C-570-03
PROYECTO DE SENTENCIA
Sentencia C-570/03
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento de requisitos/DERECHO
POLITICO-Efectividad
La Corte Constitucional ha establecido
que para que una demanda de inconstitucionalidad pueda ser estudiada en sede de
control constitucional, se requiere que la misma cumpla con los requisitos de
forma señalados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, además de los
requisitos de fondo que a lo largo del desarrollo de la jurisprudencia se han
establecido para este tipo de acciones. En pocas palabras, la Corte ha dicho
que los requisitos de fondo de la demanda son exigencias de argumentación
lógico jurídica que buscan garantizar la coherencia del debate a fin de
permitir la producción de un fallo de fondo respecto de la norma acusada.
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD-Procedencia por cargo abstracto
ACCION CIVIL
EN PROCESO PENAL-Naturaleza
RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL-Fundamentación legal
PROCESO PENAL-Constitución de parte civil
INDEMNIZACION
DEL DAÑO-Potestad del afectado para acudir a la
jurisdicción civil o penal/ACCION CIVIL EN PROCESO PENAL-Opción
PRINCIPIO DE
ECONOMIA PROCESAL-Efectividad en proceso penal para
obtener la indemnización de perjuicios
RESPONSABILIDAD
CIVIL Y PENAL-Valoración simultánea de pruebas
ACCION CIVIL
EN PROCESO PENAL-Su ejercicio evita la producción
de fallos inhibitorios
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Fundamento constitucional
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Derecho a saber la verdad, a que se
haga justicia y a la reparación del daño causado
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Solicitud de pruebas
DERECHO DE
PETICION EN PROCESO PENAL-Ejercicio por la parte
civil
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Solicitud embargo y secuestro de
bienes como parte de la indemnización
FISCALIA
GENERAL DE LA NACION-Protección a víctimas en
proceso penal
PRINCIPIO NO
REFORMATIO IN PEJUS-Derechos vinculados de la parte
civil en proceso penal
PROCESO CIVIL
Y PROCESO PENAL-Diferentes posiciones de las
víctimas
La conclusión es que la posición de la
parte civil dentro del proceso penal no es, por la misma naturaleza de este
proceso, equivalente a la del afectado que por separado inicia un proceso
ordinario de responsabilidad civil extracontractual. De una parte, el proceso
civil se asienta sobre la base de la disponibilidad del derecho litigioso lo
cual se refleja en el carácter dominantemente dispositivo de este
procedimiento. En el proceso penal, en cambio, la constitución de parte civil
no es siquiera necesaria para que el aparato de justicia inicie de oficio las
diligencias tendentes a determinar el perjuicio patrimonial ocasionado por el
delito y a ordenar su reparación.
FISCALIA
GENERAL DE LA NACION-Adopción medidas de
aseguramiento y necesarias para el restablecimiento del derecho y la
indemnización de perjuicios por ocasión del delito
FISCAL EN
PROCESO PENAL-Determinación del monto y naturaleza
de los perjuicios
En desarrollo de la dinámica inquisitiva
del proceso penal el fiscal tiene la obligación constitucional de practicar las
pruebas y adelantar las diligencias requeridas para determinar el monto y
naturaleza de los perjuicios, aun a pesar de la inexistencia de dicho sujeto
procesal.
FUNCIONARIO
JUDICIAL EN PROCESO PENAL-Adopción medidas para el
resarcimiento de daños y perjuicios causados por el hecho punible
CONDENA EN
PERJUICIOS-Procedencia por daños probados
El texto de la norma es enfático
en determinar que la condena en perjuicios de los daños probados procede en
todo proceso penal, independientemente –se entiende- de que haya habido
presentación de demanda de constitución de parte civil. Este reconocimiento está
en concordancia con el artículo 21 del C.P.P. que advierte que el “funcionario
judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo
desfavorable a los intereses del imputado”, lo cual implica que durante el
desarrollo de las diligencias dicho funcionario debe averiguar también por la
calidad y el monto del daño patrimonial provocado por el delito.
ACCION
CIVIL EN PROCESO PENAL-Garantías procesales de la
parte civil
Al ejercerse dentro del proceso penal,
la acción civil se amolda a la mecánica del primero, ya que las oportunidades
ofrecidas por dicho procedimiento son aprovechadas por la parte civil, al punto
que su participación en aquél se ejecuta de conformidad con el esquema diseñado
por el Código de Procedimiento Penal. El ejercicio de la acción civil dentro
del proceso penal no implica detrimento de las garantías procesales de la parte
civil. Por el contrario, dichas garantías se encuentra aseguradas como
consecuencias de la preponderancia que el afectado y la víctima tienen en el
trámite del proceso penal. El hecho de que el impulso del proceso penal esté a
cargo del Estado, por disposición de la Constitución y la ley, implica que la
parte civil del proceso penal tiene una posibilidad directa y concreta de
recibir los resultados de la investigación para satisfacer sus propias
pretensiones.
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Coherencia entre ley y
contenido
El principio de unidad de materia señala
que las disposiciones que integran un proyecto de ley deben guardar
correspondencia conceptual con su núcleo temático, el cual –generalmente- se
deduce del título de la misma. Se encargan de definir dicho concepto el
artículo 158 de la Constitución Política, según el cual, “Todo proyecto de ley
debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o
modificaciones que no se relacionen con ella”; y los artículos 148 de la Ley 5ª
de 1992 (Reglamento del Congreso) al disponer que “Cuando un proyecto haya
pasado al estudio de una Comisión Permanente, el Presidente de la misma deberá
rechazar las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con una misma
materia. Sus decisiones serán apelables ante la Comisión”; además del artículo
193 del mismo estatuto, que prácticamente reproduce el tenor literal del 169
constitucional, según el cual, el título de las leyes deberá corresponder
precisamente a su contenido.
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Naturaleza
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Racionalización de la
actividad legislativa y garante de transparencia en la elaboración de leyes
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Consolidación del principio de
seguridad jurídica para evitar la dispersión e incertidumbre jurídica
CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD-Grado de rigurosidad con
sujeción al principio de unidad de materia
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Interpretación amplia
PRINCIPIO
DE UNIDAD DE MATERIA-Conexidad causal, teleológica,
temática o sistemática
Puede
afirmarse que el principio de unidad de materia, que propugna la cohesión
interna de las leyes y la sistematización y organización del procedimiento
legislativo, debe ser interpretado en un sentido amplio que permita la
movilidad del ejercicio de configuración legislativa, sin desconocer, por dicha
flexibilidad, la necesidad de cohesión conceptual que deben guardar los
diferentes artículos que conforman una ley. Por ello, sólo se considerarán
contrarios a dicho principio aquellos preceptos, segmentos o proposiciones de
la ley que no tengan una conexidad siquiera "causal, teleológica, temática
o sistemática” con la materia principal de la ley en la que se encuentren
inscritos. Existe una evidente conexidad entre la institución de la parte civil
y el proceso penal al cual ella se adscribe, conexidad que impone la necesidad
de regular aspectos de la primera en el estatuto especializado del segundo.
Entre uno y otro instituto existen fines compartidos (conexidad teleológica),
una coincidencia procesal (conexidad instrumental o sistemática), y una
coincidencia de oportunidad (conexidad causal), la regulación de uno de los
aspectos de dicha figura –la prescripción- por parte de una norma incluida en
el Código Penal, no quebranta las disposiciones constitucionales.
ACCION
CIVIL EN PROCESO PENAL-Prescripción
ACCION
CIVIL-Término de prescripción ordinaria
PRESCRIPCION
DE LA ACCION PENAL-Criterio para fijación del
término
El Código
Penal establece tres criterios para fijar el término de prescripción de la
acción penal, a saber: i) para aquellos delitos que tienen prevista pena
privativa de la libertad, la acción penal prescribe en un tiempo igual al
máximo de la pena fijada en la ley, pero en ningún caso será inferior a cinco
(5) años, ni excederá de veinte (20); ii) para los delitos de genocidio,
desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado, la prescripción es de
treinta (30) años, y iii) para los delitos que tengan señalada pena no
privativa de la libertad, la acción penal prescribirá en cinco (5) años.
PRINCIPIO DE
IGUALDAD EN PROCESO PENAL-Diferentes términos de
prescripción
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Diferentes
términos de prescripción
PRINCIPIO DE
IGUALDAD DE PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Tratamiento
diferenciado
TEST DE
IGUALDAD-Condiciones para trato distinto a
diferentes personas
TEST DE
IGUALDAD-Elementos
LEGITIMIDAD DE
MEDIDAS-Establecimiento del término de prescripción
para la acción judicial
PRESCRIPCION
EXTINTIVA DE LA ACCION CIVIL-Objeto
En cuanto
hace a la acción civil, el objetivo de la prescripción es extinguir el derecho
de reclamar judicialmente el crédito como consecuencia de la inactividad del
acreedor en demandar el cumplimiento de la obligación. De allí que se diga, en
términos de Josserand, que “la prescripción llamada extintiva o liberatoria
realiza la extinción de un derecho, especialmente de un crédito, por el solo
transcurso de cierto plazo; el tiempo, a cuyas manos todo perece, que gasta las
instituciones, las leyes y las palabras, echa el olvido sobre los derechos, que
caen también en desuso cuando no han sido ejercitados durante un tiempo fijado
por la ley ; su no utilización conduce a su abolición."
DELITO-Extinción de obligaciones jurídicas de carácter civil y penal
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Oportunidad para constituirse
Una parte
civil activa, que solicite pruebas pertinentes y aporte evidencia útil a la
investigación, es un colaborador de primer orden para la administración de
justicia que sin duda recibirá los beneficios de su cooperación en términos de
prontitud, precisión y justicia de la sentencia penal.  Para ello la parte
civil tiene oportunidad de intervención en todo el proceso penal, desde la
investigación hasta el juicio, e incluso después de la sentencia.
PARTE CIVIL EN
PROCESO PENAL-Inactividad procesal
Si la parte
civil renunciara a ejercer un papel activo en el desenvolvimiento de las
diligencias, así como en el recaudo de las pruebas, sería incorrecto considerar
que la misma no resultare favorecida por el impulso oficioso que por
antonomasia caracteriza al proceso penal. En las consideraciones generales del
capítulo cuarto quedó claro que la voluntad del constituyente - secundada por
la del legislador- es que los funcionarios judiciales adelanten las
investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad civil del autor
del ilícito, no obstante que el afectado patrimonial se abstenga de reclamarlo
o se excluya de participar en dicha determinación. Así que la inactividad
procesal tampoco perjudica a quien recibe los efectos dañosos del delito. Su
deserción o su estatismo en el proceso penal no hacen que el juez olvide el
deber que tiene de averiguar y tasar con rigor los perjuicios indemnizables.
PRESCRIPCION
DE LA ACCION PENAL-Concepto
PRESCRIPCION-Finalidad
Dado que el
fin de la prescripción es sustraer al sindicado del poder punitivo del Estado,
no sería razonable que el juez penal dictara la condena en perjuicios si la
acción penal ya ha sido prescrita. La coherencia interna exigida por el proceso
penal obligan a que la pretensión adyacente de naturaleza civil siga la suerte
de la pretensión principal y que si esta desaparece, desaparezca la primera
como su consecuencia lógica. Ello no obsta, sin embargo, para reconocer que
cuando el juez penal dicta una sentencia absolutoria o establece que la
conducta desplegada es atípica, el afectado patrimonialmente por la conducta
conserva la facultad de acudir a la jurisdicción civil para solicitar la
indemnización correspondiente.
PRESCRIPCION-Facultad legislativa de determinación/PRESCRIPCION DE LA ACCION
PENAL-Interrupción del término
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Alcance
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Definición
de términos de prescripción en condiciones de razonabilidad y proporcionalidad
LIBERTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Límites
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Inadmisión por no formulación
de cargo frente a norma demandada
Referencia:
expediente D-4436
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley 599 de 2000 “Código
Penal”.
Actora: Marcela
Patricia Jiménez Arango
Magistrado Ponente:
Dr. MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Bogotá D. C.,
quince (15) de julio de dos mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Doctores Eduardo Montealegre Lynett - quien la
preside -, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy
Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, ha proferido esta
sentencia de acuerdo con los siguientes.
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, la ciudadana Marcela Patricia Jiménez Arango, actuando en
nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los artículos 40-6,
y 95-7, de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad del artículo 98
de la Ley 599 de 2000, por la cual se expide el Código Penal.
La demandante estima que la disposición
acusada es contraria al preámbulo de la Constitución y a sus artículos 13, 228
y 158.
II. NORMA DEMANDADA
Se transcribe a continuación el texto de la
norma acusada:
LEY 599 DE 2000
“por la cual se expide el Código Penal”
“Artículo
98. Prescripción. La acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se
ejercita dentro del proceso penal, prescribe, en relación con los penalmente
responsables, en tiempo igual al de la prescripción de la respectiva acción
penal. En los demás casos, se aplicarán las normas pertinentes de la
legislación civil.”
(Diario oficial. Año cxxxvi. N.
44097. 24, julio, 2000)
III.    LA DEMANDA
Los cargo de la demanda pueden resumirse
del siguiente modo:
La demandante dice que la norma quebranta
el principio de unidad de materia de las leyes (art. 158 C.P.) porque al
regular el tema de la prescripción de la acción civil dentro del proceso penal,
deroga las normas del Código Civil que tienen que ver con la prescripción de la
acción civil, entre las cuales se encuentran las disposiciones que permiten
interrumpir la prescripción.
Mediante un ejemplo la actora pretende
ilustrar los efectos perjudiciales de la norma sobre las personas que deciden
acudir a la acción civil dentro del proceso penal. Aduce que quien instaura la
acción civil en el proceso penal se ve sometido a una prescripción que no puede
ser interrumpida en los términos del artículo 2539 del Código Civil.
Con fundamento en lo anterior, la
preceptiva acusada también infringe el derecho constitucional a la igualdad
(art. 13) pues quien intenta la indemnización de perjuicios dentro del proceso
penal debe esperar la decisión del fiscal o del juez penal, corriendo el riesgo
de que esta se produzca cuando la acción civil hubiere prescrito. En cambio,
quien intenta la acción civil independientemente tiene a su favor un término de
prescripción mucho más amplio, el cual, a su vez, puede interrumpir.
La demandante sostiene que la situación es
todavía más grave cuando la Ley obliga ejercer la acción de reparación en el
proceso penal, como es el caso del artículo 137 del Código de Procedimiento
Penal, el cual exige la constitución de parte civil en el proceso penal a la
persona jurídica de derecho público afectada por un delito cometido contra la
administración pública. Sobre el particular afirma que a pesar de que la
intención del legislador fue proteger a la administración frente a los daños
irrogados, el hecho de que la prescripción de la acción civil opere por el
transcurso del tiempo termina perjudicando los intereses públicos. La
Administración no se vería en tal desventaja si pudiera instaurar la acción de
resarcimiento por fuera del proceso penal.
Para la demandante, la norma no es ni
razonable ni equitativa, por lo que afecta la vigencia del orden social justo
previsto por el constituyente.
En  cuanto a la violación del derecho de
acceder a la administración de justicia (Art. 228 C.P.), la demanda sostiene
que la disposición acusada limita ostensiblemente la capacidad de acción del
perjudicado porque dentro del proceso penal el término de prescripción es menor
y no puede ser interrumpido.
Finalmente, la demandante sostiene
que el quebrantamiento de los artículos constitucionales por aplicación de la
norma acusada se evidencia en el fallo dictado el 20 de junio de 2002 por la
Corte Suprema de Justicia –Exp. 18569- en donde la Corporación declaró
prescrita la acción penal junto con la acción civil, inadmitiendo con
posterioridad la demanda de casación por extemporaneidad de la solicitud. El
demandante encuentra apoyo para su tesis en el salvamento de voto presentado
por el magistrado Fernando Arboleda Ripoll, para quien la aplicación del
artículo demandado frustra la expectativa de resarcimiento del perjudicado por
el delito.
IV. INTERVENCIONES
1. Intervención de la Fiscalía General
de la Nación
Dentro del término procesal establecido, el
señor Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, solicitó a la
Corte declarar la exequibilidad de la norma acusada, atendiendo entre otras a
las siguientes consideraciones.
Dice el Fiscal que la acción civil dentro
del proceso penal es una alternativa que puede ser utilizada o desechada por el
perjudicado con el delito. Asegura que la regulación de la acción civil dentro
del proceso penal no constituye una vulneración del principio de unidad de
materia legal porque las disposiciones del Código Civil siguen vigentes, tanto
que hoy en día rigen las disposiciones de la Ley 791 de 2002 que redujo a 10
años el término de prescripción de dicha acción.
De otro lado, la Fiscalía precisa que las
vicisitudes que pudieran ocurrirle a la acción civil en el proceso penal son
hipótesis ajenas al texto normativo acusado, por lo que no puede sostenerse que
los cargos de la demanda hayan sido dirigidos correctamente.
Sostiene que el artículo 98 en nada
perjudica el principio de igualdad constitucional, visto que la norma opera por
igual para todos y consagra una herramienta de uso voluntario por parte de los
afectados por el ilícito. Hace la acotación de que dentro del proceso penal,
los afectados pueden solicitar las medidas cautelares necesarias para asegurar
la indemnización de los perjuicios. Ya que la parte afectada puede pedir
pruebas y participar activamente en la investigación de los hechos, el derecho
de acceso a la administración de justicia no se pone en entredicho.
Finalmente, advierte que con la expedición
de la Ley 791 de 2002, que redujo los términos de prescripción de la acción
civil, hoy en día es más beneficioso, en algunos casos, constituirse en parte
civil dentro del proceso penal que intentar la reparación de perjuicios por
fuera de dicho escenario.
2. Intervención del Ministerio del
Interior y de Justicia
En representación del Ministerio de la
referencia, intervino en el proceso la ciudadana Ana Lucía Gutiérrez Guingue
para solicitar la declaratoria de exequibilidad de la norma.
La interviniente sostiene, como primera
medida, que la demanda se basa en un análisis meramente probabilístico de la
norma, lo cual la hace sustancialmente inepta. Dice que el libelo no se ajusta
a los parámetros esbozados por la jurisprudencia de la Corte en punto a los
requisitos de la demanda, por lo cual la Corte debe inhibirse de emitir
pronunciamiento de fondo sobre la disposición del Código Penal. Al respecto,
advierte que la identificación de términos procesales disímiles, en razón a la
naturaleza de la jurisdicción ante la cual se ejerce la acción, no configura un
cargo concreto de constitucionalidad; así como tampoco lo hacen los cargos por
unidad de materia y aquel que tiene como fundamento la dilación del proceso y
sus consecuencias en la prescripción de la acción civil.
No obstante, arguye que de considerarse
ajustada a los requisitos de fondo, la demanda tampoco está llamada a
prosperar, toda vez que la disposición acusada se ajusta a los preceptos
constitucionales. En efecto, dice que el término de prescripción de la acción
civil en el proceso penal no menoscaba el derecho a la igualdad del interesado,
porque la constitución de parte civil es una facultad del afectado, no una
obligación.
En conexión con lo anterior, advierte que
la entidad especial del proceso penal exige el establecimiento de plazos
expeditos y razonables que no puedan prolongarse indefinidamente, so pena de
socavar derechos de mayor jerarquía.
Finalmente, corrige al demandante en el
sentido de advertirle que la prescripción de la acción civil sí puede
interrumpirse en el proceso penal, mediante la suspensión de la prescripción de
la acción penal.
3. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia
En representación de la Academia de la
referencia intervino en el proceso el ciudadano Juan Carlos Prías Bernal para
solicitar a la Corte declarar exequible la disposición demandada.
Dice el interviniente que el argumento de
la demanda incurre en dos errores de apreciación, el primero, al haber
considerado derogada la regulación de la prescripción de la acción civil y, el
segundo, al creer que el tratamiento diferencial de la acción civil
independiente y la que se ejerce en el proceso penal es discriminatorio.
Resalta la Academia que frente a la
reclamación de los perjuicios irrogados por el ilícito, el perjudicado puede
solicitar la indemnización dentro o fuera del proceso penal. De hacerlo en el
trámite del proceso penal, la prescripción de la acción civil se determina con
fundamento en la de la acción penal, ya que la dependencia natural del una
respecto de la otra hace que la subsidiaria siga la suerte de la principal.
Además, como la acción penal involucra el ejercicio del ius puniendi del
Estado, ésta no puede mantenerse indefinidamente, por lo cual es necesario que
exista un término para su ejercicio.
Agrega que el cargo por violación del
derecho a la igualdad es confuso pues del simple hecho que una figura jurídica
sea tratada de manera diferente en dos escenarios distintos no puede inferirse
que el legislador haya incurrido en trato discriminatorio. De hecho –acota la
Academia- la pobreza del estudio comparativo entre los diferentes escenarios en
que puede hacerse uso de la acción civil salta a la vista, dado que el
ejercicio de la misma dentro del proceso penal ofrece más ventajas a su titular
merced a que su participación en las diligencias no está limitada a la
obtención de la indemnización sino que incluye la posibilidad de participar en
el esclarecimiento de la verdad y la obtención de la justicia.
Frente a la situación planteada por la
demandante, según la cual las entidades públicas se encuentran obligadas a
constituirse en parte civil en el proceso penal, el interviniente asegura que
esta exigencia es concordante con el hecho de que el servidor público no puede
evadir su responsabilidad de procurar los medios para obtener el resarcimiento
de los perjuicios causados a la Administración Pública, como tampoco puede
dejar de participar en el esclarecimiento de la verdad en el trámite penal.
La Academia desecha los argumentos que se
basan en la mora judicial y sus efectos en la prescripción de la acción civil
porque, según su criterio, tales circunstancias son elementos fácticos que no
pueden subordinar el contenido normativo del ordenamiento jurídico,
determinando su inexequibilidad.
Por último, y en sentido contrario al
sostenido por la parte actora, el interviniente asegura que la institución de
la acción civil en el proceso penal es un mecanismo óptimo de acceso a la
administración de justicia que no puede descalificarse por razones de
ineficiencia judicial. Extender el término de prescripción de dicha acción para
que sobrepase el de la acción penal implicaría romper la unidad del proceso
penal, unidad que se desprende del hecho de que en dicho proceso, no sólo se
define la responsabilidad penal del infractor sino su responsabilidad
patrimonial.
V.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El señor procurador de la Nación, Edgardo
José Maya Villazón, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la norma
acusada.
En opinión de la Vista Fiscal, el cargo por
violación del principio de unidad de materia en el Código Penal no es de recibo
por cuanto la norma que desarrolla la acción civil en el proceso penal sí
guarda relación de conexidad con la temática de dicho código, al ser claro que
una de las fuentes de responsabilidad civil es el delito. Además, como esa
responsabilidad puede reclamarse por fuera del proceso penal, pero también
dentro de éste, la conexidad causal entre la norma y el código que la contiene
es fácilmente deducible.
En cuanto a la aparente vulneración del
principio de igualdad, la Procuraduría resalta que de acuerdo con la última
perspectiva jurisprudencial, la parte civil del proceso penal no busca
únicamente la reparación patrimonial del ilícito sino que persigue, como
perjudicada, el descubrimiento de la verdad, la realización de la justicia y la
defensa de los derechos a la honra y al buen nombre.
Ya que la acción civil que se intenta por
fuera del proceso penal tiene una connotación - esta sí- eminentemente
patrimonial, el señor Procurador advierte que entre uno y otro procedimiento
existen discrepancias sustanciales que impiden juzgarlos bajo los mismos
parámetros. Las diferencias teleológicas que los identifican –que el Ministerio
Público advierte y resalta- facultan al legislador para establecer regulaciones
independientes y autónomas, ello en ejercicio de su potestad configurativa.
Ya que la acción civil del proceso penal
depende, en su determinación, de la responsabilidad penal que se investiga en
el proceso –dice el Procurador- la prescripción de la primera debe ser la
propia de la acción penal en virtud del debido proceso y de la presunción de
inocencia que le asiste al encartado. Para ilustrar su aserto, el Ministerio
Público advierte que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2358 del Código
Civil, la responsabilidad común por los delitos u las culpas que pueda
reclamarse contra quienes sean penalmente responsables prescriben dentro de los
términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena
principal. Agrega que similar disposición se encontraba contenida en el
artículo 101 del Código Penal de 1936 (Decreto 2300 de 1936) y en el artículo
108 del Código de 1980 (Decreto 100 de 1980).
Por último, la Procuraduría sostiene que no
está en contra de la Constitución el que la ley obligue a las entidades
públicas a constituirse en parte civil dentro del proceso penal, pues esta
postura le permite a la Administración asumir una función activa en la búsqueda
de la verdad y la realización de la justicia. En la misma materia, dice que el
legislador tiene amplio margen de configuración para determinar cuáles son las
obligaciones de los servidores públicos y que por ello puede establecer la
orden de constituir la parte civil dentro del proceso penal, pues los fines de
la Administración Pública así lo permiten, en tanto que también permite la
colaboración entre los diferentes organismos del Estado.
Por ello, solicita declarar exequible el
artículo 137 de la Ley 600 de 2000, que aunque no fue demandado expresamente,
sí fue acusado en el desarrollo argumentativo de la demanda.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para
resolver sobre la constitucionalidad del artículo demandado, ya que hace parte
de una Ley de la República.
2. No existe ineptitud sustantiva de la demanda
Uno
de los intervinientes solicita a la Corte declararse inhibida para fallar sobre
la demanda de la referencia por cuanto considera que la misma se asienta sobre
razones de orden fáctico, ajenas al contenido normativo de la disposición
acusada. En efecto, el Ministerio del Interior y de Justicia advierte que el
fundamento de la demanda es meramente probabilístico y que, por tal razón, la
Corte no puede entrar a analizar la exequibilidad de la norma.
Por
ello, antes de entrar en el análisis de la disposición demandada, se impone
determinar la aptitud sustancial de los cargos.
La Corte Constitucional ha establecido que
para que una demanda de inconstitucionalidad pueda ser estudiada en sede de
control constitucional, se requiere que la misma cumpla con los requisitos de
forma señalados en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, además de los
requisitos de fondo que a lo largo del desarrollo de la jurisprudencia se han
establecido para este tipo de acciones. En pocas palabras, la Corte ha dicho
que los requisitos de fondo de la demanda son exigencias de argumentación
lógico jurídica que buscan garantizar la coherencia del debate a fin de
permitir la producción de un fallo de fondo respecto de la norma acusada. Sobre
el particular la Corte dijo que:
“La efectividad
del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las
razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas,
pertinentes y suficientes[1].
De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la
expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo
por parte de la Corte Constitucional.”[2]
De
la lectura del texto de la demanda esta Corporación encuentra que la actora sí
ha formulado cargos susceptibles de ser analizados en ejercicio del control
abstracto de inconstitucionalidad.
En
primer lugar, desde un punto de vista meramente normativo, la demandante ha
dicho que la introducción de una norma de carácter civil en el código de
procedimiento penal es violatoria del principio de la unidad de materia. Este
análisis permite realizar un juicio de carácter jurídico que en nada depende de
las circunstancias fácticas de aplicación de la norma. El cargo es abstracto y
no impone dificultad alguna para estudiarlo a la luz del texto constitucional.
Es cierto que alrededor de este reproche se esbozan algunas consideraciones de
orden práctico, que tienen que ver con la incidencia de la mora judicial en el
cumplimiento de los términos de prescripción. No obstante, dado que el cargo
principal está sentado en una oposición normativa clara y no sólo en la crítica
práctica, el mismo admite análisis constitucional.
En segundo lugar, el demandante aduce que los términos de prescripción de la
acción penal y de la acción civil en el proceso penal son diferentes y que ello
constituye una violación al principio de igualdad. En este caso, el demandante
tampoco hace depender el argumento de inconstitucionalidad de circunstancias
fácticas, sino que esboza la oposición desde un punto de vista meramente
normativo y teórico. En ese sentido, tampoco puede afirmarse que el cargo no
sea susceptible de análisis contrastado con el texto constitucional.
En conclusión de lo dicho, esta Sala no
comparte el análisis propuesto por el Ministerio del Interior y de Justicia y
procederá a entrar en el análisis de fondo de la demanda.
3. Problemas jurídicos
Los problemas jurídicos esbozados en la
demanda se expresan del siguiente modo: ¿Constituye una violación del principio
de unidad de materia legislativa el que una norma que regula la prescripción de
la acción civil en el proceso penal, aparezca regulada en el Código Penal?
¿Contraría la Constitución Política el hecho de que la acción civil que puede
ejercerse en el proceso penal, tenga un término de prescripción similar al de
la acción penal misma? ¿Quebranta el principio de igualdad el que esta
prescripción tenga una duración distinta a la de la prescripción de la acción
civil ordinaria, y que aquella sea menor en muchos casos?
Para resolver los anteriores interrogantes
se hace necesario describir la naturaleza y objetivos de la acción civil en el
proceso penal junto con las características que la diferencian de aquella que
se ejerce independientemente del proceso penal.
4. Consideraciones generales acerca de la acción civil dentro del
proceso penal
De acuerdo con lo establecido en el
artículo 2341 del Código Civil, “El que ha cometido un delito o culpa, que
ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización,  sin perjuicio de la
pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido” [3].
Por su parte, el artículo 94 del Código
Penal indica que “La conducta punible origina obligación de reparar los
daños materiales y morales causados con ocasión de aquella.”.
Adicionalmente, el artículo 46 del Código
de Procedimiento Penal prescribe que “Están solidariamente obligados a
reparar el daño y a resarcir los perjuicios causados por la conducta punible
las personas que resulten responsables penalmente y quienes, de acuerdo con la
ley sustancial, deban reparar el daño”.
Estas disposiciones constituyen el
fundamento legal de la responsabilidad civil extracontractual por la conducta ilícita
y establecen implícitamente que las repercusiones del delito no se
circunscriben al aspecto penal del comportamiento ilegal sino que pueden
afectar derechos patrimoniales particularizables.
Al respecto la corte Constitucional
sostuvo:
“Si bien la
acción penal tiene como finalidad primordial sancionar a quienes con su
conducta atacan o violan los bienes jurídicos individuales o colectivos
mediante el delito; no puede resultar indiferente el que dicho comportamiento
delictuoso produce unos efectos jurídicos dañinos.
“El daño, es el
efecto jurídico del delito, que comporta una doble connotación: a) El daño
público o social que se produce al lesionar el bien o  interés jurídico
protegido por el Estado y que explica su intervención poniendo en marcha el
aparato punitivo, imponiendo las sanciones a quien ha infringido el orden
jurídico, pues el delito es siempre un hecho que  perjudica a la comunidad; b)
El daño particular que se produce con la lesión del bien jurídico, conocido
como daño civil, da lugar a la acción civil  para el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados con el ilícito, estableciéndose por el ordenamiento
jurídico la obligación para el sujeto activo de reparar los daños tanto morales
como materiales.
“Desde el
Código Civil ya se reconoce que el delito es generador de daño estableciendo la
obligación de repararlo por los responsables, al señalar en el artículo 2341:
“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado
a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por
la culpa o el delito cometido”. (Sentencia C-1149 de 2001 M.P. Jaime Araujo
Rentería)
Cuando el delito produce un daño
patrimonial, el sistema jurídico le ofrece a los perjudicados la alternativa de
integrar el proceso de reclamación indemnizatoria dentro del propio proceso
penal.
Dicha alternativa se ejerce a través de
constitución de parte civil en el proceso penal, siendo por esta razón una de
las dos opciones previstas por el ordenamiento jurídico para obtener la
indemnización de perjuicios. En efecto, de conformidad con el artículo 45 del
C.P.P., el afectado también puede acudir a la jurisdicción civil para obtener
la reparación del daño de manera independiente, caso en el cual no podrá
constituirse simultáneamente en parte civil del proceso penal (Art. 48 C.P.P.).
De acuerdo con la redacción literal de la norma:
Artículo 45.
Titulares. La acción civil individual o popular para el resarcimiento de los
daños y perjuicios individuales y colectivos causados por la conducta punible, podrá
ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, a elección
de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por los herederos o
sucesores de aquellas, por el Ministerio Público o por el actor popular cuando
se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos. En este último
evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien primero se
constituya. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que
trata el Código de Procedimiento Civil.
Si el
titular de la acción indemnizatoria no tuviere la libre administración de sus
bienes y optare por ejercerla en el proceso penal, se constituirá en parte
civil mediante demanda presentada por su representante legal.
De lo dicho resulta que cuando un hecho
ilícito tiene repercusiones en el campo civil, es potestativo del
afectado acudir a la jurisdicción civil para reclamar la indemnización de
perjuicios, o presentarse a la jurisdicción penal para hacer lo propio mediante
la formulación de demanda de constitución de parte civil[4]. Cualquiera de las vías
es legítima y ofrece una solución similar: la indemnización del daño.
No obstante ¿qué objetivos diferenciales se
buscan al ofrecer al afectado la posibilidad de constituirse en parte civil
dentro del proceso penal? Las siguientes consideraciones esbozan la razón de
ser de esta alternativa.
Una primera aproximación de la
jurisprudencia indica que simples razones de justicia material han conducido a
contemplar la posibilidad de permitir la intervención del perjudicado en la
investigación penal del inculpado.
La Corte Suprema de Justicia sostuvo en su
jurisprudencia que la razón de ser de la medida reside en la equidad que debe
existir en los procedimientos de administración de justicia. Sobre el
particular dijo que “El proceso penal, además de velar por los derechos
fundamentales del procesado, cuida de los intereses de ese otro importante
protagonista de la actuación que es el ofendido o sus herederos”, a lo cual
agregó:
“(...) quiso el
legislador que el proceso penal debía de representar un justo equilibrio, que
al mismo tiempo de garantizar los derechos de las personas sometidas al
proceso, no descuidara los intereses resarcitorios de quienes sufrieron los
efectos patrimoniales de la conducta delictiva y se consideró que no era
equitativo que de manera regular y generalizada la parte perjudicada tuviera
solamente la satisfacción en algunos casos de saber que el responsable de sus
males había sido condenado, pero que satisfacciones de carácter patrimonial no
surgieran paralelamente de las sentencia penal, sino que el ofendido se veía en
la obligación de iniciar, cuando la condenación al pago de perjuicios había
sido en abstracto, que era en la inmensa mayoría, un largo y dispendioso juicio
ordinario y luego uno de carácter ejecutivo para al cabo de muchos años de
obtener una insignificante compensación patrimonial por los daños ocasionados
por el hecho delictivo...” (Corte Suprema de Justicia. 12 de julio de 1990.
Rad: 3475. M.P. Dr. Edgar Saavedra Rojas)
En la misma línea, la posibilidad de acudir
al proceso penal para obtener la indemnización de perjuicios constituye una
forma de hacer efectivo el principio de economía procesal. Así, acudiendo a
dicha alternativa, el Estado evita la doble marcha de la administración de
justicia dirigida a resolver una responsabilidad bivalente que tiene una fuente
común: el delito.
De otra parte, gracias a que la
responsabilidad penal se resuelve paralelamente a la responsabilidad civil, la
interposición de la demanda civil dentro del proceso penal permite que las
pruebas recaudadas reciban valoración simultánea, encaminada a resolver los dos
aspectos de la responsabilidad involucrados. Ello le permite al demandante
obtener una pronta decisión judicial que aprovecha el material probatorio de la
investigación penal.
Vinculado con lo anterior, la
posibilidad de ejercer la acción civil dentro del proceso penal también
constituye vía idónea para evitar la producción de fallos contradictorios. Así,
la medida procesal tiende a evitar que, por ejemplo, el juez penal encuentre
probado el hecho dañoso cuando el juez civil considere que éste no existió.
Desde una perspectiva eminentemente
constitucional, esta Corte ha reconocido que con  la expedición de la nueva
Carta Política el tratamiento de la víctima como sujeto de derechos ha
relievado la importancia de la parte civil dentro del proceso penal.
En primer lugar, la Corte sostuvo que el
papel de la parte civil en el proceso penal militar no podía restringirse a la
posibilidad de solicitar la indemnización y reparación del daño, sino que el
espectro de sus facultades involucraba el derecho a averiguar la verdad
material. En este sentido, la Corte dijo en la Sentencia C-1149 de 2001 (M.P.
Dr. Jaime Araujo Rentería):
“El derecho de las víctimas o
perjudicados con el ilícito penal a acudir al proceso penal, comprende tres (3)
derechos importantes y que deben ser garantizados por igual dentro del
respectivo proceso, a saber: a) Derecho a saber la verdad de los hechos; b)
Derecho a la justicia y; c) Derecho a la reparación del daño.
“(...)
“Cada vez que se
comete un delito la víctima o perjudicado con el ilícito tienen derecho a
conocer la verdad, a la justicia y a la reparación, como se ha dejado claramente
establecido por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección
de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Informe Final sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos
humanos (derechos civiles y políticos) de conformidad con la resolución
1996/119 de la Subcomisión y titulado: “La administración de justicia y los
derechos humanos de los detenidos”.
“Se señala en
dicho documento que la estructura general del conjunto de principios y sus
fundamentos en relación con los derechos de las víctimas consideradas como
sujetos de derechos, se concretan en:
a) el derecho de
las víctimas a saber;
b) el derecho de
las víctimas a la justicia; y
c) el derecho a
obtener reparación.(...)”[5]
(Sentencia C-1149 de 2001 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería)
Posteriormente, con ocasión de la
expedición de la Sentencia C-228 de 2002 (M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett),
la Corporación dejó sentado que la finalidad indemnizatoria del proceso civil
que se incoa dentro del proceso penal es apenas uno de los objetivos
perseguidos por el sujeto que acude a dicha alternativa. Sobre el particular,
la Corte dijo que la parte civil del proceso penal no sólo tiene derecho a “
la reparación económica de los perjuicios que se le hayan causado, trátese de
delitos consumados o tentados, sino que además tiene derecho a que a través del
proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia”.[6]
El reconocimiento de las prerrogativas
procesales denota un cambio en la noción del papel que juega la parte civil en
el proceso penal. Indica que el afectado por el delito puede participar
activamente en la investigación sobre la responsabilidad penal del inculpado,
pues a sus intereses puede no sólo ser  afecta la reparación del perjuicio[7] sino el esclarecimiento
de la verdad.
La Corte Constitucional se pronunció al
respecto en los siguientes términos:
“De lo anterior
surge que la concepción constitucional de los derechos de las víctimas y de los
perjudicados por un delito no está circunscrita a la reparación material. Esta
es más amplia. Comprende exigir de las autoridades y de los instrumentos
judiciales desarrollados por el legislador para lograr el goce efectivo de los
derechos, que éstos sean orientados a su restablecimiento integral y ello sólo
es posible si a las víctimas y perjudicados por un delito se les garantizan sus
derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica de los daños
sufridos, a lo menos.[8]
“De lo anterior
surge que tanto en el derecho internacional, como en el derecho comparado y en
nuestro ordenamiento constitucional, los derechos de las víctimas y
perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia–no restringida
exclusivamente a una reparación económica– fundada en los derechos que ellas
tienen a ser tratadas con dignidad, a participar en las decisiones que las
afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos,
entre otros, y que exige a las autoridades que orienten sus acciones hacia el
restablecimiento integral de sus derechos cuando han sido vulnerados por un
hecho punible. Ello sólo es posible si a las víctimas y perjudicados por un
delito se les garantizan, a lo menos, sus derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación económica de los daños sufridos.
“De tal manera
que la víctima y los perjudicados por un delito tienen intereses adicionales a
la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses han sido protegidos por
la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos relevantes para analizar
la norma demandada en el presente proceso:
“1. El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo
que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad
real. Este derecho resulta particularmente importante frente a graves
violaciones de los derechos humanos.[9]
“2. El derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir,
el derecho a que no haya impunidad.
“3.
El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una
compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la
víctima de un delito.”[10]
(Sentencia C-228 de 2002 M.. Dr. Eduardo Montealegre Lynett)
Aunque los apartes citados
desarrollan los aspectos relevantes de la función del sujeto civil en el
proceso penal, muchas otras normas de la codificación penal dan cuenta de su
protagonismo en el trámite de este procedimiento. A continuación se resaltan
algunas de ellas:
§
En primer lugar, tal como lo establece el
artículo 50 del C.P.P. la admisión de la demanda de parte civil en el proceso
penal habilita a su titular para solicitar la “práctica de pruebas
orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad
de los autores o partícipes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de
los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y
solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias
que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo.”
§
De igual modo, de conformidad con el artículo 30
del C.P.P. las víctimas pueden presentar pruebas y tener acceso al expediente,
trámites para los cuales pueden ejercer el derecho de petición.
§
La parte civil del proceso penal puede solicitar
la declaración de embargo y secuestro de los bienes del inculpado (artículo 60
del C.P.P) y tiene derecho a reclamar, como parte de indemnización, la caución
prestada por el sindicado que incumpla las obligaciones adquiridas como
consecuencia de haber obtenido el beneficio de la libertad provisional (artículo
372 ibídem).
§
Desde el punto de vista de su integridad
personal, las víctimas tienen derecho a recibir protección por parte de la
Fiscalía General de la Nación en los términos del artículo 114 del C.P.P. y en
los del artículo 121 ibídem. Según esta última preceptiva, “el Fiscal
General de la Nación directamente o a través de sus delegados puede tomar las
medidas necesarias para prevenir la intimidación de víctimas, testigos y
demás intervinientes en el proceso, y proveerles protección y asistencia.”
Dichas disposiciones legales tienen como sustento directo el mandato del
artículo 250-4 de la Constitución Política.[11]
§
De acuerdo con el artículo 40 del C.P.P., la
parte civil dentro del proceso penal puede recurrir la sentencia anticipada y,
cuando es querellante, pude desistir de la querella (art. 37 ibídem).
Tiene derecho también a asistir a la audiencia de destrucción de los bienes con
los que han sido cometidos delitos contra la propiedad industrial (artículo 67 ibídem)
y puede citar al tercero civilmente responsable de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 69 del Código en cita.
§
La parte civil del proceso penal tiene derechos
vinculados con el principio de la no reformatio in pejus, en tanto que
el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal establece que “en la
apelación, la decisión del superior se extenderá a los asuntos que resulten
inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”  y “cuando se
trate de sentencia condenatoria el juez no podrá en ningún caso agravar la
sanción, salvo que el fiscal o el agente del Ministerio Público o la parte
civil, teniendo interés para ello, la hubieren recurrido.” La norma señala
finalmente que “tampoco se podrá desmejorar la situación de la parte civil o
del tercero civilmente responsable cuando fueren apelantes únicos.”
§
Por último, hecha la claridad de que esta
relación no es exhaustiva, de conformidad con lo estatuido en el artículo 407
del Código procesal penal la parte civil tiene derecho a participar en la
audiencia pública de juzgamiento, con todas las implicaciones que dicha
participación comporta.
La conclusión impuesta por esta
normatividad es que cuando el afectado por el delito acude al proceso penal
para constituirse en parte civil, recibe del sistema jurídico un amplio margen
de actuación que le permite reclamar derechos adicionales a la simple
reparación del daño, los cuales se encuentran íntimamente ligados con el
desarrollo de la investigación y juzgamiento penales.
Una segunda conclusión es que la posición
de la parte civil dentro del proceso penal no es, por la misma naturaleza de
este proceso, equivalente a la del afectado que por separado inicia un proceso
ordinario de responsabilidad civil extracontractual.
De una parte, el proceso civil se asienta
sobre la base de la disponibilidad del derecho litigioso lo cual se refleja en
el carácter dominantemente dispositivo de este procedimiento. En el proceso
penal, en cambio, la constitución de parte civil no es siquiera necesaria para
que el aparato de justicia inicie de oficio las diligencias tendentes a
determinar el perjuicio patrimonial ocasionado por el delito y a ordenar su
reparación.
En efecto, el artículo 250 de la
Constitución Política advierte en su numeral primero[12] que a la Fiscalía
General de la Nación le corresponde “asegurar la comparecencia de los
presuntos infractores de la Ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento.
Además, y si fuere el caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos
el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios
ocasionados por el delito”[13]
De conformidad con la redacción de la norma,
dicha obligación se ejerce de oficio y no requiere de la presentación de
demanda de constitución de parte civil, por lo que puede afirmarse que en
desarrollo de la dinámica inquisitiva del proceso penal el fiscal tiene la
obligación constitucional de practicar las pruebas y adelantar las diligencias
requeridas para determinar el monto y naturaleza de los perjuicios, aun a pesar
de la inexistencia de dicho sujeto procesal.
En desarrollo de la preceptiva
constitucional, la legislación penal estipula medidas similares.
El artículo 21 del Código de Procedimiento
Penal señala que “El funcionario judicial deberá adoptar las medidas
necesarias para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta
punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios
causados por la conducta punible.”
Por su parte, el artículo 57 del mismo
estatuto advierte que en “todo proceso penal en que se haya
demostrado la existencia de perjuicios provenientes del hecho investigado, el
juez procederá a liquidarlos de acuerdo a lo acreditado en la actuación y en la
sentencia condenará al responsable de los daños causados con la conducta
punible. Además, se pronunciará sobre las expensas, las costas judiciales y las
agencias en derecho si a ello hubiere lugar.”
El texto de la norma es enfático en
determinar que la condena en perjuicios de los daños probados procede en todo
proceso penal, independientemente –se entiende- de que haya habido presentación
de demanda de constitución de parte civil. Este reconocimiento está en
concordancia con el artículo 21 del C.P.P. que advierte que el “funcionario
judicial tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo
desfavorable a los intereses del imputado”, lo cual implica que durante el
desarrollo de las diligencias dicho funcionario debe averiguar también por la
calidad y el monto del daño patrimonial provocado por el delito.
5. Conclusiones parciales
De todo lo dicho puede concluirse que la
constitución de parte civil en el proceso penal establece una íntima relación
entre éste y las diligencias que tienen por finalidad inicial el resarcimiento
del perjuicio causado por el delito.
Amén que dicha relación no surge como una
imposición legal sino de la misma voluntad del afectado, la elección de
constituirse en parte civil en proceso penal confiere a su titular un generoso
margen de acción en las actuaciones penales. Esta amplitud se deriva del hecho
de que tanto la ley como la jurisprudencia consideran que los móviles del
sujeto civil en el proceso penal no se limitan a la indemnización de los
perjuicios sino que pueden extenderse hasta la averiguación de la verdad
determinante del ilícito y, por ende, de la realización de la justicia
material.
Al ejercerse dentro del proceso penal, la
acción civil se amolda a la mecánica del primero, ya que las oportunidades
ofrecidas por dicho procedimiento son aprovechadas por la parte civil, al punto
que su participación en aquél se ejecuta de conformidad con el esquema diseñado
por el Código de Procedimiento Penal.
El ejercicio de la acción civil dentro del
proceso penal no implica detrimento de las garantías procesales de la parte
civil. Por el contrario, dichas garantías se encuentra aseguradas como
consecuencias de la preponderancia que el afectado y la víctima tienen en el
trámite del proceso penal. El hecho de que el impulso del proceso penal esté a
cargo del Estado, por disposición de la Constitución y la ley, implica que la
parte civil del proceso penal tiene una posibilidad directa y concreta de
recibir los resultados de la investigación para satisfacer sus propias
pretensiones.
Las circunstancias previstas indican
también que el contexto jurídico de la parte civil del proceso penal no es el
mismo de quien demanda por separado ante la jurisdicción civil la responsabilidad
civil extracontractual del autor del daño. En términos de la dinámica del
procedimiento, el hecho de que la primera esté inserta en el proceso penal
marca una diferencia notable que no puede dejarse de lado a la hora de analizar
sus instituciones correspondientes.
Tomando como punto de partida las
consideraciones anteriores, esta Corte pasa a responder, uno a uno, los cargos
de la demanda.
6. Extensión del principio de unidad de materia
En primer lugar, sostiene la demandante que
la norma acusada viola el principio de unidad de materia porque la regulación
del tema de la prescripción de la acción civil que se ejerce en el proceso
penal no tiene vínculo alguno con el derecho penal y constituye, de otra parte,
una modificación al régimen civil de la prescripción.
Para responder a este cargo, haciendo
alusión a los argumentos antes expuestos, es indispensable hacer algunas
anotaciones acerca del principio constitucional de la unidad de materia.[14]
De acuerdo con su formulación genérica, el
principio de unidad de materia señala que las disposiciones que integran un
proyecto de ley deben guardar correspondencia conceptual con su núcleo
temático, el cual –generalmente- se deduce del título de la misma. Se encargan
de definir dicho concepto el artículo 158 de la Constitución Política, según el
cual, “Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán
inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella”;
y los artículos 148 de la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso) al disponer
que “Cuando un proyecto haya pasado al estudio de una Comisión Permanente,
el Presidente de la misma deberá rechazar las disposiciones o modificaciones
que no se relacionen con una misma materia. Sus decisiones serán apelables ante
la Comisión”; además del artículo 193 del mismo estatuto, que prácticamente
reproduce el tenor literal del 169 constitucional, según el cual, el título de
las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido.
La Corte Constitucional ha reconocido que
este principio es de naturaleza sustancial y no formal, toda vez que la
exigencia impuesta por el mismo tiene que ver con el contenido de la ley bajo
estudio y no con el procedimiento conforme al cual fue expedida.
A este respecto dijo la Corte
Constitucional:
“…[U]n análisis
más detenido muestra que no se trata de un vicio puramente formal, puesto que
tiene que ver con el contenido material de la norma acusada. Así, una ley puede
haber surtido un trámite intachable, por haber sido aprobadas todas sus
disposiciones conforme al procedimiento establecido por la Constitución y el
Reglamento del Congreso. La ley es pues formalmente inatacable; sin embargo,
algunos de sus artículos pueden ser declarados inexequibles por violar la regla
de unidad de materia, si su contenido normativo no tiene una conexidad
razonable con la temática general de la ley.  Y sin embargo, se repite, la ley
es formalmente inatacable, pues se surtió de manera regular todo el proceso de
aprobación, sanción y promulgación. Esto significa entonces que el vicio de
inconstitucionalidad de esos artículos, por desconocer la regla de unidad de
materia, no puede ser formal pues la forma no ha sido cuestionada.“
(Sentencia C-531 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero)
En lo que toca con su razón teleológica, la
jurisprudencia constitucional ha sido enfática en afirmar que el principio de
unidad de materia responde a la necesidad democrática de racionalizar la
actividad legislativa y de servir de garantía de transparencia en el oficio de
hacer las leyes[15].
En punto a lo primero, la Corte sostuvo que
“[e]l principio de unidad de materia que se instaura, contribuye a
darle un eje central a los diferentes debates que la iniciativa suscita en el
órgano legislativo. Luego de su expedición, el cumplimiento de la norma,
diseñada bajo este elemental dictado de coherencia interna, facilita su cumplimiento,
la identificación de sus destinatarios potenciales y la precisión de los
comportamientos prescritos. El estado social de derecho es portador de una
radical pretensión de cumplimiento de las normas dictadas como quiera que sólo
en su efectiva actualización se realiza”[16].
En segundo lugar, el principio de la unidad
de materia garantiza la transparencia del trámite legislativo porque instaura
un foro abierto y uniforme de discusión en el que sólo tienen cabida los
argumentos y razones afines al propósito central del proyecto, impidiendo con
ello la intromisión de disposiciones extrañas al contenido general de la Ley.
Sobre este particular, la Corte
Constitucional dejó sentado lo siguiente:
“En relación con
dicho principio, es importante señalar que la razón de su exigencia
constitucional tiene como único propósito evitar las incongruencias
legislativas que aparecen en forma súbita, a veces inadvertida e incluso
anónima, en los proyectos de ley, las cuales no guardan relación directa con la
materia específica de dichos proyectos. Estas incongruencias pueden ser,
entonces, el resultado de conductas deliberadas que desconocen el riguroso
trámite señalado en la Constitución para convertir en ley las iniciativas
legislativas”. (Sentencia C-523 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa)
Del mismo modo, la unidad de materia
contribuye a consolidar el principio de la seguridad jurídica porque garantiza
que la regulación de un tema se haga de forma consolidada bajo una misma ley,
evitando con ello la dispersión normativa y la incertidumbre consecuente del
aplicador jurídico.
La incidencia de este principio en el tema
del control constitucional ha sido de  vital importancia porque el grado de
rigurosidad con que la Corte ejerce el control de constitucionalidad de las
leyes, respecto de su sujeción a dicho principio, delimita la amplitud de la
potestad configurativa del legislador y el respeto por su vocación democrática.
En este sentido, la Corte Constitucional ha
sido cuidadosa en advertir que la aplicación de un criterio riguroso en el
control constitucional de las leyes, para verificar su sumisión al principio de
unidad de materia, restringiría la posibilidad de desplazamiento del legislador
por los diferentes temas sometidos a su regulación; impediría la expedición de
normatividades integrales y promovería la profusión de leyes de sectorización
extrema[17].
Por ello mismo, la jurisprudencia estima
que el término “materia”, utilizado por el constituyente como dependiente del
término “unidad”, debe ser interpretado en un sentido amplio, de modo que se
entiendan incluidos en el concepto aquellos aspectos que compartan un común
referente en el tema de la ley de que se trate[18].
La Corte se refirió a este punto en los
siguientes términos:
“43. La
interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su
finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente
de mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano. Solamente aquellos
apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable
y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal,
teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben
rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse
inexequibles si integran el cuerpo de la ley”. (Sentencia C-025/93, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz)
Finalmente, la jurisprudencia pertinente ha
resaltado que la conexidad impuesta por el principio de unidad de materia,
aquella que vincula internamente los artículos de la ley y que se desprende del
título de la regulación, puede ser de diversa índole. Se ha reconocido entonces
que la unidad de materia puede darse por razón de una conexidad temática entre
los artículos que conforman la ley, o de una conexidad causal o teleológica de
las normas, o de una conexidad sistemática, que tiene lugar cuando, por motivos
de método o técnica legislativa, se aconseja traer a determinada ley, cierta
regulación.[19]
Así las cosas,
a manera de conclusión, puede afirmarse que el principio de unidad de materia,
que propugna la cohesión interna de las leyes y la sistematización y organización
del procedimiento legislativo, debe ser interpretado en un sentido amplio que
permita la movilidad del ejercicio de configuración legislativa, sin
desconocer, por dicha flexibilidad, la necesidad de cohesión conceptual que
deben guardar los diferentes artículos que conforman una ley.
Por ello, sólo
se considerarán contrarios a dicho principio aquellos preceptos, segmentos o
proposiciones de la ley que no tengan una conexidad siquiera "causal,
teleológica, temática o sistemática” con la materia principal de la ley en
la que se encuentren inscritos.
De conformidad
con lo dicho y descendiendo al caso concreto, esta Corte considera que el
artículo 98 de la Código Penal no quebranta el principio de unidad de materia
porque su temática, su finalidad y posición dentro del sistema justifican que
se incluya en el contexto normativo en el que se encuentra.
Sin que sea
necesario profundizar en este aspecto del debate, pues el asunto ya ha sido
objeto de amplio tratamiento en esta Sentencia, existe una evidente conexidad
entre la institución de la parte civil y el proceso penal al cual ella se
adscribe, conexidad que impone la necesidad de regular aspectos de la primera
en el estatuto especializado del segundo.
Previamente se
dijo que entre uno y otro trámite no sólo existe coincidencia de objetivos,
pues la parte civil no se limita a intentar la reparación patrimonial del daño
pudiendo, en cambio, intervenir en los procedimientos propiamente penales, sino
que también existe una clara coincidencia procesal entre ambas figuras en
virtud de que las oportunidades en que se desarrolla el debate jurídico se
presentan de conformidad con la estructura del proceso penal. Esta conexidad se
pone todavía más de manifiesto si se percibe que, a la luz de lo dispuesto en
el artículo 54 del C.P.P., la “acción civil, dentro del proceso penal, se
adelantará en cuaderno separado en el que se allegarán todas las pruebas y
actuaciones relacionadas con la pretensión patrimonial, y se regulará por las
normas aquí señaladas y las de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, en
cuanto no se opongan a la naturaleza del proceso penal.”
De hecho, es
tanta la vinculación entre una y otra instituciones que el mismo Código Civil,
en su artículo 2358, establece que “las acciones para la reparación del daño
proveniente dl delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que sean
punibles por el delito o la culpa, se prescriben dentro de los términos
señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal”.
De aceptarse la
tesis del demandante, no sólo la norma que regula la prescripción de la acción
civil sino toda la institución de la parte civil del proceso penal tendría que
ser retirada del Régimen Penal.
Pero como es
claro que entre uno y otro instituto existen fines compartidos (conexidad
teleológica), una coincidencia procesal (conexidad instrumental o sistemática),
y una coincidencia de oportunidad (conexidad causal), la regulación de uno de
los aspectos de dicha figura –la prescripción- por parte de una norma incluida
en el Código Penal, no quebranta las disposiciones constitucionales.
De otra parte,
el hecho de que la norma demandada modifique ciertos aspectos de la acción
civil, cuando ella se ejerce dentro del proceso penal - porque dicha regulación
especial es necesaria para tales efectos- no significa que el Código Penal esté
modificando el Código Civil o de Procedimiento Civil en punto al tema de la
prescripción de la acción civil. Para la Corte es evidente que la regulación
especial del artículo 98 es únicamente aplicable a la acción civil que se
intenta en el proceso penal y no a la que se impetra de manera independiente. A
ella se restringe y en ese contexto debe entenderse.
Por las razones
anotadas, el primer cargo de la demanda no prospera.
7. Ausencia
de violación al principio de igualdad
El demandante
sostiene que hay violación del derecho a la igualdad cuando la ley impone un
término de prescripción menor para la acción civil que se ejerce dentro del
proceso penal, de aquel que opera para la acción civil interpuesta
independientemente de las diligencias penales.
El término de
prescripción ordinaria de la acción civil, de conformidad con el artículo 2536
del Código Civil, según fue modificado por el artículo 8º de la Ley 791 de
2002, “por medio de la cual se reducen los términos de prescripción en
materia civil”, es de diez (10) años. El tenor literal de la disposición es
el siguiente:
“Artículo
8°. El artículo 2536 del Código Civil quedará así:
“El artículo
2536. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por
diez (10).
“La acción
ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y
convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5).
“Una vez interrumpida o renunciada una prescripción,
comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.
Por
su parte, el término de prescripción de la acción civil que se ejerce en el
proceso penal es variable de acuerdo con el término de prescripción de la
acción penal de la cual el primero es adyacente. El carácter variable del
término de prescripción de la acción penal se deriva del hecho de que el mismo
depende de la naturaleza del delito.
En este
sentido, el Código Penal (Art. 83 C.P.) establece tres criterios para fijar el
término de prescripción de la acción penal, a saber: i) para aquellos delitos
que tienen prevista pena privativa de la libertad, la acción penal prescribe en
un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, pero en ningún caso será
inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20); ii) para los delitos de
genocidio, desaparición forzada[20],
tortura y desplazamiento forzado, la prescripción es de treinta (30) años, y
iii) para los delitos que tengan señalada pena no privativa de la libertad, la
acción penal prescribirá en cinco (5) años.[21]
De una primera
lectura puede establecerse que, en principio, no es correcto afirmar que el
término de prescripción de la acción civil en el proceso penal es inferior al
término de la acción civil ordinaria, pues resulta normativamente verificable
que dicha apreciación ofrece variables:  cuando la pena del delito supera los
diez años y en el caso de los delitos de genocidio, desaparición forzada,
tortura y desplazamiento forzado, los términos de prescripción de la acción
civil en el proceso penal son equivalentes o mayores, según el caso, al término
de prescripción de la acción civil que se incoa independientemente.
Así las cosas,
la desigualdad podría alegarse solamente en relación con la prescripción de la
acción civil respecto de los perjuicios ocasionados por delitos para los cuales
no existe pena privativa de la libertad (5 años) y aquellos delitos con pena
privativa de la libertad inferior a los 10 años.
Esta
consideración es relevante porque de prosperar el argumento de la demanda, la
Corte se vería obligada a modular su fallo en el sentido de considerar
inexequible la prescripción de la acción civil del proceso penal, únicamente
cuando la misma fuera inferior a 10 años.
Ahora bien,
refiriéndose exclusivamente a aquellos casos en que por razón de la dependencia
del término de prescripción de la acción penal, el de la acción civil se reduce
a menos de 10 años, la diferencia de trato conferida por la ley respecto de la
acción que se intenta por fuera del proceso penal podría considerarse
discriminatoria o violatoria del derecho a la igualdad si se llegare a
comprobar que el legislador actuó irracional o desproporcionadamente al regular
de manera distinta dos instituciones que merecen idéntico tratamiento.
Ello porque de
conformidad con la reiterada jurisprudencia que ha desarrollado el tema del
principio de igualdad constitucional, no cualquier trato diferencial constituye
per se un trato discriminatorio, y sólo aquellos que no tienen un
sustento racional ni guardan las proporciones entre los medios y los fines
pueden tildarse de inconstitucionales. En otras palabras, el hecho de que los
términos de prescripción establecidos sean diferentes no configura en sí mismo
una divergencia inconstitucional.
Para determinar
la posible violación del principio de igualdad respecto de sujetos insertos en
la hipótesis legal que se considera inequitativa, en este caso, de la parte
civil del proceso penal frente al demandante civil en la jurisdicción ordinaria
civil, es requisito determinar si el tratamiento legal diferenciado es real, es
decir, verificable normativamente; si es legítimo, es decir, si su entidad está
conforme con los parámetros constitucionales; si es razonable, es decir, si los
medios son apropiados a los fines, y si es proporcional, lo que implica, en
consonancia con lo anterior, que el sacrificio implícito al trato diferencial
sea inferior al beneficio que reporta la medida.
Sobre este
análisis, que la Corte ha denominado test de igualdad, el tribunal
constitucional sostuvo:
“El principio de
igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato
distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones:
- En primer
lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de
hecho;
- En segundo
lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad;
- En tercer
lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la
perspectiva de los valores y principios constitucionales;
- En cuarto
lugar, que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la
finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes
entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna;
- Y en quinto
lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia
jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción
con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican.” (Sentencia
C-530 de 1993 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero)
Y en relación
con el  concepto de proporcionalidad la Corte agregó:
“...para que  un
trato desigual no vulnere el  artículo 13 constitucional debe demostrarse que
la norma analizada es  (1) adecuada para el logro de un fin constitucionalmente
válido; (2) necesaria, es decir, que no existe un medio menos oneroso, en
términos del sacrificio de otros principios constitucionales, para alcanzar el
fin; y (3) proporcionada en sentido estricto, esto es, que el trato desigual no
sacrifica valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se
quiere satisfacer mediante dicho trato[22].
De esta forma el principio de proporcionalidad busca que la medida sea aplicada
de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas o grupos no se vean
afectados, o que ello suceda en grado mínimo.[23]”
(Sentencia C-530 de 1993 M.P. Alejandro Martínez Caballero)
Si del test
de igualdad surgiere la convicción que los elementos arriba descritos concurren
en la norma acusada, el juez constitucional está obligado a considerar el trato
diferencial como ajustado a la Carta. De lo contrario, deberá retirar la
disposición del ordenamiento.
Descendiendo al
caso concreto, es inmediatamente verificable que los sujetos sometidos a la
regulación del artículo 98 del Código Penal, en lo que se refiere a la
prescripción de la acción penal, no comparten la misma situación de hecho que
los individuos que han incoado la acción civil por fuera del escenario del
proceso penal. Baste la lectura del contexto normativo de las disposiciones en
pugna (Art. 98 Código Penal y 2536 del Código Civil) para confirmar tal
distinción.
Desde el punto
de vista de la legitimidad de la medida, para la Corte también es claro que la
norma persigue una finalidad ajustada a las prescripciones de la Carta. El
establecimiento de un término de prescripción para la acción judicial busca, de
manera general, que las obligaciones y los compromisos adquiridos por los
particulares se extingan si no se reclaman en el tiempo. Razones de seguridad
jurídica y de conservación del orden público han llevado al legislador a
considerar que la responsabilidad jurídica tiene límites y no puede perpetuarse
ante la inactividad de quienes están legitimados para hacerla efectiva.[24]
En cuanto hace
a la acción civil, el objetivo de la prescripción es extinguir el derecho de
reclamar judicialmente el crédito como consecuencia de la inactividad del
acreedor en demandar el cumplimiento de la obligación. De allí que se diga, en
términos de Josserand,[25]
que “la prescripción llamada extintiva o liberatoria realiza la extinción de
un derecho, especialmente de un crédito, por el solo transcurso de cierto
plazo; el tiempo, a cuyas manos todo perece, que gasta las instituciones, las
leyes y las palabras, echa el olvido sobre los derechos, que caen también en
desuso cuando no han sido ejercitados durante un tiempo fijado por la
ley ; su no utilización conduce a su abolición."
Lo
que pretende el legislador al expedir el artículo 98 del Código Penal es que el
término de prescripción de la acción civil esté acorde con la posición asumida
por la parte civil en el proceso penal o, lo que es lo mismo, que las
obligaciones jurídicas de carácter civil derivadas del delito se extingan a la
par que las obligaciones de rango penal provenientes del mismo, cuando aquellas
son reclamadas por el perjudicado en el contexto del proceso penal.
Ahora bien,
allanado el asunto anterior, ¿podría pensarse que esa decisión de atar el
término prescriptivo de la acción civil al término prescriptivo de la acción
penal es razonable?
Para responder
a este interrogante es necesario remitirse a las consideraciones hechas en esta
sentencia, a propósito de la función que cumple la parte civil en el proceso
penal. Del análisis efectuado atrás resalta con claridad que la incidencia
procesal y sustancial de la acción civil en el proceso penal es trascendental,
al punto que el afectado por la conducta ilícita tiene potestades
sobresalientes en la averiguación de los hechos y en la determinación de la
responsabilidad penal del sindicado.
Sin que sea
necesario volver sobre todas ellas, baste con subrayar que la parte civil en el
proceso penal no se limita a discutir el monto de la responsabilidad
patrimonial del autor del daño, sino que también puede movilizar la actividad
probatoria para determinar la naturaleza de la responsabilidad penal que se
discute. Gracias a dicho protagonismo, la parte civil se erige en factor de
dinamización de la investigación penal y en elemento catalizador de las
resultas del proceso.
Una parte civil
activa, que solicite pruebas pertinentes y aporte evidencia útil a la
investigación, es un colaborador de primer orden para la administración de
justicia que sin duda recibirá los beneficios de su cooperación en términos de
prontitud, precisión y justicia de la sentencia penal.  Para ello la parte
civil tiene oportunidad de intervención en todo el proceso penal, desde la
investigación hasta el juicio, e incluso después de la sentencia.
Inclusive, si
la parte civil renunciara a ejercer un papel activo en el desenvolvimiento de
las diligencias, así como en el recaudo de las pruebas, sería incorrecto
considerar que la misma no resultare favorecida por el impulso oficioso que por
antonomasia caracteriza al proceso penal. En las consideraciones generales del
capítulo cuarto quedó claro que la voluntad del constituyente - secundada por
la del legislador- es que los funcionarios judiciales adelanten las
investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad civil del autor
del ilícito, no obstante que el afectado patrimonial se abstenga de reclamarlo
o se excluya de participar en dicha determinación.
Así que la
inactividad procesal tampoco perjudica a quien recibe los efectos dañosos del
delito. Su deserción o su estatismo en el proceso penal no hacen que el juez
olvide el deber que tiene de averiguar y tasar con rigor los perjuicios
indemnizables.
De conformidad
con lo dicho, a esta Corte no le parece irrazonable que el legislador haya
decidido establecer un lazo temporal entre la prescripción extintiva civil y la
prescripción extintiva de la acción penal, pues es palmaria la intimidad que se
presenta entre ambas cuando el afectado por el delito decide constituirse en
parte civil.
La afirmación
anterior tiene otro tipo de relevancia en el debate y es que la constitución de
parte civil en el proceso penal no es obligatoria, sino que los afectados por
el ilícito pueden optar por acudir al proceso penal o reclamar la indemnización
en el proceso civil respectivo. El carácter opcional de esta vía procesal le
indica a la Corte que el reproche de irrazonabilidad de la medida parte de una
apreciación parcial de la normatividad y que la calificación de “inequitatividad”
que se le endilga podría aplicarse, aunque sólo en apariencia, a una de sus
dos alternativas.
Una razón adicional
lleva a considerar que no es insensato que el legislador haya establecido esta
dependencia entre los términos prescriptivos de que se viene hablando.
La Corte
Constitucional ha dicho que la prescripción de la acción penal  “es una
institución de orden público, en virtud de la cual el Estado cesa su potestad
punitiva -ius puniendi- por el cumplimiento del término señalado en la
respectiva ley. Dicho fenómeno ocurre cuando los operadores jurídicos dejan
vencer el plazo señalado por el legislador para el ejercicio de la acción penal
sin haber adelantado las gestiones necesarias tendientes a determinar la
responsabilidad del infractor de la ley penal, lo cual a la postre implica
que la autoridad judicial competente pierde la potestad de seguir una investigación
en contra del ciudadano beneficiado con la prescripción.”[26]
La
justificación de dicha medida reside en que “ni el sindicado tiene el deber
constitucional de esperar indefinidamente que el Estado califique el sumario o
profiera una sentencia condenatoria, ni la sociedad puede esperar por siempre
el señalamiento de los autores o de los inocentes de los delitos que crean
zozobra en la comunidad.”[27]
Así bien, dado
que el fin de la prescripción es sustraer al sindicado del poder punitivo del
Estado, no sería razonable que el juez penal dictara la condena en perjuicios
si la acción penal ya ha sido prescrita. La coherencia interna exigida por el
proceso penal obligan a que la pretensión adyacente de naturaleza civil siga la
suerte de la pretensión principal y que si esta desaparece, desaparezca la
primera como su consecuencia lógica. Ello no obsta, sin embargo, para reconocer
que cuando el juez penal dicta una sentencia absolutoria o establece que la conducta
desplegada es atípica, el afectado patrimonialmente por la conducta conserva la
facultad de acudir a la jurisdicción civil para solicitar la indemnización
correspondiente.
Adicionalmente,
debe recordarse que la prescripción de la acción penal puede interrumpirse en
los términos previstos por la Ley, de suerte que el tiempo corrido desde el
momento en que empieza a descontarse el término de prescripción puede
ampliarse, hasta por la mitad del término inicial, si se dicta en el proceso “la
resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada” (art 86
C.P.), caso en el cual “...el término no podrá ser inferior a cinco (5)
años, ni superior a diez (10)”. Así las cosas, de acuerdo con el desarrollo
de las diligencias, es posible suponer que en ciertos casos, el término de
prescripción de la acción civil que se ejerce dentro del proceso penal es mayor
que el término de la prescripción ordinaria de la acción civil que se impetra
independientemente, gracias a los incrementos previstos en el inciso final del
artículo 86 ibídem.[28]
En relación con
este aspecto, la Corte Constitucional ha establecido que el legislador se
encuentra habilitado por la Constitución para determinar la estructura de la
prescripción, lo cual incluye los términos a partir de los cuales se
contabiliza y las causales de interrupción y suspensión. En la Sentencia C-416
de 2002 la Corte sostuvo lo siguiente:
“Atendiendo los
fundamentos de la prescripción no existe obstáculo en aceptar que el término
para que opere este fenómeno pueda ser interrumpido, dando lugar a un nuevo cómputo
del tiempo con el fin de que el Estado en su deber constitucional de
administrar justicia y de investigar y reprimir los delitos pueda adelantar de
manera eficiente y eficaz la respectiva investigación, permitiendo de paso que
el sindicado también tenga la oportunidad de estructurar adecuadamente su
defensa. En este sentido,  la interrupción de la prescripción de la acción
penal también debe entenderse como una valiosa oportunidad que se le ofrece al
investigado para que controvierta la acusación que se le ha formulado y no como
una restricción a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
“En este orden
de ideas, para que opere la interrupción de la prescripción de la acción penal
es menester que el Estado haya adelantado una actuación que sea capaz de
permitirle señalar fundadamente la responsabilidad por la comisión de un hecho
punible y, justifique, por ende  la contabilización de un nuevo término para
investigarlo y sancionarlo. Dicha actuación debe suponer, por lo menos, la demostración
de la ocurrencia del hecho punible y la existencia de serios elementos de
juicio referidos a sus elementos estructurales como son la tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad”. (Sentencia C-416 de 2002 M.P. Clara Inés
Vargas Hernández)
De
conformidad con las prescripciones anteriores, esta Sala considera que la
medida de ligar el término de prescripción de la acción civil al de la acción
penal, cuando la primera se ejerce en el marco de la segunda, es proporcional y
ajustada a las exigencias propias del proceso penal y a las características que
identifican el papel de la parte civil en las últimas diligencias.
8. Prescripción de la acción civil, libertad de configuración del
legislador
A parte de lo dicho, es necesario advertir
que el término de prescripción de la acción civil ejercida en el proceso penal
es, como los demás términos prescriptivos, materia de libre configuración
legislativa, y que por esta razón la Ley se encuentra facultada para establecer
su duración, pues, según dice la Corte en su jurisprudencia “Todo cuanto
concierne a los procedimientos judiciales, a menos que lo haya establecido
directamente la Constitución, corresponde al legislador, como surge con
claridad de los artículos 29, 228, 229 y 230 de aquélla, entre otros.”[29]
Sobre este aspecto debe resaltarse que la
jurisprudencia constitucional reconoce en el legislador un amplio margen de
libertad para adelantar la regulación de los procedimientos judiciales y de las
instituciones vinculadas con ellos. En virtud de la cláusula general de
competencia legislativa, consagrada en el artículo 150-1 y 150-2 de la Carta,
la ley puede regular, entre otras, “las ritualidades propias de cada juicio,
la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los
recursos, los términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de
las actuaciones.”[30]
Refiriéndose específicamente a los
términos de la prescripción y con ocasión del análisis del artículo 86 de la
Ley 599 de 2000, que regula el tema de la interrupción y suspensión de la
prescripción penal, la Corte Constitucional estableció que en tanto el
legislador respete condiciones de razonabilidad y proporcionalidad en la
regulación pertinente, éste puede definir a libertad los términos de
prescripción en los procedimientos judiciales. Es así como dijo en la Sentencia
citada se dijo:
“...se puede
concluir que el precepto demandado consagrado en el
artículo 86 de la Ley 599 de 2000, corresponde al desarrollo concreto de la
libertad de configuración que le ha sido conferida al legislador en materia
penal por la Carta Política con el fin de garantizar la vigencia y efectividad
de los principios constitucionales.
“Libertad de
configuración que está plenamente justificada pues tal como lo sostiene el Jefe
del Ministerio Público el nuevo término de prescripción que establece la ley
tiene como finalidad el otorgamiento de un tiempo prudencial en el cual el
Estado debe realizar las actuaciones tendientes a establecer la responsabilidad
del sindicado, y para éste una nueva oportunidad procesal para estructurar su
defensa.” (Sentencia C-416 de 2002 M.P. Clara Inés Várgas Hernández)
Similar criterio fue adoptado por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-580 de 2002, en donde la Corporación
declaró exequible la norma de la Ley 707 de 2001, por la cual Colombia aprobó
la “Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas”,
que consagraba un aumento en el término de prescripción de ciertos delitos.
Al respecto, y aunque la alusión de
dicha sentencia era a la prescripción de la acción penal, resalta lo dicho por
la Corte en el sentido que el legislador es el encargado de evaluar los
diferentes elementos de juicios que intervienen en los procesos judiciales para
determinar con base en dicha evaluación el término de duración de la
prescripción correspondiente. Siendo los mismos razonamientos, el argumento
jurídico vale para el término de prescripción de la acción civil:
“Dependiendo
del delito que pretenda juzgar, al iniciar una acción penal el Estado busca
proteger intereses de diverso valor constitucional.  Por esta razón, resulta
razonable que el legislador le de un trato diferenciado al término de
prescripción de la acción penal dependiendo del delito.  En efecto, esto es
posible entre otras razones debido al diferente valor constitucional de los
intereses o bienes jurídicos protegidos.
“Por supuesto,
ello no significa que el único criterio razonable para fijar el término de
prescripción de la acción penal sea la gravedad de la conducta, pues dentro del
diseño de la política criminal del Estado el legislador puede determinar el
término de prescripción a partir de otros criterios valorativos que desde una
perspectiva constitucional sean igualmente válidos a las consideraciones de
tipo dogmático o axiológico.  Entre ellos, pueden considerarse la necesidad de
erradicar la impunidad frente a delitos en los cuales resulta especialmente
difícil recopilar pruebas o juzgar efectivamente a los responsables.”[31] (Sentencia C-580 de
2002 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil)
Ahora bien, a pesar de que la Corte
ha sostenido que “corresponde a ese órgano político evaluar y definir  las
etapas, características, términos y demás  elementos integrantes de los
procedimientos mediante los cuales se adelanten los procesos judiciales”,[32] este Tribunal también
sostiene que dicha libertad encuentra límite en las garantías constitucionales
y en la razonabilidad de las medidas por las cuales se definen las formas
propias de cada juicio.
En este sentido, señala que:
“...a pesar de
la libertad de configuración que le compete para ello, el legislador al diseñar
los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales,
y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a
fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de
una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben
propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de
imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o
procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros
que conforman la noción de debido proceso”.(Sentencia C-555 de 2001)
Analizando el caso del artículo 98
del Código Penal y teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegó en el
capítulo anterior, ya que el establecimiento de un término de prescripción para
la acción civil del proceso penal no es arbitrario ni desproporcionado, esta
Corte concluye que por el aspecto aquí analizado, el legislador se encontraba
legitimado para determinarlo libremente, según su criterio.
9. No pronunciamiento de la Corte respecto del artículo 137 C.P.P.
Pese a la solicitud del Ministerio Público,
en atención a que el demandante en el proceso de la referencia no formuló
acusación expresa contra el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, que
obligatoria a la constitución de parte civil en el proceso penal de las entidades
del Estado cuando éstas han sido afectadas por un delito cometido contra la
administración pública, y a que por no haberse formulado dicho cargo, la
demanda no fue admitida frente a dicha norma, esta Corte no emitirá
pronunciamiento alguno al respecto.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de
la Constitución,
R
E S U E L V E
Declarar EXEQUIBLE el artículo 98 de
la Ley 599 de 2000.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el
expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAÚJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA, no firma la presente sentencia por encontrarse en permiso y
licencia debidamente autorizado por la Sala Plena.
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
LA
SUSCRITA SECRETARIA GENERAL
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
HACE
CONSTAR:
Que el H. Magistrado doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO, no firma la presente sentencia por cuanto en la fecha le
fue aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
Aclaración de voto a la Sentencia C-570/03
IGUALDAD-Características personales
(Aclaración de voto)
IGUALDAD DE TRATAMIENTO POR TERCERA PERSONA (Aclaración de voto)
IGUALDAD DE TRATAMIENTO-Divergencia con
las reglas de distribución igualitarias (Aclaración de voto)
IGUALDAD-Reglas de distribución
(Aclaración de voto)
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES-Finalidad
(Aclaración de voto)
IGUALDAD-Satisfacción de necesidades
fundamentales (Aclaración de voto)
IGUALDAD-Reconocimiento de la capacidad
jurídica (Aclaración de voto)
IGUALDAD FORMAL-Tratamiento distinto/IGUALDAD
ANTE LA LEY-Trato diferente (Aclaración de voto)
IGUALDAD MATERIAL-Tratamiento distinto
(Aclaración de voto)
IGUALDAD-Acepciones (Aclaración de voto)
TEST DE INTENSIDAD-Realización control
de constitucionalidad según materia referida (Aclaración de voto)
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
de normas previstas en la Constitución (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD-Límite al
órgano legislativo (Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD-Origen
(Aclaración de voto)
PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD-Fuente de
“lagunas axiológicas” (Aclaración de voto)
Referencia:
expediente D-4436
Demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 98 de la Ley 599 de 2000 “Código
Penal”.
Magistrado
Ponente:
Dr.
MARCO GERARDO MONROY CABRA.
Con el respeto acostumbrado
por las decisiones de la Corte Constitucional, me permito aclarar el voto,
respecto a algunos aspectos de la igualdad que son ignorados por la sentencia.
1. La
igualdad puede predicarse de características personales; de la distribución
hecha entre dos personas o grupos de personas; o de las normas que señalan como
se hacen esas distribuciones.
1.a.  Igualdad de características
personales.  La igualdad o desigualdad de
características personales, son conceptos descriptivos, por ejemplo, cuando yo
digo que una persona tiene la misma estatura, edad, ingreso y raza que otra,
esas características se pueden comprobar empíricamente y por lo mismo no son
normativas y constituyen verdaderos juicios de valor caracterizantes.
1.b.  Igualdad de tratamiento.  Si esas mismas dos personas son tratadas por una tercera, de igual
manera, es también un concepto descriptivo; por ejemplo, si a una persona se le
impone una misma carga o un mismo beneficio que a otra, decimos que son
tratadas iguales por un tercero.
1.c. Reglas de distribución
igualitarias.  El tema de igualdad de tratamiento
es diverso al del carácter igualitario de la regla misma; pues, en el primer
caso en realidad se esta mirando cómo se aplica la regla y lo que ahora
preguntamos es si la regla misma es igualitaria o no con prescindencia de su
consideración de valor o normativa.
No sobra recordar que la regla de
distribución tiene la siguiente formulación general:  Cualquier gravamen o
beneficio debe distribuirse o negarse a una persona si tiene o no cierta
característica específica, por ejemplo, su capacidad económica, su edad, etc..
2. Algunas
reglas de distribución.   Con el fin de lograr la igualdad se han esbozado
diversas reglas de distribución:
2.a. Partes
iguales para todos. Un sistema jurídico o moral es igualitario si todos los
cargos o beneficios se distribuyen en partes iguales a todos.  Como dijera
Aristóteles en la Política (1301 b): “Ser tratado de una manera igual o
idéntica en el número y cantidad de las cosas que se reciben”, es la denominada
igualdad numérica.
Una aplicación practica de este criterio,
es la que se hace cuando decimos que a todas las personas se les debe reconocer
los mismos derechos fundamentales.
2.b. Partes iguales a los iguales.  Es la regla consagrada por Aristóteles en su ética a Nicomaco
(1131 a): “Cuando los iguales tienen partes desiguales o los no iguales tienen
partes iguales”.  De esta expresión se deducen dos reglas: a) se debe dar igual
a los iguales y b) desigual a los desiguales.  Esta segunda regla sin embargo
plantea otro problema; si el objetivo es lograr la igualdad, en qué proporción
desigual le damos a los desiguales? y la respuesta no puede ser otra que en la
misma proporción de la desigualdad.  Matemáticamente podemos expresar el
concepto así: Si A tiene 2 y B tiene 5 y a B le damos adicionalmente 1 o sea
5+1=6, tendríamos que darle a A 4 adicionales para hacerlo igual a B o sea
2+4=6, A=2+4=6, con el fin de hacer iguales a A y a B.  Otra manera de lograr
la igualdad de los desiguales sería quitándole al que tiene más y dándosele al
que tiene menos, por ejemplo: Si A tiene 6 y B tiene 2 a A le quitamos 2 y se
los damos a B; esta podría expresarse así: A=6-2=4, B que tenía 2 le doy los 2
que le quito a A y queda también con 4.
2.c. Partes iguales a un grupo
relativamente grande.  Esta regla de distribución
lo que quiere significar es que cuando se distribuyen beneficios, es más
igualitaria la distribución cuanto mayor es la cantidad de personas que lo
recibe, si se compara con el número de personas excluidas.  De igual manera la
norma que establece gravámenes es considerada más igualitaria cuando mayor es
el número de personas a las que se les impone.
2.d. Igualdad según los méritos.  Otra regla de distribución señalada por Aristóteles en la Política
(1.301 a) y que se puede expresar de la siguiente forma: Las personas que
tienen iguales méritos merecen partes iguales.  Quien tiene más méritos debe
tener una parte mayor y quien tiene menos una parte menor.
Esta regla de igualdad no deja de tener
problemas, ya que si bien el valor de la cosa dada puede ser medido y
objetivamente comprobado y también algunas características de las personas como
la edad, la raza, etc.; el valor de la persona que recibe es subjetivo y no es
susceptible  de comprobación objetiva.   Decir que una persona tiene doble
mérito que otra (entendido como mayor valor moral), no es más que un subjetivo
juicio de valor que hacemos sobre unas personas.  Hay que resaltar aquí a
diferencia entre la filosofía estoica que consagró la igualdad de mérito o
dignidad de todas las personas, por oposición a la Aristotélica - Platónica que
consideraba que los hombres tenían un mérito o valor desigual.
Instituciones como la carrera
administrativa, judicial, militar, etc. no son más que aplicaciones de las
reglas de la igualdad con base en los méritos o el principio laboral de salario
igual a trabajo igual, no es más que concreción de esta regla de distribución.
2.e. Regla de distribución. A cada una
según sus actos.  Esta regla busca medir los actos
realizados por cada uno y se usa frecuentemente para determinar el
resarcimiento de los daños ocasionados o la retribución del trabajo.  Este
principio de igualdad a veces se transforma en principio de proporcionalidad entre
los actos realizados y el resarcimiento o retribución recibida; por ejemplo, el
principio de igualdad de la Biblia, ojo por ojo diente por diente, puede
mutarse para el proporcional, cuando la pérdida del ojo se resarce con una
adecuada suma de dinero.
Una regla de distribución sólo es
igualitaria o no, si se le mira en relación con la distribución anterior a
ella.  Sólo es igualitaria si se le relaciona con la distribución anterior,
pues si deja intactas las desigualdades de cargas o beneficios anteriores o los
aumenta no es igualitaria y sólo lo será si reduce las diferencias o las
elimina.
2.f. Igualdad de oportunidades.  Dos personas sólo tienen igual oportunidad de ganar en una
competencia si parten del mismo lugar, si Y se encuentra detrás de Z debe
desplazarse hasta donde se encuentra Z para tener la misma oportunidad que Z,
de vencer.  La igualdad de oportunidades, lo que busca es un punto de partida
igual para todas las personas, de modo que el orden de llegada dependa del
esfuerzo individual de cada uno y no de sus circunstancias económicas o
sociales.
Esta regla nos lleva a otra íntimamente
emparentada con ella, que es la de igual satisfacción de las necesidades
fundamentales ya que existe un mínimo de necesidades fundamentales que son
sustancialmente idénticas, en una determinada sociedad y tiempo para todas las
personas y deben ser satisfechas por todas las personas.  Su proyección más
radical se encuentra en el principio de distribución comunista que dice: “de
cada quien según su trabajo y a cada quien según su necesidad” o como lo
expresa el Presidente F. D. Roosevelt “Los hombres menesterosos no son hombres
libres”.
2.g. Igualdad y capacidad jurídica.  La aspiración milenaria de los hombres al reconocimiento de una
igual capacidad jurídica, a pasado desde la abolición de la esclavitud hasta
las luchas revolucionarias burguesas y socialistas y se a centrado en la
supresión de las discriminaciones.  La eliminación de las limitaciones de la
capacidad presentan algunos obstáculos que es necesario reseñar pues a pesar de
que no se admiten aquellas limitaciones que tienen un claro objetivo de dañar y
discriminar, es difícil eliminar aquellas que tienden a proteger a ciertos
sujetos; piénsese por ejemplo, en el caso de los niños o de las personas con
enfermedades mentales a quienes se les recorta su capacidad con el fin de
protegerlos.
Debemos advertir la gran carga ideológica
de este argumentación, ya que aún las limitaciones de la capacidad que tienen
el claro objetivo de dañar, han sido frecuentemente justificadas con la
necesidad de proteger a la persona cuya capacidad se limita.
3. Como se puede observar de lo dicho
hasta ahora en el ordenamiento periódico no existe una sola regla de igualdad.  En realidad utilizamos diversas reglas de igualdad que tienen
aplicación en ciertos sectores del ordenamiento y no en otro.  Por ejemplo, en
el tema de carreras (administrativa, judicial) utilizamos la regla de
distribución de igualdad con base en le mérito.  En cambio, en materia de
derechos fundamentales utilizamos la regla de partes iguales para todos o
igualdad numérica ya que les reconocemos los derechos fundamentales a todas las
personas.
4. La igualdad formal o ante la Ley.  Esta igualdad significó una verdadera revolución, que sólo podemos
captar en su justa dimensión cuando observamos que en la sociedad feudal los
hombres no eran iguales ante la ley y que sus derechos y obligaciones dependían
de la clase social a la que pertenecían de modo que el miembro de la nobleza
tenía derechos mayores que los de las otras clases (clero, naciente burguesía,
ciervos de la gleba, etc.) mientras la naciente burguesía tenía muchas
obligaciones, y muy pocos derechos (con razón Sieyes decía que el tercer estado
era todo, pero que no tenía ningún derecho).  Por esta razón cuando las
revoluciones burguesas hicieron a todos los hombres iguales ante la ley dieron
un gran paso hacia la dignidad del hombre.
La igualdad formal o ante la ley se rompe
de dos maneras:
A. Dándole algo a alguien, que no le damos
a los demás, esto es lo que se denomina privilegios; concediendo privilegios.
B. También se rompe la igualdad ante la ley
cuando no le damos a algunos, lo que le doy a todos los demás; esto es lo que
se denomina discriminaciones; por ejemplo, no le doy el derecho al voto a los
negros, que le doy a todas las demás personas.
La igualdad formal o ante la ley, se puede
romper hacia arriba, concediendo privilegios o hacia abajo, discriminando.
Queremos advertir que las formas de discriminación previstas en el artículo 13
de nuestra Constitución no son las únicas que pueden existir.
La regla general en el estado de derecho es
que los hombres son iguales y la excepción es que son desiguales.  La
desigualdad es la que requiere justificación; la justificación de por que hay que
tratar de forma desigual, el trato desigual requiere una justificación; una
prueba y una carga argumentativa que no requiere la igualdad formal.  La
igualdad de trato tampoco requiere justificación; en cambio la disparidad de
tratamiento necesita siempre ser justificado.
Esta nos lleva a otro tema que es el de la
igualdad material.
5. Igualdad material. Frente a la igualdad de la ley, que era la igualdad burguesa o
liberal, su competidor ideológico, que era el socialismo, y que defendía los
intereses de la otra clase social que había nacido como hija de la revolución
industrial, está es el proletariado; le hizo una grave acusación consistente en
que los hombres que eran iguales ante la ley, en los hechos eran profundamente
desiguales, pues mientras unos tenían medios económicos para hacer efectivos
sus derechos otros carecían de ellos y sus derechos y libertades se quedaban en
el papel.  Max señalaba cómo en una sociedad como la capitalista, donde los
hombres eran desiguales la única manera de hacerlos iguales era con un derecho
desigual.
El estado social de derecho que busca hacer
efectiva no solo la igualdad formal sino también la material, y aceptando, que
en los hechos unos hombres son desiguales a otros, busca hacerlos iguales,
dándoles desigual.
Esta distribución desigual debe
corresponder no a cualquier diferencia entre los hombres sino a diferencias
relevantes, en relación con el fin que se persigue; por ejemplo, la edad es
relevante en relación con el derecho de voto; la riqueza es relevante respecto
a los impuestos, en cambio, el color de la piel no es relevante respecto de los
tributos que debe pagar una persona; en consecuencia una diferencia de trato
requiere una prueba, y una justificación de la diferencia relevante existente
entre dos personas o grupos de personas.
5. 1  El problema de la igualdad.
Desde el punto de vista filosófico y
jurídico, en principio la igualdad de una persona sólo se predica respecto de
si misma, de tal manera que Pedro Pérez sólo es igual a Pedro Pérez y esto desde
una perspectiva del principio lógico de identidad, el cual implica
necesariamente que nos estamos refiriendo a las mismas dimensiones de
espacialidad y de temporalidad, pues si aplicamos una concepción dialéctica
respecto del elemento temporalidad, ni siquiera el Pedro Pérez de ayer será el
mismo Pedro Pérez de hoy, ni el mismo Pedro Pérez de mañana.
Si es claro entonces que la igualdad sólo
puede predicarse de una persona en una concepción estática y no dialéctica; con
mayor razón deja de ser cierto que existen dos personas iguales, de tal manera
que Pedro Pérez jamás será igual a María Martínez.
En realidad, cuando queremos hacer iguales
a dos personas necesitamos abstraernos de una serie de diferencias que ellas
tienen y fijarnos sólo en las similitudes relevantes que poseen; de modo que
para igualar, siempre debemos ignorar diferencias y poner el acento en los
elementos similares, que además de ser similares, deben ser también relevantes,
para la concesión de un derecho.  Por ejemplo, la diferencia racial no se tiene
en cuenta para el pago de impuestos, de modo que una mujer blanca paga el mismo
impuesto que un hombre negro que tiene su misma capacidad económica; este
ejemplo muestra claramente que hacemos abstracción de la diferencia de raza y
de género (blanca y negro, mujer y hombre) y nos fijamos en la similitud de
capacidad económica.
6. Intensidad del test
Por cuanto, no estoy de acuerdo con
incluir en la motivación de la sentencia que el examen de constitucionalidad de
una norma pueda realizarse aplicando lo que allí se denomina un “test” de
“intensidad” variable según la materia a que se refiera, de tal suerte que él
será “leve” si se trata de “materias económicas, tributarias o de política
internacional”, pues lo que a la Corte le confía el artículo 241 de la Carta es
la guarda de la supremacía e integridad de la Constitución, sin que pueda
establecerse de manera subjetiva que en unos casos debe ser más estricta que en
otros, pues lo único que ha de guiar su labor es el ejercicio de la función de
control que se le atribuye por la citada norma “en los estrictos términos” que
la propia Constitución le señala.
Mi oposición a que la Corte aplique al
decidir sobre la constitucionalidad de normas sometidas a su control el
concepto de intensidad del test (leve, mediano o estricto), se funda además en
que puede ser subjetivo y caprichoso por cuanto habría que preguntarse ¿quién
determina la intensidad del test? ¿porqué a unas materias se aplicaría un test
leve, a otras uno mediano y a otras uno estricto?.  Interrogantes estos que nos
podrían conducir en esa materia a preguntar ad infinitum.
Por otra parte, aplicado en una de esas
modalidades subjetivas ese “test” siempre debería hacerse así en el futuro. Eso
lleva a que la Corte Constitucional “se case con la tesis de que a ciertas
materias se aplique de antemano un test de intensidad determinada”, que la
Constitución no autoriza.
Afirmar que en materias económicas el
análisis de constitucionalidad se oriente mediante “un test leve de
razonabilidad” compromete a la Corte en un sentido determinado y la pone a
andar un camino que después no puede deshacer y, en cambio, le impide examinar
con objetividad cada caso concreto. No es verdad que todo lo que se refiere a
materias económicas tenga la misma trascendencia jurídico - constitucional.
Por eso, resulta imposible, de antemano, afirmar que el análisis debe ser
“leve” en esas materias, pues, como se sabe, hay unas de mayor importancia y
trascendencia que otras, aún siendo todas de contenido económico.  Así, no es
lo mismo una ley que concede un subsidio a los veteranos de la guerra del Perú
(de los cuales superviven muy pocas personas) que la ley que adopta el Plan de
Desarrollo e Inversiones Públicas, para juzgarlas ambas con poco rigor, con un
“test leve”.  La dificultad se evita si, en los dos casos, se juzga aplicando
sin esguinces la Constitución Política.  Lo mismo sucedería con un tratado
internacional, si se juzga con fundamento en la Constitución uno destinado al
intercambio cultural entre Colombia y Venezuela por ejemplo, que otro que
estableciera la pena de muerte para quienes crucen la frontera como
indocumentados.  En los dos casos, aunque son diversos, la constitucionalidad
ha de juzgarse única y exclusivamente con aplicación de las normas previstas
por la Carta en una y otra hipótesis, sin necesidad de acudir a la “intensidad”
de test no prevista en la Constitución.
Conviene recordar que esa técnica
jurídica de la “intensidad de los test” de constitucionalidad producto de la
experiencia constitucional Norteamericana, permite clasificarlos de tal suerte
que unos serán estrictos, otros medianos y otros leves, dependiendo del
intérprete y dejando sin resolver porqué apenas se considerarían esas tres
categorías y no otras adicionales, que llevarán, por ejemplo, a “un test
estrictísimo”, a un “test levísimo”, a uno “medio estricto”, o a otro “medio
leve”, y para agravar la incertidumbre cabría preguntarse ¿quién determina el
test que se escoge?; ¿existen criterios objetivos para escogerlo? O ¿más bien
es el intérprete quien escoge subjetivamente un test y luego, a posteriori
trata de justificarlo?  Y, ¿con qué fundamento constitucional?.
A mi juicio, el rigor en el control sobre
la constitucionalidad de los actos sometidos al mismo por decisión de la Carta
Política debe ser, siempre, el que resulte de la confrontación de las normas
inferiores con aquella, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse o disminuirse
para que quepa o no la norma causada dentro de la Constitución según la materia
a que ella se refiera, pues ello equivale a que la Constitución se alarga o se
acorta según convenga, al igual que ocurría con el “lecho de Procusto” en el
que, para que el usuario cupiera se le estiraba o se cercenaba para que de
todas maneras diera la medida.
7. El test de razonabilidad.
El objeto de esta aclaración de voto es el
de hacer unas reflexiones que muestren toda la problemática que existe detrás
del concepto de razonabilidad, algunas de estas cogitaciones las he expresado
yá en la Sala Plena y en otras aclaraciones de voto.
El principio de razonabilidad no es más que
un límite a la legislación y más concretamente al órgano legislativo.
Este principio ha tenido origen en la
interpretación que se ha hecho del principio de igualdad y especialmente de la
regla de la igualdad que establece que los casos iguales deben ser tratados por
el legislador del mismo modo y los desiguales deben ser tratados de manera
diferente.
Esta regla de igualdad, sin embargo, no
resuelve el problema, sino que lo traslada a otro lugar, pues plantea el
problema de decidir cuáles son los casos iguales (para darle igual tratamiento)
y cuáles no lo son (para darles distinto tratamiento); dicho de otra manera,
cuáles distinciones se justifican y cuáles no (y por lo mismo son
discriminatorias).
El principio de razonabilidad trata de dar
una respuesta a esta pregunta, sin embargo, implica una contradicción lógica ya
que, como lo dijera Riccardo Guastini, es una respuesta tautológica, pues las
distinciones hechas por el legislador deben ser razonables para no ser
discriminatorias. Lo que significa que para distinguir deben existir razones.
Razones, que deben ser buenas razones, buenos argumentos, que equivalen a
justificaciones. Por esa razón, Guastini señala que, según el principio de
razonabilidad, una distinción es justificada cuando está justificada y esto,
desde el punto de vista lógico, es una tautología.
El principio de razonabilidad es también
una fuente de las denominadas "lagunas axiológicas". Se denomina
laguna axiológica no a la falta de cualquier norma sino a la falta de una norma
justa, es decir, de una norma jurídica que no existe, pero que debería existir
a causa del sentido de justicia del intérprete o para la justa aplicación de
una norma superior (constitucional).
Cuando el
legislador trata de modo igual casos que al intérprete (de la Constitución, o
más exactamente, al tribunal constitucional), le parecen diversos, o sea cuando
el legislador no distingue cuando debería distinguir, entonces el tribunal
constitucional dirá que falta una norma diferenciadora (existe una laguna, pues
falta la norma diferenciadora). Cuando el legislador trata de modo diverso
casos que al intérprete de la Constitución parecen iguales y, en consecuencia,
el legislador ha distinguido sin razón, entonces el intérprete manifestará que
falta una norma igualadora (en este caso también existe laguna, ya que falta la
norma que iguala y que confiere el mismo derecho).
Como se puede observar, el principio de
razonabilidad es una máquina creadora de lagunas jurídicas y es, hay que
decirlo claramente, un instrumento de poder en manos de los tribunales
constitucionales para revisar discrecionalmente las decisiones del legislador,
e incluso para suplantarlo.  Precisamente por ser un instrumento tan poderoso
es que requiere un uso muy prudente y es por lo que hay que despojarlo de todas
sus mitificaciones.
Si bien es cierto las Cortes o Tribunales
que hacen control de constitucionalidad han aplicado una técnica denominada
"Test de razonabilidad del criterio de igualación", esta técnica se
aplica no sólo al derecho fundamental a la igualdad (artículo 13 de la
Constitución Política de Colombia), sino a todos los demás derechos
fundamentales.  Se utiliza cuando una ley limita cualquier derecho fundamental
y busca salvaguardar el contenido esencial de ese derecho.
Este método busca proteger los derechos
fundamentales aún frente al propio legislador, ya que la posibilidad que éste
tiene de limitar los derechos fundamentales no es ilimitada. El Congreso sólo
puede restringirlos cuando estas restricciones se hacen en interés del bien
común, es decir, cuando se pueden justificar con consideraciones razonables y
objetivas del bien común (fin perseguido) y se compaginan con el principio de proporcionalidad.
La limitación tiene que ser adecuada a la obtención del objetivo público
perseguido. El medio tiene que resultar necesario o sea que no se hubiera
podido elegir otro medio igualmente eficaz, pero que no afectara o lo hiciera
en medida sensiblemente menor, el derecho fundamental.
Los derechos fundamentales exigen su máxima
realización posible, o lo que es lo mismo, está prohibida su protección
deficiente, de modo que en caso de conflicto entre principios se deben mirar la
relación costo beneficios, pues si un derecho se realiza como un medio en un
grado mayor que otro pero afecta con mayor intensidad otro derecho, puede no
ser el adecuado; en cambio si otro medio que realiza menos un derecho afecta de
una manera menor los bienes y derechos que juegan en sentido contrario, el más
adecuado.  Por ejemplo, si con el medio A, se realiza un derecho en un 95% pero
afecta a otro derecho en un 90%, y el medio B realiza un derecho en un 85%,
pero afecta al derecho que juega en un sentido contrario solo en un 10%, será
preferible este último medio en vez del primero pues tiene una mejor relación
costo beneficio.
Como se puede observar, esta técnica que,
como toda técnica, es útil, no se puede recibir sin espíritu crítico, ya que
encubre una serie de problemas que no podemos dejar pasar por alto y sobre los
cuales queremos llamar la atención:
a.
¿Quién determina el fin perseguido?
b.
¿Quién determina que ese fin es más importante
que otros fines?
c.
Aceptando que el Estado tiene diversos fines
¿por qué se privilegia un fin frente a los otros?
d.
¿Qué sucede cuando un fin entra en conflicto con
otro fin?
Idénticas preguntas debemos hacernos ante
el concepto de bien común, que es el fin que justifica la restricción de un
derecho fundamental. ¿Qué es el bien común? etc.
Similares cuestionamientos surgen ante el
concepto de razonabilidad:
a.
¿Qué es la razonabilidad?;
b.
¿Quién determina lo razonable?;
c.
¿Cómo se resuelve el conflicto entre razones
encontradas?;
d.
¿Qué es lo irrazonable?;
e.
¿Es lo razonable un concepto objetivo o un
concepto subjetivo?;
f.
¿Es lo razonable un concepto válido en todo
tiempo y lugar o es un concepto histórico con unas limitaciones temporales y
espaciales?
Unos pocos ejemplos nos demuestran cómo lo
razonable es un concepto histórico. Aristóteles, descubridor de la lógica, que
no es más que las reglas del razonar correctamente, y que no puede ser acusado
de irracional o de ser persona que no supiera razonar, consideraba razonable
que unos hombres fuesen esclavos de otros hombres y que las mujeres fueran
inferiores a los hombres.
La Corte Suprema de los Estados Unidos
consideró durante más de 150 años que era razonable que los negros estuviesen
separados de los blancos y que existiese el apartheid en las escuelas; y aún
después de reconocer la igualdad entre negros y blancos, se regía por el
principio de "iguales, pero separados". Para la Corte Suprema era
razonable al comienzo que negros y blancos no eran iguales y después cuando los
consideró iguales, era razonable que los iguales estuviesen separados y sólo
hasta el año 1954, en una célebre sentencia, dio la razón a la familia Brown,
para que los iguales no estuviesen separados. Estos dos ejemplos muestran cómo
el concepto de razonabilidad debe ser sometido a crítica constante.
Idénticos cuestionamientos podemos hacer
respecto del concepto medio o de las características de éste como son la
eficiencia o la necesidad. ¿Qué es lo eficiente o ineficiente? ¿Qué es lo
necesario o no necesario? etc.
Fecha ut supra.
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
[1] Cfr., entre varios, los Autos de Sala Plena 244 de
2001 (MP. Jaime Córdoba Triviño) y de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). En
dichas oportunidades la Corte, al resolver el recurso de súplica presentados
por los actores, confirmó los autos en los que se inadmitió la demanda por no
presentar razones “específicas, claras, pertinentes y suficientes”.
[2] Sentencia C-898 de 2001 MP. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[3] El artículo 2356 del Código Civil
prescribe, por su parte, que “Por regla general todo daño que pueda imputarse a
malicia o negligencia de otra  persona, debe ser reparado por esta”
[4] De conformidad con el artículo 47 del
Código de Procedimiento Penal, la constitución de parte civil, como actor
individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento, a partir de la
resolución de apertura de instrucción.
[5] El informe hace relación a cada uno de
estos derechos, así:
“A. Derecho a saber 17. No se trata sólo del
derecho individual que toda víctima o sus familiares tienen a saber lo que
ocurrió, que es el derecho a la verdad. El derecho a saber es también un
derecho colectivo que hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan
reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado
le incumbe, el "deber de recordar", a fin de protegerse contra esas
tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y
negacionismo; en efecto, el conocimiento por un pueblo de la historia de su
opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son
los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo.(...) B.
Derecho a la justicia 1. Derecho a un recurso equitativo y
efectivo 26. Implica que toda víctima tenga la posibilidad de hacer valer
sus derechos beneficiándose de un recurso equitativo y efectivo, sobre todo
para lograr que su opresor sea juzgado y obtener reparación. Conforme se indica
en el preámbulo del Conjunto de principios, no existe reconciliación justa y
duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia;
el perdón, acto privado, supone, como condición de toda reconciliación,
que la víctima conozca al autor de las violaciones y que éste haya tenido
la posibilidad de manifestar su arrepentimiento: en efecto, para que pueda ser
concedido el perdón, es menester que haya sido previamente solicitado. 27. El
derecho a la justicia impone obligaciones al Estado: la de investigar las
violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su culpabilidad, hacer
que sean sancionados. Aunque la iniciativa del enjuiciamiento incumbe ante todo
al Estado, habrá que prever en normas procesales complementarias
la posibilidad de que toda víctima pueda erigirse en parte civil en las
actuaciones y, cuando las autoridades no cumplan con su deber, asumir
personalmente esa iniciativa.(...)C. Derecho a obtener reparación 40. El
derecho a obtener reparación entraña medidas individuales y medidas de alcance
general y colectivo.41. A escala individual, las víctimas, ya se trate de
víctimas directas o de familiares o personas a cargo, deberán disponer de un
recurso efectivo. Los procedimientos aplicables serán objeto de la más
amplia publicidad posible. El derecho a obtener reparación deberá abarcar todos
los daños y perjuicios sufridos por la víctima. De conformidad con el Conjunto
de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones
graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación,
establecido por el Sr. Theo van Boven, Relator Especial de la
Subcomisión (E/CN.4/Sub.2/1996/17), este derecho comprende los tres tipos de
medidas siguientes: a) medidas de restitución (cuyo objetivo debe ser lograr
que la víctima recupere la situación en la que se encontraba antes); b) medidas
de indemnización (que cubran los daños y perjuicios físicos y morales, así como
la pérdida de oportunidades, los daños materiales, los ataques a la reputación
y los gastos de asistencia jurídica); y c) medidas de rehabilitación (atención
médica y psicológica o psiquiátrica).
[6] Sentencia C-228 de 2002
[7] De conformidad con el artículo 250-1 de
la Constitución Política, es función de la Fiscalía General de la Nación
“Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal,
adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las
necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la
indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.”
[8] No aborda la Corte en la presente
sentencia otros derechos de las víctimas, como el derecho a la protección de su
vida e integridad física, así como el derecho a ser tratados dignamente y a que
su intimidad sea protegida. Tan sólo se alude tangencialmente a ellos.
[9] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez
(fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento
43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la Convención Americana
aquellos instrumentos legales desarrollados por los Estados partes que le
nieguen a las víctimas su derecho a la verdad y a la justicia.
[10] Casi todos los sistemas jurídicos
reconocen el derecho de las víctimas de un delito a algún tipo de reparación
económica, en particular cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación
puede ser solicitada bien dentro del mismo proceso penal (principalmente en los
sistemas romano germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil
(generalmente en los sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, páginas 532 y ss.
[11] El artículo 250 de la Constitución
Política fue modificado por el Acto legislativo 03 de 2002. No obstante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º de dicha preceptiva “El presente
Acto Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo
con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos
con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del
nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero
de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena
vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008.” En virtud de lo anterior,
ya que las normas que otorgan competencias a la Fiscalía General de la Nación
siguen vigentes mientras no se implante el nuevo sistema de enjuiciamiento
penal, los principios aplicables son los correspondientes a la redacción
anterior al Acto legislativo 03 de 2002.
[12] Ver nota al pie número 11
[13] “Interpretación y génesis de la Constitución
de Colombia”, “la labor investigativa no se circunscribe únicamente al hecho
investigado sino también a los daños causados, a la posibilidad de
restablecimiento del derecho; no se trata de invadir el campo de la parte
civil, sino de concordar la función estatal con los medios técnicos de que
dispone, con el interés legítimo de la parte civil afectada, de manera que no
obstruya las pretensiones particulares, sino que las facilite” (debate,
artículo 250, C.P)
[14]  La consagración en el ordenamiento
jurídico colombiano de este principio se remonta al Acto Legislativo N° 01 de
1968, por virtud del cual se reformó el artículo 77 de la Constitución de 1886.
Los rasgos generales de dicho principio fueron trazados inicialmente por la
Corte Suprema de Justicia, tribunal que en uno de sus fallos dijo. "La
razón de ser del artículo 77, fue la de buscar una sistematización racional en
la tarea legislativa, a fin de impedir que mediante inserciones, muchas veces repentinas,
anónimas, o inoportunas, se establecieran sorpresas legislativas,
reglamentaciones inconsultas o normas que no habían sufrido el trámite regular
del proyecto original. " Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 23 del
17 de mayo de 1976
[15] Cfr. Sentencia C-501 de 2001
[16] Sentencia C-025 de 1993
[17] Cfr. Sentencia C-540 de 2001
[18] Cfr. Sentencia C-025 de 1993
[19] Cfr. Sentencia C-1185 de 2000
[20] De conformidad con el artículo 7º de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona, adoptada a la
legislación interna por la Ley 707 de 2001, que fue declarada exequible por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-580 de 2002, la prescripción de la
acción penal para el delito de desaparición forzada de personas es
imprescriptble.
[21] El Código Penal adiciona en su artículo
que “al servidor público que en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con
ocasión de ellos realice una conducta punible o participe en ella, el término
de prescripción se aumentará en una tercera parte.” “También se aumentará el
término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible se hubiere
iniciado o consumado en el exterior.”, pero aclara que “En todo caso, cuando se
aumente el término de prescripción, no se excederá el límite máximo fijado.”,
lo que indica que, excepto para los casos de genocidio, desaparición forzada,
tortura y desplazamiento forzado, el término de prescripción es de máximo 20
años.
[22] Sentencia C-022 de 1996 M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[23] Sentencia T-422 de 1992 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[24] “La prescripción, como es sabido, se
instituyó básicamente con fundamento en razones de seguridad jurídica y orden
público” (Sentencia C-597 de 1998)
[25] Derecho Civil, Tomo II
[26] Sentencia C-416 de 2002
[27] Sentencia C-176 de 1994
[28] Artículo 86. Interrupción y suspensión
del término prescriptivo de la acción. La prescripción de la acción penal se
interrumpe con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente
ejecutoriada.
Producida
la interrupción del término prescriptivo, éste comenzará a correr de nuevo por
un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83. En este evento el
término no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10).
[29] Sentencia C-217 de 1996
[30] Sentencia C-555 de 2001
[31] En tal sentido, la Corte ha dicho: “Como
ha quedado expuesto anteriormente, la diferencia de trato entre empleados
oficiales y particulares, en materia de prescripción de la acción penal, se
justifica por la existencia de la potestad estatal para fijar la política
criminal frente a determinados delitos, según su gravedad, complejidad,
consecuencias y dificultades probatorias, sin que sea posible afirmar la
vulneración del derecho a la igualdad.” Sentencia C-345/95 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[32] Sentencia C-135 de 1999, M.P. Fabio
Morón Díaz