T-388-11
Sentencia T-388/11
DERECHO DE ACCESO EFECTIVO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA DE TUTELA-Posibilidad de acudir
ante cualquier Juez o Cuerpo colegiado para interponer la acción de tutela o
directamente ante la Corte Constitucional
En caso de que la Corte Suprema de
Justicia no proceda a admitir y dar trámite a una acción de tutela, situación
que no sería deseable frente a la aplicación de los principios de acceso a la
administración de justicia, eficacia y celeridad que esa Corporación siempre ha
defendido, el accionante puede actuar de conformidad con lo señalado, es decir,
presentar su solicitud de amparo ante un juez (unipersonal o colegiado)
incluida una corporación judicial de la misma jerarquía o requerir su
radicación ante la Corte Constitucional, para que se le dé el trámite fijado
para el proceso de selección de los fallos de tutela, con la finalidad que la
Sala de Selección correspondiente pueda ejercer sus competencias y adoptar una
decisión sobre su selección para revisión. De cara a la situación particular,
encuentra esta Sala que ante la negativa de la Corte Suprema para dar trámite a
la acción de tutela, es adecuado que la acción de tutela sea interpuesta ante
este Tribunal Constitucional, a quien le corresponde adoptar una decisión de
fondo.
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
AUTO EN QUE SE DEFINIO
SITUACION JURIDICA NO SE FUNDAMENTO EN ANONIMOS
Se colige que, en el auto en que se definió situación
jurídica al actor no se fundamentó en los anónimos que fueron presentados a lo
largo del proceso, por el contrario, se destacó el valor probatorio de las
denuncias, así como elementos de juicio adicionales a fin de verificar los
aspectos necesarios para dictar la medida de aseguramiento respectiva.  Se
puede establecer que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
al momento de proferir acusación en contra del ex Representante, estudió en
conjunto el materia probatorio con que contaba para ese momento, encontrando
suficientes elementos de juicio que le permitieron arribar a la decisión
referida. En tal medida confrontó cada una de las declaraciones vertidas por
los iniciales denunciantes, encontrando que, como se expuso ampliamente, entre
ellas existía una versión concordante inicial y posteriores retractaciones de
cierto grupo, así como ratificaciones de otro lado, situación que llevó a
concluir que los anónimos en los que se denunciaba la presión a los testigos no
carecía en absoluto de sustento. En cuanto al argumento de la parte actora
referente a que el fallo condenatorio se fundamentó exclusivamente en las
denuncias inicialmente presentadas, a pesar de que algunos de los declarantes
se retractaron, encuentra este Tribunal Constitucional que, como se estudió,
este aspecto fue ampliamente sustentado y evaluado por la Corporación
accionada, fundando su decisión en el dicho de los testigos directos de la
conducta punible sobre la que giró el proceso, atendiendo a que una vez
obtuvieron las pruebas físicas y videográficas, constataron que las versiones
rendidas en la primera oportunidad se dieron de manera “simple, desprovista de
cualquier tipo de argucia, como que se trata de personas sencillas, de muy bajo
nivel económico y cultural, cuya única intención fue poner en conocimiento una
situación que consideraron irregular”.
DOCUMENTOS ANONIMOS-Sirvieron
en el caso como elementos de valoración sin que resultaran determinantes al
momento de adoptar una decisión definitiva/ANALISIS PROBATORIO DE DOCUMENTOS
ANONIMOS
En cuanto al valor probatorio otorgado a los documentos
anónimos, encuentra esta Sala que éstos sirvieron como elementos de valoración,
sin que resultaran determinantes al momento de adoptar una decisión definitiva
en este asunto, ya que, como se explicó, se dio especial relevancia a los
primigenios señalamientos hechos por los denunciantes e incluso no se hizo
mención a los anónimos en el fallo condenatorio. Cabe advertir que si bien la
Corte Suprema otorgó mayor valor probatorio a las denuncias puestas de presente
ante el representante del Ministerio Público en Mitú, ello no conlleva
necesariamente a la configuración de un defecto fáctico, toda vez que se trató
de una interpretación jurídica razonable, por lo que no le corresponde
al juez de tutela interferir en la decisión judicial, so pretexto de estar
defendiendo la Constitución. Entonces, para la Corte Constitucional se aprecia
una valoración en conjunto del material probatorio adelantado por el juez
ordinario, que en ejercicio de la sana crítica decidió resaltar lo que en su
criterio, conforme a su experiencia y conocimiento, consideró más lógico y
acertado. Todo el debate probatorio gira en torno a la veracidad o no de las
denuncias presentadas ante la Personería Municipal de Mitú, aspecto al que la
Corporación accionada dio plena credibilidad una vez realizaron un estudio
serio y concienzudo de las pruebas allegadas al proceso. En tal medida, todos
los argumentos expuestos por la parte actora carecen de relevancia, ya que lo
que intentan en este punto es abrir un nuevo debate referente a la forma en que
un juez colegiado hizo su juicio de valoración, sin que aporte un elemento
relevante que si quiera insinúe el quebrantamiento de un derecho fundamental
por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
DEBIDO PROCESO PENAL Y
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Caso en que no se presentó
vulneración
Cabe reiterar que el proceso penal objeto de examen, no
tuvo su génesis en denuncias anónimas, éste estuvo fundamentado en
declaraciones de personas debidamente identificadas de las comunidades
indígenas del Departamento del Vaupés, quienes rindieron sus versiones en
distintas oportunidades.   Así las cosas, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, exclusivamente destacó la importancia de los escritos
anónimos, frente a las retractaciones que se presentaron por parte de algunos
de los denunciantes, sin embargo, reforzó su argumento con otros medios de
prueba, incluso declaraciones de los mismos denunciantes, así como documentos
donde ratificaban su versión inicial.  Conforme a lo expuesto, este argumento
tampoco prospera. En conclusión encuentra la Corte Constitucional que no se
presentó vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia invocados por el actor, toda vez que, dentro del
primero de ellos, no se presentó una irregularidad en la valoración probatoria
dentro del proceso penal adelantado en su contra, conforme se dejó sentado en
el cuerpo de esta decisión y se está adoptando una decisión de fondo en el
presente asunto garantizando su acceso a la administración de justicia
DEBIDO PROCESO PENAL Y
DOCUMENTOS ANONIMOS
Referencia: expediente
T-2.915.200
Acción de tutela interpuesta
por Fabio Arango Torres contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil once
(2011)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, NILSON PINILLA
PINILLA y JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto 2591 de
1991, profiere la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la decisión adoptada por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 30 de noviembre de
2009, donde se abstuvo de dar trámite a la acción de tutela interpuesta por el
señor Fabio Arango Torres en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
I.
ANTECEDENTES
El señor Fabio Arango Torres, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, al considerar que dicha Corporación le vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al haber incurrido en diversas irregularidades referentes a la
valoración probatoria adelantada dentro del proceso penal de única instancia
seguido en su contra[1]. Como fundamento de la
presente acción señala los siguientes,
1.     Hechos
Manifiesta la parte actora que el 28 de octubre y 1 de
noviembre de 2007, un grupo de habitantes pertenecientes a comunidades
indígenas por la comprensión territorial de Mitú, Vaupés[2],
acudieron a la Personería Municipal, a fin de informar supuestas
irregularidades ocurridas en los comicios electorales adelantados el 28 de
octubre de 2007, para la elección del Gobernador del Departamento.
Expone que los actos denunciados se referían al presunto
pago de dinero a cierto grupo de ciudadanos a cambio de que depositaran su voto
por el candidato José Leonidas Soto Muñoz, situación que fue atribuida al
accionante.
Indica que el 26 de marzo de 2008, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, abrió investigación previa en su contra[3].
Señala que el 10 de noviembre de 2008, se dictó resolución
de apertura de instrucción, conforme a lo establecido en el artículo 331 de la
Ley 600 de 2000[4], siendo vinculado al
proceso penal mediante diligencia de indagatoria que se adelantó el 16 de marzo
de 2009.
Advierte que dentro del citado proceso penal se allegaron
los testimonios de los iniciales denunciantes, del electo Gobernador del
Departamento de Vaupés, José Leonidas Soto Muñoz, así como de otras personas
que conocieron la situación fáctica investigada.
Aduce que el 30 de septiembre de 2009, se resolvió su
situación jurídica, dictando medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario, como presunto autor responsable del delito de
corrupción de sufragante[5], en concurso homogéneo y
sucesivo.
Refiere que el 6 de noviembre de 2009, presentó memorial
ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitando el
decreto y práctica de una serie de pruebas con las que pretendía demostrar que
la presunta compra de votos por la cual era investigado, fue producto de un
montaje orquestado por parte de sus enemigos políticos, dentro de los que se
encontraban el ex Gobernador del Vaupés Wilson Ladino Vigoya y el candidato
vencido en las urnas para ese entonces Carlos Iván Meléndez.
Argumenta que con las pruebas solicitadas se demostraría
que las citadas personas fueron quienes presionaron a los denunciantes para que
ante la Personería Municipal de Mitú, declararan falsamente que el ex
Representante Fabio Arango Torres había ofrecido y pagado diversas sumas de
dinero a fin de que los electores depositaran su voto a favor del actual
Gobernador del Departamento del Vaupés, el señor José Leonidas Soto Muñoz.
Referente a este punto particular hace alusión a distintos
medios de prueba solicitados al interior del proceso objeto de examen, así:
-  Documentales por medio de
las cuales se pretendía: (i) verificar el grado de cercanía, confianza y
amistad entre el ex Gobernador del Vaupés y el Personero Municipal de Mitú,
funcionario que recibió las primeras denuncias de la presunta compra de votos[6];
(ii) constatar la falta de credibilidad de testigos[7];
(iii) comprobar la presencia guerrillera en el Departamento del Vaupés y la
alteración del orden público que estaba fraguada para los comicios del 28 de
octubre de 2007[8]; (iv) evidenciar que no
es cierto que el ex Representante Fabio Arango Torres estuvo entregando dinero
a los votantes[9]; (v) confirmar que no es
cierta la versión rendida por los denunciantes referente a la distancia entre
el sitio donde les fue entregada la suma de dinero y el lugar dispuesto para
los sufragios electorales[10]; (vi) establecer que
fueron los contradictores políticos del ex Representante Fabio Arango Torres
con apoyo de la guerrilla quienes trasladaron un grupo numeroso de indígenas a
Mitú a votar por el candidato del partido opositor[11].
-  Testimoniales tendientes a:
(i) demostrar la estrecha confianza existente entre el Personero Municipal de
Mitú y el ex Gobernador del Vaupés[12]; (ii) establecer que el
ex Gobernador del Departamento del Vaupés era contradictor político del ex
Representante Fabio Arango Torres, por lo que se diseñó un montaje referente a
la supuesta compra de votos[13]; (iii) verificar que a
las autoridades encargadas de velar por la transparencia del proceso electoral,
nunca se les informó de ninguna irregularidad en que hubiera incurrido el señor
Fabio Arango Torres[14]; (iv) establecer si
alguna otra autoridad tuvo conocimiento de hechos relacionados con un fraude
electoral o presunta compra de votos por parte de Fabio Arango Torres[15];
(iv) determinar si alguno de los denunciantes fue objeto de amenaza por parte
de los contradictores del actor, para que declararan que el entonces
Representante a la Cámara Fabio Arango Torres, le había pagado para que
depositara su voto a favor del entonces candidato José Leonidas Soto Muñoz[16];
(v) constatar si el abogado del señor Fabio Arango Torres intimidó a algún
testigo[17].
-  Prueba técnica al video
aportado donde obran las denuncias hechas por varias personas en torno a la
compra de votos.
Explica que una vez cerrada la etapa instructiva[18],
el 16 de diciembre de 2009, la defensa presentó los alegatos de conclusión
respectivos, solicitando la preclusión del proceso con base en las pruebas
relacionadas.
Relata que el 20 de enero de 2010, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó resolución de acusación en su
contra como presunto autor responsable del delito de corrupción de sufragante
en concurso homogéneo y sucesivo, providencia que en su criterio se apoyó en
las mismas pruebas en que se fundamentó la imposición de la medida de
aseguramiento.
Afirma que sin haberse resuelto la solicitud de pruebas
elevada en precedencia, la defensa insistió en las mismas en memorial suscrito
el 17 de febrero de 2010, donde solicitó la práctica de otras diligencias que
permitieran contar con suficientes elementos de juicio, en el siguiente orden:
-  Documentales enfocadas a
verificar la manipulación de los testigos que se venía fraguando por el ex
Gobernador del Vaupés junto con el entonces candidato a la Gobernación de dicho
departamento Carlos Iván Meléndez, para que se declarara falsamente en contra
de ex Representante Fabio Arango Torres[19].
-  Testimoniales tendientes a
determinar las irregularidades que rodearon las denuncias presentadas en contra
del actor[20].
-  Adicionalmente se solicitó a
la Sala de Casación Penal que oficiara a diferentes entidades estatales a fin
de demostrar que la imputación del delito de corrupción de sufragante obedeció
a un montaje que organizaron varias personas de Mitú, involucrando servidores
públicos a través de falsificación de documentos, amenaza de testigos, entre
otras[21].
Expone que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, mediante auto del 6 de abril de 2010, ordenó unos testimonios y
negó otros al considerarlos impertinentes, inconducentes e inútiles frente a la
causa[22], así como la relación de
los documentos que serían tenidos en cuenta dentro del proceso y aquellos que
serían excluidos bajo las consideraciones de impertinencia, inconducencia e
inutilidad, en orden a lo establecido en el artículo 235 de la Ley 600 de 2000[23].
Indica que en contra de la anterior decisión interpuso
recurso de reposición, el cual fue resuelto en providencia del 8 de abril de
2010, aceptando la recepción de un testimonio y la incorporación de una prueba
documental[24].
Explica que el 8 de julio de 2010, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declararlo penalmente
responsable, como autor de la conducta punible de corrupción de sufragante, en
concurso homogéneo y sucesivo, imponiéndole una pena de prisión de 72 meses y
multa por valor de 196 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Frente a la anterior decisión considera que ese Cuerpo
Colegiado incurrió en gravísimos defectos fácticos por “falta o ausencia de
valoración probatoria, valoración de la prueba con desconocimiento de las
reglas que regulan esa valoración y no decreto de pruebas de carácter esencial
que resultan de trascendencia tal que (…) afectarían el resultado del proceso
penal y que atentan flagrante y arbitrariamente contra los derechos
fundamentales al debido proceso, derecho de defensa y contradicción, y acceso a
la justicia del señor Fabio Arango Torres.”
A fin de sustentar la anterior posición, indicó que
durante el trámite procesal la defensa fue insistente en señalar que la
investigación proseguida en su contra se fundó en una “artimaña de sus
opositores políticos” quienes con el objetivo de apartarlo de la arena
electoral, presionaron a algunos miembros de las comunidades indígenas de la
región para que lo denunciaran por presuntamente haber ofrecido y pagado sumas
de dinero a cambio de su voto por el candidato a la Gobernación del Vaupés,
perteneciente a su partido político.  En tal medida refiere que con el objetivo
de demostrar su inocencia, se solicitó la práctica de un número significativo
de pruebas entre documentos y testimonios los que en su mayoría fueron rechazados
por la parte accionada al haberlos considerado impertinentes.
2.     Fundamentos
jurídicos de la acción de tutela
Una vez descrita la situación fáctica que rodea la
presente solicitud de amparo, el actor destaca tres ítems en relación con los
cuales considera vulnerado sus derechos fundamentales, a saber:
2.1.       Pruebas
debida y oportunamente solicitadas que con desacierto fueron rechazadas por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En este punto expone que conforme a lo establecido en el
artículo 235 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal aplicable a
su caso) toda prueba deber reunir las condiciones o atributos esenciales,
específicamente en lo relacionado con la pertinencia, la eficacia, la licitud,
la utilidad y la confiabilidad.
Al respecto refiere que la entidad accionada negó por
impertinentes, la práctica de un cúmulo de pruebas tendientes a demostrar dos
hechos puntuales:
“(i) Que la presunta compra
de votos, por la cual se investigaba al señor Fabio Arango Torres, era el
producto de un montaje orquestado por parte de sus contradictores políticos,
entre ellos el ex gobernador Wilson Ladino Vigoya y el candidato para ese
entonces y copartidario de éste, Carlos Iván Meléndez. Para el efecto, se
probaría la estrecha amistad existente entre el primero de los citados y el
Personero Municipal de Mitú-funcionario que recibió las denuncias que dieron
lugar al proceso a través de una serie de documentos.
(ii) Que los anteriores
sujetos, con la ayuda de sus colaboradores, materializaron su plan, a saber,
hacer parecer que su contradictor había incurrido en actos irregulares durante
los comicios para una supuesta compra de votos, a través de amenazas y
presiones a quienes fungieron como testigos de cargo. Esto se probaría a través
de testimonios.”
En tal medida, explica que con los testimonios rechazados
de los señores Rafael Patria, Álvaro Valentín Ramírez y Carmen Rodríguez, por
medio de los cuales se probaría la intimidación y amenaza de que fueron objeto
Pablo Barbosa y Mariano Díaz, denunciantes de los supuestos hecho irregulares
en que incurrió el actor, así como establecer si el ex Representante Arango
Torres entregó dinero a algunas personas para que depositaran su voto a favor
del entonces candidato José Leonidas Soto Muñoz.
Acepta que si bien no existía conexión directa entre el
asunto materia de examen y lo que en la práctica de dichas pruebas se pretendía
probar, no por ello se descartaba la existencia de una relación indirecta o
mediata, atendiendo a que de haberse probado la anterior situación, se generaba
un indicio trascendental que conllevaría a desestimar la credibilidad de los
testigos que se hicieron valer en su contra.
Aduce que a pesar de que la ley otorga un margen de
discrecionalidad al juzgador para rechazar y admitir pruebas, ello no puede
acarrear una limitante a los medios de los que pueda valerse la defensa, a fin
de desvirtuar la causa seguida en su contra.
Argumenta que no conoció las razones por las cuales dichas
solicitudes probatorias se consideraron impertinentes, inútiles o superfluas.
Al respecto señala que la valoración de la pertinencia debe ser adelantada por
el juez ordinario al momento de dictar sentencia o al proferir un auto
interlocutorio que desate la solicitud o la reposición en torno a la práctica
de éstas, actividad que echa de menos en este caso, lo que generó una violación
al debido proceso.
2.2.       La
incorporación de escritos anónimos.
Afirma que las providencias mediante la cual se resolvió
su situación jurídica imponiendo medida de aseguramiento y la de acusación, se
fundaron en una serie de escritos anónimos, en los que se le señalaba de
manipular y presionar a los testigos de cargo, con el objetivo de que se
retractaran de su dicho inicial, lo que considera irregular atendiendo a la
naturaleza esos documentos.
En desarrollo de lo anterior, alega que el inciso 2 del
artículo 33 del Código de Procedimiento Penal, aplicable a este caso, establece
que corresponde a los operadores judiciales inadmitir las denuncias sin
fundamento y las anónimas que no suministren pruebas o datos concretos que
permitan encauzar la investigación, las que serán remitidas a los organismos
que desarrollan funciones de policía judicial para que realicen las diligencias
necesarias de verificación.
De lo anterior destaca que todas las denuncias anónimas
deben ser remitidas a los organismos de policía judicial para que verifiquen su
contenido, evitando que un proceso penal se adelante bajo este tipo cargos.
Por otra parte, haciendo alusión a distintas normas[25],
advierte que el alcance probatorio que la ley otorga a los documentos de los
que se desconoce su autor, solamente tienen el carácter de prueba sumaria
cuando se hayan suscrito ante dos testigos.
Aclara que los escritos anónimos incorporados como prueba
de cargo por parte de la Corte Suprema de Justicia, debieron recibir el
anterior tratamiento, es decir, no haberlos aceptado sin siquiera intentar
verificar a quién correspondía su autoría[26], a fin de establecer su
autenticidad y valor probatorio.
Precisa que la incorporación ligera a los procesos penales
de este tipo de documentos, acarrearía que cualquier persona, de mala fe,
desviara la atención del fallador.
Concluye que frente a los escritos anónimos aportados a la
causa, la ley les sustrae todo valor probatorio, por lo que la actuación de la
autoridad judicial accionada, en este aspecto, resultó abiertamente ilegal,
vulnerando su derecho al debido proceso.
2.3.       Valoración
Probatoria.
Asevera que el artículo 238 de la Ley 600 de 2000, Código
de Procedimiento Penal aplicable a este asunto, prevé que las pruebas deben ser
apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Al respecto hace alusión a una serie de situaciones, en
las que considera la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
incurrió en diversas irregularidades, así:
“(i) La defensa no pudo
demostrar que el procesado era víctima de un montaje orquestado por parte de sus
contradictores, no por mera negligencia, sino como ya se evidenció, porque
todas las pruebas solicitadas para tal efecto fueron negadas por la alta
corporación.
(ii) La prueba principal
para condenar al señor Fabio Arango Torres, la constituyeron los dichos de los
cinco iniciales denunciantes, sin que las retractaciones hayan afectado su
credibilidad, en tanto la Sala de Casación Penal estimo que éstas fueron
producto del influjo, la presión e intimidación de que fueron víctimas, tal
como lo sugirieron la serie de escritos anónimos incorporados a la actuación.
(iii) Si bien la Corte no
se refiere a dichos escritos anónimos en la sentencia, su línea de
argumentación sí guarda armonía con el auto mediante el cual se resolvió la
situación jurídica del procesado, así como la resolución de acusación.
(iv) De todo el acervo
probatorio obrante en la etapa de juicio, la Corte se dedicó a valorar casi que
exclusivamente las primeras declaraciones de los denunciantes. Respecto de los
demás medios de prueba, sólo se observan referencias enunciativas inespecíficas
o genéricas, para denotar que todas y cada una de ellas había sido apreciada,
cuando en realidad no lo fueron.”
Aunado a lo expuesto, procedió a señalar los lineamientos
bajo los cuales el operador judicial debió hacer la valoración probatoria en
este asunto.
En primer lugar señala que se deben fijar los medios
probatorios para examinarlos y analizarlos individualmente. En tal medida
indica:
“De cara a la providencia
que nos ocupa, debe resaltarse que los medios de prueba obrantes al plenario,
nunca tuvieron la oportunidad de ser examinados y analizados individualmente,
es decir no se conoce lo que para la Corte demostraron o tendieron a demostrar,
el contenido que de ellos emergió, rigor que se exige para imponer una
sentencia condenatoria. Para que no quede duda, el inmenso listado del numeral
14 del acápite de los hechos de este escrito, es una fiel reproducción del
texto de la sentencia en donde figuran medios de prueba que no pasaron de la
mera enunciación.”
Alega que en este caso se aprecia la carencia de análisis
del material probatorio que se ingresó a la actuación.
En segundo término refiere que el Juez debe confrontar los
distintos medios de prueba que integran el acervo probatorio para, de esta
manera, establecer la concordancia o discordancia existentes entre ellos y así
poder precisar el grado de credibilidad o verosimilitud. Referente a este
aspecto explicó:
“Para el efecto, como más
arriba se anotó, este ejercicio de confrontación no se avizoró con todas las
pruebas, como consecuencia obvia de que no todas fueron analizadas, tal como se
dijo en el punto anterior. Como se observa en apartes conclusivos de la
sentencia[27], para la Sala bastó
el contenido de las iniciales denuncias, a pesar de que algunos declarantes se
hubiesen retractado.
Este punto merece especial
atención, puesto que en lo que a las retractaciones concierne, la Corte estimó
que éstas en nada modificaban las iniciales denuncias, en tanto dio por probado
el hecho de que los declarantes habían sido presionados por el procesado y
algunos de sus colaboradores para tal efecto.  A dicha conclusión, arribó con
base en los escritos anónimos que fueron incorporados a la actuación. Es decir,
fue a partir del contenido de estos escritos, cuyo valor probatorio ya fue
controvertido, que la Sala concluyó que las primigenias denuncias ostentaban
credibilidad. Este fue el razonamiento empleado, tanto para imponer medida de
aseguramiento, como para proferir resolución de acusación.
Ahora bien, como ya se
indicó, en la sentencia como tal no se hace mención de los anónimos, lo cual
despierta el siguiente interrogante, ¿Si éstos tuvieron valor probatorio para
resguardar la incolumidad de las iniciales denuncias y desestimar lo que las
retractaciones sugerían, para motivar la imposición de medida de aseguramiento
y dictar solución de acusación, que otra prueba ostenta el mismo poder de
convencimiento, para efectos de dictar sentencia condenatoria?
El interrogante no ofrece
dificultad. Ningún otro medio de prueba obrante al plenario permite concluir
que fue como consecuencia de las presiones del procesado y sus colaboradores,
que los iniciales denunciantes decidieron retractarse.
Sobre este punto
particular, versa únicamente además de los anónimos, el testimonio de Enrique
Neira, que si bien afirma haber visto como ingresó uno de los denunciantes, en
concreto Pablo Barbosa, a la casa de la señora Alcira, conocida del señor Fabio
Arango, nunca pudo precisar con qué fin lo hizo, limitándose a decir que
ingirió alcohol, lo que no es indicativo de nada, contrario a lo que estima la
Corte. Así mismo, posteriormente pudo verificarse que María La Luz Betancur,
otra de las denunciantes, nunca abandonó el Departamento por supuestas
amenazas, como lo había señalado el mismo testigo. De manera, que su
declaración poco o nada aporta en punto de determinar el supuesto influjo del
señor Fabio Arango en las retractaciones.”
Al respecto concluye que de retirarse los escritos
anónimos de la actuación judicial, no existiría prueba de cargo suficiente para
proferir una sentencia condenatoria en su contra, debiendo en consecuencia la
autoridad judicial accionada proceder a hacer una valoración de cada una de las
denuncias presentadas conforme a lo señalado en el artículo 277 de la Ley 600
de 2000[28]. Así, explica que a
pesar de que el fallo atacado parece estar sustentado en abundante material
probatorio, la realidad que emerge es otra.
Finalmente, en tercer orden esgrime que el juez debe
extraer una conclusión global del conjunto probatorio para establecer el
convencimiento a que llegue. En tal medida refiere:
“Por lo visto, el criterio
de la Sala se edificó sobre el dicho de los iniciales denunciante en este
proceso, es decir cinco declaraciones, de las que no sobra reiterar, algunas
fueron objeto de retractación. Con el ánimo de ser explícitos, dígase que el
señor Fabio Arango Torres fue condenado con base en cinco declaraciones, cuya
credibilidad, de acuerdo con la ley debe someterse a un tamiz más denso y
escrito de análisis, cuando dieciséis testimonios inclinaban la balanza a su
favor (…).”
Evacuado lo anterior, hace un análisis de la procedencia
de la acción de tutela en este caso, alegando que no existe otro medio de
defensa judicial a fin de resolver el presente asunto y es clara la existencia
de un defecto fáctico.
3.     Pretensión
Conforme a lo expuesto solicita “se tutele [su] derecho
fundamental (…) al debido proceso (artículo 29 Constitución Política) que
resultó conculcado con la sentencia proferida el ocho (8) de julio de 2010 por
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso de
única instancia radicado No. 29389 (…) y en consecuencia se dicte sentencia
ajustada a los preceptos constitucionales violados de acuerdo a los fundamentos
expuestos en esta acción”.
4.     Trámite
Procesal
La presente acción de tutela
fue interpuesta, en primer lugar, ante la Corte Suprema de Justicia[29],
correspondiendo a la Sala de Casación Civil decidir en primera instancia este
asunto.
No obstante lo anterior, a
través de auto del 30 de noviembre de 2010, ese Tribunal Supremo decidió
inadmitir el trámite de la presente acción, ordenando la devolución del escrito
de tutela y sus anexos al promotor del amparo.
Teniendo en cuenta que la
autoridad judicial citada se abstuvo de estudiar de fondo el presente caso, en
virtud del Auto 100 de 2008, el actor procedió a presentar directamente la
solicitud de amparo ante la Secretaría General de esta Corporación, para que se
surtiera el trámite de selección respectivo. Así, la Sala de Selección número
Uno, a través de Auto del 31 de enero de 2011, la seleccionó y repartió a la
Sala Quinta de Revisión.
A través de auto del 22 de
febrero de 2011, el Magistrado Sustanciador resolvió correr traslado del
escrito de amparo a la entidad judicial accionada, a fin de que ejerciera su
derecho de defensa y en igual sentido se solicitó copia del proceso de única
instancia con radicado Núm. 29389, dentro de la acción penal adelantada en
contra del señor Fabio Arango Torres por el delito de corrupción de sufragante,
en concurso homogéneo y sucesivo.
5.     Intervención
de la autoridad judicial accionada
En memorial del 28 de febrero de 2011, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicitó se declarara la improcedencia
de la acción de tutela bajo los siguientes argumentos:
-  La demanda de tutela está
dirigida a crear una segunda instancia ante la jurisdicción constitucional, a
fin de que se analice la valoración probatoria hecha por ese cuerpo colegiado.
-  No resulta viable reabrir un
debate ya culminado, desconociendo el principio de cosa juzgada que se
caracteriza por “la inmutabilidad, definitividad, ejecutoriedad y
obligatoriedad del fallo judicial”, que si bien admite excepciones como
ocurre con la acción de revisión, no puede ceder por mero capricho de las
partes a desconocer las decisiones judiciales. Respecto a este punto añade que
el actor se resiste a acatar las distintas determinaciones adoptadas por esa
Sala.
-  La tutela no puede servir
para cuestionar y/o rebatir criterios de interpretación no compartidos por las
partes, siempre que la actuación del juez ordinario esté debidamente
argumentada con la normatividad legal existente y con el material probatorio
válidamente acopiado.
-  Remata señalando que
adelantar una valoración probatoria adicional por parte del juez de tutela,
sería tanto como “desterrar del proceso jurídico colombiano los procesos de
única instancia, en contravía expresa de la Constitución Política”.
II.
PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE DE TUTELA
1.     Copia
informal de la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia el 8 de junio de 2010, al interior del proceso de única
instancia adelantado en contra del ex Representante Fabio Arango Torres (folios
2 al 42).
2.     Copia
informal del auto del 30 de noviembre de 2010, proferido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en el que se resuelve inadmitir
a trámite la presente acción de tutela (folios 43 a 45).
3.     Expediente
radicado Núm. 29389 correspondiente a la causa penal seguida en contra del ex
Representante Fabio Arango Torres, por el delito de corrupción de sufragante[30].
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.     Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para adoptar una decisión dentro de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991 y auto 100 de 2008.
2.     Planteamiento
del problema jurídico
A partir de la situación fáctica descrita, corresponde a
la Corte Constitucional establecer si en el proceso penal en que se juzgó y
condenó al actor por el delito de corrupción de sufragante, se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al presuntamente incurrir la sentencia atacada en un defecto fáctico,
atendiendo a que, conforme lo expone el actor, rechazó la práctica de algunas
pruebas solicitadas por la defensa, valoró inadecuadamente las pruebas
allegadas y dio valor probatorio a distintos anónimos recibidos en la causa.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se
abordará el estudio de los siguientes aspectos fundamentales, a partir de los
criterios fijados en la jurisprudencia constitucional: (i) el acceso efectivo a
la administración de justicia en materia de tutela; (ii) la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) el defecto fáctico como
causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; y finalmente (vi) estudiar el caso concreto.
3.
Acceso
efectivo a la administración de justicia en materia de tutela. Posibilidad de
acudir ante cualquier juez o cuerpo colegiado para interponer la acción de
tutela o directamente ante la Corte Constitucional
Respecto del derecho de acceso a la administración
de justicia en materia de tutela, resulta adecuado traer a colación lo
establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos[31], la que en su artículo 25
establece que todos los Estados Parte se comprometen a instituir un recurso
sencillo y rápido a fin de atacar las violaciones de derechos fundamentales,
debiendo en todo momento adoptar una decisión sobre los derechos invocados por
las personas que acudan a este recurso, con independencia de la autoridad que
cometa la vulneración. La norma en comento señala:
“1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a). A garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso.
b). A desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c). A garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado el recurso.”(Subrayas fuera del texto
original).
A su vez el
artículo 86 de la Constitución Política dispone, sin excepción alguna, que toda
persona cuenta con la posibilidad de interponer una acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública y que, en todo caso, las decisiones adoptadas en esta materia se
remitirán a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en concordancia
con lo previsto en el numeral 9 del artículo 241 superior, que asigna como
función a la Corte Constitucional la de revisar, en la forma que determine la
ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los
derechos constitucionales.
En el mismo
sentido, el Decreto 2591 de 1991 reglamentario de la acción de tutela, en su
artículo 1 dispone que “toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señale este decreto” (negrilla fuera del texto
original). Además, el artículo 29 ibídem,
expresamente proscribe en materia de tutela dictar fallos inhibitorios.
Cabe aclarar que
excepcionalmente el Decreto 2591 de 1991, prevé algunas excepciones para que el
juez de tutela no adopte una decisión de fondo, específicamente en los
siguientes casos:
i.   Cuando no sea posible
determinar el hecho o la razón que motiva la solicitud de la tutela, en ese
caso el juez debe prevenir al solicitante para que en el término de tres días
para que la corrija, de lo contrario la petición puede ser rechazada[32].
ii.
Cesación
de la actuación impugnada. “Si
estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes”[33].
iii.   Desistimiento del
recurrente. “El recurrente podrá
desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente”[34]. Cabe aclarar que si el desistimiento se presenta a partir
de una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado,
es posible reabrir la actuación si se logra demostrar el incumplimiento del
acuerdo a partir del cual se arribó al desistimiento[35].
iv.  Finalmente en caso de
temeridad, esto es que se presenten los elementos que la jurisprudencia ha
denominado como triple identidad[36], los jueces cuentan con la facultad para rechazar de
plano o decidir desfavorablemente la solicitud de amparo[37].
En orden a lo
expuesto, se puede concluir que en materia de tutela, bajo ningún pretexto una
autoridad judicial puede rehusarse a decidir de fondo las acciones promovidas
por quienes consideren que se les están vulnerando sus derechos fundamentales,
salvo que expresamente se configure alguna de las causales previamente
descritas, cumpliendo con los requisitos tanto legales como jurisprudenciales
señalados en cada caso.
Ahora bien,
teniendo en cuenta que en algunas oportunidades la Corte Suprema de Justicia,
en lo que respecta a las acciones de tutela interpuestas en contra de sus
decisiones, se ha abstenido a dar trámite a la solicitud de amparo, este
Tribunal Constitucional ha consagrado la posibilidad de que un organismo
distinto a la Corte Suprema de Justicia conozca y dé trámite a las acciones de
tutela impetradas en contra de sus fallos[38], en aras de salvaguardar el
acceso a la administración de justicia y la protección judicial efectiva de los
derechos fundamentales invocados por las personas.  Así en el auto 004 de 2004
se señaló:
“es evidente que lo resuelto por
las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir
a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia
judicial proferida por una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho
constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (C.N.,
art. 229) y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos
fundamentales, de conformidad con los Tratados Internacionales (Convención
Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las Opiniones Consultivas de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99).
(…)
[P]ara los casos en que exista la misma situación
de vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, los
ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de
Justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho
fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de casación de
la Corte Suprema de Justicia.”
En desarrollo del anterior planteamiento la Sala Plena
de esta Corte, en auto 162 de 2007, reiteró su posición respecto de aquellos
casos en los que la Corte Suprema de Justicia rechaza o simplemente no da
trámite a las acciones de tutela impetradas en contra de sus decisiones,
advirtiendo que se puede acudir ante cualquier juez, incluso otra corporación
de igual jerarquía, sin que éste pueda proponer conflicto de competencia. Al respecto se dijo:
“No se desconoce la situación que se viene
presentando, en cuanto las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia
rechazan o no admiten a trámite las acciones de tutela interpuestas contra
providencias judiciales proferidas por alguna de dichas Salas en el ámbito
propio de la jurisdicción ordinaria, ante lo cual esta corporación, como órgano
máximo de la jurisdicción constitucional, profirió el auto 004 de febrero 3 de
2004, con el propósito de impedir que existiera vulneración del derecho
constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia,
determinando “que los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier
juez (unipersonal o colegiado), incluida otra Corporación de igual jerarquía,
solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran violado. Es
claro que el juez escogido por el actor o actores no podrá suscitar conflicto
de competencia con la Corte Suprema de Justicia pues es la autoridad que ya con
anterioridad ha resuelto no admitir su trámite” (no está resaltado en
negrilla en el texto original).”[39]
Aunado a lo
anterior, este Tribunal Constitucional amplió la anterior posición, permitiendo
no solo presentar la acción de tutela ante cualquier juez, sino incluso
permitiendo la radicación ante la Corte Constitucional a fin de adelantar el
trámite de selección respectivo.  Así se sostuvo en el auto 100 de 2008 donde
se establecieron dos posibilidades con las que cuentan los accionantes en estos
casos:
“(i) acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004,
es decir, presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o
colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la
Corte Suprema de Justicia; o //(ii) solicitar ante la Secretaría General de la
Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la
Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era
absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado
adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que
la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la
acción de tutela.”
Así las cosas, en
caso de que la Corte Suprema de Justicia no proceda a admitir y dar trámite a
una acción de tutela, situación que no sería deseable frente a la aplicación de
los principios de acceso a la administración de justicia, eficacia y celeridad
que esa Corporación siempre ha defendido, el accionante puede actuar de
conformidad con lo señalado, es decir, presentar su solicitud de amparo ante un
juez (unipersonal o colegiado) incluida una corporación judicial de la misma
jerarquía o requerir su radicación ante la Corte Constitucional, para que se le
dé el trámite fijado para el proceso de selección de los fallos de tutela, con
la finalidad que la Sala de Selección correspondiente pueda ejercer sus
competencias y adoptar una decisión sobre su selección para revisión.
De cara a la
situación particular, encuentra esta Sala que ante la negativa de la Corte
Suprema para dar trámite a la acción de tutela, es adecuado que la acción de
tutela sea interpuesta ante este Tribunal Constitucional, a quien le
corresponde adoptar una decisión de fondo.
4.
Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de
jurisprudencia
Esta Corporación en Sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos 11 y
40 del Decreto 2591 de 1991 y en la misma decisión señaló la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, sujeta a
criterios precisos que la Corte ha venido fijando a lo largo de su
jurisprudencia, todos ellos, claro está, ligados a la vulneración explícita de
derechos fundamentales.  La sentencia en comento expresó lo siguiente:
“Ahora
bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no
cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado.  En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la
tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la
adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con
diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales
la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al
funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...).   En hipótesis como estas no puede hablarse
de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se
trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia”.
Es así como, atendiendo a la fuerza vinculante de los
fallos de constitucionalidad, en sentencia T-079 de 1993, con base en una
decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde concedió una acción de
tutela contra una sentencia judicial y respetando el precedente judicial
contenido en la sentencia C-543 de 1993, se comenzarían a construir y
desarrollar los criterios de procedibilidad de esta acción constitucional
contra providencias judiciales, los cuales constituyen pautas objetivas a
partir de las cuales se puede derivar la vulneración de los derechos
fundamentales dentro de un proceso judicial.
Al comienzo, en las primeras decisiones de esta
Corporación, se enfatizó y definió que el punto en el que giraba la viabilidad
del examen de las decisiones judiciales a través de la tutela lo constituía la vía de hecho, definida como el acto absolutamente
caprichoso y arbitrario[40] producto de la carencia de
fundamentación legal, constitucionalmente relevante.  Ahora bien, la
jurisprudencia ha rediseñado tal enunciado dogmático[41] para dar cuenta de un grupo
enunciativo de los criterios de procedibilidad
de la acción de tutela contra decisiones judiciales.  Al respecto, en la
sentencia T-949 de 2003, se señaló lo siguiente:
“Esta
Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente el concepto de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esta
redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del principio de
eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una interpretación
sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts. 1, 2, 13, 86,
228 y 230 C.P.).
En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión
‘vía de hecho’ por la de ‘causales genéricas de procedibilidad’. Lo anterior ha
sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del procedimiento de
tutela con tal de que permita ‘armonizar la necesidad de proteger los intereses
constitucionales que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y
la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de
irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la
actividad jurisdiccional del Estado.’”
La sistematización de los criterios o causales a
partir de los cuales es posible justificar la procedencia de una acción de
tutela contra una decisión judicial, ha generado la obligación del operador de
respetar los precedentes y buscar la armonía entre su discrecionalidad
interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la Constitución[42].  En este punto, es
necesario advertir que este Tribunal Constitucional ha definido e identificado
dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar
suficientemente cada una de sus decisiones y también, de ponderar con claridad
los derechos fundamentales que se encuentren en disputa.  El principio de
eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución
obligan al juez a acatar las normas legales aplicables a un caso concreto pero
también, a justificar y ponderar las pugnas que se llegaren a presentar frente
a los derechos fundamentales[43].
La sistematización de los criterios o causales a
partir de los cuales es posible justificar la procedencia de una acción de
tutela contra una decisión judicial, ha generado la obligación del operador de
respetar los precedentes y de guardar respeto y armonía entre su
discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la
Constitución.  En este punto es necesario advertir que esta Corporación ha
definido e identificado dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de
argumentar suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con
claridad los derechos fundamentales que se encuentren en disputa.
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Corte ha
sido reiterativa al señalar que existen unos requisitos generales de
procedencia de la acción, los que constituyen unos presupuestos cuyo
cumplimiento es condición para que el juez de tutela pueda examinar si en
determinado caso se presenta una causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.  Así en la sentencia C-590 de
2005, se hizo un ejercicio de sistematización sobre este aspecto.  Al respecto
se indicó:
24.  Los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional
no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[44]. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios
-ordinarios y extraordinarios-  de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[45].  De allí que sea un deber del actor desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga
para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de
propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[46].  De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[47].  No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión
de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[48].  Esta exigencia es comprensible pues, sin que
la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a
su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[49].  Esto por cuanto los debates sobre la
protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
Evacuado lo anterior, se estableció que además
de los presupuestos generales resulta necesario acreditar la existencia de una
causal especial de procedibilidad, por lo que se requiere que se presente al
menos uno de los siguientes vicios:
“25.  Ahora, además de los requisitos generales
mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra
una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o
defectos que adelante se explican.
“a. Defecto orgánico, que se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que
se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
“c.  Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como
son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[50] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
“g.  Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
“h.  Desconocimiento del precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[51].
“i.  Violación directa de la Constitución.”
(Subrayas fuera del texto original.)”[52]
La Sentencia en comento también explicó que los
anteriores vicios, que determinan la procedibilidad la acción de tutela contra
decisiones judiciales, “involucran
la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos
supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales”.  En ese orden de ideas, los anteriores criterios constituyen el catálogo a
partir del cual es posible comprender de manera excepcional si procede o no, la
tutela contra providencias judiciales.
5.     El defecto fáctico como
causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
Uno de los escenarios que adquiere mayor relevancia en
cualquier instancia judicial lo constituye la etapa probatoria, donde el
funcionario con base en el material probatorio recaudado, busca reconstruir la
situación fáctica, a fin de poder adoptar una decisión en el proceso sometido a
su conocimiento. Esta Corporación en sentencia C-1270 de 2000 sostuvo:
“Parte esencial de dichos procedimientos lo constituye
todo lo relativo a la estructura probatoria del proceso, conformada por los
medios de prueba admisibles, las oportunidades que tienen los sujetos
procesales para pedir pruebas, las atribuciones del juez para decretarlas y
practicarlas, la facultad oficiosa para producir pruebas, y las reglas
atinentes a su valoración.
(…) Aun cuando el artículo 29 de la
Constitución confiere al legislador la facultad de diseñar las reglas del
debido proceso y, por consiguiente, la estructura probatoria de los procesos,
no es menos cierto que dicha norma impone a aquél la necesidad de observar y
regular ciertas garantías mínimas en materia probatoria. En efecto, como algo
consustancial al derecho de defensa, debe el legislador prever que en los
procesos judiciales se reconozcan a las partes los siguientes derechos: i) el
derecho para presentarlas y solicitarlas; ii) el derecho para controvertir las
pruebas que se presenten en su contra; iii) el derecho a la publicidad de la
prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción; iv) el
derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del
debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste;
v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias
para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts.
2 y 228); y vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas
incorporadas al proceso.
(…) Siendo el proceso un conjunto
sucesivo y coordinado de actuaciones en virtud del cual se pretende, hacer efectivo
el derecho objetivo, restablecer los bienes jurídicos que han sido lesionados o
puestos en peligro y garantizar los derechos fundamentales de las personas,
resulta razonable que el legislador haya determinado unas oportunidades dentro
del proceso en donde las partes puedan presentar y solicitar pruebas, y el
juez, pronunciarse sobre su admisibilidad y procedencia, e incluso para
ordenarlas oficiosamente y, además, valorarlas.”[53]
Entonces, es necesario que en materia probatoria todas
las etapas, tanto de solicitud de pruebas como la valoración de las mismas se
adelanten con sujeción a los parámetros del debido proceso, ya que de lo
contrario se estaría configurando el citado defecto fáctico.
Cabe advertir que el operador judicial cuenta con
amplio margen para valorar las pruebas bajo las cuales adoptará una decisión
determinada.  En tal medida, el juez constitucional al momento de verificar la
existencia o no de un defecto de esta categoría debe tener en cuenta dicha
situación, entrando a verificar exclusivamente que la valoración probatoria, ya
sea al momento de solicitar un elemento de juicio o al sopesarlo, no se haya
adelantado de manera arbitraria o caprichosa. En la sentencia SU-159 de 2002 se
establecieron una serie de parámetros para que la autoridad judicial
correspondiente adelante la evaluación del acervo probatorio.  En aquella
oportunidad se dijo:
“Si bien el juzgador goza de un amplio margen
para valorar el material probatorio en el cual ha de fundar su decisión y
formar libremente su convencimiento, ‘inspirándose en los principios
científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C y 61 C.P.L)’[54], dicho poder jamás puede ejercerse de manera
arbitraria; su actividad evaluativa probatoria implica, necesariamente, la
adopción de criterios objetivos[55], no simplemente supuestos por el juez, racionales[56], es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las
pruebas allegadas, y rigurosos[57], esto es, que materialicen la función de
administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales
sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”
La jurisprudencia ha identificado distintas modalidades en las que se
puede presentar el defecto fáctico, las que se pueden condensar en dos grupos
principales: (i) desde una dimensión negativa, la que se presenta cuando el
juez de manera arbitraria, irracional y caprichosa niega la prueba u omite su
valoración; y (ii) una dimensión positiva, cuando el juez basa su decisión en
elementos probatorios que no debió admitir ni valorar. Respecto de las dos
dimensiones de este defecto en la sentencia T-458 de 2007 se expuso:
“1)
Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de
manera arbitraria, irracional y caprichosa[58] u omite su valoración[59] y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.[60] Esta dimensión comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez[61].
2)
Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.[62]”
También se ha establecido por la Corte Constitucional
que existe otro ámbito en torno al defecto fáctico, que se configura por
desconocimiento de las reglas de la sana crítica, el que se hace manifiesto
cuando el juez de conocimiento decide, sin justificación, apartarse de los
hechos probados, resolviendo a su arbitrio el asunto sometido a su
consideración[63].
En todo caso, se reitera, que el defecto fáctico debe
ser ostensible, flagrante y manifiesto, con incidencia directa en la decisión
adoptada por el operador jurídico, toda vez que el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia adicional ni de revisión de la evaluación
probatoria de aquella autoridad que de manera ordinaria conoce de un asunto de
acuerdo a su competencia.
6.     Caso
concreto
El presente asunto plantea la posible vulneración del
derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia del ex Representante a la Cámara Fabio Arango Torres, a partir del
proceso penal donde la autoridad judicial accionada instruyó, juzgó y condenó
al actor por el delito de corrupción de sufragante[64],
al haber entregado dinero a un grupo de habitantes de la comprensión
territorial de Mitú, Vaupés, para que depositaran su voto en los comicios del
28 de octubre de 2007, adelantados para elegir Gobernador del Departamento, a
favor del señor José Leonidas Soto Muñoz.
A partir de lo anterior, alega el accionante que la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en un defecto
fáctico atendiendo a las siguientes circunstancias: (i) rechazó la práctica de
algunas pruebas solicitadas por la defensa; (ii) valoró inadecuadamente las
pruebas allegadas; (iii) dio valor probatorio a distintos anónimos recibidos en
la causa.
A efectos de determinar si es procedente la solicitud de
amparo, esta Sala de Revisión, de manera previa, hará un recuento fáctico del proceso
penal seguido en contra del ex Representante Arango Torres; posteriormente
estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; y una vez evacuado lo
anterior, abordará por separado el estudio de las distintas aristas referentes
al defecto fáctico alegado por la parte actora.
6.1.       Desarrollo
procesal y fáctico del juicio adelantado en contra del ex Representante Fabio
Arango Torres, por el delito de corrupción de sufragante.
En la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia el 8 de julio de 2010, referente al proceso penal
de única instancia Radicado Núm. 29389, se consignó la información que a
continuación se destaca:
“Los señores, Pablo Barbosa
Hernández, María La Luz Betancurt, Milciades Jaramillo Gutiérrez, Mariano Díaz
Díaz y Manuel Rodríguez Anzola, habitantes de la comprensión territorial de
Mitú (Vaupés), pertenecientes a comunidades indígenas, acudieron a la
Personería Municipal de la misma con el propósito de informar la compra de
votos acaecida en los comicios electorales para la Gobernación del
Departamento, celebrados el 28 de octubre de 2007; hechos que le imputaron al
Señor Representante a la Cámara FABIO ARANGO TORRES, y a uno de los
candidatos.”
Dentro de los antecedentes procesales se destaca la
siguiente información:
- El 26 de marzo de 2008, se fijó la competencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para adelantar la
investigación y el juzgamiento del actor, dada su condición de Representante a
la Cámara por la circunscripción electoral del Vaupés, dentro del periodo
constitucional 2006-2010.
- El 10 de noviembre de 2008 se profirió resolución de
apertura de instrucción, siendo vinculado mediante diligencia de indagatoria
adelantada el 16 de marzo de 2009.
Dentro del material probatorio allegado al expediente en
la etapa instructiva se destaca el siguiente:
“los testimonios de los
iniciales denunciantes, María La Luz Betancur Inambu[65], Pablo
Barbosa Hernández[66],
Milciades Jaramillo Gutiérrez[67],
así como la declaración jurada del señor José Leonidas Soto Muñoz[68],
Gobernador del Departamento del Vaupés.
En la misma etapa, se
incorporaron los dichos de algunos simpatizantes del grupo político que
lideraba el acusado: José Lizardo Vargas Hernández[69], Yesid
Vargas Hernández[70],
Alcira González Ramírez[71],
Libardo González[72],
Rafael José Pérez Herazo[73]y
Luis Enrique Llanos Rodríguez[74].”
- El 30 de septiembre de 2009 se resolvió  su situación
jurídica con detención preventiva en establecimiento carcelario, como presunto
autor responsable del delito de corrupción al sufragante agravado, en concurso
homogéneo y sucesivo.
- El 9 de noviembre de 2009, se ordenó el cierre de la
investigación, corriéndose traslado a los sujetos procesales por el término de
8 días.
- El 20 de enero de 2010, la autoridad accionada profirió
resolución de acusación en contra del actor, como presunto autor responsable de
la conducta punible de corrupción de sufragante agravada, en concurso homogéneo
y sucesivo.
- Una vez en la etapa de juicio, atendiendo a las
solicitudes elevadas por la defensa y actuaciones de oficio, se tuvo en cuenta
el siguiente material probatorio:
“De naturaleza
testimonial:
i)
José González Torres[75],
Duván Arturo Almanza Góngora[76],
Jorge Eider Molina Álvarez[77],
Rafael Francisco Rojas Mattos[78],
Jorge Luis López de la Hoz[79],
Roberto Carlos García Saavedra[80],
Milciades Jaramillo Gutiérrez[81]
(ampliación), Henry Fernando Luna Monroy[82],
Marina Giraldo Urrea[83],
Carlos Enrique Amaya Herrera[84],
Felipe Rodríguez Silva[85]
y Valerio Cuellar Galdino[86].
Documental:
i)
Fotocopias de la planilla de control aéreo de pasajeros y carga
correspondiente al 15 de septiembre de 2009 de la Empresa Aeromenegua Ltda,
Taxi Aéreo del Alto Menegua Ltda[87].
ii)
Certificación expedida por el Departamento de Policía Vaupés[88],
relacionada con el vuelo de la aeronave  HK-1438, durante los días 14 y 15 de
septiembre de 2009.
iii)
Fotocopia de la denuncia presentada por Milciades Jaramillo
Gutiérrez, ante la Fiscalía General de la Nación, de fecha 18 de septiembre de
2009.
iv)
Solicitud de apoyo del Jefe de la Unidad de Policía Judicial del
C.T.I., de fecha 14 de septiembre de 2009, con el propósito de trasladar a
Milciades Jaramillo, vía aérea.
v)
Comprobante de pago al señor Edgar Echeverri, representante de la
Empresa Aerotaxi por valor de $2.457.000.
vi)
Prueba técnica al video obrante por parte del C.T.I[89].
vii)
Certificación expedida por el Administrador del Aeropuerto de
Mitú, respecto a los vuelos realizados durante los días 14 y 15 de septiembre
de 2009[90]
viii)
Constancia expedida por la Coordinadora de Acción Social de
Vaupés acerca de la reubicación de María Luz Betancourt Inambu.
ix)
Certificación expedida por la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Mitú, acerca de la denuncia radicada por Milciades Jaramillo[91].
Una vez se agotó el
interrogatorio al procesado, fueron oídos los señores Argemiro Figueroa
Bonilla, Carlos Iván Ramiro Meléndez y Oscar Mauricio Becaría Suárez (…).”
- Dentro de los alegatos presentados en la audiencia
pública de juicio, el agente delegado de la Procuraduría solicitó se condenara
al ex Representante Arango Torres como autor del delito endilgado, atendiendo a
que a través de diversos medios de prueba se constató la comisión de la
conducta punible. Dentro de los argumentos vertidos la sentencia destaca:
“i) Hechos probados y
acreditados a través de testimonios directos: en vísperas de las elecciones del
28 de octubre de 2007, se ofreció y pagó dinero por parte de Fabio Arango
Torres a un grupo de ciudadanos pertenecientes a comunidades indígenas, con
el propósito de favorecer al  entonces candidato a la gobernación, José
Leonidas Soto.
ii) Las situaciones de
vulnerabilidad de la población constituyeron un caldo de cultivo para las
propuestas corruptoras.
iii) El informe del C.T.I.
relacionado con los videos aportados, contrario al pensamiento esbozado por la
defensa,  es indicativo de que no fueron editados, como tampoco manipulados, y
adicional a ello, corresponden al mismo sector.
iv) En lo que tiene que ver
con la retractación, y citando el criterio de la Sala, sostiene que se le
impone al operador judicial efectuar un análisis de comparación, a cuyo término
concluye que las iniciales denuncias comportan credibilidad frente al juicio de
reproche elevado.
v) Se aparta el Señor
Procurador Judicial de una de las posturas defensivas, esto es, la parcialidad
del Personero Municipal al recepcionar las iniciales quejas, porque: no se
advierte ningún elemento de juicio que permita sostener la conjura o componenda
por parte de este funcionario, contrario sensu, es el representante de la
sociedad y como tal actuó.”
- Por su parte, en ejercicio de su derecho de defensa
material, el procesado calificó de vil montaje por parte de sus contradictores
políticos, las acusaciones vertidas en su contra, atendiendo a que existe una
alianza perversa entre las FARC y un sector político opositor. Al respecto en
la sentencia atacada se indicó:
“Destaca que la prueba
sobre la que descansa el proceso penal que se le sigue tiene su origen en un
video y unas denuncias, de donde se advierte que se trata de un montaje, lleno
de odio y sesgo, por parte del grupo que se hace  llamar Los Analistas.
Se ocupa de analizar y
descalificar los testimonios de María la luz Betancurt y Pablo Barbosa,
personaje último, de quien advierte informó haber sido manipulado en el primer
escrito, circunstancia que le permite concluir que se trata de una alianza
perversa del grupo político de su oponente y las FARC; destaca, que se debió
haber verificado la caligrafía del escrito, lo que hubiera  permitido
establecer que no corresponde al testigo.
Se define como una persona
de servicio a la comunidad.  Advierte que Enrique Neira es el líder de Los
Analistas y que, contrario a lo sostenido, María la luz Betancurt, está
ubicada, por parte, de Acción Social, en Villavicencio.”
- Finalmente, la defensa técnica del ex Representante
Arango Torres, reiteró el argumento en torno a un supuesto montaje por parte de
sus contradictores políticos, por lo que procedió a señalar las distintas
inconformidades frente a las pruebas obrantes en el expediente.  En este
sentido en el fallo objeto de censura se resumió:
“Se propuso demostrar a la
Corte lo que denominó, al igual que su prohijado, un montaje orquestado por
Wilson Ladino, Iván Meléndez, Enrique Neira, Pablo Galvis y su hijo, en contra
de su asistido.
En una primera parte de su
disertación destaca la amistad existente entre el Personero receptor de las
quejas y Ladino Vigoya, quien apadrinó su nombramiento, así como el “perenne”
agradecimiento del primero y su disposición de colaborarle, lo que le permite
inferir: (i) no es casualidad que el Personero sea el funcionario a cargo de
las denuncias, ello hace parte de su contribución, (ii) todo obedeció a una
manipulación de los testigos de cargo.
Luego se ocupa de los
videos, los que descalifica pues critica, entre otras, la hora incierta en que
fueron tomados, situación particular que enfatiza, no fue advertida por el
Ministerio Público.
Se ocuparon los
contradictores políticos de Fabio Arango Torres, de urdir[92],
que María la luz Betancur había desaparecido por las amenazas de que había sido
objeto, sin embargo, la defensa, a través del documento proveniente de la
Oficina de Acción Social, asegura que con el demuestra que tal señalamiento era
falso, pues la referida testigo y su núcleo familiar, fueron ubicados en
Villavicencio por el fenómeno del desplazamiento.  Lamenta que no se hubiese
recepcionado su versión.
Igual,  advierte que, con
las distintas declaraciones vertidas por los funcionarios públicos que
participaron en el proceso electoral se logró demostrar: (i) la presencia
masiva de la fuerza pública en la jornada, y, (ii) que ninguna situación
anómala existió.    Concluye que solo un retardado mental hubiera intentado
comprar votos en esas particulares condiciones.
Por todo lo dicho, y
analizando las pruebas en su conjunto, considera que se logró demostrar la
ausencia de conducta conforme a los parámetros señalados en la Ley 599 de 2000;
Fabio Arango Torres, no ofreció dinero alguno, todo se trata de un vil
montaje por parte de Ladino Vigoya, Enrique Neira y Valerio Cuellar.  Invoca la
absolución de su asistido.”
- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, de manera general dentro del fallo sobre el cual versa la actual
discusión, explicó que la defensa en todo momento argumentó que el juicio
adelantado en contra del actor obedecía a un complot orquestado por sus
adversarios políticos, sin embargo, no logró demostrar dicha afirmación.
Añadió que no resultaban de recibo las diversas censuras
con las que se pretendió descalificar, la actividad desplegada por el Personero
Municipal, así como las denuncias interpuestas por los hechos irregulares
ocurridos en las elecciones para Gobernador del Vaupés, para lo que adelantó un
amplio desarrollo probatorio.  No obstante, no descartó que el representante
del Ministerio Público pudiera tener intereses afines a los contradictores
políticos del procesado, a pesar de lo cual no encontró prueba de parcialidad
que permitiera poner en tela de juicio el ejercicio profesional del Personero
Municipal de Mitú.
Después de hacer una amplia valoración probatoria, desde
el inicio del proceso investigativo hasta la audiencia de juzgamiento, encontró
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que el ex
Representante Arango Torres actuó con conciencia y voluntad de cometer la
conducta típica por la cual se le investigó, juzgó y condenó.
Sentado lo anterior, conservando el esquema planteado en
precedencia, procede esta Sala de Revisión a analizar los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra la decisión adoptada por el
Cuerpo Colegiado accionado, el 8 de julio de 2010.
6.2.       Requisitos
generales de procedibiliadad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Conforme con los presupuestos establecidos en la parte
dogmática de esta sentencia, en este acápite corresponde hacer relación a la
procedencia de la presente acción, para lo cual se analizará cada uno de los
requisitos jurisprudenciales de carácter general, así:
(i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Al respecto debe señalarse
que este requisito se cumple a cabalidad, toda vez que los derechos sobre los
cuales se centra el debate tienen amplio reconocimiento y preeminencia desde el
punto de vista fundamental.
(ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios.  Este requisito se cumple
igualmente, teniendo en cuenta que se trata de un asunto que se tramita en
única instancia, por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en esa
materia.
(iii) Que
se cumpla el requisito de la inmediatez. El cumplimiento de este presupuesto resulta evidente,
atendiendo a que la decisión atacada se produjo el 8 de julio de 2010 y la
acción de tutela se interpuso, en primera oportunidad, el 12 de noviembre de
ese mismo año, por lo que trascurrieron aproximadamente 4 meses entre una y
otra actuación.
(iv) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Sobre este requisito en
particular se advierte que la acción de tutela cuenta con un amplio desarrollo
fáctico, en concordancia con el defecto alegado.
(v) Que
no se trate de sentencias de tutela. Este aspecto también se cumple, ya que la acción se
erige en contra de una decisión dictada al interior de un juicio ordinario.
6.3.       Defecto
fáctico.
Atendiendo a lo expuesto por la parte accionante, esta
Sala entrará a revisar cada uno de los argumentos bajo los cuales considera se
le vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
Antes de entrar a valorar las
distintas irregularidades de orden probatorio alegadas, conviene traer a
colación lo señalado por esta Corporación, en cuanto al estudio del defecto
fáctico, donde se ha advertido que las discrepancias sobre la valoración de las
pruebas que hace el juez en el correspondiente proceso, no son objeto de
controversia por medio de la acción de tutela, en la medida que tal apreciación
corresponde a la autonomía funcional del juez de conocimiento. Sólo en el caso
de arbitrariedad manifiesta, ostensible y grave, que no pueda ser corregida con
la utilización de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por la
ley, haría posible, como una circunstancia excepcional, la procedencia de su
examen por el juez de tutela.
Entonces, en principio, lo
relativo a la valoración de la prueba es una cuestión que corresponde en forma
autónoma al fallador, donde no puede intervenir el juez consititucional, ya que
si ello fuese permitido, estaría invadiendo un ámbito propio de la
interpretación judicial, que es atribución principal del juez de conocimiento.
Se reitera que, solamente en casos excepcionales, cuando no existe una prueba
fundamental que ha debido producirse para poder fallar adecuadamente el fondo
del proceso, cuando la prueba existe y se ignora o se desconoce arbitrariamente
su valor probatorio por el juez y ella es relevante en la decisión, es posible
que se configure el presente defecto.
Igualmente, advierte la Sala que como regla aplicable
al cargo que se esgrime, un cuerpo colegiado y órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria no viola el derecho al debido proceso mediante una providencia
judicial cuando, prima facie, su lectura de las reglas
aplicables y de las pruebas aportadas al proceso, se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable[93].
En síntesis el defecto fáctico, debe ser ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, en tanto el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto según las reglas generales de competencia.
Sentado lo anterior, se procede a analizar cada una de las
irregularidades expuestas por el accionante.
6.3.1.  Rechazo de pruebas
solicitadas por la defensa al interior del proceso penal seguido en contra del
ex Representante Arango Torres.
6.3.1.1. En relación con este punto, la parte actora
arguye que la autoridad judicial accionada negó sin fundamento, una serie de
pruebas oportunamente solicitadas, las que estaban específicamente enfocadas a
establecer que la presunta compra de votos era producto de un montaje
orquestado por sus contradictores políticos, para lo cual se procedería a comprobar
que entre el Personero Municipal de Mitú (funcionario que recibió las
denuncias) y el ex Gobernador Ladino Vigoya, existía una estrecha amistad.
Adicionalmente, se pretendía constatar que a través de
amenazas y presiones los oponentes políticos, los denunciantes y testigos de
cargo, fueron llevados ante las autoridades respectivas para exponer versiones
amañadas.
En tal medida, explica que con los testimonios rechazados
de los señores Rafael Patria, Álvaro Valentín Ramírez y Carmen Rodríguez, se probaría
la intimidación y amenaza de que fueron objeto Pablo Barbosa y Mariano Díaz,
denunciantes de los supuestos hechos irregulares en que incurrió el actor.
En desarrollo de este punto, acepta que si bien no existía
conexión directa entre el asunto materia de examen y lo que en la práctica de
dichas pruebas se pretendía probar, no por ello se descartaba la existencia de
una relación indirecta o mediata, atendiendo a que de haberse probado la
anterior situación, se generaría un indicio trascendental que conllevaría a
desestimar la credibilidad de los testigos que se hicieron valer en su contra.
Finalmente, reitera que en su criterio no existe
fundamento para considerar impertinentes, inútiles o superfluas, las pruebas
antes relacionadas.
6.3.1.2. Al respecto considera la Sala importante hacer
referencia a lo señalado por el cuerpo colegiado accionado, respecto de las
distintas valoraciones de orden probatorio adelantadas en el proceso penal
seguido en contra del accionante, a fin de establecer si en el presente caso se
configura el defecto alegado.  En consecuencia se citarán las providencias en
que la Corte Suprema de Justicia hizo alusión a la práctica y rechazo de
determinados elementos de pruebas.
- Auto del 9 de junio de 2008, a través del cual el órgano
judicial accionado ordenó la práctica de unas pruebas y descartó otras:
“Por resultar procedentes y
conducentes a los fines de la presente investigación previa, accédase a la
práctica de las siguientes pruebas solicitadas por el Procurador Segundo Delegado
para la Investigación y el Juzgamiento Penal y el defensor del imputado FABIO
ARANGO TORRES. En consecuencia se dispone:
1.
Escuchar en declaración a:
1.1.
CARLOS IVÁN RAMIRO MELÉNDEZ, ex – candidato a la Gobernación del
Departamento del Vaupés en los comicios del 27 de octubre de 2007 (…)
1.2.
CERVANDO RAMÍREZ, WILIAM RAMÍREZ, JOSÉ VARGAS, YESID VARGAS,
ALCIRA GONZÁLEZ Y LIBARDO GONZÁLEZ, RAFAEL PÉREZ, (…)
2.
Prueba documental
2.1.
Oficiar a la Cámara de Representantes con el fin de establecer si
la señora ALCIRA GONZÁLEZ figura o figuró como integrante de la UTL al servicio
del representante FABIO ARANGO TORRES.
2.2.
Oficiar a la Contraloría Departamental del Vaupés con el fin de
establecer si el señor RAFAEL PÉREZ fue Contralor del Departamento.
2.3.
Oficiar a la Gobernación del Vaupés con el fin de establecer si
los señores YESID VARGAS y CERVANDO RAMÍREZ son o fueron empleados de la
entidad.
Por cuanto la situación de
orden público o la eventual presencia de grupos guerrilleros en el Departamento
del Vaupés no guarda relación directa con los hechos materia de investigación,
por inconducentes se negarán los testimonios de los oficiales Álvaro Ramírez y
el Mayor Mariño, del mismo modo que la información que el peticionario reclama
del Batallón de Contraguerrillas No. 38 ‘Centauros del Llano’ sobre los grupos
al margen de la ley que operan en la región.”
- Auto del 10 de noviembre de 2008, en el que se ordenó la
apertura de instrucción en contra del ex Representante Arango Torres.
“Para los fines y
propósitos indicados en el artículo 331 de la Ley 600 de 2000, y el cabal
perfeccionamiento de la investigación, se dispone la vinculación mediante
indagatoria, del doctor Fabio Arango Torres (…) y la práctica de las
siguientes pruebas:
1.
Insistir en las declaraciones de Carlos Iván Ramiro Meléndez
Moreno, Cervando Ramírez, William Ramírez, y Álvaro Ramírez, y disponer
adicionalmente la recepción de los testimonios de Valerio Cuéllar, Enrique
Vargas y Enrique Neira, para cuyos efectos se librará Despacho Comisorio (…).
2.
Requerir al Fiscal 30 Seccional Delegado con sede en Mitú
(Vaupés) para que, con destino a esta Corporación, remita copias auténticas de
los soportes probatorios y demás actuaciones cumplidas con ocasión de la
noticia criminal (…) relacionada con los cargos por el presunto delito de
prevaricato contra los registradores departamentales Armando Iglesias y Edgar
Daniel Rincón.”
- Auto del 3 de junio de 2009, en el que se resolvió una
solicitud de pruebas elevada por la defensa del ex Representante Arango Torres[94].
“i) Precisa señalar que, si
bien las normas citadas por el señor defensor, en lo que hace a la actividad
probatoria a desarrollar dentro del trámite del proceso penal le impone al
funcionario judicial la perentoriedad de verificar las citas efectuadas por el
procesado, a más de las pedidas por los sujetos procesales propendiendo siempre
por su imparcialidad en la búsqueda de la prueba, ello no releva al
peticionario de acreditar puntualmente su conducencia, pertinencia,
racionalidad y utilidad.
ii) A partir de dichos
conceptos, se considera que una prueba es conducente cuando su práctica es
permitida por la ley; es pertinente cuando guarda relación con los hechos,
objeto y fines de la investigación o el juzgamiento; es racional cuando es
realizable dentro de los parámetros de la razón y finalmente, es útil cuando reporta
algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario.
Es por ello que el
funcionario está en la obligación de repudiar el elemento probatorio solicitado
que no satisfaga los supuestos exigidos, como justamente en el asunto
examinado.
iii) En efecto, la petición
del señor defensor carece de los elementos de juicio necesarios para considerar
la conducencia, pertinencia y racionalidad de las declaraciones requeridas.
Nótese que ni siquiera reseñó los nombres de los declarantes; limitó su
pedimento a indicar que son los miembros del Comité de Seguimiento Electoral
para la época de los comicios del año 2007 y que su pertinencia y conducencia
radican en ilustrar sobre los antecedentes y desarrollo de los mismos.
iv) No instruye a la Sala
sobre el aporte que tales declaraciones comportarían en el esclarecimiento de
los hechos, referidos estos a las presuntas actividades ilícitas que se
desarrollaron la víspera de los comicios electorales del año 2007, situación
que priva a la Corte de efectuar el obligatorio análisis en torno a los
aspectos referidos.
v) Adicional a ello, la
Sala tampoco advierte la conducencia y pertinencia de estos testimonios toda
vez que, se trata de personas que por ninguna parte aparecen mencionadas como
conocedoras, a través de cualquier medio, de la ilicitud denunciada o de otro
hecho relevante para la investigación.
De otro lado, el desarrollo
de los comicios para la época de los hechos aparece suficientemente ilustrado
en el expediente y, aún cuando es materia de investigación el presunto delito
de corrupción al sufragante, los testimonios solicitados se avizoran sin
ninguna relación trascendente con las circunstancias modales de la conducta
investigada.
De oficio la Sala dispondrá
la práctica de las siguientes pruebas:
i) Oír en declaración a las
siguientes personas citadas por el procesado en su diligencia de indagatoria,
para cuyos efectos se librará despacho comisorio con los insertos del caso (…):
José Leonidas Soto (…); Argemiro Figueróa (…) Carlos Iván Melendez; Iván
Sandoval; Wilson Ladino Vigoya; Henry Correal; Francisco Javier Ramírez;
Enrique Vargas.
ii) Por la Secretaría de la
Sala allegar copia de la sentencia proferida por la Corte contra Wilson Ladino
Vigoya.
iii) Oficiar al Comando del
Ejercito acantonado en Mitú para que informe si SAUL RODRÍGUEZ, alias Colibrí,
opera en esa zona como miembros de las FARC.
iv) Insistir (…) en las
declaraciones de Valerio Cuéllar y Enrique Vargas (…)
v) Compulsar copia de los
anónimos (…) con destino a la Fiscalía General de la Nación, Dirección
Seccional de Fiscalías de Mitú en aras a que se investigue la presunta conducta
punible de amenazas a testigo (…)
vi) A términos del escrito
suscrito por Pablo Barbosa, (…) y en aras de verificar la autenticidad del
mismo, solicítese al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General
de la Nación realice un cotejo de la huella dactiloscópica que estampó en el
mismo con la tarjeta decadactilar que obre en la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
vii) Solicitar al Cuerpo
Técnico de la Policía Judicial se sirva efectuar la transliteración de las
declaraciones obrantes en medio magnético(…)”
- En la Audiencia Preparatoria del Juicio[95],
se señalaron específicamente las pruebas que serían tenidas en cuenta y
aquellas que serían descartadas conforme se explica.
“a- En virtud de su
conducencia, pertinencia y utilidad la Sala ordena los siguientes testimonios:
1. Oír en declaración a los
doctores José González Torres, Alcalde de Mitú, Arturo Almansa Góngora, Jorge
Eliécer Molino y Rafael Francisco Rojas Mattos, Delegados de la Registraduria;
Mauricio Becaria, Procurador Judicial en Mitú, quienes depondrán si les consta
sobre las actividades realizadas por el procesado el día de las elecciones de
octubre de 2007.
2. Oír en declaración al
señor Jorge López de la Hoz, Jefe de la "CIPOL" de Mitú para la época
de los hechos, y al jefe de la Sijin, Roberto Carlos García Saavedra, quienes
depondrán sobre lo relacionado con la forma como transcurrieron los comicios
electorales de 2007, si tuvieron conocimiento de fraude electoral o compra de
votos; la situación referente al orden público, advirtiendo que la pertinencia
de sus testimonios está relacionada con su presencia en el lugar de los hechos,
más no con el aporte de grabaciones o filmaciones.
3. Ampliar el testimonio de
Milciades Jaramillo Gutiérrez, para que deponga si fue objeto de amenazas, la
forma como concurrió por primera vez a presentar la denuncia, su posterior
retractación.
4. Oír en declaración a
Henry Luna, funcionario de la Procuraduría en Mitú a términos de la cita
efectuada por el testigo BARBOSA.
5. Oír en declaración a
Marina Giraldo Urrea y Carlos Enrique Amaya Herrera, residentes en el municipio
de Mitú para las pasadas elecciones de octubre de 2007, propietarios de
establecimientos de comercio quienes depondrán lo que les conste sobre los
hechos objeto de investigación
Respecto a estos
testimonios, dada la imposibilidad de que acudan a la sede de la Corte y ante
la constante solicitud de la defensa para que se reciban en forma directa, se
recepcionarán por conducto de un Magistrado Auxiliar adscrito a la Sala de
Casación Penal de la Corporación, previamente designado, quien se trasladará a
la ciudad de Mitú para tales fines.
b. Testimoniales que se
niegan:
En cuanto a las pruebas que
se niegan es importante señalar que el artículo 235 del estatuto procesal penal
permite rechazar las pruebas que no conduzcan a establecer la verdad de los
hechos materia del proceso, las legalmente prohibidas o ineficaces, las que
versen acerca de aspectos notoriamente impertinentes y las manifiestamente
superfluas. Siguiendo esas directrices la Sala niega
1. Oír en declaración al
señor ex auditor Fiscal de la Contraloría Departamental de Vaupés, doctor
Daniel Carrillo[96].
Se niega por impertinente, el hecho objeto de prueba es ajeno al tema.
2. Oír en declaración a
Blanca Nubia Buriticá Buriticá[97],
Gustavo Varas González, Rosendo Bejarano Escobar, Ornar Castañeda y Nelson
Viáfara. Se niegan por impertinentes e inconducentes, como [quiera] que lo que
se pretende probar son circunstancias que no interesan a la investigación.
3. El nombre de Demetrio
Rodríguez[98]
no se asoma en el plenario, como tampoco su historia -la que destaca únicamente
la defensa- luego se muestra impertinente para probar los hechos investigados.
4. La defensa plantea
escuchar en declaración a Luis Enrique Llanos Rodríguez, cuando lo propio seria
ampliar su versión. Se niega toda vez que el testigo ya relató los hechos que
le constaban -folio 227, cuaderno 1-, ya rindió su versión frente a los mismos,
sin que se ocupara la defensa de argumentar las razones que tenía para demandar
su ampliación. Ahora bien, los hechos que insinúa la defensa, referidos a la intimidación
que sufrió el declarante, poco después de acudir ante el funcionario
comisionado para verter su versión dentro de este proceso, resultan extraños al
objeto del proceso, sin que por ello soslaye la Sala la gravedad de los mismos,
como que estos apuntan a informar la presencia guerrillera en esa zona del
país. Se rechaza por impertinente.
5. Los testimonios de
Rafael Patria, Álvaro Valentín Ramírez, Carmen Rodríguez, Hernando Siriano. Se
rechazan por impertinentes por cuanto pretenden probar circunstancias que no
intereses al thema probandum.
6. Oír en declaración a
Felipe Rodríguez, testigo que no fue citado por Luis Enrique Llanos, y menos
aún por Demetrio Rodríguez, ya que la referencia de éste último procede únicamente
de la defensa. Se rechaza por impertinente.
7. Oír en declaración a
Wilson Aguilar, de quien se dice es el secretario de la Personería de Mitú, a
través del cual pretende probar, entre otras: "cómo vio que el Personero
Galvis, recepcionó una sola acusación y una vez terminó la citada diligencia,
le entregó cinco acusaciones para que las archivara[99]...";
testimonio que NO prueba ni refuta los hechos materia del debate, a tal punto
que sus mismos signantes reconocieron la existencia de las denuncias; todos en
su totalidad aceptaron haber concurrido a la Personería a formular la
correspondiente denuncia, aun cuando con posterioridad, algunos se retractaron.
Se ofrece impertinente.
c. Documentos aportados
que no se tienen como prueba:
1- La hoja de vida de
Galvis Arias[100].
2. El contrato estatal
número 002 de fecha 27 de junio de 2006, referido a la prestación de servicios
entre Galvis Arias en calidad de abogado y Wilson Ladino Vigoya, como
gobernador de Vaupés.
3. El acta de iniciación
del contrato de prestación de servicios No. 002 de 2005, firmado entre Luz
Stella Esguerra Bohórquez, Secretaria de Salud Departamental de Vaupés y Jorge
Arturo Galvis Arias.
4. El acta de terminación y
liquidación por mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios
profesionales número 002 de 2006.
5. Carta fechada el 9 de
noviembre de 2006 dirigida por Jorge Arturo Galvis Arias al Gobernador Wilson
Ladino Vigoya.
6. Certificación expedida
por la Contraloría Departamental de Vaupés, en la que consta que el apoderado
de Ladino Vigoya fue el doctor Juan Pablo Galvis Parra.
7. Orden de prestación de
servicios número 008, firmada por el Gobernador Wilson Ladino Vigoya y el hijo
del ex Personero, Juan Pablo Galvis Parra.
8. Acta de terminación y
liquidación por mutuo acuerdo de la orden de servicios número 008 del 15 de
febrero de 2007.
9. Fotocopia del decreto
número 0081 del 8 de febrero de 2007, mediante el cual Wilson Ladino Vigoya,
nombra provisionalmente al señor Omar Sánchez Uribe.
10. Fotocopia del Decreto
0149 de 2007, fechado el 3 de abril de 2007, mediante el cual Wilson Ladino
Vigoya, nombra provisionalmente al señor Omar Sánchez Uribe.
11. La solicitud
modificatoria al contrato número 161 de 2009, fechada el 14 de septiembre de
2009, signada por el secretario de gobierno Municipal de Mitú, Rember Mauricio
Álvarez Zarate.
Se niega por impertinente
la incorporación de los documentos en precedencia relacionados (1-11).  La
razón: la pretendida amistad entre el personero y el ex gobernador Wilson
Ladino Vigoya, no contribuye a esclarecer los hechos materia del debate, como
que los mismos difieren de la hipótesis que por vía de los alegatos pretende
construir la defensa; esta documentación no resulta idónea, apta, para probar
el desarrollo electoral en los comicios electorales del año 2007 en Mitú, que
es lo que interesa en aras a construir la verdad de lo sucedido; las relaciones
contractuales entre uno y otro, el desempeño profesional a favor del ex
gobernador, resultan inconducentes en la medida en que no tendrían la
potencialidad de negar o desmentir los fundamentos fácticos de la conducta
investigada.
12. No se tendrán como
pruebas los documentos[101]
a que alude el numeral 4, página 22 de su escrito, literales a, b, c y d,
dirigidos a demostrar la situación de orden público que aqueja al municipio de
Mitú, como que la misma, si bien para la Sala no se muestra de poca monta, no
está atada a los hechos materia de investigación; no se ha aducido que la
presencia de fuerzas insurgentes tengan relación directa con los hechos
investigados.
13. No se tiene como prueba
el plano del municipio de Mitú como que tal documento ningún aporte
trascendente brinda a la investigación. Se rechaza por inútil, superfluo.
14. No se aceptan como
pruebas las declaraciones extraprocesales de Marina Giralda Urrea, Pablo
Barbosa Hernández, Milciades Jaramillo Gutiérrez, Carlos Enrique Amaya Herrera
y Mariano Díaz Díaz, pues no se aprecia ninguna circunstancia excepcional que
hubiera impedido la recepción de sus testimonios ante funcionario judicial.
Ahora bien, respecto a
Marina Giralda Urrea y Carlos Enrique Amaya Herrera, ya se dispuso incorporar
sus declaraciones, así como la ampliación del testimonio de Milciades Jaramillo
Gutiérrez.
Finalmente, frente a los
dichos de Pablo Barbosa Hernández y Mariano Díaz, ninguna razón plausible se
ofreció a la Sala para considerar indispensable su ampliación.
15. No se tienen como
prueba los derechos de petición a que alude la defensa en el numeral 10,
literal a, página 27 del escrito de solicitud probatoria, así como los
documentos anexos correspondientes a los literales b y c. Los primeros,
referidos al reglamento de la Sala Penal de la Corte, los que se ofrecen
abiertamente superfluos frente a los hechos materia del proceso, pues aunque
están llamados a acentuar la importancia de que la prueba sea acopiada
directamente por la Sala, resulta obvio y jurídicamente válido que, atendido el
distante lugar de residencia de los testigos, la aducción de la prueba se
obtenga por vía de funcionario judicial comisionado, como ha venido sucediendo
en el trámite de la presente actuación.
Por lo demás, si el
propósito es cuestionar en materia de comisiones la facultad de la Sala de
Casación Penal de la Corte, se ofrece necesario hacer remisión expresa a la Ley
600 de 2000, articulo 84 que dice:
“...Para la práctica de
diligencias, la Corte Suprema de Justicia podrá comisionar a cualquier
funcionario judicial o a sus magistrados auxiliares”.
d. Documentales que se
han de incorporar al trámite:
1. Tener como pruebas las
fotocopias de la planilla de control aéreo de pasajeros y carga, fechada el 15
de septiembre de 2009, de Aeromenegua Ltda., Taxi Aéreo del Alto Menegua Ltda.,
a fin de establecer si uno de los pasajeros fue Ornar Sánchez Uribe, quien a su
regreso, viajó en compañía de Milciades Jaramillo Gutiérrez. Se ordena por
pertinente y conducente.
2. Fotocopia de la denuncia
presentada por el señor Milciades Jaramillo Gutiérrez[102] de
fecha 18 de septiembre de 2009, dirigida a la Fiscalía General de la Nación.
3. Solicitud de apoyo del
Jefe Unidad de Policía Judicial, C. T.I. de Mitú, Henry Hernando Hernández
Granados, con fecha 14 de septiembre de 2009, para trasladar vía aérea al señor
Milciades Jaramillo, para que compareciera el13 de septiembre de 2009.
4. Comprobante de pago al
señor Edgar Echeverri, representante de la Empresa Aerotaxi por valor de
$2.457.000, por concepto de transporte reclusos y que correspondió a los
pasajes de Milciades Jaramillo, cancelado con recursos del municipio.
Como se advierte, la
pertinencia y conducencia de esta documentación cuya introducción prohija la
Sala, tiene que ver con la forma como llegó inicialmente el denunciante
Milciades Jaramillo, ante el funcionario comisionado, en su segunda aparición,
ocasión en la que se retractó, para finalmente aparecer denunciando ante el C.
T.I., las presiones que -a términos de lo señalado- ha tenido que soportar.
Ahora, si a la defensa le
persiste inquietud sobre las acciones que califica de ilícitas a cargo del
Alcalde de Mitú[103],
está en libertad de formular las correspondientes denuncias penales y
disciplinarias que considere razonablemente fundadas.
16. Frente a la molestia
del defensor, referida a la solicitud probatoria elevada ad portas del cierre
de investigación, se trae lo ya dicho por la Sala al momento mismo de calificar
el mérito del sumario:
‘...Ahora, el hecho de que
simultáneamente al decreto de cierre se haya elevado solicitud probatoria no
impide la clausura del ciclo si se tiene en cuenta que se trata de medios de
prueba que no fueron invocados durante todo el tiempo de instrucción, luego la
misma se ofrece tardía, y se reitera, existen los elementos suasorios
suficientes para arribar a la decisión calificatoria.
(... )
Ello no afecta el derecho
de defensa, toda vez que de avanzar a otra etapa procesal, bien podría elevarse
la petición de pruebas dentro del término de traslado previsto en el artículo
400 de la Ley 600 de 2000’.
Con esta referencia
pretende la Sala desvirtuar la afirmación en cuanto a que la solicitud de la
prueba destacada no fue objeto de pronunciamiento, situación que se muestra
distante a la realidad procesal.
e. Documentos
solicitados cuya aducción se rechaza:
1. Oficiar al Comando de
Policía de Vaupés para que remita copia de los libros de registros
correspondientes a los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2009; 1, 2, 3,4, 5
y 6 de mayo de 2008, donde se relacionan las personas que ingresan y que salen
del municipio, la misma NO aporta nada de interés ni trascendencia al
esclarecimiento de los hechos objeto del proceso. Se rechaza por impertinente.
2. Se niega por
impertinente la solicitud dirigida a obtener la prueba trasladada del proceso
disciplinario que se adelanta con fundamento en la queja presentada por el
señor Henry Correal Herrera, así como la ampliación de los testimonios allí
vertidos. La razón: los hechos investigados en una y otra actuación no guardan
ninguna relación.
f. Prueba técnica cuya
práctica no se ordena:
No se accede a la solicitud
de prueba grafológica sobre muestras caligráficas del señor ex personero
Galvis, toda vez que el cotejo solicitado no tiene la potencialidad de probar
la retractación de un tercero, resultando a su turno indiferente quien hace el
manuscrito, si quien lo suscribe acepta su existencia y no lo ha tachado de
falso. A ello se suma, que con anterioridad se realizó cotejo con la firma
autógrafa de Pablo Barbosa.
g. Cotejo técnico que se
decreta:
1. Con el auxilio del
Cuerpo Técnico de Investigación, adscrito a la Fiscalía General de la Nación,
se han de realizar pruebas técnicas al video que obra al proceso, a fin de
establecer las condiciones de audio y video del mismo, si éste fue editado o
no, las circunstancias en que se grabó y todas las demás que se ofrezcan
conducentes a los hechos investigados con la obligación de conservar la cadena
de custodia.
En lo que tiene que ver con
la cadena de custodia a que alude la defensa es situación que se ha venido
respetando a lo largo del trámite, luego impertinente se torna su alusión[104].
h. Prueba documental que
se ordena recaudar:
1. Solicitar a la
Administración del Aeropuerto de Mitú certificación respecto al vuelo del avión
HK-1438 durante los días 14 y 15 de septiembre de 2009, a fin de establecer si
el señor Milciades Jaramillo lo abordó, en caso afirmativo, en qué ruta y qué
otras personas viajaban en el mismo trayecto.
2. Oficiar a la Oficina de
Acción Social de Vaupés para que remita la documentación que allí repose y que
esté relacionada con la señora María de la Luz Betancur, con posterioridad a
octubre de 2007, a fin de determinar si ésta solicitó reubicación, en caso
afirmativo, la razón de la misma y si fue en calidad de desplazada. Se ofrece
procedente en aras de determinar la situación de la testigo frente a su salida
del departamento.
Prueba que se decreta a
solicitud de la defensa, aclaración válida en la medida en que la anunció como
prueba de oficio en el numeral 3, -página18- lo que se muestra incorrecto, como
que las que tienen esa calidad son las ordenadas, en este caso, por la Corte,
en su condición de juez de la actuación.
Se advierte que dicha
prueba no busca establecer el paradero de la señora María de la Luz Betancur,
circunstancia que en nada contribuye a esclarecer los hechos objeto de
investigación. A lo dicho debe agregarse que no se requiere ampliar su
testimonio pues ese acto procesal ya se surtió en dos ocasiones que sirvieron a
la denuncia para referir puntualmente a los hechos por ella conocidos.
i. Pruebas de oficio.
1. Oficiar a la Fiscalía
General de la Nación con sede en Mitú, a fin de que certifique el estado actual
de la denuncia formulada por el señor Milciades Jaramillo Gutiérrez, presentada
en el mes de septiembre de 2009. De igual forma solicitará copia de ella.
2. Insistir en la recepción
de las declaraciones de Argemiro Figueroa Bonilla 10, Carlos Iván Meléndez y
Valerio Cuéllar, cuya práctica ya se había ordenado en auto de fecha 3 de junio
de 2009.”
- Finalmente, en contra de la anterior decisión se
interpuso recurso de reposición por parte del estrado defensivo, por lo que el
Tribunal Supremo accionado procedió a ordenar la práctica de dos pruebas
adicionales[105].
“La Sala mantendrá su
decisión, salvo en lo relacionado con la carta fechada 9 de noviembre de 2006
suscrita por el señor Jorge Arturo Galvis Arias al ex gobernador Wilson Ladino
Vigoya y el testimonio de Felipe Rodríguez.  Las razones en las que se soporta
están inescindiblemente atadas a los conceptos de conducencia:
cuando su práctica es permitida por la ley; pertinencia: cuando guarda
relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento; racional
realizable dentro de los parámetros de la razón y finalmente, es útil
cuando reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario.
Prueba documental
i) Ninguna utilidad aporta
al objeto del proceso el acopio  de los distintos contratos celebrados entre
el  personero y el ex gobernador; ellos ciertamente apuntan a demostrar las
relaciones de carácter contractual que los funcionarios en mención han mantenido,
pero resulta lo cierto que resultan ajenas, extrañas, al proceso penal que se
adelanta.  Tampoco se ofrecen útiles a la demostración de la tesis que pretende
sustentar la defensa, en lo que tiene que ver con el sugerido montaje a cargo
de los enemigos políticos del acusado.
ii) La petición encaminada
a incorporar como prueba trasladada el proceso disciplinario se ofrece
improcedente. Ciertamente, no se esforzó la defensa por destacar, carga que se
le imponía –así lo planteó el Ministerio Público- a qué documentos en
particular se refería, cuál sería su aporte, por qué razón no se adujeron
directamente al trámite del proceso penal, qué inconvenientes surgían?; estas
razones  impiden a la Sala la reconsideración que invoca.
iii) En lo que tiene que
ver con el plano del municipio de Mitú, su incorporación se muestra
abiertamente inútil, los argumentos expuestos no convencen a la Sala sobre su
provecho, sino contrario a ello, reafirman la justeza de la decisión adoptada.
Éste, contrario a la hipótesis de la defensa no se ofrece como documento idóneo
para controvertir la prueba testimonial, no conduce, conforme lo manda el
artículo 235 de la Ley 600 de 2000, a establecer la verdad del suceso materia
del proceso en la medida  en que la lectura que de dicho plano se haga,
corresponderá en todos los casos a la personal visión elaborada desde el
interés de su intérprete, vale decir, las expresión documental topográfica del
lugar (plano), por lo menos frente a los hechos concretos materia del proceso,
siempre se mostrará precaria para confirmar o desvirtuar la verdad de los
hechos denunciados.
En suma, su práctica riñe
con el concepto de conducencia, no apunta a establecer el thema de prueba, como
tampoco existe un hilo conductor que confirme o descarte la hipótesis
planteada, esto es, la existencia de la conducta punible y la responsabilidad
del acusado. Seria simple ayuda de exposición.
Como ya se había anunciado,
la Sala repone únicamente en lo que tiene que ver con la incorporación de la
carta fechada  9 de noviembre de 2006 dirigida por Jorge Arturo Galvis Arias al
ex gobernador Wilson Ladino Vigoya.  Se le califica como útil para el estrado
defensivo.
Prueba testimonial
La Sala dispondrá la
recepción del testimonio de Felipe Rodríguez por aparecer admisible la
argumentación presentada tanto por la defensa técnica como por  el propio
acusado, respecto a la ilustración aportar su dicho, especialmente en lo que
tiene que ver con la comunidad indígena a la que pertenece, sus costumbres, su
idioma, su comprensión, entre otras. Teniendo en cuenta su sitio de residencia,
la misma se incorporará a través de un Magistrado Auxiliar adscrito a la Sala
de Casación Penal de la Corte que para el efecto se designe, y quien deberá
trasladarse al municipio de Mitú para su práctica.
No acontece igual con el
testigo Luís Enrique Llanos Rodríguez, citado por el acusado en la audiencia
como Álvaro Llanos y respecto de quien la Sala se afirma en la decisión
adoptada, destacando que el testigo ya compareció al trámite, ya narró su
conocimiento, y ningún razón atendible se ofreció en orden a viabilizar su
ampliación, sin  que la parte interesada fundamentara su concreta finalidad ni
concretara puntualmente los asuntos o puntos pendientes de dilucidar por parte
del declarante, consideración suficiente para no acceder a su aducción.”
De lo expuesto se colige que cada una de las solicitudes
probatorias elevadas por la parte actora fue específicamente estudiada por la
Corte Suprema de Justicia, adelantando un extenso examen en orden a demostrar
la conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad de cada una de ellas.
6.3.1.2. Conforme a la amplia exposición hecha en relación
con el material probatorio recaudado, el que además fue objeto de valoración
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, procede esta
Sala de Revisión a hacer las consideraciones conforme a lo alegado por la parte
actora.
Para tal fin se hará alusión a lo dispuesto en el artículo
235 de la Ley 600 de 2000[106], que desarrolla lo
concerniente al rechazo de las pruebas en materia penal, así:
“Se inadmitirán las pruebas
que no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o
las que hayan sido obtenidas en forma ilegal. El funcionario judicial rechazará
mediante providencia interlocutoria la práctica de las legalmente prohibidas o
ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las
manifiestamente superfluas.”
Establecido lo anterior, se puede concluir que conforme
con el criterio del Juez y el asunto que se pretende probar, éste tiene la
potestad de rechazar aquellas pruebas que considere ineficaces, impertinentes y
superfluas, a través de auto interlocutorio, aspecto que, como específicamente
quedo expreso, se surtió a cabalidad.
Ahora bien, se reitera que el denominado defecto fáctico
hace alusión a las irregularidades de orden probatorio configuradas al interior
de un proceso, que conforme a lo establecido en la jurisprudencia de la Corte,
se presenta en dos dimensiones, una negativa y otra positiva. La primera, que
es la que interesa en este punto, se refiere de manera genérica a actitudes
de abstención del juez, así se configura cuando (i) por ignorar o no valorar,
injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso[107];
(ii) por decidir sin el “apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[108]; (iii) por no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo[109].
La segunda dimensión se refiere a actuaciones positivas del juez e incurre
en él ya sea, (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si
estas resultan determinantes en el sentido de la decisión[110]; o (v) por decidir con
medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho
en que se basa la providencia[111].
En términos generales el error fáctico consiste en acciones u omisiones
probatorias del juez de conocimiento, que por haber sido cometidas inciden de
manera directa en el sentido de la decisión tomada y que de no haber ocurrido
se habría adoptado una decisión en sentido contrario.
En ese orden de ideas, el juez constitucional puede
intervenir en las decisiones adoptadas por el ordinario, siempre que éste se
aparte de los principios de la sana crítica, es decir, valorar cada situación
de orden probatorio bajo estrictos criterios objetivos y racionales.
Descendiendo al presente defecto alegado, se destaca que
el actor advierte la falta de práctica de algunas pruebas que le permitirían
edificar su estrategia defensiva, no obstante, tal afirmación carece de
sustento, atendiendo a que como quedó ampliamente demostrado, el vasto material
probatorio solicitado por la parte actora fue valorado de manera concienzuda,
procediendo a descartar aquellas que no eran consideradas importantes al
interior del proceso penal adelantado, ya fuera por su impertinencia, falta de
relevancia y/o en algunos casos, al resultar inútiles frente al asunto sobre el
que giró el proceso penal.
Además, resulta importante destacar que no se aprecia por
parte de órgano judicial accionado una actitud abusiva o irracional, fundada en
su potestad discrecional de ordenar o no la práctica de una prueba, que haga
procedente la presente acción de tutela, toda vez que en todo momento las
solicitudes probatorias de la defensa estuvieron precedidas de una valoración
que condujo a que algunas de ellas fueran negadas o rechazadas, lo que
necesariamente no conlleva que haya dejado de practicar y valorar un amplio
espectro probatorio.
En tal medida, es claro para esta Sala de Revisión que el
ente judicial accionado estudió cada requerimiento hecho por la defensa, siendo
descartadas aquellas que en criterio del juez ordinario no ayudaban al
desarrollo del asunto sometido a examen. Cosa distinta es que la parte actora
no comparta el criterio expuesto en esa oportunidad, lo que no necesariamente
configura una irregularidad.
6.3.2.  Valoración inadecuada
de las pruebas allegadas.
6.3.2.1. Las irregularidades en las que funda este
argumento, se refieren específicamente a:
(i)
Por la negativa en practicar algunas pruebas, la defensa no pudo
demostrar que el actor fue víctima de un montaje orquestado por sus
contradictores políticos;
(ii)
la sentencia condenatoria, se fundamentó en las denuncias presentadas
por cinco personas ante la Personería Municipal de Mitú, habiéndose retractado
algunas de ellas, situación que para la Corte Suprema de Justicia no afectó su
credibilidad, atendiendo a que, en su criterio, dicha situación fue producto de
una serie de intimidaciones, conforme lo sugirieron unos escritos anónimos;
(iii)
a pesar de que en la sentencia atacada no se hace alusión a los citados
anónimos, su línea argumentativa guarda estrecha relación con las providencias
en las que se resolvió la situación jurídica del procesado y se profirió
resolución de acusación, donde expresamente se hizo alusión al valor probatorio
dado a dichos documentos;
(iv)
no se apreció en conjunto todo el material probatorio, toda vez que, la
Sala de Casación Penal valoró casi en exclusividad las primeras declaraciones
de los denunciantes, haciendo simple referencias enunciativas, inespecíficas o
genéricas de los demás medios de prueba.
En esa medida, considera que la autoridad judicial
accionada debió (i) fijar los medios probatorios para así adelantar un análisis
individual de cada uno de ellos; (ii) confrontar cada una de las pruebas para
establecer su concordancia o discordancia y de esta manera precisar su
credibilidad; y (iii) por último, debió extraer una conclusión global del
conjunto probatorio.
Frente a las retractaciones, afirma que la Sala de
Casación Penal estimó que en nada modificaban las denuncias iniciales, en tanto
dio por probado el hecho de que los declarantes habían sido presionados por el
procesado y algunos de sus colaboradores para tal efecto.
Aunado a lo anterior, refiere que en el testimonio de
Enrique Neira, si bien se afirma haber visto que uno de los denunciantes, en
concreto Pablo Barbosa, ingresó a la casa de la señora Alcira, conocida del
señor Fabio Arango, nunca pudo precisar con qué fin lo hizo, limitándose a
decir que ingirió alcohol, lo que no es indicativo de nada, contrario a lo que
estima la Corte. Posteriormente pudo verificarse que María La Luz Betancur,
otra de las denunciantes, nunca abandonó el Departamento por supuestas
amenazas, como lo había señalado el mismo testigo, donde se puede establecer
que no existió influencia alguna por parte del actor en las retractaciones.
Concluye señalando que fue condenado con base en cinco
declaraciones, cuya credibilidad, de acuerdo con la ley debe someterse a un
análisis más denso y estricto, máxime cuando dieciséis testimonios inclinaban
la balanza a su favor.
6.3.2.2. Con el objetivo de resolver los argumentos
expuestos por el accionante en este punto, se adoptará el siguiente esquema de
solución.  En primer término se hará alusión a lo establecido por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los autos a través de los
cuales definió situación jurídica y acusó al ex Representante Arango Torres,
por ser aquellas las decisiones donde aduce serias inconsistencias y,
posteriormente, se hará alusión a lo consagrado en la sentencia condenatoria.
Una vez cumplido este objetivo, se procederá a hacer las valoraciones
correspondientes por parte de esta Sala de Revisión.
- Auto del 30 de septiembre de 2009, a través del cual se
decidió la situación jurídica del ex Representante Arango Torres[112].
En esta oportunidad la Sala de Casación, destacó la relevancia de las denuncias
presentadas ante la Personería Municipal de Mitú.
“4. Desde los mismos
inicios del proceso investigativo se ha contado con prueba directa,
representada en las quejas que presentaron ante la Personería Municipal
miembros de la comunidad indígena de Mitú, a través de las cuales y en forma
puntual denunciaron que se les suministró dinero por parte de Fabio Arango para
que votaran a favor del señor José Leonidas Soto, candidato en ese entonces de
la Gobernación del departamento:
‘...antes.de las elecciones
en la noche, nos llevan a la casa del señor Amaya, a pasamos una plata
para que nosotros votáramos por el señor JOSE LEONIDAS SOTO[113]’.
‘...EI señor FABIO ARANGO
TORRRES me ofreció a mi y a unos compañeros plata para que votara por el
señor JOSE LEONIDAS SOTO...[114]’.
¿Cómo desestimar la
credibilidad de tan valiosos ciudadanos?; personas humildes, que concurrieron
ante una autoridad que les resultó confiable a presentar sus quejas, que aún
cuando por simples no menos importantes y comprometedoras, frente a un puntual
tema: el Representante a la Cámara Fabio Arango Torres les compró su voto para
la Gobernación en las pasadas elecciones del año 2007, el propósito, que le
dieran apoyo al candidato José Leonidas Soto. Éste es el cargo que desde la
etapa primigenia de la investigación obra en contra del aforado y el que se fue
afianzando en el trámite instructivo adelantado.
La acusación así planteada
se ofreció una constante en el dicho de los miembros de la etnia que decidieron
denunciar ante la personería: Pablo Barbosa Hernández, María La Luz Betancurt,
Mariano Díaz Díaz y Manuel Rodríguez Anzola.”
Posteriormente, se refirió a los distintos testimonios
vertidos a favor del actor, lo que en criterio de esa Corporación no restó
credibilidad a los dichos de los denunciantes. Aunado a lo anterior, hizo
alusión a los escritos anónimos, que señalaban un posible constreñimiento
tendiente a alcanzar la retractación de las denuncias[115].
“5. A tan puntual denuncia,
y es situación que la Sala no puede soslayar, concurrió al trámite, igualmente,
un número significativo de testigos, copartidarios, amigos del representante,
quienes rindieron sus posturas frente a la legalidad en las actuaciones del
procesado Fabio Arango Torres en los comicios que se desarrollaron en octubre
de 2007, sin embargo, ello, como se verá, no tuvo la potencialidad de
desacreditar, deslegitimar la credibilidad que para la Corporación le merecen
las quejas iniciales presentadas por el grupo de ciudadanos indígenas frente a
lo que ellos consideraron actuaciones irregulares del representante a la Cámara
Fabio Arango Torres.
6. Las quejas, han estado
acompañadas de distintos escritos anónimos, suscritos por los analistas (aducen
que no se identifican por cuanto sus vidas correrían peligro) quienes alertan a
la Corte sobre una situación particular, desencadenada por el trámite del
proceso: los señores Pablo Barbosa, Álvaro Ramírez y Enrique Llanos, han sido
presionados para que cambien su inicial versión; exigencia que ha cobijado a la
señora María Luz Betancurt[116].
Esta información no resulta
insular. El caso particular está referido a Pablo Barbosa, miembro de la
comunidad Virabazú, presidente de la Junta de Acción comunal, quien acudió el 1
de noviembre de 2007 a la Personería Municipal de Mitú y denunció:
‘...antes de las elecciones
en la noche, nos llevan a la casa de señor Amaya, a pasamos una plata para que
nosotros votáramos por el señor JOSE LEONIDAS SOTO...[117]’.
A la pregunta sobre la
persona que les entregó el dinero y su cuantía, respondió:
‘...FABIO ARANGO…De a
$20.000.00 a cada persona...’.
Y qué sucede? al comparecer
ante el funcionario comisionado se retracta[118],
excluye al procesado Fabio Arango de responsabilidad, situación que para la
Sala si bien se torna preocupante, encuentra una explicación válida: los
iniciales denunciantes han sido objeto de intimidaciones.
Una muestra de ello, son
los anónimos a través de los cuales se ha pretendido ilustrar a la Corte sobre
tan reprochable proceder y el otro la declaración de Enrique Neira[119]
quien informa que observó cuando encerraron al señor Pablo Barbosa en la casa
de ALCIRA, sin que le sea posible señalar cuál era su fin:
‘...Si conozco de cierta
forma, de que es verdad porque yo vi cuando encerraron en la casa de
ALCIRA al señor PABLO BARBOSA, no se si con el fin de impedir las declaraciones
allí mencionadas, tanto así que al señor me lo encontré al otro día en un (sic)
“GUYABO”, le pregunté qué había pasado y me dijo que lo habían tenido bebiendo y
comiendo “QUIÑAPIRA”, que posteriormente había llegado el Dr. FABIO ARANGO y después
el gobernador JOSE LEONIDAS SOTO MUÑOZ...’.
Versión que no se quedó
solitaria, en la medida en que, a través de un segundo escrito concurre
nuevamente el señor Pablo Barbosa[120]:
‘…Esto fue la verdad y nada
más que la verdad que el señor parlamentario Fabio Arango y la señora Marina
(la paisa) la más conocida en Mitú fueron los que les ayudaban a comprar los
votos de $20.000 a cada persona...’.
Y más adelante, frente a
las intimidaciones, refirió:
‘...también menciono que
fui precionado (sic) en mis declaraciones ante la contraloría y el
despacho judicial en el mes de mayo de 2008 por el señor abogado...’.
La Sala se permite destacar
la plena identidad de su signatario, toda vez que se dispuso a través del
C.T.I. realizar confrontación dactiloscópica entre la huella estampada y la
obrante en la Registaduria Nacional del Estado Civil concluyéndose que resultó
positiva al existir coincidencia en su morfología, topografía y ubicación de
puntos característicos[121].
Es importante tener en
cuenta que el dicho de Enrique Neira igualmente se refirió a la testigo María
Luz Betancurt, al interrogarse la razón por la que tuvo que abandonar el departamento
una vez declaró. Frente a tan puntual aspecto considera la Sala que el sentido
común ofrece una respuesta posible, y es que de los iniciales denunciantes,
ésta mantuvo su primigenia versión, no se retractó[122]:
‘...E1 señor Fabio Arango, me
entregó veinte mil pesos ($20.000), y me dijo que votara por el señor José
Leonidas Soto Muñoz…’.
(...)
‘...Si a varios, en el
parque que queda a1 pie del comando de Policía...’.
La Sala, merced a la
situación de violencia que aqueja al país, a la intervención de distintos
actores armados en el destino de Colombia y a la apabullante ola de corrupción,
no es ajena a las distintas situaciones que en un momento dado y en lugares tan
lejanos pueden rodear a los testigos que pretendan mantener una denuncia en
contra de determinado líder político.”
En aparte posterior, la Corte Suprema de Justicia reitera
que los testimonios vertidos en contra del dicho de los denunciantes no
alcanzan a desvirtuar lo consignado por ellos, toda vez que resultan
contradictorios en aspectos neurálgicos como la situación en que se desarrolló
el ejercicio electoral.
“Si bien al proceso
concurrieron distintas personas a desestimar tanto las iniciales denuncias, así
como la coacción postrera a sus deponentes, no consiguen su propósito como es
restarle credibilidad a los dichos de los denunciantes. Una muestra de la
incredulidad frente a este grupo es la versión rendida por Rafael José Pérez
Herazo (fl.207, cuad. 1), personaje que se muestra extrañado por la compra de
votos en la ciudad de Mitú en los comicios de octubre de 2007 al señalar que
existieron operativos tanto del ejército como de la policía para prevenir tal
situación, cuando lo cierto es que el propio Arango Torres en su diligencia de
indagatoria acepta que lo sorprendió bastante la situación irregular que se vivió
en el municipio. En estos términos se expreso:
‘...Quiero resaltar que en
mi trajinar político nunca había visto un proceso electoral tan contaminado de
actores al margen de la ley, que quisieron imponer bajo amenazas y
constreñimiento el candidato de sus preferencias...[123]’.
La Sala quiere significar
que no fueron precisamente unas elecciones pacificas, tranquilas como quiso
presentarlas Rafael José Pérez Herazo, lo que le resta credibilidad a su
versión como que su intención fue la de presentar un escenario distinto al
real, con lo que le impidió a la Corte de la mano de su dicho recrear el
escenario en que se sucedieron los hechos investigados.
Adicional a lo dicho, las
originarias denuncias no se ofrecen insulares, no obstante la retractación
posterior de los declarantes, salvo con la rendida por la señora María Luz
Betancurt, por cuanto obra al proceso igualmente el audio que recoge las
distintas versiones de los denunciantes, las que no obstante presentar algunas
confusiones e incoherencias, conservan en lo esencial intacta la denuncia en
cuanto señalan que Fabio Arango suministró dinero a la comunidad a cambio de
que sufragaran por el candidato Soto a la gobernación.”
Por último, destaca la Sala de Casación Penal que a pesar
de que bajo los mismos hechos el actor fue absuelto disciplinariamente, tal
situación no conlleva a que el proceso penal tenga el mismo destino, atendiendo
a que se tratan de causas jurídicas distintas.
“Finalmente, el hecho de
que por idéntica conducta se le hubiese absuelto disciplinariamente al
procesado, no comporta que la decisión en la actuación penal conlleve el mismo
norte ya que se trata de responsabilidades distintas. Igualmente, dígase que la
prueba tanto documental como testimonial obrante al plenario no le permitió a
la Sala darle credibilidad al dicho del procesado en cuanto a que se trata de
una persecución política, ya que esa situación no se avizoró.”
De lo expuesto hasta el momento se colige que, en el auto
en que se definió situación jurídica al actor no se fundamentó en los anónimos
que fueron presentados a lo largo del proceso, por el contrario, se destacó el
valor probatorio de las denuncias, así como elementos de juicio adicionales a
fin de verificar los aspectos necesarios para dictar la medida de aseguramiento
respectiva.  En este punto, conviene destacar que si bien se presentaron
retractaciones por parte de algunos denunciantes, éstas resultaron incoherentes
frente a lo concordante de lo expuesto en su primera versión, aspecto que fue
corroborado a partir de la ratificación hecha por María La Luz Betancur, el
escrito remitido por Pablo Barbosa[124], y la declaración de
Enrique Neira.
- Auto del 20 de enero de 2010, por medio del cual la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia calificó el mérito del
sumario acusando al ex Representante Arango Torres.  En esta oportunidad el
cuerpo colegiado accionado destacó cada uno de los elementos materiales
probatorios a fin de determinar la procedencia de la acusación, descartando a
su vez los argumentos esbozados por la defensa.
Al respecto, en primer término se hizo referencia a la
importancia de las denuncias vertidas en torno a la compra de votos en las
elecciones adelantadas en octubre de 2007, en la ciudad de Mitú, Vaupés.
“los testimonios de Pablo
Barbosa, y María La Luz Betancurt, revelan que ante la autoridad más cercana
del lugar dieron cuenta de un hecho que advirtieron como irregular, esto es,
que a la casa del señor Amaya  fue convocado un grupo aproximado de 40
personas, a quienes a cambio del voto a favor del candidato Soto, se les
gratificó con licor  y la suma de veinte mil pesos;  hecho del que igualmente
dio cuenta  Milcidades Jaramillo, perteneciente a la comunidad Yuruti y Mariano
Díaz, quien precisa haber advertido la entrega de dinero a Servando Ramírez,
Álvaro Ramírez, Carmen Rodríguez, Fabio, Sandra Rodríguez y Enrique Llanos.”
Adicionalmente argumentó el órgano judicial accionado, que
las denuncias referentes a la compra de votos estuvieron acompañadas de una
serie de escritos anónimos en los cuales se hizo alusión a las supuestas
presiones ejercidas sobre algunos denunciantes a fin de que cambiar sus
versiones iniciales.
“Estas denuncias
primigenias no se sucedieron insulares en la actuación, en la medida en que se
incorporaron distintos escritos anónimos[125],
a través de los cuales se  advertía un hecho igualmente irregular y grave: los
denunciantes, Pablo Barbosa, Álvaro Ramírez y Enrique Llanos, habían sido
objeto de presiones encaminadas a mutar sus  versiones incriminatorias.”
La anterior situación llevó a esa Corporación a encontrar
una explicación frente a las distintas y discontinuas retractaciones que se
presentaron a lo largo del proceso, lo que los obligó a hacer un estudio en
conjunto de los distintos momentos procesales en que los denunciantes rindieron
sus declaraciones.
“Esa circunstancia permitió
a la Sala encontrar  una explicación a las distintas e intermitentes
retractaciones que se suscitaron durante el avance del trámite investigativo,
que no puede ser otra que  la de admitir y aceptar como verosímil y cierto el
contenido de los anónimos. Si bien es cierto que algunos de los  denunciantes
se retractaron, esta circunstancia por sí sola no deslegitima y mucho menos
impide, el riguroso escrutinio global de los distintos momentos procesales en
que concurrieron a exponer su dicho, toda vez que, como lo tiene dicho la
Corte en reiterada jurisprudencia, la retractación no implica per se descartar
el testimonio inicial del deponente.”
Conforme con lo señalado procedió a referirse en concreto
a lo expuesto en el testimonio del señor Pablo Barbosa, uno de los denunciantes
quien posteriormente se retractó y finalmente, a través de un escrito ratificó
su dicho inicial.
“La propuesta argumentativa
así expuesta está referida expresamente al testimonio vertido por el señor
Pablo Barbosa, perteneciente a la comunidad Virabazú, en su calidad de
Presidente de la Junta de Acción Comunal, testigo que no obstante haber sido
enfático, categórico, directo en denunciar que el día antes de las elecciones
de octubre de 2007 fue convocado, junto con otras personas, a la vivienda del
Señor Amaya en donde Fabio Arango les entregó la suma de veinte mil
pesos a cambio de que votaran por el candidato de su preferencia, decide
posteriormente asegurar que para entonces estaba borracho y, si bien acepta
haber recibido dinero a cambio de su voto, sostiene que Fabio Arango Torres no
fue protagonista de ese suceso.
Pero ahí no terminaron las
intervenciones del señor Barbosa al interior del plenario, como que, con posterioridad,
remitió un escrito, cuya identidad de su signatario fue plenamente determinada[126]
por la Corte a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía
General de la Nación, por cuyo medio ratificó la primigenia acusación:
‘…Esto  fue la verdad y
nada mas que la verdad que el señor parlamentario Fabio Arango y la señora
Marina (la paisa) la mas conocida en Mitú fueron los que les ayudaban a comprar
los votos de $20.000 a cada persona[127]’
Estas posturas así
encontradas e inadmisibles, imponen a la Sala, en consonancia con  la
jurisprudencia decantada en materia de valoración probatoria, efectuar un
trabajo analítico, de comparación,  de cada una de sus intervenciones, con el
propósito de extractar la verdad real de lo que el testigo avizoró; determinar
la razón por la cual se ofrece contradictorio el testimonio, y en últimas,
estimar su credibilidad.
En ese propósito, se
observa cómo,  en el mismo escrito, el testigo afirma que fue presionado en sus
declaraciones, situación que ya había sido expuesta en los distintos escritos
anónimos, lo que le permite a la Sala inferir que, a no dudarlo,  el único
motivo y razón de su retractación estuvo determinada por esa puntual y
reprochable circunstancia.”
Seguidamente resalta lo expuesto en el testimonio de
Enrique Neira, quien en su versión indicó como percibió las presiones de que
fue objeto el señor Pablo Barbosa.
“La veracidad del relato
inicial de Barbosa se robustece con el testimonio de Enrique Neira, quien en
forma  clara y espontánea, sostuvo que observó cuando encerraron al señor Pablo
Barbosa en la casa de Alcira[128];
su relato  se asoma creíble y despojado de toda fantasía y maliciosa invención.
Expuso al respecto:
‘…Si conozco de cierta
forma, de que es verdad porque yo vi cuando encerraron en la casa de ALCIRA al
señor PABLO BARBOSA, no se si con el fin de impedir las declaraciones allí
mencionadas, tanto así que al señor me lo encontré al otro día en un (sic)
“GUYABO”, le pregunté qué había pasado y me dijo que lo habían tenido bebiendo
y comiendo “QUIÑAPIRA”, que posteriormente había llegado el Dr. FABIO ARANGO y
después el gobernador JOSE LEONIDAS SOTO MUÑOZ’.
Entonces, para la Sala,
resulta de obligada credibilidad el testimonio inicial de Pablo Barbosa y el de
sus acompañantes que relatan en forma simple y espontánea la forma como Fabio
Arango les había pagado, la noche anterior a los comicios electorales del
2007, la suma de veinte mil pesos a cambio del voto por el entonces candidato
Soto.
Son estas las razones que
conducen a la Corte a discrepar de la postura conceptual de la defensa,
enfocada a descalificar al testigo Barbosa y  a los demás denunciantes, pues es
claro que  su segunda versión no obedeció a ninguna bien intencionada
corrección, sino al nocivo influjo de presiones indebidas que en nada
comprometen la intangibilidad de la denuncia inicial.”
Además, se resaltaron las diversas declaraciones rendidas
por María La Luz Betancurt, referente a la compra de votos por parte del
procesado.
“Como con acierto lo
destacó el Señor Procurador Delegado, la prueba directa con que se cuenta el
proceso acerca de la existencia de la conducta punible y de la responsabilidad
del acusado, la testigo María Luz Betacurt mantuvo indemne su declaración
inicial, esto es, corroboró que Fabio Arango le pagó la suma de $20.000
a cambio de que votara por el candidato José Leonidas Soto Muñoz.”
Finalmente, se hizo alusión a las distintas declaraciones
rendidas por el señor Milciades Jaramillo, denunciante que se retractó en
desarrollo del proceso penal.
“Ahora bien, en la segunda
versión rendida ante funcionario judicial por Milciades Jaramillo[129],
aceptó haber recibido una suma de dinero a cambio de votar por el candidato
José Leonidas Soto, aseveración que coincide plenamente con las versiones
iniciales y, así el declarante descarte el protagonismo del procesado, su
relato  armoniza con otros de miembros de la comunidad Yurutí que recibieron la
propuesta corruptora.
Así, aun cuando en su
ampliación el testigo se esfuerce por descartar el compromiso del procesado, su
versión inicial se percibe como trasunto fiel de lo verdaderamente acontecido,
vale decir, el ofrecimiento corruptor a los electores en procura de alcanzar
provecho en favor del candidato José Leonidas Soto.
Aunque en su relato inicial
el testigo no mencionó a Fabio Arango Torres como la persona que
entregaba el dinero, posteriormente sí se ocupó de él para exculparlo con
acentuado empeño, circunstancia que degrada la credibilidad de sus asertos.
En palabras más sencillas,
el reparo de la Sala reside en advertir que si en el primer relato no se ocupó
de señalar a Fabio Arango como la persona que le había cancelado una
suma de dinero a cambio de su voto, no se encuentra razón atendible para que en
su ampliación tal circunstancia le mereciera especial e inusitada atención.”
Dentro de otro aspecto a desarrollar, descartó la exposición
hecha por algunos testigos frente a la manera en que se cumplió el proceso
electoral del 27 de octubre de 2007.
“Desestima la Sala la
versión de otro grupo de deponentes, entre otros, el señor Rafael José Pérez
Herazo[130]
que, cotejado con la totalidad del material probatorio, se ofrece inverosímil
como que nadie, ni siquiera el propio procesado se negó a aceptar que
concurrieron situaciones irregulares en los comicios celebrados en Mitú en
octubre del año 2007, situación que inopinadamente resultó extraña al testigo,
no obstante reconocer que se desplegaron diversos operativos, tanto del
ejército como de la policía, para prevenir  este tipo de situaciones.”
En orden a lo señalado, se puede establecer que la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al momento de proferir
acusación en contra del ex Representante Arango Torres, estudió en conjunto el
materia probatorio con que contaba para ese momento, encontrando suficientes
elementos de juicio que le permitieron arribar a la decisión referida. En tal
medida confrontó cada una de las declaraciones vertidas por los iniciales
denunciantes, encontrando que, como se expuso ampliamente, entre ellas existía
una versión concordante inicial y posteriores retractaciones de cierto grupo,
así como ratificaciones de otro lado, situación que llevó a concluir que los
anónimos en los que se denunciaba la presión a los testigos no carecía en
absoluto de sustento.
- Finalmente en la sentencia del 8 de julio de 2010, donde
el Tribunal Supremo accionado decidió condenar al actor, se hicieron las
siguientes precisiones de orden probatorio[131].
La Sala de Casación accionada, inició por destacar cómo
tuvo conocimiento de la conducta penal objeto de juicio.
“La noticia criminal llegó
a  conocimiento de la Corte merced a sendas quejas presentadas ante el
Personero Municipal por algunos ciudadanos de Mitú pertenecientes a distintas
comunidades indígenas. En ellas daban cuenta que el señor Fabio Arango
Torres, la noche previa a la celebración de las elecciones del mes de
octubre de 2007, les había entregado una suma de dinero para que votaran por el
candidato a la Gobernación José Leonidas Soto.”
Posteriormente, de la mano de las pruebas recaudadas,
empezó por desvirtuar los argumentos expuestos por la defensa y procedió a
edificar los fundamentos que sirvieron de base para la condena. El primero de
los aspectos a debatir versó sobre la posible parcialidad del Personero
Municipal de Mitú, autoridad que recibió las denuncias iniciales en contra del
ex Representante Arango Torres.
“Una primera réplica de la
defensa está referida al complot del funcionario público que recepcionó tales
denuncias, como que se le señala de haber maquinado, fabricado las acusaciones,
limitándose los denunciantes a firmarlas.  La razón: se trataba de un
adversario político que había puesto su cargo a favor del señor Ladino Vigoya,
contradictor político del congresista implicado.
Una tal conclusión le
impone a la Sala acometer la valoración de tan grave conclusión, como que no
hay que desatender que se trata del Agente del Ministerio Público,
representante de la sociedad, como bien lo destacó el Señor Procurador Judicial
ante la Corte en el debate de audiencia pública.”
A efectos de evacuar la tesis defensiva, se hizo alusión a
las distintas declaraciones vertidas por María La Luz Betancurt, Pablo Barbosa
Hernández y Milciades Díaz Díaz[132].
“i) La segunda versión
rendida por María La Luz Betancur Inambu, de fecha 24 de abril de 2008, se
surtió ante funcionario judicial comisionado por la Corte, esto es el Juez
Promiscuo del Circuito de Mitú.  En aquella oportunidad, frente al cargo la
testigo indicó:
‘….El señor Fabio Arango,
me entregó veinte mil pesos ($20.000), me dijo que votara por el señor José
Leonidas Soto Muñoz…’.
Ante otra pregunta a cargo
del comisionado, informó:
‘…si a varios, en el parque
que queda al pie del comando de Policía…’.
Lo informado por esta
testigo se ofrece idéntico a lo narrado ante el Personero Municipal, con lo que
se derruye la propuesta de la defensa en cuanto a la supuesta manipulación por
parte del Personero Municipal, como que de haber sido, seguramente su segunda
postura hubiere variado sustancialmente, lo que no aconteció.
ii) Pablo Barbosa
Hernández, en su segunda aparición al plenario, oportunidad en que si bien se
retractó de la puntual incriminación efectuada en principio, en contra de Fabio
Arango Torres, no hizo lo mismo en lo relacionado con la aceptación del
dinero a cambio de su voto, toda vez que así lo hizo saber:
‘…fue lo siguiente en ese
momento yo estaba borracho yo nunca vi que FABIO ARANGO TORRES le dio plata en
su (sic) propias manos incluso cuando yo recibí esa plata nunca recibí
de las manos del señor parlamentario, uno de los coordinadores me pasó los
veinte mil pesos (20.000) yo lo (sic) recibí porque además los necesitaba para
darle a mis hijos y a mi señora al instante me retire de ese lugar[133]’.(subraya
fuera del texto).
Esa referencia probatoria
permite a la Corte concluir obligadamente  que uno y otro testigo en sus
declaraciones vertidas, una vez ante la Personería Municipal y la otra ante el
Juzgado Promiscuo del Circuito (funcionario judicial que no  fue descalificado
en su probidad por la defensa)  dan cuenta de la compra de votos en la misma
fecha, a favor del mismo candidato, con identidad de circunstancias.
Entonces, no existe la
imaginada maquinación, ardid, componenda, por parte del Personero Municipal que
lo condujera a inventar un hecho delictuoso, con el único propósito de
perjudicar  su adversario político y de sus benefactores.
A lo dicho debe agregarse
que en la etapa del juicio el declarante Milciades Jaramillo apunta a
corroborar que ninguna manipulación ni manejo indebido pudo sucederse en la
recepción de los testimonios. En un pasaje de su declaración se lee:
‘esa hoja decía lo que
Usted había dicho?...[134]’.
A lo que respondió:
‘Si lo que yo había dicho,
no había cambiado[135]…’.
Entonces, ningún asidero
probatorio soporta la tesis argumentativa de la defensa y el procesado en
cuanto a que el Personero Municipal de Mitú prestó su colaboración para una
supuesta confabulación contra su asistido, ya que una tal conclusión, contrario
a lo pretendido, se encuentra desvirtuada con los testimonios referenciados por
la Sala.”
Superado lo anterior, procedió a destacar el valor
probatorio de las denuncias presentadas ante la Personería Municipal de Mitú.
“7) Pero además, ¿Qué
informa este grupo de pobladores, cuál es realmente el poder incriminatorio de
su dicho?
‘bueno, lo que nos paso
(sic) a nosotros fue que vinimos de la trayectoria de ocho horas de la
comunidad a mitú (sic), antes de las elecciones en la noche, nos llevan a la
casa del señor Amaya, a pasarnos una plata para que nosotros votáramos por el
señor JOSE LEONIDAS SOTO. PREGUNTADO. Quién les pasó la plata? CONTESTO. FABIO ARANGO.
PREGUNTADO: Cuanto (sic) les dieron? CONTESTO: De a $20.000.oo…[136]’.
Esta imputación  proviene
de la versión rendida por Pablo Barbosa Hernández, la que es coadyuvada en
forma directa por María La Luz Betancurt:
‘…El señor FABIO ARANGO
TORRES me ofreció a mí y a unos compañeros plata para que votara por el señor
JOSE LEONIDAS SOTO(…)El me dio veinte mil pesos y me dijo que consiguiera mas
gente…[137]’.
Como bien se puede apreciar
el cargo es tajante, sin adornos, ni ambages; incriminación que a su turno
condensa el dicho, entre otros, de Mariano Díaz Díaz:
‘…Pescadito[138]estaba
repartiendo de a 20 mil pesos, a favor de SOTO, no era mayor cosa…’.
A la pregunta respecto a si
había recibido dinero, informó:
‘…si, yo recibí 20 mil
pesos, a favor de pescadito, pero no voté por SOTO, la mayoría votamos por
MELENDEZ…’.
Cuando se le interroga por
el sitio, el día y la hora así lo referenció:
‘…como a las 7 y media de
la noche del sábado 27 de octubre, al pie de la Registraduría…’.
En idéntico sentido, Manuel
Rodríguez Anzola[139]:
‘…Vea doctor, lo que pasa
es que JOSE LEONIDAS SOTO a todos los votantes de la comunidad de Virabazú nos
dio una platica, a cada uno nos dio $20.000.oo…’
Frente al interrogante de
la persona que entregó el dinero, respondió:
‘…Fabio Arango, el fue el
que nos entregó la plata…’.
Entonces, como bien tuvo la
Sala la oportunidad de señalarlo en las anteriores decisiones de fondo
proferidas dentro de la presente actuación, las iniciales denuncias no
despiertan ningún motivo que permita dudar de su credibilidad, contrario sensu,
son contestes, provienen de personas de las que no se asoma ninguna
circunstancia que ponga en tela de juicio su veracidad, su dicho se aprecia
sincero, categórico, al relatar su conocimiento directo de los hechos.”
En cuanto a las retractaciones hechas por los ciudadanos
denunciantes, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
encontró que dicha figura por sí sola no conlleva a su pérdida de credibilidad,
por lo que optó por hacer una valoración en conjunto del material probatorio
con que se contaba, llegando a la conclusión que esta situación obedeció a
intimidaciones de las que fueron objeto estas personas.
“La primigenia
incriminación fue objeto de la retractación de algunos de sus signantes, entre
ellos, el señor Pablo Barbosa, por lo que se impone escrutar, valorar, sus
distintas intervenciones, en aras de desentrañar el verdadero alcance de su
dicho, como que ella sola per se no determina la pérdida de credibilidad.  Con
ese propósito, es que se advierte que este testimonio, como él mismo lo refirió
a través del escrito remitido a la Corporación, fue intimidado, circunstancia
que explica y, sustenta el cambio de postura.
Idéntica información,
relacionada con las presiones a determinados testigos y, más específicamente a
Pablo Barbosa, fue conocida por la Sala  a través del testimonio de Enrique
Neira, declarante, que si bien no plasmó una incriminación directa, ni sobre la
ocurrencia de los hechos, ni mucho menos sobre sus autores, a través de su
dicho, el que se considera desprovisto de toda intención de perjudicar al
procesado[140],
se conoció:
‘Si conozco de cierta forma,
de que es verdad porque yo vi cuando encerraron en la casa de ALCIRA al señor
PABLO BARBOSA, no se si con el fin de impedir las declaraciones allí
mencionadas, tanto así que al señor me lo encontré al otro día en un (sic)
“GUAYABO”, le pregunté qué había pasado y me dijo que lo habían tenido bebiendo
y comiendo “QUIÑAPIRA”, que posteriormente había llegado el Dr. FABIO ARANGO y
después el gobernador JOSE LEONIDAS SOTO MUÑOZ[141]’.
Y es que no es posible
desconocer las interferencias, de uno u otro bando en los distintos testigos,
que la Sala extracta  con apoyo en  lo informado por Milciades Jaramillo en su
última presentación en el proceso, al advertir la presencia de personas
contradictoras del procesado cuando concurrió a rendir su segunda versión en el
presente trámite.  Sin embargo, el final del episodio, se ofrece semejante al
señalado en el acápite precedente: fue llevado a la casa del señor Gobernador
José Leonidas Soto donde se habló con el doctor FABIO ARANGO.
Para la Sala no resulta
desconocido que un proceso de  naturaleza penal, adelantado contra un personaje
público y de gran representatividad en una comunidad pequeña,  a más que
provista de significación política,  conlleva a que los partidarios de los dos
grupos políticos pretendan imponer su propia postura al proceso.
La versión vertida por el
señor Pablo Barbosa en su denuncia primitiva es contundente, incriminatoria
frente al hecho cierto, conocido y plenamente demostrado en el paginario: FABIO
ARANGO TORRES, canceló sendas sumas de dinero en cuantía de $20.000 a
algunos miembros de las distintas comunidades indígenas del Mitú, con un
propósito particular: favorecer con su voto al entonces candidato a la
Gobernación, José Leonidas Soto.”
Por otra parte, se hizo alusión a la manera en que se
llevó a cabo el proceso electoral objeto de examen, destacando que en todo
momento estuvo regido por un ambiente irregular.
“3. También resulta
importante en este acápite valorar el testimonio de la señora Marina Giraldo
Urrea[142],
persona que se presenta como la representante del partido Cambio Radical[143]
en Vaupés desde el año pasado y, quien refiere que desde hace diez años
aproximadamente trabaja con el procesado.  Indica que el día de los comicios
llegaron hasta su almacén funcionarios de la Procuraduría, quienes le advierten
sobre quejas en su contra por presunta compra de votos, lo que la lleva a
abandonar su negocio.
Esta circunstancia, aún
cuando en apariencia insignificante, cumple un cometido: el desarrollo de los
comicios no se advertía tan pacífico, se presentaban informes sobre corrupción,
apuntalamiento que resquebraja aún más la tesis de la defensa, en cuanto a que
el juicio de reproche en contra del acusado se construyó con base a una mera
invención a cargo del Personero Municipal y su grupo político.
4. Idéntico propósito lo
satisface la declaración rendida por el señor Mauricio Becaria, funcionario de
la Procuraduría General de la Nación en Mitú para la época, quien informa  cómo
el día de las elecciones recibió quejas por parte de algunos ciudadanos
respecto a actos de corrupción en las elecciones, lo que lo llevó, en compañía
del Fiscal y del Personero Municipal a trasladarse al sector señalado, pese a
que al llegar al sitio no observaran ninguna irregularidad.
El referente es importante
en la medida en que  desvirtúa la prédica constante de la defensa cuando
advierte que por virtud de la presencia policiva los comicios se desarrollaban
en total normalidad, ello no es así, pues como se ha hecho notar por distintos
medios probatorios se advertían situaciones irregulares que ponían en tela de
juicio el normal desarrollo de los comicios.
(…)
Ahora bien, la  presencia
de fuerza pública el día de los comicios, no es materia de discusión; además
las distintas autoridades, a través de los funcionarios que comparecieron al
proceso, esto es, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría Pública, Policía Nacional,
a través de la Policía Judicial, desestimaron que en el desarrollo de los
mismos se hubieran presentado situaciones irregulares, relacionadas tanto con
alteraciones del orden público como corrupción, no lo discute la Sala.
Sin embargo, conviene
precisar que, conforme al dicho  de  los testigos presenciales que soportan la
acusación, los hechos  sucedieron la noche del sábado anterior a las
elecciones, entonces lo que aconteció el día  del proceso electoral no resulta
significativo en relación con las conductas objeto de enjuiciamiento.”
Por último, refiere la Corte Suprema de Justicia que el
estrado defensivo no logró demostrar su tesis de la existencia de un montaje político
a cargo de sus contradictores, quedando en una simple enunciación. Sin embargo
reconoció que (i) se presentaban ondas discrepancias con su más cercano
contradictor político, esto es, el señor Carlos Meléndez; (ii) se estableció a
través de distintas fuentes que una columna de las FARC conminó a algunos
miembros de las comunidades indígenas para que no apoyaran a José Leonidas Soto
Muñoz; (iii) el ex Representante Arango Torres es una persona pública,
apreciada por algunos de sus partidarios; (iv) había abundante presencia de la
fuerza pública en los comicios de octubre de 2007 en Mitú. No obstante tales
circunstancias no alcanzaron la trascendencia para derrumbar el juicio de
reproche cimentado en la prueba testimonial ya comentada.
Así, consideró que de acuerdo a “los testimonios
directos a los que se ha hecho mención en esta decisión permiten a la Corte
establecer que Fabio Arango Torres fue la persona que la noche del
sábado 27 de octubre de 2008 en la ciudad de Mitú, entregó a distintas personas
pertenecientes a las comunidades indígenas que se habían desplazado hacia el
casco urbano la suma de $20.000 con el fin de apoyar al candidato de su
vertiente política para la gobernación del departamento”.
6.3.2.3. Atendiendo a lo señalado, encuentra esta Sala de
Revisión que la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, no cuenta con un elemento que conduzca a su reproche, como pasa a
exponerse.
En la decisión que es objeto de censura, el órgano
judicial accionado evacuó cada uno de los argumentos expuestos por el
accionante y su abogado, descartando que las denuncias interpuestas en contra
de éste fueran producto de un montaje político, resaltando a su vez, que la
actuación de la Personería Municipal, se dio en cumplimento de su deber, lejos
de cualquier influencia de otro orden.
Ahora bien, alega la defensa que la negativa de unas
pruebas le impidió elaborar adecuadamente su estrategia defensiva.  Al respecto
se advierte que este punto fue desarrollado en precedencia donde se dejó
sentado que el rechazo de las pruebas obedeció a una actividad ponderada y razonada
del cuerpo colegiado accionado.
En cuanto al argumento de la parte actora referente a que
el fallo condenatorio se fundamentó exclusivamente en las denuncias
inicialmente presentadas, a pesar de que algunos de los declarantes se
retractaron, encuentra este Tribunal Constitucional que, como se estudió, este
aspecto fue ampliamente sustentado y evaluado por la Corporación accionada,
fundando su decisión en el dicho de los testigos directos de la conducta
punible sobre la que giró el proceso, atendiendo a que una vez obtuvieron las
pruebas físicas y videográficas, constataron que las versiones rendidas en la
primera oportunidad se dieron de manera “simple, desprovista de
cualquier tipo de argucia, como que se trata de personas sencillas, de muy bajo
nivel económico y cultural, cuya única intención fue poner en conocimiento una
situación que consideraron irregular”.
En cuanto al valor probatorio otorgado a los documentos
anónimos, encuentra esta Sala que éstos sirvieron como elementos de valoración,
sin que resultaran determinantes al momento de adoptar una decisión definitiva
en este asunto, ya que, como se explicó, se dio especial relevancia a los
primigenios señalamientos hechos por los denunciantes e incluso no se hizo
mención a los anónimos en el fallo condenatorio.
Cabe advertir que si bien la Corte Suprema otorgó mayor
valor probatorio a las denuncias puestas de presente ante el representante del
Ministerio Público en Mitú, ello no conlleva necesariamente a la configuración
de un defecto fáctico, toda vez que se trató de una interpretación jurídica
razonable, por lo que no le corresponde al juez de tutela interferir en la
decisión judicial, so pretexto de estar defendiendo la Constitución.
Entonces, para la Corte Constitucional se aprecia una
valoración en conjunto del material probatorio adelantado por el juez
ordinario, que en ejercicio de la sana crítica decidió resaltar lo que en su
criterio, conforme a su experiencia y conocimiento, consideró más lógico y
acertado.
Como argumento adicional es conveniente señalar que todo
el debate probatorio gira en torno a la veracidad o no de las denuncias
presentadas ante la Personería Municipal de Mitú, aspecto al que la Corporación
accionada dio plena credibilidad una vez realizaron un estudio serio y
concienzudo de las pruebas allegadas al proceso. En tal medida, todos los
argumentos expuestos por la parte actora carecen de relevancia, ya que lo que
intentan en este punto es abrir un nuevo debate referente a la forma en que un
juez colegiado hizo su juicio de valoración, sin que aporte un elemento
relevante que si quiera insinúe el quebrantamiento de un derecho fundamental
por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, esta Corporación encuentra que el presente
defecto no representa un error ostensible, flagrante y manifiesto, ni de
entidad alguna, en el juicio valorativo de la prueba que permita la
intervención del juez de tutela, toda vez que conllevaría a que éste se
convirtiera en una instancia adicional al juez que ordinariamente conoció este
asunto.
Por último, cabe advertir que si bien el actor señala los
pasos que se debieron seguir al momento de valorar las pruebas[144],
se advierte que nuestro sistema está regido por la libre apreciación de éstas,
por lo que no se puede obligar al operador a que adopte el esquema establecido
por la parte actora, por el simple hecho de no compartir su posición en este
punto.
6.3.3.  Incorporación de
escritos anónimos.
6.3.3.1. Fundamenta este argumento en que los autos por
medio de los cuales se le impuso medida de aseguramiento y se le acusó,
estuvieron fundados en escritos anónimos, aspecto que tacha de irregular atendiendo
a la naturaleza esos documentos.
Argumenta que cuando una autoridad judicial recibe una
denuncia anónima debe remitirlas a los organismos de policía judicial para que
verifiquen su contenido, evitando que el aparato judicial se desgaste innecesariamente.
Aclara que los escritos anónimos incorporados como prueba
de cargo por parte de la Corte Suprema de Justicia, debieron recibir el
anterior tratamiento, es decir, no haberlos aceptados sin siquiera intentar
verificar a quién correspondía su autoría[145], a fin de establecer su
autenticidad y valor probatorio.
6.3.3.2. Con el objetivo de desarrollar este aspecto, no
se hace necesario hacer expresa alusión a lo señalado por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la medida que el tema referido al
tratamiento que se le dio a los escritos anónimos remitidos a la causa, ya fue
ampliamente citado en el numeral anterior.
6.3.3.3. A efectos de evacuar la posible irregularidad
advertida por la parte accionante, conviene destacar que siendo el anónimo una
de las múltiples formas de llevar la noticia criminis al juez, su
prudente atención aconseja tenerlo en cuenta únicamente en la medida que pueda
conducir al legal acopio de medios de prueba válidos sobre la comisión de un
hecho punible y la identidad de los autores o partícipes
En este caso es claro que la autoridad judicial accionada
no tuvo conocimiento de la conducta criminal investigada a partir de documentos
anónimos, ya que tuvo su génesis a partir de denuncias presentadas acorde con
los lineamientos para tal fin, ante la Personería Municipal de Mitú, dentro de
las cuales se pudo constatar su autenticidad. En tal medida este argumento
resulta insular, en lo que a este punto se refiere, máxime si se tiene en
cuenta que en la sentencia condenatoria en ninguna parte se hizo alusión a estos
documentos, toda vez que ésta tuvo su fundamento en las pruebas legalmente
recopiladas y allegadas al proceso.
No obstante, en gracia de discusión, considera esta Sala
que no resulta acertada la posición del actor, en cuanto a que ciertas
decisiones trascendentales en el proceso penal se fundaron en escritos
anónimos, en la medida que tanto la providencia a través de la cual se le
definió situación jurídica como en la que se acusó, tuvieron como fundamento
principal las denuncias vertidas ante la Personería Municipal de Mitú.
Cabe reiterar que el proceso penal objeto de examen, no
tuvo su génesis en denuncias anónimas, éste estuvo fundamentado en
declaraciones de personas debidamente identificadas de las comunidades
indígenas del Departamento del Vaupés, quienes rindieron sus versiones en
distintas oportunidades.
Así las cosas, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, exclusivamente destacó la importancia de los escritos
anónimos, frente a las retractaciones que se presentaron por parte de algunos
de los denunciantes, sin embargo, reforzó su argumento con otros medios de
prueba, incluso declaraciones de los mismos denunciantes, así como documentos
donde ratificaban su versión inicial[146].  Conforme a lo
expuesto, este argumento tampoco prospera.
En conclusión encuentra la Corte Constitucional que no se
presentó vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia invocados por el actor, toda vez que, dentro del
primero de ellos, no se presentó una irregularidad en la valoración probatoria
dentro del proceso penal adelantado en su contra, conforme se dejó sentado en
el cuerpo de esta decisión y se está adoptando una decisión de fondo en el
presente asunto garantizando su acceso a la administración de justicia.
Por lo anterior, se negará la solicitud de amparo
impetrada por el ex Representante Fabio Arango Torres.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto,
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia,
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- NEGAR la solicitud de amparo
elevada por el señor Fabio Arango Torres en contra de la sentencia proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 de julio de
2010.
Segundo.- DISPONER que a través de la Secretaría
General de esta Corporación se devuelva el expediente contentivo del proceso
penal Núm. 29.389 a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Tercero.- LÍBRESE la comunicación de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte
Constitucional y Cúmplase.
JORGE IVAN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
Con aclaración
de voto
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA T-388/11
Referencia:
expediente T-2915200
Acción de
tutela de Fabio Arango Torres contra la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia
Magistrado
ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de las resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de
un asunto de su competencia efectuó la Sala de Casación Penal accionada, debo
aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al enfoque amplificado de la
noción de “vía de hecho” y en relación
con algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión
adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[147],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa (páginas 20 a 25) de
la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha
sentencia, que el actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica
en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales
especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su
punto 25, abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la
impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que
esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario,
añadible a los establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y
trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene
simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien
se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo
que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s)
en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos,
del propósito de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó
al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86
superior.
Además, no sobra acotar
que si bien esta corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce
sistematizar una línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las
consideraciones que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no
es exacto, ya que en realidad ese pronunciamiento[148],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de
2004), se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó
decidido en la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que
en esa providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada
constitucional (art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela
contra decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra
otros importantes valores constitucionales, como el “principio democrático
de la autonomía funcional del juez”, “la independencia y
desconcentración que caracterizan a la administración de justicia” y “la
función garantizadora del Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia
se declaró inexequible la preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la
C-590 de 2005 se presenta un amplio listado de situaciones, creyéndose que de
inferirse la materialización de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el
control tutelar, de por sí le está permitido remover o dejar sin efecto la
decisión judicial, cual si aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha
desquiciado gravemente su carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha
abatido la seguridad jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que
la decisión adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas
consideraciones con alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en
el caso de la referencia.
Con mi acostumbrado
respeto,
Fecha ut supra,
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
[1]
Dentro del proceso penal de única instancia radicado Núm. 29389, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 8 de julio de 2010, declaró
penalmente responsable al señor Fabio Arango Torres, por el delito de
corrupción de sufragante, en concurso homogéneo sucesivo, imponiendo una pena
principal de 72 meses de prisión y multa de 196 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
[2]
Las personas relacionadas en el escrito de tutela como denunciantes son: Pablo
Barbosa Hernández, María La Luz Betancur, Milciades Jaramillo Gutiérrez,
Mariano Díaz Díaz y Manuel Rodríguez Anzola.
[3]
En este asunto la competencia para adelantar el proceso penal correspondió a
ese Tribunal Supremo atendiendo al fuero que ostentaba el señor Fabio Arango
Torres, debido a su condición de Representante a la Cámara por la suscripción
electoral del Vaupés.  Ello conforme a lo establecido en la Ley 906 de 2004,
artículo 533 que establece: “(…) Los casos de que trata el numeral 3 del
artículo 235 de la Constitución
Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”.  En
concordancia con el artículo 235 numeral 3 de la Constitución que señala: “Son
atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 3. Investigar y juzgar a
los miembros del Congreso”.
[4]
La norma en cita prescribe: “Mediante providencia de sustanciación, el
Fiscal General de la Nación o su delegado, dispondrá la apertura de instrucción
indicando los fundamentos de la decisión, las personas por vincular y las
pruebas a practicar”.
[5]
ARTICULO 390. CORRUPCION DE SUFRAGANTE. “El que prometa, pague o
entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley
para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o
corriente política, vote en blanco, o se abstenga de hacerlo, incurrirá en
prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa  (90) meses y multa de ciento
treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a setecientos cincuenta (750)
salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
[6]
1. Hoja de vida del Personero Municipal de Mitú; 2. Contrato Estatal Núm. 002
celebrado entre el ex Gobernador del Vaupés Wilson Ladino Vigoña y el Personero
Municipal de Mitú, de fecha 27 de junio de 2006; 3. Acta de iniciación y
terminación del anterior contrato; 4. Certificación expedida por la Contraloría
Departamental del Vaupés, en la que consta que el apoderado del ex Gobernador
del Vaupés, el señor Ladino Vigoña, dentro del proceso de responsabilidad
fiscal Núm. 011 de 2006, fue el hijo del Personero Municipal de Mitú; 5. Orden
de prestación de servicios Núm. 008 de 2007, firmada por el ex Gobernador del
Vaupés, el señor Ladino Vigoña y Juan Pablo Galvis Parra.
[7]
1. Fotocopias de los Decretos Núm. 0081 y 0149 de 2007, mediante los cuales el
ex Gobernador del Vaupés, el señor Ladino Vigoña, nombra provisionalmente en el
cargo de técnico operativo de la Secretaría Departamental de Salud al señor
Omar Sánchez, testigo en la causa; 2. Fotocopias de las planillas de control
aéreo de pasajeros y carga del 15 de septiembre de 2009 de la compañía
Aeromenegua Ltda., Taxi Aéreo del Alto Menegua Ltda., donde consta el viaje del
señor Omar Sánchez Uribe a San Luis de Paca el día en que Milciades Jaramillo,
denunciante inicial, debió rendir declaración. 3. Fotocopia de la denuncia
hecha por el señor Milciades Jaramillo al presuntamente haber sido presionado
para denunciar la compra de votos que se investiga.
[8]
1. Oficio Núm. DV-8010306, suscrito por personal de la Defensoría del Pueblo
del Vaupés, en el que se pone de presente el reclutamiento de jóvenes indígenas
en el Departamento; 2. Actas del Comité de Seguimiento de Procesos Electorales
y del Consejo de Seguridad del Departamento del Vaupés, donde se hace
referencia a los problemas de orden público por la presencia de guerrilla en
esa zona, así como las intimidaciones que venían haciendo a la población para
que no votaran por candidatos del Partido Cambio Radical, al que pertenecía el
ex Representante Fabio Arango Torres; 3. Documentos varios en los que se consignan
las intimidaciones y amenazas por parte de la guerrilla, que conllevaron a que
el presidente del partido político Cambio Radical y el ex Representante Fabio
Arango Torres, solicitaran al entonces Ministro de Defensa seguridad en la
zona; 4. Que la Corte Suprema oficiara al Ministerio de Defensa, para que
informara el lugar donde el frente Núm. 1 de las FARC hace presencia y los
movimientos políticos objeto de sus represalias.
[9]
1. Declaración extrajuicio de María Giraldo Urrea, propietaria del
establecimiento de comercio llamado “almacén y cacharrería Saray”; 2.
Declaraciones extrajuicio de Pablo Barbosa Hernández, Milciades Jaramillo
Guitérrez y Mariano Díaz, tres de los denunciantes ante la Personería Municipal
de Mitú y Carlos Enrique Amaya Herrera, propietario del establecimiento de
comercio denominado “Distribuidora el Bambú”, lugar donde supuestamente el ex
Representante Fabio Arango Torres entregó dinero a diversas personas para que
votaran por su candidato el actual Gobernador de ese departamento, el señor
José Leonidas Soto Muñoz.
[10] Plano del Municipio de
Mitú, donde se indica el lugar donde ser llevaron a cabo las votaciones y donde
se ubican los establecimientos de comercio de Mariana Giraldo y Carlos Amaya.
[11]
CD que contiene la noticia emitida por el Canal Caracol, donde se informa que
un grupo numeroso de indígenas había sido llevado a Mitú a votar por el
entonces candidato Carlos Iván Meléndez, según órdenes de la guerrilla.
[12]
Declaración del ex Auditor Fiscal de la Contraloría Departamental del Vaupés.
[13]
Declaraciones de Blanca Nubia Buriticá Buriticá, Gustavo Vargas González,
Rosendo Bejarano Escobar, Omar Castañeda y Nelson Viafra, habitantes de la
ciudad de Mitú.
[14]
Declaraciones del Alcalde de Mitú, el Registrador Especial de Mitú, Delegados
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Procurador Judicial de Mitú.
[15]
Declaraciones del Jefe de la CIPOL de Mitú y el Jefe de la SIJIN en Mitú.
[16] Declaración de Milciades
Jaramillo Gutiérrez, denunciante ante la Personería Municipal de Mitú.
[17] Declaración de Fernando
Luna Monroy, funcionario de la Procuraduría de Mitú.
[18]
Mediante providencia del 9 de noviembre de 2009, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia declaró el cierre de la investigación, conforme a
lo estipulado en el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, corriendo traslado a
los sujetos procesales por el término de 8 días.
[19]
1. La solicitud de apoyo al Jefe de la Unidad de Policía Judicial CTI Mitú, con
fecha del 14 de septiembre de 2009, para trasladar vía aérea al señor Milciades
Jaramillo, denunciante de las presuntas irregularidades en las compra de votos
para la elección del Gobernador del Departamento del Vaupés; 2. Solicitud
modificatoria del contrato Núm. 161 de 2009, con fecha 14 de septiembre del
mismo año, firmada por el Secretario de Gobierno Municipal de Mitú, a fin de
hacer uso de los pasajes para el traslado del señor Milciades Jaramillo; 3.
Comprobante de pago al señor Edgar Echeverri, representante de la empresa
Aerotaxi por valor de $2’457.000,oo, por concepto de “Transporte Reclusos”,
correspondiente al viaje realizado a San Luis de Paca, para trasladar al señor
Milciades Jaramillo; 4. Derechos de petición presentados por la defensa a la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resueltos en enero y
febrero de 2010, donde se solicitó el Acuerdo 001 del 19 de febrero de 2009 y
la reglamentación que ha hecho esa Corporación del artículo 84 de la Ley 600 de
2000; 5. Oficio del 7 de enero de 2010, donde el Comando Departamental de
Policía de Vaupés explica la existencia de un mecanismo de control de entrada y
salida de personas a ese municipio donde no figura el ex Representante Fabio
Arango Torres, para la época en que supuestamente se configuró el delito; 6.
Oficio del 5 de febrero de 2010 de la Defensoría del Pueblo Regional del Vaupés
donde se constata que esa dependencia no ha sufrido amenazas.
[20]
1. Declaración del señor Demetrio Rodríguez, quien estaría dispuesto a señalar
que guerrilleros lo obligaron a declarar ante una cámara que había recibido
dinero por parte del ex Representante Arango Torres; 2. Declaración del señor
Luís Enrique Llanos, Rafael Patria y Álvaro Valentín Rodríguez, quienes pueden
dar fe del acoso hecho por la guerrilla; 3. Declaración del Secretario de la
Personería Municipal de Mitú.
[21]
1. Informe de Acción Social referente a la reubicación de los esposos José
Yepes Barreto y María La Luz Betancur, denunciante ante la Personería de Mitú,
respecto a la presunta irregularidad de compra de votos; 2. Registro de la
Policía Departamental de Vaupés; 3. Decretar y ordenar prueba grafológica para
confrontar la retractación hecha por el señor Pablo Barbosa ante la Sala de
Casación Penal.
[22]
La Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de Casación Penal ordenó: 1.
Se recibieran los testimonios de: El Alcalde de Mitú, los Delegados de la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Procurador Judicial de Mitú, el
Jefe de la CIPOL en Mitú y el Jefe de la SIJIN; 2. Ampliación de los
testimonios de: Milciades Jaramillo Gutiérrez, denunciante; Henry Luna,
funcionario de la Procuraduría; Mariana Giraldo Urrea y Carlos Enrique Amaya
Herrera. Por otra parte, las pruebas testimoniales negadas fueron las
siguientes: 1. Ex Auditor Fiscal de la Contraloría Departamental del Vaupés (impertinente
por ser ajeno al tema); 2. Blanca Buriticá Buriticá, Gustavo Vargas González,
Rosendo Bejarano Escobar, Omar Castañeda y Nelson Viafra (impertinentes e
inconducentes, al pretender probar circunstancias que no interesan al
investigador); 3. Demetrio Rodríguez (impertinente atendiendo a que su nombre
no obra en la causa y es destacado exclusivamente por la defensa); 4. Luis
Enrique Llanos Rodríguez (su relato ya reposaba en el plenario); 5. Rafael
Patria, Álvaro Valentín Ramírez (impertinentes toda vez que hacen alusión a
temas que no interesan al caso objeto de estudio); 6. Felipe Rodríguez
(impertinente ya que la referencia a él la hace exclusivamente la defensa); 7.
Wilson Aguilar, Secretario de la Personería de Mitú (impertinente al pretender
probar un hecho que ya está reconocido en la causa).
[23]
Expone la parte actora que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia relacionó los siguientes documentos que harían parte del proceso así:
1. Planilla de control aéreo de pasajeros y carga con fecha 15 de septiembre de
2009 de Aeromenegua Ltda., Taxi Aéreo del Alto Menegua Ltda.; 2. Fotocopia de
la denuncia presentada por el señor Milciades Jaramillo Gutiérrez el 18 de
septiembre de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación; 3. Comprobante de
pago del señor Edgar Echeverri, representante de la empresa Aerotaxi; 4. Prueba
técnica al video que obra en el proceso a fin de establecer si fue editado o
no; 5. Informe del Aeropuerto de Mitú respecto del vuelo del avión HK 1438
durante los días 14 y 15 de septiembre de 2009; 6. Informe de acción social
respecto de la reubicación de la señora María La Luz Betancur; 7. Oficiar a la
Fiscalía General para establecer el estado actual de la denuncia formulada por
el señor Milciades Jaramillo Gutiérrez, presentada en el mes de septiembre de
2009; y 8. Insistir en la declaración de los señores Argemiro Figueroa Bonilla,
Carlos Iván Meléndez y Valerio Cuéllar, cuya práctica había ordenado en auto
del 3 de junio de 2009.  Aunado a lo anterior, procedió a negar las siguientes
pruebas: 1. Los documentos relacionados con la situación de orden público al no
estar vinculada con los hechos objeto de investigación; 2. El plano del
municipio de Mitú, al no ser trascendental para la investigación; 3. Los
derechos de petición a que aludió la defensa; 4. Copia de los registros
correspondientes a las personas que ingresaron y salieron del municipio de Mitú
los días 13 a 16 de septiembre de 2009 y 1° a 6 de mayo de 2008; 5. Prueba
trasladada del proceso disciplinario que se adelanta con fundamento en la queja
presentada por el señor Henry Correal Herrera, así como la ampliación de los
testimonios allí vertidos; 6. Prueba grafológica sobre muestras caligráficas de
ex Personera Municipal.
[24] El testimonio aceptado en esta oportunidad correspondió al
de Felipe Rodríguez y adicionalmente se incorporó la carta en la que el
Personero Municipal de Mitú, solicita la terminación del contrato estatal Núm.
002 del 27 de junio de 2006 al entonces Gobernador del Vaupés, Wilson Ladino
Vigoya.
[25] Artículo 23 Ley 600 de 2000: “En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en
este Código son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil
y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza
del proceso penal”. Artículo 252 del Código de
Procedimiento Civil: “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre
la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado”. Artículo 279 ídem: “Los documentos privados auténticos tienen el mismo valor que los
públicos, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causahabientes,
como respecto de terceros. // Los documentos privados desprovistos de
autenticidad tendrán el carácter de prueba sumaria, si han sido suscritos ante
dos testigos”.
[26] En el escrito de tutela se señala que los escritos
anónimos fueron elaborados por una o varias personas que se identificaron como “los
analistas”.
[27] “Y es que insiste la Sala, la prueba de cargo
que reposa desde los albores del proceso investigativo, merced de las
declaraciones rendidas por los iniciales denunciantes, se fue consolidando a
través del proceso, sin que le resultara posible al procesado y a su defensa
desvirtuar tan puntuales señalamientos…”
[28] La norma en cita señala: “Para apreciar el testimonio, el
funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y,
especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de
sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las
circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad
del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que
puedan observarse en el testimonio”.
[29] Radicado en esa Corporación el 12 de noviembre de 2010.
[30] El expediente fue remitido en calidad de préstamo a esta
Corporación a través de oficio del 28 de febrero de 2011 y recibido en el
Despacho del Magistrado Sustanciador el 2 de marzo de 2011.
[31] Ley 16 de 1972 “Por medio de la
cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San
José de Costa Rica’, firmado en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969”.(Diario oficial Núm. 33.780 del 5 de febrero de 1973.
[32] Decreto 2591 Artículo 17. Esta norma fue declarada
exequible en sentencia C-483 de 2008. En aquella oportunidad se señaló: “De cualquier forma, se debe tener claro que la decisión de
rechazo de la acción de tutela no hace tránsito a cosa juzgada y, por tanto, el
accionante está legitimado para presentar la solicitud de protección
constitucional nuevamente, con el cumplimiento de los requisitos mínimos para
su admisión, sin que ello pueda entenderse como el ejercicio de una actuación
temeraria. De esta forma se garantiza el derecho de acceso a la administración
de justicia y se descarta cualquier posibilidad de que el accionante se
encuentre ante una situación de denegación de justicia”.
[33] Decreto 2591 Artículo 26 inciso 1.
[34] Decreto 2591 Artículo 26 inciso 2.
[35] Decreto 2591 Artículo 26 inciso 3.
[36] Los elementos de la triple identidad fueron ampliamente definidos
en la sentencia SU-713 de 2006 así: “(i) identidad de partes; (ii) identidad
de causa petendi; (iii) identidad de objeto”.
[37] El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece: “Actuación
temeraria. Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela
sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
[38] Con el fin de reglamentar el reparto
de las acciones de tutela, el Presidente de la República expidió el Decreto
1382 de 2000, el que en su numeral 2 del artículo 1° establece: “lo
accionado contra la Corte Suprema de Justicia, será repartido a la misma
Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión que corresponda de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4º del mismo
decreto”.
[39] Auto 162 de 2007.
[40]  Ver sentencia T-008 de 1998.
[41] Al respecto pueden consultarse las sentencias T–441, T–462, T–589
y T–949 de 2003.
[42] Sentencia T-1031 de 2001.
[43] Sobre este punto véanse las sentencias C-037 de 2000, C-366 de
2000 y SU-846 de 2000.
[44] Sentencia 173/93.
[45] Sentencia T-504/00.
[46] Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05
[47] Sentencias T-008/98 y SU-159/2000
[48] Sentencia T-658-98
[49] Sentencias
T-088-99 y SU-1219-01
[50] Sentencia T-522/01
[51] Cfr. Sentencias T-462/03;
SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01.
[52] C-590 de 2005.
[53] Esta posición ha sido reiterada en múltiples
oportunidades. Ver sentencias T-916 de 2008, T-962 de 2009, T-156 de 2010 y
T-505 de 2010, entre muchas otras.
[54] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[55] Cfr. sentencia SU-1300 de 2001. La Corte
encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez
Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna,
ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que
el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de
actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos},
y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho
de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques
recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa
y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos
de las empresas constructoras de la familia”.
[56] Cfr. sentencia T-442 de 1994.
[57] Cfr.
sentencia T-538 de 1994. En esa oportunidad se le concedió la tutela al
peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta
asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos
términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la
interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
[58] Ibídem.
[59] Cfr. sentencia T-239 de 1996. Para la Corte es claro que, “cuando
un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en
su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en
vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de
tutela.  La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del
equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en
los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta
indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en
cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales
para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora,
fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
[60] Cfr. sentencia T-576 de 1993.
[61] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia T-442 de 1994.
[62] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de 1994.
[63] Sentencias T-902 de 2005 y T- 458 de 2007.
[64] Se aclara que conforme a la Constitución y las normas
procesales penales, es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, la encargada de investigar y juzgar a los Congresistas.
[65] Cuaderno 1, folio 97.
[66] Cuaderno 1, folio 101.
[67] Cuaderno 1, folio 104.
[68] Cuaderno 2, folio 166.
[69] Cuaderno 1, folio 195.
[70] Cuaderno 1, folio 198.
[71] Cuaderno 1, folio 201.
[72] Cuaderno 1, folio 204.
[73] Cuaderno 1, folio 207.
[74] Cuaderno1, folio 227.
[75] Medio magnético.
[76] Id.
[77] Id.
[78] Id.
[79] Id.
[80] Id.
[81] Id.
[82] Id.
[83] Id.
[84] Id.
[85] Id.
[86] Cuaderno 4, folio  246-251.
[87] Cuaderno 4, folio 114.
[88] Cuaderno 4, folio 292.
[89] Cuaderno original 5, folios 16-38.
[90] Cuaderno 4, folio 201.
[91] Cuaderno 4, folio 254.
[92] Así lo calificó el estrado defensivo.
[93] Esta fue la doctrina constitucional
reiterada en la sentencia T-146 de 2010, donde la Corte sostuvo que verificar
una discrepancia en torno a la interpretación jurídica de las normas aplicables
a un caso o de las pruebas aportadas al mismo, “no implica constatar una
violación al debido proceso. Si se trata de una interpretación jurídica
razonable, el juez de tutela no puede interferir la decisión judicial, so
pretexto de estar defendiendo la Constitución”.
[94] Folios 54 a 61 cuaderno original Núm. 2, dentro del
expediente radicado 29.389 remitido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia. Se aclara que la citada solicitud hizo expresa alusión a
la necesidad de contar con los testimonios de las personas que conformaron el
Comité de Seguimiento Electoral para la época de los hechos materia de
investigación.
[95] Folios 165 a 182 cuaderno original Núm. 4 dentro del
expediente radicado 29.389 remitido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
[96] Folio 90 del cuaderno 4.
[97] Folio 91 cuaderno 4.
[98] Folio 94 cuaderno 4.
[99] Cfr. folio 98.
[100] La Corte se permite destacar, que los documentos relacionados en
este acápite corresponden a los aportados por la defensa en solicitud de
pruebas elevada poco antes del cierre de investigación. Cuaderno 3.
[101] Página 103 cuaderno 4.
[102] Cuaderno original 3.
[103] Así lo destacó el estrado defensivo, cfr. Folio 89: “…De
igual manera probaremos las falsedades del Alcalde de Mitú y el C.T.I. para
poder girar de los fondos públicos el dinero del viaje a San Luis de Paca y
cubrir así la obligación que adquirió WILSON LADINO  con Aeromengua”.
[104] Folio 48 y 49 cuaderno 1.
[105] Folios 189 a 198 dentro del expediente radicado 29.389
remitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[106] Normatividad aplicable al asunto sometido a examen.
[107] En la Sentencia T-442 de 1994, la Corte concedió la tutela contra
una sentencia, porque en ella el juez “ignoró, sin motivo serio alguno, la
realidad probatoria objetiva que mostraba el proceso”, siendo que, de
haberla tenido en cuenta, razonablemente se habría tenido que tomar una
decisión diferente.
[108] Véase la citada Sentencia C-590 de 2005. Se refiere
específicamente a fallar sin las pruebas suficientes.
[109] También en la Sentencia T-645 de 2009.
[110] En la Sentencia SU-159 de 2002, la Corte no concedió la tutela
contra una sentencia penal, porque la prueba ilícitamente obtenida no era la
única muestra de culpabilidad del condenado. Pero consideró que había un
defecto fáctico cuando el juez “aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29
C.P.)”.
[111] En la Sentencia T-1082 de 2007, prosperó una tutela contra
providencia judicial, porque había declarado la existencia de un contrato de
arrendamiento partiendo de una prueba que no era aceptada por la ley como
conducente para esos efectos.
[112] Folios 263 a 285 cuaderno original Núm. 2 dentro del
expediente radicado 29.389 remitido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
[113] Queja presentada por Pablo Barbosa Hernández, folio 5
cuaderno original 1.
[114] Folio 6 cuaderno 1.
[115] Específicamente se hace alusión a las declaraciones de
Enrique Neira, María La Luz Betancurt y un escrito remitido por Pablo Barbosa
[116] Cfr. Folio 73. ‘…ADEMAS, TENEMOS CONOCIMIENTO QUE LA
SEÑORA MARIA LA LUZ BETANCURT, VIENE SIENDO ABORDADA POR LOS MISMOS PERSONAJES,
INSULTANDOLA Y TRATANDOLA MAL POR HABER DENUNCIADO Y DECLARADO, AMENAZANDOLA
PARA QUE SE RETRACTE…’
[117] Folio 5 cuaderno 1.
[118] Cfr. Folio 101, cuaderno 1.: ‘…fue lo siguiente en el
momento yo estaba borracho no nunca vi que FABIO ARANGO TORRES les dio plata en
su (sic) propias manos…’.
[119] Folio 9 cuaderno 2.
[120] Folio 264 cuaderno 1.
[121] Folio 137, cuaderno 2: ‘…Se establece que existe
uniprocedencia entre estas en su morfología, topografía y ubicación de puntos
característicos, es decir que se identifican entres sí…’
[122] Folio 97, cuaderno 1.
[123] Folio 26 cuaderno 2.
[124] Respecto de este documento se verificó su autenticidad ante los
expertos del CTI.
[125] Cfr. cuaderno 1, folios 64, 73, 84, 86, 88 y 136.
[126] Vale destacar que a través del C.T.I. y
previa la confrontación con la huella del signante y la obrante en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se pudo determinar que existía
coincidencia en su morfología, topografía y ubicación de puntos
característicos.
[127] Cfr. folio 264, cuaderno 1.
[128] Este testimonio le resta credibilidad a
la versión rendida por Alcira González Ramírez.
[129] Folio 104, cuaderno 1.
[130] Cfr. folio 207, cuaderno 1.
[131] Folios 180 a 220 cuaderno original Núm. 5 dentro del
expediente radicado 29.389 remitido por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia
[132] Todos ellos denunciantes ante la Personería Municipal de
Mitú, respecto de las irregularidades ocurridas con ocasión del proceso
electoral adelantado en octubre de 2007, en ese municipio.
[133] Cuaderno 1, página 101.
[134] Record 36:07, medio magnético que corresponde al CD declaraciones
en Mitú.
[135] Record 36:14, id.
[136] Cfr. folio 5, cuaderno 1.
[137] Cuaderno 1, folio 6.
[138] Mote con el que se conoce al acusado, como el mismo lo aceptó en
su interrogatorio.
[139] Cuaderno 1, folio 10.
[140] Con esta postura, la Sala se aparta del calificativo tanto
del procesado como de la defensa a este ciudadano, al que se le descalifica en
sus posturas.
[141] Cuaderno 4, folio 9.
[142] Rindió su versión el día 26 de abril de 2010.
[143] Movimiento político al que se adscribe el procesado.
[144] (i) fijar los medios probatorios para así adelantar un
análisis individual de cada uno de ellos; (ii) confrontar cada una de las
pruebas para establecer su concordancia o discordancia y de esta manera
precisar su credibilidad; y (iii) por último, el juez debe extraer una
conclusión global del conjunto probatorio para establecer el convencimiento a
que llegue.
[145] En el escrito de tutela se señala que los escritos
anónimos fueron elaborados por una o varias personas que se identificaron como “los
analistas”.
[146] Pablo Barbosa Hernández, se retractó, pero
en escrito posterior ratificó su dicho inicial y explicó que estaba siendo
objeto de presiones para retractarse de la denuncia interpuesta en contra de
Fabio Arango Torres; Enrique Neira. Expuso que conoció de las presiones que fue
objeto Pablo Barbosa; y María La Luz Betancurt, en todo momento reiteró su
posición inicial frente a la compra de votos por parta de Fabio Arango Torres.
[147] Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado
sobre las sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794
de 2007; T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222
y A-256 de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto
ante las sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871,
T-925, T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249,
T-364, T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103, T-119 T-148, T-653, T-707,
T-769, SU- 817, T-954 y T-1054 de 2010, entre otras.
[148] C-590 de 2005.