T-315-16
Sentencia
T-315/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO-Configuración
Este Tribunal
Constitucional ha identificado la configuración de este defecto en diversas
hipótesis, en relación con las cuales cabe destacar las siguientes, cuando (i)
la norma que debería aplicarse al caso es inadvertida por el juez o simplemente
no la tiene en cuenta; (ii) el funcionario judicial funda su decisión en una
norma evidentemente inaplicable al caso bajo estudio, bien sea, porque está
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, o ha sido declarada inexequible, o, resultando claramente
inconstitucional, el juez no dejó de aplicarla en ejercicio del control de
constitucionalidad difuso o, a pesar de estar vigente y ser
constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó;
(iii) el juez desconoce las sentencias con efectos erga omnes y,
finalmente; (iv) “(…) la aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente
de una disposición normativa, es inaceptable por ser producto de una
hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.”
DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION
ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis en las cuales puede incurrir la autoridad judicial
JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Función jurisdiccional
JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Labor constitucional, según ley 1448 de
2011
Los altos valores jurídicos que se defienden en el
proceso de restitución, se proyectan directamente sobre la labor de los jueces
de tierras y sus amplísimas facultades dentro del mismo como un trámite
integral, que no sólo pretende definir la relación jurídica existente entre el
reclamante y su predio sino que además, está tras la búsqueda proporcional de
alivios materiales a las violaciones de derechos fundamentales particularmente
intensas que ocurren como consecuencia del desarraigo y la indignidad ocurrida
por efecto del desplazamiento forzado. Los jueces de restitución no son en estricto sentido sólo jueces de
tierras. En el marco de una visión teleológica e integral del proceso, tienen
la responsabilidad de ajustar sus actuaciones al “(…) objetivo primordial de
conseguir la reconciliación y la paz duradera y estable” que, con independencia
del esclarecimiento de la titularidad jurídica del predio restituido, debe
involucrar también aquellas intervenciones que siendo visibles en el proceso
pueden comprometer otras vulneraciones distintas de derechos fundamentales a
las alegadas por las víctimas solicitantes y que, de no gestionarse
adecuadamente, imposibilitarían el cumplimiento de los propósitos
transicionales de restitución.
ACCION DE RESTITUCION DE TIERRAS-Naturaleza
PROCESO DE RESTITUCION DE TIERRAS-Etapas administrativa y judicial
SEGUNDOS OCUPANTES-Fenómeno social y procesal no contemplado
expresamente en la ley 1448 de 2011
SEGUNDOS OCUPANTES-Importancia de generar políticas y
soluciones judiciales para garantizar sus derechos constitucionales y la
restitución efectiva
SEGUNDOS OCUPANTES-Definición según los Principios Pinheiro
JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Protección derechos de los segundos
ocupantes, según los Principios Pinheiro
SEGUNDOS OCUPANTES EN PROCESOS DE JUSTICIA
TRANSICIONAL EN EL MARCO DE LA RESTITUCION DE TIERRAS-Aplicación de los Principios Pinheiro
CONCEPTO DE “OPOSITOR” Y “SEGUNDO
OCUPANTE”-No son sinónimos
Segundos ocupantes y opositores, tienden a confundirse
a nivel procesal lo que, en últimas, invisibiliza la situación de los primeros.
Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre ambos, pues mientras el
opositor reivindica la titularidad del bien objeto de restitución y lo disputa
con el solicitante durante el proceso alegando mejor derecho; el segundo
ocupante, por su parte, encarna la situación fáctica y jurídica de quien habita
o deriva de aquél bien inmueble, sus medios de subsistencia.
JUEZ DE RESTITUCION DE TIERRAS-Deberá utilizar criterios y herramientas
del orden interno e internacional para establecer el respectivo estándar
probatorio de buena fe o buena fe exenta de culpa exigible a los segundos
ocupantes al momento de considerar su petición
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
defecto sustantivo por interpretación irrazonable y por inadvertencia de la
norma a aplicar, esto es artículo 102 de la ley 1448/11 respecto a solicitud de
segundo ocupante
Referencia: expediente
T-5.316.863
Acción de tutela instaurada por Candelaria del Socorro
Meza Martínez y Carmelo de Jesús González de la Rosa contra la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena y como vinculados la Unidad Administrativa Especial de
Restitución de Tierras Despojadas, el señor Pablo Segundo González de la Rosa y
la señora Ruth Medina Estrada.[1]
Magistrado Sustanciador:
Luis Guillermo Guerrero Pérez
Bogotá,
D.C., veinte (20) de junio de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia el 31 de agosto de 2015 y, en segunda instancia, por la Sala de
Casación Laboral de la misma corporación el 18 de noviembre del año en curso, dentro
de la acción de tutela promovida por Candelaria del Socorro Meza Martínez y
Carmelo de Jesús González de la Rosa contra la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena[2] y como
vinculados la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras
Despojadas[3],
el señor Pablo Segundo González de la Rosa y la señora Ruth Medina Estrada.[4]
I. ANTECEDENTES
El 14 de agosto de 2015,[5]
los señores Candelaria del Socorro Meza Martínez y Carmelo de Jesús González de
la Rosa presentaron acción de tutela
contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al
considerar que la decisión de dicha autoridad de negar la solicitud de
modulación de la sentencia en el proceso de restitución de tierras que los
involucraba, adoptada mediante auto del 9 de julio de 2015, vulneraba sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, al trabajo y a la vivienda digna.
1.1.
Hechos relevantes
Antecedentes relacionados con la solicitud de
restitución, la oposición y otras etapas procesales anteriores a la sentencia.
a) El 4 de
diciembre de 2012, la Unidad de Restitución, en nombre del señor Pablo Segundo
González de la Rosa, inscrito en el Registro Único de Víctimas[6] y en el Registro de
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente[7],
presentó solicitud de restitución y formalización de Tierras Despojadas sobre
la Parcela No. 2 del predio “Capitolio” ubicado en el Corregimiento de Canutal,
Municipio de Ovejas, Departamento de Sucre,[8]
la cual correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo del mismo departamento.[9]
b) Esta parcela, le había sido adjudicada al solicitante, inicialmente, mediante
Resolución No. 00404 del 2 de junio de 1980, por el extinto Instituto
Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) en la modalidad común y
proindiviso.[10]
Dicha adjudicación nunca fue registrada en la oficina de instrumentos públicos
correspondiente.
c) De
acuerdo con la solicitud, en los corregimientos de Flor del Monte, Rafael, Canutal
y Chengue del municipio de Ovejas se presentaron fuertes enfrentamientos entre
grupos de defensa privada como las AUC y guerillas como las FARC,[11] motivo por
el que desde la segunda mitad de la década de los años 90, como consecuencia de
las formas que adoptó la violencia reflejadas en masacres, se produjo un
incremento en el desplazamiento forzado del campesinado de Ovejas, que se
extendería por los años siguientes.[12]
d) Asimismo,
en su petición de restitución en favor del señor González de la Rosa, la Unidad
señaló que “(…) los solicitantes dentro del procedimiento administrativo de
restitución de tierras del predio “Capitolio” en el corregimiento de Canutal,
vivieron bajo el fuego cruzado por las diferentes guerrillas que hicieron
presencia en la zona y de las disputas territoriales entre estas y los grupos
de paramilitares que florecieron por la ausencia del Estado y una nula
gobernabilidad.” Igualmente, indicó que “(…) [l]a informalidad en los
derechos de propiedad e[ra] una de las constantes de los solicitantes de este
predio, quienes [por ejemplo] recibieron títulos de adjudicación por parte del
INCORA/INCODER que no fueron registrados en las Oficinas de Instrumentos
Públicos; [o padecieron] la mora en los créditos productivos otorgados por la
extinta Caja Agraria (…) [siendo] el pago de la deuda por la tierra [un] motivo
para negociarla, antes que perderlo todo [como le pudo haber ocurrido al señor
Pablo Segundo González de la Rosa].[13]
[Asimismo, explicaron que] la devaluación de la tierra por el contexto de
violencia en la zona [también había generado] el aprovechamiento de la
situación desventajosa en que se encontraban los labriegos (…) por  (…) personas
ganaderas y latifundistas, [quienes proponían] la compra de las parcelas de Capitolio,
a precios irrisorios.”[14]
e) En dicho
contexto, en 1992, el señor Pablo González de la Rosa, en compañía de su grupo
familiar, abandonó el predio adjudicado y se desplazó al municipio de Caucasia
-Antioquia-, debido al temor generado por los hechos de violencia que se
estaban presentado en la zona.
f) Mediante
Acta del 30 de septiembre de 1993, como consecuencia del abandono del predio,
el Comité de Selección del extinto INCORA revocó la Resolución No. 00404 del 2
de junio de 1980 al señor González de la Rosa y, en su lugar, adjudicó la
parcela No. 2 a la señora Candelaria Meza Martínez, esposa del señor Carmelo de
Jesús González de la Rosa, hermano del adjudicatario inicial y solicitante en
el proceso de restitución.
g) Posteriormente,
mediante Resolución 00029 del 14 de febrero de 2003, el extinto INCORA
readjudicó la parcela referenciada al señor Pablo Segundo González de la Rosa
en la modalidad de Unidad Agrícola Familiar, la cual fue registrada en la
Oficina de Instrumentos Públicos de Corozal -Sucre-. Ese mismo año, el nuevo
adjudicatario transfirió la propiedad del predio a la señora Candelaria Meza
Martínez, mediante contrato de compraventa elevado a escritura pública en la
Notaria Única de San Pedro -Sucre-, misma que fue registrada en la Oficina ya
referida del municipio de Corozal. Frente a este último negocio, el señor Pablo
González de la Rosa manifestó haber sido engañado por funcionarios del INCORA y
miembros de su núcleo familiar para la firma de un documento en relación con el
cual no sabía que se tratara de una escritura pública de compraventa de la
parcela.
h) La señora Candelaria Meza Martínez se presentó como
opositora en el proceso que formuló la Unidad de Restitución de Tierras
Despojadas- Dirección Territorial Sucre- en nombre y a favor del señor Pablo
Segundo González de la Rosa sobre el predio “Capitolio” Parcela 2. En el
escrito, la opositora señaló que el solicitante se desplazó voluntaria y
libremente del predio, tanto que las demás personas que habitaban las parcelas
contiguas no abandonaron la zona, “(…) sólo los que eran nervioso[s] se
iban”. Asimismo, precisa que el señor González de la Rosa le vendió el predio
con pleno conocimiento de lo que hacía, agregando que dicho negocio fue
asesorado por funcionarios del extinto INCORA.[15] Finalmente, asegura que desde
hace muchos años, tanto ella como su esposo, el señor Carmelo de Jesús González
de la Rosa, vienen en posesión pública, tranquila y con el ánimo de señores y
dueños del predio en cuestión.
i) Mediante auto del 25 de febrero de 2013 se admitió la
oposición y el Juzgado ordenó el decreto de testimonios a terceros,
interrogatorios de parte, inspecciones judiciales y oficios a diversas
entidades. Asimismo, mediante auto del 5 de marzo de 2013, se decretó otra
prueba testimonial a solicitud de la parte opositora. La práctica y recaudo de
las pruebas se efectuó en los meses siguientes[16] y, en virtud del inciso 3º del
artículo 79 de la Ley 1448 de 2011,[17]
se remitió el proceso a la Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del
Distrito Judicial correspondiente.[18]
Antecedentes en relación con la sentencia de
restitución y su cumplimiento.
i)  Mediante sentencia del 18 de julio de 2013, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena- Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras- ordenó la protección del derecho a la restitución de
tierras despojadas a favor de los señores Pablo Segundo González de la Rosa y,
su compañera permanente, Ruth Medina Estrada. En efecto, (i.i.) de
acuerdo con la carga probatoria superior que tiene el opositor dentro del
proceso de restitución según el artículo 78 de la Ley 1448 de 2011,[19]
la Sala calificó como insuficientes los elementos que presentó la señora Meza
Martínez con el fin de desvirtuar la calidad de propietario inicial del
solicitante y su posterior condición como desplazado por la violencia del
predio en cuestión. Asimismo, señaló que la opositora conocía plenamente los
brotes de violencia que existían en la zona y que afectaban a su población,
tanto, que no pudo controvertir, con un respaldo probatorio real, la condición de
víctimas por desplazamiento forzado que ostentaban el señor González de la Rosa
y su familia. En ese sentido, el Tribunal concluyó que, “(…) aceptada la
condición de víctima del demandante, se activa[ba] la presunción que consagra
el artículo 77 de la Ley 1448, esto es, la contenida en el numeral 2 literal A,[20]
presumiéndose entonces que para el momento del supuesto acuerdo [compraventa
del año 2003] no hubo consentimiento de parte del vendedor [Pablo Segundo
González de la Rosa], debido a las circunstancias de violencia general y
particular que rodearon la venta y que debía conocer la compradora [Candelaria
Meza Martínez] como habitante del sector (…)”. En relación con la oposición
presentada por la señora Candelaria del
Socorro Meza Martínez, (i.ii) el Tribunal no aceptó los fundamentos de
la misma, como quiera que no logró probar su buena fe exenta de culpa al
momento de realizar el negocio jurídico de compraventa en 2003 con el señor
Pablo Segundo González de la Rosa. Para sustentar tal decisión, reiteró el
asunto sobre el conocimiento pleno de la opositora en relación con el contexto
de violencia que prevalecía en la zona y, de acuerdo con el Principio Pinheiro
17.4,[21]
concluyó que “(…) la gravedad del desplazamiento que [había originado] el
abandono de[l] [bien] [entrañaba] una notificación implícita de la ilegalidad
de su adquisición, lo cual excluía en tal caso la formación de derechos de
buena fe sobre [predio objeto de litigio].”[22]
j) El 31 de
julio de 2013, la Unidad solicitó la adición de la sentencia frente a unas órdenes
complementarias de proyectos productivos, la actualización de bases de datos en
el IGAC y la corrección de la ubicación del predio puesto que en la sentencia
se indicó que estaba en el corregimiento de Cambimba cuando la parcela objeto
de litigio se ubicaba en el corregimiento de Canutal, Municipio de Ovejas.[23] El Tribunal,
mediante auto del 12 de septiembre de 2013, accedió a dichas peticiones de
adición y corrección.[24]
k) Mediante
autos del 14 de enero,[25]
del 17 de julio,[26]
y del 22 de agosto de 2014,[27]
el Tribunal continuó con el seguimiento del cumplimiento de las órdenes
emitidas en la sentencia de restitución.
l) El 18 de
diciembre de 2014, la unidad informó al Tribunal que la entrega de las parcelas
en restitución especificamente ubicadas en el predio “Capitolio” “no
ha[bían] llegado a feliz término por acción de las personas que [habían
actuado] como opositores dentro del trámite judicial, [puesto que estas últimas
estaban] impedi[endo] el uso del bien por parte de la víctima restituida en
aquellos casos donde, [inclusive], exist[ía] un acta formal de entrega.” Asimismo,
señaló que para tal momento, a través del Acuerdo 018 de 2014, ya había sido “(…)
creado el “Programa de Medidas de Atención a los Segundos Ocupantes en la
acción de Restitución” [sistema] que contemplaba que los jueces de restitución
de tierras, [en orden a garantizar los derechos de los segundos ocupantes]
pudieran decidir un conjunto de medidas [dirigidas a esta población] una vez la
UAEGRTD h[ubiera] hecho [su respectiva] caracterización.” En ese orden de
ideas, indicó que en el caso del señor Pablo Segundo González existía un
segundo ocupante, la señora Candelaria del Socorro Meza Martínez que, a su
juicio, debía ser considerada como tal dentro del proceso.[28] Luego de esta
exposición, solicitaron al Tribunal la concesión de un tiempo de espera para la
materialización del programa de medidas de atención a los segundos ocupantes así
como para la reanudación de las diligencias de entrega material del predio
“Capitolio”.
m) Mediante
auto del 24 de marzo de 2015,[29]
el Tribunal negó la solicitud de la Unidad frente al tiempo de espera en la
reanudación de las diligencias de entrega como quiera que, de conformidad con
la sentencia C- 795 de 2014, la entrega del predio a los solicitantes
restituidos no estaba “supeditada a ningún condicionamiento, dado que [de,
ser así], podía prolongarse el sufrimiento de las víctimas”. Frente a la
petición de los segundos ocupantes, precisó que, en aplicación del “(…) [numeral
17.3 de] los Principios Pinheiros, la Unidad Administrativa de Restitución de
Tierras [tenía] que tomar las medidas que estim[ara] pertinentes, en asocio con
[otras] entidades competentes del Estado, para adelantar todas las gestiones
necesarias encaminadas [a] superar [la] situación de amenaza o vulnerabilidad (…)
del segundo ocupante y su núcleo familiar.”
n) Posteriormente,
mediante informe enviado al Tribunal accionado el 27 de marzo de 2015, la
Unidad de Restitución de Tierras reiteró que, de acuerdo con una caracterización
socio-económica y jurídica de su familia,[30]
la señora Candelaria del Socorro Meza Martínez sí tenía la calidad de segundo
ocupante[31]
y, en ese sentido, podía ser beneficiaria de las medidas de atención
contempladas para tal población sólo si un juez de la república así lo ordenaba,
de conformidad con el Acuerdo 021 de 2015.[32]
Detalló que la accionante no habitaba el predio pero que, junto a su núcleo
familiar, realizaban actividades de ganadería en mediana extensión y que apenas
estaban “(…) preparando la tierra para la siembra de cultivos varios (maíz,
yuca y ñame) en la parcela solicitada en restitución.” Asimismo, indicó que
los accionantes eran propietarios de dos parcelas más, contiguas al predio restituido,
denominadas “Camboya”, las cuales contaban con un gravamen hipotecario.
De acuerdo con la información recaudada, la Unidad concluyó que la economía de
la familia se sustentaba en la producción agropecuaria desarrollada en los
predios mencionados; que el señor Carmelo de Jesús González de la Rosa se
dedicaba a actividades ganaderas y de agricultura; mientras que la señora
Candelaria Meza Martínez se concentraba en labores del hogar y en la
comercialización de productos lácteos. Pese a su bajo puntaje en el Sisben, que
en principio les permitiría acceder al régimen subsidiado en salud, se comprobó
que los accionantes se encontraban afiliados al régimen contributivo.[33] Finalmente, se
agregó que ninguno se encontraba en situación de discapacidad.
o) El 15 de
abril de 2015, teniendo en cuenta el factor de competencia que conservan los
jueces de restitución según el artículo 102 de la Ley 1448 de 2011 y por
petición directa de los restituidos según acta del 20 de marzo de 2015[34], la Unidad
de Restitución solicitó al Tribunal Superior de Cartagena la compensación con
pago en dinero al señor Pablo González de la Rosa como una alternativa de
solución al cumplimiento de las órdenes de restitución jurídica y material
emitidas en la sentencia del 18 julio de 2013.  Lo anterior, se justificó en la
imposibilidad hasta dicho momento de efectuar la entrega de la parcela como
consecuencia de la problemática social generalizada en el predio “Capitolio”
respecto de personas que en su calidad de segundos ocupantes se resistían a
desalojar las parcelas de menor tamaño que ya habían sido restituidas. Explicó
que era “necesario aplicar alternativas de solución, para evitar la
prolongación de la conflictividad social que estos fallos de restitución [estaban]
genera[ndo] en la comunidad del predio Capitolio, con el fin de garantizar que
las víctimas del desplazamiento forzado retorn[aran] a sus parcelas en
condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad, o que se [pudiera]
garantizar la seguridad jurídica o material de los predios objeto de
restitución y la no repetición de los hechos victimizantes (…).” Con base
en lo anterior, la Unidad de Restitución solicitó al Tribunal la modulación de
las órdenes del fallo del 18 de julio de 2013 en el sentido de compensar la entrega
del predio restituido con un pago en dinero que debería ser invertido,
igualmente, en adquirir otro predio, con el acompañamiento y asesoría técnica
de un profesional de la misma Unidad.[35]
p) Considerando
la solicitud de compensación del demandante restituido (literal o) y la
petición de reconocimiento de segundo ocupante de la señora Meza Martínez (literal
n), mediante auto del 9 de julio de 2015,[36]
el Tribunal resolvió en conjunto. Sostuvo que la modulación de las sentencias
era una excepción a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, y que
sólo frente a situaciones que lo ameritaran era posible enervar los efectos de la
misma. En ese sentido, concluyó que la solicitud de compensación equivalente al
señor González de la Rosa debía desestimarse y, en su lugar, debía insistirse
en el desalojo de los ocupantes del predio restituido como medida idónea para
garantizar su retorno, motivo por el que requirió a la Unidad de Restitución con
el propósito de que, en articulación con la fuerza pública, empleara las
medidas de seguridad correspondientes. Igualmente, desestimó la otra solicitud,
señalando que la situación de la señora Meza Martínez ya había sido analizada y
resuelta en el momento procesal oportuno por vía de su calidad como opositora,
por lo que no había lugar a modular ningún pronunciamiento hecho en la
sentencia del 18 de julio de 2013, sin perjuicio de que la Unidad adelantara
los trámites pertinentes con el fin de incluir a la opositora vencida en los
programas previstos para segundos ocupantes.
q) Los
accionantes aseguraron que son campesinos “dedicad[os] a trabajar la tierra,
viv[en] de la agricultura, (…) ostent[an] la calidad [de] víctima[s] (…), [se]
encuentr[an] inscrit[os] en el RUV y también sufr[rieron] el miedo generalizado
que sintieron los campesinos que residían en la zona para esa época .”
r) El 28 de
julio de 2015, los accionantes presentaron un escrito solicitando al juez de
tutela “considerar el vínculo de consanguinidad y afinidad que los [unía]
con los señores reclamantes restituidos PABLO SEGUNDO GONZALEZ DE LA ROSA Y
RUTH MEDINA ESTRADA, por los cuales siempre [han] tenido un gran afecto como
familia que, a pesar del inconveniente surgido por el proceso en cuestión no se
ha deteriorado, pero si (sic) se ha visto afectado por cuanto [sus familias] se
[han distanciado]”. Asimismo, pidieron que se reconociera su calidad como
segundos ocupantes y “su buena fe exenta de culpa, dejando claro que nunca
[han] presionado, engañado [o] amenazado a los señores (…) mencionados ni al
momento de la venta del predio objeto de debate ni en el transcurso del proceso
de restitución del mismo (…)”
s)
Finalmente, reconocieron que en el predio denominado “Capitolio”, ubicado en el
Corregimiento de Canutal del Municipio de Ovejas, Departamento de Sucre, se
estaba presentando una “problemática social complicada [como quiera] que los
actuales (…) propietarios de los predios [de] que son objeto los fallos de
restitución (…) [son campesinos igual que ellos, y viven] de la agricultura,
(…) [requieren] la tierra para subsistir; (…) [son] de escasos recursos y (…)
no [tienen] para donde [irse] ante (…) eventuales desalojos.”
1.2.
Fundamentos de la violación
1.2.1. Los accionantes alegan que el Tribunal, al no
haberse pronunciado sobre su calidad como segundos ocupantes con el argumento
de que la etapa procesal correspondiente ya había precluido, incurría en un
defecto sustantivo, como quiera que realizaba una interpretación restrictiva
del artículo 102 de la Ley 1448 del 2011 al no emplear las amplias facultades
que este último otorga a los jueces de tierras en el sentido de introducir
modificaciones a las órdenes impartidas en la sentencia, cuando ello fuere
necesario. Asimismo, señalaron que la jurisprudencia constitucional autorizaba
una interpretación flexible del principio de cosa juzgada constitucional en el
sentido de que, si bien las sentencias no son revocables ni reformables por el
juez que las ha pronunciado, este canon no es absoluto, tal y como lo demuestra
el recurso extraordinario de revisión como figura procesal, o la misma
posibilidad de atacar, mediante acción de tutela, las providencias judiciales
que vulneren el debido proceso.
1.2.2. Finalmente, precisaron que el Tribunal
demandado tenía plena competencia para introducir modificaciones a las órdenes
impartidas en la sentencia puesto que, en materia de restitución de tierras y
reparación integral, el eje fundamental lo constituía la protección efectiva a
las víctimas del conflicto, población de la cual también hacían parte. En
efecto, explicaron que en aquellos casos en que el fallador omitiera los
deberes que le impone la Ley 1448 de 2011 o si las circunstancias fácticas hacían
imposible el cumplimiento de la providencia de restitución, debían ajustarse
las órdenes impartidas en la misma.
1.3.
Solicitud
1.3.1. De acuerdo con los hechos expuestos, los demandantes
solicitaron al juez constitucional ordenar a la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal demandado la modificación de la decisión
adoptada en el auto del 9 de julio de 2015, complementario de la sentencia de
restitución del 18 de julio de 2013, en el sentido de pronunciarse y reconocer
su calidad como segundos ocupantes y ordenar la medida de atención correspondiente
de conformidad con el Acuerdo 021 de 2015.
1.4. Contestación de la entidad accionada y los vinculados
1.4.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena- Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras-.[37]
1.4.1.1. Mediante respuesta del 19 de agosto de 2015,[38] la
magistrada ponente de la decisión cuestionada relató las actuaciones más
destacadas del proceso de restitución adelantado contra la señora Candelaria
del Socorro Meza Martínez y aportó una copia digital del respectivo expediente.
Asimismo, precisó que la negativa a la modificación de los efectos de la
sentencia, lejos de ser caprichosa, había obedecido a la salvaguarda de los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, indicando que el momento para pronunciarse
sobre la situación de la señora Candelaria Meza Martínez ya había sido superado,
conservándose aún la competencia para la materialización de las ordenes
emitidas en la sentencia, no para modificación como erradamente se había
interpretado. A su juicio, en el caso expuesto por la unidad y la accionante no
se advertía una situación que tuviera la entidad de enervar los efectos de la
sentencia proferida; por el contrario, tales circunstancias habían sido
previstas por el legislador en la ley 1448 de 2011 y ya habían sido resueltas. Agrega
que la accionante había contado con las garantías que ofrecía el proceso de restitución
de tierras previsto en dicha ley, tanto así que había ejercido sus derechos de
defensa y contradicción debidamente.
1.4.2. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER-.[39]
1.4.2.1. Mediante respuesta del 21 de agosto de 2015,
el Coordinador de Representación Judicial del INCODER solicitó declarar
improcedente la acción de tutela por ausencia de subsidiariedad como quiera que
los peticionarios se encontraban tramitando una nueva solicitud ante el
Tribunal en idéntico sentido a la que naturalizaba esta acción de tutela. En
todo caso, advirtió que de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 sí sería procedente
dar un vistazo especial a la situación planteada por los tutelantes y examinar
si correspondía o no la aplicación del Decreto 021 de 2015 en tanto no se
podían dejar de lado los derechos de los segundos ocupantes que no había
logrado demostrar su buena fe exenta de culpa pero que tampoco se les había
demostrado que fueran causantes o promotores del despojo.
1.4.3. Unidad Administrativa Especial para la
Restitución de Tierras Despojadas y Abandonadas.[40]
1.4.3.1. Mediante respuesta del 24 de agosto de 2015,
la Directora Territorial de la Unidad de Restitución de Sucre, precisó que la
Ley 1448 de 2011, como medida preferente de derecho a la reparación integral,
previó la restitución jurídica y material de tierras a favor de propietarios,
poseedores y ocupantes que se habían visto privados arbitrariamente de sus
derechos con ocasión del conflicto armado. Igualmente, contempló la posibilidad
de compensación para aquellos opositores que demostraran dentro del proceso de
restitución su  buena exenta de culpa. Sin embargo, precisa que, dentro del desarrollo
de algunos procesos solo es posible establecer en el opositor buena fe simple,
situación que no es contemplada por la Ley 1448 de 2011 y que, en principio,
dejaría sin protección a estas personas, como segundos ocupantes. En todo caso,
señaló que los jueces de restitución, en virtud de su autonomía judicial, y
actualmente, con el Acuerdo 021 de 2015 bien podían ordenar a favor de aquellas
personas medidas de atención y protección.
1.4.3.2. Agregó que si bien dicho Acuerdo había sido
la respuesta a situaciones no reguladas por la Ley 1448 de 2011, estaba en
total consonancia con los propósitos de reparación integral de la misma y su
régimen transicional y, de hecho, tenía sus cimientos en normas internacionales
sobre derechos humanos de la población desplazada en el marco de conflictos
armados, como los principios Pinheiro, específicamente el contemplado por el
numeral 17.3.[41]
Así, explicó que el Acuerdo 021 de 2015 tenía como objetivo otorgar tierras o
proyectos productivos, así como gestionar la priorización del acceso a
programas de subsidio de vivienda o formalización de la propiedad rural, según
fuera el caso, a quienes se encontraran en el predio objeto de restitución, y
hubiesen sido reconocidos como segundos ocupantes en las providencias
proferidas por Jueces y Magistrados.
1.4.3.3. Por otra parte, explica que, de conformidad
con el Acuerdo, la existencia de una orden judicial que disponga expresamente
la medida de atención a favor de alguien a quien se defina como segundo
ocupante es un requisito fundamental para que la Unidad de Restitución de
Tierras active su procedimiento. Por este motivo, señala que dado que ya se
efectuó la caracterización de la señora Candelaria Meza Martínez y su familia,
la Unidad de Restitución podría prestar todas las medidas de atención y
protección para los accionantes, siempre que el Tribunal emita la orden
correspondiente, pues, de lo contrario, carecería de toda competencia para
actuar por iniciativa en dicho caso.
1.5. Decisiones objeto de revisión
1.5.1. Sentencia de primera instancia.[42]
1.5.1.1. Mediante sentencia del 31 de agosto de 2015, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, resolvió negar el
amparo solicitado, como quiera que la decisión del Tribunal de no enervar los
efectos de la sentencia del 18 de julio de 2013 y, por esa vía, de no generar
una excepción al principio de cosa juzgada, estaba completamente justificada en
el mantenimiento de la seguridad jurídica del sistema y en la solución en
derecho e integral para las víctimas que se había fijado en la sentencia del
año 2013. En suma, indicó que a la determinación del 9 de abril de 2015 no
podía atribuírsele un defecto fáctico o sustancial, toda vez que se trataba de
una decisión amparada en una hermenéutica jurídica respetable que el simple
descontento de los acciones no podía descalificar.
1.5.1.2. Finalmente, uno de los integrantes de la Sala
aclaró su voto,[43]
precisando que la Sala debía hacer énfasis en que el Tribunal, en su decisión
del 9 de abril de 2015, había conminado a la Unidad de Restitución para que
adoptara las medidas necesarias en procura del efectivo ejercicio de los
derechos de la señora Candelaria Meza Martínez y su familia como opositor de
buena fe simple, incluyéndolo, si lo consideraba procedente, en los programas
previstos para segundos ocupantes. Agregó que tal exhorto, era la muestra clara
de que el Tribunal también había contemplado una vía para salvaguardar los derechos
de los accionantes.
1.5.2. Impugnación
Mediante escrito radicado el 10 de octubre de 2015,
los accionantes presentaron su inconformidad con la decisión de primera
instancia invocando, básicamente, los mismos argumentos del amparo constitucional.
1.5.3. Sentencia de segunda instancia[44]
Asignada la impugnación a la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, a través de providencia del 18 de noviembre de
2015 el organismo colegiado resolvió confirmar la decisión del a quo, advirtiendo
que, contrario a los planteamientos de los accionantes, la decisión del 9 de
abril de 2015 sí había resuelto de fondo sus pretensiones, negando la
modulación o adición de la sentencia. Y que muy a pesar de que no había
accedido a las mismas, sí había instado a la Unidad de Restitución para que
adoptara las medidas procedentes y pertinentes con el fin de brindar atención a
la opositora y a su familia sí los consideraba como segundos ocupantes.
2. Actuaciones surtidas en sede de revisión
2.1. Documentos e información allegada
2.1.1. Una vez el despacho conoció del expediente,
advirtió que en el mismo no obraba el proceso de restitución de tierras formulado por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas- Dirección Territorial
Sucre- en nombre y a favor del señor Pablo Segundo González de la Rosa sobre el
predio “Capitolio” Parcela 2, Corregimiento Canutal- jurisdicción del municipio
de Ovejas, Sucre. Tampoco estaba el informe enviado por dicha Unidad al
Tribunal accionado con motivo del estudio de la situación socioeconómica y
jurídica de la señora Candelaria del Socorro Meza Martínez ni la de su núcleo
familiar. Debido a lo anterior, el despacho del Magistrado Sustanciador
resolvió, mediante auto del 29 de abril de 2016, solicitar la información
pertinente.[45]
2.1.2. Mediante oficios del 18 de mayo y del 3 de
junio de 2016, la Secretaría de esta Corporación envió al despacho sustanciador
la respectiva información remitida por la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
y la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas –Seccional
Sucre-.[46]
2.1.3. Una vez recibido el expediente y los demás
documentos, este despacho resolvió incorporar la información que allí reposaba
directamente al capítulo de antecedentes fácticos de esta providencia para
facilitar la comprensión integral del caso. Por tal motivo, en este apartado no
se duplicará la exposición ya hecha.
II. CONSIDERACIONES y fundamentos
1.
Competencia
Esta Sala es competente para revisar la decisión proferida
dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241 numeral 9° de la Constitución Política.
2.
Planteamiento del caso,
problema jurídico y esquema de resolución.
2.1. En el asunto sometido a revisión, la señora Candelaria del
Socorro Meza Martínez y su esposo, Carmelo de Jesús González de la Rosa,
presentaron acción de tutela contra la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de
Cartagena, como quiera que, a su juicio, el auto
del 9 de julio de 2015, en el que dicha autoridad resolvió desestimar su
solicitud de reconocimiento como segundos ocupantes y encauzarla por la vía de
una oposición previamente analizada y rechazada dentro del proceso de
restitución, vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, al trabajo y a la vivienda digna.
La señora Candelaria del Socorro Meza Martínez se
presentó como opositora en el proceso de restitución iniciado por la Unidad de
Restitución de Tierras en nombre y a favor del señor Pablo Segundo González de
la Rosa en relación con la parcela No. 2 del predio “Capitolio”. Sin embargo, mediante sentencia del 18 de julio de 2013, dicha
oposición no prosperó como quiera que la ahora accionante no cumplió con la
carga de la prueba exigida por el artículo 78 de
la Ley 1448 de 2011,[47]
ni tampoco logró acreditar su buena fe exenta de culpa al momento de
realizar el negocio jurídico de compraventa en 2003 con el reclamante del
predio y, por el contrario, permitió que se
activara la presunción en su contra que consagra el artículo 77 de la misma
ley,[48]
indicativa de un vicio por ausencia de consentimiento de parte del vendedor,
debido a las circunstancias de violencia general y particular que rodearon la
celebración del contrato y que eran de pleno conocimiento de la señora Meza
Martínez, la compradora. Este último razonamiento también fue sustentado por el
Tribunal,  en los Principios Pinheiro, específicamente el contenido en
el numeral 17.4,[49]
en relación con el cual concluyó que “(…) la gravedad del desplazamiento que
[había originado] el abandono de[l] [bien] [entrañaba] una notificación
implícita de la ilegalidad de [la] adquisición [para su compradora], lo cual
excluía en tal caso la formación de derechos de buena fe sobre [el predio
objeto de litigio].” [50]
Si bien en el momento en que se dictó la sentencia no
existía aún ninguna clase de reglamentación específica sobre segundos
ocupantes, o similares, el 18 de diciembre de 2014, luego de expedido el
Acuerdo 018 de 2014, mediante el cual se “adopta[ron] y se defin[ieron] los
lineamientos para la ejecución del Programa de Medidas de Atención a los
Segundos Ocupantes en la Acción de Restitución”, la Unidad le advirtió al
Tribunal que, en el caso de Pablo Segundo González de la Rosa, la señora Candelaria
del Socorro Meza Martínez tenía el perfil de un segundo ocupante, motivo por el
que era conveniente analizar su caso y, previa una decisión judicial que era lo
que exigía la nueva normatividad, ordenar las medidas de atención respectivas.
Sin embargo, el Tribunal, citando nuevamente los Principios Pinheiro, numeral
17.3, desestimó la solicitud y aseguró que era “(…) la Unidad Administrativa
de Restitución de Tierras [la tenía] que tomar las medidas (…) pertinentes, en
asocio con [otras] entidades competentes del Estado, [para asegurar que la]
situación de amenaza o vulnerabilidad (…) del segundo ocupante y su núcleo
familiar [se superara].”
Con motivo de la expedición del Acuerdo 021 de 2015, una
nueva regulación sobre segundos ocupantes derogatoria de la de 2014, la Unidad
de Restitución le reiteró al Tribunal que, de acuerdo con una caracterización
socio-económica y jurídica de su familia, la señora Candelaria del Socorro Meza
Martínez ostentaba elementos identitarios de un segundo ocupante y, en ese
sentido, debía modularse la sentencia del 18 de julio de 2013, incluyéndosele
como beneficiaria de las medidas de atención contempladas para tal población,
las cuales sólo podían ser ordenadas por el juez de restitución de conformidad
con el Acuerdo de 2015 ya mencionado.
La respuesta a tal solicitud, la emitió el Tribunal
mediante el auto complementario a la providencia del 18 de julio de 2013 que hoy
se ataca por vía constitucional, advirtiendo que sólo frente a situaciones que
lo ameritaran era posible enervar los efectos de una sentencia de conformidad
con los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. En efecto, señaló que
este escenario no tenía lugar en caso concreto, puesto que el reconocimiento
como segundo ocupante de la señora Meza Martínez no era una materia lo
suficientemente robusta como para entrar a modificar o adicionar la sentencia
de restitución, entre otras cosas, porque la administración de justicia ya le
había dado una respuesta de fondo en relación con su interés en el pleito como
opositora, razón para considerar que sus alegaciones como segundo ocupante
debían ser tramitadas por vía de la Unidad de Restitución y conminó a esta
última en tal sentido.
No obstante, tanto en la acción de tutela como en sus
intervenciones durante el trámite, los demandantes sugirieron que el Tribunal
había incurrido en un defecto sustantivo, al haber realizado una interpretación
esencialmente restrictiva del artículo 102 de la Ley 1448 del 2011 que le
permitía al juez de restitución el uso de amplias facultades para introducir
modificaciones a las órdenes impartidas en la sentencia. Por otro lado, pese a
no haber adoptado una posición clara frente a la concesión o no del amparo, la
Unidad de Restitución de Tierras precisó que la orden del Tribunal para que se
le prestara la atención como segundo ocupante a la señora Meza Martínez y se le
incluyera en los respectivos programas simplemente carecía de viabilidad,
puesto que, de conformidad con la regulación de protección a dicha población,
ello sólo era posible siempre que mediara la orden de un juez, situación que no
acontecía en el presente trámite a pesar de haberse solicitado por la Unidad a
la Sala demandada. Finalmente, pese a que el INCODER formuló la improcedencia
de la acción, sugirió que, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, resultaba significativo
dar “un vistazo especial a la situación planteada por los tutelantes y
examinar si correspondía o no la aplicación del Decreto 021 de 2015, en tanto
no se podían dejar de lado los derechos de los segundos ocupantes que no habían
logrado demostrar su buena fe exenta de culpa [dentro del proceso] pero que
tampoco se les había demostrado que fueran causantes o promotores del despojo.”
2.2. En virtud de lo anterior, la Sala debe solucionar
esencialmente dos problemas jurídicos de fondo.
2.2.1. En primer lugar, le corresponde determinar si el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, como juez de restitución,
incurrió en un defecto sustantivo al interpretar en forma, presuntamente,
restrictiva las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 que le otorgan amplias
facultades para modificar la providencia restitutoria y, en consecuencia, al
haber negado la adición de la misma por auto del 9 de julio de 2015, argumentando
que la solicitud de reconocimiento como segundo ocupante de la señora Meza
Martínez no suponía una situación de la entidad suficiente que pudiese enervar
los efectos de la providencia del 18 de julio de 2013.
2.2.2. Por otro lado, la Corte deber resolver si la
misma autoridad judicial en dicho auto del 9 de julio de 2015 incurrió en un
defecto sustantivo por inadvertencia de la norma aplicable al haber
asegurado que la solicitud de la señora Meza Martínez como segundo ocupante ya
se había zanjado por la vía de la oposición dentro del proceso de restitución y
adicionalmente, al haber estimado que era la Unidad de Restitución la encargada
de definir la inclusión de la accionante en los programas para segundos
ocupantes y de adoptar las medidas de atención, pese a lo contemplado por la
reglamentación en tal aspecto.
2.3. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos
planteados y al tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial,
corresponde a la Sala analizar, en primer lugar, el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y sólo, de
aprobarse este juicio genérico, deberá establecerse si se configura la causal
específica de procedencia por los defectos sustantivos planteados. En este
último caso, la Sala debería desarrollar, en el marco de temas más amplios, dos
subreglas de decisión, tal como se precita a continuación:
2.3.1. De acuerdo con los
artículos 91 y 102 de la Ley 1448 de 2011, la competencia ius
fundamental extendida de los jueces de restitución, permite no sólo la búsqueda
de la ejecución de la sentencia sino además, la emisión de nuevas órdenes
encaminadas a garantizar la estabilización y la seguridad jurídica de la
restitución. Lo que implica que el juez tome en consideración los distintos
intereses constitucionales que concurren a un proceso de esta naturaleza,
justamente con el objetivo de llegar a arreglos estables y no reproducir la
conflictividad social por la tierra.
2.3.2. Es una obligación constitucional y
reglamentaria del juez de restitución analizar la situación de los segundos
ocupantes, a partir de un estándar probatorio diferenciado, y brindar
respuestas de fondo a su situación, con el fin de garantizar sus derechos
fundamentales así como el derecho a la restitución de las víctimas y no
reproducir otras problemáticas rurales.
3. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales
3.1. En reiterada
jurisprudencia, esta Corporación ha sostenido que la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional. Entre otras razones, porque tales decisiones están revestidas por los efectos de la cosa juzgada,
una de las instituciones que expresa la garantía de seguridad jurídica en un
Estado democrático, y
adicionalmente, porque la intangibilidad de aquellas representa el respeto por
la autonomía e independencia de los jueces, así como del proceso,
entendido como uno de los escenarios jurídicos de reconocimiento y
realización de los derechos fundamentales.[51]
Sin embargo, en consideración
a que en algunos eventos las decisiones judiciales pueden incurrir en
manifestaciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico o pueden ser
proferidas “(…) en flagrante violación de los derechos
fundamentales de las personas”,[52] la Corte ha llegado a la conclusión que de que la acción de tutela
puede resultar procedente, siempre que se acredite el cumplimiento de un
estricto haz de presupuestos generales y específicos.
3.2. En ese sentido, la
jurisprudencia constitucional ha diferenciado, en primer lugar, los
requisitos de carácter general[53] orientados a asegurar el ejercicio razonable del principio
de subsidiariedad de la acción en sentido amplio -requisitos de procedencia-
y, en segundo lugar, los de carácter específico,[54] relacionados propiamente con los defectos
de las actuaciones judiciales -requisitos de prosperidad-.
3.2.1. Respecto de los
requisitos de procedencia (generales), la jurisprudencia constitucional ha
establecido que el juez de tutela debe constatar que (i) el asunto tenga
relevancia constitucional; (ii) el peticionario haya agotado los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios, antes de acudir a la acción
constitucional, salvo que se trate de un perjuicio irremediable iusfundamental;
(iii) la demanda cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) si se tratare de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
presuntamente resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) el
accionante identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación
y que esta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber
sido posible y; (vi) el fallo cuestionado no sea de tutela.[55]
3.2.2. Únicamente si los anteriores requisitos de procedibilidad son
acreditados, el juez podrá continuar con su análisis y verificar si se
configura alguno de los vicios o causales para la prosperidad del amparo que
han sido singularizados por la jurisprudencia de esta Corporación en defectos
de naturaleza orgánica, sustantiva
o material, procedimental, fáctica o por consecuencia; aquellos relacionados
con una decisión sin motivación, los generados por desconocimiento del
precedente constitucional o por violación directa a la Constitución[56].
3.2.2.1. Particularmente, este Tribunal ha precisado que el defecto sustantivo se
configura como un error manifiesto y trascendental proveniente de una irregular
interpretación o aplicación de las normas jurídicas con que se pretende
analizar o solucionar un caso sometido a conocimiento judicial. Para que dicho defecto dé lugar a la prosperidad del
amparo debe tratarse de una alteración tal, que lleve a la emisión de un
fallo que obstaculice o lesione el ejercicio de derechos constitucionales.[57]
En ese orden de ideas, este Tribunal Constitucional
ha identificado la configuración de este defecto en diversas hipótesis, en
relación con las cuales cabe destacar las siguientes, cuando (i) la norma
que debería aplicarse al caso es inadvertida por el juez o simplemente no la
tiene en cuenta; (ii) el funcionario judicial funda su decisión en
una norma evidentemente inaplicable al caso bajo estudio, bien sea, porque está
derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, o ha sido declarada
inexequible, o, resultando claramente inconstitucional, el juez no dejó de
aplicarla en ejercicio del control de constitucionalidad difuso o, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó; (iii) el juez desconoce las
sentencias con efectos erga omnes y, finalmente; (iv) “(…)
la aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente de una
disposición normativa, es inaceptable por ser producto de una hermenéutica
abiertamente errónea o irrazonable.”[58]
Frente a la última hipótesis, esta
Corporación ha ampliado la explicación del defecto sustantivo por interpretación
irrazonable, en al menos dos escenarios:
(i)
“(…) cuando [el juez] le otorga a la disposición jurídica un
sentido y alcance que ésta no tiene (contraevidente), es decir, deriva
interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo
que ofrece la disposición aplicable al caso, vulnerando de esta manera el
principio de legalidad. En otras palabras, se trata de una hipótesis en la cual
se arriba a una norma jurídica cuya adscripción a la disposición de la que se
pretende su derivación no es
posible por contrariar los
principios básicos de la lógica y las reglas de la experiencia o,
(ii)
cuando le
confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio
resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero
que en realidad (ii.i) contraviene postulados de rango constitucional o (ii.i)
conduce a resultados desproporcionados.”
Sobre esta segunda
fórmula, la Corte ha señalado que aunque se trata igualmente de un
quebrantamiento al principio de legalidad, su nota distintiva está dada“(…) por
una mayor incidencia del desconocimiento de la Constitución, dado que la
interpretación de la ley se traduce en defecto sustantivo debido a que en el
proceso interpretativo se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que a
la luz del caso concreto han debido guiar ese proceso y condicionar su
resultado”.[59]
Igualmente, ha indicado que “cuando
la interpretación otorgada a la disposición legal es posible, pero contraviene
el contenido constitucional aparejando la vulneración o el desconocimiento de
los derechos fundamentales o preceptivas superiores, el juez constitucional
está en la obligación de adecuar el contenido de dicha norma legal y hacerla
consonante con los fines y principios constitucionales.”[60]
4. La labor
constitucional de los jueces de restitución en el caso colombiano de conformidad
con la Ley 1448 de 2011. De acuerdo con los artículos 91 y 102 de la Ley 1448
de 2011, la competencia ius fundamental extendida de los jueces, permite no
sólo la búsqueda de la ejecución de la sentencia sino además, la emisión de
nuevas órdenes encaminadas a garantizar
la estabilización y la seguridad jurídica de la restitución. Lo que implica que
el juez tome en consideración los distintos intereses constitucionales que
concurren a un proceso de esta naturaleza, justamente con el objetivo de llegar
a arreglos estables y no reproducir la conflictividad social por la tierra.
4.1. El diseño del proceso de restitución de tierras contemplado
por la Ley 1448 de 2011[61]
constituye en gran medida un reconocimiento a las formas propias que, en el
contexto de la violencia rural, adoptó el abandono forzado de aquellas,[62] así como la
multiplicidad de dinámicas de usurpación y de despojo tanto material como
jurídico que han tenido lugar en la compleja realidad histórica del conflicto
armado interno colombiano.[63]
En relación con ello, vale la pena reproducir un conjunto de reflexiones vertidas
en el Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto que posteriormente se
convirtió en la denominada Ley de Víctimas:
“[…] Cerca de 750.000 hogares campesinos fueron
desplazados de sus territorios por la fuerza en las últimas dos décadas, de los
cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas. De las
tierras abandonadas, una parte permanece así, otra está cuidada por parientes o
vecinos, o ha sido repoblada con campesinos a quienes los jefes armados
adjudicaron tierras despojadas y otra parte fue transferida de hecho o de
derecho a terceros, generalmente personas sin conexión aparente con los
victimarios.
El despojo asumió varias modalidades, desde las
compras forzadas a menor valor hasta el destierro, la usurpación física de la
posesión y la destrucción de las viviendas y cercas que delimitaban los
predios. El despojo de tierras fue legalizado, muchas veces, con transferencias
forzadas, con la participación de notarios y registradores, y el rastro de los
despojadores fue borrado por testaferros y múltiples traspasos a terceros de
aparente buena fe.
Otras veces el despojo afectó derechos de tenencia y
posesión, interrumpiendo el término de prescripción, y terceros obtuvieron
títulos de adjudicación o titularon por vía judicial a su favor. En ocasiones
el INCORA o el INCODER declararon caducados los títulos de beneficiarios de
reforma agraria cuando se desplazaron y readjudicaron las parcelas a otras
personas. Otras veces el IGAC englobó los predios despojados en otro mayor,
alterando el catastro para desaparecer la cédula catastral de los despojados.
[…] en circunstancias tan irregulares y masivas, la
posibilidad de la restitución depende de diseñar un sistema de justicia
transicional capaz de restablecer los derechos usurpados por violencia, y para
lograrlo requiere contar con normas excepcionales, adecuadas a las modalidades
del despojo, que den prelación a los derechos perdidos, aunque cuenten con
pruebas precarias y una gran debilidad de defensa legal, sobre los derechos
usurpados, pero que ostenten todas las pruebas legales y grandes capacidades de
defensa judicial […]”[64]
4.2. En efecto, aquellas situaciones llevaron a
repensar las estructuras procesales típicamente civiles, en procura de crear medidas
excepcionales para ofrecer respuestas reales a las víctimas del conflicto en el
marco de un proceso transicional de tierras, en el cual la restitución actuase
como un componente preferencial y esencial del derecho a la reparación
integral.[65]
4.2.1. Precisamente por las especificidades de la
tipología del despojo, el abandono y la usurpación, una adecuada comprensión de
la restitución y, en particular de la restitución de tierras exigió del
legislador la construcción de un conjunto
de medidas administrativas y judiciales de carácter extraordinario que hoy
constituyen la denominada acción de restitución, cuyo propósito es el  “restablecimiento
de la situación anterior a las violaciones [sufridas como consecuencia del
conflicto armado interno]”[66]
y subsidiariamente, cuando ello no fuere posible, la compensación.[67]
4.3. En efecto,
el proceso de restitución de tierras, tal y como está contemplado por la Ley
1448 de 2011, se compone de una etapa inicial o administrativa, a cargo
de la Unidad de Restitución de Tierras[68]
y otra fase secundaria o judicial, en cabeza de los jueces y magistrados
especializados en restitución de tierras.
4.3.1. Básicamente, el propósito del ciclo
administrativo es la identificación física y jurídica de los predios reclamados,
la determinación del contexto de los hechos victimizantes y el origen del
despojo o del abandono forzado, así como la individualización de las víctimas y
sus núcleos familiares y la definición de la relación jurídica de estos con la
tierra. En esta etapa, la Unidad de Restitución debe decidir sobre las
solicitudes de inclusión en el Registro de Tierras  Despojadas y Abandonadas
Forzosamente y tiene un periodo de 60 días prorrogables por otros 30 más cuando
existan o sobrevengan circunstancias que lo justifiquen. Durante este término,
la Unidad también debe informar sobre la solicitud de inscripción a quien o a
quienes figuren oficialmente como propietarios, poseedores u ocupantes del
predio que se quiere registrar, con la finalidad de permitirles acreditar no sólo
la relación jurídica con éste, sino la buena fe exenta de culpa a partir de la
cual se debió haber configurado la misma. Sólo si el bien es inscrito, es
posible iniciar la fase judicial de la restitución de tierras, pues dicha
inscripción “[es] requisito de procedibilidad para iniciar la acción (…).”[69]
4.3.2. Inscrito el bien, las víctimas, directamente, o
por ministerio de sus apoderados[70]
o de la misma Unidad de Restitución,[71]
pueden acudir a los jueces civiles del circuito especializados en restitución
de tierras y formular la solicitud de restitución o formalización, con lo cual
se entiende que se da inicio a la fase judicial del trámite.[72]
4.3.2.1. Al momento de admitir la solicitud, el
funcionario judicial respectivo, de acuerdo con los artículos 85 y 86 de la Ley
1448 de 2011, deberá disponer, entre otras medidas, la inscripción del predio
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, su sustracción provisional
del comercio, la suspensión de procesos declarativos de derechos reales sobre
el mismo, y la notificación al representante legal del municipio donde se
encuentra el inmueble, así como al Ministerio Público.[73]
4.3.2.2. Luego de la admisión de la solicitud y de su
respectivo traslado,[74]
el proceso se abrirá a la etapa de oposiciones, a la que concurrirán aquellos
que pretendan hacer valer sus derechos legítimos sobre el predio y quienes se
consideren afectados ante una eventual decisión que implique la restitución del
bien.  De conformidad con el artículo 88 de la Ley 1448 de 2011,[75] el sujeto
que pretenda ser reconocido como opositor, deberá acompañar su escrito de
oposición con todos aquellos documentos que demuestren su “(…) calidad de
despojado del respectivo predio, [su] buena fe exenta de culpa, [el] justo
título del derecho y las demás pruebas (…), referentes al valor del derecho, o [a]
la tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se
presentó la solicitud de restitución o formalización.”
4.3.2.3. Enlazado con lo anterior, viene un periodo de
práctica de pruebas de 30 días, en el que el juez de restitución empleará uno
de los dispositivos más destacados del diseño procesal de la justicia
restitutiva en beneficio de las víctimas.[76]
Se trata de la inversión de la carga de la prueba contemplada por el artículo
78 de la Ley 1448 de 2011 que opera a partir de ciertas presunciones que
favorecen ampliamente la situación del solicitante en relación con la del
opositor. Así, le basta al reclamante acreditar prueba sumaria de la propiedad,
posesión u ocupación del predio y su reconocimiento como desplazado o muestra del
despojo para que se traslade la carga de la prueba a quienes pretendan oponerse
a dicho reconocimiento. En conjunción con ello, de conformidad con el artículo
89 de la misma ley, los funcionarios judiciales, en su rol activo y
comprometido, deben evitar la duplicidad en la práctica de pruebas y las
dilaciones innecesarias en el proceso, ocasionadas, muchas veces, por pruebas
impertinentes e inconducentes.
Concluido el período probatorio, a partir de lo
contemplado por el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011, el juez dictará
sentencia y “se pronunciará de manera definitiva sobre la propiedad,
posesión del bien u ocupación del baldío objeto de la demanda y decretará las
compensaciones a que hubier[e] lugar, a favor de los opositores que probaron
buena fe exenta de culpa dentro del proceso (…)”.
4.3.3. Aunque el proceso de restitución es de única
instancia[77]
y ello se ha considerado como constitucionalmente válido,[78] a diferencia de lo que
ocurre con la mayoría de procesos judiciales, donde la litis concluye con la
ejecutoria de la última decisión adoptada, en el proceso citado, el legislador
previó una competencia ius fundamental extendida. En otras palabras, “el
Juez o Magistrado [mantiene la] competencia para garantizar el goce efectivo de
los derechos del reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo
expediente las medidas de ejecución de la sentencia”.[79] En ese sentido, el proceso
sólo acaba cuando efectivamente se hubiesen cumplido todas las órdenes de
protección y restitución contenidas en el fallo.
4.3.4.
Con todo y lo anterior, la competencia del juez de restitución puede ir más
allá. En efecto, el artículo 102 de la Ley 1448 de 2011,[80] permite al funcionario
judicial conservar su competencia después de la sentencia “(…) para dictar
todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y
disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan sido
restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su
integridad personal, y la de sus familias.” Lo anterior implica que aun
cuando en la sentencia no se haya dado una orden precisa, el juez pueda emitir nuevas
y posteriores órdenes con el propósito de proteger los derechos fundamentales de
los reclamantes, particularmente, los vinculados a la restitución, posibilidad
que está en consonancia con los principios de estabilización y seguridad
jurídica contemplados por el artículo 73 de la misma Ley.[81]
4.3.5. En síntesis, dichas facultades ulteriores al
fallo de restitución no son sólo entonces poderes judiciales de ejecución;
también consisten en la posibilidad que tiene el juez de crear nuevos remedios
jurídicos para asegurar que el proceso de restitución de tierras cumpla sus
propósitos constitucionales y en el marco de la “(…) justicia transicional
[sea] un [verdadero] elemento impulsor de la paz”, tal como lo ha sostenido
esta Corporación.[82]
Concedido esto, se trata entonces de dos competencias ius fundamentales
extendidas distintas del juez de restitución de tierras, de un lado, se tiene
la competencia para ejecutar las órdenes dadas en la sentencia y, de
otro, la competencia para emitir nuevas órdenes en procura de garantizar
la estabilización y seguridad jurídica de la restitución.
4.4. De ahí que, más allá de la órbita procedimental
especial que por sí sola pueda tener la acción de restitución, se comprenda que
en realidad aquella es la expresión de las profundas implicaciones de su
dimensión sustancial como un proceso de carácter constitucional y no sólo
civil; estructurado hacia una verdadera política pública de recomposición del
tejido social y de reconciliación; particularmente, orientado a la construcción
de una paz duradera y sostenible, de acuerdo con el fin último de la justicia
transicional.[83]
Bajo tal óptica, esta Corporación ha reiterado que “[l]a
paz en el orden interno es un valor superior, un derecho (subjetivo -
colectivo) y un deber jurídico que compromete a los residentes en Colombia”,[84] canon
que adquiere dimensiones trascendentales en materia de acceso progresivo y preferente a la propiedad
rural, en virtud de artículos como el 58 y el 64 de la Constitución Política,[85]
puesto que de la protección real a quienes integran, especialmente, la
población campesina, depende la consecución de tan estimado principio, que
desde luego también entraña la garantía de invaluables derechos
constitucionales como el mínimo vital, el acceso a la vivienda digna, el trabajo
y la seguridad tanto social como alimentaria en el campo.
4.4.1. En efecto, los altos valores jurídicos que se
defienden en el proceso de restitución, se proyectan directamente sobre la
labor de los jueces de tierras y sus amplísimas facultades dentro del mismo
como un trámite integral, que no sólo pretende definir la relación jurídica existente
entre el reclamante y su predio sino que además, está tras la búsqueda proporcional
de alivios materiales a las violaciones de derechos fundamentales
particularmente intensas que ocurren como consecuencia del desarraigo y la indignidad
ocurrida por efecto del desplazamiento forzado. Por tal motivo, no resulta
extraño que el artículo 25 de la Ley 1448 de 2011 fije el derecho a la
reparación integral de manera diferenciada, transformadora y efectiva; y bajo
dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas.[86]
4.4.1.1. Justamente, en relación con dichas
dimensiones, cabe indicar que en el proceso de restitución, además del
restablecimiento de las condiciones jurídicas y materiales del reclamante, resultan
comprometidos una amplia gama de intereses que, si bien no tienen un origen
estricto en la comprensión individual de la situación del peticionario, sí se
constituyen en circunstancias y agentes externos que tienen la potencia suficiente
de impedir el retorno efectivo de la población desplazada y, en ese sentido, de
reproducir la conflictividad social.
4.4.2. Es por tal motivo, que los jueces de restitución
no son en estricto sentido sólo jueces de tierras. En el marco de una visión teleológica
e integral del proceso, tienen la responsabilidad de ajustar sus actuaciones al
“(…) objetivo primordial de conseguir la reconciliación y la paz duradera y
estable”[87]
que, con independencia del esclarecimiento de la titularidad jurídica del
predio restituido, debe involucrar también aquellas intervenciones que siendo
visibles en el proceso pueden comprometer otras vulneraciones distintas de
derechos fundamentales a las alegadas por las víctimas solicitantes y que, de
no gestionarse adecuadamente, imposibilitarían el cumplimiento de los
propósitos transicionales de restitución.
4.4.3. Aunque esta idea será desarrollada en el
próximo capítulo por la cercana articulación que tienen los temas de los que se
ocupa la Sala en esta providencia, dicha reflexión sí resulta suficiente para
concluir entonces, porqué el legislador le ha otorgado a los jueces de restitución
amplia competencia no sólo para buscar el cumplimiento de sus providencias sino
para adoptar nuevas órdenes, inclusive después de la sentencia, en procura de contribuir
con una respuesta real a los distintos intereses constitucionales que concurren
en un proceso de esta naturaleza, cuyo propósito es llegar a arreglos estables
y no ser el germen de nuevos conflictos por la tierra.
5. Los segundos ocupantes como fenómeno social y
procesal no contemplado expresamente por la Ley 1448 de 2011. La importancia de
generar políticas y soluciones judiciales para garantizar sus derechos
constitucionales y la restitución efectiva. Es una obligación constitucional y reglamentaria del
juez de restitución analizar la situación de los segundos ocupantes, a partir
de un estándar probatorio diferenciado, y brindar respuestas de fondo a su
situación, con el fin de garantizar sus derechos fundamentales así como el
derecho a la restitución de las víctimas y no reproducir las problemáticas
rurales.
5.1. En el capítulo anterior, la Sala expuso algunas
ideas sobre la relevancia de la
restitución en el derecho interno
como un importante valor jurídico de la justicia transicional y como uno de los
ejes fundamentales sobre el que descansa la Ley 1448 de 2011 en conjunción con los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia y a la garantía de no repetición.
5.2. Estas reflexiones sin embargo, no son ajenas a
los dispositivos y a los sistemas regionales y universales de protección de
derechos humanos. Tienen sólidos fundamentos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.[88]
En efecto, instrumentos en el ordenamiento jurídico colombiano como la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1,
2, 8 y 10), la Declaración Americana de Derechos del Hombre (art. XVII), así
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 3, 9,
10,  14 y 15), la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1, 2, 8, 21, 24, 25 y 63) o el
Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra (art. 17), permiten
dimensionar el alcance de las obligaciones que tiene el Estado Colombiano
frente a los procesos de restitución.
5.2.1. Asimismo, en el derecho internacional también
existen instrumentos particularmente relevantes que, si bien están clasificados
como lo que la doctrina internacionalista denomina soft law, se han
constituido como importantes herramientas de interpretación y análisis para
definir las obligaciones de los Estados en relación con los afectados por desplazamientos
forzados o despojos, específicamente en asuntos de restitución de tierras.[89] Ejemplos de ello, lo constituyen los Principios
rectores de los desplazamientos internos (1998), de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas;[90]
asimismo, los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas
de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y
de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones (Resolución
60/147 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de3 diciembre de 2005);[91] o los Principios sobre la restitución de las viviendas y el patrimonio de los
refugiados y las personas desplazadas (2005) de las Naciones Unidas, más conocidos
como los “Principios Pinheiro”.[92]
5.3. Particularmente, este último compendio de
principios desarrolla una importante categoría poblacional sujeto de protección,
que está directamente involucrada en el contexto amplio de la problemática por
la restitución de la tierra. Se trata de los ocupantes secundarios, como los
denomina la doctrina internacional, o los segundos ocupantes.
5.3.1. Dicha doctrina, considera como ocupantes
secundarios a aquella población que “[ha] establecido su residencia en
viviendas o tierras abandonadas por sus propietarios legítimos a consecuencia
de, entre otras cosas, el desplazamiento o el desalojamiento forzosos, la
violencia o amenazas, o las catástrofes naturales así como las causadas por el
hombre.” [93]
Justamente, la importancia de estos Principios radica
en la atención a este fenómeno “(…) partiendo de la base de que la ocupación
secundaria de hogares de personas desplazadas a menudo constituye un obstáculo
para el retorno”,[94]
en el caso colombiano, de las víctimas restituidas.
5.3.2. En efecto, el Manual sobre sobre la
Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas
Desplazadas, elaborado en un esfuerzo conjunto por varias agencias
internacionales, precisa que “(…) la ocupación secundaria a gran escala ha
impedido en el pasado el éxito de los esfuerzos de retorno en Azerbaiyán,
Armenia, Ruanda, Bután, Bosnia, Herzegovina, Croacia, Georgia, Kósovo y otros
lugares. La posesión no autorizada de viviendas, tierras y patrimonio es
frecuente tras los conflictos armados. Si bien determinados casos de ocupación
secundaria han de ser a todas luces revocados (sobre todo si la ocupación en
cuestión ha servido como instrumento de limpieza étnica en el marco de un
conflicto de este tipo o, o si es fruto del oportunismo, la discriminación, el
fraude o la corrupción), no hay que olvidar la necesidad de proteger a los
ocupantes secundarios frente a la indigencia así como frente a desalojos
injustificados u otras posibles violaciones de derechos humanos.”[95]
(Destacado por la Sala)
A partir de allí, es posible anticiparse de alguna
manera a las razones que animaron la confección de estos principios,
específicamente, los que guardan relación con la situación de los segundos
ocupantes (numeral 17).[96]
5.3.3. Ante la inminencia de que los resultados de la
justicia transicional de tierras desencadenara la pérdida de la vivienda a
aquellos que, por distintas razones vinculadas con estados de necesidad, habían
llegado a los predios objeto de recuperación, era ineludible desarrollar mecanismos
para amparar sus derechos. Esto último, no solo en aras de garantizar el acceso
a la vivienda a quienes se vieran obligados legalmente a abandonarla, por no
ser sus titulares, sino también, por la imperiosa necesidad de garantizar los
procesos de restitución y no postergar la recuperación de los predios por sus
reclamantes legítimos “(…) a consecuencia de la incapacidad del Estado [de]
encontrar alojamiento alternativo para los actuales ocupantes [los secundarios].”[97]
5.3.4. Aunque esta narración se desarrolla bajo la
experiencia internacional, no por ello es ajena a lo que ha acontecido en el
contexto colombiano; de hecho, es plenamente coincidente con el caso que
convoca a la Sala en esta oportunidad.
5.3.4.1. Lo primero que habría que decir, es que los
instrumentos para la contingencia de dicho fenómeno en el derecho interno no
dispusieron soluciones anticipadas o tempranas, lo cual parece explicarse en el
mismo diseño de la Ley 1448 de 2011 y las dinámicas tan particulares que se
llevaron a cabo en el país para propiciar los despojos o generar los abandonos
de los predios, las mismas que inspiraron los singulares dispositivos de
protección que incluyó dicho estatuto.
La Ley de Víctimas se concibió bajo una lógica
adversarial entre víctima/ despojada y presunto victimario/despojador. Ello,
sin embargo, no se hizo sin ningún fundamento, pues, tal como se mencionó en el
capítulo anterior, dicha dinámica obedeció a las condiciones de violencia
generalizada que, en el marco del conflicto armado, supusieron un sinnúmero de
formas de dar apariencia de legalidad al despojo y a los actos de usurpación.
Es por esto que la víctima solicitante fue dotada de numerosos dispositivos probatorios
en el proceso de restitución mientras que al opositor se le impusieron
estrictas cargas demostrativas en orden a desvirtuar no sólo la condición de
aquella sino también a acreditar su buena fe exenta de culpa al momento
de llegar al predio.
Sin embargo, la estructura de dicho sistema, su
funcionamiento procesal y las decisiones judiciales de restitución que con el
vinieron, revelaron nuevas relaciones del bien frente a terceros que, a pesar
de estar reclamando derechos sobre el mismo predio, no tenían la calidad simultánea
de solicitante en el proceso[98]
pero tampoco lograban cumplir con la exigente carga probatoria que había
impuesto el legislador para los opositores dentro del mismo. Estos segundos
ocupantes, empezaron a emerger no sólo como un fenómeno social en respuesta
a las decisiones judiciales que ordenaban restituir el predio a las víctimas,
sino además como un interviniente procesal a favor del cual se empezaron a
dictar órdenes dentro de los mismos procesos, pese a no probarse su buena fe
exenta de culpa.[99]
5.3.4.1.1. Ejemplos de ello, han sido las diversas
decisiones emitidas por las Salas Civiles Especializadas en Restitución de
Tierras de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial de Antioquia,[100]
Cartagena,[101]
Cúcuta,[102]
Bogotá[103]
o Cali.[104]
Dichas Corporaciones iniciaron por identificar “(…)
la evidente realidad de nuestro país, no advertida en su momento por el
legislador, en el sentido [de]que la ocupación de las tierras de las víctimas
no [estaba] únicamente en poder de (…) despojadores o victimarios materiales o
intelectuales o de sus testaferros, sino que también otros campesinos (…) [e
inclusive], víctimas en similar o peor situación que los reclamantes, en su
afán de supervivencia ante la falta de oportunidades, la situación generalizada
de desarraigo y el desplazamiento que los hacía migrar de un lugar a otro,
podrían ser los posteriores ocupantes y explotadores de dichos predios (…).”[105] Así,
empezó por argumentarse que “(…) la protección de los segundos ocupantes
frente a situaciones que impli[caran] posibles violaciones a sus derechos
humanos [debía asumirse por el Estado, en virtud de sus] fines esenciales de asegurar
la convivencia pacífica y de garantizar la efectividad de los derechos de todos
sin discriminación alguna. En esta medida, la restitución de tierra a favor de
las víctimas no podía implicar el desamparo de ciertos individuos que también requerían
atención”.[106]
5.3.4.2. Es en tal contexto, y respondiendo al principio
de gradualidad contenido en la Ley 1448 de 2011,[107] que se expide el
Acuerdo 018 de 2014, mediante el cual “se adopta[ron] y (…) defin[ieron] los
lineamientos para la ejecución del Programa de Medidas de Atención a los
Segundos Ocupantes en la Acción de Restitución”. Posteriormente, este
Acuerdo fue derogado por el 021 de 2015, cuyo propósito, similar al del
anterior, fue “adoptar el reglamento para el cumplimiento de las
providencias y medidas que orden[aran] la atención a Segundos Ocupantes dentro
del marco de la Acción de Restitución”.
En efecto, ambos Acuerdos expedidos por el Consejo
Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, reconocieron el ascenso de este fenómeno en el marco de la
justicia transicional de manera casi idéntica, sosteniendo “[q]ue la
situación de los denominados segundos ocupantes, esto es, aquellas personas
naturales que en las sentencias de restitución no fueron declarados de buena fe
exenta de culpa, pese a no haber participado de los hechos que dieron lugar al
despojo o al abandono forzado, y que con ocasión de la sentencia se v[ieron]
abocadas a perder su relación con el predio, [es demostrativa de] una
problemática que requiere la atención prioritaria y coordinada del Estado
colombiano, en cabeza de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de
la Restitución de Tierras, ya que de su adecuada solución depende el logro de
una restitución duradera, gradual y progresiva, en condiciones de
sostenibilidad y efectividad, que permita, a su vez, la convivencia pacífica y
la reconciliación de la sociedad colombiana.”
En efecto, los mismos acuerdos fijaron, en cinco
propósitos, la importancia de adoptar una política de atención adecuada para
los segundos ocupantes de cara a los fines de la restitución: “(…) i)
garantizar la sostenibilidad y efectividad de la restitución, ii) prevenir la
conflictividad social que pueda suscitar el fallo de restitución entre los
beneficiarios de restitución y los segundos ocupantes; iii) garantizar, en el
transcurso de la acción de restitución, la protección e integridad de las
partes involucradas; iv) promover las condiciones para que la restitución de
tierras contribuya a la superación de las condiciones históricas de
vulnerabilidad que enfrentan las comunidades involucradas; [y] v) identificar
las problemáticas más urgentes de las comunidades en el proceso de restitución
para priorizar acciones interinstitucionales encaminadas a la intervención y
superación de las mismas.”
Si bien nuevamente operó una derogatoria con el
Acuerdo 029 de 2016,[108]
el contenido de la reglamentación no varió radicalmente, aunque si cabe
mencionar una aparente modificación relacionada con la definición dada a los
segundos ocupantes.
5.3.4.3. Los Acuerdos de 2014 y 2015 establecieron
ciertos parámetros sobre la caracterización de los segundos ocupantes,
principalmente que aun cuando no hubieren logrado probar su buena fe exenta de
culpa dentro del proceso tampoco hubiesen participado de los hechos que dieron
lugar al despojo o al abandono forzado y que, con ocasión de la sentencia,
hubieren perdido su relación con el predio.[109]
Aunque el Acuerdo de 2016 parece haber depositado tal definición en manos de
los jueces de restitución, como quiera que advirtió que “se conside[rarían] segundos
ocupantes aquellas personas naturales reconocidas como tal mediante providencia
judicial ejecutoriada,” sin precisar más parámetros, la Sala no considera que
este cambio implique, indistintamente, que los jueces de restitución puedan reconocerle
tal calidad a cualquier persona. En efecto, ante eventuales dudas, los
operadores jurídicos no sólo cuentan con documentos de carácter internacional
como los “Principios Pinheiro” que les permitirían definir qué clase de
ocupantes deberían ser protegidos y cuáles de ellos, cuando su situación es
fruto del oportunismo, la discriminación, el fraude o la corrupción, no deberían
serlo; sino, con los mismos propósitos que inspiran la reglamentación interna y
se muestran inconfundibles. Los citados Acuerdos siempre han dirigido sus
esfuerzos a atender a los segundos ocupantes que, de diversas maneras, en el
marco de la violencia del despojo y el desplazamiento no han encontrado más
soluciones que establecerse en inmuebles ajenos, teleología que no podría
confundirse para proteger a aquellos que han obrado de mala fe o que se han beneficiado
dolosamente de la cadena de expoliación.
5.3.4.4. Por otra parte, cabe señalar que la vocación
de estos acuerdos ha estado orientada a proteger no solo a aquellas personas
que se han asentado en otros predios buscando habitarlos ante la falta de
vivienda sino a segundos ocupantes que han establecido allí sus medios
productivos de subsistencia. De acuerdo con la tipología de grupos, que se ha
mantenido a través de las tres reglamentaciones, se pueden brindar las medidas
de atención, según sea el caso, a aquellos (i) sin tierra que habitan o derivan
del predio restituido sus medios de subsistencia; (ii) poseedores u ocupantes
de tierras distintas al predio restituido pero habitan o derivan de predio
restituido sus medios de subsistencia; (iii) propietarios de tierras distintas
al predio restituido pero habitan o derivan de predio restituido sus medios de
subsistencia y; (iv) que no habitan ni derivan del predio restituido sus medios
de subsistencia.[110]
Frente a este aspecto, la Sala observa, por ejemplo, que estos criterios,
contemplados por el ordenamiento interno implican mayor protección que la que se
desarrolla en instrumentos internacionales como los ya citados Principios
Pinherio, pues estos se refieren esencialmente al tema del desalojo en
términos de vivienda y no a formas productivas:
“17.3. En los casos en que el desalojo de los
ocupantes secundarios sea justificable e inevitable, los Estados deben adoptar
medidas positivas para proteger a aquellos que no dispongan de medios para
acceder a otra vivienda adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en
ese momento, con el fin de que no se queden sin hogar y de que su derecho a
una vivienda adecuada no se vea menoscabado de ningún otro modo. Los
Estados deban esforzarse por encontrar y proporcionar viviendas o
tierras alternativas a dichos ocupantes, incluso de forma temporal, con el fin
de facilitar la restitución oportuna de las viviendas, las tierras y el
patrimonio de los refugiados y desplazados. No obstante, la falta de dichas
alternativas no debería retrasar innecesariamente la aplicación y el cumplimiento
de las decisiones que los órganos competentes adopten respecto de la
restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio.” (Destacado por la
Sala)
5.3.4.5. Sin embargo, ni esto último ni el asunto del
aparente déficit definitorio de los segundos ocupantes en el Acuerdo 029 de
2016, como se indicó, debe considerarse una licencia para extender el
reconocimiento y la protección a quien se presente como tal de forma indiscriminada,
pues así como algunos de ellos son sujetos que merecen la protección del Estado
en tanto población vulnerable que deberá enfrentar retos para la satisfacción
de derechos básicos, como la vivienda, el mínimo vital o el trabajo, sin que
pueda atribuírsele ninguna responsabilidad en los hechos del desplazamiento;
otros sí reflejan las dinámicas del despojo, siendo beneficiados o, cuando
menos, funcionales a él.
5.4. Es frente a este tipo de situaciones dentro del
proceso de restitución que cobra medular importancia la labor de los jueces de
tierras y la sana valoración que hagan de la situación del opositor que, en
muchos casos, podría estar reclamando derechos como segundo ocupante. Veamos.
5.4.1. En primer lugar, la actuación del juez es crucial
en este sentido, pues para que la Unidad de Restitución pueda adoptar medidas
concretas de atención, como la compensación a través de predios o proyectos
productivos, es necesario una orden judicial al respecto.[111] Dicho
de otro modo, la Unidad no tiene la competencia para ordenar el reconocimiento de
una persona como segundo ocupante, puesto que sus funciones están circunscritas
particularmente a la ejecución de lo ordenado por el funcionario judicial.
5.4.2. Ahora, tal como se ha anticipado, la dificultad
surge precisamente en los criterios judiciales a considerar para determinar la
calidad de segundo ocupante como sujeto de atención estatal. Como es sabido, el
opositor acude al proceso con el fin de discutir la titularidad del predio  y
de demostrar la buena fe exenta de culpa que amparó su actuación al momento de asentarse
en el mismo. Probar la “buena fe exenta de culpa”, se reitera, fue la
solución que el legislador adoptó como consecuencia del profundo y detallado entendimiento
de los hechos que caracterizaron los círculos de violencia por la tierra, justificación
que, a juicio de la Sala, entraña un alto valor jurídico y demanda, de todos
los operadores judiciales, mantener y blindar aquél estándar probatorio.
5.4.2.1. No obstante, la exigencia de dicho canon
probatorio plantea dificultades de cara a los derechos fundamentales de los segundos
ocupantes, quienes son un grupo ampliamente heterogéneo, capaz de
concentrar desde población vulnerable como otras víctimas de la violencia, de
la pobreza o de desastres naturales, hasta los propios despojadores, pasando
por familiares o amigos de estos últimos; terceros beneficiados del
desplazamiento; colonos con expectativas de adjudicación; servidores públicos
corruptos u oportunistas que con ocasión del estado de necesidad de quienes
huían compraron a bajísimos precios.
5.4.3. En tal contexto, es claro para la Sala que (i) la
atención estatal a los segundos ocupantes no está dirigida a todos pues ello
implicaría, por ejemplo recompensar la mala fe directamente o conductas
abiertamente negligentes o suspicaces y (ii) la estricta carga probatoria que
la Ley de Victimas impone a los opositores (buena fe exenta de culpa)
no es exigible a todos lo que concurran como segundos ocupantes,
puesto que no es igualmente soportable en todos los casos.
5.4.4. En efecto, la exigencia del estándar de buena
fe exenta de culpa a cualquier opositor que alegue su calidad como segundo
ocupante, puede desconocer importantes situaciones. Especialmente, las de
aquellos que también enfrentaron una condición de vulnerabilidad, no tuvieron
relación o no tomaron provecho del despojo y se vieron directamente afectados
con la decisión de restitución porque su ejecución comprometería derechos fundamentales,
como su acceso a la vivienda, si allí residían, o su garantía al mínimo vital, si
del predio en litigio derivan su sustento. Este podría ser el caso de otras
víctimas que también debieron desplazarse y procurar un asentamiento ante un
estado de urgencia y necesidad.
5.4.5. Justamente, es respecto de estas personas, no
frente a otras, que deben flexibilizarse las cargas probatorias al interior del
proceso, no para ser reconocidas como opositores en estricto sentido,
como quiera que no es dable desconocer los presupuestos para ello según la Ley
1448 de 2011 y la carga probatoria de buena fe exenta de culpa que exige,
pero sí para ser considerado como ocupante secundario y recibir la
atención respectiva, contemplada por los acuerdos de la Unidad de Restitución
en relación con este tema.
5.4.6. En ese orden de ideas, imponer a todos los que
concurran como segundos ocupantes la misma carga probatoria de los opositores,
es decir la demostración de su buena fe exenta de culpa, sin evaluar sus
condiciones particulares, puede generar resultados injustos que no sólo
tendrían consecuencias frente a los derechos de estas personas sino, además,
frente al agravamiento de los conflictos sociales en el campo. De ser así, la
restitución y la labor de los jueces en ella, no cumpliría con los
objetivos de sostenibilidad ni de garantías para el retorno, ni tampoco con los
mandatos de derecho internacional que le imponen al Estado colombiano el deber de
adoptar medidas de protección a los segundos ocupantes, incluyendo el acceso
efectivo a la justicia, contemplado por artículos como el 8° de la Declaración
Universal de Derechos Humanos[112]
o el 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos[113], el cual también tiene asidero constitucional en el 229
superior.[114]
5.5. Sintetizando, para la Sala, la exigencia a los
opositores de probar su buena fe exenta de culpa dentro del proceso es un
elemento sustancial al diseño institucional de la justicia restitutiva, puesto
que obedece a propósitos de indispensable consecución como la protección de los
derechos fundamentales de las víctimas así como la lucha contra el despojo y el
desmantelamiento de las estructuras ilegítimas que se articularon en el marco
del conflicto armado para reproducirlo.
5.5.1. Sin embargo, muchos de los opositores que
acuden a los procesos de restitución no armonizan con la figura de opositores/presuntos
victimarios que planteó la Ley de Victimas para tramitar la
restitución y, en cambio, podrían tratarse de población (i) igualmente
víctima [de la violencia, de la pobreza o de desastres naturales] como la que
acude a solicitar la restitución, que por su (ii) condición de alta
vulnerabilidad llegó al predio en condiciones de urgencia o de necesidad, lo
que le llevó a instalarse allí bajo una conducta si bien de buena fe, no
necesariamente exenta de culpa,[115]
que (iii) no tuvo ni tiene ninguna relación directa o indirecta con el despojo
del bien; que además (iv) su interés no es necesariamente la titularidad del mismo,
sino que reivindica que allí tiene su vivienda o que del predio deriva sus
medios de subsistencia, es decir, que es un segundo ocupante legítimo; y
que (v) como consecuencia de la sentencia de restitución está perdiendo el
lugar donde vive o del que depende su mínimo vital en los términos de los
Acuerdos Reglamentarios de la Unidad de Restitución de Tierras sobre Segundos Ocupantes.
Es precisamente la población con estas características
que los Tribunales de Restitución han brindado protección hasta ahora,[116]
haciendo énfasis en la importancia de que el opositor, pese a no estar amparado
por la buena fe exenta de culpa, “(…) no [hubiere] cohonestado con alguno de
los grupos violentos”[117]
“(…) ni [hubiere] sacado ventaja de la situación de abandono en que se
encontraba el lote (…)”,[118]
o, en otras palabras, que “no [hubiere participado en los hechos que
dieron lugar al [desplazamiento] y posterior despojo [de las tierras]”[119] y,
cuyo asentamiento fuese producto de la condición de vulnerabilidad y “de
urgencia, [que le obligó a ocupar] (…) el predio objeto de restitución para
habitarlo y derivar de allí su sustento”.[120]
5.5.2. Planteado así, los jueces de restitución
deberán utilizar criterios como los anteriores y todas aquellas herramientas
del orden interno como del derecho internacional de los DDHH y del DIH, para
establecer el respectivo estándar probatorio de buena fe o buena fe exenta de
culpa exigible a los segundos ocupantes al momento de considerar su petición,[121] sea
que se tramite por la vía de la oposición o de una forma posterior a la
sentencia, sin perder de vista que las medidas de atención o las compensaciones
económicas a ordenar tienen un impacto enorme frente a la solución definitiva de
la problemática rural y de la inequidad social.
5.5.3. Por esa razón, es que los jueces de restitución
han de ser tan cautos en la diferenciación del estándar probatorio exigible,
tanto para identificar a población vulnerable desligada de las cadenas de
despojo y reconocerlos como segundos ocupantes de buena fe simple, como para
determinar a quienes debe exigírseles el canon de probidad calificado dispuesto
por la Ley 1448 de 2011, esto es, la buena fe exenta de culpa, cuando no
se trate de individuos en situación de vulnerabilidad, ni en el momento del
asentamiento ni en la actualidad.
6. Caso Concreto
6.1. Previo al análisis
de fondo, la Sala debe hacer un precisión importante en relación con la
legitimación por activa del señor Carmelo de Jesús González de la Rosa. Si bien
este accionante podría tener un interés constitucionalmente válido en relación
con su presunta calidad como segundo ocupante, en esta oportunidad la Corte
está resolviendo una acción de tutela contra una decisión judicial- auto del 9
de julio de 2015- que sólo involucra la situación de la señora Candelaria del
Socorro Meza Martínez en relación con el predio en cuestión. En ese sentido,
este Tribunal no encuentra viable un pronunciamiento respecto de la situación de
aquél accionante, puesto que nunca se encontró vinculado a las actuaciones
judiciales del Tribunal accionado y, en consecuencia, carece de legitimación
por activa en la presente causa. En todo caso, debe indicarse que el señor
González de la Rosa está en libertad de adelantar todas las actuaciones que
considere pertinentes en procura de su reconocimiento como segundo ocupante
ante la Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Despojadas y
ante las autoridades judiciales competentes.
6.2. Cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela presentada por
la señora Meza Martínez y el señor González de la Rosa contra el auto del 9 de
julio de 2015 proferido por el Tribunal Superior de Cartagena en el marco del
proceso de restitución de tierras adelantado por el señor Pablo Segundo
González de la Rosa.
6.2.1. En primer lugar, la Sala observa que el asunto
bajo análisis reviste una evidente significación constitucional, como quiera
que se decide sobre la eventual vulneración del núcleo básico del derecho fundamental
al debido proceso y otros derechos constitucionales ligados al tema de fondo
que reclaman los accionantes en su calidad de segundos ocupantes [la vivienda,
el trabajo, el mínimo vital, el acceso progresivo a la tierra y la seguridad
alimentaria].
6.2.2. Respecto del segundo requisito, que
se hayan agotado todos los medios de defensa judicial -ordinarios y
extraordinarios-  al alcance de la persona afectada, se observa que, de conformidad con el artículo 102 de la Ley 1448 de
2011,[122]
que es la disposición que permite nuevos pronunciamientos del juez de restitución,
no se contemplan recursos judiciales disponibles contra las decisiones que
adopte el funcionario durante esta etapa, en este caso el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, motivo por el que se entiende cumplido este
presupuesto por los accionantes.
6.2.3. En tercer lugar, la Corte debe
analizar si se cumple con el requisito de inmediatez, esto es, que la demanda
de tutela se hubiere presentado en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la presunta vulneración, en este caso se trata del auto
del 9 de julio de 2015 proferido por la
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal accionado.
Precisamente, la
finalidad de la tutela como vía judicial de protección expedita de
derechos fundamentales, demanda del juez constitucional la verificación del
tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de
amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a revelar que la protección que
se reclama no se requiere con prontitud, y por tal virtud, alterar el carácter
preferente y sumario para el que está reservado la acción.
El auto del Tribunal fue proferido el 9 de
julio de 2015 y la acción de tutela se presentó el 13 de agosto del mismo año, un
poco más de un mes después de la conducta cuestionada. Así las cosas, la Sala encuentra que entre ambos momentos
existe un término proporcionado y razonable, por cuanto dichos meses de
diferencia representan un periodo de diligencia promedio para acudir a la
justicia constitucional, considerando que los peticionarios debieron
aprovisionarse probatoria y jurídicamente.
6.2.4. En relación con el cuarto
requisito, la Sala advierte que en el caso estudiado no se reprocha la
ocurrencia de alguna irregularidad procesal, por lo que su análisis no aplica
para la causa de los demandantes.
6.2.5. Ahora, respecto del quinto
presupuesto, los hechos que generaron la presunta vulneración se encuentran
razonablemente identificados y son manifiestos en la acción de tutela. Para la
Sala es claro que tales hechos están referidos a los presuntos errores de
interpretación y de aplicación de las normas relativas a la facultad del juez
de restitución de tierras de adoptar medidas en favor de quienes demuestren ser
segundos ocupantes luego de emitida la sentencia en el proceso de restitución.
Justamente esta fue la petición de la Unidad de Restitución y de la señora
Candelaria Meza Martínez el 27 de marzo de 2015, mediante la cual se presentó
su caracterización como un posible ocupante secundario, y la misma que, dentro
del proceso, fue desestimada por el Tribunal mediante el auto que hoy se ataca.
6.2.6. Finalmente, la providencia que se
cuestiona por esta vía no es una sentencia de tutela, como quiera que fue
proferida en el marco de un proceso de restitución de tierras, por el Tribunal Superior
del distrito Judicial de Cartagena.
Habiéndose
cumplido, en el caso concreto, los requisitos generales de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales, pasa la Sala a analizar si existe algún
defecto sustantivo manifiesto en las decisiones y atribuible a la respectiva
autoridad en el proceso de restitución de tierras.
6.3. Configuración de
un defecto sustantivo por interpretación irrazonable y por inadvertencia
de la norma a aplicar como presupuestos específicos de prosperidad del amparo.
6.3.1. Tal como se planteó en los primeros capítulos
de esta providencia, a la Sala le corresponde determinar, en primer lugar, si
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, como juez de
restitución, incurrió en un defecto sustantivo al interpretar en forma,
presuntamente, restrictiva las disposiciones de la Ley 1448 de 2011 que le
otorgan amplias facultades para modificar la providencia restitutoria y, en
consecuencia, si al haber negado la adición de la misma por auto del 9 de julio
de 2015, argumentando que la solicitud de reconocimiento como segundo ocupante
de peticionaria no suponía una situación de la entidad suficiente que pudiese
enervar los efectos de la providencia del 18 de julio de 2013, constituyó una
vulneración a sus derechos fundamentales.
6.3.1.1.
A partir de todo lo expuesto, especialmente en el numeral 3.2.2.1. sobre la
configuración del defecto sustantivo y en el capítulo 4 en relación con la
competencia ius fundamental extendida de los jueces de restitución, la
Sala debe concluir que la decisión del Tribunal de negar la eventual modulación
de la providencia de restitución del 18 de julio de 2013, para analizar la
caracterización de la accionante como segundo ocupante con fundamento en la
falta de entidad de dicha situación para enervar los efectos de la sentencia, sí
configuró un defecto sustantivo por interpretación irrazonable.
En efecto, tal como se explicó, la Ley
de Víctimas, en particular su artículo 102, le permite al funcionario judicial conservar su competencia después
de la sentencia “(…) para dictar todas aquellas medidas que, según fuere el
caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de los
despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y la
seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias.”
6.3.1.1.1.
Esta facultad, implicaba que el Tribunal pudiera emitir nuevas y posteriores
órdenes a la providencia del 18 de julio de 2013 con el propósito de garantizar,
de un lado y de forma particular, el derecho a la restitución de las víctimas
que como consecuencia de la ocupación secundaria de los accionantes no habían
logrado su retorno y, de otro y en forma general, la edificación de remedios
jurídicos a los segundos ocupantes para cumplir con los propósitos constitucionales
de la justicia transicional, esencialmente el de la paz.
6.3.1.1.2.
En efecto, el artículo 102 como disposición infraconstitucional debió
haberse interpretado por el Tribunal accionado a la luz de los postulados de
rango constitucional que han inspirado las políticas de restitución y la
importante labor que los jueces de tierras están haciendo como promotores de
ella. Si esto hubiese sido así, el Tribunal Superior de Cartagena no habría minimizado
el reclamo de la actora que, además de la reivindicación que hacía de sus derechos
como segundo ocupante, aparejaba importantes contenidos superiores
ligados a la restitución: la recomposición
del tejido social y la reconciliación; así como la estabilización y la
seguridad jurídica en tanto caminos para llegar a arreglos estables y evitar la
reproducción de la conflictividad rural.
6.3.1.1.3. Por tal razón, la
Sala considera que el Tribunal sí vulneró el derecho al debido proceso de la
accionante quien fue la que presentó la solicitud de reconocimiento como
segundo ocupante ante el Tribunal, al haber desestimado su petición con
fundamento en la falta de entidad de su reclamo para enervar los efectos de la
sentencia del 18 de julio de 2013, pese a que el mismo estaba fundado en el
artículo 102 de la Ley 1448 de 2011, un invaluable dispositivo judicial para
garantizar la restitución de tierras, lo cual implicaba, para el caso
concreto, el cumplimiento de precisos fines constitucionales.
6.3.2. Por otro lado, se expuso que la Corte también
debía resolver si la misma autoridad judicial en dicho auto del 9 de julio de
2015 había incurrió en un defecto sustantivo por inadvertencia
de la norma aplicable al haber
asegurado que la solicitud de la señora Meza Martínez como segundo ocupante ya
se había zanjado por la vía de la oposición dentro del proceso de restitución y
adicionalmente, al haber estimado que era la Unidad de Restitución la encargada
de definir la inclusión de la accionante en los programas para segundos
ocupantes y de adoptar las medidas de atención, pese a lo contemplado por la
reglamentación en tal aspecto.
6.3.2.1. En relación con este problema jurídico hay
dos asuntos que la Sala debe  resolver bajo la misma tipología del defecto
sustantivo. Se trata de analizar los errores en que incurrió el Tribunal como
consecuencia de haber inadvertido la norma aplicable al caso o no haberla
tenido en cuenta cuando (i) sustituyó el análisis del reconocimiento
como segundo ocupante de la señora Meza Martínez por una decisión de oposición
ya adoptada, y (ii) al no haber reconocido su competencia para ordenar
el reconocimiento de la peticionaria como ocupante secundaria y las medidas de
atención respectivas.
6.3.2.1.1. Para el momento en que la Unidad de
Restitución de Tierras solicitó al Tribunal el reconocimiento de la accionante
como segundo ocupante, el 27 de marzo de 2015, ya estaba vigente la
reglamentación relacionada con segundos ocupantes, específicamente el Acuerdo 021
de 2015. Esta circunstancia, le permitía al Tribunal manifestarse no sólo sobre
el reconocimiento de la accionante como ocupante secundario sino también sobre
las medidas a adoptar. Con todo, lo más importante era que este instrumento,
sumado a los ya existentes en el derecho internacional como los “Principios
Pinheiro” (17.3), le imponía al Tribunal el deber de pronunciarse sobre la
solicitud de la demandante independientemente de que su situación como
opositora ya hubiese sido resuelta en un momento procesal anterior.
En efecto, la intervención procesal de la señora Meza
Martínez como opositora no excluía su condición como segunda ocupante que, aún
siendo alegada después de la sentencia, podía ser reconocida por el Tribunal
accionado en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 102 de la Ley
1448 de 2011 cuyo alcance, como se advirtió, está dado no solo por contenidos
de orden legal sino constitucional.
Sobre este punto, cabe aclarar la diferencia conceptual
que existe entre dichas categorías. Tal como ocurre en el caso concreto, segundos
ocupantes y opositores, tienden a confundirse a nivel procesal lo
que, en últimas, invisibiliza la situación de los primeros. Sin embargo,
existen diferencias fundamentales entre ambos, pues mientras el opositor
reivindica la titularidad del bien objeto de restitución y lo disputa con el
solicitante durante el proceso alegando mejor derecho; el segundo ocupante,
por su parte, encarna la situación fáctica y jurídica de quien habita o deriva
de aquél bien inmueble, sus medios de subsistencia.
En todo caso, la importancia de dicha distinción
contiene una proyección mayor, en tanto la solución del problema asociado a la
restitución jurídica y, especialmente, material, pasa necesariamente por remediar
la situación de aquellos que alegan legítimamente su condición de segundos
ocupantes.
6.3.2.1.2. Por otra parte, el Tribunal tampoco tomó en
cuenta el Acuerdo 021 de 2015 cuando aseguró que era la Unidad la que debía
encargarse de la situación de la Meza Martínez como segundo ocupante, puesto que,
de conformidad con el artículo 1° de dicha reglamentación, la Unidad no tiene
la competencia para ordenar el reconocimiento de una persona como segundo
ocupante, puesto que sus funciones están circunscritas particularmente a la
ejecución de lo ordenado por el funcionario judicial. Tal como se explicó desde
el numeral 5.4.1. de esta providencia, es indispensable una orden judicial para
que la Unidad pueda activar su procedimiento de atención a segundos ocupantes.
Por esta misma razón, es que este Tribunal tampoco
puede convenir con la aclaración de voto que hace uno de los integrantes de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que en primera instancia
conoce de esta acción de tutela. En efecto, la decisión del 9 de abril de 2015
que conmina a la Unidad de Restitución para que de ser procedente incluya a la
señora Meza Martínez y a su familia en los programas previstos para segundos
ocupantes, resulta a todas luces inviable de conformidad con el Acuerdo 021 de
2015 y, por lo tanto, no constituye una medida que pueda evitar la vulneración
de derechos fundamentales como lo sugiere la Sala de Casación citada.
Por lo anterior, la Sala también considera que el
Tribunal, en este punto específico, vulneró el debido proceso de la accionante.
6.4. Recogiendo todo el análisis hecho frente al caso
concreto, esta Corporación revocará las decisiones de instancia para, en su
lugar, amparar los derechos de la accionante y ordenarle al Tribunal demandado
la emisión de una nueva decisión frente a la calidad de segundo ocupante de la
señora Candelaria Meza Martínez, considerando lo manifestado en el capítulo IV
de esta providencia (numeral 4.3.3. en adelante) sobre las facultades del juez
de restitución, así como lo descrito en el numeral 5.5.1 ibídem sobre la
caracterización de los segundos ocupantes sujetos de protección y finalmente,
lo desarrollado en el numeral 5.4.5. ibídem en relación con los estándares
probatorios exigibles a dichos sujetos para que, de serle reconocida tal
calidad [la de segundo ocupante], se ordenen las medidas de atención
respectivas dispuestas por el Acuerdo 021 de 2015 o por la normatividad que
haga sus veces para el caso concreto.
III.
DECISIÓN:
En mérito de lo expuesto, la
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la decisión de segunda instancia adoptada
por la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia el 18 de noviembre de 2016, que, a su vez, confirmó
la sentencia proferida en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la
misma Corporación el 31 de agosto de 2015, dentro de la acción de tutela
promovida por Candelaria del Socorro Meza Martínez y Carmelo de Jesús González
de la Rosa contra la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; y en su lugar, AMPARAR
los derechos fundamentales de la señora Candelaria del Socorro Meza
Martínez, con fundamento en los argumentos de la parte motiva de esta
sentencia, e igualmente, declarar IMPROCEDENTE la acción constitucional
en relación con el señor Carmelo de Jesús González de la Rosa ante la ausencia
de legitimación por activa.
SEGUNDO.- ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena que, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de esta
sentencia, emita una nueva decisión frente a la calidad de segundo ocupante de
la señora Candelaria del Socorro Meza Martínez, considerando lo manifestado en
el capítulo IV de esta providencia (numeral 4.3.3. en adelante) sobre las
facultades del juez de restitución, así como lo descrito en el numeral 5.5.1.[123]
ibídem sobre la caracterización de los segundos ocupantes sujetos de
protección y finalmente, lo desarrollado en el numeral 5.4.5.[124] ibídem en relación con
los estándares probatorios exigibles a dichos sujetos para que, de serle
reconocida tal calidad [la de segundo ocupante], se ordenen las medidas
de atención respectivas dispuestas por el Acuerdo 021 de 2015 o por la
normatividad que haga sus veces para el caso concreto.
TERCERO.- ORDENAR que,
por Secretaría General, se libren las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Ausente en comisión
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Vinculados
mediante auto del 18 de agosto de 2015 por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia. Folio 17 del cuaderno principal.
[2] En adelante el
“Tribunal” o “Tribunal Superior de Cartagena”.
[3] En adelante la
“Unidad” o “Unidad de Restitución”.
[4] El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Dos, mediante auto del 26
de febrero de 2016. Folios 12 al 23 del cuaderno de Revisión.
[5] De acuerdo con el acta individual de reparto, la acción de tutela
fue presentada para tal fecha. Folio 16 del cuaderno principal.
[6] De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición
hecho por la Unidad de Restitución, con el fin de adelantar los trámites
administrativos y judiciales, a la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, se confirma que el señor Pablo Segundo González de la
Rosa y su familia figuran en el Registro Único de Víctimas y han adelantado la
solicitud de reparación individual por vía administrativa en el marco del
Decreto 1290 de 2008. Folios 44 a 49 del cuaderno principal del proceso de
restitución.
[7] La Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras, mediante
Resolución del 20 de 2012 “Por medio de la cual se decide el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución RSU 0037 de no inclusión en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente”, repuso la
decisión del 13 de noviembre de 2012 y procedió a inscribir en el Registro de Tierras
Despojadas y Abandonadas Forzosamente al señor Pablo Segundo González de la
Rosa y a su núcleo familiar como reclamantes del predio denominado “Capitolio,
parcela No.2”. Folios 76 a 77 del cuaderno principal del proceso de
restitución.
[8] De acuerdo con
la información contenida en el expediente del proceso de restitución, la
matrícula inmobiliaria del predio es la No. 342-22172, el número catastral es
el 705080002000204 y el área catastral es de 16 hectáreas más 0,778 m2.
Igualmente, la titular en catastro era la señora Candelaria del Socorro Mesa
Martínez antes de adoptarse las decisiones pertinentes en el respectivo
proceso. Folios 119 y 120 del cuaderno principal del proceso de restitución.
[9] La solicitud
fue admitida el 5 de diciembre de 2012. Folio 95 a 99 del cuaderno principal
del proceso de restitución.
[10] Folios 34 a 39
del cuaderno principal del proceso de restitución.
[11] Para fundamentar el contexto de violencia en el que
el solicitante abandonó el predio objeto de restitución, la Unidad de
Restitución de Tierras se apoyó en el informe del Observatorio del Programa
Presidencial para los Derechos humanos y DIH de 2003: “Panorama actual de la
región de Montes de María y su entorno”.
[12] Mediante
Resolución No. 1202 del 22 de marzo de 2011, el Comité Departamental de
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia del Departamento
de Sucre declaró el desplazamiento forzado la zona rural de los municipios de
Coloso, Ovejas, Toluviejo, Los Palmitos, Chalan y Morroa, correspondientes a la
subregión de los montes de María en el Departamento de Sucre. Folios 514 a 521
del cuaderno No.3 de pruebas del proceso de restitución.
[13] De acuerdo con la narración dada por el señor Pablo
Segundo a la Unidad de Restitución durante la recolección de la información
para el proceso de restitución, “(…) le vendí el predio a mi cuñada porque
me estaban cobrando la deuda del Incora. Lo vendí por valor de 1’800.000 pero
di la firma en el año 2003 a mi cuñada. (…) no me obligaron a vender solo vendí
por miedo, me obligó el Incora porque todos los días me venían a cobrar y como
no podía cultivar por la violencia ya que no era seguro volver al predio me
tocó regalarlo casi totalmente”
[14] Solicitud de
la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas de Sucre. Folio 6. Cuaderno
principal del proceso de restitución.
[15] Escrito de
oposición de la señora Candelaria del Socorro Meza Martínez. Folios 136 a 141
del cuaderno principal del proceso de restitución.
[16] Folio 152 a
158 del cuaderno principal del proceso de restitución.
[17] “ARTÍCULO
79. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS DE RESTITUCIÓN. Los Magistrados de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en
restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de
restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos de
despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos
casos en que se reconozcan opositores dentro del proceso. Así mismo, conocerán
de las consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del
Circuito, especializados en restitución de tierras. (…)”
[18] Auto del 11 de
abril de 2013 mediante el cual el cual el Juzgado Segundo Civil de Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Sincelejo- Sucre- remite el proceso
a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior
del Distrito Judicial correspondiente. Folios 187 a 189 del cuaderno principal
del proceso de restitución.
[19] “ARTÍCULO
78. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la prueba sumaria de la
propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el
proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para
trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la
pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que
estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo
predio.”
[20] “ARTÍCULO
77. PRESUNCIONES DE DESPOJO EN RELACIÓN CON LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL
REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. En relación con los predios inscritos en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta
las siguientes presunciones: (…) 2. Presunciones legales en relación con
ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro
del proceso de restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos
hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de
compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se
prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles
siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral
anterior, en los siguientes casos:// a. En cuya colindancia hayan ocurrido
actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado
colectivo, o violaciones graves a los derechos humanos en la época en que
ocurrieron las amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo
o abandono, o en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de
protección individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997,
excepto en aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos
mediante el cual haya sido desplazado la víctima de despojo, su cónyuge,
compañero o compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes
convivía o sus causahabientes. (…)”
[21] “Principio
17: (…) 17.4. En los casos en que los ocupantes secundarios hayan vendido las
viviendas, las tierras o el patrimonio a terceros que las hayan adquirido de
buena fe, los Estados pueden considerar la posibilidad de establecer mecanismos
para indemnizar a los compradores que hayan resultado perjudicados. No
obstante, cabe sostener que la gravedad del desplazamiento que originó el
abandono de los bienes puede entrañar una notificación implícita de la
ilegalidad de su adquisición, lo cual excluye en tal caso la formación de
derechos de buena fe sobre la propiedad.”
[22] Folios 57 a 86
del cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de restitución.
[23] Folio 126 del
cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de Restitución.
[24] Folio 141 del
cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de Restitución.
[25] Folio 194 del
cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de Restitución.
[26] Folio 246 del
cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de Restitución.
[27] Folio 267 del
cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de Restitución.
[28] Folio 301 del
cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de Restitución.
[29] Folio 304 a
306 del cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de Restitución.
[30] Informe de
caracterización a ocupantes secundarios efectuado por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras. Folio 318 a 348 del cuaderno
No.9 del Tribunal.
[31] Solicitud
enviada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras al Tribunal. Folio 317 del cuaderno No.9 del Tribunal.
[32] Acuerdo
expedido por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, “por el cual se deroga el
acuerdo Nº 18 de 2014 y se establece el reglamento para el cumplimiento de las
providencias y medidas que ordenen la atención a los segundos ocupantes dentro
del marco de la Acción de Restitución”.
[33] Los registros
fueron consultados el 13 de febrero de 2015 con un puntaje para ambos de 18,01.
Folios 345 y 346 del cuaderno No. 9 del Tribunal.
[34] Acta de
Reunión del 20 de marzo de 2015 y otros documentos en los que el señor Pablo
González de la Rosa solicita la compensación equivalente del predio por dinero.
Folios 350 a 351 del cuaderno No. 9 del Tribunal.
[35] Esta petición
fue reiterada posteriormente, mediante oficios del 11 y 20 de mayo de 2015 así
como del 24 de junio del mismo año. Folios 378 a 382, 384 a 387 y 391 del
cuaderno No. 9 del Tribunal.|
[36] Folios 392 a
396 del cuaderno No. 9 del Tribunal.
[37] Folios 28 a 29 del cuaderno principal.
[38] Respuesta enviada por correo electrónico a la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia el 20 de agosto de 2015. Folio 27 del
cuaderno principal.
[39] Folios 37 a 43
del cuaderno principal.
[40] Folio 86 a 97
del cuaderno principal.
[41] “17.3. En
los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios sea justificable e
inevitable, los Estados deben adoptar medidas positivas para proteger a
aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda adecuada
cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento, con el fin de que no se
queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea
menoscabado de ningún otro modo. Los Estados deban esforzarse por encontrar y
proporcionar viviendas o tierras alternativas a dichos ocupantes, incluso de
forma temporal, con el fin de facilitar la restitución oportuna de las
viviendas, las tierras y el patrimonio de los refugiados y desplazados. No obstante,
la falta de dichas alternativas no debería retrasar innecesariamente la
aplicación y el cumplimiento de las decisiones que los órganos competentes
adopten respecto de la restitución de las viviendas, las tierras y el
patrimonio.”
[42] Folios 107 a
119 del cuaderno principal.
[43] Folios 139 y
140 del cuaderno principal.
[44] Folios 3 a 7
del cuaderno de segunda instancia del trámite de tutela.
[45] “PRIMERO.- ORDENAR que, por Secretaría
General, se oficie al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena-
Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras- para que, en el término de
3 días hábiles a partir de la comunicación de este auto, envíe a este despacho copia
completa del proceso de restitución de tierras regulado por la Ley 1448 de
2011 promovido por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras Despojadas- Dirección Territorial Sucre- en nombre y a favor del
señor Pablo Segundo González de la Rosa (Rad. Int. 00025-2013-02) sobre el
predio “Capitolio” Parcela 2, Corregimiento Cambimba- jurisdicción del
municipio de Ovejas, Sucre. // SEGUNDO.- ORDENAR que, por Secretaría
General, se oficie a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas- Dirección Territorial Sucre- para que, en el
término de 3 días hábiles a partir de la comunicación de este auto, envíe a
este despacho copia completa del informe elaborado con motivo del
estudio de la situación socioeconómica y jurídica de la señora Candelaria del
Socorro Meza Martínez y su familia, y que fue entregada al Tribunal demandado
el 27 de marzo de 2015.” Folio 25 y 26 del cuaderno de revisión.
[46] Folio 24 al 48
del cuaderno de revisión.
[47] “ARTÍCULO
78. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. Bastará con la prueba sumaria de la
propiedad, posesión u ocupación y el reconocimiento como desplazado en el
proceso judicial, o en su defecto, la prueba sumaria del despojo, para
trasladar la carga de la prueba al demandado o a quienes se opongan a la
pretensión de la víctima en el curso del proceso de restitución, salvo que
estos también hayan sido reconocidos como desplazados o despojados del mismo
predio.”
[48] “ARTÍCULO
77. PRESUNCIONES DE DESPOJO EN RELACIÓN CON LOS PREDIOS INSCRITOS EN EL
REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS. En relación con los predios inscritos en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente se tendrán en cuenta
las siguientes presunciones: (…) 2. Presunciones legales en relación con
ciertos contratos. Salvo prueba en contrario, para efectos probatorios dentro
del proceso de restitución, se presume que en los siguientes negocios jurídicos
hay ausencia de consentimiento o de causa lícita, en los contratos de
compraventa y demás actos jurídicos mediante los cuales se transfiera o se
prometa transferir un derecho real, la posesión o la ocupación sobre inmuebles
siempre y cuando no se encuentre que la situación está prevista en el numeral
anterior, en los siguientes casos:// a. En cuya colindancia hayan ocurrido
actos de violencia generalizados, fenómenos de desplazamiento forzado colectivo,
o violaciones graves a los derechos humanos en la época en que ocurrieron las
amenazas o hechos de violencia que se alega causaron el despojo o abandono, o
en aquellos inmuebles en donde se haya solicitado las medidas de protección
individuales y colectivas relacionadas en la Ley 387 de 1997, excepto en
aquellos casos autorizados por la autoridad competente, o aquellos mediante el
cual haya sido desplazado la víctima de despojo, su cónyuge, compañero o
compañera permanente, los familiares o mayores de edad con quienes convivía o
sus causahabientes. (…)”
[49] “Principio
17: (…) 17.4. En los casos en que los ocupantes secundarios hayan vendido las
viviendas, las tierras o el patrimonio a terceros que las hayan adquirido de
buena fe, los Estados pueden considerar la posibilidad de establecer mecanismos
para indemnizar a los compradores que hayan resultado perjudicados. No
obstante, cabe sostener que la gravedad del desplazamiento que originó el
abandono de los bienes puede entrañar una notificación implícita de la
ilegalidad de su adquisición, lo cual excluye en tal caso la formación de
derechos de buena fe sobre la propiedad.”
[50] Folios 57 a 86
del cuaderno No. 7 del Tribunal en el Proceso de restitución.
[51] Ver, entre otras, las sentencias T-381 de 2004 (M.P.
Jaime Araujo Montería), T-565 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1112 de
2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[52] Sentencia T-944 de
2005 (M.P. Jaime Araujo Rentería).
[53] De conformidad con la Sentencia
SU-813 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), los criterios generales de procedibilidad son requisitos de
carácter procedimental encaminados a garantizar que no exista abuso en el
ejercicio de la acción de tutela dentro de un proceso judicial donde existían
mecanismos aptos y suficientes para hacer valer el derecho al debido proceso. A
juicio de esta Corporación, la razón detrás de estos criterios estriba en que “en estos casos la acción se
interpone contra una decisión judicial que es fruto de un debate procesal y que
en principio, por su naturaleza y origen, debe entenderse ajustada a la
Constitución.”
[54] Por su parte, en sentencia
T-1240 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se expuso que los criterios específicos o defectos aluden a los errores o yerros que
contiene la decisión judicial cuestionada, los cuales son de la entidad
suficiente para irrespetar los derechos fundamentales del reclamante.
[55] Al respecto
la Sentencia C-590 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño), detalló dichos
requisitos así: “Los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los
siguientes: // a. Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de
tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.// b. Que se hayan agotado
todos los medios  -ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del
actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.// c. Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.// d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.  No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles
de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos
se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.// e. Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible.  Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.// f. Que no se trate de sentencias de
tutela.  Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”
[56] En
la misma providencia, se individualizaron las causales específicas de la
siguiente manera: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. // b. Defecto procedimental absoluto, que se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. //
c.  Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. //
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. // f. Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño
por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que
afecta derechos fundamentales. // g.  Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. // h.  Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado. // i.  Violación directa de la
Constitución.”
[57] El defecto
sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido
ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver
los fallos SU-159 de 2002 (Manuel José Cepeda), C-590 de 2005 (M.P. Jaime
Córdoba Triviño), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-018 de
2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-757 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[58] Sentencia
T-832A de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[59] Sentencia
T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). Sentencia T-1045 de 2008 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
[60] Ibídem.
[61] “Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.”
[62] En la
sentencia C-715 de 2012, la Corte, entre otros asuntos debió definir si el
Legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al prever un conjunto
de medidas para el despojo y no para el abandono forzado de predios, según la
lectura que los demandantes hacían del artículo 74 de la Ley de víctimas y
restitución de tierras, y de otras normas que giraban en torno al concepto de
‘despojo de tierras’. La Corte consideró que, con independencia de las
relevantes discusiones teóricas y sociales acerca de las tipologías de estos
fenómenos, las medidas legislativas dictadas en respuesta al despojo son
también aplicables al abandono de tierras: “Para la Corte, si bien los
conceptos de abandono y despojo son fenómenos distintos, es claro que ambos producen
la expulsión de la tierra de las víctimas, lo que genera una vulneración masiva
de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto interno, razón por
la cual esta Corporación en múltiples y reiteradas ocasiones ha reconocido
normativa y jurisprudencialmente a  las víctimas de despojo y abandono sin
ninguna distinción, como sucede con la definición del delito de desplazamiento
forzado. En este orden, la Ley 1448 de 2011 y especialmente los artículos que
ahora se demandan –arts. 28 y 72– dejan ver el carácter asimilable de las
víctimas de despojo, de usurpación y de abandono forzado de tierras, de tal
manera que ambas son incluidas y tenidas en cuenta por el Legislador en el
marco de la Ley 1448 de 2011”.
[63] Sobre la
expresión relativa al conflicto armado interno, cabe destacar el
pronunciamiento de este Tribunal, mediante la sentencia C-781 de 2012, con
ocasión de una demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “ocurridas
con ocasión del conflicto armado interno” contenida en el artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011. En dicha oportunidad, la Corte resolvió declarar exequible
dicha expresión bajo el siguiente análisis: “(…) la expresión “con ocasión
del conflicto armado”, inserta en la definición operativa de “víctima”
establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, delimita el universo de
víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y compatible con el
principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas como
tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun cuando
no sean beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de
las herramientas y procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus
derechos provistos por el Estado colombiano y su sistema jurídico. La expresión
“con ocasión del conflicto armado,” tiene un sentido amplio que cobija
situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A esta conclusión se
arriba principalmente siguiendo la ratio decidendi de la sentencia C-253A de
2012, en el sentido de declarar que la expresión “con ocasión de” alude a “una
relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado. (…) Esta
conclusión también es armónica con la noción amplia de “conflicto armado” que
ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de numerosos pronunciamientos
en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de seguimiento a la
superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento
forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite
a las confrontaciones estrictamente militares, o a un grupo específico de
actores armados con exclusión de otros, ha sido interpretada en un sentido
amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e histórica del
conflicto armado interno colombiano.(...)”
[64] Gaceta 865 de
2010. Proyecto 107 de 2010 Cámara, acumulado con el proyecto 085 de 2010,
Cámara. Informe de ponencia para primer debate.
[65] Esta
Corporación, luego de revisar distintos cuerpos normativos internacionales y
nacionales y los parámetros que, frente a la restitución, de ellos se
desprenden, sostuvo en la sentencia C-715 de 2012 , reiterada luego por la
C-795 de 2014 , lo siguiente: “De los estándares internacionales, la
Constitución Política y la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la
restitución de las víctimas como componente preferencial y esencial del derecho
a la reparación integral se pueden concluir las siguientes reglas:// (i) La
restitución debe entenderse como el medio preferente y principal para la
reparación de las víctimas al ser un elemento esencial de la justicia
restitutiva.// (ii) La restitución es un derecho en sí mismo y es independiente
de que se las víctimas despojadas, usurpadas o que hayan abandonado forzadamente
sus territorios retornen o no de manera efectiva.// (iii) El Estado debe
garantizar el acceso a una compensación o indemnización adecuada para aquellos
casos en que la restitución fuere materialmente imposible o cuando la víctima
de manera consciente y voluntaria optare por ello.// (iv) Las medidas de
restitución deben respetar los derechos de terceros ocupantes de buena fe
quienes, de ser necesario, podrán acceder a medidas compensatorias.// (v) La
restitución debe propender por el restablecimiento pleno de la víctima y la
devolución a la situación anterior a la violación en términos de garantía de
derechos; pero también por la garantía de no repetición en cuanto se trasformen
las causas estructurales que dieron origen al despojo, usurpación o abandono de
los bienes.// (vi) En caso de no ser posible la restitución plena, se deben
adoptar medidas compensatorias, que tengan en cuenta no solo los bienes muebles
que no se pudieron restituir, sino también todos los demás bienes para efectos
de indemnización como compensación por los daños ocasionados.// (vii) El
derecho a la restitución de los bienes demanda del Estado un manejo integral en
el marco del respecto y garantía de los derechos humanos, constituyendo un
elemento fundamental de la justicia retributiva, siendo claramente un mecanismo
de reparación y un derecho en sí mismo, autónomo e independiente.”
[66] Esta
definición de restitución es la ofrecida por el artículo 71 de la Ley 1448 de
2011: “Se entiende por restitución, la realización de medidas para el
restablecimiento de la situación anterior a las violaciones contempladas en el
artículo 3o de la presente Ley.”
[67] Ley 1448 de
2011. “ARTÍCULO 72. ACCIONES DE RESTITUCIÓN DE LOS DESPOJADOS. El Estado
colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y
material de las tierras a los despojados y desplazados. De no ser posible la
restitución, para determinar y reconocer la compensación correspondiente. (…)”
[68] Ley 1448 de
2011. “ARTÍCULO 82. SOLICITUD DE RESTITUCIÓN O FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas podrá solicitar al Juez o Magistrado la titulación y entrega del
respectivo predio incluido en el registro de tierras despojadas a favor del
titular de la acción y representarlo en el proceso.// PARÁGRAFO. Los titulares
de la acción pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución
o formalización de predios registrados en la Unidad, en las cuales se dé
uniformidad con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados,
el tiempo y la causa del desplazamiento.”
[69] Ley 1448 de
2011. “ARTÍCULO 76. REGISTRO DE TIERRAS PRESUNTAMENTE DESPOJADAS Y
ABANDONADAS FORZOSAMENTE. Créase el “Registro de tierras despojadas y
abandonadas forzosamente” como instrumento para la restitución de tierras a que
se refiere esta ley. En el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente se inscribirán también las personas que fueron despojadas de sus
tierras u obligadas a abandonarlas y su relación jurídica con estas,
determinando con precisión los predios objeto de despojo, en forma preferente
mediante georreferenciación, así como el período durante el cual se ejerció
influencia armada en relación con el predio.// El registro se implementará en
forma gradual y progresiva, de conformidad con el reglamento, teniendo en
cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la
existencia de condiciones para el retorno. La conformación y administración del
registro estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas que se crea por esta Ley.// La inscripción en
el registro procederá de oficio, o por solicitud del interesado. En el registro
se determinará el predio objeto del despojo o abandono forzado, la persona y el
núcleo familiar del despojado o de quien abandonó el predio. Cuando resulten
varios despojados de un mismo predio o múltiples abandonos, la Unidad los
inscribirá individualmente en el registro. En este caso se tramitarán todas las
solicitudes de restitución y compensación en el mismo proceso.// Una vez recibida
la solicitud de inscripción de un predio en el registro por la parte
interesada, o iniciado el trámite de oficio, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, comunicará de dicho trámite al
propietario, poseedor u ocupante que se encuentre en el predio objeto de
registro, a fin de que pueda aportar las pruebas documentales que acrediten la
propiedad, posesión u ocupación de dicho predio de buena fe, conforme a la ley.
Esta Unidad tiene un término de sesenta (60) días, contado a partir del momento
en que acometa el estudio conforme con el inciso segundo de este artículo, para
decidir sobre su inclusión en el Registro. Este término podrá ser prorrogado
hasta por treinta (30) días, cuando existan o sobrevengan circunstancias que lo
justifiquen. // La inscripción de un predio en el registro de tierras
despojadas será requisito de procedibilidad para iniciar la acción de
restitución a que se refiere este Capítulo.// La Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas tendrá acceso a todas las bases
de datos sobre las víctimas de despojo o abandono forzado, del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y de los catastros descentralizados, de las
notarías, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, de la Superintendencia
de Notariado y Registro, de las oficinas de registro de instrumentos públicos,
entre otros.//Para estos efectos, las entidades dispondrán de servicios de
intercambio de información en tiempo real con la Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, con base en los estándares de
seguridad y políticas definidas en el Decreto 1151 de 2008 sobre la estrategia
de Gobierno en Línea.// En los casos en que la infraestructura tecnológica no
permita el intercambio de información en tiempo real, los servidores públicos
de las entidades y organizaciones respectivas, deberán entregar la información
en el término máximo de diez (10) días, contados a partir de la solicitud. Los
servidores públicos que obstruyan el acceso a la información o incumplan con
esta obligación incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las sanciones
penales a que haya lugar.// PARÁGRAFO 1o. Las autoridades que reciban
información acerca del abandono forzado y de despojo de tierras deben remitir a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas, al día hábil siguiente a su recibo, toda la información
correspondiente con el objetivo de agilizar la inscripción en el registro y los
procesos de restitución.// PARÁGRAFO 2o. La Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas deberá permitir el acceso a la
información por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, en aras de garantizar la integridad e
interoperatividad de la Red Nacional de Información para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.”
[70] “ARTÍCULO
83. SOLICITUD DE RESTITUCIÓN O FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LA VÍCTIMA. Cumplido
el requisito de procedibilidad a que se refiere el artículo 76, el despojado
podrá dirigirse directamente al Juez o Magistrado, según lo dispuesto en el
artículo 79, mediante la presentación de demanda escrita u oral, por sí misma o
a través de apoderado.”
[71]  Ley 1448 de
2011. “ARTÍCULO 82. SOLICITUD DE RESTITUCIÓN O FORMALIZACIÓN POR PARTE DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas podrá solicitar al Juez o Magistrado la titulación y entrega del
respectivo predio incluido en el registro de tierras despojadas a favor del
titular de la acción y representarlo en el proceso.// PARÁGRAFO. Los titulares
de la acción pueden tramitar en forma colectiva las solicitudes de restitución
o formalización de predios registrados en la Unidad, en las cuales se dé
uniformidad con respecto a la vecindad de los bienes despojados o abandonados,
el tiempo y la causa del desplazamiento.”
[72] Ley 1448 de
2011. “Artículo 84. Contenido de la solicitud. La solicitud de
restitución o formalización deberá contener:// a) La identificación del predio
que deberá contener como mínimo los siguientes datos: la ubicación, el
departamento, municipio, corregimiento o vereda, la identificación registral,
número de la matrícula inmobiliaria e identificación catastral, número de la
cédula catastral.// b) La constancia de inscripción del predio en el registro
de tierras despojadas.// c) Los fundamentos de hecho y de derecho de la
solicitud.// d) Nombre, edad, identificación y domicilio del despojado y de su
núcleo familiar, o del grupo de personas solicitantes, según el caso.// e) El
certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique
registralmente el predio.// f) La certificación del valor del avalúo catastral
del predio.”
[73] Ley 1448 de 2011. “ARTÍCULO 85. TRÁMITE DE LA
SOLICITUD. La sustanciación de la solicitud estará a cargo del Juez o
Magistrado según el caso, a quien corresponderá por reparto que será efectuado
por el Presidente de la Sala el mismo día, o a más tardar el siguiente día
hábil. El Juez o Magistrado tendrá en consideración la situación de
vulnerabilidad manifiesta de las víctimas para considerar la tramitación preferente
de sus reclamaciones”. “ARTÍCULO 86. ADMISIÓN DE LA SOLICITUD. El auto que
admita la solicitud deberá disponer:// a) La inscripción de la solicitud en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos indicando el folio de matrícula
inmobiliaria y la orden de remisión del oficio de inscripción por el
registrador al Magistrado, junto con el certificado sobre la situación jurídica
del bien, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la orden de
inscripción.// b) La sustracción provisional del comercio del predio o de los
predios cuya restitución se solicita, hasta la ejecutoria de la sentencia.// c)
La suspensión de los procesos declarativos de derechos reales sobre el predio
cuya restitución se solicita, los procesos sucesorios, de embargo, divisorios,
de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, posesorios de cualquier
naturaleza, de restitución de tenencia, de declaración de pertenencia y de bienes
vacantes y mostrencos, que se hubieran iniciado ante la justicia ordinaria en
relación con el inmueble o predio cuya restitución se solicita, así como los
procesos ejecutivos, judiciales, notariales y administrativos que afecten el
predio, con excepción de los procesos de expropiación.// d) La notificación del
inicio del proceso al representante legal del municipio a donde esté ubicado el
predio, y al Ministerio Público.// e) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La
publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia circulación
nacional, con inclusión de la identificación del predio y los nombres e
identificación de la persona y el núcleo familiar del despojado o de
quien abandonó el predio cuya restitución se solicita, para que las personas
que tengan derechos legítimos relacionados con el predio, los acreedores con
garantía real y otros acreedores de obligaciones relacionadas con el predio,
así como las personas que se consideren afectadas por la suspensión de procesos
y procedimientos administrativos comparezcan al proceso y hagan valer sus
derechos.// PARÁGRAFO. Adicionalmente el Juez o Magistrado en este auto o en
cualquier estado del proceso podrá decretar las medidas cautelares que
considere pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que
se estuviere causando sobre el inmueble.”
[74] Ley 1448 de
2011. “ARTÍCULO 87. TRASLADO DE LA SOLICITUD. El traslado de la solicitud se
surtirá a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el
certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria donde esté
comprendido el predio sobre el cual se solicite la restitución y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas cuando
la solicitud no haya sido tramitada con su intervención.// Con la publicación a
que se refiere el literal e) del artículo anterior se entenderá surtido el
traslado de la solicitud a las personas indeterminadas que consideren que deben
comparecer al proceso para hacer valer sus derechos legítimos y a quienes se
consideren afectados por el proceso de restitución.// Cumplidas las anteriores
formalidades sin que los terceros determinados se presenten, se les designará
un representante judicial para el proceso en el término de cinco (5) días.”
[75] Ley 1448 de
2011. “ARTÍCULO 88. OPOSICIONES.  <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE
exequible> Las oposiciones se deberán presentar ante el juez dentro de
los quince (15) días siguientes a la solicitud. Las oposiciones a la
solicitud efectuadas por particulares se presentarán bajo la gravedad del
juramento y se admitirán, si son pertinentes. Las oposiciones que presente la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando
la solicitud no haya sido tramitada con su intervención deberá ser valorada y
tenida en cuenta por el Juez o Magistrado.// La Unidad Administrativa Especial
de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, cuando no haya actuado como
solicitante podrá presentar oposición a la solicitud de restitución.// Al
escrito de oposición se acompañarán los documentos que se quieran hacer valer
como prueba de la calidad de despojado del respectivo predio, de la buena fe
exenta de culpa, del justo título del derecho y las demás pruebas que pretenda
hacer valer el opositor en el proceso, referentes al valor del derecho, o la
tacha de la calidad de despojado de la persona o grupo en cuyo favor se
presentó la solicitud de restitución o formalización.// Cuando la solicitud
haya sido presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas de conformidad con lo previsto en este
capítulo y no se presenten opositores, el Juez o Magistrado procederá a dictar
sentencia con base en el acervo probatorio presentado con la solicitud.”
[76] Los jueces de
tierras ya han abordado dicho tema. Por ejemplo, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Antioquia, mediante providencia Rad. 230013121002-2013-00019-00
del 12 de junio de 2015, ilustra sobre diversos dispositivos a tomar en
consideración: “El imaginario que tenía el legislador al conformar el
articulado de la Ley 1448 era el de una víctima en desventaja y estado de
vulneración contra un victimario o despojador poderoso, por lo que, para
corregir dicho desbalance otorgó en beneficio de aquella varios dispositivos
procesales y probatorios tales como: la buena fe subjetiva, la inversión de la
carga de la prueba, la aceptación de pruebas sumarias, el reconocimiento de
ciertas pruebas como fidedignas, la aplicación del principio pro homine, la
posibilidad de dictar fallos extra y ultra petita, etc.”
[77] Ley
1448 de 2011. “Artículo 79. Competencia para conocer
de los procesos de restitución. Los Magistrados de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial Sala Civil, especializados en
restitución de tierras, decidirán en única instancia los procesos de
restitución de tierras, y los procesos de formalización de títulos de despojados
y de quienes abandonaron en forma forzosa sus predios, en aquellos casos en que
se reconozcan opositores dentro del proceso. Así mismo, conocerán de las
consultas de las sentencias dictadas por los Jueces Civiles del Circuito,
especializados en restitución de tierras.// Los Jueces Civiles del Circuito,
especializados en restitución de tierras, conocerán y decidirán en única
instancia los procesos de restitución de tierras y los procesos de
formalización de títulos de despojados y de quienes abandonaron en forma forzosa
sus predios, en aquellos casos en que no se reconozcan opositores dentro del
proceso.// En los procesos en que se reconozca personería a opositores, los
Jueces Civiles del Circuito, especializados en restitución de tierras,
tramitarán el proceso hasta antes del fallo y lo remitirán para lo de su
competencia al Tribunal Superior de Distrito Judicial.// Las sentencias
proferidas por los Jueces Civiles del Circuito especializados en restitución de
tierras que no decreten la restitución a favor del despojado serán objeto de
consulta ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial Sala Civil, en defensa
del ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos y garantías de los
despojados.”
[78] En sentencia
C-099 de 2013, se consideró razonable esta previsión normativa al ponderar la
limitación que entraña la ausencia de una instancia de revisión, con la
finalidad constitucionalmente válida perseguida por la norma. Adicionalmente,
explicó que el derecho de contradicción, en particular, y el debido proceso en
general se encuentran garantizados por la estructura misma del procedimiento de
restitución.
[79] Ley 1448 de
2011. “ARTÍCULO 91. (…) PARÁGRAFO 1o. Una vez ejecutoriada la sentencia, su
cumplimiento se hará de inmediato. En todo caso, el Juez o Magistrado mantendrá
la competencia para garantizar el goce efectivo de los derechos del
reivindicado en el proceso, prosiguiéndose dentro del mismo expediente las
medidas de ejecución de la sentencia, aplicándose, en lo procedente, el
artículo 335 del Código de Procedimiento Civil. Dicha competencia se mantendrá
hasta tanto estén completamente eliminadas las causas de la amenaza sobre los
derechos del reivindicado en el proceso.”
[80] “ARTÍCULO
102. MANTENIMIENTO DE COMPETENCIA DESPUÉS DEL FALLO. Después de dictar
sentencia, el Juez o Magistrado mantendrá su competencia sobre el proceso para
dictar todas aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce
y disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan
sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su
integridad personal, y la de sus familias.”
[81] “ARTÍCULO
73. PRINCIPIOS DE LA RESTITUCIÓN. La restitución de que trata la presente ley
estará regida por los siguientes principios: (…) 4. Estabilización. Las
víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un
retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y
dignidad;// 5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por
garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la
situación de los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por
la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la
relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución
o compensación; (…).”
[82] En sentencia
C-795 de 2014, (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio) esta Corte señaló de manera
enfática que “[l]a restitución de la tierra en la justicia transicional es
un elemento impulsor de la paz”.
[83] En efecto, uno
de los principios generales de la Ley 1448 de 2011 es la justicia transicional,
el cual se entiende, de conformidad con su artículo 8º, como “(…) los
diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los
intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones
contempladas en el artículo 3o de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos,
se satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a
las víctimas, se lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la
no repetición de los hechos y la desarticulación de las estructuras armadas
ilegales, con el fin último de lograr la reconciliación nacional y la paz
duradera y sostenible.”
[84] La
Constitución Política lo garantiza: i) como valor superior en su Preámbulo: “en
ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de
fortalecer la paz”, en el artículo 2º que se concreta como fin esencial del
Estado en “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo”; y ii)  como derecho y deber en el artículo 22 al establecer que “la
paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, y en el artículo
95 al enumerar los deberes de la persona y del ciudadano que incluye: “6.
Propender al logro y mantenimiento de la paz”. Finalmente, las
disposiciones constitucionales transitorias 66 y 67 (Acto Legislativo 01 de
2012), instituyen “el logro de la paz estable y duradera”.
[85] “ARTICULO
64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los
servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito,
comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.”
[86] “ARTÍCULO
25. DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL. Las víctimas tienen derecho a ser
reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el
daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el
artículo 3o
de la presente Ley.// La reparación comprende las medidas de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en
sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de
estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la
vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.”
[87] “ARTÍCULO
9. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS TRANSICIONALES. (…) En el marco de la justicia
transicional las autoridades judiciales y administrativas competentes deberán
ajustar sus actuaciones al objetivo primordial de conseguir la reconciliación y
la paz duradera y estable. Para estos efectos se deberá tener en cuenta la
sostenibilidad fiscal, la magnitud de las consecuencias de las violaciones de
que trata el artículo 3o de la presente Ley, y la naturaleza de las mismas.”
[88] Al respecto pueden
verse las sentencias C-715 de 2012, (MP. Luis Ernesto Vargas Silva) y C-795 de
2014 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio)
[89] Corte
Constitucional, Sentencia C-795 de 2014, consideración jurídica VI.3.4.
[90] En la sección
V sobre principios relativos al regreso, el reasentamiento y la reintegración,
se señala que las autoridades competentes tienen la obligación y
responsabilidad primarias de “establecer las condiciones y proporcionar
los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los
desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su
reasentamiento voluntario en otra parte del país” (Principio 28).
[91] En su numeral
19, precisa que la restitución, siempre que sea posible, “ha
de devolver a la víctima a la situación anterior a la violencia manifiesta de
las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho
internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el
restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la
identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de
residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes”.
[92] Establecen que
“los Estados darán prioridad de forma manifiesta al derecho de restitución
como medio preferente de reparación en los casos de desplazamiento y como
elemento fundamental de la justicia restitutiva. El derecho a la restitución de
las viviendas, las tierras y el patrimonio es un derecho en sí mismo y es
independiente de que se haga o no efectivo el regreso de los refugiados y
desplazados a quienes les asista ese derecho” (2.2). Instituyen que los
Estados garantizarán los derechos al regreso voluntario en condiciones de seguridad
y dignidad, a la propiedad del patrimonio,  al acceso, uso y control de
las viviendas, las tierras y el patrimonio, y la seguridad jurídica de la
tenencia y (4.1). Estipulan que los Estados deben adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y judiciales apropiadas para apoyar y facilitar
el proceso de restitución (12.3), estableciendo directrices para “garantizar
la eficacia” de todos los procedimientos, las instituciones y los
mecanismos pertinentes de restitución (12.4).
[93] “Handbook
on Housing and Property Restitution for Refugees and Displaced Persons”. A
group of agencies decided to collaborate on the development of this Handbook. This
joint effort brought together OCHA/IDD, UN HABITAT, UNHCR, FAO, OHCHR, and the
Norwegian Refugee Council (NRC) and the NRC Internal Displacement Monitoring
Centre (IDMC). Multimedia Design and Production, International Training Centre
of the ILO, Turín, Italia Traducción al español: Belén Vinuesa. 2007.
Disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf
[94] Ibídem.
[95] Ibídem.
[96] De acuerdo con
el numeral 17 de los “Principios Pinherio”: “17.1. Los Estados deben velar
por que los ocupantes secundarios estén protegidos contra el desalojo forzoso
arbitrario o ilegal. En los casos en que su desplazamiento se considere
justificable e inevitable a los efectos de la restitución de las viviendas, las
tierras y el patrimonio, los Estados garantizarán que el desalojo se lleve a
cabo de una manera compatible con los instrumentos y las normas internacionales
de derechos humanos, proporcionando a los ocupantes secundarios las debidas
garantías procesales, incluida la posibilidad de efectuar consultas auténticas,
el derecho a recibir una notificación previa adecuada y razonable, y el acceso
a recursos jurídicos, como la posibilidad de obtener una reparación.// 17.2.
Los Estados deben velar por que las garantías procesales otorgadas a los
ocupantes secundarios no menoscaben el derecho de los propietarios legítimos,
de los inquilinos o de otros titulares de derechos a volver a tomar posesión de
las viviendas, las tierras o el patrimonio en cuestión de forma justa y
oportuna.// 17.3. En los casos en que el desalojo de los ocupantes secundarios
sea justificable e inevitable, los Estados deben adoptar medidas positivas para
proteger a aquellos que no dispongan de medios para acceder a otra vivienda
adecuada cuando deben abandonar la que ocupan en ese momento, con el fin de que
no se queden sin hogar y de que su derecho a una vivienda adecuada no se vea
menoscabado de ningún otro modo. Los Estados deban esforzarse por encontrar y
proporcionar viviendas o tierras alternativas a dichos ocupantes, incluso de
forma temporal, con el fin de facilitar la restitución oportuna de las
viviendas, las tierras y el patrimonio de los refugiados y desplazados. No
obstante, la falta de dichas alternativas no debería retrasar innecesariamente
la aplicación y el cumplimiento de las decisiones que los órganos competentes
adopten respecto de la restitución de las viviendas, las tierras y el
patrimonio.// 17.4. En los casos en que los ocupantes secundarios hayan vendido
las viviendas, las tierras o el patrimonio a terceros que las hayan adquirido
de buena fe, los Estados pueden considerar la posibilidad de establecer
mecanismos para indemnizar a los compradores que hayan resultado perjudicados.
No obstante, cabe sostener que la gravedad del desplazamiento que originó el
abandono de los bienes puede entrañar una notificación implícita de la
ilegalidad de su adquisición, lo cual excluye en tal caso la formación de
derechos de buena fe sobre la propiedad.”
[97] Ibídem.
[98] Si se revisan
las disposiciones normativas de la Ley 1448 de 2011, se concluye que la misma
no contempla más que la acción de restitución, la cual está dirigida a las
víctimas reclamantes, no pudiendo los ocupantes secundarios iniciar un proceso
de dicha naturaleza dada su falta de titularidad del derecho a la restitución
(artículo 75); la carencia de legitimación para la acción (artículo 81) y la
ausencia de inscripción del predio en el registro de tierras despojadas como
requisito de procedibilidad (artículo 76).
[99] De esto
último, da fe el Acuerdo 021 de 2015 en sus considerandos, al establecer el
reglamento para el cumplimiento de las providencias que ordenen medidas en
favor de los segundos ocupantes dentro del marco de la acción de restitución,
cuando precisa “Que a pesar del reconocimiento que la Ley 1448 de 2011
realiza a favor de los opositores de buena fe exenta de culpa, en las
providencias de restitución se han venido dando órdenes a favor de los segundo
ocupantes”.
[100] Sentencias
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia bajo los Rad.
200013121001-2013-00198-00 del 16 de julio de 2015 y 230013121002-2013-00019-00
del 12 de junio de 2015.
[101] Sentencias
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena bajo los Rad.
132443121001-2013-00024-00 del 16 de junio de 2015; 1324431210002-2013-00003-00
del 10 de julio de 2014; 132443121002-2013-00037-00 del 23 de junio de 2015;
132443121001-2013-00027-00 del 27 de mayo de 2015; 132443121001-2013-00034-00
del 17 de julio de 2015; y 700013121004-2013-00049-00 del 19 de mayo de 2015.
[102] Sentencias
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta bajo los Rad.
132443121001-2013-00073-01 del 29 de abril de 2015 y 540012221003-2013-00104-00
del 16 de abril de 2015.
[103] Sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá bajo el Rad.
500013121002-2013-00056-00 del 22 de julio de 2015.
[104] Sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali bajo el Rad.
761113121003-2013-00064-01 del 24 de junio de 2015.
[105] Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Antioquia. Sentencia bajo el Rad.
200013121001-2013-00198-00 del 16 de julio de 2015.
[106] Ibídem.
[107] “ARTÍCULO
18. GRADUALIDAD. El principio de gradualidad implica la responsabilidad Estatal
de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y
recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los
programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin
desconocer la obligación de implementarlos en todo el país en un lapso
determinado, respetando el principio constitucional de igualdad.”
[108] “Por el
cual se deroga el Acuerdo 021 de 2015 y se adopta el reglamento para dar
cumplimiento al artículo 4o del Decreto 440 de 2016, mediante el cual se adiciona
el artículo 2.15.1.1.15 al Título 1, Capítulo 1 de la Parte 15 del Libro 2 del
Decreto 1071 relacionado con las medidas de atención a los segundos ocupantes.”
[109] Acuerdo 018
de 2014. “ARTÍCULO 5o. SEGUNDOS OCUPANTES EN LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN.
<Acuerdo derogado por el Acuerdo 21 de 2015> Se consideran segundos
ocupantes aquellas personas naturales reconocidas como tal mediante providencia
judicial, pese a no haber sido declaradas de buena fe exenta de culpa en la
sentencias de restitución y no haber participado de los hechos que dieron lugar
al despojo o al abandono forzado y que, con ocasión a la sentencia, se vieron
abocadas a perder su relación con el predio.” Acuerdo 021 de 2015. “ARTÍCULO
4o. SEGUNDOS OCUPANTES EN LA ACCIÓN DE RESTITUCIÓN. <Acuerdo derogado por el
Acuerdo 29 de 2016> Se consideran segundos ocupantes aquellas personas
naturales reconocidas como tal mediante providencia judicial, que pese a no
haber participado de los hechos que dieron lugar al despojo o al abandono
forzado, no fueron declaradas de buena fe exenta de culpa en la sentencias de
restitución y que, con ocasión a la sentencia, se vieron abocadas a perder su
relación con el predio solicitado en restitución.”
[110] “CRITERIOS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS DE LOS JUECES O MAGISTRADOS EN FAVOR
DE LOS SEGUNDOS OCUPANTES.// ARTÍCULO 8o. El cumplimiento de las providencias
de los jueces y magistrados especializados que ordenen atender a los segundos
ocupantes, se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios:// ARTÍCULO 9o.
OCUPANTES SECUNDARIOS SIN TIERRA QUE HABITAN O DERIVAN DEL PREDIO RESTITUIDO
SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. A los segundos ocupantes que no tuviesen la calidad
de propietarios o poseedores de tierras diferentes al predio restituido y que
habiten y/o deriven sus medios de subsistencia del predio restituido, se les
otorgará preferentemente una medida de atención correspondiente a la entrega de
un predio equivalente al restituido, pero en ningún caso con una extensión
superior a una Unidad Agrícola Familiar (UAF) calculada a nivel predial,
conforme al artículo 27 de la Resolución 041 de 1996, expedida por la Junta
Directiva del Incora, acompañado de la implementación de un proyecto
productivo.// Además, si el segundo ocupante habita de forma permanente en el
predio objeto de restitución, la Unidad de Restitución, realizará las gestiones
para su priorización al programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR). En
todo caso será el Banco Agrario de Colombia quien determinará la viabilidad de
otorgar el referido subsidio según lo establecido en la normatividad del
programa de Vivienda de Interés Social Rural (VISR). El valor será el vigente
del Subsidio Familiar (VISR) en la modalidad de construcción de vivienda
nueva.// El valor del proyecto productivo que le será otorgado al segundo
ocupante, será el señalado en la respectiva Guía Operativa establecida al
interior de la Unidad o quien haga sus veces y, en todo caso, será hasta de
cuarenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (40 smmlv) y el valor de
la asistencia técnica será hasta de quince salarios mínimos mensuales legales
vigentes (15 smlmv).// ARTÍCULO 10. OCUPANTES SECUNDARIOS POSEEDORES U
OCUPANTES DE TIERRAS DISTINTAS AL PREDIO RESTITUIDO, QUE HABITAN O DERIVAN DEL
PREDIO RESTITUIDO SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. Para los segundos ocupantes que
fueren poseedores u ocupantes de otro predio distinto al solicitado en
restitución en el territorio nacional, que habiten o deriven del predio
restituido sus medios de subsistencia, y que hecha una revisión preliminar de
los casos cumplan los requisitos establecidos para optar por la formalización
de la propiedad con relación del predio distinto al restituido, se les otorgará
una medida de atención consistente en la implementación de un proyecto
productivo a cargo de la Unidad o quien haga sus veces y se procederá a dar
traslado del caso al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agencia
Nacional de Tierras o a quien haga sus veces.// Si se constata que no procede
efectuar la formalización del predio en favor del poseedor u ocupante, este
será considerado como un ocupante secundario sin tierra, es decir, será sujeto
de las medidas de atención dispuestas en el artículo 9o del presente acuerdo.
Sin embargo, para ser beneficiario de las medidas, este deberá comprometerse a
hacer entrega formal y material del predio que posee u ocupa a la entidad
competente de su administración que determine el Juez o Magistrado.// ARTÍCULO
11. OCUPANTES SECUNDARIOS PROPIETARIOS DE TIERRAS DISTINTAS AL PREDIO
RESTITUIDO, QUE HABITAN O DERIVAN DEL PREDIO RESTITUIDO SUS MEDIOS DE
SUBSISTENCIA. A los segundos ocupantes que sean propietarios de un predio rural
en el territorio nacional y que habiten o deriven del predio restituido sus
medios de subsistencia, se les otorgará una medida de atención consistente en
la implementación de un proyecto productivo a cargo de la Unidad o quien haga
sus veces. El valor del proyecto productivo será el señalado en el artículo 9o
del presente acuerdo.// ARTÍCULO 12. OCUPANTES SECUNDARIOS QUE NO HABITAN NI
DERIVAN DEL PREDIO RESTITUIDO SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA. A los segundos
ocupantes que no habiten ni deriven del predio restituido sus medios de
subsistencia y que mediante providencia judicial se ordene su atención, se les
otorgará una medida correspondiente a la entrega de un valor en dinero
equivalente al cincuenta por ciento del avalúo comercial del bien restituido
que, en todo caso, no podrá superar el valor de la Unidad Agrícola Familiar
(UAF) calculada a nivel predial, conforme al artículo 27 de la Resolución 041
de 1995 <sic, es 1996>, expedida por la Junta Directiva del Incora cuando
así lo disponga la orden judicial.//PARÁGRAFO. Cuando el Juez o Magistrado lo
considere expresamente, la medida descrita en el presente artículo podrá
disponerse para los segundos ocupantes contemplados en los artículos 9, 10 y
11.”
[111] Acuerdo 029
de 2016. “ARTÍCULO 1o. ADOPCIÓN DEL REGLAMENTO. (…) Serán atendidos los
segundos ocupantes que en virtud de providencia judicial proferida por los
Jueces o Magistrados de Restitución, hayan sido reconocidos como tal y se
ordene respecto de ellos su atención. Para tales fines, cuando sea el caso, la
Unidad caracterizará a los ocupantes secundarios y remitirá esa información a
la Defensoría del Pueblo para que esta, a su vez, informe lo correspondiente a
los Jueces y Magistrados de Restitución.” Esta norma se ha mantenido desde
los acuerdos anteriores sin modificación importante alguna. Acuerdo 021 de
2015. “ARTÍCULO 1o. ADOPCIÓN DEL PROGRAMA Y BENEFICIARIOS. <Acuerdo
derogado por el Acuerdo 29 de 2016> (…) Serán atendidas las personas
naturales que en virtud de providencia judicial proferida por los jueces o
magistrados de restitución, hayan sido reconocidos como segundos ocupantes y se
ordene respecto de ellos su atención. Para tales fines, la Unidad de
Restitución de Tierras caracterizará a los ocupantes secundarios y remitirá esa
información a la Defensoría del Pueblo para que esta, a su vez, informe lo
correspondiente a los jueces y magistrados de restitución.” Acuerdo 018 de
2014. “ARTÍCULO 1o. ADOPCIÓN DEL PROGRAMA Y BENEFICIARIOS. <Acuerdo
derogado por el Acuerdo 21 de 2015> (…) Serán beneficiarios por derecho
propio, las personas naturales que en virtud de providencia judicial proferida
por los jueces o magistrados de restitución, hayan sido reconocidos como
segundos ocupantes, según el artículo 5o del presente acuerdo, y se ordene
respecto de ellos su atención a través del programa. Para tales fines, la
Unidad de Restitución de Tierras caracterizará a los ocupantes secundarios y
remitirá esa información a los jueces y magistrados.”
[112] “Artículo
8°. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”
[113] “Artículo
25.  Protección Judicial.// 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.//
2. Los Estados Partes se comprometen: //  a) a garantizar que la autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos
de toda persona que interponga tal recurso;// b) a desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y//  c) a garantizar el cumplimiento, por
las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.”
[114] “ARTICULO
229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración
de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación
de abogado.”
[115] De acuerdo
con la sentencia C-820 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo), la buena fe
exenta de culpa, “(…) se acredita demostrando no solo la conciencia de haber
actuado correctamente, sino también  la presencia de un comportamiento
encaminado a verificar la regularidad de la situación”. Asimismo, este
Tribunal en la sentencia C-740 de 2003 reiteró la distinción entre la buena fe
simple y la buena fe cualificada: “La buena fe simple, que equivale a obrar
con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las
personas en todas sus actuaciones. El Código civil, al referirse a la
adquisición de la propiedad, la define en el artículo 768 como la conciencia de
haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude
y de todo otro vicio. Esta buena fe se denomina simple, por cuanto, si bien
surte efectos en el ordenamiento jurídico, estos  sólo consisten en cierta
protección que se otorga a quien así obra. Es así que, si alguien de buena fe
adquiere el derecho de dominio sobre un bien cuyo titular no era el verdadero
propietario, la ley le otorga ciertas garantías o beneficios, que si bien no
alcanzan a impedir la pérdida del derecho si aminoran sus efectos. Tal es el
caso del poseedor de buena fe condenado a la restitución del bien, quien no
será condenado al pago de los frutos producidos por la cosa (C.C. art. 964
párr. 3º); o del poseedor de buena fe que adquiere la facultad de hacer suya la
cosa poseída (C.C. arts. 2528 y 2529).//” Además de la buena fe simple,
existe una buena fe con efectos superiores y por ello denominada cualificada,
creadora de derecho o exenta de culpa. Esta buena fe cualificada, tiene la
virtud de crear una realidad jurídica o dar por existente un derecho o
situación que realmente no existía.// La buena fe creadora o buena fe
cualificada, interpreta adecuadamente una máxima legada por el antiguo derecho
al moderno: “Error communis facit jus”, y que ha sido desarrollada en nuestro
país por la doctrina desde hace más de cuarenta años, precisando que “Tal
máxima indica que si alguien en la adquisición de un derecho o de una situación
comete un error o equivocación, y creyendo adquirir un derecho o colocarse en
una situación jurídica protegida por la ley, resulta que tal derecho o
situación no existen por ser meramente aparentes, normalmente y de acuerdo con
lo que se dijo al exponer el concepto de la buena fe simple, tal derecho no
resultará adquirido. Pero si el error o equivocación es de tal naturaleza que
cualquier persona prudente y diligente también lo hubiera cometido, por
tratarse de un derecho o situación aparentes, pero en donde es imposible descubrir
la falsedad o no existencia, nos encontramos forzosamente, ante la llamada
buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa.”
[116] Por ejemplo,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia bajo Rad.
500013121002-2013-00056-00 del 22 de julio de 2015, precisó que, de conformidad
con el Acuerdo 021 de 2015, las personas que deben ser consideradas como
segundos ocupantes son aquellos que “(i) en la sentencia no fueron
declarados como de buena fe exenta de culpa; (ii) ocupan el predio objeto de
restitución; (iii) no participaron de los hechos que dieron lugar al despojo o
abandono forzado y (iv) por causa de la sentencia se vieron avocados a perder
el predio.”
[117] Sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena bajo el Rad.
132443121001-2013-00024-00 del 16 de junio de 2015. En esta oportunidad, pese a
que no se probó la buena fe exenta de culpa de los opositores, el Tribunal
concluyó: “[tampoco] han cohonestado con alguno de los grupos violentos, así
como tampoco se evidencia falsedad en sus declaraciones (…), tampoco se observó
que al entrar al predio lo hubiesen realizado de manera clandestina, ni
violenta; también se demostró que ellos derivan su medio de subsistencia con la
explotación económica del predio, en el cual entraron con el fin de satisfacer
sus necesidades provocadas por el desplazamiento (…). [Por lo tanto], a luces
de esta Sala, dichos opositores reúnen las calidades de segundo ocupante, por
lo que se les brindará las medidas necesarias para garantizar [su] acceso al
campo (…) a fin de que tengan las oportunidad de seguir ejerciendo su actividad
agrícola.”
[118] Sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia bajo el Rad.
200013121001-2013-00198-00 del 16 de julio de 2015. En esta oportunidad el
Tribunal consideró que la persona reconocida como segundo ocupante no había
ocasionado daños a la accionante ni había sacado ventaja de la situación de
abandono en que se encontraba el lote, simplemente ante la necesidad de
proveerse de un terreno para habitar y derivar el sustento propio y el de su
familia, ocupó el que se encontraba en litigio e intentó adquirirlo. De esto se
siguió que el Tribunal considerara que el opositor, si bien no estaba amparado
por el postulado de la buena fe exenta de culpa, sí había obrado bajo una buena
fe simple, pues se había hecho a la posesión con la convicción que su proceder
era recto, honrado y legal. Igualmente, en Sentencia con Rad. 761113121003-2013-00064-01
del 24 de junio de 2015, el Tribunal Superior de Cúcuta advirtió que si
bien el opositor no había actuado con buena fe exenta de culpa, tampoco era un
despojador o un adquirente de mala fe del predio ni podía vérsele como una
persona que se hubiese aprovechado de la particular situación de las víctimas,
motivo por el que podía reconocérsele su condición de segundo ocupante.
[119] Sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta bajo el Rad.
132443121001-2013-00073-01 del 29 de abril de 2015. En esta oportunidad, el
Tribunal sostiene: “Teniendo en cuenta además que no obra en el plenario
prueba alguna que acredite que la antes citada haya participado en los hechos
que dieron lugar al abandono y posterior despojo, y que por ocasión de la
sentencia se ve avocada a perder la relación que tiene con el predio solicitado
en restitución.” En ese sentido, no se reconoció como opositora por no
haber actuado bajo buena fe exenta de culpa, pero si se ordenaron las medidas a
favor de segundos ocupantes previstas en el Acuerdo N°. 21 de 2015.
[120] Sentencia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena bajo el Rad.
132443121000220130000300 del 10 de julio de 2014. En este caso, no se encontró
probada la buena fe exenta de culpa de los opositores y aunque no se mencionó
que se tratara de segundos ocupantes en estricto sentido, el Tribunal aseguró
que dichos intervinientes eran sujetos de especial protección constitucional
por su condición de campesinos víctimas del desplazamiento forzado quienes,
ante la situación de urgencia, debieron asentarse en el predio objeto de
restitución para habitarlo y derivar de allí su sustento. En ese sentido, el
Tribunal ordenó que se les concediera una unidad de tierra y un subsidio de
vivienda.
[121] En sentencias
bajo Rad. 132443121002-2013-00037-00 del 23 de junio de 2015 y
132443121001-2013-00027-00 del 27 de mayo de 2015, el Tribunal Superior de
Cartagena encontró que el opositor dentro del proceso no cumplía con la carga
de la buena fe exenta de culpa; sin embargo, en virtud de lo estipulado en los “Principios
Pinherio” y en la Constitución Política de 1991, ordenó a la Unidad de
Restitución de Tierras que estudiara su inclusión en los programas que
favorecían a segundos ocupantes ante su situación de especial debilidad e
indefensión. Empleando los mismos instrumentos jurídicos, dicha Corporación,
mediante providencias con Rad. 132443121001-2013-00034-00 del 17 de julio de
2015 y 700013121004-2013-00049-00 del 19 de mayo de 2015, también amparó los
derechos de campesinos opositores en condición de vulnerabilidad a quienes el
desalojo forzoso podía generarles innumerables violaciones de derechos
fundamentales. Asimismo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Antioquia en sentencia 230013121002-2013-00019-00 del 12 de junio de 2015, a
partir de directivas contempladas en los Acuerdos 018 de 2014 y 021 de 2015,
así como de los “Principios Pinheiro”, resolvió que debía otorgársele
protección al opositor porque, aun no siendo de buena fe exenta de culpa,
tampoco había participado en los hechos que dieron lugar al abandono y además,
depende económicamente de la explotación agrícola y de la recolección de
producto sembrado en el predio objeto de restitución.
[122] “ARTÍCULO 102. MANTENIMIENTO DE COMPETENCIA
DESPUÉS DEL FALLO. Después de dictar sentencia, el Juez o Magistrado mantendrá
su competencia sobre el proceso para dictar todas aquellas medidas que, según
fuere el caso, garanticen el uso, goce y disposición de los bienes por parte de
los despojados a quienes les hayan sido restituidos o formalizados predios, y
la seguridad para sus vidas, su integridad personal, y la de sus familias.”
[123] “5.5.1.
(…) podr[ía] tratarse de población (i) igualmente víctima [de la violencia, de
la pobreza o de desastres naturales] como la que acude a solicitar la
restitución, que por su (ii) condición de alta vulnerabilidad llegó al predio
en condiciones de urgencia o de necesidad, lo que le llevó a instalarse allí
bajo una conducta si bien de buena fe, no necesariamente exenta de culpa, que
(iii) no tuvo ni tiene ninguna relación directa o indirecta con el despojo del
bien; que además (iv) su interés no es necesariamente la titularidad del mismo,
sino que reivindica que allí tiene su vivienda o que del predio deriva sus
medios de subsistencia, es decir, que es un segundo ocupante legítimo; y que
(v) como consecuencia de la sentencia de restitución está perdiendo el lugar
donde vive o del que depende su mínimo vital en los términos de los Acuerdos
Reglamentarios de la Unidad de Restitución de Tierras sobre Segundos
Ocupantes.”
[124] “5.4.5.
Justamente, es respecto de estas personas [las del perfil descrito en el
numeral 5.5.1. de la sentencia], no frente a otras, que deben flexibilizarse
las cargas probatorias al interior del proceso, no para ser reconocidas como
opositores en estricto sentido, como quiera que no es dable desconocer los
presupuestos para ello según la Ley 1448 de 2011 y la carga probatoria de buena
fe exenta de culpa que exige, pero sí para ser considerado como ocupante
secundario y recibir la atención respectiva, contemplada por los acuerdos de la
Unidad de Restitución en relación con este tema.”