T-284-19
NOTA
DE RELATORIA: Mediante auto 470 de fecha 15 de
agosto de 2019, el cual se anexa en la parte final de la presente providencia,
se ordena suprimir el nombre y los datos que permitan identificar a la
accionante y a su familia dentro del proceso identificado con el número
T-7055614 y, en su lugar, sustituirlos por nombres ficticios. Así mismo, se
ordena reemplazar el mencionado fallo en la página Web de la Corporación, con
la versión que resulte después de hacer los referidos cambios.
Sentencia
T-284/19
DERECHO
A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA PARA PERSONAS EN CONDICION DE DEBILIDAD
MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Fundamento
constitucional, legal y jurisprudencial
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA
POR RAZONES DE SALUD-Reglas
jurisprudenciales
PRESUNCION
DE DESPIDO DISCRIMINATORIO Y PROTECCION A LA ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA
EMPRESA
DE SERVICIOS TEMPORALES-Naturaleza jurídica
DERECHO
A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN CONTRATO DE OBRA O LABOR CONTRATADA
PROTECCION
LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y EN PERIODO LACTANCIA-Fuerza
vinculante con instrumentos internacionales
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA-Reglas según el marco
legal colombiano
COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO-Naturaleza/COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO-Prohibición de actuar como empresas de intermediación
laboral
FUERO
DE MATERNIDAD-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA Y DURANTE EL
PERIODO DE LACTANCIA-Orden de reintegrar a la peticionaria donde
ejerza funciones iguales o de superior categoría a las que venía
desempeñando antes de su desvinculación
Referencia:
Expedientes acumulados T-7.055.614 y T-7.060.954
Expediente
T-7.055.614
Acción
de tutela instaurada por la señora Andrea contra la Empresa de Servicios
Temporales PTA SAS y la Industria Militar - INDUMIL.
Expediente
T-7.060.954
Acción
de tutela presentada por Luisa María Clavijo Carmona contra la Cooperativa de
Trabajo Asociado AGM Salud CTA. y la Sociedad IPS Médicos Asociados.
Magistrada
Ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
Bogotá
D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019).
La
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Diana
Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos de tutela dictados dentro de los asuntos
de la referencia, los cuales fueron seleccionados para revisión y acumulados
por medio del Auto del
13 de noviembre de 2018, proferido por la Sala de Selección Número Once[1].
I.
ANTECEDENTES
1.
Expediente
T-7.055.614
1.1.
Hechos y solicitud de amparo
1.1.1.    La señora Andrea suscribió los siguientes contratos por
obra o labor contratada con las empresas temporales, en las fechas y para el ejercicio
de los cargos que se describen a continuación:
EMPRESA
FECHA
CARGO
EXTRAS
Personal Temporal.[2]
5
de mayo de 2015 a 30 de noviembre de 2015.
Profesional
como trabajadora en misión para INDUMIL.
S&A
Servicios y Asesorías[3]
1º
de diciembre de 2015 a 24 de diciembre de 2015.
Abogada
de Procesos Disciplinarios VI IV en misión para INDUMIL
S&A
Servicios y Asesorías[4]
20
de enero de 2016 a 25 de mayo de 2016.
Abogada
de Procesos Disciplinarios VI IV en misión para INDUMIL
EXTRAS
Personal Temporal[5]
26
de mayo de 2016 a 18 de diciembre de 2016.
Profesional
VI 15 para INDUMIL
Grupo
SESPEM[6]
19
de diciembre de 2016 a 15 de diciembre de 2017.
Profesional
VI 15 para INDUMIL
PTA
SAS[7]
18
de diciembre de 2017 a 2 de febrero 2018.
Profesional
VI para INDUMIL
1.1.2.    El 22 de febrero de 2017, la accionante, de
56 años[8], fue diagnosticada
con cáncer de seno.[9] En ese
momento laboraba en la empresa temporal Grupo SESPEM.
1.1.3.    El 2 de febrero de 2018, la empresa PTA SAS[10]
le notificó la terminación de su contrato de trabajo por finalización de la
obra o labor contratada, sin que mediara autorización del Ministerio del
Trabajo para el efecto.[11]
1.1.4.    El 19 de febrero de 2018, la actora solicitó a la empresa
PTA SAS reconsiderar su desvinculación[12], toda
vez que, a su juicio, tiene la calidad de pre pensionada[13],
por encontrarse próxima a cumplir la edad requerida y faltarle un año de
cotizaciones para acceder a la pensión de vejez. Aunado a lo anterior, sostuvo que
el 22 de febrero de 2017 le diagnosticaron cáncer de seno y que se encuentra
actualmente en tratamiento médico.[14]
1.1.5.    Según la demandante,
la razón de PTA SAS para finalizar su contrato laboral, sin autorización del
Ministerio de Trabajo, fue la terminación de la obra o labor; sin embargo, la
labor para la cual fue contratada en INDUMIL continúa en cabeza de otro empleado,
contratado a través de la misma empresa de servicios temporales.
1.1.6.    Relata que el salario que devengaba es su sustento y
el de su familia,[15] con el
que asumía el pago de sus obligaciones personales, como seguros y pólizas
médicas, tarjetas de crédito (con las que ha sufragado gastos médicos),[16]
impuestos de su vivienda y demás gastos de manutención y cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social como independiente, además del pago de un plan
complementario para el tratamiento del cáncer que padece.[17]
1.1.7.    Con fundamento en los anteriores
argumentos, la peticionaria solicita que se amparen sus derechos fundamentales
a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en
condiciones dignas, a la seguridad social y al mínimo vital. Afirma encontrarse
en situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud y haber
sido despedida sin justa causa y sin la autorización del Ministerio del Trabajo.
Además, indica que es sujeto de protección especial por ser pre pensionada. En
consecuencia, pide (i) ser reintegrada, sin solución de continuidad, a un cargo
en similares condiciones a las que tenía al momento de la terminación del contrato;
y, que se le reconozcan (ii) la indemnización correspondiente a 180 días de
salario por omitir el trámite de autorización del despido ante el Ministerio
del Trabajo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y (iii) los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha del despido
hasta su reintegro.
1.2. Respuesta de las accionadas
1.2.1. El Secretario General de INDUMIL
afirmó que no se configura la legitimación en la causa por pasiva respecto de
esa entidad, toda vez que no existe ni existió vinculación laboral entre su
representada y la accionante, por lo que no hay obligaciones a su cargo. Agregó
que la solicitud de amparo se dirigió contra la Institución, sin haber
incurrido en ninguna de las conductas que se endilgan en la tutela. En
casos similares, continuó, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de
Justicia han reconocido el carácter laboral de la relación jurídica entre el
trabajador y la empresa de servicios temporales y han precisado que lo propio
no puede predicarse entre el trabajador en misión y la empresa usuaria.
De
otra parte, argumentó que dentro de los documentos aportados por la señora Andrea no obra prueba que indique que INDUMIL ostentó la condición de
empleador y, por el contrario, se concluye que la vinculación fue con la empresa
de servicios temporales. Señaló que los derechos de la accionante no han sido
vulnerados y que el debate recae sobre una situación de orden legal basada en
un contrato de trabajo por obra o labor contratada entre la actora y la empresa
temporal, lo que torna improcedente la acción de tutela. Adujo que no le
corresponde al juez constitucional reconocer prestaciones económicas y
reintegros, pues para ello existe una jurisdicción competente.
Concluyó
su escrito manifestando que la accionante no se encuentra en situación de
discapacidad, disminución, minusvalía o invalidez que la ponga en un grado de
protección constitucional, de conformidad con lo previsto en la Ley 361 de
1997.
1.2.2. La empresa EXTRAS S.A. solicitó
ser desvinculada de la acción de tutela, al considerar que no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la peticionaria y sus pretensiones no tienen relación
alguna con esa empresa.[18]
1.2.3. COMPENSAR EPS, mediante
apoderada judicial, manifestó que a la usuaria no le han negado los servicios
de salud requeridos y que su vida y salud no se encuentran en riesgo a causa de
su conducta. Sustentó que el cubrimiento de los servicios se mantiene siempre que
la actora conserve vigente su afiliación, como ocurre actualmente, pues la
señora Andrea es cotizante independiente. Por lo tanto, solicitó que la acción se
declare improcedente frente a esa entidad.[19]
1.2.4. El Gerente de Defensa Judicial
de COLPENSIONES, con funciones asignadas de Director de Acciones Constitucionales,
adujo que esa entidad solamente puede asumir asuntos relativos a la
Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida en materia
pensional, ya que este es el marco de su competencia. Por lo tanto, señaló que a
quien corresponde responder en la presente acción es a PTA SAS y a INDUMIL.[20]
1.2.5. PTA SAS, mediante apoderado, [21] contestó la acción en escrito en el que
indicó que la enfermedad que padece la accionante le fue diagnosticada en
febrero de 2017, es decir, 10 meses antes de que esa empresa decidiera
contratarla “en un acto altruista y de responsabilidad social y teniendo en
cuenta los altos índices de desempleo de la población mayor de 50 años.”
Agregó que el 31 de enero de 2018, INDUMIL le notificó que ya no requería los servicios
de la señora Andrea y
del señor César Augusto Rozo Rodríguez (otro trabajador en misión), pues la
obra para la cual fueron contratados temporalmente finalizó.
Argumentó
que la tutelante no estaba incapacitada al momento de la terminación del contrato
de trabajo, no estaba en condición de discapacidad, y no se encontraba en
tratamiento médico, en trámite de calificación o, en general, en un evento que
le permitiera inferir su supuesta debilidad manifiesta, por lo que procedió a
informarle la decisión del retiro, la cual no fue objetada. Lo anterior
demuestra que la terminación del contrato de trabajo no obedeció a su enfermad,
sino a una causal objetiva y comprobada, por lo que no es procedente su
reintegro.
Manifestó
que la accionante “no puede aferrarse a su desafortunada enfermedad”
para invocar la imposibilidad de ser desvinculada; de lo contrario, la empresa
violaría la temporalidad que ordena la Ley laboral “y de forma general
cerraría la contratación de personas en estado de discapacidad o con una edad
considerable, pues los trabajadores con base en la enfermedad con la que
ingresan, lo basarían para evitar la desvinculación.”
Por
otra parte, señaló que la tutelante no demostró el perjuicio irremediable que
afirma, pues se desconoce quiénes integran su familia y su situación económica.
En el mismo sentido, advirtió que una persona no puede ser objeto de protección
especial “por el simple hecho de comprar medicamentos con la tarjeta de
crédito, tomar pólizas, pagar los impuestos como todo ciudadano o pagar un plan
complementario”. Indicó que, por el contrario, estos constituyen actos que
permiten evidenciar que sí tiene medios económicos para subsistir.
Advirtió
que la Sentencia T-229 de 2017[22] precisa
que para acceder al amparo en garantía de la condición de pre pensionada, no
basta que a la persona le falten 3 años para pensionarse, sino que es necesario
que se demuestre que el despido ocasiona una amenaza para otros derechos
fundamentales, entre ellos el mínimo vital y la seguridad social, lo cual
ocurre cuando el trabajador no tiene más ingresos sino el salario, supuesto que
no está probado.
1.3. Sentencias que se revisan
1.3.1.
Sentencia
de primera instancia[23]
En primera instancia el Juzgado 21 Penal
del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 24 de julio de 2018, concedió el
amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social,
estabilidad laboral reforzada y mínimo vital de la accionante. Encontró
acreditado que la actora: (i) firmó “contrato individual de trabajo a
duración determinada por el tiempo que dure la obra o labor el 18 de diciembre
de 2017 con la empresa PTA SAS para trabajar en la empresa INDUMIL”, (ii)
“padece de cáncer de mama”, y (iii) depende, junto a su familia, de su
salario, con el cual sufraga seguros, pólizas médicas e impuestos[24]. Por lo anterior, y dado que la razón del
despido fue la enfermedad de la señora Andrea y que su
empleador no solicitó la autorización ante el Ministerio de Trabajo, por un
lado, y que la tutelante requiere de la continuidad en la prestación de salud y
se encuentra en estado de debilidad manifiesta, por el otro, concedió su
protección en sede de tutela.
Agregó
que las explicaciones del apoderado de la empresa PTA SAS no justifican la
cancelación del contrato laboral de la accionante, pues, aunque no se
encontrara incapacitada al momento del despido, su enfermedad es considerada
como ruinosa o catastrófica, lo que le concede la condición de sujeto de
especial protección constitucional.
De
esta manera, adujo que el perjuicio irremediable resultó acreditado en la
medida que “al encontrarnos con una persona que padece una enfermedad de
estas es indudable que al dar por terminado su contrato quedaría sin seguridad
social para afrontar de manera inmediata los avatares de este padecimiento como
tratamientos médicos, exámenes, procedimientos, medicamentos, etc., poniendo
además en riesgo su mínimo vital por no contar con recursos económicos
suficientes para tratarla y para cubrir sus necesidades básicas como las de su
familia”.
Argumentó
que el despido de un trabajador sin justa causa, sin permiso del Ministerio de
la Protección Social y en condición de debilidad manifiesta, permite presumir
que la razón de la desvinculación es la situación médica. Señaló que en el
proceso se encuentra demostrado, por un lado, el estado de debilidad manifiesta
de la accionante, y, por el otro, que, aunque las demandadas adujeron la
finalización de la obra o labor contratada, el cargo desempeñado por la señora Andrea aún
existe en INDUMIL y es ocupado por otro funcionario enviado por la empresa PTA
SAS.
En
consecuencia, ordenó a los representantes legales de PTA SAS y de la Industria
Militar INDUMIL: (i) reintegrar a la accionante al cargo que venía
desempeñando, a aquél para el que fue contratada o a uno de similares
condiciones, teniendo en cuenta su estado de salud, (ii) vincularla al sistema
de seguridad social, (iii) pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir, hasta el momento en que se haga efectivo su reintegro, y (iv)
pagarle la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
1.3.2.
Impugnaciones
El
anterior fallo fue impugnado por el apoderado de la empresa PTA SAS en escrito
en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la tutela.[25]
INDUMIL
también recurrió la Sentencia de primera instancia. Precisó que el contrato
suscrito entre INDUMIL y la empresa PTA SAS incluye cláusulas que regulan que la
responsabilidad de la contratación del personal en misión y el pago de sus
salarios, recaen única y exclusivamente en la empresa contratista, esto es, en PTA
SAS. Por ello, indicó que la empresa de servicios temporales es, para todos los
efectos, el empleador de los trabajadores en misión, y que la relación
existente entre el trabajador en misión y la empresa usuaria es simplemente
accidental y transitoria, esto es, no origina entre las partes algún vínculo
laboral o jurídico.[26]
1.3.3.
Fallo
de segunda instancia
El
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sentencia del 14 de
septiembre de 2018, revocó el fallo de primera instancia pues, a su juicio,
para que se conceda la estabilidad laboral reforzada es necesario que el
empleador conozca las afecciones de salud del trabajador retirado. Bajo esta
premisa, continuó, pese a que la demandante es un sujeto de especial protección
constitucional, por motivos de salud, no probó que durante el periodo que
trabajó para PTA SAS informara a su empleador sobre su enfermedad, estuviera
incapacitada o pidiera permiso para recibir atención médica.
Indicó
que la patología de la accionante se diagnosticó el 22 de febrero de 2017, esto
es, cuando trabajaba para la empresa temporal SESPEM y no para PTA SAS, y que los
servicios de salud le han sido garantizados por su EPS, antes y después de la
relación laboral con la última temporal. Por estas razones, consideró que no es
posible señalar que la causa del despido fue el estado de salud, ni presumir el
trato discriminatorio por la patología, ya que solo 17 días después de la
terminación del contrato la tutelante puso de presente ante PTA SAS la
enfermedad que padecía.
Al
descartar el conocimiento de la patología de la actora, el Tribunal sostuvo que
no era necesario que el empleador, en virtud del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, pidiera autorización al Inspector de Trabajo para la culminación del
contrato que suscribió con la señora Andrea.
Por
otra parte, advirtió que la accionante no cumple con la condición de pre
pensionada al tenor de los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993, pues: (i)
pese a tener 57 años de edad al 24 de julio de 2018[27], si se tiene en cuenta que nació el 27 de
mayo de 1961, (ii) no cumple dentro de los 3 años siguientes 1300 semanas de
cotizaciones, en razón a que a la fecha tan solo cuenta con 865 y por cada año
solo puede aumentar aproximadamente 51.42, lo que en los referidos 3 años
arrojaría un total de 1019.26 semanas. Pero incluso de probarse la referida
condición, continuó el Tribunal, no habría lugar al amparo solicitado, dado que
no está acreditada la afectación al mínimo vital de la tutelante, ante la
inexistencia, por ejemplo, de elementos que califiquen su situación familiar, y
la evidencia de que, aunque su contrato laboral finalizó el 2 de febrero de
2018, su afiliación al sistema de salud está activa en el Régimen Contributivo,
con Compensar E.P.S.[28], lo que
permite suponer que cuenta con ingresos adicionales para suplir sus necesidades
básicas, cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud y, por esta vía,
garantizar que su enfermedad será tratada por su EPS.
Concluyó
que la peticionaria tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral
ordinaria a efectos de que en ese escenario se resuelva de fondo el asunto.
1.4.
Actuaciones en sede de revisión
Mediante
Auto del 4 de febrero de 2019[29], la
Magistrada Ponente requirió a la señora Andrea
para que: (i) informara si durante el tiempo que estuvo vinculada con la
empresa temporal PTA SAS y con INDUMIL, como empresa usuaria, dio a conocer su
estado de salud; y, (ii) precisara las funciones que realizó en INDUMIL.
Asimismo,
se requirió a las empresas
PTA SAS y a INDUMIL para que: (i) relacionaran las funciones que realizó la
trabajadora Andrea; (ii)
indicaran la(s) causa(s) por la(s) cual(es) la accionante no volvió a ser
contratada para realizar las actividades que desempeñaba en INDUMIL; (iii)
señalaran si otra persona fue contratada para llevar a cabo las tareas que la
señora Andrea desarrolló en INDUMIL; y, iv) informaran si durante el tiempo que
la accionante estuvo vinculada con la empresa temporal PTA SAS y laborando para
INDUMIL, se enteraron de su estado de salud.
1.4.1.
Respuesta de la señora Andrea [30]
En
escrito allegado a la Secretaría General de la Corte Constitucional el 11 de
febrero de 2019, el apoderado de la accionante indicó que las empresas PTA SAS
e INDUMIL sí conocían de la enfermedad de la señora Andrea al
momento de la terminación del contrato de trabajo. Para el efecto aportó los
siguientes documentos relevantes:
-
Solicitud
del 5 de febrero de 2018, en la que la accionante pidió a la empresa PTA SAS
copias de: i) contrato de obra o labor firmado entre las partes el 18 de
diciembre de 2017; y, ii) documento que la tutelante suscribió ante esa empresa
al momento de su ingreso, en el que hizo referencia a su condición de salud.
-
Copia
de documento firmado por la accionante al momento de ingresar a la Empresa PTA
SAS el 20 de diciembre de 2017 en el que “recono[ce] que pade[ce] patología
asociada con cáncer la cual adquir[ió] extra laboralmente y no [le] impide el
normal desarrollo de [sus] funciones habituales de trabajo. [Se] compromete a
asistir a los controles médicos necesarios y seguir las recomendaciones que
para el efecto considere necesarias [su] médico tratante. Así mismo informa que
exonera de responsabilidad a [su] empleador PTA y a INDUMIL como empresa usuaria
y no realizar[á] ningún tipo de reclamación a futuro relacionada con lo aquí
plasmado”.
1.4.2.
Respuesta de la empresa PTA SAS[31]
Mediante
escrito allegado a esta Corporación el 11 de febrero de 2019, el representante
legal de la empresa PTA SAS indicó, de manera relevante, que la Empresa
desconoce la causa por la cual INDUMIL no requirió el servicio de la
accionante, sin embargo “y hasta donde tenemos conocimiento, la labor
temporal que ella realizaba finalizó, labores generales realizadas por un incremento
en el área jurídica que al parecer ya se normalizó”.
Por
otra parte, señaló que “la empresa usuaria INDUMIL ya no requería la labor
de la accionante, ni dicho cargo era existente, toda vez que, y una vez se
emitió la decisión de primera instancia por el Juzgado 21 Penal del Circuito de
Bogotá con la cual se decidió conceder la acción de tutela y ordenar el
reintegro de la trabajadora, entre otras ordenes, INDUMIL nos manifestó que
dicho cargo era inexistente y las funciones que desempeñaba la accionante ya no
se requerían por lo cual no tenían donde ubicarla ni funciones para asignarle
(…)”. Aclaró que en el periodo laborado directamente en PTA SAS, la
trabajadora no fue incapacitada y no se presentó un hecho que evidenciara una
afectación de su estado de salud.
Asimismo,
manifestó que la Empresa (i) al enterarse que INDUMIL no requería el servicio
de la accionante, y (ii) observar que no se encontraba incapacitada o en
tratamiento médico, (iii) procedió a terminarle su contrato el 2 de febrero de 2018,
por lo que su desvinculación inicial, la que motiva este reparo, no fue ilegal.
Finalmente,
entre las pruebas allegadas, incluyó un escrito dirigido a la accionante el 24
de septiembre de 2018 en el que, entre otros aspectos, le informó “que se
procederá a descontar de su liquidación final de prestaciones sociales, los
valores que le fueron pagados con ocasión a la Sentencia de tutela de primera
instancia, ya que al ser revocada la misma, se debe corregir el hecho de haber
pagado dichos dineros, por quedar a la fecha sin soporte jurídico alguno dichos
pagos.[32]”
1.4.3.
Respuesta de INDUMIL[33]
El
Gerente General de INDUMIL reiteró las afirmaciones realizadas por la empresa
PTA SAS y adicionó que a la fecha no ha contratado ningún funcionario o
personal que desarrolle las labores que en su momento desempeñó la señora Andrea.
1.4.4.
Nueva intervención de la accionante
En el
término del traslado de los anteriores documentos, la peticionaria señaló que
las afirmaciones realizadas por la empresa PTA SAS son contrarias a la
realidad, por las razones que se exponen a continuación.
Indicó
que no es cierto que las labores realizadas por ella sean generales, como de
manera “malintencionada” refirió el representante de la empresa, pues,
como se encuentra probado, debía sustanciar y practicar pruebas en el marco de
los procesos disciplinarios que se adelantan en INDUMIL, actividad que es
permanente y de relevancia para la Intitución usuaria. Adujo que, aunque tales funciones
deben ser desarrolladas por funcionarios de planta, en razón a que no han sido
nombrados, son satisfechas por trabajadores en misión, concluyendo que su cargo
existe.
Agregó
que es falso que “en vigencia de la orden de reintegro” no pusiera en
conocimiento de la empresa de servicios temporales PTA SAS las valoraciones y
citas médicas a las que debió asistir por cuenta del estado grave de salud que
aún a la fecha presenta. Precisó, al respecto, que su jefe inmediato era la
encargada de aspectos legales de la empresa PTA SAS, quien autorizaba sus
salidas por motivos de salud, refiriendo de manera especial la cita de
oncología programada para el 10 de septiembre de 2018[34].
1.5.
Segundo
requerimiento de pruebas
Mediante
auto del 15 de marzo de 2019 la Sala Segunda de Revisión requirió a INDUMIL
para que brindara información más precisa sobre las condiciones materiales en
las que la reclamante ejerció sus labores en dicha Entidad,
específicamente referidas al horario, supervisión y demás aspectos que estimara
relevantes para acreditar la manera en que satisfacía el objeto contractual con
la Empresa de Servicios Temporales PTA SAS.
Por
otra parte, se requirió a la señora Andrea para
que informara: (i) la conformación precisa de su núcleo familiar y las
condiciones socioeconómicas de ella y su familia, con los soportes que estimara
pertinentes; (ii) su estado de salud, relacionado específicamente con el cáncer
que padece, el tratamiento que ha recibido y su estado actual, con la prueba
que estimara pertinente, especialmente, copia de la historia clínica; y, (iii)
su estado actual de vinculación laboral, de ser el caso, y al Sistema General
de Seguridad Social.
1.5.1.  Intervención de la accionante
En escrito allegado el 26 de marzo de 2019,
a través de apoderado judicial, la señora Andrea señaló
que su núcleo familiar está compuesto de la siguiente manera:
i)
Su esposo, Ramiro
de 61 años, quien actualmente tiene un contrato de prestación de servicios en
la Agencia Nacional de Tierras,[35] con
honorarios mensuales de $7.426.000, y es propietario de un vehículo de servicio
público.[36] En
marzo de 2018 adquirió un préstamo personal por $28.000.000, con un saldo a la
fecha de $23.603.000 y en mora de 3 cuotas por valor de $2.053.398.[37] Es deudor solidario del crédito otorgado
por el ICETEX a su hija María para pagar su carrera de medicina, con una
deuda de $93.536.155 y con un saldo en mora de $4.216.719.[38] Por último, adquirió una deuda de
$8.287.100 para pagar procedimiento odontológico por enfermedad oral que se le
presentó en el año 2018[39];
ii)
María,
hija de la accionante de 23 años, es estudiante de medicina de la Universidad
de Los Andes en undécimo semestre, tiene a su cargo el pago de crédito
adquirido con el ICETEX, mencionado en el numeral anterior. Actualmente se
encuentra en rotación de internado en el Hospital de San Vicente Fundación en
Medellín,[40] cuya
manutención asciende a $700.000 mensuales. Es propietaria de 2 vehículos de
servicio público[41]; y,
iii)
Cristina, hija
de la accionante de 27 años quien se encuentra vinculada con la
Superintendencia de Industria y Comercio por contrato de prestación de
servicios[42], con
honorarios de $3.700.000[43].
Adquirió un crédito con el ICETEX y cuya deuda asciende a $13.530.734.[44] Es propietaria de un vehículo de servicio
particular.[45]
Ahora, en lo concerniente a su vinculación
laboral, la señora Andrea indicó que desde que fue
desvinculada por PTA SAS se encuentra cesante y no percibe ingresos de ninguna
índole, lo que ha ocasionado su endeudamiento. Actualmente se encuentra afiliada
con la EPS COMPENSAR.
Respecto a su estado de salud aportó
historia clínica expedida por sus médicos oncólogos, en la que consta que i) aún
padece de cáncer de mama grado II/III; ii) el 4 de marzo de 2017 se le realizó “cuadrantectomía
+ resección ganglio centinela”, metástasis de 5mm; iii) inició radioterapia
el 17 de abril de 2017 y terminó el 20 de mayo de 2017 para un total de 20
sesiones; iv) comprobantes de fórmulas para reclamar medicamentos para tratar
el cáncer que padece y órdenes de laboratorio; v) actualmente se encuentra en
tratamiento médico con medicamento desde el 21 de mayo de 2017 y controles cada
3 y 6 meses; vi) el 3 de abril de 2018 se le practicó legrado e histerectomía;
y, vii) el 11 de marzo de 2019 se le recomendó valoración por radioterapia y
continuación de tratamiento hormonal. [46]
Finalmente, señaló que en atención al fallo
de tutela de segunda instancia proferido por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, la Empresa de Servicios Temporales PTA SAS le ha venido
realizando cobros de lo pagado en cumplimiento del fallo de primera instancia,
que amparó sus derechos fundamentales, sin embargo, aduce que le resulta
imposible realizar devoluciones de lo recibido dada su situación económica, que
obedeció a un fallo judicial y que fue recibido de buena fe.
1.5.2.  Intervención de INDUMIL
El Gerente General de INDUMIL remitió
nuevamente certificado de funciones desempeñadas por la señora Andrea durante el periodo del 18 de diciembre de 2017 al 2 de febrero de
2018, tiempo de vinculación con PTA SAS, ejerciendo sus funciones en un horario
de 7:00 am a 4:00 pm.[47]
2.
Expediente
T-7.060.954
2.1.
Hechos y
solicitud de amparo[48]
2.1.1.    El 14
de febrero de 2018, la señora Luisa María Clavijo Carmona celebró “convenio
de asociación” con la cooperativa AGM Salud CTA. Ese mismo día,
mediante “convenio de trabajo autogestionario”, se le “encomendó la
contribución de trabajo personal” en la empresa Médicos Asociados S.A. -
Clínica Los Fundadores, para desempeñarse como Secretaria.
2.1.2.
El
12 de abril de 2018, la accionante informó verbalmente a la Jefe del
Departamento de Enfermería de la Clínica Los Fundadores que se encontraba en
embarazo, adjuntando el respectivo soporte. El 27 de junio de 2018, la cooperativa
AGM Salud CTA le informó que su contrato de trabajo se terminaría el 30 de
junio de 2018, por cierre de servicios en la Clínica Los Fundadores.
2.1.3.
El
27 de junio de 2018, la demandante solicitó a la Cooperativa AGM Salud CTA
información sobre su contratación, teniendo en cuenta su estado de embarazo y
la respectiva autorización del Inspector de Trabajo para su despido. Refiere
que, al día de hoy, la Empresa no ha respondido a su requerimiento, ni la ha
reintegrado a las actividades laborales.
2.1.4.
Con
fundamento en los anteriores argumentos, la peticionaria pide que se amparen
sus derechos fundamentales a la vida, a la estabilidad laboral reforzada y al
mínimo vital y, en consecuencia, se ordene al representante legal de la Cooperativa AGM
Salud CTA y a la sociedad Médicos Asociados - Clínica Los
Fundadores, (i) el reintegro al cargo que venía ocupando o a uno de igual o superior
categoría, (ii) el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir, desde el momento de su desvinculación hasta cuando sea reintegrada,
(iii) el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y (iv) el
pago de 60 días de salario como consecuencia del despido injusto sin contar con
el permiso del Ministerio del Trabajo, de conformidad con el artículo 239
numeral 3º del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.
Respuesta
de las accionadas
2.2.1.
A
través de apoderado, la sociedad IPS Médicos Asociados S.A.[49] afirmó que la relación laboral y contractual
de la accionante era con la Cooperativa AGM Salud CTA, y no con esa IPS, pues pese
a haber prestado sus servicios en la Clínica Fundadores se encontraba adscrita
a la Cooperativa.
Adujo
que, si la sociedad Médicos Asociados no era la contratante de la actora,
carecía de las facultades para prescindir de sus servicios y para disponer el
reintegro a las actividades laborales. Agregó que la Clínica Fundadores y la Sociedad
Médicos Asociados no tienen injerencia en los procesos de vinculación y
desvinculación de la demandante a la Cooperativa, pues es una competencia reservada
a ésta y al asociado. Indicó que corresponde a la Cooperativa AGM Salud CTA establecer
de manera independiente, de acuerdo con sus reglamentos internos, la
vinculación y desvinculación de sus asociados y el lugar en el que éstos prestan
sus servicios.
Finalmente
mencionó que la actora no aportó documento alguno en virtud del cual se establezca
que entre ella y Médicos Asociados S.A., o la Clínica Fundadores, existió una
relación contractual a la fecha en que fue despedida por la Cooperativa, de
forma que no existe soporte probatorio que respalde la vinculación de esa
empresa a la presente tutela, configurándose la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
2.2.2.
Mediante
apoderado judicial, AGM Salud CTA[50] señaló
que el régimen normativo de las cooperativas de trabajo asociado no se funda en
la categoria de subordinación propia de la relación trabajador-empleador, sino
en una similar a la del socio-persona jurídica con ánimo de lucro, prevaleciendo
el criterio del trabajo asociado o autogestionario, a partir de la decisión
libre y autónoma de sus miembros de unirse para realizar actividades o labores
de diferente índole y, con la misma amplitud de posibilidades, generar o
producir bienes o servicios, en beneficio de sus integrantes y de la comunidad
en general. En este escenario, los asociados organizan sus actividades; reciben
los beneficios que se generan a partir del trabajo del grupo, no los salarios
ni las prestaciones típicas de un contrato de trabajo; y, asumen los riesgos
propios de la operación de la cooperativa[51].
Por lo anterior, no existe relación laboral, sino accidental y transitoria, entre
el trabajador asociado y la empresa contratante de los servicios de la cooperativa.
Para
el caso concreto, afirmó que es claro que existió una solicitud voluntaria de
la accionante para la suscripción de un convenio de asociación y trabajo
autogestionario; el cual se desarrolló con autonomía, autodeterminación y
autogobierno, y se mantuvo vigente hasta cuando se configuró una justa causa,
consistente en la inexistencia de un puesto de trabajo similar a aquél que
ocupaba en la sociedad Médicos Asociados S.A. Al respecto, precisó que (i) la referida
Sociedad, mediante comunicación del 28 de mayo de 2018, dio por terminada la
operación de los servicios en las clínicas Fundadores, Federmán y San Luis de
Bogotá a partir del 30 de junio, y que (ii) la Cooperativa no cuenta con un puesto
de trabajo para los 642 trabajadores asociados que venían realizando su contribución
en la sociedad Médicos Asociados S.A., por lo que procedió a declararlos
cesantes, sin
que eso implique la pérdida de la calidad de asociado y, en consecuencia, de los
derechos y obligaciones derivados del marco regulatorio.
Notificada
la terminación del convenio de asociación a la accionante, conforme al artículo
44 del Régimen de Trabajo Asociado de AGM Salud CTA, advirtió que se encontraba
en estado de embarazo. Por esa razón, con el fin de garantizar los derechos a
la seguridad social de la madre y su hijo, la Cooperativa asumió el pago de las
cotizaciones al Régimen de Seguridad Social en Salud, mientras se encuentra en
embarazo y en la licencia respectiva, y hasta tanto se reubique en un puesto de
trabajo de acuerdo al perfil de la asociada.
Por
lo anterior, consideró que (i) a la demandante no se le están vulnerando sus
derechos fundamentales, en razón a que la terminación del convenio autogestionario
no obedeció a su situación de embarazo sino a una justa causa; y, que (ii) la
tutela no es el medio de defensa idóneo y eficaz para ventilar la discusión que
plantea, máxime cuando no se evidencia que la petente sea un sujeto de especial
protección o se pueda configurar un perjuicio irremediable.
2.3.
Sentencias
de instancia que se revisan
2.3.1.    Sentencia
de primera instancia[52]
En primera instancia, el Juzgado Séptimo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá negó el amparo, pues consideró
que pese a que para el 30 de junio de 2018, fecha de terminación del convenio
de la cooperativa AGM Salud con la sociedad Médicos Asociados, la actora se encontraba
en estado de embarazo, no se configuró vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados.
Afirmó que la terminación del convenio
no hace que la actora pierda la calidad de asociada, por lo que la Cooperativa le
buscará un nuevo puesto de trabajo a fin de mantener “la condición de
trabajo autosustentable”, atendiendo a las vacantes existentes. Además, a
través del Fondo de Seguridad Social, la Cooperativa asumirá el pago de la
seguridad social de la actora durante el término del embarazo y la licencia de
maternidad, hasta tanto se reubique en otro puesto.
2.3.2.    Impugnación[53]
Inconforme con la anterior decisión, la
accionante la impugnó. Argumentó que, mediante comunicación del 14 de junio de
2018, la Cooperativa le manifestó que “es importante recordarle que deberá
contribuir al fondo de seguridad social, con salud y pensión, correspondientes
al año 2018” y que, tan solo luego de interponerse esta acción, la Cooperativa
asumió dicha carga. Adujo que este cambio es cuestionable, pues la Cooperativa asume
obligaciones que no le corresponden al no mantener con ella un vínculo laboral,
dejando en duda si es asociada o trabajadora.
Agregó que con la tutela interpuesta no
se pretende discutir quién es el responsable de cubrir el pago de la seguridad
social, sino definir si se vulneran los derechos fundamentales de una mujer en
estado de embarazo que ha perdido su trabajo, única fuente de ingresos para su
subsistencia “toda vez que se trata de una mujer sola, madre soltera, cabeza
de hogar, que proviene de otra ciudad y además no cuenta con otro recurso más
que el salario que devenga por su trabajo en la Clínica Fundadores para su
manutención, tal como alimentación especial por su estado, vivienda digna,
gastos adicionales que vienen con la llegada de su primogénito, servicios
públicos, etc.”. Añadió que el hecho de que la Cooperativa asuma el pago
mensual de la seguridad social no es suficiente, pues necesita un ingreso
mensual, un salario que le garantice su mínimo vital en condiciones dignas y
adecuadas para el nacimiento de su hijo.
Concluyó que, pese a que se encuentra en
espera de la reubicación de un nuevo puesto de trabajo, tal situación no le garantiza
un trabajo digno ni un salario mensual. Argumentó que las empresas en general
evitan la contratación de mujeres en estado de embarazo por los costos,
permisos y licencias, pues recibir a una empleada que tan solo va a trabajar
durante 2 o 3 meses para luego gozar de su licencia de maternidad y verse en la
obligación de contratar una nueva persona que asuma sus funciones dentro de la
empresa, hace que esa reubicación sea una falsa expectativa, tan evidente que
han pasado más de 60 días desde su desvinculación y aún no ha sido reubicada.
2.3.3.    Sentencia
de segunda instancia[54]
En segunda instancia, el Juzgado 31
Laboral del Circuito de Bogotá confirmó la Sentencia impugnada, pues consideró
que la ejecución del acuerdo cooperativo suscrito entre Médicos Asociados y la cooperativa
AGM Salud CTA se dio por terminado por parte de Médicos Asociados en mayo de
2018, lo cual permite inferir que la finalización de la operación que ejecutaba
la accionante en las dependencias de Médicos Asociados no se debió al trato
discriminatorio por parte de las accionadas, debido a su estado de embarazo,
sino que fue una decisión de carácter general que afectó a 642 personas más.
Por otra parte, del material probatorio allegado, evidenció que la Cooperativa le
informó a la señora Clavijo Carmona que el fondo de seguridad social de AGM
Salud CTA asumiría el pago de sus aportes al sistema de seguridad social
durante su embarazo y lactancia.
2.4.
Actuaciones en sede de revisión
Mediante auto del 15 de marzo de 2019,
la Sala Segunda de Revisión requirió a la señora Luisa
María Clavijo Carmona para que informara: (i) la conformación
precisa de su núcleo familiar y las condiciones socioeconómicas de ella y su
familia, con los soportes que estimara pertinentes; (ii) su situación laboral y
estado de salud actual, con la prueba que estime pertinente para su
acreditación; y, (iii) las condiciones en que desempeñaba sus funciones como
Secretaria en la Sociedad IPS Médicos Asociados, especificando si
cumplía un horario y ordenes, en este último caso, de quien provenían y cuál
era su contenido.
Por otra parte, requirió a la
Sociedad IPS Médicos Asociados SA – Clínica Los Fundadores para que
informara las circunstancias en las que la señora Luisa María
Clavijo Carmona ejercía sus labores como Secretaria, especificando el horario
que cumplía, qué funciones se le adscribieron y bajo supervisión de quién las
desempeñaba.
Finalmente, se requirió a la
Cooperativa de
Trabajo Asociado AGM Salud CTA para que informara el estado actual de
vinculación de la señora
Luisa
María Clavijo Carmona.
2.4.1.
Intervención
de la accionante[55]
En escrito radicado el 26 de marzo de
2019, la señora Luisa María Clavijo informó a esta Corporación que: i) convive
con su compañero permanente, de 25 años, quien es el padre de su hijo de 5
meses; ii) sus necesidades básicas[56] y las
de su familia son cubiertas por el salario de su compañero, quien devenga 1
SMMLV; ii) actualmente se encuentra “cesante”, calificativo que le otorga la
Cooperativa, pues desde el pasado 23 de febrero de 2019 finalizó su licencia de
maternidad; y, iii) firmó convenio de asociación con la Cooperativa de Trabajo
Asociado AGM Salud CTA el 15 de febrero de 2018 y fue asignada como secretaria,
en virtud del convenio autogestionario suscrito ese mismo día, a la Sociedad
IPS Médicos Asociados, donde cumplía un horario de trabajo de 7:30 a.m. a 5:00
p.m. de lunes a viernes y un sábado cada 15 días de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Su
jefe inmediato era la Jefe de Enfermería Ginnis Canedo y recibía órdenes del
médico coordinador. Después de informar su estado de embarazo fue trasladada
por la Gerente de la Clínica al área de radiología donde se desempeñó como
secretaria.[57]
2.4.2.
Intervención
de la Cooperativa AGM CTA[58]
El representante legal de la Cooperativa
reiteró lo manifestado en la contestación de la tutela y agregó que en varias
oportunidades le ha propuesto opciones de trabajo a la asociada Clavijo Carmona,
que se adecúan a su perfil profesional y se ajustan a la contribución de
trabajo que desarrolló antes de quedar cesante. Para tal efecto fue citada a la
Cooperativa el 14 de marzo de 2019, donde se le puso en conocimiento la
existencia de 2 vacantes de acuerdo a su perfil, las cuales no fueron aceptadas
por horarios y opción de transporte. Posteriormente, el 22 de marzo de 2019, el
área de talento humano de la Cooperativa le envió correo electrónico que le
notificó una nueva vacante como Gestor Tipo I, la cual no fue aceptada por
motivos personales.
Por otra parte, señaló que i) en la
actualidad la señora María Luisa sigue siendo asociada a AGM CTA, en calidad de
cesante, comoquiera que no se encuentra realizando contribución de trabajo pese
a que en varias oportunidades la Cooperativa le ha ofrecido puestos de
contribución de trabajo, los cuales se ha negado a aceptar, y ii) tiene vigente
su afiliación al Sistema de Seguridad Social.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Es competente esta Sala
de la Corte Constitucional para revisar las decisiones proferidas dentro de las
acciones de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en concordancia
con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Planteamiento
de los casos
2.1. Expediente
T-7.055.614
Andrea
La señora Andrea interpuso acción
de tutela contra la Empresa de Servicios Temporales PTA SAS e INDUMIL, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
trabajo, estabilidad laboral reforzada, vida en condiciones dignas, seguridad
social y mínimo vital,
toda vez que, pese a que tiene cáncer de seno, las accionadas dieron
por terminado su
contrato de trabajo por finalización de la obra o labor contratada: i) sin que
mediara autorización del Ministerio del Trabajo, ii) sin tener en cuenta que está
actualmente en tratamiento médico, y iii) con el conocimiento previo de su
enfermedad. Por otra parte, las demandadas manifiestan que las labores para las
cuales la señora Andrea fue contratada
finalizaron, razón por la cual la terminación de su contrato se debió a esta
situación y no a su enfermedad. Además, que al momento en el que se produjo el
despido, la actora no se encontraba incapacitada o en tratamiento médico.
2.2. Expediente
T-7.060.954 Luisa María Clavijo Carmona
La señora Luisa
María Clavijo Carmona interpuso
acción de tutela contra la Cooperativa de Trabajo Asociado AGM Salud CTA y la Sociedad
Médicos Asociados - Clínica Los Fundadores, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, estabilidad
laboral reforzada y mínimo vital, pues a su juicio las accionadas dieron por
terminado su vinculación laboral pese a i) encontrarse en estado de embarazo y ii)
conocer dicha situación.
Afirman las demandadas que la causa de la finalización del contrato de la
tutelante se debió a que la relación comercial entre la Cooperativa y la Empresa
Médicos Asociados S.A., se terminó, situación que afectó no solo a la tutelante
sino a 642 asociados más.
2.3.
Problemas jurídicos y análisis de procedencia de
la acción de tutela
2.3.1. En
relación con lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional debe determinar, en primer lugar, si las acciones de tutela
cumplen con los requisitos formales de procedencia.
De
superarse dicho análisis, se deberán resolver los siguientes problemas
jurídicos: i) ¿Una
empresa de servicios temporales y la empresa usuaria vulneran los
derechos fundamentales a
la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de una
trabajadora, por haber terminado su contrato de obra o labor sin tener en
cuenta que se encontraba en circunstancias de debilidad manifiesta, derivadas
de una enfermedad catastrófica (cáncer de seno) y conocer dicho padecimiento? (Expediente
T-7.055.614); y ii) ¿Una
cooperativa de trabajo asociado y la empresa contratante de la cooperativa vulneran los
derechos fundamentales a
la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de una
mujer por haber terminado su contrato pese a encontrarse en estado de embarazo
y conocer de dicha situación? (Expediente T-7.060.954).
2.3.2. Requisitos
de procedencia de la acción de tutela
De acuerdo con lo establecido en la Constitución
Política, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, los
requisitos de procedencia de la acción de tutela son: (i) legitimación por
activa, la acción de tutela puede ser ejercida por todas las personas cuyos
derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados. Aquellas podrán
actuar por sí mismas o por conducto de un tercero que intervenga en su nombre[59]; (ii) legitimación por pasiva, el
amparo procede contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de particulares cuando, entre otras razones, exista una
relación de subordinación como sucede entre el trabajador y su empleador[60]; (iii) subsidiariedad, la acción de
tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa
judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan idóneos o
eficaces a la luz de las circunstancias del caso concreto o, cuando aun
siéndolo, se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable, en
cuyo caso se emplea la acción como mecanismo transitorio[61]; e (iv) inmediatez, no puede
transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación
u omisión y el uso efectivo del amparo[62].
2.3.3. Las tutelas son
procedentes en los casos analizados por la Sala
(i)
Expediente T-7.055.614 Andrea
En el
presente asunto la acción de tutela es procedente por cuanto:
-
Cumple
con los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva. El
primero, porque fue presentada por intermedio de apoderado judicial, actuando
en defensa de los derechos e intereses de la señora Andrea. El
segundo, en razón a que se dirige contra i) un particular (temporal PTA SAS),
empresa respecto de la cual la actora se encontraba en situación de
subordinación, derivada
de su condición de trabajadora; ii) e INDUMIL, entidad en la que la
tutelante prestaba
sus servicios en misión y la tutela se interpone en el marco de esta relación.
-
Supera
el requisito de subsidiariedad, toda vez que la señora Andrea es un
sujeto en condición de debilidad manifiesta. Así:
i)
Fue
diagnosticada el 22 de febrero de 2017 de cáncer de mama,
se le realizó resección de ganglio el 4 de marzo de 2017, inició radioterapia el 17
de abril de 2017 y finalizó el 20 de mayo de 2017, actualmente se encuentra en
tratamiento para su recuperación, debe presentarse a control cada 3 meses, el 3
de abril de 2018 se le practicó legrado e histerectomía y el 11 de marzo de
2019 se le recomendó nuevamente valoración para radioterapia y continuación de
tratamiento hormonal.
ii)
Tiene
56 años de edad.
iii)
No
percibe ningún ingreso económico desde que fue despedida de su trabajo, y su familia
no parece estar en capacidad de salvaguardar o suplir sus necesidades, en razón
a que (i) pese a tener dos hijas mayores de edad, una de ellas se encuentra
estudiando y requiere sufragar sus gastos de manutención, (ii) la única fuente
de ingresos que percibe el núcleo familiar son los honorarios de su cónyuge por
contrato de prestación de servicios con la Agencia Nacional de Tierras, cuya
vigencia es hasta mayo de 2019, y, pese a la titularidad de algunos de ellos
sobre vehículos, lo cierto es que presentan varias deudas que, de lo que dan
cuenta, es de una situación económica difícil.
iv)
Por
otra parte, el
hecho de que, a la fecha, la demandante permanezca activa en el Sistema de
Seguridad Social en Salud, a través del régimen contributivo, tan solo
evidencia que se le están garantizando los servicios médicos necesarios para
recuperar su salud, pero no quiere decir esto que la accionante o su familia tengan
los suficientes ingresos para suplir sus necesidades o que su mínimo vital esté
satisfecho. La circunstancia de que pueda asumir el pago de su Seguridad Social
en Salud no compensa la afectación que alega de sus derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada con ocasión de la terminación de su relación
contractual, en atención a su estado de salud y a la edad que tiene
actualmente, ya que las posibilidades para reincorporarse al mercado laboral y
obtener una fuente de ingresos se reducen sustancialmente. Aunado a lo
anterior, la pérdida de ingresos económicos pone en riesgo la capacidad de la
actora de satisfacer sus necesidades mínimas, así como las de su familia y, de
esta forma, la garantía del derecho al mínimo vital, pues su salario sí es
fundamental para garantizar la satisfacción de este derecho.
Estas
situaciones particulares impiden
que la controversia sea resuelta por las vías ordinarias, requiriéndose de la intervención
del juez constitucional a fin de que valore la situación y adopte las medidas a
que haya lugar.
-
Por
último, cumple con el requisito de inmediatez, pues se instauró
oportunamente: 20
de abril de 2018, y la terminación del contrato fue el 2 de febrero de
2018, es decir, transcurrió un poco más de 2 meses después de que se produjo el
presunto hecho vulnerador.
(ii)
Expediente
T-.060.954
Luisa
María Clavijo Carmona
Por otra parte, el asunto de la
referencia también es procedente toda vez que:
-
Cumple
con los requisitos de legitimación en la causa por activa y por pasiva, ya que i)
la señora Luisa
María Clavijo Carmona presentó la acción de amparo por intermedio
de apoderado judicial, quien actuó en defensa de sus derechos e intereses; y,
ii) se dirige contra dos particulares, respecto de los cuales la tutelante reclama
que se encontraba en situación de subordinación, derivada de su condición de
trabajadora.
-
Supera
el requisito de subsidiariedad, al tratarse de un sujeto en condición de
debilidad manifiesta, puesto que i) fue despedida de su trabajo encontrándose
en estado de embarazo, ii) actualmente solo cuenta con el ingreso de su
compañero permanente, quien devenga un salario mínimo, y, según manifiesta, no
es suficiente para suplir las necesidades básicas de ella, su compañero y su
hijo menor.
Ahora
bien, el
hecho de que la cooperativa asuma el pago de su seguridad social en salud y la licencia
de maternidad, no compensa la afectación que alega de sus derechos
fundamentales con ocasión de la terminación de su relación contractual, en
razón a: i)
las circunstancias económicas en las que se encuentra, y ii) la especial situación de desamparo que se genera después de
la terminación del vínculo estando en embarazo, lo que hace que
sea importante percibir un salario que garantice sus derechos y los de su
núcleo familiar. Por las anteriores razones, los mecanismos ordinarios de
defensa carecen de la idoneidad necesaria para la defensa exhaustiva e
inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
-
Por
último, la acción de tutela se instauró oportunamente, esto es, el 24 de
julio de 2018
y
la terminación del contrato fue el 27 de junio de 2018, es decir,
transcurrió un mes después de que se produjo el presunto hecho vulnerador. En
ese sentido, se cumple con el requisito de inmediatez.
En
este contexto, encuentra la Sala superado el análisis de procedibilidad. En
consecuencia, se pasará a estudiar los problemas jurídicos descritos en el
acápite 2.3.1. de esta providencia. Para el efecto, en un primer capítulo se analizará
el expediente T-7.055.614,
para lo cual procederá
a reiterar
los aspectos normativos y jurisprudenciales sobre (i) la
estabilidad reforzada de las personas en condición de debilidad manifiesta por
razones de salud; (ii) el régimen
jurídico de las Empresas de Servicios Temporales y la
estabilidad laboral reforzada de personas vinculadas a estas empresas mediante contratos
por obra o labor contratada; (iii) estudio
del caso concreto y su respectivo remedio judicial. En el capítulo
número II, se estudiará el expediente T-7.060.954, para lo cual se analizarán los
aspectos normativos y jurisprudenciales de (iv) la protección
a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en el embarazo y la lactancia; (v) el fuero de
maternidad cuando la alternativa laboral es una cooperativa de trabajo asociado; y finalmente (vi)
procederá a realizar el estudio del caso concreto y su remedio
judicial.
Primer capítulo.
Análisis del caso T-7.055.614. Accionante Andrea
3.
Consideraciones
Constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables
3.1.
La
protección constitucional a personas en situación de debilidad manifiesta en
materia laboral, específicamente por motivos de salud[63]
3.1.1. El artículo 13 de la Constitución
determina que al Estado le corresponde propiciar las condiciones para lograr
que el mandato de igualdad sea real y efectivo, especialmente para que las
personas que, de acuerdo a su condición económica, física o mental se
encuentren en estado de debilidad manifiesta, tengan una protección diferencial.
Igualmente, el artículo 53 Superior dispone una protección general de la
estabilidad laboral de los trabajadores, reforzada por la jurisprudencia de
esta Corporación, relativa al concepto de igualdad en las relaciones laborales,
desarrollado de la siguiente manera[64]:
“(…) el llamado expreso de la norma superior a que
las relaciones entre las personas se desarrollen bajo el principio de la
solidaridad, debe extenderse a aquellas de carácter laboral. En ese sentido,
las relaciones laborales deben respetar principios constitucionales que, como
el de solidaridad, permiten a las partes reconocerse entre sí, como sujetos de
derechos constitucionales fundamentales, que quieren desarrollar su plan de
vida en condiciones mínimas de dignidad, y que para hacerlo, requieren apoyo
del Estado y de los demás particulares, especialmente, en aquellas situaciones
en las que las desigualdad material, la debilidad física o mental, o la falta
de oportunidades, les imponen obstáculos mayores en la consecución de sus
metas.” [65]
3.1.2. La estabilidad ocupacional reforzada
es la concreción de diferentes mandatos contenidos en la Carta, para proteger a
aquellas personas susceptibles de ser discriminadas en el ámbito laboral y que
se concreta en gozar de la posibilidad de permanecer en su empleo, a menos que
exista una justificación no relacionada con su condición. Tal figura tiene por
titulares, entre otras, a personas con discapacidad o en condición de debilidad
manifiesta por motivos de salud.[66]
El sustento normativo de esta protección especial se encuentra en los
principios de Estado Social de Derecho,[67] igualdad material[68]
y solidaridad social, consagrados en la Constitución Política. Estos mandatos
de optimización resaltan la obligación constitucional del Estado de adoptar
medidas de protección y garantía en favor de grupos vulnerables y personas en
condición de debilidad manifiesta.
3.1.3. Respecto del principio de
solidaridad, esta Corporación ha señalado que “[q]uien contrata la
prestación de un servicio personal –con o sin subordinación- debe tener
presente que adquiere con la persona que se lo presta una relación relevante a
la luz de la Constitución, pues adquiere el deber de actuar con solidaridad
cuando las circunstancias se lo requieran, y sus relaciones deben entonces
trascender el principio de utilidad que en general es válido observar en los
actos contractuales que desarrolle, y en las relaciones patrimoniales de
disposición de sus bienes económicos. Una persona en condiciones de salud que interfieran
en el desempeño regular de sus funciones se encuentra en condiciones de
debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su vínculo,
como lo muestra la experiencia relacionada en la jurisprudencia constitucional,
sino además porque le dificulta la consecución de una nueva ocupación con base
en sus facultades, talentos y capacidades humanas, que le depare los bienes
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, con lo cual está en riesgo
no solo su estabilidad y su dignidad, sino incluso su propia subsistencia, y su
seguridad social”.[69]
3.1.4. Ahora bien, el artículo 54 ejusdem
afirma que “…el Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas
en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo
acorde con sus condiciones de salud”. Por último, el artículo 47 de la
Carta establece el deber del Estado de adelantar “una política de previsión,
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
3.1.5.
La
garantía de la estabilidad ocupacional referida por motivos de salud, se
predica de todo individuo que presente una afectación en la misma, situación
particular que puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad
manifiesta y, en consecuencia, la persona puede verse discriminada por ese solo
hecho[70]. Lo
anterior, con independencia de la vinculación o de la relación laboral que la
preceda[71]. En
términos generales comprende la prerrogativa para el trabajador de permanecer
en el empleo y, por consiguiente, obtener los correspondientes beneficios
salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no
existe una causa relevante que justifique disponer su despido[72].
3.1.6.
Entendiendo
lo anterior, si se pretende desvincular a una persona en las condiciones
descritas, es necesario contar con la autorización de la Oficina
del Trabajo
pues, de no ser así, dicho acto jurídico es ineficaz[73]. Con ello, se prohíbe el despido
discriminatorio de sujetos en situación de debilidad, por motivos de salud, creándose
así una restricción constitucionalmente legítima a la libertad contractual del
empleador, quien solo está facultado para terminar el vínculo después de
solicitar una autorización ante el funcionario competente que certifique la
concurrencia de una causa justificable para proceder de esta manera. En todo
caso, además
de la autorización
de la Oficina del Trabajo, la protección constitucional dependerá
siempre de que (i) se establezca que el trabajador realmente se
encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte
significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que
la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un
momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación
suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene
origen en una discriminación[74]. En
estos supuestos, se ha establecido una presunción (iuris tantum) en
favor de la persona que fue apartada de su oficio[75].
3.1.7.
Así,
se ha señalado que si constatada la condición de debilidad especial se logra
establecer que la terminación del vínculo se produjo sin la autorización de la
autoridad laboral, se deberá presumir que la causa fue el estado de
indefensión en el que permanece el sujeto[76].
Con todo, esta presunción se puede desvirtuar -incluso en el proceso de
tutela-, porque la carga de la prueba se traslada al empleador, a quien le
corresponde demostrar que el despido no se dio con ocasión de esta circunstancia
particular sino que obedeció a una justa causa[77].
En el evento de no desvirtuarse lo anterior, el juez
constitucional deberá declarar la ineficacia de la terminación o del despido
laboral en favor del sujeto protegido y las demás garantías que considere
necesarias para garantizar la satisfacción plena de sus derechos fundamentales
vulnerados[78].
3.1.8. Bajo ese
contexto, la protección de la estabilidad laboral reforzada implica dentro del
ámbito laboral las siguientes posiciones: (i) no ser despedido por razón de su
situación de debilidad manifiesta; (ii) permanecer en el empleo, a menos que
exista una causa de desvinculación no relacionada con la situación de
discapacidad y (iii) que la autoridad competente autorice el despido, previa
verificación de la causa que amerite la desvinculación. De lo contrario, el
despido será ineficaz y el trabajador será acreedor de la indemnización fijada
por la Ley, más el pago de los salarios dejados de devengar.[79]
3.1.9.
En
conclusión, existe desconocimiento de los fundamentos constitucionales y,
especialmente, de los principios de igualdad y solidaridad cuando se evidencia
un trato diferente o discriminatorio a las personas en condición de debilidad
manifiesta, con independencia de la relación laboral acordada entre las partes.[80]
3.2.
El
régimen jurídico de las Empresas de Servicios Temporales
3.2.1. El marco
jurídico de las empresas de servicios temporales está contenido en la Ley 50 de
1990,[81] que
regula la relación de estas con la empresa usuaria y el régimen laboral de los
trabajadores a ellas vinculados, a fin de proteger las partes de la relación
laboral.[82]
3.2.2. De conformidad
con el artículo 74 de esta Ley, los trabajadores vinculados a las empresas de
servicios temporales son de dos categorías: trabajadores de planta y
trabajadores en misión. Estos últimos son aquellos que la empresa de servicios
temporales envía a las dependencias de sus usuarios, a cumplir la tarea o
servicio contratado por estos. Se les aplica, en lo pertinente, lo dispuesto en
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral.
3.2.3. Por otra parte,
conforme al artículo 77 ibídem, las empresas usuarias únicamente pueden
contratar trabajadores en misión por medio de las empresas de servicios
temporales, en los siguientes casos: (i) cuando se trate de las labores
ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del
Código Sustantivo del Trabajo[83];
(ii) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia,
en incapacidad por enfermedad o maternidad; (iii) para atender incrementos en
la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un
término de seis (6) meses prorrogable hasta por seis (6) meses más. El artículo
6 del  Decreto 4369 de 2006, señala que: “[s]i cumplido el plazo de seis (6)
meses más la prórroga a que se refiere el presente artículo, la causa
originaria del servicio específico objeto del contrato subsiste en la empresa
usuaria, esta no podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma
o con diferente Empresa de Servicios Temporales, para la prestación de dicho
servicio.”[84]
3.2.4. A su vez, esta Ley
dispone que a los trabajadores en misión: (i) se les aplica, en lo pertinente,
las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen
laboral[85];
(ii) tienen derecho a un salario ordinario, equivalente al de los trabajadores
de la empresa usuaria que ejecuten la misma actividad[86];
(iii) deben acceder a los mismos beneficios que aquella tenga establecidos para
sus trabajadores en el lugar de trabajo, en lo relacionado con transporte,
alimentación y recreación[87];
(iv)  se les debe dar la compensación monetaria por vacaciones y primas de
servicios, de forma proporcional al tiempo laborado, cualquiera que éste sea[88].
Por último, en materia de salud ocupacional de estos trabajadores, la Ley
refiere que de ella es responsable la empresa de servicios temporales, en los
términos de las leyes que rigen la materia para los trabajadores de planta[89].
3.2.5. Así pues, la relación
laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales “subsiste
mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o se haya
finalizado la obra para la cual fue contratado”[90].
Sin embargo, como se indicó en precedencia, esta relación se encuentra sujeta a
un límite temporal correspondiente a máximo un año, restricción que
tiene el objeto de proteger los derechos de los trabajadores, impidiendo que
las empresas que contratan trabajadores temporales evadan las obligaciones que
derivan los contratos con trabajadores permanentes. En consecuencia, cuando la
empresa usuaria requiera los servicios que realiza el trabajador en misión, ya
no de forma temporal sino de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de
contratación en procura del respeto de los derechos laborales y prestacionales
del trabajador, so pena de su vulneración.[91]
3.2.6. El vínculo
contractual entre una empresa de servicios temporales y la persona contratada es
de carácter laboral, razón por la cual, la empresa de servicios temporales es el
empleador para todos los efectos legales. Diferente es la relación entre la
empresa de servicios temporales y las empresas usuarias, en el marco de la cual
recae, en la primera, la obligación de remitirle personal a las segundas a cambio
de un precio determinado, para lo cual deberá vincular trabajadores mediante la
modalidad contractual que se adecue a la necesidad del servicio y duración de
la misión[92].
3.2.7. En esta línea se
ha sostenido que cuando el usuario obtiene del trabajador sus servicios de
manera permanente, la figura del “usuario” se puede tornar ficticia,
toda vez que se genera “una contratación fraudulenta, por
recaer en casos distintos para los cuales se permite la vinculación de
trabajadores en misión por los artículos 77 de la Ley 50 de 1990 y 13 del
Decreto Reglamentario 24 de 1998, o también cuando se presenta
desconocimiento en el plazo máximo permitido en estos preceptos, caso en el
cuál sólo se puede catalogar a la empresa de servicios temporales como un
empleador aparente y un verdadero intermediario que oculta su calidad en los
términos del artículo 35-2 del C.S.T., lo que determina necesariamente que el
usuario sea ficticio y por ende deba tenerse como verdadero empleador”[93] (subrayado
y resaltado propio).
3.2.8. Así bien, esta
Corte ha analizado asuntos en los que un trabajador en misión tiene una
vinculación con la empresa usuaria que se tornó permanente, en detrimento de
sus derechos laborales y prestacionales, y como consecuencia de ello, ha
condenado a esta empresa. Estos supuestos se vuelven evidentes cuando las empresas
contratan a la misma persona por un lapso superior al permitido (máximo un año)
valiéndose de diferentes empresas de servicios temporales. En este sentido,
cuando se trata de garantizar la estabilidad laboral reforzada de un trabajador
en condición de debilidad manifiesta sometido a estas condiciones, se ha
ordenado el reintegro a la empresa usuaria, como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, se destacan las Sentencias T-1058
de 2007[94]
y T-503 de 2015[95].
Cabe advertir que, dependiendo de las particularidades del caso concreto,
la condena se ha dirigido contra las empresas usuarias pero también contra las
empresas de servicios temporales, en virtud del deber de solidaridad que se
genera entre ambas conforme con el Decreto 4369 de 2006, artículo 20.[96]
3.2.9. De conformidad
con lo expuesto en precedencia, esta Sala concluye que:
(i)
Las
Empresas de Servicios Temporales, por regla general, ostentan la condición de
empleador respecto a los trabajadores en misión.
(ii)
Los
trabajadores en misión únicamente pueden prestar sus servicios en las Empresas
Usuarias por un periodo de 6 meses, prorrogable por un máximo de 6 meses más.
(iii)
Sus
funciones se pueden contratar (a) cuando se trate de las labores ocasionales,
accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del Código
Sustantivo del Trabajo[97];
(b) cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia,
en incapacidad por enfermedad o maternidad; y, (c) para atender incrementos en
la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los
períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios.
(iv)
Cuando
la Empresa Usuaria requiera los servicios que presta un trabajador en misión,
de manera permanente, debe acudir a otra modalidad de contratación en procura
del respeto de los derechos laborales y prestacionales.
(v)
El
incumplimiento del límite temporal puede implicar el desconocimiento de estos
derechos; y,
(vi)
Ante
este escenario se ha reconocido por parte de la Corte Constitucional[98],
la Corte Suprema de Justicia [99]y
el Consejo de Estado[100],
que a la Empresa Usuaria le pueden asistir deberes laborales frente al
trabajador.
3.3.
Estabilidad
laboral reforzada de personas vinculadas por una empresa de servicios
temporales a través de un contrato por obra o labor contratada
En este acápite, la Sala señalará las posiciones de esta Corporación
respecto de personas vinculadas con Empresas de Servicios Temporales mediante
contratos de obra o labor contratada, y la protección otorgada. Es importante
señalar que en cada uno de estos casos, se encontró probada la discriminación
debido a que: i) los peticionarios eran personas en situación de discapacidad o
en estado de debilidad manifiesta; ii) los empleadores tuvieron conocimiento de tal situación; iii)
se presentó un nexo causal entre los despidos y el estado de salud de los
trabajadores; y iv) la inexistencia de la autorización del inspector del
trabajo.
3.3.1.
En la Sentencia T-019 de 2011[101], la Sala de Revisión concedió el amparo como mecanismo
transitorio y ordenó a las Empresas de Servicios Temporales únicamente el
reintegro de los accionantes, mientras se adelantaba el respectivo proceso ante
la jurisdicción laboral para establecer, con carácter definitivo, su procedencia,
así como el reconocimiento y pago de las prestaciones y
demás emolumentos[102].
3.3.2.
En la Sentencia T-663 de 2011[103],
la Sala Quinta de Revisión amparó de manera definitiva[104]
los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital
de la accionante, y en consecuencia ordenó a la Empresa de Servicios Temporales
su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando
cuando fue desvinculada, sin solución de continuidad, y compatible con sus
condiciones actuales de salud, así como el pago de los salarios y prestaciones
sociales que legalmente le correspondían desde cuando se produjo la
desvinculación hasta el reintegro y el pago de la sanción equivalente a 180
días de salario como indemnización por despido, según el artículo 26 de la Ley
361 de 1997.
3.3.3.
En la Sentencia T-106 de 2015[105],
la Sala Quinta de Revisión consideró que la tutela era procedente como mecanismo
transitorio, pues si bien los tutelantes contaban con otro mecanismo de
defensa judicial idóneo, era necesaria la intervención del juez de tutela para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable[106].  En esa oportunidad tuteló los derechos fundamentales
invocados y ordenó al tercero intermediario (i)
el reintegro a un cargo acorde con las condiciones de salud, y (ii) el pago de
salarios y prestaciones sociales que legalmente le correspondan, desde cuando
se produjo la terminación del contrato hasta el reintegro, mientras la
jurisdicción laboral resolviera definitivamente el asunto.
3.3.4.
En la Sentencia T-351 de 2015[107],
la Sala Cuarta de Revisión concedió el amparo de manera transitoria[108] y ordenó: i) a la empresa demandada
(Palumea S.A.) el reintegro del actor; y, ii) solidariamente a Palumea S.A. y a
las intermediarias laborales el pago de la indemnización contemplada en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por otra parte, con relación al pago de
salarios y de las acreencias laborales, advirtió que el empleado debería acudir
a la jurisdicción laboral.
3.3.5. En Sentencia T-141 de 2016[109]
la Sala Tercera de Revisión analizó el caso de la desvinculación del señor José Concepción Contreras Contreras,
quien se encontraba vinculado con la Empresa de Servicios Temporales Adecco
Colombia S.A. y prestaba sus servicios en la empresa usuaria AIG Seguros
Colombia S.A. En ese caso se ordenó como mecanismo transitorio[110] a
la Empresa de Servicios Temporales el reintegro del accionante al cargo que
venía desempeñando antes del despido y el pago de la indemnización de que trata
el inciso tercero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
3.3.6.
Finalmente, la Sentencia T-614 de 2017[111] estudió el caso de una señora que
trabajó para la Empresa Servicios Postales Nacionales
S.A., durante 6 años, a través de diferentes empresas de servicios temporales,
por medio de contrato por obra o labor determinada y quien,
de forma previa a su desvinculación, sufrió un accidente el cual impactó
ostensiblemente su capacidad laboral.[112]
El amparo se concedió como medida
transitoria, y consistió en declarar la existencia de un contrato
laboral entre la accionante y la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A.; por
consiguiente, le ordenó realizar el pago a la tutelante de todos
los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir; el derecho al
reintegro a un cargo igual o mejor al que venía desempeñando y el derecho a
recibir capacitación en caso de que deba desempeñarse, por sus condiciones de
salud, en un nuevo cargo. No accedió al pago de 180 días de salarios, en virtud
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues esta pretensión debía resolverse en
el proceso ordinario, ya que no se encuentra ligada de manera directa a la
protección de los derechos fundamentales de la actora.
Como se advierte
del anterior recuento, la diferencia de protección en los casos expuestos
corresponde a que, en el primer, tercer, cuarto, quinto y sexto caso la acción
de tutela fue procedente como mecanismo transitorio, mientras que, en el
segundo caso, la acción de tutela fue procedente como mecanismo definitivo. En
razón a ello, las órdenes de protección fueron diferentes.
Asimismo, en
los casos en los que se concede el amparo como mecanismo transitorio, las
órdenes proferidas también son diferentes, pues como se vio, en el primer caso
se ordena únicamente el reintegro; en el segundo caso, se ordena el reintegro,
el pago de salarios y prestaciones sociales; en
el tercer caso se ordena el reintegro y el pago de la indemnización prevista en
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; en el cuarto caso se ordenó el reintegro
y el pago de indemnización; y, en el quinto caso, el pago de salarios y el
reintegro.
4.
Resolución
del caso concreto
De
conformidad con los hechos narrados en la acción de tutela -corroborados con
las pruebas aportadas- y siguiendo de cerca las consideraciones previamente
esbozadas, la Sala deberá definir si la Empresa de Servicios Temporales y la
Empresa Usuaria (INDUMIL) vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la
seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Andrea,
por haber terminado su contrato de obra o labor sin tener en cuenta que se encontraba
en circunstancias de debilidad manifiesta, esto es, padecer de cáncer de mama,
y tener conocimiento previo de dicha situación.
Se
acreditan los requisitos jurisprudencialmente establecidos para garantizar el
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la accionante
En el
caso bajo estudio se encuentra probado que la señora Andrea se desempeñó desde
mayo de 2015 y a través de distintas empresas de servicios temporales como
trabajadora en misión en INDUMIL, cumpliendo funciones propias del área
de procesos disciplinarios de esa Entidad. El 22 de
febrero de 2017, mientras se encontraba vinculada con la empresa temporal grupo
SESPEM, fue diagnosticada con cáncer de mama, tal como se desprende de la
historia clínica aportada al proceso. Posteriormente se vinculó con la empresa
temporal PTA SAS, que el 2 de febrero de 2018 dio por terminado su contrato de
obra o labor, aduciendo finalización de la obra o labor para la cual fue
contratada.
Del
material probatorio obrante en el proceso se pueden evidenciar las siguientes
circunstancias:
i)
La
tutelante padece de cáncer de mama y actualmente se encuentra en tratamiento
médico para su recuperación.
ii)
La
empresa de servicios temporales PTA SAS tenía conocimiento del estado de salud
de la señora
Andrea al momento de
dar por terminado el contrato de obra y/o labor contratada. Lo anterior al tener
en cuenta que: i) en documento firmado por la señora Andrea el 20 de
diciembre de 2017, y requerido por la empresa temporal al momento de su
vinculación, la tutelante “recono[ce] que pade[ce] patología
asociada con cáncer la cual adquir[ió] extra laboralmente y no [le] impide el
normal desarrollo de [sus] funciones habituales de trabajo. [Se] compromete a
asistir a los controles médicos necesarios y seguir las recomendaciones que
para el efecto considere necesarias [su] médico tratante. Así mismo informa que
exonera de responsabilidad a [su] empleador PTA y a INDUMIL como empresa
usuaria y no realizar[á] ningún tipo de reclamación a futuro relacionada con lo
aquí plasmado”; y la ii) afirmación realizada por esta Empresa en la
contestación de esta acción, en la que indica “sobre la enfermedad que
padece la accionante, obsérvese que le fue diagnosticada en febrero de 2017, es
decir, 10 meses antes que PTA SAS contratara a la trabajadora en misión, por lo
cual PTA SAS en un acto altruista y de responsabilidad social, y teniendo en
cuenta los altos índices de desempleo de la población mayor de 50 años, decidió
contratar a la accionante”.
PTA
SAS en el trámite de revisión sostiene que para la fecha del retiro “la
accionante no se encontraba incapacitada ni en tratamiento médico (…), en
vigencia del contrato de trabajo con PTA SAS, la accionante no tuvo
incapacidades, recomendaciones médicas, restricciones, tratamientos, o acto
alguno que le permitiera a PTA SAS deducir que se encontraba en estado de
debilidad manifiesta (…).”[113]
Tales afirmaciones no permiten concluir a esta Sala que, en efecto, la tutelada
desconociera el estado de salud de la demandante, toda vez que, es muy distinto
el no estar incapacitada o con restricción, a presentar una enfermedad como la
que padecía la peticionaria.
En relación con INDUMIL, la Sala
evidencia a partir del material probatorio obrante en el expediente[114], especialmente en lo referente a incapacidad
médica de 14 días radicada por la tutelante en esa Empresa el 6 de marzo de
2017, expedida por un médico especialista en cirugía de mama y tumores de
tejidos blandos, que existe una presunción que demuestra que la Empresa
usuaria sí tenía información relevante que le permitía saber de la enfermedad que
padece la señora Andrea. Lo
anterior en razón a que el hecho de que INDUMIL recibiera y aprobara dicha
incapacidad da a entender que hubo una interrupción en la prestación del
servicio prestado por la accionante y justificar la ausencia de la señora Andrea de
su puesto de trabajo, donde ejercía sus labores diariamente.
En esa medida y en atención i) al principio
de solidaridad, como garantía constitucional y fundamento central para el reconocimiento
de la estabilidad laboral reforzada en todo tipo de contrato de trabajo; y, ii)
a los más de 3 años en los que la actora estuvo vinculada con distintas
Empresas de Servicios Temporales prestando sus servicios a INDUMIL, lo que según
la jurisprudencia de esta Corte, evidencia una situación que cuestiona la
relación laboral existente entre la accionante y la empresa usuaria, la Sala (i)
entenderá que INDUMIL sí tuvo conocimiento de la enfermedad de la tutelante, y,
por lo tanto (ii) la vinculará al remedio, de probarse el desconocimiento de
los derechos de la actora. Aspectos cuyas consecuencias serán analizadas
posteriormente.
Así, la protección a la estabilidad
laboral reforzada se otorga en virtud de la condición misma de ser humano, pues
no resulta posible que se disponga de una persona como un objeto y, por ende,
se prescinda de sus servicios independientemente de su condición de salud y de
su condición debilidad manifiesta. Se recuerda que la piedra angular del Estado
Social de Derecho es la dignidad humana, derecho al cual se encuentra ligado el
derecho al trabajo como un derecho fundamental que debe garantizarse “en
todas sus modalidades” y debe realizarse en condiciones dignas y justas
(artículo 25 Superior). [115]
Este principio que hoy se exige a
INDUMIL impone “asumir como propias causas en principio ajenas,
cuando el titular de ellas no puede por razones objetivas ejercer su defensa y
protección individualmente de forma integral” [116]
(negrillas fuera de texto), el cual debe ser acatado por esta Empresa en
retribución a los servicios laborales que la accionante prestó a su favor
durante un tiempo prolongado, el cual fue más allá del permitido para los
trabajadores en misión
iii)
De
otro lado, no se observa en el plenario la autorización requerida para dar por
terminado el contrato de trabajo de la actora, ni se evidencia que la misma se
haya solicitado al Ministerio de Trabajo.
En consecuencia,
de conformidad con las pruebas allegadas y la normativa descrita en las
consideraciones de esta providencia, es claro para la Sala que la
desvinculación laboral de la accionante en estado de debilidad manifiesta, por
su enfermedad, la sitúa en una situación de vulnerabilidad, que no solo afecta
su estado emocional y el de su familia, sino también sus condiciones sociales y
económicas, pues vincularse al mercado laboral a su edad y en estas
circunstancias se hace más difícil.
En este punto,
es de gran relevancia aclarar que, si bien es cierto una de las causales para
dar por terminado el contrato de trabajo es la “terminación
de la obra o labor contratada”, también lo es que la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que “la culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por
terminado un vínculo de esta naturaleza”[117] a personas en condiciones de discapacidad o debilidad manifiesta. La Corte
ha dicho:
“En consecuencia, para este Tribunal `como la estabilidad laboral reforzada se amplió para las personas
con afectaciones de su salud sin consideración a una previa calificación,
igualmente evolucionó en considerar que no sólo aplicaba para los contratos a
término indefinido sino también para aquellos de duración específica como los
contratos de labor u obra´[118]. En
el mismo sentido, “(…) la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que la simple finalización de un
contrato laboral de tales características, arguyendo la culminación de la
labor, no es una razón suficiente para dar por terminado un vínculo de esta
naturaleza, en especial, si la empresa escudada en la finalización del contrato
de obra, desconoce los requisitos legales para su terminación o finiquita un
contrato bajo supuestos que denoten discriminación. Estas consideraciones
resultan particularmente relevantes cuando se trata de la terminación de
contratos laborales celebrados con personas en condiciones de debilidad
manifiesta”[119]. Ello
quiere decir que en los casos de estabilidad laboral reforzada si la causa del
contrato se mantiene, el vínculo laboral deberá igualmente continuar[120].”[121]
En
conclusión, la estabilidad laboral reforzada cuando se está en presencia de un
contrato por obra o labor contratada, si bien no implica que exista una
imposibilidad absoluta de terminar el vínculo laboral, sí supone que la
finalización del contrato de trabajo deba ser por una causal objetiva y que ello
tiene que ser calificado por la autoridad del trabajo. Correlativamente, esto
comporta que, si subsiste la materialidad o la necesidad de la labor que viene
desempeñando el empleado en condición de debilidad manifiesta, este no puede
ser despedido a menos de que subsista una razón suficiente.
En
cuanto a la existencia de la causa que dio origen al contrato, advierte la Sala
que si bien la Empresa temporal en la carta de terminación del mismo manifiesta
que la relación laboral culminó porque la labor temporal que la accionante
realizaba en INDUMIL finalizó, es decir, que esta última ya no requería de las
labores de la señora Andrea, lo cierto es
que no existe prueba que demuestre que la materialidad del trabajo haya
terminado, más si se tiene en cuenta que dentro de las funciones que
desempeñaba se encuentran las de “sustanciar e instruir en primera instancia
los procesos disciplinarios de las 4 unidades de negocio de la Industria
Militar hasta el fallo o el auto de archivo; igualmente sustanciar e instruir
las investigaciones administrativas a que haya lugar”.[122]
Estas funciones, asociadas al control disciplinario interno de la Entidad en la
cual la trabajadora prestaba sus servicios, se estiman prima facie
permanentes, debido al carácter indispensable de dicho tipo de control en la Administración Pública,
derivado de la situación de sujeción y de subordinación jerárquica en la que se
encuentran los servidores, con el objeto de mantener el orden en las diferentes
entidades del Estado y para garantizar que las mismas respondan a las
finalidades del Estado previstas en la Constitución[123].
Advierte la Sala, que la desvinculación
laboral de la accionante no solo vulnera el derecho a la estabilidad laboral
reforzada, sino también los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad
social, puesto que
al dar por terminado el contrato de trabajo de la señora Andrea se puso en
riesgo la continuidad del tratamiento médico necesario para su rehabilitación.
En síntesis, para la Sala Segunda de Revisión la empresa de
servicios temporales PTA SAS e INDUMIL vulneraron los derechos fundamentales a
la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de la
accionante, al terminar su contrato de obra o labor sin el correspondiente
permiso del Ministerio de Trabajo y sin desvirtuar que la misma no tuvo
fundamento en el estado de salud de la peticionaria.
En este punto se
reitera que, en razón a: i) el conocimiento que PTA SAS tenía de la enfermedad
de la accionante y a que fue desvinculada de su cargo sin autorización previa
de la autoridad del trabajo; y, ii) a la presunción del conocimiento que tenía
INDUMIL de la condición de salud de la señora Andrea por las razones
antes expuestas, y al hecho de que llevaba más de 1 año laborando en esta
Entidad, la Sala reconocerá el amparo transitorio de los derechos fundamentales
de la actora, para que sea el juez ordinario quien defina su situación laboral en
el respectivo proceso ordinario, que deberá iniciarse por la accionante dentro
de los 4 meses siguientes a la notificación de esta providencia.
5.      Remedio judicial
Pese a que no existe unidad de criterio respecto de
los remedios judiciales que se deben acoger para casos como el ahora analizado,
la Sala Segunda de decisión de esta Corte, atendiendo a las particularidades
del caso y a las reglas establecidas en precedencia, tutelará de manera
transitoria los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la
estabilidad laboral reforzada de la accionante mientras se agotan los
recursos ordinarios ante la jurisdicción laboral o, si no se hiciere,
hasta que transcurran cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de
esta sentencia.
En consecuencia i) ordenará solidariamente
a PTA SAS y a INDUMIL el reintegro de la accionante, si así lo desea la señora Andrea, en donde ejerza
funciones de igual o superior categoría a las que venía desempeñando antes de
su desvinculación; ii) se abstendrá de ordenar el pago de la sanción contenida en el artículo 26 de
la Ley 361 de 1997 por despido de persona en condición de debilidad manifiesta,
sin autorización de la autoridad laboral competente, en razón a que la misma ya
le fue cancelada por parte de la Empresa de Servicios Temporales PTA SAS[124];
y, iii) dejará a disposición del juez
natural el debate definitivo sobre el pago de salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir antes del reintegro. A partir de su
revinculación, sin embargo, deberá restituirse el pago de salarios y
prestaciones por parte de la Temporal y/o la Empresa Usuaria según corresponda.
En este sentido,
la Corte Constitucional tutelará de manera transitoria los derechos
fundamentales mencionados.
En consecuencia, revocará el fallo proferido el 14 de septiembre de 2018, por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Bogotá, confirmará parcialmente la Sentencia
del 24 de julio de 2018 emitida por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá en
el sentido de
ordenar solidariamente a la Empresa de Servicios Temporales PTA SAS y a INDUMIL que efectúen el reintegro laboral de la
accionante, si así lo desea la interesada, a un cargo de igual o superior
categoría al que venía desempeñando antes de su desvinculación; y a que
cancelen sus salarios y prestaciones a partir del reintegro.
Finalmente, esta Sala advierte que no
es procedente el cobro realizado por la Empresa de Servicios Temporales a la
accionante de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y de los
salarios y prestaciones dejados de percibir, pues dicho pago, como se anotó en
precedencia, obedeció al cumplimiento de un fallo de tutela, proferido en el
marco de este trámite constitucional y que serán objeto de debate dentro del
proceso ordinario que la señora Andrea inicie dentro de los 4 meses posteriores a la notificación del
presente fallo.
Segundo capítulo: análisis del expediente
T-7.060.954.
Accionante Luisa María Clavijo Carmona
6.
Consideraciones
Constitucionales,
legales y jurisprudenciales aplicables
6.1.
Protección
a la estabilidad laboral reforzada de la mujer en embarazo y lactancia[125]
6.1.1. El artículo 13 de la Constitución
consagra el principio de igualdad, de donde se deduce que está prohibida
cualquier forma de discriminación en la esfera laboral de la mujer embarazada o
en etapa de lactancia. A su vez, el artículo 43 Superior, establece la
protección constitucional del derecho a la estabilidad laboral en el empleo
durante el embarazo y después del parto, a partir de la especial protección y
asistencia a las trabajadoras por parte del Estado, durante el embarazo y
después del parto[126].
6.1.2. La protección a la maternidad
también se reconoce en diversos instrumentos internacionales, tales como: (i)
la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos establece que la maternidad
y la lactancia tienen derecho a cuidados y asistencia especial (artículo 25.2);
(ii) el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dispone que los Estados parte
tienen el deber de garantizar la protección efectiva contra cualquier clase de
discriminación por motivos de sexo (artículos 4 y 26); (iii) el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales señala que se debe
conceder especial protección a las madres antes y después del parto,
otorgarles licencia remunerada y otras prestaciones, si trabajan (artículo 10); (iv) la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer determina que los Estados tienen la obligación de evitar el despido por
motivo de embarazo, además de prestar protección especial a la mujer gestante
(artículo 11.2 Lit. a); (v) el Convenio 183 de la OIT atribuye a los Estados el
deber de lograr la igualdad real de la mujer trabajadora, “atendiendo su
estado de discriminación, por el hecho de la maternidad” (artículo 8 y
siguientes); (vi) el Protocolo Facultativo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece que el derecho a la seguridad social
de las mujeres en estado de embarazo, cubre la licencia remunerada antes y
después del parto (artículo 9.2); y, (vii) el Convenio número tres de la OIT,
relativo al empleo de las mujeres antes y después del parto[127].
6.1.3. De igual forma, la legislación
nacional ha desarrollado normatividad que protege a la mujer trabajadora
durante el embarazo y la lactancia. Así, el artículo 236[128] del
Código Sustantivo del Trabajo establece que toda trabajadora tiene derecho a
una licencia de 18 semanas en la época del parto, remunerada con el salario que
devengue al momento de iniciar su licencia.
A su vez, el
artículo 239[129]
del Código Sustantivo del Trabajo dispone la prohibición de despedir a una
mujer por motivo de su embarazo o lactancia y señala una presunción, según la
cual se entiende que el despido se ha efectuado por tales motivos cuando se
realiza sin el correspondiente permiso del inspector del trabajo. Igualmente, estipula
el pago de una indemnización en caso de que se produzca la desvinculación
laboral sin la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo que consiste
en 60 días de salario.
El artículo 240
del Código Sustantivo del Trabajo impone la carga al empleador de acudir al
inspector del trabajo antes de proceder al despido de una mujer durante el
periodo de embarazo o de lactancia. Finalmente, el artículo 241
de la misma normativa dispone que no producirá efecto alguno el despido
que el empleador comunique a la trabajadora en período de licencia de
maternidad o lactancia.
6.1.4. De cara a este contexto, la Corte
Constitucional ha venido edificando la jurisprudencia frente a la protección de
la maternidad y, a través de esta, ha reconocido a la mujer en estado de
embarazo un trato preferente[130],
debido a su condición de sujeto de especial protección, así como a la necesidad
de velar por la garantía de los derechos de la persona que está por nacer o el
recién nacido. De este modo, en general, cuando el empleador conoce
del estado de embarazo de la mujer gestante, tiene prohibido desvincular a
dicha trabajadora sin la respectiva autorización del Inspector del Trabajo, aun
cuando medie una justa causa.
6.2.
Del
fuero de maternidad cuando la alternativa laboral es una cooperativa de trabajo
asociado
6.2.1. La cooperativa[131] de trabajo asociado es
una forma de organización solidaria en la que se agrupan varias personas para
emprender una actividad sin ánimo de lucro a través del aporte de la capacidad
laboral de sus integrantes. De esta forma, las cooperativas, a través de la
agrupación de personas y el aporte de la capacidad de trabajo, “tienen como
finalidad la producción y ejecución de obras o la prestación de servicios” [132]. La Ley 1233 de 2008 estableció la
posibilidad de que las cooperativas contraten con terceros, bajo la condición
de que la contratación responda “a la ejecución de
un proceso total en favor de otras cooperativas o de terceros en general, cuyo
propósito final sea un resultado específico.” Es decir, esta
facultad de contratar con terceros no es absoluta, razón por la cual se les
prohíbe expresamente “actuar como empresas de intermediación laboral (…)
disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a
terceros o remitirlos como trabajadores en misión.”[133]
6.2.2. Esta prohibición
de la Ley surgió a partir de la lectura de una realidad según la cual los
empleadores venían desconociendo derechos fundamentales de verdaderos
trabajadores, e incluso de sujetos de especial protección como las mujeres
embarazadas, mediante la utilización de la figura de las cooperativas que encubría
sus relaciones laborales.[134] Por
esta razón, si bien en principio las cooperativas son las responsables
del “proceso de afiliación y pago de los aportes de los trabajadores
asociados al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales)”[135], en
los casos en que se utilice la cooperativa para disfrazar una
relación laboral y se comprueben prácticas de intermediación o actividades
propias de las empresas de servicios temporales, se disolverá el vínculo
cooperativo, y, el tercero contratante y las cooperativas de trabajo asociado
se harán solidariamente responsables por las obligaciones que se causen a favor
del trabajador asociado.[136] En
estos casos, deberá entonces darse aplicación a la legislación
laboral, y no a la legislación civil o comercial, por cuanto se verifican los
elementos esenciales que dan lugar a un contrato de trabajo, simulado por el
contrato cooperativo.
Se ha dicho entonces que la intermediación
trasforma el vínculo cooperativo en una verdadera relación laboral, pues el
cooperado no ejerce sus funciones directamente en la cooperativa sino que
presta un servicio a un tercero, quien le da órdenes y le impone un horario de
trabajo, surgiendo así una clara relación de subordinación.
6.2.3. Bajo este
contexto, cuando se presenten estos supuestos fácticos en el caso de las
mujeres embarazadas o lactantes, el juez de tutela deberá proteger los derechos
fundamentales de la trabajadora encubierta tras la calidad de asociada, y
aplicar las garantías constitucionales de las que se deriva su protección
reforzada.[137]
6.2.4. Por todo lo
anterior, en los casos donde la trabajadora ha estado asociada a una
cooperativa a través de la cual desempeñaba sus labores, lo primero que debe
constatar el juez constitucional es si en su caso se configuran los supuestos
de una verdadera relación laboral. Una vez verificada la existencia de un
contrato realidad, y atendiendo al objeto mismo de esta forma de
asociación previsto en el artículo 13 de la Ley 1233 de 2008[138],
deberán aplicarse las reglas propuestas en la SU-070 de 2013[139] o en la SU 075 de 2018[140] (dependiendo si el empleador conoce o no
del estado de embarazo de la trabajadora), para los contratos a término
indefinido, a término fijo o por obra o labor contratada, dependiendo de la
naturaleza de la actividad realizada por la trabajadora. En todos los casos
donde se logre demostrar la existencia de un contrato realidad, la cooperativa
y la empresa donde se encuentra realizando labores la mujer embarazada, serán
solidariamente responsables.
6.2.5. En los supuestos
de cooperativas de trabajo asociado se entenderá que hubo conocimiento del
estado de embarazo por parte del empleador cuando al menos conociera de éste la
cooperativa de trabajo asociado o el tercero o empresa usuaria con el cual
contrataron. Igualmente, deberá preverse que el reintegro
procederá ante el tercero contratante o la empresa usuaria, y que en todo caso
el lugar de reintegro podrá cambiar y ordenarse a cualquiera de las dos de
resultar imposibilitada una u otra para garantizarlo.
6.2.6. Ahora bien, esta
Corporación en distintas oportunidades ha determinado las consecuencias de
despedir a una mujer en embarazo, cuando i) estuvo vinculada con cooperativa de
trabajo asociado; ii) hubo conocimiento previo del estado de embarazo por el
empleador; iii) se verificaron los elementos esenciales que dan lugar a
un contrato de trabajo, configurándose de esta forma una verdadera relación
laboral; y, iv) no hubo autorización previa del Inspector de Trabajo.
Así
por ejemplo, en Sentencia SU-070 de 2013[141]
(posición reiterada en la Sentencia SU-075 de 2018[142] para los casos en los que el empleador
tuviera conocimiento del embarazo), se estudiaron 3 asuntos en los
que se  decidió, entre otros aspectos, sustituir
la medida de protección de reintegro, por la medida del pago de los salarios y
demás prestaciones laborales dejadas de percibir durante el periodo de la
gestación,
debido al tiempo transcurrido desde la fecha en la cual las
mujeres trabajadoras incoaron la acción de tutela para obtener la protección
reforzada derivada de la maternidad y el momento en el cual se decidió sobre la
afectación de sus derechos fundamentales. También se decidió sustituir el pago
de cotizaciones que dan lugar a la licencia de maternidad, por el pago de la
licencia de maternidad, teniendo en cuenta que ordenar el primero en ese
momento, no surtiría los efectos que se pretenden con la providencia. Veamos:
i)
Caso
de la ciudadana Liliana María Barrios Márquez, en el que la Sala consideró que
debían aplicarse las reglas de los contratos a término fijo, en razón del
objeto de la labor desempeñada por la peticionaria. Se ordenó de manera
definitiva y solidaria a la Cooperativa de Trabajo Asociado y a la empresa
usuaria al pago de la licencia de maternidad (como medida sustituta al pago de
las cotizaciones) y el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejadas de
percibir desde el momento de la desvinculación hasta el parto (como medida
sustituta a la renovación). Se ordenó el pago de la indemnización prevista en
el artículo 239 del CST.
ii)
Situación
de la señora Claudia Patricia Vélez Becerra afiliada a la Cooperativa de
Trabajo Asociado Soluciones Laborales, quien prestaba sus servicios como impulsadora
en Kokoriko. Una vez analizado el objeto de la relación contractual se estableció
que serían aplicables las reglas propuestas para los contratos a término
indefinido. Se ordenó de manera
definitiva y solidariamente a la Cooperativa y a la empresa en la que la accionante
prestaba sus servicios el reconocimiento de la licencia de maternidad (como
medida sustituta al pago de las cotizaciones) -si este no se hubiese hecho ya
por parte del sistema de seguridad social en salud- y el pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación hasta el
parto. Además, se ordenó la indemnización prevista en el artículo 239 del CST.
iii)
Caso
de la
señora Yeimi
Karina Palencia Gualdrón quien se encontraba afiliada a una Cooperativa de
Trabajo Asociado y prestó sus servicios en la empresa contratante Baguer S.A. La
Sala verificó los elementos esenciales que dan lugar a un contrato de trabajo y
una vez analizado el objeto de la relación contractual, se estableció que eran
aplicables las reglas propuestas para los contratos por obra o labor contratada.
Ordenó de manera definitiva a la empresa contratante el pago de salarios y
prestaciones dejados de percibir desde el momento del despido y durante el
periodo de la gestación hasta la fecha del parto (como medida sustituta a la
renovación) así como el pago de la licencia de maternidad (como medida
sustituta al pago de las cotizaciones). También ordenó la indemnización
prevista en el artículo 239 del CST.
-
Por
otra parte, en Sentencia T-886 de 2011[143]
la Corte ordenó de forma definitiva a la Cooperativa pagar a la
tutelante la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo
del Trabajo, la indemnización por despido injusto del artículo 64 del C.S.T y
la licencia de maternidad, así como los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la terminación del
embarazo.
-
En el fallo T-559 de 2010,[144]
la accionante se encontraba vinculada a la Cooperativa de Trabajo Asociado de
Servicios Técnicos y Profesionales Gestionar Ltda. y fue enviada para trabajar “en
misión” a la Empresa Promotora de Servicios y Soluciones S.A., donde fue
desvinculada de sus labores pese a encontrarse en estado de embarazo. En esta
decisión se hizo énfasis en lo establecido en la Sentencia C-470 de 1997, que
declaró la exequibilidad del artículo 239 del CST, en el entendido de que “carece
de todo efecto el despido de una trabajadora durante el embarazo, o en los tres
meses posteriores al parto, sin la previa autorización del funcionario del
trabajo correspondiente”, reafirmándose además, en el artículo 241 inciso 2,
que no producirá efecto alguno el despido que el patrono “comunique” a la trabajadora durante los periodos de protección. Se
concedió el amparo impetrado y se ordenó a la Cooperativa y a la Promotora de
Servicios S.A., solidariamente, reintegrar a la tutelante al cargo que
desempeñaba o a otro en condiciones similares o superiores; pagar la
indemnización de que trata el artículo 239 del C.S.T., y pagar las prestaciones
correspondientes a seguridad social, como si hubiera continuado trabajando pues
el despido careció de todo efecto.
6.2.7. Como
se puede observar, en los casos analizados se ha ordenado la protección en
forma definitiva y a su vez el pago de: i) salarios y prestaciones dejados de
recibir; ii) la licencia de maternidad; iii) la indemnización de que trata el
artículo 239 del C.S.T. y, iv) reintegro de la accionante (o una medida
sustitutiva, dependiendo del tiempo transcurrido
desde la fecha en la cual las mujeres trabajadoras incoaron la acción de tutela
para obtener la protección reforzada derivada de la maternidad y el momento en
el cual se decidió sobre la afectación de sus derechos fundamentales).
7.      Resolución del
caso concreto
En el asunto bajo estudio, corresponde a
esta Sala determinar si las demandadas vulneraron los derechos fundamentales a la salud, a la
seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Luisa María
Clavijo Carmona, por haber terminado su contrato pese a encontrarse en estado
de embarazo y conocer previamente de dicha situación.
Se encuentra probado que la tutelante se
afilió
a la Cooperativa de Trabajo AGM Salud CTA., el 14 de
febrero de 2018. Desde esa misma fecha suscribió convenio autogestionario con
la Clínica Los
Fundadores
de la ciudad de Bogotá y prestaba sus
servicios como secretaria en la misma. Por otra parte, el 12 de abril de
2018 la accionante informó verbalmente a la Jefe del Departamento de Enfermería
de la Clínica Los Fundadores que se encontraba en embarazo y el
27
de junio de 2018 la Cooperativa le comunicó que su contrato de trabajo se daría
por terminado el 30 de junio de 2018, aduciendo cierre de servicios en la
Clínica Los Fundadores, situación que, según las demandadas, afectó a 642
asociados más.
La jurisprudencia constitucional
ha indicado que la estabilidad laboral reforzada de las mujeres gestantes y
lactantes, aplica independientemente de la modalidad del vínculo laboral que
exista entre las partes. Es decir, es irrelevante si se trata de un contrato de
trabajo a término fijo, indefinido, por obra o labor determinada o a través de
una cooperativa de trabajo asociado, pues el objetivo de la figura es proteger
los derechos de la madre gestante, sin importar la alternativa laboral en la
cual se desempeñe[145].
De esta manera, la garantía del
fuero de maternidad y lactancia cobija todas las modalidades y alternativas de
trabajo dependiente, por cuanto el principio de estabilidad en el empleo se
predica de todos los trabajadores, sin importar la naturaleza del vínculo
contractual. En este sentido, “el fundamento que sostiene la posibilidad de
adoptar medidas de protección en toda alternativa de trabajo de las
mujeres embarazadas, es la asimilación de estas alternativas a una relación
laboral sin condiciones específicas de terminación; categoría esta que se
ha concretado en las normas legales como punto de partida para la aplicación de
la protección contenida en el denominado fuero de maternidad”[146].
Ahora bien, según la regla
plasmada en la Sentencia SU-070 de 2013 (posición reiterada en la SU-075 de
2018), lo
primero que debe constatar el juez constitucional, es si se configuran los
supuestos de una verdadera relación laboral. En este caso la
Sala observa que para el caso analizado se presentan los elementos esenciales
que dan lugar a un contrato de trabajo, configurándose de esta forma una verdadera
relación laboral.
Lo anterior si se tienen en
cuenta los documentos aportados al plenario, tales como (i) certificación
suscrita
por el representante legal de la Cooperativa AGM Salud CTA. del 17 de julio de
2018,
donde se indicó que la accionante recibía una “compensación” mensual
de $933.694, y que “la relación del asociado es por tiempo indefinido”[147]; (ii) convenio de
trabajo autogestionario suscrito entre la señora Luisa María Clavijo Carmona y
la Cooperativa AGM Salud CTA. el 14 de febrero de 2018 en el que se le “encomendó”
la contribución de trabajo personal a AGM Salud CTA como secretaria, se le
indicó un horario de trabajo de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 5:00 p.m, viernes
de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., sábados cada 15 días de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., en la
empresa cliente MÉDICOS ASOCIADOS S.A., con sede en Bogotá; y, cuya vigencia y
ejecución se daría “a partir del 15 de febrero de 2018 y/o aprobación del
seguimiento de contribución al trabajo, sin embargo podrá darse por terminado
en cualquier momento por las causales descritas y en concordancia al estatuto,
regímenes de trabajo asociado, compensaciones y reglamentos vigentes de AGM
SALUD CTA” [148].
En este caso, es indudable que se
utilizó la Cooperativa de Trabajo Asociado para ocultar una verdadera relación
laboral, en la que la accionante no desempeñaba sus funciones directamente en
la Cooperativa sino que prestaba sus servicios como secretaria a un tercero
(Clínica Los Fundadores de Bogotá), cargo que impone la realización de labores
que no son desempeñadas de manera autónoma, sino que por el contrario, implica
además del cumplimiento de un horario (7:30 a.m. a 5:00 p.m.), recibir órdenes de
sus superiores, que para el caso de la tutelante provenían del Coordinador de
la Clínica, así como del Gerente de la misma, quien tenía la autoridad de
imponerle llamados de atención y realizar traslado de sus funciones (como en
efecto se le impuso del área de urgencias al de radiología)[149], por lo que es evidente la existencia de
la subordinación propia de una relación laboral. Por otra parte, la “compensación”
mensual que recibía, pese a no tener el nombre de salario, comporta un pago
periódico en contraprestación de las funciones desempeñadas como secretaria del
área de urgencias de la Clínica Los Fundadores y posteriormente en el área de
radiología de la misma Empresa.
Así las cosas y habiéndose
constatado los supuestos de una verdadera relación laboral y al haberse
concluido que dicha relación se enmarca dentro de los contratos a término
indefinido, serán
aplicables las reglas propuestas para dichos contratos cuando el empleador
conocía del embarazo de la trabajadora[150]
y la despidió sin la previa calificación de la justa causa. Según esta regla, cuando
el empleador conoce, en desarrollo de esta alternativa laboral,
el estado de gestación de la trabajadora, se debe aplicar la protección derivada
del fuero de maternidad y lactancia, consistente en la ineficacia del despido y
el consecuente reintegro, junto con el pago de las erogaciones dejadas de
percibir.
Como se dijo en precedencia, es
necesario que el juez de tutela evite burlar el principio de primacía de la
realidad sobre las formas, verificando las particularidades de cada tipo de
contratación en la medida en que, permitir una práctica que pueda resultar
contraria a los preceptos constitucionales, significa avalar una utilización
fraudulenta por parte de los empleadores de modalidades específicas de
contratación para despojarse de los compromisos económicos, como en el caso de
la utilización de las cooperativas de trabajo asociado como fachada para
realizar una mera intermediación. Se estima que deberán prevalecer las
disposiciones de carácter laboral, en razón a que, a pesar de que la accionante
estuvo bajo el estatus de cooperada, se configuró en realidad una relación
laboral con todos sus elementos.
Es de resaltar que, pese a que la
Sociedad Médicos Asociados dio por terminada la operación de servicios con la
Cooperativa, razón por la que esta última declaró cesantes a 642 trabajadores
asociados que venían realizando su contribución en las clínicas de propiedad de
la Sociedad, pues no cuenta con un puesto de trabajo para dichos trabajadores,
se encuentra ampliamente probada la condición de debilidad manifiesta de la
señora Clavijo Carmona al haber sido despedida en estado de embarazo y sin las
condiciones que exige la jurisprudencia para ello, lo que justifica el presente
amparo constitucional, además de las razones expuestas en precedencia.
8.      Remedio
judicial
Por lo anterior, se revocará el fallo
proferido el 14 de septiembre de 2018 por el Juzgado 31
Laboral del Circuito de Bogotá, y se protegerán de manera definitiva los
derechos fundamentales a
la salud, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de la
señora
Luisa María Clavijo Carmona y se declarará la ineficacia del despido de la
accionante. En consecuencia, se ordenará, solidariamente, a la Cooperativa
de Trabajo Asociado AGM Salud CTA., y a la empresa
Médicos Asociados S.A., - Clínica Los Fundadores de la ciudad de
Bogotá (empresa en la que la accionante prestaba sus servicios): i) el  reintegro
de la trabajadora donde
ejerza funciones de
igual o mejor categoría antes de ser desvinculada (en razón a que el tiempo transcurrido desde la fecha en la que la tutelante
interpuso la acción de tutela y el momento de este fallo es un término
razonable que no implica la sustitución de la medida); ii) el
reconocimiento de la licencia de maternidad -si este no se hubiese hecho ya por
parte del Sistema de Seguridad Social en Salud-; iii) el pago de los salarios y
prestaciones dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta el momento
de su vinculación; y, iv) la indemnización prevista en el artículo 239 del CST.
Por último, si bien es cierto que la Cooperativa
de Trabajo Asociado AGM Salud CTA., según afirma, le
ha ofrecido a la tutelante, en distintas ocasiones, opciones de vinculación
laboral, también es necesario aclarar que las condiciones en las que aquella
debía ejercer sus funciones (horario, ubicación y tipo de labores a desarrollar),
no fueron detalladas por la Cooperativa, razón por la cual, se advierte que el
reintegro de la señora Luisa María Clavijo deberá realizarse bajo parámetros similares
y/o condiciones en los cuales se desempeñaba en el cargo que ejercía antes de su
desvinculación. Lo anterior en razón a que dicho ofrecimiento no puede
desconocer que hubo una violación a los derechos fundamentales de la actora, al
haber sido retirada de su cargo sin tener en cuenta su estado de embarazo, sin
permiso de la autoridad del trabajo y con el previo conocimiento de la
Cooperativa y de la Empresa donde ejercía sus funciones.
9.      Síntesis de la
decisión
La Sala reiteró[151] que la
acción de tutela es procedente para proteger y/o solicitar el amparo del
derecho al trabajo −reintegro laboral−, cuando al momento del
despido, de la terminación o de la no renovación del contrato laboral, el
trabajador se encuentre en condiciones de debilidad manifiesta, derivadas de su
estado de salud o la trabajadora se halle en estado de embarazo, debidamente
conocido por el empleador.[152]
Por una parte, se tiene que el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de persona en estado de debilidad
manifiesta por razones de salud se predica de todo
individuo que presente una afectación en su estado de salud que le impida o
dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares,
con independencia de la vinculación o de la relación laboral que la preceda.
De otra parte, en el caso de las mujeres en embarazo o
lactancia, la protección a la estabilidad laboral reforzada se
aplica de manera autónoma a la modalidad del vínculo contractual que exista
entre las partes. Para el caso de las cooperativas de trabajo asociado se deberá
constatar por parte del juez constitucional, si se configuran los supuestos de
una verdadera relación laboral. Una vez verificada la existencia de un contrato
realidad,
deberán aplicarse las reglas propuestas en la Sentencia SU-070 de 2013
(reiteradas en la SU-075 de 2018 cuando el empleador conoce el estado de
embarazo de la trabajadora), para los contratos a término indefinido, a término
fijo o por obra o labor contratada, dependiendo de la naturaleza de la
actividad realizada por la trabajadora.
En los casos concretos se evidenció la
vulneración de los derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social y a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Andrea, toda vez que
se demostró que padece cáncer de seno, que la empresa temporal con la cual se
encontraba vinculada e INDUMIL conocían de tal situación y el despido se llevó
a cabo sin permiso del Ministerio de la
Protección Social. Asimismo, se vulneraron estos mismos derechos a la señora Luisa
María Clavijo Carmona al haberse constatado los supuestos de una
verdadera relación laboral dentro del convenio de trabajo asociado entablado
entre la cooperativa accionada, la tutelante y la empresa donde esta prestaba
sus servicios, y al haberse concluido que dicha relación se enmarca dentro de
los contratos a término indefinido, protección según la cual
cuando el empleador conoce, en desarrollo de esta alternativa
laboral, el estado de gestación de la trabajadora, se debe aplicar
la protección derivada del fuero de maternidad y lactancia, consistente en la
ineficacia del despido y el consecuente reintegro, junto con el pago de las
erogaciones dejadas de percibir.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo proferido el 14 de septiembre
de 2018
por el
Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y CONFIRMAR la
Sentencia del 24 de julio de 2018 por el Juzgado 21 Penal del Circuito de
Bogotá, en el proceso iniciado por la señora Andrea. En el sentido
de ordenar, de manera transitoria y solidariamente a la Empresa de Servicios
Temporales PTA SAS y a INDUMIL efectúe el reintegro laboral de la accionante, si así lo desea, donde
ejerza funciones de igual o superior categoría a las que venía desempeñando
antes de su desvinculación, y a pagar una vez reintegrada los salarios y
prestaciones a que haya lugar.
SEGUNDO.-
ADVERTIR a la empresa de
servicios temporales PTA SAS, que no es procedente realizar el cobro a la accionante
de los valores reconocidos en la Sentencia de primera instancia, consistentes
en los salarios y prestaciones dejados de percibir y la indemnización de
que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, hasta que su situación
definitiva sea decidida en el proceso ordinario que deberá iniciar la
accionante dentro de los 4 meses siguientes a la notificación del presente
fallo.
TERCERO.- REVOCAR el
fallo proferido el
14
de septiembre de 2018 por el Juzgado 31 Laboral del Circuito de
Bogotá,
y
en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la salud, a la
seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada de la señora Luisa
María Clavijo Carmona.
CUARTO.- ORDENAR solidariamente
a la Cooperativa
de trabajo AGM
Salud CTA
y a la empresa Médicos Asociados S.A., - Clínica Los Fundadores de
la ciudad de Bogotá
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente Sentencia:
i)
Reintegren
a la peticionaria donde
ejerza funciones
iguales o de superior categoría a las que venía desempeñando antes de su
desvinculación.
ii)
Reconozcan
la licencia de maternidad de la accionante -si esta no se hubiese hecho ya por
parte del sistema de seguridad social en salud.
iii)
Paguen
a la señora
Luisa
María Clavijo Carmona los salarios dejados de percibir desde
el momento de su desvinculación hasta el momento de su reintegro y la indemnización prevista
en el artículo 239 del CST.
QUINTO.- Por Secretaría
General, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración
de voto
ALEJANDRO LINARES
CANTILLO
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 470/19
Referencia: solicitud
de reserva de nombres en la publicación de la Sentencia T-284 de 2019
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá D.C., quince (15) de agosto de
dos mil diecinueve (2019).
La Sala Segunda de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Luis
Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y Diana Fajardo Rivera,
quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
profiere el presente Auto, con fundamento en los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. En la Sentencia T-284 de 2019[153]
(expediente T-7.055.614)
se resolvió la acción de tutela instaurada por una persona que
padece de cáncer, quien fue desvinculada por la Empresa de Servicios Temporales
donde laboraba con el argumento de haber finalizado la obra o labor para la que
fue contratada.
En esa oportunidad, la Corte decidió conceder de manera
transitoria la protección solicitada, ordenando a la Empresa accionada y a la Entidad
usuaria, de manera solidaria, el reintegro de la tutelante. Además, se dejó para la discusión ante el juez natural el debate
definitivo sobre el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir antes del reintegro.
2. A través de petición radicada el 17 de julio
de 2019 en la Corte Constitucional, la accionante del referido proceso de
tutela solicitó omitir los nombres y datos personales de ella y de su familia
de la Sentencia T-284 de 2019, con fundamento en el artículo 55 (sic) del
Reglamento Interno de esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer, tramitar y decidir la solicitud de reserva de nombres
en la publicación de la Sentencia T-284 de 2019, de conformidad con el artículo
62[154] del Reglamento Interno de esta
Corporación.
2. Procedencia de las solicitudes de
reserva de nombre en la publicación de autos y sentencias de la Corte
Constitucional
2.1. En la Sentencia C-641
de 2002, respecto del principio de publicidad de las providencias judiciales,
la Corte sostuvo que el mismo tiene “(…) dos vertientes en relación con su alcance y exigibilidad,
a saber: a) En primer lugar, es deber de los jueces en los procesos y
actuaciones judiciales dar a conocer sus decisiones tanto a las partes como a
los otros sujetos procesales, mediante las comunicaciones o notificaciones que
para el efecto consagre el ordenamiento jurídico. En este evento, se trata de
un acto procesal de notificación, el cual más que pretender formalizar la comunicación
del inicio, desarrollo o agotamiento de una actuación, procura asegurar la
legalidad de las determinaciones judicialmente adoptadas, ya que su
conocimiento ampara efectivamente los derechos de defensa, de contradicción y
de impugnación. b) Por otra parte, el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia en concordancia con los artículos 74 y 228 de la
Constitución, impone el deber a los jueces de comunicar y divulgar a la opinión
pública o a la comunidad en general, el contenido y los efectos de sus
decisiones, salvo en aquellos casos en los cuales exista reserva legal.”[155]
Si bien se destaca la importancia de la publicidad de las
providencias judiciales, esa cuestión no puede tornarse absoluta, ya que en
algunas circunstancias puede ser objeto de ciertas limitaciones o
restricciones. Así, en la Sentencia T-020 de 2014 la Corte precisó que “la publicidad de las
sentencias responde a precisos fines constitucionales y legales relacionados
con propósitos de pedagogía, información y control social, a través de los
cuales se permite el estudio de la manera como los jueces deciden sus causas o
han decidido causas pretéritas. Por lo demás, el uso de las actuales
tecnologías (como la internet) para llevar a cabo dicha publicidad, conduce a una
democratización de la información, ya que permite –sin ningún tipo de barrera–
el acceso de toda persona a consultar las bases de datos que las contienen. No
obstante lo anterior, aun cuando se entiende que las sentencias son públicas, y
así deben seguir siéndolo, la información personal contenida en ellas está
sometida a los principios de la administración de datos, por lo que
eventualmente pueden incluir datos sensibles o semiprivados, en cuya
circulación y acceso deben cumplirse los principios de finalidad, necesidad y
circulación restringida que rigen el derecho al habeas data. Esta última
circunstancia habilita la supresión relativa de información, con miras a
proteger la intimidad, el derecho al trabajo o la reinserción de las personas
en la sociedad, a través de medidas que garanticen la imposibilidad de proceder
a su identificación, en concreto en las versiones que se publiquen en la Web de
una providencia.”[156]
2.2. En varias ocasiones,
la Corte Constitucional ha explicado que, en aras de salvaguardar el derecho
fundamental a la intimidad[157] de las
personas, en diferentes fallos se reserva su nombre para evitar el deterioro
innecesario de la imagen frente a sí mismo o ante la sociedad.[158]
No obstante, en aquellas oportunidades en que la reserva de nombre no se
realiza en la providencia[159], dicha modificación puede
efectuarse con posterioridad -a solicitud de parte- mediante un auto.[160]
Si bien la posibilidad de
modificar el texto de una providencia de la Corte Constitucional que se
encuentra en firme, solo procede cuando en la trascripción de la misma se
producen errores o inconsistencias que puedan inducir a error, situación en la
cual es aplicable el artículo 286 del Código General del Proceso con el único
fin de proceder a su corrección, ello no impide que la Corporación tome las
medidas necesarias, después de la publicación de la providencia respectiva,
para amparar los derechos fundamentales del interviniente en el trámite de la
acción de tutela, dado que con la reserva del nombre no se altera el fondo de
la decisión.[161]
Esto encuentra
justificación en que no se trata de la modificación de
una sentencia en firme, sino de la publicación de la sentencia cambiando el
nombre del peticionario por uno ficticio, con la intención de proteger su
intimidad al publicar la providencia en la página Web de la Corte
Constitucional, información que también aparece a través de otras herramientas
o motores de búsqueda de internet, y que puede ser consultada por cualquier
persona.
3. Solución a la solicitud
En otras oportunidades
(Autos A-134 de 2011, A-522 de 2015 y A-094 de 2017, entre otros), la Corte ha
accedido a la solicitud de reserva de nombre tratándose de la protección a la
intimidad personal y familiar.
Por ende, en el caso de la
accionante de la Sentencia T-284 de 2019 (expediente T-7.055.614),
se ordenará (i) que a través de la
Secretaría General de esta Corporación, se proceda a suprimir de toda
publicación actual y futura del fallo de la referencia su nombre y los datos
que permitan identificarla y que en su lugar se sustituya el nombre ficticio
de “Andrea”; el de su esposo por “Ramiro”, el de su hija
menor por “María” y el de su hija mayor por “Cristina” (ii)
ordenar a la relatoría de la Corporación que proceda a
reemplazar en la página Web de la Corte Constitucional la versión de la
Sentencia T-284 de 2019 por la que resulte de cambiar el nombre y datos de
identificación de la actora y su familia; (iii)
por intermedio de la Secretaría General, ordenar al Juzgado
21 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que profirió el fallo de
tutela de primera instancia, que se encargue de salvaguardar la  intimidad de
la accionante y su familia, manteniendo la reserva sobre el expediente; y (iv)
informar a la solicitante del contenido de esta providencia.
La Sala reitera que lo
anterior no implica menoscabar la publicidad de la Sentencia T-284 de 2019. La
modificación pretende maximizar la protección de datos sensibles -como lo es la
información relativa a la salud y datos personales de una persona-,
reemplazando el nombre de la accionante y su familia en aras de salvaguardad su
intimidad (aspecto que no tiene un interés público), sin alterar cuestiones
adicionales de la providencia.
En mérito de lo
expuesto,
RESUELVE
PRIMERO.-
ORDENAR que, por la Secretaría General de
esta Corporación, de manera inmediata se proceda a SUPRIMIR de toda
publicación actual y futura del fallo de la referencia el nombre y los datos
que permitan identificar a la accionante y su familia de la Sentencia T-284 de
2019, y que en su lugar se sustituya por los nombres ficticios de “Andrea”, el de su esposo por “Ramiro”,
el de su hija menor por “María” y el de su hija mayor por “Cristina”.
SEGUNDO.-
ORDENAR a la Relatoría de la Corporación que, de manera inmediata,
proceda a REEMPLAZAR en la página Web de la Corte Constitucional
la versión de la Sentencia T-284 de 2019 por la que resulte de cambiar el
nombre y datos de identificación de la accionante y su familia.
TERCERO.-
Por intermedio de la Secretaría General, ORDENAR al Juzgado
21 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que profirió el fallo de
tutela de primera instancia, que se encargue de salvaguardar la intimidad de la
accionante y su familia, manteniendo la reserva sobre el expediente.
CUARTO.-
INFORMAR el contenido de esta providencia a la solicitante.
QUINTO.-
ADVERTIR que contra esta providencia no procede recurso alguno.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
AL AUTO 470/19
Ref. Solicitud
de reserva de nombre en la publicación de la sentencia T-284 de 2019
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Aclaro
mi voto frente al Auto 470 de 2019, aprobado por la Sala Segunda de Revisión,
porque a pesar de que comparto el sentido de lo decidido, considero pertinente reiterar
que la orden de supresión del dato emerge del cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 5 y 6 de la Ley Estatutaria 1851 de 2012, “Por la cual se
dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”,
teniendo en cuenta que el estado de salud del accionante es un dato sensible[162]
y aunque su tratamiento en la sentencia es necesario para el amparo y
reconocimiento de los derechos fundamentales en el proceso judicial, la
publicación en la página web de la Corte ya cumple fines estadísticos,
históricos y científicos, por lo que este dato debe suprimirse[163].
Respetuosamente,
Alejandro Linares Cantillo
Magistrado
[1] Integrada por los Magistrados Cristina
Pardo Schlesinger y Alejandro Linares Cantillo. Folios 3-16, cuaderno de tutela
(siempre que no se precise se entenderá que los folios hacen referencia a este
cuaderno).
[2] Folio
24, cuaderno 1.
[3] Folios
25 y 25, cuaderno 1.
[4] Folios
25 y 25, cuaderno 1.
[5] Folio
27, cuaderno 1.
[6] Folios
28 a 30, cuaderno 1.
[7] Folio
31, cuaderno 1.
[8] Folio 20, cuaderno 1.
[9] Folios
43 a 54, cuaderno 1.
[10] Con
quien se vinculó desde el 18 de diciembre de 2017.
[11] Folio
41.
[12] Mediante
documento que obra a folio 42 del expediente.
[13] 865 semanas de cotización reconocidas por
COLPENSIONES. Folios 55 a 59, cuaderno 1.
[14] Folio
42.
[15] Conformada por su esposo y dos hijas (mayores de edad).
[16] Folio
60.
[17] Folios
61 y 62.
[18] Folios
94 a 109, cuaderno 1.
[19] Folios
133 a 145, cuaderno 1.
[20] Folios
182 y 183, cuaderno 1.
[21] Folios
20 a 56, cuaderno 3.
[22] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[23] Folios
40 a 52, cuaderno 3. Previamente se declaró la nulidad del fallo de primera
instancia proferido por ese Juzgado el 8 de mayo de 2018, toda vez que no se
notificó en debida forma a la Empresa de Servicios Temporales PTA SAS.
[24] Para el efecto, la señora Andrea aportó un extracto de su tarjeta de crédito en el que aparece reflejado
el pago de un seguro de vida, compra de medicamentos y pago de plan
complementario de salud.
[25] Folios
62 a 70, cuaderno 3.
[26] Entre otros
aspectos señaló
que i) PTA SAS ha sido el único empleador de la accionante; ii) INDUMIL no fue
su empleador; iii) las sanciones impuestas en el fallo que se impugna no pueden
recaer frente a INDUMIL, que es un tercero que en su momento contrató los
servicios de una empresa de servicios temporales para el suministro de
personal; iv) PTA SAS omitió que el pago de salarios, indemnizaciones y
reintegros se encuentran a cargo únicamente de quien tiene la calidad de
empleador, en virtud del contrato de trabajo de planta y en misión,
independientemente de la entidad usuaria a la cual haya sido asignado dicho
colaborador; “v) la declaración de la existencia de un contrato laboral
entre INDUMIL y la accionante no es acertada, toda vez que se trata de un
asunto legal cuyo conocimiento y decisión corresponde al juez laboral mediante
un proceso ordinario”; vi) INDUMIL por ser una EICE vinculada al Ministerio
de Defensa Nacional no puede ni debe pagar prestaciones y acreencias laborales
de terceros que no prestan servicios a la entidad, pues sus dineros son
públicos y hacen parte del erario; y, vii) el operador judicial le está dando
una duración ilimitada a un contrato de trabajo lo cual acarrea graves e
inminentes sanciones legales y contractuales para las entidades y los
funcionarios que intervengan en ese proceso.
[27] Fecha del fallo de primera instancia.
[28] Hecho que se acreditó con la revisión del
sistema de afiliación ADRES.
[29] Folios
25 y 26, cuaderno principal.
[30] Folios
33 a 65, cuaderno principal.
[31] Folios
66, cuaderno principal.
[32] Folios
71 y 72, cuaderno principal.
[33] Folios
73 y 74 cuaderno principal.
[34] Fecha que permite
inferir que la accionante hace referencia a un momento posterior a su reintegro
por virtud del fallo de tutela que así lo ordenó.
[35] Con
vigencia del 30 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2019.
[36] Folio
128, cuaderno de tutela.
[37] Folio
132, cuaderno de tutela.
[38] Folio
138, cuaderno de tutela.
[39] Folio
140, cuaderno de tutela.
[40] Folio
142, cuaderno de tutela.
[41] Folios
129 y 130, cuaderno de tutela.
[42] Con
vigencia del 21 de enero de 2019 al 16 de diciembre de 2019.
[43] Folios
144 a 148, cuaderno de tutela.
[44] Folio
149, cuaderno de tutela.
[45] Folio
131, cuaderno de tutela.
[46] Historia clínica, folios 150 a 155, cuaderno de tutela.
[47] Folios
105 a 108, cuaderno de tutela.
[48] Folios
1 a 11, cuaderno 2.
[49] Folios
37 a 52, cuaderno 2.
[50] Folios
53 a 76, cuaderno 2.
[51] Citando al Consejo de Estado. Sentencia 7429. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
afirmó que: “del artículo
59 de la Ley 79 de 1988 se desprende el carácter especial de este tipo de
empresas solidarias, en las cuales no existe la relación de dependencia y
subordinación que se genera entre el empleador y el trabajador, en tanto no
existen estas figuras jurídicas en distintas personas, sino que se confunden en
uno solo, el asociado y dueño de la cooperativa al mismo tiempo.”
[52] Sentencia del 8 de agosto de 2018. Folios 100 a 109, cuaderno 2.
[53] Folios
115 a 117, cuaderno 2.
[54] Fallo del 14 de septiembre de 2018. Folios 121 a 127, cuaderno 2.
[55] Folios
30 a 50, cuaderno de tutela.
[56] Refiere
al pago de arrendamiento ($305.000), alimentación ($200.000), servicios
públicos (gas propano $80.000), manutención del hijo menor (pañales y artículos
de aseo $100.000), pago de cuotas por adquisición de una motocicleta
($245.000), pago de estufa y nevera ($124.000), descuentos de nómina por
préstamo y ahorro personal ($223.000), pago de TV, telefonía celular,
vestuario, recreación, entre otros.
[57] Al respecto, no
indicó la fecha del traslado ni el tiempo durante el cual desempeñó estas
funciones.
[58] Folios
51 a 98, cuaderno de tutela.
[59] Según el
artículo 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, este
requisito se satisface cuando la acción de tutela es ejercida (i) directamente,
esto es, por el titular del derecho fundamental que se alega vulnerado; (ii)
por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad,
las personas en situación de incapacidad absoluta, los interdictos y las
personas jurídicas; (iii) mediante apoderado judicial, caso en el cual debe
tener la condición de abogado titulado, debiendo anexarse al proceso el poder
especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo; (iv) por
medio de agente oficioso; o (v) por parte del Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.
[60] Específicamente, esta Corporación ha señalado que la
procedencia de la tutela contra particulares se da cuando estos -de acuerdo con
el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991- prestan servicios públicos, o cuando
existe una relación -del accionante frente al accionado- de indefensión (concepto de carácter fáctico que se
configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta
frente a otra) o subordinación (entendida como la existencia de una
relación jurídica de dependencia, como la que se presenta entre los
trabajadores frente a sus empleadores). Ver Sentencias
T-1015 de 2006.
M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico N° 3; T-015 de 2015. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 7; T-029 de 2016. M.P. Alberto
Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 5; T-626 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa,
fundamento jurídico N° 3.1.5; T-678 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 4 y T-430 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 8.1.
[61] Se ha
determinado que, tratándose de sujetos de especial protección constitucional
o de individuos que se encuentran en posiciones de debilidad manifiesta (v.gr.
por su edad, salud o condición económica), el análisis de procedibilidad formal
de la acción de tutela se flexibiliza. Lo anterior es un desarrollo del derecho
a la igualdad en virtud del cual “el Estado les debe garantizar a estas
personas un tratamiento diferencial positivo y analizar los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez desde una óptica menos estricta, pues en estos
casos el actor experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente
relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios
ordinarios de defensa judicial” (Sentencia SU-049 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 3.3). Valga precisar, en este
punto, que varias Salas de Revisión de esta Corporación han señalado que, de
forma excepcional, la acción de tutela procede para la protección de derechos
laborales, cuando además de encontrarse frente a una persona en situación de
debilidad manifiesta, se predique el derecho a la estabilidad laboral
reforzada. En efecto, ciertos factores pueden llegar a ser particularmente
representativos en la determinación de un estado de debilidad manifiesta, tales
como: (i) la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral, (iii) la
circunstancia de no percibir ingreso alguno que permita su subsistencia, la de
su familia e impida las cotizaciones al régimen de seguridad social y (iv) la
condición médica sufrida por el actor. Al respecto pueden verse, entre muchas
otras, las Sentencias T-1023 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil, fundamento
jurídico Nº 4; T-899 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento
jurídico Nº 9; T-703 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento
jurídico Nº 2.8.; T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento
jurídico Nº 4.3.; T-317 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo, fundamento
jurídico Nº 2.4.; T-443 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo,
fundamento jurídico Nº 3.5.; T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento
jurídico Nº 3.2, T-151 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento
jurídico Nº 47 y T-305 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, fundamento
jurídico Nº 2.3.
[62] La inmediatez
encuentra su razón de ser en la tensión existente entre el derecho a presentar
una acción constitucional “en todo momento” y el deber de respetar su
configuración como un medio de protección “inmediata” de las garantías básicas.
Es decir, que pese a no contar con un término preestablecido para efectuar la
presentación, debe existir necesariamente una correspondencia entre la
naturaleza expedita de la tutela y su interposición oportuna. Si bien el
término para interponer la acción de tutela no puede establecerse de antemano,
el juez está en la obligación de verificar cuándo no se ha interpuesto de
manera razonable para evitar que se convierta en un factor de inseguridad que
lesione los derechos fundamentales de terceros o que desnaturalice la acción.
[63] Este acápite fue
analizado siguiendo de cerca los fundamentos jurídicos planteados en la Sentencia
T-305 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[64] Sentencia T-613 de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[65] Sentencia T-217 de 2014. M.P. María
Victoria Calle Correa.
[66] Ver entre otras las Sentencias T-1040 de
2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-351 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-198
de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy; T-962 de 2008. M.P. Jaime Araujo Rentería;
T-002 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo; T-901 de 2013. M.P. María
Victoria Calle; T-141 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[67]
Constitución Política, artículo 1º: “Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
[68]
Constitución Política. Artículo 13. (…) “[Inciso 2º] El Estado promoverá las
condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados. [Inciso 3º] El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los
abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
[69] Sentencia SU-049
de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. SPV Alejandro Linares Cantillo, Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Ortiz Delgado. Sobre el concepto de solidaridad
ha dicho la Corporación que: “[s] e trata de un principio que
inspira la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la
cooperación y no en el egoísmo (…) La vigencia de este principio elimina
la concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y
de la comunidad respecto del Estado y que ve en éste al único responsable de
alcanzar los fines sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio,
se incorpora a los particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con
cuyas metas están comprometidos, sin perjuicio del papel atribuido a las
autoridades y entidades públicas.” Sentencia T-550 de 1994. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo. Por otra parte, en un fallo en sede de control
abstracto de constitucionalidad, la Corte aclaró que el principio de
solidaridad, entendido como deber, podía ser exigido excepcionalmente a los
particulares a pesar de que no hubiera sido desarrollado en una ley de la
República. Así lo señaló en la Sentencia C-237 de 1997[69]  cuando, al
ocuparse de una demanda instaurada contra el delito de inasistencia alimentaria
consagrado en el Código Penal, dijo que: “[e]l deber de solidaridad no
se limita al Estado: corresponde también a los particulares, de quienes dicho
deber es exigible en los términos de la ley, y de manera excepcional, sin
mediación legislativa, cuando su desconocimiento comporta la violación de un
derecho fundamental”. Sentencia T-217 de 2014. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[70] Tratándose de personas en estado de
debilidad manifiesta por razones de salud, esta Corporación ha precisado que la
protección antes descrita aplica para quienes se encuentren en alguna de las
siguientes categorías: (i) en situación de invalidez; (ii) en condición de
discapacidad, calificados como tal conforme con las normas legales y
reglamentarias; (iii) en situación de disminución física, síquica o sensorial;
o, en general (iv) todos aquellos que tengan una considerable afectación en su
salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores
aun cuando no presenten una pérdida de capacidad laboral moderada, severa o
profunda, ni cuenten con certificación que acredite el porcentaje en que han
perdido su capacidad productiva. Al respecto, ver, por ejemplo, las sentencias
T-837 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico III; T-597
de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 4; T-594 de
2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 5; T-368 de 2016.
M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 6; T-188 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.6.; T-443 de 2017. M.P. (e)
Iván Humberto Escrucería Mayolo, fundamento jurídico N° 5.1.; T-589 de 2017.
M.P. Alberto Rojas Ríos, fundamento jurídico N° 4.3 y SU-049 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico Nº 8.1.
[71] Conforme se indicó en la Sentencia SU-049
de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa: “En el ámbito ocupacional, que
provoca esta decisión de la Corte, rige el principio de “estabilidad” (CP art
53), el cual como se verá no es exclusivo de las relaciones estructuradas bajo
subordinación sino que aplica al trabajo en general, tal como lo define la
Constitución; es decir, “en todas sus formas” (CP art 53)”. En esta
providencia, la Sala Plena unificó jurisprudencia sobre varios temas
relacionados e introdujo el concepto de estabilidad ocupacional
reforzada. Sobre el particular, dijo: “El derecho fundamental a la
estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares las
personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, con
independencia de si tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral
moderada, severa o profunda. La estabilidad ocupacional reforzada es aplicable
a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando
no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad. La violación a
la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180
días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado
conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual
de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda”.
[72] Ver, entre muchas otras, las sentencias
C-470 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamento jurídico N° 9;
T-256 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N°
3.5.1.; T-638 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N°
7.2.; T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N°
5.2; T-151 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico Nº 55,
56 y 57 y T-305 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, fundamento jurídico
Nº 4.
[73] Sentencias C-531 de 2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis,
fundamento jurídico N° 4.2.2.; T-040 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 5.1.; T-141 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 49; T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa,
fundamento jurídico N° 5.3.; T-203 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo,
fundamento jurídico N° 20.2. y T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos,
fundamento jurídico N° 4.2.
[74] Consultar, entre otras, las sentencias
T-215 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo, fundamento jurídico N° 4 y T-188
de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.6.
[75] Existen presunciones iuris et de
iure que son aquellas que no admiten prueba en contrario. No constituyen en
esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un hecho
considerándolo verdadero. El hecho presumido se tendrá por cierto cuando se
acredite el que le sirve de antecedente. De otro lado, se encuentran las
presunciones iuris tantum que son aquellas que permiten
la presentación de prueba en contrario, imponiéndole esa carga a quien pretenda
desvirtuarlas. Al respecto, consultar la Sentencia C-551 de 2016. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 6.2.
[76] Sentencias T-642 de 2010. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, fundamento jurídico N° 3.5.; T-690 de 2015. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio, fundamento jurídico N° 4.2. y T-188 de 2017. M.P. M.P.
María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.6.
[77] Sobre el particular, son pertinentes,
entre otras, las sentencias SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa,
fundamento jurídico Nº 6.4. y T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos,
fundamento jurídico Nº 4.4.
[78] Ver,
por ejemplo, las Sentencias T-703 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
fundamento jurídico Nº 4.7.; T-188 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa,
fundamento jurídico Nº 5.6.; T-443 de 2017. M.P. (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo, fundamento jurídico Nº 5.2. y T-589 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos,
fundamento jurídico Nº 4.6.
[79] Sentencia T-520 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[80] Ver Sentencia T- 494
de 2018 de este Despacho, en la que, entre otras cuestiones, se sostuvo que este
derecho tiene fundamento directo en varias disposiciones de la Constitución
Política, tales como el
derecho a “la estabilidad en el empleo” (Art. 53 C.P.); en el derecho de
todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”
a ser protegidas “especialmente” con miras a promover las condiciones
que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (Arts. 13 y 93 C.P.);
en que el derecho al trabajo “en todas sus modalidades” tiene especial
protección del Estado y debe estar rodeado de “condiciones dignas y justas”
(Art. 25 C.P.); en el deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración
social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos
físicos, sensoriales y síquicos” (Art. 47 C.P.); en el derecho fundamental
a gozar de un mínimo vital, entendido como la posibilidad efectiva de
satisfacer necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el
aseo, la vivienda, la educación y la salud (Arts. 1, 53, 93 y 94 C.P.); y en el
deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social”
ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas
(Arts. 1, 48 y 95 C.P.). Ver, entre otras, las sentencias T-947
de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 4.2.; T-141
de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo, fundamento jurídico N° 48; T-703 de
2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 4.1.; SU-049
de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 4.4. y T-188 de
2017. M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 5.4. En
desarrollo de las anteriores disposiciones, el Congreso de la República
profirió la Ley 361 de 1997, a través de la cual adoptó -entre otras- medidas
para la integración laboral de personas en condición de discapacidad. En
particular, el artículo 26 prohibió el despido discriminatorio de estos
individuos. Esta disposición normativa fue declarada exequible de manera
condicionada, en el entendido que “el despido del trabajador de su empleo o
terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin la
autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo es
eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de
que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la
ineficacia jurídica de la actuación, el pago de [una] indemnización
sancionatoria [equivalente a 180 días de salario]” (Sentencia C-531 de
2000. M.P. Álvaro Tafur Galvis, fundamento jurídico N° 4.2.2.).
[81] “(p)or la cual se introducen reformas
al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
[82] De acuerdo con los artículos 71 y
72 de esta Ley, tales empresas son personas jurídicas dedicadas a la
contratación de la prestación de servicios con terceros beneficiarios para “colaborar
temporalmente” en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor
desarrollada por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de
servicios temporales, la cual tiene con respecto de éstas el carácter de
empleador. Los usuarios (artículo 73 ibídem), son las personas naturales o
jurídicas que contrate los servicios de las empresas de servicios temporales.
[83] Código Sustantivo del Trabajo. Artículo
6º. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no
mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales
del {empleador}
[84] Los artículos 20, 21 y 22 del Decreto en
comento, establecen las multas, sanciones y eventual cancelación de la
autorización de funcionamiento ante el incumplimiento de este mandato.
[85] Artículo 75 de la Ley 50 de 1990.
[86] Artículo 79 de la Ley 50 de 1990.
[87] Artículo 79 de la Ley 50 de 1990.
[88] Artículo 76 de la Ley 50 de 1990.
[89] Artículo 78 de la Ley 50 de 1990.
[90] T-503 de 2015. M.P María Victoria Calle Correa.
[91] En este sentido, la Corte Constitucional
ha sido reiterativa en sostener que: “se debe evitar que los contratos con
las empresas de servicios temporales en la práctica se conviertan en
permanentes ya que de ese modo se desconocerían los derechos prestacionales de
los trabajadores. En el evento de que la necesidad del usuario por el
servicio de los trabajadores en misión sea permanente, debe acudirse a otra
forma de contratación distinta a la que se cumple a través de las empresas de
servicios temporales.  Con ello se evita que lo que es excepcional, la
contratación de servicios temporales, se convierta en lo ordinario, en la regla
general” (negrillas fuera de texto). Sentencias T-503 de 2015. M.P María Victoria Calle Correa; T-1058 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; y, la T-173 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, sostuvo que “(e)s
claro que estos contratos son de corta duración, ya que las empresas usuarias
recurren a los trabajadores en misión para que adelanten funciones que como su
nombre lo indica, son temporales y no tienen carácter de permanencia. De lo
contrario las empresas deben utilizar otro de los contratos contenidos en el
Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de no desdibujar la naturaleza de los
contratos temporales”[91].
[92] Ver la sentencia T-019 de 2011 M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[93] CSJ. Sala de Casación Laboral. Sentencia
del 21 de febrero de 2006. Exp. No 25717. M.P. Carlos Isaac Nader. En esa oportunidad, la Corte resolvió casar
la sentencia del Tribunal Superior de Rioacha, en el proceso en el que eran
partes: Pascualita Epieyu contra IFI y Servivarios Ltda. En esa sentencia se
reiteró la jurisprudencia del 24 de abril de 1997, Radicado No. 9435. Al respecto pueden consultarse además, las
siguientes providencias: (i) CSJ Sala de Casación Laboral. Exp. No 25714 de
marzo de 2006, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. (ii) CSJ. Sala de Casación
Laboral, Expediente 26605 de agosto de 2006. M.P. Gustavo Gnecco Mendoza; CSJ.
Sala de Casación Laboral Exp. 26598 de septiembre de 2006 M.P. Gustavo Gnecco
Mendoza.
[94] “De acuerdo con las manifestaciones
hechas por el actor, las que además no fueron desvirtuadas por la parte
accionada, se extrae que el señor Mafla Montealgre laboró por once años al
servicio de la empresa Aseo Capital S.A., lapso de tiempo durante el cual,
dicha sociedad, se limitó a rotar las empresas de servicios temporales,
situación está que desnaturaliza los contratos celebrados entre el trabajador,
la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria, pues como se dijo, los
mismos fueron concebidos a fin de ser desarrollados de manera temporal y como
se evidencia en el presente asunto, esta figura ha perdurado a través de un
número considerable de años, disfrazando de esta manera una relación laboral
que se debió desarrollar a través de otro tipo de contrato laboral, máxime si
se tiene en cuenta que la materia y las causas que dieron origen al respectivo
contrato aún subsisten”. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[95] “La relación
laboral que se desarrolló entre el señor Juan Bautista Meléndez Iglesia con las
diferentes empresas de servicios temporales, entre ellas, Asear Pluriservicios
SAS, tuvo vocación de permanencia en razón de la necesidad permanente de la
usuaria Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP, de requerir el cubrimiento
del cargo de fontanero o ayudante de acuatech (…).La anterior situación
desnaturaliza los contratos celebrados entre el trabajador, la empresa de
servicios temporales y la empresa usuaria, pues como se dijo, los mismos fueron
concebidos a fin de ser desarrollados de manera temporal, conforme a lo
prescrito por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990 (…). La contratación del
señor Juan Bautista Meléndez Iglesia por parte de diferentes empleadoras para
prestar sus servicios como fontanero o ayudante de aquatech en la empresa
Operadores de Servicios de la Sierra SA ESP, perduró a través de un número
considerable de años, con interrupciones que en la mayoría de los casos no
superó el mes, disfrazando de esta manera una relación laboral que se debió
desarrollar a través de otro tipo de contrato, máxime si se tiene en cuenta que
la materia y las causas que le dieron origen subsistieron durante todo el
periodo de contratación y aún subsisten ”. M.P María
Victoria Calle Correa.
[96] Sentencia
T-614 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[97] Código Sustantivo del Trabajo. Artículo
6º. Trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no
mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales
del empleador.
[98] Ver T-1058 de 2007. M.P. Clara Inés
Vargas Hernández y T-503 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, entre
otras.
[99] Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, Sentencia del 24 de abril de 1997, reiterada en la Sentencia del 21
de febrero de 2006.
[100] Ver el Fallo del Consejo de Estado 4096
de 2006.
[101]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. La Corte estudió tres casos acumulados.
En los dos primeros casos, los contratos tuvieron una duración de 7 meses, en
el último de los asuntos, 11 meses. En vigencia de los contratos, a los
accionantes les fue diagnosticado: en el primer caso, una “tendinitis de
bíceps” en virtud de la cual fue incapacitada en 2 oportunidades por 3 días
cada una de ella; en el segundo caso, una “Tenosinovitis de flexoextensores
de antebrazos y de Quervain bilateral de predominio derecho”, enfermedad
que le generó 20 incapacidades, con un total de 112 días de incapacidad; y en
el tercer caso: una afectación en la región lumbar y una lesión en un ojo, dolencia
que generó 4 incapacidades cada una de ellas por un día. Según las empresas de
servicios temporales, la terminación del vínculo laboral con los accionantes
obedeció a que las empresas usuarias, finalizaron la misión para la cual fueron
contratados.
[102] Similar decisión se adoptó en la
sentencia T-337 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[103] M.P. Jorge Iván Palacio. La Corte estudió
el caso de una trabajadora de
una empresa temporal, vinculada a través de contrato por labor u obra
contratada. La señora fue diagnosticada con “síndrome del túnel de carpo
bilateral, tendosinovitis
de Quervain y epicondilitis lateral y medial izquierda”, que la incapacitó por más de 120 días.
[104] A juicio de la Sala, “Siendo así las cosas, es incuestionable que, si bien
en principio la accionante dispone de la acción laboral para reclamar sus
derechos, por tratarse de una persona en situación de debilidad manifiesta esa
acción ordinaria no resulta idónea, ni eficaz, debido a su prolongada duración,
razón por la cual la acción de tutela es procedente de manera definitiva, no
solo para amparar los derechos constitucionales fundamentales que están siendo
vulnerados a la señora Pilar Rivera Acevedo, sino también para ordenar el pago
de los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir por el despido
injusto y el pago de la sanción a que se refiere el artículo 26 de la Ley 361
de 1997.”
[105] Aunque en este caso no se trató el tema
del contrato de obra o laboral contratada, sí se mencionó el tema de los
intermediarios laborales.
[106] En
esa ocasión, la Corte estudió los casos de dos mineros, mayores de 60 años, que fueron diagnosticados con
enfermedades de origen profesional y común, de carácter respiratorio.
[107] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[108] La Sala estudió el caso del señor Pedro Ignacio Vargas Acosta quien sufrió un trauma en el pie derecho con la
cuchilla de la guadañadora en las instalaciones de Palumea S.A. mientras
llevaba a cabo sus funciones.
[109]
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[110] Mientras se adelanta el respectivo proceso ante la jurisdicción
laboral para establecer, con carácter definitivo, la procedencia del reintegro.
[111] M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo.
[112] En
este caso se señaló que el conocimiento previo del empleador del accidente
sufrido por la tutelante era
una exigencia desproporcionada, por cuanto aquella i) sufrió el accidente que
implicó la incapacidad, un día antes de que se le informara sobre su
desvinculación y, ii) a pesar de que intentó entregar la constancia de su
incapacidad esta no le fue recibida, situación de la que dejó constancia el
Personero Municipal de Pamplona mediante certificación del 2 de junio de 2016.
[113] Folio 67, cuaderno principal.
[114] Folio
39.
[115] SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[116] SU-049 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[117] Sentencia T-041 de 2014.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[118] ´Sentencia
T-226 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[119] Sentencia
T-1046 de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo, citada en Sentencia T-019 de
2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[120] Sentencia
T-687 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver también Sentencia T-263 de 2009. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva. “5.2
Para resolver el presente caso, en las consideraciones generales de esta
Sentencia, en primer lugar, esta Sala concluyó que en
virtud del derecho a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado de la
afectación de su salud, tiene derecho a conservar su trabajo, a no ser
despedido en razón de su situación de vulnerabilidad y a permanecer en él hasta
que se configure una causal objetiva que amerite su desvinculación laboral,
previa verificación y autorización de la autoridad laboral correspondiente. En
tal sentido, afirmó que cuando la relación laboral depende de un contrato
de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada, el trabajador tiene el
derecho de conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado o
la labor para la cual fue contratado haya expirado, esto si subsisten las
causas que dieron origen a la relación laboral, y se tenga que el trabajador ha
cumplido de manera adecuada sus funciones. Al
respecto, por último, reiteró que para efectos del fallo de tutela, el despido
que se produzca sin el lleno de los requisitos legales y jurisprudenciales será
ineficaz, y por tanto, el juez de amparo deberá conceder la protección invocada
y ordenar el reintegro del trabajador a un cargo acorde con su estado de
salud.”`
[121] Sentencia T-041 de 2014.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[122] Folios
24 a 31. Certificaciones laborales expedidas por las distintas empresas
temporales con las que estuvo vinculada la accionante desde mayo de 2015 en las
que se detallan las funciones desempeñadas por ella en INDUMIL.
[123] Sentencia C-1061 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[124] Tal como ella
misma lo afirmó en el trámite de revisión. Folio 114.
[125]
Sentencias T-395 de 2018. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas; T-376 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[126] La mujer embarazada o lactante es un
sujeto de especial protección constitucional, por lo que cuenta con una
estabilidad laboral reforzada, en consecuencia, la protección de sus derechos
por vía de tutela solo debe cumplir en esencia dos requisitos: “a) la
existencia de una relación laboral o de prestación de servicios y, b) que
la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses
siguiente al parto, en vigencia de dicha relación laboral o de prestación.” (SU-070 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada).
Esta posición fue reiterada en las Sentencias T-550 de 2017. M.P. Alejandro Linares
Cantillo; T-350 de 2016. M.P. María Victoria
Calle Correa; T-102 de 2016. M.P. María Victoria
Calle Correa; T-138 de 2015. M.P. María Victoria
Calle Correa, entre otras. Ahora bien, en
reciente pronunciamiento (SU-075 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), la Corte Constitucional advirtió que la protección
varía dependiendo del conocimiento del empleador del estado de gestación.
Entonces cuando se demuestra que este no tiene conocimiento del embarazo de su
trabajadora no está obligado a cancelar las cotizaciones requeridas para que
tenga derecho a la licencia de maternidad, ni está obligado al reintegro de la
trabajadora.
[127] Señala que “en todas las empresas
industriales o comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, con
excepción de las empresas en que sólo estén empleados los miembros de una misma
familia, la mujer: a) no estará autorizada para trabajar durante un período de
seis semanas después del parto; b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante
la presentación de un certificado que declare que el parto sobrevendrá
probablemente en un término de seis semanas; c) recibirá, durante todo el
período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b),
prestaciones suficientes para su manutención y las del hijo en buenas
condiciones de higiene...”.
[128] Modificado
por el artículo 1º de la Ley 1822 de 2017 y por el artículo 1º de la Ley 1468
de 2011.
[129] Modificado
por el artículo 2 de la Ley 1468 de 2011.
[130] Ver Sentencias
T-550 de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo; T-222 de 2017. M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo; T-350 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-102 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa; T-138 de 2015. M.P. María Victoria Calle
Correa, entre otras.
[131] El término de cooperativa, según la Recomendación R193
de 2002 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la promoción de las
cooperativas, debe interpretarse como: “la asociación autónoma de personas
unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad
conjunta, y de gestión democrática.”
[132] Sentencia T-019 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[133] Artículo 7.1 de la Ley 133 de 2008.
[134] Sentencia T-044 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[135] Artículo 6 de la Ley 1233 de 2008.
[136] Artículo 7.3 de la ley 1233 de 2008.
[137] Sentencia T-044 de 2010. M.P. María Victoria Calle Correa.
[138] Artículo 13 de Ley 1233 de 2008. “Las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado podrán contratar con
terceros la producción de bienes, la ejecución de obras y la prestación de
servicios siempre que respondan a la ejecución de un proceso total en favor de
otras cooperativas o de terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado
específico. Los procesos también podrán contratarse en forma parcial o por
subprocesos, correspondientes a las diferentes etapas de la cadena productiva,
siempre atados al resultado final.”
[139] M.P. Alexei Julio Estrada.
[140] M.P.
Gloria Stela Ortiz Delgado.
[141] M.P. Alexei Julio Estrada.
[142] M.P. Gloria Stela
Ortiz Delgado.
[143] M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[144] M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[145] Sentencias T-092 de 2016. M.P.
Alejandro Linares Cantillo; T-102 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa;
T-148 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo; y SU-070 de 2013. M.P. Alexei
Julio Estrada.
[146] Sentencia SU-070 de 2013. M.P. Alexei
Julio Estrada.
[147] Folio
12, cuaderno 2.
[148] Folios 79 y 80, cuaderno 2.
[149] Folio 32.
[150] Como
se desprende de la comunicación
enviada por la Jefe del Departamento de Enfermería de la Clínica Fundadores a
la Cooperativa AGM Salud CTA el 12 de abril de 2018, en la que informa que la
señora Luisa María Clavijo se encuentra en estado de embarazo, visible a folio
17 del expediente.
[151] Ver Sentencias T- 472 de 2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; T-917 de 2014. M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez; T-382 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-405 de 2015.
M.P. María Victoria Calle Correa; T-594
de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre
otras.
[152] Sentencia T-215 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[153] M.P. Diana
Fajardo Rivera. En esta
providencia se resolvieron los asuntos acumulados T-7.055.614
y T-7.060.954.
[154] “Artículo
62. Publicación de providencias. En
la publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o el Magistrado
sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o
circunstancias que identifiquen a las partes.”
[155] Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo
Escobar Gil, fundamento jurídico N° 18.
[156] Sentencia T-020 de 2014. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez, fundamento jurídico N° 3.5.5.
[157] El derecho a la intimidad hace parte de la
esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria
de las demás personas que, al ser considerado un elemento esencial del ser, se
concreta en el derecho a poder actuar libremente en la mencionada esfera o
núcleo, en ejercicio de la libertad personal y familiar, sin más limitaciones
que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. Este derecho fundamental
se proyecta en dos dimensiones: (i) como secreto que
impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados (status
negativo), o (ii) como libertad, que se realiza en
el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de
su vida privada (status positivo). Ahora bien, el contenido
básico del derecho fundamental a la intimidad presupone la existencia
y goce de un espacio reservado de cada individuo que se encuentra exento de la
intervención o intromisiones arbitrarias del Estado y la sociedad. Dicha
definición permite sostener que el origen y alcance de este derecho como
manifestación de protección a la integridad moral del individuo, se desenvuelve
entonces a partir de la evolución de los conceptos ‘público’ y ‘privado’ y
su contenido depende de aquellos límites establecidos por el derecho para
determinar la mayor o menor intervención del Estado en la esfera personal de
los ciudadanos. Desde una perspectiva material, el concepto de “privacidad” o “de
lo privado”, corresponde a los asuntos que, en principio, tocan
exclusivamente con intereses propios y específicos de la persona humana, sin
que afecten o se refieran a los demás miembros de la colectividad, razón por la
cual sobre estos asuntos la sociedad -a través del ordenamiento jurídico- no le
exige o le impone a las personas el deber de informar o comunicar. Por el
contrario, si alguna materia es considerada por el derecho de importancia o
relevancia pública, su naturaleza se transforma de un asunto íntimo a una
cuestión socialmente catalogada como común o general. Así las cosas, este
derecho fundamental plantea diferentes esferas o ámbitos, como son el personal,
familiar, social y gremial, que están manifestados en: (i) relaciones
familiares; (ii) costumbres; (iii) prácticas
sexuales;  (iv) salud; (v) domicilio; (vi)
comunicaciones personales; (vii) espacios para la utilización
de datos a nivel informático; (viii) creencias
religiosas; (ix) secretos profesionales; y, en general, (x) todo
comportamiento del sujeto que únicamente puede llegar al conocimiento de otros,
siempre y cuando el mismo individuo decida relevar autónomamente su acceso al
público. Finalmente, debe señalarse que el derecho a la intimidad se
caracteriza por su carácter de “disponible”, lo cual
significa que el titular de esta prerrogativa puede decidir hacer pública
información que se encuentra dentro de esa esfera o ámbito objeto de
protección. De esta manera, en aquellos casos en los cuales existe de por medio
una aceptación expresa o tácita en dar a conocer informaciones o circunstancias
que recaen en ésta esfera íntima, podría aceptarse la intromisión de un
tercero. Sentencia C-881 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
fundamentos jurídicos N° 3.5.1. y 3.5.2.
[158] La Corte ha traído como ejemplos los
eventos de protección de derechos de la familia, los niños y las niñas, y los
adolescentes; de personas intersexuales o con ambigüedad genital; de personas
que conviven con VIH/SIDA o enfermedades catastróficas, u otras afectaciones
del estado de salud; de personas LGBT, y de personas que han estado vinculadas
en investigaciones de naturaleza penal. Auto A-522 de 2015. M.P. María Victoria
Calle Correa, fundamento jurídico Nº 5. Ver notas al pie Nº 5 a 12.
[159] En casos en los que se puede afectar el
derecho fundamental a la intimidad de los accionantes, la Corte -de oficio-
suele reemplazar los nombres de los implicados. Así, por ejemplo, en la
Sentencia T-051 de 2018 (M.P. Alejandro Linares Cantillo), la Corte estudió el
caso de  una persona que consideraba ser beneficiaria del derecho fundamental a
la estabilidad laboral reforzada por ser portadora de VIH. Al respecto, la Sala
Cuarta de Revisión decidió “tomar oficiosamente medidas para proteger la
intimidad del accionante, de manera que serán elaborados dos textos de esta
sentencia, de idéntico tenor, en el texto que será el divulgado y consultado
libremente, se dispondrá suprimir el nombre del tutelante y de la entidad
accionada, así como cualquier dato e información que permita identificarlo”.
Justificó esto en que “De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento de la Corte Constitucional, ‘En
la publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o el magistrado
sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o circunstancias
que identifiquen las partes’. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente
decisión se toma en consideración a que en los hechos del caso se hacen
referencias directas a asuntos sensibles desde el punto de vista del derecho a
la intimidad, por lo que esta Sala considera que siguiendo precedentes de esta
Corte, para garantizar dicho derecho y la confidencialidad de los accionantes
que presentan VIH/SIDA, se abstendrá de incluir en la providencia, datos e
información que conduzca a la identificación del tutelante.”
[160] A-204 de 2011. M.P. Mauricio González
Cuervo; A-241 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; A-522 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa; A-094 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; y A-539 de
2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[161] En el Auto A-259 de 2019 (M.P. Cristina
Pardo Schlesinger) se precisó que “El Código General del Proceso establece
que las providencias pueden ser modificadas mediante aclaración (art. 285 CGP),
corrección de errores aritméticos y otros (art. 286 CGP) y adición (art. 287
CGP). // Sin embargo, tal como se expondrá a continuación, las
solicitudes de reserva de nombre en autos y sentencias no se enmarcan dentro de
los supuestos de las figuras antes enunciadas. // Para empezar, la
aclaración procede de oficio o a petición de parte dentro del término de
ejecutoria y en los eventos en que la providencia ‘contenga conceptos o frases
que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte
resolutiva de la sentencia o influyan en ella’. // Por su parte, la
corrección de providencias resulta aplicable en cualquier tiempo respecto de
errores aritméticos o de errores ‘por omisión o cambio de palabras o alteración
de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en
ella’. // Finalmente, la adición procede de oficio o a petición de parte
dentro del término de ejecutoria en los eventos en que se ‘omita resolver sobre
cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento’.”
[162] “ARTÍCULO 5o. DATOS SENSIBLES. Para los
propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que
afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia
a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías
de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a
la vida sexual y los datos biométricos”.
[163] “ARTÍCULO
6o. TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES. Se prohíbe el Tratamiento de
datos sensibles, excepto cuando:
(…)
d) El
Tratamiento se refiera a datos que sean necesarios para el reconocimiento,
ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial;
e) El
Tratamiento tenga una finalidad histórica, estadística o científica. En este
evento deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de
los Titulares”.