C-333-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
C-333/14
(4 de
junio de 2014)
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Ambito
de aplicación/TRATADO DE EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Contenido
y alcance/TRATADO DE EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Aplicación
respecto de delitos cometidos con posterioridad al 16 de diciembre de 1997
La Corte considera que el Tratado de
extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos y de su Ley aprobatoria es exequible. De una parte se ha constatado
que el trámite de la Ley se ajusta a los requisitos formales previstos en la
Constitución. Por otra parte, se constata la compatibilidad material del
instrumento internacional con el Texto Superior considerando, en términos
generales, la importancia de la extradición como herramienta fundamental para
la cooperación internacional y la lucha contra la impunidad, la cual ha sido
reconocida por el mismo constituyente, y no se opone a la soberanía nacional.
Se encuentra que el nuevo Tratado responde de manera más eficiente a los
desafíos de la delincuencia organizada y a los retos que en la actualidad se
plantean y armoniza con otros instrumentos internacionales como la Convención
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000. La Corte ordena, en relación
con el inciso 1º del artículo 20, que el Gobierno, en el momento de la
ratificación del presente instrumento internacional, realice una declaración
interpretativa en el sentido que los delitos a los que se aplica el presente
tratado, son aquellos cometidos con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo
1º de 1997, es decir, después del 16 de diciembre de 1997.
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Proceso
de formación del instrumento en cuanto a la validez de la representación del
Estado colombiano
PROCESO DE
NEGOCIACION DE INSTRUMENTO INTERNACIONAL-Representación
y competencia
CONSULTA A LAS
COMUNIDADES ETNICAS CON ESPECIAL REFERENCIA AL CASO DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES-Jurisprudencia constitucional
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Cumplimiento
de los requisitos de trámite legislativo
La Corte Constitucional encuentra cumplidos los requisitos de
trámite del proyecto de ley aprobatorio del Tratado en cuestión, así: (i)
surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías
necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para
cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió
los términos que deben entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas
cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes. Por lo anterior, la Corte
concluye que no hay vicio alguno de constitucionalidad en el trámite de este
proyecto.
REGIMEN
CONSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES-Contenido
y alcance
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Antecedentes
EXTRADICION-Jurisprudencia
constitucional
EXTRADICION-Naturaleza
jurídica
EXTRADICION-Definición
La extradición
es un importante instrumento de cooperación internacional que tiene como fundamento
el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio,
ya sea total o parcialmente, no queden en la impunidad. Su finalidad no es otra
que la de impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior
burle la acción de la justicia refugiándose en un país diferente a aquél donde
ha cometido la conducta punible. Precisamente con tal fin se han suscrito
diversos tratados y convenios internacionales en los que, ya sean de carácter
bilateral o multilateral, se han señalado las conductas por las cuales procede
y los procedimientos y trámites aplicables que deben seguirse para el
requerimiento o para el ofrecimiento.
EXTRADICION-Características
La Corte ha establecido las siguientes características de la
extradición que se desprenden directamente del texto constitucional: (1) Las
fuentes formales y materiales de esta figura están expresamente consignadas en
la Carta y se encuentran representadas principalmente en los tratados y
subsidiariamente en la ley. Por consiguiente, “no
es este un asunto que dependa de la voluntad del legislador”. (2) La otra restricción establecida por el constituyente en materia
de extradición, es que solo se puede conceder a colombianos por nacimiento
cuando se trate de delitos que sean considerado como tales en la legislación
colombiana. (3) La Constitución prohíbe expresamente la extradición por delitos
políticos, supuesto que se encuentra contemplado igualmente en el artículo 18
del Código Penal. (4) La Carta dispone que la extradición no procede para
hechos cometidos antes de la promulgación del Acto Legislativo 1º de 1997 que
modificó el artículo 35 Superior, de lo cual se colige que no se aplicará para
conductas cometidas antes del 16 de diciembre de 1997. (5) Por vía
jurisprudencial, la interpretación sistemática del artículo 29 Superior y de
los tratados internacionales de derechos humanos, ha conducido a establecer que
la extradición no procede cuando la persona
solicitada por las autoridades de otro Estado es procesada o cumple pena por
los mismos hechos delictivos a los que se refiere la solicitud.
EXTRADICION-Requisitos
establecidos en el Código de Procedimiento Penal
EXTRADICION-Acto
administrativo complejo
EXTRADICION-Acto
administrativo del Presidente sujeto a acciones contencioso administrativas
EXTRADICION-Requisitos
y trámite para su validez
PRINCIPIO DE SOBERANIA NACIONAL-Evolución
del concepto
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Aplicación del
principio de la doble incriminación
EXTRADICION PARA
DELITOS RELACIONADOS CON IMPUESTOS, ADUANAS U OTRA CLASE DE CONTRIBUCIONES DE
CARACTER FISCAL-Condiciones para su procedencia
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Quantum para la
procedencia
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Sistema de lista
abierta o numerus apertus
PRISION O
ARRESTO POR DEUDAS-Prohibición contenida en artículo 28 de
la Constitución Política
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Causas
obligatorias o facultativas con fundamento en las cuales el Estado puede negar
la extradición
TRATADO DE
EXTRADICION CELEBRADO ENTRE COLOMBIA Y MEXICO-Desarrollo del
denominado principio de nacionalidad
PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD-Reconocimiento en el derecho internacional y en
materia de extradición
EXTRADICION
SUMARIA O SIMPLIFICADA-Concepto
EXTRADICION-Criterios
para concederla ante la concurrencia de solicitudes por varios Estados
CAPTURA CON
FINES DE EXTRADICION-Naturaleza administrativa
TRATADO INTERNACIONAL-Declaración interpretativa
Revisión de constitucionalidad de la
Ley 1663 del 16 de julio de 2013 Por
medio de la cual se aprueba el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México, el 1o de agosto de 2011”.
Referencia: Expediente LAT 417
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I.
ANTECEDENTES.
1. Texto normativo.
Se transcribe el texto completo de la
Ley aprobatoria del Tratado, tal como se encuentra publicada en el Diario
Oficial 48.853 de fecha 26 de julio de 2013:
LEY
1663 DE 2013
(julio
16)
Diario
Oficial No. 48.853 de 16 de julio de 2013
CONGRESO
DE LA REPÚBLICA
Por
medio de la cual se aprueba el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México, el 1o de agosto de 2011.
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto
el texto del “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México, el 1o de agosto de 2011.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español del precitado
instrumento internacional, tomada del original que reposa en el archivo del
Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, la cual consta de doce (12) folios.
TRATADO
DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, en adelante
denominados "las Partes";
RECONOCIENDO
su profundo interés en combatir la delincuencia y la impunidad de sus actores;
ANIMADAS
por el deseo de mejorar la eficacia de la cooperación entre ambos países en la
prevención y combate al delito;
ANIMADAS
TAMBIÉN, por el deseo de reglamentar de común acuerdo sus relaciones en materia
de extradición, de conformidad con lo dispuesto en sus respectivas
constituciones y los principios de derecho internacional, en especial el
respeto a la soberanía nacional, igualdad entre los Estados y la no injerencia
en los asuntos internos de cada Parte;
Han
acordado lo siguiente:
ARTÍCULO
1
OBLIGACIÓN
DE EXTRADITAR
Las
Partes se comprometen a entregarse recíprocamente en extradición, de
conformidad con las disposiciones del presente Tratado, a aquellas personas respecto
de las cuales se haya iniciado un procedimiento penal o sean requeridas para la
imposición o ejecución de una sentencia o condena.
ARTÍCULO
2
DELITOS
QUE DARÁN LUGAR A LA EXTRADICIÓN
1.-
La extradición será procedente cuando la solicitud se refiera a  conductas
delictivas que se encuentren previstas en las legislaciones de ambas Partes y
constituyan un delito con sanción privativa de libertad, cuya pena mínima no
sea menor a tres (3) años.
2.-
Cuando la solicitud de extradición se realice para el cumplimiento de una
sentencia firme, el periodo de la pena privativa de la libertad que le reste
por cumplir a la persona reclamada deberá ser por lo menos de un año.
3.-
Para los efectos del presente Artículo, no importará si la legislación nacional
de una de las Partes, señala el hecho o hechos constitutivos del delito por los
que se solicita la extradición, con terminología distinta a la de la otra
Parte.
4.-
Cuando la solicitud se refiera a varios hechos distintos y conexos, sancionados
penalmente, tanto por la legislación de la Parte Requirente como por la de la
Parte Requerida y no concurrieran respecto de uno o algunos de ellos los
requisitos previstos en el presente Artículo, en lo relativo a la pena mínima
para la entrega de la persona, la Parte Requerida también podrá conceder la
extradición.
5.-
También darán lugar a extradición, conforme al presente Tratado, los delitos
contemplados en convenios multilaterales, de carácter universal o regional, de
los que ambos Estados sean Parte. En el caso de estos delitos no se tendrá en
cuenta la pena mínima prevista en el presente Tratado.
ARTÍCULO
3
DELITOS
FISCALES
La
solicitud de extradición será procedente aún cuando se trate de un delito que
se refiera a impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones de carácter
fiscal, siempre y cuando reúna los requisitos del artículo anterior.
ARTÍCULO
4
CAUSAS
PARA DENEGAR UNA EXTRADICIÓN
1.
Obligatorias
No
se concederá la extradición:
a)
Si el delito por el cual se solicita es considerado por la
Parte Requerida como un delito político. Para los efectos del presente
Tratado, no se consideran delitos políticos:
i)
el homicidio u otro delito violento contra la persona del Jefe del Estado o
de miembros de su familia;
ii)
el genocidio y actos de terrorismo, de conformidad con los tratados y
convenciones multilaterales de los cuales ambos Estados
sean
Parte, y
iii)
otros delitos que de conformidad con los tratados o convenciones
multilaterales vigentes entre las Partes, prohíban su consideración como
delitos políticos.
b)
si hay motivos fundados para creer qUe una solicitud de extradición ha
sido formulada con el propósito de perseguir o castigar a una persona por
motivos de raza, religión, nacionalidad o creencias políticas;
c)
si la conducta por la cual se solicita la extradición es un delito
puramente militar;
d)
si la acción penal o la pena por la cual se solicita la extradición ha
prescrito conforme a la legislación de la
Parte Requirente;
e)
cuando la pena a imponer viole los preceptos que estén contemplados en la
Constitución de la Parte Requerida;
f)
si la persona reclamada hubiera sido condenada o debe ser juzgada en la
Parte Requirente por un Tribunal de excepción;
g)
si la persona reclamada ha sido sentenciada en la
Parte Requerida por los mismos hechos que originaron la solicitud de
extradición;
h)
cuando con anterioridad a la solicitud de la detención provisional o de
extradición, la persona reclamada haya sido beneficiada con amnistía o indulto
por la misma conducta punible en la
Parte Requirente o Requerida, y
i)
cuando la solicitud de extradición carezca de alguno de los documentos
señalados en el Artículo 8 del presente Tratado y no haya sido subsanada dicha
omisión.
2.
Facultativas
La
extradición podrá denegarse:
a)
si la persona está siendo procesada en la
Parte Requerida por los mismos hechos que originaron la solicitud de
extradición;
b)
si con la entrega de la persona requerida se pone en riesgo su vida por
razón del estado grave de salud en que se encuentra;
c)
cuando se requiera a la persona por una infracción que, según la legislación
de la Parte Requerida, se haya cometido parcialmente en su territorio o en un
lugar asimilado a su territorio;
d)
cuando la infracción por la que se solicite la extradición se haya
cometido fuera del territorio de la
Parte Requirente y que la legislación de la
Parte Requerida o autorice la persecución de la misma infracción cometida
fuera de su territorio, y
e)
sí, conforme a las leyes de la
Parte Requerida, corresponde a sus autoridades judiciales conocer de la
infracción por la cual aquélla haya sido solicitada.
ARTÍCULO
5
EXTRADICIÓN
DE NACIONALES
1.-
Cuando la persona reclamada fuere nacional de la
Parte Requerida, ésta podrá conceder su extradición si a su entera discreción
lo considera procedente. En los casos en que la persona reclamada tenga doble
nacionalidad, será considerada para efectos de la extradición, la nacionalidad
de la Parte Requerida. Para los efectos señalados, no será contemplada la
nacionalidad adquirida con posterioridad a la fecha en que se cometió el
delito.
2.-
Si la solicitud de extradición es rehusada exclusivamente porque la persona
reclamada es un nacional de la
Parte Requerida, esta última deberá someter el caso a sus autoridades
competentes para el enjuiciamiento del delito. Para este propósito, la
Parte Requerida solicitará a su contraparte las pruebas que acrediten la
participación de la persona reclamada en los hechos que se le imputan, pruebas
que deberán ser proporcionadas por la
Parte Requirente. La Parte Requerida deberá informar a la
Parte Requirente sobre la acción tomada con respecto a su solicitud.
ARTÍCULO
6
PRINCIPIO
DE ESPECIALIDAD
1.-
Una persona extraditada conforme al presente Tratado no será detenida,
enjuiciada o sancionada en el territorio de la
Parte Requirente por un delito distinto de aquél por el cual se concedió la
extradición ni será extraditada por dicha Parte a un tercer Estado a menos que:
a)
haya abandonado el territorio de la
Parte Requirente después de su extradición y haya regresado voluntariamente a
él;
b)
no haya abandonado el territorio de la
Parte Requirente 1 dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en
que I haya estado en libertad de hacerlo, o
c)
la Parte Requerida haya dado su consentimiento para que la persona
reclamada sea detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la
Parte Requirente o extraditada a un tercer Estado por un delito distinto de
aquel por el cual se concedió la extradición, después de que la
Parte Requirente haya presentado por la vía diplomática la solicitud en este
sentido, acompañando, para tal efecto, la orden de aprehensión por el nuevo
delito y las disposiciones legales correspondientes.
El
consentimiento podrá ser otorgado cuando el delito por el que se solicita la
extradición origine la obligación de conceder la extradición de conformidad con
el presente Tratado. Estas disposiciones no se aplicarán a delitos cometidos
después de la extradición.
2.-
Si en el curso del procedimiento se cambia la calificación del delito por el
cual la persona reclamada fue extraditada, ésta será enjuiciada y sentenciada a
condición de que el delito, en su nueva configuración legal, esté fundado en el
mismo conjunto de hechos establecidos en la solicitud de extradición y en los
documentos presentados en su apoyo. En este caso, la persona será juzgada y sentenciada
con el mismo máximo de penalidad como el delito por el que fue extraditada o
con una penalidad menor.
ARTÍCULO
7
EXTRADICIÓN
SUMARIA
Si
la persona reclamada manifiesta a las autoridades competentes de la
Parte Requerida su consentimiento para ser extraditada, dicha Parte deberá
conceder su extradición sin mayores trámites y tomará todas las medidas
permitidas por sus leyes para expeditar la extradición.
ARTÍCULO
8
DOCUMENTOS
NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES
DE EXTRADICIÓN
1.-
La solicitud de extradición se presentará por la vía diplomática.
2.-
La solicitud de extradición deberá contener la expresión del delito  por el
cual se solicita la extradición y será acompañada de:
a)
una relación de los hechos imputados;
b)
texto de las disposiciones legales que fijen los elementos constitutivos
del delito;
c)
texto de las disposiciones legales que determinen la pena
correspondiente al delito;
d)
texto de las disposiciones legales relativas a la  prescripción de la
acción penal o de la pena;
e)
datos y antecedentes personales de la persona reclamada  que permitan
su plena identificación y, siempre que sea posible, los conducentes a su
localización, y
f)
copia de la orden de aprehensión, sentencia condenatoria o cualquier
otra resolución judicial o emitida por autoridad competente, que tenga la misma
fuerza y validez legal según la legislación de la
Parte Requirente.
3.-
Cuando la solicitud de extradición se refiera a una persona sentenciada, se
anexará una certificación de la constancia que indique la parte de la pena que
le falte por cumplir.
4.-
Los documentos transmitidos en aplicación de este Tratado,  estarán dispensados
de todas las formalidades de legalización o apostilla cuando sean cursados por
la vía diplomática.
ARTÍCULO
9
DETENCIÓN
PROVISIONAL O CAPTURA PROVISIONAL
1.-
La Parte Requirente podrá solicitar, por la vía diplomática, la detención
provisional o captura provisional de una persona procesada, acusada o
sentenciada. La solicitud deberá contener la expresión del delito por el cual
se solicita la extradición, la descripción de la persona reclamada y su
paradero en el evento en que lo conozca, la promesa de formalizar la solicitud
de extradición y la manifestación de la existencia de una orden de aprehensión
librada por autoridad judicial competente o de una sentencia condenatoria en
contra del reclamado.
2.-
Al momento de recibir una solicitud de esa naturaleza, la
Parte Requerida tomará las medidas necesarias para obtener la aprehensión de
la persona reclamada.
3.-
La persona será puesta en libertad si dentro de un plazo de sesenta (60) días
contados a partir del día siguiente al de su detención o captura, la
Parte Requerida no ha recibido la solicitud formal de extradición.
4.-
La persona será nuevamente detenida o capturada si se presenta posteriormente
la petición formal que cumpla con los requisitos exigidos en el presente
Instrumento.
ARTÍCULO
10
DOCUMENTOS
ADICIONALES
Si
la Parte Requerida estima que los documentos presentados en apoyo de la
solicitud formal de extradición no son suficientes para satisfacer los
requisitos del presente Tratado, dicha Parte solicitará la presentación de los
documentos que se omitieron o que fueron deficientes. La
Parte Requirente contará con un plazo de treinta (30) días calendario,
contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud, para presentar los
documentos solicitados o subsanar las deficiencias identificadas. En estas
circunstancias la persona reclamada no tendrá derecho a la libertad.
ARTÍCULO
11
SOLICITUDES
CONCURRENTES
1.-
Si la extradición de la misma persona es solicitada por dos o más Estados, la
Parte Requerida deberá determinar a cuál de esos Estados será extraditada la
persona, e informará a la Parte Requirente de su decisión.
2.-
Para determinar a cuál Estado será extraditada la persona, la
Parte Requerida tomará en consideración todas las circunstancias relevantes,
incluyendo:
a)
la gravedad de los delitos, si las solicitudes se refieren a delitos
diferentes;
b)
el tiempo y lugar de la comisión de cada delito;
c)
las fechas respectivas de las solicitudes;
d)
la nacionalidad de la persona reclamada;
e)
el lugar habitual de residencia del reclamado, y
f)
la existencia de tratados internacionales en la materia con los otros
Estados Requirentes.
ARTÍCULO
12
RESOLUCIÓN
Y ENTREGA
1.-
La Parte Requerida comunicará por la vía diplomática a la
Parte Requirente, su decisión respecto de la solicitud de extradición, una vez
que ésta haya quedado firme. 2.- En caso de denegación total o parcial de una
solicitud de extradición, la Parte Requerida expondrá en la resolución las
razones en que se haya fundado.
3.-
Si se concede la extradición, las Partes se pondrán de acuerdo para realizar la
entrega del reclamado, que deberá efectuarse dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la fecha en que la
Parte Requirente haya recibido la comunicación a que se refiere el numeral 1
del presente Artículo.
En
caso de enfermedad de la persona o riesgo grave para su vida o su salud con
motivo del traslado, el término de sesenta (60) días calendario podrá
suspenderse hasta el momento en que se informe a la
Parte Requirente que su desplazamiento al exterior es posible y la persona sea
puesta a disposición de la autoridad competente.
4.-
Si la persona reclamada no ha sido trasladada dentro del plazo señalado será
puesta en libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente negarse a
extraditarla por el mismo delito.
ARTÍCULO
13
ENTREGA
DIFERIDA
La Parte
Requerida podrá, después de acceder a la extradición, diferir la
entrega de la persona reclamada cuando existan procedimientos en curso en su
contra o cuando se encuentre cumpliendo una pena en el territorio de la
Parte Requerida por un delito distinto de aquél por el que se concedió la
extradición, hasta la conclusión del procedimiento o la plena ejecución de la
sanción que le haya sido impuesta.
ARTÍCULO
14
ENTREGA
TEMPORAL
1.-
En caso de que la entrega se haya concedido con carácter diferido, de no ser
posible la realización de video conferencia, la
Parte Requerida podrá, después de haber concedido la extradición y a petición
de la Parte Requirente, entregar temporalmente a la persona reclamada que haya
recibido una sentencia condenatoria en la
Parte Requerida, con el fin de que pueda ser procesada en la
Parte Requirente durante la ejecución de la sentencia en la
Parte Requerida. La persona así entregada, deberá permanecer en custodia de la
Parte Requirente y ser devuelta a la
Parte Requerida al término del proceso correspondiente o del plazo a que se
refiere el inciso c) del numeral siguiente.
2.-  La solicitud de entrega temporal de la persona reclamada, deberá
contener lo siguiente:
a)         justificación de la necesidad de llevar a cabo la
entrega;
b)         manifestación de que la duración del proceso
correspondiente no excederá de tres (3) años, y
c)         el compromiso de la
Parte Requirente de devolver a la persona reclamada, una vez concluido el
proceso por el cual se solicite la entrega, o transcurridos tres (3) años. En
este último caso, la devolución se llevará a cabo aún cuando el proceso en la
Parte Requirente no hubiera terminado.
3.- La entrega temporal será procedente cuando el término de la pena
privativa de libertad que le falte por cumplir a la persona reclamada en la
Parte Requerida sea mayor de tres (3) años.
4.- El tiempo que la persona entregada temporalmente haya
permanecido en el territorio de la
Parte Requirente, será tomado en cuenta para el cumplimiento de su sentencia
en la Parte Requerida.
ARTÍCULO 15
PROCEDIMIENTO
Las solicitudes de extradición que sean presentadas a la
Parte Requerida, serán tramitadas de acuerdo a los procedimientos establecidos
en la materia, que se encuentren regulados por el derecho de dicha Parte.
ARTÍCULO 16
ENTREGA DE OBJETOS A PETICIÓN DE LA
PARTE REQUIRENTE
1.- En la medida en que lo permitan las leyes de la
Parte Requerida y sin perjuicio de los derechos de terceros, los cuales serán
debidamente respetados, todos los artículos, instrumentos, objetos de valor o
documentos relacionados con el delito, que se encuentren al momento de su
detención, aún cuando no hayan sido utilizados para su ejecución, o que de
cualquier manera puedan servir de prueba en el proceso, serán entregados al
concederse la extradición aún cuando la extradición no pueda consumarse por la
muerte, desaparición o fuga del acusado.
2.- La Parte Requerida podrá retener temporalmente o entregar bajo
condición de restitución o devolución los objetos a que se refiere el numeral 1
del presente Artículo, cuando puedan quedar sujetos a una medida de
aseguramiento en el territorio de dicha Parte dentro de un proceso penal o de
extinción de dominio en curso.
3.- Cuando existan derechos de la
Parte Requerida o de terceros sobre los objetos entregados, se verificará que
hayan sido entregados a la Parte Requirente para los efectos de un proceso
penal, conforme a las disposiciones de este Artículo, y serán devueltos a la
Parte Requerida en el término que ésta considere y sin costo alguno.
ARTÍCULO 17
TRÁNSITO
1.- El tránsito, por el territorio de una de las Partes de una
persona que no sea su nacional, entregada a la otra Parte por un tercer Estado,
será permitido mediante la presentación, por la vía diplomática, de copia
certificada de la resolución en la que se concedió la extradición, siempre que
no se opongan razones de orden público.
2.- Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la
custodia del extraditado mientras permanezca en su territorio, quienes contarán
con el apoyo de las autoridades de custodia del Estado requirente y/o del
Estado requerido.
3.- La Parte Requirente reembolsará al Estado de tránsito, a
solicitud de éste, cualquier gasto en que se incurra con tal motivo.
ARTÍCULO 18
GASTOS
Todos los gastos y costos que resulten de una extradición deberán
ser cubiertos por la, Parte en cuyo territorio se eroguen. Los gastos y costos
de traslado del extraditado correrán a cargo de la
Parte Requirente.
ARTÍCULO 19
CONSULTAS y CONTROVERSIAS
1.- Las Partes celebrarán consultas, en las oportunidades que
convengan mutuamente, con el fin de facilitar la aplicación de las
disposiciones del presente Tratado.
2.- Las controversias que surjan entre las Partes con motivo de la
aplicación, interpretación o cumplimiento de las disposiciones del presente
Tratado, serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.
ARTÍCULO 20
ÁMBITO TEMPORAL DE APLICACIÓN
1.- El presente Tratado se aplicará a los delitos especificados en
su Artículo 2, que hayan sido cometidos antes o después de su entrada en vigor.
2.- Las solicitudes de extradición que se encuentren en trámite en
la fecha en que entre en vigor el Tratado serán resueltas de conformidad con
las disposiciones que venían aplicándose.
ARTÍCULO 21
ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACIÓN
1.- El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después
de la fecha de recepción de la última notificación en que las Partes se
comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos exigidos
por su legislación nacional, y tendrá vigencia indefinida.
2.- A la entrada en vigor del presente Tratado, quedará sin efectos
el Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
Ciudad de México, el 12 de junio de 1928.
3.- El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento
de las Partes, formalizado a través de comunicaciones escritas. Las
modificaciones entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento
establecido en el numeral 1 del presente Artículo.
4.- Cualquiera de la Partes podrá dar por terminado el presente
Tratado en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida a la otra
Parte, a través de la vía diplomática, en cuyo caso sus efectos cesarán ciento
ochenta (180) días después de la fecha de recibo de la notificación correspondiente.
5.- Los procedimientos de extradición pendientes al momento de la terminación
del presente Tratado, serán concluidos de conformidad con el mismo.
Firmado en la Ciudad de México el primero de agosto de dos mil once,
en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos textos igualmente
auténticos.
POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS María
Ángela Holguín Cuellar                      Marisela Morales Ibáñez
Ministra de Relaciones Exteriores             Procuradora General de
la República
2. Intervenciones.
2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores: exequibilidad.
El Tratado busca responder a las
necesidades actuales de los dos Estados en temas comunes como la lucha contra
la delincuencia, especialmente la de naturaleza transnacional organizada y el
fortalecimiento a la extradición como mecanismo de cooperación judicial en
materia penal. De este modo, el mencionado Tratado se ajusta a las actuales
formas de cooperación internacional para perseguir y reprimir la delincuencia, sin
afectar la soberanía nacional o injerir indebidamente en los asuntos internos
de cada Estado. Además, el Tratado armoniza con instrumentos multilaterales
vigentes que Colombia ha suscrito en materia de lucha contra la criminalidad
como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.
Con respecto al contenido del Tratado, se
estima que es acorde con la
Constitución. Prevé por ejemplo, un sistema de lista abierta para evitar
problemas de interpretación respecto de las conductas delictivas sancionadas
por ambos Estados. Asimismo establece la extradición para delitos fiscales
siempre que sean considerados punibles en la legislación de ambas Partes y, en
todo caso, otorga la posibilidad a los Estados de conceder o no la extradición
cuando existan causales obligatorias o facultativas para denegarla. También la
extradición sumaria y las normas de procedimiento se consideran adecuadas a la
Carta Política.
2.2. Ministerio de Justicia y del Derecho: exequibilidad.
El Tratado debe ser declarado
constitucional. Fue oportunamente remitido a la
Corte Constitucional por parte de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia luego de suscribirse conforme a lo
establecido en la Convención de Viena y se le dio aprobación ejecutiva por
parte del Presidente de la República siendo este requisito suficiente para
garantizar la legitimidad de la suscripción del Tratado, acorde con la
jurisprudencia de la Corte. En cuanto al trámite legislativo, se señala que este
cumplió con todos los pasos que exigen la
Constitución y la ley. Respecto de su contenido, la intervención del
Ministerio destaca que este se ajusta al concepto que la jurisprudencia, la
doctrina y las normas internacionales manejan sobre el tema de la extradición,
entendida como mecanismo de cooperación internacional para impedir la evasión
de la justicia de quien ha delinquido en territorio extranjero y se oculta en
territorio nacional donde carecen de competencia y jurisdicción las autoridades
que lo reclaman. Asimismo, se señala que dicho Tratado respeta la soberanía
nacional y sus disposiciones resultan acordes con la
Constitución.
2.3. Academia Colombiana de Jurisprudencia:
exequibilidad.
El objetivo del Tratado es el de sustituir
el tratado de extradición suscrito en 1928 entre Colombia y los Estados Unidos
mexicanos, que fue renovado hasta 2007 por lo que, en principio, tiene vigencia
hasta 2017. El objetivo del nuevo instrumento es el de modernizar los
mecanismos de cooperación judicial en materia penal para combatir de manera
eficiente la delincuencia y la impunidad. En este contexto, el Tratado respeta
los principios de soberanía y de no injerencia en los asuntos internos. Se
observa en general que el Tratado es exequible tanto desde el punto de vista
del trámite formal surtido ante el Congreso como desde su contenido. No
obstante lo anterior, se advierte que los Estados unidos mexicanos deberán
tener claro el artículo 35 de la
Constitución colombiana al aplicar el tratado, por cuanto en el mismo se
establece que la extradición de colombianos por nacimiento solo se concede por
los delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la legislación
nacional y que no procede cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad
a 1977. De otro lado, se considera pertinente diferenciar entre las leyes
ordinarias y las leyes aprobatorias de tratados. En efecto, mientras no se
verifique el Canje o el depósito de instrumentos de ratificación del tratado,
las leyes aprobatorias no existen como leyes del ordenamiento interno.
Adicionalmente, hay otros aspectos de las leyes aprobatorias que no las
diferencian de las leyes ordinarias: 1) no están comprendidas en la definición
de leyes ordinarias del Código Civil; 2) su entrada en vigencia está sujeta al
canje o depósito; 3)  la promulgación es distinta a la de las leyes ordinarias.
Con fundamento en lo anterior, resulta problemático que la
Corte se considere competente para pronunciarse sobre leyes aprobatorias de
tratados que no han cumplido con todos los requisitos de la
Ley 7 de 1944, porque esto significa que no han entrado en vigencia.
3. Concepto del Procurador General de la
Nación: exequibilidad.
No se advierte ningún vicio respecto del trámite
surtido ante el Congreso de la
República en el proceso de formación de la
Ley 1663 de 2013. Desde el punto de vista material, la
Vista Fiscal destaca que las disposiciones contenidas en el Tratado, son
claras porque mencionan los requisitos para su aplicación. En consecuencia, el
Tratado se ajusta a la Constitución en la medida en que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional este tipo de tratados se erigen en mecanismos de
cooperación entre los países para combatir el crimen y garantizar que no haya
impunidad. Además no atenta contra la soberanía del Estado por cuanto este se
reserva la facultad de decidir sobre el asunto.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para examinar la
constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias,
según lo establecido por el artículo 241.10 de la
Constitución Política.
2.  Examen Formal.
La Corte realizará el control formal de
constitucionalidad del presente Tratado y su ley aprobatoria, de la siguiente
manera: (i) sobre el proceso de formación del instrumento, en cuanto a la
validez de la representación del Estado colombiano y (ii) respecto del trámite
legislativo del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la
República.
3. El proceso
de negociación del instrumento internacional: representación y competencia en
la suscripción del tratado.
3.2.1. El
control de constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del
representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado
mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 7
a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
de 1969.
3.2.2. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación
de fecha 13 de agosto de 2013 dirigida a la
Secretaría de la Corte Constitucional[1],
indicó que el Tratado en mención fue suscrito en nombre y representación de la
República de Colombia, por la señora Ministra de Relaciones Exteriores de
Colombia, María Ángela Holguín Cuellar, en la ciudad de México, el 1º de agosto
de 2011. Se señaló igualmente que en este caso no se expidieron Plenos Poderes
por parte del Presidente de la
República, atendiendo a lo previsto en el numeral 1º del artículo 7 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969[2].
3.2.3.
Asimismo, en la comunicación se adjuntó la
Aprobación Ejecutiva de fecha 14 de marzo de 2012, por medio de la cual, el
Presidente de la República autorizó someter a consideración del Congreso de la
República el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados unidos mexicanos”[3].
3.2.4. Con
respecto al proceso de consulta con las comunidades étnicas, se desatacó que la
Corte Constitucional, en la sentencia C-915 de 2010, determinó la obligación
de efectuar consultas previas por parte del Gobierno Nacional en todos los
eventos en los que las medidas legislativas pueden afectar directamente a las
poblaciones en mención independientemente de que el efecto de dichas medidas
sea positivo o negativo. Sin embargo, al revisar el contenido del presente
Tratado, no se advierte que se adecue a los supuestos indicados por la
mencionada providencia ya que sus disposiciones se refieren a la cooperación
internacional en asuntos penales, de modo que no se configura una incidencia
directa sobe el estatus de las personas o de las comunidades étnicas, por lo
cual no resultaba necesario realizar la consulta previa.
3.2.5 Atendiendo a las consideraciones anteriores es claro que
ninguna objeción puede formularse respecto del proceso de suscripción del
Tratado. En efecto, el mismo fue suscrito por parte de la
Ministra de Relaciones Exteriores, que contaba con plenos poderes para hacerlo
y se realizó la aprobación ejecutiva reconocida como una forma de cumplimiento
de lo ordenado por el numeral 2º del artículo 189 de la
Constitución.
4. El proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de la
República
4.1. El proyecto de ley.
4.1.1.
Iniciativa y radicación.
El Proyecto de Ley 214 de 2012 (Senado) fue presentado
el 23 de marzo de 2012, conforme lo establecen el inciso final del artículo 154
de la Constitución y el artículo 143 de la ley 5 de 1992, ante la
Secretaría del Senado de la
República por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín
Cuellar y el Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra
Portocarrero[4].
4.1.2. Publicación del texto y la exposición de
motivos.
El texto original del proyecto de ley junto con la
respectiva exposición de motivos, fueron publicados en la
Gaceta del Congreso de la
República No. 96 de fecha 23 de marzo de 2012 (Pág. 18-24)[5]
conforme se establece en el numeral 1 del artículo 157 de la
Constitución y el artículo 144 de la ley 5 de 1992.
4.2. Trámite en el Senado de la
República.
4.2.1. Primer debate en Senado[6].
4.2.1.1. Publicación de la ponencia para primer debate.
La ponencia para primer debate fue presentada por la
Senadora Alexandra Moreno Piraquive y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 209 de fecha 8 de mayo de 2012 (Pág. 7-12)[7].
En esta ponencia se propone aprobar en primer debate el proyecto de ley sin
modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin
reservas, enmiendas u observaciones.
4.2.1.2. Anuncio para votación en primer debate.
El anuncio de discusión y votación del Proyecto de Ley 214 de 2012
Senado se realizó en varias sesiones.
-En la sesión del 9 de mayo de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto
de Ley 214 de 2012 Senado, tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 548 de 2012 (p. 17):
“Anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley.
Por instrucciones de la señora
Presidenta de la
Comisión Segunda del Senado de la
República, me permito anunciar los proyectos de ley para discutir y votar en
la próxima sesión. (Artículo 8° del
Acto Legislativo número 01 de 2003).
-Proyecto
de ley número 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de Extradición
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicano”, suscrito en la ciudad de México, el 1°
de agosto de 2011.
(…) Han sido anunciados señora
Presidenta para discusión y votación en la próxima sesión los proyectos de ley.
La señora Presidenta, Senadora
Alexandra Moreno Piraquive, informa a la
Comisión que se convoca sesión para el próximo martes a las 10:00 a. m”[8].
-En la sesión del 15 de mayo de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto
de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 548 de 2012 (p. 29):
“Anuncio de
discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión
Por instrucciones de la
Presidente de la
Comisión Segunda Del senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión.
(…) 2. Proyecto
de ley número 214 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1° de agosto
de 2011.
(…) La señora Presidenta, Senadora Alexandra Moreno Piraquive,
informa a  la Comisión:
se convoca para mañana a las 9:00 a. m. sesión reservada, vamos a escuchar a
los señores Militares que están próximos a ascensos. Se levanta la sesión y
convoca para mañana a las 9:00 a. m. Senadores. Gracias” [9].
-En la sesión del 16 de mayo de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto
de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 548 de 2012 (p. 37 y 38):
“Anuncio de discusión y votación de proyectos
de ley
Por instrucciones de la
Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión (artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003).
(…) 2. Proyecto
de ley número 214 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el ¿Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos¿, suscrito
en la ciudad de México, el 1° de agosto de 2011.
(…) La señora Presidenta Alexandra Moreno
Piraquive, se convoca a sesión para el martes a las 9:00 a. m., arrancamos
señor Secretario con la proposición que se aprobó el día de hoy, para hablar los
temas de los militares; segundo, lo que teníamos agendado anteriormente”[10].
-En la sesión del 22 de mayo de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto
de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 548 de 2012 (p. 41, 42 y 64):
“El Secretario de  la Comisión, doctor Diego González
González, procede con el anuncio de proyectos de ley. Por instrucciones de la
Presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la
República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión (artículo 8° del Acto
Legislativo número 01 de 2003).
(…)2. Proyecto de ley número 214 de 2012
Senado, por medio de la cual
se aprueba el “Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos”, suscrito
en la ciudad de México , el 1° de agosto de 2011.
(…) Le informo señora Presidenta, que han sido
anunciados los proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión de  la Comisión.
(…) Se cita para mañana a las 10:00,
agradecemos nuevamente al señor Secretario y la
Subsecretaria, buenas tarde para todos[11]
-En la sesión del 23 de mayo de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto
de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 549 de 2012 (p. 27-28):
“El señor Secretario Diego
Alejandro González González:
Procede con el anuncio de los
proyectos de ley para discutir y votar en la próxima sesión:
(…) 2. Proyecto
de ley número 214 de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto
de 2011.
(…) Gracias,
señor Secretario, citamos para el próximo martes 10:00 a. m. a través de la
Secretaría avisaremos
en qué Comisión vamos a sesiona”[12].
-En la sesión del 29 de mayo de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto
de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 549 de 2012 (p. 35-36):
“El Presidente solicita al
secretario continuar con el anuncio de proyectos de ley.
El secretario procede con la
lectura de anuncios de proyectos de ley:
(…) 3. Proyecto de ley número 214 de 2012
Senado, por medio de la
cual se aprueba el “Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto
de 2011.
(…) El señor Presidente, Senador Carlos
Emiro Barriga Peñaranda, informa que se cita para el día mañana miércoles a las 10:00 a. m.
en este recinto de la
Comisión de Ordenamiento
Territorial”[13].
-En la sesión del 30 de mayo de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se anunció la votación del Proyecto
de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 549 de 2012 (p. 49):
“El señor Secretario, Diego
Alejandro González González:
Procede con el punto de: Anuncio
de discusión y votación de proyectos de ley.
Por instrucciones de la
presidente de la
Comisión Segunda del Senado de la
República, Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima
sesión, (artículo 8º del Acto legislativo número 01 de 2003).
1.Proyecto de ley número 214
de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
(…) El señor Vicepresidente,
Carlos Emiro Barriga Peñaranda:
Agradece al señor Secretario,
anunciados los proyectos para la próxima sesión, citamos para el día martes 5
de junio, en este mismo recinto, martes 10:00 a. m., 5 de junio”[14].
-En la sesión del 13 de junio de 2012 de la
Comisión Segunda Constitucional Permanente se realizó el último anuncio de la
votación del Proyecto de Ley 214 de 2012 Senado. Tal y como consta en la
Gaceta del Congreso 21 de 2013 (p. 2 y 3):
El señor Presidente, Senador
Carlos Emiro Barriga Peñaranda, manifiesta:
“Gracias señor Secretario, le
ruego el favor anunciar los proyectos de ley que tenemos para la próxima
sesión.
El Secretario de la
Comisión, doctor Diego Alejandro González González:
Informa, así se hará señor
Presidente y procede con el anuncio de proyectos. Control de anuncios para
discusión y votación de proyectos de ley.
(…) 2. Proyecto de ley número 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de
Extradición entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la ciudad de México, el 1° de agosto de 2011.
(…) El Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga
Peñaranda:
Agradece al Secretario, en razón
que ya han sido anunciados los proyectos que se van a debatir en la próxima
sesión, vamos a convocar, citamos para la próxima sesión a las 09:00 de la
mañana en el recinto de la
Comisión Sexta del Senado. Esta citación se va a hacer a las 09:00 de la
mañana del día jueves 14 de junio; es decir para mañana en este mismo recinto.
Le ruego señor secretario informarle a los demás miembros de la
Comisión que no se encuentran presentes”[15].
La cadena de
anuncios fue igualmente certificada por el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado, en oficio No. OPC-149/13 remitido a la
Secretaría General de la Corte el 20 de agosto de 2013[16].
4.2.1.3. Aprobación para primer debate (quórum y mayoría).
El día 14 de junio de 2012, la
Comisión Segunda del Senado realizó el debate y votación del proyecto, según
consta en la Gaceta del Congreso No. 549 de 2012 – que contiene el Acta No. 31 del 14 de junio de 2012. Según el acta, el informe de
ponencia fue aprobado por la
Comisión mediante votación nominal y pública con 7 votos a favor y uno en
contra.
De acuerdo con el Oficio del 2
de agosto de 2013 enviado a la Corte por el Secretario de la
Comisión Segunda del Senado[17], “en relación con la solicitud del Honorable
Magistrado de certificar el quórum deliberatorio y decisorio, esta Secretaría
se permite certificar que el proyecto de ley No. 214/12 Senado fue aprobado por
los Honorables Senadores presentes al momento de abrirse el registro, así: la
proposición final fue aprobada conforme al Acto Legislativo No. 01 de 2009, con
votación nominal y pública cuyo resultado fue 07 votos afirmativos y 01 voto
negativo. No hubo abstenciones (…) Acto seguido se aprueba la omisión de
lectura del articulado y sometido a consideración, discusión y votación el
texto del articulado propuesto, fue aprobado conforme al Acto Legislativo No.
01 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue 07 votos
afirmativos y 01 voto negativo. No hubo abstenciones (…) Se da lectura al
título del proyecto de ley y sometido a consideración, discusión y votación el
texto del articulado propuesto, fue aprobado conforme al Acto Legislativo No.
01 de 2009, con votación nominal y pública cuyo resultado fue 07 votos afirmativos
y 01 voto negativo. No hubo abstenciones (…) Sometido a consideración,
discusión y votación si quieren que éste proyecto de ley tenga segundo debate y
se convierta en Ley de la República, fue aprobado conforme al artículo 129 del
Reglamento del Congreso y/o artículo 1º de la
Ley 1431 de 2011”.
En síntesis, de acuerdo con
el Acta 31 del 14 de junio de 2012, que consta en la
Gaceta 549 de 2012, y con la certificación de la
Secretaría de la Cámara de Representantes, tanto la proposición, como el
título y el articulado del proyecto de ley 214 de 2012 fueron aprobados por
votación nominal y pública con 7 votos afirmativos y uno en contra. Posteriormente,
con fundamento en el numeral 18 del artículo 129 del Reglamento del Congreso, los
Senadores votaron afirmativamente y de manera ordinaria que el proyecto tuviera
segundo debate.
4.2.2. Segundo debate[18]:
4.2.2.1. Término entre comisión y plenaria.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate el 14 de junio
de 2012 y abierto a segundo debate el 11 de septiembre de 2012, se cumple con
el requisito constitucional de un mínimo de ocho días entre la actuación
parlamentaria de la Comisión y la de su plenaria (CP, art 160).
4.2.2.2. Publicación del texto Aprobado y de la ponencia.
El texto aprobado en primer debate correspondiente al proyecto de
ley 214 de 2012 Senado, fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 579 de 2012 (pág. 11)[19].
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada por el senador Edgar Alfonso Gómez
Román y publicada en la Gaceta del Congreso No. 579 de 2012 (págs. 5
a 10), proponiendo su aprobación en segundo debate sin modificación alguna al
texto presentado por el Gobierno Nacional y sin modificaciones, reservas,
enmiendas u observancia al texto de la Convención[20].
4.2.2.3.
Anuncio para votación en segundo debate.
El proyecto de ley fue anunciado para segundo debate el
día 4 de septiembre de 2012, según consta en el acta 12 publicada, a su vez, en
la Gaceta No. 797 de 2012 (pág. 18).
Anuncio de
proyectos
“Por instrucciones de la
Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión.
Siguiente punto del Orden del
Día es anuncio de proyectos, anuncio de proyectos para discutir y votar en la
próxima sesión plenaria del honorable Senado de la
República.
(…) Proyecto de ley
número 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición
entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
(… ) Siendo las 6:50 p.
m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día martes 11
de septiembre de 2012, alas 3:00 p. m.
El Presidente,
ROY LEONARDO
BARRERAS MONTEALEGRE”
De la misma manera, el Secretario General del Senado certificó mediante
oficio OPC-147/13, remitido a la
Secretaría de la Corte el 20 de agosto de 2013, que el proyecto de ley No. 214
de 2012 Senado “fue anunciado según el requisito contemplado en el artículo
160 constitucional, en la sesión plenaria del día cuatro de septiembre de 2012,
como consta en el acta No. 12, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 797 del 9 de noviembre de 2012 (Págs. 1, 17
a 18 y 48)”[21].
4.2.2.4.
Aprobación en segundo debate.
El día 11 de septiembre de
2012, la Plenaria del Senado realizó el debate y votación del proyecto, según
consta en la Gaceta del Congreso No. 798 de 2012 – que contiene el Acta No. 13
de 2012. De acuerdo con el acta el proyecto de ley fue aprobado en segundo
debate mediante votación ordinaria. La
Presidencia somete a consideración la preposición y, una vez aprobada, los
integrantes del Partido Polo Democrático Alternativo y Progresistas, dejan
constancia de su voto negativo al Proyecto de Ley No. 214 de 2012[22].
“Proyecto de ley número 214
de 2012 Senado, por
medio de la cual se aprueba el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de
agosto de 2011.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.
Por Secretaría se da lectura a
la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta le imparte su
aprobación.
Dejan constancia de su voto
negativo a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia, del
Proyecto de ley número 214 de 2012 Senado, los integrantes del Partido Polo
Democrático Alternativo y Progresistas.
Se abre
segundo debate
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su discusión,
esta le imparte su aprobación.
La Presidencia somete a consideración de la
Plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta:
¿Adopta la Plenaria el articulado propuesto? Y esta responde
afirmativamente.
La Presidencia indica a la
Secretaría dar lectura al título del proyecto.
Por Secretaría se da lectura al
título del Proyecto de ley número 214 de 2012 Senado, por medio de la
cual se aprueba el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito
en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Leído este, la
Presidencia lo somete a consideración de la
Plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la
Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los trámites
constitucionales, legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley
aprobado, surta su trámite en la
Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.
La Presidencia indica a la
Secretaría continuar con el siguiente proyecto del Orden del Día”.
La certificación del
Secretario General del Senado de la
República, en respuesta al Oficio OPC-147/13 enviado al Magistrado
Sustanciador el 16 de agosto de 2013, señaló: “El mencionado proyecto de ley
fue aprobado en segundo debate sin modificaciones, con el lleno de los requisitos
constitucionales, legales y reglamentarios, mediante el modo de votación
ordinaria del artículo 129 de la ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º
de la ley 1431, como consta en el acta No. 13, correspondiente al día once de
septiembre de 2012 (Pág. 23 ) publicada en la
Gaceta del Congreso No. 798 del 9 de noviembre de 2012, (Págs.1, 2, 23 y 28)
Anexo # 3”. Con relación al quórum, se certificó lo siguiente: “El
mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate sin modificaciones,
con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios,
mediante el modo de votación ordinaria, de conformidad con el del artículo 129
de la ley 5ª de 1992 y quórum deliberatorio y decisorio de 92 de 100 senadores.
El suscrito Secretario General registró los votos negativos de los integrantes
del Partido Polo Democrático Alternativo y del Partido Progresistas, y no hubo
abstenciones, como consta en el acta No. 13, correspondiente al día once de
septiembre de 2012, (Pág. 23) publicada en la
Gaceta del Congreso No. 798 del 9 de noviembre de 2012”[23].
Con respecto a este punto es importante aclarar que una
vez cerrada la votación ordinaria de la proposición, los miembros del Partido
Polo Democrático y los Progresistas dejaron constancia de su voto negativo. Por
tratarse de manifestaciones disidentes de las mayoritarias expresadas después
de realizada la votación, no obligaban a votación nominal y, en consecuencia,
no invalidan la votación ordinaria.
En efecto, no se invalida la votación porque la
constancia de los votos negativos se dejó una vez cerrada la votación de la
proposición. En todo caso y en gracia de discusión, aún si se considerara que
se viola la regla general de votación nominal y pública, con la constancia de
los votos negativos, se sabría el sentido de la votación de los congresistas
presentes por consiguiente, se cumpliría con la finalidad de dicha regla
general.
Ahora bien, resulta ilustrativo, que respecto de las
preguntas sobre el título, la continuación del proceso legislativo en la
Cámara de Representantes y la votación del articulado del proyecto de ley, no
se certificara ningún voto contrario ni ninguna solicitud de votación nominal y
pública por parte de los senadores.
Por las razones anteriormente expuestas, se considera
que la constancia de los votos negativos del Partido Polo Democrático luego de
cerrada la votación de la proposición positiva al proyecto de ley, no invalida
el proceso legislativo.
4.3. Trámite
en la
Cámara de Representantes.
4.3.1.
Primer debate[24].
4.3.1.1.
Término entre Senado y Cámara de Representantes.
De conformidad con lo exigido
en el inciso primero del artículo 160 de la
Constitución entre la aprobación del proyecto en el Senado de la
República (11 de septiembre de 2012) y la iniciación del debate en la
Cámara de Representantes (3 de abril de 2013)  transcurrieron más de 15 días.
4.3.1.2.
Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El texto aprobado en segundo debate en el Senado (Sesión Plenaria)
correspondiente al proyecto de ley 214 de 2012 Senado, fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 617 de 2012[25].
Se señala allí que el texto publicado fue aprobado en plenaria de Senado el día
11 de septiembre de 2012 sin modificaciones.
La ponencia para el primer debate ante la
Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara del proyecto de ley 142 de 2012 - Cámara, correspondió al representante
Eduardo José Castañeda Murillo y fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 863 de fecha 30 de noviembre de 2012 (p. 5
a 9)[26].
En la ponencia presentada se propone aprobar en primer debate el proyecto de
ley sin modificación alguna al texto presentado por el Gobierno Nacional y sin
modificaciones, reservas, enmiendas u observancia al texto del Tratado.
4.3.1.3. Anuncio de votación.
El Proyecto fue anunciado para primer debate el 20 de marzo de 2013
tal como consta en el Acta 25 de esa fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 388 del 7 de junio de 2013 (p.13)[27]. El anuncio
previo exigido en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 fue formulado
en los siguientes términos:
“Hace uso de la palabra la
Secretaria de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Quinto. Anuncios de proyectos de
ley para discusión y aprobación en primer debate en la próxima sesión de
Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley. Este anuncio es para
dar cumplimiento al artículo 8º del acto legislativo número 01 de 2003.
(…) Proyecto de ley número 142 de 2012 Cámara, 214 de 2012
Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los
Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
Ciudad de México, el 1° de
agosto de 2011.
(…) Agotado el Orden del Día se levanta la sesión y
se cita para el día 3 de abril a las 9:00 de la mañana”.
Asimismo, en
comunicación enviada a la
Secretaría General de la Corte el 15 de agosto de 2013, en respuesta al oficio
OPC-150/13 y OPC-148/13, la
Secretaria General de la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes certificó: “Certifico: que
el anuncio del referido Proyecto de Ley se hizo en sesión del 20 de marzo de
2013, Acta No. 25, la cual está publicada en la
Gaceta del Congreso No. 388 del 7 de junio de 2013 páginas 1
a 15 (pág. 13). Anexo Gaceta de la siguiente manera (…)”[28].
4.3.1.4.
Aprobación del proyecto.
El día 3 de abril de 2013, la
Comisión Segunda de la Cámara realizó el debate y votación del proyecto según
consta en la Gaceta del Congreso No. 388 del 7 de junio 2013 (págs. 15-32) –
que contiene el Acta No. 26 del 3 de abril de 2013:
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor Presidente. Discusión y
aprobación de proyect os de ley en primer debate. Le recuerdo señor Presidente
que estamos en la discusión del Proyecto de ley número 142 de 2012
Cámara, 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos mexicanos.
Hace uso
de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Muy bien ya se discutió y se
cerró la discusión del informe de ponencia. Le pregunto a la
Comisión, ¿si aprueba el informe de ponencia?
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado la proposición
con que termina el Informe de Ponencia.
Hace uso
de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Articulado señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Señor Presidente le informo que
son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta del
Congreso correspondiente y también le informo que no existe
proposición modificatoria alguna al texto del proyecto de ley.
Hace uso
de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
En consideración el articulado
se abre su discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la
Comisión el articulado?
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido
aprobado el articulado señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Título señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Por medio de la cual se
aprueba el Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.
Leído el título del proyecto señor Presidente.
Hace uso
de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
En consideración el título leído
así como la pregunta a los honorables miembros de la
Comisión si quieren que este proyecto pase a segundo debate. Se abre su
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la
Comisión?
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Ha sido aprobado el título del
proyecto leído señor Presidente y a su vez los honorables Representantes han
manifestado que quieren que este proyecto pase a segundo debate.
Hace uso
de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Óscar de Jesús
Marín:
Continua como ponente el doctor
Eduardo José Castañeda. Siguiente punto en el Orden del Día señora Secretaria.
Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Así se hará señor Presidente
como usted lo ordena.
La votación fue unánime y ordinaria de acuerdo con la certificación
sobre el quórum y la aprobación en primer debate, expedida por la
Secretaria de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes en los siguientes términos:                                                                   “Certifico:
que en sesión del 03 de abril de 2013, Acta No 26, se le dio primer debate y se
aprobó por unanimidad en votación ordinaria de acuerdo a la
Le 1431 de 2011 art. 1 (art. 129 de la 5ª de 1992), el PROYECTO DE LEY NO
142/12 CÁMARA, 214/12 SENADO “POR MEDIO DE LA
CUAL SE APRUEBA EL “TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, con la presencia de 17
Honorables Representantes en los siguientes términos: Leída la proposición con
que termina el informe de ponencia, y escuchadas las explicaciones del ponente,
Dr. H.R. Eduardo José Castañeda Murillo, se sometió a consideración y se aprobó
por unanimidad en votación ordinaria. Sometido a consideración, el articulado
del Proyecto, publicado en la Gaceta No 863/12, pág. 5
a la 9 se aprobó por unanimidad en votación ordinaria. Leído el título del
proyecto y preguntada a la comisión si quiere que este proyecto sea ley de la
República, se sometió a consideración y se aprobó por unanimidad en votación
ordinaria. La mesa directiva designó al Honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo para rendir informe de ponencia en segundo debate dentro del
término reglamentario”[29].
4.3.2. Segundo debate[30].
4.3.2.1.
Término entre comisión y plenaria.
Conforme lo exige el artículo
160 de la Constitución transcurrió un plazo de no menos de 8 días entre el
debate surtido en la Comisión Segunda de la
Cámara (3 de abril de 2013) y el adelantado en la
Plenaria de dicha Corporación (19 de junio).
4.3.2.2.
Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
El texto aprobado en primer debate en la
Cámara de Representantes correspondiente al proyecto de ley 142 de 2012
Cámara, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 284 de 2013 (p. 5)[31].
La ponencia para segundo
debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el
Representante Eduardo José Castañeda Murillo y publicada en la
Gaceta del Congreso No. 284 de 2012 (p. 1
a 5)[32].
4.3.2.3.
Anuncio para votación en Plenaria.
El Proyecto fue anunciado el día 18 de junio de 2013 tal como consta
en el Acta 215 de tal sesión, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 751 de 2013 (Pág. 121)[33]. En la
Gaceta se indica:
“Gracias señor Secretario.
Anuncio la conformación de la
Comisión Accidental para estudiar las 150 proposiciones que han sido
presentadas, el doctor Puentes, la doctora Franco, el doctor Roosvelt, el
doctor Dídier y el doctor Alfredo Deluque.
Estaremos citando para el día 19
de junio, mañana a las 8 de la mañana. Doctora Alba Luz, se levanta la sesión.
Disculpe señora Secretaria,
anuncie los proyectos antes de levantar la sesión.
(…) Proyecto de ley número 142
de 2012 Cámara, 214 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México, el 1° de agosto de 2011.
(…) Gracias señora Secretaria,
simplemente para reconfirmar el anuncio de todos los proyectos. Se cita
entonces para el día de mañana 19 de junio a las 8 de la mañana”[34].
De la misma manera, el Secretario General del Senado en el oficio
OPC-148/13 que dirigió el 21 de agosto de 2013
a la Secretaría General de la Corte certificó lo siguiente: “Que el
Proyecto de Ley en comento fue anunciado previamente a la votación en sesión
Plenaria del día 18 de junio de 2013, según consta en el Acta No. 215, para la
sesión Plenaria del día 19 de Junio de 2013 o para la siguiente sesión Plenaria
en la cual se debatan Proyectos de Ley o Actos Legislativos, cumpliendo de esta
manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política”[35].
4.3.2.4.
Aprobación.
El proyecto de ley 142 de
2012 Cámara fue debatido y aprobado el 19 de junio de 2013, según consta en el
Acta No. 216 de esa fecha, que consta en la
Gaceta del Congreso  757 de 2013 (pág. 137)[36]. La  aprobación se dio por unanimidad en votación
ordinaria.
Proyecto de ley número 142
del 2012 Cámara, 214 del 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado de
extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos
Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Autores: Ministro de
Relaciones Internacionales, María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de
Justicia y del Derecho Carlos Esguerra Portocarrero.
Ponente: Eduardo José
Castañeda Murillo.
Proposición con que
termina la Ponencia que dice así:
Proposición:
En consecuencia de lo expuesto
anteriormente y con base en lo dispuesto por la
Constitución Política y la ley me permito proponer a la honorable
Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al Proyecto
de ley número 142 del 2012 Cámara, 214 del 2012 Senado, por medio
de la cual se aprueba el tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de México el 1° de agosto de 2011. Firma, Eduardo José Castañeda
Murillo.
Está leída señor Presidente la
proposición con que termina el informe de Ponencia, pidiendo que es el segundo
debate.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el informe de
Ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la
Plenaria?
Secretario doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado señor
Presidente.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Articulado señor Secretario.
Secretario doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Consta de tres artículos sin
ninguna proposición o modificación.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el articulado
del proyecto, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, ¿aprueba la
Plenaria?
Secretario doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Ha sido aprobado señor Presidente.
Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Título y pregunta señor
Secretario.
Secretario doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Proyecto de ley número 142 de
2012 Cámara 241 del 2012 Senado por
medio de la cual se aprueba el tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
Ciudad de México el 1° de agosto de 2011.
Ha sido leído el título señor
Presidente.
Dirección de la
Presidencia doctor Augusto Posada Sánchez:
En consideración el título y le
pregunto a la Plenaria si quiere que este proyecto de ley sea ley
de la República.
Secretario doctor Jorge
Humberto Mantilla Serrano, informa:
Así lo quieren señor Presidente.
De acuerdo con la
certificación contenida en el
oficio OPC-148/13 remitido el 21 de agosto de 2013 por el Secretario General de
la Cámara de Representantes a la
Secretaría General de la Corte: “En Sesión Plenaria de la
H. Cámara de Representantes del día 19 de junio de 2013, que consta en el Acta
No. 216, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y nueve (159)
Honorables Representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por
unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el
articulado, título y la pregunta “Quiere la
Plenaria que este proyecto sea Ley de la
República” del Proyecto de Ley No. 142 de 2012 Cámara – 214 de 2012 Senado,
hoy Ley 1663 de 2013 “POR MEDIO DE LA
CUAL SE APRUEBA EL “TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” SUSCRITO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, EL 1 DE AGOSTO DE 2011”,
habiéndose obtenido en la votación nominal anterior un total de noventa y nueve
(99) votos”[37].
Al revisar el Acta de la
sesión, efectivamente se constata que el anterior Proyecto de Ley votado
(Proyecto de Ley Estatutaria número 267 de 2013 Cámara, 209 de 2013 Senado, “por
medio del cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras
disposiciones”), fue aprobado por votación nominal y pública con 93 votos
afirmativos y 3 negativos.
Si bien no hubo un nuevo
llamado a lista inmediatamente después de la mencionada votación, encuentra la
Corte que no existe constancia de ruptura del quórum en la votación del
proyecto de ley 142 de 2012 Cámara votado posteriormente. De lo anterior se
desprende que había quórum decisorio y que la votación fue ordinaria por
unanimidad, sin que se manifestara antes o durante el debate ninguna propuesta
de votación nominal y pública.
4.4. Sanción
Presidencial y envío a la
Corte Constitucional.
4.4.1. Sanción.
El texto definitivo del Proyecto de Ley 142
de 2012 Cámara y 214 de 2012 Senado fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 461 del 2 de julio de  2013 (Págs. 18-19)[38].
El día 16 de julio de 2013 el Presidente de la
República sancionó la ley aprobatoria del Tratado objeto de examen. La
Ley 1663 de 2013 fue publicada en el Diario Oficial n. 48.853 de 16 de julio de 2013.
4.4.2. Remisión
gubernamental oportuna.
Mediante comunicación de fecha 16 de abril de 2012, la
Secretaria Jurídica de la Presidencia de la
República remitió a la Corte Constitucional fotocopia debidamente autenticada
de la ley No. 1663 del 16 de julio de 2013, “por medio
de la cual se aprueba el “TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto
de 2011. Conforme lo establece el numeral 10 del
artículo 241 la remisión se produjo en el plazo establecido de seis días
siguientes a la sanción de la ley[39].
4.5.
Conclusión.
La Corte Constitucional encuentra cumplidos los
requisitos de trámite del proyecto de ley aprobatorio del Tratado en cuestión,
así: (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el
quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del
proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a
cada votación; (iv) cumplió los términos que deben entre las votaciones en
comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes.
Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de
constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
5. Examen
de constitucionalidad material.
En relación con el examen de fondo, se deben examinar las
disposiciones del tratado internacional y el de su ley aprobatoria, respecto de
la totalidad de las disposiciones superiores, para determinar si aquéllas se
ajustan o no a la
Constitución Política. Con este propósito, se aludirá al régimen
constitucional en materia de relaciones internacionales (5.1). Una vez hecho
esto, se expondrán los antecedentes del Tratado (5.2). Luego se realizará un
breve repaso la extradición en la jurisprudencia constitucional (5.3.). Finalmente
se examinará la constitucionalidad del contenido específico del Tratado (5.4.).
5.1. El régimen constitucional de las relaciones
internacionales.
5.1.1 Desde el preámbulo, la
Constitución refleja una inequívoca orientación hacia la participación activa
de Colombia en el escenario internacional. Tal y como lo ha advertido la
jurisprudencia constitucional[40], existe un deber del Estado consagrado en los artículos 226 y 227
superiores, de promover la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas, como también la integración económica,
social y política con las demás naciones y especialmente, con los países de
América Latina y del Caribe mediante la celebración de tratados y dentro de los
límites impuestos por la misma Carta.
5.1.2. En este contexto, las relaciones exteriores de
Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del
derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos 150.16, 226 y
227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del país, así como
la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227).
Finalmente, el ámbito de desarrollo de la integración internacional comprende
las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo 226).
5.2. Antecedentes del Tratado.
5.2.1. De
acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley del Tratado sub
examine,  este se justifica en la voluntad de las Partes de sustituir el
Tratado de Extradición entre Colombia y México, suscrito el 12 de junio de 1928,
con el fin de modernizar sus disposiciones y responder a las necesidades
actuales de ambos países en temas comunes de lucha contra la delincuencia, fortaleciendo
la figura de la extradición como mecanismo de cooperación judicial en materia
penal.
5.2.2. En
Tratado de 1928 disponía en su artículo 20, una cláusula de renovación
automática cada 10 años, siendo la fecha de la última renovación el año 2007. Tratándose
de un Tratado vigente en la actualidad (hasta el 2017), el nuevo instrumento establece
en el numeral 2º del artículo 21, que su entrada en vigor deja sin efectos el
Tratado de 1928.
5.2.3. En la
exposición de motivos se destaca  que, con el nuevo Tratado, las Partes se
someten a nuevas formas de cooperación internacional para la persecución y represión
de la delincuencia, particularmente la de naturaleza transnacional, de modo que
la cooperación sea más eficiente y ágil.
5.3. La figura de la extradición en la jurisprudencia constitucional.
5.3.1. La extradición es un instrumento de cooperación internacional
de lucha contra la impunidad, por medio del cual se impide que una persona que
ha cometido una conducta delictiva en el exterior, se refugie en un país
diferente para evadir su sometimiento a la justicia. Así, en palabras de la
Corte “la extradición es un importante instrumento
de cooperación internacional que tiene como fundamento el interés de los
Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio, ya sea total o
parcialmente, no queden en la impunidad. Su finalidad no es otra que la de
impedir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la
acción de la justicia refugiándose en un país diferente a aquél donde ha
cometido la conducta punible. Precisamente con tal fin se han suscrito diversos
tratados y convenios internacionales en los que, ya sean de carácter bilateral
o multilateral, se han señalado las conductas por las cuales procede y los
procedimientos y trámites aplicables que deben seguirse para el requerimiento o
para el ofrecimiento”[41].
Como consecuencia de este proceso el Estado denominado requirente –parte
activa- puede solicitar en extradición al Estado requerido -parte pasiva-, a
una persona que haya cometido un delito para permitir su investigación, procesamiento
o cumplimiento de la sanción correspondiente cuando esta se encuentra en un
territorio diferente de aquel donde se cometió el punible.
5.3.2. Inicialmente, la
Constitución de 1991 prohibió la extradición de colombianos por nacimiento y
la de extranjeros por delitos políticos o de opinión, sin embargo, consagró la
posibilidad de que los colombianos que hubiesen cometido delitos en el
exterior, considerados como tales en la legislación nacional, fueran procesados
y juzgados en Colombia.
Posteriormente, con el Acto Legislativo 01 del 16 de diciembre de
1997, el artículo 35 Superior fue modificado y de este modo se autorizó la
extradición conforme a los tratados o, en su defecto, a la ley, estableciéndose
respecto de los colombianos por nacimiento, adopción y de extranjeros, que ésta
se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en
la legislación penal colombiana. Asimismo, se dispuso que no procederá la extradición
cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de dicha
norma.
5.3.3. Considerado lo anterior, la
Corte ha establecido las siguientes características de la extradición que se
desprenden directamente del texto constitucional[42]:
(1) Las fuentes formales y materiales de esta figura están
expresamente consignadas en la Carta y se encuentran representadas principalmente
en los tratados y subsidiariamente en la ley. Por consiguiente, “no es este un asunto que dependa de la voluntad del legislador”[43].
(2) La otra restricción establecida por el constituyente en materia
de extradición, es que solo se puede conceder a colombianos por nacimiento
cuando se trate de delitos que sean considerado como tales en la legislación
colombiana.
(3) La Constitución prohíbe expresamente la extradición por delitos
políticos, supuesto que se encuentra contemplado igualmente en el artículo 18
del Código Penal.
(4) La Carta dispone que la extradición no procede para hechos
cometidos antes de la promulgación del Acto Legislativo 1º de 1997 que modificó
el artículo 35 Superior, de lo cual se colige que no se aplicará para conductas
cometidas antes del 16 de diciembre de 1997.
(5) Por vía jurisprudencial, la interpretación sistemática del
artículo 29 Superior y de los tratados internacionales de derechos humanos, ha
conducido a establecer que la extradición no procede cuando
la persona solicitada por las autoridades de otro Estado es procesada o cumple
pena por los mismos hechos delictivos a los que se refiere la solicitud[44].
5.3.4. La jurisprudencia de la
Corte ha reiterado que la figura de la extradición no desconoce la soberanía
nacional ni supone una injerencia ilegítima en los asuntos internos dado que el
Estado es quien decide si otorga la extradición. Adicionalmente, además de las
restricciones que impone el artículo 35 constitucional, deben respetarse otras
garantías de orden superior tales como  “el respeto a los derechos de toda persona, como el
derecho a la defensa (artículo 29) o al debido proceso (artículo 29), así como
el acatamiento de prohibiciones consagradas en la
Carta, tales como la relativa a la imposición de la pena de muerte (artículo
11) o al sometimiento a tortura (artículo 12)”[45].
5.3.5. En cuanto a la naturaleza jurídica de la extradición, es
importante resaltar que se trata de un acto administrativo complejo ya que en
el mismo concurren el poder ejecutivo –a través del Presidente de la
República, el Ministerio de Justicia o la
Cancillería-  y el judicial –Corte Suprema de Justicia y Fiscalía[46]. En efecto, de conformidad con el artículo 492 de la
Ley 906 de 2004, la oferta o concesión de la extradición es facultativa del
Gobierno pero requiere previo concepto de la
Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, puede
caracterizarse como un proceso breve y sumario en el que no hay lugar a
juzgamiento o pre-juzgamiento puesto que a los órganos o entidades que tramitan
la extradición, no les corresponde resolver
si efectivamente se cometió o no el delito, ni quienes fueron sus autores o el
grado de participación de los mismos, ni el móvil o la valoración de las
pruebas y las penas, siendo esta una competencia exclusiva de las autoridades
judiciales del Estado que solicita la extradición[47]. En este sentido ha dicho la
Corte que, “entrar en una controversia de
orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el
desconocimiento de la soberanía del Estado requierente, como quiera que es en
ese país y no en el requerido en donde se deben debatir y controvertir las
pruebas que obren en el proceso correspondiente, de conformidad con las
disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y con las normas penales
internas del Estado extranjero”[48].
Ahora bien, respecto de la decisión
administrativa descrita, proceden las acciones contenciosas administrativas,
como la de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.3.6. La
validez formal del trámite depende del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Código de Procedimiento Penal, relativos a la documentación presentada, la demostración
plena de la identidad del solicitado, el principio de la doble incriminación,
la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y el cumplimiento
de lo previsto en los tratados públicos, si es el caso. Una vez recibida toda
la documentación referida, el Ministerio de Justicia remite el expediente a la
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que esta emita su
concepto[49]. Cumplidos los requisitos formales de la
extradición, siempre y cuando el concepto de la
Corte Suprema de Justicia sea positivo, corresponde al
Presidente de la República, como supremo director de las relaciones
internacionales del país, resolver la solicitud de extradición. La Ley 906 de 2004 prevé asimismo la
intervención del Fiscal General de la
Nación para efectos de la captura en caso de concederse la extradición.
5.3.7. En suma, la
extradición se constituye en una eficaz herramienta de cooperación internacional
y de lucha contra la impunidad. Así, el principio de soberanía y de
territorialidad han evolucionado para hacer posible la protección de bienes
jurídicos importantes para la comunidad internacional[50]. En este
sentido la Corte ha señalado que, “cuando un Estado decide, claro
está de manera autónoma, si entrega o no a un sindicado solicitado en
extradición para dar cumplimiento a compromisos asumidos soberanamente, no está
cediendo o perdiendo soberanía sino ejerciéndola, como quiera que (...) la
facultad de adquirir obligaciones internacionales es un atributo de la
soberanía del Estado”[51].
5.4. Consideraciones sobre la
constitucionalidad del Convenio.
5.4.1. El Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos consta de un preámbulo y
de 21 artículos. En el Preámbulo, se describen los motivos que animaron a las
Partes a suscribir el Tratado destacándose el interés por combatir la
delincuencia y la impunidad y la necesidad de mejorar la eficacia de la
cooperación entre ambos países para prevenir y enfrentar el delito, en el marco
del respeto a la soberanía nacional, la igualdad entre los Estados y la no injerencia
en los asuntos internos de cada Parte.
5.4.2. La Corte encuentra que el Preámbulo se ajusta a
la Constitución porque fija como justificación del Tratado la lucha contra la
impunidad y la cooperación internacional coincidiendo con la finalidad que el constituyente
le otorgó a la extradición como instrumento de asistencia y solidaridad entre
los Estados, sin desconocer la soberanía nacional en los términos del artículo
9 Superior. Asimismo,
los objetivos que busca lograr el Tratado y que se plasman en el Preámbulo, son
afines a otros instrumentos internacionales como
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.
5.4.3. En el artículo 1º se establece la obligación de
las partes de extraditar a las personas respecto de las cuales se haya iniciado
un proceso penal o sean requeridas para la imposición o ejecución de una
sentencia o condena. La disposición examinada es acorde con la
Carta y en particular con los artículos 28 y 29 ya que la extradición es una
figura aplicable exclusivamente a aquellas personas que tengan procesos
judiciales en contra y se rige por los requisitos y formalidades que el Tratado
establece como fuente primaria en esta materia de acuerdo con el artículo 35
Superior.
5.4.4. El artículo 2º refiere los delitos que dan
lugar a la extradición. En primer lugar, se consagra la procedencia de la
extradición únicamente en los casos en los que las conductas delictivas se
encuentren previstas en las legislaciones de ambas partes, aunque se utilice
una terminología distinta en cada Estado, y siempre que constituyan un delito
con sanción privativa de la libertad, cuya pena mínima no sea menor a tres
años, a menos de que la solicitud de extradición se realice para el
cumplimiento de una sentencia en firme, caso en el cual el periodo de la pena
privativa de la libertad que le reste por cumplir a la persona reclamada deberá
ser por lo menos de un año. Adicionalmente, se señala que, cuando la solicitud
se refiera a varios hechos distintos y conexos sancionados penalmente en las
legislaciones de ambas partes, y no concurrieran en relación con uno o alguno
de los requisitos del mencionado artículo en cuando a la pena mínima para la
entrega de la persona, la Parte Requerida en todo caso podrá conceder la
extradición. Finalmente se indica que dan lugar a extradición los delitos que
consagren tratados multilaterales, universales o regionales, de los que ambos
Estados sean Parte sin tener en cuenta la pena mínima prevista en el presente Tratado.
La Corte advierte que esta
disposición es conforme con el principio de la doble incriminación, reconocido
en este tipo de tratados, de acuerdo con el cual la conducta por la cual se
solicita la extradición debe considerarse como delito en las legislaciones de
ambos Estados. Es este precisamente
uno de los asuntos que revisa la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia para fundamentar su concepto acerca de la
extradición[52]. En relación al quantum que consagra la
disposición objeto de análisis, ya en otras ocasiones, en las que se ha
previsto la procedencia la extradición para delitos que comportaran penas
privativas de la libertad similares, la
Corte ha reconocido que no se desconoce la
Constitución ya que la misma no “establece límites al quantum
de la pena y es su texto el que remite de manera directa y como opción
primordial al tratado” [53]. Por otra parte se destaca que, a semejanza de otros tratados de
extradición[54], en el presente instrumento se consagra un sistema de lista abierta que
promueve una cooperación más amplia entre las Partes, porque no se limita a
señalar de manera taxativa los delitos que serán objeto de extradición. La
concesión de la extradición incluso cuando las Partes utilizan una terminología
distinta en relación con los hechos constitutivos del delito, permite, por su
parte, superar problemas semánticos a la hora de calificar los punibles y hacer
efectiva la cooperación entre los Estados.
Ahora bien, es importante dejar claro que respecto de los
ciudadanos colombianos, los delitos a los que se refiere este artículo,
corresponden a conductas delictivas cometidas antes del 16 de diciembre de
1997, fecha de promulgación del Acto Legislativo 1º de 1997 que modificó el
artículo 35 Superior.
5.4.5. El artículo 3º se refiere de manera específica a la
procedencia de la solicitud de extradición para los delitos relacionados con
impuestos, aduanas u otra clase de contribuciones de carácter fiscal, siempre
que se reúnan los requisitos del artículo 2º del Tratado.
Con respecto a este punto, resulta conveniente
resaltar que el artículo 28 Superior prohíbe expresamente la detención, prisión
y arresto por deudas. La única conducta que constituye delito fiscal en la
legislación nacional es la omisión del agente retenedor consagrada en el
artículo 402 del Código Penal y que consiste en no consignar las sumas
retenidas o autorretenidas por concepto de retención en la fuente dentro de los
dos meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la
presentación y pago de la respectiva declaración de retención en la fuente o la
no consignación en el término legal por parte del encargado de recaudar tasas o
contribuciones públicas. La pena consignada para este delito es de cuarenta y
ocho a ciento ocho meses y multa
equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el equivalente a
1.020.000 UVT. De igual manera, se establece que incurre en la misma sanción el
responsable del impuesto sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de
hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos
meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno Nacional para la
presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.
A las mismas sanciones se someten las personas naturales encargadas de dichas
obligaciones cuando se trate de sociedades.
Tal y como lo ha establecido la
Corte al examinar el referido artículo del Código Penal, tanto el retenedor
como el autorretenedor “son agentes de recursos
estatales que transitoriamente reposan en su esfera de liquidez”[55], pero que le pertenecen al
Estado y sirven para materializar sus fines, “servir a la comunidad,
redistribuir el ingreso, promover la prosperidad en términos de calidad de vida
de todos los habitantes, en fin, para generar condiciones de existencia digna,
en pro de lo cual, como es apenas natural, debe protegerse el bien jurídico de la Administración Pública con las más estrictas garantías, controles y sanciones de carácter
penal”[56].  Anteriormente, la
Corte también había descrito la naturaleza de las obligaciones de la persona
natural o jurídica que debe responder por el recaudo del IVA y por la retención
en la fuente, estableciendo que su obligación “en manera alguna se asemeja a
la de aquella que se encuentra en mora de cubrir una deuda de naturaleza civil
y, en menor medida, a la del ciudadano que está obligado a soportar ciertas
cargas tributarias que, dicho sea de paso, tienen como objetivo fundamental
contribuir a la realización material de los fines del Estado que se concretan
en la satisfacción del interés general”[57]. De este modo, la ley colombiana considera
la omisión del agente retenedor como delito debido a la necesidad de proteger
los recursos que sirven al Estado para realizar los fines que establece la
Constitución.
Ahora bien, la
manera como se encuentra redactado el artículo 3º del presente tratado, se
refiere de manera general a los delitos relativos a impuestos, aduanas y otra
clase de contribuciones de carácter fiscal. Teniendo en cuenta lo anterior y en
armonía con el artículo 2º del instrumento que se examina, la
Corte advierte que el delito fiscal objeto de extradición se circunscribe a la
omisión de agente retenedor en los términos descritos en la presente
providencia sin extenderse a otro tipo de conductas que sean tipificadas como
delitos en el Código Penal colombiano.
5.4.6. El
artículo 4º del Tratado determina las causas obligatorias o facultativas con
fundamento en las cuales el Estado puede negar la extradición.
5.4.6.1.
Las causales obligatorias se refieren a la imposibilidad de conceder la
extradición cuando se trate de delitos políticos, excluyéndose de esta
categoría el homicidio u otro delito violento contra la persona del
Jefe del Estado o de miembros de su familia, el genocidio y actos de
terrorismo, de conformidad con los tratados y convenciones multilaterales de
los cuales ambos Estados sean Parte, y otros delitos que de acuerdo con los
tratados o convenciones multilaterales vigentes entre las Partes, prohíban su
consideración como delitos políticos. También deberá el Estado oponerse a la
extradición cuando la solicitud se formule para perseguir o castigar a una
persona por motivos de raza, religión, nacionalidad o creencias políticas;
cuando se trata de un delito militar; en caso de prescripción de la acción
penal o de la pena conforme a la legislación de la
Parte Requirente; cuando se violen los preceptos de la
Constitución de la Parte Requerida; en los casos en los que la persona
reclamada haya sido condenada o deba ser juzgada en la
Parte Requirente por un Tribunal de excepción; cuando la persona reclamada ha
sido sentenciada en la Parte Requerida por los mismos hechos que originan la
solicitud de extradición; en caso de amnistía o indulto por la misma conducta
punible en la Parte Requeriente o Requerida anterior a la solicitud de
detención provisional o extradición; cuando la solicitud de extradición carezca
de algunos de los documentos que se señalan en el artículo 8 del Tratado.
5.4.6.2.
Con respecto a las causales obligatorias, la
Corte advierte que son conformes a la
Constitución por los motivos que se exponen a continuación.
La Carta
prohíbe de manera expresa la extradición por delitos políticos en el inciso 3º del
artículo 35. De otra parte, Colombia ha establecido a través de diversos
tratados revisados por la propia Corte, qué delitos no se consideran políticos
para efectos de la extradición, los cuales no han sido incluidos como tales en
el presente instrumento[58].
La
prohibición de extraditar cuando la solicitud se fundamentara en perseguir o castigar
a una persona por razones de raza, sexo, religión o por sus creencias también
es acorde con la Constitución que prohíbe cualquier discriminación de trato y
que reconoce los derechos inalienables de las personas (C.P. art. 13).
Por
otra parte, es conforme a la Carta excluir los delitos militares puesto que se
trata de conductas de competencia exclusiva de los jueces nacionales de la
jurisdicción penal militar (C.P. art. 116).
También
resulta acorde con la Constitución excluir de la extradición los delitos cuya
acción penal o pena hayan prescrito, siendo esta una disposición respetuosa del
debido proceso consagrado en el artículo 29 y del artículo 28 que determina que
no habrá penas ni medidas de seguridad imprescriptibles; en efecto, al Estado
no se le arroga un poder absoluto e indefinido para perseguir al sindicado e
imponer sanciones, de manera que transcurrido el tiempo sin que este ejerza
dicha facultad, pierde la posibilidad de procesar y sancionar al acusado.
Igualmente, se ajusta a la
Carta la prohibición de conceder la extradición cuando esto representa la
violación de preceptos constitucionales, en virtud del principio de supremacía
de la Constitución consagrado en el artículo 4º Superior. Por otra parte, la jurisprudencia ha resaltado que el
otorgamiento de la extradición, no debe limitarse a lo establecido en el
artículo 35 Superior, sino también en los demás derechos que consagra la
Constitución como “el respeto a los
derechos de toda persona, como el derecho a la defensa (artículo 29) o al
debido proceso (artículo 29), así como el acatamiento de prohibiciones
consagradas en la Carta, tales como la relativa a la imposición de la pena de
muerte (artículo 11) o al sometimiento a tortura (artículo 12)”[59].
Es constitucional igualmente
la disposición que establece la imposibilidad de conceder la extradición cuando
la persona haya sido condenada o deba ser juzgada por Tribunales de Excepción
puesto que por definición, estos se constituyen para estudiar casos particulares
después de haberse cometido el punible sin el respeto de las garantías y de los
derechos de los procesados y sentenciados. A este respecto cabe reiterar que la evolución en el derecho
internacional de los derechos humanos ha llevado a concluir que la facultad que
tienen los Estados para extraditar a una persona no es absoluta y que es
necesario considerar la situación personal del individuo y los potenciales
riesgos para su dignidad humana en el país hacia el cual es enviado[60].
Por su parte, la prohibición de extraditar cuando la persona
reclamada ha sido sentenciada en la
Parte Requerida por los mismos hechos que originan la solicitud de extradición
es constitucional porque respeta el principio del non bis in idem. El
mismo argumento se predica en los casos de indulto o amnistía de la conducta
punible por la cual se solicita la extradición. De este modo, la disposición es acorde con el principio de soberanía porque permite
al Estado negar la extradición cuando el reclamado tenga asuntos pendientes con
la justicia nacional y respeta los mecanismos de extinción de la
responsabilidad penal aplicados por el Estado Requerido.
Finalmente, es acertado no
otorgar la extradición cuando hagan falta los documentos señalados en el
artículo 8 del Tratado puesto que estas exigencias hacen parte del derecho al
debido proceso y al mismo tiempo consignan los elementos que el mismo
instrumento internacional prevé para hacer solicitudes válidas de extradición.
5.4.6.3. El artículo 4º del
Tratado también contempla unas casuales facultativas para denegar la
extradición: cuando la persona esté siendo procesada en la
Parte Requerida por los mismos hechos que fundamentan la solicitud de
extradición; cuando la entrega de la persona ponga en riesgo su vida en razón
de su estado de salud; cuando se requiera a la persona por una infracción
parcialmente cometida en su territorio; cuando la infracción por la cual se
solicita la extradición haya sido cometida fuera del territorio de la
Parte Requeriente pero el Estado Requerido no autorice la persecución de la
misma infracción cometida fuera de su territorio; y, si conforme a la
legislación de la Parte Requerida, la competencia de investigar la infracción
corresponde a sus autoridades judiciales.
Encuentra la
Corte que todas las causales señaladas son constitucionales.
Ya en otras ocasiones, la
jurisprudencia ha expresado que cuando la persona reclamada esté siendo
procesada en la Parte Requerida por los mismos hechos que motivan la
extradición, el Estado Requerido puede no extraditar. Esta situación se relaciona
con el principio aut dedere
aut iudicare, es decir, “sancionar o extraditar”[61]. Lo anterior también resulta respetuoso de la
soberanía nacional porque faculta al Estado a decidir sobre la extradición en
estos eventos.
La posibilidad de negar la
extradición cuando se encuentra en riesgo la vida de la persona por razones de
salud, es ajustado a la Carta, que protege la vida y la salud como derechos
fundamentales y también resulta respetuoso del derecho a la soberanía dado que
quien evalúa la gravedad de la situación del individuo y toma la decisión final
es el Estado Requerido.
Sobre la facultad de otorgar la extradición cuando el
delito se ha cometido parcialmente en el territorio nacional o cuando
corresponda conocer de la infracción a las autoridades judiciales de la
Parte Requerida, la Corte encuentra que estas disposiciones resultan
respetuosas de la soberanía nacional y se ajustan a la legislación interna, en
particular al artículo 14 del Código Penal. Precisamente, con respecto a la
menciona disposición penal la Corte consideró que ésta desarrolla los
lineamientos fijados en el artículo 35 Superior[62] y se ajusta al principio de territorialidad[63]. En la sentencia C-621 de 2001 se sostuvo que,
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional en esta materia[64], “la extradición es un instrumento de cooperación internacional que
procede tanto por delitos cometidos totalmente en el exterior como por delitos
realizados parcialmente fuera del país”. De la misma manera, resulta coherente con la
Carta y acorde con el principio de soberanía, el que se prevea la facultad de
no extraditar cuando la infracción se cometa fuera del Estado Requerido y
Requirente cuando en este último no se permita la persecución de dicha
infracción.
5.4.7. El artículo
5º del Tratado regula de manera especial lo relativo a la extradición de
nacionales de la Parte Requerida. Dispone que en estos casos corresponde a
dicho Estado de manera completamente discrecional, conceder la extradición y
dicha facultad se mantiene incluso cuando la persona reclamada tiene doble
nacionalidad a menos de que la nacionalidad del Estado Requerido haya sido
adquirida después de haberse cometido el delito. Por otra parte, la norma
determina que si la única razón por la cual se rechaza la solicitud de la
extradición es la nacionalidad, el Estado se compromete a someter el caso a las
autoridades competentes del propio territorio, considerando las pruebas que
tenga la Parte Requirente.
La disposición
examinada desarrolla el denominado principio de nacionalidad, de acuerdo con el
cual el Estado tiene competencia para investigar, procesar y sancionar a sus
propios ciudadanos donde sea que éstos se encuentren[65]. Adicionalmente  desarrolla el principio aut dedere aut indicare conforme al cual si no se extradita a una persona
que presuntamente ha cometido un delito, esta debe ser juzgada en el territorio
nacional. En este orden de ideas, el artículo examinado resulta acorde con la
Constitución y el principio de soberanía al dejar exclusivamente en cabeza del
Estado Requerido la potestad de conceder la solicitud de extradición de sus
nacionales.
5.4.8. El artículo 6º del Tratado
desarrolla el principio de especialidad estableciendo que la persona
extraditada no podrá ser detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la
Parte Requirente por un delito diferente al que motivó la extradición ni será
posible su extradición a otro Estado con algunas excepciones: que haya
abandonado el territorio de la parte Requirente después de su extradición y
luego haya regresado voluntariamente a él; cuando la persona no abandonó el
territorio de la Parte Requirente pasados 30 días en que haya estado en
libertad de hacerlo; o cuando la
Parte Requerida haya consentido la detención, enjuiciamiento y sanción de la
persona por un delito a partir del cual se genere dicha obligación de acuerdo
con el Tratado que se examina, en el territorio de la
Parte Requirente o su extradición a un tercer Estado, por un delito distinto
siempre que la Parte Requirente haya presentado por vía diplomática la
solicitud con la orden de aprehensión del nuevo delito y las disposiciones
legales correspondientes. Lo anterior no se aplica a delitos cometidos después
de la extradición. Asimismo, se dispone que si en el curso del procedimiento se
modifica la calificación del delito que generó la extradición, la persona será
enjuiciada y sancionada siempre que el delito, en su nueva configuración legal,
se fundamente en el mismo conjunto de hechos que establece la solicitud de
extradición. La persona será entonces juzgada y sentenciada con el mismo máximo
de penalidad como el delito por el cual fue extraditada o con una penalidad
menor.
La especialidad es un principio
ampliamente reconocido en derecho internacional y en materia de extradición. Igualmente
se encuentra consagrado en la legislación nacional en el Código de
Procedimiento Penal. El respeto de este tipo de principios es el de proteger a
la persona reclamada en extradición dado que se desconocería su derecho al
debido proceso si una vez extraditado, el Estado Requirente pudiera juzgarlo
por otros asuntos no contemplados inicialmente y que no fueron examinados por la
Parte Requerida. En este contexto, se considera que el Tratado respeta el
principio de especialidad y respeta los postulados constitucionales relativos
al debido proceso.
5.4.9. El artículo 7º consagra la
extradición sumaria cuando la persona reclamada consiente ser extraditada con
lo cual el proceso de extradición procede sin mayores trámites. La figura de la
extradición sumaria o simplificada es acorde con la
Constitución al garantizar mecanismos ágiles en los procedimientos judiciales si
bien deben supeditarse al respeto del debido proceso. En este sentido, el hecho
de que procedimiento sea rápido y sumario, no significa que se desconozca el
debido proceso, porque en todo caso deberán respetarse todas las garantías
propias del proceso de extradición descritas en el tratado. Cabe señalar que la
figura de la extradición sumaria también se encuentra consagrada en la
Legislación penal, por lo cual no se trata de un mecanismo ajeno o extraño a
nuestro ordenamiento interno.
5.4.10. Los
artículos 8º y 10 del Tratado describen los documentos que deben acompañar la
solicitud de extradición y determina los documentos adicionales en el caso en
el que la Parte Requerida considere que nos son suficientes los documentos presentados
en apoyo a la solicitud de extradición. Como se anotó anteriormente, estas
disposiciones resultan conformes a la
Constitución y son respetuosas del debido proceso en cuanto fijan la manera
como deberá realizarse la solicitud y toda la información relativa al delito y
a su autor necesarias para que la Parte requerida examine si se cumplen los
presupuestos señalados en el tratado para otorgar su consentimiento para la
extradición.
5.4.11. El
artículo 9º regula la detención provisional  y la captura provisional de la
persona reclamada. Se establecen los documentos que la
Parte Requirente deberá adjuntar con la solicitud y que se refieren a la
expresión de delito, la descripción de la persona reclama y su paradero, si es
conocido, además de la promesa de formalizar la solicitud de extradición y la
manifestación de la existencias de una orden de aprehensión expedida por una
autoridad competente o se una sentencia condenatoria contra el reclamado.  En ese
caso, la Parte Requerida deberá tomar las medidas para aprehender a la persona
reclamada pero si dentro de los sesenta días siguientes a la detención o
captura, el Estado Requirente no formaliza la solicitud de extradición, ésta
será liberada. Se considera que este artículo es acorde con la
Constitución pues si bien se trata de una aprehensión provisional sin
solicitud formalizada de extradición, se respetan los postulados del debido
proceso al establecer unas exigencias mínimas para hacer efectiva la detención
y se establece un tiempo de espera razonable para mantener detenida a la
persona mientras el Estado Requirente formaliza la solicitud.
5.4.12. El
artículo 11 dispone lo que deben hacer las partes en el caso de solicitudes
concurrentes de dos o más Estados respecto de la misma persona. En esos
eventos, de determina que la Parte Requerida deberá establecer a cuál de los
Estados será extraditada la persona informando a la
Parte Requirente su decisión la cual deberá considerar: la
gravedad de los delitos, si las solicitudes se refieren a delitos diferentes;
el tiempo y lugar de la comisión de cada delito; las fechas respectivas de las
solicitudes; la nacionalidad de la persona reclamada; el lugar habitual de
residencia del reclamado, y la existencia de tratados internacionales en la
materia con los otros Estados Requirentes.
Las
solicitudes concurrentes pueden presentarse entonces cuando el inculpado ha
cometido delitos en el territorio de dos o más Estados, o puede ocurrir cuando
el mismo delito afecta las jurisdicciones de los Estados que lo reclaman y dos
o más Estados quieren juzgarlo[66]. La
Corte estima que la manera como se encuentra regulado el procedimiento de las
solicitudes concurrentes en el Tratado supone la necesidad de que la
Parte Requerida considere información de suma importancia necesaria para
resolver la solicitud de extradición, sin que lo anterior de ninguna manera
contravenga la Constitución ni la manera como el ordenamiento interno regula
esta materia. Adicionalmente, se advierte que la disposición es constitucional
porque la decisión final corresponderá en todo caso a la
Parte Requerida lo cual respeta el principio de soberanía.
5.4.13.
Los artículos 12, 13 y 14 disponen lo relativo a la entrega de la persona
reclamada en extradición.
Se
establece en primer término, que la
Parte Requerida deberá comunicar por vía diplomática a la
Parte Requirente sobre la decisión respecto de la solicitud de extradición una
vez esta quede en firme, fundamentando sus razones cuando se haya denegado
total o parcialmente. En el evento en el que se conceda la extradición, las
Partes deberán concertar el procedimiento de entrega de la persona en los 60
días siguientes al recibo de la comunicación por vía diplomática siempre y
cuando las condiciones de salud de la persona así lo permitan. Sin embargo, si
dentro del plazo establecido la persona no es trasladada, será puesta en
libertad y la Parte Requerida podrá posteriormente negarse a extraditarla por
el mismo delito.
Igualmente,
el Tratado regula lo concerniente a la entrega diferida, que ocurre después de
acceder a la extradición, si contra la persona reclamada existen procedimientos
en curso o si esta se encuentra cumpliendo una pena en el territorio de la
Parte Requerida por un delito diferente al que motiva la extradición, hasta
que termine el procedimiento o hasta tanto se haya ejecutado plenamente la
sanción impuesta.
Por
su parte, se prevé la entrega temporal cuando se haya concedido la extradición
y la entrega se haya dado con carácter diferido,  y cuando a petición –justificada
y por un término no mayor a 3 años - de la
Parte Requirente se entregue de manera temporal a la persona que haya recibido
una sentencia condenatoria en la
Parte Requerida, con el fin de que pueda ser procesada en la
Parte Requirente durante la ejecución de la sentencia en la
Parte Requerida. De esta manera, la persona queda bajo custodia de la
Parte Requirente y deberá ser devuelta a la
Parte Requerida al término del proceso correspondiente o transcurridos tres
años aún si el proceso en la
Parte Requirente no ha culminado. Se aclara que la entrega temporal solo
será procedente cuando el término de la pena privativa de libertad que le falte
por cumplir a la persona reclamada en la
Parte Requerida sea mayor de tres años y se indica también que el tiempo que
la persona entregada temporalmente haya permanecido en el territorio de la
Parte Requirente, será tomado en cuenta para el cumplimiento de su sentencia
en la Parte Requerida.
Las
disposiciones relativas a la entrega de la persona reclamada contempladas en el
Tratado de Extradición que se examina, no desconocen la
Constitución ni plantean regulaciones diferentes a las previstas en la
legislación penal en esta materia. En la sentencia C-243 de 2009 que examinó
las disposiciones del Código de Procedimiento Penal que regulan la entrega y
captura de la persona reclamada en extradición, la
Corte señaló que este tipo de procedimientos son de naturaleza administrativa
y tienen como fin poner a disposición de la
Parte Requirente a un individuo para adelantar un proceso penal en su
territorio después de que se cumplan todos los requisitos previos establecidos
en el instrumento internacional, respetando la soberanía del solicitante y los
principios de colaboración, solidaridad, confianza legítima y mutua en las
relaciones entre Estados. De otra parte, resulta conforme a la
Carta que se difiera la extradición cuando la persona reclamada esté siendo
procesada o esté cumpliendo una parte en la
Parte Requerida siendo dicha disposición respetuosa del debido proceso, de las
competencias de la jurisdicción nacional y del principio de soberanía. En este
contexto, es importante destacar que la extradición como mecanismo de
cooperación entre Estados, no puede significar la promoción de la impunidad por
otros delitos diferentes al que motiva la extradición, cometidos por el mismo
sujeto en el territorio nacional, por lo cual antes de ser extraditado las
autoridades nacionales competentes deberán procesar y sentenciar a la persona por
la comisión de dichas conductas. Finalmente, la figura de la entrega temporal
también resulta afín con la Carta al consagrar un procedimiento que agiliza los
tiempos en los casos de las entregas diferidas para que la ejecución de la
sentencia impuesta por la Parte Requerida se cumpla mientras la
Parte Requirente procesa al implicado. También se considera razonable que si
en el término de tres años la persona reclamada no es procesada regrese al país,
y que se tenga en cuenta ese tiempo para efectos del cumplimiento de la
sentencia de la Parte Requerida.
5.4.14. El artículo 15 del Tratado establece que las solicitudes de
extradición se tramitarán según el procedimiento fijado por el ordenamiento
interno de cada Estado. La Corte no encuentra ningún reparo frente a esta
disposición pues resulta compatible con el principio de soberanìa y de
autodeterminación del artículo 9 Superior.
5.4.15. Los artículos 16, 17 y 18 contienen una serie de normas
relativas a la entrega de objetos a petición de la
Parte Requirente, el tránsito por otros Estados de la persona reclamada y los
gastos resultantes de la extradición, respectivamente. Estas regulaciones son semejantes
a las que establece el Código de Procedimiento Penal en desarrollo del artículo
35 constitucional, por lo cual no suponen ninguna contradicción con el texto
Superior.
Respecto de la entrega de objetos se fijan algunas pautas sobre
retención temporal de los mismos en cabeza de la
Parte Requerida que en nada desconocen la
Carta y que buscan armonizar las necesidades de ambos Estados en los eventos
en los que además del proceso por los delitos que fundamentan la extradición,
existan procesos penales o de extinción de dominio en curso. Por otra parte, en
este apartado se reconocen los derechos que pueda tener la Parte Requerida o
los terceros sobre los objetos entregados y se dispone su devolución con todas
las garantías por lo cual esta regulación tampoco resulta contraria a la
Constitución.
En relación con el tránsito por el territorio de las Partes de personas
que no sean nacionales y que sean entregadas por un tercer Estado, se encuentra
que también es compatible con la Carta ya que se supedita la entrega al
cumplimiento de una serie de formalidades y a la necesidad de que esta no se
oponga a razones de orden público.
Tampoco se opone a la Constitución la disposición relativa a los
gastos que debe subrogar la Parte dentro de su territorio, y los gastos y
costos de traslado en cabeza de la Parte Requirente, dado que este tipo de prácticas
han sido previstas en nuestro ordenamiento y no contradicen en modo alguno la
Constitución, además no se obliga al Estado a hacer erogaciones cuando es la
otra Parte la que solicita la extradición.
5.4.17. El artículo 19 prevé la realización de consultas cuando las
Partes así lo consideren para facilitar la aplicación del Tratado, negociando
directamente las controversias que surjan con motivo de aplicación del mismo.
Esta disposición no se opone a la Carta por cuanto facilita la puesta en marcha
la extradición como mecanismo de cooperación regulado en la misma Constitución.
No sobra clarificar que las consultas que se realicen y las soluciones que se
den a las controversias, no podrán llevar a una interpretación del Tratado que
se oponga a las garantías fundamentales de las personas reclamadas ni a los
principios de soberanía y no interferencia en los asuntos internos de cada
país.
5.4.18. El artículo 20 fija el ámbito de aplicación del tratado,
estableciendo en el primer inciso, que este se aplicará a los delitos cometidos
antes o después de su entrada en vigor y determinando que a las solicitudes de
extradición que se encuentren en trámite en la fecha de vigor del Tratado se
les aplicarán las disposiciones que venían aplicándose.
Respecto de este artículo, es importante destacar que antes de la
entrada en vigencia del Acto Legislativo 1º de 1997 que modificó el artículo 35
de la Constitución, no se preveía la extradición de nacionales colombianos por
lo cual, será necesario que el Gobierno formule en este punto una declaración
interpretativa en el sentido que la aplicación del inciso 1º del artículo 20 se
refiere a los delitos cometidos después de la entrada en vigencia de dicho acto
legislativo, o bien luego del 16 de diciembre de 1997.
5.4.19. Por último, el artículo 21 contiene las normas de vigencia
y, como se anotó anteriormente, establece la derogatoria expresa del Tratado de
Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la Ciudad de México, el 12 de junio de 1928, lo cual se hace
necesario en la medida en que el presente Tratado cuenta con herramientas más
eficaces para combatir la delincuencia y la impunidad en el contexto actual. La
posibilidad de que el Tratado sea modificado mutuamente por las Partes o que se
dé por terminado en cualquier momento por las Partes, respeta el principio de
soberanía. Asimismo, la regla según la cual los procedimientos de extradición pendientes
al momento de la terminación del presente Tratado, serán concluidos de
conformidad con el mismo, es acorde con la
Constitución, en la medida en que la extradición como mecanismo administrativo
de cooperación internacional ya existía entre los dos Estados y la nueva
regulación no supone someter a las personas reclamadas a circunstancias más
gravosas que las dispuestas en el instrumento internacional que queda sin
efectos con la entrada en vigor del nuevo Tratado.
III. Conclusión.
1. En el presente caso, la Corte ha examinado
la Ley 1663 del 16 de julio de 2013 Por medio
de la cual se aprueba el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México, el 1º de agosto de 2011, que deroga Tratado
de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos,
suscrito en la Ciudad de México, el 12 de junio de 1928.
2. La Corte considera que el Tratado de
extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos y de su Ley aprobatoria es exequible.
3. De una parte se ha constatado que el trámite de la
Ley se ajusta a los requisitos formales previstos en la
Constitución.
4. Por otra parte, se constata la compatibilidad
material del instrumento internacional con el Texto Superior considerando, en
términos generales, la importancia de la extradición como herramienta fundamental
para la cooperación internacional y la lucha contra la impunidad, la cual ha
sido reconocida por el mismo constituyente, y no se opone a la soberanía
nacional. Se encuentra que el nuevo Tratado responde de manera más eficiente a los
desafíos de la delincuencia organizada y a los retos que en la actualidad se
plantean y armoniza con otros instrumentos internacionales como la
Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrópicas de 1988 y la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.
5. La Corte ordenará, en relación con el inciso 1º del
artículo 20, que el Gobierno, en el momento de la ratificación del presente
instrumento internacional, realice una declaración interpretativa en el sentido
que los delitos a los que se aplica el presente tratado, son aquellos cometidos
con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 1º de 1997, es decir,
después del 16 de diciembre de 1997.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Plena de la Corte Constitucional de la
República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Tratado de extradición
entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en
la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la
Ley 1663
del 16 de julio de 2013 “Por medio de la cual
se aprueba el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la
ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.
Tercero.- El Presidente de la
República, al manifestar el consentimiento del Estado colombiano en obligarse
por este tratado mediante el depósito del instrumento de ratificación, deberá
formular la siguiente declaración interpretativa en relación con el artículo
20: “El Estado de Colombia, en consonancia con las disposiciones de la
Constitución Política, manifiesta que el Tratado de Extradición entre la
República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos suscrito el 1o de agosto
de 2011, se aplicará a los delitos especificados en su artículo 2 que hayan
sido cometidos con posterioridad al 16 de diciembre de 1997”.
Cuarto.-Disponer que se comunique
inmediatamente esta sentencia al Presidente de la
República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la
República.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
Con aclaración de voto
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Ausente en comisión
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
NILSON ELIAS PINILLA PINILLA
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
A LA
SENTENCIA C-333/14
Referencia: Expediente LAT-417
Ley 1663 de
2013 (julio 16), “por medio del cual se aprueba el “Tratado
de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011
Magistrado
Ponente:
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Con el debido respeto aclaro mi voto con
respecto a dos aspectos de la sentencia.
- Con respecto
al artículo 20 del Tratado, que habla sobre los límites temporales de
aplicación del mismo.  Según el texto del artículo este se aplicará a los
delitos especificados en el artículo 2, “que hayan sido cometidos antes o
después de su entrada en vigor”. A mi juicio, esto supone que hay una
ausencia de límites temporales en la aplicación del tratado, lo cual parece
contradecir el artículo 35 de la
Constitución, tal como fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 1997,
según el cual “[n]o procederá la extradición cuando se trate de
hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”;
es decir, antes del Acto Legislativo 01 de 1997. La ponencia ni siquiera hace
un control sobre esta norma. Dado que se trata de un instrumento bilateral,
debió hacerse una declaración interpretativa, con respecto a esta.
- Lo segundo es
que no hay una precisión, en el artículo 5 del Tratado, en torno a la
extradición de colombianos por nacimiento, quienes según el texto de la
Constitución sólo pueden ser extraditados “por delitos cometidos en el
exterior”. El tratado, sin embargo, parece que no sujeta la extradición de
nacionales colombianos por nacimiento a esa específica característica, sino que
lo deja abierto, con lo cual como no hay mención sobre el punto se crea la
posibilidad de que sean extraditados por delitos no cometidos en el exterior.
Fecha ut
supra,
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Y
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA C-333/14
VOTACION
NOMINAL EN TRAMITE LEGISLATIVO-Exigencias
(Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado hacia las
decisiones de la Corte, aclaramos nuestro voto en la sentencia C-333 del 4 de
junio de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo), fallo en el que la Corte decidió
declarar exequible el Tratado de extradición entre la República de Colombia
y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el l° de
agosto de 2011, al igual que la Ley 1663 del 16 de julio de 2013, aprobatoria
de dicho instrumento internacional.
Compartimos con la mayoría la decisión de
declarar exequible el asunto mencionado, tanto en su aspecto de forma como en
lo relativo a la constitucionalidad material, así como frente la declaración
interpretativa respecto de la aplicación temporal de la cláusula sobre
extradición. Sin embargo, consideramos necesario aclarar nuestro voto en lo que
respecta a la constitucionalidad del trámite legislativo, específicamente en lo
relativo al cumplimiento del requisito de votación nominal y pública de que
trata el artículo 133 CP.
1. En dos de los debates del trámite
legislativo que precedió a la Ley 1663 de 2013, se hizo uso de la excepción a
la votación nominal y pública en razón de la existencia de unanimidad en la
aprobación de la iniciativa. Esta alternativa tiene sustento jurídico en el
Reglamento del Congreso y en el hecho que la misma Constitución haya diferido
en el legislador el establecimiento deexcepciones a la votación nominal y
pública.
Así mismo, en razón de la comprobación
sobre la unanimidad en dichos debates, resultaba válida la votación ordinaria.
Esto incluso ante lo evidenciado durante la aprobación de la iniciativa en la
Plenaria del Senado, donde luego de verificada la votación ordinaria, algunos
congresistas manifestaron su voto negativo al proyecto de ley. Como se explicó
en la ponencia, estas expresiones fueron extemporáneas y, en consecuencia, no
invalidaban la aprobación surtida mediante votación ordinaria.
2. Con todo, los suscritos magistrados
consideramos imperativo reafirmar que la regla general y preferente para la
aprobación de los proyectos de ley y, en general, las votaciones en las
corporaciones públicas, es la de naturaleza nominal y pública. Solo de esa
manera pueden garantizarse aspectos importantes para la democracia y el
funcionamiento del sistema de partidos, como son el control ciudadano a la
actividad de los elegidos, al igual que el mantenimiento de la disciplina de
bancada y la prohibición de la doble militancia. En ese sentido, estamos
convencidos que la votación nominal y pública es una herramienta del
procedimiento legislativo que tienen carácter sustantivo y, por esa misma
razón, debe ser analizada por la Corte con el mayor rigor en su escrutinio.
3.  Desafortunadamente, algunos apartes
de la sentencia C-333/14 pueden ser interpretados de modo tal que la votación
nominal y pública tuviese carácter excepcional y que solo procedería cuando
algún congresista se oponga a la unanimidad en la votación de un proyecto de ley.
Consideramos que esta visión es equivocada y, antes bien, lo que debe
demostrarse fehacientemente es que sí hubo esa unanimidad (esta sí de carácter
excepcional) y que, en consecuencia, procedía realizar la votación ordinaria.
Como esta comprobación tuvo lugar en el caso analizado, estuvimos de acuerdo
con la declaratoria de exequibilidad del trámite legislativo.
De esta manera, insistimos en que la
labor de la Corte en casos como el analizado debe enfocarse en determinar si
efectivamente existió la unanimidad que sustente fácticamente la validez de la
votación ordinaria. Esta tarea es bien distinta a aceptar prima facie dicha modalidad
de votación. La aprobación nominal y pública es un mandato constitucional
expreso y prevalente, lo que obliga a que la Corte sea la primera llamada en
otorgarle plena eficacia y efectividad.
4.  Por último, consideramos prudente
llamar la atención en el sentido que la existencia del mandato antes referido
obliga al Congreso a adoptar todas las medidas tendientes a que la regla
general de las votaciones sea la de carácter nominal y público, de modo que la
de naturaleza ordinaria tenga verdadera índole excepcional. Existen múltiples
mecanismos técnicos que permiten a las cámaras adelantar la votación nominal
como regla y, a su vez, su utilización redunda en el fortalecimiento de la
actividad legislativa y del sistema de partidos. De allí que en vez de dedicar
los esfuerzos en encontrar argumentos para justificar el uso de la votación
ordinaria, un camino más simple y compatible con la Constitución es garantizar
que la aprobación nominal sea la primera alternativa y ojalá la única, para la
expresión de la voluntad democrática de las cámaras.
Estos son los
motivos de nuestra aclaración de voto.
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Oficio S-GTAIL-13-031907. Folios 36
a 40 del Cuaderno Principal.
[2]  7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un
tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un
tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) si se
presentan los adecuados plenos poderes, o b) si se deduce de la práctica
seguida por los Estados interesados. o de otras circunstancias, que la
intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del
Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. 2.
En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se
considerará que representan a su Estado:
a) los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de
relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la
celebración de un tratado; b) los Jefes de misión diplomáticas, para la
adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante
el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los
Estados ante una conferencia internacional o ante una organización
internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en
tal conferencia. Organización u órgano. 8. Confirmación ulterior de un acto
ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un
tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda
considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá
efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. 9.
Adopción del texto. 1. La adopción del texto de un tratado se
efectuara por consentimiento de todos los Estados participantes en su
elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de un
tratado en una conferencia internacional se efectuara por mayoría de dos
tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan
por igual mayoría aplicar una regla diferente. 10. Autenticación del
texto. El texto de un tratado quedara establecido como auténtico y
definitivo a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan
los Estados que hayan participado en su elaboración; o b) a falta de tal
procedimiento, mediante la firma, la firma "ad referéndum" o la
rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o
en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.
[3] Se adjunta copia auténtica de la
Aprobación Ejecutiva del 14 de marzo de 2012, por medio de la cual, el
Presidente de la
República autorizó someter a consideración del Congreso de la
República el “Tratado de extradición entre la
República de Colombia y los Estados unidos mexicanos”. Folio 40. Cuaderno
principal.
[4] Folios 100 a 102. Cuaderno primero.
[5] Se adjunta copia remitida por el
Secretario General del Senado de la
República. Cuaderno primero OPC 149 de 2013. Remitido mediante comunicación de
fecha 20 de agosto de 2013. Folios 100-102.
[6] Las Gacetas del Congreso del primer debate del proyecto de ley 214
de 2012, fueron remitidas a la
Secretaría General de la
Corte Constitucional por el Secretario General de la
Comisión Segunda del Senado el 20 de agosto de 2013, mediante comunicación que
consta en los Folios 1 a 5 del Cuaderno Primero.
[7] Folios 88-90. Cuaderno primero.
[8] Folio45 Cuaderno primero.
[9] Folio 51. Cuaderno primero.
[10] Folios 37 y 38. Cuaderno primero.
[11] Folios 57, 68. Cuaderno primero.
[12] Folios 27 y 28. Cuaderno primero.
[13] Folio 24. Cuaderno primero.
[14] Folio 31. Cuaderno primero.
[15] Folio 69 y 70. Cuaderno primero.
[16] Folio 2 y 3. Cuaderno primero.
[17] Folio 1
a 5. Cuaderno primero.
[18] Las Gacetas del segundo debate del
proyecto de ley 214 de 2012 Senado fueron remitidas por el Secretario General
del Senado a la Corte Constitucional el20 de agosto de 2013, en respuesta al
Oficio No. OPC-147/13, mediante comunicación que consta en los Folios 103
a 108, Cuaderno primero.
[19]  Folio 82. Cuaderno primero.
[20] Folios 81 y 82. Cuaderno principal.
[21] Folio 105, Cuaderno Primero.
[22] Folio 124. Cuaderno Primero.
[23] Folio 105, Cuaderno Primero.
[24] Las Gacetas del Congreso del Trámite en la
Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fueron  remitidas el 15 de
agosto de 2013 a la
Secretaría General de la
Corte Constitucional por el Secretario General de la
Comisión Segunda, en respuesta al oficio OPC-150/13. LA comunicación consta en
los folios 41 y 42 del Cuaderno principal.
[25] Folios 19 y 20. Cuaderno primero.
[26] Folios 45
a 47. Cuaderno principal.
[27] Folio 64. Cuaderno principal.
[28] Folio 42. Cuaderno principal.
[29] Folio 42. Cuaderno principal.
[30] Las Gacetas del Congreso del Trámite en la
Plenaria de la Cámara de Representantes, fueron  remitidas el 21 de agosto de 2013
a la Secretaría General de la
Corte Constitucional por el Secretario General de la
Cámara de Representantes, en respuesta al oficio OPC-148/13. La comunicación
consta en los folios 85 a 88 del Cuaderno principal.
[31] Folio 91. Cuaderno principal.
[32]  Folios 89
a 91. Cuaderno principal.
[33] Gaceta remitida mediante comunicación dirigida a la
Secretaría de la Corte Constitucional el 9 de octubre de 2012 por parte del
Secretario General de la Cámara de Representantes, en respuesta al oficio
OPC-148/13. Folio 62. Cuaderno segundo.
[34] Folio 62. Cuaderno segundo.
[35] Folio 87. Cuaderno principal.
[36] Gaceta remitida mediante comunicación dirigida a la
Secretaría de la Corte Constitucional el 9 de octubre de 2012 por parte del
Secretario General de la Cámara de Representantes, en respuesta al oficio
OPC-148/13. Folios 138 y 139. Cuaderno segundo.
.
[37] Folio 87. Cuaderno principal.
[38] Folios 105-106. Cuaderno principal.
[39] Folio 25, Cuaderno Principal.
[40] C-750 de 2008.
[41] C-780 de 2004.
[42] Ibídem.
[43] C-740 de 2000.
[44] C-622 de 1996.
[45] C-621 de 2001.
[46] C-243 de 2009, C-1106 de 2000.
[47] C-243 de 2009, C-460 de 2008; C-1106 de 2000.
[48] C-1106 de 2000.
[49] C-1266 de 2005.
[50] C-621 de 2001.
[51]
C-1055 de 2003.
[52] C-1266 de 2005.
[53] Ver por ejemplo las sentencias C-780 de 2004 y C-011 de 2010.
[54] Ver por ejemplo Tratado de Extradición con España, C-780 de 2004.
[55] C-009 de 2003.
[56] Ibídem.
[57] C-1144 de 2000.
[58] Ver entre otros: Convención
internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas examinada en al sentencia C-620 de 2011; Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas examinada en la sentencia C-580 de 2002;
Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas
cometidos con bombas, adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997 examinado
en la sentencia C-1055 de 2003; Convención sobre la
Seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado examinada
en la sentencia C-863 de 2004; entre otros.
[59] C-037 de 2004, C-621 de 2001.
[60] C-405 de 2004.
[61] Ibídem.
[62] C-621 de 2001.
[63] De acuerdo con la sentencia C-1189 de 2000, el principio de territorialidad, como base de la
soberanía, se define a partir de la posibilidad de los Estados para “prescribir
y aplicar normas dentro de su respectivo territorio, por ser éste su
"natural" ámbito espacial de validez”. Se diferencia entre la
"territorialidad subjetiva" -cuando el Estado puede asumir jurisdicción
sobre actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro
Estado- y la "territorialidad objetiva" –conforme a la cual cada
Estado aplica sus normas a actos que se iniciaron por fuera de su territorio,
pero culminaron o tuvieron efectos sustanciales y directos dentro de él.
[64] Se citaron las siguientes
providencias que sostienen esta línea argumentativa: “C-052/93, MP: Jaime
Sanín Greiffenstein; C-171/93, MP: Vladimiro Naranjo Mesa C-208/93, MP:
Hernando Herrera Vergara; C-264/95, MP: Fabio Morón
Díaz; C-087-97, MP: Fabio Morón Díaz;
C-351/98, MP: Fabio Morón Díaz; Sentencia C-397/98, MP: Fabio Morón Díaz,
C-187/99, MP: Martha Victoria Sáchica de Moncaleano; C-226/99, MP: Fabio Morón Díaz; C-622/99, MP: José Gregorio
Hernández Galindo; C-740/00, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz; -1106/00,MP: Alfredo
Beltrán Sierra; C-1189/00, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-1736/00, MP: Carlos Gaviria
Díaz”.
[65] C-1189 de 2000.
[66] Gómez Alonso y Verduzco Robledo. Extradición en Derecho
Internacional. Aspectos y tendencias relevantes. Universidad Nacional Autónoma
de México, 2000. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/26/tc.pdf