T-997-08
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-997/08
DERECHO A LA SALUD-Protección por tutela
EVOLUCION JURISPRUDENCIAL EN DERECHO A LA SALUD COMO FUNDAMENTAL DE
MANERA AUTONOMA-Sentencia T-760/08
BENEFICIARIO DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD-Caso en que el demandante necesita prótesis y traslado a Bogotá por
accidente de tránsito que sufrió
Verificado que la prótesis que requiere el accionante está incluida
en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, éste Tribunal protegerá
el derecho fundamental del actor a la salud, y ordenará a la EPS-S Humana
Vivir, que evalúe al accionante a través de un médico adscrito a su
institución, y que de encontrarlo necesario proceda a entregar al accionante la
correspondiente prótesis, así como lo necesario para que comience a disfrutar
de la misma, sin hacerle exigencias adicionales de contenido económico. Finalmente
con respecto a este punto, debe la Corte precisar que en tanto se trata de un
insumo incluido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, no
procede autorizar a la EPS-S Humana Vivir para que recobre su valor ante el
Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga-. Ahora bien, como quiera que es
posible que la toma del molde y adaptación de la prótesis al accionante por
parte de la EPS-S Humana Vivir no pueda llevarse a cabo en el municipio de
Neiva, y para el efecto se requiera del desplazamiento del paciente a otro
municipio, debe ésta Sala de Revisión de manera subsidiaria, atendiendo al
principio de economía procesal, analizar si visto el caso concreto procede
conceder el traslado del paciente a cargo de la entidad accionada, hasta el
lugar que lo requiera para que pueda comenzar a disfrutar de la prótesis que
necesita, y así restablecer su derecho fundamental a la salud, toda vez que es
un servicio que se encuentra excluido del Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Subsidiado. Ello se hará a la luz de las normas pertinentes y de los criterios
fijados por la jurisprudencia constitucional para el efecto.
Referencia: expediente T-1.931.231
Accionante: Libardo Feria
Castrillon
Demandado: EPS S HUMANA VIVIR.
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO
ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., diez (10) octubre dos mil ocho (2008)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por
los magistrados Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y Marco Gerardo
Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia
por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Neiva Huila, y en segunda instancia
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva Huila con Funciones de
Conocimiento, dentro de la acción de tutela instaurada por el señor Libardo
Feria Castrillon contra la EPS-S Humana Vivir.
I.       ANTECEDENTES
1. La solicitud
El señor Libardo Feria Castrillon impetró acción de amparo
constitucional con motivo de la presunta vulneración de su derecho a la salud
en conexidad con la vida digna, por parte de la EPS-S Humana Vivir.
2. Reseña fáctica
2.1 En el año 2002 el señor Libardo
Feria Castrillon sufrió un accidente de transito el cual le causó la amputación
de la pierna izquierda. Por dicha disminución física, al accionante se le
suministró una prótesis en la extremidad inferior cercenada. El costo de dicho
tratamiento fue asumido por el Fondo de Solidaridad y Garantías –Fosyga-, en
razón a que el actor no estaba afiliado a ninguna EPS al momento de ocurrencia
del accidente, y a que el vehículo en que viajaba no tenía seguro obligatorio
de tránsito.
2.2 En el año 2007 el señor Libardo
Feria Castrillon, acudió a la Fundación Cirec, adscrita al Fondo de Solidaridad
y Garantía -Fosyga- con el propósito de que le fuera reemplazada la prótesis de
su pierna izquierda, toda vez que ella presentaba un desgaste. En dicha
entidad, le manifestaron que efectivamente necesitaba el cambio de prótesis, al
encontrarse dañados algunos elementos de ésta, y que le sería suministrada una
nueva con cargo a los recursos del Fosyga, para lo cual debía desplazarse desde
su domicilio en la ciudad de Neiva, a la ciudad de Bogotá y permanecer en la
institución durante 30 días. También le informaron que los costos de transporte
y estadía, debían ser asumidos por el accionante, y que ascendían  a la suma de
novecientos sesenta mil pesos ($960.000).
2.3 El actor manifiesta que deriva sus
ingresos de la venta de dulces, y que no cuenta con los ingresos suficientes
para costearse el viaje que requiere para acceder al cambio de su prótesis.
2.4 El accionante se encuentra afiliado
al Sistema de Seguridad Social en el Régimen Subsidiado en Salud a la EPS-S Humana
Vivir, desde el 1 de marzo de 2007, y se encuentra clasificado en el Nivel I
del Sisben.
2.5 El actor acudió a la EPS-S Humana Vivir,
para que le suministraran los recursos necesarios para sufragar los gastos de
traslado y manutención en Bogotá, los cuales fueron negados por cuanto en
concepto de esa entidad, el reconocimiento de viáticos, gastos de transporte o
estadía de los afiliados, generara un desequilibrio financiero del Sistema
General Seguridad Social en Salud y no se encuentra incluido en el POS-S
2.6 El 12 De Octubre 2007, el actor
presentó acción de tutela en la que solicita se ampare su derecho a la salud en
conexidad con la vida en condiciones dignas, y que se ordene a la entidad accionada
que cubra el costo de los pasajes y viáticos que necesita, para que se realice
en la cuidad de Bogota el cambio de prótesis.
3. Pruebas relevantes en el expediente
·
Carne de afiliación del señor Libardo Feria
Castrillon a la EPS-S Humana Vivir (Folio 4 Cuaderno de Primera Instancia).
·
Orden expedida por la Fundación Cirec para que
se inicie el proceso de adaptación de la prótesis (Folio 6 Cuaderno de Primera
Instancia).
·
Cotización del servicio de hospedaje y
alimentación de 30 días expedida por la Fundación Cirec ( Folios 7 Cuaderno de
Primera Instancia)
·
Orden medica de cambio de prótesis expedida por la
Fundación Cirec (Folios 8 Cuaderno de Primera Instancia)
·
Respuesta de la EPS-S Humana Vivir a la Acción
de tutela (Folio 11 a 17 Cuaderno de Primera Instancia)
·
Declaración rendida por el señor Libardo Feria
Castrillon (Folio 16 Cuaderno de Primera Instancia)
4. Consideraciones del actor
Sostiene el actor que la EPS-S Humana Vivir viola la ley y los
preceptos constitucionales, al no acceder a sufragar los gastos necesarios para
trasladarse a Bogota, tal y como lo establece el ordenamiento jurídico, impidiendo
con ello que se restablezca su salud y se mejoren sus condiciones de vida.
Adicionalmente el accionante aduce que no tiene la capacidad económica
para cubrir su traslado y la estadía en la ciudad de Bogotá, toda vez que su
sustento económico se deriva de la venta de dulces y otros comestibles,
actividad que desarrolla desde su residencia. Además sostiene que se encuentra
afiliado al Régimen Subsidiado en Salud en el Nivel I del Sisben.
5. Pretensiones del  actor
El demandante solicita que se ordene a la EPS-S Humana Vivir que de
manera inmediata, le suministre el dinero necesario para sufragar los gastos
del desplazamiento a la ciudad de Bogotá, para que le sean realizados los
tratamientos necesarios para el cambio de prótesis.
6.  Respuesta del ente accionado
Humana Vivir EPS-S aduce que no existe incumplimiento alguno de la
normatividad vigente, al negarse a entregar al accionante los recursos
correspondientes a los “Viáticos” que solicita, en tanto la entrega de
estos dineros a los afiliados puede generar un desequilibrio financiero del
Sistema de Seguridad Social en Salud. Lo anterior conforme con lo señalado en
el artículo 2 de la Resolución Número 5261 de 1994, el cual establece que “[c]uando
las condiciones de salud de un usuario amerite un mayor grado complejidad que
amerite un desplazamiento a un municipio cercano que preste el servicio, los
gastos de este desplazamiento correrán a cargo de  del paciente salvo en los
casos de urgencia debidamente certificada”[1].
De igual forma sostiene esa entidad que según la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, el pago de los traslados de una persona no implica
violación de algún derecho fundamental. Ello por cuanto conforme con el
principio de solidaridad, le corresponde a sumir estos gastos a la persona
enferma, o a sus parientes. Circunstancia que, en concepto de la accionada, se
constata en éste caso, al no haber prueba de la precaria situación económica
del actor, y al señalar que él tiene “un ingreso base de cotización de $797.250
Mensuales demostrando que puede sufragar el costo de lo pretendido y así
garantizando el acceso de salud a los demás miembros del sistema, sin vulnerar
el mínimo vital”.
II.      DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
1.      Sentencia
de primera instancia
El Juzgado Quinto Penal Municipal de Neiva Huila, en sentencia del
29 de octubre de 2007, negó el amparo invocado por el actor, al considerar que
el suministro de viáticos que implica el traslado y la estadía del usuario en otra
ciudad, se encuentra prohibido por las normas administrativas vigentes  y los
reiterativos fallos de la Corte Constitucional, los cuales señalan que no
existe vulneración a un derecho fundamental, dado que, el subsidio de esos
gastos debe correr por cuenta de la propia persona o por sus familiares
cercanos.
Por otro lado estimó el fallador que en el caso concreto, la orden
de cambio de prótesis no fue expedida por un medico adscrito a la Empresa
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado a la cual se encuentra afiliado el
acciónate, sino por un medico perteneciente a otra entidad, como lo es la
Fundación Cirec. En este sentido, no se cumple con uno de los requisitos que ha
establecido la jurisprudencia constitucional para que se ordene el
reconocimiento de tratamientos que se encuentran por fuera del POS, como lo es
la existencia de una orden proveniente del médico adscrito a la correspondiente
EPS.
2. Impugnación
El señor Libardo
Feria Castrillon impugnó la decisión tomada en primera instancia sin sustentarla.
3.
Sentencia de segunda instancia
El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de conocimiento
de Neiva Huila, en sentencia  del 11 de diciembre de 2007, confirmó la
sentencia de primera instancia con el argumento de que el suministro de los
recursos para sufragar los gastos de transporte de los afiliados al Régimen Subsidiado
que deben costear las EPS-S solamente son para pacientes que se encuentren
hospitalizados por enfermedades consideradas de alto costo, y por traslados
interinstitucionales por urgencia. Situaciones en las que no está el actor, y por
ende la entidad accionada está exenta de toda responsabilidad.
Por otro lado, el fallador reiteró lo señalado por la Corte
Constitucional, con respecto al traslado de los usuarios a lugares en donde
necesitan atención médica, de acuerdo con lo cual, dichos costos deben estar a
cargo del mismo afectado, o de familiares cercanos como consecuencia del deber
de solidaridad que la Constitución asigna a los particulares.
Adicionalmente, el juez de segunda instancia manifiesta que la exclusión
de medicamentos, procedimientos y prestaciones prevista en los planes de salud,
pede ser inaplicada siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecido
por el Tribunal Constitucional:  (i) que el paciente o sus familiares
demuestren que no cuentan con ingresos suficientes para sufragar el costo del
traslado; (ii) que esté acreditado que la prestación del servicio se ha
indispensable para la integridad del paciente y ;(iii) que el servicio no se tenga
en la residencia del usuario. Presupuestos que no se cumplen en el caso subexamen
por no acreditarse prueba de ello en el expediente.
III.    CONSIDERACIONES
1.
Competencia.
Esta Corporación es competente para revisar las decisiones proferidas
por los jueces de instancia dentro del trámite de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de
1991.
2.
Procedibilidad de la Acción de Tutela
2.1 Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el presente
caso, el señor Libardo Feria Castrillon actúa en defensa de sus derechos e
intereses, razón por la que se encuentra legitimado para presentar la acción.
2.2
Legitimación pasiva
La empresa demandada es una entidad de carácter particular que se
ocupa de prestar el servicio público de salud, por lo tanto, de conformidad con
el numeral 2 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada como
parte pasiva en el presente proceso de tutela.
3. Problema
Jurídico
Observa la Sala que en principio lo que solita el accionante es que la
EPS-S Humana Vivir le entregue los recursos necesarios para trasladarse desde
la ciudad de Neiva, lugar en el cual está domiciliado, a la ciudad de Bogotá
con el propósito de que la Fundación Cirec, realice la toma del molde y
adaptación del paciente a la prótesis que requiere para su pierna izquierda,
sin embargo lo que en realidad necesita para restablecer su derecho fundamental
a la salud es que la entidad accionada le entregue la prótesis misma.
En este orden de
ideas, encuentra esta Corporación que inicialmente la prótesis le fue
suministrada al accionante por cuenta del Fosyga, en razón a que al momento de
ocurrencia del accidente éste no tenía EPS, ni el vehiculo en el que viajaba
tenía Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, sin embargo para éste
Tribunal, las circunstancias han variado, en razón a que  el demandante
actualmente está afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud en el Régimen
Subsidiado a la entidad accionada, y clasificado como Nivel Sisben 1. Por lo anterior,
ante la nueva situación del actor, ésta Sala deberá iniciar por establecer si la
EPS-S Humana Vivir está en la obligación de proveerle la prótesis que requiere.
Con tal finalidad, ésta Corporación reiterará la jurisprudencia
relacionada con (i) la protección del derecho a la salud a través de la acción
de tutela; (ii) y de los beneficiarios del régimen subsidiado en salud, y con
fundamento en estas consideraciones analizar el caso concreto.
4. Protección del derecho a la salud a través del ejercicio de la
acción de tutela. Reiteración de Jurisprudencia
El artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad
social con una doble connotación. La primera como derecho de todas las personas
y la segunda como servicio público. De acuerdo con el segundo aspecto es deber
del Estado la dirección, coordinación y control en su prestación, con miras a
lograr la protección de la persona humana y contribuir a su desarrollo y
bienestar. En cuanto derecho, la seguridad social, conforme con la
jurisprudencia constitucional, es de naturaleza prestacional y su garantía se
materializa de manera progresiva.[2]
La seguridad
social, en su aspecto de derecho prestacional exige para su goce efectivo de un
desarrollo legislativo y de la provisión de los recursos y la estructura
suficiente para tal fin. Por ello, su carácter progresivo y programático,
impone al Estado el deber de avanzar en su materialización, teniendo como
principios orientadores la universalidad, solidaridad, eficiencia,
integralidad, unidad y participación entre otros, para lo cual debe desplegar
su actividad de garantía, conforme con los principios del Estado Social de
Derecho.[3]
Por las
anteriores razones, dado el carácter prestacional y asistencia del derecho a la
seguridad social y en especial de la salud, en principio, la acción de tutela
no es el mecanismo idóneo para procurar su protección.
Sin embargo, la
jurisprudencia constitucional ha considerado, que a los derechos de contenido
prestacional, y en especial a la seguridad social en salud, se les puede
reconocer el carácter de derechos fundamentales cuando (i) se trata de un
sujeto de especial protección constitucional, como en el caso de menores o de
personas de la tercera edad entre otros; o (ii) por que se esté en presencia
de una situación en la que se evidencia argumentos validos y suficientes de
relevancia constitucional que permitan concluir que la vulneración del derecho
a la salud, visto el caso concreto, implica una amenaza de otros derechos
fundamentales de la persona, como por ejemplo la vida, el trabajo o la dignidad
humana entre otros; o (iii) por que se presente el fenómeno jurídico de la
transmutación de un derecho prestacional en un derecho subjetivo como
consecuencia del desarrollo legislativo o administrativo de los mandatos
constitucionales.[4]
En relación con el raigambre de derecho fundamental de la salud,
cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional, “[e]n el
caso de la infancia[5], las
personas con discapacidad[6] y los
adultos mayores[7], la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que [éste]
tiene el carácter de derecho fundamental autónomo”[8].
Por otra parte,
en lo que tiene que ver con la fundamentalidad que puede adquirir el derecho a
la salud, cuando el se encuentra en intima relación con uno que per se es
fundamental, la jurisprudencia constitucional ha estimado que “[l]a
prestación de los servicios de salud como componente de la seguridad social,
por su naturaleza prestacional, es un derecho y un servicio público de amplia
configuración legal, pues corresponde a la ley definir los sistemas de acceso
al sistema de salud, así como el alcance de las prestaciones obligatorias en
este campo (C.P. 48 y 49). La salud no es entonces, en principio, un derecho
fundamental, salvo en el caso de los niños, no obstante lo cual puede adquirir
ese carácter en situaciones concretas debidamente analizadas por el juez
constitucional, cuando este derecho se encuentre vinculado clara y directamente
con la protección de un derecho indudablemente fundamental. Así, el derecho a
la salud se torna fundamental cuando se ubica en conexidad con el derecho a la
vida o el derecho a la integridad personal”[9].
Por su parte, en
lo que hace referencia a la transmutación de derechos prestacionales en
derechos de contenido subjetivo, esta Corporación ha señalado que teniendo en
cuenta el carácter programático y progresivo de los primeros, su protección no
podrá buscarse por medio del ejercicio de acciones judiciales, en tanto no se
materialicen en planes de ejecución estatal, ya que en su estado originario,
mas que derechos son principios orientadores del ejercicio de la función
pública. No obstante lo anterior, en la medida en que los derechos
prestacionales, incluido la salud, sean desarrollados de manera legal o
reglamentaria, de tal forma que se creen las condiciones que permitan a las
personas exigir del Estado el cumplimiento de una prestación determinada, opera
la transmutación en un derecho subjetivo, susceptible de protección a través de
la acción de tutela.[10]
En las
condiciones expuestas, la jurisprudencia constitucional ha admitido, en materia
del servicio de salud, que una vez el Estado dispone de la estructura
institucional para su prestación, y de los recursos necesarios para el efecto,
el grado de indeterminación del derecho prestacional desaparece, y se
constituye en un derecho de contenido subjetivo radicado en cabeza de las
personas que, gracias a la relación funcional con la realización de la dignidad
humana, adquiere el carácter de fundamental de manera autónoma y es posible
solicitar su amparo a través de la acción de tutela.[11]
En aplicación
concreta de lo anterior,  en materia de seguridad social en salud, el Congreso
de la República y el Gobierno Nacional han concurrido a regular, dar contenido
y reglamentar el ejercicio del derecho, de tal forma que se ha creado un
sistema institucional, normativo y prestacional, que permite a las personas
acceder a los servicios concretos que requieren. En este sentido, la Ley 100 de
1993 y el Decreto 806 de 1998, entre otras normas, se han ocupado de
materializar derechos subjetivos en favor de los usuarios del sistema de
seguridad social en salud, en tanto diseñaron planes de beneficios y
prestaciones a los que pueden acceder las personas para mantener o reestablecer
su salud.[12]
Los planes de
beneficio señalados, comprenden tratamientos, procedimientos, medicamentos, y
en general los servicios médicos que el sistema de salud cobija. De la misma
manera, también contienen exclusiones y limitaciones en la prestación de los
servicios, lo cual es admisible desde el punto de vista de los principios
constitucionales que orientan la materia, dado que estos deben ser aplicados de
manera armónica y ponderada. Por lo anterior, al conjugar los principios de
universalidad, eficiencia, solidaridad y progresividad, para la concreción del
derecho a la seguridad social en salud, resulta comprensible que frente a la
escasez en los recursos del Sistema, se establezca un régimen de exclusiones y
limitaciones, cuya finalidad se relaciona con la distribución y utilización de
los recursos en la atención de  las necesidades de salud más urgentes y
prioritarios para la población, con el objetivo de garantizar la viabilidad
financiera del régimen de salud.[13]
Por lo anterior,
gracias a la regulación normativa señalada, las personas pueden reclamar al
Estado el suministro de los medicamentos y la practica de los procedimientos
previstos en los planes de salud, pues ello hace parte de la órbita del derecho
fundamental a la salud. En el evento en el que lo que se requiere en un caso
concreto, no esté contenido en el correspondiente plan de salud, se debe
verificar el cumplimiento de los requisitos fijados por la jurisprudencia
constitucional para inaplicar el régimen de exclusiones y limitaciones, al que
se hacía referencia, con el propósito de proteger el derecho a la salud, a la
vida digna y a la integridad personal, entre otros. En efecto esta Corporación
ha señalado que los requisitos que deben cumplirse en un caso concreto para
ordenar la entrega de un medicamento o la práctica de un procedimiento excluido
de los planes de salud, y particularmente del plan obligatorio de salud del
régimen subsidiado, que interesa a ésta causa, son los siguientes:
“1- En primer término, si la falta de tratamiento o medicamento
excluidos del POS-S -Plan Obligatorio de Salud Subsidiado-, amenaza el derecho
a la vida o a la integridad personal del interesado.
2- Así mismo, que el medicamento o tratamiento no pueda ser sustituido
por uno de los incluidos en el POS-S -Plan Obligatorio de Salud-Subsidiado- o
cuando, pudiendo hacerlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad
que el paciente necesita para el mejoramiento de su salud, es decir, como lo ha
señalado esta Corporación, ‘siempre y cuando ese nivel de efectividad sea
necesario para proteger el mínimo vital del paciente’[14].
3- Adicionalmente, se debe comprobar la real incapacidad económica
del paciente de sufragar los gastos del tratamiento o medicamento que requiere
y su inhabilidad de acceder a él por algún otro sistema o plan de salud.
4- Finalmente, es necesario que el medicamento o el tratamiento
requerido por el accionante, haya sido prescrito por un médico adscrito a la
ARS -Administradora del Régimen Subsidiado de Salud-, a la cual se encuentre
afiliado el peticionario.”[15]
En complemento de
lo anterior, en los eventos en los que lo que se reclame sea un medicamento o
servicio médico concreto, que esté previsto en el correspondiente plan de
salud, el juez de tutela procederá a concederlo sin verificar el cumplimiento
de los requisitos señalados para eventos de negación de prestaciones excluidas
de los planes de salud.[16]
Ahora bien, dada la importancia del derecho a la salud en el en el
contexto colombiano, la evolución jurisprudencia ha llevado a que esta
Corporación, en la reciente Sentencia T- 760 de 2008[17],
considere que éste derecho es fundamental de manera autónoma, cuando quiera que
él se concrete en una garantía subjetiva, contenida en las normas que lo
regulan, siendo ellas constitucionales, legales o de otra naturaleza, las
cuales crean y estructuran el Sistema Nacional de Salud, y delinean los
servicios específicos a los que las personas tienen derecho. En tal sentido, la
Corte estima que el acceso a un servicio de salud requerido, previsto en los
planes obligatorios, es un derecho fundamental autónomo. En consecuencia, la
negación de servicios incluidos en los planes obligatorios de salud, constituye
una violación del derecho fundamental a la salud, ya que se trata de una
prestación exigible y susceptible de protección a través de la acción de
tutela. Lo anterior teniendo en cuenta que el ámbito de protección no está
delimitado de manera rígida por el plan obligatorio de salud, de tal forma que
en la medida en que exista un servicio de salud no incluido en los planes
obligatorios, pero que se requiera de manera urgente y comprometa la vida digna
o la integridad de la persona, será también susceptible de ser exigido mediante
el ejercicio de la acción de tutela. La jurisprudencia ha considerado que el
carácter fundamental de un derecho no depende de la acción mediante la cual
proceda su protección[18].
La misma providencia, particularmente, en lo que interesa a esta
causa,  se refirió al principio de  integralidad en la prestación de servicios
de salud. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 2, literal d de
la Ley 100 de 1993, conforme con el cual “la
cobertura de todas las contingencias que afectan la salud, la capacidad
económica y en general las condiciones de vida de toda la población. Para este
efecto cada quien contribuirá según su capacidad y recibirá lo necesario para
atender sus contingencias amparadas por esta Ley”.
Esta Corporación ha considerado con respecto al principio señalado
que “(l)a atención y el tratamiento a que tienen derecho el afiliado
cotizante y su beneficiario son integrales; es decir, deben contener todo
cuidado, suministro de droga, intervención quirúrgica, práctica de
rehabilitación, examen para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro
componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno
restablecimiento del estado de salud del paciente que se le ha encomendado,
dentro de los límites establecidos en la ley.”[19]
En este sentido “ha sido postulado por la Corte Constitucional ante
situaciones en las cuales los servicios de salud requeridos son fraccionados o
separados, de tal forma que al interesado la entidad responsable solo le
autoriza una parte de lo que debería recibir para recuperar su salud y lo
obliga a costearse por sí mismo la otra parte del servicio médico requerido.
Esta situación de fraccionamiento del servicio tiene diversas manifestaciones
en razón al interés que tiene la entidad responsable en eludir un costo que a
su juicio no le corresponde asumir.”[20] Y por
tanto esta práctica resulta lesiva de la protección constitucional que merece
el derecho fundamental a la salud.
5.
Beneficiarios del Régimen Subsidiado en Salud
En desarrollo de
lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, la Ley 100
de 1993 estableció en su artículo 157, que todos los colombianos debían
participar en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en calidad de
afiliados, (i) a través del régimen contributivo para quienes cuenten con
capacidad de pago; o (ii) a través del régimen subsidiado para las personas más
pobres de la población; o en último caso bajo la categoría de participantes
vinculados, dentro de la cual se encuentran “las personas económicamente
menos favorecidas y aún no incorporadas al sistema de seguridad social en
salud, es transitoria y no por ello constituye un tercer régimen.[21]”
Particularmente,
los beneficiarios del Régimen Subsidiado de Salud, son personas que no cuentan
con la capacidad de pago necesaria para cubrir el monto total de la cotización
al Sistema, y por tanto, ésta Corporación ha establecido una presunción de
incapacidad económica frente a ellos, toda vez que hacen parte de la población
más pobre y vulnerable de Colombia.[22] En efecto ésta
Corporación en la Sentencia T 572 de 2006, señaló que:
“... respecto de las personas afiliadas al SISBEN esta Corporación
ha establecido una presunción de incapacidad económica frente a los mismos,
por cuanto hacen parte de la población más pobre y vulnerable de Colombia.”[23]
Lo anterior
encuentra justificación en el principio de solidaridad orientador  del régimen
subsidiado de salud, puesto que se constituye en una herramienta para lograr el
favorecimiento de la población colombiana menos favorecida.
En este sentido
ha sido regulado por el legislador, específicamente en la Ley 1121 de 2007,
artículo 14, en el que estableció que a partir de su vigencia serían
beneficiarios de un subsidio total o pleno en el Régimen Subsidiado, las
personas pobre y vulnerables clasificadas en los niveles I y II del Sisben,
ello como reconocimiento de la especial protección que el Estado debe brindar
alas personas más desprotegidas económicamente. La norma citada dispuso:
“ARTÍCULO 14. ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO. (…)
A partir de la vigencia de la presente ley el Sistema tendrá las
siguientes reglas adicionales para su operación:
a) Se beneficiarán con subsidio total o pleno en el Régimen
Subsidiado, las personas pobres y vulnerables clasificadas en los niveles I y
II del Sisbén o del instrumento que lo remplace, siempre y cuando no estén en
el régimen contributivo o deban estar en él o en otros regímenes especiales y
de excepción.
(…)”
En complemento
de lo anterior, debe ésta Sala de Revisión precisar que la aplicación de la
encuesta Sisben (Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales) y
la vinculación al Régimen Subsidiado de Salud, responden a un análisis
ponderado de los datos obtenidos, que da como resultado la ubicación del
beneficiario en uno de los niveles de pobreza preestablecidos en el sistema, lo
cual busca dirigir las ayudas estatales a la población que las requiere.
Con base en las
anteriores consideraciones, la Sala realizará el estudio del caso concreto.
6. Caso
concreto
Conforme con las pruebas que obran
en el expediente, para esta Sala de Revisión en el presente caso se encuentran
acreditados los siguientes hechos:
·
Que el actor, en el año 2002, sufrió un
accidente de tránsito que le causo la amputación de su pierna izquierda.
·
Que al momento del accidente el accionante no
estaba afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, y el vehiculo en el
que se desplazaba no tenía Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, razón
por la cual recibió atención médica y la correspondiente prótesis le fue
entregada por cuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga-.
·
Que el Fondo de Solidaridad y Garantía -Fosyga-
a través de la Fundación  Cirec, autorizó el reemplazo de la prótesis del actor,
para lo cual éste deberá trasladarse desde su domicilio, en la ciudad de Neiva,
a la ciudad de Bogotá, teniendo que asumir los gastos de transporte y estadía,
los cuales ascienden a la suma de novecientos sesenta mil pesos ($960.000).
·
Que el demandante se encuentra afiliado, desde
el 1 de marzo de 2007, al Sistema de Seguridad Social a través del Régimen
Subsidiado de Salud en la EPS-S Humana vivir, clasificado en el Nivel I del
Sisben.
·
Que el actor solicitó a la EPS-S Humana Vivir la
entrega de los recursos necesarios para costear el desplazamiento, sin embargo
esa entidad se negó argumentando que no es esa una prestación incluida en el
Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado.
·
Que el accionante deriva su sustento de la venta
de dulces, como vendedor ambulante.
·
Que en consecuencia el actor no cuenta con los recursos
económicos que le permitan trasladarse a la ciudad de Bogotá, y solventar su
estadía durante 30 días, para que le practiquen la toma del molde y la
adaptación de la prótesis que requiere para su pierna izquierda.
·
Que a la fecha, el demandante no ha podido
trasladarse a la ciudad de Bogotá para la toma del molde y adaptación de la
prótesis que requiere, por cuanto no cuenta con los recursos económicos para el
efecto.
6.1 Visto el
caso concreto, encuentra esta Corporación que si bien el actor solicita a la
EPS-S Humana Vivir que le entregue los recursos necesarios para trasladarse
desde la ciudad de Neiva a la ciudad de Bogotá, con el propósito de que le sea
tomado el molde, y practicada la adaptación de la prótesis que requiere, por
parte de la Fundación Cirec adscrita al Fondo de Solidaridad y Garantía
–Fosyga, lo que en realidad necesita para hacer cesar la vulneración de su
derecho fundamental a la salud es la entrega de la prótesis misma, teniendo en
cuenta que se trata de una persona con una discapacidad física.
Observa ésta
Sala de Revisión que inicialmente la prótesis le fue suministrada al accionante
por cuenta del Fosyga, en razón a que al momento de ocurrencia del accidente éste
no tenía EPS, ni el vehiculo en el que viajaba tenía Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito. Sin embargo encuentra ésta Corporación, que las
circunstancias han variado, toda vez  que el accionante está afiliado al Sistema
de Seguridad Social en Salud en el Régimen Subsidiado a la entidad accionada, y
clasificado como Nivel Sisben 1. Por lo tanto, en el contexto de las nuevas
circunstancias del actor, éste Tribunal debe iniciar por establecer si la EPS-S
Humana Vivir está en la obligación de proveerle la prótesis que requiere. Para
el efecto, deberá la Corte verificar si dicho insumo se encuentre previsto
dentro del Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado.
6.2  El Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Subsidiado se encuentra previsto en el Acuerdo 000306 de 2005 “por medio del cual se define el Plan Obligatorio de Salud del
Régimen Subsidiado”
expedido por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud. El artículo 2 numeral 5 establece que “[p]ara la atención de
los casos y eventos establecidos en el presente Acuerdo, en lo relacionado con
otras ayudas para tratamiento y rehabilitación, prótesis y ortesis, así como
dispositivos biomédicos, el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado
cubre los mencionados en la Resolución 5261 de 1994 con sujeción a lo dispuesto
en el artículo 12 de la misma.” En tanto ésta norma remite al intérprete a
lo dispuesto para el efecto en la Resolución 5261 de 1994 “Por la cual se
establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan
Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud”, expedida
por el Ministerio de Salud, hoy de Protección Social, esta norma debe ser
consultada. En efecto el artículo de la citada Resolución señala lo siguiente:
“ARTICULO 12. UTILIZACION DE PROTESIS, ORTESIS,
APARATOS Y ADITAMENTOS ORTOPEDICOS O PARA ALGUNA FUNCION BIOLOGICA. Se definen como elementos de este tipo, aquellos cuya finalidad sea
la de mejorar o complementar la capacidad fisiológica o física del paciente.
Cuando el paciente requiera de su utilización y se encuentren expresamente
autorizados en el plan de beneficios, se darán en calidad de préstamo con el
compromiso de devolverlos en buen estado salvo el deterioro normal; en caso
contrario deberá restituirlos en dinero por su valor comercial.
PARAGRAFO. Se
suministran prótesis, ortesis y otros: marcapasos, prótesis valvulares y
articulares y material de osteosíntesis, siendo excluidas todas las demás. En
aparatos ortopédicos se suministraran: muletas y estructuras de soporte para
caminar, siendo excluidos los zapatos ortopédicos, plantillas, sillas de
ruedas, medias con gradiente de presión o de descanso, corsés, fajas y todos
los que no estén expresamente autorizados.”
La norma citada ha sido objeto de interpretación por parte de la
jurisprudencia constitucional, la cual ha entendido “que el suministro de
prótesis es una prestación que hace parte del ámbito de protección del derecho
a la salud de las personas con discapacidad”[24]. Por
ello para la Corte “el suministro de las prótesis tanto de miembros
inferiores como superiores, no puede entenderse excluido del Manual de
Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud,
pues una interpretación restrictiva resulta inadmisible a la luz de los
preceptos constitucionales.”[25]
Con fundamento en las normas pertinentes y en la interpretación que
de ellas ha efectuado la jurisprudencia constitucional, observa la Sala que, en
efecto, las prótesis para los miembros inferiores se encuentran incluidas en el
Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, lo cual se ajusta a lo que el
accionante requiere para garantizar el goce de su derecho a la salud, razón por
la cual, de determinarse médicamente que el actor requiere la citada prótesis, le
debe ser entregada por la EPS-S Humana Vivir.
En consecuencia,
verificado que la prótesis que requiere el accionante está incluida en el Plan
Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, éste Tribunal protegerá el derecho
fundamental del actor a la salud, y ordenará a la EPS-S Humana Vivir, que
evalúe al accionante a través de un médico adscrito a su institución, y que de
encontrarlo necesario proceda a entregar al accionante la correspondiente
prótesis, así como lo necesario para que comience a disfrutar de la misma, sin
hacerle exigencias adicionales de contenido económico.
Finalmente con
respecto a este punto, debe la Corte precisar que en tanto se trata de un
insumo incluido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado, no
procede autorizar a la EPS-S Humana Vivir para que recobre su valor ante el Fondo
de Solidaridad y Garantía –Fosyga-.
6.3 Ahora bien,
como quiera que es posible que la toma del molde y adaptación de la prótesis al
accionante por parte de la EPS-S Humana Vivir no pueda llevarse a cabo en el
municipio de Neiva, y para el efecto se requiera del desplazamiento del
paciente a otro municipio, debe ésta Sala de Revisión de manera subsidiaria,
atendiendo al principio de economía procesal, analizar si visto el caso
concreto procede conceder el traslado del paciente a cargo de la entidad
accionada, hasta el lugar que lo requiera para que pueda comenzar a disfrutar
de la prótesis que necesita, y así restablecer su derecho fundamental a la
salud, toda vez que es un servicio que se encuentra excluido del Plan
Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado. Ello se hará a la luz de las
normas pertinentes y de los criterios fijados por la jurisprudencia
constitucional para el efecto.
Conforme con lo
expuesto en las consideraciones generales de ésta providencia, para que el juez
de tutela proceda a conceder el reconocimiento de un medicamento,
procedimiento, o servicio excluido del Plan Obligatorio de Salud, en éste caso
del Régimen Subsidiado, debe verificar previamente el cumplimiento de todos los
presupuestos señalados por la jurisprudencia constitucional[26].
6.3.1 El primer
requisito es que la falta de medicamento o tratamiento excluido del POS-S,
amenace un derecho fundamental del interesado como la vida o a la integridad
personal entre otros. Tal y como lo señalo esta Sala de Revisión en las
consideraciones generales de esta providencia, cuando se trata del derecho a la
salud de un discapacitado, ésta garantía considerada en si misma se constituye
en fundamental de manera autónoma por tratarse de un sujeto de especial
protección constitucional. Con fundamento en lo anterior, observa ésta
Corporación que el presupuesto se encuentra acreditado, toda vez que lo que el
actor persigue es la protección de su derecho fundamental autónomo a la salud,
en tanto es discapacitado físico, como quiera que le falta su miembro inferior
izquierdo, lo que claramente lo hace acreedor a una protección especial por
parte del Estado.
6.3.2 Con relación
a la segunda exigencia, conforme con el cual el medicamento o tratamiento
solicitado no pueda ser sustituido por uno de los incluidos en el POS-S -Plan
Obligatorio de Salud-Subsidiado en lo anterior, encuentra este Tribunal que se
encuentra acreditada, toda vez que el Acuerdo 000306 de 2005- solamente permite
el traslado interinstitucional de (i) pacientes
hospitalizados por enfermedades de alto costo para los casos definidos en el
Acuerdo, que por sus condiciones de salud y limitaciones en la oferta de
servicios del lugar donde están siendo atendidos, requieran un traslado a un
nivel superior de atención; de (ii) pacientes en caso de urgencia que requieran
traslado a otros niveles de atención cuando medie la remisión de un profesional
de la salud y; de (iii) pacientes ambulatorios y hospitalizados por los cuales la
ARS recibe prima adicional o UPC diferencial, en cualquier caso o evento
descrito en el presente acuerdo y que requiera servicios de cualquier
complejidad, previa remisión de un profesional de la salud, cuando existan
limitaciones de oferta de servicios en el lugar o municipio.
Con fundamento en
lo anterior, encuentra ésta Sala de Revisión que las circunstancias del actor
no se circunscriben en uno de los eventos previstos para el traslado de
pacientes, ni que el servicio de traslado que requiere pueda ser sustituido por
uno que si está incluido en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen
Subsidiado. Por lo que para éste Tribunal esta verificado el cumplimiento del
segundo presupuesto.
6.3.3 Con
relación al tercer requisito, de acuerdo con el cual el solicitante debe estar
en una situación de incapacidad económica para proveerse la prestación excluida
y requerida, encuentra este Tribunal que se cumple claramente en el caso
concreto, en razón a que se trata de una persona que (i) deriva su subsistencia
de la venta de dulces; aunado a que (ii) es afiliado al Régimen Subsidiado de
Salud, clasificado en el Nivel I del Sisben. Por lo anterior la falta de
capacidad económica del accionante es evidente, y no obra prueba en el
expediente que permita inferir lo contrario. Por tanto concluye esta Sala que
el accionante no está en la capacidad económica de proveerse lo necesario para
trasladarse fuera de su domicilio, con el objeto de acceder de manera efectiva
a la prótesis que necesita.
6.3.4 En lo relacionado
con la exigencia de que el tratamiento o servicio haya sido prescrito por el
médico tratante, toda vez que ésta Sala ya dispuso la evaluación del paciente
por un medico adscrito a la entidad accionada, y que de encontrarlo necesario
procediera a la entrega de la prótesis, éste presupuesto se encuentra
satisfecho.
6.3.5
Adicionalmente, debe la Corte precisar que conforme con el principio de
integralidad[27], no puede la entidad
accionada fraccionar  el servicio de salud que requiere el accionante, de tal
forma que reconozca la prótesis que requiere, pero no provea el desplazamiento
del paciente, de ser necesario, al lugar donde efectivamente se pueda llevar a
cabo la toma del molde y su adaptación. Por ende, conforme con el principio
anotado, la entidad accionada deberá entregar la prótesis al accionante, y en
el evento en que ello no se pueda efectuar en el municipio de Neiva, deberá, en
aplicación del principio de integralidad proceder a costear también lo
relacionado con el desplazamiento al lugar donde efectivamente se haga entrega
de la prótesis, de tal manera que el derecho fundamental a la salud del
accionante se vea plenamente reestablecido.
En consecuencia,
verificado el cumplimiento de los requisitos que la jurisprudencia
constitucional ha diseñado para que proceda el reconocimiento de
procedimientos, medicamentos o servicios excluidos del Plan de Obligatorio de
Salud en el Régimen Subsidiado, procederá ésta Corporación, de manera
subsidiaria y en caso de que no se pueda suministrar la prótesis en el
municipio de Neiva, a ordenar que la EPS-S Humanan Vivir asuma el costo del
traslado del accionante desde su domicilio hasta al lugar que requiera, para
que comience a disfrutar efectivamente de la prótesis señalada conforme con lo
que para el efecto disponga su médico tratante, y de esta forma se reestablezca
el derecho fundamental a la salud del demandante.
En el evento en
el que sea necesario que la EPS-S Humana Vivir asuma los costos de traslado del
actor, teniendo en cuenta que es un servicio excluido del Plan Obligatorio de
Salud del Régimen Subsidiado, se autoriza a la entidad a recobrar ante el Fondo
de Solidaridad y Garantía –Fosyga- el valor de los mismos.
IV.    DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2007 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Neiva con Funciones de Conocimiento, en la que se confirmó la sentencia
proferida el 29 de octubre de 2007 por el Juzgado Quinto Penal Municipal de
Neiva, por las cuales se negó la acción de
tutela promovida por el señor Libardo Feria Castrillon, y en su lugar TUTELAR el derecho
fundamental del accionante a la salud, por las razones expuestas en la presente
providencia.
Segundo.
ORDENAR a la EPS-S Humana Vivir que, dentro del
término de 3 días siguientes a la notificación de ésta providencia, a través de
un médico adscrito a esa Institución, le practique al señor Libardo Feria
Castrillon una valoración médica de su estado de salud, y que de encontrar
necesario el suministro de la prótesis correspondiente a su miembro inferior
izquierdo, proceda a la entrega de la misma sin dilaciones, así como de lo
necesario para que comience a disfrutar de ella, sin hacerle exigencias adicionales
de contenido económico, por las razones expuestas en la presente providencia.
Tercero.
ORDENAR, subsidiariamente, que en el evento en el
que la prótesis del señor Libardo Feria
Castrillon no pueda ser suministrada por la EPS-S Humana Vivir en el
municipio de Neiva, está entidad asuma el costo del traslado del pacienta hasta
el lugar que requiera para efectos de comenzar a disfrutar efectivamente de la
prótesis que necesite, conforme con lo que para el efecto disponga su médico
tratante, por las razones expuestas en ésta providencia.
Cuarto.
AUTORIZAR, subsidiariamente, a la EPS-S Humana
Vivir a recobrar ante el Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga- los costos
que genere el desplazamiento del señor Libardo Feria Castrillon desde el
municipio de Neiva hasta el lugar que requiera para efectos de comenzar a
disfrutar de la prótesis que necesite, conforme con lo que para el efecto
disponga su médico tratante, por las razones expuestas en ésta providencia.
Quinto. Por Secretaría, líbrese
la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO
GONZALEZ CUERVO
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Resolución Número 5261 de
1994
[2] Ver Sentencias
T-869 de de 2006 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] Ver Sentencia
T-419 de 2007 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[4] Ibídem
[5] Sentencia SU-225
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).  La Corte consideró que el núcleo
esencial del derecho a la salud de los niños, que autoriza su protección por
vía de tutela, exige (i) la existencia de un atentado grave contra la salud de
los menores, (ii) que la situación que se reprocha no pueda evitarse o
conjurarse por la persona afectada y, (iii) que la ausencia  de prestación del
servicio ponga en alto riesgo la vida, las capacidades físicas o psíquicas del
niño o su proceso de aprendizaje o socialización.
[6] Sentencia T-850 de 2002 (M.P. Rodrigo
Escobar Gil).  En este fallo, la Corporación consideró que una prestación de
salud se torna fundamental, entre otros, en los siguientes eventos:  (a)
cuando debido a las condiciones físicas, mentales, económicas o sociales en las
que (a una persona) le corresponde vivir disminuyen significativamente su
capacidad para enfrentar la enfermedad, siempre y cuando;  (b) el Estado o la
sociedad tengan la capacidad para enfrentarla sin sacrificar otro bien jurídico
de igual o mayor valor constitucional y;  (c) la prestación solicitada sea
necesaria i) para sobrepasar las barreras que le permiten llevar su vida con un
grado aceptable de autonomía, ii)  para mejorar de manera significativa las
condiciones de vida a las que lo ha sometido su enfermedad y iii) para evitar
una lesión irreversible en aquellas condiciones de salud necesarias para
ejercer sus derechos fundamentales.
[7] Sentencia T-1081 de 2001, reiterada en las
sentencias T-004 de 2002 y T-111 de 2003.
[8] Corte Constitucional, Sentencia T-666 de 2004,
M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[9] Sentencia C-177 de
1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[10] Ver Sentencia
T-419 de 2007 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[11] Ibídem.
[12] Ver sentencia
T-609 de 2008 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[13] Ver sentencia
T-419 de 2007 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[14] Sentencia T-406 de 2001, Magistrado Ponente: Rodrigo
Escobar Gil.
[15] Sentencia T-1213 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo
Escobar Gil.
[16] Ver Sentencia T-419 de 2007 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[17] M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa
[18]
Sentencia T-760 de 2008, M. P. Manuel José
Cepeda Espinosa, “el derecho a la salud es un derecho fundamental, ‘de manera
autónoma’, cuando se puede concretar en una garantía subjetiva derivada de las
normas que rigen el derecho a la salud, advirtiendo que algunas de estas se
encuentran en la Constitución misma, otras en el bloque de constitucionalidad y
la mayoría, finalmente, en las leyes y demás normas que crean y estructuran el
Sistema Nacional de Salud, y definen los servicios específicos a los que las
personas tienen derecho.[18] Concretamente, la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el acceso a un servicio de salud
que se requiera, contemplado en los planes obligatorios, es derecho fundamental
autónomo. En tal medida, la negación de los servicios de salud contemplados en
el POS es una violación del derecho fundamental a la salud, por tanto, se trata
de una prestación claramente exigible y justiciable mediante acción de tutela.
La jurisprudencia ha señalado que la calidad de fundamental de un derecho no
depende de la vía procesal mediante la cual éste se hace efectivo.”
[19] Cfr. Corte Constitucional, T-136 de
2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso el juez de primera
instancia tuteló, los derechos a la salud y a la seguridad social invocados por
el accionante y dio la orden de garantizar el tratamiento integral requerido.
Sin embargo, el juez de segunda instancia confirmó la tutela de los derechos,
pero revocó la orden de garantizar el tratamiento integral, por considerarlo un
hecho incierto y futuro que no podía  ser protegido por vía de tutela. El caso
fue seleccionado por la Corte Constitucional, con el fin de precisar en su
sentencia que de acuerdo a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en fallos
anteriores, es deber del juez de tutela garantizar la integralidad en
materia de salud, específicamente, tratándose de la prestación del servicio.
Por tal motivo revocó parcialmente la orden del juez de segunda instancia,
ordenando que se garantizara el acceso del resto de servicios médicos que
debían entenderse incluidos en el tratamiento médico, ordenado por el médico
tratante. En este caso la Corte reiteró la posición sobre el principio de integralidad
en materia de salud que había asumido en las sentencias T-133 de 2001 (M.P.
Carlos Gaviria Díaz) y T-079 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero).
[20] Ver Sentencia T-760
DE 2008, M.P. Manuel José Cepeda.
[21] Cfr. C-130 de 2002 M. P. Jaime Araujo Rentería.
[22] Ver Sentencia
T-572 de 2006 M. P. Marco Gerardo Monroy  Cabra.
[23] En dicho sentido,
en la sentencia T-908 de 2004, esta Corporación señaló: “Cuando una persona
ha demostrado que se encuentra clasificado en el nivel 2 del SISBEN, no tiene
que presentar pruebas adicionales de que es incapaz de asumir el valor de las
cuotas moderadoras correspondiente a un tratamiento de alto costo, como es el
caso de quien padece un tumor maligno. En estos eventos corresponde a la
contraparte desvirtuar dicha situación.”
[24] Ver Sentencia T-631 de 2007, M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[25] Ibídem.
[26] “Corte Constitucional, sentencia T-350 de 2003 (MP Jaime Córdoba
Triviño). Esta decisión ha sido reiterada por la Corte en varias ocasiones;
entre otras, en las sentencias T-962 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y
T-459 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra). Recientemente, siguiendo la
línea jurisprudencial citada, en la sentencia T-814 de 2006 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra) la Corte resolvió ordenar a la EPS demandada (Seccional Cauca del
Seguro Social, ARP) que garantizara la estadía y lo necesario para que el
accionante [persona en clara situación de vulnerabilidad] fuera trasladado,
junto con un acompañante, a la ciudad de Bogotá, a fin de que le practicaran
los controles médicos y exámenes que requería.” Sentencia T- 760 de 2008 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa.
[27] En la sentencia T-760 de 2008 M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa señaló que “el principio de integralidad ha sido postulado por la Corte
Constitucional ante situaciones en las cuales los servicios de salud requeridos
son fraccionados o separados, de tal forma que al interesado la entidad
responsable solo le autoriza una parte de lo que debería recibir para recuperar
su salud y lo obliga a costearse por sí mismo la otra parte del servicio médico
requerido. Esta situación de fraccionamiento del servicio tiene diversas
manifestaciones en razón al interés que tiene la entidad responsable en eludir
un costo que a su juicio no le corresponde asumir.”