C-179-07
Sentencia C-342/06
Sentencia C-179/07
ORDEN PUBLICO-Concepto
ORDEN PUBLICO-Subordinación al respecto de las garantías
fundamentales
PODER DE POLICIA-Principios constitucionales mínimos
ORDEN PUBLICO-Medios para la preservación
PODER, FUNCION Y ACTIVIDAD DE POLICIA-Distinción
POLICIA NACIONAL EN EL ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Finalidad
CONTRAVENCION DE POLICIA-Medidas correctivas
MEDIDAS CORRECTIVAS-Límite temporal
MEDIDAS CORRECTIVAS-Imposición debe sujetarse al
debido proceso
En relación con las medidas correctivas que pueden
imponer las autoridades de policía, cuando se trate de la realización de
contravenciones o contravenciones especiales de policía, estas se podrán
imponer previa sujeción al debido proceso aplicable a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, de conformidad con lo previsto en el artículo 29
de la Constitución, y su duración deberá estar definida en la resolución que la
imponga. Además, la aplicación de medidas correccionales presupone la
realización de un procedimiento previo, en el que se le debe respetar al
implicado el derecho de defensa.
MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Facultad del funcionario para hacerla cesar
en cualquier tiempo
En el sentir del actor, al disponer el
artículo 222 que, “El funcionario de policía que haya impuesto medida
correctiva podrá en cualquier tiempo hacerla cesar si a su juicio tal decisión
no perjudica el orden público”, comportan la violación de los artículos 28 y 29
de la Constitución Política, pues la medida correctiva a que hace alusión la
norma acusada se encuentra indefinida en el tiempo y deja al arbitrio del
funcionario hacerla cesar o no, generando así situaciones ambiguas, arbitrarias
o represivas 2000. Al respecto de la demanda formulada, debe precisar la Corte,
que por la forma en que se encuentra redactada dicha disposición, ella no se
refiere a ninguna medida correctiva en particular. Por el contrario, la norma
pone en evidencia que no se confiere una potestad discrecional al funcionario
de policía para que proceda  a establecer a su arbitrio o de manera indefinida
la duración de la respectiva medida correctiva a imponer, sino que parte del
supuesto de que dicha medida correctiva ya ha sido legalmente adoptada y se ha
determinado su duración dentro de los límites previamente establecidos en la
ley. En este orden de ideas, dado que el ejercicio de la potestad atribuida al
funcionario de policía para que proceda a hacer cesar una medida correctiva que
haya impuesto con observancia del principio de legalidad sólo puede redundar en
beneficio del destinatario de la misma ya que, se reitera, se trata en todo
caso de hacer cesar anticipadamente una medida correctiva que se ha impuesto
dentro del límite legal previamente  establecido y que se halla en ejecución,
no puede configurarse, en consecuencia, vulneración alguna de las garantías fundamentales
consagradas en los artículos 28 y 29 de la Constitución.
DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA PENAL-Control constitucional estricto en
diferencias de trato
DERECHO A LA IGUALDAD EN CONTRAVENCIONES-Control constitucional estricto en
diferencias de trato
DERECHO PENAL DE ACTO-Consagración en la Constitución Colombiana
DERECHO PENAL DE AUTOR Y DERECHO PENAL DE
ACTO-Distinción
MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Criterios para  aplicación de sanción
MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Criterios a tener en cuenta al momento de
aplicar la sanción,  valoración de la mayor o menor incidencia de la conducta
en el orden público/MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Criterios a tener en
cuenta al momento de aplicar la sanción,  circunstancias en que se cometió la
acción u omisión/MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Grado de educación del
infractor como circunstancia a tener en cuenta al momento de aplicar la sanción
En el caso que se analiza, el legislador
dispuso como circunstancias a tener en cuenta al momento de aplicar una sanción
correctiva, las mayores o menores implicaciones en el
orden público tuvo la conducta respectiva y las circunstancias en que se
cometió la acción u omisión. Estos criterios resultan razonables si se tiene en
cuenta que aluden a circunstancias de hecho directamente relacionadas
con el ejercicio de la actividad de policía y con la valoración concreta de las
circunstancias en que se cometió la acción o la omisión. En efecto, cuando se
aplique medida correctiva, deberán valorarse ciertas circunstancias
relacionadas con la incidencia de la conducta en la perturbación del orden
público y las circunstancias de la acción u omisión. Esta última, le permitirá
a la autoridad de policía establecer, si han influido directamente en la realización
de la conducta las condiciones de debilidad manifiesta en que pueda encontrarse
la persona infractora, pues en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del
artículo trece de la Constitución, podrá otorgarle un trato preferencial de
favor, a fin de promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva. En efecto, no contraria la Constitución el
tener en cuenta al momento de aplicar medida correctiva, circunstancias como la
mayor o menor incidencia de la conducta en el orden público, o las
circunstancias de la acción o la omisión, y el grado de educación del
infractor.
MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Violación del derecho a la dignidad humana
por norma que establece que en la aplicación de la sanción debe tenerse en
cuenta “la personalidad del transgresor”/MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Vaguedad
e indeterminación de norma que establece criterios para  aplicación de sanción/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MEDIDAS
CORRECTIVAS DE POLICIA -Alcance
La norma acusada introduce un
factor que indican que al contraventor puede aplicársele una medida correctiva
en razón a su personalidad, la que además será simplemente apreciada. Una
previsión de tal naturaleza, vulneran la dignidad humana que encuentra
fundamento en el artículo 29 de la Constitución, que establece que nadie podrá
ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.
En efecto, nadie podrá ser sancionado por su ser o por sus condiciones
psicofísicas, su carácter, su temperamento, o sus sentimientos, considerando
que estas condiciones lo hacen peligroso para la sociedad, sino por la conducta
cometida, es decir, por el acto externo realizado libre y concientemente
establecidas previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la
sociedad y de sus miembros, para la cual se ha establecido una sanción. Además,
la expresión la personalidad del trasgresor simplemente apreciada es vaga e
indeterminada. Cabe recordar, que uno de los principios constitucionales
mínimos que han de gobernar el poder de policía en un Estado democrático de
derecho, de conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, es el
principio de legalidad.
Aun cuando en el caso de la norma acusada no se trata de la tipificación de
determinada conducta susceptible de ser sancionada con la correspondiente
medida correctiva, se trata, sin embargo, de establecer los criterios con base
en los cuales habrá de aplicarse medida correctiva, que bien puede comportar
una restricción de la libertad personal, los cuales no deben estar ajenos a la
previa determinación, a fin de que se puedan conocer de antemano los factores
que han de incidir en la aplicación de una medida correctiva, sin que nada
quede librado a la indeterminación. Si bien el juicio de constitucionalidad no
recae en este caso sobre normas de naturaleza penal sino correccional, y no
obstante que la Corte ha reiterado que el principio de legalidad ha de
aplicarse en forma mucho más estricta en el campo del derecho penal que en el
disciplinario y en el correccional, ha precisado igualmente esta Corporación
que, en el campo del derecho disciplinario y del derecho correccional son
aplicables, mutatis mutandi, las garantías constitucionales propias del derecho
penal.
Referencia: expediente D-6431
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 222, 223 y 229 del Decreto Ley 1355 de 1970, “por el cual se expiden
normas sobre policía”.
Demandante:  Oscar Augusto Jiménez   Gómez
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos
mil siete (2007)
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Oscar
Augusto Jiménez Gómez demandó la inconstitucionalidad de los artículos 222, 223
y 229 del Decreto Ley 1355 de 1970, “Por el cual se expiden normas sobre
policía”, por considerar que los mismos vulneran los artículos 13, 28 y 29
de la Constitución Política.
Mediante Auto del 28 de agosto de 2006, se
admitió la demanda respecto de los artículos 222 y 223 del Decreto Ley 1355 de
1970, y se rechazó en cuanto se refería específicamente al artículo 229 del
mismo decreto, por haberse configurado el instituto de la cosa juzgada
constitucional[1], razón por la cual la
presente sentencia se proferirá sólo en relación con los cargos formulados
contra los artículos 222 y 223 del aludido ordenamiento.
II. DISPOSICIONES DEMANDADAS
A continuación se transcriben las normas
acusadas del Decreto Ley 1355 de 1970, precisando que ha sido demandada la
totalidad del texto de cada una de dichas disposiciones.
DECRETO 1355 DE
1970
(agosto 4 )
Diario Oficial No 33.139, del 4
de septiembre de 1970
“ARTICULO 222. El funcionario de policía que haya
impuesto medida correctiva podrá en cualquier tiempo hacerla cesar si a su
juicio tal determinación no perjudica el orden público.
ARTICULO 223. Cuando se aplique medida correctiva se tendrán en
cuenta sus mayores o menores implicaciones con el
orden público, la personalidad del transgresor simplemente apreciada, el grado
de su educación y las circunstancias de la acción u omisión”.
III. LA DEMANDA
El ciudadano Oscar Augusto Jiménez Gómez
demanda la inconstitucionalidad de los artículos 222 y 223 del Decreto Ley 1355
de 1970, “Por el se expiden normas sobre policía”, por considerar que
los mismos vulneran los artículos 13, 28 y 29 de la Constitución Política.
En cuanto concierne a la disposición
contenida en el artículo 222 del Decreto Ley 1355 de 1970, sostiene el
ciudadano demandante que la medida correctiva a la cual se hace alusión, se
encuentra indefinida en el tiempo y deja al arbitrio del funcionario hacerla
cesar o no, generando así situaciones ambiguas, arbitrarias o represivas que
comportan la violación de los artículos 28 y 29 de la Constitución Política,
recordando que la primera de las disposiciones superiores mencionadas proscribe
las medidas de seguridad imprescriptibles y aludiendo al pronunciamiento que en
tal sentido hiciera esta Corporación a través de la Sentencia C-087 de 2000.
En cuanto atañe a la disposición contenida
en el artículo 223 del Decreto Ley 1355 de 1970, manifiesta el actor que la
misma vulnera el artículo 13 de la Constitución, por cuanto se está generando
la posibilidad de que se presenten arbitrariedades en la imposición de las
medidas correctivas, al permitir indebidamente que se tenga en cuenta la
personalidad del sujeto pasivo de tales medidas, sin que el funcionario de
policía se encuentre profesionalmente capacitado  para analizar y dictaminar en
relación con la personalidad del destinatario de la medida correctiva y para
establecer la forma en que la personalidad habrá de ser tenida en cuenta para
efectos de la imposición de la medida correctiva.
Agrega que la disposición demandada está
facultando al funcionario de policía para cometer injusticias,  al permitirle
tomar como elemento de juicio el grado de educación de la persona, ya que se
incurre así en una situación discriminatoria y violatoria del principio de
igualdad, que prohíbe que se fundamente el respectivo juicio en el mayor o
menor grado de instrucción académica o de educación.
Reitera que con la norma acusada se está
permitiendo un trato desigual fundamentado en factores subjetivos tales como la
apreciación simple de la personalidad o el grado de educación, con violación de
los límites que imponen los principios, valores y derechos fundamentales,
particularmente el derecho a la igualdad, ya que el legislador no está
facultado para establecer tratos diferenciados sin que concurra una
legitimación objetiva.
IV. intervenciones
1. Intervención de la Policía Nacional.
El Secretario General de la Policía
Nacional interviene en el proceso para manifestar que las normas acusadas no
violan los preceptos superiores señalados por el demandante.
En cuanto se refiere al artículo 222 señala
la Policía Nacional que la Sentencia C-087 de 2000, invocada por el actor, no
contiene argumentos jurídicos que sustenten la inconstitucionalidad de la norma
acusada, ya que en dicha providencia se alude a medidas de correctivas de
policía vagas, imprecisas e imprescriptibles, siendo diferente el caso de la
disposición contenida en el artículo 222, que alude a la facultar que se otorga
al funcionario de policía para poner fin en cualquier tiempo a una medida
correctiva, “sin que dicha prerrogativa implique, en sí misma, una medida
correctiva”.
Agrega el interviniente que la potestad a
la cual se hace alusión en el artículo 222, se enmarca dentro de los principios
y criterios derivados del poder de policía a los cuales se refirió la Corte
Constitucional en la Sentencia C-024 de 1994, para indicar que los principios
de proporcionalidad y razonabilidad imponen que se atienda a las circunstancias
y al fin perseguido, para evitar todo exceso innecesario.
Concluye, en relación con este punto, que
la facultad contenida en el artículo 222, en lugar de vulnerar los derechos
fundamentales a la libertad y al debido proceso lo que hace es protegerlos, ya
que permite al funcionario de policía que, cuando se hayan cumplido las
finalidades pretendidas, proceda a dar por terminada la aplicación de la
correspondiente medida de seguridad.
En cuanto a la disposición contenida en el
artículo 223, afirma que el principio de igualdad permite dar a situaciones
distintas, entre ellas los rasgos y las circunstancias personales, unas
consecuencias jurídicas igualmente distintas y que la aludida norma establece
una serie de parámetros con el fin de ponderar la aplicación de las medidas
correctivas y eliminar cualquier arbitrariedad. Invocando el test de
razonabilidad en relación con el principio de igualdad,  manifiesta que los
factores de ponderación establecidos en la norma acusada se justifican en aras
de la preservación del orden publico interno.
En cuanto a la razonabilidad del trato
desigual que se deriva de los criterios de ponderación contenidos en el
artículo 223, sostiene que surgen de la necesidad de preservar el orden
público, siendo posible y justo tener en cuenta situaciones distintas, rasgos
personales distintos, grados de educación distintos para deducir de ellos
diferentes consecuencias jurídicas que, en el caso que nos ocupa, se traducen en
medidas correctivas, razón por la cual concluye que la norma acusada supera
satisfactoriamente el test de razonabilidad y, en consecuencia, no vulnera la
garantía contenida en el artículo 13 de la Constitución Política.
2. Intervención del Ministerio de Defensa
Nacional.
El Ministerio de Defensa Nacional
interviene en el proceso para solicitar a la Corte que se declare la
exequibilidad de las disposiciones contenidas en los artículos 222 y 223 del
Decreto Ley 1355 de 1970, petición que fundamenta así:
Partiendo de la diferencia conceptual que
existe entre poder de policía y función de policía, para lo cual invoca la
jurisprudencia de esta Corporación, manifiesta que la norma atacada tiene por
objeto la creación de las herramientas y de los mecanismos jurídicos que
resultan necesarios para combatir las conductas que atentan contra la sociedad,
para mantener el orden público y para adelantar una actividad de naturaleza
preventiva.
En relación con los cargos de
inconstitucionalidad formulados contra la disposición contenida en el artículo
222 concluye que “la potestad analizada se enmarca  dentro de los principios
y criterios derivados del poder de policía señalados en la sentencia de la
Corte Constitucional C-024 de 1994, específicamente con los atinentes a la
proporcionalidad y razonabilidad de las medidas de policía, las cuales deben
atender a las circunstancias y al fin perseguido, evitándose todo exceso
innecesario. Así las cosas, la facultad contenida en el artículo analizado no
viola los derechos fundamentales de libertad y debido proceso, por el contrario
los protege al permitir que el funcionario de policía de por terminada la
aplicación de cierta medida cuando a su criterio, se hayan cumplido
satisfactoriamente las finalidades pretendidas, no justificándose  la
continuación del correctivo”.
En cuanto concierne a la presunta
vulneración del principio de igualdad que se materializaría a través de la
disposición contenida en el artículo 223, señala que la Corte ha sostenido
reiteradamente la necesidad de examinar las razones por las cuales el
legislador distingue entre los diferentes destinatarios de las normas
cuestionadas y sostiene que la norma acusada no viola el principio de igualdad
por cuanto “hay motivos suficientes para regular las prestaciones sociales
contenidas en las normas demandadas en el presente caso de manera diferente de
acuerdo a la calidad y requisitos exigidos para cada una de ellas”.
Torna luego a la jurisprudencia de esta
Corporación e invoca igualmente la doctrina del Tribunal Europeo de los
Derechos Humanos, en el sentido de que toda desigualdad  no constituye
necesariamente una  discriminación. Manifiesta que en el artículo 223 del
Código Nacional de Policía se consagra una serie de parámetros creados por el
legislador para ponderar la aplicación de las medidas correctivas, eliminando
cualquier vicio de arbitrariedad por parte de las autoridades de policía.
Agrega el Ministerio que la existencia de
factores de ponderación se justifica en razón de la preservación del orden público
interno y que la razonabilidad del trato desigual que se deriva de los
criterios de ponderación contenidos en el artículo 223 se justifica igualmente
en aras del mantenimiento del orden publico, para concluir que la norma acusada
supera satisfactoriamente el test de razonabilidad y, en consecuencia, no es
violatoria del principio de igualdad.
3. Intervención de la Universidad del Rosario
El Decano de la Facultad de Jurisprudencia
de la Universidad del Rosario interviene para solicitar a la Corte que declare
la inexequibilidad de las disposiciones contenidas en los artículos 222 y 223
del Código Nacional de Policía.
Alude a la distinción que tanto la doctrina
como la jurisprudencia han hecho en relación con los conceptos de “poder de policía”,
entendido como potestad de reglamentación general; “función de policía”, que
alude a la gestión administrativa concreta del poder de policía y “actividad de
policía”, que comporta la ejecución coactiva.
Señala que la actividad de policía es una expresión
de la actividad sancionadora del Estado y, como tal, su ejercicio ha sido
equiparado por esta Corporación al ejercicio de la potestad sancionadora en
relación con los delitos, para efectos de la determinación de las garantías que
se hacen exigibles y, como fundamento de tal aseveración, alude a varias
sentencias de constitucionalidad emitidas en relación con normas del Código
Nacional de Policía.
Indica que las medidas correccionales de
policía, a pesar de no constituir formalmente sentencias condenatorias,
comportan en todo caso serias restricciones al ejercicio de la libertad. Por
tal razón, cuando el artículo 222 otorga al funcionario de policía que ha
impuesto determinada medida correctiva la potestad de hacerla cesar en
cualquier tiempo si, a su juicio, tal decisión no perjudica el orden público,
aun cuando aparentemente se trataría de una norma de razonabilidad a favor del
infractor, realmente “deja inermes los intereses de la sociedad en tanto en
cuanto la misma carece de cualquier forma de control sobre esa decisión, por
tratarse precisamente de una actividad de policía, por lo cual, si el infractor
desea que cesen los efectos de la medida de corrección que padece, habrá de
acudir él mismo y promover el correspondiente proceso judicial o administrativo,
pero nunca será procedente oficiosamente esa forma de rehabilitación”.
Concluye la Universidad en relación con el
artículo 222 que es a la función de policía y no a la actividad de policía a la
que concierne la cesación de los efectos de la medida correctiva, razón por la
cual “dejar su determinación a la apreciación de quien es titular de esta
última pero no de aquella, entraña una violación a las reglas constitucionales
que informan el ejercicio de esta forma de potestad sancionadora estatal y por
ende debe ser retirada del ordenamiento jurídico”.
En relación con la disposición contenida en
el artículo 223 del mismo Código Nacional de Policía, afirma la Universidad que
los parámetros que allí se establecen para la aplicación de las medidas correctivas
son equivalentes a los previstos en los artículos 204 y 205 del mismo
ordenamiento, y como dichas normas fueron declaradas inexequibles por esta
Corporación, es de esperarse que similares consideraciones habrán de servir de
fundamento para el examen de la norma que ahora se demanda.
4. Intervención de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia
Refiriéndose a la disposición contenida en
el artículo 222, la Academia se remite a lo dicho por esta Corporación en la
Sentencia C-087 de 2000, en la cual se hace alusión al vicio de
inconstitucionalidad que se deriva de una disposición correctiva indefinida,
aclarando que  dicho aspecto no era el objeto del análisis de exequibilidad en
dicha providencia, así como la Sentencia C-1444 de 2000, en cuya parte motiva
se alude nuevamente a la precedente anotación de la Corte, para concluir que la
demanda está llamada a prosperar.
En cuanto atañe al artículo 223, la
Academia se refiere, en primer lugar, a lo dicho por esta Corporación en la
Sentencia C-194 de 2005, en relación con una demanda en la cual se aludía a la
especial ausencia de idoneidad de los funcionarios para calificar la
personalidad de quienes aspiran a la concesión de beneficios penales, para
concluir que la apreciación que se haga de la personalidad del trasgresor - si
bien es realizada por un funcionario judicial que por su especialidad no está
obligado a conocer de los conceptos expertos de que trata la demanda - en todo
caso, no debe ser arbitraria, siendo ésta la dirección, interpretación y
aplicación de la norma. Se concluye, sobre este punto, que la
constitucionalidad debe ser condicionada a tales precisiones.
En segundo lugar, se alude por parte de la
Academia al supuesto trato discriminatorio al que se hace referencia en la
demanda y se indica que frente a tal acusación basta con recordar lo resuelto
por esta Corporación en la Sentencia C-546 de 1992, que contiene un
planteamiento que “ha tenido un desarrollo que, sin contradicción y, mejor
con reiteración se trata de una “línea de jurisprudencia” y, así, no existe
propuesta de inexequibilidad, como lo trae el fundamento de la demanda”.
V. CONCEPTO RENDIDO POR EL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN.
El Procurador General de la Nación,
mediante concepto No. 4188, radicado en la Secretaría General el 12 de octubre
de 2006, solicita a la Corte declarar la inexequibilidad del artículo 222 del
Decreto 1355 de 1970, así como la inexequibilidad de las expresiones “la
personalidad del trasgresor simplemente apreciada” y “el grado de su
educación”, contenidas en el artículo 223 del mismo Decreto.
En relación con la disposición contenida en
el artículo 222, el Ministerio Público considera que desconoce el derecho al
debido proceso y la prohibición de la existencia de medidas de seguridad
imprescriptibles en cuanto permite la aplicación de una medida correctiva
indefinida en el tiempo y, por tal razón, imprecisa.
Coincide con el actor en afirmar que la
norma acusada deja al arbitrio del funcionario de policía que haya impuesto la
medida de seguridad la decisión de mantenerla o de ponerle fin, posibilitando
así que se convierta en una medida permanente si el funcionario considera que
ello beneficia el orden público, generándose así una situación desproporcionada,
irrazonable y violatoria del artículo 28 de la Constitución.
En cuanto se refiere al artículo 223,
manifiesta que efectivamente desconoce el principio de igualdad al establecer
como criterios determinantes de la aplicación de la medida correctiva la
personalidad del trasgresor  apreciada de manera simple por el funcionario de
policía, así como su grado de instrucción.
Afirma el Ministerio Público que “al no
establecer la norma de manera precisa y clara los criterios objetivos y
razonables en que debe fundarse la autoridad para realizar la valoración de la
personalidad del trasgresor y la influencia de su grado de educación en la
acción u omisión que amerita la medida correctiva, el juicio será subjetivo y
arbitrario, puesto que en él van a influir únicamente la forma de pensar y de
sentir de quien lo hace, lo cual riñe con el principio de igualdad, por cuanto
el resultado de tal valoración va a depender del sujeto que la realiza,
situación que no permite un tratamiento igual para todos los contraventores,
impidiéndoles, además, el ejercicio de su derecho de defensa (artículo 29
superior)”.
Agrega que la calificación de la
personalidad del trasgresor y de su grado de educación sólo la podría llevar a
cabo un funcionario judicial, instancia hasta la cual nunca llega un asunto
contravencional, configurándose así la inconstitucionalidad, a lo cual hay que
agregar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la
Constitución, las funciones de policía se enmarcan en “el mantenimiento de
las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
Concluye el Señor Procurador que, por
tratarse de una norma cuya generalidad y vaguedad en lo que se refiere a las
expresiones “la personalidad del trasgresor simplemente apreciada” y “el
grado de su educación”, se configura la vulneración del principio de
igualdad y del derecho de defensa, razón por la cual solicita a la Corte la
declaración de inexequibilidad parcial de la misma.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia de la Corte
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional
es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman
parte de un decreto con fuerza de ley, en este caso, el Decreto 1355 de 1970.
2.  Problemas jurídicos.
El ciudadano Oscar Augusto
Jiménez Gómez demanda la inconstitucionalidad de    los artículos 222 y 223 del
Decreto Ley 1355 de 1970, por la supuesta vulneración de los artículos 13, 28 y
29 de la Constitución Política.
Asegura el ciudadano demandante que, en
cuanto concierne a la disposición contenida en el artículo 222 del Decreto Ley
1355 de 1970, la medida correctiva a la cual se hace alusión, se encuentra
indefinida en el tiempo y deja al arbitrio del funcionario hacerla cesar o no,
generando así situaciones ambiguas, arbitrarias o represivas que comportan la
violación de los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, recordando que
la primera de las disposiciones superiores mencionadas proscribe las medidas de
seguridad imprescriptibles y aludiendo al pronunciamiento que en tal sentido
hiciera esta Corporación a través de la Sentencia C-087 de 2000.
En cuanto atañe a la disposición contenida
en el artículo 223 del Decreto Ley 1355 de 1970, manifiesta el actor que la
misma vulnera el artículo 13 de la Constitución, por cuanto se está generando
la posibilidad de que se presenten arbitrariedades en la imposición de las
medidas correctivas, al permitir indebidamente que se tenga en cuenta la
personalidad del sujeto pasivo de tales medidas, sin que el funcionario de
policía se encuentre profesionalmente capacitado  para analizar y dictaminar en
relación con la personalidad del destinatario de la medida correctiva y para
establecer la forma en que la personalidad habrá de ser tenida en cuenta para
efectos de la imposición de la medida correctiva.
La Policía Nacional y el Ministerio de
Defensa Nacional coinciden en solicitar a la Corte la declaratoria de
exequibilidad de las normas acusadas, por considerar que no se configura
violación de precepto superior alguno y que las mismas resultan indispensables
para la salvaguarda del orden público.
La Universidad del Rosario considera que
tanto el artículo 222 como el artículo 223 deben ser retirados del
ordenamiento, por cuanto comportan efectivamente la vulneración de preceptos
superiores.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia
solicita a la Corte la declaración de inexequibilidad de la disposición
contenida en el artículo 222 del Decreto 1355 de 1970, así como la declaración
de exequibilidad condicionada del artículo 223, invocando para ello precedentes
decisiones de esta Corporación.
El Ministerio Público, por su parte,
solicita la declaración de inexequibilidad del artículo 222, por considerar que
comporta la violación de las garantías establecidas en los artículos 28 y 29 de
la Constitución, así como la declaración de inexequibilidad de las expresiones
“la personalidad del trasgresor simplemente apreciada” y “el grado de
su educación” contenidas en el artículo 223 ya que, a su juicio, incurren
en vulneración del principio de igualdad.
En este orden de ideas, los problemas
jurídicos que se le plantean a la Corte son los siguientes:
Vulnera el derecho a
la libertad y la prohibición de penas y medidas de seguridad
imprescriptibles, consagrados en el artículo 28 superior, el hecho de que
el legislador otorgue  al funcionario de policía que haya impuesto una
medida correctiva, la facultad de hacerla cesar en cualquier tiempo si, a
su juicio, tal determinación no perjudica el orden público?.
Viola el debido
proceso y el derecho de defensa el hecho de que el legislador haya
otorgado  al funcionario de policía que haya impuesto una medida
correctiva, la facultad de hacerla cesar en cualquier tiempo si, a su
juicio, tal determinación no perjudica el orden público?.
Vulnera el principio constitucional de
igualdad el hecho de que, para la aplicación de las medidas correctivas,
el legislador haya dispuesto que se tenga en cuenta “la personalidad
del trasgresor simplemente apreciada”, así como su “grado de
educación”?
Procederá entonces la Corte a  (i) Reiterar
su jurisprudencia en relación con el orden público como valor subordinado al
respeto de las garantías fundamentales, y sobre los conceptos de poder, función
y actividad de policía;  (ii) Examinar los cargos de inconstitucionalidad planteados.
3. El orden público como valor subordinado
al respeto de las garantías fundamentales. Los conceptos de poder, función y
actividad de policía.
Al respecto del orden público, la Corte ha
considerado que “…debe ser entendido como el conjunto de condiciones de
seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el
goce de los derechos humanos[2]. En una
democracia constitucional este marco constituye el fundamento y el límite del
poder de policía, que es el llamado a mantener el orden público, orientado
siempre en beneficio del goce pleno de los derechos. En ese sentido, la
preservación del orden público no puede lograrse mediante la supresión o
restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío
de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las
libertades ciudadanas[3].
En efecto, en un Estado social de derecho
el uso del poder para el mantenimiento del orden público se encuentra limitado
por los principios constitucionales y por aquellas finalidades vinculadas a
asegurar la preservación de dicho orden público, como condiciones para el
ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos. Garantías fundamentales que
han de prevalecer frente a la obligación estatal de mantener el orden público,
con las limitaciones que resulten absolutamente indispensables en casos de
excepción, para la pacífica convivencia social y del respeto de los derechos de
los demás integrantes de la comunidad, siempre y cuando tales restricciones se
orienten hacia finalidades constitucionalmente legítimas.
Con fundamento en lo anterior, la Corte ha
señalado unos principios constitucionales mínimos que gobiernan los poderes de
policía en un Estado democrático de derecho. Ha indicado, que estos poderes  (i) Están sometidos al principio de legalidad;  (ii)  su
actividad debe tender a asegurar el orden público;  (iii) su actuación y las
medidas a adoptar se encuentran limitadas a la conservación y restablecimiento
del orden público; (iv) las medidas que se tome deben ser proporcionales y
razonables,  y no pueden  traducirse en la supresión absoluta de las
libertades, o en su limitación desproporcionada;  (v) no pueden imponerse
discriminaciones injustificadas a ciertos sectores; (vi) la medida policiva
debe recaer contra el perturbador del orden público, pero no contra quien
ejerce legalmente sus libertades, y (vii) las medidas policivas se encuentran
sometida a los correspondientes controles judiciales[4].
La Corte igualmente ha determinado, que
la preservación del orden público en beneficio de las libertades democráticas,
supone el uso de distintos medios a saber: (i) el establecimiento de normas
generales que limitan los derechos para preservar el orden público; (ii) la
expedición de actos normativos individuales, dentro de los límites de esas
normas generales; (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen
el empleo de la coacción y que se traduce en la organización de cuerpos armados
y funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la función[5]”[6].
Ahora bien. En relación con los conceptos
de poder, función y actividad de policía, han sido también perfectamente
establecidos y diferenciados por esta Corporación, mediante reiterada
jurisprudencia que se puede sintetizar así:
“Con fundamento en ello la Corte
Constitucional, en numerosas sentencias[7],
recogiendo la conceptualización que ha realizado en tal sentido la Corte
Suprema de Justicia[8], ha
distinguido entre poder de policía, entendido como potestad de reglamentación
general;  función de policía consistente en la gestión administrativa concreta
de poder de policía, y actividad de policía que comporta la ejecución coactiva.
Así ha concretado la Corte la regla jurisprudencial:
“En síntesis, se puede afirmar que la Corte
Constitucional frente a la función de proteger el orden público tiene como
criterio de distinción:
El poder de policía lo ejerce, de manera
general, el Congreso de la República por medio de la expedición de leyes que
reglamentan el ejercicio de la libertad cuando éste trasciende el ámbito
privado e íntimo. Este poder también es ejercido en forma excepcional, por el
Presidente de la República en los estados de guerra exterior, conmoción interior
y emergencia.
La función de policía es ejercida por las
autoridades de la rama ejecutiva (como los alcaldes e inspectores) en
cumplimiento de competencias determinadas por la ley.
La actividad de policía es ejercida por los
miembros de la Policía Nacional, que en cumplimiento de su obligación de
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, aplican diversos medios legítimos para prevenir y conjurar
las alteraciones del orden público”.[9]
4. El poder de policía se caracteriza
entonces por su naturaleza normativa y por la facultad legítima de regulación
de la libertad con actos de carácter general, impersonal y abstracto,
orientados a crear condiciones para la convivencia social, en ámbitos
ordinarios, y dentro de los términos de  salubridad, seguridad y tranquilidad
públicas que lo componen.
Esta facultad permite limitar, en general,
el ámbito de las libertades públicas en su relación con objetivos de
salubridad, seguridad y tranquilidad públicas. Generalmente se encuentra
adscrita al Congreso de la República, órgano que debe ejercerla dentro de los
límites de la Constitución.
5. Conviene resaltar que sobre este
particular la Corte ha precisado que resulta coherente con  el Estado Social de
Derecho que la regulación de los derechos y las libertades públicas esté en
cabeza del Congreso. Su protección adecuada supone que los actos estatales que
los afecten estén rodeados de un conjunto de garantías mínimas, entre ellas la
relacionada con la necesidad de que cualquier limitación o restricción se
establezca por medio de una ley adoptada por el órgano legislativo como
expresión de la voluntad popular. Este procedimiento democrático imprime
seguridad, publicidad y transparencia a las decisiones adoptadas en esta
materia por el legislador. Adicionalmente ellas están sometidas a los controles
establecidos en la Constitución a fin de proteger los derechos fundamentales.
6.  La función de Policía, supeditada al
poder de policía, es la gestión administrativa concreta del poder de policía,
ejercida dentro del marco impuesto por éste. Supone el ejercicio de
competencias concretas asignadas por el poder de policía a las autoridades
administrativas de policía. Su ejercicio corresponde, en el nivel nacional, al
Presidente de la República tal como lo establece el artículo 189-4 de la
Constitución. En las entidades territoriales compete a los gobernadores (Art.
330 CP) y a los alcaldes (Art. 315-2 CP), quienes ejercen la función de policía
dentro del marco constitucional, legal y reglamentario.
Sobre la potestad que implica la función de
policía para la adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance
local, en relación con un tema en particular, dirigidas a un   grupo específico
de personas (habitantes y residente de la localidad), y bajo la orientación de
la Constitución y la ley ha dicho la Corte:
“La concreción propia de esta función no
solamente se presenta en aquellos eventos en los cuales la autoridad
administrativa se limita a la expedición de una licencia y que se contraen a la
relación directa entre la administración y el “administrado” o destinatario de
la actuación, en atención a la definición de una situación concreta y precisa;
(..) la función de policía también implica la adopción reglamentaria de ciertas
prescripciones de alcance local sobre un tema en particular dirigidas a un
grupo específico de personas, y de los habitantes y residentes de la localidad,
bajo la orientación de la Constitución, la ley y el reglamento superior, de tal
manera que la autoridad de policía local pueda actuar ante condiciones
específicas, según los términos que componen la noción de orden público
policivo y local, lo que le permite dictar normas que regulen aquellas materias
con carácter reglamentario y objetivo[10].
7. De manera que la
concreción propia de esta función tiene varias manifestaciones. Se presenta en
aquellos eventos en los cuales la autoridad administrativa ejerce su relación
directa entre administración  y administrado, o destinatario de la actuación,
como cuando se  limita a expedir una licencia o a la definición de una
situación concreta y precisa.
Desde otro ámbito,  la función de policía
implica también la adopción reglamentaria de ciertas prescripciones de alcance
local sobre un tema en particular, dirigidas a un grupo específico de personas,
o a los habitantes y residentes de la localidad, siempre bajo la orientación de
la Constitución, la ley y el reglamento superior. Ello con el propósito de que
la autoridad de policía local pueda actuar ante condiciones específicas, según
los términos que componen la noción de orden público policivo y local, lo que
le permite dictar normas que regulen aquellas materias con carácter
reglamentario y objetivo.
Esta función de policía  supone el
reconocimiento de la imposibilidad del legislador de prever todas las
circunstancias fácticas. Las leyes de policía permiten entonces un  margen de
actuación a las autoridades administrativas para su concreción. Así, la forma y
oportunidad para aplicar a los casos particulares el límite de un derecho,
corresponde a normas o actos de carácter administrativo expedidos dentro del
marco legal por las autoridades administrativas competentes. Éste configura el
denominado “poder administrativo de policía”, que  corresponde de manera más
exacta a una  “función o gestión administrativa de policía” la cual debe ser
ejercida dentro del marco señalado en la ley, y se concreta en  la  expedición
de disposiciones de carácter singular tales  como órdenes, mandatos,
prohibiciones, etc[11].
8. La Corte ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre el significado y alcance de la función de policía[12].
En la sentencia C-366 de 1996, señaló que esta implica la atribución y el
ejercicio de competencias concretas asignadas de ordinario mediante el poder
legislativo de policía a las autoridades administrativas como son el Presidente
de la República a quien según el artículo 189-4 de la Carta le compete
“conservar en todo el territorio el orden público”; los gobernadores (CP Art.
303)  y los alcaldes (CP Art. 315-2), quienes en el nivel local ejercen la
función de policía dentro del marco constitucional, legal y reglamentario.
9. En síntesis, el ejercicio del poder de
policía, a través de la ley, delimita derechos constitucionales de manera
general y abstracta y establece las reglas legales que permiten su específica y
concreta limitación para garantizar los elementos que  componen la noción de
orden público  policivo, mientras que a través de la función de policía se
hacen cumplir jurídicamente y a través de actos administrativos concretos, las
disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en virtud del ejercicio
del poder de policía[13].
10. Finalmente, la actividad de policía es
la ejecución del poder y la función de policía en un marco estrictamente
material y no jurídico, corresponde a la competencia del uso reglado de la
fuerza, y se encuentra necesariamente subordinada al poder y a la función de
policía.
11. Conforme a lo anterior, puede concluir
la Corte que el ejercicio del poder de policía se realiza, de manera general, a
través de la expedición de la ley para delimitar derechos constitucionales de
manera general y abstracta, y establecer las reglas que permiten su específica
y concreta limitación para garantizar el control del orden público; en tanto
que con la función de policía se hace cumplir la ley por medio de actos
administrativos y de acciones policivas.”[14]
En cuanto concierne específicamente a la
actividad de policía, la Corte[15] ha acogido igualmente
los conceptos que desde antes de la entrada en vigencia de la Constitución
Política de 1991 habían sido elaborados por la Corte Suprema de Justicia, a
saber:
“19.- Finalmente, la actividad de policía
se refiere a los oficiales, suboficiales y agentes de policía quienes no
expiden actos sino que actúan, no deciden sino que ejecutan; son ejecutores del
poder y de la función de policía; despliegan por orden superior la fuerza
material como medio para lograr los fines propuestos por el poder de policía;
sus actuaciones están limitadas por actos jurídicos reglados de carácter legal
y administrativo. Una instrucción, una orden, que son ejercicio concreto de la
función de policía, limitan el campo de acción de un agente de policía, quien
es simple ejecutor al hacer cumplir la voluntad decisoria del alcalde o
inspector, como funcionario de policía. Es una actividad estrictamente material
y no jurídica, corresponde a la competencia del uso reglado de la fuerza, y
está necesariamente subordinada al poder y la función de policía. Por lo tanto,
tampoco es reglamentaria ni reguladora de la libertad”.[16]
Ahora bien. De conformidad con lo previsto
en la Constitución[17], el mantenimiento de las
condiciones necesarias  para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, está
cargo de la policía nacional, cuerpo armado permanente de naturaleza civil, que
integra con las fuerzas militares, exclusivamente, la fuerza pública[18].
Al respecto de la labor que corresponde cumplir
a la policía en un Estado social y democrático de derecho, la Corte ha
considerado:
“(…)
“La Policía en un Estado social de derecho.
La policía, en sus diversos aspectos,  busca entonces
preservar el orden público. Pero el orden público no debe ser entendido como un
valor en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad,
tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los
derechos humanos. El orden público, en el Estado social de derecho, es entonces
un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo cual el fin último
de la Policía, en sus diversas formas y aspectos, es la protección de los
derechos humanos. Estos constituyen entonces el fundamento y el límite del
poder de policía. La preservación del orden público lograda mediante la
supresión de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal
democrático, puesto que el sentido  que subyace a las autoridades de policía no
es el de mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo permitir el
más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden
público.
Conforme a lo anterior, en un Estado social de
derecho, el uso del poder de policía -tanto administrativa como judicial-, se
encuentra limitado por los principios contenidos en la Constitución Política y
por aquellos que derivan de la finalidad específica de la policía de mantener
el orden público como condición para el libre ejercicio de las libertades
democráticas. De ello se desprenden unos criterios que sirven de medida al uso
de los poderes de policía y que la Corte Constitucional entra a precisar:
1- Siendo autoridad administrativa (policía
administrativa) o que actúa bajo la direccióón
funcional de las autoridades judiciales (policía judicial), la Policía está
sometida al principio de legalidad puesto que afecta libertades y derechos.
2. Toda medida de policía debe tender a asegurar el
orden público; por tanto, encuentra su limitación allí donde comienzan las
relaciones estrictamente privadas. De aquí que la policía tampoco pueda actuar
a requerimiento de un particular para proteger sus intereses meramente
privados; para esto está la Justicia ordinaria.
3. La policía sólo debe adoptar las medidas necesarias
y eficaces para la conservación y restablecimiento del orden público. La
adopción del remedio más enérgico -de entre los varios posibles-, ha de ser
siempre la ultima ratio de la policía, lo cual muestra que la actividad
policial en general está regida por el principio de necesidad, expresamente
consagrado en el artículo 3º del "Código de conducta para funcionarios
encargados de aplicar la ley", aprobado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por resolución 169/34 del 17 de diciembre de 1979, que
establece que las autoridades sólo utilizarán la fuerza en los casos
estrictamente necesarios.
4- Igualmente, las medidas de policía deben ser proporcionales
y razonables en atención a las circunstancias y al fin perseguido:
debe entonces evitarse todo exceso innecesario. Así pues, los  principios de
proporcionalidad y razonabilidad que rigen todas las actuaciones de la
administración pública adquieren particular trascendencia en materia de
policía.
5- Directamente ligado a lo anterior, la extensión del
poder de policía está en proporción inversa al valor constitucional de las
libertades afectadas. Eso explica que en ciertas materias -como la regulación
de los  sitios públicos- el poder policial sea mucho más importante que en
otros ámbitos de la vida social, como el derecho a la intimidad y a la
inviolabilidad del domicilio.
6- El poder de la policía se ejerce para preservar el
orden público pero en beneficio del libre ejercicio de las libertades y
derechos ciudadanos. No puede entonces traducirse en una supresión absoluta de
las libertades.
7. Así mismo debe recordarse especialmente en esta
materia la regla, por otra parte general a toda actividad administrativa, de la
igualdad de los ciudadanos ante la ley. El ejercicio del poder de policía no
puede traducirse en discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la
población , puesto que todas las personas "recibirán la misma protección y
trato de las autoridades". (CP 13)
8. Igualmente opera la máxima
de que la policía debe obrar contra el perturbador del orden público, pero no
contra quien ejercite legalmente sus derechos”. [19]
La jurisprudencia constitucional también ha dejado
claramente establecido que la naturaleza civil de la Policía Nacional deriva
del hecho de que es una autoridad administrativa que cumple funciones
preventivas mas no represivas -salvo cuando actúa como colaboradora de las
autoridades judiciales, en ejercicio de la función de policía judicial- y
también  por la ausencia de disciplina castrense, lo cual implica que los
inferiores son responsables de la ejecución de las órdenes que reciban.
Concretamente, la Corte ha manifestado que como la
Policía Nacional  se sitúa en una “zona gris” o “fronteriza”, en la cual se
superponen los criterios de seguridad y defensa,  la Carta Política adoptó para
esta institución un régimen intermedio caracterizado de la siguiente manera:
§  Se le asigna a la Policía Nacional el
carácter de cuerpo armado de naturaleza civil, cuya misión es eminentemente
preventiva y dirigida a mantener “las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y las libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz" (art. 218 C.N.).
§  La ausencia en su seno de disciplina
castrense determina que la responsabilidad de los miembros de la Policía
Nacional, por infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento
de alguna persona, no pueda ser excusado por la obediencia debida, por cuanto
no están sujetos a ella. (art. 91 C.N.)
§  Se incluye a la Policía Nacional como parte
integrante de la fuerza pública  junto con las fuerzas militares,
estableciéndose un régimen común para todos en cuanto respecta a su carácter no
deliberante (art. 219 C.P.), a la reserva legal sobre la privación de grados,
honores y pensiones (art. 220 C.P.), al fuero penal (art. 221 C.P) y a la
promoción  profesional, cultural y social (art. 222 C.P.). [20]
Ahora bien, es sabido que
toda sociedad civilizada requiere contar con un cuerpo de policía como una
institución necesaria para la vigencia y efectividad del orden justo del que
habla el Preámbulo de la Carta Política. De ahí que todos los esfuerzos que se
hagan y todas las medidas que se tomen encaminadas a vigorizar esta institución
son decisivas en tanto y en cuanto se encuentran encaminadas a la realización
de los fines de un Estado de Derecho moderno y democrático.
En el caso colombiano tales
fines están señalados en el artículo 2º de la Carta Política. Entre éstos se
destacan los de "servir a la comunidad" , "garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución", y "asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de
un orden justo", los cuales tocan directamente con la función que le
corresponde cumplir a la Policía Nacional. Así mismo, el precepto
constitucional antes citado señala que "las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares". Este deber de protección recae, en primer lugar, en las
autoridades de policía que son las encargadas de garantizar el derecho
constitucional fundamental de la protección a todas las personas dentro del
territorio de la República.”[21]
En desarrollo de lo expuesto, el decreto
1355 de 1970 consagra entre sus disposiciones generales, que a la policía
compete la conservación del orden público interno, el que resulta de la
prevención y la eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la
tranquilidad, de la salubridad y la moralidad públicas, y no le corresponde
remover las causas de la perturbación; que en ningún caso la policía podrá
emplear medios incompatibles con los principios humanitarios; que las normas y
los servicios de policía son medios para prevenir la infracción penal; y que
ninguna de sus actividades puede contrarias a quien ejerza sus derechos sino a
quien abuse de él.[22]
Al respecto del ejercicio de las funciones
otorgadas a los miembros de la Policía Nacional, la Corte consideró que se
otorgan para la protección del orden público se desarrolla con el fin de
mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas (art. 218 superior). En desarrollo de esta función la
Policía Nacional puede aplicar medidas preventivas y correctivas sujetas al
principio de legalidad y cuando se encuentra ante situaciones que exigen una
acción inmediata para contrarrestar las agresiones que ponen en peligro los
derechos y bienes de las personas, su acción debe ajustarse a los estrictos
principios de proporcionalidad y razonabilidad del uso de la fuerza.
Precisados los anteriores conceptos,
procede la Corte al análisis de los cargos planteados en la demanda que nos
ocupa.
4.  Examen de los cargos planteados.
4.1. Exequibilidad del artículo 222 del
Decreto 1355 de 1970.
El Código Nacional de Policía (Decreto 1355
de 1970) establece en el artículo 222 que “El funcionario de policía que
haya impuesto medida  correctiva podrá en cualquier tiempo hacerla cesar si a
su juicio tal decisión no perjudica el orden público”.
Cabe recordar, que en virtud de lo previsto
en el citado Decreto 1355 de 1970, respecto de las contravenciones de policía,
las autoridades de policía podrán imponer medidas correctivas de: amonestación
en privado, represión por audiencia pública, expulsión de sitio público o
abierto al público, promesa de buena conducta, promesa de residir en otra zona
o barrio, prohibición de concurrir a determinados sitios públicos o abiertos al
público, presentación periódica ante el comandante de policía, retensión
transitoria, multa, decomiso, cierre de establecimiento, suspensión de permiso
o licencia, suspensión de obra, demolición de obra, construcción de obra, y
trabajo en obras de interés público[23].
En relación con las citadas medidas
correctivas, aprecia la Corte que algunas de ellas, una vez impuestas, se
agotan en un mismo acto y por tanto no pueden tener una permanencia en el
tiempo (amonestación en privado; represión por audiencia pública; expulsión de
sitio público o abierto al público; demolición de obra; multa; decomiso).
Otras, por implicar el incumplimiento de requisitos exigidos por cierta
normatividad, no pueden tener una duración en el tiempo, y solo le levantará la
medida una vez el contraventor cumpla con la exigencia respectiva, es decir, se
prolongarán hasta cuando cesen las causas que la motivaron (suspensión de
obra). Otras, como la promesa de buena conducta no pueden imponerse para
determinado lapso de tiempo. En relación con otras, la misma ley se ha
encargado de definir de manera concreta el lapso de tiempo que deben durar,
como la retensión transitoria, que en el marco previsto por la Constitución, no
podrá durar más de 24 horas[24]; el cierre del
establecimiento no puede ser mayor de siete días[25];
la suspensión de permiso o licencia no excederá de 30 días[26];
el trabajo en obras de interés público no excederá en conjunto de cuarenta y
ocho horas[27]. Y, respecto de otras,
por su propia naturaleza, como la demolición, la construcción o la reparación
de obra, la ley dispone que en la orden respectiva se señalará un plazo para su
ejecución.
Cabe recordar, que medidas correctivas para
las cuales la ley no señaló un límite en el tiempo para su duración, entre
otras razones, han sido declaradas contrarias a la Constitución. Por ejemplo,
mediante sentencia C-087 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte declaró
inexequible el artículo 205 del Decreto 1355 de 1970, que otorgaba competencia
a los comandantes de estación y de subestación prohibir la concurrencia a
determinados sitios públicos o abiertos al público: 1. al que por más de dos
veces haya dado lugar a graves hechos perturbadores del orden público en esos
sitios; y 2. al que por su edad o estado de salud física o mental le sea
perjudicial, según dictamen médico, asistir a tales sitios. El fundamento de la
inexequibilidad lo resumió la Corte de la siguiente manera:
“(…)
“En consecuencia, para que la prohibición
del numeral 1 de la disposición demandada pudiera, por este aspecto, ser
constitucional, habría que señalar que en los denominados antecedentes de los
hechos perturbadores, el afectado hubiera tenido oportunidad de controvertir
tal antecedente.
Pero, al analizar la medida correctiva, tal
como está concebida, se observa que no tiene un límite en el tiempo durante el
cual se dé la prohibición del ingreso al sitio público o abierto al público. Sobre este aspecto, el decreto dice en el
artículo 222 del decreto 1355 de 1970, que es la autoridad de policía, la que
haya impuesto la medida correctiva, quien podrá hacerla cesar en cualquier
tiempo "si a su juicio tal determinación no perjudica el orden
público". Como se ve, la medida correctiva resulta indefinida, pues, deja
al arbitrio de la autoridad, la fijación del período en que se aplica. Hay que
señalar que una disposición que establezca esta clase de situaciones viola la
Constitución, pues en el artículo 28 de la Carta están proscritas las medidas
de seguridad imprescriptibles, es decir, que no es posible que una persona
permanezca indefinidamente sometida a una limitación de sus derechos.
Además, se viola el artículo 248 de la Constitución, que establece que sólo las
condenas proferidas en sentencia judicial, tienen la calidad de antecedentes
penales y contravencionales.
De acuerdo con los principios
constitucionales expuestos, el  numeral 1 del artículo 205 demandado, resulta
inexequible, porque, acudiendo al juicio de proporcionalidad de que trata la
sentencia C-309 de 1997, a pesar de que podría sostenerse que logra el fin
perseguido: proteger a terceros de la presencia de personas que en
oportunidades anteriores han sido causantes de hechos perturbadores del orden
público, las normas policivas demandadas no son proporcionadas, en estricto
sentido, ya que sacrifican valores y principios de mayor peso que el que se
pretende proteger, dada la generalidad y vaguedad de la norma, su
indeterminación en el tiempo de duración de la prohibición y el desconocer
que la Constitución expresamente establece que sólo las condenas proferidas en
sentencia judicial, tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales,
en todos los órdenes legales (art. 248 de la Constitución), y los
procesos policivos hacen parte del orden legal.” (negrillas fuera de texto)
De igual manera, mediante sentencia C-110
de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell, la Corte declaró inexequible el
numeral primero del artículo 204 del Decreto 1355 de 1970, que otorgaba
competencia a los comandantes de estación y de subestación para, al que en
cantina, bares u otros sitios de diversión o de negocios situados en el barrio
donde tenga su residencia, fomente o protagonice escándalos, riñas o peleas
hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona indeseada. Como
fundamento, la Corte consideró:
“(…)
“3. En conclusión, estima la
Corte que aun cuando la norma acusada puede resultar adecuada para lograr la
finalidad de la conservación del orden público, sin embargo, desde las otras
perspectivas analizadas resulta irracional y desproporcionada, porque afecta
valores y principios constitucionales, en razón de su vaguedad y generalidad, de
la indeterminación en el tiempo de la medida correctiva que ella prohíja, y
del calificativo que se le da a la persona que incurre en la contravención.”
(negrillas fuera de texto)
También, mediante sentencia C-1444 de 2000,
M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte declaró inexequible el numeral tercero
del artículo 206 del Decreto 1355 de 1970, que otorgaba competencia a los
comandantes de estación y de subestación para, al que de ordinario deambule por
las calles en actitud de sospechosa inquisición de bienes de personas. Para
fundamentar la anterior decisión, entre varios motivos, la Corte consideró la
relacionada con la vulneración del debido proceso, reiterando los
pronunciamientos expuestos en las sentencias C-087 y C-110 de 2000 y citando
expresamente el aparte de la sentencia C-087 de 2000, en que se hacía expresa
alusión a lo previsto en el artículo 222 del Decreto 1355 de 1970, indicando
que lo dicho se aplica al caso en estudio.
Otra medida correctiva se declaró ajustada
a la Constitución, por no establecer facultades desproporcionadas ni
irrazonables y tampoco desconocer la competencia del alcalde como primera
autoridad de policía en el municipio. En sentencia C-492 de 2002, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, la Corte declaró exequibles el encabezado y los numerales 1, 4
y 5 del artículo 208 y los artículos 195 y 219 del Decreto 1355 de 1970, que
establecían que:
Artículo 195. El cierre del establecimiento consiste en
suspender la actividad a que esté dedicado el infractor por término no mayor de
siete días.
Para fijar asegurar su cumplimiento de
fijarán sellos o medios adicionales de seguridad, como candados o nuevas
cerraduras cuyas llaves se conservarán en el Comando de Policía.
Artículo 208. Compete al comandante de estación y de
subestación imponer el cierre temporal de establecimientos abiertos al público:
1.     Cuando se quebrante el cumplimiento de
horario de servicio señalado en los reglamentos de policía nacional o de
policía local.
2.     Cuando el establecimiento funcione sin
permiso de la autoridad o en estado de notorio desaseo o cuando la licencia
concedida haya caducado.
3.     Cuando se ejerzan actividades no incluidas
en el permiso.
4.     Cuando el dueño o el administrador del
establecimiento tolere riñas o escándalos.
5.     (Decreto 522 art. 124): Cuando el dueño o
administrador del establecimiento auspicie o tolere el uso de marihuana,
cocaína, morfina o cualquier otra droga o sustancia estupefaciente o
alucinógeno, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar.
Artículo 219. (Modificado por el Decreto 522 de 1971, art. 128). Compete
a los comandantes de estación o subestación de policía conocer de las
faltas por las que sean aplicables las medidas correccionales de amonestación
en privado, represión en audiencia pública, promesa de buena conducta, promesa
de residir en otras zonas o barrios, prohibición de concurrir a determinados
sitios públicos, presentación periódica, retención y cierre de
establecimiento.
Ahora bien. En relación con las medidas
correctivas que pueden imponer las autoridades de policía, cuando se trate de
la realización de contravenciones o contravenciones especiales de policía,
estas se podrán imponer previa sujeción al debido proceso aplicable a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 29 de la Constitución, y su duración deberá estar definida en la
resolución que la imponga. Además, la aplicación de medidas correccionales
presupone la realización de un procedimiento previo[28],
en el que se le debe respetar al implicado el derecho de defensa.
Al respecto, el Decreto 1355 de 1970
consagra, entre otras disposiciones, que el contraventor deberá ser oído
previamente[29], que la medida a cargo
de los Comandantes de estación o subestación no requiere de resolución escrita,
pero deberá levantarse acta en la que se consignen sucintamente los hechos, se
identifique al contraventor y se indique la medida correctiva aplicada; cuando
se trate simplemente de amonestación en privado, represión en audiencia pública
y expulsión, bastará con hacer las anotaciones respectivas en el libro que al
efecto se lleve en el Comando[30]. La imposición de
medidas correctivas a cargo de los Alcaldes o Inspectores de Policía debe
hacerse mediante resolución motivada, la que se pronunciará después de oír los
descargos del contraventor y examinar las pruebas que éste quisiere aducir
durante el interrogatorio celebrado en el Despacho del Alcalde o del Inspector[31].
Además, las medidas correctivas que pueden
imponer las autoridades de policía se encuentran taxativamente señaladas en
dicha normatividad, y ninguna autoridad de policía podrá imponer otras no
previstas en ella[32].
En el sentir del actor, al disponer el
artículo 222 que, “El funcionario de policía que haya impuesto medida
correctiva podrá en cualquier tiempo hacerla cesar si a su juicio tal decisión
no perjudica el orden público”, comportan la violación de los artículos 28
y 29 de la Constitución Política, pues la medida correctiva a que hace alusión
la norma acusada se encuentra indefinida en el tiempo y deja al arbitrio del
funcionario hacerla cesar o no, generando así situaciones ambiguas, arbitrarias
o represivas 2000.
Al respecto de la demanda formulada, debe
precisar la Corte, que por la forma en que se encuentra redactada dicha
disposición, ella no se refiere a ninguna medida correctiva en particular. Por
el contrario, la norma pone en evidencia que no se confiere una potestad
discrecional al funcionario de policía para que proceda  a establecer a su
arbitrio o de manera indefinida la duración de la respectiva medida correctiva
a imponer, sino que parte del supuesto de que dicha medida correctiva ya ha
sido legalmente adoptada y se ha determinado su duración dentro de los límites
previamente establecidos en la ley.
Es precisamente en ese contexto, frente a
una medida correctiva previamente impuesta y debidamente comprendida dentro del
límite máximo previsto por la ley para la correspondiente infracción, que se
faculta al funcionario de policía para que, si lo estima conveniente, proceda a
hacerla cesar, si a su juicio tal determinación no comporta un perjuicio
para el orden público.
Cabe recordar, que la definición de la
duración en el tiempo que para ciertas medidas correctivas consagran las normas
de policía, deben entenderse, no como un mínimo sino como un límite máximo, por
lo que, la autoridad de policía respectiva, en aplicación de los principios de
proporcionalidad y razonabilidad, podrá valorar cada caso concreto y hacerla
cesar cuando considere, a su juicio, que ya no es necesario continuar con la
ejecución de la misma, siempre y cuando encuentre que tal determinación no perjudica
el orden público. En efecto, las medidas que se tomen en el ejercicio de la
función de policía y de la actividad de policía han de ser necesariamente
proporcionadas y razonables; por ende, autorizar al funcionario de policía, que
es quien tiene una relación de inmediación con el sujeto pasivo de la medida de
seguridad y con las circunstancias propias del caso particular, para que
proceda a hacerla cesar anticipadamente, sólo puede constituir la
creación legal de condiciones objetivas para que se cumpla de la mejor manera
posible con el imperativo de los principios constitucionales mencionados que
han de caracterizar a las medidas correctivas.
En este orden de ideas, dado que el
ejercicio de la potestad atribuida al funcionario de policía para que proceda a
hacer cesar una medida correctiva que haya impuesto con observancia del
principio de legalidad sólo puede redundar en beneficio del destinatario de la
misma ya que, se reitera, se trata en todo caso de hacer cesar anticipadamente
una medida correctiva que se ha impuesto dentro del límite legal
previamente  establecido y que se halla en ejecución, no puede
configurarse, en consecuencia, vulneración alguna de las garantías
fundamentales consagradas en los artículos 28 y 29 de la Constitución.
En virtud de lo anterior, se declarará la
exequibilidad de la disposición contenida en el artículo 222 del Decreto 1355
de 1970.
4.2. Inexequibilidad de la expresión “la
personalidad del agresor simplemente apreciada”, contenida en el artículo 223
del Decreto 1355 de 1970.
El artículo 223 del Código Nacional de
Policía dispone que “Cuando se aplique
medida correctiva se tendrán en cuenta sus mayores o menores implicaciones con
el orden público, la personalidad del trasgresor simplemente apreciada, el
grado de su educación y las circunstancias de la acción u omisión”.
Manifiesta el actor que la misma vulnera el
artículo 13 de la Constitución, por cuanto se está generando la posibilidad de
que se presenten arbitrariedades en la imposición de las medidas correctivas,
al permitir indebidamente que se tenga en cuenta la personalidad del sujeto
pasivo de tales medidas, sin que el funcionario de policía se encuentre
profesionalmente capacitado  para analizar y dictaminar en relación con la
personalidad del destinatario de la medida correctiva y para establecer la
forma en que la personalidad habrá de ser tenida en cuenta para efectos de la
imposición de la medida correctiva.
Agrega que la disposición demandada está
facultando al funcionario de policía para cometer injusticias,  al permitirle
tomar como elemento de juicio el grado de educación de la persona, ya que se
incurre así en una situación discriminatoria y violatoria del principio de
igualdad, que prohíbe que se fundamente el respectivo juicio en el mayor o
menor grado de instrucción académica o de educación.
Sostiene que con la norma acusada se está
permitiendo un trato desigual fundamentado en factores subjetivos tales como la
apreciación simple de la personalidad o el grado de educación, con violación de
los límites que imponen los principios, valores y derechos fundamentales,
particularmente el derecho a la igualdad, ya que el legislador no está
facultado para establecer tratos diferenciados sin que concurra una
legitimación objetiva.
Cabe recordar, que el derecho a la igualdad
es uno de los principios fundantes en la creación y aplicación de las normas
penales; y aunque el legislador puede establecer consecuencias jurídicas
diferentes frente a las conductas que sanciona, en todo caso, ha de tener
presente que esas diferencias de trato "deben tener un sustento
objetivo y razonable muy claro, ya que todas las personas son iguales ante la
administración de justicia".[33]
La Corte Constitucional se ha referido al
derecho a la igualdad en múltiples ocasiones, señalando que si bien la Carta
Fundamental colombiana en su artículo 13 establece un principio general, según
el cual, "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley" y,
deberán recibir "la misma protección y trato de las autoridades",
también establece que "gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica"[34].
Estos preceptos se traducen en la práctica en la posibilidad de que personas
que se encuentran en las mismas circunstancias reciban idéntico tratamiento por
parte de las autoridades, y en el mismo sentido, que las diferencias de trato,
obedezcan a criterios razonables de diferenciación que tengan un sustento
objetivo.[35]
La Corte ha considerado también, que existe
una máxima específica de igualdad en materia penal, procesal y de acceso a
la justicia[36], razón por lo cual el
control constitucional respecto de las diferencias de trato establecidas en
estos asuntos -i.e. en el procedimiento aplicable tanto a los delitos
como a las contravenciones- debe ser más estricto que el control
ordinario para las regulaciones legales en otros ámbitos[37].
Esto, si bien no significa que el legislador se encuentre imperativamente atado
a disponer consecuencias idénticas para los diferentes sujetos procesales, "pues
su libertad para establecer las formas propias de cada juicio [o
procedimiento] autoriza la regulación de cargas jurídicas y efectos
diferentes para los distintos actores"[38],
sí exige un mínimo de coherencia en el diseño y aplicación de las herramientas
procesales, de tal manera que el tratamiento que se dispensa tanto al
contraventor como al delincuente sea consecuente con la naturaleza de su
conducta y permita, en uno y otro caso, gozar plenamente de las garantías
concedidas a todo procesado, v.gr., el derecho a la defensa o la
posibilidad de acumular rebajas en la redención de la pena[39].
También cabe mencionar, que la Corte ha
venido resaltando que, como consecuencia del reconocimiento de la dignidad
humana (CP art 1º), la Carta prevé un derecho penal de acto y no de autor. En
efecto, con claridad el artículo 29 superior establece que no puede haber
delito sin conducta, al establecer que "nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa"
(subrayas no originales). Al respecto ha considerado:
“Dicha definición implica, por una parte,
que el acontecimiento objeto de punición no puede estar constituido ni por un
hecho interno de la persona, ni por su carácter, sino por una exterioridad y,
por ende, el derecho represivo sólo puede castigar a los hombres por lo
efectivamente realizado y no por lo pensado, propuesto o deseado, como tampoco
puede sancionar a los individuos por su temperamento o por sus sentimientos. En
síntesis, desde esta concepción, sólo se permite castigar al hombre por lo que
hace, por su conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa o
siente.
Pero, además, un derecho penal del acto
supone la adscripción de la conducta al autor, en cuanto precisa, además de la
existencia material de un resultado, la voluntad del sujeto dirigida a la
observancia específica de la misma. En otros términos, el derecho penal del
acto supone la adopción del principio de culpabilidad, que se fundamenta en la
voluntad del individuo que controla y domina el comportamiento externo que se
le imputa, en virtud de lo cual sólo puede llamarse acto al hecho
voluntario.
La reprobación penal del hecho, entonces,
debe estar referida no a su materialidad en sí misma, sino al sentido subjetivo
que el autor confiere a su comportamiento social, en tanto que sujeto libre; y
así, sólo puede ser considerado como autor de un hecho, aquél a quien pueda
imputársele una relación causal entre su decisión, la acción y el resultado,
teniendo en cuenta su capacidad sicofísica para entender y querer el hecho,
considerada en abstracto, y la intención, en concreto, de realizar el
comportamiento que la norma penal describe.
En otros términos, el principio de que no
hay acción sin culpa, corresponde a la exigencia del elemento subjetivo o
sicológico del delito; según dicho principio, ningún hecho o comportamiento
humano es valorado como acción sino es el fruto de una decisión; por tanto, no
puede ser castigado si no es intencional, esto es, realizado con conciencia y
voluntad por una persona capaz de comprender y de querer. De ahí que
sólo pueda imponerse pena a quien ha realizado culpablemente un injusto.” [40]
Al respecto, también ha considerado la
diferencia entre derecho penal de autor y derecho penal de acto:
“i) En el primero, el sujeto responde por
su ser, por sus condiciones sicofísicas o su personalidad, que se consideran
peligrosos para la sociedad, por su supuesta inclinación natural al delito, con
un criterio determinista, de modo que el sujeto resulta condenado por la
naturaleza a sufrir las condenas penales, por obra del destino y, por tanto, de
modo fatal o inevitable. En este orden de ideas no es relevante que aquel
cometa infracciones, sino que tenga la potencialidad de cometerlas.
ii) En el segundo, el sujeto responde por
sus actos conscientes y libres, es decir por la comisión de conductas conocidas
y queridas por el mismo, previstas expresa y previamente en la ley como
contrarias a bienes fundamentales de  la sociedad y de sus miembros y que hacen
a aquel merecedor de una sanción.
Esta clase de Derecho, inspirado por la
filosofía liberal y fundado en la dignidad humana, ha sido acogido por los
regímenes políticos democráticos y encuentra fundamento en varios preceptos de
la Constitución colombiana, entre ellos el Art. 29.
Por sus fundamentos filosóficos y
políticos, la responsabilidad derivada de esta última concepción del Derecho
Penal es necesariamente subjetiva, es decir, exige la existencia de la
culpabilidad, en alguna de las modalidades previstas en la ley, en la comisión
de la conducta.
(…)
6. La Constitución colombiana consagra el
Derecho Penal de acto, en cuanto erige un Estado Social de Derecho, que tiene
como uno de sus pilares el respeto de la dignidad humana (Art. 1º), asigna el
carácter de valor fundamental a la libertad de las personas (preámbulo) en sus
diversas modalidades o manifestaciones, destaca que todas las personas nacen
libres (Art. 13) y que toda persona es libre (Art. 28) y preceptúa
específicamente en relación con la responsabilidad penal que nadie puede ser
reducido a prisión o arresto ni detenido sino por motivo previamente definido en
la ley (Art. 28) y que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al “acto que se le imputa”, como también que toda persona se
presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente “culpable”(Art.
29).” [41]
En relación con el caso
concreto, el artículo 223 del Decreto Ley 1355 de 1970, consagra varios
criterios a tener en cuenta por parte de la autoridad de policía competente
para establecer la aplicación de una medida correctiva, a saber: (i) sus
mayores o menores implicaciones en el orden público; (ii) la
personalidad del trasgresor simplemente apreciada; (iii) el grado de su
educación; y, (iv) las circunstancias de la acción u omisión.
Al respecto de los mencionados criterios,
cabe recordar que el legislador puede disponer consecuencias diferentes a los
distintos infractores de las normas de policía, pues en virtud de la potestad
de configuración que la Constitución le ha otorgado para disponer las formas
propias de cada juicio, puede igualmente regular efectos diferentes para los
distintos contraventores de policía, siempre y cuando tales diferencias sean
razonables y proporcionadas a la naturaleza de la conducta cometida.
En efecto, le corresponde al legislador
consagrar ciertas circunstancias a tener en cuenta al momento de la aplicación
de medidas correctivas correctiva, siempre y cuando actúe en el marco que para
el efecto ha fijado la Constitución. No seria razonable ni proporcionado
imponer a todos por igual la misma sanción, sin atender las circunstancias
modales en que pudo actuar cada una de las personas sujetas a la imposición de
sanciones.
En el caso que se analiza, el legislador
dispuso como circunstancias a tener en cuenta al momento de aplicar una sanción
correctiva, las mayores o menores implicaciones en el
orden público tuvo la conducta respectiva y las circunstancias en que se
cometió la acción u omisión. Estos criterios resultan razonables si se tiene en
cuenta que aluden a circunstancias de hecho directamente relacionadas
con el ejercicio de la actividad de policía y con la valoración concreta de las
circunstancias en que se cometió la acción o la omisión.
En efecto, cuando se aplique medida
correctiva, deberán valorarse ciertas circunstancias relacionadas con la
incidencia de la conducta en la perturbación del orden público y las
circunstancias de la acción u omisión. Esta última, le permitirá a la autoridad
de policía establecer, si han influido directamente en la realización de la
conducta las condiciones de debilidad manifiesta en que pueda encontrarse la
persona infractora, pues en virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del
artículo trece de la Constitución, podrá otorgarle un trato preferencial de
favor, a fin de promover las condiciones para que la igualdad sea real y
efectiva.
Criterios mencionados sobre la mayor o
menor implicación que sobre el orden público tuvo la conducta contraventora, o
las circunstancias en que se cometió la acción o la omisión, que tienen
relación con aquella que alude al grado de educación de la persona
contraventora. En efecto, si le corresponde a la autoridad de policía valorar
la incidencia de las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentra
la persona infractora (por ejem. marginalidad, ignorancia o pobreza extremas),
a fin de darle un tratamiento de preferencia, de igual manera deberá tener en
cuenta el grado de educación del infractor, pues a mayor ilustración debe
corresponder una mayor severidad cuando se aplique medida correctiva.
En efecto, no contraria la
Constitución el tener en cuenta al momento de aplicar medida correctiva,
circunstancias como la mayor o menor incidencia de la conducta en el orden
público, o las circunstancias de la acción o la omisión, y el grado de
educación del infractor.
Sin embargo, la norma acusada
introduce un factor que indica que al contraventor puede aplicársele una medida
correctiva en razón a su personalidad, la que además será simplemente
apreciada.
Una previsión de tal
naturaleza, vulneran la dignidad humana que encuentra fundamento en el artículo
29 de la Constitución, que establece que nadie podrá ser juzgado sino conforme
a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. En efecto, nadie
podrá ser sancionado por su ser o por sus condiciones psicofísicas, su
carácter, su temperamento, o sus sentimientos, considerando que estas
condiciones lo hacen peligroso para la sociedad, sino por la conducta cometida,
es decir, por el acto externo realizado libre y concientemente establecidas
previamente en la ley como contrarias a bienes fundamentales de la sociedad y
de sus miembros, para la cual se ha establecido una sanción.
Además, la expresión la
personalidad del trasgresor simplemente apreciada es vaga e indeterminada.
Cabe recordar, que uno de los principios constitucionales mínimos que
han de gobernar el poder de policía en un Estado democrático de derecho, de
conformidad con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, es el principio
de legalidad.
El principio de legalidad no se
limita al hecho de que la respectiva normatividad haya de ser expedida mediante
ley, sino que  comporta una serie de exigencias adicionales encaminadas a
garantizar la certeza del derecho. En el ejercicio del poder de policía y cada
vez que de la regulación de determinada materia se puedan derivar restricciones
a las garantías individuales, resulta indispensable que el legislador de
estricta aplicación al principio de tipicidad, cuya génesis se encuentra en el
derecho penal y ha sido enunciado con el apotegma: “nullum crimen, nulla poena, sine lege previa,
scripta et certa”[42], y que comporta la
obligación para el legislador de definir tanto la conducta como la
correspondiente sanción en una forma clara, precisa e inequívoca.
Aun cuando en el caso de la norma acusada
no se trata de la tipificación de determinada conducta susceptible de ser
sancionada con la correspondiente medida correctiva, se trata, sin embargo, de
establecer los criterios con base en los cuales habrá de aplicarse medida
correctiva, que bien puede comportar una restricción de la libertad personal,
los cuales no deben estar ajenos a la previa determinación, a fin de que se
puedan conocer de antemano los factores que han de incidir en la aplicación de
una medida correctiva, sin que nada quede librado a la indeterminación.
Si bien el juicio de constitucionalidad no recae en
este caso sobre normas de naturaleza penal sino correccional, y no obstante que
la Corte ha reiterado que el principio de legalidad ha de aplicarse en forma
mucho más estricta en el campo del derecho penal que en el disciplinario y en
el correccional, ha precisado igualmente esta Corporación que, en el campo del
derecho disciplinario y del derecho correccional son aplicables, mutatis
mutandi,  las garantías constitucionales propias del derecho penal[43].
En este orden de ideas procederá la Corte a
declarar la inexequibilidad de las expresiones la
personalidad del trasgresor simplemente apreciada y el grado de su educación, contenidas en el
artículo 223 del Decreto 1355 de 1970.
VII. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Primero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 222 del Decreto-Ley
1355 de 1970.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo estudiado, el
artículo 223 del Decreto-Ley 1355 de 1970, salvo la expresión “la
personalidad del trasgresor simplemente apreciada” que se declara
INEXEQUIBLE.
Cópiese, notifíquese, publíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Presidente
CON SALVAMENTO DE VOTO
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RODRIGO ESCOBAR GIL
A LA SENTENCIA C-179 DE 2007
MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Norma que establece que en la aplicación de
la sanción debe tenerse en cuenta “la personalidad del transgresor” ha debido
declararse constitucional (Salvamento de voto)
Ciertamente del artículo 29 de la Carta se desprende
un modelo constitucional de derecho penal de acto en sustitución del derecho
penal de autor, pero esa circunstancia no impide distinguir entre el momento en
el cual se procede a tipificar la transgresión y aquel en el que tiene lugar la
aplicación de la respectiva sanción, pues es solamente en esta última
oportunidad cuando se deben apreciar los distintos criterios contemplados en el
artículo 223 del Decreto Ley 1355 de 1970 para determinar si cabe agravar la
medida correctiva o si, por el contrario, se impone su atenuación. Así las
cosas, la apreciación de la personalidad no era, entonces, un elemento de la
conducta punible y así lo deja ver la interpretación del artículo demandado. En
efecto, el precepto no regula el momento de la determinación de la
responsabilidad ni implica que esa determinación esté supeditada a la
personalidad del individuo, pues es claro que una decisión de tal índole
depende de las pruebas acerca de la conducta efectivamente desplegada.
Considero que el criterio que la Corporación avaló a fin de sustentar la
exequibilidad del artículo 63 del Decreto 522 de 1971 ha debido tenerse en
cuenta al decidir sobre la constitucionalidad del artículo 223 del Decreto 1355
de 1970, parcialmente acusado, y que, de acuerdo con ese criterio, se imponía
la declaración de exequibilidad de la expresión “la personalidad del
transgresor simplemente apreciada”, por cuanto se refería directamente a la
tasación de la medida correctora y no constituía un elemento normativo del tipo
que permitiera configurar la responsabilidad al punto de prohijar un derecho
penal de autor, como erróneamente lo sostiene la mayoría en la sentencia de la
cual me aparto.
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Referencia: expediente D-6431
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 222, 223 y 229 del Decreto Ley 1355 de 1970, “por el cual se
expiden normas sobre policía”.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la
Corporación, me permito formular salvamento de voto respecto de la declaración
de inexequibilidad de la expresión “la personalidad del transgresor
simplemente apreciada” que hacía parte del artículo 223 del Decreto Ley
1355 de 1970, “por el cual se expiden normas sobre policía”.
El segmento separado del ordenamiento jurídico era,
junto con las mayores o menores implicaciones en el orden público, el grado de
educación y las circunstancias de la acción u omisión, uno de los factores o
criterios a tener en cuenta por la autoridad de policía al momento de aplicar
una medida correctiva.
La declaración de inconstitucionalidad radicó en que
la persona debe ser juzgada y sancionada de conformidad con las leyes
preexistentes al acto que se le imputa y no en razón de los rasgos de su
personalidad que la tornen peligrosa para el conglomerado social.
En criterio de la mayoría, la expresión cuya
inexequibilidad se decretó era vaga e indeterminada y daba lugar al
desconocimiento del principio de legalidad que le impone al legislador la
obligación de definir en forma clara, precisa e inequívoca, tanto la conducta
como la correspondiente sanción.
Ciertamente del artículo 29 de la Carta se desprende
un modelo constitucional de derecho penal de acto en sustitución del derecho
penal de autor, pero como tuve oportunidad de expresarlo ante la Sala Plena,
esa circunstancia no impide distinguir entre el momento en el cual se procede a
tipificar la transgresión y aquel en el que tiene lugar la aplicación de la
respectiva sanción, pues es solamente en ésta última oportunidad cuando se
deben apreciar los distintos criterios contemplados en el artículo 223 del
Decreto Ley 1355 de 1970 para determinar si cabe agravar la medida correctiva o
si, por el contrario, se impone su atenuación.
Así las cosas, la apreciación de la personalidad no
cumplía ningún papel tratándose de la definición de la responsabilidad del
individuo, aún cuando debía ser tenida en cuenta, al lado de los otros
elementos fijados en la disposición, una vez establecida la responsabilidad y a
fin de tasar el quantum de la sanción.
La apreciación de la personalidad no era, entonces, un
elemento de la conducta punible y así lo deja ver la interpretación del
artículo demandado. En efecto, el precepto no regula el momento de la determinación
de la responsabilidad ni implica que esa determinación esté supeditada a la
personalidad del individuo, pues es claro que una decisión de tal índole
depende de las pruebas acerca de la conducta efectivamente desplegada.
Una distinción semejante y con consecuencias similares
a las que dejo expuestas en este salvamento ya había sido analizada en una
sentencia que la Corte dictó sobre el tema de la reincidencia. En esa
oportunidad la Corporación estudió la constitucionalidad de un apartado del
artículo 63 del Decreto 522 de 1971 que aumentaba la sanción en una cuarta
parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para las demás[44].
Al realizar el examen pertinente la Corte sostuvo que
la Carta exige como presupuesto para aplicar una sanción “la existencia del
acto y su imputación a una persona determinada”, fase previa en la cual no
cuenta la comisión de un segundo o de un tercer acto en cuanto factor definitorio
de la responsabilidad, porque el precepto entonces hallado exequible se limita
a regular un incremento punitivo “para quien reitera su conducta”, incremento
cuya aplicación supone que, con antelación, se ha establecido la
responsabilidad del infractor respecto del nuevo acto[45].
Con nitidez se observa que la Corporación distinguió
el momento de la tipificación de la conducta y del establecimiento de la
responsabilidad, del posterior momento correspondiente a la tasación y
aplicación de la sanción que, en el supuesto regulado por el artículo entonces
acusado, “va ligada al fenómeno de la reincidencia” y tiene por efecto una
agravación punitiva inscrita dentro de las facultades de apreciación que le
permiten al legislador señalar penas mayores para responder a “circunstancias
especiales”, penas cuyo aumento se realiza “a partir de la pena básica y en
forma razonable”[46].
Considero que el criterio que la Corporación avaló a
fin de sustentar la exequibilidad del artículo 63 del Decreto 522 de 1971 ha
debido tenerse en cuenta al decidir sobre la constitucionalidad del artículo
223 del Decreto 1355 de 1970, parcialmente acusado, y que, de acuerdo con ese
criterio, se imponía la declaración de exequibilidad de la expresión “la
personalidad del transgresor simplemente apreciada”, por cuanto se refería
directamente a la tasación de la medida correctora y no constituía un elemento
normativo del tipo que permitiera configurar la responsabilidad al punto de
prohijar un derecho penal de autor, como erróneamente lo sostiene la mayoría en
la sentencia de la cual me aparto.
Fecha ut supra
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO A LA SENTENCIA C-179 DE 2007 DEL MAGISTRADO
JAIME ARAUJO RENTERIA
MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Facultad del funcionario para hacerla cesar
en cualquier tiempo (Salvamento parcial de voto)
MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA-Criterios para  aplicación de sanción
(Salvamento parcial de voto)
Si bien rechazo el criterio de la personalidad como
casual de punibilidad, lo cual sería contrario a nuestro sistema sancionatorio
basado en el “acto” y sería violatorio del artículo 29 de la Constitución que
prevé que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al
momento del “acto” que se imputa, considero también que en la valoración de la
conducta debe tenerse en cuenta al autor, pues el hecho no se da solo. Insisto
por tanto, en que además de la conducta, el elemento subjetivo es importante
para la imposición o no de una medida correctiva. Por consiguiente, insisto en
que no propongo que se hagan evaluaciones de conductas que no tienen que ver
con los hechos, sino que sostengo que definido el hecho hay que mirar la
personalidad del autor. Por lo demás, el grado de educación del autor sirve de criterio
tanto para aumentar como para disminuir la sanción. Adicionalmente, considero
que en este caso el demandante no ataca el que se evalúe la personalidad del
transgresor, sino el que sea la autoridad de policía la que lo haga. En este
sentido, el cargo no se refiere a que no se puedan evaluar los factores
relacionados con la personalidad del autor sino a que sea la autoridad de
policía la competente para hacerlo. Finalmente, en mi concepto, la
indeterminación que se percata en el artículo 223 sub examine está en la
expresión “simple apreciación” de la personalidad.  Sin embargo, considero que
cada vez más se han objetivizado los parámetros de evaluación de la conducta
que le permiten al funcionario moverse entre máximos y mínimos.  Por lo tanto,
frente a la advertencia acerca de que la indeterminación se predicaría de toda
la disposición, considero que la Corte podría precisar algunos parámetros para
objetivizar esa valoración y declarar inconstitucional solamente la expresión
“simplemente apreciada”.
Referencia: expediente D-6431
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 222, 223 y 229 del Decreto Ley 1355 de 1970, “por el cual se expiden
normas sobre policía”
Magistrado Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corte, me permito salvar
parcialmente mi voto a la presente sentencia, con fundamento en las razones que
a continuación me permito consignar:
A mi juicio, el artículo 222 del Decreto 1355 de 1970
acusado, no trata de reducir una medida correctiva ya impuesta, sino que trata
de hacer cesar una que se viene cumpliendo, razón por la cual reitero que no
encuentro inconstitucionalidad en dicha disposición.
Respecto del artículo 223 del Decreto 1355 de 1970,
también demandado, considero que la dosimetría de la medida correctiva de que
trata esta disposición, depende de la valoración que se haga de las
circunstancias y en mi concepto, no se estaría sancionando en este caso a una
persona por lo que es, sino realizando una valoración del componente subjetivo
respecto del autor, que a mi parecer es procedente.
Por consiguiente, considero que si bien es cierto que
la Constitución Nacional consagra un derecho sancionatorio fundado en el
“acto”, finalmente al momento de aplicar una medida correctiva hay que mirar al
autor, aunque me encuentro de acuerdo con que los criterios respecto de la
personalidad del transgresor y su grado de educación, no se pueden valorar en
una forma arbitraria, como ya se advierte en la sentencia.
En este orden de ideas, me permito aclarar que de
ninguna manera defiendo el que a las personas se las juzgue por circunstancias
personales, pero en la valoración de la medida correctiva a adoptar cuenta la
personalidad del transgresor.  De este modo, si bien rechazo el criterio de la
personalidad como casual de punibilidad, lo cual sería contrario a nuestro
sistema sancionatorio basado en el “acto” y sería violatorio del artículo 29 de
la Constitución que prevé que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes
preexistentes al momento del “acto” que se imputa, considero también que en la
valoración de la conducta debe tenerse en cuenta al autor, pues el hecho no se
da solo. Insisto por tanto, en que además de la conducta, el elemento subjetivo
es importante para la imposición o no de una medida correctiva.
Por consiguiente, insisto en que no propongo que se
hagan evaluaciones de conductas que no tienen que ver con los hechos, sino que
sostengo que definido el hecho hay que mirar la personalidad del autor. Por lo
demás, el grado de educación del autor sirve de criterio tanto para aumentar
como para disminuir la sanción.
Adicionalmente, considero que en este caso el
demandante no ataca el que se evalúe la personalidad del transgresor, sino el
que sea la autoridad de policía la que lo haga. En este sentido, el cargo no se
refiere a que no se puedan evaluar los factores relacionados con la
personalidad del autor sino a que sea la autoridad de policía la competente
para hacerlo.
Finalmente, en mi concepto, la indeterminación que se
percata en el artículo 223 sub examine está en la expresión “simple
apreciación” de la personalidad.  Sin embargo, considero que cada vez más
se han objetivizado los parámetros de evaluación de la conducta que le permiten
al funcionario moverse entre máximos y mínimos.  Por lo tanto, frente a la
advertencia acerca de que la indeterminación se predicaría de toda la
disposición, considero que la Corte podría precisar algunos parámetros para
objetivizar esa valoración y declarar inconstitucional solamente la expresión “simplemente
apreciada”.
Por las razones expuestas, reitero que a mi juicio,
tanto el artículo 222 como el 223 del Decreto 1355 de 1970, son exequibles,
salvo la expresión “simplemente apreciada” del artículo 223 acusado, que
debe ser declarada inconstitucional.
Con fundamento en lo expuesto, discrepo parcialmente
de la presente decisión.
Fecha ut supra,
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
Sentencia C-117 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[2]
Cfr. Sentencia  C-024 de 1994, Fundamento 4.2, criterio reiterado, entre otras,
en la sentencia C-251 de 2002, Fundamentos 9 y ss  C- 825 de 2004, Fundamento
9.
[3]
Cfr. C-825 de 2004, MP, Rodrigo Uprimny Yepes.
[4]
Cfr. C- 024 de 1994. Estos criterios han sido
reiterados ulteriormente. Ver, por ejemplo, entre otras, la sentencia C-1444 de
2000, Fundamento 3°.
[5]
Cfr. C- 825 de 2004.
[6]
Sentencia C-117-06.  M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[7]
Ver, entre otras, las sentencias  C-557 de 1992; C-088 de
1994; C-226 de 1994; C-366 de 1996; SU-476 de 1997; C-110 de 2000; C-1410 de
2000:  C-1444 de 2000;  C-790 de 2002; C-490 de 2002; C-492 de 2002;
[8]
Corte Suprema de Justicia. Sala Plena. Sentencia de abril 21 de 1982. M.P.
Manuel Gaona Cruz.
[9]
Corte Constitucional C- 492 de 1992, MP, Jaime Córdoba
Triviño.
[10]
Sentencia C- 825 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[11]
Cfr. Sentencia C-825 de 2004.
[12]
En la Sentencia C-366 de 1996 la Corte Constitucional declaró exequible el
artículo 111 del Código Nacional de Policía que permite a los reglamentos de
policía local señalar zonas y fijar horarios para el funcionamiento de
establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas, porque las funciones de
policía comprenden la facultad de expedir actos normativos reglamentarios que
fijen disposiciones de conducta en el orden local. Actos normativos mínimos
dentro del marco de la Constitución y la ley.
En la
Sentencia C-110 de 2000 la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral
1 del artículo 204 del Código Nacional de Policía que facultaba al Comandante
de Estación para exigir promesa de residir en otra zona a la persona que
fomentara o protagonizara escándalos, riñas o peleas en sitio de expedición de
bebidas alcohólicas hasta el punto de ser tenido en esos sitios como persona
indeseable. La norma se consideró inconstitucional porque habilitaba a las
autoridades para dispensar a las personas un trato que no se compadece con su
condición de ser humano ni con su dignidad, y además era una medida correctiva
que no tenía límite en el tiempo.
En la
Sentencia C-1444 de 2000 la Corte Constitucional declaró inexequible el numeral
3 del artículo 206 del Código Nacional de Policía, norma que facultaba a los
comandantes de policía y subestación para imponer la presentación periódica
ante el Comando de Policía a las personas que de ordinario deambulaban por las
calles en actitud de sospechosa inquisición de bienes o personas. Este numeral
se considera contrario a la Constitución porque concedía facultades a las
autoridades de policía para imponer medidas correctivas bajo criterios
estrictamente subjetivos, con lo cual se permitía la violación de derechos
fundamentales como el debido proceso y la libertad de locomoción.
En la
Sentencia C-046 de 2001 la Corte Constitucional declaró inexequible los
numerales 2 y 3 del artículo 204 del Código Nacional de Policía los cuales
conferían facultades al Comandante de Estación para exigir promesa de residir
en otras zonas o barrios al que propinara amenazas a personas del barrio y al
que por su conducta depravada perturbará la tranquilidad de los vecinos. Esta
Corporación las consideró contrarias a la Constitución por violar el núcleo
esencial del derecho de circulación y residencia protegido por la Constitución
y por las normas de derecho internacional sobre derechos humanos ratificados
por Colombia, porque establecen una medida restrictiva de la libertad sin
límite en el tiempo.
[13]
Cfr. C. 282 de 2004.
[14]
Sentencia C117 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño
[15] Sentencia
C-825 de 2004.
[16]
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de abril 21 de 1982. Magistrado Ponente:
Manuel Gaona Cruz.
[17] Constitución
Política, artículo 218
[18] Constitución
Política, artículo 216
[19] Sentencia C-024 de 1994
.M.P. Alejandro Martínez Caballero
[20] Sentencia C-444 de 1995.
M.P. Carlos Gaviria Díaz
[21] Ver
sentencia C-1214 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[22] Decreto
1355 de 1970, Disposiciones Generales, Titular Preliminar, artículos 1º a 6º
[23]
Decreto 1355 de 1970, arts. 186 y 187
[24]
Decreto 1355 de 1970, artículo 192
[25]
“           “           “   , artículo 195
[26]
“           “           “   , artículo 196
[27]
Decreto 1355 de 1970, artículo 200
[28]
Decreto 1355 de 1970, artículo 219 y siguientes.
[29]
“           “           “   , artículo 224
[30]
“           “           “  , artículo 227
[31]
“           “           “   , artículo 228
[32]
“          “             “  , artículo 187: Ninguna
autoridad de policía podrá imponer medidas correctivas diversas de las
previstas en el artículo anterior.
[33]
Sentencia C-1112 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta se refiere al
principio de igualdad en materia penal como un asunto al que también se hace
referencia -reiterando las ideas expuestas- en la sentencia C-840 de 2000. M.P.
Carlos Gaviria Díaz.
[34]
Cfr, entre muchas, la Sentencia T-591 de 1992. M.P. Jaime
Sanín Greffenstein.
[35]
Sobre el derecho a la igualdad en la Constitución de 1991 y el principio de no
discriminación puede consultarse, entre otras, la sentencia C-952 de 2000. y la
C-1112 de 2000, ambas de M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[36]
Cfr. Sentencia C-273 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[37]
Ver, entre otras, la sentencia C-445 de 1995. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[38]
Sentencia C-273 de 1998. M.P. Alejandro Martinez Caballero.
[39] Sentencia
C-1112 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[40] Sentencia
C-226 de 2002 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[41]
Ver sentencia C-077 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería
[42]
Sentencia C-996 de 2000, C-177 de 2001 entre otras.
[43]
Sentencia C-897 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[44] Cfr.
Corte Constitucional, Sentencia C-062 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[45] Ibídem.
[46] Ibídem.