su342-95
Sentencia No
Sentencia
SU.342/95
SINDICATO-Titularidad para interponer tutela/LEGITIMACION
POR ACTIVA DEL SINDICATO
Como el sindicato
representa los intereses de la comunidad de los trabajadores, con arreglo a las
funciones generales que le son propias, según el art. 372 del C.S.T su
legitimación para instaurar la tutela no sólo proviene de su propia naturaleza
que lo erige personero de dichos intereses, sino de las normas de los artículos
86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991, según los cuales la tutela
puede ser instaurada por el afectado o por quien actúe en su nombre o lo
represente.
CONFLICTO LABORAL-Violación de Derechos Fundamentales
Los conflictos
que se originan con motivo del contrato de trabajo, entre los patronos y los
trabajadores, pueden implicar la violación de derechos fundamentales de éstos,
o el desconocimiento de derechos fundados o que tienen origen en normas de
rango legal. Cuando el conflicto atañe a la violación o amenaza de violación de
un derecho constitucional fundamental su solución corresponde al juez de
tutela; en cambio cuando la controversia se origina directa o indirectamente
del contrato de trabajo y naturalmente versa sobre la violación de derechos de
rango legal, consagrados en la legislación laboral, su solución corresponde al
juez laboral.
CONFLICTO LABORAL
COLECTIVO-Casos en que
procede la tutela
a) Cuando el patrono
hace uso abusivo del llamado ius variandi, de modo que modifica sustancialmente
las condiciones de trabajo hasta el punto que se afectan los intereses y
derechos del trabajador, en lo que concierne al goce de sus derechos
fundamentales, y particularmente su derecho al trabajo en condiciones dignas;
b) Cuando el patrono al imponer sanciones, en uso del poder disciplinario de
que es titular desconoce el derecho de defensa u otro derecho fundamental; c)
Cuando se presenta el incumplimiento de las obligaciones que de modo general
incumben al patrono o de alguna de las obligaciones especiales a que aluden los
artículos 56 y 57 del C.S.T. y se violan o amenazan algunos de los derechos
fundamentales del trabajador; d) Cuando el patrono -caso muy frecuente- consigna
por escrito o suministra, por cualquier otro medio a otros empleadores
informaciones negativas sobre el comportamiento laboral del trabajador, y viola
por consiguiente los derechos fundamentales a la intimidad y al buen nombre.
CONFLICTO LABORAL
COLECTIVO-Casos en que
procede tutela/DERECHO A CONSTITUIR UN SINDICATO/DERECHO A LA NEGOCIACION
COLECTIVA-Alcance
a) Cuando el
patrono desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o
afiliarse a estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el
cumplimiento de las gestiones propias de los representantes sindicales, o de
las actividades que competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los
trabajadores sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente,
cuando el patrono, obstaculiza o  desconoce, el ejercicio del derecho de
huelga, en los casos en que ésta es permitida; b) Cuando el patrono obstaculiza
o impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Aun cuando, tal
derecho (art. 55 C.P.), no figura entre los derechos  fundamentales, puede ser
protegido a través de la tutela, porque su desconocimiento puede implicar, la
violación o amenaza de vulneración de derecho al trabajo, como también el
derecho de asociación sindical, si se tiene en cuenta que una de las funciones
de los sindicatos es la de presentar pliegos de peticiones, que luego del
trámite correspondiente conduce a la celebración de la respectiva convención
colectiva de trabajo; c) Cuando las autoridades administrativas del trabajo
incurren en acciones y omisiones que impiden la organización o el
funcionamiento de los tribunales de arbitramento, sean obligatorios o
voluntarios, encargados de dirimir los conflictos colectivos de trabajo, que no
se hubieren podido resolver mediante arreglo directo o conciliación, o el
ejercicio del derecho de huelga, o cuando incumplan las funciones que le
corresponden, según el art. 448 del C.S.T., durante el desarrollo de la huelga.
MEDIO DE DEFENSA
LABORAL-Eficacia
Las acciones que
pueden intentar ante la justicia ordinaria laboral los trabajadores que
resultan perjudicados en sus derechos laborales por las disposiciones
discriminatorias contenidas en el pacto colectivo, no constituyen medios
alternativos de defensa judicial idóneos y eficaces para obtener el amparo de
los derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical. Tampoco el
sindicato dispone de los referidos medios para obtener el amparo reclamado.
Además, la sola circunstancia de las decisiones contradictorias de los jueces
laborales que juzgaron el mismo asunto, que en unos casos condenaron a la
empresa aplicando el principio a trabajo igual salario igual y en otros la
absolvió, es indicativo a juicio de la Corte de la falta de idoneidad y de
eficacia de las acciones laborales ordinarias como mecanismo alternativo de
defensa judicial en el presente caso.
PACTO COLECTIVO-Límites/CONVENCION COLECTIVA-Límites
La libertad
patronal para celebrar pactos colectivos que coexistan con convenciones
colectivas, cuando ello es permitido según las precisiones anteriores,
igualmente se encuentra limitada por las normas constitucionales. En efecto, la
sumisión de los patronos a la Constitución no sólo se origina y fundamenta en
los arts. 1o., 4o, inciso 2 y 95 de la Constitución, en cuanto los obligan a
acatarla y le imponen como deberes respetar los derechos ajenos y no abusar de
los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, defender los
derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz, lo cual se
logra con el establecimiento de relaciones laborales justas en todo sentido,
sino en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de los
trabajadores y de las organizaciones sindicales. Lo dicho antes permite a la
Sala establecer como regla general que la libertad de los patronos para regular
a través de pactos colectivos las relaciones de trabajo, cuando estos vayan a
coexistir con convenciones colectivas en la empresa, se encuentra restringida o
limitada por el conjunto de derechos, valores y principios que reconoce la
Constitución. En otros términos, la aludida libertad queda incólume y goza de
la protección constitucional y legal, pero no puede ejercerse o utilizarse por
el patrono para afectar los derechos fundamentales de los trabajadores y de la
organización sindical.
TRABAJADOR
SINDICALIZADO-Privilegios/TRABAJADOR
NO SINDICALIZADO-Discriminación/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración
por trato diferenciado/DERECHO A LA ASOCIACIÓN SINDICAL-Violación por
estimular deserción
Se afecta el
derecho a la igualdad, cuando el pacto colectivo contiene cláusulas que crean
condiciones de trabajo para los trabajadores no sindicalizados, diferentes a
las previstas para los trabajadores sindicalizados, y las circunstancias
fácticas no justifican desde el punto de vista de su diferencia, racionalidad,
razonabilidad y finalidad un tratamiento distinto. Asi mismo se viola el
derecho a la asociación sindical, porque las aludidas diferencias en las
condiciones de trabajo estimulan la deserción de los miembros del sindicato,
con el resultado de que un sindicato que antes era mayoritario se puede tornar
en minoritario con las consecuencias jurídicas que ello implica e incluso puede
llegar a desaparecer. De esta manera el ejercicio omnímodo, absoluto y sin
cortapisa de ninguna clase de la libertad patronal para celebrar pactos
colectivos se traduce en violación de los derechos fundamentales de los
trabajadores y de la organización sindical.
LIBERTAD PATRONAL-Límites
Cual sería el
fundamento para establecer diferencias de orden laboral entre los trabajadores
afiliados al sindicato y los que no se encuentran afiliados a éste?. La
respuesta es que tal fundamento no existe, a no ser que se quiera esgrimir como
razón para ello la libertad y la liberalidad patronal. Sin embargo, a juicio de
la Corte, dicha razón no se acompasa con el respeto a los derechos
fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical, pues al patrono no le
puede ser permitido, escudado en la libertad para convenir o contratar y para
disponer libremente de su patrimonio, desconocer los derechos principios y
valores constitucionales.
ACCION DE TUTELA
CONTRA FABRICA LEONISA/DISCRIMINACION LABORAL
La práctica
asumida por la empresa consistente en otorgar a los trabajadores no
sindicalizados que suscriben los pactos unas condiciones laborales mucho más
favorables que las consignadas en las convenciones que benefician a los
trabajadores sindicalizados, obviamente configura un trato discriminatorio.
JURISDICCION
CONSTITUCIONAL-Alcance
frente a fallos de otra jurisdicción/COSA JUZGADA-Alcance
La cosa juzgada
que ampara dichas decisiones, obviamente no limita o inhibe el pronunciamiento
del juez de tutela que corresponde a la jurisdicción constitucional y que en su
misión aplica e interpreta con autoridad la Constitución y se pronuncia
favorablemente sobre una pretensión que tiene su causa u origen en el
quebrantamiento de los derechos fundamentales. En tal virtud, al juez de tutela
no lo obliga la cosa juzgada que emerge de la solución de una controversia por
la justicia ordinaria laboral, en la cual tanto la pretensión como la decisión
han tenido fundamento o causa en normas de rango legal.
PAGO DE LO NO
DEBIDO-Improcedencia/ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA
La Corte no puede
desconocer la circunstancia de que es posible que la empresa haya pagado a
algunos trabajadores las diferencias salariales reclamadas en cumplimiento de
algunas sentencias de los referidos jueces laborales, en cuyo caso aquélla no
está obligada a volver a pagar, pues una orden en contrario atentaría contra el
principio de la buena fe y del orden justo que preconiza la Constitución,
porque propiciaría un enriquecimiento sin justa causa.
REF:
Expediente No. T
- 59.194
PETICIONARIOS:
Gonzalo Gómez y
María Elena Gómez, en nombre propio y en representación del SINDICATO DE
TRABAJADORES DE CONFECCIONES LEONISA S.A. -SINTRALEONISA.
TEMA:
Los pactos
colectivos de trabajo no pueden contener condiciones de trabajo diferentes a
las reguladas en las convenciones colectivas.
Derechos a la
igualdad, a la libre asociación sindical y a la negociación colectiva.
Legitimación del sindicato para promover la acción de tutela, cuando se han
violado los referidos derechos.
Los procesos
laborales ante la justicia ordinaria como medios alternativos de defensa
judicial.
MAGISTRADO
PONENTE:
ANTONIO BARRERA
CARBONELL.
Santafé de Bogotá,
D.C., agosto 2 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, revisa el proceso de la acción de tutela radicado bajo el
número T-59194, el cual fue instaurado por Gonzalo Gómez y María Elena Gómez,
en su propio nombre y en representación del Sindicato de Trabajadores de
Confecciones Leonisa S.A. - Sintraleonisa, contra la Empresa Confecciones
Leonisa S.A.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos.
Dieron origen a la
presente acción de tutela los siguientes hechos:
a) Algunos
empresarios del Departamento de Antioquia mediante sutiles procedimientos
utilizan la firma de pactos colectivos, previa la renuncia de los trabajadores
beneficiados con el mismo al sindicato, con el fin de otorgar mejores
condiciones de trabajo a los trabajadores no sindicalizados, en comparación con
los trabajadores sindicalizados. Igualmente dichos empresarios crean
diferentes estímulos y protegen a organizaciones y dirigentes sindicales
afectos a los patronos.
b) Existe en
Medellín una empresa de confecciones que ha sufrido muchas transformaciones:
Jiménez Aristizabal y Cía., Confecciones Leonisa, J. Urrea Confecciones Leonisa
S.A. y Textiles Formaflex S.A., que al haber sido absorbida por la primera
quedó definitivamente configurada como Confecciones Leonisa S.A.
Igualmente, existe
en la mencionada empresa el Sindicato de Trabajadores  de Confecciones Leonisa
S.A.
c) En la Empresa
Confecciones Leonisa S.A. según los actores "el proceso de destrucción del
Sindicato ha sido muy sutil: A los trabajadores que firmaron un pacto se les
aumenta desde el mes de junio en tanto que a los trabajadores sindicalizados
sólo se les aumenta en septiembre. De esta manera se desestimula el derecho de
asociación".
Durante todo el
tiempo de existencia de Sintraleonisa se ha celebrado convención colectiva de
trabajo, forma de contratación que beneficiaba a todos los trabajadores de la
Empresa.
La Empresa siempre
ha pagado los salarios ubicando a los trabajadores por oficios en diferentes
categorías, de manera que las personas que realizan el mismo oficio y
pertenecen a la misma categoría, devengan el mismo salario básico.
d) A partir del 17
de junio de 1992, la Empresa ha celebrado 2 pactos colectivos en los cuales se
establecen aumentos salariales pagaderos con 84 días de anticipación a los
aumentos convencionales, bonificando por añadidura los trabajadores que firman
dichos pactos.
e) Los trabajadores
que llevan menos de 10 años laborando en la Empresa y no firmaron el pacto
colectivo en 1992 fueron despedidos.
Para beneficiarse de
los aumentos establecidos en el pacto colectivo, la Empresa exige de los
trabajadores sindicalizados la renuncia al sindicato, pues dice que la ley
establece que el pacto colectivo se firma con trabajadores no sindicalizados.
f) A partir de la
fecha de la firma del primer pacto colectivo, los trabajadores sindicalizados
han sido discriminados, pues sus aumentos salariales se realizan 84 días
después que los aumentos de los trabajadores beneficiarios del pacto, aunque
estén realizando los mismos oficios y sigan perteneciendo a la misma categoría.
g) Antes de la firma
del pacto colectivo, el sindicato tenía afiliados 230 trabajadores; hoy, debido
a la pérdida de incentivos (aumentos salariales y bonificaciones por firma de
los pactos), se ha rebajado a sólo 47 socios.
A partir de la
celebración del primer pacto colectivo, la inmensa mayoría de los trabajadores
abandonaron su sindicato renunciando a su derecho fundamental de asociación
sindical para adherirse al pacto colectivo.
h) La disminución
paulatina de los miembros del sindicato ha reducido a éste a una minoría
impotente, pues aun cuando los sindicatos minoritarios pueden presentar pliegos
e intervenir en el arreglo directo "NO PUEDEN FIRMAR CONVENCION si no se
llega a un acuerdo en esta etapa, a menos que LA MAYORIA de los trabajadores de
la empresa (convocados por el sindicato minoritario) se defina por la huelga o
por el Tribunal de Arbitramento, lo cual resulta materialmente imposible".
i) En Leonisa los
trabajadores sindicalizados lastimados por sus bajos salarios, optaron
inicialmente por demandar la nivelación salarial de manera individual con
resultados a todas luces desventajosas, ya que unos juzgados fallaban; pero no
siendo este el camino para resolver un problema mayor: realización del derecho
de asociación sindical, se ha optado por el camino de la tutela, como postrer
recurso.
2. Pretensiones.
Solicitan los
actores que a efectos de amparar los derechos fundamentales al trabajo, a la
igualdad y a la asociación sindical, vulnerados por la mencionada empresa se
acojan las siguientes pretensiones:
"1.1- Que la
exigencia de renunciar a la organización sindical hecha por CONFECCIONES
LEONISA S.A. a sus trabajadores para poder suscribir un pacto colectivo, es
evidentemente inconstitucional, pues si la afiliación o desafiliación a un
sindicato es absolutamente LIBRE, el derecho de asociación sindical es un
derecho FUNDAMENTAL e IRRENUNCIABLE".
"1.2. Que
consecuencialmente y sin perjuicio del cumplimiento del pacto colectivo (otro
mecanismo legal de negociación con trabajadores individualmente considerados,
no con un sindicato), los trabajadores que lo suscribieron pueden, SI ASI LO
DESEAN, afiliarse de nuevo al sindicato, pues la existencia del pacto colectivo
NO ES INCOMPATIBLE con el ejercicio del derecho de asociación sindical"
"1.3 Que para
eliminar la desnivelación salarial en relación con los suscribientes del pacto,
CONFECCIONES LEONISA S.A., debe proceder a hacer aumentos salariales a todos
los trabajadores sindicalizados y beneficiarios de la convención colectiva,
desde el día 15 de junio de 1992 al 6 de septiembre de 1992; del 31 de mayo al
23 de agosto de 1993; del 23 de mayo del/94, hasta el 5 de septiembre de 1994,
nivelándolos con los demás trabajadores de la empresa conforme a las escalas
salariales establecidas, específicamente con los trabajadores que, habiendo
suscrito pacto colectivo, desempeñan los mismos oficios y tienen las mismas
categorías. Esa nivelación debe hacerse con relación a los siguientes
trabajadores sindicalizados..."
"Las compañeras
LUZ DARY PEREZ Y ROSA ELENA ARBELAEZ ARISTIZABAL, aunque no son socias son
beneficiarias de la convención colectiva de trabajo, vigente en la Empresa, y a
ellas también se les debe nivelar con relación a los trabajadores suscribientes
del pacto".
"1.4. Que
CONFECCIONES LEONISA S.A. no puede por ningún motivo establecer en lo sucesivo
diferencias salariales entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados
por razón de la pertenencia al sindicato o por ser suscribientes del pacto
colectivo, ni establecer diferencias salariales y prestacionales en el tiempo,
PORQUE EN TODO MOMENTO RIGE EL PRINCIPIO DE "A TRABAJO IGUAL, SALARIO
IGUAL".
"1.5.
Perjuicios de daño emergente para el SINTRALEONISA, consistentes en las cuotas
sindicales dejadas de percibir desde el 15 de junio de 1992, cuando se
suscribió el primer pacto".
II. FALLOS QUE SE
REVISAN.
1. Primera
instancia.
Mediante providencia
del 13 de octubre de 1994, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín
resolvió rechazar por improcedentes las pretensiones de amparo formuladas por
Gonzalo Gómez y María Elena Gómez, en las calidades anotadas.
Para adoptar dicha
decisión el juzgado consideró que la demanda de tutela contiene protuberantes
defectos de forma "y una monstruosa e inusitada acumulación de acciones
que imposibilitarían al juzgado para dictar una providencia de fondo". En
efecto, dijo el juzgado:
Se pretende que se
obligue a la empresa a reconocer "a cierto grupo de trabajadores no individualizados
si no de manera general, que firmaron el pacto colectivo, a que se les
reconozca la calidad de trabajadores sindicalizados dentro del sindicato de la
misma empresa, asunto que es materia de derecho colectivo, relacionado con el
derecho de asociación", lo cual no es viable a través de la tutela.
Tampoco, es
procedente la pretensión de nivelar los salarios a un número de trabajadores sí
determinados en la demanda, pero no se precisa con respecto a cuales personas
determinadas debe hacerse tal nivelación, razón por la cual aquélla
"adolece de ser indeterminada, incompleta y de carácter estrictamente
económico, cuya resolución requeriría previamente la tramitación de un amplio
proceso declarativo."
Según la demanda y
la documentación anexa, entre los 46 trabajadores representados por el
Presidente y Vicepresidente del sindicato, "no se sabe si todos o parte de
ellos", demandaron por vía ordinaria las mismas pretensiones planteadas en
la acción de tutela, obteniendo algunos sentencias favorables y otros
desfavorables, por lo que dichas pretensiones tendrían que ser rechazadas por
existir cosa juzgada acerca de ellas.
Algunas de las
pretensiones (1.4 y 1.5) contienen solicitudes o declaraciones de condena
"que de manera alguna pueden ser el resultado favorable de una demanda de
tutela sino la culminación de la instancia en un proceso ordinario, porque tal
manera de pedir o los resultados pretendidos aquí son contrarios a la
naturaleza de la acción de tutela...." .
2. Segunda
Instancia.
2.1. La
impugnación de la parte demandante.
Mediante memorial
presentado el día diecinueve (19) de octubre de 1994, los peticionarios
impugnaron el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Medellín, por considerar que el Juez de primera instancia no entendió la
demanda de tutela, y sobre el particular señalaron:
- Que en parte
alguna de la demanda de tutela han reclamado que se les asigne la calidad de
representantes de quienes suscribieron un pacto colectivo en Leonisa. Sin
embargo, sí hablan en nombre propio y en representación de las 46 personas
enlistadas en la demanda y de las 2 personas que se benefician de la convención
colectiva suscrita por el sindicato.
- Que están
impetrando "la protección de un derecho fundamental, así definido en el
artículo 39 de la Carta, el derecho de libre asociación sindical, en
concordancia con el artículo 13 que establece el derecho fundamental a la
igualdad real."
- Que los
trabajadores sindicalizados "tenemos derecho a un tratamiento igual al que
se le da a los trabajadores firmantes o adherentes al pacto colectivo. Los
trabajadores sindicalizados, por el hecho de serlo, no podemos ganar menos que
los trabajadores firmantes del pacto colectivo".
2.2. La decisión
de segunda instancia.
Mediante sentencia
del 12 de diciembre de 1994 la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín resolvió confirmar la decisión proferida por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Medellín, con base en las siguientes
consideraciones:
Afirma el despacho,
que la unión de los trabajadores en sindicatos es el camino para lograr la
realización de sus fines, y tiene su expresión máxima en la celebración de la
convención colectiva para fijar las condiciones que regirán los contratos de
trabajo durante su vigencia. Lo anterior significa que las estipulaciones son
creadas en un equilibrio de fuerzas entre patronos y sindicato.
Que con esta acción
de tutela, se pretende que los salarios fijados en un pacto colectivo celebrado
en la empresa, se apliquen en las mismas condiciones de tiempo a la convención
colectiva celebrada por el sindicato. "Lo que no es de recibo, ellos en un
pie de igualdad discutieron y aprobaron las cláusulas normativas obligacionales
que regirían los contratos de trabajo durante la vigencia de la convención. De
ahí que no se haya violado el principio de igualdad y de libre
asociación."
Finalmente, afirma
el Tribunal que si algunos trabajadores sindicalizados optaron inicialmente por
demandar la nivelación salarial "con resultados desventajosos", ya
que unos fallos fueron a favor y otros en contra, no es procedente la acción de
tutela para resolver procesos que ya fueron juzgados.
IV.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE.
1. Competencia.
La Corte
Constitucional es competente para decidir este asunto, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9° de la Constitución Política y
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones concordantes.
2. Trámite previo
a la decisión de fondo.
La Sala Novena de
Revisión a cuya consideración se presentó la ponencia original elaborada por el
Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, estimó que dicha ponencia, de ser aprobada,
podría implicar un cambio de la jurisprudencia sentada por la Corte en la
materia de los derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación
profesional. En tal virtud, a petición del Magistrado Antonio Barrera Carbonell
y conforme a lo establecido en el art. 53 del Acuerdo 05 de 1993 se sometió el
estudio del asunto a la Sala Plena de la Corporación.
La Sala Plena de la
Corte en su sesión del 2 de agosto del año en curso analizó la ponencia del
Magistrado Vladimiro Naranjo Mesa y, por mayoría de votos, consideró que ella
implicaba un cambio de la jurisprudencia elaborada en relación con la aludida
materia y que no existían razones valederas para modificarla. En tal virtud, se
designó como nuevo ponente al Magistrado Antonio Barrera Carbonell, con el fin
de que procediera a elaborar la sentencia de unificación y de reiteración de la
aludida jurisprudencia, acorde con el criterio mayoritario.
La nueva ponencia
toma como punto de referencia, en algunos de sus apartes, los antecedentes de
la ponencia original.
3. La
legitimación de los demandantes.
Como los demandantes
actúan en nombre propio y en representación del Sindicato de Trabajadores de
Confecciones Leonisa S.A. -SINTRALEONISA, estima la Corte, que está acreditada
dicha legitimación para actuar directamente mediante la reclamación del amparo
de los derechos fundamentales que afirman les han sido violados. Pero
igualmente considera la Corte que el sindicato está legitimado en la causa para
demandar la tutela de los aludidos derechos fundamentales por las siguientes
razones:
- Según el inciso
final del art. 86 la tutela procede contra particulares, entre otros casos,
"respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación e
indefensión". Esta norma es desarrollada y reiterada en su contenido
esencial por los numerales 4° y 9° del art. 42 del Decreto 2591 de 1991, norma
esta última declarada inexequible en la parte que dice "la vida o la
integridad" mediante sentencia C-134 de 1994, con ponencia del Magistrado
Vladimiro Naranjo Mesa.
- Es indudable que
los peticionarios se encuentran, dada su condición de trabajadores de la
empresa en un estado de subordinación. Con respecto al sindicato, puede decirse
que la subordinación es indirecta, porque sus miembros son igualmente
trabajadores de la empresa. Pero además, en el caso concreto el sindicato se
encuentra en un estado de indefensión, dado que no dispone de medios físicos ni
jurídicos idóneos y eficaces, distintos de la acción de tutela para
contrarrestar la alegada violación de los derechos fundamentales a la igualdad,
a la asociación sindical y a la negociación colectiva.
Además, como el
sindicato representa los intereses de la comunidad de los trabajadores, con
arreglo a las funciones generales que le son propias, según el art. 372 del
C.S.T su legitimación para instaurar la tutela no sólo proviene de su propia
naturaleza que lo erige personero de dichos intereses, sino de las normas de
los artículos 86 de la Constitución y 10 del Decreto 2591 de 1991, según los
cuales la tutela puede ser instaurada por el afectado o por quien actúe en su
nombre o lo represente.
4. La existencia
de otro medio alternativo de defensa judicial.
Los juzgadores de
instancia negaron la tutela impetrada por considerar que las pretensiones de
los actores no se podían actuar a través de la acción de tutela, sino acudiendo
a los trámites propios de un proceso ante la justicia ordinaria laboral.
No comparte la Corte
dicha apreciación por las siguientes razones:
Los derechos
laborales deben ser considerados y analizados dentro del campo del derecho
individual o del derecho colectivo del trabajo.
El contrato de
trabajo que rige una relación de trabajo de carácter particular constituye la
fuente principal de la cual se derivan una serie de deberes, obligaciones y
derechos tanto para el patrono como para el trabajador.
- Los conflictos que
se originan con motivo del contrato de trabajo, entre los patronos y los
trabajadores, pueden implicar la violación de derechos fundamentales de éstos,
o el desconocimiento de derechos fundados o que tienen origen en normas de
rango legal. Cuando el conflicto atañe a la violación o amenaza de violación de
un derecho constitucional fundamental su solución corresponde al juez de
tutela; en cambio cuando la controversia se origina directa o indirectamente
del contrato de trabajo y naturalmente versa sobre la violación de derechos de
rango legal, consagrados en la legislación laboral, su solución corresponde al
juez laboral (art. 2 C.P.).
A título meramente
enunciativo es posible señalar los casos en que el mecanismo de la tutela puede
utilizarse para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que
resultan afectados durante el desarrollo o ejecución de un contrato de trabajo:
a) Cuando el patrono
hace uso abusivo del llamado ius variandi, de modo que modifica sustancialmente
las condiciones de trabajo hasta el punto que se afectan los intereses y
derechos del trabajador, en lo que concierne al goce de sus derechos
fundamentales, y particularmente su derecho al trabajo en condiciones dignas.
b) Cuando el patrono
al imponer sanciones, en uso del poder disciplinario de que es titular
desconoce el derecho de defensa u otro derecho fundamental.
c) Cuando se
presenta el incumplimiento de las obligaciones que de modo general incumben al
patrono o de alguna de las obligaciones especiales a que aluden los artículos
56 y 57 del C.S.T. y se violan o amenazan algunos de los derechos fundamentales
del trabajador, v.gr. (1) la violación de la obligación de protección y
seguridad a los trabajadores, al no procurar "locales apropiados y
elementos adecuados, de protección contra los accidentes y enfermedades
profesionales", o de "prestar los primeros auxilios en caso de
accidentes o enfermedad", lo cual atenta contra los derechos fundamentales
a la vida, a la integridad personal y a la salud; (2) el irrespeto "a la
dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos", lo cual
puede comportar la violación de los derechos fundamentales, relativos a la
prohibición de someter a las personas a tortura y a tratos crueles, inhumanos o
degradantes, a la intimidad personal y familiar, a la honra y al buen nombre,
al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia y de cultos
y a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones; (3) la
negativa del patrono a conceder licencia "para el ejercicio de
sufragio", o "para el desempeño de cargos oficiales transitorios de
forzosa aceptación" o "para desempeñar comisiones sindicales
inherentes a la organización", constituye, según el caso, violación de los
derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, de participar en
la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40, numerales 1 y
7) y de asociación sindical. (art. 39); (4) la omisión de patrono de expedir al
trabajador, a la terminación del contrato la certificación sobre tiempo de
servicios, labor desarrollada y salario devengado, que puede resultar
violatoria del derecho al trabajo y de la libertad para escoger profesión u
oficio; (5) la negativa a la práctica del "examen sanitario" y a
expedir la correspondiente certificación, habiendo mediado petición del
trabajador, lo cual viola su derecho fundamental a la salud.
d) Cuando el patrono
-caso muy frecuente- consigna por escrito o suministra, por cualquier otro
medio a otros empleadores informaciones negativas sobre el comportamiento
laboral del trabajador, y viola por consiguiente los derechos fundamentales a
la intimidad y al buen nombre. (art. 15).
- Igualmente, en
materia de derecho colectivo pueden presentarse situaciones conflictivas que
afectan los derechos fundamentales de los trabajadores o de las organizaciones
sindicales, como se verá a continuación:
Tanto la
Constitución  (arts. 38 y 39 C.P.) como diferentes normas del C.S.T. (arts. 353
y 354), reconocen y garantizan el derecho fundamental de asociación sindical,
tanto para los trabajadores particulares, como para los servidores públicos,
sean empleados públicos o trabajadores oficiales, aun cuando en relación con
los empleados públicos existen ciertas restricciones a su derecho de asociación
sindical (arts. 414 y 415 del C.S.T.). Igualmente, garantizan el derecho a la
negociación colectiva.
La acción de tutela
resulta ser el mecanismo idóneo para garantizar la efectividad de los
mencionados derechos, cuando quiera que sean vulnerados o exista amenaza de su
violación, entre otros casos, en cualquiera de las siguientes hipótesis:
a) Cuando el patrono
desconoce el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos, o afiliarse a
estos, o promueve su desafiliación, o entorpece o impide el cumplimiento de las
gestiones propias de los representantes sindicales, o de las actividades que
competen al sindicato, adopta medidas represivas contra los trabajadores
sindicalizados o que pretendan afiliarse al sindicato. Igualmente, cuando el
patrono, obstaculiza o  desconoce, el ejercicio del derecho de huelga, en los
casos en que ésta es permitida.
El inciso 2, del
numeral 2 del art. 354 del C.S.T., modificado por el art. 39 de la ley 5a. de
1990, hace un listado de los actos que se consideran atentatorios contra el
derecho de asociación sindical, por parte del empleador, que a juicio de la Corte
es válido en la evaluación constitucional de las acciones patronales
atentatorias contra dicho derecho, así:
"Obstruir o
dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las
protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa
circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de
mejoras o beneficios;
Despedir, suspender
o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus
actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales;
Negarse a negociar
con las organizaciones sindicales que hubiere presentado sus peticiones de
acuerdo con los procedimientos legales;
Despedir, suspender
o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el
objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación, y
Adoptar medidas de
represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido
en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación de
esta norma".
Los artículos 1o. y
2o. del convenio No. 98 de la  OIT, incorporado al derecho interno por la ley
27 de 1976, y que prevalece en el orden interno, según el art. 93 de la C.N.,
igualmente reconocen que los trabajadores deben "gozar de la adecuada
protección, contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la
libertad sindical en relación con su empleo", y prohibe la injerencia
patronal en la constitución, funcionamiento o administración del sindicato.
b) Cuando el patrono
obstaculiza o impide el ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Aun
cuando, tal derecho (art. 55 C.P.), no figura entre los derechos
fundamentales, puede ser protegido a través de la tutela, porque su
desconocimiento puede implicar, la violación o amenaza de vulneración de
derecho al trabajo, como también el derecho de asociación sindical, si se tiene
en cuenta que una de las funciones de los sindicatos es la de presentar pliegos
de peticiones, que luego del trámite correspondiente conduce a la celebración
de la respectiva convención colectiva de trabajo.
c) Cuando las
autoridades administrativas del trabajo incurren en acciones y omisiones que
impiden la organización o el funcionamiento de los tribunales de arbitramento,
sean obligatorios o voluntarios, encargados de dirimir los conflictos
colectivos de trabajo, que no se hubieren podido resolver mediante arreglo
directo o conciliación, o el ejercicio del derecho de huelga (art. 56 C.P.), o
cuando incumplan las funciones que le corresponden, según el art. 448 del
C.S.T., durante el desarrollo de la huelga.
Podría argumentarse
que la ley ha instituido medios alternativos a los cuales se puede acudir para
contrarrestar las violaciones atinentes a los derechos a la asociación sindical
y a la negociación colectiva, como son los de acudir a la intervención de las
autoridades administrativas del trabajo para que en ejercicio de sus funciones
policivas remedien las aludidas violaciones, o a la vía penal, con fundamento
en los arts. 354 del C.S.T. (subrogado por el art. 39 de la ley 50 de 1990) y
292 del Código Penal y, que por lo tanto, no es procedente la acción de tutela.
Al respecto vale la pena observar que el medio idóneo, en primer término debe
ser judicial y, en segundo lugar, eficaz según la valoración que en concreto
haga el juez de tutela para amparar el derecho fundamental amenazado o violado.
De todo lo dicho se
concluye que las acciones que pueden intentar ante la justicia ordinaria
laboral los trabajadores que resultan perjudicados en sus derechos laborales
por las disposiciones discriminatorias contenidas en el pacto colectivo, no
constituyen medios alternativos de defensa judicial idóneos y eficaces para
obtener el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación
sindical. Tampoco el sindicato dispone de los referidos medios para obtener el
amparo reclamado. Además, la sola circunstancia de las decisiones
contradictorias de los jueces laborales que juzgaron el mismo asunto, que en
unos casos condenaron a la empresa aplicando el principio a trabajo igual
salario igual y en otros la absolvió, es indicativo a juicio de la Corte de la
falta de idoneidad y de eficacia de las acciones laborales ordinarias como
mecanismo alternativo de defensa judicial en el presente caso.
5. El derecho
colectivo en la Constitución Política y la convención colectiva de trabajo.
Esta Corte en la
sentencia C-09 de 1994[1]
analizó extensamente la temática del derecho colectivo y de la convención
colectiva de trabajo frente a la normatividad constitucional. Por ello, se
releva la Corte de volver a tratar nuevamente el punto destacando los
siguientes apartes de dicha sentencia:
"2. El
derecho colectivo en la Constitución Política".
"Dentro del
Estado Social de Derecho que preconiza nuestra Constitución Política, el
derecho colectivo del trabajo constituye un instrumento valioso y apropiado
para hacer realidad la justicia social en las relaciones entre patronos y
trabajadores, la vigencia de un orden justo, la convivencia tranquila, mediante
"la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo", y el
reconocimiento a la dignidad humana en la persona del trabajador, a través de
la regulación de las "condiciones de trabajo", en lo que atañe al
derecho individual del trabajo y de la seguridad social, que asegure a las
personas el derecho "a un trabajo en condiciones dignas y justas".
(Preámbulo, arts. 1o., 2o., 25, 39 y 55 C.P.)"
"El derecho
colectivo de trabajo se presenta en el ámbito constitucional, como el derecho
regulador de una esfera de libertad en cabeza de los patronos y los
trabajadores, originada especialmente en el reconocimiento constitucional de
los derechos al trabajo, a la asociación sindical, a la negociación colectiva y
a la huelga, para que unos y otros, en forma organizada, contribuyan a la
solución pacífica de los conflictos laborales, y promuevan y realicen la
defensa de los derechos e intereses que le son comunes, según la particular
situación que ocupan en la empresa, y las relaciones que surgen de sus
condiciones de dadores o prestadores de trabajo".
"El derecho
colectivo del trabajo dentro de la perspectiva constitucional analizada
comprende:
a) La libertad de
asociación sindical, esto es el derecho de unirse en defensa de los  intereses
comunes de la respectiva profesión u oficio,  que en el art. 39 de la C.P.,
tiene una regulación autónoma diferente a la libertad de asociación que, de
modo general, consagra el art. 38 de la misma obra....."
"El derecho
de sindicalización se reconoce a  los patronos y a todos los trabajadores, sean
públicos, en sus diferentes modalidades, o privados, con excepción de los
miembros de la fuerza pública. (Arts. 39 inciso final y 219 de la C.P)."
"b) La
institución de la asociación profesional que actúa en defensa de los referidos
intereses comunes, y se reconoce no sólo en el texto  constitucional antes
transcrito, sino a nivel legal, en la regulación que de ella se hace en los
arts. 353  y siguientes del C.S.T."
"c) El derecho
a la "negociación colectiva para regular las relaciones laborales",
que se hace efectivo y adquiere vigencia y operatividad, a través de la
celebración de los "acuerdos y convenios de trabajo", denominados en
nuestra legislación Pactos Colectivos o Convenciones Colectivas de
Trabajo, que constituyen los mecanismos ideados, además de la concertación,
para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (art. 53,
inciso final, 55 y 56, inciso final C.P.)."
"El derecho
de negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación
sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización
sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es propia de
representar y defender los intereses económicos comunes de sus afiliados, y
hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad (art. 13 C.P.), si se
tiene en cuenta, que dicha organización, por su peso específico, queda colocada
en un plano de igualdad frente al patrono. Se busca cumplir asi la finalidad de
"lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio
social" (art. 1o. C.S.T.)"
(....)
"d) El
derecho de huelga, garantizado en el art. 56 de la C.P., salvo en los servicios
públicos esenciales definidos por el legislador, que igualmente constituye un
medio para que los trabajadores y las organizaciones sindicales defiendan sus
intereses económicos y sociales, en lo relativo a la obtención de mejoras en
las condiciones de trabajo y reivindicaciones  en el ámbito de la respectiva
profesión u oficio, como también en la implementación de políticas
gubernamentales en el campo social y económico".
"- Debe
tenerse en cuenta, además, que las normas constitucionales que reconocen los
derechos de asociación sindical y negociación colectiva, se fortalecen con los
mandatos de los artículos. 53, inciso 3o. y 93 de la Carta Política, en cuanto
incorporan a la legislación interna "los convenios internacionales del
trabajo debidamente ratificados" por Colombia, los cuales constituyen
una fuente para la interpretación de los derechos y deberes consagrados en
dicha Carta. En estas condiciones, son aplicables en el orden interno los
convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. aprobados
por Colombia mediante las leyes 26 y 27 de 1976, que reconocen los mencionados
derechos".
"En materia
de negociación colectiva, el art. 4o. del Convenio 98 de la O.I.T. dispone:
"Deberán
adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea
necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones
de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra,
el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociaciones voluntaria, con
objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de
empleo".
"3. La
convención colectiva de trabajo.
(....)
"La
finalidad de la convención colectiva de trabajo,....... es la de "fijar
las condiciones que regirán los contratos de trabajo", lo cual revela el
carácter normativo que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen".
"El elemento
normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con
vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones
de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se
establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán
las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los
contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo
normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los
contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del
patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones
que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los
trabajadores, vgr., las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los
salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen
servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad
social, cultural o recreacional".
"Se
distingue igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y la
jurisprudencia, el denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional, que
está conformado por aquellas cláusulas que señalan deberes u obligaciones
recíprocos de las partes, destinadas a asegurar la efectividad de las normas
convencionales, como son, por ejemplo, las cláusulas que establecen las
comisiones o tribunales de conciliación y arbitraje, las que fijan sanciones
por la violación de las estipulaciones que constituyen la parte normativa[2], o las que establecen mecanismos para
garantizar la libertad sindical".
"Finalmente
se destacan en la convención, las regulaciones de orden económico, que atañen a
las cargas económicas que para la empresa representan las diferentes
estipulaciones de la convención, frente a los trabajadores en particular o ante
la organización sindical".
6. Pacto
colectivo y convención colectiva de trabajo.
El art. 481 del
C.S.T., subrogado por la ley 50 de 1990 (art. 69) en punto a la celebración y
efectos de los pactos colectivos establece lo siguiente:
"Los pactos
entre empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las
disposiciones establecidas en los títulos II y III, capítulo I, parte segunda
del Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes los
hayan suscrito o adhieran posteriormente a ellos".
La anterior
disposición, en cuanto permite que los pactos colectivos se rijan por las
disposiciones de los Títulos II y III, Capítulo I, atinentes a la regulación
del derecho colectivo del trabajo, en primer lugar, admite la celebración de
los referidos pactos como un mecanismo para la solución de los conflictos
colectivos de trabajo y, en segundo lugar, hace una regulación común tanto para
los pactos como para las convenciones colectivas.
Las circunstancias
anotadas permiten a la Corte deducir las siguientes consecuencias:
a) Los pactos y las
convenciones son instrumentos o mecanismos para la negociación colectiva,
destinada a dar solución y a poner fin a los conflictos colectivos de trabajo y
a precaver que éstos desemboquen en la huelga.
b) Los pactos y las
convenciones colectivas tienen como finalidad "fijar las condiciones que
regirán los contratos de trabajo durante su vigencia". Es decir, que unos
y otras tienen no sólo un carácter normativo sino un elemento obligatorio o
aspecto obligacional, con los alcances que quedaron precisados en la aludida
sentencia C-009 de 1994.
c) Los pactos y
convenciones se rigen por normas jurídicas comunes.
d) La diferencia
entre los pactos y las convenciones estriba en que aquéllos se celebran entre
los patronos y los trabajadores no sindicalizados, mientras éstas se negocian
"entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y
uno o varios sindicatos o federaciones sindicales por la otra".
e) El patrono goza
de libertad para celebrar con los trabajadores no sindicalizados pactos
colectivos, que pueden coexistir con convenciones colectivas de trabajo. No
obstante, esta regla general tiene su excepción en el art. 70 de la ley 50 de
1990, que dice:  "cuando el sindicato o sindicatos agrupen mas de la
tercera parte de los trabajadores de una empresa, ésta no podrá suscribir
pactos colectivos o prorrogar los que tenga vigentes".
Dicha excepción
encuentra su justificación en la circunstancia de que cuando en la convención
colectiva sea parte de un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte
del total de los trabajadores de la empresa, aun con posterioridad a su firma,
las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma,
sean o no sindicalizados. (art. 471 C.S.T. subrogado art. 38 decreto ley 2351
de 1965). De esta manera la ley reconoce el derecho de la mayoría de los
trabajadores, afiliados al sindicato, para regular a través de la convención
las condiciones de trabajo en la empresa, admite la preeminencia de la
organización sindical frente al resto de trabajadores no sindicalizados, y de
la convención sobre el pacto, resultando en esta forma fortalecido el derecho
de asociación sindical, pues evita que el patrono pueda a través de la
celebración de pactos colectivos con la minoría de los trabajadores crear
condiciones de trabajo más favorables que contribuyan a desestimular la
afiliación al sindicato y lo conviertan en minoritario.
Pero además, estima
la Sala que la libertad patronal para celebrar pactos colectivos que coexistan
con convenciones colectivas, cuando ello es permitido según las precisiones
anteriores, igualmente se encuentra limitada por las normas constitucionales.
En efecto, la sumisión de los patronos a la Constitución no sólo se origina y
fundamenta en los arts. 1o., 4o, inciso 2 y 95 de la Constitución, en cuanto
los obligan a acatarla y le imponen como deberes respetar los derechos ajenos y
no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social,
defender los derechos humanos y propender al logro y mantenimiento de la paz,
lo cual se logra con el establecimiento de relaciones laborales justas en todo
sentido, sino en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales de
los trabajadores y de las organizaciones sindicales.
Lo dicho antes permite
a la Sala establecer como regla general que la libertad de los patronos para
regular a través de pactos colectivos las relaciones de trabajo, cuando estos
vayan a coexistir con convenciones colectivas en la empresa, se encuentra
restringida o limitada por el conjunto de derechos, valores y principios que
reconoce la Constitución. En otros términos, la aludida libertad queda incólume
y goza de la protección constitucional y legal, pero no puede ejercerse o
utilizarse por el patrono para afectar los derechos fundamentales de los
trabajadores y de la organización sindical.
Se afecta el derecho
a la igualdad, cuando el pacto colectivo contiene cláusulas que crean
condiciones de trabajo para los trabajadores no sindicalizados, diferentes a
las previstas para los trabajadores sindicalizados, y las circunstancias
fácticas no justifican desde el punto de vista de su diferencia, racionalidad,
razonabilidad y finalidad un tratamiento distinto. Asi mismo se viola el
derecho a la asociación sindical, porque las aludidas diferencias en las
condiciones de trabajo estimulan la deserción de los miembros del sindicato,
con el resultado de que un sindicato que antes era mayoritario se puede tornar
en minoritario con las consecuencias jurídicas que ello implica e incluso puede
llegar a desaparecer. De esta manera el ejercicio omnímodo, absoluto y sin
cortapisa de ninguna clase de la libertad patronal para celebrar pactos
colectivos se traduce en violación de los derechos fundamentales de los
trabajadores y de la organización sindical.
Si ni siquiera el
Estado cuando hace uso de la facultad legislativa puede imponer limitaciones a
los derechos fundamentales hasta el extremo de afectar su núcleo esencial, de
modo que los desdibujen o los desnaturalicen, mucho menos lo puede hacer el
patrono al celebrar los referidos pactos, porque éstos al igual que la ley
tienen efectos normativos aunque circunscritos al ámbito de la empresa.
Los derechos
fundamentales como esferas de protección y centros de poder y de facultades o
atribuciones individuales son oponibles no sólo a las acciones del Estado sino
de los particulares. De ahí que la Constitución haya ideado mecanismos
efectivos para su protección, aun frente a las acciones u omisiones de los
particulares.
En este orden de
ideas, es posible arribar a la conclusión de que si tanto pactos colectivos
como convenciones colectivas deben regular objetivamente las relaciones de
trabajo de la empresa, que obliguen tanto a trabajadores no sindicalizados como
sindicalizados, las condiciones o prescripciones de unos y otras deben ser
iguales con el fin de garantizar el derecho a la igualdad, porque éste se
quebranta cuando frente a unas mismas situaciones de hecho objetivas en materia
de relaciones de trabajo, se otorga un trato diferenciado que no tiene, como se
dijo antes un fundamento objetivo y razonable. En efecto, se pregunta la Sala
cual sería el fundamento para establecer diferencias de orden laboral entre los
trabajadores afiliados al sindicato y los que no se encuentran afiliados a
éste?. La respuesta es que tal fundamento no existe, a no ser que se quiera
esgrimir como razón para ello la libertad y la liberalidad patronal. Sin
embargo, a juicio de la Corte, dicha razón no se acompasa con el respeto a los
derechos fundamentales a la igualdad y a la asociación sindical, pues al
patrono no le puede ser permitido, escudado en la libertad para convenir o
contratar y para disponer libremente de su patrimonio, desconocer los derechos
principios y valores constitucionales.
Sobre el punto la
Sala Quinta de Revisión había expresado en la sentencia T-136/95, lo siguiente:
"En ese
orden de ideas, no es admisible la discriminación proveniente de estar o no
afiliado a un sindicato, para favorecer a los no sindicalizados en contra de los
sindicalizados, pues en tal evento no sólo se contraría el derecho a la
igualdad sino que se atenta contra el derecho de asociación sindical consagrado
en el artículo 39 de la Constitución".
"La empresa,
frente al enunciado derecho, actúa de manera ilegítima cuando pretende hacer
uso de los factores de remuneración o de las prestaciones sociales, sean éstas
legales o extralegales, para golpear a quienes se asocian, para desestimular el
crecimiento del sindicato o para presionar los retiros de éste".
"Debe
recordarse que al derecho de asociación es inherente la libertad, por lo
cual resulta violado tanto cuando se coacciona externamente al individuo para
que se asocie como cuando se lo obliga a asociarse. Esa libertad tiene que ser
garantizada por el patrono aún en mayor grado cuando se trata de la asociación
sindical, ya que ello corresponde a un elemental principio de lealtad hacia los
trabajadores".
7. El caso en
estudio.
7.1.
Planteamiento del problema.
Según los elementos
de juicio que recoge el expediente la situación planteada se resume así:
La empresa Leonisa
ha celebrado dos pactos colectivos que tienen como beneficiarios a los
trabajadores no sindicalizados (1992-1994, 1994-1996).
En dichos pactos se
reconocen aumentos salariales que tienen vigencia con 84 días de anticipación a
los aumentos convencionales. Además, se prevén bonificaciones en favor de los
trabajadores que suscriben dichos pactos.
7.2. Procedencia
de la tutela.
Esta Corte en Sala
de Revisión, encontró improcedente la acción de tutela en casos similares al
que se estudia, por cuanto entendió que los demandantes, -algunos trabajadores
sindicalizados y no el sindicato mismo- no se hallaban legitimados en la causa
para actuar en procura del reconocimiento de derechos típicamente colectivos,
surgidos a propósito de la celebración de convenciones y pactos de esa índole.
Al respecto dijo así la sentencia T-550 del 30 de noviembre de 1993 (Sala
Quinta de Revisión M.P. Dr, José Gregorio Hernández Galindo):
"Efectuado
el necesario análisis en el asunto que nos ocupa, encuentra la Corte que, según
ya se dijo, quien ejerció la acción de tutela no fue el Sindicato de
Trabajadores como tal -en cuyo evento ha debido actuar su representante legal,
bien para instaurar la acción en forma directa, ya para conferir el
correspondiente poder- sino que lo hizo un grupo de personas que dijeron ser
trabajadores de Colgate y miembros del Sindicato -aunque en forma alguna
acreditaron tales calidades- y estar agrupadas por el común interés frente a la
compañía demandada".
"Los
solicitantes reclamaron protección a su derecho de asociación sindical por
considerar que la empresa lo violaba al mantener vigente, a la par con la
Convención Colectiva celebrada con el sindicato, un Pacto Colectivo aplicable a
los trabajadores no sindicalizados, en cuya virtud se tiene una diferencia de
cuatro meses (en contra de los sindicalizados) en las fechas periódicas en las
cuales entran en vigencia los aumentos salariales".
"El asunto
en controversia -afirman los peticionarios- los compromete como trabajadores de
Colgate, perjudicados por la situación enunciada, pero debe observarse que el
origen de la disputa está en la  celebración de la Convención Colectiva por una
parte y del Pacto Colectivo por la otra, lo cual indica que está de por medio
un interés de tipo sindical: ese fue su origen y en relación con él se han
venido presentando las discrepancias que dieron lugar a la demanda. Obsérvese
que están implicadas, más que la situación individual de cada trabajador en lo tocante
con la fecha en que percibe su aumento salarial, la vigencia y el cumplimiento
de la Convención Colectiva, que, mientras permanezca vigente, obliga tanto a la
empresa como al organismo sindical que la suscribió".
"Si esto es
así, no estaban legitimados para ejercer la acción los trabajadores en cuanto
tales, ya que sus aspiraciones no eran individuales sino colectivas. La
distinción entre los sindicalizados y los demás trabajadores no surgió de
discriminaciones entre individuos efectuadas por la Empresa, sino de la
celebración y vigencia de los acuerdos laborales colectivos en mención".
El presente caso es
diferente, porque según se ha visto la acción se ha intentado por los actores
no sólo en nombre propio sino en representación del sindicato de la mencionada
empresa.
Conforme a las
consideraciones que se han hecho sobre la naturaleza jurídica, alcance y efecto
de los pactos y convenciones colectivas de trabajo, la Corte estima que la
práctica  asumida por la empresa consistente en otorgar a los trabajadores no
sindicalizados que suscriben los pactos unas condiciones laborales mucho más
favorables que las consignadas en las convenciones que benefician a los
trabajadores sindicalizados, obviamente configura un trato discriminatorio.
La Sala Tercera de
Revisión en la sentencia T-230 de 1994[3]
consideró sobre el punto lo siguiente:
"5.2. Las
condiciones laborales, si bien no se encuentran enunciadas de manera explícita
dentro de las razones objeto de discriminación del artículo 13, deben tener un
tratamiento similar si se tiene en cuenta la especial protección constitucional
de la calidad de trabajador. En consecuencia, si el trabajador aporta los
indicios generales que suministren un fundamento razonable sobre la existencia
de un trato discriminatorio, o que permitan configurar una presunción de
comportamiento similar, le corresponde al empleador probar la justificación de
dicho trato".
La discriminación
que se hace entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados constituye
una flagrante violación de los derechos fundamentales a la igualdad y a la
asociación sindical. En efecto:
Persiguiendo tanto
los pactos como la convención una finalidad común cual es la de regular las
condiciones de trabajo en la empresa, partiendo del objeto social que debe
desarrollar y de la realidad objetiva de los instrumentos personales y
materiales que debe utilizar para cumplirlo, no resulta justificado ni
legitimado el trato diferenciado que se da a una y a otra clase de
trabajadores. Es más, podría pensarse que el origen de la discriminación se
centra en la pertenencia de algunos trabajadores al sindicato. En tales
condiciones, necesariamente se concluye que con dicha práctica la empresa ha
violado el principio de igualdad.
La violación del
principio de igualdad, en las condiciones descritas, por contera apareja la
violación del derecho de asociación sindical, y el de negociación colectiva que
es consustancial a éste, porque la indicada práctica desestimula la afiliación
al sindicato y la permanencia de sus miembros en éste, menoscaba el ámbito de
la representación de los trabajadores por el sindicato y consecuentemente su
poder de negociación colectiva.
La Sala Segunda de
Revisión, en la sentencia T-143/95[4]
se refirió al principio a trabajo igual salario igual en los siguientes
términos:
"Bajo el
entendido de la especial situación de desigualdad que se presenta en las
relaciones de trabajo, el legislador ha arbitrado mecanismos que de alguna
manera buscan eliminar ciertos factores de desequilibrio, de modo que el
principio constitucional de la igualdad, penetra e irradia el universo de las
relaciones de trabajo".
"Precisamente,
el principio a trabajo igual salario igual se traduce en una realización
especifica y práctica del principio de igualdad".
"Constitucionalmente
el principio se deduce:
- Del ideal del
orden justo en lo social y lo económico, que tiene una proyección en las
relaciones de trabajo (preámbulo, arts. 1o, 2o y 25 C.P.)"
"- Del
principio del reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se
manifiesta en la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que
aseguren un nivel de vida decoroso (arts. 1o, 25 y 53, inciso final
C.P.)".
"- Del
principio de igualdad pues la naturaleza conmutativa del contrato de trabajo,
traducida en la equivalencia de las prestaciones a que se obligan las partes,
el suministro de la fuerza de trabajo a través de la prestación del servicio, y
la remuneración o retribución mediante el salario, se construye bajo una
relación material y jurídica de igualdad que se manifiesta en el axioma de que
el valor del trabajo debe corresponder al valor del salario que se paga por
este (art.13 C.P.)".
"- De los
principios sobre la igualdad de oportunidades, que supone naturalmente no sólo
la correspondencia o el balance que debe existir entre el valor del trabajo y
el valor del salario, sino con respecto a los trabajadores que desarrollan una
misma labor en condiciones de jornada y eficiencia iguales; el establecimiento
de la remuneración mínima vital y móvil "proporcional a la calidad y
cantidad de trabajo", e incluso, la "irrenunciabilidad de los
beneficios mínimos" establecidos en las normas laborales, pues el trabajo
realizado en ciertas condiciones de calidad y cantidad tiene como
contraprestación la acreencia de una remuneración mínima que corresponda o sea
equivalente a dicho valor (art. 53 C.P.)".
"El art. 143
del C.S.T., que consagra el mencionado principio a nivel legal, es un trasunto
fiel de la filosofía recogida en los textos constitucionales de diferentes
países y en los convenios y tratados internacionales, que prohiben la
discriminación salarial fundada en hechos, circunstancias o situaciones que
realmente no correspondan a la consideración objetiva de la calidad y cantidad
de trabajo".
(.....)
"Pero debe
agregarse que el sustrato filosófico que subyace en el principio, se revela en
el sentido de que lo que básicamente se reconoce es una relación de
equivalencia de valores prestacionales, a modo de justicia conmutativa, en
cuanto a lo que da o suministra el trabajador al patrono y lo que éste recibe a
cambio, lo cual se adecúa a los valores constitucionales de la justicia, la
igualdad y el orden justo".
"Cabría
agregar además que el principio traduce igualmente la proyección de la
democracia en las relaciones de trabajo porque estas al igual que aquélla se
construyen básicamente sobre la idea de la igualdad jurídica y la igualdad
material".
Establecida la
violación de los referidos derechos fundamentales, necesariamente la Corte
habrá de revocar los fallos de instancia y conceder la tutela impetrada. La
concesión de la tutela obviamente conduce a:
- Ordenar a la
empresa a restablecer los derechos de los trabajadores sindicalizados en el
sentido de otorgarles y asegurarles a éstos las mismas condiciones laborales,
especialmente las económicas que se dispensaron a los trabajadores que
celebraron el pacto colectivo. Ello implica, que se ordenará que la empresa
pague a aquéllos la bonificación establecida en el pacto y los aumentos de
salario.
- Ordenar a la
empresa que en lo sucesivo al celebrar pactos y convenciones colectivas, se
abstenga de crear o establecer condiciones de trabajo diferentes para los
trabajadores no sindicalizados y sindicalizados, con violación de los aludidos
derechos fundamentales.
No obstante la
procedencia de las órdenes antes mencionadas, con arreglo a la preceptiva de
los numerales 4° y 5° del art. 29 del decreto 2591 de 1991, la Corte debe
resolver el problema que se presenta con la existencia de las sentencias de los
juzgados laborales del Circuito, las cuales en algunos casos han absuelto a la
empresa y en otros han condenado al pago de la mencionada diferencia salarial.
A juicio de la Corte
las decisiones contenidas en dichas sentencias no constituyen obstáculo para
que el juez constitucional decrete el amparo de los derechos fundamentales y su
restablecimiento con la plenitud que su vigencia y respeto requieren, por las
siguientes razones:
La jurisdicción
ordinaria laboral actuó en cada proceso una pretensión procesal que tenía como
causa motivo o fundamento el desconocimiento de normas de rango legal,
particularmente del principio a trabajo igual salario igual que reconoce desde
época anterior a la Constitución de 1991 el Código Sustantivo del Trabajo en el
art. 143. Por lo tanto, la cosa juzgada que se predica de dichos
pronunciamientos judiciales necesariamente queda limitada y circunscrita única
y exclusivamente al ámbito y al contenido específico de la pretensión que se
adujo y fue denegada o acogida.
La cosa juzgada que
ampara dichas decisiones, obviamente no limita o inhibe el pronunciamiento del
juez de tutela que corresponde a la jurisdicción constitucional y que en su
misión aplica e interpreta con autoridad la Constitución y se pronuncia favorablemente
sobre una pretensión que tiene su causa u origen en el quebrantamiento de los
derechos fundamentales. En tal virtud, al juez de tutela no lo obliga la cosa
juzgada que emerge de la solución de una controversia por la justicia ordinaria
laboral, en la cual tanto la pretensión como la decisión han tenido fundamento
o causa en normas de rango legal.
La Constitución
reconoce la autonomía de las distintas jurisdicciones, Constitucional,
Contencioso Administrativa y Ordinaria, etc. Ello implica que el poder estatal
de administrar justicia se radica y concreta en cada una de ellas, para que
ejerzan sus atribuciones dentro del propio espacio o ámbito de poder que se les
ha señalado. Por consiguiente, una jurisdicción no puede invadir el ámbito de
las atribuciones que les corresponden a las demás jurisdicciones. En estas
circunstancias, se afirma que ni el juez laboral está facultado al ejercer su
misión de juez ordinario para resolver pretensiones que caen dentro del ámbito
de la jurisdicción propia de la acción de tutela, ni el juez de tutela puede
penetrar en la órbita de la jurisdicción propia de la justicia ordinaria
laboral (art. 86  inciso 3 C.P. y 6 numeral 1° del decreto 2591 de 1991), salvo
en los casos en que sea procedente la tutela como mecanismo transitorio.
No obstante lo
dicho, la Corte no puede desconocer la circunstancia de que es posible que la
empresa haya pagado a algunos trabajadores las diferencias salariales
reclamadas en cumplimiento de algunas sentencias de los referidos jueces
laborales, en cuyo caso aquélla no está obligada a volver a pagar, pues una
orden en contrario atentaría contra el principio de la buena fe y del orden
justo que preconiza la Constitución, porque propiciaría un enriquecimiento sin
justa causa.
V. DECISION.
En mérito de lo
expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. REVOCAR las sentencias del 12 de diciembre de 1994
y del 13 de octubre del mismo año, proferidas por el Tribunal Superior de
Medellín y por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en su
orden, en virtud de las cuales se denegó la acción de tutela interpuesta por
Gonzalo Gómez y María Elena Gómez, en su propio nombre y en representación del
Sindicato de Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A. SINTRALEONISA contra la
empresa de Confecciones Leonisa S.A. y, en su lugar, conceder la tutela de los
derechos a la igualdad, a la asociación sindical y a la negociación colectiva
que les fueron vulnerados a los peticionarios, al sindicato, a los trabajadores
sindicalizados y a los trabajadores no sindicalizados que se benefician de la
convención colectiva de trabajo.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior la empresa
Confecciones Leonisa S.A. procederá en el término de 48 horas a hacer los
aumentos salariales y a pagar la bonificación a los trabajadores sindicalizados
y a los no sindicalizados beneficiarios de las convenciones colectivas, en la
misma forma en que aparecen establecidos dichos beneficios laborales para los
trabajadores no sindicalizados en los pactos colectivos correspondientes a los
años 1992-1994, 1994-1996.
La empresa podrá
deducir del valor de dichos derechos laborales lo que hubiere pagado a los
trabajadores en cumplimiento de sentencias dictadas por los jueces laborales
que hayan ordenado el pago de diferencias salariales.
TERCERO. ORDENASE
a la empresa que en lo
sucesivo, y al celebrar pactos colectivos y convenciones colectivas, que
regulen  las  condiciones laborales, tanto para los trabajadores no
sindicalizados firmantes de dichos pactos, como para los trabajadores
sindicalizados, se ABSTENGA de fijar condiciones de trabajo en los
referidos pactos que impliquen discriminación contra los trabajadores
sindicalizados y que conduzcan a la violación no sólo del derecho a la igualdad
sino de la asociación sindical y de la negociación colectiva.
CUARTO. LIBRAR las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados.
Notifíquese, cópiese, publíquese,
comuníquese, insértese en la gaceta constitucional y archívese el expediente.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Ponente
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Salvamento de
voto a la Sentencia SU.342/95
CONFLICTO LABORAL-Improcedencia de Tutela (Salvamento de
voto)
La acción de
tutela no está consagrada para sustituir al juez laboral ni para definir
conflictos jurídicos de trabajo, sino que constituye un mecanismo subsidiario
de defensa judicial y por tanto no es procedente frente al caso particular.
SENTENCIA LABORAL-Desconocimiento (Salvamento de voto)
Tampoco es
posible que la acción de tutela prospere con respecto de quienes ya iniciaron
la reivindicación de sus derechos por la vía ordinaria, pues una vez definido
el proceso, la decisión tomada a favor o en contra hace tránsito a cosa
juzgada, de manera que sobre la misma, no puede volver a pronunciarse ninguna
otra autoridad, incluyendo al juez de tutela, salvo que en su decisión el
funcionario judicial hubiese incurrido en una "vía de hecho",
situación que no es la que se plantea en este proceso.
PRINCIPIO A
TRABAJO IGUAL SALARIO IGUAL-Prueba
(Salvamento de voto)
No se trata por
tanto de que dos personas que desempeñan genéricamente el mismo oficio tengan
derecho por ese solo hecho a igual salario, ya que de acuerdo con la norma
vigente mencionada, es necesario demostrar plenamente no solo la condición
genérica del trabajo sino también la jornada y las condiciones de eficiencia
igual de ese mismo trabajo, en forma concreta, específica e individual. No se
aportó el término de comparación, en cuanto a que frente a cada uno de los
miembros  del sindicato, existen otros trabajadores no sindicalizados que desarrollando
una misma labor en igualdad de condiciones y eficiencia, devengan un mayor
salario, lo que en esencia corresponde a la competencia de la jurisdicción del
trabajo en la definición del conflicto jurídico laboral como lo señala
claramente el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, que instituyó la
Jurisdicción del Trabajo para decidir esta clase de conflictos. Un criterio
distinto debilita la jurisdicción laboral y su diáfana competencia.
CONVENCION
COLECTIVA/PACTO COLECTIVO-Diferencias/TRABAJADOR
SINDICALIZADO-Beneficios/TRABAJADOR NO SINDICALIZADO-Beneficios
(Salvamento de voto)
Con el criterio
adoptado en la sentencia de la Sala Plena de la Corporación dentro del proceso
de la referencia que no compartimos, se admite que quienes se encuentran
gozando de los beneficios de la convención colectiva, en su calidad de
trabajadores sindicalizados, puedan además y en forma simultánea percibir los
derechos emanados del pacto colectivo, no obstante no haberlo suscrito y
pertenecer a la organización sindical, sin que exista la comprobación
fehaciente de los elementos que estructuran el principio a trabajo igual,
salario igual.
DERECHO A LA
IGUALDAD-No se probó
violación (Salvamento de voto)
No se quebranta
el derecho fundamental a la igualdad, pues este no puede invocarse desde una
perspectiva general y abstracta como se plantea en la acción de tutela al
pretender que la nivelación salarial se reconozca a todos los miembros del
sindicato, sin haberse demostrado la existencia de un trato discriminatorio y
la violación al principio "a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada
y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario
igual", lo que fue materia de los distintos procesos ordinarios laborales
que terminaron ante la justicia del trabajo con efectos de cosa juzgada.
DERECHO DE
ASOCIACION SINDICAL
(Salvamento de voto)
Tampoco se
infringe el derecho a la asociación sindical, pues como lo admite la misma
sentencia "el patrono goza de libertad para celebrar con los trabajadores
no sindicalizados pactos colectivos, que pueden coexistir con convenciones
colectivas de trabajo". Frente al caso particular, cabe afirmar que la
existencia del pacto colectivo no obedece a una actitud caprichosa y
discriminatoria del patrono para con la organización sindical, sino que se
trata de una facultad que le otorgan la Constitución y la Ley -previo el
cumplimiento de ciertas condiciones laborales- a los trabajadores no
sindicalizados, para que éstos sin necesidad de asociarse, puedan negociar con
el patrono la obtención de unas mejores prerrogativas de trabajo frente a los
demás trabajadores sindicalizados, sin que ello conduzca a la vulneración de
derecho fundamental alguno.
DERECHO DE NEGOCIACION
COLECTIVA/DISCRIMINACION LABORAL (Salvamento de voto)
Como la sentencia
adoptada por la mayoría de los Magistrados de la Corte se pregunta "cuál
sería el fundamento para establecer diferencias de orden laboral entre los
trabajadores afiliados al sindicato y los que no se encuentran afiliados a
este",  respondemos quienes nos apartamos de ella, que es precisamente el
artículo 55 de la Constitución Política que "garantiza el derecho de
negociación colectiva para regular las relaciones laborales", y la misma
sentencia en referencia cuando admite que el patrono goza de libertad para
celebrar con los trabajadores no sindicalizados pactos colectivos que pueden
coexistir con convenciones colectivas de trabajo, pues lo contrario sería
obligar a los trabajadores no sindicalizados que suscriban el pacto colectivo
en los mismos términos en que se firmó la convención colectiva de trabajo, sin
apartarse de ella, haciendo nugatoria la posibilidad de la negociación
colectiva con aquellos trabajadores no afiliados al sindicato en lo
concerniente a sus relaciones laborales. Con ello, lo que se obtendría en la
práctica sería  acabar con los pactos colectivos y desde luego con la
negociación colectiva a que tienen derecho constitucionalmente los trabajadores
no sindicalizados, lo cual es inconsecuente con los principios que enmarcan la
justicia social y con el precepto constitucional citado.
CONFLICTO
LABORAL/JURISDICCION LABORAL
(Salvamento de voto)
La tutela no
puede sustituir la competencia del juez laboral en lo concerniente a la
definición de los conflictos jurídicos de trabajo. Los derechos laborales
derivados de la interpretación o aplicación de las convenciones colectivas o
pactos colectivos corresponde decretarlos al juez del trabajo, mediante el
ejercicio de la acción ordinaria laboral, con base en los medios de prueba
pertinentes, salvo la violación de derechos fundamentales constitucionales que
en el presente proceso no se configuran.
LIBERTAD DE
ASOCIACION SINDICAL/DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA (Salvamento de voto)
El derecho de
libre asociación sindical y de la negociación colectiva cobija no solamente a
los trabajadores sindicalizados sino también a los no sindicalizados, para los
efectos de permitir la coexistencia de la convención colectiva de trabajo con
los trabajadores afiliados al sindicato y el pacto colectivo con quienes no
están sindicalizados o han optado por desafiliarse voluntariamente de la
organización sindical.
COSA JUZGADA
LABORAL-Desconocimiento
(Salvamento de voto)
Tampoco resulta
acertado condenar en la sentencia de tutela a la empresa demandada cuando esta
ya había sido absuelta, con respecto a las mismas pretensiones promovidas por
algunos trabajadores, pues ello lesiona el principio de la cosa juzgada.
Peticionarios:
Gonzalo Gómez y María Elena Gómez en nombre propio y en representación del
Sindicato de Trabajadores de Confecciones Leonisa S.A.
"SINTRALEONISA".
Con el respeto y la
debida consideración por las decisiones de la Sala Plena de la Corporación, los
suscritos Magistrados, HERNANDO HERRERA VERGARA, FABIO MORON DIAZ Y VLADIMIRO
NARANJO MESA, salvamos el voto en el asunto de la referencia, que tuteló los
derechos de los demandantes en el proceso que fue objeto de unificación de
jurisprudencia por parte de esta Corporación.
Según se expone en
la demanda, este proceso tuvo origen en  el hecho según el cual en la empresa
Confecciones Leonisa S.A., se han celebrado dos pactos colectivos con
trabajadores no sindicalizados, a partir del 17 de junio de 1992, en los que se
establecen aumentos salariales pagaderos con ochenta y cuatro (84) días de
anticipación a los aumentos convencionales, concediéndose  una bonificación a
los trabajadores que firmaron dicho pacto.
Afirman los
demandantes que a partir de la fecha de la firma del primer pacto colectivo,
los trabajadores sindicalizados  han sido discriminados, pues sus aumentos
salariales decretados en convenciones colectivas posteriores, se realizan
ochenta y cuatro (84) días después que los aumentos de los trabajadores
beneficiarios del pacto, lo que ha dado lugar a la pérdida de incentivos
(aumentos salariales y bonificaciones por firma de los pactos) y se ha disminuido
el número de socios afiliados al respectivo sindicato.
Igualmente, se
reconoce por los peticionarios, que en la empresa mencionada los trabajadores
sindicalizados lastimados por sus bajos salarios optaron inicialmente por
demandar, ante la justicia del trabajo, la nivelación salarial de manera
individual con resultados a todas luces desventajosas.
En razón de lo
anterior, formularon la acción de tutela a efectos de que se les decretara el
amparo de los derechos a la igualdad y a la libre asociación sindical no
solamente a los demandantes sino también a todos los trabajadores
sindicalizados.
En la sentencia de
la cual disentimos, se revocan las providencias de instancia proferidas dentro
del proceso de tutela y en su lugar se condena a la empresa demandada para que
en el término de 48 horas proceda a hacer los aumentos salariales y a pagar la
bonificación a los trabajadores sindicalizados y a los no sindicalizados
beneficiarios de las convenciones colectivas, en la misma forma en que aparecen
establecidos dichos beneficios laborales para los trabajadores no
sindicalizados en los pactos colectivos correspondientes a los años 1992 - 1994
-, 1994 - 1996, pudiendo la empresa deducir de dichos derechos laborales lo que
hubiere pagado a los trabajadores en cumplimiento de sentencias dictadas por
los jueces laborales que hayan ordenado el pago de diferencias salariales.
Además se ordena que
"en lo sucesivo la empresa al celebrar pactos y convenciones colectivas se
abstenga de fijar condiciones de trabajo en los referidos pactos que impliquen
discriminación contra los trabajadores sindicalizados y que conduzcan a la
violación de los derechos a la igualdad, a la asociación sindical y a la
negociación colectiva".
Las razones que nos
llevaron a formular el salvamento de voto, son las siguientes :
a)      La acción
de tutela no está consagrada para sustituir al juez laboral ni para definir
conflictos jurídicos de trabajo, sino que constituye un mecanismo subsidiario
de defensa judicial y por tanto no es procedente frente al caso particular.
Como lo ha expresado
en forma reiterada la jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, ha sido concebida
para solucionar en forma eficiente, todas aquellas situaciones de hecho
generadas por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los
particulares -en los casos que señale la ley- y que impliquen necesariamente la
amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Sin embargo, dicha acción sólo
procede en aquellos eventos en los cuales el sistema jurídico no ha previsto
otros mecanismos de defensa que puedan ser invocados ante las autoridades
judiciales con el fin de proteger el derecho, salvo que se  utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual
sus efectos son temporales, quedando supeditados a lo que resuelva de fondo la
entidad competente.
El decreto 2591 de
1991, señala en su artículo 6°, numeral 1°, la improcedencia de la acción de
tutela frente a la existencia de otros medios de defensa judicial en los
siguientes términos:
"ARTICULO
6o. Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
" 1. Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable." (...) (negrillas fuera
de texto).
Así pues, la acción
de tutela es un instrumento jurídico de carácter subsidiario encargado por la
Carta Política a los jueces de la República, que busca brindar a la persona la
posibilidad de acudir a la justicia de una manera informal, en procura de
obtener una protección directa e inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, en todos aquellos casos en que el afectado no disponga de otros
medios de defensa judicial.
No es entonces la
acción de tutela un medio alternativo, ni tampoco adicional o complementario,
para alcanzar el fin propuesto por el actor, es decir, no es propio de esta
acción el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar al juez
ordinario ni a los procesos ordinarios o especiales, ni tampoco fue instituida
como un ordenamiento sustitutivo en lo referente a la fijación de los diversos
ámbitos de competencia de los jueces, ni el de ser una instancia adicional a las
existentes, pues el propósito específico de su existencia, es el de brindar a
la persona una protección efectiva y actual de sus derechos constitucionales
fundamentales. Pensar lo contrario, desnaturaliza la esencia de la acción de
tutela, contraría todos los postulados del Estado de derecho e implica una
injerencia indebida en la solución  de los conflictos jurídicos cuya
competencia está adscrita al juez ordinario.
En este orden de
ideas, puede afirmarse que no procede la acción de tutela cuando el actor,
haciendo uso de las vías ordinarias no logra el reconocimiento de su derecho, y
pretende, a través de ésta, modificar la decisión legalmente tomada por la
autoridad competente. Así entonces, no rige el amparo constitucional, como
opción adicional  para revivir procesos definidos por el juez competente o para
sustituir a éste en su misión de administrar justicia.
De ahí que resulte
claro, que lo que se ha pretendido a través de la presente acción de tutela por
parte de los demandantes, es dejar sin efectos las sentencias proferidas por
jueces del trabajo quienes después de haber tramitado el proceso ordinario
laboral individual no accedieron a ordenar los aumentos salariales y a pagar la
bonificación a algunos trabajadores sindicalizados, para que en su lugar se
acceda por la vía de la tutela a las mismas pretensiones ya definidas
judicialmente con fundamento en la mencionada desnivelación salarial que se
origina entre los trabajadores sindicalizados de la empresa Leonisa S.A., que
suscribieron la convención colectiva y los no sindicalizados que firmaron el
pacto colectivo, toda vez que los primeros reciben con relación a los segundos
un menor salario durante ochenta y cuatro (84) días al año, ya que primero se
firma el pacto (junio de 1992, junio de 1994) y posteriormente, la convención
(septiembre de 1992, septiembre de 1994). Esta situación, al decir de los
actores, vulnera el principio "a  trabajo igual salario igual"
consagrado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo, y los derechos
a la igualdad y a la libre asociación sindical, consagrados en los artículos 13
y 39 de la Constitución Política.
Quienes salvamos el
voto consideramos que en este asunto se trata de interpretar normas contenidas
en el Código Sustantivo del Trabajo (artículo 143), según el cual "A
trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condicione de eficiencia,
también iguales, debe corresponder salario igual, ..." y además,
disposiciones del mismo estatuto que permiten la coexistencia simultánea del
pacto colectivo para trabajadores no sindicalizados y de la convención
colectiva respecto a los sindicalizados, para lo cual la legislación laboral
tiene previstos mecanismos eficaces de defensa judicial a los que deben acudir
los actores como lo hicieron inicialmente a fin de obtener la definición de sus
conflictos jurídicos de carácter laboral y demostrar ante el juez competente
del trabajo la posible vulneración de sus derechos haciendo valer sus
pretensiones.
Téngase en cuenta
que según las propias voces de la Constitución, la existencia de la acción
judicial y su definición por la vía ordinaria, hace improcedente el ejercicio
de la tutela, lo que ocurre en este caso, pues ese medio de defensa judicial
fue ejercido oportunamente por los demandantes.
Tan cierto es lo
anterior que como lo reconoce la demanda, algunos de los trabajadores
sindicalizados de la empresa en cuestión, iniciaron procesos laborales
ordinarios ante la jurisdicción del trabajo competente en procura de obtener el
reconocimiento de sus derechos, algunos de los cuales como se ha expresado
obtuvieron sentencia definitiva adversa a sus peticiones.
Sobre
el particular afirmaron los actores:
"En Leonisa
los trabajadores sindicalizados lastimados por sus bajos salarios, optaron inicialmente
por demandar la nivelación salarial de manera individual con resultados a todas
luces desventajosos, ya que unos juzgados fallaban a su favor y otros en contra
por falta de pruebas; pero no siendo este el camino para resolver un problema
mayor: REALIZACION DEL DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL, por eso y únicamente por
eso, hemos optado por el camino de la tutela como postrer recurso"
Desde este punto de
vista, tampoco es posible que la acción de tutela prospere con respecto de
quienes ya iniciaron la reivindicación de sus derechos por la vía ordinaria,
pues una vez definido el proceso, la decisión tomada a favor o en contra hace
tránsito a cosa juzgada, de manera que sobre la misma, no puede volver a
pronunciarse ninguna otra autoridad, incluyendo al juez de tutela, salvo que en
su decisión el funcionario judicial hubiese incurrido en una "vía de
hecho", situación que no es la que se plantea en este proceso.
También hay que
señalar, que tampoco era procedente la presente acción de tutela como mecanismo
transitorio, ya que no se demostró en el proceso, como tampoco lo observamos
los suscritos la existencia de un perjuicio irremediable, entendiéndose como
tal, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación (sentencia No. T-435
de 1994), aquel perjuicio que tiene las características de inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad. En el presente caso, el hecho de que
los actores y demás miembros del sindicato tengan la posibilidad de acudir a la
jurisdicción laboral en procura de obtener el reconocimiento de sus derechos y
el restablecimiento de sus beneficios laborales, como en efecto lo hicieron,
permite concluir que no se cumplen los elementos determinantes del perjuicio
irremediable y, por tanto, no puede tenerse en cuenta dicho perjuicio para
admitir la presente acción como mecanismo transitorio.
Fuera de ello, debe
recordarse que el mecanismo transitorio tiene la virtud de conceder un período
de tiempo, para que se ejerzan las acciones judiciales pertinentes, que en este
caso, como se ha dicho, fueron adelantadas por los actores con resultados
negativos en algunos procesos.
b) Aclaración al
principio "a trabajo igual, salario igual". La supuesta violación de
este principio, no puede ser considerada en forma genérica e indeterminada sino
de manera específica, con fundamento en el material probatorio requerido.
No obstante que las
consideraciones precedentes serían necesarias para que no se accediera a la
tutela promovida por los peticionarios, estimamos necesario agregar que la
supuesta violación del principio consagrado en el artículo 143 del Código
sustantivo del Trabajo "a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario
igual..." alegado en la demanda y que al decir de los actores conlleva a
la vulneración del derecho a la igualdad, no puede invocarse tampoco desde una
perspectiva general y abstracta como se plantea en la presente acción de tutela
al pretender que dicha nivelación se reconozca en forma indiscriminada "a
todos los miembros del sindicato".
Es claro que la
disposición comentada hace referencia a una situación particular y concreta,
donde quien invoca su desconocimiento debe aportar elementos de juicio
suficientes para acreditar la existencia de un trato discriminatorio con
relación a otra persona, a fin de determinar si el oficio que esta desempeña es
igual, lo mismo que la jornada y las condiciones de eficiencia también iguales
de que trata la norma aludida, como razón constitucional y legal, para
justificar el derecho a la igualdad y a percibir una asignación salarial mayor.
Lo anterior exige
necesariamente el análisis del respectivo material probatorio que no aparece en
el expediente para poder acreditar la existencia del trato discriminatorio y la
violación del derecho a la igualdad, lo cual no puede deducirse con la sola
afirmación de los peticionarios o con la simple interpretación del juez de
tutela de las normas preexistentes contenidas en la convención colectiva de
trabajo para los trabajadores sindicalizados y en el pacto colectivo para
aquellos trabajadores no sindicalizados, que libre y voluntariamente lo
suscribieron, pues ello configura la existencia de un típico conflicto jurídico
propio de la competencia como se ha expresado del juez del trabajo y no del
juez de tutela.
No se trata por
tanto de que dos personas que desempeñan genéricamente el mismo oficio tengan
derecho por ese solo hecho a igual salario, ya que de acuerdo con la norma
vigente mencionada, es necesario demostrar plenamente no solo la condición
genérica del trabajo sino también la jornada y las condiciones de eficiencia
igual de ese mismo trabajo, en forma concreta, específica e individual
Lo anterior nos
lleva a reiterar lo que ha venido sosteniendo la Corporación en diversos
pronunciamientos con relación al derecho a la igualdad y sus claras y
específicas implicaciones, en el sentido de que dicho derecho no se traduce en
una igualdad mecánica y matemática, sino en el otorgamiento de un trato igual
compatible con las diversas condiciones del sujeto, lo cual trae como
consecuencia que la aplicación efectiva de la igualdad frente a una determinada
circunstancia no puede desconocer las exigencias propias de la diversidad de
condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos.
Sobre el particular
ha señalado esta Corporación:
"La igualdad
designa un concepto relacional y no una cualidad. Es una relación que se da al
menos entre dos personas, objetos o situaciones. Es siempre resultado de un
juicio que recae sobre una pluralidad de elementos, los "términos de
comparación".  Cuales sean éstos o las características que los distinguen,
no es cosa dada por la realidad empírica sino determinada por el sujeto, según
el punto de vista desde el cual lleva a cabo el juicio de igualdad. La
determinación del punto de referencia comúnmente llamado tertium comparationis,
para establecer cuando una diferencia es relevante, es una determinación libre
más no arbitraria, y solo a partir de ella tiene sentido cualquier juicio de
igualdad". (sentencia No. T-422 de 1992, Magistrado Ponente, doctor
Eduardo Cifuentes Muñoz).
Sin embargo, dichas
controversias corresponde analizarlas y definirlas al juez del trabajo, a
través del proceso ordinario en cada caso específico. Acerca de ello resulta
pertinente transcribir lo expuesto en Sentencia No. T-573/94 de la Corte
Constitucional, M. P. Doctor Fabio Morón Díaz:
"...En este
sentido, es claro que la finalidad de la acción mencionada impone su
interpretación estricta y prudente hasta el punto de desprender de ella algunas
reflexiones, como esta: por tratarse de una vía judicial específica y preferente
sólo puede ser ejercida para obtener la protección de los mencionados derechos
constitucionales fundamentales, lo cual, por principio, descarta que ella pueda
predicarse y ejercerse para la solución de controversias políticas,  para
provocarlas o para agravarlas,  ni para atender a la solución de conflictos
laborales de contenido económico o para provocarlos, entre otras hipótesis
restrictivas..."
Por ello
consideramos, que aún en el evento de que no existieran otros  mecanismos de
defensa judicial para proteger los derechos alegados, no habría podido el juez
de tutela reconocer y derivar la desnivelación salarial en que aparentemente se
encuentran los trabajadores que suscribieron la convención colectiva, pues los
actores no demostraron en manera alguna con las pruebas pertinentes en el caso
concreto, el quebrantamiento de los derechos invocados.
Es decir, no se
aportó el término de comparación, en cuanto a que frente a cada uno de los
miembros  del sindicato, existen otros trabajadores no sindicalizados que
desarrollando una misma labor en igualdad de condiciones y eficiencia, devengan
un mayor salario, lo que en esencia corresponde a la competencia de la
jurisdicción del trabajo en la definición del conflicto jurídico laboral como
lo señala claramente el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo, que
instituyó la Jurisdicción del Trabajo para decidir esta clase de conflictos. Un
criterio distinto debilita la jurisdicción laboral y su diáfana competencia.
c)       En el
presente caso, no hay vulneración del derecho a la libre asociación sindical.
Ahora bien, frente a
la afirmación de los demandantes en el sentido de que el empleador les está
vulnerando el derecho a la libre asociación sindical consagrado en el artículo
39 de la Constitución Política, al exigirles la renuncia a al organización para
poder suscribir el pacto colectivo, consideramos que no se aportó al proceso
prueba alguna que respalde dicha afirmación. Además, que de acuerdo con la
normatividad laboral vigente no es ésta una exigencia del empleador, sino de la
ley que consagra en el artículo 481 del C. S. T. que los pactos colectivos se
celebran entre patronos y trabajadores no sindicalizados.
Sobre el particular
señala la disposición comentada:
"Art. 481.
CELEBRACION Y EFECTOS. Los pactos colectivos entre empleadores y
trabajadores no sindicalizados, se rigen por las disposiciones establecidas
en los títulos II y III, capítulo 1°, parte segunda, del Código Sustantivo del
Trabajo, pero solamente son aplicables a quienes los hayan suscrito o adhieran
posteriormente a ellos".  (negrillas fuera de texto)
Son evidentes las
notorias diferencias entre la convención y el pacto colectivo, pues así como la
convención  debe celebrarse entre los sindicatos y uno o más patronos (art. 467
del C. S. T.), el pacto solamente hace referencia a los acuerdos suscritos
entre patronos y trabajadores no sindicalizados. De manera que resulta lógico
afirmar, que si el pacto colectivo es suscrito por trabajadores no
sindicalizados, aquellos que pertenecen a un sindicato no pueden beneficiarse
de dicho pacto, y si pretenden adherirse al mismo, deben renunciar a la
convención colectiva y por ende a la organización sindical. De lo contrario se
estaría eliminando la posibilidad de que en una misma empresa puedan coexistir
simultáneamente dentro de las disposiciones consagradas en el Estatuto
Sustantivo del Trabajo el pacto colectivo para los no sindicalizados y la
convención colectiva de trabajo para los trabajadores afiliados a la organización
sindical.
Con el criterio
adoptado en la sentencia de la Sala Plena de la Corporación dentro del proceso
de la referencia que no compartimos, se admite que quienes se encuentran
gozando de los beneficios de la convención colectiva, en su calidad de
trabajadores sindicalizados, puedan además y en forma simultánea percibir los
derechos emanados del pacto colectivo, no obstante no haberlo suscrito y
pertenecer a la organización sindical, sin que exista la comprobación
fehaciente de los elementos que estructuran el principio a trabajo igual,
salario igual, regulado en el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.
De otro lado, la
coexistencia de la convención y el pacto en una misma empresa, no implica que
cada una de ellas pierda el carácter de independencia y autonomía que les ha
dado la ley, pues no se puede olvidar que dichas figuras representan intereses
muy distintos y desde diferentes perspectivas, ya que la primera desarrolla el
derecho de asociación sindical,  cual es la libertad de asociarse y fundar
sindicatos, y la segunda, la libertad para no asociarse.
En el presente
asunto, no se viola ningún derecho fundamental de carácter constitucional como
equivocadamente lo señala la sentencia de la cual nos apartamos, pues la
controversia en el caso sub-lite, según las pretensiones de la demanda
constituye un típico conflicto jurídico con respecto a la aplicación del pacto
colectivo de trabajadores no sindicalizados que se pretende hacer extensivo a
los trabajadores sindicalizados, beneficiados por una convención colectiva de
trabajo, en lo concerniente a los aumentos salariales y al pago de
bonificaciones.  Así pues, el pretendido derecho a la igualdad en el caso
concreto y en la presente controversia, corresponde naturalmente definirla a la
jurisdicción del trabajo y no al juez de tutela.
El artículo 2° del
Código Procesal del Trabajo establece que "la jurisdicción del trabajo
está instituida para decidir los conflictos que se originen directa o
indirectamente del contrato de trabajo".
De acuerdo con la
Organización Internacional del Trabajo estos conflictos jurídicos o de derecho
versan sobre la interpretación de un derecho nacido y actual, "poco
importa que tengan su origen en el precepto formal de una ley, en un contrato
individual, en una convención o en pacto colectivo; la interpretación de estos
derechos corresponde al juez de trabajo".
No se quebranta el
derecho fundamental a la igualdad, pues como se ha expuesto a lo largo de este
salvamento, este no puede invocarse desde una perspectiva general y abstracta
como se plantea en la acción de tutela al pretender que la nivelación salarial
se reconozca a todos los miembros del sindicato, sin haberse demostrado la
existencia de un trato discriminatorio y la violación al principio "a trabajo
igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también
iguales, debe corresponder salario igual", lo que fue materia de los
distintos procesos ordinarios laborales que terminaron ante la justicia del
trabajo con efectos de cosa juzgada.
Tampoco se infringe
el derecho a la asociación sindical, pues como lo admite la misma sentencia
"el patrono goza de libertad para celebrar con los trabajadores no
sindicalizados pactos colectivos, que pueden coexistir con convenciones
colectivas de trabajo". Frente al caso particular, cabe afirmar que la
existencia del pacto colectivo no obedece a una actitud caprichosa y
discriminatoria del patrono para con la organización sindical, sino que se
trata de una facultad que le otorgan la Constitución y la Ley -previo el
cumplimiento de ciertas condiciones laborales- a los trabajadores no
sindicalizados, para que éstos sin necesidad de asociarse, puedan negociar con
el patrono la obtención de unas mejores prerrogativas de trabajo frente a los
demás trabajadores sindicalizados, sin que ello conduzca a la vulneración de
derecho fundamental alguno.
Cabe destacar e
forma primordial que, lo anterior es una consecuencia obvia del derecho a la
negociación colectiva elevado a canon constitucional cuyo artículo 55 establece:
"Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley".
Dicho derecho no solamente se encuentra consagrado para los trabajadores
sindicalizados sino también para aquellos que no se quieran asociar o que
libremente deseen desafiliarse del sindicato. Tanto para unos como para otros,
sin exigencias de ninguna naturaleza.
Además, no puede
desconocerse que las estipulaciones contenidas en la convención y el pacto son
creadas bajo un equilibrio de fuerzas entre patronos y trabajadores, unos
sindicalizados y otros no, y por tanto obedecen a un acto de consentimiento de
las partes o sea la voluntad de quienes los suscribieron; en ambos casos, se
trata de contratos que constituyen ley para las partes y por lo tanto son de
obligatorio cumplimiento,  de manera que las diferencias que surjan de la
aplicación o interpretación del pacto o de la convención, según el caso,
corresponde a la jurisdicción del trabajo y no al juez de tutela a quien
compete decidir en cada asunto concreto, si se han vulnerado los derechos de
quienes lo suscriben o quebrantado el principio, según el cual, a trabajo igual
salario igual.
Ahora bien, como la
sentencia adoptada por la mayoría de los Magistrados de la Corte se pregunta
"cuál sería el fundamento para establecer diferencias de orden laboral
entre los trabajadores afiliados al sindicato y los que no se encuentran
afiliados a este",  respondemos quienes nos apartamos de ella, que es
precisamente el artículo 55 de la Constitución Política que "garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales", y
la misma sentencia en referencia cuando admite que el patrono goza de libertad
para celebrar con los trabajadores no sindicalizados pactos colectivos que
pueden coexistir con convenciones colectivas de trabajo, pues lo contrario
sería obligar a los trabajadores no sindicalizados que suscriban el pacto
colectivo en los mismos términos en que se firmó la convención colectiva de
trabajo, sin apartarse de ella, haciendo nugatoria la posibilidad de la
negociación colectiva con aquellos trabajadores no afiliados al sindicato en lo
concerniente a sus relaciones laborales. Con ello, lo que se obtendría en la
práctica sería  acabar con los pactos colectivos y desde luego con la
negociación colectiva a que tienen derecho constitucionalmente los trabajadores
no sindicalizados, lo cual es inconsecuente con los principios que enmarcan la
justicia social y con el precepto constitucional citado.
De esta manera, si a
los trabajadores sindicalizados se les debe garantizar el derecho a la
negociación colectiva para celebrar convenciones colectivas de trabajo, es
claro, que a los no sindicalizados en aras de la libertad sindical y de la
misma igualdad  a la que alude la sentencia en referencia, también se les debe
permitir el mismo derecho sin que la Constitución ni la ley haya establecido
que las cláusulas que rijan las relaciones laborales de unos y otros dentro del
ámbito de la negociación colectiva, tengan que ser idénticas, porque ello
desvirtuaría la coexistencia entre el pacto colectivo y la convención
colectiva.
Afirma la sentencia,
que la práctica asumida por la empresa consistente en otorgar a los
trabajadores no sindicalizados que suscriben los pactos, unas condiciones
laborales mucho más favorables que las consignadas en las convenciones que
benefician a los trabajadores sindicalizados, obviamente configura un trato
discriminatorio. Empero,  no es posible hacer dicha afirmación sin respaldo probatorio
alguno, toda vez que como es bien sabido, el pacto colectivo no nace de un acto
unilateral de la empresa sino de una negociación colectiva derivada de un
acuerdo de voluntades entre la empresa y los trabajadores no sindicalizados.
Sobre el particular
resulta pertinente transcribir lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia en
sentencia de octubre 17 de 1991 en lo siguientes términos:
"Derecho
de negociación colectiva. Régimen constitucional y legal. La nueva
Constitución Política del país garantiza en el artículo 55 el derecho de
negociación colectiva para regular las relaciones laborables, con las
excepciones que determine la ley, derecho que previamente a la expedición de
aquélla se encontraba regulado por la ley, que no es contraria a la
Constitución vigente, de lo que se sigue que fue entonces el querer del
constituyente elevar a canon constitucional que los conflictos colectivos de
índole laboral deban solucionarse a través de la negociación colectiva entre
las partes en él comprometidas. Por consiguiente, tanto los empleadores como
los sindicatos o los trabajadores no sindicalizados conservaron la facultad
dispositiva, garantizada por la Carta, de buscar fórmulas que concilien sus
intereses dentro de los límites impuestos por la ley; así que cuando se
establezcan por las partes nuevas condiciones que han de regir los contratos de
trabajo, las existentes hasta ese momento dejarán de tener obligatoriedad en
cuanto sean contrarias al nuevo convenio, pues la Constitución no instituyó la
inmodificabilidad de las condiciones de trabajo que se acuerden en la
negociación colectiva como se pretende en el recurso,  lo que quiere decir que
las obligaciones laborales son redimibles según se desprende de la nueva
Constitución".
De otro lado, debe
tenerse en cuenta que según se desprende de los hechos de la demanda, el pacto
colectivo firmado con los trabajadores no sindicalizados, se suscribió para la
vigencia junio de 1992 - junio de 1994, es decir, con antelación a la
convención colectiva de trabajo (septiembre de 1992 - septiembre de 1994), lo
que indica que al suscribirse la citada convención que establece prerrogativas
salariales y bonificaciones por debajo del mismo pacto, dicha situación se
produjo con ocasión del acuerdo de voluntades aceptado entre la misma empresa y
los trabajadores sindicalizados, lo que no da lugar a considerar la existencia
de una práctica discriminatoria de carácter unilateral. Aún más, para la
posterior vigencia de las cláusulas de la convención, si se consideraba que sus
aumentos salariales se realizan ochenta y cuatro (84) días después que los
aumentos de los trabajadores beneficiarios del pacto, debe tenerse en cuenta
que el artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el decreto
616 de 1954, autoriza la denuncia de la convención colectiva de trabajo que
trae como consecuencia legalmente que la negociación colectiva no está sujeta a
lo que anteriormente se haya pactado, existiendo la libertad de las partes para
señalar nuevas condiciones de trabajo, aspectos estos que tampoco se tuvieron
en cuenta en la sentencia que puso fin a la presente acción de tutela.
No podemos compartir
el criterio contenido en la misma providencia según el cual las decisiones de
los juzgados laborales del circuito a través de los cuales con respecto a las
mismas pretensiones, la empresa fue absuelta, "no constituyen obstáculo
para que el juez constitucional decrete el amparo de los derechos fundamentales
y su restablecimiento"... y la afirmación según la cual "en tal
virtud, al juez de tutela no lo obliga la cosa juzgada que emerge de la
solución de una controversia por la justicia ordinaria laboral, en la cual
tanto la pretensión como la decisión han tenido fundamento o causa en normas de
rango legal", por cuanto ello atenta contra la firmeza de las decisiones
judiciales  e implica revivir procesos cuyas causas fueron definidas por la
jurisdicción correspondiente, sin que tenga cabida la tutela contra
providencias judiciales, salvo desde luego las excepciones consignadas en la
jurisprudencia conocida de esta Corporación.
De lo anterior,
podemos resumir las  consideraciones expuestas en este salvamento, que la
sentencia de la cual nos apartamos, no tuvo en cuenta, en las siguiente
forma:
La tutela no puede
sustituir la competencia del juez laboral en lo concerniente a la definición de
los conflictos jurídicos de trabajo (artículo 2° del C. P. del T.)
Los derechos
laborales derivados de la interpretación o aplicación de las convenciones
colectivas o pactos colectivos corresponde decretarlos al juez del trabajo,
mediante el ejercicio de la acción ordinaria laboral, con base en los medios de
prueba pertinentes, salvo la violación de derechos fundamentales
constitucionales que en el presente proceso no se configuran.
La acción de tutela
es improcedente, cuando existen otros medios de defensa judicial y estos se han
ejercido cabalmente dentro del proceso ordinario laboral cuya sentencia pone
fin al conflicto jurídico del trabajo y hace tránsito a cosa juzgada material.
Es entendido que la tutela no procede frente a providencias judiciales, salvo
la configuración de una vía de hecho que no se da en el presente caso.
El derecho de libre
asociación sindical y de la negociación colectiva cobija no solamente a los
trabajadores sindicalizados sino también a los no sindicalizados, para los
efectos de permitir la coexistencia de la convención colectiva de trabajo con
los trabajadores afiliados al sindicato y el pacto colectivo con quienes no
están sindicalizados o han optado por desafiliarse voluntariamente de la
organización sindical. (artículo 55 de la C.P.).
Tampoco resulta
acertado condenar en la sentencia de tutela a la empresa demandada cuando esta
ya había sido absuelta, con respecto a las mismas pretensiones promovidas por
algunos trabajadores, pues ello lesiona el principio de la cosa juzgada.
Además, no era
procedente ordenar en la misma sentencia  que en lo sucesivo la demandada se
abstenga de "Fijar condiciones de trabajo en los referidos pactos que
impliquen discriminación contra los trabajadores sindicalizados y que conduzcan
a la violación no sólo del derecho a la igualdad, sino de la asociación
sindical y de la negociación colectiva", pues es bien sabido que en las
negociaciones colectivas de trabajo no es el patrono quien fija unilateralmente
las condiciones de trabajo, ya que tanto la convención colectiva de trabajo
como el pacto colectivo, son el resultado de un acuerdo de voluntades
y no surge de la imposición de una de las partes del conflicto, en ninguna de
sus cláusulas.
Por lo demás, los
suscritos magistrados vemos con asombro como en la Sentencia se señala,  en una
enumeración así sea "a título meramente enunciativo", una serie de
supuestos casos en los que mecanismo de la tutela podría ser utilizado para
sustituir procesos laborales.
Consideramos que
este tipo de enunciaciones por vía de ejemplo no deben consignarse en una
sentencia, pues es claro que con ello se incurre en el riesgo de un
prejuzgamiento inadmisible. Además, como ocurre en el caso sub-examine, con
ello se desvertebra la jurisdicción laboral con sus competencias y
procedimientos propios consignados en normas que recogen una avanzada tradición
jurídica de tendencia progresista, en aras de la protección de los derechos de
los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo, la cual tiene como
finalidad lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empresarios y
trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio
social que cristaliza el imperio de la justicia social consagrado ya desde hace
muchos años con la expedición de los Códigos Procesal del Trabajo y Sustantivo
del Trabajo, que rigen dichas relaciones desde los años de 1948 y 1950,
respectivamente.
De ahí que
concluyamos que, en razón de los planteamientos precedentes, han debido
confirmarse en la providencia materia de revisión, por parte de la Corte
Constitucional,  las sentencias de instancia en el presente proceso de tutela,
que negaron las pretensiones de los demandantes,  en presencia del uso
inadecuado de la acción de tutela.
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Salvamento de
voto a la Sentencia SU.342/95
PACTO COLECTIVO-Alcance (Salvamento de voto)
La sentencia
parte de la base de desconocer la diferencia entre la convención colectiva y el
pacto colectivo. Al desconocer tal diferencia, y ordenar que a los trabajadores
sindicalizados se concedan todos los beneficios que los pactos colectivos
consagran para los no sindicalizados, se ha desconocido el texto del artículo
481 del C.S.T. De ahora en adelante, los pactos colectivos serán aplicables a
quienes no los hayan celebrado ni hayan adherido posteriormente a ellos. Así,
en la práctica, ha quedado parcialmente derogado el art. 481 del C. S. del T. Y
la Corte Constitucional no tiene entre sus funciones la de derogar la ley, como
tampoco la de legislar.
JURISDICCION
CONSTITUCIONAL-Desconocimiento
sentencias de jurisdicción ordinaria (Salvamento de voto)
La acción de
tutela abusivamente ejercida, hace a un lado todos los demás procesos, y no
deja en firme decisión alguna de los jueces de la república.  Por sus pasos
contados, el país se acerca a una situación en la que de todo el orden jurídico
sólo subsistirá la Constitución.  En esa situación, desaparecidos todos los
códigos y las leyes que los complementan, sólo permanecerá la Constitución,
interpretada a su arbitrio por miles de jueces.  Será la plena vigencia del derecho
nuevo. En la sentencia de la cual discrepo, se desconocen las sentencias
que pusieron fin a procesos válidamente tramitados, que se ciñeron a las
exigencias del debido proceso.  Para desconocerlas no se invoca argumento
diferente al de la primacía del juez constitucional.  ¿No habría sido, acaso,
más acertado llamar a las cosas por su nombre, y hablar de la omnipotencia
jurídica del juez de tutela?
CONDUCTA LEGITIMA
DE UN PARTICULAR
(Salvamento de voto)
Contra esta
prohibición expresa, se ha concedido la tutela en este caso. Posiblemente,
para eludir esta prohibición, se invocará la supuesta violación de los derechos
fundamentales.
MEDIO DE DEFENSA
LABORAL-Procedencia/JURISDICCION
LABORAL (Salvamento de voto)
Los trabajadores
sí tenían otro medio de defensa judicial.  Así se reconoce en la misma
demanda de tutela, cuando se narra que algunos de ellos demandaron por vía
ordinaria las mismas pretensiones planteadas en la acción de tutela, obteniendo
algunos sentencias favorables y otros, desfavorables por falta de pruebas.
Pero, como al parecer todos los procesos diferentes al de tutela pueden ser
substituídos por éste, ahora se han anulado o destruído tales fallos.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL IDONEO
(Salvamento de voto)
Especialmente
peligrosas son las consideraciones sobre la "falta de idoneidad y eficacia
de las acciones laborales ordinarias como mecanismo alternativo de defensa
judicial". Es claro, y no se discute, que comparados, en su duración, con
el proceso de tutela, no hay, y jamás podrá haber, "medios alternativos de
defensa judicial idóneos y eficaces". Este equivocado concepto de la
idoneidad y la eficacia, ha sido causa principal del abuso de la acción de
tutela.  Que no se estableció para reemplazar todos los demás procesos, como
parecen creerlo algunos.
Con el respeto de
siempre, expongo las razones que me llevan a disentir de la sentencia de la
referencia.
Primera.- La sentencia parte de la base de
desconocer la diferencia entre la convención colectiva y el pacto colectivo. Al
desconocer tal diferencia, y ordenar que a los trabajadores sindicalizados se
concedan todos los beneficios que los pactos colectivos consagran para los no
sindicalizados, se ha desconocido el texto del artículo 481 del Código
Sustantivo del Trabajo, que dice:
"Los pactos
entre patronos y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones
establecidas para los convenios colectivos, pero solamente son aplicables a
quienes los hayan celebrado o adhieran posteriormente a ellos".
De ahora en
adelante, los pactos colectivos serán aplicables a quienes no los hayan
celebrado ni hayan adherido posteriormente a ellos. Así, en la práctica, ha
quedado parcialmente derogado el art. 481 del C. S. del T.
Y la Corte
Constitucional no tiene entre sus funciones la de derogar la ley, como tampoco
la de legislar.
Segunda.- En la sentencia se analiza el caso de los
procesos tramitados y fallados por la justicia laboral, en los cuales se
denegaron peticiones similares a las de la presente acción de tutela. Y se
concluye que "la cosa juzgada que ampara dichas decisiones, obviamente no
limita o inhibe el pronunciamiento del juez de tutela que corresponde a la
jurisdicción constitucional y que en su misión aplica e interpreta con
autoridad la Constitución y se pronuncia favorablemente sobre una pretensión
que tiene su causa u origen en el quebrantamiento de los derechos
fundamentales. En tal virtud, al juez de tutela no lo obliga la cosa juzgada
que emerge de la solución de una controversia por la justicia ordinaria
laboral, en la que tanto la pretensión como la decisión ha tenido fundamento o
causa en normas legales".
¡Inexcusable error!
A pesar de haberse declarado inexequibles las normas que permitían la acción de
tutela contra sentencias, un fallo de tutela, este que origina mi disentimiento,
declara sin valor, en abstracto y en general, todos los fallos que los jueces
competentes hayan proferido con sujeción a la ley. Como tantas veces lo he
preguntado en relación con otros fallos que, como éste, son ejemplos del
ejercicio equivocado de la acción de tutela, debo decir ahora: ¿en dónde queda
la seguridad jurídica si en un proceso de tutela se declaran sin valor, se
anulan o destruyen, sentencias dictadas en otros procesos, a los cuales no
concurrieron quienes son partes en el actual  proceso de tutela?
Aunque parezca una
paradoja, hay que sostener que, con todo y ser absurdas, y contrarias a la
Constitución, eran menos peligrosas para el orden jurídico las normas del
decreto 2591 de 1991 que hacían posible la acción de tutela contra sentencias.
En tales normas se establecía un término para interponer la acción de tutela
(60 días siguientes a la firmeza de la providencia que hubiere puesto fin al
proceso); se exigía que se hubieran agotado los recursos en la vía judicial; y
se preveía la sanción por el ejercicio temerario de la acción de tutela contra
sentencias, etc.  Ahora, cuando no existen las aludidas disposiciones, todo es
posible: basta invocar la real o imaginaria violación del debido proceso, en
cualquier tiempo.  Ya se ha visto cómo quien, por ejemplo, no quiera interponer
el recurso de casación contra una sentencia contra la cual éste proceda, sólo
tiene que alegar que supone o sospecha que la Corte Suprema no desatará
favorablemente tal recurso, para acudir con éxito a la acción de tutela.
En síntesis:  en su
marcha inexorable, la acción de tutela abusivamente ejercida, hace a un lado
todos los demás procesos, y no deja en firme decisión alguna de los jueces de
la república.  Por sus pasos contados, el país se acerca a una situación en la
que de todo el orden jurídico sólo subsistirá la Constitución.  En esa
situación, desaparecidos todos los códigos y las leyes que los complementan,
sólo permanecerá la Constitución, interpretada a su arbitrio por miles de
jueces.  Será la plena vigencia del derecho nuevo.
Obsérvese que en la
sentencia de la cual discrepo, se desconocen las sentencias que pusieron fin a
procesos válidamente tramitados, que se ciñeron a las exigencias del debido
proceso.  Para desconocerlas no se invoca argumento diferente al de la primacía
del juez constitucional.  ¿No habría sido, acaso, más acertado llamar a las
cosas por su nombre, y hablar de la omnipotencia jurídica del juez de tutela?
Recuérdese, además,
que la propia Corte Constitucional ha sostenido invariablemente que la acción
de tutela sólo procede contra sentencias cuando se ha violado el debido
proceso, es decir, se ha incurrido en una vía de hecho.  Lo que no aconteció en
este caso, y ni siquiera se insinúa en la sentencia.
Tercera.-  No queda duda de que los patronos que
celebraron con sus trabajadores las convenciones colectivas y los pactos
colectivos de los cuales da cuenta este proceso de tutela, actuaron en
cumplimiento de la ley, concretamente de conformidad con los artículos 467, 481
y concordantes del C. S. del T. La suya fue, en consecuencia, una conducta
legítima de un particular.
Pues bien: el
artículo 45 del decreto 2591 establece: "No se podrá conceder la tutela
contra conductas legítimas de un particular". Y contra esta prohibición
expresa, se ha concedido la tutela en este caso. Posiblemente,  para eludir
esta prohibición, se invocará la supuesta violación de los derechos
fundamentales.
Cuarta.- Debo insistir, como lo manifesté en los
debates en que se adoptó la sentencia, en que los trabajadores sí tenían
otro medio de defensa judicial.  Así se reconoce en la misma demanda de
tutela, cuando se narra que algunos de ellos demandaron por vía ordinaria las
mismas pretensiones planteadas en la acción de tutela, obteniendo algunos
sentencias favorables y otros, desfavorables por falta de pruebas.  Pero, como
al parecer todos los procesos diferentes al de tutela pueden ser substituídos
por éste, ahora se han anulado o destruído tales fallos, como ya se explicó.
Quinta.-  Según el artículo 36 del decreto 2591 de
1991, "Las sentencias en que se revise una decisión de tutela sólo
surtirán efectos en el caso concreto.." Desconociendo ostensiblemente esta
limitación, en la sentencia se imparte una
orden general, así:
"TERCERO.
ORDENASE a la empresa que en lo sucesivo, y al celebrar pactos colectivos y
convenciones colectivas, que regulen las condiciones laborales, tanto para los
trabajadores no sindicalizados firmantes de dichos pactos, como para los
trabajadores sindicalizados, se ABSTENGA de fijar condiciones de trabajo
en los referidos pactos que impliquen discriminación contra los trabajadores
sindicalizados y que conduzcan a la violación no sólo del derecho a la igualdad
sino de la asociación sindical y de la negociación colectiva"
Sexta.-  No puedo pasar por alto la prolija
enumeración que se hace en la sentencia de "los casos en que el mecanismo
de la tutela puede utilizarse para proteger los derechos fundamentales de los
trabajadores que resultan afectados durante el desarrollo o ejecución de un
contrato de trabajo..." Esa relación, que no se debatió en la Sala Plena,
permite una conclusión: por medio de la acción de tutela se puede exigir
todo lo que directa o indirectamente se relacione con un contrato de trabajo.
Así ¿para qué la justicia laboral?
Si se examinan con
cuidado todas las obligaciones, sean civiles, laborales, comerciales, etc., y
los mismos contratos y, en general, todos los actos y hechos jurídicos
generadores de obligaciones, siempre será posible, con un poco de imaginación,
descubrir, detrás de cada obligación o de cada contrato,  acto o hecho,
agazapado o encubierto, un derecho fundamental.  Quien, por ejemplo, tenga a su
favor una obligación representada en un título valor, y no quiera demandar
ejecutivamente para obtener su pago, podrá demandar la tutela invocando los
derechos a la vida y a la salud, no sólo suyos sino de su familia, pues con el
dinero atenderá a su subsistencia.  Aquel a quien se deban salarios, no tendrá
necesidad de demandar ejecutivamente, pues el proceso de ejecución puede tardar
meses: le bastará aducir el mismo motivo de su subsistencia para impetrar la
tutela.  Y así podrían multiplicarse los ejemplos: sería cuento de nunca
acabar.
Especialmente
peligrosas son las consideraciones sobre la "falta de idoneidad y eficacia
de las acciones laborales ordinarias como mecanismo alternativo de defensa
judicial". Es claro, y no se discute, que comparados, en su duración, con
el proceso de tutela, no hay, y jamás podrá haber, "medios alternativos de
defensa judicial idóneos y eficaces". Este equivocado concepto de la
idoneidad y la eficacia, ha sido causa principal del abuso de la acción de
tutela.  Que no se estableció para reemplazar todos los demás procesos, como
parecen creerlo algunos.
Bogotá, D.C., agosto
25 de 1995
JORGE ARANGO MEJIA
[1]. M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[2] En cuanto al
contenido de la convención el art. 468 del C.S.T., se refiere a un aspecto de
fondo, como es "la responsabilidad que su incumplimiento entrañe".
[3] M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[4] M.P.
Antonio Barrera Carbonell.