T-180-03
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-180/03
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Procedencia
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES
PRIVADAS-Subordinación/DERECHO
DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS-Solicitud copia de historia
laboral para efectos pensionales
DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES
PRIVADAS-No resolución de
fondo afecta seguridad social
Referencia: expediente T-664804
Acción de tutela instaurada por Pedro
Nolasco Ahumada Viloria contra la Compañía Frutera de Sevilla S.A.
Magistrado Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C., veintiocho (28 ) de febrero
de dos mil tres (2003).
La Sala Novena de revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
particular las contenidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, en el
trámite de la acción de tutela iniciada por Pedro Nolasco Ahumada Viloria
contra la Compañía Frutera de Sevilla S.A.
I. ANTECEDENTES.
El señor Pedro Nolasco Ahumada Viloria
quien tiene ochenta y cinco (85) años de edad, laboró para la Compañía Frutera
de Sevilla S.A., por espacio de más de veinte años.
Señala el apoderado del tutelante que el
pasado 25 de julio de 2002 solicitó a la empresa accionada, le expidiera copia
de la historia laboral de su apoderado a efectos de poder determinar sí éste ya
tenía derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación. Sin embargo, la
empresa accionada no dió respuesta alguna.
Considera el abogado del accionante, que la
empresa tutelada con su actuación está violando el derecho de petición del
señor Ahumada Viloria.
II. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD DEMANDADA.
En respuesta
dada por la apoderada de la Compañía Frutera de Sevilla S.A., señaló lo
siguiente:
“1. Es improcedente la acción de tutela
promovida, por cuanto existen otros medios de defensa judiciales, cual es la
acción Laboral Ordinaria, ante los Jueces Laborales para definir la solicitud
de pensión del señor PEDRO AHUMADA VILORIA.
“2. No se ha causado ningún perjuicio
irremediable al solicitante, que lo habilite para interponer acción de tutela
como mecanismo transitorio, habida cuenta que según lo expresado en la misma
solicitud, dicha petición la esta formulando desde hace algún tiempo y no ha
obtenido la pensión de jubilación que cree merecer.”
III. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
En sentencia del 26 de septiembre de 2002,
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta negó el amparo
constitucional solicitado al considerar que la acción de tutela dirigida contra
particulares sólo es procedente en los casos previstos en el artículo 42 del
decreto 2591 de 1991, y bajo algunas circunstancias que no son las que se
contemplan en el presente caso. Señaló que la información solicitada por el
señor Ahumada Viloria “no es de tal urgencia que frente a ella resulte
tardío el procedimiento previsto por la legislación para situaciones similares
a la presente, el cual es tan eficaz como el de la tutela; tal es el de
solicitar al juez laboral la práctica anticipada de una inspección judicial a
los archivos de la empresa accionada, con miras a recabar la información que
requiere.”
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Corte es competente para conocer del
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso
por la Sala de Selección.
2. Procedencia de la presente acción de tutela.
2.1. Tutela contra particulares.
Tal como lo consagra el artículo 86 de
la Constitución Política, la acción de tutela en sentido general no procede
contra las acciones u omisiones de los particulares, salvo en casos
excepcionales. Así en desarrollo de este precepto el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991  estableció la procedencia de la tutela en los siguientes casos:
·
Cuando el particular
esté encargado de un servicio público
·
Cuando el particular
afecte gravemente el interés colectivo, o
·
Cuando el solicitante
se encuentre en estado de subordinación o indefensión  frente al particular.
2.2. Procedencia del derecho de petición frente a
particulares.
El artículo 23 de la Constitución Política,
consagró el derecho de petición como la facultad que tiene todo persona para
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y obtener una pronta resolución.
Por tanto, su núcleo esencial no se limita
a la simple obtención de respuesta por parte de  la entidad a la cual se ha
dirigido el solicitante, sino que “reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión”[1].
Aún cuando el derecho de petición frente a
particulares no ha sido reglamentado por el legislador, la Corte a través de su
jurisprudencia ha señalado unos lineamientos generales para determinar la
procedencia de este derecho, distinguiendo tres situaciones muy específicas:
“a. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza
funciones de autoridad.
b. Cuando el derecho de petición constituye un medio para obtener la
efectividad de otro derecho fundamental. Caso en el que puede protegerse de
manera inmediata.
c. Cuando el particular demandado no actúa
como autoridad, el derecho de petición, será un derecho fundamental sólo cuando
el legislador lo reglamente”.[2]
Así lo señaló la sentencia SU-166 de
1999, Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero, cuando precisó:
“3. En múltiples
oportunidades la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha interpretado el
artículo 23 de la Constitución y de manera específica el alcance del derecho de
petición cuando se dirige contra particulares. Para ello ha señalado algunas
reglas, a saber:
“- La Constitución de
1991 amplió el alcance del derecho fundamental de petición, pues se predica
respecto de la administración y de las organizaciones privadas. Empero, en
relación con estas últimas su ámbito de aplicación es limitado.
“En cuanto al
ejercicio de este derecho contra particulares deben distinguirse dos
situaciones. La primera, si la organización privada presta una servicio público
o si por la función que desempeña adquiere el status de autoridad, el derecho
de petición opera como si se tratase de una autoridad pública[3]. La segunda,
cuando el sujeto pasivo del derecho de petición es una organización que no
actúa como autoridad, sólo opera cuando el Legislador lo haya reglamentado[4]. Por lo tanto, la
posibilidad de ejercer el amparo de este derecho, contra particulares, depende
del ámbito y de las condiciones que señale el Legislador.
“- La extensión
del derecho de petición a particulares que no actúan como autoridad, sólo es
procedente cuando aquel es el instrumento para garantizar otros derechos
fundamentales, como quiera que este derecho no puede implicar una
intromisión indiscriminada y arbitraria en el fuero privado de quienes no
exponen su actividad al examen público.[5]” (Negrilla y subraya
fuera del texto original).
3. Caso concreto.
En lo que respecta al caso objeto de revisión, es
claro para la Sala que el accionante se encuentra en estado de subordinación
frente a la Compañía Frutera de Sevilla S.A. Ciertamente, en la medida en que
se trata de un ex empleado de dicha compañía, los efectos de la antigua vinculación
laboral se entienden prolongados en el tiempo cuando el debate que surge en
sede de tutela se encuentra en directa relación con dicho vinculo; ello ocurre
en este caso, pues la violación de los derechos del actor que esta Sala
evidencia, proviene del hecho de haberle negado copia de su historia laboral,
relativa a su antiguo trabajo en la Compañía Frutera de Sevilla S.A.;
circunstancia que ha obstaculizado la iniciación de los trámites para el
reconocimiento de su pensión de jubilación. En casos similares, especialmente
en la sentencia T-985 de 2001 de esta misma Sala,[6]
la Corte concluyó que el elemento de subordinación se predica de los eventos en
los cuales, antiguos extrabajadores de una empresa o entidad particular,
ejercen el derecho de petición por motivos de interés particular, en aras de
obtener documentos con los cuales pretenden ejercer ante terceros derechos que
les asisten.
Además, se ubica este asunto dentro de las hipótesis
en las cuales el derecho de petición procede contra particulares, pues a través
de este, como se explicará más adelante, se busca garantizar y proteger otros
derechos fundamentales que puedan verse afectados
de no resolverse la petición solicitada. Por lo tanto, esta Sala de Revisión
considera que la posición jurídica a seguir será la de seguir la doctrina
contenida en la sentencia T-374 de 1998, Magistrado Ponente José Gregorio
Hernández Galindo, y que fue reiterada en los fallos T-730 de 2001, T-163 de
2002, T-147 de 2002, y T-141 de 2002  entre otros.
Dichas sentencias señalaron lo
siguiente:
“Cuando no se está ante uno de los
anteriores supuestos, la falta de respuesta oportuna por particulares no implica,
en principio, desconocimiento del artículo 23 de la Constitución.
“Pero se pregunta la Corte si por el sólo
hecho de no encajar la hipótesis de autos en el artículo 23 de la Constitución,
por ser la Federación Nacional de Cafeteros una entidad privada que en el caso
concreto no está ejerciendo función pública, se justifica negar de plano el
amparo solicitado.
“La respuesta a la que arriba esta
Corporación es negativa, ya que, como bien lo dijo en el fallo revisado la
Corte Suprema de Justicia, los derechos fundamentales, ‘como genuinos
principios rectores de rango superior que tienen validez general inmediata en
todos los ámbitos del Derecho, cuya eficacia no queda reducida tan sólo al
campo de actuación del Estado’, tienen ‘el valor de postulados preeminentes
informadores del resto del ordenamiento jurídico en su integridad, no rigen
únicamente en las relaciones del individuo con la función pública, situada en
posición exorbitante, sino que además tienen definitiva incidencia en las
relaciones entre particulares, conformando un sistema de valores que por virtud
de la fuerza obligatoria que despliega la Constitución, penetra de modo
inmediato en ese ámbito, con la finalidad de garantizarle a dicho individuo, habitante
del territorio nacional, un 'estatus' merecedor de consideración y respeto
frente a los demás...’.”
“Tiene claro la
Corte Constitucional que, fuera de los linderos reglamentarios de la petición
respetuosa en interés general o particular, lo que aquí se controvierte es si
un patrono o ex - patrono, respecto del reclamo de quien es o fue su
trabajador, puede legítimamente, frente a la Constitución como ordenamiento
integral, existiendo en ella fundamentos y valores como la justicia, el
trabajo, la dignidad de la persona, la equidad y la prevalencia del ser humano
sobre los factores de producción y desarrollo, abstenerse arbitrariamente de
responderle acerca de si tiene o no derecho a una reclamación laboral suya, ya
sea por salarios, prestaciones o derechos, legales o extralegales, y aun
invocar ante los jueces, para persistir en su displicente actitud ante el
solicitante, un supuesto derecho "a guardar silencio" acerca del
reclamo.
“De nuevo es negativa la respuesta. Una
cosa es que el derecho de petición no haya sido reglamentado respecto de
organizaciones privadas y otra muy distinta que se admita, contra diáfanos
postulados de la Constitución, que el trabajador actual o antiguo puede quedar
sujeto al "sigilo" de la entidad para la cual labora o laboró, no
respecto de asuntos reservados o privados, sino en relación con derechos
laborales suyos, salariales o prestacionales.
“Admitir que ello es posible, sin que el
medio judicial de protección consagrado en el artículo 86 de la Carta Política
pueda operar para romper la artificial barrera interpuesta por el patrono,
significaría ostensible desconocimiento de la dignidad del trabajador y
negación de sus derechos básicos.
“Lo mínimo que puede esperar la parte débil
en la relación laboral es que la parte dominante le manifieste, con claridad y
a la luz de fundamentos jurídicos, si, en el criterio de la segunda, la primera
tiene o no derecho al pago de cierta prestación que reclama.
“Otra cosa es que, en caso de diferencias,
se debata ante la autoridad judicial competente lo que corresponda, pero
siempre sobre la base de que el reclamante - persona humana cuya dignidad
exige, cuando menos, una respuesta- tenga elementos de juicio acerca de la
posición de su patrono o ex - patrono acerca de aquello que busca reivindicar.”[7] .
Ahora bien,
la empresa accionada al dar respuesta al juez de instancia señaló que esta
tutela no es procedente por cuanto el actor cuenta con la justicia ordinaria
laboral para definir la solicitud de su pensión de jubilación, y que tampoco se
ha causado un perjuicio irremediable, pues según la
misma solicitud, dicha petición la esta formulando desde hace algún
tiempo y no ha obtenido la pensión de jubilación que cree merecer. Entiende esta Sala con tal respuesta, que
efectivamente se vulneró el derecho de petición del actor, por cuanto se
comprueba que existe una verdadera actitud orientada a obstaculizar el acceso a
los documentos requeridos por el demandante. Recuérdese que el núcleo esencial
del derecho de petición supone una respuesta que resuelva el fondo lo pedido,
pues en caso contrario, se incurre en violación de esa garantía constitucional
(art. 23 C.P.).
De esta manera, con los documentos solicitados, el
demandante pretende que su derecho de petición sea efectivamente resuelto, y
otros derechos fundamentales sean igualmente protegidos, como es su derecho a
la seguridad social. Contrario a lo sostenido por la entidad demandada, para la
Sala, la entrega de la información solicitada, sí puede representar una
situación de urgencia por cuanto la avanzada edad del accionante (85 años de
edad), impone una condición de debilidad manifiesta que exige una solución
oportuna.
En un caso similar al que se revisa, la Corte en
sentencia T-766 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, indicó que “para la Sala,
la entrega de la información solicitada, no implica una búsqueda más allá de
sus archivos, actividad que tampoco generaría un trastorno en sus operaciones, pues
los documentos reclamados por el accionante tienen relación directa con asuntos
propios de su anterior relación laboral, y que por lo mismo, involucra sus
derechos fundamentales. Por esta misma razón, los documentos que
solicita el actor no pueden quedar sujetos a reserva o al sigilo de la
entidad para la cual trabajó tal y como la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha señalado en casos similares, pues, se repite, no se trata
de información relacionada con la actividad propia de la empresa o con asuntos
que no pueden ser puestos en conocimiento de terceras personas.[8]”(Negrilla
y subraya fuera del texto original). En esta medida la resolución del derecho
de petición, en este caso en particular, esta dada por la expedición de las
copias de los documentos solicitados por el accionante y por la importancia que
estos mismos representan para la efectiva protección de sus otros derechos
fundamentales.
Encuentra por lo tanto la Sala
que, no existe justificación válida para que la Compañía Frutera de Sevilla S.A.
no dé respuesta de fondo a la petición hecha por el accionante, más aún cuando
del análisis del expediente quedó demostrado que con la afectación del derecho
fundamental de petición se atenta contra otros derechos fundamentales del
actor, como la seguridad social.
Así las cosas, esta
Sala de Revisión revocará la decisión de instancia, y en su lugar ordenará a la
Compañía Frutera de Sevilla S.A., hacer entrega al señor Pedro Nolasco Ahumada Viloria, de las copias de
los documentos por él solicitados. En tanto que la compañía accionada debe
poseer la documentación que el accionante requiere, la Sala de Revisión
considera que el término para que la orden
aquí impartida se pueda cumplir en forma plena, será de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión.
V. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Novena de
Revisión de Tutela de la Corte Constitucional, obrando en nombre del pueblo y
por mandato de la Constitución
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de
septiembre de 2002 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta. En
su lugar, TUTELAR el derecho fundamental de petición del señor Pedro
Nolasco Ahumada Viloria.
Segundo. ORDENAR a la Compañía Frutera de Sevilla S.A.,
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, proceda a entregar al señor Pedro
Nolasco Ahumada Viloria, copia de los documentos por él solicitados.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada Ponente
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1]
Sentencia T-567/92
[2] Sentencia T-766/02
[3] Entre muchas otras, pueden consultarse las sentencias
T-134 de 1994 y T-105 de 1996. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-529 de 1995 y
T-614 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz;    T-172 de 1993 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[4] Sentencias T-507 de 1993. M.P. Alejandro Martínez
Caballero; T-530 de 1995 M.P: Eduardo Cifuentes Muñoz; T-050 de 1995 M.P. Fabio
Morón Díaz; T-118 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[5] Sentencia T-001 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[6]
Magistrada Ponente Clara Inés Vargas Hernández
[7]
Ver igualmente sentencias T-306 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica de
Moncaleano; T-017 y T-543 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-450
de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-985 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández entre otras.
[8]
Ver sentencia T-374 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.