T-537-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-537/11
ACCION DE TUTELA EN MATERIA
PENSIONAL-Procedencia cuando se evidencia perjuicio irremediable
REVOCATORIA UNILATERAL DE ACTO
ADMINISTRATIVO-Prohibición de revocar unilateralmente derecho pensional,
sin existir pronunciamiento judicial o el consentimiento expreso del
beneficiario del acto
DEBIDO PROCESO Y MINIMO VITAL-Vulneración
por revocar acto administrativo que reconoció pensión de jubilación sin haber
demostrado conducta delictiva en el reconocimiento del derecho
Durante la actuación administrativa no se demostró que
los medios utilizados por el tutelante para acceder a la prestación económica
hayan sido manifiestamente ilegales. La entidad accionada puede argumentar que,
en estos casos, el principio de buena fe opera en beneficio de la
administración para proteger el interés público; sin embargo, los argumentos
que presentó el Grupo Interno de Trabajo para demostrar la ilegalidad del acto
tan sólo acreditan que la presunta ilegalidad de la resolución por la cual se
le reconoció la pensión de jubilación al accionante y de los actos
administrativos sobre los cuales se fundamentó esa decisión fue producto de una
irregularidad cometida por la misma Administración Pública, mediante las
actuaciones adelantadas por la empresa Puertos de Colombia, pero no apoyan la
conclusión de que el peticionario incurrió en alguna conducta típica para que
se le reconociera en forma ilegal su pensión de jubilación, condición exigida
para la revocatoria directa de actos que reconocen un derecho pensional.
ACCION DE TUTELA CONTRA GRUPO
INTERNO DE TRABAJO PARA EL PASIVO SOCIAL DE PUERTOS DE COLOMBIA DEL MINISTERIO
DE TRABAJO-Orden de reanudar el pago de la pensión de jubilación
Referencia: expediente
T-2926357
Acción de
tutela instaurada por Javier Sierra Mejía contra el Ministerio de la Protección
Social – Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos
de Colombia, o quien haga sus veces.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil once (2011)
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Juan Carlos Henao Pérez, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y previo el cumplimiento de los requisitos y trámites legales
y reglamen­tarios, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa
Marta el 23 de septiembre de 2010, y en segunda instancia, por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 7 de diciembre de 2010,
dentro de la acción de tutela promovida por el señor Javier Sierra Mejía contra
el Ministerio de la Protección Social -Grupo Interno de Trabajo para la Gestión
del Pasivo Social de Puertos de Colombia.
El expediente de la referencia fue escogido para revisión
por medio del Auto del veinticinco (25) de febrero de dos mil once (2011),
proferido por la Sala de Selección Número Dos.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El señor Javier Sierra Mejía interpuso acción de tutela con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la
seguridad social y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por el
Ministerio de la Protección Social – Grupo Interno de Trabajo para la Gestión
del Pasivo Social de Puertos de Colombia, al haber revocado su pensión de jubilación
de manera unilateral, sin contar con su autorización previa ni haber obtenido
autorización judicial.
El accionante fundamentó su solicitud en los siguientes
hechos:
1.1.
El señor Javier Sierra Mejía nació el 14 de octubre de 1944,[1] y laboró al
servicio de la Empresa Puertos de Colombia desde el 1 de agosto de 1975 hasta
el 24 de noviembre de 1991, desempeñando como último cargo el de Gerente del Terminal
Marítimo de Santa Marta.[2]
1.2.
Mediante Resolución No. 141510 de 30 de diciembre de 1991, expedida por
el Gerente del Terminal Marítimo de Santa Marta, la Empresa Puertos de Colombia
reconoció una pensión de jubilación al señor Javier Sierra Mejía a partir del
día 25 de noviembre de 1991. En el momento en que le fue reconocida la pensión
de jubilación, el señor Javier Sierra Mejía tenía 47 años de edad, y contaba con
17 años, 1 mes y 16 días de servicios prestados al Estado, inicialmente en el Instituto
de Mercadeo Agropecuario – IDEMA – desde el 1 de diciembre de 1973 hasta el 5
de agosto de 1974, posteriormente en la Alcaldía Mayor de Santa Marta desde el
2 de junio hasta el 31 de julio de 1975 y finalmente en la Empresa Puertos de
Colombia. Esta pensión de jubilación se le reconoció con base en el 67.12% del
promedio mensual devengado en el último año de servicios. En esa misma
resolución, la Empresa Puertos de Colombia resolvió prestar al peticionario
todos los servicios médicos que ofrecía la empresa, de conformidad con el
artículo 120 de la Convención Colectiva de Trabajo.[3]
1.3.
Mediante Auto No. 002025 de 12 de septiembre de 2007, el Grupo Interno
de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia   ordenó
iniciar una actuación administrativa de revisión integral de la pensión de
jubilación reconocida al señor Javier Sierra Mejía, teniendo en cuenta que al
momento de su retiro, el pensionado “desempeñaba un cargo de naturaleza de
empleado público, en virtud de lo cual se requería verificar si la pensión se
reconoció y liquidó con fundamento en las normas legales aplicables”.[4]
Esta actuación administrativa fue comunicada al accionante, quien se hizo parte
dentro del proceso para oponerse a la revisión integral de su pensión.[5]
1.4.
Con fundamento en la información recaudada en la actuación
administrativa de revisión integral de la pensión de jubilación del actor, el
Ministerio de la Protección Social profirió la Resolución No. 001358 de 18 de septiembre
de 2008, por la cual ordenó revocar directamente la Resolución No. 0141510 de 30
de diciembre de 1991 (acto administrativo de reconocimiento pensional del
actor).[6]
El tutelante afirma que el Ministerio de la Protección Social no contó con su autorización
previa, ni con una sentencia judicial ejecutoriada que ordenara la revocación de
la citada resolución.
En la copia de la Resolución No. 001358 de 2008, aportada
por el accionante en su escrito de tutela,[7]
se encuentra que el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social
de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social consideró que la
Resolución No. 805 del 9 de octubre de 1991 “por medio de la cual se fijan
condiciones para el retiro de los Empleados Públicos de la Empresa Puertos de
Colombia”,[8]
norma en virtud de la cual se reconoció una la pensión de jubilación
proporcional al peticionario,[9]
es una norma contraria a la Constitución y la ley, pues en ella se hace
extensible un régimen pensional para los empleados públicos de la Empresa
Puertos de Colombia que no fue establecido en la ley, invadiendo una
competencia exclusiva del Congreso de la República, establecida en el Artículo
150, numeral 19, literal e, de la Constitución Política,[10] razón por la cual, el
acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación del actor resultaba igualmente
contrario a la Constitución.
Adicionalmente, la entidad accionada argumentó que la
normatividad aplicable para estudiar si el actor tenía derecho a la pensión de
jubilación era la Ley 33 de 1985, régimen en el cual se establecían como
requisitos para acceder a la prestación, haber servido al Estado durante 20
años y tener 55 años de edad. Como el señor Javier Sierra Mejía al momento de
su retiro tan sólo tenía 47 años de edad y 17 años, 1 mes y 15 días de servicio,
no cumplía con los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de
jubilación.
Por las razones expuestas, la entidad accionada resolvió
revocar directamente la Resolución No. 141510 del 30 de diciembre de 1991, “[p]or
la cual se reconoce y autoriza el pago de una pensión de jubilación
proporcional al [señor] JAVIER SIERRA MEJÍA”,[11] por ser manifiestamente
contraria a la Constitución y a la ley. Como consecuencia de lo anterior,
ordenó su exclusión de la nómina de pensionados de la liquidada empresa Puertos
de Colombia, y ordenó al accionante que reintegrara a la Nación $913.618.686,85,
suma que percibió sin haber tenido derecho a ella.
1.5.
El señor Javier Sierra Mejía interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra del anterior acto administrativo, los cuales
fueron resueltos por medio de las Resoluciones Nos. 000027 de 8 de enero de
2009[12]
y 000689 de 19 de mayo de 2010,[13]
respectivamente, en las cuales se confirmó la decisión de revocar el acto
administrativo por el cual se le reconoció la pensión de jubilación al actor.
1.6.
El peticionario considera que la entidad accionada, con la expedición de
las Resoluciones Nos. 001358 de 18 de septiembre de 2008, 000027 de 8 de enero
de 2009[14]
y 000689 de 19 de mayo de 2010, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, pues en dichos actos se desconoció la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en la que se establece que “la revocatoria de un acto
administrativo que reconoce una pensión […], es de carácter excepcional y
restrictiva y, sólo procede cuando el receptor o beneficiario ha inducido
a la administración en engaño, por la consumación de un comportamiento descrito
en la ley como delito, durante el proceso de formación del acto administrativo
objeto de revisión.”[15]
(Negrilla y subraya en texto original)
1.7.   Por último, el actor afirma que es una persona de 66
años de edad, inválida,[16]
a quien el Ministerio de la Protección Social - Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, ha despojado de su única
fuente de ingresos, con la consecuente vulneración de su derecho fundamental y
el de su familia al mínimo vital. Solicita, entonces, que se ordene a la
entidad accionada dejar sin efectos las Resoluciones Nos. 1358 de 10 de
septiembre de 2008, 0027 de 8 de enero de 2008 y 0689 de 19 de mayo de 2010, y
que se ordene reanudar el pago de su mesada pensional. En adición a lo anterior,
solicita que se continúe pagando el 12% para aportes al sistema de seguridad
social en salud para continuar recibiendo los servicios de salud por parte de la
EPS.
2.
Respuesta de la entidad accionada
El Ministerio de la Protección Social, actuando a través de la
Coordinadora del Área de Prestaciones Económicas del Grupo Interno de Trabajo
para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, presentó informe
sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, solicitando que se
negaran las peticiones del señor Javier Sierra Mejía, ya que en su concepto, la
acción de tutela es improcedente para resolver una controversia sobre un
derecho de rango legal como la planteada por el accionante en su escrito de
tutela.
Adicionalmente, manifestó que durante la actuación
administrativa de revisión integral de la pensión de jubilación del señor Javier
Sierra Mejía, se cumplieron a cabalidad las directrices trazadas por la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 2003, para la revocación de un acto
administrativo que reconoce un derecho pensional, ya que: i) la actuación se
inició porque existían motivos serios que permitían suponer que la pensión de
jubilación del accionante se estaba pagando indebidamente, teniendo en cuenta
que al momento de su retiro de la empresa, el actor se desempeñaba en un cargo
de empleado público, y por lo tanto, su derecho a la pensión de jubilación solo
podía reconocerse en aplicación de las normas legales vigentes al momento de su
retiro y no en virtud de un régimen pensional creado mediante resoluciones de
la propia entidad, ii) durante la actuación administrativa se protegió el
derecho al debido proceso del actor, porque se le garantizaron sus derechos de
defensa y contradicción, de publicidad de la actuación, y de debida motivación
del acto administrativo, iii) la revisión integral de la pensión de jubilación
se hizo por una sola vez y, iv) el funcionario que reconoció la pensión de
jubilación del actor incurrió en una conducta típica al reconocer un derecho
pensional a un empleado público que no cumplía los requisitos legales.
3. Sentencia de primera instancia
El 23 de septiembre de 2010, la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior de Santa Marta, profirió sentencia en la que tuteló los
derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital del señor Javier
Sierra Mejía. En consecuencia, ordenó inaplicar transitoriamente la Resolución
No. 001358 de 18 de septiembre de 2008 expedida por el Ministerio de la
Protección Social, hasta que la entidad accionada adelante una acción de
nulidad en contra de la Resolución No. 141510 de 30 de diciembre de 1991 en la
que se declare la ilegalidad del acto administrativo en mención.
Como fundamento de su decisión, el juez de primera instancia
consideró que la revocatoria directa de los actos administrativos que reconocen
un derecho pensional sin el consentimiento del beneficiario de la prestación, sólo
procede en aquellos casos en los que el derecho se reconoció por medio de actuaciones
evidentemente fraudulentas. Específicamente dijo:
“[…] cuando se trata de
revocatoria de actos administrativos de manera unilateral como consecuencia de
los resultados obtenidos durante la realización de revisiones integrales por
parte de la administración a los reconocimientos pensionales de sus
administrados, como en el presente caso, de presentarse problemas que versen
sobre la interpretación del derecho, se debe tener en cuenta los establecido en
el artículo 20 de la [L]ey 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la
revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del
particular.
Además cuando la Corte
Constitucional en la sentencia C-835 de 2003 decidió sobre la exequibilidad del
artículo 19 de la Ley 797 de 2003 manifestó que de conformidad con el artículo
28 del Código Contencioso Administrativo toda actuación administrativa iniciada
de oficio que afecte a un particular deberá estar precedida de un procedimiento
que garantice su derecho de defensa y puntualizó que la revocatoria directa sin
el consentimiento del titular prevista en el mencionado artículo solo cabía
frente a actuaciones evidentemente fraudulentas.[…].”
Por lo anterior, la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior de Santa Marta señaló que la revocatoria de los actos administrativos
que reconocieron la pensión de jubilación del señor Javier Sierra Mejía, no tuvo
como fundamento la verificación de la ocurrencia de una conducta punible con
base en la cual se reconoció el derecho pensional en forma irregular, sino que
las razones de la revocatoria hacen referencia a la aplicación equivocada de un
régimen jurídico al momento de reconocer el derecho pensional. Por esta razón,
el juez de primera instancia concluyó que el Ministerio de la Protección Social
no estaba facultado para revocar directamente le pensión de jubilación y, por
lo tanto, debió obtener la autorización previa del beneficiario de la
prestación o acudir a la jurisdicción competente para que fuera ésta quien
decidiera cuál era el régimen jurídico aplicable.
4. Impugnación
La coordinadora del Área de Prestaciones Económicas del
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de
Colombia impugnó el fallo de primera instancia, reiterando los argumentos
planteados en su escrito de contestación a la acción de tutela. Solicitó así la
revocatoria de la sentencia por considerar que esta acción constitucional es
improcedente para resolver la controversia objeto de estudio.
La entidad accionada manifestó que en su concepto, el juez
de primera instancia omitió analizar en todo su sentido y alcance el texto de
las resoluciones por las cuales se revocó la pensión de jubilación del señor
Javier Sierra Mejía, incurriendo en una vía de hecho judicial al ordenar seguir
pagando una pensión proporcional de jubilación a alguien que no tiene derecho a
la misma.
Igualmente, señaló que la revocación del acto administrativo
por el cual se le reconoció al tutelante la pensión de jubilación, no tuvo como
fundamento una diferencia en la interpretación de las normas con base en las
cuales se reconoció la pensión, sino que la revocación del derecho obedeció a
que, en concepto de la entidad, “[…] se reconoció una pensión proporcional
de jubilación a un servidor que desempeñaba un cargo catalogado como de
empleado público, sin que por parte alguna se consideraran las normas legales
aplicables, entendidas como las expedidas por el Legislador”.[17]
Por último, consideró que el hecho punible con base en el
cual se reconoce el derecho pensional y que sirve de fundamento para la
revocación del acto administrativo, no necesariamente debe provenir del
beneficiario de la prestación económica periódica, sino que también puede
provenir de un tercero que expide un acto administrativo contrario a ley, el
cual, para el caso en concreto, fue el Gerente del Terminal Marítimo de Santa
Marta, quien en concepto de la entidad accionada, incurrió en una conducta que
puede ser tipificada como prevaricato.
Por las razones expuestas, el Ministerio de la Protección
Social concluyó que no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a
la vida digna y al mínimo vital del señor Javier Sierra Mejía, y en
consecuencia solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia.
5. Sentencia de segunda instancia
Mediante fallo del 7 de diciembre de 2010, la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo proferido por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Marta el 23 de septiembre de
2010, y en su lugar, negó el amparo de los derechos invocados.
Como fundamento de esta decisión, el juez de segunda instancia
consideró que el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la
Empresa Puertos de Colombia no vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al mínimo vital del señor Javier Sierra Mejía, porque la Resolución
No. 1358 de 10 de septiembre de 2008, por la cual se revocó el acto
administrativo que reconoció la pensión de jubilación del tutelante, fue
producto de una actuación administrativa en la cual la entidad accionada le
brindó todas las garantías constitucionales y legales.
Por lo anterior, consideró que la acción de tutela se había
interpuesto para debatir las inconformidades del señor Javier Sierra Mejía con el
contenido de la Resolución No. 1358 de 10 de septiembre de 2008, y en
consecuencia, concluyó que la acción constitucional no era el mecanismo idóneo
para resolver este tipo de controversias, pues el actor cuenta con la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso
administrativa.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Corte es competente para revisar los presentes fallos
de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la
Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2.
Problema jurídico
En
consideración a los antecedentes descritos, corresponde a la Sala Primera de
Revisión resolver si el Ministerio de la Protección Social – Grupo Interno de
Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de un pensionado (Javier
Sierra Mejía), al haber revocado directa y unilateralmente el acto
administrativo mediante el cual había sido reconocida su pensión de jubilación,
argumentando que esa decisión se tomó porque el reconocimiento de la prestación
se hizo con fundamento en unos actos administrativos que la entidad demandada
actualmente considera contrarios a la Constitución.
Para responder a este problema jurídico, la Sala de Revisión
reiterará su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela para
estudiar la prohibición de revocar unilateralmente un derecho pensional, sin la
existencia de un pronunciamiento judicial o el consentimiento expreso del
beneficiario del acto. Posteriormente, con base en estos elementos de juicio,
estudiará la situación concreta del señor Javier Sierra Mejía para determinar
si procede el amparo constitucional.
3.
Asunto previo. Procedencia de la acción de tutela en el caso
concreto
El artículo 86 de la
Constitución Política establece que la acción de tutela “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. En consecuencia, en los casos en que exista otro medio de
defensa, la procedibilidad de la tutela estará supeditada a que se dirija a
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, el cual ha sido
caracterizado por la Corte en los siguientes términos:
“[e]n primer lugar, el
perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder.  Este exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que
armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección
deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y
eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.[18]
En este caso, el tutelante
dispone de un medio de defensa judicial idóneo para controvertir la legalidad
de los actos administrativos mediante los cuales se revocó su derecho a la
pensión jubilación. No obstante, a juicio de la Sala el amparo persigue evitar
un perjuicio irremediable y, por eso, debe declararse procedente y estudiarse
de fondo. En efecto, el tutelante es una persona de 66 años de edad,[19] quien fue
calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 67.43%,[20] quien desde
hace más de 19 años ha tenido como única fuente de ingresos su mesada pensional
para suplir sus necesidades básicas y las de su familia.[21] La Sala considera que el
perjuicio que podría irrogársele al tutelante, si no se resuelve de manera
pronta su situación, es inminente porque con la decisión que adoptó la entidad
accionada se le está privando de su única fuente de ingresos con la que suple
sus necesidades básicas, situación que de prolongarse en el tiempo, afectará su
derecho y el de su familia al mínimo vital. De igual modo, se considera que la
situación del accionante es grave, pues sus necesidades esenciales de vida no
están garantizadas y a su edad no podría participar del mercado laboral en condiciones
de competitividad para garantizarse su supervivencia por sus propios medios, lo
cual implica que la protección de sus condiciones mínimas de vida es totalmente
incierta, haciéndose impostergable una pronunciamiento de fondo sobre la
constitucionalidad de la decisión que revocó el acto administrativo que
reconoció su derecho a la pensión de jubilación.
En un caso como este, la tutela es
procedente para determinar si la revocatoria del acto administrativo que
reconoció el derecho a la pensión de jubilación, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital del pensionado, ya que se ha
ejercido para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
4.
La prohibición de revocar unilateralmente un derecho pensional,
sin la existencia de un pronunciamiento judicial o el consentimiento expreso
del beneficiario del acto
4.1.    La Corte
Constitucional ha indicado que la revocatoria directa es “[…] una decisión
invalidante de otro acto previo, decisión que puede surgir de oficio o a
solicitud de parte, y en todo caso, con nuevas consecuencias hacia el futuro.
En la primera hipótesis el acto de revocación lo dicta el funcionario que haya
expedido el acto administrativo a suprimir, o también, su inmediato superior.
En la segunda hipótesis, el acto de revocación lo profiere el funcionario
competente a instancias del interesado”.[22]
4.2.    De igual manera,
esta Corporación ha señalado que los actos administrativos de carácter
particular y concreto son irrevocables sin el consentimiento del particular, en
los términos señalados en la ley.[23]
Esta posición se fundamenta en lo establecido en el artículo 73 del Código
Contencioso Administrativo, según el cual:
“Cuando un acto administrativo
haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin
el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación
de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio administrativo
positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere
evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse
parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario para corregir
simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la
decisión”.[24]
En la norma citada, se establece unas excepciones a la regla
general de la irrevocabilidad de los actos administrativos de carácter
particular y concreto. La primera de ellas opera, cuando el acto administrativo
fue resultado de la aplicación del silencio administrativo positivo, y la
segunda, cuando se compruebe que el acto fue producto de una manifiesta
ilegalidad. En cualquiera de los dos casos, la revocatoria del acto
administrativo debe realizarse con estricto cumplimiento del procedimiento
establecido en el artículo 74 del Código Contencioso Administrativo,[25] según el
cual, debe adelantarse una actuación administrativa,[26] cuya iniciación debe ser
comunicada a los particulares que puedan ser afectados por la decisión,[27] y durante el
trámite, se le debe dar la oportunidad al particular de expresar sus opiniones
y presentar pruebas,[28]
tomando una decisión debidamente motivada en la que se resuelvan todas las
cuestiones planteadas en la iniciación y durante el trámite administrativo.[29] La
revocación entonces debe sujetarse a un debido proceso, que el funcionario de
conocimiento deberá aplicar cuando se le haya advertido de la ausencia de los
requisitos a que alude la norma referida.
4.3.    Ahora bien,
cuando se busca revocar actos administrativos que reconocen derechos
pensionales, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
797 de 2003, norma especial en la cual se estableció la facultad de revisar y
revocar dichos actos, en cabeza de las entidades encargadas de su
reconocimiento y pago, según la cual, cuando existan motivos que hagan suponer
que la prestación económica fue reconocida irregularmente, se deberá adelantar
un procedimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para el reconocimiento del
derecho y, de encontrar que el pensionado no cumplió con los requisitos o que
el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se deberá revocar
directamente dicho acto.[30]
4.4.
4.5.    En la sentencia
C-835 de 2003,[31]
la Corte Constitucional analizó cuál debería ser la importancia del
incumplimiento de los requisitos que puede dar lugar a la revocatoria directa
del acto administrativo que reconoció un derecho pensional, concluyendo que esta
sólo podría declararse cuando, luego de haberse adelantado un procedimiento
administrativo en el que se respete el derecho al debido proceso de la persona
afectada con la decisión, la entidad encargada del reconocimiento y pago de la
prestación económica hubiera demostrado que tanto el acto de reconocimiento,
como los medios utilizados para obtener el reconocimiento del derecho, son
manifiestamente ilegales. Específicamente, se dijo:
“Por lo tanto, los motivos que
dan lugar a la hipótesis revocatoria del artículo 19 no pueden entenderse de
manera indeterminada, aislada, ni al margen del debido proceso.  Antes bien, la
manifiesta ilegalidad, tanto de las conductas reprochadas como de los
medios utilizados para acceder a la prestación económica que se cuestione, debe
probarse plenamente en el procedimiento administrativo que contemplan las
prenotadas disposiciones, para lo cual el titular del derecho prestacional o
sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el
debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento,
entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y
la contradicción; y por supuesto, imponiéndose el respeto y acatamiento que
ameritan los términos preclusivos con que cuenta el funcionario competente para
adelantar y resolver cada etapa o lapso procedimental.  Así, la decisión
revocatoria, en tanto acto reglado que es, deberá sustentarse en una ritualidad
sin vicios y en una fundamentación probatoria real, objetiva y trascendente, en
la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron
al convencimiento del funcionario competente para resolver.  En conclusión,
entre la parte motiva y la parte resolutiva del acto de revocatoria directa
deben mediar relaciones de consonancia que estén acordes con los respectivos
mandatos constitucionales y legales, particularmente, con el debido proceso, la
legalidad de los derechos adquiridos y la defensa del Tesoro Público.  Recordando
además que, en materia de supresión de actos administrativos, no es lo mismo
cuando interviene un funcionario administrativo que cuando interviene el juez;
y que, en todo caso, la revocatoria directa de un acto administrativo que
reconoce una pensión o prestación económica sólo puede declararse cuando ha
mediado un delito”.[32]
(negrilla en texto original).
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala
Plena de esta Corporación concluyó que en aquellos eventos en los que el
incumplimiento de los requisitos proviene de una controversia sobre la
interpretación del derecho, estos litigios no podrán ser resueltos en sede
administrativa sino que deberán ser decididos por los jueces competentes y, por
lo tanto, declaró la exequibilidad condicionada de la norma, “[…] en el
entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se
hizo con base en documentación falsa, se refiere siempre a conductas que estén
tipificadas como delito por la ley penal”.
De acuerdo con la interpretación conforme del artículo 19 de
la Ley 797 de 2003, la revocatoria del acto propio sólo procede frente a
irregularidades de tal trascendencia que podrían ser enmarcadas en un tipo
penal. En esos eventos, aunque no concurran los demás elementos constitutivos
de responsabilidad penal, resulta constitucionalmente legítima la revocatoria
unilateral del acto de reconocimiento pensional, aún sin el consentimiento del
afectado.
Es importante aclarar que, en la providencia citada la Corte
Constitucional expresó que las discusiones interpretativas sobre los regímenes
aplicables a la situación pensional del interesado no tienen la entidad de
irregularidades que puedan provocar la revocación directa del acto propio. En
esos eventos, corresponde a la administración la carga de acudir ante la
jurisdicción administrativa para perseguir la declaratoria de nulidad del acto
de reconocimiento pensional.
Además, en la sentencia T-790 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), esta Corporación sentenció que para la aplicación de la facultad
otorgada por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 a las Administradoras de Fondos de Pensiones, debe demostrarse que la irregularidad tuvo origen
en actuaciones del beneficiario de la prestación, pues en caso contrario se
permitiría a la administración alegar su propia culpa en perjuicio de los
derechos de una persona cuya buena fe debe presumirse[33].
5.
La entidad accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y al mínimo vital del señor Javier Sierra Mejía, al revocar el acto
administrativo por el cual se le reconoció su pensión de jubilación, sin haber
demostrado que el pensionado o sus causahabientes incurrieron en una conducta
delictiva para el reconocimiento del derecho
5.1.    El Grupo Interno
de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del
Ministerio de la Protección Social (ahora, del Trabajo), revocó de manera
directa y unilateral la resolución mediante la cual la Empresa Puertos de
Colombia había reconocido al señor Javier Sierra Mejía la pensión de
jubilación, argumentando que el reconocimiento del derecho se fundamentó en
actos administrativos contrarios a la Constitución y la ley.
La entidad accionada ordenó iniciar una actuación administrativa
del expediente del peticionario, porque al momento de su retiro, el señor
Javier Sierra Mejía tenía la calidad de empleado público, teniendo en cuenta
que el último cargo que desempeñó en la extinta empresa Puertos de Colombia fue
el de Gerente del Puerto Marítimo de Santa Marta y, por lo tanto, consideró
necesario determinar si la prestación económica fue reconocida con base en la
Ley 33 de 1985, norma que, en concepto del Ministerio de la Protección Social,
era la que contenía los requisitos que debió cumplir el actor para que se le
reconociera su derecho a la pensión de jubilación.
Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de la
Protección Social (ahora, del Trabajo) adelantó una actuación administrativa,
cuya iniciación fue comunicada al señor Javier Sierra Mejía, quien intervino
dentro del proceso radicando un memorial el 20 de noviembre de 2007, en el cual
presentó argumentos para que no se revocara su pensión de jubilación.[34] Como
consecuencia de esta actuación, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del
Pasivo Social de Puertos de Colombia profirió la Resolución No. 001358 de 18 de
septiembre de 2008, por la cual decidió revocar el acto administrativo de
reconocimiento pensional del señor Javier Sierra Mejía, motivando ampliamente
su decisión y controvirtiendo los argumentos presentados por el actor en su
intervención.
Contra la anterior decisión, el señor Javier Sierra Mejía
interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales
fueron resueltos de manera desfavorable a sus intereses, mediante Resoluciones
Nos. 000027 de 8 de enero de 2009 y 000689 de 19 de mayo de 2010,
respectivamente.
Con fundamento en lo anterior, la Sala de Revisión considera
que la actuación administrativa que adelantó el Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la
Protección Social (ahora del Trabajo) para la revocatoria de la Resolución No.
141510 de 30 de diciembre de 1991, se adelantó con fundamento en las normas
legales que regulan las actuaciones administrativas, respetando el derecho al
debido proceso del tutelante.
5.2.    Ahora bien, es
necesario establecer si la decisión por la cual la entidad accionada revocó el
acto administrativo que reconoció la pensión de jubilación del señor Javier
Sierra Mejía es igualmente respetuosa del derecho al debido proceso del actor,
ya que esta se tomó sin contar con la autorización del afectado. En este
sentido, debe establecerse si el acto administrativo que reconoció el derecho a
la pensión de jubilación del actor es manifiestamente ilegal y si fue obtenido
por medios igualmente ilegales ya que, de lo contrario, la entidad accionada
debería acudir a la jurisdicción contenciosa y solicitar la declaratoria de
nulidad de su propio acto (acción de lesividad), de conformidad con lo
establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia
C-835 de 2003.[35]
En desarrollo de lo anterior, la Sala de Revisión encuentra
que el argumento principal de la revocatoria del acto que reconoció la pensión
de jubilación del actor, se fundamenta en el hecho de que, al momento de su
retiro, el actor desempeñaba un cargo de empleado público y, por lo tanto, los
requisitos para acceder a la pensión de jubilación estaban establecidos en la
Ley 33 de 1985, norma en la cual se exige haber laborado al servicio del Estado
durante 20 años y tener 55 años de edad. No obstante, el Gerente del Terminal
Marítimo de Santa Marta de la extinta empresa Puertos de Colombia le reconoció
al actor su derecho a la pensión de jubilación cuando tan sólo contaba con 17
años, 1 mes y 15 días de servicio al Estado, y 47 años de edad.
Esta decisión se adoptó con fundamento en la Resolución No.
805 de 9 de octubre de 1991, por medio de la cual el Gerente de la empresa
Puertos de Colombia fijó las condiciones de retiro de los empleados públicos de
dicha empresa, acto administrativo que -en concepto de la entidad accionada-,
más que fijar condiciones de retiro estableció un régimen pensional especial
para dichos empleados, lo cual consideró abiertamente contrario a la
Constitución Política de Colombia, ya que en su artículo 150, numeral 19,
literal e, se establece que dicha función es exclusiva del Congreso de la
República,[36]
análisis del que infirió que el acto de reconocimiento del derecho
pensional del accionante es igualmente contrario a la Constitución.
Al respecto, la Sala de Revisión considera que los
argumentos planteados por el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del
Pasivo Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social (ahora,
del Trabajo) están encaminados a cuestionar la legalidad y constitucionalidad
de la Resolución No. 141510 de 30 de diciembre de 1991, por la cual se
reconoció y autorizó el pago de la pensión de jubilación del señor Javier
Sierra Mejía. No obstante, durante la actuación administrativa no se demostró
que los medios utilizados por el tutelante para acceder a la prestación
económica hayan sido manifiestamente ilegales, situación que se evidencia en la
Resolución No. 001358 de 18 de septiembre de 2008, pues en ese acto
administrativo la entidad accionada se limitó a manifestar que “como quiera
que resulta evidente que al expedirse las resoluciones 805 y 141510 de 1991, se
incurrió en conductas delictivas atentatorias de la Administración Pública,
como son [p]revaricato por acción e incluso [p]eculado por apropiación […]”.[37]
La entidad accionada puede argumentar que, en estos casos,
el principio de buena fe opera en beneficio de la administración para proteger
el interés público; sin embargo, los argumentos que presentó el Grupo Interno
de Trabajo para demostrar la ilegalidad del acto tan sólo acreditan que la
presunta ilegalidad de la resolución por la cual se le reconoció la pensión de
jubilación al señor Javier Sierra Mejía y de los actos administrativos sobre
los cuales se fundamentó esa decisión fue producto de una irregularidad
cometida por la misma Administración Pública, mediante las actuaciones
adelantadas por el Gerente del Terminal Marítimo de Santa Marta y del Gerente
General de la empresa Puertos de Colombia, pero no apoyan la conclusión de que
el señor Javier Sierra Mejía incurrió en alguna conducta típica para que se le
reconociera en forma ilegal su pensión de jubilación, condición exigida para la
revocatoria directa de actos que reconocen un derecho pensional, de acuerdo con
lo expresado por esta Corporación en la sentencia T-790 de 2004.
De  otra parte, y sólo como argumento complementario
destinado a reiterar la doctrina constitucional, es clara la sentencia C-835 de
2003 al establecer que las discusiones sobre los regímenes aplicables a un caso
particular constituyen problemas interpretativos que escapan al campo de
aplicación de la citada facultad especial de revocatoria de actos propios.
En esa dirección, los argumentos presentados por la entidad
accionada llevan a concluir que existió un error de la administración, pero no
demuestran que el actor haya incurrido en alguna conducta que pueda ser
calificada como punible. Por lo tanto, el Grupo Interno de Trabajo no desvirtuó
la presunción de inocencia que opera a favor del pensionado y, en consecuencia,
no podía adoptar una decisión unilateral que lo hiciera responsable por una
conducta que cometió la propia administración, representada por el Gerente del
Terminal Marítimo de Santa Marta y por el Gerente de la empresa Puertos de
Colombia.
En este caso, la Sala de Revisión considera que la actuación
administrativa adelantada por la entidad accionada para revisar integralmente la
pensión de jubilación del señor Javier Sierra Mejía, tan sólo logró acreditar
que la propia administración profirió actos que actualmente considera contrarios
a la Constitución, pero no logró acreditar que el pensionado hubiera incurrido
en una conducta típica para obtener en forma fraudulenta el reconocimiento de
la prestación económica, razón por la cual, no podía revocar directa y
unilateralmente el acto que reconoció el derecho sin autorización del afectado,
y por lo tanto, debió acudir a la jurisdicción competente, para que en sede
judicial se determinara la ilegalidad del acto.
Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala de
Revisión estima que el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo
Social de Puertos de Colombia del Ministerio de la Protección Social (ahora,
del Trabajo) vulneró el derecho fundamental al debido proceso del tutelante, al
haber revocado directa y unilateralmente la Resolución No. 141510 de 30 de
diciembre de 1991, por la cual se reconoció y autorizó el pago de la pensión de
jubilación a favor del señor Javier Sierra Mejía, porque durante la actuación
administrativa que adelantó para revisar integralmente la pensión de jubilación
del actor, no logró demostrar que el actor hubiera utilizado medios
manifiestamente ilegales para el reconocimiento de la prestación económica,
como tampoco logró demostrar que el actor hubiera cometido una conducta
tipificada como punible en el ordenamiento jurídico colombiano.
5.3.    Adicionalmente, la
Sala de Revisión considera que la decisión de revocar unilateralmente el acto
administrativo que reconoció la pensión de jubilación del señor Javier Sierra
Mejía también vulnera su derecho al mínimo vital ya que, con fundamento en las
manifestaciones presentadas por el actor en su escrito de tutela, las cuales no
fueron desvirtuadas por la entidad accionada, la pensión de jubilación es la
única fuente de ingresos del actor y, por su avanzada edad y su pérdida de
capacidad laboral, no puede acceder al mercado laboral en condiciones de
competitividad para obtener ingresos que le permitan suplir sus necesidades
básicas.
5.4.    Por las razones
expuestas, la Sala de Revisión revocará el fallo proferido el 7 de diciembre de
2010 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su
vez revocó el fallo proferido el 23 de septiembre de 2010 por la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Marta y, en su lugar, tutelará
los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital del señor Javier
Sierra Mejía. Como consecuencia de lo anterior, dejará sin efectos las
Resoluciones Nos. 001358 de 18 de septiembre de 2008, 000027 de 8 de enero de
2009[38]
y 000689 de 19 de mayo de 2010, mediante las cuales el Ministerio de la
Protección Social (ahora del Trabajo) - Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia revocó el acto administrativo
que reconoció la pensión de jubilación del señor Javier Sierra Mejía, y
ordenará que se adopten las decisiones necesarias para que el actor sea
incluido nuevamente en la nómina de pensionados de la empresa Puertos de
Colombia.
III.
DECISIÓN
La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la
Constitución Política
RESUELVE:
Primero.-  REVOCAR el fallo proferido el 7 de diciembre
de 2010 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez revocó el fallo proferido el 23 de
septiembre de 2010 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa
Marta y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso y al mínimo vital del señor Javier Sierra Mejía.
Segundo.-  Como consecuencia de lo anterior, DEJAR
SIN EFECTOS las Resoluciones Nos. 001358 de 18 de septiembre de 2008,
000027 de 8 de enero de 2009[39]
y 000689 de 19 de mayo de 2010, mediante las cuales el Ministerio de la
Protección Social - Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social
de Puertos de Colombia, revocó la Resolución No. 141510 del 30 de diciembre de
1991, por la cual se reconoció y autorizó el pago de la pensión de jubilación
al señor Javier Sierra Mejía.
Tercero.- ORDENAR al Ministerio del Trabajo -
Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de
Colombia, o quien haga sus veces, que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la presente providencia,  ordene a quien corresponda incluir al
señor Javier Sierra Mejía nuevamente a la nómina de pensionados de la empresa
Puertos de Colombia.
Cuarto.- Por Secretaría LÍBRESE la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los
fines allí contemplados.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta
de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO
PÉREZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] En el folio 19 del cuaderno No. 1, obra copia
de la cédula de ciudadanía del señor Javier Sierra Mejía, en la que consta que
el tutelante nació el 24 de octubre de 1944. (En adelante, cuando se haga
referencia a un folio se entenderá que hace parte del cuaderno No. 1 a menos que se diga expresamente lo contrario).
[2] En la Resolución No. 001358 de 2008, expedida por el Ministerio de la Protección Social, (folios 34 – 60) se indica: “2. Revisada la historia laboral del señor
SIERRA MEJÍA, se verificó que mediante carta de 14 de noviembre de 1991,
dirigida al Gerente General de la empresa, presentó renuncia al [c]argo de Gerente
del Terminal Marítimo de Santa Marta, para el cual había sido nombrado a través
de la Resolución No. 000218 de 6 de septiembre de 1988, cargo catalogado como
empleo público de conformidad con el Acuerdo de Junta Directiva No. 016 de
1990, aprobado por el Decreto No. 287 de 1991. Según el texto del acto
administrativo que concedió la pensión, dicha renuncia fue aceptada mediante la Resolución No. 980 de 25 de noviembre de 1991.” (negrilla y subraya en texto original).
[3] En los folios 30 - 33, obra copia de la Resolución No. 141510 del 30 de diciembre 1991, expedida por el Gerente del Terminal Marítimo
de Santa Marta.
[4] Resolución No. 001358 del 18 de septiembre de 2008, expedida por el
Ministerio de la Protección Social Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, numeral 3 (folios 34).
[5] Resolución No. 001358 del 18 de septiembre de 2008, expedida por el
Ministerio de la Protección Social Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia. (folios 40-42).
[6] Folios 25 – 67.
[7] Folios 34 – 60.
[8] Folios 21 – 27.
[9] Folios 25 – 67.
[10] Constitución Política de
Colombia, artículo 150.
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones: […] // 19. Dictar
las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales
debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […] // e)
Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; […] “.
[11] Folios 25 – 67.
[12] Folios 61 – 70.
[13] Folios 71 – 78.
[14] Folios 61 – 70.
[15] Folio 5.
[16] Como documento anexo al escrito de tutela, el actor aportó copia del
Dictamen de Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena,
de 1 de julio de 2010, en el que es calificado con un 67.43% de pérdida de
capacidad laboral. (folios 84 – 87).
[17] Folio 197.
[18] Sentencia T-1316/01 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes). En esta sentencia se
estudia si es procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio,
teniendo en cuenta que el accionante había presentado una demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa, solicitando el incremento de su mesada
pensional. En este caso la Corte resolvió confirmar los fallos de instancia,
los cuales negaron la tutela del derecho, pues consideró que para el caso en
concreto no se configuraba una situación irremediable.  Esta sentencia reitera
los argumentos planteados en la T-225/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[19] En el folio 19 del cuaderno No. 1, obra copia
de la cédula de ciudadanía del señor Javier Sierra Mejía, en la que consta que
el tutelante nació el 24 de octubre de 1944.
[20] Folios 84 – 86.
[21] Folio 6, escrito de tutela.
[22] Sentencia C-835 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería; SPV. Rodrigo
Escobar Gil; AV. Jaime Córdoba Triviño, fundamento jurídico número 4.). En esa
sentencia, la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003. Respecto del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en el cual se señala la posibilidad de revocar directamente los actos
administrativos que reconocen pensiones o prestaciones económicas periódicas
cuando se encuentre que la pensión fue reconocida sin el cumplimiento de los
requisitos legales o que su reconocimiento se hizo con base en documentación
falsa, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de dicho requisito “[…]
en el entendido que el incumplimiento de los
requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, se
refiere siempre a conductas que estén tipificadas como delito por la ley
penal”.
[23] Sentencia C-672 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis, decisión unánime).
En esa sentencia, la Corte estudió una demanda de inconstitucionalidad contra
el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 “por la cual se dictan normas tendientes
a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción
administrativa”. En dicho artículo, se establece que en caso de que un
cargo o empleo público esté siendo ejercido por una persona que no cumple con
los requisitos legales para ello, se debe proceder a solicitar la revocatoria
directa del acto administrativo de nombramiento y posesión. Para el demandante,
en el artículo se establecía una obligación de revocar directamente el acto de
nombramiento y posesión, sin que se adelantara un proceso administrativo
previo. La Corte declaró la exequibilidad de la norma, porque consideró que la
norma demandada no implicaba el desconocimiento del debido proceso del actor,
ya que “[…] toda actuación  administrativa iniciada de
oficio que  afecte a un particular  deberá  estar precedido de
un procedimiento que garantice su derecho de defensa”.
[24] Código Contencioso Administrativo, artículo 73.
[25] Código Contencioso
Administrativo, artículo 74: PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y CONCRETO. Para proceder a la revocación de actos
de carácter particular y concreto se adelantará la actuación administrativa en
la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código. En el
acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por el silencio
administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que
autoriza el artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones
penales o disciplinarias correspondientes. // El beneficiario del silencio que
hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño ante la
jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se revoca.
[26] Código Contencioso Administrativo, artículo
74.
[27] Código Contencioso Administrativo, artículo 28. “DEBER DE COMUNICAR.
Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay
particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a estos se les
comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma. // En estas
actuaciones se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34
y 35”.
[28] Código Contencioso Administrativo, artículo 34: “PRUEBAS. Durante la
actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar
informaciones, sin requisitos ni términos especiales, de oficio o a petición del
interesado”.
[29] Código Contencioso Administrativo, artículo 35: “ADOPCIÓN DE
DECISIONES. Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la
decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”.
[30] Ley 797 de 2003. Artículo
19. “REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el
pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar
de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y
la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del
tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda
suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica.
En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el
consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades
competentes.”
[31] MP. Jaime Araújo Rentería; SPV. Rodrigo Escobar Gil; AV. Jaime Córdoba
Triviño, fundamento jurídico número 4 (antes citada).
[32] Sentencia C-835 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería; SPV. Rodrigo
Escobar Gil; AV. Jaime Córdoba Triviño, fundamento jurídico número 4). (Antes
citada).
[33] Otras sentencias en las que la Corte ha analizado el alcance de las irregularidades que pueden dar origen a la revocatoria directa del acto
administrativo de reconocimiento pensional sin consentimiento del titular, son:
T-949 de 2010, T-460 de 2007 y T-1003 de 2008.
[34] En el numeral III de la Resolución No. 001358 de 18 de septiembre de 2008, el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, presentó los argumentos expuestos por el
pensionado en su intervención. (folios 40 – 42).
[35] Sentencia C-835 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería; SPV. Rodrigo
Escobar Gil; AV. Jaime Córdoba Triviño, fundamento jurídico número 4). (Antes
citada).
[36] Constitución Política de Colombia, artículo 150.
“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones: […] // 19. Dictar las normas
generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: […] // e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; […] “.
[37] Folio 55.
[38] Folios 61 – 70.
[39] Folios 61 – 70.