C-516-07
PROYECTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA
Sentencia
C-516/07
DERECHOS DE LAS VICTIMAS DE DELITOS-Línea
jurisprudencial
VICTIMA EN SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA-Reconocimiento como interviniente especial
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL CON TENDENCIA
ACUSATORIA-Facultades probatorias/DERECHOS DE
LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL-Derecho de acceso al expediente
Al asumir un
estudio sistemático de las normas que concurren a estructurar un esquema de
intervención de las víctimas en materia probatoria, conforme al modelo diseñado
por la ley 906 de 2004, la Corte ha considerado que el derecho a probar forma parte
esencial del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación (C-454 de 2006), y garantizado su intervención en los diferentes
momentos procesales (C-209 de 2007), atendiendo las especificidades del
sistema. Así las cosas, el cargo formulado por los demandantes contra el
ordinal “d” del artículo 11, y la expresión “a ser escuchadas” del numeral 11
del artículo 136, será desestimado, en razón a que de tales preceptos, vistos
de manera insular, no se deriva el esquema precario de participación probatoria
y acceso limitado de las víctimas al expediente que los demandantes pretenden
estructurar.
DERECHO DE
POSTULACION-Fundamento constitucional
DERECHO DE POSTULACION-Regla general
dispuesta en la Constitución y excepciones legales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DEFENSA TECNICA-Legislador debe respetar criterios de razonabilidad y
proporcionalidad
DERECHO DE
POSTULACION-Subreglas jurisprudenciales
(i) Por regla general el derecho de acceso a la justicia se debe
ejercer a través de abogado, y sólo excepcionalmente, en los términos previstos
por el legislador, puede hacerse de manera directa; (ii) la regulación de esas
situaciones excepcionales debe efectuarse por el legislador atendiendo
criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iii) la asistencia letrada o
técnica constituye – tanto en el caso del acusado como de la víctima - una
garantía del derecho de acceso a la administración de justicia.
DERECHO DE POSTULACION DE LAS VICTIMAS EN PROCESO PENAL-Condicionar el derecho de las víctimas a ser asistidas por un
abogado, cuando “el interés de la justicia lo exigiere”, resulta
inconstitucional
La decisión legislativa de condicionar el derecho de las víctimas
del delito a ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación
integral por un abogado, a que “el interés de la justicia lo exigiere” resulta
inconstitucional por las razones que se exponen a continuación. En primer
lugar, por que la Constitución (art. 229) defirió al legislador la facultad de
regular los casos en que, de manera excepcional, el derecho de acceso a la
justicia podría ejercerse sin representación de abogado. Al trasladar a la
discrecionalidad del juez un asunto que debió regular mediante criterios
claros, ciertos y objetivos, se sustrajo al referido mandato constitucional. De
otra parte, la expresión demandada, introduce una restricción desproporcionada
al derecho de las víctimas de acceder a la justicia, por cuanto el
condicionamiento que impone la norma para garantizar el derecho de asistencia técnica
de las víctimas en el juicio y en el incidente de reparación integral es de tal
ambigüedad que ni siquiera permite identificar, si existe una finalidad
legítima en la restricción, y cuáles serían los intereses que se encontrarían
en pugna para efectuar una labor de ponderación.
DERECHO DE POSTULACION DE LAS VICTIMAS EN INVESTIGACION PENAL-Limitación del número de apoderados cuando existe pluralidad de
víctimas
Teniendo en cuenta que la limitación que establece la norma se
impone durante la investigación, etapa que configura un espacio procesal con
enorme valor en términos de búsqueda de la verdad y de obtención de los
soportes fácticos para perseguir justicia y reparación, resulta supremamente lesivo
para los intereses de la víctima privarla, si el fiscal así lo considera, de
una asistencia técnica para el impulso de su causa. En esta etapa se pueden
adoptar decisiones que además de trascendentales para sus intereses son de
claro contenido técnico jurídico como la adopción de medidas cautelares sobre
bienes del imputado (92), la aplicación del principio de oportunidad (324), la
celebración de acuerdos para la terminación anticipada del proceso (348 y 350).
Una intervención calificada y plural de las víctimas durante la investigación
puede contribuir a fortalecer la actividad de la Fiscalía orientada a asegurar
los elementos materiales probatorios, y a dotarla de mejores elementos de
juicio para definir si formula imputación y luego acusación. Así las cosas, la
limitación que impone el numeral 4° del artículo 137 al derecho de postulación
de las víctimas para intervenir durante la investigación resulta
desproporcionada, pues no hace aportes significativos a los fines que pretende
proteger, en tanto que sí priva a las víctimas de valiosas posibilidades de
acceso eficaz a la administración de justicia.
DERECHO DE POSTULACION DE LAS VICTIMAS EN JUICIO PENAL-Limitación del número de apoderados cuando existe pluralidad de
víctimas
La potestad que se confiere al juez de limitar el número de
apoderados de las víctimas a un umbral que no podrá exceder al de defensores,
promueve finalidades que son legítimas como la de asegurar la eficacia del
procedimiento, y establecer un equilibrio entre la acusación y la defensa
compatible con el componente adversarial del sistema acusatorio que se proyecta
en el juicio oral. La medida que se analiza no grava de manera desproporcionada
el interés de la víctima de intervenir de manera efectiva en el juicio oral;
por el contrario, ella resulta compatible con los rasgos del sistema
adversarial que se proyectan de manera preponderante en esta etapa del proceso
en donde la intervención de la víctima se canaliza (para efectos de la
contradicción de la prueba y de la presentación de la teoría del caso) a través
del fiscal. La ley prevé la posibilidad de que el representante de la víctima
presente directamente los alegatos finales (Art. 443), momento en el que
operará el umbral de intervención numérica a que se refiere el precepto examinado.
Esta medida resulta razonable, en cuanto promueve un desarrollo equilibrado y
eficiente del juicio, sin que a la vez genere una intolerable restricción de
los derechos de las víctimas que se encuentran garantizados, mediante sus
aportes previos para la construcción del caso, la intervención del fiscal, y la
vocería concertada de las víctimas en el juicio oral.
UNIDAD NORMATIVA-Integración
VICTIMA DE DELITOS-Concepto/DERECHOS
A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Titularidad/VICTIMA DE DELITOS-Legitimación
De los referentes normativos y los precedentes jurisprudenciales
reseñados se extraen varios elementos que guiarán el análisis de
constitucionalidad de los preceptos que regulan el alcance del concepto de
víctima: (i) Conforme al texto constitucional, en desarrollo del principio de
dignidad, del derecho de participación y del derecho a un recurso judicial
efectivo, tienen acceso a la asistencia, al restablecimiento del derecho y a la
reparación integral tanto las víctimas como los afectados con el delito (Art.
250.2 C.P.); (ii) la tendencia en el derecho internacional es la de definir la
condición de víctima a partir del daño sufrido como consecuencia del crimen;
(iii) esta Corporación tiene una jurisprudencia consolidada, que se constituye
en precedente, conforme a la cual son titulares de los derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación las víctima y los perjudicados que acrediten un
daño real, concreto y específico como consecuencia de la conducta criminal.
DAÑO DIRECTO-Elemento de la imputación/VICTIMA
DE DELITOS-Exigencia de haber sufrido un “daño directo” para que se le
reconozca como víctima es inconstitucional
En cuanto al carácter “directo” del perjuicio, se ha considerado que
tal cualidad no constituye un elemento o condición de existencia del daño, sino
que plantea un problema de imputación, en cuanto pone de manifiesto el nexo de
causalidad que debe existir entre el daño y el comportamiento de una persona.
De tal manera que cuando el legislador en el artículo 132 asigna al daño el
calificativo de “directo” para el sólo efecto de determinar la calidad de
víctima, está condicionando tal calidad a la concurrencia de un elemento de
imputación que corresponde a un análisis posterior que debe efectuar el juez,
al determinar tanto la responsabilidad penal como la civil del imputado o
acusado. Este calificativo indudablemente restringe de manera inconstitucional
la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso penal y su derecho
a un recurso judicial efectivo. La determinación de la calidad de víctima debe
partir de las condiciones de existencia del daño, y no de las condiciones de
imputación del mismo.
VICTIMA DIRECTA-Concepto
En materia penal la idea de víctima “directa” se suele identificar
con el sujeto pasivo de la conducta delictiva, o con la persona titular del
bien jurídico que la norma tutela; es claro que un hecho delictivo trasciende
esa esfera de afectación ocasionando perjuicios individuales o colectivos
ciertos, reales y concretos a otros sujetos de derechos. En la teoría del daño
civil se usa la categoría de “víctima directa” o “damnificado directo” para
hacer referencia a la calidad en la cual se comparece a solicitar el
resarcimiento de un perjuicio. Si se trata de la persona directamente afectada
por el hecho generador del daño se considera “víctima o damnificado directo”,
en tanto que son víctimas o damnificados “indirectos” los herederos o los
comuneros.
DERECHOS DE VICTIMAS Y PERJUDICADOS POR DELITO-Concepción amplia del derecho a la tutela judicial efectiva
MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO PENAL-Legitimación
para solicitarlas/MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESO PENAL-Solicitud por
víctimas y perjudicados del delito
En cuanto al artículo 92 que contempla entre las personas
legitimadas para solicitar medidas cautelares sobre bienes del imputado o del
acusado, al fiscal y a la víctima “directa”, observa la Corte que si bien se
trata de un ámbito que regula mecanismos de garantía del derecho a la
reparación de las víctimas, reducir tal prerrogativa a las víctimas “directas”
cercena de manera injustificada las posibilidades de acceso de otros sujetos de
derechos que por haber sufrido un menoscabo material o moral con la conducta
punible tendrían derecho a una reparación integral. La regulación del artículo
92 excluye así a los perjudicados con el delito del derecho a obtener la
garantía de reparación. Esta regulación es contraria a la concepción amplia de
los derechos de las víctimas que ha adoptado la jurisprudencia de esta
Corporación, que incluye como titulares de todas las prerrogativas que se
derivan de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación a la
víctimas o perjudicados que hubiese padecido un daño real, cierto y concreto.
Es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que considera como perjudicados a la víctima directa y su familia.
Adicionalmente, la limitación que el artículo 92 introduce a los derechos de
las víctimas o perjudicados con el delito de obtener garantía de reparación, es
contraria al artículo 250 numeral 6° de la Constitución que prevé que el
restablecimiento del derecho y la garantía de reparación integral se reconoce a
los “afectados con el delito”, expresión que incluye a víctimas directas y
perjudicados que hubiesen sufrido un daño cierto como consecuencia del delito.
INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL-Legitimación
activa
VICTIMA EN EL PROCESO PENAL-Reconocimiento
de la calidad de tal en la audiencia de formulación de acusación
Una mirada sistemática de la normatividad y los pronunciamientos de
esta Corporación sobre los derechos de intervención de las víctimas permite
afirmar que si bien, en efecto, es en la audiencia de formulación de acusación
en donde se formaliza la intervención de la víctima mediante la determinación
de su condición y el reconocimiento de su representación legal, su
participación, directa o mediante apoderado, se encuentra garantizada aún desde
la fase de investigación. Resulta compatible con el modelo de procesamiento que
adopta la Ley 906 de 2004, que la formalización de la intervención de la
víctima se produzca en la audiencia de formulación de acusación, momento
procesal en que así mismo se define la condición de acusado y se traba de
manera formal el contradictorio entre acusación y defensa. El hecho de que sea
en ese estadio de la actuación en el que se determina la calidad de víctima a
fin de legitimar su intervención en el juicio y se reconozca su representación
legal, si la tuviere, de ninguna manera significa su exclusión de etapas
anteriores en las que bien puede intervenir acreditando sumariamente su
condición de tal, como lo prevé el artículo 136, y lo ha reafirmado y precisado
la jurisprudencia de esta Corte.
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Naturaleza jurídica
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Finalidad
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Oportunidad en que deben realizarse
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Objeto sobre el cual recaen
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Control judicial
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Intervención de la víctima
La exclusión patente de las víctimas de los procesos de negociación,
no responde a las finalidades que la misma ley le atribuye a la institución
(Art. 348). No conduce a la humanización de la actuación procesal prescindir
del punto de vista del agraviado o perjudicado en la construcción de un
consenso que puede llevar a la terminación del proceso, escenario en el que se
deben hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación. La eficacia del sistema no es un asunto que involucre únicamente
los derechos del acusado y los intereses del Estado; no se puede predicar la
eficacia del sistema cuando se priva a la víctima de acceder a un mecanismo que
pone fin al único recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos a la
verdad y a la justicia. Es imposible activar de manera adecuada la solución del
conflicto social que genera el delito, y propiciar una reparación integral de
la víctima, si se ignora su punto de vista en la celebración de un preacuerdo o
negociación. Finalmente la titularidad del derecho de participación en las
decisiones que los afectan reposa tanto en el imputado o acusado como en la
víctima o perjudicado. Si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los
preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el imputado, debe ser oída (Art.
11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Ello
con el propósito de lograr una mejor aproximación a los hechos, a sus
circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el
acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima.
Celebrado el acuerdo la víctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda
estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo
sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su
aprobación el juez velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías
fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE OMISION LEGISLATIVA-Metodología para analizar la constitucionalidad de omisiones
legislativas con impacto sobre los derechos de la víctima
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Requisitos
OMISION
LEGISLATIVA RELATIVA-Configuración
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Inexistencia
Referencia: expediente D-6554
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 -ordinales d) y h) (parcial) -; 136 -numeral 11
(parcial) -, 137 - numeral 4 -;  340;  348 -parcial-, y 350 -parcial- de la Ley
906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Actores: Eduardo Carreño Wilches, Soraya Gutiérrez Argüello y Yenly
Angélica Méndez.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., once (11)  de julio de dos mil siete   (2007).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el
artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, y cumplidos todos los
trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de
la Constitución Política, los ciudadanos Eduardo Carreño Wilches, Soraya
Gutiérrez Argüello y Yenly Angélica Méndez solicitaron ante esta Corporación la
declaratoria de inconstitucionalidad de los
artículos 11 -ordinales d) y h) (parcial) -; 136 -numeral 11 (parcial) -, 137 -
numeral 4 -; 340;  348 -parcial-, y 350 -parcial-  de la Ley 906 de 2004 “Por
la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Cumplidos los trámites constitucionales y legales
propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de
la referencia.
II.  NORMAS DEMANDADAS
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones
parcialmente demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario oficial
No. 45657 del 31 de agosto de 2004[1],
y se subraya lo acusado:
"LEY No. 906 DE  2004
(Agosto 31 )
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
“El Congreso de la República
DECRETA:
(…)
TÍTULO PRELIMINAR
“PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS PROCESALES
(…)
“Artículo 11. Derechos De Las Víctimas. El Estado
garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los
términos establecidos en este código.
En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
(…)
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;
(…)
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación
integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que
podrá ser designado de oficio;
(…)”.
TÍTULO IV
PARTES E INTREVINIENTES
(…)
Capítulo IV
VÍCTIMAS
(…)
“Artículo 136. Derecho a recibir información. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la policía
judicial y la Fiscalía General de la Nación le suministrarán información sobre:
(…)
10 (…)
11. La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y
a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de
garantías, cuando haya lugar a ello.
12 (…)”
Artículo 137. Intervención de las víctimas en la actuación Penal. Las víctimas del injusto, en
garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, tienen el
derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal, de acuerdo con
las siguientes reglas:
(…)
4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante
la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las
represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más
conveniente y efectivo.
(…)”.
LIBRO III
TÍTULO I
DE LA ACUSACIÓN
Capítulo II
AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN
“Artículo 340. La víctima. En
esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el
artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de
que se constituya. De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar
igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el
transcurso del juicio oral.”
TÍTULO II
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALÍA Y EL IMPUTADO O
ACUSADO
Capítulo Único
“Artículo 348. Finalidades. Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener
pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que
genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios
ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la
definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar
a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.
(…)”
“Artículo 350. Preacuerdos desde la audiencia de formulación de imputación. Desde la audiencia de
formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de
acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre
los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo
presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación.
El fiscal y el imputado, a través de su
defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual
el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de
pena menor, a cambio de que el fiscal:
1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o
algún cargo específico.
2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una
forma específica con miras a disminuir la pena.”  (Declarado condicionalmente
exequible)[2]
III.
LA DEMANDA
Los demandantes Eduardo Carreño Wilches, Soraya Gutiérrez Argüello y
Yenly Angélica Méndez, demandan la inconstitucionalidad de los artículos 11
ordinal “d”, 136 numeral 11 (parcial), 11 ordinal “h” (parcial) 137 numeral 4°,
340,  348 (parcial) y 350 (parcial) de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Penal”, por considerar que dichas
disposiciones violan los artículos 15, 21, 29 y 229 de la Constitución; 2° y 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los demandantes solicitan a la Corte lo
siguiente:
(i)      Que declare la inconstitucionalidad
condicionada del literal "d” del artículo 11 y la expresión “escuchadas”
del numeral 11 del artículo 136 de la Ley 906 de 2004, indicando que las
víctimas, además de los derechos a ser “oídas” (Art. 11 d) y “escuchadas” (Art.
136.11) y a aportar pruebas, pueden solicitarlas y controvertirlas, y en
general, participar en toda la actuación penal;
(ii) Que declare inconstitucionales la expresión "si
el interés de la
justicia lo exigiere” del
literal "h" del artículo 11, el numeral 4 del artículo 137 y la
expresión "de
existir un número plural de víctimas el juez podrá determinar igual número de
representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del
juicio oral" del
artículo 340 de la Ley 906 de 2004;
(iii)
Que declare
inconstitucional las expresiones “en esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad
con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en
caso de que se constituya” del artículo 340 de la Ley 906 de 2004;
(iv)
Que declare la constitucionalidad condicionada de la
expresión “Fiscalía y el imputado o acusado” del artículo 348, y "la
Fiscalía y el imputado” y “el fiscal y el imputado" del artículo
350 de la Ley 906 de 2006 en el entendido que, además de la Fiscalía y el
acusado o imputado, las víctimas tienen derecho a participar, en igualdad de
condiciones y de manera vinculante, en los preacuerdos y acuerdos.
Las razones de sus solicitudes se consignan a continuación:
Respecto de los
artículos 11 -literal "d"- y 136 -numeral 11 parcial­-, los
demandantes estiman que el legislador incurrió en una omisión legislativa
relativa puesto que si bien es cierto que los derechos de las víctimas “a
ser oídas y  a que se les facilite el aporte de pruebas” (Art. 11. d), así
como a “ser escuchadas" (Art.136.11), no son en sí mismos
contrarios a la Constitución  y al derecho internacional de los derechos
humanos, son formas incompletas del derecho de acceso pleno a un mecanismo
judicial efectivo para la garantía de los derechos de las víctimas, en cuanto
no incluyen la posibilidad de controvertir la prueba, de determinar libremente
los testimonios que quieren llevar al proceso, y de acceder al expediente.
Fundamentan la
omisión en que:  (i) existe una norma de la cual se predica la
inconstitucionalidad  (el literal “d” del artículo 11 y el numeral 11 -parcial-
del artículo 136 de la Ley 906 de 2004); (ii) la acusación se dirige
contra el contenido normativo específicamente vinculado con la omisión,
teniendo en cuenta que las dos normas acusadas, aunque establecen modos en que
las víctimas acceden a la administración de justicia, omiten de su texto otras
formas que han sido reconocidas nacional e internacionalmente y que hacen parte
explícita o implícita de la Carta Política; (iii) las normas excluyen de
sus consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse
dentro del presupuesto fáctico del texto normativo examinado, como son la posibilidad
complementaria de solicitar directamente y sin restricciones testimonios, así
como controvertir pruebas; (iv) la exclusión de la norma
no obedece a una razón objetiva y suficiente dado que es un mandato superior la
participación de las víctimas dentro del proceso penal y que su restricción es
un claro desconocimiento del derecho internacional; (v) por carecer de una razón objetiva y suficiente la
omisión produce una desigualdad entre los casos que están y los que no están
sujetos a las consecuencias previstas en la norma; (vi) la
omisión implica el incumplimiento de un deber constitucional del legislador
(Art. 13, 2º de la Constitución , Art. 2º de la C.A.D.H[3]. y 2.2 del P.I.D.C.P[4].); (vii) el silencio del legislador
comporta una regla implícita que viola los preceptos superiores, esto es, que
desconoce el derecho que es objeto de desarrollo legal expreso.
Concluyen señalando que  la restricción que hace
el legislador en las normas acusadas respecto de la participación de las
víctimas dentro del proceso penal -representada en el silencio sobre otras
formas de participación- es un desconocimiento de preceptos superiores, en
particular, aquellos relacionados con el derecho a la justicia, el cual
contiene dentro de sus elementos el acceso a un mecanismo judicial efectivo y
real.
Sobre los Artículos 11, literal “h” - parcial-, 137
numeral 4° y 340 –  tercer segmento -, aducen que la estipulación del ordinal “h” del artículo 11 de la Ley 906 de
2004, según la cual la asistencia a la víctima por parte de un abogado en el juicio y el incidente de reparación integral debe
condicionarse a “si el interés de la justicia lo exigiere”, vulnera
gravemente el derecho a la justicia que se encuentra en cabeza de las víctimas
que pretendan participar en el proceso penal.
Afirman que una situación similar plantea el
numeral 4° del artículo 137 de la misma ley, que le confiere al Fiscal del caso
la potestad de restringir a dos el número de representantes profesionales de las víctimas en caso de que hubiese pluralidad de éstas. Esta posibilidad de
restricción también se le otorga al juez en el artículo 340 al autorizarlo para
determinar que el número de representantes de las víctimas, en caso de
comparecencia plural de ellas, deberá ser igual al de defensores.
A juicio de los
demandantes el legislador no está facultado para otorgarles ni al fiscal ni al
juez la potestad de restringir la representación de las víctimas o el número de
profesionales que pueden ejercer esta función. La representación de las
víctimas por parte de un abogado “es un elemento fundamental para facilitar
su participación dentro del proceso penal, toda vez que, al igual que el
acusado, el debido proceso -tanto por ser derecho fundamental, como por ser un
elemento del derecho humano a la justicia- implica necesariamente la asistencia
de un profesional del derecho”.
Sostienen que si
se condiciona la participación del representante de la víctima al interés de la
justicia o al arbitrio del fiscal o del juez, se está desconociendo que ésta es
una decisión libre que sólo puede tener como restricción los requisitos legales
pertinentes, tales como la tarjeta profesional, los poderes, entre otros, pero
nunca la voluntad del funcionario judicial.
En relación con el artículo 340 –primer segmento­,
los demandantes  aducen  que las expresiones “En esta audiencia – de formulación de acusación - se determinará
la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se
reconocerá su representación legal en caso de que se constituya”, son
inconstitucionales, por vulnerar el derecho a acceder a un mecanismo judicial
efectivo, en razón a que “el reconocimiento como víctima se produce en una
etapa posterior a la indagación, investigación y posiblemente, la imputación”.
Lo anterior, afirman, desconoce lo señalado por la
Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006 en donde se expresó que el
derecho a la justicia comporta un auténtico derecho constitucional al proceso
penal y el derecho a participar en él, por cuanto el derecho al proceso en el
Estado democrático debe ser eminentemente participativo"[5], y desconoce además la cosa juzgada
constitucional establecida en la C- 228 de 2002 en la que se dijo que no
permitirle a la parte civil actuar durante la investigación previa “constituye una afectación grave del derecho de acceso a la justicia
que tiene la víctima de un hecho punible”.
Concluyen señalando que este segmento
del artículo 340 es contrario al deber que tiene el Estado de garantizar el
acceso efectivo al proceso judicial de las víctimas, pues sólo permite que
éstas sean reconocidas cuando el mismo ya presenta un avance importante,
impidiendo su participación en etapas anteriores igualmente importantes.
Respecto de los artículos 348 y 350
-parciales­-, estiman los demandantes que las expresiones “la Fiscalía y el
imputado o acusado” del artículo 348; “la fiscalía y el imputado” del
inciso primero del artículo 350; y “el fiscal y el imputado” del inciso
segundo del artículo 350 son inconstitucionales por desconocer el deber que tiene el Estado de
garantizar la participación efectiva y real de las víctimas dentro del proceso
penal, pues permiten que la Fiscalía y el acusado o imputado realicen
preacuerdos y acuerdos a favor de estos últimos, sin que las víctimas del
injusto puedan pronunciarse negativa o positivamente al respecto.
Las víctimas
tienen el derecho a participar en todas las actuaciones que se adelanten en el
proceso penal (C-228 de 2002). Siendo así, la decisión del legislador de
radicar expresa y exclusivamente en cabeza de la Fiscalía y el imputado o
acusado la facultad de realizar preacuerdos o acuerdos, impide que las víctimas
tengan incidencia real en una actuación tan importante como esta, pues en ella
existen posibilidades tan relevantes como la terminación del proceso o la negociación
de la pena.
Lo anterior, en
criterio de los demandantes, plantea otra omisión relativa del legislador,
debido a que si bien permite que los preacuerdos y acuerdos sean realizados por
la Fiscalía y el acusado o imputado, omitió del texto legal que las víctimas
también tienen derecho, en igualdad de condiciones, de participar activamente
de una decisión tan importante pues la afecta en grado sumo. Consideran que
concurren los requisitos que conforme a la jurisprudencia de esta Corporación
permiten afirmar la configuración de una omisión legislativa relativa.
IV.
INTERVENCIONES
1.
De la Fiscalía General de la Nación
Respecto del  literal
“d” del artículo 11, y del numeral 11 del artículo 136 de la ley 906 de 2004,
considera la Fiscalía que se configura una omisión legislativa relativa, y por
consiguiente solicita se declare la constitucionalidad condicionada de estos
preceptos, en el entendido que las víctimas, a través de sus representantes
legales, pueden aportar pruebas y controvertirlas, así como interponer recursos
contra las decisiones que los afectan.
Afirma que esa entidad en sus anteriores
intervenciones (D-5978 y D-6474) ante esta Corporación ha mantenido su posición
respecto de “la existencia de una omisión legislativa relativa en la ley 906
de 2004, relacionada con la regulación de los derechos de la víctimas
dentro del proceso penal”.
Manifiesta que la Corte Constitucional, también ha reconocido que a
pesar de las amplias facultades de la Fiscalía para proteger los derechos de
las víctimas, éstas deben tener autonomía para intervenir de manera que sus
derechos se vean protegidos efectivamente, es decir, que la protección
reforzada de la víctima no consiste únicamente en asignar como función a la
Fiscalía la vigilancia diligente de sus derechos, sino especialmente en
garantizar su participación real en el proceso.
Sostiene que debe concederse razón a los
demandantes respecto de  este segmento de la impugnación, debido a que el legislador vulneró, por omisión, los derechos fundamentales,
especialmente el de igualdad y debido proceso, con repercusión en los derechos
que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
En relación con
la expresión  "si el interés de la justicia lo exigiere" del
literal h) del artículo 11, que condiciona la asistencia letrada de las
víctimas durante el juicio y el incidente de reparación integral, la Fiscalía
afirma su inconstitucionalidad por ser contraria al derecho de la víctima de acceder a la administración de justicia,
conforme lo dispone el artículo 229 constitucional, más no por un presunto
desconocimiento del derecho de defensa, pues, este no es el rol de este
interviniente en el proceso.
En cuanto al
acceso a la justicia, señala la Fiscalía, el artículo 229 de la Carta defiere a
la ley la determinación de los casos en que es posible acceder a la
administración de justicia sin representación de abogado, lo que implica que
exista una verdadera reserva legal en esta materia. La norma parcialmente
impugnada, en criterio de la Fiscalía, permite que sea la víctima, el fiscal o
el juez, quien determine si existe “interés de la justicia” para que la
víctima sea asistida por un abogado en el juicio o en el incidente de
reparación integral, lo cual en su sentir viola el principio de reserva legal
que sobre esta materia establece el artículo 229 de la Carta.
Sobre el numeral
4º del artículo 137, sostiene la Fiscalía que la norma no niega el acceso de la
víctima a la administración de justicia sino que establece una limitación a su
representación judicial en el evento en que exista pluralidad de víctimas, caso
en el cual sólo podrán actuar hasta dos apoderados.
A efecto de
determinar si tal restricción resulta proporcionada o no, señala que si bien la
medida responde a una finalidad constitucionalmente legítima como es el “que
la administración de justicia sea eficaz, en el entendido que una pluralidad de
sujetos que estén accediendo a la investigación la pueden entorpecerla”, ella
no resulta idónea  para alcanzar esa finalidad debido a que “el hecho de que
solo se les permita a las víctimas tener dos representantes legales, no
garantiza que la administración de justicia sea mas eficaz, es más, en
determinados casos puede suceder lo contrario, pues los representantes de las
víctimas pueden ayudar con sus criterios a la orientación de la investigación”.
Funda su
posición en que durante la investigación no existe propiamente una intervención
de la víctima, lo que existe es una colaboración de ésta para el
perfeccionamiento de la investigación, en donde puede orientar a la Fiscalía o
la Policía Judicial, para que recopile la evidencia necesaria que lleve al
descubrimiento de la verdad y de esta manera se logre la eficacia de la
administración de justicia. En esta medida, aduce que si se permite a las
víctimas acceder más fácilmente a los órganos de investigación, a través de los
abogados que ellos designen, más eficaz será la administración judicial.
Concluye
señalando que  aunque la finalidad que persigue el numeral 4° del artículo 137
de la ley 906 es constitucionalmente legítima, sin embargo el medio que utiliza
para ello no es adecuado. El hecho de que solo se les permita a las víctimas
tener dos representantes legales, no garantiza que la administración de
justicia sea más eficaz, es más, en determinados casos puede suceder lo
contrario, pues los representantes de las víctimas pueden ayudar con sus
criterios a la orientación de la investigación.
Así las cosas,
sostiene la Fiscalía, la medida adoptada en la norma demandada es
inconstitucional, pues implica una limitación irrazonable del derecho
fundamental de acceso a la justicia.
En relación con
la expresión "De existir un número
plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al
de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral", contenida en el artículo 340, la Fiscalía
sostiene que la norma plantea una tensión entre el derecho a la defensa
del acusado y el derecho a la verdad y a la justicia de la víctima.
A criterio de la Fiscalía el principio de igualdad
de armas, durante la fase de juicio, se vería vulnerado por el hecho de que el
número de apoderados de las víctimas que intervengan en la audiencia, supere en
número a los de la defensa. “En el momento en que esa igualdad de armas, ya
sea en pro del acusado, o en pro de la víctima, se desconozca, implicaría una
desarticulación del sistema penal acusatorio y una violación al artículo 13 de
la Constitución Política”.
Pero además de lo anterior, si se permitiera un
número mayor de representantes de la víctima que el de defensores, se
enfrentarían el derecho de defensa del acusado con el derecho de acceso a la
justicia de las víctimas. Ante tal situación la defensa se tendría que
ejercitar no solo contra las acusaciones formuladas por la Fiscalía, sino
también contra las pretensiones de las víctimas.
Ante este enfrentamiento de derechos, sostiene la
Fiscalía, el legislador ha optado por darle prevalencia al derecho de defensa
respecto del derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas, lo cual en
consideración de la Fiscalía obedece a un juicio legítimo de ponderación, lo
cual implica que el artículo demandado no sea contrario a la Constitución
Política. Solicita en consecuencia, su exequibilidad.
Respecto de las
expresiones "En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el
artículo132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de
que se constituya" contenidas en el artículo 340 de la ley 906
de 2004, considera la Fiscalía que la interpretación dada por los actores a la
norma demandada es incorrecta.
Estima que el
momento procesal adecuado para determinar la calidad de víctima es en la
audiencia de acusación, pues ello habilita a la víctima a través de su
apoderado judicial, para actuar en la audiencia preparatoria, en donde podrá
solicitar, por sí misma o a través de la Fiscalía, las pruebas que quiera hacer
valer en juicio.
Señala que bajo
una interpretación sistemática que involucra el contenido de los artículos 132
y 137 la calidad de víctima, de acuerdo con la ley 906 de 2004, se adquiere al
momento de consumarse la conducta punible; en este momento el Estado le debe
brindar mecanismos eficaces de asistencia y materializar todos los derechos a
que hace referencia el artículo 11 de la ley 906 de 2004, pero “su
habilitación para actuar en el juicio solo se puede dar con el inicio del
proceso”.
Por lo tanto,
concluye la Fiscalía, es evidente que los actores le han dado un alcance que no
tiene a la norma demandada y que sus motivaciones no son ciertas, lo que
implica que esta Corporación deba inhibirse de conocer este cargo.
Sobre las expresiones "la Fiscalía y el
imputado o acusado" del artículo 348 de la ley 906 de 2004; y "la Fiscalía y el imputado”,  "el Fiscal
y el imputado", contenidas
en el artículo 350 de la misma ley, estima el órgano investigador que deben ser
declaradas exequibles.
Para la Fiscalía
“los preacuerdos y negociaciones son instrumentos jurídicos con los que cuenta
la Fiscalía General de la Nación para hacer justicia material y efectiva, por
medio de la participación activa del fiscal y el imputado, además de la
razonable consideración de los intereses de éste y de la víctima”. En
consecuencia no podrá utilizarse sólo para resolver casos, acelerar la justicia,
descongestionar los despachos judiciales, ni como una forma de conciliación o
mediación. Afirma que así lo ha sostenido esa Entidad en su Directiva 001 de
septiembre de 2006, por medio de la cual se fijaron directrices para la
celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o
acusado.
Refiere que una
de las finalidades de los preacuerdos es la razonable consideración de los
intereses de las víctimas, es decir la verdad, la justicia y la reparación y
para conocer estos intereses la Fiscalía “podrá entrevistarla o tener
contacto con su apoderado judicial, o la víctima podrá allegar sus alegaciones,
pero la norma demandada no permite que la víctima participe directamente en el
preacuerdo que se realiza, el cual se hace entre la Fiscalía y el imputado o el
acusado y los cuales son avalados por los jueces, quienes tienen que verificar
que no se lesionen los derechos fundamentales de imputado o acusado o de
la víctima”.
Considera que la
anterior limitación resulta razonable y proporcional, pues es la Fiscalía la
titular de la acción penal y no la víctima (artículo. 250 de la C.N
desarrollado por el Art. 66 Ley 906), y además es el imputado o acusado quien
reconoce su responsabilidad en la conducta punible. Por ello los preacuerdos
sobre los términos de imputación solo pueden ser promovidos por la Fiscalía y
aceptados por el imputado o acusado y serán eficaces siempre y cuando no
desconozcan los derechos fundamentales tanto de éstos como de las víctimas. A
través de estos instrumentos se logra la verdad, la justicia y la reparación de
una manera más eficaz y pronta.
Además la
Fiscalía previamente a la oferta o concreción de un preacuerdo o negociación
debe evaluar la naturaleza de los cargos, el grado de culpabilidad y el daño
causado o la amenaza a los derechos  fundamentales, los intereses protegidos,
la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, las personales del
imputado o acusado y su historia delictual, los derechos e intereses de las víctimas,
el grado de afectación y la relación que tuviera con el imputado o acusado, tal
como se ha precisado en la directiva 001 de 2006 del Fiscal General.
Por ende,
considera la Fiscalía que las expresiones acusadas contenidas en los artículos
348 y 350 de la Ley 906/04, no vulneran los derechos fundamentales de las
víctimas, ya que el Fiscal tendrá en cuenta para realizar el preacuerdo los
derechos especiales de éstas y los representará en la terminación anticipada
del proceso o en la definición de los términos de la imputación, acciones que
sólo corresponden al Estado a través del ente acusador. En consecuencia para la
Fiscalía los artículos 348 y 350 de la ley 906 deben ser declarados
constitucionales, por los cargos analizados.
2. Del
Ministerio del Interior y de Justicia
El Director del
Ordenamiento Jurídico del Ministerio del Interior y de Justicia, solicita se
desestimen los cargos formulados en contra de los preceptos acusados al estimar
que éstos reconocen derechos, otorgan garantías, crean mecanismos de atención y
de protección para las víctimas, por lo tanto, son  respetuosos de los
principios de dignidad humana e igualdad, así como del derecho de acceso a la
justicia establecida en la Constitución Política y en los tratados
internacionales de derechos humanos invocados por el actor. Así, en el nuevo
estatuto procesal penal, el legislador,  reguló que las víctimas, en garantía
de los derechos de la verdad, la justicia y la reparación tienen el derecho de
intervenir en todas las fases de la actuación penal y a que en aquellas etapas
procesales donde no está prevista su intervención directa, sus intereses sean
legítimamente protegidos por las autoridades públicas que intervengan
oficiosamente o a solicitud de estos en el proceso penal, especialmente por el
Ministerio Público.
Aduce que  el
nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, desarrolla en forma
cabal el Acto Legislativo 03 de 2002 y tiene dentro de sus objetivos, la
consolidación del marco de derechos y garantías del procesado y de las víctimas
como una forma de legitimación de la democracia; la agilización de la respuesta
sancionatoria o absolutoria de la administración de justicia y la celeridad de
los procesos, con la adopción de un juicio público y oral observando todas las
garantías del debido proceso y ajustado a los Instrumentos Internacionales que
protegen los derechos humanos.
Afirma que
contrario a lo manifestado por el actor, y en cumplimiento de los mandatos
constitucionales, en el nuevo sistema se les hace a las víctimas un pleno
reconocimiento de sus derechos, especialmente el derecho a la verdad, a la
justicia y a la reparación, facultándolas para intervenir en todas las etapas
del proceso penal para conocer la realidad de los hechos, recibir información
de la actuación, solicitar medidas que garanticen la indemnización por los
perjuicios causados con el injusto, su seguridad personal y la de sus allegados
así como la protección de su privacidad. También puede acudir a los programas
de justicia restaurativa.
Indica que el
acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229
Superior, “se encuentra cabalmente protegido en las disposiciones de la Ley
906 de 2004, toda vez que se facilita la posibilidad de acudir ante el juez
competente para demandar verdad, justicia y reparación ya sea directamente por
la víctima, o a través del fiscal correspondiente, o del Ministerio Público,
además, busca que la decisión judicial sea ágil, oportuna, concreta y real, así
como también dispone su debida ejecución”.
Finalmente,
expresa que los artículos demandados no deben ser objeto de una interpretación
aislada, como equivocadamente lo hace el actor, sino de manera sistemática y
armónica con los principios y contenidos del nuevo Código de Procedimiento
Penal del cual hacen parte, siendo clara la conexidad causal, lógica y
teleológica que existe entre ellos. Y aduce que “Los términos en que pueden
intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia
restaurativa han sido señalados por el Legislador, los cuales no por no
consagrar las mismas potestades otorgadas a otros intervinientes del proceso,
significa que devengan en omisiones legislativas inconstitucionales, ya que
existe una razón objetiva y suficiente, lo cual evita se produzca una desigualdad
injustificada que resulte contraria a la Constitución Política y al Bloque de
Constitucionalidad”.
Con fundamento
en tales razonamientos, solicitar a la Corte declararse inhibida para
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda por ineptitud
sustantiva de la misma, o en su defecto declarar la exequibilidad de las
disposiciones acusadas, “ ya que guardan coherencia y armonía con las normas
superiores a las que fueron enfrentadas y con todo el texto constitucional, y
en consecuencia son ajustados a la Carta Política”.
3. Del
Instituto Colombiano de Derecho Procesal
Este
interviniente comienza su análisis realizando un recorrido por las diferentes
sentencias de esta Corporación que se han pronunciado sobre la exequibilidad de
las disposiciones de Ley 906 de 2004, deteniéndose básicamente en tres
aspectos: (i) El esquema del nuevo procedimiento penal, los enunciados
normativos (principios y reglas) que lo rigen y el papel de los diferentes
sujetos procesales en el marco del nuevo procedimiento; (ii) Las
principales diferencias entre  el esquema procesal establecido con la entrada
en vigencia de la Ley 906 de 2004 y el definido anteriormente por la Ley 600 de
2000 y, finalmente, (iii) relata lo dicho por la jurisprudencia
constitucional en relación con el papel de la víctima en el nuevo procedimiento
penal. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el interviniente se
pronuncia sobre las normas demandadas, solicitando su inexequibilidad en los
términos de la demanda, de la siguiente manera:
(i). Con
respecto a los artículos 11 literal “d” y 136 numeral 11 de la Ley 906 de 2004,
sostiene que estas disposiciones vulneran el derecho a las víctimas a la verdad
y la justicia, así como su derecho a tener acceso al expediente y controvertir
las pruebas, dado que el legislador al momento de diseñar estas disposiciones
dejó por fuera otras maneras de participación de la víctima en el proceso.
(ii). En
relación a los artículos 11 literal “h”, 137 numeral 4 y 340, manifiesta que
dejar al arbitrio de la justicia la posibilidad de que las víctimas cuenten con
asistencia letrada constituye una vulneración al debido proceso ya que esta
facultad debe emanar de la decisión propia de quienes sean reconocidos como
tales dentro del proceso. Agrega que no permitir la pluralidad de
representantes judiciales de las víctimas, constituye un trato desigual frente
a la posibilidad que tienen los acusados a quienes se les garantice la
asistencia judicial independientemente del número de acusados dentro del
proceso.
(iii). En el
mismo sentido el artículo 340, según el interviniente, vulnera el derecho de
las víctimas a tener acceso integral a un mecanismo judicial efectivo, dado que
el reconocimiento de su condición dentro del proceso se presenta con
posterioridad a la indagación y a la imputación, lo cual va en contravía de los
estándares internacionales que exigen que su participación se de desde el
inicio mismo del proceso.
(iv).
Finalmente, con respecto a los artículos 348 y 350 sostiene que la demanda es
acertada al argumentar que se está en presencia de una omisión legislativa
susceptible de control constitucional, debido a que el nuevo esquema procesal
penal dejó por fuera la participación de las víctimas durante la realización de
los preacuerdos y acuerdos a favor de los imputados.
V.
CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
Por impedimento
aceptado al Procurador General de la Nación y al Viceprocurador, interviene en
nombre del Ministerio Público la Procuradora Auxiliar para asuntos
constitucionales, quien de conformidad con lo dispuesto en los artículos  242
numeral 2 y 278 numeral 5 de la Constitución,  emitió el concepto No.4266 en el
que solicita a la Corte:
(i) Declararse inhibida para pronunciarse de fondo sobre el literal d)
del artículo 11, y  la expresión “y a ser escuchada” del artículo 136
numeral 11 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la demanda;
(ii) Declarar exequibles las expresiones “En esta audiencia se
determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este
código. Se reconocerá su representación  legal en caso de que se constituya”
del artículo 340, “La Fiscalía y el imputado o acusado” del artículo 348
y las expresiones “La Fiscalía y el imputado” y “El fiscal y el
imputado” del artículo 350 de la
Ley 906 de 2004, frente a los cargos examinados;
(iii) Declarar inexequibles el artículo 137,
numeral 4, y las expresiones “si el interés de la justicia lo exigiere”
del artículo 11 literal h), y “De existir un número plural de víctimas, el
juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que
intervengan en el transcurso del juicio oral”, del artículo 340 de la Ley
906 de 2004.
Los fundamentos
de sus conceptos se pueden sintetizar así:
1. En relación
con el cargo formulado contra el literal d) del artículo 11, y  la expresión “y
a ser escuchada” del artículo 136 numeral 11 de la Ley 906 de 2004, considera
que se presenta ineptitud sustantiva de la demanda, habida cuenta que al
consagrar el artículo trascrito dentro de las garantías procesales de la
víctima el derecho a ser oída dentro de la actuación penal, no hace referencia
exclusiva a la posibilidad de ser escuchada en declaración o testimonio, como
erradamente lo interpretan los actores, sino a la facultad general de presentar
argumentos frente a las decisiones que puedan comprometer sus intereses durante
la investigación y el juzgamiento, y que sean escuchados por la autoridad
judicial; potestad que ejerce conforme a las reglas fijadas en la ley.
Teniendo en
cuenta que uno de los requisitos sustanciales para adelantar el análisis de
constitucionalidad por omisión legislativa relativa es que en la demanda se haya
acusado el texto del cual emerge específicamente la aludida omisión, es
improcedente examinar el cargo formulado contra el ordinal d) del artículo 11
de la Ley 906 de 2004, pues está dirigido contra un contenido normativo que le
es extraño, es decir, se estructura en la supuesta consagración de una regla
excluyente que no está íncita en el precepto impugnado. A ello cabe añadir que
la intervención de las víctimas en la práctica de pruebas anticipadas y en el
juicio oral se encuentra regulada en otras disposiciones de la Ley 906 de 2004
distintas a la demanda.
La misma causal
de ineptitud se predica de los cargos dirigidos contra el artículo 136, numeral
11 ibídem, el cual, en desarrollo de la garantía consagrada en el artículo
11 ordinal e) ídem, establece el derecho a recibir información. El
artículo 136 en su numeral 11 no se ocupa de la participación de la víctima en
la práctica probatoria sino de otro derecho de la víctima cual es el de obtener
información de las autoridades de policía judicial y de la Fiscalía,
entre otros aspectos, sobre la posibilidad de intervenir, de ser escuchada
cuando el ente investigador decida dar aplicación al principio de oportunidad.
En este orden de
ideas, expresa la Procuraduría, no puede imputarse a los artículos 11 ordinal
d) y 136 numeral 11 de la Ley 906 de 2004 la omisión legislativa consistente en
regular la participación de la víctima en el recaudo y controversia probatoria
cuando el primero de ellos no tiene por cometido establecer quiénes tienen
iniciativa probatoria ni señalar, hasta agotar, todas las potestades de la
víctima en la materia, y el segundo se ocupa de un tema totalmente distinto
como es el derecho a la información.
2. Respecto del
cargo formulado contra el  artículo 11, ordinal h), de la Ley 906 de 2004
relativo al derecho de postulación de las víctimas, sostiene que la expresión
acusada “cuando el interés de la justicia lo exija”, es inconstitucional
porque:  i) libra al funcionario judicial la definición de una potestad
que corresponde a la víctima, pues se le reconocerá la representación judicial
en el juicio si el juez considera que “el interés de la justicia lo exige”,
pero también puede éste servidor estimar que no y negarla; ii) no señala
ningún parámetro objetivo para establecer cuáles son los eventos en los cuales
el interés de la justicia no impone a la víctima contar con asesoría
profesional para reclamar sus derechos; y iii) por esta vía el
funcionario judicial puede negar la intervención de la víctima en el juicio
oral, arrasando con su derecho a obtener la tutela judicial efectiva, como
quiera que la ley sólo le permite participar luego de la audiencia preparatoria
mediante apoderado judicial.
Por lo tanto la
condición acusada “restringe el derecho a la defensa de la víctima o
constituye un obstáculo para su acceso a la administración de justicia”,
por lo que el cargo se considera llamado a prosperar.
3. Respecto del
cargo contra el artículo 137, numeral 4º, el Ministerio Público sostiene que la
disposición contempla una limitación inconstitucional al derecho de postulación
de las víctimas, cuando existe pluralidad de ellas, que suele ser la
generalidad de los casos, por las siguientes razones:
a) Aduce que
“ es clara la violación del principio de igualdad porque la norma establece una
restricción al derecho de postulación de las víctimas, aplicable exclusivamente
y en perjuicio de aquellas que concurren en comunidad con otras, basado sólo en
un factor numérico que de ninguna manera la justifica”.
b) Señala que
“contraría la razón que la disposición impugnada despoje a las víctimas de la
facultad de escoger el abogado que las represente durante la investigación y la
traslade al Fiscal, quien puede hacer uso de ella en forma totalmente
discrecional e inconsulta, pues no existe en la ley ningún parámetro para
definir lo más “conveniente y efectivo” para las víctimas, quienes, además,
pueden actuar en búsqueda de la satisfacción de distintos intereses, a algunos
podrá interesar la verdad, a otros la reparación integral y a otros la verdad,
la justicia y la reparación, aunque sean víctimas de una misma conducta
típica”.
c) Manifiesta
que “No se garantiza el derecho a la defensa técnica de la víctima y su
participación efectiva si se le impide ser representada por el apoderado
judicial de su confianza, simplemente porque a la investigación concurrieron
otros perjudicados con la conducta”.
d) Sostiene “
que la notoria limitación a la representación judicial de las víctimas busca
brindar mayor celeridad a la actuación judicial, sin embargo para el Ministerio
Público es claro que la garantía del derecho de la víctima a acceder a la
administración de justicia y contar con mecanismos judiciales idóneos para la
defensa de sus derechos supera aquellos motivos de índole procesal, más aún en
un sistema procesal en el cual las diligencias sumariales o de investigación
que adelanta la Fiscalía pueden realizarse con independencia de los aportes,
contribuciones o peticiones que lleguen a hacer los representantes judiciales
de las víctimas”.
4. En  concepto
de la Procuraduría resulta aún más inadmisible la parte final del artículo 340
de la Ley 906 de 2004, según la cual “De existir un número plural de
víctimas, el juez podrá determinar igual número de representantes al de
defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral”, considerando
que para intervenir a partir de la audiencia preparatoria las víctimas deben
ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio
jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada, como lo ordena el
artículo 137, numeral 3º, ejusdem.
Para la
Procuraduría es un contrasentido que la ley “sólo permita a la víctima
participar en la etapa de juzgamiento mediante apoderado judicial, y al mismo
tiempo autorice al juez para disponer, cuando hay varias víctimas, que
únicamente pueden intervenir en el juicio oral el mismo número de defensores,
es decir, igual número de acusados”. De esta forma, dice la Procuraduría,
si se acusa a una persona por un concurso homogéneo y sucesivo de
desapariciones forzadas, de acuerdo con la norma demandada, el juez de
conocimiento podrá discrecionalmente señalar que únicamente puede intervenir
uno de los varios representantes judiciales de las víctimas ya que en el juicio
sólo participará el defensor del procesado. Frente a situaciones como ésta no
hay duda que la disposición acusada autoriza al funcionario judicial para
negarle a las víctimas representadas por otros apoderados, el acceso a la
administración de justicia y con ello para desconocerle todos los demás
derechos que por su condición deben ser garantizados por el funcionario
judicial.
Tal restricción
viola flagrantemente los derechos de las víctimas, pues aunque sea reconocida
su calidad y representación judicial en la audiencia preliminar, este recurso
judicial es inútil si finalmente el juez puede negarles el derecho a intervenir
en la audiencia más importante del juzgamiento como es la de juicio oral,
escenario en el cual tiene lugar la práctica y debate de las pruebas, y la
presentación de los alegatos.
5. Respecto del
cargo que recae sobre la parte inicial del artículo 340 de la Ley 906 de 2004,
que establece que en la audiencia de acusación se determinará la calidad de
víctima y se reconocerá su representación legal, estima el Ministerio Público
que el reproche no está llamado a prosperar por cuanto se fundamenta en la idea
que la víctima no puede participar en el proceso antes de ser reconocida por el
juez de conocimiento, conclusión que no se desprende del contenido normativo
del artículo 340 ídem, ni encuentra otro fundamento legal. Por el
contrario, dicha afirmación ignora otras disposiciones de la Ley 906 de 2004
que reconocen a la víctima el derecho a participar en todas las fases de la
actuación penal y la jurisprudencia constitucional que en forma diáfana expone
el alcance de este derecho (C-454 de 2006). La norma demandada no contiene la
restricción al derecho de las víctimas de acceder a la administración de
justicia que alegan los demandantes, por lo que solicita a la Corte desestimar
el cargo y declarar exequible la expresión “En esta audiencia se determinará
la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se
reconocerá su representación legal en caso de que se constituya”, del
artículo 340 de la Ley 906 de 2004.
6. En relación
con los cargos formulados sobre la posición de las víctimas frente a los
preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el procesado (Arts. 348 y 350
C.P.P.), la Procuraduría sostiene que a través de la reforma al artículo 250,
la Constitución estableció que corresponde a la Fiscalía velar por la
protección de las víctimas y que “la ley fijará los términos en que podrán
intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia
restaurativa” (numeral 7º).
De acuerdo con
la citada disposición el legislador está obligado a establecer mecanismos
jurídicos que le permitan a la víctima intervenir en la actuación judicial, los
cuales deben ser idóneos para lograr, a través de esa participación, la tutela
judicial efectiva de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
No obstante,
sostiene el Ministerio Público, el desarrollo de este mandato constitucional no
puede conducir a la privatización de la acción penal, es decir, a otorgar a la
víctima la potestad de disponer de ella, de negociar con el procesado la
terminación anticipada del proceso e intervenir en la calificación jurídica de
los cargos por los cuales será sentenciado, pues todas estas son facultades
asignadas por la Constitución a la Fiscalía General de la Nación como titular
de la acción penal, en nombre del Estado.
Estima que los
preacuerdos son manifestaciones del principio dispositivo a través de los
cuales el imputado o acusado renuncia al derecho a tener un juicio oral, a ser
vencido en juicio a cambio de obtener la disminución en la pena y la parte
acusadora acepta esa renuncia con el fin de terminar con mayor celeridad el
proceso penal. En consecuencia, en este escenario la víctima carece totalmente
de poder de negociación, como quiera que no está en sus manos decidir sobre
alguno de los aspectos en torno a los cuales se desarrollan los preacuerdos:
por una parte, los cargos formulados en la acusación, pues sólo los puede
determinar el fiscal, y por la otra la renuncia o no a la celebración de un
juicio oral, en cuanto ésta es una prerrogativa del imputado o acusado.
Afirma que el
carácter bilateral del derecho a la tutela judicial efectiva no comporta
necesariamente el otorgamiento de idénticas facultades procesales al imputado y
a la víctima, pues sin duda se trata de dos personas que se encuentran en
posiciones diversas en el proceso penal: el imputado o acusado es el
destinatario del ejercicio de la acción penal, y frente a la norma en
particular, quien tiene la posibilidad de renunciar a ser vencido en juicio, en
tanto que la víctima, interviene facultativamente en la actuación penal y no
puede decidir si se celebra un juicio oral o no pues la realización de esta
diligencia no es un derecho de la víctima sino del procesado, como oportunidad
para la defensa frente a la acusación.
Sostiene que la
ley, en desarrollo del artículo 250 constitucional, debe permitir la
intervención de la víctima en cuanto sea necesario para garantizarle los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, los cuales no son
objeto de disposición en los preacuerdos, ni se ven amenazados al aplicar esta
figura, por el contrario, la terminación pronta del proceso, la admisión de los
cargos por parte del imputado o acusado, el control que realiza el juez de
conocimiento sobre los preacuerdos y la sentencia condenatoria que sobreviene,
permiten la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad y la
justicia con mayor celeridad y eficacia.
Recuerda que la
ley procesal en el artículo 348 establece que el fin de los preacuerdos “es
humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia;
activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar
la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la
participación del imputado en la definición de su caso”.
Por último, el
derecho de las víctimas a la reparación integral tampoco resulta sacrificado
con la disposición que se examina teniendo en cuenta que:
a) Si el sujeto
activo del delito obtuvo incremento patrimonial fruto del mismo, “no se podrá
celebrar el acuerdo con la fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos el
cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y asegure el
recaudo del remanente” (art. 349)
b) El juez de
conocimiento puede abstenerse de aceptar el acuerdo si se desconocen o
quebrantan las garantías fundamentales de las víctimas.
c) La víctima no
está obligada a aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar de los
preacuerdos, es decir, en esta materia los preacuerdos no son vinculantes para
la víctima, de tal manera que, como lo señala el artículo 351 inciso final, “en
caso de rehusarlos, podrá acudir a las vías judiciales pertinentes”, que para
el efecto puede ser el incidente de reparación integral.
De lo expuesto
concluye el Ministerio Público que la participación de la víctima en los
preacuerdos resulta innecesaria para salvaguardar sus derechos constitucionales
y en consecuencia solicita a la Corte Constitucional declarar exequibles las
expresiones acusadas de los artículos 348 y 350 de la Ley 906 de 2004, ante la
inexistencia de la omisión legislativa relativa planteada en la demanda.
VI.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.
Competencia de la Corte
De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política,
la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente
sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las
disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República, en este caso,
de la Ley 906 de 2004.
2.
Cuestiones  preliminares:
2.1. Ineptitud
sustantiva de la demanda
Para la
Procuraduría existe ineptitud sustantiva de la demanda respecto del cargo
formulado contra las expresiones “a ser oídas y que se facilite el aporte de
pruebas” del artículo 11 ordinal “d”, y “a ser escuchadas” del artículo
136 en razón a que  no puede imputarse a los artículos 11 ordinal d) y
136 numeral 11 de la Ley 906 de 2004 la omisión legislativa consistente en
regular, de manera incompleta, la participación de la víctima en el recaudo y
controversia probatoria cuando el primero de ellos no tiene por cometido
establecer quiénes tienen iniciativa probatoria ni señalar, hasta agotar, todas
las potestades de la víctima en la materia, y el segundo se ocupa de un tema
totalmente distinto como es el derecho a la información.
La Fiscalía por
su parte considera que se presenta ineptitud sustantiva de la demanda respecto
de la acusación formulada contra el primer segmento del artículo 340 que
establece que “En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de
conformidad con el artículo 132 de este Código. Se reconocerá su representación
legal en caso de que se constituya”, en razón a que el cargo se fundamenta
en una interpretación incorrecta de los demandantes.
En cuanto al
artículo 11 ordinal “d” y 136 numeral 11, observa la Corte que los demandantes
enfilan su demanda a demostrar que las expresiones acusadas envuelven una
omisión legislativa relativa sujeta a control constitucional en virtud de que
entrañan formas incompletas del  derecho de acceso pleno a un mecanismo
judicial efectivo para la garantía de los derechos de las víctimas, en cuanto
no incluyen la posibilidad de controvertir la prueba, de determinar libremente
los testimonios que quieren llevar al proceso y de acceder al expediente. En
desarrollo de su propósito de concreción y estructuración del cargo, efectúan
un esfuerzo analítico orientado a aplicar  las reglas que regulan la omisión
legislativa relativa al objeto normativo que impugnan para concluir que la
restricción que hace el legislador en las normas acusadas respecto de la
participación de las víctimas dentro del proceso penal – representada en el
silencio sobre otras formas de participación – es un desconocimiento de
preceptos superiores, en particular aquellos relacionados  con el derecho a la
justicia, el cual contiene dentro de sus elementos el acceso a un mecanismo
judicial efectivo.
En lo que hace
al segmento inicial del artículo 340 los demandantes consideran que el
reconocimiento de la calidad de víctima en una fase avanzada de la actuación
como es la audiencia de formulación de imputación, vulnera el derecho de acceso
de la víctima a un mecanismo judicial efectivo, en cuanto limita las
posibilidades de intervención en fases cruciales anteriores a ese episodio
procesal.
Pues bien , la
Corte Constitucional, al interpretar el artículo 2º del Decreto 2067 de 1992,
ha precisado que no obstante el principio pro actione que guía el
ejercicio de la acción pública de inexequibilidad, a fin de provocar un
pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional las demandas de
inconstitucionalidad deben contener (i) el texto de la norma demandada, (ii)
las disposiciones constitucionales violadas, y (iii) las razones por las cuales
la norma acusada vulnera tales disposiciones. Así mismo, dichas razones deben
ser (a) claras[6],
(b) ciertas[7],
(c) específicas[8],
(d) pertinentes[9]
y (e) suficientes[10]
para que se configure un cargo apto.[11]
De otra parte,
la Corte Constitucional[12]
ha precisado que cuando se plantean cargos de inconstitucionalidad por
omisiones legislativas, sólo son admisibles los que se refieren a omisiones
legislativas relativas, y no a omisiones legislativas absolutas. Así, ha
señalado que quien alega la inconstitucionalidad de una norma, por existencia
de una omisión legislativa relativa, tiene la carga de demostrar (i) que existe
norma constitucional expresa que contemple el deber de expedir la norma que la
desarrolle; (ii) que el Legislador omitió tal obligación, sin que mediara
motivo razonable a pesar de que reguló parcialmente la misma materia; (iii) que
la conducta omisiva propicia una desigualdad de trato injustificada entre los
casos que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la
norma.
En  este sentido
ha precisado,[13]
que el legislador incurre en una omisión legislativa relativa cuando ha
regulado “de manera insuficiente o incompleta un mandato constitucional; o
cuando de dicha insuficiencia de regulación (omisión de una condición o
un ingrediente que de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial
para armonizar con ella) o incompleta reglamentación, conduce a la violación
del derecho a la igualdad.[14]”
En cuanto al
cargo que por omisión legislativa se formula contra  los artículos 11 ordinal
“d” y  136 numeral 11, encuentra la Corte que el esfuerzo del demandante se
orienta a demostrar que el legislador reguló de manera insuficiente o
incompleta el mandato constitucional de protección de los derechos de las
víctimas, creando una situación de inequidad de este interviniente procesal,
vinculando en su argumentación la omisión a un objeto normativo que consideró
de relevancia en impacto en las facultades probatorias de las víctimas, en
tanto se trata de una norma o principio rector y por ende con poder irradiador
sobre la actuación probatoria de la víctima[15].
El cargo cumple
así con los mínimos presupuestos de claridad, que permiten a la Corte abordar
el estudio de fondo.
En lo que
concierne al segmento inicial del artículo 340 el actor logra confrontar  la
norma cuestionada con el alcance de los derechos de acceso a la verdad, a la
justicia y a la reparación, y en particular con su derecho a un recurso
judicial efectivo por lo que este cargo también reviste condiciones de
claridad, especificidad y certeza que permiten a la Corte asumir un estudio de
fondo.
Con fundamento
en lo anterior, la Corte abordará el estudio de fondo de los cargos que se
formulan en contra de los artículos 11 ordinal “d”, 136 numeral 11 y 340 – primer
segmento – de la Ley 906 de 2004, por encontrar que estructuran verdaderos
cargos de inconstitucionalidad conforme a las reglas jurisprudenciales
establecidas en materia de omisiones relativas del legislador.
2.2.
Inexistencia de cosa juzgada constitucional respecto los ordinales “d”  y “h”
del artículo 11,  y el numeral 4° del artículo 137 de la Ley 906 de 2004
Antes de
ingresar en el estudio de los cargos planteados en la demanda debe la Sala
determinar si se configura cosa juzgada constitucional en relación con la
acusación que se formula contra los ordinales “d”  y “h” del artículo 11 de la
Ley 906 de 2004,  y contra el numeral 4° del artículo 137, habida cuenta que en
la sentencia C-209 de 2007 la Corte declaró “exequible en lo demandado y por
los cargos analizados en esta sentencia, los artículos 11, 137 (…)” entre
otros,  de la Ley 906 de 2004. Debe constatarse en consecuencia, si la cosa
juzgada relativa[16]
establecida en la mencionada sentencia respecto de los artículos 11 y 137, es
oponible a los cargos que se formulan en este proceso contra algunos apartes de
esos dos preceptos.
Veamos, en el
proceso de la referencia los demandantes impugnaron parcialmente  el ordinal
“d” del artículo 11 al estimar que el legislador incurrió  en una omisión
legislativa relativa puesto que los derechos de las víctimas “a ser
oídas y  a que se les facilite el aporte de pruebas (Art. 11. d), que allí
se establecen, son formas incompletas del derecho de acceso pleno a un
mecanismo judicial efectivo para la garantía de los derechos de las víctimas,
en cuanto no incluyen la posibilidad de controvertir la prueba, de determinar
libremente los testimonios que quieren llevar al proceso, y de acceder al
expediente.
También se
cuestiona en este proceso el ordinal “h” del artículo 11 al considerar que
restringe de manera inconstitucional el derecho de intervención de las víctimas
en el proceso penal, al conferirle al funcionario judicial la facultad de
disponer sobre el derecho de las víctimas a la asistencia de un abogado “si
el interés de la justicia lo exigiere”.
Así mismo es
objeto de  impugnación el numeral 4° del artículo 137, en cuanto estiman los
demandantes que el legislador no está facultado para otorgarle al Fiscal  la
potestad de limitar – hasta dos - el número de profesionales que pueden ejercer
esta función, cuando existe pluralidad de víctimas, e incluso de “determinar
lo más conveniente y efectivo” cuando no se llegare a ningún acuerdo. La
representación de las víctimas por parte de un abogado “es un elemento
fundamental para facilitar su participación dentro del proceso penal, toda vez
que, al igual que el acusado, el debido proceso -tanto por ser derecho
fundamental, como por ser un elemento del derecho humano a la justicia- implica
necesariamente la asistencia de un profesional del derecho”.
En la sentencia
C-209 de 2007 la Corte Constitucional concretó así el cargo contra los
artículos 11 y 137: “En cuanto a las facultades de impugnación de decisiones
fundamentales, el demandante considera que los artículos 11 y 137 vulneran este
derecho al no prever expresamente la posibilidad de que la víctima pueda apelar
decisiones trascendentales para la efectividad de sus derechos”[17].
Como se advierte
claramente, los cargos formulados en aquella oportunidad  contra los artículos
11 y 137 de la Ley 906 de 2004  se ubican en ámbitos distintos a los que
formulan en la actualidad contra apartes de esos mismos preceptos. En efecto la
sentencia C- 209 de 2007 se ocupó de una censura referida al derecho de
impugnación de las víctimas en momentos específicos del proceso penal, en tanto
que en la presente oportunidad el ordinal “d” del artículo 11 es cuestionado
por considerar que envuelve una omisión relativa inconstitucional referida a la
posibilidad de controvertir la prueba, de determinar libremente los testimonios
que quieren llevar al proceso, y de acceder al expediente. Así mismo el cargo
actual contra el ord. “h” del artículo 11 y el  numeral 4° del artículo 137 se
fundan en presuntas violaciones de derecho de las víctimas a ser asistidas en
diferentes fases del proceso por apoderado, aspecto que no fue objeto de
censura y pronunciamiento en la C- 209 de 2007.
Descartados así
los fenómenos de ineptitud sustantiva de la demanda y  cosa juzgada
constitucional relativa, procede la Corte a determinar los problemas jurídicos
que la demanda plantea y estructurar un esquema de desarrollo.
3.  Problemas
jurídicos y temas jurídicos a tratar
Los demandantes
acusan varias disposiciones de la ley 906 de 2004 por violación de  los
artículos 15, 21, 29, y 229 de la Constitución, así como los artículos 2° y 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8° y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por que a su juicio algunas de
las  disposiciones y apartes demandados, incurren en una omisión legislativa
relativa que menoscaba inconstitucionalmente los derechos de participación de
las víctimas en el proceso penal y que se proyectan en un desconocimiento a los
derechos constitucionales a la verdad, la justicia y la reparación integral, en
tanto que otras vulneran de manera explícita y activa los mismos textos
constitucionales.
Los cargos
formulados se pueden agrupar así: 1) En materia de facultades probatorias y de
acceso al expediente los demandantes estiman que los  apartes demandados de los
artículos 11 ord. “d”, y 136  numeral 11, son inconstitucionales en cuanto
configuran formas incompletas del derecho de acceso pleno a un mecanismo
judicial efectivo, al no contemplar la posibilidad de controvertir la prueba,
de determinar libremente los testimonios que quieren llevar al proceso, y de
acceder al expediente. 2) En cuanto al derecho de postulación de las víctimas,
los demandantes consideran que los artículos 11 ord. “h” , 137 numeral 4° y 340
- tercer segmento – restringen de manera inconstitucional el derecho
intervención de  las víctimas en el proceso penal, al conferirle al fiscal y al
juez la facultad de limitar el número de representantes, y condicionar esa
representación en determinadas etapas, a que ello redunde en interés de la
justicia, lo que se traduce en que su derecho de postulación quede plenamente
librado al arbitrio del fiscal o del juez. 3) En relación con la determinación
y  el reconocimiento de la calidad de víctima, los demandantes estiman que el
primer segmento del artículo 340 es inconstitucional por vulnerar el derecho de
acceso a un mecanismo judicial efectivo, debido a que consideran que se trata
de un reconocimiento tardío, en una fase avanzada del proceso, que les impide
intervenir en etapas previas determinantes. 4) En lo que concierne a las
facultades de participación real y efectiva de las víctimas en las etapas de
negociación entre Fiscalía e imputado o acusado, a juicio de los demandantes
los artículos 348 y 350 son inconstitucionales por permitir que los acuerdos y
preacuerdos que favorecen al imputado o acusado se lleven a cabo sin que las
víctimas del injusto puedan pronunciarse negativa o positivamente al respecto,
lo que plantea una omisión legislativa relativa de carácter inconstitucional.
La Procuraduría
solicita a la Corte que: (i) en relación con las facultades probatorias y de
acceso al expediente, se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre los
cargos formulados contra  el ordinal “d” del artículo 11, y el numeral 11 del
artículo 136 por ineptitud sustantiva de la demanda, (asunto ya analizado, en
fundamento 2.1.); (ii) respecto del derecho de postulación de las víctimas
solicita declarar inexequibles, en lo demandado, los artículos 137 numeral 4°,
11 ordinal “h”, y 340; (iii) en cuanto a la oportunidad para la determinación y
el reconocimiento de la calidad de víctima estima que el artículo 340 debe ser
declarado exequible; (iv) y sobre la participación de la víctimas en las fases
de negociación entre Fiscalía e imputado o acusado, solicita la exequibilidad
de los apartes demandados de los artículos 348 y 350.
El interviniente
de la Fiscalía por su parte considera que los artículos 11 “d” y 136 numeral 11
entrañan una omisión legislativa relativa en relación con el derecho a aportar
pruebas, a controvertirlas y a interponer recursos por lo que solicita su
exequibilidad condicionada en el entendido que se les reconozca a la víctima
las mismas facultades procesales que a las partes en materia probatoria.
Respecto del derecho de postulación de las víctimas en el proceso penal
solicita la inexequibilidad de los artículos 11 literal “h” y 137 numeral 4°,
en tanto que considera exequible por este aspecto el aparte demandado del
artículo 340. En relación con la determinación y el reconocimiento de la
condición de víctima solicita declararse inhibida frente a los cargos
formulados contra el aparte pertinente del artículo 340, por cuanto están
fundados en una errónea interpretación de los actores (Ver fundamento 2.1). En
cuanto a los derechos de participación de la víctima en los preacuerdos y las
negociaciones entre Fiscalía e imputado o acusado considera que son exequibles
los apartes demandados de los artículos 348 y 350.
El interviniente
del Ministerio del Interior y de Justicia solicita a la Corte declararse
inhibida para emitir un pronunciamiento de mérito por ineptitud sustantiva de
la demanda o en su defecto, declarar la exequibilidad de las disposiciones
acusadas.
Por último, el
interviniente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal considera que todos
los cargos deben prosperar por lo que se debe declarar la inexequibilidad de
los apartes normativos acusados.
De acuerdo a los
cargos planteados en la demanda, y al debate reseñado, corresponde a la Corte
Constitucional establecer:
Si a la luz de
los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación que
se derivan de los artículos 1, 2, 15, 21, 29, 229 de la Constitución; 2° y 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 8° y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos:
(i) Son inconstitucionales, en lo demandado, los artículos 11 ordinal
“d”, y  136 numeral 11 de la Ley 906 de 2004, por no prever la posibilidad de
que la víctima controvierta la prueba,  determine libremente los testimonios
que quiere llevar al proceso, y acceda al expediente?.
(ii)  Son inconstitucionales, en lo
demandado, los artículos 11 ordinal “h” , 137 numeral 4° y 340 - tercer
segmento – que confieren  al fiscal y al juez la facultad de limitar el número
de representantes de las víctimas, y condicionar esa representación en
determinadas etapas, a que ello redunde en interés de la justicia?.
(iii)  Es inconstitucional, en lo demandado, el artículo 340  que
establece que en la audiencia de formulación de cargos se determinará la
calidad de víctima de conformidad con lo previsto en el artículo 132, por
considerar que ello impide a las víctimas participar en la indagación previa  y
en la fase de investigación que antecede a la audiencia de formulación de
acusación?.
(iv) Son inconstitucionales, en lo demandado, los artículos 348 y 350 por
no prever que las víctimas del injusto puedan pronunciarse negativa o
positivamente frente a los preacuerdos y acuerdos que se lleven a cabo entre la
Fiscalía y el imputado o acusado?.
Con el propósito
de resolver los problemas jurídicos así planteados, la Corte  Constitucional,
en primer lugar, recordará la línea jurisprudencial que ha desarrollado sobre
los derechos de las víctimas, y su condición de interviniente especial dentro
del proceso penal de tendencia acusatoria instituido mediante el Acto
Legislativo 03 de 2002 y la Ley 906 de 2004. En segundo lugar, examinará a la
luz de las reglas establecidas en la jurisprudencia constitucional: (i) el
concepto de víctima en el sistema penal; (i) las facultades probatorias y de
contradicción; (iii) los derechos de representación de las víctimas en la
actuación procesal; (iv) los derechos de participación de las víctimas en los
procesos de negociación (preacuerdos y acuerdos) entre Fiscal y el imputado o
acusado.
3.1. Los
derechos de las víctimas del delito, en su condición de interviniente
especialmente protegido .
La jurisprudencia constitucional colombiana ha efectuado un profuso
y consistente desarrollo de los derechos de las víctimas del delito, basándose
para ello en la propia normativa constitucional (Arts. 1º, 2º, 15, 21, 93, 229
y 250)[18]
y en los avances del derecho internacional de los derechos humanos. Desde la
sentencia C-228 de 2002,[19]
la Corte Constitucional estableció el alcance y la naturaleza compleja de los
derechos de las víctimas y perjudicados con el hecho punible, decantando las
siguientes reglas que han sido reiteradas con posterioridad:
(i)
Concepción amplia de los derechos de las
víctimas: Los derechos de las víctimas y
perjudicados por un hecho punible gozan de una concepción amplia, no
restringida exclusivamente a una reparación económica, sino que incluye
garantías como los derechos a la verdad[20],
a la justicia[21]
y a la reparación integral de los daños sufridos[22]. Esta protección está
fundada en los derechos que ellas tienen a ser tratadas con dignidad, a participar
en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial efectiva del
goce real de sus derechos. La tendencia universal a esta protección ampliada
comprende actuaciones relativas al interés en el esclarecimiento de los hechos
en aras de la verdad, como al interés en el derecho a que la víctima sea
escuchada cuando se negocie la condena o se delibere sobre una medida de
libertad condicional.
(ii)
Deberes correlativos de las autoridades
públicas: El reconocimiento de estos derechos
impone unos correlativos deberes a las autoridades públicas quienes deben
orientar sus acciones hacia el restablecimiento integral de sus derechos cuando
han sido vulnerados por un hecho punible.
(iii)
Interdependencia y autonomía de las garantías
que integran los derechos de las víctimas: Las
garantías de verdad, justicia y reparación son interdependientes pero autónomos
por cuanto “Aun cuando tradicionalmente la garantía de estos tres derechos le
interesan a la parte civil, es posible que en ciertos casos, ésta sólo esté
interesada en el establecimiento de la verdad o el logro de la justicia, y deje
de lado la obtención de una indemnización”.
(iv)
La condición de víctima: Para acreditar
la condición de víctima se requiere que haya un daño real, concreto, y
específico cualquiera que sea la naturaleza de éste, que legitime la
participación de la víctima o de los perjudicados en el proceso penal para
buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades
judiciales en cada caso. Demostrada la calidad de víctima, o en general que la
persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la
naturaleza de éste, está legitimado para constituirse en parte civil, y puede
orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la justicia,
y la búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier objetivo patrimonial.
Con posterioridad a ese fallo, la Corte ha ido precisando el alcance
de los derechos de la víctima dentro del proceso penal. Sin pretensiones de
exhaustividad haremos referencia a algunos pronunciamientos  de particular
relevancia para la materia que se examina.
En la sentencia C-580 de 2002, [23]
la Corte estableció que el derecho de las víctimas del delito de desaparición
forzada de personas y la necesidad de garantizar los derechos a la verdad y a
la justicia, permitían que el legislador estableciera la imprescriptibilidad de
la acción penal, siempre que no se hubiere identificado e individualizado a los
presuntos responsables.
En la sentencia C-875 de 2002,[24]
tomando en consideración los derechos de las víctimas, esta Corporación estimó
que no resultaba razonable excluir a la parte civil del amparo de pobreza e
impedir de esta forma su constitución a través de abogado. Dijo entonces la
Corte: (…) las víctimas y los perjudicados por el delito tendrán derecho al
amparo de pobreza dentro de los términos del Código de Procedimiento Civil, sin
que para ello sea necesario que su intervención dentro del proceso sea en
calidad de actores populares.”
Mediante la sentencia C-228 de 2003,[25] la Corte
Constitucional declaró inexequible una disposición del Código de Justicia Penal
Militar (Ley 522 de 1999), que limitaba el derecho de acceso a la
administración de justicia de las víctimas de delitos de conocimiento de la
justicia penal militar, en la medida que restringía sus posibilidades de
ejercicio de su acción reparatoria al proceso contencioso administrativo.
En la sentencia C-004 de 2003[26]
la Corte reconoció la garantía jurídica con que cuentan las víctimas de los
delitos constitutivos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario para controvertir decisiones que sean
adversas a sus derechos. En tal sentido reconoció su derecho a impugnar
decisiones tales como las de preclusión de la investigación, la cesación de
procedimiento y la sentencia absolutoria, estableciendo, en tales eventos, una
limitación al principio del non bis in idem.
En la sentencia C-014 de 2004,[27]
la Corte extendió la protección de los derechos de las víctimas de violaciones
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario a los procesos disciplinarios, en los cuales se investigaban faltas
constitutivas de tales infracciones, respetando la finalidad de este tipo de
procesos.
En el contexto de la denominada  Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de
2005), la Corte  profirió la sentencia C-370 de 2006,[28] en la que se pronunció
sobre los derechos de las víctimas[29]
en procesos inscritos en contextos y modalidades de justicia transicional de
reconciliación.
En la mencionada sentencia la Corte reiteró su jurisprudencia (C-228
de 2002) sobre el alcance del concepto de víctima al señalar que “según el
derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de constitucionalidad,
los familiares de las personas que han sufrido violaciones directas a sus derechos
humanos tienen derecho a presentarse ante las autoridades para que, demostrado
el daño real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades
delictivas, se les permita solicitar la garantía de los derechos que les han
sido vulnerados. Esto no significa que el Estado está obligado a
presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima directa. Tampoco
significa que todos los familiares tengan exactamente los mismos derechos. Lo
que sin embargo si se deriva de las normas y la jurisprudencia citada, es que
la ley no puede impedir el acceso de los familiares de la víctima de
violaciones de derechos humanos, a las autoridades encargadas de investigar,
juzgar, condenar al responsable y reparar la violación”. (El original con
subrayas)
En relación con la Ley 906 de 2004, que desarrolló el sistema penal
con tendencia acusatoria instaurado mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, la
Corte ha proferido varios pronunciamientos en los cuales se protegen los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, atendiendo
los rasgos estructurales y características esenciales de ese procedimiento.[30]
En la sentencia
C-591 de 2005, al revisar varias disposiciones de la Ley 906 de 2004, la Corte
destacó las funciones que la Fiscalía General de la Nación debe cumplir en
relación con las víctimas en el nuevo sistema procesal de tendencia acusatoria,
tales como: “( i ) solicitarle al juez de control de garantías las medidas
necesarias para “la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas”;
( ii ) solicitarle al juez de conocimiento las medidas judiciales
indispensables para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el
restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el
delito; y ( iii ) velar por la protección de las víctimas, los jurados, los
testigos y los demás intervinientes en el proceso penal”.
En la sentencia C-046 de 2006,[31]
en el contexto del nuevo sistema de tendencia acusatoria, la Corte reconoció la
garantía establecida en la sentencia C-004 de 2003,[32] al proteger el derecho
de las víctimas del delito a impugnar la sentencia absolutoria.
En el mismo sentido, en la sentencia C-979 de 2005,[33] la Corte protegió el
derecho de las víctimas a solicitar la revisión extraordinaria de las
sentencias condenatorias en procesos por violaciones a derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, cuando una instancia
internacional haya concluido que dicha condena es aparente o irrisoria.
En la
sentencia C-1154 de 2005,[34]
la Corte protegió los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y la
reparación, al garantizarles la comunicación de la decisión sobre el archivo de
las diligencias. En similar sentido, en la sentencia C-1177 de 2005[35], la Corte dispuso la
comunicación a las víctimas o denunciantes en el evento de inadmisión de denuncias
cuando éstas carecen de fundamento.
En la sentencia C-454 de 2006,[36]
con ocasión de una demanda contra algunas disposiciones de la Ley 906 de 2004
relacionadas con los derechos procesales de las víctimas, la Corte  estimó que
el A.L. 03 de 2002, al sentar las bases constitucionales para la instauración
del sistema penal de tendencia acusatoria, se limitó a modificar algunos
artículos de la parte orgánica de la Constitución (116, 250 y 251), dejando
intacta su parte dogmática. Precisó que de la consagración constitucional de
los derechos de las víctimas se derivan dos fundamentos constitucionales
relevantes: (i) la especial consideración que el texto constitucional
confiere a la protección de las víctimas, y (ii) la ampliación que la
Constitución asigna a la Fiscalía en relación con las víctimas de los delitos,
en materia de asistencia, restablecimiento del derecho y reparación integral.
Destacó así mismo, que la determinación de los derechos de las víctimas, a
partir de la Constitución, se funda en varios principios y preceptos
constitucionales:
“(i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados
por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese
otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6
y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en
particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP);
(iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué
ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado
Social de Derecho que promueve la participación, de donde deviene que la
intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse
exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera
preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual
se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos
para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido
proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias.”
En la sentencia C-209 de 2007[37],
esta Corporación se pronunció sobre diversas facultades procesales de las
víctimas en el proceso penal, tales como las facultades en materia probatoria;
las facultades para solicitar medidas de aseguramiento y de protección; las
facultades en la aplicación del principio de oportunidad; las facultades frente
a la solicitud de preclusión; las facultades en la definición de la teoría del
caso y en la formulación de la acusación en la etapa del juicio; las facultades
de impugnación de decisiones fundamentales. Como marco para la adopción de
determinaciones sobre tales materias estimó que “los derechos de la víctimas
del delito a la verdad, la justicia y la reparación integral también se
encuentran protegidos en el sistema penal con tendencia acusatoria instaurado
por la Ley 906 de 2004, pero dicha protección no implica un traslado automático
de todas las formas y esquemas de intervención en los que la víctima ejerció
sus derechos en el anterior sistema procesal penal regulado por la Ley 600 de
2000, sino que el ejercicio de sus derechos deberá hacerse de manera compatible
con los rasgos estructurales y las características esenciales de este nuevo
sistema procesal, así como con las definiciones que el propio constituyente
adoptó al respecto, v.gr, caracterizar a las víctimas como intervinientes
especiales a lo largo del proceso penal, no supeditadas al fiscal, sino en los
términos que autónomamente fije el legislador (artículo 250, numeral 7 C.P.)”.
A la luz de las premisas anteriores pasa la Corte Constitucional a
examinar los cargos planteados por los demandantes.
3.2.
Las facultades probatorias y de acceso al
expediente de las víctimas de los delitos
Estiman los demandantes que las expresiones “a ser oídas y a que
se facilite el aporte de pruebas” del artículo 11 literal “d”, y  “a ser
escuchadas” del artículo 136 numeral 11, son inconstitucionales en cuanto
configuran formas incompletas del derecho de acceso pleno a un mecanismo
judicial efectivo, al no contemplar la posibilidad de controvertir la prueba,
de determinar libremente los testimonios que quieren llevar al proceso, y de
acceder al expediente.
En primer lugar observa la Corte que la primera de las expresiones
acusadas forma parte del ordinal “d” del artículo 11 del Código de
Procedimiento Penal que contempla como norma rectora el derecho de las
víctimas a acceder a la administración de justicia en los términos establecidos
en la ley procesal, y prevé que en desarrollo de tal prerrogativa las víctimas
tendrán derecho : “d) A ser oídas y a que se les  facilite el aporte de
pruebas;”. La segunda expresión cuestionada forma parte del artículo 136
que contempla el derecho de las víctimas a recibir información de la policía
judicial y la Fiscalía General de la Nación, una vez acredite sumariamente su
calidad de víctima. Entre las prerrogativas que esta norma contempla en favor
de la víctima se encuentra la de “ser escuchada”.
Los actores centran su censura en la
precaria participación que a su juicio los segmentos normativos acusados
reconocen a las víctimas del delito en materia de iniciativa probatoria,
contradicción de la prueba y acceso al expediente, lo que se proyectaría en un sensible
menoscabo a su derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Su percepción
deriva de una visión insular de los preceptos que son objeto de impugnación a
los que atribuyen, sin razón, la misión de regular aspectos medulares del
proceso como las facultades de intervención de las víctimas en materia
probatoria y las posibilidades de acceso a la actuación. Si bien, en el caso
del ordinal “d” del artículo 11, se trata de una norma con poder de irradiación
sobre la regulación de las facultades de acceso efectivo de las víctima al
proceso, de tal disposición no puede inferirse el modelo de intervención que el
estatuto procesal prevé para las víctimas en materia probatoria, como tampoco
puede deducirse de la expresión acusada del artículo 136 num. 11 las facultades
de acceso a la actuación por parte de la víctima.
Al asumir un
estudio sistemático de las normas que concurren a  estructurar un esquema de
intervención de las víctimas en materia probatoria, conforme al modelo diseñado
por la ley 906 de 2004, la Corte  ha considerado que el derecho a probar forma
parte esencial del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación  (C-454 de 2006), y  garantizado su intervención en los diferentes
momentos procesales (C-209 de 2007), atendiendo las especificidades del
sistema. En tal propósito ha dispuesto lo siguiente:
(i)    Condicionó la constitucionalidad del artículo 357, en el entendido
que los representantes de las víctimas en el proceso penal, pueden realizar solicitudes
probatorias en la audiencia preparatoria, en igualdad de condiciones que la
defensa y la fiscalía[38].
(ii)
Condicionó la constitucionalidad del numeral 2°
del artículo 284 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también
puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de
garantías[39].
(iii)
Condicionó la constitucionalidad del artículo
344 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que la víctima también puede
solicitar el descubrimiento de un elemento material probatorio específico o de
evidencia física específica[40].
(iv)
Condicionó la constitucionalidad  del artículo
356 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima también puede hacer
observaciones sobre el descubrimiento de elementos probatorios y de la
totalidad de las pruebas que se harán valer en la audiencia  del juicio oral.[41]
(v)   Condicionó la constitucionalidad del artículo 358 de la Ley 906 de
2004, en el entendido que la víctima también puede solicitar la exhibición de
los elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de
conocerlos  y estudiarlos.[42]
(vi)
Condicionó la constitucionalidad del inciso
primero del artículo 359 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima
también puede solicitar la exclusión, el rechazo, o la inadmisibilidad de los
medios de prueba.[43]
(vii)
Declaró la constitucionalidad de los artículos
378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004  que excluyen a las víctimas de los
actores procesales que pueden controvertir los medios de prueba, los elementos
materiales probatorios y la evidencia física en la etapa del juicio oral, así
como interrogar al testigo y oponerse a las preguntas que se planteen en el
juicio oral.[44]
Sobre este aspecto consideró la Corte que existe una razón objetiva que
justifica la limitación de los derechos probatorios de la víctima  en el juicio
oral, como quiera que su participación directa implicaría una modificación de
los rasgos estructurales del sistema acusatorio, convirtiendo a la víctima en
un segundo acusador o contradictor del acusado en desmedro de la dimensión adversarial
del proceso.
No obstante, estimó también que  “la
víctima, a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos en la etapa del
juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y defender su propio
caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta etapa final del
proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al abogado de
la víctima. Así, por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía observaciones
para facilitar la contradicción de los elementos probatorios, antes y durante
el juicio oral, pero solo el fiscal tendrá voz en la audiencia en aquellos
aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la víctima y su
abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el derecho de
impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”.
Así las cosas,
el cargo formulado por los demandantes contra el ordinal “d” del artículo 11, y
la expresión “a ser escuchadas” del numeral 11 del artículo 136, será
desestimado, en razón a que de tales preceptos, vistos de manera insular, no se
deriva el esquema precario de participación probatoria y acceso limitado de las
víctimas al expediente que los demandantes pretenden estructurar. De otra
parte, en anteriores oportunidades la Corte asumió el estudio integral de las
facultades de las víctimas en materia probatoria en el modelo procesal diseñado
por la Ley 906 de 2004 (C-454 de 2006 y C-209 de 2007)[45].
En consecuencia
la Corte declarará la constitucionalidad, por lo cargos examinados, del ordinal
“d” del artículo 11 y de la expresión “a ser escuchadas” del numeral 11
del artículo 136 de la Ley 906 de 2004.
3.3. La facultad de postulación de las víctimas en
el proceso penal, como expresión del derecho de acceso a la justicia
A juicio de los demandantes, los artículos 11 ordinal “h” (parcial),
137 numeral 4° y 340 - tercer segmento - restringen de manera inconstitucional
el derecho de intervención de las víctimas en el proceso penal, al condicionar
su representación en determinadas etapas (juicio e incidente de reparación) a
que así lo exigiere el interés de la justicia, lo que se traduce en que
su derecho de postulación quede plenamente librado al arbitrio del fiscal o
del  juez en esas etapas (11.h),  y de otra parte al conferirle al fiscal
(137.4) y al juez (340) la facultad de limitar el número de representantes de
las víctimas.
Tanto para el interviniente de la Fiscalía como para el Ministerio
Público condicionar la representación de las víctimas en el proceso  a “si
el interés de la justicia lo exigiere”, resulta inconstitucional puesto que
a juicio del primero se trata de un asunto sometido a reserva legal, que por
ende sólo puede ser definido por el legislador, no por el juez ni por el
fiscal, y de acuerdo con el segundo constituye un obstáculo para el acceso de
la víctima a la administración de justicia.
En cuanto a la limitación  del número de representantes de las
víctimas en la investigación (Art. 137.4) y en la fase del juicio (Art. 340),
estima la Fiscalía que es inconstitucional su limitación en la fase
investigativa, en la cual no existe propiamente una intervención de la víctima,
en tanto que resulta razonable y acorde con la Carta en la fase del juicio por
la tensión que se genera entre el derecho de defensa del acusado y el de acceso
de las víctimas a la justicia, la cual debe resolverse a favor de aquél. Para
el Ministerio Publico resultan inconstitucionales las limitaciones que se
imponen al derecho de las víctimas de estar representadas por un profesional de
su confianza que agencie sus derechos, tanto en la fase de investigación como
en la del juicio oral, en cuanto introducen una severa restricción a su derecho
de acceso a la justicia.
Pues bien, el ordinal “h” del artículo 11 contempla el derecho de
las víctimas “A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación
integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que
podrá ser designado de oficio”. En tanto que el numeral 4° del artículo 137
al regular la “Intervención de las víctimas en la actuación penal” prevé que “En
caso de existir pluralidad de víctimas, el Fiscal durante la investigación,
solicitará que estas designen hasta dos abogados que las representen. De no
llegarse a un acuerdo, el Fiscal determinará lo más conveniente y efectivo.”.
Por su parte el artículo 340, el cual se orienta a regular la audiencia de
formulación de acusación, establece en su tercer segmento que “De existir un
número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de
representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del
juicio oral”.
Observa la Corte que los segmentos normativos acusados concurren a
integrar un esquema de regulación de las facultades de postulación de las
víctimas en el proceso penal del que emergen las siguientes reglas: (i)
Como criterio rector establece que las víctimas tendrán derecho a ser asistidas
durante el juicio y el incidente de reparación integral, “si el interés de
la justicia lo exigiere”, por un abogado que podrá ser designado de oficio;
(ii) Si durante la investigación existiere pluralidad de víctimas el
fiscal les solicitará que designen hasta dos abogados que las representarán en
esta fase, de no lograrse un acuerdo el fiscal dispondrá lo que considere más
conveniente y efectivo; (iii) Si el fenómeno de la pluralidad de
víctimas se presentare durante el juicio oral el juez podrá determinar igual
número de representantes al de defensores para que intervengan en el
transcurso del mismo.
3.3.1. Análisis de los cargos
El artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho de toda
persona para acceder a la administración de justicia, y establece que corresponde
al legislador determinar en qué casos podrá hacerlo sin representación
judicial.
Al interpretar este precepto en armonía con los artículos 26 y 29 de
la Carta la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que como regla
general, resulta obligatorio que las partes actúen mediante abogado dentro de
los procesos judiciales, particularmente en los penales, y que corresponde al
legislador determinar las excepciones a esta regla general.[46]  En el marco de  la
libertad de configuración que el artículo 229  asigna al legislador, éste debe
definir “cuándo la participación en un proceso judicial requiere de la
asistencia de un abogado y cuándo los derechos sustanciales de los
intervinientes en un proceso particular están mejor protegidos si existe tanto
una asistencia técnica como una defensa material.[47]
Sobre el fundamento constitucional del derecho de postulación de
quienes intervienen en un proceso judicial, la Corte ha señalado que el mismo
se deriva de los artículos 29 y 229 de la Carta,  dado que “no resulta
indiferente la relación que el artículo 229 de la Constitución Política realiza
entre la administración de justicia y la intermediación de un profesional del
derecho, porque, cuando se requiere una intervención técnica, la presencia de
quien es versado en leyes no puede tomarse como una interferencia, sino como la
garantía de que el procesado tendrá un juicio justo -artículo 29 C. P.-, debido
a que dicho profesional pondrá sus conocimientos al servicio de la justicia,
con miras a que las razones de su poderdante sean escuchadas y el derecho del
mismo valorado, dentro de los parámetros legales y atendiendo a las reglas
propias de cada proceso[48].”
Adicionalmente, ha señalado que en el ejercicio de la potestad de
configuración el legislador debe respetar, en esta materia, criterios de
razonabilidad y de proporcionalidad, los cuales  dependen, “entre otros
factores, de la complejidad técnica y de la importancia del procedimiento o
actuación de que se trate, de la posibilidad de contar con abogados para que se
surtan tales actuaciones, y por supuesto, del valor constitucional de los
derechos e intereses que el defensor o el apoderado deban representar”.[49]
Sobre este último aspecto ha reconocido que a pesar de las diferencias entre
los intereses que representan el defensor del acusado y el apoderado de la
víctima o perjudicado, en ambos casos la asistencia técnica constituye una
garantía de los derechos de los sujetos que interviene en el proceso penal[50].
De los precedentes establecidos en la jurisprudencia reseñada se
pueden extraer los siguientes parámetros para el análisis de constitucionalidad
de los preceptos demandados: (i) Por regla general el derecho de acceso
a la justicia se debe ejercer a través de abogado, y sólo excepcionalmente, en
los términos previstos por el legislador, puede hacerse de manera directa; (ii)
la regulación de esas situaciones excepcionales debe efectuarse por el
legislador atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iii) la
asistencia letrada o técnica constituye – tanto en el caso del acusado como de
la víctima - una garantía del derecho de acceso a la administración de
justicia.
3.3.1.1. Respecto de la primera censura, referida al artículo 11
ord. “h” encuentra la Corte que la decisión legislativa de condicionar el
derecho de las víctimas del delito a ser asistidas durante el juicio y el
incidente de reparación integral por un abogado, a que “el interés de la
justicia lo exigiere” resulta inconstitucional por las razones que se
exponen a continuación.
En primer lugar, por que la Constitución (art. 229) defirió al
legislador la facultad de regular los casos en que, de manera excepcional, el
derecho de acceso a la justicia podría ejercerse sin representación de abogado.
Al trasladar a la discrecionalidad del juez un asunto que debió regular
mediante criterios claros, ciertos y objetivos, se sustrajo al referido mandato
constitucional. El legislador no cumplió con este cometido cuando introdujo
como único criterio orientador de la decisión del juez “el interés de la
justicia”, concepto ambiguo que lejos de dotar al juez de un parámetro
objetivo que guíe ámbitos razonables de discrecionalidad, crea un espacio
incontrolado de discrecionalidad.
La expresión interés de la justicia ha sido
empleado en algunos estatutos penales[51]
para otorgar facultades discrecionales al funcionario judicial en asuntos que
requieren espacios de maniobrabilidad, y que son de su indiscutible
competencia. En el ámbito de la  justicia penal  internacional ha sido muy
vasta la discusión[52]
acerca de las facultades del Fiscal para decidir cuándo abre una investigación
o decide enjuiciar, tomando en consideración “el interés de la justicia”.
La misma normatividad internacional[53]
prevé  como circunstancias comunes para fundar “el interés de la justicia” en
la negativa de abrir una investigación o en la abstención de adelantar un
enjuiciamiento, la gravedad del crimen, los intereses de las víctimas, la edad
o enfermedad del presunto autor y su participación en el presunto crimen.
Tales criterios, u otros similares, no podrían ser trasladados al
ámbito del ordinal “h” del artículo 11 examinado, en razón a que éste precepto
no regula una facultad que sea de clara e indiscutible competencia del
funcionario judicial y que demande un ámbito de razonable discrecionalidad. Se
trata del derecho de las víctimas del delito de acceder a la justicia en
condiciones idóneas, prerrogativa de la cual no pueden ser despojadas por el
legislador para trasladarla al ámbito de la discrecionalidad del juez. La norma
cuestionada no se limita a regular el derecho de acceso de las víctimas a la
administración de justicia, en los términos del artículo 229 superior,  sino
que pone a entera disposición del juez un derecho del cual sólo podrían
disponer sus titulares: las víctimas del delito.
De otra parte, la expresión demandada, introduce una restricción
desproporcionada al derecho de las víctimas de acceder a la justicia, por cuanto
el condicionamiento que impone la norma para garantizar el derecho de
asistencia técnica de las víctimas  en el juicio y en el incidente de
reparación integral es de tal  ambigüedad que ni siquiera permite identificar,
si existe una finalidad legítima en la restricción, y  cuáles serían los
intereses que se encontrarían en pugna para efectuar una labor de ponderación.
Lo que sí es claro es que la restricción se impone en fases relevantes del
proceso (el juicio y el incidente de reparación) en las que la representación
calificada de las víctimas cobra particular importancia. El juicio incluye
momentos procesales determinantes en términos probatorios y de argumentación,
en los cuales esta Corporación ha garantizado facultades de intervención a las
víctimas, a través de apoderado, como son la audiencia de formulación de
acusación,[54]la
audiencia preparatoria[55]y
el juicio oral.[56]
El incidente de reparación integral, por su parte, es un episodio
procesal de gran contenido técnico en cuanto incorpora la estructuración de una
pretensión de reparación integral; la eventualidad de impugnar la negativa al
reconocimiento de la condición de víctima; el agotamiento de dos oportunidades
de conciliación (Art. 103); así como la posibilidad de practicar pruebas y
argumentar sobre el fundamento de las pretensiones (Art.104). Todas estas
actuaciones requieren el acompañamiento jurídico del apoderado, y deberá ser la
víctima y no el juez, quien decida si designa apoderado que represente sus
intereses.
La irrazonabilidad de la restricción al acceso a la justicia que la
norma incorpora se hace más patente si se tiene en cuenta que el propio
estatuto procesal (art. 137) prevé que a partir de la audiencia preparatoria
(que forma parte del juicio), las víctimas tendrán que ser asistidas por un
profesional del derecho o un estudiante de consultorio jurídico de facultad de
derecho debidamente aprobada, para el ejercicio de sus derechos. De manera que
si el juez en ejercicio del arbitrio que la norma le confiere, decide que no
concurren exigencias vinculadas al interés de la justicia para que las víctimas
tengan asistencia jurídica, en realidad se les estaría obstruyendo el acceso a
la justicia, y  cercenando su derecho a un recurso judicial efectivo, por
cuanto en esta fase tampoco podrían hacerlo directamente.
Por las razones expuestas la Corte declarará la inexequibilidad de
la expresión “si el interés de la justicia lo exigiere” contenida en el
numeral 11 ordinal “h” de la Ley 906 de 2004.
3.3.1.2. La segunda censura que se debe resolver en este aparte
atañe a las fórmulas que el legislador diseñó para regular la representación de
las víctimas cuando concurre el fenómeno de la pluralidad de ellas, en dos
momentos procesales: (i) Durante la investigación, evento en el cual el
fiscal solicitará que éstas designen hasta dos apoderados. De no llegarse a un
acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo (Art. 137 num. 4°)
; y (ii) En el transcurso del juicio oral, en cuyo caso el juez podría
determinar igual número de representantes al de defensores (Art. 340). En
criterio del demandante tales fórmulas instituyen restricciones indebidas al
derecho de las víctimas de acceso a la justicia.
En relación con el primer evento, vale decir, la facultad que la ley
confiere al  fiscal para limitar el número de representantes de las víctimas
durante la investigación,[57]
advierte la Corte que el legislador asigna a este funcionario, en principio, un
papel de mediador para propiciar que las víctimas acuerden una representación
judicial conjunta que no podrían exceder de dos (2) apoderados. Sin embargo la
misma disposición prevé que de no lograrse ese acuerdo el Fiscal “determinará
lo más conveniente y efectivo”.
Observa la Corte que frente a este precepto debe resolver dos
cuestiones: (i) Si el legislador ejerció  en forma adecuada su potestad
de regulación del derecho de postulación de las víctimas para acceder a la
justicia durante la investigación; y (ii) si en ejercicio de su potestad
de configuración de los procedimientos el legislador introdujo una limitación
desproporcionada al derecho de las víctimas a acceder a la justicia y a contar
con un recurso judicial efectivo, al facultar al fiscal para solicitar a las
víctimas que designen hasta dos apoderados, y en caso de que no exista consenso
determinar “ los más conveniente y efectivo”.
En relación  con la primera cuestión planteada, observa la Sala que
en ejercicio de su facultad de configuración podía el legislador establecer
unas reglas específicas que regularan la representación letrada de las víctimas
cuando existiere pluralidad de ellas, así como introducir criterios o
parámetros orientadores para reducir los riesgos de arbitrariedad del fiscal en
el manejo de un asunto con evidente impacto en los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación de las víctimas. Si bien la primera opción que
contempla el precepto es la de dejar librada a la voluntad de las víctimas la
concertación de una representación conjunta, lo cual no ofrece reparo alguno,
inmediatamente les impone un límite de hasta dos apoderados, y en últimas
traslada el asunto al pleno arbitrio del fiscal habilitándolo para determinar “lo
más conveniente y efectivo”, en una clara renuncia del legislador a su
deber de regulación de una materia de su competencia.
De otro lado, resultan pertinentes en este aparte los argumentos
expuestos en el fundamento 3.3.1.1. dado que también el precepto bajo examen
crea un ámbito de discrecionalidad incontrolado,  en esta oportunidad a favor
del Fiscal, en una materia que envuelve una potestad para la víctima, y en
consecuencia sólo podría ser limitada, en términos razonables, por el
legislador.
En cuanto a la segunda cuestión, vale decir, la proporcionalidad de
la medida que prevé el artículo 137 num. 4, encuentra la Corte que la
posibilidad de limitar mediante una regulación legislativa el número de
apoderados de las víctimas que intervienen en determinada fase del proceso
puede cumplir finalidades legítimas tales como racionalizar los canales de
acceso a la justicia; propugnar por una mayor eficacia de la administración de
justicia;  evitar la dilación injustificada de los procedimientos; o impedir la
reacción desproporcionada contra el imputado. Esas finalidades sin embargo,
pueden entrar en tensión con otros intereses también protegidos jurídicamente como
es el derecho de la víctima a la verdad, a la justicia, a la reparación, y en
particular a  un recurso judicial efectivo.
Teniendo en cuenta que la limitación que establece la norma se
impone durante la investigación, etapa que configura un espacio procesal con
enorme valor en términos de búsqueda de la verdad y de obtención de los
soportes fácticos para perseguir justicia y reparación, resulta supremamente
lesivo para los intereses de la víctima privarla, si el fiscal así lo
considera, de una asistencia técnica para el impulso de su causa. En esta etapa
se pueden adoptar decisiones que además de trascendentales para sus intereses
son de claro contenido técnico jurídico como la adopción de medidas cautelares
sobre bienes del imputado (92), la aplicación del principio de oportunidad
(324), la celebración de acuerdos para la terminación anticipada del proceso
(348 y 350), entre otras, en las cuales los intereses de la víctima no
necesariamente coinciden con los del Fiscal, y en las que la inasistencia jurídica
puede configurar una significativa obstrucción a su derecho a un recurso
judicial efectivo. Adicionalmente, una intervención plural de víctimas a través
de sus representantes durante la investigación no tiene la virtualidad de
introducir un ingrediente perturbador o de desequilibrio al modelo diseñado por
la Ley 906 de 2004, por cuanto como lo ha señalado la Corte[58] el componente
adversarial del sistema se presenta de manera clara en la fase del juicio oral.
Por el contrario, una intervención calificada y plural de las
víctimas durante la investigación puede contribuir a fortalecer la actividad de
la Fiscalía orientada a asegurar los elementos materiales probatorios, y a dotarla
de mejores elementos de juicio para definir si formula imputación y luego
acusación, sin que ello signifique propiciar una reacción desproporcionada
contra la persona investigada, puesto que la audiencia de imputación se
practica ante el juez de control de garantías y la de acusación (con la que se
inicia el juicio) ante el de conocimiento, actuaciones éstas gobernadas por
específicas reglas de intervención de los actores procesales, definidas por el
legislador y aplicadas por el juez.
Así las cosas, la limitación que impone el numeral 4° del artículo
137 al derecho de postulación de las víctimas para intervenir durante la
investigación resulta desproporcionada, pues no hace aportes significativos a
los fines que pretende proteger, en tanto que sí priva a las víctimas de
valiosas posibilidades de acceso eficaz a la administración de justicia.
Por las razones expuestas la Corte declarará la inexequibilidad del
numeral 4° del artículo 137 de la Ley 906 de 2004.
3.3.1.3. Corresponde ahora examinar el cargo formulado contra el
artículo 340 (tercer segmento), que regula la representación judicial de las
víctimas en el juicio oral, cuando existiere un número plural de ellas. La
norma prevé que en tales eventos el juez podrá determinar igual número de representantes
al de defensores.
A diferencia del precepto anteriormente analizado, en esta norma el
legislador sí provee al juez de  un criterio o parámetro objetivo que le sirve
de guía en  la administración del ámbito de discrecionalidad que le asigna para
el manejo la representación legal de las víctimas durante el juicio oral,
cuando existiere un número plural. Ese parámetro orientador está determinado
por el número de defensores que intervienen en el transcurso del juicio oral.
Es decir, que si bien es potestativo del juez de conocimiento autorizar un
número plural de representantes de las víctimas en el juicio oral, ese número
no puede ser superior al de defensores[59].
Para los demandantes esta regla impone una restricción inconstitucional al
derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo.
Tratándose de una medida adoptada por el legislador en ejercicio de
su facultad de configuración de los procedimientos, que en efecto introduce una
limitación al ejercicio del derecho de postulación de las víctimas durante el
juicio oral, corresponde a la Corte establecer si tal regulación restringe de
manera desproporcionada el derecho de las víctimas a acceder a un recurso
judicial efectivo, o si por el contrario resulta razonable y proporcionada.
Observa la Corte que la potestad que se confiere al juez de limitar
el número de apoderados de las víctimas a un umbral que no podrá exceder al de
defensores, promueve finalidades que son legítimas como la de asegurar la
eficacia del procedimiento, y establecer un equilibrio entre la acusación y la
defensa compatible con el componente adversarial del sistema acusatorio que se
proyecta en el juicio oral.
Advierte la Corte sin embargo, que en los eventos en que concurran
pluralidad de víctimas al juicio, el juez debe propiciar que la representación
conjunta a que alude la norma se establezca de manera consensuada entre ellas,
a fin de asegurar que el ejercicio libre de su potestad de postulación se vea
preservado aún en esa eventualidad[60],
y de garantizar que en la selección de los representantes comunes se vean
reflejados los distintos intereses de las víctimas.
El derecho de intervención de las víctimas no se ve drásticamente
afectado puesto que, como se advierte,  pueden canalizar su derecho de
intervención en el juicio no solamente a través de una vocería conjunta, sino
mediante la intervención del propio Fiscal, tal como lo ha señalado la Corte en
anteriores oportunidades, refiriéndose al aspecto probatorio y de
argumentación. Sobre lo primero ha señalado: “El conducto para culminar en
esta etapa del proceso el ejercicio de sus derechos es el fiscal quien debe oír
al abogado de la víctima. Así por ejemplo éste podrá aportar a la Fiscalía
observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios,
antes y durante el juicio oral, pero sólo el Fiscal tendrá voz en la audiencia
en aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la
víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el
derecho de impugnarla de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de 2004”[61]
En cuanto a la intervención de la víctima en el juicio oral,  a
través del Fiscal, para efectos argumentativos señaló: “[D]ado que en las
etapas previas del proceso la víctima ha tenido la oportunidad de participar
como interviniente especial para contribuir en la construcción del expediente
por parte del fiscal, en la etapa del juicio oral la víctima, a través de su
abogado, podrá ejercer sus derechos sin convertirse en una parte que pueda
presentar y defender su propia teoría al margen del fiscal, y en esa medida el
ejercicio de sus derechos se materializará a través del Fiscal, quien debe oír
el abogado de la víctima. Dada la importancia que tiene para la víctima la
posibilidad de que el Fiscal la oiga, el juez deberá velar para que dicha
comunicación sea efectiva, y cuando así lo solicite el Fiscal del caso,
decretará  un receso para facilitar dicha comunicación[62]”.
Así las cosas, encuentra la Corte que la medida que se analiza no
grava de manera desproporcionada el interés de la víctima de intervenir de
manera efectiva en el juicio oral; por el contrario, ella resulta compatible
con los rasgos del sistema adversarial que se proyectan de manera preponderante
en esta etapa del proceso en donde la intervención de la víctima se canaliza
(para efectos de la contradicción de la prueba y de la presentación de la
teoría del caso) a través del fiscal.  La ley prevé la posibilidad de que el
representante de la víctima presente directamente los alegatos finales (Art.
443), momento en el que operará el umbral de intervención numérica a que se
refiere el precepto examinado. Esta  medida resulta razonable, en cuanto
promueve un desarrollo equilibrado y eficiente del juicio, sin que a la vez
genere una intolerable restricción de los derechos de las víctimas que se
encuentran garantizados, mediante sus aportes previos  para la construcción del
caso, la intervención del fiscal, y la vocería concertada de las víctimas en el
juicio oral.
La Corte declarará en consecuencia la constitucionalidad de la
expresión “De existir un número plural de víctimas, el juez podrá determinar
igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el
transcurso del juicio oral” del artículo 340 de la Ley 906 de 2004.
3.4.
El alcance del concepto de víctima del
delito y la determinación de
esa calidad en el proceso penal.
Los demandantes estiman que el primer segmento del artículo 340 que
establece que “En esta audiencia  - de formulación de imputación - se
determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132”, es inconstitucional
por vulnerar el derecho de acceso a un mecanismo judicial efectivo. A su juicio
se trata de un reconocimiento tardío de la condición de víctima, en una fase
avanzada del proceso, circunstancia que le impide intervenir en etapas previas
determinantes.
Para abordar el estudio del cargo considera necesario la Corte
efectuar integración normativa[63]
del segmento acusado con el contenido del artículo 132 (inciso primero)[64] que permite su cabal
entendimiento. En esta ocasión se estructura la primera de las hipótesis en
que, según la jurisprudencia de esta Corporación, procede la integración de la
unidad normativa, dado que el segmento normativo demandado, visto de manera
aislada, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de forma que, para
entenderlo y aplicarlo, resulta absolutamente imprescindible integrar su
contenido normativo con el artículo 132 que complementa su alcance.
Así mismo se hace necesaria la integración normativa con el artículo
92 (incisos primero y segundo)[65],
e inciso 2° del artículo 102[66]
que reproducen expresiones que llevan implícito el alcance del concepto de
víctima que adopta el estatuto procesal penal en el artículo 132. En este
evento la integración normativa se hace con fundamento en la segunda hipótesis
autorizada por la jurisprudencia.[67]
El pronunciamiento se efectuará entonces, en relación con el
segmento demandado del artículo 340, el inciso primero del 132,  los incisos
primero y segundo del artículo 92, y el inciso segundo del artículo 102,
referidos todos al alcance del concepto de víctima.
Integrado así el objeto normativo sobre el cual recaerá el
pronunciamiento de la Corte, se plantean dos cuestiones de relevancia
constitucional que deben ser resueltas: (i) Una, conceptual, relativa a
si la determinación de la condición de víctima en los términos previstos en el
artículo 132 - al que remite el precepto impugnado - es acorde con la Constitución;
(ii)  y otra, de oportunidad, consistente en establecer si el hecho de
que la determinación de esa condición se efectúe en la audiencia de formulación
de imputación es consecuente con su derecho a un recurso judicial efectivo.
3.4.1. El alcance del concepto de víctima conforme a la Constitución
El artículo 340 demandado establece que la calidad de víctima debe
ser determinada por el juez de conformidad con el artículos 132, precepto que
prevé que son víctimas, para los efectos previstos en el estatuto procesal
penal, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derecho, que,
individual o colectivamente, hubiesen sufrido un daño directo como
consecuencia del delito. El artículo 92 al indicar los sujetos habilitados para
solicitar ante el juez de control de garantías medidas cautelares sobre bienes
del imputado o acusado, incluye como única categoría a la víctima directa, quien
(inciso segundo) acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del
daño recibido y la cuantía de su pretensión. En tanto que el inciso 2° del
artículo 102 establece que cuando la pretensión sea exclusivamente económica
sólo podrá formularla la víctima directa, sus herederos, sucesores o
causahabientes.
Corresponde en consecuencia establecer si el alcance que los
mencionados preceptos asignan al concepto de víctima respeta los estándares que
la jurisprudencia constitucional ha establecido con base en los principios
constitucionales que informan los derechos de las víctimas y los aportes
derivados del derecho internacional que han sido adoptados por esa
jurisprudencia.
Al respecto conviene destacar que si bien la Constitución Política
no contempla una definición de víctima, en su artículo 250 numeral 6º establece
como una de las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación la de
solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para
la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.  (Se
destaca).
En el derecho internacional la tendencia es a considerar víctima a
toda persona que hubiese sufrido un daño a consecuencia del delito. Así, el
conjunto de principios y directrices básicas de la ONU sobre el derecho de las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves de derecho internacional humanitario a
interponer recursos y obtener reparaciones[68],
establece que “A los efectos del presente documento, se entenderá por
víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente,
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica
o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho
interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediatas o a
las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido
daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para
impedir la victimización”.
Siguiendo esa tendencia del derecho internacional[69] la jurisprudencia de
esta Corporación se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el alcance
del concepto de víctima, precisando que son titulares de los derechos a la
justicia, la verdad y la reparación las víctimas y perjudicados con el delito
que hubiesen sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera que sea la
naturaleza de éste. Este criterio se ha sostenido  tanto en el contexto de los
procesos penales de la justicia ordinaria en el ámbito nacional, como en el contexto
de la justicia transicional, y de la justicia internacional[70].
En relación con los procesos que se adelantan conforme al estatuto
procesal ordinario (Ley 600 de 2000), la Corte precisó que están legitimados
para perseguir la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación tanto la víctima directa, como los perjudicados con el hecho
punible:
“(…) La víctima es la persona respecto de la cual se materializa la
conducta típica mientras que la categoría “perjudicado” tiene un alcance mayor
en la medida en que comprende a todos los que han sufrido un daño, así no sea
patrimonial, como consecuencia directa de la comisión del delito. Obviamente,
la víctima sufre también un daño, en ese sentido, es igualmente un perjudicado”[71].
Fundamentó la legitimación para intervenir en los procesos penales
en procura de la garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación en la existencia de un daño real, concreto y específico, no
necesariamente de contenido patrimonial, el cual puede ser padecido tanto por
la víctima directa, como por los perjudicados con el delito, al respecto
indicó:
“Se requiere que
haya un daño real, no necesariamente de contenido patrimonial, concreto
y específico, que legitime la participación de la víctima o de los perjudicados
en el proceso penal para buscar la verdad y la justicia, el cual ha de ser
apreciado por las autoridades judiciales en cada caso. (…) Demostrada la calidad
de víctima, o en general que la persona ha sufrido un daño real, concreto y
específico, cualquiera sea la naturaleza de éste, está legitimado para
constituirse en parte civil, y puede orientar su pretensión a obtener
exclusivamente la realización de la justicia, y la búsqueda de la verdad,
dejando de lado cualquier objetivo patrimonial. Es más: aun cuando esté
indemnizado el daño patrimonial, cuando este existe, si tiene interés en la
verdad y la justicia, puede continuar dentro de la actuación en calidad de
parte. Lo anterior significa que el único presupuesto procesal indispensable
para intervenir en el proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le
pueda exigir una demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial”[72].
Este precedente establecido antes de la entrada en vigencia del
sistema procesal penal configurado por el A.L. No. 03 de 2002 y la Ley 906 de
2004, conserva plena aplicabilidad frente a la determinación de la legitimidad
y el  alcance de los derechos de las víctimas en este modelo procesal, en
virtud de que se funda en una concepción amplia deducida de los valores,
principios y derechos que irradian igualmente el nuevo ordenamiento procesal
como son los derechos de las víctimas del delito a ser tratadas con dignidad, a
participar en las decisiones que las afecten y a obtener la tutela judicial
efectiva del goce real de sus derechos. Una concepción amplia de la titularidad
para pedir garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación en el proceso penal es reforzada así mismo por el numeral 6º del
artículo 250 de la Carta, modificado por el A.L. No. 03 de 2002, que  además de
las medidas de protección y asistencia para las víctimas dispone el
restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el
delito.
En el contexto de la justicia transicional esta Corporación,
apoyándose en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[73] señaló
que son víctimas o perjudicados, entre otros, las víctimas directas y sus
familiares, sin distinguir, al menos para reconocer su condición de víctimas
del delito, el grado de relación o parentesco. Indicó que  (…) “el
intérprete autorizado de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuyo
artículos 8 y 25 hacen parte del bloque de constitucionalidad, ha señalado que
los parientes, sin distinción, que puedan demostrar el daño, tienen derecho a
un recurso efectivo para exigir la satisfacción de sus derechos a la verdad, a
la justicia y a la reparación”[74].
Expresó la Corre en esa oportunidad que:
“[V]iola el derecho a la igualdad y los derechos de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a un recurso judicial efectivo
las disposiciones de la Ley demandada que excluyen a los familiares que no
tienen primer grado de consanguinidad con la víctima directa, de la posibilidad
de que, a través de la demostración del daño real, concreto y específico
sufrido con ocasión de las actividades delictivas de que trata la ley
demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos de la
mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de las
víctimas directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales
exclusiones son constitucionalmente inadmisibles, lo cual no dista para que el
legislador alivie la carga probatoria de ciertos familiares de víctimas
directas estableciendo presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del
artículo 5 de la ley acusada”[75].
Concluyó la Corte señalando que: “Las víctimas que demuestren
haber sufrido un daño real, concreto y específico, así como sus familiares que
cumplan los requisitos probatorios correspondientes, pueden hacer valer sus
derechos.”
De tal manera que en el ámbito nacional, tanto en contexto de justicia
regida por la ley penal ordinaria como en justicia transicional, la
jurisprudencia de esta Corporación ha fundado la legitimidad para intervenir en
condición de víctima, perjudicado o “afectado con el delito”, en la
acreditación de un daño real, concreto y específico.
En relación con el ámbito internacional, en la Sentencia C-578 de
2002[76],
al estudiar la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002 por medio de la cual se
aprobó el estatuto de la Corte Penal Internacional, al referirse a los
criterios de ponderación de los valores de justicia y paz, dijo la Corte:
“No obstante lo anterior, y con el fin de hacer compatible la paz
con la efectividad de los derechos humanos y el respeto al derecho
internacional humanitario, el derecho internacional ha considerado que los
instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la reconciliación
deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta criminal,
la posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre lo
ocurrido y obtener una protección judicial efectiva.[77] Por ello, el Estatuto
de Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide conceder
amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí las que son
producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la justicia.” (Se
destaca).
De los referentes normativos y los precedentes jurisprudenciales
reseñados se extraen varios elementos que guiarán el análisis de
constitucionalidad de los preceptos que regulan el alcance del concepto de
víctima: (i) Conforme al texto constitucional, en desarrollo del
principio de dignidad, del derecho de participación y del derecho a un recurso
judicial efectivo, tienen acceso a la asistencia, al restablecimiento del
derecho y a la reparación integral tanto las víctimas como los afectados con el
delito (Art. 250.2 C.P.); (ii) la tendencia en el derecho internacional
es la de definir la condición de víctima a partir del daño sufrido como
consecuencia del crimen; (iii) esta Corporación tiene una jurisprudencia
consolidada, que se constituye en precedente, conforme a la cual son titulares
de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación las víctima y los
perjudicados que acrediten un daño real, concreto y específico como
consecuencia de la conducta criminal.
3.4.2. El daño “directo” como fuente de responsabilidad y
correlativos derechos para la víctima
Teniendo en cuenta el marco conceptual así establecido la Sala
determinará si el hecho de que el artículo 132 fundamente la calidad de víctima
en el “daño directo” que cualquier sujeto de derechos hubiese padecido como
consecuencia del injusto, restringe el alcance que la jurisprudencia de esta
Corte le ha asignado a los derechos de las víctimas, y que como se anotó
incluye como titulares de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación
a las víctimas y perjudicados que hubieren sufrido un daño real, concreto y
específico como consecuencia del delito.
Encuentra la Corte que si bien la norma examinada fundamenta la
determinación de la calidad de víctima, en el padecimiento de un daño que surge
como consecuencia de la conducta punible (injusto), lo cual resulta acertado,
la calificación que el precepto introduce al daño – daño “directo” – como único
generador de responsabilidad, restringe el alcance del concepto de víctima o
perjudicado que ha acuñado la jurisprudencia constitucional. En el marco de la
teoría de la responsabilidad por daño se ha considerado que para que el daño o
el perjuicio[78]
sea indemnizable debe tener ciertas condiciones de existencia. Esto es, que no
basta que se produzca un menoscabo patrimonial o moral en cabeza de alguien
para que este pueda ser exigible judicialmente en calidad de víctima,
perjudicado o afectado. El daño reparable del que deriva la calidad de víctima
o perjudicado debe reunir determinadas condiciones: debe ser cierto y
la persona que reclama debe ser la misma que resultó perjudicada, aunque no
tuviere la titularidad jurídica sobre el bien lesionado[79].
En cuanto al carácter “directo” del perjuicio, se ha considerado que
tal cualidad no constituye un elemento o condición de existencia del daño, sino
que plantea un problema de imputación, en cuanto pone de manifiesto el nexo de
causalidad que debe existir entre el daño y el comportamiento de una persona.
De tal manera que cuando el legislador en el artículo 132 asigna al daño el
calificativo de “directo” para el sólo efecto de determinar la calidad de
víctima, está condicionando tal calidad a la concurrencia de un elemento de
imputación que corresponde a un análisis posterior que debe efectuar el juez,
al determinar tanto la responsabilidad penal como la civil del imputado o
acusado. Este calificativo indudablemente restringe de manera inconstitucional
la posibilidad de intervención de las víctimas en el proceso penal y su derecho
a un recurso judicial efectivo. La determinación de la calidad de víctima debe
partir de las condiciones de existencia del daño, y no de las condiciones de
imputación del mismo.
Por las señaladas razones la Corte declarará la inexequibilidad de
la expresión “directo” del artículo 132 referida al daño.
3.4.3. El concepto de   víctima “directa” como límite de atribución
de derechos
En cuanto al artículo 92 que contempla entre las personas
legitimadas para solicitar medidas cautelares sobre bienes del imputado o del
acusado, al fiscal y a la víctima “directa”, observa la Corte que si bien se
trata de un ámbito que regula mecanismos de garantía del derecho a la
reparación de las víctimas, reducir tal prerrogativa a las víctimas “directas”
cercena de manera injustificada las posibilidades de acceso de otros sujetos de
derechos que  por haber sufrido un menoscabo material o moral con la conducta
punible tendrían derecho a una reparación integral.
En materia penal la idea de víctima “directa” se suele identificar
con el sujeto pasivo de la conducta delictiva, o con la persona titular del
bien jurídico que la norma tutela; es claro que un hecho delictivo trasciende
esa esfera de afectación ocasionando perjuicios individuales o colectivos
ciertos, reales y concretos a otros sujetos de derechos. En la teoría del daño
civil se usa la categoría de “víctima directa” o “damnificado directo” para
hacer referencia a la calidad en la cual se comparece a solicitar el
resarcimiento de un perjuicio. Si se trata de la persona directamente afectada
por el hecho generador del daño se considera “víctima o damnificado directo”,
en tanto que son víctimas o damnificados “indirectos” los herederos o los
comuneros. (Art. 2342 del Código Civil).[80]
La regulación del artículo 92 excluye así a
los perjudicados con el delito del derecho a obtener la garantía de reparación.
Esta regulación es contraria a la concepción amplia de los derechos de las
víctimas  que ha adoptado la jurisprudencia de esta Corporación, que incluye
como titulares de todas las prerrogativas que se derivan de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación a la víctimas o perjudicados que
hubiese padecido un daño real, cierto y concreto. Es contraria a la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que considera
como perjudicados a la víctima directa y su familia[81]. Y es restrictiva
frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del  Consejo de
Estado que desarrollan la tesis del carácter personal del perjuicio conforme a
la cual para demandar reparación no se exige ningún otro requisito distinto al
de que el demandante haya sufrido un perjuicio[82].
Esta regla se funda en el  artículo 2341  del Código Civil que no limita la
acción de responsabilidad únicamente a los parientes de la víctima (y mucho
menos a la víctima directa), sino que da, al contrario, derecho de
indemnización a “todo aquel a quien el delito o la culpa haya inferido daño[83]”
El hecho de que la concepción que contempla el artículo 92 examinado
sea restrictiva frente a la más amplia que aplican las jurisdicciones civil y
contencioso administrativa en materia de legitimidad para reclamar garantía en
el pago de los perjuicios ocasionados por el delito, coloca en abierta
desventaja a la persona que acude a la jurisdicción penal en procura de hacer
efectivo su derecho a la reparación. Adicionalmente, la limitación que el
artículo 92 introduce a los derechos de las víctimas o perjudicados con el
delito de obtener garantía de reparación, es contraria al artículo 250 numeral
6° de la Constitución que prevé que el restablecimiento del derecho y la
garantía de reparación integral se reconoce a los “afectados con el delito”,
expresión que incluye a víctimas directas y perjudicados que hubiesen sufrido
un daño cierto como consecuencia del delito.
Por las razones expuestas la Corte declarará la inexequibilidad de
la expresión “directa” referida a la víctima contendida en los incisos primero
y segundo del artículo 92 de la Ley 906 de 2004.
Por las mismas razones que sustentan este último pronunciamiento se
declarará la inexequibilidad del inciso 2° del artículo 102, que limita el
derecho a solicitar reparación pecuniaria en el incidente de reparación
integral a la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes. A
pesar de que se trata de una expresión que amplía el ámbito de aplicación
previsto en el artículo 92 a los herederos, sucesores o causahabientes es también
restrictiva frente al estándar constitucional establecido en el numeral 6° del
artículo 250 en materia de restablecimiento y reparación integral que consagra
este derecho a favor de “los afectados con el delito”. Esta concepción es
acorde con el precedente que se ha citado reiteradamente en esta decisión[84] conforme al cual los
derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral se predican de las
víctimas y perjudicados con el delito que demostraren un daño cierto, real y
concreto originado en la conducta punible. Es la demostración del daño cierto
padecido como consecuencia del delito, y no la condición de damnificado o el
parentesco, lo que determina la calidad de víctima o perjudicado y por ende la
titularidad de los mencionados derechos.
Concretando el pronunciamiento sobre este aspecto del cargo, es
decir, el alcance del concepto de víctima, la Corte declarará inexequibles las
siguientes  expresiones: la expresión “directo” referida al daño del artículo
132, la expresión “directa” referida a la víctima de los incisos primero y
segundo del artículo 92, y el inciso segundo del artículo 102 de la Ley 906 de
2004.
3.4.4. Oportunidad procesal para la determinación de la calidad de
víctima
Procede ahora la Corte a examinar el cargo que se formula contra el
artículo 340, relativo a la oportunidad procesal establecida para la
determinación de la calidad de víctima, y el reconocimiento de su
representación legal.
La censura de los demandantes radica en que la determinación de la
calidad de víctima y el reconocimiento de su representación legal en la
audiencia de formulación de acusación,[85]
limita el derecho de las víctimas a acceder a un recurso judicial efectivo, al
privarlas de intervenir en fases anteriores de gran trascendencia para la
defensa de sus derechos.
Al respecto advierte la Corte que tal como lo señalaron la
Procuraduría General de la Nación y el interviniente de la Fiscalía, las
consecuencias que los demandantes adscriben al precepto demandado derivan de la
interpretación y el alcance que atribuyen al mismo. En efecto, una mirada
sistemática de la normatividad y los pronunciamientos de esta Corporación sobre
los derechos de intervención de las víctimas permite afirmar que si bien, en
efecto, es en la audiencia de formulación de acusación en donde se formaliza la
intervención de la víctima mediante la determinación de su condición y el
reconocimiento de su representación legal, su participación, directa o mediante
apoderado, se encuentra garantizada aún desde la fase de investigación.
Así, el artículo 137 del estatuto procesal establece que las
víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación, tienen la potestad de intervenir en todas las fases de la
actuación. Para el ejercicio de esos derechos no es obligatorio que las
víctimas cuenten con representación legal, condición  que se hace imperativa a
partir de la audiencia preparatoria. Teniendo en cuenta que pese a esta
declaración de principio, las normas que desarrollan la intervención de la
víctima en el proceso no garantizaban de manera clara su efectiva participación
en distintas fases de la actuación, la Corte Constitucional al ejercer control
de constitucionalidad de estas disposiciones ha condicionado su exequibilidad a
la garantía de intervención  de las víctimas, en fases previas a la formulación
de acusación y también posteriores a ella. Así ocurrió en la sentencia C- 209
de 2007, en la que mediante un fallo condicionado garantizó la efectiva
intervención de la víctima en la práctica de pruebas anticipadas ante el juez
de control de garantías (Art. 284.2); en la audiencia de formulación de
imputación (Art. 289); en el trámite de una petición de preclusión por parte
del fiscal (Art. 333); en los momentos en que se produce el descubrimiento, la solicitud
de exhibición, exclusión, rechazo o inadmisibilidad de elementos materiales
probatorios (Arts. 344,  356, 358 y 359); en las oportunidades para solicitar
medidas de aseguramiento (Arts. 306, 316 y 342); en la audiencia de formulación
de acusación (Art. 339);  y  en la audiencia preparatoria formulando
solicitudes probatorias (art. 357, Cfr. sentencia C. 454 de 2006).
Lo anterior desvirtúa plenamente el planteamiento del demandante en
el sentido que el reconocimiento de la condición de víctima en la audiencia de
formulación de acusación la priva del ejercicio de su derecho a un recurso
judicial efectivo, en fases anteriores. Resulta compatible con el modelo de
procesamiento que adopta la Ley 906 de 2004,  que la formalización de la
intervención de la víctima se produzca en la audiencia de formulación de
acusación, momento procesal en que así mismo se define la  condición de acusado
y se traba de manera formal el contradictorio entre acusación y defensa. El
hecho de que sea en ese estadio de la actuación en el que se determina la
calidad de víctima a fin de legitimar su intervención en el juicio y se
reconozca su representación legal, si la tuviere, de ninguna manera significa
su exclusión de etapas anteriores en las que bien puede intervenir acreditando
sumariamente su condición de tal, como lo prevé el artículo 136, y lo ha
reafirmado y precisado la jurisprudencia de esta Corte.
En consecuencia, el cargo  formulado contra el artículo 340, primer
segmento, no prospera, por lo que la Corte declarará, en lo demandado y por los
cargos analizados, la exequibilidad de la expresión “En esta audiencia se
determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este
Código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya”.
3.5.
Las facultades de intervención de las
víctimas del delito en los preacuerdos y las negociaciones.
Estiman los demandantes, que las expresiones “la Fiscalía y el
imputado o acusado” del artículo 48; “la Fiscalía y el imputado” del
inciso primero del artículo 350, y “el fiscal y el imputado” del inciso
segundo del artículo 350 son inconstitucionales por desconocer el deber que
tiene el Estado de garantizar la participación real y efectiva de  la
víctima en el proceso penal, pues permiten que la Fiscalía y el acusado o
imputado realicen preacuerdos y acuerdos que favorecen a estos últimos, sin
que  las víctimas del injusto puedan pronunciarse negativa o positivamente al
respecto. Lo anterior en criterio de los demandantes configura una omisión
relativa del legislador de naturaleza inconstitucional.
Respecto de las expresiones acusadas observa la Corte que éstas no
pueden ser analizadas aisladamente, sino que se hace necesario situarlas en el
contexto de toda la disposición en la que se insertan, para comprender a
cabalidad su sentido normativo. Así mismo advierte la Corte la imposibilidad de
analizar el cargo formulado relativo a la exclusión de la víctima de los
preacuerdos y las negociaciones, sin extender el análisis a los artículos 351 y
352  que desarrollan las reglas de intervención de actores procesales
establecidas en los artículos 348 y 350 demandados.
Por ello, el juicio recaerá sobre  todo el contenido normativo de
los artículos 348, 350, 351 y 352,  por el cargo formulado. En esta oportunidad
la integración normativa se fundamenta en la causal primera (respecto de los
artículos 348 y 350) y en la causal tercera (respecto de los artículos 351 y
352) conforme a las reglas de integración establecidas por la jurisprudencia[86].
3.5.1. La configuración de los preacuerdos y los acuerdos en la ley
906 de 2004
Los artículos 348, 350, 351 y 352 objeto de examen hacen parte del
título II del Libro III del Código de Procedimiento Penal denominado “Preacuerdos
y Negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado”, y se orientan a
establecer la naturaleza, las finalidades, el objeto, la oportunidad, los
niveles de intervención de los actores procesales, las consecuencias
procesales  y los controles respecto de esta institución.
En cuanto a la naturaleza, los preacuerdos y las
negociaciones representan una vía judicial encaminada a la simplificación de
los procesos mediante la supresión  parcial o total del debate probatorio y
argumentativo como producto del consenso entre las partes del proceso.
Los procesos abreviados basados en los preacuerdos y las
negociaciones entre las partes involucradas, no son expresión de una renuncia
al poder punitivo del Estado[87],
están guiados por el propósito de resolver de manera más expedita el conflicto
penal mediante la aceptación, por parte del imputado o acusado de hechos que
tengan  relevancia frente a la ley penal y su renuncia libre, voluntaria e
informada, al juicio oral y público, a cambio de un tratamiento jurídico y
punitivo menos severo por parte del órgano jurisdiccional. No  incorporan el
ejercicio de un  poder dispositivo sobre la acción penal[88], sino la búsqueda, a
través del consenso, de alternativas que permitan anticipar o abreviar el
ejercicio de la acción penal.
La denominada justicia consensuada, fundada en los preacuerdos y las
negociaciones debe estar asistida por unas finalidades como son la de (i)
humanizar la actuación procesal y la pena; (ii) la eficacia del
sistema reflejada en la obtención  pronta y cumplida justicia; (iii) propugnar
por la solución de los conflictos sociales que genera el delito; (iv) propiciar
la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto; (v)
promover la participación del imputado en la definición de su caso
(Art. 348).
En cuanto a la oportunidad, los preacuerdos podrán realizarse
desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado
el escrito de acusación.(350). Así mismo, una vez presentada la acusación y
hasta el momento en que sea interrogado el acusado en el juicio oral para que
fije una oposición sobre su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán
realizar preacuerdos (352).[89]
El objeto sobre el cual recae el preacuerdo son los hechos
imputados y sus consecuencias, y persigue que el imputado o acusado se
declare culpable del delito que se le atribuye, o de uno relacionado de pena
menor, a cambio de que el fiscal elimine de su acusación alguna causal de
agravación punitiva, o algún cargo específico, o tipifique la conducta, dentro
de su alegación conclusiva de una forma específica con miras a disminuir la
pena[90]
(Art. 350). De manera que los aspectos sobre los cuales versa el acuerdo son: (i)
Los hechos imputados, o alguno relacionado; (ii) la adecuación
típica incluyendo las causales de agravación y atenuación punitiva;  (iii) las
consecuencias del delito (art. 351, inciso 2°) las cuales son de orden penal y
civil.
El control sobre los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía
y el acusado  o imputado es judicial, debe ser ejercido por  el juez de
conocimiento, quien verificará si el mismo desconoce o quebranta garantías
fundamentales. Sólo recibirán aprobación y serán  vinculantes para el juez de
conocimiento cuando superen este juicio sobre la satisfacción de las garantías
fundamentales de todos los involucrados en la actuación (Arts. 350 inciso 1° y
351 inciso 4° y 5°).
El ámbito y naturaleza del control que ejerce el juez de
conocimiento está determinado por los principios que rigen su actuación dentro
del proceso penal como son el respeto por los derechos fundamentales de quienes
intervienen en la actuación y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio
de la justicia (Art.10); el imperativo de hacer efectiva la igualdad de los
intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger,
especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (Art. 4°); así
como el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia (Art.
5°). De particular relevancia para determinar el alcance de este control es el
inciso 4° del artículo 10, sobre los principios que rigen la actuación
procesal: “El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que
lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya
controversia sustantiva, sin que implique renuncia a los derechos
constitucionales”.
El acuerdo o la negociación comporta el reconocimiento de
responsabilidad por parte del imputado o acusado; la existencia de un
fundamento fáctico y probatorio sobre el cual se produce el acuerdo; la
renuncia libre, conciente, voluntaria y debidamente informada del imputado o
acusado al juicio público, oral, concentrado y contradictorio; los descuentos
punitivos derivados del acuerdo. Una vez aprobado el acuerdo se convocará a
audiencia para dictar la sentencia correspondiente, mediante la cual se produce
la terminación anticipada al proceso.
3.5.2. La intervención de las víctimas en los acuerdos y
negociaciones
Al configurar el marco conceptual de esta sentencia (Fundamento No.
3.1) se dejó establecido que las víctimas de los delitos son titulares del
derecho a un recurso judicial efectivo que les garantice sus derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación integral. Esa intervención debe ser
compatible con los rasgos esenciales del sistema de tendencia acusatoria
introducido en la Constitución por el A.L. No. 03 de 2002.  Pasa la Corte a
examinar si el legislador respetó estos parámetros, o si como lo señalan los
demandantes incurrió en una omisión legislativa inconstitucional que vulnera
los derechos de las víctimas como intervenientes especialmente protegidos en el
proceso penal.
Pues bien, artículo 11 que tiene el carácter de principio rector del
ordenamiento procesal penal establece que el Estado garantizará el derecho de
las víctimas a la administración de justicia, en los términos allí
predeterminados. En tanto que el literal f) del mismo precepto destaca el derecho
de las víctimas “A que se consideren sus intereses al adoptar una de
decisión discrecional sobre ejercicio de la persecución del injusto”. Si
bien como se anotó en aparte anterior los mecanismos de negociación no están
fundados en la aplicación de un principio dispositivo sobre la acción penal,
sino en el consenso y en la disposición sobre algunos aspectos de la
imputación,  de sus consecuencias,  y de las etapas del procedimiento, su
aplicación conlleva a decisiones con enorme impacto sobre los derechos de las
víctimas.
Si se observa cuidadosamente el texto de los artículos 348, 350, 351
y 352, todos ellos hacen referencia a la intervención de la Fiscalía y el
imputado o acusado en la celebración de los preacuerdos y negociaciones. Las
únicas referencias expresas a los derechos de las víctimas se encuentran en el
artículo 348 que establece como una de las finalidades de los preacuerdos la de
“propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el
injusto”, y en el artículo 351(inciso 6°) que prevé que “las
reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos
entre fiscal e imputado o acusado pueden aceptarse por la víctima. En caso de
rehusarlos, ésta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes”.
Es evidente que las
normas que regulan los preacuerdos y las negociaciones, no contemplan un
mecanismo de participación de las víctimas en estas instancias procesales, ni
siquiera un papel pasivo o una intervención mediada por el fiscal.[91] Corresponde entonces
establecer si tal omisión del legislador, como lo señalan los demandantes es
inconstitucional[92]
.
En las
sentencias C-454 de 2006 y C-209 de 2007, con el fin de examinar la
constitucionalidad de algunas omisiones legislativas relativas con impacto
sobre los derechos de las víctimas, la Corte adoptó una metodología consistente
en resolver cuatro preguntas: (i) ¿Se excluye de su presupuesto fáctico a un
sujeto que por encontrarse en una situación asimilable a los que la norma
contempla, debería subsumirse dentro de ese presupuesto?; (ii) ¿Existe una
razón objetiva y suficiente que justifique esa exclusión?; (iii) ¿Se genera una
desigualdad injustificada entre los diferentes actores del proceso? y (iv) ¿Esa
omisión entraña el incumplimiento por parte del legislador de un deber
constitucional, en este caso del deber de configurar una verdadera intervención
de la víctima en el proceso penal?
Para el análisis del cargo bajo examen, orientado a establecer si el
legislador incurrió en una omisión legislativa relativa de naturaleza
inconstitucional en la regulación de los preacuerdos y negociaciones (Arts.
348, 350, 351, 352), con poder de afectación del derecho de las víctimas a un
recurso judicial  efectivo para obtener garantía de los derechos a la verdad,
la justicia y la reparación integral, la Corte aplicará el mencionado
precedente. Al respecto se considera:
(i) Las normas mencionadas, en efecto,  excluyen  a la víctima de
los actores procesales que pueden intervenir en los preacuerdos y negociaciones[93] . No se contempla un
deber del Fiscal de consultar previamente a la víctima sobre la proposición de
un preacuerdo; tampoco un deber de comunicación a la víctima de la existencia
del preacuerdo una vez se logre; ni se le faculta para intervenir en la
negociación; no se prevé un mecanismo de intervención oral o escrita de la
víctima ante el juez competente al momento en que el acuerdo es sometido a su
aprobación; al condicionar la aprobación del acuerdo por parte del juez de
conocimiento a la preservación de las garantías fundamentales, no se hace
explícita la extensión de ese control a la satisfacción de los derechos de las
víctimas.
(ii) No se observa una razón objetiva y suficiente que justifique la
exclusión de la víctima de la facultad de intervención en los preacuerdos y las
negociaciones, como quiera que se trata de actuaciones que se desarrollan en
una fase previa al juicio oral,  justamente con el propósito de evitar esa
etapa mediante una sentencia anticipada que debe ser, en lo posible,
satisfactoria para todos los actores involucrados en el conflicto. La garantía
de intervención de la víctima en la fase de negociación no tiene entonces la
potencialidad de alterar los rasgos estructurales del sistema adversarial, ni
modifica la calidad de la víctima como interviniente especialmente protegido.
Con la intervención de la víctima en esta fase no se auspicia  una acusación
privada paralela a la del fiscal, dado que el acuerdo se basa en el consenso,
el cual  debe ser construido tomando en cuenta el punto de vista de la víctima.
Si bien es cierto que la Constitución radicó en la Fiscalía la
titularidad de la acción penal, y que la ley le asigna un cierto nivel de
discrecionalidad, propiciar la fijación de una posición por parte de la víctima
frente a los preacuerdos   y las negociaciones no afecta la autonomía del
Fiscal para investigar y acusar, ni lo desplaza en el ejercicio de las facultades
que le son propias. Por el contrario, la intervención de la víctima provee a la
justicia de información valiosa para determinar si la pena propuesta es
aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de
justicia. La inclusión del punto de vista de la víctima resulta también valiosa
para rectificar información aportada por la defensa y por la fiscalía que puede
conducir a  evitar una sentencia injusta que no se  adecue a la verdad de los
hechos y su gravedad.
(iii) Esta omisión genera una desigualdad injustificada entre los
distintos actores del proceso penal, que deja en manifiesta desprotección los
derechos de las víctimas.
(iv) La omisión implica a su vez un incumplimiento por parte del
legislador del deber de configurar una intervención efectiva de la víctima en
el proceso penal que le impide asegurar el derecho a la verdad, a la justicia y
a la reparación integral. Reitera la Corte que el propio código reconoce el
derecho de las víctimas “a ser oídas”,  y a “que se consideren sus
intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la
persecución del injusto” (Art. 11 d) y f) la Ley 906 de 2004).
De lo anterior surge que, tal como fue diseñado por el legislador,
la víctima no tiene ninguna posibilidad de fijar su posición sobre los términos
del acuerdo celebrado entre el fiscal y el imputado o acusado, mediante el cual
se puede prescindir de hechos que pueden ser relevantes para la víctima en
términos de verdad y de justicia, y también puede afectar las consecuencias del
delito (Art. 351 inciso 2°) con clara repercusión sobre el derecho a la
reparación integral de la víctima.
Teniendo en cuenta  que no existe necesaria coincidencia de
intereses entre la fiscalía y la víctima, en la etapa de la negociación de un
acuerdo, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación
integral pueden resultar desprotegidos en esta fase crucial y definitoria del
proceso. La intervención de la víctima en esta etapa resulta de particular
trascendencia para controlar el ejercicio de una facultad que envuelve un
amplio poder discrecional para el fiscal, sin que con ello se afecte su
autonomía ni el ejercicio de las funciones que le son propias. Resulta
manifiesto que la omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de los
derechos de la víctima y significa un incumplimiento de los deberes
constitucionales que tiene el legislador en la protección de los derechos de la
víctima, y por ello se torna inconstitucional.
La exclusión patente de las víctimas de los procesos de negociación,
no responde a las finalidades que la misma ley le atribuye a la institución
(Art. 348). No conduce a la humanización de la actuación procesal
prescindir del punto de vista del agraviado o perjudicado en la construcción de
un consenso que puede llevar a la terminación del proceso, escenario en el que
se deben hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación. La eficacia del sistema no es un asunto que involucre
únicamente los derechos del acusado y los intereses del Estado; no se puede
predicar la eficacia del sistema cuando se priva a la víctima de acceder
a un mecanismo que pone fin al único recurso judicial efectivo para hacer valer
sus derechos a la verdad y a la justicia. Es imposible activar de manera
adecuada la solución del conflicto social que genera el delito, y propiciar
una reparación integral  de la víctima, si se ignora su punto de vista en
la celebración de un preacuerdo o negociación. Finalmente la titularidad del
derecho de participación en las decisiones que los afectan reposa tanto en
el imputado o acusado como en la víctima o perjudicado.
Si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos
celebrado entre la Fiscalía y el imputado, debe ser oída (Art. 11.d) por
el Fiscal y por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Ello con el
propósito de lograr una mejor aproximación a los hechos, a sus circunstancias y
a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el acuerdo, en cuanto sea
posible, el interés manifestado por la víctima. Celebrado el acuerdo  la
víctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda estructurar una
intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a
su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez
velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto
del imputado o acusado como de la víctima. (Art. 351, inciso 4°).
Así mismo, preservada la intervención de la víctima en los términos
de esta sentencia, aún retiene la potestad de aceptar las reparaciones
efectivas que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o
acusado, o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales (Art.351. inciso 6°);
así mismo conserva la potestad de impugnar la sentencia proferida de manera
anticipada (Arts. 20 y 176),  y  promover, en su oportunidad, el incidente de
reparación integral (Art. 102).
Por las razones expuestas, la Corte declarará la exequibilidad
condicionada, por los cargos analizados, de los artículos 348, 350, 351 y 352
en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de
acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual
deberá ser oída e informada de su celebración por el fiscal, y oída por el juez
encargado de aprobar el acuerdo, quien para su aprobación velará por que el
mismo no desconozca o quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de
las víctimas.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declararse EXEQUIBLE, por los
cargos analizados en esta sentencia, el ordinal d) del artículo 11, y la
expresión “a ser escuchada” del artículo 136 del numeral 11 de la Ley
906 de 2004.
Segundo: Declarar EXEQUIBLE, por los
cargos analizados en esta sentencia, el artículo 340 de la Ley 906 de 2004.
Tercero: Declarar la  EXEQUIBILIDAD
CONDICIONADA, por los cargos analizados en esta sentencia, de los artículos
348, 350, 351 y 352 de la Ley 906 de 2004, en el entendido  que la víctima
también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y preacuerdo entre la
Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de
su celebración por el fiscal y el juez encargado de aprobar el acuerdo.
Cuarto: Declarar INEXEQUIBLES las
siguientes expresiones y segmentos normativos de la Ley 906 de 2004: “si el
interés de la justicia lo exigiere” del artículo 11 literal h);  “directa”
de los incisos primero y segundo  del artículo 92; “directo” del
artículo 132; el inciso segundo del artículo 102; y el numeral 4° del artículo
137.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase, e insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Presidente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
CON SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
NILSON
PINILLA PINILLA
Magistrado
CON ACLARACION DE VOTO
MARCO
GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO A LA
SENTENCIA C-516 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL PROCESO PENAL CON TENDENCIA
ACUSATORIA-Alcance (Salvamento parcial de voto)
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE FISCALIA E IMPUTADO O ACUSADO-Intervención de la víctima (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expediente D-6554
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 –ordinales
d) y h) (parcial); 136 –numeral 11 (parcial), 137 –numeral 4-; 340; 348
–parcial-, y 350 –parcial- de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Penal”
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Con el respeto
acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito
manifestar mi discrepancia frente a la decisión adoptada en la presente
sentencia, por cuanto considero que las normas demandadas son
inconstitucionales en su integridad, ya que privan a la víctima del delito de
un verdadero y real acceso al proceso penal y por lo tanto, de una garantía
efectiva de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
En este sentido,
me permito reiterar mi posición respecto de la participación de las víctimas en
el proceso penal,  que considero no debe limitarse a la etapa sumarial sino que
debe extenderse también al juicio, que por lo demás, es una fase crucial en el
establecimiento de la responsabilidad penal.
Por la anterior
razón, estimo que la Corte debe reflexionar acerca de la tesis según la cual,
las víctimas tienen mayores derechos en la fase preparatoria del proceso penal
que en la etapa del juicio, pues no se entiende el argumento que sólo en esa
fase se afecte todo el proceso.
Para el suscrito
Magistrado, aceptar la restricción en la participación de la víctima implicaría
también retroceder en materia de reparación integral de las víctimas. A mi
juicio, en punto a la clasificación de las víctimas la sentencia se encuentra
bien orientada, sin que haya que hacer subclasificaciones de las mismas, cuya
intervención en el proceso penal  la admite o no el juez. Es de señalar que la
ley trató de restringir de manera inconstitucional la posibilidad de reparación.
De otra parte,
en mi concepto, se debe asegurar una intervención efectiva de la víctima en la
celebración de preacuerdos y acuerdos entre el procesado y la Fiscalía, y
considero que esto ha debido quedar señalado de manera expresa en el fallo,
como ha ocurrido.
En mi opinión,
el tema fundamental no es si la víctima tiene que ser escuchada sino si se
puede llegar a un preacuerdo sin la participación de la víctima o si la
Fiscalía y el Juez pueden llegar a un acuerdo sin la voluntad de la víctima.
Por tanto, el tema de fondo no es si se escucha o no a la víctima sino si se
puede llegar al acuerdo sin la voluntad de la víctima. A mi juicio, tal como
está la norma la víctima no puede impedir el acuerdo y de lo que se trata es de
que no pueda haber acuerdo sin la voluntad de la víctima.
Finalmente, debo
manifestar mi conformidad respecto de las propuestas de inexequibilidad en la
parte resolutiva del fallo.
Por las razones
expuestas, disiento parcialmente de la presente decisión.
Fecha ut
supra.
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
[1]
En la sentencia C-925 de 2005, frente a una demanda contra algunas
disposiciones de la Ley 906 de 2004, fundada en que el texto sancionado de los
preceptos acusados era distinto al correspondiente al texto  aprobado por el
Congreso, la Corte Constitucional decidió: “Declarar exequible, por el
cargo analizado la Ley 906 de 2004, en el entendido de que su texto único es el
aprobado por el Congreso de la República,  sancionado por el Presidente de la
República y publicado en el diario oficial No. 45.657 del 31 de agosto de 2004.
[2]
Este numeral fue declarado exequible en forma condicionada mediante sentencia
C-1260 de 2005, “en el entendido de que el fiscal , en ejercicio de esta
facultad, no puede crear tipos penales y de que en todo caso, a los hechos
invocados en su alegación no les puede dar sino la calificación jurídica que
corresponde conforme a la ley preexistente”.
[3]
Artículo 2º C.A.D.H.:“Si el
ejercicio de los derechos
y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar. con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer
efectivos tales derechos
y libertades”.
[4] Artículo 2.2. PIDCP: "Cada Estado Parte se compromete
a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto las
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones
legislativas o de otro carácter”.
[5] Corte Constitucional sentencia de constitucionalidad C-370
de 2006 Numeral 6.2.3.2.2.7
[6] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José
Cepeda Espinosa. “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para
establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el
carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general],
releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica
sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto
Fundamental”[6],
no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que
permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones
en las que se basa.
[7] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad
sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica
real y existente[7] “y no simplemente [sobre una]
deducida por el actor, o implícita”[7]
e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto
concreto de la demanda[7]. Así, el
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación
del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable
a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control
difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones
inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender
deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden.”
[8] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. De otra
parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la
disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la
formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma
demandada”[8].
El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que
se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[8]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se
desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.[8]
[9] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. “La
pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la
demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado
por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en
la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta
al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos
que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma
demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua,
innecesaria, o reiterativa”[9] a partir de una valoración
parcial de sus efectos.”
[10] Sentencia C-1052 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
“Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de
inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se
tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su
vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que
supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación
de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo
pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento
apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la
presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una
duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera
que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional".
[11] Ver por ejemplo la sentencia C-1052 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda
Espinosa), en la cual, la Corte, al declararse inhibida de pronunciarse acerca
de la inconstitucionalidad de algunas normas demandadas, realizó una síntesis
de los criterios que ha sentado esta Corporación en la materia.
[12] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-041 de
2002 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-215 de 1999 MP(E): Martha Victoria
Sáchica Méndez; C-146 de 1998 MP. Vladimiro Naranjo Mesa; C-543 de 1996 MP.
Carlos Gaviria Díaz; C-155 de 2004 MP. Álvaro Tafur Galvis; C-509 de 2004 MP.
Eduardo Montealegre Lynett.
[13] Sentencia C-509 de 2004 MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[14] Sentencia C-1549 de 2000. MP. (E) Martha
Victoria Sáchica Méndez.
[15] En la sentencia C- 454 de 2006, la Corte declaró la
ineptitud sustantiva de una demanda por omisión legislativa relativa, la cual
se dirigía contra  todo el contenido del artículo 11 y todo el contenido del
artículo 136 de la Ley 906 de 2004 sin vincular la omisión a un contenido
normativo específico. La formulación del cargo se consideró, en esa
oportunidad, “genérica  y global, por lo que no responde a los  principios de especificidad
y concreción que determinan la aptitud de un cargo” (C-454 de 2006).
[16]
La jurisprudencia de la Corte ha establecido diferencias conceptuales y
prácticas entre lo que se entiende por cosa juzgada absoluta y por cosa
juzgada relativa. Existe cosa juzgada absoluta “cuando el
pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control
abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se
entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a
todo el texto Constitucional.” ( Sentencias C-310 de 2002, C-366 de
2006, C-850 de 2005, C-710 de 2005, A-163 de 2005, C-914 de 2004 C-1004 de
2003,  C-567 de 2003, C-063 de 2003, C-415 de 2002  C-045 de 2002, entre
otras). Por otro lado, existe cosa juzgada relativa cuando el juez
constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando
abierta la posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de
inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a
los que la Corte ya ha analizado.” ( Auto de Sala Plena, A-174 de 2001). En
relación a esta última categoría, también se ha dicho que ésta puede
presentarse de manera explícita, en aquellos eventos en los cuales los
efectos de la decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita
cuando tal hecho ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o
considerativa de la providencia, sin que se haga mención alguna en la parte
resolutiva. ( Auto de Sala Plena, A-174 de 2001).
[17]
Pags. 33 y 34 de la sentencia C- 209 de 2007.
[18] En
la sentencia C-228 de 2002, Fundamento 4.1, bajo el título “Los derechos de la
parte civil a la luz de la Constitución”, la Corte analizó  de manera
particularizada cada una de las disposiciones constitucionales enunciadas para
deducir de cada una de ellas alguna prerrogativa de las víctimas en el proceso
penal. En particular sobre los artículos 15 y 21 como eventuales fuentes
constitucionales de derechos de las  víctimas de los delitos señaló: “Finalmente,
los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación económica reconocidos
a las víctimas o perjudicados por un hecho punible, pueden tener como
fundamento constitucional otros derechos, en especial el derecho al buen nombre
y a la honra de las personas (arts 1º, 15 y 21, CP), puesto que el proceso
penal puede ser la única ocasión para que las víctimas y los perjudicados
puedan controvertir versiones sobre los hechos que pueden ser manifiestamente
lesivas de estos derechos constitucionales, como cuando durante el proceso
penal se hacen afirmaciones que puedan afectar la honra o el buen nombre de la
víctimas o perjudicados”. Ese mismo soporte constitucional fue reiterado en
la sentencia C-209 de 2007, Fundamento 3, al  señalar: “De conformidad con lo
anterior, corresponde a la Corte Constitucional resolver los siguientes
problemas jurídicos: Si a la luz de los derechos de las víctimas a la verdad,
la justicia y la reparación derivados de los artículos 1, 2, 15, 21, 93, 229, y
250 de la Carta (…)”.
[19] MMPP. Manuel José Cepeda Espinosa y
Eduardo Montealegre Lynett, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo
Rentería. En esta sentencia la Corte Constitucional precisó el alcance
constitucional de los derechos de las víctimas en el proceso penal y resolvió
lo siguiente: Primero.- Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos
estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el
entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a
la justicia en los términos de la presente sentencia. Así mismo, declarar
EXEQUIBLES, en relación con los cargos estudiados, los incisos segundo y
tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma
prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida
en el inciso segundo, que se declara inexequible. Segundo.- Declarar EXEQUIBLE
el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en
el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan
constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación
con los cargos estudiados, salvo la expresión “a partir de la resolución de
apertura de instrucción” que se declara INEXEQUIBLE.
[20]
El derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo
que sucedió y en buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad
real. Este derecho ha sido relevante para la resolución de entre otros, los
casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166), Sentencia del 29 de julio de 1988 y
Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de 14 de Marzo de 2001 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte resalta como contrarios a la
Convención Americana aquellos instrumentos legales desarrollados por los
Estados partes que le nieguen a  las víctimas su derecho a la verdad y a la
justicia.
[21] El
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad.
[22]
El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a
través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha
resarcido a la víctima de un delito. Los sistemas jurídicos reconocen diversos
mecanismos para la reparación del daño, en algunos puede ser solicitado dentro
del mismo proceso penal (rasgo  característico de los sistemas romano
germánicos), o bien a través de la jurisdicción civil (esquema propio de los
sistemas del tradición anglosajona. (C-228 de 2002, citando a Pradel, Jean,
“Droit  Pénal Comparé. Ed. Dalloz, 1995. pags. 532 y ss.).
[23] Sentencia C-580 de 2002, MP. Rodrigo
Escobar Gil, con Salvamento Parcial de Voto de los Magistrados Jaime Araujo
Rentería y Clara Inés Vargas Hernández. Dijo entonces la Corte: “Esta
ampliación de la potestad configurativa del legislador se traduce
específicamente en la facultad para extender el término de prescripción. En
primer lugar, por el interés en erradicar la impunidad, para lo cual es
necesario que la sociedad y los afectados conozcan la verdad, que se atribuyan
las responsabilidades individuales e institucionales correspondientes, y en
general que se garantice el derecho de las víctimas a la justicia. En segundo
lugar, por el derecho de las víctimas a recibir una reparación por los daños.
En tercer lugar, debido a la dificultad que suponen la recopilación de las
pruebas necesarias y el juzgamiento efectivo de quienes habitualmente incurren en
tales conductas.
[24] Sentencia C-875 de 2002, MP. Rodrigo
Escobar Gil, CON ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO Jaime Araujo Rentería, en donde
la Corte resolvió: PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión “El actor popular
gozará del beneficio de amparo de pobreza de que trata el Código de
Procedimiento Civil”, contenida en el artículo 45 de la Ley 600 de 2000,
condicionada a que se entienda que la parte civil que no pretende intervenir
como actor popular, no está excluida del amparo de pobreza. SEGUNDO.- Declarar
EXEQUIBLE la expresión “Quien pretenda constituirse en parte civil dentro del
proceso penal, si no fuere abogado titulado otorgará poder para el efecto.”,
contenida en el artículo 48 de la Ley 600 de 2000. TERCERO.- ESTARSE A LO
RESUELTO en la Sentencia C-069/96, en relación con el artículo 149 del Decreto
2700 de 1991, que declaró exequible la expresión, “el perjudicado o sus sucesores,
a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación
penal”, y en consecuencia declarar EXEQUIBLE la expresión, “el perjudicado o
sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro
de la actuación penal”, contenida en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000.
[25] Sentencia C-228 de 2003, MP. Alfredo
Beltrán Sierra, con salvamento parcial de voto de los magistrados Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Alfredo Beltrán Sierra, con salvamento de
voto del magistrado Rodrigo Escobar Gil. La Corte  se pronunció sobre la
constitucionalidad de varias disposiciones del Código Penal Militar, y en lo
que tiene que ver con los derechos de las víctimas, sobre la constitucionalidad
del artículo 220 de la Ley 522 de 1999, la Corte resolvió: “Décimo.- Declarar
inexequible la expresión “el resarcimiento de los perjuicios a que hubiere
lugar se obtendrá a través de la acción indemnizatoria que se ejercerá ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo” contenida en el artículo 220 de
la Ley 522 de 1999.”  Dijo la Corte: “Se vulnera el derecho a acceder a
la administración de justicia de las víctimas y perjudicados con el delito
cuya competencia está asignada a la justicia penal militar, por cuanto de una
parte, no pueden acceder a dicha jurisdicción con la finalidad de obtener la
reparación directa de los daños causados y de otra, el derecho a obtener una
decisión judicial que solucione su conflicto en forma integral, al no tener el
derecho a obtener una declaración judicial sobre los perjuicios ocasionados.
(…) “El acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.) no es sólo para
hacerse parte dentro del proceso, sino también para que se le reconozcan sus
derechos y dentro de estos, el derecho a ser indemnizado por los daños que se
le han causado, a más del derecho a que se haga justicia y a conocer la verdad
de lo sucedido.
[26] Sentencia C-004 de 2003, MP. Eduardo
Montealegre Lynett, en donde la Corte resolvió lo siguiente: “Declarar
EXEQUIBLE el numeral 3° del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 o Código de
Procedimiento Penal, en el entendido de que, de conformidad con los fundamentos
31, 36 y 37 de esta sentencia, la acción de revisión por esta causal también
procede en los casos de preclusión de la investigación, cesación de
procedimiento y sentencia absolutoria, siempre y cuando se trate de violaciones
de derechos humanos o infracciones graves al derecho internacional humanitario,
y un pronunciamiento judicial interno, o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, haya constatado la existencia del hecho nuevo o
de la prueba no conocida al tiempo de los debates. Igualmente, y conforme a lo
señalado en los fundamentos 34, 35 y 37 de esta sentencia, procede la acción de
revisión contra la preclusión de la investigación, la cesación de procedimiento
y la sentencia absolutoria, en procesos por violaciones de derechos humanos o
infracciones graves al derecho internacional humanitario, incluso si no existe
un hecho nuevo o una prueba no conocida al tiempo de los debates, siempre y
cuando una decisión judicial interna o una decisión de una instancia
internacional de supervisión y control de derechos humanos, aceptada
formalmente por nuestro país, constaten un incumplimiento protuberante de las
obligaciones del Estado colombiano de investigar en forma seria e imparcial las
mencionadas violaciones.”
[27] Sentencia C-014 de 2004, MP. Jaime Córdoba
Triviño, con aclaración de voto del magistrado Jaime Araujo Rentería, en donde
la Corte examinó la constitucionalidad de varias expresiones contenidas en los
artículos 123 y 125 de la Ley 734 de 2002, cuestionados por restringir los
derechos de las víctimas de violaciones del derecho internacional de los
derechos humanos y del derecho internacional humanitario en los procesos
disciplinarios. La Corte resolvió lo siguiente: QUINTO. Declarar EXEQUIBLE el
artículo 89 de la Ley 734 de 2002 en el entendido que las víctimas o
perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a
ellos conferidos por la ley. Dijo la Corte (…) “cuando un sujeto disciplinable ha
infringido los deberes funcionales que le incumben como servidor público o como
particular que desempeña funciones públicas y cuando esa infracción constituye
también una violación del derecho internacional de los derechos humanos o del
derecho internacional humanitario, a las víctimas o perjudicados les asiste
legitimidad para exigir del Estado el esclarecimiento de los hechos, la
imputación de una infracción a los deberes funcionales del sujeto
disciplinable, la formulación de un juicio de responsabilidad de esa índole, la
declaración de tal responsabilidad y la imposición de las sanciones previstas
en el ordenamiento jurídico. Es decir, en tales eventos, las víctimas tienen un
derecho a la verdad y a la justicia disciplinarias pues la afirmación de su dignidad,
el reconocimiento y realización de sus derechos y, por esa vía, la promoción de
la convivencia pacífica y la consecución de un orden justo, no se circunscriben
únicamente al ejercicio del poder punitivo del Estado sino que se extiende a
todas las esferas de la vida pública y privada y, desde luego, también al
ejercicio de la potestad estatal disciplinaria.
[28] Sentencia C-370 de 2006, MMPP: Manuel José
Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo
Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, con salvamento
de voto del magistrado Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Humberto
Antonio Sierra Porto, en donde la Corte se pronunció sobre la exequibilidad de
varias disposiciones de la ley de justicia y paz, que restringían sus derechos.
[29] En
la sentencia C-370 de 2006 entre otras consideraciones la Corte señaló:
(…)“4.5.3. Al derecho de las víctimas a la protección judicial de los derechos
humanos, mediante el ejercicio de un “recurso sencillo y eficaz”, en los
términos de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, corresponde el correlativo deber estatal de juzgar y sancionar las
violaciones de tales derechos. Este deber puede ser llamado obligación de
procesamiento y sanción judicial de los responsables de atentados en contra de
los derechos humanos internacionalmente protegidos. (…) “4.5.6. La impunidad ha
sido definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como “la falta en
su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de
los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la
Convención Americana”. Los estados están en la obligación de prevenir la
impunidad, toda vez que propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos
humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. En tal
virtud están obligados a investigar de oficio los graves atropellos en contra
de los derechos humanos, sin dilación y en forma seria, imparcial y efectiva.
“4.5.7. La obligación estatal de iniciar ex officio las investigaciones en caso
de graves atropellos en contra de los derechos humanos indica que la búsqueda
efectiva de la verdad corresponde al Estado, y no depende de la iniciativa
procesal de la víctima o de sus familiares, o de su aportación de elementos
probatorios. (…) “4.5.9. Las obligaciones de reparación conllevan: (i) en
primer lugar, si ello es posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), “la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a
la violación”; (ii) de no ser posible lo anterior, pueden implicar otra serie
de medidas que además de garantizar el respecto a los derechos conculcados,
tomadas en conjunto reparen la consecuencias de la infracción; entre ellas cabe
la indemnización compensatoria. “4.5.10. El derecho a la verdad implica que en
cabeza de las víctimas existe un derecho a conocer lo sucedido, a saber quiénes
fueron los agentes del daño, a que los hechos se investiguen seriamente y se
sancionen por el Estado, y a que se prevenga la impunidad. “4.5.11. El derecho
a la verdad implica para los familiares de la víctima la posibilidad de conocer
lo sucedido a ésta, y, en caso de atentados contra el derecho a la vida, en
derecho a saber dónde se encuentran sus restos; en estos supuestos, este
conocimiento constituye un medio de reparación y, por tanto, una expectativa
que el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad
como un todo. “4.5.12. La sociedad también tiene un derecho a conocer la
verdad, que implica la divulgación pública de los resultados de las
investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos”.
[30] Ver Sentencia C-591 de 2005, MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[31] Sentencia C-046 de 2006, MP. Rodrigo
Escobar Gil, en donde la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de la
expresión “absolutoria”, contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el
numeral 1º del artículo 177 de la Ley 906 de 2004, cuestionada porque
supuestamente violaba la garantía del non bis ibídem a favor del procesado. La
Corte declara la exequibilidad de los apartes demandados y señala que la
posibilidad de impugnar la sentencia absolutoria en el proceso penal regulado
por la Ley 906 de 2004, no sólo no viola el principio del non bis ibídem sino
que es además una de las garantías a los derechos de las víctimas. La Corte
resolvió: Declarar la EXEQUIBILIDAD, por los cargos estudiados, de la expresión
“absolutoria”, contenida en el inciso 3º del artículo 176 y en el numeral 1º
del artículo 177 de la Ley 906 de 2004. Dijo la Corte: “3.3.          A lo
anterior se suma la consideración de que, como ha sido reiterado por la Corte,
el debido proceso se predica no solo respecto de los
derechos del acusado sino de los de todos los intervinientes en el proceso
penal, a quienes, junto al derecho al debido proceso, debe garantizárseles el
derecho también superior de la eficacia del acceso a la justicia (art. 229
C.P.)  (…) “En particular la Corte
Constitucional ha concluido que la Carta de 1991 reconoce a las víctimas y
perjudicados por un hecho punible unos derechos que desbordan el campo de la
reparación económica, pues incluyen también el derecho a la verdad y a que se
haga justicia. En ese contexto, si bien la impugnación de la sentencia
condenatoria es un derecho consagrado expresamente a favor del sindicado en la
Constitución y en diversos instrumentos internacionales, no es menos cierto que
la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria es expresión de derechos de
similar entidad de las víctimas y materialización del deber de las autoridades
de asegurar la vigencia de un orden justo. (…) “En tales condiciones, la Corte
llega a la conclusión de que, no solo no es violatorio del non bis in idem,
establecer la posibilidad de apelar la sentencia absolutoria, sino que, por el
contrario, excluir esa posibilidad podría resultar problemático desde la
perspectiva de la garantía constitucional de la doble instancia, el derecho de
acceso a la administración de justicia, los derechos de las víctimas a la
verdad, la justicia y la reparación y el imperativo que la Carta impone a las
autoridades de lograr la vigencia de un orden justo (CP art. 2°).
[32]
MP: Eduardo Montealegre Lynett
[33] C-979 de 2005, MP. Jaime Córdoba Triviño,
con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería. La Corte revisó la
constitucionalidad, entre otras disposiciones del numeral 4° del artículo 192
de la Ley 906 de 2004. Dijo entonces la Corte: “Encuentra así la Corte que el
alcance que la expresión demandada le imprime a la causal de revisión de la
cual forma parte, entraña en primer término, una violación de la Constitución
en virtud del desconocimiento de claros referentes internacionales aplicables a
la materia por concurrir a integrar el bloque de constitucionalidad (Art. 93
CP); en segundo término, una actuación contraria al deber constitucional de
protección de los derechos de las víctimas de estos delitos que desconocen la
dignidad humana y afectan condiciones básicas de convivencia social, necesarias
para la vigencia de un orden (artículo 2 CP); en tercer lugar, un
desconocimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano de
colaborar con la vigencia de los derechos humanos y sancionar las conductas que
afectan estos valores supremos del orden internacional, que nuestro país ha
reconocido como elementos esenciales de las relaciones internacionales (CP Art.
9°); y en cuarto lugar una violación al debido proceso de la persona condenada
en una actuación que desatiende los deberes constitucionales e internacionales
de investigar seria e imparcialmente estos crímenes, aspecto que ha sido
constado por una instancia internacional. Por ello, la Corte declarará la
inexequibilidad de la expresión acusada que hace parte del artículo 192.4 de la
Ley 906 de 2004.”
[34] Sentencia C-1154 de 2005, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa, con Aclaración de Voto del Magistrado Jaime Araujo Rentería,
en donde la Corte decidió lo siguiente: “Décimo octavo.- Declarar por el cargo
analizado la exequibilidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de 2004
en el entendido de que la expresión “motivos o circunstancias fácticas que
permitan su caracterización como delito” corresponde a la tipicidad
objetiva y que la decisión será motivada y comunicada al denunciante y al
Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones.” Señaló la
Corte: (…) “Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta
de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que
éstas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para
que las víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la
Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a
su efectiva comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos”.
[35] MP.
Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la Corte resolvió lo siguiente: “PRIMERO:
Declarar EXEQUIBLE la expresión “En todo caso se inadmitirán las denuncias
sin fundamento”, del inciso 2° del artículo 69 de la Ley 906 de 2004, en el
entendido que la inadmisión de la denuncia únicamente procede cuando el hecho
no existió, o no reviste las características de delito. Esta decisión,
debidamente motivada, debe ser adoptada por el fiscal y comunicada al
denunciante y al Ministerio Público.”
[36] Sentencia C-454 de 2006, MP. Jaime Córdoba
Triviño. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 132, 133,
134, 135, 136, 137 y 357 de la Ley 906 de 2004. La Corte resolvió: Primero:
Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo sobre los artículos 11, 132,
133, 134, 136 y 137 de la Ley 906 de 2004, por ineptitud sustantiva de la
demanda. Segundo: Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el
artículo 135 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la garantía de
comunicación a las víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento
en que éstos entran en contacto con las autoridades, y se refiere a los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Tercero: Declarar EXEQUIBLE,
en relación con los cargos estudiados, el artículo 357 de la Ley 906 de 2004,
en el entendido que los representantes de las víctimas en el proceso penal,
pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria, en
igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía.
[37] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta sentencia
la Corte examinó cargos  de
inconstitucionalidad contra los artículos 11, 137, 284 (parcial), 306
(parcial), 316 (parcial), 324, 327 (parcial), 333 (parcial), 337, 339
(parcial), 342 (parcial), 344 (parcial), 356 (parcial), 357 (parcial), 358
(parcial), 359 (parcial), 371 (parcial), 378 (parcial), 391, 395 (parcial) de
la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
La Corporación decidió:  “Primero.- Estarse
a lo resuelto en la sentencia C-454 de 2006 en relación con la
acusación formulada contra el artículo 357 de la Ley 906 de 2004. Segundo.- Declarar
inexequibles las
expresiones “y contra esta determinación no cabe recurso alguno” del
artículo 327 de la Ley 906 de 2004 y “con fines únicos de información” del
inciso final del artículo 337 de la misma ley. Tercero.- Declarar exequibles en lo demandado y por
los cargos analizados en esta sentencia, los artículos 11, 137, 324, 371, 378,
391 y 395 de la Ley 906 de 2004, así como las expresiones “las partes” del
artículo 378 y “la parte que no está interrogando o el Ministerio Público”, del
artículo 395 de la Ley 906 de 2004. Cuarto.- Declarar, por los cargos
analizados en esta sentencia, la exequibilidad
condicionada de las siguientes disposiciones de la Ley 906 de 2004:
1. El numeral 2 del artículo 284, en el entendido de que la víctima también
puede solicitar la práctica de pruebas anticipadas ante el juez de control de
garantías. 2. El artículo 289, en el entendido de que la víctima también puede
estar presente en la audiencia de formulación de la imputación. 3. El artículo
333 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que las víctimas pueden allegar o
solicitar elementos materiales probatorios y evidencia física para oponerse a
la petición de preclusión del fiscal. 4. El artículo 344, en el entendido de
que la víctima también puede solicitar al juez el descubrimiento de un elemento
material probatorio específico o de evidencia física específica. 5. El artículo
356, en el entendido de que la víctima puede hacer observaciones sobre el
descubrimiento de elementos probatorios y de la totalidad de las pruebas que se
harán valer en la audiencia del juicio oral. 6. El artículo 358, en el
entendido de que la víctima también puede hacer dicha solicitud. 7. El inciso
primero del artículo 359, en el entendido de que la víctima también puede
solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de
prueba. 8. Los artículos 306, 316 y 342, en el entendido de que la víctima
también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida
correspondiente. 9. El artículo 339, en el entendido de que la víctima también
puede intervenir en la audiencia de formulación de acusación para efectuar
observaciones al escrito de acusación o manifestarse sobre posibles causales de
incompetencia, recusaciones, impedimentos o nulidades”.
[38]
Sentencia C- 454 de 2006.
[39]
Sentencia C- 209 de 2007.
[40]
Sentencia C- 209 de 2007.
[41]
Sentencia C- 209 de 2007.
[42]
Sentencia C- 209 de 2007.
[43]
Sentencia C- 209 de 2007.
[44]
Sentencia C- 209 de 2007.
[45]
En estas decisiones existe pronunciamiento sobre los artículos 357, 284 inciso
2°, 344, 356, 358, 359, 378, 391 y 395 de la Ley 906 de 2004 referidos todos a
las facultades probatorias de las partes y sujetos intervinientes en el proceso
penal.
[46]
Sentencia C-069 de 1996, M.P., Antonio Barrera Carbonell. En dicha oportunidad
sostuvo: “Por regla general, en los procesos judiciales, y particularmente en
los penales, y en las actuaciones administrativas, se requiere la intervención
de abogado. Ello es así, porque la Constitución faculta expresamente al
legislador para indicar en qué casos se puede acceder a la administración de
justicia sin la representación de abogado (Arts. 26 y 229), lo cual significa
que, en principio, la intervención de abogado es obligatoria en los procesos
judiciales.”
[47]
Sentencia C- 228 de 2002, MM.PP., Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo
Montealegre Lynett. En esta sentencia  la Corte sostuvo que la
intervención de la parte civil dentro del procedimiento penal estaba encaminada
a garantizar los derechos de las víctimas y los perjudicados a la verdad a la
justicia y al resarcimiento, y declaró exequible el artículo 137 de la Ley 600
de 2000, en ese entendido.  Dentro de sus consideraciones sostuvo: “No
obstante, como las posibilidades de intervención de la parte civil están
estrechamente ligadas a la concepción amplia de sus derechos y la norma refiere
exclusivamente a los intereses económicos de ésta, la Corte declarará que el
inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 es exequible en el
entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a
la justicia en los términos de la presente sentencia..”
[48]
Sentencia C-069 de 1996.
[49]
En este sentido, ver Sentencias C-49/96 Considerando A; C-071/95 Considerando
b); SU-044/95  Considerando 2.
[50] Sentencia C- 228 de 2002. Considerando No. 5.
[51] El artículo 53 del Estatuto de la Corte Penal
Internacional establece: Artículo 53 .
“Inicio de una investigación .(…) 2.
Si, tras la investigación, el Fiscal llega a la conclusión de que no hay
fundamento suficiente para el enjuiciamiento, ya que: (…) c) El enjuiciamiento no
redundaría en interés de la justicia, teniendo en cuenta todas las
circunstancias, entre ellas la gravedad del crimen, los intereses de las
víctimas y la edad o enfermedad del presunto autor y su participación en el
presunto crimen.” (Se destaca).
[52] Sobre esta discusión,  Richard J. Golsture and Nicole
Fritz. “In the interest of justice and
independent Referral: The ICC Prosecutor´s unprecedented powers”; Leiden
Journal of International Law. Vol. 13.no.13 (2000) pp. 665 – 6667; Hassan B.
Allow, “Prosecutorial Discretion and International  Criminal Justice”, Journal
of International Criminal Justice, vol. 3, no. 1 (2005), page. 145 – 161.
[53]
Artículo 53 del Estatuto de Roma.
[54]
En la sentencia C-209 de 2007, MP, Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte
declaró la exequibilidad del artículo 344 de la Ley 906/04 en el entendido de
que la víctima también puede solicitar el descubrimiento de un elemento
material probatorio específico o de evidencia física específica.
[55]
En la sentencia C-454 de 2006, MP; Jaime Córdoba Triviño, la Corte declaró la
exequibilidad del artículo 357 de la Ley 906/04, en el entendido que el
representante de las víctimas también podrá hacer  en esta audiencia
solicitudes probatorias. En la sentencia C- 209 de 2007, MP, Manuel José Cepeda
Espinosa la Corte declaró la exequibilidad condicionada del artículo 358 ib.,
en el entendido que la víctima también puede solicitar la exhibición de los
elementos materiales probatorio y evidencia física que serán llevado al juicio
oral con el fin de ser conocidos y estudiados.
[56]
Sobre las facultades de  intervención de la víctima en la fase del juicio oral
dijo la Corte: “(L)a víctima a través de su abogado, podrá ejercer sus derechos
en la etapa del juicio sin convertirse en una parte que pueda presentar y
defender su propio caso al margen del Fiscal. El conducto para culminar en esta
etapa final el ejercicio de sus derechos es el fiscal, quien debe oír al
abogado de la víctima. Así por ejemplo, éste podrá aportar a la Fiscalía
observaciones para facilitar la contradicción de los elementos probatorios antes
y durante el juicio oral, pero sólo el  fiscal tendrá voz  en la audiencia en
aquellos aspectos regulados por las normas acusadas. En el evento de que la
víctima y su abogado estén en desacuerdo con la sentencia podrán ejercer el
derecho de impugnarla, de conformidad con el artículo 177 de la Ley 906 de
2004”. (C-209/07).
[57]
Esta etapa se inicia desde el momento en que, mediante denuncia, petición
especial, querella o de oficio, llega a conocimiento de la Fiscalía General de
la Nación , o de la Policía Judicial, órgano que actúa bajo su dirección y
coordinación, un hecho que revista las características de un delito, y culmina
con la presentación del escrito de acusación ante el juez de conocimiento
(Art.250.4 C.P. y 336 del C.P.P.). En la fase de indagación e investigación la
Fiscalía con el apoyo de los integrantes de la Policía Judicial trazará el
programa metodológico de la investigación  y en desarrollo del mismo ordenará
la realización de todas las actividades que no impliquen afectación de derechos
fundamentales, y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al
descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la
individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y
cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las
víctimas (Art. 207 C.P.P.).
[58]
Entre otras, las sentencias  C- 873 de 2003, C-591 de 2005  y  C- 209 de 2007.
[59]
El número de defensores en el juicio no coincide necesariamente con el de
acusados, puesto que un acusado puede contar con abogado principal y suplente
(Art.121), en tanto que un defensor puede asumir la defensa conjunta de varios
acusados siempre y cuando no medie conflicto de intereses ni las defensas
resulten incompatibles entre sí. (Art.122).
[60]
La regla 90 del Documento de Reglas de Procedimiento y Pruebas de la Corte
Penal Internacional establece al respecto: “1. La víctima podrá elegir
libremente un representante legal. 2. Cuando haya más de una víctima, la Sala a
fin de asegurar la eficacia del procedimiento, podrá pedir a todas o a ciertos
grupos de ellas, de ser necesario con la asistencia de la Secretaría, que
nombren uno o más representantes comunes. La Secretaría para facilitar la
coordinación de la representación legal de las víctimas, podrá prestar
asistencia y, entre otras cosas, remitir a las víctimas a una lista de
abogados, que ella misma llevará, o sugerir uno o más representantes comunes. 3
Si las víctimas no pueden elegir uno o más representantes comunes dentro del
plazo que fije la Sala, ésta podrá pedir a la Secretaría que los haga. 4. La
Sala y la Secretaría tomarán las medidas que sean razonables para cerciorarse
de que, en la selección de los representantes comunes estén representados los
distintos intereses de las víctimas. (…)”
[61]
Sentencia C-209 de 2007, MP; Manuel José  Cepeda Espinosa.  Con fundamento en
esta argumentación la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 378, 391
y 395 de  la Ley 906 de 2004 que no incluía a las víctimas dentro de  los
actores procesales que podían controvertir la prueba en el juicio oral.
[62]
C- 209 de 2007.
[63]
De conformidad con la sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro Martínez
Caballero, la integración de unidad normativa sólo procede de manera excepcional
en tres eventos: (1) “cuando un ciudadano demanda una disposición que,
individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que,
para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su
contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.” (2) “Cuando
la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del
ordenamiento que no fueron demandadas.” Y (3) cuando  “pese
a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se
encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera
vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.”
En este evento, la integración normativa procede bajo la primera hipótesis
señalada en la mencionada sentencia.  Sobre el tema de integración normativa
ver también, entre muchas otras, las sentencias C-357 de 1999, MP. José
Gregorio Hernández Galindo; C-539 de 1999 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-781 de
2003, MP. Clara Inés Vargas Hernández; C-227 de 2004, MP. Manuel José Cepeda
Espinosa; C-271 de 2003, MP. Rodrigo Escobar Gil; C-409 de 2004, MP. Alfredo
Beltrán Sierra; C-538 de 2005, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-536 de 2006,
MP. Humberto Antonio Sierra Porto.
[64] Artículo 132 (inciso primero): “Víctima. Se entiende
por víctima, para efectos de este Código, las personas naturales o jurídicas y
demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño
directo como consecuencia del injusto”. (Se destaca).
[65]
“Art. 92. Medidas cautelares sobre bienes. El juez de control de garantías, en
la audiencia de formulación de imputación o con posterioridad a ella, a
petición del fiscal o de las víctimas directas, podrá decretar sobre
bienes del imputado o del acusado las medidas cautelares necesarias para
proteger le derecho a la indemnización de los perjuicios causados por el
delito.
La víctima
directa acreditará sumariamente su condición de tal, la naturaleza del daño
recibido y la cuantía de su pretensión.”
[66]
“Artículo 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral:
(…) Cuando la pretensión sea exclusivamente económica sólo podrá ser
formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes”.
[67]
De conformidad con la sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro Martínez
Caballero, la integración de unidad normativa sólo procede de manera excepcional
en tres eventos: (1) “cuando un ciudadano demanda una disposición que,
individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que,
para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su
contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada.” (2) “Cuando
la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del
ordenamiento que no fueron demandadas.” Y (3) cuando  “pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma
demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a
primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad.” (Se destaca).
[68]
E/CN.4/2005/L.48. Abril 13 de 2005. Aprobados por la Comisión
de Derechos Humanos mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005.
[69] La
regla 85 del documento de las Reglas de Procedimiento y Pruebas, anexo al
estatuto de la Corte Penal Internacional, establece que “para los fines del
Estatuto y de las Reglas procedimiento y Pruebas: a) ¨Por “víctima” se
entenderá a las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia
de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte”.
[70]
Sentencias C- 228 de 2002, C-370 de 2006, C-578 de 2002.
[71]
Sentencia C- 228 de 2002.
[72]
Sentencia C- 228 de 2002.
[73]
En aquella oportunidad la Corte citó abundante jurisprudencia de la Corte
interamericana que amplía el concepto de víctima o perjudicado a los familiares
de la víctima directa, sin distinción de algún grado de parentesco, así: 1. La Sentencia del 15 de septiembre de 2005 proferida en el caso
Masacre de Mapiripán vs. Colombia, en que la Corte indicó:  “216.Este
Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia no se agota con el
trámite de procesos internos, sino éste debe además asegurar, en tiempo
razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que
se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se
sancione a los eventuales responsables”. 2. La sentencia de 14 de marzo de 2001
proferida en el Caso Barrios Altos vs. Perú, en el que la Corte reconoció el derecho de los familiares – sin distinción
por grado de parentesco - al conocimiento de la verdad respecto de las
violaciones de derechos humanos y su derecho a la reparación por los mismos
atropellos. Al respecto, entre otras consideraciones, la Corte señaló: “Este
tipo de leyes (se refiere a las leyes de autoamnistia) impide la identificación
de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se
obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las
víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación
correspondiente.”. 3. La Sentencia de 25 de noviembre de 2003 proferida en el caso
Myrna Mack Chang vs Guatemala, en la que la Corte señaló:
“su función (se refiere a la función de los órganos judiciales) no se agota en
posibilitar un debido proceso que garantice la defensa en juicio, sino que debe
además asegurar en un tiempo razonable el derecho de la víctima o sus
familiares a saber la verdad de lo sucedido y a que se sancione a los
eventuales responsables”.  4. . El Caso de la Comunidad Moiwana,  y
el Caso Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de
1  de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 63, y Caso 19
Comerciantes: “Durante
el proceso de investigación y el trámite judicial, las víctimas de violaciones
de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para
participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la
sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación”.
[74] Sentencia C-370 de 2006. En esta sentencia la Corte
declaró exequibles, por los
cargos examinados,  los incisos  segundo y quinto del artículo 5º de la Ley 795
de 2005,  en el entendido que la presunción allí establecida no excluye como
víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de
cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de
grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, procedió a declarar
exequible la expresión “en primer grado de consaguinidad de conformidad con el
Presupuesto del Fondo para la reparación de las víctimas”, contenida en el
artículo 47, en el entendido que no excluye como víctima a otros familiares que
hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de
la ley. Finalmente, declaró la exequibilidad de la expresión “en primer grado
de consaguinidad” del numeral 49.3,  en el entendido que no excluye como
víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de
cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometido por miembros de
grupos armados al margen de la ley.
[75]
Sentencia C-370 de 2006.
[76]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[77]
Ver Organización de Naciones Unidas. Subcomisión para la Prevención de la
Discriminación y la Protección de las Minorías. Sobre la Impunidad de
Perpetradores de Violaciones a los Derechos Humanos. Relator Especial Louis
Joinet, UN Doc. E/CP.4/Sub.2/1993/6, 19 de julio de 1993, revisado por
E/CP.4/Sub.2/1994/11 y E/CP.4/Sub.2/1996/18 (Informe Final). Ver
también, Stephens, Beth. Conceptualizing Violence: Present and Future
developments in International Law: Panel 1: Human Rights and Civil Wrongs at
Home and Abroad: Old Problems and New Paradigms: Do Tort Remedies Fit the
Crime?. En 60 Albany Law Review 579, 1997.
[78]
Algunos autores identifican el concepto de daño con el de perjuicio, tal como
la hace la jurisprudencia de esta Corporación (C-220 de 2002), otros en cambio
hacen una distinción conceptual para afirmar que el perjuicio es la
consecuencia del daño. Para efectos del estudio que aquí se adelanta tal
distinción no resulta relevante.
[79]
A esta característica se le ha denominado el carácter personal del perjuicio.
En fallo de 1989 el Consejo de Estado señaló que “El derecho a la
indemnización de quien sufre una “alteración material de una situación
favorable” (que en esto consiste el daño) se deriva no del hecho de que la
víctima tenga una ¨situación jurídicamente protegida¨, en el sentido de que el
bien afectado esté protegido por una norma, sino de la existencia de un hecho
ilícito del autor, de su comisión por culpa o dolo, de la certidumbre del
perjuicio y de la relación de causalidad entre éste y el hecho.” (Consejo de
Estado, Sección Tercera,19 de junio de 1989, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo,
actor: Luis Yáñes Carrero y otros. Exp. 4678.
[80]
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de
diciembre de 1994, MP, Carlos Betancur Jaramillo. Esta diferenciación ha sido
utilizada para desarrollar el principio del carácter personal del daño, del
cual derivan los criterios para pedir a nombre personal o a nombre de una
comunidad o a nombre de ambos. Con independencia de quien pida, el reclamante debe
aportar la prueba del título de su derecho para reclamar , de conformidad con
el artículo 2342 del C.C. Es decir, demostrar el título con el cual comparece
al proceso, presupuesto que exige la concordancia entre el título y la persona.
[81]
Ver pie de pagina No. 69.
[82]
En el caso de muerte de una persona, en fallo del 24 de junio de 1942 la Corte
Suprema de Justicia enunció que tienen derecho a solicitar reparación “las
personas que ya por vivir directamente del esfuerzo del muerto, ya por derivar
utilidad cierta y directa de las actividades del fallecido, tienen el derecho,
la personería, la acción para reclamar o pedir la indemnización de perjuicios,
por que ellas directamente han sido perjudicadas” (C.S.J. Casación de junio 24
de 1942 , MP, Luis Escallón, G.J. T. LIII, No. 1938, p.656).  Así mismo el
Consejo de Estado sostuvo que “la acción para reclamar los perjuicios por
muerte pertenece a quien los sufra, sin consideración alguna al parentesco o a
las reglas de la sucesión” (Fallo del 21 de febrero de 1985 , Exp. 3253). Este
criterio es reiterado en fallo de junio 19 de 1989, Exp. 4678 que reconoció un
perjuicio ocasionado a una persona por la pérdida de un auxilio económico
originado en la muerte de quien le ayudaba.
[83]
Corte Suprema de Justicia, Casación de julio 15 de 1949, MP,
B. Agudelo, G.J., T. LXVI, No. 2073-2074, P.525.
[84]
Sentencias C-228 de 2002 , reiterado en C- 370 de 2006.
[85]
En esta audiencia, una vez recibido el escrito de acusación
por parte del juez de conocimiento, se dará traslado del mismo al acusado , al
ministerio público,  a la defensa y a la víctima (C-209 de 2007), para que
expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones,
nulidades y demás observaciones sobre el escrito de acusación. Una vez
superados estos asuntos, el fiscal formulará la correspondiente acusación. A
esta etapa procesal se llega  cuando de los elementos materiales probatorios,
evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar, con
probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es
su autor o partícipe.
[86]
De conformidad con la sentencia C-320 de 1997, MP. Alejandro Martínez
Caballero, la integración de unidad normativa sólo procede de manera
excepcional en tres eventos: (1) “cuando un ciudadano demanda una
disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco,
de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente
imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que
no fue acusada.” (2) “Cuando la disposición cuestionada se encuentra
reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas.” Y
(3) cuando  “pese a no verificarse ninguna de las hipótesis
anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con
otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de
constitucionalidad.” En este evento, la
integración normativa procede bajo la primera hipótesis señalada en la
mencionada sentencia.  Sobre el tema de integración normativa ver también,
entre muchas otras, las sentencias C-357 de 1999, MP. José Gregorio Hernández
Galindo; C-539 de 1999 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-781 de 2003, MP. Clara
Inés Vargas Hernández; C-227 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; C-271 de
2003, MP. Rodrigo Escobar Gil; C-409 de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra; C-538
de 2005, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-536 de 2006, MP. Humberto Antonio
Sierra Porto.
[87]
El artículo 250 de la Constitución establece que “la Fiscalía General de la
Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal  y realizar la
investigación de los hechos que revistan las características de un delito que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o
de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias
fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”.
[88]
Conforme al artículo 250 de la Carta la Fiscalía General de la Nación no podrá
suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal , salvo en los
casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad.
[89]
Una vez instalado el juicio oral, el acusado podrá manifestar
sin apremio ni juramento y advertido de su derecho a guardar silencio y a  no
autoincriminarse, su culpabilidad , lo que le representará una rebaja de una
sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados.
[90] En la sentencia 1260 de 2005, MP, Clara Inés Vargas
Hernández, con salvamento parcial de voto y aclaración parcial del Magistrado
Jaime Araújo Rentería y aclaración parcial de voto del Magistrado Alfredo
Beltrán Sierra, la Corte dispuso:
“Declarar EXEQUIBLE, por los cargos formulados, la expresión “Tipifique
la conducta de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a
disminuir la pena”, contenida en el numeral 2 del artículo 350 de la Ley
906 de 2004, en el entendido
que el fiscal no puede en ejercicio de esta facultad crear tipos penales; y que
en todo caso, a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede
dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal
preexistente”.
[91]
En sistemas con tradición en la aplicación de los consensos y
las negociaciones como mecanismos de terminación anticipada del proceso,
(Estados Unidos y Canadá)  se adelanta un importante debate sobre la patente
exclusión de la víctima de los sistemas de justicia, que fundan sus mayores índices
de eficacia en esta alternativa procesal, a la vez que se plantean la revisión
de esa exclusión a la luz de las preocupaciones públicas sobre el crimen y sus
víctimas. Para reversar  esa tendencia se proponen alternativas como: (i)
autorizar a las víctimas para que incidan sobre la disposición de decisiones en
casos criminales; (ii) la adopción de un veto vinculante (como política
acusatoria) que las víctimas del crimen puedan ejercer durante las
negociaciones, en la fase previa del juicio, y cuando se presente una oferta de
disposición del caso insatisfactoria. A estas propuestas se les atribuyen
ventajas tales como el hecho de que tal veto daría a las víctimas del crimen
una voz efectiva en el resultado de sus casos; incrementaría la satisfacción de
la víctima con el sistema criminal de justicia;  conllevaría a mejorar el
reporte de crímenes por parte de las víctimas; mejoraría su participación en el
proceso de justicia criminal ; finalmente se le asigna una importancia
simbólica sustancial en razón a que reconocería a las víctimas como actores
prominentes en el sistema criminal de justicia. (Ver.
Karen L. Kennard, “The victim´s veto. A way to increase victims impact in
criminal cases disposition”, California Law Review, Vo. 77, No. 2 marzo de
1989, p.p. 417 – 453. http:links.jstor.org/.
[92] La
jurisprudencia vigente  de esta Corte  tiene establecido que en relación con
demandas que plantean violación de la Constitución en virtud de omisiones del
legislador, sólo tiene competencia para pronunciarse respecto de aquellas que
se basan en cargos por omisión relativa. Una omisión es relativa, según la
jurisprudencia, “cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una
normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable
si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídicas
–específicamente por razones constitucionales-, debería estar incluido en el
sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una
imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente”
(C-041 de 2001 y C-.528 de 2003, C-1009 de 2005). Estas omisiones
frecuentemente conducen a violaciones del derecho a la igualdad o el derecho al
debido proceso. Sentencias C- 543 de
1996, Sentencias C- 540 de 1997;  [92]
C-427 de 2000, C-1549 de 2000; C- 041 de 2002, C-041 de 2002; C-185 de 2002, C-
871 de 2002,  C-528 de 2003 ).
El desarrollo jurisprudencial que se ha producido en torno al control de
constitucionalidad sobre las omisiones legislativas relativas, ha permitido la
decantación de unos requisitos estructurales orientados a facilitar el juicio
de constitucionalidad sobre estos objetos normativos, que presentan
características particulares. Así en sentencia C- 427 de 2000, dijo la Corte:“Esta
Corporación ha definido que para que el cargo de inconstitucionalidad por
omisión pueda prosperar, es necesario que se cumplan determinados requisitos,
que se pueden sintetizar de la siguiente manera:  a) que exista una norma sobre
la cual se predica; b) que una omisión en tal norma excluya de sus
consecuencias aquellos casos que, por ser asimilables, deberían subsumirse
dentro de su presupuesto fáctico; c) que dicha exclusión no obedezca a una
razón objetiva y suficiente; d) que al carecer de una razón objetiva y
suficiente, la omisión produzca una desigualdad injustificada entre los casos
que están y los que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma
y; e) que la omisión implique el incumplimiento de un deber constitucional del
legislador”.
[93]
Si bien la Corte Constitucional en la sentencia C-209 de 2007, condicionó la
exequibilidad del artículo 289 al entendido de que la víctima también puede
estar presente en la audiencia de formulación de imputación, y del artículo 339
en el entendido que la víctima también puede intervenir en la audiencia de
formulación de acusación para efectuar observaciones al escrito de acusación o
manifestarse sobre las posibles causales de incompetencia, recusaciones,
impedimentos o nulidades, ello no garantiza que pueda intervenir en los
acuerdos o negociaciones que se puedan efectuar en esos momentos procesales.