C-958-07
-Proyecto de circulación restringida-
Sentencia
C-958/07
CONVENCION SOBRE LA NOTIFICACION O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE
DOCUMENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación/REQUISITO
DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Vicio subsanable/LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL REMITIDA POR SEGUNDA VEZ-Incumplimiento del requisito de la
sanción presidencial
La Sala Plena identificó la existencia de un vicio de procedimiento
en la formación en la ley, consistente en el incumplimiento del requisito del
anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso
del trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.  Del mismo
modo, concluyó que de acuerdo con la jurisprudencia aplicable a la materia y la
instancia en que se había verificado, el vicio en comento era de naturaleza
subsanable, por lo que era pertinente aplicar lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 241 C.P., por lo que el Congreso procedió a lo ordenado por la Corte,
pero en su reenvío el Magistrado Sustanciador advirtió que esta remisión no
cumplía con lo ordenado en el numeral tercero del Auto A-053/07, puesto que se
había pretermitido el requisito de la sanción presidencial. Así, a través de
providencia del 10 de julio de 2007, ordenó devolver el expediente legislativo
a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que lo remitiera al
Gobierno Nacional, a efectos de su sanción y en concordancia con lo ordenado en
el Auto A-053/07, cumplido el trámite, mediante comunicación del 10 de agosto
de 2007, la Presidenta del Senado reenvió el expediente legislativo
correspondiente a la Ley 1073/06, debidamente sancionada por el Presidente de la
República.
ADHESION A CONVENIO Y TRATADO INTERNACIONAL-Previa la revisión de constitucionalidad y según las reglas de la
convención de Viena
El Ministerio
de Relaciones Exteriores informó a esta Corporación que la Convención sobre la
Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o
Comercial, en adelante la Convención, no ha sido suscrita por el Estado
colombiano debido a que es un instrumento internacional sujeto a adhesión.
Igualmente, señaló que el Presidente de la República le impartió a la
Convención aprobación ejecutiva el día 3 de septiembre de 2003. Al respecto se
tiene que el objeto del control de constitucionalidad en esta instancia no ha
concurrido, pues la suscripción del tratado se producirá conforme a la figura
jurídica de la adhesión, la cual sólo se comprobará luego que esta Corporación
perfeccione la revisión de su constitucionalidad y según las reglas que para la
celebración de tratados por este medio disponen los artículos 11 y 15 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.  En este sentido,
como lo ha sostenido esta Corporación en asuntos similares, por sustracción de
materia no es posible estudiar por parte de la Corte lo relativo a las
facultades del Ejecutivo por la suscripción de la Convención, en la medida en
que esta actuación se verificará sólo una vez se compruebe la
constitucionalidad del instrumento internacional multilateral.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de los requisitos para su aprobación, luego del
saneamiento de que fue objeto como consecuencia de lo ordenado por la Corte
Constitucional
PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS
JUDICIALES EN EL EXTRANJERO-Compatibilidad con la
Carta Política
La posibilidad de contar con un procedimiento sencillo y ágil para
la notificación y traslado de documentos judiciales resulta acorde con la
optimización de los instrumentos de asistencia judicial entre los Estados, en
tanto especie de la integración económica, política y social entre Colombia y
las demás naciones, prevista en el artículo 227 Superior. Del mismo modo, el
mecanismo en comento constituye una herramienta adecuada para la realización
del principio de publicidad, inherente al derecho fundamental al debido proceso
Referencia: expediente LAT-293
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1073 del 31 de julio de
2006, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación
o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en
Materia Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C.,
catorce (14) de noviembre de dos mil siete (2007).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados
en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la
cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el
Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o
Comercial ” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”.
I. TEXTO DE LA
NORMA
La ley objeto
de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 46.346 del 31 de julio de
2006, es la siguiente:
LEY
1073 DE 2006
(julio
31)
por
medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la notificación o traslado  en
el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o
comercial”,
hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
El
Congreso de la República
Visto el texto
de “La Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en La
Haya el 15 de noviembre de 1965”, que a la letra dice:
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).
PROYECTO
DE LEY NUMERO 90 DE 2004
por medio de
la cual se aprueba la “Convención sobre la notificación o traslado  en el
extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o
comercial”, hecha en La Haya el 15 de noviembre de
1965.
El
Congreso de la República
Visto el texto
de la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial”, hecha en
La Haya el 15 de noviembre de 1965.
(Para ser
transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).
TRADUCCION
OFICIAL NUMERO 068 – W de un documento escrito en inglés y francés
CONVENCION SOBRE
LA NOTIFICACION O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES O
EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL, HECHA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 1965
Los Estados
signatarios de la presente Convención,
Deseando crear
los medios necesarios para que los documentos judiciales y extrajudiciales que
deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero sean conocidos por
sus destinatarios oportunamente.
Deseando mejorar
en este sentido la asistencia judicial, simplificando y acelerando el
procedimiento.
Han resuelto concluir
una Convención para tales efectos y han acordado las siguientes disposiciones:
Artículo
1º
La presente
Convención se aplica, en materia civil o comercial, a todos los casos en que un
documento judicial o extrajudicial deba ser remitido al extranjero para su
notificación o traslado.
La Convención no
se aplicará cuando no se conozca la dirección del destinatario del documento.
CAPITULO
I
Documentos
judiciales
Artículo
2º
Cada Estado
contratante designará una autoridad central que asuma la función de recibir las
peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y
darles trámite conforme a los artículos 3º a 6º.
Cada Estado
organizará la autoridad central de conformidad a su propia ley.
Artículo
3º
La autoridad o
el funcionario judicial o estatal competente según las leyes, del Estado de
origen, dirigirá a la autoridad central del Estado requerido una petición
conforme con el modelo anexo a la presente Convención, sin que sea necesaria la
legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.
La petición
deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, todo en dos
ejemplares.
Artículo
4º
Si la autoridad
central estima que la petición no cumple con las disposiciones de la
Convención, informará inmediatamente al requiriente precisando sus objeciones
contra la petición.
Artículo
5º
La autoridad
central del Estado requerido notificará o trasladará el documento u ordenará su
notificación o traslado por conducto de una autoridad competente bien sea:
a) Según las
formas establecidas por la legislación del Estado requerido para la
notificación o traslado de documentos otorgados en el país y que estén
destinados a personas que se encuentren en su territorio; o
b) Según el
procedimiento específico solicitado por el requeriente, a condición de que esta
no sea incompatible con la ley del Estado requerido.
Sin perjuicio de
lo previsto en el párrafo primero, acápite b), el documento siempre podrá
entregarse al destinatario que lo acepte voluntariamente.
Si el documento
debe ser objeto de notificación o traslado conforme al párrafo primero, la
autoridad central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido al
idioma o a uno de los idiomas oficiales del país.
La parte de la
petición que contiene los elementos esenciales del documento conforme al modelo
anexo a la presente Convención, se remitirá al destinatario.
Artículo
6º
La autoridad
central del Estado requerido o cualquier autoridad que se haya designado para
tal fin, expedirá una certificación conforme al modelo anexo a la presente
Convención.
La certificación
afirmará el cumplimiento de la petición; incluirá la forma, el lugar y la fecha
del cumplimiento, así como la persona a quien el documento haya sido entregado.
Si el documento no hubiere sido notificado o trasladado, la certificación
precisará las razones que hayan impedido el cumplimiento de la petición.
El requiriente
podrá solicitar que la certificación que no haya sido expedida por la autoridad
central o por una autoridad judicial sea convalidada por una de estas
autoridades.
La certificación
se dirigirá directamente al requiriente.
Artículo
7º
Las menciones
impresas en el modelo anexo a la presente Convención estarán obligatoriamente
redactadas en francés o en inglés. Podrán redactarse además en el idioma
oficial o en uno de los idiomas oficiales del Estado de origen.
Los espacios en
blanco correspondientes a tales menciones se llenarán en el idioma del Estado
requerido, en francés, o en inglés.
Artículo
8º
Cada Estado
contratante tiene la facultad de dar trámite directamente por medio de sus
agentes diplomáticos o consulares, a las notificaciones o traslados de
documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero, sin
medidas coercitivas.
Todo Estado
podrá declarar que se opone a la utilización de esta facultad dentro de su
territorio, salvo que el documento deba ser notificado o trasladado a un
nacional del mismo Estado de origen.
Artículo
9º
Cada Estado
contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular para remitir,
a fines de notificación o traslado, los documentos judiciales a las autoridades
de otro Estado contratante designadas por este para tal propósito.
Si así lo exigen
circunstancias excepcionales, cada Estado contratante tiene la facultad de
utilizar, para dichos efectos, la vía diplomática.
Artículo
10
A condición que
el Estado de destino no declare objeción a ello, la presente Convención no debe
interferir con:
a) La facultad
de remitir directamente por vía postal los documentos judiciales a las personas
que se encuentren en el extranjero;
b) La facultad,
respecto de funcionarios judiciales, agentes u otras personas competentes del
Estado de origen, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos
judiciales directamente a través de funcionarios judiciales u otros
funcionarios competentes del Estado de destino;
c) La facultad,
respecto de cualquier persona interesada en un procedimiento judicial, de
proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente
a través de funcionarios judiciales u otras personas competentes del Estado de
destino.
Artículo
11
La presente
Convención no se opone a que los Estados contratantes acuerden admitir, para
efectos de notificación o traslado de documentos judiciales, otros canales de
remisión distintos a los previstos en los artículos precedentes y, en
particular, la comunicación directa entre sus respectivas autoridades.
Artículo
12
Las
notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado
contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de los impuestos y costas generados
por los servicios del Estado requerido.
El requiriente
está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados por:
a) La
intervención de un funcionario judicial o de una persona competente según la
ley del Estado de destino;
b) La utilización
de una forma específica.
Artículo
13
El cumplimiento
de una petición de notificación o traslado conforme con las disposiciones de la
presente Convención podrá ser rechazado únicamente si el Estado requerido juzga
que dicho cumplimiento, por su naturaleza, afecta su soberanía o su seguridad.
No podrá negarse
el cumplimiento por el solo motivo de que el Estado requerido reivindique su
competencia judicial exclusiva para el procedimiento en cuestión o de que su
derecho interno no admita la acción a que se refiere la petición.
En caso de
rechazo de la petición, la autoridad central informará inmediatamente al
requiriente e indicará los motivos.
Artículo
14
Las dificultades
que surgieren con ocasión de la remisión, a fines de notificación o traslado de
documentos judiciales, serán resueltas por vía diplomática.
Artículo
15
Cuando un
escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido al extranjero
a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones de la presente
Convención y el demandado no compareciere, el juez esperará el tiempo que fuere
necesario para proferir sentencia hasta que se establezca que:
a) El documento
haya sido notificado o que se haya dado traslado al mismo según las formas
prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o
traslado de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las
personas que se encuentran en su territorio, o bien,
b) El documento
haya sido efectivamente entregado al demandado o en su residencia según otros
procedimientos previstos por la presente Convención, y que, en cualquiera de
estos casos, sea de notificación, de traslado o de entrega, la misma haya
tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse.
Cada Estado
contratante tiene la facultad de declarar que sus jueces, no obstante las
disposiciones del párrafo primero, podrán proferir sentencia a pesar de no
haberse recibido comunicación alguna que certifique, bien de la notificación o
traslado, bien de la entrega, si se cumplen las siguientes condiciones:
a) Que el
documento haya sido emitido según alguno de los modos previstos por la presente
Convención;
b) Que haya
transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez
estudiará en cada caso individualmente y que no será inferior a seis meses;
c) No obstante
las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del Estado
requerido, no ha podido obtener certificación alguna.
El presente
artículo no impide que, en caso de urgencia, el juez ordene cualquier medida
provisional o cautelar.
Artículo
16
Cuando un
escrito de demanda o un documento equivalente haya debido ser remitido al
extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones de la
presente Convención y se haya emitido una decisión contra el demandado que no
hubiese comparecido, el juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de
la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso, si se
reúnen las siguientes condiciones:
a) El demandado,
sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho
documento para defenderse o de la decisión para interponer recurso;
b) Las
alegaciones del demandado, prima facie, parecen fundamentadas.
La demanda
tendiente a la exención de la preclusión solo será admisible si se formula
dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo
conocimiento de la decisión.
Cada Estado
contratante tendrá la facultad de declarar que tal demanda no será admisible si
se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar
en su declaración, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año, a contar a
partir de la fecha de la decisión.
El presente
artículo no se aplicará a las decisiones relativas al estado o capacidad de las
personas.
CAPITULO
II
Documentos
extrajudiciales
Artículo
17
Los documentos
extrajudiciales que emanen de autoridades o funcionarios judiciales de un
Estado contratante podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en
otro Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por la
presente Convención.
CAPITULO
III
Disposiciones generales
Artículo
18
Cada Estado
contratante podrá designar, además de la autoridad central, otras autoridades,
determinando el alcance de sus competencias.
Sin embargo, el
requiriente tendrá siempre derecho a dirigirse directamente a la autoridad
central.
Los Estados
federales tendrán la facultad de designar varias autoridades centrales.
Artículo
19
La presente
Convención no se opone a que la ley interna de un Estado contratante permita
otras formas de remisión no previstas en los artículos anteriores, a efectos de
notificación o traslado de documentos procedentes del extranjero dentro de su
territorio.
Artículo
20
La presente
Convención no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados contratantes
para obviar:
a) El artículo
3º, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de doble ejemplar para los
documentos remitidos;
b) El artículo
5º, párrafo tercero y el artículo 7º, en lo relativo a la utilización de los
idiomas;
c) El artículo
5º, párrafo cuarto;
d) El artículo
12, párrafo segundo.
Artículo
21
Cada Estado
contratante notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos,
bien sea en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o
adhesión o posteriormente:
a) La
designación de las autoridades previstas en los artículos 2º y 18;
b) La
designación de la autoridad competente para expedir la certificación prevista
en el artículo 6º;
c) La
designación de la autoridad competente para recibir los documentos remitidos
por vía consular conforme al artículo 9º.
Dado el caso y
en las mismas condiciones, notificará:
a) Su oposición
al uso de las vías de remisión previstas en los artículos 8º y 10;
b) Las
declaraciones previstas en los artículos 15, párrafo segundo y 16, párrafo
tercero;
c) Cualquier
modificación de las designaciones, oposición y declaraciones antes mencionadas.
Artículo
22
La presente Convención
reemplazará, en las relaciones entre los Estados que la hayan ratificado, los
artículos 1º a 7º de las Convenciones relativas al procedimiento civil,
firmadas en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1º de marzo de 1954 respectivamente,
en la medida en que dichos Estados sean partes en una u otra de dichas
Convenciones.
Artículo
23
La presente
Convención no impide la aplicación del artículo 23 de la Convención relativa al
procedimiento civil firmada en La Haya el 17 de julio de 1905, ni del artículo
24 de la firmada en La Haya el 1º de marzo de 1954.
Sin embargo,
estos artículos no serán aplicables sino cuando se haga uso de sistemas de
comunicación idénticos a los previstos por dichas Convenciones.
Artículo
24
Los acuerdos
complementarios a las Convenciones de 1905 y 1954, concluidos por los Estados
contratantes, se considerarán como igualmente aplicables a la presente Convención,
salvo que los Estados interesados acuerden algo diferente.
Artículo
25
Sin perjuicio de
la aplicación de los artículos 22 y 24, la presente Convención no deroga las
Convenciones en que los Estados contratantes sean o puedan llegar a ser partes
y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por la presente
Convención.
Artículo
26
La presente
Convención estará abierta a la firma de los Estados representados en la Décima
Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado.
La Convención
será ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán ante el
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
Artículo
27
La presente
Convención entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer
instrumento de ratificación previsto por el artículo 26, párrafo segundo.
La Convención
entrará en vigor para cada Estado signatario que la ratifique transcurridos
sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.
Artículo
28
Todo Estado no
representado en la Décima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional Privado podrá adherirse a la presente Convención después de su
entrada en vigor, conforme con lo dispuesto en el artículo 27, párrafo primero.
El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos.
La Convención
entrará en vigor para tal Estado solo si no hay oposición por parte de ningún
Estado que haya ratificado la Convención antes de dicho depósito, notificada al
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses
a partir de la fecha en la que dicho Ministerio haya notificado la mencionada
adhesión.
Si no hay
oposición, la Convención entrará en vigor para el Estado adherente el primer
día del mes que siga a la expiración del último de los plazos mencionados en el
párrafo precedente.
Artículo
29
Todo Estado, en
el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, podrá declarar que la
presente Convención se extenderá al conjunto de los territorios que represente
en el plano internacional o a uno o varios de esos territorios. Tal declaración
surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor de la Convención para dicho
Estado.
Posteriormente,
toda extensión de esa naturaleza será notificada al Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos.
La Convención
entrará en vigor para los territorios mencionados en dicha extensión a los
sesenta días de la notificación mencionada en el párrafo anterior.
Artículo
30
La presente
Convención tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada
en vigor conforme con las disposiciones del párrafo primero del artículo 27,
incluso para los Estados que la hayan ratificado o se hayan adherido a ella
posteriormente.
Salvo denuncia, la
Convención se renovará tácitamente cada cinco años.
Toda denuncia
deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, al
menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años.
La denuncia
podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se aplique la
Convención.
La denuncia
surtirá efecto solo respecto del Estado que la haya notificado.
La Convención
permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.
Artículo
31
El Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que hace
referencia el artículo 26 y a los Estados que se hayan adherido conforme con lo
dispuesto en el artículo 28:
a) Las firmas y
ratificaciones previstas en el artículo 26;
b) La fecha en
que la presente Convención entrará en vigor conforme con las disposiciones del
artículo 27, párrafo primero;
c) Las
adhesiones previstas en el artículo 28 y la fecha en que surtirán efecto;
d) Las
extensiones previstas en el artículo 29 y la fecha en que surtirán efecto;
e) Las
designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el artículo 21;
f) Las denuncias
previstas en el artículo 30, párrafo tercero.
En fe de lo
cual, los suscritos, debidamente autorizados, han firmado la presente
Convención.
Hecha en La
Haya, el 15 de noviembre de 1965, en francés e inglés, siendo ambos textos
igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos
del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática una
copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Décima Sesión de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.
MODELOS
DE PETICION Y CERTIFICACION
ANEXOS
A LA CONVENCION
(Previstos
en los artículos 3º, 5º, 6º y 7º)
ELEMENTOS
ESENCIALES DEL DOCUMENTO
PETICION A FINES DE NOTIFICACION O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE UN
DOCUMENTO JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL
Convención
relativa a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales
o extrajudiciales en materia civil o comercial, firmada en La Haya el 15 de
noviembre de 1965.
Identidad
y dirección del requiriente
Dirección
de la Autoridad destinataria
El suscrito
requiriente tiene el honor de remitir –en dos ejemplares– a la autoridad
destinataria los documentos enumerados, rogándole, conforme al artículo 5º de la
Convención antes citada, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a
saber:
Identidad y
dirección) ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
a) Según las
formas legales [artículo 5º, párrafo primero, letra a)]*
b) Según la
fórmula específica siguiente [artículo 5º, párrafo primero, letra
b)]*……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
c) En su caso,
por simple entrega al interesado (artículo 5º, párrafo segundo)*………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Se ruega a esa
autoridad envíe o haga enviar al requiriente un ejemplar del documento –y de
sus anexos–* con la certificaciónn que figura al dorso.
Enumeración de
los documentos
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Hecho en…………, el
………… de ………… de ……………….
Firma y/o sello.
(Dorso de la
petición)
CERTIFICACION
La suscrita
autoridad tiene el honor de certificar, conforme al artículo 6º de dicha
Convención,
1. Que la
petición ha sido ejecutada*
– El (fecha)
……………………………………………….…………………………………………………….
– En (localidad,
calle, número) ……………………………………………………………………………….
– En una de las
formas siguientes previstas en el artículo 5º:
a) Según las
formas legales [artículo 5º, párrafo primero, letra a)]*
b) Según la
forma específica siguiente*……………………………………………………………………..
c) Por simple
entrega* (artículo 5º, acápite 2)*
Los documentos
mencionados en la petición han sido entregados a:
(Identidad y
calidad de la persona)…………………………………………………………………………...
…..………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
– Vínculos de
parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Que la
petición no ha sido ejecutada en razón de los hechos siguientes*
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Conforme al
artículo 12, párrafo segundo de dicha Convención, se ruega al requiriente el
pago o reembolso de los gastos cuyos detalles figuran en la declaración
adjunta.*
Anexos
Documentos reenviados:
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................……………………….
…………………………………………………………………………
En su caso, los
documentos justificativos de la ejecución
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Hecho en…………, el
………… de ………… de …………
Firma y/o sello .
ELEMENTOS
ESENCIALES DEL DOCUMENTO
Convención
relativa a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales
y extrajudiciales en materia civil o comercial firmada en La Haya el 15 de
noviembre de 1965.
(Artículo
5º, párrafo cuarto)
Nombre y
dirección de la autoridad requeriente:
.…………………………………………………………………….……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………..
Identidad de las
partes:*
.…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
DOCUMENTO
JUDICIAL **
Naturaleza y
objeto del
documento:.................................................……………………………………...
.…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Naturaleza y
objeto del procedimiento y, en su caso, cuantía del litigio:
.…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Fecha y lugar para
verificar la comparecencia:**…………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Autoridad
judicial que ha dictado la resolución:**…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
Fecha de la
resolución:**………………………………………………………………………………………
Indicación de
los plazos que figuran en el documento:**…............………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………….
DOCUMENTO
EXTRAJUDICIAL**
Naturaleza y
objeto del documento:
.…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Indicación de
los plazos que figuran en el documento:**………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
La presente
es copia fiel y completa de la traducción al español de la Convención sobre la
Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y
Extrajudiciales en materia Civil o Comercial, hecha en La Haya, el quince de
noviembre de mil novecientos sesenta y cinco.
ES TRADUCCION
FIEL Y COMPLETA
TRADUCTOR: JORGE
HUMBERTO OJEDA
BOGOTA, D. C.,
EL 31 DE JULIO DE 2003
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 3
de septiembre de 2003
Aprobada.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina
Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébase la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial”, hecha en
La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Artículo 2º. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la
“Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos
judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial”, hecha en La Haya el
15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3º. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
Dada en Bogotá,
D. C., a…
Presentado al
honorable Congreso de la República por el Ministro del Interior y de Justicia y
la Ministra de Relaciones Exteriores.
El Ministro del
Interior y de Justicia,
Sabas Eduardo
Pretelt de la Vega.
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
Carolina
Barco Isakson.
RAMA
EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 3
de septiembre de 2003
Aprobado.
Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos
constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Carolina
Barco Isakson.
DECRETA:
Artículo 1º.
Apruébese la “Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en La
Haya el 15 de noviembre de 1965.
Artículo 2º. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la
“Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos
judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial” hecha en La Haya el
15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba,
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3º. La
presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.
La Presidenta
del honorable Senado de la República,
Claudia Blum
de Barberi.
El Secretario
General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón
Otero Dajud.
El Presidente de
la honorable Cámara de Representantes,
Julio E.
Gallardo Archbold.
El Secretario
General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino
Lizcano Rivera.
REPUBLICA
DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuníquese y
cúmplase.
Ejecútese,
previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la
Constitución Política.
Dada en Bogotá,
D. C., a 31 de julio de 2006.
ÁLVARO URIBE
VÉLEZ
La Ministra de
Relaciones Exteriores,
Carolina
Barco Isakson.
II.
INTERVENCIONES
2.1.
Ministerio de Relaciones Exteriores
El ciudadano
José Demetrio Matías Ortiz, en calidad de apoderado especial del Ministerio de
Relaciones Exteriores, intervino en el presente proceso con el fin de defender
la constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
En primer
término, el Ministerio aclaró que la Convención sobre la Notificación o
Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia
Civil o Comercial, en adelante la Convención, fue fruto de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado, organización intergubernamental que
tiene como objetivo principal la unificación progresiva de las normas de esta
rama del derecho, mediante la creación de instrumentos jurídicos
multilaterales.  Habida cuenta que el Estado colombiano no hizo parte de la
mencionada Conferencia, la suscripción del Convenio se realizará bajo la figura
de la adhesión, mecanismo que procederá “una vez concluyan los trámites de
aprobación legislativa y de revisión constitucional; sin perjuicio de las
facultades de la rama ejecutiva del poder público de hacerlo en cualquier
tiempo de acuerdo con las facultades previstas en el artículo 189.2 de la
Constitución Política, por ostentar la máxima dirección de las relaciones
internacionales”.
En segundo
lugar, respecto del procedimiento de incorporación del instrumento
internacional en el derecho interno, el Ministerio interviniente expone que con
“el propósito de iniciar los trámites constitucionales internos, previas las
consultas con las autoridades competentes, el 3 de septiembre de 2003, el
Presidente de la República ordenó someter a consideración y aprobación del
Congreso de la República el proyecto de Ley aprobatoria de la Convención.”.  Luego
de impartida la aprobación ejecutiva, el 23 de agosto de 2004, el Gobierno
Nacional, a través de los Ministerios de Interior y de Justicia y de Relaciones
Exteriores, presentó ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley
correspondiente.  Cumplido el trámite legislativo, la Ley 1073 obtuvo sanción
presidencial el 31 de julio de 2006.  Con base en este trámite, el
interviniente concluye que en el asunto bajo examen fueron debidamente
cumplidos los requisitos contendidos en el artículo 159-6 C.P., en cuanto a la
facultad del Congreso para aprobar tratados; al igual que las condiciones fijadas
en el artículo 189-2 respecto a la dirección por parte del Presidente de la
política internacional del Estado y la suscripción de tratados.
En tercer
término, frente al aspecto material de la Convención, el Ministerio
interviniente afirma, a partir de la descripción de los artículos del tratado,
que su contenido se aviene a los cánones constitucionales. Para sustentar esta
conclusión, manifiesta que el objetivo del instrumento es “mejorar la
asistencia judicial simplificando y acelerando el procedimiento para la
notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil y comercial”.  En tal sentido, “establece los canales a través de
los cuales debe formularse y atenderse o tramitarse las solicitudes; concede un
término prudencial para quienes no pudieron ser notificados en su oportunidad
respecto de una demanda o no ejercieron el derecho de defensa, para que
soliciten la exoneración de la preclusión; prevé los costos de las diligencias
y el mecanismo de solución de controversias”.  Estas finalidades, en
criterio del Ministerio, desarrollan distintos postulados constitucionales,
entre ellos, el respeto a la soberanía nacional, el reconocimiento de los
principios del derecho internacional, el debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y los principios de la función administrativa
contenidos en el artículo 209 Superior.
2.2.
Ministerio del Interior y de Justicia
El ciudadano
Fernando Gómez Mejía, director de ordenamiento jurídico del Ministerio de
Interior y de Justicia, presentó escrito justificativo de la constitucionalidad
de la Ley 1073/06.  Para ello, describió el proceso legislativo del proyecto de
Ley que precedió a la norma analizada y concluyó que el trámite se había
ajustado a los preceptos de la Carta Política.
En cuanto al
aspecto material del instrumento internacional, el Ministerio resalta como la
Convención establece canales directos, a través de autoridades centrales,
destinados a la notificación y traslado de documentos judiciales y
extrajudiciales, en condiciones de claridad, economía y eficacia.  En ese
sentido, la adhesión de Colombia al tratado es un mecanismo adecuado para dar
respuesta pronta y efectiva a las solicitudes de las autoridades judiciales con
respecto a la notificación de una providencia judicial o del traslado de un
documento extrajudicial a otro país.  Facultades de esta naturaleza se muestran
armónicas con los fines del Estado Social de Derecho, en especial la efectiva
administración de justicia, entendida en consonancia con “las necesidades de
la internacionalización de las relaciones jurídicas y la globalización, a fin
de simplificar en materia judicial y extrajudicial la citada notificación o
traslado”.
De la misma
forma, el interviniente sostiene que las previsiones del tratado dejan la
posibilidad que las Partes acojan otros procedimientos reconocidos por la
práctica, por su legislación interna o por acuerdos bilaterales.  Desde esa
perspectiva, los “Estados conservan su facultad de utilizar la vía
diplomática, de remitir directamente al destinatario las notificaciones, o
acudir a las previsiones de su legislación interna.  Se trata entonces de que
las autoridades opten por la vía más adecuada, sin restringir su campo de
acción a las posibilidades que ofrece la Convención, y sin desbordar los
límites que el respectivo ordenamiento jurídico imponga.”
2.3.
Superintendencia de Notariado y Registro
El ciudadano
Roberto Burgos Cantor, jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de
Notariado y Registro, interviene en el presente trámite con el fin de defender
la constitucionalidad de la norma sujeta a examen. Con este fin, expone que en
relación con las competencias de la Superintendencia, el instrumento
internacional resultaría aplicable “en los documentos autorizados por los
notarios.  En la actualidad el acto que requeriría de notificación en materia
civil y desde la perspectiva de los extrajudiciales sería de aquellos en los
cuales se produce el reconocimiento de hijo extramatrimonial por escritura
pública. || Conforme lo anterior, un acto notarial así tendría su sistema
específico de notificación mediante quien ejerce la función de notario en el
exterior, es decir el Cónsul colombiano. || Así las cosas no encontramos
quebrantamiento constitucional alguno ya que la Convención tiene el cuidado de
preservar los procedimientos tradicionales de notificación o traslado de
documentos para el extranjero.”
III. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en el 242-2 y
278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la
referencia, en el que solicita a la Corte que declare la exequibilidad de la
Convención, así como de su ley aprobatoria.
Luego de
describir el estudio formal del proyecto de ley que finalizó con la Ley
1073/06, la Vista Fiscal concluye que dicho trámite cumplió con las exigencias
constitucionales y legales, por lo que no encuentra reparo alguno desde los
requisitos constitucionales aplicables al procedimiento legislativo.
De manera
similar a lo expuesto por los intervinientes que concurren en el presente
proceso, el Ministerio Público considera que las materias tratadas en la
Convención son modalidades de la realización de los derechos constitucionales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.  Para el
Procurador General, los tópicos contenidos en el instrumento internacional (i)
permiten brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, en tanto simplifican
y aceleran los procedimientos de notificación y traslado en el exterior; (ii)
garantizan que se lleve a cabo la notificación y traslado de documentos
judiciales y extrajudiciales en el extranjero en un menor tiempo, otorgándose
de esta forma eficacia al derecho de defensa; (iii) evitan trámites
innecesarios y simplifican los procedimientos, de manera tal que los trámites
judiciales puedan suplir las demandas de justicia en condiciones de celeridad y
eficacia; y (iv) proveen herramientas para el desarrollo del principio
de economía procesal, al establecer un trámite expedito para la notificación o
traslado de los documentos mencionados, en el ámbito internacional.
IV.
SUBSANACIÓN DE VICIOS EN LA FORMACIÓN DE LA LEY
Cumplidos los
trámites constitucionales y legales, la Secretaría Jurídica de la Presidencia
de la República envió a la Corte Constitucional el texto de la Ley 1073/06, con
el fin que realizara el control de constitucionalidad previsto en el artículo
241-10 C.P.
Una vez
realizado el estudio correspondiente, la Sala Plena identificó la existencia de
un vicio de procedimiento en la formación en la ley, consistente en el
incumplimiento del requisito del anuncio previo a la discusión y aprobación del
proyecto de ley, para el caso del trámite en la Comisión Segunda de la Cámara
de Representantes.  Del mismo modo, concluyó que de acuerdo con la
jurisprudencia aplicable a la materia y la instancia en que se había
verificado, el vicio en comento era de naturaleza subsanable, por lo que era
pertinente aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 241 C.P.  En
consecuencia, la Corte adoptó la decisión A-053/07, en la cual resolvió lo
siguiente:
Primero.- Por Secretaría General de la
Corte Constitucional, DEVUÉLVASE a la presidencia de la Cámara de
Representantes la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por medio de la cual se
aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de
Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial ” hecha en
La Haya el 15 de noviembre de 1965”, con el fin de que tramite la
subsanación del vicio de procedimiento identificado en esta providencia.
Segundo.- CONCÉDASE a la Comisión
Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes el término de
30 días, contados a partir de la notificación de este auto a la Presidencia de
la misma, para que subsane el vicio detectado en esta providencia.
Tercero.- Una vez subsanado el vicio a
que se refiere la parte considerativa de esta providencia, la Cámara de
Representantes dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, para cumplir las etapas
posteriores del proceso legislativo. Luego, el Presidente de la República
tendrá el plazo establecido en la Carta para sancionar el proyecto de ley.
Cuarto.- Cumplido el trámite anterior,
el Presidente del Congreso remitirá a la Corte la Ley 1073 de 2006, para
decidir definitivamente sobre su exequibilidad.
En cumplimiento de lo ordenado por la Corte y a través de oficio del
22 de junio de 2007, la Presidenta del Senado de la República envió a la Corte
el expediente legislativo correspondiente al Proyecto de Ley No. 90/04 Senado –
236/05 Cámara “por medio del cual se aprueba la “Convención sobre la
Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o
Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de
noviembre de 195”.
Sobre el particular, el Magistrado Sustanciador advirtió que esta
remisión no cumplía con lo ordenado en el numeral tercero del Auto A-053/07,
puesto que se había pretermitido el requisito de la sanción presidencial.  Así,
a través de providencia del 10 de julio de 2007, ordenó devolver el expediente
legislativo a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que lo
remitiera al Gobierno Nacional, a efectos de su sanción y en concordancia con
lo ordenado en el Auto A-053/07.
De esta manera, mediante comunicación del 10 de agosto de 2007, la
Presidenta del Senado reenvió el expediente legislativo correspondiente a la
Ley 1073/06, debidamente sancionada por el Presidente de la República el 2 de
julio de 2007.
V.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Naturaleza
del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados
De conformidad
con lo previsto en el artículo 241-10 de la Carta Política, la Corte
Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su
ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación
es completo, automático y versa tanto sobre el contenido material de la
Convención y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite
legislativo y las normas constitucionales aplicables.
En relación con
el aspecto formal corresponde a la Corte examinar la validez de la
representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación,
celebración y suscripción del tratado, al igual que la observancia de las
reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley sujeta
a análisis.
Al respecto,
esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un
procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de
un tratado internacional, de tal manera que debe seguir, en términos generales,
el mismo trámite que una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la República,
por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.);
y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte
del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.).
Desde esta
perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario; (i) la publicación
oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento
legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la
República; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las
comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv)
que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y
que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v)
la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los
debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la
Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes, (Art.  241-10 C.P.).
Por último,
frente al aspecto material o de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar
las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su
ley aprobatoria con la totalidad de los preceptos constitucionales, a fin de
determinar si se ajustan o no a la Carta Política.
De acuerdo con
este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado.
2. La
revisión por el aspecto formal
2.1. Representación del Estado, suscripción del tratado y aprobación
presidencial
El Ministerio de
Relaciones Exteriores informó[1] a esta Corporación que la
Convención sobre la Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en
Materia Civil o Comercial, en adelante la Convención, no ha sido suscrita por
el Estado colombiano debido a que es un instrumento internacional sujeto a
adhesión.  Igualmente, señaló que el Presidente de la República le impartió a la
Convención aprobación ejecutiva el día 3 de septiembre de 2003.
Al respecto se
tiene que el objeto del control de constitucionalidad en esta instancia no ha
concurrido, pues la suscripción del tratado se producirá conforme a la figura
jurídica de la adhesión, la cual sólo se comprobará luego que esta Corporación
perfeccione la revisión de su constitucionalidad y según las reglas que para la
celebración de tratados por este medio disponen los artículos 11 y 15 de la
Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.  En este sentido,
como lo ha sostenido esta Corporación en asuntos similares,[2]
por sustracción de materia no es posible estudiar por parte de la Corte lo
relativo a las facultades del Ejecutivo por la suscripción de la Convención, en
la medida en que esta actuación se verificará sólo una vez se compruebe la
constitucionalidad del instrumento internacional multilateral.
En lo que tiene
que ver con la aprobación presidencial de la Convención, se tiene que el
Presidente de la República cumplió con este requisito y ordenó la remisión del
texto correspondiente al Congreso, con el fin que fuera discutido y aprobado.
2.2. El
trámite legislativo del proyecto de ley
El expediente
legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el
proyecto de ley n.° 090/04 Senado, 236/05 Cámara, que finalizó con la
expedición de la Ley 1073 de 2005 “por medio de la cual se aprueba la
“Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos
Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial” hecha en La Haya el
15 de noviembre de 1965”, surtió el siguiente trámite:
2.2.1. Senado
de la República
2.2.1.1. El
proyecto de ley correspondiente fue presentado al Congreso de la República por
el ministro del Interior y de Justicia y la ministra de Relaciones Exteriores.
2.2.1.2. Su
texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 471 del 26 de agosto de 2004.[3]
2.2.1.3. La
ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República
fue presentada por los senadores Jesús Ángel Carrizosa Franco y Habib Merheg
Marún y fue publicada en la Gaceta del Congreso 340 del 9 de junio de 2005.[4]
2.2.1.4. Según
certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del
Senado de la República[5], el proyecto de ley fue
anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 15
de junio de 2005, según consta en el Acta n.° 37 de la misma fecha, publicada
en la Gaceta del Congreso 851 del 2 diciembre de 2005.  En este documento puede
verificarse que el Secretario de la Comisión procedió a “dar lectura de los
proyectos que se discutirán en la próxima sesión de la Comisión Segunda del
Senado así: (…) Proyecto de ley 90 de 2004 Senado, por
medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en
el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y
comercial,  hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.” (Negrillas
originales).[6]
Del mismo modo,
finalizada la sesión, el presidente convocó la siguiente “para mañana a las
9:00 a.m. es la última sesión de este periodo legislativo para votar proyectos
de ley que tienen que ver con tratados internacionales”.[7]
En ese sentido, la discusión del proyecto de ley fue anunciada para el día
16 de junio de 2005.
2.2.1.5. Según
certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la
República, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 16 de junio de
2005 (Acta n.° 38 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 852
del 2 de diciembre de 2005), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado
por 12 de los 13 senadores que conforman esa Comisión, quienes aprobaron la
iniciativa por unanimidad.
2.2.1.6. La
ponencia para segundo debate fue presentada por los senadores Jesús Ángel
Carrizosa Franco y Habib Merheg Marún, y publicada en la Gaceta del Congreso
835 del 24 de noviembre de 2005[8].
2.2.1.7 Según
certificación suscrita por el Secretario General del Senado de la República[9],
el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo
debate en la sesión del 29 de noviembre de 2005, según consta en el Acta n.° 30
de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 15 del 30 de enero de
2006.[10] Estudiado el texto de la
referida acta, se encuentra que por instrucciones de la Presidenta del Senado,
el Secretario “anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión.  (…) Proyecto de ley 90 de 2004 Senado, “por
medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en
el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y
comercial”,  hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.”.
2.2.1.8.  Según
certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República el
proyecto de ley fue considerado en segundo debate el 30 de noviembre de 2005
con un quórum deliberatorio y decisorio de 95 de los 102 senadores que
conforman la Plenaria y aprobado por mayoría (Gaceta del Congreso 16 del 30 de
enero de 2006[11]).
2.2.2 Cámara
de Representantes
2.2.2.1. Para
primer debate rindió ponencia el representante Jairo Martínez Fernández, cuya
publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 131 del 19 de mayo de
2006.[12]
2.2.2.2. Según
certificación expedida por el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes,[13] en sesión conjunta del
17 de mayo de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley
(Acta n.° 1 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 333 del  1º de
septiembre de 2006).
Revisada el acta
de esta sesión, se encuentra que la Secretaria de la Comisión Segunda de la
Cámara, realizó el anuncio de que trata el artículo 160 C.P., del siguiente
modo:
“Anuncio
proyectos de ley
(…) . Proyecto
de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, por medio de la cual
se aprueba la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de
noviembre de 1965”.[14]
De igual manera,
finalizada la sesión conjunta el presidente de la Comisión convocó a dicha
célula legislativa para su siguiente sesión, a realizarse el 30 de mayo de
2006.[15]
2.2.2.3. Según
certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda de la
Cámara de Representantes, el proyecto de ley fue considerado y aprobado en
primer debate el 30 de mayo de 2006 con asistencia de 13 de los representantes
y fue aprobado por unanimidad (Acta n.° 23 de la misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso 340 del 4 de septiembre de 2006).
2.2.2.4. Para
segundo debate la ponencia fue presentada por el representante Jairo Martínez
Fernández y fue publicada en la Gaceta del Congreso 175 del 8 de junio de 2006[16].
2.2.2.5. De
acuerdo con lo certificado por el Secretario General de la Cámara de
Representantes,[17] en sesión del 7 de junio
de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley, (Acta n.° 234
de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso n.° 220 del 27 de agosto
de 2005[18]).
Sobre el
particular se advierte que en la mencionada sesión, el Secretario General de la
Cámara, por órdenes del Presidente de esa Corporación, realizó el anuncio del
proyecto en los siguientes términos:
“Estos
proyectos se anuncian de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución
Política, en los términos que serán discutidos y votados en la próxima sesión
de la Cámara de Representantes. (…)Proyecto de
ley número 236 de 2005 Cámara,  690 (sic) de 2004 Senado”.
Al respecto, la
Corte encuentra que el yerro en el número de proyecto de ley en el Senado es
atribuible, en todo caso, a un error involuntario de transcripción, pues la
referencia de la iniciativa para el caso de Cámara permite afirmar sin duda
alguna que se trata del anuncio del proyecto de ley sujeto a análisis.
Finalmente, se
encuentra que al finalizar la sesión, fue levantada por la Presidencia de la
Cámara y convocada nuevamente para “el próximo martes a las tres de la
tarde”, esto es, el 13 de junio de 2006.
2.2.2.6. Según
certificación expedida por el Secretario General de Cámara en sesión plenaria
del 13 de junio de 2006, a la cual se hicieron presentes 153 Representantes, se
consideró y aprobó por la mayoría de los presentes el proyecto de ley objeto
del presente análisis de constitucionalidad. (Acta n.° 235 de la misma fecha,
publicada en la Gaceta del Congreso 229 del 12 de julio de  de 2006[19]).
2.2.3. Subsanación del vicio de trámite en la Cámara de
Representantes
2.2.3.1. Como se indicó en el apartado IV de esta providencia, la
Corte identificó la existencia de un vicio en el trámite legislativo,
relacionado con el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la
discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso de la Comisión Segunda
de la Cámara de Representantes.
Con el fin de subsanar dicha irregularidad y de acuerdo con lo
ordenado por la Sala en el Auto 053/07, la Comisión Segunda de la Cámara de
Representantes sometió nuevamente a consideración el proyecto de ley, el cual
fue discutido y aprobado en la sesión del 8 de mayo de 2007. Esto según lo
certificado por la Secretaria General de la Comisión, en constancia de la misma
fecha.[20]
En relación con el requisito del anuncio de la discusión y votación
del proyecto de ley, éste fue cumplido en la sesión del 3 de mayo de 2007,
contenida en el Acta No. 28 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 359 del
31 de julio de 2007.  Así, en dicha sesión se discutió a profundidad el tópico
relativo a la subsanación del vicio, discusión que se realizó en los términos
siguientes:
“Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Anuncio de
proyectos de ley para subsanar vicio de procedimientos, según Autos número 78
del 21 de marzo de 2007 y A13 del 24 de enero de 2007; 78 del 21 de marzo de
2007 y 53 del 28 de febrero de 2007; de la Corte Constitucional para votar esos
proyectos que enseguida vamos a anunciar en la próxima sesión de comisión.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
Ahora sí
señora secretaria, explique que a todos los honorables Parlamentarios en qué
consiste la petición de la Corte Constitucional sobre estos proyectos que ya
fueron leídos.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Respecto
de los Proyectos de ley número 72 de 2005 Senado, 239 de 2005 Cámara; de los
Proyectos 244 de 2005 Senado, 069 de 2005 Cámara y del Proyecto de ley número
90 de 2004 Senado, 236 de 2005 Cámara, señores Parlamentarios les quiero
informar que por la Corte Constitucional se ha considerado que esas leyes
tuvieron un vicio de procedimiento que ocurrió antes de la votación del
proyecto de la Comisión Constitucional Permanente. Voy a permitirlo leerlo y
por lo tanto no habría necesidad de nombrar nuevos ponentes porque el vicio se
inició al momento en que se hizo en forma inadecuada el anuncio de proyecto de
ley, por tanto esas ponencias tienen plena validez y solamente tendría la
comisión que a partir de este momento, o sea hacer bien el anuncio y de ahí en
adelante volver a surtir el trámite.
Me voy a
permitir leer cinco renglones de la providencia de la que nos parece que es la
pertinente.
Habida
cuenta de que el vicio de procedimiento ocurrió antes de la votación del
proyecto de la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara, pero después de
la publicación del proyecto para primer debate, la Corte no considera necesario
la repetición de dicha publicación; basta que en una de las sesiones de la
Comisión Constitucional se anuncie la votación del proyecto para que el día en
que se pretender celebrar, recordándole a los Representantes el número de la
gaceta en la que ha sido publicada la ponencia para primer debate o si es el
deseo de la Presidencia de la Comisión, haciéndoles entrega de una copia de la
ponencia. Entonces por lo tanto señor Presidente, nosotros deducimos que no hay
necesidad de volver a nombrar ponente ni volver a hacer la publicación porque
ha tenido plena validez señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
Acláreme
una cosa señora secretaria. La Corte no nos pide que discutamos otra vez el
proyecto?
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
La Corte
lo que nos dice es que no considera necesaria la repetición de dicha
publicación, es decir que fue desde el momento en que, sucedió el vicio porque,
no le dimos en la Comisión Segunda, no se le dio un adecuado anuncio, no se
dijo cuando se iba a votar. Simplemente se anuncio, se anuncio este proyecto de
ley pero no cuando se debía votar. Entonces desde ese momento la Corte
considera que es desde ahí en donde se debe volver a surtir todo el proceso, en
ese orden de ideas ni se tiene que volver a nombrar ponente ni tampoco se tiene
que volver a realizar la publicación de la ponencia.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
Doctor
Posada.
Hace
uso de la palabra del honorable Representante Augusto Posada Sánchez:
Gracias
Presidente, me queda clara la lectura que hizo la señora Secretaria de la
petición que hace la Corte y queda como constancia entonces que la Corte no
solicita debate, simplemente el anuncio del proyecto, gracias señor Presidente
y que entonces quede como constancia que se solicitó si era pertinente nombrar
ponente pero que de acuerdo a la interpretación que hace la Corte no se
necesita ponente simplemente anuncia r el proyecto. Gracias señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
Muy bien.
Cumplido lo anterior entonces se procederá a hacer ahora sí, formalmente, el
anuncio de los proyectos como pide la Corte, por favor hágalo señora
secretaria.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor
Presidente.
(…)
Tercer
proyecto de ley anunciado número 90 de 2004 Senado 236 de 2005 Cámara, para ser votado en próxima sesión de comisión
junto con los anteriores.
Por
medio de la cual se aprueba la Convención sobre notificación o traslado en el
extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o
comercial hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965.
Autores:
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco; Ministro del Interior
y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega.
Ponentes:
honorable Senador Jesús Angel Carrizosa, Habib Merheg Marun y el
honorable Representante Jairo Martínez Fernández.
Publicación
Proyecto Senado: Gaceta número 471 de 2004.
Publicación
Ponencia Primer Debate en Senado: Gaceta número 340 de 2005.
Publicación
Ponencia Segundo Debate en Senado: Gaceta número 835 de 2005.
Publicación
Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta número 131 de 2006.
Para dar
cumplimiento al Auto número 53 del 28 de febrero de 2007. Leído señor
Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
Está hecho
el anuncio, sin embargo, señora secretaria le pido el favor revise bien la
sentencia porque lo que estoy viendo aquí es que la Corte quiere que continúe
el trámite y si continúa el trámite obviamente, toca designar ponentes porque
los que están ya no fueron.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Claro
señor Presidente se designa ponente para segundo debate. Pero revisaré tal como
usted me lo ordena señor Presidente, revisaremos la sentencia más
concienzudamente.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
No,
concienzudamente no, conforme lo manda la Constitución y la ley. Queda hecho el
anuncio queridos Parlamentarios, pero la verdad que esto requiere de un
análisis serio, veo que no se ha hecho porque a raíz de la pregunta del
Representante Posada nos queda la inquietud si hay que continuar con el trámite
o con esto ya se soluciona el problema.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Claro
Presidente, se continúa con el trámite por qué. Hay nulidad por decirlo así en
un procedimiento desde el momento en que se anunció en forma indebida en la
Comisión el proyecto de ley y él lo dice claramente; del tiempo para atrás del
anuncio no hay ningún vicio de inconstitucionalidad es a partir del momento en
que se hizo el anuncio, entonces lo que nosotros debemos y eso es lo que
estamos nosotros acá sosteniendo es que a partir de ese momento es que debe
reanudarse el trámite, obviamente señor Presidente, si se aprueba el proyecto
hay que volver a nombrar ponente para segundo debate y realizarlo antes del 15
de junio de este año señor Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
Entonces
revisemos eso bien señora secretaria y si es el caso designar los ponentes y
que los designemos hoy mismo para que puedan estudiar para la próxima sesión el
tema.
Hace
uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:
Sí señor
Presidente.
Hace
uso de la palabra el Presidente, honorable Representante Oscar Fernando Bravo
Realpe:
Siguiente
punto del orden del día”[21]
Por último, finalizada la sesión, fue convocada “para el próximo
martes a las 10:00 de la mañana”,[22] esto es, el 8 de
mayo de 2007, fecha en la que efectivamente se efectuó el debate y aprobación
de la iniciativa.  Con base en esta constatación se tiene que la Comisión
Segunda de la Cámara de Representantes efectuó un debate material sobre la
subsanación del vicio identificado por la Corte, en el que concluyó que el
anuncio para la discusión y votación debía efectuarse, a fin que el
procedimiento continuara dentro de la célula legislativa correspondiente.
Así, realizó nuevamente el anuncio para la votación, esta vez ajustándose a las
condiciones contempladas por la jurisprudencia constitucional, señaladas en el
Auto 053/07.
2.2.3.2. Aprobado el proyecto de ley en primer debate, fue publicada
la ponencia correspondiente para su trámite en plenaria de la Cámara de
Representantes, como consta en la Gaceta del Congreso 197 del 18 de mayo de
2007.
2.2.3.3. Según lo certificado por el Secretario General de la Cámara
de Representantes en informe de sustanciación,[23] el proyecto
de ley fue considerado y aprobado en la sesión plenaria del 14 de junio de
2007,[24] subsanándose con ello el
vicio de procedimiento identificado por la Corte en el Auto 053/07.
En cuanto al requisito del anuncio previo a la discusión de la
iniciativa, el mismo informe da cuenta que esta condición se verificó en la
sesión plenaria del 13 de junio de 2007, contenida en el Acta de Plenaria No.
056, publicada en la Gaceta del Congreso 358 de 2007.  En este documento se
observa lo siguiente:
“Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Alfredo Cuello
Baute:
La constancia de la Representante Orsinia y anunciamos proyectos.
¿Cómo dice? Sí señor, anunciamos proyectos.
(…)
Secretaría General, doctor Angelino Lizcano R., informa:
Se anuncian los proyectos y actas de conciliación para el día de
mañana a partir de las tres de la tarde que va a ser la Plenaria.
Subsecretaría, doctora Flor Marina Daza, informa:
Para segundo debate:
(…)
Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado.
(…)
Señor Presidente están leídos los proyectos para la próxima Sesión.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Alfredo Cuello
Baute:
Se levanta la Sesión.  Se cita mañana jueves 3:00 de la tarde.”[25]
Conforme a lo anterior, la Corte comprueba que la discusión y
votación del Proyecto de Ley 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004, fueron anunciadas
para la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del 14 de junio de
2007.  Al respecto, debe resaltarse que aunque la mesa directiva de esta célula
legislativa se limitó a “anunciar” los proyectos de ley para la próxima sesión,
sin indicar expresamente la finalidad de dicho anuncio, la Corte considera que
tal procedimiento ha sido validado por la jurisprudencia constitucional, amén
que las normas aplicables al trámite legislativo imponen este deber únicamente
para los propósitos del inciso final del artículo 167 C.P.[26]
2.2.4. La descripción del procedimiento surtido por el proyecto de
ley, tanto en su trámite original como el de subsanación de los vicios
identificado por esta Corporación en el Auto 053/07, permiten a la Corte
concluir que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal.
En efecto, el proyecto de ley (i) inició su trámite en el Senado de la
República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso
legislativo; (iii) fue aprobado en primero y segundo debate en cada una
de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Carta y
el Reglamento del Congreso; (iv) las ponencias tanto en comisiones como
en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los debates; (v) entre
el primero y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra
transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160
Superior  y (vi) fue cumplido en cada una de las etapas del trámite
legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto
Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P., subsanándose
adecuadamente  el defecto evidenciado en el Auto 053/07 para el caso del
trámite de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
2.3. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional
La Ley 1073 fue sancionada por el Presidente de la República el 31
de julio de 2006, remitiéndose para su estudio a la Corte el 8 de agosto del
mismo año, a través de oficio suscrito por el Secretario Jurídico de la
Presidencia,[27] cumpliéndose con ello el
término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución.
En razón a que esta Corporación declaró la existencia de un vicio
subsanable a través del Auto 053/07, se reenvío el expediente legislativo al
Congreso para que rehiciera el trámite afectado con el vicio mencionado.  Del
mismo modo, en esta decisión se determinó que, en lo relativo a la sanción
presidencial del proyecto de ley resultante de la subsanación, “en tanto se
refiere al mismo acto aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en
la identificación de la ley. En ese sentido, la Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en
el artículo 8º del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de Ley 1073 del
31 de julio de 2006.  Lo anterior debido a que, como lo ha sostenido esta
Corporación,[28] la
subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no
contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del
proyecto y de la ley aprobatoria resultante.”
Mediante oficio radicado ante la Corte el 4 de julio de 2007[29]
y una vez culminado el trámite de subsanación en el Congreso, la Presidenta del
Senado remitió el proyecto de ley a la Corte para su revisión definitiva.  Ante
ello, el Magistrado Sustanciador, a través de auto del 10 de julio del mismo
año devolvió el expediente legislativo, ya que había pretermitido el deber de
someter a sanción presidencial el proyecto de ley materia de subsanación.
Así, el Secretario General del Senado remitió el proyecto de ley y
sus antecedentes al Presidente de la República, quien sancionó la iniciativa el
25 de julio de 2007, conservándose tanto el número como la fecha originales de
sanción de la Ley 1073 de 2006, documentos que fueron remitidos a la
Presidencia del Congreso el 26 de julio de 2007.[30]
Luego, mediante oficio radicado ante la Corte el 16 de agosto de 2007, la
Presidenta del Senado envió la Ley sancionada junto con el expediente
legislativo correspondiente.[31]
En consecuencia,
la Corte concluye que para el asunto bajo examen (i) resultan
acreditados los requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias; y (ii)
se cumplió a cabalidad con lo ordenado por esta Corporación en lo relativo
a la subsanación del vicio de procedimiento identificado en el Auto 053/07;
razones por las que no existe defecto alguno en cuanto al análisis formal.
Así, superada esta primera etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte
procederá a realizar el análisis sobre la materia del instrumento
internacional.
3. Aspectos
de fondo
3.1. Materia
de la Convención
De manera general, la Convención está destinada a crear un mecanismo
expedito para el traslado y notificación entre los Estados contratantes de
documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial, bien para
el conocimiento por parte de sus destinatarios o con el fin de simplificar los
procedimientos de asistencia judicial entre Estados.  En ese sentido, el
artículo 1º establece que la Convención se aplicará en todos los casos en que,
en materia civil o comercial, deba remitirse un documento al extranjero, con el
fin que sea trasladado o notificado.  Esto a condición que se conozca la
dirección del destinatario del documento.
Con esta finalidad, el tratado internacional dedica su primer
capítulo a  establecer el procedimiento aplicable a las autoridades centrales
designadas por los Estados Parte, con el objeto de tramitar las solicitudes de
traslado y notificación de documentos judiciales.  En este apartado se
resaltan, además de las citadas normas procedimentales, normas específicas
sobre (i) la compatibilidad entre el uso del mecanismo citado y los
instrumentos tradicionales de comunicación vía consular, postal u otros canales
de remisión acordados entre los Estados Partes; (ii) el régimen de
impuestos y costas; (iii) las excepciones oponibles al traslado,
fundadas en la relación entre la documentación requerida y la seguridad y
soberanía del Estado;  y (iv) las reglas procedimentales aplicables en
los casos en que un escrito de demanda hubiere sido remitido en los términos de
la Convención y el demandado no compareciere al proceso respectivo.
El segundo capítulo de la Convención, conformado sólo por el
artículo 17 del tratado, estipula la regla general según la cual los Estados
Partes podrán aplicar los procedimientos anteriormente señalados para el caso
de traslado y notificación de documentos extrajudiciales, proferidos por
autoridades judiciales.
El capítulo tercero, denominado de disposiciones generales, se ocupa
esencialmente de dos aspectos.  De un lado, determina la posibilidad que los
Estados Contratantes reconozcan otros mecanismos para el traslado de
documentos, distintos al previsto en la Convención.  Inclusive, se otorga la
posibilidad que los mismos Estados acuerden obviar determinados requisitos, en
aras de simplificar el trámite de traslado.  Del otro, se consignan las normas
comunes del derecho internacional público para la entrada en vigor,
ratificación,  adhesión y denuncia a la Convención.
De acuerdo a lo expuesto y en consideración a que cada uno de los
tópicos de la Convención abarca varios artículos del tratado, la Corte
realizará el estudio de la constitucionalidad material de la norma a partir de
sus ejes temáticos, como pasa a desarrollarse en los apartados siguientes.
3.1.1. El procedimiento para el traslado y notificación de
documentos judiciales
Las consideraciones que motivan la Convención apuntan a dos
objetivos definidos: El conocimiento oportuno por parte de los interesados de
los documentos judiciales o extrajudiciales que deban ser objeto de
notificación o traslado y la simplificación de la asistencia judicial entre los
Estados.  Con estos fines se ha planteado un mecanismo ágil para la remisión de
dichos documentos, sustentado en el establecimiento de autoridades centrales en
cada Estado, dedicadas a tramitar las solicitudes de notificación y traslado.
Así, la Convención adscribe a cada Estado la responsabilidad de
designar la mencionada autoridad central, que tendrá la función de recibir las
peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante,
con el fin de darles trámite en los términos del tratado.  Esta autoridad
estará regulada de acuerdo con las normas internas del Estado Parte (Art. 2).
Las solicitudes deberán dirigirse por parte de la autoridad o
funcionario judicial o estatal competente según las leyes del Estado
requirente, diligenciándose el formato previsto para el efecto como anexo de la
Convención, sin que sea necesaria la legalización de los documentos u otras
formalidades (Art. 3º).  La autoridad central del Estado requerido deberá
informar inmediatamente si la petición no reúne los requisitos necesarios,
precisándose las objeciones correspondientes (Art. 4º).
Una vez recibida la petición, la autoridad central del Estado
requerido procederá a la notificación o traslado del documento judicial, según
sea el caso, a través de la autoridad competente.  Para este fin, podrá basarse
en las formas establecidas en su legislación para la comunicación de documentos
otorgados en el país, dirigidos a personas que se encuentren en su territorio,
o de acuerdo con el procedimiento especificado por el Estado requiriente, a
condición que no sea incompatible con la legislación interna del Estado
requerido (Art. 5º).  En caso que la notificación o traslado se realice de
acuerdo con la primera posibilidad, la autoridad central podrá solicitar que el
documento sea redactado o traducido en su idioma oficial.
A fin de dar fe del cumplimiento de la notificación o traslado, la
autoridad central del Estado requerido o cualquier otra autoridad indicada para
tal fin, expedirá una certificación, de conformidad con el modelo anexo a la
Convención; constancia que también será exigible en el caso que no se pueda
surtir el trámite solicitado (Art. 6º).  Al respecto, la Convención precisa que
el requirente podrá solicitar que la certificación que no haya sido expedida
por la autoridad central o por una autoridad judicial, sea convalidada por una
de ellas.
Por último, se prevé que las menciones impresas de los modelos
anexos a la Convención deberán redactarse obligatoriamente en francés e inglés,
sin perjuicio que además se consignen en el idioma oficial del Estado de
origen. (Art. 7º). Del mismo modo, los espacios en blanco correspondientes a
esas menciones se llenarán en el idioma oficial del Estado requerido, en
francés o en inglés.
En criterio de la Corte, el procedimiento previsto para la
notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales se muestra
enteramente compatible con las disposiciones de la Carta Política.  En efecto,
la posibilidad de contar con un procedimiento sencillo y ágil para la
notificación y traslado de documentos judiciales resulta acorde con la
optimización de los instrumentos de asistencia judicial entre los Estados, en
tanto especie de la integración económica, política y social entre Colombia y
las demás naciones, prevista en el artículo 227 Superior.
Del mismo modo, el mecanismo en comento constituye una herramienta
adecuada para la realización del principio de publicidad, inherente al derecho
fundamental al debido proceso.  Sobre el particular, esta Corporación ha
conferido un lugar central al mencionado principio dentro de la actividad
judicial.  Así, señaló que “el principio de publicidad en tratándose de la
administración de justicia está obviamente vinculado al derecho de defensa y al
debido proceso, pues si las decisiones judiciales no son públicas, los
distintos sujetos procesales no pueden ejercer los derechos de contradicción y
de impugnación. Por ello, esta Corporación ha señalado, en numerosas ocasiones,
que el principio de publicidad es un componente del debido proceso y un
mecanismo para asegurar el derecho de defensa. Precisamente, la Corte ha
sostenido que "las decisiones que se adopten dentro de cualquier
procedimiento deben ser puestas en conocimiento de los interesados", pues
" la publicidad viene a ser garantía de imparcialidad y de operancia de
los derechos de contradicción y de defensa, pues sólo quien conoce las
decisiones que lo afectan puede efectivamente oponerse a ellas"[32].
|| Con este propósito, el principio de publicidad se ha estructurado
como un elemento trascendental del Estado Social de Derecho y de los regímenes
democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y
administrativas, y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de
fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones
adoptadas por las autoridades, alejándose de cualquier actuación oculta o
arbitraria contraria a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función
pública[33].”[34]
Es evidente que los fines constitucionales de la administración de
justicia, identificados por la sentencia citada, logran materialización en el
ámbito de las relaciones entre Estados, cuando se establecen canales adecuados
para que los interesados en asuntos judiciales conozcan oportunamente las
decisiones adoptadas en el extranjero.  El mecanismo contenido en la Convención
es, entonces, armónico con el Texto Superior, en tanto instrumento que permite
la garantía de los derechos en él contenidos.
La pertinencia del mecanismo de notificación y traslado previsto en la
Convención se hace más evidente para el caso de las materias civiles y
comerciales. Ello debido a que estos asuntos han adquirido primer orden en la
sociedad contemporánea, signada por el avance inusitado de las tecnologías de
la información y las telecomunicaciones, las cuales han agilizado las
operaciones propias del comercio exterior.  Bajo esta perspectiva, la comunidad
internacional ha reconocido la importancia de contar con procedimientos judiciales
acordes al carácter expedito de esas transacciones.  Por lo tanto, el mecanismo
de notificación y traslado de documentos previsto en la Convención es una
respuesta acertada a tales requerimientos, puesto que confiere un instrumento
simple y rápido para dichos trámites judiciales, a la vez que establece
instancias suficientes para la protección del derecho al debido proceso de las
partes.
Por último, debe tenerse en cuenta que la obligación impuesta a los
Estados contratantes de redactar las menciones expresas de los modelos de
petición de notificación o traslado de documentos en inglés o francés, no se
opone en modo alguno a lo previsto en el artículo 10 C.P., que prescribe al
castellano como el idioma oficial del país.  Ello en tanto resulta razonable
que en aras de facilitar sus relaciones internacionales, el Estado colombiano
consienta la determinación de lenguajes que sirvan de estándar de comunicación
global, condición especialmente aplicable para el caso de los asuntos civiles y
comerciales.  Además, la misma Convención hace posible que junto con dichas
lenguas estándar se use coetáneamente el idioma oficial del Estado de origen de
la petición, subsanándose con ello toda posible restricción al uso de la lengua
reconocida como oficial por el derecho interno.
3.1.2. Compatibilidad entre la Convención y otros modos de remisión
de documentos. Pago de costas. Rechazo de peticiones
Los artículos 8º a 11 de la Convención establecen las reglas de
compatibilidad entre el mecanismo de notificación y traslado de documentos
judiciales o extrajudiciales y otros canales de remisión de documentos, en
especial la vía diplomática y consular. Así, el artículo 8º dispone que cada
Estado contratante tiene la facultad de tramitar directamente o a través de sus
agentes diplomáticos o consulares, las notificaciones o traslados de documentos
a las personas que se encuentren en el extranjero, sin aplicar medidas
coercitivas.  De manera correlativa, prevé que todo Estado podrá declarar que
se opone al ejercicio de esta facultad dentro de su territorio, a menos que el
documento deba notificarse o trasladarse a un nacional del Estado de origen.
El uso de la vía consular (o excepcionalmente la diplomática) para
la remisión de documentos se extiende, igualmente, para el caso de la
notificación y traslado entre un Estado contratante y las autoridades de otro
Estado, designadas para dicho propósito (Art. 9º).  Del mismo modo, la
Convención prevé que sus disposiciones, en los casos en que el Estado de
destino no declare objeción a ello no interferirán con las facultades de (i)
remitir directamente por vía judicial los documentos a las personas que se
encuentren en el extranjero; (ii) remitir, por parte de los funcionarios
judiciales, agentes u otras personas competentes del Estado de origen,
directamente los documentos a funcionarios con las mismas condiciones del
Estado de destino; y (iii) remitir por cualquier persona interesada en
un proceso judicial, los documentos directamente a los funcionarios competentes
del Estado de destino (Art. 10).  Estas posibilidades se complementan con la
competencia que la Convención reconoce a los Estados contratantes para admitir
el uso de otros canales de remisión de documentos, en particular la
comunicación directa entre sus autoridades (Art. 11); al igual que la previsión
según la cual las normas del instrumento internacional no se oponen a que la
ley interna de un Estado contratante permita otras formas de remisión no
previstas en la Convención, a efectos de notificación o traslado de sus
documentos procedentes del extranjero dentro de su territorio (Art. 19).
Según lo previsto en el artículo 12, las notificaciones y traslados
provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolsos
de los impuestos y costas generados por los servicios del Estado requerido.
Empero, el requirente estará obligado al pago de los montos derivados de la
intervención de un funcionario judicial o de una persona competente según la
ley del Estado de destino o de la utilización de una forma específica.
La Convención establece que las peticiones de notificación o
traslado diligenciadas de conformidad con lo previsto en dicho instrumento
internacional, podrán rechazarse únicamente en razón a que el Estado requerido
juzgue que el cumplimiento de lo solicitado afecte su soberanía o su seguridad.
(Art. 13).  En este sentido, el Estado requerido no podrá negarse a tramitar
las solicitudes sólo con base en la reivindicación de su competencia judicial
exclusiva para el procedimiento en cuestión o que su derecho interno no admita
la acción a la que se refiere la petición.
Finalmente, el instrumento internacional dispone que las
dificultades que se generan en relación con la remisión a fines de notificación
o traslado de documentos, serán resueltas por la vía diplomática.
Las disposiciones citadas, en tanto establece reglas de
compatibilidad entre las normas de la Convención y otros procedimientos
internacionalmente aceptados para la comunicación entre Estados o entre
autoridades nacionales o extranjeras, a la vez que fijan un método particular
para la resolución de controversias, no ofrecen debate constitucional alguno,
razón por la cual serán declaradas exequibles.  Sin embargo, la Corte considera
necesario detenerse en dos aspectos que merecen un análisis más detallado,
relacionados con (i) la exención tributaria respecto de los gastos que
se generen para cumplir la petición por parte del Estado requerido y (ii) la
constitucionalidad de las excepciones a la obligación de dar cumplimiento a la
petición de notificación o traslado.
En cuanto a lo primero, se advierte que el artículo 12 de la
Convención impone una exención tributaria, en cuanto impide que las
notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado
contratante den lugar al pago o reembolso de los impuestos y costas generados
por los servicios del Estado requerido.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la legitimidad de cláusulas de esta naturaleza,
para el caso de instrumentos internacionales que confieren exenciones a
organizaciones o misiones diplomáticas.  Sobre este tópico, la sentencia
C-315/04, que declaró la constitucionalidad de la Ley 824/03, aprobatoria de la
Convención sobre las Misiones Especiales, estableció que las exenciones
reconocidas a dichas misiones se ajustaban al precedente según el cual estos
tratamientos preferenciales eran constitucionales, en tanto “fortalecen la
autonomía e independencia de las representaciones diplomáticas y de las
organizaciones internacionales, por lo cual “tienen pleno sentido en el
contexto del derecho internacional público. Se trata de conceder, en
condiciones de reciprocidad, ciertos privilegios fiscales y aduaneros, que se
justifican plenamente tanto por la naturaleza de los organismos beneficiados
como del interés público que reviste la función a ellos confiada por el
conjunto de Estados que los crean”[35].”
Sin embargo, la validez constitucional de disposiciones de esta
naturaleza debía contrastarse con la restricción prevista en el artículo 294
C.P., según la cual la ley no podrá conceder excepciones ni tratamientos
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades
territoriales.  Ante este cuestionamiento, la sentencia C-315/04 puso de
presente cómo la Corte, en una primera etapa, había declarado la
constitucionalidad condicionada de las cláusulas de exención tributaria, en el
entendido que sólo eran aplicables a los tributos nacionales.[36]
Empero, en evoluciones posteriores del precedente esta Corporación
se inclinó a considerar que las previsiones sobre exención no estaban
necesariamente sujetas a condicionamiento en cuanto a su constitucionalidad. [37]
Para sustentar este aserto, la Corte partió de señalar que la restricción del
artículo 293 C.P. responde a finalidades valiosas desde la perspectiva de la
autonomía de las regiones, habida cuenta su utilidad en la conservación de los
ingresos de las entidades territoriales.  Por ende, resultaba razonable que
esta restricción cobijara a los tratados internacionales, puesto que su
incorporación al derecho interno se verificaba a través de leyes.  No obstante,
un análisis más detallado sobre la materia permitía identificar argumentos que
hacen compatible la prohibición de exenciones a los tributos de propiedad de
las entidades territoriales y la concesión de privilegios tributarios en leyes
aprobatorias de tratados.  Al respecto, la sentencia C-315/04 señaló lo
siguiente:
“…un examen más atento muestra que la asimilación en este aspecto
entre un tratado y la ley resulta excesiva, pues la garantía del artículo 294
está dirigida contra la posibilidad de que la Nación, en forma unilateral, y en
virtud de una decisión legislativa, prive a las entidades territoriales de sus
recursos. Es pues una garantía institucional contra una injerencia indebida del
Estado central, que establecería unilateralmente exenciones a los tributos
territoriales. Sin embargo, los tratados son actos complejos que no resultan de
la simple voluntad del Estado central, ya que requieren el concurso de voluntad
de otros sujetos de derecho internacional. En este caso, una eventual exención
de los impuestos territoriales no surge de una voluntad unilateral de las
autoridades centrales de limitar los recursos de las entidades territoriales
sino que opera con otra lógica y otros propósitos; dicha exención únicamente
pretende facilitar las relaciones internacionales y desarrollar principios del
derecho internacional, como la reciprocidad. Y por ello, en ese caso, la
exención es en principio válido porque persigue un propósito constitucional
relevante. El interrogante que surge es entonces si la consecución de dicha
finalidad de favorecer las relaciones internacionales, que tiene claro sustento
constitucional (CP art. 226), puede ser armonizada con la garantía
institucional que la Carta establece a favor de los recursos de las entidades
territoriales (CP art. 294).
La Corte encuentra que esa armonización es posible, si se entiende
que la concesión de esas exenciones a los tributos territoriales por medio de
un tratado es posible, pero la Nación debe compensar a las entidades
territoriales las pérdidas de sus ingresos que puedan derivar de dichas
exenciones. En efecto, de esa manera se aseguran los ingresos de las entidades
territoriales sin afectar indebidamente la promoción de las relaciones
internacionales, con lo cual se logra una armonización de los artículos 226 y
294 de la Constitución.
Esto significa que  las exenciones por tratados a los tributos
territoriales coloca a las entidades territoriales en una situación semejante a
la de aquel particular que no puede demandar a un miembro de una misión
diplomática, debido a las prerrogativas e inmunidades que el Estado colombiano
ha reconocido a dicho diplomático.
(…)
28- Por todo lo anterior, la Corte considera necesario precisar y
rectificar su jurisprudencia en esta materia, de la siguiente manera: la
prohibición de las exenciones de los tributos territoriales, prevista en el
artículo 294, no prohíbe que los tratados confieran esas exenciones, siempre y
cuando la Nación establezca mecanismos para compensar a las entidades territoriales
por eventuales afectaciones de sus ingresos, debido a dichas exenciones.
La Corte considera que esta rectificación y precisión
jurisprudencial es válida y necesaria, en la medida en que logra una mejor
armonización de los mandatos de los artículos 226 y 294 de la Carta, pues
permite un desarrollo dinámico de las relaciones internacionales, sin afectar
desproporcionadamente la autonomía financiera de las entidades territoriales.”
Las reglas fijadas por la Corte en comento son mutatis mutandis aplicables
para el caso de la declaratoria de exequibilidad de la exención tributaria
prevista en el artículo 12 de la Convención.  En efecto, la obligación del
Estado requerido de abstenerse de cobrar los impuestos y costas que se generen
del cumplimiento de las peticiones de traslado o notificación de documentos
judiciales o extrajudiciales, se enmarca dentro del fomento de las relaciones
internacionales, bajo la vigencia del principio de reciprocidad. (Art. 226
C.P.). Estas finalidades, según el precedente antes transcrito, son
constitucionalmente valiosas y, por lo tanto, sirven de parámetro para
justificar tratamientos favorables de naturaleza tributaria, a condición que se
establezcan los mecanismos de compensación a favor de los tributos de propiedad
de las entidades territoriales, en los casos que la exención prevista en el
instrumento internacional llegare a afectar estos recursos.  Así, con base en
estas consideraciones, la Corte encuentra ajustada a la Carta Política la
exención tributaria prevista en el artículo 12 de la Convención.
El segundo aspecto que debe analizarse es el relativo a la facultad
que la Convención otorga a los Estados contratantes para negarse a dar
cumplimiento a las solicitudes de notificación o traslado de documentos
judiciales o extrajudiciales, en los casos que considere que dicho trámite
afecta su soberanía o su seguridad.  Sobre este tópico, basta señalar que esta
disposición encuentra consonancia tanto con el principio de soberanía (Art. 3
C.P.), como con la conveniencia nacional en cuanto parámetro para el ejercicio
de las relaciones internacionales (Art. 226 C.P.). Por lo tanto, el Estado
colombiano tiene no sólo la facultad, sino el deber jurídico de evitar que en
cumplimiento de sus compromisos internacionales ejecute actos contrarios a las
previsiones de la Carta Política o a los intereses con alta significación
constitucional, como es el caso de la protección de la soberanía y la seguridad
de la Nación.
3.1.3. Reglas sobre no comparecencia del demandado sujeto de
notificación o traslado
Los artículos 15 y 16 de la Convención establecen las reglas de
procedimiento, aplicables en los casos que remitido un escrito de demanda o
documento equivalente, el demandado no comparezca.  En esos casos, el juez deberá
esperar a proferir una sentencia de fondo hasta que (i) el documento
haya sido  notificado o trasladado, de acuerdo con la legislación del Estado
requerido, respecto de los documentos otorgados en ese país y destinados a las
personas que se encuentren en su territorio; o (ii) el documento haya
sido entregado al demandado o en su residencia según otros procedimientos
reconocidos por la Convención, a condición que la remisión hubiere sido
realizada en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse.
Estas condiciones no impiden que los Estados contratantes declaren que sus
jueces pueden proferir sentencia sin que se haya certificado el traslado, la
notificación o la entrega de la demanda, siempre y cuando (i) el
documento haya sido emitido según uno de los modos previstos en la Convención; (ii)
haya transcurrido entre la fecha del envío del documento un plazo evaluado
individualmente por el juez, que no podrá ser inferior a seis meses; y (iii)
no obstante las diligencias oportunas del Estado requerido, no fuere
posible obtener certificación alguna.  Estas condiciones, de conformidad con la
Convención, no impiden que en caso de urgencia el juez pueda adoptar cualquier
medida provisional o cautelar.
De forma complementaria a las anteriores reglas, el artículo 16 de la
Convención establece que en los casos que se profiera sentencia luego de la
falta de comparecencia del demandado, el juez podrá eximirlo de la preclusión
resultante de la expiración de los plazos del recurso judicial
correspondiente.  Esto a condición que el demandado demuestre que, sin mediar
culpa de su parte, no tuviere conocimiento oportuno del documento, argumentando
con este fin alegaciones prima facie fundamentadas. Igualmente, la
Convención establece que la exención de la preclusión sólo será admisible si se
solicita dentro de un plazo razonable, a partir del momento en que el demandado
tuvo conocimiento de la decisión.  La declaración de dicho plazo estará a cargo
de cada Estado contratante, sin que pueda ser inferior a un año, contado a
partir de la fecha de la decisión.
Por último, se establece que las reglas sobre exención de la
preclusión no serán aplicables a las decisiones relativas al estado o capacidad
de las personas.
A juicio de la Corte, las normas analizadas confieren facultades
suficientes para proteger, de un lado, el derecho al debido proceso del
demandado y, del otro, la eficacia de los procedimientos judiciales.  Nótese
como la Convención insiste en la necesidad que se garantice la comparecencia
del demandado al proceso judicial, al punto que sólo permite que se dicte
sentencia de fondo en el caso correspondiente bajo el cumplimiento de
condiciones precisas, todas ellas dirigidas al agotamiento de los procedimientos
destinados a la notificación o traslado de la demanda.  Del mismo modo, incluso
ante la falta de comparencia del demandado luego del cumplimiento de dichos
procedimientos, el instrumento internacional permite que el demandado reabra el
proceso judicial, luego de proferirse sentencia, si demuestra fehacientemente
que no tuvo posibilidad de conocer oportunamente el documento trasladado o
notificado.   En consecuencia, las disposiciones del tratado internacional no
interfieren con la posibilidad que el demandado ejerza oportunamente el derecho
de contradicción.
Como lo ha señalado esta Corporación en asuntos análogos, el
ejercicio adecuado del derecho de defensa dentro de los procesos judiciales
está supeditado a que los diferentes actos procesales sean debidamente
notificados a los interesados.  Al respecto, la jurisprudencia ha insistido en
que “la
notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos
de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el
conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación
concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes
concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para
lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de
manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto
procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se
deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. Así pues, en
reiterada jurisprudencia la Corte ha resaltado la importancia que presenta la
notificación en tanto que acto procesal encaminado a garantizar el ejercicio
del derecho de defensa de quien debe acudir por ley a la contradicción del
proceso, o de aquellas que deben realizarse por fuera del proceso para efectos
contractuales, pues de su realización y con el cumplimiento de las formalidades
previstas en la ley depende la garantía del derecho de defensa.”.[38]  Como se observa, las disposiciones del tratado refuerzan
la necesidad de agotar todas las vías para lograr la notificación del escrito
de demanda al interesado, estableciéndose la posibilidad de dictar sentencia de
fondo sólo de forma excepcional y sujeta, en todo caso, a la retrotracción de
sus efectos en los casos que el demandado demuestre los presupuestos fijados en
el artículo 16 de la Convención.
Por último, debe resaltarse que la posibilidad de emitir sentencia
sin la comparecencia del demandado no se opone a la obligación, esta vez
fundada en las normas de derecho interno del Estado colombiano, de que el
ausente cuente con instancias de adecuada representación judicial dentro del
proceso respectivo. Así, es admisible, como lo reconocen las normas internas
sobre procedimientos civiles, que se adopte una decisión de fondo sin la
comparencia material del demandado, a condición que el funcionario judicial haya
garantizado su derecho de defensa a través de la curaduría ad litem o de
otros instrumentos previstos en la ley, dirigidos a que el demandado ausente
esté debidamente representado durante el trámite judicial.
Conforme a estas consideraciones y hecha la salvedad sobre la
compatibilidad entre las normas de la Convención y la protección del derecho a
la defensa del demandado ausente, según las normas internas sobre procedimiento
civil, la Corte concluye que los artículos 15 y 16 son exequibles.
3.1.4. Disposiciones generales.  Ratificación y adhesión
El capítulo III de la Convención establece las disposiciones
generales de la Convención, normas respecto de las cuales la Corte advierte
preliminarmente que en nada se oponen con la Carta Política.  Así, se establece
(i) la posibilidad que los Estados contratantes nombren, además de la
autoridad central, otras autoridades competentes para cumplir los propósitos de
la Convención (Art. 18); (ii) la facultad para que los Estados
contratantes acuerden entre sí para obviar determinados requisitos de
procedimientos fijados en la Convención (Art. 20), como la exigencia de doble
ejemplar para los documentos remitidos; la necesidad de traducir el documento
al idioma oficial del país; la obligación que las menciones expresas del
documento estén redactadas en inglés o francés, el envío al destinatario de la
parte de la petición que contiene los elementos esenciales del documento, de
acuerdo con el modelo anexo a la Convención; al igual que el pago de los costos
previstos como obligatorios en el artículo 12 de la Convención; (iii) las
declaraciones de cada Estado deberá realizar al momento de la ratificación o
adhesión a la Convención, entre ellas la denominación de la entidad que
ejercerá las tareas de autoridad central (Art. 21);  (iv) las normas de
derecho internacional privado sobre procedimiento civil subrogadas por la
Convención y compatibles con ella, en especial las Convenciones de 1905 y 1954
(Arts. 22, 23 y 24);y (v) las normas que regulan la ratificación, entrada
en vigor, duración, adhesión y denuncia del instrumento internacional  (Arts. 26
a 31).
Respecto de estas disposiciones, la Corte advierte que su contenido
reitera las fórmulas comúnmente utilizadas para los instrumentos multilaterales
y acatan las previsiones del derecho internacional público, en especial las
contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.  Por ende,
no presentan reparo alguno respecto de su constitucionalidad.
3.2. Conclusión
Habida cuenta los argumentos expresados en el fundamento jurídico 2
de esta sentencia, el procedimiento legislativo que precedió a la aprobación de
la Ley 1073 de 2006 cumplió con los requisitos constitucionales exigidos para
el efecto.  De la misma forma, las disposiciones contenidas en la Convención se
ajustan a la Carta Política, en la medida en que ofrecen herramientas
procedimentales efectivas para la garantía material de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia en el ámbito de las
relaciones entre ciudadanos y autoridades estatales de Colombia con los de
otras naciones, relativas a los asuntos civiles y comerciales
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de la
Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos
Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial y de su ley
aprobatoria.
DECISIÓN
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la “Convención sobre la Notificación o
Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia
Civil o Comercial” hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1073 del 31 de julio de 2006,
aprobatoria del instrumento internacional mencionado en el numeral anterior.
Tercero.-  COMUNÍQUESE
esta decisión al Gobierno Nacional por intermedio
de la Secretaría General de la Presidencia de la República, y envíesele copia
auténtica de la misma para los efectos constitucionales previstos en el numeral
10 del artículo 241 de la Carta Política.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Presidente
AUSENTE EN COMISION
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
Salvamento
de Voto a la Sentencia C-958/07 del Magistrado JAIME ARAUJO RENTERIA
REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio
insubsanable (Salvamento de voto)
Referencia:
expediente LAT-293
Revisión
de constitucionalidad de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, “por
medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la Notificación o Traslado en
el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o
Comercial” hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965”
Magistrado
Ponente:
Dr.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la
presente decisión, por cuanto considero que en la plenaria de la Cámara de
Representantes se incurrió de nuevo en un vicio de procedimiento en la
repetición del anuncio previo de la discusión y votación del proyecto de ley
que nos ocupa, tal y como lo exige el inciso final del artículo 160 de la
Constitución Política, vicio de forma que a mi juicio, no es subsanable y
determina la inconstitucionalidad de la Ley 1073 de 2006.
Como lo he sostenido
en innumerables oportunidades, el vicio procedimental relativo al
incumplimiento de este requisito es insubsanable por ser una exigencia de
origen constitucional que se encuentra fundamentada en la garantía de la
transparencia y la participación en el procedimiento democrático de creación de
leyes.
En consecuencia,
discrepo de la declaratoria de exequibilidad adoptada en la presente sentencia.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Cfr. Comunicación del 28 de agosto de 2006, suscrita por la Coordinadora
del Área de Tratados de la Oficina Asesora Jurídica.  Folio 1 del cuaderno de
pruebas 6.
[2]
Sobre este mismo particular, pueden consultarse las sentencias C-002/96, M. P.
José Gregorio Hernández Galindo,  C-249/99, M.P. Antonio Barrera Carbonell y
José Gregorio Hernández Galindo y C-276/06, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3]
Cfr. Folios 3 al 9 del cuaderno de pruebas 1.
[4]
Cfr. Folio 108 del cuaderno de pruebas 3.
[5]
Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas 1.
[6] Cfr. Gaceta del
Congreso 851/05, p. 2.
[7] Ibídem, p. 12.
[8]
Cfr. Folios 97 a 99 del cuaderno de pruebas 3.
[9]
Cfr. Folio 86 del cuaderno de pruebas 2.
[10] Cfr. Folio 135
del  cuaderno de pruebas 2.
[11]
Cfr. Folio 176 (reverso) del cuaderno de pruebas 2.
[12]
Cfr. Folios 101 (reverso) a 102 del cuaderno de pruebas 3.  Sobre esta
etapa del trámite legislativo, debe advertirse que el congresista ponente Jairo
Martínez Fernández ejercía su investidura en razón de su elección por la
circunscripción internacional para la Cámara de Representantes. Al respecto, la
sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006 declaró inexequible con efectos
retroactivos el Decreto 4766 del 30 de diciembre de 2005, “por
el cual se reglamenta la Circunscripción Internacional  para la Cámara de
Representantes.”. No obstante, como lo declaró recientemente la Corte en la
sentencia C-931/07, esta circunstancia, aunque es irregular, no afecta la
constitucionalidad del procedimiento legislativo.  Ello en tanto la
preservación del principio democrático obliga a que otorgue carácter prevalente
a las decisiones adoptadas por las mayorías parlamentarias.  Acerca de este
tópico, la sentencia en comento indicó, en un asunto análogo al presente, que “la
legitimidad del procedimiento de aprobación de la Ley 1017 no se
vio afectada por la participación del representante Vives en dicho trámite pues
el principio democrático imponía conferir preponderancia a la voluntad de la
Plenaria que, en este caso, se manifestó unánimemente a favor de la aprobación
del proyecto de ley. En este sentido, el voto del representante por la
circunscripción internacional no fue decisivo para la configuración de la
voluntad legislativa, por lo que la aprobación del proyecto habría sido un
hecho, incluso si el representante no hubiera participado en ella.”
[13]
Cfr. Folios 1 a 2 del cuaderno de pruebas 3.
[14] Cfr. Gaceta del
Congreso 333/06 p. 12.
[15] Ibidem
[16]
Cfr. Folio 128 del cuaderno de pruebas 3.
[17] Cfr. Folio 3 del
cuaderno de pruebas 5.
[18]
Cfr- Folio 171 del cuaderno de pruebas 5.
[19]
Cfr. Folio 94 del cuaderno de pruebas 5.
[20] Cfr.
Folios 283 a 286 del cuaderno 2.
[21] Cfr. Gaceta del
Congreso 359 de 2007, págs. 24-25.  Folios 250-251 del cuaderno principal.
[22] Ibídem, pág. 28.
Folio 254 del cuaderno principal.
[23] Cfr.
Folio 324 del cuaderno 2.
[24] Publicada en la Gaceta
380/07.
[25] Cfr.
Gaceta del Congreso 358 de 2007. Págs. 59-60.
[26] Sobre
la materia, Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-1040/05, C-830/07,
Auto 053/07.
[27] Cfr.
Folio 1-2 del cuaderno principal.
[28]
Cfr. Corte Constitucional,
sentencia C-863/06 y auto A-018/07.  Sobre el tema particular de la doble
numeración de las leyes, luego de la subsanación de un vicio de trámite, la
citada sentencia estipuló lo siguiente:
“La sanción presidencial
se limita a “aprobar  el proyecto correspondiente” por parte del “Gobierno” y a
“dar fe de su autenticidad”. Además, de acuerdo al Decreto 2719 de 2000, la
numeración se da sobre “leyes ya sancionadas”, por ser tal numeración de la
ley, un trámite de carácter administrativo que debe realizarse “guardando una
secuencia numérica indefinida y no por año”, de acuerdo a la exigencia
establecida por el artículo 194 de la Ley 5ª  de 1992. || La jurisprudencia
constitucional en situaciones anteriores en que se ha devuelto al Congreso una
ley para ser subsanada por adolecer de vicios de forma, da cuenta de que
generalmente en el trámite de subsanación se ha respetado el número de ley
inicialmente asignado. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia C-607 de 1992,
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), en el que la Ley 1ª de 1992 que adolecía
de vicios de forma, fue devuelta al Congreso. Luego de ser subsanada en su
trámite y sancionada en una segunda oportunidad, se le respetó su número de ley
original. Por lo que la Corte Constitucional, una vez corregido el vicio de
forma que recaía  sobre  la Ley 1ª de 1992, la declaró exequible. En la
sanción, el Gobierno Nacional, con firmas del señor Presidente de la República
y del señor Ministro de Gobierno del momento, sancionó el proyecto de ley
corregido, de la siguiente forma: “En cumplimiento de lo ordenado por la Corte
Constitucional, el Gobierno Nacional refrenda los actos por los cuales el
Congreso de la República subsanó los vicios de procedimiento en que incurrió al
expedir la Ley 1 de 1992”. || En el
caso que nos ocupa, la Corte advierte lo siguiente: (i) el primer número de ley
– el 869 de 2004 - es el que identifica a la ley aprobatoria objeto del control
ejercido en el presente proceso; (ii) la voluntad del Legislador, en
cumplimiento del Auto 089 de 2005, era la de subsanar el vicio de forma
constatado por esta Corporación en la formación de la Ley 896 de 2004; (iii) el
Proyecto de Ley correspondió siempre al mismo, es decir, al 212/03 Senado
-111/03 Cámara, como puede confirmarse en todas las ponencias y debates que se
surtieron en el Congreso, y en su remisión para sanción presidencial.|| Ahora
bien, se cometió un error administrativo en la numeración, al habérsele
asignado un segundo número a la misma ley después de haber sido subsanado el
vicio en la formación de la misma. No obstante dicho error no modifica el
contenido de la ley ni incide en el proceso de su formación en el Congreso de la
República. Para la Corte por lo tanto, el presente análisis de
constitucionalidad se entiende realizado sobre la Ley 896 de 2004 que aprobó el
“Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos
robados, importados o exportados ilícitamente”, suscrito en la ciudad de La
Paz, a los veinte  (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)”.
[29] Cfr.
Folio 364 del cuaderno 3.
[30] Cfr. Folio 383
del cuaderno 3.
[31] Cfr.
Folio 187 del cuaderno principal.
[32]
Sentencia C-555 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[33]
De allí que J. Bentham sostuviese que: "la publicidad es el alma de la
justicia" y que, en la actualidad,  exista la marcada tendencia a la
plena oralidad de los juicios penales como medio indispensable para garantizar
la efectividad de los derechos fundamentales de los inculpados alrededor de los
conceptos de contradicción, eficiencia y celeridad.
[34] Cfr. Corte
Constitucional, sentencia C-641/02.
[35] Sentencia C-137 de 1996.
MP Eduardo Cifuentes Muñoz, Fundamento 37, criterio reiterado en la sentencia
C-442 de 1996, fundamento 6.
[36] Cfr.
Corte Constitucional, sentencias C-160/00 y
C-1333/00.
[37] Cfr.
Corte Constitucional, sentencias C-253/03 y
C-255/03.
[38]
Cfr. Corte Constitucional,
sentencia C-670/04.  En esta sentencia, la Corte analizó la constitucionalidad
de algunas disposiciones relacionadas con la notificación en procesos civiles,
específicamente de restitución de inmueble arrendado.