T-149-20
Sentencia T-149/20
Referencia: Expediente
T-6.971.094
Asunto: Tutela
instaurada por la señora Adela Mora Ortega contra la Unidad Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales y otros
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo
de dos mil veinte (2020).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los
fallos dictados por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto y por la Sala Oral del Tribunal Administrativo de Nariño, en la acción de
tutela interpuesta por la señora Adela Mora Ortega contra la Unidad Especial de
Gestión Pensional y Parafiscales (en adelante UGPP) y otros.
I. ANTECEDENTES
1.1. Hechos relevantes
1.1.1. La
señora Adela Mora Ortega, tiene actualmente 81 años[1]
y pertenece a una comunidad religiosa llamada Hermanas Franciscanas de María
Inmaculada, razón por la cual reside en el Hogar de María, en el que sus
integrantes aportan sus salarios o sus mesadas pensionales para el
sostenimiento de la comunidad. Trabajó en instituciones educativas en el área
administrativa y como docente con las siguientes vinculaciones: (i) en la
Secretaría de Educación de Nariño, en un primer período, entre el 18 de octubre
de 1966 y el 10 de septiembre de 1986, tiempo en que las cotizaciones para
seguridad social se realizaron en Previnar; en un segundo período, entre el 1º
de septiembre de 1991 y el 26 de agosto de 1994 cuando los aportes se
realizaron al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante FOMAG), en un tercer período entre el 27 de septiembre de 1994 y el 30
de agosto de 1995 y, en un último período, entre el 16 de septiembre de 1995 y
el 1º de septiembre de 1996, estos últimos en los que igualmente se cotizó al
FOMAG. De igual manera, también prestó servicios: (ii) en la Secretaría de
Educación del Putumayo desde el 1º de octubre de 1986 al 30 de diciembre de
1989 realizando aportes a la Caja Nacional de Previsión (en adelante CAJANAL) y
desde el 1º de enero de 1990 al 20 de agosto de 1991, realizando aportes al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (iii) en la
Secretaría de Educación del Cauca, del 20 de febrero de 1997 al 26 de enero de
2004, cuyos aportes se hicieron nuevamente al FOMAG.
1.1.2. El 25
de agosto de 2003, la señora Mora Ortega presentó petición ante el Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Regional Nariño, para que le fuera reconocida la pensión ordinaria de
jubilación. Sobre el particular, en Resolución No. 3653 del 12 de noviembre de
2004, se negó su solicitud, con fundamento en que a la fecha de creación de ese
fondo (29 de diciembre de 1989) la pensión de jubilación ordinaria ya estaba
causada y la actora se encontraba afiliada a CAJANAL (ahora UGPP). Para
determinar la fecha de causación de la pensión, la autoridad señaló que el
régimen aplicable a la accionante era el establecido por el Decreto 3135 de
1968 y por el 1848 de 1969 que lo reglamentó, según los cuales tenía derecho a
la pensión la mujer con 20 años de labor continuos o discontinuos que tuviera
50 años de edad[2]. Adicionalmente, mencionó
que el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 91 de 1989 establece que las
prestaciones del personal nacional causadas al momento de promulgación de la
ley, están a cargo de la Caja Nacional de Previsión[3].
1.1.3. Con
posterioridad, la accionante señala que fue trasladada a distintas zonas del
país, por lo que no pudo continuar con los trámites pensionales hasta que
regresó al departamento de Nariño. Así las cosas, en el año 2013 presentó una
nueva petición ante la UGPP, con el objeto de que le fuera reconocida su
pensión de jubilación. En respuesta que consta en la Resolución No. RDP 031528
del 12 de julio de 2013, la Unidad en cita negó la solicitud formulada con
fundamento en que únicamente se encontraron cotizadas 251 semanas a CAJANAL, en
el período que trabajó para el departamento de Putumayo, esto es, desde el 1º
de octubre de 1986 al 20 de agosto de 1991. Además, se le indicó que no se
contabilizaron los tiempos de servicios prestados a los departamentos del Cauca
ni de Nariño, por cuanto en los certificados aportados no aparece claramente a cuál
entidad se realizaron los aportes a pensión por parte de estos empleadores.
Contra la
anterior decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación. La entidad confirmó la decisión recurrida en Resolución No.
RDP38275 del 21 de agosto de 2013, al considerar que quien era competente para
el reconocimiento de la prestación era el Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en tanto la docente pertenecía al régimen establecido en la Ley 91
de 1989.
Luego, en la Resolución
No. RDP 043087 del 17 de septiembre de 2013, la UGPP confirmó el acto apelado, señalando
que la actora no cumplía con el requisito establecido en la Ley 33 de 1985 para
acceder a la pensión de jubilación[4], esto es, 20 años de
servicios y 55 años de edad, pues únicamente se acreditaron cotizaciones por
251 semanas en CAJANAL. Aunado a lo anterior, agregó que la accionante debía
aportar la totalidad de los certificados de información laboral, los cuales tenían
que indicar la Caja o Fondo al cual cotizó para pensiones, requisito
indispensable para establecer la competencia para el reconocimiento de la
pretensión reclamada.
1.1.4. Por
último, la señora Mora Ortega relata que debió acudir a los entes nominadores
de Nariño, Putumayo y Cauca para completar su historia laboral. Una vez
recopilados los documentos exigidos, la accionante presentó solicitud de
reconocimiento pensional ante la Gobernación de Nariño, la cual fue negada
mediante Resolución No. 2684 del 13 de julio de 2017, con fundamento en que,
para el momento en que adquirió el estatus pensional, ella estaba afiliada a CAJANAL,
de suerte que la competente para reconocer la prestación es la entidad que la
sustituyó.
Contra la
anterior resolución presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación,
cuya decisión le fue adversa, al invocar los mismos argumentos ya expuestos,
previa referencia del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 91 de 1991, en los
mismos términos que lo hizo el FOMAG en el año 2004[5].
1.2.
Solicitud de amparo constitucional[6]
1.2.1. La accionante reclama el
amparo de sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la dignidad
humana, a la igualdad y al debido proceso, los cuales estima vulnerados por la
Gobernación de Nariño, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y la UGPP, como consecuencia de no haberle reconocido la pensión de jubilación
a la que aduce tener derecho. Con fundamento en lo anterior, solicita que, una
vez definida la autoridad a quien le compete el reconocimiento del derecho
pensional, se le pague la pensión de jubilación y, en consecuencia, se realice
el desembolso de las mesadas atrasadas, desde el día 25 de agosto de 2000, esto
es, tres años antes de la primera petición presentada por ella. También pide
que se disponga la indexación de las citadas mesadas causadas hasta la fecha de
inclusión en nómina de pensionados.
1.2.2. Para la accionante el
amparo es procedente, en primer lugar, porque pese a que transcurrieron 15 años
entre la primera actuación dirigida al reconocimiento de la pensión y la acción
de tutela, el requisito de inmediatez se cumple en su caso, por la situación
laboral especial en la que se encontraba, la cual le demandaba viajar a
distintos lugares del país y, en consecuencia, le impedía realizar las
actuaciones necesarias para recopilar la información relacionada con su
historia laboral. Ello aunado al hecho de que no le han definido cuál es la autoridad
competente para el reconocimiento de su pensión. En segundo lugar, menciona que
la tutela es procedente, respecto de otras vías judiciales, porque con la
ausencia de reconocimiento pensional se está afectando su mínimo vital y su
dignidad humana, pues no cuenta con los recursos necesarios para proveerse sus
necesidades, lo que la ha llevado a depender económicamente de la comunidad
religiosa a la cual pertenece. Por lo demás, es una persona de 81 años que
causó su pensión hace más de 30 años y que no la ha podido disfrutar por distintas
trabas administrativas ajenas a ella.
1.3. Contestación de
las entidades accionadas y vinculadas
1.3.1. Secretaría de Educación Departamental de Nariño
El
Secretario de Educación Departamental de Nariño aseguró que, a través del
FOMAG, dio respuesta a las peticiones de reconocimiento pensional efectuadas
por la accionante y procedió a negarlas, por cuanto no es de su competencia
efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación pretendida. En
este sentido, insistió en que para el momento en que la accionante cumplió con
el estatus de pensionada, esto es, el 19 de diciembre de 1988, no existía el
FOMAG, el cual fue creado por la Ley 91 de 1989. Este último régimen normativo,
en el artículo 2, numeral 1, establece que el reconocimiento de pensiones del
personal nacional causadas al momento de entrada en vigencia de la ley, le
corresponde a CAJANAL, ahora UGPP.
A
continuación, explicó cómo se efectúa el reconocimiento y pago de prestaciones
a su cargo, para lo cual señaló que una vez recibidos los documentos
presentados por el solicitante y si estos se encuentran completos, se procede a
ingresar la solicitud a la Fiduprevisora. En caso de que no se cumpla alguno de
los requisitos de forma, la petición es negada mediante acto administrativo, en
caso contrario, se procede a elaborar el proyecto de acto administrativo de
reconocimiento y pago, el cual luego es enviado a la Fiduprevisora para su
aprobación.
1.3.2. Subsecretaría de Talento Humano de la Gobernación de Nariño
La
Subsecretaria de Talento Humano de la Gobernación de Nariño solicitó que se
desvincule al departamento de Nariño, por cuanto no vulneró ninguno de los
derechos fundamentales invocados por la actora. En este sentido, reiteró los
argumentos expuestos en la Resolución No. 2684 del 13 de julio de 2017,
referente a que la entidad competente para reconocer la pensión de jubilación
era la UGPP, toda vez que para el momento en que la accionante cumplió los
requisitos exigidos por ley para acceder al otorgamiento del citado derecho estaba
afiliada a CAJANAL. Por lo demás, consideró que si se llegaba a estimar que para
el caso de la accionante lo que se exigen son 55 años de edad, al momento de
cumplirlos, estaba afiliada al FOMAG, de forma que sería ella la competente
para el reconocimiento y pago de la prestación.
1.3.3. Fiduprevisora S.A.
El
Vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, administrado
y representado por la Fiduprevisora S.A., intervino para solicitar la
declaratoria de improcedencia de la acción. Al respecto, explicó que la Nación
– Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A. suscribieron un contrato de
fiducia mercantil, para que esta última administre los recursos del fondo y
que, en tanto es una empresa industrial y comercial de economía mixta, no tiene
competencia para expedir actos administrativos, pues dicha facultad la tienen
las entidades que ejercen función pública.
Explicó
que tratándose de reconocimientos pensionales, le corresponde al Fondo dar la
aprobación previa al proyecto de acto administrativo que suscribe el secretario
de educación correspondiente, según lo establecido en el artículo 56 de la Ley
962 de 2005 y el artículo 4 del Decreto 2831 del año en cita. De esta manera, no
le compete satisfacer la pretensión de la accionante, pues, según lo dispuesto
en las referidas normas, y dado el caso, ello es una atribución exclusiva de la
Secretaría de Educación de Nariño quien debe proferir el acto administrativo de
reconocimiento y pago, de conformidad con las solicitudes efectuadas por la actora.
1.3.4. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales
El
representante de la UGPP solicitó que se denegaran las pretensiones de la señora
Mora Ortega. En primer lugar, señaló que no se cumplen los presupuestos de
procedencia de la acción de tutela, concretamente la inmediatez y la
subsidiariedad, por cuanto la demandante dejó pasar cuatro años desde la última
negativa de la entidad y en ese tiempo no inició actuación alguna ante la
jurisdicción ordinaria. Respecto de este mismo punto destacó que la accionante
no acreditó la afectación de ningún derecho fundamental que resulte imputable a
la conducta de la UGPP, así como tampoco la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.
En
segundo lugar, aseguró que actualmente no tiene ninguna petición de reconocimiento
pensional por parte de la señora Mora Ortega, ya que la última que se presentó
se resolvió de forma negativa con la Resolución No. RDP 043087 del 17 de
septiembre de 2013, en la que se confirmó la Resolución No. RDP 031528
del 12 de julio del mismo año.
En
tercer lugar, mencionó que en las citadas resoluciones se le advirtió a la
accionante que debía aportar los certificados expedidos por el empleador en
formatos CLEBP, siguiendo para el efecto la circular conjunta del Ministerio de
Hacienda, por lo que no puede pretender, cuatro años después, obtener un
derecho que no ha acreditado. En este sentido, explicó que la carga de la
prueba no está en cabeza de la entidad que reconoce la prestación, sino del
solicitante, en este caso, de la señora Adela Mora Ortega.
Por
último, recordó que no basta con que la accionante haya considerado que la UGPP
desconoció sus derechos fundamentales, sino que debe existir un nexo causal
entre la actuación de la entidad y el daño o peligro sufrido por ella, el cual,
a su juicio, es inexistente.
1.3.5. Ministerio de Educación[7]
La
Asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación intervino en la
acción de tutela, para solicitar su desvinculación. Sobre el particular, afirmó
que no tiene competencia para reconocer y pagar pensiones a cargo del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, ya que tal atribución recae en la
respectiva entidad territorial (Secretaría de Educación Departamental de
Nariño) y en la fiduciaria administradora del Fondo.
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
2.2. Primera instancia[8]
En
sentencia del 8 de junio de 2018, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del
Circuito de Pasto decidió conceder el amparo solicitado. Al respecto, afirmó
que la accionante es una persona de la tercera edad que no cuenta con un medio
judicial lo suficientemente idóneo y eficaz para proteger los derechos
fundamentales comprometidos con la ausencia de reconocimiento pensional. En
concreto, explicó que la solicitante no tiene un ingreso mensual fijo para
sufragar sus necesidades básicas y que tiene disminuida su capacidad física en
razón a su edad. Además, encontró probado que ella ha adelantado los trámites
administrativos a su disposición para obtener su historia laboral y así
sustentar las distintas solicitudes de reconocimiento de pensión de jubilación
que ha presentado, siendo la última resuelta el 20 de octubre de 2017, es
decir, cinco meses y 14 días antes de interponer la presente acción de tutela, supuesto
que permite superar el requisito de inmediatez.
Al
descender al estudio del caso concreto, afirmó que la señora Mora Ortega se
vinculó como docente de carácter nacional desde 1966, de manera que en materia
pensional le es aplicable la Ley 91 de 1989, la cual establece, en el artículo
2, numeral 1, que las prestaciones sociales del personal nacional docente
causadas hasta la fecha de promulgación de dicha ley, se asumen por la Caja
Nacional de Previsión Social y por el Fondo Nacional del Ahorro, y deberán ser
pagadas por tales entidades o las que hicieren sus veces[9],
de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985[10].
Dicha
normatividad, en el artículo 1, prescribe que el empleado oficial que sirva o
haya servido por 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años, tendrá derecho a que la Caja de Previsión le pague una pensión de
jubilación. Por su parte, el parágrafo del precepto en cita establece que el
empleado que a la fecha de promulgación de la Ley 33 de 1985 haya cumplido 15
años de servicio se le continuarán aplicando las disposiciones sobre edad de
jubilación que regían con anterioridad[11], es
decir, lo previsto en el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848
de 1969, en el que se fija la edad de pensión en 55 años en el caso de los hombres
y 50 en caso de las mujeres[12].
Explicado
lo anterior, señaló que, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de
1985 (29 de enero), la accionante tenía un período laborado de más de 18 años,
por lo que es beneficiaria del régimen de transición previsto en esa normativa,
siendo aplicable a ella el requisito de edad de 50 años de edad, el cual
cumplió el 19 de diciembre de 1988, fecha para la cual tenía 22 años y 24 días
de servicios y estaba afiliada a CAJANAL.
Así
las cosas, concluyó que la señora Mora Ortega cumplió los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de
1989 (29 de diciembre), por lo que le es aplicable el numeral 1 del artículo 2
de dicho estatuto legal, conforme al cual CAJANAL debía asumir el
reconocimiento de las pensiones del personal nacional causadas a 29 de
diciembre de 1989. En todo caso, advirtió que, como la accionante realizó
aportes a la Caja de Previsión del Departamento de Nariño por 19 años, 11 meses
y 10 días, la UGPP tiene derecho a repetir en contra de ella, de acuerdo con el
procedimiento establecido en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985[13].
Con
fundamento en lo anterior, ordenó a la UGPP que, en el término de 20 días
siguientes a la notificación del fallo, profiriera resolución de reconocimiento
de la pensión a favor de la señora Adela Mora Ortega y que, en el plazo de 30
días, cubriera los valores correspondientes a las mesadas causadas a partir de
cumplimiento de los requisitos, siempre que ellas no hayan prescrito.
2.2. Impugnación
El
representante de la UGPP solicitó que se revocara la decisión del juez de
primera instancia. A juicio de la Unidad, la sentencia impugnada careció de soporte
documental para fundamentar la decisión adoptada, pues el juez no agotó la
posibilidad de que las secretarías de Educación del Cauca y de Nariño allegaran
al proceso los formatos CLEB, conforme a la circular conjunta del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público del año 2007, documentos que son esenciales para
verificar si la actora tiene o no derecho a la prestación pretendida. Además, señaló
que, aunque la providencia permite a la UGPP repetir contra la Secretaría de
Educación de Nariño, no dirige dicha orden a esa entidad para que haga las
provisiones necesarias dirigidas a efectuar los pagos.
Por
otro lado, advirtió que reconocer y pagar una mesada pensional sin el
cumplimiento de los requisitos de ley, afecta la sostenibilidad financiera del
sistema general de pensiones, en tanto los recursos son limitados y deben ser
pagados con cargo a la cuenta del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional.
Por
último, explicó que la orden dictada es abiertamente contraria a los mandatos
constitucionales y legales que regulan las pensiones, por cuanto (i) no hay
claridad respecto de la caja a la cual se realizaron los aportes; (ii) porque resulta
evidente la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo, ya que se está
ordenando un reconocimiento pensional sin tener claridad de quién es el competente
para asumir y quién debe responder por los períodos laborados; (iii) el
cumplimiento desconoce el principio de orden justo, en tanto los recursos
públicos en materia pensional deben ser destinados a la ampliación de la
cobertura para las personas más vulnerables y no para el beneficio de unos
pocos, como consecuencia de una errada aplicación de la normatividad por parte
del juez, lo que de contera conduce a la infracción del derecho a la igualdad
del resto de la población; (iv) y porque (v) la UGPP es la llamada a hacer
cumplir el fallo y, por ende, es la que conoce cuáles son los postulados que
definen su competencia.
2.3. Segunda instancia
En
sentencia del 24 de julio de 2018, la Sala de Decisión del Sistema Oral del
Tribunal Administrativo de Nariño decidió revocar la decisión del a-quo,
habida consideración de la situación personal de la accionante, la cual no
ameritaba la intervención del juez de tutela para el reconocimiento de la
pensión reclamada. En efecto, destacó que ella vivía en una comunidad religiosa
que le proveía todos los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades
básicas, sin que se advirtiera la violación de su mínimo vital ni su dignidad
humana, de manera que no se está ante la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que desplace el medio ordinario con el que cuenta para exigir su
pretensión de reconocimiento pensional.
III. PRUEBAS RELEVANTES QUE
OBRAN EN EL EXPEDIENTE
-
Copia de la Resolución No. 3653 del 12 de noviembre de 2004 expedida por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que se niega el
reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada por la accionante.
-
Copia de la Resolución No. RDP 031528 del 12 de julio de 2013 expedida por la
UGPP, en la que se niega el reconocimiento de la pensión reclamada por la
accionante.
-
Copia de los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, presentado
por la accionante contra la decisión reseñada en el párrafo anterior.
-
Copia de la Resolución No. RDP 038275 del 21 de agosto de 2013 expedida por la
UGPP, en la que se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución No.
RDP 031528 del 12 de julio del mismo año, confirmando la determinación
contenida en ella.
-
Copia de la Resolución No. RDP 043087 del 17 de septiembre de 2013 expedida por
la UGPP, en la que se resuelve un recurso de apelación contra la Resolución No.
RDP 031528 del 12 de julio del mismo año, confirmando la decisión contenida en
ella.
-
Copia de la Resolución No. 2684 del 13 de julio de 2017 expedida por la
Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Nariño, en la que se niega el
reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada por la accionante.
-
Copia de la Resolución No. 2857 del 5 de septiembre 2017 expedida por la
Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Nariño, en la que se resuelve un
recurso de reposición contra la Resolución No. 2684 del 13 de julio del mismo
año, confirmando la decisión contenida en ella.
-
Copia de la Resolución No. 247 del 20 de octubre de 2017 expedida por el
Gobernador de Nariño, en la que se resuelve un recurso de apelación contra la
Resolución No. 2684 del 13 de julio del mismo año, confirmando la determinación
contenida en ella.
-
Copia del formato No. 1 del certificado de información laboral de la accionante
emitido por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño.
-
Copia del formato No. 2 del certificado de salario base de la accionante proferido
por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño.
-
Copia de una declaración de parte realizada por la accionante ante el juez de
primera instancia, en la que sostiene que ,al ser parte de una comunidad
religiosa, realizó un voto de pobreza, por lo que no su maneja dinero, siendo
tal actividad realizada directamente por la congregación. También manifestó que
dicha organización vive de los salarios o pensiones que reciben todas sus
integrantes, aunque ella desde hace muchos años no ha realizado ningún aporte,
por lo que considera que es su obligación hacerlo, máxime cuando ha trabajado
por más de 30 años, entre otras, con miras a adquirir su derecho pensional.
Señala que la comunidad es la que realiza los aportes en salud, lo que explica
que esté afiliada a EMSSANAR. Agrega que padece hipertensión y que, por ello, debe
tener una alimentación especial, aunado a un problema en su vesícula.
IV. REVISIÓN POR LA CORTE
CONSTITUCIONAL
4.1. Competencia
Esta Sala es
competente para revisar las decisiones proferidas en la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política. El expediente fue seleccionado por medio de Auto del 28
de septiembre de 2018 proferido por la Sala de Selección número Nueve.
4.2. Actuaciones surtidas en sede de revisión
4.2.1. En Auto del 4 de diciembre de 2018, el
Magistrado Sustanciador ofició a la Secretaría de Educación y Cultura
del Cauca y a la Secretaría de Educación de Nariño, para que
informaran las fechas exactas en las que la señora Adela Mora Ortega prestó sus
servicios a dichas entidades, así como a cuál fondo o caja se realizaron los aportes
destinados a pensión, correspondientes a los tiempos de servicios prestados por
la accionante. Por lo demás, se solicitó aportar los formatos
No. 1 y 3B, de acuerdo con lo establecido en la Circular Conjunta No. 13 de
2007 del Ministerio de Hacienda.
4.2.1.1. El 17 de diciembre de 2018, la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca remitió un
certificado laboral, en el que consta que la accionante trabajó para dicha
entidad territorial desde el 20 de febrero de 1997, hasta el 1 de febrero de
2004, siendo los aportes para pensión realizados en el Fondo del Magisterio. También
aportó la certificación electrónica de tiempos laborados.
4.2.1.2. En escrito del mismo día, la
Secretaría de Educación de Nariño, informó que la accionante tuvo los
siguientes períodos de vinculación laboral, en los que se realizaron los
aportes a distintos fondos o cajas[14], según se describe a
continuación:
Períodos
de vinculación laboral
Caja,
fondo o entidad a la que se realizaron los aportes
Desde
Hasta
01-oct-66
30-dic-71
PREVINAR – Gobernación
de Nariño
01-ene-72
10-sep-86
PREVINAR –
Gobernación de Nariño
01-sep-91
26-ago-94
Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
27-sep-94
30-ago-95
Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
16-sep-95
30-ago-96
Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Adicionalmente,
aportó con su escrito el formato No. 1 correspondiente al certificado de
información laboral y los formatos No. 3 (B), en los que constan los salarios
mes a mes.
4.2.2.
En escrito del 25 de enero de 2019, la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales intervino en el proceso, para solicitar que se le
desvincule de la acción de tutela de la referencia, por cuanto no le
corresponde realizar el reconocimiento pensional reclamado. Al respecto explicó
que, durante el trámite de amparo, efectúo un nuevo estudio de la solicitud
pensional de la señora Adela Mora Ortega, luego del cual llegó a la conclusión
de que a quien le asiste el otorgamiento de la pensión de jubilación es a la última
caja o fondo al cual se realizaron los aportes, que, para el caso de la
accionante, es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Regional Cauca, ya que ella prestó sus servicios a ese departamento desde el 19
de febrero de 1997, hasta el 6 de enero de 2004, siendo el último al cual realizó
aportes para pensión. Esta postura la sostiene con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 91 de 1989, a
cuyo tenor literal señala que: “El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen
con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. (…).”
Según se advierte, esta decisión fue adoptada por la
UGPP en Auto ADP 007286 del 16 de octubre de 2018 y en él se dispuso la
remisión de la solicitud pensional al departamento del Cauca y al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
4.2.3. En escrito del 30 de enero de 2019, la
Fiduprevisora reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la acción
de tutela, conforme a los cuales no le asiste competencia para el otorgamiento
de reconocimientos pensionales, ya que esto es una atribución exclusiva de las
secretarías de educación.
4.2.4. En Auto del 24 de abril de 2019, el Despacho
requirió a la Gobernación del Cauca y al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio para que informara qué trámite se le impartió a la
solicitud de reconocimiento pensional de la actora, conforme a la remisión
realizada por la UGPP el 16 de octubre de 2018. Sobre el particular, en oficio
del 10 de mayo de 2019, la Secretaría General de esta Corporación informó que
no se recibió respuesta del citado requerimiento.
4.2.5. En Auto del 19 de julio de 2019, la Sala
Tercera de Revisión vinculó a la Gobernación del Cauca – Secretaria de
Educación y le solicitó nuevamente que informara qué trámite se le impartió a
la solicitud de reconocimiento pensional de la actora, como ya se dijo,
remitido por la UGPP el 16 de octubre de 2018. En oficio del 26 de julio del
año en curso, la Secretaria General de esta Corporación informó que no se
recibió respuesta del citado requerimiento.
4.2.6. En Auto del 30 de julio de 2019, el Magistrado
Sustanciador insistió en la solicitud de la prueba decretada.
4.2.6.1. En respuesta recibida en este despacho el 2
de agosto de 2019, el apoderado del Departamento del Cauca rindió informe, en
el que aseguró que no ha incurrido en acción u omisión que implique afectación
de los derechos fundamentales de la accionante.
Para sustentar su posición, precisó, en primer lugar,
que la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Cauca en oficios
del 10 y 13 de mayo de 2019 dio respuesta al primer requerimiento que hizo la
Corte, pero por un error de dicha dependencia, se envió a un correo electrónico
distinto al de la Secretaria General de esta Corporación. En dichos oficios se
informó que se remitió copia del expediente enviado por la UGPP a la
Fiduprevisora, por cuanto dicha entidad es la encargada del reconocimiento de
las prestaciones sociales, como administradora de los recursos del FOMAG.
En segundo lugar, informó que el 29 de junio de 2019,
la Fiduprevisora les envió la hoja de revisión, en la que negaban el
reconocimiento pensional, comoquiera que este no se trataba del cumplimiento de
una orden de tutela, sino de un estudio de reconocimiento de pensión de
jubilación, por lo que lo correspondiente era remitir el expediente pensional
para “trámite normal”. El 19 de julio del año en cita, la Secretaria de
Educación procedió en tal sentido.
4.2.7. El 9 de agosto de 2019, la Subdirectora de
Defensa Judicial Pensional de la UGPP remitió un escrito en el que reiteró su
solicitud de desvinculación de la acción de tutela, ya que, en su opinión no
debe asumir el pago de la pensión reclamada.
4.2.8. Por último, el 30 de octubre de 2019, la
Secretaría de Educación y Cultura remitió a este despacho la Resolución No.
2016-25/09/2019, en la que se niega el reconocimiento de la pensión de
jubilación de la accionante, con fundamento en el fallo de primera instancia de
la tutela de la referencia, en el que se definió que la obligada a asumir la
pensión reclamada es la UGPP.
4.3. Planteamiento del caso,
problema jurídico y esquema de resolución
A partir de las circunstancias
que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, de las decisiones
adoptadas en las respectivas instancias judiciales y de la información obtenida
en sede de revisión, esta Corporación debe determinar si las entidades accionadas
desconocieron los derechos a la dignidad humana, a la vida digna, a la
seguridad social y al debido proceso de la señora Adela Mora Ortega, al no
reconocer y pagar la pensión reclamada, con fundamento en la ausencia de
competencia para el efecto, a pesar de que, según alega, cumple los requisitos
para su obtención.
4.3.2. Con el
fin de resolver el problema jurídico propuesto, esta Sala (i) realizará el
examen de procedencia de la acción de tutela; (ii) expondrá la jurisprudencia
relevante sobre la inoponibilidad de disputas administrativas para el
reconocimiento y pago de derechos pensionales y, finalmente, con sujeción a lo
expuesto, (iii) abordará la solución del caso concreto.
4.4.
Examen de procedencia de la acción de tutela
4.4.1. En cuanto
a la legitimación por activa, el artículo 86 de la Constitución Política
dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la
protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto
constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el
que se establece que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de estos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”.
En el caso bajo examen, la señora
Adela Mora Ortega se encuentra legitimada para interponer la acción de tutela, porque se trata de una persona natural, que actúa a
través de apoderado[15], y que
invoca la protección de sus derechos a la seguridad social, a la
dignidad humana, al mínimo vital y al debido proceso, como consecuencia de la actuación de las entidades accionadas.
4.4.2. Respecto
de la legitimación por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior
establece que la tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de
los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades o por el actuar de los
particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley[16]. En este contexto, según lo ha señalado
de manera reiterada la Corte, en lo que respecta a
esta modalidad de legitimación, es necesario acreditar dos requisitos, por una
parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los cuales procede el
amparo; y, por la otra, que la conducta que genera la vulneración o amenaza del
derecho se pueda vincular, directa o indirectamente, con su acción u omisión[17].
4.4.2.1. En el
asunto sub-judice, no cabe duda de que la UGPP es una autoridad pública,
en tanto es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente, encargada del reconocimiento de prestaciones
económicas del Sistema de Seguridad Social[18]. A ello se
agrega que la decisión de negar el reconocimiento de la pensión de jubilación a
favor de la actora, es la causa que se invoca como generadora de la violación
de los derechos expuestos en la demanda, prestación cuya satisfacción cabe
dentro de las funciones asignadas a la entidad en mención, quien asumió las
funciones de la extinta CAJANAL el 11 de junio de 2013[19].
4.4.2.2. En relación con las
Gobernaciones del Cauca y de Nariño se advierte que existe legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que se trata de autoridades públicas
contra las que procede la interposición de la acción de tutela[20].
Lo anterior resulta relevante, en la medida en que la accionante estuvo
vinculada a las precitadas entidades territoriales en calidad de docente y en
las áreas administrativas, aunado a que durante el trámite de la acción se han
adelantado gestiones para que estas reconozcan la pensión de jubilación
reclamada, sin éxito alguno[21].
4.4.2.3. Por su parte, la Fiduprevisora S.A., quien administra y representa
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es una autoridad
pública, ya
que se trata de una sociedad de economía mixta que integra la Rama Ejecutiva en
el orden nacional[22].
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 91 de
1989, el Fondo es el ente encargado de pagar las prestaciones sociales de los
docentes nacionales y nacionalizados que se hallaren vinculados con la
administración pública. Por lo que, como la accionante tuvo la condición de
docente nacional que prestó sus servicios a los departamentos del Cauca y de
Nariño, se justifica que la Fiduprevisora sea parte pasiva de este proceso, con
miras a determinar si le corresponde o no el pago de la prestación reclamada.
4.4.2.4.
Finalmente, en lo relativo al Ministerio Educación, si
bien se advierte que se trata de una autoridad pública, en la medida en
que dentro de sus funciones no está la de resolver solicitudes de
reconocimiento pensional, así como tampoco efectuar su pago, es claro que la
acción de tutela en su contra es improcedente, al no corresponder sus funciones
con la materia objeto de controversia.
4.4.3. Ahora
bien, además de lo expuesto, como requisito de procedibilidad, la acción de
tutela también exige que su interposición se haga
dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se
generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el
amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza[23].
Este requisito ha sido identificado por la jurisprudencia de la Corte como el principio
de inmediatez[24].
La Sala
considera que esta exigencia se cumple en el asunto bajo examen, pues desde el
año 2003 la señora Mora Ortega ha presentado a las distintas entidades, sendas
solicitudes de reconocimiento pensional, sin que, a la fecha, haya obtenido una
solución definitiva. En efecto, la última actuación realizada por la accionante
data del año 2017, obteniendo respuesta a través de la Resolución No. 247 del
20 de octubre del mismo año en la cual el Departamento de Nariño reiteró la
negativa de reconocimiento de la pensión de jubilación, previa confirmación de
la Resolución No. 2684 del 13 de julio del año en cita. Así, entre la fecha en
la cual la accionante recibió la notificación de esta respuesta[25]
y aquella en la que se interpuso la demanda de tutela[26],
no transcurrió más de un mes y medio, plazo que se ajusta a las reglas de
razonabilidad que explican la procedencia del amparo.
Por lo demás,
no cabe analizar la inmediatez respecto de la última actuación de cada una de
las entidades involucradas, pues, precisamente, lo que se cuestiona por parte de
la accionante es la situación de indefinición en el tiempo de su derecho
pensional, al ser obligada a gestionar su reconocimiento ante distintos entes,
sin que ellos asuman una posición uniforme respecto de lo reclamado, lo cual
permite que esta Sala contabilice la inmediatez desde esa última actuación y
que entienda superado el requisito en los términos expuestos.
Por último, no
se puede pasar por alto que lo reclamado por la actora es el reconocimiento de
una pensión de jubilación que solicita después de más de veinte años de
trabajo, de forma que lo pretendido corresponde a un derecho imprescriptible[27],
cuya solicitud, en este caso, se relaciona con la presunta afectación del
derecho a la dignidad humana, respecto del cual la acción de tutela mantiene un
carácter actual y permanente[28].
4.4.4. Como
exigencia general de procedencia de la acción de tutela, conforme con el
artículo 86 de la Carta y el Decreto 2591 de 1991, se destaca el carácter
subsidiario del cual está revestida, y que, tal como lo ha expresado la
Corte en varias de sus sentencias, autoriza su uso en alguna de las siguientes
hipótesis: (i) cuando no exista otro medio de defensa judicial que permita
resolver el conflicto relacionado con la supuesta vulneración de un derecho
fundamental; o cuando, aun existiendo, (ii) dicho mecanismo no resulte eficaz e
idóneo para la protección del derecho; o cuando, incluso, (iii) a pesar de que
ese medio sea integral, se torne necesaria la intervención transitoria del juez
de tutela para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Como supuesto básico en el examen de procedencia, este Tribunal ha objetado la
valoración genérica de los medios ordinarios de defensa judicial, pues ha
considerado que en abstracto cualquier mecanismo puede ser considerado eficaz,
dado que la garantía mínima de todo proceso es el respeto y la protección de
los derechos constitucionales. Por esta razón, la jurisprudencia ha sido categórica
en afirmar que la eficacia de la acción ordinaria solo puede establecerse en
función de las características y exigencias propias del caso concreto[29].
Por ello, en
línea con lo anterior se ha señalado que la acción de tutela no resulta en
principio procedente para obtener el reconocimiento de pensiones como el que la
accionante solicita, porque el ordenamiento jurídico colombiano prevé un medio
de defensa judicial idóneo para resolver el conflicto suscitado, que se
concreta en la posibilidad de activar un proceso ordinario laboral. Dicho trámite
le compete a la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, en el que se dispone a cargo de la citada jurisdicción, el conocimiento
de “[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la
seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios,
los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de
responsabilidad médica y los relacionados con contratos.” De ahí que, por
regla general, la existencia de este medio le permite a la actora acudir ante
una autoridad juridicial especializada y competente para dar respuesta a la
controversia que se expone, con una amplia posibilidad de aportar elementos
probatorios y esbozar argumentos jurídicos que respalden su pretensión.
No obstante lo
anterior, es posible que, excepcionalmente, el juez de tutela reconozca alguno
de los derechos que emanan del régimen de seguridad social en pensiones, como -por
ejemplo- el derecho a la pensión de vejez, cuando, como ya se dijo, se acredite
que los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
para otorgar un amparo integral, o no son lo suficientemente expeditos para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[30].
En lo que hace
referencia a la falta de eficacia de los otros medios de defensa judicial
y que permitan otorgar un amparo definitivo, esta Corporación ha señalado las
siguientes circunstancias o requisitos que permitirían, de manera excepcional,
conocer por vía de tutela la cuestión relativa al reconocimiento y pago de una
pensión de vejez, aun a pesar de la existencia de las acciones correspondientes
ante la jurisdicción ordinaria laboral, a saber:
“ (i) [que] su falta
de otorgamiento ha generado un alto grado de afectación de los derechos
fundamentales del accionante, en particular de su derecho al mínimo vital; (ii)
[que] se ha desplegado cierta actividad administrativa o judicial por el
interesado tendiente a obtener la salvaguarda de sus derechos; y (iii) [que]
aparecen acreditadas las razones por las cuales el medio ordinario de defensa
judicial es ineficaz para lograr la protección integral de los derechos
presuntamente afectados o, en su lugar, se está en presencia de un perjuicio
irremediable”[31].
La jurisprudencia recientemente agregó un elemento adicional
que consiste en verificar que "(iv) (…) en el trámite de la acción de
tutela –por lo menos sumariamente- se cumplen con los requisitos legales para
acceder a la prestación reclamada”[32].
Si concurren
los cuatro requisitos mencionados, al juez de tutela no solo le será posible
conocer el fondo del asunto, esto es, examinar si se dan o no los requisitos
legales que le permiten al solicitante adquirir el derecho a una pensión de
vejez; sino que también podrá otorgarle al amparo constitucional propuesto la
naturaleza de mecanismo principal de protección, por estar comprometidos
los derechos de personas de la tercera edad, cuya condición de sujeto de
especial protección constitucional[33],
exige una mayor flexibilidad en el examen de las condiciones de procedencia de
la acción de tutela.
Precisamente,
en la Sentencia T-149 de 2012[34],
se concluyó que: “el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
es un asunto de relevancia constitucional por estar radicado en personas de la
tercera edad; la privación de este derecho puede afectar el derecho al mínimo
vital de este grupo de ciudadanos, y la procedibilidad para ser reclamado por
vía de tutela se da cuando convergen otras circunstancias que complican la
existencia digna del sujeto, tales como padecimientos de salud, carencia de
otros recursos para subsistir, e indefinición del marco normativo en que se
encuentra el afectado”.
En suma, la
jurisprudencia de la Corte ha señalado que la acción de amparo constitucional
es procedente para obtener el reconocimiento y pago definitivo de derechos
pensionales cuando se trata de personas de la tercera edad y se acreditan el
resto de los requisitos señalados en la jurisprudencia de esta Corporación,
referentes a (i) la afectación del mínimo vital o de otros derechos
constitucionales como la salud, la vida digna o la dignidad humana; (ii) la
demostración de cierta actividad administrativa y judicial desplegada por el
interesado tendiente a obtener la protección de sus derechos; (iii) a que se
acredite siquiera sumariamente las razones por las cuales el medio judicial
ordinario es ineficaz, para lograr la protección inmediata de los derechos
fundamentales presuntamente afectados y (iv) que en el trámite de tutela
se acredite que se cumplen los requisitos para acceder a la prestación
reclamada.
En el caso
bajo examen, se tiene que la accionante es una religiosa que hace parte de la
comunidad “Hogar de María”, que es la que asume el manejo de los
recursos que generan sus integrantes y es con esos aportes que se aseguran sus
condiciones mínimas de subsistencia. Según el relato de la señora Mora Ortega
todas las religiosas que hacen parte de la comunidad entregan los ingresos que
reciben, bien sea como remuneración por su trabajo -como lo hizo la accionante
cuando se desempeñaba como docente- o por concepto de mesadas pensionales de
derechos reconocidos -hipótesis en la que asegura la accionante, debería
encontrarse debido al cumplimiento de los requisitos legales para acceder a su
pensión de jubilación-.
En
relación con el primer requisito, se advierte que la accionante no se está
viendo afectada en su mínimo vital, pues la comunidad a la que pertenece cubre
sus necesidades básicas, así como tampoco en el acceso a la salud, ya que está
afiliada al sistema. Sin embargo, por su avanzada edad, 81 años, no puede
concurrir con su trabajo y por eso actualmente no puede aportar los recursos a
los que todas las religiosas están obligadas como parte de la comunidad. Es en
este último aspecto que se evidencia la vulneración de los derechos de la
actora a la vida digna y a la dignidad humana, ya que la prolongada falta certeza
acerca del reconocimiento pensional, desconoce todos sus años de trabajo y con
ello, prima facie, se anula el reconocimiento de su trabajo como medio
para materializar la dignidad humana[35]. Situación
esta que genera efectos adversos para la accionante como, por ejemplo, el tener
que subsistir de aportes de terceros cuando ella, en virtud de la pensión a la
que aduce tener derecho, estaría en capacidad de aportar. En relación con el amparo de este derecho, cabe recordar que,
según la jurisprudencia constitucional, “debe
preferirse siempre la solución que permita propender por la obtención de una
pensión”[36], ello por cuanto así se garantizan los postulados
constitucionales sobre la dignidad humana, el derecho a la seguridad social y,
particularmente dentro de este, los principios que informan el sistema, esto
es, dignidad, universalidad e integralidad.
En
lo atinente al segundo requisito, se evidencia que en el año 2003 la señora
Mora Ortega inició toda una serie de actuaciones administrativas dirigidas a
obtener su pensión pero sin una solución favorable. En efecto, la accionante ha
obtenido respuestas dilatorias incluso hasta el año 2017 cuando recibió la
última negativa por parte de una de las accionadas. Así las cosas, a pesar de
las dificultades que le generó el tener un trabajo que le implicaba vivir en
lugares apartados del territorio nacional para efectos de activar los
mecanismos administrativos contra las múltiples negativas y para recopilar
información de su historia laboral, se evidencia que ha tenido una actuación
diligente, pues, como se dijo, desde el año 2003 hasta el 2017, se enfrentó a
un escenario en el que las autoridades posiblemente llamadas al reconocimiento
y pago de la pensión no adoptaron una posición unificada, sino, por el
contrario dilatoria, dejándola en una situación de indefinición constante.
También
se considera que se satisface el tercer requisito, en tanto si bien existe
la posibilidad de que la señora Adela Mora Ortega acuda ante la jurisdicción
ordinaria para reclamar el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, tal
mecanismo de defensa no es eficaz para resolver la problemática planteada por la
accionante, lo que exige que, en caso de adoptarse una decisión favorable a sus
pretensiones, se haga de manera definitiva.
En efecto, la demandante tiene 81 años, de manera que pertenece al
denominado grupo poblacional de personas de la tercera edad, consideradas por
la jurisprudencia de este Tribunal como sujetos de especial protección
constitucional, en razón de la situación de
vulnerabilidad que enfrentan por el normal y progresivo deterioro de sus
capacidades físicas y psicológicas[37],
lo que las hace merecedoras un trato diferenciado por parte de la sociedad y
del Estado[38]. En
consecuencia, dada su avanzada edad es probable que la señora Mora Ortega
carezca de las condiciones físicas y psicológicas necesarias para esperar los
resultados de un proceso ordinario, esto debido a los tiempos –en cualquier
caso mayores que los de una acción de tutela– que este demanda para su solución
definitiva, con lo cual se prolongaría la afectación de sus derechos a la vida
digna y a la dignidad humana que, como ya se ha reiterado, deviene de la
imposición de tener que vivir de los aportes de otras religiosas cuando, en
principio, ella podría aportar con su pensión a la comunidad.
Por último, se advierte el
cumplimiento del cuarto requisito, esto es, que se acrediten los requisitos
para el otorgamiento de la pensión reclamada, asunto que, como se verá, no ha
estado en discusión por parte de ninguna de las entidades accionadas.
4.4.5.
Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto,
se continuará con el examen de los asuntos de fondo, siguiendo los temas
propuestos en el acápite 4.3.2 de esta providencia.
4.5.   Inoponibilidad de disputas administrativas para el
reconocimiento de derechos pensionales
4.5.1. De
acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades públicas
tienen el deber de proteger a las personas “en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades”[39], por lo que sus
actuaciones deben estar dirigidas a la satisfacción de los derechos del
ciudadano, especialmente, aquellos de carácter fundamental.
4.5.2. En desarrollo de este
mandato constitucional, esta Corporación ha sostenido que no se puede negar el
reconocimiento de un derecho pensional a quien cumplió con los requisitos para
su acceso, alegando trabas o controversias administrativas que se puedan
presentar entre las entidades potencialmente obligadas a asegurar su garantía,
máxime cuando quien la reclama es un sujeto de especial protección
constitucional y cuando de su pago depende la satisfacción de derechos fundamentales
como el mínimo vital y la dignidad humana[40].
Es abundante la
jurisprudencia que ha precisado que las cargas administrativas no pueden ser
trasladadas a la parte débil de la relación, por lo que dicho argumento no
puede servir de base para la negativa de reconocimiento de un derecho
pensional, cuando no está en discusión la existencia del mismo.
Así, la Corte,
en Sentencia T-799 de 2013[41] ha enfatizado que “[C]uando están en juego los derechos fundamentales, el
rigor del ritualismo procedimental no puede recaer sobre el trabajador, que ve
en el reconocimiento de su pensión de vejez la única alternativa real para
afrontar su condición socioeconómica; situación que se agrava cuando se trata
de un sujeto de especial protección constitucional. La incertidumbre sobre la
responsabilidad y la definición de ciertos trámites administrativos, frente a
dicha prestación, no puede ser trasladada al asegurado, so pretexto de
salvaguardar el principio de legalidad y algunas cargas empresariales o institucionales;
menos aún, cuando existe plena certeza de que este ha consolidado el derecho”. En este mismo sentido, advirtió que: “[L]a
incertidumbre sobre la responsabilidad y la definición de ciertos trámites
administrativos, frente a dicha prestación, no puede ser trasladada al
asegurado, so pretexto de salvaguardar el principio de legalidad y algunas
cargas empresariales o institucionales; menos aún, cuando existe plena certeza
de que este ha consolidado el derecho”. Por último, en la misma sentencia se
sostuvo que: “[L]a obligación del Estado y de las entidades que a su nombre
administran el sistema de pensiones es proteger al sujeto débil de la
mencionada relación jurídica, pues estas disponen de instrumentos eficaces para
hacer valer sus intereses, mientras que el asegurado no; menos, cuando comporta
condiciones de vulnerabilidad”.
Uno de los casos
que con frecuencia conoce la Corte y que ha dado lugar a las anteriores
consideraciones, es el derivado de las disputas administrativas que
desencadenan en un conflicto de competencias, en el que ninguna entidad asume
la obligación de reconocimiento y pago de un derecho pensional. En estos casos
el juez de tutela puede enfrentarse a dos hipótesis: la primera se presenta cuando ante la negativa por parte de las
entidades potencialmente llamadas al reconocimiento, no resulta claro quien
debe asumir el otorgamiento del derecho; y la segunda ocurre cuando, ante la
misma negativa, con el análisis de las competencias de cada entidad es posible
definir quien debe asumir el otorgamiento del derecho. Por último en esta
exposición cabe mencionar los casos en que las autoridades administrativas
involucradas invocan conflictos de competencia ante el Consejo de Estado o los
Tribunales Administrativos, porque consideran que la materia no hace parte de
su órbita funcional.
4.5.3. Cuando no está claro quién
debe asumir la obligación y el asunto llega a conocimiento del juez de tutela, se
ha optado por proferir una orden a la entidad que, en principio, aparezca como
posible responsable y que esté en capacidad de asumir dicha carga, dejándola en
libertad de repetir contra quienes finalmente en un proceso ordinario se decida
que tienen la obligación de responder por la prestación reclamada. Así, “la
carga de la incertidumbre sobre la responsabilidad del pago de la pensión la
asumen entidades fuertes, capaces de soportarla, y no adultos mayores que
merecen un trato especial del Estado y de la sociedad y que por causas ajenas a
su voluntad se verían sometidos a sufrimientos desproporcionados e injustos.”[42].
Esta solución ha sido adoptada
por la Corte en varias ocasiones. Por ejemplo, en la Sentencia T-691 de 2006[43]
la Corte ordenó a una empresa social del Estado asumir transitoriamente la
obligación de pago de una pensión de vejez, mientras las autoridades
involucradas definían a quien le correspondía tal obligación de forma
definitiva.
A similar decisión se llegó en la
Sentencia T-613 de 2010[44], en el que una persona
reclamaba el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por vía de
tutela, caso en el que ninguna de las entidades vinculadas al proceso (el ISS,
dos administradoras de pensiones y un ente territorial) asumían competencia
para proceder a su otorgamiento. Al pronunciarse sobre el particular, la Sala de Revisión reiteró que “una vez la persona cumple los
requisitos contemplados en el ordenamiento jurídico para acceder a una pensión, le son inoponibles
las diferentes disputas que se pudieren presentar entre las entidades
potencialmente obligadas a garantizar su derecho prestacional. En estos
eventos, procede la acción de tutela para amparar sus derechos fundamentales y
remover los obstáculos que impiden el goce efectivo del derecho fundamental a
la seguridad social en su faceta pensional, ordenando el pago de la prestación
a la entidad que se presente, en principio, como la principal obligada, y
facultándola para que dentro de un término razonable acuda a la respectiva
jurisdicción especializada a discutir su responsabilidad.”
El anterior análisis de cara al caso concreto, le
permitió a la Corte concluir, en aquella oportunidad, que, en principio, la
entidad territorial involucrada tenía la responsabilidad de otorgar el
reconocimiento y pago de la pensión reclamada y que, si decidía acudir ante el
juez ordinario laboral para controvertir dicha responsabilidad, debía observar
los siguientes parámetros: “(i) demandar
a quien(es) considere verdadero(s) responsable(s) de asumir la carga
pensional; (ii) en
caso de que el juez competente determine que el departamento no es el
responsable de asumir la carga pensional pero no pueda imponer la obligación a
otra entidad por no haber sido convocada al proceso, el departamento en todo
caso deberá continuar garantizando la pensión del actor por no haber acertado
al momento de determinar la entidad a demandar y; (iii) deberá continuar
sufragando la mesada pensional del accionante durante todo el proceso, hasta
tanto otra entidad se haga cargo de la misma, incluso si la sentencia de
primera instancia fuere apelada o el expediente llegare a ser objeto de algún
recurso extraordinario.”
Ahora bien,
cuando en un conflicto entre entidades potencialmente llamadas a reconocer una
pensión, el juez de tutela logra definir en cabeza de quien está dicha
competencia, puede ordenar su reconocimiento y pago. Por ejemplo, en la
Sentencia T-634 de 2008[45],
se abordó el caso de una mujer de la tercera edad, a quien, a pesar de haber
cumplido con los requisitos para acceder a una pensión de vejez, se le negó su
reconocimiento, con fundamento en una discusión sobre la institución que debía
asumir dicha obligación. La Corte hizo un estudio para identificar cuál era la
entidad que, de conformidad con el ordenamiento jurídico y las condiciones
fácticas del caso, debía ser la llamada a responder por la carga prestacional
reclamada, luego de lo cual dispuso su pago, advirtiéndole a la obligada que
estaba facultada para realizar los trámites de recobro correspondientes a la
entidad o entidades que tuvieren que concurrir con el pago de las mesadas.
Más adelante, en la Sentencia
T-039 de 2017[46],
la Corte revisó un caso similar, en el que se discutía la negativa constante de
la UGPP de asumir el pago de una pensión de jubilación, con fundamento en que
el accionante se había trasladado voluntariamente al ISS. En dicha ocasión, la
Sala de Revisión realizó un estudio normativo sobre las competencias para el
reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes y concluyó que la UGPP
era la obligada a su reconocimiento, por lo que con su actuar vulneró los
derechos del actor cuando, a pesar de conocer que Colpensiones no era la
obligada a otorgar dicha prestación, decidió enviar el expediente a esa
entidad, pues mediante el uso de tal proceder administrativo, se dilató el
claro reconocimiento pensional a que tenía derecho el accionante.
4.5.4. Adicionalmente, debe
recordarse que, en caso de que las entidades involucradas decidan declararse
incompetentes para decidir de fondo el reconocimiento de un derecho pensional,
por la existencia real de una duda acerca de quien debe ser obligado, existe el
deber de remitir el asunto inmediatamente al Consejo de Estado o al Tribunal
Administrativo, para lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Procedimiento
Administrativo y Contencioso Administrativo[47].
Por ejemplo, en reciente Auto, la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado decidió un conflicto de
competencias suscitado entre Colpensiones y la UGPP, en el que la primera
decidió declararse incompetente, con fundamento en que la solicitante tenía un
mayor tiempo de semanas cotizadas a la Unidad y esta a su vez, declaró su
incompetencia alegando que para el momento en que adquirió su estatus
pensional, estaba afiliada al ISS. En este caso la Sala de Consulta y Servicio
Civil decidió remitir el expediente administrativo a Colpensiones, por cuanto,
en efecto, cumplió los requisitos para acceder a la pensión reclamada, cuando
estaba afiliada al Seguro Social[48].
4.5.5. En conclusión, en casos en
los que las administradoras de pensiones o quienes cumplan esta función, niegan
el reconocimiento de derechos pensionales con fundamento en su incompetencia, a
pesar de que existe certeza sobre la titularidad y exigibilidad del derecho
reclamado, no puede trasladarse esta indefinición a una persona, máxime cuando
se encuentra en situación de vulnerabilidad. Por ello, el juez de tutela deberá,
en caso de que resulte posible, definir a quién le compete el reconocimiento o,
en su defecto, imponer la obligación a quien, en principio, podría ser
responsable, evento en el cual existe la posibilidad de que este inicie un
proceso contra quien, a su juicio, pudiera ser el realmente obligado.
En este punto, la Corte reitera
que es reprochable que las entidades mantengan en indefinición el
reconocimiento de un derecho, cuando, conociendo sus competencias, deciden no
asumirlas como una práctica sistemática en contra del ciudadano. Sobre el
particular, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dijo lo
siguiente:
“Debe cesar
el mal hábito del reenvío sucesivo de expedientes administrativos entre entidades
públicas para no asumir competencia, puesto que esto constituye una práctica
prohibida que viola el derecho del ciudadano a obtener una respuesta oportuna y
de fondo a sus peticiones.
En este
sentido, la Sala le recuerda a las autoridades su deber de evitar dilaciones
injustificadas cuando consideren que no son competentes para conocer de una
determinada actuación, de tal manera que en dichos casos si la autoridad a la
cual se le remite el asunto por razones de competencia también se considera
incompetente, envíe inmediatamente el expediente a esta Sala o al tribunal
administrativo que corresponda, según el caso, para que se resuelva de fondo
cuál es la entidad competente, tal como lo ordena perentoriamente el artículo
39 del CPACA.” [49]
4.6. Caso concreto
4.6.1. La señora Adela Mora Ortega nació el 19 de
diciembre de 1938, por lo que, a la fecha de interponer la presente tutela, tenía
81 años. Según información aportada por ella y por las entidades accionadas fue
docente de carácter nacional y acredita las siguientes vinculaciones laborales:
Empleador
Períodos de
vinculación
Caja, Fondo
o entidad a la que se realizaron los aportes
Desde
Hasta
Secretaría de Educación de Nariño
01/10/66
30/12/71
PREVINAR
Secretaría de Educación de Nariño
01/01/72
10/09/86
PREVINAR
Secretaría de Educación de Putumayo
05/11/86
30/12/89
CAJANAL
Secretaría de Educación de Putumayo
01/01/90
20/08/91
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
Secretaría de Educación de Nariño
01/09/91
26/08/94
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
Secretaría de Educación de Nariño
27/09/94
30/08/95
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
Secretaría de Educación de Nariño
16/09/95
30/08/96
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
Secretaría de Educación del Cauca
19/02/97
26/01/04
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio
En el año 2003 la accionante solicitó por primera
vez el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a la que tenía derecho
por haber trabajado durante 20 años “al servicio de la educación” y por
tener más de 50 años. Esta primera solicitud la hizo ante el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio Regional Nariño, entidad que le informó
que la competente para reconocer la pensión reclamada era CAJANAL, por cuanto esta
se causó el 19 de diciembre de 1988, es decir, cuando cumplió 50 años, y el
artículo 2º de la Ley 91 de 1989 establece que “Las prestaciones sociales
del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente
Ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la
Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo Nacional del Ahorro y en
consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades, o las que hicieren
sus veces.”
Luego la accionante continuó con los trámites
administrativos que le permitieran obtener su pensión de jubilación -como por
ejemplo, la recopilación de su historia laboral-, por lo que acudió a la UGPP,
quien, en Resolución No. RDP 031528 del 12 de julio de 2013 le negó el
reconocimiento de la pensión pretendida, con fundamento en que solo acreditó
251 semanas, tiempo insuficiente para dicho reconocimiento. Esta Unidad indicó
que no tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado en la Secretaría de
Educación del Cauca ni de Nariño, ya que no se estableció claramente a cuál fondo
o caja se realizaron los aportes para pensión en los períodos trabajados a esas
entidades.
Más adelante, superando las dificultades que le
generaba en términos de ubicación geográfica su trabajo, la accionante acudió
al departamento de Nariño para solicitar la precitada prestación. Sin embargo
este le informó que cumplió los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación cuando llegó a la edad de 50 años y prestó 20 años de servicios,
esto es, en diciembre de 1988, momento en el cual estaba afiliada a CAJANAL. Aunado
a lo anterior, le indicó que de conformidad con el artículo 2º de la Ley 91 de
1989, las pensiones causadas hasta la fecha de promulgación de esa Ley, estaban
a cargo de CAJANAL.
Adicionalmente, durante el trámite de revisión,
la UGPP realizó un nuevo estudio de la reclamación de la accionante, en el que
concluyó que quienes debían asumir el pago de la pensión de vejez pretendida eran
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Departamento del
Cauca, por cuanto las últimas cotizaciones para pensión de la accionante se
efectuaron al primero de estos[50]. Ello con fundamento en el artículo 4 de
la Ley 91 de 1989 que dispone: “El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y
nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la
presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen
con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. (…)”
El anterior recuento demuestra que en el caso de
la accionante, por su edad y tiempo de servicios, no está en discusión el
cumplimiento de ninguno de los requisitos que exigen los posibles regímenes
aplicables. No obstante, para poder determinar cuál es la entidad responsable,
es necesario que la Sala defina el momento en el que la señora Adela Mora
Ortega acreditó los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
4.6.2. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que las
personas vinculadas al servicio público educativo con posterioridad a su
entrada en vigencia (26 de junio de 2003), estarían dentro del régimen
pensional de prima media contenido en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003,
mientras que aquellos vinculados al servicio antes de la misma, están regulados
por el régimen anterior. Ello fue ratificado en el parágrafo transitorio 1º del
Acto Legislativo 01 de 2005, que dispone:
“[…] Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan
vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los
derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 […]”.
La señora Adela Mora pertenece al grupo de docentes vinculados con
anterioridad al 26 de junio de 2003, por lo que debe acudirse a la Ley 91 de
1989[51],
la cual, según lo ha explicado el Consejo de Estado, no establece un régimen
especial de pensiones, sino que ratificó el régimen de jubilación establecido
para ese momento. De hecho, para las prestaciones causadas por los docentes
nacionales a la fecha de promulgación de esa ley, se dispuso que debían
aplicarse las normas prestacionales del orden nacional[52] y para los docentes nacionales que
se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, también se dispuso que les serían
aplicables las normas de los empleados públicos del orden nacional[53].
Así las cosas, la normativa aplicable, esto es, la Ley 33 de 1985,
en el artículo 1 establece que el empleado oficial que haya servido 20 años,
continuos o discontinuos y cumpla 55 años, tiene derecho a la pensión de
jubilación[54].
A su vez, este mismo artículo en el parágrafo 2 dispone que los empleados
oficiales que a la fecha de promulgación de esa ley (29 de enero de 1985),
hayan cumplido 15 años continuos o discontinuos de servicios, obtendrán su
pensión de jubilación con los requisitos de edad exigidos con anterioridad a dicha
normativa[55].
Dicho esto, en el sub-judice se tiene que para la entrada
en vigencia de la Ley 33 de 1985, la señora Mora Ortega tenía un período
laborado de más de 18 años, por lo que el régimen aplicable era el anterior a
dicha ley, es decir, el Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el Decreto 1848
de 1969, que fija la edad para acceder a esa prestación en 50 años para el caso
de las mujeres[56].
Siguiendo lo expuesto, la señora Mora Ortega cumplió con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación el día que llegó a los 50 años de edad, esto
es, el 19 de diciembre de 1988, fecha para la cual tenía, aproximadamente, 22
años de servicios. En dicho momento la accionante estaba trabajando para la
Secretaría de Educación del departamento del Putumayo y estaba afiliada a
CAJANAL.
Una vez fijada la fecha de causación del derecho pensional, esta
Sala pasa a definir si existe claridad en cuanto a la autoridad a quien le
compete el otorgamiento de la pensión, caso en el cual se ordenará su
reconocimiento y pago, tal como se expuso en el acápite 4.5.
Como quedó señalado, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y el departamento de Nariño sostienen que la UGPP es la obligada
al pago de la pensión reclamada, por cuanto al momento de cumplir los
requisitos para el efecto, la accionante estaba afiliada a CAJANAL y porque el
artículo 2 de la Ley 91 de 1989 establece que a esta entidad le corresponde el
reconocimiento de las pensiones causadas a la fecha; mientras que la UGPP
asegura que las últimas cotizaciones de la accionante se efectuaron al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que, al estar afiliada a ese
fondo, en virtud del artículo 4 de la Ley 91 de 1989, era a este a quien le
correspondía atender el reconocimiento de sus prestaciones[57].
En efecto, el referido artículo dispone que el citado fondo debe
atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que estén vinculados al servicio docente a la fecha de promulgación de esa ley,
como ocurre con la señora Adela Mora, que era una docente al servicio de la
Secretaría de Educación del Putumayo. Sin embargo, la misma norma dispone que
esa asignación de competencia se hará con observancia de lo prescrito en el
artículo 2 de esa ley. Este artículo, en su numeral 1, establece que “Las prestaciones sociales del personal
nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, así como
los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social y el Fondo Nacional del Ahorro y en consecuencia seguirán
siendo pagadas por dichas entidades, o las que hicieren sus veces”. Para dar mayor claridad el parágrafo del
artículo 1 de esa ley dispone que una prestación se entiende causada cuando se
cumplen los requisitos para su exigibilidad. Siguiendo
lo expuesto, no resulta posible que la UGPP, basada en una lectura incompleta
de la norma, alegue su incompetencia para resolver sobre el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación que reclama la señora Adela Mora Ortega,
máxime cuando, además, para el momento de causación estaba afiliada a CAJANAL[58].
4.6.3. Para la
Sala, la actuación de la UGPP vulneró los derechos de la accionante a la dignidad
humana, a la vida digna, a la seguridad social y al debido proceso
administrativo, por cuanto con su negativa extendió en el tiempo la
indefinición de reconocimiento de un derecho prestacional que nunca estuvo en
discusión. Así, la Sala no puede avalar que en un primer momento la Unidad
niegue el derecho pensional por no tomar en cuenta los tiempos de servicio a
los departamentos de Nariño y del Cauca, debido a la ausencia de formatos o a
la falta de claridad acerca del fondo al cual se hicieron los aportes
destinados a pensión, y que cuando dichos supuestos fácticos quedan claramente
comprobados, se justifique en la lectura parcial de una norma, pues lo que se
demuestra con ello es que el comportamiento de la autoridad administrativa ha
estado dirigido a impedir la satisfacción de los derechos de la actora,
imponiendo trabas de distinta indole, ninguna de las cuales tiene asidero desde
la perspectiva constitucional.
Así las cosas,
en este caso se procederá a ordenar, como amparo definitivo, el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación. Lo anterior tiene fundamento en (i) la
claridad respecto del derecho pensional vinculado; (ii) que esta Sala definió
quien es la autoridad competente para su otorgamiento; y, (iii) como se dijo al
examinar el requisito de subsidiariedad, en la falta eficacia de otro mecanismo
judicial, de cara a las circunstancias fácticas en las que se encuentra la
accionante por su edad y su expectativa de vida.
4.6.4. Con fundamento en lo
anterior, este Tribunal ordenará a la Unidad Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales que reconozca la pensión de jubilación de la señora Adela Mora
Ortega desde el momento en que cumplió los requisitos para acceder a esta y que
efectúe su pago, en lo no prescrito, de conformidad con lo establecido en la
Ley 33 de 1985 y la transición dispuesta en ella, tal como fue explicado en el
numeral 4.6.2. de esta providencia. Ello no obsta para que la referida Unidad
repita, a prorrata, contra las entidades a las que se realizaron los demás
aportes, esto para efectos de financiar la pensión que se reconoce en esta
oportunidad[59].
4.6.5. Así las cosas, se
procederá a revocar la sentencia proferida por la Sala Oral del Tribunal
Administrativo de Nariño el 24 de julio de 2018 y, en su lugar, se confirmará,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la decisión
del 8 de junio de 2018 proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Pasto.
Sin embargo, se modificará la parte resolutiva de dicha sentencia, por cuanto
después de la decisión de primera instancia la UGPP realizó un nuevo estudio de
la prestación reclamada y por ser el último que negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación, es el que habrá de dejarse sin efectos, para dar lugar a
la orden de protección reseñada.
5. Levantamiento de suspensión de
términos
En virtud de la
emergencia pública de salud derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19,
el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la suspensión de términos
judiciales hasta el 8 de junio de 2020, con algunas excepciones[60].
En Auto 121 de 2020 la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre otras
medidas, autorizó a las Salas de Revisión para levantar dicha suspensión en
asuntos concretos sometidos a su revisión, siempre que se cumpla con alguno de
los siguientes criterios: "(i) la urgencia en adoptar una decisión de
fondo o una medida provisional dirigida a la protección de los derechos
fundamentales; (ii) la importancia nacional que revista el caso; y (iii) la
posibilidad material de que el asunto pueda ser tramitado y decidido de forma
compatible con las condiciones actuales de aislamiento preventivo obligatorio,
sin que ello implique la imposición de cargas desproporcionadas a las partes o
a las autoridades concernidas."
Que, en el
asunto sub-judice, con base en las consideraciones expuestas en el
párrafo anterior, esta Sala de Revisión considera que es procedente levantar la
suspensión de términos, al darse la primera de las condiciones expuestas,
referente a la necesidad de adoptar una decisión de fondo orientada a proteger
los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida digna, a la
seguridad social y al debido proceso administrativo de la señora Adela Mora
Ortega, de 81 años, por cuanto es inaplazable el reconocimiento que se solicita
de su pensión de jubilación, al depender de ella para tener una congrua
subsistencia, tal como se sustentó en esta providencia. Por lo demás, la Sala
considera que las órdenes dispuestas en esta providencia pueden ser tramitadas
y cumplidas, por cuanto la UGPP ha decidido en dos ocasiones sobre el
reconocimiento de la pensión de jubilación reclamada -años 2013 y 2018-, por lo
que en sus archivos cuenta con una copia del expediente administrativo
vinculado a este trámite[61]. Aunado a lo anterior,
esta Unidad está facultada para solicitar a las entidades que considere
necesario, la información que requiera para el reconocimiento de derechos
pensionales[62], lo cual incluye su
remisión por medios electrónicos.
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR, en el presente proceso, la suspensión
de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con el Auto 121 de 2020.
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido el 24 de julio de 2018 por
la la Sala Oral del Tribunal Administrativo de Nariño que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia y CONFIRMAR la
decisión del 8 de junio del mismo año, proferida por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Pasto, en la que se ampararon los derechos fundamentales
de la accionante, por las razones que se exponen en esta providencia.
TERCERO.- DEJAR sin efectos el Auto ADP 007286
del 16 de octubre de 2018 mediante el cual la UGPP negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación de la señora Adela Mora Ortega.
CUARTO.-
ORDENAR a la Unidad de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales que, por conducto de su representante legal o de
quien haga sus veces, en el término máximo de treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, en lo no prescrito, de la señora Adela Mora Ortega,
con base en las consideraciones realizadas en el acápite 4.6.2 y 4.6.4. de esta
providencia.
QUINTO.- DECLARAR
improcedente la acción de tutela de la referencia
respecto del Ministerio de Educación Nacional, por falta de legitimación en
la causa por pasiva.
SEXTO.- Por Secretaría General, LÍBRESE las comunicaciones
previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí
contemplados.
Notifíquese, comuníquese
y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Nació el 18 de diciembre de 1938.
[2] Decreto 3135 de 1968. “Artículo 27. Pensión de jubilación o vejez. El
empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer,
tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicio. (…)”
[3]
Ley 89 de 1988. “Artículo  2. De
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades
territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el
personal docente, de la siguiente manera: // 1. Las prestaciones sociales del
personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley,
así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja
Nacional de Previsión Social y el Fondo Nacional del Ahorro y en consecuencia
seguirán siendo pagadas por dichas entidades, o las que hicieren sus veces.”
[4] Ley 33 de 1985. “Artículo 1º.- El
empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que
por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.”.
[5] Resolución No. 3653 del
12 de noviembre de 2004.
[6] La demanda se interpuso a través de un apoderado especial
designado para el efecto el día 3 de abril de 2018.
[7] El Ministerio de Educación fue vinculado por el juez de
primera instancia, mediante auto del 31 de mayo de 2018, como consecuencia de
la declaratoria de nulidad de todo lo actuado por parte del juez de segunda
instancia mediante auto del 24 de mayo del mismo año, por indebida integración
del contradictorio.
[8] El 13 de abril de 2018 el Juzgado Séptimo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Pasto profirió fallo de primera instancia, el
cual fue declarado nulo por el Tribunal Administrativo de Nariño el 24 de mayo
del mismo año.
[9] Ley 91 de 1989. “Artículo 2. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la
Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones
prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera: // 1. Las
prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, así como los reajustes y la sustitución de
pensiones son de cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo
Nacional del Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas
entidades, o las que hicieren sus veces.”
[10] Ley
91 de 1989. “Artículo 2 (…) Parágrafo. Las prestaciones sociales
del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente
Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del
orden nacional, aplicables a dicho personal.”
[11] Ley
33 de 1985. “Artículo 1º.- El empleado oficial que sirva o haya
servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de
cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión
se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. (…) Parágrafo 2º. Para
los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince
(15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las
disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la
presente Ley. (…)”.
[12] Decreto
3135 de 1968. “Artículo 27. Pensión de jubilación o vejez. El
empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer,
tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una
pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los
salarios devengados durante el último año de servicio. (…)”
[13] Ley
33 de 1985. “Artículo
2º. La Caja de
Previsión obligada al pago de pensión de jubilación, tendrá derecho a repetir
contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las respectivas Cajas de
Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido o aportado a
ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores,
los que dispondrán del término de quince (15) días para objetarlo, vencido el
cual se entenderá aceptado por ellos. // Para los efectos previstos en este
artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público efectuará anualmente las
compensaciones a que haya lugar, con cargo a los giros que les correspondan a
los organismos o Cajas, por concepto de aportes del Presupuesto Nacional;
cuando se trate de entidades del orden departamental, intendencial, comisarial,
municipal o del Distrito Especial de Bogotá, la compensación anual se efectuará
con cargo a las correspondientes transferencias de impuestos nacionales.”
[14] El
cuadro a continuación, corresponde a una copia idéntica del aportado por la
autoridad requerida.
[15]
Folio 11 del cuaderno principal.
[16] El
artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 consagra la posibilidad de interponer
acción de tutela contra cualquier autoridad pública que vulnere o amenace los
derechos fundamentales de una persona.
[17] Al
respecto, en la Sentencia T-1001 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería, se expuso
que: “la legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la
presencia de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del
demandante y la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado,
vínculo sin el cual la tutela se torna improcedente (…)”.
[18]
Ver, artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 y artículo 6 del Decreto 575 de 2013.
[19]
Decreto 877 de 2013.
[20] Al
respecto, el artículo 115 de la Constitución Política dispone que: “(…) Las
gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendecias, los
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado,
forman parte de la Rama Ejecutiva.”
[21] Si
bien la encargada del pago de las pensiones reconocidas es el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, administrado por Fiduprevisora S.A., la
Secretaría de Educación respectiva es quien debe elaborar el proyecto de acto
administrativo de reconocimiento pensional y, una vez obtenida su aprobación,
tiene la obligación de efectuar su suscripción. Ver artículos 3, 4 y 5 del
Decreto 2831 de 2005 que reglamentó la Ley 962 del mismo año.
[22]
El artículo 38 de Ley 489 de 1998 señala: La Rama
Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los
siguientes organismos y entidades: (…) f) Las sociedades públicas y las
sociedades de economía mixta.”
[23]
Precisamente, el artículo 86 dispone que: “Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales
(…)”. Énfasis por fuera del texto original.
[24] Véanse, entre otras, las Sentencias T-1140 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-279 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto,
T-832 de 2012, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-719 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, T-201 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
T-153 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa, T-106 de 2017, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado y T-138 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[25] 29
de noviembre de 2017
[26] 3
de abril de 2018
[27] En
la Sentencia C-624 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil, se manifestó que: “(…)
esta Corporación ha determinado que el reconocimiento de las pensiones es
un derecho imprescriptible, en atención a los mandatos
constitucionales que expresamente disponen que dicho derecho es irrenunciable
(art. 48 C.P) y que, a su vez, obligan a su pago oportuno (art. 53 C.P)”.
[28] En
la Sentencia T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, se expuso que: “La
jurisprudencia constitucional ha reconocido que hay casos en los no es
procedente alegar la inmediatez en la interposición de la acción de tutela
cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o
vulneración del derecho fundamental, [al parecer], subsiste con el paso del
tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una
caducidad, toda vez que la Constitución no ha previsto la caducidad de la
acción en el artículo 86.”. En este mismo
sentido se ha pronunciado la Corte en las Sentencias T-599 de 2012, T-651 de
2016 y T-324 de 2018.
[29] Sentencia T-427 de 2018, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[30] Al respecto se ha dicho que “la regla que restringe la
participación de la acción de tutela en la protección de los derechos
prestacionales tampoco es absoluta. Excepcionalmente, es posible el
reconocimiento de esta clase de derechos por la vía del amparo constitucional,
no solo cuando se ejerce como mecanismo transitorio, caso en el cual es
necesario demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, sino también
cuando el medio judicial preferente es ineficaz o no es lo suficientemente
expedito para brindar una protección inmediata, circunstancias que deben ser
valoradas por el juez constitucional en cada caso particular”. Sentencia
T-083 de 2004, M.P Rodrigo Escobar Gil.
[31] Ver, entre otras, Sentencias T-249 de 2006, T-055 de 2006,
T-851 de 2006, T-1046 de 2007, T-597 de 2009 y T-427 de 2011.
[32] Sentencia T-340 de 2018,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[33] Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las
sentencias T-489 de 1999, T-1083 de 2001, T-473 de 2006, T-580 de 2006, T-517
de 2006 y T-395 de 2008.Sobre
la materia, el artículo 46 de la Constitución Política dispone que: “El Estado, la sociedad y la
familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la
tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El
Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el
subsidio alimentario en caso de indigencia”.
[34] M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[35]
Sobre el particular la Sentencia SU-995 de 1999, M.P. Carlos Gaviria Díaz,
afirmó “el reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se
manifiesta en la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas”.
[36]
Sentencias T-495 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y T-532A de 2016, M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[37] Entre otras, se puede consultar al respecto la
Sentencia T-252 de 2017, M.P. Iván Escruceria Mayolo.
[38] Constitución
Política “Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera
edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. || El Estado
les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia”.
[39]
Constitución Política. “Artículo 2. Son
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un
orden justo. // Las autoridades de la República están instituidas para proteger
a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
[40] Sobre este
tema esta Corporación se ha pronunciado, entre otras, en las Sentencias SU-430
de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-1091 de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-691 de 2006 M.P. Jaime Córdoba
Triviño; T-093 de 2007, M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto; T-285 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra;
T-613 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-801 de 2011, M.P. María
Victoria Calle Correa; T-128 de 2012, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-702 de
2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-799 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-936 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo; T-412 de 2016, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-039 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y
T-371 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[41] M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[42]
Sentencia T-691 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[43] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[44]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[45]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[46]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[47] Ley 1437 de 2011. “Artículo 39.
Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de
competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la
persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la
actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente,
remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal
Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden
departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre
autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de
distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado. // De igual manera se procederá cuando dos autoridades
administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto
determinado. // En los dos eventos descritos se observará el siguiente
procedimiento: recibida la actuación en Secretaría se comunicará por el medio
más eficaz a las autoridades involucradas y a los particulares interesados y se
fijará un edicto por el término de cinco (5) días, plazo en el que estas podrán
presentar alegatos o consideraciones. Vencido el anterior término, la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el tribunal, según el caso,
decidirá dentro de los veinte (20) días siguientes. Contra esta decisión no
procederá recurso alguno. // Mientras se resuelve el conflicto, los términos
señalados en el artículo 14 se suspenderán.”
[48] Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, Auto del 12 de diciembre de 2019, rad.: 11001-03-06-000-2019-00197-00,
C.P. Germán Alberto Bula Escobar.
[49]
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Auto del 13 de agosto
de 2019, rad.: 11001-03-06-000-2019-00040-00, C.P. Álvaro Namén.
[50]
Como se conoció en sede de revisión, dicha solicitud también fue negada por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través del
Departamento del Cauca, con fundamento en que la competencia para reconocer la
pensión reclamada era de la UGPP.
[51] Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.
[52]
Ley 91 de 1989. “Artículo 2º. (…) Parágrafo: Las prestaciones
sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la
presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas
prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal".
[53]
Ley 91 de 1989. “Artículo 15. (…) Los docentes nacionales y los que
se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y
1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en
esta Ley.”
[54] Ley 33 de 1985. "Artículo 1º.- El
empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que
por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio.(...)".
[55]
Ley 33 de 1985. "Artículo 1º.- (...) Parágrafo
2º. Para los empleados oficiales que a
la fecha de la presente Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o
discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones sobre edad
de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley."
[56]
Decreto 3135 de 1968. "Artículo 27. Pensión de jubilación o vejez. El empleado público
o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue
a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante
el último año de servicio."
[57]
Ley 91 de 1989. “Artículo 4º- El Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo 2, y de
los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de la
promulgación de la presente Ley, quienes quedan eximidos de requisito económico
de afiliación. (…)”
[58]
Al respecto se puede consultar el Auto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
del 11 de julio de 2017, rad.: 11001-03-06-000-2017-00017-00,
C.P. Óscar Darío Amaya Navas, en el que, en un caso similar, la UGPP también
argumentó que le correspondía al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio asumir el reconocimiento de la pensión de jubilación de la
accionante, por cuanto este había sido el último fondo al que estuvo afiliada.
Al resolver el caso, señaló que: “[N]o comparte la Sala el argumento de la
UGPP según el cual corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación de la señora [...] por ser la última entidad a la que
estuvo afiliada. Lo anterior en razón a que, la pensión se causó cuando la
solicitante se encontraba afiliada a Cajanal." y, en torno a la
aplicación del artículo 4 de la Ley 91 de 1989, sostuvo que: "(...) si
bien es cierto que el artículo 4º de la Ley 91 de 1989 dispuso que le
correspondía al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio atender
las prestaciones sociales de los docentes vinculados a la fecha de promulgación
de la Ley en comento, también lo es que el mismo artículo dispuso que dicha
asignación de competencia debía hacerse en concordancia con lo señalado en el
artículo 2º de la misma Ley.".
[59]
Ley 33 de 1985. “Artículo 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación,
tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado
a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince (15) días
para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos. // Para los
efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
efectuará anualmente las compensaciones a que haya lugar, con cargo a los giros
que les correspondan a los organismos o Cajas, por concepto de aportes del
Presupuesto Nacional; cuando se trate de entidades del orden departamental,
intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de Bogotá, la
compensación anual se efectuará con cargo a las correspondientes transferencias
de impuestos nacionales.”
[60] Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521 y
PCSJA20- 11526 de marzo de 2020; PCSJA20-11532; PCSJA20-11546 de abril de 2020 y PCSJA20-11549 y
PCSJA20-11556 de mayo de 2020.
[61] El Acuerdo 006 de 2011, "por el cual se reglamenta
la organización y manejo de los expedientes pensionales", expedido por
el Archivo General de la Nación, dispone en el artículo 7 que: "Los
operadores del Sistema General de Pensiones y las entidades que tienen a su
cargo la resolución de solicitudes pensionales u otras prestaciones periódicas
(asignaciones de retiro), deberán implementar medidas y mecanismos apropiados
para proteger los documentos del expediente pensional, asumiendo la
responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos,
cualquiera que sea su titularidad.".
[62]
Decreto 575 de 2013. "Artículo 6. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá
con las siguientes funciones: (...) 9. Solicitar, a las entidades que considere
necesario, la información que requiera para el reconocimiento de derechos y
prestaciones económicas."