T-629-15
Sentencia
T-629/15
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración
de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de
interpretación irrazonable
El defecto sustantivo que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales es aquel que
tiene lugar cuando la decisión cuestionada contiene errores derivados de una
equivocada interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas. El defecto se estructura, en últimas, cuando el fallo cuestionado
incurre en una irregularidad de alta trascendencia que obstaculiza o lesiona la
efectividad de los derechos constitucionales. Esta Corporación ha señalado que
una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación
irrazonable en al menos dos circunstancias: i) cuando le otorga a una
disposición jurídica un sentido y alcance que no tiene, es decir, que la
interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente
posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad
contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.
REQUISITO DE COTIZACIONES COMO CONDICION DE ACCESO A LA PENSION DE
INVALIDEZ-Valoración en casos difíciles, cuando el afiliado no cumple a
cabalidad el requisito, pero está muy próximo a satisfacerlo
REQUISITO DE FIDELIDAD PARA PENSION DE INVALIDEZ-Entidades
prestadoras del servicio público de seguridad social no están autorizadas para
exigir requisito de fidelidad por cuanto fue declarado inexequible en sentencia
C-428 de 2009
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Régimen
jurídico
PENSION DE INVALIDEZ-Parágrafo 1° del artículo 1 de la ley
860 de 2003 incluye a la población joven y preceptúa condiciones más
favorables
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto Tribunal
incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable, al resolver
el debate relativo al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de un
examen mecánico del requisito de cotizaciones contemplado en la Ley 860 de 2003
PENSION DE
INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Orden a Fondo de Pensiones reconocer
y pagar pensión de invalidez
Referencia: Expediente T-4829851
Acción de tutela instaurada por Jonatan David Chaves
Morales contra el Tribunal Superior de Buga y la Administradora del Fondo de
Pensiones y Cesantías Protección S.A.
Magistrado Ponente:
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil
quince (2015).
La Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada María Victoria Calle Correa y por
los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva y Mauricio González Cuervo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados
en el asunto de la referencia por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014),
en primera instancia, y por la Sala de Casación Penal de esa corporación, el
diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), en segunda instancia.
I. ANTECEDENTES
1. Jonatan David Chaves Morales promovió, a través de
apoderada judicial, acción de tutela con el propósito de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la salud y a
la vida digna, los cuales habrían sido vulnerados por el Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección S.A. y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga,
al negarse a reconocer su derecho a obtener una pensión de invalidez.
Como fundamento de la solicitud de amparo, la apoderada
judicial de Jonatan expuso los hechos que a continuación se resumen.
Hechos
1.1. Relató la abogada que Jonatan, de 25 años de edad al
momento de la interposición de la tutela, trabajó durante 2009 en Metálicas
Mundial Ltda., una compañía ubicada en la ciudad de Candelaria, en el Valle del
Cauca, donde realizaba oficios varios. Por su labor, la empresa le pagaba el
equivalente a un salario mínimo de la época, esto es, 496.900 pesos.
1.2. El 23 de mayo de ese año, Jonatan sufrió un accidente
de tránsito que le causó politraumatismos múltiples en la mayoría de su cuerpo,
dejándole cuadripléjico. La Junta Regional de Calificación de la Invalidez del
Valle del Cauca dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 88.05%,
estructurada en la fecha en que ocurrió el accidente.
1.3. Durante los tres años anteriores a la fecha de la
estructuración de la invalidez, Jonatan había cotizado 48.14 semanas a la
Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Tales aportes
son los únicos que efectuó durante toda su vida laboral, pues, para el momento
del accidente, contaba solo con 20 años de edad.[1]
1.4. La apoderada judicial de Jonatan instauró demanda
ordinaria laboral con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez a la que Jonatan tenía derecho. El Juzgado Tercero Laboral
del Circuito de Palmira condenó a la administradora del fondo de pensiones
(AFP) Protección S.A. a reconocer la pensión, en aplicación del precedente
constitucional establecido en la Sentencia T-777 de 2009 acerca de la
protección especial que la Constitución y los tratados internacionales
consagran a favor de la juventud.
1.5. Protección S.A. interpuso recurso de apelación contra
la sentencia de primer grado. Así, ante la necesidad de proteger a Jonatan del
perjuicio irremediable que le significaba la indefinición de su derecho a la
pensión de invalidez, su apoderada formuló una acción de tutela para que la
prestación fuera reconocida de manera transitoria, mientras la apelación era resuelta.
1.6. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Palmira declaró
improcedente la solicitud de amparo mediante sentencia del 30 de abril de 2012.
La decisión fue apelada y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira la
revocó, tuteló los derechos fundamentales de Jonatan y le ordenó a la AFP
Protección pagar la pensión de invalidez, transitoriamente, mientras se
resolvía la apelación del proceso ordinario.
1.7. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga
resolvió la apelación mediante providencia del 20 de mayo de 2013, que revocó
el fallo de primer grado, denegó la pretensión de reconocimiento pensional y
condenó en costas a la parte demandante en ambas instancias.
1.8. La apoderada promovió una acción de tutela contra la
decisión del Tribunal, porque, en su criterio, desconoció los precedentes
constitucionales e internacionales que motivaron a la juez de primera instancia
a ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reclamada por
Jonatan.
1.9. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia concedió el amparo solicitado, mediante providencia del 26 de junio de
2013. Así, tras proteger los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, a la seguridad y al debido proceso de Jonatan, le ordenó al Tribunal de
Buga dictar una nueva decisión que estudiara la solicitud de reconocimiento
pensional considerando los precedentes constitucionales e internacionales a que
hubiera lugar. La decisión de tutela fue confirmada, en segunda instancia, por
la Sala de Casación Penal de la misma corporación.
1.10. En cumplimiento del fallo de tutela, el Tribunal
Superior de Buga profirió una nueva sentencia que, en criterio de la abogada,
sigue desconociendo los precedentes constitucionales y jurisprudenciales
aplicables al caso, dada la situación de vulnerabilidad que enfrenta Jonatan.
En particular, la abogada cuestionó que la decisión hubiera descartado el
reconocimiento pensional valorando, solamente, el incumplimiento de las semanas
de aportes a las que la Ley 860 de 2003 condiciona el acceso a la prestación.
1.11. En julio de 2014, Protección S.A. dejó de pagarle a
Jonatan la pensión de invalidez que le estaba cancelando desde 2012, por cuenta
del amparo transitorio concedido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira.
La suspensión del pago deja a Jonatan totalmente desprotegido, pues no tiene
ingresos, bienes ni renta que le permitan acceder al sistema de seguridad
social y paliar su difícil situación económica.
La solicitud de amparo.
2. De conformidad con lo expuesto, la tutela reclama la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a
la seguridad social y al mínimo vital del accionante, de modo que Pensiones y
Cesantías Protección S.A. reconozca y pague de forma definitiva la pensión de
invalidez a la que tiene derecho.
La apoderada pidió valorar los precedentes que han dado
cuenta de la protección especial que merece la población joven discapacitada
(como los contemplados en las sentencias T-777 de 2009, T-839 de 2010 y T-934
de 2011), considerar que Jonatan no cuenta con ningún otro medio judicial para
perseguir su pensión de invalidez, que subsiste gracias a la caridad de amigos
y familiares y que, debido a sus limitaciones físicas, no podrá volver a desempeñar
un empleo.
Adicionalmente, pidió condenar a la AFP accionada a
reconocer y pagar las mesadas que Jonatan ha dejado de percibir desde el
momento en el que se le suspendió el pago de la pensión de invalidez, esto es,
desde julio de 2014.
Trámite constitucional de primera instancia y respuesta
de la AFP Protección S.A.
3. La abogada de Jonatan radicó el escrito de acción de
tutela en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo,
la Presidencia de la Corporación decidió que, en la medida en que se dirigía
contra el Fondo de Pensiones y Cesantías de Protección, la tutela debía ser
dirimida por los jueces municipales de Palmira, Valle del Cauca. En
consecuencia, la solicitud de amparo fue remitida a la oficina de reparto judicial
de ese municipio, mediante providencia del 20 de octubre de 2014.
3.1. La tutela fue repartida al Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira el 24 de octubre
siguiente. No obstante, al abordar el estudio del caso para efectos de su
admisión, el juez advirtió que la tutela se dirigía solamente contra el Fondo
de Pensiones, pero controvertía, también, una decisión judicial proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga. Ante tal circunstancia, y en
aplicación del artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado previno a
Jonatan con el objeto de que corrigiera la tutela en un término de tres días.
3.2. La apoderada de Jonatan compareció al juzgado para
rendir declaración juramentada con el objeto de corregir la acción de tutela.
En la diligencia, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2014, la abogada
explicó que el hecho vulnerador de los derechos fundamentales de Jonatan
provenía de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga “al no cumplir los
precedentes constitucionales e internacionales, y acogerse a la ley, cuando
tenemos entendido que priman los precedentes constitucionales antes que la ley.
El hecho generador se condensa en la sentencia 052, proferida por el Tribunal
Superior de Buga, Sala Laboral, el 19 de julio de 2013, cuando no acató las
recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral”.
Ante lo referido por la abogada, el Juzgado Tercero Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira remitió la solicitud
de protección constitucional a la Corte Suprema de Justicia.[2]
3.3. La tutela fue repartida a la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia que, mediante auto del 11 de noviembre de 2014, dispuso
oficiar al accionante con el objeto de que en el término improrrogable de tres
días precisara las autoridades judiciales con las cuales había promovido la
acción constitucional. La tutela fue admitida, finalmente, mediante auto del 20
de noviembre siguiente, que ordenó correr traslado a los involucrados en el
proceso laboral promovido por Jonatan contra la Administradora del Fondo de
Pensiones y Cesantías Protección.
El mismo día, se incorporó al expediente un escrito
remitido por la apoderada de Jonatan, quien, de nuevo, aclaró que la acción de
tutela se dirigía contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga “por
haber violado el derecho fundamental a la vida, la salud, la estabilidad
laboral reforzada, la seguridad social y los precedentes constitucionales e
internacionales, haciendo que la administradora del Fondo de Pensiones y
Cesantías Protección negara la pensión de invalidez de mi prohijado al acatar
lo ordenado por los magistrados antes mencionados”.
3.4. La AFP Protección S.A. contestó a la solicitud de
tutela mediante escrito del 27 de noviembre de 2014, que advirtió, primero,
sobre el ánimo temerario del accionante, quien habría presentado una acción de
tutela con las mismas pretensiones que fue denegada en primera instancia el 30
de abril de 2012 y concedida, posteriormente, por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Palmira, que ordenó el pago transitorio de la pensión de invalidez.
Expuso la accionada que dio cumplimiento al fallo de
tutela y pagó transitoriamente la pensión, como lo prueba la comunicación que,
con ese objeto, le envió a Jonatan el 11 de julio de 2012. Además, precisó que
el derecho del accionante a obtener la prestación que en esta ocasión reclama ya
fue resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral, que la absolvió de
responsabilidad al respecto. Tales circunstancias, afirmó, deberían conducir al
rechazo de plano de la acción constitucional, pues, de lo contrario, podrían
presentarse sentencias contradictorias entre sí, “lo cual ocasionaría para
Protección una confusión respecto de cuál sentencia cumplir”[3].
3.5. A continuación, informó que Jonatan está afiliado a
Protección S.A. desde el 25 de agosto de 2007 –siendo esta su vinculación
inicial al sistema de pensiones-, con fecha de efectividad de la afiliación del
26 de agosto de 2007.  Su eventual derecho a la pensión de invalidez se analizó
considerando los requisitos legales correspondientes, encontrando que no
cumplía con el relativo a haber cotizado cincuenta semanas dentro de los
últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, toda
vez que “de acuerdo con su historia laboral, en el mencionado periodo el
accionante no contaba con el número de semanas exigido por la ley, por lo tanto
no procede la pensión de invalidez reclamada”.[4]
Dado que, como administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías, Protección está sometida al imperio de la Constitución y de la ley,
solo puede reconocer y pagar aquellas prestaciones económicas previamente
establecidas por el legislador cuando se cumplan los requisitos establecidos
para el efecto. Protección, por lo tanto, ha obrado conforme a todo el
procedimiento constitucional y legal en el trámite de la solicitud formulada
por Jonatan David.
3.6. En este punto, la AFP realizó un recuento normativo
de los requisitos legales que determinan el reconocimiento de la pensión de
invalidez. Citó, entonces, los artículos 13, 38, 39 y 72 de la Ley 100 de 1993
–con las modificaciones introducidas por las reformas pensionales
correspondientes- y las Sentencias T-439 de 1996 y SU-111 de 1997, sobre el
requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Así las cosas, pidió considerar que obró de conformidad
con las disposiciones constitucionales y legales, pues atendió oportunamente al
accionante, lo remitió para la calificación del estado de pérdida de la
capacidad laboral, y analizó los requisitos pertinentes, concluyendo que había
cumplido aquel relativo a reunir 50 semanas cotizadas durante los tres años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En todo caso, solicitó
que, en el evento de que se decidiera condenar a la administradora a pagar
alguna prestación económica por invalidez, la tutela se concediera “con
efectos transitorios por el término de cuatro meses, mientras el accionante
presenta demanda ordinaria laboral, para que se resuelva definitivamente si
tiene derecho o no a la pensión de invalidez”.[5]
La decisión de primera instancia
4. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia denegó
el amparo reclamado por el accionante, mediante fallo del 26 de noviembre de
2014. En su criterio, el hecho de que la  solicitud cuestionara el fallo
proferido por el Tribunal Superior de Buga “en cumplimiento de la acción de
tutela que fue concedida por esta Sala Laboral”, le brindaba al actor la
posibilidad de instaurar el correspondiente incidente de desacato.
De esa manera, sería el juez constitucional que profirió
el primer fallo de tutela quien revisaría si la orden que impartió fue
efectivamente cumplida. La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de
tutela impedía, en esos términos, conceder la protección reclamada por el
peticionario.
La impugnación
5. La apoderada de Jonatan impugnó el fallo de tutela de
primer grado, dando cuenta de su desacuerdo con que se niegue el amparo de los
derechos fundamentales de una persona con pérdida de la capacidad laboral del
88.5%, cuyo único medio de sustento sería la pensión de invalidez que está
reclamando.
Así mismo, se refirió al hecho de que el Tribunal de Buga
hubiera tomado como base las cincuenta semanas como requisito para obtener la
pensión de invalidez, sin considerar que existen precedentes constitucionales y
derechos internacionales para las personas que padecen una discapacidad.
Precisó, entonces, que acudía a la acción de tutela con el objeto de que se
protejan los derechos de una persona joven que apenas estaba empezando su vida
laboral y que, por cuenta de un accidente, no pudo reunir las cotizaciones
exigidas por la norma correspondiente.
Ante tal situación, el Estado debería proteger a quien se
encuentra en estado de debilidad manifiesta, porque se encuentra en situación
de discapacidad permanente, no tiene otro medio de defensa -ya que agotó todas
las vías ordinarias-, es una persona de escasos recursos económicos y, de no
acceder a la pensión, se quedaría sin servicio de salud.
La decisión de segunda instancia
6. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión del a quo. En sentencia del diez de febrero de
2015, advirtió que, en efecto, el procedimiento a seguir por parte del
accionante era promover un incidente de desacato en contra de las autoridades
que, según él, desatendieron la orden impartida por el juez constitucional.
Dado que la acción de tutela no tiene naturaleza supletoria, la solicitud
formulada por el peticionario resultaba improcedente.
En todo caso, la Sala dio cuenta de que el actor había
cuestionado, también, la providencia judicial emitida por el Tribunal de Buga
en julio de 2013, a la que acusó de desconocer los precedentes constitucionales
que determinaban la procedencia de la pensión de invalidez. Sin embargo,
consideró que la tutela tampoco procedía en ese sentido, porque la actuación
judicial cuestionada respetó el debido proceso del accionante y la providencia
que le puso fin fue razonada y motivada.
Dado que los argumentos de la sentencia no se observaban
ilegítimos ni arbitrarios, no era válido controvertirla a través de la acción
de tutela. Para la Sala, la solicitud planteaba vías de hecho inexistentes que
reflejaban, solamente, la discrepancia del peticionario frente a la manera en
que el Tribunal de Buga resolvió su solicitud pensional. Por ese motivo,
concluyó que la tutela era improcedente.
Escrito de insistencia para selección, presentado por
el Defensor del Pueblo
7. El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, insistió
en seleccionar el expediente de tutela para su revisión por parte de la Corte,
considerando que la AFP, la autoridad judicial accionada y los jueces de
instancia negaron la pensión reclamada por Jonatan sin realizar un estudio
ponderado de su situación. En criterio del Ministerio Público, la entidad y las
autoridades citadas negaron la prestación considerando, solamente, que el
accionante no cotizó 50 semanas antes de la fecha en que se estructuró su
invalidez. No valoraron, en contraste, la jurisprudencia constitucional que
permite que en casos especiales, y en aplicación del principio de solidaridad,
la prestación sea reconocida.
En particular, el Defensor se refirió al precedente
contenido en la Sentencia T-138 de 2012.[6]
De conformidad con lo señalado en esa providencia, precisó, es necesario
analizar con flexibilidad aquellos casos en los que faltan pocas semanas para
cumplir con el requisito de acceso a una pensión, pues “no puede abordarse
de igual manera un expediente en el que haga falta más de la mitad de las semanas
exigidas por la ley que uno en el que solo haga falta una semana”.[7]
Así las cosas, solicitó seleccionar el expediente para que
la Corte analice si “se vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital
y a la seguridad social cuando se niega una pensión de invalidez, mediante la
aplicación mecánica de las normas pertinentes, sin tener en cuenta las
situaciones especiales de quienes ‘casi’ acreditan los requisitos para acceder
a ese derecho y cuentan con un altísimo porcentaje de invalidez y, por este
motivo, quedan en franca desprotección”.[8]
Actuaciones adelantadas en sede de revisión
constitucional
8. Durante el trámite de revisión constitucional, la
magistrada sustanciadora[9]
constató que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga no
se había pronunciado sobre los hechos y las pretensiones formuladas en la acción
de tutela, pese a que fue notificada oportunamente por el juez constitucional
de primera instancia. Así las cosas, la requirió para que se pronunciara al
respecto y decretó las pruebas que consideró necesarias para resolver de
fondo el asunto objeto de revisión.[10]
Así, dispuso oficiar a la AFP Protección S.A. para que certificara
el total de semanas que Jonatan David cotizó a pensiones, precisando cuántas
semanas cotizó cada año, desde la fecha de su afiliación, y para que remitiera
copia del documento a través del cual analizó -como lo informó al contestar la
acción de tutela- si “el accionante tenía o no derecho a la pensión de
invalidez”, de aquel a través del cual le informó que no cumplía con los
requisitos para el efecto y de la petición que la apoderada de Jonatan presentó
en 2011, junto con una copia de la respuesta que le dio a dicha petición.
En la misma oportunidad, la magistrada sustanciadora
ordenó oficiar al accionante y a su apoderada, con el fin de que informaran
sobre el nivel de educación formal de Jonatan y su historia
laboral, especificando a qué edad comenzó a trabajar, qué actividades desempeñó
desde entonces y quiénes fueron sus empleadores, así como sus circunstancias
personales y familiares actuales, precisando con quién vive, si se vale por sí
mismo para su cuidado personal y de dónde provienen los recursos que requiere
para su subsistencia.
8.1. La respuesta de la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Buga fue recibida en la Secretaría General de esta Corporación, vía fax, el
21 de julio de 2015. El documento de contestación, suscrito por el magistrado
Marceliano Chávez Ávila, indica que la tutela es improcedente, considerando que
la decisión objeto de reproche respetó los parámetros constitucionales y
legales aplicables a la materia y que “el proceso laboral iniciado por el
ahora accionante ya había sido objeto de amparo por vía de tutela, oportunidad
en la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia
fechada el 26 de junio de 2013, ordenó proferir nueva sentencia en la que esta
colegiatura debería tener en cuenta la prueba que estimó la honorable Sala como
descartada”.[11]
Explicó el magistrado que, tras el fallo de tutela, la
sentencia proferida por la Sala Laboral el 20 de mayo de 2013 perdió fuerza
ejecutoria, debiéndose proferir una nueva decisión, en la cual “luego de
realizado un análisis aún más minucioso de las pruebas aportadas, se llegó a
idéntica conclusión, pues el actor desde ningún punto de vista cumple con los
requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez pretendida, toda vez
que, pese a padecer una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, no
satisface las semanas requeridas por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en
la forma como fue modificado por la Ley 860 de 2003”.
Dicho esto, resaltó que Jonatan no interpuso recurso de
casación contra la sentencia inicial (la de mayo 20 de 2013) ni contra la que
la modificó tras el fallo de tutela (la del 19 de julio siguiente), pese a que
tenía interés jurídico y económico para presentarlo. Bajo ese parámetro, la
solicitud de amparo contraría el carácter residual y subsidiario que cobija el
trámite constitucional, pues la decisión cuestionada no se discutió en el marco
de los mecanismos judiciales idóneos para ello.
8.2. La AFP Protección intervino en el trámite de revisión
a través de escrito del 21 de julio de 2015, mediante el cual remitió copia de
los documentos solicitados por la magistrada sustanciadora.[12]
Sin embargo, la entidad no certificó el total de semanas que Jonatan David
cotizó a pensiones durante su vida laboral ni precisó cuántas de ellas fueron
cotizadas cada año, como se le había solicitado en el auto del 10 de julio de
2015. Frente a ese particular, la AFP se limitó a remitir copia de la historia
laboral del accionante.
8.3. La apoderada de Jonatan respondió a los interrogantes
formulados en esta sede el 23 de julio de 2015. En el escrito, la apoderada
precisó que Jonatan se graduó como bachiller académico en 2006 y que comenzó su
carrera laboral en septiembre de 2007, cuando tenía 18 años, en Extras S.A.,
donde realizaba oficios varios.
Posteriormente, se vinculó a Metálicas Mundial Ltda. Allí
trabajó cargando y descargando camiones, haciendo publicaciones, colocando
nombres en los techos de las casetas y, finalmente, realizando labores de
pintor. Su contrato de trabajo terminó ocho días antes de la fecha en que
sufrió el accidente de tránsito que le causó la invalidez.
Respecto de la situación actual de Jonatan, la abogada
expuso que vive con su madre en la casa de una tía, quien los ha acogido porque
no encuentran recursos económicos para su sustento. La tía y su familia les
ayudan económicamente en lo que pueden, pues, como Jonatan no puede valerse por
sí mismo, requiere la ayuda permanente de su madre, lo cual le impide trabajar.
Finalmente, precisó que la suspensión del pago de la
pensión supuso que Jonatan perdiera su afiliación al servicio de salud y que
tuviera que trasladarse al SISBEN. En la actualidad, lo atiende la empresa
Saludcoop, que le presta servicios médicos pero no le suministra los
medicamentos e insumos que requiere, lo cual le ha obligado a interponer
acciones de tutela y a tramitar los incidentes de desacato correspondientes.
Como prueba de lo manifestado, la abogada allegó al
expediente una declaración juramentada que Jonatan rindió ante la Notaria Única
del Círculo de Candelaria, en la que manifestó que vive bajo el mismo techo con
su madre, Aydé Argeli Morales, y con su tía materna, María Ilia Morales, en la
casa de esta última, quien es de profesión y ocupación modista. Jonatan declaró
que “con el fin de obtener algunos ingresos, una vez al mes hacemos ventas
de comidas, como arroz con leche, almuerzos, etc., y de esta manera sufragamos
nuestras necesidades básicas, como alimentación, vestuario, servicios públicos,
medicamentos, pañales, productos de aseo personal y todo aquello que la EPS no
me cubre”.[13]
II. CONSIDERACIONES
Competencia
9.
La Sala es competente para conocer del fallo objeto de revisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de
1991, y en cumplimiento del auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas
Número Seis de esta corporación el once (11) de junio de dos mil quince (2015).
Presentación del caso, formulación del problema jurídico
y metodología de la decisión que adoptará la sala de revisión:
Presentación del
asunto objeto de revisión
10.
Jonatan David Chaves Morales solicita que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital, los
cuales habrían sido vulnerados por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Buga y por la administradora del Fondo de Pensiones Protección S.A. al
abstenerse de reconocer su condición de titular de una pensión de invalidez,
sobre el supuesto de que no reunió 50 semanas de aportes antes del momento en
que perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva ni 26 semanas
dentro del año anterior a esa fecha. Para Jonatan, quien formuló la acción de
tutela a través de apoderada judicial, la infracción iusfundamental denunciada
se deriva de dos circunstancias distintas.
10.1.
En primer lugar, del defecto en los que habría incurrido la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Buga al resolver la solicitud pensional en el marco del
proceso ordinario. La tutela narra que, con el objeto de acceder a su pensión,
Jonatan instauró una demanda ordinaria ante la jurisdicción laboral que fue
fallada a su favor en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Palmira.[14]
Tal decisión, sin embargo, fue revocada por la autoridad accionada, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Buga, el 20 de mayo de 2013.
Jonatan
promovió una acción de tutela contra el Tribunal, sobre el supuesto de que
había incurrido en “una vía de hecho” al denegar la pensión con
fundamento en el incumplimiento del requisito de cotizaciones, “sin mirar si
se están violando los derechos fundamentales de una persona joven que requiere
del mínimo vital para su subsistencia y la de su familia (…)”[15].
Esa tutela fue resuelta en primera instancia por la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, que concedió la protección reclamada, porque el
fallo cuestionado “no contabilizó las cotizaciones de manera correcta, pues
solo hizo un pronunciamiento insular a la prueba, sin discriminar los reportes
que allí se encontraban”[16].
Para
la Corte, la Sala incurrió en un defecto en la valoración de los reportes de
las cotizaciones que “conllevó a una conclusión opuesta a lo que había
razonado en la providencia”. Esto, a su vez, afectó el debido proceso de
Jonatan y aparejó la vulneración de otras garantías, dado su evidente estado de
indefensión[17].
Por esas razones, dejó sin efecto la sentencia acusada, esta es, la del 20 de
mayo de 2013, para que se dictara decisión de reemplazo, teniendo en cuenta las
consideraciones planteadas en la providencia de tutela.
10.2.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga impugnó la decisión de tutela[18],
pero adoptó las medidas necesarias para cumplir con lo ordenado antes de que la
impugnación fuera resuelta. Así, el 19 de julio de 2013, los magistrados
Marceliano Chávez Ávila, Donald José Dix Ponnefz y Luis Felipe Salcedo Wagner
se constituyeron en audiencia pública con el objeto de dar lectura a la
sentencia de reemplazo.
La
nueva providencia, que realizó un estudio pormenorizado de los reportes de
cotización, mantuvo, sin embargo, la decisión inicial de denegar el
reconocimiento de la pensión de invalidez. El fallo sostuvo que Jonatan perdió
su capacidad laboral en un 88.05%, que la pérdida de la capacidad laboral era
de origen común y que se estructuró el 23 de mayo de 2009. Sin embargo, solo
acumuló 48.14 semanas de cotización al Sistema de Seguridad Social dentro de
los tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez y 16.14
dentro del año anterior a esa fecha.
En
esas condiciones, sostuvo, no cumplía con requisito establecido en el numeral
2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que exige cotizar 50 semanas en los
tres años anteriores al hecho causante de la invalidez, ni la hipótesis del
parágrafo 1º de la misma norma, que permite que los menores de 20 años accedan
a la prestación si cotizaron 26 semanas dentro del año inmediatamente anterior
al hecho invalidante. Con esos argumentos, reiteró que la sentencia de primera
instancia debía ser revocada y denegó, por lo tanto, la prestación solicitada.
10.3.
La acción de tutela que en esta ocasión se estudia fue promovida contra esa
última sentencia, es decir, contra la decisión que profirió la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Buga el 19 de julio de 2013, en cumplimiento del fallo de
tutela adoptado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 26 de
junio del mismo año.
Así
lo explicó la apoderada de Jonatan al rendir declaración juramentada ante el
Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira
y al impugnar la decisión adoptada en primera instancia. La abogada sostuvo que
el hecho vulnerador de los derechos de Jonatan provenía de la decisión que el
Tribunal Superior de Buga adoptó el 19 de julio de 2013, porque no aplicó las
normas internacionales, las disposiciones constitucionales ni los precedentes
que exigen que las decisiones judiciales valoren la situación de vulnerabilidad
de quienes enfrentan circunstancias de debilidad manifiesta. Tampoco acató las
órdenes que en ese sentido le impartió la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia.
En
concreto, la abogada censuró que los magistrados del Tribunal de Buga no
hubieran tenido en cuenta que el Estado y las entidades que integran el Sistema
de Seguridad Social deben “actuar bajo principios de equidad,
responsabilidad social, igualdad real y justicia material, generando un pacto
solidario con aquel que ha caído en desventaja, en pro del principio de
igualdad constitucional y protección real y efectiva del derecho a la seguridad
social”[19].
Por eso, pese a haber acogido lo que en sede de revisión le ordenaron las Salas
Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal no cambió su
decisión inicial de negar el reconocimiento de la pensión de invalidez, dijo la
abogada.
10.4.
Tales son los reparos que la solicitud de amparo plantea contra la providencia
judicial censurada. No obstante, como se anticipó, la abogada le atribuye la
infracción de los derechos fundamentales de Jonatan a una segunda
circunstancia. Esta tendría que ver con el hecho de que Protección S.A. hubiera
suspendido el pago de la pensión de invalidez que Jonatan recibía desde 2012
como medida transitoria, mientras culminaba el proceso laboral en el que se
estaba discutiendo su derecho pensional. La AFP dejó de consignar la pensión en
julio de 2014. Por eso, además del reconocimiento pensional, la tutela reclama
que Protección S.A. reconozca y pague las mesadas que dejó de consignar desde
esa fecha.
10.5.
Para terminar con la presentación del caso, hace falta recordar, solamente, que
los jueces de instancia consideraron que la tutela que ahora se estudia es
improcedente. Aunque el amparo fue denegado, los argumentos planteados en las
sentencias objeto de revisión remiten, en realidad, a la improcedencia de la
acción de tutela.
Recuérdese,
en efecto, que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sustentó su
decisión en que la pretensión formulada debía discutirse en el marco de un
incidente de desacato, y no a través de este mecanismo excepcional. La Sala
Penal, por su parte, indicó que la decisión de improcedencia era predicable del
cargo relativo a que el Tribunal Superior de Buga hubiera desatendido lo que se
le ordenó en el fallo de tutela del 26 de junio de 2013, pero no respecto del
alegato relativo a que dejó de valorar las circunstancias de vulnerabilidad que
enfrentaba el peticionario. En todo caso, la Sala Penal confirmó el fallo de
primer grado, sobre el supuesto de que la providencia cuestionada fue razonada
y respetó el debido proceso del accionante.
Formulación
del problema jurídico
10.6.
En ese orden de ideas, la Sala considera que la solución del asunto objeto de
revisión exige dilucidar dos cuestiones en concreto. La primera tiene que ver
con la procedibilidad formal de la tutela, pues, como acaba de exponerse, los
jueces de instancia denegaron el amparo reclamado sobre la base de que la
solicitud no satisfizo el requisito de subsidiariedad.
Después,
si la tutela llega a resultar procedente, la Sala definirá si la sentencia que
profirió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 19 de julio de 2013
incurrió en alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
Ahora
bien, siguiendo la exposición realizada en el acápite de antecedentes y de
conformidad con la interpretación que hace la Sala de los fundamentos de la
acción de tutela, el estudio material de la solicitud se centrará en establecer
si la decisión censurada incurrió en un defecto sustantivo por interpretación
irrazonable al resolver el debate sobre el reconocimiento de la pensión de
invalidez a partir de un estudio mecánico del artículo 1 de la Ley 860 de 2003
y del primer parágrafo de la misma disposición, que consagran, en su orden, las
condiciones de acceso a la pensión de invalidez y a la pensión de invalidez
para persona joven.
Lo
que la Sala deberá determinar, en concreto, es si la aplicación formal de las
mencionadas disposiciones normativas, en lo que tiene que ver, puntualmente,
con la valoración requisito de semanas cotizadas, generó efectos
desproporcionados sobre un sujeto de especial protección constitucional, como
lo es en este caso el accionante.
Metodología
de la decisión
10.7. Con el objeto de resolver los interrogantes
formulados, la Sala enunciará los criterios de procedibilidad de las tutelas
que cuestionan providencias judiciales y realizará una breve caracterización
del defecto sustantivo por interpretación irrazonable. Después, se referirá al
requisito de cotizaciones como condición de
acceso a la pensión de invalidez y a la jurisprudencia constitucional que ha
dado cuenta del deber judicial de resolver los casos extremos, esto es, los
casos de aquellas personas que “casi” satisfacen la mencionada exigencia, a la
luz de los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y
solidaridad. Por último, estudiará los requisitos de acceso a la pensión de
invalidez para persona joven en el marco de los precedentes constitucionales
sobre la materia. En ese contexto, abordará el estudio del caso concreto.
Criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
11.
La sólida doctrina que ha desarrollado esta corporación en relación con la
procedencia de las acciones de tutela promovidas contra providencias judiciales
está vinculada a la idea de lograr un equilibrio adecuado entre los principios
de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial y prevalencia y efectividad
de los derechos constitucionales.
En
aras de materializar tal aspiración, la procedencia de esas acciones se ha
supeditado a unas hipótesis taxativas que han sido depuradas cuidadosamente por
la jurisprudencia constitucional[20]
y que apuntan a asegurar que la revisión por vía de tutela de las decisiones
adoptadas por los órganos de cierre de la justicia ordinaria y administrativa
se produzca, únicamente, frente a situaciones verdaderamente excepcionales, en
las que se hayan afectado garantías fundamentales que hacen a la providencia
respectiva incompatible con la Constitución. Esos requisitos de procedencia,
formales y materiales, son los establecidos en la sentencia C-590 de 2005[21].
12.
De acuerdo con el fallo, la tutela contra providencias judiciales es
formalmente procedente cuando: i) el asunto debatido tiene relevancia
constitucional; ii) el actor agotó los recursos ordinarios y extraordinarios a
su alcance; iii) la petición cumplió el requisito de inmediatez, de acuerdo con
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; iv) la irregularidad denunciada,
siendo de índole procesal, incidió directamente en la decisión que vulneró los
derechos fundamentales; v) el actor identificó de forma razonable los hechos
que generaron la violación y acreditó que la alegó, si esto fue posible, al
interior del proceso judicial. Finalmente, se exige que vi) la sentencia
impugnada no sea de tutela.
13.
La procedencia material, a su turno, está atada a que la providencia
cuestionada haya incurrido en alguna de las irregularidades que configuran las
causales de procedibilidad de la tutela contra sentencias: defecto orgánico,
sustantivo, procedimental o fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente constitucional y violación directa de la
Constitución.
14.
En suma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la acción de
tutela en contra de una sentencia judicial es procedente cuando: i) cumple los
requisitos formales de procedibilidad, ii) se presenta alguna o algunas de las
causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el
amparo material y, iii) se acredita la necesidad de intervención del juez de
tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[22].
El
defecto sustantivo como causal de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. La interpretación irrazonable como causa del defecto
sustantivo.
15.
El defecto sustantivo que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales es
aquel que tiene lugar cuando la decisión cuestionada contiene errores derivados
de una equivocada interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas. El defecto se estructura, en últimas, cuando el fallo
cuestionado incurre en una irregularidad de alta trascendencia que obstaculiza
o lesiona la efectividad de los derechos constitucionales.[23]
Los supuestos que dan lugar a declarar la presencia
del aludido defecto han sido estrictamente delimitados por la jurisprudencia
constitucional. La Corte ha considerado
que una providencia judicial incurre en un defecto sustantivo cuando: i) la
autoridad judicial deja de valorar la norma aplicable al asunto objeto de
estudio[24];
ii)
el
juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[25]
(porque ya fue derogada y no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico,
porque fue declarada inexequible[26],
porque es claramente inconstitucional y el funcionario judicial se abstuvo de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad, porque su aplicación al caso
concreto es inconstitucional[27]
o porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó[28]);
iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes de las
jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa[29]
y, finalmente; (iv) cuando la aplicación que hizo el juez de determinada
disposición normativa resulta inaceptable, por ser producto de una hermenéutica
abiertamente errónea o irrazonable.
16.
Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de
procedencia de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que
ver con que la interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan
con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial
que, en el marco del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de
injerencias indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas que
se sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que estimen más
ajustada al ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la actividad
judicial: la equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales
del derecho.[30]
La
preeminencia de esos principios de autonomía e independencia judicial cobra
sentido ante la complejidad propia del proceso de aplicación del derecho. Dado
que tal actividad exige la participación activa de la autoridad judicial en la
interpretación del ordenamiento jurídico, es lógico que existan diversas
posiciones sobre la norma jurídica aplicable a determinada situación de hecho y
sobre las consecuencias que se derivan de ella.[31]
La
independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo,
absolutas[32].
El carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de
dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de
los derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en
el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29
C.P.) y la garantía de acceso a la administración de justicia (artículo 228
C.P.) exigen que todos los poderes y autoridades públicas adopten decisiones
acordes a los cánones superiores[33]
y justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los
preceptos de la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.
17.
El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el principio
de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un precepto
que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se
encuentra la Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y
coherencia al ordenamiento jurídico.[34]
Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado
que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por
interpretación irrazonable en al menos dos circunstancias: i) cuando le otorga
a una disposición jurídica un sentido y alcance que no tiene, es decir, que la
interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente
posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad
contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados.
18.
La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto sustantivo
por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva interpretativamente una norma jurídica que no
se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso,
en contravía del principio de legalidad. Sin embargo, el defecto sustantivo no
se presenta ante cualquier discrepancia dogmática respecto de la opción
interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino, solamente, cuando la
misma es manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una
desviación notoria del derecho. En palabras de la Corte, las fallas originadas
en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible
predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido contraevidente”.[35]
19. La segunda hipótesis de defecto sustantivo por
interpretación irrazonable, a la que se alude como interpretación
manifiestamente irrazonable o desproporcionada, involucra, también, una afrenta
al principio de legalidad. Sin embargo, su nota particular está dada “por
una mayor incidencia del desconocimiento de la Constitución, dado que la
interpretación de la ley se traduce en defecto sustantivo debido a que en el
proceso interpretativo se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que a
la luz del caso concreto han debido guiar ese proceso y condicionar su
resultado”[36].
Esto
supone que aun aquellas interpretaciones de una disposición legal que  resulten
posibles puedan constituirse en un defecto sustantivo, si contravienen la
Constitución, vulnerando derechos fundamentales. En esos casos, “el
juez constitucional está en la obligación de adecuar el contenido de dicha
norma legal y hacerla consonante con los fines y principios constitucionales”[37].
20. Por último, es
preciso recordar que, salvo en casos de evidente arbitrariedad, es la parte
actora la que tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es
abiertamente irrazonable o arbitraria. En ese sentido, “se exige de quien
presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el
acto que impugna es nada menos que una decisión de un juez que ha estado
sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes”.[38]
El requisito de
cotizaciones como condición de acceso a la pensión de invalidez. Su valoración
en casos difíciles, cuando el afiliado no cumple a cabalidad el requisito, pero
está muy próximo a satisfacerlo.
21. La inclusión de la
pensión de invalidez dentro del conjunto de prestaciones que creó la Ley 100 de
1993 con el objeto de amparar a la población frente a las contingencias de la
vejez, la invalidez y la muerte está vinculada a la necesidad de proteger a
quienes, tras sufrir una enfermedad o un accidente que les hizo perder su
capacidad laboral, quedaron desprovistos de los ingresos que destinaban a
garantizar sus necesidades básicas y las de sus familias.
Así
lo ha reconocido esta corporación al caracterizarla como un mecanismo de
compensación económica que, además de salvaguardar los derechos fundamentales
de las personas que han perdido cualquier posibilidad de procurarse su propio
sustento ante la estructuración de alguno de los referidos eventos, contribuye
a materializar el mandato de igualdad material del artículo 13 superior, frente
a quienes por su condición física o mental enfrentan circunstancias de
debilidad manifiesta.
Los
requisitos legales de acceso a la pensión de invalidez han sido interpretados y
aplicados a partir de esos supuestos. En lo que sigue, la Sala mencionará las
condiciones que determinan el reconocimiento de la prestación, en el marco de
la Ley 100 de 1993, de los regímenes normativos que la modificaron y de la
interpretación que la Corte hizo de estas exigencias en sede de
constitucionalidad y de revisión de tutela.
Condiciones de acceso a la pensión de invalidez. Previsiones normativas
y jurisprudencia.
22.
En su texto original, la Ley 100 de 1993
supeditó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por riesgo común
al cumplimiento de un solo requisito: el pago de determinada cantidad de
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social antes de la fecha en que se produjo
el estado de invalidez del afiliado. El requisito de semanas de cotización
difería, solamente, en función de la condición de cotizante activo o inactivo
de quien reclamara la pensión. El artículo 39 estableció, en ese sentido, que
podrían acceder a esta i) quienes estuvieran cotizando y hubieran
cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse el estado de
invalidez y ii) quienes, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubieran
efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente
anterior al momento en que se produjo el estado de invalidez.
22.1. Esas condiciones
fueron modificadas, por primera vez, por la Ley 797 de 2003, que distinguió
entre la invalidez que se produce por enfermedad y aquella que se origina en un
accidente. Su artículo 11 dispuso que, si la pensión se reclamaba por cuenta
del primer evento (una enfermedad), el interesado debería reunir cierta
cantidad de aportes y demostrar, además, cierto porcentaje de fidelidad con el
sistema pensional.
En ese escenario, el
reconocimiento de la pensión quedó condicionado de la siguiente forma: quien
persiguiera el reconocimiento de una pensión de invalidez causada por
enfermedad debería acreditar la cotización de “50 semanas en los últimos
tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración” y una
fidelidad de cotización de al menos “el 25% del tiempo transcurrido entre el
momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación
del estado de invalidez”.[39]
Quien, por su parte, reclamara la pensión por cuenta de una invalidez causada
por un accidente solo tendría que demostrar que cotizó 50 semanas dentro de los
tres años inmediatamente anteriores al suceso invalidante.
La norma dispuso,
finalmente, que los menores de 20 años de edad podrían acceder a la pensión de
invalidez acreditando, solamente, que cotizaron “26 semanas en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o a su declaratoria”.
22.2. El artículo 11 de la
Ley 797 de 2003 fue declarado inexequible por vicios de procedimiento.[40] El legislador expidió,
entonces, una nueva reforma pensional, que mantuvo la estructura de la
disposición que la Corte declaró inexequible, pero hizo extensivo el requisito
de fidelidad de aportes a quienes reclamaban la pensión tras sufrir una
invalidez causada por un accidente.
La Ley 860 de 2003, por lo
tanto, sujetó el reconocimiento de la pensión de invalidez a dos requisitos,
independientemente del origen del hecho invalidante: la cotización de 50
semanas de aportes dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha
en que el afiliado perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva
y una fidelidad de cotización con el sistema pensional de al menos el 20% del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha
de la primera calificación de la invalidez.
La norma incluyó, también,
la hipótesis de acceso a la pensión para menores de 20 años, acreditando 26
semanas de aportes en el último año inmediatamente anterior al hecho causante
de la invalidez o al momento de su declaratoria. Finalmente, dispuso que
aquellos afiliados que hubieran cotizado por lo menos el 75% de las semanas
requeridas para acceder a la pensión de vejez obtendrían la de invalidez
demostrando la cotización de 25 semanas de aportes en los últimos tres años.
22. Ese cambio en las
condiciones de acceso a la pensión de invalidez dio lugar a numerosas
controversias judiciales que, eventualmente, fueron conocidas por esta
corporación en sede de revisión de tutela. Las Salas de Revisión que examinaron
reclamos de reconocimiento pensional denegados en aplicación de las exigencias
introducidas por la Ley 860 de 2003 coincidieron en inaplicar los nuevos
requisitos y en amparar los derechos fundamentales de quienes obraban como
accionantes en cada proceso, concediéndoles la pensión a la luz de las reglas
contenidas en los regímenes pensionales anteriores, pese a ser la Ley 860 la
normativa vigente y aplicable en cada caso concreto.
Todas las providencias, en
efecto, consideraron que los nuevos requisitos de acceso a la pensión de
invalidez trasgredían el principio de progresividad de los derechos sociales,
afectaban de forma irrazonable y desproporcionada a sujetos de especial
protección constitucional y que contradecían la Carta Política, pues, en
principio, no se advertía que buscaran cumplir alguna finalidad constitucional.
Las pensiones se concedieron, entonces, aplicando la excepción de
inconstitucionalidad frente a las exigencias de densidad de cotizaciones y de
fidelidad contempladas en el artículo 1º de la reforma.[41]
23. La situación cambió
cuando los referidos requisitos fueron examinados en sede de control abstracto
de constitucionalidad. La Sentencia C-428 de 2009[42] declaró inexequible el
requisito de fidelidad con el sistema, previsto en los numerales 1º y 2º del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003, tras considerar que les imponía una carga
adicional a los cotizantes que no estaba constitucionalmente justificada.[43] En cambio, declaró exequible el
requisito de densidad de aportes, esto es, la exigencia de que el interesado en
la pensión demostrara haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años
anteriores a la fecha en que se estructuró su invalidez.
La Sala Plena consideró que
aumentar de 26 a 50 el número de semanas necesarias para acceder a la pensión
no resultaba regresivo, si se consideraba que el legislador amplió, también, el
término en el cual deberían reunirse esos aportes. El fallo planteó que, en un
mercado laboral en el que tan solo el 39% de las personas afiliadas al sistema
pagaban su cotización en un mes dado, el hecho de ampliar el lapso de
cotización permitía el acceso a la pensión de ciertos grupos poblacionales a
los que el beneficio les estaba vedado.
24. Lo resuelto por la
Sentencia C-428 de 2009 respecto del requisito de fidelidad con el sistema de
pensiones tuvo el efecto de condicionar el reconocimiento de la pensión de
invalidez a la única exigencia prevista inicialmente por la Ley 100 de 1993: la
cotización de cierta cantidad de aportes dentro de un periodo previo al momento
en que el interesado perdió su capacidad laboral.
Así, en los términos del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y de sus parágrafos 1º y 2º, la posibilidad
de acceder a una pensión de invalidez quedó sujeta a que el afiliado demuestre
haber cotizado i) 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la
fecha de estructuración de la invalidez; ii) 26 semanas dentro del año
anterior al hecho causante de la invalidez o a su declaratoria, si es menor 20
años, o iii) 25 semanas en los últimos tres años, si ya aportó el 75% de
las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez.
25. La decisión de
constitucionalidad no detuvo, sin embargo, la interposición de acciones de
tutela por parte de quienes consideraron vulneradas sus expectativas de acceder
a una pensión de invalidez por cuenta de la aplicación exhaustiva del requisito
de densidad de cotizaciones incorporado por la Ley 860. El estudio de esos casos
en sede de revisión dio lugar a múltiples discusiones acerca de la viabilidad
de inaplicar el referido requisito, aun cuando, en sede de control abstracto,
se declaró su constitucionalidad respecto del cargo relativo a la infracción
del principio de progresividad de los derechos sociales.
En principio, varias Salas
de Revisión se opusieron a esa posibilidad, siguiendo la línea de decisión
fijada por la Sentencia T-485 de 2009[44].
El fallo, en efecto, fue el primero en señalar que, tras la decisión de
constitucionalidad, el requisito de densidad de aportes no podía inaplicarse.
La providencia advirtió que los pronunciamientos de tutela debían acompasarse a
la luz de la sentencia de control abstracto, “teniendo en cuenta que la excepción
de inconstitucionalidad pierde eficacia al existir un pronunciamiento que
declare la exequibilidad de un precepto jurídico”.[45]
26. Tal posición, sin
embargo, fue reevaluada en fallos posteriores. Decisiones más recientes han
admitido que el examen que la Sentencia C-428 de 2009 hizo del requisito de
densidad de cotizaciones en sede de control abstracto no impide inaplicarlo
cuando se verifique que resulta inconstitucional, respecto de determinado caso
concreto, por razones distintas a las valoradas en aquella ocasión por la Sala
Plena.[46]
En el marco del debate
planteado en el asunto que ahora se revisa, la Sala se referirá,
específicamente, a las providencias que han inaplicado el requisito de semanas
cotizadas al valorar casos límite, es decir, asuntos en los que el afiliado no
reunió las 50 semanas de aportes dentro de los tres años anteriores a la fecha
en que se estructuró su invalidez, pero estuvo muy próximo a satisfacer tal
requisito.
Jurisprudencia
constitucional sobre la posibilidad de flexibilizar, en aplicación de los
principios de equidad, solidaridad y proporcionalidad, el examen del requisito
de densidad de cotizaciones cuando el afiliado está muy próximo a cumplirlo.
27. Una primera referencia
a la discusión sobre la posibilidad de flexibilizar la verificación del
cumplimiento del requisito de semanas cotizadas en aquellos casos límite en los
que el afiliado estuvo a punto de satisfacerlo puede encontrarse en la
Sentencia T-138 de 2012[47].
La providencia estudió el caso de una mujer, paciente de VIH/SIDA, que solicitó
la pensión de invalidez tras haber perdido el 61% de su capacidad laboral. Su
fondo de pensiones, sin embargo, se negó a reconocerle la prestación porque no
había cotizado las 50 semanas exigidas por la Ley 860 de 2003. La mujer había
cotizado 87 semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, 49 de
ellas dentro de los tres años previos a la fecha de estructuración de su
invalidez.
Aunque la accionante
fundamentó su pretensión de reconocimiento pensional en que perdió su capacidad
laboral en una fecha anterior a aquella que se fijó como de estructuración de
su invalidez, la sentencia no valoró tal circunstancia. En lugar de ello, se
propuso indagar sobre la posibilidad “de que a una ciudadana en condiciones
particulares de debilidad se le pueda reconocer la pensión de invalidez
faltándole una semana de cotización para completar las mínimas exigidas por la
respectiva legislación”.
El fallo sostuvo que esto
era posible, considerando que el requisito de densidad de cotizaciones busca
que exista una proporcionalidad económica entre lo que la persona aporta al
sistema y la prestación que obtiene por cuenta de las cotizaciones realizadas.
Además, calificó como extremadamente difícil sostener que bajo condiciones
especiales, como las de la accionante, “el propósito del legislador,
consistente en lograr un equilibrio financiero entre los aportes que recibe de
un ciudadano y la posibilidad de otorgarle el derecho a recibir una prestación
a cargo de los activos del mismo sistema, se cumple cuando la tasación de dichos
aportes equivale a 50 semanas, pero no se cumple cuando equivale a 49 semanas”.
Por último, recordó que la jurisprudencia constitucional ha encontrado
razones suficientes para hacer una interpretación pro homine de los
requisitos de acceso a la pensión de invalidez de los pacientes de VIH.
Así, la providencia amparó
los derechos fundamentales de la actora y ordenó reconocerle la pensión que
reclamaba, precisando, no obstante, que “el propósito económico de la
regulación que obliga a cotizar las 50 semanas se sostiene sobre la idea de que
si falta una sola semana por cotizar, esta situación se configura, junto con
las demás consideraciones (la situación de vulnerabilidad de la accionante) en
el incumplimiento mínimo que no altera el cometido económico de la norma. Cosa
que no sucede si el incumplimiento implica dos o tres o más semanas no
cotizadas”. Estos últimos casos, sostuvo, exigían realizar un análisis “completamente
distinto” al allí propuesto.
28. Esta última precisión
suscitó una aclaración de voto por parte de la magistrada María Victoria Calle,
quien criticó que el fallo hubiera pretendido limitar la posibilidad de
flexibilizar el examen del requisito de densidad de cotizaciones a los
afiliados que alcanzaron a acumular 49 semanas de aportes dentro de los tres
años previos a la fecha en que se estructuró su invalidez. Tal situación,
señaló, es tan solo una de aquellas en las que el incumplimiento de la cantidad
de cotizaciones exigidas por la Ley 860 de 2003 genera una tensión entre las
garantías iusfundamentales de las personas con discapacidad y la eficiencia
económica del Sistema General de Pensiones.
La magistrada planteó que
todos aquellos casos en los que quien solicita la pensión de invalidez está
“demasiado cerca” de cumplir ese requisito y enfrenta unas circunstancias
particulares de vulnerabilidad deberían analizarse con cierta flexibilidad, en
aplicación directa de los principios de dignidad humana, solidaridad y equidad.
En su criterio, esos “casos extremos” deben estudiarse considerando: i) la
cantidad de aportes que la persona realizó al sistema durante toda su vida
laboral; ii) la necesidad de ponderar los principios constitucionales en
conflicto y iii) que la fecha de estructuración contemplada en un dictamen de
calificación de la invalidez puede ser revisada por el juez, cuando se haya
producido por cuenta de una enfermedad crónica, congénita o degenerativa o
existan controversias derivadas del enfoque social de la discapacidad.[48]
29. El debate  sobre la
viabilidad de inaplicar el requisito de semanas cotizadas para posibilitar el
acceso a la pensión de invalidez de una persona que estuvo a punto de
satisfacerlo volvió a darse un año después, cuando la Sala Cuarta de Revisión
estudió el caso de un hombre de 31 años, padre de tres menores de edad, que fue
calificado con una pérdida del 72.25% de su capacidad laboral tras sufrir
varias heridas con arma de fuego. Pese a eso, y a que había realizado aportes
al sistema de forma interrumpida entre 2004 y 2012, su administradora de
pensiones le negó el derecho a la pensión de invalidez, sobre el supuesto de
que solo había realizado 20 semanas de aportes en el periodo exigido por la Ley
860.
La Sentencia T-670 de 2013[49] verificó que el accionante
había acumulado 20.42 semanas de aportes dentro de los tres anteriores a la
fecha en que sufrió el accidente, 13.28 semanas dentro de los tres años previos
a la fecha en la que fue calificado y 43.14 semanas dentro de los tres años
inmediatamente anteriores a la fecha en que dejó de cotizar al sistema. Ante
tales circunstancias, resolvió que el requisito había sido incumplido y denegó
la protección constitucional solicitada.
29.1. La decisión, sin
embargo, tuvo un salvamento de voto del magistrado Jorge Iván Palacio, quien
llamó la atención sobre la importancia de que las discusiones propias del campo
de la seguridad social, en particular, cuando tienen que ver con derechos
pensionales, valoren los principios constitucionales y los derechos fundamentales
involucrados.
El salvamento de voto
replicó los argumentos formulados en la aclaración que la magistrada Calle
presentó a la Sentencia T-138 de 2012 y, siguiendo lo allí dispuesto, apoyó la
viabilidad de que los casos límite de quienes “casi” acreditan los requisitos
para acceder a una pensión de invalidez pero no satisfacen el monto de semanas
exigidas en la Ley 860 de 2003 se resuelvan a partir de un juicio de ponderación que
conduzca a aplicar directamente los principios constitucionales de solidaridad,
dignidad y vigencia de un orden justo.
29.2. El magistrado planteó que, en aras de estudiar esos casos
límite a la luz de los principios de eficiencia económica y sostenibilidad del
sistema asegurador y del principio de solidaridad, el juez debía establecer el
número de semanas que le hacían falta al afiliado para cumplir con el monto
mínimo de cotización y el total de semanas que cotizó durante toda su vida
laboral. Para valorar la manera en que la negativa del reconocimiento pensional
afectaría sus derechos a la vida digna, a la seguridad social y al mínimo
vital, habría que considerar el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral,
su edad, si tenía personas a cargo y su condición socio económica.
El accionante, señaló finalmente,
habría podido acceder a la pensión de invalidez bajo esos criterios, pues solo
le hacían falta siete semanas para cumplir con el requisito de densidad de
aportes, cotizó 114,86 semanas durante toda su vida laboral (más del doble
exigido legalmente) y se encontraba en una condición de debilidad manifiesta.[50]
30. La Sentencia T-915 de 2014[51]
fue la tercera que se refirió a la posibilidad de reconocer el derecho a la
pensión de invalidez de una persona que no satisfizo plenamente el requisito de
densidad de aportes exigido en la Ley 860 de 2003.
El fallo estudió la solicitud de
amparo que formuló una mujer de 58 años, diagnosticada con varias patologías (síndrome de Perry, Parkinson secundario no
especificado, hipotiroidismo, hipertensión esencial primaria y desnutrición)
por cuenta de las cuales perdió su capacidad laboral en un 79.03%. Su
administradora de pensiones se negó a reconocerle la pensión de invalidez,
porque no había acumulado el mínimo de cotizaciones requeridas para el efecto,
dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración.
La Sala Octava de Revisión estudió el
caso a la luz de las consideraciones efectuadas en la aclaración de voto que la
magistrada María Victoria Calle formuló a la Sentencia T-138 de 2012 y en el
salvamento de voto del magistrado Jorge Iván Palacio a la sentencia T-670 de
2013 y dio cuenta, entonces, de la necesidad de “aclarar la situación
jurídica particular de las personas que, estando muy cerca de adquirir el
derecho a la pensión de invalidez, no satisfacen a cabalidad los requisitos
legalmente establecidos al respecto, pero se encuentran muy próximos a
cumplirlos”. En concreto, se propuso evaluar si la situación de
desprotección en que se verían inmersas estas personas a raíz de la
verificación mecánica de la exigencia legal resultaba irrazonable y
desproporcionada.
La providencia indicó que ese
interrogante no podía resolverse a partir de una fórmula general y abstracta.
Por el contrario, era el funcionario judicial quien, en cada caso concreto,
debía examinar las condiciones particulares del peticionario y realizar un
juicio de ponderación entre la forma en que se afectarían sus derechos
fundamentales si el requisito de densidad de aportes se valorara de forma
mecánica y los costos que tendría para el sistema de pensiones inaplicarlo.
En ese contexto, concluyó que el juez constitucional puede dar por
cumplido el requisito de densidad de aportes aunque no se encuentre plenamente
satisfecho, si en el marco del juicio de ponderación mencionado encuentra que
tal flexibilización es posible, en aras de la efectiva garantía y protección de
los intereses por los que propende la Carta Política.
El caso concreto fue resuelto a partir de esos parámetros. La
sentencia comprobó que la accionante acumulaba 49,71 semanas durante los tres
años previos a la fecha en que se estructuró su invalidez, si se tenían en
cuenta las 4,29 semanas que figuraban en su historia laboral como “en deuda por
no pago del subsidio por el Estado”. El hecho de que a la actora solo le
hubieran faltado 0,29 semanas de aportes (lo equivalente a dos días de
cotizaciones) para satisfacer plenamente el requisito de acceso a la pensión,
el alto porcentaje de pérdida de su capacidad laboral y sus condiciones
familiares justificaban que se diera por satisfecho el requisito de densidad de
aportes y que se reconociera la pensión solicitada.
31. La Sentencia T-235 de 2015[52] reconoció la pensión de invalidez
solicitada por una mujer de 33 años que había perdido el 67.47% de su capacidad
laboral, sobre los mismos supuestos. Esta vez, la administradora del fondo de
pensiones había negado el reconocimiento de la prestación porque la accionante
solo había cotizado 48 semanas al sistema antes de la fecha de estructuración
fijada en el dictamen de calificación.
La Sala Octava de Revisión reafirmó la necesidad de construir una
teoría constitucional para evaluar los casos límite en los que una persona que
no alcanzó a cotizar las semanas necesarias para acceder a una pensión de
invalidez realizó, sin embargo, una cantidad de aportes que permitía dar por
cumplido el requisito en cumplimiento de los mandatos constitucionales de
equidad, solidaridad y proporcionalidad.
Con ese fin, reiteró que tales controversias debían resolverse
aplicando un juicio de ponderación que permitiera establecer si exigir la plena
satisfacción del requisito vulneraba principios constitucionales y derechos
fundamentales de quien reclamaba la prestación. El fallo concluyó que esos
casos difíciles en los que el afiliado “casi” cumple el requisito de densidad
de cotizaciones, deberían resolverse considerando lo siguiente:
-El artículo 1º de la Ley 860 de 2003 fue declarado exequible por
la Sentencia C-428 de 2009, únicamente, por el cargo relativo a la infracción
del principio de progresividad. Por consiguiente, puede ser inaplicado, por
razones distintas, cuando se verifique que vulnera normas constitucionales en
un caso concreto.
-Los jueces, las autoridades administrativas y los particulares
que ejerzan funciones públicas son competentes para aplicar la excepción de
inconstitucionalidad en esos casos, ya sea de forma oficiosa o a petición de
parte.
-La inaplicación del requisito densidad de aportes, en ejercicio
de la excepción de inconstitucionalidad, exige realizar un juicio de
ponderación entre i) la especial protección a las personas con
discapacidad, la solidaridad, la equidad y los derechos fundamentales a la
seguridad social en pensiones y al mínimo vital y ii) la eficiencia
económica del sistema, el principio democrático que da un lugar preponderante
al legislador en la configuración del derecho a la pensión y el principio de
igualdad formal, que se ve restringido siempre que el juez crea una excepción
para un caso concreto.[53]
-El juicio de ponderación implica que la necesidad de aplicar el
requisito normativo de densidad de aportes resulte más intensa entre menos
semanas haya cotizado el afiliado. En cambio, a mayor cercanía de las 50
semanas, ocurrirá una interferencia intensa en los derechos del afiliado que
hará desproporcionado negarle la pensión. Tal situación aumenta la carga
argumentativa del operador jurídico en uno y otro sentido.[54]
32. Las decisiones que acaban de sintetizarse dan cuenta de una
reciente preocupación por las consecuencias que la aplicación textual del
requisito de semanas cotizadas de la Ley 860 de 2003 puede traer a quienes,
pese a haber realizado un esfuerzo económico significativo, no lograron
acumular la cantidad de aportes necesarios para acceder a la pensión de
invalidez dentro del periodo exigido por el legislador porque la fecha en que
perdieron su capacidad laboral no fue calculada adecuadamente, porque el evento
que mermó su capacidad laboral se presentó de forma imprevista, por las
dificultades que comporta acceder a un empleo formal en Colombia o por razones
asociadas a la falta de diligencia de las administradoras de pensiones en el
cobro de sus aportes.
Las providencias reseñadas coincidieron en advertir el impacto
desproporcionado que supeditar el reconocimiento de la pensión de invalidez a
un examen mecánico del requisito de cotizaciones puede tener para esas
personas, dada  la situación de vulnerabilidad que supone el que, tras haber
perdido su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 50%, se vean
desprovistas de una alternativa económica para procurarse un ingreso digno.
Es esa convicción, respaldada en la amplia línea jurisprudencial
que ha destacado el papel que cumple la pensión de invalidez en la satisfacción
de las necesidades básicas de quienes
sufren una pérdida considerable de su capacidad laboral, la que justifica
flexibilizar el examen del requisito de densidad de cotizaciones cuando se
demuestre que su aplicación resulta desproporcionada, en tanto vulnera los
principios constitucionales de solidaridad y equidad y los derechos
fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y a la seguridad social en
un caso concreto.
33. Los múltiples
pronunciamientos que la Corte ha realizado en ese sentido y sus constantes
reflexiones sobre el rol de los funcionarios judiciales en la adopción de
decisiones que propendan por la justicia material y concreten los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad
intrínsecos a la garantía del derecho fundamental a la seguridad social
respaldan el criterio de decisión fijado en las Sentencias T-915 de 2014 y
T-235 de 2015 con respecto a la posibilidad de inaplicar por inconstitucional
el requisito de cotizaciones de la Ley 860 de 2003, cuando se verifique que
afecta desproporcionadamente los derechos de un sujeto de especial protección
constitucional que hizo un esfuerzo significativo para acceder a su pensión de
invalidez.
No
ocurre lo mismo con respecto a la idea de que la posibilidad de aplicar esa
excepción de inconstitucionalidad deba depender de un juicio de ponderación
entre la eficiencia económica del Sistema de Seguridad Social y los principios
constitucionales que fundamentan la especial protección de las personas
con discapacidad. Frente a ese punto, la Sala Novena de Revisión reitera la
posición que sobre el particular fijó la Sentencia T-832A de 2013[55]: el
criterio de sostenibilidad no se aplica en la decisión de juicios concretos,
como los contenciosos desarrollados en la jurisdicción ordinario o en el
escenario de revisión de tutela, porque carece de jerarquía normativa
suficiente para ser confrontado con los principios constitucionales
fundamentales.[56]
La pensión de invalidez para persona joven. Titularidad y requisitos
para su reconocimiento.
34. Como se advirtió previamente, la primera normativa que
contempló una hipótesis específica de acceso a la pensión de invalidez para la
población joven del país fue la Ley 797 de 2003. El parágrafo de su artículo 11
dispuso que los menores de 20 años de edad podrían obtener la prestación
acreditando la cotización de 26 semanas de aportes en el último año
inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o de su declaratoria.
La disposición, ya se dijo, fue declarada inexequible por vicios
de procedimiento, pero la Ley 860 de 2003 la incorporó nuevamente, de forma
íntegra, en el primer parágrafo de su artículo 1º. Eso significó que los
menores de 20 años de edad pudieran acceder a una pensión de invalidez en
condiciones distintas a las contempladas como regla general por el mismo
régimen pensional. Quienes estuvieran dentro de dicho rango de edad no
obtendrían la pensión con 50 semanas de cotizaciones dentro de los tres años
previos a la fecha en que se estructuró su invalidez, sino acumulando, dentro
del año inmediatamente anterior a esa fecha o a la declaración de invalidez, 26
semanas de aportes.
35. Esta corporación ha examinado el contenido del primer
parágrafo del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 en varias ocasiones. Sin
embargo, las decisiones que se han adoptado al respecto han estudiado,
solamente, la delimitación de la edad de los titulares de la prestación.
En concreto, la Corte ha valorado la razonabilidad y
proporcionalidad de que solo los menores de 20 años puedan obtener la pensión
en las condiciones especiales contempladas por el parágrafo. A esas condiciones
especiales, en cambio, solo se ha referido tangencialmente. En lo que sigue, la
Sala realizará una síntesis de las decisiones que se han referido el tema.
El deber de examinar, en cada caso concreto, el límite de edad
para acceder a la pensión de invalidez para persona joven, en los términos del
primer parágrafo del artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
36. La primera providencia que discutió el límite de edad al que
la Ley 860 de 2003 supeditó el reconocimiento de la pensión de invalidez para
persona joven fue la Sentencia T-777 de 2009[57]. La providencia estudió el caso de
Nidia Johana Suárez, una joven de 23 años de edad que perdió el 76.45% de su
capacidad laboral tras ser víctima de un accidente de tránsito.
Nidia había acumulado 34 semanas de aportes al sistema de
pensiones dentro del año previo a la fecha en que se declaró su invalidez. Sin
embargo, la prestación no le fue reconocida, sobre el supuesto de que no había
reunido 50 semanas de aportes dentro de los tres años anteriores a la
estructuración o declaratoria de su estado de invalidez, como lo exigía el
artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Como tampoco era menor de 20 años, su fondo
de pensiones descartó que pudiera acceder a la prestación en las condiciones
contempladas en el primer parágrafo del citado artículo.
La Sentencia T-777 de 2009 advirtió que el asunto objeto de
revisión debía analizarse a la luz de las particulares condiciones de
existencia de la accionante, una mujer joven que, tras la muerte de su padre,
se convirtió en la única fuente de ingresos de su grupo familiar, integrado por
su madre y sus dos hermanos menores de edad. Esas circunstancias, y el hecho de
que el accidente que sufrió le hubiera ocasionado la pérdida de su capacidad
laboral, impidiéndole obtener los recursos que destinaba a satisfacer sus
necesidades y las de su familia, exigían que su pretensión de reconocimiento
pensional se valorara de conformidad con los principios constitucionales que
vinculan al Estado con la protección de quienes, como ella, enfrentan
circunstancias de debilidad manifiesta.[58]
La providencia indagó, entonces, por las razones que condujeron a
que la pensión de invalidez para persona joven se consagrara a favor de los
jóvenes menores de 20 años y no de los menores de 25, como lo habían hecho
otras normas relativas a asuntos pensionales[59]. Sin embargo, encontró que la
elección de ese límite de edad no se motivó debidamente. La ausencia de una “motivación clara y expresa por
parte del legislador, tanto en la Ley 797 de 2003 (Artículo 11) como en la Ley
860 de ese mismo año (artículo 1°)”, sobre porqué se excluyó a los jóvenes menores de 25
años de ese tratamiento especial justificaba, a juicio de la Sala de Revisión,
que el beneficio se extendiera a quienes quedaron en situación de invalidez
cuando apenas estaban iniciando su vida laboral, como le ocurrió a la
peticionaria.
El
fallo explicó que la decisión de flexibilizar las condiciones en las que la
población joven puede acceder a una pensión de invalidez parte de reconocer que
los jóvenes apenas están iniciando su vida laboral y que, en consecuencia, no
suelen contar con la cantidad de aportes que se les exigen a las personas
mayores, con experiencia, para obtener la misma prestación. Tal circunstancia,
precisó, puede predicarse igualmente de quienes siendo menores de 20 años
comienzan a trabajar tras terminar de cursar su educación básica, por carecer
de recursos para ingresar a la universidad o porque necesitan trabajar para
pagar sus estudios superiores, que de quienes ingresan al mercado laboral años
más tarde, tras haberse dedicado exclusivamente a sus estudios universitarios.
Denegarle
el acceso a la pensión de invalidez a alguien que apenas inicia su vida laboral
por el solo hecho de ser mayor de 20 años resulta, por eso, contrario a los
mandatos superiores de igualdad real, justicia material y solidaridad y a los
principios y derechos constitucionales fundamentales que protegen especialmente
a los jóvenes y a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad física y
mental.
Dado
que, en ese sentido, el límite de edad contemplado por el parágrafo 1° del
artículo 1° de la Ley 860 de 2003 reflejaba un déficit de protección del
segmento de la población joven que es mayor de 20 años en lo que tiene que ver
con sus posibilidades de obtener una pensión de invalidez, el fallo lo inaplicó
por inconstitucional y concedió la prestación pretendida, protegiendo, así, los
derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria. La
providencia resaltó que, frente a casos similares, el referido requisito de
edad no podría aplicarse en su sentido literal, sino dándole una interpretación
conforme con los valores y principios de la Carta Política.
37.
El criterio de decisión aplicado por la Sentencia T-777 de 2009 fue, en efecto,
acogido por las distintas salas de revisión que examinaron controversias de la
misma naturaleza.
La
Sentencia T-930 de 2012[60],
por ejemplo, reconoció la pensión de invalidez de Manuel Alfonso Ramos, quien
perdió el 65.75% de su capacidad laboral cuando tenía 23 años, tras sufrir un
accidente de tránsito que le dejó secuelas de hemiparesia derecha. Su fondo de
pensiones se había negado a concederle la prestación porque solo había
acumulado 31.28 semanas de aportes dentro de los tres años anteriores al día en
que se estructuró su invalidez. La Sala Primera de Revisión, sin embargo,
explicó que la solicitud de reconocimiento pensional no debió estudiarse a la
luz de la hipótesis general de acceso a la pensión de invalidez, contemplada en
el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, sino en el marco del parágrafo de la
misma norma, que contempla la pensión de invalidez para persona joven. Como
Manuel perdió su capacidad laboral cuando tenía 23 años, podía acceder a la
prestación en las condiciones del parágrafo, inaplicando, por inconstitucional,
el requisito de edad allí previsto.
La
Sala procedió, entonces, a verificar si Manuel había acumulado la cantidad de
cotizaciones a las que el parágrafo condiciona el reconocimiento de la pensión:
26 semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se
estructuró la invalidez o a la fecha de su declaratoria. Manuel no había cotizado tal
cantidad de semanas dentro del año previo a la estructuración de su invalidez.
No obstante, como su capacidad laboral se calificó un año después de la fecha en que sufrió el
accidente y, durante tal periodo, continuó cotizando al sistema, logró acumular más de 36
semanas dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se profirió
ese dictamen.
La
sentencia concluyó que era esta última fecha, la de la declaratoria de la
invalidez, la que debía tomarse como referencia para constatar en el caso la
satisfacción de los requisitos de acceso a la pensión. Esto, porque las normas
pensionales deben interpretarse considerando los fines a los que objetivamente
se dirigen.
Así,
si el legislador diseñó una alternativa de acceso a la pensión de invalidez
para quienes apenas inician su vida laboral, la misma debe aplicarse del modo
que resulte más favorable para el trabajador. Tal deber es predicable de las
administradoras de pensiones, a las que corresponde, en aplicación del principio
de favorabilidad, establecer cuál de las opciones normativas resulta más
beneficiosa para el interesado a la hora de resolver su situación pensional,
concluyó la sentencia.
38.
Las sentencias T-1011 de 2012[61]
y T-443 de 2014[62]
llamaron la atención de las administradoras en el mismo sentido. La primera
estudió el caso de Ana Lucía Rengifo, quien, con 23 años de edad, perdió el
50.15% de su capacidad laboral tras sufrir lupus eritematoso sistémico. La
segunda, el de Erik Estrada, un joven de 21 años que sufrió un derrame cerebral
mientras desempeñaba sus actividades laborales. Erik perdió el 67.53% de su
capacidad laboral.
Ambas
solicitudes pensionales se denegaron porque los peticionarios no acumularon 50
semanas de aportes dentro de los tres años previos al momento en que se
estructuró su invalidez, sin considerar que, en tanto perdieron su capacidad
laboral cuando apenas comenzaban a trabajar, podían acceder a una pensión de
invalidez para persona joven, demostrando 26 semanas de cotización antes de la
estructuración de su invalidez o de su declaratoria.[63]
Las
sentencias censuraron que las administradoras de pensiones no hubieran llevado
a cabo la verificación correspondiente, en contravía de la jurisprudencia
constitucional que, al revisar casos similares, había considerado violatorio
del debido proceso y de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad
humana y a la seguridad social resolver las controversias relativas al
reconocimiento de una pensión de invalidez a partir de una lectura formal de
las disposiciones normativas que la regulan. Las providencias insistieron,
nuevamente, en la importancia de valorar las particulares condiciones de
existencia de quienes reclaman tal prestación, sus circunstancias económicas,
sociales y familiares y el hecho de que pertenezcan a grupos
constitucionalmente protegidos.[64]
La Sentencia C-020 de 2015. El régimen especial de pensión de invalidez
para persona joven y las realidades estructurales en las que se aplica.
39.
El régimen especial de pensión de invalidez para persona joven consagrado en el
parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 fue examinado en sede de
control abstracto de constitucionalidad por la Sentencia C-020 de 2015[65]. En esa oportunidad, la Corte
se propuso resolver si el hecho de que el legislador hubiera definido una regla
especial de adquisición de pensiones de invalidez para personas jóvenes,
limitando su aplicación a los menores de 20 años de edad, vulneraba el derecho
a disfrutar sin discriminaciones del servicio de seguridad social de quienes,
siendo mayores de 20 años, podían considerarse razonablemente como jóvenes.
El
cargo de inconstitucionalidad que en ese sentido planteó la demanda se apoyó en
las sentencias de revisión de tutela que se reseñaron en el acápite precedente,
las cuales, como se expuso, establecieron que el régimen exceptivo previsto en
la norma acusada no podía aplicarse solo los menores de veinte años de edad,
sino, en general, a toda la población joven, comprendida también por quienes
tienen entre 14 y 26 años de edad. En criterio de las demandantes, supeditar el
acceso a la pensión de invalidez de los mayores de 20 años a que demostraran 50
semanas de aportes dentro de los tres años previos a la estructuración de su
invalidez, como lo exige el régimen general de acceso a la referida prestación,
vulneraba los artículos 13, 48 y 93 de la Constitución, en concordancia con los
artículos 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
40.
Para resolver lo pertinente, la sentencia se propuso analizar, primero, el
margen de configuración con que contaba el legislador para definir quiénes
integran la población joven, o establecer los rangos dentro de los cuales podía
considerarse, según el contexto, que alguien pertenece al periodo considerado
jurídicamente como juventud.
El
fallo explicó que tal margen de configuración no es absoluto, debido a que las
reglas que se adopten en ese sentido tienen efectos concretos en términos de la
distribución de cargas y beneficios. Ese era, precisamente, el caso de la norma
objeto de estudio, que al supeditar a cierto límite de edad las posibilidades
de acceder a la pensión de invalidez para persona joven, afectaba la
distribución de cargas y beneficios asociados al sistema de seguridad social en
pensiones.
Cualquier
limitación que se adoptara en ese contexto debía ser, por eso, debidamente
motivada. No obstante, como lo había advertido ya la Sentencia T-777 de 2009,
ni la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003 ni la de la Ley 860 de 2003
daban cuenta de las razones que habían conducido a que el régimen especial de
acceso a la pensión de invalidez para personas jóvenes se diseñara, solamente,
a favor de los menores de 20 años.[66]
Verificado en esos términos que el legislador no había justificado ese
tratamiento diferenciado, la Corte procedió a analizar si el mismo resultaba
discriminatorio, en los términos planteados en la demanda.
41.
La Sentencia C-020 de 2015 abordó la discusión sobre el tratamiento
discriminatorio que según la demanda imponía la norma acusada a partir de los
argumentos presentados en las intervenciones ciudadanas que solicitaron
declararla constitucional: las presentadas por Asofondos, Fasecolda y por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La
providencia explicó que las intervenciones planteaban dos argumentos, uno de
índole legal, hipotética y conceptual y otro empírico. El primero aludía al
hecho de que los menores de veinte años tuvieran un horizonte laboral posible
muy corto, en tanto apenas estaban ingresando al mercado del trabajo. Según
Fasecolda y Asofondos, tal horizonte laboral posible era tan solo de dos años,
considerando que, de conformidad con el artículo 29 del Código Sustantivo del
Trabajo, solo tienen capacidad para celebrar un contrato laboral las personas
que hayan cumplido 18 años. El ministerio, por su parte, indicó que la vida
laboral puede comenzar a los 15 años, de conformidad con lo previsto en el
Código de la Infancia y la Adolescencia.  En criterio de los intervinientes,
esa circunstancia justificaba que el parágrafo acusado hubiera contemplado unas
condiciones especiales de acceso a la pensión de invalidez para los menores de
20 años.
La
Corte rechazó ese argumento, básicamente, porque parte de una inferencia
normativa que no corresponde con la situación real del mercado laboral
colombiano. Que el Código Sustantivo del Trabajo considere capaces de trabajar
a los mayores de 18 años no implica que los jóvenes inicien su vida laboral a
esa edad. Tampoco ingresan a trabajar a los 15 años, porque el Código de
Infancia y Adolescencia así lo permita. Por el contrario, indicó el fallo, “hay
una colectividad en expansión que, por transitar en esa edad por una etapa de
formación, no ingresa al mercado laboral en ese instante, ni tampoco a los
dieciocho o los diecinueve años (…)”, sino al concluir su periodo de
formación secundaria, tecnológica o profesional, lo cual puede ocurrir cuando
superan los 20 años de edad.
Dado
que, en ese escenario, el horizonte teórico o hipotético de cotizaciones
pensionales no dependería de la edad del trabajador, sino del momento en el que
ingresó al mercado laboral, la Corte se preguntó, de nuevo, por las razones que
justificarían que la norma acusada se aplicara solamente a los menores de
veinte años. En ese punto, examinó el segundo argumento planteado por quienes
solicitaron declarar exequible la distinción incorporada por la norma acusada.
42. Ese segundo argumento, que la
sentencia denominó “empírico”, y que fue presentado por Asofondos, planteaba
que las personas menores de 20 años no tendrían ninguna posibilidad de obtener
una pensión de invalidez si se les exigía acreditar los requisitos de acceso a
la prestación contemplados en el régimen general del artículo 1º de la Ley 860
de 2003. Los mayores de 20 años, en cambio, tienen una probabilidad cierta y
alta de obtener la pensión en esas condiciones, esto es, demostrando que
acumularon 50 semanas de aportes dentro de los tres años anteriores a la fecha
en que se estructuró su invalidez. Esto justificaría la diferencia de trato
establecida por el legislador.
La Corte evaluó tal tesis, con una
aclaración previa: la información que Asofondos utilizó para fundamentar su
posición no fue formalmente aportada al proceso ni señalaba las fuentes y la
metodología que la respaldaban. Tampoco se sabía con certeza si contenía datos
de todo el régimen de pensiones ni cuál era su marco de referencia temporal.
Además, los datos referidos estaban fragmentados, pues solo contemplaban el
promedio de cotizaciones a pensiones de las personas entre 17 y 26 años.
La Sentencia C-020 de 2015 los
estudió, aun en ese contexto, para esclarecer si en realidad justificaban el
trato diferenciado previsto por el parágrafo acusado. Hechas las precisiones
del caso, resolvió que no. El límite de 20 años al que el legislador condicionó
el acceso a la pensión de invalidez para personas jóvenes no resultaba
razonable a la luz del argumento empírico formulado por los intervinientes,
pues, incluso, algunas de las conclusiones que estos derivaron de las cifras
que presentaron resultaban contraevidentes.[67]
Lo que sí demostraban es que existe
una población que por su edad, o por haber ingresado de forma reciente al
mercado del trabajo, tiene un corto historial de aportes al sistema de
pensiones y que, pese a esto, su posibilidad de obtener una pensión de
invalidez se condicionó, injustificadamente, a que demostraran el mismo rigor
en las cotizaciones que deben acreditar quienes cuentan con un mayor historial
de aportes. Este sector de la población, integrado por las personas mayores de
20 años de edad que pierden su capacidad de trabajar cuando apenas iniciaban su
vida laboral, experimentaba una desprotección en materia de seguridad social que
resultaba discriminatoria. La Corte se propuso, entonces, identificar el
remedio constitucional para superar ese déficit.
43. Tal interrogante la enfrentó con
la tarea de definir si podía, en ejercicio de su labor de control abstracto de
constitucionalidad, establecer el marco temporal de lo que debe entenderse por
juventud para efectos de acceder a la pensión de invalidez en las condiciones
especiales previstas por el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003,
aun cuando la Constitución no prevé un límite de edad acerca de cuándo se es
joven y cuándo se deja de serlo.
La Corporación resolvió ese dilema
valorando la regla que da título a este acápite y que, como se ha visto, ha
sido aplicada de forma consistente por las Salas de Revisión al examinar
controversias relativas al cumplimiento de los requisitos legales de acceso a
la pensión de invalidez, tanto en el régimen general como en el régimen
exceptivo: aquella que exige que la verificación de la satisfacción de esas
exigencias valore el contexto y las circunstancias especiales de la persona que
reclama el reconocimiento de la pensión.
44. La Sentencia C-020 de 2015, en
efecto, comienza por reconocer que “el control constitucional de la
legislación no puede ser indiferente a las realidades estructurales en las
cuales se ejerce”. Esto, en el marco del debate que plantearon las
demandantes, exigía reconocer que el ingreso al mercado del trabajo suele estar
cada vez más vinculado a la acreditación de destrezas, conocimientos y
habilidades que solo se adquieren tras culminar cierto nivel de formación y
capacitación. [68]
Asumir en ese contexto que la
población ingresa al mercado del trabajo cuando la legislación le permite
trabajar, esto es, a los 15 o a los 18 años, equivaldría a desconocer la
realidad de aquellos jóvenes que inician su vida laboral cuando han culminado
su ciclo de formación técnica o profesional. Circunscribir el marco temporal de
lo que debe entenderse por juventud para efectos de acceder a la pensión de
invalidez a cierta edad, en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad, conduciría, del mismo modo, a “petrificar la adaptación
de la Carta a los cambios reales y, en esa medida, sembraría un obstáculo para
la plena efectividad de la Constitución”.
La Corte resolvió, en ese orden de
ideas, que el remedio constitucional al déficit de protección constatado
consistía en dejar en manos de cada autoridad judicial la labor de determinar si
la persona que, en concreto, reclama el reconocimiento de una pensión de
invalidez, podía ser considerada joven, razonablemente, para efectos de acceder
a la prestación en las condiciones contempladas en la disposición acusada.
Esto, en el marco de la jurisprudencia constitucional sobre la materia y de los
instrumentos internacionales ratificados por Colombia que reconocen derechos
sociales y económicos.
Sobre esos supuestos, declaró
exequible el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en el
entendido de que se aplique, en cuanto sea más favorable, a toda
la población joven, definida razonablemente de conformidad con lo señalado en
la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte.[69]
El caso concreto.
45. La discusión que
convoca a la Sala en esta oportunidad tiene que ver, como se expuso
previamente, con la eventual infracción de los derechos fundamentales a la
seguridad social, al mínimo vital y al debido proceso de Jonatan David Chaves
Morales, a quien la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga se negó a
reconocerle una pensión de invalidez porque no cotizó el mínimo de cotizaciones
que requería para el efecto, esto es, 50 semanas dentro de los tres años
anteriores a la fecha en que perdió de forma definitiva y permanente su
capacidad laboral o 26 semanas de aportes dentro del año inmediatamente
anterior a esa fecha, en el caso de la pensión de invalidez para persona joven.
La tutela le atribuye la
infracción iusfundamental a que la autoridad judicial accionada haya resuelto
el debate sobre la pensión de invalidez a partir de un examen mecánico del
requisito de densidad de cotizaciones previsto en el artículo 1º de la Ley 860
de 2003. En criterio del accionante, la decisión del Tribunal trasgredió los
postulados constitucionales que exigen que los jueces resuelvan las
controversias sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez, considerando
las circunstancias particulares de quien solicita el beneficio.
En ese orden de ideas, la
Sala se propuso determinar si la sentencia del 19 de julio de 2013, mediante la
cual el Tribunal Superior de Buga negó que Jonatan tuviera derecho a la pensión
de invalidez, incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable,
que hiciera materialmente procedente la acción de tutela.
Antes de resolver esa
cuestión, deberá verificar si la solicitud de amparo satisface los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales o si es
formalmente improcedente, como lo decidieron los jueces constitucionales de
instancia.
La procedibilidad formal
de la acción de tutela.
46. Los jueces de instancia
–las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia- denegaron la
protección reclamada por el peticionario con argumentos relativos a que la solicitud
de amparo no cumplía el requisito de subsidiariedad exigible a las tutelas que
se promueven contra una providencia judicial.
La Sala Laboral consideró
que el debate planteado debía dirimirse en el marco de un incidente de
desacato, porque lo que se reprochaba al fallo era que no hubiera acatado las
órdenes que le había impartido esa misma corporación, en otro fallo de tutela.
Aunque la Sala Penal avaló lo resuelto frente a ese punto, advirtió, también,
que la tutela había planteado un debate adicional, relativo a que el tribunal
hubiera realizado una valoración mecánica del cumplimiento de los requisitos de
acceso a la pensión de invalidez, lo cual resultaba desproporcionado, dada la
situación de vulnerabilidad en que se encontraba Jonatan. Pese a eso, decidió
que la tutela tampoco podía prosperar en ese sentido, porque la decisión
adoptada por el Tribunal no se mostraba arbitraria.
Como se recordará, la
sentencia que ahora se cuestiona –del 19 de julio de 2013- fue adoptada por el
Tribunal Superior de Buga en reemplazo de otra –del 20 de mayo de ese mismo
año- que la Sala Laboral de la Corte Suprema dejó sin efectos tras constatar
que había incurrido en una irregularidad probatoria. La Corte verificó que el
fallo del 20 de mayo descartó que Jonatan tuviera derecho a la pensión de
invalidez sin comprobar, debidamente, cuántas semanas de aportes había
acumulado dentro de los tres años anteriores al 23 de mayo de 2009, cuando
perdió su capacidad laboral de forma definitiva y permanente. Por esa razón, le
ordenó proferir una nueva sentencia que diera cuenta de los aportes efectuados.
El tribunal, en efecto,
dictó una nueva sentencia el 19 de julio de 2013, que contabilizó de forma
pormenorizada las cotizaciones, pero mantuvo la decisión inicial de denegar el
reconocimiento pensional. Es a esa última providencia a la que el accionante le
atribuye la infracción de sus derechos fundamentales.
47. Precisado esto, la Sala
debe aclarar que comparte la perspectiva planteada en el fallo constitucional
de segunda instancia –el de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia- en
relación con que la tutela objeto de estudio cuestiona la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Buga el 19 de julio de 2013 por dos motivos
distintos: porque no cumplió con lo que ordenó la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia en el fallo de tutela de junio 26 de 2013 y porque denegó
la pensión ante el incumplimiento del requisito de cotizaciones, sin valorar
las circunstancias de vulnerabilidad que enfrenta Jonatan debido a las
limitaciones físicas que padece y a la imposibilidad de acceder a un empleo que
le permita procurarse algún tipo de ingreso.
La primera censura podría
discutirse, si se considera que el fallo de tutela que profirió la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia el 26 de junio de 2013 y que dejó sin efectos
la sentencia del Tribunal Superior de Buga, le ordenó dictar decisión de
remplazo teniendo en cuenta lo indicado en la parte motiva de esa providencia.
La sentencia, en su parte
motiva, advirtió que el tribunal “no contabilizó las cotizaciones de manera
correcta, pues solo hizo un pronunciamiento insular a la prueba, sin
discriminar los reportes que allí se encontraban” y concluyó que tal
defecto en la valoración probatoria afectó el debido proceso y otras garantías
del peticionario, dado su evidente estado de indefensión. Además, destacó la
especial responsabilidad que tienen los jueces frente a la solución de
controversias que, como las pensionales, impactan en las garantías
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. En el marco de
esas afirmaciones, el alcance de la orden impartida por el juez de tutela y su
cumplimiento por parte del Tribunal Superior de Buga podrían ser objeto de
múltiples interpretaciones.[70]
Tal debate, sin embargo,
debió darse en el escenario natural para ello, esto es, en el marco de un
incidente de cumplimiento o de un incidente de desacato del fallo de tutela,
por ser estos los mecanismos que, en principio, resultan idóneos y eficaces
para perseguir la afectiva satisfacción de las órdenes impartidas en sentencias
de esa naturaleza. La tutela, entonces, es improcedente frente a este punto,
como lo decidieron las autoridades de instancia.
48. Quedaría entonces por
dilucidar la procedibilidad formal de la solicitud de amparo frente al segundo
cargo, este es, el relativo a que la decisión sobre la pensión de invalidez se
haya adoptado, solamente, en consideración al incumplimiento del requisito de
semanas de cotización, sin agotar un juicio de ponderación que permitiera
determinar si era posible flexibilizar las condiciones de acceso a la
prestación referida.
En lo que sigue, la Sala
realizará el análisis pertinente, teniendo en cuenta que, en línea con lo
referido en el fundamento jurídico 12 de esta decisión, las tutelas que
cuestionan una providencia judicial son formalmente procedentes cuando tienen
relevancia constitucional; cumplen los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez; demuestran, si plantean un cargo relativo a la estructuración de
una irregularidad procesal, que la misma fue alegada en la oportunidad
pertinente; identifican debidamente las circunstancias trasgresoras de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados y no se dirigen contra un fallo
de tutela.
El
asunto bajo examen es constitucionalmente relevante
49.
En relación con el primer requisito, la Sala observa que la solicitud de amparo
aspira a que se establezca si la solución de las controversias judiciales
relativas al reconocimiento de una pensión de invalidez puede depender,
solamente, de un análisis mecánico de los requisitos legales de acceso a la
prestación o si, por el contrario, exige considerar las condiciones de
existencia de la persona que la solicita.
En
esos términos, el debate propuesto exige indagar sobre los deberes que incumben
a los jueces ordinarios de cara a la adopción de decisiones que inciden en la
materialización de los derechos fundamentales de sujetos vulnerables y sobre
las posibles restricciones que tal exigencia podría suponer para su autonomía.
Se trata, en suma, de una discusión relativa a los fines de la actividad
judicial en el marco de los postulados que inspiran el Estado Social de
Derecho, asunto que ostenta la mayor relevancia constitucional y, por lo tanto,
debe ser examinado en esta sede.
La
tutela satisface el requisito de subsidiariedad
50.
La procedibilidad formal de las tutelas que censuran una decisión judicial
depende, además, de que el accionante haya agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios a su alcance, esto es, de que haya acudido a la acción de
tutela como mecanismo subsidiario de defensa, y no como si se tratara de una
instancia adicional o alternativa a la que diseñó el legislador para la
protección de sus derechos.
En
ese contexto, y siendo la providencia cuestionada una sentencia proferida en el
trámite de segunda instancia de un proceso ordinario, habría que verificar si
el hecho de que Jonatan tuviera la posibilidad de formular sus objeciones a
través de un recurso extraordinario de casación hacía su solicitud
improcedente.
La
Sala estima que no es así, fundamentalmente, porque el solo hecho de disponer
de un mecanismo judicial o de un recurso extraordinario, como el de casación,
para impugnar la decisión denegatoria de la pensión de invalidez no significa
que tal escenario resulte idóneo y efectivo para amparar los derechos
comprometidos en este caso.
Esta
corporación, por el contrario, ha advertido reiteradamente que la existencia de
otros mecanismos judiciales no configura, en abstracto, el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad de una acción de tutela, ni siquiera cuando a
través de ella se cuestiona una providencia judicial, como en este caso. Ante
un debate de esa naturaleza, la tarea del juez constitucional consiste en
valorar la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial disponible en el marco
de las condiciones de existencia del peticionario y de sus pretensiones.
Probado,
como está, que Jonatan es un joven de 26 años que perdió su capacidad laboral
en un 88.05%, que se encuentra en una difícil situación económica y que, en ese
contexto, el reconocimiento de la pensión que persigue en este escenario
representa su única alternativa de obtener un ingreso que le permita satisfacer
sus necesidades básicas y sufragar los medicamentos e insumos que requiere dada
su difícil condición de salud, exigirle el agotamiento del recurso de casación
resulta desproporcionado. La Sala entiende, entonces, que el requisito de
subsidiariedad se encuentra satisfecho y que, por lo tanto, respecto a ese
punto, la acción de tutela es procedente.
La
tutela satisface el requisito de inmediatez
51.
Como tercera medida, corresponde a la Sala verificar si la tutela cumplió el
requisito de inmediatez, esto es, si bajo criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, se interpuso de manera oportuna. Con ese objeto, se debe
considerar que la decisión cuestionada fue proferida por el Tribunal Superior
de Buga el 19 de julio de 2013 y que la tutela que la objeta fue promovida el
15 de octubre de 2014.
En
esos términos, parecería que la solicitud de amparo se formuló un año y dos
meses después del momento en que la autoridad judicial accionada denegó que el
accionante tuviera derecho a la pensión de invalidez. No obstante, la Sala no
puede pasar por alto que Protección S.A. solo dejó de consignarle a Jonatan la
prestación en julio de 2014 ni que fue tal circunstancia –la suspensión
efectiva del pago de la pensión- la que lo sumió en el estado de desprotección
que lo motivó a promover la tutela contra la decisión judicial que le denegó
ese derecho.
Tampoco
puede perderse de vista que la acción constitucional se promovió, también,
contra la administradora del fondo de pensiones, debido a la forma en que la
ausencia de esos recursos vulnera el mínimo vital del peticionario.
Desde
esa perspectiva, la Sala encuentra razonable que la tutela se haya interpuesto
en octubre de 2014, esto es, tres meses después de la fecha en que Jonatan se
vio desprovisto de los recursos que destinaba a asegurar su subsistencia. En
ese orden de ideas, el requisito de inmediatez resulta, también, debidamente
acreditado.
Los
hechos que habrían configurado la infracción constitucional fueron debidamente
identificados y se discutieron en el proceso ordinario
52.
La tutela identificó plenamente los hechos que generaron la eventual infracción
constitucional. Estos, además, fueron discutidos en el proceso ordinario. De
ello da cuenta el hecho de que la decisión de primera instancia, que había
reconocido la pensión de invalidez, hubiera sido apelada por Protección S.A.
sobre el supuesto de que Jonatan no había cumplido con “un requisito legal
objetivo, previsto en la normatividad vigente”.
La
administradora impugnó el fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Palmira porque Jonatan “cumple con el porcentaje de pérdida de la capacidad
laboral, [pero] no cumple con el de las cincuenta (50) semanas cotizadas,
necesarias si se tiene en cuenta que para la fecha de la estructuración contaba
con más de 20 años”.[71]
El Tribunal accionado revocó el fallo de primer grado sobre ese supuesto, y
considerando que Jonatan tampoco cumplió con el requisito de cotizaciones
exigido en el primer parágrafo del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para
acceder a la pensión de invalidez como persona joven.
La
tutela no cuestiona una irregularidad procesal ni se dirige contra un fallo de
tutela.
53.
Finalmente, la Sala observa que la irregularidad que denuncia la tutela no es
de índole procesal, pues plantea la posible estructuración de un defecto
sustantivo por interpretación irrazonable. Tampoco se dirige contra otra
sentencia de tutela, sino contra un fallo de la jurisdicción ordinaria. Así las
cosas, examinará, a continuación, la procedibilidad material de la solicitud de
amparo.
La
procedibilidad material de la acción de tutela
54. En este punto, corresponde a la Sala determinar si la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga vulneró los derechos al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante, Jonatan David
Chaves Morales, al proferir la Sentencia del 19 de julio de 2013, que revocó el
fallo adoptado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira en
primera instancia y, en su lugar, negó la pensión de invalidez solicitada.
En concreto, la Sala debe establecer si la referida
decisión incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable, al
negar el reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada por el accionante
a partir de un examen mecánico y formal del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y
de su parágrafo.
55. Para resolver lo pertinente, es
preciso remitirse, primero, a las consideraciones expuestas en la sentencia
censurada, adoptada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 19 de
julio de 2013, en cumplimiento de una orden de tutela impartida por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Como se recordará, el fallo de tutela
había dejado sin efectos la providencia que la accionada había proferido el 20
de mayo de 2013 –denegando el reconocimiento de la pensión de invalidez- porque
“no contabilizó las cotizaciones de
manera correcta, pues solo hizo un pronunciamiento insular a la prueba, sin
discriminar los reportes que allí se encontraban”[72].
La
nueva sentencia incluyó una relación pormenorizada de las cotizaciones que
Jonatan David efectuó durante toda su vida laboral. A la luz de las pruebas
allegadas al expediente, el fallo discriminó los aportes de la siguiente manera[73]:
Periodo
aporte
Días
aportados
Agosto
2007
9
Agosto
2007
8
Septiembre
2007
30
Octubre
2007
30
Noviembre
2007
30
Diciembre
2007
30
Febrero
2008
29
Marzo
2008
5
Abril
2008
30
Mayo
2008
30
Junio
2008
30
Agosto
2008
30
Septiembre
2008
16
Total
días
336.99
Total
semanas
48.14
Semanas
entre mayo 23 de 2008 y mayo 23 de 2009
16.14
56.
En ese contexto, la providencia consideró probadas dos situaciones fácticas:
que el demandante tenía una pérdida de la capacidad laboral del 88.5%, de
origen común, estructurada el 23 de mayo de 2009, y que había reunido 48.14
semanas de cotizaciones en los tres años anteriores a esa fecha,
correspondiendo solo 16.14 de ellas al último de esos años. Dicho esto, abordó
el estudio de fondo de la demanda. En ese punto, expuso lo siguiente:
-Es la
normativa vigente a la fecha de estructuración de la invalidez la que regula
las condiciones de acceso a la prestación reclamada. Dado que la invalidez del
demandante se estructuró el 23 de mayo de 2009, su pensión debe examinarse a la
luz de las exigencias de la Ley 860 de 2003.
-La Sentencia
C-428 de 2009 encontró ajustado a la Constitución el requisito de densidad de
aportes que consagra esa normativa. Posteriormente, en Sentencia T-113 de 2010[74], la
Corte Constitucional precisó que esa decisión prima sobre las providencias de
sus salas de revisión que inaplicaron, antes, el artículo 1º de la Ley 860 de
2003 en casos concretos.
-El
demandante solo cotizó al Sistema General de Seguridad Social en vigencia de la
Ley 860 de 2003. Por eso no es viable aplicar, en su caso, el principio de
condición más beneficiosa.
-El
demandante no demostró que hubiera aportado más de 48.14 semanas al sistema.
Eso significa que incumplió, de entrada, el requisito de densidad de
cotizaciones al que la Ley 860 de 2003 condiciona el reconocimiento de la
pensión.
57.  Como se observa, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Buga denegó el reconocimiento de la pensión de
invalidez considerando solamente dos aspectos: que el requisito de densidad de
cotizaciones contemplado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 no podía
inaplicarse, una vez fue declarado exequible por la Sentencia C-428 de 2009, y
que el demandante no efectuó la cantidad de cotizaciones exigida por la norma.
Frente a esto último, advirtió que
Jonatan había aportado 19.57 semanas entre agosto y diciembre de 2007 y 28.57
semanas entre febrero y septiembre de 2008, “no apareciendo reporte de
cotizaciones en años anteriores o posteriores a estos”. Tales aportes
sumaban un total de 48.14 semanas cotizadas al sistema de pensiones, es decir,
menos de las 50 semanas que debía reunir entre el 23 de mayo de 2006 y el 23 de
mayo de 2009, cuando sufrió el accidente de tránsito que mermó su capacidad
laboral en un 88.05%.
58. Dicho esto, la sentencia recordó
que la juez de primera instancia había concedido la prestación solicitada con fundamento en el primer parágrafo del artículo 1º
de la Ley 860 de 2003, que, como se ha dicho, permitió que los jóvenes menores
de 20 años obtuvieran la pensión de invalidez reuniendo 26 semanas de
cotización “en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de la
invalidez o su declaratoria”.
La
juez a quo reconoció la pensión bajo esa hipótesis, en aplicación de los
precedentes constitucionales que habían admitido que los jóvenes entre los 14 y
los 26 años de edad que hubieran perdido su capacidad laboral cuando apenas
habían ingresado al mercado del trabajo obtuvieran su pensión acreditando las
condiciones contempladas en dicho régimen exceptivo. Aunque la accionada
reconoció tal posibilidad, advirtió que Jonatan no había acumulado, tampoco, la
cantidad de cotizaciones exigida por el parágrafo. Por eso, revocó la decisión
de primer grado, y denegó el reconocimiento pensional solicitado.
¿Incurrió, entonces, el Tribunal
Superior de Buga, en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable? La
Sala estima que sí, por las razones que pasan a explicarse.
El Tribunal Superior de Buga
incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable, al resolver
el debate relativo al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de un
examen mecánico del requisito de cotizaciones contemplado en la Ley 860 de
2003.
59. Como se expuso previamente, esta
corporación ha definido el defecto sustantivo por interpretación irrazonable
como aquel que se presenta cuando una autoridad judicial interpreta una
disposición legal de una manera que en principio resulta formalmente posible,
pero que deja de considerar o se opone a los postulados constitucionales que
deberían haber guiado la solución del caso concreto. En ese contexto, y teniendo
en cuenta la síntesis que de la sentencia censurada acaba de efectuarse, la
Sala encuentra demostrada la estructuración del defecto sustantivo alegado por
el peticionario.
Lo anterior, porque es claro que la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga descartó que Jonatan tuviera derecho
a la pensión de invalidez considerando, solamente, que no reunió la cantidad de
semanas cotizadas a las que el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y su primer
parágrafo condicionan el reconocimiento de la prestación. Recuérdese, al
respecto, que el fallo se concentró en explicar que el derecho reclamado debía
estudiarse al amparo de la Ley 860 de 2003, porque Jonatan solo efectuó aportes
bajo ese marco normativo, y que no era posible, por eso mismo, reconocerle la
pensión a la luz de regímenes pensionales anteriores, en aplicación del
principio de condición más beneficiosa.  Definido ese aspecto, contabilizó la
cantidad de semanas que el accionante había cotizado al sistema pensional
dentro de los tres años anteriores al 23 de mayo de 2009 y dentro del año
previo a esa fecha, cuando perdió su capacidad laboral de forma permanente y
definitiva.
60. La sentencia concluyó, a la luz
de las pruebas allegadas al expediente, que Jonatan no había satisfecho ninguno
de los requisitos de semanas cotizadas contemplados por las referidas normas,
porque solo acumuló 48.14 semanas de aportes dentro de los tres años previos a
la fecha de estructuración de la invalidez, a pesar de que el régimen general
de acceso a la pensión exigía cotizar 50 semanas dentro de dicho periodo. Como,
además, solo cotizó 16.14 de esas semanas entre el 23 de mayo de 2008 y el 23
de mayo de 2009, esto es, dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en
que sufrió el accidente de tránsito en el que perdió su capacidad laboral,
determinó que tampoco podía acceder a la pensión de invalidez para persona
joven en las condiciones previstas en el primer parágrafo del artículo 1º de la
Ley 860 de 2003.
61. Tales fueron, en síntesis, los
argumentos que sustentaron la decisión de denegar el reconocimiento pensional
solicitado. La providencia objeto de censura descartó que Jonatan tuviera
derecho a la pensión de invalidez, porque no acumuló la cantidad de
cotizaciones que la normativa referida exigía para el efecto. Lo que no
consideró, sin embargo, es que el cumplimiento de ese requisito de aportes y de
cualquier otro que defina la posibilidad de que un sujeto de especial
protección constitucional acceda a alguna de las prestaciones que amparan las
contingencias aseguradas por el régimen de seguridad social en pensiones debe
examinarse a la luz de los principios de eficacia, universalidad y solidaridad
que inspiran el sistema, del principio de progresividad que se predica de los
derechos sociales y de los postulados constitucionales que propenden por la
realización de los fines del Estado Social de Derecho.
La acreditación del requisito de
cotizaciones que determina el reconocimiento de una pensión de invalidez  no
puede interpretarse al margen del contexto social y de las circunstancias
personales de aquel a quien se aplica. Por el contrario, tanto las
administradoras de los fondos de pensiones como los operadores judiciales deben
considerar el papel que cumple esa prestación en la salvaguarda de los derechos
fundamentales de quienes, al perder su capacidad laboral por cuenta de un
accidente o de una enfermedad de origen común, se ven desprovistos de los
ingresos que garantizaban su subsistencia y, en algunos casos, la de sus
familias.
Al abstenerse de realizar ese
ejercicio, circunscribiendo el examen de la pretensión de reconocimiento
pensional a la constatación formal de las semanas que Jonatan había cotizado al
sistema de pensiones, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga se sustrajo
del compromiso que vincula a las autoridades judiciales con la adopción de
decisiones materialmente justas. Esa omisión, además, generó un perjuicio
desproporcionado para una persona a la que la Carta Política protege de manera
especial, en tanto pertenece a la población joven y perdió su capacidad laboral
de forma permanente y definitiva.
Que la decisión acusada haya pasado
por alto las particulares condiciones de existencia del peticionario y que haya
dejado de valorar el esfuerzo que le supuso acumular 48 semanas de aportes al
Sistema de Seguridad Social cuando apenas contaba con 20 años de edad demuestra
la estructuración del defecto sustantivo que le fue endilgado. Esas omisiones
denotan la aplicación formal, en perspectiva legal, de una disposición
normativa que debe ser leída a la luz de los principios constitucionales que
las inspiraron. Como, además, la aplicación literal del requisito de densidad
de aportes impactó de forma desproporcionada en un sujeto de especial
protección constitucional, la Sala protegerá el debido proceso del
peticionario.
Resuelto este punto, procederá a
estudiar, a continuación, si Jonatan podía obtener su pensión de invalidez en
el marco de una lectura constitucionalmente comprensiva del artículo 1º de la
Ley 860 de 2003 y de su primer parágrafo.
Estudio de la solicitud de
reconocimiento pensional. La inaplicación, en el caso concreto, del requisito
de que las 26 semanas de aportes necesarias para obtener la pensión de invalidez
para persona joven se coticen dentro del año inmediatamente anterior a la fecha
en que se estructuró la invalidez del afiliado.
62. El relato efectuado en la
solicitud de amparo y las pruebas que se allegaron al expediente dan cuenta de
que Jonatan David Chaves Morales fue calificado por la Junta Regional de
Invalidez del Valle del Cauca el 20 de noviembre de 2009, con una pérdida del
88.05% de su capacidad laboral, tras haber sufrido un accidente de tránsito que
le dejó secuelas de traumatismo en la médula espinal.[75]
De acuerdo con el dictamen, la
invalidez se estructuró en la fecha del accidente, esto es, el 23 de junio de
2009. En esos términos, el reconocimiento de la pensión de invalidez debía
valorarse al amparo de la Ley 860 de 2003, como, en efecto, lo estableció la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga.
63. Como se ha expuesto a lo largo de
esta providencia, la Ley 860 consagra tres alternativas de acceso a la pensión
de invalidez. Existe un régimen general, que permite obtener la prestación
acreditando 50 semanas de aportes dentro de los tres años previos a la fecha en
que el afiliado perdió su capacidad laboral, y dos regímenes exceptivos, el
primero para personas jóvenes y, el segundo, para quienes hayan cotizado al
menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de
vejez.
La decisión judicial accionada valoró
la solicitud de Jonatan en el marco de la primera y de la segunda hipótesis, es
decir, en las condiciones del régimen general y del régimen exceptivo diseñado
a favor de la población joven. No obstante, como se ha advertido, realizó una
lectura literal de los requisitos de acceso a la prestación allí previstos que
terminó perjudicando al peticionario.
La Sala estableció ya que tal
interpretación resultó desproporcionada y que vulneró el debido proceso del
accionante. Su tarea, ahora, consiste en corregir esa omisión, realizando una
nueva lectura de la solicitud de reconocimiento pensional que valore, desde una
perspectiva constitucional, si Jonatan satisfizo las exigencias de acceso a la
pensión de invalidez.
64. La regla general de acceso a la
pensión de invalidez prevista en la Ley 860 de 2003 exige que el interesado demuestre
haber cotizado 50 semanas al Sistema de Seguridad Social dentro de los tres
años previos a la fecha en que perdió su capacidad laboral permanente y
definitivamente.
Jonatan cotizó 48.14 semanas dentro
de este periodo, dos menos de las que requeriría para cumplir plenamente con el
requisito. A juicio del tribunal accionado, tal historial de cotizaciones era
insuficiente para dar por satisfecho el requisito legal. Por eso, descartó que
Jonatan pudiera acceder a la pensión bajo esos parámetros.
65. Lo que no tuvo en cuenta la
referida autoridad judicial es que, en circunstancias excepcionales, es posible
flexibilizar tal requisito de cotizaciones, en aplicación directa de los principios constitucionales que
propugnan por la prevalencia de un orden justo, la dignidad humana, la
solidaridad y la protección prevalente de las personas que enfrentan un
estado de inequidad social.
Así lo reconocieron las providencias
de revisión de tutela reseñadas en la parte motiva de esta sentencia, frente a
casos de afiliados que han solicitado reconocer su pensión considerando que
estuvieron muy próximos a satisfacer el mínimo de semanas cotizadas que el
legislador exige para el efecto, pero que no lo lograron, por cuenta de la
enfermedad o del accidente que les hicieron perder su capacidad laboral, de
errores en la contabilización de los aportes imputables a sus administradoras
de pensiones o por motivos asociados a la informalidad que caracteriza el
mercado laboral colombiano.
66. La Sala comparte el criterio planteado
por las Salas de Revisión que han dado cuenta de la carga argumentativa que
incumbe a los jueces –y a las administradoras de fondos de pensiones- al
analizar controversias de esas características. El requisito de cotizaciones
puede, en efecto, ser flexibilizado, atendiendo a las circunstancias
particulares que se hayan presentado en el caso concreto. Lo que no se comparte
es que la decisión que se adopte al respecto deba partir de un ejercicio de
ponderación entre los principios constitucionales que protegen a las personas
con discapacidad y la sostenibilidad económica del Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones.
La Sala, como se anticipó, reitera en
este punto la posición consignada en la Sentencia T-832A de 2013 respecto de la
imposibilidad de subordinar “la realización de las metas esenciales del Estado y la
protección efectiva de los derechos fundamentales” al criterio
de sostenibilidad fiscal.
En lugar de ello, propone, ahora, que el estudio de casos de esta naturaleza
–los de quienes “casi” logran reunir las cotizaciones necesarias para obtener
la pensión de invalidez- se diriman considerando el esfuerzo económico que les
supuso a estas personas acumular tal cantidad de aportes, dadas sus
particulares condiciones de existencia.
Lo que habría que determinar, en ese contexto, es si el
afiliado realizó un esfuerzo significativo de cotización que justifique
concederle la prestación bajo parámetros distintos a los que la previsión legal
les exige a los demás ciudadanos. Si el juez llega a establecer que a la luz de
sus particulares circunstancias, los aportes efectuados cubren razonablemente
el riesgo amparado por el sistema de seguridad social, la pensión debe
reconocerse, para hacer efectivo el principio constitucional de igualdad
material.
67. Jonatan habría podido obtener su
pensión de invalidez en esas condiciones, teniendo en cuenta el alto porcentaje
de pérdida de su capacidad laboral, el hecho de que esta se hubiera producido
como consecuencia de un hecho imprevisto –un accidente de tránsito- y su
imposibilidad de solventar sus necesidades básicas a través de ingresos
distintos a aquellos que obtendría por cuenta de la pensión que solicita. (Al
respecto es preciso recordar que, en sede de revisión, Jonatan explicó que vive
en la casa de una tía materna y que su madre no puede trabajar porque se
dedica, de tiempo completo, a brindarle la atención que requiere, dado su
delicado estado de salud. Sus necesidades de alimentación, vestuario, servicios
públicos, insumos y medicamentos las satisface con los ingresos que la familia
obtiene, esporádicamente, realizando ventas de comida).
Pero, sobre todo, en consideración al
esfuerzo que representa para una persona joven construir un historial de
cotizaciones de 48 semanas de aportes. Tal circunstancia, sin embargo, es la
que lleva a la Sala a la convicción de que no es bajo el régimen general
contemplado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que Jonatan ha debido
obtener su pensión. Dado que el accionante es una persona joven que quedó en
estado de invalidez cuando apenas iniciaba su vida laboral, su pretensión debe
resolverse en aplicación del régimen exceptivo de acceso a la pensión de
invalidez que el legislador contempló, específicamente, para los trabajadores
jóvenes.
68. Efectivamente, el legislador
previó unas condiciones especiales de acceso a la pensión de invalidez para
quienes, debido a su juventud y a su reciente ingreso al mercado del trabajo,
no pudieran acceder a tal prestación en las condiciones exigidas a los demás
ciudadanos. Esos requisitos son dos: la cotización de 26 semanas de aportes, en
lugar de las 50 que se les exigen a quienes deben acceder a la pensión en
condiciones normales, y un periodo inferior para acreditar el cumplimiento de
ese primer requisito. Las 26 semanas, en efecto, no deben cotizarse dentro de
los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, sino
dentro del año inmediatamente anterior a esta fecha o a aquella en que esta fue
declarada.
Un factor adicional es el límite de
edad al que la Ley 860 supeditó la titularidad del derecho a obtener una
pensión de invalidez para persona joven. El legislador determinó que los
titulares de la prestación serían los menores de 20 años, pero, como lo ha revelado
la jurisprudencia constitucional, no justificó por qué eligió tal límite
temporal y no otro. La Sala remite, en ese sentido, a los planteamientos
consignados en los fundamentos jurídicos 39 a 44 de esta providencia. Según se
expuso entonces, la ausencia de una motivación suficiente acerca de las razones
que justificarían que solo los menores de 20 años pudieran obtener la pensión
de invalidez bajo el régimen exceptivo del primer parágrafo del artículo 1º de
la Ley 860 de 2003 discriminaba a quienes, siendo mayores de esa edad, quedaron
en estado de invalidez durante una etapa temprana de su vida laboral.
69. La Sentencia C-020 de 2015
dispuso que ante tal déficit de protección, y dada la imposibilidad de
delimitar, ex ante, lo que debía entenderse por juventud para efectos de
obtener una pensión de invalidez, eran los jueces quienes debían definir, caso
por caso, si quien solicitaba tal prestación podía ser considerado,
razonablemente, como una persona joven.
El caso de Jonatan, en ese sentido,
no ofrece ningún tipo de duda, si se considera que el evento que le causó la
pérdida de su capacidad laboral ocurrió tan solo 12 días después de la fecha en
que cumplió 20 años. Jonatan, en efecto, nació el nueve de mayo de 1989. El
accidente de tránsito ocurrió el 23 de mayo de 2009.
70. Sorprende que, en ese contexto,
la AFP accionada hubiera valorado el reconocimiento de la pensión de invalidez
a la luz de la hipótesis general que consagra el artículo 1º de la Ley 860 de
2003. A esa circunstancia y a la deficiente calidad de las respuestas que la
entidad le brindó al peticionario y a las autoridades judiciales que
participaron en este trámite se referirá la Sala más adelante. Lo que interesa
resaltar, por ahora, es que el hecho de que Jonatan hubiera superado por 12
días el límite de edad que en el marco del tenor literal del parágrafo de la
norma aludida lo hacía titular del derecho a la pensión de invalidez para
persona joven no conducía, desde ninguna perspectiva, a marginarlo de esa
posibilidad.
71. Haría falta, entonces, verificar
si Jonatan podía obtener la pensión bajo los supuestos consignados en la
disposición referida, esto es, si cotizó 26 semanas dentro del año anterior a
la fecha en que se estructuró su invalidez o a aquella en la que fue
calificado.
Partiendo del cálculo de semanas
cotizadas que realizó la autoridad judicial accionada en la sentencia objeto de
estudio, habría que precisar, primero, que el accionante acumuló 48.18 semanas
de aportes durante toda su vida laboral y que esas cotizaciones se efectuaron
entre 2007 y 2008, esto, antes de la fecha en que perdió su capacidad laboral
(23 de mayo de 2009) y de aquella en que la fue calificado (20 de noviembre del
mismo año). Dado que no efectuó aportes  posteriores al momento en que sufrió
el accidente de tránsito, no tiene sentido valorar el cumplimiento del
requisito de semanas cotizadas desde el año inmediatamente anterior a la fecha
de la calificación.
La fecha de que debe tomarse como
referencia para realizar el examen pertinente es el 23 de mayo de 2009, es
decir, la fecha en que Jonatan perdió su capacidad laboral de forma permanente
y definitiva. La providencia judicial mencionada refiere, sin embargo, que
dentro del periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2008 y el 23 de mayo de
2009 Jonatan solo acumuló 16.14 semanas de cotizaciones. Lo anterior, a partir
de un cálculo realizado con fundamento en el reporte de cotizaciones allegado
por Protección S.A. al proceso ordinario, que no fue controvertido por la parte
demandante.[76]
72.
Así, surge un nuevo interrogante. ¿El hecho de que el accionante no haya
alcanzado a cotizar 26 semanas de aportes al sistema pensional dentro del año
inmediatamente anterior a la fecha en que perdió su capacidad laboral conducía
a descartar, de plano, que pudiera tener derecho a la pensión de invalidez para
persona joven?
La
sala estima que una conclusión en ese sentido solo podría derivarse de una
lectura textual del requisito legal de aportes. No obstante, los principios
constitucionales que vinculan a las autoridades judiciales con la búsqueda de
la justicia material y con la protección efectiva de los sujetos especialmente
vulnerables impiden verificar el cumplimiento de esas condiciones al margen de
las realidades estructurales y de las circunstancias particulares de aquellos a
quienes se aplican.
En
ese orden de ideas, la solución del problema jurídico objeto de estudio exige
realizar unas reflexiones adicionales que valoren que Jonatan perdió su
capacidad laboral cuando acababa de cumplir 20 años y que, para ese momento, ya
tenía un historial de 48.14 semanas de aportes al sistema.
73.
En efecto, según lo informó su apoderada en sede de revisión, Jonatan comenzó a
trabajar en septiembre de 2007, con tan solo 18 años de edad,  y apenas unos
meses después de haber obtenido su grado de bachiller académico. Su primera
experiencia laboral la tuvo en Extras S.A., donde realizó oficios varios.
Similares labores desempeñó, después, en Metálicas Mundial Ltda., donde tenía
una remuneración de un salario mínimo.
En
la respuesta que la abogada brindó a los interrogantes que se le formularon en
sede de revisión, precisó, además, que esta última relación laboral subsistió
hasta ocho días antes de la fecha en que Jonatan sufrió el accidente de
tránsito. Pese a eso, ni el reporte de cotizaciones al sistema general de
pensiones aportado por Protección S.A. ni el análisis que de las pruebas
aportadas al proceso ordinario laboral hizo la providencia judicial enjuiciada
dan cuenta de aportes posteriores al 16 de septiembre de 2008, fecha en la que,
según certificación laboral del departamento de Gestión Humana de la mencionada
compañía, culminó el contrato laboral a término fijo que la vinculaba con el
peticionario.
74.
Lo aludido demuestra que el esfuerzo que supuso para Jonatan acumular 48.14
semanas de aportes al sistema de pensiones a una edad en la que, de conformidad
con los fundamentos que inspiran el esquema de aseguramiento de la contingencia
de invalidez introducido en la Ley 860 de 2003, los trabajadores no suelen
haber acumulado tal cantidad de cotizaciones, siquiera, dentro de un rango de
tres años. Tal fue el debate que inspiró las decisiones que en sede de revisión
de tutela y luego, en el marco de una acción de inconstitucionalidad, dieron
cuenta de la importancia de flexibilizar el límite temporal al que legislador
supeditó la posibilidad de acceder a la pensión de invalidez para persona
joven.
Como
se recordará, el argumento que plantearon quienes consideraron ajustado a la
Constitución permitir que solo los menores de 20 años accedieran a la pensión
de invalidez con 26 semanas de aportes en el año anterior a la fecha en que
perdieron su capacidad laboral o en la que esta se calificó se apoyaba en la
idea de que esta población cuenta, hipotéticamente, con un horizonte de
cotizaciones más bajo que el de quienes, habiendo superado esa edad, tienden a
contar con más experiencia laboral y, por ende, con mayores posibilidades de
reunir 50 semanas de aportes en un rango de tres años.
La
Sentencia C-020 de 2015 consideró que tal hipótesis resultaba problemática, a
la luz de las cifras que se aportaron para sustentarla. Los datos reflejaban,
por ejemplo, que “las mujeres con diecinueve
años de edad sí tienden a reunir en promedio este número de cincuenta semanas
en tres años anteriores y consecutivos”,
mientras que, en promedio, “los menores de veinte años, sean hombres o
mujeres, no tienden a reunir veintiséis semanas en un mismo año”.[77] Ante tal
escenario, la Sala Plena resolvió que debían ser los jueces quienes
establecieran quién puede ser considerado como persona joven en cada caso
concreto.
75.
El asunto objeto de revisión plantea un dilema distinto, asociado a la
exigencia de que las 26 semanas de aportes que se requerirían para obtener una
pensión de invalidez como persona joven se coticen dentro de un periodo de un
año. ¿Tal condición resulta en realidad más favorable que la de cotizar 50
semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez?
En
el caso de Jonatan, no. Tal alternativa ha beneficiado a quienes obraban como
accionantes en los procesos que, hasta el momento, ha revisado esta
corporación, porque se trataba de personas que perdieron su capacidad laboral
cuando ejercían un empleo formal. Esto, como es obvio, les aseguraba un marco
continuo de aportes al sistema de pensiones, que no suelen obtener quienes trabajan
esporádicamente, o desempeñan actividades laborales informales.
La
Sentencia T-777 de 2009 examinó el caso de Nidia Johanna Suárez, quien perdió
su capacidad laboral a los 23 años, cuando se desempeñaba como asesora
económica de la Corporación Dominicana Opción
Vida, Justicia y Paz. La Sentencia T-930 de 2012, el de Manuel Alfonso Ramos,
quien tenía 21 años cuando sufrió el accidente de tránsito que le causó su
invalidez. Manuel obtuvo su pensión gracias a que su empleador, la compañía
Ingeniería y Ambiente Ltda.,  cuando continúo cotizando al sistema de seguridad
social entre la fecha del accidente y aquella en la que efectivamente se
calificó la pérdida de su capacidad laboral.[78]
Ana Lucía Rengifo, cuyo caso fue estudiado por la Sentencia
T-1011 de 2012, perdió su capacidad laboral a sus 23 años, cuando trabajaba
como docente de ciencias naturales en Comfandi Alpeinco. Erick Estrada,
estudiante de administración de empresas, trabajaba para Arcos Dorado Colombia
S.A. cuando sufrió un derrame cerebral por cuenta del cual perdió el 67.53% de
su capacidad laboral. Su caso fue analizado por la Sentencia T-443 de 2014.
La
Sentencia T-128 de 2015 estudió recientemente el caso de Andrés Arévalo Jaramillo,
quien a sus 21 años perdió su capacidad laboral tras ser víctima de un atraco
con arma de fuego. Como su empleador, la empresa de servicios postales 472,
siguió cotizando a su favor durante los seis meses en que estuvo incapacitado,
Andrés pudo acumular 40 semanas de aportes dentro del año previo a la fecha del
dictamen de la invalidez.
La
sentencia T-182 de 2015, finalmente, concedió la pensión solicitada por Maribel
López, de 25 años, a quien se le había negado el acceso a la prestación pese a
que había cotizado más de 150 semanas de aportes al sistema de seguridad
social, en el marco de una relación laboral y, posteriormente, como trabajadora
independiente.
76. Las circunstancias de Jonatan,
como se ha visto, son a todas luces distintas. Primero, porque perdió su
capacidad laboral a una edad inferior a la que tenían las personas de los casos
examinados en las providencias referidas. El accionante, se repite, contaba
apenas con 20 años cumplidos cuando fue víctima del accidente de tránsito que le
causó su invalidez, lo cual permite suponer, además, que inició su vida laboral
siendo más joven. Efectivamente, lo hizo cuando apenas tenía 18 años.
Es importante considerar, además, que
a diferencia de los demás peticionarios, Jonatan solo contaba con formación
académica de bachiller. Por eso, comenzó a trabajar realizando oficios varios,
apenas unos meses después de la fecha en que terminó su ciclo académico. Aun en
esas circunstancias, logró acumular una cantidad de aportes significativa al
sistema de pensiones, mayor, en algunos casos, de la que alcanzaron a reunir
las personas involucradas en los procesos examinados por la Corte.
77. ¿Se justificaba denegarle el
reconocimiento de su pensión de invalidez, sobre el único supuesto de que no
cotizó esas 26 semanas de aportes dentro del año inmediatamente anterior a
aquel en que perdió su capacidad laboral? La Sala considera que una decisión en
ese sentido resultaría discriminatoria, en tanto equivaldría a privar a un
sujeto de especial protección constitucional de la posibilidad de obtener los
ingresos que requiere para su subsistencia por el solo hecho de no haber podido
vincularse a un empleo formal, durante los meses previos al momento en que
perdió su capacidad laboral, por cuenta de un evento fortuito.
El que Jonatan haya reunido 48
semanas de cotizaciones al sistema de pensiones, tan solo dos menos de las que
requeriría para acceder a la pensión una persona adulta, cuando apenas contaba
con 20 años, no puede pasar desapercibido. Mucho menos, sobre el supuesto de
que esos aportes, casi el doble de los que necesitaba para obtener una pensión
de invalidez para persona joven, no se consignaron en determinado periodo, esto
es, dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que perdió su capacidad
laboral.
Una decisión en ese sentido
equivaldría a desconocer el significativo esfuerzo económico que supone para
una persona de su edad realizar tal cantidad de cotizaciones en un mercado
laboral que suele resultar especialmente adverso para quienes no tienen
determinado nivel de formación profesional. Máxime, cuando la decisión de
consagrar un régimen excepcional de acceso a la pensión de invalidez para
personas jóvenes partió del supuesto de que, debido a su edad, suelen contar
con un reducido historial de cotizaciones al sistema de pensiones.
78. Jonatan superó el umbral de 26
semanas de aportes que determina el amparo del derecho a la pensión de
invalidez de la población joven ampliamente. Denegarle su derecho porque no
consignó esas cotizaciones dentro del año anterior a la fecha en que perdió su
capacidad laboral resulta desproporcionado y discriminatorio en su caso, pues
el legislador no justificó tal restricción, como no lo hizo, tampoco, respecto
del rango de edad contemplado en el primer parágrafo del artículo 1º de la Ley
860 de 2003.
Si además se tiene en cuenta que el
accionante perdió el 88% de su capacidad laboral; que el accidente de tránsito
del que fue víctima le dejó secuelas de traumatismo de médula espinal; que debido
a su situación de salud requiere de una atención permanente para desempeñar sus
actividades vitales; que la señora Aydé
Argeli Morales, su madre, tuvo que dejar de trabajar para brindarle los
cuidados que requiere y que, ante la ausencia de un ingreso periódico, Jonatan
deriva su sustento de ventas esporádicas y del auxilio que le brindan sus
familiares, el impacto desproporcionado que la aplicación textual del requisito
de acreditar 26 semanas de aportes cotizados dentro del término de un año queda
suficientemente demostrado.
La
Sala inaplicará el referido requisito en este caso, en ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad, dados los efectos que su aplicación literal
podría significar de cara a la garantía de los derechos a la dignidad humana, a
la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social de Jonatan David. En ese
orden de ideas, dejará sin efectos la providencia censurada, para que la AFP
Protección S.A. reconozca y pague al accionante la pensión de invalidez a la
que tiene derecho, en atención a que cotizó 48 semanas de aportes al sistema de
pensiones, casi el doble de las 26 que se exigen a las demás personas de su
edad para acceder a esta prestación.
La administradora del fondo de
pensiones deberá reconocer y pagar la prestación dentro de las 48 horas
siguientes a la fecha en que se comunique la presente providencia. El pago
comprenderá las mesadas que dejó de consignar desde la fecha en que suspendió
el cumplimiento del amparo transitorio reconocido en 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira. En el
evento en que el accionante haya hecho uso de la devolución de saldos
contemplada en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, Protección S.A. podrá
descontar dicho valor proporcionalmente, sin que la deducción mensual pueda
superar el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente.
Cuestión final. La AFP
Protección incumplió, en el caso concreto, su deber de respetar el componente
sustancial del derecho de petición al responder la solicitud de reconocimiento
pensional formulada por el accionante.
79. La jurisprudencia constitucional
ha señalado reiteradamente que el componente sustancial del derecho de petición
implica que las solicitudes formuladas por los ciudadanos deben ser resueltas
de fondo, de manera “clara, oportuna, precisa y congruente con lo
solicitado”. La Sentencia T-395 de 2008[79] señaló, al respecto, que “[D]ar
una respuesta de fondo a una petición propuesta por un particular, impone a la
administración el deber de adelantar un proceso analítico y detallado que
integre en un respuesta un proceso de verificación de hechos, una exposición
del marco jurídico que regula el tema sobre el cual se está cuestionando, para
luego de su análisis y confrontación, concluir con una contestación plena que
asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha
obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable
o no a sus intereses”.
Las administradoras de fondos
privados de pensiones, en tanto prestadoras del servicio público de seguridad
social, tienen el deber de responder las solicitudes que les formulen sus
afiliados en relación con el reconocimiento de las prestaciones que amparan las
contingencias aseguradas por el sistema a la luz de los referidos parámetros.
Tal deber, sin embargo, no fue satisfecho en este caso.
80. Las pruebas aportadas al
expediente dan cuenta de que, por el contrario, la respuesta que la AFP
Protección le brindó al accionante a propósito de la solicitud que formuló con
el objeto de que se reconociera su pensión de invalidez fue insuficiente, de
cara a la diversidad de factores que pueden incidir en el reconocimiento de una
prestación de esas características.
El documento de respuesta, allegado
al expediente en sede de revisión, da cuenta de que la AFP se limitó a efectuar
una cita textual de la norma a la luz de la cual debía definirse el derecho del
peticionario, esto es, del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 y de sus
respectivos parágrafos. Más allá de esto, la administradora se limitó a
indicarle al actor que contaba con “48 semanas cotizadas al Sistema General
de Pensiones” y que 47.76 de ellas se habían cotizado “en los últimos
tres años”. El documento no indica que el marco de referencia para efectuar
tal contabilización es la fecha de estructuración de la invalidez, ni alude a
la hipótesis de reconocimiento de la pensión de invalidez para persona joven.
En efecto, el escrito no certifica
cuántos de los aportes cotizados por el peticionario fueron consignados dentro
del año anterior a aquel en que perdió su capacidad laboral o a aquel en que
tal circunstancia fue dictaminada. Tampoco se hace referencia a las hipótesis
valoradas por la jurisprudencia constitucional respecto de la posibilidad de
flexibilizar el cumplimiento del requisito de aportes en casos límite, ni la
que faculta a los jueces para determinar, en cada caso concreto, si la
solicitud de reconocimiento pensional formulada por una persona que apenas
comienza su vida laboral puede ser valorada bajo la hipótesis de acceso a la
pensión de invalidez para persona joven.
81. Más allá de esto, llama la
atención de la Sala que tal situación se haya repetido, también, en el
escenario del presente trámite de tutela. Al respecto, es preciso recordar los
términos en los que la administradora se opuso, en primera instancia, a que se
concediera el amparo solicitado.
Como se expuso en los antecedentes,
la AFP comenzó advirtiendo sobre un
supuesto ánimo temerario del peticionario, que sustentó en la previa
presentación de otra acción de tutela que, según dijo, contendría las mismas
pretensiones formuladas en esta oportunidad. Tal tutela, sin embargo, fue
presentada por Jonatan en 2012, con el ánimo de obtener un amparo transitorio
mientras su derecho pensional se dirimía en el marco de un proceso ordinario.
La tutela que ahora se estudia se dirigía contra la decisión que le puso fin a
ese proceso ordinario, lo cual, a todas luces, descartaba la temeridad alegada.
Resulta
cuestionable que, en ese escenario, Protección S.A. haya solicitado rechazar de
plano la solicitud de amparo, ante la posibilidad de que se adoptaran
sentencias contradictorias que le ocasionarían una confusión respecto de cual
debería cumplir. Sobre todo cuando, en contraste, no se pronunció sobre el
eventual derecho de Jonatan a acceder una pensión de invalidez para persona
joven, ni explicó, razonadamente, los parámetros bajo los cuales contabilizó
los aportes que este habría efectuado al sistema de pensiones.
Ante
las dudas verificadas al respecto, esta Sala le solicitó a la AFP Protección
S.A. certificar “el total de semanas cotizadas a pensiones por Jonatan David
Chaves Morales, precisando cuántas semanas cotizó cada año, desde la fecha de
su afiliación”. La administradora, sin embargo, se limitó a dejar
constancia “de que en sus registros figuran los aportes obligatorios
relacionados en el documento adjunto (estado de cuenta), a favor del afiliado
(a) Jonatan David Chaves Morales”.[80]
Verificado
en estos términos que la AFP incumplió su deber de respetar el componente
sustancial del derecho de petición al responder la solicitud de reconocimiento
pensional que le formuló el peticionario, en perjuicio de sus derechos
fundamentales y de la correcta realización de la administración de justicia, la
Sala ordenará compulsar copias de la presente providencia a la Superintendencia
Financiera, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en el
literal k) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia el diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), que
confirmó, en segunda instancia, la sentencia del veintiséis (26) de noviembre
de dos mil catorce (2014) mediante la cual la Sala de Casación Laboral de esa
corporación denegó la acción de tutela promovida por Jonatan David Chaves
Morales contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga. En su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital
del accionante, por las razones indicadas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo.- Dejar sin valor y efecto la sentencia adoptada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Buga el 19 de julio de 2013, dentro del
proceso ordinario iniciado por Jonatan David Chaves Morales contra la
Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.
Tercero.- Ordenar a la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección S.A. que, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que se
comunique la presente providencia, reconozca y pague a Jonatan David Chaves
Morales la pensión de invalidez a la que tiene derecho, considerando que
efectuó más de 26 semanas de cotizaciones antes de la fecha en que perdió su
capacidad laboral de forma permanente y definitiva. El pago comprenderá las
mesadas que la AFP dejó de consignar desde la fecha en que suspendió el
cumplimiento del amparo transitorio reconocido en 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira. En el
evento en que el accionante haya hecho uso de la devolución de saldos
contemplada en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, Protección S.A. podrá
descontar dicho valor proporcionalmente, sin que la deducción mensual pueda
superar el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente.
Cuarto. Compulsar copias de la presente
providencia a la Superintendencia Financiera, para lo de su competencia, de
conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.- Por Secretaría
General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA                  MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrada                                                    Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
El accionante nació el nueve (9) de mayo de 1989.
[2]
El Juzgado explicó que la decisión de remitir el expediente a
la Corte Suprema de Justicia no obedecía a una aplicación de las reglas de
reparto –situación en la que, de conformidad con lo dispuesto por la Corte
Constitucional, no es posible la declaratoria de incompetencia- sino a que, en
el contexto de la declaración de la apoderada, el extremo pasivo del trámite de
tutela estaría en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, es decir, en
una autoridad judicial de mayor jerarquía. Así las cosas, la determinación
adoptada obedecía a la necesidad de respetar la jerarquización y la
organización de la administración de justicia.
[3]
Folio 26, Cuaderno 2 del trámite de primera instancia.
[4] La AFP recordó que, en el régimen de ahorro
individual, el afiliado es quien construye su propia pensión, con los aportes
que tenga en su cuenta, a diferencia de lo que ocurre en el régimen de prima
media con prestación definida, donde existe un fondo común que subsidia las
pensiones que se vayan generando día a día. Advirtió, así mismo, que “dada
la insostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, se hizo
necesario (sic) una reforma pensional a través de la Ley 100 de 1993, la Ley
797 de 2003, la Ley 860 de 2003 y demás normas que las han reglamentado, con el
fin de buscar una solución que ayudara a so pesar (sic) las cargas económicas
que debía asumir el Estado, creándose entonces un sistema donde tanto el
empleador como el trabajador y el independiente construyeran su propia pensión,
en el régimen de prestación definida a través de un fondo común en el que se
depositan todos los aportes que hace los afiliados y en el régimen de ahorro
individual mediante una cuenta de ahorro individual en la que el afiliado con
su aporte y el de su empleador construyen la pensión” (Folio 26, Cuaderno 2 del trámite de primera
instancia).
[5]
Folio 34 del cuaderno 2 de primera instancia.
[6]
M.P. Humberto Sierra Porto.
[7]
Folio 9 del cuaderno de revisión constitucional.
[8]
Folio 4 del cuaderno de revisión constitucional.
[9]
Myriam Ávila Roldán, magistrada sustanciadora (e).
[10]
Auto del 10 de julio de 2015.
[11]
Folios 23 y 24 del cuaderno de revisión constitucional.
[12]
En cumplimiento del auto del 10 de julio de 2015, la AFP
allegó al expediente “i) copia de la historia laboral del actor; ii) copia
de la comunicación de fecha 23 de agosto de 2011, a través de la cual se
resolvió la solicitud pensional; iii) copia del comunicado de fecha 11 de julio
de 2012, por medio del cual se reconoció la pensión de invalidez de manera
transitoria; iv) copia del derecho de petición de fecha 26 de enero de 2011,
obrante en la base de datos de la entidad y v) copia de la respuesta al derecho
de petición de fecha 27 de enero de 2011” (Folios 25 al 54 del cuaderno de
revisión constitucional).
[13]
Folio 64 del cuaderno de revisión constitucional.
[14]
La decisión se adoptó mediante sentencia del 31 de enero de 2012 (Folios 14 a
28 del primer cuaderno de primera instancia).
[15]
Folio 38 del primer cuaderno de primera instancia.
[16]
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, junio 26 de 2013,
Rad. 32812. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. (Folios 37 a 44 del primer
cuaderno del trámite de primera instancia).
[17]
Ibídem.
[18] La decisión adoptada por la Sala Laboral en primera
instancia fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de providencia del 24 de septiembre de 2013. La Sala Penal consideró “clara
la omisión del tribunal de realizar un pormenorizado análisis de cada uno de
los reportes obrantes en el expediente que daban cuenta de los periodos
cotizados por el actor, para concluir con un argumento genérico el
incumplimiento de las semanas necesarias para el reconocimiento de la pensión
de invalidez”. Corte
Suprema de Justicia, Sala Penal, septiembre 24 de 2013, Aprobado en acta Nº
314. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. (Folios 49 a 64 del primer cuaderno del
trámite de primera instancia).
[19]
Escrito de solicitud de tutela. Folio 90 del primer cuaderno del trámite de
primera instancia.
[20]
Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-006 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes), C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández); T-079 de 1993
(M.P. Eduardo Cifuentes) y T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes), relativas a
la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las sentencias
SU-014 de 2001 (Álvaro Tafur) y T-1180 de 2001 (Marco Gerardo Monroy)
plantearon la posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser
arbitrarios y caprichosos, llevaran a la vulneración de derechos fundamentales.
Finalmente, la doctrina de las causales genéricas de procedencia se
establecieron los fallos T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre), T-462 de
2003 (M.P. Eduardo Montealegre), T-771 de 2003 (Marco Gerardo Monroy) y T-701
de 2004 (Rodrigo Uprimny), doctrina que fue sistematizada por la sentencia de
Sala Plena C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba), que en esta ocasión se reitera.
[21] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[22]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba)
y T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny).
[23]
El defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de
la acción de tutela ha sido ampliamente estudiado por la
Corte. Para una exposición completa del tema, ver los fallos SU-159 de 2002
(Manuel José Cepeda), C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
T-757 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[24]
Cfr. Sentencia T-573 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[25]
Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), pueden consultarse, entre varias, la sentencia T-008
de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[26]
Cfr., la sentencia C-984 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[27]
Cfr. sentencia SU-1722 de 2000 (M.P. Jairo Charry Rivas). Tal es el caso por
ejemplo de las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no
reformatio in pejus”.
[28]
Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda).
[29]
Sentencia C-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre.
[30]
Constitución Política, Artículo 230.
[31]
La Corte ha distinguido entre las disposiciones jurídicas
(texto legal o enunciado normativo) y el producto de su interpretación (norma
jurídica o contenido normativo) y, sobre la base de esa distinción, ha
entendido que una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas y
que una misma norma jurídica puede estar contenida, a su vez, en diversas disposiciones.
(Sentencia T-259 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[32] Sentencias T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-1001 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[33] Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que
entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone concebir la estructura
del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos
constitucionales, los principios y los fines del estado (parte dogmática). T-1001
de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar
Gil).
[34] Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de
2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) indicó que “Si los jueces, por una
parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades
individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del
derecho positivo a la realidad social, entonces puede afirmarse que, respecto
de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica de gran
importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones
deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las
circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que
a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el
artículo 4 Superior) del valor normativo intrínseco de la
Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que ha
trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la
protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que
la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede
afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
[35]
Cfr. Sentencia T-1045 de 2008
[36]
Ibídem.
[37] El defecto sustantivo por interpretación manifiestamente irrazonable
o desproporcionada se encuentra íntimamente ligado con el criterio
hermenéutico de interpretación conforme, según el cual, la interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos debe
hacerse de tal manera que se encuentre en armonía con las disposiciones
constitucionales. En esa dirección la
Sala Tercera de Revisión en sentencia T-191 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas) manifestó lo siguiente: “Así
pues, el principio de interpretación conforme encuentra su fundamento en la
supremacía y jerarquía normativa máxima de la Constitución Nacional, a partir
de cuya premisa se deriva que toda interpretación jurídica debe arrojar un
resultado que no sólo no debe ser contrario, ni solamente permitido, sino más
allá debe estar ajustado a la Constitución Política”.
[38]
Sentencia T-230 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[39]
Ley 797 de 2003, artículo 11.
[40]
Sentencia C-1056 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[41]
En ese sentido, pueden revisarse, entre otras, las sentencias
T-1291 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas), T-043 de 2007 (Jaime Córdoba Triviño),
T-641 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-069 de 2008 (M.P. Manuel José
Cepeda), T-103 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-145 de 2008 (M.P.
Nilson Pinilla).
[42]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[43]
Para la Corte, supeditar el reconocimiento de la
pensión de invalidez a esa exigencia  imponía una barrera de acceso al
beneficio que resultaba regresiva y que, de todas maneras, no conducía a
realizar ningún de los fines previstos en la Carta. La
sentencia, en efecto, concluyó que “el requisito de fidelidad contemplado en
la norma analizada, tanto en su numeral 1º como en el 2º, deben ser declarados
inexequibles, puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y
justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por
la misma”.
[44]
M.P. Jorge Iván Palacio.
[45]
Las Sentencias T-905 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo),
T-951 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio), T-718 de 2010 (M.P. María Victoria
Calle), T-826 de 2010 (Jorge Pretelt) y T-036 de 2011 (M.P. Humberto Sierra)
denegaron el amparo reclamado en cada caso con apoyo en esos argumentos.
[46]
La Sentencia T-062A de 2011 (M.P. Mauricio
González Cuervo) determinó que el requisito de densidad de cotizaciones contemplado
en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 podía inaplicarse, incluso, por razones
asociadas a la infracción del principio de progresividad de los derechos
sociales, esto es, por el cargo valorado por la Sentencia C-428 de 2009. El
fallo sostuvo que la decisión adoptada sobre ese particular en sede de control
abstracto no descartaba que el requisito de densidad de cotizaciones pudiera
resultar contrario al principio de progresividad del derecho a la seguridad
social en casos concretos. Así, tras advertir que los regímenes pensionales
relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez establecieron “nuevos
requisitos a los aportantes al sistema sin que se haya establecido ningún
régimen de transición en relación con las pensiones de invalidez”, dio
cuenta de la posibilidad de “aplicar el régimen pensional anterior que
resulta más favorable, inaplicando para el caso la normatividad legal vigente
para la fecha de estructuración de la invalidez”.
[47]
M.P. Humberto Sierra Porto.
[48] En los términos de la
aclaración, el primer aspecto supone valorar que algunas personas que no
alcanzaron a acumular 50 semanas de aportes antes de que se estructurara su
invalidez realizaron, sin embargo, una cantidad de cotizaciones durante toda su
historia laboral que acredita que cumplieron solidariamente con el sistema.
Estas personas deberían recibir el mismo trato que reciben quienes satisfacen a
cabalidad el requisito de densidad de cotizaciones, y acceder, en consecuencia,
a la pensión, si sufren un evento o una enfermedad que les impida ejercer su
trabajo. El segundo punto exige reconocer que el requisito legal de densidad de
aportes que determina el acceso a la pensión puede ser inaplicado, a través de
la figura de la excepción de inconstitucionalidad, cuando se verifique, en el
marco de un ejercicio de ponderación, que la afectación que conceder la pensión
en esas condiciones representa para la eficacia económica del sistema de
pensiones se justifica, en tanto favorece otros principios, como la especial
protección de la que son titulares las personas con discapacidad, la
solidaridad, la equidad y los derechos fundamentales a la seguridad social en
pensiones y al mínimo vital. En tercer lugar, la aclaración menciona que los
jueces deberían valorar los casos límite de quienes “casi” cumplen el requisito
de densidad de cotizaciones teniendo en cuenta que los dictámenes de
calificación de la invalidez pueden no reflejar las reales circunstancias en
las que el afiliado perdió su capacidad laboral de forma permanente y
definitiva. Es preciso considerar, entonces, que el sistema objetivo de
calificación de la invalidez puede ser objeto de ajustes razonables, que
valoren que la discapacidad puede originarse en diversas situaciones, asociadas
a cuestiones médicas o sociales.
[49]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
[50]
Explica el salvamento que el accionante perdió su capacidad laboral en un
porcentaje alto (72.25%); que tenía apenas 31 años; estaba a cargo de sus hijos
menores de edad y de su compañera sentimental y pertenecía al estrato 1, según
algunos de los documentos que aportó al expediente).
[51]
M.P. María Victoria Sáchica.
[52]
M.P. Martha Victoria Sáchica.
[53]
En este punto en particular, el fallo remite a la Sentencia
T-915 de 2014 (M.P. María Victoria Sáchica).
[54] Siguiendo esa línea argumentativa, el fallo censuró que el fondo accionado
hubiera adoptado su decisión sobre el reconocimiento de la pensión con apoyo en
un examen formal del requisito de densidad de cotizaciones. En su criterio, la
entidad debió considerar el impacto desproporcionado que la aplicación mecánica
de esa exigencia tenía frente a los derechos fundamentales al mínimo vital, a
la seguridad social y a la vida en condiciones de dignas de un sujeto de
especial protección constitucional, como la accionante.
[55]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56]
El fallo explicó que la cláusula de Estado
Social de Derecho, los fines esenciales del Estado y los derechos fundamentales
integrados en la parte dogmática de la Constitución priman sobre los criterios
de sostenibilidad, pues estos últimos se subordinan a los primeros en tanto
mecanismos de realización o efectividad de aquellos. Por eso, los criterios de
sostenibilidad “no pueden suponer una injerencia indebida en el ámbito de
autonomía e independencia reservado por la Constitución a los jueces de la
República al momento de aplicar el ordenamiento jurídico y resolver los casos concretos sometidos
a su escrutinio” (resaltado del original). La Sala Novena de Revisión
explicó, en línea con los fundamentos de la Sentencia C-128 de 2012, que la
única incidencia que el criterio de sostenibilidad fiscal tiene en la actividad
judicial se da luego de proferida y ejecutada la sentencia, cuando,
eventualmente, se inicie un incidente de impacto fiscal contra la misma. El
hecho de que no sea al juez, sino el legislador, quien ejerce funciones de
planeación y ordenación del gasto público, impiden que el primero subordine a
criterios financieros la aplicación del derecho. Su deber consiste en “aplicar
el ordenamiento jurídico de conformidad con la Constitución, inaplicar la
legislación en los eventos en que sus preceptos quebranten abiertamente la
norma suprema, e integrar el ordenamiento jurídico colmando los vacíos de
regulación o salvando las contradicciones presentes en las cláusulas
legislativas, de acuerdo con los principios protectores del derecho del trabajo
y la seguridad social, entre ellos el de la condición más beneficiosa al
afiliado o beneficiario de la seguridad social.”
[57]
M.P. Jorge Iván Palacio.
[58] Respecto
de este punto, el fallo expuso lo siguiente: “La necesaria
valoración de elementos como  el principio de igualdad y del mínimo vital
de la actora resalta la relevancia constitucional del problema planteado y
obliga a que el juez constitucional se pronuncie respecto de la aplicación de
las disposiciones legales en este caso concreto, sobre todo buscando que la
misma se haga en concreción del principio de interpretación conforme a la
Constitución, de manera que se tengan en cuenta valores y principios
constitucionales que necesariamente deben iluminar la lectura de las
disposiciones legales. Esto, aunado a la especial situación de debilidad
manifiesta, y al estado de sujeto de especial protección que reviste la
accionante, hace necesario desplegar el contenido material, real y efectivo de
los principios de solidaridad e igualdad que ilustran nuestra Carta Magna (….)”.
[59] La sentencia recordó que, por
ejemplo, el legislador extendió los beneficios de la pensión de sobrevivientes
hasta el momento en que los jóvenes estudiantes cumplan 25 años de edad;
momento en el cual  se presume que  están preparados para iniciar su
vida laboral y para asumir directamente el pago de los aportes al sistema de la
seguridad social integral.
[60]
M.P. María Victoria Calle
[61]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[62]
M.P. María Victoria Calle.
[63]
Inaplicado el requisito de edad que supeditaba el
reconocimiento de la pensión de invalidez para persona joven a los menores de 20
años, las providencias verificaron que ambos accionantes podían acceder a la
prestación en las condiciones previstas en el primer parágrafo del artículo 1º
de la Ley 860 de 2003. Ana Lucía había cotizado 34 semanas al sistema general
de seguridad social dentro del año previo a la fecha en que se estructuró su
invalidez. Erik, por su parte, había cotizado 49 semanas al sistema dentro del
año inmediatamente anterior a la fecha en que perdió su capacidad laboral de
forma permanente y definitiva.
[64]
En el mismo sentido, pueden revisarse las sentencias T-819 de
2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-580 de 2014 (M.P. Gloria Stella
Ortiz).
[65]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[66]
Al respecto, sostuvo la Sala Plena: “De todo
lo anterior puede inferirse entonces que el legislador fijó un límite de edad
para definir el universo de destinatarios del tratamiento especial previsto en
la norma demandada, pero que a la previsión de ese parámetro de edad no sólo no
subyace una deliberación especial y particular del Congreso, sino que de hecho
no se advierte que hubiera argumentos en su respaldo. Esto ya había sido
advertido por la Corte Constitucional en la sentencia T-777 de 2009, primera en
una línea de pronunciamientos jurisprudenciales que han inaplicado de forma
sostenida el límite de edad que contempla el parágrafo acusado, y lo han
extendido conforme a la universalidad del servicio de seguridad social hacia
personas también consideradas razonablemente como jóvenes, aunque no sean
específicamente jóvenes menores de veinte años de edad”.
[67] La sentencia Corte advirtió, por ejemplo, que las cifras
aportadas no descartaban que toda la población con menos de 20 años tuviera
pocas o nulas probabilidades de cumplir con la regla general de 50 semanas de aportes en los tres años anteriores a la
estructuración de la invalidez. Según los datos de Asofondos, las mujeres con
diecinueve años de edad sí tendían a reunir en promedio esas cincuenta semanas
en tres años anteriores y consecutivos. Los
datos demostraban, así mismo, que los menores de veinte años, fueran hombres o mujeres, no
tendían a reunir veintiséis semanas de aportes en un mismo año. Esto sugeriría
que el beneficio de acceso a la pensión ideado por el legislador es aparente y
realmente escaso o insuficiente.
[68] El fallo le atribuye tal circunstancia al tránsito de
sociedades puramente rurales hacia colectividades fundamentalmente
urbanas y a las transformaciones industriales, tecnológicas e informáticas
experimentadas al interior de estas últimas. Tal transición, sostuvo, ha
conducido a que el intervalo entre la niñez y la vida
adulta, conceptualmente cubierto en el ámbito laboral y de la seguridad
social en pensiones de invalidez por el concepto “juventud”, tienda a ser cada
vez más amplio, en tanto el acceso al mercado laboral exige “un espacio de
formación y capacitación superior en términos temporales e intelectuales al que
antes era necesario para efectos equivalentes en sociedades industrial y
tecnológicamente menos complejas, con una división elemental y naturalmente más
simple y básica del trabajo”.
[69]
El criterio de decisión acogido por el fallo de constitucionalidad ha sido
aplicado por las sentencias T-128 (M.P. Jorge Iván Palacio) y T-182 (M.P. María
Victoria Sáchica) de 2015.
[70]
El fallo de tutela proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el 26 de junio de 2013 realiza importantes consideraciones acerca los
deberes que surgen para los funcionarios judiciales encargados de resolver
controversias pensionales, de cara a la adopción de fallos que aseguren que el
derecho sustancial prime sobre las formalidades procesales y que garanticen la
prevalencia de un orden justo, en los términos previstos en la Constitución. Al
respecto, la sentencia señaló lo siguiente: “(…) lo referido adquiere
connotación en la discusión de derechos sociales como los de las pensiones,
dado que los jueces son los convocados legal y constitucionalmente a
efectivizarlos, en el entendido de que esa prestación es la que garantiza a
sectores de la población, sumidos en las contingencias de la invalidez y la
vejez, o a quienes ante el advenimiento de la muerte de quien procuraba el
amparo afectivo y económico, suplir sus necesidades y, en muchos casos, dar
apoyo a su familia. En ese contexto, la adopción de una decisión, sin ningún
miramiento por aquel al que se aplica, conlleva una injusticia extrema, que no
es posible admitirse, ni avalarse, porque sin duda trasgrede las obligaciones
superiores, de manera que, en excepcionales eventos, es posible que la
herramienta de la tutela remedie tales situaciones contrarias al ordenamiento
constitucional” El resaltado es de esta Sala de Revisión. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, junio 26 de 2013, Rad.
32812. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón).
[71]
Sentencia Nº 027 del 20 de mayo de 2013, Radicado
76-520-31-05-003-2011-00021-01. Acta de Aprobación Nº 016. Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Buga, Sala Primera de Decisión Laboral.
[72]
Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, junio 26 de 2013,
Rad. 32812. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. (Folios 37 a 44 del primer
cuaderno del trámite de primera instancia).
[73]
La providencia contrastó
la información contenida en la historia laboral que Protección S.A. allegó al
expediente con la consignada en un documento adjunto a la demanda. Al
respecto, indicó lo siguiente: “En ese sentido, tenemos la historia de
cotizaciones del actor al fondo de pensiones demandado, que aparece a folios 8
a 10 aportados por el accionante, pero de los cuales no se conoce su autor, y
86 a 88, allegados por la parte pasiva, la cual sería la historia a tener
cuenta en atención al artículo 269 del C.P.C., aplicable a esta clase de
asuntos por remisión expresa del artículo 145 del CPT y s.s., no obstante el
contenido de ambos documentos en cuanto al número de semanas cotizadas por
aquel es el mismo”. (Proceso ordinario laboral promovido por Jonatan David
Chaves Morales, contra la Administradora de Fondos y Cesantías Protección
2011-00021-01,  Folio 80 del cuaderno de primera instancia).
[74]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[75]
Folios 10, 11 y 12 del cuaderno de primera instancia.
[76] La Sala resalta este aspecto considerando que la providencia judicial
cuestionada valoró, apoyándose en la historia laboral aportada al proceso
ordinario, cotizaciones de 30 días en mayo, junio y agosto de 2008, y 16 días
de aportes en septiembre del mismo año. Tal información contrasta con el relato
que la apoderada judicial de Jonatan efectuó en la acción de tutela, cuando
dijo que su representado había trabajado durante 2009, realizando oficios
varios en Metálicas Mundial Ltda., actividad que, según dijo, realizó hasta
ocho días antes de la fecha en que sufrió el accidente de tránsito. También
contrasta con una certificación que la abogada hizo llegar a la Corte
durante el trámite de revisión constitucional. El documento, suscrito por una
representante del Departamento de Gestión Humana de la referida compañía,
indica que Jonatan David trabajó en la empresa “desde el 23 de agosto de
2007 hasta el 16 de septiembre de 2008, con un contrato a término fijo inferior
a un año, desempeñando el cargo de oficios varios, devengando un salario mínimo
de mensual de $ 461.500” (Folio 65 del cuaderno de revisión constitucional).
Tal afirmación sugeriría que Jonatan tuvo una vinculación laboral superior
a un año, en virtud de la cual pudo haber cotizado al menos cuatro semanas más
–las de julio de 2008- durante el año anterior a la fecha en que se estructuró
su invalidez, que las que la Sala Laboral accionada tuvo en cuenta para efectos
de calcular, en el marco de los datos consignados la historia laboral, si podía
acceder a la pensión de invalidez para persona joven. Como, en todo caso, las
conclusiones que en este sentido formuló la autoridad judicial accionada  no
fueron controvertidas por el peticionario, ni se acusó al fallo de incurrir en
un defecto fáctico, la Sala no se pronunciará sobre este aspecto.
[77]
Sentencia C-020 de 2015, fundamento jurídico 46.
[78]
Cfr. Fundamento jurídico 40 de la presente providencia.
[79]
M.P. Humberto Sierra Porto. Sobre el mismo asunto pueden
revisarse las Sentencias T-691 de 2010, T-161 de 2011 (M.P. Humberto Sierra
Porto) y los autos 320 de 2013 y 259 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[80]
Folios 45 y 46 del trámite de revisión.