C-530-15
Sentencia
C-530/15
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICA PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO-Inhibición por ineptitud sustantiva de la
demanda
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos
mínimos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Facultad
de regular el ejercicio de profesiones u oficios
LIBERTAD DE ESCOGER Y EJERCER PROFESION U OFICIO-Derecho fundamental/LIBERTAD DE ESCOGER Y EJERCER PROFESION U
OFICIO-Relación con otros derechos constitucionales
LIBERTAD DE ESCOGER Y EJERCER PROFESION U OFICIO-Margen de configuración del legislador
CONGRESO-Facultad de exigir títulos de
idoneidad para inspección y vigilancia del ejercicio de profesiones por
autoridades competentes
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATAVIA EN MATERIA DE LIBERTAD DE
EJERCER PROFESION U OFICIO-Criterios de
razonabilidad y proporcionalidad/EJERCICIO DE PROFESION U OFICIO-Se
funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de actividad laboral
y protección de riesgos sociales
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Restricción
a ciertos oficios
EJERCICIO DE OFICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DE VIGILANTES,
ESCOLTAS Y SUPERVISORES A TRAVES DE PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO-Implica riesgo social/LIBERTAD DE CONFIGURACION NORMATIVA DEL
LEGISLADOR EN RELACION CON FACULTAD DE REGULAR EJERCICIO DE PROFESIONES,
CONCRETAMENTE OFICIOS-Importancia
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A TRAVES DE PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO-Debe contar con
capacitación, entrenamiento e inspección y vigilancia de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA A TRAVES DE PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO-Validez de limitación o
restricción establecida por legislador a ejercicio de oficio que implique
riesgo social dependerá de finalidad que persiga y grado de afectación de
derechos
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICA PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO FRENTE A VIGILANTES, ESCOLTAS Y SUPERVISORES-Obligatoriedad
para personas naturales que vinculadas o al momento de entrar en vigencia la
ley estén vinculadas a servicios de vigilancia y seguridad privada/CERTIFICADO
DE APTITUD PSICOFISICA PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO FRENTE A
VIGILANTES, ESCOLTAS Y SUPERVISORES-Competencias y requisitos técnicos,
tecnológicos y procedimiento para su expedición
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Aspectos
regulados
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Diferencias
entre profesiones y oficios a propósito del establecimiento de controles
SEGURIDAD-Fin esencial del Estado y
servicio público primario
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICA PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO A PERSONAS NATURALES VINCULADAS A SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA-Exigencia pretende garantizar la seguridad
personal y general de la sociedad
CERTIFICADO DE APTITUD PSICOFISICA PARA PORTE Y TENENCIA DE ARMAS DE
FUEGO A PERSONAS NATURALES VINCULADAS A SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA-Medida razonable y proporcional
Certificado de aptitud
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, que busca acreditar la
idoneidad de las personas naturales que sean vinculadas o que al momento de la
entrada en vigencia de la presente ley estén vinculadas a los servicios de
vigilancia y seguridad privada, y que deban portar o tener armas de fuego, es
una medida razonable y proporcional, que está acorde con el deber y la
finalidad del Estado de procurar la seguridad ciudadana. Además, los preceptos
que crean el sistema integrado de seguridad, buscan el cumplimiento del fin
propuesto: evitar los fraudes que puedan presentarse en relación con la
realización de las pruebas y evaluaciones, que deben llevarse a cabo para que
una persona obtenga el certificado de aptitud para el porte y tenencia de
armas, además de facilitar la forma para que la Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada pueda ejercer los controles que le corresponden, accediendo
a la base de datos de los certificados expedidos por las instituciones
especializadas registradas y certificadas. Disposiciones que resultan adecuadas
para la realización de la finalidad pretendida. En este orden de ideas, la
Corporación entiende que las normas contenidas en la Ley 1539 de 2012, no
constituyen una limitación injustificada a la libertad de escoger profesión u
oficio. Esta condición viene a complementar otras ya establecidas por el
ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, la obtención de permisos para la
tenencia y porte de armas de fuego y la capacitación y adiestramiento en el
manejo de las mismas, además de facilitar el permanente control que debe
realizar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ya que el
desarrollo de dicha labor implica un riesgo social verificable que el Estado
está en la obligación de contener
Referencia:
Expedientes D-10613
Demanda
de inconstitucionalidad contra la Ley 1539 de 2012 “Por medio de la cual se
implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas de fuego y se dictan otras disposiciones”
Demandante:
Julio Roberto Gómez Esguerra
Magistrada
Ponente:
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Bogotá, D.C.,
diecinueve (19) de agosto de
dos mil quince (2015)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos de trámite establecidos en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
1. El ciudadano Julio Roberto
Gómez Esguerra, actuando en su calidad de presidente y representante de la
Confederación General del Trabajo “CGT”[1],
instauró acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley 1539 de 2012 “Por
medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el
porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones”, por presunto desconocimiento de los artículos 15, 25, 26, 53, 54,
83, 152 literal a), 189 numeral 22, 211 y 333 de la Constitución Política.
2. Mediante auto del seis (06) de
febrero de dos mil quince (2015), se rechazó la demanda de la referencia contra
el inciso 2º del artículo 1 de la Ley 1539 de 2012, por el cargo de violación al
derecho al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.), por existencia
de cosa juzgada, y se admitió la demanda por los demás
cargos. Asimismo, se ordenó comunicar la iniciación del proceso a las
siguientes personas y entidades: al Presidente del Congreso, al Ministerio de Defensa
Nacional, al Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, a la Facultad de
Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia y a la organización
nacional Dejusticia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 244 de la
Constitución, y 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991. Por
último, ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación y fijar en
lista la disposición normativa acusada para efectos de la intervención
ciudadana, según lo estipulado en el artículo 7 del mismo Decreto.
3. Cumplidos los trámites
constitucionales y legales, propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte
Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.
II.
NORMA
DEMANDADA
El texto de la ley
demandada se transcribe a continuación:
“LEY 1539 DE 2012
(Junio 26)
Por medio de la cual
se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas de fuego y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE
COLOMBIA
DECRETA:
Artículo 1°. Las personas naturales que sean vinculadas o que al
momento de la entrada en vigencia de la presente ley, estén vinculadas a los
servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y
supervisores) y que deban portar o tener armas de fuego, deberán obtener el
certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego,
el que debe expedirse con base en los parámetros establecidos en el literal d)
del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, por una institución especializada
registrada y certificada ante autoridad respectiva y con los estándares de ley.
La vigencia del certificado de aptitud psicofísica
para el porte y tenencia de armas de fuego, expedido a las personas mencionadas
en el presente artículo; tendrá una vigencia de un (1) año, el cual deberá
renovarse cada año.
Parágrafo. El certificado de aptitud psicofísica a que
hace referencia el presente artículo, será realizado sin ningún costo por las
ARP a la cual estén afiliados los trabajadores. El Gobierno Nacional
reglamentará lo contenido en el presente parágrafo[2].
Artículo 2°. Cuando las personas jurídicas o personas naturales que
prestan servicios de vigilancia y seguridad privada con vigilantes o escoltas o
supervisores debidamente acreditados que deban tener o portar armas de fuego,
los presten sin que dichas personas hayan obtenido el certificado de aptitud
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, serán sancionados con
multa de cinco (5) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la
cual será impuesta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
la que además vigilará, controlará y adelantará las investigaciones
administrativas.
Artículo 3°. Sistema de Seguridad. El Sistema Integrado de Seguridad en
la expedición del certificado de aptitud psicofísica, tiene como finalidad
garantizar la presencia del usuario aspirante en el centro o institución
especializada; la realización de las pruebas y evaluaciones por los medios o
especialistas; que el certificado se expida desde la ubicación geográfica del
centro o institución especializada; y que dichas pruebas se hagan desde los
equipos de cómputo de los centros o instituciones especializadas con el fin de
evitar un posible fraude en la expedición del mencionado certificado.
Los protocolos de seguridad para
realizar los exámenes del certificado de aptitud psicofísica efectuados por los
centros de instituciones especializadas, en un único Sistema Integrado de
Seguridad, son los siguientes:
1. Registrar, autenticar y validar
la identificación de las personas al inicio y al final de cada una de las
evaluaciones o pruebas médicas. El usuario aspirante y profesional de la salud
debe proceder a identificarse con lectores biométricos, así mismo mediante la
lectura biométrica de la huella al momento de expedir el examen médico. Los
lectores biométricos de huellas deben tener la funcionalidad de dedo vivo.
La validación de la huella se hará
con el Sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para lo cual
dicha entidad deberá adoptar las medidas técnicas y jurídicas para el efecto.
2. Tomar la información de la
cédula de ciudadanía con lectores de código de barras.
3. Registrar la firma mediante
dispositivos digitalizadores de firmas.
4. Capturar la foto del usuario a
través de una cámara con sensor digital de alta definición, que generen
imagines nítidas con más grado de detalle, con el fin de identificar a la
persona aspirante.
5. Registrar y enviar los
resultados de los exámenes al terminar cada prueba, directamente al Sistema
Integrado de Seguridad o desde el aplicativo de cada Institución especializada
integrándose con el Sistema, cumpliendo con los estándares del mismo. Este
sistema controlará los tiempos mínimos en que se debe realizar cada prueba
(psicomotriz, optometría, auditiva, médica).
Parágrafo. El Sistema Integrado de
Seguridad debe validar todas y cada una de las evaluaciones de las pruebas
realizadas con los criterios de evaluación establecidos en el literal d) del
artículo 11 de la Ley 1119 de 2006 y en la Resolución número 1555 de 2005.
6. La conectividad con el Sistema
Integrado de Seguridad se realizará a través de una Red Privada Virtual que se
armará con dispositivos de seguridad y comunicaciones que controlen, validen la
localización geográfica de la Institución especializada, y se pueda garantizar
la realización de los exámenes para obtener el certificado de aptitud
psicofísica desde la ubicación de la sede acreditada, controlando y autorizando
los equipos de cómputo de la Institución Especializada verificando la
identificación de los principales componentes de cada computador.
Las instituciones especializadas o
centros se conectarán con el Sistema Integrado de Seguridad a través de canales
de Internet óptimos para la operación, con una dirección IP Pública Fija. El
Sistema Integrado de Seguridad tendrá un canal dedicado suficiente para la
conexión de los Centros o Instituciones especializadas, y permita tener el
acceso de la información segura a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
Parágrafo 1°. Todas las Instituciones
que expidan o que vayan a expedir los certificados de aptitud psicofísica o
física, mental y de coordinación motriz, deberán ser acreditadas como organismos de certificación
de personas, bajo la norma ISO/IEC 17024:2003, para lo cual deberán previo a
obtener, renovar o mantener la acreditación, garantizar el cumplimiento del
Sistema Integrado de Seguridad del presente artículo[3].
Parágrafo 2°. El sistema integrado de seguridad deberá obtener el
reconocimiento mediante el registro y/o solicitud presentada y admitida para
trámite de patente de y/o Modelo de Utilidad, conforme a la Decisión 486 del
2000 emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Además para el
caso del software debe tener el registro o depósito de propiedad Intelectual,
conforme a la Ley 23 de 1982 y el Decreto 1360 de 1989.
Parágrafo 3°. La entidad encargada del Registro de la información de los
certificados de aptitud física, mental y motriz conforme a la Ley 769 del 2002
debe entregar la información o permitir el acceso a todos los registros de los
certificados médico de aptitud física, mental y psicomotriz, en tiempo real con
el fin de confrontar, comparar con la información que se encuentra almacenada
en el Sistema Integrado de Seguridad, este último entregará un informe diario
legitimado ante los entes de control y vigilancia los exámenes que dieron
cumplimiento a los criterios establecidos en el literal d) del artículo 11 de
la Ley 1119 de 2006 y a la Resolución 1555 de 2005.
Artículo 4°. Con el fin de que la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada pueda ejercer los controles y adelantar las actuaciones
administrativas señaladas en esta ley; contará con el acceso a la base de datos
de los certificados de aptitud psicofísica expedidos por las Instituciones
Especializadas registradas y certificadas por la autoridad respectiva.
Artículo 5°. Las Instituciones Especializadas debidamente registradas
ante la autoridad de salud respectiva, instalarán y mantendrán en
funcionamiento los equipos y tecnologías necesarias para el acceso al sistema y
la base de datos por parte de las Seccionales de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Artículo 6°. Vigencia.  La presente ley rige a
partir de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le
sean contrarias.”
III.
DEMANDA
El ciudadano
considera que la Ley 1539 de 2012 vulnera (i)
el derecho fundamental al habeas data y a la reserva de ley estatutaria (arts. 15
y 152 lit. a) C.P.); (ii) la libertad de ejercer un oficio que no
requiere formación académica (art. 26 C.P.); (iii) el derecho
al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.);
(iv) el deber del Estado de ofrecer
habilitación profesional (art. 54
C.P.); (v) el principio de confianza legítima
(art. 83 C.P.); (vi) la libertad de
empresa (art. 333 C.P.), y (vii) constituye una
usurpación de las funciones de inspección y
vigilancia en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad, a cargo del
Presidente de la República y delegadas en la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad (arts. 189 num. 22, y 211 C.P.).  Así, la demanda se
estructura en torno a siete (7)
cargos, a saber:
Violación al derecho fundamental al habeas data y a la reserva
de ley estatutaria.  El accionante sostiene que los
artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1539 de 2012 establecen una
regulación respecto al recaudo y el tratamiento de información de carácter
privado en bases de datos, lo cual resulta contrario al
derecho al habeas data. Asimismo, que dicha normativa dispone
la recolección y tratamiento en una base de datos, de la información contenida
en los certificados de aptitud psicofísica expedidos por entidades privadas,
denominadas por la ley como instituciones especializadas registradas,
comprometiendo la intimidad de las personas que prestan servicios de
vigilancia y seguridad privada.  Precisa:
“Los
protocolos de seguridad para realizar exámenes del certificado de aptitud
psicofísica efectuados por los centros de instituciones especializados,
implican el acopio de datos personales de carácter privado, […], como son los
resultados de los exámenes de prueba, psicomotriz, optometría, auditiva, y
médica, así también el registro de fotografías, firmas y huellas mediante
lectores biométricos. || […] || La puesta en circulación de esa clase de datos
afecta el derecho a la intimidad y al habeas data de las personas y en
consecuencia tal regulación de la Ley 1539 de 2012 es inconstitucional por no
estar contenida en una ley estatutaria, y precisamente por tocar el núcleo
esencial del derecho fundamental de habeas data y a la intimidad.  || […] la recolección de datos personales por entidades públicas o privadas no
puede realizarse sin que el interesado exprese su consentimiento al efecto, ni
puede divulgarse para imponer consecuencias jurídicas desfavorables sino que,
todo ello por tener repercusiones directas en la intimidad, exige regulación de
orden estatutario conforme a lo prescrito por el literal a) del artículo 152 de
la Constitución Política. Es decir, la regulación de la recolección y
tratamiento de la información, así como su actualización o corrección y su
posterior divulgación, no pueden realizarse sino dentro del marco que de manera
expresa se establezca por una ley estatutaria, circunstancia que sustenta la
declaración de inexequibilidad de la Ley 1549 de 2012”[4].
Violación a la libertad de ejercer un oficio que no
requiere formación académica. Según el accionante la
implementación de un certificado de aptitud sicofísica no constituye una
medida constitucionalmente establecida para la regulación de profesiones y
oficios, por lo que se atenta contra el artículo 26 Superior.  Afirma:
“El
certificado de aptitud psicofísica no es una medida de habilitación profesional
y por tanto no constituye un título de idoneidad, como tampoco una medida de
control y vigilancia idónea, ante la existencia de licencias expedidas
directamente por el órgano de control, la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad.  En consecuencia no es una medida constitucional respecto a la regulación
de oficios de conformidad con el artículo 26 de la Constitución. ||
Adicionalmente, el objetivo señalado por la ley demandada se encuentra
ampliamente desarrollado en la legislación existente la cual garantiza la vida
y la seguridad de las personas, así como la idoneidad del certificado, siendo
así la implementación demandada ineficaz e innecesaria ante la existencia de
medidas suficientes en cuanto a la expedición de licencias y controles
establecidos en el Decreto Ley 2535 de 1993 [por el cual se expiden normas
sobre armas, municiones y explosivos]”[5].
En relación con la Ley 1539 de 2012 y el Decreto 2535 de 1993, precisa el demandante que (i) la Ley 1539 de 2012 constituye una regulación
posterior al Decreto 2535 de 1993,
y en este último ya se había reglamentado el servicio de vigilancia y seguridad
privada en los artículos 77 al 82; (ii)
la Ley 1539 de 2012 establece la obligatoriedad del
certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego,
para los personas naturales vinculadas a los servicios de vigilancia y
seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y que deban portar o
tener armas de fuego, definiendo las competencias y los requisitos técnicos,
tecnológicos y de procedimiento para su expedición; (iii) así, regula el
oficio de vigilante o guardia privado, sin especificar el riesgo social que
justifica la implementación adicional de un certificado de aptitud psicofísica
para el porte o tenencia de armas de fuego; (iv) dicha
medida, establece un límite
desproporcionado a la libertad individual de escoger una profesión o un oficio, porque se erige como un nuevo requisito,
diferente a los que ya establecía el Decreto
2535 de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas,
municiones y explosivos”, que en sus artículos 78 y 79 regulan la idoneidad
para el uso de armas y los permisos para su uso y tenencia, respectivamente. Se
exige en dichas normas un
permiso para la tenencia y el porte de armas de fuego y se exige contar con la
capacitación en el uso de las mismas y su acreditación ante la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada.  Por lo
tanto, (v) la norma demandada dice el actor, desconoce la Constitución
Política en su artículo 26, puesto
que la exigencia de un nuevo requisito se constituye en una barrera más, para
el ejercicio de una actividad que ya estaba regulada, consagrándose un nuevo trámite que resulta
irrazonable y desproporcionado.
Violación del derecho
al trabajo, artículos 25 y 53 de la Constitución.
Partiendo de la consagración constitucional del derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas, de la igualdad de oportunidades para los
trabajadores, así como del derecho a la estabilidad en el empleo, la
capacitación y el adiestramiento, el accionante plantea que la norma
acusada constituye un obstáculo para las personas en edad de trabajar, ya que,
por un lado, “desconoce la estabilidad laboral, al ser un instrumento que no
prevé una capacitación técnica” y, por otro lado, constituye “un
requisito adicional frente a la normatividad preexistente, citada anteriormente”.
Incumplimiento del deber del Estado
de ofrecer habilitación profesional, conforme con el artículo 54
constitucional. Partiendo de que el oficio de vigilancia y seguridad
implica un riesgo social y, por ello, requiere de formación y capacitación[6], el accionante sostiene:
“En
el caso de las personas y entidades que desempeñan actividades de vigilancia y
seguridad privada, son supervisadas y vigiladas por el Estado a través de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, sin que actualmente esta
actividad requiera de una cualificación técnica o académica a través de un
título de idoneidad como lo dispone el artículo 26 de la Constitución.  || Así
las cosas, la ley demandada constituye una intervención inconstitucional en el
ejercicio del oficio de vigilancia y seguridad privada, por cuanto:
-
Evidencia la ausencia de
habilitación profesional del oficio de vigilancia y seguridad privada señalada
en el artículo 54 constitucional para la presentación del certificado de
aptitud psicofísica.
-
El certificado acusado pretende
suplir la exigencia de un título de idoneidad, sin que para ello sea previsto
una habilitación profesional.
-
Su exigencia limita la libertad
del ejercicio del oficio desconociendo el derecho a la estabilidad laboral y a
la formación profesional o técnica”[7].
Violación del principio de confianza legítima,
artículo 83 de la Constitución.  El accionante explica
que en el Decreto Ley 2535 de 1993, anterior a la Ley 1539 de 2012, no se
exigía un certificado adicional para quienes se dedican a este
tipo de labores, ya que las licencias para el uso de armas garantizaban la
idoneidad de su manejo, sumado este requisito a la experiencia y formación para
prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada. Por lo tanto, dice que:
“La
implementación de un certificado de aptitud mediante la Ley 1539 de 2012,
modifica la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada,
tanto para trabajadores como para los empresarios.  La Ley demandada no previó
un plan específico ni la participación de los trabajadores ni de los empresarios
que desempeñan actividades de Vigilancia y Seguridad Privada, para mitigar los
posibles impactos que podría generar, especialmente en los derechos al trabajo,
a la libertad de ejercer profesión u oficio, y a la libertad de empresa, y por
esto debe ser declarada inconstitucional”[8].
Usurpación del ejercicio de funciones de inspección y
vigilancia del Presidente de la República, en la prestación de servicios
públicos, y delegación de estas, artículos 189 numeral 22 y 211 de la
Constitución.  Según el accionante la Carta
Política autoriza que las funciones del Presidente de la República sean
delegadas a ministros, directores, representantes legales de entidades
descentralizadas, superintendentes, alcaldes y gobernadores, más no que se
subdeleguen en entidades “especializadas registradas” ni en particulares, salvo casos excepcionales.  En este orden de ideas, concluye:
“En
los términos de la Ley 1539 de 2012 [artículo 1], se delega a la “institución
especializada registrada” la expedición de certificados de aptitud psicofísica,
siendo esta una función administrativa de inspección, control y vigilancia en
la prestación de servicios públicos, delegada por el Presidente de la República
a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual no puede ser a
su vez delegada. || […]
|| La delegación de la certificación de
aptitud psicofísica par[a] uso de armas de fuego señalada por la Ley 1539 de
2012, a cargo de “instituciones”, desconoce los artículos 189-22 y 211 de la
Constitución Política al subdelegar una función propia de la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada y al autorizar a particulares a ejercer
funciones administrativas de inspección, control y vigilancia en la prestación
de los servicios públicos”.
Violación de la libertad de empresa, artículo 333 de la Constitución.  Según el accionante la exigencia de un
certificado de aptitud a los trabajadores de empresas
de vigilancia y seguridad privada, vulnera el derecho a la libertad de empresa
consagrado en el artículo 333 de la Constitución, en cuanto interfiere de
manera desproporcionada en los trámites que debe asumir el empleador para el
cumplimiento de lo establecido en la Ley 1539 de 2012.
Con fundamento en las razones expuestas, el ciudadano peticiona declarar inexequible la Ley 1539 de 2012, por desconocer
los artículos 15, 25, 26, 53, 54, 83, 152 literal a), 189 numeral 22, 211 y 333
de la Constitución Política.
IV.
INTERVENCIONES
Ministerio de Salud y Protección Social
La Representante del Ministerio de Salud y Protección Social, en su intervención
solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1539 de 2012[9].
Sostiene que en el marco de las medidas preventivas, el examen de aptitud
psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego por las personas que
presten servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y
supervisores), busca evitar no solo accidentes en el trabajo, sino cualquier
daño que se pueda causar a la comunidad, en procura de la prevalencia del
interés general sobre el particular. Precisa: “Quien maneje ese tipo de
elementos debe ser una persona idónea tanto desde el punto de vista físico como
psicológico.  Estos exámenes y certificaciones se exigen para que con ello se
establezca la idoneidad de las personas que manipulan armas de fuego y así
evitar futuros accidentes debido a la mala e indebida utilización; y además
para que el personal que realiza labores de seguridad privada garantice una
capacidad eficiente para utilizar sus elementos de trabajo para la protección,
no solo de la empresa [en] la que laboren sino también de la comunidad en
general…”[10].
Agrega que en cuanto a la reserva de la información, la norma establece
que quienes ejercen estas funciones deben ser instituciones especializadas que
cumplan con los estándares exigidos para la expedición de dicho certificado,
por lo cual se garantizan los derechos a la intimidad, la libertad, el buen
nombre y al libre desarrollo de la personalidad.
Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada especial del Ministerio de Defensa Nacional, solicitó a la
Corte declarar la exequibilidad de la Ley 1539 de 2012 en el entendido de que
dicha regulación propende por la seguridad de los asociados[11].
Afirma que la jurisprudencia constitucional ha determinado que la seguridad,
constituye un fin esencial del Estado y un servicio público primario que, a su
vez, se concreta y materializa en el cumplimiento de la misión que el artículo
2 de la Carta le atribuye a las autoridades de la República, cual es la de
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades públicas.
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, solicitó a la Corporación declarar exequible la
totalidad de la Ley 1539 de 2012[12]. Explica que la
Superintendencia es un organismo del orden nacional, de carácter técnico,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa,
financiera y personería jurídica, que ejerce control, inspección y vigilancia
sobre las personas naturales y jurídicas que prestan servicios de vigilancia y
seguridad privada tal y como lo señala el artículo 7 del Decreto Ley 356 de
1994[13], y en cumplimientos de los
objetivos consagrados en el Decreto 2355 de 2006[14].
Precisa que a la Superintendencia le corresponde verificar que las
personas vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada (guardas
de seguridad, escoltas y supervisores) que porten y tengan armas de fuego, se
hayan realizado el examen de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
dichos elementos, para lo cual contará con acceso a la base de datos del
Sistema Integrado de Seguridad para la Validación de la Identidad, SICEC, en
donde verificará que la persona que va a prestar el servicio sea apto para el
manejo de armas de fuego.  Aclara que en la base de datos solo aparecerá si es
apto o no apto, y que ninguna otra información podrá ver y verificar la
entidad.  Continúa señalando que el resultado del examen le permite establecer
si el personal operativo que presta el servicio con medio armado es apto para
el porte y tenencia de armas de fuego.  De tal manera, la Ley 1539 de 2012
ofrece a la entidad una herramienta para el ejercicio del control, inspección y
vigilancia en relación con el personal operativo empleado para tal fin, lo que
se refleja en la mejora de la prestación del servicio hacia la ciudadanía en
general.  Igualmente, se convierte en un medio que brinda mayor confianza a la
comunidad, en lo que tiene que ver con la idoneidad psicofísica de dicho
personal y garantiza de parte del Estado el cumplimiento del deber de
protección de todas las personas residentes en Colombia, establecido en el
artículo 2 de la Constitución Política[15].
En relación con los cargos formulados en la demanda, expresa: en primer
lugar, la Ley 1539 de 2012 no vulnera el derecho al habeas data en razón
del registro que hacen las instituciones especializadas del resultado del
examen para determinar la aptitud psicofísica de los guardas de seguridad que
prestan el servicio de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego, por
cuanto dicha información es de conocimiento de los Centros de Reconocimiento,
CRC, que hacen el examen del personal y solo el resultado del informe en físico
se envía a la empresa a la cual pertenece el guarda.  La CRC reporta mediante
el aplicativo llamado SISEC (canal de información restringido) solamente el
resultado en los siguientes términos: (i) Aprobado; (ii) No apto,
y (iii) Aplazado, sin ningún pormenor sobre el particular.  La
Superintendencia utiliza un canal único restringido, al que solo tienen acceso
las instituciones especializadas CRC, que realizan el examen, y las ARL, y lo
único que hace es verificar que el personal que utiliza armas de fuego se
realice el examen, para determinar que es apto para manejar dichos elementos y,
por ende, no atenta contra la vida y bienes de la ciudadanía, en aras de velar
por el interés general en los términos exigidos en el artículo 2 Superior.
En segundo lugar, plantea que el derecho al trabajo no es un derecho
absoluto, ya que debe propender al desarrollo económico y social.  En el caso
concreto del guarda de seguridad que presta el servicio con armas de fuego,
debe tener condiciones académicas, físicas, psicológicas y morales adecuadas
para prestar el servicio, so pena de tornarse el mismo en un peligro inminente
para la seguridad ciudadana.  De otro lado, afirma que la exigencia de
requisitos para aspirar a cualquier cargo no implica vulneración del derecho al
trabajo, y que cuando se trata de personas vinculadas a los servicios de
vigilancia y seguridad, es evidente que se exige el certificado de aptitud
psicofísica puesto que la labor que les es confiada implica un riesgo social,
toda vez que el cometido principal es garantizar la seguridad ciudadana.
En tercer lugar, expone que no hay vulneración o desconocimiento de la
libertad de ejercer un oficio, toda vez que las personas naturales y jurídicas
que prestan el servicio con armas de fuego deben propender, en el ejercicio de
su oficio, por el bien común y el interés general que va por encima de
cualquier libertad de escoger un oficio, máxime si se está frente a una
actividad que podría alterar la seguridad ciudadana.  Precisa, que el servicio
de seguridad presenta especificidades que exigen una lectura de las condiciones
en las que se presta el servicio, en donde se debe tener en cuenta: (i)
quién presta el servicio; (ii) el medio (con armas de fuego, sin armas,
con caninos, con medio tecnológicos, etc.); (iii) cómo se presta el
servicio. (iv) Todo lo anterior, con miras a la protección del orden
público y la seguridad ciudadana en búsqueda de una convivencia social armónica
y, en últimas, la realización de los fines esenciales del Estado (arts. 1 y 2
C.P.).  Bajo estas premisas, no puede predicarse el incumplimiento del Estado
de ofrecer habilitación profesional, por cuanto debe antes de cualquier otra
consideración garantizar la prestación eficiente y segura del servicio de
vigilancia y seguridad por parte de los guardas de seguridad que utilizan armas
de fuego.
En cuarto lugar, precisa que no hay vulneración o desconocimiento del
principio de confianza legítima, pues quien presta el servicio de vigilancia y
seguridad privada, tiene una posición jurídica que es modificable por las
autoridades en razón de las condiciones de seguridad que implica el
cumplimiento de las funciones, donde puede verse comprometido el disfrute de la
vida e integridad de los ciudadanos en cualquier momento, aspecto este que hace
relevante la prevención de siniestros, además de un control y vigilancia
exhaustiva sobre quienes desempeñan dichos oficios en procura de salvaguardar
el interés general.
Finalmente, en relación con la usurpación de funciones del Presidente de
la República, señala que la Ley 1539 de 2012 no delega la función de
inspección, vigilancia y control a las instituciones especializadas
registradas, es decir, los Centros de Reconocimiento Certificado, CRC, ya que
lo único que estas hacen es practicar el examen al guarda de seguridad para
verificar si es apto o no para el manejo de armas de fuego, reportando el
resultado a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a través del
sistema SISEC, creado especialmente para tal efecto. A su vez, la
Superintendencia es quien, con base en dicho reporte, verifica el cumplimiento
de la ley y, en consecuencia, al verificar que un guarda se seguridad que
presta el servicio con armas de fuego no se ha realizado el examen, da inicio
al procedimiento sancionatorio.  En consecuencia, no es cierto lo señalado por
el demandante al manifestar que son las instituciones especializadas
registradas quienes ejercen la actividad de inspección, control y vigilancia
sobre el cumplimiento de la Ley 1539 de 2012.
Defensoría del Pueblo
El defensor Delegado para Asuntos Constitucional y Legales dentro de las
competencias de la Defensoría del Pueblo[16], considera, en primer
lugar, que en relación con los artículos 15 (habeas data), 25 (derecho
al trabajo), 54 (habilitación profesional) y 152 literal a) (reserva de ley
estatutaria), la demanda carece de los requisitos de claridad, certeza,
especificidad, pertinencia y suficiencia necesarios para cuestionar la
adecuación de una norma jurídica a la Constitución, por lo que le solicita a la
Corte declararse inhibida.  En segundo lugar, precisa que la Ley 1539 de 2012
no vulnera los artículos 26 (libertad de ejercer oficio), 83 (principio de
confianza legítima), 189-22 (función de inspección y vigilancia de la
prestación de servicios públicos), 211 (delegación de funciones del Presidente
de la República) y 333 (libertad de empresa) de la Carta Política.
En relación con la solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad de
la Ley 1539 de 2012 frente a los últimos cargos mencionados, que podrían
considerarse aptos, empieza por recordar que la disposición demandada se
encuentra dentro del marco de la libertad de configuración legislativa en
relación con la facultad de regular el ejercicio de profesiones y oficios.
Así, estima razonable que el legislador disponga la implementación del
certificado al que hace referencia la disposición demandada, en atención a la
actividad que realizan los trabajadores dedicados a la vigilancia y seguridad
privada, pues el porte y tenencia de armas genera riesgos para terceros y, por
lo tanto, se requiere contar con personas idóneas y responsables para tal
efecto.  En este sentido, continúa exponiendo, la realización de un examen que
certifique la aptitud psicofísica de una persona para el desarrollo de un
oficio que conlleva un riesgo social, así como su renovación periódica, es una
carga soportable ya que no implica ninguna limitación a los derechos de las
personas que lo desarrollan y, por el contrario, cumple una función que es
acorde con el ordenamiento constitucional[17].
Intervenciones ciudadanas
A continuación la Sala relaciona las intervenciones ciudadanas
presentadas durante el término de fijación en lista del proceso.
Ciudadana Diana Marcela Celeita Díaz
La ciudadana intervino para solicitar que se declare la exequibilidad de
la Ley 1539 de 2012[18].  En primer lugar, partiendo
de la transformación que ha tenido el derecho a la intimidad en una sociedad
informatizada, en donde de un sentido puramente negativo se pasa a identificar
una faceta positiva del mismo, por medio del cual se reconoce a cada persona el
derecho de acceso al banco de datos con el fin de poder disponer de la
personalidad y conocer la finalidad para la cual ha sido recogida la
información para controlar o supervisar el uso que de ella se haga; sostiene acerca
de la violación del derecho a la intimidad y habeas data, que los
protocolos de seguridad para realizar los exámenes del certificado de aptitud
psicofísica por parte de los centros e instituciones especializadas, como son
las pruebas sicomotriz, optometría, auditiva y médica, y el registro de
fotografías, firmas y huellas mediante lectores biomédico, no compromete la
intimidad de las personas que prestan servicios de vigilancia y seguridad
privada.
En segundo lugar, afirma que no se vulnera la reserva de ley estatutaria,
puesto que con la Ley 1539 de 2012 no se tocan derechos fundamentales y, por el
contrario, se pretende establecer los requisitos y la metodología para expedir
el certificado de aptitud psicofísica del personal vinculado a los servicios de
vigilancia y seguridad privada que deban portar o tener armas de fuego,
actualizando la normativa vigente y ofreciendo las herramientas legales y
tecnológicas óptimas que garantizan la veracidad del certificado y la idoneidad
del mismo, lo cual debe ser objeto de una ley ordinaria.
En tercer lugar, en relación con los cargos por violación al derecho al
trabajo (art. 25 C.P.), y las libertades de escoger profesión u oficio (art. 26
C.P.) y de empresa (art. 333), expresa que la ley no contradice la
Constitución, sino que encuentra sustento en la misma en la medida en que
garantiza los principios de igualdad, eficiencia y prevalencia del interés
general. Así, atiende al fin de brindar seguridad y garantías no solo a los
trabajadores de las empresas que deben utilizar armas de fuego, sino también a
las personas que contratan sus servicios, en la medida en que se controla el
porte y la tenencia de armas en el sector de la seguridad privada.  Por ello,
se faculta al legislador para exigir un título de idoneidad, de un lado, y, de
otro, se dispone la inspección y vigilancia del ejercicio del oficio reduciéndose
de esta manera el riesgo social que puede implicar esta actividad.
En cuarto lugar, en lo que respecta a la vulneración del principio de
confianza legítima, precisa que el demandante no formula ningún reparo de
inconstitucionalidad, puesto que solamente pone de presente la incompatibilidad
que, en su criterio, existe entre dos disposiciones legales, pero sin explicar
por qué ello resultaría contrario a algún precepto de la Constitución.  Por
ello, en su entender, el cargo no cumple con las condiciones de pertinencia y
certeza.
En quinto lugar, señala la falta de certeza en lo que tiene que ver con la
afirmación de la supuesta usurpación de funciones de inspección y vigilancia
del Presidente de la República en la prestación de servicios públicos, y la delegación
de las mismas.  Precisa que la institución especializada registrada y
certificada ante la autoridad respectiva y con el cumplimiento de los
estándares de que trata la Ley 1539 de 2012, solo se encarga de la
certificación de aptitud sicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego,
convirtiéndolas en las idóneas y especializadas para realizar los exámenes correspondientes
para dicha finalidad.
Ciudadana Paula Andrea Osorio Urriago
También intervino para solicitar que se declare la exequibilidad de la
Ley 1539 de 2012[19].  Apoyándose en la
sentencia C-748 de 2011[20], afirma que no se viola la
reserva de ley estatutaria ni el derecho fundamental al habeas data.  Asimismo,
con fundamento en la sentencia C-568 de 2010[21], plantea que se pueden
exigir requisitos a las personas a la hora de desempeñar un empleo, sin que se
viole el derecho al trabajo. En cuanto al derecho a la intimidad, sostiene que
la recolección de información que hacen las ARL con fundamento en los certificados
psicofísico, no contraría derechos fundamentales consagrados en la Constitución
Política. En relación con la vulneración del derecho a la libertad para ejercer
un oficio, precisa que el porte de armas genera un riesgo social, por lo que las
personas que tienen acceso a ellas deberían ser las idóneas, de allí que el hecho
de exigir un certificado psicofísico por medio de la Ley 1539 de 2012 no es
inconstitucional.  Finalmente, plantea que el Presidente está facultado
legalmente para delegar ciertas funciones en las autoridades administrativas,
para el caso concreto, en las Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, por lo que no se configura una usurpación de funciones.
Ciudadano Pedro Javier Villamizar Castrillón
El ciudadano solicitó la declaración de exequibilidad de la ley acusada[22].
En relación con la violación al habeas data y a la reserva de ley
estatutaria, explica que la Ley 1539 de 2012 busca la idoneidad de las personas
que tienen permiso de portar armas de fuego, por la seguridad de los ciudadanos
que estén en contacto con trabajadores que prestan servicios de vigilancia y
seguridad privada.   Por ello, las personas que deseen desempeñar esta labor
deben estar certificadas por una institución acreditada y vigilada por el
Estado, tal como lo señala el artículo 3, parágrafo 1º, de la Ley 1539 de 2012.
Señala que no se viola el habeas data, reglamentado por las leyes
estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, ni la reserva de ley estatutaria,
toda vez que dichas disposiciones normativas autorizan a instituciones públicas
y privadas a recolectar, tratar y archivar datos personales siguiendo los
parámetros allí establecidos.
En lo que respecta a la violación del derecho al trabajo, señala que el
accionante amaña el verdadero sentido de la sentencia C-568 de 2010[23]
en la que apoya sus argumentos de inconstitucionalidad, y explica que lo que la
Corte dijo en esa oportunidad es que el legislador puede exigir algún título de
idoneidad, como lo es en el caso concreto el certificado de aptitud
psicofísica, que será inspeccionado por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
En cuanto a la usurpación del ejercicio de funciones de inspección y
vigilancia en la prestación de servicios públicos, que corresponde al
Presidente de la República, y la delegación de estas, precisa que es claro que
el Presidente puede delegar estas funciones en el Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, a quien corresponde ejercer el control,
inspección y vigilancia sobre la industria y los servicios de vigilancia y
seguridad privada.
En lo que respecta a la violación del principio de confianza legítima y
libertad de empresa, sostiene que los argumentos planteados en la demanda no
cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, en cuanto a
la exposición de razones ciertas, suficientes, pertinentes, específicas y
claras, para que los cargos puedan ser estudiados de fondo.  Al respecto,
solicita la inhibición de la Corte.
Intervención de la Federación Colombiana de
Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, FEDESEGURIDAD
La representante legal de la Federación Colombiana de Empresas de
Vigilancia y Seguridad Privada, FEDESEGURIDAD[24], intervino para coadyuvar
la demanda y peticionar que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 1539
de 2012[25].  Además de las
infracciones que señala la demanda a los artículos 15, 25, 26, 54, 83, 152
literal a), 189-22, 211 y 333 de la Constitución Política, argumenta que la
aplicación de la ley ha sido incierta y ha estado rodeada de prórrogas dadas a
través de los decretos 2368 de 2012, 0738 de 2013, 931 de 2014 y 018 de 2015.
En este último, se extiende el plazo para la obtención del certificado de
aptitud psicofísica hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince
(2015).
Explica que la obligación de contar con el certificado de aptitud
psicofísica ha sido prorrogada en varias ocasiones, debido a que no hay
suficientes entidades en el territorio nacional para cumplir con esta función,
tal como lo reconoció el Gobierno en los decretos 931 de 2014 y 018 de 2015 en
los que señaló que la obtención del certificado solo se ha cumplido en un 34,3%
y que las entidades que lo expiden no cubren un 35% de los departamentos del
país[26].  Es así como sostiene que
en caso de no constituirse o conformarse las instituciones que deben cumplir
con las funciones administrativas, o hacerlo de manera insuficiente o
defectuosa, se pueden vulnerar derechos y afectar disposiciones constitucionales[27].
V.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación mediante concepto No. 5899 del seis (06)
de abril de dos mil quince (2015)[28], solicitó a la Corte
Constitucional declararse inhibida para decidir de fondo sobre la Ley 1539 de
2012, por ineptitud sustantiva de la demanda, toda vez que esta no reúne las
condiciones necesarias que el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional exigen para determinar las razones que configuran el concepto de
violación en contra de una disposición legal.  Para sustentar su posición, la vista
fiscal presenta un estudio acerca de los cargos formulados en la demanda.
En relación con la violación a la reserva de ley estatutaria (art. 152,
literal a) C.P.) y al derecho al habeas data (art. 15 C.P.), precisa que
el accionante no
configura en contra de la norma demandada un cargo de constitucionalidad claro,
específico, cierto, pertinente y suficiente para adelantar un estudio de fondo.
Así, no fundamenta su afirmación en razones constitucionales ni explica por qué
el solo hecho de recopilar la información conducente a expedir el certificado
de aptitud sicofísica implica una afectación al núcleo esencial del derecho al habeas
data. Afirma que las consideraciones planteadas corresponden exclusivamente
a una interpretación particular y subjetiva que hace el demandante de la norma acusada,
pues no es cierto que esté afectando aspectos esenciales del derecho
fundamental. Agrega que bajo la lógica expuesta en la demanda, toda regulación
que establezca algún certificado de idoneidad que haga necesaria la
recopilación de datos personales para su expedición, como lo es, por ejemplo,
la normativa que regula la expedición de la licencia de conducción (que no es
otra cosa que la exigencia de un requisito de idoneidad para conducir un
vehículo automotor, agrega), debería ser tramitado por medio de una ley
estatutaria, so pena de ser considerado inconstitucional, lo cual resulta bajo
la óptica del derecho vigente y la jurisprudencia constitucional relativa a
este derecho, una conclusión absurda.
En lo que respecta al cargo por vulneración de las libertades de ejercer
oficio (art. 26 C.P.) y de empresa (art. 333 C.P.), y del derecho al trabajo
(art. 25 C.P.), sostiene que no advierte en la demanda un razonamiento cierto,
específico ni suficiente que demuestre que la exigencia del certificado de
aptitud sicofísica, como requisito para la prestación del servicio de seguridad
y vigilancia por medio del uso de armas de fuego, establece un límite
desproporcionado e irrazonable para el ejercicio de estas libertades y del
derecho al trabajo en condiciones estables, lo cual hace que las afirmaciones
del demandante sean infundadas.  Destaca que las libertades de ejercer oficio y
de empresa no son facultades absolutas, de tal manera que toda regulación a su
ejercicio redunde por sí misma en una injustificada intervención o limitación
al derecho constitucional.  Lo que resulta especialmente relevante, en el caso
de la libertad de ejercer oficio o profesión, cuando la actividad que se normatiza
entraña un alto riesgo social como es el caso de la prestación del servicio de
seguridad y vigilancia por medio del uso de armas de fuego.  En este aspecto,
destaca la amplia libertad de configuración que tiene el legislador para
garantizar el orden público, el interés general y el bien común.  Expresa que
la ausencia de una argumentación orientada a demostrar que esta regulación
transgrede la Carta Política, obliga a concluir que en la demanda no se
configura un cargo constitucional real en contra de la norma cuestionada, sino
mas bien que el accionante se limita a manifestar descontento con la exigencia
establecida en ella.
En cuanto a la infracción al deber del Estado de ofrecer formación y
habilitación profesional (art. 54 C.P.), sostiene el jefe del ministerio
público que resulta evidente que el objeto de la Ley 1539 de 2012 no es regular
de manera integral el ejercicio del oficio de vigilancia y seguridad, sino
exigir la implementación del certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego, normativa en la que no es exigible incluir
disposiciones tendientes a la capacitación del personal de vigilancia y
seguridad que presta este servicio, pues ello rebasaría el objeto de la ley.
En lo que tiene que ver con el desconocimiento del principio de confianza
legítima (art. 83 C.P.), no encuentra la vista fiscal en el escrito de la
demanda razones suficientes tendientes a demostrar la existencia de la
configuración de una violación del principio de confianza legítima. Agrega, que
el mero establecimiento de un requisito legal por parte del legislador, a
través del cual se persiguen fines legítimos y constitucionales como son la
defensa del orden público y del bien común, no puede considerarse por sí mismo
contrario al principio de confianza legítima.
Finalmente, en lo que hace referencia a la usurpación del ejercicio de
funciones de inspección y vigilancia en la prestación de servicios públicos y
la delegación de estas (arts. 189-22 y 211), señala el jefe del ministerio
público que la subdelegación de funciones de inspección y vigilancia en entes
privados como los centros de reconocimiento encargados de realizar el examen de
aptitud psicofísica y de expedir el correspondiente certificado, el accionante
nuevamente hace una lectura subjetiva y personal de la norma, por lo que las
razones que expresa no son ciertas ni pertinentes.  Explica que la tarea de
certificación de las condiciones sicofísicas de personas encargadas de prestar
el servicio de vigilancia y seguridad, no constituye una función de inspección,
vigilancia y control sobre dicha actividad, sino una función técnica radicada
en cabeza de entes especializadas para ello.  Además, precisa, que dar la razón
al demandante significaría caer en el absurdo de afirmar que la ley no podría,
en ningún caso, exigir requisitos para desempeñar actividades sujetas a la
regulación de entes de supervigilancia porque se estaría usurpando o
desconociendo las funciones constitucionales o legales de las entidades para
vigilar y controlar esas actividades.
VI.
CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
Competencia
1. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución
Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir
definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de
rango legal, como la acusada.
Cuestiones previas
2. Antes de hacer la presentación
del caso y formular el problema jurídico la Corporación deberá resolver dos
aspectos. Primero, evaluará la aptitud de la demanda para emitir un
pronunciamiento de fondo. Segundo, analizará si existe cosa juzgada constitucional
en relación con algunos preceptos de la Ley 1539 de 2012, debido a que en la
sentencia C-460 de 2013[29] se estudió una demanda contra el inciso 2º y el parágrafo del
artículo 1, y en la sentencia C-850 de 2013[30] se realizó
el estudio de constitucionalidad del parágrafo 1º del
artículo 3.
Ineptitud sustancial de los
cargos por violación de los artículos 15, 152 literal a), 25, 53, 54, 83, 189
numeral 22, 211 y 333 de la Constitución Política
3. Teniendo en cuenta que la demanda presentaba
argumentos que generaban una mínima duda sobre la constitucionalidad de los
preceptos demandados y en virtud del principio pro actione,
esta fue admitida para su estudio. Sin embargo, varios de los
intervinientes le solicitaron a la Corte inhibirse en relación con algunos de
los cargos planteados en la demanda, como es el caso de la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, la Defensoría del Pueblo y dos de los
ciudadanos participantes, o inhibirse respecto de la totalidad de los cargos
como lo hizo el Procurador General de la Nación.  Por ello, debe la Corporación
verificar la aptitud de la demanda interpuesta contra la Ley
1539 de 2012.
La jurisprudencia
constitucional ha señalado que aun cuando toda demanda debe ser analizada a la
luz del principio pro actione, dado el carácter popular que la
Constitución misma le atribuye, en ella deben concurrir unas condiciones
mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y orientar,
asimismo, el debate de los intervinientes en el proceso que pretende instarse.
Es así que el Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen
procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte
Constitucional”, en su artículo 2 prescribe que la demanda debe contener: (i)
el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales,
trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la
publicación oficial (num. 1º); (ii) la indicación de las normas
constitucionales que se consideren infringidas (num. 2º); (iii) las
razones que sustentan la acusación, esto es, el por qué se estima que se violan
los textos constitucionales (num. 3º); (iv) cuando fuera el caso, el
señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del
acto demandado y la forma en que fue quebrantado (num. 4º), y (v) la
razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda (num. 5º).
En este orden
de ideas, en la demanda es necesario determinar el concepto de la violación[31].  De conformidad con la jurisprudencia constitucional el concepto
de la violación se formula debidamente cuando (i) se identifican las
normas constitucionales vulneradas; (ii) se expone el contenido
normativo de las disposiciones acusadas, y (iii) se expresan las razones
por las cuales los textos demandados violan la Constitución. Esas razones deben
ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
Desde la sentencia C-1052 de 2001[32], toda
demanda de inconstitucionalidad debe exponer razones claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes. Esta exigencia constituye una carga
mínima de argumentación que debe cumplir todo ciudadano, y que resulta
indispensable a pesar de la naturaleza pública e informal que caracteriza a la
acción de constitucionalidad. En este orden de ideas, las razones de
inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de
exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la
presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que
significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas,
caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido
normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que
excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera
que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o
corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos
a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de
generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o
disposición demandada”[33].
Pasa, entonces, la Corporación a realizar el estudio del cumplimiento de las
condiciones necesarias que el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia
constitucional exigen para determinar el concepto de violación.
Ineptitud de la demanda en relación con el cargo de
violación del derecho fundamental al habeas data
y a la reserva de ley estatutaria (arts. 15 y 152 lit. a) C.P.)
Con respecto al cargo relacionado con la
violación del habeas data, el accionante plantea que la norma demandada
regula aspectos que afectan el núcleo esencial de dicho derecho y que, por
ello, debió ser tramitada por medio de una ley estatutaria. Sin embargo, no
logra configurar el concepto de violación, toda vez que su argumentación se
limita a reproducir el artículo 15 Superior y algunos apartes de la
jurisprudencia constitucional, en donde, incluso, confunde el contenido del derecho
a la intimidad con el derecho al habeas data, sin ofrecer razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, que permitan por lo
menos generar una mínima duda acerca de la inconstitucionalidad del precepto
demandado de la Ley 1539 de 2012, que hace referencia al registro de
información conducente para expedir el certificado de aptitud psicofísica por
parte de centros o instituciones especializadas.
Las consideraciones que presenta el
accionante corresponden a una interpretación particular y subjetiva que hace de
los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 1539 de 2012[34]. Dichas disposiciones normativas no regulan aspectos esenciales del
derecho fundamental al habeas data.  No hacen referencia a elementos
estructurales, que consagren límites, restricciones, excepciones y
prohibiciones que afecten su núcleo esencial, ni tampoco se trata de un
desarrollo del derecho fundamental de manera integral, que amerite su
regulación a través de una ley estatutaria[35].
Ineptitud de la demanda en relación con el cargo de
violación del derecho al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.)
En cuanto al cargo por vulneración del derecho al trabajo,
el accionante transcribe los artículos 25 y 53 de la Carta Política y a
continuación dos extractos de sentencias de la Corte acerca de los derechos a
ejercer un oficio y al trabajo, para apoyar la idea de que la norma acusada
constituye un obstáculo para que las personas puedan trabajar, ya que desconoce
la estabilidad laboral al ser un instrumento que no prevé una capacitación
técnica y, por el contrario, se erige como un requisito adicional frente a la
normativa preexistente, esto es, el Decreto 2535 de 1993[36].
Con ello, no logra estructurar el concepto de violación pues no concreta en sus
argumentos la forma en que la norma demandada se opone al derecho fundamental al
trabajo y, contrario a ello, ofrece razones genéricas y vagas que no cumplen
con el requisito de especificidad.  Tampoco se satisface la condición de
suficiencia porque no logra generar una duda inicial sobre la
constitucionalidad de la disposición demandada.
Ineptitud de la demanda en relación con el cargo de
violación del deber del Estado de ofrecer
habilitación profesional (art. 54 C.P.)
El accionante, luego de
transcribir el artículo 54 Superior y dos párrafos de la sentencia C-123 de
2011[37],
argumenta que la norma demandada es contraria al deber constitucional que tiene
el Estado de ofrecer formación y habilitación profesional a quienes lo
requieran, debido a que no establece exigencias de capacitación y
adiestramiento para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad
privada por medio del uso de armas de fuego, pese a que dicho oficio entraña un
evidente riesgo social en su ejercicio. No obstante, sus razones están
huérfanas de (i) claridad, pues no siguen un curso de exposición
comprensible y no exponen de forma inteligible la
presunta inconformidad entre la Ley 1539 de 2012 y el artículo 54 constitucional; (ii) certeza,
toda vez que no presentan un contenido normativo que razonablemente
pueda atribuírsele a la ley, pues esta no tiene como finalidad
hacer una regulación exhaustiva de los servicios de vigilancia y seguridad
privada; (iii) especificidad, debido a que apelan a argumentos
genéricos y excesivamente vagos, que
no consiguen concretar el concepto de violación; (iv) pertinencia, pues no logran plantear un problema de
constitucionalidad, sino más bien de conveniencia, y (v) suficiencia, ya que no alcanzan a generar una
duda inicial sobre la constitucionalidad de la ley demandada.
Ineptitud de la demanda en relación con el cargo de violación del principio de confianza legítima (art. 83 C.P.)
Según el accionante, el Decreto 2535 de
1993[38]
no exigía a los trabajadores que prestan el servicio de seguridad y vigilancia
privada por medio del uso de las armas, ningún tipo de certificado de aptitud,
por lo que su implementación por medio de la Ley 1539 de 2012, introduce una
modificación en los requisitos exigidos a este personal que es contraria al
principio de confianza legítima. Asimismo, entiende que la norma es
inconstitucional porque no prevé un plan para su ejecución en el que tuvieran
participación los trabajadores y empresarios del ramo que pudiera mitigar el
impacto que se produce especialmente en los derechos al trabajo, a la
libertad de ejercer profesión u oficio y a la libertad de empresa.
Sin embargo, la Corporación echa de
menos razones (i) claras, en el sentido de que la demanda no sigue un
hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender su
contenido y las justificaciones en las que se basa; (ii) ciertas, es
decir, que confronten el texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; (iii)
específicas, esto es, que definan en forma concreta y directa la manera como la
disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política; (iv)
pertinentes, en el sentido de estar fundadas en la apreciación del contenido de
una norma Superior (principio de confianza legítima) que se expone y se
enfrenta al precepto demandado (Ley 1539 de 2012), y (v) suficientes, es
decir, que expongan todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el
estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche, y que
despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada[39].
Ineptitud de la demanda en relación con el cargo de usurpación de las funciones de
inspección y vigilancia en la prestación del servicio
de vigilancia y seguridad, a cargo del Presidente de la República y delegadas en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad (arts. 189 num. 22, y 211 C.P.)
Expone el accionante que la Ley 1539 de
2012 subdelega la función administrativa de inspección, vigilancia y control en
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad a entes privados –centros o instituciones especializadas–, al entregarles la atribución de realizar el
examen de aptitud psicofísica y de expedir el correspondiente certificado. No
obstante, dicha afirmación carece de certeza, pues
acusa un contenido normativo supuesto por el accionante y no una regla jurídica
que efectivamente se deriva de la ley acusada.
Ineptitud de la demanda en relación con el cargo de
violación de la libertad de empresa (art. 333 C.P.)
Según el accionante la exigencia de un
certificado a los trabajadores de empresas de vigilancia y seguridad privada,
estaría vulnerando el derecho a la libertad de empresa en cuanto interfiere de
manera desproporcionada en los procesos de selección de personal y en los
trámites que debe asumir el empleador para el cumplimiento de lo establecido en
la Ley 1539 de 2012.  Sin embargo, no logra configurar el concepto de
violación, toda vez que su argumentación se limita a reproducir el artículo 333
Superior y un párrafo de la sentencia C-263 de 2011[40],
referente a la conceptualización de la libertad de empresa, sin ofrecer razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, que permitan demostrar
o, por lo menos, generar alguna mínima duda acerca de la inconstitucionalidad
de la medida contemplada en la Ley 1539 de 2012, por interferir
desproporcionadamente en el ejercicio de la libertad de empresa, según lo
afirmado.
En resumen, la Corporación observa que en lo que hace
referencia a los cargos formulados por infracción: al derecho fundamental al habeas data y a la reserva
de ley estatutaria (arts. 15 y 152 lit. a) C.P.); al deber del Estado de ofrecer habilitación profesional (art. 54 C.P.); al principio de
confianza legítima (art. 83 C.P.), y a
la libertad de empresa (art. 333 C.P.), las razones expuestas por el accionante
carecen de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Tratándose
del cargo por desconocimiento del derecho al trabajo (arts.
25 y 53 C.P.), la demanda no expone razones específicas ni suficientes.
Finalmente, en relación con el cargo de usurpación de las
funciones de inspección y vigilancia en la prestación del servicio de
vigilancia y seguridad, a cargo del Presidente de la República y delegadas en
la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad (arts. 189 num. 22, y 211 C.P.),
se evidencia una falta de certeza de las razones expuestas por el accionante.
Por ello, la Corporación se inhibirá de emitir un pronunciamiento de
fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 1539 de 2012, por los cargos antes
señalados, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Contrario a lo anterior, la Corporación encuentra
que el cargo relacionado con la vulneración a la libertad de
ejercer un oficio (art. 26 C.P.), presenta una duda mínima de constitucionalidad,
que atendiendo al principio pro actione permite derivar respecto de los
planteamientos esgrimidos por el accionante razones suficientes para emitir un
pronunciamiento de fondo.  Para empezar, se dirigen contra una proposición que
se deduce del texto legal, puesto que la disposición normativa regula el
requisito de obtención del certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego, para las personas naturales vinculadas a los
servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y
supervisores). Lo cual es cierto. Seguidamente, las razones que se
exponen para cuestionar la disposición normativa están planteadas de modo inteligible,
de tal forma que son claras. Asimismo, los cuestionamientos mencionados
proponen una confrontación entre una norma legal y una norma constitucional,
por tanto, son también pertinentes.
En efecto, en la acción pública
contra la Ley 1539 de 2012 “Por medio de la cual
se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas de fuego y se dictan otras disposiciones”, se
plantea que el certificado de aptitud psicofísica exigido a las personas
naturales que sean vinculadas o que al momento de la entrada en vigencia de la
ley estén vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada que
deban portar o tener armas de fuego, constituye una limitación injustificada y
desproporcionada a la libertad de escoger una actividad laboral u oficio. Esta
acusación es específica y además despierta una sospecha de
inconstitucionalidad suficiente para estudiarla de fondo.
Además, se agrega que el certificado
debe expedirse con base en los parámetros establecidos en el literal a) del
artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, por una institución especializada,
registrada y certificada ante la autoridad respectiva. La ley, se dice,
establece sanciones para las personas jurídicas o naturales que presten
servicios de vigilancia o seguridad como vigilantes o escoltas o supervisores
debidamente acreditados que deban tener o portar armas de fuego y no hayan
obtenido el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas. Asimismo, consagra la realización de pruebas y evaluaciones por los
especialistas y establece que dichas pruebas se hagan desde los equipos de cómputo
de los centros o instituciones especializadas con el fin de evitar un posible
fraude en la expedición del certificado, definiendo un protocolo para ello.
El demandante señala que ya el
Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias se había
ocupado de establecer la exigencia de contar con la capacitación necesaria para
el uso de armas de fuego, con el fin de asegurar la idoneidad de la persona que
optaba por desempeñar los oficios mencionados y además consagró en el Decreto
2535 de 1993 los requisitos necesarios para obtener el permiso para la tenencia
y porte de armas. Lo que torna irrazonable y desproporcionado el surgimiento de
nuevos requisitos para ejercer este oficio, contrariándose el texto del
artículo 26 de la Constitución Política.
Así, la Corporación contraerá el
análisis de constitucionalidad de toda la Ley 1539 de 2012 al cargo por
violación de la libertad de ejercer un oficio, consagrado en el artículo 26 de
la Constitución Política.
Inexistencia de cosa juzgada
constitucional
4. Teniendo presente que la
Corporación en dos ocasiones previas se ha pronunciado acerca de la
constitucionalidad de algunos preceptos normativos de la Ley 1539 de 2012, debe
revisarse la posible existencia de cosa juzgada respecto del inciso 2º y el
parágrafo del artículo 1 y el
parágrafo 1º del artículo 3.
En la sentencia C-460 de 2013[41] la
Corte Constitucional decidió declarar exequibles el
inciso 2º y el parágrafo del artículo 1 de la Ley 1539 de 2012, que establecen,
en su orden, que el certificado de aptitud psicofísica tiene una vigencia de un
(1) año y que será realizado sin costo por la ARL a la cual estén afiliados los
trabajadores.
Los cargos analizados se
fundamentaban, en el caso del inciso segundo del artículo 1° de la Ley 1539 de
2012, que instituye el deber de renovar anualmente el
certificado de aptitud psicofísica, en la violación del principio de igualdad, porque presuntamente se establecía un
trato diferenciado entre las personas que prestan servicios de vigilancia y
seguridad privada y las demás personas civiles que solicitan permiso para el
porte y tenencia de armas de fuego, sin que existan criterios razonables para
justificarlo; además, en la vulneración del derecho al
trabajo y a las garantías mínimas del trabajador, porque el someter a los
trabajadores que prestan servicios de vigilancia y seguridad privada con porte
de armas de fuego, a la carga de renovar anualmente el certificado de aptitud
psicofísica, los expone a inestabilidad laboral y a la posibilidad permanente
de pérdida de su empleo, lo cual se revela como una medida irrazonable y
desproporcionada.  En relación con el parágrafo de dicho precepto normativo, los
cargos se cimentaban en que la destinación de los recursos
del sistema de riesgos profesionales a la financiación del
examen de aptitud psicofísica desconoce la garantía de un orden económico y
social justo, toda vez que el gasto que representa no ha sido incluido en el
cálculo actuarial para definir el monto de las cotizaciones, de manera que
representa una afectación del margen de rentabilidad esperado del sistema.  Asimismo,
se sostuvo que se afectaría el núcleo esencial de la libertad de empresa y la
iniciativa privada en el evento de que se imponga a las ARL la carga de
sufragar el examen de aptitud psicofísica con recursos propios.
En esa ocasión la Sala Plena resolvió:
“Declarar EXEQUIBLES el inciso segundo y el parágrafo del artículo 1° de la
Ley 1539 de 2012”, al  considerar que los textos normativos no vulneran el
preámbulo ni los artículos 1, 2, 13, 25, 48, 49, 53, 150 numerales 10 y 23,
333, 334, 355 y 365 de la Constitución.
Se observa que el cargo por
infracción de la libertad de ejercer un oficio (art. 26 C.P.) no fue objeto de
estudio en esa oportunidad, por lo que no se presenta cosa juzgada en lo que
hace referencia al inciso segundo y al parágrafo del artículo 1° de la Ley 1539
de 2012.
En la sentencia C-850 de 2013[42] se
declararon exequibles el parágrafo 3º del artículo 3 de la Ley 1539 de 2012,
así como la expresión “Todas las Instituciones que expidan o que vayan a
expedir los certificados de aptitud psicofísica o física, mental y de
coordinación motriz” del parágrafo 1º del artículo 3 de la Ley 1539 de 2012,
por los cargos analizados. En esa oportunidad se estudiaron cargos por
vulneración de la regla de unidad de materia (art. 158 C.P.) y la relación de
correspondencia que debe guardar el título de la ley con su contenido (arts.
169 C.P.); la violación de las reglas de consecutividad e identidad flexible
(arts. 157 y 160 C.P.), y la vulneración del derecho a la intimidad (art. 15
C.P.).
Así, tampoco en esa ocasión la
Corporación revisó la constitucionalidad del texto normativo acusado, en
relación con el cargo por violación de la libertad de ejercer un oficio (art.
26 C.P.), por lo que no se presenta cosa juzgada en lo que respecta al parágrafo 3º del artículo 3 de la Ley 1539 de 2012.
Presentación del caso y planteamiento del
problema jurídico
5. A la Corte le corresponde examinar la acusación
presentada contra la Ley 1539 de 2012, “Por medio de la
cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones”, por
violación de la libertad de ejercer un oficio (art. 26 C.P.).
La Ley 1539 de 2012 consta de 6 artículos, cuyo
contenido se concreta a continuación:
- El artículo 1º prescribe la obligatoriedad de la
obtención del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas de fuego, para los personas naturales que se vinculen o estén vinculadas
a los servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y
supervisores) y que deban portar o tener armas de fuego, y determina la
competencia para la realización de las pruebas y la expedición del certificado,
así como la vigencia del mismo.
- El artículo 2º determina las sanciones en las que
incurrirán las personas jurídicas o naturales que presten los servicios de
vigilancia y seguridad, cuando vigilantes, escoltas y supervisores no hayan
obtenido el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas de fuego, y fija la competencia en la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada para la vigilancia, el control, el adelantamiento de las
investigaciones y la imposición de las multas.
- El artículo 3º denominado “Sistema de
Seguridad”, con el fin de garantizar la adecuada realización de las pruebas
y evaluaciones y evitar posibles fraudes en la expedición del certificado de
aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, establece los
protocolos de seguridad para realizar los exámenes del certificado de aptitud
psicofísica por los centros o instituciones especializadas, en un único “Sistema
Integrado de Seguridad”, tales como: el registro, autenticación y
validación de la identificación de las personas al inicio y al final de las evaluaciones
o pruebas médicas; la validación de la huella digital con el sistema de la
Registraduría Nacional del Estado Civil; la toma de la información de la cédula
de ciudadanía mediante lectores de códigos de barras; el registro de la firma a
través de digitalizadores de firmas; los requisitos para la captura de la foto,
y las condiciones de conectividad (a través de una Red Privada Virtual) y
seguridad en las comunicaciones para el registro y envío al Sistema de los
resultados de los exámenes al terminar cada prueba (psicomotriz, optometría,
auditiva, médica).
Además, dispone que el Sistema Integrado de
Seguridad debe validar todas y cada una de las evaluaciones de las pruebas realizadas
con los criterios de evaluación establecidos en el literal d) del artículo 11
de la Ley 1119 de 2006[43]
y la resolución 1555 de 2005[44]
y que las entidades encargadas del registro de información de los certificados
de aptitud física, mental y motriz conforme a la Ley 769 de 2002[45], debe
entregar la información o permitir el acceso a todos los certificados médicos en
tiempo real, con el fin de confrontarla con la del Sistema Integrado de
Seguridad.
- El artículo 4º estipula que la Superintendencia
de Vigilancia y Seguridad Privada, contará con acceso a las bases de datos de
las “Instituciones Especializadas registradas y certificadas” que
expiden los certificados de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas, para efectos de ejercer el control.
- El artículo 5º señala que las instituciones antes
indicadas, instalarán y mantendrán en funcionamiento los equipos y las tecnologías
necesarias para garantizar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad el
acceso a la información. El artículo 6º, se refiere a la vigencia de la ley.
El accionante considera que el
certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego,
no es una medida de habilitación profesional ni de vigilancia y control razonable,
ni proporcionada, ante la existencia de licencias expedidas directamente por la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, toda vez que a través del
Decreto 2535 de 1993 se exige, en el caso de tenencia y porte de armas de
fuego, que se obtenga el respectivo permiso, acreditándose además la capacitación
para el manejo de armas,[46]
los siguientes documentos: (i) credencial de identificación vigente,
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; y (ii)
fotocopia auténtica del permiso de porte correspondiente (art. 79). Así,
menciona que el objetivo señalado por la ley demandada se encuentra ampliamente
desarrollado en la legislación existente, la cual garantiza la vida y la
seguridad de las personas, además de la idoneidad para el cumplimiento de la
función de vigilancia y seguridad privada, erigiéndose esta nueva medida en un
obstáculo para ejercer ese oficio.
Por ello, menciona que la
exigencia de un certificado de aptitud psicofísica de idoneidad para el porte y
tenencia de armas de fuego para los personas naturales vinculadas a los
servicios de vigilancia y seguridad privada, para lo cual se
hace toda una regulación que determina las competencias y los requisitos
técnicos, tecnológicos y de procedimiento para su expedición, constituye
una limitación injustificada y desproporcionada a la libertad de escoger y
ejercer una actividad laboral u oficio de las personas dedicadas a la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, en la medida en que
establece nuevos requisitos para los vigilantes, los escoltas y los
supervisores, quienes deberán someterse a la realización de pruebas (psicomotriz,
optometría, auditiva, médica) por parte de las “Instituciones
Especializadas registradas y certificadas”.
El Ministerio Público, considera
que la demanda es inepta en su totalidad, y por lo tanto pide a la Corte que se
inhiba para pronunciarse de fondo.
El Ministerio de Salud, el
Ministerio de Defensa Nacional, la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, la Defensoría del Pueblo y algunos ciudadanos
intervinientes, coinciden en solicitar que se declare la exequibilidad
de la disposición normativa acusada porque no se vulnera la
libertad de ejercer un oficio.  Resalta el
escrito presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que recuerda que la
disposición demandada se encuentra dentro del marco de la libertad de
configuración legislativa en relación con la facultad de regular el ejercicio
de profesiones y oficios. Así, considera razonable que el legislador disponga
la implementación del certificado al que hace referencia la disposición
demandada, en atención a la actividad que realizan los trabajadores dedicados a
la vigilancia y seguridad privada, pues el porte y tenencia de armas genera
riesgos para terceros y, por lo tanto, se requiere contar con personas idóneas
y responsables para tal efecto.  En este sentido, concluye, la realización de
un examen que certifique la aptitud psicofísica de una persona para el
desarrollo de un oficio que conlleva un riesgo social, así como su renovación
periódica, es una carga soportable ya que no implica ninguna limitación a los
derechos de las personas que lo desarrollan y, por el contrario, cumple una
función que es acorde con el ordenamiento constitucional.
Como ya se mencionó, la Corporación considera que la mayoría de los
cargos deben desestimarse, pero que el cargo por vulneración del artículo 26
constitucional, será objeto de pronunciamiento.
Con fundamento en lo anterior, la Corte debe
resolver el siguiente problema jurídico: ¿el legislador al disponer la
exigencia de un certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de
armas de fuego para las personas naturales que sean vinculadas o que al momento
de entrada en vigencia de la ley, estén vinculadas a los servicios de
vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y que
deban portar o tener armas de fuego, y determinar las competencias, los
requisitos técnicos, tecnológicos y de procedimiento para la expedición del
certificado, estableciendo
incluso un protocolo y un sistema integrado de seguridad para la adecuada realización
de las pruebas, pese a que a través de un decreto ley, ya se habían consagrado
requisitos para obtener el permiso de porte y tenencia de armas, vulnera la libertad de ejercer un oficio consagrada en el artículo 26 de la
Constitución Política?
Con el fin de dar respuesta a la cuestión planteada la Sala Plena procederá a
reiterar su jurisprudencia acerca de la libertad de
configuración normativa del legislador en relación con la facultad de regular
el ejercicio de profesiones u oficios, y examinar la constitucionalidad de la disposición normativa bajo examen.
La libertad de configuración normativa del legislador en relación
con la facultad de regular el ejercicio de profesiones u oficios[47]
6. La libertad de escoger y ejercer profesión u oficio[48], reconocida como derecho fundamental en el artículo 26 de la Carta
Política[49],
ha sido definida por la jurisprudencia como “uno de los estandartes de la
dignidad de la persona”, en tanto guarda relación con otros derechos
constitucionales, entre ellos, la igualdad de
oportunidades, el trabajo y el libre desarrollo de la personalidad (arts. 13,
25 y 16 C.P.), y permite al individuo “diseñar en
forma autónoma su proyecto de vida en una de las facetas más importantes de la
condición humana”[50].
Del contenido de la mencionada norma constitucional,
la Corporación ha identificado varios aspectos:
“i) la proclamación del derecho de toda persona a
escoger, de manera libre, profesión u oficio; ii) la potestad legal para
determinar la exigencia de títulos de idoneidad; iii) la reserva de ley
respecto de las normas básicas conforme a las cuales se ejerza la inspección y
vigilancia sobre las profesiones[51];
iv) la previsión de que “las autoridades competentes” inspeccionarán y
vigilarán el ejercicio de las profesiones con la precisión de que las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica, son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social; v) las profesiones
legalmente reconocidas pueden organizarse en Colegios cuya estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos; vi) la previsión de que la ley podrá asignarle
a las profesiones que se organicen en Colegios funciones públicas y establecer
los debidos controles”[52].
Como la delimitación de cada uno de estos componentes no se agota en la
norma constitucional, ya que su alcance varía de acuerdo con la profesión u
oficio que se pretenda ejercer, el Constituyente de 1991 atribuyó al legislador la facultad de adoptar regulaciones concretas atendiendo las
especificidades de cada actividad.  Esto es lo que la
jurisprudencia ha denominado el margen de configuración normativa del legislador.
De esta manera,
compete al Congreso fijar las reglas concretas para el ejercicio de una
profesión u oficio, implica la adopción de ciertas restricciones, las cuales “encuentran
su razón de ser en la protección de los derechos de terceros y en general, en
la tutela del interés general, garantizados en todo el ordenamiento jurídico y,
en especial, en los artículos 1º y 2º de la Constitución Colombiana”[53].
La Constitución le atribuye al Congreso
de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo
de ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y
vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades
competentes.
Lo anterior, en razón a que el
Constituyente supone que (i) las profesiones comportan una necesaria
formación académica como garantía de la aptitud para la realización de la
actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede
implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, las artes y los oficios
que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una especial
formación académica, aun cuando también es posible imponer reglamentación,
inspección, vigilancia y cierta escolaridad.
No obstante, la Corte también ha advertido que esa amplia potestad de
regulación no puede confundirse con arbitrariedad, por cuanto toda limitación
al ejercicio de una profesión u oficio debe responder a parámetros objetivos
que la justifiquen en términos constitucionales, esto es, que atiendan
criterios de razonabilidad y proporcionalidad.  En palabras de esta
Corporación:
“Sin embargo, resulta importante reiterar que en lo
relativo a la definición de criterios relevantes para restringir a un grupo de
personas el acceso a una determinada profesión u oficio, el Legislador no goza
de una libertad absoluta de configuración, habida cuenta de los derechos
fundamentales en juego (C.P., artículos 25, 26 y 53). Al respecto, la Corte ha
establecido que tanto el derecho al trabajo (C.P. art. 25), como la libertad de
escoger profesión u oficio (C.P., art. 26), pueden ser regulados y modulados
por parte de las autoridades estatales, siempre y cuando tales intervenciones
sean razonables y proporcionales al interés que se busca proteger”[54].
Así las cosas, observa la
Corporación que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a
la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la
protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen del
legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y
proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e
inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales.  Al respecto,
desde la sentencia C-606 de 1992, se expresó:
“[…] en materia de reglamentación del derecho
fundamental a escoger profesión u oficio, el legislador debe imponer los
requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez
que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de
libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo
de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana. En
conclusión, la intervención del Estado en el derecho fundamental consagrado en
el artículo 26 de la Carta debe respetar la garantía general de igualdad y de
libertad que conforman su contenido esencial. La reglamentación de una
profesión no puede favorecer, implícita o explícitamente, discriminaciones
injustas, fundadas en distinciones artificiosas entre trabajo manual o trabajo
intelectual o entre oficios y profesiones”.
Significa lo
anterior que cuando en ejercicio de su margen de regulación normativa el legislador
impone restricciones al ejercicio de una profesión o un oficio, corresponde al
juez constitucional identificar cuáles son los motivos que le sirven de
sustento y evaluar si con ello se desborda o no esa esfera competencial en detrimento
de algún derecho o principio fundamental.
Conforme al
artículo 26 constitucional, “[t]oda persona es libre de escoger profesión u
oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes
inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones,
artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo
aquellas que impliquen un riesgo social”. Así, la disposición normativa
transcrita restringe el libre ejercicio únicamente a ciertos oficios: aquellos
que exijan formación académica y aquellos que impliquen un riesgo social.
En la sentencia
C-964 de 1999[55],
la Corporación se pronunció acerca de la constitucionalidad de algunos
artículos de la Ley 14 de 1975[56],
que reglamenta como profesión la actividad de auxiliar de la construcción y
dispone de una serie de procedimientos y de condiciones para la expedición del
certificado necesario para desarrollar legalmente esa labor; y precisó el
concepto de riesgo social en los siguientes términos:
“[…] el concepto de riesgo social no se refiere a
la protección constitucional contra contingencias individuales eventuales sino
al amparo del interés general, esto es, a la defensa y salvaguarda de intereses
colectivos que se materializan en la protección de los derechos constitucionales
de los posibles usuarios del servicio.  En efecto, esta Corporación ya había
manifestado que la limitación al libre ejercicio de una actividad sólo es
posible ‘por razones irresistibles, como cuando su ejercicio excesivo no se
concilia con la necesidad de convivir’.  […] el riesgo social que genera la
actividad social debe ser claro y afectar, o poner en peligro, el interés
general y derechos fundamentales…”.
Es claro que el
ejercicio del oficio de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y
supervisores) a través del porte o tenencia de armas de fuego, implica un
riesgo social.  Ello, lleva a la conclusión de que conforme al artículo 26
Superior, no es un oficio de libre ejercicio.  Es allí donde cobra importancia la
libertad de configuración normativa del legislador en relación con la facultad
de regular el ejercicio de profesiones y, concretamente, de oficios.  Sin
embargo, como ya fue señalado, toda limitación establecida por el legislador
para el ejercicio de una profesión o un oficio debe responder a parámetros
objetivos que la justifiquen en términos constitucionales, esto es, que
atiendan criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Así, por ejemplo, en la sentencia
C-199 de 2001[57]
la Corporación estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra el
numeral 4º del artículo 3º del Decreto 2453 de 1993[58] y
contra los artículos 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Decreto 356 de 1994[59], a
través de los cuales se le asignó competencia a la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada para controlar e inspeccionar los “Servicios
de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada”, y se
reguló todo lo relacionado con la constitución y el funcionamiento de las “escuelas
de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada”, por
violación de los artículos 13, 67 y 68 de la Constitución.
En esa ocasión, declaró exequibles los textos normativos
acusados al concluir que no violan la Constitución Política, precisando:
“[…] tratándose del control a la actividad de
vigilancia, es razonable que el legislador, atendiendo a la naturaleza del servicio,
a los derechos que son materia de protección, a los principios de Estado que se
encuentran involucrados y a los medios que son utilizados en el cumplimiento
del objetivo social, haya asignado a la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y no al Ministerio de Educación Nacional, la función de
ejercer el control sobre los “Servicios de capacitación y entrenamiento en
vigilancia y seguridad privada”. En mayor medida, si se tiene en
cuenta que el entrenamiento en el uso de armas y la instrucción en técnicas y
tácticas defensivas, comporta una actividad que genera riesgo social y, en esa
medida, exige del Gobierno un control especial y restrictivo, que impida a los
particulares sobrepasar el ámbito de las competencias que en esa área le han
sido transferidas”.
Cuando se trata de servicios de vigilancia y
seguridad privada a través del porte o tenencia de armas de fuego, no solo nos
encontramos ante un oficio que implica un riesgo social verificable, sino que,
además, debe contar con capacitación y entrenamiento[60] y la
inspección y vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada.
Se
concluye, que la validez de una limitación o restricción al ejercicio de un oficio
que implique un riesgo social, establecida por el legislador, dependerá de un
análisis de correspondencia entre la finalidad que persiga y el grado de
afectación de otro u otros derechos, lo cual exige evaluar cada medida en el
contexto de la actividad que se pretenda desarrollar.
La Ley 1539 de 2012 no viola la libertad de escoger un oficio establecido
en el artículo 26 de la Constitución Política
7. La Ley 1539 de 2012 establece la
obligatoriedad del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia
de armas de fuego, para las personas naturales que sean vinculadas o que al
momento de la entrada en vigencia de la ley, estén vinculadas a los servicios
de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y que
deban portar o tener armas de fuego, definiendo las competencias y los
requisitos técnicos, tecnológicos y de procedimiento para su expedición. Así,
regula, principalmente, (i) la competencia para la realización de las
pruebas, las evaluaciones y la expedición del certificado a cargo de “Instituciones
Especializadas registradas y certificadas”; (ii) la vigencia del certificado;
(iii) la competencia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada para ejercer la vigilancia y el control, y adelantar las
investigaciones necesarias de las personas naturales y jurídicas que presten
servicios de vigilancia y seguridad privada; (iv) los protocolos de
seguridad para realizar los exámenes y evaluaciones requeridos para la
expedición del certificado de aptitud psicofísica por las instituciones
especializadas, en un único “Sistema Integrado de Seguridad”, y (v)
el acceso a las bases de datos de las “Instituciones Especializadas
registradas y certificadas” por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, para efectos de ejercer el control.
El artículo 26
Superior[61]
establece que toda persona es libre de escoger profesión u oficio.  Regula,
entre otros aspectos, que (i) la ley podrá exigir títulos de idoneidad; (ii)
las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones; (iii) las ocupaciones, las artes y los oficios que no
exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo que impliquen un
riesgo social.
Obsérvese que la
norma constitucional establece claras diferencias entre las profesiones y los oficios
a propósito del establecimiento de controles. Así, para el ejercicio de los
segundos, la ley (i) puede exigir títulos de idoneidad, sin embargo, (ii)
los oficios que no requieran formación académica son de libre ejercicio; contrario
a ello, (iii) los oficios que impliquen riesgo social no son de libre
ejercicio, por tanto, (iv) la libertad para ejercerlos implica ciertas
restricciones y están sometidos a la inspección y vigilancia de las autoridades
competentes.
Es claro que el
ejercicio del oficio de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y
supervisores) a través del porte o tenencia de armas de fuego, implica un
riesgo social verificable.  Ello conlleva que conforme con artículo 26 Superior,
dicho oficio no es de libre ejercicio.  En este marco, el legislador tiene un
amplio margen de configuración normativa de los servicios de vigilancia y
seguridad privada, y en desarrollo de sus atribuciones optó por exigir algunas
condiciones de idoneidad del personal que cumple estas funciones, a través,
entre otros requisitos, de la obtención del certificado de aptitud psicofísica
para el porte y tenencia de armas de fuego.  No obstante, como ya fue señalado,
toda limitación establecida por el Congreso para el ejercicio de una profesión o
un oficio debe responder a parámetros objetivos que la justifique en términos
constitucionales, esto es, que atienda a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
La Corte en la
sentencia C-460 de 2013[62],
concluyó que “el certificado de aptitud psicofísica para el porte de armas
de personas que laboran en actividades de vigilancia y seguridad privadas, […],
pretende dar fe de la idoneidad de un civil que para el desarrollo de su labor
requiera la utilización de un arma de fuego. Dicha idoneidad supone una
garantía no solamente para el trabajador en cuestión, sino para la comunidad
que se beneficia de su servicio”.
Según sostuvo la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en su escrito de intervención[63], la Ley 1539 de 2012 le ofrece a la entidad una
herramienta para el ejercicio del control, inspección y vigilancia en relación
con el personal operativo empleado en servicios de vigilancia y seguridad privada,
lo que implica aportarle mayor seguridad a la ciudadanía en general en cuanto a
la prestación del servicio.  Igualmente, señaló, que se convierte en un medio
que brinda mayor confianza a la comunidad, en lo que tiene que ver con la
idoneidad psicofísica de dicho personal y garantiza de parte del Estado el
cumplimiento del deber de protección de todas las personas residentes en
Colombia, establecido en el artículo 2 de la Constitución Política[64].
Siguiendo lo señalado
por la jurisprudencia constitucional, la seguridad, como presupuesto del orden
social, de la paz, del bienestar general y del mantenimiento de la calidad de
vida de la población, constituye un fin esencial del Estado, y un servicio
público primario que, a su vez, se concreta y materializa en el cumplimiento de
la misión que el artículo 2 de la Carta Política[65] le
atribuye a las autoridades de la República, cual es la de proteger a todas las
personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades[66].
La jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que en los eventos en los que la expedición de
normas por parte del legislador limite derechos fundamentales de los asociados,
es necesario efectuar un juicio de razonabilidad sobre el precepto objeto de la
acusación que permita ponderar los principios y derechos en juego y determinar
el grado de incidencia que la medida tiene en relación con las garantías
constitucionalmente reconocidas a todos los individuos[67].
La sentencia C-673 de 2001[68]
consolidó la metodología del test integrado que involucra el escrutinio de la
razonabilidad y la proporcionalidad del precepto demandado, bajo distintos
niveles de intensidad (leve, intermedio o estricto), en virtud de un
análisis sobre el tipo de norma, el alcance de la potestad de configuración
legislativa en el ámbito de que se trate, y la posible afectación a derechos
fundamentales.
Entonces, se tiene de un lado el
establecimiento de la libertad de escoger y ejercer el oficio de
vigilancia y seguridad privada a través del porte y tenencia de armas de fuego
(art. 26 C.P.) y, de otro, el cumplimiento de un fin esencial del Estado que se
materializa en la protección de todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, bienes, y demás derechos y libertades (art. 2 C.P.), y del principio
fundamental de la prevalencia del interés general (art. 1 C.P.), a lo que debe
sumarse la amplia libertad de configuración del legislador en lo que tiene que
ver con la regulación del ejercicio de oficios.
Con respecto al asunto que es objeto
de análisis por la Corporación, tomando en consideración que el legislador
tiene un amplio margen de configuración normativa para regular el ejercicio de las
profesiones y los oficios, se optará por realizar un examen leve de
razonabilidad, con el fin de establecer la legitimidad del fin y de la
medida, y si esta última, a su vez, es adecuada para alcanzar el fin buscado,
es decir, si es idónea[69].
En efecto, la Corporación deberá
ponderar dentro del amplio margen de configuración que posee el legislador para
regular el ejercicio de oficios, si al disponer la exigencia de un
certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego
para las personas naturales vinculadas a los servicios de vigilancia y
seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y que deban portar o
tener armas de fuego, y determinar las competencias y los requisitos técnicos,
tecnológicos y de procedimiento, además de fijar un protocolo para la
expedición del certificado se vulnera
el derecho constitucional a la libertad de escoger un oficio (art. 26 C.P.).
El fin buscado con la medida, exigir
el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de
fuego, a las personas naturales que sean vinculadas o estén vinculadas a los servicios
de vigilancia y seguridad privada, pretende garantizar la seguridad no solo del
personal que presta los servicios sino de la sociedad en general, pues es un
instrumento necesario para verificar la idoneidad de una persona que se dedica
a un oficio que conlleva un riesgo social. Propender de la seguridad ciudadana,
se enmarca dentro de la finalidad legítima que busca la Ley 1539 de 2012.
Esta finalidad quedó planteada
desde la exposición de motivos del proyecto de ley 165 de 2010 Senado[70],
y 352 de 2011 Cámara[71],
que se convirtió en la Ley 1539 de 2012 “Por medio
de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y
tenencia de armas de fuego y se dictan normas otras disposiciones”, y se mantuvo en todas las ponencias de los
debates, indicándose invariablemente que se pretendía garantizar la vida e
integridad de las personas.
Garantizar la seguridad ciudadana implica el cumplimiento de un fin esencial
del Estado que se materializa en la protección de todas las personas residentes
en Colombia, en su vida, bienes, y demás derechos y libertades (art. 2 C.P.), y
con el principio fundamental de la prevalencia del interés general (art. 1
C.P.).  A su vez, y en atención al amplio margen de configuración
del legislador en lo que tiene que ver con la regulación del ejercicio de profesiones
u oficios, exigir que las personas naturales vinculadas a los servicios de
vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores), obtengan
el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de
fuego, es una medida legítima que no resulta contraria a la Constitución. Cabe
anotar que es la condición consistente en utilizar armas de
fuego en el contexto de la prestación de los servicios de vigilancia y
seguridad por parte de personas jurídicas o naturales, la que sustenta la
adopción de la medida. Como el oficio implica un riesgo social verificable, el
Estado debe procurar su contención.
Además, la medida es adecuada para
alcanzar el fin propuesto: garantizar la seguridad ciudadana. Esta
resulta idónea en tanto a través de la constatación de la aptitud
que poseen quienes por el oficio de que se trata, deben portar armas, se
protege la vida y la integridad no solo de las personas que prestan dichos
servicios sino de la sociedad en general. La circunstancia de que a través del Decreto
Ley 2535 de 1993,[72]
el gobierno nacional en uso de facultades extraordinarias haya establecido que
quien preste servicio armado de vigilancia o seguridad privada debe contar con
una capacitación previa y allegar ciertos documentos para obtener el permiso de
tenencia o porte de armas, no le impide al legislador establecer medidas
razonables y proporcionales en relación con el fin que persigue que es el de
procurar evitar al máximo accidentes laborales y cualquier daño que se le pueda
causar a la comunidad, privilegiando el interés general sobre el particular. Esta
disposición no puede considerarse como un obstáculo para ejercer una profesión
u oficio, por lo tanto no se vulnera el artículo 26 de la Constitución
Política.
En conclusión, el certificado de
aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, que busca
acreditar la idoneidad de las personas naturales que sean vinculadas o que al
momento de la entrada en vigencia de la presente ley estén vinculadas a los
servicios de vigilancia y seguridad privada, y que deban portar o tener armas
de fuego, es una medida razonable y proporcional, que está acorde con el deber
y la finalidad del Estado de procurar la seguridad ciudadana. Además, los preceptos
que crean el sistema integrado de seguridad, buscan el cumplimiento del fin
propuesto: evitar los fraudes que puedan presentarse en relación con la realización
de las pruebas y evaluaciones, que deben llevarse a cabo para que una persona
obtenga el certificado de aptitud para el porte y tenencia de armas, además de
facilitar la forma para que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada pueda ejercer los controles que le corresponden, accediendo a la base
de datos de los certificados expedidos por las instituciones especializadas
registradas y certificadas. Disposiciones que resultan adecuadas para la
realización de la finalidad pretendida. En este orden de ideas, la Corporación
entiende que las normas contenidas en la Ley 1539 de 2012, no constituyen una
limitación injustificada a la libertad de escoger profesión u oficio. Esta condición
viene a complementar otras ya establecidas por el ordenamiento jurídico, como,
por ejemplo, la obtención de permisos para la tenencia y porte de armas de
fuego y la capacitación y adiestramiento en el manejo de las mismas[73], además
de facilitar el permanente control que debe realizar la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, ya que el desarrollo de dicha labor implica un
riesgo social verificable que el Estado está en la obligación de contener.
VII.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento
de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 1539 de 2012, por los cargos de violación
de los artículos 15, 25, 53, 152 literal a), 54, 83, 189 numeral 22, 211 y 333 de la Constitución Política, por ineptitud sustantiva de la
demanda.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1539
de 2012 por el cargo de violación a la libertad de escoger oficio, consagrado
en el artículo 26 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Presidenta (E)
MYRIAM AVILA ROLDAN
Magistrada (E)
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA
MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ
DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
Ausente
con excusa
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RIOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA
MENDEZ
Secretaria General
[1] A folio 22 del expediente de constitucionalidad aparece el
certificado de existencia de la organización sindical.  En adelante
siempre que se haga mención a un folio, se entenderá que hace parte del expediente
de constitucionalidad a menos que se diga expresamente otra cosa.
[2] El texto en
negrillas fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-460 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos. SV. Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SPV. Mauricio González Cuervo; AV. María
Victoria Calle Correa).
[3] El texto en
negrillas fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
sentencia C-850 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo.  Unánime).
[4] Folio 9.  Apoya sus argumentos en las sentencias C-877 de 2005 (M.P.
Jaime Córdoba Triviño) y T-729 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[5] Folios 12 y
13. El demandante apoya sus argumentos en las sentencias C-177 de 1993 (M.P.
Hernando Herrera Vergara), C-568 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla) y C-296
de 2012 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
[6] Respalda su argumento en la sentencia C-123 de 2011 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio).
[7] Folio 11.
[8] Folio 17.
[9] Folios 51 al
69.
[10] Para
respaldar esta última idea, cita la sentencia C-460 de 2013 (M.P.
Alberto Rojas Ríos. S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; S.P.V. Mauricio González Cuervo; A.V. María Victoria Calle Correa).
[11] Folios 83 al 115.
[12] Folios 116 al 120.
[13] Por el cual
se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.
[14] Por el cual
se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada y se dictan otras disposiciones.
[15] Dispone el
inciso 2º del artículo 2 de la Constitución Política: “Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
[16] Folios 121 al 126.
[17] En este punto, explica que las personas naturales que solicitan
permiso para el porte y uso de armas, deben presentar un certificado médico de
aptitud sicofísica, según el artículo 11, literal d) de la Ley 1119 de 2006.
En esa medida, si a los particulares que solicitan permiso para el porte y uso
de armas ya se les exige un certificado médico de aptitud psicofísica, con
mayor razón debe hacerse extensiva tal exigencia a las personas que se dedican
a prestar servicios de vigilancia y seguridad privada y cuya actividad implica
el porte o tenencia de armas de fuego.
[18] Folios 45 al 47.
[19] Folios 48 al 50.
[20] M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[21] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[22] Folios 70 al 75.
[23] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[24] Señora
Catalina Tapias Pedraza.
[25] Folios 76 al 81.
[26] Afirma que no hay instituciones en los departamentos de Amazonas,
Arauca, Chocó, Guanía, Guaviare, Sucre, Vaupés y Vichada.
[27] Anexa a su intervención un CD contentivo de la siguiente
información: (i) un listado de los exámenes practicados por municipio al veinte
(20) de marzo de dos mil catorce (2014), para un total de 55.187; (ii) un
listado de instituciones que se encuentran registradas ante el Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, Subdirección de Salud,
autorizadas para la expedición de Certificados de Aptitud Psicofísica para la
Tenencia y Porte de Armas de Fuego, para un total de 58; y (iii) un listado del
personal operativo por municipio y las proyecciones de exámenes.
[28] Folios 128
al 144.
[29] M.P. Alberto
Rojas Ríos (S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
S.P.V. Mauricio González Cuervo; A.V. María Victoria Calle Correa).
[30] M.P. Mauricio González Cuervo (Unánime).
[31] Ver, al respecto, las sentencias C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa), C-405 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), C-012 de 2010
(M.P. Juan Carlos Henao Pérez. S.V. Jorge Iván Palacio Palacio), C-423 de 2010
(M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y el auto 249 de 2009 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio), entre otras.
[32] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Se sigue
de cerca la exposición de la sentencia C-330 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva). Estas condiciones fueron ampliamente desarrolladas en la sentencia
C-1052 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y, desde entonces, han sido
reiteradas de manera constante por este Tribunal.
[34] Dispone el
artículo 4 de la Ley 1539 de 2012: “Con el fin de que la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada pueda ejercer los controles y adelantar las
actuaciones administrativas señaladas en esta ley; contará con el acceso a la
base de datos de los certificados de aptitud psicofísica expedidos por las
Instituciones Especializadas registradas y certificadas por la autoridad
respectiva”.
[35] En la
sentencia C-818 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), se precisa que de
conformidad con los criterios desarrollados por la jurisprudencia, “deberán
tramitarse a través de una ley estatutaria: (i) los elementos estructurales del
derecho fundamental definidos en la Constitución, (ii) cuando se expida una normativa
que consagre los límites, restricciones, excepciones y prohibiciones que
afecten el núcleo esencial, (iii) cuando el legislador tenga la pretensión de
regular la materia de manera integral, estructural y completa la regulación del
derecho, (iv) que aludan a la estructura general y principios reguladores, y
(v) que refieran a leyes que traten situaciones principales e importantes de
los derechos”.
[36] Por el cual
se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.
[37] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[38] Por el cual
se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.
[39] Al respecto, ver la sentencia C-1052 de 2001
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[40] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[41] M.P. Alberto
Rojas Ríos (S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
S.P.V. Mauricio González Cuervo; A.V. María Victoria Calle Correa).
[42] M.P. Mauricio González Cuervo.
[43] El artículo
11 de la Ley 1119 de 2006, “por la cual se actualizan los registros y permisos
vencidos para el control al porte y tenencia de las armas de fuego y se dictan
otras disposiciones, preceptúa: “Para el estudio de las solicitudes de permisos
para tenencia, deben acreditarse los siguientes requisitos: || 1. Para personas
naturales: || […] || d) Certificado médico de aptitud sicofísica para el uso de
armas, valiendo para su valoración de los medios tecnológicos, sistematizados y
requeridos que permitan medir y evaluar la capacidad de visión, orientación
auditiva, la agudeza visual y campimetría, la coordinación integral motriz de
la persona (atención concentrada y resistencia vigilante a la monotonía,
tiempos de reacción múltiples, coordinación bi-manual, personalidad psíquica, y
toma de decisiones), la phoria horizontal y vertical, la visón mesópica,
agudeza cinética, esteropsis y la fusión visión lejana, dentro de los rangos
establecidos por el Ministerio de La Defensa Nacional. Así como las demás
disposiciones establecidas en el Decreto 2535 de 1993 y el Decreto 1809 de 1994
y las demás que regulen el tema”.
[44] Se aclara
que dicha resolución fue derogada por el artículo 32 de la Resolución 12336 de
2012 del Ministerio de Transporte, “por la cual se unifica la normatividad, se
establecen las condiciones de habilitación y funcionamiento de los Centros de
Reconocimiento de Conductores y se dictan otras disposiciones”.
[45] Por la cual
se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras
disposiciones.
[46] El Título IX
del Decreto 2535 de 1993, “por el cual se expiden normas sobre armas,
municiones y explosivos”, regula los “Servicios de vigilancia y seguridad
privada”.  En los preceptos normativos citados, se dispone: “Artículo 78º.-
Idoneidad para el uso de armas. Toda persona que preste servicio armado de
vigilancia o seguridad privada, deberá ser capacitado en el uso de las armas y
acredita su cumplimiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada”.
“Artículo 79º.- Tenencia y
porte. Los servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener el permiso
para la tenencia o para el porte de armas y adquirir municiones ante la
autoridad competente ubicada en el lugar donde funcione la oficina principal,
sucursal o agencia del servicio de vigilancia y seguridad privada. El personal
que porte armamento deberá contar con los siguientes documentos: || Credencial
de identificación vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada; || Fotocopia auténtica del permiso de porte
correspondiente”.
[47] El tema fue
desarrollado en la sentencia C-819 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Unánime).
[48] En la
sentencia C-191 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime), se explicó
la relación existente entre el derecho a escoger profesión u oficio y el
derecho a ejercer profesión u oficio.  En esa oportunidad, la Corte señaló: “No
obstante, ha precisado que su ámbito de protección se refiere a la libertad de
escoger profesión u oficio, pero también a la libertad para ejercer la profesión
escogida o el oficio elegido. La Constitución garantiza el derecho a escoger
profesión u oficio, libertad que se vería lesionada si de ella no se dedujera
el derecho a “ejercer” la profesión u oficio escogido, en condiciones de
libertad e igualdad, dentro de los parámetros de la Constitución. La facultad
del legislador de exigir títulos de idoneidad, (artículo 26, CP) dice relación
no tanto al derecho a escoger profesión u oficio, como al derecho de ejercer la
actividad elegida”.  Esta posición fue planteada inicialmente en la sentencia
C-606 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón).
[49] El
artículo 26 de la Constitución Política, dispone: “Toda persona es libre de
escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las
profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica
son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. || Las
profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La
estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La
ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.
[50] Sentencia
C-788 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).  En esa ocasión correspondió a
la Corte determinar si la inhabilidad fijada para el contador público para
prestar sus servicios profesionales como asesor, empleado o contratista de una
persona natural o jurídica en la que ha actuado como revisor fiscal, por el
término de un (1) año contado a partir de su retiro del cargo, representa una
restricción desproporcionada de los derechos al trabajo (art. 25 CP), a la
libertad de escoger profesión u oficio (art. 26 CP) y a la libertad de empresa
(art. 333 CP).  Concluyó que la expresión “o de revisor fiscal”, del artículo
48 de la Ley 43 de 1990, no desconoce los derechos al trabajo, a la libertad de
escoger profesión u oficio, ni a la libertad de empresa, sino que por el
contrario constituye una medida razonable y proporcionada para el ejercicio de
los mismos. En consecuencia, declaró su exequibilidad por los cargos analizados
en la sentencia.
[51] Sentencia
C-012 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[52] Sentencia
C-482 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), reiterada en la sentencia C-340 de
2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[53] Sentencia C-177 de 1993 (M.P.
Hernando Herrera Vergara). También pueden consultarse, entre muchas otras, las
sentencias T-408 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-610 de 1992
(M.P. Fabio Morón Díaz), C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-377
de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), C-619 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), C-505 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. A.V. Manuel José Cepeda
Espinosa) y C-1213 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Desde sus primeras
decisiones la jurisprudencia constitucional ha aceptado la posibilidad de
reglamentación de ocupaciones de acuerdo con sus características. Al respecto
en la sentencia C-002 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), la
Corporación señaló: “En cuanto atañe a la libertad de ejercer profesión u
oficio, que interesa específicamente en este proceso, la función de
reglamentación a cargo del legislador, que por su naturaleza tiene que
cumplirse teniendo en cuenta las características propias de cada ocupación,
implica, como su objeto lo indica, el establecimiento de unas reglas adecuadas
a los fines que cada una de ellas persigue, mediante las cuales es necesario
estatuir requisitos mínimos de formación académica general y preparación
particular en la carrera de que se trata; normas sobre expedición de títulos
que garanticen la idoneidad profesional y la forma de acreditarlos ante el
público; disposiciones concernientes a las prácticas y experiencias iniciales
del recién egresado; exigencias y límites aplicables a quien –debidamente autorizado– ejerce todavía sin título y,
desde luego, la espina dorsal de la reglamentación, que consiste en el régimen
jurídico aplicable al desempeño de la profesión, dentro del cual a la vez
resulta ineludible el señalamiento de principios y pautas, la tipificación de
faltas contra la ética en el campo de actividad correspondiente y la previsión
de las sanciones que habrán de ser impuestas a quien incurra en ellas”.
[54] Sentencia
C-619 de 1996 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz). Sobre este derecho también pueden
consultarse, entre muchas otras, las sentencias C-606 de 1992 (M.P. Ciro
Angarita Barón), C-177 de 1993 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-226 de 1994
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-658 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), C-660 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara. S.V. Eduardo
Cifuentes Muñoz), C-031 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-399 de
1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-780 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño. S.P.V. Clara Inés Vargas Hernández), C-670 de 2002 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett), C-076 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-1004 de
2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
[55] M.P. Alejandro Martínez Caballero. La
disposición acusada establece dos exigencias: (i) en toda construcción, debe
contratarse siempre un técnico constructor certificado, y el contrato debe (ii)
ser de tiempo completo.  La Corte consideró, en primer lugar, que exigir, en
todos los casos y en todas las obras, la presencia de un técnico constructor
resulta irrazonable y desproporcionado, por tal razón, y en función del
principio de conservación del derecho, condicionó la constitucionalidad de esa
exigencia establecida por la disposición impugnada. En segundo lugar, estimó
que exigir la permanente presencia de un técnico constructor, por tiempo
completo, cuando esta no es necesaria, limita desproporcionadamente la
facultad de las partes para definir la duración del contrato y determinar el
tiempo de prestación de los servicios que son necesarios para el correcto
desempeño de una actividad, por esta
razón, compartiendo la argumentación de los intervinientes, al considerar que
esa expresión anula la autonomía contractual para el desempeño de una labor
que, si bien puede ser restringida legalmente, no es posible anularla, declaró
inexequible esa expresión.
[56]
“Por la cual se reglamenta la profesión de Técnico Constructor en el territorio nacional”.
[57] M.P. Rodrigo Escobar Gil (Unánime).
[58] Por el cual
se determina la estructura orgánica, objetivos, funciones y régimen de
sanciones de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada y se dictan
otras disposiciones
[59] Por el cual
se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada.
[60] El tema es
regulado en los decretos 2453 de 1993, “Por el cual se determina la estructura
orgánica, objetivos, funciones y régimen de sanciones de la superintendencia de
vigilancia y seguridad privada y se dictan otras disposiciones”, y 356 de 1994
“Por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada”.
[61] El artículo
26 de la Constitución Política, establece: “Toda persona es libre de escoger
profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades
competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. || Las profesiones
legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y
el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles
funciones públicas y establecer los debidos controles”.
[62] M.P. Alberto
Rojas Ríos (S.P.V. Mauricio González Cuervo; S.V. Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; A.V. María Victoria Calle Correa).  En esa
oportunidad la Corte decidió declarar exequibles el inciso 2º y el parágrafo
del artículo 1 de la Ley 1539 de 2012, que establecen, en su orden, que el
certificado de aptitud psicofísica tiene una vigencia de un (1) año y que será
realizado sin costo por la ARL a la cual estén afiliados los trabajadores.
[63] Folios 116 al 120.
[64] Dispone el
inciso 2º del artículo 2 de la Constitución Política: “Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares”.
[65] Dispone el
artículo 2 Superior: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo. || Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
[66] Ver la
sentencia C-199 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[67] Por
ejemplo, en materia de igualdad la aplicación del juicio de razonabilidad ha
sido objeto de discusión en las sentencias T-422 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz); C-040 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón); C-230 de 1994 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz); C-410 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-445 de
1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-352 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz); C-507 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz); C-952 de 2000 (M.P. Carlos
Gaviria Díaz), y C-093 de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), entre
otras. Respecto de la aplicación de este juicio a casos que comprometen otros
derechos pueden consultarse, entre otras, la sentencias C-071 de 1994 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero); C-388 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz);
C-557 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), y SU-623 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil).
[68] M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa (A.V. Álvaro Tafur Galvis, y A.V. Jaime Araujo Rentería).
[69] En la sentencia C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. A.V. Álvaro
Tafur Galvis, y A.V. Jaime Araujo Rentería), se han precisado diversos
escenarios en donde debe ser aplicado el test leve de razonabilidad.  Veamos:
“En diversas hipótesis la Corte ha optado por aplicar un test leve de
razonabilidad, como por ejemplo en ciertos casos que versan exclusivamente sobre
materias 1) económicas, 2) tributarias o 3) de política internacional, sin que
ello signifique que el contenido de una norma conduzca inevitablemente a un
test leve. Por ejemplo, en materia económica una norma que discrimine por razón
de la raza o la opinión política sería claramente sospechosa y seguramente el
test leve no sería el apropiado. Lo mismo puede decirse, por ejemplo, de una
norma contenida en un tratado que afecta derechos fundamentales. En el presente
caso, la norma que regula la aplicación de las normas sobre estatuto docente,
capacitación y asimilaciones no encuadra en ninguna de estas hipótesis, ya que
lejos de versar sobre las mencionadas materias regula aspectos de la carrera
docente. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corporación ha aplicado
igualmente en tres hipótesis más un test leve de razonabilidad de medidas
legislativas: 4) cuando está de por medio una competencia específica definida
por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional; 5) cuando se trata
del análisis de una normatividad preconstitucional derogada que aún surte
efectos en el presente; y 6) cuando del contexto normativo del artículo
demandado no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión. El
artículo 4º demandado se relaciona con las hipótesis 4 y 6, lo que habla a
favor de la aplicación de un test leve de razonabilidad al examen de su
constitucionalidad”.
[70] En la
exposición de motivos del proyecto de ley 165 de 2010 Senado, se lee: “Con el
propósito de proteger los derechos constitucionales como la vida y la
integridad de las personas, espíritu evidente en la Ley 1119 de 2006, se hace
necesario reglamentar la expedición del certificado de aptitud psicofísica para
el porte y tenencia de armas de fuego para quienes presten el servicio de
vigilancia y seguridad privada; y establecer los requisitos técnicos,
tecnológicos y de procedimiento respecto del reporte de los certificados de
aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas por parte de las
instituciones especializadas y verificar los mismos por parte del Departamento
de Control de Armas, Municiones y Explosivos y sus Seccionales”.
[71] A su vez,
en las ponencias para primero y segundo debate en Cámara se expuso: “El
presente proyecto de ley tiene por objeto primordial garantizar la vida,
integridad y seguridad de las personas. De manera específica pretende
establecer los requisitos y la metodología para expedir el certificado de
aptitud psicofísica del personal vinculado a los servicios de vigilancia y
seguridad privada y que deban portar armas de fuego, actualizando la
normatividad vigente y dando herramientas tecnológicas óptimas que garantizan la
veracidad del certificado y la idoneidad del mismo”.
[72] “Por el cual se expiden normas sobre armas,
municiones y explosivos”.
[73] Al respecto,
el Decreto Ley 2535 de 1993 “por el cual se expiden normas sobre armas, municiones
y explosivos”, en el Título IX. Servicios de vigilancia y seguridad privada,
dispone: Artículo 78. “Idoneidad para el uso de armas. Toda persona que preste
servicio armado de vigilancia o seguridad privada, deberá ser capacitado en el
uso de las armas y acreditar su cumplimiento ante la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada”.  Artículo 79.  “Tenencia y porte. Los
servicios de vigilancia y seguridad privada deben obtener el permiso para la
tenencia o para el porte de armas y adquirir municiones ante la autoridad
competente ubicada en el lugar donde funcione la oficina principal, sucursal o
agencia del servicio de vigilancia y seguridad privada. El personal que porte
armamento deberá contar con los siguientes documentos: || Credencial de
identificación vigente, expedida por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada; || Fotocopia auténtica del permiso de porte
correspondiente”.