T-581-17
Sentencia T-581/17
DERECHO A LA
DIGNIDAD HUMANA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Vulneración por
hacinamiento carcelario y falta de salubridad al interior de los
establecimientos carcelarios
RELACIONES DE
ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por la dignidad
humana de personas privadas de la libertad
Esta relación entre el sujeto privado de la libertad y el estado, se
manifiesta en el poder disciplinario y sancionatorio de la autoridad, el cual
encuentra sus límites en el reconocimiento de los derechos del interno y en los
deberes que para el estado se derivan como consecuencia de tal relación. Cabe
recordar que estos deberes no incluyen únicamente obligaciones de carácter
negativo, como ocurre con la proscripción de proferir tratos inhumanos   o
degradantes, sino que también se acompañan de obligaciones de carácter
positivo, dirigidas a garantizar la efectiva realización de los derechos que el
interno no tenga suspendidos o restringidos
DERECHOS DEL
INTERNO-Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
ESTADO DE COSAS
INCONSTITUCIONAL EN MATERIA DE HACINAMIENTO CARCELARIO-El hacinamiento
carcelario tiene que ver con el uso excesivo de las medidas de aseguramiento
privativas de la libertad
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro de agua
potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una
obligación estatal de imperativo cumplimiento
DERECHO A LA SALUD
DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Reiteración de jurisprudencia
DERECHOS FUNDAMENTALES
DEL INTERNO-Es deber del estado garantizar a las personas privadas de la
libertad el goce efectivo de una adecuada alimentación
Como consecuencia de la relación de especial sujeción existe entre
los internos y el estado este último tiene el deber constitucional y legal de
proporcionarle a los reclusos la alimentación adecuada y suficiente que
garantice la protección de sus derechos a la salud, a la vida, y a la
integridad, con tal fin podrá incluso autorizar el suministro de una
alimentación especial, de acuerdo con los requerimientos médicos de cada
interno, para lo cual  se exige no solo cocinas limpias y desinfectadas, sino
también un concreto manejo de los equipos y utensilios de preparación
DERECHO A LA
COMUNICACION DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia
constitucional
CLASIFICACION DE
INTERNOS-Distinción de las personas condenadas respecto de las sindicadas
TRATAMIENTO
PENITENCIARIO-Finalidad
EDUCACION Y
ENSEÑANZA EN ESTABLECIMIENTO PENITENICARIO Y CARCELARIO-Forma de redimir la
pena
Este Tribunal ha advertido que
cuando el Estado asume la función de dirigir y regular el cumplimiento de las
penas, adquiere el deber de implementar en las cárceles y penitenciarias,
programas de educación que preparen a los reclusos para contribuir de forma
productiva a la sociedad al recuperar su libertad. En línea con lo expuesto,
las ya referidas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establecen
la adopción de medidas para mejorar la instrucción de los internos, fijando que
los programas son obligatorios para los analfabetos y los jóvenes.
TRABAJO CARCELARIO-Cumple un
fin resocializador y es un elemento dignificante que permite al condenado
redimir su pena
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DE
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Se imparten una serie de órdenes
conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos de las internas
Referencia: Expediente T-5.825.393
Asunto: Acción de tutela instaurada por la señora Yiseth Vanessa Montealegre y otras contra el INPEC- Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Yopal y otros
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de septiembre
de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Segunda de Revisión de
la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política y 33 y subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los
fallos de tutela proferidos por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Yopal y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del mismo municipio,
correspondiente al trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por
la señora Yiseth Vanessa Montealegre y otras[1] contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en
adelante INPEC) - Dirección del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Yopal, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (en adelante USPEC),
con vinculación oficiosa de la Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A. (integrantes
del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015[2])[3].
I. ANTECEDENTES
1.1.  Hechos relevantes
1.1.1. Las accionantes –quienes
para el momento de presentación de la acción de amparo se encontraban recluidas
dentro del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal (en adelante EPC
de Yopal)– relatan que dicha cárcel originalmente no estaba diseñada para la
reclusión de mujeres, por lo que debió habilitarse la Unidad de Medidas Especiales
de condenados (UME) para tal fin.
1.1.2. La Unidad cuenta en el
segundo piso con ocho celdas con capacidad para cuatro personas y en el primer piso
una celda de tránsito con cabida para cuatro personas, es decir, tiene un total
de 36 cupos[4].
En ese mismo espacio se encuentran dos talleres, una sala de televisión y un patio
central con un comedor improvisado. Para la fecha de presentación de la acción tutela[5],
según relatan, se encontraban recluidas un total de 70 mujeres, para un
sobrecupo superior al 94%[6].
1.1.3. El hacinamiento al que
están sometidas, en palabras de las demandantes, ha conducido al
desconocimiento de sus derechos a la salud, a la igualdad, a la dignidad
humana, al mínimo vital, al trabajo, a la vida y a la resocialización en
condiciones dignas, por las circunstancias que se describen a continuación: (i)
en las horas del día, entre las 5:30 AM y 4:30 PM, para el servicio de aseo,
debido a que las celdas permanecen cerradas, sólo tienen acceso a dos duchas y
un baño; (ii) para la comunicación externa con sus familiares únicamente cuentan
con dos equipos telefónicos; y (iii) la atención en salud es deficiente, porque
el área de sanidad carece de medicamentos y no tiene contratados servicios con
la red externa de la localidad.
Además, (iv) el servicio de
repartición de alimentos y de atención de expendio es improvisado y no cuenta
con medidas sanitarias adecuadas; (v) en el lugar de reclusión se comparten los
mismos espacios por internas sindicadas con las ya condenadas, lo cual
contradice el inciso 2 del artículo 12 de la Ley 1709 de 2014[7];
(vi) al igual que conviven internas en diferentes fases de tratamiento, sin que
ello represente algún beneficio en sus condiciones de reclusión, pues la jurisprudencia
ha dicho que deben existir áreas cerradas, semi-abiertas y abiertas,
dependiendo de la etapa de resocialización en la que se encuentren. En
particular, en el EPC de Yopal sólo existe la fase cerrada o alta, hecho que
les impide acceder a programas de redención acorde con su etapa de tratamiento
y perfil.
1.2. Solicitud de amparo
constitucional
El 29 de abril de 2016 las
accionantes formularon la acción de tutela en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) - Dirección del EPC de Yopal y la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), con el propósito de obtener,
como ya se dijo, el amparo de sus derechos a la salud, a la igualdad, a la
dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo, a la vida y a la resocialización
en condiciones dignas.
De manera puntual reclamaron, en
primer lugar, que se resuelva de fondo su situación de reclusión y
hacinamiento, de acuerdo con un informe que se debe elaborar para esta causa por
los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Yopal, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería
Municipal, en el que se ponga de presente su condición actual[8];
en segundo lugar, que se cree una Comisión de Seguimiento para verificar el
cumplimiento de las medidas de fondo que se produzcan como consecuencia de la
acción de tutela; en tercer lugar, que se informe y se envíe copia de esta actuación
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y; por último, que se
garantice la reparación del daño causado por la violación de los derechos
fundamentales de las internas.
1.3. Contestación de la
tutela por parte del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal[9]
En escrito del 5 de mayo de 2016,
el Director del EPC de Yopal se pronunció frente a los hechos de la tutela, en
los siguientes términos:
(i) En relación con el
hacinamiento en que se encuentran las reclusas informó que mediante Acta de Seguridad
175 del 24 de abril de 2016, se asignó un lugar adicional que se pondrá en
funcionamiento a partir del mes de mayo y que ampliará su cupo de reclusión
para 64 mujeres. De ahí que, pese a la problemática generalizada que existe en
este tema, en el asunto bajo examen, el sobrecupo será mínimo una vez se ponga
en marcha el nuevo espacio. Como consecuencia de la referida ampliación también
habrá más baterías de baño y duchas, pues cada celda contará con estos
elementos.
(ii) En cuanto al servicio
telefónico, mencionó que, si bien las accionantes tienen la posibilidad de
hacer uso de los equipos para llamar desde el centro de reclusión, también cuentan
con una opción adicional que consiste en disponer de líneas para la recepción
de llamadas, beneficio que se presta en el pabellón actual, pero que igualmente
estará a su disposición en el nuevo espacio para las internas.
(iii) Frente a la atención en
salud, resaltó que la USPEC es quien tiene a su cargo el manejo de este
servicio y, por ende, dispone del tema presupuestal, a través del Fondo
Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad y la Fiduprevisora.
En todo caso, pese a los inconvenientes que se presentan con el suministro de
medicamentos, señaló que en el área de sanidad se cuenta con un médico, un
odontólogo, una enfermera jefe y con auxiliares de enfermería.
(iv) En cuanto a la preparación
de alimentos, afirmó que desde la cocina se sirven las raciones en porta-comidas
que tienen tapa, al igual que ocurre con las bebidas que son transportadas en recipientes
apropiados. Por lo demás, se cuenta con un expendio en el que existe un espacio
para el almacenamiento y refrigeración de productos.
(v) Respecto de la separación de
las internas dependiendo de su condición de condenadas o sindicadas, resaltó
que esta división se hará en los dos espacios con los que ahora se contará. Además,
destacó que no existen apropiaciones presupuestales que garanticen la
construcción de un nuevo patio, por lo que se están tomando todas las medidas
necesarias para cumplir con dicho mandato legal.
(vi) En cuanto a la clasificación
de las internas dependiendo de la fase de tratamiento en la que se encuentren, manifestó
que el parágrafo del artículo 144 del Código Penitenciario y Carcelario
condiciona la ejecución de dicho sistema a las disponibilidades de personal y a
la infraestructura de los centros de reclusión[10],
por lo que tiene una aplicación progresiva. En este orden de ideas, en el EPC
de Yopal se desarrollan actividades para la redención de la pena, en las que si
bien se da prelación a las condenadas, también hay internas sindicadas que han
empezado a participar de las mismas.
1.3.1.2. Con fundamento en lo anterior,
el director del EPC de Yopal solicita que se tenga en cuenta que ha cumplido con
la misión constitucional y legal que le ha sido encomendada, en cuanto a la
protección de los derechos de las internas, advirtiendo que la autoridad
competente para disponer del traslado es la Dirección General, posibilidad que
es reducida debido al problema nacional de sobrecupo en las cárceles.
II. SENTENCIAS OBJETO DE
REVISIÓN
2.1. Primera instancia
2.2.1. En sentencia del 16 de
mayo de 2016, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Yopal amparó los
derechos a la salud, a la vida, a la dignidad humana y al mínimo vital de las
accionantes. Al respecto, consideró que la situación de hacinamiento aún no ha
sido superada, pues a pesar de que el establecimiento informó la adecuación de
un nuevo espacio para la reclusión de las internas, no dio un plazo concreto
para realizarlo, por lo que le ordenó al EPC de Yopal iniciar los trámites
administrativos para ampliar el lugar, de suerte que con los nuevos espacios se
pueda realizar la separación que se dispone en la ley entre sindicadas y
condenadas, y entre reclusas por razón de su fase de tratamiento.
2.2.2. En cuanto al ingreso y
traslado de internas al EPC de Yopal, menciona que se trata de una potestad
asignada por ley a la Dirección General del INPEC y no al juez constitucional,
por lo que considera que las medidas adoptadas y cuya ejecución se ordena,
permiten superar la situación de hacinamiento que se invocó en la demanda.
2.2.3. Frente a la petición de
que los juzgados de ejecución de penas informen sobre la situación de
reclusión, encontró que dichas autoridades han venido cumpliendo con su
función, como en efecto se prueba con el informe rendido por uno de esos
juzgados[11].
En todo caso, mencionó que no resulta procedente solicitar informes a otros
organismos, ya que dicha información consta en las actas de las reuniones que
se realizan en el centro penitenciario y que se hallan en el expediente.
2.2.4. En cuanto a la pretensión
de que se cree una comisión de seguimiento para verificar que se adopten las
medidas requeridas por las reclusas, advirtió que ésta ya existe, a través de
los artículos 170 y 170A del Código Penitenciario y Carcelario[12],
por lo que decidió enviar copia de la sentencia con destino a dicha comisión,
para que realice el seguimiento a las condiciones en que se desenvuelve la
reclusión de las mujeres en el citado establecimiento.
2.2.5. Finalmente, respecto de
la prestación del servicio de salud, ordenó a la Dirección General del INPEC y
a la USPEC que realicen las gestiones necesarias para prestar la atención
médica y odontológica que se requiera por la población de mujeres recluidas en
la cárcel de Yopal, incluyendo medicamentos, exámenes y tratamientos que sean
ordenados.
2.2. Impugnación
2.2.1. En escrito del 25 de mayo
de 2016, el representante de la USPEC intervino para solicitar la nulidad del
fallo o, en su defecto, que se acceda a la impugnación. En lo que atañe a su
primera pretensión, argumentó que no fue notificado por parte del Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Yopal y que sólo conoció de la acción de tutela
cuando se le comunicó el fallo de primera instancia, en el que se dispuso
medidas a su cargo en materia de salud.
2.2.2. En caso de no acceder a la
solicitud de nulidad, pide que se revoquen las decisiones que fueron adoptadas
en su contra, al señalar que dentro de sus funciones no se encuentra la de prestar
el servicio de salud a la población reclusa. Precisamente, como consecuencia de
la expedición del Decreto 2519 de 2015[13],
mencionó que la USPEC suscribió un contrato de fiducia mercantil con el
Consorcio Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad 2015,
cuyo objeto es que este último se encargue de administrar los dineros y
garantizar los pagos dispuestos para la atención en salud y la prevención de enfermedades
de la población carcelaria. Además, dentro de las obligaciones, se encuentra la
de suscribir contratos con las IPS y EPS para prestar los servicios médicos y
odontológicos que se demanden.
2.3. Segunda instancia
En Sentencia del 23 de junio de
2016, la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de Yopal decidió no declarar
la nulidad solicitada por la USPEC, pues pese a que se acreditó la falta de
notificación del auto admisorio, con ocasión de su intervención, debía darse
prelación al derecho sustancial en los términos consagrados en el artículo 228
de la Constitución[14]
y pronunciarse sobre la sentencia impugnada.
Al respecto, consideró que la
acción de tutela no está diseñada para proteger derechos difusos, como ocurre
en el caso bajo examen, en el que lo pretendido es la defensa de derechos
colectivos no individualizables. Adicionalmente, afirmó que las entidades
demandadas, dentro de sus posibilidades, han tratado de solucionar el problema
de hacinamiento generalizado que se presenta en las cárceles del país, de
suerte que no cabe formular reparo alguno en su contra, toda vez que han sido
diligentes en el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, decidió
revocar la decisión adoptada en primera instancia y, por ende, negar el amparo solicitado.
III. PRUEBAS
En el expediente se encuentran
las siguientes pruebas relevantes:
- Informe del Juzgado de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Yopal del 3 de mayo de 2016, en el
que se hace referencia a las condiciones de hacinamiento de la cárcel y se
menciona que el director tomará las medidas necesarias para solucionar el
problema, como, por ejemplo, trasladar a algunas internas a otro lugar dentro del
mismo centro de reclusión. Asimismo, en el informe se pone en evidencia las
dificultades en salud con el nuevo encargado de la prestación de estos
servicios, pues no ha logrado la organización que requiere la complejidad y
alta demanda en la atención de la población reclusa.
- Acta No. 022 de la reunión
mensual realizada el 21 de enero de 2016 por el Comité Interinstitucional de
Derechos Humanos del EPC de Yopal, en la que se hizo énfasis en la necesidad de
que se lleve a los internos con enfermedades graves y terminales a medicina legal,
para evaluar –con los jueces de
control de garantías– la
posibilidad del beneficio de la prisión domiciliaria. En cuanto al servicio de
salud, menciona que no hay suficientes medicamentos para atender a los enfermos;
que el servicio lo presta actualmente Caprecom, pero que pronto será asumido
por la USPEC.
- Acta No. 169 de la reunión
mensual realizada el 26 de abril de 2016 por el Comité Interinstitucional de
Derechos Humanos del EPC de Yopal, en la que los internos del centro carcelario
manifiestan la grave situación de hacinamiento en la que se encuentran, aunado
a que la responsable del área de sanidad señala que existen muy pocos
medicamentos, porque la fiduciaria encargada de la prestación del servicio no ha
llevado los necesarios. Por último, los internos mencionan que no hay novedad
en el servicio de alimentación, el cual es suministrado en buenas condiciones[15].
- Acta No. 175 del 27 de abril
de 2016 del Consejo de Seguridad del EPC de Yopal, en la que consta la decisión
de habilitar la Unidad de Tratamiento Especial de condenados, donde antes
estaban recluidos hombres, como nuevo espacio para la internación de mujeres. Asimismo,
se afirma que se realizarán los cambios de estructuras cuando se cuente con el
presupuesto.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Competencia
La Sala de Selección de Tutelas Número Diez, en Auto del 28 de octubre
de 2016, dispuso la revisión de la tutela de la referencia, de conformidad con
lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, 31 a 36
del Decreto 2591 de 1991 y demás disposiciones pertinentes.
4.2.
Trámite en sede de revisión
4.2.1. En
Auto del 2 de febrero de 2017, se ofició al EPC de Yopal para que rindiera un
informe sobre las condiciones de reclusión de las accionantes. Particularmente,
en los aspectos relacionados con (i) hacinamiento; (ii) disponibilidad y estado
de los baños; (iii) teléfonos para hacer y recibir llamadas; (iv) separación
entre sindicadas y condenadas; (v) división por fase de tratamiento y programas
para las internas; (vi) atención en salud y; por último, (vii) manipulación,
elaboración y distribución de alimentos. En oficio del 9 de febrero de 2017, el
establecimiento accionado informó lo siguiente:
- En cuanto
al hacinamiento, afirmó que la antigua unidad de tratamiento especial (ahora patio
B) está habilitado para 26 mujeres y están recluidas, para el momento de
presentación del informe,  31; mientras que en el antiguo patio A se tiene una capacidad
para 32 internas y se encuentran recluidas, para el momento de presentación del
informe, 35.
- Frente a
la disponibilidad y estado de los baños, señaló que durante
el día en el patio A se
cuenta con dos puntos de aseo y en el B con otros dos, ya que las internas
regresan a las celdas a las 4:30 PM y en cada una de ellas hay un baño.
- En
relación con la posibilidad de hacer y recibir llamadas, sostuvo que en los patios
A y B hay dos teléfonos en cada uno que se pueden usar en el horario de 5:30 AM
a 5:00 PM, a lo cual se agregan en total cuatro teléfonos disponibles para
recibir llamadas que no generan costo.
- En lo que
atañe a la separación de condenadas y sindicadas, admitió que es inexistente a
causa de la falta de espacio, pues hay 39 condenadas y 27 sindicadas.
- En lo que corresponde a la
división por fases de tratamiento, explicó que primero existe una etapa de
observación, diagnóstico y clasificación, en la que se hace una inducción
al tratamiento, cuyo objeto es preparar a la interna para la adaptación a la
dinámica institucional del Plan de Acción y Sistema de Oportunidades, programa que
cuenta con un cupo para 10 reclusas. Luego sigue la fase o etapa de alta
seguridad, en donde hay mayores restricciones en espacio y desplazamiento, pues
se pretende la reflexión y fortalecimiento de habilidades, capacidades y
destrezas, a través de las siguientes actividades: (i) curso para estudio de
básica primaria en un salón con cupo para 10 internas; (ii) cursos cortos con
el SENA de habilidades y destrezas artísticas (v.gr. manicure y pedicure,
peinados, lencería, etc.), con capacidad para 40 internas; y (iii) participación
en eventos deportivos, culturales y recreativos, que se hace en las canchas,
una vez a la semana.
En la tercera fase, de mediana
y mínima seguridad, las medidas son menos restrictivas. Hay labores de
repartición de alimentos, expendio y recuperación ambiental (aseo de patios).
Por lo demás, existen programas
trasversales de asistencia voluntaria para el desarrollo humano y personal de
las internas, como el curso de prevención de conductas suicidas, grupos
especiales por comunidades (afros, LGTBI, etc.) y atención individual de
psicología.
- En cuanto al área de sanidad,
advirtió que se cuenta con un médico general, una odontóloga, dos enfermeras
jefes, cinco auxiliares de enfermería y una coordinadora de área. También informó
que en la cárcel se atienden urgencias y que, de ser necesario, se remite a la
interna al hospital de Yopal.
Los horarios de atención
incluyen la presencia del médico general de lunes a viernes de 8 AM a 12 PM y
de 1 PM a 5 PM y los sábados de 7 AM a 1 PM. Por su parte, el odontólogo
atiende de lunes a viernes de 8 AM a 12 PM y de 1:30 PM a 5 PM y los sábados de
7 AM a 1 PM. Finalmente, el servicio de enfermería está disponible todos los
días, las 24 horas.
A lo
anterior agregó que hay una interna encargada de derechos humanos que apoya la elaboración
de las listas de citas y en cada patio hay una auxiliar que efectúa el triage[16].
También menciona que hay brigadas semanales de salud y que la atención de los patios
de mujeres está programada para los lunes.
- Por último, en relación con la
manipulación, elaboración y distribución de alimentos, señaló que inicialmente
se procede a la limpieza y desinfección del área de trabajo y del producto,
luego de lo cual se procede a la selección y realistamiento de materias primas,
para concluir con el proceso de cocción, según el menú programado. El alimento se
retira de las ollas y se pasa a recipientes más pequeños. Para el ensamble se
utilizan fiambreras que se tapan herméticamente y distribuyen por los
transportadores. Al final se lavan los implementos y se limpian las
instalaciones para la próxima preparación. Las temperaturas calientes son
mayores a 65º C y las de refrigeración entre 2º C y 4º C.
4.2.2. En escrito
recibido el 17 de marzo de 2017, la USPEC realizó algunas precisiones respecto
de sus competencias en la prestación del servicio de salud y de los recursos
con los que cuenta para el desarrollo de sus actividades. En cuanto al primer
punto, señaló que el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014 dispone que está a
cargo de dicha entidad y del Ministerio de Salud diseñar un modelo de atención
especial, integral, diferenciado y con enfoque de género para la atención de
los internos. Para tal efecto, se creó el Fondo Nacional de Salud de las Personas
Privadas de la Libertad, ente encargado de contratar la prestación de los
servicios de salud, lo cual se realizó a través de un contrato de fiducia
mercantil con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2017.
Respecto del
segundo punto, resaltó que la asignación de recursos a la USPEC no es
discrecional y debe seguir los mandatos establecidos en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto y en sus decretos reglamentarios. Dicha entidad presenta un
anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y al Departamento
Nacional de Planeación, quienes establecen el monto disponible para gasto, el
cual nunca no cubre sus necesidades. Mencionó que, a pesar de ello, desde el
momento de su creación, el compromiso ha sido absoluto a través de la
contratación de obras, bienes y servicios para el buen funcionamiento de los
establecimientos carcelarios del país. En concreto, mencionó que en relación
con el EPC de Yopal se han celebrado nueve contratos, para el mantenimiento y
conservación de infraestructura, y para la operación de los sistemas de
captación, tratamiento y almacenamiento de agua potable. Aunado a lo anterior, también
se suscribió un convenio interadministrativo en el año 2016 con FONADE, dentro
del cual se tiene previsto atender las siguientes necesidades: adecuación de instalaciones
eléctricas, adecuación hidrosanitaria, acometida de agua potable de pabellones
y áreas administrativas, adecuación de tanque de almacenamiento y sistema de
bombeo, adecuación de rancho, talleres y aulas, adecuación de pabellón,
iluminación perimetral y aires acondicionados.
4.2.3. Posteriormente,
en Auto del 12 de mayo de 2017, la Sala Segunda de Revisión decretó la práctica
de una inspección judicial en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Yopal, con el objeto de verificar las condiciones de reclusión de las
accionantes. Lo anterior, por cuanto al interponer la acción de tutela, a pesar
de las difíciles condiciones que se alegan, las actoras no allegaron ningún
medio de prueba que permitiera al juez conocer el estado de su reclusión,
aunado al hecho de que si bien, en principio, quien podría informar la
situación de la cárcel era el INPEC, lo cierto es que, en términos de defensa y
contradicción, lo más ecuánime para las partes era asegurar su participación,
en términos de igualdad, a través de una inspección.
En todo
caso, cabe señalar que en la práctica de esta prueba se contó con el acompañamiento
de la Defensoría Regional del Pueblo de Casanare y por guardias y directivas
del INPEC, quienes se pronunciaron acerca de las apreciaciones realizadas a lo
largo de la diligencia. El informe de dicha visita quedó consignado en Acta del
21 de junio de 2017 suscrita por el magistrado auxiliar delegado para el efecto
y hace parte, junto con el CD, donde constan las fotografías y la grabación de
voz realizadas ese día, del expediente de la referencia. En la parte
considerativa de la providencia se hará mención del contenido del Acta, cuando
quiera que ello sea necesario.
4.3.
Problema jurídico y esquema de resolución
4.3.1. A
partir de las circunstancias que dieron lugar al ejercicio de la acción de
tutela, de las decisiones adoptadas en las respectivas instancias judiciales y
de los medios de prueba recaudados en la presente causa, este Tribunal debe examinar si se presenta una vulneración de
los derechos a la salud, a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana, al
mínimo vital, al trabajo y a la resocialización de las accionantes, como
consecuencia de las condiciones de reclusión en las que se encuentran en el EPC
de Yopal.
4.3.2. Para
resolver el citado problema jurídico, la Corte inicialmente hará un examen sobre
el cumplimento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Una
vez superado dicho examen y solo si ello ocurre, continuará con el estudio del
asunto de fondo, en donde expondrá las características de la
relación de especial sujeción en que encuentran las personas privadas de la
libertad con el Estado y las consecuencias que de ello se derivan. Con
fundamento en lo anterior, se procederá al análisis del caso concreto.
4.4. De la procedencia de la
acción de tutela
4.4.1. En
cuanto a la legitimación por activa, por regla general, la acción de
tutela podrá interponerla cualquier persona para la defensa de sus derechos
fundamentales amenazados o vulnerados, como se establece en el artículo 86 de
la Constitución. En esta oportunidad, las señoras Yiseth Vanessa Montealegre,
María Margarita Socha, Luz Yaneth Suárez, Mirely Burgos, Leidy Gómez, Bellamir
Giraldo, Dayana Martínez, Rosa María Bedoya, Laura Jiménez, Ana Liliana
Gutiérrez, Ana Yolima Téllez, Luz Daris Palacios, María Eriu, Sandra Delgado,
Yeimmy Andrea Zamora, Lina María Saganome, Ibeth Yamile Martínez, Diana
Tarache, Yenny Salcedo, María Tumay, Yelcy Hernández, Lady Liliana Torres,
Blanca Nubia Londoño, Mercedes Abril Arenas, María Soledad Hoyos, Mónica María
Granados, Emperatriz Gómez, Luz Mery Acosta, Margarita Ulloque, Flor María
Pinzón, Sandra Milena Ospina, Mariela Landinez, Angelin Bulla, Lucinda Niño,
Marilin Rubio, Luz Amalia Cañón, Liliana Arcila, Luz Dary Teatin, Estefani
Andrea Hernández, Nelly Johanna Narváez, María Churión, Ana Elizabeth
Carrasquilla, Esperanza Pascuas, María Elena Rodríguez, Yineth Farfán, Luisa
Fernanda Muñoz, Luz García, Luisa Fernanda Montenegro, Yuly Stefany Villamizar,
Lizeth Yurany Salcedo, Ana Milena Barreto, Leidi Mariana Castro, Luz Lozada,
Yinna Viviana Salas, Catalina Lozano, Gloria Salamanca, María Angélica Aponte,
Johana Figueroa, Eliana Magallys Avendaño, Neity Gamez y Luz Amanda (sin
apellido), actúan directamente en defensa de sus derechos, como personas
naturales, razón por la cual se encuentran legitimadas para intervenir en la presente
causa[17].
4.4.2. Respecto de la legitimación
por pasiva, el artículo 86 del Texto Superior establece que la acción de
tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o por el actuar de los
particulares, en los casos previstos en la Constitución y en la ley[18].
En este contexto, según lo señalado de manera reiterada la Corte, en lo que
respecta a esta modalidad de legitimación es necesario acreditar dos
requisitos, por una parte, que se trate de uno de los sujetos respecto de los
cuales procede el amparo; y por la otra, que la conducta que genera la
vulneración o amenaza del derecho fundamental se pueda vincular, directa o
indirectamente, con su acción u omisión.
En el asunto objeto de
estudio, no cabe duda de que se satisface este requisito de procedencia, en
primer lugar, porque la mayoría de las entidades demandadas tienen la condición
de autoridades públicas. Así ocurre con el INPEC – EPC
de Yopal y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. Y, en segundo
lugar, porque ellas –en diferentes
niveles y con distintas funciones– son las encargadas del manejo de los centros penitenciarios del país,
de manera que la presunta vulneración de los derechos que se invocan
guarda relación con las atribuciones que se encuentran a su cargo, con miras a
garantizar el mínimo de dignidad de las personas privadas de la libertad. Por
lo anterior, se entiende que, respecto de las autoridades en mención, está
plenamente acreditado el requisito de legitimación por pasiva.
Ahora bien, la Sala debe determinar si el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL-2017[19]
está legitimado en la causa por pasiva, en tanto sus miembros fueron vinculados
por el juez de primera instancia y no se observa que respecto de ellos se
prediquen ambas exigencias para que en su contra  proceda el amparo. En lo que
hace referencia al primer requisito, se tiene que los miembros del Consorcio en
cita son sociedades de economía mixta, constituidas como entidades financieras
estatales, a quienes se les aplica el régimen de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado, es decir, son autoridades públicas que pueden ser
sujetos de acción de tutela. Sin embargo, al analizar el segundo requisito
exigido jurisprudencialmente para dar por probada la legitimación en la causa
por pasiva, se encuentra que debido a las obligaciones previstas en el marco
del contrato de fiducia mercantil No. 331 de 2016 y a la naturaleza de sus funciones, no les atañe la
prestación de los servicios de salud, ya que este Consorcio actúa como vocero y
administrador del patrimonio autónomo, de manera que su rol se sujeta a seguir
los lineamientos que emita la USPEC[20], quien es la Fideicomitente en
este contrato. Así las cosas, respecto del consorcio no se cumple con el
requisito de la legitimación en la causa por pasiva.
4.4.3. También se satisface
el requisito de inmediatez[21], pues las violaciones que se invocan
respecto de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad,
se derivan de una falla continua, que viene del pasado y que produce efectos en
el presente. En este contexto, siguiendo la jurisprudencia reiterada de la
Corte[22], es
procedente el ejercicio de la acción de tutela frente a vulneraciones
persistentes en el tiempo, como sucede en este caso, ya que la situación
desfavorable que conduce al irrespeto de los derechos alegados por las
accionantes, conserva su carácter vigente y actual, sin importar que el hecho
que se presenta como causa tenga un pasado remoto o desconocido.
4.4.4. Finalmente, en cuanto a
la subsidiariedad, es de anotar que la acción de tutela se
encuentra consagrada como un mecanismo residual o subsidiario, por virtud del
cual solo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial. No obstante, aun existiendo otros instrumentos a los cuales puede
acudir el accionante, la jurisprudencia de la Corte ha admitido que la acción
de tutela está llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos (i) no
son lo suficientemente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, evento en el cual se otorgará un amparo transitorio[23]; o (ii) no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para brindar un amparo integral, caso en el cual la tutela
procederá como mecanismo definitivo de protección[24].
En el asunto bajo examen, la
acción de tutela resulta procedente como mecanismo definitivo de protección de
los derechos fundamentales, porque las mujeres privadas de la libertad en el
EPC de Yopal no cuentan con otro medio idóneo y efectivo para evitar que
continúen las condiciones que, según afirman, están generando la violación sistemática
de sus derechos. En efecto, a pesar de que individualmente pueden controvertir
aspectos vinculados con las condiciones de reclusión, ya sea en sede
administrativa[25] o
judicial[26], lo
cierto es que la situación general que se presenta en ese
establecimiento, excluye la posibilidad de adoptar medidas particulares,
dirigidas a cada sujeto en específico.
Por lo demás, si bien en
algunos aspectos cabría la viabilidad de interponer una acción popular, su
procedencia –en este caso– se ve desplazada por la acción de tutela, ya que la
defensa judicial que se reclama, y que se constata en los hechos que le sirven
de fundamento, prioriza el ámbito de protección de los derechos fundamentales,
a partir del amparo que se solicita a la vida digna, a la dignidad humana, a la
salud, entre otros derechos, cuyos titulares son mujeres
privadas de la libertad[27].
Por
último, no puede pasar por alto la Sala que la acción de tutela, en un sistema
carcelario en crisis –como el que se presenta en Colombia– la mayoría de las
veces tiene como trasfondo un peligro grave, real e inminente para la vida y la
dignidad humana.
4.5. Relación de especial
sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Reiteración de
la jurisprudencia
4.5.1. Desde sus inicios, la
Corte ha desarrollado el concepto de la relación de especial sujeción de las
personas privadas de la libertad con el Estado, cuyo propósito es encuadrar la
situación en la que se hallan los primeros respecto del segundo, al tener a su
cargo el deber de asegurar el respeto y garantía de sus derechos fundamentales.
Nótese que la privación de libertad no hace que una persona pierda su calidad
de sujeto activo de derechos, a pesar de que algunos de ellos se encuentran
restringidos o suspendidos debido a la naturaleza misma de la pena, como, por
ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad o la
libre locomoción[28].
Esta relación entre el sujeto
privado de la libertad y el Estado, se manifiesta en el poder disciplinario y
sancionatorio de la autoridad, el cual encuentra sus límites en el
reconocimiento de los derechos del interno y en los deberes que para el Estado
se derivan como consecuencia de tal relación. Cabe recordar que estos deberes
no incluyen únicamente obligaciones de carácter negativo, como
ocurre con la proscripción de proferir tratos inhumanos o degradantes, sino que
también se acompañan de obligaciones de carácter positivo, dirigidas a
garantizar la efectiva realización de los derechos que el interno no tenga
suspendidos ni restringidos[29].
Estos deberes en cabeza del Estado se explican jurídicamente en el mandato
constitucional de respeto a la dignidad humana[30],
el cual se convierte en el objetivo y límite del quehacer estatal[31].
4.5.2. Al señalar que las
personas privadas de la libertad se encuentran bajo la guardia y vigilancia del
Estado, automáticamente se imponen a este último responsabilidades relacionadas
con la seguridad dentro de las cárceles, así como obligaciones relativas a las
condiciones materiales de existencia y de reclusión. Al respecto, la Corte ha
sido enfática en señalar que: “toda pena,
independientemente del delito del cual provenga, debe respetar unas reglas
mínimas relativas al tratamiento de los reclusos, que se encuentran ligadas de
manera esencial a los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad a partir de
los cuales la sanción es ‘la necesidad socio-política de la defensa del orden jurídico y la garantía
de las condiciones mínimas de la existencia social pacífica, pero nunca se
impone, en un Estado de derecho, por encima de las necesidades de protección de
bienes jurídicos, ni por fuera del marco subjetivo de la culpabilidad’[32].”[33]
A
continuación, la Corte se detendrá en el examen de algunas de esas reglas
mínimas de tratamiento que repercuten en la garantía del derecho a la dignidad
humana de las personas privadas de la libertad, y que se relacionan con los
hechos que fueron invocados como sustento de este amparo. Con tal fin, se
analizarán los siguientes temas: (i) el hacinamiento; (ii) el suministro y
acceso al agua; (iii) la garantía del derecho a la salud; (iv) la entrega de
una alimentación adecuada; (v) la posibilidad de mantener comunicación externa;
(vi) la resocialización; (vii) la separación entre sindicados y condenados; y (viii)
la clasificación de los internos por fases de tratamiento.
Hacinamiento
4.5.3. Una de las circunstancias que genera mayor afectación en las
condiciones materiales de existencia de los privados de la libertad y que ha
sido, en no pocas ocasiones, objeto de pronunciamiento por esta Corporación, es
el hacinamiento dentro de los centros de reclusión[34].
Así las cosas, se ha hecho evidente para este Tribunal que la sobrepoblación es
uno de los grandes problemas de las cárceles del país, toda vez que dicho
fenómeno tiene la capacidad de empeorar las demás dificultades que presenta el
Sistema Penitenciario y Carcelario, en tanto impide la realización del
contenido mínimo de las obligaciones que tiene el Estado con las personas sindicadas
o condenadas por un delito. Por ejemplo, en la Sentencia T-388 de 2013[35],
al abordar el tema del hacinamiento carcelario, la Corte impuso la obligación
de cumplir con las reglas de equilibrio y de
equilibro decreciente, con miras a reducir la
ocupación desmedida en las cárceles, las cuales fueron explicadas en los
siguientes términos:
“El INPEC y el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá tomar las medidas adecuadas y
necesarias para que en aquellos casos en los que se esté enfrentando una
situación de hacinamiento grave y evidente, y hasta tanto no se disponga una
medida que asegure una protección igual o superior, se deberá aplicar una regla
de equilibrio decreciente, esto es, que sólo se puede autorizar el
ingreso de personas al centro de reclusión si  (i) el número de personas
que ingresan es igual o menor al número de personas que salgan del
establecimiento de reclusión, durante la semana anterior, por la razón que sea
(por ejemplo, a causa de un traslado o por obtener la libertad), y  (ii)
el número de personas del establecimiento ha ido disminuyendo constantemente,
de acuerdo con las expectativas y las proyecciones esperadas. La regla de equilibrio decreciente deberá
aplicarse hasta tanto cese el hacinamiento y el establecimiento no se encuentre
ocupado más allá de su capacidad total, momento a partir de cual se deberá
aplicar estrictamente la regla de equilibrio –para evitar
regresar al estado de hacinamiento– hasta tanto el establecimiento se encuentre
con un nivel de ocupación inferior a su capacidad total.
Ahora bien, se deberá tomar un
tiempo prudencial para adoptar estas reglas de manera generalizada. El problema
del hacinamiento se origina en una discordancia entre la población carcelaria y
los cupos disponibles en el sistema carcelario. Por tanto, las reglas de equilibrio y
de equilibrio decreciente sólo pueden funcionar [cuando] se
adopten paralelamente medidas, tanto para disminuir la población carcelaria
como para incrementar los cupos disponibles en el sistema. En [este sentido],
la Sala entiende que la implementación de las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente sólo puede hacerse adecuadamente si se acompaña de medidas
adecuadas, necesarias y suficientes. Así, podrá haber lugares en los que su
razonable implementación requiera de un mayor tiempo que en otros, así como de
mayores acciones adicionales. Por tanto, se requiere de un margen de
flexibilidad, propio del ejercicio de las facultades de administración, que
permitan aplicar con distintas gradualidades las reglas en cuestión, fundándose
en criterios objetivos y razonables que sustente dichas determinaciones. Así, se
deberá establecer en que contextos estas reglas deben ser aplicadas de
inmediato, y en que otros se deban realizar conjuntamente planes de
contingencia orientados a suplir, así sea de manera provisional[,] cupos
adicionales.
En otras palabras, la aplicación de las reglas de
equilibrio y equilibrio decreciente deben hacer parte integral de un plan de
acción global que permitan adoptarlas las reglas en cuestión de manera real y
efectiva, sin poner en riesgo otros derechos, valores o principios constitucionales.
A más tardar, en dos meses luego de notificada la sentencia, el Ministerio de
Justicia deberá indicar a esta Sala de Revisión, y comunicar a la opinión
pública en general, cómo serán aplicadas las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, así como indicar cuáles serán las medidas complementarias para
asegurar la correcta implementación de las mismas. En cualquier caso, las
reglas de equilibrio y equilibrio decreciente deberán estar en plena vigencia
en un plazo máximo de dos (2) años después de notificada la presente
sentencia.”
Con todo, cabe advertir que,
como se deriva de lo expuesto, en la referida sentencia se hizo énfasis en que
estas reglas deben ser aplicadas de forma razonable y en procura de no
arriesgar otros bienes constitucionales de igual o mayor valía. Por esta razón,
cabe excepcionar su aplicación ante hipótesis extraordinarias que estén
plenamente demostradas, sean justificadas por la autoridad competente y tengan
un carácter temporal[36].
4.5.4. Posteriormente, en la
Sentencia T-762 de 2015[37],
se fijaron una serie de parámetros que debían seguir el Gobierno Nacional, el
Congreso y la Fiscalía, en procura de solventar el fenómeno de hacinamiento que
se presenta en las cárceles del país, como una de las principales causas del
estado de cosas inconstitucional. Así, por ejemplo, se mencionó la importancia
de brindar un espacio total por recluso dentro de la celda, que varía según las
horas que pueda estar fuera de ella[38].
También se aludió a la necesidad de que las áreas les permitan dormir
acostados, circular sin obstáculos, contar con lugares para situar sus efectos
personales y tener rutas de evacuación para casos de emergencia. Se hizo énfasis
en el suministro de elementos mínimos para dormir, conforme con las condiciones
climáticas del lugar en el que la persona se halla recluida. Entre ellos: una
almohada, una cama (o en su defecto una colchoneta), sábanas y cobijas.
4.5.5. Recientemente, en la
Sentencia T-232 de 2017, la Corte se pronunció concretamente sobre el caso del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, en dos aspectos que
también son objeto de estudio en esta ocasión, por un lado, el hacinamiento y,
por el otro, el suministro de agua. En cuanto al primero de los temas
señalados, la Sala Primera de Revisión determinó que la situación en la que se
encontraban los accionantes (internos del pabellón 4) era la misma que la de
otros pabellones de la cárcel.
Por lo anterior, en aquella
oportunidad se dictaron órdenes dirigidas a mejorar la condición de reclusión
de todos los internos de la cárcel, excepto el patio B de reclusión de mujeres,
pues se evidenció que allí no existía hacinamiento. Por su relevancia para
resolver el caso concreto, se trascribe, en lo pertinente, la parte resolutiva
de la providencia en cita:
“Segundo.- En
consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, a la USPEC, al
Establecimiento Carcelario de Yopal y a la Defensoría del Pueblo – Regional
Casanare que, en el término de los noventa (90) días siguientes a la
notificación de esta providencia, si aún no lo han hecho, inicien de forma
conjunta el diseño de un Plan de Mejoramiento Integral del centro carcelario
accionado, dentro del marco del estado de cosas inconstitucional evidenciado en
la sentencia T-388 de 2013 y reiterado en la sentencia T-762 de 2015, y en
armonía con el plan de mejoramiento del patio dos ordenado en el numeral cuarto
de la parte resolutiva de la sentencia T-143 de 2017, dirigido a realizar el
diagnóstico y las estrategias para superar el problema de: (i) hacinamiento del
penal, haciendo una evaluación, de acuerdo con las condiciones particulares del
centro penitenciario, de la implementación de reglas que permitan disminuir
progresiva y razonablemente el hacinamiento, hasta lograr superarlo y,
posteriormente, no permitir que dicho estado de cosas se presente.
Igualmente, de manera
específica, el plan deberá concentrarse en el problema de (…) procurar que los reclusos en el penal, cuenten con un
espacio individual y general adecuado para que la permanencia en el
establecimiento sea más tolerable, sin perjuicio de observar los parámetros que
llegue a fijar el comité interdisciplinario para la estructuración de las
normas técnicas sobre la privación de la libertad. (…)
Tercero.- ORDENAR, mientras se adopta el Plan de Mejoramiento
Integral, al INPEC y a la USPEC, por intermedio de sus representantes legales o
de quienes hagan sus veces y de acuerdo a sus respectivas competencias, que se
garantice el mínimo de espacio al interior de las celdas en situaciones
esporádicas y transitorias, que permitan a los reclusos contar con un espacio
individual y/o general adecuado para que la permanencia en el establecimiento
sea más tolerable; y, el suministro de un kit que comprenderá, como mínimo
colchoneta, almohada, sábanas y cobija(s) en caso de ser necesarias, para su
descanso nocturno; cada persona que ingrese al penal debe contar con esta misma
garantía.
La Defensoría del Pueblo, a
través de sus regionales, ejercerá funciones de vigilancia sobre el
cumplimiento de esta orden, y verificará que responda a los factores y
necesidades que impone la región y sus condiciones climáticas. (…)”[39].
Como se
deriva de lo expuesto, frente al caso en cita, la Corte encontró que dada la
sobrepoblación que se presenta en el EPC de Yopal, las autoridades demandadas[40]
estaban incumpliendo con las obligaciones mínimas que tienen respecto de los
internos, en particular, en relación con la garantía de espacio para que su
reclusión se dé bajo condiciones dignas.
En
conclusión, en lo referente al hacinamiento, se observa que este Tribunal ha
recurrido a distintas soluciones dentro del estado de cosas inconstitucional
existente, entre las que se encuentran la aplicación de las reglas de equilibrio
y equilibrio decreciente, el señalamiento de indicadores que fijan el metraje
mínimo de las celdas por recluso y la obligación de que los espacios permitan,
entre otras, circular sin obstáculos, conciliar el sueño y dar respuesta a las
emergencias que se presenten. No se trata de soluciones que siempre se deban
imponer de manera uniforme para todos los casos, pues ello dependerá de las
condiciones de reclusión de cada centro penitenciario, por lo que, en algunas
ocasiones, antes de adoptar este tipo de medidas, se acude a la implementación
de planes particulares de mejoramiento que, de forma progresiva,
permitan superar dicha situación, como se observa en la Sentencia T-232 de
2017. Lo anterior, sin perjuicio del deber de suministrar los elementos mínimos
para dormir, cuya regla es de observancia perentoria, inmediata e inaplazable.
Suministro
y acceso al agua
4.5.6. Como lo advirtió este Tribunal en la Sentencia T-639 de 2004[41],
los servicios de acueducto, alcantarillado y energía tienen una incidencia
trascendental en la población carcelaria, pues ellos son indispensables para
que existan buenas condiciones de higiene, que haya suficiente agua para
limpiar y preparar alimentos y que los reclusos puedan dedicar sus jornadas a
actividades productivas que les generen conocimientos y destrezas como parte de
su resocialización. La prestación de estos servicios también resulta necesaria
para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica dentro del recinto[42].
Aun cuando
para la Corte es claro que la prestación de estos servicios no es un asunto que
le compete al INPEC o a la USPEC, ello no excluye su deber de garantía y
resguardo de los derechos de los internos, por lo que deben asumir la
vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones de las entidades prestadoras
del servicio, o incluso, si es del caso, adoptar medidas extraordinarias que
permitan asegurar el acceso al agua o a la energía, a través de condiciones
especiales de manejo.
En la
medida en que el caso concreto se enfoca en el acceso al agua, esta Sala
considera pertinente hacer referencia a algunos precedentes sobre la materia,
que ilustran la forma como esta Corporación ha abordado su examen. Así, en la Sentencia
T-596 de 1992[43],
este Tribunal amparó los derechos a la dignidad humana y a la salud de unos
internos recluidos en la cárcel de Calarcá, quienes presentaron acción de
tutela por las precarias condiciones de salubridad en las que se encontraban
por la falta de provisión de agua, pues no contaban con baterías sanitarias
suficientes y la infraestructura del acueducto era muy vieja, lo cual impedía
que el citado líquido tuviese la presión necesaria para llenar los tanques de
almacenamiento. Como órdenes de protección, la Corte dispuso que, en el término
de dos meses, el Ministerio de Justicia adecuara y reparara los dormitorios y
baños, de acuerdo con las recomendaciones realizadas por la entidad de salud
municipal[44].
Posteriormente,
en la Sentencia T-1134 de 2004, se abordó el estudio de la cárcel de la Dorada,
en la que sólo se contaba con el servicio de agua en ciclos de 10 a 15 minutos,
de tres a cuatro veces en el día, sin que ese tiempo fuese suficiente para
suplir las necesidades de los internos. Este Tribunal concluyó que la situación
en la que se encontraba la cárcel incumplía con los requisitos mínimos para
ofrecer una vida digna a los reclusos, en la medida que se constató que los
intervalos existentes eran insuficientes para suplir la demanda de 1520
internos. En consecuencia, se ordenó al INPEC realizar las gestiones necesarias
para autorizar o requerir a quien corresponda, la materialización de una obra
de acometida adicional de tubería para solucionar las dificultades prestadas[45].
Un caso
similar a los anteriores, se estudió años después, en el que los internos reclamaban
el suministro de agua potable sin interrupciones intempestivas. En esa
oportunidad, en la Sentencia T-175 de 2012[46], este Tribunal
encontró que la distribución del citado líquido no era constante y permanente,
porque la capacidad de almacenamiento del tanque de abastecimiento no era
suficiente para suplir la demanda, lo que repercutía negativamente en las
condiciones de vida de los internos, por cuanto en las noches se suspendía el
servicio, afectando su derecho a contar con las cantidades básicas de consumo en
ese momento del día. Con sujeción a lo anterior, se amparó los derechos a la
salud y al mínimo vital de los reclusos y se ordenó que debían darse soluciones
a través, por ejemplo, de la provisión de agua en algún momento de la noche,
reduciendo el horario de la suspensión, o mediante recipientes que les permitiera
contar con el líquido para su uso y para vaciar los baños[47].
Más
adelante, en la ya mencionada Sentencia T-762 de 2015, la Corte advirtió que el
agua necesaria por recluso es de mínimo 15 litros, de suerte que un
establecimiento carcelario que ofreciera una cantidad menor, ameritaba una
intervención urgente. Por tal razón, en el caso bajo examen, respecto de los
centros de reclusión objeto de examen, se ordenó al INPEC, a la USPEC y al
Ministerio de Justicia, emprender las acciones necesarias para verificar las
necesidades reales de adecuación en infraestructura para el manejo de aguas[48].
4.5.7. En
línea con lo expuesto, como se aclaró en el acápite 4.5.5 de esta providencia, en
la reciente Sentencia T-232 de 2017[49],
al pronunciarse sobre el mismo centro penitenciario objeto de examen, la Corte
no sólo abordó el tema del hacinamiento, sino también el relativo al suministro
de agua. En concreto, se pudo corroborar que el acceso al líquido es insuficiente
frente a la demanda de la cárcel, por lo que se dispusieron distintas medidas para
mitigar tal situación.
De
acuerdo con lo anterior, este Tribunal en aquella ocasión pudo evidenciar que
el sistema de captación de agua en esa cárcel es autónomo y está compuesto por dos
pozos profundos, dos plantas de tratamiento (una de agua potable y otra de
aguas residuales) y los tanques en los que se almacena el líquido. A pesar de
ello, se encontró que los pozos presentaban problemas, encontrándose uno de
ellos fuera de servicio y el otro funcionando en un 32% de su capacidad. Esta
situación a pesar de haber sido puesta en conocimiento de la USPEC por parte
del EPC de Yopal –según se advierte en la referida sentencia– siguió sin
solución, por lo que se acudió al suministro de agua mediante carro tanques.
En esta
sentencia, esta Corporación recordó que el suministro de agua potable en
condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una obligación
estatal de vital importancia[50],
pues el acceso al citado líquido es el presupuesto para el ejercicio y goce de
otros derechos como la salud, la vida, la integridad física y la dignidad
humana. Específicamente, en cuanto a las personas privadas de la libertad, se
advirtió que hay que garantizarles unos niveles mínimos esenciales y para el
efecto se acogieron los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos[51],
contenidos en el Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas
de la libertad en las Américas (2011).
De
acuerdo con dichos criterios o parámetros, la cantidad mínima de agua para consumo
que necesita una persona privada de la libertad es de tres a cinco litros
diarios, el cual puede aumentar dependiendo del clima y la cantidad de
ejercicio que haga; mientras que, para cubrir el resto de necesidades, se
exige un total de 10 a 15 litros, siempre que los sanitarios funcionen
correctamente. Por lo demás, también se estableció que la cantidad de agua que
debe poder almacenar un interno dentro de su celda es de dos litros por día, si
están encerrados por períodos de hasta 16 horas, y de tres a cinco litros por
día, cuando estén más tiempo o cuando las condiciones climáticas así lo exijan.
Para la
Corte, a pesar de las medidas provisionales que fueron adoptadas (el suministro
mediante carro tanques) y las gestiones adelantadas para reparar los pozos, persistía
un problema de abastecimiento continuo en el suministro de agua para los
reclusos, cuyo efecto era el sometimiento a un horario de provisión del
líquido, que no cumplía con los mínimos requeridos para atender las necesidades
básicas de los internos. Por ello, se ordenó lo siguiente:
“Segundo.- En
consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, a la USPEC, al Establecimiento
Carcelario de Yopal y a la Defensoría del Pueblo – Regional Casanare que, en el
término de los noventa (90) días siguientes a la notificación de esta
providencia, si aún no lo han hecho, inicien de forma conjunta el diseño de un
Plan de Mejoramiento Integral del centro carcelario accionado, dentro del marco
del estado de cosas inconstitucional evidenciado en la sentencia T-388 de 2013
y reiterado en la sentencia T-762 de 2015, y en armonía con el plan de
mejoramiento del patio dos ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia T-143 de 2017, dirigido a realizar el diagnóstico y las
estrategias para superar el problema de: (…) suministro continuo y suficiente
del agua, para lo cual deberá evaluar otras alternativas, toda vez que con la
reparación de los pozos no se alcanza a satisfacer los mínimos de agua en los
términos de la jurisprudencia constitucional - mínimo de 15 litros de agua
diarios.
Tercero.- (…) ORDENAR a la USPEC que dentro de los treinta (30) días
siguientes a la notificación de la presente decisión adelante las actuaciones
para realizar las adecuaciones de los tanques. Igualmente, dentro de dicho
término, deberá contratar con operadores idóneos para las plantas de
tratamiento de agua potable y aguas residuales -PTAP y PTAR-. Además, la USPEC
deberá elaborar los estudios previos de las necesidades de infraestructura que
se requieren en la EPC Yopal y disponer que se ejecuten los recursos que se
tenían previstos para efectuar la acometida de agua potable en los pabellones y
áreas administrativas.
Igualmente, ORDENAR a la
USPEC facilitar a los presos utensilios para que puedan almacenar el líquido en
sus celdas, especialmente durante la noche en cantidades no inferiores a 5
litros para el consumo, para vaciar los baños y realizar las demás tareas de
limpieza.
En todo caso, mientras se
ejecutan las obras de reparación, así como de contratación de los operadores de
las plantas de tratamiento, ORDENAR a la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal que continúe con el suministro de agua potable y
de calidad con el fin de que los internos del penal tengan acceso al mínimo de
15 litros diarios. El costo del transporte del líquido deberá ser asumido por
la USPEC.”
Derecho
a la salud
4.5.8. Otra
de las obligaciones que tiene el Estado con miras a garantizar las condiciones
mínimas de existencia de las personas privadas de la libertad, es asegurar el
disfrute de su derecho a la salud. Sobre el particular, la Corte ha considerado
que, como sucede con el agua, el citado derecho es un elemento esencial para preservar
otras garantías fundamentales, como ocurre con la vida, la integridad personal
y la dignidad humana[52],
de ahí que su amparo se convierta en una obligación positiva de las autoridades
penitenciarias frente a las personas condenadas o sindicadas por un delito, en
virtud de la relación de especial sujeción que existe entre ambas.
Sobre el
derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, en la Sentencia
T-825 de 2010[53],
la Corte puntualizó que quienes están cumpliendo una pena de prisión tienen
tres ámbitos de protección. El primero es el deber del Estado de dar atención
integral y oportuna a las necesidades médicas del interno. El segundo es
garantizar su integridad física en la cárcel. Y, el tercero, es preservar las
condiciones de higiene, salubridad y alimentación al interior del
establecimiento[54].
Respecto
del primer ámbito de protección, el actual Código Penitenciario y Carcelario se
ocupa de definir el contenido del derecho de acceso a la salud de las personas
privadas de la libertad, en los siguientes términos:
“Artículo
104. Acceso a la salud.  Las personas privadas de la libertad tendrán acceso a todos los
servicios del sistema general de salud de conformidad con lo establecido en la
ley sin discriminación por su condición jurídica. Se garantizarán la
prevención, diagnóstico temprano y tratamiento adecuado de todas las patologías
físicos o mentales. Cualquier tratamiento médico, quirúrgico o psiquiátrico que
se determine como necesario para el cumplimiento de este fin será aplicado sin
necesidad de resolución judicial que lo ordene. En todo caso el tratamiento
médico o la intervención quirúrgica deberán realizarse garantizando el respeto
a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.
En todos los centros de
reclusión se garantizará la existencia de una Unidad de Atención Primaria y de
Atención Inicial de Urgencias en Salud Penitenciaria y Carcelaria.
Se garantizará el
tratamiento médico a la población en condición de discapacidad que observe el
derecho a la rehabilitación requerida, atendiendo un enfoque diferencial de
acuerdo a la necesidad específica.”
En
armonía con lo expuesto, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
de las Naciones Unidas disponen que:
“22. 1) Todo establecimiento
penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado
que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos
deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del
servicio sanitario de la comunidad o de la Nación. Deberán comprender un
servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el
tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el
traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a
establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando
el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán
provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el
tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación
profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un
dentista calificado.
23. 1)
En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales
para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz
y de las convalecientes. Hasta donde sea posible, se tomarán medidas para que
el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el
establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de
nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su
niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con
personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por
sus madres.
24.
El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su
ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar
la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas
necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir
enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y
mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar
la capacidad física de cada recluso para el trabajo.
25. 1)
El médico estará de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá
visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de
estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2)
El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud
física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación,
o por una modalidad cualquiera de la reclusión. (…)”.
4.5.9. En
el ámbito de la satisfacción del derecho a la salud, en la ya referida Sentencia
T-762 de 2015, se dispuso que la protección que se debe brindar por el Estado
tiene que ser permanente y que la misma debe implicar
la actuación coordinada de la secretaría de salud (municipal o departamental)
del ente territorial con el establecimiento penitenciario.
Aunado a
lo anterior, se establecieron los parámetros que debía cumplir el Ministerio de
Salud, al expedir la regulación técnica sobre la materia, entre los que se
encuentran: la necesidad de exámenes integrales de ingreso sobre el estado de
salud del interno, la prestación de servicios odontológicos por un profesional
calificado, la oferta de servicios ginecológicos en establecimientos donde
estén recluidas mujeres, la revisión diaria por médicos cuando un interno
padezca enfermedades y la confidencialidad de las historias clínicas.
Finalmente,
en cuanto a las instalaciones dispuestas para la atención en salud, se mencionó
que el centro de reclusión debe contar con (i) una sala de espera protegida;
(ii) una sala de tratamiento y entrevista; (iii) espacios de oficina y descanso
para personal médico y (iv) un área de aislamiento.
Derecho a una alimentación adecuada
4.5.10. Este Tribunal ha considerado que uno de los aspectos que
contribuyen a la protección de los derechos a la vida, a la salud y a la
integridad de los reclusos es el suministro de una alimentación adecuada y
suficiente, ya que la falta de víveres en la cantidad, calidad y valor
nutricional pertinente no solo contribuye a que surjan enfermedades, sino que
también debilita su sistema inmunológico, e incluso, en casos de ausencia
total, podría considerarse como una modalidad de tortura o trato cruel, en
contra de lo previsto en el Texto Superior[55]
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos[56].
Por tal razón:
“La jurisprudencia
constitucional ha tutelado el derecho a la alimentación de las personas
privadas de la libertad, en tanto es una violación al derecho al mínimo vital.
Ninguna persona puede vivir sin alimentarse, y no se puede conservar la salud
ni la integridad, si la alimentación no es adecuada y suficiente. Que la comida
sea inadecuada, puede implicar que la persona esté mal nutrida o que, incluso,
llegue a padecer infecciones o indigestiones, si está en mal estado. Que la
comida sea insuficiente implica desnutrición. En cualquiera de estos escenarios
la salud de las personas termina comprometida, no sólo por el deterioro que se
puede causar directamente, sino por la manera como se puede debilitar a la
persona en sus defensas y exponerla a enfermedades. (…)
Ahora bien, cuando la ausencia de la comida es
tan grande que genera hambre, se comete un acto de tortura. Pasar hambre en una
cárcel, en razón a que no se suministra alimentos, es una violación a un ámbito
de protección del derecho a la alimentación que está en estrecha conexión con
la vida, la integridad personal y la salud, que debe ser protegida de forma inmediata.”[57]
La protección que surge del
deber de garantizar una alimentación adecuada y suficiente a favor de
los internos, supone el compromiso del Estado de facilitar las dotaciones
básicas de comida que aseguren su subsistencia en condiciones dignas. Esta obligación
implica que los alimentos deben ser proporcionados con estándares de calidad y
nutrición necesarios para asegurar la vida y la salud de los reclusos, tal como
lo contempla el artículo 68 de la Ley 65 de 1993, en los siguientes términos:
“(…) Los alimentos deben ser de tal calidad y
cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de las personas
privadas de la libertad. La alimentación será suministrada en buenas
condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas
decentemente dispuestas. // En la manipulación de los alimentos se deberá
observar una correcta higiene. Los equipos de personas encargadas del
mantenimiento de las cocinas de los establecimientos penitenciarios deberán
conservarlas limpias y desinfectadas evitando guardar residuos de comida y
dándoles un uso correcto a los utensilios, de conformidad con el manual que
para tal efecto expida la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).”
En términos similares, las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas
disponen que:
“20. 1) Todo recluso recibirá de la administración,
a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada
y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su
salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de
proveerse de agua potable cuando la necesite”[58].
Hoy en día, según se dispone en la ley en cita, la obligación de
materializar las dotaciones básicas de alimentación como manifestación del
derecho al mínimo vital de los internos, se encuentra a cargo, precisamente, de
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la cual está
autorizada para modificar el régimen alimenticio de los reclusos por asuntos
médicos o de salud. Sobre el particular, el artículo 67 de la Ley 65 de 1993
establece que:
“Artículo 67. Provisión de alimentos y elementos.
<Artículo modificado por el artículo 48 de la Ley 1709 de 2014. El nuevo
texto es el siguiente:> La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC) tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas de la
libertad.
Cuando resulte necesario y únicamente por razones de
salud, el médico podrá establecer la modificación del régimen alimentario de
las personas privadas de la libertad o podrá autorizar que estas se provean su
propia alimentación desde el exterior del establecimiento penitenciaria siempre
y cuando se cumpla con las condiciones de seguridad e higiene del mismo. En los
demás casos solo podrá ser autorizado por el Consejo de Disciplina. Se tendrán
en cuenta, en todo caso, las convicciones religiosas de la persona privada de
la libertad.
Bajo ninguna circunstancia las personas privadas de
la libertad podrán contratar la preparación de alimentos al interior de los
centros de reclusión. Está prohibida la suspensión o limitación de la
alimentación como medida disciplinaria.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) tendrán a
su cargo, conforme a sus competencias la dotación de elementos y equipos de
trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario deben
suministrarse en los establecimientos de reclusión.”
4.5.11. Por último, cabe destacar que el tratamiento de los
alimentos debe obedecer a un proceso que garantice su conservación e higiene en
cada una de las fases dispuestas para su manipulación, que va desde la recepción
de la comida hasta su preparación y suministro. Sobre este particular, el
artículo 68 de la Ley 65 de 1993 estipula que la alimentación debe ser suministrada
en condiciones de higiene, asegurando su manejo en ambientes de asepsia y en
cocinas limpias y desinfectadas, evitando guardar residuos y dándole un uso
adecuado a los utensilios de cocina[59].
Para materializar esta norma, en la Sentencia T-762 de 2015 se ordenó que el
Ministerio de Salud tiene que consolidar unos protocolos de tratamiento de
alimentos, que establezcan las reglas que deben seguir los establecimientos
penitenciarios en la materia.
En síntesis, como consecuencia de la relación
de especial sujeción existente entre los internos y el Estado, este último
tiene el deber constitucional y legal de proporcionarle a los reclusos la
alimentación adecuada y suficiente que garantice la protección de sus derechos
a la salud, a la vida y a la integridad, con tal fin podrá incluso autorizar el suministro de una alimentación especial, de
acuerdo con los requerimientos médicos de cada interno. La comida deberá ser siempre
suministrada en condiciones de higiene, para lo cual se exige no solo cocinas
limpias y desinfectadas, sino también un correcto manejo de los equipos y
utensilios de preparación.
Derecho
de las personas privadas de la libertad a comunicarse periódicamente con su
núcleo familiar y social
4.5.12. Uno
de los derechos que no se suspende pero que tampoco mantiene su plena vigencia
como consecuencia de la privación de la libertad, es el derecho de los internos
a comunicarse con su núcleo familiar y social. En efecto, pese a que se prohíbe
la incomunicación total de los reclusos[60],
no deja de ser cierto que tal derecho se encuentra restringido, por cuanto no
podrá ejercerse con la autonomía y libertad que pudiera hacerse fuera de la
cárcel[61].
Así las cosas, por ejemplo, respecto de las comunicaciones telefónicas, el
artículo 111 del Código Penitenciario y Carcelario establece que las personas
privadas de la libertad se comunicarán periódicamente con su núcleo social y
familiar por medio de servicios de telecomunicaciones autorizados por el
establecimiento penitenciario, quien deberá ejercer continuo monitoreo.
Adicionalmente, este mismo artículo establece que el Director de la cárcel es
el encargado de fijar los horarios y modalidades para las comunicaciones, así
como para decretar los casos especiales en que, bajo el principio de igualdad
de condiciones, se pueden autorizar llamadas telefónicas debidamente vigiladas.
En todo caso, se prohíbe el uso de aparatos o medios de comunicación de
naturaleza privada no autorizados por el INPEC, tales como fax, teléfonos fijos
o móviles[62].
La Corte
ha concedido la protección del derecho a la comunicación en varios escenarios,
por ejemplo, cuando existe un mal funcionamiento de los servicios de
telecomunicaciones, aun cuando estos estén contratados con terceros. Tal
situación se presentó, por ejemplo, en la Sentencia T-266 de 2013[63],
en donde ante los problemas alegados de continuidad en el servicio por parte de
los reclusos y al estar su prestación delegada en una empresa contratada para
tal fin, se ordenó a la Cárcel Las Heliconias de Florencia (Caquetá) y al INPEC
ejercer una vigilancia continua sobre el contratista que permitiese asegurar el
correcto funcionamiento de las comunicaciones dentro del establecimiento
carcelario.
Recientemente,
en línea con lo expuesto, se profirió la Sentencia T-276 de 2017[64],
en la que se estudió varias acciones de tutela dirigidas a cuestionar las
comunicaciones al interior de distintas cárceles del país, porque los teléfonos
fijos estaban descompuestos y/o porque el servicio postal tenía un deficiente
funcionamiento.
En dicha
oportunidad, este Tribunal reiteró que “el derecho a la comunicación del
recluso con el mundo exterior, y en particular con sus familiares, está ligado
a la protección constitucional de la integridad de la familia, de la intimidad
familiar y de la inviolabilidad de las comunicaciones”. Por ello, con ocasión
del problema expuesto, la Corte ordenó al INPEC y al Ministerio de las Tecnologías
para la Información y las Telecomunicaciones tomar las medidas adecuadas para “modificar
el sistema actual de telefonía o la tecnología equivalente de comunicación, de
manera en el término máximo de seis meses, se implementen los cambios
requeridos para garantizar que el servicio (i) sea más accesible (que permita,
de ser posible, llamadas entrantes), (ii) ajustado económicamente a las ofertas
del mercado y a la condición económica de los reclusos, (iii) que se garantice
la eficiencia [en su prestación], y (iv) que permita el control adecuado para
evitar su uso en actividades ilícitas”. Adicionalmente, solicitó al
Gobierno Nacional, a través del mencionado Ministerio, que en coordinación con
el INPEC, adopte las medidas necesarias y adecuadas para implementar un modelo
piloto de acceso a otros medios de comunicación, que le permita a las personas
privadas de la libertad comunicarse con sus familiares, tener información sobre
el mundo exterior y acceder a programas de educación virtual.
División
entre internos sindicados y condenados
4.5.13. Otra
de las obligaciones que se imponen al Estado frente a la población privada de
la libertad, es la de asegurar la división entre personas sindicadas y personas
condenadas, pues respecto de las primeras la presunción de inocencia autoriza
otorgar un trato diferente a quienes ya se encuentran cumpliendo una pena que
implica la restricción de su libertad. La separación implica que en principio no
deben compartir los mismos espacios, ni deben ser objeto de las mismas
restricciones a sus derechos[65].
En este
sentido, el Código Penitenciario y Carcelario, el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 les
impone a los entes territoriales la obligación de administrar y sostener
las cárceles para
personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones[66].
Por su parte, el artículo 21 dispone que pueden
existir pabellones de detención preventiva en un establecimiento donde se
encuentran condenados, siempre que dichas áreas se separen de las demás
secciones del complejo[67].
Por lo demás, el artículo 63 del mismo Código, establece que los detenidos
estarán separados de los condenados, de acuerdo con su fase de tratamiento[68].
Sobre la
división entre condenados y sindicados, en la Sentencia T-762 de 2015[69],
la Corte fue enfática en la necesidad de que exista un tratamiento diferenciado
entre unos y otros, de forma que, en caso de que estén en el mismo
establecimiento penitenciario, las personas sindicadas deben estar recluidas en
un lugar asilado de la cárcel. Ello permite efectuar controles de disciplina y
seguridad distintos que propendan por la convivencia de los sindicados, pero
sin que se les trate como condenados, en tanto no han sido declarados culpables
por ningún delito.
Clasificación
de internos por fases de tratamiento
4.5.14. El
ordenamiento jurídico igualmente le impone al Estado la obligación de
clasificar o dividir a los internos por fases de tratamiento. Al respecto, el
artículo 144 del Código Penitenciario y Carcelario establece las siguientes etapas
de carácter progresivo: (i) observación, diagnóstico y clasificación del interno;
(ii) alta seguridad que incluye el período cerrado; (iii) mediana seguridad que
comprende el período semiabierto; (iv) mínima seguridad o período abierto y,
por último (v) ciclo de confianza, que coincidirá con la libertad condicional. En
el mismo artículo se prescribe que en las tres primeras fases los programas de
educación son obligatorios, sin que ello excluya el trabajo, aclarando que la
ejecución de las etapas se hará gradualmente, según las disponibilidades del
personal y de la infraestructura de los centros de reclusión[70]
Sobre
esta división, la Corte ha señalado que su objetivo final consiste en disminuir
progresivamente la rigidez en la limitación de los derechos del condenado,
especialmente, en lo que refiere a la libertad de locomoción dentro del centro
de reclusión. Por ejemplo, se resalta que en el período de mínima seguridad se permite
que los internos ingresen a programas laborales internos y semi-externos, así
como a ciertos privilegios, tal como ocurre con un mayor número de visitas de
familiares por mes, y permisos de salida de la cárcel.
Resocialización del interno a
través del trabajo, la educación y la enseñanza
4.5.15. Por último, existe un
deber relacionado con la finalidad del tratamiento penitenciario, que consiste
en procurar la resocialización del condenado, para lo cual se impone al Estado
la obligación promover la participación de los internos en diversas prácticas,
como la formación espiritual, la cultura, el deporte, la recreación, el trabajo
y el estudio. Estas dos últimas actividades, además de cumplir con el propósito
en mención, permiten redimir tiempo de la pena.
Sobre el
particular, desde sus inicios, la Corte ha señalado que: “El trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable –junto
con el estudio y la enseñanza– para alcanzar el fin resocializador de la pena,
y hace parte integrante del núcleo esencial del derecho a la libertad, pues
tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de su
rebaja o redención. Por la especial relación del trabajo con el núcleo esencial
del derecho a la libertad de los presos, la administración penitenciaria tiene
a su cargo el deber de procurarles, en la medida de las posibilidades, una
actividad laboral como fórmula de superación humana y medio para conservar la
libertad”[71].
Sobre el
trabajo penitenciario, la ley da unas pautas generales entre las que se
incluyen la necesidad de que se cuente con actividades que se ajusten a las
aptitudes y capacidades de los internos, así como la importancia de que los
programas estén dirigidos a que la persona cuente con herramientas suficientes
para poder aprovechar las oportunidades laborales después de salir de prisión[72].
También se establece que no están obligadas a trabajar las personas mayores de
60 años, quienes padezcan enfermedades incapacitantes, ni las mujeres durante
los tres meses antes del embarazo y el siguiente después del parto[73].
Finalmente, como precepto general, se establece el derecho que tienen los detenidos
y condenados de redimir la pena a través del trabajo[74].
Sobre la
importancia del trabajo penitenciario y las cargas que respecto de su
satisfacción se asumen por el Estado, en la Sentencia T-1303 de 2005[75]
se dijo que:
“En virtud del papel
relevante que cumple el trabajo penitenciario en orden al logro de los fines de
la pena, en particular la resocialización, y la materialización del derecho a
la libertad, el sistema penitenciario radica en las autoridades penitenciarias
unos deberes de acción y otros de omisión respecto de este derecho. En cuanto a
lo primero, las mencionadas autoridades están obligadas a crear espacios que
garanticen, promuevan y hagan posible el acceso a fuentes de trabajo de manera
que se materialice el carácter imperativo del trabajo penitenciario (art.79 de
la Ley 95 de 1993). En cuanto a lo segundo, se trata de un derecho frente al
cual las autoridades penitenciarias se deben abstener de realizar actos
vulneratorios. La protección que el propio régimen penitenciario prodiga a este
derecho de los reclusos, inhibe a las autoridades penitenciarias para aplicar a
su arbitrio y de manera discrecional mecanismos como la cancelación de órdenes
de trabajo como respuesta retaliativa a comportamientos de los reclusos que
consideren impropios. (…)”.
Por su
parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones
Unidas disponen sobre el derecho al trabajo de las personas privadas de la
libertad que:
“71. 1) El trabajo penitenciario no deberá
tener carácter aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la
obligación de trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la
determine el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo,
suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de trabajo.
4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por su naturaleza
a mantener o aumentar la capacidad del recluso para ganar honradamente su vida
después de su liberación. 5) Se dará formación profesional en algún oficio útil
a los reclusos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente a los
jóvenes. 6) Dentro de los límites compatibles con una selección profesional
racional y con las exigencias de la administración y la disciplina
penitenciarias, los reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen
realizar.
72. 1) La organización y los métodos de trabajo
penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican a un
trabajo similar fuera del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos
para las condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de
los reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados al
deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.
(…)
74. 1) En los establecimientos penitenciarios
se tomarán las mismas precauciones prescritas para proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a
los reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en
condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores libres.
75. 1) La ley o un reglamento administrativo
fijará el número máximo de horas de trabajo para los reclusos por día y por
semana, teniendo en cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con
respecto al empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán
dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y
otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del recluso.
76. 1) El trabajo de los reclusos deberá ser
remunerado de una manera equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos
que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración para adquirir objetos
destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El
reglamento deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de
la remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso al
ser puesto en libertad.”
4.5.16.
Como medidas que hacen parte del tratamiento penitenciario, según se dijo con
anterioridad, también se incluye a la educación y la enseñanza. Sobre el
particular, la referida Ley 65 de 1993 dispone que la educación es base
fundamental de la resocialización, por lo que en las penitenciarías y centros
de reclusión de distrito judicial debe haber sedes educativas para el
desarrollo de programas de educación permanente, que pueden ir desde la
alfabetización hasta la instrucción de educación superior. De igual manera, se
señala que en los demás establecimientos se organizarán actividades de educación
y de instrucción, según las capacidades de la planta física y de personal[76].
En armonía con lo expuesto anteriormente, los artículos 97 y 98 de dicha ley disponen
la posibilidad de redimir pena por estudio y por enseñanza[77].
Este
Tribunal ha advertido que cuando el Estado asume la función de dirigir y
regular el cumplimiento de las penas, adquiere el deber de implementar en las
cárceles y penitenciarias, programas de educación que preparen a los reclusos para
contribuir de forma productiva a la sociedad al recuperar su libertad[78].
En línea con lo expuesto, las ya referidas Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los reclusos establecen la adopción de medidas para mejorar la instrucción
de los internos, fijando que los programas son obligatorios para los analfabetos
y los jóvenes[79].
4.5.17. Por otro
lado, la Sala observa que en el numeral vigésimo segundo de la parte resolutiva
de la Sentencia T-762 de 2015 (punto 13)[80], como una
orden de carácter general y dirigida a mejorar las condiciones de reclusión en todas
las cárceles del país, se obliga al INPEC –en coordinación con la USPEC, el
Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento
Nacional de Planeación y el Consejo Superior de Política Criminal– a elaborar un plan
integral de programas y actividades de resocialización, tendiente a
garantizar el fin primordial de la pena en todos los establecimientos
penitenciarios y carcelarios del país[81].
Dicho plan, según lo dispuesto en la providencia en cita, deberá tener en
cuenta los parámetros específicos señalados en esa sentencia, contar con fases
y plazos de implementación y ejecución, sin superar el término de dos
años.
4.5.18. Con
fundamento en las anteriores consideraciones, le corresponde a esta Sala
establecer si, dentro del marco del estado de cosas inconstitucional, las
condiciones en las que se encuentran recluidas las accionantes en el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal, desconocen los parámetros
legales y jurisprudenciales sobre las obligaciones del Estado respecto de las
personas privadas de la libertad.
4.6. Caso
concreto
4.6.1. Antes
de abordar el problema jurídico propuesto en esta providencia, la Sala debe advertir
dos circunstancias que variaron la situación fáctica que originó la
presentación de la acción de tutela y que, en consecuencia, tienen impacto en el
estudio del caso concreto. Como se evidenció en los hechos que acompañaron la
presentación de la demanda, la génesis de la problemática que estaban viviendo
las accionantes en el EPC de Yopal era el hacinamiento al que se encontraban
sometidas, pues en un espacio de reclusión para un total de 32 mujeres, estaban
ubicadas aproximadamente 70, lo cual, lógicamente, traía dificultades en cuanto
a la cantidad de baños, de teléfonos, así como en lo referente al cumplimiento del
deber de división entre condenadas y sindicadas.
Sin
embargo, según se informó en el trámite de amparo y se constató con la
inspección judicial llevada a cabo, se habilitó un espacio adicional para la
reclusión de mujeres, aliviando algunas de las problemáticas planteadas por las
accionantes. Lo anterior, demuestra el esfuerzo administrativo y presupuestal
de las entidades accionadas, para mejorar las condiciones de reclusión de las
accionantes, aspecto que es valorado por esta Sala. En este sentido, esta es la
primera circunstancia que debe ser tenida en cuenta, ya que si bien no se está
en presencia de un hecho superado, en la medida en que persisten con menor o
mayor intensidad algunos de los hechos alegados, si se varió las condiciones de
vida de las reclusas dentro del penal.
La otra
circunstancia a valorar fue la inspección judicial realizada por la Corte para
constatar las condiciones de reclusión de las accionantes, pues a través de
dicha diligencia se conocieron situaciones concretas que afectan los derechos
de las reclusas y que aunque no fueron puestas en conocimiento dentro de la
acción de tutela, si se derivan de los antecedentes generales que se plantearon
en el escrito tutelar. A juicio de esta Sala de Revisión, cabe pronunciarse
sobre tales hechos, en el entendido de que (i) la postura de esta Corte ha sido
pacífica en cuanto a que los fallos en materia de tutela pueden ser extra y
ultra petita, lo que permite que el juez conceda un amparo, incluso, a
partir de situaciones o derechos no alegados, pero que constan en el expediente
y que fueron conocidos por las partes, debido a la informalidad que caracteriza
a la acción[82].
Además (ii) se trata de situaciones que se derivan de las condiciones de vida
descritas por las accionantes desde un primer momento, que fueron objeto de
constatación por todos los asistentes a la inspección y que pudieron ser
controvertidas, tanto en ese momento como a lo largo del proceso[83].
Con base
en lo anterior, la Sala pasará a analizar las circunstancias que fueron puestas
de presente por las accionantes, así como aquellas que se conocieron en la
inspección judicial, para determinar si ellas atentan contra los derechos de
las mujeres privadas de la libertad que se encuentran recluidas en el EPC de
Yopal.
Hacinamiento
4.6.2.
En cuanto al nivel de hacinamiento al que se hallaban sometidas las reclusas
dentro del EPC de Yopal, por comunicación enviada a la Corte, se conoció que se
pondría en funcionamiento la unidad de tratamiento especial (UTE), como un
nuevo patio para la reclusión de mujeres (ahora patio B), con el propósito de
disminuir los niveles de ocupación que estaban afectando sus derechos, al
existir un solo espacio destinado para el efecto (patio A). Esta situación fue
corroborada en la inspección judicial que se realizó el 21 de junio del
presente año con la visita a los patios A y B.
Según la
información que se aportó en ese momento, el patio A tiene una
capacidad para 32 internas y se encontraban recluidas 40, todas condenadas por
varios delitos. También se informó que ese patio tiene ocho celdas con cuatro
planchones y un colchón que se ubica en el pasillo, de manera que se situaban a
cinco internas por celda[84].
Por su parte, en el patio B hay 28 celdas individuales que son ocupadas
por 14 sindicadas y nueve condenadas[85].
FOTO 1. Celda Patio A[86]
FOTO 2. Celda Patio A
En
consecuencia, se advierte que la situación original de hacinamiento que suscitó
la presentación de esta acción de tutela ha venido siendo objeto de medidas
administrativas dirigidas a disminuir los niveles de ocupación que existen, con
la habilitación de nuevos espacios de reclusión. De esta manera, se pasó de un
nivel de sobrecupo superior al 94%, a uno, para el momento de la inspección
judicial, del 25% en el patio A y a ninguno en el patio B.
Dicho lo
anterior, la Sala resalta la actuación de las autoridades demandadas dirigida a
superar el estado de cosas inconstitucional en materia de hacinamiento,
respecto de los patios destinados para la reclusión de mujeres en el EPC de
Yopal. Nótese, además, que mientras se surtía el trámite de revisión del
expediente de la referencia, la Corte profirió la Sentencia T-232 de 2017, en
la que, como se expuso con anterioridad, profirió órdenes generales dirigidas a
mejorar las condiciones de privación de la libertad en la cárcel (exceptuando
el Patio B de mujeres, en el que no hay sobreocupación).
En
efecto, en la providencia en cita se ordenó la realización de un Plan de
Mejoramiento Integral del EPC, dentro del marco de cosas inconstitucional que
se evidenció en la Sentencia T-388 de 2013 y que fue reiterado en la Sentencia
T-762 de 2015, cuyo objeto implica efectuar el diagnóstico y señalar las
estrategias para superar el problema de hacinamiento dentro de la cárcel, a
través de la implementación de medidas que permitan disminuir, de forma progresiva,
dicho flagelo hasta su superación y, posteriormente, impedir que el mismo
resurja. Dentro de la elaboración de dicho plan, en concreto, se debe procurar
que los internos cuenten con un espacio individual y general adecuado para que
su permanencia en el establecimiento sea tolerable, sin perjuicio de los
parámetros que fije el Comité Interdisciplinario para la estructuración de las
normas técnicas sobre la privación de la libertad, según lo ordenado en la
Sentencia T-762 de 2015.
Para
esta Sala, dicha orden responde de manera integral al problema de hacinamiento
que se evidencia en el Patio A de reclusión de mujeres, ya que, a través de la
elaboración del Plan de Mejoramiento Integral se pretende que cada interno
cuente con un espacio individual, general y adecuado, para su reclusión,
pretensión que fue la que originó la presente acción de tutela. Bajo este entendido, la Corte considera que no cabe adoptar
ninguna determinación distinta de aquella que ya fue dispuesta por la Sala
Primera de Revisión en la Sentencia T-232 de 2017[87],
por cuanto la medida allí estipulada es adecuadas y suficientes para la
protección de los derechos de las mujeres recluidas en el EPC de Yopal. Así las cosas, las accionantes y la Defensoría del Pueblo (Regional
Casanare) tendrán a su alcance los instrumentos judiciales idóneos para hacer
cumplir el Plan de Mejoramiento Integral de la Cárcel que se expida como consecuencia
de la citada sentencia, las cuales se concretan en la solicitud de cumplimiento
y en el incidente de desacato que proceden en el trámite del amparo
constitucional, según lo previsto en los artículos 27[88]
y 52[89]
del Decreto 2591 de 1991. Tal situación será advertida y comunicada a las
partes, en la parte resolutiva de esta providencia.
4.6.4.
Por lo demás, cabe señalar que durante la inspección judicial se conoció que en
el proceso la habilitación del Patio B para las mujeres, que antes era la
Unidad Especial de Tratamiento, se omitió atender el deber de adecuación de los
nuevos espacios a las necesidades requeridas. En concreto, se observó que
algunas de las celdas del patio no tienen barrotes sino puertas prácticamente
cerradas, que cuentan con una abertura demasiado pequeña, lo que dificulta la
ventilación[90],
sobre todo en un municipio cuya temperatura aproximada es de 22 a 33 grados
centígrados[91].
Según se informó por parte de los funcionarios que trabajan en la cárcel, se
está intentando el cambio de todas las puertas por barrotes, pero que dicha
modificación no ha sido efectuada por la USPEC[92].
FOTO 3. Puertas Patio B.
FOTO 4. Puertas Patio B.
Visto lo anterior, se tiene que
la falta de puertas con barrotes en todas las celdas se presentó con ocasión de
las actuaciones de las accionadas para disminuir el hacinamiento y ampliar el
número de cupos para la reclusión de mujeres. Adicionalmente, se conoció que existe
la disposición a realizar su cambio, a través de una suma que ya está dentro
del presupuesto de la USPEC, como lo informó el Director del EPC de Yopal en la
inspección judicial, por lo que es posible que este problema haya sido superado
durante el trámite de revisión.
Sin embargo, en la medida en
que, de persistir, esa circunstancia afectaría el derecho a la vida en condiciones
dignas, en especial de las mujeres sindicadas, quienes podrían estar teniendo
una restricción de ventilación y una condición de encierro incluso mayor al de
las internas condenadas, se ordenará a la USPEC para que, dentro de las
posibilidades presupuestales y contractuales vigentes al momento de
notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, priorice la
instalación de puertas con barrotes en el Patio B de mujeres. Para el efecto, la
citada autoridad deberá elaborar un cronograma con las circunstancias de tiempo y modo en las cuales se
procederá en dicho sentido, el cual se informará al juez de primera instancia
en un plazo máximo de seis (6) meses contado desde la comunicación de esta
sentencia. El cronograma que se asuma supondrá, como mínimo, un plazo de un (1)
año para proceder a su cumplimiento.
Suministro
y acceso al agua
4.6.5.
Si bien en la acción que ahora es objeto de estudio por esta Sala, no se
propuso el acceso al agua como un problema que suscitará una afectación a las
condiciones de reclusión, sino que únicamente se planteó el estado y número de
los baños (situación que se superó con la división de las internas en los dos
patios), lo cierto es que en la inspección fue posible corroborar la difícil
situación en cuanto al suministro del citado líquido vital, tanto para consumo
humano, como para la realización de las actividades diarias en que se requiera
(aseo personal, aseo de celdas y de baños).
4.6.6.
Como se puso de presente en las consideraciones generales de esta providencia,
en la Sentencia T-232 de 2017[93],
la Sala Primera de Revisión dictó órdenes dirigidas a mejorar el suministro y
acceso al agua en esta cárcel. En efecto, en el análisis de los hechos de la
referida sentencia fue evidente el problema generalizado en torno a la
posibilidad de disponer del citado líquido, en especial, del necesario para que
los internos puedan ducharse, lavar prendas y desocupar baños.
Por lo
anterior, a continuación se recordarán brevemente dichas órdenes, para luego
definir si ellas son suficientes y adecuadas para solucionar la situación
planteada por las accionantes en este caso. En primer lugar, en la providencia
en cita se dispuso el diseño de un Plan de Mejoramiento Integral que incluye la
realización del diagnóstico y estrategia para superar el problema del acceso
continuo y suficiente del agua, para lo cual se deberán evaluar alternativas
distintas a la reparación de los pozos con los que ya cuenta el
establecimiento, ya que con ellos no se alcanza a satisfacer el mínimo de 15 litros
de agua diaria por interno.
FOTO 5. Imagen de los pozos de agua.
En
segundo lugar, se ordenó a la USPEC llevar a cabo las actuaciones necesarias
para realizar las adecuaciones de los tanques, así como contratar el manejo de
las plantas de tratamiento de agua potable y aguas residuales, a través de
operadores idóneos. Además, se dispuso elaborar estudios previos de las
necesidades de infraestructura que requiere la cárcel, así como disponer los
recursos para efectuar la acometida de agua potable en los pabellones y áreas
administrativas.
FOTO 6. Llenado a través de manguera
de los pozos de agua.
En
tercer lugar, se ordenó a la USPEC entregar a los internos utensilios para que
almacenen agua en sus celdas, especialmente durante la noche, en cantidades no
inferiores a 5 litros para el consumo, para vaciar los baños y realizar las
demás labores de limpieza.
FOTO 7. El almacenamiento se realiza
por medio de canecas de agua.
En
último lugar, se dispuso que, mientras se ejecutan las obras de reparación y la
contratación de los operadores de las plantas de tratamiento, la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal debe continuar con el suministro de
agua potable y de calidad, para que los internos del penal tengan acceso al
mínimo de 15 litros diarios. Se advirtió que el costo del transporte del
líquido, debe ser asumido por la USPEC. En la siguiente imagen se observa que
dicha labor se realiza a través de carro tanques que se encargan de llenar los
pozos de agua.
FOTO 8. Suministro de agua a través
de carro tanques.
En vista
de lo anterior, como en el citado fallo se adoptó una respuesta integral frente
a los problemas de suministro del agua, así como frente a su acceso para las
actividades diarias que requieran los internos (aseo personal, aseo de celdas y
de baños), con órdenes de corto, mediano y largo plazo, este Tribunal considera
que no cabe adoptar ninguna determinación distinta de aquellas que ya fueron
dispuestas por la Sala Primera de Revisión en la Sentencia T-232 de 2017, por
cuanto se estima que las medidas allí estipuladas son adecuadas y suficientes
para la protección de los derechos de las mujeres recluidas en el EPC de Yopal.
Igualmente,
deberá informarse a las accionantes, así como a la Defensoría del Pueblo (Regional
Casanare), que cuentan con la posibilidad de iniciar el trámite de cumplimiento
y el incidente de desacato, respecto de las medidas de protección adoptadas en
la citada Sentencia T-232 de 2017, en los mismos términos descritos en el
numeral 4.6.2. de esta providencia.
Acceso
a los servicios de salud
4.6.7.
En cuanto a los servicios de salud, las accionantes alegaron que no se ha
implementado un sistema eficiente de atención. En concreto, se indicó que el
área de sanidad carece de medicamentos y no tiene contratados servicios con la
red externa del municipio. Sobre este punto, en escrito de mayo de 2016, el
Director del EPC de Yopal informó que quien presta ese servicio es la USPEC, a
través del Fondo Nacional de Salud para la PPL y la Fiduprevisora, estando a su
cargo el manejo de los recursos y de los deberes de carácter presupuestal. En
todo caso, el Director mencionó que para esa fecha el área de sanidad contaba
con un médico, un odontólogo, una enfermera jefe y personal de auxiliares de
enfermería, aunque se presentaba un problema en el suministro de los
medicamentos.
Ahora
bien, en sede de revisión, en escrito de febrero de 2017, el mencionado
Director reiteró la composición del área de sanidad y agregó que en la cárcel
existe atención de urgencias vitales y, en caso de ser necesario, se remite a
la interna al Hospital de Yopal. De igual manera, mencionó que hay una reclusa
encargada de derechos humanos que apoya la elaboración de las listas de cita
médica por patio y que hay una auxiliar de enfermería que efectúa el triage.
Por último, precisó que semanalmente hay brigadas de salud y que la atención
para los patios de mujeres está programada para los lunes.
En la inspección judicial[94],
además de comprobar la información brindada en las anteriores contestaciones,
se conoció que al momento de ingreso a la cárcel se hace un examen y se abre la
historia clínica del interno. Además, el centro de reclusión consta de un
consultorio médico, uno odontológico y una sala de procedimientos básicos con
la respectiva sala de espera. También se observó un área especial de
aislamiento, en la que al momento de la diligencia había siete internos hombres
con tuberculosis. En cuanto a los servicios específicos para las mujeres, se
conoció que hay un programa de planificación familiar, que se toman citologías,
que hay una mujer embarazada, que no hay niños y que hay una interna con
trastorno mental.
FOTO 9. Consultorio médico.
Igualmente
se evidenció un cambio en relación con lo manifestado en la acción de tutela y
en la contestación inicial del establecimiento, por cuanto se apreció que el
área de medicamentos se halla bien dotada y con medicinas que están debidamente
rotuladas para efecto del manejo de fechas de vencimiento. De manera adicional,
se informó por parte del personal de esa área que, cuando se requiere de un
medicamento especial, por ejemplo, uno de dermatología, la cárcel envía la
fórmula a la Fiduprevisora, para que ésta se encargue de la entrega. Al margen
de ello, se conoció que en el caso de pacientes hipertensos y con VIH, ellos
mismos son los encargados del manejo de sus dosis y tomas. Sin embargo, se
manifestó que en meses anteriores se presentó un desabastecimiento de
medicamentos para internos hipertensos, así como para pacientes mentales, la
cual fue superada.
FOTO 10. Área de medicamentos.
FOTO 11. Almacenamiento de
medicamentos.
Por
último, se conoció que existe un área de terapia física, equipada con
caminadoras, bicicletas y otros elementos, aun cuando no hay fisioterapeutas
que guíen las terapias y ejercicios.
FOTO 12. Área de terapia física.
FOTO 13. Área de terapia física.
4.6.8.
Expuesto lo anterior, resulta evidente que existen mejoras en lo que se refiere
al servicio de sanidad, en tanto se constató la existencia de espacios dotados,
así como de profesionales y auxiliares capacitados para la atención en salud.
Además, se informó que se cuenta con el apoyo de redes cercanas de hospitales
para cuando los internos requieren tratamientos especiales, o cuando la
complejidad de su estado de salud lo requiere.
Por lo
anterior, la Sala no advierte que se esté desconociendo el derecho a la salud
de las reclusas, ya que se pudo comprobar que el área de sanidad se halla en
correcto funcionamiento, y que se cuenta con los parámetros básicos de atención
fijados por la jurisprudencia[95].
En efecto, se constató que existe un consultorio médico, uno de odontología,
una sala de procedimientos, una sala de espera y un área de aislamiento, con
los profesionales médicos y auxiliares necesarios para atenderlos. Existen
medicamentos suficientes y en buen estado de conservación. Se cuenta con
parámetros de atención objetivos y de fácil acceso, con un espacio para
almacenar las historias clínicas de cada recluso. Y, por último, se puede
contar con servicios especiales de salud y con medidas de prevención para
enfermedades femeninas.
4.6.9. A
pesar de que en la inspección se conoció de dos casos puntuales de
insuficiencia o falta de suministro de medicamentos: uno en relación con los
pacientes hipertensos y otro respecto de los que tienen trastornos mentales, no
se observó que dichos inconvenientes subsistan, así como tampoco que estén
vinculados a una afectación o amenaza específica de los derechos a la vida o a
la salud de alguna interna a quien se le hubiera prescrito algún medicamento y
que su entrega no hubiese sido posible. Esta última apreciación es también
aplicable a la ausencia de un fisioterapeuta en el área donde están los insumos
para realizar terapias, pues tampoco se evidenció una afectación concreta a la
salud de las internas, por no contar con el personal adecuado para dirigir dicha
actividad.
Derecho
a una alimentación adecuada
4.6.9.
Como se dijo en las consideraciones generales de esta providencia, los internos
tienen derecho a recibir una alimentación adecuada y suficiente y a que su
preparación, manipulación y expendio sean higiénicos. En el escrito de tutela,
las accionantes manifestaron que el servicio de repartición y expendio de
alimentos era improvisado y que no contaba con las medidas sanitarias
necesarias.
Sin
embargo, para la Sala, dicha afirmación no tiene sustento fáctico por dos
razones. La primera, porque en la inspección realizada a la cárcel, se constató
que en el área de alimentos se manejan buenas prácticas de manufactura,
limpieza y desinfección[96].
Precisamente, se observó la utilización adecuada de implementos para evitar la
contaminación de la comida y se advirtió que se cuenta con fiscalizadores que
ayudan a verificar sus condiciones de salida a los patios, en términos de
higiene, cantidad y calidad. Por lo demás, si bien se tuvo problemas con
roedores, tal circunstancia se superó con fumigaciones, y con una medida
adicional de control, consistente en la instalación de mallas que impiden su
acceso. En cuanto al menú que reciben las internas, se expuso que el desayuno
consta de una bebida caliente, fruta, pan y proteína. Luego, en el almuerzo, se
entrega una sopa, arroz, proteína, tubérculo, ensalada, jugo, fruta o postre.
En la tarde se ofrece una bebida adicional y en la cena se sirve arroz, carne,
ensalada, tubérculo y sopa. Adicionalmente, se indica que existe una
alimentación especial con dietas que hace la nutricionista.
FOTO 14. Área de cocina.
A lo
anterior cabe agregar, como segunda razón que desestima que la alimentación
esté causando una afectación en los derechos de las accionantes, que en la
propia inspección judicial, las internas reconocieron que la comida es buena y
que no se presenta ningún problema con ella[97].
FOTO 15. Frigoríficos para la conservación
de alimentos.
FOTO 16. Espacio de conservación y
almacenamiento de granos.
De esta
manera, para la Sala no existe afectación de los derechos de las accionantes
como consecuencia de la alimentación suministrada dentro del establecimiento,
tanto en el rancho como en el expendio, por lo que tan sólo se instará al EPC
de Yopal y a la USPEC, para que continúe cumpliendo con los parámetros
establecidos en los considerandos 4.5.10 y 4.5.11 de este fallo, en cuanto a la
cantidad, calidad, manipulación, preparación y distribución de los alimentos.
Derecho
de las internas a comunicarse periódicamente con su núcleo familiar y social
4.6.10.
Las accionantes alegaron que en el pabellón donde se encontraban recluidas al
momento de presentación de la acción de tutela, no había suficientes teléfonos
para comunicarse con sus familias, pues las 70 internas que estaban en ese
patio debían usar dos teléfonos para tal fin, lo que dificultaba o
imposibilitaba la comunicación con el exterior de la mayoría de las mujeres
privadas de la libertad. Dicha situación también cambió con ocasión de la
habilitación del nuevo patio, ya que en el Patio A, hay un teléfono para hacer
llamadas al exterior, otro para comunicarse con el Patio B y un beneficio
adicional de un teléfono para recibir llamadas de sus familiares durante todo
el tiempo que permanecen fuera de sus celdas[98].
En el Patio B hay dos teléfonos para realizar llamadas al exterior, uno para
comunicarse con el otro patio y dos adicionales para recibir llamadas de sus
familiares, en las mismas condiciones que el Patio A[99].
Esto demuestra un esfuerzo por parte de la cárcel para garantizar, en la medida
de sus recursos, que las internas mantengan el contacto con sus seres queridos
y puedan estar informadas acerca de los acontecimientos que suceden en el
exterior.
FOTO 17. Teléfonos.
Dicho lo
anterior y a pesar de que en la inspección judicial se informó por las
internas, en presencia de los funcionarios del INPEC, que algunos teléfonos
están averiados en el Patio A[100],
se estima que aquellos que están en funcionamiento, esto es, tres en el Patio A
y cinco en el Patio B, permiten la comunicación periódica de las accionantes
con sus familiares, por lo que no se evidencia que de dicha circunstancia se
derive alguna afectación a los derechos fundamentales de las internas.
En todo
caso, comoquiera que no todos los teléfonos de las áreas de reclusión de
mujeres están en funcionamiento, se instará a la USPEC para que realice las
reparaciones a los equipos que así lo requieran, según la priorización que
tenga en el desarrollo de sus gestiones administrativas.
División
entre sindicadas y condenadas
4.6.11.
Como se explicó en las consideraciones generales de esta providencia, toda
persona que no está condenada por sentencia judicial, y que se encuentra
privada de su libertad, está cobijada por la presunción de inocencia, arista
del debido proceso que también irradia en las condiciones materiales en las que
se encuentra dentro de una cárcel, pues no puede estar recluida en el mismo sitio
con aquellas personas que están cumpliendo una pena privativa de la libertad.
Así, el
ordenamiento jurídico dispone que las personas sindicadas deben estar separadas
de las condenadas. Como se verificó en la inspección judicial, con la
habilitación del nuevo patio para reclusión de mujeres, el EPC de Yopal intentó
efectuar dicha separación, logrando así que en el nuevo espacio, se encuentren
la mayoría de las mujeres sindicadas, exceptuando algunas condenadas que se
hallan en fase semi-abierta o abierta, como, por ejemplo, aquellas internas
encargadas del aseo y de la greca.
Visto lo
anterior, este Tribunal estima que la situación actual de división entre
condenadas y sindicadas, aunque no es la ideal, hace parte de la transición que
debe surtirse como consecuencia de las adecuaciones realizadas en el EPC de Yopal
para superar el hacinamiento. Principalmente, la Corte hace referencia a la
creación de un nuevo patio para mujeres, y a las situaciones que de dicha
modificación se derivan, como por ejemplo que el número de sindicadas sea
inferior al cupo total del espacio destinado a ellas o que el número de mujeres
condenadas sea superior al cupo del patio donde se encuentran recluidas.
Ante
estas situaciones, el EPC de Yopal ha adoptado soluciones intermedias, como
aquella dirigida a que, en el espacio destinado a la reclusión de mujeres
sindicadas, se incluyan algunas internas condenadas que ya estén en fase
semi-abierta o abierta, lo cual responde a una lógica de menor restricción en
las condiciones de reclusión de quienes se encuentran en dichas fases.
En todo
caso, y a pesar de que resulta evidente que el EPC de Yopal, dentro de sus
posibilidades, ha afrontado adecuadamente la transición en los cambios de
espacios, lo cierto es que la reclusión conjunta de mujeres condenadas y
sindicadas, desconoce los mandatos nacionales e internacionales que ordenan la
separación de estas categorías, lo cual afecta la presunción de inocencia, como
arista del debido proceso, de las mujeres que aún se encuentran a la espera de
juicio. Por ello, se instará al INPEC- Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal y a la USPEC para
que, en caso de que aún persista la ausencia de división entre condenadas y
sindicadas, elaboren un cronograma con las circunstancias de tiempo y modo en
el cual se realizarán las acciones tendientes a la efectiva división de
internas, para lo cual tendrán que actuar en coordinación con el ente
territorial correspondiente. De dicho cronograma se informará al juez de
primera instancia en un plazo máximo de seis (6) meses contado desde la
notificación de esta providencia. El cronograma que se asuma supondrá, como
mínimo, un plazo de un (1) año para proceder a su cumplimiento.
División
de internas por fase de tratamiento: trabajo, estudio y enseñanza
4.6.12.
En este punto de la sentencia, se abordará de forma conjunta el examen sobre el
carácter progresivo de las fases de tratamiento, junto con el amparo de los
derechos al trabajo, a la educación y a la enseñanza, ya que se trata de
garantías que van de la mano y a las cuales pueden acudir las reclusas para
redimir la pena y lograr su resocialización.
En la
demanda de tutela, las internas alegan que no se está cumpliendo con las etapas
de tratamiento que se establecen en la ley, según la cual, debe haber una fase
de observación, diagnóstico y clasificación del interno; otra de alta seguridad
que comprende el período cerrado; una de mediana seguridad que incluye un
período semi-abierto; otra de mínima seguridad o de ciclo abierto;  y, por
último, la fase de confianza, que opera cuando la persona alcanza la libertad
condicional.
Tanto en
el escrito que allegó el director del establecimiento en sede de revisión, como
en la inspección judicial, se conoció lo siguiente:
- La
primera fase inicia con el programa de inducción al tratamiento, que tiene como
objetivo “preparar a la interna para el desarrollo de conductas que le
faciliten una rápida y adecuada adaptación a la dinámica institucional del Plan
de Acción y Sistema de Oportunidades”[101], el
cual “orienta a la interna sobre la importancia del tratamiento, los medios
para acceder a éste, las fases que lo conforman y los compromisos personales
que deben asumirse (…)”[102].
En esta fase, el programa cuenta con diez cupos para las mujeres, pero
actualmente sólo hay seis inscritas, a pesar de que es apto para la redención
de la pena, de acuerdo con la evaluación del desempeño.
- En la
segunda etapa del proceso de tratamiento se clasifica a las internas en la fase
de alta seguridad, la cual se caracteriza por contar con mayores restricciones,
que inciden en la libertad de locomoción al interior de la cárcel. Esta fase se
orienta a la reflexión y fortalecimiento de capacidades y destrezas en cada
reclusa, cuyo objeto es prepararlas para el desempeño en espacios
semi-abiertos.
Para las
mujeres, en esta etapa hay programas de educación formal, en donde existen diez
cupos y ocho alumnas inscritas, en caso de que la demanda exceda el número de
cupos, se gestionan más. Durante la inspección judicial una de las accionantes
informó que únicamente hay cursos en primaria, pero que ella, como
representante de derechos humanos, ha tramitado algunos espacios para cursar
bachillerato, siendo factible que se consigan[103].
Además, se constató que el EPC de Yopal cuenta con un área educativa, en la que
hay un tablero y computadores que funcionan, al cual las internas van a clase
de 8:00 a 10:00 a.m., para los cursos de primero a tercero de primaria. Aunado
a lo anterior, se conoció que hay un interno (hombre) estudiando en la UNAD y
que hay cupos para más internos, los costos se distribuyen en un 50% a cargo
del INPEC y el restante 50% lo asume el estudiante[104].
Por otro
lado, también se conoció que hay cursos cortos en convenios
interinstitucionales con el SENA y la Gobernación del Casanare. Entre las
opciones que ofrecen están manicure y pedicure, curso básico de peinados, curso
de lencería, curso de decoración de cerámicas, curso de marroquinería y de
accesorios. Se espera incluir un curso de panadería y otro de tecnología.
FOTO 18. Área educativa
Adicionalmente,
al visitar la zona de talleres, se verificó que es un espacio iluminado, en la
que hay tres máquinas de coser descompuestas y una funcionando[105].
El Director del EPC de Yopal sostiene que las maquinas se deterioran, porque
las internas se llevan algunas piezas. También se conoció de parte de una de
las reclusas que en enero de 2017 tuvieron un curso de lencería y cojines, y
que, para muchas de las labores del taller, se necesita una fileteadora a la
que le hace falta un tornillo.
FOTO 19. Zona de talleres
Sobre
estas actividades, una de las internas informó que la materia prima la venden
en los expendios y que la mayoría de veces ellas no cuentan con los recursos
para comprarlas, por lo que piden que las autoridades carcelarias les permitan
que sus familiares ingresen los materiales, por ejemplo, las telas[106].
Por otro
lado, en uno de los informes que se allegaron como pruebas dentro de la
inspección judicial, se puso de presente que las internas tienen acceso a diversos
eventos culturales, deportivos, recreativos, espirituales y literarios, los
cuales se llevan a cabo en la cancha deportiva o en el área de visitas.
FOTO 20. Cancha deportiva
La fase
de alta seguridad finaliza cuando se evidencia la capacidad de la interna para
moverse con medidas menos restrictivas y cuando se cumple con el tratamiento
sugerido.
- Luego
continúan las fases de mediana y mínima seguridad, en las que se puede acceder
a programas educativos y laborales en un espacio semi-abierto o abierto,
respectivamente. Las actividades que se pueden realizar son, entre otras, las
de repartidora de alimentos, expendio, recuperadora ambiental, peluquería y
encargada de la greca. Adicionalmente, se informa que hay otras actividades
adicionales a las de redención de pena y que son de asistencia voluntaria, en
las cuales se brindan estrategias para el desarrollo humano y personal de las
internas, como, por ejemplo, programas para la prevención del consumo de
estupefacientes, programas de prevención del suicidio, etc. Se agrega que a
nivel individual hay atención en psicología.
- Por
último, en la inspección judicial se hizo entrega de varios documentos que
maneja el área de atención y tratamiento del EPC de Yopal. En ellos se da
cuenta que sólo en casos excepcionales hay reclusas que no están redimiendo su
pena, una por cuanto su ingreso al establecimiento fue reciente y otras, que no
supera el número de ocho, porque la Junta de Trabajo ha decidido suspenderlas,
por su rendimiento deficiente o por inasistencia[107].
4.6.13.
En este caso es posible evidenciar que efectivamente las fases de diagnóstico y
de alta seguridad brindan el tratamiento necesario para que las internas
reconozcan sus habilidades y capacidades –fase de diagnóstico–, y que las
utilicen y potencialicen –fase de alta seguridad–, a través de programas de
capacitación que les permitan realizar actividades productivas, así como de
educación.
Sin
embargo, es un reclamo generalizado de las accionantes, tanto en el escrito de
tutela como en la inspección judicial, que en las fases de mediana y mínima
seguridad se podrían incluir la realización de otras actividades adicionales a
las que ya se tienen, que permitan a las internas prepararse para la vida en
sociedad cuando obtengan su libertad. Aunado a lo anterior, se observa que más
allá de que los trabajos que pueden tener son desarrollados en distintas partes
de la cárcel –fiscalizadora de alimentos, recuperadora ambiental–, no hay
suficientes alternativas que les permitan trabajar en espacios semi-abiertos[108].
Ahora
bien, la Sala encuentra que dichas carencias en relación con las actividades de
resocialización y de redención de penas, fueron objeto de estudio en la
Sentencia T-762 de 2015[109],
la cual, como se dijo, dispuso como orden general la elaboración de un plan
integral de programas y actividades de resocialización, aplicable a todas
las cárceles del país.
Por
ello, en el marco de cumplimiento de la citada sentencia, se ordenará al INPEC- Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Yopal y a la USPEC que, en caso de que las órdenes puntuales
adoptadas frente a la resocialización en el referido plan no se hayan ejecutado
en el EPC de Yopal, elaboren un cronograma con las
circunstancias de tiempo y modo en el cual dichas órdenes serán implementadas,
de lo cual se informará al juez de primera instancia en un plazo máximo de seis
(6) meses. El cronograma que se asuma supondrá, como mínimo, un plazo de dos
(2) años para proceder a su cumplimiento.
4.6.14. Sin
perjuicio del citado plan, a través de la inspección judicial, la Sala conoció
de situaciones concretas que afectan la realización de actividades con las que
ya cuenta el EPC de Yopal, particularmente en la zona de talleres. Por lo que
se instará a dicho establecimiento y a la USPEC, para que evalúen la viabilidad
presupuestal de realizar las reparaciones necesarias en las máquinas, así como
los respectivos mantenimientos, con el objeto de que este espacio funcione de
manera adecuada. Así mismo, se instará al EPC de Yopal para que evalúe –teniendo
en cuenta las medidas de seguridad pertinentes– la posibilidad de que los
familiares de las internas puedan llevarles a la cárcel las materias primas que
requieren para realizar sus labores en los talleres, de manera que la ausencia
de recursos económicos para adquirirlos en los expendios, no se convierta en
una barrera que les impida ejercer actividades productivas, así como descontar
tiempo de sus penas.
4.6.15.
Después de haber constatado la situación actual respecto de cada uno de los
aspectos cuestionados por las accionantes, así como de aquellos hechos que se
conocieron durante el trámite de revisión, en particular en la inspección
judicial, la Sala considera que las autoridades accionadas han llevado a cabo
actuaciones dirigidas a superar las condiciones de reclusión que, en los
términos expuestos en esta providencia, llevaron a la declaratoria del estado
de cosas inconstitucional en Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, en las
que, además, se profirieron ordenes generales destinadas a su superación.
Adicionalmente, la Sala encontró que concomitantemente con la revisión del
expediente de la referencia, este Tribunal conoció otra tutela presentada por
algunas situaciones coincidentes a las planteadas por las aquí accionantes,
respecto del EPC de Yopal, lo que dio lugar a ordenar un Plan de Mejoramiento
Integral de la Cárcel, en la Sentencia T-232 de 2017.
Por las
anteriores razones, se confirmará parcialmente la sentencia proferida el 16 de
junio de 2016 por la Sala Única del Tribunal Superior de Yopal que negó el
amparo, pues se evidencia que la situación actual de la cárcel se enmarca
dentro del estado de cosas inconstitucional existente en todas las cárceles del
país y que las medidas para su superación están contenidas en las referidas providencias,
cuyo cumplimiento deberá ser verificado, como se estableció a lo largo de esta
sentencia, mediante ordenes dirigidas a que dentro del marco de sus funciones
legales, las autoridades involucradas den cumplimiento a las medidas dispuestas
por la Corte Constitucional, en lo que hace referencia a los asuntos propuestos
por las accionantes en la tutela de la referencia.
Sin embargo,
se amparará el derecho a la vida en condiciones dignas, el cual se desconoce
con la ausencia de puertas con barrotes en el espacio destinado para la
reclusión de mujeres sindicadas, así como su derecho al debido proceso, el cual
se vulnera por las autoridades carcelarias, cuando no se atiende al mandato de
separación de internas entre condenadas y sindicadas.
4.6.15. Por último,
se remitirá copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo y a la
Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del Sistema
Penitenciario y Carcelario creada por el artículo 170 del Código Penitenciario
y Carcelario[110],
para que verifiquen los avances que se efectúen en las condiciones de reclusión
de las internas, de acuerdo con las órdenes dictadas en esta providencia.
V.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
CONFIRMAR PARCIALMENTE, la sentencia
proferida el 23 de junio de 2016 por la Sala Única de Decisión del Tribunal
Superior de Yopal, por las razones expuestas en esta providencia y AMPARAR
el derecho a la vida en condiciones dignas y al debido proceso de las
accionantes.
SEGUNDO.-
ADVERTIR a las accionantes y a la Defensoría
del Pueblo (Regional Casanare), que cuentan con la posibilidad de hacer cumplir
lo dispuesto en la Sentencia T-232 de 2017, en relación con el Plan de
Mejoramiento Integral del EPC de Yopal, tanto en lo que refiere a las medidas
dirigidas a superar el hacinamiento, como en lo que corresponde al acceso
continuo y suficiente al agua. Concretamente, cuentan con el trámite de cumplimiento
y el incidente de desacato ante el juez de primera instancia de la sentencia en
cita, esto es, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
del Circuito de Yopal.
TERCERO.- ORDENAR a la USPEC para que, dentro de las posibilidades
presupuestales y contractuales vigentes al momento de notificación de esta
providencia, si aún no lo ha hecho, priorice la instalación de puertas con
barrotes en el Patio B de mujeres. Para el efecto, la citada autoridad deberá
elaborar un cronograma con
las circunstancias de tiempo y modo en las cuales se procederá en dicho
sentido, el cual se informará al juez de primera instancia en un plazo máximo
de seis (6) meses contado desde la notificación de esta providencia. El
cronograma que se asuma supondrá, como mínimo, un plazo de un (1) año para
proceder a su cumplimiento.
CUARTO.-
ORDENAR al INPEC-
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal y a la USPEC que, en caso
de que aún persista la ausencia de división entre condenadas y sindicadas, elaboren
un cronograma con las circunstancias de tiempo y modo en el cual serán
realizadas las acciones tendientes a la efectiva división de internas, para lo
cual tendrán que actuar en coordinación con la entidad territorial
correspondiente. De dicho cronograma se informará al juez de primera instancia
en un plazo máximo de seis (6) meses contado desde la notificación de esta
providencia. El cronograma que se asuma supondrá, como mínimo, un plazo de un
(1) año para proceder a su cumplimiento.
QUINTO.- ORDENAR al INPEC- Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Yopal y a la USPEC que, en caso de que las órdenes puntuales adoptadas
frente a la resocialización en el plan integral de programas y actividades
de resocialización, cuya elaboración fue ordenada en la Sentencia T-762 de
2015, no se hayan ejecutado en el EPC de Yopal, realicen un cronograma con las
circunstancias de tiempo y modo en el cual dichas órdenes serán implementadas,
de lo cual se informará al juez de primera instancia en un plazo máximo de seis
(6) meses. El cronograma que se asuma supondrá, como mínimo, un plazo de dos
(2) años para proceder a su cumplimiento.
SEXTO.- INSTAR al INPEC- Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Yopal y a la USPEC, para que evalúen la posibilidad de implementar
medidas como las mencionadas en el numeral 4.6.13., para facilitar las
actividades de redención de penas que actualmente se desarrollan en la cárcel.
SÉPTIMO.-
Por Secretaría General, REMITIR copia de
la presente providencia a la Defensoría del Pueblo (Regional Casanare) y a la Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión del
Sistema Penitenciario y Carcelario creada por el artículo 170 del Código
Penitenciario y Carcelario, para que verifiquen los avances que se efectúen en
las condiciones de reclusión de las internas, de
acuerdo con las órdenes dictadas en esta providencia.
OCTAVO.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO
OCAMPO
Magistrado
ROCIO LOAIZA MILIAN
Secretaria General (e)
[1] María Margarita Socha, Luz
Yaneth Suárez, Mirely Burgos, Leidy Gómez, Bellamir Giraldo, Dayana Martínez,
Rosa María Bedoya, Laura Jiménez, Ana Liliana Gutiérrez, Ana Yolima Téllez, Luz
Daris Palacios, María Eriu, Sandra Delgado, Yeimmy Andrea Zamora, Lina María
Saganome, Ibeth Yamile Martínez, Diana Tarache, Yenny Salcedo, María Tumay,
Yelcy Hernández, Lady Liliana Torres, Blanca Nubia Londoño, Mercedes Abril
Arenas, María Soledad Hoyos, Mónica María Granados, Emperatriz Gómez, Luz Mery
Acosta, Margarita Ulloque, Flor María Pinzón, Sandra Milena Ospina, Mariela
Landinez, Angelin Bulla, Lucinda Niño, Marilin Rubio, Luz Amalia Cañón, Liliana
Arcila, Luz Dary Teatin, Estefani Andrea Hernández, Nelly Johanna Narváez,
María Churión, Ana Elizabeth Carrasquilla, Esperanza Pascuas, María Elena
Rodríguez, Yineth Farfán, Luisa Fernanda Muñoz, Luz García, Luisa Fernanda
Montenegro, Yuly Stefany Villamizar, Lizeth Yurany Salcedo, Ana Milena Barreto,
Leidi Mariana Castro, Luz Lozada, Yinna Viviana Salas, Catalina Lozano, Gloria
Salamanca, María Angélica Aponte, Johana Figueroa, Eliana Magallys Avendaño,
Neity Gamez y Luz Amanda (sin apellido).
[2] Según informó la USPEC, el
Consorcio actualmente se denomina Fondo de Atención en Salud PPL 2017 y
está integrad por los mismos miembros.
[3] Esta vinculación se ordenó
por el juez de primera instancia, en el auto admisorio de la acción de tutela
el 2 de mayo de 2016.
[4] Según la información sobre
los cupos iniciales, el INPEC manifiesta que son 32 y no 36 como lo señalan las
accionantes.
[5] El día 29 de abril de
2016.
[6] Cabe aclarar que el
cálculo realizado por las accionantes se basa en que los cupos iniciales para
ese patio son 36 y no 32 como lo menciona el INPEC, así las cosas, el
porcentaje de sobreocupación, no es de 94% como ellas lo manifiestan, sino que
se acercaba, para ese momento, al 118%.
[7] “Artículo 12. Modificase
el artículo 21 de la Ley 65 de 1993, el cual quedará
así: Artículo 21. Cárceles y pabellones de detención preventiva. Las
cárceles y pabellones de detención preventiva son establecimientos con un
régimen de reclusión cerrado. Estos establecimientos están dirigidos
exclusivamente a la atención de personas en detención preventiva en los
términos del artículo 17 de la Ley 65 de 1993, los cuales están a cargo de
las entidades territoriales. // Podrán existir pabellones para detención
preventiva en un estableci­miento penitenciario para condenados, cuando así lo
ameriten razones de seguridad, siempre y cuando estos se encuentren separados
adecua­damente de las demás secciones de dicho complejo y de las personas
condenadas. // Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y
el Consejo Superior de la Judicatura podrán realizar las gestiones perti­nentes
para la construcción con junta de ciudadelas judiciales con un centro de
detención preventiva anexos a sus instalaciones, así como articular todo lo
necesario para la construcción y el mantenimiento de estos complejos
judiciales.”
[8] Al respecto, la Ley 1709
de 2014 dispone que: “Artículo 42. Modifícase el
artículo 51de la Ley 65 de 1993, el cual quedará así: Artículo 51. Juez
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. (…) El Juez de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, además de las funciones contempladas en el
Código de Procedimiento Penal, tendrá las siguientes: // 1. Verificar
las condiciones del lugar o del establecimiento de reclusión donde deba
ubicarse la persona condenada, repatriada o trasladada. (…)”.
[9] El juez de instancia
vinculó al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL – 2015, el cual guardó
silencio.
[10] “Artículo 144.
Fases del tratamiento. El sistema del tratamiento progresivo está integrado
por las siguientes fases: 1. Observación, diagnóstico y clasificación del
interno. 2. Alta seguridad que comprende el período cerrado. 3. Mediana
seguridad que comprende el período semiabierto. 4. Mínima seguridad o período
abierto. 5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional. // Los
programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras
fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección
educativa del INPEC suministrará las pautas para estos programas, teniendo en
cuenta que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización
del interno. // Parágrafo. La ejecución del sistema progresivo
se hará gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la
infraestructura de los centros de reclusión.” (Énfasis por fuera del
texto original).
[11] El Juzgado de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Yopal rindió un informe que será referenciado
en el acápite de pruebas.
[12] “Artículo 170.
Comisión de Seguimiento a las Condiciones de Re­clusión del Sistema
Penitenciario y Carcelario. Créase la Comisión de Seguimiento a las
Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario. Esta comisión
tendrá como funciones y facultades las siguientes: // 1. Evaluar y estudiar la
normatividad existente en materia peniten­ciaria y carcelaria. // 2. Realizar
visitas a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país. // 3. Ser
el órgano asesor del Consejo Superior de Política Criminal y de las autoridades
penitenciarias en materia de política penitenciaria y carcelaria. // 4.
Elaborar informes periódicos sobre el estado de las condiciones de reclusión
del sistema penitenciario y carcelario y de los establecimientos
penitenciarios, con especial atención a la garantía de los derechos fun­damentales
de la población reclusa. Estos informes se harán anualmente y se presentarán al
Gobierno Nacional. // 5. Monitorizar de manera continua y permanente el estado
de haci­namiento del sistema penitenciario y carcelario y de cada uno de los
establecimientos penitenciarios que lo conforman. Con este fin, el Inpec
entregará informes diarios sobre el número de personas detenidas en los
establecimientos penitenciarios, el grado de hacinamiento en cada uno de ellos
y el grado de hacinamiento del sistema en su conjunto. // 6. Verificar que las
unidades de prestación de servicios de salud existentes dentro de los
establecimientos penitenciarios y carcelarios cuenten con la infraestructura e
insumos necesarios para tal fin. // 7. Revisar las condiciones de
infraestructura que garanticen la pro­visión de servicios de calidad tales como
agua potable, luz y demás que fomenten un ambiente saludable. // Parágrafo. El
Ministerio de Justicia y del Derecho será el encargado de convocar
periódicamente a las reuniones del Comité, coordinarlas, llevar la Secretaría
Técnica y poner a su disposición los recursos míni­mos necesarios para su
adecuado funcionamiento. // Las decisiones de la Comisión se adoptarán por
mayoría simple de sus miembros. La Comisión deberá reunirse al menos una vez
cada dos meses.” “Artículo 170A. Miembros de la Comisión de Seguimiento al
Sistema Penitenciario y Carcelario. La Comisión de Seguimiento al
Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano estará integrada por: // 1. El
Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien la preside. //
2. Un delegado del Ministerio de Salud y Protección Social. // 3. Un delegado
del Ministerio Educación Nacional. // 4. Dos expertos o miembros de
organizaciones no gubernamentales. // 5. Dos académicos con experiencia
reconocida en prisiones o en la defensa de los Derechos Humanos de la población
reclusa. // 6. Dos ex Magistrados de las Altas Cortes. // 7. Un juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad delegado por el Presidente de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado. // 8. Un
delegado de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. // 9.
Uno de los delegados del Presidente de la República en el Consejo Directivo del
Inpec. // Parágrafo. La Comisión de Seguimiento al Sistema
Penitenciario y Carcelario Colombiano tendrá la facultad de invitar expertos en
dife­rentes materias, tales como sicólogos, sociólogos, antropólogos y demás
personas que se estime puedan ser de utilidad para realizar un análisis
interdisciplinario de los asuntos de su objeto. // La Secretaría Técnica será
ejercida por la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y del
Derecho.”
[13] “Por el cual se suprime
la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM, EICE, se ordena su
liquidación y se dictan otras disposiciones”.
[14] “Artículo 228. La Administración de Justicia es función
pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con
las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo.”
[15] El acta es suscrita por la representante de los internos,
Dayana Martínez, accionante en la tutela.
[16] Según la Resolución No. 5596
de 2015 del Ministerio de Salud: “ARTÍCULO 3. Definición de Triage.
El triage en los servicios de urgencia es un Sistema de Selección y
Clasificación de pacientes, basado en sus necesidades terapéuticas y los
recursos disponibles que consiste en una valoración clínica breve que determina
la prioridad en que un paciente será atendido. El ‘Triage’, como proceso
dinámico que es, cambia tan rápidamente como lo puede hacer el estado clínico
del paciente.”
[17] En folios 5 al 11 del
cuaderno principal, se observan las firmas y huellas dactilares de todas las
accionantes, por lo que se presume que se encontraban recluidas en el EPC de
Yopal al momento de interponer la solicitud de amparo.
[18] El artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 consagra las hipótesis de procedencia de la acción de tutela
contra particulares.
[19] Este Consorcio lo integran la
Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.
[20] La USPEC, además de ser la
Fideicomitente, actúa como integrante y Secretaria Técnica del Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Salud (parágrafo 3º del artículo 66 de la Ley
1709 de 2014).
[21] Al respecto, cabe señalar
que la procedibilidad de la acción de tutela también exige que su interposición
se haga dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el
que se generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que
el amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial
de aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.
[22] Véase, al respecto, las
Sentencias T-502 de 2011, T-844 de 2011 y T-663 de 2012.
[23] El artículo 86 del Texto
Superior dispone que: “(…) Esta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. (…)” La
jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando se
presenta una situación de amenaza de vulneración de un derecho fundamental
susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible. Para
determinar la configuración de un perjuicio irremediable, en criterio de este
Tribunal, deben concurrir los siguientes elementos: (i) el perjuicio ha de ser
inminente, es decir, que está por suceder; (ii) las medidas que se requieren
para conjurarlo han de ser urgentes; (iii) el perjuicio debe ser grave, esto
es, susceptible de generar un daño transcendente en el haber jurídico de una
persona; y (iv) exige una respuesta impostergable para asegurar la debida
protección de los derechos comprometidos. Véanse, entre otras, las Sentencias
C-225 de 1993 y T-808 de 2010.
[24] Esta hipótesis de
procedencia se deriva de lo previsto en el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991, conforme al cual: “La acción de tutela no procederá: 1)
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”. Subrayado
por fuera del texto original. Sobre esta regla constitucional, se pueden
consultar, entre otras, las Sentencias T-287 de 1995, T-384 de 1998, T-554 de
1998, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-156 de 2000, T-418 de 2000, T-815 de
2000, SU-1052 de 2000, T-482 de 2001, T-1062 de 2001, T-135 de 2002, T-500 de
2002, T-179 de 2003, T-1007 de 2012, T-885 de
2013,         T-823 de 2014, T-568 de
2015 y T-740 de 2015. En cuanto al concepto de eficacia, la Corte ha
señalado que el mismo consiste en que el mecanismo judicial este “diseñado
de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia
T-113 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[25] Sobre el particular, se
puede acudir al ejercicio del derecho de petición en los términos regulados en
el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.
[26] Así, por ejemplo, el artículo
51 de la Ley 65 de 1993, modificada por la Ley 1709 de 2014, autoriza a los
jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad para “(…) hacer
seguimiento a las actividades dirigidas a la integración social del interno.
Para ello deberá conceptuar periódicamente sobre el desarrollo de los programas
de trabajo, estudio y enseñanza”; a la par de lo anterior, como
atribución de la misma autoridad, se dispone “conocer de las peticiones
que los internos o apoderados formulen en relación con el reglamento interno y
tratamiento penitenciario en cuanto se refiera a los derechos y beneficios que
afecten la ejecución de la pena”.
[27] Al respecto, en la
Sentencia T-306 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, esta Corporación
advirtió que si bien en las Sentencias SU-1116 de 2001, T-219 de 2004, T-135 de
2008 y T-661 de 2012, se reconoció que “la acción popular es el medio
idóneo y eficaz para solicitar la protección de los derechos colectivos; cuando
de los hechos se deriva la posible vulneración de derechos fundamentales, como
es el caso particular, donde, además, se está debatiendo una posible afectación
de sujetos de especial protección constitucional, es pertinente que el juez de
tutela adelante un estudio de fondo sobre el caso y adopte una decisión
tendiente a garantizar la protección de los derechos fundamentales afectados.”
[28] Sentencia T-596 de 1992,
M.P. Ciro Angarita Barón.
[29] Sentencia T-143 de 2017,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[30] De hecho, el artículo 5
del Código Penitenciario y Carcelario dispone que: “En los establecimientos de
reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías
constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se
prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral. // Las restricciones
impuestas a las personas privadas de la libertad estarán limitadas a un
estricto criterio de necesidad y deben ser propor­cionales a los objetivos
legítimos para los que se han impuesto. // La carencia de recursos no podrá
justificar que las condiciones de reclusión vulneren los derechos fundamentales
de las personas privadas de la libertad.”. En
este mismo sentido, el parágrafo 2 del artículo 16 del Código en cita prescribe
que: “Todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las
condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un
tratamiento penitenciario digno”.
[31] Sentencia C-336 de 2008,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[32] CARRASQUILLA, Juan
Fernández, Derecho Penal Fundamental, Temis, Bogotá, 1989, p. 88. Esta postura
ha sido asumida por la Corte Constitucional en virtud de lo dispuesto por el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (1966) señala en el artículo 10.3 que: “El
régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será
la reforma y la readaptación social de los penados”. Por su parte, la
Convención Americana de Derechos Humanos (1969) dispone textualmente en el
artículo 5.6 que: “Las penas privativas de la libertad tendrán como
finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.
En este mismo sentido, la Observación General No. 21 al artículo 10 del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos emitida por el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas señala que: “Ningún sistema penitenciario debe estar
orientado a solamente el castigo; esencialmente, debe tratar de lograr la
reforma y la readaptación social del preso”.
[33] Sentencia T-143 de 2017,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[34] Desde la Sentencia T-153
de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se abordó el problema de hacinamiento en
las cárceles del país, el cual, junto con otros factores que influían en las
condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad, dio origen a
la primera declaratoria del estado de cosas inconstitucional en las cárceles.
Posteriormente, en el año 2013 y 2015 se declaró nuevamente dicho estado, en
las Sentencias          T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa y la
T-762 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[35] En esta
providencia, la Corte abordó el estudio de nueve casos en los cuales se
evidenciaba la trasgresión de los derechos fundamentales de la población
reclusa en seis establecimientos del país, los cuales correspondían a los
Centros Penitenciarios y Carcelarios de Cúcuta, la Modelo de Bogotá, Bellavista
de Medellín, la Tramacúa de Valledupar, San Isidro de Popayán y
Barrancabermeja. En dicha ocasión, entre los bienes ius fundamentales
vulnerados se hallaban la dignidad humana, la vida en condiciones dignas, la
integridad personal, la salud y la reintegración social de las personas
privadas de la libertad, entre otras circunstancias, por las condiciones de
hacinamiento, salubridad, higiene, déficit de infraestructura, insuficiencia de
personal para la atención de los servicios básicos de salud, falta de
oportunidades para la redención de la pena y precarias condiciones de los
sistemas sanitarios, que los obligaba a vivir en un entorno indigno e inhumano.
[36] Sobre el particular, en la
citada Sentencia T-388 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa, se expuso
que: “La Sala debe advertir que las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente deben ser aplicadas de forma razonable y sin poner en riesgo
otros bienes constitucionales en igual o mayor medida. Como se dijo
previamente, el cierre completo de ciertas cárceles, precisamente por la
situación de crisis generalizada, puede generar un impacto inusitado en el
sistema penitenciario y carcelario, al no poderse enviar a ciertos centros de
reclusión a nadie más. Esta situación puede ser dramática y crítica en ciertos
contextos y regiones del país. Por tanto, las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente, como cualquier otra regla jurídica, tienen excepciones que deben
ser consideradas y aplicadas, siempre y cuando estén (i) plenamente
demostradas, (ii) sean debidamente justificadas y (iii) sean sólo
temporales. Es decir, la Administración tiene la carga de probar que existe un
contexto fáctico en el que se justifica exceptuar la aplicación de la regla, debe
dar los argumentos que así lo justifiquen y, a la vez, indicar que medidas
adecuadas y necesarias se están adoptando para superar la excepcionalidad y
volver a aplicar las reglas de equilibrio y equilibrio
decreciente.”
[37] En esta oportunidad, la Corte se pronunció sobre 18 expedientes acumulados que abarcaban la situación
de 16 centros de reclusión del país. De manera general, en todos ellos se
discutía la violación de los derechos de la población privada de la libertad
con ocasión de las condiciones en que sobrevivían. Lo anterior, por la
situación de hacinamiento, insuficiencias en la infraestructura y en las
condiciones sanitarias, falta de servicios asistenciales de salud, dificultades
de acceso a posibilidades de resocialización de la pena, carencia de lugares
para desarrollar la visita íntima e incumplimiento en el deber de separar a las
personas privadas de la libertad entre sindicadas y condenadas.
[38] En la sentencia se planteó
la siguiente relación: Tiempo de actividad externa a la celda y metraje
mínimo de alojamiento:
Tiempo fuera de celda
(Horas)
Metraje
(m2)
Celda Individual
Celda Colectiva
10
5,4
3,4
6
6,4
4,4
3
7,4
5,4
[39] M.P. María Victoria Calle
Correa
[40] Establecimiento
Penitenciario de Mediana seguridad de Yopal, Dirección General del INPEC,
Ministerio de Justicia y del Derecho, USPEC y Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal.
[41] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[42] Sentencia T-235 de 1994,
M.P. Antonio Barrera Carbonell
[43] M.P. Ciro Angarita Barón.
[44] Puntualmente, en el
numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia en cita se dispuso que: “CUARTO: ORDENAR
al Ministerio de Justicia (Dirección General de Prisiones) que en el término
improrrogable de dos meses adecúe y repare los dormitorios, baños, rejillas
y  disposición de basuras, de acuerdo con las recomendaciones establecidas
en el informe presentado por el Instituto Seccional de Salud del Quindío, luego
de visita realizada a la penitenciaria de "Peñas Blancas" el día 6 de
julio de 1992.”
[45] Expresamente, se dispuso
que: “Segundo:
ORDÉNASE al
INPEC, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la
notificación de esta providencia, inicie la realización de las gestiones
necesarias para solicitar, autorizar o requerir a quien corresponda, la
materialización de la obra de acometida adicional en tubería, para solucionar
así el problema del suministro de agua presentado en la penitenciaria. Término
que no podrá exceder de un (1) mes.”
[46] M.P. María Victoria Calle
Correa.
[47] “Séptimo.- ORDENAR al Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario –INPEC– Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario EPMSC de Cúcuta, que en el término de un (1) mes contado a partir de
la notificación de esta providencia, tome las medidas adecuadas, de acuerdo a los
parámetros establecidos por esta Sala de revisión en líneas precedentes, para
garantizar: (i) Primero, que en el horario de 8:00 pm a 4:45 am los reclusos de
la torre 1 ala “B” de la institución tengan acceso a cantidades suficientes de
agua potable para consumo, y a cantidades suficientes de agua para vaciar los
sanitarios de sus celdas; // (ii) Segundo, la suficiente limpieza e higiene de
los mismos por lo menos en cuatro momentos del día: al comienzo de la mañana,
en la mitad de la mañana, antes del almuerzo y después del almuerzo; // (iii)
Tercero, cantidades suficientes de agua durante el día, así sea en baldes, para
vaciar los sanitarios y obviamente realizar las demás tareas de limpieza; //
(iv) Cuarto, establecer quiénes y cuántos reclusos participarán de esta labor,
pero en todo caso el trabajo que resulte de la adopción de esta medida se
tendrá en cuenta como trabajo para rebaja de pena; y,  // (v) Finalmente,
evitar que el agua de los baños del patio se filtre a las celdas cercanas. De
la misma forma, si la humedad ha afectado la estructura de dichas celdas, la
entidad también deberá corregir esta situación.”
[48] “Treintagésimo:
ORDENAR al INPEC, a la USPEC, al Ministerio de Justicia y del Derecho para que,
en coordinación con las demás entidades que éstos estimen involucradas, y por
intermedio de sus respectivos representantes legales o quienes hagan sus veces,
en el término de (3) meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia, emprendan las acciones necesarias para constatar las necesidades
reales de adecuación en infraestructura en relación con el manejo de aguas
(suministro de agua potable y evacuación adecuada de aguas negras) respecto de
los 16 establecimientos de reclusión estudiados. En virtud de esta orden
deberán presentar un informe y un plan de acción para cubrir las necesidades
insatisfechas, que en todo caso no podrá superar los dos (2) años para su
ejecución total, estando la primera fase orientada al suministro efectivo e
inmediato de agua potable, conforme las directrices provisionales que emitan
las autoridades nacionales conforme el numeral 19 de la orden vigésimo segunda
de esta sentencia.”
[49] M.P. María Victoria Calle
Correa
[50] En la observación General No. 15
sobre el derecho al agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, se estableció que: “En tanto que lo que resulta
adecuado para el ejercicio del derecho al agua puede variar en función de
distintas condiciones, los siguientes factores se aplican en cualquier
circunstancia: a) La disponibilidad: El abastecimiento de agua de cada
persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y
domésticos. Esos usos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento,
la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y
doméstica. La cantidad de agua disponible para cada persona debería
corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). También es posible que algunos individuos y grupos necesiten
recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima y las condiciones
de trabajo. b) La calidad: El agua necesaria para cada uso personal o
doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud
de las personas.
Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada
uso personal o doméstico. c) La accesibilidad: El agua y las
instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos, sin
discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado
Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad
física: El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al
alcance físico de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder
a un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar,
institución educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías
inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de
calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en cuenta las
necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. La
seguridad física no debe verse amenazada durante el acceso a los servicios e
instalaciones de agua. Accesibilidad económica: El agua y los servicios
e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los costos y cargos
directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser
asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros
derechos reconocidos en el Pacto. No discriminación: El agua y los
servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y de
derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población,
sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos. Acceso a
la información: La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir
y difundir información sobre las cuestiones del agua”.
[51] Estos parámetros fueron acogidos en
las Sentencias T-077 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada, T-762 de 2015, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado y T-232 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
[52] Sentencia T-282 de 2014, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[53] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[54] Ver también Sentencia
T-391 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
[55] CP art. 12.
[56] Sobre el particular, el
Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a
cualquier forma de Detención o Prisión adoptado por las Naciones Unidas
establece que: (...) Principio 6. Ninguna persona sometida a
cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna
como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes”.
[57] Sentencia T-388 de 2013, M.P María
Victoria Calle Correa.
[58] Énfasis por fuera del
texto original.
[59] “Artículo 68. Políticas y planes de provisión
alimentaria.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) fijará las
políticas y planes de provisión alimentaria que podrá ser por administración
directa o por contratos con particulares. Los alimentos deben ser de tal
calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de las
personas privadas de la libertad. La alimentación será suministrada en buenas
condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas
decentemente dispuestas.// En la manipulación de los alimentos se deberá
observar una correcta higiene. Los equipos de personas encargadas del
mantenimiento de las cocinas de los establecimientos penitenciarios deberán
conservarlas limpias y desinfectadas evitando guardar residuos de comida y dándoles
un uso correcto a los utensilios, de conformidad con el manual que para tal
efecto expida la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).// La
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) expedirá el manual
correspondiente dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en
vigencia de la presente ley.”
[60] Conjunto de Principios
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión, principio No. 15.
[61] Estos controles y limitaciones fueron examinados en la Sentencia C-394
de 1995, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la que se concluyó que estaban
ajustados a la Constitución, en la medida en que se orientan a garantizar la
seguridad carcelaria y la prevención de delitos o alteraciones del orden.
[62] “Artículo 111. Comunicaciones. Las personas privadas de la
libertad se comunicarán periódicamente con su núcleo social y familiar por
medio de correspondencia, servicios de telecomunicaciones autorizados por el
establecimiento penitenciario, así como visitas y redes de comunicación
interconectadas o internet, de uso colectivo y autorizadas previamente por el
establecimiento penitenciario, los cuales tendrán fines educativos y
pedagógicos y servirán de medio de comunicación. En todo caso, se dispondrá de
salas virtuales para la realización de este tipo de visitas. Todos los
servicios de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones aquí descritos
deberán ser autorizados y monitoreados por el INPEC // Cuando se trate de un
detenido, al ingresar al establecimiento de reclusión, tendrá derecho a indicar
a quién se le debe comunicar su aprehensión, a ponerse en contacto con su
abogado y a que su familia sea informada sobre su situación.// El Director del
centro establecerá, de acuerdo con el reglamento interno, el horario y
modalidades para las comunicaciones con sus familiares. En casos especiales y
en igualdad de condiciones pueden autorizarse llamadas telefónicas, debidamente
vigiladas. // Las comunicaciones orales, escritas o virtuales previstas en este
artículo podrán ser registradas mediante orden de funcionario judicial, a
juicio de este o a solicitud de una autoridad del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, bien para la prevención o investigación de un
delito o para la debida seguridad carcelaria. Las comunicaciones de los
internos con sus abogados no podrán ser objeto de interceptación o registro. //
Por ningún motivo, ni en ningún coso, los internos podrán tener aparatos o
medios de comunicación privados, tales como fax, teléfonos fijos o móviles,
busca personas o similares. El sistema de comunicación para la población
reclusa deberá contener herramientas y controles tendientes a garantizar la
seguridad del establecimiento y a evitar la comisión de delitos. Los internos
solo podrán acceder a través de sistemas autónomos diseñados específicamente
para el sistema penitenciario, garantizando la invulnerabilidad de la
información y la disposición de la misma a las autoridades pertinentes. // La
recepción y envío de correspondencia se autorizará por la Dirección conforme al
reglamento. Para la correspondencia ordinaria gozarán de franquicia postal los
internos y los establecimientos de reclusión del país, siempre que en el sobre
respectivo se certifique por el Director del centro de reclusión.//Ante el
fallecimiento, estado grave por enfermedad, enfermedad muy grave o enfermedad
infectocontagiosa de una persona privada de la libertad, la Dirección del
establecimiento penitenciario de manera inmediata informará al familiar más
cercano que aquel hubiere designado o del que se tenga noticia. Así mismo, en
estado grave por enfermedad o enfermedad muy grave deberá informar de manera
inmediata al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para lo
de su competencia. En caso de enfermedad infectocontagiosa, se dará aviso a la
autoridad sanitaria correspondiente para que tome las medidas que sean
pertinentes.”
[63] M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[64] M.P. Aquiles Ignacio
Arrieta Gómez.
[65] Las reglas Mínimas para el
Tratamiento de los reclusos establecen que los “acusados” gozan de presunción
de inocencia y deben ser tratados en consecuencia, por ejemplo con la
separación física de los condenados.
[66] “Artículo 17.
Cárceles departamentales y municipales. Corresponde a los
departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de
Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización,
administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas
detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen
privación de la libertad, por orden de autoridad policiva. // Mientras se
expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los
hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades
de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos. Los castigados por
contravenciones serán alojados en pabellones especiales. // El Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las
cárceles de las entidades territoriales. // En los presupuestos municipales y
departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus
cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los
mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de
equipos y demás servicios. // Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se
abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos
departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este
artículo. // La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios
de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el
sostenimiento de los centros de reclusión de sistema penitenciario y carcelario.”
[67] “Artículo 21. Cárceles y pabellones
de detención preventiva. (…)
Podrán existir pabellones para detención preventiva en un establecimiento
penitenciario para condenados, cuando así lo ameriten razones de seguridad,
siempre y cuando estos se encuentren separados adecuadamente de las demás
secciones de dicho complejo y de las personas condenadas (…)”
[68] “Artículo
63. Clasificación de internos. Los internos en los centros
de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad,
naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud
física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, de
acuerdo a su fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios
de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan
someterse al régimen normal.” (Subrayas fuera del texto original).
[69] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[70] “Artículo 144. Fases del tratamiento. El
sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases: 1.
Observación, diagnóstico y clasificación del interno.// 2. Alta seguridad que
comprende el período cerrado. // 3. Mediana seguridad que comprende el período
semiabierto. // 4. Mínima seguridad o período abierto // 5. De confianza, que
coincidirá con la libertad condicional.// Los programas de educación
penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases para todos los
internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa del INPEC
suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que su
contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización
del interno. Parágrafo.- La ejecución del sistema progresivo se hará
gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la infraestructura
de los centros de reclusión”.
[71] Sentencia T-601 de 1992, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[72] “Artículo 79. Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una
obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección especial del
Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas. En los estableci­mientos de reclusión es un medio
terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. Los procesados tendrán
derecho a trabajar y a de­sarrollar actividades productivas. No tendrá carácter
aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará
atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro
de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de
reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Sus productos serán
comercializados. // Las actividades laborales desarrolladas por las personas
privadas de la libertad estarán íntimamente coordinadas con las políticas que
el Ministerio del Trabajo adoptará sobre la materia, las cuales fomentarán la
participación y cooperación de la sociedad civil y de la empresa privada, a
través de convenios, tanto dentro como fuera de los establecimientos. // Se
dispondrán programas de trabajo y actividades productivas tan suficientes como
se pueda para cubrir a todas las personas privadas de la libertad que deseen
realizarlos. Dichos programas estarán orientados a que la persona privada de la
libertad tenga herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades
después de salir de la prisión. Se buscará, hasta donde sea posible, que las
personas privadas de la libertad puedan escoger el tipo de trabajo que deseen
realizar. // Se dispondrán programas de trabajo y actividades productivas que
atiendan la perspectiva de enfoque diferencial y necesidades específicas para
la población en condición de discapacidad privadas de la libertad, promoviendo
la generación e implementación de ajustes razonables como la eliminación de las
barreras físicas y actitudinales. // Parágrafo. El Ministerio del
Trabajo expedirá, durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley, la
reglamentación sobre las especiales condiciones de trabajo de las personas
privadas de la libertad, su régi­men de remuneración, las condiciones de
seguridad industrial y salud ocupacional y las demás que tiendan a la garantía
de sus derechos.”
[73] “Artículo 83. Exención
del trabajo. No estarán obligados a trabajar los mayores de 60 años o los
que padecieren enfermedad que los inhabilite para ello, las mujeres durante los
tres meses anteriores al parto y en el mes siguiente al mismo. Las personas
incapacitadas para laborar que voluntariamente desearen hacerlo, deberán contar
con la aprobación del médico del establecimiento. No obstante en los diferentes
casos contemplados, el interno podrá acudir a la enseñanza o a la instrucción
para la redención de la pena.”
[74] “Artículo 82. Redención de la pena
por trabajo. El
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de
pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad. // A los
detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de
trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de
trabajo. // El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en
cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén
llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en
conocimiento del director respectivo.”
[75] M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[76] “Artículo 94. Educación. La educación al igual que el
trabajo constituye la base fundamental de la resocialización. En las
penitenciarías y cárceles de Distrito Judicial habrá centros educativos para el
desarrollo de programas de educación permanente, como medio de instrucción o de
tratamiento penitenciario, que podrán ir desde la alfabetización hasta
programas de instrucción superior. La educación impartida deberá tener en
cuenta los métodos pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual
enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores
humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de
convivencia ciudadana y el desarrollo de su sentido moral. En los demás
establecimientos de reclusión, se organizarán actividades educativas y de
instrucción, según las capacidades de la planta física y de personal,
obteniendo de todos modos, el concurso de las entidades culturales y
educativas. Las instituciones de educación superior de carácter oficial
prestarán un apoyo especial y celebrarán convenios con las penitenciarías y
cárceles de distrito judicial, para que los centros educativos se conviertan en
centros regionales de educación superior abierta y a distancia (CREAD), con el
fin de ofrecer programas previa autorización del ICFES. Estos programas
conducirán al otorgamiento de títulos en educación superior. Los internos
analfabetos asistirán obligatoriamente a las horas de instrucción organizadas
para este fin. En las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito
judicial, se organizarán sendas bibliotecas. Igualmente en el resto de centros
de reclusión se promoverá y estimulará entre los internos, por los medios más
indicados, el ejercicio de la lectura.”
[77] “Artículo 97. Redención de pena por
estudio.  El juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los
condenados a pena privativa de la libertad. Se les abonará un día de reclusión
por dos días de estudio. // Se computará como un día de estudio la dedicación a
esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes. Para esos
efectos, no se podrán computar más de seis horas diarias de estudio. // Los
procesados también podrán realizar actividades de redención pero solo podrá
computarse una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver
sobre su libertad provisional por pena cumplida.” “Artículo 98. Redención de
la pena por enseñanza.
El
condenado que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de
alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de
educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le
computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades
necesarias de instructor o de educador, conforme al reglamento. El instructor
no podrá enseñar más de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas, conforme
al artículo 81 de
la Ley 65 de 1993. Los procesados también podrán realizar actividades de
redención, pero solo podrá computarse una vez quede en firme la condena, salvo
que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.”
[78] Sentencia T-213 de 2011,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[79] “77. 1) Se
tomarán disposiciones para mejorar la instrucción de todos los reclusos capaces
de aprovecharla, incluso la instrucción religiosa en los países en que esto sea
posible. La instrucción de los analfabetos y la de los reclusos jóvenes será
obligatoria y la administración deberá prestarle particular atención. 2) La
instrucción de los reclusos deberá coordinarse, en cuanto sea posible, con el
sistema de instrucción pública a fin de que al ser puesto en libertad puedan
continuar sin dificultad su preparación.”
[80] M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[81] “ORDENAR al
INPEC que, en coordinación con la USPEC, el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación y
el Consejo Superior de Política Criminal, elabore un plan integral de programas
y actividades resocialización, tendiente a garantizar el fin primordial de la
pena en todos los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país.
Dicho plan deberá tener en cuenta los parámetros fijados en los fundamentos 57
y 155 de esta sentencia. Adicionalmente, deberá fijar fases y plazos de
implementación y ejecución, con el objetivo de medir resultados graduales, y en
todo caso, dichos plazos no podrán superar el término de dos (2) años contados
a partir de la notificación de esta sentencia”. (subrayas fuera del texto
original).
[82] Al respecto, en Sentencia
SU-195 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se advirtió que “(…) desde
los primeros pronunciamientos se ha sentado esta posición, toda vez que
conforme a la condición sui generis de esta acción, la labor de la
autoridad judicial no puede limitarse exclusivamente a las pretensiones
invocadas por la parte actora, sino que debe estar encaminada a garantizar el
amparo efectivo de [sus] derechos.”
[83] Sobre este punto se debe
resaltar que la inspección judicial estuvo acompañada en todo momento por la
Defensoría del Pueblo Regional Casanare y por los funcionarios del INPEC –la
mayor parte del tiempo la acompañó el Director del EPC de Yopal– (ver folio 181
del cuaderno de revisión). Además, del acta final levantada en la diligencia,
se corrió traslado a todas las partes (ver folio 122 del cuaderno de revisión).
[84] Esta información la
suministró una dragoneante del INPEC, como consta en el audio 6 de la
inspección.
[85] Esta información la
suministró una dragoneante del INPEC, como consta en el audio 12 de la
inspección.
[86] Las fotos corresponden a imágenes
tomadas durante la inspección judicial practicada.
[87] M.P. María Victoria Calle
Correa.
[88] “Artículo 27. Cumplimiento del fallo. Proferido
el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá
cumplirlo sin demora. // Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para
que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario
contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso
contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará
directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez
podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su
sentencia. // Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del
funcionario en su caso. // En todo caso, el juez establecerá los demás efectos
del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.”
[89] “Artículo 52. Desacato.  La persona que incumpliere
una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20
salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una
consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que
hubiere lugar. //
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y
será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días
siguientes si debe revocarse la sanción.”
[90] Dicha observación consta
en el audio 12 de la inspección judicial.
[91]
http://bart.ideam.gov.co/cliciu/yopal/temperatura.htm
[92] En el audio 12 de la
inspección judicial, el Director del EPC de Yopal informa que se espera que
dentro del contrato suscrito por la USPEC con FONADE, se apropien los recursos
para realizar el cambio de las puertas del Patio B, para instalar puertas con
barrotes.
[93] M.P. María Victoria Calle Correa.
[94] Esta información se
encuentra en el audio 2 de la inspección judicial, en el que se registró la
visita al área de sanidad, la cual es común para hombres y mujeres.
[95] Esta observación consta en
el audio 2 de la inspección judicial y en las fotografías que se tomaron en
dicha diligencia, las cuales obran en medio magnético, en el folio 182 del
cuaderno de revisión.
[96] En los audios 3 y 4 de la
inspección judicial está registrada la visita al área de comida y de
conservación de alimentos refrigerados y a temperatura.
[97] Folios 37 a 39 del cuaderno
principal.
[98] Esta información fue suministrada
por una dragoneante y consta en el audio 7 de la inspección judicial.
[99] Esta información fue suministrada
por una dragoneante y consta en el audio 12 de la inspección judicial.
[100] Audio 7 de la inspección
judicial.
[101] Folio 64 del cuaderno de revisión.
[102] Ibídem.
[103] Una interna aporta esta
información, según consta en el audio 7 de la inspección judicial.
[104] En el audio 11 de la
inspección judicial se encuentran estas observaciones.
[105] En el audio 10 de la
inspección judicial se encuentran estas observaciones.
[106] Esta información fue
suministrada por dos internas durante la inspección judicial, en presencia del
Director del Establecimiento, según consta en el audio 7.
[107] En los folios 183 a 213
del cuaderno de revisión obran dichos informes.
[108] Al respecto, la Sala constata que
la ejecución del sistema de tratamiento penitenciario previamente descrito es
de alcance progresivo, tal como lo establece el artículo 144 del Código
Penitenciario y Carcelario, de manera que se hará de acuerdo con las
disponibilidades de personal e infraestructura.
[109] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[110] “Artículo 170. Comisión de
Seguimiento a las Condiciones de Re­clusión del Sistema Penitenciario y
Carcelario. Créase la Comisión de Seguimiento a
las Condiciones de Reclusión del Sistema Penitenciario y Carcelario. Esta
comisión tendrá como funciones y facultades las siguientes: // 1.
Evaluar y estudiar la normatividad existente en materia peniten­ciaria y
carcelaria. // 2. Realizar visitas a los establecimientos penitenciarios
y carcelarios del país. // 3. Ser el órgano asesor del Consejo Superior
de Política Criminal y de las autoridades penitenciarias en materia de política
penitenciaria y carcelaria. // 4. Elaborar informes periódicos sobre el
estado de las condiciones de reclusión del sistema penitenciario y carcelario y
de los establecimientos penitenciarios, con especial atención a la garantía de
los derechos fun­damentales de la población reclusa. Estos informes se harán
anualmente y se presentarán al Gobierno Nacional. // 5. Monitorizar de
manera continua y permanente el estado de haci­namiento del sistema
penitenciario y carcelario y de cada uno de los establecimientos penitenciarios
que lo conforman. Con este fin, el INPEC entregará informes diarios sobre el
número de personas detenidas en los establecimientos penitenciarios, el grado
de hacinamiento en cada uno de ellos y el grado de hacinamiento del sistema en
su conjunto. // 6. Verificar que las unidades de prestación de servicios
de salud existentes dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios
cuenten con la infraestructura e insumos necesarios para tal fin. // 7.
Revisar las condiciones de infraestructura que garanticen la pro­visión de
servicios de calidad tales como agua potable, luz y demás que fomenten un
ambiente saludable. // Parágrafo. El Ministerio de Justicia y del
Derecho será el encargado de convocar periódicamente a las reuniones del
Comité, coordinarlas, llevar la Secretaría Técnica y poner a su disposición los
recursos míni­mos necesarios para su adecuado funcionamiento. // Las decisiones
de la Comisión se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. La Comisión
deberá reunirse al menos una vez cada dos meses.”