T-079-18
Sentencia
T-079/18
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS-Alcance
El
principio de congruencia de las providencias, según el cual, la sentencia debe
guardar consonancia con los hechos y las pretensiones esgrimidos en la
correspondiente demanda.
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
BALDIOS-Generalidades
TERRITORIOS COLECTIVOS-Características
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE
PERTENENCIA-Improcedencia
por incumplir requisitos de subsidiariedad e inmediatez
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE
PERTENENCIA-Exhortar
a Procurador y miembros de las Comunidades indígenas Wayuú a intervenir dentro
de las diligencias encaminadas a esclarecer la naturaleza jurídica de los
predios en discusión
Referencia: Expediente T-6.332.305
Acción de tutela instaurada por el Procurador 12
Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira contra la Sala Civil Familia
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, los Juzgados
Primero y Segundo Civiles del Circuito de Riohacha, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Riohacha y otros.
Magistrado Ponente:
CARLOS
BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho
(2018)
La
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos
Bernal Pulido, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo de segunda instancia adoptado por el Juzgado
Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Riohacha, el 12 de mayo de
2016, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal
para Adolescentes de Riohacha, el 23 de marzo de la misma anualidad, dentro del
proceso de tutela promovido por el Procurador 12 Judicial II Ambiental y
Agrario de La Guajira contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha, los Juzgados Primero y Segundo
Civiles del Circuito de Riohacha, la Secretaría de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Riohacha.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto-ley 2591 de 1991, la Sala de Selección
Número Nueve de la Corte Constitucional seleccionó, para efectos de su
revisión, el asunto de la referencia.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto-ley 2591 de
1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la correspondiente sentencia.
I. ANTECEDENTES
1.
El 28 de octubre de 2016, el Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de
La Guajira formuló acción de tutela[1]
en contra de los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Riohacha y
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, con el fin de que
se ampare el derecho fundamental al debido proceso de las Comunidades Indígenas
WAYUÚ de Santa Rosa, Arroyo, Campo Alegre, Cacha Mejía, Cachaca, entre otros, “propietarios
ancestrales de las tierras que ocupan en inmediaciones de la vía que conduce de
Riohacha a Santa Marta, terrenos cobijados por el artículo 63 de la
Constitución Nacional y de la cual están siendo despojadas a través de
sentencias judiciales”.
1.
Hechos
2.
Los supuestos fácticos que dieron origen a la presente acción de tutela se
pueden sintetizar así:
3.
Se afirma que las Comunidades Indígenas Wayuú de Santa Rosa, Arroyo, Campo
Alegre, Cachaca Mejía, Cachaca, entre otras, han habitado desde tiempos
inmemoriales las tierras que ocupan en inmediaciones de la vía que conduce de
Riohacha a Santa Marta en la Troncal del Caribe y, por consiguiente, son
propietarios ancestrales de estos predios, los cuales son imprescriptibles,
inalienables e inembargables, tal como lo dispone el artículo 63 de la Constitución
Política.
4.
Se narra en la demanda de tutela, que personas ajenas a la Comunidad Wayuú,
obrando de mala fe, promovieron procesos de pertenencia ante Jueces de la
República respecto de los mencionados predios y, en consecuencia, obtuvieron la
declaratoria de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio de los
bienes inmuebles que se describen a continuación:
Predio
Despachos judiciales que declararon la pertenencia
Fecha de la providencia judicial
Adquirente
RIOMAR
Primera instancia: Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha
Grado de consulta: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha
Octubre
6 de 1998
Diciembre
16 de 1998
María
Teresa Quintero de Iguarán
La
Esperanza
Primera instancia: Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha
Grado de consulta: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha
Marzo
3 de 1999
Julio
7 de 1999
Fulgencio
Quintero Ramírez
Santa
Lucía
Primera instancia: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha
Grado de consulta: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha
Febrero
27 de 2001
Agosto
8 de 2001
Olga
Mercedes Palacios de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de Linero
5.
Se advierte en la solicitud de tutela, que las sentencias declarativas de
pertenencia no fueron apeladas, frente a lo cual se explica que el Código de
Procedimiento Civil contemplaba que las providencias adversas a los intereses
de la Nación, Departamentos y Municipios que no fueren apeladas, debían
consultarse con el superior funcional de la autoridad que profirió la decisión,
razón por la cual, las citadas sentencias fueron confirmadas en sede del grado
jurisdiccional de consulta.
6.
Se relata que las Comunidades Indígenas Wayuú no conocieron de los procesos
judiciales iniciados, ni fueron vinculadas a los mismos, ni mucho menos fueron
citadas las autoridades competentes encargadas de la administración de los
terrenos baldíos de la Nación, como lo era el INCODER, para la época en que se
dictaron las decisiones judiciales aludidas.
7.
Al respecto, en la demanda se señaló lo siguiente:
“Nótese aquí de entrada, la irregularidad de falta de
competencia del juez para declarar la prescripción de un baldío, a la luz de la
sentencia T-488 de 2014, como se explicará más adelante, pues se está
reconociendo que se declara la pertenencia de un bien de esta naturaleza, o de
propiedad del Estado, al disponerse el trámite del grado de consulta, habida
cuenta que si se hubiera demandado a persona determinada, no hubiera sido
necesario surtir la consulta, y en los sub lites, la demanda en contra de
personas indeterminadas”[2].
8.
Se advierte igualmente, que los ciudadanos que adquirieron por prescripción
extraordinaria de dominio los predios RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía, no le
manifestaron nada al respecto a las citadas comunidades indígenas y, en
consecuencia, continuaron allí, tal como lo
“habían efectuado durante el tiempo en que
supuestamente poseyeron los predios y los explotaron como lo alegaron ante las
autoridades judiciales en la demanda de pertenencia y, solo hasta ahora, 16
años después han iniciado ante las autoridades de policía del Distrito de
Riohacha, como lo es la Secretaría de Gobierno e Inspectores de Policía Local,
los procesos policivos por una supuesta perturbación a la posesión, demandado
el desalojo de las comunidades indígenas ancestrales, que desde tiempos
inmemoriales han poseído esas tierras, y a quienes desde las fechas que
iniciaron dichos procesos, los han venido confinando de manera inclusive
violenta, a extensiones de terreno cada día más reducidas, que confluyen en
violaciones al derecho humanitario de las comunidades indígenas”[3]
(Se destaca).
9.
El tutelante consideró que las sentencias impugnadas adolecen de los siguientes
defectos: i) orgánico, habida cuenta de que los Juzgados Primero
y Segundo Civiles del Circuito de Riohacha no eran competentes para declarar la
prescripción extraordinaria de los mencionados predios, por cuanto, dicha
función se encontraba en cabeza del INCODER –hoy Agencia Nacional de Tierras–
y, en ese orden, adujo que se estaba vulnerando el precedente judicial
contenido en la sentencia T-488 de 2014; ii) procedimental
absoluto, por cuanto no se acompañó a la demanda de pertenencia el certificado
expedido por el registrador de instrumentos públicos de los predios
correspondientes, tal como lo exigía el artículo 407 del Código de
Procedimiento Civil –hoy artículo 375 del Código General del Proceso–, razón
por la cual, se han debido rechazar las correspondientes demandas; iii) violación
directa de la Constitución Política, toda vez que se está contrariando el
artículo 63 superior, el cual hace referencia a la imprescriptibilidad,
inalienabilidad e inembargabilidad de los bienes de uso público y, en ese
sentido, concluyó que los bienes baldíos encuadraban dentro de esta clase de
predios.
2.
Pretensiones.
10.
El Ministerio Público, en su condición de tutelante, solicitó que:
i) Se ampare el derecho
fundamental al debido proceso de las Comunidades Wayuú referidas;
ii) Se dejen sin efectos
las sentencias dictadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha,
los días 6 de octubre de 1998 y 3 de marzo de 1999, dentro de los procesos de
pertenencia iniciados por los señores María Teresa Quintero de Iguarán y
Fulgencio Quintero Ramírez, así como también, la sentencia dictada por el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, el día 27 de febrero de 2001,
dentro del asunto de pertenencia iniciado por los señores Olga Mercedes
Palacios de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de Linero;
iii) Se dejen sin efectos
las providencias dictadas dentro de los procesos aludidos, desde el auto
admisorio de la demanda, inclusive;
iv) Se ordene al Juzgado
Primero Civil del Circuito de Riohacha que, en caso de que la tutelante
pretenda reiniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio,
condicione la admisión del mismo a la verificación de la calidad del bien “y
a la totalidad de los presupuestos axiológicos de la acción, principalmente los
relativos a la prescriptibilidad del inmueble, a la titularidad de derechos
reales sujetos a registro; y la vinculación oficiosa de la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) para que se pronuncie sobre los hechos de la demanda y ejerza las
actuaciones que considere necesarias”[4];
v) Se deje sin efectos la
sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, el día
27 de febrero de 2001, dentro del proceso de pertenencia iniciado por los
señores Olga Mercedes Palacios de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de Linero;
vi) Se ordene al
Registrador de Instrumentos Públicos de Riohacha que cancele o elimine las
inscripciones realizadas en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios
RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía;
vii) Se dejen sin efectos
las decisiones proferidas por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana de Riohacha dentro los procesos policivos de perturbación
a la posesión, que fueron promovidos por los señores Miguel Díaz Palacio y
Sonia Linero de Agudelo, herederos de las señoras Olga Mercedes Palacio de Díaz
e Isabel Gertrudis Palacio de Linero, “beneficiarias de la adjudicación del
predio SANTA LUCÍA, el promovido por Ever David Quintana Rodríguez y el
promovido por el señor Fulgencio Quintero, quien como se mencionó anteriormente
resultó adjudicatario del predio La Esperanza”[5].
11.
A su turno, solicitó, a título de medida cautelar, la suspensión de la
ejecución de todas las órdenes de desalojo de los mencionados bienes inmuebles,
las cuales se encuentran en trámite ante el Secretario de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana de Riohacha y sus Inspecciones de Policía[6].
12.
El 1° de noviembre del 2016, la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha rechazó por falta de competencia
funcional la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo previsto
en el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y, en consecuencia,
ordenó la remisión del expediente a la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia[7].
13.
El 16 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia requirió al Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de La
Guajira para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de dicha
providencia judicial, corrigiera su solicitud de amparo, en el sentido de
identificar a todas las comunidades en nombre de quien formulaba la citada
acción de tutela y, además, para que estableciera con certeza los territorios
en los cuales se encontraban ubicadas[8].
14.
El 21 de noviembre de 2016, el Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de
La Guajira corrigió el recurso de amparo y, para tal efecto, adujo que las
comunidades indígenas residentes en los terrenos de los predios objeto de los
procesos de pertenencia eran las siguientes: Santa Rosa, Arroyo, Arroyo 1,
Campo Alegre, Cachaca Mejía, Cachaca 1, Cachaca 2, Cachaca 3, Las Lomas,
Palasamana, Los Olivos, Jamichana, Warinay, Irraway, Pazpilon y Mawuichon 2[9].
15.
El 28 de noviembre de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia avocó conocimiento de la presente acción de tutela y, en consecuencia,
ordenó correrle traslado a los convocados y terceros interesados para que
ejercieran sus derechos de contradicción y defensa[10].
16.
El 7 de diciembre de 2016, el mencionado órgano de cierre dispuso vincular al
presente asunto a todos los intervinientes de los procesos policivos referidos
por el Ministerio Público[11].
17.
El 12 de diciembre siguiente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia decretó la nulidad de lo actuado por falta de competencia, en tanto
que la citada acción de tutela iba dirigida en contra de una Secretaría de
Gobierno Distrital y, en tal sentido, se está frente a una autoridad pública
del orden municipal cuya competencia está asignada a los juzgados municipales.
Por lo tanto, el referido órgano de cierre ordenó remitir el presente asunto a
la oficina judicial de Riohacha para que fuera repartido entre los jueces
municipales de esa ciudad[12],
correspondiendo su trámite al Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
de Riohacha.
18.
El Ministerio Público formuló recurso de reposición en contra de esta
providencia, empero, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
a través de proveído del 17 de enero de 2017, lo rechazó, debido a que “dentro
del particular procedimiento de la acción de tutela, únicamente están previstos
como medios de controversia o de control de las decisiones judiciales, la
impugnación de la sentencia de primera instancia, la eventual revisión de la
misma y de la dictada en segundo grado, y la consulta para la providencia que
impone sanciones por desacato a lo ordenado por el juez constitucional”[13].
19.
El 7 de febrero de 2017, previa remisión de la Corte Suprema de Justicia por
razones de competencia, el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de
Riohacha rechazó la acción de tutela de la referencia por falta de competencia
funcional y, en consecuencia, ordenó la remisión del expediente a la Sala Civil
Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, por cuanto consideró que la
tutelante pretende que se dejen sin efectos unas providencias que fueron
dictadas por despachos judiciales de mayor jerarquía[14].
20.
El 23 de febrero de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha dejó sin efectos la providencia dictada por el Juzgado Tercero Penal
Municipal para Adolescentes de Riohacha, el día 7 de los mismos mes y año,
puesto que consideró que el mencionado despacho judicial sí era el competente
para avocar el conocimiento del presente asunto de conformidad con lo previsto
en el Decreto 1382 de 2000[15].
21.
El 1° de marzo de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes
admitió la acción de tutela y, suspendió provisionalmente los efectos de las
Resoluciones Nos. 1743 de diciembre 29 de 2015 y 153 de febrero 13 de 2015, a
través de las cuales se ordenaron los desalojos de los bienes inmuebles
aludidos[16].
22.
El 7 de marzo siguiente, el mencionado juzgado dispuso vincular, en calidad de terceros
interesados, a los señores María Teresa Quintero de Iguarán <<adquirente
del predio RIOMAR>>, a Fulgencio Quintero Ramírez <<adquirente del
predio La Esperanza>>, a las señoras Olga Mercedes Palacios de Díaz e
Isabel Gertrudis Palacio de Linero <<adquirentes del predio ‘Santa
Lucía’>> o sus herederos Miguel Díaz Palacio y Sonia Linero de Angulo[17].
3.
Contestaciones de la acción de tutela formulada
23.
El Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana de Riohacha[18],
en su informe acerca de los hechos de la acción de tutela incoada, adujo que la
señora Rosa Matilde Epiayú y la empresa NESAGAVIRIA S.A.S. presentaron sendas
acciones de tutela en contra de la Alcaldía Distrital de Riohacha a fin de
atacar los procedimientos policivos por perturbación de la posesión iniciados
por los señores Ever David Quintana Rodríguez, Miguel Díaz Palacio, Sonia
Linero de Angulo y Fulgencio Quintero Ramírez, acciones constitucionales que
finalizaron con sentencias que resolvieron no tutelar el derecho fundamental al
debido proceso, por cuanto, se “pudo evidenciar que la entidad accionada en
ningún momento de la actuación administrativa violó el derecho fundamental
alegado”[19].
24.
A su turno, señaló que la acción de tutela de la referencia no estaba llamada a
prosperar, en tanto que se encontraba demostrado que los señores Rosa Matilde y
Gonzalo Bonivento, en su condición de autoridades tradicionales de la comunidad
Wayuú, habían instaurado en varias ocasiones la citada acción constitucional
bajo los mismos hechos y pretensiones, razón por la cual, se estaba en
presencia de una actuación temeraria, tal como lo prevé el artículo 38 del
Decreto-ley 2591 de 1991.
25.
El Inspector Central de Policía de Riohacha, en su informe acerca de los
hechos de la citada acción constitucional, reiteró los argumentos expuestos por
el Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana del ente
territorial aludido[20].
26. El señor Jesús Amilcar Iguarán Quintero, en
su calidad de copropietario del predio RIOMAR, se opuso a todas y cada una de
las peticiones de la acción de tutela, para lo cual, señaló que:
“no tiene aplicación en el caso que nos ocupa la
sentencia en cita T-488/2014 del 9 de julio de 2014 dentro del expediente
T-4.267.451, (…), la aplicación de sentencias como lo manifesté aplican para el
caso concreto, debiendo existir similitud entre los hechos y fundamentos de
derecho que permitan concluir que los elementos expuestos presentan identidad,
los solicitados, a los decididos en la o las sentencias citadas y que
constituyan  el cimiento jurídico de la argumentación”[21].
27.
La señora Sonia Linero de Angulo, en calidad de copropietaria del predio
Santa Lucía por ser heredera de la señora Isabel Gertrudis Palacio Iguarán de
Linero, sostuvo que dentro del proceso de amparo policivo por perturbación a la
posesión iniciado por la citada ciudadana no se vislumbra  vulneración alguna
del derecho fundamental al debido proceso, “al contrario se evidencia que se
otorgaron todas las garantías procesales para que los querellados y demás
ocupantes y perturbadores de la posesión del predio Santa Lucía, para que
pudieran hacer valer sus derechos y ejercer el derecho de contradicción y
defensa”[22].
28.
El señor Fulgencio Quintero Ramírez, en su condición de propietario del
bien inmueble La Esperanza, solicitó que se denegaran las pretensiones del
tutelante y, en su lugar, deje continuar los procedimientos policivos
tramitados por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana[23].
29.
Los señores Rosa Matilde Epiayú, Bonivento González Sánchez y José Manuel
Palacio, en su calidad de autoridades tradicionales de las comunidades
Wayuú de Santa Rosa, Arroyo, Cachaca 2 y la señora Lorena Pushaina, en su
condición de líder de la comunidad Cachaca 2, solicitaron que se les
reconociera como coadyuvantes de la acción de tutela formulada por el
Ministerio Público[24].
30.
El señor Miguel A. Díaz Palacio, en su calidad de copropietario del
predio Santa Lucía, señaló que el mencionado bien inmueble no tenía la calidad
de baldío “al momento en que se adelantó el proceso de prescripción
adquisitiva de dominio (…) y por lo tanto, la pretensión del señor
representante del Ministerio Público no está llamada a prosperar”[25].
31.
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha solicitó que
se vinculara a “las autoridades catastrales del municipio y a la Agencia
Nacional de Tierras (antes INCODER), entidades que tienen competencia funcional
en cuanto al catastro y la delimitación y dotación de tierras a las Comunidades
Indígenas”[26].
32.
La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC– pidió su
reconocimiento como coadyuvante del pueblo Wayuú[27].
33.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC– solicitó que se le
desvinculara, habida cuenta de que no ha vulnerado derecho fundamental alguno a
la Agencia Nacional de Tierras –ANT–; asimismo, señaló que no era competencia
del instituto “surtir el trámite que requiere mediante este mecanismo
constitucional la tutelante”[28].
34.
Advirtió que el Convenio 160 de la OIT no resulta aplicable al proceso policivo
por perturbación a la posesión, para ello, trajo a colación un concepto emitido
por el mismo tutelante el 28 de septiembre de 2016 dentro del proceso de tutela
No. 44001-22-14-001-2016-00055-00.
35.
Solicitó que se denegara el amparo solicitado por improcedente, por cuanto el
predio Santa Lucía es de propiedad privada y no un terreno baldío “por tener
dueño o titular del derecho de dominio, debidamente registrado en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha”[29].
36.
Indicó que en el presente asunto existió temeridad, por cuanto
“En todos los casos han sido los mismos actores: los
señores ROSA MATILDE EPIAYÚ en su calidad de autoridad tradicional de la Comunidad
Santa Rosa y GONZALO SÁNCHEZ BONIVENTO, como autoridad tradicional de Arroyo
Guerrero o simplemente Arroyo, quienes han presentado las tutelas, primeramente
el día 9 de septiembre de 2016 a través de apoderado judicial  (…) y en segundo
lugar, a través del Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de la
Guajira. Que la reiterada invocación de la tutela se realice sin motivo
expresamente justificado, ni manifestó en la solicitud de tutela los motivos
por el cual el titular no está en condiciones de promover su propia defensa,
como lo exige el inciso 2° del Decreto 2591 de 1991”[30].
37.
Señaló que no se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de
tutela se presentó después de 10 meses de estar debidamente ejecutoriada la
resolución que se profirió dentro del proceso policivo[31].
5. Decisiones
objeto de revisión
5.1. Sentencia de primera instancia
38.
El 23 de marzo de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de
Riohacha denegó el amparo del derecho fundamental solicitado por el Procurador
12 Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira, de conformidad con los
siguientes argumentos:
39.
En primer lugar, la autoridad judicial aludida señaló que se cumplió con el
requisito de subsidiariedad, como quiera que el tutelante no cuenta “con
otro medio de defensa, ya que al tratarse de una decisión que resolvió una
querella policiva destinada a amparar provisionalmente la posesión de un lote
en controversia, la jurisdicción contencioso administrativa carece de
competencia para juzgar este tipo de decisiones”[32].
40.
En lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, señaló que “la
decisión que se controvierte fue proferida en diferentes fechas sin que ninguna
sobrepase el año y están la última en la actualidad sin producirse el
correspondiente pronunciamiento”[33].
41.
Al analizar el fondo del asunto, el juez manifestó que no se evidenciaba un
daño grave e irreparable, ni mucho menos la ocurrencia de un perjuicio
irremediable para los derechos fundamentales expuestos por el Procurador 12
Judicial II Agrario y Ambiental de La Guajira, en representación de las
comunidades indígenas, con ocasión del proceso policivo adelantado por la
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana, que requiera la intervención
del juez constitucional.
42.
Por lo tanto, expresó que:
“no es posible acceder a lo solicitado por el
accionante con respecto a los actos administrativos emitidos por la Secretaría
de Gobierno y Convivencia Ciudadana, el cual pretende se deje sin efecto, todas
las decisiones proferidas y promovidas por los señores MIGUEL DÍAZ PALACIO Y
SONIA LINERO DE AGUDELO, herederos de las señoras OLGA MERCEDES PALACIO DE DÍAZ
e ISABEL GERTRUDIS PALACIO DE LINERO, beneficiarias de la adjudicación del
predio SANTA LUCÍA, el promovido por EVER DAVID QUINTANA RODRÍGUEZ y el
promovido por el señor FULGENCIO QUINTERO, como adjudicatarios del predio LA
ESPERANZA, toda vez que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, y que
el accionante cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para hacer
valer sus derechos.
Por otra parte, frente a la medida provisional
concedidos por este Despacho, es preciso anotar que según lo aportado por la
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana las mismas fueron expedidas
después de realizado el trámite policivo correspondiente y con observancias del
derecho al debido proceso, invocado hoy aquí por el tutelante, que este
Despacho después de verificar las pruebas obrantes en el expediente resuelve
levantar las medidas provisionales decretadas mediante auto de fecha de 1 de
marzo de 2017, al observarse que no existe violación de derechos frente a los
predios ‘RIOMAR’, ‘LA ESPERANZA’ Y SANTA LUCÍA’”[34].
5.2. Las impugnaciones
5.2.1. El Ministerio Público
43. El Procurador 12 Judicial II Agrario y Ambiental
de La Guajira, en su contestación, señaló que existía incongruencia entre lo
solicitado en la acción constitucional aludida y lo decidido en el fallo, por
cuanto, la demanda de tutela en el presente asunto está dirigida en contra de
las sentencias proferidas por los Juzgados Primero y Segundo Civiles del
Circuito de Riohacha, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Riohacha y otros, es decir, “que NUNCA se mencionó como autoridades
accionadas a la Secretaría de Gobierno de Riohacha, ni a sus Inspecciones de
Policía, por lo que en este punto inicia la incongruencia del fallo”[35].
44. Advirtió que aun cuando en los supuestos fácticos
de la acción de tutela se puso de presente la existencia de procesos policivos
en contra de comunidades indígenas, lo cierto es que ello se hizo para ilustrar
aún más los perjuicios que nacieron como consecuencia de las sentencias de los
jueces y “por ello también se solicitó en la demanda la medida cautelar en
contra de las decisiones de las Inspecciones de Policía de Riohacha, con el fin
de evitar que se materializaran las decisiones de los Juzgados Primero y
Segundo Civiles del Circuito de Riohacha, quienes son las autoridades
accionadas”[36].
45. Precisó que existe una errada interpretación de la
acción de tutela y de sus pretensiones por parte del juez constitucional, como
consecuencia del auto dictado el 12 de diciembre de 2016 por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió declarar la
nulidad de todo lo actuado en la mencionada acción, debido a que la misma se
encontraba encaminada a cuestionar los desalojos de las comunidades Wayuú de
los mencionados bienes inmuebles.
46. Agregó que:
“… para la Honorable Corte Suprema de Justicia, como
dentro de los procesos de pertenencia nada se dijo respecto de la restitución
de los predios, sino que ello es objeto de los procesos policivos, el
conflicto no tuvo su génesis en las providencias que declararon la
prescripción, interpretación que esta Agencia del Ministerio Público la
considera errada, pues las pretensiones de la demanda de tutela, son claras en
el sentido  que lo principalmente solicitado es dejar sin efecto las sentencias
de los jueces  que declararon la prescripción de los predios, pues estas son
las que originaron el título para demandar la restitución de los predios dentro
de los procesos policivos, como se expresó en acápites anteriores, y ello fue
objeto de impugnación ante la misma Corte Suprema de Justicia por parte de esta
agencia, lo cual fue negado como consta dentro del expediente”[37]
(Negrillas adicionales fuera del
texto original).
47.
Señaló que las sentencias de tutela revisadas desconocen el precedente judicial
contenido en las sentencias T-488 de 2014, T-548 y T-549 de 2016, por cuanto,
dado el caso en que se hubieren valorado los elementos de acreditación obrantes
en el expediente, habría lugar a concluir que los predios involucrados en el
presente asunto se presumían como bienes baldíos por carecer de antecedentes
registrales[38].
5.2.2. Autoridades Tradicionales de las Comunidades
Wayuú
48. Los señores Rosa Matilde Epiayú, Gonzalo Sánchez
Bonivento, Robinson Pushaina y José Manuel Palacio, en su calidad de
autoridades Tradicionales de las Comunidades Wayuú de Santa Rosa, Arroyo,
Cachaca, Cachaca 1 y de coadyuvantes de la acción de tutela de la referencia,
impugnaron la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal para
Adolescentes, el 23 de marzo de 2017. Como sustento de su inconformidad
plantearon los siguientes argumentos:
49. En primer lugar, los impugnantes señalaron que el
juez de tutela aludido no tuvo en cuenta el objeto de la referida acción
constitucional, toda vez que la misma se encuentra dirigida en contra de los
Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Riohacha, a fin de que se
decrete la nulidad de las sentencias que declararon la pertenencia a favor de
unos particulares de unos predios que hacen parte de la comunidad Wayuú.
50. Sostuvieron que las sentencias dictadas dentro de
los procesos de pertenencia fueron obtenidas de mala fe y a espaldas de dicha
comunidad, debido a que no fue vinculada dentro de tales procesos ordinarios,
aunado a ello, arguyeron que “la acción ordinaria de pertenencia no procede
contra los inmuebles corporales que gozan de la condición de ser
imprescriptibles y estos solo pueden ser adjudicados en nombre del Estado
(INCODER)”[39].
51. Expresaron que:
“Luego de leer el fallo de tutela. No logramos
comprender de dónde saca el juez constitucional y los MAGISTRADOS DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA que el agravio real reposa en los procesos policivos de
desalojo al afirmar ‘con la presente acción de tutela enunció vulnerado (sic)
los derechos al debido proceso de las comunidades WAYUÚ de comunidades
ancestrales de ‘RIOMAR’, ‘LA ESPERANZA’ y ‘SANTA ROSA’, tras proferir por parte
de la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana las correspondientes
resoluciones de desalojo, DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA’. El agravio real
reposa en las sentencias judiciales de dominio porque en esos procesos entregó
nuestro territorio en manos de particulares sin respetar las debidas garantías,
ya que al analizar las direcciones que aportan los dueños sobre los predios
fantasmas no es posible luego de analizarlas encontrar una ubicación precisa,
ni punto de referencia concreto de sus ubicaciones físicas, con esas sentencias
judiciales se desalojó a la comunidad de Santa Rosa primero a favor de EVER
QUINTANA Y LUEGO SOBRE EL MISMO PREDIO SE HIZO OTRO DESALOJO A FAVOR DE LA
FAMILIA DÍAZ PALACIO, CÓMO PUEDE SER POSIBLE ESTO? Quién puede responder? Los
procesos policivos son una consecuencia de las sentencias judiciales no son la
razón”[40].
5.3.
Segunda instancia
52.
El 12 de mayo de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Riohacha confirmó el fallo proferido por el
Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con función de garantías
dictado el 23 de marzo de 2017, con fundamento en los siguientes considerandos.
53.
En la referida decisión se indicó que en el presente asunto no se encontraba
demostrado que se hubiese hecho uso de las acciones ordinarias, razón por la
cual, “se estaría usando la acción de amparo constitucional, para resolver
la omisión en el no uso de estas acciones legales, y es sabido que la acción de
tutela, no puede ser utilizada como otra instancia”[41].
54.
A su turno, se precisó que, de conformidad con las pruebas obrantes en el
expediente de tutela, no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, no obstante, “dado que se trata de un litigio sobre la
propiedad o tenencia de una gran porción de terreno, encuentra el despacho que
la comunidad no va a ser lanzada en su totalidad de dichas tierras sino en lo
que circunscribe única y exclusivamente a las tierras que fueron adquiridas
mediante el proceso de pertenencia y que mediante el proceso policivo pretenden
la cesación de la perturbación, pero se deja sentado por el Despacho, que aun
así si se presentaren perjuicios materiales y económicos, para ello, también
existe la vía ordinaria y/o contenciosa administrativa para su resarcimiento”[42].
55.
Agregó que:
“… las autoridades en las providencias cuestionadas
decidieron de conformidad con la naturaleza y finalidad del proceso policivo regulado
en el Código Nacional de Policía, y es una medida de carácter provisional que
puede ser variada por el Juez Civil que concede de manera definitiva sobre la
controversia que surge en torno a la posesión o tenencia de un bien inmueble.
Por todo lo anterior, considera este estrado judicial
que existen otras herramientas jurídicas, con las que cuentan los miembros de
las comunidades Wayuú, para hacer valer sus derechos patrimoniales y garantizar
así la propiedad privada, como lo sería acudir ante la Jurisdicción Ordinaria
con el Juez Civil, mediante un proceso declarativo, que de encontrar anomalías
en la controversia resolverá de fondo dicha circunstancia, y de ser necesario
ordenará las posibles indemnizaciones pertinentes.
Luego no se ha acreditado circunstancia semejante, ni
los elementos propios de un presunto perjuicio irremediable, para su
procedencia transitoria, como, se reitera apreció el a quo.
Luego no estando acreditado en manera alguna, un
posible, ni alegado perjuicio irremediable, nos encontramos ante otro motivo
más, para confirmar la improcedencia del amparo deprecado”[43].
56.
La señora Leonor María Viloria González, en su calidad de defensora de derechos
humanos y vocera en asuntos territoriales de las comunidades Wayuú, solicitó la
nulidad de las sentencias dictadas dentro de los procesos de pertenencia,
habida consideración de que una decisión contraria implicaría el despojo de sus
tierras a las comunidades Wayuú, circunstancia que pondría en “grave riesgo
de desplazamiento forzado de más de 5000 Wayuú, entre niños, adultos y ancianos
declarados en riesgo de extinción y en peligro de extinción en el Auto 004 del
2009 de la Corte Constitucional”[44].
6. Trámite en sede de revisión de tutela
57.
El 15 de noviembre de 2017, la Sala Primera de Revisión requirió, por medio de
la Secretaría General, a una serie despachos judiciales y de entidad públicas,
a fin de que aportaran medios de acreditación al proceso de la referencia, así:
“PRIMERO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
al Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, para que en el término de
ocho (8) días hábiles contabilizados a partir del recibo de la respectiva
comunicación, alleguen copia de los siguientes procesos de pertenencia:
- Expediente dentro del cual se dictó la sentencia de
6 de octubre de 1998, en cuya virtud se declaró que la señora María Teresa
Quintero de Iguarán adquirió el predio RIOMAR por prescripción extraordinaria
de dominio.
- Expediente dentro del cual se dictó la sentencia de
3 de marzo de 1999, a través de la cual se declaró que el señor Fulgencio
Quintero Ramírez adquirió el predio La Esperanza por prescripción
extraordinaria de dominio, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de
Riohacha – Sala de Decisión Civil – Familia, el 7 de julio de 1999 dentro del
expediente No. 1999-0038-14.
SEGUNDO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha, para que en el término de
ocho (8) días hábiles contabilizados a partir del recibo de la respectiva
comunicación, alleguen copia del siguiente proceso de pertenencia:
- Expediente No. 1998-0138-00 dentro del cual se dictó
la sentencia de 27 de febrero de 2001, mediante la cual se declaró que las
señoras Olga Mercedes Palacios de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de Linero
adquirieron el predio Santa Lucía por prescripción extraordinaria de dominio
TERCERO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
a la Secretaría de Gobierno Municipal de Riohacha, para que en el término de
ocho (8) días hábiles contabilizados a partir del recibo de la respectiva
comunicación, allegue copia de los siguientes procesos de amparo policivos:
- Expediente en el cual se dictó la Resolución 1743 de
diciembre 29 de 2015.
- Expediente en el cual se dictó la Resolución 153 de
febrero 13 de 2015.
De igual forma, se requiere a la citada secretaría
para que informe y remita los expedientes de los otros procesos policivos que
se hubieren adelantado con ocasión de las declaraciones judiciales de
pertenencia a favor de los señores María Teresa Quintero de Iguarán, Fulgencio
Quintero Ramírez, Olga Mercedes Palacios de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de
Linero.
CUARTO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha – Sala de Decisión Civil
– Familia – Laboral, para que en el término de ocho (8) días hábiles
contabilizados a partir del recibo de la respectiva comunicación, allegue copia
del siguiente proceso de tutela:
- Expediente No. 44001-2214-001-2016-00055-00. Acción
de tutela formulada por Rosa Matilde Epiayú y Gonzalo Sánchez Bonivento contra
el Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas y otros.
QUINTO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
al Juzgado Segundo Penal Municipal de Riohacha, para que en el término de ocho
(8) días hábiles contabilizados a partir del recibo de la respectiva
comunicación, allegue copia del siguiente proceso de tutela:
- Expediente No. 44001-40-04-002-2015-00140-00. Acción
de tutela formulada por Rosa Matilde Epiayú y otros contra la Alcaldía de
Riohacha y Ever Quintana Rodríguez.
SEXTO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
al Juzgado Primero Penal Municipal de Riohacha, para que en el término de ocho
(8) días hábiles contabilizados a partir del recibo de la respectiva
comunicación, allegue copia del siguiente proceso de tutela:
- Expediente No. 44001-40-04-001-2016-00443-00. Acción
de tutela formulada por Néstor Alonso Gaviria Grisales, en calidad de
Representante Legal de la Empresa NESAGAVIRIA S.A.S. contra el Distrito de
Riohacha.
SÉPTIMO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
al Ministerio del Interior –Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías y a
la Agencia Nacional de Tierras –ANT–, para que en el término de cinco (5) días
hábiles contabilizados a partir del recibo de la respectiva comunicación,
certifique si los predios RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía se encuentran
ubicados en una zona de propiedad ancestral. Para tal efecto, al requerimiento
se adjuntará copia de la correspondiente acción de tutela.
OCTAVO: Requerir, por medio de la Secretaría General,
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha, para que en el
término de cinco (5) días hábiles contabilizados a partir del recibo de la
respectiva comunicación, allegue a este proceso los certificados de libertad y
tradición Nos. 210-35926, 210-8168 y 210-40717 de los predios RIOMAR, La
Esperanza y Santa Lucía, respectivamente, ubicados en la carretera que de
Riohacha conduce a Santa Marta.
NOVENO. Surtido el trámite anterior, dispóngase por
Secretaría General el traslado de los documentos que se llegaren a aportar, por un término de tres (3) días, para que las partes y
terceros con interés legítimo se pronuncien en relación con estos. Lo anterior,
en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015, Reglamento Interno de la Corte Constitucional”[45].
58.
El 2 de febrero de 2018, el suscrito Magistrado Sustanciador en el presente
asunto, requirió nuevamente a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
del Ministerio del Interior, a fin de que certificara si los predios RIOMAR, La
Esperanza y Santa Lucía se encontraban ubicados en una zona de propiedad
ancestral[46].
59.
El 13 de febrero siguiente, la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
del Ministerio del Interior dio respuesta al requerimiento señalado y, por
ende, adujo que dentro de sus funciones no se encontraba la de certificar la
ubicación de predios en zonas de propiedad ancestral[47].
60.
La Agencia Nacional de Tierras –ANT–, por su parte, dio respuesta al
requerimiento efectuado por esta Corporación, a través escrito allegado el 8 de
febrero de la presente anualidad, el cual será analizado en la parte
considerativa de esta providencia[48].
6.1. Intervenciones
61. Los señores David Santiago Algarra Plazas, Juan
Felipe Pacheco Tovar y David Alejandro Rintá Landínez, en su calidad de
miembros activos del Grupo de Trabajo e Investigación Jurídicos “Veritas
fons libertatis” de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja,
presentaron un escrito de amicus curiae dentro del asunto de la
referencia, a fin de coadyuvar las pretensiones del tutelante[49].
62. En particular, respecto del requisito de
inmediatez de la acción de tutela manifestaron que:
“Las autoridades de las comunidades indígenas
presentaron solicitud ante la Procuraduría el 18 de octubre de 2016, para que
esta interviniera frente al atropello institucional del Estado, especialmente
ante los procesos policivos que intentaban dar efectividad material a las decisiones
de pertenencia violatorias de los derechos fundamentales de sus comunidades.
La Procuraduría 12 Judicial II Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios de La Guajira, interpone la acción de tutela del
expediente en revisión, el día 28 de octubre de 2016, con lo cual, respondería
al llamado de intervención diez días después de tener conocimiento de los
hechos constitutivos de la violación de derechos fundamentales de las
comunidades indígenas.
Por otra parte, cabe afirmar que la violación a los
derechos fundamentales de las comunidades se ha prolongado en el tiempo, y la
afectación, perjuicio o daño directo a estos derechos es actual. Esto, dado
que, a pesar de las fechas de expedición de las sentencias, los efectos de
estas se mantienen en el tiempo, atentando contra el correcto desarrollo de las
prácticas ancestrales, especialmente en lo relacionado con los cementerios de
la Comunidad Wayuú; y la afectación se ha venido agravando con nuevos hechos,
como lo relata el escrito de la acción, es decir, con las acciones policivas
desarrolladas en contra de estas comunidades.
Ahora bien, el fundamento material más cercano para la
interposición de la acción de tutela es el ejercicio de la fuerza del Estado,
mediante acciones policivas, en contra de las comunidades indígenas. Más, este
a su vez, deriva como mera aplicación material de sentencias de pertenencia,
que además de atentar contra el sistema jurídico, violan directamente derechos
constitucionalmente protegidos. Esto conlleva al análisis en que, incluso si se
decreta una tutela constitucional contra este actuar material y, por
consecuencia, desaparecen las acciones policivas, aún quedarían las sentencias
judiciales que dan origen y son en sí mismas un factor de atentado a los
derechos  de las comunidades indígenas. (…)”[50].
63.
En sede de revisión, el Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario,
tutelante en este proceso, presentó escrito mediante el cual aportó la
Resolución No. 015 de febrero 28 de 1984, a través de la cual se constituyó un
resguardo indígena en favor de la comunidad Wayuú de la alta y media Guajira,
así como la Resolución No. 028 de julio 19 de 1994, en cuya virtud se ampliaba
el mencionado resguardo. Con fundamento en estos documentos, reitera que los
predios que fueron objeto de las declaraciones de pertenencia, son territorio
ancestral. [51]
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
64. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional
es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de
la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°,
y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto-ley 2591 de 1991.
2.
Identificación de los problemas jurídicos
65.
Le corresponde a esta Sala de Revisión resolver los siguientes problemas
jurídicos:
¿La acción de tutela presentada por el señor
Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira en contra de las
sentencias dictadas por los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de
Riohacha, los días 6 de octubre de 1998, 3 de marzo de 1999 y 27 de febrero de
2001, posteriormente confirmadas, en sede del grado jurisdiccional de consulta,
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha, cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales?
66.
Dado el evento en que la respuesta al anterior interrogante fuere afirmativa,
esta Corporación pasará a resolver el siguiente problema jurídico:
¿En el presente litigio constitucional se configura,
al menos, uno de los requisitos específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en particular, el defecto orgánico,
procedimental absoluto y violación directa de la Constitución, alegados por el
tutelante?
3.
Metodología del análisis de la acción de tutela presentada por el Procurador 12
Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira
67.
Para resolver los anteriores interrogantes, esta Sala de Revisión abordará los
siguientes tópicos: i) Delimitación del objeto de la presente
acción de tutela; ii) Reiteración de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional acerca de los requisitos generales y específicos de
procedencia de dicha acción constitucional en contra de providencias
judiciales; iii) Verificación del cumplimiento de los  requisitos
de legitimación en la causa por activa y por pasiva y de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales; por último, se efectuará una iv) Exposición de unas
consideraciones finales relacionadas con el asunto de la referencia.
4.
Delimitación del objeto de la acción de tutela y alcance del principio de
congruencia de las providencias judiciales
68.
Ab initio, esta Sala de Revisión advierte que, aun cuando en la acción
de tutela se hace referencia a unos procesos policivos que se tramitaron como
consecuencia de las sentencias adoptadas dentro de los procesos de pertenencia
tramitados por los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Riohacha,
lo cierto es que una vez analizado en su integridad el texto del libelo, se
observa, de manera diáfana, que el delegado del Ministerio Público pretende que
se dejen sin efectos las decisiones dictadas dentro de tales procesos
judiciales civiles que dieron lugar a la expedición de las sentencias
declarativas de pertenencia y, en modo alguno tienen por objeto las decisiones
administrativas dictadas con ocasión de los referidos asuntos de policía.
69.
En efecto, la anterior aclaración resulta pertinente, debido a que las
providencias de tutela de primera[52]
y segunda instancia[53]
identificaron como supuesta pretensión principal del recurso de amparo la
solicitud de dejar sin efectos las decisiones dictadas con ocasión de los
procesos policivos adelantados por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y
Convivencia Ciudadana de Riohacha, dejando a un lado, el análisis imperioso de
las providencias judiciales proferidas dentro de los procesos declarativos
aludidos.
70.
Incluso, una de las principales inconformidades puestas de presente por el
tutelante[54],
en la impugnación incoada en contra de la sentencia de primera instancia,
consistió en reprochar la incongruencia de dicha providencia, como quiera que
el juzgador a quo no se pronunció respecto de las pretensiones
consignadas en el escrito de tutela.
71.
A propósito de lo anterior, vale la pena traer a colación el principio de
congruencia de las providencias, según el cual, la sentencia debe guardar
consonancia con los hechos y las pretensiones esgrimidos en la correspondiente
demanda[55].
72.
Respecto de este principio orientador del derecho procesal, la jurisprudencia
de esta Corte ha explicado que, a la luz de tal postulado, el juez debe
resolver todos los aspectos ante él expuestos y, por consiguiente, es su
obligación explicar las razones por las cuales no se ocupará del análisis de
fondo de alguna de las pretensiones[56].
Adicionalmente, el juez tiene a su cargo el deber de fallar con fundamento en
la realidad fáctica demostrada, por cuanto, su decisión, de ninguna manera,
puede fundamentarse en lo que dicho funcionario considera que pudo ser, pero
que las partes ni él de oficio, lograron establecer en el curso de la actuación
procesal[57].
73.
Desde la anterior perspectiva, para esta Sala, los jueces de tutela de
instancia perdieron de vista la real causa petendi del tutelante, cual
es si las sentencias declarativas de pertenencia, emanadas de los Juzgados
Primero y Segundo Civiles del Circuito de Riohacha, vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso de las Comunidades Indígenas Wayuú, previo
análisis de los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial.
5.
Procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia
5.1.
Requisitos generales de procedencia
74.
Los artículos 86 de la Constitución y 5 del Decreto Ley 2591 de 1991 disponen
que toda persona puede acudir a la acción de tutela para reclamar ante los
jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o
la omisión de cualquier autoridad pública.
75.
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela en
contra de las actuaciones de los jueces, en su calidad de autoridades públicas,
cuando incurran en graves falencias que las hagan incompatibles con la
Constitución y afecten los derechos fundamentales de las partes[58]. En todo
caso, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan
los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad
jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”[59].
76.
Para tal efecto, la jurisprudencia constitucional[60] introdujo
los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, los cuales deben cumplirse en su totalidad: (i)
que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que
involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii)
que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan
agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que
se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii) que se
cumpla el requisito de inmediatez, o sea, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; (iv) que se trate de una irregularidad procesal con
efecto decisivo en la providencia que se impugna[61]; (v)
que el actor identifique de manera razonable los hechos que generaron la
vulneración y los derechos vulnerados, y (vi) que no se trate de
sentencias de tutela.
5.2. Requisitos específicos de procedencia
77. Esta Corporación, de manera
reiterada, ha señalado que los requisitos de procedibilidad específicos se
refieren a la concurrencia de defectos en el fallo impugnado que, en razón de
su gravedad, hacen que éste sea incompatible con los preceptos constitucionales[62].
En síntesis, los mencionados defectos son los siguientes:
- Defecto orgánico: Se configura cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece en forma absoluta de competencia[63].
- Defecto procedimental absoluto: Se origina cuando la autoridad judicial aplica un
trámite ajeno al asunto sometido a su competencia; no se agotan etapas
sustanciales del procedimiento establecido, se eliminan trámites procesales
vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las
partes y se suprimen oportunidades procesales para que las partes o
intervinientes en el proceso ejerzan las potestades otorgadas por el legislador
al regular el procedimiento[64].
- Defecto fáctico: Se presenta cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión, o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada[65].
- Defecto material o sustantivo: Se materializa cuando la providencia judicial
incurre en un yerro trascendente, cuyo origen se encuentra en el proceso de
interpretación y de aplicación de las normas jurídicas[66].
- Error inducido: Se presenta cuando el juez o cuerpo colegiado fue, a
través de engaños, llevado (inducido) a tomar una decisión arbitraria que
afecta derechos fundamentales[67].
- Decisión sin motivación: Se
configura por la completa ausencia de justificación de la providencia judicial[68].
- Desconocimiento del precedente: Se
configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado
asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial
establecida[69].
Violación directa de la Constitución: Se estructura cuando el juez ordinario adopta una
decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política[70].
6. Análisis del asunto sometido a revisión
6.1.1. Relevancia constitucional del asunto
78. En el presente caso se cumple con este requisito,
habida cuenta de que la discusión se circunscribe a la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales a una comunidad indígena, en particular de su
derecho al debido proceso, controversia respecto del cual se concreta la
relevancia constitucional del asunto en este proceso de tutela.
79. A propósito de lo anterior, esta Sala de Revisión
destaca que la jurisprudencia de esta Corte ha distinguido que la garantía del
principio de diversidad étnica y cultural involucra los siguientes
reconocimientos: i) que las comunidades indígenas son sujetos de
derechos fundamentales; ii) que esos derechos no son
equivalentes a los derechos individuales de cada uno de sus miembros ni a la
sumatoria de estos, y; iii) que los derechos de las comunidades
indígenas no son asimilables a los derechos colectivos de otros grupos humanos[71].
80.
A su turno, esta Corporación ha reconocido la relación especial entre las
comunidades indígenas y el territorio que habitan y, ello se debe a que el
derecho al territorio se encuentra íntimamente
ligado “con el derecho a la libre determinación y a la existencia, tanto
física, como cultural, que es aquella que hace preceptivo el reconocerlos como
pueblos culturalmente diferenciados, pues al ubicarse en determinados
territorios se define cómo quieren vivir y qué pueden hacer, así como
características geográficas que determinan significativamente las actividades
que podrán realizar”[72].
81. Las anteriores razones conllevan a esta Sala de Revisión
a concluir que se cumple con el mencionado requisito, en vista de que se
discute acerca de la supuesta vulneración de un derecho fundamental de la
comunidad Wayuú, con ocasión de la presunta declaración de prescripción
adquisitiva extraordinaria de unos bienes inmuebles que supuestamente
constituyen propiedad ancestral.
6.1.2. Legitimación en la causa
6.1.2.1. Legitimación en la causa por activa
82. En lo que tiene que ver con la legitimidad e
interés en la acción de tutela, el artículo 86 de la Carta Política de 1991
dispuso que toda persona puede reclamar ante las autoridades judiciales la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. Asimismo,
el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que “la acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante”.
83. Empero, el referido decreto ley distinguió algunos
eventos en los cuales se faculta a terceras personas para solicitar el amparo
de derechos ajenos a través de la figura de la agencia oficiosa[73]. De igual
manera, el defensor del pueblo y los defensores municipales también pueden
incoar dicha acción constitucional[74].
84. Ahora bien, se destaca que el Decreto 262 de 2000,
a través del cual se modificó la estructura y la organización de la Procuraduría
General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público, en sus
artículos 37, 38, 40 y 46, autoriza a los Procuradores Judiciales para ejercer
funciones preventivas y de control de gestión, disciplinarias, de protección y
defensa de los derechos humanos y de intervención ante las autoridades
administrativas y judiciales.
85. A su turno, el artículo 46 del citado Decreto 262
autoriza a los Procuradores Judiciales con funciones de intervención en los
procesos agrarios para que actúen ante las salas civiles y agrarias de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y ante los juzgados de circuito y
municipales, los Tribunales de Arbitramento que adelanten asuntos agrarios,
para que actúen, cuando fuere necesario, en la defensa del orden jurídico, el
patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales, individuales,
colectivos o del ambiente.
86.
En punto de lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también
se ha pronunciado acerca de la capacidad para actuar del Ministerio Público en
el marco de las acciones de tutela y, en esa medida, ha precisado que, según se
desprende del artículo 277[75]
de la norma fundamental, la Procuraduría General de la Nación no solo cuenta
con un amplísimo conjunto de competencias, sino que también cuenta con la
posibilidad de ejercerlas a través de la interposición de las acciones que
estime pertinentes[76].
87.
De igual modo, esta Corporación, a través de la sentencia T-293 de 2013, adujo
que desde el punto de vista del debido proceso constitucional, el Procurador o
sus agentes se encuentran facultados para interponer las acciones judiciales
que consideren necesarias para proteger los derechos ajenos o el interés
público, por cuanto, no existía razón constitucional para que no pueda hacerlo,
“más aún cuando, como en este caso, la intervención de los agentes del
Ministerio Público tanto en el proceso penal como en la tutela misma, ha estado
orientada a solicitar la protección de los derechos del interés público
afectado por el carrusel de la contratación”[77].
88. Más adelante, la Corte
Constitucional, en similares términos, enfatizó en que, con fundamento en lo
normado en el artículo 277 de la Carta Política, no existía “ningún
impedimento para que los agentes del Ministerio Público, promuevan acciones de
tutela que consideren pertinentes y necesarias para la defensa del patrimonio
público”[78].
89.
Ante tal perspectiva normativa y jurisprudencial, esta Sala de Revisión
reconoce el amplio ámbito de competencias que constitucionalmente se radican en
cabeza del Ministerio Público, circunstancia que conlleva a un análisis
evidentemente flexible en materia de legitimación en la causa de dicho órgano
en materia de acciones de tutela, habida cuenta de su función de garante de los
derechos fundamentales de la persona humana.
90. Por todo esto, la Sala considera que la
Procuraduría 12 Judicial II Ambiental y Agraria de La Guajira se encuentra legitimada
en la causa por activa, debido a que el mencionado funcionario actuó en procura
de la protección de los derechos fundamentales de unas comunidades indígenas
que supuestamente fueron despojados de unos territorios que supuestamente
constituyen propiedad ancestral.
6.1.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
91.
De otro lado, la legitimidad en la causa por pasiva dentro del presente asunto
se encuentra acreditada, toda vez que las demandas de tutela se dirigen contra
las autoridades judiciales que expidieron las providencias judiciales
supuestamente vulnerantes del derecho fundamental invocado por el Procurador 12
Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira.
6.1.3. Subsidiariedad. Agotamiento de recursos
ordinarios y extraordinarios
92. El principio de subsidiariedad de la acción de
tutela se encuentra consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución Política. A su turno, el numeral 1° del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991 dispuso que la solicitud de amparo será improcedente “cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
93. De antaño, la jurisprudencia de esta Corporación
ha destacado la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela como un mecanismo
constitucional contemplado para dar una solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza
de un derecho fundamental, respecto de las cuales el ordenamiento jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces, a
fin de obtener la correspondiente protección del derecho[79].
94.
Esta Corte ha advertido que, cuando se trata de acciones de tutela en contra de
providencias judiciales, es necesario que el accionante haya agotado todos los
medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción de
tutela sea procedente[80].
Esto es, que la mencionada acción constitucional solo puede operar cuando todos
los mecanismos anteriores se han agotado y, siempre que el ciudadano haya acudido
a ellos de manera diligente, por cuanto, si han operado adecuadamente, “nada
nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán
cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los derechos fundamentales
concernidos”[81].
95. Así, pues, en esta oportunidad, se ratifica la
importancia de la subsidiariedad de la acción de tutela, como una forma de
incentivar que los ciudadanos acudan oportunamente a las vías judiciales
pertinentes y agoten en ese escenario judicial principal los recursos
ordinarios y/o extraordinarios a que haya lugar, con el fin de lograr la
defensa de sus derechos fundamentales dentro del mismo proceso judicial.
96. A la luz de tales consideraciones, esta Sala de
Revisión anticipa que la acción de tutela que se analiza no cumple el requisito
de subsidiariedad, esto es, no se formularon el recurso ordinario, ni mucho
menos los extraordinarios en contra de las sentencias impugnadas, tal como a
continuación pasa a explicarse.
▪
No se formularon recursos de
apelación en contra de las sentencias dictadas por los Juzgados Primero y
Segundo Civiles del Circuito de Riohacha.
97. Las sentencias dictadas por los Juzgados Primero y
Segundo Civil del Circuito de Riohacha, los días 6 de octubre de 1998, 3 de
marzo de 1999 y 27 de febrero de 2001, dentro de los procesos de pertenencia
iniciados por los señores María Teresa Quintero de Iguarán, Fulgencio Quintero
Ramírez, Olga Mercedes Palacios de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de Linero
eran susceptibles del recurso de apelación, de conformidad con lo establecido
en el numeral 4 del artículo 16[82]
del C. de P.C. Pese a lo anterior, se observa que contra las sentencias de
primera instancia dictadas con ocasión de los mencionados procesos declarativos
no se presentaron recursos de apelación.
▪
No se formularon los recursos
extraordinarios de casación y revisión en contra de las sentencias que
confirmaron los fallos de primera instancia.
98. Ahora bien, se advierte que respecto de las
sentencias de primera instancia (que no fueron apeladas) se surtió el grado
jurisdiccional de consulta, trámite que, para la época en que se adoptaron las
providencias, era de carácter obligatorio[83] y, en virtud del cual, fueron
confirmados los mencionados fallos de primer grado.
99. En punto de lo anterior, a esta Sala le surge un
interrogante relacionado con si la sentencia que resuelve un grado
jurisdiccional de consulta puede ser considerada como un fallo de segunda
instancia, a fin de determinar si contra estas providencias resultaba
procedente, o no, la interposición del recurso extraordinario de casación y de
revisión. Para tal efecto, se hará una breve referencia a la finalidad y/o
características del mencionado grado jurisdiccional de consulta.
i)
Grado jurisdiccional de
consulta
100. La jurisprudencia de esta Corporación[84]
ha sido coincidente en afirmar que el grado jurisdiccional de consulta, no es
un recurso, sino un mecanismo o institución procesal a través de la cual el
superior jerárquico del juez que ha proferido una providencia se encuentra
habilitado para revisar o examinar oficiosamente la decisión adoptada en
primera instancia, sin que medie petición o instancia de parte, a fin de
corregir y/o enmendar los errores jurídicos de que adolezca la providencia
respectiva[85].
101. Efectivamente, el artículo 386[86] del Código
de Procedimiento Civil <<vigente para la época en que se profirieron
las providencias dentro de los procesos de pertenencia>> establecía
que las sentencias de primera instancia adversas a la Nación, los
Departamentos, los Distritos Especiales y los Municipios, deben consultarse con
el superior, siempre que no sean apeladas por sus representantes o apoderados.
102. Aunado a lo cual, consagraba que una vez vencido
el término de ejecutoria de la sentencia debía remitirse el expediente al
superior, quien debía tramitar y decidir la consulta en la misma forma que
la apelación.
103. A su turno, la referida codificación, en su
artículo 407, señalaba que:
“En las demandas sobre declaración de pertenencia se
aplicarán las siguientes reglas: (…). 11. La sentencia que acoja las pretensiones
de la demanda será consultada y una vez en firme producirá efectos erga
omnes. El juez ordenará su inscripción en el competente registro” (Negrillas adicionales fuera del texto original).
104. Nótese cómo el Estatuto Procesal Civil autorizaba
que el grado jurisdiccional de consulta se tramitara en la misma forma que un
recurso de apelación, pese a tratarse de dos instituciones completamente
diferentes, circunstancia que lleva a esta Sala de Revisión a concluir que la
decisión que se adopta dentro del trámite de dicho grado corresponde a un fallo
de segunda instancia, debido a que el superior jerárquico, además de regirse
por el mismo procedimiento del recurso de apelación, se encuentra habilitado
para modificar el fallo consultado sin ningún tipo de límite y/o restricción.
105. Ante tal panorama normativo, esta Corporación
considera que contra las sentencias dictadas con ocasión del trámite de grado
jurisdiccional de consulta resulta procedente incoar el recurso extraordinario
de Casación, en tanto que tienen la categoría de providencias de segunda
instancia. A lo cual, se agrega que la Corte Suprema de Justicia[87]
ha admitido la procedencia de dicho recurso extraordinario en contra de
providencias dictadas con ocasión del referido grado.
106. En este orden de ideas, se tiene que dentro del
presente asunto las sentencias que resolvieron el grado jurisdiccional de
consulta fueron expedidas por un Tribunal Superior de Distrito Judicial en el
marco de un proceso ordinario, razón por la cual, se trataría de una sentencia
susceptible del recurso extraordinario de Casación, tal como lo dispone el
artículo 366[88]
del Código de Procedimiento Civil <<norma vigente para la expedición
de las sentencias impugnadas>>.
107. Aunado a ello, teniendo en cuenta que en la
acción constitucional se alega un defecto orgánico, por cuanto, según el
tutelante, los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Riohacha no
tenían competencia para declarar la prescripción adquisitiva de dominio de los
predios RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía, la causal de Casación que
encuadraría dentro de tal supuesto es la contemplada en el numeral 5° del
artículo 368 de la mencionada codificación, esto es, “haberse incurrido en
alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140[89]
del C. de P.C.”.
108. De otro lado, esta Corporación considera que
también resultaba procedente la interposición del recurso extraordinario de
Revisión en contra de las sentencias dictadas con ocasión del trámite del grado
jurisdiccional de consulta, debido a que uno de los cargos de la acción de
tutela se enfocó en alegar que las Comunidades Indígenas supuestamente
asentadas en los predios RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía, nunca fueron
notificadas de los procesos de pertenencia. Por lo tanto, tal afirmación
conlleva a la Sala a concluir que tales providencias eran susceptibles de dicho
recurso extraordinario.
109. En línea con lo anterior, el artículo 379 del
Código de Procedimiento Civil <<disposición vigente para la época en
que se dictaron las mencionadas providencias judiciales>> dispone que
el recurso extraordinario de Revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores, los
jueces de circuito, municipales y de menores. De igual forma, el artículo 380
siguiente consagra un listado taxativo de las causales de revisión y, en su
numeral 7, señala “estar el recurrente en alguno de los casos de indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento contemplados en
el artículo 152, siempre que no haya saneado la nulidad”.
110. Así, pues, en el caso de la referencia, se tiene
que las sentencias impugnadas eran susceptibles del recurso extraordinario de
Revisión, habida cuenta de la supuesta falta de notificación a las Comunidades
Indígenas Wayuú alegada en la acción de tutela, por lo tanto, tal supuesto
encuadra dentro del numeral 7 del artículo 379 del C. de P.C. y, además, según
lo manifestado por el tutelante, se observa que tal causal de nulidad no fue
saneada en los términos del artículo 144[90] del C. de P.C., por cuanto los
miembros de tales comunidades nunca actuaron dentro de los procesos de
pertenencia.
111. Por último, esta Sala de Revisión no debe dejar
pasar desapercibido que pese a que en la acción de tutela se insistió, en
repetidas ocasiones, que las comunidades indígenas no fueron notificadas de los
mencionados procesos de pertenencia, lo cierto es que una vez verificadas las
disposiciones normativas que regulan esta clase de procesos se encontró que
dentro de dicho trámite no existe la obligación de notificar a personas
determinadas, esto es, el numeral sexto del artículo 407[91] del C. de
P.C. dispone que en el auto admisorio de la demanda de pertenencia se ordenará,
a través de edicto, el emplazamiento de las personas que se crean con derechos
sobre el respectivo bien.
112. Las anteriores razones llevan a esta Sala de
Revisión a concluir que en el presente asunto no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad, por cuanto no se formularon los recursos ordinarios y
extraordinarios antes aludidos.
6.1.4. Inmediatez
113. El requisito de inmediatez le impone al tutelante
el deber de formular la acción de tutela en un término prudente y razonable,
respecto del hecho o la conducta que se aduce como causante de la vulneración
de derechos fundamentales[92].
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha sostenido
que no existe un plazo de caducidad para incoar la referida acción
constitucional, tal como se indicó en la sentencia C-543 de 1992, en cuya
virtud se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11[93], 12[94]
y 40[95]
del Decreto Ley 2591 de 1991.
114.
En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que, en algunos casos, seis
meses podrían considerarse suficientes para declararla improcedente; sin
embargo, en otros, un término de dos años podría considerarse razonable. De
manera que ese lapso no es rígido, sino que debe analizarse con base en las
circunstancias de cada caso y, de ser necesario, flexibilizarse[96].
115. Empero, la inexistencia de un término de
caducidad de la acción de tutela no implica per se que dicha acción
pueda presentarse en cualquier tiempo, por cuanto una de las principales
características de este mecanismo de protección es la inmediatez, por
consiguiente, la doctrina constitucional ha señalado que el recurso de amparo
aludido debe formularse dentro de un plazo razonable que permita la protección
inmediata del derecho fundamental presuntamente transgredido y/o amenazado[97].
116. Esta limitación de carácter temporal reprocha la
negligencia, el descuido o la incuria en la utilización de este mecanismo,
debido a que constituye un deber del tutelante evitar que transcurra un lapso
excesivo, irrazonable o injustificado entre el momento de ocurrencia de la
actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las garantías
constitucionales y la presentación de la acción de tutela[98].
117. A su turno, esta Corporación[99], de manera
reiterada, ha identificado algunos aspectos que permiten determinar la
razonabilidad del tiempo transcurrido entre el desconocimiento de la atribución
fundamental y el reclamo ante el juez constitucional, entre las cuales se
destacan las siguientes:
i) Que
existan razones válidas para justificar la inactividad de los accionantes.
Pueden ser situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en general la
incapacidad del accionante para ejercer la acción en un tiempo razonable[100].
ii) Que
la amenaza o la vulneración permanezca en el tiempo, a pesar de que el hecho
que la originó sea antiguo[101].
iii) Que
la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable, no
resulte desproporcionada por una situación de debilidad manifiesta del accionante,
por ejemplo, en casos de interdicción, minoría de edad, abandono, o incapacidad
física[102].
118. Ahora bien, no debe perderse de vista que la
Corte Constitucional, a través de la sentencia T-458 de 2016, indicó que en los
eventos de recuperación de bienes baldíos se debe aplicar la inmediatez bajo un
estándar flexible, por cuanto se busca la recuperación
de bienes que son sustancial y constitucionalmente imprescriptibles, por lo que
la procedencia de la acción que garantiza su defensa debe analizarse atendiendo
la naturaleza jurídica de tales predios.
119. A la luz de tales precisiones jurisprudenciales,
esta Sala de Revisión determinará si el principio de inmediatez se cumple
dentro del asunto que ahora ocupa la atención de la Sala.
120.
Recapitulando, se tiene que dentro del presente litigio el Procurador 12
Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira pidió que se dejaran sin efectos
las sentencias dictadas por los Juzgados Primero y Segundo Civil del Circuito
de Riohacha, los días 6 de octubre de 1998, 3 de marzo de 1999 y 27 de febrero
de 2001, dentro de los procesos de pertenencia iniciados por los señores María
Teresa Quintero de Iguarán, Fulgencio Quintero Ramírez, Olga Mercedes Palacios
de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de Linero, providencias judiciales que, a su
vez, fueron confirmadas, en sede de grado jurisdiccional de consulta, por la
Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal Superior de Riohacha, los días 16
de diciembre de 1998, 7 de julio de 1999 y 8 de agosto de 2001,
respectivamente.
121.
Asimismo, el tutelante, en el libelo demandatorio, esgrimió una serie de
argumentos encaminados a justificar que dentro de este proceso se cumple con el
requisito de inmediatez, los cuales, por cuya claridad y pertinencia, se
transcribirán in extenso:
“El juez constitucional, al examinar este requisito
dentro del presente caso, debe tener en cuenta, que si bien han transcurrido un
poco más de 15 años, desde la fecha de las sentencias, a la presentación de
esta acción, lo cual podría hacer pensar en el incumplimiento de este
requisito, ello no es así, pues la inmediatez en este caso, que debe predicarse
de una comunidad vulnerable (indígena), impone el deber de analizarlo bajo el
prisma de los siguientes escenarios.
El primero apunta a que como con la declaración de la
prescripción de un bien baldío, afecta el patrimonio del Estado, por cuanto se
está sustrayendo un bien que la misma Carta Política determinó como
imprescriptible, para poner en cabeza de un particular, por lo que esta
exigencia debe ser analizada con ese criterio diferenciador, pues de lo
contrario esta misma exigencia estaría purgando la declaratoria indebida que se
hace en la sentencia, por la falta de competencia del juez, y ello tornaría
dicha irregularidad en insaneable, por la falta de esta inmediatez, en
detrimento del patrimonio del Estado, y por qué no, de una comunidad
vulnerable.
El segundo escenario se concreta, en que la falta de
reclamación obedeció a que los únicos afectados con la declaratoria de
pertenencia realizada por los jueces, son los residentes ancestrales de los
territorios sustraídos del patrimonio del Estado, incluidos en la sentencia
(indígenas); catalogados como una población vulnerable a la luz del derecho
internacional humanitario, pero como se les toleró el hábitat dentro del
territorio por parte de los beneficiarios de la declaración de pertenencia,
nunca se sintieron afectados por la sentencia, y me atrevería a asegurar, que
ni siquiera la conocieron, pero como ahora los titulares de los predios o sus
herederos, en virtud de la sentencia, reclaman que sean expulsados los
indígenas de su territorio, ejerciendo acciones policivas, ello hace nacer su
derecho para reclamar el territorio, y como consecuencia surte hasta ahora esa
inmediatez que reclama la jurisprudencia. Es decir, que la inmediatez cobra
vida en el momento en que nace la amenaza, o se pone en peligro el derecho
fundamental. (…).
En consecuencia, en criterio de este Ministerio
Público la inmediatez puede empezar a contabilizarse, a partir de las
reclamaciones que efectuaron los favorecidos con las sentencias, ante las
autoridades de policía, para que se ordenara cesar la supuesta perturbación a la
posesión. (…).
En el presente caso, a pesar de que los supuestos
fácticos datan de 1999, lo cierto es que los efectos de las sentencias de
pertenencia, sólo empezaron a afectar la comunidad indígena hasta ahora, debido
a que los beneficiarios de las sentencias aquí demandadas, o sus herederos, ha
interpuesto querellas policivas, solicitando que se ordene el desalojo de las
comunidades indígenas, quienes desde tiempos inmemoriales son los
habitantes ancestrales de esos territorios, pero ahora son tildados de
invasores de los terrenos que ocupaban, todo lo cual en virtud de unas
sentencias proferidas por jueces de nuestra República, quienes no tenían
competencia para ello. Estas y otras razones, no sólo constituye una razón
válida de inactividad, sino que además, por la calidad de vulnerable de la
comunidad indígena, ello las hace merecedoras de un trato preferente, sin
perjuicio de aceptarse la inmediatez, cuando aún ha transcurrido un amplio
lapso, la amenaza de los derechos fundamentales es permanente y actual.
Así las cosas, la inmediatez para el presente caso
debe ser entendida como actual, es decir, que como los efectos, de las
sentencias no produjeron de manera concomitante con su expedición, como se
explicó en precedencia, sino ahora, como consecuencia de la iniciación de las
querellas policivas por una supuesta perturbación a la posesión, es por ello
que hasta ahora nace la vulneración de los derechos fundamentales, y el
perjuicio se torna en actual, lo que configura la inmediatez reclamada para la
prosperidad de la petición de tutela”[103]
(Negrillas adicionales fuera del
texto original).
122.
A partir de la anterior transcripción, el tutelante entiende superado el
requisito de inmediatez, pese a que han transcurrido más de 15 años
contabilizados a partir de la expedición de las providencias judiciales dentro
de los procesos declarativos de pertenencia, puesto que para el Procurador 12
Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira los efectos de tales sentencias
no se produjeron de manera concomitante con la expedición de aquellas, sino que
se causaron con ocasión del trámite de las querellas policivas.
123.
Así las cosas, a la luz de lo consignado en el escrito de tutela y, por
supuesto, teniendo en cuenta, los elementos de acreditación obrantes en el expediente,
esta Sala de Revisión procederá a estudiar si en el presente caso se cumple con
el requisito de inmediatez.
124.
Respecto del bien inmueble RIOMAR se encuentra lo siguiente:
(i)
Que el 6 de octubre de 1998, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha
dictó sentencia a través de la cual se declaró que la señora María Teresa
Quintero de Iguarán adquirió por prescripción extraordinaria de dominio el
predio RIOMAR[104].
(ii)
Que el 16 de diciembre de 1998, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal
Superior de Riohacha confirmó, en grado jurisdiccional de consulta, la
providencia previamente citada[105].
(iii)
Que la providencia dictada por el mencionado cuerpo colegiado adquirió firmeza
el día 22 de enero de 1999, según se desprende de la constancia de ejecutoria
elaborada por la Secretaria del Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha,
de la cual se lee lo siguiente:
"Conste que las sentencias de primera y segunda
instancia de fechas seis (6) de octubre y dieciséis (16) de diciembre de 1998,
proferidas por esta Agencia Judicial y el H. Tribunal Superior de Riohacha –
Sala de Decisión Civil Familia, quedaron debidamente ejecutoriadas los días
once (11) de febrero y veintidós (22) de enero de 1999, respectivamente”[106]
(Se destaca).
125.
Respecto del predio La Esperanza se observa que:
(i)
Que el 7 de julio de 1999, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal
Superior de Riohacha confirmó, en grado jurisdiccional de consulta, la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha, el 3
de marzo de 1999, por medio de la cual se declaró que el señor Fulgencio
Quintero Ramírez adquirió por prescripción adquisitiva de dominio el bien
inmueble La Esperanza[107].
126.
Respecto del bien inmueble Santa Lucía se tiene que:
(i)
Que el 27 de febrero de 2001, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha
declaró que los señores Olga Mercedes Palacio de Díaz e Isabel Gertrudis
Palacio de Lineros adquirieron por prescripción adquisitiva de dominio el bien
inmueble Santa Lucía[108].
(ii)
Que el 8 de agosto de 2001, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Riohacha confirmó, en grado jurisdiccional de consulta, la
providencia citada en el numeral anterior[109].
127.
La anterior información se puede sintetizar así:
Identificación del predio
Fecha de providencia que declara la pertenencia en
sede de primera instancia
Fecha de la providencia que confirma la pertenencia
en sede del grado jurisdiccional de consulta
Fecha de ejecutoria de las providencias que
resuelven el grado jurisdiccional de consulta
Fecha de presentación de la acción de tutela
Lapso transcurrido entre la fecha de expedición de
la sentencia impugnada y la fecha de formulación de la acción de tutela
RIOMAR
6 de octubre de 1998
16 de diciembre de 1998
22 de enero de 1999
28 de octubre de 2016
17 años, 9 meses y 6 días
La Esperanza
3 de marzo de 1999
7 de julio de 1999
No obra dentro del expediente la fecha de
notificación de la providencia, ni mucho menos su constancia de ejecutoria.
28 de octubre de 2016
17 años, 3 meses y 21 días
Santa Lucía
27 de febrero de 2001
8 de agosto de 2001
No obra dentro del expediente la fecha de
notificación de la providencia, ni mucho menos su constancia de ejecutoria
28 de octubre de 2016
15 años, 2 meses y 20 días
128. Dilucidado lo anterior, la Sala evidencia que la
acción constitucional de la referencia fue formulada por fuera de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de las correspondientes sentencias impugnadas,
término que, jurisprudencialmente, se ha tenido como un plazo límite para
formular este tipo de acciones constitucionales, razón por la cual, se impone
concluir que no se cumplió con el requisito de inmediatez y, por ende, se
declarará la improcedencia de dicha acción constitucional.
129. Aunado a ello, se reitera que si bien la
jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que cuando se trata de acciones
que pretenden la recuperación de los bienes baldíos, el requisito de inmediatez
se flexibiliza, lo cierto es que dentro de este asunto han transcurrido más de
15 años desde que se profirieron las providencias impugnadas, circunstancia que
vislumbra un largo período de inactividad por parte de los interesados, el
cual, resultaba más que suficiente para acudir a la jurisdicción ordinaria, sin
que pueda tenerse como una justificación válida la circunstancia de que nunca
fueron notificados y/o vinculados dentro de los procesos de pertenencia,
porque, como se indicó líneas atrás, la notificación dentro de este tipo de
procesos debe hacerse a personas indeterminadas, o mejor, a personas que se
crean con derecho sobre el predio respectivo, tal como lo exigía, el artículo
407 del C. de P.C. <<norma vigente para la época en que se tramitaron
los procesos de pertenencia>>.
130. Ahora bien, esta Sala de Revisión
debe advertir que, con ocasión de las mencionadas sentencias declarativas, se
iniciaron una serie de procesos policivos para lograr el desalojo de las
personas que habitaban los predios RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía y, según
criterio del tutelante, fue a partir de tales procesos que tuvieron
conocimiento de las providencias que declaraban la prescripción adquisitiva de
dominio respecto de los bienes inmuebles aludidos. Lo anterior, para mayor
claridad y precisión, se expresó en los siguientes términos:
“En el presente caso, a pesar de
que los supuestos fácticos datan de 1999, lo cierto es que los efectos de las
sentencias de pertenencia, solo empezaron a afectar la comunidad indígena hasta
ahora, debido a que los beneficiarios de las sentencias aquí demandadas, o sus
herederos, han interpuesto querellas policivas, solicitando que se ordene el
desalojo de las comunidades indígenas, quienes desde tiempos inmemoriales son
los habitantes ancestrales de esos territorios, pero ahora son tildados de
invasores de los terrenos que ocupaban, todo lo cual en virtud de unas
sentencias proferidas por jueces de nuestra república, quienes no tenían
competencia para ello. Estas y otras razones, no solo constituye una comunidad
indígenas, ello las hace merecedoras de un trato preferente, sin perjuicio de
aceptarse la inmediatez, cuando aún transcurrido un amplio lapso, la amenaza de
los derechos fundamentales es permanente, y actual.
Así las cosas, la inmediatez para el
presente caso debe ser entendida como actual, es decir, que como los efectos de
las sentencias no produjeron de manera concomitante con su expedición, como se
explicó en precedencia, sino ahora, como consecuencia de la iniciación de
las querellas policivas por una supuesta perturbación a la posesión, es por
ello que hasta ahora nace la vulneración de los derechos fundamentales, y el
perjuicio se torna en actual, lo que configura la inmediatez reclamada para la
prosperidad de la petición de tutela”[110] (Se destaca).
131. Así las cosas, esta Corporación
destacará los medios de acreditación que dan cuenta de los mencionados procesos
policivos, a fin de determinar si en el presente caso debe tenerse en cuenta el
trámite de tales procedimientos para la verificación del requisito de
inmediatez dentro del asunto que ahora ocupa la atención de esta Sala de
Revisión. Al efecto, se advierte que dentro del presente asunto no obran medios
de prueba que acrediten que se hubieren adelantado acciones policivas para
lograr el desalojo de los bienes inmuebles RIOMAR y La Esperanza.
132. En esa medida, respecto del
predio Santa Lucía, se tiene lo siguiente:
(i) Que el 27 de agosto de 2015, los
señores Miguel Díaz Palacio y Sonia Linero de Angulo presentaron ante la
Secretaría de Gobierno Distrital de Riohacha solicitud de querella policiva por
perturbación a la posesión en contra de los señores Neitzes Gaviria y personas
indeterminadas, respecto del lote de terreno denominado Santa Lucía[111].
(ii) Que mediante Resolución
1056 de 2015, la Secretaría de Gobierno Distrital de Riohacha admitió la
mencionada querella, habida cuenta de que cumplía con los requisitos legales
exigidos para tal fin[112].
(iii) Que el 20 de octubre de
2015, la Inspectora de Policía de Riohacha realizó la correspondiente
notificación por aviso de la Resolución 1056.
(iv) Que el 29 de diciembre de 2015,
la Alcaldía Mayor del municipio de Riohacha expidió la Resolución No. 1743, en
cuya virtud se concedió el amparo policivo solicitado por los señores Miguel
Díaz Palacio y Sonia Linero de Angulo, en calidad de copropietarios del predio
denominado Santa Lucía[113].
(v) Que el 3 de enero de 2016,
la Alcaldía Mayor del municipio de Riohacha le notificó al señor Neitzes
Gaviria y a personas indeterminadas acerca de la expedición de la Resolución
No. 1743[114].
(vi) Que el 27 de mayo de 2016, la
Alcaldía aludida se pronunció respecto de una solicitud de nulidad de todo lo
actuado dentro del proceso policivo, presentada por el señor Neitzes Alonso
Gaviria Grisales, representante legal de NESAGAVIRIA S.A.S. y, en consecuencia,
resolvió lo siguiente:
“ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la
solicitud de nulidad de todo lo actuado, presentada por el doctor EMERSON
EDUARDO CHARRIS GARCÍA, el día 3 de febrero de 2016.
ARTÍCULO SEGUNDO: ABSTENERSE de
emitir pronunciamiento respecto al rechazo de plano presentado por el señor
ÁLVARO ANGULO PALACIO, toda vez que fue presentado de manera extemporánea.
ARTÍCULO TERCERO: El presente auto se
entenderá notificado en los términos del artículo 66, 67 y 70 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por la
Secretaría de Gobierno a las partes querellante, querellada.
NUMERAL (sic) CUARTO: El presente auto
rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede ningún
recurso”[115].
(vii) Que el 27 de septiembre de
2016, el Juzgado Primero Penal Municipal de Riohacha se pronunció respecto de
la acción de tutela impetrada por la empresa NESAGAVIRIA S.A. en contra del
Distrito de Riohacha, a fin de que se le protegiera su derecho fundamental al
debido proceso con ocasión del supuesto trámite inadecuado de la querella
presentada por los señores Miguel Díaz Palacio y otros. En efecto, la
mencionada autoridad judicial negó el amparo solicitado, debido a que no se
cumplió con el requisito de subsidiariedad, esto es, no se ejerció la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de un acto administrativo.
Además, no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio inminente e irremediable[116].
133. Así las cosas, debe advertirse
que pese a que en el expediente obra copia de la sentencia dictada por la Sala
de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Riohacha, el 6 de octubre de 2016, a través de la cual se pronunció respecto
de una acción de tutela[117] en contra de un acto administrativo
que resolvió un amparo policivo, lo cierto es que dicha acción constitucional
fue presentada en contra de la Resolución No. 153 de 2015[118],
la cual no guarda relación alguna con los predios involucrados en el proceso de
la referencia.
134. Así mismo, obra copia de la
sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Riohacha, el 27 de
abril de 2015, por medio de la cual se pronunció acerca de un recurso de amparo
en contra de un acto administrativo que resolvió la solicitud de un amparo policivo,
lo cierto es que la mencionada acción constitucional se impetró en contra de
las Resoluciones 1311 de 2014 y 153 de febrero 13 de 2015, las cuales, tampoco
se encuentran relacionadas con los bienes inmuebles involucrados en el presente
asunto.
135. Ahora bien, si en gracia de
discusión se tomara como punto de partida la notificación de la citada
Resolución 1743 del 19 de diciembre de 2015, para establecer la fecha en la
cual se pudo haber tenido conocimiento de las referidas sentencias de pertenencia,
tampoco se cumpliría con el requisito de inmediatez, habida consideración de
que dicho acto administrativo fue notificado al señor Neitzes Gaviria
(perturbador) y a personas indeterminadas, el 3 de enero de 2016 y, la acción
de tutela fue presentada el 28 de octubre de la misma anualidad, esto es, nueve
(9) meses y 25 días después de dicho acto de notificación.
136.
En estos términos, se encuentra que dentro del presente proceso de tutela no se
satisfizo el criterio relativo al plazo razonable y proporcionado para la
interposición de la acción de tutela, por lo cual no se cumple con el requisito
de inmediatez.
7. Consideraciones finales
137. Ahora bien, pese a que en el presente asunto no
se abrirá paso a un análisis de fondo del caso concreto, como quiera no se
cumplieron con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, lo cierto es que
la Sala efectuará, a título de obiter dicta, algunas precisiones en
relación con la caracterización jurídica de los bienes de propiedad ancestral y
de los bienes baldíos, habida cuenta de que el tutelante califica los predios
RIOMAR, Santa Lucía y La Esperanza como bienes baldíos y, a la vez,
asegura que se trata de propiedad ancestral, circunstancia que puede ser
indicativa de que hasta la fecha no se encuentra definida
la calidad de dichos bienes inmuebles.
7.1. Generalidades de los bienes baldíos
138. En primer lugar, debe destacarse que el Código
Civil de 1887, en su artículo 674[119],
definió los bienes de la Unión como aquellos cuyo dominio pertenece a la
República, dentro de los cuales, se encuentran los bienes de uso público
y los bienes fiscales, los primeros, corresponden a aquellos cuyo uso
pertenece a todos los habitantes del territorio, mientras que los segundos,
corresponden a aquellos cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes.
139. A su turno, el Código Civil, en su artículo 675[120],
hizo referencia a los bienes baldíos como una especie de bienes fiscales y los
definió como aquellas tierras que estando situadas dentro de los límites
territoriales carecen de otro dueño.
140. Más adelante, se expidió la Ley 200 de 1936 <<sobre
régimen de tierras>>, en cuya virtud se
estableció una presunción de bienes privados, así: “se presume que no son
baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares,
entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo
por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras,
la ocupación con ganados y otros de igual significación económica”[121].
141. Aunado a ello, se precisó que el cerramiento y la
construcción de edificios no constituyen por sí solos, medio de prueba de
explotación económica, no obstante, sí pueden considerarse como elementos
complementarios de ella[122].
142. En contraste con la presunción de bienes
privados, el artículo 2 de la Ley 200 de 1936 consagró la presunción de predios
baldíos, según la cual, son aquellos predios rústicos no poseídos en la forma establecida
en el artículo 1° de la citada normatividad.
143. Más adelante, con la expedición de la Carta
Política de 1991, se consagró que los bienes públicos que forman parte del
territorio pertenecen a la Nación[123].
Aunado a ello, el artículo 63[124]
Superior consagró que tales bienes son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.
144. Luego, el artículo 65 de la Ley 160 de 1994
dispuso que la propiedad de los terrenos baldíos adjudicables, sólo puede
adquirirse mediante título traslaticio de dominio otorgado por el Estado a
través del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria <<después
INCODER y, actualmente Agencia Nacional de Tierras, ANT>>, o por las
entidades públicas en las que delegue esta facultad. Aunado a ello, consagró
que los ocupantes de tierras baldías, por ese solo hecho, no tenían la calidad
de poseedores, conforme a lo dispuesto en el Código Civil y frente a la
adjudicación por el Estado sólo existe una mera expectativa. El referido
precepto normativo fue declarado exequible por esta Corte, a través de la
sentencia C-595 de 1995, con la siguiente precisión:
“El inciso segundo del artículo 65 acusado, dispone
que "los ocupantes de tierras baldías, por ese sólo hecho, no tienen la
calidad de poseedores conforme al Código Civil, y frente a la adjudicación por
el Estado sólo existe una mera expectativa", mandato que el actor impugna
por considerar que quien posee un bien debe adquirir con el transcurso del
tiempo la propiedad del mismo, criterio que no comparte la Corte, pues como ya
se ha dicho, si el legislador debidamente autorizado por el artículo 63 del
Estatuto Superior podía establecer la imprescriptibilidad de los
terrenos baldíos, consecuencia necesaria de tal carácter es que
la propiedad de esos bienes no se extingue para su titular (Nación), por
ejercer un tercero la ocupación de los mismos durante un tiempo determinado,
pues sobre esos bienes no se adquiere la calidad de poseedor, necesaria para
usucapir”[125]
(Negrillas adicionales fuera del
texto original).
7.2. Características de los territorios colectivos
145. Ab initio, resulta menester destacar que
la Carta Política de 1991, en sus artículos 63 y 72, reconoce y protege la
propiedad colectiva a que tienen derecho los pueblos indígenas en Colombia
respecto de su territorio, toda vez que consagró que las tierras comunales de
grupos étnicos y las tierras de resguardo son
inalienables, imprescriptibles e inembargables. De igual manera, la norma
fundamental reconoce que los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza
arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales.
146. De igual manera, esta
Corporación, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado acerca de la
importancia de proteger los territorios ancestrales de las comunidades
indígenas en el marco del respeto y la garantía de sus derechos fundamentales
y, en esa medida, ha puntualizado que se trata de un concepto jurídico que
se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre
ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas[126].
147. En tal sentido, el Estado tiene a su cargo un
deber de protección en relación con las comunidades indígenas frente a las
perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo que
han considerado su territorio ancestral, y debe tomar todas las medidas
pertinentes para evitar que conductas de particulares puedan afectar sus
derechos[127].
148. Por su parte, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)
Awas Tingni vs Nicaragua[128], señaló que para las comunidades indígenas la relación con la
tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento
material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar
su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
149.
En similares términos, en el caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, el
mencionado organismo internacional destacó que la garantía del derecho a la
propiedad comunitaria de los pueblos indígenas debe tener en cuenta que la
tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales,
sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho
consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores[129].
150. Ahora bien, dentro del derecho interno colombiano se
destaca la expedición de  la Ley 160 de 1994[130], en cuya virtud se consagraron unas disposiciones tendientes a velar
por la constitución y/o ampliación de los resguardos indígenas y, en esa
medida, le impuso, al entonces INCORA, el deber de estudiar las necesidades de
tierras de las comunidades indígenas, a fin de dotarlas de las superficies
indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo y,
adicionalmente, llevará a cabo el estudio de títulos que aquellas presenten con
el fin de establecer la existencia legal de los resguardos[131].
151.
En tal sentido, le correspondía al INCORA <<después INCODER y hoy
ANT>> constituir o ampliar los resguardos de tierras y, en
consecuencia, efectuar el saneamiento de aquellos que estuvieren ocupados por
personas que no pertenecieran a la respectiva parcialidad[132].
152. Con la expedición del Decreto 1071 de 2015[133],
el Gobierno Nacional reglamentó la dotación y titulación de tierras a las
comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y
saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio nacional.
153. En el título 7 de la mencionada
normatividad se estableció que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
–INCODER- (hoy ANT) era la entidad encargada de realizar los estudios de las
necesidades de tierras de las comunidades indígenas para la dotación y
titulación de las tierras suficientes o adicionales que facilitaran su adecuado
asentamiento y desarrollo, el reconocimiento de la propiedad de las que
tradicionalmente ocupan o que constituye su hábitat, la preservación del grupo
étnico y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes, sin
perjuicio de las comunidades negras consagradas en la Ley 70 de 1993[134].
154. Recapitulando, esta Sala de Revisión destaca las
principales diferencias entre los bienes baldíos y territorios colectivos:
BIENES BALDÍOS
TERRITORIOS COLECTIVOS
Concepto
Son bienes fiscales adjudicables y, según
la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando situados
dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.
Son aquellas extensiones de territorio sobre las
cuales se encuentran asentadas grupos étnicos, las cuales son indispensables
para garantizar el pleno y libre ejercicio de
sus actividades culturales, religiosas y económicas.
Trámite de constitución (Inicio)
Una vez sean identificados las tierras posiblemente
baldías, el INCODER, –hoy ANT– dará inicio oficiosamente a la actuación
administrativa para la apertura de la matrícula inmobiliaria a través de un
acto administrativo de trámite[135].
El trámite de constitución de un resguardo indígena
se inicia de oficio por el INCODER –hoy ANT–, o a solicitud del Ministerio
del Interior, o de otra entidad pública o de la comunidad indígena interesada
a través de su cabildo o autoridad tradicional, o de una organización
indígena[136].
Trámite de constitución (pruebas)
a. Certificado
del IGAC o de los catastros descentralizados en el cual se describan y/o
identifiquen los predios respectivos[137].
b. Certificado
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente,
en el cual se indique la carencia de antecedentes registrales inmobiliarios
de los correspondientes predios[138].
a. Visita a la comunidad interesada y al área pretendida[139].
b. Estudio  socioeconómico, jurídico
y de tenencia y funcionalidad étnica y cultural de las tierras de las
comunidades[140].
c. Concepto del Ministerio del
Interior sobre la constitución del resguardo[141].
Trámite de constitución (terminación)
El procedimiento administrativo finaliza con la
expedición de un acto administrativo que ordena la apertura del folio de
matrícula inmobiliaria[142].
El procedimiento administrativo finaliza con la
expedición de una resolución a cargo del Consejo Directivo del INCODER, en
cuya virtud se constituirá, reestructurará o ampliará el resguardo indígena
en favor de la comunidad indígena respectiva[143].
158. Puntualizado lo anterior, la Sala encuentra que
existen importantes y relevantes diferencias entre las aludidas condiciones
jurídicas que pueden caracterizar un determinado predio.
159. Justamente, el 22 de enero del
año en curso, la Agencia Nacional de Tierras –ANT– allegó el oficio No.
20183200008563, en el que informó a esta Corporación que en ejercicio de sus
competencias había desplegado una serie de actuaciones administrativas
encaminadas a esclarecer la naturaleza jurídica de los predios RIOMAR, Santa Lucía y La Esperanza. Al efecto señaló
lo siguiente:
“(…) me permito manifestar las
actuaciones adelantadas por la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión
Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras –ANT-, de la siguiente manera:
- En cumplimiento de la orden
judicial de la T-6.332.305, el 15 de septiembre de 2017 expidió auto 615
‘por medio del cual se ordena adelantar las diligencias previas tendientes a
establecer la procedencia o no de iniciar actuaciones administrativas a las
contempladas en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 en el Decreto 902 de 2017
y el Decreto 1071 de 2017’, respecto a los predios Santa Lucía y La Esperanza.
- El 17 de noviembre de 2017 se
expidió auto 944 ‘por medio del cual se ordena adelantar diligencia previa
tendiente a establecer la procedencia o no de iniciar actuaciones
administrativas de las contempladas en el capítulo X y XI de la Ley 160 de
1994, Decreto 902 de 2017 y el Decreto 1071 de 2015’, la cual se realizó del
día 7 al 10 de diciembre de 2017 a partir de las 8:00 A.M.
(…).
Expuesto el procedimiento, en algunos
casos el tiempo de ejecución podrá extenderse por la solicitud de asignación de
peritos o razones de tipo externo como orden público, falta de oportunidades en
la respuesta de las entidades que deben suministrar información crítica para el
proceso, oportunidad en la notificación por parte de los procuradores agrarios
delegados, entre otros, los cuales tendrán que ser debidamente justificados
para determinar la conformidad del servicio.
Finalmente, respecto del predio
denominado Riomar, en este momento se está consolidando la información con el
fin de determinar, si amerita o no el inicio de la etapa previa con el fin de
establecer la procedencia o no de iniciar actuaciones administrativas de las
contempladas en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 en el Decreto 902 de 2017
y el Decreto 1071 de 2017, lo anterior en razón a que la Subdirección de
Procesos Agrarios está dando prioridad al objeto inicial de la tutela referente
a los predios Santa Lucía y La Esperanza”[144] (Negrillas adicionales fuera del
texto original).
160. En efecto, como consecuencia de
las diligencias previas adelantadas por la Agencia Nacional de Tierras –ANT, el
19 de febrero de la presente anualidad, la mencionada entidad pública allegó un
informe técnico de la visita previa a los predios Santa Lucía y La Esperanza.
Además, advirtió que: “en cuanto a establecer si los predios en mención
se encuentran ubicados en una zona de propiedad ancestral, este estudio se
realizará una vez se den por concluidas las actuaciones que se encuentra
adelantando la Subdirección de Dirección de Asuntos Étnicos, para lo de su
competencia” (Se destaca).
161. Efectivamente, la Agencia
Nacional de Tierras, en los mencionados oficios, señaló que el procedimiento
administrativo de clarificación se rige por lo dispuesto en el Título 19 del Decreto
1071 de 2015[145], cuerpo normativo que establece
unas etapas procesales diferenciadas, dentro de las cuales los interesados
tienen garantizado su derecho fundamental al debido proceso administrativo,
como quiera que cuentan con la oportunidad de aportar y/o solicitar pruebas, de
igual forma, se encuentran facultados para presentar recurso de reposición en
contra de la resolución que finalice dicho procedimiento[146].
162. Así las cosas, para esta Sala de
Revisión a la fecha no existe certeza respecto de la real calidad jurídica de
los predios La Esperanza y Santa Lucía, hasta tal punto, que actualmente la
Agencia Nacional de Tierras –ANT– se encuentra adelantando las correspondiente
diligencias previas, a fin de determinar si se da inicio al proceso de
clarificación de la propiedad, cuyo objetivo principal consiste en definir la
situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, previa
obtención de la información necesaria[147].
163. Las mencionadas precisiones
corroboran la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en tanto
que, la ANT, actualmente, se encuentra –se insiste– tramitando el
correspondiente procedimiento, a través del cual, definirá si los mencionados
predios constituyen propiedad ancestral, o no.
164. En este orden de ideas, la Sala
exhortará al Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira, así
como a los miembros de las Comunidades Indígenas Wayuú a intervenir dentro de
las diligencias previas que está adelantando la Agencia Nacional de Tierras
encaminadas a esclarecer la naturaleza jurídica de los predios Santa Lucía y La
Esperanza y aportar en esa instancia administrativa la información y
documentación que los interesados encuentren relevantes para el caso.
8. Síntesis de la decisión
165.
En el asunto de la referencia, la Sala Primera de Revisión declarará la
improcedencia de la acción de tutela formulada por el Procurador 12 Judicial II
Ambiental y Agrario de La Guajira, de conformidad con las siguientes
consideraciones:
No se cumplió con el requisito de subsidiariedad
166. Esta Corporación encontró que no se cumplió con
el requisito de subsidiariedad, habida cuenta que contra las sentencias de
primera instancia dictadas con ocasión de los procesos de pertenencia no se
incoaron los recursos de apelación respectivos, ni mucho menos se presentaron
los recursos extraordinarios de casación y revisión en contra de las
providencias judiciales que resolvieron el grado jurisdiccional y, en cuya
virtud, se confirmaron las sentencias dictadas con ocasión de los procesos
declarativos.
No
se cumplió con el requisito de inmediatez
167. Esta Sala de Revisión encontró que el recurso de
amparo impetrado en contra de las sentencias de tutela dictadas por el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Riohacha, los días 6 de octubre de 1998, 3 de
marzo de 1999 y 27 de febrero de 2001, dentro de los procesos de pertenencia
iniciados por los señores María Teresa Quintero de Iguarán, Fulgencio Quintero
Ramírez, Olga Mercedes Palacios de Díaz e Isabel Gertrudis Palacio de Linero,
providencias judiciales que, a su vez, fueron confirmadas, en sede de grado
jurisdiccional de consulta, por la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal
Superior de Riohacha, toda vez que, fueron formuladas por fuera de los seis
meses siguientes a la ejecutoria de las correspondientes sentencias impugnadas.
168. Al margen de que dentro del asunto de la
referencia no se cumplió con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, esta
Sala observó que hasta la fecha no existe certeza respecto de la real calidad
jurídica de los predios RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía, esto es, si se
trata de bienes baldíos, o por el contrario, hacen parte de la propiedad
ancestral, hasta tal punto, que actualmente la Agencia Nacional de Tierras
–ANT– viene tramitando las correspondiente diligencias previas, a fin de
determinar si se da inicio al proceso de clarificación de la propiedad. Por lo
tanto, con ocasión de los mencionados trámites, la Sala encuentra pertinente
exhortar al Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira, así
como a los miembros de las Comunidades Indígenas Wayuú a intervenir dentro de
dichas diligencias.
III. DECISIÓN
169.
Con base en las consideraciones expuestas, la Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
LEVANTAR la suspensión de términos
decretada a través de auto calendado el 14 de noviembre de 2017.
Segundo.-
REVOCAR las sentencias proferidas por
el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes de Riohacha, el 23 de
marzo de 2017 y, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con
función de conocimiento de Riohacha, el 12 de mayo de la misma anualidad y, en
su lugar, DENEGAR la acción de tutela por improcedente, debido a que no
se cumplió con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
Tercero.- EXHORTAR
al Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario
de La Guajira, así como a los miembros de las Comunidades Indígenas Wayuú a
intervenir dentro de las diligencias previas que está adelantando la Agencia
Nacional de Tierras encaminadas a esclarecer la naturaleza jurídica de los
predios Santa Lucía y La Esperanza.
Cuarto.-
LIBRAR, por la Secretaría General de
esta Corporación, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto-Ley
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
comuníquese, y cúmplase.
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con salvamento de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-079/18
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE PERTENENCIA-Problemas
jurídicos fueron formulados de manera muy general, circunstancia que no permite
identificar con claridad las particularidades del caso (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE PERTENENCIA-Se debió
flexibilizar requisito de subsidiariedad y concluirse que la misma sí resultaba
procedente (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE PERTENENCIA-Debió concederse con miras a proteger
el derecho al debido proceso y el derecho al territorio colectivo (Salvamento
de voto)
M.P. CARLOS BERNAL PULIDO
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte, me permito expresar las razones por las cuales salvo el
voto en el asunto de la referencia.
En el caso decidido en esta
oportunidad, el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira
presentó acción de tutela con el fin de que se protegiera el derecho fundamental al
debido proceso de las comunidades indígenas Wayuú de Santa Rosa, Arroyo, Campo
Alegre, Cacha Mejía, Cachaca, entre otras, vulnerado como consecuencia de: (i)
tres sentencias declarativas de pertenencia proferidas en los años 1998, 1999 y
2001, en las cuales se declaró la prescripción adquisitiva extraordinaria de
dominio de tres bienes inmuebles -predios Riomar, La Esperanza y Santa Lucía-,
a favor de particulares; y (ii) los procesos policivos iniciados por sus
propietarios, en los que solicitaron el desalojo de las referidas comunidades
indígenas.
Refiere el accionante que las
comunidades indígenas Wayuú se encuentran asentadas en inmediaciones de la vía
que conduce de Riohacha a Santa Marta en la Troncal del Caribe y, en
consecuencia, son propietarias ancestrales de dichos predios, que son
imprescriptibles, inalienables e inembargables de conformidad con el artículo
63 de la Constitución.
Aclara que: (i) personas ajenas a
estas comunidades promovieron procesos de pertenencia respecto de estos predios
y obtuvieron la declaratoria de prescripción adquisitiva extraordinaria de
dominio; (ii) las comunidades no conocieron de los procesos judiciales de
pertenencia, ni fueron vinculadas a los mismos. Tampoco fueron citadas las
autoridades competentes encargadas de la administración de los terrenos baldíos
de la Nación, como lo era el INCODER para la época en que se dictaron las
sentencias; y (iii) los ciudadanos que adquirieron por prescripción
extraordinaria de dominio los predios RIOMAR, La Esperanza y Santa Lucía, no
informaron a las comunidades indígenas de los procesos, por lo cual, estas
continuaron asentadas en tales predios.
Luego de 16 años de proferidas las
sentencias declarativas de pertenencia, los propietarios de los predios
iniciaron ante las autoridades de Policía del Distrito de Rioacha procesos
policivos por una supuesta perturbación a la posesión, solicitando el desalojo
de las comunidades indígenas.
Como consecuencia de lo anterior, el
18 de octubre de 2016, las autoridades de las comunidades indígenas solicitaron
a la Procuraduría que interviniera a su favor en los procesos policivos que
pretendían dar efectividad material a las sentencias declarativas de
pertenencia, que consideran violatorias de sus derechos fundamentales.
La Procuraduría estima que las
referidas sentencias judiciales adolecen de los siguientes defectos:  (i) orgánico, puesto que los
respectivos Juzgados Civiles carecían de competencia para declarar la
prescripción extraordinaria de los predios, teniendo en cuenta que dicha
función se encontraba en cabeza del INCODER -hoy Agencia Nacional de Tierras
ANT-; (ii) procedimental absoluto, por cuanto no se acompañó a la
demanda de pertenencia el certificado expedido por el Registrador de
Instrumentos Públicos de los predios correspondientes, tal como lo exigía el
artículo 407 del Código de Procedimiento Civil; y (iii) violación directa de
la Constitución, pues se contraría el artículo 63 Superior, el cual hace
referencia a la imprescriptibilidad, inalienabilidad e inembargabilidad de los
bienes de uso público, dentro de los cuales encuadran los bienes baldíos.
Con base en lo anterior, solicitó,
entre otras, que se dejen sin efecto las providencias que declararon la
pertenencia de los predios, así como las decisiones proferidas dentro de los
procesos policivos promovidos por los dueños de los predios.
La mayoría de la Sala resolvió
declarar improcedente el amparo como quiera que no encontraron acreditados los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez en el caso concreto. Frente al
primero, la sentencia sostiene que no se presentaron los recursos de apelación
respectivos, ni los recursos extraordinarios de casación y revisión en contra
de las providencias judiciales que resolvieron el grado jurisdiccional de
consulta y, en cuya virtud, se confirmaron las sentencias dictadas en los
procesos declarativos de pertenencia.
Frente al segundo, indica que en la
medida que la tutela se presentó por fuera de los seis meses siguientes (luego
de más de 15 años) a la ejecutoria de las sentencias judiciales controvertidas,
el requisito no se cumple. Agrega que no puede alegarse en este caso el hecho
de que los actores nunca fueron notificados y/o vinculados a los procesos de
pertenencia. Precisa que, incluso tomando como punto de partida la notificación
de la Resolución en la cual se concedió el amparo policivo a favor de los
propietarios de uno de los predios, para determinar la fecha en la cual se tuvo
conocimiento de las referidas sentencias de pertenencia, tampoco se cumpliría
el requisito de inmediatez, pues la tutela se presentó 9 meses y 25 días
después de dicha notificación.
No obstante, lo anterior, ante la
información allegada por la Agencia Nacional de Tierras, la Sentencia exhorta
al Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de La Guajira, así como a los
miembros de las comunidades indígenas Wayuu a intervenir dentro de las
diligencias previas que está adelantando la referida Agencia encaminadas a
esclarecer la naturaleza jurídica de los predios Riomar, Santa Lucía y La
Esperanza.
A continuación, expongo las razones
por las que me aparto de esta decisión, relacionadas con (i) la información
expuesta en los antecedentes; (ii) los problemas jurídicos formulados; (iii) el
examen de procedencia de la acción; (iv) la necesidad de un pronunciamiento de
fondo; y (v) el remedio jurídico a aplicar.
1. Sobre los antecedentes
Revisado el expediente de tutela, y
en relación con las pruebas solicitadas durante la revisión de las sentencias
de instancia, identifiqué algunos aspectos relevantes que debieron ser
advertidos en la sentencia.
1.1.
Sólo se cuenta con copia de las sentencias judiciales
controvertidas y de aquellas que las confirmaron en el grado de consulta. Es
decir, no se cuenta con la totalidad de los respectivos procesos de
pertenencia, a pesar de haber sido requeridos. Asimismo, debe resaltarse que
(i) no obra copia de la sentencia proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito
de Riohacha del 3 de marzo de 1999, respecto del predio La Esperanza, y (ii) el
citado juzgado informó que no había podido localizar el proceso (folio 140,
cuaderno de la Corte).
1.2.
La sentencia no hizo mención de los certificados de tradición
y libertad de los predios, remitidos por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Riohacha (folios 129-133, cuaderno de la Corte). Esta información
resulta relevante en la medida que permite identificar, no solo la extensión de
los predios (200 y 150 hectáreas) sino que, respecto de los mismos, no existían
titulares antes de haberse inscrito las sentencias de pertenencia. En cuanto al
predio La Esperanza, vale precisar que existía una anotación previa a la
inscripción de la sentencia de pertenencia, que refiere una falsa tradición de
fecha 22 de septiembre de 1954.
1.3.
La Secretaria de Gobierno de Riohacha no suministró
información sobre los procesos policivos tramitados respecto de los predios
Riomar, La Esperanza y Santa Lucia. Sin embargo, existe un informe de la
Alcaldía de Riohacha que refiere que Mediante Resolución 0303 de 2016, se
admitió querella policiva respecto del predio La Esperanza (folios 126-134
cuaderno 2). De igual forma, existe copia de la Resolución 1743 de 2015, que
concede el amparo policivo respecto del predio Santa Lucia (folios 106-111,
cuaderno de la Corte).
1.4.
Las autoridades tradicionales de las comunidades Wayuu de
Santa Rosa, Arroyo, Cachaca 2 y Lorena Pushaina indicaron que han habitado de
manera ancestral en las inmediaciones de Riohacha en la vía a Santa Rosa en una
extensión de más de 1.000 hectáreas, que si bien no cuentan con reconocimiento
legal bajo la figura de resguardo, las comunidades referidas se encuentran
reconocidas y certificadas como comunidades indígenas según Resolución 16 de
2014 del Ministerio del interior (folios 135-145, cuaderno 2).
1.5.
De acuerdo con lo informado por la Procuraduría, en los
predios La Esperanza, Riomar y Santa Lucia habitan en total 2.587 indígenas
(folios 98-138, cuaderno principal)
1.6. Según el informe técnico de
visita previa a los predios Santa Lucía y La Esperanza (para esclarecer la
calidad jurídica de los inmuebles), realizada por la Agencia Nacional de
Tierras, en dichos predios habitan comunidades indígenas. Asimismo, menciona
que (i) respecto del predio Riomar se está consolidando información para
determinar si amerita o no el inicio de la etapa previa de la clarificación, y
(ii) hay una inconsistencia respecto del predio Santa Lucia, porque aparecen 2
folios de matrícula inmobiliaria diferentes.
A mi juicio, los datos anteriormente
expuestos debieron ser referenciados en los antecedentes de la sentencia,
puesto que permiten, no solo evidenciar la complejidad del caso, sino también
la falta de información sobre algunas pruebas solicitadas, específicamente los
procesos judiciales de pertenencia que, sin duda, resultaba determinante para
la resolución del asunto objeto de controversia.
2. Sobre los problemas jurídicos
formulados
La sentencia de la que me aparto,
planteó los siguientes problemas jurídicos: (i) “¿La acción de tutela presentada por
el Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de la Guajira contra las
sentencias dictadas por los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de
Rioacha, los días 6 de octubre de 1998, 3 de marzo de 199 y 27 de febrero de
2001, posteriormente confirmadas, en sede del grado jurisdicción de consulta,
por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Rioacha, cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela en contra de providencias judiciales?”; y (ii) “¿En el presente litigio
constitucional se configura, al menos, uno de los requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
particular, el defecto orgánico procedimental absoluto y violación directa de
la norma fundamental, alegados por el tutelante?”.
2.1. Considero que los problemas
jurídicos están formulados de manera muy general, circunstancia que no permite
identificar con claridad las particularidades del caso. En primer lugar,
tratándose de una tutela contra providencias judiciales es claro que el juez
constitucional debe necesariamente hacer mención de los requisitos generales y
específicos de procedibilidad de la acción, por lo cual, más que un problema
jurídico, se trata de un estudio que necesariamente debe hacerse en todos los
casos.
2.2. Además, no se hace mención de
los sujetos involucrados en el amparo solicitado, cuales son, las comunidades
indígenas Wayuú de Santa Rosa, Arrroyo, Campo Alegre, Cachaca Mejía y Cachaca,
entre otras, quienes reclaman la protección de sus derechos a través de la
intermediación de la Procuraduría. Esto es de suma relevancia, como quiera que
se trata de sujetos de especial protección constitucional que han sido víctimas
de patrones históricos de discriminación y, respecto de los cuales, el
territorio colectivo cumple un papel trascendental al erigirse en derecho
fundamental[148].
3.3. Por último, tampoco se indica
que las providencias judiciales cuestionadas versan sobre la declaratoria de
pertenencia sobre unos bienes presuntamente baldíos en los cuales han habitado
estas comunidades indígenas. Lo anterior, resulta igualmente importante pues se
trata de procesos judiciales que revisten particularidades especiales y respeto
de los cuales la Corte Constitucional ha establecido unos lineamientos
sustanciales que deben ser observados por parte de los jueces de la República y
las entidades del Estado[149].
3. Sobre el examen de
procedencia de la acción
No comparto la forma en la que la
Sala Primera de Revisión abordó el estudio del cumplimiento de los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez, pues considero que las características del caso
ameritaban un análisis si bien no menos riguroso, flexible y diferenciado.
3.1. Frente al requisito de
subsidiariedad, atendiendo a la naturaleza de los procesos declarativos de
pertenencia tramitados por las autoridades judiciales cuestionadas, es claro
que ni la Procuraduría ni las comunidades indígenas Wayuú contaban con la
posibilidad de controvertir las decisiones allí adoptadas. Tal como lo indicó
la sentencia, en dichas actuaciones no se notifica a personas determinadas, lo
que se dispone es, a través de edicto, el emplazamiento de las personas que
consideren tener derechos sobre el respectivo bien.
En esa medida y, como quiera que la
parte actora no estuvo vinculada a los referidos procesos judiciales y tampoco
fue notificada de las decisiones adoptadas, mal podría exigírsele la carga de
haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios respectivos, cuando en
la práctica, se encontraba en la imposibilidad jurídica de hacerlo.
Estimo que la acción de tutela
constituía el único mecanismo de defensa idóneo y eficaz para controvertir las
respectivas decisiones judiciales. Aunado a lo expuesto, cabe precisar que, los
mecanismos ordinarios para controvertir las decisiones adelantadas en los
procesos policivos que pretenden el desalojo de las comunidades indígenas, tampoco
serían adecuados para hacer valer las pretensiones de la parte actora y
garantizar los derechos alegados, puesto que: (i) lo que se controvierte
mediante el amparo constitucional, principalmente, son las decisiones
judiciales, cuyos efectos desembocaron posteriormente en los procesos
policivos; y (ii) en todo caso, ante la inminencia del desalojo de las
comunidades indígenas Wayuu -como sujetos de especial protección
constitucional-, se requiere la intervención pronta del juez de tutela para
que, en uso de sus amplias facultades, afronte esta situación y profiera
órdenes efectivas.
3.2. De otro lado, al analizar el
requisito de inmediatez, vale advertir dos circunstancias. En primer lugar, no
es cierta la afirmación, según la cual, la Corte Constitucional ha establecido
como razonable, en términos generales, el plazo de 6 meses para interponer la
tutela contra providencias judiciales. Dicha postura ha sido defendida por la
Sala Plena del Consejo de Estado y se opone justamente a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional, que no ha fijado plazos ni términos específicos para
la presentación de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha
precisado que el requisito de inmediatez debe valorarse por el juez en cada
caso concreto de acuerdo a sus particularidades.
3.2.1. La Sentencia T-328 de 2010[150], señaló que en algunos
casos 6 meses pueden ser suficiente para declarar la tutela improcedente,
pero en otros un término de 2 años puede resultar razonable, ya que todo
dependerá de las particularidades del caso[151].
En igual sentido, la Sentencia T-1028 de 2010[152], sostuvo que el
caso cumplía con el requisito de inmediatez, a pesar de haber transcurrido 10
años y 10 meses entre que fuera proferida la sentencia del proceso ordinario y
la presentación de la acción de tutela.
Más adelante, la Sentencia T-217 de 2013[153], indicó que el
establecimiento de un término perentorio para la presentación de la tutela
contra providencias judiciales, es inconstitucional. En la Sentencia SU-407 de
2013[154],
la Sala Plena de esta Corte encontró satisfecho el requisito de inmediatez,
luego de 2 años de proferida la sentencia cuestionada; así mismo, la Sentencia
T-246 de 2015[155],
objetó el plazo de 6 meses establecido por el Consejo de Estado, para
determinar la inmediatez frente a tutela contra providencias
judiciales. Recientemente, en la sentencia SU-499 de 2016[156], se acredita la
inmediatez, luego de transcurridos 5 años y 3 meses desde la sentencia de
casación; y, en sentencia T-237 de 2017[157],
se reitera que el plazo de 6 meses dispuesto por la Sección 5 del Consejo de
Estado es inadmisible.
3.2.2. En segundo lugar, la
valoración del requisito de inmediatez efectuado en la sentencia, desconoce
igualmente las particularidades del caso, pues, tal como lo manifiesta el Ministerio
Público, las comunidades indígenas Wayuu a favor de quienes interpuso la acción
de amparo, sólo tuvieron conocimiento de las providencias judiciales con
ocasión de los procesos policivos que adelantaron los propietarios de los
predios Riomar, Santa Lucía y La Esperanza y, en consecuencia, sólo hasta ese
momento pudieron acudir a la administración de justicia para solicitar la
salvaguarda de sus derechos fundamentales.
3.3. Adicionalmente, debe precisarse
que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la acreditación de
los requisitos de procedencia de la acción de tutela, tratándose de la
protección de los derechos de sujetos de especial protección constitucional
-como las comunidades indígenas-, se torna flexible[158]. De igual
forma, esta Corte ha admitido que el requisito de inmediatez admite excepciones
cuando la violación del derecho es continua o permanece indefinidamente en el
tiempo[159],
aspecto que también se predica de la protección de derechos de los pueblos
indígenas[160].
Especial mención merece la sentencia
T-661 de 2015[161],
en la cual la Corte señaló que “el proceso de
largo plazo que caracteriza la defensa de los territorios colectivos de los
pueblos indígenas hace que el requisito de inmediatez sea una carga
desproporcionada para los pueblos indígenas; en segundo lugar, la naturaleza
perpetua, inalienable, inembargable e imprescriptible del derecho que se
persigue proteger (la propiedad colectiva de tierras y territorios indígenas)
tiene como consecuencia la naturaleza continua o permanente de la violación; y,
finalmente, la aplicación del requisito en este ámbito se opone a la regla
general de procedencia de la tutela para la defensa de derechos de los
pueblos  indígenas”. La misma
sentencia refiere que el principio de inmediatez no puede aplicarse cuando
la violación es continua en el tiempo, atenta contra un derecho imprescriptible
(por ejemplo: la propiedad colectiva de tierras y territorios indígenas) y
lesiona a sujetos de especial protección constitucional.
3.4. Con base en lo expuesto,
considero que, en virtud de las particularidades del caso, el análisis de la
procedencia de la acción de tutela debió flexibilizarse y concluirse que la
misma sí resultaba procedente.
4. Sobre la necesidad de un
pronunciamiento de fondo
Una vez superado el análisis de
procedibilidad, debemos entonces ubicarnos en el escenario de una amenaza de
los derechos de las comunidades indígenas Wayuu asentadas en los predios Riomar, La Esperanza y
Santa Lucía,
sobre los cuales se declaró la pertenencia a favor de personas ajenas a dichas
comunidades. Como punto de partida, adviértase que, de acuerdo con la
información expuesta en la sentencia y allegada al expediente, no se tiene
certeza sobre la naturaleza jurídica de los referidos predios, toda vez que la
Agencia Nacional de Tierras se encuentra adelantando las diligencias
administrativas encaminadas al esclarecimiento de dicha calidad. Sin embargo,
existen indicios para presumir que los mismos obedecen a territorios colectivos
de comunidades indígenas, de acuerdo con las siguientes razones.
4.1. La Procuraduría que funge como
parte actora señala expresamente que en los referidos predios han habitado
comunidades indígenas Wayuu, pues las mismas han estado asentadas desde tiempo
inmemorial en las tierras que ocupan inmediaciones de la vía que conduce de
Riohacha a Santa Marta en la Troncal del Caribe. Sobre el particular,
adviértase que (i) el predio Riomar se encuentra ubicado a la margen izquierda
de la carretera de Riohacha hasta Santa Marta, de acuerdo con lo señalado en la
sentencia proferida el 6 de octubre de 1998, por el Juzgado 1 Civil del
Circuito de Riohacha (folios 142-146 del cuaderno principal); (ii) el predio
Santa Lucía, se encuentra en el municipio de Riohacha, en la carretera
Riohacha-Santa Marta, de acuerdo con lo señalado en la sentencia proferida el
27 de febrero de 2001, por el Juzgado 2 Civil del Circuito de Riohacha (folios
51-56 del cuaderno de la Corte); (ii) respecto del predio Santa Lucía no se
cuenta con la información exacta de su ubicación, sin embargo la Agencia
Nacional de Tierras afirma que en el mismo habitan comunidades indígenas.
4.1.1. Así mismo, la Procuraduría
refiere expresamente que, en los predios La Esperanza, Riomar y Santa Lucia habitan en
total 2587 indígenas (folios 98-138 cuaderno principal). Esta afirmación es
corroborada por las autoridades tradicionales de las comunidades Wayuu de Santa
Rosa, Arroyo, Cachaca 2 y Lorena Pushaina, las cuales aclaran que, si bien no
cuentan con reconocimiento legal bajo la figura de resguardo, se encuentran
reconocidas y certificadas como comunidades indígenas en los municipios de
Riohacha y Dibulla, según Resolución 16 de 2014 del Ministerio del Interior
(folios 135-145 cuaderno 2).
4.1.2. De acuerdo con el informe
técnico de visita previa a los predios Santa Lucía y La Esperanza (para
esclarecer la calidad jurídica de los inmuebles), realizada por la Agencia
Nacional de Tierras, en los mismos habitan comunidades indígenas. Asimismo, (i)
respecto del predio Riomar se está consolidando información para determinar si
amerita o no el inicio de la etapa previa de la clarificación, y (ii) hay una
inconsistencia respecto del predio Santa Lucia, porque aparecen 2 folios de
matrícula inmobiliaria diferentes.
4.1.3. Tal como refirió la Corte
Constitucional en el Auto 004 de 2009, frente a la situación de vulnerabilidad
del pueblo Wayuu en el marco del estado de cosas inconstitucional, “su
territorio tradicional ocupa 1.080.336 hectáreas en el resguardo de la
Alta y Media Guajira, [y] hay más resguardos en el sur de la
Guajira y en la media Guajira”.
Así las cosas, al existir indicios
del carácter de territorio colectivo de los predios anteriormente referidos,
pesa un manto de duda frente a las providencias judiciales que declararon la
pertenencia sobre dichos predios, en los años 1998, 1999 y 2001.
4.2. Ahora bien, a pesar que, para la
fecha de la expedición de las mismas no existía la obligación de vincular al
Incoder en tales procesos (pues esta nació en virtud del Código General del
Proceso, expedido en el año 2012), el Código de Procedimiento Civil consagraba
la prohibición de declarar la pertenencia respecto de bienes imprescriptibles o
de propiedad de las entidades de derecho público -numeral 4 del artículo 407-.
4.2.1. En este sentido, puede
colegirse un posible desconocimiento de dicha norma, así como de los artículos
63 y 269 de la Constitución, frente al carácter imprescriptible e inajenable de
los territorios indígenas y de los resguardos indígenas. Sobre el particular,
la jurisprudencia constitucional ha destacado como elementos definitorios del
derecho fundamental a la propiedad colectiva del territorio por parte de las
comunidades indígenas: (i) el carácter imprescriptible, inalienable e
inembargable del territorio; y (ii) la ancestralidad de la posesión, como
título de propiedad[162].
Así las cosas, puede afirmarse que
las providencias judiciales cuestionadas pudieron incurrir en los siguientes
defectos específicos: (i) defecto sustantivo -por inaplicación del numeral 4
del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil-; y (ii) violación directa
de la Constitución (por desconocimiento de los artículos 63 y 269 Superiores).
4.3. De otra parte, considero que
estas sentencias produjeron también efectos sobre la garantía del derecho de
las comunidades indígenas al territorio colectivo, pues las mismas sirvieron de
base para adelantar los procesos policivos que pretenden su desalojo, con lo
cual ponen en riesgo el disfrute de dicho derecho.
En suma, ante el inminente riesgo
para las comunidades indígenas de verse desalojadas de los territorios que han
habitado ancestralmente, considero que la acción de tutela debió concederse con
miras a proteger el derecho al debido proceso y el derecho al territorio
colectivo.
5. Sobre el remedio jurídico a
aplicar
De acuerdo con lo expuesto en el
apartado anterior, estimo que la Sala debió revocar los fallos de tutela de
instancia, y en su lugar, conceder el amparo solicitado -no solo frente al
derecho al debido proceso sino también respecto del derecho al territorio de
las comunidades indígenas-. En consecuencia, el remedio constitucional podría
haber consistido en (i) ordenar la suspensión provisional de las providencias
judiciales que declararon la pertenencia de los predios Riomar, La Esperanza y
Santa Lucía, en los años 1998, 1999 y 2001; y (ii) ordenar a la Secretaría de
Gobierno Distrital de Riohacha y Alcaldía Municipal de Riohacha, suspender
todas las decisiones dictadas en el marco de los procesos policivos adelantados
en contra de dichas comunidades -incluyendo las órdenes de desalojo-, hasta
tanto la Agencia Nacional de Tierras culmine las actuaciones administrativas
tendientes a esclarecer la calidad jurídica de los predios Riomar, La Esperanza
y Santa Lucía.
5.1. Lo anterior, en tanto la orden
establecida en la parte resolutiva de la sentencia no es efectiva para
contrarrestar la amenaza de los derechos fundamentales de las comunidades
indígenas, y resulta, además, contradictoria.
5.1.1. En efecto, el exhorto dado a la
Procuraduría y a los miembros de las comunidades indígenas Wayuu para que
intervengan dentro de las diligencias previas que está adelantando la Agencia
Nacional de Tierras, encaminadas a esclarecer la naturaleza jurídica de los
referidos predios, deja incólume las providencias judiciales cuestionadas, así
como las decisiones adoptadas en los procesos policivos iniciados en contra de
las comunidades. Con
ello, la sentencia permite que las comunidades indígenas puedan resultar
desalojadas y, de esa forma, consumar el daño a su derecho fundamental al
territorio.
5.1.2. Por otro lado, este exhorto
resulta contradictorio pues reconoce que no existe certeza sobre la naturaleza
jurídica de los predios, lo cual, nuevamente, arroja un manto de duda sobre la
viabilidad jurídica de declarar la pertenencia a favor de particulares y, por
lo tanto la Corte no podía haber dejado pasar sin más las sentencias
controvertidas.
Atendiendo a estas razones, salvo el
voto en la sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] Folios 1-10
cuaderno 1.
[2] Folio 2 cuaderno
1.
[3] Folio 2 cuaderno
1.
[4] Folio 4 cuaderno
1.
[5] Folio 3 vto.
cuaderno 1.
[6] Folio 4 cuaderno
1.
[7] Folios 88-91
cuaderno 1.
[8] Folio 95 cuaderno
1.
[9] Folios 98-102
cuaderno 2.
[10] Folio 140 cuaderno
1.
[11] Folio 66 cuaderno
2.
[12] Folios 147-152
cuaderno 1.
[13] Folio 14 cuaderno
3.
[14] Folios 27-33
cuaderno 1.
[15] Folios 39-43
cuaderno 1.
[16] Folios 458-51
cuaderno 1.
[17] Folios125-126
cuaderno 1.
[18] Folios 58-67
cuaderno 3.
[19] Folios 59-60
cuaderno 3.
[20] Folios 130-134
cuaderno 3.
[21] Folios 135-137
cuaderno 3.
[22] Folios 154-165
cuaderno 3.
[23] Folios 210-211 cuaderno
3.
[24] Folios 135-145
cuaderno 2.
[25] Folios 161-163
cuaderno 2.
[26] Folios 188-191
cuaderno 1.
[27] Folios 149-156
cuaderno 1.
[28] Folios 61-62
cuaderno 2.
[29] Folio 159 cuaderno
2.
[30] Folio 162 cuaderno
2.
[31] Folios 154-165
cuaderno 2.
[32] Folio 189 cuaderno
1.
[33] Folio 597 cuaderno
1.
[34] Folios 190-191
cuaderno 1.
[35] Folio 202 vto.
cuaderno 2.
[36] Folio 203 vto.
cuaderno 2.
[37] Folio 204 vto.
cuaderno 2.
[38] Folios 205 vto. –
206 cuaderno 2.
[39] Folio 606 cuaderno
1.
[40] Folios 199-200
cuaderno 2.
[41] Folio 681 cuaderno
2.
[42] Folio 681 vto.
cuaderno 2.
[43] Folios 681 vto. –
682 cuaderno 2.
[44] Folios 224-226
cuaderno 3.
[45] Folios 33-34
cuaderno principal.
[46] Folios 241-242
cuaderno principal.
[47] Folios 244-245
cuaderno principal.
[48] Folios 230-235 cuaderno
principal.
[49] Folios 17-29
cuaderno principal.
[50] Folios 21-22
cuaderno principal.
[51] Folios 250-254
cuaderno principal.
[52] En la sentencia de
primera instancia dictada por el Juzgado Tercero Penal Municipal para
Adolescentes, el 23 de marzo de 2017, se precisó que: “PRETENSIÓN: Con
fundamento en los hechos relacionados, la accionante pretende que se ordene
dejar sin efecto, todas las decisiones que se hayan proferido por la Secretaría
de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana de Riohacha, y los Inspectores
de Policía de Riohacha, dentro de procesos policivos de perturbación a la
posesión, que fueron promovidos por los señores MIGUEL DÍAZ PALACIO Y SONIA
LINERO DE AGUDELO, herederos de las señoras OLGA MERCEDES PALACIO DE DÍAZ e
ISABEL GERTRUDIS PALACIO DE LINERO, beneficiarias de la adjudicación del predio
SANTA LUCÍA, el promovido por EVER DAVID QUINTANA RODRÍGUEZ, y el promovido por
el señor FULGENCIO QUINTERO, quien se mencionó anteriormente resultó como
adjudicatario del predio ‘LA ESPERANZA’. De igual manera, solicita se
decreten medidas provisionales, encaminadas a suspender la ejecución de todas
las órdenes de desalojo de los predios objeto de la presente tutela, y con la
finalidad de salvaguardar los derechos ancestrales de las comunidades indígenas,
que por tiempos inmemoriales han poseído los predios RIOMAR, LA ESPERANZA y
SANTA LUCÍA” (Folios 183-184 Cuaderno 3) (Se destaca).
[53] En la sentencia de
segunda instancia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Riohacha se precisó que: “Analizada
la solicitud de amparo, el fallo de instancia y los argumentos de la
impugnación, el primer problema jurídico a resolver por este Despacho se
centra en determinar, si la acción de tutela resulta procedente para
controvertir decisiones de un proceso policivo de amparo administrativo de
perturbación a la posesión en virtud a las diferentes querellas presentadas,
cuya decisión final determina el lanzamiento, cuya nulidad se pretende, y
solo de encontrarse la acción procedente, el Despacho habrá de determinar si
las entidades públicas accionadas, vulneraron los derechos fundamentales de las
comunidades que representa el señor PROCURADOR 12 JUDICIAL II AMBIENTAL Y
AGRARIO DE LA GUAJIRA en su tramitación” (Folios 4 vto.-5 Cuaderno 3) (Se
destaca).
[54] En el recurso de
alzada se dejó constancia de lo siguiente: “Lo primero que debo manifestar
es que si se lee cuidadosamente el libelo de la demanda de tutela, se podrá
observar con meridiana claridad, que la demanda se dirige en CONTRA de los
Juzgados Primero y Segundo Civiles de Circuito de Riohacha, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Riohacha (La Guajira) y otros, es decir,
que NUNCA, se mencionó como autoridades accionadas, a la Secretaría de Gobierno
de Riohacha, ni a sus Inspecciones de Policía, por lo que en este punto inicia
la incongruencia del fallo” (Negrillas adicionales fuera del texto
original) (Folio 202 vto. cuaderno 1).
[55] Artículo 281 del
Código General del Proceso: “La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este Código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. (…)”.
[56] Corte
Constitucional. Sentencia T-592 de 2000.
[57] Corte
Constitucional. Sentencia T-961 de 2000.
[58] Véase, por
ejemplo, Corte Constitucional, Sentencia T-555 de 2009.
[59] Corte
Constitucional, Sentencia T-244 de 2016.
[60] Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[61] En los términos de
la Sentencia C-590 de 2005, los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales no exigen que la decisión
cuestionada comporte necesariamente una irregularidad procesal, sino que tal
irregularidad tenga un efecto determinante en la providencia que se impugna.
[62] Corte
Constitucional, sentencia T-176 de 2016.
[63] Corte
Constitucional, sentencia T-1057 de 2002.
[64] Corte
Constitucional, sentencia T-174 de 2016.
[65] Corte
Constitucional, sentencia SU-396 de 2017.
[66] Corte
Constitucional, sentencia T-079 de 2014.
[67] Corte
Constitucional, sentencia T-012 de 2016.
[68] Corte
Constitucional, sentencia T-202 de 2017.
[69] Corte
Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
[70] Corte
Constitucional, sentencia T-176 de 2016.
[71] Corte
Constitucional, sentencia T-513 de 2012.
[72] Ibídem.
[73] Artículo 10 del
Decreto - Ley 2591 de 1991: “(…). También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
[74] Artículo 10,
inciso 3 del Decreto - Ley 2591 de 1991.
[75] Artículo 277 de la
Constitución Política: “El Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos. 2. Proteger los derechos
humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
3. Defender los intereses de la sociedad. 4. Defender los
intereses colectivos, en especial el ambiente. 5. Velar por el ejercicio
diligente y eficiente de las funciones administrativas. 6. Ejercer
vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones
públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la Ley. 7. Intervenir en los procesos y
ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en
defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías
fundamentales. 8. Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.
9. Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información
que considere necesaria. 10. Las demás que determine la ley. Para
el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones
de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias”.
[76] Corte
Constitucional. Sentencia T-293 de 2013.
[77] Ibídem.
[78] Corte
Constitucional. Sentencia T-407 de 2017.
[79] Consultar
sentencia T-543 de 1992.
[80] Corte
Constitucional, Sentencia T-006 de 2015.
[81] Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[82] Artículo 16 del C.
de P.C.: Competencia de los jueces de circuito en primera instancia. “Sin
perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces
de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: (…). 4.
Los de expropiación, salvo los que correspondan a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y de pertenencia que no correspondan a la
jurisdicción agraria, estos últimos cualquiera que sea sus cuantía. (…)”.
[83] Artículo 407 del
Código de Procedimiento Civil: Declaración de pertenencia: “En las demandas
sobre declaración de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas: (…). 11.
La sentencia que acoja las pretensiones de la demanda será consultada  y una
vez en firme producirá efectos erga omnes. El juez ordenará su inscripción en
el competente registro”.
[84] Corte
Constitucional. Sentencias C-449 de 1996 y C-583 de 1997.
[85] Corte
Constitucional. Sentencia C-153 de 1995.
[86] Artículo 386 del
C. de P.C.: (Texto modificado por el Decreto 2282 de 1989) “Las sentencias
de primera instancia adversas a la nación, los departamentos, las intendencias,
las comisarías, los distritos especiales y los municipios, deben consultarse
con el superior siempre que no sean apeladas por sus representantes o
apoderados. Con la misma salvedad deben consultarse las sentencias que decreten
la interdicción y las que fueren adversas a quien estuvo representado por
curador ad litem. // Vencido el término de ejecutoria de la sentencia se
remitirá el expediente al superior, quien tramitará y decidirá la consulta en
la misma forma que la apelación” (Negrillas adicionales fuera del texto
original).
[87] Corte Suprema de
Justicia. Sentencia dictada el 17 de julio de 2003, expediente No. 19920, MP.
Fernando Vásquez Botero. De la mencionada providencia se destaca lo siguiente: “La
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, conoció
de la precitada sentencia en virtud del grado de jurisdicción, y con el fallo
que (es) objeto del recurso de casación, la revocó en su integridad, para,
en su lugar, absolver a la entidad demandada de todos pedimentos” (Se
destaca).
[88] Artículo 366 del
C. de P.C.: “El recurso de casación procede
contra las siguientes sentencias dictadas en segunda instancia por los
tribunales superiores, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al
recurrente sea o exceda de cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos
legales mensuales vigentes así: 1. Las dictadas en los procesos ordinarios o
que asuman ese carácter. (…)”.
[89] Artículo 140 del
C. de P.C.: Causales de nulidad. “El proceso
es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (…). 2. Cuando
el juez carece de competencia”.
[90] Artículo 144 del
C. de P.C.: Saneamiento de la nulidad: “La nulidad se considerará saneada en
los siguientes casos: (…). 3. Cuando la persona indebidamente representada,
citada o emplazada, actúa en el proceso sin alegar la nulidad correspondiente.
(…)”.
[91] Artículo 407 del
C. de P.C.: Declaración de pertenencia: “En las demandas sobre declaración
de pertenencia se aplicarán las siguientes reglas: (…). En el auto admisorio se
ordenará, cuando fuere pertinente, la inscripción de la demanda; igualmente se
ordenará el emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el
respectivo bien, por medio de edicto que deberá expresar: a) El nombre de la
persona que promovió el proceso, la naturaleza de éste y la clase de
prescripción alegada; b) El llamamiento de quienes se crean con derecho a los
bienes para que concurran al proceso, a más tardar dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que quede surtido el emplazamiento, y, c) La
especificación de los bienes, con expresión de su ubicación, linderos, número o
nombre”.
[92] Corte
Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
[93] Decreto Ley 2591
de 1991, Artículo 11: “[l]a acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo
salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a
un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia
correspondiente”.
[94] Decreto Ley 2591
de 1991, Artículo 12: “[l]a caducidad de la acción de tutela no será obstáculo
para impugnar el acto o la actuación mediante otra acción, si fuere posible
hacerlo de conformidad con la ley”
[95] La declaratoria de
inconstitucionalidad de esta norma se fundó en la unidad normativa con los artículos
11 y 12 declarados inconstitucionales. Corte Constitucional, Sentencia C-543 de
1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[96] Corte
Constitucional, Sentencia T-265 de 2015.
[97] Corte
Constitucional, Sentencia T-291 de 2017.
[98] Corte
Constitucional, Sentencia T-172 de 2013.
[99] T 575 de 2002 M.P.
Rodrigo Escobar Gil, T-526 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-890 de 2006
M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-243 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-691 de 2009 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-100 de 2010 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez, T-047 de 2014 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-899 de 2014
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
[100] Corte
Constitucional, sentencia T-299 de 2009.
[101] Corte
Constitucional, sentencia T-788 de 2013.
[102] Corte
Constitucional, sentencia T-410 de 2013.
[103] Folios 7 vto.-9
cuaderno 1.
[104] Folios 13-17
cuaderno 1.
[105] Folios 43-55
cuaderno 1.
[106] Folio 19 cuaderno
1.
[107] Folios 26-41
cuaderno 1.
[108] Folios 43-49
cuaderno 1.
[109] Folios 50-55
cuaderno 1.
[110] Folio 9 cuaderno
1.
[111] Folio 56 cuaderno
1.
[112] Folio 56 cuaderno
1.
[113] Folios 56-67
cuaderno 1.
[114] Folio 687 cuaderno
1.
[115] Folios 74-75
cuaderno principal. Se advierte que dicha prueba reposa de manera incompleta,
por cuanto, hace falta la hoja 4.
[116] Folios 114 vto.
-120 cuaderno principal.
[117] En la mencionada
acción de tutela se pretendía lo siguiente: “la nulidad de la actuación
administrativa impulsada por la Alcaldía de Riohacha a partir de la Resolución
No. 153 de 2015, exigiendo en consecuencia, realizar la consulta previa para la
adopción de medidas de protección a su territorio con preeminencia de sus
tradiciones y costumbres, deprecando que las Direcciones de Consulta Previa y
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras y
Distrito Turístico y Cultural de Riohacha señalen en un plazo de quince (15)
días su convocatoria con la participación del Ministerio Público. A su turno,
procuran corroborar la vinculación ancestral de los actuales habitantes de la
comunidad de Santa Rosa, ordenando al Instituto de Medicina Legal para que con
base en los protocolos realice las pruebas técnicas pertinentes a los restos
humanos pertenecientes a los cementerios de esa comunidad indígena” (folios
160 vto. -161 cuaderno 1).
[118] A través de la
Resolución No. 153 de febrero 13 de 2015, la Alcaldía Mayor del municipio de
Riohacha concedió el amparo policivo solicitado por el señor Ever David
Quintana Rodríguez y, en consecuencia, ordenó la realización de la diligencia
del cese de perturbación respecto del lote de terreno denominado Laguna
de Los Remedios (folios 69-73 cuaderno 1). Nótese cómo el mencionado
predio no corresponde con alguno de los tres predios aludidos en la acción de
tutela.
[119] Artículo 674 del
Código Civil: BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. “Se llaman bienes de la
Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. // Si además su uso
pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas,
puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes
públicos del territorio. // Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece
generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales”.
[120] Artículo 676 del
Código Civil: Bienes baldíos. “Son bienes de la Unión todas las tierras que
estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño”.
[121] Artículo 1 de la
Ley 200 de 1936, modificado por el artículo 2 de la Ley 4 de 1973.
[122] Ibídem.
[123] Artículo 102 de la
Constitución Política: “El territorio, con los bienes públicos que de él
forman parte, pertenecen a la Nación”.
[124] Artículo 63 de la
Constitución Política: “Los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio ecológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables”.
[125] Corte
Constitucional. Sentencia C-595 de 1995.
[126] Corte
Constitucional. Sentencia T-849 de 2014.
[127] Ibídem.
[128] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
[129] Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 17 de junio de 2005.
[130] Por la cual se
crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se
establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.
[131] Ley 160 de 1994.
Artículo 85.
[132] Ibídem.
[133] Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
[134] Artículo 2.14.7.1.1. del Decreto 1071 de 2015.
[135] Artículo
2.2.6.15.2. del Decreto 1858 de 2015: Inicio. “Una vez el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) o quien haga sus veces, en el
desarrollo de sus funciones misionales o por comunicación de autoridad administrativa
o judicial, identifique tierras posiblemente baldías, mediante acto
administrativo de trámite dará inicio oficiosamente a la actuación
administrativa para la apertura de folio de matrícula inmobiliaria de bienes
baldíos a nombre de la Nación”.
[136] Artículo 2.14.7.3.1. del Decreto 1071 de 2015.
[137] Artículo
2.2.6.15.3. del Decreto 1858 de 2015.
[138] Ibídem.
[139] Artículo 2.14.7.3.4. Visita. “Teniendo en
cuenta la programación establecida anualmente y las disponibilidades
presupuestales, el Gerente General del Instituto o su delegado ordenará llevar
a cabo la visita a la comunidad interesada y al área pretendida, por
funcionarios de la entidad, señalando el tiempo en que se realizará”.
[140] Artículo 2.14.7.2.3. del Decreto 1071 de 2015.
[141] Artículo 2.14.7.3.6. del Decreto 1071 de 2015. Concepto
del Ministerio de Interior. Una vez concluido el estudio y en todos
los casos, el expediente que contenga el trámite administrativo tendiente a
constituir un resguardo indígena, se remitirá al Ministerio del Interior para
que emita concepto previo sobre la constitución dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la fecha de recibo de la solicitud del INCODER.
Transcurrido este término, si no hubiere pronunciamiento expreso, se entenderá
que el concepto es favorable y el Ministerio del Interior procederá a devolver
el expediente al Instituto.
[142] Artículo
2.2.6.15.4. del Decreto 1071 de 2015: Acto administrativo que ordena apertura
de folio de matrícula inmobiliaria. “Una vez los predios objeto de apertura
de matrícula inmobiliaria se encuentren debidamente identificados e
individualizados y que, de conformidad con las certificaciones expedidas por la
autoridad catastral y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
correspondiente, se encuentre descartado el ejercicio de derechos reales sobre
estos bienes, el Incoder, o quien haga sus veces, proferirá acto administrativo
que ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente,
la apertura de la matrícula inmobiliaria como predios baldíos de propiedad de
la Nación, y ordenará su inscripción en el respectivo folio a nombre de la
Nación-Incoder o quien haga sus veces”.
[143] Artículo
2.14.7.3.7. del Decreto 1071 de 2015. Resolución. “Culminado el trámite
anterior, dentro de los treinta (30) días siguientes, el Consejo Directivo del
Instituto expedirá la resolución que constituya, reestructure o amplíe el
resguardo indígena en favor de la comunidad respectiva. // La resolución del
Consejo Directivo del INCODER que culmine los procedimientos de constitución,
ampliación y reestructuración de resguardos indígenas mediante la adquisición
de tierras de propiedad privada, constituye título traslaticio de dominio y una
vez inscrita en el competente registro se considerará que los bienes inmuebles
rurales correspondientes han salido del patrimonio del INCODER.
[144] Folios 231-235
cuaderno principal.
[145] Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo
Rural.
[146] Artículo 2.14.19.2.15. Resolución final. “Expedido
el auto que cierra la etapa probatoria y marca el inicio de la fase decisoria
del procedimiento respectivo, el expediente entrará al despacho por un término
de quince (15) días, dentro de los cuales se proferirá la decisión de fondo que
ponga fin a las actuaciones. En este acto administrativo se deberá adoptar la
decisión que corresponda según las evidencias recabadas, se dará respuesta a
las diferentes solicitudes formuladas por los intervinientes a lo largo del
trámite, se fundamentará la determinación tomada y se definirán las medidas que
hagan efectiva la decisión, necesarias para que lo resuelto pueda ser acatado
en un plazo de no más de veinte (20) días a partir de su ejecutoria”.
[147] Artículo 48 de la
Ley 160 de 1994.
[148]
Ver, entre otras, sentencias T-049 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-235 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y T-661 de 2015. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[149]
Ver, entre otras, sentencias T-488 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-548 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-549 de 2016 M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; SU-235 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-727 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-461 de 2016. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-407 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-567 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; y T-231 de 2017. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[150]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[151]
Postura reiterada en fallos posteriores: T-1063 de 2012.
M.P Alexei Julio Estrada; T-033 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; y
T-031 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[152]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[153]
M.P. Alexei Julio Estrada
[154]
M.P. Maria Victoria Calle Correa.
[155]
M.P. Martha Victoria Sachica Mendez.
[156]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[157]
M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[158] Al
respecto, ver, entre otras, Sentencias T-589 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-235 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-698 de 2011. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-206 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-795
de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[159] Ver, entre otras, sentencias T-114 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-677 de 2011. M.P. Juan
Carlos Henao Pérez; y T-737 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[160]
Sobre este punto pueden ser consultadas, entre otras, las
Sentencias T-009 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-387 de 2013.
M.P. María Victoria Calle Correa; y T-379 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[161]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[162]
Ver, entre otras, Sentencias T-235 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva;
T-661 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; y C-389 de 2016. M.P. María
Victoria Calle Correa).