T-232-07
[PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA]
Sentencia T-232/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA-Reglas de procedencia cuando el afectado
cuenta con otro medio de defensa judicial
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIAS DE
REVISION DE TUTELA-Reglas
jurisprudenciales en relación con su carácter vinculante
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL EN EL
MARCO DE LA LEY 906 DE 2004-Estado
actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación
PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD PENAL FRENTE A MECANISMOS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
PROCESO
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-El medio de defensa
judicial es ineficaz e insuficiente
Para la Sala, la apelación de las señaladas decisiones
puede considerarse en abstracto, un medio idóneo para la defensa de los
derechos fundamentales que se consideran conculcados. Sin embargo, atendidas
las circunstancias particulares del  actor, y la naturaleza de los derechos que
se invocan a través de la acción de tutela, advierte la Sala que tal mecanismo
ordinario se presenta como ineficaz e insuficiente. Es ineficaz en concreto,
por cuanto como se puede constatar a través de piezas que forman parte del
expediente el accionante se encuentra privado de la libertad en la jurisdicción
del Distrito Judicial de Popayán, cuya máxima autoridad (El Tribunal Superior
de Distrito) y quien debería resolver la impugnación contra la decisión que le
negó el beneficio, se ha declarado contrario a la aplicación del principio de
favorabilidad  en casos similares. Pero adicionalmente, el medio alterno es
insuficiente por cuanto estaría enfocado a la protección de los derechos a la
libertad y a la aplicación de la ley penal más favorable. En la tutela se
involucran otros derechos que no podrían ser protegidos a través de una
eventual impugnación de la decisión que niega la readecuación de la pena, como
son el derecho a la igualdad de trato por parte de las autoridades públicas
(Art. 13 C.P.), y  de acceso igualitario a la administración de justicia (Art.
229 C.P.).
PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL-Desconocimiento en el caso sub judice
El precedente establecido en sede de revisión de
fallos tutela era vinculante tanto para el juez acusado, como para los jueces
constitucionales de instancia por varias razones: (i) por que se construyó en
ejercicio de la facultad constitucional que se asigna a esta Corporación (Art.
241.9) con el propósito de garantizar una interpretación uniforme de la Carta;
(ii)  por que la ratio decidendi de las sentencias T-1211/05, T-091/06 y
T.797/06, contiene una regla relacionada con el caso sometido a su
conocimiento, que servía para su resolución y no ha sido modificada; (iii) por
que los hechos relevantes de las sentencias de la Corte plantean un punto de
derecho semejante al del caso a resolver; y (iv) por que el precedente
constitucional establecido por la Corte define el alcance del principio de
favorabilidad, en relación con el tratamiento punitivo de la aceptación de
cargos en uno y otro sistema, partiendo de una interpretación pro homine, esto
es aplicando la interpretación más favorable  a los derechos fundamentales.
Así, el juez acusado se separa deliberadamente del precedente constitucional,
sin que aporte las razones por las cuales, en el caso concreto,  no le
resultaba aplicable para la resolución adecuada del mismo, la ratio decidendi
establecida, para casos análogos, en las sentencias T-1211 de 2005 y T-091 de
2006 (luego reiterada en la T-797 de 2006). Tratándose de un asunto de
favorabilidad que involucra en su esencia un componente pro homine en la
aplicación de la Ley, y de controvertir un precedente construido en sede de
revisión de fallos de tutela, le era exigible al juez acusado demostrar por qué
la opción interpretativa que acogió le resultaba más aceptable, desde el punto
de vista de la realización de la justicia material, del deber de protección de
los derechos fundamentales que la Carta le impone, y del principio de
supremacía de la Constitución que obliga a todos los jueces a interpretar el
derecho de manera compatible con la Constitución.
PRINCIPIO
DE FAVORABILIDAD PENAL-Aplicación en el caso sub judice
Referencia: expediente T-1485788
Acción de tutela interpuesta por Orlay Sánchez
contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de marzo dos mil siete
(2007).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y
Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del trámite de revisión de los fallos de tutela
dictados en el asunto de la referencia por las Salas de Decisión de Tutela del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán, y  de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
I.  ANTECEDENTES
De los hechos y la demanda.
A través de apoderado el señor Orlay
Sánchez interpuso acción de tutela invocando la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, la libertad, el debido proceso y el acceso a la
justicia, con fundamento en los siguientes hechos:
1. El demandante fue condenado por el
Juzgado Penal del  Circuito Especializado de Popayán a la pena de prisión de 16
años, reconociéndosele la rebaja de una tercera parte de la pena por haberse
acogido al mecanismo de la sentencia anticipada en los términos del artículo 40
de la Ley 600 de 2000.
2. Desde la entrada en vigencia –
progresiva – de la Ley 906 de 2004 son muchos los despachos judiciales que han
reconocido la aplicación del principio de favorabilidad respecto de personas
condenadas mediante sentencia anticipada, otorgándoles la rebaja de hasta la
mitad de la pena, prevista en los artículos 351 y 352 de la Ley 906 de 2004 en
razón de la aceptación de cargos. Para corroborar esta afirmación cita
decisiones del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de la Dorada de marzo 10
de 2005; del Tribunal Superior de Bogotá de junio 1° de 2005; del Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva de abril 20 del 2006; del
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Neiva, así como las sentencias T-1211
de 2005[1] y T- 091 de 2006[2]
de esta Corporación, que han aplicado el principio de favorabilidad en
situaciones análogas.
3. Afirma que el sentenciado solicitó en
dos oportunidades  ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán la aplicación del principio de favorabilidad  teniendo en cuenta el
artículo 351 de la ley 906/04, solicitudes que le fueron resueltas de manera
adversa en decisiones de septiembre 6 de 2005 y marzo 22 de 2006.
4. Sostiene que de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación (T-091 de 2006) el supuesto fáctico de la
sentencia anticipada contemplada en la Ley 600 de 2000 es análogo a la figura
del allanamiento a los cargos prevista en la ley 906 de 2004, y sin embargo
presentan tratamientos punitivos diversos, lo que conduce a la aplicación del
principio de favorabilidad.
5. Señala que las decisiones de la Corte
Constitucional, son de carácter obligatorio para todos los colombianos y
particularmente para los operadores judiciales y en tal medida para los
miembros de la judicatura de Popayán.
6. Concluye afirmando que el diverso
trato que los operadores jurídicos le vienen dando a personas condenadas que se
encuentran en supuestos de hecho análogos, viola el principio de igualdad.
Solicita la tutela de los derechos
fundamentales del condenado y que en consecuencia se profiera una orden al juez
demandado para que aplique el principio de favorabilidad establecido en la
Constitución y la Ley.
Intervención de la parte demandada.
El Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán, en ejercicio de su derecho de defensa dentro de la acción
de tutela manifestó:
1. Que su despacho ha acogido el criterio de la Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal – conforme al cual no procede
aplicar la rebaja de pena prevista en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a
casos que se han resuelto mediante sentencia anticipada conforme a la Ley 600
de 2000, en tanto que se trata de normas que si bien coexisten, regulan
supuestos de hecho distintos. En los eventos en que se ha negado la aplicación
de favorabilidad no se estructuran vías de hecho, puesto que tal decisión es el
producto del ejercicio de la función hermenéutica propia de la autonomía
judicial.
2. Que cuenta con los argumentos suficientes y de peso
para apartarse de la posición que en sentido distinto ha asumido la Corte
Constitucional (refiere a la sentencia T- 1211 de 2005). Manifiesta que conoce
los parámetros “jurisprudenciales” acerca de la manera cómo un funcionario
judicial puede apartarse del precedente constitucional, y señala dos
requisitos: (i) referirse al precedente anterior, y (ii) “ofrecer
argumentos suficientes para el abandono o cambio si en un caso se pretende
fallar en un sentido contrario al anterior en situaciones fácticas similares, a
fin de conjurar la arbitrariedad y asegurar el respeto al principio de
igualdad. En este sentido, no debe entenderse que el deber del juez es
simplemente el de ofrecer elementos contrarios al precedente sino que es su
deber probar con argumentos por qué en un caso concreto el precedente puede ser
aplicado y en otros no”. (No cita la fuente jurisprudencial a que alude).
3. Manifiesta que en aras de cumplir con los
requisitos que él mismo cita como necesarios para apartarse del precedente,
procede a transcribir algunos apartes de la sentencia T-1211 de 2005 de la
Corte Constitucional, y seguidamente afirma que “por las razones
anteriormente expuestas este despacho mantiene su posición en cuanto a la
inaplicabilidad del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, en cuanto al principio
de favorabilidad”.
Pruebas relevantes
El Juez constitucional de primera instancia recaudó
las siguientes pruebas relevantes para la resolución del caso:
1.
Copia de las
providencias interlocutorias de septiembre 6 de 2005 y marzo 22 de 2006
proferidas por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Popayán (Rad.
6894-2) para resolver sendas solicitudes de redosificación de pena formuladas
por el demandante Orlay Sánchez.
La decisión de septiembre 6 de 2005, fundó la negativa
a redosificar la pena  en que, debido a la aplicación progresiva del sistema
acusatorio, para esa época la ley no había entrado en vigor en ese Distrito
Judicial. De otra parte se apoyó en un fallo del Tribunal Superior de Popayán,
según el cual, lo que se demanda por vía de favorabilidad es la aplicación de
un instituto propio del nuevo sistema acusatorio que no tiene equivalente en la
Ley 600 de 2000, por lo que no se cumple el requisito de la equivalencia de los
supuestos de hecho[3].
La decisión de marzo 22/06 negó la redosificación
punitiva solicitada por el sentenciado, argumentando que se aparta de manera
expresa del precedente constitucional sentado en la sentencia T-1211 de 2005,
en razón a que: (i) los fallos de tutela producen efectos inter
partes; y (ii) existe jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia[4] que considera que  no es
posible aplicar el principio de favorabilidad a los institutos de la sentencia
anticipada (Ley 600 de 2000) y allanamiento a los cargos (Ley 906 de 2004) por
tratarse de instituciones con presupuestos procesales y de hecho diversos, lo
que excluye la aplicación de este principio constitucional.
2.
Certificación del
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán en el
sentido que, una vez notificadas, las providencias anteriormente mencionadas
que negaron al demandante la redosificación de la pena por favorabilidad, no
fueron objeto de impugnación por el actor o su apoderado.
Del
fallo de primera instancia
Mediante providencia de veintiocho (28) de agosto de
2006, la Sala de Decisión de Tutela del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Popayán negó la tutela instaurada por Orlay Sánchez con fundamento en las
siguientes consideraciones:
1.
El argumento central
radica en el carácter subsidiario de la acción de tutela (Art.86.3 de la
Constitución). Advierte que la providencia de septiembre 6 de 2005 le fue
notificada al demandante en la misma fecha de su expedición, sin que
interpusiera recurso alguno. Así mismo el auto de marzo 22 de 2006, le fue
notificado personalmente el día 23 del mismo mes, y tampoco fue objeto de
impugnación. Estima en consecuencia, que el actor disponía de un medio de
defensa judicial idóneo, al interior de la actuación penal correspondiente, sin
que hiciera uso de él.
2. De otra parte advierte que, no se ha presentado ninguna
de las causales en que conforme a la jurisprudencia  constitucional vigente
procede la acción de tutela contra providencia judicial[5],
como quiera que se trata de la adopción, por parte del juez acusado, de uno de
los criterios jurídicos expuestos sobre un asunto en particular, en detrimento
de otro. Se refiere a las sentencias T-1211 de 2005[6]
y T-091 de 2006[7] de esta Corporación que
reconocen la aplicabilidad del principio de favorabilidad retrotrayendo los
efectos punitivos más benignos del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, a
eventos definidos con base en el artículo 40 de la Ley 600 de 2000, y a  la
posición contraria asumida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en providencias de agosto 23 de 2005[8] y  de febrero
7 de 2006[9], entre otras, que niegan
el reconocimiento del favor rei.
Impugnación del fallo de primera instancia
Manifiesta el apoderado del demandante que “las
decisiones de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada” lo que
las convierte en “inmutables, vinculantes y definitivas”. Señala que
esta Corporación sentó doctrina constitucional sobre el asunto en discusión, y
que ésta debe ser aplicada por todos los jueces de la república y
particularmente por todos los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad,
a efecto de poner fin a la violación del principio de igualdad que se viene
presentando en razón a que en unos Distritos Judiciales se aplica la doctrina
constitucional sobre la favorabilidad, y en otros las tesis expuestas por la
jurisdicción ordinaria.
Del fallo de segunda instancia
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
a través de  una Sala de Decisión de Tutela, confirmó la sentencia de primera
instancia al estimar que:
1.
Cuando se trata de
providencias judiciales, la acción de tutela sólo procede de manera
excepcional, frente a decisiones que involucran una evidente y manifiesta
contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta
arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales (vías de hecho) y que vulneren
los derechos fundamentales.
2.
El primer examen que
debe realizarse es si el actor ha tenido acceso a otro medio de defensa
judicial que le garantice la protección de sus derechos fundamentales que
estima vulnerados con la decisión judicial que acusa, aspecto que se constató
en el asunto bajo examen, debido a que el demandante contó con los recursos
judiciales propios del proceso penal y con la posibilidad de impugnación de las
decisiones del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, instancia que
no agotó, lo que torna en improcedente la acción de tutela.
3.
Adicionalmente
consideró que “se descarta la presencia de vías de hecho pues (…) las
decisiones que Orlay Sánchez pretende dejar sin efecto por medio de la acción
de tutela, no reflejan ilicitud, arbitrariedad o capricho del funcionario
judicial, sino por el contrario responden a interpretación racional de la
normatividad aplicable y a la apreciación autónoma de las pruebas aportadas;
con ella no se ha vulnerado ni puesto en peligro ningún derecho fundamental del
accionante, ni se le causa un perjuicio irremediable.”
4.
Que si bien la Corte
Constitucional viene aceptando el principio de favorabilidad en supuestos como
los que el caso plantea “dicho criterio no es compartido por la Sala
mayoritaria de Casación penal” quien al estudiar las formas anormales de
terminación del proceso bajo la Ley 906 de 2004, y la sentencia anticipada
prevista en la ley 600 de 2000, concluyó que se trata de figuras disímiles, por
lo cual no es factible solicitar aplicación favorable del artículo 351 de la
ley 906 de 2004.
Insistencia del
Defensor del Pueblo
La Defensoría del Pueblo insistió en la selección para
revisión del presente asunto en procura de impulsar la efectividad del derecho
fundamental al debido proceso, en punto del principio de favorabilidad penal.
Considera que se debe reiterar la jurisprudencia establecida en la sentencia
T-091 de 2006 de esta Corporación.
Sostiene que en función del principio de favorabilidad
el juez penal no puede limitarse a “la aplicación invariable de las normas
según la reglas generales del derecho, sino que se halla obligado a verificar
las normas que puedan favorecer al procesado, incluso, existiendo diversas interpretaciones
admisibles y razonables, a la luz del principio de la favorabilidad, debe
acoger aquella que se encuentre más acorde con los postulados constitucionales,
y que garantice la plena efectividad del principio de favorabilidad, so pena de
incurrir en vías de hecho”.
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia.
Esta
Corte es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del
auto de diciembre siete (7) de dos mil seis (2006), expedido por la Sala
de Selección Número Doce de esta Corporación, que decidió seleccionar el
presente asunto para su revisión.
Problemas jurídicos y temas jurídicos a tratar
1. A partir de los hechos y antecedentes reseñados, el
problema jurídico que debe resolver  la Corte consiste en determinar si las
decisiones proferidas en septiembre 6 de 2005 y marzo 22 de 2006 por el Juzgado
2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que negaron al
condenado Orlay Sánchez (acogido a sentencia anticipada bajo el régimen de la
Ley 600/00) la aplicación, por favorabilidad, de la rebaja punitiva prevista en
el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, son violatorias de los derechos
fundamentales al debido proceso, libertad, acceso a la justicia e igualdad
invocados en la demanda.
Para arribar a una solución al problema así planteado,
debe absolver la Sala varias cuestiones previas: (i) Por tratarse de
tutela contra decisiones judiciales debe establecer si concurren los
presupuestos procesales y sustanciales de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisión judicial; (ii) En razón a que uno de los argumentos para
la negativa de la tutela es la existencia de otro mecanismo judicial de
defensa, debe la Corte referirse de manera particular en este aspecto procesal;
(iii) En atención a que el argumento fundamental de defensa del juez
acusado fue su autonomía para separarse del precedente jurisprudencial, debe la
Sala abordar el problema relativo al valor del precedente establecido por las
Salas de Revisión de tutelas; (iv) por último, debe la Corte referirse a
su doctrina sobre favorabilidad en materia de beneficios por aceptación de
cargos en la sentencia anticipada.
Los anteriores son problemas que la Corte ya ha
abordado en anteriores oportunidades, y respecto de los  cuales ha desarrollado
unas reglas que aplica de manera consistente y sostenida, por lo que procederá
a reiterar su jurisprudencia sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra decisiones judiciales; el presupuesto de la eficacia del
medio judicial alterno con vocación para excluir la procedibilidad de la acción
de tutela; la doctrina del precedente jurisprudencial, en particular el que se
produce en Sala de Revisión de tutela; y la eficacia del principio de
favorabilidad por aceptación de cargos en sentencia anticipada.
La doctrina sobre  la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
2. La doctrina de la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra decisiones judiciales ha evolucionado en el siguiente
sentido[10]:
Conviene recordar que en la sentencia C- 543 de 1992
se estudiaron los cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 11 y 12
del decreto 2591 de 1991. Si bien estas normas contenidas en el Decreto 2591 de
1991 que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales fueron declaradas inexequibles en esa ocasión por la Corte
Constitucional,  esta Corporación matizó los efectos de su decisión de manera
que abrió la posibilidad para que de modo excepcional procediera la tutela
contra providencias judiciales en el evento en que tales providencias,
revestidas desde el punto de vista formal de un aparente sustento jurídico,
constituyeran, de facto, una vía de hecho[11] por haber
sido dictadas sin fundamento ni justificación y por obedecer, en ese sentido, a
actuaciones caprichosas y arbitrarias del juzgador.
En aquella oportunidad la Corte se pronunció a favor
del principio de seguridad jurídica, pero no eludió las consideraciones de
justicia y estimó que en casos en los cuales se presente dilación injustificada
en la adopción de un fallo; o no se observen con diligencia los términos
procesales; o incurra el funcionario competente para fallar en actuaciones de
hecho por medio de las cuales se amenace vulnerar o se vulneren los derechos
constitucionales fundamentales; o la decisión amenace causar o cause  un
perjuicio irremediable, procedería la acción de tutela contra providencias
judiciales.
3. La Corte Constitucional en innumerables ocasiones
ha destacado el estrecho nexo que existe entre la posibilidad de ejercer la
acción de tutela contra providencias judiciales y varios de los principios
establecidos en la Constitución. Ello es así, en razón a que no puede admitirse
que las autoridades públicas actúen de manera manifiestamente contraria a la
Constitución y a la Ley. Esto no solo significaría cuestionar seriamente la
legitimidad de las decisiones estatales sino que representaría, a un mismo
tiempo, desconocer el principio de legalidad que es el fundamento sobre el cual
deben surtirse todas las actuaciones de las autoridades públicas (artículos 121
y 122 de la Constitución Nacional) y a partir del cual se deriva su
responsabilidad (artículos 6° y 90 de la Constitución Nacional).  La Corte ha
insistido en que tolerar actuaciones arbitrarias infringe también el principio
de igualdad (artículo 13 de la Constitución Nacional)[12].
4. Adicionalmente, ha insistido esta Corporación en
que no puede perderse de vista que, conforme al tenor del artículo 86 de la
Constitución Nacional, la protección de los derechos constitucionales
fundamentales por vía de acción de tutela procede “cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.” (Subrayas fuera de texto). De conformidad con está
línea de pensamiento ha dicho este Tribunal Constitucional que, “[l]os
jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal
forma de acción. (...) la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su
Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales
cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha proferido sentencias de
constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo sentido.”
(Énfasis dentro del texto)[13].
5. La procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales ha sido reconocida de manera expresa y detallada por la
Sala Plena de la Corporación en varias sentencias de unificación y de
constitucionalidad[14] y ha sido confirmada,
desarrollada y profundizada por las distintas Salas de Revisión de Tutela[15].
La decantación de esta doctrina ha llevado a la afinación de los presupuestos
de procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En las sentencias T-516 y T-548 de 2006 de la Sala Séptima de
Revisión, se presenta un desarrollo sistemático de los requisitos  generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, y de los
requisitos especiales, como reiteración de la sentencia de Sala Plena C- 590 de
2005[16].
Requisitos Generales de procedibiliad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
6. La acción de tutela es el mecanismo idóneo para
restablecer los derechos fundamentales conculcados mediante una decisión
judicial, en principio, cuando se cumplan los siguientes requisitos generales[17]:
a. Que la cuestión que se discute tenga relevancia
constitucional, pues el juez constitucional no puede analizar hechos que no
tengan una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponden a otras jurisdicciones.
b. Que no exista otro medio de defensa eficaz e
inmediato que permita precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable[18].
De allí que sea un deber del actor agotar todos los recursos judiciales
ordinarios para la defensa de sus derechos fundamentales.
c. La verificación de una relación de inmediatez entre
la solicitud de amparo y el hecho vulnerador de los derechos fundamentales, bajo
los principios de razonabilidad y proporcionalidad. En este último caso, se ha
determinado que no es procedente la acción de tutela contra sentencias
judiciales, cuando el transcurso del tiempo es tan significativo que sería
desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial, por la vía
de la acción de tutela.
d. Cuando se presente una irregularidad procesal, ésta
debe tener un efecto decisivo o determinante en la sentencia que afecta los
derechos fundamentales del actor.
e. El actor debe identificar los hechos que generaron
la vulneración de sus derechos fundamentales, y éstos debió alegarlos en el
proceso judicial, si hubiese sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela, porque la
protección de los derechos fundamentales no puede prolongarse de manera
indefinida.
Requisitos especiales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales
7. Así mismo, se han estructurado los requisitos
especiales de procedibilidad[19] de la acción de tutela
contra providencias judiciales, los cuales se relacionan con el control
excepcional por vía de tutela de la actividad judicial, y están asociados con
las actuaciones judiciales que conllevan una infracción de los derechos
fundamentales. En efecto, en la sentencia C-590 de 2005 se redefinió la teoría
de los defectos, y se dijo que la acción de tutela procedía cuando:
a. El funcionario judicial que profirió la sentencia
impugnada carece de competencia (defecto orgánico).
b. La violación de la Constitución y la afectación de
los derechos fundamentales es consecuencia del desconocimiento de normas de
procedimiento (defecto procedimental).
c. La vulneración de los derechos fundamentales se
presenta con ocasión de problemas relacionados con el soporte probatorio de los
procesos, como por ejemplo cuando se omiten la práctica o el decreto de las
pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas por juicio
contra evidente o porque la prueba es nula de pleno derecho (defecto fáctico).
d. La violación de los derechos fundamentales por
parte del funcionario judicial es consecuencia de la inducción en error de que
es víctima por una circunstancia estructural del aparato de administración de
justicia (vía de hecho por consecuencia[20]).
e. La providencia judicial presenta graves e
injustificados problemas en lo que se refiere a la decisión misma y que se
contrae a la insuficiente sustentación o justificación del fallo.
f. Se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente contradicción entre los
fundamentos y la decisión (defecto material o sustantivo).
g. Se desconoce el precedente. Esta causal se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance.
Respecto de esta causal, la Sala Séptima de Revisión
señaló:
“Debe tenerse en cuenta que el precedente judicial
está conformado por una serie de pronunciamientos que definen el alcance de los
derechos fundamentales mediante interpretaciones pro homine, esto es, aplicando
la interpretación que resulte mas favorable a la protección de los derechos
fundamentales”[21].
Lo anterior, ha dicho la Corte,  no es obstáculo para
que en virtud de los principios de autonomía e independencia de la labor
judicial, los jueces de tutela puedan apartarse del precedente constitucional,
pero en tal evento tendrán la carga argumentativa, es decir, deberán señalar
las razones de su decisión de manera clara y precisa para resolver el problema
planteado.
En relación con la aplicación del
precedente, esta Corporación señaló: “Por ello, la correcta utilización del
precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado
de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos
relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del
caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación.[22]”
h.  Violación directa de la Constitución. La decisión
del juez se fundamenta en la interpretación de una disposición en contra de la
Constitución o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre
que se presente solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes
en el proceso[23].
8.  No obstante ha destacado esta Corporación que la
aplicación de esta doctrina Constitucional, tiene un carácter eminentemente
excepcional, por virtud del principio de independencia de la administración de
justicia y del carácter residual de la acción de tutela. Por esta razón, las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales deben estar presentes en forma evidente y ser capaces de desvirtuar
la juridicidad del pronunciamiento judicial objeto de cuestionamiento[24].
Aunado a lo anterior, para que la solicitud de amparo
sea procedente en estos casos, debe darse cumplimiento al mandato según el cual
ésta sólo procede en ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial,
o para efectos de evitar un perjuicio irremediable. En razón a que el caso bajo
examen plantea también este problema preliminar procederá la Sala, a
continuación, a reseñar la jurisprudencia relevante sobre la procedencia de la
tutela, cuando el afectado cuenta con otro medio judicial de defensa.
Reglas jurisprudenciales sobre
la procedencia de la tutela cuando el afectado cuenta con otro mecanismo de
defensa.
9. La Corte ha señalado[25]
que, dado el carácter subsidiario de la tutela, cuando el accionante dispone de
otro mecanismo de defensa judicial el juez de tutela ha de analizar, (i)
si dicho medio es idóneo y eficaz, y en caso de que la respuesta resulte
afirmativa, (ii) si se presenta un perjuicio irremediable que amerite que la
tutela proceda como mecanismo transitorio.
La Corte ha considerado que la determinación del grado
en que el remedio judicial alternativo es idóneo y eficaz para proteger el
derecho, ha de ser apreciado en cada caso concreto. A continuación se resumen
las consideraciones de la Corte:
“La existencia o inexistencia del medio
ordinario de defensa judicial al cual pueda acudir el afectado, constituye (…)
un aspecto esencial para establecer la procedencia de la acción de tutela como
mecanismo principal o como mecanismo transitorio.
[…] En los eventos en que el ordenamiento
jurídico tenga previsto un mecanismo ordinario de defensa judicial, la
jurisprudencia constitucional tiene definido que el juez de tutela tendrá en
cuenta, a partir de las consideraciones especiales del caso, dos aspectos a
saber: 1º) la eficacia e idoneidad del medio de defensa judicial; y, 2º) los
elementos del perjuicio irremediable.
El medio ordinario de defensa judicial debe
ser eficaz e idóneo para el amparo de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados. Tal grado de eficacia se aprecia en concreto, en atención a las
circunstancias en que se encuentre el solicitante y de los derechos
constitucionales involucrados[26].
Para la Corte, ‘La necesidad de tener
presente las circunstancias concretas y los derechos constitucionales
involucrados, a efectos de analizar la eficacia del otro medio de protección
judicial, explica el carácter subsidiario de la acción de tutela, que impone
establecer si el ordenamiento jurídico no ha dispuesto un remedio judicial
idóneo y específico para proteger el derecho. Por lo mismo –carácter
subsidiario-, la tutela no tiene por objeto desplazar los diversos mecanismos
de protección, sino fungir como último recurso –y, por lo mismo, sin
restricciones normativas distintas a las normas constitucionales- para lograr
la protección de los derechos fundamentales. La forma en que se han desconocido
o puesto en peligro los derechos fundamentales, puede indicar la no idoneidad
de los mecanismos ordinarios’[27].
Adicionalmente, en caso de que el medio judicial sí
fuere eficaz e idóneo, el juez de tutela ha de estudiar si procede la acción de
tutela como mecanismo transitorio, lo cual a su vez exige la presencia de un
perjuicio irremediable. Éste se caracteriza por ser un daño inminente, cierto,
evidente, de tal naturaleza “que de ocurrir no existiría forma de reparar el
daño”, y de tal magnitud que hiciere impostergable la tutela[28].
Teniendo en cuenta los criterios reseñados la Corte,
al abordar el estudio del caso concreto, estudiará si desde esta perspectiva en
el caso bajo análisis es procedente la acción de tutela.
Reglas jurisprudenciales sobre el carácter vinculante
del precedente constitucional establecido en sentencias de revisión de tutelas.
10. Lo primero que debe advertirse es que fue el
propio constituyente quien estableció el mecanismo de revisión de fallos de
tutela, como un dispositivo perfilado para “controlar las sentencias de
tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones”
a fin, no sólo de “unificar  la interpretación constitucional en materia de
derechos fundamentales, sino erigir a la Corte Constitucional como máximo
Tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias
sobre el alcance de los mismos.”[29]
En diferentes decisiones esta Corporación ha
reconocido el valor vinculante de la ratio decidendi[30]
en materia de tutela,[31] y atribuido su razón de
ser al interés superior de asegurar la unidad en la interpretación
constitucional en el ordenamiento jurídico, y un tratamiento en condiciones de
igualdad frente a la ley, por parte de las autoridades judiciales, que
garantice la seguridad jurídica.
Se trata de un tema vinculado además al  derecho de
acceso a la justicia, por cuanto como lo ha señalado la Corte, el artículo 229
de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 de la Constitución, en el
entendido de que “acceder” igualitariamente ante los jueces implica, “no
sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también
el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse, por parte de los jueces
y tribunales ante decisiones similares”[32].
11. Sobre la extensión de los efectos, en principio, inter
partes de las decisiones de tutela en virtud del alcance de la revisión
constitucional ha dicho la jurisprudencia:
“[P]uede concluirse que en materia de tutela,
- cuyos efectos ínter partes eventualmente pueden llegar a hacerse extensivos
en virtud del alcance de la revisión constitucional[33]
-, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las
autoridades[34].
La razón principal de esta afirmación se
deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional  en
los casos concretos, que no es otra que la de “homogeneizar la
interpretación constitucional de los derechos fundamentales”[35]
a través del mecanismo constitucional de revisión de las sentencias de
tutela (artículo 241 de la C.P). En este sentido, la vinculación de los jueces
a los precedentes constitucionales resulta especialmente relevante para la
unidad y armonía del ordenamiento como conjunto, precisamente porque al ser
las normas de la Carta de textura abierta, acoger la interpretación autorizada
del Tribunal constituye una exigencia inevitable. De no aceptarse este
principio, la consecuencia final sería la de restarle fuerza normativa a la
Constitución[36], en la medida en que
cada juez podría interpretar libremente la Carta, desarticulando el sistema
jurídico en desmedro de la seguridad jurídica y comprometiendo finalmente la
norma superior, la confianza legítima  en la estabilidad de las reglas
jurisprudenciales y el derecho a la igualdad de las personas”[37].
12. En conclusión,  las razones por las cuales la
jurisprudencia ha considerado que las decisiones que expide la Corte
Constitucional en ejercicio de la facultad  de revisar los fallos de tutela son
vinculantes se pueden concretar así:
(i)
La ratio decidendi refleja la interpretación calificada y de autoridad
de la Carta que hace el Tribunal constitucional, en virtud de sus competencias
(Art. 241 y 243 C.P.)[38]. Por lo tanto, tiene
fuerza vinculante general como lo ha reconocido reiteradamente esta
Corporación, en  la medida en que la ratio decidendi responde a la
lectura e interpretación autorizada de la Constitución por parte del órgano
competente para el efecto[39], en los términos que
exige el artículo 241 de la Carta[40].
(ii) En consideración a la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia y a los condicionamientos de que
fue objeto el numeral 2° del artículo 48, en virtud de la sentencia C-037 de
1996[41] (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), que ya se comentó anteriormente[42].
(iii) Finalmente, la ratio decidendi resulta obligatoria,  porque
asegura que las decisiones judiciales se basan en una interpretación uniforme y
consistente del ordenamiento jurídico[43]; garantiza la coherencia
del sistema (seguridad jurídica); y, favorece el respeto a los principios de
confianza legítima (artículo 84 C.P.), e igualdad en la aplicación de la ley
(artículo 13 C.P.),  establecidos en la Constitución[44].
Por lo tanto, ha establecido la Corte que la ratio
decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que
se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para
todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente
de derecho que integra la norma constitucional[45].
13. En lo concerniente específicamente al
precedente vertical en materia constitucional, también se ha pronunciado la
Corte señalando que para el caso de los jueces y tribunales, si bien éstos son
independientes y autónomos en sus decisiones conforme al artículo 228 de la
Carta, esta libertad constitucional no implica precisamente desligarse de la
Carta, ni de la interpretación vinculante que realiza la Corte a partir de sus
sentencias.
El desconocimiento de los precedentes constitucionales
puede llegar a vulnerar en sede judicial los derechos ciudadanos a la igualdad
y al  acceso a la justicia (C.P. Art. 13 y 29), como ya se ha dicho,  teniendo
en cuenta que si la aplicación de la ley y la Constitución dependen de la libre
interpretación de cada juez, el resultado final puede llevar a que casos
idénticos se resuelvan de  forma diferente por diversos falladores, lo que a la
postre desvirtuaría por completo la seguridad jurídica en materia nada menos
que constitucional[46].
Por estas razones, “respetar el precedente
constitucional para quienes administran justicia no es una opción más dentro de
nuestro complejo sistema jurídico, sino un deber, especialmente porque es a
través del ejercicio de esta actividad que se asegura de manera definitiva la
eficacia de los derechos constitucionales[47]. Los
precedentes constitucionales deben tener un lugar privilegiado  en el análisis
de casos por parte de los operadores jurídicos, so pena de quebrantar
principios constitucionales como la igualdad y la supremacía de la
Constitución.[48]. En
consecuencia, los jueces están obligados a acoger los precedentes constitucionales
en la medida en que deben interpretar el derecho en compatibilidad con la
Carta.[49] Este
deber de interpretar en forma tal que se garantice la efectividad de los principios
y derechos que ella contiene, es entonces un límite, si no el más relevante[50],
a la autonomía judicial”[51].
14. De otra parte, también ha establecido la
jurisprudencia que aunque el respeto al precedente es fundamental en nuestra
organización jurídica  por las razones anteriormente expuestas, el acatamiento
del mismo, sin embargo, no debe suponer la petrificación del derecho. En este
sentido, el juez puede apartarse tanto de los precedentes horizontales como de
los precedentes verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su
posición y expresar razones contundentes para distanciarse válidamente de los precedentes
vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el precedente
es contrario a la Constitución, en todo o en parte[52].
Sin embargo, existen otras razones válidas para apartarse del precedente,
señaladas por la propia Corte. (Se destaca).
En
la sentencia SU-047 de 1999[53] se expuso precisamente
que la posibilidad de desligarse de los precedentes en circunstancias
concretas, puede obedecer a razones como las siguientes: i) eventuales
equivocaciones jurisprudenciales del pasado que hacen necesaria la corrección
de una línea jurisprudencial;  ii) una interpretación  que habiendo sido útil y
adecuada para resolver ciertos conflictos, en su aplicación actual, puede
provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares. iii)
cambios históricos frente a los que resulta irrazonable adherir a la
hermenéutica tradicional.
Esta posibilidad de desligarse razonada y fundadamente
de los precedentes ha sido además reconocida por esta Corporación en otros
pronunciamientos, en  los que se ha sostenido que buena parte de la eficacia de
un sistema respetuoso de los precedentes radica también, en la posibilidad “de
establecer un espacio de argumentación jurídica en el que el funcionario
judicial exponga razonadamente los motivos que lo llevan a insistir o cambiar
la jurisprudencia vigente, pues es él quien, frente a la realidad de las
circunstancias que analiza, y conocedor de la naturaleza de las normas que
debe aplicar, debe escoger la mejor forma de concretar la defensa  del
principio de justicia material que se predica de su labor.”[54]
(Se destaca).
El respeto a los precedentes entonces, no les  permite
a las autoridades judiciales desligarse inopinadamente de los antecedentes
dictados por sus superiores. De hecho, como el texto de la ley no siempre
resulta aplicable mecánicamente, y es el juez quien generalmente debe darle
coherencia a través de su interpretación normativa, su compromiso de integrar
el precedente es ineludible, salvo que mediante justificación debidamente
fundada, el operador decida apartarse de la posición fijada por la Corte, o
eventualmente, por su superior funcional. Ello puede ocurrir por ejemplo, cuando
los hechos en el proceso en estudio se hacen inaplicables al precedente concreto[55]
o cuando “elementos de juicio no considerados en su oportunidad, permiten
desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica”[56]
o ante un tránsito legislativo o un cambio en las disposiciones jurídicas
aplicables, circunstancias que pueden exigir una decisión fundada en otras
consideraciones jurídicas. Ante estas posibilidades, se exige que los
jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara y razonadamente, con una carga
argumentativa mayor, los fundamentos jurídicos que justifican su decisión[57].
(Se destaca)
Omitir esta carga en materia de precedente, acarreará
las consecuencias jurídicas propias de tal desconocimiento, es decir, verse
avocado a una eventual acción de tutela contra providencias judiciales o
cualquiera de los mecanismos constitucionales para hacer exigible la fuerza
preeminente de la Carta, por desconocimiento del precedente constitucional.[58]
La eficacia del principio de favorabilidad en el
tránsito normativo hacia el sistema penal acusatorio. Reiteración de
jurisprudencia
15. La Corte Constitucional a través de su Sala Plena
y de sus Salas de Revisión, se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre
la eficacia del principio de favorabilidad penal en relación con la entrada en
vigencia de la Ley 906 de 2004, y su instrumentación gradual en los diferentes
Distritos Judiciales. Las siguientes son las líneas más relevantes que ha
sentado al respecto:
(i)
El principio de
favorabilidad constituye un elemento fundamental del debido proceso que no
puede desconocerse bajo ninguna circunstancia. En tal sentido no cabe hacer
distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto
constitucional no establece diferencia alguna que autorice un trato diferente
para las normas procesales[59].
(ii)
El principio de
favorabilidad como parte integrante del cuerpo dogmático de la Constitución,
conserva pleno vigor y aplicabilidad respecto de la Ley 906 de 2004, no
obstante las normas de vigencia que ella consagra, orientadas a reafirmar el
principio general de irretroactividad de la ley penal, el cual no es excluyente
sino complementario de la favorabilidad. En tal sentido, reafirmó la aplicación
de la ley 906 de 2004, por vía de favorabilidad, a hechos acaecidos antes de su
vigencia[60].
(iii)
El principio de
favorabilidad conserva su vigor en todo el territorio nacional, no obstante el
método progresivo elegido para la implantación gradual del nuevo sistema.
Consideró la Corte que la determinación de unos parámetros de progresividad
para la puesta en marcha del sistema establecido en el A.L. No. 03 de 2002, en
manera alguna puede desconocer uno de los principios esenciales del debido
proceso en  el estado de derecho, como es el principio de favorabilidad penal.[61]
Así consideró que,”Una sana hermenéutica
constitucional conduce a que la aplicación gradual de ese sistema no contraríe
sino que armonice con el principio de favorabilidad.  Por ello, siempre que se
trate de situaciones específicas, susceptibles de identificarse no obstante la
mutación del régimen procesal, es posible que, de resultar ello más favorable,
las normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por
delitos cometidos antes de su entrada en vigencia y de su aplicación progresiva[62]”
(iv)  El principio de favorabilidad rige también
situaciones de coexistencia de regímenes legales distintos, siempre que
concurran los presupuestos materiales del principio de favorabilidad. Consideró
la Corte que  “[E]s ésta una perspectiva amparada por el contenido del
inciso 3° del artículo 29 de la Constitución que no introduce restricciones al
principio de favorabilidad en materia penal, el cual tiene como ámbito de
aplicación situaciones de tránsito normativo que pueden incorporar visiones de
política criminal o tratamientos legislativos más benignos respecto de
situaciones específicas. Esta comprensión además de reafirmar el profundo
sentido humanístico que inspira la favorabilidad en materia penal, reconoce las
particularidades que presenta el método de implementación del nuevo modelo
penal por el que ha optado el constituyente colombiano. Adicionalmente, promueve
la realización del principio de igualdad, frente al cual resultaría intolerable
la coexistencia injustificada de dos procedimientos que permitieran disímiles
tratamientos legales a supuestos de hecho iguales[63].
(v) La aplicación del principio de favorabilidad
reclama un estudio particularizado de cada caso, a fin de determinar el impacto
de las normas en conflicto sobre la situación del procesado. Como lo ha
señalado la Corte, (L)a aplicación del principio de favorabilidad  es un
asunto que atañe al examen de situaciones concretas  y por tanto,  es un asunto
precisamente de aplicación de la ley, por lo que corresponderá  a los
encargados de ello  atender el mandato imperativo del tercer inciso del
artículo 29 superior” [64].
Bajo estas reglas, establecidas por la Corte en
materia de favorabilidad penal a propósito de la ley 906 de 2004 que desarrolla
el sistema penal acusatorio, resolverá la Sala el asunto bajo examen.
Adicionalmente, advierte la  Sala que sobre la materia específica que este caso
plantea – la favorabilidad en materia de aceptación de cargos -  ya existe  precedente
jurisprudencial, procede la Corte a reseñar las líneas relevantes trazadas por
la Corporación.
El principio de favorabilidad frente a los mecanismos,
equiparables, de terminación anticipada del proceso.
16. En decisiones anteriores (T-091 de 2006  y T-797
de 2006)[65], esta Sala enfrentó un
problema similar al que se plantea en el presente asunto, relativo a si son
equiparables los mecanismos de terminación anticipada del proceso de (i)
sentencia anticipada (Art. 40 de la Ley 600 de 2000), y (ii) de allanamiento a
los cargos en la diligencia de formulación de imputación (Arts. 288.3, 293 y
351 Ley 906/04), a efecto de determinar si se cumplía con el supuesto material
para efectuar un juicio de favorabilidad.
Consideró la Corte que las formas de terminación
anticipada del proceso, por allanamiento a los cargos, son mecanismos que
presentan una amplia tradición en el ordenamiento jurídico colombiano. El nuevo
estatuto procesal penal (Ley 906/04), desde su perspectiva de sistema
acusatorio, consagra dos formas de terminación anticipada del proceso  que
conservan su propia individualidad estructural y dogmática: el allanamiento a
los cargos o aceptación unilateral de los mismos, y los preacuerdos y
negociaciones.
Luego de un estudio comparativo efectuado por la Sala
sobre la filosofía, naturaleza, características y objetivos de política
criminal, entre la sentencia anticipada del anterior sistema, y el allanamiento
a los cargos del nuevo, llegó a la conclusión que, no obstante ser figuras que
se inscriben en modelos distintos, constituyen instituciones análogas, con
regulaciones punitivas diversas, lo cual permite estructurar el supuesto
material para abordar un juicio concreto de favorabilidad.
Constató la Corte que entre la sentencia anticipada y
la aceptación unilateral de los cargos formulados en la diligencia de
imputación se presentan los siguientes elementos comunes: (i) Una y otra
responde a una naturaleza similar en cuanto representan formas de
terminación anticipada del proceso, que incorporan cometidos de política
criminal similares como son los de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la
administración de justicia, prescindiendo de etapas procesales que se
consideran innecesarias en virtud de la aceptación del procesado de los hechos
y su responsabilidad como autor o partícipe de los mismos, a cambio de una
rebaja punitiva; (ii) los dos institutos están precedidos de una
formulación de cargos, que los coloca en posibilidad de ejercer su derecho
de contradicción o renunciar a él; (iii) en los dos eventos debe existir
un control de legalidad por parte del juez orientado a que se preserven
las garantías fundamentales del procesado, entre ellas, a la espontaneidad de
su aceptación; (iv) en uno y otro evento, la aceptación unilateral de
los cargos conducen necesariamente a una sentencia condenatoria, que debe estar
fundada sobre el convencimiento acerca de la responsabilidad penal del
procesado; (v) las dos instituciones están mediadas por el principio de
publicidad; (vi) una y otra promueven el principio de la buena fe y la
lealtad procesal; (vii) los dos eventos comportan una confesión simple
del imputado o procesado; (viii) uno y otro instituto promueven la eficiencia
del sistema judicial[66].
Adicionalmente, consideró la Corte, que tanto la
sentencia anticipada como el allanamiento a los cargos demandan la asistencia
de defensor; una y  otra puede presentarse desde la vinculación formal del
procesado o imputado; en los dos eventos la aceptación de cargos constituye el
fundamento de la acusación o de la sentencia; frente a los dos institutos el
fallo es condenatorio y comporta una rebaja de pena; en ninguno de los dos
eventos es admisible la retractación; frente a los dos sucesos el juez de
conocimiento tiene como únicas opciones dictar sentencia o decretar la nulidad,
dependiendo de si se afectan o no garantías fundamentales; para efectos de la
concreción punitiva, en uno y otro evento el juez debe acudir al sistema de
cuartos[67] (T-091/06).
No obstante tales similitudes, la ley 600 de 2000
(Art. 40) contempla un descuento punitivo de la tercera parte de la
pena, cuando el procesado se acoge a sentencia anticipada en la fase de
investigación, (desde el momento de la indagatoria hasta antes de que quede
ejecutoriada la providencia de cierre de la investigación), en tanto que la ley
906 de 2004, prevé un descuento de hasta la mitad, para la aceptación de
los cargos que se produzca en la diligencia de  formulación de cargos.
17. Sobre la determinación de un criterio de
favorabilidad, en términos punitivos, a partir de la comparación de los dos
sistemas normativos en conflicto, señaló la Corte en el precedente que se
reseña:
“Si se observan aisladamente los rangos
punitivos establecidos en una y otra normatividad para el mismo supuesto, vale
decir el allanamiento a los cargos en el momento de su formulación: “una
tercera parte” (Ley 600/00) y “de hasta la mitad” (Ley
906/04) de la pena imponible, podría pensarse que no comportan favorabilidad
por cuanto una rebaja de “hasta la mitad” podría eventualmente ser
equivalente a “una tercera parte”[68].
Sin embargo, para determinar la
favorabilidad en abstracto, es preciso abordar el tema con una visión
sistemática, y de conjunto de los diferentes rangos de descuento punitivo que
la nueva normatividad establece, vinculando su magnitud a los estadios en que
se produce el allanamiento a los cargos: (i) una rebaja de hasta la mitad de la
pena imponible cuando el evento se produce en la audiencia de formulación de la
imputación (Arts. 288.3 en c.c. con el 351); (ii) una rebaja de hasta una
tercera parte de la pena a imponer, cuando el mismo evento se produce en
desarrollo de la audiencia preparatoria (Art. 356.); (iii) un descuento de una
sexta parte, cuando ocurre en el juicio oral (Art. 367 inc. 2°).  Cuanto más distante
se encuentre el proceso del juicio, el allanamiento genera un mayor
reconocimiento punitivo.
Advierte la Sala que, en los dos primeros
eventos, que establecen un descuento ponderado de “hasta la mitad” y de “hasta
la tercera parte”, las normas respectivas no contemplan un límite mínimo que
complemente el correspondiente rango. Ello no obsta para que una visión
sistemática y de conjunto de los tres niveles de descuento, permita establecer
que los extremos inferiores de los rangos están determinados por el límite
superior previsto para el descuento aplicable en la fase subsiguiente en que
éste procede, es decir que se encuentran recíprocamente delimitados, así,
(i)
El allanamiento en
la audiencia de formulación de imputación amerita un descuento de una tercera
parte, “hasta la mitad” de la pena.
(ii)
El allanamiento que
se produzca en la audiencia preparatoria genera un descuento de una sexta
parte, “hasta la tercera parte de la pena”.
(iii)
El allanamiento
producido al inicio del juicio oral, origina un descuento de “una sexta parte”[69]
de la pena. En este caso el legislador previó un descuento fijo”[70].
Para la Corte esta conformación de los rangos es compatible, no
solamente con una visión integrada de las normas que regulan la materia, sino
con el criterio de política criminal que subyace al instituto, consistente en
que el tratamiento punitivo más benigno es directamente proporcional al mayor
ahorro en recursos investigativos del Estado. Así, no sería razonable,
atendiendo los fines de la institución, prever el mismo descuento para quien
acepte los cargos en la audiencia de formulación, que para quien lo haga cuando
el proceso ya se encuentra más avanzado: en la audiencia preparatoria, o en el
juicio oral.
Al comparar, en abstracto, los dos sistemas de
descuento punitivo previstos en una y otra normatividad para el mismo supuesto
de hecho, consideró la Corte que resulta más permisivo el contemplado en la Ley
906/04, en cuanto permite un mayor rango de movilidad del aplicador para
determinar el descuento punitivo, particularmente en relación con quien se
allana en la diligencia de formulación de cargos.
18. Sin embargo, también consideró la Sala que el
impacto de esa regulación, sobre la pena, debe ser establecido en cada caso
concreto, correspondiendo al Juez competente, entrar a evaluar si conforme al
proceso de individualización de la pena efectuado en el caso particular, la
nueva norma tiene efectos favorables al sentenciado.
Al juez constitucional le corresponde establecer, en
casos como los analizados (en la T-091/06,en la T- 1211/05  y en el presente
fallo), si el juez penal (sea de ejecución de penas o de conocimiento) vulneró
derechos fundamentales por haberse negado a efectuar un juicio de
favorabilidad, correspondiendo a ése juez (al competente) asumir la tarea de
redosificación. Así lo señaló la Corte:
“En efecto, como la rebaja de pena por
aceptación de cargos debe deducirse luego de que el sentenciador ha calculado
la pena a imponer dentro de los márgenes del cuarto de movilidad que
corresponda y teniendo en cuenta los criterios de individualización
establecidos en el artículo 61.3 del Código Penal sustantivo, la determinación
de la rebaja de pena dentro de los límites mínimo y máximo de cada rango,
tendrá que calcularse atendiendo también los factores que tuvo en cuenta el
fallador para establecer el quantum punitivo[71]”
(T-091/06).
Esta opción además de ser respetuosa de la órbita
funcional del juez penal, deslinda el asunto constitucional  relacionado con la
eventual vulneración del debido proceso por la renuencia del funcionario a
efectuar un juicio de favorabilidad, en eventos en que concurren los
presupuestos para ello, del proceso mismo de redosificación de la pena.
De tal manera que, como ya lo estableció la Corte “para
determinar si se impone o no la aplicación retroactiva de la rebaja de pena
prevista en el Art.351 L.906/04, a procesos rituados bajo la Ley 600 de 2000,
en los cuales el procesado se hubiere acogido a sentencia anticipada, debe
efectuarse, en cada caso, el pronóstico de la rebaja ponderada que correspondería
aplicar conforme a los criterios que rigieron el proceso de individualización
de la pena impuesta, para establecer si en efecto la nueva opción resulta más
favorable al sentenciado que la aplicada conforme a la ley 600/00”[72].
Teniendo en cuenta este precedente procederá la Sala a
analizar el caso concreto.
El caso en concreto.
19. Procede la Sala a analizar si en el caso que se
pone a su consideración en la presente oportunidad : (i) concurren los
presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial;
(ii) existe un mecanismo judicial idóneo que excluya la procedibilidad
de la acción de tutela; (iii) concurre algunas causales especiales de
procedibilidad, en particular, la inobservancia del precedente jurisprudencial;
(iv) se configuran los presupuestos para la aplicación del principio de
favorabilidad penal cuando se han aceptado cargos mediante sentencia
anticipada.
Constatación de los requisitos generales y de las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisión
judicial :
Requisitos Generales
20. Las decisiones contra las cuales se instauró la
presente acción de tutela son los autos interlocutorios proferidos en
septiembre seis (6) de 2005 y marzo 22 de 2006, por el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, mediante los cuales se
resolvieron de manera adversa sendas solicitudes de readecuación de la pena
formuladas por el sentenciado, con fundamento en el principio de favorabilidad
y lo preceptuado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004.
Argumentó el juez en la primera providencia que para
la época de la solicitud el nuevo sistema penal no había sido implementado en
ese Distrito Judicial, y que no es posible aplicar favorabilidad en el asunto
planteado dado que la norma que se invoca alude a un instituto procesal nuevo,
sin parangón en el anterior sistema. En la segunda decisión la negativa se
funda en que los fallos de tutela sólo producen efectos inter partes y
en que existe jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción penal
ordinaria que establece que no es posible aplicar el principio de favorabilidad
a los institutos de la sentencia anticipada (ley 600/00) y el allanamiento a
los cargos (Ley 906/04), por tratarse de institutos con presupuestos procesales
y de hechos diversos.
21. Pues bien, atendidos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial (Fundamento 6)
encuentra la Sala que:
(i)
El asunto que se discute
involucra una materia de genuina relevancia constitucional, como es la
aplicación del principio constitucional de favorabilidad penal (Art. 29) en
relación con normas del nuevo proceso penal de tendencia acusatoria, aspecto
que forma parte del debido proceso y tiene evidente impacto sobre el derecho a
la libertad (Art.28 C.P). Adicionalmente plantea una problemática de
hermenéutica constitucional relativa a la jurisprudencia constitucional como
fuente de derecho, la autonomía judicial y el precedente constitucional, temas
de clara trascendencia sobre el derecho al acceso igualitario a la
administración de justicia (Arts. 13 y 229 C.P.).
(ii)
De otra parte el
demandante no cuenta con otro medio judicial alternativo de defensa de sus
derechos fundamentales que, atendidas las circunstancias específicas del caso,
pueda ser considerado eficaz, aspecto que por ser uno de los fundamentos
de la negativa a tutelar, se desarrollará en aparte independiente.
(iii) Asimismo teniendo en cuenta las fechas en que fueron expedidas las
decisiones que se impugnan por vía de tutela (septiembre 6 de 2005 y marzo 22
de 2006) no encuentra la Sala que se haya desconocido el principio de
inmediatez[73], tomando en
consideración que las decisiones de revisión expedidas por esta Corporación que
constituyen el sustento de la demanda, datan de 24 de noviembre de 2005 y 10 de
febrero de 2006.
(iv)  Se discute una materia de manifiesta naturaleza sustancial, en cuanto
incide en el derecho a libertad individual, y al acceso igualitario a la
administración de justicia.
(v)  Los
hechos que generan la vulneración que acusa el demandante se encuentran
perfectamente identificados en la demanda, y fueron alegados en la respectiva
instancia judicial en la que se evaluaron las solicitudes de redosificar la
pena del sentenciado, con base en la aplicación del art. 351 de la Ley 906/04,
en virtud del principio de favorabilidad.
(vi)
Por último no se pretende controvertir por esta vía una sentencia de tutela,
frente a la cual este mecanismo resulta improcedente.
Constata así la Sala que concurren los presupuestos
generales que conforme a su jurisprudencia la habilitan para ingresar en el
estudio de una tutela que controvierte decisiones judiciales. Particular
análisis demanda el requisito relativo a la inexistencia de mecanismo judicial
alterno para la defensa eficaz de los derechos fundamentales
comprometidos.
La inexistencia de mecanismo judicial eficaz,
atendidas las circunstancias del caso concreto
22. Tal como se señaló en el fundamento No. 9 de esta
sentencia, en eventos como el presente, en que el orden jurídico ofrece  otro
medio judicial  para la defensa de los derechos fundamentales que el
demandante  considera  vulnerados, corresponde al juez de tutela analizar si el
mismo presenta la idoneidad y eficacia para la plena protección de los derechos
fundamentales. El grado de eficacia del medio alterno debe apreciarse, en
atención a las circunstancias en que se encuentre el solicitante y a los
derechos fundamentales involucrados.
En efecto, tal como lo señalaron los jueces
constitucionales de primera y segunda instancia, el demandante contaba con otro
medio judicial de defensa para la protección de su derecho a la libertad y a la
aplicación de la ley más favorable, consistente en la impugnación, ante el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Popayán,  de las decisiones del Juez
Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad que le
habían negado el beneficio solicitado. No obstante tal mecanismo alterno de
defensa no fue analizado en su grado de eficacia concreta como lo exige  la
jurisprudencia. Para la Sala, la apelación de las señaladas decisiones puede
considerarse en abstracto, un medio idóneo para la defensa de los derechos
fundamentales que se consideran conculcados.  Sin embargo, atendidas las
circunstancias particulares del  actor, y la naturaleza de los derechos que se
invocan a través de la acción de tutela, advierte la Sala que tal mecanismo
ordinario se presenta como ineficaz e insuficiente.
Es ineficaz en concreto, por cuanto como se puede
constatar a través de piezas que forman parte del expediente el accionante se
encuentra privado de la libertad en la jurisdicción del Distrito Judicial de
Popayán, cuya máxima autoridad (El Tribunal Superior de Distrito) y quien
debería resolver la impugnación contra la decisión que le negó el beneficio, se
ha declarado contrario a la aplicación del principio de favorabilidad  en casos
similares[74]. Lo que permite inferir
una alta probabilidad de que ante una impugnación en sede ordinaria se aplique
el criterio ya expresado por esa Corporación al definir la acción de tutela,
oportunidad en la que se pronunció sobre el fondo del asunto, pese a haber
argumentado una causal de improcedencia de la acción de tutela consistente en
la existencia de otro mecanismo idóneo de defensa como era la impugnación del
auto, recurso que esa misma instancia debería resolver.
Pero adicionalmente, el medio alterno es insuficiente
por cuanto estaría enfocado a la protección de los derechos a la libertad y a
la aplicación de la ley penal más favorable. En la tutela se involucran otros
derechos que no podrían ser protegidos a través de una eventual impugnación de
la decisión que niega la readecuación de la pena, como son el derecho a la
igualdad de trato por parte de las autoridades públicas (Art. 13 C.P.), y  de
acceso igualitario a la administración de justicia (Art. 229 C.P.). La
ineficacia e insuficiencia del medio alterno de defensa, junto a la
concurrencia de los demás requisitos generales, permite continuar con el
análisis para abordar el tema relativo a las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra decisión judicial.
El desconocimiento del precedente constitucional como
causal de procedibilidad de la acción de tutela.
23. Conforme quedó establecido en el fundamento
jurídico No.7 de esta providencia, uno de los requisitos especiales para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, como control
excepcional de la actividad judicial, es el desconocimiento del precedente.
Esta causal se presenta, en eventos en que la Corte Constitucional ha
establecido el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance. Conviene destacar que el
precedente judicial, tal como se indicó, está conformado por una serie de
pronunciamientos que definen el alcance de los derechos fundamentales “mediante
interpretaciones pro homine, esto es, aplicando la interpretación que resulte
más favorable a la aplicación de los derechos fundamentales”[75]
(Se destaca)
En las sentencias T- 1211  de 2005, T- 091 de 2006 y
T-797 de 2006, proferidas por las Salas Novena y  Cuarta de Revisión, esta
Corte ha establecido un precedente constitucional aplicable al caso sometido a
revisión en esta oportunidad, consistente en hacer prevalecer la eficacia del
principio de favorabilidad previsto en el artículo 29 inciso 3° de la
Constitución, en relación con la aplicación retroactiva del artículo 351 de  la
Ley 906/04[76] (Código de procedimiento
penal acusatorio), que contempla una consecuencia punitiva más favorable, a
eventos en que el procesado se ha acogido a sentencia anticipada, (lo que
implica aceptación de cargos, Art. 40 de la Ley 600/00[77])
para obtener el descuento punitivo que tal precepto prevé.
Consideró la Sala, luego de un estudio comparativo
sobre la filosofía, naturaleza, características y objetivos de política
criminal, entre la sentencia anticipada del anterior sistema, y el allanamiento
a los cargos del nuevo que, no obstante ser figuras que se inscriben en modelos
distintos, constituyen instituciones análogas, con regulaciones punitivas
diversas, lo cual permite estructurar el supuesto material para abordar un
juicio concreto de favorabilidad.
24. En el caso bajo examen, el procesado Orlay Sánchez
se acogió a sentencia anticipada con fundamento en el artículo 40 de la Ley 600
de 2000, por lo que le fue reconocido un descuento de una tercera parte de la
pena. Invocada la favorabilidad ante el juez que vigila la ejecución de su
sentencia, para que le fuese aplicado retroactivamente el art. 351 del nuevo
estatuto procesal penal, el juez le negó la solicitud al considerar que  las
dos normas prevén supuestos de hecho no comparables. En sede de tutela los
jueces constitucionales, le negaron el beneficio por considerar que tienen su
propio precedente, fundado en una interpretación distinta  adversa a los
derechos fundamentales del actor.
El precedente establecido en sede de revisión de
fallos tutela era vinculante tanto para el juez acusado, como para los jueces
constitucionales de instancia por varias razones: (i) por que se
construyó en ejercicio de la facultad constitucional que se asigna a esta
Corporación (Art. 241.9) con el propósito de garantizar una interpretación
uniforme de la Carta; (ii)  por que la ratio decidendi de
las sentencias T-1211/05, T-091/06 y T.797/06, contiene una regla relacionada
con el caso sometido a su conocimiento, que servía para su resolución y no ha
sido modificada; (iii) por que los hechos relevantes de las sentencias
de la Corte plantean un punto de derecho semejante al del caso a resolver; y (iv)
por que el precedente constitucional establecido por la Corte define el
alcance del principio de  favorabilidad, en relación con el tratamiento
punitivo de la aceptación de cargos en uno y otro sistema, partiendo de una
interpretación pro homine, esto es aplicando la interpretación más
favorable  a los derechos fundamentales[78].
Y aunque el Juez Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán, sostiene en la providencia de marzo 22 de
2006, cuestionada por vía de tutela, que se aparta razonadamente del precedente
establecido en la sentencia T-1211 de 2005 de esta Corporación, no asume la
carga argumentativa que le plantea tal decisión orientada a “fundar
rigurosamente su posición y expresar razones contundentes para distanciarse
válidamente de los precedentes vinculantes. Dicha carga argumentativa
comprende demostrar que el precedente es contrario a la Constitución en todo o
en parte”[79]
. Tampoco se fundó en alguno de los otros eventos en que según la
jurisprudencia es posible apartase del precedente.[80]
Su argumentación se contrae a señalar “el efecto inter
partes” de los fallos de tutela, y el criterio interpretativo expuesto en
algunas decisiones de la jurisdicción penal ordinaria, sobre asuntos similares,
lo cual no satisface la exigente carga argumentativa que impone a un juez el
separarse del precedente constitucional. Sobre lo primero, su planteamiento es
erróneo dado que como lo ha sostenido esta Corporación en materia de tutela,
los efectos, en principio ínter partes del fallo de tutela,  pueden
llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional[81].
La ratio decidendi de los fallos de tutela sí constituye un precedente
vinculante para las autoridades. La razón principal de esta afirmación se
deriva del reconocimiento de la función que cumple la Corte Constitucional en
los casos concretos, que no es  otra que la de homogenizar la interpretación
constitucional de los derechos fundamentales, a través del mecanismo
constitucional de revisión de las sentencias de tutela (Art. 241 de la C.P.).
Sobre lo segundo, conviene reiterar que la función de unificación
jurisprudencial en materia de tutela le ha sido asignada a esta Corporación,
por la vía del mecanismo de la revisión eventual, el cual comprende el control
constitucional (excepcional) de la actividad judicial.[82]
Así, el juez acusado se separa deliberadamente del
precedente constitucional, sin que aporte las razones por las cuales, en el
caso concreto,  no le resultaba aplicable para la resolución adecuada del
mismo, la ratio decidendi establecida, para casos análogos, en las
sentencias T-1211 de 2005 y T-091 de 2006 (luego reiterada en la T-797 de
2006). Tratándose de un asunto de favorabilidad que involucra en su esencia un
componente pro homine en la aplicación de la Ley, y de controvertir un
precedente construido en sede de revisión de fallos de tutela, le era exigible
al juez acusado demostrar por qué la opción interpretativa que acogió le
resultaba más aceptable, desde el punto de vista de la realización de la
justicia material, del deber de protección de los derechos fundamentales que la
Carta le impone, y del principio de supremacía de la Constitución que obliga a
todos los jueces a interpretar el derecho de manera compatible con la
Constitución.
Debe recordar la Sala que al juez de la causa le
corresponde fijar el alcance de la norma que aplica, pero no puede hacerlo en
oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que
debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente
acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta Política.[83]
Encuentra así la Sala que se configura la causal
específica de desconocimiento del precedente para proceder a evaluar el asunto
de fondo que plantea la acción de tutela bajo revisión.
Análisis de los presupuestos para la aplicación del
principio de favorabilidad penal en el caso concreto
25. El demandante Orlay Sánchez fue condenado mediante
sentencia de agosto 23 de 2004, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado
de Popayán, a la pena de 16 años de prisión.  Por haberse acogido a sentencia
anticipada (aceptación de cargos)  conforme a lo previsto en el artículo 40 del
C. de P.P. se le reconoció una tercera parte de la pena, quedando ésta en 10
años y ocho meses de prisión. Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004,
particularmente del artículo 351 de ese estatuto que contempla una rebaja
punitiva de “hasta la mitad” para el procesado que “acepte los cargos”
determinados en la audiencia de formulación de imputación, ha solicitado la
aplicación, por favorabilidad, de esta última disposición. Esta petición  le ha
sido negada por el juez que vigila la ejecución de su sentencia y por los
jueces constitucionales que conocieron de la acción de tutela, en razón a que
no se configura el supuesto material para la aplicación de este principio.
26. Advierte la Corte que el supuesto fáctico del
asunto bajo examen, coincide en lo fundamental con los hechos relevantes de los
casos estudiados por esta Corporación en las sentencias T-1211 de 2005[84],
T-091 de 2006[85] y T-797 de 2006[86],
en los que la Sala Cuarta de Revisión decidió conceder la tutela a los
condenados que, por similares razones, habían acudido a este mecanismo para la
protección a sus derechos al debido proceso  - aplicación de la ley penal más favorable
- a la libertad y al acceso igualitario a la administración de justicia.
La ratio decidendi a partir de la cual se
construye el precedente sentado en las mencionadas decisiones, consiste en que:
“Al comparar en abstracto, los dos sistemas de descuento punitivos previstos
en una y otra normatividad (Art. 40 Ley 600/00 y Art. 351 Ley 906/04) para
el mismo supuesto de hecho (la aceptación de cargos en la fase de
investigación) consideró la Corte que resulta más permisivo el contemplado
en la Ley 906/04, en cuanto permite un mayor rango de movilidad del aplicador
para determinar el descuento punitivo, particularmente en relación  con quien
se allana en la diligencia reformulación de cargos”.
Esta conclusión parte de una minuciosa evaluación
previa orientada a determinar la naturaleza análoga de los supuestos de hecho
que regulan las dos normas (aceptación de cargos en la sentencia anticipada, y
aceptación de cargos en la diligencia de imputación), que sin embargo genera
consecuencias punitivas diversas, lo que impone la aplicación del principio
constitucional de la favorabilidad en materia penal prevista en el inciso 3°
del artículo 29 de la Carta.
27. También estableció la Corte en las citadas
decisiones, que si bien corresponde al juez constitucional determinar la
eventual vulneración de los derechos fundamentales por desconocimiento del
principio de favorabilidad , es al juez de conocimiento (en este caso el juez
que vigila la ejecución de la sentencia) a quien compete emprender la tarea de
redosificación de la pena teniendo en cuenta los  criterios legales de
individualización establecidos para el efecto, así como los factores que tuvo
en cuenta para la dosificación el juez que impuso la condena.
28. En conclusión, dado  que (i) los hechos
relevantes que definen el caso objeto de este fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcaron las decisiones T-1211 de 2006, T-091 de 2006
y T- 797 de 2006; (ii) que la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos de los casos pasados, constituyen la pretensión del caso presente; y (iii)
que la regla jurisprudencial no ha sido modificada,[87]
en guarda del  principio de igualdad la Corte reiterará el precedente
establecido en las mencionadas decisiones y tutelará los derechos fundamentales
del demandante Orlay Sánchez, ordenando al Juez Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán, que proceda a resolver nuevamente la solicitud
de readecuación de la pena instaurada por el demandante, a la que se refiere su
auto interlocutorio No. 182 de marzo 22 de 2006, teniendo en cuenta las normas
aplicables en virtud del principio de favorabilidad penal en los términos
establecidos en esta sentencia.
III. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR los fallos proferidos por las Salas de decisión de
tutela de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el treinta
y uno (31) de octubre de 2006, y del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Popayán el veintiocho (28) de agosto de 2006 que negaron la acción tutela
interpuesta por Orlay Sánchez, y en su lugar CONCEDER la tutela al
debido proceso y a la igualdad del demandante.
Segundo.  ORDENAR AL Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán que proceda, dentro del término de cinco (5) días contados
a partir de la notificación de esta providencia, a resolver la solicitud de
readecuación punitiva formulada por Orlay Sánchez (Rad. No.6894-2) , teniendo
en cuenta las normas aplicables en virtud del principio de favoravilidad penal,
conforme a las consideraciones de esta sentencia.
Tercero: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
[1]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[2]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[3] Se refiere a
providencia del Tribunal Superior de Popayán, Sala Penal, M.P. Juan Manuel
Iguarán Mendoza que, a solicitud del Ministerio Público, revocó decisión del
Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  en la cual se  había
dado aplicación al principio de favorabilidad.
[4] Entre otros,
cita el fallo
de tutela de febrero 7 de 2006.
[5] Sin
mencionarlo explícitamente transcribe los eventos establecidos por la Sala
Plena en sentencia C-590 de 2005.
[6]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[7]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[8] M.P.
Jorge Luis Quintero Milanés.
[9] M.P.
Mauro Solarte Portilla.
[10] Al respecto se pueden consultar las
sentencias T- 516 de 2006 y T-548 de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto, se hace
un recuento actualizado de esta evolución.
[11] Así se expresó la Corte en aquel momento: “(…) nada obsta para que por
la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
[12] “Una decisión de la autoridad no es constitucional
solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones del cargo.
Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP art. 13), principio que
le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata de un verdadero
límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores públicos, quienes, en
el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y aplicar arbitrariamente
las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho y pasar a patrocinar
simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al Estado de Derecho que
les da su legitimidad[12].”
[13]
Corte constitucional. Sentencia T-839 de 2005.
[14]
Corte Constitucional. Sentencia SU-640 de 1998; SU 168 de 1999; C-590 de 2005.
[15] En sentencia T-231 de
1994 se establecieron cuáles eran los defectos que hacían posible la
procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales por configurar vías de hecho. Dicho fallo estableció que estos
defectos eran: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que tiene lugar cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y, (iv) defecto procedimental que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen
del procedimiento establecido.  En sentencia T-327 de 1994, la Corte precisó
los requisitos que deben ser verificados en cada caso concreto a fin de
determinar la procedencia de la tutela contra una actuación judicial. Estos
deben ser, de conformidad con la jurisprudencia: (i) que la conducta del juez
carezca de fundamento legal;
(ii) que la actuación obedezca a la voluntad subjetiva de la autoridad
judicial; (iii) que conlleve la vulneración grave de los derechos
fundamentales; y, (iv) que no exista otro mecanismo de defensa judicial, o que
de existir, la tutela sea interpuesta como mecanismo transitorio a fin de
evitar un perjuicio
irremediable; o que, de la valoración hecha por el juez constitucional surja
que el otro mecanismo de defensa no es eficaz para la protección del derecho
fundamental vulnerado o amenazado (Ver T-951 y T-1216/05). Posteriormente, en
sentencia T-462 de 2003 se elaboró una clara clasificación de las causales de
procedibilidad de la acción. En dicho fallo, la Sala Séptima de Revisión indicó
que este mecanismo constitucional resulta procedente únicamente en aquellos
casos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean
afectados los derechos fundamentales al verificar la ocurrencia de uno de los
siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii)
defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v)
violación directa de la Constitución y, (vi) desconocimiento del precedente.
[16]
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[17] En
esta oportunidad la Sala reitera la sentencia  C-590 de 2005.
[18]
Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2004.
[19]
Esta clasificación se estableció a partir de la sentencia T-441 de 2003,
reiterada en las sentencias T-    461 de 2003, T-589 de 2003, T-606 de 2004,
T-698 de 2004, T-690 de 2005, entre otras.
[20]
Ver sentencia SU-014 de 2001.
[21]
Sentencias T-516 de 2006 y T- 548 de 2006.
[22]
Sentencia T- 158 de 2006.
[23] Al
respecto pueden consultarse las sentencias SU-1184 de 200, T-522 de 2001 y T-1265
de 2000.
[24]
Sentencia T-933 de 2003, entre otras.
[25] En
la sentencia SU- 1070 de 2003 la Sala Plena resumió la procedencia de la tutela
cuando existen medios judiciales alternativos.
[26]
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 dispone que “La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
[27]
Corte Constitucional. Sentencia SU-544-01, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[28]
“[E]sta Corporación ha considerado desde sus primeras decisiones que el
perjuicio irremediable consiste en un riesgo inminente que se produce de manera
cierta y evidente sobre un derecho fundamental, que de ocurrir no existirá
forma de reparar el daño. La gravedad de los hechos debe ser de tal magnitud
que haga impostergable la tutela como mecanismo de protección inmediata de los
derechos; además, debe resultar urgente la medida de protección para que el
sujeto supere la condición de amenaza en que se encuentra. (Al respecto se
pueden consultar las sentencias 225 de 1993, MP, Vladimiro Naranjo Mesa; SU-
086 de 1999, MP, José Gregorio Hernández Galindo; SU- 544 de 2001, MP, Eduardo
Motelegre Lynett; T-599 de 2002, MP, Manuel José Cepeda Espinosa; más
recientemente un completo desarrollo del tema en la T-1225 de 2004, MP. Manuel
José Cepeda Espinosa).
[29]
Sentencia SU- 1219 de 2001, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[30] La ratio decidendi es la razón, principio o regla usada para la
resolución de un caso particular. En la sentencia SU-1219 de 2001 señaló la
Corte que  la “ratio decidendi de las sentencias, es la parte de ellas que
tiene la capacidad de proyectarse más allá del caso concreto”, y que “integra
la norma constitucional y adquiere fuerza vinculante al ser parte del derecho a
cuyo imperio están sometidas todas las autoridades en un Estado Social de
Derecho”, en virtud de los principios de igualdad, de seguridad jurídica, de
confianza legítima, y de la supremacía de la Constitución.  Por lo que puede
ser considerada una fuente formal de derecho. En el mismo sentido se pronunció
la sentencia SU-1300 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), que también
concluyó que los precedentes constitucionales, tienen un carácter vinculante,
que los hace fuente formales, bajo tales consideraciones jurídicas.
[31] En la sentencia T-399 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
se observó respecto del tema de la igualdad lo siguiente: “El juez constitucional
no se puede convertir en otro agente generador de conductas discriminatorias, a
través de la aplicación del Derecho, pues si ya el máximo intérprete de la
Carta ha fijado los criterios en virtud de los cuales se debe resolver un caso
concreto, no pueden los jueces de instancia contravenir la doctrina si el caso
que se somete a su estudio es idéntico, pues ello implicaría otra forma de
violación del artículo 13 constitucional y la desarticulación del sistema”. En
las sentencias T-603 de 1999; T-610 de 1999 y T-611 de 1999, todas del M.P.
Carlos Gaviria Díaz, se dijo frente al tema de la igualdad, lo siguiente: “La
labor de reiteración, es fundamental para garantizar el derecho a la igualdad
de personas que acuden a la acción de tutela, con la esperanza de obtener el
mismo tratamiento que los jueces de constitucionalidad han brindado en casos
semejantes, y que la jurisprudencia de la Corte se ha encargado de unificar.”
[32]
Sentencia C-104 de 1993, M.P., Alejandro Martínez Caballero.
[33] En el tema de los efectos extendidos de
las sentencias de tutela, deben citarse, entre otras, las siguientes
providencias:  SU-1023 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-203 de 2002
(M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández) y T-726 de 2005 (M.P.Manuel José Cepeda Espinosa), entre otras. En
la sentencia T-203 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), se sostuvo que
en virtud del artículo 241 de la Carta, la Corte Constitucional ejerce cuatro
tipos de control constitucional: a) El control abstracto de normas contenidas
en actos legislativos, leyes, decretos con fuerza de ley, decretos
legislativos, proyetos de ley y tratados (artículo 21 numerales 1,4,5,7,8 y 10
C.P). b) El control por vía de revisión de las sentencias de tutela y que
comprende el control constitucional de providencias judiciales; c) “el control
por vía excepcional en el curso de un proceso concreto mediante la aplicación
preferente de la Constitución (artículo 4, CP)” y d) el control de los
mecanismos de participación ciudadana en sus diversas manifestaciones (artículo
241, No 2 y 3, CP)[33].
Señaló la sentencia que se cita, que “los efectos son erga omnes y pro -
futuro cuando controla normas en abstracto; son inter partes cuando
decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera
preferente la Constitución en el curso de un proceso concreto; y son erga
omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación
ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte
han de ser los anteriormente señalados”.  (Las subrayas fuera del original). De
hecho en el Auto 071 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se dijo que
cuando la Corte aplica la excepción de inconstitucionalidad y fija los efectos
de sus providencias estos pueden extenderse respecto de todos los casos
semejantes, es decir inter pares. Finalmente debe considerarse la
sentencia SU-1023 de 2001, que estableció que en circunstancias muy especiales,
con el fin de no discriminar entre tutelantes y no tutelantes que han visto
violados sus derechos fundamentales, los efectos de la acción de tutela pueden
extenderse inter comunis es decir, extenderse a una comunidad determinada
por unas características específicas. En las sentencias SU-388 de 2005 (M.P.
Clara Inés Vargas Hernández) y
T-493 de 2005 (MP. Manuel José
Cepeda Espinosa) igualmente, se estableció que los efectos de la sentencia de
unificación serían inter comunis para madres cabeza de familia desvinculadas de
Telecom.
[34]
Ver, además la sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez.
[35] Sentencia SU- 640 de
1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[36]
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37]
Sentencia  T- 292 de 2006, M.P.,  Manuel José Cepeda Espinosa.
[38] Al respecto debe
recordarse lo señalado en el capítulo anterior en lo concerniente a las
sentencia C-037 de 1996 y SU- 640 de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz. Recientemente las sentencias SU-1219 de 2001. M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa y SU-1300 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra,
han abordado el  tema  con  profundidad; así mismo las Sentencias C-674 de
1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero y Álvaro Tafur Galvis. Sentencias;
T-937/99 M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-961/00 M.P. Alfredo Beltrán Sierra;
T-1003/00 M.P. Álvaro Tafur Galvis entre otras.
[39]
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[40] Sentencia SU-640 de 1998.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[41] En
la sentencia C-037 de 1996, M.P., Vladimiro Naranjo, se declaró la
constitucionalidad condicionada del numeral 2° del artículo 48 de la Ley 270 de
1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia). Esta norma señala que “las
decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes” y “su motivación sólo
constituye criterio auxiliar para los jueces”. Al declarar la exequibilidad
condicionada de esta norma la Corte Constitucional hizo la siguiente precisión:
“”[L]as sentencias de revisión de la Corte Constitucional en las que se
precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como
criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden
apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de
manera suficiente y adecuada, el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de
infringir el principio de igualdad”. (Las subrayas fuera del original.
[42]
También en el caso de las sentencias de constitucionalidad, en virtud del
inciso 1 del artículo 21 del decreto 2067 de 1991.
[43] Sentencia
C-836 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil y Sentencia SU-047 de 1999 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero).
[44] Sentencias
C-836 de 2001 M.P.
Rodrigo Escobar Gil  y T-698 de 2004 entre otras.
[45] Sentencia
SU-1219 de 2001. y T- 292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[46]
Sentencia T-566 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[47] Sentencia T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. En la
sentencia que se cita se dijo que: “Se encuentra el principio de supremacía de
la Constitución respecto de toda norma jurídica (art. 4 de la Carta), que
obliga a todos los jueces a interpretar el derecho de manera compatible con la
Constitución. Esta restricción supone, en armonía con el artículo 241 de la
Carta, el absoluto sometimiento a la jurisprudencia constitucional y sus
precedentes y, en armonía con el artículo 2 de la Constitución, el deber de
interpretar los mandatos legales o infralegales de manera tal que se garantice
la efectividad de los derechos, deberes y principios de la Constitución.
Además, en determinados puntos específicos, la Carta establece criterios o
principios de interpretación, como ocurre en materia laboral”.
[48]
Sentencia SU-640 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[49]
Corte Constitucional. Sentencia T-688 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[50] Corte
Constitucional. Sentencia T-698 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[51]
Sentencia T- 292 de 2006, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[52] En
esta oportunidad esta Sala no se pronunciará sobre  el alcance concreto de la
carga argumentativa necesaria  para la separación de un precedente, por no ser
pertinente para el propósito de esta sentencia.
[53]
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[54] Sentencia
C-252 de 2001. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[55]
Sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez. Ver también T-566 de 1998
y T-569 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[56]
Sentencia T-1625 de 2000 M.P. Martha Sáchica Méndez. Ver también T-566 de 1998
y T-569 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[57]
Sentencia T-678 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[58] La sentencia
C-731 de 2001, M.P., Álvaro Tafur Galvis reconoce en este sentido que: “No sólo
los fallos emitidos para decidir las acciones públicas de constitucionalidad y
de nulidad por inconstitucionalidad, con alcance de cosa juzgada abstracta y
por ende con efectos generales, y otras declaraciones con igual contenido y
naturaleza -revisión previa y control automático-; sino también las decisiones
con efectos inter partes emitidas ya sea por esta Corporación, en ejercicio de
la revisión constitucional de las decisiones de instancia que resuelven las
peticiones de amparo, o por los jueces y corporaciones judiciales en todas sus
decisiones, en especial cuando deciden inaplicar normas por contrariar
disposiciones constitucionales, son los mecanismos constitucionalmente
habilitados para hacer efectiva la supremacía constitucional y hacer extensivos
sus preceptos en todos los ámbitos del acontecer nacional”.
[59]
Ver entre otras   las Sentencias  C-252/2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-200/02
M.P. Álvaro Tafur Galvis,   C-922/01 y T-272/05 M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.  El inciso 2° del artículo 6° de la Ley 906 de 2004, recoge esta
concepción.
[60]
Sentencias C-1092 de 2003 y C-252 de 2005, las cuales se pronunciaron sobre la
exequibilidad del artículo 5° transitorio del A.L. No. 03 de 2002, y en el
inciso 3° del artículo 6° de la Ley 906/04. Criterios ratificados en la
sentencia T-091 de 2006.
[61] Sentencias
C-873 de 2003; C- 1092 de 2003; C- 801 de 2005; sentencia T-091 de 2006.
[62]
C-801 de 2005.
[63]
Sentencia T-091 de 2006. Ver en este sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Penal,  autos de mayo 4 de 2005, MM.PP. Yesid Ramírez Bastidas y
Marina Pulido de Barón. En auto de julio 19 de 2005. Radicación
23910, la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia reitera, en forma
ampliada, su postura mayoritaria sobre la aplicación del principio de
favorabilidad respecto de tránsitos normativos que comporten no solamente “sucesión
de leyes en el tiempo”, sino coexistencia de regímenes diversos.
[64] Sentencia
C-200 de 2002 . En esta sentencia se estudió la constitucionalidad de los
artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887. En la  C-592 de 2005 se reiteró este
criterio.
[65] En
ambos casos, M.P., Jaime Córdoba Triviño.
[66]
Cfr. Corte Constitucional sentencia T-091 de 2006.Fundamentos 19 y 20.
[67] El
artículo 3° de la Ley 890 de 2004, por la cual se modificó el código penal
establece: “El artículo 61 del código penal tendrá un inciso final así: El
sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se lleven a
cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y la defensa”.
[68] El artículo 40.4 de la Ley 600 de 2000 establece que “el juez
dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una
disminución de una tercera parte de ella por razón de haber aceptado el
procesado su responsabilidad”. Por su parte el artículo 288.3, de la
nueva normatividad, que para efectos de punibilidad remite al 351, establece
que “La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación
de imputación, comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible…”.
(Subrayas fuera del original)
[69]En auto A-152 de 2006, la Sala Cuarta de Revisión, advirtió que se
había incurrido en una trascripción imprecisa del artículo 367, por lo que
dispuso “ CORREGIR la expresión “la tercera parte” contenida en la página 24
ordinal (iii), línea 17, de la sentencia T-091 de 2006, a fin de que se
consigne la expresión “una sexta parte” conforme al contenido del inciso 2° del
artículo 367 de la Ley 906 de 2004”.
[70]
Sentencia T-091 de 2006.
[71]
Esos factores son la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o
potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la
punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa
concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el
caso concreto, en la tentativa el mayor o menor grado de aproximación al
momento consumativo, y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de
la contribución o ayuda (Art. 61 CP).
[72]
Ver T- 091 de 2006.
[73] La Corte Constitucional en otras oportunidades
ha fijado la regla según la cual la tutela debe interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad del término no se ha establecido a priori, sino que
serán las circunstancias del caso concreto las que la determinen. Sin embargo,
se ha indicado que deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la
razonabilidad del término: 1) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes; 2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y 3) si existe
un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de
los derechos de los interesados” .En este sentido se pueden consultar, entre
otras,  las sentencias SU-961 de 1997, T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T- 1140
de 2005 y T-951 de 2005.
[74] En
auto interlocutorio 885 de septiembre 6 de 2005, el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán , cita decisión anterior
del Tribunal Superior de Popayán  (M.P. Juan Manuel Iguarán Mendoza) que revocó
decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que
sí había reconocido el beneficio. La misma decisión de tutela proferida en
primera instancia por el Tribunal Superior de Popayán, y que se funda en  la ineficacia
del principio de favorabilidad  frente al art. 351 de la Ley 906/04, advierte
sobre el posible sentido de una impugnación de las decisiones controvertidas.
[75]
Sentencias T-516 de 2006 y T-548 de 2006, M.P., Humberto Sierra Porto.
[76]
Este precepto prevé que la aceptación de cargos determinados en la audiencia de
formulación de la imputación, comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena
imponible.
[77]
Esta norma prevé un descuento punitivo de una tercera parte de la pena , sobre
el monto que determine como imponible, para aquellos eventos en que el
procesado se acoge a  sentencia anticipada durante la fase de investigación
(desde la diligencia de indagatoria y hasta antes de que quede ejecutoriada la
resolución de cierre de la investigación).
[78] En
la sentencia SU-1185 de 2001 se dijo lo siguiente respecto a la interpretación
vinculante de la Constitución y el deber de las autoridades frente a ellas. “Es
cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que
aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos
constitucionales, de manera que debiendo seleccionar entre dos o más
entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquel que en todo se ajuste a
la Carta Política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades
judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces
comprender en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan
un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas” (M.P. Rodrigo
Escobar Gil).
[79] Sentencia
T-292 de 2006
[80] Ello puede ocurrir por ejemplo, cuando los hechos en el proceso en
estudio se hacen inaplicables al precedente concreto o cuando “elementos de
juicio no considerados en su oportunidad, permiten desarrollar de manera más
coherente o armónica la institución jurídica” o ante un tránsito legislativo o
un cambio en las disposiciones jurídicas aplicables, circunstancias que pueden
exigir una decisión fundada en otras consideraciones jurídicas. Ante estas
posibilidades, se exige que los jueces, en caso de apartarse, manifiesten clara
y razonadamente, con una carga argumentativa[80]
mayor, los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.  (Cfr. T-292 de
2006).
[81] Sentencias
SU–1023 de 2001, M.P., Jaime Córdoba Triviño; T-203 de 2002. M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa; SU-388 de 2005, M.P., Clara Inés Vargas Hernández; T-292 y
T-726 de 2005, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[82] Sentencias
T-203 de 2002, M.P., Manuel José Cepeda Espinosa.
[83]
Sentencia SU- 1185 de 2001, M.P., Rodrigo Escobar Gil.
[84] En
esta sentencia la Corte tuteló el derecho fundamental al debido proceso –
favorabilidad - de una persona condenada a prisión por el Juzgado Sexto Penal
del Circuito Especializado de Neiva, dentro de un proceso en el que se había
acogido a sentencia anticipada. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Neiva le revocó la  decisión redosificación de su condena que con fundamento en
la aplicación, por favorabilidad, del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, le
había sido concedida en primera instancia por el Juzgado de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad.
[85] En
esta sentencia la Corte tuteló el derecho fundamental al debido proceso de una
persona que había sido condenada a pena de prisión dentro de un proceso en el
cual se había acogido a sentencia anticipada con fundamento en el artículo 40
de la Ley 600 de 2000. Una vez entró en vigencia la ley 906 de 2004  solicitó
la redosificación punitiva, invocando la aplicación retroactiva, pro
favorabilidad, del artículo 351 de ese estatuto. El Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira le negó el beneficio,
decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese
Distrito Judicial.
[86] En esta sentencia la Corte tuteló los derechos
fundamentales al debido proceso (favorabilidad) y a la igualdad del demandante,
quien en dos procesos (acumulados), se acogió en la fase de investigación a
sentencia anticipada, mediante la aceptación de los cargos formulados, conforme
lo prevé el artículo 40 de la Ley 600 de 2000. El  sentenciado presentó ante el
Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional una solicitud de redosificación
de la pena impuesta, invocando los principios de igualdad y favorabilidad, en
virtud de la regulación que contempla la Ley 906 de 2004 (Art. 351) sobre
consecuencias punitivas de la aceptación de cargos. En decisión de mayo 3 de
2005 la solicitud le fue negada.
[87] Cfr.
Sentencia T-158 de 2006.