C-127-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-127/06
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ley
de Justicia y Paz
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de pertinencia, claridad,
certeza, especificidad y suficiencia
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Improcedencia
cuando se alegan razones de inconformidad o inconveniencia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Oportunidad
en la que se analizan aspectos sustanciales
INEPTITUD SUSTANTIVA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Declaración en la sentencia a pesar de haberse admitido
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE
IGUALDAD-Requisitos de cargos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD Y BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Carga mínima en relación con la
determinación de los extremos de confrontación con la norma acusada/INHIBICION
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA-Ausencia de
carga mínima de argumentación
La Corte
encuentra que en relación con el  artículo 61 de la Ley 975 de 2005 el actor no
hizo ningún desarrollo  concreto que permita a la Corte establecer  las razones
específicas por las cuales éste considera que dicho artículo vulnera los
artículos 4, 13 y 29 superiores, así como lo previsto en los artículos 7º y 10
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  y en ese orden de ideas en
relación con  los apartes acusados de dicho artículo  no resulta posible
establecer una confrontación normativa entre  el texto que se ataca  y las
normas superiores que se invocan como vulneradas. La Corte constata igualmente
que en relación con la acusación por la supuesta vulneración de los artículos 4
y 29 superiores formulada en contra  de los apartes acusados de los artículos
3, 29 y 31  de la  Ley 975 de 2005, el actor se limitó  a afirmar de manera
genérica dicha vulneración señalando para el efecto similares  argumentos  a
los que expone  en relación con la supuesta violación del principio de
igualdad, pero sin hacer explícitas las razones por las cuales concretamente
los apartes  que acusa vulneran dichos textos superiores. Recuérdese que
conforme lo expresado reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corporación,
para efectos de configurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad por
violación del principio de igualdad, es imprescindible que se expresen las razones
por las cuales considera el demandante que la supuesta diferencia de trato
resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación con argumentos de
constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida. En
relación con la supuesta vulneración de los artículos 7 y 10 de la Declaración
de los Derechos del Hombre  y la afirmación que hace el actor en el sentido  de
que la Ley 975 de 2005  “…se contradice en sí misma, cuando advierte en su
artículo 2º que la interpretación y aplicación de lo dispuesto en ella deben
realizarse conforme con las normas constitucionales y los tratados
internacionales ratificados por nuestro país, cosa que (…) no acontece…” que
el actor no explicitó las razones por las cuales  dichos textos se vulneran. Ahora
bien  se debe reiterar que no  bastaba enunciar la violación de las normas
internacionales  y en consecuencia   del bloque de constitucionalidad sin
precisar cuáles son los extremos concretos para este caso de confrontación
entre las normas internacionales invocadas  y las normas acusadas. Al actor
corresponde una carga mínima  para permitir el examen constitucional que  no
se cumple en este caso y como se ha visto tampoco se cumple en relación con los
demás elementos de la acusación planteada en la demanda. En armonía con las
consideraciones expuestas concluye la Corte que lo procedente en el presente
caso es abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva
de la demanda.
Referencia: expediente D-5966
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
3°, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”
Actor: Jorge Enrique Arango
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C., veintidós  (22) de febrero de dos
mil seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jorge
Enrique Arango presentó demanda contra
los artículos 3°, 29, 31 y 61 (parciales) de la Ley 975 de 2005 “por la cual
se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”.
Mediante
auto del siete (7) de septiembre de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la
demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la
Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas
acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del
proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la
República, a los Ministros del Interior y de Justicia y de Defensa Nacional,
así como al Fiscal General de la Nacional y al Defensor del Pueblo para que, si
lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas
acusadas.
Así mismo ordenó invitar en este proceso a la
Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a la Comisión
Andina de Juristas, con el mismo fin.
Cumplidos los trámites ya
relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del
Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II.      NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de las normas
demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.980
del 25 de julio de 2005.   Se subraya lo demandado.
“Ley 975 de 2005”
(julio 25)
“por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”
El Congreso de la
República
DECRETA:
CAPITULO I
Principios y definiciones
(...)
Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio
consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva
sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la
contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la
colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada
resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones
establecidas en la presente ley.
(...)
CAPITULO V
Pena alternativa
(...)
Artículo
29. Pena alternativa.
La Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la
pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del
Código Penal.
En caso que
el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le
impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un
período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los
delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.
Para tener
derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a
contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante
el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades
orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual
perteneció.
Cumplida la
pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la
libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa
impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir
en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a
presentarse periódicamente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial que
corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.
Cumplidas
estas obligaciones y transcurrido el periodo de prueba, se declarará extinguida
la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se
deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los
subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados
penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena
alternativa.
CAPITULO VI
Régimen de la privación de la libertad
(...)
Artículo
31. Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos
armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación
colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración
decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se
computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda
exceder de dieciocho (18) meses.
El funcionario
que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades locales
cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan
permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados de que
trata la presente ley.
(...)
CAPITULO XI
Acuerdos Humanitarios
(...)
Artículo
61. El
Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad
competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión
condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los
cuales se llegue a acuerdos humanitarios.
El Gobierno
Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas
decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.
(...)
III.    LA DEMANDA
El demandante afirma que las normas
acusadas vulneran los artículos 4°, 13 y 29 de la Constitución Política.  Así
mismo, considera que dichas normas violan lo previsto en los artículos 7º y 10
de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Para el actor el artículo 29 acusado vulnera el derecho a
la igualdad en la medida en que: “...impone a delitos atroces una pena
ínfima e irrisoria a nombre de una mal llamada “paz”, sin considerar que el
Estado Colombiano no puede empeñar su dignidad ni arrodillarse ante un grupo de
delincuentes por más organizados y poderosos que sean (sic)...”, de
forma tal que en nombre de la paz: “…se les quiere premiar a esos
despreciables delincuentes, quienes han sometido a los peores crímenes a sus
víctimas, como han sido la tortura, el asesinato, el secuestro, la extorsión,
las violaciones, el desplazamiento forzado, el cultivo y venta de cientos de
toneladas de droga, se le impone –sin misericordia alguna- una pena igual o
superior a la que a estos criminales, con la ley de impunidad se les quiere
imponer…”.
En esos términos, explica que la Ley de alternatividad
penal es un verdadero “exabrupto jurídico de la peor especie”, en
la medida en que privilegia el delito pero no cualquier delito sino el peor de
los delitos, esto es, el de lesa humanidad.
En efecto, precisa que: “…con ésta Ley si una persona
secuestra y asesina al secuestrado, se le aplicará todo el rigor si no
pertenece a un grupo de criminales organizado que se acogió a la mal llamada
Ley de Justicia y Paz, pues si es delincuente común pagará por su crimen
cuarenta (40) largos años de su vida de prisión, pero si es del grupo de las AUC,
solo cinco (5) años, y eso que se le descuenta el tiempo que estuvo comiendo,
durmiendo y departiendo alegremente con sus amigos en el sitio de distensión,
(sic) eso como que sí está acorde con la igualdad constitucional…”.
De otra parte, advierte que el artículo 29 acusado vulnera
el principio constitucional al debido proceso, toda vez que mide con diferente
rasero al criminal que actúa “a motu proprio” (sic) y al que actúa organizado,
cuando la conducta es igual y equiparable en todos sus aspectos, con el
agravante que el llamado delincuente común no conformó un grupo permanente para
cometer fechorías y poner de manera constante a la comunidad en vilo, cosa que
sí realizó el criminal organizado, por lo que a la luz de los mandatos
constitucionales no puede ser de recibo que se tenga ninguna clase de
consideración con éste último, cuyas actuaciones por demás van en contra de los
fines esenciales del Estado Colombiano. Sobre el particular cita un aparte de
la sentencia T-556 de 1998.
Hace énfasis en que: “…en este país, la Ley no puede
seguir siendo para los de ruana, quien cometió un crimen que responda con el
(sic) acorde con la ley preexistente a su delito, tal y como lo advierte el
artículo 29 de nuestra ley suprema, no existe razón para tratamientos especiales
a tan terribles genocidas, que estando allí, en los llamados sitios de
distensión, no dudaron en asesinar a un Concejal por orden de quien se
encontraba ‘rebajando pena’ según la precitada Ley, todo es absurdo e
inaudito…”.
En ese orden de ideas, a su juicio: “…No
es posible, que de manera cínica se pretenda, sin más ni más, violentar el
imperio de la ley, teniendo como argumento falaz ‘La Paz’, cuando la única paz
que éstos criminales han generado en nuestro país es la paz de las ‘tumbas’ con
su única herencia de muerte, destrucción y dolor, hoy mientras sus víctimas
recorren las calles de pueblos y ciudades, debido al desplazamiento de que han
sido víctimas, por los hoy beneficiados por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975
de julio 25 de 2005), mendigando un alimento, los criminales organizados al
margen de la ley son tratados con ‘guante de seda’, en donde ellos imponen las
condiciones al Estado, y señalan si aceptan o no las irrisorias penas por
crímenes de lesa humanidad, y además se les otorga un subsidio de desempleo, se
les brinda protección y alojamiento, sus víctimas, los desplazados lloran su
desgracia en nuestras calles (sic) y soportan el desprecio y las inclemencias
del tiempo (sic), aquí, en nuestro país, parece que para ser oído y respetado,
debe ser uno el peor de los criminales, cabecilla de un frente, para que el
Estado te trate como un neoprocer de la Nación Colombiana…”.
Para el actor, además las normas
acusadas desconocen el campo de interpretación y aplicación de las mismas, tal
y como quedó establecido en el artículo 2º de la Ley 975 de 2005, e igualmente
vulneran lo previsto en los artículos 7º y 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en la medida en que los delincuentes comunes no organizados a
pesar de incurrir en el mismo delito, que los “criminales organizados”, tengan
unas condenas superlativamente mayores que éstos, de suerte que cabe
preguntarse ¿qué igualdad ante la Ley es esa?, pues los delincuentes comunes
son discriminados por no poseer la infraestructura criminal que sí poseen los
grupos armados, desconociendo con esa normatividad de “guante de seda”, lo
previsto en el Código Penal en el Título de los “Delitos contra la Seguridad
Pública” (arts. 340 al 346 de la Ley 599 de 2000).
Reitera que es evidente que al dar
aplicación a lo previsto en las normas acusadas: “…no se dará el mismo
tratamiento a las anomias sociales que han decidido atacar al tejido social,
cuando el daño, de los denominados por la Ley 975/05 es muy superior al de los
‘organizados’ que el de los delincuentes comunes, estando los ‘organizados’
incursos en un mayor número de crímenes de mayor envergadura, como que son
crímenes de ‘Lesa Humanidad’, además de que su infraestructura criminal es por
sí misma –y según el ordenamiento penal sustancial- un nuevo y autónomo delito
que agravaría más la condena, en caso de que fueran tratados por igual, lo que
no acontece con la aplicación de la ‘famosa’ alternatividad penal, que no es
otra cosa que la política de la impunidad, y lo que se está generando con ésta,
es que se legalicen los patrimonios mal habidos y queden en la más absoluta
impunidad los crímenes cometidos por estas organizaciones, pues ¿qué son cinco
(5) años de reclusión para alguien que ha matado, violado, extorsionado,
cultivado y comercializado drogas, mutilado, torturado, decapitado,
desaparecido, expulsado de sus tierras a los pobres campesinos…”.
En ese entendido, a su juicio la
justicia y la  equidad son solamente sinónimos de impunidad cuando no se
castiga acorde con el daño cometido a quien lo profirió, pues qué es la
justicia sino dar a cada quien lo suyo?, esto es, quien cometió terribles
crímenes debe ser sometido a una pena acorde con la bajeza de su crimen.
Por otra parte, señala que el artículo
29 acusado vulnera el mandato al debido proceso, puesto que establece que la
Sala competente del Tribunal Superior del Distrito Judicial será quien
determine la pena a imponer incluyendo la pena alternativa que no podrá superar
los ocho (8) años, cuando el Código Penal establece claramente las penas a
imponer y el funcionario competente para conocer de los delitos: “…por qué
entonces se violenta el ordenamiento para dotar de garantías especiales a estos
delincuentes…”, desconociendo el factor de la competencia que constituye un
elemento esencial en la legalidad del proceso.
Igualmente, considera que los artículos
29 y 31 acusados vulneran el artículo 4º de la Constitución Política, toda vez
que: “…desconocen el ordenamiento supremo para implantar unos procedimientos
especiales, con cambio –incluso- de funcionarios competentes, para favorecer a
quienes ‘organizados’ como empresa criminal han venido poniendo en jaque al
pueblo colombiano y sus instituciones, y que hoy por sus múltiples delitos de
gran y horrorosa factura, se les crea una Ley para legalizarles en su
situación, pasando por encima –inclusive- de las leyes vigentes, preexistentes
al punible o punibles investigados.   Es que es muy claro, por la naturaleza de
los hechos o conductas punibles se señala al Juez Competente, en este caso un
Juez de la Justicia Especializada es el que debe conocer y aplicar sin
consideración alguna todo el peso de la Ley, en contra de quien nunca dudó en
inflingirla de manera grave y despiadada, sin tener consideraciones con ancianos,
niños y mujeres desamparadas, ¿por qué ahora tener consideraciones para con
ellos?, eso sería empeñar la dignidad y la justicia de un país…”.
Finalmente, afirma que la Ley 975 de
2005: “…se contradice en sí misma, cuando advierte en su artículo 2º que la
interpretación y aplicación de lo dispuesto en ella deben realizarse conforme
con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por
nuestro país, cosa que (…) no acontece, así pues, de lo consagrado como
principio rector de la propia Ley 975 de 2005, resulta imperioso, dejar sin
efectos los (…) artículos 3º, 29, 31 y 61…”.
IV.
INTERVENCIONES
1.  Ministerio del
Interior y de Justicia
El Ministerio referido, actuando a través
de la señora Viceministra de Justicia, interviene en el presente proceso y
solicita a la Corte declarar la exequibilidad de los artículos 3°, 29 y 31 de
la Ley 975 de 2005, y declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de
fondo en relación con el artículo 61 por cuanto el actor no formuló acusación
concreta contra dicha norma; sin embargo, en el evento en que se decida ejercer
sobre ésta última el correspondiente control constitucional debe ser declarada
exequible.  Lo anterior, con base en las razones que a continuación se
sintetizan.
La interviniente
considera que el demandante en la formulación de sus cargos desconoce que el
tratamiento previsto en la Ley 975 de 2005 es el resultado de un desarrollo
armónico de los derechos constitucionales a la paz y la justicia, y bajo tal
contexto establece una serie de regulaciones que por diferenciales que sean no
reflejan discriminación alguna.
En esos términos,
considera que: “...con una interpretación subjetiva y errónea de la ley,
argumenta el demandante que se favorece la delincuencia organizada vulnerando
con ello el principio de igualdad.  Contrariamente a tal apreciación, el
Legislador dentro de su facultad de configuración y de determinación de la
Política Criminal, con la Ley 975/05 no hizo otra cosa que efectivizar valores
y principios con supremacía constitucional con miras a consolidar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo que permita materializar
el respeto a la vida y a la dignidad humana y el ejercicio real de los derechos
constitucionales por parte de la población.  La circunstancia de que la ley se
aplique a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que
hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o
partícipes de hechos delictivos no indultables cometidos durante y con ocasión
de la pertenencia a esos grupos, atiende precisamente a la particular capacidad
de estas organizaciones de causar un daño tal a la sociedad que erosiona las
mínimas bases de la convivencia pacífica y el goce de los más elementales
derechos fundamentales...”.
De otra parte,
explica que si bien el sufrimiento ocasionado por los actos de los grupos al
margen de la Ley es inconmensurable cobrando innumerables vidas, masacres,
población desplazada, secuestros, extorsiones, afectación de la capacidad
económica de la población, sin contar con los costos marginales adicionales por
la necesidad de asignar considerables recursos estatales para impedir la
extensión de su actuar: “... No se trata como lo pretende el actor, de
privilegiar los actos atroces cometidos por estos grupos bajo la consigna que a
mayor daño ocasionado por el hecho punible más posibilidades de obtener
beneficios, sino de un medio para alcanzar un fin legítimo tendiente a evitarle
a la sociedad enormes sufrimientos futuros ocasionados por los atentados de
estas poderosas organizaciones...”.
Considera, entonces,
que lo previsto en las normas acusadas se erige como un medio eficiente para
propiciar la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados
organizados al margen de la ley, facilitando los procesos de paz y la
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de sus miembros,
garantizando en todo caso los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia
y la reparación.
En ese entendido,
advierte que el trato legal diferente dado a los grupos armados al margen de la
ley, obedece al origen y forma de operar de los miembros integrantes de los
mismos, los cuales sin lugar a dudas poseen un mayor y más negativo impacto
social, sin que ello implique que dicha diferenciación sea arbitraria o injusta
pues precisamente reconoce la proporcionalidad rigurosa de la pena en casos de
anormalidad, de prevalencia de intereses de todos los colombianos frente a la
posibilidad de la convivencia pacífica, la reinserción apunta a garantizar la
paz de todos los ciudadanos y construir un entorno justo y pacífico.
Así mismo, precisa
que el espíritu de la Ley 975 de 2005 a diferencia de la tradición de procesos
de paz anteriores basados exclusivamente en el perdón y el olvido, es el de
facilitar los procesos de paz y reinserción a la vida civil de los miembros de
los grupos armados al margen de la ley articulándolos con la aplicación de la
justicia precisamente respecto de aquellos hechos punibles que por su especial
carácter lesivo no son objeto de amnistía o indulto de conformidad con el marco
legal hasta ahora vigente.
En ese sentido,
recuerda que la razón que motivó la expedición de la Ley 975 de 2005 fue la
perentoria necesidad de complementar las disposiciones establecidas en la Ley
782 de 2002 llenando así un vacío jurídico con relación a los miembros de
grupos armados ilegales que estando comprometidos en delitos no indultables
avancen de manera seria por los senderos de la paz, por consiguiente: “...No
hay lugar a la impunidad, toda vez que por no tratarse de una ley de perdón y
olvido todos los delitos deben ser investigados y condenados, los delincuentes
sancionados y las víctimas reparadas.   No hay prescripción por delitos no
confesados.  En comparación con procesos de paz recientes en otras partes del
mundo, esta ley incorpora los estándares internacionales más altos en el campo
de la justicia, exigiéndose entre otros la versión tendiente a la confesión y un
tiempo mínimo de pena privativa de la libertad como presupuesto para acceder a
los beneficios jurídicos, conservando en todo caso el Estado toda su capacidad
de investigación, juzgamiento y sanción...”.
Igualmente, aduce que
el Congreso de la República goza de un margen de configuración política tanto
para definir cuáles son los comportamientos humanos que merecen reproche penal,
señalando la respectiva sanción, así como para diseñar los procedimientos que
conduzcan a establecer la verdad de los hechos, la responsabilidad de quienes
resulten involucrados en la comisión de la conducta delictiva y los derechos de
las víctimas.     Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-531 de
1993.
La interviniente,
explica además que el tratamiento previsto en la Ley 975 de 2005 debe
analizarse como parte del contexto de la justicia transicional que propugna
dentro del contexto histórico actual por superar la violencia ocasionada por
los grupos armados al margen de la ley, por tanto se trata de encontrar una adecuada
relación, un equilibrio entre la justicia y la paz que permita satisfacer los
intereses de la primera al tiempo que avanza de manera efectiva en la
superación de los problemas de violencia que tanto sufrimiento han causado al
país, es por ello que: “...el carácter de transición de lo dispuesto en la
ley se justifica dentro del actual proceso de paz que se adelanta con estos
grupos, estableciendo en todo caso derroteros claros que suponen una
contribución certera en el cese de las estructuras de violencia.  A esta ley
sólo podrán acogerse quienes hayan demostrado su
voluntad de paz y solo respecto de los hechos cometidos con ocasión de la
pertenencia al grupo armado ilegal y con anterioridad a la promulgación de la
presente normatividad...”.
En ese orden de ideas, señala que a
partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 no pueden
volver a delinquir los miembros de grupos armados y organizados al margen de la
ley que a ella se acojan, so pena de quedar fuera de los efectos jurídicos de
ésta, sin perjuicio de mantener abierta la oportunidad de desmovilizarse tanto
para grupo de guerrillas como de autodefensas a fin de que se acojan a un
proceso de reconciliación nacional que tanto desean los colombianos en general.
A juicio de la interviniente, el
contenido integral de la Ley 975 de 2005, se encuentra estructurado en torno a
los ejes de verdad, justicia y reparación, dando especial importancia al
derecho de las víctimas, de forma tal que solo después de satisfacer los
requerimientos de la justicia en lo que tiene que ver con verdad y reparación
integral de las víctimas, se puede pensar en conceder beneficios a los miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan
desmovilizado y contribuido, mediante su actuación directa, al desmantelamiento
de dichas organizaciones criminales, especialmente si se considera que la
adopción de medidas de excepción que bajo un marco de justicia propendan por el
logro de la paz son reconocidas como legítimas en el concierto internacional.
Hace énfasis en que: “...Bajo el
presupuesto de satisfacción de condiciones de verdad, justicia y reparación, de
manera democrática y acorde con la evaluación del contexto histórico, social y
económico consideró necesario el Legislador ofrecer a las personas que muestren
propósito de enmienda y actitud de rectificación y previo el cumplimiento de
estrictos requisitos de elegibilidad contemplados en los artículos 10 y 11 de
la ley, un camino para su reincorporación a la sociedad, gozando de un beneficio
jurídico compatible con su colaboración para la recuperación institucional y la
consolidación de la paz.  Dicho beneficio consiste en la oportunidad de gozar
de la suspensión condicional de la pena una vez purgado un periodo básico de
privación efectiva de la libertad, y haber cumplido los compromisos impuestos
por los jueces en términos de reparación, buen comportamiento y penas
accesorias...”, en ese sentido, no se puede considerar que la posibilidad
de acceder a la pena alternativa constituya un trato discriminatorio e
injustificado, pues como ya se dijo la racionalidad y proporcionalidad de la
pena debe analizarse bajo el contexto de la justicia transicional necesaria
para alcanzar la paz como presupuesto indispensable para la consolidación del Estado
Social de Derecho y es por esa razón que lejos de implicar la impunidad el
establecimiento de la pena alternativa aumenta la probabilidad de que los
delitos atroces cometidos por esos grupos no queden impunes y se proteja a la
sociedad evitándoles males mayores.
Como fundamento de sus aseveraciones cita
apartes de las sentencias C-070 de 1996, C-013 de 1997 y C-843 de 1999.
Por otra parte, explica que al aplicar lo
establecido en la jurisprudencia constitucional en materia del test de igualdad
al caso de la Ley 975 de 2005, se encuentra lo siguiente: i) el objetivo
de los beneficios y procedimientos establecidos en la Ley 975 de 2005 fue
plasmado por el Legislador en el artículo 1° de la misma, esto es la
facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva
a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley,
garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, de forma tal que se cumple con el primer presupuesto del test relativo
a la existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento de trato
desigual, ii) el objetivo perseguido por la Ley 975 de 2005 es válido
plenamente a la luz de los mandatos de la Constitución Política, toda vez que
los beneficios y procedimientos que prevé la aludida Ley, recogen el clamor de
paz y reconciliación y su armonía con la Constitución Política se apoya
entonces en una razón teleológica pues la norma se inscribe en el propósito de
propender al logro del mantenimiento de la paz que constituye uno de los
deberes de las autoridades públicas, especialmente si se considera que en
diversos artículos de la Constitución Política, entre otros, los artículos 2°,
22, 67, 95-4 y 5, se puede apreciar la voluntad de paz del Constituyente de 1991
e incluso formuló la consecución de la paz como el objetivo central del Estado
Social de Derecho .  Sobre el particular cita apartes de las sentencias
C-047 y C-048 de 2001, y iii) existe una relación de proporcionalidad
entre el trato desigual y el fin perseguido en la Ley 975 de 2005, puesto que
los beneficios allí establecidos están sujetos a condiciones que se orientan al
logro de la eficacia de la administración de justicia, en tanto la colaboración
que se demanda de los beneficiarios busca de una parte someter a la Ley y a las
autoridades aquellos delincuentes que tienen una mayor capacidad para
desestabilizar a la sociedad, y de otra preservar el derecho de las víctimas a
la verdad la justicia y la reparación, tal como quedó debidamente plasmado en la
exposición de motivos del proyecto de ley No. 211 de 2005 –Senado-, además el
Legislador se encontraba plenamente facultado para fijar en el caso de los
grupos armados organizados al margen de la ley una política criminal diferente
a la que se aplica a otras categorías de delincuentes donde se otorgue a
aquellos bajo ciertas condiciones los beneficios previstos en la Ley 975 de
2005 sin que con dicha decisión se quebranten los principios de igualdad y de
dignidad.   Sobre el particular cita apartes de las sentencias C-530 y C-565 de
1993
Hace énfasis entonces en que el trato
diferencial establecido en las normas acusadas, encuentra sustento en una
justificación objetiva y razonable que cumple con el principio de
razonabilidad, dado que existe una adecuación entre la medida adoptada y los
fines perseguidos por ésta, que no es otra que lograr la desmovilización de los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, especialmente
si se considera que: “... la medida adoptada es resultado de un análisis
previo entre los medios empleados y el fin de la medida adoptada.  Es decir, en
este caso concreto el trato diferente que se establece tiene fundamento en un
supuesto de hecho real y concreto –la existencia de grupos armados organizados
al margen de la ley cuyas actuaciones afectan la convivencia pacífica-, (sic)
dirigido a obtener racionalmente una finalidad –lograr la desmovilización de
los miembros de grupos organizados al margen de la ley y su reinserción social-
constitucionalmente admisible con una consecuencia jurídica ajustada al
principio de proporcionalidad –protección del valor superior de la justicia, de
los derechos de las víctimas y aseguramiento de la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo-...”.
Como fundamento de sus aseveraciones cita
la sentencia C-213 de 1994 y lo establecido en el artículo 1° de la Ley 434 de
1998 que hace alusión a que la política de paz es una política de Estado.
De otra parte, considera el actor parte
de una errónea interpretación de lo dispuesto en el artículo 29 acusado, cuando
afirma que en la Ley de Justicia y Paz se establecen las penas mínimas para los
autores de delitos atroces, puesto que los artículos 3° y 29 de la Ley 975 de
2005 disponen que la Sala competente del Tribunal Superior del Distrito
Judicial impondrá inicialmente en la sentencia la pena que corresponda por los
delitos cometidos de acuerdo con las reglas establecidas en el Código Penal, la
que será reemplazada en la misma providencia por la pena alternativa prevista
en la ley a condición de que el beneficiado cumpla los requisitos previamente
establecidos en la norma y contribuya a conseguir la paz nacional, colabore con
la justicia, repare a las víctimas y a su adecuada resocialización.
Así mismo, destaca
que el artículo 24 de la Ley 975 de 2005 prevé que en el fallo se fijarán la
pena principal y accesorias, y se incluirán adicionalmente la pena alternativa,
los compromisos de comportamiento por el término que disponga el Tribunal, las
obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas así como la
extinción de dominio de los bienes destinados a la reparación, de forma tal que
es claro que: “...en el caso que nos ocupa, se impone en la sentencia la
pena consagrada en las normas penales y se suspende la ejecución de la misma,
reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del
beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización...”.
En ese entendido,
señala que el establecimiento de las disposiciones antes referidas tiene por
finalidad suspender la ejecución de la condena por un periodo de tiempo,
siempre y cuando se reúnan una serie de requisitos, decisión que fue adoptada
por el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración, tomando en
consideración valores superiores como la justicia, la paz, principios
fundamentales como la prevalencia del interés general y fines esenciales como
el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, y es
por esa razón que: “...La decisión judicial en estos casos no recae sobre la
sanción en cuanto tal, que se impuso, con la plenitud de las garantías
procesales, a un sujeto que infringió el ordenamiento penal, sino sobre la
ejecución de la misma y tiene, en ese ámbito, un carácter provisional, mientras
se mantenga en el juez la convicción según la cual el condenado no solo ha
contribuido a la consecución de la paz nacional, colaborando con la justicia, y
contribuido a la reparación a las víctimas sino que se encuentra en proceso de
una adecuada resocialización...”.
Igualmente, considera
la interviniente que contrario a lo afirmado por el demandante al otorgar
beneficios por colaboración con la justicia aumenta la probabilidad de que los autores
de conductas punibles que amenazan en forma grave la sociedad y el Estado
queden impunes, además, a las penas alternativas previstas en el artículo 29
acusado en ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios o rebajas
complementarias acorde con lo estipulado en el parágrafo, penas que de
conformidad con lo establecido en el artículo 30 se purgarán en el respectivo
establecimiento de reclusión que determine el Gobierno Nacional y bajo las
condiciones de seguridad y austeridad propios de las penitenciarias
administradas por el INPEC, así: “...en el caso de las personas condenadas
por delitos comunes se les imponen las penas previstas en el Código Penal, pero
a diferencia de la pena alternativa, éstos si tienen derecho a los subrogados
penales y las rebajas de penas por colaboración con la justicia contempladas en
la ley procesal penal...”.
Aclara además que el
artículo 29 acusado establece la figura de la libertad a prueba por un término
igual a la mitad de la pena alternativa que se concederá una vez se haya
cumplido ésta y la condiciones impuestas en la sentencia, lapso durante el cual
se obliga a cumplir compromisos, como no reincidir en los delitos, presentarse
periódicamente ante el Tribunal e informar el cambio de residencia, de forma tal
que si cumple las obligaciones pasado el periodo de prueba se declarará
extinguida la pena principal y en caso de que no se cumplan los compromisos
adquiridos, la autoridad judicial revocará la libertad a prueba y la persona
perderá los beneficios que le habían sido otorgados por la Ley de Justicia y
Paz, deberá cumplir la pena inicialmente determinada prevista en el Código
Penal evento en el cual podrá acceder a los subrogados previstos en la Ley 599
de 2000, adicionalmente: “...la ley establece como requisito esencial para
acceder a los beneficios previstos en ella la reparación integral a las
víctimas por parte de los desmovilizados a través de medidas como la
restitución, la indemnización, rehabilitación y satisfacción, tal como se
establece en los artículos 43 y siguientes.  Se disponen también formas de
reparación simbólica como la solicitud pública y expresa de perdón a las
víctimas y la adopción de medidas de no repetición...”.
Señala que no tiene
razón el actor cuando afirma que las penas impuestas a los delincuentes comunes
son mayores que a las que pueden acceder a los integrantes de los grupos
armados organizados al margen de la ley, debe recordarse que la Ley 600 de 2000
prevé varias figuras cuya aplicación reduce en forma ostensible la privación
efectiva de la libertad:  “...En efecto, el artículo 40 Ibídem establece que
el sindicado podrá acogerse a sentencia anticipada por lo cual recibirá una
reducción de la pena de una tercera parte por haber aceptado los cargos,
también el artículo 283 del mismo Estatuto consagra que quien fuera de los
casos de flagrancia durante su primera versión ante el funcionario judicial que
conoce de la actuación procesal confesare su autoría o participación en la
conducta punible que se investiga, en caso de condena, se le reducirá la pena
en una sexta (1/6) parte, (...) el artículo 413 Ibídem dispone que podrán
acordarse, acumulativamente y en razón del grado de colaboración eficaz con la
justicia, una disminución de una sexta (1/6) hasta una cuarta (1/4) parte de la
pena que corresponda al sindicado en la sentencia condenatoria, sustitución de
la prisión por prisión domiciliaria, suspensión condicional de la ejecución de
la pena o libertad condicional en los términos previstos en el Código Penal e
incorporación al programa de protección de víctimas y testigos...”.
Precisa igualmente
que la Ley 906 de 2004 también establece algunos beneficios para los
delincuentes comunes, reduciendo la pena a través de preacuerdos y
negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado y aplicación del
principio de oportunidad cuando haya colaboración con la justicia, verbigracia,
en el artículo 351 se estipula que la aceptación de los cargos determinados en
la audiencia de formulación de la imputación comporta una rebaja hasta la mitad
de la pena imponible, por su parte el artículo 352 prevé que la pena imponible
se reducirá a una tercera parte cuando los preacuerdos se realicen presentada
la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del
juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad.
De otra parte, aclara
que: “...a diferencia de las personas a quienes va dirigida la Ley 975 de
2005, los delincuentes comunes pueden acceder a los mecanismos sustitutivos de
la pena privativa de la libertad –suspensión condicional de la ejecución de la
pena y libertad condicional- consagrados en los artículos 63 y 64 del Código
Penal, modificados por los artículos 4° y 5° de la Ley 890 de 2005, cuando
cumplan los requisitos establecidos en dichos preceptos.  Además, pueden
beneficiarse de la redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza,
preceptuada en los artículos 82, 97 y 98 de la Ley 65 de 1993 –Código
Penitenciario y Carcelario-, donde se estipula que a los detenidos y a los
condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo, estudio
o enseñanza...”.
Aduce además que la
pena alternativa prevista en la Ley 975 de 2005 no está sujeta a ninguna clase
de rebaja o beneficio y en cambio, en el sistema acusatorio regulado en la Ley
906 de 2004 –Código de Procedimiento Penal-, una pena así sea muy alta al ser
impuesta por efectos de los beneficios allí establecidos como el establecido en
el artículo 351 y por redención de pena puede quedar convertida en una pena
equivalente a la cuarta parte de la pena impuesta, de suerte que no habría
mucha diferencia entre los 8 años previstos en la Ley de Justicia y Paz y los
10 años a los que terminaría reducida la pena en el caso del sistema
acusatorio, y  como ya se dijo para que en el marco de la Ley de Justicia y Paz
se tenga acceso a la pena alternativa de 5 a 8 años entendida como un beneficio
legal, los desmovilizados deben cumplir con unos requisitos muy exigentes en lo
que tiene que ver con el marco de la justicia restaurativa y sólo al cumplir
con ese marco muy diferente por demás al previsto para los delincuentes comunes
se les permitirá acceder a la aludida pena alternativa.
En ese orden de
ideas, señala que las normas acusadas tampoco vulneran la Declaración Universal
de los Derechos Humanos ni los tratados internacionales que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, en la medida en que no están fijando trato
discriminatorio alguno puesto que a los delincuentes comunes y a los miembros
de grupos armados organizados al margen de la ley, se les está garantizando su
derecho a ser oídos públicamente y con justicia por los órganos judiciales
competentes, independientes e imparciales para la determinación de sus derechos
y obligaciones con plena observancia del principio de legalidad garantizándose
la seguridad jurídica ya que tienen pleno conocimiento de cual es su juez
natural, el procedimiento y las penas que se aplicarán, además ninguna de las
normas acusadas impide la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y
sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos
con el fin de obstruir el esclarecimiento de la verdad.
A juicio de la
interviniente, con la Ley 975 de 2005 se busca que la igualdad sea real y
efectiva de acuerdo con las políticas que el Estado diseña y ejecuta al
respecto teniendo en cuenta las diferencias que de hecho se presentan entre las
personas y los grupos de personas y considerando la relevancia de las mismas,
especialmente si se considera que en su texto se encuentran previstos los
parámetros mínimos necesarios para que Colombia satisfaga sus compromisos con
la comunidad internacional, que se encuentran en los diferentes instrumentos
internacionales, además de considerar entre otros documentos, las normas,
principios y jurisprudencia constitucional, adicionalmente la citada Ley
incorpora instrumentos que permiten investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de infringir las normas penales, así como los elementos eficaces
para garantizar la reparación a las víctimas y la satisfacción del derecho a la
verdad en todos los casos.
En efecto, señala
que: “...Una de las principales herramientas de política criminal para
perseguir los bienes obtenidos durante la permanencia de las personas que se
desmovilicen, cuya utilización se contempla en la Ley 975 de 2005, es la acción
de extinción de dominio, regulada en la Ley 793 de 2002, la cual se aplicará
tanto a los bienes que entreguen los desmovilizados para reparar los daños
ocasionados con el delito como lo dispone el artículo 24 de la Ley de Justicia
y Paz, como también a los que oculten y provengan de sus actividades ilícitas o
sean producto de las mismas, lo cual desvirtúa la afirmación del actor de que
se genere legalización de patrimonios mal habidos...”.
De otra parte,
destaca que la Ley 975 de 2005 respeta el principio constitucional del debido
proceso, toda vez que el Legislador en ejercicio de su
libertad de configuración política cuenta con el margen que le otorga la
Constitución Política para fijar las competencias y procedimientos especiales
para la investigación y el juzgamiento de algunos delitos así como para la
imposición de las penas de acuerdo con la realidad social que se presente en
determinado momento histórico.    Sobre el particular cita apartes de las
sentencias C-111 de 2000 y C-429 de 2001.
En esos términos, considera que: “...la
competencia atribuida por el Legislador a los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial para juzgar a las personas contempladas en la Ley de Justicia y paz,
guarda total concordancia con los mandatos y postulados de la Carta Política,
en la medida en que el juez y los procedimientos están previamente
establecidos, por lo que tales medidas de carácter procedimental resultan
ajustados a las disposiciones contenidas en el artículo 29 constitucional.
Adicionalmente, es de anotar que la medida guarda coherencia con la política
criminal adelantada por el Estado, ya que establece un juez plural cuyos
integrantes poseen una mejor preparación y mayor experiencia como
administradores de justicia, lo cual brinda mayor eficiencia a la
administración de justicia...”, de forma tal que con la Ley 975 de 2005 no
se está creando un órgano nuevo de juzgamiento pues el Tribunal Superior de
Distrito Judicial ya se encuentra establecido y hace parte de la jurisdicción
ordinaria como lo prevé el artículo 116 de la Constitución Política y los
artículos 11 y 85 de la Ley 270 de 1996.
Aduce entonces que el órgano legislativo
de conformidad con las facultades constitucionales de la cuales se encuentra
revestido, con fundamento en importantes razones de política criminal y con el
propósito de lograr la convivencia pacífica, decidió en el artículo 25 de la
Ley 795 de 2005 ampliar la competencia de los Tribunales Superiores del
Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura para
adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos previstos en dicha norma,
medida que por demás fue tomada teniendo en cuenta que el artículo 85 de la Ley
270 de 1996 faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura para crear, reubicar, distribuir, fusionar, trasladar, transformar y
suprimir tribunales, las Salas de éstos y los juzgados cuando así se requiera
para que la justicia sea más pronta y eficaz, sin que para adscribir esa nueva
competencia sea necesario modificar la Constitución o acudir a una Ley
Estatutaria.
Como fundamento de sus aseveraciones cita
apartes de las sentencias C-208 de 1993 y C-392 de 2002.
Reitera que las funciones previstas en la
Ley de Justicia y Paz y asignadas a la Sala de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial se ajustan a lo previsto en el artículo 29 superior, así como
a lo dispuesto en los artículos 14-1 del Pacto Internacional de Derecho Civiles
y Políticos y 8-1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en efecto:
“... el procedimiento abreviado que consagra la Ley 975 de 2005 responde a
una política criminal cuya finalidad es la de lograr mayor eficiencia y eficacia
en la aplicación de justicia, pues mediante ella se autoriza al juez para
emitir el fallo, dada la aceptación por parte del procesado de los hechos
materia de investigación y de su responsabilidad como autor o partícipe de los
mismos.   Dicha actuación por parte del procesado es catalogada como una
colaboración con la administración de justicia que le da derecho a los
beneficios en los términos previstos en la citada Ley...”.
Por otra parte, advierte que en relación
con las acusaciones formuladas contra el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, no
es cierto que éste vulnere norma superior alguna puesto que las zonas de
concentración se han creado y crearán por el Gobierno Nacional de conformidad
con lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 782 de 2002,
como medida para adelantar las conversaciones, realizar las desmovilizaciones y
entregar las armas, además como es de conocimiento general dichas zonas son
controladas por la fuerza pública que establece anillos de seguridad para
proteger la integridad de los desmovilizados y en las cuales se vigila las
actividades que allí se realizan e igualmente se impide que sin la autorización
de las autoridades competentes los desmovilizados abandonen el área, de forma
tal que en tales zonas de concentración se asegura la presencia de las
instituciones democráticas y su pleno funcionamiento contribuyendo con ello a
la legitimidad del Estado.
En esos términos, explica que las simples
conjeturas que hace el actor en relación con el artículo 31 acusado especialmente
si no están acompañadas de prueba alguna no son admisibles en sede
constitucional, puesto que: “...la sola creencia del actor sobre las
condiciones en que se encuentran las personas en las zonas de ubicación, no
prueba que el Legislador incurrió en un despropósito y vulneró la Carta
Política con la norma acusada...”, de suerte que: “...no le asiste razón
al actor cuando afirma que los desmovilizados podrán circular sin ninguna
restricción y continuar cometiendo delitos, porque como antes se anotó del
control de la zona de concentración se encarga la Fuerza Pública y por tanto
los movimientos y actuaciones en dicha área de las personas que se someten a la
ley es vigilada y supervisada estrechamente por las autoridades, hasta tal
punto que los integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley no
pueden abandonar dicha zona sin el correspondiente permiso del Gobierno
Nacional.   Pero además de lo anterior y conforme con la regulación establecida
al respecto por la Ley 782 de 2002, allí hacen presencia institucional los
fiscales, los jueces, los organismos de policía judicial y otras autoridades
del Estado,   Contrario a lo manifestado por el demandante en las zonas de
concentración los desmovilizados tienen sus movimientos restringidos y sus actuaciones
controladas, razón por la cual fue voluntad del Legislador disponer que el
tiempo que los grupos armados organizados al margen de la ley hayan permanecido
en dicho lugar se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa,
limitando dicho lapso a dieciocho meses...”.
En ese orden de ideas, aclara que a pesar
de que en dichas zonas de concentración no existen las condiciones de
austeridad de un centro de reclusión normal, las personas allí concentradas sí
están sometidas a las restricciones propias de la figura antes descrita, y es
por esa razón que el Legislador consideró que el tiempo que permanecieran allí
adelantando las conversaciones se computaría como tiempo de ejecución de la
pena alternativa, lo que encuentra plena justificación pues la finalidad que se
persigue no es otra que facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la
sociedad de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
garantizando al mismo tiempo los derechos de las víctimas tal como lo prevé el
artículo 1° de la Ley 975 de 2005.
Por otra parte, precisa que como ya lo ha
establecido la Corte Constitucional en variada jurisprudencia, la Constitución
Política ha señalado con claridad que compete al Legislador y no al Juez
Constitucional establecer los delitos, por ende éste último debe evitar la
elaboración de la política criminal pues es una función que no le corresponde,
así mismo, el señalamiento de una conducta como delito y su consecuente
punición, es un asunto que compromete el interés general al propio tiempo que
limita los derechos de las personas y compromete especialmente la libertad
personal.
Sobre el particular cita apartes de las
sentencias C-531 de 1993, C-475 de 1997 y C-198 de 2002.
La interviniente considera que en
relación con el artículo 61 acusado el actor no formuló de manera precisa
ninguna acusación de inconstitucionalidad contra dicha norma, razón por la cual
solicita a la Corte que se declare inhibida para emitir un pronunciamiento de
fondo por ineptitud sustantiva de la demanda.
No obstante, afirma que en el evento en
que se decida ejercer sobre dicha norma el correspondiente control
constitucional debe ser declarada exequible, toda vez que ésta encuentra
sustento en el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución Política,
disposición que faculta al Presidente en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa para conservar en todo el
territorio el orden público y restablecerlo en donde fuere turbado, dicho
mandato constitucional fue desarrollado en el artículo 4º de la Ley 782 de 2002
que modificó el artículo 10 de la Ley 418 de 1997 normas que señalan: “…la
obligación del Gobierno Nacional de garantizar el derecho a la paz de acuerdo
con los artículos 2º, 22, 93 y 189 constitucionales, habida consideración de la
situación de orden público del país y la amenaza contra la población civil y
las instituciones democráticas.   Esta norma busca dinamizar la celebración de
acuerdos humanitarios, en los cuales se tenga presente la realidad del país y
que busquen proteger tanto a la población civil como a los integrantes de la
Fuerza Pública y de los grupos armados organizados al margen de la ley y se
constituye en medida de gran importancia para la estructuración de una política
de paz permanente…”.
Concluye que los
artículos acusados deben ser interpretados en forma sistemática y armónica con
las demás disposiciones de la Ley 975 de 2005 y no en forma aislada como lo
hace el actor, puesto que la convivencia pacífica es un fin esencial del Estado
y la naturaleza de la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento le
brinda suficiente sustento constitucional a los beneficios autorizados en
dichas normas acusadas.
2.  Ministerio de
Defensa Nacional
El Ministerio
referido a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso con
el fin de solicitar a la Corte que se declare inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto de las normas acusadas por ineptitud
sustantiva de la demanda, y en su defecto que declare la exequibilidad de las
mismas, con fundamento en los argumentos que se resumen a continuación.
Advierte el
interviniente que el actor no formuló con exactitud en el texto de la demanda
las acusaciones de inconstitucionalidad contra las normas demandadas de forma
tal que: “...el razonamiento expresado en el concepto de violación frente a
las presuntas normas constitucionales vulneradas es disperso, inexacto y
vago...”.  En efecto, afirma el demandante que se vulneran los artículos 4°
y 13 de la Constitución Política sin enunciar un cargo concreto de
inconstitucionalidad y además utilizando como sustento de violación el mismo
argumento frente a dichas normas superiores.
Como fundamento de sus aseveraciones,
cita entre otras las sentencias C-504 de 1995, C-479 de 1998, C-113 y C-1544 de
2000, C-142, C-362 y C-898 de 2001.
Recuerda que el 23 de octubre de 2003 el
Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de Ley
Estatutaria No. 85 –Senado- conocido como Ley de Alternatividad Penal, poco tiempo
después el 15 de enero de 2004 se instalaron en el Congreso las audiencias
públicas de concertación para superar el fenómeno del
paramilitarismo-autodefensa convocadas por la Comisión de Paz y del Senado y
por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la
República, en dichas audiencias se escucharon distintas perspectivas sobre el
fenómeno paramilitar y en particular sobre los aciertos y desaciertos del
proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Advierte que el citado proyecto de ley se
elaboró con el ánimo de lograr la mayor concertación posible en torno al marco
jurídico que debía guiar la negociación con los grupos armados al margen de la
ley, considerando que la totalidad de las experiencias comparadas de la última
década muestran cómo el tratamiento jurídico para quienes han cometido de
manera sistemática y masiva, los más graves crímenes es un asunto que no se
resuelve con la expedición de un marco jurídico legal.
En ese entendido, indica que: “...ese
marco, si bien fue necesario, resultaba insuficiente para saldar el tema, pues
constituía sólo el primer paso de un largo y difícil proceso cuya
sostenibilidad en el tiempo dependía de la legitimidad y el consenso
democrático que lo soportara.  Como lo analizaron en su momento importantes
analistas (...) Por lo anterior, se consideró que el diseño y ejecución de lo
que podría denominarse medidas de justicia transicional, debía ser
participativo, en la búsqueda de consensos y contar con apoyos internacionales,
en especial de la ONU y la Comisión Interamericana, que no solamente
fortalecieran el proceso políticamente sino que además brindaran asesoría
técnica en ciertos aspectos.   Por las razones anotadas, para la elaboración
del proyecto se tuvieron en cuenta importantes aportaciones de todos los
sectores en las audiencias públicas celebradas por el Congreso y la Oficina del
Alto Comisionado de Paz así como los aportes que hicieran el Gobierno Nacional
y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos...”.
Explica que el objetivo central del
proyecto de ley que hoy es la Ley 975 de 2005 era el de promover la
reconciliación nacional y el Estado de Derecho, mediante la creación de un
marco jurídico que permitiera el desmonte efectivo de los grupos armados al
margen de la ley que tuvieren la voluntad de paz, de forma tal que no se trató
simplemente de solucionar problemas jurídicos de los integrantes de esos grupos
o definir el adecuado castigo por sus crímenes, ni tampoco de limitarse a
proponer el reemplazo de una seguridad privada por una pública en zonas rurales
ni un asunto que asegure la adecuada desmovilización de los reinsertados, pues
todo ello pese a ser fundamental resultaba insuficiente para conseguir el
desmonte efectivo de las organizaciones criminales que mostraren el propósito
de abandonar las armas.
En esos términos, aduce que para el logro
efectivo del propósito antes mencionado el proyecto de ley incluyó un generoso
tratamiento penal al permitir bajar de 40 a 8 años el tiempo de prisión
efectiva para una persona que ha ordenado los más graves crímenes, pero al
mismo tiempo estableció rigurosos mecanismos de reconstrucción de la verdad,
penas principales y alternativas así como medidas de reparación simbólica y
material que tienden entre otras cosas a la devolución de bienes de origen
ilícito, con esa finalidad el proyecto incluyó instrumentos que tendieran al
desmonte efectivo de esos grupos mediante la entrega de valiosa información, la
identificación de cuerpos y fosas comunes, la devolución de bienes arrebatados
por la fuerza a campesinos, la colaboración con la justicia y la aplicación de
sanciones de distinto tipo.
Hace énfasis en que el propósito de la
Ley de Alternatividad Penal debía ser ambicioso y guiar todos los componentes
de una nueva política pública anclada en el contexto jurídico nacional pero
acorde con las exigencias del derecho internacional, es por esa razón que las
medidas antes enunciadas: “...se constituyeron en verdaderas piezas
indispensables para desmontar efectivamente las estructuras criminales –e
impedir que se legalizaran y se convirtieran en peligrosas fuerzas de seguridad
o estructuras mafiosas-, y para demostrar que los colombianos ya no
estuviésemos dispuestos a aceptar y perdonar, impunemente, los crímenes que se
cometieran en nuestra patria.  Si esto no quedaba claro, de una vez y para
siempre, entonces estos movimientos –de autodefensa o guerrilleros- se
reproducirán, unos grupos se desmovilizarán y otros aparecerán, unos jefes
recibirán beneficios judiciales y otros tomarán su puesto...”.
Por otra parte, precisa que otro de los
aspectos importantes del proyecto de ley referido fue el de desmantelar a los
grupos armados al margen de la ley que quisieren hacer la paz, pero buscaba que
el acuerdo al que se llegare pudiera ser, al mismo tiempo, sostenible, seguro
para sus beneficiarios y justo para las víctimas, de forma tal que en la
elaboración de la iniciativa se tuvo en cuenta el hecho de que un acuerdo de justicia
transicional encaminado al desmonte real del fenómeno paramilitar o guerrillero
sólo era sostenible, seguro y justo si al mismo tiempo cumplía con las
obligaciones internacionales del Estado Colombiano, y en ese sentido: “...se
hacía necesario buscar fórmulas sustantivas que conciliaren lo mejor posible
las exigencias de la paz con la satisfacción de los principios universales de
verdad, justicia y reparación.   En efecto, la posibilidad de llegar a un
acuerdo concertado con los grupos armados constituyó una valiosa alternativa
para avanzar hacia la paz.  Pero para que esto se pudiere cumplir era menester
proceder con cautela y con pleno respeto de las garantías jurídicas –nacionales
e internacionales- que establecieren ciertas limitaciones a las facultades de
negociación estatal, ya que unas condiciones excesivamente generosas de
negociación podrían ser la génesis de nuevos brotes de violencia, unas
demasiado restrictivas que podían cerrar la puerta a un acuerdo real...”.
Así mismo, advierte que los estándares
mínimos que resultaban necesarios para satisfacer las obligaciones de Colombia
en procesos de justicia transicional, se encuentran entre otros en instrumentos
internacionales como i) Tratados y Convenciones sobre Derechos Humanos
del orden regional ratificados por Colombia entre los que se encuentran la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre
desaparición forzada de personas y la Convención Interamericana para prevenir y
sancionar la tortura, ii) las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, iii) los informes y recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, iv) el Derecho Penal Internacional,
especialmente el Estatuto de la Corte de Roma que crea la Corte Penal
Internacional y la jurisprudencia de las Cortes Penales Internacionales sobre
esas materias, v) los tratados y convenciones del sistema universal, en
especial atendiendo a las obligaciones contraídas por Colombia al ratificar el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre la Tortura y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes, y vi) los catálogos de
principios internacionales que tienden a la lucha contra la impunidad y a la
protección de las víctimas de violaciones de derechos humanos aplicables en
procesos de justicia transicional y que han sido incorporados al corpus iuris
del derecho internacional y del bloque de constitucionalidad mediante distintas
decisiones judiciales nacionales e internacionales, entre ellos los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder,
el conjunto de principio para la protección y promoción de los Derechos Humanos
mediante la lucha contra la impunidad y los principios y directrices básicos
sobre el Derecho de las víctimas de violaciones de las normas internacionales
de Derecho Humanos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a
interponer recursos y a obtener reparaciones.
Igualmente, precisa que: “...El Estado
tiene la obligación de perseguir, investigar, juzgar, sancionar y velar por la
adecuada ejecución de la pena de las personas acusadas de cometer graves
violaciones de los derechos humanos o infracciones del derecho internacional
humanitario.  En efecto, si bien el derecho nacional e internacional admite
amplias amnistías e indultos para quienes han cometido crímenes políticos o
infracciones menores de DDHH y DIH, lo cierto es que para quienes han cometido
u ordenado crímenes atroces debían existir procesos judiciales, investigaciones
completas y sanciones adecuadas.  (...)  Como bien lo ha reiterado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de investigar suponía la
existencia de una investigación adecuada e integral que, en un plazo razonable
–es decir suficiente pero sin dilaciones-, lograra reconstruir los fenómenos de
criminalidad que se investigaran y satisfacer los derechos de las víctimas, y
de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido...”.
En esos términos, explica que la
investigación presupone funcionarios capacitados no sólo en aspectos técnicos
de investigación criminal sino además en derechos humanos, especialmente si se
considera que una verdadera investigación sobre fenómenos de macrocriminalidad
exige la existencia de soportes técnicos suficientes, como cuerpos
especializados de antropología forense o lavado de activos, además: “...En
cuanto al juzgamiento, la Convención Interamericana, el Pacto de Derechos
Civiles y Políticos y el Estatuto de Roma exigen que los funcionarios que
adelanten la investigación y el juzgamiento respeten la garantía del juez
natural, y gocen de las garantías de imparcialidad e independencia propias de
la rama judicial.  El juicio por graves violaciones de derechos humanos,
adelantado por un juez que no reúna garantías institucionales de independencia,
imparcialidad y objetividad, será un juicio viciado, fácilmente anulable en
instancias internacionales...”.
Reitera que al Estado se le señala la
obligación de imponer una pena proporcionada al daño causado y no puede en
principio establecer eximentes de responsabilidad ni suprimir los efectos de la
sentencia condenatoria, sin embargo, la jurisprudencia de las Cortes Penales
Internacionales en particular la Corte para la exYugoslavia admitió una
reducción sustantiva de la privación efectiva de la libertad siempre que el
responsable colabore de manera eficaz con la justicia, satisfaga el derecho a
la verdad de las víctimas, entregue la totalidad de los bienes que obtuvo de
manera ilícita y repare el daño causado, esas son exactamente las condiciones
que se imponen en el caso de la Ley 975 de 2005 para la persona que quiera
verse beneficiada en materia penal.
De otra parte, afirma que el derecho a la
verdad constituye en un derecho colectivo que busca evitar que las violaciones
se reproduzcan en el futuro, sobre el particular la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han insistido en que este derecho de las
víctimas sólo se satisface si existió una verdadera investigación, a partir de
la cual sea posible conocer los responsables, las causas, las circunstancias de
la comisión de crímenes y el destino de las personas desaparecidas y/o el
paradero de los cadáveres, adicionalmente el Comité de Derechos Humanos de la
ONU, la Comisión y la Corte Interamericana han concluido que la situación de
angustia y zozobra de los familiares de las personas desaparecidas constituye
un trato cruel, inhumano y degradante, violatorio de las disposiciones
internacionales que establecen el derecho a la integridad personal.
Aduce que en materia de reparaciones es
importante tener en cuenta que las víctimas tienen derecho a la reparación
integral, derecho que supone que las víctimas puedan acceder a un recurso
eficaz para garantizar la reparación integral de los perjuicios sufridos, a
través de diversas medidas, tales como la indemnización de perjuicios
materiales y morales, adicionalmente, la reparación individual o colectiva
puede ser simbólica, ésta incluye el reconocimiento público y solemne que los
culpables hacen de su responsabilidad así como ceremonias conmemorativas,
denominaciones de vías públicas, monumentos y otras alternativas que permiten
asumir el deber de la memoria.
Señala que la Constitución Política
permite aplicar la figura jurídica del indulto para delitos políticos y
conexos, salvo en el caso de graves violaciones de derechos humanos como es el
caso del desplazamiento y otras formas de terrorismo, sin embargo, si algunas
personas resultan beneficiadas por el indulto esa situación no es óbice para
que el Estado deje de reparar ni de investigar la verdad de las violaciones a
los derechos humanos, puesto que un asunto es el perdón por los crímenes
políticos cometidos y otro bien distinto el sacrificio injusto e innecesario de
los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación.    Como fundamento de
sus aseveraciones cita un aparte de la sentencia C-1184 de 2001.
En ese orden de ideas, considera que para
que un proyecto de ley relativo a la justicia transicional resulte exequible
debe incorporar instrumentos que permitan investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de delitos no indultables o amnistiables, es decir, debe
incorporar elementos eficaces que permitan la reparación de las víctimas y la
satisfacción del derecho a la verdad en todos los casos incluso cuando se ha
amnistiado o indultado al responsable del crimen, además es claro que: “...el
Estado debe adelantar una labor diligente y sostenida para averiguar si una
persona está directamente comprometida en la comisión de crímenes atroces.  En
efecto, como se ha reiterado en la jurisprudencia nacional o internacional, la
impunidad no sólo puede producirse porque exista una ley que perdone lo
imperdonable, sino también porque el Estado deje de adelantar las mínimas
labores de investigación necesarias para identificar a los responsables de
estos crímenes...”.
Hace énfasis en que del contenido
normativo de la Ley 975 de 2005 se deduce claramente que: “...Para que la
investigación satisficiera los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, se hace necesario inaplicar la reducción de términos que apareja la
solicitud de sentencia anticipada, establecer requisitos como la confesión y la
entrega de bienes ilícitamente obtenidos, fortalecer los mecanismos de
participación de las víctimas, contemplar la creación de una entidad de investigación
multidisciplinaria que incluya especialistas en aspectos técnicos, jurídicos,
sociológicos, antropológicos entre otras medidas.  Es así mismo determinante
que los funcionarios que adelanten las etapas de investigación y juzgamiento
tengan conocimientos suficientes en materia de investigación técnica de
fenómenos de macrocriminalidad y crímenes de lesa humanidad...”.
Considera que en
relación con la acusación formulada por el actor según la cual la Sala
competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que
corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código
Penal, el demandante no tiene en cuenta que: “...El Tribunal que se pretende
crear busca satisfacer todas las condiciones del derecho interno e internacional,
para dar lugar a un debido proceso rodeado de todas las garantías judiciales.
Por esta razón, cualquier órgano que se conforme debe satisfacer el principio
del juez natural, y el proceso debe garantizar el debido proceso (sic) y el
principio de igualdad.   El principio del juez natural supone que el
juzgamiento debe ser adelantado por el juez competente al momento de la
comisión del delito o por uno que, por se de una instancia superior, garantice
mayores y mejores condiciones de imparcialidad, independencia y objetividad.
En este caso se asigna la competencia a un Tribunal, cuyos Magistrados gozan de
las más importantes garantías de imparcialidad, independencia y objetividad,
pues son elegidos de la misma manera como se elige a los Magistrados de la
Corte Suprema y tienen las mismas garantías y condiciones de éstos.   No
obstante, si en el debate llegare a aparecer que esta opción resulta
constitucionalmente dudosa, la propuesta alternativa sería la de crear una Sala
Especializada en la Corte Suprema de Justicia...”.
Finalmente, el
interviniente llega a varias conclusiones en relación con las razones por las
cuales las normas acusadas deben ser declaradas exequibles, a saber:
i) Lo pretendido con las normas acusadas es
reemplazar una pena del régimen ordinario por una alternativa de manera que
constituya un incentivo a más de llamativo, convincente para los miembros de
las organizaciones armadas ilegales, porque si se pretende su desmovilización y
el Estado los someta, y condene a las penas generales del Estatuto Punitivo, no
será posible que se logre el objetivo de desmovilizar dichas organizaciones y
reinsertar a sus integrantes a la vida civil, de forma tal que la sociedad
colombiana seguirá afrontando la guerra fraticida que venimos sufriendo desde
hace más de cincuenta años.
ii) No
existe vulneración del derecho a la igualdad material en relación con las
prerrogativas e incentivos que la Ley 975 de 2005 ha establecido para los
miembros de las organizaciones armadas ilegales, frente a los delincuentes
comunes por cuanto para éstos últimos el Código Penal ordinario -Ley 599 de
2000- creó igualmente beneficios tales como subrogados penales y en general
diversos mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, y por
tanto la diferenciación establecida en las normas acusadas obedece precisamente
a que no se pueden ubicar en un mismo contexto a los miembros de organizaciones
armadas ilegales y a los delincuentes comunes, toda vez que los unos y los
otros tienen diferente origen, objetivo y finalidades y ambos sin
diferenciación alguna representan toda clase de peligros para la sociedad.
iii) La
aplicación efectiva de la Ley 975 de 2002 produce como resultado que los
familiares de las víctimas del conflicto al menos en alguna medida obtengan
alguna reparación, los de los desaparecidos tendrán certeza del lugar en donde
están sus seres queridos, lo mismo que a futuro se evitará un baño de sangre y
un desgaste económico y administrativo del Estado: “... atendiendo a estos
beneficios, se considera que las normas demandadas deben ser declaradas
exequibles y justifican que haya cambio de competencia para el juzgamiento de
los miembros de estos grupos, se les otorgue una condena más benévola y a
cambio se obtenga, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas
incluso en la aplicación a tratados constitucionales, (sic) que ya han sido
incorporados a nuestro derecho interno y que hacen parte del Bloque de
Constitucionalidad...”.
iv) No
existe quebrantamiento alguno del derecho constitucional al debido proceso,
toda vez que el Legislador estatuyó un trámite procesal especial para una
circunstancia especial, sin dejar de lado que el juzgamiento sea público, que
exista contradicción, impugnación a las decisiones y la posibilidad que los terceros
afectados se hagan parte del proceso, en consideración precisamente a la
responsabilidad del Estado de garantizar la paz por encima de conductas
ilegales pasadas y buscando el resarcimiento a fin de evitar una guerra sin
fin, de forma tal que es: “...totalmente válido que se incentive con
instrumentos efectivos que hagan posible la realización del principio de
solidaridad y el cumplimiento del deber de participación por parte de los
asociados, frente a la protección de los derechos e intereses colectivos.
3.  Fiscalía
General de la Nación
El Fiscal General de
la Nación, interviene en el presente proceso para solicitar a la Corte que se
declare inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud
sustantiva de la demanda, y en su defecto que declare la exequibilidad de las
normas demandadas, con base en los argumentos que se resumen a continuación.
El interviniente,
advierte que la demanda no reúne los requisitos establecidos en el Decreto 2067
de 1991, razón por la que la Corte debe declararse inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, puesto que los
planteamientos de la demanda constituyen opiniones e interpretaciones
subjetivas del actor sobre la Ley 975 de 2005, acusaciones que por demás no
desarrollan un enfrentamiento normativo entre la Ley demandada y la
Constitución Política que permitan un juicio de constitucionalidad.
Sobre el particular
cita un aparte del Auto No. 062 de 2005.
En ese entendido,
considera que los términos y expresiones que usa el demandante en su escrito
manifiestan solamente un ejercicio de las libertades de expresión y opinión y
pensamiento que le asisten a él: “…pero en ningún caso constituye demanda
que permita un juicio de constitucionalidad contra la decisión dada por el
Legislador como autoridad representativa de la democracia y pluralismo nacional,
pues no expresa una confrontación normativa entre la Ley demandada y el orden
constitucional, lo cual inhibe y limita a las demás partes en este escenario
procesal a pronunciarse contra el ejercicio legítimo de las libertades
mencionadas del demandante…”.
Así mismo, a su
juicio las expresiones demandadas no integran una proposición jurídica completa
dentro del contexto de los artículos demandados, toda vez que los vocablos
impugnados carecen de sentido propio sino se interpretan con la totalidad de las
normas de las cuales hacen parte, en efecto la demanda plantea la imposibilidad
de hacer un juzgamiento de constitucionalidad fraccionado del artículo 29 sobre
la pena alternativa sino la integra las normas de dosificación de la misma con
la gravedad de los delitos, la colaboración efectiva en el esclarecimiento de
los mismos, las reinserción social a través del trabajo, el estudio o la
enseñanza y la desmovilización del grupo armado al cual pertenecía el
beneficiario, en el mismo sentido de falta de integración normativa para el
juzgamiento de las expresiones demandadas del artículo 61 sobre facultades al
Presidente de la República, sino se analizan en el contexto de los acuerdos
humanitarios que por la Ley demandada se autorizan.
Considera entonces, que:
“…la demanda es inepta por falta de integración jurídica de las expresiones
demandadas con el contenido de los artículos 3º, 29 y 61 de la Ley demandada,
toda vez, que en los procesos de control constitucional por vía de acción, el
cotejo de la disposición sólo es posible si ha sido demandada porque la Corte
Constitucional no está obligada a asumir de oficio el conocimiento de dichas
disposiciones en los segmentos carentes de cargos, sin los cuales las
expresiones demandadas pierden los condicionamientos dados por el Legislador…”.
Como fundamento de sus aseveraciones cita las sentencias C-006 y C-047 de
2001.
No obstante,
considera que en el evento en que esta Corporación decida emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con las normas acusadas, éstas deben
declararse ajustadas a la Constitución Política.
En efecto, advierte
que la Ley 975 de 2005 de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la
misma tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación
individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen
de la ley, garantizando los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia y
la reparación.
Así mismo, señala que
la aludida Ley de acuerdo con lo establecido en su artículo 2º no es de
carácter obligatorio, sino que solo se aplica a quienes decidan voluntariamente
desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, además
en los artículos 4º y 5º hace alusión a otros propósitos de la misma y define
qué se entiende por víctima.
De otra parte, aduce
que la Ley 975 de 2005 regula en el artículo 8º lo relativo al derecho de
reparación, en el artículo 9º define qué se entiende por desmovilización, y
posteriormente en el Capítulo VIII se establecen los derechos de las víctimas
frente a la administración de justicia y en el Capítulo IX sobre el derecho a
la reparación de las víctimas determina el procedimiento y las autoridades
competentes para ello para lo cual crea un Fondo como cuenta especial sin
personería jurídica, integrado por todos los bienes y recursos que a cualquier
título entreguen las personas o grupos armados organizados al margen de la ley
entre otros recursos.
Explica que la Corte
Constitucional ha señalado que la escogencia de la negociación pacífica del
conflicto es una manifestación democrática representada en la voluntad
legislativa y en la iniciativa gubernamental, de forma tal que la Ley 975 de
2005 es la respuesta que el Derecho en un Estado Social y Democrático de
Derecho hace al uso legítimo de la fuerza por los grupos armados al margen de
la ley.   Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-048 de 2001.
En esos términos,
indica que: “…la Ley 975 es el instrumento legal dado por el Congreso de la
República a iniciativa gubernamental como límite temporal al proceso de
violencia colombiano que pone el 25 de julio de 2005, fecha de su vigencia,
como punto de partida para separar entre un pasado vergonzoso y el inicio de la
construcción de un presente y un futuro que permita superar la inconmensurable
tragedia colombiana, nos aleje de una de las tantas causas del conflicto social
que afecta el Estado Social de Derecho y nos mantiene en altos niveles de
pobreza que no permiten lograr el orden justo y la convivencia pacífica que
establece el orden constitucional democrático…”.
Aclara entonces que “…la
Ley 975 de 2005 es la continuidad de la política nacional implementada por los
procesos de negociación pacífica con los grupos armados al margen de la ley,
cumplida desde finales de los años ochenta en distintas negociaciones del
Gobierno Nacional.   Han tenido éxito las adelantadas con el M-19, el Partido
Revolucionario de Trabajadores (PRT), el movimiento armado Quintín Lame (MAQL)
y algunas fracciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular
de Liberación (EPL), en las cuales la política perdón y olvido como forma de
reinserción y resocialización por los crímenes perpetrados con violación de los
derechos humanos, ha sido aplicada mediante leyes que han autorizado indultos y
amnistías sin condicionamientos…”.
De otra parte, el
interviniente destaca que si existe un esfuerzo común la Ley 975 de 2005 cumpla
su función de pacificación en forma eficaz para el conflicto colombiano,
significa que a partir del 25 de julio de 2005 pertenecerán al pasado los
crímenes de lesa humanidad procurados por insurgentes y contrainsurgentes que
quieran someterse a los beneficios de la citada Ley, así mismo se logrará la
consolidación del Estado Social de Derecho y el fortalecimiento de la
democracia.
Aduce que: “…la
Ley 975 demandada como respuesta institucional y jurídica al fenómeno de la
violencia colombiano, no infringe el régimen constitucional como lo alega el
demandante, sino que, por el contrario, es la expresión democrática dada por el
Legislador, cuyo fundamento se encuentra en el Preámbulo, el cual establece que
el poder constituyente tiene como fin fortalecer la unidad nacional y asegurar
a sus integrantes la vida, la convivencia, la paz, dentro de un marco
democrático y participativo que garantice el orden político, económico y social
justo, entre otros principios, derechos y
valores y con ellos todos los demás establecidos en la Constitución Política,
todo lo cual, busca cumplir la Ley 975 de 2005 como herramienta institucional
de apertura a la consolidación de la paz con los grupos armados al margen de la
ley…”, desarrollando así entre otros, los mandatos
constitucionales previstos en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 11, 12, 17, 22, 24,
28, 34, 40, 42, 44, 45, 58, 93, 95, 333 y 334.
Hace énfasis entonces en que la Ley 975
de 2005 tiene el propósito de facilitar los procesos de paz y de
reincorporación individual o colectiva a la vida civil de los miembros de los
grupos armados al margen de la ley, que no sólo no contradice norma alguna
constitucional, sino que por el contrario como ya se dijo propende por el
desarrollo y garantía de los principios, derechos y demás libertades del orden
constitucional en el Estado Colombiano en sus caracteres social y democrático
que le son inherentes de acuerdo con los fines de la Nación.
Aclara que en con relación a la acusación
formulada por el actor según la cual el Tribunal Superior de Distrito Judicial
competente hará la tasación de la pena conforme con la ley penal preexistente: “…existe
un error de interpretación normativa porque en el juzgamiento la tasación de la
pena a cada responsable por la comisión de delitos, se hará conforme a la
señalada por la ley penal preexistente en igualdad de condiciones con los demás
condenados y solo como consecuencia del agotamiento de proceso judicial que
respete los derechos y las garantías fundamentales del infractor, se puede
acceder a la pena alternativa, siempre y cuando se cumpla con los requisitos
señalados en la Ley, así lo establece el artículo 29 demandado…”.
Indica que las condiciones que prevé la
Ley 975 de 2005 para permitir a la autoridad judicial suspender la ejecución de
la sentencia con la concesión del beneficio son las establecidas en los
artículos 10 y 11 íbidem, de forma tal que no se puede entender que el beneficio
sea la fijación de otra pena, sino que es la suspensión de la ejecución de la
pena impuesta bajo la condición del cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Ley y posteriormente la libertad a prueba por un término igual a la mitad
de la pena alternativa impuesta so pena de revocación de la libertad y el
cumplimiento de la pena inicialmente determinada.
En ese entendido, señala que: “…por
ejemplo si al condenado se le impone 40 años de prisión y como pena alternativa
se le tasa la máxima, deberá estar en prisión por 8 años, luego 4 años de
libertad vigilada, y cumplir las condiciones de la ley demandada, so pena de
cumplir los 40 años de prisión determinados inicialmente…”, así las cosas,
no es cierto que se vulnere el derecho a la igualdad por el hecho de la
dosificación de las penas a la luz de las normas previstas en la Ley Penal
vigente.
Precisa que: “…si se pensara que la
política criminal prevista en la Ley demandada es de baja intensidad punitiva
por efecto del beneficio de la alternatividad, debe precisarse que la misma
también estableció una rebaja de penas en un décima parte (art. 70), lo cual
pone en evidencia que la voluntad legislativa fue el de disminuir (sic) el
poder punitivo del Estado…”.
De otra parte, advierte que la demanda
formulada por el actor no plantea cargos de inconstitucionalidad contra la Ley
975 de 2005, sino un juicio de valor contra la política criminal contenida en
la misma, en especial en lo relativo a la intensidad punitiva, desconociendo
que la Corte Constitucional ha señalado que la dosimetría de las penas y
sanciones es un asunto librado a la definición legal y cuya relevancia
constitucional es manifiesta únicamente cuando el Legislador incurre en un
exceso punitivo del tipo proscrito por la Constitución Política.    Como
fundamento de sus aseveraciones cita un aparte de las sentencias C-591 de 1993
y C-070 de 1996.
En esos términos, explica que desde el
rigor de la perspectiva jurídica, es al Legislador al que le compete establecer
el quantum de las penas, de conformidad con lo previsto en los artículos 29,
114, 121, 122, 123, 150 y 230 de la Constitución Política que desarrollan el
principio de legalidad.
Reitera entonces que:
“…la demanda y la Ley 975 de 2005 contienen un juicio de valor por tratarse
de un asunto que atañe a la moral social, de acuerdo con el artículo 34 de la
Constitución Política y por ser inherente a esa moral la autocomposición del
conflicto interno para la dejación de las armas y supresión de la organización
criminal armada.   Sin embargo, cualquiera que sea la postura moral que se
asuma, sea la aristotélica, la kantiana, la utilitarista o la ética discursiva,
puede concluirse que la peor inmoralidad de una sociedad es la violación de los
derechos humanos derivados de aquel, cuya cesación es el propósito nacional
manifiesto en la ley demandada, sobre todo, cuando es entre connacionales y en
la escandalosa irracionalidad del enfrentamiento interno, en la plena
contradicción el marco axiológico derivado de la convivencia pacífica y la
vigencia del orden justo que exige la fuerza vinculante de la Constitución
Política, en el Preámbulo y en los artículos 1º, 2 y 22, entre otros…”, de
suerte que en el caso concreto de la Ley 975 de 2005 la determinación de la
validez de la política criminal derivada del proceso de marginalidad legal del
conflicto armado en la que se determina la alternatividad penal debe analizarse
de forma sistémica constitucional y legalmente porque se da dentro del contexto
de proceso de negociación. Como fundamento de sus aseveraciones cita apartes de
la sentencia C-013 de 1997.
Así mismo, destaca
que la estrategia legislativa establecida por el Congreso de la República con
el fin de superar las situaciones de hostilidades armadas desencadenadas al
interior del territorio nacional, determinadas por la Ley 975 de 2005, es un
mecanismo especial para la consecución de la paz y también excepcional por ser
establecida no para los tiempos de normalidad sino para hacer cesar los
ingredientes de la violencia colombiana, aunado a lo anterior: “…la política
criminal prevista en la Ley 975 de 2005 de baja intensidad punitiva debe
analizarse dentro del contexto de la justicia transicional, debido a que ella
se profiere y desarrolla dentro de un proceso histórico de negociación del
conflicto con los grupos armados al margen de la ley, por ello, la
determinación de la alternatividad penal se prevé como contraprestación a la
contribución efectiva a la consecución de la paz nacional…”.
Explica que la
voluntad legislativa con esa política criminal se inclinó por la verdad como
principio y como derecho, en detrimento del poder punitivo que se ejerce dentro
del contexto de la justicia retributiva, bajo el entendido que la violación de
los derechos humanos es irredimible y se orienta con la postura ideológica de
acuerdo con la que el derecho penal no es el remedio idóneo para la composición
de la sociedad en conflicto interno, por consiguiente: “…la intensidad
punitiva y la política criminal insita en la Ley 975 de 2005 considera que la
solución del conflicto de marginalidad armada en Colombia, no es el
confinamiento carcelario de los infractores, sino la urgencia de cesar la
impunidad y de su reinserción a la vida civil mediante procesos judiciales que
garanticen los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación
exigibles en la violencia derivada de la violación de derechos humanos…”.
El interviniente
precisa entonces, que dentro de la lógica de la justicia transicional necesaria
para una auténtica reconciliación nacional, la justicia retributiva cede
espacio a favor de la pacificación, si logra ejercitar el deber del Estado de
investigar y el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los genocidios,
la causa de los desplazamientos forzados y del secuestro, entre otras
violaciones humanitarias derivadas de la violencia nacional, ello en razón a
que es: “…la primera vez que un proceso de negociación armada en Colombia,
contiene elementos de justicia y verdad, porque en todos los procesos
anteriores se han concedido los beneficios de indulto y amnistías y con ellos
la ausencia de procesos judiciales silenció de contera el esclarecimiento de la
verdad, con fundamento en el círculo vicioso que si emerge se abre nuevamente
las heridas dejadas por la violencia…”.
En ese entendido,
aduce que para el caso de la Ley 975 de 2005 cuya efectividad depende de la
voluntad de los miembros de los grupos armados al margen de la ley era
necesario, adecuado y racional que el Estado estableciera beneficios, no
accesibles en el régimen ordinario, para aquellos que accedieran a acogerse a
sus beneficios, en consecuencia: “… los beneficios dados por el Legislador
en la Ley 975 en detrimento del poder punitivo son mecanismos de
proporcionalidad indispensables para el surgimiento de la verdad, la cual fluye
necesariamente dentro del proceso de pacificación si los que se reincorporan a
la vida civil, están protegidos por la garantía de no autoincriminación y si el
Estado no cierne sobre ellos todo el peso de suponer punitivo, en lo a que los
delitos derivados del conflicto interno se refiere.  En ello, descansa la
eficacia de la estrategia de desarme manifiesta en la voluntad legislativa…”.
Concluye que la
diferencia de trato entre la aplicación del sistema penal ordinario y la Ley
975 de 2005 no es de carácter general y es de aplicación transitoria, por tanto
el derecho a la igualdad que reclama el demandante no puede aplicarse e
interpretarse como éste lo solicita, porque su posición es descontextualizada
del mecanismo especial de pacificación que contiene la aludida Ley y dentro del
marco de la justicia retributiva que no fue prevista por la voluntad del
Legislador.
4.  Comisión
Colombiana de Juristas
El Director y
Representante Legal de la Comisión Colombiana de Juristas en el presente
proceso aporta copia de la demanda que presentó contra la Ley 975 de 2005, y en
la que solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de toda la Ley
referida.   Por tanto, para efectos del presente proceso se tendrán en cuenta
los apartes que se relacionen con las normas aquí acusadas, toda vez que, no
existe una referencia concreta a las acusaciones planteadas en la demanda
formulada por el actor.
El interviniente
recuerda que la Ley 975 de 2005 regula lo concerniente a la concesión de
beneficios penales para delitos que consistan en graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario incluyendo
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sin embargo, la regulación de
beneficios penales por desmovilización que allí se establecen no abarcan todo
tipo de delitos sino exclusivamente aquellos que no pueden ser objeto de
amnistías e indultos en razón a que la referida Ley complementa más no
reemplaza la normativa existente en materia de beneficios por reincorporación a
la vida civil de conformidad con lo previsto en el artículo 2° de la misma.
Aclara que con todo y
la expedición de la Ley 975 de 2005 lo dispuesto en la Ley 782 de 2002 y su
Decreto Reglamentario 128 de 2003 mantienen plena vigencia para regular la
situación de los combatientes que al momento de su desmovilización no tengan
procesos penales ni condenas en su contra por delitos no amnistiables ni
indultables como lo estipula expresamente el artículo 21 del citado Decreto.
En ese sentido,
señala que: “...La entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005 amplía los
escenarios para la concesión de beneficios jurídicos por desmovilización,
autorizando el otorgamiento de los mismos a quienes estén siendo procesados o
hayan sido condenados por delitos de especial entidad...”, y por esa razón
la regulación jurídica es diferenciada según la situación jurídica en la que se
encuentren los combatientes al momento de su desmovilización; así, el marco
normativo prevé los siguientes tres eventos asignándole a cada uno distintas
consecuencias jurídicas: “...i) cuando se trata de combatientes que al
momento de su desmovilización no tengan procesos penales en curso ni condenas
en su contra, ii) cuando se trata de combatientes que estén siendo procesados o
hayan sido condenados por los delitos de sedición, asonada y rebelión
(incluyendo los delitos conexos), y iii) cuando se trata de combatientes que
tengan procesos penales en curso o condenas en contra por delitos distintos a
los políticos y conexos.  Sólo en éste último evento se aplicaría el
procedimiento para el otorgamiento de beneficios de que trata la Ley 975 de
2005, sin perjuicio de que los combatientes desmovilizados que se encuentren en
los otros supuestos pidan acogerse a la Ley...”.
Explica además que la
Ley 975 de 2005 al mantener la vigencia de los instrumentos legales y
reglamentarios existentes con anterioridad a su expedición, establece un
conjunto de procedimientos y beneficios que sólo están llamados a aplicarse a
los miembros de grupos armados al margen de la ley que se encuentren en el
tercer evento antes referido, esto es, a los combatientes contra los cuales
exista un proceso penal o una condena judicial en su contra por delitos
respecto de los cuales están proscritos la amnistía y el indulto, por tanto los
combatientes de grupos armados al margen de la ley contra los cuales exista
proceso o condena judicial por crímenes de guerra, lesa humanidad, graves
violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional
Humanitario y otros delitos de especial entidad como el narcotráfico y la
extorsión sólo podrían beneficiarse de lo dispuesto en la Ley 975 de 2005,
verbigracia: “... a un combatiente de un grupo paramilitar o de guerrillas
que esté siendo investigado por su participación en el respectivo grupo armado,
y al que sólo se le imputen los delitos de conspiración para delinquir, porte
ilegal de armas y uso de uniformes privativos de la fuerzas militares, puede
recibir los beneficios que establece la Ley 782 de 2002 (resolución inhibitoria
y de preclusión, cesación de procedimiento, suspensión condicional de la
ejecución de la pena e indulto), mientras que aquél contra el cual exista
proceso o condena por delitos como la desaparición forzada, la tortura, el
secuestro, etc., deberá acudir a lo establecido en la Ley 975 de 2005 para
recibir el beneficio de la pena alternativa...”.
Por otra parte afirma
que: “...el derecho a la justicia-compuesto a su vez por los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación- es un derecho fundamental,
especialmente en caso de violaciones a los derechos humanos y de infracciones
al derecho internacional humanitario (sic).  Tal carácter se corresponde con la
obligación internacional del Estado Colombiano, no sólo frente a los otros
Estados, sino especialmente frente a las personas, de investigar, juzgar y
sancionar a los responsables de tales hechos.  Esta obligación se hace aún más
imperativa frente a casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad,
en la medida en que la prohibición de estos hechos es norma de ius cogens, y,
por consiguiente, dicha prohibición implica la correlativa obligación de los
Estados de no tomar ningún tipo de medida judicial o administrativa que
sustraiga a sus perpetradores de la acción de la justicia.  Tal obligación no
se deroga por el hecho de estar a la finalización de un conflicto armado ni
puede desconocerse con el ánimo de superarlo...”.
En ese entendido,
precisa que el derecho a la verdad como parte integral del derecho fundamental
a la justicia goza de reconocimiento nacional e internacional, así como del
deber de garantía del Estado; por consiguiente, ese derecho debe ser
garantizado individual y colectivamente dado que su garantía es a la vez una
forma de reparación de forma tal que es obligatoria incluso en contextos en los
que se hayan producido Leyes de amnistía ya que constituye una forma de evitar
tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A juicio del
interviniente, todos los artículos de la Ley 975 de 2005 son inconstitucionales
puesto que: “...constituyen en su integridad un sistema de impunidad que
permite la concesión del beneficio de pena alternativa (art. 29), reducida esta
por el tiempo de permanencia en zonas de concentración (art. 31), sobre la base
de un procedimiento que no garantiza la verdad, ni la justicia, ni la
reparación...”.  En efecto, a su juicio la Ley 975 tiene un sin número de
falencias que no permiten garantizar que las víctimas van a ser reconocidas en
sus derechos y además prevé un beneficio de pena alternativa que cierra el
sistema de impunidad que implica que a lo sumo los combatientes desmovilizados
vayan a cumplir entre tres años y medio y seis años y medio de eventual
privación de la libertad a pesar de que el Código Penal y el Estatuto de Roma
que estableció la Corte Penal Internacional establecen penas significativamente
más amplias.
Señala también que la
Ley 975 de 2005 prevé una investigación sumamente insuficiente de un porcentaje
mínimo de los desmovilizados –arts. 2°, 9°, 10, 18, 62 y 69 (parciales)-, de
forma tal que solamente estarán sujetos a la citada Ley los combatientes que
previamente a su desmovilización hayan sido procesados o condenados por delitos
no amnistiables o indultables, por tanto: “...Se trata de una ínfima minoría
(que el Gobierno calcula en 300 o 400 personas).  La mayor parte de los
combatientes no tiene procesos ni condenas en su contra, porque su identidad es
desconocida y porque, en todo caso, existe una gran impunidad en el país.  Para
el grueso de los desmovilizados, el Gobierno dictó el Decreto 128 de 2003, al
amparo del cual deja en libertad a quienes no tengan antecedentes judiciales,
sin tomarse el trabajo de iniciar siquiera un proceso por su evidente
pertenencia a un grupo armado ilegal, lo cual es inconstitucional y contrario
también a la Ley 782 de 2002, o ley de orden público, que el Decreto 128
pretendió reglamentar...”.
Igualmente, advierte
que la Ley 975 de 2005 señala unos términos investigativos manifiestamente
insuficientes y que hacen imposible investigar adecuadamente la magnitud de los
hechos, en cuanto a su gravedad, y a sus elementos de sistematicidad y
generalidad, a ello se suma que el procedimiento no prevé garantías adecuadas
para la participación y acceso a la justicia de las víctimas, pues no les
permite a éstas el acceso al expediente, no prevé expresamente su participación
dentro de las diligencias del proceso y omite la procedencia del recurso de casación.
En esos términos,
destaca que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10-6, 17 y 29 la
Ley 975 de 2005, es claro que ésta permite que los desmovilizados accedan a los
beneficios allí previstos sin que tengan que hacer una confesión plena de los
hechos, sin que se les exija señalar el paradero de las personas desaparecidas
al momento de la desmovilización y sin que pierdan tampoco los beneficios por
el hecho de cometer nuevos delitos, adicionalmente la Ley desconoce la
obligación estatal de sancionar a los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario a
verdaderas penas privativas de la libertad, al establecer en el artículo 31 que
pueden cumplir parte de la pena en zonas de concentración, que han sido
previstas para otras finalidades y que no son de ninguna manera centro de
privación de la libertad.
Hace énfasis en que: “...el
beneficio de pena alternativa es desproporcionado, no sólo porque rebasa los
mínimos jurídicos que prohíben las medidas conducentes a la impunidad, sino
porque los beneficios son concedidos sin que se exija una genuina contribución
al esclarecimiento de la verdad, a la justicia y a la reparación, ni tampoco a
la no repetición de la violaciones especialmente a las víctimas...”.
El interviniente
estima que el artículo 31 de la Ley 975 de 2001 es inconstitucional, en la
medida en que establece que parte de la pena se puede cumplir en zonas de
ubicación, desconociendo que uno de los componentes del derecho a la justicia
de crímenes graves es su adecuada sanción y permitiendo en consecuencia que las
personas condenadas a pena privativa de la libertad evadan su cumplimiento
durante el tiempo de estadía en las referidas zonas.    Sobre el particular
cita apartes de la sentencia C-069 de 1994 y C-228 de 2002.
Considera que
teniendo en cuenta el amplio marco de normas internacionales, entre otras el
artículo 4° de la Convención contra la Tortura, el artículo 3° de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada, las recomendaciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, así como el antecedente de la creación de Tribunales Penales
Internacionales Ad Hoc para casos específicos de países en los que ocurrieron
graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos o infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, es apenas lógico que la obligación de sancionar a
los perpetradores de crímenes graves no puede reducirse a una mera formalidad
sino que debe traducirse en el cumplimiento de una efectiva sanción.
Explica que las zonas
de ubicación son un mecanismo establecido por el parágrafo 2° del artículo 8°
de la Ley 418 de 1997, en dicha norma se dispuso la existencia de tales zonas
con la finalidad de dar herramientas jurídicas que hicieran viable el derecho
constitucional a la paz, por tanto la referida disposición legal otorga
instrumentos jurídicos al Gobierno Nacional para que pueda sentarse a dialogar
con los grupos alzados en armas sin quebrantar la Constitución Política, y en
ese sentido, el fundamento constitucional de esas facultades es el derecho,
deber y fin de la paz.   En efecto, los instrumentos jurídicos otorgados por la
norma referida son: “…i) La facultad del Presidente de la República de
establecer una zona del territorio nacional en la que suspenda la ejecución de
órdenes de captura contra voceros y miembros de los grupos armados que se
encuentran en proceso de paz, y ii) La facultad del Presidente de la República
para determinar la localización y las modalidades de acción de la Fuerza
Pública…”.
En ese orden de
ideas, señala que: “…La facultad del Presidente de la República de
establecer ‘zonas de ubicación’ o ‘zonas de distensión’ nunca ha sido pensada
como una modalidad de privación de la libertad.  Al contrario, una de sus
finalidades es concentrar a los negociadores y voceros de los grupos armados
con los que el Gobierno está adelantando negociaciones, con la finalidad de
suspender las órdenes de captura.  Esto es, antes que una forma de aplicar la
ley penal (sic) y someter a quienes han cometido delitos dentro de los grupos
de negociación a condiciones especiales de privación de la libertad, es una
forma de suspender el ejercicio de la acción de la justicia contra los mismos
para poder garantizar los procesos de negociación…”, prueba de ello es que
la Resolución 092 de 2004 que creó la zona de ubicación de los paramilitares en
Santa Fe de Ralito, fue expedida con fundamento en el artículo 8º de la Ley 418
de 1997 y no hace referencia en ningún momento a condiciones de adecuación de
la zona para que ésta cumpla condiciones propias de lugares de privación de
libertad.
Aclara además que: “…si
la permanencia en la zonas de concentración no es una privación de la libertad,
computar el tiempo que pasen en ella las personas desmovilizadas como tiempo de
ejecución de la pena alternativa hasta por 18 meses, como lo hace el artículo
31 de la Ley 975 de 2005, constituye un indulto encubierto, lo cual no es
admisible para crímenes de guerra o de lesa humanidad y graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, que son los delitos
cuyo juzgamiento pretende regular la Ley 975, y viola flagrantemente los
artículo 150-17 y 201-2 de la Constitución, que sólo autorizan el otorgamiento
de indultos para los delitos de carácter político…”.
Igualmente, recuerda
que la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del parágrafo 2° del
artículo 8° de la Ley 418 de 1997, y lo declaró exequible mediante la sentencia
C-048 de 2001, en la cual señaló que la finalidad del mecanismo allí previsto
no era otra que la búsqueda de la paz a través del establecimiento de zonas en
las que no se hicieran efectivas las órdenes de captura.    Sobre el particular
cita apartes de las referidas sentencias.
Por otra parte,
considera que el artículo 3º de la Ley 975 de 2005 vulnera la Constitución,
toda vez que: “…El beneficio de la pena alternativa es también un indulto vedado porque prevé la intervención gubernamental…”, además
de constituir una amnistía velada como un sistema que da lugar a la impunidad
de delitos graves conforme al Derecho Internacional.   En efecto, se trata de
una medida velada porque la Ley 975 de 2005 no exime de investigación y
juzgamiento de manera directa a los responsables de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En esos términos, considera que el
contenido material de los artículos 3°, 29 y 31 de la Ley 975 de 2005
desconocen que conforme a lo previsto en el artículo 201 de la Constitución
Política, el indulto es un mecanismo en que hay una valoración especial del
contexto, del orden público y de circunstancias de conveniencia nacional que
dan lugar a la intervención del Gobierno, es por esa razón que en las medidas
de gracia tales como amnistías e indultos el Gobierno Nacional interviene para
determinar a qué personas es necesario otorgar el perdón para garantizar la
convivencia pacífica: “Tal intromisión sólo es admisible en esos casos
porque de lo contrario sería vulneratoria de la independencia judicial, que es
una garantía del debido proceso y del juicio justo (artículos 29 de la
Constitución, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 y25 de la Declaración
Americana sobre Derechos Humanos) y de la separación de poderes (arts. 1 y 113
de la Constitución)…”.
Como fundamento de sus aseveraciones cita
las sentencias C-171 de 1993 y C-709 de 1996, en donde la Corte rechazó las
medidas de rebaja de penas por colaboración con la justicia por tratarse de
indultos o amnistías vedadas que contradecían lo previsto en la Constitución
Política.
Hace énfasis entonces en que las normas
de la Ley 975 de 2005: “…constituyen una amnistía pues permiten, como efecto
directo de la aplicación de las normas, que se borre la responsabilidad de los
autores de crímenes graves –violaciones a derecho humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario-, poniendo fin a los procesos por iniciar,
extinguiendo la acción penal.  Como se ha mencionado en varias ocasiones, en la
medida en que la Ley 975 no somete a ninguna investigación judicial a la
mayoría de los combatientes que se desmovilicen, permite que estos se
reinserten en la vida civil, quedando sin cuentas pendientes con la justicia, a
pesar de poder ser perpetradores de delitos no amnistiables e indultables.  Si
bien hipotéticamente es posible que combatientes desmovilizados que hayan
recibido los beneficios de la Ley 782 de 2002 y del Decreto 128 de 2003 sean
investigados posteriormente si aparecieren motivos para hacerlo, en la
práctica, y por aplicación directa de la Ley 975, se termina concediendo una
inmunidad judicial…”.
En ese orden de ideas, reitera que: “…La
regulación prevista en la Ley 975 de 2005 es así un mecanismo de impunidad
sumamente sofisticado, pues acudiendo a definiciones y enunciaciones
aparentemente muy generosas de derechos de las víctima, diseña un sistema que
de manera encubierta posibilita la impunidad de numerosos y graves crímenes de
guerra y de lesa humanidad cometidos en Colombia, que constituyen serias
violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario.   La Ley
975 prevé un mecanismo que imposibilita que el Estado cumpla la obligación constitucional
e internacional de garantizar los derechos humanos a través de recursos
efectivos que permitan la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos
que constituyan agresiones a tales derechos.   En esas condiciones, los
perpetradores de los crímenes se han beneficiado y se beneficiarán de tal
mecanismo para evadir la acción de la justicia.   En términos prácticos, en
relación con los crímenes que dejan de investigarse como consecuencia de la
aplicación de la Ley se genera un beneficio de amnistía a los colombianos
desmovilizados, así sean autores de crímenes no amnistiables…”.
Finalmente, el
interviniente llega a varias conclusiones en relación con las razones por las
cuales los artículos de la Ley 975 de 2005 deben ser declarados inexequibles, a
saber:
i) La Ley
975 de 2005 desconoce las obligaciones del Estado Colombiano en materia de
verdad, justicia y reparación, al conceder generosos beneficios de rebajas de
penas a las personas desmovilizadas, a pesar de que éstas no contribuyan
efectivamente a la paz, en esa medida concede indultos velados a quienes se
acojan a ella, situación que es contraria a las normas del ius cogens y
genera la nulidad de los artículos acusados de la referida Ley.
ii) Las normas de la Ley 975 de 2005 establecen en
relación con los crímenes de guerra la aplicación del beneficio de pena
alternativa, dicho beneficio constituye un indulto velado, toda vez que permite
que los responsables de delitos graves como violaciones a los derechos humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra y de lesa
humanidad evadan el cumplimiento de la totalidad de la pena prevista en la
Legislación Penal Colombiana sin que a cambio haya una verdadera contribución a
la paz y a la realización de la justicia, en esa medida el beneficio de la pena
alternativa no es un sistema de rebaja de penas sino que se convierte en un
régimen de gracia en la que interviene el Gobierno Nacional a través de una
decisión discrecional.
iii) La Ley 975 de 2005 si bien se constituye en un
medio para obtener un fin constitucionalmente valido, esto es, la consecución
de la paz, el contenido normativo de la misma genera un sistema de impunidad,
puesto que si bien existe una complementariedad entre los derechos a la
justicia y la paz: “…al poner dichos derechos y principios orientadores,
como núcleos de la Constitución, el Constituyente plasmó su intención de que la
paz no estuviera fundada en la negación de la justicia, menos en casos de
crímenes tan graves que constituyan ataques a la dignidad humana a través de
atroces vulneraciones a los derechos más elementales de la persona…”.   Sobre
el particular cita un aparte de la Carta de San Francisco de 1945 constitutiva
de la Organización de las Naciones Unidas –ONU-.
iv) La Ley 975 de 2005 desconoce el derecho a las
víctimas y a la sociedad en general de conocer la verdad pues a manera de
ejemplo no obliga a los desmovilizados a dar información acerca del paradero de
las personas desaparecidas, adicionalmente no permite que las víctimas participen
adecuadamente en los procesos que se adelanten contra los desmovilizados de
forma tal que no se garantiza el derecho a la reparación: “…No solamente
porque no se conocerá la verdad de los hechos, o porque no habrá
investigaciones reales, o porque las víctimas no podrán participar
adecuadamente durante el proceso, sino también porque las normas que
explícitamente se refieren a la reparación son también inconstitucionales. Las
personas desmovilizadas sólo deberán entregar, si los tienen, los bienes de
procedencia ilícita.  No se prevén mecanismos para evitar el fraude procesal,
ni se exige al desmovilizado responder con todo su patrimonio.  A pesar de que
en esas circunstancias serán muy pocos los bienes entregados, la Ley crea un
Fondo de reparaciones que depende en gran medida de esos recursos.  No hay
tampoco garantías de no repetición, que son un componente del derecho a la
reparación.  Al contrario, si la persona continúa delinquiendo no pierde el
beneficio de la pena alternativa…”.
v) El beneficio de pena alternativa es
desproporcionado no sólo porque rebasa los mínimos jurídicos que prohíben las
medidas conducentes a la impunidad, sino porque los beneficios son concedidos
sin que ni siquiera se exija la suspensión de las hostilidades, en consecuencia:
“…la pena alternativa de 3 años y medio y 6 años y medio (descontando el año
y medio de estadía en la ‘zona de ubicación’) es un beneficio desproporcionado,
pues a cambio las normas demandadas no exigen que se avance ni hacia la paz ni
hacia la justicia.  Los combatientes desmovilizados pueden mantener su poder
económico, no deben devolver las tierras violentamente usurpadas, no deben
contribuir a la verdad, no tienen que comprometerse, ni siquiera, a no
continuar las hostilidades, pues aún haciéndolo mantienen los beneficios…”, en
ese sentido, la exoneración de una parte muy importante de la pena se da sin el
cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas por la Constitución Política y
los tratados y compromisos internacionales al respecto, en consecuencia los
artículos que vulneran tal prohibición adolecen de nulidad absoluta y debe por
tanto señalarse, que su contenido normativo nunca surgió a la vida jurídica ni
produjo efectos jurídicos, situación que conlleva necesariamente a que todas
las actuaciones surtidas a partir de la entrada en vigencia de la Ley 975 de
2005 deban ser declaradas igualmente nulas.
Como fundamento de
sus aseveraciones cita un aparte de la sentencia C-069 de 1994.
vi) En síntesis afirma en su demanda que los
artículos de la Ley 975 de 2005: “…son inconstitucionales porque, en primer
lugar, pretenden buscar la paz a partir de la impunidad, a pesar de que la
impunidad no es un mecanismo idóneo para alcanzar la convivencia pacífica.  En
segundo lugar, en esas condiciones, la impunidad
no es ‘indispensable’ para conseguir la paz y, aunque lo fuera, en tercer
lugar, no sería admisible a la luz de la Constitución sacrificar la justicia
porque se violentarían estándares mínimos de derechos humanos e, incluso,
normas imperativas de ius cogens.  Por último, tampoco supera el análisis de
proporcionalidad en estricto sentido, porque a través del beneficio de la pena
alternativa, sumado al procedimiento se dan beneficios excesivos sin que los
desmovilizados deban entregar sus bienes, sin que deban revelar toda la verdad
que no conocen sobre delitos graves y sin que siquiera garanticen la no
repetición de sus violaciones…”.   Sobre el particular cita un aparte de la
sentencia C-251 de 2002.
5.  Academia
Colombiana de Jurisprudencia
La Secretaría General
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por
esta Corporación, hizo llegar el concepto que preparó el académico Juan Carlos Prias Bernal, solicitando que
se declare la constitucionalidad de las normas demandadas.
Considera que: “…la
Ley de Justicia y Paz, Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones
para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la
Ley y otras disposiciones relacionadas con el logro de acuerdos humanitarios,
es un tema de Política Criminal, pues la vigencia de la Ley comporta
indubitablemente una manifestación del querer del legislador a la hora de hacer
ejercicio del ius puniendi…”, sin embargo, en la definición de la Política
Criminal y el instrumental que dará lugar a su aplicación con el fin de obtener
un resultado concreto en el momento de utilizar el poder punitivo intervienen
múltiples actores, a saber, i) de un lado el poder ejecutivo el cual
fija preferentemente las pautas y los lineamientos de la política criminal,
pues la misma es comúnmente un componente primario de los planes de Gobierno y
la plataforma política del Presidente de la República, y ii) el poder
judicial que conoce de cerca los alcances y falencias de la política criminal
sin desconocer que en la concentración de la misma actúan otras múltiples
instancias, tales como la opinión pública, las organizaciones no
gubernamentales, los medios de comunicación y todos quienes dentro de una
democracia están convocados a tener participación.
En ese
entendido, afirma que es apenas obvio que la política criminal requiere de la
participación del Legislador quien está llamada a concretarla y otorgarle la
validez requerida para un correcto ejercicio del ius puniendi, de conformidad
con los postulados del Estado Social y Democrático de Derecho, puesto que la
concepción de la Política Criminal como herramienta esencial en la aplicación
del poder punitivo del Estado, constituye a su vez un elemento fundamental de
la función pública.
De otra parte,
señala que: “…esos nuevos rumbos conceptuales poseen estrecha relación con
el planteamiento de abandonar gradualmente, por supuesto, la aplicación
exclusiva de la pena como herramienta principal en la búsqueda de reducción de
la criminalidad.  La política criminal deja así de tener un papel netamente ex
post, para poder situarse ex ante, lo que en otros términos significa actuar
con carácter preventivo para enervar las consecuencias del delito. (…)  Esa
posición de alguna manera encuentra mayor justificación cuando se concreta
normativamente, de tal forma que pueda señalarse que –con todas las críticas
que política y filosóficamente le quepan. Las normas que aquí son objeto de
censura son el resultado de un arduo esfuerzo social en la búsqueda de
soluciones al flagelo de la violencia que con saña ha azotado la historia del
país.  La Ley 975 de 2005 es finalmente la aplicación de un concepto de
Política Criminal que el Estado ha formulado como un instrumento de solución al
conflicto…”
En esos
términos, explica que si bien la Ley referida concede ciertos beneficios para
quienes como miembros de grupos armados al margen de la Ley opten por
reinsertarse a la vida civil y además contribuyan a la consecución de la paz
nacional, los mismos se otorgan bajo una perspectiva bilateral como quiera que
se condicionan en su aplicación judicial al cumplimiento previo de ciertos
requisitos directamente ligados al desmonte de los mecanismos organizados para
el ejercicio de la violencia y la promoción del conflicto, especialmente si se
considera que si bien la legislación colombiana no ha sido un derroche de
coherencia y orden desde el punto de vista de la Política Criminal, sino por el
contrario una manifestación de precariedad de ésta última: “…la Ley 975 de
2005 plantea una dirección, que admite discusión desde una perspectiva
metajurídica, pero finalmente encaminada a la consecución del preciado bien
social de la paz, cuyo contenido se halla a nuestro juicio, dentro del pleno
ejercicio de la potestad configurativa del legislador…”.
En efecto,
advierte que el tema relativo a la Política Criminal se encuentra estrechamente
vinculado a la potestad configurativa que posee el legislador, de forma tal que
éste puede determinar el monto de la pena, establecer la forma propia del
procedimiento para su aplicación, y en general, establecer la manera como en
ciertos casos en particular puede aplicarse la potestad punitiva estatal.
Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-899 de 2003.
En ese orden de
ideas, considera que: “…cabe preguntarse si en buena parte el alegato del
accionante se refiere más a un reproche de conveniencia y a una disparidad de
criterios sobre los lineamientos de la Política Criminal expresados por la
norma acusada, que a un juicio de control constitucional.  Ese asunto debe
dilucidarse toda vez que –en nuestro concepto- el ataque formulado por el
impugnante es más la expresión de un cuestionamiento de la Ley 975 de 2005 como
manifestación del ejercicio de la libertad de configuración del que es titular
el Legislador…”. Como fundamento de sus aseveraciones cita un aparte de la
sentencia C-1116 de 2003.
Afirma que los
artículos 29 y 31 acusados no vulneran el principio de igualdad, toda vez que
la tasación de las penas y los beneficios que pueden otorgarse corresponden a
la libre valoración del Legislador, claro está sin que ello implique una
vulneración a los preceptos y garantías constitucionales, sobretodo por
tratarse de un tema de Política Criminal que para el caso concreto guarda
estrecha relación con el ejercicio de potestad de configuración del
legislador.   Sobre el particular cita entre otros apartes de las sentencias
C-221 de 1992, C-530 de 1993 y C-093 de 2001.
En ese sentido,
hace énfasis en que: “…en el caso sub examine no existe violación del
principio de igualdad, pues es legítimo el trato diferenciado que hace el
Legislador.  En primer lugar, porque haciendo uso del referido test que sobre
este principio construyó la Corte Constitucional, debe anotarse que la Ley
indicada tiene por objeto facilitar el proceso de paz y la reincorporación
tanto individual como colectiva a la vida civil de los miembros de los grupos
armados al margen de la Ley, sin que ello implique el desconocimiento de los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación…”, prueba
de ello es que la Ley 975 de 2005 señala en los artículos 10 y 11 los
requisitos de elegibilidad que deben reunirse para acceder a los beneficios que
ofrece tanto en materia de desmovilización colectiva como individual, de forma
tal que no existe una aplicación arbitraria o incondicional de los beneficios
otorgados que no vulnera el principio de igualdad sino que obedece a un
ejercicio de la Política Criminal del Estado en desarrollo de ella como un
mecanismo o instrumento en beneficio del bien supremo de la paz, por tanto las
exigencias planteadas crean una hipótesis diferencial en relación con la
delincuencia común.
Por otra parte,
considera que el artículo 29 acusado no vulnera el principio constitucional al
debido proceso, pues como ya se dijo y de conformidad con los parámetros
fijados en la jurisprudencia constitucional, especialmente en la sentencia
C-899 de 2003, el Legislador puede optar por establecer las formas propias del
juicio que a su parecer le resulten convenientes con ajuste al contexto social
y la realidad que se pretende afrontar, siempre y cuando no se vulneren las
garantías y preceptos constitucionales, especialmente si se considera que
entendido el debido proceso como aquél que previamente está señalado por el
Legislador, resulta evidente que el texto de la Ley 975 de 2005 fija una
normatividad particular para tal efecto relativa a la autoridad judicial
competente, además: “…el propósito de la Ley en relación con la modificación
de la competencia, fue otorgar una mayor garantía al desarrollo de los
respectivos procesos, precisamente comisionando a una autoridad de categoría
superior, de manera que más que violatorio de un principio fundamental resulta
evidente su carácter garantista…”.
Finalmente,
considera que el artículo 3º acusado, no vulnera el artículo 4º de la
Constitución Política, toda vez que cuando el Legislador otorga una regulación
diferente a una situación de hecho que de por sí es también disímil, le está
permitido a éste dentro de la potestad de configuración constitucionalmente
otorgada dar regulación a situaciones en concreto cuando en específico se
pretende responder a las necesidades que han sido consideradas como asuntos de
política criminal. Como fundamento de sus aseveraciones cita un aparte de la
sentencia C-037 de 2000.
V.  CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN
El Señor
Procurador General de la Nación (E), allegó el concepto número 3973, recibido
el treinta y uno (31) de octubre de 2005, en el cual solicita a la Corte,  que
se inhiba para emitir pronunciamiento de fondo respecto del artículo 29- inciso
1º y 31 acusados por ineptitud sustantiva de la demanda, y declarar exequibles
los artículos 3º, 29-inciso 2º y 61 acusados, de conformidad con las siguientes
consideraciones.
La Vista Fiscal, precisa que el actor
cuestiona la asignación de competencia que según él hace el artículo 29 de la
Ley 975 de 2005 a la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial para
conocer los procesos adelantados contra las personas que decidan someterse a
las reglas procesales y punitivas de la referida Ley, porque estima que se
trata de una modificación que desconoce las normas preexistentes para favorecer
a los investigados por delitos atroces, argumentación que: “...carece por
completo de los elementos que deben integrar el concepto de la violación,
porque no propone un debate jurídico constitucional de la norma acusada,
simplemente afirma el desconocimiento de disposiciones preexistentes, en virtud
de las cuales son los jueces penales especializados quienes deben conocer los
procesos asignados por el artículo 29 a la Sala del Tribunal Superior, sin
enunciar concretamente las razones por las que debe preservarse dicha
competencia y que hacen constitucionalmente inadmisible la norma legal
posterior.  En el concepto de violación no se expone de forma suficiente, clara
y concreta, los argumentos jurídicos constitucionales por los cuales el texto
demandado viola la Constitución Política (...) El cargo no es más que un esbozo
de una crítica contra la asignación de competencia a la Sala del Tribunal
Superior del Distrito Judicial...”.
De otra parte, advierte que no es el
artículo 29 antes referido el que asigna competencias a las citadas
Corporaciones para conocer los delitos cometidos por las personas que se acojan
al procedimiento y beneficios de la Ley 975 de 2005 sino que ella dimana del
artículo 16 de la misma norma, y además es referida en otras muchas disposiciones
de la Ley mencionada, ignoradas por el actor, verbigracia, el texto del inciso
2° del artículo 16 ídem.
En esos términos, indica que: “...no
es viable adelantar un estudio de fondo sobre la conformidad o no de la
referida norma con las disposiciones constitucionales presuntamente vulneradas,
pues ni aún aplicando el principio pro actione resultaría posible ya que la
sola formulación del cargo, no permite al juez constitucional descubrir las
razones de índole constitucional de quien ejerce esta acción pública...”.
Así mismo, considera que la Corte se
debe inhibir para emitir un pronunciamiento de fondo en el caso de la acusación
formulada contra el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, conforme al cual el
tiempo que hayan permanecido los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley en las zonas de concentración decretadas de acuerdo con la Ley
782 de 2002 se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin
que pueda exceder de 18 meses, puesto que: “...la acusación contra esta
norma por violación al principio de igualdad se sostiene en consideraciones
subjetivas del actor, basadas en supuestos fácticos no derivados del contenido
de la norma, conforme a las cuales en esas zonas los desmovilizados continúan
desarrollando todo tipo de actividades delictivas y son en realidad centros de
descanso o vacacionales para los miembros de los grupos armados al margen de la
ley, cuyas condiciones distan mucho de las de los centros de reclusión para los
procesados y condenados comunes...”.
En ese entendido, estima que el concepto
de violación adolece de falta de certeza por cuanto se fundamenta en aspectos
subjetivos ajenos, pues el artículo 31 acusado en ningún momento está señalando
las condiciones específicas en que deben permanecer las personas dentro de las
zonas de concentración, no crea o reconoce privilegios de trato en las mismas,
ni permite tácita o expresamente la comisión de delitos desde aquellos lugares,
tampoco dispone las reglas de control, disciplina o tratos aplicables en los
centros carcelarios y penitenciarios del país, de forma tal que la acusación
formulada: “...no permite realizar un juicio de igualdad de la norma acusada,
pues los extremos de comparación o puntos de referencia que plantea y respecto
de los cuales pregona la desigualdad no son normas jurídicas o situaciones de
hecho creadas por disposiciones legales que establecen o promueven un
tratamiento diferenciado injustificado, sino supuestos fácticos elaborados a
partir del concepto que el actor tiene de las zonas de concentración y de los
centros de reclusión...”.
Por otra parte, aclara que fuera de las
razones antes expuestas en virtud de la que se solicita a la Corte que se
inhiba para emitir pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 31
acusado, considera que es importante hacer algunas precisiones en relación con
la norma referida.
En efecto, señala que las zonas de
concentración referidas en el artículo 31 de la Ley 975 de 2005, son las
fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 9, parágrafo 2°,
inciso 6° de la Ley 782 de 2002, además: “...La creación legal de esta clase
de zonas fue analizada y avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-048
de 2001, al examinar el artículo 8° , parágrafo 1°, inciso 5° de la Ley 418 de
1997, que antecedió y comparte el mismo contenido normativo del aparte
trascrito del artículo 3° de la Ley 782 de 2002.  En esa ocasión, la Corte
indicó que estas zonas no pueden ser refugio de la delincuencia y su
establecimiento es válido como desarrollo de una política de solución negociada
al conflicto armado interno, en cuanto instrumentos de negociación para el
logro de la paz, y considerando que en tales lugares deben preservarse los
mandatos constitucionales y la autoridad institucional, e imperar el respeto
por los derechos humanos...”.
En esos términos, destaca que la
fijación de las zonas de concentración obedece a un acuerdo con los
representantes o voceros del grupo, no la realiza “motu proprio” -sic- y en
forma inconsulta el Gobierno Nacional sino que se muestra como un resultado del
proceso de la negociación, pero naturalmente no el final, por tanto la
permanencia de tales zonas es concertada y no obedece a una imposición en
contra de la voluntad de los afectados, especialmente si se considera que la
Ley 975 de 2005 ni la Ley 782 de 2002 excluyen a esas zonas de control estatal
ni de las autoridades institucionales.
Hace énfasis entonces en que: “...la
permanencia allí implica una limitación del ejercicio de la libertad personal,
por voluntad propia pero sometida a supervisión, que ciertamente no es idéntica
a la impuesta mediante el internamiento en los centros de reclusión, y que se
asume en un momento en el cual, desde el punto de vista jurídico procesal, no
existe una decisión de autoridad judicial que la ordene, es decir, no obedece a
la imposición de una medida de aseguramiento, sino al cumplimiento de un
compromiso o acuerdo dentro del proceso de paz...”.  Aunado a lo anterior: “...las
zonas de concentración han sido creadas y establecidas con la finalidad de
facilitar los diálogos, los procesos de negociación o las gestiones tendientes
a celebrar acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley,
mediante los cuales se llegue a la solución pacífica del conflicto armado.
Además, estas zonas constituyen sin duda un escenario de concentración, no sólo
desde el punto de vista físico en cuanto allí se reúnen los integrantes del
grupo que ha decidido desmovilizarse, sino además desde una perspectiva
finalística ya que su traslado y concentración buscan establecer escenarios de
comunicación, deliberación y de ejercicios de negociación permanente,
destinados a ir delineando las condiciones para la dejación de las armas y la
reinserción a la vida civil...”.
En lo relativo a la constitucionalidad
de las disposiciones acusadas contenidas en la Ley 975 de 2005, recuerda que
las mismas tuvieron como antecedente normativo la Ley 782 de 2002 que dispuso a
su vez la prórroga de la Ley 418 de 1997 como ya lo había hecho la Ley 548 de
1999 y modificó algunas de sus disposiciones, a través de dicha normatividad
habían sido determinados los parámetros, mecanismos e instrumentos para el
desarrollo de diálogos de paz con los grupos armados organizados al margen de
la ley, en la búsqueda de la convivencia pacífica.
En ese sentido, explica que en
particular la Ley 418 de 1997, modificada por la Ley 782 de 2002, establece
unos beneficios jurídicos en favor de los integrantes de grupos armados
ilegales que adelanten proceso de paz, hayan demostrado su voluntad de
reincorporarse a la vida civil y sean investigados por delitos políticos y
conexos a éstos, tales beneficios pueden concretarse  en resolución inhibitoria,
preclusión de la investigación o el cese del procedimiento dentro de las
acciones judiciales que se encuentren en curso, o el indulto para los
nacionales, de forma tal que: “...todas esas medidas y beneficios jurídicos
tienen como destinatarios exclusivos a los integrantes referidos grupos
armados, imputados, acusados o condenados por delitos políticos y los que sean
conexos a ellos, y así lo puntualizó la Corte Constitucional en sentencia C-928
del 6 de septiembre pasado...”, incluso delimitando aún más el campo de
aplicación del ordenamiento referido el Legislador estableció en el artículo 19
de la Ley 782 de 2002 que no se aplicarían los beneficios antes enunciados.
Considera que: “ese proceso de
identificación de los destinatarios de la Ley 418 de 1997, modificada por la
Ley 782 de 2002, es útil ya que según el artículo 2°, inciso 3° de la Ley 975
de 2005, ésta tiene aplicación respecto de las personas, delitos y eventos en
los cuales sea improcedente acudir a los instrumentos y beneficios jurídicos
que establece la citada Ley 782. (...)  Considerando entonces que el
ordenamiento preexistente, es decir, la Ley 418 con sus modificaciones, no
contempla normas especiales para la investigación, juzgamiento y sanción de
delitos distintos a los políticos y sus conexos, cometidos por miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de su
pertenencia a los mismos, el legislador decidió ocuparse de la materia en la
Ley 975 de 2005, (...) para así complementar las medidas adoptadas a través de
la Ley 782 de 2002...”.
En ese orden de ideas, explica que la
normatividad prevista en la Ley 975 de 2005 constituye un sistema de normas
creado durante años y en forma progresiva por el Legislador, en desarrollo de
la política de paz trazada por el Gobierno Nacional, a través del cual se busca
dotar a los distintos poderes del Estado de las herramientas jurídicas
necesarias para adelantar con posibilidades de éxito, diálogos, negociaciones o
acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley que hacen parte
del conflicto armado interno, con el fin de dar cumplimiento al mandato
constitucional según el cual la paz es un derecho y un deber, el deber del
Estado y de los asociados de encontrar los mecanismos para llegar a ella y de
estos últimos de gozarla.
Destaca en consecuencia que: “...
desde la Ley 418 de 1997, antecedente inmediato de las normas bajo revisión, y
ahora en la Ley 975 de 2005, se han determinado como destinatarios específicos
de las medidas allí implementadas, a los integrantes de las referidas
organizaciones delictivas que adelanten conversaciones con el Gobierno dentro
de un proceso para la paz, por cuanto son ellos los actores que mantienen vivo
el conflicto armado cuya solución urge y pretende construirse a través de los
ordenamientos jurídicos a que se ha hecho referencia...”.
Precisa que la Ley 975 de 2005, en los
artículos 1°, 2° y 10, estableció que pueden acogerse a las reglas de
investigación, juzgamiento, sanción y a beneficios jurídicos allí contenidos
las personas en quienes concurran las condiciones allí descritas expresamente,
y además previa verificación del cumplimiento de los requisitos allí referidos
el Gobierno Nacional elaborará una lista que entregará a la Fiscalía General de
la Nación con los nombre e identificación de las personas que se acojan al
procedimiento especial previsto en la Ley referida y que les permite acceder a
los beneficios jurídicos allí señalados, y por tanto: “...desde el punto de
vista procesal puede afirmarse que este es el punto de partida o la condición
de procedibilidad requerida para iniciar el trámite, o continuar los procesos
en curso, de conformidad con las reglas de la Ley aludida...”.
En lo atinente a la acusación formulada
contra el artículo 3° de la Ley 975 de 2005, señala que el otorgamiento del
beneficio de alternatividad el cual constituye a la luz de la norma referida
una compensación por los aportes del sentenciado a la administración de la
justicia, el esclarecimiento de los hechos, su colaboración eficaz para el
logro de la convivencia pacífica y la reparación de los perjuicios causados a
las víctimas, se obtiene siempre que se cumplan determinados requisitos
previstos en la misma Ley 975 de 2005.
En efecto, afirma que una vez recibida
la lista proveniente del Gobierno Nacional, la Unidad de Fiscalía de Justicia y
Paz recibirá versión libre al integrante del grupo armado al margen de la ley,
en la cual se le interrogará sobre los hechos que conozca, éste indicará la
fecha de ingreso al grupo armado organizado al margen de la ley y relatará
circunstancialmente las conductas delictivas que realizó durante y con ocasión
de su pertenencia al referido grupo criminal organizado, anteriores a la
desmovilización y por las cuales ha decidido someterse a las disposiciones de
la Ley 975 de 2005: “... la diligencia de versión libre es además el momento
para entregar los bienes destinados a la reparación de las víctimas, y a partir
de ese momento la persona queda a disposición del Magistrado de garantías.
Terminada la diligencia corresponde al Fiscal Delegado elaborar el plan
metodológico para investigar y comprobar los hechos relatados por el
investigado...”
Señala que cumplidos los requisitos
sustanciales para hacerlo de conformidad con lo previsto en el inciso 1°, del
artículo 18 de la Ley 975 de 2005, el Fiscal solicitará al Magistrado la
realización de audiencia de formulación de imputación, en dicha diligencia
además de formularle la imputación con base en los hechos dados a conocer por
el miembro del grupo armado y las demás conductas que el funcionario judicial
haya conocido e investigado dentro del ámbito de su competencia se decidirá
sobre la detención preventiva del investigado y la adopción de medidas
cautelares, además como efecto adicional de esa diligencia se interrumpe el
término de la prescripción, posteriormente: “...formulada la imputación, el
Fiscal Delegado cuenta con 60 días para investigar y solicitar al Magistrado de
Garantías que cite a audiencia de formulación de cargos.  En esta diligencia, luego
de realizarse la formulación de cargos se le brinda la oportunidad al procesado
para expresar si acepta o no los cargos formulados, en forma libre, voluntaria,
espontánea, informada y asistido por un defensor...”.
Explica que si se produce la aceptación
la actuación, ésta es remitida a la Sala del Tribunal Superior del Distrito
Judicial para el juzgamiento y el sumariado puede ser beneficiado con la
alternatividad y así cumplir con una pena alternativa, en caso contrario las
diligencias serán remitidas al funcionario judicial competente de acuerdo con
las normas vigentes al momento de la comisión de los delitos y no podrá
otorgarse a la persona el beneficio jurídico antes referido, además, en los
eventos en que la aceptación de los cargos sea parcial se rompe la unidad
procesal y respecto de aquello que haya aceptado el sumariado continuará su
trámite y se regirá por la disposiciones contempladas en la Ley 975 de 2005 y
la investigación por los cargos o acusaciones no aceptadas serán remitidas al
funcionario judicial competente de acuerdo con las reglas ordinarias de
competencia y procedimiento bajo las cuales continuará sin obtener pena
alternativa, de forma tal que la aceptación de los cargos es una condición sine
qua non para poder reconocer el beneficio de alternatividad.
Aclara que una vez recibidas las
diligencias la Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial citará y
celebrará una audiencia con el fin de determinar que la aceptación de los
cargos haya sido libre, expresa, espontánea e informada, y de ser así declarará
la legalidad de la aceptación, convocará a audiencia de sentencia e
individualización de la pena y abrirá el incidente de reparación integral si
así es solicitado, de forma tal que: “...conforme lo indica el inciso final
del artículo 23 de la Ley 975 de 2005, si la víctima no ejerce su derecho
dentro del incidente de reparación, ello no significa que deba negarse la pena
alternativa...”.
De otra parte, advierte que de
conformidad con lo previsto en los artículos 3°, 24 y 29 de la Ley 975 de 2005,
el Tribunal verificado el procedimiento antes descrito y sin vulnerar la
presunción de inocencia que informa todo sistema penal, al dictar sentencia
condenatoria y en cuanto se refiere al aspecto punitivo debe individualizar e
imponer, en primer lugar la pena principal y las accesorias a que haya lugar,
las cuales determinarán con base en los límites punitivos establecidos con
carácter general en los tipos penales cuya comisión ha aceptado y por los
cuales es declarado responsable, es decir, que fijará la pena aplicable de
acuerdo a los mismos parámetros previstos en los Códigos Penal y Procesal Penal
vigentes al momento de la comisión de la conducta y a los cuales están
sometidos todos los sentenciados sin consideración a su pertenencia a un grupo
armado organizado al margen de la ley.
Así mismo, explica que una vez
individualizada la pena aplicable frente al caso concreto de acuerdo con los
quantum punitivos fijados por el Legislador para cada tipo penal atribuido y a
las reglas para los eventos de concurso de delitos, el Tribunal competente
aplicará el beneficio de la alternatividad, es decir, dispondrá la suspensión
de la ejecución de la pena determinada anteriormente, es decir, la impuesta por
los delitos cometidos y reemplazará la ejecución por el cumplimiento de una
pena alternativa que será otorgada si se cumplen los requisitos enunciados con
anterioridad, esto es, la información de los delitos cometidos, la aceptación
de los cargos, la entrega de bienes para la reparación, determinación de
desvincularse del conflicto, colaborar con información y la abstención de
cometer delitos, el compromiso de contribuir con su resocialización y con la
promoción de actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado
organizado al margen de la ley al que perteneció.
Señala además que: “...La pena
alternativa debe cumplirse con la privación efectiva de la libertad del
condenado durante el periodo que tase el Tribunal en la sentencia entre 5 y 8
años, en consideración a la gravedad de la conducta punible y la colaboración
efectiva del beneficiado en el esclarecimiento de los hechos, sin que sea
procedente la aplicación de subrogados penales, otros beneficios jurídicos,
rebajas o compensaciones adicionales a esta pena alternativa, tal como lo prescribe
el parágrafo del artículo 29.  (...) Así mismo, corresponde a la Sala del
Tribunal indicar en la sentencia condenatoria el cumplimiento de determinados
compromisos de comportamiento durante el término que allí se establezca, las
obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del
dominio de los bienes entregados para la reparación de las víctimas, medidas
que tienen una innegable vinculación con el beneficio jurídico de la pena
alternativa...”.
Precisa que: “...una vez culminado el
término fijado como pena alternativa y cumplidos los compromisos impuestos en
la sentencia para gozar del beneficio, el condenado no obtiene la libertad
incondicional por pena cumplida, ni se decretará la extinción de la pena
principal, por cuanto la privación de la libertad durante el periodo fijado
como pena alternativa es el primero de los pasos para saldar su deuda social
por los comportamientos que fue condenado.  (...) Por tal razón, cumplido el
término de la sentencia, se le otorgará al beneficiado un periodo de prueba por
la mitad del término fijado como pena alternativa, sometido a la condición de
no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el proceso sometido
a la Ley 975 de 2005 presentarse periódicamente a informar el cambio de
residencia, Si cumple, con estas obligaciones, se declarará la extinción de la
pena principal, pues en caso contrario, por cuanto la pena principal, apenas se
encuentra suspendida y sigue vigente, se revocará el beneficio y la persona
deberá cumplir las penas fijadas en la sentencia que fue suspendida conforme al
Código Penal, pudiendo en este evento ser beneficiado con subrogados penales,
como la condena de ejecución condicional sin reúne los requisitos para
ello...”.
En ese orden de ideas, reitera que el
artículo 3° acusado define con singular claridad la alternatividad como un
beneficio jurídico que se otorga al condenado que consiste en la suspensión
condicional de la ejecución de la pena determinada en la sentencia para dar
paso al cumplimiento de una pena alternativa fijada por el juzgador en un
periodo entre los 5 a 8 años de prisión, de forma tal que no se puede asegurar
que la pena principal es la misma pena alternativa como lo estima el
demandante, pues es claro que como resultado del proceso penal adelantado
conforme a las especiales reglas fijadas en la Ley 975 de 2005, el Tribunal
deberá imponer en la sentencia condenatoria las penas principales y accesorias
que correspondan de acuerdo al Código Penal, esto es, las establecidas en forma
particular para los delitos imputados y dentro de los límites punitivos allí
señalados, posteriormente, una vez impuesta la pena el Tribunal resuelve sobre
el beneficio jurídico de la pena alternativa y su reconocimiento, beneficio que
como tal no anula, invalida o extingue la pena principal impuesta, puesto que
ésta sólo se extingue cuando cumplida la pena alternativa que ha impuesto el
Tribunal, el beneficiario demuestra el cumplimiento de los otros requisitos,
los cuales se han de cumplir en los plazos fijados por el Legislador.
En ese entendido, aduce que: “...La
pena alternativa, en los términos fijados por el Legislador no comporta de
ninguna forma, la modificación a los linderos punitivos señalados en el Código
Penal para conductas delictivas como el homicidio, las lesiones, el hurto o
cualquiera de los delitos que pueden llevarse por el procedimiento fijado en la
Ley 975 de 2005 y por los cuales sean condenados los miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley.   Las sanciones fijadas por el Legislador para
tales conductas permanecen intactas y es por ello que cuando el juzgado, que en
estos eventos es la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial, realiza
el procedimiento de dosificación punitiva o individualización de la pena
aplicable, debe hacerlo con sujeción a las penas imponibles a los tipos penales
respectivos en el Código Penal siguiendo las reglas allí mismo señaladas, pues
así lo dispone el artículo 29 acusado...”.
Por otra parte, explica que el artículo
29 acusado no unifica los límites punitivos de las sanciones imponibles a los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se acojan a
la Ley 975 de 2005, de tal forma que obligue al fallador a señalar dentro de
esos márgenes, las penas aplicables, cualquiera sea la naturaleza y el número
de delitos por los cuales resulten condenados, ese no es el contenido normativo
que se desprende de los textos acusados pues como ya quedó establecido la
disposición acusada en ningún momento señala que la pena principal imponible en
todos los eventos será de 5 a 8 años de prisión como lo entiende el actor.
Hace énfasis en que: “...los
artículos 3°, 29 y 61 de la Ley 975 de 2005 no se refieren a la pena
alternativa como un tipo especial de pena principal, sino como un beneficio
jurídico que opera de modo semejante a los subrogados penales, en compensación
por el comportamiento del sentenciado, y atendiendo a las circunstancias del
delito y del procesado, en virtud del cual si el beneficiado cumple todas las
obligaciones legal y judicialmente impuestas, y supera el periodo de prueba,
será redimido del cumplimiento integral de la pena principal de prisión fijada
por el Tribunal en la sentencia...”.
Precisa que es tan evidente la
distinción entre la naturaleza jurídica de esas dos clases de pena, que en el
evento en que otorgado el beneficio de la pena alternativa la persona incumpla
los compromisos asumidos, quedará obligado a purgar el tiempo en prisión fijado
como pena principal en la sentencia ya sean 10, 20 o 50 años, salvo el
reconocimiento excepcional de alguno de los subrogados penales establecidos en
el ordenamiento penal vigente, esto es, la Ley 599 de 2000 modificada por la
Ley 890 de 2003 si a ello hay lugar, y además, una vez transcurrido el periodo
fijado como pena alternativa tampoco se entiende cumplida la pena ni el
condenado obtiene la libertad personal incondicional sino hasta haber superado
también el periodo de prueba.
Así pues, considera que el actor
estructura la naturaleza y el alcance del beneficio jurídico previsto en las
normas acusadas, en un error sobre el contenido de las mismas pues a su juicio
la pena principal aplicable a los procesados o condenados que se acojan a la
Ley 975 de 2005 es idéntica a la pena alternativa cuyo máximo es de 8 años de
prisión, por tanto el juicio de igualdad que propone es inviable dado que el
supuesto susceptible de comparación en que se apoya y a partir del cual habría
que hacer análisis no corresponde ni se desprende de las normas demandadas.
Finalmente, explica que el Legislador
tiene la facultad de establecer reglas especiales de procedimiento, así como
beneficios jurídicos aplicables a quienes hacen parte de los procesos de paz y
como instrumento para obtener la solución pacífica del conflicto armado
interno, de forma tal que, el beneficio jurídico cuestionado como lo establece
el artículo 29 acusado no es compatible con el otorgamiento de subrogados
penales o de rebajas de pena de tal manera que no pude afirmarse que la Ley
otorga más y mejores beneficios a los que  a ella se acojan, simplemente
establece uno distinto, la alternatividad como resultado de una colaboración
eficaz con la administración de justicia, el resarcimiento de los perjuicios de
las víctimas, la efectiva desmovilización y cese de las actividades delictivas
y la contribución con la desmovilización del grupo armado al cual se
pertenecía, así que no se trata del otorgamiento de un beneficio a quienes
ciertamente le han causado grave daño al país.
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.   Competencia
De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente,
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las normas
acusadas hacen parte de una Ley de la República.
2.   La materia sujeta a examen
Para el actor los apartes acusados de
los artículos 3°, 29, 31 y 61 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”
vulneran los artículos 4°, 13 y 29 de la Constitución Política.  Así mismo,
considera que dichas normas violan lo previsto en los artículos 7º y 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Al respecto, la  señora Viceministra de Justicia solicita
a la Corte declararse inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra del
artículo 61 de la Ley 975 de 2005 por cuanto el actor no formuló acusación
concreta contra dicha norma o en su defecto declarar su exequibilidad,  así
como la de los artículos 3°, 29 y 31 de la misma Ley en los apartes acusados.
El interviniente en representación del Ministerio de
Defensa Nacional  solicita a la Corte que se declare inhibida para emitir un
pronunciamiento de fondo respecto del conjunto de  las disposiciones acusadas
por ineptitud sustantiva de la demanda, y en su defecto que declare la
exequibilidad de las mismas
Idéntica
solicitud formula el señor Fiscal General de la Nación, para quien los
planteamientos de la demanda constituyen interpretaciones subjetivas del actor
sobre la Ley 975 de 2005, sin que se plantee una real confrontación entre la
Ley demandada y la Constitución Política que permitan un juicio de
constitucionalidad.
El interviniente en
representación de la Comisión Colombiana de Juristas        -institución
invitada a participar en el presente proceso- no se refiere a la acusación
formulada por el actor y como intervención  aporta copia de la demanda que
presentó contra la Ley 975 de 2005 en la que solicita a la Corte que declare la
inexequibilidad de la totalidad de  la Ley referida.
El interviniente en
representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia  solicita, por su
parte, la declaratoria de exequibilidad de las normas acusadas.
El Procurador
General de la Nación (E), solicita a la Corte inhibirse para emitir
pronunciamiento de fondo respecto de la acusación formulada en contra  de los
artículos  29- inciso 1º y 31 acusados por ineptitud sustantiva de la demanda,
y declarar exequibles los apartes acusados de los  artículos 3º, 29-inciso 2º y
61  de la Ley 975 de 2005.
3.   El examen de las solicitudes de Inhibición
3.1. Esta
Corporación ha puesto de presente de manera reiterada  en relación con los
requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para su procedencia,
la obligación que asiste al actor, conforme al Decreto 2067 de 1991, de
determinar con exactitud la norma acusada como inconstitucional, de señalar así
mismo, las normas constitucionales que se consideren infringidas e indicar las
razones por las cuales dichos textos se estiman violados[1].
La Corporación ha destacado igualmente que el juicio de
constitucionalidad exige una confrontación objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, por lo que no es
dable resolver sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una norma a partir
de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y
globales”[2] que no se
relacionan  de manera concreta y directa con las disposiciones que se acusan[3].
En este sentido ha precisado que la formulación de un cargo concreto
contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir
el demandante, por lo que al ciudadano se le impone, como carga mínima, que
sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda
existir una verdadera controversia constitucional[4].
Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no
sólo de manera formal sino también materialmente con este requisito, pues si no
lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada
jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo[5].
En ese orden de ideas la Corte ha señalado que un cargo de
inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio  sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad  de una norma  sólo si se cumple con
los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
Así, esta Corporación precisó[6] que, sin incurrir en
formalismos técnicos que contraríen la naturaleza pública e informal de la
acción de inconstitucionalidad, se entiende que se ha formulado un verdadero
cargo de inconstitucionalidad, esto es, un cargo concreto, cuando el mismo se
apoya en razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes” .
Ello significa que sólo hay lugar a activar el respectivo juicio, si la
acusación presentada por el actor es (i) lo suficientemente comprensible y de
fácil entendimiento (razones claras), (ii) recae directamente sobre el
contenido de la disposición demandada y no sobre una proposición jurídica
inferida o deducida por el actor (razones ciertas), (iii) define o muestra en forma
diáfana la manera como la norma vulnera la Carta Política (razones
específicas), (iv) utiliza argumentos de naturaleza estrictamente
constitucional y no razones de orden legal, personal, doctrinal o de simple
conveniencia (razones pertinentes), y (v) contiene todos los elementos de
juicio-argumentativos y probatorios- que son imprescindibles para adelantar el
juicio de inconstitucionalidad, de manera que despierte por lo menos una
sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado
(razones suficientes)[7].
En este sentido,
la posibilidad de promover y llevar a su fin un juicio de inconstitucionalidad,
esto es, la expectativa de lograr una decisión definitiva o de mérito, depende
en todos los casos de que el actor de estricto cumplimiento a los requisitos
señalados, en especial, aquel que impone expresar en la demanda, en forma
clara, cierta, específica, pertinente y suficiente, las razones por las que  la
norma acusada vulnera o afecta las disposiciones superiores que se hayan
citado. Si no se atienden las condiciones mínimas enunciadas,  la acusación
será sustancialmente inepta, forzando la consecuente decisión inhibitoria.
Cabe recordar
así mismo que  esta Corporación ha hecho particular énfasis en que los motivos
expuestos para argumentar la inconstitucionalidad de una norma deben obedecer a
criterios objetivos.  Las razones no pueden basarse en la aplicación favorable
o adversa en un caso hipotético, o a la mera inconformidad del solicitante con
la disposición.
Al respecto la
Corte  ha señalado también:
“(…) la sola inconformidad de un ciudadano con la disposición
que se ha puesto en vigencia, o las razones de inconveniencia que esgrima -que
pueden ser válidas y, en todo caso, son respetables desde el punto de vista de
la libertad de expresión-, no son suficientes para hacer que operen los
mecanismos de control de constitucionalidad, que requieren un elemental soporte
argumentativo expresado ante el juez para que se inicie, tramite y decida con
fuerza de cosa juzgada y de modo definitivo si el precepto acusado se aparta de
la Constitución Política.”[8]
3.2. En relación
con el presupuesto procesal de la demanda en forma debe la Corte  reiterar que
de acuerdo con el entendimiento que tradicionalmente y de acuerdo con las
disposiciones pertinentes se ha hecho acerca del examen que procede en el
momento de admisión de la demanda, por una parte, y en la sentencia por otra,
es claro que la circunstancia de admitirse la demanda mediante la constatación
formal de la existencia de los requisitos legales no significa que se elimine
por ello el análisis que corresponde a la parte final del proceso por cuanto en
este último momento cabe entrar ya a los aspectos sustanciales de la demanda
para constatar si ella permite o no que se realice el estudio en el fondo y se
arribe o no a una conclusión estimatoria que permita decidir efectivamente
sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición o disposiciones
acusadas.
La  Corte sobre
el particular  ha aclarado:
“Si se aceptara que en el momento inicial del proceso debía proceder
éste último análisis se estaría permitiendo que se llegara a una decisión  sin
que hubiese la confrontación argumental entre quienes postulen la
inconstitucionalidad de la norma y su consecuente inexequbilidad y aquellos
ciudadanos intervinientes que postulen la constitucionalidad  de la misma. En otras
palabras, so pretexto del análisis de los requisitos formales de la demanda, se
estaría incurriendo en una decisión de fondo lo cual es claramente improcedente
de acuerdo con la Constitución y la ley.
Por lo demás y en cuanto toca con el proceso constitucional de
control abstracto, esta Corte de manera inveterada ha observado y puesto en
practica esa solución. En ese orden de ideas baste con señalar entre otras las
sentencias: C-868 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-986 de 1999,
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-1048 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo; C-1378 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-1188 de 2000, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo, donde la Corte a pesar e haber inicialmente
admitido la demanda llegó a la conclusión de declararse inhibida para emitir
decisión de fondo por existir ineptitud sustancial de la demanda “amparada en
la ausencia de concepto claro y directo de la violación”[9]
En ese orden de ideas es claro, entonces, que bien puede acaecer que
a pesar de haberse admitido la demanda, la Corte no pueda entrar a emitir
pronunciamiento al momento de producir sentencia cuando del estudio que de la
demanda se haga en ese momento procesal se concluya que la misma resulta
sustancialmente inepta”[10].
En el presente caso si bien el
Magistrado sustanciador   admitió la demanda en aplicación del principio pro
actione expresó, como correspondía a ese momento procesal, que la admisión
de la demanda atendía a la constatación del cumplimiento de los requisitos
formales mínimos a que se refiere el Decreto 2067 de 1991, esto es, el
señalamiento de las normas legales que se dicen transgresoras, así como la
trascripción de las mismas, la enunciación de las normas constitucionales que
el demandante estima transgredidas y la enunciación de un  concepto de la
violación, pero sin que pudiera entrarse en ese momento al análisis material
de la acusación  así formulada.
3.3    Ahora bien debe señalar la
Corte que adelantado el examen de la demanda que
corresponde a esta etapa procesal para efectos de la redacción del
proyecto de fallo[11],
ninguno de los elementos de la acusación
formulada por el demandante en contra de las disposiciones acusadas en el
presente proceso  permite el pronunciamiento de la Corporación, pues, como pasa
a exponerse, se observa que todas  las pretensiones planteadas  en la demanda
incumplen materialmente los requisitos establecidos por el ordenamiento
jurídico para los procesos de control abstracto de constitucionalidad que se
adelantan ante esta Corporación,  ya recordados en esta misma providencia.
3.3.1   En efecto la Corte  encuentra
que -como lo ponen de presente varios de los intervinientes- en relación con
el  artículo 61 de la Ley 975 de 2005[12] el actor no
hizo ningún desarrollo  concreto que permita a la Corte establecer  las razones
específicas por las cuales éste considera que dicho artículo vulnera los
artículos 4, 13 y 29 superiores, así como lo previsto en los artículos 7º y 10
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  y en ese orden de ideas en
relación con  los apartes acusados de dicho artículo  no resulta posible
establecer una confrontación normativa entre  el texto que se ataca  y las
normas superiores que se invocan como vulneradas.
3.3.2. La Corte
constata igualmente que en relación con la acusación por la supuesta vulneración
de los artículos 4 y 29 superiores formulada en contra  de los apartes acusados
de los artículos  3, 29 y 31  de la  Ley 975 de 2005[13],
el actor se limitó  a afirmar de manera genérica dicha vulneración señalando
para el efecto similares  argumentos  a los que expone  en relación con la
supuesta violación del principio de igualdad, pero sin hacer explícitas las
razones por las cuales concretamente los apartes  que acusa vulneran dichos
textos superiores.
Así señala  que “…en este país, la
Ley no puede seguir siendo para los de ruana, quien cometió un crimen que
responda con el (sic) acorde con la ley preexistente a su delito, tal y como lo
advierte el artículo 29 de nuestra ley suprema, no existe razón para
tratamientos especiales a tan terribles genocidas, que estando allí, en los
llamados sitios de distensión, no dudaron en asesinar a un Concejal por orden
de quien se encontraba ‘rebajando pena’ según la precitada Ley, todo es absurdo
e inaudito…”. Así como que “se violenta el ordenamiento para dotar de
garantías especiales a estos delincuentes…”,  y se desconoce el factor de
la competencia “que constituye un elemento esencial en la legalidad del
proceso”.
En el mismo orden de ideas fundamenta la
acusación en contra de los artículos 29 y 31 acusados por la supuesta
vulneración del artículo 4º de la Constitución Política, en que: “…desconocen
el ordenamiento supremo para implantar unos procedimientos especiales, con
cambio –incluso- de funcionarios competentes, para favorecer a quienes
‘organizados’ como empresa criminal han venido poniendo en jaque al pueblo
colombiano y sus instituciones, y que hoy por sus múltiples delitos de gran y
horrorosa factura, se les crea una Ley para legalizarles en su situación,
pasando por encima –inclusive- de las leyes vigentes, preexistentes al punible
o punibles investigados.   Es que es muy claro, por la naturaleza de los hechos
o conductas punibles se señala al Juez Competente, en este caso un Juez de la
Justicia Especializada es el que debe conocer y aplicar sin consideración
alguna todo el peso de la Ley, en contra de quien nunca dudó en inflingirla de
manera grave y despiadada, sin tener consideraciones con ancianos, niños y
mujeres desamparadas, ¿por qué ahora tener consideraciones para con ellos?, eso
sería empeñar la dignidad y la justicia de un país…”.
Se está pues en
presencia de  cargos  apenas aparentes  que no permiten a la Corte  desarrollar
el juicio de constitucionalidad, quedando por supuesto excluido que  de oficio
la Corporación  identifique  razones de inconstitucionalidad que no fueron
expuestas por el demandante.
3.3.3   En
relación con la acusación que  el actor formula por la supuesta vulneración del
principio de igualdad  -asunto sobre el que en realidad gira toda la demanda- y
que  hace consistir en que  los apartes  que acusa de la Ley, al establecer
penas alternativas y jueces especiales para los  beneficiarios de la misma, miden con diferente rasero al criminal que actúa solo y al
que actúa organizado, cuando la conducta es igual y equiparable en todos sus
aspectos, con la circunstancia de  que el llamado delincuente común no conformó
un grupo permanente para cometer fechorías y poner de manera constante a la
comunidad en vilo, cosa que sí realizó el criminal organizado, la Corte
encuentra  que tampoco el actor cumplió con la carga  argumentativa  que le es
exigida  al plantear un cargo por la vulneración  del  artículo 13 superior.
En efecto
recuérdese que conforme lo expresado reiteradamente por la jurisprudencia de
esta Corporación[14], para efectos de
configurar un verdadero cargo de inconstitucionalidad por violación del principio
de igualdad, no es suficiente con sostener que las disposiciones objeto de
controversia establecen un trato diferente frente a cierto grupo de personas y
que ello es contrario al artículo 13 superior. También es imprescindible que se
expresen las razones por las cuales considera el demandante que la supuesta
diferencia de trato resulta discriminatoria, sustentando tal discriminación con
argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la
medida.
Ha precisado la
Corte que esta última exigencia es necesaria si se tiene en cuenta que, de
acuerdo con el criterio de interpretación fijado por ella, la realización de la
igualdad no le impone al legislador la obligación de otorgar a todos los
sujetos el mismo tratamiento jurídico, ya que no todos se encuentran bajo
situaciones fácticas similares ni gozan de las mismas condiciones o
prerrogativas personales e institucionales. Según lo ha dicho la
jurisprudencia, aún cuando la igualdad se manifiesta como un derecho relacional
que propugna por reconocer a las personas un mismo trato frente a las
autoridades y unos mismos derechos y libertades, la garantía de su efectividad
no se materializa en la constatación mecánica o matemática de las disposiciones
que se aplican a unos y otros sujetos, sino en la adecuada correspondencia
entre las diversas situaciones jurídicas objeto de regulación[15].
Al respecto ha
precisado la Corte  lo siguiente:
“El juicio de igualdad desborda la mera verificación referente a
si se ha otorgado o no idéntico tratamiento normativo a todos los destinatarios
de la ley, pues es claro que cuando los supuestos de hecho que definen la
aplicación de ciertas consecuencias normativas cambian o varían en relación con
algunos de tales destinatarios, es constitucionalmente admisible que el
tratamiento reconocido a estos últimos sea sustancialmente distinto, sin que
esa sola circunstancia haga presumir el quebrantamiento del precitado
principio.
Entonces, en relación con los destinatarios de la ley, es de
resaltarse que la máxima de la igualdad se entiende quebrantada, no por el
hecho de que el legislador haya previsto un trato desigual entre unos y otros
sujetos, sino como consecuencia de que tal diferencia normativa resulte
arbitraria y desprovista de una justificación objetiva y razonable, generando
una verdadera discriminación. Desde este punto de vista, puede afirmarse que el
legislador goza de un cierto margen de libertad de configuración normativa para
regular de manera diferente una determinada situación jurídica, diferencia que
sólo resulta discriminatoria si no se encuentra razonablemente justificada.
Por ello, en principio, las disposiciones que regulan aspectos
relacionales o consagran diferencias de trato están amparadas por la presunción
de constitucionalidad, de manera que su cuestionamiento por vía del control
abstracto de constitucionalidad, cuando éste se origina en una presunta
violación del principio de igualdad, le impone al demandante no solo la
obligación de señalar el término de comparación, sino también, y de manera
especial, la de exponer las razones por las cuales considera que esa diferencia
de trato es arbitraria e injustificada y genera un trato discriminatorio. Dicho
en otras palabras, cuando una norma es acusada por vulnerar el principio de
igualdad, el actor debe precisar cuales son los grupos o sujetos que se
comparan y cuales los criterios para llevar a cabo tal comparación y que
conducen a concluir que se desconoció el citado  principio[16].
Ahora bien, considerando que en el presente caso no se
explica por qué las expresiones acusadas generan un trato discriminatorio, la
Corte no puede llevar hasta su culminación el juicio de constitucionalidad. El
cumplimiento del requisito aludido para la elaboración del cargo, resultaba
especialmente relevante en el asunto sub exámine, si se tiene en cuenta
que  se está en presencia de  una ley que establece normas tendientes a “la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional” lo
que exigía del actor el cumplimiento por lo menos de una carga mínima en la
identificación de los extremos de comparación  a examinar en este caso.
En ese orden de
ideas, el análisis de constitucionalidad debería recaer sobre la condiciones
específicas en que se plantea el respeto del principio de igualdad en una
situación especifica  y quizá espacialísima   como la que  regula la ley 975 de
2005. No obstante  es precisamente ese análisis el que no se plantea en la
demanda, pues en ella no se exponen argumentos que justifiquen en alguna medida
la existencia de una discriminación dadas las circunstancias particulares  que
aborda la Ley. Esa deficiencia no permite a la Corte  entrar a formular de
oficio las distintas hipótesis de inconstitucionalidad y proceder a resolver
sobre las mismas[17].
3.3.4  Cabe señalar finalmente,  en
relación con la supuesta vulneración de los artículos 7 y 10 de la Declaración
de los Derechos del Hombre  y la afirmación que hace el actor en el sentido  de
que la Ley 975 de 2005  “…se contradice en sí misma, cuando advierte en su
artículo 2º que la interpretación y aplicación de lo dispuesto en ella deben
realizarse conforme con las normas constitucionales y los tratados
internacionales ratificados por nuestro país, cosa que (…) no acontece…” que
el actor no explicitó las razones por las cuales  dichos textos se vulneran.
Ahora bien  se debe reiterar que no
bastaba enunciar la violación de las normas internacionales  y en
consecuencia   del bloque de constitucionalidad sin precisar cuáles son los
extremos concretos para este caso de confrontación entre las normas
internacionales invocadas  y las normas acusadas[18].
Al actor corresponde una carga mínima
para permitir el examen constitucional que  no  se cumple en este caso y como
se ha visto tampoco se cumple en relación con los demás elementos de la
acusación planteada en la demanda.
Así las cosas,
aunque resulte reiterativo, no sobra precisar que para llegar a una conclusión
en este sentido se hacía necesario proceder al análisis en concreto de los
planteamientos hechos por el demandante ya no desde una perspectiva puramente
formal sino sustancial, lo que desbordaba claramente el objeto del auto
admisorio de la demanda. Por ello si bien en dicho auto             -atendiendo
las características propias del examen de la demanda en ese momento procesal[19]-
se consideró que la demanda cumplía con los requisitos formales para ser
admitida, es evidente para la Corte una vez examinada en concreto la acusación
formulada  ésta no es apta materialmente  para que la Corte emita un
pronunciamiento de fondo.
En armonía con las
consideraciones expuestas concluye la Corte que lo procedente en el presente
caso es abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva
de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
R E S U E L V E:
INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación
formulada en el presente proceso en contra de los artículos 3, 29, 31 y 61
(parciales) de la Ley  975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”, por ineptitud sustantiva de la demanda.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CON SALVAMENTO DE
VOTO
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CON SALVAMENTO DE
VOTO
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA SENTENCIA C-127 DE 2006.
ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carácter
informal (Salvamento de voto)
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE
DEMANDA-Improcedencia (Salvamento de voto)
Referencia: expediente D-5966
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3º, 29, 31 y 61
(parciales) de la Ley 975 de 2005 “por la cual  se dictan disposiciones para
la reincorporación de miembros de los grupos armados organizados al margen de
la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
Demandante: Jorge
Enrique Arango
Magistrado
Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el acostumbrado
respeto, el suscrito Magistrado disiente de la decisión mayoritaria que
consideró que la Corte debía declararse inhibida para emitir pronunciamiento de
fondo en relación con la acusación formulada contra los enunciados normativos
demandados contenidos en los artículos 3º, 29, 31 y 61 de la Ley 975 de 2005.
Estimó la
mayoría que el actor no cumplió la carga mínima de argumentación que permitiera
adelantar un debate sobre la constitucionalidad de los preceptos demandados.
Sin embargo, a mi juicio las acusaciones formuladas en el líbelo acusatorio
permitían abordar el examen de fondo de las disposiciones demandadas
En primer lugar
cabe señalar que numerosas oportunidades la Corte Constitucional ha subrayado
la importancia de la acción de inconstitucionalidad como un instrumento
democrático de primer orden. Según lo dispuesto por la Constitución Nacional,
cualquier ciudadana o ciudadano puede acercarse a esta Corporación para
solicitar la declaratoria de inexequibilidad de una ley cuando considera que
ésta contradice alguno o algunos preceptos constitucionales. Esta Corporación
también ha reconocido, por lo demás, el carácter  informal de la acción
pública de inconstitucionalidad en tanto una de las manifestaciones más
importantes de los derechos políticos.
La misma  Corte,
sin embargo, ha establecido por vía jurisprudencial una serie de exigencias a
las que deben ajustarse las demandas de inconstitucionalidad para evitar su
ineptitud sustancial y poder así dar paso al juicio de constitucionalidad. En
este  sentido se expresa la Corte Constitucional en la sentencia C-1052 de
2001:
“La consagración de requisitos mínimos no puede entenderse como una
limitación a los derechos políticos del ciudadano (...) pues lo que se persigue
al identificar el contenido de la demanda de inconstitucionalidad es fijar unos
elementos que informen adecuadamente al juez para poder proferir un
pronunciamiento de fondo, evitando un fallo inhibitorio que torna inocuo el
ejercicio de este derecho político. Esto supone que el demandante de una norma
cumpla con una carga mínima de comunicación y argumentación que ilustre a la
Corte sobre la norma que se acusa, los preceptos constitucionales que resultan
vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es
competente para pronunciarse sobre la materia”.
Dentro de los
requisitos exigidos por Corte Constitucional a fin de que las ciudadanas y
ciudadanos puedan solicitar el juicio de constitucionalidad se encuentran los
siguientes: (i) la identificación del objeto al que se refiere la acusación,
esto es, del precepto o preceptos que el actor considera vulnerados[20];
(ii) el concepto de la violación, es decir, las razones con fundamento en las
cuales el actor estima que el contenido de los preceptos acusados infringe la
Constitución[21]; (iii) que las razones
aducidas sean claras[22], ciertas[23],
específicas[24], pertinentes[25]
y suficientes[26].
Ahora bien,
respecto de la demanda presentada en el proceso de la referencia las razones
esgrimidas por el actor giraban en torno a que los beneficios previstos por las
disposiciones demandadas en favor de los miembros de los grupos armados
organizados al margen de la ley, constituían un trato desigual favorable
respecto de los restantes infractores de la ley penal, trato favorable a en su
opinión prohibido por disposiciones constitucionales y por tratados
internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Tales
argumentos sin duda reunían los requisitos establecidos por la Decreto 2067 de
1991 y desarrollados por la jurisprudencia constitucional para que esta
Corporación realizará un examen sobre la violación del derecho ala igualdad
sobre la proporcionalidad de los beneficios establecidos para los miembros e
los grupos armados organizados al margen de la ley.
Fecha ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ALFREDO BELTRÁN SIERRA CON
RELACIÓN A LA SENTENCIA
C-127
DE 22 DE FEBRERO DE 2006
(Expediente
D-5966)
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE
DEMANDA-Improcedencia (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Corte Constitucional, salvo el voto en relación con la
sentencia C-127 de 22 de febrero de 2006, por cuanto en la sentencia aludida la
Corte Constitucional se declara inhibida para fallar sobre la
constitucionalidad de las expresiones acusadas de los artículos 3º, 29, 31 y 61
de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación
de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan
de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios”, todos relativos a la pena
alternativa a que se refiere dicha Ley, conocida como de “Justicia y Paz” a la
cual se someterían los miembros de grupos armados al margen de la ley.
A mi juicio, la decisión no debería haber
sido inhibitoria, comoquiera que el actor cumplió a cabalidad con las
exigencias establecidas por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, como pasa
a demostrarse:
1. Es evidente, y así aparece en la
sentencia de la cual discrepo, que el demandante expresó de manera concreta
cuáles son los apartes de cada una de las normas mencionadas, respecto de los
cuales solicita la declaración de inexequibilidad. Es decir, le dio
cumplimiento estricto al requisito señalado en el numeral 1º del artículo 2º
del Decreto 2067 de 1991. Por este aspecto, no cabría entonces la inhibición.
2. De la misma manera, señala el
demandante que considera vulnerados por las normas acusadas los artículos 4º,
13 y 29 de la Constitución Política, así como los artículos 7º y 10 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que forman parte del bloque de
constitucionalidad. Cumple así el actor con lo exigido por el numeral 2º del
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Tampoco cabe entonces en cuanto a este
requisito la inhibición de la Corte.
3. El actor indica las razones por las
cuales considera que el artículo 29 de la Ley 975 de 2005 viola el derecho a la
igualdad, en la medida en que a su juicio delitos atroces cometidos por los
individuos pertenecientes a grupos armados al margen de la ley no pueden ser
objeto de pena alternativa de 5 a 8 años de prisión, lo cual considera
contrario al ordenamiento jurídico.
En la misma dirección, manifestó el actor
que el artículo 29 de la Ley acusada en la medida en que establece una pena
irrisoria para delitos muy graves cometidos por quienes pertenecen a grupos
criminales organizados, quebrantan adicionalmente el artículo 29 de la Carta
por vulnerar el debido proceso.
Según manifiesta el actor, se le
confieren atribuciones para juzgar a los actores de grupos armados al margen de
la ley a salas especiales del Tribunal Superior de Distrito Judicial, lo que
constituye un tratamiento privilegiado en relación con los delitos cometidos
por otras personas.
Señala igualmente el demandante, que los
artículos 29 y 31 de la Ley 975 de 2005 desconocen la primacía de la
Constitución Política con ese tratamiento discriminatorio y especial a quienes
forman parte de grupos armados al margen de la ley, e incluso se oponen al
artículo 2º de la misma que obliga a que la interpretación y aplicación de sus
normas se realice en armonía con los Tratados Internacionales y el Derecho
Internacional Humanitario.
Es pues evidente conforme a los párrafos
que anteceden que el demandante expresó las razones por las cuales las normas
acusadas, a su juicio, violan los preceptos constitucionales que denuncia como
quebrantados. Es decir, el actor cumplió con la carga procesal que le impone el
numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Tampoco entonces, sería
procedente la inhibición por incumplimiento de este requisito en la demanda.
4. No se señaló por el demandante vicio
alguno en la formación de la Ley 975 de 2005 en cuanto hace a las normas cuya
inexequibilidad demandó ante la Corte Constitucional, razón ésta por la cual no
tenía entonces la carga de darle cumplimiento a la demostración de la existencia
de unos vicios formales que no fueron sustento de cargo alguno. Es decir,
tampoco se incumplió con el requisito señalado en el numeral 4º del artículo 2º
del Decreto 2067 de 1991.
5. El actor cumplió con la carga de
señalar las razones por las cuales la competencia  para conocer de esta demanda
corresponde a la Corte Constitucional, por cuanto las normas demandadas forman
parte de una Ley de la República. Es decir, cumplió con el requisito que le
exige el numeral 5º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, por lo que,
también por este aspecto resulta improcedente la inhibición.
6. Lo expuesto en los numerales
precedentes sólo permite una conclusión: La Corte Constitucional no debería
haberse inhibido para declarar la exequibilidad o inexequibilidad de las normas
acusadas, sino pronunciarse expresamente sobre ellas. No lo hizo así. Por eso
salvo el voto.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
SALVAMENTO
DE VOTO A LA SENTENCIA C-127 DEL 2006 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia
porque demanda cumple requisitos para suscitar decisión de fondo (Salvamento de
voto)
Referencia: expediente D-5966
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3º, 29, 31 y 61
(parciales) de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se
dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito
presentar Salvamento de Voto frente a esta decisión, por cuanto considero que
en el presente caso existen cargos que cumplen con los requisitos para entrar a
proferir un fallo de fondo.
En este sentido,
no comparto la posición de la mayoría de esta Corte, respecto de declararse
inhibida para fallar de fondo, ya que no considero correcta la tesis de que los
cargos formulados contra los artículos 3, 29, 31 y 61 (parciales) de la ley 975
de 2005, no cumplen materialmente con los requisitos exigidos para poder emitir
un fallo de mérito.
Por la anterior
razón discrepo de la presente decisión.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Ver entre otras las Sentencias C-375 de 1999, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo y C-087 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[2] Ver, entre otros, los autos 097
de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba
Triviño y las sentencias C-281 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
C-519 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-177 de 2001, M.P. Fabio Morón
Díaz; C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-452 de 2002, M.P.
Jaime Araujo Rentaría; C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P.
Álvaro Tafur Gálvis.
[3] Sentencia C-045 de
2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[4] Sentencia C-044 de 1997, M.P.
Alejandro Martínez Caballero.
[5] Ver, entre otras, las sentencias
C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera
Carbonell; C-013 de 2000, C-528/03, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-362 de
2001 y C-045 de 2003, M.P. M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[6] Ver sentencia C-1052 de 2001,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[7] Ver sentencia
C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver en el mismo sentido la
sentencia C-1115/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil .
[8] Sentencia C-955/00
M.P. José Gregorio Hernández Galindo  En el mismo sentido puede consultarse la
Sentencia C-357 de 1997 del mismo Magistrado así como la sentencia C-176/04
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[9] Sentencia C-380 de
2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Respecto de la posibilidad de inhibición en
la sentencia ver en el mismo sentido, entre otras, las sentencias C-357 de
1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-447 de 1997, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; C328 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-1196 de
2001, M.P. Alfredo Beltran Sierra; C-1289 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentaría;
C-1052 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1115 de 2004, M.P. Rodrigo
Escobar Gil; C-421 de 2005, M.P. Humberto Sierra Porto; C-856 de 2005, M.P.
Clara Inés Vargas Hernández y C-898 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[10] Ver Sentencia C-1299/05 M.P, Álvaro Tafur Galvis En el
mismo sentido ver entre otras la sentencia C- 1115/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil
en la que se señaló lo siguiente. “Valga precisar que, por disposición del artículo 6° del Decreto 2067 de
1991, una primera oportunidad para evaluar si la demanda cumple o no con los
requisitos de procedibilidad a los que se ha hecho expresa referencia, es
precisamente el momento en el que se decide sobre su admisibilidad. En esa
instancia del proceso, si se detecta un defecto en la formulación de la
acusación, se procede a inadmitir la demanda dándole oportunidad al accionante
para que en un término de tres días la corrija so pena de ser rechazada. No
obstante, en la medida en que esa primera valoración responde a un análisis
parcial y sumario que se lleva a cabo únicamente por cuenta del despacho del
Magistrado Ponente, con acierto, la misma norma autoriza al pleno de la Corte
para adelantar el análisis de procedibilidad también en la Sentencia, luego de
evaluar la opinión de los distintos intervinientes y del Ministerio Público, y
una vez producidos los respectivos debates.”
[11] Ver, entre otras,
las sentencias C-62 de 1998; M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-329 de
2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-584 de 2001 y C-300 de 2002, M.P. Álvaro
Tafur Galvis.
[12]
Artículo 61. El Presidente de la República tendrá la facultad
de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de
la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la
pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.
El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que
estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la
búsqueda y logro de la paz. (se subraya lo acusado).
[13]
Artículo 3°. Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en
suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia,
reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución
del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la
justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La
concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la
presente ley. (se subraya lo acusado).
(...)
Artículo 29. Pena alternativa. La Sala competente del Tribunal Superior de
Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos
cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.
En caso que el condenado haya cumplido las condiciones
previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en
privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior
a ocho (8) años, tasada de
acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el
esclarecimiento de los mismos.
Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá
que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través
del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la
libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo
armado al margen de la ley al cual perteneció.
Cumplida la pena alternativa y las condiciones
impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término
igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el
beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue
condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial que corresponda y a informar cualquier
cambio de residencia.
Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el periodo
de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se
revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente
determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que
correspondan.
Parágrafo. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales
o rebajas complementarias a la pena alternativa. (se subraya lo acusado).
(...)
Artículo 31. Tiempo de permanencia en las zonas de
concentración. El tiempo
que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos
para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una
zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la
Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa,
sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses. (se subraya lo acusado).
[14] Ver  al respecto la
síntesis efectuada en la sentencia C-1115/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil cuyos
considerandos a continuación se reiteran. En el mismo sentido ver entre otras
las sentencias C-176/04 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-673/01 y C-913/04
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[15] Ver Sentencia
C-1115/04 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido ver entre muchas otras
las sentencias C-176/04 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-673/01 y C-913/04
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[16] Sentencia C-1115/04
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[17] Ibidem
[18] Ver entre otras la
sentencia C-1299/05 M.P. Álvaro Tafur Galvis
[19] ibidem.
[20] Corte
Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001: “Esta identificación se traduce en
(i.) “el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales”.  Pero
además, la plena identificación de las normas que se demandan exige (ii.) “su
transcripción literal por cualquier medio o la inclusión de “un ejemplar de la
publicación de las mismas” (Artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991). Se
trata de una exigencia mínima “que busca la indispensable precisión, ante la
Corte, acerca del objeto específico del fallo de constitucionalidad que habrá
de proferir, ya que señala con exactitud cuál es la norma demandada y permite,
gracias al texto que se transcriba, verificar el contenido de lo que el
demandante aprecia como contrario a la Constitución”.
[21] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001: “En
este orden de ideas, al ciudadano le corresponderá (i.) hacer “el señalamiento
de las normas constitucionales que se consideren infringidas”, pues “si bien
cada ciudadano es libre de escoger la estrategia que considere conveniente para
demostrar la inconstitucionalidad de un precepto (siempre y cuando respete los
parámetros fijados por la Corte), considera la Corte que… el [particular] tiene
el deber de concretar el o los cargos contra las disposiciones acusadas, lo que
implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las
normas constitucionales violadas”. Este señalamiento supone, además, (ii.) la
exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que
riñe con las normas demandadas, es decir,  manifestar qué elementos materiales
del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las
disposiciones legales que se impugnan.  No basta, pues, con que el demandante
se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido.
Finalmente, (iii.) tendrán que presentarse las razones por las cuales los
textos normativos demandados violan la Constitución.  La efectividad del
derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones
presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes.  De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia
que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un
pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”.
[22] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001: “La
claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la
conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de
la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que
la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de
oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del
deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector
comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.
[23] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001:“Las
razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa
que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no
simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre
otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la
demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone
la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un
contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa
técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer
proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador,
para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto
normativo no se desprenden”.
[24] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001:“Las
razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición
acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la
formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma
demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de
establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando
inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de
argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.”
[25] Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001:“La
pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la
demanda de inconstitucionalidad.  Esto quiere decir que el reproche formulado
por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en
la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta
al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos
que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua,
innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.
[26]
Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001: “La
suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad
guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de
juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de
constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la
suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la
demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime
facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución,
si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma
impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar
la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace
necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.