T-322-12
Sentencia T-322/12
Sentencia T-322/12
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Requisito de procedibilidad
DERECHO A LA SALUD DE LOS NIÑOS COMO FUNDAMENTAL-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD-Protección por su condición física o mental
DERECHO A LA SALUD DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD-Estado debe brindar la totalidad del tratamiento
previsto para su recuperación y mejorar la calidad de vida
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD-Tratamiento integral prescrito por médico tratante
PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL DERECHO A LA SALUD Y
SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Atención
integral no incluida en el POS
DERECHO A LA SALUD-Servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y garantizar la
vida en condiciones dignas
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Protección constitucional
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS-Exigir orden médica para solicitar servicios médicos
resulta desproporcionado cuando las condiciones son evidentes y notorias
DERECHO A LA SALUD-Suministro de medicamentos y procedimientos excluidos del POS
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE EXCLUSIONES DEL POS-Requisitos de procedencia
DERECHO A LA SALUD-Violación cuando se niega servicio no incluido en el POS que se
requiera con necesidad
DERECHO A LA SALUD-Prescripción médica emitida por profesional no adscrito a la EPS
DERECHO A LA SALUD-Servicio de transporte, copagos y
cuotas moderadoras pueden constituir barreras para acceso efectivo al servicio
por falta de capacidad económica
ACCESO A TRATAMIENTOS MEDICOS PRESCRITOS-Eventos para reconocimiento e inclusión del servicio
de transporte y acompañante
DERECHO A LA SALUD DE MENOR DE EDAD DISCAPACITADO-Servicio urbano de transporte por falta de recursos
DERECHO A LA SALUD DE PACIENTE CON ENFERMEDAD CATASTROFICA-Exoneración de copagos y cuotas moderadoras por falta
de capacidad económica
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Daño consumado y hecho superado
DERECHO A LA SALUD DE MENOR
DISCAPACITADO-Orden
a EPS la integración de grupo interdisciplinario de especialistas para
valoración y suministro de medicamento prescrito por médico particular a menor
con déficit en la hormona de crecimiento
DERECHO A LA SALUD DE MENOR
DISCAPACITADO-Orden
a EPS la afiliación en calidad de beneficiario de madre e integración de grupo
interdisciplinario de especialistas para valoración y suministro de medicamento
prescrito por médico particular a menor con hemofilia y daño articular
DERECHO A LA SALUD DE MENOR
DISCAPACITADO-Orden
a EPS suministro de pañales desechables, servicio de transporte con acompañante
para asistir a citas médicas y exoneración de cuotas moderadoras a menor
parálisis cerebral
DERECHO A LA SALUD DE MENOR
DISCAPACITADO-Orden
a EPS integración de grupo interdisciplinario de especialistas para tratamiento
y procedimiento médico a menor con retardo psicomotor y ceguera
Referencia:
expedientes T-3.284.633, T-3.285.054, T-3.287.400, T-3.297.615, T-3.302.381 y
T-3.316.388(Acumulados)
Demandantes: Gladis
Zúñiga Scarpetta en representación de su hija, Fernanda Patricia Ramos Gallardo
en representación de su hija, Julio César de la Hoz Medina en representación de
su hijo, Ana Inés Villazón Turizo en representación de su hijo, María Damaris
Betancur Gallego en representación de su nieto menor de edad y Lorenzo Sapuy
Gómez en representación de su hija
Demandados:
Cafesalud EPS, Comfenalco EPS, Famisanar EPS, Ambuq EPS, Humanavivir EPS, Asmet
Salud EPS y la Alcaldía Municipal de Timaná, Huila
Magistrado
Ponente:
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de
dos mil doce (2012)
La Sala Cuarta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla Pinilla, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Pitalito, Huila, dentro del expediente T-3.284.633; el Juzgado
Primero Civil del Circuito de Cali, dentro del expediente T-3.285.054; el
Juzgado Penal Municipal de Madrid, Cundinamarca, dentro del expediente
T-3.287.400; el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangué, Bolívar,
dentro del expediente T-3.297.615;el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal
de Bogotá D. C., dentro del expediente T-3.302.381; y el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Pitalito, Huila, dentro del expediente T-3.316.388.
Los presentes
expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de Selección Número Doce
por medio de Auto del 14 de diciembre del 2012 y repartidos a la Sala Cuarta de
Revisión.
Previamente,
debe iniciarse por precisar que, a pesar de que los asuntos bajo estudio en el
presente juicio, fueron expuestos mediante escritos separados y provienen de
personas diferentes, estos coinciden en la solicitud de amparo alos derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud y los derechos de los
niños, razón por la cual, por presentar unidad en la materia, se acumularon
para ser decididos en una misma sentencia y, por tanto, procederá esta Sala de
Revisión a realizar el recuento sobre los hechos, diferenciando ulteriormente
algunos elementos propios de cada caso, de ser ello necesario.
I.
ANTECEDENTES
Identificación
de los asuntos objeto de revisión
A
continuación, se ponen de presente tanto el número de radicación de las
acciones de tutela que fueron acumuladas, como el nombre de los accionantes y
de su representado, el diagnóstico médico de los niños, la solicitud presentada
en su escrito de tutela, la entidad demandada y la razón que ésta argumenta
para denegar lo pretendido:
EXP.
ACTOR
DIAGNÓSTICO
MÉDICO
SOLICITUD
ENTIDAD
DEMANDADA Y RAZÓN DE LA NEGATIVA
T-3.284.633
Gladis
ZúñigaScarpetta en representación de su hija Yeimi Paola Betancourt Zúñiga.
-Retraso
psicomotor severo.
-Síndrome
convulsivo.
-
Desnutrición.
-Complemento
multivitamínico Ensure.
-120
pañales desechables mensuales.
-Atención
médica especializada en centro de primer nivel.
Cafesalud
EPS-S, señaló que los pañales no se encuentran incluidos dentro del POS y que
no existen órdenes médicas del complemento multivitamínico y del manejo en
centro de primer nivel.
T-3.285.054
Fernanda
Patricia Ramos Gallardo en representación de su hija Laura María Reyes Ramos
-Déficit
en la hormona de crecimiento.
-Medicamento
Norditropin 15 udamp, prescrito por un médico particular.
Comfenalco
EPS, manifestó que el medicamento requerido no fue prescrito por un médico
adscrito a la EPS y, además, no han tenido conocimiento de las órdenes
particulares.
T-3.287.400
Julio
César de la Hoz Medina en representación de su hijo Tomás Jacobo de la Hoz
Revelo.
-Insuficiencia
renal crónica terminal.
-Hiperparatiroi-dismo.
-Raquitismo renal.
-Requiere
una paratiroidectomía subtotal.
-
Trasplante de riñón.
Famisanar
EPS, denegó el amparo pretendido, por cuanto ya le había programado cita con
cirugía pediátrica para su valoración con el propósito de que sea el
respectivo especialista quien determine la necesidad del procedimiento y
respecto del trasplante renal indicó que ya se le están prestando todos los
exámenes médicos previos necesarios para certificar la viabilidad del
procedimiento pretendido.
T-3.297.615
Ana
Inés VillazónTurizo en representación de su hijo Gelvert Polanco Villazón
-Hemofilia
tipo A.
-Daño
articular.
-Riesgo
de muerte por sangrados excesivos.
-El
suministro del Factor VIII enriquecido con Factor Von Willewbrand Octanate.
-Tratamiento
integral.
Ambuq EPS,
niega la solicitud porque el menor se encontraba afiliado en calidad de
beneficiario en la EPS Saludcoop hasta el 2009y no se trasladó o se afilió
con ellos, para que le fuera brindado el servicio.
T-3.302.381
María
Damaris Betancur Gallego en representación de su menor nieto Brayan Esneyders
Monsalve Jiménez.
-Parálisis
Cerebral
-Autorización
y suministro de pañales desechables.
-Tratamiento
integral.
-Exoneración
de las cuotas moderadoras y copagos para los servicios prestados.
-Servicio
de transporte domiciliario.
Humanavivir
EPS, denegó la entrega de los servicios No POS-S, argumentando que deben ser
asumidos por la entidad territorial correspondiente y no por ellos. Con
relación al tratamiento integral, señalaron que no les corresponde asumirlo
pues no hay ningún procedimiento prescrito pendiente.
T-3.316.388
Lorenzo
Sapuy Gómez en representación de su hija Diana Lorena Sapuy Ome
-Antecedentes
de infección por Torch.
-Retardo
psicomotor.
-Ceguera
bilateral.
Hipoalbuminemia
-Hipertensión
Arterial
-Cefalea
frontal permanente asociada a vómitos.
-
Insuficiencia Renal.
Requiere
de la adecuación física de su lugar de habitación para que le puedan ser
practicadas sin riesgo fitosanitario alguno, las 4 sesiones de diálisis
peritoneales manuales diarias ordenadas por su médico tratante, en su
residencia.
La Alcaldía
Municipal de Timaná, Huila, negó las pretensiones por cuanto, a su juicio, es
responsabilidad de la EPS-S a la que se encuentra afiliada la pequeña, el
garantizarle unas condiciones de vida más óptimas, máxime si se tiene en
cuenta que su lugar de residencia se encuentra en un ambiente rural. Por su
parte, Asmet Salud EPS denegó el amparo pretendido, al considerar que le
corresponde al médico tratante ordenar el cambio de lugar de la practica de
las diálisis, habida cuenta que fue éste quien prescribió que fueran
realizadas en su residencia con el fin de que no fuera sometida a constantes traslados
que generen daños mayores en su estado de salud.
1. Expediente T-3.284.633
1.1. La solicitud
La demandante, Gladis Zúñiga Scarpetta,
en representación de su hija, Yeimi Paola Betancourt Zúñiga, interpuso la
presente acción de tutela contra Cafesalud EPS, con el fin de que le fueran protegidos los
derechos fundamentales de su pequeña, a la vida en condiciones dignas, a la
salud y los derechos de los niños, los cuales considera que le son vulnerados
por dicha entidad al negarle la autorización para la entrega y el suministro de
pañales desechables, un suplemento multivitamínico y el manejo de sus
enfermedades en un centro médico especializado de primer nivel.
1.2. Hechos
La demandante los narra, en
síntesis, así:
- Se encuentran afiliadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen subsidiado, por
intermedio de Cafesalud EPS.
- Su hija Yeimi Paola, tiene 10
años de edad y padece de retraso psicomotor severo, síndrome convulsivo y
desnutrición crónica, por lo que no puede controlar esfínteres y depende por
completo de la colaboración de otra persona para sus cuidados básicos.
-Debido a su complejo estado de
salud, le fue ordenado por su profesional tratante, el complejo multivitamínico
Ensure, la provisión de 120 pañales mensuales y la atención médica en un centro
especializado de primer nivel.
-Solicitud a la que no accedió la
entidad accionada por cuanto, a su juicio, los insumos pretendidos se
encuentran excluidos del POS.
- Inconforme con dicha negativa,
acude en sede de tutela a solicitar el amparo de las garantías fundamentales de
su niña, las cuales considera menguadas con el actuar de la entidad demandada,
pues no posee la capacidad económica para asumir su costo.
1.3. Pretensiones
La
demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados los
derechos fundamentales de su hija Yeimi Paola Betancourt Zúñiga, a la vida
digna, a la salud y los derechos de los niños y, como consecuencia de ello, se
ordene a Cafesalud EPS, brindar el suministro de 120 pañales desechables
mensuales, el complemento multivitamínico prescrito y la atención en un centro
especializado de primer nivel.
1.4. Pruebas
En el expediente T-3.284.633
obran las siguientes pruebas:
-
Copia de la Cédula de Ciudadanía de la señora Gladis Zúñiga Scarpetta
(Folio 5, cuaderno 2).
-
Fotocopia de la Tarjeta de Identidad de la niña Yeimi Paola Betancourt
Zúñiga(Folio 6, cuaderno 2).
-
Fotocopia del Registro Civil de Nacimiento de Yeimi Paola (Folio 7,
cuaderno 2).
-
Fotocopia del carné de afiliación a la entidad accionada, de Yeimi Paola
Betancourt (Folio 8, cuaderno 2).
-
Cuadro de evaluación de la discapacidad de la agenciada, expedido por un
médico adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, Acción Social (Folio 9, cuaderno 2).
-
Diagnósticos médicos proferidos por profesionales adscritos a la Empresa
Social del Estado Manuel Castro Tovar con relación al cuadro clínico de la
menor Yeimi Betancourt (Folios10 y 11, cuaderno 2).
-
Fotocopia de los servicios de rehabilitación realizados a la niña Yeimi
Paola (Folios12 y 13, cuaderno 2).
-
Copia de la evolución clínica de Yeimi Paola (Folios 14 al 20, cuaderno
2).
-
Fotocopia de la autorización para intervención quirúrgica de la
agenciada (Folio 21, cuaderno 2).
-
Copia de la historia clínica de la menor (Folios22 al 24, cuaderno 2).
-
Fotocopia de la valoración por urgencias de Yeimi Betancourt (Folios25 y
26, cuaderno 2).
-
Valoración a la niña por ginecobstetra y remisión a ginecología (Folio
27, cuaderno 2).
-
Historia clínica pediátrica de la agenciada (Folio 28, cuaderno 2).
1.5. Respuesta de la entidad
accionada
Dentro de la oportunidad procesal
correspondiente Cafesalud EPS, a través su administrador de agencia, solicitó que
se denegara el amparo pretendido por la actora en su escrito de tutela, pues
los servicios y suministros requeridos, se encuentran excluidos del POS y, por
tanto, no es responsabilidad de ellos asumirlos, sino que, por el contrario, le
corresponde a la entidad territorial de salud su autorización y entrega.
2. Expediente T-3.285.054
2.1. La solicitud
La demandante, Fernanda Patricia
Ramos Gallardo, en representación de su hija, Laura María Reyes Ramos,
interpuso la presente acción de tutela contra Comfenalco EPS, con el fin de que le
fueran protegidos los derechos fundamentales de su pequeña, a la vida en
condiciones dignas, a la salud y los derechos de los niños, los cuales
considera que le son vulnerados por dicha entidad al negarle la autorización y
entrega del medicamento que le fue prescrito por un médico particular y que
requiere su hija con urgencia para manejar el déficit en la hormona de
crecimiento que presenta.
2.2. Hechos
La demandante los narra, en
síntesis, así:
- Se encuentra afiliada al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen contributivo, por
intermedio de Comfenalco EPS, en calidad de cotizante y su pequeña como
beneficiaria.
- Su hija Laura María, tiene 8
años de edad y presenta serios problemas de crecimiento, los cuales a pesar de
que le fueron tratados por la entidad demandada, no evidenció mejoría en sus
condiciones, por lo que ante la falta de avances médicos positivos, se vieron
obligadas a acudir ante un profesional particular quien le diagnosticó un
déficit en la hormona de crecimiento y le prescribió de manera urgente
Norditropin 15 ud/amp en aplicación de 3 unidades diarias.
-Ante la falta de capacidad
económica para sufragarlo, acudió ante Comfenalco EPS para que le fuera
suministrado, pero le fue negado por cuanto la orden no fue prescrita por un
galeno adscrito a ellos y, además, porque no ha elevado solicitud ante el
Comité Técnico Científico para que sea éste quien determine la viabilidad
médico científica del medicamento pretendido.
-Decisión que no comparte por lo
que acudió en sede de tutela a solicitar el amparo de las garantías
fundamentales de su niña, las cuales considera menguadas con el actuar de la
entidad demandada, pues no posee la solvencia financiera para asumir el costo
del medicamento requerido.
2.3. Pretensiones
La
demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados los
derechos fundamentales de su hija Laura María Reyes Ramos, a la vida digna, a
la salud y los derechos de los niños y, como consecuencia de ello, se ordene a Comfenalco
EPS, brindar el suministro del medicamento Norditropin prescrito por un
profesional particular.
2.4. Pruebas
En el expediente T-3.285.054
obran las siguientes pruebas:
-
Copia de la Historia Clínica y Evolución de la niña Laura María Reyes
(Folios4 al 6, cuaderno 2).
-
Fotocopia de los exámenes de laboratorio de la pequeña Laura María
(Folio 7, cuaderno 2).
-
Copia de los resultados de pruebas especiales realizados a Laura María
(Folio 8, cuaderno 2).
-
Prueba de hematología realizada a la agenciada(Folio 9, cuaderno 2).
-
Fotocopia de los resultados de los rayos X de edad ósea practicados a la
menor Reyes Ramos (Folios10 al 12, cuaderno 2).
-
Orden de control de servicio, apoyo y terapia prescrita en favor de la
niña Reyes (Folio 13, cuaderno 2).
-
Fotocopia de las órdenes médicas proferidas por el Dr. León Alberto
Manrique Muñoz, endocrinólogo de niños y adolescentes (Folios 14al 18, cuaderno
2).
-
Copia de la prescripción médica que ordenó el medicamento pretendido en
sede de tutela (Folio l9, cuaderno 2).
-
Fotocopia de la valoración de crecimiento expedida por el Dr. León
Alberto Manrique (Folio 20, cuaderno 2).
-
Copia de la curva de crecimiento y desarrollo de la niña (Folio 21,
cuaderno 2).
-
Fotocopia de la tarjeta de identidad de Laura María Reyes Ramos(Folio
22, cuaderno 2).
-
Copia del carné de afiliación de la menor a la EPS accionada (Folio 23,
cuaderno 2).
2.5. Respuesta de la entidad
accionada
Dentro de la oportunidad procesal
correspondiente Comfenalco EPS, a través de apoderada judicial, solicitó que se
denegara el amparo pretendido por la actora, pues no se encuentra una orden
médica proferida por un galeno adscrito a su red de profesionales y, si la
demandante tiene una prescripción particular, no la ha allegado para que el
Comité Técnico Científico la confirme o confronte con fundamento en criterios
médicos y científicos.
2.6. Intervención del
Ministerio de la Protección Social
El 11 de agosto de 2011, el
Ministerio de la Protección Social, a través de apoderado judicial, mediante
escrito[1]
dirigido al Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Cali, se pronunció frente
al caso objeto de estudio, en los siguientes términos:
Las normas que regulan o definen
el Plan Obligatorio de Salud -POS-, son los Acuerdos No. 008 de 2009 y 011 de
2010, expedidos por la Comisión Reguladora de Salud -CRES-, los cuales dentro
de su contenido no describen el medicamento “Norditropin” razón por la
cual la entidad accionada se encuentra en la obligación de suministrarlo siempre
y cuando de manera previa se haya acudido ante el Comité Técnico Científico de la
EPS, para que sea éste quien apruebe la viabilidad del fármaco para el manejo
de las enfermedades que presenta el paciente.
Del mismo modo, frente al
tratamiento integral advierte que el médico tratante es quien debe precisar los
procedimientos que requiere la paciente para determinar si se encuentran
incluidos o excluidos del POS.
2.7. Intervención del
endocrinólogo pediatra, Dr. León Alberto Manrique Muñoz
Mediante escrito dirigido al
Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Cali y recibido por dicha autoridad
judicial el 17 de agosto de 2011[2],
el endocrinólogo pediatra Dr. Manrique Muñoz, señaló que aún cuando prescribió
el medicamento pretendido en sede de tutela por la señora Ramos Gallardo, lo
cierto es que la niña Laura María, en la actualidad no cumple con los
requisitos para ser subsidiado por parte del Estado toda vez que la menor se
encuentra dentro del intervalo de crecimiento esperado de acuerdo con la
estatura de sus padres, ello de conformidad con las normas establecidas por las
sociedades científicas.
2.8. Intervención de la
endocrinóloga pediatra, Dra. Liliana Mejía
Por medio de escrito recibido por
el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Cali, el 11 de agosto de 2011[3], la
endocrinóloga pediatra, Dra. Liliana Mejía, médica adscrita a la entidad
accionada, señaló que a la niña Laura María Reyes Ramos, se le practicaron los
exámenes y las valoraciones correspondientes las cuales arrojaron que se
encuentra dentro de los valores normales y descartaron que la talla baja fuera
ocasionada por un déficit en la hormona del crecimiento, así como también que
se debiera a problemas en la tiroides, pues las valoraciones realizadas a dicha
glándula resultaron normales.
Igualmente, les explicó a los
padres de la niña que la talla de su hija se debía a herencia familiar, lo cual
no implica que genéticamente no sean normales, por lo que el medicamento
pretendido no es apropiado para pacientes con contextura baja por herencia
genética.
3. Expediente T-3.287.400
3.1. La solicitud
El demandante, Julio César de la
Hoz Medina, en representación de su hijo, Tomás Jacobo de la Hoz Revelo,
interpuso la presente acción de tutela contra Famisanar EPS, con el fin de que le
fueran protegidos los derechos fundamentales de su niño, a la vida en
condiciones dignas, a la salud y los derechos de los niños, los cuales
considera que le son vulnerados por dicha entidad al negarle la autorización
para la práctica de la cirugía denominada paratiroidectomía subtotal y el
trasplante de riñón que requiere de manera urgente.
3.2. Hechos
El demandante los narra, en
síntesis, así:
- Se encuentra afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen contributivo, por
intermedio de Famisanar EPS, en calidad de cotizante y su hijo como
beneficiario.
-Tomás Jacobo, tiene 3 años de
edad y padece de insuficiencia renal crónica terminal, raquitismo renal e
hiperparatiroidismo, enfermedad esta última que lo expone a altos riesgos de
sufrir fracturas.
-Debido a su complejo cuadro
clínico es tratado por parte de la entidad demandada, entre otros, con
medicamentos y sesiones de diálisis.
-A pesar de lo anterior, no ha
existido un avance significativo en las condiciones de salud del niño y, por el
contrario, se ha deteriorado aún más su estado, por lo que le fue prescrito por
un médico adscrito a su EPS el procedimiento denominado paratiroidectomía
subtotal con carácter urgente, el cual no le fue autorizado por la entidad
demandada, razón que lo motivó a acudir a la presente acción con el fin de que
le sea practicado y para que a su vez, se le autorizara y practicara el
trasplante de riñón, recomendado con anterioridad para evitar mayores
complicaciones en su estado salud.
3.3. Pretensiones
El
demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados los
derechos fundamentales de su hijo Tomás Jacobo de la Hoz Revelo, a la vida
digna, a la salud y los derechos de los niños y, como consecuencia de ello, se
ordene a Famisanar EPS, practicar el procedimiento conocido como
paratiroidectomía subtotal y el trasplante de riñón.
3.4. Pruebas
En el expediente T-3.287.400
obran las siguientes pruebas:
-
Copia de la Epicresis del niño Tomás Jacobo, expedida por el Instituto
Nacional del Riñón Ltda., el 5 de septiembre de 2011 (Folio 4 y 5, cuaderno 2).
-
Copia del diagnóstico médico de Tomás Jacobo y el listado de los
medicamentos prescritos para el manejo de su enfermedad (Folio 6 y 7, cuaderno
2).
-
Orden médica original que prescribió el procedimiento de
paratiroidectomía subtotal y la recomendación del trasplante para evitar un
mayor deterioro en el cuadro clínico del niño (Folio 8, cuaderno 2).
-
Concepto de la anestesióloga Marta Salazar Polanía, quien recomienda la
remisión del menor a un centro que tenga el recurso humano y técnico necesario
para el manejoperioperatorio del paciente. (Folio 9, Cuaderno 2).
3.5. Respuesta de la entidad
accionada
Dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, Famisanar EPS, a través de apoderada judicial, solicitó que se
denegara el amparo pretendido por el demandante, pues a su juicio, al menor se
le ha garantizado la atención integral ordenada por los especialistas que lo
han tratado. Agrega que, respecto de la solicitud de la paratiroidectomía
subtotal, le fue informado al padre del menor de la programación de la cita con
cirugía pediátrica para el día 29 de septiembre de 2011, en la Fundación
Hospital La Misericordia con el Dr. Iván Darío Medina, debido a que la IPS
Cafam, a donde inicialmente se les había remitido, les informó que no contaban
con los recursos humanos y técnicos para que le fuera practicado el
procedimiento en adecuada forma.
Finalmente, con relación al
trasplante de riñón, informaron que se encuentran adelantando la revisión del
caso para determinar la viabilidad de su práctica, ya que dada la complejidad
del diagnóstico del paciente, se requiere de una serie de valoraciones previas
por un grupo de especialistas en trasplantes, para que una vez efectuadas,
emitan un concepto sobre la pertinencia del procedimiento solicitado pues,
entre otras razones, dicha intervención quirúrgica exige de un protocolo de
manejo y conceptos técnicos y científicos de los cuales no se pueden apartar.
4. Expediente T-3.297.615
4.1. La solicitud
La demandante, Ana Inés Villazón Turizo,
en representación de su hijo, Gelvert Polanco Villazón, interpuso la presente
acción de tutela contra Ambuq EPS, con el fin de que le fueran protegidos los
derechos fundamentales de su pequeño, a la vida en condiciones dignas, a la
salud y los derechos de los niños, los cuales considera que le son vulnerados
por dicha entidad al negarle el suministro del medicamento conocido como Factor
VIII enriquecido con Factor Von Willewbrand Octanate que requiere con urgencia
para el manejo y el cuidado de la hemofilia tipo A que padece y que le genera
un alto riesgo de muerte por los sangrados excesivos a los que se ve expuesto.
4.2. Hechos
La demandante los narra, en
síntesis, así:
-Su hijo padece de hemofilia tipo
A, acompañada de daño articular, lo que le genera altos riesgos de muerte por
sangrados excesivos.
-Debido a su compleja enfermedad,
le fue ordenado por su médico tratante un procedimiento con Factor VIII de alta
pureza estabilizado con Factor Von Willebrand Octanate, sin albumina.
-Medicamento que no le fue autorizado
por la entidad demandada, razón que la motivó a acudir en sede de tutela, pues
si no se le suministra de manera urgente puede generar un alto riesgo a la vida
y la integridad del niño.
4.3. Pretensiones
La
demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados los
derechos fundamentales de su hijo Gelvert Polanco Villazón, a la vida digna, a
la salud y los derechos de los niños y, como consecuencia de ello, se ordene a la
Asociación Mutual Ser Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq EPS, suministrar el
Factor VIII enriquecido con Factor Von Willewbrand Octanate, necesario para el
manejo de sus enfermedades.
4.4. Pruebas
En el expediente T-3.297.615
obran las siguientes pruebas:
-
Copia del concepto médico proferido por la especialista en hematología,
Dra. Marla Sáenz Rojas (Folio 15 al 17, cuaderno 2).
-
Fotocopia de la valoración y diagnóstico médico, realizada por la Dra.
Sáenz Rojas al niño Polanco Villazón (Folio 18 y 19, cuaderno 2).
-
Copia de la prescripción médica del fármaco pretendido en la presente
tutela(Folio 20, cuaderno 2).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Ana Inés Villazón Turizo(Folio
22, cuaderno 2).
4.5. Respuesta de la entidad
accionada
Dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, la Asociación Mutual Ser Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq EPS,
a través del gerente de la regional del Bolívar, solicitó desestimar las
pretensiones de la actora, por cuanto a su juicio, no les corresponde brindar
el medicamento que el niño requiere, pues no se encuentra afiliado al Sistema
General de Seguridad Social en Salud por intermedio de ellos y, según el
reporte suministrado por el Fosyga, su condición actual es de desafiliado de la
EPS Saludcoop de la cual su madre es cotizante desde el 2004 y, por tal razón, les
resulta injustificable el retiro del pequeño de los servicios de salud que le
venían siendo suministrados en calidad de beneficiario, habida cuenta que su
progenitora en la actualidad continúa afiliada y cotizando al sistema.
5. Expediente T-3.302.381
5.1. La solicitud
La demandante,
María Damaris Betancur Gallego, en representación de su nieto menor de edad,
Brayan Esneyders Monsalve Jiménez, interpuso la presente acción de tutela
contra Humanavivir EPS,
con el fin de que le fueran protegidos los derechos fundamentales
de su nieto, a la vida en condiciones dignas, a la salud y los derechos de los
niños, los cuales considera que le son vulnerados por dicha entidad al negarle
la autorización y suministro de pañales desechables, el tratamiento integral
para su enfermedad, la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos para los
servicios que requiera, así como también el servicio de transporte
domiciliario.
5.2. Hechos
La demandante los narra, en
síntesis, así:
- Su nieto se encuentra afiliado
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen subsidiado, por
intermedio de Humanavivir EPS.
-El pequeño tiene 12 años y
padece una parálisis cerebral, razón por la cual requiere del suministro de
pañales desechables mensuales, el servicio de transporte para asistir a las
respectivas citas médicas que le son prescritas para el cuidado de su
enfermedad y el tratamiento integral.
-Debido a que no posee capacidad
económica para asumir el pago de dichos suministros y gastos, acudió ante la
entidad demandada para que le fueran provistos, pero le denegaron lo pretendido
aduciendo, entre otras razones, que lo requerido se encuentra excluido del plan
obligatorio de salud, POS y, por tanto, le corresponde a la Secretaría de Salud
de Bogotá, asumir su entrega.
- Inconforme con dicha negativa
acude en sede de tutela a solicitar el amparo de las garantías fundamentales de
su nieto, las cuales considera menguadas con el actuar de la entidad demandada
y para que sea exonerada del pago de toda cuota moderadora o copago que genere
el tratamiento del menor.
5.3. Pretensiones
La
demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados los
derechos fundamentales de su nieto Brayan Esneyders Monsalve Jiménez, a la vida
digna, a la salud y los derechos de los niños y, como consecuencia de ello, se
ordene a Humanavivir EPS, brindar el suministro de los pañales desechables
mensuales, el servicio de transporte domiciliario, el tratamiento integral y la
exoneración de las cuotas moderadoras o copagos.
5.4. Pruebas
En el expediente T-3.302.381
obran las siguientes pruebas:
-
Copia del Registro Civil de Nacimiento de Brayan Esneyders Monsalve
(Folio 1, cuaderno 2).
-
Fotocopia de la prescripción ambulatoria de medicamentos (Folios2 al 4,
cuaderno 2).
-
Fotocopia de la evolución clínica de neuro pediatría (Folios 5 al 8,
cuaderno 2).
-
Copia de la tarjeta de identidad y el carné de afiliación a Humanavivir
EPS de Brayan Esneyders Monsalve (Folio 9, cuaderno 2).
-
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora María Damaris Betancur
Gallego (Folio 10, cuaderno 2).
-
Copia de los resultados de un RX de cadera practicado a la señora María
Damaris Betancur (Folio 11 y 12, cuaderno 2).
5.5. Respuesta de la entidad
accionada
Humanavivir EPS, no dio respuesta
alguna a las pretensiones expuestas por la demandante dentro de su escrito de
tutela.
5.6. Intervención de la
Secretaría de Salud de Bogotá D. C.
Dentro de la oportunidad procesal
correspondiente, la Secretaría de Salud de Bogotá D. C., por intermedio de la
Subdirectora de Gestión Judicial, mediante oficio del 26 de octubre de 2011[4], intervino
dentro de proceso de la referencia y señaló que efectivamente el menor
pertenece al régimen subsidiado, nivel 2, a través de Humanavivir EPS, pero solicitó denegar el amparo por vía de tutela, toda vez que no es posible acceder
al suministro de los pañales desechables pues no son prestaciones en salud,
sino que, por el contrario, son elementos de aseo e higiene personal, razón por
la que ni la EPS accionada, ni la entidad territorial se encuentran en la
obligación de asumir su entrega, pues este insumo es responsabilidad de su
familia y si no les fuere posible costearlo, entonces puede acercarse a la
Secretaría de Integración Social, para solicitar sean incluidos como
beneficiarios de algunos de sus programas orientados a sufragar ese tipo de
necesidades.
6. Expediente T-3.316.388
6.1. La solicitud
El demandante, Lorenzo Sapuy
Gómez, en representación de su hija, Diana Lorena Sapuy Ome, interpuso la
presente acción de tutela contra Asmet Salud EPS-S y la Alcaldía Municipal de
Timaná, Huila, con el
fin de que le fueran protegidos los derechos fundamentales de su
pequeña, a la vida en condiciones dignas, a la salud y los derechos de los
niños, los cuales considera que le son vulnerados por las entidades demandadas,
por cuanto no le ha sido adecuado un lugar en su vivienda para que le sean
practicadas a su hija las cuatro (4) diálisis peritoneales manuales diarias
prescritas por un médico adscrito a la entidad prestadora del servicio de salud
a la que se encuentran afiliados y las cuales requiere con urgencia para el
manejo de las múltiples enfermedades que presenta dentro de las que se destaca
una infección por torch, retardo psicomotor, hipoalbuminemia, hipertensión
arterial secundaria y cefalea frontal permanente e insuficiencia renal, habida
cuenta que, debido a la clase de procedimiento, es necesario que se mantengan
unas condiciones fitosanitarias mínimas para su práctica, ello con el fin de
evitar complicaciones en su cuadro clínico. Condiciones que, en la actualidad,
no posee su casa, toda vez que se encuentra en un sector rural rodeada de
cultivos y, además, fue construida en bareque y guadua, materiales que generan
un peligro mayor, ante la imposibilidad de realizar el proceso requerido de
desinfección y esterilización de ambientes.
6.2. Hechos
El demandante los narra, en
síntesis, así:
- Se encuentran afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el régimen subsidiado, por
intermedio de Asmet Salud EPS.
- Su hija Diana Lorena, tiene 14
años de edad y padece, entre otras enfermedades, de retraso psicomotor severo,
ceguera bilateral, hipoalbuminemia, hipertensión arterial secundaria,
antecedentes de infección por torch, cefalea frontal permanente asociada a
vómitos, insuficiencia renal crónica y antecedentes convulsivos, las cuales le
impiden controlar esfínteres por lo que depende por completo de la colaboración
de otra persona para sus cuidados básicos.
- Debido a su compleja condición
física, le fue ordenado por un profesional adscrito a la EPS a la que se
encuentran afiliados, la práctica de cuatro (4)diálisis peritoneales manuales
diarias en su residencia, con el propósito de no someterla a traslados
repetitivos y evitar que con los excesivos movimientos se le cause un daño
mayor. No obstante, aclaró el especialista, que el lugar debe contar con unas
condiciones de higiene mínimas para que durante el proceso no se genere un
mayor riesgo a la salud de la menor.
-Para la práctica del
procedimiento prescrito, la entidad demandada le suministra mensualmente los
insumos médicos necesarios para las diálisis y, además, capacitó a la madre de
la agenciada para que sea ella quien se las efectúe.
-Sin embargo, debido a su falta
de recursos económicos no les es posible adecuar su vivienda con todos los
requerimientos de higiene necesarios para el buen desarrollo de las diálisis,
pues habitan en un sector rural y su casa fue construida con guadua y bareque,
elementos que no permiten su limpieza y desinfección y porque, además, están
rodeados de cultivos y animales de su propiedad, los cuales, a pesar de que los
han ido vendiendo para obtener algunos recursos económicos que les permitan suplir
las necesidades de la joven, así como también, disminuir el alto riesgo de
contagio de alguna infección que complique aún más su estado, no le son
suficientes para adecuar el lugar con unas condiciones fitosanitarias óptimas y
menos riesgosas para la integridad de la niña.
- Razón por la cual le fue
suministrada por parte de la IPS Clínica Nefrouros, una carpa con el propósito
de salvaguardar a la menor de los riesgos mayores que le ocasionan las actuales
condiciones de su vivienda. Carpa que le manifestaron al señor Sapuy le iba a
ser retirada y que lo motivó a acudir en sede de tutela ante el acentuado
peligro al que se vería expuesta la menor sin la protección mínima que dicho
elemento le provee.
6.3. Pretensiones
El
demandante pretende que por medio de la acción de tutela le sean amparados los
derechos fundamentales de su hija Diana Lorena Sapuy Ome, a la vida digna, a la
salud y los derechos de los niños y, como consecuencia de ello, se ordene a las
entidades demandadas, realizar la adecuación física de una parte de su lugar de
residencia con las condiciones mínimas de higiene para que se le puedan
practicar, sin riesgo alguno para la menor, las cuatro (4) diálisis
peritoneales manuales diarias que requiere por su complejo cuadro clínico.
6.4. Pruebas
En el expediente T-3.316.388
obran las siguientes pruebas:
-
Copia del diagnóstico médico de la menor Diana Lorena Sapuy Omey de la
evolución mensual de las diálisis peritoneales proferida por el médico
nefrólogo Dr. Alberto Carvajal Pérez (Folio 7, cuaderno 2).
-
Remisión de la menor Sapuy Ome a valoración por consulta externa (Folio
8, cuaderno 2).
-
Fotocopia del carné de afiliación a servicios médicos y de la tarjeta de
identificación de Diana Lorena (Folio 9, cuaderno 2).
6.5. Respuesta de las
entidades accionadas
6.5.1. Respuesta de Asmet
Salud EPS
Dentro de la oportunidad procesal
correspondiente Asmet Salud EPS, solicitó desestimar las pretensiones de la
demanda presentada por el señor Lorenzo Sapuy Ome en representación de su hija,
toda vez que le han brindando todos los tratamientos médicos prescritos a la
menor, necesarios para mantener sus condiciones de salud. Igualmente agregaron,
que la práctica de las diálisis peritoneales manuales diarias a las que se ve
sometida la joven, fueron prescritas por un profesional idóneo, quien según su
criterio médico consideró pertinente que fueran realizadas en su lugar de
residencia por comodidad para la niña y es éste, en definitiva, quien puede
cambiar el tratamiento o la forma en que se realiza.
6.5.2. Respuesta de la
Alcaldía Municipal de Timaná, Huila
Por intermedio del Secretario
General y de Gobierno del Municipio[5]
de Timaná, Huila, la Alcaldía de dicho municipio ofreció respuesta a los
requerimientos y frente al particular señaló que en ningún momento el
accionante ha solicitado en forma escrita la donación de materiales para el
mejoramiento de su vivienda, agregando además, que tales donaciones se
encuentran prohibidas por la ley.
Indicaron que el actor debe
presentar una solicitud de mejoramiento de vivienda a la Alcaldía Municipal de
Timaná, Huila, para que sea incluida dentro de los planes o proyectos de
mejoramiento de vivienda para personas vulnerables. No obstante, en su sentir,
se debe vincular a Asmet Salud EPS, para que le brinde todas las condiciones y
la totalidad del tratamiento necesario para que la paciente lleve de una manera
menos penosa su enfermedad.
Del mismo modo, mediante
declaración rendida[6]
ante la unidad judicial de Timaná, Huila, el Alcalde Municipal de dicho
municipio, señaló que es médico de profesión por lo que según su criterio, ante
el cuadro clínico de la adolescente, se hace necesario mantener unas
condiciones de asepsia óptimas con el fin de evitarle mayores complicaciones,
por lo que no es prudente ni pertinente el ambiente rural al que, en la
actualidad, se ve expuesta, situación de la que se debe responsabilizar a la
EPS accionada o a la entidad territorial correspondiente, máxime cuando el
municipio no cuenta con los recursos económicos necesarios para adecuar el
lugar. No obstante, agregó que la administración le ha colaborado con un
auxilio para trasporte equivalente a $130.000.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE
SE REVISAN
1. Expediente T-3.284.633
1.1. Decisión de primera
instancia
Mediante
sentencia del 19 de septiembre de 2011, el Juzgado Segundo Penal Municipal de
Pitalito, Huila, denegó el amparo de los derechos fundamentales a la salud, ala
vida en condiciones dignas y los derechos de los niños de Yeimi Paola
Betancourt Zúñiga, presuntamente vulnerados por Cafesalud EPS, por cuanto
consideró que dentro del plenario no se constató la existencia de una orden
médica que prescribiera el complemento multivitamínico Ensure y los pañales
desechables pretendidos.
1.2. Impugnación
La anterior decisión no fue
impugnada por las partes.
2. Expediente T-3.285.054
2.1. Decisión de primera
instancia
El Juzgado Treinta y Tres Civil
Municipal de Cali, mediante sentencia del 19 de agosto de 2011, negó el amparo
solicitado por la señora Fernanda Patricia Ramos Gallardo en representación de
su hija Laura María Reyes Ramos al considerar que si bien la niña padece de un
déficit en la hormona de crecimiento y que le fue prescrito el medicamento
pretendido por un profesional particular, lo cierto es que en el presente
asunto y según respuesta dada por dicho médico a los requerimientos elevados
por esa autoridad judicial, la agenciada, a pesar de tener dicho déficit, se
encuentra dentro del intervalo esperado para la estatura de sus padres, razón
por la cual no cumple los requisitos médicos para ser subsidiada por el estado.
Situación que desvirtúa la necesidad urgente de amparo por medio de tutela.
2.2. Impugnación
La parte demandante, dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, impugnó el fallo proferido en primera
instancia.
2.3. Decisión de segunda
instancia
El Juzgado Primero Civil del
Circuito de Cali, mediante fallo proferido el 28 de septiembre de 2011,
confirmó la sentencia del a quo, fundamentando su decisión en el hecho
de que no le asiste obligación alguna a la EPS demandada de entregar el
medicamento requerido, pues al haber sido ordenado por un profesional
particular, al que acudieron de manera voluntaria, es la madre de la niña la
que debe “acarrear” con su valor y con lo que se requiera para el
tratamiento que dicho médico le prescriba a la menor.
3. Expediente T-3.287.400
3.1. Decisión de Primera
Instancia
El Juzgado Penal Municipal de
Madrid, Cundinamarca, mediante sentencia del 3 de octubre de 2011, denegó el
amparo pretendido por el señor Julio César de la Hoz Medina, en representación
de su hijo Tomás Jacobo de la Hoz Revelo, al considerar que si bien los
derechos de los niños gozan de una garantía especial y deben ser atendidos de
forma diligente, lo cierto es que en este caso en particular, no se evidenció por
parte de Famisanar EPS, una actuación negligente, pues, por el contrario,
autorizó la práctica de la cirugía denominada paratiroidectomía subtotal para
el 29 de septiembre de 2011 a las 11:40 am en la IPS Fundación Hospital La
Misericordia y fue el accionante quien no acudió a la cita programada y, quien,
además, precisó vía telefónica a la unidad de seguimiento de Famisanar EPS[7], que el
motivo de su ausencia fue ocasionado por la falta de tiempo.
Igualmente, agregó el fallador,
que respecto de la solicitud de trasplante de riñón requerida, tampoco se
evidencia una actuación temeraria o caprichosa de la EPS, sino que, por el
contrario, debido a la complejidad del procedimiento pretendido, es necesario
para su práctica, la valoración de varios especialistas de manera previa para
que sean ellos quienes determinen, según argumentos científicos, la viabilidad
del trasplante, lo cual en la actualidad se viene adelantando de manera pronta
por la entidad accionada.
3.2. Impugnación
La anterior decisión no fue
impugnada por las partes.
4. Expediente 3.297.615
4. 1. Decisión de Primera
Instancia
El Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Magangué, Bolívar, mediante providencia del 30 de septiembre de
2011, denegó el amparo de los derechos fundamentales del menor Gelvert Polanco
Villazón, a la salud, a la vida en condiciones dignas y los derechos de los
niños, alegados por la señora Ana Inés Villazón Turizo y presuntamente
vulnerados por la Asociación Mutual Ser Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq EPS, al
no suministrarle el Factor VIII enriquecido con Factor Von Willewbrand Octanate,
requerido por el niño para tratar la hemofilia tipo A que padece y que le
genera riesgos de muerte por sangrados excesivos y daño articular, por cuanto a
juicio del fallador, el pequeño no se encuentra afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, ni en el régimen contributivo ni el subsidiado,
según lo constató en la base de datos del FOSYGA. Igualmente, en la actualidad
la madre del pequeño se encuentra afiliada en el régimen contributivo por
intermedio de Saludcoop EPS, en calidad de cotizante, desde el 1 de diciembre
de 2004, y no existe justificación alguna que permita motivar las razones que
la llevaron a retirar al niño de su calidad de beneficiario. Por lo que al
encontrarse acreditada la falta de legitimación por pasiva, consideró dicha
autoridad judicial que no era viable el amparo requerido.
4.2. Impugnación
Decisión que no fue impugnada por
las partes.
5. Expediente T-3.302.381
5.1. Decisión de Primera
Instancia
El Juzgado Cincuenta y Cuatro
Civil Municipal de Bogotá D. C., mediante providencia del 1 de noviembre de
2011, negó el suministro de los pañales desechables y del servicio de
transporte domiciliario pretendido por la señora María Damaris Betancur en
representación de su nieto Brayan Esneyders Monsalve Jiménez, por considerar
que la accionante no demostró su poca capacidad económica para asumir su costo,
sin embargo, concedió la pretensión encaminada a obtener el tratamiento
integral, lo cual incluye la prestación de todos los servicios, procedimientos
y medicamentos necesarios para el manejo de la enfermedad presentada por el
menor.
5.2. Impugnación
Providencia que fue apelada por Humanavivir EPS, el 16 de noviembre de
2011, bajo el argumento según el cual, es deber de la Secretaría de Salud de
Bogotá, asumir el suministro de todos los medicamentos y servicios de salud que
se encuentren excluidos del POS-S. Solicitud que fue rechazada, pues fue
elevada de manera extemporánea.
6. Expediente T-3.316.388
6.1. Decisión de primera instancia
La Unidad Judicial Municipal de
Timaná, Huila, mediante sentencia del 7 de octubre de 2011, concedió el amparo
solicitado por el señor Lorenzo Sapuy Gómez en representación de su hija Diana
Lorena Sapuy Omeal considerar que:
ü El lugar en donde actualmente se
le practican a la adolescente las diálisis peritoneales manuales no cuenta con
las condiciones mínimas de asepsia que debe tener un sitio para asegurar que
con los factores externos que se encuentran en el ambiente, no se genere un
mayor riesgo para las ya deterioradas condiciones de salud de la pequeña,
máxime si se tiene en cuenta que su residencia fue construida en bareque.
ü La pequeña no puede ser sometida
a traslados repetitivos para su tratamiento, pues le son necesarias la práctica
de cuatro (4) diálisis diarias por lo que si se transporta constantemente, dichos
movimientos pueden resultar perjudiciales para su estado de salud y, además,
económicamente la familia no tiene la capacidad financiera para asumirlos.
ü Con el uso de la carpa no se
garantiza el cumplimiento de los postulados constitucionales con relación a la
protección de que disfrutan los niños, y que comprende todos los
procedimientos, tratamientos y servicios de una manera óptima que permita
asegurar su rehabilitación o por lo menos unas condiciones de vida más dignas,
situación que no ocurre en el presente asunto, toda vez que la carpa en la que
se le prestan los servicios atenta contra la dignidad humana de la niña.
Como consecuencia de lo anterior,
ordenó a Asmet Salud EPS, adecuar de manera pronta el sitio en que se le
practican las diálisis a la joven y prestarle la atención integral a sus
enfermedades con el fin de evitar el riesgo que se le está generando debido a
la falta de los requisitos mínimos de esterilización e higiene. No obstante,
agregó que si ello no fuere posible, entonces deberá proceder a variar el sitio
de aplicación de los procedimientos y practicarlos en la Institución Prestadora
de Salud más cercana.
6.2. Impugnación
La parte demandada, dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, impugnó el fallo proferido en primera
instancia argumentando que económicamente les resulta muy oneroso adecuarle el
lugar de residencia de la agenciada o sufragarle los gastos de los cuatro (4)
traslados diarios que requiere junto con los de su acompañante.
6.3. Decisión de segunda
instancia
El Juzgado Primero Civil del
Circuito de Pitalito, Huila, mediante fallo proferido el 15 de noviembre de
2011, revocó la sentencia de primera instancia fundamentando su decisión en que
dentro del plenario no obra concepto médico que permita inferir que el lugar en
donde se le están practicando las diálisis no cumple con las exigencias
fitosanitarias necesarias, por lo que mal haría entonces el juez constitucional
en deducir tal cosa sin sustento médico-científico.
Agregó que las circunstancias que
afronta la joven le han sido tratadas de forma adecuada, pues con la carpa
facilitada por la unidad renal Nefrouros, no se genera riesgo y se acondiciona
el lugar apropiadamente para las sesiones de diálisis necesarias.
7. Resumen
Sintetizando la información expuesta en precedencia, los asuntos
pendientes de revisión pueden ser esquematizados de la siguiente manera:
Exp.
Actor(a) /Ent.
Demandada
Petición
Decisiones de
instancia
Primera
Segunda
T-3.284.633
Accionante:
Gladis Zúñiga Scarpetta en representación de su hija Yeimi Paola Betancourt
Zúñiga.
Demandado:
Cafesalud EPS
-Complemento
multivitamínico Ensure.
-120
pañales desechables mensuales.
-Atención
médica especializada en centro de primer nivel.
Negó
Confirmó
T-3.285.054
Accionante:
Fernanda Patricia Ramos Gallardo en representación de su hija Laura María
Reyes Ramos
Demandado:
Comfenalco EPS
-Medicamento
Norditropin 15 udamp, prescrito por un médico particular.
Negó
Confirmó
T-3.287.400
Accionante:
Julio César de la Hoz Medina en representación de su hijo Tomás Jacobo de la
Hoz Revelo.
Demandada:
Famisanar EPS
-Requiere
una paratiroidectomía subtotal.
-
Trasplante de riñón.
Negó
-
T-3.297.615
Accionante:
Ana Inés Villazón Turizo en representación de su hijo Gelvert Polanco
Villazón
Demandando:
Ambuq EPS.
-El
suministro del Factor VIII enriquecido con Factor Von Willewbrand Octanate.
Negó
-
T-3.302.381
Accionante:
María Damaris Betancur en representación de su menor nieto Brayan Esneyders
Monsalve Jiménez.
Demandada:
Humanavivir EPS
-Autorización
y suministro de pañales desechables.
-Tratamiento
integral.
-Exoneración
de las cuotas moderadoras y copagos para los servicios prestados.
-Servicio
de transporte domiciliario.
Negó
-
T-3.316.388
Accionante:
Lorenzo Sapuy Gómez en representación de su hija Diana Lorena Sapuy Ome
Demandada:
Alcaldía Municipal de Timaná y Asmet Salud EPS
Requiere
de la adecuación física de su lugar de habitación para que le puedan ser
practicadas sin riesgo fitosanitario alguno, las cuatro (4) sesiones de
diálisis peritoneales manuales diarias ordenadas por su médico tratante.
Concedió
Revocó
III. PRUEBAS DECRETADAS POR LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Esta Sala de Revisión consideró
necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes dentro de
los expedientes y poder de esta manera mejor proveer, por lo que, por
intermedio de diferentes autos, requirió a las partes para que allegaran a esta
Corporación el material probatorio faltante. Adicionalmente, con ocasión de que
en algunos casos no se había integrado debidamente el contradictorio, se
procedió a poner en conocimiento de las partes no vinculadas y con interés
legítimo en los asuntos tratados el contenido de las demandas de tutelas. En
consecuencia, resolvió lo siguiente:
1. Expediente T-3.284.633
1.1. Dentro del expediente
T-3.284.633 se ordenó vincular a la Secretaría de Salud del Huila y ponerla en
conocimiento de la demanda de tutela interpuesta por la señora Gladis Zúñiga
Scarpetta en representación de su hija Yeimi Paola Betancourt Zúñiga, así:
“PRIMERO.- ORDENAR que por conducto de la Secretaría General de esta
Corporación se ponga en conocimiento de la Secretaría de Salud del Huila, el
contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-3.284.633, para
que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente
Auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se
plantean o, en todo caso, actúen en los términos previstos en el numeral 9 del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.”[8]
Dentro del término procesal
correspondiente la Secretaría de Salud del Huila, dio respuesta al
requerimiento elevado por esta Corte, mediante oficio remitido vía fax el 27 de
febrero de 2012[9], allegado por correo certificado
el 29 de febrero de 2012[10], manifestando que la atención a
la niña Betancourt Zúñiga debe ser suministrada de forma integral por parte de
Cafesalud EPS, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo 011 de 2010[11], según el cual, los menores de
18 años tienen derecho a la totalidad de beneficios del POS, hecho que incluye
los procedimientos, citas especializadas, medicamentos y demás insumos que
requiera para el manejo de sus enfermedades.
Precisó dicha Secretaría, que
ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Pitalito, Huila, cursa otra acción
de tutela con identidad de partes, pretensiones y hechos.
Finalmente, señaló que en sus
archivos no se encuentra ninguna solicitud de servicios pendiente por parte de
la accionante o de la EPS Cafesalud a nombre de Yeimi Paola Zúñiga Scarpetta,
razón por la cual no han vulnerado ningún derecho fundamental de los
mencionados en el escrito de tutela, por lo que requieren que se les exonere de
toda responsabilidad y en su lugar, se condene a la EPS Cafesalud.
1.2. Igualmente se ofició a la
accionante para que en un término no mayor a los tres días siguientes a la
notificación del Auto allegara a esta Sala lo siguiente:
“TERCERO.-
Por Secretaría General, oficiar a los ciudadanos Gladis Zúñiga Scarpetta,
(…) para que en el término de tres (3) días contados a partir de la
notificación del presente Auto, con los correspondientes documentos que
respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
·
De qué actividad económica deriva sus ingresos.
·
Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique cuál es la
fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso
positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos.
·
Cuál es su situación económica actual.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
Cuál es el estado de salud actual de su hijo(a).
·
Y del mismo modo se sirvan allegar las copias de las
prescripciones médicas proferidas por profesionales (particulares o adscritos a
la EPS a la que se encuentran afiliados), con relación a los problemas de salud
que presenta su hijo(a).
Para
efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere
pertinentes.”[12]
Requerimientos
frente a los cuales la señora Gladis Zúñiga Scarpetta guardó silencio.
2. Expediente T-3.285.054
2.1. Dentro del expediente
T-3.285.054 se ofició a la señora Fernanda Patricia Ramos Gallardo, para que
aportara la siguiente información:
“TERCERO.-
Por Secretaría General, oficiar a los ciudadanos (…), Fernanda Patricia
Ramos Gallardo, (…), para que en el término de tres (3) días contados a partir
de la notificación del presente Auto, con los correspondientes documentos que
respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
·
De qué actividad económica deriva sus ingresos.
·
Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique cuál es la
fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso
positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos.
·
Cuál es su situación económica actual.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
Cuál es el estado de salud actual de su hijo(a).
·
Y del mismo modo se sirvan allegar las copias de las
prescripciones médicas proferidas por profesionales (particulares o adscritos a
la EPS a la que se encuentran afiliados), con relación a los problemas de salud
que presenta su hijo(a).
Para
efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere
pertinentes.”[13]
El 27 de febrero de 2012[14], la señora
Fernanda Patricia Ramos Gallardo, mediante escrito dirigido a la Secretaría de
esta Corporación, dio respuesta a los requerimientos elevados por este Tribunal
y frente al particular señaló que:
ü
En
la actualidad se desempeña como empleada mediante contrato laboral a término
fijo por un período de un año, con un ingreso mensual de $881.000.
ü
Tiene
un vehículo modelo 1998, avaluado en el comercio en $6.000.000.
ü
Es
madre cabeza de hogar y tiene a su cargo a sus 2 hijos menores de edad.
ü
Tiene
unos gastos fijos mensuales equivalentes a $790.000
Del mismo modo, agregó que su
hija tiene una diferencia considerable de estatura con relación a sus compañeras
de colegio de la misma edad, situación que le ha generado problemas
psicológicos, pues en repetidas ocasiones se ha visto expuesta a burlas con
ocasión de su condición física, razón por la cual requiere con urgencia el
tratamiento de hormonas para su crecimiento, habida cuenta que según el
concepto proferido por el especialista, tan solo le quedan 4 años para alcanzar
su estatura final y luego de dicho tiempo ya no existe posibilidad alguna para
solucionarlo.
3. Expediente T-3.287.400
3.1. Dentro del expediente
T-3.287.400 se decretaron las siguientes pruebas:
“TERCERO.-
Por Secretaría General, oficiar a los ciudadanos (…), Julio César de la Hoz
Medina, (…), para que en el término de tres (3) días contados a partir de la
notificación del presente Auto, con los correspondientes documentos que
respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
·
De qué actividad económica deriva sus ingresos.
·
Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique cuál es la
fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso
positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos.
·
Cuál es su situación económica actual.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
Cuál es el estado de salud actual de su hijo(a).
·
Y del mismo modo se sirvan allegar las copias de las
prescripciones médicas proferidas por profesionales (particulares o adscritos a
la EPS a la que se encuentran afiliados), con relación a los problemas de salud
que presenta su hijo(a).
Para
efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere
pertinentes.”[15]
Requerimientos frente a los
cuales el señor Julio César de la Hoz Medina no realizó pronunciamiento alguno.
3.2. Posteriormente, mediante
Auto proferido el 11 de abril de 2012[16],
y debido a la información suministrada vía telefónica por una funcionaria
vinculada a la IPS Colombiana de Trasplantes, en la que manifestó que de
conformidad con el reporte arrojado en su base de datos el niño Tomás Jacobo de
la Hoz Revelo había fallecido, el Magistrado Sustanciador consideró necesario
recaudar algunas pruebas y por consiguiente ordenó:
“PRIMERO.- ORDENAR a
Colombiana de Trasplantes que, dentro de los tres (3) días siguientes a la
notificación de este proveído, rinda un informe de los procedimientos médicos
practicados por ellos al menor Tomás Jacobo de la Hoz Revelo, orientados a
determinar la viabilidad del trasplante de riñón pretendido.
SEGUNDO.- ORDENAR a Famisanar EPS que, dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación de este proveído, rinda un
informe de los procedimientos médicos practicados por ellos al menor Tomás
Jacobo de la Hoz Revelo, orientados a determinar la viabilidad del trasplante
de riñón y de la paratiroidectomía subtotal que requiere.
TERCERO.-
SOLICITAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, dentro
de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, remita
copia del registro civil de defunción del niño Tomás Jacobo de la Hoz Revelo,
identificado el registro civil de nacimiento No. 1011101346.
Para
efectos de sus pronunciamientos, allegar las pruebas documentales que
consideren pertinentes.”
Frente a los anteriores
requerimientos, la IPS Colombiana de Trasplantes mediante oficio recibido por la
Secretaría de esta Corte, el 27 de abril de 2012[17], ofreció respuesta y
señaló que al pequeño se le iniciaron las valoraciones el 30 de septiembre de
2011 y su caso fue llevado a junta médica el 10 de octubre de 2011, la cual
concluyó que era apto para el trasplante renal. Agregando que durante dicho
proceso se le practicaron los siguientes exámenes y procedimientos[18]:
ü
Valoración
por psiquiatría.
ü
Valoración
por nefrología pediátrica.
ü
Valoración
por cirugía de trasplantes.
ü
Junta
Médica interdisciplinaria.
ü
Asistencia
a reunión educativa.
ü
Radiografía
de Tórax.
ü
Ecografía
abdominal.
ü
Cistouretrogamagrafía.
ü
Electrocardiograma.
ü
Química
sanguínea, prueba de coagulación, función hepática: transaminasas, fosfatasa
alcalina, albumina.
ü
Perfil
lipídico.
ü
Perfil
infeccioso.
Por su parte, Famisanar EPS, por
intermedio de su representante legal, mediante escrito recibido vía fax el 3 de
mayo de 2012[19],
informó de la muerte de Tomás Jacobo, el 19 de diciembre de 2011 y señaló que
al niño se le garantizaron y autorizaron, en vida, todos los servicios de salud
que le fueron ordenados por sus especialistas tratantes, siendo remitido
principalmente a la IPS Colombiana de Trasplantes y a la Fundación Hospital de la
Misericordia.
Agregaron que para el manejo de
su enfermedad, insuficiencia renal crónica terminal por hipoplasia renal
bilateral, le fueron prescritas las diálisis peritoneales automatizadas que le
eran practicadas una vez al mes hasta diciembre de 2011, cuando falleció.
Con relación a la
paratiroidectomía subtotal, manifestaron que le fue autorizada la interconsulta
con la especialidad de cirugía pediátrica para el 29 de septiembre de 2011 a las 11:40 am, con el Dr. Iván Darío Medina, en la IPS Fundación Hospital de la Misericordia a
la cual no asistió el paciente, siendo reprogramada para el 6 de octubre de
2011.
Como sustento de sus afirmaciones
anexa a su escrito la copia de las autorizaciones activas al menor y el resumen
de la atención practicada por la IPS Fundación Hospital de la Misericordia,
desde el 17 de diciembre de 2011, fecha en la cual ingresó al servicio de
urgencias, hasta el día de su deceso por trastorno severo de la oxigenación y
acidosis respiratoria severa, además de las enfermedades descritas en la
historia clínica[20].
Por último, solicitan que
teniendo en cuenta el fallecimiento del agenciado, se proceda a declarar la
ocurrencia de una carencia actual de objeto.
Por su lado, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por intermedio de la Coordinadora del Servicio Nacional
de Inscripción de la Dirección Nacional, dentro del término procesal
correspondiente, indicó que una vez efectuada la búsqueda en la base de datos
del sistema de información de registro civil no se constató información alguna
acerca del registro civil de defunción de Tomás Jacobo de la Hoz Revelo.
4. Expediente T-3.297.615
4.1. Dentro del expediente
T.3.297.615 se decretaron las siguientes pruebas:
“TERCERO.-
Por Secretaría General, oficiar a los ciudadanos (…), Ana Inés
VillazónTurizo, (…), para que en el término de tres (3) días contados a partir
de la notificación del presente Auto, con los correspondientes documentos que
respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
·
De qué actividad económica deriva sus ingresos.
·
Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique cuál es la
fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso
positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos.
·
Cuál es su situación económica actual.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
Cuál es el estado de salud actual de su hijo(a).
·
Y del mismo modo se sirvan allegar las copias de las prescripciones
médicas proferidas por profesionales (particulares o adscritos a la EPS a la
que se encuentran afiliados), con relación a los problemas de salud que
presenta su hijo(a).
Para
efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere
pertinentes.”[21]
Requerimiento frente al cual la
señora Ana Inés Villazón Turizo guardó silencio.
4.2. De igual manera y al no
encontrarse debidamente integrado el contradictorio, se procedió a vincular a la
Secretaría de Salud de Bolívar y a Saludcoop EPS. Por consiguiente, se les puso
en conocimiento del contenido de la demanda de tutela interpuesta por la señora
Villazón. Para tal fin se ordenó:
“SEGUNDO.- ORDENAR que por
conducto de la
Secretaría General de esta Corporación se ponga en conocimiento de la
Secretaría de Salud de Bolívar y de Saludcoop EPS, los contenidos de la demanda
de tutela que obran en el expediente T-3.297.615, para que, dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación del presente Auto, se pronuncien respecto
de los hechos y las pretensiones que en ella se plantean o, en todo caso,
actúen en los términos previstos en el numeral 9 del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil.”[22]
La Secretaría de Salud de
Bolívar, por intermedio de un asesor jurídico de la unidad legal, remitió respuesta
dentro del término procesal correspondiente, la cual fue recibida por la
Secretaría de esta Corporación el día 29 de febrero de 2011[23] y frente al particular
señaló, que una vez verificada la Base de Datos Única de Afiliación (BDUA) del
Fosyga, se constató que Gelvert Polanco Villazón, no se encuentra afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, ni en el régimen contributivo ni
en el subsidiado, ello a pesar de que desde el 2004 hacia parte en calidad de
beneficiario de su progenitora, por lo que les resulta inconcebible el hecho de
que, encontrándose aún ésta cotizando por intermedio de Saludcoop, haya
procedido a retirar sin justificación válida alguna a su hijo.
Así las cosas, manifestaron que
sobre ellos no recae ninguna responsabilidad, toda vez que el niño no se
encuentra vinculado por intermedio de Ambuq EPS-S y, por tanto, les es
imposible suministrarle el medicamento pretendido, habida cuenta que de
conformidad con lo indicado en el artículo 34 del Decreto 806 de 1998[24], es una
obligación de Saludcoop EPS su afiliación en calidad de beneficiario al ser
hijo menor de 18 años y dependiente económicamente de la cotizante.
En ese sentido, para la
Secretaría de Salud de Bolívar la responsabilidad del estado de salud, de la
atención médica y del suministro de los medicamentos necesarios para el manejo
de la hemofilia tipo A que aflige al pequeño, recae en cabeza de Saludcoop EPS,
pues es deber de esta entidad afiliar en calidad de beneficiario de la señora
Ana Inés Villazón Turizo, a su hijo Gelvert Polanco Villazón.
Por su lado, Saludcoop EPS, no
ofreció respuesta alguna a las pretensiones que esbozan en el escrito de tutela
impetrada por la señora Ana Inés Villazón Turizo en representación de su hijo
Gelvert Polanco Villazón.
5. Expediente T-3.302.381
5.1. Con relación al asunto
expuesto en el expediente T-3.302.381, se decretaron las siguientes pruebas:
“TERCERO.-
Por Secretaría General, oficiar a los ciudadanos (…), María Damaris
Betancur Gallego, para que en el término de tres (3) días contados a partir de
la notificación del presente Auto, con los correspondientes documentos que
respalden sus afirmaciones, se sirvan informar a esta Sala:
·
De qué actividad económica deriva sus ingresos.
·
Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique cuál es la
fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso
positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos.
·
Cuál es su situación económica actual.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes y cuántos.
·
Señale la relación de gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
Cuál es el estado de salud actual de su hijo(a).
·
Y del mismo modo se sirvan allegar las copias de las
prescripciones médicas proferidas por profesionales (particulares o adscritos a
la EPS a la que se encuentran afiliados), con relación a los problemas de salud
que presenta su hijo(a).
Para
efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere
pertinentes.”[25]
Frente a los anteriores requerimientos
la señora María Damaris Betancur Gallego guardó silencio.
6. Expediente T-3.316.388
6.1. Con relación a la solicitud
de amparo por medio de tutela impetrada por el señor Lorenzo Sapuy Gómez en
representación de su hija Diana Lorena, esta Sala de Revisión consideró
necesario vincular a la Secretaría de Salud del Huila y por consiguiente
decretó:
“Primero.-
ORDENAR que por conducto de la Secretaría General de esta
Corporación se ponga en conocimiento de la Secretaría de Salud del Huila, el
contenido de la demanda de tutela que obra en el expediente T-3.316.388, para
que, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del presente
Auto, se pronuncie respecto de los hechos y las pretensiones que en ella se
plantea o, en todo caso, actúen en los términos previstos en el numeral 9° del
artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.”[26]
Por intermedio
de oficio recibido por la Secretaría de esta Corporación vía fax el 27 de
febrero de 2012[27]
y mediante correo certificado el 29 de febrero de 2012[28], la Secretaría de Salud
del Huila dio respuesta a los requerimientos elevados en sede de tutela por el
señor Sapuy y, frente al particular, señaló que según el Acuerdo 029 de 2011[29], las
empresas prestadoras del servicio de salud a la que se encuentren afiliados los
niños, les debe brindar toda la atención, suministros e insumos incluidos en el
POS, al igual que el servicio especializado que requiera para el manejo y el
cuidado de sus enfermedades. Así las cosas, es obligación de Asmet Salud EPS
garantizarle la atención integral requerida por Diana Lorena Sapuy Ome.
6.2. Del mismo
modo, y debido a la gravedad de las condiciones que afronta la menor Diana
Lorena Sapuy Ome se procedió a decretar una medida provisional de la siguiente
manera:
“Segundo.-
ORDENAR a la Secretaría de Salud del Huila, como medida provisional,
que la menor DIANA LORENA SAPUY OME, sea trasladada e internada dentro
de las (48) horas siguientes a la notificación del presente Auto, a un centro
especializado en el manejo de las enfermedades que presenta, en Pitalito,
Huila, para que le sea brindado el tratamiento integral correspondiente y las
diálisis que requiere.”[30]
De igual manera, la Secretaría de
Salud del Huila mediante oficio recibido por la Secretaría General de esta
Corporación el 29 de febrero de 2012[31],
manifestaron no ser los responsables de suministrarle la atención en salud
requerida por el señor Sapuy en representación de su hija Diana Lorena, por
cuanto su obligación recae exclusivamente sobre la empresa prestadora del
servicio de salud a la que se encuentran afiliados. Agregaron, que dentro de un
fallo de tutela proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, el 10
de febrero de 2012, a una solicitud de suministro de servicio de trasporte
interpuesta por el hoy accionante en representación de Diana Lorena Sapuy Ome,
se resolvió desvincular a la Secretaría de Salud del Huila y condenar
exclusivamente a la EPS Asmet Salud, por lo que, en ese sentido, no es posible
obligarlos a asumir las responsabilidades propias de la entidad accionada, pues
con tal situación se contraría los postulados constitucionales y
jurisprudenciales.
6.3. A su vez,
con el propósito de recaudar algunas pruebas relacionadas con la capacidad
económica del accionante, se procedió a requerir lo siguiente:
“Tercero.-
Por Secretaría General, oficiar al señor Lorenzo Sapuy Gómez, para que en
el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente
Auto, con los correspondientes documentos que respalden sus afirmaciones, se
sirva informar a esta Sala:
·
De qué actividad económica deriva sus ingresos.
·
Si tiene algún tipo de vinculación laboral, indicando el
correspondiente empleador. Si su respuesta es afirmativa señale el monto
mensual de sus ingresos.
·
Si su anterior respuesta es negativa, indique cuál es la
fuente de sus ingresos.
·
Si es dueño de bienes muebles o inmuebles, indicando, en caso
positivo, cuál es su valor y la renta que pueda derivar de ellos.
·
Cuál es su situación económica actual.
·
Si tiene personas a cargo, indicando quiénes.
·
Señale la relación de gastos mensuales por todo concepto
(alimentación, educación, vestuario, salud, recreación, etc.).
·
Cuál es el estado de salud actual de su hija.
·
Y del mismo modo se sirva allegar las copias de las
prescripciones médicas proferidas por profesionales (particulares o adscritos a
la EPS a la que se encuentran afiliados), con relación a los problemas de salud
que presenta su hija.
Para
efectos de su pronunciamiento, allegar las pruebas documentales que considere
pertinentes.”[32]
Requerimientos a los que dio
respuesta la señora madre de Diana Lorena a nombre propio y en representación
de su esposo y, frente al particular, señaló que debido al complejo cuadro
clínico que padece su hija, requiere de manera urgente del amparo por vía de
tutela y del tratamiento integral.
Con relación a su capacidad
económica, refiere que son personas humildes y que no cuentan con los recursos
suficientes para afrontarlos costos que le generan los traslados constantes que
deben realizar con la joven a Neiva para los respectivos controles médicos.
Su esposo es un jornalero y no
cuenta con un trabajo estable, por lo que de dicha actividad obtienen los
ingresos para suplir sus necesidades de alimentación, vestuario y demás que
demanda su subsistencia.
Debido a los múltiples gastos que
les genera el tratamiento de la enfermedad de su hija, se encuentran en la
actualidad pagando dos créditos financieros, el primero, con el Banco Agrario,
sucursal Altamira por valor de $2.000.000, y el segundo, con la Cooperativa
Utrahuilca del Municipio de Timaná, Huila, por valor de $3.000.000, así como
también otras deudas con vecinos, amigos y familiares.
En la actualidad a Diana Lorena
se le detectó una infección en sus ojos, por lo que está siendo tratada por
oftalmología en la ciudad de Neiva de manera urgente.
Su vivienda está construida en
bareque y no cuenta con el servicio de alcantarillado, situación que debido a
las particulares condiciones de salud que enfrenta la niña, atenta contra su
integridad, toda vez que según la información suministrada por un especialista,
resulta de vital importancia que se cuente con un cuarto completamente
higiénico, con lavamanos, electricidad, pisos adecuados y pintado para asegurar
el buen manejo de su enfermedad, lo cual les ha sido imposible cumplir debido
alas difíciles circunstancias económicas que afrontan, por lo que se han visto
obligados a practicarle las diálisis peritoneales manuales en una carpa
prestada por la Clínica Neurofros que se encuentra con graves daños, a pesar de
que la han remendado en varias oportunidades.
Tienen otras 2 hijas, quienes
adelantan sus estudios básicos, pero debido a su insolvencia económica no le
han podido dar continuidad por cuanto no les ha sido posible adquirir los
elementos y materiales que le son necesarios para el buen desarrollo de sus
actividades.
Situaciones que los han obligado
a solicitar sea ordenado el tratamiento de diálisis peritoneales y de consultas
con especialista para su hija Diana Lorena en la Clínica Nefrouros de la ciudad
de Pitalito, Huila y no en Neiva como se vienen presentando.
6.4. El Magistrado sustanciador
ante el inminente daño al que se ve expuesta la adolescente Diana Lorena Sapuy Ome,
procedió a proferir el siguiente auto:
“PRIMERO.-ORDENAR
a la EPS-S Asmet Salud que dentro de los cinco (5) días siguientes a la
comunicación de este proveído, realice una valoración médica a la niña Diana
Lorena Sapuy Ome en su domicilio, con el fin de establecer sus actuales
condiciones de salud y, de forma inmediata, informe a esta Corte sobre los
resultados obtenidos, de manera tal que defina detalladamente los tratamientos
y procedimientos médicos necesarios, para lo cual, además de indicar su
justificación, periodicidad, número de sesiones, duración del tratamiento, etc,
deberá precisar si para su ejecución o cumplimiento se requiere: (i) traslados
periódicos a un centro especializado, (ii) remisión a un centro especializado
en el manejo de sus enfermedades con el fin de que sea internada y tratada o
(iii) adecuación fitosanitaria del lugar de residencia de la niña.
SEGUNDO.-COMISIONAR
a la Unidad Judicial Municipal de Timaná, Huila -primera instancia en este
proceso- para que, en el término de los cinco (5) días contados a partir de la
comunicación de esta providencia, realice una INSPECCIÓN JUDICIAL al lugar de
residencia de la niña Diana Lorena Sapuy Ome (ubicada en la vereda Alto
Naranjal, celular: (3124063701) y verifique: (i) las condiciones sanitarias
actuales del lugar -vivienda, carpa y entorno- (ii) cuántas personas cohabitan
con la niña y sus datos demográficos, (iii) cuál es el promedio de ingresos y
egresos de la familia y (iv) esclarecer la situación actual de salud de la
agenciada.
TERCERO.-
Sin perjuicio de lo que le atañe al juzgado de primera instancia, en
el caso específico de los derechos de la niña Diana Lorenza SapuyOme, se
encomendará el cumplimiento del numeral primero de este proveído a la
Personería Municipal de Timaná (Huila) y a la Secretaría de Salud del Huila.”[33]
Requerimientos frente a los
cuales Asmet Salud EPS-S señaló que debido a que la niña reside en la vereda El
Naranjal del Municipio de Timaná, Huila, les es difícil lograr que dentro de
los 5 días otorgados por esta Corte, se desplace un médico nefrólogo[34] a su
domicilio por lo que manifestaron que como la joven tiene valoración por la
especialidad de nefrología el 11 de abril de 2012 a las 7.30 am, en la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, esa sería
la oportunidad adecuada para realizarle la valoración necesaria, de conformidad
con los parámetros indicados en el mencionado auto.
Agregaron, que no le han negado
los servicios médicos a la agenciada, los cuales se los vienen garantizando en la
IPS Nefrouros de la ciudad de Neiva, con quienes tienen contratada la
prestación de los servicios de salud para la atención de las diálisis
peritoneales manuales en su residencia, y quienes le indicaron a los familiares
de Diana Sapuy sobre el manejo del equipo suministrado para tal procedimiento y
les ilustraron a cerca de las medidas de asepsia que se deben guardar en el
entorno de la adolescente.
Finalmente, señalaron que el 1 de
marzo de 2012 en valoración de control a la niña Sapuy, se pudo constatar que
sus cifras tensionales se encontraban en buenas condiciones, que existen unos
adecuados parámetros de calidad y la ausencia de signos de peritonitis.
Por su lado, la Unidad Judicial
de Timaná, Huila, se trasladó a la residencia del señor Lorenzo Sapuy Gómez, en
la vereda El Naranjal, el 23 de marzo de 2012, con el propósito de inspeccionar
y verificar las condiciones sanitarias actuales del lugar en donde se le
practican las diálisis a la niña Diana Lorena Sapuy Ome, así como también de su
residencia, de su entorno y de todos los demás requerimientos mencionados en el
Auto del 13 de marzo de 2012[35],
allegando el respectivo material fotográfico incluido en un CD anexo y un
informe[36],
según el cual, concluyó que:
ü
La
vivienda cuenta con dos habitaciones, una cocina con estufa de leña, un zaguán,
un baño con una construcción de cemento derruido que sirve de sanitario, una
ducha con tanque, paredes en pésimas condiciones y una sala, dentro de la cual
se encuentra la carpa en la que se le practican las diálisis a la niña.
ü
Una
de las habitaciones, la cocina y el zaguán tiene pisos en cemento rústico. La
otra habitación, ocupada por Diana Lorena y sus padres, tiene piso en baldosa.
ü
Al
costado derecho de los baños se encuentra un silo para café, construido en
madera y tejas de zinc. En el resto del lote se encuentran árboles frutales y
matas de café.
ü
Toda
la construcción de la casa es en bareque y guadua recubierta de cemento alisado
y tejas de zinc. No posee servicio de alcantarillado y no cuenta con pozo
séptico para verter las aguas negras.
ü
Diana
Lorena recibe cuatro (4) procedimientos de diálisis peritoneales manuales
diarias dentro de la carpa, así: 8:00 am, 12:00 m, 4:00 pm, 8:00 p.m, los
cuales le son practicados por su madre Celina Ome.
ü
Dicha
carpa plástica ha sido reparada en varias oportunidades por la madre de la
niña, pues sus costuras se han desprendido y tiene adentro un soporte en
aluminio cuyo costo fue asumido por los padres de la niña, quienes necesitaban
de una base para colocar el agua, el tanque y los recipientes que se utilizan
en el procedimiento de diálisis.
ü
La
única persona del núcleo familiar que actualmente labora, es el señor Lorenzo
Sapuy Gómez, quien se desempeña como jornalero en trabajos agropecuarios
devengando un valor diario de $20.000,que le generan unos ingresos promedio
semanales de $60.000, pues trabaja 3 días a la semana.
ü
Todos
sus ingresos son destinados para satisfacer las necesidades básicas de la
familia y para cubrir los créditos adquiridos. Adicionalmente, reciben ayudas
del plan familias en acción.
ü
Debido
al invierno los entornos de la finca y la carretera, se encuentran enlodados y
encharcados.
Respecto de la situación actual
de la niña se verificó por dicha unidad judicial, que sus condiciones de salud
son precarias, máxime cuando aunado a su delicado cuadro clínico, le resultó
una severa infección en su ojo izquierdo que le produjo una Uveítis difusa la
cual según el último dictamen médico, requiere de su enucleación.
La Personería Municipal de
Timaná, Huila, mediante ofició recibido por esta Corporación el 11 de abril de
2012[37],
allegó un informe rendido por Asmet Salud EPS, en el cual manifiestan su
imposibilidad para dar cumplimiento al auto proferido por el Magistrado
sustanciador ante lo complejo que les resulta el acceso a la vereda El
Naranjal, lugar en donde reside la niña.
Posteriormente fue recibido un
correo electrónico remitido por Asmet Salud EPS[38], según el cual no le
realizaron la valoración respectiva a la niña el 11 de abril de 2012, como lo
habían manifestado en su informe inicial, por lo que procedieron a coordinar
una visita en el domicilio de la niña, por parte de un grupo interdisciplinario
de la empresa unidad renal de la Clínica Medilaser, integrado por una
trabajadora social, un nefrólogo y una enfermera jefe, la cual tampoco se pudo
llevar a cabo por cuanto según la entidad, al llegar al lugar de residencia de
Diana Lorena, ésta no se encontraba, pues estaba con su mamá en la ciudad de
Neiva.
Del mismo modo, manifestaron que
para los días 24 al 26 de abril de 2012, se había programado la realización del
cambio de línea y entrenamiento para la práctica de las diálisis manuales en la
ciudad de Neiva y la niña y su acudiente no se presentaron.
Indicaron que, en adelante, los
controles mensuales serán llevados a cabo en el municipio de Pitalito, Huila,
con el nefrólogo Luis Ernesto Barragán y a su vez, se reprogramó y acordó, vía
telefónica, una visita en el domicilio del señor Sapuy, para el día 4 de mayo
de 2012.
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA
DECISIÓN
1.Competencia
A través de esta Sala de
Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias
proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la Acción
de Tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución
Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales.
En
consonancia con la norma Superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991[39], establece
lo siguiente:
“La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. (Subrayado por fuera del texto).
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.”
En esta oportunidad, las acciones
de tutela fueron presentadas por Gladis Zúñiga Scarpetta, Fernanda Patricia
Ramos Gallardo, Julio César de la Hoz Medina, Ana Inés Villazón Turizo, María
Damaris Betancur y Lorenzo Sapuy Gómez, en representación de sus hijos menores
de edad, nieto en el caso de María Damaris, razón por la que se encuentran legitimados.
2.2. Legitimación pasiva
Cafesalud EPS, Comfenalco EPS,
Famisanar EPS, Ambuq EPS, Humanavivir EPS y Asmet Salud EPS son entidades de
carácter público y privado que se ocupan de prestar el servicio público de
salud y la Alcaldía Municipal de Timaná, Huila, es una autoridad pública, por
lo tanto, de conformidad con el numeral 2 del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991, están legitimadas como parte pasiva en los procesos de tutela bajo
estudio, en la medida en que se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales en cuestión.
3. Problema Jurídico
Corresponde a
la Sala Cuarta de Revisión determinar si existió, por parte de las entidades
demandadas, violación a los derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, a la salud y los derechos de los niños aquí representados, al negarle
diversos tratamientos, medicamentos, servicios y procedimientos, requeridos por
ellos para el manejo de las enfermedades que presentan.
Antes de abordar el caso concreto
se realizará un análisis jurisprudencial de temas como: (i) El derecho
fundamental de los niños a la salud, (ii) el principio de integralidad del
derecho a la salud. Casos en los que procede la orden de tratamiento integral,
(iii) los servicios esenciales para sobrellevar un padecimiento y garantizar
una vida en condiciones dignas, (iv) el suministro de medicamentos y
procedimientos excluidos del POS, (v) la prescripción médica emitida por un
profesional no adscrito a la EPS (vi) el servicio de transporte, los copagos y
las cuotas moderadoras pueden constituir barreras para el acceso efectivo al
servicio de salud, (vii) la carencia de objeto por daño consumado y por hecho
superado y, para terminar, (vii) el análisis de los casos concretos.
4. El derecho fundamental de
los niños a la salud. Reiteración de jurisprudencia
Con fundamento en el artículo 44
de la Carta[40],
se ha reconocido por este Tribunal en abundante jurisprudencia, que el derecho
a la salud de los niños tiene el carácter de fundamental por consagración
expresa en dicho mandato y por la aplicación de los distintos instrumentos de
derecho internacional reconocidos por Colombia y ratificados por el Congreso de
la República, según los cuales, los niños son considerados sujetos de especial
protección y acreedores de un mayor amparo por parte del Estado y la sociedad,
de modo tal, que en cumplimiento de dichos cometidos, les corresponde orientar
y coordinar esfuerzos encaminados a obtener el efectivo desarrollo de sus
garantías y, a los jueces constitucionales, amparar sus derechos cuando por
diversas situaciones puedan resultar amenazados o vulnerados[41].
Así las cosas, para esta
Corporación es claro que el constituyente colombiano de 1991, creó una
diferencia entre los derechos de los niños frente a los derechos de las demás
personas, pretendiendo con ello que sus garantías prevalezcan y que tengan una
protección de manera preferente[42]
por parte del Estado y de la sociedad.
De otra parte, la mencionada
postura adquiere una connotación más especial, cuando los niños presentan algún
tipo de discapacidad o enfermedad que les ocasione una disminución física o mental,
toda vez que con dichas circunstancias se ven expuestos a un mayor peligro, por
lo que se les debe proteger de manera prioritaria y prodigárseles de un cuidado
eficaz y pronto[43],
ello con fundamento en lo señalado en los artículos 13 y 47 Superiores[44].
Igualmente, la Corte ha indicado
con relación a los citados mandatos que:
“(…) generan para el Estado la
obligación de implementar un trato favorable para ellos, a través de acciones
afirmativas que permitan garantizar la ayuda efectiva para los menores que se
encuentran en situación de inferioridad o desventaja con el propósito de que
puedan remediarlas eficazmente. En esta labor, el Estado debe asegurar que a
los discapacitados, se les brinde la totalidad del tratamiento previsto para su
enfermedad.”[45]
Conforme con lo anterior, a los
niños que presentan una condición de inferioridad o discapacidad, se les debe
brindar un servicio de salud libre de discriminaciones y una ayuda eficaz. Para
ello, el Estado tiene la obligación de asegurar, que les sea brindada la “totalidad
del tratamiento previsto para su enfermedad”[46] a través de todos los
medios, bien sean médicos o educativos, de manera tal que se logre su
recuperación o si esto no fuere posible, por lo menos se mejore la calidad de
vida del paciente y se propenda hacia su integración social[47].
Por tanto, se les debe prodigar a
los pequeños un servicio “especializado”[48], integral[49], eficiente y
óptimo en su tratamiento y rehabilitación, que le brinde todos los servicios,
exámenes, procedimientos, intervenciones, medicamentos, etc, requeridos para la
recuperación de su estado de salud, y no, pretendiendo proteger financieramente
el sistema, desconocer sus garantías fundamentales y desmejorar su calidad de
vida.
5. Principio de integralidad
del derecho a la salud. Casos en los que procede la orden de tratamiento
integral
Con relación al principio de
integralidad en materia de salud, esta Corporación ha estudiado el tema bajo
dos perspectivas, la primera, relativa al concepto mismo de salud y sus
dimensiones y, la segunda, a la totalidad de las prestaciones pretendidas o
requeridas para el tratamiento y mejoría de las condiciones de salud y de la
calidad de vida de las personas[50].
Es precisamente esta segunda
perspectiva del principio de integralidad, la que ha sido considerada de gran
importancia para esta Corporación, toda vez que constituye una obligación para
el Estado y para las entidades encargadas de brindar el servicio de salud pues,
el mismo debe ser prestado eficientemente y con la autorización total de los
tratamientos, medicamentos, intervenciones, procedimientos, exámenes,
controles, seguimientos y demás que el paciente requiera con ocasión del
cuidado de su enfermedad y que sean considerados como necesarios por el médico
tratante.
Dado lo anterior, es procedente
el amparo por medio de la acción de tutela del tratamiento integral, debido a
que con ello se garantiza la atención en conjunto de las prestaciones
relacionadas con las afecciones de los pacientes, previamente determinadas por
su médico tratante.
Sin embargo, en aquellos casos en
que no se evidencie de forma clara, mediante criterio, concepto o requerimiento
médico, la necesidad que tiene el paciente de que le sean autorizadas las
prestaciones que conforman la atención integral, y las cuales pretende hacer
valer mediante la interposición de la acción de tutela; la protección de este
derecho lleva a que el juez constitucional imparta una orden de tratamiento
integral cuando se dan los siguientes presupuestos:
“(i) la
descripción clara de una determinada patología o condición de salud
diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto
de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii)
por cualquier otro criterio razonable.”[51]
Con todo, es preciso aclarar que
esta Corporación, ha señalado que existe una serie de casos o situaciones que
hacen necesario brindar una atención integral al paciente, independientemente
de que el conjunto de prestaciones pretendidas se encuentren por fuera del Plan
Obligatorio de Salud -POS-, y es precisamente en aquellos casos que involucran sujetos
de especial protección constitucional, - menores de edad, adultos mayores,
desplazados, personas con discapacidad física, o que padezcan de enfermedades
catastróficas-.
Al respecto, la Sentencia T-531
de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, expuso lo siguiente:
“Así, esta
Corporación ha dispuesto que tratándose de: (i) sujetos de especial protección
constitucional[52](menores,
adultos mayores, desplazados(as), indígenas, reclusos(as), entre otros), y de
(ii) personas que padezcan enfermedades catastróficas[53] (sida,
cáncer, entre otras), se debe brindar atención integral en salud, con
independencia de que el conjunto de prestaciones requeridas estén excluidas de
los planes obligatorios.”
También se ha reconocido la
existencia de otros casos excepcionales en los cuales cuando las personas
exhiben condiciones de salud extremamente precarias e indignas, le es permitido
al juez de tutela, otorgar el reconocimiento de las prestaciones requeridas
para garantizar su atención integral, con el fin de superar las situaciones
límites que los agobian[54].
6. Los servicios esenciales
para sobrellevar un padecimiento y garantizar una vida en condiciones dignas
Para esta
Corporación, el servicio de salud debe estar encaminado a superar todas las afecciones
que pongan en peligro la vida, la integridad y la dignidad de las personas, por
lo que para el cumplimiento de tal cometido se deben orientar todos los
esfuerzos y las políticas públicas que, de manera pronta, efectiva y eficaz
garanticen la recuperación del paciente o se logre por lo menos menguar sus
críticas condiciones.
Así las cosas,
cuando científicamente no se pueda obtener la recuperación del estado de salud
del paciente por el complejo cuadro clínico que éste presenta, se debe entonces
propender por garantizarle el nivel de vida más óptimo a través de todos
aquellos elementos que se encuentren disponibles, pues con ocasión de sus
enfermedades son fácilmente expuestos a afrontar situaciones que atentan contra
su dignidad humana, entre otras, porque ante su disminución física están
imposibilitados para desempeñar alguna labor que les genere ingresos económicos
para adquirir los implementos, elementos y servicios adicionales al tratamiento
médico y que si bien no son indispensables y necesarios para su efectividad, sí
resultan paliativos para sus difíciles condiciones, pues por medio de ellos se
les brinda una calidad de vida digna.
De esta manera
se deben suministrar todos los implementos, accesorios, servicios e insumos que
requiera el paciente, cuando por su insolvencia económica no pueda asumir su
costo y con su falta, se vea expuesto a afrontar, además de sus complejas
enfermedades, una serie de situaciones que atentan contra su dignidad humana,
lo cual contraría los postulados constitucionales y los pronunciamientos de
esta Corte en los que se ha indicado que no se debe prestar un servicio que permita
la mera existencia de la persona, sino que además, le asegure unas condiciones
dignas de vida.
Precisamente,
en la Sentencia T-899 de 2002[55],
la Corte señaló:
“(…) En
segundo lugar, porque el derecho a la vida, como lo ha establecido esta
Corporación implica el reconocimiento de la dignidad humana, es decir, no se
trata de la mera existencia, sino de una existencia digna, en la cual se
garanticen las condiciones que le permitan al ser humano desarrollar en la
medida de lo posible sus facultades.”
También cabe
citar la Sentencia T-694 de 2009[56],
en la cual esta Corporación indicó:
“(…) esta
Corte ha reiterado que el derecho a la vida implica también la salvaguardia de
unas condiciones tolerables, que permitan subsistir con dignidad y, por tanto,
para su protección no se requiere estar enfrentado a una situación inminente de
muerte, sino que al hacerse indigna la existencia ha de emerger la protección
constitucional.”
Así las cosas,
si a las personas que tienen aminoradas sus condiciones de salud no se les
salvaguarda su estado bajo unas condiciones tolerables que permitan su subsistencia
en forma digna, entonces se les vulneran sus derechos fundamentales, pues no
basta que se asuma y se les brinde una prestación de manera simple, sino que
ésta debe estar encaminada a asegurar, en todo momento, la dignidad de la
persona, razón por la cual no es válido que una empresa prestadora del servicio
de salud niegue la autorización y el acceso a un tratamiento, procedimiento,
servicio o cualquier otra prestación requerida para, por lo menos, paliar los
efectos de la enfermedad[57].
Igualmente, se
ha indicado que cuando las personas que requieren alguno de los servicios,
implementos o insumos con los que pueden hacer más tolerables o llevaderas sus
condiciones de salud, les exigen como requisito previo a su entrega, la
presentación de una orden médica, dicha exigencia se torna desmedida en todos
aquellos casos cuando las condiciones médicas de la persona son tan evidentes y
notorias, por lo que someterla al cumplimiento de un trámite administrativo,
para obtener los cuidados mínimos necesarios que aseguran una vida en
condiciones más dignas, resulta desproporcionado y pone en peligro sus derechos
fundamentales.
7. El suministro de
medicamentos y procedimientos excluidos del POS
Con el propósito de
garantizar el acceso a los servicios de salud de los colombianos, se estableció
por parte del Legislador el Plan Obligatorio de Salud[58], el cual se encuentra
consagrado dentro de la Ley 100 de 1993[59]
en su artículo 162[60],
y por medio de cual se pretende garantizar una protección integral a todas las
personas con relación a su estado de salud, en las fases de promoción, fomento
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Ahora bien, este
Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que la exclusión de algunos
medicamentos, procedimientos, insumos y servicios de dicho plan es justificable
en la medida en que nuestro Estado no goza de las partidas presupuestales
necesarias que le permitan alcanzar un mayor nivel de cobertura, mas sin
embargo, se ha aclarado, que dicha circunstancia no constituye causal, pretexto
o excusa constitucionalmente válida para justificar que con la falta de entrega
de algún requerimiento médico excluido del POS, se amenace la vida, la salud y
la integridad de la persona, por lo que no se puede preferir proteger
financieramente el sistema sobre la integridad del afiliado.
En ese sentido, esta
Corporación ha admitido que por vía de tutela se ordene la inaplicación de
normas relativas a exclusiones del POS, en tanto, que se pretenda evitar un
daño a las garantías fundamentales de la persona a la que le es negada la
prestación de un servicio o entrega de un insumo o medicamento requerido con
urgencia para salvaguardar un óptimo estado de salud, indicándose una serie de
requisitos que se deben configurar para que sea procedente, así:
“(i) Que la falta del medicamento,
tratamiento o diagnóstico amenace o vulnere los derechos fundamentales a la
vida o la integridad personal del afiliado o beneficiario, lo cual se presenta
no sólo cuando existe inminente riesgo de muerte, sino también cuando se
afectan con dicha omisión las condiciones de existencia digna;
(ii) Que el medicamento haya sido prescrito por un médico
adscrito a la entidad de seguridad social a la cual esté afiliado el
accionante.
(iii)
Que el medicamento o tratamiento excluido no pueda ser remplazado por otro que
figure dentro del POS, o el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad
que el incluido en el plan; y
(iv)
Que el paciente no tenga capacidad de pago para sufragar el costo de los
servicios médicos que requiera.”[61]
Aclarándose, sin
embargo, que en la Sentencia T-760 de 2008[62]
esta Corporación, indicó:
“En adelante, para simplificar, se dirá que una
entidad de salud viola el derecho si se niega a autorizar un servicio que no
esté incluido en el plan obligatorio de salud, cuando el servicio se requiera con
necesidad. Como lo mencionó esta Corporación, ‘(…) esta decisión ha sido
reiterada por la jurisprudencia constitucional en varias ocasiones, tanto en el
contexto del régimen contributivo de salud, como en el régimen subsidiado,
indicando, no obstante, que existen casos en los cuales se deben tener en
cuenta consideraciones especiales, en razón al sujeto que reclama la
protección, a la enfermedad que padece la persona o al tipo de servicio que
ésta requiere’.”(Subrayado por fuera del texto original)
Ahora bien, con relación
al POS, es de resaltar que éste fue actualizado, definido y aclarado
recientemente, mediante el Acuerdo 029 de 2011, proferido por la CRES, en
cumplimiento a lo ordenado por el Congreso de la República en el artículo 25 de
la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 y lo estipulado por esta Corporación en la
Sentencia T-760 de 2008[63],
orden décimo sexta.
8. La
prescripción médica emitida por un profesional no adscrito a la EPS
Por regla
general, es el médico adscrito a la EPS el que puede prescribir un servicio o
procedimiento de salud con el fin de tratar las enfermedades que presente
alguno de sus afiliados. No obstante esta postura tiene una excepción que la
Corte ha reconocido al aceptar la autorización de los requerimientos que
realice un profesional no vinculado a la misma.
Por lo tanto,
la prescripción presentada por un paciente ordenada por un galeno no vinculado
a la EPS a la que se encuentra afiliado, no debe ser rechazada o descartada de
manera instantánea bajo el argumento según el cual, dicho profesional no
pertenece a la Entidad Prestadora de Salud, puesto que puede resultar
vinculante para la EPS, si la entidad tiene conocimiento del concepto emitido
por el médico particular y no lo descarta con base en información científica[64].
Debe aclararse, que para que
proceda la excepción antes mencionada se debe contar con una razón
suficientemente motivada que permita justificar el hecho de que no se haya
acudido a la red de servicios de la entidad y a los profesionales vinculados
con ésta.
Por lo anterior, en el evento de
que exista un diagnóstico de un médico particular, no adscrito a la Entidad
Prestadora de Salud, le corresponde a esta última, determinar, conforme con las
respectivas valoraciones del estado actual de salud y a los exámenes médicos y
científicos pertinentes, la necesidad o no de la práctica del procedimiento
prescrito[65]
por el galeno particular y no descartarla de manera inmediata.
9. El servicio de transporte,
los copagos y las cuotas moderadoras pueden constituir barreras para el acceso
efectivo al servicio de salud
Para esta Corte, si bien el
transporte no podía ser considerado propiamente como un servicio de salud, lo
cierto es que inicialmente reconoció la existencia de ciertos casos en los que
debido a las difíciles y particulares circunstancias económicas a las que se
ven expuestas algunas personas, no les es posible asumir su costo, por lo que
ante su insolvencia económica, se constituye dicha necesidad en una barrera
para el efectivo acceso al servicio de salud, señalando en su momento, que en
tales casos, de manera excepcional, los jueces de tutela podían ordenar a las
empresas prestadoras del servicio y a las entidades encargadas de suministrar
la atención, el reconocimiento y pago del valor equivalente a los gastos de
transporte, con la posibilidad de que éstas, más adelante, repitieran contra el
Fosyga.
Posteriormente, y ante el alto
impacto que implica para muchas personas la imposibilidad de cancelar sus
transportes y los de su acompañante, para acceder a los tratamientos médicos
prescritos, se reconoció e incluyó tal servicio por parte de la Comisión de
Regulación en Salud – CRES, dentro del Plan Obligatorio de Salud, lo cual, en
la actualidad, se encuentra consagrado dentro de los artículos 42 y 43 del
Acuerdo 029 de 2011[66],
bajo el entendido según el cual es exigible su prestación en los siguientes
eventos: (i) en ambulancia, para el traslado entre instituciones
prestadoras de servicios de salud dentro del territorio nacional de pacientes
remitidos por otra institución y en aquellos casos en los que el paciente,
según el criterio del médico tratante, debe recibir atención domiciliaria y (ii)en
un medio de transporte diferente a la ambulancia, para el acceso a un servicio
de salud incluido en el POS, no disponible en el municipio de residencia del
afiliado.
Además, con relación al servicio
urbano de transporte ha indicado esta Corporación, entre otras, en la Sentencia
T-1158 de 2001[67]
que cuando se trata de un niño con alto grado de discapacidad, no hay razón
para negarlo por parte de la EPS cuando la familia no tiene los recursos para
sufragarlo. Sobre el particular, se ha dicho:
“Claro que la obligación de acudir a un
tratamiento corresponde, en primer lugar, al paciente y a su familia. Pero, si
se trata de un inválido y además de un niño y si la familia no tiene recursos
para contratar un vehículo apropiado, no tiene explicación que no se preste el
servicio de ambulancia por parte de la correspondiente EPS. La movilidad
personal hacia el lugar donde el niño inválido va a ser atendido depende de los
medios que tenga a su disposición. No es aceptable exigirle a un niño inválido,
con 84.9% de incapacidad, que tome transporte público para ir y venir a las
sesiones de fisioterapia. Las dificultades son enormes y las secuelas, al usar
tal medio de transporte público,  pueden ser catastróficas. El solo hecho
de tomar el vehículo ofrece múltiples problemas (…)”
Ahora, con relación a la asunción
por parte de los afiliados de copagos o cuotas moderadoras, se ha señalado por
parte de esta Corte que aún cuando dichos cobros son legalmente viables, su
exigencia debe ser en un monto razonable, pues en algunos casos, ocurría lo
mismo que con el servicio de transporte, esto es, que debido a las precarias
condiciones económicas de algunas personas, que no cuentan con la capacidad
para sufragarlos, se constituyen en una barrera que impide su acceso al
servicio, por lo que también le es permitido al juez constitucional ordenar por
medio de la tutela, su exoneración, cuando se demuestre, siquiera sumariamente,
la incapacidad financiera del paciente o sin acreditarlo, cuando éste presente
una enfermedad catalogada como catastrófica[68].
10. La carencia actual de
objeto por daño consumado y por hecho superado
Como se ha indicado por parte de la
Corte Constitucional en su jurisprudencia, la carencia actual de objeto por
daño consumado es aquel fenómeno que se configura cuando el motivo de la
presentación de la acción de tutela se extingue, pues la vulneración o amenaza
a los derechos fundamentales ha tenido lugar y se ha llevado a cabo la
conjuración del daño, por lo que para el juez constitucional le resulta inocuo
asumir una decisión respecto del asunto.
Así las cosas, el daño consumado
tiene ocurrencia cuando resulta inútil o imposible proferir una orden o
decisión por parte de la autoridad judicial correspondiente respecto de la
alegada violación o amenaza, en uso del mecanismo de amparo previsto en el
artículo 86 Superior, de modo tal que únicamente sea procedente el
resarcimiento del daño originado con la vulneración del derecho fundamental, lo
cual no se puede llevar a cabo por medio de este mecanismo, pues como es
conocido, la acción de tutela tiene una finalidad preventiva y no
indemnizatoria.
Igualmente, se ha dado claridad
por este Tribunal respecto de la conducta que debe asumir el fallador cuando ha
operado el fenómeno mencionado, indicándose que cuando: (i)al momento de la
interposición de la tutela el daño ya está consumado entonces la acción
resulta improcedente y cuando (ii)el daño se consuma en el transcurso
del trámite de la acción de tutela, bien sea en primera o segunda instancia
e incluso en el trámite de revisión es necesario que se declare la carencia
actual de objeto, lo cual si se llegase a presentar, le corresponde al juez de
tutela, de acuerdo con lo manifestado en la Sentencia T-963 de 2010[69]:
“(i)
Pronunciarse de fondo en la parte resolutiva de la sentencia sobre la
configuración del daño consumado lo que supone una determinación sobre la
ocurrencia o no de una vulneración de derechos fundamentales.
(ii) Hacer
una advertencia “a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela
(…)” al tenor del artículo 24 del decreto 2591 de 1991.
(iii)
Informar a quien haya promovido el amparo o a sus familiares de las acciones
jurídicas a las que pueden acudir para la reparación del daño.
(iv) De ser
el caso, compulsar copias del expediente de tutela a las autoridades que
considere obligadas a investigar la conducta que generó el daño.
(v) Además,
en la sentencia T-576 de 2008, en la cual se conoció de la muerte de un niño
como consecuencia de la falta de atención médica, se resolvió proteger la
dimensión objetiva de los derechos fundamentales en vista de que no resultaba
posible amparar su dimensión subjetiva debido a la configuración de la carencia
actual de objeto por daño consumado durante el trámite de la primera instancia.
Por tanto, la Sala de Revisión no se limitó a compulsar copias de expediente a
las autoridades pertinentes y advertir a la madre del niño sobre las acciones
jurídicas respectivas para resarcir el daño, sino que, para proteger la
dimensión objetiva del derecho fundamental que encontró vulnerado, ordenó a la
EPS demandada (i) colgar una placa en lugar destacado y visible a la entrada de
todas sus Clínicas en las que resalte de manera clara y expresa su obligación
de proteger en todo momento los derechos constitucionales fundamentales de
niñas y niños, (ii) crear un sistema para financiar una beca anual por el lapso
de diez años que beneficie la investigación de algún profesional de la medicina
del país, sobre temas relacionados con urgencias infantiles, (iii) establecer
un Protocolo para la Atención de Urgencias Médicas en sus Clínicas orientado a
fijar prioridades así como a exigir efectividad, calidad y rapidez en la
atención de los pacientes e instruir respecto del mismo a todo su personal
administrativo y médico, y (iv) publicar en dos diarios de amplia circulación
nacional un extracto de la sentencia.”
Ahora, la Corte Constitucional en
múltiples pronunciamientos[70]
ha manifestado que, si la situación fáctica que motiva la presentación de una
acción de tutela se modifica porque cesa la acción u omisión que generaba la
vulneración de los derechos fundamentales, dado que la pretensión esbozada para
procurar su defensa está siendo debidamente satisfecha, y consecuentemente,
cualquier orden de protección proferida sería inocua, lo procedente es que el
juez de tutela declare la configuración de un hecho superado por carencia
actual de objeto.
Con relación al tema, esta
Corporación ha sostenido:
“El
objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional,
es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental,
presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular en los casos expresamente señalados por la ley.
En virtud
de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene
el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de
impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y cierta
del derecho que se aduce.
No obstante
lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya
ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del
derecho conculcado está siendo satisfecha, la tutela pierde su eficacia y su
razón de ser.”[71]
De acuerdo con las anteriores
consideraciones, la Sala entrará a decidir los casos concretos.
11. Casos Concretos
11.1. Expediente T-3.284.633
El presente asunto versa sobre la
solicitud elevada ante Cafesalud EPS por la señora Gladis Zúñiga Scarpetta en
representación de su hija Yeimi Paola Betancourt Zúñiga, en la que requiere le
sea entregado a su pequeña el complemento multivitamínico Ensure, 120 pañales
desechables mensuales y que suministre la atención médica especializada en un
centro de primer nivel.
Como sustento de su petición
manifestó que se encuentran afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en el régimen subsidiado por pertenecer al sisbén nivel 1, por
intermedio de Cafesalud EPS, entidad que ha venido tratando las enfermedades
que padece su hija, dentro de las que se destacan, entre otras, retraso
psicomotor severo, síndrome convulsivo y desnutrición crónica.
Como consecuencia del mencionado
cuadro clínico, a su hija le fueron prescritos por parte de un profesional
adscrito a la citada EPS, los elementos y el tratamiento referido con
anterioridad, los cuales se rehusaron a entregarle y suministrarle bajo el
argumento de que se encuentran excluidos del POS.
Para la Sala, el caso sub
examine se torna de gran importancia toda vez que se trata de una menor de
edad que padece de unas enfermedades crónicas que la hacen acreedora de una
protección constitucional especial, y que amerita que se ponga a su disposición
todos aquellos mecanismos, elementos y medios disponibles para que le sea
brindada la atención más efectiva e integral posible para el cuidado de sus
enfermedades por parte del Estado, la sociedad y la familia.
Igualmente se observa dentro del
plenario, que debido al tipo de enfermedades que padece la pequeña, depende
necesariamente del cuidado de otra persona lo cual le impide a su progenitora
desempeñarse laboralmente de tiempo completo y le disminuye ostensiblemente sus
ingresos por lo que se torna imposible asumir el costo de todos aquellos
insumos y elementos prescritos para su hija y que requiere con urgencia para
sobrellevar su condición de una manera más digna.
En esa medida, y como quedó
consignado en la parte considerativa de este fallo, el derecho a la salud
implica no solamente la entrega y prestación de aquellos servicios tendientes a
obtener la recuperación del paciente, sino que además, debe prodigársele todos
los elementos o insumos que le aseguren una calidad de vida más óptima y un
entorno más tolerable.
Bajo ese contexto, el amparo de
tutelase debe afianzar cuando quien lo requiere es considerado sujeto de
especial protección constitucional, circunstancia que en el presente asunto
tiene lugar habida cuenta que se trata de una niña con una enfermedad
catastrófica y cuya familia no cuenta con la solvencia económica para
garantizarle los elementos excluidos del POS, necesarios, si bien no para el
manejo de sus enfermedades, sí para menguar los efectos y el daño que con ellas
se generan a su dignidad humana, por lo que al no proveerlos, se contrarían los
postulados constitucionales y se expondría a la pequeña a afrontar unas
condiciones más intolerables e indignas.
Ahora, no obstante que aunque a
la actora le asistía el derecho pretendido en sede de tutela por las razones
señaladas en la parte considerativa de esta providencia, lo cierto es que en el
actual caso fuerza concluir que se ha presentado una carencia actual de objeto
por hecho superado. En efecto, de acuerdo con la información suministrada por la
Secretaría de Salud del Huila, se adelantó ante el Juzgado Primero Penal
Municipal de Pitalito, Huila, una nueva acción de tutela con sustento en los
mismos hechos y pretensiones. Por lo que esta Corporación procedió a verificar
esa información telefónicamente, con dicha autoridad judicial confirmando que
evidentemente el fallo versaba sobre las mismas pretensiones al que es objeto
de la presente revisión y fue favorable a la demandante. Agregando que a pesar
de ello, la entidad demandada se rehusó a dar cumplimiento a tal providencia
por lo que por intermedio de apoderado judicial, la peticionaria interpuso
incidente de desacato del que desistió posteriormente, argumentando que ya le
había sido suministrado por Cafesalud EPS los implementos y la atención
requerida por su hija Yeimi Paola, razón por la que se procedió a declarar su
improcedencia.
Adicionalmente, ante la
imposibilidad de contacto con la peticionaria y frente al silencio que guardó a
los requerimientos elevados por el magistrado sustanciador mediante el auto
proferido el16 de febrero de 2012[72],
con su apoderado judicial (para el incidente de desacato), se constató la
veracidad de la información suministrada por el Juzgado Primero Penal Municipal
de Pitalito, Huila, e indicó que efectivamente a su representada le habían
entregado los implementos pretendidos en representación de su hija a través de
la tutela y los cuales eran los mismos que había requerido inicialmente dentro
de la acción de amparo que es objeto de la presente revisión por parte de la
Corte Constitucional, aclarando que su representada se vio en la necesidad de
acudir nuevamente al mecanismo de amparo previsto en el artículo 86 superior,
por cuanto las condiciones de salud de Yeimi Paola cada día empeoraban más y
con la falta de los pañales desechables y del complemento multivitamínico
Ensure, se hacía menos llevadero su estado y se ponía en serio peligro su vida,
habida cuenta que presenta una desnutrición severa y que requería con urgencia
dicho insumo.
Así las cosas, al encontrase
acreditado que el fin de la presente acción constitucional ha sido satisfecho
por la entidad accionada, en la medida en que le suministran los pañales
desechables, el complemento multivitamínico Ensure y el tratamiento integral a
Yeimi Paola y dando aplicación a los señalamientos de la parte considerativa,
se procederá a declarar la ocurrencia de una carencia actual de objeto por
encontrarse superadas las circunstancias que motivaron la presentación de la
tutela objeto de estudio.
11.2. Expediente T-3.285.054
Versa sobre la solicitud
impetrada ante Comfenalco EPS por la señora Fernanda Patricia Ramos Gallardo en
representación de su hija Laura María Reyes Ramos, con el propósito de que le
sea autorizado y entregado el medicamento Norditropin, que le fue prescrito por
un médico particular para el manejo del déficit en la hormona de crecimiento
que padece la niña y cuyo costo no se encuentra en capacidad de asumir.
Petición que le fue negada por
cuanto, a juicio del juez de tutela de primera instancia, la peticionaria no le
había allegado a Comfenalco EPS la prescripción médica referida, para que
confrontara o aprobara su viabilidad médica en el manejo de la enfermedad que
padece la menor con base en información científica, procedimiento que es
indispensable adelantar.
Decisión que fue confirmada en
segunda instancia bajo el argumento según el cual en el sentir del fallador, si
la peticionaria contaba con los recursos económicos para acudir ante un galeno
particular, podía entonces acarrear los costos generados por tal tratamiento y
no pretender su exoneración por vía de tutela.
Por otro lado, respecto de las
actuales condiciones económicas de la actora, en respuesta ofrecida por la
peticionaria a los requerimientos elevados por esta Corte, declaró lo
siguiente:
ü
Se
encuentra actualmente empleada, mediante contrato a término fijo a un año,
devengando una asignación salarial mensual de $881.000.
ü
Tiene
un vehículo modelo 1998 avaluado comercialmente en $6.000.000
ü
Es
madre cabeza de hogar y tiene a su cargo 2 hijos menores de edad.
ü
Sus
gastos mensuales ascienden a $790.000
Ahora bien, entrando en el fondo
del asunto y tal como se indicó en la parte considerativa de este proveído, el
concepto médico de un profesional no adscrito a la EPS a la que se encuentra
afiliada la persona puede vincularla, en tanto que la entidad tenga
conocimiento del criterio médico y no lo controvierta científicamente,
situación que en el caso sub examine no se pudo llevar a cabo, toda vez
que la peticionaria no allegó a la EPS demandada la orden médica requerida para
que el Comité Técnico Científico procediera a valorarla, aprobarla o
confrontarla.
Así las cosas, para esta Sala
dicho trámite se hace necesario agotarlo, pues a pesar de que no deben primar
los trámites administrativos sobre los derechos de los niños, lo cierto es que
existe una duda razonable sobre la necesidad del medicamento requerido, habida
cuenta que en respuesta dada por el médico particular que lo prescribió a los
requerimientos elevados por el juez de tutela de primera instancia, éste
manifestó que aunque la niña presenta un déficit en su crecimiento, se
encuentra dentro del intervalo esperado para la estatura de sus padres, por lo
que no cumple con los requisitos médicos para ser subsidiada por el Estado[73].
Por consiguiente, procederá esta
Sala a revocar el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado 1° Civil
del Circuito de Cali, que a su vez confirmó la decisión proferida por el
Juzgado 33 Civil Municipal de Cali y en su lugar amparará los derechos
fundamentales de la niña a la salud, a la seguridad social y los derechos de
los niños y ordenará a la entidad demandada que, por intermedio del Comité
Técnico Científico, y con base en información técnica, determine o no la
viabilidad del medicamento prescrito por el profesional particular y, de ser
necesario su suministro, proceda a realizar su entrega dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes al concepto, que, deberá indicar la dosis,
frecuencia y demás condiciones del tratamiento, incluidas las prevenciones para
evitar efectos implicativos no deseados, si fuere el caso.
11.3. Expediente T-3.287.400
Tiene que ver con la solicitud
elevada por el señor Julio César de la Hoz Medina en representación de su hijo
Tomás Jacobo de la Hoz Revelo ante Famisanar EPS, con el propósito de que le
fuera autorizada y practicada la paratiroidectomía subtotal y el trasplante de
riñón que requiere su niño para el manejo de las enfermedades que lo afectan
dentro de las que se destacan insuficiencia renal crónica terminal,
hiperparatiroidismo y raquitismo.
Como fundamento de su petición,
señaló que su hijo nació con los riñones muy pequeños, lo cual generó serias
afectaciones en su estado de salud, siendo tratado médicamente por Famisanar
EPS desde su nacimiento, entidad a la que se encuentran afiliados.
Agregó que a su pequeño le fue
prescrito el procedimiento denominado paratiroidectomía subtotal con carácter
urgente y el trasplante de riñón con la finalidad de evitar un mayor deterioro
en su cuadro clínico, pero a pesar de estar asistiendo a los constantes
controles y de cumplir con la entrega de la documentación requerida, no le han
sido autorizados, viéndose entonces obligado a recurrir al mecanismo de amparo
previsto en el artículo 86 de la Carta, el 21 de septiembre de 2011[74].
Solicitud frente a la cual la
entidad demandada dio respuesta e indicó que no han sido negligentes en
brindarle los servicios y la atención necesaria, sino que debido al crítico
cuadro clínico y a la complejidad de los procedimientos requeridos, el niño
debe ser sometido a una serie de exámenes previos para determinar la viabilidad
de los procedimientos sin que vaya a repercutir en mayores daños en su estado
de salud. No obstante, señaló que el 29 de septiembre de 2011, le fue prescrita
una cita con cirugía pediátrica a la que no asistieron y de acuerdo con lo
manifestado por el padre del niño (vía telefónica a la unidad de seguimiento de
la entidad demandada), su ausencia se ocasionó por la falta de tiempo y, como
consecuencia de ello, le fue reprogramada la valoración para el 6 de octubre de
2011, fecha en la que efectivamente asistieron y fue valorado. Del mismo modo,
con relación al trasplante de riñón manifestó que le fue suministrada de manera
pronta toda la atención, pero debido a la naturaleza del procedimiento, demandó
de una cantidad de exámenes previos al paciente, los cuales fueron practicados
de manera pronta y permitieron concluir que era apto mediante junta médica del
10 de octubre de 2011.
Sin embargo, con sustento en una
información suministrada vía telefónica por parte de una funcionaria[75] de la IPS
Colombiana de Trasplantes, según la cual en su base de datos se indicaba que el
niño Tomás Jacobo de la Hoz Revelo había fallecido, procedió esta Sala de
Revisión a confirmar la veracidad de su afirmación, para lo cual Famisanar EPS
mediante oficio recibido vía fax el 3 de mayo de 2012 ratificó el dato conocido
y realizó un breve recuento de los hechos que le sobrevinieron al pequeño y que
repercutieron en una falla respiratoria que causó su deceso[76], adjuntando, a su vez, el
contenido de la historia clínica expedida por la IPS Fundación Hospital de la
Misericordia[77],
institución médica que, en su momento, le prestó sus servicios entre el 17 de
diciembre de 2011, fecha en la que presentó una fuerte recaída, y el 19 de
diciembre de 2011, día en el que, luego de repetidos intentos por conservar su
vida, falleció.
Así las cosas, aunque
eventualmente le asistía al actor la protección pretendida a través de la
tutela, en representación de su hijo, lo cierto es que como se explicó en la
parte considerativa de este fallo, debido a que la muerte tuvo lugar durante el
trámite de la acción de tutela, se encuentra la Sala ante un caso de carencia
actual de objeto por daño consumado y, por consiguiente, así se declarará.
11.4. Expediente T-3.297.615
Tiene que ver con la solicitud
elevada por la señora Ana Inés VillazónTurizo ante la Asociación Mutual Ser
Barrios Unidos de Quibdó, Ambuq EPS, en representación de su hijo Gelvert
Polanco Villazón, en la que solicita la entrega del medicamento denominado
Factor VIII, enriquecido con Factor Von Willewbrand Octanate, prescrito por un
médico particular, con el propósito de tratarle la hemofilia tipo A que padece
y que le genera daños articulares y riesgos de muerte por sangrados excesivos.
Petición que no prosperó por
cuanto según lo manifestado por la entidad accionada, el niño no se encuentra
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud por intermedio de
dicha asociación y según la información suministrada por la base de datos del
Fosyga su estado actual es de desafiliado de Saludcoop EPS, entidad en la que
fue beneficiario de su progenitora desde el mes de diciembre de 2004, por lo
que para ellos, resulta inconcebible que encontrándose en la actualidad la
madre del niño afiliada en calidad de cotizante con dicha EPS, haya
desvinculado a su hijo sin razón alguna.
Entrando en el fondo del asunto
objeto de revisión, observa la Sala que se encuentra en la actualidad
debidamente acreditada la calidad de cotizante de la señora Ana Inés Villazón Turizo,
por lo que resulta inaceptable e inexplicable el retiro del Sistema General de
Seguridad Social en Saluden calidad de beneficiario de su hijo Gelvert Polanco
Villazón, pues con tal actuación se vulnera sus derechos fundamentales y se
contrarían los postulados constitucionales según los cuales es deber
primordial, en primer lugar, de la familia, velar por el cuidado de los niños y
de sus necesidades. Por lo que en consecuencia y dando aplicación a los
señalado en el artículo 34[78]
del Decreto 806 de 1998[79],
se ordenará que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la
presente providencia se proceda a la afiliación del pequeño en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud por intermedio de la EPS Saludcoop,
entidad a la que se encuentra afiliada su progenitora, de acuerdo con lo
indicado y constatado en la base de datos Fosyga.
Igualmente, se aclara, una vez se
haya actualizado la afiliación del niño Gelvert Polanco Villazón de conformidad
con los lineamientos indicados anteriormente, deberá proceder Saludcoop EPS, en
un término no mayor a los ocho(8) días siguientes, a realizar la
correspondiente valoración por parte del Comité Técnico Científico para que, de
acuerdo con información médico-científica, determinen la viabilidad del
medicamento pretendido y en caso de concluir que es necesario, entonces lo
entreguen en un período no mayor a las (48) horas siguientes de su decisión, la
cual deberá incluir la dosis, frecuencia y demás características del
tratamiento, incluidas las prevenciones para evitar efectos implicativos no
deseados si fuere el caso.
Por consiguiente, se revocará el
fallo proferido el 30 de septiembre de 2011, por Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Magangué, Bolívar, y en su lugar se concederá el amparo de los
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud y los
derechos del niño Gelvert Polanco Villazón.
11.5. Expediente T-3.302.381
La señora María Damaris Betancur Gallego
en representación de su nieto menor de edad, Brayan Esneyders Monsalve Jiménez,
quien padece parálisis cerebral, solicitó por medio de acción de tutela a
Humanavivir EPS, la entrega de los pañales desechables, el servicio de
transporte, el tratamiento integral y la exoneración de la cuotas moderadores y
copagos que con ocasión del servicio médico prestado a su agenciado se llegaren
a causar.
Solicitud que no tuvo acogida por
parte de la entidad demandada, toda vez que según su criterio (i) no les
corresponde realizar la autorización y entrega de los pañales y del servicio de
transporte, pues tales requerimientos se encuentran excluidos del POS y deben
ser asumidos por la entidad territorial correspondiente y (ii) no tiene
ningún procedimiento prescrito pendiente que amerite proferir una orden en el
sentido de amparar el tratamiento integral.
Para esta Sala, la decisión
asumida por la entidad demandada y por la Secretaría de Salud de no suministrar
lo requerido por la accionante en representación de su nieto, dentro de su escrito
de tutela, a todas luces, vulnera los derechos fundamentales del agenciado y
contraría los postulados constitucionales respecto de la protección especial de
que deben ser objeto los niños.
En ese sentido, y como se señaló
en la parte considerativa de esta providencia, y en abundante jurisprudencia de
esta Corte, el servicio de transporte se encuentra incluido dentro del POS, en
los artículos42 y 43 del Acuerdo 029 de 2011[80],
por lo que no pueden las entidades encargadas de asegurar las prestaciones en
el contenidas, sustraerse de su cumplimiento, pues tal plan constituye el nivel
básico de cobertura en el servicio de salud y tiene el carácter de obligatorio.
Así pues, se concederá el amparo
solicitado teniendo en cuenta que el servicio de transporte que requiere el
nieto de la accionante se encuentra incluido en una de las dos modalidades
reconocidas por el POS y mencionadas en la parte motiva de este fallo, ya que
lo necesita en un medio diferente a la ambulancia con el fin de hacer efectiva
la realización de todos los procedimientos y servicios médicos incluidos dentro
POS y ordenados por los respectivos especialistas para el manejo y cuidado de
la parálisis cerebral que padece y que demanda de un traslado óptimo que no
puede ser asumido por la abuela, persona con la que convive y quien se ha hecho
responsable de su cuidado no obstante que según el material probatorio
recopilado no cuenta con la capacidad económica necesaria para sufragarlo y
quien, además, padece de una enfermedad en la columna vertebral que le impide
realizar trabajos que demanden del uso de la fuerza. Se ordenará entonces a la
entidad demandada dar cumplimiento a los señalamientos consagrados en el POS y
de ese modo brindar el servicio de transporte al pequeño.
Por otro lado, frente a la
solicitud de pañales desechables requeridos por el niño se ha indicado, por
parte de las distintas entidades accionadas, que no es su obligación asumirlo
por cuanto se encuentra excluido del conjunto de beneficios consagrado dentro
del Acuerdo 008 de 2009, situación que resulta inadmisible para este Tribunal,
toda vez que no se puede anteponer la exigencia de un requerimiento
administrativo o reglamentario sobre la dignidad humana del infante, máxime si
se tiene en cuenta que es considerado sujeto de especial protección
constitucional y que requiere indudablemente del suministro de los pañales para
sobrellevar sus deterioradas condiciones de salud de una manera un poco más
digna, habida cuenta que aunque no pueden entenderse estos implementos como
servicios médicos, sí constituyen elementos que tienen una profunda incidencia
en la calidad de vida del paciente.
Adicionalmente, la señora María
Damaris Betancur Gallego, no cuenta con la solvencia económica para
sufragarlos, pues como ya se mencionó, además de su desmejorado cuadro clínico,
cuenta con 67 años, siéndole difícil conseguir un empleo fijo que le genere los
recursos económicos necesarios para costearlos y, en la actualidad, se
desempeña en labores informales que solo le proveen de los ingresos mínimos
para su propia subsistencia.
Finalmente, debe decirse, que
todos los niños al gozar de una protección constitucional más acentuada, son
provistos de un particular cuidado y acreedores de una atención en salud
especializada que indefectiblemente conlleva a que se le suministren todos los
servicios, tratamientos, procedimientos y valoraciones con las distintas
especialidades de manera directa, pues son beneficiarios de una atención
integral por parte de las entidades a las que se encuentran afiliados y por
parte del Estado, quienes deben desplegar todos los esfuerzos necesarios para
asegurar la rehabilitación de los pequeños o por lo menos su vida en
condiciones más dignas, y no sobreponer a su cuidado, requerimientos
financieros o administrativos que constituyen barreras para acceder a los
servicios, de esta manera, se ordenará en el presente caso brindar el
tratamiento integral al menor y, a su vez, se exonerará de la cancelación de
copagos o cuotas moderadoras para el acceso a todos los servicios médicos que
demande el manejo de su enfermedad, habida cuenta que se encuentra dentro del
plenario debidamente acreditado la insolvencia económica que afronta la abuela y
la ausencia de los progenitores del pequeño, por lo que al exigirle dichos
montos se le impide al niño el efectivo acceso al servicio.
Por todo lo anterior, esta Sala
de Revisión concederá el amparo de los derechos constitucionales fundamentales
invocados por la accionante en representación de su nieto y revocará la
sentencia proferida el 1 de noviembre de 2011, por el Juzgado Cincuenta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá D. C. y, en consecuencia, ordenará a la EPS
Humanavivir, a través de su representante legal o quien haga sus veces, que si
no lo ha realizado, en el término de (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente providencia suministre; independientemente de que
se encuentre o no en el POS, los pañales desechables en cantidad de 120
unidades mensuales al niño Brayan Sneyders Monsalve Jiménez,el servicio de
transporte para la asistencia a las citas médicas prescritas en el tratamiento
de su enfermedad con el fin de que sus condiciones de salud sean un poco más
tolerables, el tratamiento integral y la exoneración de todo copago o cuota
moderadora que de los servicios de salud brindados se llegaren a generar.
11.6. Expediente T-3.316.388
El presente asunto versa sobre la
solicitud de tutela impetrada por el señor Lorenzo Sapuy Gómez en
representación de su hija Diana Lorena, ante la EPS-S Asmet Salud y ante la
Alcaldía Municipal de Timaná, Huila, con el fin de que le fuera adecuada
físicamente una parte de su residencia con todas aquellas medidas necesarias
para garantizarle a la joven unas condiciones fitosanitarias mínimas para la
realización de las cuatro (4)diálisis peritoneales manuales diarias prescritas
con el propósito de tratarle, entre otras enfermedades, la insuficiencia renal
que padece, máxime cuando en la actualidad le son practicadas dentro de una
carpa que les fue prestada por la IPS Nefrouros y quienes le manifestaron la
decisión de retirarle de su vivienda tal elemento.
Petición que en primera instancia
fue acogida por el juez constitucional, toda vez que, a su juicio, el lugar de
habitación de la joven no reviste las características mínimas que aseguren las
condiciones de higiene y esterilización propias para el tipo de procedimiento a
ejecutar, pues a pesar de que dentro de la casa se cuenta con una carpa
suministrada por la clínica Nefrouros para evitar riesgos mayores, lo cierto es
que dicho implemento, en las condiciones actuales en las que se encuentra,
constituye un foco de contaminación y no de protección, por lo que no garantiza
la prestación del servicio de salud en condiciones dignas.
Decisión que fue revocada
posteriormente por el Juzgado1 Civil del Circuito de Pitalito, Huila, al
manifestar que la carpa suministrada por la IPS Nefrouros, distinto a lo que
consideraba el representante de la adolescente, no iba a ser retirada de su
residencia y de ese modo, la eventual afectación a la que se veía sometida la
joven desapareció, por lo que mal haría en proferir una orden de amparo por
este mecanismo.
Para la Sala,
el asunto sub examine reviste particular importancia por cuanto se trata
de un sujeto de especial protección constitucional, en razón de su edad y de su
disminución física, toda vez que es menor de 18 años y padece una serie de
enfermedades que le generan una discapacidad permanente, dentro de las que se
destacan un retardo psicomotor, ceguera bilateral, hipoalbuminemia,
hipertensión arterial, cefalea frontal permanente asociada a vómitos,
antecedentes de infección por Torch e insuficiencia renal.
Así, aun cuando obra dentro del
plenario prueba[81]
según la cual la carpa plástica no va a ser retirada por la institución que la
suministró, lo cierto es que dicho elemento no garantiza en manera alguna el
preciso cuidado del que debe ser objeto la adolescente, pues ya ha presentado
daños que han sido arreglados por la madre de Diana Lorena con un material que
genera grandes focos de contaminación como lo es el hilo y, además, porque
tiene partes que presentan oxidación, condiciones que no garantizan las normas
mínimas de higiene, ni permiten el aseo, la desinfección y el mantenimiento
propios para asegurar el éxito del tratamiento.
Hechos que también fueron
corroborados en la inspección practicada por la Unidad Judicial de Timaná,
Huila, comisionada por esta Corte, cuando se desplazó al lugar de habitación de
la adolescente evidenciando que este no se encuentra en condiciones óptimas,
pues fue construido en bareque y guadua, elementos que no permiten su fácil
limpieza y desinfección, situación que se agrava con la contaminación externa,
al tener cultivos y animales que son más propensos a incubar bacterias y
parásitos, y con lo detallado en algunas partes de la residencia en la que se
observó moho y hongos que fácilmente se pueden desplazar en el ambiente de la
casa y repercutir en gran peligro de infecciones para Diana Lorena. Tal como ha
ocurrido recientemente, al desarrollar una infección en uno de sus ojos que no
pudo ser controlada y que llevó a que fuese necesario su enucleación, lo cual,
aunque no se ha determinado que haya tenido lugar por las condiciones actuales
de su residencia, lo cierto es que debido a su crítico estado de salud, es más
propensa a adquirirlas, lo que podría generarle irreparables daños, peores o
adicionales a los que padece.
Aunado a lo anterior, están las
críticas y deterioradas condiciones de la vía que conduce a la vereda El
Naranjal, ocasionadas por la ola invernal que azotó al país, lo cual hace que
sean aún más complejos los traslados de la agenciada a recibir las valoraciones
médicas necesarias para su cuidado y más riesgoso por los excesivos y fuertes
movimientos a los que se expone.
Igualmente, frente a las actuales
condiciones económicas de la familia Sapuy Ome se demostró, de manera clara,
que no cuentan con la capacidad económica para asumir los costos que les
implicaría eventualmente una adecuación física de la infraestructura de su
lugar de residencia, habida cuenta que sus ingresos ascienden a $60.000 semanales,
pues solamente se desempeña laboralmente el señor Lorenzo Sapuy dado que su
esposa se dedica de tiempo completo al cuidado de Diana Lorena, y sus otras 2
hijas son también menores de edad. Adicionalmente obtienen algunas ayudas del
plan familias en acción y $130.000 mensuales suministrados por la Alcaldía de
Timaná a modo de auxilio financiero para cubrir parte de los costos que genera
el traslado para asistir a las citas medicas prescritas, cifra que no es
suficiente. Situación económica que se agravó ante las recientes complicaciones
en el estado de salud de la agenciada, pues fueron expuestos a asumir una serie
de préstamos financieros con distintas entidades, vecinos y familiares,
necesarios para mitigar los efectos de la enfermedad de la joven.
Tales circunstancias, a no
dudarlo, ameritan que esta Corporación emita un fallo en el que se amparen los
derechos fundamentales de la adolescente, entre otras razones, porque la
entidad demandada ha sido renuente en brindar la atención integral que ella
necesita y que permiten asegurar su existencia de manera digna, ello a pesar de
los requerimientos proferidos por el magistrado sustanciador, pues se ha
sustraído al cumplimiento efectivo de las órdenes emitidas y, en ese sentido,
para esta Corte resultan inadmisible los argumentos esbozados por la entidad
demandada según los cuales fue el médico tratante quien consideró necesario la
práctica de las diálisis en el domicilio de la menor para evitar que con los
traslados se ocasionaran mayores daños, pues aún cuando dicha postura es
lógica, lo cierto es que como lo mencionó el especialista, tal lugar debía
contar con unas condiciones fitosanitarias mínimas que permitieran desarrollar
un proceso de desinfección de ambiente, lo cual no concurre en el presente
asunto, por cuanto la residencia fue construida con unos elementos que lo
impiden y, por el contrario, genera mayores daños a la integridad de la menor y
atentan de manera clara contra su dignidad.
Por tanto, y como se manifestó en
la parte considerativa de este fallo, la atención en salud de los niños no debe
ser básica sino especializada, de manera que disponga de todos los elementos
necesarios para obtener la recuperación del estado de salud si fuere médicamente
posible o de lo contrario, que le prodigue la atención y el suministro de
insumos y elementos que por lo menos les asegure su vida en las condiciones más
dignas y tolerables para sobrellevar sus enfermedades, por lo que no es viable
anteponer requisitos o trámites administrativos ni mucho menos denegarlos bajo
argumentos como el señalado por la entidad en el sustento del recurso de
impugnación, según el cual los requerimientos pretendidos en sede de tutela son
de muy elevado costo, pues no es admisible que se prefiera velar únicamente por
la estabilidad financiera del Sistema General de Salud, desconociendo los
derechos de los niños, habida cuenta que es obligación del Estado encaminar
todos los esfuerzos por obtener su cuidado y protección.
Así las cosas, para este Tribunal,
la carpa suministrada no constituye el medio idóneo para que Diana Lorena
sobrelleve unas condiciones de vida más tolerables, pues, además, ésta se
encuentra averiada y con elementos que constituyen un mayor peligro para sus ya
deterioradas condiciones. El simple hecho de que Asmet Salud haya procedido a
instruir a su madre en algunos conocimientos básicos para que sea ella quien le
practique las diálisis y se haya limitado a suministrar los elementos médicos
necesarios para su desarrollo, no basta para suponer que ha cumplido cabalmente
con los postulados constitucionales que gobiernan la prestación del servicio de
salud de los menores, ni razones válidas para eximirse y sustraerse de su
responsabilidad frente a la adolescente.
Por consiguiente, al encontrase
acreditada la falta por parte de Asmet Salud EPS y la ausencia de
responsabilidad de la Secretaría de Salud del Huila, procederá esta Sala de
Revisión a levantar la medida provisional que recaía sobre esta última y, por
tanto, revocará el fallo proferido en segunda instancia por el Juzgado1 Civil
de Circuito de Pitalito, Huila, que a su vez revocó la sentencia proferida en
primera instancia por la Unidad Judicial de Timaná, Huila, y en su lugar
concederá el amparo de los derechos fundamentales de Diana Lorena Sapuy Ome,
agenciados por su padre, el señor Lorenzo Sapuy Gómez y ordenará a Asmet Salud
EPS, que dentro de las cuarenta y ocho horas (48) siguientes a la notificación
de la presente providencia, integre un grupo interdisciplinario de
especialistas para que determine las medidas necesarias para garantizarle a
Diana Lorena Sapuy Ome una vida en condiciones más dignas, de manera tal que
definan detalladamente los tratamientos y procedimientos médicos necesarios,
para lo cual, además de indicar su justificación, periodicidad, número de
sesiones, duración del tratamiento, etc, deberá precisar si para su ejecución o
cumplimiento se requiere: (i) traslados periódicos a un centro
especializado, (ii) remisión a un centro especializado en el manejo de
sus enfermedades con el fin de que sea internada y tratada o (iii)
adecuación fitosanitaria del lugar de residencia de la niña, debiendo iniciar
la implementación de la decisión que se adopte en un término no mayor de ocho
(8) días. Por último, sin perjuicio de lo anterior, se concederá en favor de la
joven el respectivo tratamiento integral que el manejo de sus enfermedades
requiere.
V.      DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR
la ocurrencia de un hecho superado por carencia actual de objeto en el proceso
de tutela T-3.284.633.
SEGUNDO.- REVOCAR la
sentencia de segunda instancia proferida el 28 de septiembre de 2011, por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, por medio de la cual se confirmó el
fallo proferido el 19 de agosto de 2011, por el Juzgado Treinta y Tres Civil
Municipal de Cali, en el trámite del proceso de tutela T-3.285.054. En su lugar
TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Laura
María Reyes Ramos.
TERCERO.- ORDENAR a
Comfenalco EPS, a través de su representante legal o quien haga sus
veces, que aún si no lo ha realizado, en el término de (48) horas contadas a
partir de la notificación de la presente providencia integre un grupo
interdisciplinario de especialistas para que realicen las respectivas
valoraciones médicas a la menor, que permitan confirmar o descartar con
sustento en información científica la viabilidad del medicamento Norditropin,
prescrito por un profesional particular para el manejo del déficit en el
crecimiento que padece la niña y, en caso de ser necesario, proceda a
suministrarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al concepto
indicando la dosis, frecuencia y demás condiciones del tratamiento, incluidas
las prevenciones para evitar efectos implicativos no deseados, si fuere el
caso.
CUARTO.- DECLARAR la
ocurrencia de una carencia actual de objeto por daño consumado en el proceso de
tutela T-3.287.400.
QUINTO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011, por el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Magangué, Bolívar, en el trámite del proceso de tutela
T-3.297.615. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la salud y
a la vida en condiciones dignas de Gelvert Polanco Villazón.
SEXTO.- ORDENAR a
Saludcoop EPS, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces,
que proceda a afiliar al niño Gelvert Polanco Villazón en calidad de
beneficiario de su señora madre Ana Inés Villazón Turizo, quien ostenta la
condición de cotizante y proceda dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a su afiliación a integrar un Comité Interdisciplinario de
Especialistas para que valore las condiciones actuales del niño y determine con
sustento en información científica la viabilidad del medicamento pretendido y
prescrito por un profesional particular y en caso de ser viable su suministro,
proceda a entregarlo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al
concepto, indicando la dosis, frecuencia y demás condiciones del tratamiento,
incluidas las prevenciones para evitar efectos implicativos no deseados, si
fuere el caso.
SÉPTIMO.- REVOCAR el fallo
de tutela proferido el 1 de noviembre de 2011, por el Juzgado Cincuenta y
Cuatro Civil Municipal de Bogotá D. C., dentro del trámite del proceso de
tutela T-3.302.381. En su lugar TUTELAR los derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas y a la salud de Brayan Esneyders Monsalve Jiménez.
OCTAVO.-
ORDENAR a Humanavivir EPS, por conducto de su representante legal o quien
hagas sus veces, suministre los pañales desechables en cantidad de 120 unidades
mensuales al menor Brayan Sneyders Monsalve Jiménez, el servicio de transporte
para el niño y para su acompañante para la asistencia a todas las citas médicas
prescritas para el tratamiento de su enfermedad y la exoneración de las cuotas
moderadoras o de los copagos que le sean exigidos con ocasión de los servicios
médicos que le suministren.
NOVENO.- ORDENAR la
práctica del tratamiento integral al niño Brayan Sneyders Monsalve Jiménez, que
demande para el cuidado de sus enfermedades.
DÉCIMO. LEVANTAR la
medida provisional que recaía sobre la Secretaría de Salud del Huila, la cual
fue decretada por esta Sala de Revisión el 16 de febrero de 2012.
UNDÉCIMO.- REVOCAR
el fallo proferido el 15 de noviembre de 2011, por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Pitalito, Huila, por medio del cual se revocó la sentencia dictada
el 7 de octubre de 2011, por la Unidad Judicial de Timaná, Huila, dentro del
trámite del proceso de tutela T-3.316.388. En su lugar TUTELAR los
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y a la salud de Diana
Lorena Sapuy Ome.
DUODÉCIMO.- ORDENAR a
Asmet Salud EPS, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación
de la presente providencia, integre un grupo interdisciplinario de especialistas
para que determine las medidas necesarias para garantizarle a Diana Lorena
Sapuy Ome una vida en condiciones más dignas, de manera tal que definan
detalladamente los tratamientos y procedimientos médicos necesarios, para lo
cual, además de indicar su justificación, periodicidad, número de sesiones,
duración del tratamiento, etc, deberá precisar si para su ejecución o
cumplimiento se requiere: (i) traslados periódicos a un centro
especializado, (ii) remisión a un centro especializado en el manejo de
sus enfermedades con el fin de que sea internada y tratada o (iii)
adecuación fitosanitaria del lugar de residencia de la niña, debiendo iniciar
la implementación de la decisión que se adopte en un término no mayor a ocho
(8) días.
DECIMOTERCERO.- Sin
perjuicio de lo que le atañe al juzgado de primera instancia, en el caso
específico de los derechos de la joven Diana Lorena Sapuy  Ome, se
encomendará el cumplimiento del numeral duodécimo de este proveído a la Personería
Municipal de Timaná, Huila y a la Secretaría de Salud del Huila.
DECIMOCUARTO.- ORDENAR la
práctica del tratamiento integral ala joven Diana Lorena Sapuy Ome, que demande
para el cuidado de sus enfermedades.
DECIMOQUINTO.- Por
Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese, comuníquese,
cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Folio 56 al 58 del cuaderno 2.
[2] Folio 54 del cuaderno 2.
[3] Folio 59 y 60 del cuaderno 2.
[4] Folios 40 al 42 del cuaderno 2.
[5] Folio 22 del cuaderno 2.
[6] Folio 45 y 46 del cuaderno 2.
[7] Folio 45 del cuaderno 2.
[8]Folio 10 del cuaderno 1.
[9]Folios14al 22 del cuaderno 1.
[10]Folios 23 al 31 del cuaderno 1.
[11]Por medio del cual se da cumplimiento al Auto No. 342
de 2009 de la Honorable Corte Constitucional y a lo previsto en el ordinal
vigésimo primero de la Sentencia T-760 de 2008 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa)
según el cual, la Comisión de Regulación en Salud – CRES, debía unificar los
planes de beneficios para los niños y las niñas del régimen contributivo y
subsidiado antes del 1 de octubre de 2009.
[12]Folio 12 del cuaderno 1.
[13]Folio 10 del cuaderno 1.
[14]Folio 12al 20 del cuaderno 1.
[15]Folio l0 del cuaderno 1.
[16]Folio 12 del cuaderno 1.
[17]Folio 19 al 36 del cuaderno 1.
[18]Para tal efecto, se aportó por parte de Colombiana de
Trasplantes, la copia de la historia clínica del niño Tomás Jacobo de la Hoz Revelo y que permite evidenciar la práctica de dichos procedimientos. (Folios 21 al 36
del cuaderno 1).
[19]Folio 38 al 50 del cuaderno 1.
[20] Folio 41 del cuaderno 1.
[21]Folio 10 del cuaderno 1.
[22] Folios 12 al 15 del cuaderno 1.
[23]Folios 16 al 22 del cuaderno 1.
[24] Decreto 806 de 1998: “Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de
Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público
esencial de Seguridad Social en Salud y
como servicio de interés general, en todo el
territorio nacional.” Artículo 34: Cobertura
familiar. “El grupo familiar del afiliado cotizante o subsidiado, estará
constituido por:
-
El cónyuge.
- A falta de cónyuge la compañera o compañero
permanente, siempre y cuando la unión sea superior a dos años.
-
Los hijos menores de dieciocho (18) años que dependen económicamente del
afiliado.
- Los hijos de cualquier edad si tienen incapacidad
permanente y dependen económicamente del afiliado.
- Los hijos entre los dieciocho (18) y los veinticinco
(25) años, cuando sean estudiantes de tiempo completo, tal como lo establece el
decreto 1889 de 1994 y dependan económicamente del afiliado.
- Los hijos del cónyuge o compañera o compañero
permanente del afiliado que se encuentren en las situaciones definidas en los
numerales c. y d. del presente artículo.
- A falta de cónyuge o de compañera o compañero
permanente y de hijos, los padres del afiliado que no estén pensionados y dependan
económicamente de éste.
Parágrafo.- Se entiende que existe dependencia
económica cuando una persona recibe de otra los medios necesarios para su
congrua subsistencia.”
[25] Folio 10 del cuaderno 1.
[26] Folio 10 al 12 del cuaderno 1.
[27] Folio 17 al 19 del cuaderno 1.
[28] Folio 20 al 22 del cuaderno 1.
[29]“Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 y define,
aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud”
[30] Folio 11 del cuaderno 1.
[31] Folio 21 del cuaderno 1.
[32]Folio 10 y 11 del cuaderno 1.
[33]Folio 25 del cuaderno 1.
[34] Profesional idóneo para realizar la adecuada y
completa valoración a la niña de acuerdo con la insuficiencia renal crónica que
padece la menor.
[35]Folio 25 del cuaderno 1.
[36] Folio 40 al 42 del cuaderno 1.
[37] Folio 54 y 55 del cuaderno 1.
[38] Folio 68 al 72 del cuaderno 1.
[39] Decreto 2591 de 1991: “Por el cual
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[40] Constitución Política de Colombia. Artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre
expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono,
violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales
ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”
[41] Al respecto, ver las sentencias T-137 de 2006, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-576 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-1081 de 2008, M. P. Nilson Elias PinillaPinilla.
[42] Con base en la Sentencia T-518 de 2006 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[43] Constitución Política de Colombia. Artículo 13:“Todas las personas nacen libres e iguales ante
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política
o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.”
[44] Constitución Política de
Colombia. Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.”
[45] Corte Constitucional, Sentencia
T-862 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[46] Ibídem.
[47] Constitución Política de Colombia. Artículo 47: “El Estado adelantará una política de
previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que
requieran”.
[48] Ibídem.
[49] Corte Constitucional, Sentencia
T-179 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero: “Por consiguiente, a los
niños discapacitados hay que darles el servicio eficiente, integral, óptimo en
tratamiento y rehabilitación para que mejore las condiciones de vida, valor
éste que está en la Constitución y es una facultad inherente a todos los seres
humanos, con mayor razón a aquellos que padecen enfermedades y no ofrezcan
perspectiva de derrota de la dolencia. De todas maneras son seres humanos que
tienen derecho a encontrarle un sentido a la vida. Y una manera para
neutralizar la impotencia frente a las circunstancias es facilitar cuestiones
elementales como por ejemplo crear en ese ser humano comportamientos efectivos
de dignidad y autodefensa (aprender a vestirse, a cuidarse, a caminar, a
reconocer a los padres y su entorno).”
[50] Al respecto, Corte
Constitucional, Sentencia T-531 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[51] Corte Constitucional, Sentencia
T-531 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[52] Ver Sentencia T-459 de 2007, M. P: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[53] Ver Sentencias T-581de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-584 de 2007, M. P. Nilson Elías Pinilla Pinilla y T-1234
de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[54] Ver por ejemplo, las Sentencias
T-016 de 2007, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-574 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
[55] M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[56] M. P. Nilson Elías Pinilla
Pinilla.
[57]Ver por ejemplo, las Sentencias
T-949 de 2004, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, T-202 de 2008, M. P. Nilson Elías Pinilla Pinilla, T-899 de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
[58] El Decreto Reglamentario 806 de 1998 (Art. 3°),
establece como planes de beneficios en salud (i) el plan de atención básica en
salud (PAB), (ii) plan obligatorio de salud del régimen contributivo (POS),
(iii) plan obligatorio de salud del régimen subsidiado (POSS), (iv) atención en
accidentes de tránsito y eventos catastróficos y (v) atención inicial de
urgencias.
[59] Por medio de la cual se crea el sistema integral de
seguridad social y se dictan otras disposiciones.
[60]Artículo 162 de la Ley 100 de 1993:“Plan de Salud Obligatorio: El Sistema
General de Seguridad Social de Salud crea las condiciones de acceso a un Plan
Obligatorio de Salud para todos los habitantes del territorio nacional antes
del año 2001. Este Plan permitirá la protección integral de las familias a la
maternidad y enfermedad general, en las fases de promoción y fomento de la
salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para todas las
patologías, según la intensidad de uso y los niveles de atención y complejidad
que se definan.
Para
los afiliados cotizantes según las normas del régimen contributivo, el
contenido del Plan Obligatorio de Salud que defina el Consejo Nacional de
Seguridad Social en salud será el contemplado por el decreto-ley 1650 de 1977 y
sus reglamentaciones, incluyendo la provisión de medicamentos esenciales en su
presentación genérica. Para los otros beneficiarios de la familia del
cotizante, el Plan Obligatorio de Salud será similar al anterior, pero en su
financiación concurrirán los pagos moderadores, especialmente en el primer
nivel de atención, en los términos del artículo 188 de la presente Ley.
Para
los afiliados según las normas del régimen subsidiado, el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud diseñará un programa para que sus beneficiarios
alcancen el Plan Obligatorio del Sistema Contributivo, en forma progresiva
antes del año 2.001. En su punto de partida, el plan incluirá servicios de
salud del primer nivel por un valor equivalente al 50% de la unidad de pago por
capitación del sistema contributivo. Los servicios del segundo y tercer nivel
se incorporarán progresivamente al plan de acuerdo con su aporte a los años de
vida saludables. (…)
(…)
PARÁGRAFO 2o. Los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud
serán actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de
acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el perfil
epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y las
condiciones financieras del sistema. (…)”
[61] Criterios que fueron establecidos inicialmente en la Sentencia T-1204 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero y tratados posteriormente en
abundante jurisprudencia, dentro de las que se destacan, entre otras, la Sentencia T-760 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-953 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-309 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[62] M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[63] M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[64]Al respecto, ver Sentencia T-760
de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa
[65] Al respecto, ver Sentencia T-049
de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[66]Por el cual se sustituye el
Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan
Obligatorio de Salud.
[67] M. P. Marco Gerardo Monroy
Cabra.
[68] Al respecto, ver entre otras, la Sentencia T-760 de 2008, M. P: Manuel José Cepeda Espinosa.
[69] M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[70] Ver entre otras las sentencias
T-495 de 2001, T-692 A de 2007, T- 178 de 2008, T- 975 A de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[71]Ver Sentencia T-495 de 2001 M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[72]Folio 12 del cuaderno 1.
[73]Folio 54 del cuaderno 1.
[74]Folio 1 al 3 del cuaderno 2.
[75]Comunicación sostenida vía
telefónica con Laura Galindo, empleada de la Institución Prestadora del Servicio Colombiana de Trasplantes y confirmada posteriormente
mediante oficio allegado vía fax por Famisanar EPS, el 3 de mayo de 2012, en el
que adjuntó copia del reporte suministrado por la base de datos de dicha IPS,
contenido en el folio 43 del cuaderno 1.
[76]Hechos que se evidencian en el folio
40 al 42 del cuaderno 1.
[77]Historia Clínica de la Fundación Hospital de la Misericordia contenida en los folios 44 al 49 del cuaderno 1.
[78]Según el cual el hijo menor de 18
años entra en la cobertura familiar del cotizante.
[79]“Por el
cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social
en Salud ycomo servicio de interés general, en todo el territorio nacional.”
[80] Proferido por la Comisión de Regulación en Salud – CRES.
[81] Oficio remitido por la gerente
de la unidad renal nefrouros de Neiva.