T-009-18
Sentencia
T-009/18
RESGUARDO
INDIGENA WAYUU DE LOMAMATO-Conformación,
usos y costumbres
AUTONOMIA
POLITICA DE COMUNIDAD INDIGENA-Conflicto
de representatividad al interior del resguardo indígena de Lomamato
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL EN TUTELA-Configuración
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el juez, con el fin de
arribar a la conclusión de que una demanda de tutela vulnera el principio de
cosa juzgada, debe verificar que concurran las siguientes tres hipótesis: “(i) que se adelante un nuevo
proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo
proceso exista identidad jurídica de las partes; (iii) que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el
nuevo proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir,
por los mismos hechos”.
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Efectos
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por cargos distintos
COMUNIDADES INDIGENAS-Legitimación por activa en los casos que reclaman protección de sus
derechos fundamentales por medio de acción de tutela
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE
AUTONOMIA POLITICA DE COMUNIDAD INDIGENA-Procedencia
En temas de representatividad y acciones de tutela interpuestas para
lograr la protección de los derechos a la representación política, igualdad,
debido proceso y autonomía de comunidades indígenas la Corte ha señalado que no
existe acción electoral alguna que permita dilucidar los asuntos relacionados
con el derecho político a elegir y ser elegido. Adicionalmente, ha precisado
que muchas veces las autoridades indígenas se encuentran inmersas en el
conflicto, por lo que no es posible resolver tales asuntos al interior de la
comunidad. Es por esto que, la acción de tutela es el mecanismo conducente para
proteger los derechos invocados por los peticionarios, y más aún cuando la violación
se imputa a una autoridad estatal.
DERECHO A LA IGUALDAD DE COMUNIDAD
INDIGENA-Procedencia
de tutela para solicitar extensión de programas estatales desarrollados con
ocasión del cumplimiento de medidas cautelares decretadas por la CIDH
Evidencia la Corte que la tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para
estudiar la solicitud presentada, en tanto no existe otro medio judicial que
pueda resolver lo pretendido, es decir, extender las medidas de protección de
derechos de una resolución de un órgano internacional cuasi-jurisdiccional.
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas generales
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Inaplicación cuando violación de derechos
persiste en el tiempo
DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Protección
constitucional
DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL-Instrumentos jurídicos internacionales de
protección
IDENTIDAD ETNICA-Concepto y alcance
DERECHO A LA AUTONOMIA INDIGENA-Ámbitos de protección
La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que la autonomía
de los pueblos indígenas se garantiza en tres ámbitos de protección, a
saber: (i) ámbito
externo, conforme al cual se reconoce el derecho de las comunidades a
participar en las decisiones que los afectan (consulta previa), (ii) participación política de
las comunidades, en el Congreso y, (iii) ámbito de orden interno, el cual se relaciona con las
formas de autogobierno y autodeterminación al interior de las comunidades
indígenas. Respecto de este último ámbito de protección, la Corte ha señalado
que implica (i) el
derecho de las comunidades a decidir su forma de gobierno, (ii) el derecho a ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y, (iii) el pleno ejercicio del derecho
de propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la
Constitución y la ley.
PRINCIPIO DE AUTONOMIA DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS-Derecho de
gobernarse por autoridades propias
DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS-Autonomía política y autogobierno
DERECHO A LA AUTONOMIA POLITICA DE
COMUNIDAD INDIGENA-Prohibición de intervención estatal, salvo
casos en que se verifique vulneración de derechos fundamentales
De acuerdo
con la Constitución y la ley, en primera instancia, compete a las comunidades
indígenas conseguir el ejercicio debido de los derechos políticos de sus
integrantes, así como la responsabilidad y eficacia del gobierno. No obstante,
en caso de que se verifique la imposibilidad de la Comunidad para resolver sus
problemas, es procedente que se haga, en primera medida, un acompañamiento por
parte de la autoridad competente, en la actualidad la DAIRM, entidad que debe
generar espacio de concertación y diálogo tendiente a solucionar el conflicto,
atendiendo a los usos y costumbres de las comunidades étnicamente
diferenciadas. Posteriormente, si se llega a verificar que la situación es
externa y genera intensas lesiones a los derechos fundamentales, las
autoridades estatales están compelidas a tomar medidas, que se enmarquen en la
Constitución, la ley, y tenga en cuenta los elementos propios de la identidad
de la comunidad, en favor de los miembros de pueblos indígenas cuando la falta
de solución de los conflictos de representatividad, genere un menoscabo de los
derechos fundamentales de las personas.
DERECHO A LA AUTONOMIA POLITICA DE
COMUNIDAD INDIGENA-No vulneración por negativa de entidades de
registrar y posesionar a accionante como representante legal del Resguardo, por
cuanto elección no se considera válida
De acuerdo con los estatutos del
Resguardo de Lomamato, el cabildo gobernador es elegido por la totalidad de
autoridades claniles que lo conforman, situación que como lo han sostenido
algunos miembros de la comunidad y lo puso de presente la DAIRM, no se dio en
la elección del accionante, razón por la cual la elección no puede considerarse
válida, pues lo contrario sería ir en contravía de los usos y costumbres de la
comunidad. Además, se
evidencia que persiste el conflicto de representatividad generado entre las
distintas comunidades que integran el resguardo, lo cual impide que el Ministerio
del Interior-DAIRM realice el registro del accionante como representante legal
de Lomamato. En este entendido, concluye la Sala que ni la Alcaldía ni la DAIRM
vulneraron los derechos fundamentales al autogobierno, a la autonomía política
y a elegir y ser elegido de los peticionarios. Ello,
con fundamento en que en situaciones en las que la amenaza a los derechos
fundamentales y colectivos de una comunidad indígena o su violación se ciernen
sobre ellos, las autoridades no pueden ser indiferentes a esta circunstancia.
Entonces, evidencia la Sala que la omisión de registro por parte de la DAIRM y
la negativa de la Alcaldía de posesionar al accionante, no conculcan los
derechos de la Comunidad de Lomamato, por el contrario, constituyen “actos” en
virtud de los cuales se respetan los usos y costumbres del Resguardo, puesto
que posesionar y registrar a un Representante Legal que no fue elegido de
conformidad con los estatutos, conllevaría a maximizar el problema de
representatividad que se presenta al interior de la comunidad.
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CIDH-Reiteración
de jurisprudencia
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CIDH-Naturaleza
jurídica
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR LA CIDH-Carácter
vinculante
DERECHO A LA IGUALDAD-Reiteración
de jurisprudencia
IGUALDAD-Carácter de valor, principio y derecho fundamental
PRINCIPIO DE IGUALDAD-Mandatos que
comprende
“(i) un mandato de
trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas,
(ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas
situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias y, (iv) un mandato
de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en una posición
en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más
relevantes que las similitudes.”
TEST O JUICIO
INTEGRADO DE IGUALDAD-Jurisprudencia
constitucional
PROGRAMAS
ESTATALES DESARROLLADOS CON OCASION DEL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES
DECRETADAS POR LA CIDH-Situación
de hecho del pueblo Wayúu asentado en los municipios de Uribia, Manaure,
Riohacha y Maicao que dieron lugar a las medidas
DERECHO
A LA IGUALDAD DE COMUNIDAD INDIGENA-Resguardo indígena wayuu de lomamato presenta situación similar a la de
comunidades Wayúu asentadas en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y
Maicao que dieron lugar a las medidas cautelares de la CIDH
DERECHO A LA IGUALDAD DE
COMUNIDAD INDIGENA-Orden de hacer extensivos los programas estatales
implementados en la comunidad Wayúu a la Comunidad Lomamato, con ocasión de las
medidas cautelares decretadas por la CIDH
Referencia: Expedientes T-5.729.915 y T-6.085.424
Expediente T-5.729.915
Acción de
tutela instaurada por ARMANDO GUARIYU EPIAYU contra el MINISTERIO DEL INTERIOR- DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS -, MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA.
Expediente
T-6.085.424
Acción de
tutela instaurada por EVER HERIBERTO OJEDA CURVELO contra el MINISTERIO DEL
INTERIOR- DIRECCIÓN DE
ASUNTOS INDÍGENAS, ROM Y MINORÍAS -, EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF) Y EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS)
Magistrado Ponente:
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., veintinueve
(29) de enero de dos mil dieciocho (2018)
La Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera
y los Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente
las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela dictados dentro de los procesos referenciados en el cuadro
expuesto a continuación:
Expediente
Fallos de tutela
T-5.729.915
Primera Instancia: Sentencia del Consejo
Seccional de la Judicatura de La Guajira, Sala Jurisdiccional Disciplinaria,
del 13 de abril de 2016.
Segunda Instancia: Sentencia del Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, del 9 de junio de 2016.
T-6.085.424
Primera Instancia: Sentencia del Tribunal
Contencioso Administrativo de Riohacha, La Guajira, del 27 de septiembre de
2016.
Segunda Instancia: Sentencia del Consejo de
Estado, Sección Cuarta, del 23 de febrero de 2017.
Los expedientes llegaron a esta Corporación por la
remisión que hicieron las autoridades judiciales que conocieron las acciones de
amparo en segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86
inciso 2° de la Constitución Política y 31 del Decreto 2591 de 1991.
El Expediente T-5.729.915 fue seleccionado para revisión
mediante Auto del 28 de octubre de 2016, proferido por la Sala de Selección de
Tutelas Número Diez, integrada por los Magistrados Luis Guillermo Guerrero
Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva.
Posteriormente, la Sala de Selección Número Cuatro,
integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y el Magistrado Alberto
Rojas Ríos, mediante Auto del 17 de abril de 2017 seleccionó para revisión el
Expediente T-6.085.424 y, dispuso acumularlo al Expediente T-5.729.915, por
presentar unidad de materia y para que sean fallados en una sola sentencia.
I.
ANTECEDENTES
1. Expediente
T-5.729.915 (caso 1)
El ciudadano Armando
Guariyu Epiayu promovió acción de tutela el 30 de marzo de 2016 contra el
Ministerio del Interior –Dirección Etnias, Minorías y Rom-, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y el Municipio de Hatonuevo, La Guajira para que
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la diversidad étnica, a la autonomía,
al gobierno propio, a la salud, a la vida digna, al agua potable, al saneamiento
básico, de petición y a la vivienda digna.
1.1.
Hechos
1.1.1. Armando
Guariyu Epiayu señala que es un joven perteneciente a la etnia Wayúu, que
habita permanentemente en el Resguardo Lomamato, y que fue reconocido como
único representante legal de las autoridades tradicionales, por la Asamblea
General Autónoma, realizada en el “Kiosko Verde Comunitario de Guamachito”,
en Hatonuevo, La Guajira, el 1° de marzo de 2016.
1.1.2. Manifiesta que
como consecuencia de dicha elección, el 3 de marzo de 2016, solicitó al Alcalde
Municipal de Hatonuevo que tramitara el acta de posesión que lo acreditara como
representante legal del Resguardo Wayúu de Lomamato, de conformidad con el
artículo 3° de la Ley 89 de 189. Aduce que a la fecha de la interposición de la
tutela, la Alcaldía Municipal de Hatonuevo no había atendido a su
requerimiento.
1.1.3. Agrega que las
funciones del representante legal del Resguardo son básicamente de gestión
administrativa, judicial, fiscal y de protección autónoma, según establece el
principio de diversidad étnica consagrado en la Carta Política de 1991. Aduce
que debido a la falta de representatividad del Resguardo al que hace parte se
ha producido la congelación de los recursos girados a las comunidades étnicas a
través del Sistema General de Participación y Recursos del Resguardo, lo cual
ha traído pobreza, miseria, hambre y escasez de viviendas dignas para la
población Wayúu de Lomamato.
1.1.4. Con fundamento
en lo anterior, el accionante solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la diversidad étnica, autonomía, gobierno propio, salud, vida
digna, agua potable, saneamiento básico, petición, así como a la vivienda
digna, y en consecuencia, se ordene
(i) a la Alcaldía de Hatonuevo que tramite el acta de posesión del actor como
representante legal del Resguardo Wayúu de Lomamato; (ii) al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y al Ministerio del Interior, que descongelen los
recursos del Resguardo por concepto del Sistema General de Participación; y,
(iii) a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la
República, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Ministerio del
Interior-Dirección de Etnias, Minorías y Rom, Junta Mayor de Palabreros,
Consejo Superior de Palabreros, servir de veedores y garantes en el proceso de
concertación y presentación de proyectos ante la Alcaldía Municipal de
Hatonuevo.
1.2.
Respuesta de las entidades accionadas
1.2.1.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
Carolina
Jiménez Bellicia, asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
respuesta a la acción de tutela de la referencia solicitó la declaratoria de
improcedencia de la acción, al considerar que ésta no cumple con el requisito
de subsidiariedad pues para resolver el presunto conflicto, existen otros
trámites administrativos y procesos judiciales a los que el señor Armando
Guariyu Epiayu puede acudir. Así mismo, estima que el actor no demuestra la
existencia de un perjuicio irremediable.
Adicional
a lo anterior, aduce que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no está
legitimado en la causa por pasiva, toda vez que esa Cartera Ministerial está
facultada única y exclusivamente para ejercer funciones asignadas expresamente
por la Ley.
1.2.2.
Ministerio del Interior –Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías-
(DAIRM)[1]
Myriam
Edith Sierra Moncada, Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, solicitó “descorrer
traslado de la acción de la referencia, e igualmente, que en torno a la
información suministrada de acuerdo con las pretensiones del sub-judice, seamos
desvinculados y eximidos de cualquier responsabilidad; teniendo en cuenta
fundamentalmente que el actuar de esta Dirección se ha enmarcado dentro del
ámbito de sus competencias definido en el Decreto 2893 de 2011 modificado por
el Decreto 2340 de 2015”.
Para
fundamentar su petición indica que la DAIRM tiene la facultad de llevar el
registro de los censos de población, de autoridades tradicionales reconocidas
por la respectiva comunidad y de asociaciones Rom. No obstante, para que el
Ministerio del Interior proceda a adelantar el registro de las autoridades
indígenas debe verificar el cumplimiento de formalidades de rigor, inferidas de
la Ley 89 de 1890 y de la Circular Externa CIR15-000000044 del 29 de diciembre
de 2015, a saber:
“(i) que el grupo respectivo
haya sido verificado y registrado como COMUNIDAD O PARCIALIDAD INDÍGENA  por la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías o Constituido legalmente como
Resguardo por la entidad competente. Si no cumple esta condición, el Ministerio
del Interior se abstiene de registrar a la(s) persona(s) que funjan en tal
calidad, hasta cuando se realice la respectiva verificación y estudio
etnológico en campo, que determine si efectivamente corresponde a o no a una
comunidad indígena. (ii) Que la autoridad o cabildo indígena haya sido
posesionado ante el cabildo cesante y a presencia del Alcalde Municipal o
Gobernador Departamental o su delegado debidamente acreditado, de la
jurisdicción en la que se encuentre. (iii) que le (sic) proceso
eleccionario haya sido convocado y organizado por la autoridad o cabildo
indígena saliente, siguiendo para ello los usos y costumbres que rigen dicho
acto. (iv) Que exista un acta de elección u otra formalidad de igual valor
firmada por la autoridad o cabildo indígena saliente si es el caso y, por la
población indígena participante en la que se especifique el tipo de proceso
adelantado y los resultados obtenidos. (v) Que se formalice la solicitud de
registro por parte de la autoridad o cabildo indígena elegido, adjuntando acta
de elección con las formalidades de posesión descritas en la ley, así como los
demás documentos que considere conveniente”[2]
De
conformidad con lo anterior, cuando la DAIRM advierte una discrepancia o
conflicto interno, evidenciado por ejemplo, en la presentación de dos o más
solicitudes de registro, en calidad de representante, del mismo resguardo
indígena o parcialidad, debe abstenerse de hacer el registro, hasta que la
situación de fondo sea resulta por la misma comunidad, a fin de evitar una
intromisión indebida en los asuntos internos de las comunidades indígenas.
Adicionalmente,
afirma que, en el marco de un proceso tutelar diferente a los que hoy son
objeto de revisión de la Sala Novena de la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado se pronunció mediante sentencia del 17 de septiembre de 2014[3],
en el sentido de exhortar al Ministerio del Interior para que promoviera y
adoptara las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los
compromisos asumidos con la comunidad de Lomamato mediante comunicación
OFI13-000040018 de fecha 26 de diciembre de 2013, a través de la cual se
organizó una verificación en terreno de las autoridades tradicionales Claniles,
conforme al sistema normativo y bajo consulta interna y concertación de las
partes.
Al
respecto indica que, a la fecha de la contestación de la demanda de tutela, únicamente
se encuentran pendientes por verificación y reconocimiento algunas autoridades
Claniles como lo son las de los Clanes Zapuana de Guaimarito, Ipuna de
Guamachito, por muerte reciente de la autoridad tradicional legítimamente
reconocida. Así mismo, el Clan Pushaina de Manantial Grande y el Clan Pushaina
de la Lomita, los cuales presentaron requerimientos en relación con el
reconocimiento de autoridades tradicionales.
Finaliza
argumentando que, como se esbozó en precedencia, a la fecha no se encuentran
plenamente definidas, verificadas, y reconocidas la totalidad de las
autoridades Claniles, por lo que no asiste razón al accionante al afirmar que
en el Congreso del 1° de marzo de 2016 (evento en el cual fue elegido como
representante de la Comunidad de Lomamato) estuvieron todas las autoridades. En
consecuencia, no se puede afirmar con certeza que el señor Armando Guariyu
Epiayu haya sido correctamente elegido, por lo que la DAIRM se abstuvo de
registrarlo.
1.2.3.
Alcaldía Municipal de Hatonuevo, La Guajira
Rafael
Ángel Ojeda Brito, Alcalde del Municipio de Hatonuevo, La Guajira, contestó la
acción de tutela de la referencia en el sentido de establecer que esa
administración no ha conculcado los derechos del señor Armando Guariyu Epiayu, toda
vez que ese ente territorial no tiene la competencia para posesionar a
“cabildos gobernadores” aun siendo elegidos por las autoridades tradicionales
de la población indígena a la que pertenecen.
1.3.
Intervenciones
Defensoría
del Pueblo Regional Guajira
Nazlly
Lubo Bautista, Defensora del Pueblo Regional (FA), remitió escrito el 4 de
abril de 2016, a la autoridad judicial de primera instancia (Consejo Seccional
de la Judicatura de La Guajira, Sala Jurisdiccional Disciplinaria), con el
objetivo de darle un direccionamiento coherente con los usos y costumbres de la
comunidad Wayúu de LOMAMATO y en virtud de su sistema normativo propio y
autónomo, en cuanto a la escogencia (elección) del posible representante legal
(ALAULAYUU)”.
Al
respecto, señala que es necesario que todos los miembros de la comunidad, en
ejercicio de su autonomía y en virtud de sus sistema normativo, tengan
unanimidad en cuanto a la escogencia de su representante legal, es decir, que
esa persona debe estar plenamente reconocida por toda la comunidad.
1.4.
Sentencias objeto de revisión
1.4.1.
Fallo de primera instancia – Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira,
Sala Jurisdiccional Disciplinaria
En
sentencia del 13 de abril de 2016, el Consejo Seccional de la Judicatura de La
Guajira, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, concedió el amparo de los derechos
fundamentales de petición, autonomía y autogobierno, así como a la vida digna
de la comunidad indígena de Lomamato y, ordenó a la Alcaldía Municipal de
Hatonuevo, La Guajira que, en el término de 48 horas contado a partir de la
notificación del fallo, posesionara al señor Armando Guariyu Epiayu en el cargo
de representante legal del Resguardo Indígena de Lomamato.
Además,
dispuso que la DAIRM continuara asesorando y realizando los actos pertinentes
para que cese el conflicto interno de representatividad, razón por la cual,
estimó que si esta entidad consideraba que pese a la posesión del señor Armando
Guariyu Epiayu como representante legal del Resguardo mencionado, no debía
registrar su elección en la base de datos de la entidad, debería motivar e
informar las razones. Por último, exhortó a los Ministerios del Interior y de
Hacienda y Crédito Público para que prioricen el análisis y solución del tema
suscitado en el Resguardo indígena de Lomamato, y que “así sea de manera
provisional, se produzca el descongelamiento de la ejecución de los recursos
del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas y del Sistema
General de Regalías que son girados al Municipio de HATONUEVO, la Guajira, en
beneficio concreto del Resguardo Indígena de Lomamato.”[4]
El
juez de primera instancia fundamentó su decisión en que a pesar de la solicitud
del señor Armando Guariyu Epiayu de ser posesionado como representante legal de
la Comunidad Lomamato, la Alcaldía Municipal de Hatonuevo, La Guajira, hizo
caso omiso al respecto, lo cual devino en una vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante, y de los derechos de autonomía y
autogobierno de la Comunidad.
1.4.2.
Impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo, Regional Guajira
Soraya
Escobar Arregoces, Defensora del Pueblo Regional Guajira, impugnó la decisión
de primera instancia con fundamento en que la figura de representante legal no
corresponde a los usos y costumbres del pueblo Wayúu, puesto que éste se
representa por intermedio de sus autoridades tradicionales posesionadas ante la
misma comunidad y nunca se ha establecido un sistema de jerarquía a través de
la denominada figura de “representante legal del resguardo”.
Agrega
que dentro de la comunidad se presenta un conflicto de representatividad el
cual debe ser resuelto por el reguardo. Así mismo, estima la Defensora que la
orden del juez de primera instancia referente a posesionar al accionante no es
coherente con la parte motiva de la providencia, puesto que es imposible
ordenar la posesión del señor Armando Guariyu Epiayu ante el Alcalde,  sin el
pleno convencimiento de la legalidad de su elección, lo cual se evidencia en
que el Juez dispuso que el Ministerio del Interior siga asesorando a la comunidad
con el fin de superar el problema de representatividad que se presenta.
1.4.3.
Impugnación presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP)
Carolina
Jinénez Bellicia, Asesora del MHCP, impugnó la decisión de primera instancia
con fundamento en que esa Cartera Ministerial en ningún momento ha suspendido o
congelado el giro de los recursos del Sistema General de Regalías, ni el giro
de los recursos del Sistema General de Participaciones de la Asignación
Especial para el Resguardo Indígena de Lomamato.
En
este sentido, estima que se torna imposible el cumplimiento de la orden
consagrada en el numeral tercero[5] de la parte
resolutiva de la sentencia proferida por el juez de primera instancia.
1.4.4.
Coadyuvancia del Ministerio del Interior–Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías- (DAIRM) a la impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo
Regional Guajira
Pedro
Santiago Posada Arango, Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio de Interior, mediante escrito del 26 de mayo de 2016, coadyuvó la
impugnación del fallo de tutela de primera instancia, presentada por la
Defensoría del Pueblo Regional Guajira.
Consideró
que la decisión de primera instancia vulnera los derechos fundamentales de la
comunidad Wayúu ya que no es admisible que un ente territorial (en este caso la
Alcaldía de Hatonuevo, la Guajira) posesione a una autoridad que no tiene la
legitimidad y el reconocimiento del Consejo de Autoridades Claniles. Esto, toda
vez que el señor Armando Guariyu Epiayu fue elegido por un grupo minoritario
del Consejo de Autoridades. Adicionalmente, dicha elección contraría los usos y
costumbres contemplados por el sistema normativo Wayúu, dado que éste no
reconoce la figura de la representación legal. Así mismo, estima la DAIRM que
el fallo impugnado desconoció los antecedentes del conflicto que se presenta al
interior de la comunidad.
1.4.5.
Fallo de segunda instancia- Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Jurisdiccional Disciplinaria
El 9
de junio de 2016, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, revocó el fallo de primera instancia, al considerar que la
solicitud del señor Armando Guariyu Epiayu debe dividirse en dos pretensiones a
saber:
1.4.5.1.
La solicitud presentada por el accionante el 2 de marzo de 2016 ante el Alcalde
Municipal de Hatonuevo, La Guajira, en la cual requirió que se le posesionara
como representante legal del Resguardo Lomamato, petición que según afirma el
actor no fue atendida. Sobre esta hipótesis, el Consejo Superior de la
Judicatura estimó que tal y como indicó la Sala de Instancia, el Alcalde
Municipal no había proferido respuesta pertinente al actor, lo cual desembocó
en una vulneración al derecho fundamental de petición del actor, pero no por la
negativa de posesionarlo, sino por la falta de respuesta de fondo relativa a su
solicitud. En consecuencia, concedió el amparo del derecho de petición del
accionante.
1.4.5.2.
En lo relativo a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
diversidad étnica, autonomía, gobierno propio, salud, vida digna, agua potable,
saneamiento básico y vivienda digna. En este punto, encontró el juez de segunda
instancia que se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción de tutela.
Sin embargo, estimó que contrario a lo afirmado por el accionante, la figura de
representante legal no existe dentro de la comunidad Wayúu. Además, no hay
unanimidad en cuanto a su nombramiento en tal calidad, porque en su elección
participaron varios de los clanes que conforman el Resguardo, pero otros no
estuvieron presentes y han hecho saber que no están de acuerdo con la elección
del actor, razón por la cual, a juicio del Consejo Superior de la Judicatura,
la pretensión del peticionario excede los alcances de la acción de tutela, puesto
que el juez constitucional debe preservar los derechos de los integrantes de
las comunidades indígenas y la manera de hacerlo es evitando inmiscuirse en los
asuntos que atañen a estas.
En
conclusión, estimó que, en relación con la solicitud de protección de los
derechos fundamentales a la diversidad étnica, autonomía, gobierno propio,
salud, vida digna, agua potable, saneamiento básico y vivienda digna, la acción
de tutela es improcedente ante la existencia de mecanismos especiales de la
jurisdicción indígena, a los cuales debe acudir el señor Armando Guariyu
Epiayu.
1.5. Solicitud
de insistencia
Hernán
Guillermo Jojoa Santacruz, Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales
de la Defensoría del Pueblo, invocando las facultades conferidas al Defensor
del Pueblo en los artículos 86, 282 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2591 de 1991 insistió en la selección del expediente T-5.729.915 al
señalar que de los hechos que circunscriben el caso se puede extraer un
problema constitucional relevante respecto a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales de una comunidad indígena Wayúu cuando su representante,
que fue elegido de acuerdo con sus costumbres, no es posesionado por el alcalde
.
2.
Expediente T-6.085.424 (caso 2)
El ciudadano
Ever Heriberto Ojeda Curvelo promovió acción de tutela el 9 de septiembre de
2016 contra el Ministerio del Interior, el Departamento para la Protección
Social (DPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a elegir y ser elegido y a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
2.1. Hechos
2.1.1. El
accionante afirma que el 1° de marzo de 2016 se realizó el congreso general No.
001 del Resguardo Indígena de Lomamato, al que asistieron representantes de
varias autoridades locales (Alcaldía Municipal de Hatonuevo, La Guajira,
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, entre otros), en el
cual se eligió como Cabildo Gobernador a Armando Guariyu Epiayu.
2.1.2. El
peticionario destaca que el 20 de abril de 2016, en cumplimiento de un fallo de
tutela de primera instancia (proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de La Guajira, dentro de la acción de tutela promovida por Armando
Guariyu Epiayu -ver caso 1- ), el Alcalde del Municipio de Hatonuevo, La
Guajira, posesionó a Armando Guariyu Epiayu como Representante Legal del
Resguardo Indígena de Lomamato.
2.1.3. Aduce
que el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
se ha negado a registrar a Armando Guariyu Epiayu como Cabildo Gobernador del
Resguardo de Lomamato, por lo que, a su juicio, se está desconociendo el
derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Además, indica que la
falta de registro impide la utilización de los recursos del Sistema General de
Participaciones (SGP) que corresponden al resguardo.
2.1.4. Finalmente
señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante
Resolución 060 de 2015, adoptó algunas medidas cautelares en favor de las comunidades
de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el Departamento de
La Guajira, las cuales, en virtud del principio de igualdad deben extenderse al
Resguardo de Lomamato, toda vez que éste hace parte del pueblo Wayúu y, padece
las mismas necesidades nutricionales, de agua potable y de prevención de
enfermedades, que motivaron la adopción de medidas cautelares por parte de la
CIDH. Por lo tanto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
(DPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deben implementar
los proyectos sociales y de alimentación que ofrecen a las comunidades de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu.
2.2.
Respuesta de las entidades accionadas
2.2.1.
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS)
Lucy Edrey
Acevedo Meneses, jefe de la Oficina Jurídica del DPS contestó la acción de
tutela en el sentido de indicar que esta entidad estatal no tiene legitimidad
en la causa por pasiva, toda vez que carece de competencia para hacer
seguimiento y elaborar procedimientos en favor de la política étnica que se
defina al interior del país, así como tampoco tiene injerencia en la elección
de representantes legales las comunidades indígenas.
En relación
con la implementación de proyectos en la comunidad indígena de Lomamato,
informó el DPS que la oferta institucional de la entidad ha llegado a dicha
comunidad a través del programa “Más Familias en Acción”, mediante el cual se
entregan subsidios de nutrición a las familias inscritas, cuyo núcleo familiar
esté compuesto por, mínimo, un niño o niña menor de siete años; y un subsidio
escolar a los niños y niñas entre siete y dieciocho años de familias en
situación de desplazamiento, incluidas en el Sistema Único de Registro para
Población Desplazada y Familias Indígenas.
Los subsidios
de ese programa son pagados directamente a las madres, a cambio del
cumplimiento de compromisos de asistencia a controles de crecimiento y
desarrollo, así como de unos mínimos de asistencia escolar.
El DPS indicó
que una vez revisadas las bases de datos del Sistema de Información Familias en
Acción (SIFA), se encontró que en la actualidad se atienden a 600 familias del
Resguardo de Lomamato.
Finalmente,
informó que las medidas cautelares ordenadas por la CIDH mediante Resolución 60
de 2015 (medidas cautelares 51/15) tuvieron origen en una solicitud en favor de
las Comunidades Indígenas Wayúu que habitan los municipios de Uribia, Manaure,
Maicao y Riohacha, grupos que presentan un riesgo de vida inminente por la
falta de acceso al agua potable, lo cual, presuntamente estaría desencadenando
desnutrición y altos índices de mortalidad infantil en esos municipios
específicamente. Agrega que esta situación no se presenta en el Municipio de
Hatonuevo (lugar donde se encuentra la Comunidad de Lomamato) el cual, por su
ubicación geográfica y economía agraria y minera, cuenta con acueducto, vías
pavimentadas en buen estado y de fácil acceso, energía eléctrica y gas natural,
así como con servicios de salud y educación adecuados, que permiten que la
Comunidad goce de una vida digna y un correcto sostenimiento.
2.2.2.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Gloria Leonor
Brito Choles, Directora encargada de la Regional Guajira del ICBF, contestó la
demanda de tutela y solicitó la desvinculación del ICBF de la misma. Al
respecto, estimó que no se encuentra legitimado en la causa por pasiva, puesto
que la acción interpuesta tiene como finalidad que se garanticen los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, a la autonomía política, a la
autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho a la integridad étnica,
debido proceso e igualdad, prerrogativas que no fueron vulneradas por el ICBF,
tal y como se deduce de la lectura de los hechos presentados en el escrito de
tutela.
Concluyó
indicando que, en relación con la implementación de programas sociales de
alimentación en la Comunidad de Lomamato, el ICBF, en aras de garantizar la
prestación de los servicios a la primera infancia y madres gestantes de la mencionada
Comunidad, durante la vigencia del año 2016 suscribió 3 contratos de aporte a
saber:
-
Contrato de aporte
No. 288, suscrito con la Unión Temporal Walekeru, cuyo objeto es prestar el
servicio de atención, educación inicial y cuidado a niños y niñas menores de 5
años, o hasta su ingreso al grado transición. Ello, con el fin de promover el
desarrollo integral de la primera infancia con calidad, de conformidad con los
lineamientos, manual operativo, las directrices, parámetros y estándares
establecidos por el ICBF, en el marco de la estrategia de atención integral “de
cero a siempre”. Con un plazo de ejecución desde el 1 de junio de 2016, hasta
el 31 de octubre de 2016. Mediante este contrato se brindó atención integral a
niños y niñas correspondientes a 450 cupos en el Municipio de Hatonuevo.
-
Contrato de aporte
No. 307, suscrito con la unión temporal Achijirrawa, cuyo objeto es el mismo
mencionado para el contrato de aporte No. 288. El plazo de ejecución del mismo
era del 1 de junio de 2016, hasta el 31 de octubre de 2016. Mediante este negocio
jurídico se brindó atención integral a niños y niñas correspondientes a 290
cupos en el Municipio de Hatonuevo.
-
Contrato de aporte
No. 308, suscrito con la unión temporal Achijirrawa, por medio del cual se
brinda atención integral a los niños y niñas donde se atendieron 24 cupos en la
Comunidad de Guamachito. El plazo de ejecución estuvo comprendido entre el 1 de
junio y el 31 de octubre de 2016.
2.2.3.
Ministerio del Interior –Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías- (DAIRM)[6]
Gloria Teresa
Cifuentes de Huertas, asesora de la DAIRM solicita que se declare improcedente
la presente acción de tutela. Lo anterior, con fundamento en que la misma
pretende el registro del señor Armando Guariyu Epiayu en el cargo de Cabildo
Gobernador del Resguardo Lomamato, situación que ya fue resuelta por el Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, autoridad que
resolvió en segunda instancia, la acción de tutela interpuesta por Armando
Guariyu Epiayu cuya pretensión era igual. En este sentido, considera la DAIRM
que existe cosa juzgada frente al tema de la elección del señor Armando Guariyu
Epiayu en la Asamblea del 1° marzo de 2016.
Finalmente, la
DAIRM reitera que no puede registrar a Armando Guariyu como representante legal
de la Comunidad de Lomamato toda vez que a la fecha de la elección, no se
encontraban plenamente definidas, verificadas y reconocidas la totalidad de las
autoridades Claniles, por tal razón, no es cierto que la Asamblea del 1° de
marzo de 2016 estuvieran la totalidad de autoridades Claniles. Igualmente,
afirma que no existe norma alguna que permita registrar representantes legales
de las comunidades indígenas, puesto que estas se representan a través de sus
autoridades tradicionales.
2.3.
Sentencias objeto de revisión
2.3.1.
Fallo de primera instancia – Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira,
Riohacha
En sentencia
del 27 de septiembre de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo de La
Guajira, Riohacha, respecto a la solicitud de posesión y registro del ciudadano
Armando Guariyu Epiayu, declaró que “la competencia para dirimir ese asunto
corresponde a la jurisdicción especial indígena”.
A juicio del
juez de primera instancia, no existe un acto temerario por parte del
demandante, y tampoco se configura el fenómeno procesal de la cosa juzgada en
relación con la pretensión de registro del señor Armando Guariyu Epiayu, como
representante del Resguardo Indígena de Lomamato. La autoridad judicial arriba
a esta conclusión, tras señalar que si bien en dos ocasiones anteriores, el
Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira ha emitido fallos judiciales
en torno a la problemática de representatividad al interior del Resguardo
Indígena de Lomamato, y además existe un pronunciamiento por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, los dos primeros trámites tutelares tuvieron origen
en procesos electorales diferentes, de ahí que frente a ellos no exista cosa
juzgada. Además, en relación con las acciones de tutela tendientes a obtener la
posesión y el registro del señor Armando Guariyu, estimó el juez de primera
instancia que no existe identidad de partes tanto demandantes como demandadas.
Así mismo, los fallos no gozan de plena ejecutoriedad al encontrarse pendiente
el trámite de revisión ante la Corte Constitucional.
Una vez
dilucidada esta cuestión previa, el Tribunal señaló que en lo referente al tema
de representatividad, es cierto que el proceso electoral del señor Armando
Guariyu Epiayu no contó con la participación de la totalidad de las autoridades
tradicionales Claniles que integran el Reguardo de Lomamato[7].
No obstante, determinó que dada la naturaleza del asunto, corresponde a la
comunidad resolver la disputa, bajo los principios y normas de la jurisdicción
especial indígena.
En relación
con la extensión de las políticas públicas desarrolladas en cumplimiento de la
orden de la CIDH, encontró el juez que no se encuentra probado que al interior
de la población indígena infantil de Hatonuevo, existan casos de desnutrición,
por lo que no es posible ordenar la extensión de dichas políticas públicas.
A pesar de lo
expuesto, decidió exhortar al Ministerio del Interior, DAIRM “para que
priorice las gestiones atinentes a la ruta metodológica ya discurrida en torno
a la problemática de representatividad del resguardo indígena de Lomamato, para
que sea esta solucionada a la mayor brevedad posible, las cuales deberán
encontrar su culminación en un tiempo no superior a dos meses.
En igual
sentido, ordenó al DPS y al ICBF “que bajo sus competencias legales,
establezcan si existen casos de desnutrición infantil Wayúu en el Municipio de
Hatonuevo. De constatarse la existencia de algún caso, deberán hacerse
extensivas las diversas políticas públicas que en la actualidad se imparten por
las diferentes autoridades que atienden dicha emergencia, en igualdad de
condiciones a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos”.
2.3.2.
Impugnación presentada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social (DPS)
Lucy Edrey
Acevedo Meneses, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, impugnó la decisión de primera
instancia tras señalar que el DPS no cuenta con la asignación presupuestal, ni
con la delegación de funciones para dar cumplimiento a las órdenes judiciales
proferidas dentro de las acciones de tutela iniciadas en contra de la Entidad.
También afirma
que el DPS no se encuentra legitimado en la causa por pasiva puesto que a esta
Entidad no le compete hacer, ni formular el seguimiento, los procedimientos y
esquemas en favor de la política étnica que se defina al interior del país, así
como tampoco tiene injerencia en la elección de los representantes legales de
estas comunidades.
2.3.3.
Impugnación presentada por el Ministerio del Interior–Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías- (DAIRM)
Pedro Santiago
Posada Arango, Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior, impugnó el fallo de primera instancia, y reiteró los argumentos
esbozados en la contestación de la demanda de tutela, en especial el de la
configuración del fenómeno de cosa juzgada en el caso concreto. (ver supra
2.2.3.)
2.3.4.
Fallo de segunda instancia- Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta
El Consejo de
Estado confirmó la sentencia impugnada tras advertir que la decisión del a
quo es acorde con los principios de maximización de las comunidades
indígenas y de mayor autonomía para la decisión de conflictos internos.
En relación
con la orden dada por el juez de primera instancia al DPS, sostuvo el Consejo
de Estado que contrario a lo esbozado por esta entidad estatal, el Tribunal
Administrativo de La Guajira no impuso órdenes relacionadas con procesos
electorales del Resguardo, sino que dispuso que verificara si existen casos de
desnutrición, y de ser así, adopte las medidas que satisfagan tales
necesidades, a través de la extensión de los programas desarrollados con
ocasión de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
3.
Actuaciones en sede de revisión
En
auto del 1° de febrero de 2017, el Magistrado Sustanciador vinculó al proceso
(expediente T-5.729.915) a las autoridades tradicionales de la Comunidad de
Lomamato, debido a que podrían tener interés en el proceso objeto de revisión.
Además, decretó la suspensión del término para proferir sentencia.
Adicionalmente,
decretó una serie de pruebas necesarias para comprender la compleja
problemática planteada en la acción de tutela y decidir sobre la misma. Los
medios de convicción son indispensables a efectos de: (i) determinar si el
accionante se posesionó ante la Alcaldía de Hatonuevo como Representante del
Resguardo de Lomamato; (ii) establecer si han ocurrido hechos nuevos después de
la interposición de la tutela que puedan dar lugar a la configuración del
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado; (iii) verificar si
los recursos destinados al Resguardo Indígena de Lomamato siguen congelados o,
si por el contrario las comunidades ya se encuentran recibiendo los dineros
correspondientes; y, finalmente (iv) confirmar si efectivamente existe un
conflicto de representatividad dentro de Lomamato.
A
través de Auto del 30 de marzo de 2017, la Sala Octava de la Corte
Constitucional prorrogó el término de la suspensión, en la medida en que no
había recibido la totalidad de las pruebas requeridas. Esa situación se
sustentó en el artículo 64 del reglamento interno de la Corte Constitucional
(Acuerdo 02 de 2015).
Mediante
Auto del 17 de abril de 2017, la Sala Cuarta de Selección de Tutelas, escogió
el Expediente T-6.085.424 y, dispuso acumularlo al Expediente T-5.729.915, por
presentar unidad de materia, y para que fueran fallados en una sola sentencia.
Esto, ocasionó la necesidad de decretar nuevas pruebas.
En auto del 23 de mayo de 2017, el Magistrado ponente
ordenó el recaudo y práctica de pruebas necesarias
para determinar si la población wayuu del Resguardo de Lomamato, ubicada en el
Municipio de Hatonuevo, La Guajira, se encuentra en las mismas situaciones
fácticas que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a
proferir la Resolución 060 de 2015, mediante la cual adoptó algunas medidas
cautelares en favor de las comunidades de Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao del
pueblo Wayuu, en el Departamento de La Guajira. Esto, con el fin de establecer
si, en virtud del principio de igualdad, dichas medidas deben extenderse al
Resguardo de Lomamato, como solicita el accionante.
Todas
las pruebas recepcionadas se encuentran debidamente referenciadas y valoradas
en los Anexos I y II de la sentencia.
La Magistrada Diana Fajardo Rivera, mediante
escrito recibido del 17 de octubre de 2017, dirigido a los Magistrados Carlos
Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, manifestó lo siguiente:
“Ref: Declaración de impedimento en el proceso
T-5.729.915 (acumulado).
Mediante Auto de 1 de febrero de 2017,
proferido por la Sala Octava de Revisión de Tutelas, se ordenó vincular al
trámite de la referencia (T-5.729.915) a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. En atención a lo anterior, mediante escrito del 7 de
febrero del mismo año, suscrito por Hugo Alejandro Sánchez Hernández en
condición de Jefe de la Oficina Jurídica, sostuvo que (i) atendiendo a las
autoridades demandadas y (ii) a las instrucciones dadas por la Dirección de
Defensa Jurídica, no se manifestaría de fondo sobre el caso. Para el referido
momento me desempeñaba, en encargo, como Directora General de la Agencia Código
E3 Grado 08, de conformidad con lo ordenado en el Decreto No. 179 de 3 de
febrero de 2017.
Se podría configurar, así la causal prevista
en el  numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que prevé
como motivo de separación del conocimiento de un asunto judicial “… el
funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o
sea o haya sido contraparte de la cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado
su opinión sobre el asunto materia del proceso.” (subraya dentro del texto original)
Mediante
Auto del 27 de octubre de 2017, la Sala Dual de Revisión conformada por los
Magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos, desataron el impedimento
manifestado por la Magistrada Diana Fajardo Rivera, declarándolo infundado.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte Constitucional es competente
para pronunciarse en sede de revisión en relación con los presentes fallos de
tutela, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política Colombiana, así como en los artículos 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento del caso y problemas
jurídicos
Para una mejor comprensión del asunto en
revisión, la Sala Novena hará una descripción general de la situación en la
Comunidad Wayúu de Lomamato en Hatonuevo, La Guajira, así como de los usos y
costumbres propios de este pueblo indígena.
2.1.
Conformación,
usos y costumbres del Resguardo Indígena de Lomamato[8]
El Resguardo de Lomamato se encuentra
ubicado en el Municipio de Hatonuevo, La Guajira[9]. Está
conformado y dividido en ocho comunidades a saber: Guamachito, Guaimarito,
Cerro Alto, Manantial Grande, La Lomita, Lomamato, El Paraíso y La Gloria. El
Resguardo es entendido como una parcialidad conforme a la Resolución No. 081
del 2 de diciembre de 1987 del INCORA (ahora INCODER). A su vez, dentro de cada
comunidad se encuentran uno o varios de los siguientes clanes: Epiayu,
Pushaina, Jayariyu, Ipuana, Uriana, Gouriyu, Sapuana y Epinayu.
Los clanes son matrilineales, es decir,
están conformados por un grupo de parientes uterinos[10]
asociados a un determinado territorio. A su vez, de acuerdo con su cosmogonía,
los tíos y abuelos maternos son quienes tienen la mayor sabiduría y
conocimiento, y por lo tanto, mayor peso en la toma de decisiones. En
consecuencia, esta división constituye el modo principal de ordenamiento de su
vida social, económica y política.
Desde sus inicios, el Resguardo se ha
regido por las tradiciones culturales wayúus, las cuales se basan en la
relación con la tierra y la forma en que se organizan dentro de ella. Su lengua
es el wayuunaiki, viven del pastoreo (predominantemente), la pesca en el río
Ranchería, y las artesanías.
Dentro de sus usos y tradiciones es de
gran relevancia el diálogo el cual constituye el método por excelencia para la
resolución de conflictos que se presenten al interior de la comunidad. Para el
efecto, tienen una figura denominada pütchipu (palabrero)[11],
a quien deben recurrir con el fin de sentarse a hablar de las situaciones que
hayan generado conflicto, con el fin de llegar a una solución.
En cuanto a la estructura y
autogobierno del Resguardo de Lomamato, se tiene que las autoridades
tradicionales “araurayu”[12]
son los tíos maternos de cada clan, y su labor es de carácter vitalicio[13].
A su vez, el Concejo de autoridades tradicionales está conformado por todas las
autoridades de las ocho comunidades que hacen parte del Resguardo.
El representante legal del
Resguardo se denomina “cabildo gobernador”[14]
y tiene a su cargo la coordinación y funcionamiento general del territorio. El
reconocimiento del cabildo gobernador se hace en el segundo domingo del mes de
diciembre, cada dos años[15], y una vez
elegido deben realizarse los trámites ante las autoridades públicas del Estado
Colombiano para ser reconocido legalmente[16].
2.2.
Antecedentes
en relación con el conflicto de representatividad al interior del Resguardo
Indígena de Lomamato
El 4 de diciembre de 2013,
tuvieron lugar los comicios para elegir un cabildo gobernador, y resultó electa
la señora Luz Mariela Epinayu por un total de 465 votos. Esta contienda
electoral se sujetó a los usos y costumbres de la comunidad, y contó con la
participación de las autoridades tradicionales, funcionarios del orden
municipal de Hatonuevo, provenientes de la personería, la Secretaría de
Gobierno y el Comandante de la Estación de Policía del Municipio.
El 6 de diciembre de 2013, Luz
Mariela Epinayú tomó posesión del cargo como Cabildo Gobernador ante el Alcalde
y el Secretario de Gobierno del Municipio de Hatonuevo, La Guajira. El 9 de
diciembre de 2013, la señora Epinayú solicitó de manera escrita a la DAIRM la
certificación del registro que acreditara su elección como Cabildo Gobernador,
sin embargo el 26 de diciembre de la misma anualidad su petición fue negada.
Posteriormente, el 6 de marzo de
2014, la señora Epinayú interpuso acción de tutela la cual fue negada tanto en
primera como en segunda instancia, bajo el argumento de que “no existe en el
una disposición propia de dicha comunidad, que permita evidenciar los
procedimientos  internos o regulaciones autóctonas para adelantar los comicios
electorales para elegir un Gobernador”[17]
En esa oportunidad, el Consejo
de Estado ordenó al Ministerio del Interior promover y adoptar las medidas
necesarias para proteger a la Comunidad de Lomamato y efectivizar sus derechos
fundamentales.
En virtud de lo anterior, la
DAIRM viene adelantando gestiones para la solución de los conflictos que se han
presentado en el Resguardo Indígena de Lomamato, en coordinación con la
Alcaldía Municipal, la Defensoría del Pueblo Regional La Guajira, el Consejo
Mayor de Palabreros, la Junta Mayor Autónoma de Palabreros.
Específicamente, se organizaron
verificaciones en el territorio de las autoridades tradicionales claniles[18].
A 1° de marzo de 2016, la DAIRM informa que, se encontraba pendiente la
verificación y reconocimiento de algunas autoridades claniles de los clanes
Zapuana de Guaimarito, del Clan Ipuana de Guamachito, por la muerte reciente de
la autoridad tradicionalmente reconocida. Así mismo, se presentaron requerimientos
del Clan Pushaina de Manantial Grande y Pushaina de la Lomita.
Por otro lado, los accionantes
indican que, el 1° de marzo de 2016, se llevó a cabo Asamblea General Autónoma
y como consecuencia de esto se reconoció a Armando Guariyu Epiayu como único
representante legal de las autoridades tradicionales del Resguardo de Lomamato.
No obstante, la DAIRM se negó a regístralo en tal calidad al argumentar
problemas de representatividad en la comunidad.
2.3.
Solicitudes
de los accionantes
Los accionantes solicitan que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido y
a la autodeterminación de los pueblos indígenas, de manera que se ordene a la
Alcaldía de Hatonuevo posesionar al señor Armando Guariyu Epiayu como
Representante Legal de la Comunidad de Lomamato y, al Ministerio del Interior
–Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías- registrarlo en tal calidad.
Adicionalmente, el señor Ever
Heriberto Ojeda Curvelo (Expediente T-6.085.424) solicita que el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF) extiendan al Resguardo de Lomamato los programas y
proyectos implementados en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en virtud de las
medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). Ello, al considerar que Lomamato hace parte del pueblo Wayúu, y padece
las mismas necesidades nutricionales, de agua potable y de prevención de
enfermedades, que motivaron la adopción de las medidas cautelares por parte de
la CIDH.
2.4.
Cuestiones a
resolver
De acuerdo con los hechos descritos por
los accionantes, las pruebas que reposan en el expediente y las contestaciones
a las demandas de tutela, corresponde a esta Sala resolver los siguientes
asuntos:
En primer lugar, se debe establecer si
se está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en
relación con la petición referente a la posesión y registro del señor Armando
Guariyu Epiayu como Representante Legal de la Comunidad de Lomamato. Ello,
puesto que las entidades accionadas, en sus contestaciones a la solicitud de
amparo, argumentaron la posible configuración de esta figura procesal con
ocasión de los fallos proferidos por el Tribunal Contencioso Administrativo de
la Guajira, el Consejo de Estado Sección Cuarta y Sección Segunda, dentro del
trámite de las acciones de tutela interpuestas por Luis Alberto Valdeblanquez
Uriana contra la DAIRM, el Municipio de Hatonuevo y el Cacique Gobernador del
Cabildo Indígena Lomamato, así como Luz Mariela Epinayú Orozco contra la DAIRM[19].
En segundo lugar, es necesario
determinar la procedencia del amparo. Para el efecto, la Sala deberá abordar el
estudio sobre la legitimidad, la subsidiariedad, la inmediatez y la relevancia
constitucional. A partir de esta definición, se determinará si la tutela
procede en el caso concreto.
Finalmente, de ser procedente el amparo,
la Corte emprenderá el examen de fondo del asunto puesto a consideración de la
Corte, y en particular se circunscribirá a la resolución de los siguientes
problemas jurídicos:
(i)   ¿Una entidad (el Ministerio del
Interior-Dirección de asuntos indígenas, Minorías y Rom- y la Alcaldía
Municipal de Hatonuevo) vulnera los derechos fundamentales a elegir y ser
elegido, a la autonomía política, al debido proceso y a la autodeterminación de
los pueblos indígenas, al negarse a dar posesión, inscribir y registrar a un
miembro (Armando Guariyu Epiayu) de una comunidad indígena (Resguardo de
Lomamato), quien aduce haber sido elegido como Representante Legal de la misma,
bajo el argumento de que éste fue elegido sin el cumplimiento de los requisitos
fijados por las mismas comunidades, y en que existe un problema interno de
representatividad?
(ii)Una entidad (Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar) vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
de los niños de una comunidad indígena (Resguardo de Lomamato) al no hacer
extensivas a dicha población las políticas implementadas para la solución de
los problemas de desnutrición y escasez de agua potable implementadas en otros
sectores del Departamento de la Guajira (Uribia, Maicao, Manure y Riohacha),
con ocasión de las medidas cautelares No. 51 del 11 de diciembre de 2015,
proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger al
pueblo Wayúu?
3.
Análisis
sobre la presunta configuración de la cosa juzgada constitucional[20].
La cosa juzgada constitucional es una figura jurídica de rango superior,
que tiene el propósito de dar cohesión a las decisiones judiciales, de manera
que se garantice la seguridad jurídica dentro del sistema. Adicionalmente,
pretende concluir de manera definitiva las controversias presentadas, de manera
que busca impedir que el debate vuelva a presentarse.[21]
En Sentencia C-774 de 2001, la Sala Plena de esta Corporación
definió la cosa juzgada así:
“[E]s una institución jurídico procesal mediante
la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas
otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los
citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico
para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de
seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias
importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por
mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado,
impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la
cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las
providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los
funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a
entablar el mismo litigio. De esta manera se puede sostener que la cosa juzgada tiene como
función negativa, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y
fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las
relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico”.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el juez, con el
fin de arribar a la conclusión de que una demanda de tutela vulnera el
principio de cosa juzgada, debe verificar que concurran las siguientes tres
hipótesis: “(i) que se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de la sentencia; (ii) que en el nuevo proceso exista identidad
jurídica de las partes; (iii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo proceso se adelante por
la misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos”[22].
Así, cuando el juez evidencia que se configura la cosa juzgada
constitucional, debe declarar improcedente la acción de tutela interpuesta,
puesto que la misma “pierde su carácter de instrumento preferente y sumario
de defensa de derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación
deshonesta frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de
seguridad exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos
sociales y a las decisiones sobre los mismos”[23]
Finalmente, es importante comprobar que no existen razones
válidas que justifiquen un nuevo pronunciamiento por parte de la jurisdicción
constitucional. En Sentencia T-185 de 2013, esta Corporación determinó que la
cosa juzgada entre acciones de tutela queda desvirtuada cuando (i) la nueva
solicitud se fundamenta en hechos nuevos, los cuales no habían sido tenidos en
cuenta por el juez; y, (ii) se alegan nuevos elementos jurídicos que soportan
la solicitud, los cuales fueron desconocidos por el accionante, quien no tenía
forma de haberlos conocido en la interposición de la primera acción de tutela.
Descendiendo al caso concreto, se
evidencia que el Ministerio del Interior plantea la presunta configuración de
la cosa juzgada en relación con la acción de tutela T-6.085.424[24],
específicamente, en lo referente a la posesión y registro del ciudadano Armando
Guariyu Epiayu como Representante Legal de Lomamato.
Encuentra la Sala Novena de Revisión que
en dos ocasiones anteriores[25], los
jueces constitucionales se han pronunciado en torno a la problemática de
representatividad al interior del Resguardo indígena de Lomamato. No obstante,
esto no implica que se configure la cosa juzgada en el presente caso. Ello,
pues como se evidencia en el cuadro presentado como Anexo III, no hay identidad
de causa, toda vez que se trata de sufragios diferentes, los cuales se
produjeron en distintas fechas, a saber: (i) 12 de diciembre del 2010, donde
resultó electo el señor José Gilberto Duarte Pushaina; (ii) 4 de diciembre de
2013, fecha en la que se escogió a Luz Mariela Epinayú Orozco; y (iii) 1° de
marzo de 2016, donde se eligió a Armando Guariyu Epiayu.
Adicionalmente, no hay identidad de
partes en cuanto las acciones de tutela fueron interpuestas en cada oportunidad
por diferentes accionantes, a saber: (i) Luis Alberto Valdeblanquez Uriana,
(ii) Luz Mariela Epinayú Orozco, (iii) Armando Guariyu Epiayu y, (iv) Ever
Heriberto Ojeda Curvelo.
En conclusión, es claro para la Sala Novena
de Revisión que no se configura la cosa juzgada en los casos que son objeto de
revisión por parte de la Corte Constitucional en esta ocasión.
4.
Procedencia
de la acción de tutela
4.1.
Legitimación
de las partes
La Corte ha señalado
que las comunidades indígenas tienen derecho a defender su integridad cultural
y autonomía sin escindir su existencia colectiva, por lo tanto, sus autoridades
o las organizaciones que los conforman están legitimadas para instaurar
acciones de tutela[26].
Entonces, se encuentra
satisfecho el requisito de legitimidad en la causa por activa, puesto que
respecto del expediente T-5.729.915 es el señor Armando Guariyu Epiayu quien personalmente
interpone la acción de tutela, esto es, el directo afectado con la negativa de
dar posesión e inscribirlo como Cabildo Gobernador, por parte de la Alcaldía de
Hatonuevo y de la DAIRM. En cuanto al expediente T-6.085.424, la acción de
tutela es interpuesta por el señor Ever Heriberto Ojeda Curvelo, autoridad
tradicional del clan Epiayu de la comunidad indígena La Crítica[27], quien dado su cargo cuenta con
legitimación suficiente para actuar.
4.2.
Competencia del juez de tutela en materia de pueblos indígenas frente al
principio de subsidiariedad
La Corte Constitucional ha reconocido
que la acción de tutela tiene la virtualidad de garantizar la defensa de los
miembros de las comunidades indígenas, como consecuencia del reconocimiento de
estos pueblos como sujetos colectivos y que como tal gozan de derechos
fundamentales.
Con el fin de desarrollar de manera más
clara este aspecto, la Sala dividirá el estudio con base en las dos
pretensiones que se derivan de las solicitudes de tutela objeto de revisión, a
saber: (i) el problema de representatividad y, (ii) el asunto
relacionado con la extensión de medidas cautelares proferidas por la CIDH.
5.2.1. Problema de representatividad
En temas de representatividad y acciones
de tutela interpuestas para lograr la protección de los derechos a la
representación política, igualdad, debido proceso y autonomía de comunidades
indígenas la Corte ha señalado que no existe acción electoral alguna que
permita dilucidar los asuntos relacionados con el derecho político a elegir y
ser elegido. Adicionalmente, ha precisado que muchas veces las autoridades
indígenas se encuentran inmersas en el conflicto, por lo que no es posible
resolver tales asuntos al interior de la comunidad. Es por esto que, la acción
de tutela es el mecanismo conducente para proteger los derechos invocados por los
peticionarios, y más aún cuando la violación se imputa a una autoridad estatal[28].
En esa misma perspectiva, la Corte ha
señalado que cuando se interpone una tutela como consecuencia de la presunta
vulneración del derecho de una comunidad a la autonomía política, debe
entenderse que esta violación es de carácter permanente e imprescriptible, “y
que su posible violación se prolongaría por todo el tiempo que se encuentren
vigentes los hechos que supongan negación de este derecho”.[29]
Por lo esbozado en precedencia, concluye
la corte que la acción de tutela en el caso concreto es procedente, toda vez
que tanto Armando Guariyu Epiayu como Ever Heriberto Ojeda Curvelo solicitan la
protección de sus derechos a la autonomía política, así como a elegir y ser
elegidos, los cuales estiman desconocidos por el Alcalde de Hatonuevo, La
Guajira y la DAIRM.
5.2.2. Solicitud de extensión de programas estatales
desarrollados con ocasión del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas
por la CIDH
En relación con las medidas cautelares proferidas por la CIDH,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que son pronunciamientos
vinculantes en el orden interno, como consecuencia del principio de derecho
internacional de la buena fe, y al ser Colombia parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[30].
Como consecuencia de ese reconocimiento, una persona puede
acudir a la acción de tutela con el fin de solicitar el cumplimiento de las
medidas cautelares proferidas por este ente de derecho internacional, cuando
las entidades estatales han sido negligentes y los derechos fundamentales estén
en grave riesgo[31]. Para tal
efecto, se deben verificar los siguientes requisitos: (i) que la persona que la
interponga sea beneficiario directo de la medida cautelar y, (ii) que exista coincidencia
entre los objetivos perseguidos con la acción de tutela y las medidas
cautelares[32].
Por otro lado, es importante recordar que la acción de tutela,
según el artículo 86 de la Constitución Política es un mecanismo subsidiario de
protección de derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados por la
acción y omisión de autoridades públicas o excepcionalmente, por los
particulares. Este medio de defensa judicial solo procede cuando la persona no
disponga de otro, o que existiendo no sea idóneo y eficaz.
Descendiendo al caso concreto, podría pensarse prima facie  que
la acción de tutela no es procedente, por cuanto no se cumplen los requisitos
anteriormente mencionados, en concreto, que la persona que interpone la acción
constitucional, sea beneficiario directo de la medida cautelar. Sin embargo,
evidencia la Sala que lo que se pretende con la solicitud de tutela no es el
cumplimiento de las medidas cautelares proferidas por la CIDH, sino la
extensión de los programas gubernamentales que se han desarrollado en los
municipios de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha, como consecuencia del
cumplimiento de las mismas. Por lo tanto, estamos frente a un tema de igualdad
y debido proceso, ya que el accionante argumenta que el Resguardo de Lomamato
se encuentra en las mismas condiciones que llevaron a la CIDH a proferir las
medidas cautelares y, por lo tanto, los programas estatales deben extendérseles
en virtud de los mencionados derechos fundamentales.
En este sentido, evidencia la Corte que la tutela es el
mecanismo idóneo y eficaz para estudiar la solicitud presentada, en tanto no
existe otro medio judicial que pueda resolver lo pretendido, es decir, extender
las medidas de protección de derechos de una resolución de un órgano internacional
cuasi-jurisdiccional.
4.3.
Inmediatez
El artículo 86 Superior establece que “toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales
(…)”. (Negrilla
fuera del texto original).
No obstante, la Corte ha
señalado que el propósito de la acción de tutela es obtener la protección
inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados, por lo que es importante que el amparo se interponga en un plazo
razonable[33], lo cual
se conoce como el requisito de inmediatez. Este requerimiento tiene como
fundamento no solo la naturaleza de la acción de tutela, sino los principios de
seguridad jurídica y respeto de los intereses de terceros.
En este sentido, se ha afirmado
que el juez de tutela debe verificar en cada caso concreto las circunstancias
fácticas y jurídicas para determinar si la acción se interpuso dentro de un
término perentorio. Ello, por cuanto la tutela es procedente aun cuando fuere
promovida después de un extenso tiempo contado desde el hecho que se reputa
como vulnerador de derechos, siempre y cuando: “(i) exista un motivo válido
para la inactividad de los accionantes, (ii) la inactividad
injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados
con la decisión; (iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; (iv)
cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó en muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por
sus derechos, continúa y es actual”[34].
En ese orden de ideas, estima la Sala de
Revisión que frente al expediente T-5.729.915 se cumple el requisito de
inmediatez, toda vez que Armando Guariyu Epiayu estima que sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, entre otros, fueron vulnerados con
ocasión de la negativa por parte de la Alcaldía de Hatonuevo de posesionarlo
como Representante Legal de la Comunidad de Lomamato, y de la DAIRM de
registrarlo en tal calidad. Estos hechos tuvieron lugar los primeros días del
mes de marzo de 2016, y la acción de tutela fue promovida el 30 de marzo de la
misma anualidad, por lo que es evidente que se interpuso dentro de un plazo
razonable.
En relación con el expediente
T-6.085.424 también se cumple este requisito, puesto que el accionante Ever
Heriberto Ojeda Curvelo solicita la protección de sus derechos fundamentales y
los de la Comunidad de Lomamato, a la igualdad, al debido proceso, a elegir y
ser elegido y a la autodeterminación, los cuales han sido presuntamente
vulnerados con ocasión de dos circunstancias, a saber: (i) la negativa
por parte de la DAIRM de registrar al señor Armando Guariyu Epiayu como
representante del Resguardo de Lomamato y, (ii) la no extensión de los
programas que el Gobierno Nacional ha venido desarrollando con ocasión del
cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH para proteger los
derechos de los pueblos Wayúu ubicados en los municipios de Uribía, Manaure,
Maicao y Riohacha.
Frente a la primera petición, evidencia
la Corte que el proceso electoral del señor Armando Guariyu Epiayu se llevó a
cabo el 1° de marzo de 2016, y la tutela fue interpuesta por Ever Heriberto
Ojeda Curvelo el 9 de septiembre del mismo año, es decir, 6 meses después de
que resulta electo el ciudadano Guariyu. Así mismo, es de recordar que la
presunta vulneración continúa en el tiempo, toda vez que a la fecha la DAIRM no
ha registrado al Representante Legal de Lomamato.
En cuanto a la no extensión de las
medidas cautelares, estima la Sala que se trata también de una presunta violación
que permanece en el tiempo, por ejemplo, mediante oficio del 5 de junio de
2017, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Gobernación del Departamento
de La Guajira indicó que a la fecha no se viene adelantado proyecto alguno en
la Comunidad de Lomamato, correspondiente al sector de agua potable[35].
Esto permite afirmar con certeza que la vulneración de derechos fundamentales
es actual, por lo que se verifica el cumplimiento de la inmediatez.
4.4.
Relevancia
constitucional
El ámbito de la acción de tutela en
estudio comporta relevancia constitucional en razón a que se encuentran en
discusión los derechos fundamentales a la autonomía de los pueblos indígenas, a
elegir y ser elegido, a la igualdad y al debido proceso de Armando Guariyu
Epiayu, Ever Heriberto Ojeda Curvelo y la Comunidad Indígena de Lomamato.
Una vez concluido que la acción de
tutela es procedente, la Sala Novena de Revisión abordará el estudio de fondo
del caso. Con el objetivo de dotar de mayor claridad la providencia, se expondrá
el marco jurídico aplicable y, a renglón seguido, se resolverá el caso concreto
en lo relacionado con el problema de representatividad (A).
Posteriormente, se harán las consideraciones y el estudio del caso concreto en
lo concerniente a la extensión de las medidas cautelares proferidas por la CIDH
(B).
A. Manifestado esto, procede la Corte a analizar los
siguientes ejes temáticos, para después desarrollar el caso concreto relativo
al problema de representatividad: (i) protección constitucional del derecho a
la diversidad étnica y cultural; y, (ii) la autonomía política, administrativa
y el autogobierno de los pueblos indígenas
5.
Protección
constitucional del derecho a la diversidad étnica y cultural. Características
generales.
Uno de los cambios que trajo la
Constitución de 1991 fue la modificación de la relación del Estado colombiano
con los pueblos indígenas. Ello, como consecuencia del reconocimiento expreso
del pluralismo y de las garantías a la diversidad étnica y cultural, de manera
que se busca que siempre exista un proceso participativo y de reconocimiento
del derecho a las minorías a desarrollarse conforme a sus propios valores
étnicos y culturales.
A lo largo de la Carta Política se
encuentran artículos en relación con dicho reconocimiento, a saber: (i) el
artículo 10 consagra como oficiales las lenguas y los dialectos de los grupos
étnicos; (ii) el artículo 70 establece la igualdad de las culturas que conviven
en el país; (iii) los artículos 171 y 176 refieren a la participación especial
en el Senado de la República y la Cámara de Representantes; (iv) el artículo
246 prescribe la jurisdicción especial indígena; (v) el artículo 286 estipula
que los resguardos indígenas son entidades territoriales con autonomía administrativa
y presupuestal, así como con capacidad para ser representados judicial y
extrajudicialmente; y, (vi) el artículo 330 prevé el derecho a gobernarse por
consejos indígenas y autoridades por ellos elegidas, según sus usos y
costumbres y a determinar sus propias instituciones jurídicas.
En materia de derecho internacional[36], el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT) sobre pueblos
indígenas y tribales[37], reconoce
los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, a la participación, a la
educación, a la cultura, al desarrollo y a la protección de su identidad. A su
vez, establece la obligación que tienen los estados de desarrollar acciones
coordinadas con las comunidades indígenas, enfocadas a proteger los derechos de
estos pueblos y su integridad[38].
A su vez, la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[39],
establece que tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de esta
prerrogativa determinan libremente su condición política y persiguen su
desarrollo económico, social y cultural.
Así las cosas, el Estado Colombiano
tiene el deber de adoptar un papel activo con el objetivo de lograr que las
comunidades indígenas que habitan en el territorio nacional, asuman el control
de sus instituciones, formas de vida y desarrollo económico.
Ahora bien, la Corte ha señalado que la identidad étnica es un
derecho fundamental[40] derivado
del principio constitucional de la diversidad étnica y cultural, el cual se
define como “la
facultad de todo grupo indígena y de sus miembros, a formar parte de un
determinado patrimonio cultural tangible o intangible y de no ser forzado a
pertenecer a uno diferente o a ser asimilado por uno distinto. Es un derecho
subjetivo, que conforme a la jurisprudencia constitucional, deviene también en
un derecho constitucional fundamental.”[41]
Con el fin de que la protección a ese principio constitucional
sea efectiva, el Estado otorga a la comunidad indígena, en sí misma
considerada, determinados derechos fundamentales como entidad colectiva
(dimensión de protección colectiva), y a su vez, reconoce que los miembros de
la misma gozan de todos los derechos que se garantizan a los colombianos
(dimensión de protección individual).
En conclusión, la Constitución
reconoce como pilar fundamental del Estado la diversidad étnica y cultural de
la Nación y, en virtud de ello, otorga a las comunidades indígenas una
protección especial de sus costumbres, autonomía y territorio, garantías que
deben ser prestadas de forma efectiva por las autoridades a través de
mecanismos adecuados que faciliten la participación libre e informada de los
pueblos étnicos.
Estudiadas las características
generales de la protección constitucional a las comunidades indígenas en
relación con el principio de diversidad étnica y cultural, procede la Corte a
examinar lo referente a la autonomía política y administrativa de dichos
pueblos.
6.
La
autonomía política, administrativa y el autogobierno de los pueblos indígenas
La autonomía de las comunidades
indígenas es la capacidad de darse su propia organización social, económica y
política, es decir, el derecho que tienen a decidir sobre los asuntos
culturales, espirituales, políticos y jurídicos de la comunidad. Ello, como
consecuencia del pluralismo y las garantías a la diversidad étnica y cultural.
La jurisprudencia de esta Corporación[42]
ha señalado que la autonomía de los pueblos indígenas se garantiza en tres
ámbitos de protección, a saber: (i) ámbito externo, conforme al cual se
reconoce el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que los
afectan (consulta previa), (ii) participación política de las comunidades,
en el Congreso y, (iii) ámbito de orden interno, el cual se relaciona
con las formas de autogobierno y autodeterminación al interior de las
comunidades indígenas.
Respecto de este último ámbito de protección, la Corte ha
señalado que implica (i) el derecho de las comunidades a decidir su forma de
gobierno, (ii) el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de
su ámbito territorial y, (iii) el pleno ejercicio del derecho de
propiedad de sus resguardos y territorios, con los límites que señale la
Constitución y la ley[43].
De esa autonomía se desprenden
las siguientes facultades: (i) escogencia de la modalidad de gobierno que los
rige; (ii) consolidación y determinación de sus instituciones políticas y
autoridades tradicionales; (iii) posibilidad de establecer las funciones que
corresponden a dichas autoridades; (iv) determinación de los procedimientos y
requisitos de elección de sus autoridades, así como la modificación y
actualización de tales normas; (v) definición de las instancias internas de
resolución de sus conflictos electorales[44].
Este derecho a la
autodeterminación política es fundamental para la preservación de la cultura de
los pueblos indígenas, de manera que el Estado debe adoptar medidas en favor
del cumplimiento de esta prerrogativa y es necesario que se abstenga de
realizar acciones tendientes a entrometerse de manera indebida en las
decisiones que los pueblos indígenas tomen frente a sus autoridades
tradicionales y sus representantes. Al respecto, en Sentencia T-979 de 2006[45],
la Sala Segunda de Revisión de Tutelas sostuvo lo siguiente:
“[al Estado] le compete el deber de
abstenerse de interferir de cualquier manera en la toma de decisiones que en
desarrollo de su autonomía corresponde adoptar a los integrantes de las
comunidades indígenas. Siendo sin duda una de tales decisiones, e incluso una
de las más importantes, la referente a la elección de las autoridades que de
conformidad con sus propias tradiciones, usos y costumbres, habrán de gobernar
a la comunidad indígena en cuestión, dentro del ámbito de sus competencias
reconocidas por la Constitución de 1991”
Por otro lado, es claro para
esta Sala que la autonomía política de las comunidades indígenas está
intrínsecamente relacionada con los derechos a elegir y ser elegido así como a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, de que
son titulares los individuos que hacen parte de dicha comunidad[46].
Este Tribunal ha señalado que la participación ciudadana es un derecho
fundamental, el cual no solo implica la actividad encaminada a ejercer el
derecho, sino acciones del Estado tendientes a crear condiciones para que éste
tenga lugar. Específicamente, en materia de pueblos indígenas, es necesario que
se garantice una “adecuada, consciente y eficiente organización de los
procesos electorales”[47],
de manera que todos los miembros de la comunidad puedan ejercer su derecho.
Ahora bien, velar por la
garantía de la autonomía política de las comunidades indígenas no es deber
únicamente del Estado, ya que los pueblos indígenas también deben propender por
el goce efectivo de los derechos políticos al interior de la comunidad, para lo
cual deben procurar la cohesión social de sus comunidades y la legitimidad de sus
instituciones.
En materia de conflictos que se suscitan dentro de las
comunidades indígenas, en relación con procesos de elección y nombramiento de
autoridades, es importante precisar que el ordenamiento colombiano (Art. 330
C.P.) consagra que los pueblos indígenas son los primeros llamados a controlar
su desarrollo político, lo cual solo encuentra límites en los postulados
constitucionales.
Así, la Corte ha expresado que “las dificultades de
resolver los conflictos autónomamente por las mismas comunidades a la postre
erosionan los bienes más caros de estos pueblos, como son la autonomía, la
integridad, la cultura, la tradición y los derechos fundamentales”[48].
En esa medida, las autoridades no pueden permanecer
impávidas ante situaciones que amenazan los derechos fundamentales y colectivos
de una comunidad indígena y de sus integrantes, ya que es deber del Estado
garantizar la efectividad de los derechos y deberes contemplados en la
Constitución Política, así como asegurar la convivencia pacífica dentro de todo
el territorio nacional. Para tal efecto, las autoridades estatales deben
ejercer las competencias que la ley les ha otorgado[49].
En efecto, la Corte en Sentencia T-188 de 1993, indicó que aunque es necesario
respetar el principio de autonomía, ello no puede entorpecer el deber que tiene
el Estado Colombiano de conservar la paz en todo el territorio nacional, por lo
que es necesario que las autoridades estatales ejerzan las competencias que les
han sido asignadas por ley, con el fin de contribuir a la resolución de los
conflictos suscitados al interior de los pueblos indígenas. En principio, esas
funciones están relacionadas con la protección de derechos fundamentales y no
con la resolución del conflicto de manera directa.
En ese sentido, si bien la regla
general propende por la maximización de la autonomía  de las comunidades
indígenas, esta puede ser eventualmente limitada cuando sea necesario
salvaguardar intereses superiores como lo es el núcleo esencial de los derechos
fundamentales o la supervivencia física o cultural de un pueblo indígena, por
ejemplo, en los eventos en que se comprueba que, con ocasión de un conflicto
político interno, se genera un vacío total de poder, que compromete de manera
seria y cierta la vida y la integridad física de sus integrantes, o algún otro
derecho fundamental de sus miembros. No obstante, con el fin de que las
autoridades estatales puedan intervenir, es necesario que se compruebe que la
comunidad no cuenta con las instancias o usos y costumbres que permitan
solucionar por si misma el conflicto, y que a pesar del interés y
acompañamiento del Estado, no fue posible, en un plazo razonable de tiempo,
llegar a una solución concertada[50].
Ahora bien, es importante
aclarar que esta Corte ha indicado de manera clara los límites de esa
intervención estatal en los siguientes términos:
“[L]as medidas estatales que se tomen, (v) deben estar dentro del marco de actividades que
autorice la Constitución y la ley; (vi) deben ser medidas útiles y necesarias para la
protección de los derechos fundamentales o colectivos involucrados, y  conforme
con la regla de proporcionalidad previamente expuesta, (vii) deben ser las
medidas menos gravosa para la autonomía política de dichas comunidades étnicas[51],
so pena de lesionar el derecho a la diversidad. Las actuaciones de la
Administración en este sentido, son esencialmente regladas y están sujetas a
dicho principio de legalidad. El poder de actuación y decisión con la que
cuentan las autoridades, no puede utilizarse sin que exista una expresa
atribución competencial. De no ser así, se atentaría contra el interés general,
los fines esenciales del Estado y el respeto a los derechos y las libertades
públicas de los ciudadanos vinculados con decisiones de la Administración,
ajenas a ese principio. [52]“[53]
Igualmente, la Corte en
Sentencia T-973 de 2014, determinó lo siguiente:
“El derecho a la
autodeterminación de las comunidades indígenas es de vital importancia para que
se preserve su tradición y cultura ya que es una forma de supervivencia étnica
y comunitaria, de manera que requieren que el Estado, y las medidas que se
tomen en relación con estos grupos étnicos, les permita garantizar sus
derechos. Por lo tanto, la Nación tiene la obligación de adoptar las medidas
necesarias para que estos pueblos indígenas y tribales asuman el control de sus
institucionales, y darles los instrumentos para que se fortalezca su identidad,
de forma que estas comunidades puedan tomar decisiones relacionadas con su
autonomía política sin la interferencia indebida de terceros. Por lo indicado
anteriormente, una injerencia de las autoridades del Estado, en alguno de los
eventos políticos como actos de convocatoria, elección o posesión de las autoridades
tradicionales indígenas, puede reducir los derechos a la autonomía política y
autogobierno de la comunidad comprometiendo su diversidad étnica y cultural.”
En conclusión, de acuerdo con la
Constitución y la ley, en primera instancia, compete a las comunidades
indígenas conseguir el ejercicio debido de los derechos políticos de sus
integrantes, así como la responsabilidad y eficacia del gobierno. No obstante,
en caso de que se verifique la imposibilidad de la Comunidad para resolver sus
problemas, es procedente que se haga, en primera medida, un acompañamiento por
parte de la autoridad competente, en la actualidad la DAIRM, entidad que debe
generar espacio de concertación y diálogo tendiente a solucionar el conflicto,
atendiendo a los usos y costumbres de las comunidades étnicamente diferenciadas.
Posteriormente, si se llega a verificar que la situación es externa y genera
intensas lesiones a los derechos fundamentales, las autoridades estatales están
compelidas a tomar medidas, que se enmarquen en la Constitución, la ley, y
tenga en cuenta los elementos propios de la identidad de la comunidad, en favor
de los miembros de pueblos indígenas cuando la falta de solución de los
conflictos de representatividad, genere un menoscabo de los derechos
fundamentales de las personas.
7.
Análisis
de fondo del problema relacionado con la autonomía política y autogobierno del
Resguardo Indígena Wayúu de Lomamato.
7.1.
Puntos
clave para entender el problema
Una vez revisadas y valoradas
todas las pruebas que obran dentro de los expedientes[54],
estudiadas las intervenciones de las entidades demandadas, y de las autoridades
claniles del Resguardo de Lomamato, la Sala Novena de Revisión llega a las
conclusiones que se describen a continuación:
·
Varias de
las autoridades claniles[55] del
Resguardo de Lomamato rechazan a Armando Guariyu Epiayu como cabildo
gobernador, tras señalar que su elección se llevó a cabo sin el consentimiento
de las verdaderas autoridades tradicionales. Al respecto, afirman que 15 de las
24 autoridades debidamente reconocidas, posesionadas y registradas por la DAIRM
no participaron en la elección de Armando Guariyu Epiayu como cabildo
gobernador.[56]
·
El Alcalde
de Hatonuevo, Rafael Ángel Ojeda Brito, en cumplimiento de lo ordenado por el
Consejo Seccional de la Judicatura de Riohacha, La Guajira[57],
posesionó a Armando Guariyu Epiayu como Representante Legal del Resguardo de
Lomamato[58]. No
obstante, el Ministerio del Interior-DAIRM se ha rehusado a inscribirlo como
tal[59].
·
Desde el año
2013 se han presentado conflictos internos para la elección de cabildo
gobernador al interior del Resguardo de Lomamato.
·
A la fecha
en que se realizó la reunión en la cual se designó a Armando Guariyu Epiayu
como representante del Resguardo, esto es el 1° de marzo de 2016, se
encontraban pendientes de verificación y reconocimiento de algunas de las
autoridades claniles de los Clanes Zapuana de Guaimarito, del Clan Ipuna Guamachito por la
muerte reciente de la autoridad tradicional legítimamente reconocida. Así
mismo, se habían presentado requerimientos del clan Pushaina de Manantial
Grande y Pushaina de la Lomita, con el fin de que la DAIRM verificara las
autoridades tradicionales de estos clanes.
·
El MHCP señala
que el giro de los recursos de la AESGPRI se realizó de manera regular hasta
junio de 2016, a la cuenta registrada por la Alcaldía Municipal de Hatonuevo
para la administración de los recursos del resguardo de Lomamato[60].
En relación con los recursos del segundo semestre de la vigencia 2016, los
giros correspondientes a estos se realizaron en los primeros meses de 2017,
puesto que se presentaron inconsistencias en la cuenta maestra, las cuales
fueron corregidas y mediante oficio del 11 de enero de 2017, el MHCP aprobó la
solicitud de registro de la cuenta maestra. En conclusión, los giros de
recursos del Resguardo de Lomamato se han dado en debida forma.
·
Persiste el
conflicto de representatividad entre las distintas comunidades que integran el
Resguardo indígena de Lomamato, toda vez que como se ha mencionado a lo largo
de la providencia, y como se detalla en el anexo I, varias de las autoridades
tradicionales se oponen a la elección de Armando Guariyu Epiayu como
representante de Lomamato, al indicar que cuando se llevó a cabo la elección,
no se encontraban reconocidas la totalidad de autoridades tradicionales del
Resguardo.
·
El Resguardo
de Lomamato no cuenta con mecanismos específicos definidos y definitivos para
la solución de conflictos en materia electoral, no obstante, se evidencia que
los estatutos del Resguardo establecen la figura del palabrero, quien es la
persona encargada de dirimir, de manera general, los problemas que se presenten
al interior de la Comunidad.
7.2.
El
conflicto indígena y los problemas de representatividad
Los accionantes en las tutelas
que se revisan acusan al Ministerio del Interior-DAIRM y al Alcalde Municipal
de Hatonuevo, La Guajira, de vulnerar sus derechos fundamentales al
autogobierno, a la autonomía política y a elegir y ser elegido, como
consecuencia de la negativa de estas entidades de registrar  y posesionar al
señor Armando Guariyu Epiayu como representante legal (cabildo gobernador) del
Resguardo de Lomamato.
Evidencia la Sala Novena de
Revisión que en el presente caso, el Alcalde Municipal, se negó a posesionar a
Armando Guariyu Epiayu en tal calidad, bajo el mismo argumento. Sin embargo, en
cumplimiento del fallo de primera instancia proferido por el Tribunal
Contencioso Administrativo de La Guajira, Riohacha, dentro del trámite de
tutela correspondiente al expediente T-5.729.915, esta entidad accedió a la
pretensión del accionante[61].
A su vez, el Ministerio del
Interior –DAIRM se ha negado a registrar al ciudadano Armando Guariyu Epiayu
como representante de la Comunidad Wayúu de Lomamato, bajo el argumento de que
el mismo fue designado en tal calidad por solo 12 de las 21 autoridades
tradicionales que conforman el Resguardo, por lo que se pone de presente que el
proceso electoral no se llevó a cabo de conformidad con los usos y costumbres
de la propia comunidad.
De acuerdo con los estatutos del
Resguardo de Lomamato, el cabildo gobernador es elegido por la totalidad de
autoridades claniles que lo conforman[62], situación
que como lo han sostenido algunos miembros de la comunidad y lo puso de
presente la DAIRM, no se dio en la elección del señor Armando Guariyu Epiayu,
razón por la cual la elección no puede considerarse válida, pues lo contrario
sería ir en contravía de los usos y costumbres de la comunidad.
Además, se evidencia que persiste
el conflicto de representatividad generado entre las distintas comunidades que
integran el resguardo, lo cual impide que el Ministerio del Interior-DAIRM
realice el registro del señor Armando Guariyu Epiayu como representante legal
de Lomamato. En este entendido, concluye la Sala que ni la Alcaldía ni la DAIRM
vulneraron los derechos fundamentales al autogobierno, a la autonomía política
y a elegir y ser elegido de los peticionarios.
Ello, con fundamento en que en
situaciones en las que la amenaza a los derechos fundamentales y colectivos de
una comunidad indígena o su violación se ciernen sobre ellos, las autoridades
no pueden ser indiferentes a esta circunstancia. Entonces, evidencia la Sala
que la omisión de registro por parte de la DAIRM y la negativa de la Alcaldía
de posesionar a Armando Guariyu Epiayu, no conculcan los derechos de la
Comunidad de Lomamato, por el contrario, constituyen “actos” en virtud de los
cuales se respetan los usos y costumbres del Resguardo, puesto que posesionar y
registrar a un Representante Legal que no fue elegido de conformidad con los
estatutos, conllevaría a maximizar el problema de representatividad que se
presenta al interior de la comunidad.
Específicamente en el caso de la
Alcaldía de Hatonuevo, La Guajira, resalta la Sala que si bien esta entidad ya
procedió a posesionar a Armando Guariyu, no lo hizo motu proprio, sino
en cumplimiento de una decisión judicial, la cual era de estricto cumplimiento.
Es por ello, que no existe vulneración de derechos fundamentales que pueda
predicarse de la Alcaldía.
Ahora bien, corresponde al juez
de tutela, en este caso a la Sala Novena de Revisión, pronunciarse en relación
con la problemática de representatividad que se presenta al interior de la
comunidad, y que ha conllevado a que los miembros del Resguardo hagan uso
reiterado de la acción de tutela, con el objetivo de ponerle fin a la
controversia.
Como se mencionó en la parte
motiva de esta providencia (supra 7) la solución del enfrentamiento
político interno al que se ha hecho referencia a lo largo de esta sentencia,
correspondía indudablemente a los integrantes de la Comunidad de Lomamato, quienes
estaban llamados a resolverlo a través de las instituciones creadas para el
efecto, de acuerdo con sus prácticas y costumbres, y de conformidad con la
regla de “maximización de la autonomía”. Para tal efecto, la Sala evidencia que
Lomamato cuenta con la figura del palabrero, quien es la persona encargada de
resolver los conflictos que se presentan, y quien en principio era el
comisionado para dar fin al problema de representatividad.
Con todo, es claro que la
Comunidad de Lomamato ha superado su conflicto electoral, pese al significativo
paso del tiempo y a la tensión política, ello, pues el problema dara de varios
años artrás (año 2013), y se ha comprobado que aún persisten diferencias internas
frente a la representación del Resguardo lo cual afecta de manera directa la
participación equitativa de la población del resguardo en la definición de
proyectos[63]. Esto,
puesto que el MHCP recibió denuncias y solicitudes de miembros de los clanes que
componen el Resguardo de Lomamato, para que esta entidad congelara los recursos
de regalías del Sistema General de Participación de esta Comunidad, en tanto no
había claridad respecto a la figura del cabildo gobernador[64].
Sin embargo, observa la Sala que
en el presente caso no es posible afirmar la existencia de una grave
vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad y de sus integrantes,
toda vez que Lomamato no sufre de un vacío absoluto de poder, ya que en la
cúspide organizacional se encuentran las autoridades claniles y el consejo de
autoridades claniles. De igual manera, no se encuentran comprometidos derechos
fundamentales de sus integrantes, toda vez que se comprobó que contrario a lo
esbozado por los peticionarios, los recursos del SGP han sido desembolsados en
debida forma[65].
En consecuencia, no nos
encontramos frente a una controversia que permita aplicar la regla esbozada en
precedencia (supra 7), según la cual en materia política, la autonomía
de una comunidad indígena puede ser limitada cuando se compruebe que con
ocasión de un conflicto interno se genera un vacío total de poder que implica
un compromiso serio y cierto a la vida, la integridad física de sus
integrantes, la pervivencia del grupo étnico o una afectación real de los derechos
fundamentales de sus miembros.
Así, estima la Sala Novena que
lo que procedía en el caso concreto es la aplicación de una fórmula intermedia con
el fin de llegar a una solución que permita sobrepasar las dificultades que se
presentan al interior de Lomamato.
Encuentra la Corte que dentro de
las funciones de la DAIRM[66] se
encuentran el deber de apoyar el desarrollo autogestionario de las comunidades
indígenas, el de acompañar para promover la solución de conflictos relacionados
con la propiedad colectiva y el de registrar a las autoridades indígenas. Así,
se observa que la intervención que ha desarrollado la DAIRM al interior de la
Comunidad, y la abstención de registrar a Armando Guariyu Epiayu, tiene como
fin asegurar la obligación constitucional legítima de evitar la ausencia de
autoridad y de gobernabilidad indígena, así como de contribuir a la solución
del conflicto.
En Sentencia T-973 de 2009, la
Corte Constitucional estudió un caso similar al que hoy llama la atención de la
Sala. En esa oportunidad, la Sala Quinta de Revisión analizó la acción de tutela interpuesta por José
Narciso Jamioy Muchavisoy en contra del Ministerio del Interior y de Justicia
(en esa época) por considerar que esa entidad había estimulado la división
interna de la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá del Municipio de Sibundoy (Putumayo), al inscribir
la elección del taita Miguel Chindoy Beusaquillo como Gobernador del pueblo, y
no la suya, a pesar de haber sido elegido también como Gobernador de esa
comunidad, para el año 2007.  En relación con el actuar del Ministerio del
Interior –DAIRM la Corte concluyó que éste había resultado en una intromisión
indebida en los asuntos de la comunidad, y expresó lo siguiente:
“(…) entiende
la Corte que el Ministerio haya determinado no registrar a ninguno de los dos
ciudadanos, para asegurar que sólo una decisión pensada por la comunidad en su
conjunto, significara la designación de su representante y autoridad
tradicional en el 2006. También entiende la Sala que haya decidido proponer soluciones
concertadas, e incluso que una de las propuestas fuera una nueva elección
unificada de autoridad tradicional. Sin embargo, no es comprensible que sin
obtener una solución compartida por toda la comunidad, y sobre la base de una
determinación de un Consejo de Exgobernadores ad hoc,-que era además la otra
facción de la comunidad- haya decidido avalar sin más a su designado, como el
representante de todo el pueblo Kamëntsá Biyá en el 2006 y 2007.”
En ese sentido, se evidencia que
todas las actuaciones de la DAIRM en relación con el presente caso, han sido
conformes con la Constitución y las leyes que regulan la materia. Por ello, se conminará
a esta entidad estatal para que continúe con las gestiones correspondientes a
terminar la verificación y reconocimiento de todas las autoridades claniles del
Resguardo de Lomamato. Asimismo, una vez realizado esto, acompañe a la
comunidad en la elección de la persona que va a fungir como cabildo gobernador,
con el fin de que verifique que el proceso electoral se lleve a cabo de
conformidad con lo establecido en los estatutos del Resguardo de Lomamato, y
por último, una vez surtido el proceso, proceda a realizar el registro sin
dilaciones.
A su vez, la negativa por parte
de la Alcaldía de Hatonuevo, de posesionar a Armando Guariyu, tampoco
constituye una vulneración a los derechos de los integrantes del Resguardo de
Lomamato, toda vez, que como se explicó a lo largo de esta providencia, cuando
se presenta un problema de representatividad al interior de una comunidad
indígena, las autoridades estatales y departamentales deben abstenerse de
realizar acciones tendientes a entrometerse de manera indebida en dicho
conflicto.
Conforme a lo expuesto en
precedencia, la Sala concluye que ni la Alcaldía de Hatonuevo, ni el Ministerio
del Interior –DAIRM vulneraron los derechos fundamentales al autogobierno,
autonomía política y a elegir y ser elegido de los accionantes Armando Guariyu
Epiayu (Exp. T-5.729.915) y Ever Heriberto Ojeda Curvelo (Exp. 6.085.424), ni
los de la Comunidad de Lomamato.
B. Ahora bien, después de analizar el
problema de representatividad, procede la Sala Novena a resolver la segunda
pretensión de los accionantes, relativa a la extensión de medidas cautelares
proferidas por la CIDH en favor de los pueblos Wayúu asentados en las
comunidades de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha. Para el efecto, se harán
consideraciones sobre (i) la naturaleza jurídica de las medidas cautelares
decretadas por la CIDH y su carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico
colombiano y (ii) el derecho a la igualdad. Con posterioridad, se resolverá el
caso concreto.
8.
La
naturaleza jurídica de las medidas cautelares decretadas por la CIDH y su
carácter vinculante dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Reiteración de
jurisprudencia[67]
Las medidas cautelares decretadas por la CIDH son instrumentos
jurídicos con los que cuenta la Comisión, encaminados a evitar la consumación
de daños irreparables a las personas que acuden ante el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos para solicitar la protección de sus derechos establecidos
en la Carta Americana sobre Derechos Humanos[68].
De conformidad con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH[69],
la adopción de estas medidas se encuentra limitada a los casos graves y
urgentes en los que se presente una amenaza contra un derecho humano reconocido
en alguno de los siguientes instrumentos internacionales: (i) Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (ii) Convención Americana sobre
Derechos Humanos, (iii) Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (iv) Protocolo Relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, (v) la Convención Interamericana sobre la
Desaparición Forzada de Personas y, (vi) la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En cuanto a la naturaleza jurídica de las medidas cautelares, en
Sentencia T-558 de 2003[70], la Corte Constitucional
se pronunció en los siguientes términos:
"[las medidas cautelares son] (u)n acto jurídico
adoptado por un organismo internacional de protección de los derechos
fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte,
en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden administrativo
o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano
determinado. La práctica de la CIDH en la materia muestra además que tales
medidas, decretadas por un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser
adoptadas en el curso de un proceso que se adelante contra un Estado Parte o
incluso sin que haya sido presentada aún la demanda, es decir, como una especie
de medida cautelar previa."
Frente a la obligatoriedad de las medidas cautelares decretadas por la
CIDH, esta Corporación ha indicado que comportan un carácter vinculante dentro
del ordenamiento jurídico interno, en razón a que (i) la Comisión es un órgano
perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) del cual Colombia
hace parte. Igualmente, (ii) Colombia ratificó la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, la cual, según el artículo 93 Superior, está incorporada al
ordenamiento interno y hace parte del bloque de constitucionalidad. Así mismo,
(iii) toda vez que el Estatuto de la CIDH fue adoptado por la Asamblea General
de la OEA.
Sobre ese punto es importante recordar que las medidas cautelares
adoptadas por la CIDH se incorporan de manera automática al ordenamiento
jurídico colombiano en tanto el Estado, como parte del Pacto de San José, debe
proteger de manera efectiva a las personas cuyos derechos están siendo
presuntamente conculcados, so pena de incumplir con sus obligaciones
internacionales[71]. Ello, porque las
medidas cautelares cumplen dos funciones relacionadas con la protección de
derechos fundamentales, a saber: (i) cautelar, en tanto buscan preservar una
situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH, y (ii) tutelar, puesto que propenden
por salvaguardar el ejercicio de los derechos humanos.
En Sentencia T-786 de 2003, en relación con la vinculatoriedad de las
medidas cautelares emitidas por la CIDH, éste Tribunal señaló:
“Si las medidas cautelares están consagradas
como una de las competencias de la Comisión Interamericana de las cuales puede
hacer uso para la efectiva protección de los Derechos Humanos consagrados en la
Convención, y son desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos, al
hacer esta última parte del bloque de Constitucionalidad sí tienen
vinculatoriedad en el ordenamiento interno”.
Ahora bien, la Corte Constitucional[72] ha indicado que
el incumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH implica una
vulneración del derecho al debido proceso al ser estas parte del ordenamiento
jurídico. Además, en tanto “el pleno cumplimiento al debido proceso para el
individuo que solicita la protección ante instancias internacionales se debe
perfeccionar a nivel interno cuando el Estado cumpla lo dispuesto por la
Comisión”[73].
Por todo lo anterior, las autoridades colombianas tienen la obligación
de examinar las medidas cautelares de buena fe, puesto que sus características
procesales y los fines que se pretenden alcanzar con ellas, son compatibles, y
se complementan con los deberes constitucionales consagrados en el artículo 2
Superior.
En conclusión, las medidas cautelares decretadas por la CIDH tienen
carácter vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano por las siguientes
razones: (i) Colombia es parte de la OEA y suscribió la Convención Americana
sobre Derechos Humanos[74]; (ii) la Convención, al
ser un tratado que versa sobre derechos humanos, hace parte del bloque de
constitucionalidad, según el artículo 93 superior, por lo tanto, está
incorporada al ordenamiento jurídico interno; (iii) existe una obligación
internacional del Estado Colombiano de respetar los derechos y libertades
previstos en el Pacto de San José, y para hacerlo, debe adoptar las medidas
legislativas, o de otro carácter que sean necesarias.
9.
El Derecho
a la igualdad. Reiteración de jurisprudencia
La igualdad es uno de los
elementos en los que está fundamentado el Estado Social de Derecho, el cual es
reconocido y regulado en el preámbulo de la Constitución Política, así como en
los artículos 13, 42, 53, 70, 75 y 209. A partir de la aplicación de estas
normas, la Corte Constitucional ha precisado que la igualdad comporta tres
facetas en el ordenamiento jurídico, a saber: (i) es un valor, en cuanto
establece fines (ii) un principio, en tanto se trata de una norma de mayor
eficacia que debe ser aplicada de manera directa e inmediata por el legislador
y, (iii) un derecho.
La igualdad como principio carece
de contenido material específico en tanto no protege algún aspecto concreto de
la esfera de la actividad humana, sino que puede ser alegada ante cualquier trato
diferenciado injustificado. Por esto, la Corte ha señalado que tiene carácter
relacional[75]. Esta
característica refiere a la posibilidad de invocar el derecho a la igualdad
frente a cualquier actuación del Estado.
En cuanto al alcance del
principio general de igualdad, la Corte ha reconocido que establece un deber
específico, en su “acepción de igualdad de trato”[76],
del cual se deprenden dos deberes específicos que vinculan a los poderes
públicos, a saber: (i) obligación de dar el mismo trato a supuestos de hecho
equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgar un
tratamiento diferente; (ii) obligación de que las autoridades públicas
diferencien entre situaciones distintas, con el fin de dar un trato desigual.
A su vez, esos dos mandatos
derivados del principio de igualdad, pueden descomponerse en cuatro contenidos,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 superior[77]:
“(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en
circunstancias idénticas, (ii) un mandato de trato enteramente diferenciado a
destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común, (iii) un
mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten
similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de
las diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios
que se encuentren también en una posición en parte similar y en parte diversa,
pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.”[78]
(Subrayado fuera del texto original)
La jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que la metodología específica que debe ser
utilizada por los jueces cuando se encuentran avocados a resolver casos
relacionados con la supuesta infracción del principio y derecho fundamental a
la igualdad, es el juicio integrado de igualdad. “Este juicio parte de un
examen del régimen jurídico de los sujetos en comparación, precisamente con el
objeto de determinar si hay lugar a plantear un problema de trato diferenciado
por tratarse de sujetos que presentan rasgos comunes que en principio
obligarían a un trato igualitario por parte del Legislador . Posteriormente se
determina la intensidad del test de igualdad de conformidad con los derechos
constitucionales afectados por el trato diferenciado, para finalmente realizar
un juicio de proporcionalidad con sus distintas etapas -adecuación, idoneidad y
proporcionalidad en sentido estricto- sobre el trato diferenciado.”[79]
A nivel internacional, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)[80]
establece que todos los derechos y libertades reconocidos en este instrumento,
deben ser garantizados a las personas sin discriminación alguna, “por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social”[81]. En
el mismo sentido, el artículo 24 consagra que todas las personas son iguales
ante la ley, entonces, tienen derecho a la misma protección.
La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, al interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos
ha sostenido que cualquier tratamiento que pueda ser considerado
discriminatorio, es incompatible con la Convención, sin importar el origen o la
forma que asuma.
Y, en ese contexto ha reconocido
que la igualdad y no discriminación es una norma de jus cogens[82],
puesto que “sobre el descansa todo el andamiaje jurídico del orden
público nacional e internacional y es un principio que permea todo el
ordenamiento jurídico. Hoy en día no se admite ningún acto jurídico que entre
en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos
discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de género, raza,
color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen
nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio,
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.”[83]
En conclusión, la naturaleza
fundamental del derecho a la igualdad encuentra plena justificación tanto en el
contexto normativo interno, como a nivel internacional, por la estrecha
relación que esta garantía tiene con la realización de la vida en condiciones
de dignidad.
10.
Alcance
de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)[84]
10.1.     De la solicitud
El 9 de febrero de 2015, la CIDH
recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por Javier Rojas Uriana
y Carolina Sáchica Moreno, para que la CIDH requiriera a la República de
Colombia para que proteja la vida e integridad personal de los miembros de las
comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu.
10.2.     Situación fáctica que dio lugar
a las medidas
·
La Guajira
es uno de los departamentos que han registrado los más altos índices de
desnutrición global, y ocupa el primer lugar en Colombia.
·
Los sistemas
de almacenamiento de agua y los arroyos que proveían agua a las comunidades de
La Guajira están completamente secos, por lo tanto la mayoría no cuenta con
acceso al agua para el consumo humano, ni tampoco para realizar las actividades
que constituyen el sustento básico, tales como la cría y pastoreo de ganado
caprino y los cultivos de pancoger.
·
El proyecto
Cerrejón es la operación de minería a cielo abierto más grande del mundo. La
mina está ubicada en la cuenca del río Ranchería y abarca parte de los
municipios de Barrancas, Hatonuevo y Albania. El agua del río ranchería está
siendo destinada al proyecto del Cerrejón.
·
Según
informe de la Defensoría del Pueblo del año 2014[85],
en el departamento de La Guajira el 27.9% de los niños menores de 5 años
presentan desnutrición crónica y 11.2% desnutrición global.
·
En el
transcurso del año 2015 fallecieron 11 niños en La Guajira por causas asociadas
a la falta de agua y a la desnutrición.
10.3.     Análisis sobre los elementos de
gravedad, urgencia e irreparabilidad
La CIDH observó que los
solicitantes presentaron información en relación con tres conjuntos específicos
de situaciones, las cuales fueron analizadas por separado.
11.3.1. Situación de niños,
niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao
del pueblo Wayúu en el departamento de La Guajira
La CIDH encontró satisfecho el
requisito de gravedad, con ocasión de las continuas muertes reportadas de
niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y
Maicao. En cuanto al requisito de urgencia se encontró que los ciclos continuos
de muerte llevaban a concluir que este se cumplía. Finalmente, halló satisfecho
el requisito de irreparabilidad en la medida en que la posible afectación al
derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de
irreparabilidad.
11.3.2. El supuesto impacto que
estaría generando la implementación de proyectos extractivos en la zona, en
relación con la circulación del agua del río Ranchería y su supuesta incidencia
en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu.
La CIDH encontró que no contaba
con elementos suficientes para evaluar las consecuencias específicas que el
proyecto Cerrejón estaría generado en relación con los derechos a la vida, a la
integridad personal y a la salud de los miembros de las comunidades de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao.
11.3.3. En cuanto a la supuesta
grave situación de mortalidad materna en el Departamento de La Guajira
La CIDH concluyó que no había
información suficiente para determinar la magnitud del problema en las
comunidades.
10.4.     Órdenes proferidas por la CIDH
La CIDH observó que los miembros
de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu se
encuentran en una situación de gravedad y urgencia. En consecuencia, solicitó a
Colombia adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad
personal de las niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia,
Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu, en el Departamento de la Guajira.
Específicamente, las siguientes:
·
Asegurar la
disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las
comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y
culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y
enfermedades prevenibles o evitables.
·
Tomar
medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la
brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y
suficiente para la subsistencia de las niñas, niños y adolescentes.
·
Tomar
medidas inmediatas para que las niñas, niños y adolescentes puedan tener
alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades
alimentarias con pertinencia cultural, así como establecer los mecanismos
idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una intervención
inmediata.
11.
Análisis
de fondo del problema relacionado con la solicitud de extender los programas
estatales desarrollados en virtud del cumplimiento de las medidas cautelares
dictadas por la CIDH
En el presente caso se tiene que el
señor Ever Heriberto Ojeda Curvelo señala que la CIDH mediante Resolución 060
de 2015, adoptó medidas cautelares en favor de las comunidades wayúu ubicadas
en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en el Departamento de
la Guajira.
Que con ocasión al cumplimiento de lo
ordenado por la CIDH, el Estado Colombiano ha desarrollado un conjunto de
proyectos sociales y de alimentación, primordialmente a cargo del DPS y el
ICBF, los cuales, a juicio del accionante, deben extenderse al Resguardo de
Lomamato, en virtud del principio de igualdad, ya que esta comunidad también
hace parte del pueblo Wayúu y, padece las mismas necesidades nutricionales, de
agua potable y de prevención de enfermedades, que motivaron la adopción de
medidas cautelares por parte de la CIDH.
En cumplimiento de lo dispuesto por la
CIDH se han realizado las siguientes acciones, en relación con las comunidades
Wayúu asentadas en Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao[86]:
•        Entrega de 457 tanques con
capacidad de almacenamiento de 3 millones de litros de agua.
•        Reparto de 388 millones de
litros de agua en 369 carrotanques desde 2014.
•        52 carrotanques en operación y
44 en movilización.
•        Entrega de 25 equipos de Banco
de Maquinaria a la Gobernación por parte de la UNGRD.
•        222 proyectos de soluciones de
agua.
•        12170 hogares beneficiados por
proyectos de seguridad alimentaria ReSa[87].
•        15 soluciones integrales
construidas en la Alta Guajira.
•        122 comunidades con proyectos
entregados por el Ministerio de Agricultura y 26 por la UNGRD.
•        4700 ayudas humanitarias
repartidas por la UNGRD en Manaure.
•        6613 toneladas de alimento para
ganado repartidas por la UNGRD.
•        Atención extramural a 9684
familias de la zona rural de la Alta Guajira.
Adicional a esto, el Gobierno ha
desarrollado tres estrategias destinadas a atender directamente las
problemáticas identificadas por la CIDH, a saber: (i) la estrategia de atención
integral en salud y en nutrición con enfoque comunitario, (ii) la Estrategia de
micro-focalización y, (iii) la Alianza por el Agua y por la Vida.
Sobre la estrategia de atención
integral en salud y en nutrición con enfoque comunitario, se han dispuesto
17 equipos extramurales de salud y la contratación de 77 agentes comunitarios
que se encargan de hacer seguimiento en campo a las recomendaciones dejadas por
el equipo extramural, así como de realizar vigilancia epidemiológica.
En cuanto a la estrategia de micro-focalización
se han identificado 442 niños con desnutrición y 36 gestantes con bajo peso,
quienes fueron remitidos de inmediato a las secretarias de salud municipales,
donde recibieron atención de acuerdo con su condición y fueron remitidos a los
Centros Zonales para su vinculación a las diferentes modalidades de
recuperación nutricional. (Fases de noviembre 2015 y febrero de 2016, y junio y
diciembre de 2015)
En relación con la estrategia denominada
Alianza por el Agua y por la Vida[88], 14 entidades del Gobierno Nacional han
realizado visitas de diálogo y concertación con representantes de 330
comunidades Wayúu de Manaure, Maicao, Uribia y Zona rural de Riohacha. Es estas
visitas se han concertado compromisos puntuales para desarrollar soluciones de
agua, salud y nutrición.
Según se explicó en la parte motiva de
esta providencia (supra 9) la Constitución Política de Colombia
establece un concepto de derecho a la igualdad relacional, esto quiere decir
que, se concreta al evaluar dos o más situaciones jurídicas, puesto que refiere
al derecho a obtener un trato igual en situaciones de hecho iguales, o un trato
distinto cuando ello lo amerite.
Dicho lo anterior, corresponde a la Sala
Novena examinar las circunstancias que dieron lugar a las medidas cautelares
proferidas por la CIDH y que generaron, como consecuencia, la implementación de
programas Estatales en las comunidades Wayúu de Uribia, Maicao, Riohacha y
Manaure, para después contrastar con los supuestos de hecho que enmarcan la
situación de la comunidad Wayúu de Hatonuevo, con el fin de determinar si este
resguardo indígena, debe ser receptor de los mismos programas, por principio de
igualdad.
Situación de hecho del pueblo Wayúu
asentado en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao que dieron lugar
a las medidas cautelares de la CIDH[89].
·
La Guajira es uno de
los departamentos que ha registrado los más altos índices de desnutrición
global, ocupando el primer lugar en Colombia con una prevalencia del 11.2%.
·
Los sistemas de
almacenamiento de agua y los arroyos que proveían agua a las comunidades de la
Guajira están completamente secos, por lo tanto, la mayor parte de las
comunidades indígenas en La Guajira no cuentan con acceso al agua para consumo
humano, ni tampoco para realizar las actividades que constituirían su sustento
básico, tales como la cría y pastoreo de ganado caprino y los cultivos de pan
coger.
·
La cuenca del río
Ranchería es una zona en proceso de desertificación donde la principal fuente
de abastecimiento es el agua subterránea, razón por la que el proyecto Cerrejón
genera una grave amenaza para la supervivencia de dichas comunidades.
·
En el transcurso del
año 2015 fallecieron 11 niños en La Guajira por causas asociadas a la falta de
agua y a la desnutrición.
·
En el Municipio de
Uribia no existe arteria fluvial alguna que pueda denominarse río.
Situación de hecho de la Comunidad Wayúu
de Lomamato[90]
·
El Resguardo de
Lomamato se encuentra a 5 kilómetros de la vía principal asfaltada que une al
norte con el sur de La Guajira, la cual se encuentra pavimentada.
·
La Comunidad cuenta
con una institución educativa moderna la cual está completamente dotada con
aulas informáticas.
·
Los niños del resguardo son beneficiarios del programa
de transporte escolar así como del programa alimenticio PAE, igualmente, se han
ejecutado proyectos de seguridad alimentaria y otros beneficios para dicha
comunidad[91].
·
Desde el año 2014 se
declaró la calamidad pública en el Departamento de La Guajira, declaratoria que
incluyó dentro de las poblaciones afectadas a la Comunidad de Lomamato,
Hatonuevo.
·
El Resguardo de
Lomamato no cuenta con agua potable para el consumo diario de todos los
habitantes, toda vez que tienen un pozo del cual extraen el líquido, una
alberca en la cual es almacenada y tanques en cada rancho con los que dosifican
el uso diario, el agua es salada y ocasiona que la comunidad en general y
específicamente los niños presenten serios problemas de salud.
·
Se encuentra que en
la comunidad hay aproximadamente 40 niños en estado de desnutrición[92].
Una vez analizadas las características
sociales y humanitarias de la Comunidad de Lomamato, y de los pueblos Wayúu
ubicados en los municipios de Uribia, Maicao, Riohacha, así como Manaure, evidencia
la Sala Novena que la situación de mortalidad y de falta de agua es un problema
generalizado en el territorio de La Guajira. También es claro que la crisis ha
tocado las puertas del Resguardo de Lomamato, de manera específica.
Es decir, la Sala evidencia que la
Comunidad de Lomamato se encuentra en similares circunstancias fácticas que los
pueblos Wayúu asentados en los municipios que fueron beneficiarios de las
medidas cautelares proferidas por la CIDH.
Por ello, la Sala Novena de Revisión
observa con mucha preocupación, desde una perspectiva constitucional, el contrasentido
que genera la situación de una zona territorial en la que en pleno siglo XXI,
sus habitantes no cuenten con el elemento esencial de la vida que es el agua. Es
un absurdo humanitario pensar que una franja de la población no tenga acceso al
consumo vital de agua de manera digna, toda vez que esta situación desencadena
en una crisis de mortalidad, sobre todo en la pequeña infancia.
Advierte esta Corte, que el Estado no
puede esperar más tiempo para brindar soluciones reales a las poblaciones que se
encuentran afectadas por estos hechos, sino que debe actuar de manera inmediata
para conjurar la crisis humanitaria en la Guajira. Es por esto, que el juez
constitucional no puede ser ciego a las circunstancias, y debe impartir órdenes
tendientes a proteger a la Comunidad de Lomamato, puesto que para eso son los
derechos fundamentales y, en este caso específico, la igualdad.
Al ser las medidas cautelares proferidas
por la CIDH obligatorias en tanto entran a formar parte del ordenamiento
jurídico como se mencionó anteriormente (supra 9), las autoridades
estatales deben actuar conforme a ellas, de buena fe, con el fin de garantizar
la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. No obstante, la actuación estatal no puede
cesar ahí, por el contrario, es obligación de las autoridades colombianas, en
virtud de la Carta Política, específicamente el artículo 13 (derecho a la
igualdad), no solo implementar programas que busquen dar cumplimiento a las medidas
ordenadas por la Comisión en relación con los sujetos específicamente
protegidos por ellas, sino que si encuentran que una población está enmarcada
en supuestos de hecho similares a los que dieron origen a la protección
internacional, debe proceder a otorgar el mismo estándar, so pena de vulnerar
el derecho fundamental a la igualdad. Ello, en tanto las autoridades se
encuentran compelidas a otorgar un trato paritario a personas que se hallan en
una misma situación
Además, sería un desgaste tanto para la
Comunidad como para el Estado, pretender que los actores eleven su solicitud
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual llevaría a que se
iniciara un nuevo proceso contra el Estado Colombiano en instancias
internacionales. Ello, no sería coherente con el principio de subsidiariedad
del Sistema Interamericano, el cual propende porque los Estados, sean quienes
primordialmente velen por los derechos de sus ciudadanos.
En este sentido, es diáfano para la
Corte que el Estado debe implementar en la comunidad de Lomamato ubicada en
Hatonuevo, La Guajira, todos los programas que esté desarrollando en los
Municipios de Uribía, Maicao, Riohacha y Manaure, con ocasión de la crisis
humanitaria que padece La Guajira. Ello, por cuanto acoger una posición
contraria produciría una vulneración del derecho a la igualdad, en tanto nos
encontramos ante situaciones de hecho similares, que ameritan un trato igual
por parte del Estado, máxime si se tiene en cuenta que la Gobernación de La
Guajira confirmó que a la fecha no se viene adelantado proyecto alguno en la
Comunidad Wayúu de Lomamato, en relación con el aprovisionamiento de agua
potable[93].
Lo anterior, no quiere decir que esta
Corporación esté ampliando las medidas cautelares proferidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que la Corte reconoce que eso
sería inmiscuirse en los asuntos que atañen únicamente a este organismo
inter-regional. Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la situación
humanitaria descrita, por derecho a la igualdad, merece protección, por lo
tanto, la Sala ordenará que se hagan extensivas en igualdad de condiciones en
el Resguardo Wayúu de Lomamato, las diversas políticas públicas que en la
actualidad se imparten por las diferentes autoridades que atienden la
emergencia de desnutrición infantil en las comunidades Wayúu ubicadas en los
municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
12.
Síntesis de
la decisión
En el presente caso corresponde a la Sala Novena de Revisión
analizar las acciones de tutela interpuestas por Armando Guariyu Epiayu contra
el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías,
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Municipio de Hatonuevo, La
Guajira (Expediente T-5.729.915) y Ever Heriberto Ojeda Curvelo contra
el Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías  (Expediente
T-6.085.424).
Los accionantes solicitan que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido, así como a la
autodeterminación de los pueblos indígenas, y en consecuencia, se ordene a la
Alcaldía de Hatonuevo posesionar a Armando Guariyu Epiayu como Representante
Legal de la Comunidad de Lomamato y, al Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, Rom Y Minorías- registrarlo en
tal calidad. Ello, con fundamento en que Armando Guariyu Epiayu fue
presuntamente reconocido como representante legal del Resguardo de Lomamato,
por la Asamblea Autónoma realizada en el “Kiosko Verde Comunitario de
Guamachito”, el 1° de marzo de 2016.
Además, el ciudadano Ever Heriberto Ojeda Curvelo solicita que
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) extiendan al Resguardo de Lomamato los
programas y proyectos implementados en las comunidades de Uribía, Manaure,
Riohacha y Maicao, en virtud de las medidas cautelares adoptadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo anterior, al considerar
que Lomamato hace parte del pueblo Wayúu, y padece las mismas necesidades
nutricionales, de agua potable y de prevención de enfermedades, que motivaron
la adopción de las medidas cautelares por parte de la CIDH.
De acuerdo con los hechos descritos por los accionantes, las
pruebas que reposan en el expediente y las contestaciones a las demandas de
tutela, corresponde a esta Sala resolver los siguientes asuntos previos:
Como primera medida, se debe establecer si se está en presencia
del fenómeno de la cosa juzgada constitucional, en relación con la petición referente a la posesión y registro del
señor Armando Guariyu Epiayu como Representante Legal de la Comunidad de
Lomamato. Ello, puesto que las entidades accionadas, en sus contestaciones a la
solicitud de amparo, argumentaron la posible configuración de esta figura
procesal frente a las acciones de tutela presentadas por Luis Alberto
Valdeblanquez Uriana[94] y Luz
Mariela Epinayu Orozco[95].
Al respecto, reitera la Corte que la cosa juzgada constitucional
hace referencia a que una vez proferida sentencia de única o de última
instancia dentro de un proceso, la litis se entiende concluida, y no se
existe la posibilidad de revivir nuevamente la causa, por medio de un análisis
jurídico posterior. Con el fin de evaluar si se presenta esta figura
constitucional, el juez debe determinar que (i) se adelanta un proceso nuevo
con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) en el nuevo proceso
exista identidad de partes; (iii) el nuevo proceso versa sobre las mismas
pretensiones; y, (iv) el nuevo proceso se adelanta con fundamento en los mismos
hechos.
En el caso concreto, evidencia la Sala
que en dos ocasiones anteriores[96], los
jueces constitucionales se pronunciaron en torno a la problemática de
representatividad al interior del Resguardo Indígena de Lomamato. Sin embargo,
esto no implica que se configure la cosa juzgada en el presente caso. Ello,
pues como se evidencia en el cuadro presentado como Anexo III, no hay identidad
de causa, toda vez que se trata de eventos electorales diferentes, los cuales
se produjeron en distintas fechas a saber: (i) 12 de diciembre del 2010, donde
resultó electo el señor José Gilberto Duarte Pushaina; (ii) 4 de diciembre de
2013, fecha en la que se escogió a Luz Mariela Epinayú Orozco; y (iii) 1° de
marzo de 2016, donde se eligió a Armando Guariyu Epiayu.
Adicionalmente, no hay identidad de
partes en cuanto las acciones de tutela fueron interpuestas en cada oportunidad
por diferentes accionantes, a saber: (i) Luis Alberto Valdeblanquez Uriana,
(ii) Luz Mariela Epinayú Orozco, (iii) Armando Guariyu Epiayu y, (iv) Ever
Heriberto Ojeda Curvelo.
En conclusión, es claro para la Sala Novena
de Revisión que no se configura la cosa juzgada en los casos que son objeto de
revisión por parte de la Corte Constitucional en esta ocasión.
En segundo lugar, es necesario
determinar la procedencia del amparo. Para el efecto, la Sala deberá abordar el
estudio sobre la legitimidad, la subsidiariedad, la inmediatez y la relevancia
constitucional. A partir de esta definición, se determinará si la tutela
procede en el caso concreto.
En cuanto a la legitimación de las
partes, este Tribunal Constitucional ha señalado que las comunidades indígenas
tienen derecho a defender su integridad cultural y autonomía, sin escindir su
existencia colectiva, por lo tanto, sus autoridades o las organizaciones que
los conforman se encuentran legitimadas para instaurar acciones de tutela[97].
En vista de ello,
encuentra la Sala que se satisface el requisito de legitimidad en la causa por
activa, puesto que respecto del expediente T-5.729.915 es el señor Armando
Guariyu Epiayu quien interpone la acción de tutela, el directo afectado con la
negativa de dar posesión e inscribirlo como Cabildo Gobernador, por parte de la
Alcaldía de Hatonuevo y de la DAIRM. En cuanto al expediente T-6.085.424, la
acción de tutela es interpuesta por el señor Ever Heriberto Ojeda Curvelo,
quien es autoridad tradicional del clan Epiayu de la comunidad indígena La
Crítica[98],
quien dado su cargo cuenta con legitimación suficiente para actuar.
Ahora bien, la tutela
es procedente para resolver temas que atañen a problemas de representatividad
en comunidades indígenas, y en especial en el caso del Resguardo de Lomamato,
toda vez que la Corte ha sido enfática en señalar que cuando se busca la
protección de los derechos a la representación política, igualdad, debido
proceso y autonomía de comunidades indígenas, no existe acción electoral alguna
que permita dilucidar los asuntos relacionados con estos derechos. Igualmente,
ha precisado que muchas veces las autoridades indígenas se encuentran inmersas
en el conflicto, por lo que no es posible resolver tales asuntos al interior de
la comunidad. Es por esto que, la acción de tutela es el mecanismo conducente
para proteger los derechos invocados por los peticionarios, y aún más cuando la
violación de imputa a una autoridad estatal[99].
En relación con la petición de extensión
de los programas estatales implementados en los municipios de Uribia, Manaure,
Maicao y Riohacha, es evidente para la corte que se trata de una presunta
vulneración del derecho a la igualdad, y que no existe otro medio idóneo o
eficaz, que pueda dar solución a lo pretendido, por lo tanto, corresponde al
juez constitucional estudiar el caso.
En cuanto a la inmediatez, la Corte ha
precisado que el
propósito de la acción de tutela es obtener la protección inmediata de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados, por lo
que es importante que el amparo se interponga en un plazo razonable[100],
lo cual se conoce como el requisito de inmediatez. Este requerimiento tiene
como fundamento no solo la naturaleza de la acción de tutela, sino los
principios de seguridad jurídica y respeto de los intereses de terceros.
En ese orden de ideas, estima la Sala de
Revisión que frente al expediente T-5.729.915 se cumple el requisito de
inmediatez, toda vez que Armando Guariyu Epiayu estima que sus derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, entre otros, fueron vulnerados con
ocasión de la negativa por parte de la Alcaldía de Hatonuevo de posesionarlo
como Representante Legal de la Comunidad de Lomamato, y de la DAIRM de
registrarlo en tal calidad. Estos hechos tuvieron lugar los primeros días del
mes de marzo de 2016, y la acción de tutela fue promovida el 30 de marzo de la
misma anualidad, por lo que es evidente que se interpuso dentro de un plazo
razonable.
En relación con el expediente
T-6.085.424 también se cumple este requisito, puesto que el accionante Ever
Heriberto Ojeda Curvelo solicita la protección de sus derechos fundamentales y
los de la Comunidad de Lomamato, a la igualdad, al debido proceso, a elegir y
ser elegido y a la autodeterminación, los cuales han sido presuntamente
vulnerados con ocasión de dos circunstancias, a saber: (i) la negativa
por parte de la DAIRM de registrar al señor Armando Guariyu Epiayu como
representante del Resguardo de Lomamato y, (ii) la no extensión de los
programas que el Gobierno Nacional ha venido desarrollando con ocasión del
cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la CIDH para proteger los
derechos de los pueblos Wayúu ubicados en los municipios de Uribía, Manaure,
Maicao y Riohacha.
Frente a la primera petición, evidencia
la Corte que el proceso electoral del señor Armando Guariyu Epiayu se llevó a
cabo el 1° de marzo de 2016, y la tutela fue interpuesta por Ever Heriberto
Ojeda Curvelo el 9 de septiembre del mismo año, es decir, 6 meses después de
que resulta electo el ciudadano Guariyu. Así mismo, es de recordar que la
presunta vulneración continúa en el tiempo, toda vez que a la fecha la DAIRM no
ha registrado al Representante Legal de Lomamato.
En cuanto a la no extensión de las
medidas cautelares, estima la Sala que se trata también de una presunta
violación que permanece en el tiempo, por ejemplo, mediante oficio del 5 de
junio de 2017, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Gobernación del
Departamento de La Guajira indicó que a la fecha no se viene adelantado
proyecto alguno en la Comunidad de Lomamato, correspondiente al sector de agua
potable[101]. Esto
permite afirmar con certeza que la vulneración de derechos fundamentales es
actual, por lo que se verifica el cumplimiento de la inmediatez.
Frente a la relevancia constitucional,
encuentra la Sala que la materia procesal en estudio comporta ésta
característica en razón a que se encuentran en discusión los derechos
fundamentales a la autonomía de los pueblos indígenas, a elegir y ser elegido,
a la igualdad y al debido proceso de Armando Guariyu Epiayu, Ever Heriberto
Ojeda Curvelo y la Comunidad Indígena de Lomamato.
Una vez desarrolladas las cuestiones
previas de cosa juzgada, carencia actual de objeto y procedencia de la acción
de tutela, la Sala Novena emprende el estudio de fondo del caso. En particular
se circunscribirá a la resolución de los siguientes problemas jurídicos:
(i)   ¿Una entidad (el Ministerio del
Interior-Dirección de asuntos indígenas, Minorías y Rom- y la Alcaldía
Municipal de Hatonuevo) vulnera los derechos fundamentales a elegir y ser
elegido, a la autonomía política, al debido proceso y a la autodeterminación de
los pueblos indígenas, al negarse a dar posesión, inscribir y registrar a un
miembro (Armando Guariyu Epiayu) de una comunidad indígena (Resguardo de
Lomamato), quien aduce haber sido elegido como Representante Legal de la misma,
bajo el argumento de que éste fue elegido sin el cumplimiento de los requisitos
fijados por las mismas comunidades, y en que existe un problema interno de
representatividad?
(ii)Una entidad (Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social e Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar) vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso
de los niños de una comunidad indígena (Resguardo de Lomamato) al no hacer
extensivas a dicha población las políticas implementadas para la solución de
los problemas de desnutrición y escasez de agua potable implementadas en otros
sectores del Departamento de la Guajira (Uribia, Maicao, Manure y Riohacha),
con ocasión de las medidas cautelares No. 51 del 11 de diciembre de 2015,
proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger los
derechos de los pueblos Wayúu?
Problemas de
representatividad en la Comunidad de Lomamato
En el presente caso, se tiene
que los accionantes en las tutelas que se revisan, solicitan el amparo de sus
derechos fundamentales al autogobierno, a la autonomía política y a elegir y
ser elegido, como consecuencia de la negativa del Ministerio del Interior-DAIRM
de registrar a Armando Guariyu Epiayu como representante legal (cabildo
gobernador) del Resguardo de Lomamato.
Con el fin de resolver la
situación planteada, la Sala analiza la protección constitucional del derecho a
la diversidad étnica y cultural, así como la autonomía política, administrativa
y autogobierno de los pueblos indígenas, en los siguientes términos:
La diversidad étnica y
cultural es un derecho y un pilar fundamental del Estado y en virtud de ello,
otorga a las comunidades indígenas una protección especial de sus costumbres,
territorio y autonomía. Esta última hace referencia a la capacidad que tienen
los pueblos indígenas de darse su propia organización social, económica y
política. Por lo tanto, tienen las facultades de: (i) escogencia de la modalidad de
gobierno que los rige; (ii) consolidación y determinación de sus instituciones
políticas y autoridades tradicionales; (iii) posibilidad de establecer las
funciones que corresponden a dichas autoridades; (iv) determinación de los
procedimientos y requisitos de elección de sus autoridades, así como la
modificación y actualización de tales normas; y (v) definición de las
instancias internas de resolución de sus conflictos electorales[102].
Específicamente, en
materia de conflictos que se suscitan dentro de las comunidades indígenas, en
relación con procesos de elección y nombramiento de autoridades, es importante
precisar que son estos pueblos los primeros llamados a controlar su desarrollo
político, por lo tanto, a solucionar el problema. No
obstante, en caso de que se verifique la imposibilidad de la Comunidad para
resolver sus problemas, es procedente que se haga, en primera medida, un
acompañamiento por parte de la autoridad competente, en la actualidad la DAIRM,
entidad que debe generar espacio de concertación y diálogo tendiente a
solucionar el conflicto. Posteriormente, si se llega a verificar que la situación
persiste, las autoridades estatales están compelidas a tomar medidas, que se
enmarquen en la Constitución y la ley, en favor de los miembros de pueblos
indígenas cuando la falta de solución de los conflictos de representatividad,
genere un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas[103].
A partir del análisis realizado
de la protección constitucional del derecho a la diversidad étnica y cultural,
así como la autonomía política, administrativa y autogobierno de los pueblos
indígenas, la Corte encuentra que en este caso no hay vulneración de los
derechos invocados por los accionantes, por cuanto es la Comunidad quien debe
primero solucionar el problema de representatividad que se presenta, por lo que
mal actuaría el Ministerio del Interior-DAIRM, en registrar a Armando Guariyu
Epiayu, ya que esto si sería una intromisión indebida en los asuntos de estos
pueblos. Ello, por cuanto, se comprobó que el presunto representante legal de
Lomamato, no fue elegido conforme a los usos y costumbres de la Comunidad, toda
vez que de acuerdo con los estatutos del resguardo de Lomamato, el cabildo
gobernador es elegido por la totalidad de autoridades claniles que lo conforman[104],
situación que como puso de presente la DAIRM no se dio en la elección del señor
Armando Guariyu Epiayu.
En este sentido, se evidencia
que todas las actuaciones desplegadas por la DAIRM en el presente caso, han
sido conformes con la Constitución y las leyes que regulan la materia. Por
ello, se conminará a esta entidad estatal para que continúe con las gestiones
correspondientes a terminar la verificación y reconocimiento de todas las
autoridades claniles del Resguardo de Lomamato. Asimismo, una vez realizado
esto, acompañe a la comunidad en la elección de la persona que va a fungir como
cabildo gobernador, con el fin de que verifique que el proceso electoral se
lleve a cabo de conformidad con lo establecido en los estatutos del Resguardo
de Lomamato, y por último, una vez surtido el proceso, proceda a realizar el
registro sin dilaciones.
Asi mismo, en el caso de la
Alcaldía de Hatonuevo, La Guajira, resalta la Sala que si bien esta entidad ya
procedió a posesionar a Armando Guariyu, no lo hizo motu proprio, sino
en cumplimiento de una decisión judicial. Es por ello, que no existe vulneración
de derechos fundamentales que pueda predicarse de la Alcaldía.
Extensión de los programas estatales
implementados en las comunidades de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha con
ocasión de las medidas cautelares proferidas por la CIDH, a la Comunidad de
Lomamato.
Se tiene que el ciudadano Ever Heriberto Ojeda Curvelo
solicita que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) extiendan al Resguardo de Lomamato los
programas y proyectos implementados en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, en
virtud de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Ello, al considerar que Lomamato hace parte del pueblo
Wayúu, y padece las mismas necesidades nutricionales, de agua potable y de
prevención de enfermedades, que motivaron la adopción de las medidas cautelares
por parte de la CIDH.
En
primera medida, es claro para la Sala que las medidas cautelares decretadas por
la CIDH tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano, en
tanto hacen parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad con el
artículo 93 superior. Ello, conlleva a que las autoridades colombianas tengan
el deber de examinar las mismas de buena fe, en tanto los fines que se
pretenden alcanzar con ellas, son compatibles y se complementan con las
obligaciones que surgen del artículo 2 de la Constitución de 1991.
Ahora
bien, para la Corte resolver la pretensión puesta a su consideración, debe hacer
un análisis sobre el derecho a la igualdad. Frente a esto, encuentra la Sala
que la igualdad es uno de los elementos fundantes del Estado Social de Derecho,
el cual es reconocido y regulado a lo largo de toda la Constitución Política de
1991, y comporta tres facetas a saber: (i) es un valor, en cuanto establece fines (ii) un
principio, en tanto se trata de una norma de mayor eficacia que debe ser
aplicada de manera directa e inmediata por el legislador  y, (iii) un derecho.
La igualdad como principio
carece de contenido material específico en tanto no protege algún aspecto
concreto de la esfera de la actividad humana, sino que puede ser alegada ante
cualquier trato diferenciado injustificado. Por esto, la Corte ha señalado que
tiene carácter relacional[105]. Esta
característica refiere a la posibilidad de invocar el derecho a la igualdad
frente a cualquier actuación del Estado.
En cuanto al alcance del
principio general de igualdad, la Corte ha reconocido que establece un deber
específico, en su “acepción de igualdad de trato”[106],
del cual se deprenden dos deberes específicos que vinculan a los poderes
públicos, a saber: (i) obligación de dar el mismo trato a supuestos de hecho
equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgar un tratamiento
diferente; (ii) obligación de que las autoridades públicas diferencien entre
situaciones distintas, con el fin de dar un trato desigual.
Descendiendo al caso concreto, una vez analizadas las situaciones
sociales y humanas que circunscriben a la Comunidad de Lomamato, la Sala
observa con mucha preocupación que el Resguardo se encuentra a 5 kilómetros de
la vía principal, que además, no cuenta con agua potable para el consumo diario
de todos los habitantes, y que se han comprobado aproximadamente 40 casos de
niños en estado de desnutrición.
Esta situación, es evidentemente similar a la que circunscribe a las
comunidades Wayúu asentadas en los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y
Maicao, y que dieron lugar a las medidas cautelares de la CIDH, las cuales
generaron la implementación de programas estatales en esos municipios.
Entonces, es claro para la Corte que es un absurdo humanitario pensar
que una comunidad no tenga acceso al consumo vital de agua de manera digna, y
que el Estado, en cumplimiento de órdenes impartidas por un órgano
inter-regional, únicamente implemente programas para conjurar la situación, en
determinados municipios, obviando que la Comunidad de Lomamato, se encuentra en
iguales circunstancias, y que ameritan protección urgente.
En este sentido, es diáfano para la Corte que
el Estado debe implementar en la Comunidad de Lomamato ubicada en Hatonuevo, La Guajira, todos los programas que esté
desarrollando en los Municipios de Uribía, Maicao, Riohacha y Manaure, con
ocasión de la crisis humanitaria que padece La Guajira. Lo anterior, porque
acoger una posición contraria produciría una vulneración del derecho a la
igualdad, en tanto nos encontramos ante situaciones de hecho similares, que
ameritan un trato igual por parte del Estado, máxime si se tiene en cuenta que
la Gobernación de La Guajira confirmó que a la fecha no se viene adelantado
proyecto alguno en la Comunidad Wayúu de Lomamato, en relación con el
aprovisionamiento de agua potable[107].
Ello, no quiere decir que esta Corporación
esté ampliando las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, toda vez que la Corte reconoce que eso sería inmiscuirse
en los asuntos que atañen únicamente a este organismo inter-regional. Sin
embargo, la Sala no puede pasar por alto que la situación humanitaria descrita,
por derecho a la igualdad, merece protección.
Con base en lo expuesto a lo largo de
esta providencia la Sala Novena de Revisión procederá a lo siguiente:
(i)   Revocará los fallos de tutela proferidos en
segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, de fecha 9 de junio de 2016, en cuanto había revocado la
sentencia del ad quo y declaró improcedente la acción de tutela
promovida por ARMANDO GUARIYU EPIAYU contra el Ministerio del Interior
–Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Municipio de Hatonuevo, La Guajira y, en primera instancia
por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, de fecha 13 de abril de 2016, que había concedido el amparo a
los derechos fundamentales a la diversidad étnica, autonomía y gobierno propio,
solicitado por el accionante. En su lugar, negará el amparo a los derechos fundamentales a la diversidad étnica, autonomía y
gobierno propio del ciudadano ARMANDO GUARIYU EPIAYU y del Resguardo Wayúu de
Lomamato. (Expediente T-5.729.915).
(ii)Revocará la sentencia de tutela proferida en
segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, de fecha 23 de
febrero de 2017, confirmatoria de la providencia dictada en primera instancia
por el Tribunal Contencioso Administrativo de Riohacha, La Guajira, de fecha 27
de septiembre de 2016, que había declarado improcedente la acción de tutela
formulada por EVER HERIBERTO OJEDA CURVELO contra el Ministerio del
Interior-Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la Prosperidad Social.
En su lugar, negará el amparo a los derechos fundamentales a la diversidad étnica, autonomía y
gobierno propio del ciudadano EVER HERIBERTO OJEDA CURVELO y del RESGUARDO
WAYÚU DE LOMAMATO y concederá el amparo del derecho fundamental a la
igualdad, del ciudadano EVER HERIBERTO OJEDA CURVELO y de los integrantes del
RESGUARDO WAYÚU DE LOMAMATO. En consecuencia, ordenará al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, para que en un término no mayor a un (1) mes, contado a
partir de la notificación de esta providencia, hagan extensivas en igualdad de
condiciones, en el RESGUARDO WAYÚU DE LOMAMATO, HATONUEVO, LA GUAJIRA,
las diversas políticas públicas que en la actualidad se imparten por las
diferentes autoridades que atienden la emergencia de desnutrición infantil en
las comunidades Wayúu ubicadas en los Municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y
Maicao. (Expediente T-6.085.424)
(iii)
Conminará al Ministerio del Interior,
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, que dentro de sus competencias
legales continúe asesorando a los integrantes del Resguardo Wayúu de Lomamato,
para que cese el conflicto interno de representatividad que se presenta.
(iv)
Ordenará al
Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías que
dentro de un término no mayor a tres (3) meses, contado a partir de la
notificación de la presente providencia, finalice el proceso de verificación de
las autoridades claniles del Resguardo, con el fin de que una vez verificadas
la totalidad de las mismas, acompañe a la comunidad en la realización de un
nuevo proceso electoral, el cual debe llevarse a cabo de conformidad con sus
usos y costumbres.
(v) Ordenará al Ministerio del Interior,
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, que una vez cumplida la orden
precedente, proceda a registrar sin dilación alguna al Representante Legal que
la Comunidad escoja.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos
decretada en el presente proceso de tutela acumulado, mediante auto del primero
de febrero de 2017.
SEGUNDO.- Expediente T-5.729.915. REVOCAR los fallos de tutela proferidos en
segunda instancia por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, de fecha 9 de junio de 2016, en cuanto había revocado la
sentencia del ad quo y declaró improcedente la acción de tutela
promovida por ARMANDO GUARIYU EPIAYU contra el Ministerio del Interior
–Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Municipio de Hatonuevo, La Guajira y, en primera instancia
por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, de fecha 13 de abril de 2016, que había concedido el amparo a
los derechos fundamentales a la diversidad étnica, autonomía y gobierno propio,
solicitado por el accionante. En su lugar, NEGAR el amparo a los derechos fundamentales a la diversidad étnica, autonomía y
gobierno propio del ciudadano ARMANDO GUARIYU EPIAYU y del Resguardo Wayúu de
Lomamato.
TERCERO.- Expediente T-6.085.424.
REVOCAR la
sentencia de tutela proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, de fecha 23 de febrero de 2017, confirmatoria de la providencia
dictada en primera instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Riohacha, La Guajira, de fecha 27 de septiembre de 2016, que había declarado
improcedente la acción de tutela formulada por EVER HERIBERTO OJEDA CURVELO contra
el Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento para la
Prosperidad Social. En su lugar, NEGAR el amparo a los derechos fundamentales a la diversidad étnica,
autonomía y gobierno propio del ciudadano EVER HERIBERTO OJEDA CURVELO y del RESGUARDO
WAYÚU DE LOMAMATO y CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la
igualdad, del ciudadano EVER HERIBERTO OJEDA CURVELO y de los integrantes del RESGUARDO
WAYÚU DE LOMAMATO. En consecuencia, ORDENAR al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, que en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir
de la notificación de esta providencia, hagan extensivas en igualdad de
condiciones, en el RESGUARDO WAYÚU DE LOMAMATO, HATONUEVO, LA GUAJIRA,
las diversas políticas públicas que en la actualidad se imparten por las
diferentes autoridades que atienden la emergencia de desnutrición infantil en
las comunidades Wayúu ubicadas en los Municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y
Maicao.
CUARTO.- CONMINAR al Ministerio del Interior -Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para que dentro de sus competencias
legales continúe asesorando a los integrantes del Resguardo Wayúu de Lomamato, con
la finalidad que cese el conflicto interno de representatividad que se
presenta.
QUINTO.- ORDENAR al Ministerio del Interior -Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías que dentro de un término no mayor a tres
(3) meses, contado a partir de la notificación de la presente providencia,
finalice el proceso de verificación de las autoridades claniles del Resguardo,
con el fin de que una vez verificadas la totalidad de las mismas, acompañe a la
comunidad en la realización de un nuevo proceso electoral, el cual debe
llevarse a cabo de conformidad con sus usos y costumbres.
SEXTO.- ORDENAR al Ministerio del Interior -Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, que una vez cumplida la orden precedente,
proceda a registrar sin dilación alguna al Representante Legal que la Comunidad
escoja.
SÉPTIMO.- ORDENAR
al Ministerio del Interior -Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías, traducir la presente sentencia a lengua
Wayuunaiki.
OCTAVO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, Comuníquese,
Publíquese y Cúmplase,
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ANEXO I
Pruebas que obran
dentro del Expediente T-5.729.915 (Caso 1)
A continuación, la Sala Novena de Revisión reseñará
las pruebas allegadas por el accionante (Armando Guariyu Epiayu), como las
recaudadas en el proceso, medios de convicción allegados por las partes y los
intervinientes.
Ø    El accionante
acompañó el escrito de tutela con los siguientes documentos:
§
Copia
de
las actas de posesión de las Autoridades Tradicionales y Claniles del Resguardo
Wayuu de Lomamato, acompañadas con la respectiva copia de la cédula de
ciudadanía de Armando Guariyu Epiayu. (Folios 12-25)
§
Archivo
fotográfico que evidencia la grave crisis por falta de agua potable, vivienda
digna y alimentación de los niños pertenecientes a la comunidad. (Folios 8-11)
§
Copia
del documento de fecha 7 de marzo de 2016 presentado por las Autoridades
Tradicionales y Claniles del Resguardo Wayuu de Lomamato, ante el Ministerio
del Interior -Dirección de Etnias, Minorías y Rom- donde informan que eligieron
al joven Armando Guariyu del clan Epiayu como su “wuekipujana”, es
decir, su representante ante los órganos administrativos, locales, judiciales y
de control en todo el territorio nacional. (Folios 26-28)
§
Copia
del Acta de Congreso General No. 001 de 2016 efectuada en la Comunidad de
Guamachito para abordar la situación actual del Resguardo Indígena de Lomamato
y Descongelamiento de los Recursos (SPS) y otros-Vigencia 2016”. En éste
documento se evidencia que el accionante Armando Guariyu Epiayu fue elegido
como representante del Resguardo Wayuu de Lomamato. (Folios 31-53)
§
Copia
de la convocatoria a Asamblea General el 1 de marzo de 2016 en la Comunidad de
Guamachito para abordar la situación del Resguardo Indígena de Lomamato en relación
con la postulación del representante legal del resguardo y la descongelación de
los recursos C.G.P. y otros. (Folios 54-59)
§
Informe
de la Defensoría del Pueblo del 4 de abril de 2016 en el cual señala que en
compañía del Delegado de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas del Ministerio
del Interior, ha realizado acompañamiento a la Comunidad Wayuu de Lomamato para
la elección de su “alaulayuu” (representante legal), a fin de evitar que
la escogencia esté permeada de influencias ajenas o externas a la misma.
(Folios 92-94)
Ø
Documentos
allegados en sede de revisión
En auto
del 1° de febrero de 2017, el Magistrado Ponente ordenó el recaudo y práctica
de pruebas las cuales resultaban necesarias para: (i) determinar si el
accionante se posesionó ante la Alcaldía de Hatonuevo como Representante del
Resguardo de Lomamato; (ii) establecer si han ocurrido hechos nuevos después de
la interposición de la tutela, que puedan tener como resultado un hecho
superado; (iii) verificar si los recursos destinados al Resguardo Indígena de
Lomamato siguen congelados, o si por el contrario las comunidades ya se
encuentran recibiendo los dineros correspondientes; y, finalmente (iv)
confirmar si efectivamente existe un conflicto de representatividad dentro de
Lomamato. (Folios 44-49)
En
respuesta al anterior requerimiento, el Despacho del Magistrado Ponente recibió
los siguientes elementos probatorios:
Oficio firmado
por Dionisio Vidal Guariyu y otros, en su calidad de autoridades tradicionales
Claniles de las Comunidades de Guamachito, Guaimarito, Manantial Grande, La
Lomita y Lomamato del Resguardo Wayuu de Lomamato. En dicha comunicación estas
autoridades Claniles señalan lo siguiente (Folios 73-89):
“RECHAZAMOS enérgica y
puntual la figura de cabildo Gobernador o representante de nuestro Resguardo
Wayuu de Lomamato del Municipio de Hatonuevo-La Guajira, debemos proteger el
derecho fundamental de nuestras comunidades antes mencionadas por que existen
personas que mienten, engañan, manipulan, exageran, señalan entre otras como el
señor Armando Gouriyu Epiayu, para conseguir su propósito de ser Cabildo
Gobernador del Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato sin el debido
consentimiento de las verdaderas autoridades tradicionales claniles.” (negrilla dentro del texto
original)
Afirman
que el accionante, señor Armando Guariyu Epiayu manipuló a diferentes
autoridades Claniles con el fin de ser escogido como representante de la
comunidad. Igualmente, aducen que 15 de las 24 autoridades debidamente
reconocidas, posesionadas y registradas por la Dirección de Etnias del
Ministerio del Interior, Minorías y Rom rechazan al señor Armando Guariyu
Epiayu como cabildo gobernador.
Específicamente
los señores Jesus Ipuana, Dionisio Vidal Guariyu, Tomas José Uriana, Fabio
Ramírez Guariyu, Luis Mariano Ipuana, José Agustín Pushaina, Vicente Solano,
Atanasio Guauriyu, Arsecio Pushaina, Mon Guauriyu, Samuel Ipuana, Pedro Gustavo
Sapuana, Calixto Fonseca Jarariyu, Ignacio Guauriyu y Camacho Guauriyu,
manifiestan que desconocen el Congreso General No. 001 de  2016 efectuado en la
comunidad de Guamachito para abordar la situación del Resguardo Indígena Wayuu
de Lomamato y el tema de descongelación de recursos del Sistema General de
Participaciones. Además, enfatizan en que rechazan al señor Armando Guariyu
Epiayu como representante.
§
Oficio
firmado por Rafael Ángel Ojeda Brito, Alcalde
Municipal de Hatonuevo en el cual señala que a efectos de dar cumplimiento a lo
ordenado por el juez de primera instancia dentro del presente proceso de
tutela, se posesionó al señor Armando Guariyu Epiayu como representante legal
del Resguardo Wayuu de Lomamato. (Folio 90)
§
Copia del acta del 20 de abril de 2016, mediante la cual se
posesionó al señor Armando Guariyu Epiayu como representante legal del
Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato. (Folio 91)
§
Copia del Acta No. 1 del 7 de marzo de 2016, a través de la cual
se reforma el Reglamento Interno del Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato. El
artículo 2 establece que el señor Armando Guariyu Epiayu es el representante
legal designado del Resguardo. En cuanto a la duración del cargo de
representante, el artículo 316 establece el término de un año a partir de la
posesión. (Folios 97-100)
§
Informe
firmado por Ever Heriberto Ojeda Cúrvelo, autoridad
tradicional en el que expresa que el 1° de marzo de 2016, se realizó asamblea
general con las comunidades del resguardo, en el kiosko verde y se designó a
Armando Guariyu Epiayu como representante de la comunidad. (Folios 101-103)
Reglamento Interno
del Resguardo Indígena de Lomamato. El artículo 3 establece que el Resguardo
Lomamato está dividido en ocho comunidades a saber: Guaimarito, Guamachito,
Cerro Alto, Manantial Grande, Lomamato, La Lomita, La Gloria y El Paraíso. A su
vez, cada una de las comunidades está poblada por uno o varios de los
siguientes clanes: Epiayu, Pushaina, Jariyu, Ipuana, Uriana, Gouriyu, Sapuna y
Epinayu. (Folios 140-343)
El
artículo 20 establece que es el Putchipu (palabrero) la persona
encargada de solucionar los conflictos internos que se susciten al interior de
la comunidad.
En
relación con las autoridades ancestrales, el artículo 25 prescribe que “los
miembros de mayor importancia son los parientes maternos o de carne (apushi).
Los apushi, tienen la misma sangre (asha) y la misma carne (e´iruku), por tal
motivo nuestras autoridades ancestrales son los hermanos mayores de nuestras
madres (tío materno)”.
A su
vez, el artículo 39 hace énfasis en el derecho a la autonomía territorial,
administrativa y en el ejercicio de justicia, del que gozan como comunidades
indígenas Wayuu.
El
Capítulo XXXII refiere lo relacionado con el autogobierno y la estructura de la
comunidad Wayuu de Lomamato, así:
“Artículo 227. Del Consejo
de Autoridades Tradicionales Wayuu “ARAURAYU”: Nuestras autoridades
tradicionales ARAURAYU son los tíos maternos de cada clan, que son reconocidos
por su sabiduría, liderazgo, su conocimiento ancestral  y cultural, así como
por su capacidad de dialogar, media y buscar fórmulas de arreglo cuando se
presentan controversias entre clanes.
Artículo 228. De la conformación
del Concejo de Autoridades Tradicionales ARAURAYU: El Concejo de Autoridades
Tradicionales ARAURAYU está conformado por todas las autoridades Tradicionales
de las ocho comunidades que hacen parte de nuestro Resguardo.
Las decisiones que tomen las
autoridades tradicionales ARAURAYU, en las reuniones ordinarias y
extraordinarias del Concejo, son de obligatorio cumplimiento. Las reuniones
serán registradas en actas físicas y archivadas por la autoridad que el Concejo
de Autoridades ARAURAYU designe para esta función; esta persona realizará un
seguimiento al trabajo realizado por nuestras Autoridades Tradicionales
ARAURAYU, con el fin de generar transparencia en el trabajo.
(…)
Artículo 231. De las formas de
reconocer a las Autoridades Tradicionales: Las autoridades tradicionales ARAURAYU,
serán reconocidas cada una por su clan de origen; por lo tanto habrá tantas
autoridades por comunidad como clanes. (…)
Artículo 233. De las Funciones de
la Autoridad Tradicional: La autoridad Tradicional tendrá las siguientes funciones:
(…)
7. nombrar al Cabildo Gobernador.
(…)”
El
Capítulo XXXIII contempla la figura del Vocero de las Autoridades Tradicionales
Wayuu ARAURAYU. El Vocero, es la persona que escoge la Autoridad Tradicional para
representarla en las diferentes funciones administrativas cuando ésta no lo
pueda hacer personalmente. El vocero debe tramitar su certificación ante la
Alcaldía del Municipio de Hatonuevo.
En el
Capítulo XXXIV se prevé lo referente al Cabildo Gobernador. Al respecto se
señala que es el Representante Legal del Reguardo por lo cual tiene a su cargo
la coordinación y funcionamiento general del territorio. Así mismo, es quien
representa al Resguardo ante el Estado Colombiano, y una vez elegido deberá hacer
los trámites correspondientes para ser reconocido legalmente por las
autoridades públicas del Estado Colombiano.
§     Escrito
firmado por Gloria Teresa Cifuentes de Huertas, asesora de la Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, en donde señala
que el Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato se conformó por las comunidades de
Guaimarito, Guamachito, Lomamato, La Gloria, Manantial Grande, El Paraíso, La
Lomita, Cerro Alto, La Crítica, dentro de los cuales se encuentran asentados un
total de 25 clanes familiares. A su vez, destaca que el 4 de diciembre de 2013,
en el seno de la Asamblea General de la Comunidad tuvieron lugar los comicios
para elegir cabildo gobernador, resultando electa la señora Luz Mariela
Epinayu, por 465 votos. Dicha elección se llevó a cabo de conformidad con los
usos y costumbres de la comunidad, concurriendo la participación de las
Autoridades Tradicionales de las nueve comunidades que integran el resguardo,
sus clanes familiares, y funcionarios del orden municipal de Hatonuevo. (Folios
344-352)
Asevera
la asesora del Ministerio que la comunidad que conforma el Resguardo Lomamato
presentaba conflictos internos para la elección de cabildo gobernador, los
cuales se superaron con la elección de Luz Mariela Epinayu.
El 6 de
diciembre de 2013, la elegida señora Luz Mariela Epinayu tomó posesión del
cargo como Cabildo Gobernador ante el Alcalde y el Secretario de Gobierno del
Municipio de Hatonuevo (Guajira).
El 9 de
diciembre de 2013, se elevó petición escrita ante la Dirección para Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, solicitando la
certificación del registro que acreditara su elección como Cabildo Gobernador,
recibiendo el 26 de diciembre de 2013 respuesta en la que se explican las razones
por las cuales el Ministerio negó la inscripción y registro.
El 6 de
marzo de 2014, la señora Luz Mariela Epinayu interpuso acción de tutela la cual
fue resuelta en primera instancia por el Tribunal Contencioso Administrativo el
17 de marzo de 2014, quien negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la accionante, bajo el argumento de que la solución del conflicto
de representatividad corresponde a la Comunidad del Resguardo de Lomamato, por
lo que la negativa de inscripción en el Registro de Autoridades Indígenas a la
Señora Epiayu no vulnera sus derechos fundamentales, ni los de la Comunidad. Lo
anterior, teniendo en cuenta que se verificó que existió una dualidad de
procesos eleccionarios dentro de la comunidad, por mérito de los cuales se
eligieron a la accionante y al señor Miguel Ipuana.
La
señora Luz Mariela Epinayu, no conforme con la decisión, impugnó el fallo de
tutela, el cual correspondió en segunda instancia al Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, quien confirmó la
providencia. No obstante, adicionó un numeral al fallo, “en el sentido de EXHORTAR
al Ministerio del Interior para que promueva y adopte las medidas
necesarias que garanticen el cumplimiento de los compromisos que asumió con la
comunidad afecta al resguardo LOMAMATO, mediante comunicación
OF113-000040018-11A1-2200 de 26 de diciembre de 2013, en aras de proteger a
dicha población, efectivizando sus derechos fundamentales”[108].
Afirma
el Ministerio del Interior que, en virtud de la anterior decisión, la Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, viene adelantando todas las gestiones
para la solución de los conflictos que se vienen presentando en el Resguardo
Indígena de Lomamato.
Para tal
efecto, esa dependencia ha adelantado una serie de acciones en coordinación con
la Alcaldía Municipal, la Defensoría del Pueblo Regional La Guajira, La
Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de la Guajira, El Consejo
Mayor de palabreros, la Junta Mayor Autónoma de palabreros, con el fin de
buscar una solución a la problemática, debido a la reiterada existencia de
profundas discrepancia internas en las comunidades.
A partir
de octubre de 2014, se organizó una verificación en terreno de las autoridades
tradicionales Claniles, lográndose conclusiones incuestionadas en las nueve
comunidades del Resguardo, proceso que contó con la participación y garantía de
la Alcaldía Municipal, la Defensoría del Pueblo Regional La Guajira, La
Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de La Guajira, el Consejo
Mayor de Palabreros y la Junta Mayor Autónoma de Palabreros.
Señala
el Ministerio que al 1 de marzo de 2016, fecha en que se realizó la reunión en
la cual se designó a Armando Guariyu como representante legal de la comunidad,
se encontraban pendientes de verificación y reconocimiento algunas autoridades
Claniles de los Clanes Zapuana de Guaimarito, del Clan Ipuna Guamachito por la
muerte reciente de la autoridad tradicional legítimamente reconocida. Así
mismo, se habían presentado requerimientos del clan Pushaina de Manantial
Grande y Pushaina de la Lomita, procesos que se encuentran en verificación y
que se llevaron a cabo del 4 al 8 de abril de 2016, con conocimiento de las
autoridades tradicionales. De los anteriores conflictos se pudo llevar a cabo
la verificación del señor Pedro Gustavo Ortiz Sapuana Guamarito, Clan Sapuana
Resguardo Lomamato, y del señor Rosendo Ipuana Clan Ipuana, Comunidad de
Guamachito.
Afirma
la asesora del Ministerio que mediante oficio de febrero 24 de 2016 se solicitó
el acompañamiento para la reunión del 1 de marzo de 2016, invitación que fue
respondida el 11 de marzo de la misma anualidad, estableciendo la posición de
la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, en el sentido de no acompañar
la reunión citada, en consideración a que no era posible elegir un
representante legal por lo mencionado anteriormente.
Señalan
que a la fecha queda pendiente únicamente la verificación de la Autoridad
Clanil de la Comunidad Guaimarito Clan Uriana, por la imposibilidad de llegar a
un acuerdo entre las partes, después de varios intentos fallidos, en reuniones
realizadas durante los años 2015 y 2016, “siendo importante señalar que dada
la ausencia del tío materno, autoridad natural en las rancherías y que acorde
con la tradición Wayuu y en particular de la comunidad Guaimarito, en este
momento, por razones de fallecimiento de la autoridad señor Lorenzo Epinayu,
dicha comunidad tiene una particular circunstancia acéfala en cuanto a su
reconocimiento de autoridad y que debe por tal haber un consenso entre los
sobrinos mayores, respecto a definir quien ha de ser su autoridad
representativa, por lo que no ha sido posible llegar entre los actuales líderes
y voceros y en particular los comuneros Rubén Darío Uriana y Luis Ángel
Gouriyu, a la superación de las discrepancias, no existiendo por lo tanto
legitimidad en el reconocimiento elección de ninguno de ellos tal y como se
desprende de las actas de reunión suscritas en los días 7 de junio y 22 de
febrero de 2015 y Abril de 2016.”[109]
El 18 de
noviembre de 2016, el Ministerio llevó a cabo reunión de verificación de
Autoridad Clanil del Clan Uriana sin que se lograra llegar a algún acuerdo
entre los  sectores de los señores Luis Ángel Gouriyu Uriana y Rubén Darío
Uriana.
En
concreto, en relación con la acción de tutela que actualmente revisa la Corte
Constitucional, advierte el Ministerio del Interior que a la fecha en que se
llevó a cabo la elección del señor Armando Guariyu (accionante) no se
encontraba plenamente definida, verificada y reconocida la totalidad de las
autoridades Claniles, razón por la cual no es de recibo afirmar que en el
Congreso del 1 de marzo de 2016, estuvieran presentes la totalidad de
Autoridades Claniles reconocidas.
Frente a
con los recursos del Sistema General de Participaciones –SGP- indica el
Ministerio que una vez finalizados los conflictos de la comunidad, se creaban
las condiciones para establecer proceso y procedimientos para la posterior
gestión de los recursos y satisfacción de las necesidades de las comunidades.
§
El Ministerio señala que son las Autoridades debidamente
verificadas, posesionadas y registradas, quienes pueden promover acciones en el
ejercicio de su autonomía y autogobierno, para iniciar la definición de los proyectos
de inversión a financiar con cargo a los recursos del Sistema General de
participaciones para Resguardos Indígenas –SGPRI-. Además, hace énfasis en que
según la costumbre Wayuu la autoridad no es delegable, por lo que es inválido
entregar en cabeza de una persona la posibilidad de gestionar ante cualquier
entidad el manejo de los recursos del SGP, razón por la cual “no es posible
entregar la autoridad al Señor Armando Guariyu, puesto que este no tiene poder
alguno sobre un clan, y mucho menos lo podrá tener sobre una comunidad entera
como es el resguardo indígena de Lomamato, puesto que tradicionalmente ese
poder deberá ser ejercido por parte de las autoridades Claniles directamente”[110].
Respuesta del Ministerio del Interior a las solicitudes EXTMI16-0026218 del 1
de junio y EXTMI16-0024732 del 25 de mayo, del señor Armando Guariyu Epiayu. En
cuanto a la petición de registro como Representante Legal del Resguardo
Indígena de Lomamato, el Ministerio señala que ratifica lo manifestado en
Oficio OFI16-000014065-DAI-2200 de mayo 20 de 2016, dirigido al Consejo
Seccional de la Judicatura de la Guajira, en cumplimiento de providencia
calendada de fecha 13 de abril de 2016. (CD, Folio 353)
§
En cuanto a los conflictos internos de la población indígena que
se presenten en el ámbito electoral, reiteró que deben ser resueltos por ella
misma, a menos que se advierta una vulneración flagrante de derecho
fundamentales, de otro modo, cualquier intervención por parte de las
autoridades se considera una intromisión en contravía del derecho a la
autonomía política. (CD, Folio 353)
§
Respuesta del 18 de mayo de 2016, del Ministerio del Interior a la
petición formulada por el señor Mon Guariyu y otros, donde señala que la misma
fue resuelta los días 11 y 12 de mayo de 2016, en la reunión llevada a cabo con
la presencia de todas las autoridades Claniles del Resguardo Indígena de
Lomamato, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. (CD, Folio 353)
§
Respuesta del 23 de agosto de 2016, del Ministerio del Interior a
las peticiones EXTMI16-0041510 y EXTMI16-41820 formuladas por el señor Armando
Guariyu Epiayu quien solicita expedir acto administrativo debidamente motivado
por medio del cual el Ministerio del Interior lo inscriba en su condición de
Cabildo Gobernador del Resguardo Indígena de Lomamato. Al respecto, el
Ministerio manifiesta que posterior al estudio jurídico de la pretensión, dicha
entidad estima que no es posible acceder a su petición. (CD, Folio 353)
§     Respuesta
del 23 de septiembre de 2016, del Ministerio del Interior a la petición
EXTMI16-00343421 formulada por las autoridades indígenas del Resguardo de
Lomamato, mediante la cual solicitan la ratificación de la elección del señor
Armando Guariyu como representante legal del Resguardo Indígena. Al respecto
señala el Ministerio que en la costumbre wayuu no es delegable la autoridad,
siendo invalido entregar en cabeza de una persona la posibilidad de gestionar
ante cualquier entidad, por ejemplo, el manejo de los recursos del Sistema
General de Participaciones. En razón a esto, no es posible la ratificación del
señor Armando Guariyu puesto que el mismo no tiene poder alguno sobre los
clanes que conforman la comunidad. (CD, Folio 353)
§     Comunicación
allegada por Felipe Fonseca en su calidad de Representante Legal del Concejo de
Autoridades Claniles del Resguardo de Lomamato, mediante la cual comunica al
Ministerio del Interior que a través de una concertación llevada a cabo el 28
de octubre de 2015, el Concejo de autoridades Claniles del Resguardo Wayuu de
Lomamato lo eligió como su representante. (CD, Folio 353)
Copia del fallo proferido en segunda instancia por el
Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo- dentro del proceso de
acción de tutela identificado con el No. 44001-23-33-000-2014-00042-01 instaurada
por Luz Mariela Epinayu Orozco contra el Ministerio del Interior – Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para que fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la igualdad, a elegir y ser elegido, al debido proceso, a la
autonomía de las minorías étnicas indígenas, a los usos y costumbres de la
Comunidad Wayuu. Folios (673-683)
En el fallo se sintetizan como supuestos materiales que dan origen
a la solicitud de amparo, los siguientes:
“a. El 4 de diciembre de 2013, en
el seno de la Asamblea General de la Comunidad correspondiente al resguardo
indígena LOMAMATO, integrado por las agrupaciones Guamachito, Guamarito,
Manantial Grande, Las Lomitas, El Paraíso, La Gloria, Cerro Alto y Cañabrava,
situadas en la jurisdicción del Municipio de Hatonuevo (La Guajira), tuvieron
lugar los comicios para elegir cabildo gobernador, resultando electa por 465
votos.
b. La contienda electoral se
sujetó a los usos y costumbres de la comunidad indígena Wayuu, concurriendo la
participación de las Autoridades Tradicionales de las nueve (9) comunidades
indígenas que integran el resguardo, antes mencionadas, y sus clanes
familiares; asimismo, funcionarios del orden municipal de Hatonuevo,
provenientes de la Personería, la Secretaría de Gobierno y el Comandante de la
Estación de Policía.
c. La comunidad que conforma el
resguardo LOMAMATO, habría venido presentando conflictos internos para la
elección del cabildo gobernados, los cuales se superaron en la oportunidad
descrita anteriormente.
d. El día 6 de diciembre de 2013,
siguiendo los usos y costumbres de la comunidad indígena Wayuu, el precepto
contenido en el artículo 3º de la Ley 89 de 1890 y el Convenio 169 de 1989
proferido por la OIT, la petente tomó posesión del cargo como Cabildo
Gobernador ante el Alcalde y Secretario de Gobierno del Municipio de Hatonuevo
(Guajira).
e.  Con posterioridad, el 9 de
diciembre del mismo año, la tutelante elevò petición escrita ante la Dirección
para Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, solicitando
la certificación del registro que acreditara su elección como Cabildo
Gobernador, recibiendo el 26 de diciembre de 2013 la respectiva respuesta, en
la que se explican las razones por las cuales el Ministerio negó la pretenda (sic) inscripción y registro.”[111]
La providencia resume la sentencia de primera instancia,
proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira el 17 de marzo de 2014,
la cual negó el amparo de los derechos fundamentales invocados al considerar
probado la dualidad de procesos eleccionarios, toda vez que el señor Miguel
Ipuana también alega haber sido elegido como Cabildo Gobernador.
En segunda instancia, el Consejo de Estado confirmó la
sentencia del ad quo  al señalar que “no resulta asidua la
legitimidad que alega la accionante queriendo a ultranza su inscripción como
Gobernadora, sin que medie en su elección el consenso de la comunidad y sus
Autoridades”[112].
§
Acta de verificación de la autoridad de la comunidad Cerro Alto, del 9
de junio de 2015, donde se indica que el señor tío Marcos Luis Carrillo
Epiayu-Clan Epiayu, es la autoridad de dicho clan. (CD, Folio 353)
§
Acta de verificación de la comunidad Guaimarito, del 2 de
noviembre de 2016, donde se deja constancia de que no fue posible llegar a
ningún acuerdo por parte de los sectores en este conflicto. (CD, Folio 353)
§
Acta de verificación de autoridad tradicional clanil
correspondiente a la comunidad de Guaimarito –Clan Uriana, del 30 de octubre de
2014. (CD, Folio 353)
§     Acta
de verificación de autoridad clanil Clan Epiayu, Comunidad Guimarito, del 17 de
noviembre de 2016, donde la comunidad en pleno ratifica y confirma que se
asigna como autoridad al señor Chema Epiayu como autoridad clanil de la
Comunidad Guaimarito, Clan Epiayu. (CD, Folio 353)
Acta de verificación de autoridad clanil del Clan Ipuana,
Comunidad Guamachito, del 9 de julio de 2015 donde se supera la diferencia
existente referente al reconocimiento del señor Jesús Ipuana, acorde con los
usos y costumbres del pueblo Wayuu y su sistema normativo propio, confirmando como
autoridad clanil a Jesús Ipuana, quien ejercerá con la ayuda de los mayores
Rosendo Ipuana y José Epiayu Ipuana. (CD, Folio 353)
§
Acta de verificación de autoridad clanil del Clan Uriana,
Comunidad Guaimarito, del 30 de octubre de 2014, donde la comunidad manifiesta
que reconoce al señor Luis Ángel Gouriyu como autoridad clanil del Clan Uriana.
El señor Fernando Uriana, queda designado como el vocero acompañante de la
autoridad. (CD, Folio 353)
§     Acta
de verificación de autoridad clanil del Clan Epiayu, Comunidad Cerro Alto, del
25 de febrero de 2015, donde se reconoce a Marcos Luis Carrillo Epiayu como
autoridad del Clan Epiayu. Adicionalmente, se aclara que el señor Marcos Luis
Carrillo Epiayu no tiene ningún vínculo de consanguinidad con la familia Ojeda
Corvelo, quienes se encuentran ubicados en el predio denominado La Crítica.
(CD, Folio 353)
§     Acta
de verificación de autoridad clanil del Clan Uriana, Comunidad Guamachito, del
21 de abril de 2016, donde se reconoce a Vicente Solano Uriana como autoridad
clanil, quien trabajará conjuntamente con el señor Tomas Uriana, quien ejercerá
como gestor administrativo. (CD, Folio 353)
§     Acta
de verificación de autoridad clanil del Clan Pushaina, Comunidad Guaimarito,
del 24 de febrero de 2015, donde se reconoce a Jose Antonio Pushaina como
autoridad clanil del Clan Pushaina. A su vez, se decidió que se conformaría un
equipo de apoyo como voceros u gestores administrativos por parte de los
señores Pedro Pushaina y Rafael Pushaina. (CD, Folio 353)
§     Acta
de verificación de autoridad clanil del Clan Pushaina, Comunidad La Lomita, del
7 de abril de 2016, donde se ratifica al señor Jose Antonio Pushaina como
autoridad clanil. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 21 de julio de 2015 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de
datos institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se
registra al señor Luis Mariano Ipuana como autoridad clanil de la comunidad
Guamachito, Clan Ipuana. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 1 de junio de 2015 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de
datos institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se registra
al señor José Antonio Pushaina como autoridad clanil de la comunidad La Lomita,
clan Pushaina. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 24 de diciembre de 2014 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de
datos institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se
registra al señor Calixto Fonseca Gouriyu como autoridad clanil de la Comunidad
La Lomita, Clan Jaliyu. (CD, Folio 353)
Oficio del 24 de diciembre de 2014 en el que el Director de
asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que
consultadas las bases de datos institucionales de registro de autoridades y/o
cabildos indígenas se registra al señor Ignacio Guariyu como autoridad clanil
de la Comunidad Lomamato, Clan Gouriyu. (CD, Folio 353)
§
Oficio del 24 de diciembre de 2014 en el que el Director de
asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que
consultadas las bases de datos institucionales de registro de autoridades y/o
cabildos indígenas se registra al señor Felipe Fonseca Ortiz como autoridad
clanil de la Comunidad La Gloria, Clan Pushaina. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 16 de julio de 2015 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y Minorías
del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de datos
institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se registra
al señor Marcos Luis Carrillo Epiayu como autoridad clanil de la Comunidad
Cerro Alto, clan Epiayu. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 24 de diciembre de 2014 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de
datos institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se
registra al señor Fabio Antonio Ramírez como autoridad clanil de la Comunidad
de Guamachito, Clan Guariyu. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 11 de septiembre de 2015 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de
datos institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se
registra al señor Mon Guariyu como autoridad clanil de la Comunidad Guamachito,
Clan Guariyu. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 24 de diciembre de 2014 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de
datos institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se
registra al señor Jesus Ipuana como autoridad clanil de la Comunidad
Guamachito, Clan Ipuana. (CD, Folio 353)
§     Oficio
del 24 de diciembre de 2014 en el que el Director de asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, hace constar que consultadas las bases de
datos institucionales de registro de autoridades y/o cabildos indígenas se
registra al señor Dionicio Faustino Viddal como autoridad clanil de la
Comunidad Guamachito, Clan Gouriyu. (CD, Folio 353)
§     Acta
de verificación de autoridad clanil fechada como 4 al 8 de abril de 2016, donde
se establece que la comunidad en pleno ratifica y confirma que la autoridad
reconocida en la Trupuigacho, La Meseta, Comunidad Pailitas, Clan Sapuana, es
el señor Dionisio Sapuana. Además, se asignó como autoridad clanil de la
Comunidad Guaimarito al señor Pedro Gustavo Ortiz Sapuana. (CD, Folio 353)
§     Acta
de verificación de autoridad clanil, clan Ipuana, Comunidad de Guamachito, del
3-7 de abril de 2016, donde se reconoció al señor Rosendo Ipuana como autoridad
clanil, y al señor José Epiayu Ipuana como gestor administrativo. (CD, Folio
353)
§     Escrito
de Armando Guariyu Epiayu, del 6 de julio de 2016 dirigido a Pedro Santiago
Posada Arango, Director de Asuntos Étnicos, Minorías y Rom del Ministerio del
Interior mediante el cual manifiesta sus molestias e inconformismo por la
injerencia de los funcionarios del Ministerio en el resguardo indígena de
Lomamato. (CD, Folio 353)
§     Escrito
firmado por Armando Guariyu Epiayu, del 10 de junio de 2016, dirigido a Pedro
Santiago Posada Arango, Director de Asuntos Étnicos, Minorías y Rom del
Ministerio del Interior, en el que solicita a dicha entidad “abstenerse de
realizar convocatorias para solicitar reuniones de cualquier índole, hasta
tanto no sean convocadas por el Representante Legal del Resguardo Wayuu de
Lomamato”. (CD, Folio 353)
§     Escrito
firmado por Vicente Solano, autoridad clanil de la Comunidad de Guamachito, de
fecha 13 de julio de 2015, dirigido a la Procuraduría Regional de La Guajira,
el Ministerio del Interior y la Alcaldía Municipal Hatonuevo, La Guajira, donde
solicita respeto a la autonomía wayuu. (CD, Folio 353)
§
Escrito firmado por Andronico Urbay Ipuana, Coordinador General de
la Junta Mayor Autónoma de palabreros, del 1 de febrero de 2016, dirigido al
señor Pedro Santiago Posada Arando, Director de Asuntos Étnicos, Minorías y Rom
del Ministerio del Interior, donde solicita que esta entidad “asuma un papel
de respeto y apego profundo por las decisiones que se toman bajo los principios
y valores culturales de nuestro sistema normativo wayuu.”. Lo anterior, en
relación con el proceso de reconocimiento, posesión y registro del señor Ever
Ojeda Curvelo como autoridad clanil, quien, en palabras del señor Andronico
Urbay Ipuana, cumple con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento
wayuu para tal efecto. (CD, Folio 353)
§
Escrito presentado ante el Ministerio del Interior, por Luis Ángel
Guariyu, autoridad clanil del Clan Uriana de la Comunidad Guaimarito, el 17 de
junio de 2015 mediante el cual manifiesta su preocupación por la verificación
de autoridades Claniles, realizada por parte del Ministerio del Interior,
puesto que a su juicio, esto ha conllevado a que se generen más conflictos y
controversias entre los clanes. (CD, Folio 353)
§     Escrito
del 11 de marzo de 2016, del Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos
Étnicos, Minorías y Rom, dirigido al señor Jose Gilberto Duarte Pushaina, en
respuesta a su comunicación con radicado EXTMI16-0007538. Señala el Ministerio
que la persistencia de diferencias internas frente a la representación del Resguardo,
afecta de manera directa la participación equitativa de la población del
resguardo en la definición de los proyectos de inversión con cargo a los
recursos del Sistema General de Participaciones y en la distribución de sus
beneficios. Adicionalmente, señaló el Ministerio que seguirá acompañando los
espacios de dialogo que conlleven a contrarrestar el conflicto interno
existente en el Resguardo Wayuu de Lomamato, de acuerdo con sus usos y
costumbres. (CD, Folio 353)
§     Acta
de capacitación en Sistema General de Regalías y Participaciones del Resguardo
de Lomamato (anexo 1) de fecha 11 y 12 de mayo de 2016. Al respecto, se
presentaron como conclusiones las siguientes: (i) se dio cumplimiento a las
órdenes de los jueces del Consejo de Estado y Consejo Seccional de la Guajira,
(ii) se acuerda la realización de una asamblea general de autoridades
claniles y comunidades del Resguardo Indígena de Lomamato, y se propone como
fecha tentativa el día 26 de mayo. (CD, Folio 353)
§     Escrito
firmado por Miguel Adán Epiayu, miembro de la Etnia Wayuu, presidente de
veeduría ciudadana, del 24 de mayo de 2016, donde denuncia que el señor Armando
Guariyu Epiayu engañó a autoridades Claniles para que firmaran documentos en
blanco, los cuales después adjunto como prueba de que había sido elegido por la
comunidad como Representante de la misma. (CD, Folio 353)
§     Escrito firmado
por Carolina Jiménez Bellicia, asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público en respuesta al requerimiento de la Sala de Revisión, respecto a la
ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indígenas, en especial, en relación con el Resguardo Indígena de
Lomamato. Al respecto indica la delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público que el 22 de mayo de 2014, el líder indígena del Resguardo Wayuu de
Lomamato, Miguel Adán Ipuana solicitó la congelación de los recursos de
regalías y Sistema General de Participación del Resguardo de Lomamato,
argumentando problemas de representatividad dentro del Resguardo e intromisión
de las autoridades municipales en la ejecución de los recursos. (Folios
354-358)
En virtud de lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público remitió, mediante oficio del 30 de mayo de 2014, dicha comunicación a
la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior,
solicitando una evaluación de la gravedad de las denuncias y el riesgo sobre la
Asignación Especial para Resguardos Indígenas.
Como respuesta, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías,
el 12 de agosto de 2014, informó su conocimiento de la situación y las
gestiones realizadas. Al respecto, expresó la profundidad de la discrepancia
interna entre las comunidades, el desarrollo de dos procesos eleccionarios
simultáneos y su decisión de no registrar autoridad indígena alguna para el
Resguardo Lomamato hasta tanto no se superara el conflicto de representatividad
evidenciado, atendiendo a la Sentencia proferida por el Consejo de Estado del
16 de agosto de 2012. Adicionalmente, se consideró pertinente que se le
sugiriera a la Alcaldía Municipal que se abstuviera de ejecutar los recursos de
la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos
Indígenas, asignados al Resguardo Lomamato, hasta tanto no se superara el
conflicto interno presentado
En consecuencia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante oficio del 26 de agosto de 2014 recomendó al Alcalde de Hatonuevo “abstenerse
de ejecutar los recursos de la asignación hasta tanto no se solucione el
mencionado conflicto, hecho sobre el cual certificará la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior a la Dirección General de
Apoyo Fiscal”[113].
En la vigencia de 2015, la Autoridad Clanil Samuel Ipuana,
mediante oficio radicado EXTMI15-0008709 del 2 de marzo de 2015, dirigido a la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y con copia enviada a la
Dirección de Apoyo Fiscal, reiteró la solicitud de congelación de Recursos SGP
y SGR de 2013-2014-2015 en el Resguardo Wayuu de Lomamato Municipio de
Hatonuevo. Posteriormente, mediante oficio con radicado del MHCP No.
1-2015-040016 del 25 de mayo de 2015, la líder Yesena Plaza denunció problemas
de representatividad en el Resguardo de Lomamato y solicitó que los recursos
del Resguardo pertenecientes al Sistema General de Participaciones y el Sistema
General de Regalías siguieran congelados.
En comunicación al Defensor del Pueblo, con copia a la Dirección
de Apoyo Fiscal del 2 de junio de 2015, el Alcalde Municipal expuso que los
conflictos internos que impedían la elección de las autoridades tradicionales
en el Resguardo eran una situación superada, donde diversas entidades, entre
ellas la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior y la Procuraduría Regional de la Guajira, han verificado, posesionado
y certificado a las autoridades tradicionales.
Frente a la diversidad de mensajes contradictorios que recibió la
Dirección de Apoyo Fiscal sobre la situación en el Resguardo Lomamato, y
teniendo en cuenta que no es su competencia determinar la existencia o gravedad
de conflictos de representatividad en los resguardos, la Dirección de Apoyo
Fiscal solicitó concepto a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
del Ministerio del Interior, mediante oficio del 22 de junio de 2015, sobre la
eventual superación del conflicto interno en el Resguardo de Lomamato.
En oficio de respuesta la DAIRM expuso la situación el proceso de
elección de autoridades Claniles en el Resguardo, concluyendo que:
“ (…) aunque se ha avanzado en el
proceso de verificación de las autoridades Claniles del Resguardo Lomamato de
conformidad con los usos y costumbres y el Sistema normativo Wayuu, aún quedan
pendientes algunas parcialidades por definir su autoridad clanil, por lo que se
entiende que el conflicto de representatividad presentado en el Resguardo
de Lomamato aún persiste.
Por lo anteriormente expuesto
consideramos pertinente que se estudie la posibilidad de sostener la sugerencia
realizada a la Alcaldía Municipal de Hatonuevo frente a abstenerse de ejecutar
los recursos del SGPRI asignados al Resguardo Lomamato, hasta que no se haya superado
por completo el conflicto interno de representatividad presentado, o hasta que
la población indígena del resguardo de manera autónoma defina que se ha agotado
los mecanismos de dialogo interno” (sic)”[114]
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección General de
Apoyo Fiscal mediante oficio del 12 de agosto de 2015, reiteró su sugerencia a
la Alcaldía Municipal de Hatonuevo de abstenerse de ejecutar los recursos de la
Asignación Especial del SGP de los que es beneficiario el Resguardo Lomamato y
que están siendo girados de manera regular por el MHCP, hasta tanto no se
solucione el mencionado conflicto, hecho que deberá certificar la DAIRM.
Adicionalmente, señala el MHCP que el giro de los recursos
de la AESGPRI se realizó de manera regular hasta junio de 2016, a la cuenta
registrada por la Alcaldía Municipal de Hatonuevo para la administración de los
recursos del Resguardo Lomamato. Así:
·
Vigencia 2013:
$228.643.477
·
Vigencia 2014:
$241.140.047
·
Vigencia 2015:
$239.072.061
·
Vigencia 2016:
$142.331.902 hasta el 30 de junio.
En relación con los recursos del segundo semestre de la
vigencia 2016, el MHCP señaló que el Gobierno Nacional sancionó la Ley 1753 del
9 de junio de 2015[115] en la cual
mediante artículo 140 ordenó:
“artículo 140: Cuentas maestras.
Los recursos del Sistema General de participaciones se manejarán a través de
cuentas bancarias debidamente registradas que sólo se acepten operaciones de
débitos por transferencias electrónicas a aquellas cuentas bancarias que
pertenecen a beneficiarios naturales o jurídicos identificados formalmente como
receptores de estos recursos.
La apertura de las cuentas
maestras por parte de las entidades territoriales se efectuará conforme la
metodología que para el efecto determine cada ministerio Sectorial que gira los
recursos.
Los saldos excedentes de estas
cuentas se destinarán a los usos previstos legalmente para estos recursos en
cada sector”.
En concordancia con lo anterior, el MHCP mediante
Resolución No. 4835 del 29 de diciembre de 2015[116]
determinó la metodología para la apertura de las Cuentas Maestras de las
entidades territoriales y sus entidades descentralizadas.
En cumplimiento de la Resolución citada, el Municipio de
Hatonuevo-La Guajira mediante oficio del 6 de julio de 2016, solicitó el
registro ante la subdirección Financiera del MHCP de la Cuenta Maestra del
Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato, aperturada en el Banco de Bogotá.
Analizada la documentación recibida, el MHCP encontró inconsistencias y, en
consecuencia el 5 de enero de 2017 se solicitó su subsanación.
Dicha solicitud fue atendida por el Municipio de
Hatonuevo-La Guajira, mediante el envío de correcciones a las inconsistencias
informadas, mediante oficio del 11 de enero de 2017 y una vez analizada la
documentación presentada, el MHCP aprobó la solicitud de registro de Cuenta
Maestra el día 23 de enero de 2017, iniciándose el proceso de creación,
registro y validación de la Cuenta Maestra. Una vez se cumplieron los
requisitos el MHCP programó realizó la transferencia de los recursos
correspondientes a la AESGPRI.
Así, los giros del segundo semestre de la
vigencia 2016 se realizaron de la siguiente manera:
Teniendo en cuenta lo anteriormente presentado, el MHCP
estima que las acciones adelantadas frente al giro de los recursos del citado
Resguardo han sido realizadas en debida forma, por lo que se encuentran al día
en la obligación.
Finalmente, el MHCP señala que frente a la recepción de nuevas
denuncias y solicitudes de miembros de las comunidades indígenas del Resguardo
Wayuu de Lomamato, solicitó a la DAIRM mediante comunicación del 5 de abril de
2016, un informe de estado del proceso adelantado en el Resguardo Indígena
Wayuu de Lomamato del Municipio de Hatonuevo-La Guajira. Dicha dirección en
respuesta del 19 de abril de 2016, informó a la Dirección General de Apoyo
Fiscal del MHCP que la situación en el Resguardo no ha sido superada, toda vez
que no se ha terminado el proceso de verificación de autoridades Claniles del
Resguardo Indígena de Lomamato, por lo que reiteraron su recomendación sobre
abstenerse de ejecutar los recursos.
En conclusión, el MHCP afirma que “se encuentra atento
al informe de la DAIRM que evidencia la culminación del proceso de registro de
verificación de autoridades y la respectiva superación del conflicto de
representatividad al interior del Resguardo que permita un legítimo y adecuado
ejercicio de la priorización de los proyectos de inversión a financiar con los
recursos de la AESGPRI que se encuentran en la Cuenta Maestra del Resguardo”[117].
§
Paula Robledo Silva, Defensora Delegada para Asuntos
Constitucionales y Legales rindió concepto técnico dentro del expediente de la
referencia, en cumplimiento del auto del 1° de febrero de 2017. (Folios
364-367)
En primera medida la Defensoría considera que el señor Armando
Guariyu Epiayu se encuentra legitimado para solicitar el amparo de los derechos
fundamentales de la comunidad indígena de Lomamato, toda vez que de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, tanto las autoridades indígenas o los
representantes, como cualquier integrante de la comunidad, están legitimados
para el efecto.
Estima la Defensoría que por el momento no es posible dar por
probada la vulneración de los derechos fundamentales de la comunidad indígena
de Lomamato, así mismo, señala que “no es viable comprobar a ciencia cierta
que con la posesión del accionante se logra la satisfacción de los derechos
fundamentales colectivos que se arguyen quebrantados, lo cierto es que la
inejecución de los recursos públicos destinados para el desarrollo y progreso
de una población trae consecuencias negativas”[118].
Hugo Alejandro Sánchez Hernández, Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) mediante
escrito remitido el 7 de febrero de 2017, señaló que “en razón a que la
acción de tutela fue instaurada por Armando Guariyu Epiayu en contra del
Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el
Ministerio de Hatonuevo, La Guajira, y específicamente en relación con los
hechos en los que se funda y las pretensiones que se formulan, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifiesta que en el caso concreto,
acogiendo las instrucciones dadas por la Dirección de Defensa Jurídica, no se
pronunciará acerca de lo solicitado”[119].
(Folio 368-370)
§
Escrito recibido el 20 de febrero de 2017, firmado por Soraya
Escobar Arregoces, Defensora del Pueblo Regional Guajira. Informa que la figura
de Representante Legal no encaja dentro los usos y costumbres del pueblo Wayuu,
puesto que esta se representa a través de sus autoridades tradicionales
posesionadas ante la misma comunidad.  Reiteró que los wayuu se conforman
social y culturalmente en clanes matrilineales, los cuales poseen
territorialidad dispersa, se encuentran adscritos a un cementerio ancestral y
su carácter identitario como clan se encuentra basado en una red de parientes
maternos, con un tronco ancestral común. (Folio 378)
Concluye señalando que los procesos de legalidad o ilegalidad de
elección los debe ponderar y/o valorar la misma comunidad que es la
directamente afectada.
§
Circular Externa No. CIR09-238-DAI-0220, a través de la cual el
Ministerio del Interior y de Justicia fijó los lineamientos para la posesión y
registro de autoridades tradicionales, en el marco del artículo 3 de la Ley 89
de 1890. Al respecto, el Ministerio señala que la posesión al igual que el acta
de elección son dos de las formalidades que la DAIRM tiene en cuenta para
proceder el respectivo registro, el cual sí tiene efectos institucionales y
administrativos, toda vez que otorga estatus jurídico a las autoridades
indígenas. Por lo tanto, quien carezca del mismo, no puede ejercer parte de las
funciones que requieren o suponen actuaciones institucionales como, por
ejemplo, la realización de convenios con la administración municipal para la
ejecución de los recursos del Sistema General de participaciones asignados a
las comunidades. (Folios 379-384)
Igualmente, precisa el Ministerio que para que se pueda
posesionar a una autoridad indígena, es necesario verificar lo siguiente:
·
Que el
proceso eleccionario invocado por la respectiva comunidad cumpla con la
tradición y la costumbre, aún cuando éstas no se encuentren escritas.
·
Que no
exista una discrepancia o conflicto interno, manifiesto en la realización de
procesos eleccionarios paralelos y en la consecuente simultaneidad de
solicitudes de registro por parte de personas y grupos distintos.
·
Que se
cumplan las formalidades acostumbradas por la respectiva comunidad, como el
levantamiento de actas e elección, la firma de personalidades comunitarias y
autoridades salientes.
·
Que el
proceso eleccionario lo convoque y organice la autoridad saliente, que es la
que finalmente otorga el principio de legalidad y legitimidad al proceso
eleccionario.
§
Escrito
por parte del señor Armando Guariyu Epiayu del 17 de abril de 2017, por medio
del cual confiere poder al señor Ricardo H. Valderrama Riaño para conocer del
proceso T-5.729.915. (Folio 655)
§
Escrito
firmado por Yennis María Coronado Gil, Procuradora Regional en Comisión de
Procuraduría General de la Nación-Regional La Guajira, mediante el cual rinde
concepto sobre las pretensiones dentro de la acción de tutela de la referencia.
Afirma que la Procuraduría realizó acompañamiento a la Comunidad de Guamachito
en el Congreso General que se efectuó el 1 de marzo de 2016, con el fin de
servir como garante de las decisiones tomadas por la Comunidad, pero sin
capacidad de intervenir (Folio 713-754)
ANEXO II
Pruebas que obran
dentro del Expediente T- 6.085.424 (Caso 2)
A continuación, la Sala Novena de
Revisión reseñará las pruebas allegadas por el accionante (Ever Heriberto Ojeda
Curvelo), como las recaudadas en el proceso, medios de convicción allegados por
las partes y los intervinientes.
Ø
El
accionante acompañó el escrito de tutela con los siguientes documentos:
§     Copia simple del
Acta de Elección del señor Armando Guariyu Epiayu, en su condición de Cabildo
Gobernador del Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato. (Folios 12-39)
§     Copia simple del
Acta de Posesión ante el Alcalde Municipal de Hatonuevo, La Guajira del señor
Armando Guariyu Epiayu. En este documento, el Alcalde de Hatonuevo manifiesta
que posesionó al señor Armando Guariyu Epiayu, en cumplimiento del fallo de
tutela del 13 de abril de 2016, proferido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de La Guajira. (Folio 41)
§
Copia
simple del documento y Acta firmado por las Autoridades Tradicionales
(Comunidad Paraíso, Comunidad Lomamato, Comunidad Manantial Grande, Comunidad
de La Crítica, Comunidad de Cerro Alto, Comunidad de Guamachito) donde
ratifican al señor Armando Guariyu Epiayu en su condición de Cabildo Gobernador
del Resguardo de Lomamato. (Folios 42-44)
§
Copia
simple del Acta de Posesión y Certificación del Ministerio del Interior, del 26
de agosto de 2015, de Ever Heriberto Ojeda Curvelo, en su condición de
Autoridad Tradicional de la Comunidad Indígena La Crítica, Resguardo de
Lomamato, Municipio de Hatonuevo, La Guajira.  (Folios 45-46)
§
Copia
simple del documento sobre el concepto solicitado el 3 de agosto de 2016, por
las Autoridades Tradicionales del Resguardo Wayuu de Lomamato, a los miembros
de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros, en relación con el derecho de
autonomía y autogobierno de dichas autoridades en el ámbito territorial, de
acuerdo con los preceptos del Sistema Normativo Wayuu. Ésta solicitud, fue
elevada para que la Junta mayor Autónoma de Palabreros conceptuara de manera
específica en relación con el caso de la elección del señor Armando Guariyu
Epiayu. Al respecto, se transcribe la respuesta in extenso por la
importancia que reviste en el caso sub-examine: (Folios 47-52)
“La autonomía y el
derecho de auto-gobernarse es una facultad que tienen los miembros wayuu para
organizar, desarrollar y dirigir la vida interna de acuerdo a los propios
valores y principios de la tradición cultural. El consenso interno y
participativo entre los miembros de un mismo linaje claníl otorga a sus autoridades
tradicionales un estatus especial que se expresa en el ejercicio de
facultades normativas, jurisdiccionales y administrativas en el ámbito
territorial, donde se actúa de acuerdo a las formas propias de vivir, sentir y
pensar. A partir de la institucionalidad de las autoridades tradicionales se
ejerce el derecho de auto-gobernarse y administrar los recursos naturales y
económicos que ofrece el territorio, en cuyo ámbito jurisdiccional se orienta y
regula el comportamiento de la unidad claníl para direccionar el propio
destino.
Como portadores de
una cultura diferenciada y específica, los wayuu administran el territorio de
acuerdo a esquemas propios de uso y usufructo, en donde prevalece el modo
tradicional de ejercer el control social y la modalidad propia de autogobierno
a través de las funciones de las autoridades tradicionales, quienes adquieren
plena autonomía para representar el territorio en nombre de sus unidades
Claniles ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se
integren.
El concepto de
territorialidad ancestral coadyuva a la defensa e implementación de la
autonomía y el auto-gobierno de las autoridades tradicionales wayuu-en
ejercicio del principio de respeto a la diversidad étnica y cultural de la
Nación Colombiana- para administrar política, jurídica y financieramente el
territorio como una propiedad de carácter privado y colectivo.
En el orden
expuesto, corresponde a la Alcaldía Municipal de Hatonuevo garantizar las
inversiones públicas en el Resguardo Wayuu de “Lomamato”, respetando el derecho
fundamental al ejercicio de la autonomía y auto-gobierno de las autoridades
tradicionales wayuu, y en el caso específico, garantizar el modo de percibir y
distribuir los recursos que corresponden al Resguardo de acuerdo a los planes y
programas de desarrollo económico y social implementado por las propias
autoridades tradicionales, quienes conservan la legitima potestad de elegir a
un miembro como Representante Legal o Gestor Administrativo para los efectos de
su debida ejecución.
A la luz de los
preceptos y principios del Sistema Normativo Wayuu, corresponde a la Alcaldía
Municipal de Hatonuevo evitar lesiones a los derechos de la población wayuu y
cumplir con el principio de la menor intervención e injerencia posible en las
decisiones internas de las autoridades tradicionales wayuu.”
Ø    El ICBF acompañó
la contestación de la tutela con los siguientes documentos:
§     Copia del contrato
de aporte No. 288. En el numeral 18 de los considerandos se indica que la
Dirección Regional Guajira con el apoyo de la Sede Nacional, adelantó proceso
de concertación el 19 de mayo de 2016, con las autoridades tradicionales del
Municipio de Hatonuevo, quienes avalaron la prestación del servicio de atención
a la primera infancia en sus comunidades. En consecuencia, se generaron 450
cupos para atención a menores en la Comunidad de Hatonuevo. (Folios 81-97)
§     Copia del contrato
de aporte No. 307.En el numeral 18 de los considerandos se indica que la
Dirección Regional Guajira concertó con las autoridades tradicionales de
Hatonuevo, Barrancas y Distracción, para la prestación del servicio de atención
a la primera infancia en sus comunidades. (Folios 98-115)
§     Copia del contrato
de aporte No. 308. El numeral 17 de los considerandos establece que la
Dirección Regional Guajira concertó el 19 de mayo de 2016 con las autoridades
tradicionales de Barranca, Hatonuevo y Distracción para la prestación del
servicio de atención a la primera infancia en sus comunidades. (Folios 116-135)
Ø    Documentos
allegados en sede de revisión
En
auto del 23 de mayo de 2017, el Magistrado Ponente ordenó el recaudo y práctica
de pruebas necesarias para determinar si la población wayuu del Resguardo de
Lomamato, ubicada en el Municipio de Hatonuevo, La Guajira, se encuentra en las
mismas situaciones fácticas que llevaron a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, a proferir la Resolución 060 de 2015, mediante la cual adoptó
algunas medidas cautelares en favor de las comunidades de Uribía, Manaure,
Riohacha y Maicao del pueblo Wayuu, en el Departamento de La Guajira. Esto, con
el fin de establecer si, en virtud del principio de igualdad, dichas medidas
deben extenderse al Resguardo de Lomamato, como lo solicita el accionante.
En
respuesta del anterior requerimiento, el Despacho del Magistrado Ponente
recibió los siguientes elementos probatorios:
§     Oficio firmado por
Mónica Fonseca Jaramillo, Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se
pronuncia respecto de la solicitud de adopción de medidas cautelares por parte
de la CIDH. Al respecto, señaló que la ampliación de las medidas cautelares
corresponde únicamente al organismo que las decretó, en este caso, la CIDH, por
lo que afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores carece de legitimación
en la causa por pasiva, toda vez que no tiene dentro del ámbito de sus
competencia dar solución a lo pretendido por el accionante. (Folios 44-61)
§     Oficio firmado por
Luz María de los Ángeles Castañeda Acosta, Administradora Temporal para el
sector Salud en el Departamento de La Guajira. En el mismo, la Doctora Luz
María refiere que la Gobernación del Departamento ha ejecutado los siguientes
planes, programas y proyectos: (Folios 62-79)
(i)   Seguimientos a la
morbi-mortalidad materna y perinatal.
(ii)Visita de
seguimiento de todo lo relacionado con la implementación del Plan de Salud
Sexual y Reproductiva en el Departamento.
(iii)
Taller
con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud sobre el
Modelo de Atención Integral en salud a víctimas de violencia sexual.
(iv)
Capacitación
a los actores sobre la elaboración del diseño circular del programa parteras
Wayuu.
(v) Asistencias técnicas tipo asesoría,
para verificar la adherencia al plan estratégico para eliminación de la
transmisión materno-infantil del VIH a las EAPB e IPS.
(vi)
Asistencia
técnica, acompañamiento sobre el fortalecimiento de acciones que garanticen la
atención integral a las maternas, con los actores del sistema general de
seguridad social en salud.
(vii)
Asistencia
técnica –capacitación, de la circular 0016 de 2017, sobre el fortalecimiento de
acciones que garanticen la atención segura, digna y adecuada a la materna.
(viii)      Contratación de un
equipo técnico para la línea operativa de gestión en salud pública, para apoyar
a los referentes de la dimensión, en los procesos de articulación con los
responsables de la Gobernación-oficina de planeación en el proceso de
reactivación del Comité Directivo y Técnico de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
(ix)
Instauración
de línea telefónica para la desnutrición 01800955590, para el reporte de casos
de desnutrición aguda en la comunidad, y notificación de maltrato o vulneración
del derecho a la salud y la vida por parte de padres o cuidadores.
(x) Emisión de boletines semanales con
base en la notificación semanal al SIGIVILA por parte de los Prestadores de
Servicios de Salud o UPGD-Unidades Primarias Generadoras de Datos.
(xi)
Disponibilidad
de 174.000 desparasitantes para realizar “campaña de desparasitación masiva
antihelmica OMS en población escolar de 5 a 14 años”.
(xii)
Programa
Nacional de Prevención y Reducción de la anemia nutricional (PNPRAN),
fortificación casera de alimentos a través de la entrega de micronutriente en
polvo para niños y niñas de 6 a 23 meses de edad en todo el departamento.
(xiii)      Implementación de
la Resolución 5406 de 2015 “lineamiento técnico manejo integrado de la
desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 59 meses de edad y ruta integral de
atención de la desnutrición”.
(xiv)      Realización de
visitas de inspección y vigilancia según programación a las IPS públicas y
privadas priorizadas del departamento, para verificar el cumplimiento de la
Resolución 5406 de 2015 y Circular Externa 017 de 2016.
(xv)
Visitas
de seguimiento y monitoreo al total de las EAPB que operan en el departamento,
para verificar el cumplimiento de las responsabilidades y competencias.
(xvi)      Desarrollo de
capacidades de talento humano en los agentes del sistema general de seguridad
social en salud, en relación con el lineamiento y ruta para el manejo de la
desnutrición aguda en menores de 5 años en el Departamento.
(xvii)    Seguimiento a la
demanda del aseguramiento en salud a través del CRUE departamental
garantizándolo por núcleo familiar con énfasis en niños menores de 5 años,
gestantes y adultos mayores.
(xviii) Información a la comunidad para
demandar el servicio de aseguramiento en salud desde el nacimiento, a través de
las instituciones que atienden parto y recién nacidos.
(xix)      Articulación con
las secretarías de salud municipales para la afiliación al sistema de salud de
toda la población, con énfasis en la población vulnerable.
(xx)
Firma
de convenios con otros laboratorios de orden departamental para análisis de
aguas y alimentos, debido a la falta de funcionamiento del LDSPLG.
(xxi)      Proyecto para la
readecuación del laboratorio de salud pública departamental, que incide en el
análisis de calidad e inocuidad de agua potable y alimentos.
(xxii)    Proyecto para
identificación de factores de riesgo en el sector informal de la economía con
énfasis en manipuladores de alimentos distribuidos en espacios públicos en dos
municipios con mayor incidencia de casos de enfermedades transmitidas por
alimentos.
(xxiii) Visitas de inspección, vigilancia y
control a establecimientos que representan alto riesgo de consumo de alimentos
de interés en salud pública y control de la calidad del agua.
(xxiv) Toma de muestras de alimentos en
los centros de desarrollo infantil, como apoyo a la vigilancia de sitios donde
preparan alimentos.
(xxv)    Talleres de
capacitación en manejo higiénico de alimentos, dirigido a la población
manipuladora.
(xxvi) Articulación con actores
institucionales DPS-Más familias en acción y el Instituto Colombiana de
Bienestar Familiar.
(xxvii)
Socialización
del protocolo de vigilancia nutricional.
(xxviii)       Contratación de 11
personas para apoyar la gestión en temas inherentes a eventos de interés en
salud pública, específicamente en el tema de salud infantil.
(xxix) Fortalecimiento del departamento de
análisis de la información relacionada con el sistema de vigilancia en salud
pública, a través de la contratación de 5 epidemiólogos para la construcción
del boletín epidemiológico.
(xxx)    Ejecución del plan
departamental de seguridad alimentaria elaborado por la Administración Temporal
del Sector Salud- La Guajira.
(xxxi) Expedición de la ordenanza No. 421
de 2017 “por medio de la cual se adopta el programa departamental Gran Alianza
por la niñez del Departamento de La Guajira: Deja tu Huella”.
(xxxii)
El
ICBF presta sus servicios en los centros de recuperación nutricional a través
de convenios con la ESE Armando Pabón López de Manaure. (Convenios 536 de 2016
y 528 del mismo año)
(xxxiii)       Elaboración del
proyecto “programa de atención integral en salud y nutrición con enfoque
comunitario dirigido a familias en condición de vulnerabilidad en zonas del
área rural y rural dispersa de la alta Guajira 2017”.
§     Oficio del 5 de
junio de 2017, firmado por Gregorio Gonzalo Gutiérrez Torres, jefe de la
oficina asesora jurídica de la Gobernación del Departamento de La Guajira. Es
este escrito se indica que según la información proporcionada por la oficina de
la Secretaría de Obras del Departamento de La Guajira, a la fecha no se viene
adelantando proyecto alguno en la comunidad wayuu de Lomamato, correspondiente
al sector de agua potable. (Folios 81-82)
§     Oficio del 31 de
mayo de 2017, firmado por Rafael Ángel Ojeda Brito, Alcalde Municipal de
Hatonuevo, en el que señala que el resguardo de Lomamato se encuentra a 5
kilómetros de la vía principal asfaltada que une al norte con el sur de La
Guajira, la cual se encuentra pavimentada por lo que se conoce como “placa
huellas”. Añade que la comunidad cuenta con una institución educativa
moderna, la cual está completamente dotada con aulas informáticas y demás
ayudas tecnológicas. Que los niños del resguardo son beneficiarios del programa
de transporte escolar así como del programa alimenticio PAE, igualmente, se han
ejecutado proyectos de seguridad alimentaria y otros beneficios para dicha
comunidad.[120] En relación con los
recursos que corresponden a la Comunidad por el Sistema General de
Participaciones, afirma que estos se encuentran depositados hace más de 4 años
en una cuenta bancaria, ya que las autoridades Claniles, con ocasión a sus
diferencias internas no han concertado como hacer uso de los mismos. Estima que
la suma asciende a $1.000.000.000. (Folios 84-85)
§
Oficio
del 30 de mayo de 2017, firmado por Piedad Jiménez Montoya, directora de la
Presidencia de la República en el que referencia que desde el año 2014 ha sido
objetivo del Gobierno Nacional plantear soluciones de carácter estructural que
resuelvan la crisis en la que se encuentra la comunidad wayúu. En concordancia
con esto, en ese mismo año se declaró la calamidad pública en el Departamento
de La Guajira, con ocasión de la sequía. En el año 2015, el Presidente de la
República creó la Alianza por el Agua y la vida en La Guajira,
estrategia a partir de la cual se trabaja de manera articulada con 15 entidades
del Gobierno nacional en 3 objetivos a saber: (i) duplicar la cobertura de agua
en la zona rural de la Alta Guajira; (ii) aumentar los programas de seguridad
alimentaria y; (iii) atender de manera inmediata al 100% de los niños
identificados con desnutrición aguda. (Folios 87-111)
§
Oficio
del 2 de junio de 2017, firmado por Lucy Edrey Acevedo Meneses, Jefe de la
oficina asesora jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social en el que señala que a la fecha, en el Municipio de Hatonuevo, se
encuentran inscritas 2144 familias, de las cuales 831 pertenecen a la comunidad
wayúu, que de acuerdo al cumplimiento de compromisos están recibiendo los
incentivos de nutrición y/o educación del Programa Más Familias en Acción.
(Folios 113-130)
§     Escrito del 16 de
junio de 2017, firmado por Soraya Escobar Arregoces, Defensora del Pueblo,
Regional La Guajira, en el que indica que el resguardo Lomamato está compuesto
por 5.500 habitantes aproximadamente. Proporcionó los siguientes cuadros en el
que se relacionan los niños encontrados bajos de peso en la Comunidad indígena
Lomamato durante el año 2016 y lo que va corrido del 2017, a saber: (Folios
132-144)
Año
2016
Año 2017
En
el mismo escrito, la Defensora del Pueblo, Regional La Guajira indicó que en el
recorrido realizado en la Comunidad Lomamato, se evidenció la carencia de agua
potable para el consumo diario de todos los habitantes, toda vez que aunque
cuentan con un pozo del cual extraen el líquido, una alberca en la cual es
almacenada y tanques en cada rancho con los que dosifican el uso diario, el
agua no es la mejor, pues la misma es salada, lo que ocasiona que la comunidad
en general y específicamente los niños, presenten serios problemas de salud.
ANEXO III
Cuadro de acciones
de tutela presentadas en relación con la problemática de representatividad
presentada al interior de la Comunidad de Lomamato[121]
2012-00058-00
2014-00042-01
2016-00057-00[122]
2016-00188-00[123]
Parte demandante
Luis Alberto Valdeblanquez Uriana
Luz Mariela Epinayú Orozco
Armando Epiayu Guariyu
Ever Heriberto Ojeda Curvelo
Entidades demandadas
Nación-Ministerio del Interior-DAIRM,
Municipio de Hatonuevo y el Cacique Gobernador del Cabildo Indígena Lomamato.
Nación-Ministerio del Interior-DAIRM
Nación-Ministerio del Interior-DAIRM,
Municipio de Hatonuevo y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Nación-Ministerio del Interior-DAIRM,
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social e Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar.
Causa
Proceso eleccionario del 12 de diciembre de
2010, donde se eligió como Cacique Gobernador del Cabildo del Resguardo
Indígena Lomamato, al señor José Gilberto Duarte Pushaina.
Proceso eleccionario celebrado el 4 de
diciembre de 2013, en el seno de la Asamblea General de las comunidades que
integran el resguardo indígena de Lomamato, en donde se escogió como cabildo
gobernadora a la señora Luz Mariela Epinayu Orozco.
Proceso eleccionario del 1 de marzo de 2016,
donde se escogió al señor Armando Guariyu como representante legal del
Resguardo Indígena de Lomamato.
Proceso eleccionario del 1 de marzo de 2016
donde se escogió al señor Armando Guariyu Epiayu como representante legal del
Resguardo Indígena Lomamato.
Pretensiones
Que se anulara la designación del señor José
Gilberto Duarte Pushaina, como Cacique Gobernador del Cabildo Indígena
Lomamato, en el Municipio de Hatonuevo –La Guajira.
Que se ordenara a la entidad demandada la
inscripción y registro de la entonces demandante como cabildo gobernadora del
resguardo indígena de Lomamato.
Que se ordenara al Municipio de Hatonuevo
tramitar la posesión del señor Guariyú Epiayu y se ordenara al Ministerio de
Hacienda y Crédito público descongelar los recursos del resguardo por
concepto del sistema general de participaciones.
Que se ordene al Ministerio del Interior el
registro del señor Armando Guaroyú Epiayú como cabildo gobernador del
resguardo indígena de Lomamato. Que se ordenara al ICBF y al DPS implementar
los mismos proyectos sociales de alimentación que vienen recibiendo los niños
indígenas Wayuu que habitan en los resguardos ubicados Municipios de Uribía,
Maicao, Manaure y Riohacha.
Derechos fundamentales invocados
Igualdad, a elegir y ser elegido, al debido
proceso, a la autonomía de las minorías étnicas indígenas, de acceso a la
administración de justicia y de petición.
Igualdad, a elegir y ser elegido, al debido
proceso, a la autonomía de las minorías étnicas indígenas, a los usos y
costumbres de la comunidad Wayuu.
Diversidad étnica, autonomía, gobierno
propio, salud, vida digna, agua potable, saneamiento básico, petición y
vivienda digna.
A elegir y ser elegido, autonomía política,
autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho a la integridad física,
igualdad, debido proceso.
Fallo de primera instancia
Sentencia del 14 de junio de 2012, proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante la cual decidió negar
el amparo constitucional deprecado. Al respecto señaló que los conflictos que
se susciten dentro del marco del proceso electoral en los Cabildos Indígenas
deben ser resueltos por la autoridades establecidas por la Comunidad para
ello, en desarrollo del principio de sus usos y costumbres.
Sentencia del 17 de marzo de 2014, proferida
por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, mediante la cual
negó las pretensiones del actor, reiterando los argumentos de la sentencia
del 14 de junio de 2012, y agregando que existe una dualidad de procesos
eleccionarios.
Sentencia del 13 de abril de 2016 proferida
por el Consejo Seccional de la Judicatura. Concedió el amparo de los
derechos  fundamentales invocados. Al respecto, consideró que no existe
prueba de la problemática al interior de la comunidad.
Sentencia del 27 de septiembre de 2016,
proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo, autoridad judicial que
declaro que la competencia para dirimir el asunto sub examine
corresponde a la jurisdicción indígena.
Fallo de segunda instancia
Sentencia del 16 de agosto de 2012,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En esta providencia se
confirmó el fallo del tribunal, no obstante, fue adicionado, en el sentido de
prevenir al Ministerio del Interior, DAIRM para que se abstenga de realizar
las actividades de intervención que desbordaron los límites impuestos para el
Estado como garantía de reconocimiento a la autonomía indígena.
Sentencia del 5 de junio de 2014, del
Consejo de Estado, Sección segunda, quien confirmó el fallo de primera
instancia. No obstante, lo adicionó, en el sentido de ordenar al Ministerio
del Interior garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el
resguardo Lomamato, en comunicación OFI13-00000-40018-DAI-2200 del 26 de
diciembre de 2013.
El Consejo Superior de la Judicatura en
sentencia del 9 de junio de 2016 revocó el fallo de primera instancia y sólo
amparó el derecho fundamental de petición, respecto de la solicitud
presentada por el accionante ante la Alcaldía Municipal de Hatonuevo.
En Sentencia del 23 de febrero de 2017, el
Consejo de Estado confirmó la decisión de instancia.
ANEXO IV
Cuadro de
Autoridades Claniles reconocidas y verificadas por el Ministerio del
Interior-DAIRM
RESGUARDO
COMUNIDAD
CLAN
AUTORIDAD CLANIL
LOMAMATO
GUAIMARITO
Epiayu
Jose Miguel Epiayu
Ramirez
Pushaina
Arcecio Pushaina
Ipuana
Samuel Ipuna
Uriana
No registra
autoridad
Sapuana
Pedro Gustavo Ortiz
Sapuana
GUAMACHITO
Ipuana
Rosendo Ipuana
Luis Mariano Ipuana
Jesus Ipuana
Guauriyu
Mon Guauriyu
Fabio Antonio
Ramirez Guariyu
Gouriyu
Atanasio Guauriyu
Dionicio Faustino
Vidal Ortiz
Epiayu
Alfonso Pushaina
Epiayu
Uriana
Vicente Solano
Uriana
Pushaina
Jose Agustín
Pushaina
LOMAMATO
Epieyu
Luis Rafael Epiayu
Epiayu
Gouriyu
Ignacio Guauriyu
Pushaina
Brujo Pushaina
LA GLORIA
Pushaina
Felipe Fonseca
Ortiz
MANATIAL GRANDE
Guauriyu
Camacho Guauriyu
EL PARAISO
Pushaina
Victor Segundo
Carrillo Pushaina
LA LOMITA
Jaliyu
Calixto de Jesus
Fonseca Gouriyu
Pushaina
Jose Antonio
Pushaina
CERRO ALTO
Epiayu
Marcos Luis Carrillo
Epiayu
LA CRÍTICA
Epiayu
Ever Heriberto
Ojeda Curvelo
[1] El Ministerio del Interior acompañó la contestación de la demanda de
tutela con un Cd el cual contiene los siguientes documentos: (i) Circular
Externa CIR15-000000044-DAI-2200-2015, (ii) Circular Externa
CIR12-000000024-DAI-2200-2012, (iii) Copia de las Autoridades Tradicionales
reconocidas en el Resguardo Lomamato.
[2] Folio 96 del cuaderno de primera instancia.
[3] Acción de tutela interpuesta por Luz Mariela Epinayu Orozco. La
accionante es parte de la Comunidad de Lomamato e interpuso la acción de tutela
con el fin de ser registrada como Representante Legal de Lomamato. La acción de
tutela no fue seleccionada para revisión de la Corte Constitucional.
[4] Folio 136 del cuaderno de primera instancia.
[5] “Tercero. Se exhorta a los Ministerios del
Interior y de Hacienda y Crédito Público, para que prioricen el análisis y
solución del tema suscitado en el resguardo Indígena de LOMAMATO –el cual no es
de reciente conocimiento de dichas dependencias estatales-, y de ser posible,
tomen las medidas del caso, en aras de que así sea, de manera provisional,
se produzca el descongelamiento de la ejecución de los recursos del Sistema
General de Participaciones para Resguardos Indígenas y del Sistema General de
Regalías que son girados al Municipio de HATONUEVO, la Guajira, en beneficio
concreto del Resguardo Indígena de Lomamato. Para tal fin se les concede el
término de un mes –contado a partir de la notificación de este fallo-, para que
se lleven a cabo las gestiones pertinentes que conduzcan a las soluciones del
caso y le informen a las comunidades indígenas del Resguardo de Lomamato lo
pertinente, así como a esta Sala a fin de establecer el debido y oportuno
cumplimiento de lo ya señalado.”
[6] El Ministerio del Interior acompañó su contestación de la
tutela con un CD contentivo de los siguientes documentos: (i) Circular Externa
CIR-15-000000044-DAI-2200-2015, (ii) Circular Externa
CIR12-0000000024-DAI-2200-2012 y, (iii) Copia de las autoridades tradicionales
reconocidas, del Resguardo Lomamato.
[7] Se probó que solo hicieron presencia 12 de las autoridades, y
el Resguardo se halla conformado por 25.
[8] Este contexto se basa en el reglamento interno del resguardo indígena
de Lomamato (Folios 140-343) y el documento del 6 de febrero de 2017, allegado
por la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del
Interior (Folios 344-352)
[9] Tiene una extensión de 1572 hectáreas y 2964 metros cuadrados.
Resolución No. 08 del 2 de diciembre de 1987 del INCORA (ahora INCODER).
[10] Personas que comparten ancestros comunes por lado materno, es
decir, los que comparten carne y sangre.
[11] Reconocido en 2010 por la UNESCO como patrimonio material de la
humanidad, al ser un elemento central en la administración de justicia.
[12] Para ser autoridad tradicional es necesario cumplir con las
siguientes condiciones: (i) pertenecer al pueblo Wayúu, (ii) ser el tío mayor
por parte matrilineal de cada clan, (iii) ser reconocido por todo su clan como
autoridad tradicional, por la capacidad de actuar, participar, liderar y
concertar, (iv) hablar la lengua materna, (v) tener un amplio conocimiento de
la Ley Wayúu, las tradiciones, usos y costumbres del pueblo, (vi) ser una
persona adulta con experiencia y madurez; sin embargo no tiene que ser el mayor
de edad del clan, (vii) ser reconocido por tener habilidades para llevar y
traer la palabra en caso de pagos y cobros, y (viii) ser quien da buen ejemplo
y consejos a los jóvenes, adultos y a cada uno de los miembros de su clan.
[13] El registro de las autoridades tradicionales se deberá
actualizar anualmente, ante la entidad competente, con el fin de certificar su
calidad. (en la actualidad, es el Ministerio del Interior-Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías.)
[14] El cabildo gobernador debe ser: (i) mayor de edad, (ii) hablar la
lengua materna y el español, (iii) ser residente del Resguardo Indígena de
Lomamato, (iv) tener sentido de pertenencia, (v) ser responsable, confiable y
actuar de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Wayúu, (vi) ser
respaldado por los miembros del Resguardo y tener cualidades, reconocimiento y
experiencia como líder, (vii) no tener sentencias penales en contra y no tener
arreglos internos acordados.
[15] Los aspirantes al cargo deben hacer su inscripción ante el Concejo de
autoridades tradicionales desde la segunda semana de septiembre hasta la
segunda semana de noviembre, después de lo cual, el Concejo en pleno hará un
estudio para estudiar y calificar el perfil y hoja de vida de cada aspirante.
[16] Este trámite se surte ante el Ministerio del Interior-Dirección
de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
[17] Sentencia del 5 de junio de 2014. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
[18] Ver anexo VI.
[19] Ver Anexo III.
[20] Con el fin de realizar este análisis, la Sala Novena de Revisión se
basará en lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencias de
Unificación 713 de 2006, 377 de 2014 y Sentencia T-123 de 2016.
[21] Sentencia T-019 de 2016.
[22] Sentencia T-019 de 2016.
[23] Sentencia T-661 de 2013.
[24] En el anexo III esta acción de tutela está relacionada con el
radicado que se le otorgó en primera instancia, esto es el número:
2016-00188-00
[25] Ver anexo III.
[26] Sentencia T-973 de 2009.
[27] Certificado por el Ministerio del Interior, DAIRM. (folio 45 del
Cuaderno de tutela)
[28] Sentencia T-601 de 2011.
[29] Sentencia T-976 de 2006.
[30] Sentencia T-976 de 2014.
[31] En relación con la procedencia de la acción de tutela para
exigir el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH, se
pueden consultar las sentencias T-558 de 2003, T-786 de 2003, T-524 de 2005,
T-435 de 2009, T-078 de 2013 y T-976 de 2014.
[32] Sentencia T-976 de 2014.
[33] Al respecto, en Sentencia de Unificación 241 de 2005, la Corte señaló
que debe existir “una correlación temporal entre la solicitud de
tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”.
[34] Sentencia T-246 de 2015.
[35] Folios 81-82 Cuaderno de revisión.
[36] El artículo 93 de la Constitución Política establece que todos los derechos
fundamentales deben ser interpretados de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, los cuales
hacen parte del bloque de constitucionalidad.
[37] Aprobado por Colombia mediante Ley 21 de 1991.
[38]Convenio 169 de la OIT, Artículo 2.
[39] Artículo 3.
[40] Sentencias T-380 de 1993, SU-039 de 1997 y SU-510 de 1998.
[41] Sentencia T-973 de 2009.
[42] Sentencia T-973 de 2009.
[43] Sentencia T-973 de 2009.
[44] Sentencias C-292 de 2003, C-921 de 2007 y T-973 de 2009.
[45] En esa oportunidad, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional analizó la acción de tutela interpuesta por Jaime de Jesús
Carlosama Fuentala y otros miembros de la comunidad del Resguardo Indígena de
Muellamués de Guachucal-Nariño contra la Alcaldía municipal de Guachucal –
Nariño, por considerar vulnerados sus derechos de petición, autonomía indígena
y el principio constitucional de diversidad étnica y cultural. Ello, con
ocasión a que la entidad demandada intervino para hacer posible la posesión del
Gobernador Cuastumal contra la voluntad y las normas internas de la comunidad
indígena. Al respecto, la Sala determinó que las actuaciones del Alcalde
Municipal de Guachucal afectaron el derecho fundamental a la autonomía política
de la comunidad indígena del Resguardo Muellamués. En consecuencia, concedió el
amparo de este derecho fundamental y ordenó al Alcalde abstenerse de realizar
cualquier actuación que pudiera implicar interferencia en el derecho de las
comunidades indígenas asentadas en el territorio de su jurisdicción, a elegir a
sus propias autoridades autónomamente, de conformidad con sus usos y
costumbres.
[46] Esto, de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Constitución
Política.
[47] Sentencia T-487 de 2003.
[48] Sentencia T-973 de 2009. En esta providencia la Corte estudió
la acción de tutela interpuesta por José Narciso Jamioy Muchavisoy en contra
del Ministerio del Interior y de Justicia (en esa época) por considerar que esa
entidad había estimulado la división interna de la Comunidad Indígena Kamëntsá Biyá del Municipio de Sibundoy (Putumayo), al inscribir la
elección del taita Miguel Chindoy Beusaquillo como Gobernador del pueblo, y no
la suya, a pesar de haber sido elegido también como Gobernador de esa
comunidad, para el año 2007. En esa oportunidad, la DAIRM se negó a inscribir
al accionante como Gobernador electo, dada la doble designación de autoridad
indígena existente al interior de la comunidad y bajo el argumento de que no
contaba con la mayoría de votantes necesarios. Con el fin de arribar a una
decisión, la Corte hizo unas consideraciones relacionadas con los derechos a la
diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como a la autonomía
política. En tal sentido indicó que los pueblos indígenas gozan de plena
autonomía para la elección de sus autoridades tradicionales, por lo que las
diferencias que se pudieran presentar dentro de la comunidad por motivos
electorales, deben ser dirimidas, en principio, por estos mismos grupos
étnicos. Sin embargo, cuando los conflictos relacionados con proceso de
elección y nombramiento de las autoridades indígenas erosionan los derechos
fundamentales de estos pueblos, el Estado debe intervenir. La Corte encontró
que el Ministerio tomó una posición en contra de los usos y costumbres de la
comunidad al avalar a un designado de la comunidad, sin que a la fecha se
hubiese obtenido una solución concertada por toda la comunidad frente al
problema de representatividad. En consecuencia, determinó que la Dirección de
Etnias había vulnerado los derechos a la diversidad e integridad étnica y
cultural de la comunidad, el debido proceso e igualdad del actor.
[49] Sentencia T-188 de 1993. En esa oportunidad, la
Corte conoció de una tutela en la que los miembros de la comunidad indígena
Paso Ancho, asentada en la Vereda de Chicuambe, Municipio de Ortega,
Departamento del Tolima, solicitaron protección constitucional contra el
Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA, seccional Tolima, por haber
omitido la realización de estudios socio-económicos y jurídicos tendientes a
constituir sendos resguardos sobre el predio Chicuambe, actualmente ocupado por
las comunidades de Paso Ancho y San Antonio, de manera que la mitad del área se
destine a los naturales de Paso Ancho. Los peticionarios sostenían que la
omisión de la autoridad pública además de desconocer la ley en lo atinente a la
constitución de resguardos, había contribuido a la violación y amenaza de los
derechos a la propiedad y a la vida de los integrantes de su comunidad, ante la
arremetida del grupo de San Antonio que  por amenazas y el uso de la
fuerza pretendía desalojarlos de su territorio. El Incora alegaba no haber
intervenido en el conflicto, sobre la base del respeto por la autonomía de las
comunidades indígenas. Al respecto, dijo la Corte que: “Si bien las
autoridades deben respetar el principio de autonomía de los pueblos indígenas,
debe tenerse presente que éste no es absoluto ni soberano y tiene límites bien
definidos que no pueden interferir con la obligación estatal de conservar la
paz en todo el territorio nacional, sin excepciones. Con mayor razón deben las
autoridades ejercer las competencias que la ley les ha otorgado con miras a la
protección y defensa de los pueblos indígenas. En el caso objeto de la decisión
de tutela aquí revisada,  la negativa a dar curso, sin aducir ninguna
justificación válida, a la solicitud de constitución de sendos resguardos sobre
el predio de CHICUAMBE por parte del Incora, durante más de un año, contribuyó
indudablemente a aumentar el clima de tensión existente en la zona que tuvo su
primera víctima en la persona de uno de los miembros de la comunidad de Paso
Ancho”.
[50] Esto, en concordancia con el principio de “a mayor conservación
de usos y costumbres, mayor autonomía”. Este principio señala que el operador
debe distinguir entre aquellos grupos que conservan sus usos y costumbres y lo
que no los conservan. Esta diferenciación es importante puesto que a los
primeros se les debe respetar sus usos y costumbres, mientras que los segundos
deben regirse en un mayor grado por las leyes del Estado colombiano.
[51] Sentencia T-349 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[52] Sentencia T-442 de 1992.
[53] Sentencia T-973 de 2009. Sobre este punto se puede consultar también
la Sentencia T-979 de 2006. En esa providencia la Corte Constitucional señaló
que con el fin de evitar que se cause una lesión mayor, la intervención estatal
“debe hacerse bajo el principio de la menor intervención posible, es decir,
dicha actuación deberá ser estrictamente proporcional a la naturaleza y
gravedad de los hechos que se deban controlar y con el único objetivo de
proteger en debida forma la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, individuales y de la comunidad, que se encuentren en riesgo”.
[54] Ver anexos I y II.
[55] Específicamente los señores Jesus Ipuana, Dionicio Vidal Guariyu,
Tomas José Uriana, Fabio Ramírez Guariyu, Luis Mariano Ipuana, Jose Agustín
Pushaina, Vicente Solano, Atanasio Guariyu, Arsecio Pushaina, Mon Guariyu,
Samuel Ipuana, Pedro Gustavo Sapuana, Calixto Fonseca Jarariyu, Ignacio Guariyu
y Camacho Guariyu
[56] Folios 73-89 del cuaderno de sede de revisión.
[57] Esta autoridad judicial actuó como juez de primera instancia de
la tutela incoada por Armando Guariyu Epiayu contra el Ministerio del Interior
y otros. (Expediente T-5.729.915)
[58] Esta posesión se llevó a cabo el 20 de abril de 2016.
[59] De conformidad con el Decreto 1720 de 2008, es función del
Ministerio del Interior –Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom- “llevar
el registro de las autoridades tradicionales indígenas reconocidas por la
respectiva comunidad y las asociaciones de autoridades indígenas”.
(Artículo 3, numeral 7)
[60] Vigencia 2013: $228.643.477; Vigencia 2014: $241.140.047; Vigencia
2015: $239.072.061; Vigencia 2016: $142.331.902 hasta el 30 de junio.
[61] Durante el trámite de revisión surtido ante esta Corporación y,
como consecuencia del auto del 1° de febrero de 2017, mediante el cual el
Magistrado Ponente ordenó el recaudo y práctica de diversas pruebas, Rafael
Ángel Ojeda Brito, Alcalde Municipal de Hatonuevo, allegó oficio el 20 de
febrero de 2017 (folio 90 del cuaderno de sede de revisión), en el cual señala
que a efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por el juez de primera
instancia dentro del proceso correspondiente al Expediente T-5.729.915, posesionó
al ciudadano Armando Guariyu Epiayu como representante legal del Resguardo
Wayúu de Lomamato.
[62] Capítulo XXXII. De la estructura de nuestro autogobierno.
Folios 184-189 del Cuaderno de Sede de Revisión.
[63] Así lo afirma la DAIRM en escrito del 11 de marzo de 2016. CD folio
353 del Cuaderno de sede de revisión.
[64] Folios 354-358 del cuaderno de sede de revisión.
[65] Ver anexo I. específicamente lo referente al escrito firmado
por Carolina Jiménez Bellicia, asesora del MHCP. Folios 354-358 del cuaderno de
sede de revisión.
[66] Las funciones de la DAIRM se encuentran determinadas en el
Decreto 1720 de 2008. Disponible online: http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/9_decreto_1720_de_2008.pdf
[67] En este acápite se reiterará la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en materia de obligatoriedad de las medidas cautelares emanadas
de la CIDH. Sentencias T-558 de 2003, T-786 de 2003, T-327 de 2004, T-385 de
2005T-524 de 2005, T-435 de 2009, T-367 de 2010, T-078 de 2013 y T-796 de 2014.
[68] El Artículo 25 del Reglamento de la CIDH que entró en vigencia
el 1° de mayo de 2001 establece lo siguiente: "Artículo 25. Medidas
cautelares.  1. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte
necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a
iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la
adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas.
2. Si la Comisión no
está reunida, el Presidente, o a falta de éste, uno de los Vicepresidentes,
consultará por medio de la Secretaría Ejecutiva con los demás miembros sobre la
aplicación de lo dispuesto en párrafo anterior. Si no fuera posible hacer la
consulta dentro de un plazo razonable de acuerdo a las circunstancias, el
Presidente tomará la decisión, en nombre de la Comisión y la comunicará a sus
miembros.
3. La Comisión podrá
solicitar información a las partes interesadas sobre cualquier asunto relacionado
con la adopción y vigencia de las medidas cautelares.
4. El otorgamiento de
tales medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre
el fondo de la cuestión."
[69] Aprobado por la Comisión en su 137° período ordinario de sesiones,
celebrado del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2009; y modificado el 2 de
septiembre de 2011 y en su 147º período ordinario de sesiones, celebrado del 8
al 22 de marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1º de agosto de 2013.
Disponible online: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp#2
[70] En esta oportunidad la Corte analizó el caso de una ciudadana
cuyo hijo fue objeto de desaparición forzada a manos de fuerzas del Estado. Con
ocasión a esto, la accionante acudió a la CIDH para solicitar la protección de
su vida e integridad personal, así como la de los miembros de su familia. La
CIDH ordenó al Estado colombiano que implementara las medidas de protección
necesarias para garantizar la integridad y la vida de su familia. Días después, miembros de organismos del Estado colombiano ingresaron a
la casa de la peticionaria y torturaron a uno de los miembros de la familia.
Por ello, la solicitud de tutela iba encaminada a obtener el cumplimiento
efectivo por parte del Estado colombiano de las medidas cautelares decretadas
por la CIDH. La Sala Novena de Revisión consideró, en el asunto sometido a su
consideración, que las medidas adelantadas por las autoridades estatales habían
sido insuficientes para lograr el objetivo para el cual fueron decretadas, esto
es, el cese de la amenaza contra la integridad y la vida de los miembros de la
familia del ciudadano desaparecido tiempo atrás. En virtud de lo expuesto, la
Corte concedió el amparo tutelar y conminó a las autoridades competentes a
desplegar las actividades necesarias a fin de materializar la protección de que
eran beneficiarios por la CIDH. Tal decisión fue tomada con base en las
siguientes consideraciones: en primer lugar, la procedencia de la acción de
tutela para solicitar la debida ejecución de medidas cautelares decretadas por
la CIDH, en la medida en que existe coincidencia entre los propósitos
perseguidos por las medidas cautelares y la acción de tutela, esto es, proteger
los derechos humanos de las personas y, así, evitar que se consume un daño
irremediable. De otra parte, por la fuerza vinculante de las
medidas cautelares en el derecho interno, así como el deber de cumplimiento de
los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del Estado en los
términos del artículo 2º Superior. (negrilla fuera del texto original)
[71] Los Artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
establecen que "los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social" y
que "si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en
el Artículo 1º no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de
otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos y libertades".
[72] Sentencia T-786 de 2003 y T-524 de 2005.
[73] Sentencia T-786 de 2003.
[74] Aprobada mediante Ley 16 de 1972 y ratificada el 31 de julio de
1973.
[75] Sentencia C-250 de 2012.
[76] Sentencia C-601 de 2015.
[77] El inciso primero del artículo 13 de la Constitución Política
señala la igualdad de trato, protección y en el goce de los derechos,
libertades y oportunidades, así como la prohibición de discriminación; mientras
que los incisos segundo y tercero contienen mandatos específicos de trato
diferenciado a favor de ciertos grupos marginados, discriminados o
especialmente vulnerables.
[78] Sentencia C-250 de 2012.
[79] Ibíd.
[80] Aprobada mediante Ley 16 de 1972.
[81] CADH. Artículo 1.
[82] El artículo 53 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los
Tratados establece que el Jus Cogens es un conjunto de normas imperativas de
derecho internacional general, establecidas por la comunidad internacional en
conjunto.
[83] Opinión Consultiva OC-18/03. Condición jurídica y derechos de los
migrantes indocumentados.
[84] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución
60/2015. Medidas cautelares No. 51/15. 11 de diciembre de 2015. Disponible
online: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf.
Todos los datos expuestos fueron sacados del documento disponible online.
[85] “Crisis humanitaria en La Guajira”.
[86] Informe de la visita del Presidente de la República de Colombia
a La Guajira, 19 de febrero de 2016.
[87] Programa de producción de alimentos permanente, de rescate de
productos autóctonos y de adquisición de hábitos alimentarios saludables, que
busca contribuir a la autonomía alimentaria de los diferentes grupos étnicos
del país.
[88]Se
han construido 17 pozos de agua, los cuales han beneficiado a 119 comunidades.
[89] Tomado de la Resolución 60 de 2015 proferida por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Medidas Cautelares No. 51/15. Asunto niñas,
niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao
del pueblo Wayúu, asentados en el Departamento de La Guajira, respecto de
Colombia. 11 de diciembre de 2015. Disponible online: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC51-15-Es.pdf
[90] La situación de hecho que se planteará se deduce de las pruebas
recaudadas en sede de revisión, las cuales pueden ser consultadas en el Anexo
II de esta providencia.
[91] Entre estos beneficios se encuentran: (i) la implementación de
un programa nutricional y alimentario para las comunidades de los resguardos
indígenas el cerro, Lomamato y rodeíto; (ii) implementación del programa de
alimentación escolar-PAE en la modalidad de desayuno y almuerzo para los
estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del
municipio de Hatonuevo; (iii) servicio de transporte escolar para los
estudiantes en educación, básica primaria, secundaria y media de los resguardos
indígenas del Cerro, Lomamato y Rodeito; (iv) implementación de un programa
alimentario para las comunidades de los resguardos indígenas El Cerro,
Lomamato, Rodeito, Majawito, Veladero y Caña Brava; (v) Implementación del
programa alimentario y nutricional 2016, para las comunidades del Cerro,
Lomamato y Rodeito; (vi) suministro de agua potable por medio de vehículos
cisterna, capacidad de 7000 litros por viaje, en cada uno de los resguardos
indígenas del Municipio de Hatonuevo.
[92] Ver anexo II. En los folios 132 a 144 del cuaderno de sede de revisión
se relacionan unos cuadros allegados por Soraya Escobar Arregoces, Defensora
del Pueblo, Regional La Guajira, en los que se relacionan los niños encontrados
bajos de peso en Lomamato durante el año 2016 y lo que va corrido del 2017.
<
[93] Folios 81-82 Cuaderno de Sede de Revisión.
[94] Acción de tutela identificada con el radicado 2012-00058-000,
fallada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de La Guajira, y en
segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. No fue seleccionada
por la Corte Constitucional para revisión.
[95] Acción de tutela identificada con el radicado 2014-00042-01, fallada
en primera instancia por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de La
Guajira, y en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda. No fue
seleccionada por la Corte Constitucional para revisión.
[96] Ver anexo III.
[97] Sentencia T-913 de 2009.
[98] Certificado por el Ministerio del Interior, DAIRM. (folio 45 del
Cuaderno de tutela)
[99] Sentencia T-601 de 2011.
[100] Al respecto, en Sentencia de Unificación 241 de 2005, la Corte señaló
que debe existir “una correlación temporal entre la solicitud de
tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”.
[101] Folios 81-82 Cuaderno de revisión.
[102] Sentencias C-292 de 2003, C-921 de 2007 y T-973 de 2009.
[103] Esto, en concordancia con el principio de “a mayor conservación
de usos y costumbres, mayor autonomía”. Este principio señala que el operador
debe distinguir entre aquellos grupos que conservan sus usos y costumbres y lo
que no los conservan. Esta diferenciación es importante puesto que a los
primeros se les debe respetar sus usos y costumbres, mientras que los segundos
deben regirse en un mayor grado por las leyes del Estado colombiano.
[104] Capítulo XXXII. De la estructura de nuestro autogobierno.
Folios 184-189 del Cuaderno de Sede de Revisión.
[105] Sentencia C-250 de 2012.
[106] Sentencia C-601 de 2015.
[107] Folios 81-82 Cuaderno de Sede de Revisión.
[108] Página 345 de la
respuesta del Ministerio del Interior. Cuaderno de Revisión.
[109] Página 347 de la
respuesta del Ministerio del Interior. Cuaderno de Revisión.
[110] Página 12 de la
respuesta del Ministerio del Interior. Cuaderno de Revisión.
[111] Páginas 673 y 674. Sentencia
del Consejo de Estado proferida dentro de la acción de tutela promovida porLuz
Mariela Epinayu Orozco contra el Ministerio del Interior-Asuntos Indígenas,
Rrom y Minorías.
[112] Página 682,
Sentencia del Consejo de Estado proferida dentro de la acción de tutela
promovida por Luz Mariela Epinayu Orozco contra el Ministerio del
Interior-Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías.
[113] Página 355, de la
Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
[114] Página 355 de la
Respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
[115] Por la cual se
expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”.
[116] “Por la cual
se reglamentan las Cuentas Maestras de las entidades territoriales y sus
entidades descentralizadas para la administración de los recursos del Sistema
General de Participaciones de Propósito General, las Asignaciones Especiales y
la Asignación para la Atención Integral a la Primera Infacia”
[117] Página 356 de la
respuesta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
[118] Página 367 de la
respuesta de la Defensoría del Pueblo.
[119] Página 370 de la
respuesta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
[120] Entre estos beneficios se encuentran: (i) la implementación de
un programa nutricional y alimentario para las comunidades de los resguardos
indígenas el cerro, Lomamato y rodeíto; (ii) implementación del programa de
alimentación escolar-PAE en la modalidad de desayuno y almuerzo para los
estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales del
municipio de Hatonuevo; (iii) servicio de transporte escolar para los
estudiantes en educación, básica primaria, secundaria y media de los resguardos
indígenas del Cerro, Lomamato y Rodeito; (iv) implementación de un programa
alimentario para las comunidades de los resguardos indígenas El Cerro,
Lomamato, Rodeito, Majawito, Veladero y Caña Brava; (v) Implementación del programa
alimentario y nutricional 2016, para las comunidades del Cerro, Lomamato y
Rodeito; (vi) suministro de agua potable por medio de vehículos cisterna,
capacidad de 7000 litros por viaje, en cada uno de los resguardos indígenas del
Municipio de Hatonuevo.
[121] El cuadro fue presentado por el Tribunal Contencioso
Administrativo de La Guajira, quien obró como juez de primera instancia dentro
de la acción de tutela promovida por Ever Heriberto Ojeda Curvelo. Expediente
T-6.085.424 (Caso 2)
[122] Esta tutela es la identificada con el número T-5.729.915 (Caso
1) y es objeto de revisión en la presente sentencia.
[123] Esta tutela se identifica con el número T-6.085.424 (Caso 2) y
es objeto de revisión en la presente sentencia.