más que de
una manera superficial y meramente aproximativa.
Cabe decir que a lo largo de la
historia del Derecho han existido múltiples conceptualizaciones alrededor de
esta institución. Así, por ejemplo, algunos representantes de la doctrina
señalan que para Savigny era una presunción de verdad, importante para mantener
al Estado como el administrador de Justicia[21]. Igualmente, se expone
que para Pothier, la cosa juzgada era una presunción legal que debía valer en
las relaciones humanas, o que para Rocco, se trataba de la extinción del
derecho de acción por un fenómeno procesal,  seguido por la cesación del deber
del Estado de prestar la jurisdicción para dirimir un litigio[22].
Sin embargo, lo anterior – salvo
la definición de Rocco -, no permite evidenciar de qué trata el concepto, que,
según Monroy Cabra, siguiendo a Carnelutti, puede ser comprendido como un hecho
jurídico que transforma la lex generalis en lex specialis  y que
extingue el poder del juez de pronunciarse sobre una causa, así como el derecho
de la parte de iniciar una nueva litis sobre el mismo asunto[23]
[24].
En este sentido, resulta esclarecedora la visión de Couture, quien expuso que
la cosa juzgada se predica de la autoridad y eficacia de una sentencia cuando
no existen medios de impugnación que permitan modificarla. Exposición que sin
duda resulta más amplia que la acepción latina de res judicata[25],
pues permite evidenciar que la cosa juzgada es el efecto procesal de una
decisión adoptada por una autoridad judicial, que tiene repercusiones en la
vida social.
En este orden de ideas, la
mencionada autoridad – entendida como elemento constitutivo de la cosa juzgada
- hace referencia al atributo con que cuenta esa decisión por emanar de un órgano
jurisdiccional del Estado. Por su parte, la eficacia se refiere a la
inimpugnabilidad, inmutabilidad y a la posibilidad de coerción para que la
sentencia se materialice[26]. Con todo, la relevancia
de la cosa juzgada como institución supone un bien para la sociedad, pues
reduce la incertidumbre sobre la situación jurídica de un asunto (sea la
propiedad sobre un bien, el reconocimiento de una prestación, o la reparación
de un daño, etc.), revistiéndose de suma relevancia por motivos de orden
público, de justicia y de paz social, pues si los conflictos humanos no
pudieran dirimirse de manera definitiva, difícilmente podría alcanzarse “un
orden jurídico, económico y social justo”, como lo exige el Preámbulo de la
Carta.
3.2.3 El legislador, en el primer
inciso del artículo 332 del CPC estableció que la cosa juzgada debía ser
entendida de la siguiente manera: “(…)  La sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el
anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)”.
Estos elementos, si bien relevantes como se verá a continuación, no explican
por qué razón resulta trascendental – no sólo para el derecho – sino para la
sociedad en su conjunto, la existencia de una institución como aquella en
comento.
3.2.4 Por lo mismo, resulta esclarecedor el hecho de que esta
Corporación, en su jurisprudencia, haya indicado que la cosa juzgada surge como
respuesta a la necesidad social de finalizar un proceso judicial, para que así
la resolución de la controversia sea segura y esté revestida de estabilidad[27].
Por ello, el concepto en comento se refiere a los efectos jurídicos de las
sentencias, que las delimitan como inmutables, obligatorias, vinculantes y
susceptibles de ser exigidas por la fuerza. En efecto, en la sentencia C-622 de
2007[28], esta Corporación indicó
que “[e]n términos generales, la cosa juzgada hace referencia a los efectos
jurídicos de las sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter
de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre
aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear
litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento”.
3.2.5 En la referida providencia,
también se expuso que los efectos de la cosa juzgada son básicamente dos; por
una parte, los positivos, que conllevan la obligación del todo juez de
reconocer y acatar la decisión anterior. Sin embargo, este efecto también puede
ser analizado desde la perspectiva de la parte vencida, que deberá ajustar su
comportamiento a la resolución del conflicto. Igualmente, en ocasiones, este deber
cobija a todas las personas (efecto erga omnes). Por otra parte, están los
efectos negativos, que implican el deber del Estado de abstenerse de efectuar
nuevos pronunciamientos sobre conflictos ya solventados.
Así, en la C-622 de 2007 se apuntó
que “[d]e acuerdo con su definición, a la cosa juzgada se le atribuyen dos
importantes consecuencias, que si bien se encuentran relacionadas entre sí, en
todo caso mantienen una clara diferencia[29]. Una de
naturaleza positiva, cual es el de vincular o constreñir al juez para que
reconozca y acate el pronunciamiento anterior (principio de la res judicata pro
veritate habetur), y otra de connotación negativa, que se traduce en la
prohibición que se impone también al operador jurídico para resolver sobre el
fondo de conflictos ya decididos a través de sentencia en firme, evitando
además que respecto de una misma cuestión litigiosa se presenten decisiones
contradictorias con la primera. En este segundo efecto, lo que se pretende es no
sólo excluir una decisión contraria a la precedente, sino también cualquier
nueva decisión sobre lo que ya ha sido objeto de juzgamiento anterior”
(subrayas del original).
Adicionalmente, en la referida providencia, se enfatizó que en razón al
alcance coercitivo de la cosa juzgada, se le reconoce un tercer efecto que
depende de la renuencia de la parte vencida de cumplir lo ordenado por la
autoridad competente. Por ello, este elemento se “(…) materializa en el
hecho de que, por su intermedio, se brinda la posibilidad de ejecución forzada
de la sentencia, en los casos en que la parte a quien se le ha impuesto una
prestación se niega a satisfacerla”.
A su turno, algunos doctrinantes
exponen que los efectos de la cosa juzgada pueden ser diferenciados de manera
tripartita: 1. Cierra el debate planteado, salvo excepcionalísimas situaciones
(por ejemplo el recurso de revisión); 2. Confiere inmutabilidad a lo decidido,
por lo que tal asunto no puede modificarse; y 3. En caso de que la resolución
del juez no se cumpla, a petición de parte, pueden ser materializados los
efectos del fallo de manera coercitiva, apelando a la legítima fuerza del
Estado[30].
En cambio, otros autores, desde
una óptica pragmática, exponen que los efectos de la cosa juzgada conllevan el
deber estatal de no volver a juzgar el mismo asunto, obligación que comprende
el precepto de non bis in idem y la posibilidad de que las partes puedan
alegar la excepción de res judicata si  alguien vinculado por la
institución referida pretende reabrir el debate[31].
A esto se suma, por ejemplo, la posibilidad de alegar la nulidad del proceso
conforme al numeral 3º del artículo 140 del CPC, que establece la posibilidad
de desplegar tal actuación “(…) Cuando el juez procede contra providencia
ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite
íntegramente la respectiva instancia”.
Por lo demás, como quiera que el
fallo judicial deviene de una o varias normas genéricas - a través de la
interpretación y aplicación de la ley efectuada por el Estado en un caso
particular -, en una lex specialis[32], la sentencia
reconoce una situación, frente a la cual, la parte demandante puede alegar que
existe cosa juzgada sobre el asunto controvertido (exceptio rei judicata).
Igualmente, como contrapartida, surge la prohibición para la autoridad judicial
de volver a juzgar el asunto. Por ello, el derecho de acción no puede ejercerse
nuevamente por la misma causa, bajo la misma pretensión y entre las mismas
partes, pues en cumplimiento del principio non bis in idem, el deber y
potestad de juzgar del Estado se agota[33] [34].
3.2.6 En este orden de ideas,
para determinar los requisitos para que pueda alegarse la existencia de la cosa
juzgada en un asunto, resulta pertinente mencionar que para ciertos autores, es
necesario que exista identidad en tres elementos: causa, partes y objeto. Para
los efectos de esta providencia, resulta relevante exponer que en cuanto a la
causa, se ha dicho que es el hecho jurídico del que nace el derecho, o que se
alega como fuente del mismo, pues no necesariamente ese hecho existe o es real
(por ejemplo, cuando una persona alega que ha cumplido con todos los requisitos
para acceder a la pensión de vejez, pero realmente no cotizó el número de
semanas requerido)[35].
En este sentido, en la referida C-622 de 2007, reiterando su
jurisprudencia, esta Corporación expuso que “(…) El alcance de las llamadas
“identidades procesales”, [fue explicado por] la Corte en la sentencia C-774 de
2001, en los siguientes términos:
-
Identidad de objeto, “es decir, la demanda debe versar
sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la
cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una
relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos
consecuenciales de un derecho que no fueron declarados expresamente”.
-
Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), “es
decir, la demanda y la decisión que hizo transito (sic) a cosa juzgada deben
tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los
mismos hechos, la demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el
análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los
fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa”.
-
Identidad de partes, “es decir, al proceso deben
concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada
exige que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física
sino la identidad jurídica”.”
Lo anterior significa que si no
existe identidad de objeto, de causa – entendida como hecho jurídico - y de
partes, no opera el fenómeno jurídico de la cosa juzgada y el juez, obviamente,
sin contrariar el principio de non bis in idem, podrá pronunciarse sobre
un asunto puesto a su consideración.
3.2.7 En este orden de ideas, no
toda sentencia proferida está revestida por el efecto de cosa juzgada y, por lo
mismo, no toda providencia puede ser comprendida como inmutable, inimpugnable y
coercitiva. Lo anterior, en razón a que existen tipos de cosa juzgada con
características disímiles. Para los efectos de esta sentencia, basta con decir
que representantes de la doctrina han señalado que existe la cosa juzgada
formal, cuando han vencido los términos para instaurar recursos o la resolución
de los mismos, es decir, cuando la providencia se encuentra ejecutoriada.
Igualmente, se ha dicho que a pesar de lo anterior, sólo cuando no es posible
elevar el recurso extraordinario de revisión, que cuestionaría la inmutabilidad
de la sentencia, surge la cosa juzgada material, pues no existen posibilidades
jurídicas de cuestionar la decisión[36].
En este misma línea, otros
autores, como Carnelutti, diferencian entre la cosa juzgada formal, que
comprenden como el fin del litigio y la cosa juzgada material, que definen como
la imperatividad de la decisión[37]. Igualmente, Couture,
expone que la cosa juzgada formal es mutable a pesar de ser inimpugnable, para
lo que menciona la fijación de la cuota de alimentos en un litigio sobre ese
asunto de familia. Esto último, puede entenderse como consecuencia de la
cláusula rebus sic stántibus, pues – al variar las condiciones – la
determinación del contenido obligacional específico – dar alimentos – puede
modificarse. Por su parte, la cosa juzgada sustancial, además de ser
inimpugnable, sería también inmutable, incluso en un nuevo proceso judicial[38].
Asimismo, el mismo ordenamiento
jurídico plantea la existencia de sentencias que no hacen tránsito a cosa
juzgada material en razón al asunto que tratan, entre ellas, las referidas en
los artículos 333 y 649[39] del CPC, que en su parte
pertinente disponen que “(…) No constituyen cosa juzgada las siguientes
sentencias: 1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria[;] 2.
Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso
posterior, por autorización expresa de la ley[;] 3. Las que declaren probada
una excepción de carácter temporal (…)[; y] 4. Las que contengan decisión
inhibitoria sobre el mérito del litigio”.
En este mismo orden de ideas,
puede mencionarse las sentencias de tutela cuando son proferidas por el juez
constitucional para precaver un perjuicio irremediable, pues el mismo artículo
8º del Decreto 2591 de 1991 dispone que cuando el amparo sea concedido de
manera transitoria “(…) el afectado deberá ejercer [la] acción [ante la
autoridad judicial competente] en un término máximo de cuatro (4) meses a
partir del fallo de tutela. Si no la instaura, cesarán los efectos de éste (…)”[40].
3.2.8 Ahora bien, en un Estado
Social de Derecho como el colombiano, fundado en valores como el respeto a la
dignidad humana y la prevalencia del interés general, donde el establecimiento
de un orden social justo está contemplado como un fin esencial del Estado, la
cosa juzgada no puede ser comprendida como un bien de valor absoluto, que
doblegue a cualquier otro con que entre en tensión sin importar las
circunstancias.
Por lo mismo, la jurisprudencia
de esta Corporación ha enfatizado que en excepcionales circunstancias la acción
de tutela procede para cuestionar decisiones judiciales. En efecto, cuando
quiera que se vulneren los derechos fundamentales de una persona y se cumplan
las causales generales de procedencia de la acción de tutela, así como los
defectos que la jurisprudencia ha denominado causales específicas de
prosperidad, es viable el amparo por vía de esta acción constitucional[41].
Sin embargo, una de las excepciones a la procedibilidad de la referida acción
contra providencias judiciales, impone que no se ejerza, precisamente, contra
sentencias de tutela[42]. Esto se debe, como se
verá más adelante, al hecho de que la sentencia de un juez de tutela está
revestida de la calidad de cosa juzgada constitucional.
3.2.9 Sin embargo, la
transgresión de los derechos fundamentales no es la única razón por los cuales la
cosa juzgada puede cuestionarse. Lo que conlleva, precisamente, a comprender
que si bien resulta esencial la seguridad y estabilidad de la resolución de un
conflicto para la convivencia en sociedad, tal institución no debe ser
protegida de manera absoluta. En efecto, otros valores pueden entrar en pugna
con ella, para lo cual el legislador ha contemplado reglas que solucionan la
posible tensión o, en su defecto, la jurisprudencia ha encontrado cómo
solventar la cuestión.
En este orden de ideas, otros principios
que cuestionan la cosa juzgada – sin pretender abarcarlos todos en esta
providencia – son la lealtad procesal, la buena fe y la cláusula rebus sic
stantibus. Los dos primeros se relacionan con un tema central para resolver
el asunto objeto de estudio: el principio de fraus omnia corrumpit. Como
se verá más adelante, el legislador previó términos para que pudieran ser
ejercidos recursos como el de revisión que permite cuestionar la cosa juzgada
ante la aparición de nuevos hechos, medios probatorios, delitos, o la
constatación de un cohecho u otra maniobra fraudulenta conforme al artículo 379
y siguientes del CPC.
Con todo, lo mejor sería que
tales tensiones fueran resueltas antes de ser proferida la sentencia revestida
de la calidad de cosa juzgada. Así, por ejemplo, en la sentencia C-252 de 2001[43],
esta Corporación indicó que el recurso extraordinario de casación en materia
penal tiene por objeto reparar las violaciones cometidas dentro del proceso.
Por lo mismo, en tal providencia se expuso que “(…) Una sentencia que
no ha sido dictada conforme a la ley sino contrariándola, jamás podrá tenerse
como válidamente expedida y, mucho menos, puede ejecutarse. Si el objeto de la
casación es corregir errores judiciales, plasmados en la sentencia de última
instancia, lo que resulta ajustado a la Carta es que esa corrección se haga antes
de que la decisión viciada se cumpla”.
Como se denota, se trata entonces
de la incorporación del principio de justicia material, que también se
relaciona con la existencia de recursos como el de revisión, y que puede entrar
en tensión con la cosa juzgada, al desvirtuar la presunción de legalidad y acierto
que supone la decisión adoptada por un juez de la República.
Finalmente, cabe mencionar que en
el caso previamente citado, la jurisprudencia constitucional enfatizó que el
recurso extraordinario de casación debía servir para evitar que decisiones
contrarias a los derechos fundamentales se materializaran, siguiendo
precisamente los lineamientos del mentado principio. En términos de la Corte: “Sentencias
que desconocen el valor de la justicia al desacatar abiertamente la
Constitución y lesionar derechos fundamentales de las personas (valga
reiterarlo), no pueden tener eficacia jurídica, es decir, ser ejecutadas, como
ocurriría si se avalara la ley demandada. La cosa juzgada, en tal caso, resulta
ser una mera ficción lindante con la arbitrariedad”. Sin duda, este
razonamiento también opera para recursos como el de revisión, que si bien
procede contra sentencias ejecutoriadas (cosa juzgada formal), cuestiona la
decisión por haber llegado a ella a través de medios irregulares o ilícitos,
dándole así preponderancia al principio de justicia material en contra de
providencias inicuas.
3.2.10 En suma, el derecho de
acudir a la administración de justicia para solventar conflictos sociales a la
luz del derecho, tiene como contrapartida el deber del Estado de prestar la
jurisdicción y de resolver el asunto. La cosa juzgada es el efecto procesal de
una decisión judicial que se encuentra revestida de la calidad de inmutable e
inimpugnable y que puede ser exigida de manera coercitiva. Son elementos de la
referida institución la identidad de causa, de objeto y de partes.
Por lo demás, cuando una
sentencia está revestida de la calidad de cosa juzgada, debe reconocerse que la
parte vencedora puede elevar la exceptio res judicata¸ mientras que el
Estado, siguiendo el principio de non bis in idem, debe abstenerse de
volver a juzgar el asunto, pues el derecho de acción se ha agotado. A pesar de
lo anterior, no toda sentencia tiene como consecuencia el efecto procesal de la
cosa juzgada, pues existen diferentes tipos, como la formal y la material.
Por último, si bien la existencia de esta institución resulta trascendental
para la vida en sociedad, no se trata de un valor absoluto, pues en excepcionales
circunstancias, conforme a los recursos definidos por el legislador y a la
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, puede ceder
ante otros bienes como la justicia material, la buena fe y la lealtad procesal.
B. Cosa juzgada constitucional
3.2.11 Como se indicó con
anterioridad, las sentencias de tutela proferidas por los jueces de la República
dentro de la jurisdicción constitucional se encuentran revestidas de la calidad
de cosa juzgada constitucional. Este fenómeno, al tener ciertas diferencias con
el efecto procesal de otras sentencias adoptadas en otros procesos, hace que la
cosa juzgada constitucional sea una especie dentro del género de cosa
juzgada.
3.2.12 En este sentido, tratándose
de la acción de tutela[44], algunos elementos
anteriormente referidos operan para las decisiones adoptadas por el juez
constitucional. Así, para enunciar sólo algunos, cuando quiera que se presente
identidad de causa (hecho jurídico), de objeto (pretensión) y de partes, el
juez constitucional, amén de analizar si se configura la temeridad[45],
deberá declarar la inviabilidad procesal de la acción, conforme a lo referido
en torno al principio de non bis inidem.
Igualmente, una vez la decisión
del juez constitucional se encuentra revestida de la calidad de cosa juzgada, la
resolución del conflicto ius fundamental es inimpugnable y puede ser
materializada por la fuerza. Para ello, el legislador contempló el incidente de
cumplimiento anteriormente descrito, así como las facultades disciplinarias del
juez de tutela. En el mismo orden, la existencia de esta institución obedece a
una necesidad práctica aún más relevante que la cosa juzgada ordinaria, pues de
ella depende la seguridad y firmeza de una decisión relacionada con la
protección de los derechos fundamentales de las personas.
3.2.13 Sin embargo, dicho sea de
paso, la mutabilidad excepcional de las órdenes proferidas también es una
característica de las sentencias de tutela. Sobre este punto, cabe recordar que
el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991 contempla que si la autoridad
responsable de acatar la decisión del juez permanece renuente, éste “(…)
podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más
requisitos (…)”. Con todo, esto no supone que las órdenes podrán
modificarse arbitrariamente. Por el contrario, siempre deberán mantener su
esencia, aunque podrán variar levemente – según las circunstancias – para proteger
los derechos fundamentales invocados. A pesar de lo anterior, tal mutabilidad
no permitiría considerar la cosa juzgada constitucional como meramente formal,
pues supondría darle primacía a la cosa juzgada ordinaria material frente a la
solidez y firmeza de una decisión adoptada por el juez de tutela como garante
de los derechos fundamentales. Por el contrario, se trata de una característica
de la acción de tutela que supera las clasificaciones que la doctrina ha
elaborado en relación con la cosa juzgada.
En este orden de ideas, la Corte
Constitucional ha sostenido que se pueden distinguir dos partes constitutivas
del fallo de tutela: (i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica
y necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho protegido. Frente a la
primera, el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme
con la inimpugnabilidad que la caracteriza. Sin embargo, respecto a la segunda,
se ha dicho que puede ser complementada para lograr “el cabal cumplimiento” del
fallo, dadas las circunstancias del caso concreto y su evolución. Lo anterior
se sustenta, como ya fue referido, en que el legislador extraordinario definió
en el propio estatuto de la acción de tutela (Decreto 2591 de 1991) que el juez
no pierde la competencia, y está facultado para tomar las medidas necesarias y asegurar
el cumplimiento de la decisión, es decir, proteger el derecho fundamental
afectado[46].
En efecto, esta Corporación, en
la sentencia T-086 de 2003 indicó que “la modificación de la orden impartida
por el juez no puede tener lugar en cualquier caso. Este debe corroborar
previamente que se reúnen ciertas condiciones de hecho que conducirán a que
dadas las particularidades del caso, el derecho amparado no vaya a ser
realmente disfrutado por el interesado o que se esté afectando gravemente el
interés público. Esto puede suceder en varias hipótesis: (a) cuando la orden
por los términos en que fue proferida nunca garantizó el goce efectivo del
derecho fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino inane;
(b) en aquellos casos en que su cumpli­miento no es exigible porque se trata de
una obligación imposible o porque implica sacrificar de forma grave, directa, cierta
manifiesta e inminente el interés público; y  (c) cuando es evidente que
siempre será imposible cumplir la orden.”
3.2.14 Con todo, la jurisprudencia de esta Corporación ha
distinguido diferencias importantes entre la cosa juzgada ordinaria y la cosa
juzgada constitucional. En efecto, en la ya referida sentencia SU 1219 de 2001,
esta Corporación indicó que “(…) es importante distinguir entre el fenómeno
de la cosa juzgada en materia ordinaria y el mismo fenómeno en materia
constitucional. Mientras que en el primer caso es generalmente admitida la
procedencia de la acción de tutela por vías de hecho, en el segundo caso,
tratándose de un proceso judicial constitucional, donde se persigue en forma
explícita y específica la protección de los derechos fundamentales y la
observancia plena del orden constitucional, la oportunidad para alegar la
existencia de vías de hecho en los fallos de tutela es hasta la finalización
del término de insistencia de los magistrados y del Defensor del Pueblo
respecto de las sentencias no seleccionadas. Una vez terminados definitivamente
los procedimientos de selección y revisión, la sentencia hace tránsito a cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.)(…). La tensión entre derechos fundamentales y seguridad jurídica que justifica admitir la acción de tutela
por vías de hecho contra sentencias judiciales, se disuelve al impedir la
tutela contra fallos de tutela, ya que en este evento la protección de los
derechos fundamentales y la seguridad jurídica no entran en conflicto sino que
confluyen hacia un mismo propósito, v.gr. el goce efectivo de los derechos[;]
el cual sería tan sólo retórico si un derecho protegido en un fallo de tutela
no fuera cierto y estable sino que fuera sometido a la eventualidad de una
nueva acción de tutela contra el fallo y a que otro juez lo ampare, así como a
que contra ese segundo fallo no sea interpuesta otra acción de tutela. De esta
forma, la acción de tutela sería desnaturalizada y se frustraría la función que
la Constitución le ha encomendado”.
3.2.15 En este sentido, una diferencia crucial entre la
cosa juzgada ordinaria y la cosa juzgada constitucional supone que esta última
surge cuando se agota su trámite ante la Corte Constitucional, que no es un
recurso, pues precisamente, conforme con el artículo 241 de la Constitución
sirve para que esta Corporación decida si escoge o no un caso para revisión. En
cambio, aquélla se consolida cuando una decisión judicial es inmutable e
inimpugnable, asunto que tiene que ver con la existencia de recursos judiciales
y su resolución.
Así las cosas, conforme a la referida sentencia de
unificación, “(…) la oportunidad para alegar la existencia de vías de hecho
en los fallos de tutela es hasta la finalización del término de insistencia de
los magistrados y del Defensor del Pueblo respecto de las sentencias no
seleccionadas. Una vez terminados definitivamente los procedimientos de
selección y revisión, la sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional
(art. 243 numeral 1 C.P.), y se torna, entonces, inmutable y definitivamente
vinculante.”  (Subrayas fuera de texto). Por lo tanto, el fraude dentro
de una acción de tutela debe ser alegado antes de que surja la cosa juzgada
constitucional. No obstante, es claro que esta regla sólo opera si en el asunto
bajo estudio realmente se ha consolidado tal institución. En caso contrario, el
juez de tutela, en cumplimiento del deber estatal de administrar justicia,
deberá resolver el asunto conforme al ordenamiento jurídico.
3.2.16 En suma, la cosa juzgada
constitucional es una especie dentro de género de la cosa juzgada. Por lo mismo,
de ella se predican elementos similares a la cosa juzgada ordinaria. Así, surge
por la necesidad práctica de resolver de manera definitiva un conflicto que
verse sobre los derechos fundamentales de las personas. Igualmente, se trata
del efecto procesal de una decisión judicial que la reviste de inimpugnabilidad
e inmutabilidad – en cuanto a la resolución de amparo o denegación del mismo -,
y puede ser exigida de manera coactiva.
Sin embargo, la cosa juzgada
constitucional se diferencia de aquella ordinaria dado que la orden específica
puede mutar según se requiera para proteger los derechos fundamentales
amparados, sin que esto implique que se pueda igualar a la cosa juzgada formal.
Asimismo, contra ella no es procesalmente viable la instauración de una nueva
acción de tutela y, finalmente, surge cuando se agota el trámite de revisión
ante la Corte Constitucional, que fenece cuando sea excluido el asunto por
parte de la Sala de Selección correspondiente o sea proferida la sentencia por
la respectiva Sala de Revisión o por la Sala Plena de esta Corte.
C. Principio fraus omnia
corrumpit
3.2.17 La Constitución de 1991
contempla en el artículo 83 que “(…) Las actuaciones de los particulares y
de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la
cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas”.
Esta disposición comprende entonces dos elementos. Por una parte, la presunción
que cobija a las actuaciones de las personas frente al Estado y, por lo otra,
el deber de ellas de comportarse conforme a tales postulados. Igualmente, el
numeral 7º del artículo 95, establece como obligación de todas las personas, en
cumplimiento de la Constitución, prestar su colaboración “(…) para el buen
funcionamiento de la administración de justicia”.
Como desarrollo de ello, el artículo
71 del CPC contempla los deberes de las partes en el proceso, entre los que se
encuentra “[p]roceder con lealtad y buena fe en todos sus actos[;] obrar sin
temeridad en sus pretensiones o defensas y en ejercicio de sus derechos
procesales (…)”. En contraposición a esto, el numeral 3º del artículo 74
del mismo Código define como temeridad o mala fe, entre otros, la utilización
del “(…) proceso, incidente, trámite especial que haya sustituido a éste o
recurso, para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos”.
Así las cosas, a los deberes de lealtad y buena fe se opone el fraude de una de
las partes o de ambas, ya sea a través de sus apoderados, que puede contar con
la desavenencia del juez o, contrariando sus deberes constitucionales y
legales, con su anuencia.
3.2.18 Sin embargo, en el mismo
CPC se encuentran múltiples disposiciones que, en procura de proteger la
administración de justicia, imponen el deber de luchar contra el fraude en el
proceso. Ejemplos de ello se hallan en el numeral 3º del artículo 37, que
consagra como deber del juez “[p]revenir, remediar y sancionar (…) los actos
contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad y probidad y buena fe que
deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal”.
Igualmente, una disposición similar se observa en el artículo 58, que establece
que la autoridad judicial, en cualquiera de las instancias, “(…) siempre que
(…) advierta colusión o fraude en el proceso, ordenará la citación de las
personas que puedan resultar perjudicadas, para que hagan valer sus derechos
(…)”. Por supuesto, nada de esto se opone a las actuaciones que debe
adelantar también el juez constitucional para resguardar, además de los
derechos fundamentales, la administración de justicia. De hecho, como autoridad
investida de jurisdicción en el Estado Social de Derecho, debe también velar
porque el fraude no corrompa su decisión.
3.2.19 La cosa juzgada
fraudulenta y el fraude procesal son especies dentro del fraude en el derecho. Para
los efectos de esta sentencia, la Sala ahondará en la primera, pues resulta
relevante comprender de qué trata para resolver el caso objeto de estudio. Con
todo, vale la pena mencionar que ambos se repudian por chocar con la seguridad
jurídica de la sentencia, al igual que contra los actos e instancias cumplidos
dentro del proceso.
Para efectos académicos, podría
decirse que la cosa juzgada fraudulenta se presenta cuando la actuación aviesa
al derecho se materializa en la providencia, mientras que el fraude procesal no
necesariamente se reviste o tiene la calidad de la cosa juzgada. En este
sentido, para diferenciar ambos conceptos, Véscori plantea que la cosa juzgada
fraudulenta se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los
requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a
través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad[47].
Igualmente, otra diferenciación
puede partir de las normas comprendidas en el Código Penal, que tipifican el
fraude procesal incluso para las resoluciones o actos administrativos. En
efecto, el artículo 453 C.P. contempla que “(…) El que por cualquier medio
fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia,
resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de
seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”. Empero,
en todo caso, ya sea frente a la cosa juzgada fraudulenta o ante el fraude
procesal, independientemente de si existe o no una consecuencia punitiva, su
persecución pretende salvaguardar el bien jurídico de la administración de
justicia.
Ahora bien, según Palacios, la
base contra el fraude está - precisamente - en la antijuridicidad inherente al
ilícito, que puede o no generar consecuencias penales[48].
Esta visión es compartida por Véscori, quien expone entre los tipos del fraude
aquellos penalizables (como el falso testimonio) y aquellos que no lo son (como
actuaciones aparentemente lícitas que encubren el dolo, ya sea bilateral o
unilateral). En todo caso, en estos últimos aquella persona o autoridad pública
que se opone al comportamiento fraudulento, cuando no trasgrede normas penales,
actúa bordeando los linderos de la moral para cuestionar tales actuaciones[49].
3.2.20 Ahora bien, según
Carnelutti, el objetivo del fraude es desviar el proceso de su fin: resolver
conforme a justicia la controversia humana[50]. En cambio, para Véscori,
el fin del fraude es precisamente la cosa juzgada, que al darle seguridad y
certeza a la consecuencia jurídica buscada, la  hace difícil de combatir,
permitiendo incluso que sea exigible de manera coactiva[51].
Pero, en todo caso, sin importar desde cuál de estas perspectivas doctrinarias
se analice, lo cierto es que “[e]l dolo se sirve de la justicia para
alcanzar sus fines”[52]. Por ello,
sancionar y desvirtuar la cosa juzgada fraudulenta supone reparar a la sociedad
en su conjunto, pues el dolo atenta contra el bien social de la administración
de justicia.
3.2.21 Como se señaló con
anterioridad, en el fraude puede actuar sólo una de las partes, ambas o incluso
el juez. También puede cometerse contra una de las partes o contra un tercero,
contra el orden jurídico, caso en el cual se le denomina fraus legi o
contra el interés público[53]. Sin embargo,
para que se configure, el dolo y la actuación que de él se deriva deben tener
la potencia de generar el efecto buscado[54]. Por lo mismo, sin que
de ello pueda desprenderse una comprensión indulgente, la cosa juzgada
fraudulenta resulta más grave cuando es cometida directamente por el juez o
mediante su anuencia, pues la autoridad judicial representa la confianza social
en la administración de justicia y su actuación conciente permitiría de manera
mucho más fácil que la situación fraudulenta – revestida de la calidad de cosa
juzgada – fuera coercitivamente exigible.
3.2.22 En todo caso y en relación
con lo antedicho, existe un asunto de trascendental relevancia para el Derecho,
que radica en la ponderación entre el percepto fraus omnia corrumpit y
la posibilidad de cuestionar la cosa juzgada que, como se vio con anterioridad,
obedece a una necesidad práctica de la sociedad: brindar seguridad y
estabilidad a la resolución de un conflicto solventado a través del derecho.
Por ello, tanto la doctrina como el legislador han encontrado y señalado
remedios para evitar el primero, sin que exista un desmedro absoluto de la cosa
juzgada, pues si se permitiera reabrir todos los procesos fenecidos, se
perdería la finalidad de la referida institución de resolver los conflictos.
En este sentido, un debate
recurrente ha sido la determinación de si se requiere la existencia de una
norma expresa que permita combatir cada uno de los posibles fraudes, si basta
con que exista una disposición genérica que así lo faculte o si resulta
suficiente acudir a los principios generales del derecho. Desde una perspectiva
histórica[55], Couture indica que ya
en el derecho romano existían varias herramientas que permitían a las partes
protegerse del fraude. Así, este autor menciona entre otras la exceptio
doli, la actio doli, la replicatio doli, la restitutio in
integrum, la acción pauliana[56], e incluso la
exceptio rei judicata. Igualmente, expone que del derecho romano pasaron a
las Partidas de Alfonso el Sabio y de ahí, tras los vericuetos de la historia y
la codificación napoleónica, llegaron al continente americano[57].
3.2.23 Estos antecedentes
tendrían un alto valor en las legislaciones que no contemplaran la revocatoria
de la cosa juzgada fraudulenta, pues evidencian que ha existido una
preocupación antiquísima por evitar que el fraude corrompa la administración de
justicia[58]. Así las cosas, de ser
necesario, se podría apelar a la tradición romana que pasó – no de manera
inmaculada - al derecho germano y al español para cuestionar la intención
dolosa de servirse de la justicia para alcanzar fines inicuos, ya que la cosa
juzgada debe fundarse sobre bases compatibles con los derechos y garantías
constitucionales, dado que la injusticia afecta el interés público y privado[59].
Con todo, para el caso
colombiano, si bien tales consideraciones podrían ser un argumento adicional,
lo cierto es que la legislación contempla expresamente elementos que permiten
combatir el fraude. En efecto, como ya se dijo, se encuentran múltiples
ejemplos en la legislación civil. Así, además del numeral 3º del artículo 37 y
del artículo 58, se encuentra la facultad de “(…) deducir indicios de la
conducta procesal de las partes”[60], la posibilidad
de tachar un documento por falsedad o pedir las pruebas para su demostración[61]
y la suspensión del proceso, que encuentra su desarrollo en el artículo 170 y
siguientes del CPC.
Adicionalmente, tal y como fue
mencionado con anterioridad, se halla el recurso extraordinario de revisión[62],
que contempla entre sus causales las siguientes: 1. la aparición de documentos,
después de pronunciada la sentencia, que habrían variado la decisión contenida
en ella (conforme a la cláusula rebus sic stántibus); 2. La declaratoria
de falsos por la justicia penal de documentos decisivos para el
pronunciamiento; 3. Que la sentencia se haya basado en declaraciones de
personas condenadas por falso testimonio en razón de ellas; 4. La condena penal
de los peritos por ilícitos en la producción de la prueba; 5. La violencia o
cohecho declarado en sentencia penal, que hayan incidido en el pronunciamiento
de la providencia recurrida; y 6. La colusión u otra maniobra fraudulenta, que
no necesariamente haya sido objeto de investigación penal[63].
3.2.24 En este orden de ideas, frente
al fraude pueden promoverse mecanismos internos en el proceso, así como
externos al mismo, que se diferencian en la existencia o no de la cosa juzgada.
En los primeros, resulta fundamental la posibilidad del contradictorio, así
como la instauración de los recursos o incidentes pertinentes. Dentro de este
grupo se encontraría, por ejemplo, la solicitud de selección o la insistencia
formulada ante esta Corporación para que un caso fuera seleccionado para
revisión, pues la cosa juzgada constitucional en materia de tutela sólo surge
una vez fenecido este trámite. En cambio, en los segundos, se trata de la
iniciación de una nueva acción que, conforme con la legislación civil – para el
caso del recurso extraordinario de revisión – tiene términos que no superan los
cinco años o a partir de la fecha de registro si la sentencia está sujeta a
registro público[64]. Igualmente, como ya se
dijo, existe la posibilidad de instaurar una acción de tutela en las
excepcionales circunstancias que han sido definidas por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, siempre que no se actúe contraviniendo el principio de
inmediatez.
3.2.25 En suma, la Constitución
contempla la buena fe que conlleva, además de la presunción atinente a que
acompañará en sus actuaciones a los particulares frente al Estado, el deber de
comportarse conforme a sus postulados. Esto incluye la colaboración de todas
las personas para el buen funcionamiento de la administración de justicia, así
como los deberes de las partes en el proceso de lealtad y probidad. Lo anterior
se contrapone, como es obvio, al uso del proceso con fines ilegales, dolosos y
fraudulentos. En este sentido, existe un deber de las autoridades judiciales,
incluido el juez de tutela, de adoptar todas las medidas que el ordenamiento
jurídico le confiere para combatir que el fraude corrompa la correcta
administración de justicia.
La cosa juzgada fraudulenta se
predica cuando el dolo se ha materializado en la sentencia judicial. Sin
embargo, esto no necesariamente conlleva consecuencias ilícitas, ni la
aparición de las mismas es necesaria para que el fraude pueda combatirse. En
todo caso, el objeto de este último supone lograr que una situación dolosa, a
través de la majestad que sustenta una sentencia, sea exigible coercitivamente.
Por lo mismo, el fraude puede ser cometido por una parte, por ambas o por el
juez que conoce el asunto. Cuando esto último sucede, la gravedad de la
actuación es aún mayor, por desconocer la autoridad judicial sus deberes como
poder constituido.
Finalmente, para defender los
intereses generales de un avieso atentado a la administración de justicia,
existen herramientas internas y externas al proceso. A más de ello, la
posibilidad de acudir a los principios del derecho que a lo largo de la
historia se han manifestado de distinta forma. En todo caso, se trata de una
ponderación entre el precepto de fraus omnia corrumpit y la cosa
juzgada, que tampoco puede ser cuestionada de manera absoluta, pues perdería su
razón de ser, que obedece a la necesidad práctica social de contar con una
resolución segura y definitiva a una controversia.
3.3 La pensión de gracia,
aproximación histórica a su naturaleza, requisitos y titulares.
3.3.1 Para comprender la
naturaleza, los requisitos y la titularidad de la pensión de gracia, es
imperioso efectuar una aproximación histórica a tal beneficio que permita su
aprehensión sistemática. En 1903, durante el gobierno de José Manuel Marroquín,
fue promulgada la Ley 39 “sobre instrucción pública”[65],
que tuvo por objeto regular esta materia. Como desarrollo de tal finalidad,
conforme al artículo 2º, aquella fue dividida en primaria, secundaria,
industrial y profesional.
Tal división resultaría
relevante, pues se estableció que la instrucción primaria estaría bajo la
dirección y protección de los Gobiernos de los Departamentos, en consonancia
con las Ordenanzas expedidas por las Asambleas respectivas[66].
En cambio, según el artículo 4º de la mencionada Ley, “La instrucción
secundaría [estaría] a cargo de la Nación (…)”. Existió así una división
territorial de responsabilidades públicas en torno a la educación; siendo los
entes territoriales los encargados de la instrucción primaria y la Nación la
obligada a responder por la educación secundaria.
Sin embargo, lo anterior no
resultaría un obstáculo “(…) para que los Departamentos y Municipios que
[dispusieren] de recursos suficientes [sostuvieran] establecimientos de
enseñanza secundaria”[67]. Así las cosas,
para ese momento, existía la posibilidad de que incluso los entes territoriales
mantuvieran este tipo de centros educativos que concurrirían con los del orden
nacional. Es más, según el artículo 7º de la Ley 39 de 1903, los Gobiernos
Departamentales tendrían la facultad de establecer Inspecciones Provinciales de
Instrucción, a pesar de que la cláusula general de competencia en torno a la
vigilancia de la educación debía recaer en el Poder Ejecutivo Nacional, tal y
como lo señalaba el artículo 3º de la Ley en comento. Por ende, existían disímiles
regímenes para servidores ocupados en la encomiable labor de la educación –
unos dependientes del orden nacional y otros del territorial – que a pesar de
efectuar la misma labor tenían un vínculo jurídico con entidades estatales
diferentes.
3.3.2 Ahora bien, este modelo
descentralizado de educación, en la práctica, implicó la diferencia salarial y
prestacional entre docentes de diferente orden. En efecto, esta Corporación, en
la sentencia C-479 de 1998[68], afirmó que “(…) en
la ley 39 de 1903, que rigió la educación durante la mayor parte de este siglo,
se estableció que la educación pública primaria estaría a cargo de los
departamentos o municipios, y la secundaria de la Nación. En relación con la
primera, la competencia de los entes territoriales era amplia pues, además de
fijar los programas educativos debían atender con sus propios recursos el pago
de los salarios y prestaciones de los empleados de este sector. Si bien en
principio, tales atribuciones respondían a un ánimo claro de descentralización
administrativa, en la práctica, y en especial para los maestros del orden
territorial, tal sistema adolecía de múltiples fallas, pues los
departamentos y municipios mostraron una progresiva debilidad financiera, que
se reflejó, entre otras cosas, en los bajos salarios que percibían los
docentes de ese nivel (…)” (énfasis propio).
Para solventar esta
diferenciación, durante el gobierno de Carlos E. Restrepo fue promulgada la ya
citada Ley 114 de 1913, que “cre[ó] pensiones de jubilación a favor de los
Maestros de Escuela”. Efectivamente, el artículo 1º contempló tal beneficio
para “(…) los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que [hubieran]
servido en el magisterio por un término no menor de veinte años (…)”. Como
requisitos adicionales se contemplaron, en el artículo 4º, además del desempeño
con honradez y consagración, y la buena conducta, “(…) haber cumplido
cincuenta años [de edad] o hallar[se] en incapacidad por enfermedad y otra
causa, de ganarse lo necesario para su sostenimiento”[69]
y “(…) no ha[ber] recibido ni recib[ir] actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional (…)”. Esto último tenía como finalidad
evitar la doble erogación presupuestal por la misma causa, expresamente
establecida en el artículo 64 de la Constitución de 1886 en los siguientes
términos: “Nadie podrá recibir dos sueldos del Tesoro público, salvo lo que
para casos especiales determinen las leyes”.
Con posterioridad, el rango de
beneficiarios de la prestación fue ampliado por el legislador mediante el
artículo 6º de la Ley 116 de 1928, cobijando así, en un primer momento, a “Los
empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública (…)”[70]. Empero, el
legislador fue cuidadoso en establecer que tendrían derecho a tal prestación “(…)
en los términos que contempla[ba] la Ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan (…)”[71]. De manera
subsecuente, durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, fue promulgada la
Ley 37 de 1933 “Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor
público y sobre jubilación de algunos empleados”, que en su artículo 3º -
inciso 2º- consagró que se “[hacían] extensivas estas pensiones [de maestros
de escuela] a los maestros que [hubieran] completado los años de servicio
señalados por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”[72].
En dicha normatividad no se
derogaron los requisitos contemplados en la Ley 114 de 1913, pero su
interpretación generaba algunas dificultades, por ejemplo, si era requisito
para hacerse beneficiario de la prestación el haber iniciado como docente en
una escuela primaria y terminar en una secundaria - teniendo en cuenta, como se
señaló anteriormente, que los entes territoriales también podían subvencionar establecimientos
de secundaria -. Sobre este punto se pronunció esta Corporación en la sentencia
C-915 de 1999[73], en la que reiteró que
el surgimiento de la pensión de gracia se debió a que en muchas ocasiones, los
maestros del orden territorial, no contaran con pensión alguna.
En efecto, en la mencionada
providencia, la Corte expuso que “(…) Tal situación [de descentralización]
dio origen a una clara diferenciación de carácter salarial y
prestacional entre los maestros contratados por las entidades territoriales,
las cuales disponían de escasos recursos, y los vinculados al servicio
oficial por parte de la Nación, que gozaban de una serie de garantías que
no tenían los primeros, entre ellas el derecho a una pensión de jubilación”
(subrayas fuera del original). Por ello, y tras reiterar la jurisprudencia de
esta Corporación - sentencia C- 479 de 1998 – arguyó que “(…) en virtud
de lo dispuesto en el artículo 3º. de la ley 37 de 1933, tal beneficio se
extendió a los docentes públicos de secundaria, quedando las dos categorías de
maestros con el mismo derecho a obtener la pensión de gracia, desde hace más de
cincuenta años. No existe entonces, violación del artículo 13 de la
Constitución, pues la pensión de gracia se concede no sólo a los maestros de
primaria del sector oficial sino también a los de secundaria del mismo orden
(…)” (subrayas del original).  Así las cosas, la interpretación del
demandante, quien alegaba que solo los maestros de secundaria que hubiesen
prestado sus servicios en algún momento en la educación primaria oficial tenían
derecho a la pensión de gracia, resultaba infundada, pues aquellos que
trabajaren en el orden territorial tendrían derecho a ella también.
3.3.3 Con posterioridad, durante
el gobierno de Alfonso López Michelsen, se promulgó la Ley 43 de 1975[74]
con el fin de centralizar la educación pública. Para los efectos de esta
providencia y en razón del objetivo de este apartado, que radica en exponer la
naturaleza, la titularidad y requisitos de la pensión de gracia, es imperioso
indicar que el epígrafe de dicha Disposición establecía lo siguiente: “por
la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente
vienen prestando los Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los
Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras
disposiciones” (énfasis propio). Como se observa, el objetivo de esta Ley
era pronunciarse sobre los servidores cuyo desempeño tenía que ver con la
educación pública prestada en el orden territorial. Por ello, no es una
sorpresa que el artículo 4º congelara “(…) el monto de las asignaciones que
las entidades territoriales [hubieran] aprobado en materia de educación
secundaria (…)”, que el artículo 5º consagrara “La nacionalización de
los planteles de educación secundaria costeados por las intendencias y
comisarías (…)”, o que el artículo 10º dispusiera que “En adelante
ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los
municipios podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y
profesores de enseñanza primaria o secundaria (…)”. Así las cosas, también
de estas disposiciones se desprende que existían maestros de secundaria
oficial, cuyo vínculo jurídico se había establecido con entidades del orden
territorial.
Por lo mismo, y como quiera que
esta Ley se refería a los mencionados Maestros, el artículo 2º estableció
reglas concernientes a los responsables en el pago de las prestaciones sociales
que se convertiría en un régimen temporalmente compartido entre la Nación y los
entes territoriales. Tal disposición contemplaba que “Las prestaciones
sociales del personal (…) que se hayan causado hasta el momento de la
nacionalización, serán de cargo de las entidades a que han venido perteneciendo
o de las respectivas Cajas de Previsión (…).[Las] que se causen a partir del
momento de la nacionalización serán atendidas por la Nación. Pero las entidades
territoriales y el distrito Especial de Bogotá pagarán a la Nación dentro del
término de diez (10) años y por cuotas partes, la suma que adeudarían hasta
entonces a los servidores de los planteles por concepto de prestaciones
sociales no causados o no exigibles al tiempo de la nacionalización (…)”.
Es importante enfatizar, en este sentido, que conforme a esta ley - artículo
3º- el proceso de nacionalización se desarrollaría entre 1976 y 1980, por lo
que las prestaciones sociales reconocidas en razón a los diferentes regímenes
territoriales y a las disímiles condiciones salariales y pensionales que en la
práctica acarreaban, estaban llamadas a desaparecer.
3.3.4 En este orden de ideas,
durante el gobierno de Virgilio Barco, el legislador expidió la Ley 91 de 1989,
“Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio”, mediante la cual - en el artículo 1º - se distinguió entre
personal nacional (docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional),
personal nacionalizado (docentes vinculados por nombramiento de entidades
territoriales antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa
fecha por estas mismas entidades) y personal territorial (docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial, a partir de 1º de enero de 1976, sin
el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de
1975)[75]. Como se observa, la ley
diferenció – con fundamento en la entidad territorial que efectuó la
vinculación de los docentes – categorías jurídicas específicas, que
repercutirían frente a las prestaciones a que tendrían derecho los maestros.
Con base en esa distinción, que
conforme a la visión histórica desarrollada en esta providencia se sustentaba
en la existencia de una descentralización administrativa en materia educativa
implantada en los albores del siglo XX, se establecieron - en el artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 - reglas relativas a las prestaciones sociales del personal
docente nacional y nacionalizado. En este sentido, en lo concerniente a
pensiones, el numeral 2º - literal “A” - consagró que “Los docentes vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933, y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se
les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos (…)”
(énfasis propio).
Como se observa, desde la óptica
gramatical, tal disposición hacía referencia a determinados docentes con
derecho a pensión de gracia - no a todos[76] - y siempre y cuando se
hubieran vinculado antes del 1º de enero de 1981. Estos docentes corresponden a
aquellos vinculados por las entidades territoriales – ya fueran de escuelas
normales, primaria y secundaria oficiales – pues eran los únicos beneficiarios
de la prestación que el legislador desarrolló a lo largo del siglo pasado para
solventar las diferenciaciones de regímenes existentes. De lo contrario, el
legislador habría utilizado una fórmula diferente, que podría haber establecido
simplemente que todos los maestros vinculados hasta enero de 1981, que
cumplieran la edad de cincuenta (50) años y veinte (20) de servicios podrían
hacerse beneficiarios de la pensión de gracia.
En efecto, todas las
disposiciones enunciadas por el artículo mencionado hacían referencia a maestros
del orden territorial, excluyendo a aquellos del orden nacional, tal y como fue
indicado anteriormente. Adicionalmente, y esto es relevante para el asunto
objeto de revisión, como quiera que la diferenciación de regímenes debía
extinguirse en razón de la nacionalización que por mandato de la Ley 43 de 1975
se había iniciado, sólo el literal “B” del mentado artículo se refirió en el
tema pensional a los docentes nacionalizados y nacionales, contemplando que “(…)
Para los docentes vinculados a partir del 1º. de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquéllos que se nombren a partir del 1º de enero de
1990, cuando cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”[77].
3.3.5 Esta posición concuerda con
la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, que en sentencia proferida por
la Sala Plena, el veintinueve (29) de agosto de mil novecientos noventa y siete
(1997)[78], indicó que “La
pensión gracia, establecida por virtud de la Ley 114 de 1913, comenzó siendo
una prerrogativa gratuita que reconocía la Nación a cierto grupo de docentes
del sector público: los maestros de educación primaria de carácter regional o
local; grupo que luego, cuando se expidieron las leyes 116 de 1928 y 37 de
1933, se amplió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a
los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza
secundaria de ese mismo orden (…)” (Subrayas fuera del original)[79].
Son varias las razones aportadas
por el Consejo de Estado para determinar lo anterior, que pueden ser esbozadas
de la siguiente manera: en primer lugar, la Ley 37 de 1933 no eliminó o
introdujo variación alguna a las exigencias establecidas en las leyes 114 de
1913 o 116 de 1928. Por ello, ha de tenerse en cuenta – como se expondrá más
adelante – el requisito concerniente a no recibir o estar recibiendo otra
erogación de carácter nacional, salvo expresa excepción legal. En segundo
lugar, existía un régimen diferente para educadores de secundaria según
hubieran sido vinculados en el orden nacional o territorial, pues “no es
acertada la afirmación de que los establecimientos oficiales de educación
secundaria fuesen nacionales en su totalidad en 1933 (…)”. Finalmente, en
tercer lugar, el numeral 2º - literal “A” - del artículo 15 de la Ley 91 de
1989 se refirió “(…) de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales
o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso
de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este
cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la
referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que
hubieran estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad”[80].
Esta postura de la Sala Plena fue
reiterada recientemente en sentencia proferida el cuatro (4) de febrero de dos
mil diez (2010) por la Subsección “A”, Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo[81]. En esta última
providencia, el Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada que denegaba el
reconocimiento de la pensión de gracia por haber sido el nombramiento del
docente de carácter nacional, mientras que el tiempo prestado en las instituciones
departamentales no le alcanzaba para completar los 20 años de servicios en el
orden territorial.
Finalmente, el hecho de que el
legislador haya establecido que sólo los maestros – ya fueran de secundaria o
primaria oficiales – serían los beneficiarios de la pensión de gracia ha
conllevado a que en años pasados se presentara un proyecto de Ley con el fin de
incluir a los docentes de secundaria cuyo nombramiento correspondiera al orden
nacional. En efecto, en el Congreso cursó el proyecto de Ley numero 170
(senado), que en el artículo 3º propuso que “Para hacerse acreedor a la
pensión de gracia de jubilación, se podrán acumular tiempos de servicio
prestados en entidades territoriales con el servicio a la Nación”[82].
3.3.6 Así las cosas, es claro que
la pensión de gracia tuvo por objeto eliminar las desigualdades prestacionales
que sufrían los maestros del orden territorial en razón de la descentralización
administrativa que rigió durante parte del siglo XX en el territorio Nacional. Por
ello, son titulares de la misma – exclusivamente – los maestros de primaria y
secundaria del orden territorial, y los demás servidores que contempló la Ley
116 de 1928, siempre que se hayan vinculado antes del 1º de enero de 1981 y que
cumplan con los demás requisitos establecidos en la legislación pertinente,
como lo son los 20 años de servicio en dicho orden territorial. Entonces, se
reitera, por ningún motivo puede considerarse que todos los maestros son
beneficiarios de esta prestación.
3.3.7 Ahora bien, en cuanto a los
requisitos para hacerse acreedor de la prestación, además del subjetivo (es
decir, de quiénes pueden ser titulares), la jurisprudencia de esta Corporación,
en sentencia C-479 de 1998, reiteró que en el momento de configuración de la
pensión de gracia, amén de los 20 años de servicios prestados, existían los
siguientes: “(…) 1)haberse conducido con honradez y consagración en
los empleos desempeñados; 2) carecer de medios de subsistencia en armonía con
su posición social y costumbres; 3) no haber recibido ni recibir actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional. Lo cual no obsta para que un
maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación y por un Departamento; 4) haber observado buena conducta; 5) si
es mujer, estar soltera o viuda ; 6) haber cumplido cincuenta años, o
hallarse en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para
su sostenimiento”.
De manera posterior, como ya se
dijo, mediante la Ley 91 de 1989 se dispuso que se les reconocería la pensión
de gracia a aquellos maestros del orden territorial vinculados hasta el treinta
y uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 tuvieran o llegasen a tener
derecho a ella, “(…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos (…)”[83]. De igual modo, en
aquella ley se estableció en cabeza de qué entidad quedaría radicada la
obligación de pagar tal prestación, a pesar de haberse creado con ella el Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio. Por esto, en  el literal “A”, numeral
2º, del artículo 15, se dispuso que “Esta pensión seguirá reconociéndose por
la Caja Nacional de Previsión Social (…) y será compatible con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”.
3.3.8 En este orden de ideas, para
los propósitos de esta sentencia, se torna imperativo hacer referencia entonces
a uno de los requisitos señalados (recibir o haber recibido pensión o
recompensa de carácter nacional), pues a primera vista podría pensarse que
existe una contradicción normativa, dado que esta última norma estableció la
compatibilidad de la pensión ordinaria con la pensión de gracia aún estando a
cargo de la Nación. Tal asunto se explica en relación con la naturaleza de la
prestación.
3.3.9 El Consejo de Estado, en su
jurisprudencia, ha establecido que la pensión de gracia es una prestación
especial que se rige por su propia normatividad y, según tal Corporación, se
trata de “(…) una prerrogativa gratuita otorgada por la Nación a un grupo de
docentes que no estuvieron vinculados a ella y se otorga con requisitos de edad
y tiempo independientes a los que rigen a los empleados públicos, por lo que su
normatividad da lugar a un régimen pensional especial”[84].
Por lo mismo, la figura de la
pensión de gracia no busca - en principio -garantizar el mínimo vital de los
docentes como sí lo harían la pensión de jubilación o de invalidez;
constituidas por el legislador precisamente para precaver las contingencias que
se derivan de la edad o de la pérdida de capacidad laboral. Por ello, y al ser
la pensión de gracia especial, no se contrapone a las ordinarias. En términos
del Consejo de Estado - en la precitada sentencia - no hay duda sobre “(…)
la compatibilidad de la pensión de invalidez y la pensión gracia (sic), dado
que ambas prestaciones poseen una naturaleza y finalidad distintas, no existe
ninguna norma que establezca la incompatibilidad expresa entre ellas y por el
contrario la ley autoriza percibir al mismo tiempo una pensión especial (la
gracia) y una pensión ordinaria (de jubilación)”. En cambio la posibilidad
de recibir dos pensiones ordinarias sí se encuentra prohibida expresamente por
el ordenamiento jurídico. En efecto, el literal J del artículo 13 de la Ley 100
de 1993 estableció que “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones
de invalidez y de vejez”.
En este
sentido, en otra sentencia, el Consejo de Estado señaló que “La
pensión gracia tiene un régimen exclusivo que no pende de la  afiliación a la
Caja de Previsión ni a la regulación de aportes, dado que las normas que la
crearon pretendían compensar de alguna manera a los docentes que se encontraban
en una situación desventajosa en relación con el salario que percibían, por lo
tanto, quienes son beneficiarios de ésta prestación deben sujetarse al
cumplimiento de los requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913. El
reconocimiento de la  pensión de jubilación por el contrario, depende de los
aportes que se efectúen a lo largo de la vida laboral  y viene a constituir el
sustento económico de las personas que por razón de la edad ya deben retirarse
de la prestación del servicio. En cuanto a la pensión de invalidez, su origen
se funda en la necesidad de asegurar la congrua subsistencia a los trabajadores
que por la ocurrencia de un percance físico ven menguada su capacidad laboral (…)”[85].
3.3.10
Habiendo determinado ya que se trata de una pensión especial, solo resta reiterar
cuáles son los requisitos que persisten en el ordenamiento jurídico para ser
beneficiario de la pensión de gracia. Esta Corporación, mediante sentencia
C-479 de 1998, indicó que “(…) En cuanto al aparte acusado del
numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito
para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional, no [se] encuentra (…) que viole
la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en
virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para
regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las
condiciones para acceder a ella”.
Es claro que
este requisito aplicaba antes de la nacionalización de la educación pública,
excluyendo a los maestros del orden nacional, pero al expedirse la Ley 91 de
1989, el legislador expresamente consagró que la pensión de gracia sería “(…)
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la Nación”[86]. Se trata
entonces de la excepción comprendida hoy en el artículo 128 de la Constitución,
relativa a que “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo
público y recibir más de una asignación que provenga el tesoro público, o de
empresas de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo
los casos expresamente determinados por la ley”. Situación que aplica
exclusivamente a aquellos maestros del orden territorial o nacionalizados que
puedan tener derecho a la pensión de gracia, tal y como se ha reiterado a lo
largo de estas consideraciones, al haber sido vinculados antes del 1º de enero
de 1981.
A similar
conclusión llegó el Consejo de Estado en sentencia proferida el veintitrés (23)
de abril de dos mil nueve (2009)[87], en donde indicó que “(…)
es evidente que las normas que gobiernan la pensión gracia contemplan una
excepción a la prohibición establecida en la Constitución Política de recibir
dos asignaciones del tesoro público, pues permiten percibir dos pensiones a la
vez, la gracia y la ordinaria, e incluso, otorgan la posibilidad de que los
beneficiarios puedan seguir devengando un salario en razón a los servicios
docentes, mientras continúen laborando hasta la edad de retiro forzoso”.
3.3.11
Entonces, son beneficiarios de tal pensión los maestros que hayan trabajado 20
años en el orden territorial y demás servidores de que trata la Ley 116 de
1928, que se hayan vinculado antes del 1º de enero de 1981 y que sean mayores
de cincuenta (50) años de edad, sin importar que reciban la pensión ordinaria. Esto,
por cuanto, como ya se dijo, la Ley 91 de 1989 mantuvo los requisitos de las
normas que le precedieron en esta materia[88]. Además, ninguna de
ellas, incluso la ley 37 de 1933, derogó o modificó alguno de estos requisitos.
Conclusiones
sobre la Pensión Gracia
3.3.12. En
suma, la referida pensión tiene una naturaleza especial, pues su objetivo
buscaba compensar a los docentes que estuvieran en una situación prestacional
desventajosa en razón a la descentralización que existió en el país durante
gran parte del siglo XX. Por ello, puede ser reconocida de manera conjunta a las
pensiones de vejez o invalidez, mas está llamada a desaparecer, pues una vez se
inició con la nacionalización del sistema educativo a mediados de los años 70,
se determinó que –además de los requisitos de edad y de tiempo laborado–, sólo
serían beneficiarios aquellos maestros que -a más de cumplir con cincuenta años
de edad-, hubieran trabajado en el orden territorial durante dos décadas y se
hubieran vinculado antes del 1º de enero de 1981. Así las cosas, sería
contrario al derecho reconocer esta prestación a cualquier maestro, sin
diferenciar si prestó 20 años de servicio en el orden territorial o si se
vinculó antes de la referida fecha, pues no todos son beneficiarios de la
pensión gracia ni pueden hacerse a ella.
4. Análisis del caso concreto
Tal como fue señalado con
anterioridad al determinar el problema jurídico que ha de resolverse en esta
providencia, corresponde a esta Sala de Revisión establecer – en primer lugar –
si la acción de tutela instaurada el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve
(2009) resulta procesalmente viable. En segundo lugar, deberá esta Sala
esclarecer si la sentencia proferida el once (11) de diciembre dos mil seis
(2006) se encuentra revestida de la calidad de cosa juzgada constitucional, así
como la relación e incidencia que esto último puede tener en la causa por la
cual los demandantes, en ejercicio del derecho de acción, acudieron ante el
juez constitucional buscando satisfacer su derecho fundamental de acceso a la
justicia a través de la acción de tutela incoada en el dos mil nueve (2009).
4.1 De la improcedencia de la acción
de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009).
Con base en las consideraciones
anteriormente expuestas, tal acción deberá ser declarada improcedente, pues con
ella se intenta la materialización de unas órdenes proferidas en una sentencia
de tutela anterior. Pretensión ésta que cuenta en el ordenamiento jurídico
colombiano con medios judiciales para lograr su efectiva realización, como lo
son los incidentes de cumplimiento y la sanción de desacato. Como se expuso, en
virtud del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué sería en principio la autoridad competente para asegurar
el cumplimiento del fallo del once (11) de diciembre del 2006. Por lo tanto, los
demandantes deberían acudir ante esta autoridad para satisfacer la pretensión
que los impulsó a instaurar esta nueva acción de tutela.
La misma inviabilidad procesal se
predica de los cuestionamientos elevados por diferentes intervinientes en
contra de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, el once (11) de diciembre de dos mil seis (2006). En efecto, los
argumentos esbozados por los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda
y Crédito Público - en el sentido de que los demandantes debían acudir ante la
jurisdicción ordinaria para reclamar la pensión de gracia o que no les asistía derecho
al reconocimiento de la misma - no son de recibo, pues con ellos se busca
cuestionar la cosa juzgada constitucional de que se encuentra revestida la
sentencia proferida por la mencionada autoridad judicial
Así las cosas, conforme a las
consideraciones generales de esta providencia, tales alegaciones no son
procesalmente viables. Lo mismo se predica del argumento expuesto por el
Patrimonio Autónomo Buen Futuro, en el sentido de que a los demandantes, al ser
docentes del orden nacional, no les asistía el derecho de ser beneficiarios de
la pensión gracia (Cuad. 1B, folio 30). Consecuentemente, no es posible reabrir
el debate sobre el derecho a la pensión gracia de los demandantes. Empero, esto
no significa que la Corte considere que efectivamente tales derechos debían
serles reconocidos o que, en caso de haberse alcanzado tal resultado de manera
espuria y contraria a la ley, no merecería reproche alguno; simplemente
conlleva a señalar que no es esta la instancia para controvertir los argumentos
esbozados por el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué en el
plurimencionado año de dos mil seis (2006).
Por ende, como bien lo indicó en
su intervención el Patrimonio Autónomo Buen Futuro, al existir los incidentes
pertinentes para obtener el cumplimiento de la orden de tutela proferida en el
dos mil seis (2006) – revestida de la calidad de cosa juzgada constitucional -,
la presente acción debería ser declarada improcedente. Argumento que acogió,
acertadamente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, que mediante sentencia del veintinueve (29) de
octubre de dos mil nueve (2009), resolvió declarar procesalmente inviable la
acción de tutela instaurada.
En este orden de ideas, es claro
que la sentencia proferida en segunda instancia, el tres (3) de diciembre de
dos mil nueve (2009), por el Consejo Superior de la Judicatura debe ser
revocada, pues equivocadamente concedió el amparo deprecado, contrariando las
reglas sobre procedencia de la acción de tutela en casos como el presente.
4.2 De la cosa juzgada
constitucional de la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil seis (2006)
y de los hechos jurídicos distintos que dieron origen a la acción de tutela
instaurada el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009).
Tal y como fue expuesto en los
antecedentes de esta sentencia, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
concedió a los demandantes las pretensiones en torno a que CAJANAL les
reconociera y pagara la pensión gracia. Dicho fallo fue excluido de revisión
por parte de la Corte Constitucional mediante auto del diez (10) de abril de
dos mil siete (2007), razón por la cual, conforme a lo señalado con
anterioridad, cobró ejecutoria formal y material, revistiendo la calidad de
cosa juzgada constitucional a dicha providencia, pues se surtió el trámite de
revisión ante esta Corporación.
Sin embargo, ante el
incumplimiento de la entidad demandada en el dos mil seis (2006), el apoderado
de los actores inició - el veintidós (22) de enero de dos mil siete (2007) - un
incidente de desacato ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué
para obtener el cumplimiento coactivo de la referida sentencia. Empero, CAJANAL
continuó renuente a materializar la orden impartida en aquél momento a pesar de
las sanciones impuestas. Así, un punto central en la cuestión que dio origen a la
acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009) fue la controversia que
gira en torno al cumplimiento de una sentencia y no al reconocimiento de una
prestación social como lo es la pensión gracia. Esto implica entonces que el
hecho jurídico (causa) que impulsó a los demandantes a acudir ante la justicia
es sustancialmente diferente de aquél que los hizo demandar en el dos mil seis
(2006).
A esto se le suma que los
derechos invocados permiten comprender por qué el asunto objeto de estudio no
está revestido de la cosa juzgada constitucional que cobija a la sentencia
proferida en aquel año y que fue excluida de revisión por esta Corporación mediante
Auto proferido por la Sala de Selección Número Cuatro, el diez (10) de abril de
dos mil siete (2007)[89]. En efecto, tales
derechos – relacionados sin duda con el hecho jurídico que da fundamento a esta
nueva acción –fueron la presunta vulneración del acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital,  la vida digna y el “(…) derecho prevalente de
los sujetos de especial protección (…)” (Cuad. 1A, folio 5). Así, resulta
relevante enfatizar que el primer derecho invocado, precisamente, supuso la
ausencia de cumplimiento de una orden de tutela, por lo que el asunto en esta
demanda cuyas providencias judiciales estudia la Corte Constitucional, difiere
sustancialmente de aquél estudiado en el dos mil seis (2006) por el Juez
Segundo del Circuito de Magangué, que analizó – como ya se dijo - el
reconocimiento y pago de una prestación.
Se trata entonces de un hecho
jurídico nuevo o si se prefiere, de una causa diferente a aquella analizada en
el dos mil seis (2006) por la referida autoridad judicial – que hace que no se
presente entre ambos procesos las denominadas identidad procesales -, pues un
punto central que invocan los demandantes para solicitar el amparo se sustenta
en que CAJANAL continúa renuente a dar cumplimiento a la orden impartida en
aquella sentencia. Lo anterior, se fundamenta además en la referencia que la
parte actora hace de un supuesto “cartel” que sistemáticamente está defraudando
el erario como presunto alegato de la entidad para mantenerse renuente frente a
la orden impartida. Con todo, a su parecer, esto no puede cuestionar tal
sentencia “(…) sin ningún tipo de reparo y en providencia que hace rato hizo
tránsito a cosa juzgada (…)” (Cuad. 1A, folio 19)”.
Este análisis no se desvirtúa por
el hecho de que la pretensión elevada (objeto del litigio) haya supuesto que se
ordenara a quien correspondiere la inclusión en nómina de los accionantes. Por
el contrario, se acentúa, pues no se estaba solicitando el reconocimiento de la
pensión de gracia sino el pago efectivo de la misma – debidamente indexado – “(…)
a partir incluso del día siguiente en que adquirieron el status pensional (…),
ya que tal asunto había sido dilucidado el once (11) de diciembre de dos mil
seis (2006), mediante la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Magangué (Cuad. 1A, folio 26). Es más, incluso en la apelación a la
decisión de primera instancia en sede de tutela, el apoderado judicial de los
demandantes reiteró que la actuación que a su juicio transgredía los derechos
fundamentales era cometida por la referida autoridad judicial de Magangué. En
este sentido, alegó que “no se pod[ía] continuar con la inoperancia del
despacho de Magangué, que es quien ha omitido verificar que se dé cumplimiento
del fallo, ya que este (sic) es su obligación” (Cuad. 2. folio 7).
A más de lo anterior, un punto
que enfatiza que esta es una nueva causa diferente sustancialmente de aquella
iniciada en el dos mil seis (2006), radica en que CAJANAL tuvo que adoptar un
plan de contingencia, aceptado por la Corte, para responder la magnitud de
peticiones y solicitudes de reconocimiento pensional. En efecto, en virtud de
la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional, esta Corporación, en
sentencia T-1234 de 2008, determinó que CAJANAL debía incluir medidas concretas
orientadas a superar en un tiempo determinado la no contestación de diversas
solicitudes; entre otras, las de reconocimiento de prestaciones económicas
represadas.
Esto, en razón a que el gerente
de la entidad había iniciado una acción de tutela contra varias autoridades
públicas por las sanciones de desacato que le habían impuesto por el reiterado
incumplimiento de órdenes proferidas en sede de tutela. Sin ahondar en ese
caso, es importante señalar que tal condición – la existencia de un plan de
contingencia y el problema estructural de CAJANAL que no le ha permitido
cumplir inmediatamente las órdenes del juez constitucional – es un elemento más
que permite vislumbrar por qué la Sala debe resolver una cuestión esencialmente
diferente, que si bien se relaciona con la sentencia proferida por el juez de
Magangué, no se encuentra revestida de la calidad de cosa juzgada
constitucional.
Vale la pena aclarar que el Consejo
Superior de la Judicatura, a pesar de las equivocaciones cometidas al conceder
- de manera desatinada - el amparo deprecado,  vislumbró acertadamente que se
trataba de una asunto diferente a aquél estudiado por el Juez de Magangué en el
dos mil seis (2006), ya que el hecho jurídico que le dio origen a la
controversia era distinto. Así, el Consejo Superior de la Judicatura,
expresamente, señaló lo siguiente: “(…) es claro que por medio del incidente
de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que pueden vulnerar
los mandatos superiores” (Cuad. 2, folios 39 y 40). En este sentido, cabe
recordar que los demandantes, como fundamento de su acción, aducían que el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué sólo había resuelto un incidente
de desacato, mas se había abstenido de acometer medidas para el cabal
cumplimiento del fallo. Así las cosas, el Consejo Superior de la Judicatura cuestionaba
en su providencia los comportamientos del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, que a su juicio transgredían los derechos fundamentales de los
actores, ya que no adoptó medidas para materializar el derecho tras el
incidente de desacato instaurado por la parte demandante.
4.3 Así las cosas, es claro que
esta Sala de Revisión, conforme con la jurisprudencia señalada, debe declarar
la inviabilidad procesal de esta nueva acción de tutela, instaurada el
veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009) (Cuad. 1A, folio 28), que se
diferencia de aquella decidida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Magangué, en razón a que versa sobre diferentes hechos jurídicos (causa) y que
no se encuentra revestida de la calidad de cosa juzgada constitucional.
4.4 Sin embargo, aunque en
principio parecería que pierde sentido que esta Corporación se pronuncie sobre
tal acción de tutela y las sentencias subsiguientes, siguiendo las reglas que
han sido determinadas frente a la improcedencia por la configuración del daño
consumado y aplicándolas de manera analógica, considera esta Sala importante
resolver cuestiones de fondo que el asunto presenta.
En efecto, la Corte ha señalado
que la configuración de la referida carencia de objeto, no implica
necesariamente que esta Corporación no pueda pronunciarse sobre el tema
planteado[90].
Lo anterior tiene fundamento, en que los fallos de la Corte, entre otros fines,
buscan determinar el alcance de los derechos vulnerados (en armonía con lo
dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991) y  pueden eventualmente contener
la orden de compulsar copias de la sentencia y del expediente a las autoridades
correspondientes para eventuales investigaciones, si fuera del caso.
Por ello, la improcedencia de la
acción de tutela instaurada el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve
(2009) no obsta para que a la luz de la Constitución, esta Sala analice
materialmente el asunto en su conjunto, que incluye, como uno de sus elementos,
la sentencia proferida en el dos mil seis (2006) – sin que esto implique
analizar los fundamentos jurídicos esbozados por el juez en ese momento -, así
ella esté revestida de la calidad de cosa juzgada constitucional, pues esta
Corporación no entrará a determinar si le asistió o no razón al juez de
tutela en ese momento, sino la nueva causa en su conjunto.
4.5 De la constatación del
fraude y de la aplicación del precepto fraus omnia corrumpit.
4.5.1 Como fue señalado con
anterioridad, no existen las denominadas identidades procesales entre la causa
iniciada en el dos mil seis (2006) y aquella que en este momento se revisa.
Cabe precisar, empero, que con esta demanda los actores buscan la
materialización de unas órdenes específicas, contenidas en la sentencia, que
están utilizando a modo de título para alcanzar la ejecución forzada de la
providencia. A pesar de que la Corte, respetuosa de la cosa juzgada
constitucional, no puede entrar a controvertir tal sentencia, lo cierto es que
sí puede – y debe – analizar la validez de ese título dentro del conjunto de la
causa que se expuso anteriormente y que gira en torno al cumplimiento de una decisión
judicial y al acceso a la administración de justicia.
En este sentido, un hecho
relevante para controvertir dicha validez – que también permite cuestionarla
desde la cláusula rebus sic stantibus –, es la Formulación de Pliego de
Cargos por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, con fecha del
cinco (5) de octubre de dos mil nueve (2009), que se elevó contra el Juez
Segundo Civil del Circuito de Magangué. Dos son los elementos a destacar en la
referida actuación. Por una parte, el hecho de que las actuaciones de la
mencionada autoridad judicial, dentro del trámite de la tutela del dos mil seis
(2006), se consideren “(…) como grave dolosas (…)”, dado que en el fallo
“(…) es evidente (…) que (…) desconoció la procedibilidad de la acción de
amparo (…) por cuanto existía otro mecanismo de protección judicial, [y] no se
daban los presupuestos para que operara como mecanismo transitorio (…)”.
Por la otra, que se exponga que carecía de competencia, con fundamento
en las siguientes razones: 1. Ninguno de los accionantes contaba con cédula de
ciudadanía de Magangué o Bolívar, 2.  Ninguno tenía su residencia en ese
departamento, y prestaron sus labores en Departamentos diferentes al
mencionado, 3. El lugar donde se profirieron las resoluciones que denegaban la
prestación fue Bogotá, misma ciudad donde se recibirían notificaciones la parte
demandante. Por ello, los presupuestos de la competencia en la acción de tutela
no permitían que conociera del caso (Cuad. 1B, Folios 75- 80).
En este orden de ideas, y con
posterioridad a la formulación del pliego de cargos, una Sala del Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico –Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Dual de Descongestión- decidió tal asunto el diecisiete (17) de noviembre de
dos mil diez (2010) y expuso que la conducta cometida por el Juez de Magangué
se adecuaba “(…) a la modalidad de gravísima dolosa (…)” y daría lugar
al tipo penal de “(…) prevaricato por acción (…)”. Por ello, resolvió “Declarar
disciplinariamente responsable, al doctor Arnedys José Payares Pérez (…) de
incurrir en falta gravísima dolosa (…) [e] imponer sanción de destitución (…) e
inhabilidad para ejercer cargos públicos por espacio de diez (10) años”
(Cuad. 5, folio 191 y ss).
4.5.2 Así las cosas, es claro que
la providencia que los demandantes pretendían materializar a través de una
nueva acción de tutela fue considerada espuria por las referidas autoridades
disciplinarias. A esa misma conclusión llegó la Corte Constitucional al
analizar el material probatorio de la presente causa, que no da lugar a dudar
de la configuración de un fraude para intentar que una situación dolosa sea
exigible coactivamente. Ahora bien, el siguiente análisis, realizado dentro de
las circunstancias del caso objeto de estudio, no pretende controvertir la cosa
juzgada constitucional del dos mil seis (2006), mas mostrar por qué tal providencia
está maculada por un fraude que corrompería la administración de justicia.
4.5.2.1 En cuanto a los elementos
aportados por cada uno de los gestores del amparo, cabe destacar que ninguno de
ellos allegó resolución de nombramiento, que pudiera dar cuenta -con mayor
certeza- de la entidad territorial responsable de la vinculación, del lugar de
trabajo y del tiempo de servicio prestado, pues se limitaron a anexar (además
del poder, la cédula y la solicitud correspondiente) resoluciones proferidas
por CAJANAL que denegaban el reconocimiento prestacional. Adicionalmente, es
necesario enfatizar que muchos de estos actos administrativos resultan
ilegibles, la información que contemplan es insuficiente o carente de claridad,
no contienen referencia alguna a años de servicio, y no especifican la entidad
responsable de la vinculación. Todo esto cuestiona, en no pocos casos, que la
autoridad judicial de Magangué contara –para el dos mil seis (2006)- con los
medios probatorios suficientes para disponer el reconocimiento de la pensión
gracia. Por lo demás, incluso en una de las resoluciones - José Bernardo
Domínguez Gómez (número 58)-, CAJANAL cuestionó la idoneidad y suficiencia de
los elementos presentados, ya que “(…) el certificado aportado no indica el
tipo de nombramiento y además no fue expedido por el ente competente”
(Cuaderno C, Folio 524).
Ahora bien, en dos casos fueron
allegados los contratos de prestación de servicios profesionales al expediente;
estos son los de Tulia Inés Restrepo Toro y Lotty María del Socorro Molina
Riveros (número 57 y 60, respectivamente). Resulta relevante resaltar que en
ambos aparece mencionado Andrés Felipe Mahecha Reyes, como mandatario,
estipulándose en la cláusula segunda que “(…) como contraprestación por sus
servicios profesionales el mandante pagará a los gestores en calidad de cuota
litis el 50% del valor del primer cheque o pago que CAJANAL girará a nombre del
pensionado”[91]. Finalmente, cabe
destacar que para uno de los demandantes, Jorge Gualdrón Monsalve (número 55),
no se observa medio probatorio alguno que acredite siquiera su calidad de
docente.
4.5.2.2 En
cuanto al presunto domicilio de cada uno de los gestores del amparo, la Sala
–como ya se mencionó- optó por analizar tanto los poderes otorgados a los
abogados Andrés Felipe Mahecha Reyes, Alieth Sánchez Ibata y Luís Bernardo
Gutiérrez Olaya[92], como la diligencia de
presentación personal de cada uno de los actores, que muestra el lugar en el
cual fue realizada.
En cuanto a
los domicilios, resulta de suma importancia indicar que en varias ocasiones
fueron mencionados dos diferentes. Así, en casos como los de Víctor Julio
Ramírez Guío (número 61), Armida Elena Silva de Martínez (número 62), Jaime
Alfredo Caicedo Quijano (número 63), Edgar Alfredo Bolaños Posso (número 64),
Gerardo Enrique García Zúñiga (número 65), Esperanza Dolores de Jesús Lasso
Gamez (número 66),  María del Socorro Martínez Solarte (número 68), Rosalba de
las Nieves Camacho Caicedo (número 70) y Alicia López Viveros (número 72), se
mencionan Pasto y Bogotá, sin que sea posible determinar con certeza a cuál de
estos dos se refieren los propios demandantes. Por su parte, frente a la
diligencia de presentación personal, cabe destacar que dos de los peticionarios
no la llevaron a cabo. Estos son Jesús Antonio Ortiz Murcia (número 44) y
Socorro Acosta Galvis (número 49).
4.5.2.3 Ahora
bien, un punto de suma importancia radica en el hecho de que la información
aportada y con la que contaba el Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué,
demostraba -de manera fehaciente- que ninguno de los actores tenía relación
domiciliaria con el municipio de Magangué. En este sentido, no se vislumbra
mayor cercanía con esta región (salvo en el caso de Farides del Carmen Díaz de
Díaz -número 27-, quien laboró en el Departamento del Bolívar entre 1973 y 1990).
Por lo demás, tampoco se observa elemento alguno que acredite que la presunta
vulneración alegada, sustento para solicitar el reconocimiento de la pensión
gracia, haya sucedido en el Municipio previamente mencionado.
De hecho, los
lugares con los que los peticionarios tenían relación -o al menos de los que
puede deducirse tal vínculo por los documentos aportados- son: Bucaramanga, San
Gil, Charalá, Piedecuesta, Floridablanca, Ocaña, Bogotá, Quibdó, Turbo, Cali,
Pasto, La Unión (Nariño), Apartadó, Florencia, Mocoa, Fusagasugá, Cesar,
Tamalameque, Sonsón, Mogotes, Medellín y San Andrés Isla. Lo anterior, como ya
se dijo, siembra un manto de duda sobre cualquier lazo que los docentes
hubieran podido tener con Magangué. Es más, es claro que no existe, entre los
gestores del amparo, relación idéntica con algún municipio. Es decir, si bien
podría afirmarse que todos trabajaron, no lo hicieron en los mismos lugares, ni
se encontraron o se encuentran domiciliados en la misma entidad territorial.
4.5.2.4 Lo anterior resulta
relevante, pues contrasta con la afirmación categórica que hizo el abogado de
la parte demandante -Luís Carlos Macias Quintero- en el dos mil seis (2006),
momento en el cual adujo que sus representados eran “todos (…) residentes en
la ciudad de Magangué (Bolívar)” (Cuaderno B, Folio 4).
Por su parte, el Juez Segundo
Civil de Magangue -Arnedys Payares Pérez- consideró, en la sentencia del once
(11) de diciembre de dos mil seis (2006), que “(…) conforme lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Nacional, reglamentado por el Decreto 2591
de 1991 y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, y en el
Decreto 1382 de 2000, impera decidir sobre la presente acción, apoyados en el
desarrollo jurisprudencial” (Cuad. 3, folio 596). En otras palabras, a su
juicio, a pesar de las reglas de competencia y reparto que regulan la acción de
tutela, encontró que su despacho era el llamado a resolver de fondo las
pretensiones de los accionantes, pese a que ninguno tenía vínculo con Magangué,
pudiera inferirse que la vulneración se hubiese dado en ese lugar o se
materializaran allí sus efectos.
En este sentido, cabe mencionar
que según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 “(…) son competentes para
conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con
jurisdicción en el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que
motivaren la presentación de la solicitud (…)” (Énfasis propio).
Igualmente, el Decreto 1382 de 2009 -que fija ciertas reglas de reparto en esta
materia- también señala que (…) para los efectos previstos en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los
jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare
la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos (…)” (Énfasis
propio). Ambas normas fueron, entonces, desconocidas por la mencionada autoridad
judicial, a pesar de que expresamente las hubiera expuesto como fundamento de
su decisión.
4.5.2.5 De tal forma, la relación
con el municipio de Magangué, lejos de afirmarse, debe ser cuestionada. Asunto
que se desprende incluso de una lectura desprevenida de los mismos documentos
presentados en el cuerpo de la demanda; que a su vez permitían desvirtuar la
genérica y falaz afirmación que el abogado de la parte demandante hiciera en
cuanto al domicilio de los noventa y cinco peticionarios.
4.5.2.6 Aunado a lo anterior,
cabe mencionar – en relación con la procedencia de la acción de tutela – que el
acaecimiento de un perjuicio irremediable no era claro para el caso en
concreto. En efecto, ciertos gestores del amparo, frente a la situación
económica que supuestamente los aquejaba, afirmaron que “(…) únicamente
recibo el sueldo que me corresponde como profesor de tiempo completo en décima
categoría” (Cuaderno B, Folio 35) (énfasis propio). Alegato que obliga a
cuestionar la existencia de una situación apremiante que requiriera de manera
urgente la actuación de juez constitucional, ya que contaban con los medios
económicos para satisfacer sus necesidades, o al menos de tal argumento no
podía concluirse lo contrario. Así las cosas, quedaba en entredicho la
afectación del derecho fundamental al mínimo vital, frente al cual – entre
otros derechos invocados - se buscaba el amparo.
4.5.2.7 En cuanto a los elementos
probatorios que acreditarían o no el cumplimiento de los requisitos legales
para el reconocimiento de la pensión gracia, lo primero que ha de enfatizarse
es que mediante esta providencia no se cuestiona la legalidad de las
resoluciones proferidas por CAJANAL en su momento, que incluso llegan hasta el
año de 1996 (Lucía de Jesús Mesa Lotero -número 59).
4.5.2.8 Ahora bien, una de las
afirmaciones efectuadas por la autoridad judicial de instancia en el dos mil
seis (2006), con la que buscaba justificar la procedencia de la acción de
tutela, fue la edad de los peticionarios. En efecto, el juez de conocimiento
sostuvo que “(…) se evidencia en la incoada, [que] todos pertenecen al grupo
de personas de la tercera edad, de quienes se dijo en el marco normativo del
Estado Social de Derecho[,] por imposición de la norma superior (art.46)[,]
requieren de esa protección especial (…). [De tal forma la demanda resulta
procesalmente viable, ya que los peticionarios] sin lugar a dudas hacen
parte de ese grupo especial de la ¨tercera edad¨, permitiendo así en forma
injustificada la prolongación en el tiempo y la dura carga de un procedimiento
considerablemente largo para el reconocimiento de un derecho propio y además
protegido constitucionalmente” (Subrayas fuera del original) (Cuad. 3,
folio 602).
Sin embargo, para el momento de
la admisión de la demanda, en tan solo uno de los noventa y cinco (95) casos
(el de Elvia Margarita Jiménez de Pineda, número 77) la accionante superaba los
setenta años de edad; doce de los actores se encontraban en el rango de edades
entre los 61 y los 70 años (Víctor Manuel Escandón Villareal –número 13-,
Nohora Delfia Peña de Cortés – número 31-, Carlos Julio Páez Páez – número 41-,
Miguel Antonio Parra Chivatá – número 45-, Socorro Acosta Galvis – número 49-,
Bernardino Córdoba Lenis – número 56-, José Bernardo Domínguez Gómez – número
58-, Lucía de Jesús Mesa Lotero – número 59-, Víctor Julio Ramírez Guío –
número 61-, Stella de San José Gaviria Pérez – número 76-, Yolanda Cusis de
Arteaga – número 78- y Stella de la Inmaculada Saldarriaga Vélez – número 79);
de dos de los gestores del amparo era imposible determinar la edad (Ángel Emiro
Hernández Ríos – número 29- y Jorge Gualdrón Monsalve – número 55); y los
ochenta accionantes restantes no superaban los sesenta años de edad.
4.5.2.9 En cuanto a los lugares
geográficos en los que fueron prestados los servicios en el sistema educativo,
hay que decir que en muchos de los casos no hay especificidad sobre ellos, ya
sea en alguna o en la totalidad de las vinculaciones. Como ejemplos de lo
anterior pueden referirse: Blanca Cecilia Rojas Maldonado –número 3-, Darwin
Ricardo Arenas Gutiérrez –número 4-, Ruby Cortés de López –número 5-, Jaime
Cornelio Manrique Reyes –número 6-, Rosa Omaira Cifuentes de Sanabria –número
7-, Aracely Pino de Diaferia –número 8-, Luis Francisco Santos Díaz –número
10-, María Rosalba Motta de Sotomonte –número 12-, Víctor Manuel Escandón
Villareal –número 13-, Nubia Rosa López de Buitrago –número 17-, Adalgisa
Herrera Sánchez –número 21-, Luís Felipe Páez Páez –número 22-, Guido Rafael
Ulloa Merlano –número 23-, Felix Cuadros Rincón –número 25-, Ángel Emiro
Hernández Ríos –número 29-, Nohora Delfia Peña de Cortés –número 31-, Elizabeth
Páez Rodríguez –número 34-, Luis Sarbelio Ibarguen Rentería –número 38-, Aura
María Díaz Hernández –número 40-, Carlos Julio Páez Páez –número 41-, Jesús
Antonio Ortiz Murcia –número 44-, Miguel Antonio Parra Chivata –número 45-,
María Amparo Padilla de Bacca –número 46-, Rafael Uribe Gómez –número 47-,
Humberto Triana Rivas –número 48-, Socorro Acosta Galvis –número 49-, María
Omaira Lobo Rojas –número 52-, Juan Bautista Grimaldos Guerrero –número 54-,
Bernardino Córdoba Lenis –número 56-, Tulia Inés Restrepo Toro –número 57-,
Lucía de Jesús Mesa Lotero –número 59-, Víctor Julio Ramírez Guío –número 61-,
Armida Elena Silva de Martínez –número 62- Edgar Alfredo Bolaños Posso –número
64-, Segundo Campo Edgar Benavides Cerón –número 67-, María del Socorro
Martínez Solarte –número 68-, Stella de San José Gaviria Pérez –número 76-,
Elvia Margarita Jiménez de Pineda –número 77-, Yolanda Cusis de Arteaga –número
78-, Stella de la Inmaculada Saldarriaga Vélez –número 79-, Ángela Miriam Urrea
Hernández –número 80-, Samuel José Buitrago Arias –número 88-, Ricardo Augusto
Mateus Ferreira –número 91-, Floridalba  Chávez de Nova –número 93.
Adicionalmente, se tiene que
entre los lugares geográficos de prestación del servicio educativo están:
Santander, Bucaramanga, Girón, Barichara, Zapatoca, San Gil, Charalá,
Piedecuesta, Puente Nacional, Vélez, Córdoba, Norte de Santander, Cesar, Río de
Oro (Cesar), Tamalameque, Bolívar, Tunja, Bogotá, Neiva, Chocó, Quibdo,
Antioquia, Medellín, Sonsón, Mellito, Popayán, Cali, La Unión (Nariño), Pasto,
San Pablo, Valle del Cauca, Sibundoy (Putumayo), Mocoa (Putumayo), Caquetá,
Belén de Andaquies (Caquetá), San Andrés y Providencia y el departamento de
Caldas. Lo anterior, reafirma la carencia de competencia del Juez Segundo Civil
de Magangué, en tanto no hay vínculo alguno con este municipio, quedando el
factor territorial de su competencia totalmente desvirtuado. Con todo, si bien
la peticionaria número 27 -Farides del Carmen Díaz de Díaz- laboró entre 1973 y
1990 en el departamento de Bolívar, no se desprende de ello relación relevante
con el municipio de Magangué, y de haber existido, no justificaría la extensión
de este criterio a los noventa y cuatro (94) gestores del amparo restantes.
Por otra parte, en el caso del
peticionario número 55, Jorge Gualdrón Monsalve, no es posible determinar el
cumplimiento de ninguno de los requisitos legales necesarios para obtener la
pensión de gracia, en la medida en que no allegó al proceso documento alguno.
4.5.2.10 De las resoluciones
proferidas por CAJANAL al momento de responder las peticiones de reconocimiento
de pensión gracia,  así como de aquellas por medio de las cuales desató los recursos
elevados por los accionantes, se desprende que la Nación era el ente
responsable de la vinculación de gran parte de los docentes peticionarios.
Tan solo en uno de los casos
(Samuel José Buitrago Arias –número 88) la vinculación estuvo a cargo de una
entidad territorial –Antioquia. Aunado a ello, si bien ciertos accionantes
prestaron el servicio educativo en escuelas normales, no son por ese aspecto
automáticamente beneficiarios de la pensión gracia. De otro lado, muchos de los
gestores del amparo trabajaron en instituciones nacionales –si no lo hicieron
durante la totalidad del tiempo de servicio, al menos sí parcialmente-, por lo
que, en principio, no habría lugar al reconocimiento de la prestación si su nombramiento
dependió de la Nación.
Por lo demás, es  relevante
señalar que la autoridad judicial de instancia, en el año 2006, no efectuó
ningún análisis que permitiera disgregar los diferentes supuestos de hecho en
relación con la entidad territorial responsable de la vinculación, necesario al
contar con variedad de situaciones fácticas que lo ameritaban (vinculación a
cargo de la Nación, de entidad territorial y en Escuela Normal).
4.5.2.11 Cabe recordar que uno de
los argumentos esbozados por la autoridad judicial de instancia en el dos mil
seis (2006), que le sirvió para ordenar – a través de la sentencia en sede de
tutela – el reconocimiento y pago de la pensión gracia, fue el siguiente: “(…)
Todos ellos, han cumplido aquella labor de la Docencia por espacio superior a
20 años (…). Lo anterior, se corrobora efectivamente en los anexos que se
allegaron con la presente acción y se evidencia fehacientemente con la
aceptación por parte de CAJANAL del cumplimiento de dichos requisitos,
plasmados en su resolución de negación de reconocimiento” (Cuad. D, folio
893).
Sin embargo, de una lectura
desprevenida de los documentos aportados a tal expediente, se deduce todo lo
contrario. Por una parte, muchos de los gestores del amparo no aportaron
documentos que acreditaran siquiera un año de prestación del servicio. Por la
otra, varios de tales elementos se encontraban deteriorados, al punto que era
imposible determinar con exactitud dicha información, pues eran ilegibles.
Ejemplos de las situaciones anteriores son: Blanca Cecilia Rojas Maldonado
(número 3), Elizabeth Páez Rodríguez (número 34), Jorge Eliécer Aislant Galván
(número 51) y Tulia Inés Restrepo Toro (número 57). Adicionalmente, en no pocos
casos, era evidente que los actores no contaban con los veinte (20) años de
prestación del servicio, y que incluso llegaba a menos de dos lustros. Ejemplos
de ello, según los documentos aportados, son los siguientes: Mario Anibal Melo
Villamil -número 19-, quien presentaba un tiempo de servicio de cinco años,
seis meses y veintiséis días; Gil Antonio Serrano Plata -número 30-, quien
contaba con trece años, once meses y cuatro días; Lirva Martínez Watson -número
73-, que alcanzaba los once años, seis meses y veinte días; Blanca Dolly López
Figueroa -número 74-, quién tenía diecisiete años, cuatro meses y nueve días; y
Álvaro Anturi Ortiz -número 75-, que sobrepasaba los doce años y seis meses.
4.5.2.12 De este modo, a pesar de
la categórica afirmación efectuada por la autoridad judicial de instancia, no
se encontraban elementos probatorios suficientes para inferir que todos los
gestores del amparo cumplían, para el año dos mil seis (2006), con los veinte
años de servicio legalmente exigidos para obtener el beneficio de la pensión
gracia. Aunado a lo anterior, y como bien se indicó en estas consideraciones,
existía un caso (número 55) que no contaba con ningún documento que acreditara
el cumplimiento del referido requisito. Lo anterior adquiere mayor relevancia,
si se tiene en cuenta que se trata de la misma información que se alegaba había
aceptado CAJANAL en las resoluciones proferidas. En otras palabras, de los
argumentos esbozados por el juez de instancia es claro que no se efectuó un
acucioso estudio de los elementos probatorios aportados al proceso y que
cuestionaban el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser beneficiario
de una prestación económica vitalicia a cargo del Estado.
4.6 En suma, de los documentos
aportados se colige que no existían los  requisitos que permitieran la
procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar prestaciones
sociales como la pensión gracia. Esto, por cuanto la mayoría de los gestores
del amparo no superaban los sesenta (60) años de edad y no se avizoraba el
acaecimiento de un perjuicio irremediable. Adicionalmente, era cuestionable la
competencia del Juez Segundo Civil del Circuito de Magangué, ya que no había
pruebas o indicios que acreditaran que el daño a los derechos fundamentales se
hubiese materializado en ese municipio o tuviese allí sus efectos. Misma
carencia que el juez disciplinario encontró como constitutiva de una actuación
gravemente dolosa y que daría lugar al tipo penal de “(…) prevaricato por
acción (…)”. Cabe mencionar, que existían serias deficiencias en los
poderes otorgados, que también presentaban dificultades en cuanto a la
legitimación por activa de los abogados que pretendían representar a los
docentes.
En cuanto al cumplimiento de los
requisitos legales, gran parte de los peticionarios no demostró satisfacerlos,
quedando vacíos importantes frente al tiempo de servicio y a las
características de la vinculación de los docentes accionantes. Estas
deficiencias se debieron, en no pocos casos, a la falta de claridad de la
información, la ausencia de especificación de la misma o simplemente por la
ilegibilidad de los documentos, habiendo puntos en los que no se encuentra
información suficiente para inferir el cumplimiento pleno de las exigencias
legales y jurisprudenciales de acceso a la pensión gracia. Esto también es
atribuible al tipo de documentos que se allegaron al proceso, pues ninguno era
idóneo para ello, como lo habría sido la resolución de nombramiento.
Finalmente, es menester resaltar
el caso de Jorge Gualdrón Monsalve –número 55- de quien insólitamente no
aparece documento alguno aportado, pese a lo cual le fueron tutelados, como a
los demás, los derechos aducidos como vulnerados, reconociéndose la pensión gracia
en forma definitiva. Este asunto, permite vislumbrar la carente actuación
probatoria de la autoridad judicial referida, que se abstuvo de desplegar sus
poderes oficiosos en esta materia y que, con las mencionadas deficiencias
procesales y probatorias, decidió otorgar a los actores una prestación
económica vitalicia a cargo del Estado, con amplia incidencia en el tesoro
público.
4.7 Así las cosas, ante la
constatación del fraude en una situación global que incluye una sentencia de
tutela específica como uno de sus elementos, mas no como el único, es deber de la
Corte Constitucional, conforme a sus competencias establecidas en el artículo
241 de la Carta Política, guardar la integridad y supremacía de la Constitución
en ejercicio de la revisión que puede hacer de la acción de tutela instaurada
el veintiuno (21) de octubre de dos mil nueve (2009).
En este sentido, se trata de
evitar que una orden fraudulenta se materialice a través de los incidentes de
cumplimiento que podrían iniciarse mientras la sentencia del once (11) de
diciembre de dos mil seis (2006) se mantiene en pie. Sin embargo, la Corte no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de
fondo de la misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez
finiquitado el trámite de revisión en esta Corporación. Con todo y tal como lo
ha hecho antes – por ejemplo en la sentencia T-104 de 2007[93]
– puede hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor
jurídico, respetando la prohibición del non bis in idem, fundamentando
su actuación en el precepto fraus omnia corrumpit, reconocido en la
legislación nacional así como en los principios del derecho.
Lo anterior, en razón a que el
título que se pretendía exigir de manera coercitiva – que sin duda hace parte
de la causa que se revisa – es un elemento esencial de la actuación que se
consideraba vulneratoria de los derechos fundamentales de los demandantes y que
dio origen a la acción de tutela instaurada el veintiuno (21) de octubre de dos
mil nueve (2009). Por ello, al estar aquél maculado por el fraude, no puede
esta Corporación revisar las sentencias de tutela proferidas por el Consejo
Superior de la Judicatura y por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca sin entrar a referirse a él. En esta orden de ideas, al ser
ilegítima la pretensión del cumplimiento de la orden, lo es también el título
que se pretendía revestir de la majestad de la cosa juzgada, para ser exigido coactivamente.
Esta medida – dejar sin efecto la
sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso particular, no supondría
una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la decisión
disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,
data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han pasado
menos de cinco años entre esa resolución y la presente decisión. Igualmente,
pasaron menos de cinco años entre el momento de exclusión de revisión de la
sentencia proferida por el juzgado de Magangué y la fecha de selección para
revisión de la acción de tutela instaurada en el dos mil nueve (2009). En
efecto, el auto de exclusión fue proferido el diez (10) de abril de dos mil
siete (2007), mientras que esta causa fue seleccionada el once (11) de junio de
dos mil diez (2010). Como se observa, ambos términos son muy inferiores al
máximo que la legislación permite para el recurso extraordinario de revisión en
materia civil. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento para
considerar que esta medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia
de un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la
Sala no se está refiriendo a si les asiste o no derecho a recibir la pensión
gracia a los demandantes, solo se pronuncia sobre una causa específica en la
cual se evidencia la necesidad de aplicar el precepto que establece que el
fraude lo corrompe todo.
4.8 De la parte resolutiva de
esta sentencia
En virtud de lo anterior,
considera la Sala que el amparo concedido por el Consejo Superior de la
Judicatura debió ser declarado improcedente. Por ello, revocará la decisión de
esta autoridad judicial y en su lugar, con fundamento en las anteriores
consideraciones, confirmará la decisión adoptada por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. A más de lo
anterior, dejará – por consecuencia – sin efectos la decisión adoptada por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué el once (11) de diciembre de dos
mil seis (2006).
Por lo demás, la Sala remitirá
copias de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo
Superior Judicatura para que, si lo consideran pertinente, inicien las
actuaciones a que haya lugar contra Arneidis José Payares Pérez – como Juez
Segundo Civil del Circuito de Magangué – y contra los Abogados Andrés Felipe
Mahecha Reyes, Alieth Sánchez Ibata,  Luís Bernardo Gutiérrez Olaya y Luís
Carlos Macías Quintero. Sin perjuicio de que esas autoridades públicas, dentro
del ámbito de sus competencias, consideren que sea necesario investigar a
alguna otra persona vinculada a este asunto.
Finalmente, se ordenará remitir
copias de esta providencia a la Subsección “A”, Sección Segunda del Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, que mediante oficio No. S.A – 961
del doce (12) de octubre de dos mil once (2011) solicitó a esta Corporación el
envío de tales documentos.
IV DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión
de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión del término para
decidir el asunto de la referencia.
Segundo.- REVOCAR la sentencia del tres (03) de
diciembre de dos mil nueve (2009) proferida por el Consejo Superior de la
Judicatura, y en su lugar, CONFIRMAR la sentencia del veintinueve (29)
de octubre de dos mil nueve (2009) del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que declaró improcedente el
amparo solicitado por Amparo Sierra de Quintero y otros contra CAJANAL y otros,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTOS
la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué,
el once (11) de diciembre de dos mil seis (2006), en la causa iniciada por Amparo
Sierra Quintero y otros contra CAJANAL.
Cuarto.- REMITIR copias de
esta providencia y del expediente T-2620.501 (Al igual que del expediente
T-1.576.340) a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior
Judicatura para que, si lo consideran pertinente, inicien las actuaciones a que
haya lugar contra Arneidis José Payares Pérez – como Juez Segundo Civil del
Circuito de Magangué – y contra los Abogados Andrés Felipe Mahecha Reyes,
Alieth Sánchez Ibata,  Luís Bernardo Gutiérrez Olaya y Luís Carlos Macías
Quintero. Sin perjuicio de las demás investigaciones y procesos a que haya
lugar.
Quinto.- REMITIR copias de
esta providencia a la Subsección “A”, Sección Segunda del Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca, que mediante oficio No. S.A – 961 del doce (12)
de octubre de dos mil once (2011) solicitó a esta Corporación el envío de tales
documentos.
Sexto.- LÍBRESE por
Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 1/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
1
Amparo
Sierra de Quintero
Derecho
de Petición
C
713
Bucaraman.
Bucaraman.
C
714
1953
01
15
C
715
53
58
IMEN
Gustadio García Rovira
Bucaramanga
C
717
Nación
(MEN)
C
717
1974
08
01
2003
07
04
C
717
28
11
3
--
--
28
11
3
Poder
C
714
Cédula
C
715
Resolución
43313 de 22/11/2005 de CAJANAL
(Con
sello de 13/12/2005)
Sin
fecha de notificación
C
716-721
2
Hilda
Olivia Olarte Villate
Derecho
de Petición
C
722
Bucaraman.
Bucaraman.
C
723
1951
08
07
C
724
55
59
SE
Santander
C
726
Nación
(MEN)
C
726
1973
08
14
2001
11
02
C
726
28
2
18
--
--
28
2
18
Poder
C
723
Cédula
C
724
Resolución
13024 de 04/07/2003 de CAJANAL
(Con
sello de 16/07/2003)
Notificada
el 23/06/2004
C
725-730
Edicto
de 23/06/04  al 29/06/04
C
731
3
Blanca
Cecilia Rojas Maldonado
Derecho
de Petición
C
732
Bucaraman.
San
Gil
C
733
1949
08
12
C
734
57
61
Normal
Nacional María Auxiliadora
SE
C
736
IL
IL
IL
IL
IL
IL
C
736
SIS
SIS
SIS
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
733
Cédula
C
734
Escuela
Normal Nacional (Apartado IL) Santos
SE
C
736
Nación
(MEN)
C
736
IL
IL
IL
IL
IL
IL
C
736
SIS
SIS
SIS
--
--
Resolución
021264 de 29/08/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 26/09/2000)
Sin
fecha de notificación
C
735-741
Colegio
san José de Guanenta (Apartado IL)
SE
C
736
IL
IL
IL
IL
IL
IL
C
736
SIS
SIS
SIS
--
--
4
Darwin
Ricardo Arenas Gutiérrez
Poder
C
742
Bucaraman.
Bucaraman.
C
742
1950
06
25
C
743
56
60
Escuela
José María Mantilla. Normal Nacional
SE
C
745
Nación
(MEN)
C
745
1978
09
26
2000
07
18
C
745
21
9
23
--
--
21
9
23
Cédula
C
743
Resolución
016085 de 11/06/2001 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
C
744-748
Resolución
005638 (Frente a recurso de APELACIÓN)  de 20/08/2002 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
C
749-754
753
5
Ruby
Cortés de López
Derecho
de Petición
C
755
Bucaraman.
Bucaraman.
C
756
1950
09
16
C
757
56
60
INEM
Custodio García Rovira
SE
C
759
Nación
(MEN)
C
759
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
756
Cédula
C
757
Resolución
10855 de 14/05/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 20/05/2002)
Sin
fecha de notificación
C
758-762
6
Jaime
Cornelio Manrique Reyes
Derecho
de Petición
C
763
Bucaraman.
Charalá
C
764
1950
09
03
C
765
56
60
SE
Santander
C
766
FC
C
766
1973
06
14
1975
03
11
C
766
1
8
28
--
--
27
3
17
Poder
C
764
Cédula
C
765
***
(sic.)  SE
SE
C
767
Nación
(MEN)
C
766
1975
04
16
2000
09
30
C
766
25
6
19
--
--
Resolución
011479 de 05/04/2001 de CAJANAL
(Con
sello de 07/05/IL)
Sin
fecha de notificación
C
766-771
Colegio
Nacional José Antonio Galán
SE
C
767
Nación
(MEN)
C
767
1975
03
11
2000
08
30
C
767
--
--
7
Rosa
Omaira Cifuentes de Sanabria
Derecho
de Petición
C
772
Bucaraman.
Bucaraman.
C
773
1950
04
02
C
774
56
61
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
C
781
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
773
Cédula
C
774
Resolución
07517 (Frente a recurso de APELACIÓN)  de 29/10/2002 de CAJANAL
Notificada
el 08/11/2002
C
775-782
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 2/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
8
Aracely
Pino de Diaferia
Derecho
de Petición
C
783
Bucaraman.
Piedecuesta
C
784
1948
10
01
C
785
58
62
SE
Santander
C
787
FC
C
787
1972
02
11
1975
10
10
C
787
3
8
0
C
787
22
3
0
Poder
C
784
Cédula
C
785
Resolución
005471 de 17/03/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 10/04/2000)
Notificada
el 29/06/2000
C/D
786-794
Normal
Nacional para Señoritas
SE
D
788
Nación
(MEN)
C
787
1980
08
25
1999
03
25
D
788
18
7
0
--
--
9
Jorge
Eliécer Torres Galvis
Derecho
de Petición
D
795
Bucaraman.
Bucaraman.
D
796
1946
11
21
D
797
59
64
INEM
Custodio García Rovira
Bucaramanga
D
804
Nación
(MEN)
D
804
1973
03
06
1997
05
19
D
804
24
2
13
--
--
24
2
13
Poder
D
796
Cédula
D
797
Resolución
003504 de 06/02/1998 de CAJANAL
(Con
sello de 24/02/1998)
Notificada
el 05/03/1998
D
798-802
803
Resolución
021167 de 29/08/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 25/09/2000)
Notificada
el IL/IL/IL/
D
803-809
10
Luis
Francisco Santos Díaz
Derecho
de Petición
B
250
Bucaraman.
Charalá
B
251
1951
06
09
B
252
55
59
SE
Caldas
B
253
FC
B
253
1973
01
01
1973
12
31
B
253
0
11
28
--
--
24
2
24
Poder
B
251
Cédula
B
252
Colegio
Nacional José Antonio Galán
SE
B
254
Nación
(MEN)
B
254
1978
04
05
2001
06
30
B
254
23
2
25
--
--
Resolución
07719 de 09/04/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 24/04/2002)
Sin
fecha de notificación
B
253-258
11
Jorge
Castillo
Derecho
de Petición
B
259
Bucaraman.
Charalá
B
260
1949
05
26
B
261
57
61
Colegio
San José de Guanentá
San
Gil
B
263
Nación
(MEN)
B
263
1975
04
06
1981
07
21
B
263
6
3
15
--
--
24
11
24
Poder
B
260
Cédula
B
261
Resolución
30353 de 24/11/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 11/12/2000)
Notificada
el 02/02/2001
B
262-267
Colegio
Nacional José Antonio Galán
Charalá
B
263
Nación
(MEN)
B
263
1981
07
22
2000
03
31
B
263
18
8
9
--
--
12
María
Rosalba Motta de Sotomonte
Derecho
de Petición
B
268
Bucaraman.
Charalá
B
269
1953
02
02
B
270
53
58
SE
Santander
B
271
FC
B
271
1972
06
01
1974
04
30
B
271
1
10
29
--
--
30
9
4
Poder
B
269
Cédula
B
270
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
B
271
1974
05
01
2003
03
06
B
271
28
10
5
--
--
Resolución
4994 de 12/02/2004 de CAJANAL
(Con
sello de 27/02/2004)
Sin
fecha de notificación
B
271-275
Colegio
Nacional José Antonio Galán[i]
FC
B
272
Nación
(MEN)
--
---
FC
FC
FC
FC
FC
FC
--
---
--
--
--
--
--
13
Víctor
Manuel Escandón Villareal
Derecho
de Petición
B
276
Bucaraman.
Bucaraman.
B
277
1943
01
22
B
278
63
68
SE
Córdoba
B
280
FC
B
280
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
0
10
8
B
280
22
4
8
Poder
B
277
Cédula
B
278
INEM
Custodio García Rovira
SE
B
280
Nación
(MEN)
B
280
1978
02
04
1999
08
03
B
280
21
5
30
--
--
Resolución
019886 de 25/08/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 12/09/2000)
Notificada
el 12/10/2000
B
279-286
14
Hilda
Beatriz Álvarez Portilla[ii]
Derecho
de Petición
B
131
Bucaraman
Piedecuesta
B
132
1951
03
10
B
133
55
60
Escuela
Normal Nacional para Señoritas
Bucaramanga
B
135
Nación
(MEN)
B
135
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
2
0
0
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
132
Cédula
B
133
Resolución
02954 de 04/03/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 07/03/2002)
Notificada
el 12/03/2002
B
134 - 139
SE
Norte
de Santander
B
134
FC
B
134
1970
01
30
1972
01
30
B
134
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 3/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
15
Mariela
Jaimes de Jaimes
Derecho
de Petición
B
287
Bucaraman.
Bucaraman.
B
288
1953
11
19
B
289
52
57
SE
Santander
B
290
FC
B
290
1974
03
28
1976
02
10
B
290
1
10
11
--
--
29
11
24
Poder
B
288
Cédula
B
289
Instituto
Promoción Social
Piedecuesta,
Santander
B
291
Nación
(MEN)
B
291
1975
10
20
2003
12
02
B
291
28
01
13
--
--
Resolución
045570 de 26/12/2005 de CAJANAL
(Con
sello de 27/12/2005)
Sin
fecha de notificación
B
290-295
16
Irenarco
Ariza Caro
Derecho
de Petición
B
296
Bucaraman.
Bucaraman.
B
297
1951
07
31
B
298
55
59
SE
Santander
B
299
FC
B
299
1983
08
29
2001
10
30
B
299
18
2
1
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
297
Instituto
técnico Industrial Francisco de Paula Santander[iii]
Puente
Nacional
B
300
Nación
(MEN)
B
300
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
Cédula
B
298
Resolución
07556 de 22/03/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 23/04/2002)
Notificada
el 30/05/2002
B
299-303
Colegio
Nacional Universitario[iv]
Vélez
B
300
Nación
(MEN)
B
300
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
17
Nubia
Rosa López de Buitrago
Derecho
de Petición
B
140
Bucaraman.
Bucaraman.
B
141
1953
07
20
B
142
53
57
SE
Santander
B
143
FC
B
143
1972
04
13
1977
04
01
B
143
4
11
18
--
--
30
9
7
Poder
B
141
Cédula
(contraseña)
B
142
Instituto
Técnico de Comercio
SE
B
144
Nación
(MEN)
B
144
1977
03
11
2002
12
30
B
144
25
9
19
--
--
Resolución
03697 de  14/12/2004  de CAJANAL
(Con
sello de 25/01/2005)
Sin
fecha de notificación
B
143-148
18
María
Otilia Vargas Rodríguez
Derecho
de Petición
B
304
Bucaraman.
Bucaraman.
B
305
1951
05
27
B
306
55
59
INEM
Custodio García Rovira
Bucaramanga
B
308
Nación
(MEN)
B
308
1975
07
30
2003
08
30
B
308
28
1
0
--
--
28
1
0
Poder
B
305
Cédula
B
306
Resolución
12628 de 09/02/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 17/03/2006)
Sin
fecha de notificación
B
307-312
19
Mario
Anibal Melo Villamil
Derecho
de Petición
B
313
Bucaraman.
Bucaraman.
B
314
1952
02
27
B
315
54
59
Instituto
Nacional de promoción Social
Piedecuesta
B
317
Nación
(MEN)
B
317
1973
09
14
1979
04
10
B
317
5
6
26
--
--
5
6
26
Poder
B
314
Cédula
B
315
Resolución
28087 de 04/09/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 03/10/2002)
Sin
fecha de notificación
B
316-321
20
María
Socorro Wandurraga Cardozo
Derecho
de Petición
B
322
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
B
323
1947
06
06
B
324
59
64
SE
Norte
de Santander
B
325
FC
B
325
1969
02
01
1971
03
15
B
325
2
1
14
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
323
Cédula
B
324
SE
Santander
B
326
Nación
(MEN)
B
326
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
Resolución
11682 de 16/06/2003 de CAJANAL
(Con
sello de 20/06/2003)
Sin
fecha de notificación
B
325-328
Escuela
Normal Superior
Río
de Oro, César
B
326
Nación
(MEN)
B
326
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
21
Adalgisa
Herrera Sánchez
Derecho
de Petición
B
329
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
B
330
1949
10
24
B
331
57
61
Colegio
Nacional Alfonso López Pumarejo
SE
B
333
Nación
(MEN)
B
333
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
330
Cédula
B
331
Resolución
11734 de 12/05/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 22/05/2002)
Notificada
el 22/07/2002
B
332-336
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 4/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
22
Luís
Felipe Páez Páez
Derecho
de Petición
B
337
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
B
338
1949
06
15
B
339
57
61
Colegio
Nacional Alfonso López Pumarejo
SE
B
341
Nación
(MEN)
B
341
1974
05
20
2000
05
25
B
341
26
0
5
--
--
26
0
5
Poder
B
338
Cédula
(Contraseña)
B
339
Resolución
29038 de 20/11/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 30/11/2000)
Notificada
el 22/01/2001
B
340-345
23
Guido
Rafael Ulloa Merlano
Derecho
de Petición
B
346
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
B
347
1948
08
03
B
348
58
62
“Planteles
Nacionales”
SE
B
350
Nación
(MEN)
B
350
1975
07
20
1998
08
04
B
350
23
0
15
--
--
23
0
15
Poder
B
347
Cédula
B
348
Resolución
008096 de 04/06/1999 de CAJANAL
(Con
sello de 07/07/1999)
Notificada
el 13/08/1999
B
349-356
24
Jesús
Durán Quintero
Derecho
de Petición
B
357
Río
de Oro, Cesar
Bucaraman.
B
358
1947
08
02
B
359
59
63
SE
César
B
360
FC
B
360
1969
03
11
1971
01
30
B
360
1
10
19
--
--
28
1
4
Poder
B
358
Cédula
B
359
SE
César
B
360
FC
B
360
1974
02
15
1976
07
30
B
360
2
5
15
--
--
Resolución
32947 de 13/12/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 27/12/2000)
Notificada
el IL/IL/2001
B
360-365
Unidad
Técnica Educativa Alfonso López Pumarejo[v]
César
B
361
Nación
(MEN)
B
361
1976
05
01
2000
02
01
B
361
23
9
0
--
--
25
Felix
Cuadros Rincón
Derecho
de Petición
B
366
Bucaraman.
Bucaraman.
B
367
1948
01
08
B
368
58
63
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
B
370
1971
02
01
1998
05
14
B
370
27
3
13
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
367
Cédula
B
368
Resolución
030120 de 02/12/1998 de CAJANAL
(Con
sello de 16/12/1998)
Sin
fecha de notificación
B
369-376
Instituto
agrícola de Carcasi[vi]
SE
B
370
Nación
(MEN)
B
370
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
26
Ximena
Herrera Quintero
Derecho
de Petición
B
377
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
B
378
1949
06
26
B
379
57
61
SE
Cesar
B
381
FC
B
381
1969
03
07
1972
03
01
B
381
2
11
25
--
--
30
0
19
Poder
B
378
Cédula
B
379
Resolución
008089 de 02/05/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 10/05/2000)
Sin
fecha de notificación
B
380-387
SE
Cesar
B
381
Nación
(MEN)
B
381
1972
05
12
1999
06
06
B
381
27
0
24
--
--
27
Farides
del Carmen Díaz de Díaz
Derecho
de Petición
B
388
Bucaraman.
Bucaraman.
B
389
1950
12
04
B
390
55
60
Jardín
Infantil Nacional número 1
Bucaramanga
B
392
Nación
(MEN)
B
392
1990
09
10
2001
08
16
B
392
10
11
6
--
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
389
Cédula
B
390
SE
Bolívar
B
391
FC
B
391
1973
IL
IL
IL
IL
IL
B
391
SIS
SIS
SIS
--
--
Resolución
25113 de 27/09/2001 de CAJANAL
(Con
sello de 30/10/2001)
Sin
fecha de notificación
B
391-398
SE
Bolívar
B
391
FC
B
391
1981
06
01
1990
09
09
B
391
9
3
8
--
--
28
Ofelmina
Jaimes Peña
Derecho
de Petición
B
399
Bucaraman.
Bucaraman.
B
401
1954
03
02
B
400
52
57
Escuela
Normal Superior
Piedecuesta,
Santander
B
403
Nación
(MEN)
B
403
1977
05
24
2004
02
29
B
403[vii]
26
9
5
--
--
26
9
5
Poder
B
401
Cédula
B
400
Resolución
17659 de 30/01/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 21/04/2006)
Sin
fecha de notificación
B
402-407
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 5/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
29
Ángel
Emiro Hernández Ríos
Derecho
de Petición
B
408
Piedecuesta
Bucaraman.
B
409
194(IL)
12
26
B
410
SIS
SIS
SE
SE
--
---
SE
--
--
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
409
Cédula
B
410
Auto
0101540 de 08/03/2004 de CAJANAL
(Con
sello de 12/03/2004)
Sin
fecha de notificación
B
411-412
30
Gil
Antonio Serrano Plata
Derecho
de Petición
B
413
Bucaraman.
Bucaraman.
B
414
1952
08
02
B
415
54
58
SE
Santander
B
416
FC
B
416
1974
02
22
1981
07
30
B
416
7
5
8
-
--
13
11
4
Poder
B
414
Cédula
B
415
Instituto
Agrícola para campesinos adultos
Zapatoca
B
417
Nación
(MEN)
B
417
1981
08
06
1988
02
01
B
417
6
5
24
-
--
Resolución
5121 de 15/02/2004 de CAJANAL
(Con
sello de 27/02/2004)
Sin
fecha de notificación
B
416-421
Instituto
Promoción Social
Piedecuesta
B
417
Nación
(MEN)
B
417
31
Nohora
Delfia Peña de Cortés
Derecho
de Petición
B
422
Floridablanca.
Bucaraman.
B
423
1945
09
12
B
424
61
65
SE
Santander
B
425
FC
B
425
1968
01
15
1971
01
30
B
425
3
0
15
-
--
26
2
9
Poder
B
423
1971
03
17
1971
12
30
B
425
0
9
13
-
--
Cédula
B
424
Resolución
009591 de 15/05/1997 de CAJANAL
(Con
sello de 10/06/1997)
Sin
fecha de notificación
B
425-427
1972
02
11
1972
11
30
B
425
0
9
19
-
--
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
B
425
1974
05
20
1995
12
12
B
425
21
6
22
-
--
32
Gladys
Ortiz Ortiz
Derecho
de Petición
B
428
Bucaraman.
Piedecuesta
B
429
1951
12
21
B
430
54
59
SE
Santander
B
431
FC
B
431
1972
02
18
1974
03
30
B
431
2
1
12
-
--
29
8
8
Poder
B
429
Cédula
B
430
Resolución
21634 de 29/07/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 05/08/2002)
Sin
fecha de notificación
B
431-436
Instituto
de Promoción Social
Barichara
B
432
Nación
(MEN)
B
432
1974
06
04
2001
12
30
B
432
27
6
26
-
--
33
Gonzalo
Augusto Mora Tobar
Derecho
de Petición
B
437
Bucaraman.
Piedecuesta
B
438
1951
01
30
B
439
55
60
SE
Santander
B
440
FC
B
440
1978
02
01
1979
01
15
B
440
0
11
14
-
--
20
8
9
Poder
B
438
Cédula
B
439
Colegio
La Sagrada Familia
Barichara
B
441
Nación
(MEN)
B
441
1980
04
22
1997
02
28
B
441
16
10
6
-
--
Resolución
24882 de 01/10/2001 de CAJANAL
(Con
sello de 29/10/2001)
Sin
fecha de notificación
B
440-446
Instituto
Técnico Industrial Aquileo Parra
Barichara
B
441
Nación
(MEN)
B
441
1997
03
01
2000
01
20
B
441
2
10
19
-
--
34
Elizabeth
Páez Rodríguez
Derecho
de Petición
B
447
Bucaraman.
Bucaraman.
B
448
1951
08
06
B
449
55
59
SE
Santander
B
450
FC
B
450
1969
09
14
1971
03
IL
B
450
1
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
448
Normal
Nacional Femenina Leonor Álvarez Pinzón
SE
B
451
IL
B
451
IL
IL
IL
IL
IL
IL
B
451
SIS
SIS
SIS
-
--
Cédula
B
449
Resolución
28244 de 10/12/2001 de CAJANAL
(Con
sello de 17/12/2001)
Sin
fecha de notificación
B
450-455
Colegio
Roberto García Peña
SE
B
451
IL
B
451
IL
IL
IL
IL
IL
IL
B
451
SIS
SIS
SIS
-
--
Colegio
Cooperativo José Acevedo y Gómez
SE
B
451
IL
B
451
IL
IL
IL
IL
IL
IL
B
451
SIS
SIS
SIS
-
--
Instituto
Politécnico Femenino
Bucaramanga
B
451
IL
B
451
IL
IL
IL
IL
IL
IL
B
451
SIS
SIS
SIS
-
--
35
Carmen
Bustos de Torres
Derecho
de Petición
D
810
Bucaraman.
Bucaraman.
D
811
1950
11
04
D
812
55
60
INEM
Custodio García Rovira
Bucaramanga
D
814
Nación
(MEN)
D
814
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
D
811
Cédula
D
812
Resolución
26990 de 27/11/2001 de CAJANAL
(Con
sello de 29/11/2001)
Sin
fecha de notificación
D
813--818
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 6/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
36
Zoila
Tulia Garzón Duarte
Derecho
de Petición
B
456
Bucaraman.
Bucaraman.
B
457
1952
12
02
B
458
53
58
SE
Santander
B
459
FC
B
459
1971
02
01
1977
08
01
B
459
6
6
0
-
--
25
5
0
Poder
B
457
Cédula
B
458
Resolución
0025813 de 28/11/2003 de CAJANAL
(Con
sello de 23/12/2003)
Sin
fecha de notificación
B
459-464
Escuela
Normal Superior
Bucaramanga
B
460
Nación
(MEN)
B
460
1984
01
07
2002
12
06
B
460
18
10
30
-
--
37
José
Miguel Gandur Torrado
Poder
B
465
Bucaraman.
Ocaña.
B
465
1953
03
12
B
466
53
58
SE
Norte
de Santander
B
467
FC
B
467
1974
06
05
1975
03
14
B
467
0
9
9
-
--
29
5
0
Cédula
B
466
Resolución
14711 de 30/06/2004 de CAJANAL
(Con
sello de 23/07/2004)
Sin
fecha de notificación
B/C
467-473
SE
Norte
de Santander
B
468
Nación
(MEN)
B
468
1975
05
09
2003
12
30
B
468
28
7
21
-
--
38
Luis
Sarbelio Ibarguen Rentería
Derecho
de Petición
C
474
Bucaraman.
Bucaraman.
C
475
1946
10
05
C
476
60
64
“Planteles
Nacionales”
SE
C
478
Nación
(MEN)
B
478
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
475
Cédula
(Contraseña)
C
476
Resolución
10209 de 26/04/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 15/05/2002)
Notificada
el 19/06/2002
C
477-482
39
Ruth
Betancourth Rodríguez
Derecho
de Petición
C
566
Bucaraman.
Bucaraman.
C
567
1954
07
19
C
568
52
56
Institución
Educativa José Celestino Mutis
Bucaramanga
C
570
Nación
(MEN)
C
570
1974
08
16
1979
02
19
C
570
4
6
3
-
--
20
0
0
Poder
C
567
Cédula
C
568
Resolución
16906 de 30/03/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 19/04/2006)
Sin
notificación
C
569-574
1990
04
03
2005
09
30
C
570
15
5
27
-
--
40
Aura
María Díaz Hernández
Poder
C
541
Bucaraman.
Bucaraman.
C
541
1949
07
25
C
542
57
61
SE
Santander
C
543
FC
C
543
1971
02
02
1981
02
02
C
543
10
0
0
-
--
20
3
21
Cédula
C
542
Resolución
014522 de 24/05/2001 de CAJANAL
(Con
sello de 04/06/2001)
Sin
fecha de notificación
C
543-548
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
C
544
1990
08
15
2000
12
05
C
544
10
3
21
-
--
41
Carlos
Julio Páez Páez
Derecho
de Petición
C
493
Bucaraman.
Bogotá.
C
494
1943
07
08
C
495
63
67
Instituto
Técnico Industrial Lucio Pabón Nuñez
SE
C
497
Nación
(MEN)
C
497
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
494
Cédula
C
495
Resolución
016281 de 16/12/1999 de CAJANAL
(Con
sello de 23/12/1999)
Notificada
el 18/01/2000
C
496-503
42
Nubia
Rosa Sánchez de Durán
Derecho
de Petición
C
504
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
C
505
1949
07
28
C
506
57
61
SE
Cesar
C
507
FC
C
507
1969
02
27
1972
02
09
C
507
2
11
11
-
--
30
1
29
Poder
C
505
Cédula
C
506
Resolución
021032 de 30/08/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 25/09/2000)
Notificada
el 26/10/2000
C
507-512
Escuela
Anexa a la Normal Nacional
Río
de Oro
C
508
Nación
(MEN)
C
508
1972
05
12
1999
07
30
C
508
27
2
18
-
--
43
Elsa
Isabel García Russi
Derecho
de Petición
C
549
Bucaraman.
Bucaraman.
C
550
1951
10
22
C
551
55
59
Colegio
de Tunja INEM Carlos Arturo Torres
Tunja
C
553
Nación
(MEN)
C
553
1975
04
07
1997
02
25
C
553
21
10
18
-
--
25
10
2
Poder
C
550
Cédula
C
551
Resolución
21011 de 18/07/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 01/08/2002)
Notificada
el 28/08/2002
C
552-556
Colegio
INEM Custodio García Rovura (sic.)
Bucaramanga
C
553
Nación
(MEN)
C
553
1998
02
26
2002
02
11
C
553
3
11
14
-
--
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 7/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
44
Jesús
Antonio Ortiz Murcia
Derecho
de Petición
C
557
Bucaraman.
Sin
Diligencia
C
558
1951
09
09
C
559
55
59
Colegio
Nacional José Antonio Galán
SE
C
561
Nación
(MEN)
C
561
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
558
Cédula
C
559
Resolución
27821 de 26/09/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 01/10/2002)
Notificada
el 08/10/2002
C
560-565
Escuela
Normal Superior
Piedecuesta
C
561
Nación
(MEN)
C
561
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
45
Miguel
Antonio Parra Chivata
Derecho
de Petición
C
575
Bucaraman.
Bucaraman.
C
576
1941
05
09
C
577
65
69
Liceo
Nacional José Joaquín Casas
SE
C
579
Nación
(MEN)
C
579
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
576
Cédula
C
577
Escuela
Normal Agrícola o Instituto Técnico Agrícola
SE
C
579
Nación
(MEN)
C
579
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
Resolución
006470 de 20/05/1999 de CAJANAL
(Con
sello de 04/06/1999)
Notificada
el 22/07/1999
C
578-585
INEM
Custodio García Rovira
SE
C
579
Nación
(MEN)
C
579
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
46
María
Amparo Padilla de Bacca
Derecho
de Petición
C
586
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
C
587
1950
10
08
C
588
56
60
Colegio
Alfonso López Pumarejo
SE
C
590
Nación
(MEN)
C
590
1969
02
26
2000
12
04
C
590
31
9
9
-
--
31
9
9
Poder
C
587
Cédula
C
588
Resolución
08189 de 18/04/2002 de CAJANAL
(Con
sello de 29/04/2002)
Notificada
el 20/06/2002
C
589-594
589
47
Rafael
Uribe Gómez
Derecho
de Petición
C
595
Bucaraman.
Piedecuesta
C
596
1946
07
23
C
597
60
64
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
C
600
1970
SE
SE
2001
SE
SE
C
600
31
SIS
SIS
-
--
31
SIS
SIS
Poder
C
596
Cédula
C
597
Resolución
02193 (frente a recurso de REPOSICIÓN) de 15/01/2003 de CAJANAL
(Con
sello de 11/02/2003)
Sin
fecha de notificación
C
598-602
48
Humberto
Triana Rivas
Derecho
de Petición
C
603
Floridablanca
Bucaraman.
C
604
1947
12
19
C
605
58
63
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
C
608
1970
07
17
1997
12
30
C
608
27
5
13
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
604
Cédula
C
605
Resolución
003612 de 01/03/1999 de CAJANAL
(Con
sello de 08/04/1999)
Notificada
el 02/05/1999
C
606-614
INEM
Custodio García Rovira[viii]
Bucaramanga
C
608
Nación
(MEN)
C
608
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
49
Socorro
Acosta Galvis
Derecho
de Petición
C
615
Bucaraman.
Sin
Diligencia
C
616
1943
09
01
C
617
63
67
Colegio
Nacionalizado Normal Superior
SE
C
618
Nación
(MEN
C
618
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
616
Cédula
C
617
Resolución[ix]
002927 de 01/12/1999 de CAJANAL
(Con
sello de 16/02/2000)
Sin
fecha de notificación
C
618-623
50
Betty
Cecilia Chinchilla de Patiño
Derecho
de Petición
C
624
Bucaraman.
Río
de Oro, Cesar
C
625
1953
07
05
C
626
53
57
Escuela
Normal Nacional de Señoritas
Río
de Oro, Cesar
C
628
Nación
(MEN)
C
628
1980
06
10
2003
08
30
C
628
23
2
20
-
--
23
2
20
Poder
C
625
Cédula
C
626
Resolución
10472 de 13/02/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 06/03/2006)
Sin
fecha de notificación
C
627-632
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 8/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
51
Jorge
Eliécer Aislant Galvan
Derecho
de Petición
C
633
Bucaraman.
Bucaraman.
C
634
1948
10
26
C
635
58
62
Colegio
Cooperativo
Bucaramanga
C
636
Nación
(MEN)
C
640
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
634
Cédula
C
635
Resolución
003453 (sobre recurso de APELACIÓN) de CAJANAL (Con sello de 11/07/2001)
Sin
fecha de notificación
C
636-641
52
María
Omaira Lobo Rojas
Derecho
de Petición
C
642
Bucaraman.
Piedecuesta
C
644
1951
06
06
C
643
55
59
Colegio
Nuestra Señora del Rosario
SE
C
646
Nación
(MEN)
C
646
1977
04
22
SE
SE
SE
C
646
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
C
644
Cédula
C
643
Resolución
07099 de 05/04/2002 de CAJANAL[x] (Con sello de
22/04/2002)
Sin
fecha de notificación
C
645-650
53
Teresa
Meneses Jaimes
Poder
C
652
Bucaraman.
Bucaraman.
C
652
1949
05
02
C
653
57
61
SE
Distrito
Capital
C
665
FC
C
665
1971
03
18
1974
03
11
C
665
2
11
24
-
--
27
2
19
Cédula
C
653
Resolución
010233 de 22/05/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 30/05/2000)
Notificada
el 21/11/2000
C
664[xi]
INEM
Custodio García Rovira
Bucaramanga
C
665
Nación
(MEN)
C
665
1975
03
05
1999
05
30
C
665
24
2
25
-
--
INEM
Julián Motta Salas
Neiva
C
665
Nación
(MEN)
C
665
54
Juan
Bautista Grimaldos Guerrero[xii]
Poder
C
673
Bucaraman.
Bucaraman.
C
673
1946
09
26
C
674
60
64
SE
Santander
C
675
FC
C
675
1970
03
01
1972
05
01
C
675
2
2
1
C
675
26
5
11
Cédula
C
674
Resolución
002643 de 02/02/1998 de CAJANAL
(Con
sello de 12/02/1998)
Sin
fecha de notificación
C
675-677
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
C
675
1979
07
16
1996
08
12
C
675
17
0
27
C
675
Escuela
Normal Superior
Piedecuesta
C
675
SE
--
--
1972
05
02
1979
07
15
C
675
7
2
13
-
--
55
Jorge
Gualdrón Monsalve[xiii]
56
Bernardino
Córdoba Lenis
Poder
C
513
Bogotá
Quibdó
C
513
1941
09
16
C
514
65
69
Instituto
Agrícola de Fonseca
SE
C
516
Nación
(MEN)
C
520
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
1
1
2
C
520
27
9
0
Cédula
C
514
Resolución
5550 (sobre recurso de APELACIÓN) de 22/11/2001 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
C
515-521
Escuela
Agrícola de Pie de Pato
SE
C
516
Nación
(MEN)
C
520
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
22
5
18
C
520
Colegio
Integrado Carrasquilla Industrial
SE
C
516
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SE
Chocó
C
520
FC
C
520
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
0
20
0
C
520
Instituto
Agrícola
Quibdó
C
515
Nación
(MEN)
C
520
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
2
6
10
c
520
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 9/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
57
Tulia
Inés Restrepo Toro
Poder
C
484
Medellín
Medellín
C
484
1947
07
20
C
483
59
63
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
C
491
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Copias
de Poder
C
485-486
Cédula
C
483
Contrato
de prestación de servicios suscrito con Andrés Mahecha y Harry Polanco
C
487
Resolución
005180 (sobre recurso de APELACIÓN) de 26/11/1998 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
C
488-492
58
José
Bernardo Domínguez Gómez
Poder
C
526
Turbo,
Antioquia
Apartadó
C
526
1937
05
20
C
522
69
73
SE
Caldas
C
525
FC
C
525
1970
03
01
1985
05
12
C
252
15
2
11
-
--
23
6
7
Cédula
C
522
Resolución
28791 de 09/11/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 30/11/2000)
Sin
fecha de notificación
C
525-523
SE
Antioquia
C
525
FC
C
525
1990
05
22
1993
09
13
C
525
3
3
21
-
--
Concentración
de Desarrollo Rural de Necoclí
Mellito,
Antioquia
C
524
SE[xiv]
C
524
1985
05
13
1990
05
18
C
524
5
0
5
-
--
59
Lucía
de Jesús Mesa Lotero
Poder
C
540
Medellín
Medellín
C
540
1945
11
08
C
527
61
65
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
C
528
1974
06
01
1995
12
05
C
528
21
6
4
C
528
SIS
SIS
SIS
Cédula
C
527
Resolución
009766 de 08/08/1996 de CAJANAL
(Con
sello de 15/08/1996)
Notificada
el 29/08/IL
C
528-530
Resolución
003362 (frente a recurso de APELACIÓN) de 16/12/1996  de CAJANAL
Notificada
el 13/01/1997
C
531-535
Liceo
Nacional Femenino Javiera Londoño[xv]
SE
C
534
Nación
(MEN)
C
534
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
Auto
105293 de 04/06/1998 de CAJANAL
(Con
sello de 24/061998)
C
536-539
60
Lotty
María del Socorro Molina Viveros
Poder
B
56
Bogotá
Cali
B
56
1953
07
22
B
60
53
57
Normal
Nacional de Señoritas
Popayán
B
62
Nación
(MEN)
B
62
1981
01
21
SE
SE
SE[xvi]
B
62
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
frente a CAJANAL
B
57
Contrato
de prestación de servicios profesionales (mandato)
B
58
Declaración
de Honradez e Idoneidad
B
59
Jardín
Infantil Nacional número 1
Cali
B
62
Nación
(MEN)
B
62
SIS
SIS
SIS
-
--
Cédula
B
60
Resolución
20203 de 01/07/2005 de CAJANAL
(Con
sello de 14/07/2005)
Notificada
el 09/08/2005
B
61-67
61
Víctor
Julio Ramírez Guío
Poder
B
103
Pasto
(FC)
Pasto
B
103
1943
01
16
B
104
63
68
Concentración
Rural La Unión
SE
B
108
Nación
(MEN)
B
107
1973
09
19[xvii]
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
104
Concentración
Berruecos
SE
B
108
1979
11
23[xviii]
Resolución
2835 (sobre recurso de APELACIÓN) de IL/05/IL de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
B
105-109
108
Concentración
Desarrollo Rural de Arboleda
SE
B
108
SE
SE
SE
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 10/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
62
Armida
Elena Silva de Martínez
Poder
B
40
Pasto (FC)
La
Unión, Nariño
B
40
1951
07
24
B
47
55
59
Escuela
Rural de Chaguarurco
SE
B
42
Nación
(MEN)
B
42
1972
02
04
1972
09
18
B
42
0
7
14
-
--
30
0
14
Cédula
B
47
Resolución
13728 de 21/05/2002 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
B
41-46
Escuela
Experimental Piloto. La Capilla
SE
B
42
Nación
(MEN)
B
42
1972
09
19
1973
06
04
B
42
0
8
15
-
--
Anexa
Normal Nacional
La
Unión
B
42
Nación
(MEN)
B
42
1973
07
27
2002
01
11
B
42
28
5
15
-
--
Concentración
Santo Tomás
SE
B
42
Nación
(MEN)
B
42
1971
09
20
1971
12
19
B
42
0
2
30
-
--
63
Jaime
Alfredo Caicedo Quijano
Poder
B
86
Pasto
(FC)
Pasto
B
86
1948
11
02
B
93
58
62
Normal
Nacional Superior
Pasto
B
88
Nación
(MEN)
B
88
1980
07
11
2000
09
21
B
88
20
2
10
-
--
20
2
10
Cédula
B
93
Resolución
008674 de 02/04/2001 de CAJANAL
(Con
sello de 16/04/2001)
Notificada
el 10/05/2001
B
87-92
64
Edgar
Alfredo Bolaños Posso
Poder
B
33
Pasto
(FC)
La
Unión, Nariño
B
33
1948
07
31
B
34
58
62
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
B
37
1999
SE
SE
1998
SE
SE
B
37
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
34
Resolución
02714 (Frente a recurso de Reposición) de 26/01/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 14/02/2000)
Sin
fecha de notificación
B
35-39
65
Gerardo
Enrique García Zúñiga
Poder
B
48
Pasto
(FC)
Pasto
B
48
1953
07
20
B
55
53
57
Colegio
Antonio Nariño
San
Pablo, Nariño
B
50
Nación
(MEN)
B
50
1977
09
01
SE
SE
SE[xix]
B
50
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
55
Resolución
30744 de 12/06/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 30/06/2006)
Sin
fecha de notificación
B
49-54
66
Esperanza
Dolores de Jesús Lasso Gamez
Poder
C
678
Pasto
(FC)
Pasto
C
678
1949
06
06
C
685[xx]
57
61
Normal
de Varones
Pasto
C
686
Nación
(MEN)
C
686
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Resolución
000332 (Frente a recurso de APELACIÓN) de CAJANAL (Con sello 1º IL; Con sello
2º de 30/08/2001)
Notificada
el 08/03/2001
C
679-684
683
Resolución
002216 de 21/01/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 07/02/2000)
Notificada
el 01/03/2000
C
685-694
67
Segundo
Campo Edgar Benavides Cerón
Poder
B
121
Bogotá
(FC)
Cali
B
121
1948
12
01
B
122
58
62
SE
Valle
del Cauca
--
--
FC
B
124
1975
07
15
1976
01
30
B
124
0
6
16
B
124
26
4
9
Cédula
B
122
SE
Valle
del Cauca
--
--
FC
B
124
1976
02
06
1977
10
31
B
124
1
8
15
B
124
Resolución
00229 de 09/12/1999 de CAJANAL
(Con
sello de 14/01/2000)
Sin
fecha de notificación
B
123-130
SE
Valle
del Cauca
--
--
FC
B
124
1991
01
01
1998
12
10
B
124
7
11
9
-
--
INEM
Julián Motta Salas
SE
B
124
Nación
(MEN)
B
124
1977
11
01
1990
12
30
B
124
13
1
29
-
--
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 11/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
68
María
del Socorro Martínez Solarte
Poder
B
110
Pasto
(FC)
La
Unión, Nariño
B
110
1948
05
30
B
111
58
62
SE
Nariño
B
113
FC
B
113
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
111
Resolución
000722 de 04/01/1999de CAJANAL
(Con
sello de08/02/1999)
Notificada
el 16/02/1999
B
112-120
Normal
Nacional de Señoritas
La
Unión
B
113
Nación
(MEN)
B
113
IL
IL
IL
IL
IL
IL
B
113
SIS
SIS
SIS
-
--
SE
SE
--
---
Nación
(MEN)[xxi]
B
114
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
--
--
69
Alba
Francisca Bastidas de Ferrín
Poder
C
695
Bogotá
Pasto
C
695
1952
10
09
C
696
54
58
SE
Pasto
C
697
FC
C
697
1986
01
29
2002
11
01
C
697
16
9
2
-
--
22
9
2
Cédula
C
696
Resolución
27648 de 01/12/2003 de CAJANAL
(Con
sello de 31/12/2003)
Sin
fecha de notificación
C
697-703
04[xxii]
697
“Educación
Nacional Contratada”
Sibundoy,
Putumayo
C
698
Nación
(MEN)
C
698
1975
09
01
1981
09
01
C
698
6
0
0
-
--
70
Rosalba
de las Nieves Camacho Caicedo
Poder
B
77
Pasto
(FC)
Pasto
B
77
1949
08
01
B
78
57
61
Escuela
Normal Nacional de Pasto
Pasto
B
84
Nación
(MEN)
B
84
1974
11
12
1999
08
15
B
84
24
9
3
-
--
24
9
3
Cédula
B
78
Resolución
009046 de 08/05/2000 de CAJANAL
(Con
sello de 22/05/2000)
Notificado
12/06/2000
B
79-85
71
Bernardo
Javier Muñoz Torres
Poder
C
704
Bogotá
Pasto
C
704
1953
04
26
C
705
53
58
SE
Nariño
C
706
FC
C
706
1991
01
09
2004
05
30
C
706
13
4
21
-
--
27
9
9
Cédula
C
705
Resolución
033969 de 25/08/2005 de CAJANAL
(Con
sello de 26/10/2005)
Sin
fecha de notificación
C
706-712
706
Institución
educativa Pío XII
Moc(IL), Putumayo
C
707
Nación
(MEN)
C
707
1976
09
01
1991
01
19
C
706
14
4
18
-
--
72
Alicia
López Viveros
Poder
B
68
Pasto
(FC)
Pasto
B
68
1954
07
22
B
69
52
56
San
Juan Bosco
Pasto
B
70
Nación
(MEN)
B
70
1978
10
17
2004
08
18
B
70
25
10
1
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
69
Resolución
006265 de 03/02/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 13/02/2006)
Notificada
el 01/03/2006
B
70-76
SE
Pasto[xxiii]
B
70
Nación
(MEN)
B
70
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
73
Lirva
Martínez Watson
Poder
D
847
Bogotá
San
Andrés Isla
D
847
1953
03
12
D
848
53
58
SE
San
Andrés y Providencia
D
849
FC
D
849
1975
02
17
1976
01
30
D
849
0
11
13
-
--
11
6
20
Cédula
D
848
Resolución
08928 de 08/02/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 27/02/2006)
Sin
fecha de notificación
D
849-854
SE
San
Andrés y Providencia
D
850
Nación
(MEN)
D
850
1993
03
23
2003
12
30
D
850
10
9
7
-
--
74
Blanca
Dolly López Figueroa
Poder
D
863
Bogotá
Florencia,
Caquetá
D
863
1953
04
23
D
864
53
57
SE
Caldas
D
865
FC
D
865
1976
02
01
1993
06
10
D
865
17
4
9
-
--
17
4
9
Cédula
D
864
Resolución
03813 de 16/02/2004 de CAJANAL
Notificada
el FC/FC/FC
D
865-866
75
Álvaro
Anturi Ortiz
Poder
D
855
Bogotá
Florencia,
Caquetá
D
855
1948
03
20
D
856
58
63
SE
Caquetá
D
857
FC
D
857
1979
03
22
1979
10
16
D
857
0
6
25
D
861
12
6
24
Cédula
D
856
Resolución
20065 de 24/03/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 30/04/2006). Notificada el 22/05/06
D
857-862
857
Concentración
Gabriela Mistral
Belén
de Andaquies, Caquetá
D
858
Nación
(MEN)
D
858
1993
09
01
2005
08
30
D
858
11
11
29
-
--
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 12/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
76
Stella
de San José Gaviria Pérez
Poder
D
843
Medellín
Medellín
C
843
1943
08
07
D
844
63
67
SE
SE
--
--
SE
--
--
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
D
844
Resolución
001633 de 03/02/1997 de CAJANAL
(Con
sello de 13/02/1997). Parte resolutiva
Notificada
el 05/03/1997
D
845-846
77
Elvia
Margarita Jiménez de Pineda
Poder
D
835
Medellín
Medellín
C
835
1935
08
14
D
842
71
75
Liceo
Nacional Femenino Javiera Londoño
SE
D
836
SE
--
--
1964
02
01
1994
01
30
D
836
29
11
29
-
--
29
11
29
Cédula
D
842
Resolución
022238 de 13/11/1997 de CAJANAL
(Con
sello de 14/11/1997)
Notificada
el FC/11/1997
D
836-841
78
Yolanda
Cusis de Arteaga
Poder
B
94
Fusagasugá
Mocoa
B
94
1944
10
16
B
95
62
66
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
B
100
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
95[xxiv]
Resolución
001287 (Frente a recurso Reposición) de 06/04/2000 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
B
96-102
101
79
Stella
de la Inmaculada Saldarriaga Vélez
Poder
D
826
Medellín
Medellín
D
826
1943
04
05
D
827
63
68
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
D
833
1976
01
30
SE
SE
SE
D
828
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
D
827
Resolución
003385 (Frente a recurso de APELACIÓN) de 14/08/1998 de CAJANAL
Notificado
el 15/09/IL
D
828-834
Centro
Oficial de Adultos “Vicenta María”
SE
D
829
FC
--
--
1997
SE
SE
1997
SE
SE
D
829
SIS
SIS
SIS
80
Ángela
Miriam Urrea Hernández
Poder
D
819
Medellín
Medellín
D
819
1945
11
24
D
820
60
65
Instituto
Politécnico
Bogotá
D
823
Nación
(MEN)
D
823
1976
04
01
1991
11
04
D
823
15
7
3
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
D
820
Resolución
000682 (Frente a recurso de APELACIÓN) de 20/02/1998 de CAJANAL
Notificado
el 20/03/1998
D
821-825
Politécnico
femenino
SE
D
823
Nación
(MEN)
D
823
Liceo
Femenino Javier Londoño de Medellín
Medellín
D
823
Nación
(MEN)
D
823
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
81
María
Cecilia Mejía de Ruíz
Derecho
de Petición
B
149
Bucaraman.
Bucaraman.
B
150
1955
04
16
B
151
51
56
Institución
Educativa INEM
Bucaramanga
B
153
Nación
(MEN)
B
153
1982
08
25
2005
08
25
B
153
23
0
0
-
--
23
0
0
Poder
B
150
Cédula
B
151
Resolución
40037 de 17/07/2006 de CAJANAL (Con sello de 14/08/2006)
Sin
fecha de notificación
B
152-158
82
David
Antonio Noriega Clavijo
Derecho
de Petición
B
159
Bucaraman.
Tamalame-que
Cesar
B
160
1952
09
23
B
161
54
58
Instituto
Agrícola
Tamalameque
B
163
Nación
(MEN)
B
163
1975
07
14
2005
07
18
B
163
30
0
4
-
--
30
0
4
Poder
B
160
Cédula
B
161
Resolución
40036 de 17/07/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 14/08/2006)
Sin
fecha de notificación
B
162-167
83
Guillermo
Ardila Melo
Derecho
de Petición
B
171
Bucaraman.
Bucaraman.
B
172
1953
07
05
B
173
53
57
SE
Santander
B
175
Nación
(MEN)
B
175
1979
02
01
2005
07
05
B
175
26
5
4
-
--
26
5
4
Poder
B
172
Cédula
B
173
Resolución
48554 de 17/07/2006 de CAJANAL (Con sello de 20/09/2006)
Sin
fecha de notificación
B
174-179
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 13/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
84
Gloria
Saavedra de Parra
Derecho
de Petición
B
183
Bucaraman.
Bucaraman.
B
184
1949
05
15
B
186
57
61
SE
Bucaramanga
B
188
Nación
(MEN)
B
188
1977
05
01
2005
08
11
B
188
28
3
10
-
--
28
3
10
Poder
B
184
Cédula
B
186
Resolución
48553 de 17/07/2006 de CAJANAL (Con sello de 20/09/2006)
Sin
fecha de notificación
B
187-192
Copia
Derecho de Petición
B
185
85
Rosa
Elena Herrera Bautista
Derecho
de Petición
B
180
Bucaraman.
Bucaraman.
B
181
1954
12
14
B
182
52
56
SE
Arauca
D
868
Nación
(MEN)
D
868
1979
03
20
2005
07
15
D
868
26
3
26
-
--
26
3
26
Poder
B
181
Cédula
B
182
Resolución
48559 de 17/07/2006 de CAJANAL (Con sello de 20/09/2006)
Sin
fecha de notificación
D
867-872
86
Pedro
Jesús Torra Jaimes
Derecho
de Petición
B
168
Bucaraman.
Bucaraman.
B
169
1951
11
03
B
170
55
59
Instituto
de Promoción Social
Piedecuesta
D
874
Nación
(MEN)
D
874
1973
09
01
2005
08
23
D
874
31
11
22
-
--
31
11
22
Poder
B
169
Cédula
B
170
Resolución
40034 de 17/07/2006 de CAJANAL (Con sello de 14/08/2006)
Sin
fecha de notificación
D
873-878
87
Noelia
Arango Villegas
Edicto
B
17
Sonsón,
Antioquia
Sonsón,
Antioquia
B
16
1951
11
11
B
15
55
59
Consejería
Instituto técnico agrícola (ITA)
Sonsón,
Antioquia
B
20
Nación
(MEN)
B
20
1975
04
01
2002
07
31
B
20
27
3
30
-
--
27
3
30
Cédula
B
15
Poder
B
16
Requerimiento
a notificación
B
18
Resolución
0027285 de 21/11/2003 de CAJANAL (Con sello de 31/12/2003)
Sin
fecha de notificación
B
19-23
88
Samuel
José Buitrago Arias
Poder
B
25
Sonsón,
Antioquia
Sonsón,
Antioquia
B
25
1952
10
30
B
24
54
58
SE
SE
B
26
Antioquia
B
26
1978
02
23
1980
02
18
B
26
1
11
24
-
--
9
5
23
Resolución
039707 de 15/11/2005 de CAJANAL
(Con
sello de 24/11/2005)
Notificada
el 14/12/2005
B
26-32
Colegio
Alfonso Uribe Jaramillo
Sonsón
Antioquia
B
27
Nación
(MEN)
B
27
1996
04
01
2003
09
30
B
26
7
5
29
-
--
Cédula
B
24
89
Sara
López Carrillo
Poder
B
193
Bucaraman.
Bucaraman.
B
194
1949
05
25
B
194
57
61
Colegio
Cooperativo de Bucaramanga
Bucaramanga
B
196
Nación
(MEN)
B
196
1980
02
01
2000
06
07
B
196
20
4
6
-
--
20
4
6
Cédula
B
194
Resolución
003621 de 06/02/2001 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
B
195-200
90
Ana
Matilde Grimaldo Sánchez
Derecho
de Petición
B
201
Bucaraman.
Ocaña
B
202
1949
08
IL
B
203
57
61
Escuela
Normal Superior
Río
de Oro (Cesar)
B
206
Nación
(MEN)
B
206
1973
07
16
1999
08
30
B
206
26
1
14
-
--
26
1
14
Poder
B
202
Cédula
B
203
Resolución
33727 de 27/06/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 14/07/2006)
Sin
fecha de notificación
B
204-210
EXPEDIENTE T1576340 de Marzo 14 de
2007
Remitido
por:
Magangué. Juzgado Segundo
Civil del Circuito
Convenciones:
Peticionario:
Sierra de Quintero Amparo y
Otros
Página 14/14
Nombre
Elementos Aportados
Presunto Domicilio
REQUISITOS LEGALES
EDAD
VINCULACIÓN
Fecha de Nacimiento
Número de Años
Lugar(es) de Trabajo
Entidad Territorial Responsable
Momento
Tiempo de Servicio Aproximado
Inicio
Finalización
C
F
Total
C
F
Domicilio
Presentación Personal
C
F
Año
Mes
Día
C
F
09/11/06
Actuales
Institucional
Geográfico
C
F
C
F
Año
Mes
Día
Año
Mes
Día
Años
Meses
Días
C
F
Años
Meses
Días
91
Ricardo
Augusto Mateus Ferreira
Poder
B
211
Bucaraman.
Bucaraman.
B
211
1950
03
21
B
212
56
60
INEM
Custodio García Rovira
SE
B
216
Nación
(MEN)
B
216
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
212
Resolución
7301 (Frente a recurso de APELACIÓN) de 18/10/2002 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
B
213-218
92
María
Dora Díaz de Peñaloza
Derecho
de Petición
B
219
Bucaraman.
(FC)
Floridablanca
B
220
1952
07
02
B
221
54
58
INEM
Custodio García Rovira
Bucaramanga
B
225
Nación
(MEN)
B
225
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
220
Cédula
B
221
Resolución
6366 (Frente a recurso de APELACIÓN) de 06/08/2004 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
B
223-225
Requerimiento
a notificación
B
222
93
Floridalba
Chavez de Nova
Derecho
de Petición
B
226
Bucaraman.
Bucaraman.
B
227
1949
03
25
B
228
57
62
SE
SE
--
--
Nación
(MEN)
B
232
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Poder
B
227
Cédula
(Contraseña)
B
228
Resolución
005071 (Frente a recurso de APELACIÓN) de IL/12/2000 de CAJANAL
Sin
fecha de notificación
B
229-233
94
Francisco
Antonio Tarazona Fernández
Poder
B
234[xxv]
Bucaraman.
San
Gil
B
234
1953
02
12
B
235
53
58
SE
Santander
B
236
FC
B
236
1979
09
13
1980
02
01
B
236
0
4
17
-
--
24
5
3
Cédula
B
235
Resolución
30950 de 27/06/2006 de CAJANAL
(Con
sello de 30/06/2006)
Sin
fecha de notificación
B
236-241
Instituto
Agrícola La Guaca
FC
B
237
Nación
(MEN)
B
237
1979
03
14
2003
03
30
B
237
24
0
16
-
--
Colegio
San Carlos
Girón
Santander
B
237
95
Pedro
Enrique Sierra Prada
Poder
B
242
Bucaraman.
Mogotes,
Santander
B
242
1952
07
06
B
243
54
58
SE
Santander
B
245
Nación
(MEN)
B
245
SE
SE
SE
SE
SE
SE
--
--
SIS
SIS
SIS
-
--
SIS
SIS
SIS
Cédula
B
143
Resolución
003213 de 02/01/2006 de CAJANAL
Con
sello de 27/01/2006)
Sin
fecha de notificación
B
244-249
[1] Vale la pena aclarar que en otros apartados de la sentencia, el
juez se refirió expresamente a lo dicho por CAJANAL en las resoluciones que
denegaron el reconocimiento de la pensión gracia.
[2] Lo anterior, en razón a que para el caso bajo estudio resulta
fundamental que esta Sala analice la materia concerniente a la cosa juzgada
constitucional.
[3] En dicha sentencia, la Sala Plena de esta Corporación se refirió a un caso en el cual se presentaron los siguientes supuestos de hecho: Un
médico, al cambiar su jornada laboral del horario diurno al nocturno, firmó un
contrato con la empresa que dejó de reconocer los recargos correspondientes a
las horas extra. Ante dificultades económicas para sufragar la educación de sus
hijas y una obligación garantizada mediante una hipoteca, el galeno solicitó al
juez de tutela que ordenara – ante la situación apremiante en la que se
encontraba – el pago e indexación del monto correspondiente a las horas extra
laboradas. La empresa demandada se opuso a las pretensiones del actor por
considerar que la acción de tutela era improcedente. El juez de segunda
instancia, tras revocar la decisión del a quo, concedió el amparo
deprecado, dado que el gestor del amparo podía perder su casa, ordenando así el
pago de los referidos emolumentos. Esta decisión fue excluida de selección para
revisión por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, a continuación, la empresa instauró una nueva demanda contra el juez que había concedido el
amparo al médico referido. Esta acción fue desestimada en primera instancia,
mas la Corte Suprema de Justicia, como autoridad judicial de segunda instancia,
tras revocar la decisión del a quo, consideró que debía conceder el
amparo solicitado por la empresa en razón a la vulneración de sus derechos
fundamentales a la defensa y al debido proceso, pues el juez accionado tenía
que haber declarado la primera acción de tutela como improcedente al existir
medios de defensa ordinarios para solventar los problemas jurídicos que lo
aquejaban. Como problema jurídico, esta Corte determinó que debía dilucidar si
resultaba procesalmente viable la instauración de una nueva acción de tutela
contra una sentencia de tutela por la supuesta ocurrencia de una vía de
hecho. La Corte, tras referirse a la eventual revisión para corregir los
eventuales yerros que puedan cometer los jueces de tutela en sus sentencias, resolvió
que la autoridad judicial de instancia en sede de tutela no podía rebatir lo
decidido por otro juez constitucional en una sentencia previa que había hecho
tránsito a cosa juzgada al haber sido excluida de revisión por parte de esta
Corporación.
[4] SU-1219 de 2001.
[5] Sobre la cosa juzgada en sede de tutela se ahondará más adelante
por razones metodológicas, pues en este primer acápite resulta pertinente
referir las reglas atinentes a la improcedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y a la inviabilidad procesal de tal acción para solicitar
el cumplimiento de una sentencia adoptada en sede de tutela.
[6] Sentencia SU-1219 de 2001.
[7] En esta providencia, la Corte Constitucional se pronunció sobre un caso en el que se presentaron los siguientes
supuestos de hecho: Un miembro de la fuerza pública, que había sido
desvinculado de la Policía Nacional había demandado la nulidad y el
restablecimiento de la resolución que así lo dispuso, en razón a una
desviación de poder. Como quiera que el Tribunal Cotencioso Administrativo
denegó sus pretensiones con un deficiente análisis probatorio, instauró acción
de tutela para proteger su derecho fundamental al debido proceso. El juez que
conoció la causa en sede de tutela – Juzgado Primero Penal del Circuito de
Santander de Quilichao – amparó su derecho y ordenó al Tribunal accionado
proferir una nueva sentencia. Paso seguido, en cumplimiento de la referida
providencia, esa autoridad judicial decidió que no se evidenciaba el acta del
Comité de Evaluación de Suboficiales ni el concepto previo requerido para
desvincular al demandante, por lo que encontró que efectivamente se configuraba
la causal de nulidad invocada. Sin embargo, el Ministerio de Defensa demandó
tal decisión mediante acción de tutela al no haber sido vinculado. El Consejo
de Estado asumió el conocimiento de esa  segunda tutela y, tras vincular al
Juzgado Primero Penal del Circuito de Santander de Quilichao, ordenó rehacer
todo el primer proceso de tutela desde la admisión. Sin embargo, el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Santander de Quilichao remitió el expediente al Consejo
de Estado, en razón a que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382
de 2000 obligaban a que fuera ese cuerpo colegiado el que resolviera la litis.
A continuación, las Salas 4ª y 5ª de la Alta Corporación referida declararon improcedente el amparo. Empero, el antiguo suboficial de
la policía nacional demandó ese segundo proceso de tutela mediante una nueva
acción de tutela, pues – a su parecer – el Consejo de Estado no era competente
por las mencionadas reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000.
Conocieron de la causa en primera y segunda instancia otras Salas del mentado
Cuerpo Colegiado que también declararon improcedente el tercer amparo deprecado
y el gestor de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho demandó
nuevamente en sede de tutela, esta vez buscando atacar la admisión que efectuó
el Consejo de Estado de la acción de tutela instaurada por el Ministerio de
Defensa. Sin embargo, la Alta Corporación desestimó sus pretensiones y declaró el amparo procesalmente inviable pues, a su juicio, la acción de tutela
resultaba improcedente para cuestionar sentencias de tutela. Solo este último
caso fue seleccionado por la Corte Constitucional para revisión determinando que era competente para conocer de la causa instaurada contra las actuaciones del
Consejo de Estado en la demanda instaurada en razón a la admisión de la acción
de tutela elevada por parte del Ministerio de Defensa Nacional que cuestionó la
decisión en sede de tutela del Juzgado Primero del Circuito de Santander de
Quilichao. El problema jurídico estudiado en esa ocasión fue el siguiente: “(…)
examinar (…) si asistió o no razón a los jueces de instancia al negar por
improcedente la acción de tutela interpuesta por el accionante en el presente
proceso y consecuentemente si la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado pudo incurrir o no en una vía de hecho por desconocer la
competencia de la Corte Constitucional como órgano exclusivo de revisión de los
fallos de tutela y la cosa juzgada constitucional al anular la sentencia de
tutela proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de Santander de
Quilichao (…)”. Los temas tratados por la Corte para resolver el caso cobijaron la improcedencia de la acción de tutela contra otras acciones de tutela, la
competencia de la Corporación judicial en materia de revisión de fallos de
tutela y la cosa juzgada constitucional. Así las cosas, para ese caso, una de
las reglas centrales aplicadas para resolverlo radicó en que las sentencias de
tutela sólo pueden ser revisadas por la Corte Constitucional, como intérprete autorizada de la Carta Política y expresa disposición del ordenamiento. En consecuencia, se resolvió el amparo
de los derechos fundamentales del actor dada la vía de hecho cometida
por el Consejo de Estado al haber desconocido la cosa juzgada constitucional y
pretermitido la competencia de la Corte Constitucional en materia de revisión.
[8] Para el caso, se mencionaron dos ejemplos: T- 162 de 1997 y T-
1009 de 1999.
[9] En ese caso, la Corte se pronunció sobre un asunto en el que se
presentaron los siguientes supuestos de hecho: Mediante una sentencia de
tutela, un juez constitucional le ordenó a una EPS efectuar una valoración para
determinar posibles patologías en el sistema reproductivo del gestor del
amparo. Por lo mismo, y tras conceder la protección invocada, se dispuso que,
de llegarse a determinar tal situación, se brindara el tratamiento requerido.
El actor, instauró una nueva acción de tutela alegando que su enfermedad había
sido constatada, pero que la EPS se negaba a prestarle el tratamiento que
necesitaba. Por su parte la empresa accionada adujo que ya existía una orden
judicial al respecto y que se encontraba lista para efectuar los tratamientos
que se requirieran. Por su parte la IPS señaló que solo se necesitaba que el
actor compareciera y que se requerían, además, exámenes sobre su esposa. Sin
embargo, esta última no figuraba en la parte resolutiva de la sentencia que
había concedido el amparo. El juez de primera instancia declaró improcedente la
solicitud, al pretenderse el cumplimiento de una sentencia de tutela a través
de otra sentencia del mismo tipo. Empero, el ad quem, revocó tal
providencia y en su lugar determinó que debía ampararse las necesidades de la
esposa. Esta Corte estableció que debía resolver si resultaba procesalmente
viable la solicitud de cumplimiento a través de otra acción de tutela y
determinó que, en aplicación de su jurisprudencia, tal petición no era
procedente.
[10] En autos como el A-114 del 2005, la Corte Constitucional ha señalado que el solicitar pruebas para verificar el cumplimiento más
que una potestad, es un deber específico del juez.
[11] Ver al respecto el auto A-141B del 2004.
[12] Al respecto, puede consultarse la sentencia SU-1158 de 2003, en
la que la Corte Constitucional decidió un caso en el que se presentaron los
siguientes supuestos de hecho: El Banco Popular demandó al juez de tutela de
primera instancia encargado de velar por el cumplimiento de una sentencia proferida
por esta Corporación y que había amparado los derechos fundamentales del actor.
En efecto, en ese asunto, una persona con derecho a la pensión de vejez demandó
a la Corte Suprema de Justicia por cuanto ese cuerpo colegiado había decidido
no casar una decisión del tribunal que le negaba su derecho pensional por
errores técnicos. Sin embargo, dentro de las consideraciones de la sentencia, la Corte Suprema había reconocido que él tenía derecho a recibir la pensión, pues cumplía con
los requisitos legales para ello, dándole prelación así a los elementos
procesales más que al derecho sustancial del actor. La Corte Constitucional confirmó la decisión del juez de segunda instancia que había concedido
el amparo, y ordenó al referido cuerpo colegiado que modificara la sentencia de
casación para que el demandante gozara de la pensión de jubilación. Como quiera
que la Corte Suprema no profirió una nueva sentencia, el gestor del amparo
promovió el incidente de cumplimiento, a través del cual, el juez de tutela de
primera instancia, dejó en firme la sentencia del juez laboral que había
reconocido el derecho pensional, pero que había sido revocada por el Tribunal,
cuya decisión no fue casada por la Corte Suprema en consideración a errores técnicos. Inconforme con tal actuación, el Banco demandó – como se dijo con
anterioridad – al juez de tutela por actuar supuestamente sin competencia. El
juez de primera instancia denegó el amparo, mas la Corte Suprema, obrando como juez de tutela, concedió el amparo. Al momento de revisar ese
asunto, esta Corporación revocó la decisión de segunda instancia y confirmó la
providencia del a quo, que desestimó las pretensiones del Banco Popular,
tras efectuar una amplio análisis de los poderes del juez de tutela para
materializar el cumplimiento de un fallo adoptado en la jurisdicción
constitucional.
[13] Auto A-141B del 2004.
[14] Como en el caso de la verificación de cumplimiento de la Sentencia T-025 del 2004.
[15] Se estableció en la sentencia T-459 de
2003, que el cumplimiento de una sentencia de tutela, y el incidente de
desacato difieren en los siguientes puntos: “i.) El cumplimiento es
obligatorio, hace parte de la garantía constitucional; el desacato es
incidental, se trata de un instrumento disciplinario de creación legal.
ii.)La
responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el
desacato es subjetiva.
iii.)
La competencia y las circunstancias  para el cumplimiento de la sentencia se
basan en los artículos 27 y 23 del decreto 2591 de 1991. La base legal del
desacato está en los artículos 52 y 27 del mencionado decreto. Es decir que en
cuanto al respaldo normativo, existen puntos de conjunción y de diferencia.
iv.)El
desacato es a petición de parte interesada; el cumplimiento es de oficio,
aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público.”
[16] Como quiera que no hay razón para referirse a tales elementos y
en procura de la extensión de esta providencia, la Sala remite a lo contemplado en los Autos 180, 189, y 275 de 2011, donde se expone con
claridad y suficiencia los requisitos existentes para que la Corte Constitucional asuma el cumplimiento de una de sus sentencias de tutela.
[17] Art. 228, C.P.
[18] El referido artículo establece que “(…) la ley indicará en qué
casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”, refiriéndose al
ejercicio del derecho de acceso a la justicia.
[19] Como se verá a continuación, no toda decisión de los jueces, comprendida
en una sentencia, resuelve de manera definitiva un asunto. A pesar de que esta
diferenciación se llevará a cabo más adelante, resulta fundamental mencionar
que en eso se distinguen, precisamente, la cosa juzgada material de la formal,
donde también figura de manera relevante el precepto de rebus sic stantibus.
[20] Couture. E, (1981), Fundamentos del Derecho Procesal Civil,
Buenos Aires: Ediciones Depalma, p. 401
[21] López Blanco, H.F. (1997), Instituciones de Derecho Procesal
Civil colombiano, Colombia: Dupre Editories, Tomo I, pp. 591- 604;
Palacios, R (1953). La Cosa Juzgada, México: Editorial José M. Cajica
JR. p. 23.
[22] Palacios, R., op. Cit, pp. 23 a 29.
[23] Monroy Cabra, M. G. (2001), Derecho Procesal Civil, Parte
General, Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, pp. 409-440.
[24] Cabe indicar que Monroy Cabra también expone que el concepto de
cosa juzgada sólo aplica para los procesos de conocimiento, pues para aquellos
de ejecución debe utilizarse o bien el de “materia ejecutada” o “cosa
ejecutada”.
[25] Couture, E. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, op.
Cit. p. 401.
[26] Ibidem.
[27] Esta postura de la Corte concuerda con aquella defendida por
Couture, quien planteaba que el fin (teleológico) del proceso es la sentencia.
Providencia judicial que, revestida de la calidad de cosa juzgada, obedece a
una necesidad práctica: la firmeza de una decisión. Ibidem, p. 406.
[28] En esta sentencia, la Corte se pronunció sobre una demanda de
constitucionalidad contra el artículo 35 de la lay 472 de 1998, “Por la cual
se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”, que determinó los efectos de las sentencias proferidas en acciones populares. Para los efectos de esta decisión, vale la pena destacar que esta Corporación expuso que las decisiones judiciales desestimatorias de las pretensiones de la parte demandante sólo tendrían efectos relativos, siempre y cuando - con posterioridad a la providencia - surjan nuevos elementos probatorios que permitan desestimar la decisión del juez competente. Uno de los cargos del ciudadano que cuestionó la constitucionalidad de la norma suponía que la eficacia de los derechos colectivos se vería afectada si en todo caso surgía el efecto de cosa juzgada. La Corte, para solventar el asunto, apuntó que las sentencias proferidas en una acción popular
hacen tránsito a cosa juzgada, salvo que frente a decisiones desestimatorias
surjan nuevas pruebas trascendentes que obliguen a cuestionar los fundamentos
de la misma. Como se verá más adelante, esta conclusión puede ser analizada
como una consecuencia de la cláusula rebus sic stantibus.
[29] Sobre el tema se puede consultar, entre otras, las Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 21 de febrero de 1975 (M.P. Humberto
Murcia Ballén) y del 24 de abril de 1984 (M.P. Humberto Murcia Ballén).
[30] López Blanco, H.F. Instituciones de Derecho Procesal
Colombiano, op. Cit.
[31] Palacios, R. La Cosa Juzgada, op. Cit., p. 160 y ss.
[32] Este fenómeno es denominado por Couture como generalidad
decreciente de las normas, que le da certidumbre y particularidad a un asunto
determinado. Couture, E. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, op.
Cit. p. 412. Resulta relevante resaltar que para Kelsen las
sentencias judiciales son normas individuales en el ordenamiento jurídico. En
efecto, para este autor, por ejemplo, “[al]  definir de manera abstracta el
hecho ilícito y la sanción que es su consecuencia, una norma general sólo
adquiere su verdadero sentido después de haber sido individualizada. (…) Para
individualizarla y concretarla es preciso un acto jurisdiccional que establezca
una norma jurídica individual y constituya una nueva etapa en el proceso de
creación del derecho”. Kelsen, H. (2000), Teoría Pura del
Derecho, Introducción a la ciencia del derecho, Bogotá: Unión Ltda. Título original de la edición francesa: Théorie pure du droit.
Introduction a la science du droit. (1953), pp. 116-117.
[33] Palacios, R. La Cosa Juzgada, op. Cit. p. 160 y ss.
[34] Ahora bien, Palacios refiere que los mencionados elementos de la
cosa juzgada: identidad de causa, identidad de partes e identidad de objeto,
operan para asuntos civiles. En cambio, cuando quiera que se trate de asuntos
penales, la causa es el hecho delictivo, independientemente de la calificación
que se le dé. Lo anterior, siempre y cuando exista una correlación entre la
sentencia proferida y la acusación. Esto se da, en razón a que este autor
defiende la posibilidad de modificar la calificación del hecho punible en el
transcurso del proceso, siempre y cuando el implicado haya podido defenderse
frente a los hechos que sustentaron la calificación. A juicio de este
doctrinario, lo anterior permitiría variar el nomen jurídico, en
contraposición al exceso ritual del proceso. Palacios, R, La Cosa Juzgada, op. Cit, pp. 210-212.
[35] Palacios, R. La cosa Juzgada, op. Cit. P. 184.
[36] López Blanco, H.F. Instituciones de Derecho Procesal Civil
Colombiano, op. Cit. Sin embargo, la visión de este autor ha de ser
relativizada, pues resulta paladino que la jurisprudencia de esta Corporación
ha aceptado la viabilidad procesal de la acción de tutela contra sentencias
judiciales. Por lo mismo, la condición de inimpugnable estaría sujeta, de
presentarse los estrictos requisitos exigidos para que la acción de amparo sea
procesalmente viable, a que la parte demandante actuara sin trasgredir el principio
de inmediatez, incluso después de que los términos para acudir al recurso de
revisión hubiesen fenecido. Al respecto, puede consultarse la sentencia C-590
de 2005.
[37] Carnelutti, F., (2004), Sistema de Derecho Procesal Civil,
Introducción y Función del Proceso Civil, Buenos Aires: Uthea Argentina,
pp. 316-360
[38] Couture, E. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, op.
Cit., pp. 416 – 417.
[39] Artículo que regula los asuntos que estarán sujetos a la
jurisdicción voluntaria. Precisamente, según el referido autor, en ese hecho –
que la sentencia no constituya cosa juzgada – se diferencian los procesos de
jurisdicción voluntaria de la contenciosa.
[40] Existen otros tipos de clasificaciones, como la cosa juzgada
absoluta o relativa, erga omnes o inter partes,  pero para los
efectos de esta providencia, tal diferenciación no resulta relevante para
ahondar en el caso bajo estudio. Por lo mismo, la Sala se abstendrá de hacer mayores referencias al respecto. Sin embargo, pueden consultarse
las sentencias C-622 de 2007 y C-215 de 1999 para estudiar la materia. Con
todo, vale la pena mencionar que en relación con la cosa juzgada relativa, esta
Corporación, en sentencia C-622 de 2007, estableció lo siguiente: “(…) Aun
cuando la jurisprudencia constitucional ha reconocido la importancia de la
institución de la cosa juzgada, cuya función se centra -como se dijo- en
garantizar la efectiva aplicación de los principios de igualdad, seguridad
jurídica y confianza legítima, obligando a los jueces a ser consistentes con
las decisiones que adoptan e impidiendo que un mismo asunto sea sometido
nuevamente a juicio, debe aclarar la Corte que, tratándose de las acciones
populares, la importancia de los derechos e intereses en juego, justifican,
desde una perspectiva constitucional, que se pueda plantear un nuevo proceso
sobre una causa decidida previamente, lo cual tiene lugar únicamente cuando se
trate de una sentencia desestimatoria, y siempre que con posterioridad a la
misma surjan nuevos elementos de prueba, con entidad suficiente para modificar
la decisión anterior”.
[41] Sobre la procedencia y prosperidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-709
de 2009 y C-590 de 2005.
[42] Al respecto, ver las sentencias T-088 de 1999 y SU- 1219
de 2001.
[43] En esa providencia, la Corte estudió varias demandas formuladas
contra la Ley 553 de 2000, disposición que reformó el antiguo Código de
Procedimiento Penal, modificando reglas que regulaban la institución de la
casación penal. Esta corporación extendió el asunto a normas comprendidas en al
Ley 600, pues “(…) esas mismas disposiciones se
encuentran reproducidas en el nuevo Código de Procedimiento Penal, en los
artículos 205 y 210 de la ley 600 de 2000 (…)”. Uno de
los asuntos que se discutió fue la variación de la naturaleza de la casación,
pues antes de la reforma el recurso hacía parte del proceso y funcionaba contra
sentencias no ejecutoriadas, teniendo efecto suspensivo. La Corte encontró que se imponía un nuevo régimen de casación, donde el recurso extraordinario
era independiente del proceso penal y procedía contra sentencias ejecutoriadas.
Igualmente, se aumentó el tiempo de la condena para que operara. En este orden
de ideas y en cumplimiento del principio de justicia material, argumentó que
atentaba contra la libertad permitir que una sentencia ilegal privara de este
bien a una persona. Por lo mismo, se declaró inexequible la expresión
“ejecutoriadas”.
[44] Para los efectos de esta sentencia, la Sala sólo hará referencia a la cosa juzgada constitucional en sede de tutela, pues no resulta
esencial para solventar el caso objeto de estudio ahondar en el estudio del
referido efecto para las sentencias de constitucionalidad.
[45] El inciso primero del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
establece que “(…) cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazará o decidirán desfavorablemente todas
las solicitudes”.
[46] Ver la sentencia T-086 de 2003 y el Auto 009A de 2008.
[47] Vescori, E. A. (2006), Teoría General del Proceso, Bogotá:
Editorial Temis, p.253.
[48] Palacios, R. La Cosa Juzgada, op. Cit.
[49] Vésconi, E.A., “Fraude Procesal: sus características,
Configuración legal y represión”, en: Segundo Montoya CH. (Comp), (1997), El
Fraude Procesal, Fundamentos doctrinarios para un estudio del Art. 178 del
C.P.C. Lima: Palestra Editores, pp.86 y ss. Este autor no ahonda en el
estudio del fraude cuando quiera que el juez deliberadamente lo permite. Por
ello, esta diferenciación entre unilateral y bilateral debe ser completada con
aquella en la cual la autoridad judicial interviene también de manera
fraudulenta en el proceso.
[50] Carnelluti, F., “Contra el Proceso Fraudulento”, en: Segundo
Montoya CH (Comp.), op. Cit. p. 18 y ss.
[51] Vésconi, E.A, “Fraude Procesal (…)”, op. Cit,
pp. 86 y ss.
[52] Couture. E,  “Revocación de los Actos
Procesales Fraudulentos”, en: Segundo Machado, CH, (Comp.), op. Cit., p. 38.
[53] Ibidme, p. 37.
[54] Devis Echandía, “Fraude Procesal, sus características,
configuración legal y represión”, en: Segundo Montoya CH., El Fraude
Procesal, op. Cit., pp. 59-83.
[55] Esto no significa que los principios o los conceptos en el
derecho no muten según las condiciones históricas. Ya Rudolf von Jhering, uno
de los grandes romanistas del siglo XIX, se burlaba de los análisis etéreos del
Derecho que pretendían ver los conceptos inmaculados y ajenos a toda
reinterpretación histórica o uso práctico. Sin embargo, esto no significaba que
desde una perspectiva pragmática se pudiera utilizar un concepto sin ahondar en
un análisis acucioso de los mismos. Al respecto: Jhering, R. Von, (1987), “En
el cielo de los conceptos jurídicos, Una fantasía”, en: Jhering, R.,
Von, (1987), Bromas y veras en la ciencia jurídica, Un presente navideño
para los lectores de obras jurídicas, Madrid: Editorial Civitas, S.A., pp.  215-264.
[56] Cabe precisar que Couture indica que la acción pauliana era
eminentemente patrimonial, pero, como quiera que también perseguía el fraude,
obedecía a los mismos principios que el resto de medidas enunciadas.
[57] Couture, E. “Revocación de los actos procesales fraudulentos”,
op. Cit, p. 49 y ss.
[58] En este sentido, puede consultarse a Fritz Schulz, quién – tras
efectuar un diligente análisis de los principios del derecho romano, indicó que
en ellos se comprendían ideas fundamentales del derecho y la justicia.
Igualmente, expuso que estos principios no eran inmutables incluso en ese
momento, pues el derecho romano era principalmente consuetudinario,
diferenciándose de la noción de ley estatal. Por ello, permitía cuestionar las
reglas surgidas de la costumbre en casos particulares, reconsiderándolas si en
un asunto resultaban injustas. Así las cosas, según Schulz, las disposiciones
codificadas por Justiniano al final del imperio debían tener modificaciones que
se desprendían del uso práctico de los principios desde la República. Schulz, F. (2000), Principios del Derecho Romano, Madrid: Editorial Civitas
S.A.
[59] Gozaíni, O. “Revisión del Proceso Fraudulento”, en: Segundo
Montoya, CH. (Comp.), op. Cit. p. 212.
[60] Art. 249 CPC.
[61] Art. 290 CPC.
[62] A continuación se exponen elementos del recurso extraordinario de
revisión en materia civil. Sin embargo, vale la pena mencionar – a modo
meramente enunciativo - que tal recurso también se encuentra en la legislación
penal y laboral. Así, en la Ley 906 de 2004 se halla regulado en los artículos
192 y ss.; mientras que en el Código Penal Militar (Ley 1407 de 2010) fue
establecido en el artículo 355 y ss. Del mismo modo, en materia laboral, se
encuentra contemplado en el literal A, numeral 5, del artículo 15 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Finalmente, en el Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), que perderá vigencia a partir de
junio de dos mil doce (2012), también fue contemplado en los artículos 185 y
ss.
[63] Las causales completas contenidas en el artículo 280 son las
siguientes: “1. Haberse encontrado después de
pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida
en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse declarado falsos por
la justicia penal documentos que fueren decisivos para el pronunciamiento de la
sentencia recurrida. 3. Haberse basado la sentencia en declaraciones de
personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas. 4.
Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en la producción de dicha prueba. 5. Haberse
dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia recurrida. 6. Haber existido colusión u otra
maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia,
aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado
perjuicios al recurrente. 7. Estar el recurrente en alguno de los casos de
indebida representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en
el artículo 152 [- que pasó a ser el 140 -], siempre que no haya saneado la
nulidad. 8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
que no era susceptible de recurso. 9. Ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada, siempre que el recurrente no hubiera podido alegar la
excepción en el segundo proceso por habérsele designado curador ad litem y
haber ignorado la existencia de dicho proceso. Sin embargo no habrá lugar a
revisión cuando en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y
fue rechazada”.
[64] Art. 381.
[65] El texto de la Ley puede ser consultado en: Leyes
Colombianas, expedidas por el Congreso en sus sesiones extraordinarias de 1903,
Bogotá: Imprenta Nacional, Edición Oficial, 1918, pp. 58 – 66.
[66] Artículo 3º, Ley 39 de 1903.
[67] Inciso 2º, artículo 4º, Ley 39 de 1903.
[68] Mediante esta sentencia, la Corte se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra los artículos 1º (parcial) y 4º
(numeral 3º) de la Ley 114 de 1913. El ciudadano que en ejercicio de sus
derechos políticos acusó las normas, argumentó que establecían una diferencia
ilegítima entre docentes de primaria, secundaria y privados de los mismos
grados, pues reconocía la pensión de gracia para los primeros, al consagrar como
requisito ser maestro de primaria oficial. Adicionalmente, adujo que tal
normatividad excluía del beneficio a las personas que recibieran o hubieren
recibido otra pensión o recompensa del orden nacional. Tras efectuar un
análisis histórico, la Corte consideró que tal diferenciación, además de haber
surgido con el objetivo de solventar las diferencias salariales y
prestacionales de maestros de diferentes órdenes, fue superada con las
subsiguientes reformas legales que se produjeron. Por ello, consideró que tal
normatividad se encontraba ajustada al ordenamiento jurídico. Adicionalmente,
apuntó que resultaba legítimo que el legislador, siguiendo sus competencias
para determinar los requisitos necesarios para hacerse beneficiario de una
pensión, estableciera como condición no recibir o haber recibido pensión o
renta del orden nacional.
[69] Otro requisito, que a la luz del derecho constitucional actual
tendría un talante discriminatorio, radicaba en exigir que si se era mujer se
fuera soltera o viuda.
[70] El texto de la Ley puede ser consultado en: Leyes expedida por
el Congreso Nacional en su legislatura de 1928, Bogotá: Imprenta Nacional,
segunda edición oficial, 1940, pp. 231- 233.
[71] Artículo 6º, ley 116 de 1928.
[72] El texto de la Ley puede ser consultado en: Leyes expedidas
por el Congreso Nacional en su Legislatura del año 1932, Bogotá: Imprenta
Nacional, pp. 85 – 86.
[73] En esta sentencia, la Corte se pronunció sobre la demanda
instaurada contra el artículo 3º (parcial) de la Ley 37 de 1993, que hizo extensiva la pensión de gracia a los maestros que hubieran completado los años de
servicio en establecimientos de educación secundaria. El demandante
argumentaba, en ese momento, que tal disposición atentaba contra la igualdad,
pues sólo reconocía la pensión a aquellos maestros que hubieran terminado sus
servicios en escuelas secundarias y no a aquellos que todo el tiempo se
hubiesen desempeñado en estas últimas. Esta Corporación, tras efectuar un
análisis histórico y referirse, entre otras, a la sentencia C-479 de 1998,
concluyó que tal interpretación resultaba errada, pues los maestros de secundaria
también tenían derecho a recibirla, sin importar si había o no prestado sus
servicios en escuelas primarias oficiales. Por ello, declaró ajustada a la Constitución la disposición acusada.
[74] El texto de la Ley puede ser consultado en: Ministerio de
Gobierno – Oficina Jurídica, Leyes de 1975, Bogotá: Imprenta Nacional,
1975, pp. 181- 186.
[75] Este último artículo establecía lo siguiente: “En adelante
ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el distrito Especial, ni los
municipios podrán, con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la
construcción de planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional” (subrayas fuera del
original). El hecho de que los entes territoriales, previa autorización,
pudieran seguir efectuando nombramientos, se desprende del parágrafo 1º del
artículo 1º, que estableció lo siguiente: “El nombramiento del personal en
los planteles que se nacionalizan por medio de esta Ley, o se hayan
nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que
actualmente ejerzan dicha función”.
[76] En efecto, se estableció que “Los docentes (…) que por mandato
de las Leyes (…) tuvieran o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia
(…)”; fórmula que necesariamente excluye a cierto grupo de maestros,
precisamente, aquellos no comprendidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933.
[77] Sobre la constitucionalidad del literal “B”, numeral 2º, del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se pronunció esta Corporación mediante
sentencia C-084 de 1999. En esa ocasión se acusaba a la norma de establecer
parámetros de diferenciación injustificados que acarreaban un trato
discriminatorio para los docentes que hubieran ingresado con posterioridad a
enero de 1981 al servicio. La Corte, tras efectuar un estudio histórico y
determinar que la norma correspondía al proceso de nacionalización de la
educación a que se ha hecho referencia, señaló que la pensión de gracia
encontraba sustento en la existencia de regímenes prestacionales diferentes y
que lo que se logró mediante las leyes 43 de 1975 y ley 91 de 1989 fue darle
terminación a los mismos. Por ello, quienes hubieran ingresado con
posterioridad a la nacionalización no tenían ningún derecho adquirido a la
pensión de gracia, sino una mera expectativa que – además – se quedó sin
sustento al momento de terminarse dicho proceso. Así las cosas, se declaró
exequible la disposición acusada.
[78] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Consejero Ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda, Radicación número S-699.
[79] En esta providencia, la Sala Plena de esa Corporación se pronunció sobre un caso en el cual el Tribunal Administrativo de Antioquia había
concedido las pretensiones a un maestro que mediante una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitaba se ordenara a CAJANAL reconocerle y
pagarle la pensión de gracia. La Sala Plena del Consejo de Estado determinó que
sólo eran computables los años trabajados – ya fuera como maestro de primaria o
secundaria – en el orden territorial y, como quiera que el demandante no
alcanzaba los 20 años que establece la Ley 114 de 1913 para hacerse al derecho,
revocó la sentencia consultada.
[80] Sobre la constitucionalidad del literal “A”, numeral 2º del
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se pronunció esta Corporación mediante
sentencia C-954 de 2000. Como fundamento de la providencia, esta Corporación
indicó que la pensión de gracia solo debía ser reconocida a los maestros que se
hubieran vinculado antes del 1º de enero de 1981 y que cumplieran con los
requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, entre ellos no recibir, o haber
recibido, recompensa o pensión del orden nacional.
[81] Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón. Número de radicación: 70001-23-31-000-2004-00019-01(1044-09).
[82] El proyecto mencionado puede ser visto en la siguiente dirección
electrónica: http://www.senado.gov.co/portalsenado/attachments/645_PL_170_09_PENSION_DE_GRACIA_MAESTROS.pdf
(14.02.2011).
[83] Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2, literal “A”.
[84] Sentencia proferida el veintitrés (23) de abril de dos mil nueve
(2009) por la Subsección “A”, Sección Segunda del Consejo de Estado. Consejero
Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Número de radicación:
25000-23-25-000-2005-08503-01(1848-08). En esa ocasión, el Alto Tribunal de lo
Contencioso Administrativo se pronunció sobre un caso en el cual un maestro,
que nació en 1953 y prestó sus servicios como docente nacionalizado en el
sector oficial desde 1975, instauró una acción de nulidad y restablecimiento
del derecho contra CAJANAL por haberle negado el reconocimiento y pago de la
pensión de gracia. La entidad argumentaba que esta última prestación era
incompatible con la pensión de invalidez. Sin embargo, el Consejo de Estado
señaló que no lo era, dado que ambas tienen naturaleza y finalidades distintas;
siendo una especial y la otra ordinaria. Por ello, confirmó la sentencia del
Tribunal que había favorecido la pretensión del maestro.
[85] Sentencia proferida el veintiséis (26) de
marzo de dos mil nueve (2009) por la Subsección “B”, Sección Segunda del Consejo de Estado. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Número de Radicación: 25000-23-25-000-2006-05328-01(1166-08).
En esa ocasión, el Consejo de Estado se pronunció sobre un caso en el cual un
docente del Distrito Capital, vinculado en 1974 y a quien se le había
reconocido la pensión de invalidez en 2001, había demandado a CAJANAL por no
reconocerle y pagarle  la pensión de gracia, bajo el argumento de que sólo
existía compatibilidad entre esta última y la pensión de jubilación. El Alto
Tribunal arguyó que se tratan de regímenes diferentes que no son excluyentes,
por lo que confirmó la sentencia que había concedido las pretensiones del
maestro.
[86] Literal “A”, numeral 2º, artículo 15, Ley 91
de 1989.
[87] Subsección “A”, Sección Segunda del Consejo de Estado, op.
Cit.
[88] El artículo 17 de la mencionada Ley dispuso que “(…) deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias”.
[89] A dicha causa le correspondió el número
de radicación T-1.576.340 y el rango estudiado por la mentada Sala de Selección
comprendió los expedientes radicados entre los números T-1.570.757 y
T-1.579.656.
[90] Al respecto, se pueden consultar las sentencias SU-540/07, T-601/08, T-748/08 y T-557/10.
[91] EXPEDIENTE T-1576340 de Marzo 14 de 2007. Cuaderno B, Folio 58.
[92] Los Abogados Andrés Felipe Mahecha Reyes, Alieth Sánchez Ibata y
Luís Bernardo Gutiérrez Olaya, tienen otorgados los poderes de la totalidad de
los peticionarios, sustituyéndolos posteriormente, solo en algunos casos, a
LUIS CARLOS MACÍAS QUINTERO. Así, los peticionarios Rosa Omaira Cifuentes de
Sanabria, María Omaira Lobo Rojas, Sara López Carrillo, Ana Matilde Grimaldo
Sánchez, Ricardo Augusto Mateus Ferreira, María Dora Díaz de Peñaloza,
Floridalba Chavez de Nova, Francisco Antonio Tarazona Fernández y Pedro Enrique
Sierra Prada, a pesar de haber otorgado el poder a los primeros abogados, no se
encuentran debidamente representados por el señor LUIS CARLOS MACÍAS QUINTERO,
al no hallarse sustitución de poder alguna frente a ellos dentro del
expediente. La señora Rosalba de las Nieves Camacho Caicedo, por el contrario,
a pesar de haber conferido poder al abogado Luís Bernardo Gutiérrez Olaya,
presenta sustitución de poder a favor de LUIS CARLOS MACÍAS QUINTERO, empero,
Andrés Felipe Mahecha Reyes, a pesar de no contar con poder otorgado por esta
última actora, también sustituyó poder a nombre de ella al abogado previamente
mencionado.
[93] Ver pie de página 7, donde se hace un
recuento detallado de los hechos que dieron lugar a esa providencia.
[i] No
es claro si la vinculación a esta institución corresponde a la que se presenta
en la fila inmediatamente anterior, que carece de especificidad en la institución.
Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarlas de manera independiente.
[ii] El
folio 134, presenta inconvenientes en cuanto a su organización. Se encuentra
entre los folios 123 y 124 del cuaderno B.
[iii] No es
claro si la vinculación a esta institución corresponde a la que se presenta en
la primera fila, que carece de especificidad en la institución. Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarlas de manera independiente.
[iv] No es
claro si la vinculación a esta institución corresponde a la que se presenta en
la primera fila, que carece de especificidad en la institución. Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarlas de manera independiente.
[v] No es claro si la
vinculación a esta última institución corresponde también a aquella señalada en
la segunda fila. Ante la falta de claridad, se optó por presentarlas de manera
independiente.
[vi] No
es claro si la vinculación a esta institución corresponde a la que se presenta
en la fila inmediatamente superior, que aparece sin especificidad en la
institución. Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarlas  de manera
independiente.
[vii] En el folio
403 del cuaderno “B” aparece la vinculación hasta el día 29 de febrero de 2004,
mientras que en el folio 402 del mismo cuaderno aparece que tal vinculación fue
hasta el 24 de febrero del mismo año.
[viii] No
es claro si la vinculación a esta institución tiene identidad con la que se
presenta en la parte inmediatamente superior, que aparece sin especificidad en
la institución. Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarlas de manera
independiente
[ix] El
expediente no contiene las páginas número 1 y 2 de la Resolución aportada, evidente al notar que las hojas correspondientes fueron omitidas al
momento de numerar los folios.
[x]  De la Resolución aportada hace falta el folio 651.
[xi]
Errónea numeración de los folios. Corresponde el número 654.
[xii]
Labora no sólo tiempos como docente sino que, por un periodo de tiempo, hace
parte del sector administrativo (Cuaderno C, Folio 675).
[xiii] Peticionario
del cual no aparece dentro del expediente elemento probatorio alguno, que
permita establecer su situación dentro del proceso.
[xiv] Afirma
CAJANAL, al respecto, que “el certificado aportado no indica el tipo de
nombramiento y además no fue expedido por el ente competente” (Cuaderno C,
Folio 524).
[xv] No
es claro si la vinculación a esta institución corresponde a la que se presenta
en la fila inmediatamente superior, que aparece sin especificidad en la
institución. Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarlas de manera
independiente.
[xvi]
Dentro de los elementos aportados, frente al tiempo de labor y respecto al
momento de finalización del mismo, se incluye la expresión “a la fecha”, siendo
insuficiente la información para estimar el tiempo aproximado de servicio.
[xvii] Como
fecha inicial de la vinculación se registra la fecha de la resolución de
nombramiento en el cargo, mencionada en la resolución 2835  de CAJANAL que
resuelve recurso de apelación interpuesto por el peticionario (Cuaderno B,
Folio 108).
[xviii] Como
fecha inicial de la vinculación se registra la fecha de la resolución de
nombramiento en el cargo, mencionada en la resolución 2835  de CAJANAL que
resuelve recurso de apelación interpuesto por el peticionario (Cuaderno B,
Folio 108).
[xix] Dentro
de los elementos aportados, frente al tiempo de labor y respecto al momento de
finalización del mismo, se incluye la expresión “hasta la fecha”, siendo
insuficiente la información para estimar el tiempo aproximado de servicio.
[xx]
Información extraída de una de las resoluciones aportadas, a falta de la copia
de la cédula de ciudadanía.
[xxi] No
es claro si la vinculación al MEN conserva identidad con alguna de las que se
presentan en las filas superiores. Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarla de manera independiente.
[xxii]
Existe un error en la resolución, pues el día de nacimiento que registra no
coincide con el de la cédula de ciudadanía.
[xxiii] No
es claro si esta vinculación guarda identidad con la que se presenta en la
parte inmediatamente superior. Ante la FALTA DE CLARIDAD se opta por presentarlas de manera independie.
[xxiv] El
folio 95 se encuentra fuera del orden correspondiente. Está
ubicado en el cuaderno B entre los folios 97 y 98.
[xxv]  El
folio 234 se encuentra fuera del orden correspondiente. Está ubicado en el
cuaderno B entre los folios 227 y 228.