T-091-20
Sentencia
T-091/20
ACCION
DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES ECLESIASTICAS-Procedencia
El
juez de tutela sí es competente para decidir qué información puede ser revelada
y cuál puede mantenerse legítimamente en reserva porque los peticionarios
carecen de un medio de defensa judicial para insistir en la entrega de la
información que se solicita a organizaciones privadas.
ACCION
DE TUTELA CONTRA AUTORIDADES ECLESIASTICAS-Caso en que
periodista solicita información acerca de varios sacerdotes pertenecientes a organizaciones
religiosas
CLASES DE INFORMACION-Pública,
semiprivada, privada y reservada
Según
su cercanía con el ámbito íntimo, la información puede catalogarse como
“reservada”, “privada” o “semiprivada”. El acceso a la información
“reservada” o “privada” es más restringido, a diferencia de lo que
ocurre con la información “semiprivada”, la cual tiene un grado menor de
limitación para su acceso.
DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES
Y ACCESO A LA INFORMACION SEMIPRIVADA
De
conformidad con los principios de circulación restringida y confidencialidad,
cuando se solicita información semiprivada, los responsables del tratamiento de
datos no pueden revelarla sin autorización de su titular. Sin embargo, de esta
restricción que se impone a las personas que intervienen en el tratamiento de
datos personales no se sigue que exista una prohibición absoluta para su acceso
por terceros, en tanto su valoración en cada caso supone ponderar las
circunstancias específicas de que se trate por el juez constitucional, a quien
el ordenamiento constitucional le otorga competencia para valorar cuándo es
procedente garantizar el acceso a determinada información que detentan
organizaciones privadas, en este caso religiosas.
INFORMACION SEMIPRIVADA-Características
La
información semiprivada se caracteriza por: i) no relacionarse con
datos sensibles o intrínsecamente relacionados con la
intimidad y ii) no interesarle solo a su titular, sino ser de la
incumbencia de terceros o, incluso, de la sociedad en general.
DERECHO DE PETICION-Trámite preferencial de las peticiones realizadas por los
periodistas en ejercicio de su actividad/ACTIVIDAD PERIODISTICA-Garantías
El acceso a la información que solicitan los periodistas para
ejercer su profesión debe garantizarse en la mayor medida de lo posible. Ello
resulta aplicable, incluso, tratándose de datos semiprivados.
DEBER DE
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION EN EL DERECHO CANONICO, EN CASOS DE ABUSO
SEXUAL-No es absoluto
Bajo
el derecho canónico, los procesos y las decisiones concernientes a delitos
sexuales ya no están sometidos a una reserva estricta, porque el deber de
confidencialidad en casos de abuso sexual no es absoluto y debe ceder ante
valores o derechos que merezcan mayor protección.
TENSION ENTRE ACCESO A DOCUMENTOS DE
INVESTIGACION PERIODISTICA Y DERECHO A LA INTIMIDAD-Juicio de ponderación
DERECHO
DE PETICION ANTE AUTORIDADES ECLESIASTICAS-Orden de entregar
información semiprivada sobre sacerdotes, en el marco de investigación periodística
sobre posible red de pederastia y abuso sexual
Referencia: Expedientes
T-7.418.878 y T-7.486.371.
Acciones de tutela
interpuestas por Juan Pablo Barrientos Hoyos en contra de Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y la Arquidiócesis de
Medellín
Magistrado
ponente:
CARLOS BERNAL
PULIDO
Bogotá, D.C.,
tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020).
La Sala Primera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los
magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de i)
la sentencia del 3 de mayo de 2019 del Juzgado 18 Civil del Circuito de
Medellín, que confirmó la decisión del Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad
de Medellín, que amparó el derecho de petición de Juan Pablo Barrientos Hoyos,
en el proceso de tutela que promovió en contra de Pía Sociedad Salesiana
Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín (expediente T-7.418.878) y ii)
la sentencia del 5 de marzo de 2019 del Juzgado 22 Laboral del Circuito de
Medellín, que confirmó la decisión del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Medellín, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por Juan Pablo Hoyos Barrientos en contra de la Arquidiócesis de
Medellín (expediente T-7.486.371).
Los expedientes fueron escogidos para
revisión mediante autos del 28 de junio de 2019 y 20 de agosto de 2019,
proferidos por las salas de selección Seis[1]
y Ocho[2],
respectivamente. Esta última acumuló el expediente T-7.486.371 al expediente
T-7.418.878, para que fueran fallados en una sola sentencia, por presentar
unidad de materia[3].
I.
ANTECEDENTES
1.
Juan Pablo Barrientos Hoyos relató lo siguiente: i) que adelanta
una investigación periodística para W Radio titulada “Dejad que los niños
vengan a mí”. ii)  En el marco de esta investigación, obtuvo indicios
acerca de la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de
menores en Medellín. iii) A fin de corroborar dichos indicios y
garantizar que la información periodística fuera “objetiva y transparente”,
presentó derechos de petición ante la “Inspectoría de los Salesianos” y
la Arquidiócesis de Medellín. iv) En estos derechos de petición solicitó
información acerca de 43 sacerdotes que pertenecían a estas organizaciones
religiosas. v) Las instituciones accionadas obstaculizaron su labor
periodística orientada a “obtener información esencial para el desarrollo de
la investigación, del derecho a informar y opinar, así como el de la libertad
de expresión, todos propios de [su] actividad profesional” [4].
1.
Hechos
probados en los expedientes de tutela acumulados
1.1.
Expediente
T-7.418.878
2.
El 4 de febrero de 2019, Juan Pablo Barrientos Hoyos solicitó a Pía
Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín[5]
la siguiente información[6]
acerca de 7 sacerdotes:
a) ¿Es
sacerdote activo de los Salesianos Don Bosco, con plenas facultades
ministeriales?
b) Su cargo actual y fecha
de nombramiento.
c)  Su
trayectoria con los Salesianos Don Bosco, desde su ordenación diaconal hasta
hoy, incluyendo fechas de nombramientos y fechas de salida. Si ya no es
sacerdote, desde cuándo y por qué. Si no es de la comunidad Salesianos Don
Bosco, ¿ha trabajado con ustedes? ¿De qué comunidad viene?
d) ¿Han
recibido los Salesianos Don Bosco denuncias por abuso de menores, pederastia,
pornografía infantil o creación de redes con menores?
e) ¿Ha
sido suspendido, dimitido del estado clerical, o su nombre ha sido enviado a la
Congregación para la Doctrina de la Fe por denuncias de abuso de menores,
pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores?
f)
Si la anterior pregunta es afirmativa, ¿saben los Salesianos Don Bosco
si la justicia penal colombiana está investigándolo?
g) ¿Han
recibido los Salesianos Don Bosco denuncias por corrupción, malos manejos
económicos o enriquecimiento ilícito?
Además de las
anteriores preguntas, por favor responder estas preguntas en este mismo Derecho
de Petición:
h) ¿Han
estudiado las denuncias periodísticas publicadas en W Radio contra […, 5
sacerdotes]?
i) Si así es, ¿qué
correctivos se han tomado? ¿qué ha pasado con estos sacerdotes desde las
denuncias publicadas el pasado mes de septiembre?
3.
Mediante oficio de marzo 6 de 2019[7],
Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín informó que: i)
los 7 sacerdotes son miembros activos de la Comunidad Salesiana; ii)
iniciaron investigaciones preliminares canónicas en contra de los sacerdotes
que fueron nombrados en el programa periodístico de W Radio; iii) al
término de dichas investigaciones se evaluaría cada caso “para tomar las
respectivas medidas disciplinarias y/o penales, teniendo en cuenta también la
pertinencia o no, en caso que el salesiano sea declarado inocente”; iv) con
la autorización de los salesianos nombrados en el programa de W Radio, elevaron
derechos de petición ante las autoridades correspondientes, a fin de determinar
si estaban siendo requeridos por la justicia colombiana y encontraron que “ninguno
de ellos tiene cuentas pendientes con la justicia”. Por último, describió
la hoja de ruta que seguía la comunidad para prevenir cualquier tipo de
abuso en contra de niños, niñas y adolescentes.
1.2.
Expediente
T-7.418.371
4.
El 2 de octubre de 2018, Juan Pablo Barrientos Hoyos solicitó al
Arzobispo de Medellín, Ricardo Antonio Tobón Restrepo, la siguiente información[8]
acerca de 36 sacerdotes:
a) ¿Es
sacerdote activo de la Arquidiócesis de Medellín, con plenas facultades
ministeriales?
b) Su cargo actual y fecha
de nombramiento.
c)  Su
trayectoria en la Arquidiócesis de Medellín, desde su ordenación diaconal hasta
hoy, incluyendo fechas de nombramientos y fechas de salida.
d) ¿Ha
recibido la Arquidiócesis de Medellín denuncias por abuso de menores,
pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores?
e) ¿Ha
sido suspendido, dimitido del estado clerical, o su nombre ha sido enviado a la
Congregación para la Doctrina de la Fe por denuncias de abuso de menores,
pederastia, pornografía infantil o creación de redes con menores?
f)
Si la anterior pregunta es afirmativa, ¿sabe la Arquidiócesis de
Medellín si la justicia penal colombiana está investigándolo?
g) ¿Ha
recibido la Arquidiócesis de Medellín denuncias por corrupción, malos manejos
económicos o enriquecimiento ilícito? […]
Además de las
anteriores 7 preguntas, por favor responder estas dos preguntas en este mismo
Derecho de Petición
[sic]:
h) ¿Ha
investigado la Arquidiócesis de Medellín las 3 denuncias por supuesto abuso de
menores contra el padre […]? ¿Ha sido suspendido este sacerdote, ad
cautelam, como lo ha hecho el arzobispo con otros sacerdotes y como lo exigen
las normas para la protección del menor?
i) ¿Por qué dijo
el arzobispo de Medellín, monseñor Ricardo Tobón Restrepo, que no sabía del
paradero del padre […],
cuando él mismo lo había recomendado y autorizado para trabajar en la Diócesis
de Brooklyn tras suspenderlo?
5.
Mediante oficio del 16 de octubre de 2018[9],
la Arquidiócesis de Medellín señaló que la información acerca de los sacerdotes
vinculados a su comunidad, “hecha ya pública”, podía ser “consultada
por cualquier persona” en su página Web. Respecto al interrogante contenido
en la letra i), afirmó que “tanto para la fecha [sic] en que
se dio su entrevista con el señor Arzobispo, como en la actualidad, este
desconocía y desconoce el paradero del Señor […]”. Acerca de los
interrogantes que corresponden a las letras a), b), c), d), e), f), g) y
h) señaló:
La información que se solicita en los
literales aludidos desafortunadamente no puede ser suministrada, en primer
lugar, por virtud de la normatividad [sic] existente en materia de
Habeas Data (Leyes 1266 de 2008 y 1561 [sic] de 2012). Para que la misma
pueda serle entregada, ha de existir consentimiento expreso por parte de los
titulares de los datos solicitados o requerimiento de autoridad competente. Así
mismo, en segundo lugar, los detalles sobre denuncias, averiguaciones e
investigaciones llevadas a efecto al interior de la Arquidiócesis no pueden
serle suministrados, pues, por mandato constitucional y legal, es preciso ser
respetuosos del derecho a la intimidad de las personas a las que las mismas
aluden, incluyéndose, [sic] por supuesto, a los posibles afectados, cuya
protección constituye el interés primordial para la iglesia. Lo anterior,
además, en procura de no afectar la reserva a que hubiese lugar en las posibles
investigaciones que se adelantaren por las autoridades civiles sobre casos
puntuales.
2.
Las demandas de tutela y
las respuestas de las organizaciones accionadas
6.
El accionante consideró que Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis
Beltrán de Medellín y la Arquidiócesis de Medellín vulneraron su derecho
fundamental de petición porque se negaron a entregar información que no estaba
sometida a reserva y cuyo acceso era necesario para: i) “proteger
diversos derechos fundamentales”[10],
incluidos los derechos de niños y niñas[11];
ii) “garantizar los principios de publicidad y transparencia”[12]
y iii) “descubrir un entramado de corrupción y de abusos por parte de una
entidad religiosa”[13].
Además, señaló que tal proceder omisivo desconoció sus derechos fundamentales a
la información y a la libertad de expresión[14],
“propios de [su] actividad profesional”[15].
2.1.
Expediente T-7.418.878
7.
Ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, Juan Pablo Barrientos
Hoyos promovió recurso de insistencia en contra del “Vicario Inspectorial
Salesianos de Medellín”, a fin de que se le entregara la información que
había solicitado el 4 de febrero de 2019[16].
8.
Mediante providencia del 13 de marzo de 2019, la Sala Cuarta de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó que a esta solicitud se le
diera el trámite propio de una acción de tutela[17].
Consideró que el recurso de insistencia regulado en el artículo 26 de la Ley
1755 de 2015 solo procedía en contra de las autoridades públicas y que, cuando
se pretendiera acceder a información de particulares, el medio judicial
principal era la acción de tutela.
9.
Al contestar la acción de tutela[18],
Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín informó que
había dado una respuesta oportuna[19]
y de fondo a la solicitud, además de que se había ajustado a los lineamientos
de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, relativas a la protección de datos
personales. Igualmente, resaltó que, en los términos dispuestos por el Título
III y la sección a) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, la entrega de
información que hiciere referencia a datos sensibles debía contar con la
autorización del titular. Por último, destacó varios apartes de la sentencia
T-439 de 2009[20]
relacionados con i) las limitaciones del derecho a la libertad de
prensa; ii) la responsabilidad en la actividad informativa; iii)
el deber del juez constitucional de impedir la violación de los derechos al
buen nombre y a la honra de las personas por parte de los medios de
comunicación; iv) el conflicto que podía surgir entre el derecho a la
intimidad y el derecho a la información y v) la necesidad de evitar que
se emitiera información falsa, incompleta, parcializada, superficial o con
escasa investigación[21].
2.2.
Expediente T-7.486.371
10.
Mediante acción de tutela del 17 de enero de 2019, el accionante pidió
la protección de su derecho fundamental de petición, al considerar que era
procedente la entrega de la información requerida, dado que no gozaba de
reserva legal[22].
Destacó que, según la propia accionada, la información era pública y se
encontraba en su página Web, aunque desactualizada[23].
En consecuencia, solicitó que se le entregara la información relativa a los 36
sacerdotes a que hizo referencia en su petición, que se le diera información
respecto de 9 sacerdotes adicionales y que se abriera el “Archivo Secreto” de
la Arquidiócesis de Medellín.
11.
En respuesta a la acción de tutela[24],
la Arquidiócesis de Medellín manifestó que no era procedente la entrega de la
información solicitada porque: i) se trataba de información amparada por
reserva legal al hacer referencia a “datos privados o, en todo caso,
semiprivados”[25].
ii) En consecuencia, se encontraba sujeta a los principios de
circulación restringida y confidencialidad, contemplados en el artículo 4 de la
Ley 1581 de 2012. iii) A dicha información solo podía acceder su
titular, o un tercero que contara con expresa autorización de aquel[26].
iv) De haberla entregado habría vulnerado los derechos a la intimidad y
al habeas data de los sacerdotes e, incluso, habría podido incurrir en el
delito de violación de datos personales, previsto en el artículo 269F de
la Ley 599 de 2000.
3.     Decisiones objeto de revisión
3.1.
Expediente T-7.418.878
12.
Mediante providencia del 28 de marzo de 2019, el Juzgado 14 Civil
Municipal de Oralidad de Medellín concedió el amparo. Resaltó que la accionada
no dio una respuesta de fondo a las preguntas a), b), c), d), e) y g),
ni indicó el motivo por el que no era viable proporcionar dicha
información. Por tanto, ordenó que, en el término de 48 horas, Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín diera una respuesta clara,
precisa y de fondo a cada uno de tales interrogantes[27].
13.
El 29 de marzo de 2019, la accionada impugnó la providencia[28].
14.
El 5 de abril de 2019, a fin de acatar lo ordenado en el fallo de
primera instancia, Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de
Medellín complementó la respuesta al derecho de petición del 4 de febrero de
2019, así[29]:
El literal a):
Sí son miembros religiosos Salesianos de Don Bosco
El literal b):
Su cargo actual: son Sacerdotes salesianos vinculados a las obras que la
Comunidad tiene en el territorio de su jurisdicción.
El literal c):
Como se dejó dicho en la respuesta al literal a), todos son miembros actuales
de la Comunidad Salesiana de Don Bosco, se ordenaron en esta institución.
El literal d):
No tenemos denuncias penales.
El literal e):
Este literal queda contestado en los términos del literal i), que a letra dice:
“Cuando hay alguna noticia frente [sic] a estos temas de abuso, la
Iglesia pide activar la hoja de ruta que tiene prevista para estos casos (…) Y
de resultar alguno, inmerso en estos delitos gravísimos, será un juez de la
República, el encargado de definir tanto la condena del sacerdote implicado
como la reparación integral de la víctima”.
El literal f):
No, en los términos de la respuesta al literal i), inciso tercero que a la
letra dice: “También hemos tenido presente el derecho civil y penal de
Colombia……Y de resultar alguno, inmerso en estos delitos gravísimos, será un
juez de la República, el encargado de definir tanto la condena del sacerdote
implicado como la reparación de la víctima”.
El literal g):
No
El literal h):
Si.
15.
El 22 de abril de 2019, el oficial mayor del Juzgado 18 Civil del
Circuito de Medellín hizo constar que se comunicó con el accionante “a fin
de verificar si la respuesta al derecho de petición formulado el […] 4
de enero de 2019 ya le había sido suministrada por parte de Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín, [y este le]
manifestó que no le ha sido entregada, pues únicamente le remitieron una carta
informándole que la respuesta estaba en el Juzgado”[30].
16.
En providencia del 3 de mayo de 2019[31],
el Juzgado 18 Civil del Circuito de Medellín confirmó la sentencia de primera
instancia. Indicó que, aunque el 5 de abril de 2019 la accionada allegó una
complementación a la contestación inicial, las respuestas correspondientes a
los interrogantes a), b), c), d) y e) fueron evasivas, carecieron
de datos cronológicos y no tenían una sustentación clara. Resaltó que la
accionada no especificó el cargo ni la fecha de nombramiento de los sacerdotes
por quienes se preguntaba, tampoco indicó si había recibido denuncias, ni
señaló qué correctivos había tomado o qué había pasado con los sacerdotes
denunciados en el mes de septiembre de 2019.
17.
Con posterioridad, Juan Pablo Barrientos Hoyos promovió incidente de
desacato en contra de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de
Medellín, al considerar que no había dado respuesta a los interrogantes a),
b), c), d) y e) de su solicitud[32].
18.
El 20 de mayo de 2019, la accionada informó[33]
al juez de primera instancia que sí había dado respuesta de fondo al derecho de
petición y que, de buena fe, habían entendido que con dicha respuesta cumplía
con los mandatos de las leyes 1775 de 2015, 1581 de 2012, 1266 de 2008 y del
decreto 1377 de 2013, en cuanto al deber de proteger la información
restringida acopiada en sus bases de datos. A pesar de esto, procedió a
complementar algunas respuestas sobre los 6 integrantes de su comunidad[34]
así: i) en lo concerniente a la pregunta a), precisó qué
sacerdotes tenían restringidas sus facultades ministeriales. ii)
Respecto de la pregunta b), indicó las fechas de nombramiento de los
sacerdotes. iii) Para responder a la pregunta c), presentó un
cuadro en el que se relacionaron las fechas, ciudades, ubicaciones exactas[35]
y ocupaciones de cada uno de los sacerdotes; además, indicó cuáles sacerdotes
estuvieron en “permiso de Absentia a domo por un año”[36]
o “sin cargo”[37],
con fechas precisas. iv) En cuanto a la pregunta e), explicó que
ninguno de los sacerdotes había sido suspendido, ni dimitido del estado
clerical, ni sus nombres habían sido enviados a la Congregación para la
Doctrina de la Fe; no obstante, advirtió que uno de ellos estaba en proceso de
investigación.
19.
El 29 de mayo de 2019, el Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de
Medellín se abstuvo de sancionar a la accionada al considerar que antes del
incidente de desacato y durante su trámite había llevado a cabo las gestiones
pertinentes para cumplir la sentencia de tutela[38].
3.2.
Expediente T-7.486.371
20.
Mediante providencia del 29 de enero de 2019, el Juzgado Tercero
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín declaró improcedente la
acción de tutela. Advirtió que no cumplía con el requisito de subsidiariedad
porque el accionante no agotó el recurso de insistencia de que trata el
artículo 26 de la Ley 1755 de 2015. Adicionalmente, señaló que la información
solicitada estaba sometida a reserva, al relacionarse con “información
personal y derechos fundamentales de los sacerdotes por los que indaga”.
21.
El actor impugnó el fallo[39]
con base en las siguientes razones: i) consideró que debía aplicarse un
test de proporcionalidad porque el derecho a informarse e informar, que en este
caso coincidía con el interés superior del menor, prevalecía sobre el derecho a
la intimidad. ii) El juez debía definir si la decisión de no entregar
determinada información era razonable y proporcionada. iii) La
Arquidiócesis reconoció que la información era pública. iv) El recurso
de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1775 de 2015 solo procedía
cuando quien negara el acceso a la información fuese una autoridad pública y no
un particular; respecto de este lo procedente era la acción de tutela. De igual
forma, advirtió que la dilación en la entrega de la información posibilitaba su
manipulación[40]
y que algunos de los sacerdotes investigados “fungen como docentes o
rectores de instituciones educativas cuyo alumnado es menor de edad. Todos en
definitiva tienen contacto con menores, a pesar de denuncias ignoradas por su
jefe directo, el arzobispo de Medellín”[41].
22.
Frente a los argumentos de la impugnación, la Arquidiócesis de Medellín manifestó
que: i) no es procedente reconocer legitimación por activa al accionante
en relación con menores indeterminados. ii) La información solicitada
hacía referencia a datos privados y semiprivados, por lo cual debía
garantizarse la reserva. iii) El titular de información privada y
semiprivada es el único legitimado para decidir acerca de su tratamiento; en
consecuencia, de haberse accedido a la entrega de la citada información
posiblemente se habría incurrido en un ilícito. iv) El juez de tutela no
es competente para decidir qué información es o no reservada, o para ordenar el
levantamiento de la reserva, dado que son facultades exclusivas de los jueces
ordinarios y de las autoridades administrativas competentes. v) Por
último, solicitó que se declararan improcedentes las pretensiones de la acción
de tutela relativas a que se brindara información de 9 sacerdotes que no
formaban parte de la petición inicial y a que se abriera el “Archivo Secreto de la Arquidiócesis de Medellín”, dado que
no fueron propuestas en el derecho de petición[42].
23.
El Juez 22 Laboral del Circuito de Medellín confirmó la providencia de
instancia. Aclaró que no era necesario agotar el recurso de insistencia, pero
concluyó que la información solicitada por el actor era reservada y que si la
Arquidiócesis de Medellín la hubiera entregado, habría podido “incurrir en
delito y vulnerar derechos a la intimidad y al buen nombre los [sic] sacerdotes
de los cuales se estaba indagando”[43].
4.     Actuaciones en sede de revisión
24.
Mediante auto del 29 de julio de 2019[44],
solo en relación con el expediente T-7.418.878[45],
el despacho del magistrado sustanciador solicitó información de Pía
Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y del accionante. A
la primera le solicitó lo siguiente:
i) Remita con destino a este despacho
copia de la respuesta o respuestas que hayan sido emitidas frente [sic] al
derecho de petición presentado ante esa entidad por el ciudadano Juan Pablo
Barrientos Hoyos, el 4 de febrero de 2019. (ii) Informe cuál fue el
medio empleado para notificar al peticionario las respuestas a la petición
formulada, aportando los respectivos soportes documentales. (iii) En
caso que no se haya dado respuesta completa a todos los interrogantes
planteados por el peticionario, en relación con todas las personas respecto de
las cuales versaba la solicitud, informar a la Corte las razones que
justificaron dicha omisión.
25.
Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín solo se
pronunció acerca de la información solicitada en el ordinal i), para lo
cual aportó copia de las siguientes comunicaciones[46]:
i) del 6 de marzo de 2019, mediante la cual contestó el derecho de
petición presentado por Juan Pablo Barrientos Hoyos; ii) del 5 de abril
de 2019, dirigida al Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en la
que absolvió las preguntas del peticionario, de conformidad con lo ordenado por
dicha autoridad judicial en la decisión de tutela de segunda instancia; iii)
del 6 de abril de 2019, remitida a la dirección de notificaciones del actor,
por medio de la cual “se le informa y remite copia íntegra de la
contestación del derecho de petición formulado por el señor JUAN PABLO
BARRIENTOS, atendiendo al fallo de tutela”[47]
y iv) del 20 de mayo de 2019, dirigida al Juez 14 Civil Municipal,
en la que se complementaron varias respuestas dentro del trámite de desacato
promovido por el actor.
26.
En el auto a que se hizo referencia supra, el despacho del
magistrado sustanciador requirió la siguiente información del accionante:
i) informe a este despacho si con
posterioridad al 6 de marzo de 2019 Pía Sociedad Salesiana Inspectoría
San Luis Beltrán de Medellín le notificó alguna respuesta frente [sic]
al derecho de petición que elevó el 4 de febrero de 2019; ii) en caso que no
se le hayan notificado, informe si pudo tener acceso, por otro medio, a las
respuestas proferidas por la entidad accionada; iv) en caso que haya podido
conocer la respuesta o respuestas, indique si se absolvieron todos los
interrogantes planteados y si la entidad accionada hizo referencia a todas las
personas respecto de las cuales versaba su solicitud; v) en caso que haya
considerado que la respuesta o respuestas dadas no fueron completas, informe a
la Corte si adelantó alguna gestión adicional a fin de lograr que la respuesta
fuese complementada; vi) aporte copia de la respuesta o respuestas que
le hayan sido notificadas, o de las cuales haya tenido conocimiento con
respecto al derecho de petición que elevó el 4 de febrero de 2019.
27.
Juan Pablo Barrientos Hoyos informó[48]
que: i) el 8 de abril de 2019, la accionada le hizo saber que había dado
respuesta a su derecho de petición, pero no le adjuntó documento alguno; ii)
después de solicitar que le remitieran la contestación, se la enviaron el 7 de
junio siguiente, sin “la página en la que reposaba la información más
relevante” y iii) “tras escribirles infructuosamente a los
Salesianos”, el juzgado de primera instancia le envió esta respuesta el 8
de agosto de 2019.
28.
En relación con la respuesta dada al derecho de petición, informó que la
accionada sí contestó las preguntas a), b) y c). Indicó que la
organización religiosa no respondió la pregunta d) porque en el derecho
de petición se indagaba acerca de si en dicha comunidad se había recibido
denuncias y contestaron que no tenían denuncias penales. Precisó que la
accionada no respondió “honestamente” la pregunta e) porque “tres
sacerdotes que dijeron que no estaban suspendidos sí lo están” y, además,
le informaron que habían enviado 1 nombre a la Congregación para la Doctrina de
la Fe, “cuando tendrían que haber enviado, al menos 4”. Precisó que al
responder la pregunta f), Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis
Beltrán de Medellín afirmó que los sacerdotes no tienen requerimientos
de la justicia civil, pero algunos fueron suspendidos y un nombre fue enviado
al Vaticano para investigación. Para finalizar, indicó que no dieron respuesta
a las preguntas g), h) e i)[49].
29.
Con posterioridad, el 15 de agosto de 2019, Juan Pablo Barrientos Hoyos
se pronunció sobre las pruebas allegadas por la accionada[50].
Hizo referencia a múltiples casos de presuntos abusos sexuales cometidos por
sacerdotes que no habían sido sancionados por parte del Estado porque, a su
juicio, al interior de la Iglesia Católica existía una “red que ha permitido
que se encubran estos delitos”[51].
Además, destacó que estas conductas han salido a la luz en países como Chile,
Estados Unidos, Australia e Irlanda “gracias a que la prensa se concentró
por años en develar Archivos secretos que han existido desde que existe el
derecho canónico”[52].
Por último, solicitó a la Corte Constitucional que protegiera a los niños;
declarara inexequible la mayoría de los artículos del Concordato y se
pronunciara “frente [sic] al Archivo Secreto de cada diócesis,
arquidiócesis y comunidad religiosa”, así como que defendiera “el
derecho a la libertad que tiene la prensa para escuchar a las víctimas,
contrastar a los victimarios y publicar con el más alto criterio periodístico”.
30.
Ese mismo día, Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de
Medellín le solicitó a la Corte Constitucional que confirmara la providencia
proferida por el Juzgado 14 Civil Municipal de Oralidad de Medellín, mediante
la cual resolvió el incidente de desacato y concluyó que había dado respuesta a
todas las peticiones del accionante. Adicionalmente, informó que el 21 de mayo
de 2019 le había remitido al actor una copia de la respuesta allegada a dicho
juzgado el día anterior.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Aclaraciones
previas
31.
Durante el trámite de revisión, el actor solicitó a la Corte
Constitucional que emitiera un pronunciamiento acerca de la exequibilidad del
Concordato y sobre la apertura de los “Archivos Secretos” de todas las
diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas. La Sala no emitirá un
pronunciamiento en relación con estas pretensiones, dado que exceden su
competencia, la cual se circunscribe a la revisión de los fallos de tutela.
32.
El 13 de diciembre de 2019, la Conferencia Episcopal de Colombia
solicitó a la Corte Constitucional que se le reconociera como tercero
interesado en este trámite “en defensa de las accionadas”, al considerar
que reunía y representaba “a todos los obispos de nuestro país, a varios de
los cuales el accionante ha emitido derechos de petición”. La Sala no
accederá a esta petición por las siguientes razones: en primer lugar, porque la
solicitud se allegó de manera extemporánea dado que se radicó con posterioridad
al registro del proyecto de la presente sentencia[53].
En segundo lugar, porque los asuntos sub judice se circunscriben a las
tutelas que promovió Juan Pablo Barrientos Hoyos en contra de Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín (expediente T-7.418.878) y
de la Arquidiócesis de Medellín (expediente T-7.486.371), personas jurídicas
que estuvieron debidamente representadas en el trámite de las acciones de
tutela. En efecto, el Presbiterio José Gabriel Guerrero Castro
actuó como representante legal de Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín, calidad que demostró con el
certificado emitido por el Director de Asesoría y Control Legal de la
Gobernación de Antioquia, visible a folio 52 del cuaderno principal del expediente
T-7.418.878. La Arquidiócesis de Medellín estuvo representada por el abogado
Hernán Vélez Vélez, quien recibió poder del representante legal suplente de
dicha organización, tal como se evidencia a folios 135 y 136 del cuaderno
principal del expediente T-7.486.371.
2.
Competencia
de la Sala de Revisión
33.
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para conocer de los fallos materia de revisión, de
conformidad con lo previsto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución
Política, por los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y en atención a lo
dispuesto en los autos del 28 junio y 20 de agosto de 2019,
proferidos por las salas de selección seis y ocho, respectivamente, que decidieron seleccionar los presentes asuntos.
3.
Delimitación
del caso y valoración de los requisitos de procedencia
34.
El presente litigio constitucional involucra la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de petición e información del periodista Juan Pablo Barrientos
Hoyos por parte de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán
de Medellín (expediente T-7.418.878) y la Arquidiócesis de Medellín (expediente
T-7.486.371) que habrían negado, de manera ilegítima, el acceso a cierta
información[54].
35.
Son requisitos para la procedencia o estudio de fondo de la acción de
tutela la acreditación de i) legitimación en la causa, ii) un
ejercicio oportuno (inmediatez) y iii) un ejercicio subsidiario. A
continuación, se estudiará si la acción de tutela sub judice cumple con
estos requisitos.
3.1.
Legitimación en la causa
36.
En los casos sub examine se satisface el requisito de
legitimación en la causa por activa. El actor es la persona a quien,
presuntamente, le vulneraron sus derechos de petición, información y libertad
de expresión. La Sala también encuentra acreditada la legitimación en la causa por
pasiva de Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y de
la Arquidiócesis de Medellín, por las siguientes razones:
37.
De conformidad con lo prescrito por el artículo 32 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en adelante
CPACA–[55],
las “organizaciones religiosas” son sujetos pasivos del derecho de petición[56].
38.
Las accionadas son las organizaciones religiosas a las que el actor
atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al haberle negado, de
manera presuntamente ilegítima, el acceso a cierta información solicitada en
los derechos de petición del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018.
39.
Tal como dan cuenta los antecedentes de la presente sentencia, las
organizaciones religiosas accionadas tienen conocimiento de la información
solicitada por el demandante y son las responsables de su tratamiento.
40.
Por último, según la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela
procede contra organizaciones privadas[57]
y, en particular, ha señalado que procede contra organizaciones religiosas que
pertenecen a la Iglesia Católica[58].
3.2.
Inmediatez
41.
Este requisito se cumple en ambos casos. Por un lado, en relación con el
expediente T-7.418.878, el actor presentó la acción de tutela[59]
seis días después de haber recibido la respuesta a su petición por parte de Pía
Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín[60].
Por otro lado, en relación con el expediente 7.486.371, el demandante presentó
la acción de tutela contra la Arquidiócesis de Medellín tres meses después[61]
de la fecha en que le fue notificada la respuesta negativa a su petición,
término que se considera razonable.
3.3.
Subsidiariedad
42.
Se satisface la exigencia de subsidiariedad si se tiene en cuenta que el
ordenamiento jurídico no cuenta con un medio judicial principal diferente a la
acción de tutela para garantizar el acceso a la información que niega una
organización religiosa.
43.
En este tipo de asuntos no es posible inferir que el recurso de
insistencia, que regulan los artículos 25 y 26 del CPACA, opere ante
organizaciones privadas[62],
por las siguientes razones:
44.
En primer lugar, al regular el derecho de petición ante
organizaciones privadas en el CPACA, el legislador no remitió a este medio de
control para su protección, sino a los principios y reglas
establecidos en el Capítulo I del Título II de la citada normativa, relativos
al trámite de las peticiones (inciso 2° del artículo 32). Además, al definir
las competencias de los tribunales administrativos y jueces administrativos
(artículo 26) la circunscribió a aquellos recursos de insistencia que se
interpusieran en contra de “autoridades
nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá” y “autoridades distritales y municipales”. Las
organizaciones e instituciones privadas no
comparten esta condición[63].
45.
En segundo lugar, en la sentencia C-951 de 2014, al llevar a cabo el
control previo de constitucionalidad al proyecto de ley contentivo de la Ley
Estatutaria 1755 de 2015, la Corte Constitucional señaló que el recurso de
insistencia es un mecanismo idóneo para aquellos eventos en que “los administrados consideren que este no ha sido
satisfecho por parte de la administración”, y aclaró que, “fue voluntad del legislador que
al derecho de petición ante particulares no le aplicaran las reglas de la
insistencia en caso de reserva documental, en la medida en que este recurso es
conocido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”[64].
46.
En consecuencia, fue acertada la decisión de la Sala Cuarta de Decisión
Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia en el expediente T-7.418.878, que
ordenó tramitar el recurso de insistencia como una acción de tutela, por cuanto
el recurso de insistencia no operaba ante particulares. Contrario sensu,
fue desacertada la decisión del Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales
de Medellín, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta en contra
de la Arquidiócesis de Medellín (expediente T-7.486.371), al considerar que el
actor debió agotar el recurso de insistencia regulado por el artículo 26 del
CPACA.
47.
En suma, contrario a lo que consideró el apoderado de la Arquidiócesis
de Medellín, el juez de tutela sí es competente para decidir qué información
puede ser revelada y cuál puede mantenerse legítimamente en reserva porque los
peticionarios carecen de un medio de defensa judicial para insistir en la
entrega de la información que se solicita a organizaciones privadas.
4.  Delimitación del
problema jurídico y metodología de decisión
48.
Según el actor, la información que solicita no es reservada y debe
entregársele a fin de i) garantizar sus derechos fundamentales de
petición, información y libertad de expresión[65];
ii) proteger diversos derechos “propios de [su] actividad
profesional”[66]
como periodista, tendientes a corroborar indicios acerca de la posible
existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín, iii)
asegurar que la información que llegare a publicar fuese “objetiva y
transparente”[67],
iv) “garantizar los principios de publicidad y transparencia” [68] y v)
desarticular un “entramado de corrupción y de abusos por parte de una
entidad religiosa”[69].
49.
Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y la
Arquidiócesis de Medellín consideran que no es procedente otorgar el acceso a
la información solicitada, porque: i) de conformidad con la normativa
vigente[70],
la información solicitada está amparada por reserva legal al referirse a “datos
privados o, en todo caso, semiprivados” de los sacerdotes y, en consecuencia,
está sujeta a los principios de circulación restringida y confidencialidad,
contemplados en el artículo 4 de la Ley 1581 de 2012. ii) La información
que se solicita de los sacerdotes contiene datos sensibles y, en atención a
regulación de la materia[71],
a ella solo pueden acceder sus titulares. Su acceso por terceros está sujeto a
la autorización de aquellos, la cual no se acredita en el presente asunto. iii)
Dado que la información solicitada es relativa a datos personales de los
sacerdotes, no es procedente su entrega por las organizaciones religiosas
porque se podría configurar el delito de violación de datos personales,
previsto en el artículo 269F de la Ley 599 de 2000[72].
iv) De acuerdo con lo previsto en la sentencia T-439 de 2009, entre otras,
uno de los deberes del juez constitucional en casos de conflicto entre el
derecho a la intimidad y el derecho a la información es evitar que se difunda
información falsa, incompleta, parcializada, superficial o con escasa
investigación.
50.
Así las cosas y tras verificar que se cumple con los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico: ¿se debe garantizar el acceso a la información
solicitada por Juan Pablo Barrientos Hoyos en los derechos de petición del 4 de
febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018, a pesar de que los
sacerdotes, acerca de cuyos datos personales se indaga, no han autorizado
tal acceso?
5.
Caso concreto
51.
A fin de resolver el problema jurídico del caso, la Sala hará referencia
al tipo de información solicitada por el accionante (título 5.1 infra),
a las condiciones generales para su acceso (título 5.2 infra), a la
razonabilidad y proporcionalidad o no de su otorgamiento (título 5.3 infra)
y a los remedios del caso (título 5.4 infra).
5.1.
El tipo de información
solicitada por el accionante
52.
Para la Sala, la información solicitada por el accionante se puede
clasificar en tres tipos, según las preguntas específicas formuladas en los
derechos de petición de febrero 4 de 2019 y 2 de octubre de 2018:
Tipo de información
solicitada
Asunto sobre el cual
versa la información solicitada
Preguntas
específicamente formuladas
1. Información de
los sacerdotes relativa a su trayectoria y relación con la organización
religiosa
El actor solicitó se
le informara si los sacerdotes a los que hizo referencia en sus derechos de
petición eran miembros de la respectiva comunidad religiosa, si habían
trabajado en la misma, de qué comunidad procedían, si tenían plenas
facultades ministeriales, sus cargos actuales, fechas de ordenaciones y
nombramientos, y, en caso de que no fuesen sacerdotes, desde cuándo no lo
eran.
Corresponden a las preguntas a),
b) y c) de los derechos de petición presentados el 4 de febrero de
2019 y 2 de octubre de 2018
2. Información de
los sacerdotes relativa a denuncias formuladas en su contra y medidas
consecuentes adoptadas por la organización religiosa
El accionante preguntó
si las organizaciones religiosas accionadas habían recibido denuncias en
contra de los sacerdotes específicamente referidos por abuso de menores,
pederastia, pornografía infantil, creación de redes con menores, corrupción,
malos manejos económicos o enriquecimiento ilícito.
Corresponden a las preguntas d)
y g) de los derechos de petición presentados el 4 de febrero de
2019 y 2 de octubre de 2018
El demandante solicitó
se le informara si los sacerdotes habían sido suspendidos, dimitidos del
estado clerical, o su nombre enviado a la Congregación para la Doctrina de la
Fe. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, pidió se le informara si
tenían conocimiento de investigaciones penales que se estuvieren adelantando
en contra de los sacerdotes.
Corresponden a las preguntas e)
y f) de los derechos de petición presentados el día 4 de febrero
de 2019 y 2 de octubre de 2018
El actor solicitó se le informara
si los sacerdotes habían sido investigados o se habían tomado medidas en su
contra ante las denuncias periodísticas publicadas por W Radio y si habían
suspendido a uno de ellos ad cautelam.
Corresponden a la pregunta i) del
derecho de petición presentado el día 4 de febrero de 2019 y a la pregunta
h) del derecho de petición presentado el 2 de octubre de 2018
3. Información de
las organizaciones religiosas o de sus representantes
El accionante solicitó
a Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín que
indicara si había estudiado las denuncias periodísticas publicadas en W Radio
contra cinco sacerdotes de su comunidad.
Corresponde a la pregunta
h) del derecho de petición presentado el 4 de febrero de 2019
El accionante pidió a
la Arquidiócesis de Medellín que explicara por qué razón el Arzobispo de
Medellín había afirmado que desconocía el paradero de uno de sus sacerdotes,
pese a que tras su suspensión lo había recomendado para trabajar en la
Diócesis de Brooklyn (EUA).
Corresponde a la pregunta i) del
derecho de petición presentado el 2 de octubre de 2018
53.
Los dos primeros tipos de información se refieren a datos personales de
43 sacerdotes determinados, que reposan en las bases de datos de las
organizaciones religiosas accionadas; el tercero, por el contrario, a
información de las citadas organizaciones religiosas accionadas o de sus
representantes.
54.
Respecto del tercer grupo no existe controversia alguna por las
siguientes dos razones: en primer lugar, porque con estas no se pretendía
obtener información personal de los sacerdotes a los que se referían los
derechos de petición. En segundo lugar, porque las organizaciones religiosas ya
suministraron los datos solicitados: en relación con la pregunta h) del
derecho de petición formulado el día 4 de febrero de 2019, Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín informó que “tiene en
curso estas investigaciones sobre cada uno de los salesianos que han sido
nombrados en el programa”[73].
Por su parte, la Arquidiócesis de Medellín indicó lo siguiente en relación con
la pregunta i) del derecho de petición formulado el 2 de octubre de
2018: “En lo concerniente a lo preguntado en el literal i de su escrito, me
permito precisarle que, tanto para la fecha en que se dio su entrevista con el
Señor Arzobispo, como en la actualidad, este desconocía y desconoce el paradero
del Señor […]”[74].
55.
La controversia que da lugar a los procesos de tutela es relativa a los
dos primeros grupos de preguntas. A fin de analizar la posibilidad de otorgar
el acceso, debe precisarse a qué tipo de información hacen referencia. Ahora
bien, según su cercanía con el ámbito íntimo, la información puede catalogarse
como “reservada”, “privada” o “semiprivada”. El acceso a la información
“reservada”[75]
o “privada”[76]
es más restringido, a diferencia de lo que ocurre con la información
“semiprivada”, la cual tiene un grado menor de limitación para su acceso.
56.
Como se precisa en detalle más adelante, al ponderar los derechos en
tensión (título 5.3 infra), las preguntas relacionadas con la
trayectoria y vínculo de los sacerdotes con la comunidad (grupo 1), así como las
denuncias que se hubieren recibido en su contra y las medidas adoptadas por las
organizaciones religiosas accionadas (grupo 2) exigen el acceso a información
“semiprivada” de los 43 sacerdotes relacionados en los derechos de petición
presentados por Juan Pablo Barrientos Hoyos.
5.2.
Condiciones generales para
el acceso a la información personal
57.
Tanto para Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de
Medellín como para la Arquidiócesis de Medellín no es procedente revelar la
información solicitada por el actor, dado que sus titulares no han autorizado
tal acceso.
58.
En principio, el acceso a cualquiera de los tres tipos de información a
que se hizo referencia supra (información personal “reservada”,
“privada” o “semiprivada”) está restringida a su titular. Por tanto, su acceso
por parte de terceros está condicionado a la autorización de aquel, como forma
de garantía de su intimidad. Sin embargo, esta regla no es absoluta, como se
precisa más adelante (título 5.3 infra).
59.
De acuerdo con el principio de circulación restringida, previsto
en el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008, el responsable del tratamiento de
datos debe sujetarse a los límites propios de la naturaleza de la información y
a garantizar que los mismos solo estén disponibles para sus titulares y
usuarios autorizados[77].
Asimismo, la sección f) del artículo 4 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, en
virtud del principio de “acceso y circulación restringida”, “El
Tratamiento [de la información] se sujeta a los límites que se derivan
de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente
ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento solo podrá hacerse por
personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la
presente ley”. Igualmente, de conformidad con el “principio de
confidencialidad”, de que trata la sección h) del artículo 4 de la Ley 1581
de 2012[78],
quienes intervengan en el tratamiento de datos personales deben garantizar su
reserva, salvo que se trate de datos públicos[79].
60.
En concordancia con dichos principios, las normas que regulan el
tratamiento de datos personales prevén que estos no deben suministrarse a
terceros sin la autorización del titular.
61.
Así, el artículo 5 de la Ley 1266 de 2008 prescribe que la información personal
“podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de
las siguientes personas y en los siguientes términos: a) A los titulares, a las
personas debidamente autorizadas por estos”.
62.
Por su parte, el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 dispone que, “sin
perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el Tratamiento se requiere
la autorización previa e informada del Titular”.
63.
De manera especial, al referirse a la información “semiprivada”, el
parágrafo del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Habeas Data prevé que su administración
“requiere el consentimiento previo y expreso del titular de los datos”,
en los siguientes términos:
Parágrafo.  La
administración de datos semiprivados y privados requiere el consentimiento
previo y expreso del titular de los datos […]. En todo caso, la
administración de datos semiprivados y privados se sujeta al cumplimiento de
los principios de la administración de datos personales y a las demás
disposiciones de la presente ley.
64.
En suma, de conformidad con los principios de circulación restringida y
confidencialidad, cuando se solicita información semiprivada, los responsables
del tratamiento de datos no pueden revelarla sin autorización de su titular.
Sin embargo, de esta restricción que se impone a las personas que intervienen
en el tratamiento de datos personales no se sigue que exista una prohibición
absoluta para su acceso por terceros, en tanto su valoración en cada caso
supone ponderar las circunstancias específicas de que se trate por el juez
constitucional, a quien el ordenamiento constitucional le otorga competencia
para valorar cuándo es procedente garantizar el acceso a determinada
información que detentan organizaciones privadas, en este caso religiosas.
5.3.
La razonabilidad y
proporcionalidad en garantizar el acceso a la información solicitada por el
periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos
65.
Tal como se indicó en el título anterior, en principio, el acceso a la
información personal “reservada”, “privada” o “semiprivada” está restringida a
su titular. Sin embargo, esta regla no es absoluta. Si la protección de otros
derechos fundamentales que se obtiene mediante el acceso a la información
justifica las limitaciones correlativas al derecho a la intimidad, tal acceso
está constitucionalmente ordenado. Esto sucede cuando el grado de satisfacción
de otros derechos fundamentales, como la libertad de información, es mayor que
el grado de limitación del derecho a la intimidad que resulta del acceso a la
información específica solicitada.
66.
Por tanto, le corresponde a la Sala decidir si es procedente garantizar
el acceso del actor a la información solicitada en los derechos de petición del
4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018, como medio para garantizar sus
derechos fundamentales de petición e información y ejercer su labor periodista
de manera idónea, en aras de brindar información “objetiva y transparente”
acerca de una temática de alta sensibilidad para la sociedad. O si, por el
contrario, para garantizar la protección del derecho fundamental a la intimidad
de los sacerdotes respecto de los cuales se pide información es procedente
negar su acceso, al no haber autorizado que se divulgue información sobre su
trayectoria y relación con la organización religiosa, así como de posibles
denuncias formuladas en su contra y de las medidas adoptadas por las
organizaciones religiosas accionadas (supra título 5.1).
67.
La Sala ordenará el acceso a la información solicitada, dada la leve
afectación que se presenta al derecho a la intimidad de los titulares de la
información –como consecuencia de su carácter “semiprivado”–, en comparación
con la muy grave afectación al derecho de acceso a la información que se podría
presentar al negar su acceso, en las específicas circunstancias de los casos
acumulados.
5.3.1. La afectación del derecho a la intimidad en las
circunstancias de los casos acumulados es leve
68.
En las especiales circunstancias de los casos acumulados, la afectación
del derecho a la intimidad de los sacerdotes respecto de los cuales se solicita
la información es leve. Esto es así, i) porque los derechos de petición
que elevó el periodista perseguían, fundamentalmente, confirmar información que
ya había obtenido en el marco de su investigación periodística y ii)
porque los datos relativos a los dos primeros tipos de preguntas de que da
cuenta el cuadro del título 5.1 supra no es reservada o privada, sino semiprivada.
Al respecto, cabe recordar que, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, la información semiprivada se
caracteriza por: i) no relacionarse con datos sensibles o
intrínsecamente relacionados con la intimidad[80]
y ii) no interesarle solo a su titular, sino ser de la incumbencia de
terceros o, incluso, de la sociedad en general[81].
Estas son características que comparte la información solicitada por el
accionante.
69.
La información no se relaciona con datos sensibles o intrínsecamente
relacionados con la intimidad. La información acerca de la trayectoria de
los sacerdotes y su relación con la organización religiosa (numeral 1 del
cuadro contenido en el título 5.1 supra), así como las denuncias
formuladas en su contra y las medidas adoptadas por la organización (numeral 2
del cuadro contenido en el título 5.1 supra) es semiprivada en tanto se
orienta, primordialmente, a constatar si los sacerdotes relacionados en las
peticiones del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018 formaban parte o no
de las accionadas, lo cual no corresponde a información privada. Al contrario,
por regla general, estos datos son de conocimiento público.
70.
De un lado, es usual que los sacerdotes se identifiquen con indumentaria
o signos distintivos de su congregación y que su pertenencia se divulgue en los
medios oficiales de las organizaciones a las que pertenecen, como sucedió en el
caso de la Arquidiócesis de Medellín que, según informó, publicaba en su página
web este tipo de datos[82].
Lo mismo podría predicarse de la pregunta relacionada con el cargo que
desempeñan, información que también suele ser de público conocimiento, como
consecuencia de la interacción social de los sacerdotes con la sociedad.
71.
De otro lado, si bien la información acerca de las facultades
ministeriales, fechas de nombramientos y ordenaciones y fechas en que los
sacerdotes hubiesen dejado su ministerio no son de conocimiento público, su
acceso no implica una afectación intensa al derecho a la intimidad. Esto es
así, si se tiene en cuenta que se trata de información tendiente a constatar el
término en el que aquellos cumplieron sus deberes para con las organizaciones
religiosas a las que pertenecen.
72.
En tercer lugar, los interrogantes relacionados con las denuncias que
las organizaciones religiosas hubieran podido recibir, su conocimiento acerca
de procesos penales, así como las medidas que se hubieran tomado en relación
con las conductas denunciadas suscitan mayores dudas acerca de una posible
afectación mayor al derecho a la intimidad de los involucrados (numeral 2 del
cuadro contenido en el título 5.1 supra). No obstante, si se leen con
detenimiento, se advierte que implican solo una intromisión leve en el ámbito
privado de los sacerdotes.
73.
El peticionario no indagó acerca de los detalles de las denuncias
recibidas por las organizaciones, sino que, de forma genérica, preguntó si
estas se han recibido en contra de quienes aparecen relacionados en cada uno de
sus derechos de petición. Igual sucede con la pregunta acerca del conocimiento
de las denuncias que estuviera adelantado el Estado, respecto de las cuales el
accionante se limitó a indagar si las organizaciones religiosas tenían
conocimiento de investigaciones que estuviera adelantando la justicia penal
colombiana en contra de estos clérigos. Asimismo, los interrogantes
relacionados con las medidas adoptadas por la comunidad, tales como
suspensiones, dimisiones, remisión de los casos a la Congregación de la
Doctrina para la Fe tampoco se orientaban a auscultar los pormenores de las
decisiones adoptadas.
74.
La información no solo interesa a sus titulares. La información
solicitada no solo es relevante para los titulares de los datos, sino que, en
las circunstancias del caso, también lo es para el accionante y la sociedad en
general. Esto es así, si se tiene en cuenta que el peticionario, en su
condición de periodista, pretendía su acceso para corroborar indicios acerca de
la posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores en
Medellín, y así garantizar que la investigación que llegare a divulgar fuese “objetiva
y transparente”[83],
lo cual también interesa a la sociedad, como se explica enseguida.
5.3.2. La negativa de acceso afecta gravemente el derecho a
la información
75.
A diferencia de la leve afectación a la intimidad que se presenta con la
garantía de acceso, su negativa afecta gravemente el derecho a la información,
en atención de las específicas circunstancias de los asuntos sub examine.
En particular, si se toma en cuenta que se trataba de información solicitada
por un periodista para el ejercicio de su profesión, en el marco de una
investigación de relevancia social, para la cual resultaba fundamental
confirmar la información que revelaría al público.
5.3.2.1.
La relevancia cualificada
del derecho a la información cuando su acceso se pretende por un periodista
para el adecuado ejercicio de su profesión
76.
Tratándose de información semiprivada, esta Corte ha señalado que “la resistencia a su
divulgación es reducida en tanto corresponde a materias que, a pesar de
referirse al individuo, revisten una importancia clara y significativa para el
cumplimiento de funciones o tareas asignadas a otras personas”[84]. Por ende, su
acceso puede justificarse por “razones constitucionalmente admisibles […] vinculadas al cumplimiento de las tareas o funciones ejercidas por
quien tiene interés en conocerla”[85].
77.
En los asuntos sub examine la protección del derecho de acceso a la información cobra
especial relevancia porque se trata de un periodista que la exige para el
adecuado ejercicio de su profesión. En relación con la relevancia de la
garantía de acceso a la información por parte de los periodistas, en la
sentencia T-391 de 2007, la Corte resaltó:
La libertad de información, como la libertad de
expresión en sentido estricto, también impone al Estado obligaciones de
respeto, garantía, protección y promoción, en particular cuando su ejercicio se
efectúa a través de los medios masivos de comunicación y se apareja, por lo
tanto, con la libertad de prensa. Esto significa, por ejemplo, que no le basta
al Estado con no atentar contra la libertad de información, puesto que además
de respetarla, debe proteger su ejercicio libre y garantizar la circulación
amplia de información, aun de aquella que revele aspectos negativos del propio
Estado o la sociedad.
78.
Además, según dispone el artículo 20 del CPACA[86],
los derechos de petición que promuevan los periodistas deben tramitarse de
forma preferencial, disposición aplicable a las peticiones que se presentan
ante organizaciones privadas, por expresa remisión del inciso
2° del artículo 32 de la misma normativa. Dicho trato prioritario
obedece, según lo explicó la Corte, al “rol preponderante que cumple la
prensa como ‘guardiana de lo público’ y de sus funciones medulares en materia
de información y opinión, en una democracia participativa y pluralista”[87].
En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha resaltado que en el
funcionamiento de las sociedades democráticas, la libertad de información
ocupaba un lugar especial, especialmente, cuando se ejercía a través de los
medios masivos de comunicación[88].
79.
De igual manera, en la Observación General 34, el Comité de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas resalta que la existencia de medios de prensa es
una de las piedras angulares de la democracia y que uno de los derechos
consagrados en el Pacto alude, precisamente, a la posibilidad de que los medios
de comunicación reciban información que les sirva de base para cumplir su
cometido[89].
80.
Es consecuencia de lo dicho que el acceso a la información que solicitan
los periodistas para ejercer su profesión debe garantizarse en la mayor medida
de lo posible. Ello resulta aplicable, incluso, tratándose de datos
semiprivados. En efecto, el artículo 4 de la Ley 1266 de 2008 dispone que la
administración de este tipo de información personal está sujeta al cumplimiento
de los principios de la administración de datos personales, dentro de los
cuales se encuentra el “principio de interpretación integral de
derechos constitucionales”[90],
según el cual, la interpretación de los derechos de los titulares como el habeas
data y la intimidad debe efectuarse en armonía y en un plano de equilibrio
con el derecho a la información, el cual también debe ampararse adecuadamente[91].
5.3.2.2.
La relevancia social de la
investigación periodística que realiza el accionante
81.
Según informó el accionante, la información solicitada tenía por objeto
corroborar indicios acerca de la posible existencia de una red de pederastia y
abuso sexual de menores en Medellín, de tal forma que pudiere garantizar que la
información que llegare a publicar fuese “objetiva y transparente” [92].
Se trata, por tanto, de un asunto de importancia para la sociedad, que, según
lo ha resaltado la doctrina internacional y la Iglesia Católica, ha logrado
mantenerse oculto por sus perpetradores y cómplices por medio de diversas
estrategias y que solo de manera reciente conoce la luz.
82.
Al respecto, señaló el Comité de los Derechos del Niño hace un par de
años, al referirse a las “decenas de miles de niños en todo
el mundo” que han sufrido abusos sexuales
por parte de clérigos pertenecientes a la Iglesia Católica:
[P]reocupa
al Comité que: a) Personas que, era bien sabido, abusaron sexualmente de niños
hayan sido transferidas de una parroquia a otra, o a otros países, con la
intención por la Iglesia de encubrir estos delitos. […]
La práctica de la movilidad de los autores del delito ha permitido a muchos
sacerdotes permanecer en contacto con niños y seguir cometiendo abusos de
estos. […] c) En los casos en que la Santa Sede ha tratado el abuso
sexual de niños, lo ha considerado un delito grave contra la moral, objeto de
procedimientos confidenciales que dispusieron medidas disciplinarias que han
permitido a la gran mayoría de los abusadores y a casi todas las personas que
han encubierto el abuso sexual de niños evadir los procedimientos judiciales en
los Estados en que se cometieron esos abusos. d) Debido a un código de silencio
impuesto a todos los miembros del clero so pena de excomunión, los casos de
abuso sexual de niños prácticamente nunca se han denunciado a las autoridades
encargadas de hacer cumplir la ley de los países en que se cometieron los
delitos. En cambio, se ha informado al Comité de casos de monjas y sacerdotes
condenados al ostracismo, degradados y apartados del sacerdocio por no respetar
el código de silencio, así como casos de sacerdotes felicitados por negarse a
denunciar a los que habían cometido abusos sexuales contra niños[93].
83.
Tal como lo destacó el actor, al pronunciarse sobre las pruebas
allegadas en sede de revisión, estos delitos han salido a la luz en países como
Chile, Estados Unidos, Australia e Irlanda “gracias a que la prensa se
concentró por años en develar Archivos secretos que han existido desde que
existe el derecho canónico”[94].
84.
De hecho, al referirse a los casos de abuso sexual por parte de clérigos
de la Iglesia Católica, el Papa Francisco resaltó el papel fundamental de los
medios de comunicación en el empeño de revelar estos sucesos y evitar su
repetición:
En
cambio, me gustaría agradecer sinceramente a los trabajadores de los medios que
han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos
y de dar voz a las víctimas. Incluso si se tratase solo de un caso de abuso
―que ya es una monstruosidad por sí mismo― la Iglesia pide que no
se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor
escándalo en esta materia es encubrir la verdad[95].
85.
Además, ha sido relevante para la Iglesia Católica no mantener en
secreto las noticias o denuncias de abusos sexuales cometidos
por sus clérigos. Por esta razón, el Sumo Pontífice profirió una “Instrucción
Sobre la Confidencialidad de
las Causas”[96], en la que definió que:
1. No están sujetas al secreto pontificio
las denuncias, los procesos y las decisiones concernientes a los delitos
mencionados:
a) en el artículo 1 del Motu proprio “Vos estis lux
mundi”[[97]], del 7 de mayo de 2019;
b) en el artículo 6 de las Normae de
gravioribus delictis [[98]] reservados al juicio de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, mencionados en el Motu proprio
“Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, de san Juan Pablo II, del 30 de abril de
2001, y sus posteriores modificaciones.
2. La exclusión del secreto pontificio
también subsiste cuando tales delitos hayan sido cometidos en concomitancia con
otros delitos.
3. En las causas a las que se refiere el
punto 1, la información se tratará de manera que se garantice su seguridad,
integridad y confidencialidad de acuerdo con los cánones 471, 2° del CIC y 244
§ 2, 2° del CCEO, con el fin de proteger la buena reputación, la imagen y la
privacidad de todas las personas involucradas.
4. El secreto de oficio no obsta para el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en cada lugar por la legislación
estatal, incluidas las eventuales obligaciones de denuncia, así como dar curso
a las resoluciones ejecutivas de las autoridades judiciales civiles.
5. No puede imponerse ningún vínculo de
silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la
persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos.
86.
Juan Ignacio Arrieta, Secretario
del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, explicó que esta
instrucción tenía como propósito “precisar el grado de reserva con el que
deben tratarse las noticias o denuncias de abusos sexuales cometidos por
clérigos […] contra menores y otros sujetos aquí determinados, así como
la eventual conducta de las autoridades eclesiásticas que tendieran a
silenciarlos o encubrirlos”. En este sentido, indicó que tales conductas ya
no están sujetas a “secreto pontificio”, es decir, dejan de estar
amparadas por un juramento que obligaba a los obispos y a los funcionarios de
la curia a mantenerlas reservadas[99].
En el mismo sentido, Giuseppe
Dalla Torre, ex Presidente del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano
señaló:
“En esencia, las razones que en el pasado
habían llevado al legislador eclesiástico a introducir, entre los asuntos
sujetos al secreto pontificio, los más graves delitos contra las costumbres
reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, ceden con respecto a
bienes que hoy son percibidos como superiores y dignos de particular
protección. En primer lugar, la primacía de la persona humana ofendida en su
dignidad, más aún debido a su debilidad por edad o por incapacidad
natural. Y luego, la plena visibilidad de los pasajes en los procedimientos
canónicos destinados a castigar el acto delictuoso, lo que al mismo tiempo
contribuye a la búsqueda de la justicia y a la protección de los involucrados,
incluidos los que puedan verse injustamente afectados por acusaciones que
resulten ser infundadas”[100].
87.
Esto no quiere decir que se hubiere anulado el deber de confidencialidad
de la información que apunta a proteger la esfera privada de las personas
involucradas. No obstante, con la “Instrucción Sobre la Confidencialidad de las Causas”
queda claro que, bajo el derecho canónico, los procesos y las
decisiones concernientes a delitos sexuales ya no están sometidos a una reserva
estricta, porque el deber de confidencialidad en casos de abuso sexual
no es absoluto y debe ceder ante valores o derechos que merezcan mayor
protección.
88.
Todas estas razones, aunadas a los motivos que llevaron al periodista a
elevar los derechos de petición a las accionadas, juegan a favor de garantizar
el acceso a la información solicitada.
5.3.2.3.
Fines legítimos por los que
se solicitó la información
89.
De tiempo atrás, esta Corte ha señalado que el derecho a la información tiene
una doble dimensión. Por un lado, involucra el derecho a buscar información,
recibirla y divulgarla y, por otro, el derecho de la sociedad a recibir
información veraz e imparcial[101].
90.
De forma correlativa, entonces, los medios de comunicación están sujetos
a los deberes de veracidad e imparcialidad. El primero exige que los
periodistas hagan esfuerzos razonables para constatar la información que adquieren,
antes de revelarla al público[102].
El segundo impone sobre los comunicadores la carga de no aceptar, sin más, la
información inicialmente obtenida o sus propias impresiones, sino que los
obliga a buscar las versiones de distintas fuentes, especialmente las de los
involucrados, a fin de alcanzar la mayor exactitud posible de la información que
pretende divulgarse[103].
91.
En estos casos, el accionante manifestó que elevó los derechos de
petición del 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018 a Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y a la Arquidiócesis de
Medellín, respectivamente, a fin de corroborar los indicios que tenía sobre una
red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín y así garantizar que la
información periodística fuera “objetiva y transparente”
[104].
92.
Así las cosas, las razones que el accionante propuso al presentar los
derechos de petición referidos fueron legítimas. Además, se fundamentaron en el
deber que tenía de efectuar esfuerzos previos y razonables para verificar la
información que había obtenido en el marco de la investigación que desarrollaba
para W Radio denominada “Dejad que los niños vengan a mí”.
93.
Es en este específico contexto en el que, como seguidamente se indica,
la Corte amparará el derecho a la información del accionante, quien debe
observar en todo momento los deberes que le impone el ejercicio de su profesión
al tratar los datos que obtenga en el marco de esta investigación periodística,
a fin de garantizar que la sociedad reciba información veraz e imparcial.
5.3.3. Resultado de la ponderación
94.
Como se explicó, en atención a que la información semiprivada no se
relaciona con datos sensibles o estrictamente íntimos y que no solo es de
interés del titular del dato sino de terceros o de la sociedad, esta Corte ha
definido que apenas tiene un grado mínimo de limitación para su acceso[105].
Por tanto, dada la leve afectación del derecho a la intimidad de los sacerdotes
por los que se indagó en los derechos de petición y la grave afectación del
derecho a la información en las circunstancias particulares de los casos, resulta
procedente garantizar el acceso a los datos solicitados por el periodista Juan
Pablo Barrientos Hoyos.
95.
Específicamente, se garantizará el acceso de la información solicitada
por el actor en los derechos de petición presentados ante Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y la Arquidiócesis de
Medellín los días 4 de febrero de 2019 y 2 de octubre de 2018, respectivamente,
a pesar de que no se cuente con la autorización de los clérigos a que hacen
referencia aquellos. Como seguidamente se precisa, se ordenará a estas
organizaciones religiosas que le suministren al accionante la información
pendiente de entregar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia.
96.
En atención a esta orden, la entrega de la información por parte de las accionadas
no genera una afectación al bien jurídico protegido por el artículo 269F del
Código Penal el cual, por demás, solo es aplicable en los casos en que se
acredite el ingrediente subjetivo del tipo (“con provecho propio o de un
tercero”), ingrediente que no concurre en estos casos.
5.4.
Los remedios a ordenar
5.4.1. Expediente T-7.486.371
97.
En cuanto a la Arquidiócesis de Medellín, está plenamente acreditado que
solo absolvió la pregunta i) del derecho de petición presentado el 2 de
octubre de 2018. Por tal razón, la Sala le ordenará a la Arquidiócesis de
Medellín que absuelva los demás cuestionamientos planteados en el citado
derecho de petición, respuesta que deberá notificarle debidamente al señor Juan
Pablo Barrientos Hoyos.
98.
Se advierte que esta Sala no puede emitir pronunciamiento u orden alguna
respecto de una petición que no presentó ante la accionada. Por tanto, la
respuesta de la Arquidiócesis de Medellín deberá versar sobre los 36 sacerdotes
que figuraban en el derecho de petición que formuló el accionante el 2 de
octubre de 2018. En caso de que el actor desee obtener información sobre los 9
sacerdotes que recientemente incluyó en su investigación, a los que se refirió
en la acción de tutela, tendrá que presentar una nueva solicitud, si no lo ha
hecho aún.
5.5.2. Expediente T-7.418.878
99.
Aunque inicialmente Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán
de Medellín negó el acceso a la información solicitada por el accionante en su
petición de febrero 4 de 2019, luego entregó la información solicitada, de allí
que no sea procedente ordenar el acceso a información adicional alguna.
100.
En relación con la información relativa a las preguntas a), b) y
c) del derecho de petición en cita, el accionante indicó que la
organización religiosa le había garantizado su acceso[106].
101.
En relación con la pregunta e) del derecho de petición, el actor
indicó que no se le había dado emitido una respuesta “honesta” por parte
de la organización accionada. La Sala no emitirá orden alguna respecto de esta
dado que las valoraciones que puedan efectuarse en torno a la “honestidad” de
la información suministrada escapan al objeto de protección del derecho de
acceso.
102.
En relación con las preguntas d), g), h), e i), en sede de
revisión, el actor indicó que no se ha había emitido respuesta alguna. Sin
embargo, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, la Sala
encuentra que Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín
garantizó el acceso a la información solicitada, tal como se aprecia en el
cuadro siguiente:
Pregunta
Respuesta
d) ¿Han
recibido los Salesianos Don Bosco denuncias por abuso de menores, pederastia,
pornografía infantil o creación de redes con menores?
5
de abril de 2019: No tenemos denuncias penales.
g) ¿Han
recibido los Salesianos Don Bosco denuncias por corrupción, malos manejos
económicos o enriquecimiento ilícito?
5
de abril de 2019: No.
h) ¿Han
estudiado las denuncias periodísticas publicadas en W Radio contra [… 5
sacerdotes]?
i)
Si
así es, ¿qué correctivos se han tomado? ¿qué ha pasado con estos sacerdotes
desde las denuncias publicadas el pasado mes de septiembre?
6 de marzo de 2019: “La comunidad
salesiana tiene en curso estas investigaciones sobre cada uno de los
salesianos que han sido nombrados en el programa arriba citado […]  Al
término de estas investigaciones, se realizará la evaluación de cada caso
personal para tomar las respectivas medidas disciplinarias y/o penales […]
Ante los diferentes organismos judiciales del Estado Colombiano, con la
autorización personal de estos salesianos nombrados en el programa W Radio,
hemos realizado derechos de petición para saber a ciencia cierta si estos
salesianos son actualmente requeridos por la justicia colombiana”.
103.
En cuanto a la pregunta d), el actor señaló que no se había
otorgado una respuesta de fondo porque había preguntado acerca de si, en la
citada comunidad, se habían recibido denuncias y lo que contestaron es que no
habían recibido denuncias penales. Para la Sala, Pía Sociedad Salesiana
Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín hizo una interpretación plausible y
razonable acerca de la información solicitada; en consecuencia, no es posible
inferir que no se hubiese garantizado el acceso a la información solicitada, al
haber indicado que en la comunidad no se había recibido información sobre
procesos penales de los sacerdotes relacionados en el derecho de petición del 4
de febrero de 2019.
104.
Así las cosas, no habrá lugar a emitir una orden de acceso a la
información solicitada a Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de
Medellín porque todos los interrogantes formulados a esta accionada fueron
absueltos.
105.
En segundo lugar, a pesar de lo dicho, la Sala confirmará las
providencias de instancia al haberse evidenciado que Pía Sociedad Salesiana
Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín vulneró el derecho de petición del
actor, por cuanto no le notificó debidamente al accionante una de las
respuestas al derecho de petición formulado el 4 de febrero de 2019[107].
106.
A diferencia de lo que informó la accionada al responder el auto de
pruebas, la Sala pudo constatar que el 6 de abril no le remitió copia de la
respuesta al derecho de petición formulado por el accionante, sino que se
limitó a informarle que esta había sido remitida al Juzgado 14 Civil Municipal
de Oralidad de Medellín[108].
107.
De aquella situación también dio cuenta el oficial mayor de ese despacho
en una constancia del 22 de abril de 2019, visible a folio 84 del cuaderno principal.
Además, el actor informó que, después de solicitar que le remitieran la
respuesta, esta le fue enviada el 7 de junio siguiente, sin la página en la que
reposaba la información más relevante y que solo pudo tener acceso a la
respuesta completa una vez el juzgado de primera instancia se la remitió el 8
de agosto de 2019.
108.
En suma, el tutelante conoció la respuesta de la accionada 4 meses
después de que había sido emitida, por cuanto aquella omitió notificársela
directamente, como era su deber, situación que configuró una violación al
derecho fundamental de petición del accionante.
6.
Síntesis de la decisión
109.
La Sala valoró si era procedente el acceso a la información que el
periodista Juan Pablo Barrientos Hoyos había solicitado de las organizaciones
religiosas Pía Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín y la
Arquidiócesis de Medellín en relación con datos de 43 sacerdotes de estas
congregaciones, relativos a los siguientes tres aspectos: i) su
trayectoria y relación con la organización religiosa; ii) denuncias
formuladas en su contra y medidas adoptadas y iii) información de las
organizaciones religiosas o de sus representantes.
110.
La Sala ordenó el acceso a la información solicitada, dada la leve
afectación que se presentaba al derecho a la intimidad de los titulares de la
información –como consecuencia de su carácter “semiprivado”–, en comparación
con la grave afectación al derecho de acceso a la información que se podría
presentar al negar su acceso, en las específicas circunstancias de los casos
acumulados, en particular, al haber sido solicitada por un periodista para el
ejercicio de su profesión y para una investigación de muy importante relevancia
social, relativa a corroborar indicios acerca de la posible existencia de una
red de pederastia y abuso sexual de menores en Medellín, y así garantizar que
la información periodística que llegare a publicar fuese “objetiva y
transparente”.
111.
En consecuencia, de una parte, ordenó a la Arquidiócesis de Medellín que
garantizara el acceso a la información solicitada por el accionante en el
derecho de petición formulado. De otra parte, en relación con Pía Sociedad
Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín, la Sala constató que había
garantizado el acceso a la información solicitada; no obstante, constató que
había vulnerado el derecho de petición del accionante al no haberle notificado
el contenido de una de las respuestas formuladas.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. En el expediente T-7.418.878, CONFIRMAR
la
sentencia proferida el 3 de mayo de 2019 por el Juzgado 18 Civil del
Circuito de Medellín, mediante la cual confirmó la sentencia del Juzgado 14
Civil Municipal de Oralidad de Medellín, que amparó el derecho de petición de
Juan Pablo Barrientos Hoyos, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEGUNDO. En el expediente
T-7.486.371, REVOCAR la sentencia de tutela del 5 de marzo de 2019 del
Juzgado 22 Laboral del Circuito de Medellín, que confirmó la sentencia del
Juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por Juan Pablo Hoyos Barrientos en
contra de la Arquidiócesis de Medellín. En su lugar, TUTELAR el derecho
al acceso a la información del actor.
TERCERO.  ORDENAR
a la
Arquidiócesis de Medellín que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, garantice el acceso a la
información solicitada por Juan Pablo Barrientos Hoyos en la petición
presentada el día 2 de octubre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la
parte motiva de esta sentencia.
CUARTO. Por Secretaría General, LIBRAR las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y cúmplase,
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento
de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-091/20
DEBER
DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION EN EL DERECHO CANONICO, EN CASOS DE ABUSO
SEXUAL-Documento
“Instrucción sobre la Confidencialidad de las Causas” no constituye valor
vinculante (Aclaración de voto)
La Instrucción sobre la Confidencialidad de las Causas pone
de manifiesto que, respecto a la mencionada tensión de derechos, el
ordenamiento canónico ha comenzado a brindar soluciones armónicas con las que
se derivan del sistema jurídico estatal. Por ende, muestra que la regla
derivada de la Constitución que se ha identificado en el supuesto analizado
cuenta con respaldo incluso en el propio sistema normativo eclesiástico, lo
cual, adicionalmente, evidencia el creciente consenso en torno a la protección
de ciertos derechos y principios en sociedad. No obstante ello, debe ser claro
que no puede ser entendida como una fuente de derecho ni determina ex ante el
sentido de la ponderación que finalmente llevó a cabo la Corte. Las autoridades
judiciales estatales siempre realizan la interpretación y adjudicación del
derecho de forma autónoma e independiente, solo sometidos al sistema jurídico
nacional.
JURISDICCION ECLESIASTICA-Autonomía
(Aclaración de voto)
Las reglas, directrices o documentos de derecho canónico, ya
sea de carácter sustantivo o diseñadas para sus propios procedimientos y
actuaciones, no cuentan con jerarquía normativa en el sistema estatal de
fuentes ni, en la resolución de los casos por parte de los jueces oficiales pueden
determinar el sentido de sus decisiones. La autonomía reconocida a la
Iglesia Católica en virtud del principio de libertad religiosa implica la
prohibición de intromisión de ambas potestades en los ámbitos que le son
reservados.
TRIBUNAL ECLESIASTICO-Competencia
(Aclaración De voto)
La Corte ha señalado que los tribunales eclesiásticos son
verdaderas autoridades judiciales que, dentro de sus específicas competencias,
se rigen por sus propias reglas. El Estado no puede intervenir en ellas ni
cuenta con la posibilidad de interpretar ni aplicar su ordenamiento especial.
Por esta razón, es razonable entender que es a tales tribunales a quienes
corresponde determinar la interpretación aceptada sobre las disposiciones del
ordenamiento de la Santa Sede, no a los jueces estatales.
Referencia:
expedientes T-7.418.878 y T-7.486.371 (Ac). Sentencia T-091 de 2020
Magistrado
ponente:
Carlos
Bernal Pulido
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Primera de Revisión, me
permito exponer las razones por las cuales aclaro el voto en relación con la
Sentencia T-091 de 2020. Comparto en términos generales la ponderación que
realiza el fallo y la determinación de amparar el derecho fundamental de acceso
a la información. Sin embargo, debo precisar cómo debe entenderse el papel que,
en la argumentación del fallo, desempeña el documento denominado la Instrucción
sobre la confidencialidad de las causas, emitido por la Iglesia Católica y
citada por la Sala, pues considero que este documento no puede determinar en
modo alguno el sentido de la decisión, como parece sugerirse en cierto momento.
1. La
Sala indica que la investigación periodística que el accionante se encuentra
llevando a cabo y la información solicitada mediante la acción de tutela con
esa finalidad es socialmente relevante, en la medida en que versa sobre la
posible existencia de una red de pederastia y abuso sexual de menores, al interior
de algunos sectores de la iglesia católica en Colombia. Este argumento es
fundamental para mostrar, en el marco de la ponderación efectuada, que negar el
acceso a los datos solicitados afecta gravemente el derecho a la información
del accionante y de la sociedad en su conjunto. Pues bien, el fallo subraya que
la referida relevancia social de la información es puesta de manifiesto por la
propia Iglesia en la Instrucción sobre la confidencialidad de las causas.
A partir de lo
anterior, sostiene que, desde la perspectiva del derecho canónico, los procesos
y las decisiones concernientes a delitos sexuales ya no están sometidos a una
reserva estricta, porque el deber de confidencialidad en casos de abuso sexual
no es absoluto y debe ceder ante valores o derechos que merezcan mayor
protección. De esta manera, la conclusión de que la información pretendida por
el actor es socialmente relevante y su acceso debe prevalecer parece soportada
en la anotada consideración eclesiástica, vertida en la Instrucción sobre la
Confidencialidad de las Causas. En mi criterio, este argumento insinúa que
dicha fuente adquiere cierto valor en el razonamiento efectuado por la Sala, lo
cual hace necesario dos precisiones relevantes.
1.1. En el
contexto del concordato vigente entre la Iglesia Católica y el Estado
colombiano, los principios constitucionales de pluralismo político y religioso
permiten la coexistencia del sistema normativo de la Santa Sede y el sistema
jurídico estatal. En este sentido, el derecho a la libertad religiosa implica
la aceptación de la independencia y autonomía de la autoridad eclesiástica de
la Iglesia Católica, dentro de su ámbito espiritual y pastoral[109]. En la misma
dirección, el inciso 1º del artículo 13 de la Ley 133 de 1994[110] prevé que las
iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena
autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización,
régimen interno y disposiciones para sus miembros.
De
acuerdo con lo anterior, las autoridades del Estado no pueden intervenir en la
configuración ni en la aplicación de las reglas del ordenamiento canónico.
Pero, de forma correlativa, tampoco las jerarquías eclesiásticas se encuentran
facultadas para injerir ni resolver asuntos reservados a las autoridades
judiciales estatales[111].
Por lo tanto, es así mismo claro que las reglas, directrices o documentos de derecho canónico, ya sea de carácter sustantivo o
diseñadas para sus propios procedimientos y actuaciones, no cuentan con
jerarquía normativa en el sistema estatal de fuentes ni, en la resolución de
los casos por parte de los jueces oficiales pueden determinar el sentido de sus
decisiones. La autonomía reconocida a la Iglesia Católica en virtud del
principio de libertad religiosa implica la prohibición de intromisión de ambas potestades en los ámbitos que le
son reservados[112].
En este orden de ideas, considero que, en el presente asunto,
la Instrucción
sobre la Confidencialidad de las Causas, emitida por el
Sumo Pontífice, no puede entenderse como una regulación que demarca o influye,
en un sentido prescriptivo, en el juicio de ponderación realizado por la Corte,
pese a que en su contenido, a la postre haya coincidido con la decisión de
amparo a la que la Sala arribó. Dicha Instrucción se orienta a que la mayoría
de las investigaciones adelantadas por las autoridades eclesiásticas, sobre
delitos sexuales cometidos contra menores de edad, se encuentre desprovista de
reserva estricta, debido a la gravedad de los hechos por los que se indaga y a
los bienes superiores y de especial protección que se encuentran en juego. En
consecuencia, muestra que la Iglesia Católica ha llegado a conclusiones
similares a aquellas que se derivan del orden constitucional, en torno a
problemas como los aquí debatidos, pero no reviste en sí misma un valor
vinculante para la decisión adoptada por la Sala.
Dicho
de otra manera, la Instrucción sobre la Confidencialidad de las Causas pone de
manifiesto que, respecto a la mencionada tensión de derechos, el ordenamiento
canónico ha comenzado a brindar soluciones armónicas con las que se derivan del
sistema jurídico estatal. Por ende, muestra que la regla derivada de la
Constitución que se ha identificado en el supuesto analizado cuenta con
respaldo incluso en el propio sistema normativo eclesiástico, lo cual,
adicionalmente, evidencia el creciente consenso en torno a la protección de
ciertos derechos y principios en sociedad. No obstante ello, debe ser claro que
no puede ser entendida como una fuente de derecho ni determina ex ante
el sentido de la ponderación que finalmente llevó a cabo la Corte. Las
autoridades judiciales estatales siempre realizan la interpretación y
adjudicación del derecho de forma autónoma e independiente, solo sometidos al
sistema jurídico nacional.
1.2. Desde
un segundo punto de vista, estimo relevante el hecho de haber expuesto que las
reglas internas de los procedimientos de la propia Iglesia Católica concuerdan
con normas derivadas del régimen constitucional colombiano, en el preciso
contexto de una colisión de derechos como la aquí analizada. Sin embargo,
introducir razonamientos que tiendan a sugerir un valor normativo del citado
tipo de instrumentos en la labor de los jueces oficiales comporta una
importante dificultad. En mi criterio, esa utilización tiende a suscitar un
problema relativo a las competencias sobre la determinación del sentido y
alcance, así a la naturaleza, de los documentos normativos eclesiásticos.
La
Corte ha señalado que los tribunales eclesiásticos son verdaderas autoridades
judiciales que, dentro de sus específicas competencias, se rigen por sus
propias reglas. El Estado no puede intervenir en ellas ni cuenta con la
posibilidad de interpretar ni aplicar su ordenamiento especial[113]. Por esta razón, es
razonable entender que es a tales tribunales a quienes corresponde determinar
la interpretación aceptada sobre las disposiciones del ordenamiento de la Santa
Sede, no a los jueces estatales. La citación de un documento del sistema
canónico en una Sentencia implica, casi que de forma necesaria, la indicación
sobre su significado o aquello que puede inferirse de su texto, lo que puede
resultar problemático a la luz de las potestades hermenéuticas y de aplicación
de tales fuentes.
De la
misma manera, en ocasiones pueden generarse debates en torno al propio carácter
de fuente canónica del documento en el que se apoya el razonamiento. Así, por
ejemplo, en el derecho canónico a veces se hace referencia a fuentes, fuentes
subordinadas y fuentes supletorias, cada una con un valor y una función
distintos[114].
En mi opinión, las discusiones y la adopción de eventuales criterios de
decisión sobre problemas como estos deben tener lugar entre las autoridades
eclesiásticas correspondientes y conforme a las jerarquías judiciales
respectivas. Pero al utilizar este tipo de normas, el juez de tutela no solo
incurre en el riesgo de cometer imprecisiones, derivadas del desconocimiento de
un sistema normativo con una lógica de funcionamiento distinto, sino de invadir
las competencias de órganos ajenos al ordenamiento jurídico oficial.
En los
anteriores términos dejo consignadas las razones de mi aclaración de voto.
Fecha
ut supra,
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] La Sala de Selección Número Seis estuvo
integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas
Ríos.
[2] La Sala de Selección Número Ocho estuvo integrada por
los magistrados Carlos Bernal Pulido y José Fernando Reyes Cuartas.
[3] Folios 39 y 40, cuaderno de revisión del expediente
T-7.486.371.
[4] Escritos de tutela. Folio 3 del cuaderno principal
del expediente T-7.418.878 y folio 2 del cuaderno principal del expediente
T-7.486.371.
[5] El derecho de petición también se dirigió al Rector
Mayor de los Salesianos en Roma y a la Inspectoría Salesiana San Pedro Claver
de Bogotá.
[6] Folios 12, 13, 61 y 62, cuaderno principal.
[7] Folios 19 a 21 y 63 a 65, cuaderno principal.
[8] Folios 19 y 20, cuaderno principal.
[9] Folios 122 y 123, cuaderno principal.
[10] Folio
9 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878 y folio 15 del cuaderno
principal del expediente T-7.486.371.
[11] Folio 7 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878 y folio 13 del cuaderno
principal del expediente T-7.486.371.
[12] Ibidem.
[13] Ibidem.
[14] Folios 3, 4, 6 y 7 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878 y folios 2, 12, 13 14 y 15
del cuaderno principal del expediente T-7.486.371.
[15] Folio 3 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878 y folio 2 del cuaderno
principal del expediente T-7.486.371.
[16] Folios
1 al 24, cuaderno principal.
[17] Folios 26 al 28, cuaderno principal.
[18] Folios 40 al 51, cuaderno principal.
[19] Indicó que, para tales efectos, contaba
con 30 días.
[20] Folios 46 al 48, cuaderno principal.
[21] Asimismo,
a partir de un correo electrónico que el accionante dirigió al Vicario
Salesiano el 13 de marzo de 2019, indicó que lo allí indicado contenía
información “sesgada, rabiosa” e imprudente. Igualmente señaló que el método
utilizado por el accionante para conseguir resultados periodísticos se fundaba
en el “atropello de la reputación, al buen nombre y a la dignidad”
(folio 49, cuaderno principal).
[22] Folios 1 al 20, cuaderno principal.
[23] Folios 8 y 14, cuaderno principal.
[24] Folios
127 al 134, cuaderno principal.
[25] Esta idea la fundamentó en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 24 de la
Ley 1775 de 2015; la sección c) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 y las
secciones f), g) y h) del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008.
[26] Según lo
previsto en el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1775 de 2015, el artículo 9
de la Ley 1581 de 2012 y el parágrafo del artículo 6 de la Ley 1266 de 2008.
[27] Folios 71 al 73, cuaderno principal.
[28] Folio 75, cuaderno principal. No se
señalaron las razones por las cuales se impugnaba la decisión.
[29] Folios 78 al 83, cuaderno principal. La
accionada precisó que la respuesta se emitía respecto a 6 sacerdotes. Además,
insistió en que el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 regulaba el tratamiento de
datos sensibles y disponía que estos no podían ser suministrados a terceros sin
la autorización del titular. Reiteró lo expuesto en la respuesta que emitió el 6 de marzo
de 2019 en relación con la pregunta i) del derecho de petición.
[30] Folio 84, cuaderno principal.
[31] Folios 85 a 87, cuaderno principal.
[32] Requerimiento del 15 de mayo de 2019,
contenido en el CD visible a folio 67 del cuaderno de revisión.
[33] Respuesta del 20 de mayo de 2019,
relacionada con el requerimiento del Juez 14 Civil Municipal de Medellín,
contenida en el CD visible a folio 67 del cuaderno de revisión.
[34] Aclaró que
uno de los sacerdotes por los cuales se preguntó pertenecía a los Salesianos de
Bogotá. No efectuó ningún pronunciamiento en relación con este sacerdote.
[35] Tales como colegios, hospitales y hogares,
entre otros.
[36] Páginas 5, 6, 7 y 8 de la comunicación del
20 de mayo de 2019, contenida en el CD visible a folio 67 del cuaderno de
revisión.
[37] Ibídem.
[38] Folio 89, cuaderno de revisión.
[39] Folios 147 a 154, cuaderno principal.
[40] Folio 152, cuaderno principal.
[41] Folios 150 y 151, cuaderno principal.
[42] Folios 159 a 163, cuaderno principal.
[43] Folio 164 a 171, cuaderno principal.
[44] Folios
56 al 57, cuaderno de revisión del expediente T-7-418.878.
[45] La Sala no consideró necesario decretar
pruebas para resolver el asunto correspondiente al expediente T-7.486.371.
[46] CD
visible a folio 67 del cuaderno de revisión. La accionada aportó la siguiente documentación
adicional a la solicitada: respuesta a un derecho de petición que el actor
radicó sin firma el 10 de enero de 2019, documentos relacionados con la
contestación a la acción de tutela y al incidente de desacato promovidos por el
tutelante y 2 correos electrónicos que el accionante remitió al asesor legal de
la accionada y a uno de los sacerdotes. Además, la accionada se refirió al
correo electrónico que el actor le remitió el 13 de marzo de 2019 e indicó que
contenía apreciaciones ligeras que atentaban contra del buen nombre de personas
e instituciones.
[47] Folio 63, cuaderno de revisión.
[48] Folio 68, cuaderno de revisión.
[49] Ibídem.
[50] Folios 81 al 84, cuaderno de revisión. En
dicha comunicación, además, el accionante se refirió a un correo electrónico
que remitió a la accionada el 13 de marzo de 2019. Señaló que lo había enviado
en un momento de frustración al no recibir respuestas concretas de la accionada
y cuestionó que esta hubiere “querido reducir todo el proceso a un acalorado
correo electrónico”.
[51] Folio
82, cuaderno de revisión.
[52] Ibídem.
[53] El
proyecto de sentencia se registró el 17 de octubre de 2019, para la Sala del 21
de octubre del mismo año; por su parte, la petición de la Conferencia Episcopal
de Colombia se radicó el 13 de diciembre de 2019.
[54] Aunque
el actor también solicitó la protección de los derechos de los niños y niñas en
abstracto, lo cierto es que sus pretensiones se orientan a la protección de sus
derechos fundamentales y es sobre estos que versará el pronunciamiento de la
Sala. En cuanto al presunto desconocimiento del derecho a la libertad de
expresión que alega el accionante, el tutelante no se refirió a actuación
alguna en concreto de las accionadas que hubiese estado dirigida a impedir que
transmitiera la información que pudiere obtener en el marco de su investigación
periodística. Lo que el tutelante reprocha es que se hubieren bloqueado sus
esfuerzos orientados a “obtener información esencial para el desarrollo de
la investigación” y, específicamente, que las accionadas no hubiesen dado
respuesta a la totalidad de interrogantes planteados en sus derechos de
petición. Dado que estas acusaciones son relativas al presunto desconocimiento
del derecho de acceso a la información, se valorarán para tales efectos y no de
manera independiente como razones para fundamentar un presunto desconocimiento
del derecho fundamental de expresión del tutelante.
[55] El Título II de la Ley 1437 de 2011
(CPACA) fue sustituido íntegramente por la Ley Estatutaria 1755 de 2015, “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. En adelante, las
referencias a los artículos que integran este título se harán al CPACA.
[56] El citado artículo dispone: “Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para
garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin
personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones,
asociaciones, organizaciones religiosas […]”.
[57] Cfr., entre otras, las siguientes
sentencias: T-1193 de 2003, T-1210 de 2004, T-1264 de 2008, C-951 de 2014,
C-405 de 2016, T-726 de 2016, T-430 de 2017, T-451 de 2017, T-077 de 2018,
T-238 de 2018, T-277 de 2018 y T-103 de 2019.
[58] Corte Constitucional, sentencia T-449 de 2018.
[59] Como
se explicó en el acápite de antecedentes, el actor presentó un recurso de
insistencia al cual la Sala
Cuarta de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó que se
le diera el trámite de una acción de tutela.
[60] La accionada dio respuesta a la petición
el 6 de marzo de 2019 y el recurso de insistencia se promovió el 12 de marzo de
2019.
[61] La Arquidiócesis de Medellín dio respuesta
al derecho de petición el 16 de octubre
de 2018 y la acción de tutela se presentó el 17 de enero de 2019.
[62] Los citados artículos disponen: “Artículo
25. Rechazo de las peticiones de información por motivo de
reserva. Toda decisión que rechace la petición de informaciones o
documentos será motivada, indicará en forma precisa las disposiciones legales
que impiden la entrega de información o documentos pertinentes y deberá
notificarse al peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de
informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no procede recurso
alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente. || La restricción por
reserva legal no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o
actuación que no estén cubiertas por ella”. “Artículo
26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades
nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez
administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en
única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición
formulada. || Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación
correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro
de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los
siguientes casos: || 1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite
copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o
cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las
reciba oficialmente. || 2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del
Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en
atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre
el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no
avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o
juzgado administrativo. || Parágrafo. El recurso de insistencia deberá
interponerse por escrito y sustentado en la diligencia de notificación, o
dentro de los diez (10) días siguientes a ella”.
[63] Es importante indicar que esta interpretación fue explícitamente acogida por el
Legislador Estatutario en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la
cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”), para aquellos supuestos en los que la negativa al
acceso no tuviere como causa “la reserva de seguridad y defensa nacional o relaciones
internacionales”
–caso en el cual el medio judicial procedente sería el recurso de insistencia– contra los sujetos destinatarios de
dicha ley (regulados en su artículo 5). El parágrafo citado dispone: “Será procedente la
acción de tutela para aquellos casos no contemplados en el presente artículo,
una vez agotado el recurso de reposición del Código Contencioso Administrativo”.
Si bien esta disposición no es aplicable
al caso de las organizaciones religiosas, es un antecedente legislativo
relevante acerca del carácter principal de la acción de tutela para garantizar
el acceso a la información cuando se niega de manera ilegítima.
[64] Esta postura fue reiterada en la Sentencia
T-487 de 2017.
[65] Folios 3, 4, 6 y 7 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878 y folios 2, 12, 13 14 y 15
del cuaderno principal del expediente T-7.486.371.
[66] Folio 3 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878 y folio 2 del cuaderno
principal del expediente T-7.486.371.
[67] Folio 3 del cuaderno principal del
expediente T-7.418.878 y folio 2 del cuaderno principal del expediente
T-7.486.371.
[68] Folio 7 del cuaderno principal del expediente T-7.418.878 y folio 13 del cuaderno
principal del expediente T-7.486.371.
[69] Ibidem.
[70] En particular, hicieron referencia a lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 24 de la
Ley 1775 de 2015; el Título III, la sección a) del artículo 2 y la sección c)
del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012 y las secciones f), g) y h) del artículo
3 de la Ley 1266 de 2008.
[71] En especial, hicieron referencia a lo
dispuesto por el parágrafo del artículo
24 de la Ley 1775 de 2015, al artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 y al parágrafo
del artículo 6 de la Ley 1266 de 2008.
[72] El citado artículo dispone: “Violación de
datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con provecho propio
o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie,
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales,
datos personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios
semejantes, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y
seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales
vigentes”.
[73] Folio 19, cuaderno principal, expediente
T-7.418.878.
[74] Folio 123, cuaderno principal, expediente
T- 7.486.371.
[75] De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los datos personales son “reservados” cuando se relacionan estrechamente
con la dignidad humana, la intimidad o la libertad, v. gr., cuando se
refieren a la ideología o las preferencias sexuales.
[76] Son
datos “privados” aquellos que
se relacionan con aspectos
particularmente relevantes del ámbito personal de los sujetos que, en
principio, solo incumben a estos, como la información médica o genética.
En relación con este último tipo de información, la jurisprudencia
constitucional temprana consideró esta información como “reservada”; no obstante, a partir de la
sentencia C-602 de 2016 aclaró que se trataba de información “privada”, lo que
suponía un menor estándar de reserva para su acceso.
[77] En
este sentido, la sección c) del artículo 4 de la Ley 1266 de 2008
dispone: “Principio de circulación restringida. La administración de datos
personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los
datos, de las disposiciones de la presente ley y de los principios de la
administración de datos personales especialmente de los principios de
temporalidad de la información y la finalidad del banco de datos. Los datos
personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet
o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso
sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a
los titulares o los usuarios autorizados conforme a la presente ley”.
[78] En la citada sección se lee: “h) Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento
de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a
garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su
relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo solo
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda
al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los
términos de la misma”.
[79] La sección b) del artículo 10 de la Ley
1581 de 2012 prevé que la autorización del titular del dato no es necesaria
cuando se trate de “Datos de naturaleza pública”.
[80] Cfr., entre otras, las sentencias C-951 de 2014 y C-602 de 2016.
[81] Corte Constitucional. Sentencia C-602 de
2016
[82] Folios 122 y 123, cuaderno principal del
expediente T-7.418.371.
[83] Folio 3 del cuaderno principal del
expediente T-7.418.878 y folio 2 del cuaderno principal del expediente
T-7.486.371.
[84] Corte Constitucional. Sentencia C-602 de
2016.
[85] Ibídem.
[86] Artículo 20 de la Ley 1775 de
2015. Atención prioritaria de peticiones.
(…) Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad,
se tramitará preferencialmente.
[87] Corte Constitucional. Sentencia C-951 de
2014.
[88] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de
2007.
[89] Comité de Derechos Humanos.
Observación General No. 34. 21 de julio de 2011. En esta se lee: “La libertad de expresión y los medios de comunicación 13. La
existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos
de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la
libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos reconocidos por el
Pacto. Es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática. Uno de los
derechos consagrados en el Pacto es el que permite a los medios de comunicación
recibir información que les sirva de base para cumplir su cometido”.
[90] Ver sección e) del artículo 4 de la Ley
1266 de 2008. En la sentencia C-1011 de 2008, la Corte Constitucional declaró
la exequibilidad del proyecto de ley que dio origen a la ley en cita.
[91] Artículo 4 de la ley 1266 de 2008. Principios
de la administración de datos. (…) e) Principio de interpretación
integral de derechos constitucionales. La presente ley se interpretará en el
sentido de que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, como son
el hábeas data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a
la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares se
interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la
información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los demás
derechos constitucionales aplicables.
[92] Folio 3 del cuaderno principal del
expediente T-7.418.878 y folio 2 del cuaderno principal del expediente
T-7.486.371.
[93] Naciones Unidas, Comité de los Derechos
del Niño. Observaciones Finales sobre el segundo informe periódico de la Santa
Sede. 25 de febrero de 2014.
[94] Ibídem.
[95]
Disponible en: http://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181221_curia-romana.html
[96] Publicada el 17 de diciembre de 2019. Disponible en http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2019/documents/rc-seg-st-20191206_rescriptum_sp.html
[97] Se refiere a los abusos de autoridad
orientados a abusar sexualmente de menores o de
personas vulnerables.
[98] Que trata sobre los delitos de pederastia con niños menores de 18 años o
con sujetos en situación de discapacidad.
[99] Disponible en: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/12/17/util.html
[100] Ibídem.
[101] Corte
Constitucional. Sentencias T-080 de 1993, reiterada en las sentencias T-391 de
2007 y T-263 de 2010.
[102] Corte Constitucional. Sentencias T-298 de
2009, T-312 de 2015 y T-594 de 2017, entre otras.
[103] Corte Constitucional. Sentencias T-219 de 2009 y T-263 de 2010, entre
otras.
[104] Folio 3 del cuaderno principal del expediente
T-7.418.878 y folio 2 del cuaderno principal del expediente T-7.486.371.
[105] Corte Constitucional. Sentencias T-729 de
2002, C-692 de 2003, C-1153 de 2005, C-336 de 2007, C-640 de 2010, C-850 de
2013, T-574 de 2017, T-238 de 2018 y C-276 de 2019, entre otras.
[106] Folio 68, cuaderno de revisión.
[107] En
relación con la necesidad de notificar la respuesta al peticionario, pueden
consultarse las sentencias T-814/05, T-147/06,
T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14 y T-206 de 2018.
[108] En
la comunicación que Pía
Sociedad Salesiana Inspectoría San Luis Beltrán de Medellín le remitió al actor el 8 de abril de 2019 se lee lo
siguiente: “El pasado 5 de abril por medio de la Oficina de Apoyo Judicial
remitimos al JUZGADO CATORCE (14) CIVILMUNICIPAL DE ORALIDA DE MEDELLÍN, copia
íntegra de la contestación del Derecho de Petición formulado por usted,
atendiendo el fallo de tutela No.79 del juzgado anunciado, donde se concedió el
amparo solicitado. De esta manera, hemos procedido a dar respuesta de forma,
clara, precisa y de fondo a cada uno de los ítems planteados en el documento
que contiene el Derecho de Petición”. CD ubicado en el folio 67 del
cuaderno de revisión.
[109] Sentencia C-027 de 1993. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez. Mediante
este fallo, la Corte analizó la constitucionalidad del Concordato y declaró
exequibles, entre otros, los artículos II y III de dicho Instrumento, que prevén,
respectivamente, “[l]a Iglesia Católica conservará su plena libertad e
independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente
toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en
su gobierno y administración con sus propias leyes" y “[l]a
legislación canónica es independiente de la civil y no forma parte de esta,
pero será respetada por las autoridades de la República".
[110] "Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa
y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política".
[111] Sentencia T-200 de 1995. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[112] Sentencia C-449 de 2018. M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[113] Sentencia C-449 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[114]  Otaduy, Javier, “Las fuentes del
derecho canónico”, en Alcocer Mendoza, Juan Pablo (coordinador), Temas
actuales del derecho canónico, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2016, pp. 211 y ss.