T-157-19
Sentencia T-157/19
ACCION DE TUTELA PARA
RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Procedencia
excepcional por afectación al mínimo vital y vida digna de sujetos de especial
protección
PENSION DE INVALIDEZ-Finalidad
PENSION DE INVALIDEZ
Y FECHA DE ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ-Normativas
aplicables según el momento en que se estructuró la pérdida de la capacidad
laboral
FECHA DE
ESTRUCTURACION DE LA INVALIDEZ-Concepto
PENSION DE INVALIDEZ
DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Fecha de estructuración de la invalidez desde el momento de la
pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral
PENSION DE
INVALIDEZ DE PERSONA CON ENFERMEDAD CRONICA, DEGENERATIVA O CONGENITA-Las administradoras de pensiones no pueden desconocer la
capacidad laboral residual que conserva una persona
CAPACIDAD LABORAL
RESIDUAL-Concepto
DERECHO A LA PENSION
DE INVALIDEZ-Orden a Fondo de Pensiones reconocer y
pagar la pensión a sujeto de especial protección con pérdida de capacidad
laboral, quien cumple requisitos
Referencia: expedientes T-7.017.895, T-7.024.146 y T-7.032.295.
Acciones
de tutela instauradas por: (i) Jennifer Nataly Sanabria Castillo contra el
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir (T-7.017.895); (ii) Carlos Arturo
Galviz Cañas contra Colpensiones (T-7.024.146); y (iii) Yovany López Guarín, a
través de apoderado judicial, contra Colpensiones y Asalud LTDA. (T-7.032.295).
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Séptima de
Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados
Cristina Pardo Schlesinger –quien la preside-, José Fernando Reyes Cuartas y
Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, y específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9°
de la Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de
primera y segunda instancia[1] proferidos
dentro de las acciones de tutela instauradas por (i) Jennifer
Nataly Sanabria Castillo contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
(T-7.017.895); (ii) Carlos Arturo Galviz Cañas contra Colpensiones (T-7.024.146);
y (iii) Yovany López Guarín, a través de apoderado judicial, contra
Colpensiones (T-7.032.295).
I. ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política
(arts. 86 y 241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015
(art. 55), la Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional escogió,
para efectos de su revisión, las acciones de tutela de la referencia, ordenando
también su acumulación entre sí por presentar unidad de materia[2].
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1. Expediente T-7.017.895
1.1. Hechos y solicitud
El 16 de julio de 2018, Jennifer Nataly Sanabria
Castillo instauró acción de tutela contra el Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. por considerar que dicha entidad vulneró sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social al negar su solicitud
de pensión de invalidez, a pesar de contar con una calificación mayor del 50%
de pérdida de capacidad laboral, con base en que no cumple el requisito de 50
semanas de cotización anteriores a la fecha de estructuración, sin tener en
cuenta que posterior a dicha fecha hizo aportes al sistema general de
pensiones. Funda su solicitud en los siguientes hechos:
1.1.1. La accionante, de 30 años, comenta que después de
una hospitalización que inició el 19 de septiembre de 2014, y como resultado de
una serie de análisis (resonancias magnéticas, bandas oligoclonales,
antiacuapurina 4) y procedimientos médicos (punción lumbar, plasmaféresis), el
1º de octubre de 2014 la junta médica de especialistas en Neurología del
Hospital Infantil Universitario de San José, estableció que tenía “Alta
probabilidad de Neuromielitis óptica” también conocida como “Enfermedad
de Devic”[3]. Dicho diagnóstico se
confirmó en consulta externa el 19 de noviembre de 2014 con reporte de “anticuerpos
contra acuaporinas IGG positivo”. Ese día se determinó comenzar tratamiento
con “azatriopina y seguimiento por parte de Neurología”.
1.1.2. Afirma que el 21 de septiembre de 2015, el
especialista en medicina laboral de su EPS, emitió concepto de rehabilitación
desfavorable al identificar repercusiones de su enfermedad “que generaron la
pérdida permanente y definitiva de la capacidad para llevar a cabo un normal
desempeño de [sus] actividades laborales”. Debido a lo anterior, a
partir de febrero de 2016 dejó de recibir “compensación económica por parte
de la empresa con la que tenía vínculo laboral”, la cual era su única
fuente de ingresos, así que su sostenimiento lo asumió su progenitora.
1.1.3. Señala que el grupo interdisciplinario de
calificación de la pérdida de capacidad laboral y origen de la aseguradora
Seguros de Vida Alfa, en dictamen del 3 de abril de 2016 estableció una pérdida
de capacidad laboral del 84.70% de origen común por padecer “Neuromielitis
óptica y trastorno depresivo ansioso”, con fecha de estructuración el 1º de
octubre de 2014, fecha que coincidía con “la sospecha de diagnóstico de
Neuromielitis óptica por parte de la junta de especialistas del Hospital San
José”.
1.1.4. Teniendo en cuenta el anterior dictamen, asevera
que a través de correo electrónico proporcionó los documentos requeridos por el
fondo de pensiones, de acuerdo con la información allegada, para que fueran
objeto de estudio frente a su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez. Así mismo, el 12 de octubre de 2016 radicó los documentos para
tal fin en las oficinas del Fondo accionado del Centro Internacional en Bogotá.
1.1.5. En atención a la solicitud, comenta que Porvenir
le exigió el nombramiento de un curador, sin embargo, la aseguradora concluyó
que no requería del mismo.
1.1.6. En comunicación recibida el 4 de mayo de 2017,
Porvenir le informó a la accionante que no cumplía con el requisito de 50
semanas de cotización en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez, por lo cual “la solicitud pensional
no fue aprobada”.
1.1.7. Considera la peticionaria que el fondo Porvenir
ha usado maniobras dilatorias en su proceso como solicitudes de cambio de
registros civiles de nacimiento por caducidad en las fechas de expedición,
cambio de documentos por “incorrecciones en algunas palabras”, además
que la entidad no tuvo en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la
fecha de estructuración de la discapacidad, representando esto una “desprotección
constitucional y legal a mis derechos a la seguridad social en salud en
conexidad con la vida, al mínimo vital y a la vida digna”.
1.1.8. Con base en lo anterior, solicita tutelar los
derechos invocados y que se le ordene al Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. reconocer y pagar la pensión de invalidez a que tiene derecho.
1.2. Contestación de la acción de tutela[4]
1.2.1. Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir[5]
El 23 de julio de 2018, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A. contestó la acción de tutela advirtiendo que (i) no se presentó
vulneración ni amenaza de derechos fundamentales, (ii) la accionante no cumple
con los requisitos para acceder a la pensión solicitada y (iii) la acción
constitucional es improcedente al no agotar los recursos ordinarios.
El fondo accionado afirmó que la actora únicamente cotizó 15 semanas
en los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la estructuración de la
pérdida de capacidad laboral, siendo necesarias 50 para el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez, de conformidad con la Ley 860 de 2003.
Por otra parte, refirió que la accionante cuenta con un instrumento
judicial a través del procedimiento laboral ordinario para hacer valer sus
pretensiones.
Finalmente, adujo que la petente no aportó prueba palmaria de la que
se pueda concluir que se está ante la inminencia de un perjuicio irremediable.
1.2.2. Las demás partes vinculadas al
trámite, no allegaron respuesta alguna.
1.3. Pruebas que obran en el expediente
1.3.1. Copia del “FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA
CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL” expedido por Seguros de Vida Alfa S.A. el 03
de abril de 2016, en donde se concluyó que la accionante tiene una pérdida de
capacidad laboral de un 84.70% por enfermedad común, con fecha de
estructuración 01 de octubre de 2014. Su enfermedad fue catalogada como de alto
costo, catastrófica y progresiva[6].
1.3.2. Copia de oficio de fecha 3 de abril de 2016 suscrito por el
Departamento de medicina laboral, Convenio Seguros de Vida Alfa, Seguros de
Vida Alfa S.A. dirigido a la accionante, en donde se le informa su pérdida de
capacidad laboral[7].
1.3.3. Copia de historia laboral de la accionante, emitida por
Porvenir S.A. el 31 de agosto de 2017[8].
1.3.4. Copia de oficio con radicado No. 0200001150929700 de fecha 30
de abril de 2018, suscrito por Juliana Ramos Ramos, Coordinación de
Reconocimiento de Siniestros de Porvenir S.A. dirigido a la accionante, en el
cual se le da respuesta a la solicitud de pensión de invalidez informándole que
no se cumple el requisito de 50 semanas de cotización en los últimos 3 años
anteriores a la fecha de estructuración pero que puede optar por la devolución
del saldo existente o continuar cotizando para obtener la pensión de vejez[9].
1.3.5. Formulario de “Listado de documentos/Reclamación Pensión
por Invalidez” de Porvenir, con radicado 0100222083277300, suscrito por la
accionante y entregado el 12 de octubre de 2017 en las oficinas de la entidad[10].
1.3.6. Escrito de fecha 5 de octubre de 2018, suscrito por la
accionante, dirigido a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado[11]
y a los magistrados Carlos Bernal Pulido[12], José
Fernando Reyes Cuartas[13], Luis Guillermo Guerrero
Pérez[14], Antonio José Lizarazo
Ocampo[15] y Alejandro Linares Cantillo[16],
en el que narra el resumen de los hechos que sustentan su acción de tutela y
solicita sea seleccionada para revisión.
1.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
1.4.1. El Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple
de Bogotá (transitoriamente Juzgado 15 Civil Municipal de Descongestión) en
sentencia de primera instancia de fecha 30 de julio de 2018, resolvió tutelar
los derechos fundamentales de la accionante y, en consecuencia, ordenó al Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir que en el término de 15 días posteriores a la
notificación de la sentencia reconociera y pagara la pensión de invalidez a la
actora, a partir del 16 de junio de 2017, fecha en la que se hizo la solicitud
respectiva.
La autoridad constitucional concluyó que a pesar de que la
peticionaria no cumplía con el total de 50 semanas anteriores al 1 de octubre
de 2014, fecha en la que la aseguradora determinó que se configuraba la
estructuración de la invalidez, “lo cierto es que de acuerdo con lo expuesto
por la jurisprudencia, cuando se trate de enfermedades crónicas y/o
degenerativas como la que padece la actora, no es posible desconocer las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de su diagnóstico, ello si se
evidencia que pese a las condiciones de salud, tuvo capacidad para continuar
cotizando”. De tal manera que, de acuerdo con las pruebas aportadas, se
tuvo que la accionante cotizó hasta el mes de julio de 2017, por lo que se
entendió que hasta ese día fue que efectivamente perdió su capacidad laboral.
Hasta dicho mes, la accionante tiene un total de 130,86 semanas lo que permitió
aseverar que se cumplían los requisitos para reconocer y pagar la pensión de
invalidez, además de que cuenta con una pérdida de capacidad laboral de 84.70%.
1.4.2. Diana Martínez Cubides, en su calidad de Representante Legal
Judicial del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., impugnó la sentencia
de primera instancia por cuanto el fallo constituye múltiples “vías de hecho”,
advirtiendo que la accionante no cumple con el requisito de semanas de
cotización y la acción de tutela es improcedente por falta de inmediatez. La
entidad consideró que el juez de instancia desconoció el artículo 1º de la Ley
860 de 2003, que fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de
la sentencia C-428 de 2009 que consagra como requisito 50 semanas de cotización
en los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de
la invalidez; también desconoció el precedente de la Corte Constitucional
respecto de las sentencias T-785 de 2009 y T-619 de 2009.
1.4.3. El Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá en
sentencia del 4 de septiembre de 2018, resolvió revocar el fallo de primera
instancia y declarar la acción constitucional improcedente, por cuanto consideró
que “no es aceptable la interpretación que hizo el juez de tutela de primera
instancia, por cuanto, tomo como fecha de estructuración el mes de julio de
2017, contabilizando entre agosto de 2012 a julio de 2017 130,86 semanas
cotizadas y concluyendo que la accionante cumplía con el requisito de las 50
semanas cotizadas en los 3 años anteriores”. De tal manera, señaló, que
dado que la fecha de estructuración era 1º de octubre de 2014 y a ese día
contaba con 15 semanas cotizadas “lo cierto es que no cumple con el
requisito previsto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003”.
2. Expediente T-7.024.146
2.1. Hechos y solicitud
El 6 de julio de 2018, Carlos Arturo Galviz Cañas
presentó acción de tutela contra Colpensiones por considerar que dicha entidad
vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y a la
seguridad social al negarse a reconocer y pagar la pensión de invalidez a la
que considera tiene derecho, argumentando que no cumple con las 50 semanas de
cotización dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez y que la enfermedad que padece no es
degenerativa, progresiva o congénita, por lo cual no puede tener en cuenta los
aportes realizados con posterioridad a la estructuración de su pérdida de
capacidad laboral. Funda su solicitud en los siguientes hechos:
2.1.1. El actor, de 58 años, manifiesta que fue
calificado con una pérdida de capacidad laboral del 71.07%, con fecha de
estructuración 30 de junio de 2015, a través del dictamen de pérdida de
capacidad laboral del 24 de febrero de 2017 emitido por la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez.
2.1.2. Comenta que teniendo en cuenta el mencionado
dictamen, presentó solicitud de pensión de invalidez ante Colpensiones el 22 de
febrero de 2018. Dicha solicitud fue resuelta en la Resolución SUB 148744 del 5
de junio de 2018, en la que se le negó el derecho aduciendo que su enfermedad
no es crónica, degenerativa y/o progresiva, por tanto no puede tener en cuenta
las semanas de cotización posteriores a la fecha de estructuración.
2.1.3. Indica el peticionario que la entidad no le
reconoció el derecho a la pensión de invalidez argumentando que no cumple las
semanas de cotización requeridas legalmente “sin analizar siquiera el desarrollo
jurisprudencial de las enfermedades degenerativas, progresivas y/o congénitas”.
2.1.4. Afirma que padece “diabetes mellitus,
hipertensión, insuficiencia renal terminal”, ésta última catalogada como
catastrófica por los costos de su tratamiento y por la alta complejidad técnica
de manejo, por lo que se entiende como “enfermedad degenerativa, tal y como
se enlista en la Resolución 00002048 de 2015 ‘Por la cual se actualiza el
listado de enfermedades huérfanas y se define el número con el cual se identifica
cada una de ellas en el sistema de información de pacientes con enfermedades
huérfanas’” en la cual se identifica con número 1195 la insuficiencia renal
crónica como enfermedad catastrófica y huérfana.
2.1.5. Aduce que en su caso debe tenerse como la fecha
real de su pérdida de capacidad laboral el 24 de febrero de 2017, fecha en la
cual se emitió el dictamen de incapacidad. Así, al contabilizar las semanas de
cotización en los 3 años inmediatamente anteriores a dicha fecha, se tiene como
resultado un total de 79 semanas cotizadas cumpliendo con el requisito para
adquirir la pensión de invalidez.
2.1.6. Advierte que la entidad debió aplicar el
precedente constitucional respecto de la capacidad laboral residual de personas
que sufren enfermedades degenerativas, progresivas o congénitas y no “exegéticamente”
como lo hizo el fondo de pensiones.
2.1.7. Señala que no labora, no recibe rentas, no tiene
ingresos propios para solventar sus necesidades básicas y debido a sus
múltiples padecimientos no ha podido reincorporarse a la vida laboral.
2.1.8. Conforme a lo anterior, solicita se ordene a
Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la que
considera tiene derecho.
2.2. Contestación de la acción de tutela[17]
El 17 de julio de 2018[18], Colpensiones contestó
la acción de tutela solicitando se declarara improcedente al no haberse agotado
el procedimiento ordinario laboral, mecanismo judicial idóneo para atender
pretensiones referidas a prestaciones económicas como la pensión de invalidez.
2.3. Pruebas que obran en el expediente
2.3.1. Copia de la cédula de ciudadanía del accionante donde consta
que tiene 58 años[19].
2.3.2. Copia del dictamen No. 2017204553QQ de fecha 24 de febrero de
2017, expedido por Colpensiones, en donde se estableció que el accionante
padece “insuficiencia renal terminal y diabetes mellitus no
insulinodependiente” y se le calificó con una pérdida de capacidad laboral
de 72.07% de origen común, con fecha de estructuración 30 de junio de 2015[20].
2.3.3. Copia de oficio de fecha 23 de febrero de 2018 suscrito por
la Coordinadora Nacional de Proyecto de Colpensiones, Asalud LTDA, dirigido a
Colpensiones, en el que se informa que el accionante fue calificado por Asalud
Ltda a través del dictamen del 24 de febrero de 2017 con una pérdida de
capacidad laboral del 72.07% de origen común y fecha de estructuración 30 de
junio de 2015[21].
2.3.4. Copia de “NOTIFICACIÓN DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA
DE LA CAPACIDAD LABORAL” de fecha 7 de abril de 2017, expedido por
Colpensiones y firma de notificación personal del accionante la misma fecha[22].
2.3.5. Copia del reporte de semanas cotizadas por el actor, expedido
por Colpensiones el 26 de junio de 2018, en donde consta un total de semanas
cotizadas de 281.57[23].
2.3.6. Copia de notificación de la Resolución SUB148744 del 5 de
junio de 2018, suscrita por Carolina Londoño Pulido, apoderada del actor[24].
2.3.7. Copia de la Resolución SUB 148744 del 5 de junio de 2018, “por
medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones económicas en el
régimen de prima media con prestación definida (invalidez – ordinaria)”, en
la que se resuelve negar la solicitud[25].
2.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
2.4.1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín,
en sentencia del 23 de julio de 2018, resolvió negar el amparo constitucional
al considerar que el actor no cumple los requisitos legales para acceder a la
pensión de invalidez y sus padecimientos no se enmarcan en las enfermedades
congénitas, degenerativas y crónicas. Por lo tanto, no es posible darle el
tratamiento excepcional que se ha utilizado para tales, el cual es la
posibilidad de tener en cuenta las semanas posteriores de cotización.
2.4.2. El accionante impugnó la decisión a través de escrito
radicado en el juzgado de instancia el 27 de julio de 2018. Argumentó que no
compartía la decisión de primera instancia dado que la insuficiencia renal
terminal “es una enfermedad catastrófica por los costos que deben destinarse
para su tratamiento y por la alta complejidad técnica en su manejo por lo cual
es una enfermedad degenerativa tal y como se enlista en la Resolución 00002048
de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social”.
2.4.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en
sentencia del 13 de agosto de 2018, resolvió confirmar la decisión del juez de
primera instancia, argumentando que en el dictamen de fecha 24 de febrero de
2017 se indicó expresamente que el tipo de enfermedad que padece el accionante
no es degenerativa, ni progresiva, ni tiene alto costo o es catastrófica, así
como tampoco es congénita, por lo tanto no es posible dar aplicación al
concepto interno de Colpensiones 2014_10721634[26]. Aunado a
esto, el actor no hizo uso de los recursos que tenía a su alcance para
controvertir dicho dictamen.
3. Expediente T-7.032.295
3.1. Hechos y solicitud
El 3 de julio de 2018, a través de apoderado judicial,
el señor Yovany López Guarín instauró acción de tutela contra Colpensiones y
Asalud LTDA por considerar que dichas entidades vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, al no
reconocerle la pensión de invalidez a la que considera tiene derecho,
argumentando que no cumple con el requisito de 26 semanas de cotización en el
año inmediatamente anterior a la fecha de la estructuración de la discapacidad[27]
y la enfermedad que padece no es degenerativa, progresiva o congénita para
tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a dicha fecha. Funda su
solicitud en los siguientes hechos:
3.1.1. El accionante, de 34 años, afirma que el 2 de
octubre de 1999 sufrió un accidente consistente en recibir el impacto a nivel
torácico de una “bala perdida”, quedando “inmediatamente parapléjico”.
3.1.2. Como consecuencia de lo anterior, el actor no pudo
seguir estudiando, solo culminó la básica primaria.
3.1.3. Al momento del accidente, el señor Yovany solo
tenía 15 años, así que no pudo vincularse formalmente a un trabajo pero al ser
mayor de edad comenzó a desempeñarse en trabajos informales.
3.1.4. En el 2006, el peticionario logró vincularse a un
programa creado por el municipio de Manizales dirigido a personas en situación
de discapacidad denominado “ZONAS AZULES” en el que personas con una
pérdida de capacidad laboral de 20% o más, llamados orientadores, compraban un
talonario de tiquetes de parqueo para dichas zonas demarcadas con una línea
azul, de manera transitoria, y la entregaban a la entrada del vehículo y a la
salida cobraban el costo del mismo. Por cada tiquete usado, el 50% del costo
era para el orientador, “el 27% para la APD y el 13% restante para el
Municipio”.
3.1.5. El accionante laboró allí desde 2006 hasta el 21
de marzo de 2017.
3.1.6. Señala que en el año 2015, la empresa APD
concesionaria del programa, atendiendo órdenes judiciales de tutela, vinculó a
su personal de manera formal al sistema integral de seguridad social, por lo
tanto, el actor ingresó a Colpensiones a partir del 1 de julio de 2015.
3.1.7. Comenta que desde 2014 venía padeciendo fuertes
dolores abdominales, que se fueron intensificando y el 19 de enero de 2015
estuvo incapacitado por 15 días al presentar “orina híper-coloreada y de mal
olor”. Aclara que desde su accidente utiliza “sonda vesical permanente”.
3.1.8. Afirma que el problema se hizo más intenso el 23
de febrero de 2017 cuando acude de nuevo al médico y en la historia laboral se
describe “secuelas de lesión medular a nivel T10 con incontinencia vesical y
vejiga espástica secundaria… DX: Secuelas de traumatismo de la médula espinal”.
De igual manera, el 2 de marzo de 2017 al acudir al médico ocupacional, éste lo
describe como “un paciente con incontinencia fecal y urinaria”.
3.1.9. El 14 de marzo de 2017 el actor fue calificado
por Asalud LTDA y determinó una pérdida de capacidad laboral del 66.79% con
fecha de estructuración el 2 de octubre de 1999. La entidad aclaró que
determinó dicha fecha ya que fue el origen del evento de paraplejia espástica.
3.1.10. Al contar con dicho dictamen, presentó solicitud
a Colpensiones, de reconocimiento y pago de pensión de invalidez el 5 de abril
de 2017, frente a la cual la entidad respondió el 17 de mayo de 2017 a través
de la Resolución No. SUB 67620 en la que negó el reconocimiento de la
prestación ya que el actor no cumplió con las 26 semanas de cotización en el
año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de su invalidez.
3.1.11. El actor presentó nueva solicitud el 9 de marzo
de 2018, con base en que se debían tener en cuenta las semanas cotizadas
posteriormente. La entidad, a través de la Resolución SUB 104432 del 19 de
abril de 2018, negó nuevamente la prestación económica dado que la enfermedad
que padece el solicitante no es degenerativa, progresiva o congénita, “dejando
de lado el concepto de enfermedad crónica como la que él padece”.
3.1.12. El accionante interpuso recurso de apelación
contra la resolución anterior, no obstante, en Resolución DIR 11135 del 13 de
junio de 2018, la entidad confirmó la resolución inicial.
3.1.13. Afirma no tener ingresos actuales para su
manutención, que está afiliado al sistema subsidiado en salud a través de
Medimás, que su mínimo vital y su dignidad humana están siendo afectados pues
desde marzo de 2017 fue desvinculado del programa “ZONAS AZULES” hoy “en
manos de SUTEC SUCURSAL EN COLOMBIA S.A., la cual no lo vinculó de nuevo”.
Se encuentra en una silla de ruedas, sin poder movilizarse fácilmente si no es
en taxi, vive en un sector deprimido de Manizales, estrato 1.
3.1.14. Solicita se le reconozca la pensión de invalidez
teniendo en cuenta como la verdadera fecha de su pérdida de capacidad laboral, el
día de su última cotización, esto es, 14 de marzo de 2017, ya que a ese momento
y en los 3 años inmediatamente anteriores cotizó un total de 68.70 semanas cumpliendo
con el requisito legal actual.
3.2. Contestación de la acción de tutela[28]
Vencido el término, ninguna de las accionadas aportó su respuesta.
3.3. Pruebas que obran en el expediente
3.3.1. Poder especial otorgado por el accionante a Juan Carlos
Giraldo Rendón, para que en su nombre y representación interponga acción de
tutela contra Colpensiones[29].
3.3.2. Copia de la cédula de ciudadanía del actor donde consta que
tiene 34 años[30].
3.3.3. Copia de la historia clínica del actor, de fecha 26 de
octubre de 1999, expedida por el Hospital Infantil Universitario “Rafael
Henao Toro” de Manizales, dirigida al “I.S.S.”[31].
3.3.4. Dictamen de pérdida de capacidad laboral de fecha 8 de julio
de 2005, suscrito por Bertha Inés Franco Bedoya, médica evaluadora, en el que
se calificó al actor con un 53.1% de PCL (no es claro qué entidad emite dicho
dictamen ni la fecha de estructuración)[32].
3.3.5. Reporte de semanas de cotización de fecha 2 de julio de 2018,
expedido por Colpensiones en donde consta que el actor ha cotizado en total
68.71 semanas[33].
3.3.6. Impresión de pantallazo de ADRES de fecha 7 de febrero de
2018, donde consta que el accionante está activo en Medimás, régimen
subsidiado, con afiliación efectiva a partir del 1 de diciembre de 2015, y tipo
de afiliado: cabeza de familia[34].
3.3.7. Oficio con radicado PQR-MEDICON-169354 de fecha 16 de febrero
de 2018, remitido por la Gerencia de Respuesta al Usuario de Medimás, dirigido
al actor, en donde le adjuntan respuesta a un requerimiento de información del
pago de incapacidades. Dicha respuesta señala que no se encontró registro de incapacidades
para el número de cédula del actor, que no tiene vínculo laboral con algún
aportante y por lo tanto no tiene derecho al reconocimiento de prestaciones económicas
generadas[35].
3.3.8. Copia de orden de consulta con fisiatra a nombre del actor,
expedida por el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, de
fecha 9 de diciembre de 2015[36].
3.3.9. Copia de Historia Clínica del accionante de fecha 26 de
septiembre de 2016[37].
3.3.10. Copia de oficio (sin fecha) suscrito por médico laboral de
Colpensiones, dirigido al peticionario, en el que se le informa que se le
determinó una pérdida de capacidad laboral de 66.79% de origen accidente común
y fecha de estructuración 2 de octubre de 1999[38].
3.3.11. Copia de dictamen de pérdida de capacidad laboral de fecha
14 de marzo de 2017, expedido por Colpensiones en donde se calificó al actor
con una pérdida de capacidad laboral de 66.79% de origen accidente común y
fecha de estructuración 2 de octubre de 1999[39].
3.3.12. Copia de la Resolución SUB 67620 del 17 de mayo de 2017 “por
medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones económicas en el
régimen de prima media con prestación definida (invalidez-ordinaria)” en la
que se resuelve negar el reconocimiento de la prestación al señor Yovany López
Guarín por cuanto no cumple con la densidad de semanas cotizadas exigidas por
el Artículo 39 de la Ley 100 de 1993 original[40].
3.3.13. Oficio de fecha 16 de febrero de 2018 suscrito por la
Coordinadora Nacional de Proyecto Colpensiones – Asalud Ltda, dirigido a
Colpensiones informando constancia de firmeza del dictamen de calificación de
invalidez hecha al accionante[41].
3.3.14. Copia de la notificación de la Resolución SUB 104432 del 19
de abril de 2018, expedido por Colpensiones y firma de notificación personal
del apoderado del accionante el 25 de abril del mismo año[42].
3.3.15. Copia de la Resolución SUB 104432 del 19 de abril de 2018 “por
medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones económicas en el
régimen de prima media con prestación definida (invalidez-ordinaria)” en la
que se resuelve negar el reconocimiento de la prestación al señor Yovany López
Guarín por cuanto no cumple con la densidad de semanas cotizadas exigidas por
el Artículo 39 de la Ley 100 de 1993 original[43].
3.3.16. Copia de la notificación de la Resolución DIR 11135 del 13
de junio de 2018 expedido por Colpensiones y firma de notificación personal del
apoderado del accionante el 19 de junio del mismo año[44].
3.3.17. Copia de la Resolución DIR 11135 del 13 de junio de 2018 “por
medio de la cual se resuelve un trámite de prestaciones económicas en el
régimen de prima media con prestación definida (invalidez-apelación)” en la
que se resuelve confirmar la negativa del reconocimiento de la prestación al señor
Yovany López Guarín por cuanto no cumple con la densidad de semanas cotizadas
exigidas por el Artículo 39 de la Ley 100 de 1993 original y su enfermedad no
está catalogada como crónica, degenerativa o congénita[45].
3.3.18. Copia de la sentencia de fecha 4 de mayo de 2017, proferida
por el Tribunal Administrativo del Distrito Judicial de Caldas, en el caso de
Mauricio Valencia contra Colpensiones[46].
3.3.19. Copia de la Resolución SUB 65739 de 2017 en la que
Colpensiones reconoce pensión de invalidez en favor del señor Mauricio
Valencia. De esta resolución se notificó su apoderado judicial quien es el
mismo que funge como tal en representación del hoy accionante[47].
3.3.20. Copia de la Resolución SUB 66368 de 2018 en la que
Colpensiones reconoce pensión de invalidez en favor del señor Silvio Hernán
Zuluaga. De esta resolución se notificó su apoderado judicial quien es el mismo
que funge como tal en representación del hoy accionante[48].
3.3.21. “FICHA TÉCNICA PARA PROCESO DONDE INTERVIENE EL
TRABAJADOR SOCIAL” de fecha 12 de julio de 2018, que consagra la visita al
domicilio del actor realizada por el asistente social, ordenada por el juez de
primera instancia con el fin de tener mayores elementos de juicio para fallar.
En dicha acta se indicó, entre otros, lo siguiente: el actor cuenta con 34
años, soltero, en 1999 sufrió un accidente que lo dejó parapléjico y se le
determinó una PCL del 66.79%. Hace parte del grupo familiar paterno, su papá
tiene 57 años, un tío paterno de 67 años. Su padre es el único aportante al
ingreso familiar y percibe un salario mínimo. Tienen gastos mensuales
aproximados de $437.000. Los gastos particulares del accionante son de
aproximadamente $159.000 que incluyen sondas, pañales, implementos de aseo,
trasportes. La vivienda que habitan es de su padre, estrato 2. Su papá también
es propietario de una moto que utiliza como medio de trasporte para su trabajo.
El peticionario está afiliado a Medimás por parte de su mamá[49].
3.3.22. Escrito de fecha 18 de septiembre de 2018, suscrito por el apoderado
judicial del accionante, dirigido a cada uno de los magistrados de la Corte
Constitucional, en el que narra el resumen de los hechos que sustentan su
acción de tutela y solicita sea seleccionada para revisión[50].
3.4. Decisiones judiciales objeto de revisión
3.4.1. El Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Manizales, en
sentencia del 17 de julio de 2018, resolvió declarar improcedente la solicitud
de amparo. Lo anterior dado que el mecanismo procesal idóneo para ventilar sus
pretensiones es el ordinario laboral teniendo en cuenta que no se evidencia una
situación de riesgo para el actor ya que vive con su familia, existen ingresos
básicos que garantizan su subsistencia, está afiliado al sistema de salud, aunado
a que a mediados de marzo dejó de laborar y efectuó la primera solicitud de
pensión.
3.4.2. El apoderado judicial de actor, en escrito del 19 de julio de
2018, impugnó la decisión anterior con base en que el padecimiento que sufre su
poderdante está catalogado como crónico.
3.4.3. De manera extemporánea, el 23 de julio de 2018, Colpensiones
radica respuesta a la acción de tutela de la referencia solicitando la
declaratoria de improcedencia en tanto el asunto es del ámbito del juez
ordinario laboral.
3.4.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en
sentencia del 28 de agosto de 2018, confirmó el fallo de primera instancia por
las mismas razones.
4. Actuaciones en sede de revisión
4.1. El 17 de enero de 2018, la magistrada sustanciadora
profirió auto en el que, para mejor proveer, solicitó pruebas a las partes. En
él se resolvió:
“PRIMERO.- Por Secretaría General, respecto del expediente T-7.017.895, OFÍCIESE
a la señora Jennifer Nataly Sanabria Castillo para que, en el término máximo de
dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, INFORME
(bajo la gravedad de juramento):
(i) con qué empleador(es) estuvo vinculada
durante el tiempo laborado que se pretende contabilizar para efectos del
reconocimiento de la pensión de invalidez (años 2014 a 2017);
(ii) bajo qué modalidad estuvo vinculada
con dicho(s) empleador(es);
(iii) en qué lugar(es) prestó servicios
laborales estando vinculada con dicho(s) empleador(es);
(iv) cuál era el cargo, asignación
salarial, horario, jefe inmediato, y
(v) respecto de lo anterior adjuntar los
documentos o declaraciones que consideren necesarias y que den prueba de lo
manifestado.
SEGUNDO.- Por Secretaría General, respecto del expediente
T-7.017.895, OFÍCIESE a DOT DESIGN LATINOAMERICA SAS para que, en el
término máximo de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación del
presente auto, INFORME (bajo la gravedad de juramento):
(i) si Jennifer Nataly Sanabria
Castillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.052.385.092 tuvo algún
tipo de vínculo laboral con usted, en qué tiempo, bajo qué modalidad se
implementó dicha relación laboral, el salario percibido, el horario
establecido, el lugar de prestación de servicios, jefe inmediato; y
(ii) respecto de lo anterior
adjuntar los documentos o declaraciones que consideren necesarias y que den
prueba de lo manifestado.
TERCERO.- Por Secretaría General, respecto del expediente T-7.024.146, OFÍCIESE
a Carlos Arturo Galviz Cañas para que, en el término máximo de dos (2) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, INFORME (bajo
la gravedad de juramento):
(i) con qué empleador(es) estuvo vinculado
durante el tiempo laborado que se pretende contabilizar para efectos del
reconocimiento de la pensión de invalidez (años 2014 a 2018);
(ii) bajo qué modalidad estuvo vinculado
con dicho(s) empleador(es);
(iii) en qué lugar(es) prestó servicios
laborales estando vinculado con dicho(s) empleador(es);
(iv) cuál era el cargo, asignación
salarial, horario, jefe inmediato, y
(v) respecto de lo anterior adjuntar los
documentos o declaraciones que consideren necesarias y que den prueba de lo
manifestado.
CUARTO.- Por Secretaría General, respecto del expediente
T-7.024.146, OFÍCIESE a CONTRATANDO SAS para que, en el término máximo
de dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto,
INFORME (bajo la gravedad de juramento):
(i) si Carlos Arturo Galviz
Cañas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.248.494 tuvo algún tipo de
vínculo laboral con usted, en qué tiempo, bajo qué modalidad se implementó
dicha relación laboral, el salario percibido, el horario establecido, el lugar
de prestación de servicios, jefe inmediato; y
(ii) respecto de lo anterior
adjuntar los documentos o declaraciones que consideren necesarias y que den
prueba de lo manifestado.
QUINTO.- Por Secretaría General, respecto del
expediente T-7.032.295, OFÍCIESE a Yovany López Guarín y a su apoderado
judicial el doctor Juan Carlos Giraldo Rendón para que, en el término máximo de
dos (2) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, INFORMEN
(bajo la gravedad de juramento):
(i) con qué empleador(es)
estuvo vinculado el actor durante el tiempo laborado que se pretende
contabilizar para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez (años
2015 a 2017);
(ii) bajo qué modalidad estuvo
vinculado con dicho(s) empleador(es);
(iii) en qué lugar(es) prestó
servicios laborales estando vinculado con dicho(s) empleador(es);
(iv) cuál era el cargo,
asignación salarial, horario, jefe inmediato, y
(v) respecto de lo anterior
adjuntar los documentos o declaraciones que consideren necesarias y que den
prueba de lo manifestado.
SEXTO.- Por Secretaría General, respecto del
expediente T-7.032-295, OFÍCIESE a ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- APD para que, en el término máximo de dos (2) días hábiles contados a partir
de la notificación del presente auto, INFORME (bajo la gravedad de juramento):
(i) si Yovany López Guarín,
identificado con cédula de ciudadanía No. 75.105.694 tuvo algún tipo de vínculo
laboral con usted, en qué tiempo, bajo qué modalidad se implementó dicha
relación laboral, el salario percibido, el horario establecido, el lugar de
prestación de servicios, jefe inmediato; y
(ii) respecto de lo anterior
adjuntar los documentos o declaraciones que consideren necesarias y que den
prueba de lo manifestado.
(…)”
4.2. En respuesta al anterior auto se recibieron los
siguientes documentos:
-
Oficio de Lida Constanza Ducuara, Directora
Administrativa de la empresa DOT DESIGN LATINOAMÉRICA S.A.S (respecto del
expediente T-7.017.895). En dicho documento la señora Ducuara señaló que la
señora Sanabria Castillo “laboró para nosotros activamente en el cargo de
Diseñadora, desde el 14 de julio de 2014 al 15 de septiembre de 2014. Su sueldo
fue de: un millón pesos m/cte. ($1.000.000). Su tipo de contrato fue: no
alcanzó a firmar contrato debido a que se encontraba en periodo de prueba.
Motivo del retiro: incapacidad laboral. Cabe anotar: Dot Design Latinoamérica
SAS. ha seguido con los pagos de aportes a salud y pensión. (sic) A las
respectivas entidades como se demuestra en los adjuntos”. Anexó (i) copia
del certificado de afiliación de Nataly Sanabria Castillo a Positiva – Compañía
de Seguros S.A., con vinculación dependiente por la Compañía DOT DESIGN
LATINOAMERICA SAS desde el 17 de julio de 2014[51]. (ii) Copia
de certificado expedido por Porvenir – Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías, de fecha 23 de enero de 2019, donde consta que la señora
Jennifer Nataly Sanabria Castillo se encuentra afiliada a dicho fondo[52].
(iii) Copia de la planilla de afiliación a Salud Total EPS, de la señora Nataly
Sanabria Castillo y empleador DOT DESIGN LATINOAMERICA SAS, fecha de
diligenciamiento 15 de julio de 2014[53]. (iv) Certificados de
aportes al sistema de protección social, expedidos el 23 de enero de 2019,
donde consta que la empresa DOT DESIGN LATINOAMERICA SAS aportó por la empleada
Jennifer Nataly Sanabria Castillo desde julio de 2014 a diciembre de 2018[54].
-
Oficio de Jennifer Nataly Sanabria Castillo,
accionante dentro del expediente T-7.017.895. En su escrito de fecha 24 de
enero de 2018, la peticionaria indicó que de 2014 a 2017 estuvo vinculada a Dot
Design Latinoamérica SAS mediante contrato laboral verbal como diseñadora industrial
y una asignación salarial de $1.000.000. Su feje directo era el señor Jaime
Andrés Rojas Gabriel y su horario de trabajo era de 8 am a 5:30 pm. Anexó a su
escrito: (i) impresión de consulta de aportes al sistema general de seguridad
en el que consta un resumen de aportes por la empleada Jennifer Sanabria, en el
que aparece Dot Design Latinoamérica SAS como aportante del 1 de julio de 2014
al 31 de diciembre de 2018[55]. (ii) Copia de
pantallazo de historia laboral consolidada de la accionante en Porvenir, con un
total de 161 semanas y una anotación de “No es posible generar la consulta
de la historia laboral por este medio debido a que el afiliado tiene una
reclamación pensional en curso”[56].
-
Oficio BZ 2019-226083 de fecha 18 de enero de
2019 suscrito por el Director de Acciones Constitucionales Asignado con
Funciones de Jefe de Oficina Asesora Legales de la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES (respecto del expediente T-7.024.146). En su escrito
señaló que ya la entidad expidió la Resolución DIR 491 del 14 de enero de 2019
en la que se reconoció la pensión de invalidez al señor Carlos Arturo Galvis en
cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente[57].
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitó la declaratoria de la carencia actual
de objeto por hecho superado.
4.3. Al no recibir respuesta por parte de los oficiados
relacionados con el expediente T-7.032.295, la magistrada sustanciadora emitió
un auto requiriendo las pruebas solicitadas. En respuesta de dicha providencia
se allegaron los siguientes documentos:
-
Oficio de fecha 5 de febrero de 2019, suscrito
por Juan Carlos Giraldo Rendón, apoderado judicial del accionante, en donde
informó que el señor Yovany López Guarín estuvo vinculado entre el 01 de junio
de 2015 y el 29 de junio de 2017 a la Asociación de Personas Discapacitadas
“APD”, “a través de contrato de trabajo tiempo parcial”, entidad que a
su vez era contratista del Municipio de Manizales. La APD no les reconoció
seguridad social entre 2006 y 2015. A partir del 30 de junio de 2017 el
Municipio celebró contrato de concesión con la entidad Sutec Sucursal en
Colombia S.A. y esta no le renovó el contrato de trabajo[58].
Al anterior oficio, se anexa una Declaración
Extraprocesal No. 391 suscrita por el Notario Segundo del Círculo de Manizales,
y el accionante como compareciente. En ella se confirma la anterior
información.
También se adjuntó reporte de semanas cotizadas en
pensiones en donde se observan cotizaciones desde junio de 2015 a abril de
2017.
-
Oficio del 05 de febrero de 2019 suscrito por
Roviro Duque Herrera, representante legal suplente de la Asociación de Personas
con Discapacidades. En su escrito manifestó que el señor Yovany López Guarín “participó
inicialmente por prestación de servicios entre el año 2006 primer semestre hasta
el año 2015. Pero se aclara que [en] ese momento no existía ningún vínculo
laboral ni jurídico entre la APD y el accionante, pues la vinculación era de
forma voluntaria y mediante la figura de prestación de servicios de forma
independiente (…). Donde comienza el vínculo laboral con el ACCIONANTE
(sic) da inicio en el segundo semestre del año 2015, hasta el 29 de junio de
2017, aclarando que el ACCIONANTE, estuvo vinculado mediante un contrato que
rige el Decreto Nacional 26/16 del 20 de noviembre de 2013, modelo de
contratación que fue promovido y aceptado por la alcaldía de Manizales. El
salario era variable e inferior al salario mínimo en concordancia a la que
definía dicho decreto (…), se aclara que la APD cumplió en todos los aspectos
de acuerdo a lo definido en dicho decreto y de acuerdo al contrato firmado
entre las partes”[59].
Al anterior escrito se anexó copia del “CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO REGIMEN CONTRIBUTIVO” entre la
Asociación de Personas con Discapacidades y Yovany López Guarín, como
orientador del programa zonas azules, con salario variable, suscrito el 5 de
agosto de 2015.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y procedibilidad
1.1. Competencia
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y
241, numeral 9°, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de
tutela adoptados en el proceso de esta referencia.
1.2. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
1.2.1. Legitimación
por activa. La acción de tutela fue interpuesta por (i) Jennifer
Nataly Sanabria Castillo, en nombre propio (T-7.017.895), (ii) Carlos Arturo
Galviz Cañas, en nombre propio (T-7.024.146), y (iii) Yovany López Guarín, a
través de apoderado judicial (T-7.032.295) lo cual está de acuerdo con
la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 que señalan
que el amparo constitucional puede ser promovido por la persona que considera
vulnerados sus derechos “quien actuará por sí misma o a través de
representante”.
Legitimación
por pasiva. El Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir (T-7.017.895) es una administradora de fondos de pensiones voluntarias,
obligatorias y de cesantías, así como patrimonios autónomos, vigilada por la
Superintendencia Financiera, encargada de efectuar el reconocimiento y pago de
las pensiones de sus afiliados. Colpensiones (T-7.024.146 y T-7.032.295) es una
empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de
carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo,[60]
encargada de resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales
de los afiliados y pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, pertenecientes y administrados por el Instituto de Seguros Sociales
–ISS.
1.2.2. Inmediatez. En el
expediente T-7.017.895 el oficio en el que se le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a la accionante por parte de
Porvenir es de fecha 30 de abril de 2018 y el escrito tutelar fue radicado el
16 de julio de 2018, es decir, dos meses y 16 días después; (ii) en el
expediente T-7.024.146 la última actuación referida en la acción de tutela es
la expedición de la Resolución DIR 12801 del 11 de julio de 2018 y la acción de
tutela fue radicada el 6 de julio del mismo año, es decir, cuando aún el actor
no tenía conocimiento del mencionado acto administrativo; y (iii) en el
expediente T-7.032.295  la última actuación relacionada es la emisión de la
Resolución DIR 11135 del 13 de junio de 2018 por parte de Colpensiones, y el
escrito tutelar data del 3 de julio de la misma anualidad, es decir, trascurrió
menos de un mes entre ambas actuaciones. De lo anterior surge la
conclusión de que se cumple el requisito de inmediatez dado que entre las actuaciones
que se consideran vulneradoras de derechos y la interposición de las acciones
de tutela trascurrió un tiempo razonable, prudente y
proporcionado.
1.2.3. Subsidiariedad.
El amparo constitucional resulta procedente en aquellos
eventos en que existiendo otros mecanismos ordinarios de protección, estos se
tornan ineficaces y carecen de idoneidad para evitar un perjuicio irremediable,
o cuando recae sobre un sujeto de especial protección.
Respecto de esa
última calidad, la Corte Constitucional indicó que la categoría de sujeto de
especial protección constitucional está conformada por “aquellas personas
que debido a su condición física, psicológica o social particular,
merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad
efectiva”[61]. Teniendo en cuenta lo
anterior, se puede concluir que en este grupo de especial protección se
encuentran “los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los
disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia,
las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en
extrema pobreza”[62], de tal manera que
resultaría desproporcionado exigirle a este tipo de personas (en una situación
de vulnerabilidad) el “agotamiento de actuaciones administrativas o
judiciales de carácter ordinario, que por su dispendioso y lento trasegar
judicial, no surgen como el medio más adecuado e idóneo para proteger de manera
oportuna y efectiva sus derechos fundamentales”[63].
Así las cosas,
la Corporación ha concluido que “exigir idénticas cargas procesales [tanto
a las] personas que soportan diferencias materiales relevantes [como a
las que] no se encuentran en estado de vulnerabilidad alguno, puede resultar
discriminatorio y comportar una infracción constitucional al acceso a la
administración de justicia en igualdad de condiciones”[64]
por lo que el juez constitucional puede conceder el reconocimiento y pago de
prestaciones económicas que derivan de una pensión, de manera definitiva[65],
si del material probatorio se puede concluir que (i) el actor es sujeto de especial
protección constitucional[66], (ii) lo pretendido
constituye el único sustento del peticionario y su núcleo familiar de tal
manera que al negarlo se comprometería de manera grave su mínimo vital[67],
y (iii) los requisitos legales exigidos para el reconocimiento prestacional se
cumplen en el caso concreto[68].
En el asunto
analizado están de por medio garantías fundamentales como el derecho al mínimo
vital y la seguridad social de tres personas, con una calificación de pérdida
de capacidad de más de 50%, que no tienen una vida laboral activa debido a sus
padecimientos, los cuales van empeorando día a día y que no tienen un ingreso
fijo que les permita satisfacer sus necesidades básicas lo que las pone en un
estado de vulnerabilidad. De tal manera que, a pesar de haber agotado la vía
gubernativa que tenían a su alcance para controvertir los actos administrativos
(en el caso de Colpensiones) que les han negado el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, no se agotó la vía ordinaria laboral. No obstante, esta
no constituye un mecanismo idóneo ni eficaz por la
demora generalizada en este tipo de procesos, que pueden dilatar la garantía
urgente derechos fundamentales como el mínimo vital, la vida digna y la
seguridad social de personas en situación de discapacidad.
En el presente
caso se evidencia que las acciones de tutela interpuestas por Jennifer Nataly
Sanabria Castillo, Carlos Arturo Galviz Cañas y Yovany López Guarín son
procedentes, en principio, como mecanismo definitivo por cuanto: (i) se trata
de sujetos de especial protección constitucional en tanto son personas en
situación de discapacidad con una calificación de pérdida de capacidad laboral
de 84.70%, 71.07% y 66.79% respectivamente, sin un ingreso económico fijo y sin
la posibilidad de vincularse laboralmente por los padecimientos que sufren.
(ii) La prestación que están solicitando se constituye en la única manera de
que los accionantes puedan solventar sus necesidades básicas, es decir, con la
negativa de la pensión de invalidez se está comprometiendo de manera ostensible
su mínimo vital. (iii) En el expediente obran pruebas que permiten vislumbrar
una posible titularidad del derecho exigido.
2. Problema jurídico
En consideración a las particularidades del caso,
corresponde a la Sala de Revisión responder el siguiente problema jurídico ¿vulnera una administradora de fondos de
pensiones, los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la vida digna, a la igualdad y a la seguridad social de sus afiliados al
negarles el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez argumentando que
no cumplen el requisito de semanas de cotización (50 o 26 dependiendo de la ley
aplicable) en los tres años anteriores a la fecha de estructuración y que sus
enfermedades no están catalogadas como degenerativas, progresivas o congénitas,
sin tener en cuenta que posterior a dicha fecha hicieron aportes al sistema
general de pensiones?
Para resolver las cuestiones planteadas, la Sala Séptima de Revisión
de Tutelas analizará: primero, la carencia actual de objeto por hecho
superado; segundo, la pensión de invalidez y la fecha de estructuración
de la pérdida de capacidad laboral. Jurisprudencia respecto de la capacidad
laboral residual; y tercero, se analizará el caso concreto.
3. Carencia actual de objeto por hecho superado
3.1. La Corte Constitucional, en reiterada
jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura
cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría algún efecto o
simplemente “caería en el vacío”[69].
Específicamente, esta figura se presenta en aquellos casos en que tiene lugar
un daño consumado, un hecho superado o cuando se derive alguna otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
sea inocua[70].
Por
ser pertinente para el caso concreto, se hará referencia a la carencia actual
de objeto por hecho superado, la cual se presenta cuando se ha satisfecho la pretensión
que motivó la solicitud de amparo, y en tal sentido no tendría efecto alguno la
orden emitida por el juez[71].
3.2. El fin de la acción de tutela gira en torno a la protección
inmediata de los derechos fundamentales, por tanto, el juez debe emitir las
órdenes orientadas al cese de la vulneración y el goce efectivo del derecho
reclamado, una vez comprobada tal afectación. El papel del juez versa en la
verificación de la presunta afectación y el nexo con el supuesto hecho
vulnerador, de tal forma que sus órdenes sean congruentes y satisfagan lo
pretendido por el peticionario.
Así lo describe la sentencia T-308 de 2003[72]
en los siguientes acápites:
“El propósito de la tutela, como lo
establece el mencionado artículo [86 de la C.P.], es que el Juez Constitucional,
de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las
órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que
con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar
así la defensa actual y cierta de los mismos.
No obstante, cuando la situación de hecho
que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se
encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo
más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión
que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces
inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto
para esta acción” [73].
3.3. Ahora bien, si durante el tiempo transcurrido entre la
interposición de la acción de tutela y la resolución de la misma las
pretensiones del actor se encuentran satisfechas se presenta la figura de
carencia actual de objeto por hecho superado, previa verificación del operador
judicial[74]. El juez constitucional
debe comprobar la veracidad del hecho superado, confirmando si efectivamente se
cumple con lo pretendido por el actor en la petición de amparo. Para ello, la
jurisprudencia constitucional ha previsto tres requisitos que se deben examinar
en cada caso concreto:
1. “Que con anterioridad a la
interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada
prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o
de aquél en cuyo favor se actúa.
2. Que durante el trámite de
la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la
vulneración o amenaza haya cesado.
3. Si lo que se pretende por
medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del
trámite de dicha acción se satisface esta, también se puede considerar que
existe un hecho superado”[75].
Así que, a manera de conclusión frente al hecho
superado, la sentencia T-200 de 2013 expone lo siguiente:
“(…) En otras palabras,
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha
acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En estos casos, se debe
demostrar que en realidad se ha satisfecho por completo lo que se pretendía
mediante la acción de tutela, esto es, que se demuestre el hecho superado, lo
que autoriza a declarar en la parte resolutiva de la sentencia la carencia
actual de objeto y a prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas
que se dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su conducta
y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en caso de que la
misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”[76].
4. La pensión
de invalidez y la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
Jurisprudencia sobre la capacidad laboral residual
4.1. La pensión
de invalidez[77] se consagró como una prestación para aquellos
que contaran con una pérdida de
capacidad laboral superior al 50%, la cual puede ser producto de una enfermedad o
un accidente de origen común, que afecte su capacidad productiva y, además, un
cierto número de semanas de cotización. Para aquellos afiliados que al momento de la estructuración
de su invalidez no hubieren alcanzado los requisitos para adquirir dicha
prestación, se estableció el reconocimiento de una indemnización sustitutiva[78].
Ahora bien, dependiendo de la fecha de estructuración de la
invalidez se deben cumplir los requisitos de alguna de estas normativas:
(i) Decreto 758 de 1990 “ARTÍCULO 6o. REQUISITOS DE LA
PENSIÓN DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la pensión de invalidez de origen
común, las personas que reúnan las siguientes condiciones: a) Ser inválido
permanente total o inválido permanente absoluto o gran inválido y, b) Haber
cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta (150)
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al
estado de invalidez.”
(ii) Ley 100 de 1993. El artículo 39 original de la Ley 100
de 1993 establecía que: “ARTICULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de
Invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y
cumplan alguno de los siguientes requisitos: a) Que el afiliado se encuentre
cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas, al momento de
producirse el estado de invalidez; b) Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos  26 semanas del año
inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente
artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de
la presente Ley.”
(iii) Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley
100 de 1993, y teniendo en cuenta lo establecido en la Sentencia C-428 de 2009,
indica: “ARTÍCULO 39. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.
Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a
lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las
siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado
cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente
anteriores a la fecha de estructuración.2. Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma”.
De tal manera
que, dependiendo del momento en que se estructure la invalidez se deberá
cumplir con alguna de las anteriores prerrogativas para acceder a una pensión
que cubra la situación de discapacidad[79].
4.2. Frente a la
pérdida de capacidad laboral ésta se establece por medio de una calificación
que realizan Colpensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, las
Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte o las Entidades
Promotoras de Salud, EPS[80] (y en algunos casos la juntas de calificación de invalidez) la cual
se plasma en un dictamen que consagra la condición de la persona, el porcentaje
de afectación producida por la enfermedad o accidente, su origen y la fecha en
la que se estructuró la invalidez.
El Decreto 1507
de 2014[81], en su artículo 3º
señala que “se entiende por fecha de estructuración la fecha en que una
persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de
cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se
determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para
el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que
la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la
capacidad laboral u ocupacional”.
4.3. Capacidad laboral residual. La fecha de la
estructuración de la invalidez puede ser entonces, en ocasiones, fijada en un
momento anterior o concomitante con el dictamen de acuerdo con el tipo de
enfermedad que se esté tratando y sin importar que la persona haya conservado
su capacidad funcional permitiéndole seguir cotizando al sistema de seguridad
social después de la fecha de estructuración de la invalidez. Frente a esto, la
Corte ha concluido que “cuando
una entidad estudia la solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez
de una persona que padece una enfermedad crónica, degenerativa o congénita
deberá establecer como fecha de estructuración de la invalidez el momento en
que la persona haya perdido de forma definitiva y permanente su capacidad
laboral igual o superior al 50% y a partir de ésta verificar si la persona que
ha solicitado la pensión de invalidez cumple con los requisitos establecidos
por la normatividad aplicable para el caso concreto”[82]. En caso
de no hacerlo, se estarían poniendo en riesgo derechos fundamentales como el
mínimo vital y la seguridad social de personas que se encuentran en debilidad
manifiesta[83].
Así las cosas, cuando se debe establecer la
fecha de estructuración de la invalidez de una persona que padezca una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le imposibilita realizar
actividades laborales que sean remuneradas durante periodos, la entidad que
debe emitir el dictamen de pérdida de capacidad laboral debe tener en cuenta
que “la fecha de estructuración corresponde a aquella en que el afiliado ve
disminuidas sus destrezas físicas y mentales, en tal grado, que le impide
desarrollar cualquier actividad económicamente productiva”[84].
En el año 2016, a través de la SU-588 de 2016[85],
la Corte Constitucional fijó reglas específicas extraídas de la jurisprudencia
pacífica respecto de la capacidad laboral residual en la que se indicó,
específicamente en lo que atañe al presente caso, lo siguiente:
“[E]n
estos casos, el común denominador es que las personas cuenten con un número
importante de semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración
que le fue fijada por la autoridad médico laboral. Es por eso que esta Corte ha
establecido que, luego de determinar que la solicitud fue presentada por una
persona con una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, a las
Administradoras de Fondos de Pensiones, les corresponde verificar que los pagos
realizados después de la estructuración de la invalidez,  (i) hayan sido
aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del
interesado y (ii) que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el
Sistema de Seguridad Social.
Respecto
de la capacidad laboral residual, esta Corte ha indicado que se trata de la
posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le
permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las
consecuencias de la enfermedad. En consideración de este elemento, a la
Administradora de Fondos de Pensiones le corresponde comprobar que el
beneficiario trabajó y, producto de ello, aportó al Sistema durante el tiempo
que su condición se lo permitió o que consideró prudente (en el caso de las
enfermedades únicamente congénitas). De la misma manera, tendrá que corroborar
si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las
50 semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número
importante de cotizaciones que resulten de una actividad laboral efectivamente
ejercida” (subraya fuera de texto).
Finalmente, se llegó a la conclusión de que “lo
que deben hacer, tanto las Administradores de Fondos de Pensiones, como el juez
constitucional, es analizar las condiciones del solicitante, así como la
existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera determinar el
momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las 50 semanas. Lo
anterior, no implica alterar la fecha de estructuración que fue asignada por la
autoridad médico laboral. En otras palabras, se trata de adelantar un análisis
que permita establecer el supuesto fáctico que regula el artículo 39 de la Ley
100 de 1993, tal y como fue modificado por la Ley 860 de 2003”.
5. Casos
concretos
De acuerdo con
las reglas establecidas en la sentencia SU-588 de 2016 referenciada en la parte
considerativa de la presente providencia, es necesario verificar en cada caso
(i) que la solicitud fue presentada por una persona con una enfermedad
congénita, crónica o degenerativa, (ii) que después de la fecha de la
estructuración de la invalidez fijada en el dictamen la persona cuenta con un
número importante de semanas cotizadas, (iii) que los aportes realizados se
hicieron en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual por
cuanto la persona pudo desempeñar una labor u oficio y que no se hicieron con
el único fin de defraudar el sistema de Seguridad Social.
5.1. Expediente T-7.017.895
En este caso, se
verificó lo siguiente:
(i) La
solicitud debe ser presentada por una persona con una enfermedad congénita,
crónica o degenerativa: la señora Jennifer Nataly Sanabria Castillo fue
diagnosticada con “Neuromielitis óptica y trastorno depresivo ansioso”,
enfermedad considerada por el grupo interdisciplinario como de “alto
costo/catastrófica” y “progresiva”[86] y fue
calificada con una pérdida de capacidad laboral mayor a 50% (84.70%).
(ii) Después
de la fecha de la estructuración de la invalidez fijada en el dictamen la
persona cuenta con un número importante de semanas cotizadas: entre el 1 de
octubre de 2014 (fecha de estructuración de la invalidez) y el 31 de diciembre
de 2018 (última fecha reportada de cotización) la accionante cuenta con 218,57
semanas de cotización.
(iii) Los
aportes realizados se debieron hacer en ejercicio de una efectiva y probada
capacidad laboral residual por cuanto la persona pudo desempeñar una labor u
oficio y éstos no se hicieron con el único fin de defraudar el sistema de
Seguridad Social: la accionante afirma haber laborado hasta febrero de 2016
pero su empleador señala que solo trabajó para él hasta septiembre de 2014.
Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente se encuentra que:
-
La accionante en su escrito de tutela manifestó
a partir de febrero de 2016 dejó de recibir compensación económica por
parte de la empresa, pero en escrito allegado en sede de revisión indicó que
trabajó hasta 2017. No obstante, el empleador señaló que laboró hasta el
15 de septiembre de 2014.
-
Hay una relación de aportes para seguridad
social allegada por la empresa en donde se observa que Dot Design Latinoamérica
SAS hizo un total de aportes por 229.57 semanas en total entre julio de 2014 a
diciembre de 2018. Pero pagó cotizaciones por su “empleada” a salud,
pensión, caja de compensación y administradora de riesgos laborales (pagos
obligatorios respecto de un empleado común) desde julio a diciembre de 2014. A
partir de esa fecha comenzó a cotizar y pagar únicamente aportes para salud y pensión.
No obstante, en agosto y octubre de 2015, y a partir de febrero de 2017 volvió
a cotizar por la accionante salud, pensión caja de compensación y ARL hasta
diciembre de 2018.
-
Frente al motivo de retiro, la accionante señaló
que recibió compensación económica por parte de la empresa hasta 2016 (según
escrito de tutela) y que trabajó hasta 2017 (según prueba recaudada en Revisión).
La empresa adujo que su retiro se dio en septiembre de 2014 “por incapacidad
laboral”.
Teniendo en
cuenta lo anterior, y atendiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional
respecto de esta regla en específico, la Corte concluye que no hay claridad (i)
en la fecha de terminación del contrato, (ii) ni las razones por las cuales la
empresa afirma no tener un vínculo laboral con la accionante, pero continuó
pagando aportes a salud y pensión hasta diciembre de 2018, es decir, si las
semanas cotizadas de manera posterior se hicieron como consecuencia de una
capacidad laboral residual efectiva.
Así pues, (i) la accionante es sujeto de especial protección constitucional, (ii)
lo pretendido constituye su único sustento, de tal manera que al negarlo se
comprometería de manera grave su mínimo vital, y (iii) que los requisitos
legales exigidos para el reconocimiento prestacional se cumplen en el caso
concreto. No obstante, hay algunos hechos, manifestaciones y argumentos que
deben ser clarificados y debatidos en el proceso laboral ordinario, para
establecer verdaderamente, luego de un adecuado debate probatorio, si hubo una
efectiva y probada capacidad laboral residual. Dicho proceso es el mecanismo
idóneo para el debate que no es dado agotar en la acción constitucional.
Por tanto y en
aras de evitar un perjuicio irremediable, dado que la señora Jennifer Nataly
Sanabria Castillo tiene una pérdida de capacidad laboral de un 84.70% con un
concepto de rehabilitación “NULO” y que afirma no tener otro ingreso
para su sustento, la Sala verificará el cumplimiento de los requisitos y de
cumplirse, se amparará el derecho de manera transitoria para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.
La ley aplicable
en este caso es la Ley 860 de 2003 que exige 50 semanas de cotización en los
tres años anteriores a la fecha de estructuración. Frente a este requisito se
tendrá en cuenta:
a) el 31 de
diciembre de 2017 como fecha a partir de la cual se contabilizarán las semanas cotizadas
para acceder a la pensión dado que es la fecha que la accionante indicó en el
oficio allegado a la Corte Constitucional como aquella cuando ya no pudo
continuar laborando pues, a pesar de que hay aportes hasta diciembre de 2018,
ella no afirmó haber trabajado durante ese año; y
b) únicamente
las cotizaciones hechas por el empleador que abarquen salud, pensión, ARL y
caja de compensación familiar dado que sugieren serios indicios de la
prestación real de servicios e indicador de una actividad laboral prestada por
la accionante a la empresa.
Así las cosas,
del consolidado de aportes a seguridad social allegado a esta Sala se tiene que
los periodos reportados en que se cotizó para salud, pensión, ARL y caja de
compensación familiar por la accionante entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de
diciembre de 2017 fueron:
Periodo
Días
cotizados
Agosto y
octubre de 2015
60
Febrero de
2017 a Diciembre de 2017
330
TOTAL DIAS
390
TOTAL
SEMANAS
55.71
Con base en lo
anterior, se entiende cumplido dicho requisito.
Así las cosas, esta Sala de Revisión concederá
el amparo de manera transitoria, se revocarán las decisiones de instancia y se
ordenará al fondo accionado que en un término no mayor de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación del presente fallo, emita acto
administrativo que reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez a la
accionante a partir del mes siguiente a la notificación de esta providencia.
La demandante
deberá interponer la acción laboral ordinaria, dentro de los cuatro meses
siguientes a la notificación de esta sentencia, so pena de perder la protección
aquí otorgada. Así, el pago de la pensión de invalidez otorgada por esta Sala,
no será definitivo sino que estará sujeto a la decisión que se profiera dentro
del proceso laboral ordinario que debe adelantar la accionante.
5.2. Expediente T-7.024.146
Teniendo en
cuenta el escrito presentado por Colpensiones el 25 de enero de 2019 en el cual
informa acerca del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al señor
Carlos Arturo Galviz Cañas, se verificará si se está frente al fenómeno de
carencia actual de objeto por hecho superado.
En el presente
caso se tiene que la única pretensión del actor en la acción de tutela era
ordenar a la accionada (Colpensiones) reconocer y pagar la pensión de invalidez
por padecer una enfermedad degenerativa, congénita y/o progresiva. El Director
de Acciones Constitucionales Asignado con funciones de Jefe de Oficina Asesora
de Asuntos Legales de Colpensiones, allegó a esta Corporación la Resolución DIR
491 del 14 de enero de 2019 por medio de la cual Colpensiones revoca la
resoluciones emitidas con anterioridad (SUB 148744 del 5 de junio de 2019, SUB
178034 del 3 de julio de 2018 y DIR 12801 del 11 de julio de 2018) y reconoce y
ordena el pago a favor del accionante a partir del 1º de febrero de 2019.
La entidad, en
su resolución, señala que se incluirá en nómina al señor Galviz Cañas a partir
de febrero de 2019 por cuanto hasta el 14 de enero de 2019 se conoció la “NOTA
ACLARATORIA (…) DICTÁMEN DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL/OCUPACIONAL No.
2017204553QQ DEL 24 DE FEBERERO DE 2017” en el cual se indicó lo siguiente:
“(…) En consecuencia, se aclara el dictamen
en lo pertinente indicando que el concepto final es como se enseña a
continuación:
Sistema SAMI no tomó qué tipo de enfermedad
padece el usuario, siendo en el momento Progresiva y catastrófica”
Lo anterior,
aclarando que aunque la regla general indica que el retroactivo será calculado
a partir del día siguiente en que se realizó el último aporte en el expediente
pensional, “se evidencia histórico de incapacidades expedida por la EPS SURA
de fecha 20 de junio de 2017 en la cual no se evidencia firma de quien lo
expide” por lo tanto se le informó “al solicitante que la prestación se
reconocerá a corte de nómina hasta tanto se allegue un nuevo certificado de
incapacidades actualizado con firma de quien lo expide”.
La petición de
la entidad es considerada por la Sala como adecuada y proporcionada dado que es
necesario allegar prueba idónea para determinar la fecha a partir de la cual se
debe reconocer la prestación. Así, con la medida adoptada de incluir en nómina
al actor a partir de febrero de 2019 se garantizan sus derechos fundamentales
al mínimo vital, a la vida digna, a la salud y a la seguridad social, y el pago
del retroactivo es una suma de dinero que está supeditada al cumplimiento de
una carga mínima y la cual no estaba dentro de las pretensiones del
peticionario.
Así las cosas,
la Sala advierte que en el trascurso del trámite de tutela en sede de revisión
(14 de enero de 2019) se presentó una situación que satisfizo las pretensiones
del actor al reconocer la pensión de invalidez, superando los motivos que
dieron lugar a la interposición del amparo constitucional. Razón por la cual,
la orden del juez de tutela resultaría inocua e ineficiente. En otras palabras,
dicha orden no surtiría efecto alguno respecto de los derechos fundamentales
reclamados, ya que la amenaza que motivó la acción se encuentra superada.
En ese orden de
ideas, se revocarán las decisiones de instancia y, dado el reconocimiento de la
pensión de vejez del actor, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado y no se emitirá orden alguna.
5.3.
Expediente T-7.032.295
En este caso, se
verificó lo siguiente:
(i) La
solicitud debe ser presentada por una persona con una enfermedad congénita,
crónica o degenerativa: el señor Yovany López Guarín presenta “secuelas de lesión medular a nivel T10 con incontinencia vesical y
vejiga espástica secundaria… DX: Secuelas de traumatismo de la médula espinal”, además de ser “un
paciente con incontinencia fecal y urinaria” y fue calificado con una
pérdida de capacidad laboral mayor a 50% (66.79).
Ahora bien, a
pesar de que en el dictamen expedido por Colpensiones se indicó que la
enfermedad que padece el actor no es degenerativa, progresiva, de alto costo o
congénita, se omitió el análisis de si dicho padecimiento puede considerarse
como crónico.
Las enfermedades
crónicas “son enfermedades de larga duración y por lo general de
progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las
enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de
mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36
millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad
era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad.”[87]
(Subraya fuera de texto).
Atendiendo a
esta definición de enfermedad “crónica” de la Organización Mundial de la
Salud, es evidente que en el presente caso las secuelas que le produjeron al
actor el impacto de bala cuando tenía 15 años (sonda vesical permanente,
incontinencia fecal y urinaria) además de la lesión en la médula espinal, lo
han afectado por mucho tiempo, casi 20 años.
Aunado a lo
anterior, la Corte Constitucional ya ha analizado casos en que se estudian
solicitudes de prestaciones pensionales de personas con enfermedades crónicas.
Por ejemplo, recientemente, en la sentencia T-563 de 2017[88]
se concedió el amparo y se ordenó el pago de la pensión de invalidez a una
persona que tenía “lesión medular T11-T12 con diparesia [sic] de predominio
mayor distal en MSI, y paraplejia en mmII, vejiga e intestino neurogénicos […],
lesión medular T6 con paraplejia espástica y deformidad en columna
lumbosacra […], neuropatía nervio ulnar izquierdo a través del codo. Silla
de ruedas activa” (negrillas propias) como consecuencia de un accidente de
tránsito cuando tenía 4 años de edad. La Sala de revisión, en esa ocasión
solicitó concepto de si dicho padecimiento podría considerarse crónico ante lo
cual la EPS y el Instituto Roosevelt coincidieron en que sí.
(ii) Después
de la fecha de la estructuración de la invalidez fijada en el dictamen la
persona cuenta con un número importante de semanas cotizadas: entre el 02
de octubre de 1999 (fecha de estructuración de la invalidez) y el 21 de abril
de 2017 (última fecha reportada de cotización) el accionante cuenta con 68,71
semanas de cotización. En este punto se aclara que de las pruebas allegadas por
ambas partes, se observó que a pesar de que el actor comenzó a trabajar para el
mismo empleador desde el año 2006 se vinculó bajo una modalidad diferente, al
parecer prestación de servicios, tanto así que fue gracias a un fallo de tutela
que se le ordenó a la Asociación de Personas con
Discapacidades APD vincular a sus empleados a través de contratos laborales.
(iii) Los
aportes realizados se debieron hacer en ejercicio de una efectiva y probada
capacidad laboral residual por cuanto la persona pudo desempeñar una labor u
oficio y éstos no se hicieron con el único fin de defraudar el sistema de
Seguridad Social. Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente se
encuentra que: el actor comenzó a trabajar para la Asociación
de Personas con Discapacidades APD en el año 2006 pero solo hasta el mes de
julio de 2015, en acatamiento de un fallo de tutela, fue afiliado a seguridad
social y comenzó su vinculación laboral a través de contrato laboral a término
indefinido. El peticionario continuó laborando hasta el 29 de junio de 2017[89].
Así las cosas, y
teniendo en cuenta que Yovany López Guarín padece una enfermedad crónica, que a
pesar de haber sido calificado con una fecha de estructuración determinada
muchos años antes, incluso cuando aún era menor de edad (15 años), pudo trabajar
y aportar al sistema hasta que ya menguó de manera total su capacidad laboral
al punto de no poder continuar, tanto que actualmente se encuentra afiliado al
sistema subsidiado de salud a Medimás para garantizar la atención médica que
requiere su padecimiento. La Sala tomará la fecha de la última cotización
realizada al fondo de pensiones, esto es, 21 de abril de 2017 para contabilizar
las semanas necesarias exigidas por la ley para acceder a la pensión de
invalidez.
La ley aplicable
en este caso es la Ley 860 de 2003[90] que exige 50 semanas de
cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración.
El señor López
Guarín cotizó entre el 21 de abril de 2014 y el 21 de abril de 2017 un total 68,71
semanas derivadas de una vinculación laboral real con la
Asociación de Personas con Discapacidades APD como lo
refleja la historia laboral aportada al expediente, con lo cual se entiende
cumplido el requisito de densidad de semanas.
Así las cosas,
la Sala concluye que Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la vida digna y a la seguridad
social del señor Yovany López Guarín ya que no tuvo en cuenta que padece una
enfermedad crónica que le permitió trabajar por largos periodos de tiempo y que
cotizó al sistema después de la fecha de estructuración plasmada en el dictamen
de pérdida de capacidad laboral y, además, le negó el reconocimiento y pago de
la pensión de invalidez a pesar de que cumplía los requisitos para tal efecto.
Así las cosas, se concederá el amparo de manera definitiva, se revocarán las
decisiones de instancia y se ordenará a Colpensiones que
reconozca y pague la pensión de invalidez al actor a partir del 22 de abril de
2017, pagando el retroactivo a que haya lugar.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR en el expediente
T-7.017.895 las sentencias del 30 de julio de 2018 y 4 de septiembre de 2018 proferidas
por el Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá
(transitoriamente Juzgado 15 Civil Municipal de Descongestión) y el Juzgado
Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá en primera y segunda instancia
respectivamente, y en su lugar AMPARAR DE MANERA TRANSITORIA los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social
de Jennifer Nataly Sanabria Castillo.
SEGUNDO.- ORDENAR al Fondo de Pensiones
y Cesantías Porvenir que en un término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, emita acto administrativo que
reconozca y ordene el pago de la pensión de invalidez a la señora Jennifer
Nataly Sanabria Castillo a partir del mes siguiente a la notificación de esta
providencia. Dicho pago no será definitivo sino que estará sujeto a la
decisión que se profiera dentro del proceso laboral ordinario que debe
adelantar la accionante.
TERCERO.- ADVERTIR a la señora de
Jennifer Nataly Sanabria Castillo que los efectos de esta sentencia se
mantendrán únicamente mientras las autoridades judiciales competentes deciden
en forma definitiva sobre su solicitud, por lo cual debe interponer la demanda
correspondiente, si no lo ha hecho todavía, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha en que sea notificada de esta providencia. Si vence este
plazo sin que se promueva la acción judicial correspondiente, expirarán los
efectos de esta decisión.
CUARTO.- REVOCAR en el expediente T-
7.024.146 las sentencias del 23 de julio de 2018 y 13 de agosto de 2018
proferidas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en primera y segunda instancia respectivamente, que
negaron el amparo de los derechos invocados por el señor Carlos Arturo Galviz
Cañas y, en su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO,
como consecuencia del reconocimiento y pago, por parte de Colpensiones, de la
pensión de invalidez solicitada.
QUINTO.- REVOCAR en el expediente T-
7.032.295 las sentencias del 17 de julio de 2018 y 23 de julio del mismo año
proferidas por el Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Manizales y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en primera y segunda instancia respectivamente, que
declararon improcedente la acción de tutela, y en su lugar CONCEDER el
amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, a la
salud y a la seguridad social de Yovany López Guarín.
SEXTO.- ORDENAR a COLPENSIONES que en un
término no mayor de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo, emita acto administrativo que reconozca y ordene el pago de la
pensión de invalidez al señor Yovany López Guarín a partir del mes siguiente a
la notificación de esta providencia, así como del retroactivo a que haya lugar
a partir del 22 de abril de 2017 (día siguiente a la fecha de estructuración
tenida en cuenta por la Corte Constitucional) hasta su inclusión efectiva en
nómina de pensionados.
SÉPTIMO.- ADVERTIR a Colpensiones que,
en lo sucesivo, no desconozca las garantías fundamentales de quienes han
realizado cotizaciones al sistema de seguridad social en ejercicio de su
capacidad laboral residual.
OCTAVO. – LIBRAR las comunicaciones –por
la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A
LA SENTENCIA T-157/19
DERECHO A LA PENSION
DE INVALIDEZ-Se debió otorgar protección definitiva
en lugar de conceder el amparo como mecanismo transitorio para evitar perjuicio
irremediable (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expedientes T- 7.017.895, T-7.024.146 y T-7.032.295
Acciones de tutela instauradas
por: (i) Jennifer Nataly Sanabria Castillo contra el Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir (T-7.017.895); (ii) Carlos Arturo Galviz Cañas contra
Colpensiones (T-7.024.146); y, (iii) Yovany López Guarín, a través de apoderado
judicial contra Colpensiones y Asalud LTDA (T-7.032.295).
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Séptima de
la Corte Constitucional, presento salvamento parcial de voto a la sentencia
proferida en el asunto de la referencia.
I.
Síntesis de las decisiones adoptadas
1. En esta ocasión, el Tribunal Constitucional conoció de las
sentencias adoptadas con ocasión de tres acciones de tutela (expedientes T-7.017.895,
T-7.024.146 y T-7.032.295). En estos casos, los
accionantes solicitaban el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez
indicando que con los aportes que realizaron con posterioridad a la fecha de
estructuración de la invalidez, cumplían con la densidad de semanas requeridas
legalmente. Las entidades accionadas negaron sus peticiones señalando que no
cumplían con el número de semanas de cotización antes de la fecha de
estructuración de la invalidez.
2. En el caso del primer expediente (T- 7.017.895), que correspondía
a una mujer con pérdida de capacidad laboral del ochenta y cuatro por ciento (84%)
y con concepto de rehabilitación “NULO”, la Sala amparó sus derechos fundamentales y ordenó a Porvenir S.A. reconocer y pagar
transitoriamente la pensión de invalidez mientras las autoridades judiciales competentes
decidían en forma definitiva su solicitud. Consideró que pese a cumplir con los
requisitos legales para el reconocimiento prestacional, debía demostrar la
existencia de una efectiva capacidad laboral residual que determine la fecha en
que concluyó la relación laboral[91].
3. En el caso del segundo expediente (T-7.024.146), se examinó la
situación de una persona dictaminada con pérdida de la capacidad laboral del setenta y uno
por ciento (71%) a quien se le había negado la pensión de invalidez. La Corte
constató que, en sede de revisión, Colpensiones había aportado resolución de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez sin incluir ningún pago “del
retroactivo”. La Sala de Revisión condicionó su reconocimiento al aporte de
“un nuevo certificado de incapacidades con fecha de la última contribución
pensional firmado por quien lo expide”. De acuerdo con ello, declaró la
carencia actual de objeto y estimó que el requerimiento de la entidad accionada
era “adecuada y proporcionada”, razón por la cual se abstuvo de emitir
un pronunciamiento sobre el referido pago.
4. En el caso del
tercer expediente (T-7.032.295), la Sala tuteló los derechos fundamentales del
accionante, quien alegaba tener una pérdida de la capacidad laboral del sesenta
y seis por ciento (66%), y ordenó a la demandada reconocer y pagar la pensión
de invalidez, así como el retroactivo “a partir del día siguiente a la fecha
de estructuración (…)”.
II.
Las decisiones adoptadas en los dos primeros casos no ofrecieron
una protección suficiente o, al menos, no fundamentaron los límites impuestos a
la protección
5. En el primer caso, la Corte ha debido otorgar una protección
definitiva en lugar de conceder el amparo como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Tal decisión se encontró motivada por las
dudas que parecían surgir acerca de si las cotizaciones realizadas demostraban,
de manera suficiente, la existencia de una efectiva y probada capacidad
laboral.
6. A diferencia
de lo que concluyó la mayoría estimo que los elementos de prueba -por ejemplo,
los aportes del empleador a salud, pensión, caja de
compensación y administradora de riesgos laborales- así como la inexistencia de
un indicio fuerte de fraude alegado y probado por la entidad accionada, permitía conceder definitivamente el amparo solicitado. Ello adquiere mayor
fuerza considerando que la accionante padece una pérdida de la capacidad
laboral del ochenta y cuatro por ciento (84%), con concepto de rehabilitación “NULO”.
7. De acuerdo con
lo expuesto estimo que en aquellos casos en los cuales (i) la solicitud
pensional se presente por una persona que padezca enfermedad congénita, crónica
y/o degenerativa; (ii) exista un concepto de rehabilitación nulo; (iii) se
evidencie la cotización al sistema de seguridad social del número de semanas
requerido; y (iv) de las pruebas no se desprenda un indicio contundente de
fraude al sistema general de pensiones, el juez de tutela debe conceder
definitivamente el amparo.
8. En el segundo
caso considerando la situación del accionante y a efectos de evitar la
imposición de una carga administrativa injustificada, ha debido la Corte
ordenar a Colpensiones adelantar ella misma, en un término perentorio, las
gestiones requeridas para obtener de la EPS SURA el certificado de incapacidades,
necesario para reconocer la totalidad de la suma a la que tendría derecho el
accionante. Ello complementaba lo dicho en la sentencia en el sentido de que el
pago “del retroactivo” se encontraba subordinado al aporte de dicho
documento. De haber procedido en esa dirección, la efectividad del derecho
hubiera quedado plenamente garantizada.
En este sentido, presento salvamento parcial de voto a la decisión
tomada en la sentencia T-157 de 2019.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] En el expediente T-7.017.895, sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá el 4 de septiembre de 2018 que a su
vez revocó la sentencia proferida por el Juzgado Quince de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Bogotá (transitoriamente Juzgado 15 Civil Municipal de
Descongestión) el 30 de julio de 2018; en el expediente T-7.024.146, sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala
Segunda de Decisión Civil el 13 de agosto de 2018 que a su vez confirmó la
sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de oralidad de
Medellín el 23 de julio de 2018; en el expediente T-7.032.295, sentencia
proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 28 de
agosto de 2018 que a su vez confirmó la sentencia proferida por el Juzgado
Sexto de Familia del Circuito de Manizales el 17 de julio de 2018.
[2] Sala de Selección Número Diez, conformada por los magistrados
Gloria Stella Ortiz Delgado y Antonio José Lizarazo Ocampo. Auto de selección
del 29 de octubre de 2018, notificado el 14 de noviembre de 2018.
[3] Según la accionante, se trata de una “enfermedad
inflamatoria desmielinizante, degenerativa del sistema nervioso central”.
[4] El Juzgado Quince de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá (transitoriamente Juzgado 15 Civil Municipal de Descongestión) en Auto
del 17 de julio de 2018, admitió la acción de tutela, ordenó enterar del
trámite al Hospital San José, a Seguros de Vida Alfa y al Ministerio de Salud y
Protección Social y notificó a las partes e intervinientes para que en el
término de 2 días contados a partir del recibo de la comunicación, allegaran
las pruebas que pretendan hacer valer y un informe de los hechos y derechos que
menciona el escrito tutelar. Folios 22, cuaderno 1 del expediente T-7.017.895.
[5] Escrito radicado en el Juzgado de instancia el 23 de julio de 2018.
Folios 27 al 41, cuaderno 1 del expediente T-7017895.
[6] Folios 5 al 7, cuaderno 1 del expediente T-7017895.
[7] Folios 8 al 9, cuaderno 1 del expediente T-7017895.
[8] Folios 10 al 11, cuaderno 1 del expediente T-7017895.
[9] Folio 12, cuaderno 1 del expediente T-7017895.
[10] Folios 13 y 14, cuaderno 1 del expediente T-7017895.
[11] Folios 3 al 6, cuaderno sede de revisión expediente T-7017895.
[12] Folios 7 al 9, cuaderno sede de revisión expediente
T-7017895.
[13] Folios 10 al 13, cuaderno sede de revisión expediente
T-7017895.
[14] Folios 14 al 17, cuaderno sede de revisión expediente
T-7017895.
[15] Folios 18 al 21, cuaderno sede de revisión expediente
T-7017895.
[16] Folios 22 al 24, cuaderno sede de revisión expediente
T-7017895.
[17] El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en
Auto del 9 de julio de 2018, admitió la acción de tutela, corrió traslado a
Colpensiones para que en dos días se pronunciara sobre la acción tutelar. Folio
26, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[18] Escrito de fecha 13 de julio de 2018, radicado en el Juzgado de
instancia el 17 de julio de 2018. Folios 27 al 35, cuaderno 1 del expediente
T-7024146.
[19] Folio 1, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[20] Folios 13 al 16, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[21] Folio 17, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[22] Folio 18, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[23] Folios 19 al 21, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[24] Folio 22, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[25] Folios 23 al 24, cuaderno 1 del expediente T-7024146.
[26] La Gerencia Nacional de Doctrina, Vicepresidencia Jurídica y
Secretaría General de Colpensiones expidió el concepto jurídico
BZ-2014-10721634 del 26 de diciembre de 2014, mediante el cual se recogieron
los parámetros trazados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
respecto de las solicitudes de pensión de invalidez en tratándose de afiliados
que padecen enfermedades congénitas, catastróficas y/o degenerativas y se
fijaron los derroteros a seguir al momento de resolverlas.
[27] En el presente caso, Colpensiones hizo el análisis de la
pensión de invalidez frente a la Ley 100 de 1993 original dado que la pérdida
de capacidad laboral se estructuró el 2 de octubre de 1999.
[28] El Juzgado Sexto de Familia del Circuito de Manizales, en Auto del
3 de julio de 2018 admitió la acción de tutela, ordenó el trasloado a las
accionadas y les dio tres días para que contesten lo pertinente. Folio 54, cuaderno
1 del expediente T-7032295.
[29] Folio 20, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[30] Folio 21, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[31] Folios 22 al 23, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[32] Folios 24 al 25, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[33] Folios 26 al 29, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[34] Folio 30, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[35] Folio 31, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[36] Folio 32, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[37] Folios 33 al 34, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[38] Folio 35, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[39] Folios 37 al 39, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[40] Folios 66 al 67, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[41] Folio 40, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[42] Folio 41, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[43] Folios 42 al 43, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[44] Folio 44, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[45] Folios 45 al 46, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[46] Folios 47 al 49, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[47] Folios 50 al 51, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[48] Folios 52 al 53, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[49] Folios 58 al 63, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[50] Folios 4 al 129, cuaderno 1 del expediente T-7032295.
[51] Folio 52, cuaderno sede de revisión. La certificación está
sin firma, tiene fecha de expedición 16 de julio de 2014.
[52] Folio 53, cuaderno sede de revisión.
[53] Folio 54, cuaderno sede de revisión.
[54] Folios 55 al 67, cuaderno sede de revisión.
[55] Folios 72 al 82, cuaderno sede de revisión.
[56] Folios 83 al 85, cuaderno sede de revisión.
[57] Folios 16 al 22, cuaderno sede de revisión.
[58] Folios 160 al 174, cuaderno sede de revisión.
[59] Folios 175 al 178, cuaderno sede de revisión.
[60] Decreto número 2011 del 28 de septiembre de 2012 por el cual se
determina y reglamenta la entrada en operación de la Administradora Colombiana
de Pensiones- COLPENSIONES y se dictan otras disposiciones.
[61] Corte Constitucional, sentencia T-486 de 2010 (MP Juan Carlos Henao
Pérez).
[62] Corte Constitucional, sentencias T-719 de 2003 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería), T-700 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-953 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-707 de
2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-979 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-1000 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-395 de 2013 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otras.
[63] Corte Constitucional, sentencia T-456 de 2004 (MP Jaime Araújo
Rentería), reiterada recientemente en las sentencias T-684 de 2016 (MP María
Victoria Calle Correa), T-717 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-228
de 2017 (MP María Victoria Calle Correa).
[64] Corte Constitucional, sentencia T-074 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[65] Ver al respecto la sentencia T-396 de 2009 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), la cual ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-820
de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-354 de 2012 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva), T-491 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-327 de 2014
(MP María Victoria Calle Correa).
[66] Corte Constitucional, sentencias T-063 de 2009 (MP Jaime Araújo
Rentería), T-562 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-019 de 2016
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[67] Corte Constitucional, sentencia T-075 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[68] Corte Constitucional, sentencia T-063 de 2009 (MP Jaime Araújo
Rentería).
[69] Corte Constitucional, sentencia T-519 de 1992 (MP José Gregorio
Hernández Galindo) reiterada posteriormente en sentencias como la T-533 de 2009
(MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-253 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), entre muchas.
[70] Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada) reiterada en la T-237 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
entre otras. || La sentencia T-237 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
señaló: “(i) Por daño consumado se presenta cuando la vulneración o amenaza
del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar con
la acción de tutela, de modo tal que ya no es posible hacer cesar la violación
o impedir que se concrete el peligro y lo único que procede es el resarcimiento
del daño originado en la vulneración del derecho fundamental. (ii) Por hecho
superado cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y
el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la
demanda de amparo, es decir, aquello que se pretendía lograr mediante la orden
del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. En
este último evento, es necesario demostrar que en realidad se ha satisfecho por
completo la pretensión de la acción de tutela, esto es, que se demuestre el
hecho superado. Así las cosas, cuando se presente alguna de las dos
circunstancias señaladas, el juez de tutela puede declarar, en la parte resolutiva
de la sentencia, la carencia actual de objeto y a prescindir de cualquier
orden, con independencia de aquellas que se dirijan a prevenir al demandado
sobre la inconstitucionalidad de su conducta y a advertirle de las sanciones a
las que se hará acreedor en caso de que la misma se repita, al tenor del
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991”.
[71] Corte Constitucional, sentencia T-972 de 2000 (MP Alejandro
Martínez Caballero), T-308 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-309 de 2006 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto) y T-170 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto) “(…) La carencia actual de objeto por hecho superado, se da cuando en
el entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del
fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya
protección se ha solicitado. En dicho sentido, no es perentorio para los jueces
de instancia, aunque sí para Corte en sede de Revisión, incluir en la
argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales
planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que
la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado,
incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de
la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así
lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que
la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho
antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado.”
[72] Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003 (MP Rodrigo Escobar
Gil).
[73] Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003 (MP Rodrigo Escobar
Gil).
[74] Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2008 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra) “(…) La Corte entiende por hecho superado cuando durante
el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la
ocurrencia de hechos que demuestren que la vulneración de los derechos
fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción
de tutela, ha dejado de ocurrir”.
[75] Corte Constitucional, sentencia T-045 de 2008 (MP Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-059 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) “(…) La
jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado
que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de
amparo, la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o “caería en el
vacío”. Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla
general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o
un hecho superado (…)”.
[76] Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2013 (MP Alexei Julio
Estrada).
[77] Ley 100 de 1993, artículo 38: “Estado de invalidez. Para los
efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
[78] La Ley 100 de 1993“Por la cual se crea el sistema de seguridad
social integral y se dictan otras disposiciones”, reglamenta el derecho a
la pensión de invalidez en los artículos 38 y subsiguientes.
[79] Lo anterior, sin perjuicio de que el trabajador sea beneficiario
del régimen de transición caso en el cual se aplicará la normativa aplicable
para la cual aportó y que generó en él una expectativa legítima. Aunado a esto,
la Corte Constitucional ha respaldado la teoría de la condición más beneficiosa
que permite, en ciertos casos, aplicar los requisitos consagrados en una ley
anterior.
[80] El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece: “Corresponde al
Instituto de Seguros Sociales, a las Administradoras de Riesgos Profesionales,
ARP, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte y a
las Entidades Promotoras de Salud, EPS, determinar en primera oportunidad la
pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de
las contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la
calificación, dentro de los cinco (5) días siguientes a la manifestación que
hiciere sobre su inconformidad, se acudirá a las Juntas de Calificación de
Invalidez del orden regional, cuya decisión será apelable ante la Junta
Nacional. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales”.
[81] Decreto 1507 de 2014 “por el cual se expide el Manual Único
para la Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional”.
[82] Sentencia T-671 de 2011 (MP. Humberto Antonio Sierra Porto),
reiterando lo señalado en las sentencias T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao
Pérez) y T-432 de 2011 (MP. Mauricio González Cuervo), posición que ha seguido
reafirmándose, por ejemplo en las sentencias T-040 de 2015 (MP María Victoria
Calle Correa), T-427 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-057 de 2017
(MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), entre otros.
[83] Posición asumida por la Corte en la sentencia T-561 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), ocasión en la que se analizó el caso de una persona
que padecía una enfermedad mental que había cotizado de manera ininterrumpida
por más de 21 años, fue calificada con una PCL del 51.10%, con fecha de
estructuración de su invalidez el 17 de noviembre de 1983. La entidad accionada
le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez, por no cumplir el
requisito de cotización de 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de
estructuración de su invalidez. En esa sentencia, la Corte consideró que la
fecha de estructuración de la invalidez se estableció con base en un episodio
clínico pero como la accionante actora continuó aportando por más de 21 años al
Sistema, se consideró poco loable asumir que esa hubiera sido la fecha en la
que la actora perdió definitivamente su capacidad laboral, razón por la cual,
se tomó como fecha de estructuración el momento en que la accionante solicitó
el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez. En el mismo sentido ver
las sentencias T-699A de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-710 de 2009 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-561 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-420 de 2011
(MP Juan Carlos Henao Pérez), entre otras.
[84] Corte Constitucional, sentencia T-132 de 2017 (MP Aquiles Arrieta
Gómez), reiterando lo señalado en la sentencia T-710 de 2009 (MP Juan Carlos
Henao Pérez), T-163 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-420 de 2011 (MP
Juan Carlos Henao Pérez), T-481 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos), T-158 de 2014
(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-580 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado), T-716 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado) y T-356 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[85] MP Alejandro Linares Cantillo.
[86] Sustentación del dictamen de pérdida de capacidad laboral
hecho por Seguros Alfa S.A. Folio 6, cuaderno 1 del expediente.
[87] Organización Mundial de la Salud https://www.who.int/topics/chronic_diseases/es/
o consultar también https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/enfermedad-cronica
[88] MP Carlos Bernal Pulido.
[89] Como pruebas de su vínculo laboral están: contrato de
trabajo a término indefinido, escrito de la Asociación de Personas con Discapacidad
APD que fue contratista del Municipio de Manizales, reporte de semanas
cotizadas por el empleador en favor del accionante, declaración extraproceso
rendida por el actor ante el Notario Segundo del Círculo de Manizales.
[90] En este caso se verificarán los requisitos para acceder a la
pensión de invalidez frente a la Ley 860 de 2003, que modificó la Ley 100 de
1993, por cuanto la fecha de estructuración a tomar respecto de la cual se
contabilizarán las semanas de cotización es el 21 de abril de 2017, cuando ya
estaba vigente la mencionada Ley 860 de 2003.
[91] La Sala concluyó: “(…)
(i) la accionante es sujeto de especial protección constitucional, (ii) lo
pretendido constituye su único sustento, de tal manera que al negarlo se
comprometería de manera grave su mínimo vital, y (iii) que los requisitos
legales exigidos para el reconocimiento prestacional se cumplen en el caso
concreto. No obstante, hay algunos hechos, manifestaciones y argumentos que
deben ser clarificados y debatidos en el proceso laboral ordinario, para
establecer verdaderamente, luego de un adecuado debate probatorio, si hubo una
efectiva y probada capacidad laboral residual. Dicho proceso es el mecanismo
idóneo para el debate que no es dado agotar en la acción constitucional”.