C-189-99
Sentencia C-189/99
Sentencia C-189/99
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Privación de la libertad/ PRIVACION DE LA LIBERTAD-Competencia de autoridades judiciales
Las normas demandadas desconocen el
articulado de la Carta Política, y la jurisprudencia de esta Corporación sobre
el alcance del artículo 28 Superior, pues a través de ellas se faculta a las
autoridades de Policía para imponer una sanción privativa de la libertad con
desconocimiento de las exigencias mínimas establecidas en la Constitución:
orden escrita de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y
por los motivos señalados en la ley.
NORMAS DE TRANSITO-Conductores no pueden ser arrestados por
infringirlas/CODIGO NACIONAL DE TRANSITO/ARRESTO-Conductores
Bajo los principios de dignidad y de
libertad que inspiran la Constitución, no es posible presuponer que el
embriagado es potencialmente peligroso y que deba privársele de la libertad por
esa sola circunstancia;  sólo en el evento de que la conducta delictiva se
realice, y previa orden judicial, se puede detener a la persona en las
circunstancias descritas; de lo contrario se desconocen no sólo los derechos a
la libertad y al debido proceso, sino a la presunción de inocencia. Téngase en
cuenta que la inmovilización del vehículo a la que deben proceder las
autoridades administrativas en estos casos, según el mismo numeral 9 del
artículo 181 demandado, es suficiente para garantizar que la persona ebria no
continuará conduciendo y, por tanto, los demás -y ella misma-, no tendrán que
enfrentar un riesgo mayor al que les impone el tránsito en condiciones
normales. Es claro que la privación de la libertad contemplada en los artículos
181 y 227 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, resulta desproporcionada
si se la compara con la amonestación en privado, máxima sanción que las
autoridades de policía pueden imponer "al que en vía pública riña o
amenace a otros", o con la de presentación periódica ante el Comando, que
las mismas autoridades pueden imponer "al que reincida en riña o
pelea"; en los últimos dos casos, algún daño se ocasionó a otro y no por
ello se pierde la libertad a órdenes de un funcionario administrativo; en
cambio en los casos contemplados en las normas demandadas, se priva de la
libertad a quien no ha causado daño alguno y, posiblemente, no lo ocasionará.
Referencia: Expediente D-2205
Demanda de inconstitucionalidad contra
los artículos 158 y 182 parciales, del Decreto 1809 de 1990 "por el
cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre
(Decreto-ley 1344 del 4 de agosto de 1970)".
Demandante: Jorge Alberto Rojas Otálvaro.
Magistrado Ponente:
Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, a los
veinticuatro (24)  días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve
(1999).
I.
ANTECEDENTES.
El ciudadano Jorge Alberto Rojas Otalvaro, con base en
el artículo 241-4 de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad
de los artículos 158 (parcial) y 181 (parcial) del Decreto 1809 de 1990 "por
el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre
(Decreto-ley 1344 del 4 de agosto de 1970)".
Por auto del siete (7) de octubre de mil novecientos
noventa y ocho (1998), el inicial magistrado sustanciador admitió la demanda y
ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, dispuso dar traslado al
señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto, y comunicó
la iniciación del proceso al señor Presidente del Congreso de la República y al
señor Ministro del Transporte, con el objeto de que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran
sobre la constitucionalidad de la norma demandada.
A.   Norma acusada.
El siguiente es el texto de las normas acusadas, con
la advertencia de que se subraya lo acusado.
"DECRETO NÚMERO 1809 DE 1990
"(Agosto 6)
"Por el cual se introducen reformas
al Código Nacional de Tránsito Terrestre (Decreto-ley 1344 del 4 de agosto de
1970)
"El Presidente de la República de Colombia, en
ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 53 del 30 de
octubre de 1989
"Decreta:
"158ª: El artículo 181 del Decreto-ley 1344 de
1970, quedará así:
"Artículo 181. Será sancionado con multa
equivalente a veinte (20) salarios mínimos el conductor de un vehículo
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:
"1. Presentar licencia de conducción adulterada,
falsificada o ajena. Además será puesto a órdenes de la autoridad penal
correspondiente y dará lugar a la inmovilización del vehículo.
"2. Transportar carga de dimensiones superiores a
las autorizadas sin cumplir con los requisitos exigidos. Además el vehículo
será inmovilizado.
"3. Transportar combustibles, materiales
inflamables, explosivos, tóxicos, venenosos, corrosivos, radioactivos, al mismo
tiempo que pasajeros o alimentos, o sin las medidas de seguridad ordenadas por
este código o por autoridad competente. Además se le sancionará con la
suspensión de la licencia de conducción por el término de seis (6) meses la
primera vez y con cancelación de la misma por segunda vez. En ambos casos dará
lugar a la inmovilización del vehículo (Decreto 2591/90, art.19).
"4. No respetar las señales dadas por el agente
de transporte y tránsito o por un semáforo.
"5. Conducir un vehículo automotor transformado
sin la autorización correspondiente. Además el vehículo será inmovilizado.
"6. Conducir en vías públicas un vehículo en
competencias automovilísticas no autorizadas. Además se le suspenderá la
licencia de conducción hasta por el término de tres (3) meses.
"7. No permitir el paso que en forma debida le
pida un vehículo de emergencia.
"8. Proveer de combustible un vehículo automotor
con el motor encendido o, en el caso de un vehículo de servicio público o
escolar, con el motor encendido o con pasajeros (Decreto 1951/90 Art. 2).
"9. Conducir un vehículo en estado de embriaguez
o bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes. Además
incurrirá en la suspensión de la licencia de conducción de seis (6) meses a un
(1) año, arresto de veinticuatro (24) horas e inmovilización del
vahículo."
"182ª. El artículo 227 del Decreto-ley 1344 de
1970, quedará así:
"Artículo 227. Las sanciones por faltas al
presente Código son:
"1. Multa
"2. Suspensión de la licencia de conducción
"3. Cancelación de la licencia de conducción
"4. Arresto
"5. Suspensión o cancelación de la licencia de
funcionamiento a talleres o parqueaderos.
"Las sanciones señaladas en este artículo se
impondrán como principales o accesorias.
"Parágrafo 1. El incumplimiento de las normas que
regulan el funcionamiento de las escuelas de enseñanza automovilística, será
sancionado de acuerdo con la gravedad de la falta, así:
"- Con multa de quinientos (500) salarios mínimos
diarios legales.
"- Con suspensión de la licencia de
funcionamiento hasta seis (6) meses.
"- Con cancelación de la licencia de
funcionamiento.
"Las sanciones aquí estipuladas se impondrán sin
perjuicio de las sanciones penales y civiles correspondientes.
"El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito
reglamentará el procedimiento para la aplicación y ejecución de las sanciones
aquí establecidas.
"Parágrafo 2. Las autoridades de tránsito podrán
amonestar a los infractores. La amonestación consiste en la asistencia a cursos
obligatorios de educación vial. El infractor que incumpla la citación al curso
será sancionado con multa equivalente a diez (10) salarios mínimos".
B.   Demanda.
El demandante considera que las normas acusadas
vulneran el artículo 28 de la Constitución Política, como quiera que la norma
constitucional quebrantada consagra una reserva judicial, y por tanto, el
mandamiento de arresto consagrado en las disposiciones demandadas, proviene de
autoridad administrativa o de policía, constituyendo claramente una violación a
lo dispuesto por la norma superior citada.
Agrega que en relación con el tema, la Corte
Constitucional se pronunció, manifestando que las autoridades de policía tenían
una competencia temporal para el conocimiento de los hechos punibles
sancionados con arresto, debido al régimen transitorio consagrado en el
artículo 28 del Estatuto Fundamental, exigencia esta que fue resuelta por la
Ley 228 de 1995, por medio de la cual se determina el régimen aplicable a las
contravenciones especiales.
C.   Intervención oficial.
El 26 de octubre de 1998, la Secretaría General de la
Corte informó sobre la intervención de la doctora Liliana María Vásquez
Sánchez, apoderada del Ministerio del Transporte, recibida durante el término
de fijación en lista.
Se resume la intervención presentada así:
La apoderada del Ministerio de Transporte solicita la
constitucionalidad de las normas demandadas, aduciendo que en primer término es
indispensable precisar que el derecho a la libertad no es un derecho absoluto,
sino que encuentra sus límites en la libertad de los demás, límites que en un
Estado de Derecho como el nuestro, son establecidos por la ley.
La imposición de medidas correctivas y preventivas a
las contravenciones por parte de la administración, no riñen con las normas de
rango constitucional relacionadas con los derechos fundamentales, siempre y
cuando en el procedimiento "se respeten las normas que lo
determinan".
Señala que la Constitución Política en el artículo 28
inciso 2, tal como lo manifiesta la Corte Constitucional, estableció dos
excepciones al régimen constitucional de la estricta reserva judicial,
excepciones que tienen como finalidad prevenir y evitar hechos nocivos contra
la integridad de los ciudadanos, tanto el sujeto pasivo de la sanción, como las
demás personas que puedan verse afectadas. Además, señala que el artículo 2
Superior consagra que el Estado está para proteger la vida, honra y bienes de
los ciudadanos, razón por la cual se debe proceder al arresto por parte de las
autoridades policivas facultadas por la ley "en orden al cumplimiento
de su rol preventivo y de su deber constitucional de preservación del orden
público".
Considera la interviniente, que el arresto en el caso sub
examine, no se debe tomar en un sentido lato, como una privación de la
libertad, sino que ha de entenderse como una medida de seguridad, tendiente a
la protección de los ciudadanos en general, como quiera que pueden ver
amenazada su vida y sus bienes por conductores que presentan alteraciones
mentales y físicas producidas por la ingestión de alcohol o estupefacientes,
que deterioran su capacidad "para realizar actividades que requieren
precisión como la conducción de vehículos automotores".
Además, vistas así las cosas, el arresto en esas
condiciones tiene una base objetiva, por cuanto las autoridades cuentan con los
elementos necesarios para determinar el estado de las personas, verbi gracia el
alcoholímetro, lo cual deshecha la arbitrariedad del personal que procede a
cumplir la norma.
Igualmente, señala la importancia de la inmediatez de
esas medidas, porque si el arresto de un conductor que se encuentre en alguna
de las situaciones descritas en las normas acusadas, requiriera de orden
judicial, los trámites necesarios para obtenerla harían inoperantes e
ineficaces las disposiciones, ya que se trata de situaciones de urgencia
tendientes a la protección de la vida misma, que no permiten actuar sino "en
el momento mismo".
Finalmente, señala que las facultades de las
autoridades administrativas tienen limitaciones de orden temporal ajustadas a
la Constitución Política, pues en las normas demandadas, se contempla un
arresto hasta de 24 horas, límite que es inferior al estipulado en el inciso
segundo del artículo 28 Superior que es de 36 horas, lapso en el cual, la
persona puede volver al estado de lucidez requerido para realizar la actividad
de conducir.
D.   Concepto del Procurador General de la
Nación.
En concepto No. 1683 del 24 de noviembre de 1998, el
señor Procurador solicita declarar constitucionales las normas demandadas. Sus
razones se pueden resumir así:
En primer lugar, manifiesta que el Código Nacional de
Tránsito Terrestre, establece como una de las sanciones que procede contra las
faltas reguladas en el mismo, la del arresto, el cual es de conocimiento de los
Secretarios, Inspectores Municipales y Distritales de Tránsito, y en su defecto
los Alcaldes Municipales y los Inspectores de Policía.
Considera el Ministerio Público que la facultad
concedida a las autoridades de tránsito, de manera alguna vulnera las
disposiciones del ordenamiento superior, por cuanto si bien es cierto que el
artículo 28 de la Carta, establece la reserva judicial, salvo las excepciones
que el mismo ordenamiento superior consagra, lo cierto es que la prohibición
prevista en el artículo 28 de la Constitución Política tiene aplicación bajo el
contexto general de la misma, toda vez que la misma Carta garantiza de manera especial
el derecho a la vida, la integridad personal y la prevalencia del interés
general.
Adicionalmente, agrega que la sanción de arresto para
las infracciones de tránsito prevista por las disposiciones demandadas, no
tiene un carácter retributivo sino preventivo, por cuanto se pretende proteger
la integridad personal de los ciudadanos y del conductor que se encuentra bajo
los efectos del alcohol o de sustancias alucinógenas, y cita en consecuencia,
un concepto proferido por ese Despacho, en el cual se analizó la
constitucionalidad de un asunto que guarda relación con el que ahora se
estudia.
Por último, advierte que la sanción de arresto
prevista en las normas demandadas, tienen un límite temporal máximo de 24
horas, y que la finalidad de la misma es preventiva, lo que significa que su
aplicación sólo procede dentro del término allí establecido, el cual es
suficiente para que cesen los efectos del alcohol o de los estupefacientes, por
lo cual solicita se declare la constitucionalidad de las normas damandadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia.
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4, la
Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de
inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la
demanda que se estudia.
2. Reserva judicial en materia de libertad personal.
Las autoridades administrativas no tienen competencia,
según la Constitución y la jurisprudencia de esta Corte, para privar a las
personas de su libertad.
Según la normas acusadas, la policía sí tiene
competencia para arrestar, durante 24 horas, a la persona que se encuentre en
la situación descrita en el numeral 9 de la primera de ellas;  dicho arresto,
según el Ministerio Público y la apoderada del Ministerio de Transporte,  consiste
en una medida preventiva que no puede calificarse como sanción retributiva,
pues ésta sólo se puede imponer luégo de agotado un proceso, a través del cual
se compruebe la responsabilidad del inculpado.
Tratándose de una sanción, como inequívocamente está
consagrada en la norma demandada, la doctrina constitucional sobre la materia
fue sentada en la sentencia número 212 de 1994[1], al estudiar
el alcance del artículo 116 Superior. En dicho fallo esta Corporación indicó
quiénes, según la Carta Política, pueden privar legítimamente de su libertad a
las personas, y fijó los límites de la competencia atribuída a las autoridades
de policía para juzgar a quien incurra en una contravención.
En uno de los apartes más significativos dijo esta
Corporación en el mencionado fallo:
"Así, pues,
el artículo 116, como otras disposiciones constitucionales, establece por regla
general que la función de administrar justicia corresponde a la Corte
Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al
Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, a los
tribunales y a los jueces, pero establece la posibilidad de que órganos ajenos
a la Rama Judicial también lo hagan: así, el Congreso ejercerá determinadas
funciones judiciales -tal es el caso de las atribuídas en los artículos 174 y
178 de la Constitución- y excepcionalmente la ley podrá atribuir función
jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.
Aún los particulares pueden ser investidos transitoriamente de dicha función
cuando actúen como conciliadores o árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
"Se trata
de una excepción al principio general y, por tanto, su alcance es restrictivo:
únicamente pueden administrar justicia aquellas autoridades administrativas
determinadas de manera expresa por la ley, la cual debe indicar las materias
precisas respecto de las cuales ello es posible, siempre que no adelanten la
instrucción de sumarios ni juzguen delitos.
"Ahora bien, si los señalados
requisitos se cumplen, la norma legal que desarrolle la previsión
constitucional es, en principio, exequible. Tal ocurre con la asignación de
competencias a inspectores penales de policía, inspectores de policía y
alcaldes para fallar sobre contravenciones especiales sancionables con pena
distinta de la privación de la libertad".   (subraya fuera del texto).
A propósito de la libertad de las
personas, la Corte insistió, en la sentencia citada, en que ella no puede verse
afectada por el ejercicio de las competencias así atribuídas a las autoridades
de policía, y explicó los alcances del artículo 28 Superior:
"Resulta, pues, ajustado a la
Constitución que el legislador confíe de manera excepcional a funcionarios
distintos de los jueces, como es el caso de los inspectores penales de policía,
los inspectores de policía y los alcaldes, la función precisa de administrar
justicia en el ámbito propio de las contravenciones especiales.
"Pero ha advertido la Corte que ello
es así siempre que la respectiva contravención no sea castigada con pena
privativa de la libertad.
"Se introduce la distinción que
antecede por cuanto el artículo 28 de la Constitución de 1991 modificó
radicalmente la normatividad que venía rigiendo, incorporada a la Carta
Política de 1886 y sus reformas.
"El artículo 28 del Estatuto
Fundamental vigente brinda una mayor protección a la libertad personal cuando
establece que nadie podrá ser reducido a prisión ni arresto ni detenido 'sino
en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en
la ley'. (se subraya).
"Lo dicho significa, ni más ni
menos, que el Constituyente reservó de manera exclusiva y específica a los
jueces de la República la potestad de ordenar la privación de la libertad de
las personas, así sea preventivamente. Esto, desde luego, con las
salvedades que se derivan del inciso 2º del mismo artículo 28, a las cuales se
refirió la Corte en Sentencia C-024 del 27 de enero de 1994 (Magistrado
Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero) y las relativas a los casos de
flagrancia previstos en el artículo 32 eiusdem.  (énfasis fuera del texto)
"La normatividad constitucional en
esta materia es terminante. La nueva Carta, a la vez que introdujo la exigencia
expresa en cuanto a la naturaleza judicial del órgano que ordene la privación
de la libertad, suprimió totalmente la posibilidad de aprehensiones mediante
determinación del Ejecutivo por razones de orden público (artículo 28 de la
Carta Política anterior).
"El mandato de autoridad judicial es
elemento esencial dentro del conjunto de requisitos exigidos para toda forma de
detención, prisión o arresto, a tal punto que si en un caso concreto la privación
de la libertad proviniere de funcionario perteneciente a otra rama u órgano del
poder público, se configuraría la inconstitucionalidad del procedimiento y
sería aplicable el artículo 30 de la Carta (Habeas Corpus), como mecanismo apto
para recuperar la libertad." . (se subraya).
Así pues, en el mencionado fallo se
reiteró la doctrina sentada en la Sentencia C-175 de 1993[2],
en la que, igualmente, se dejó claramente establecido que la autoridades de
policía no tienen competencia para imponer la sanción de arresto a los miembros
de la Policía Nacional.
En esa oportunidad la Corte advirtió que:
"...el artículo 5o. del decreto 2010
de 1992, materia de examen, es inconstitucional por consagrar la sanción de
arresto severo como pena imponible a los miembros de la Policía Nacional por
parte de autoridades administrativas pertenecientes a dicha Institución y como
consecuencia de la violación del régimen de disciplina y honor de la
Institución, contenido en el decreto 100 de 1989.
"Dicha pena se encuentra definida en
el artículo 93 del citado estatuto disciplinario en los siguientes términos:
"El arresto severo consiste en la obligación que tiene el infractor de
permanecer aislado dentro de las instalaciones de la unidad, dedicado a la
ejecución de tareas útiles que le señale el director" y encaja dentro
de las penas privativas de la libertad además de identificarse con la
consagrada en materia criminal, pues contiene los mismos elementos que la
identifican como tal, a saber: el aislamiento y el trabajo.  (énfasis fuera de texto).
"Es que la Constitución Política de
Colombia es celosa en la guarda de la libertad personal y no es un azar que el
artículo 28 establezca como condición esencial para que a una persona se le
prive de su libertad, el que sea un juez de la República quien la decrete, con
la rigurosa observancia de las demás exigencias que allí mismo se
señalan".  (se
resalta).
De conformidad con lo anteriormente transcrito, es
claro que las normas demandadas desconocen el articulado de la Carta Política,
y la jurisprudencia de esta Corporación sobre el alcance del artículo 28
Superior[3], pues a través de ellas
se faculta a las autoridades de Policía para imponer una sanción privativa de
la libertad con desconocimiento de las exigencias mínimas establecidas en la
Constitución: orden escrita de autoridad judicial competente, con las
formalidades legales y por los motivos señalados en la ley.
Esa es razón suficiente para retirar del ordenamiento
los apartes de los artículos demandados.  Sin embargo, como en el concepto del
Procurador General y en la intervención del Ministerio de Transporte y Tránsito
se exponen argumentos en apoyo de la constitucionalidad de las normas que en
este proceso se examinan, se hará una breve referencia a ellos, en la medida en
que también se apartan de la doctrina de la Corte.
3.  Garantía de otros valores constitucionales.
El Procurador General conceptuó que la sanción de
arresto para las infracciones de tránsito prevista por las disposiciones
demandadas, no tiene un carácter retributivo sino preventivo, por cuanto se
pretende proteger la integridad personal de los ciudadanos y del conductor que
se encuentra bajo los efectos del alcohol o de sustancias alucinógenas. Sin
embargo, tampoco esta razón justifica el arresto de una persona en las
circunstancias descritas en el numeral 9 del artículo181 del Código Nacional de
Tránsito Terrestre, como se pasa a explicar:
a.  Protección de la vida y de la integridad personal
Quienes participaron en este proceso en defensa de la
constitucionalidad de las normas acusadas, afirman que el arresto correccional
se justifica porque "pretende salvaguardar valores constitucionales
como la vida o la integridad personal", los que pueden verse afectados
o amenazados porque el consumo de alcohol y otras drogas, en un elevado número
de personas, puede provocar una deshinibición tal, que el sujeto, sin control
de sus reacciones, puede actuar de manera imprudente, tardía o temeraria.  Como
se dice en la Sentencia C- 221 de 1994[4], "el relajamiento
de lazos inhibitorios y la consiguiente exteriorización de actitudes
violentas", puede ser el resultado de la ingestión de bebidas
embriagantes.
Pero no puede olvidarse que, a renglón seguido, y a
propósito de esa afirmación, se advirtió en el mismo fallo que: "...dentro
de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse
de una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan
caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos
civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente
hará, sino por lo que efectivamente hace."
Y es que no existen razones suficientes, que permitan
establecer con certeza que las personas embriagadas atenten, por ese solo
hecho, contra la convivencia ciudadana, o contra los derechos de los demás, es
decir que necesariamente incurran en conductas delictivas que las hagan
merecedoras de una sanción o de una medida como la que contienen los artículos
demandados. Bajo los principios de dignidad y de libertad que inspiran la
Constitución, no es posible presuponer que el embriagado es potencialmente
peligroso y que deba privársele de la libertad por esa sola circunstancia;
sólo en el evento de que la conducta delictiva se realice, y previa orden judicial,
se puede detener a la persona en las circunstancias descritas; de lo contrario
se desconocen no sólo los derechos a la libertad y al debido proceso, sino a la
presunción de inocencia.
Téngase en cuenta que la inmovilización del vehículo a
la que deben proceder las autoridades administrativas en estos casos, según el
mismo numeral 9 del artículo 181 demandado, es suficiente para garantizar que
la persona ebria no continuará conduciendo y, por tanto, los demás -y ella
misma-, no tendrán que enfrentar un riesgo mayor al que les impone el tránsito
en condiciones normales.
b.  Protección de la salud.
Según los defensores de la constitucionalidad de las
normas demandadas, el arresto del embriagado tiene también como finalidad la de
proteger su salud;  pero tampoco este argumento tiene justificación a la luz de
la Constitución y de la jurisprudencia de esta Corte, porque se trata de una
sanción y no de una medida de protección, y porque aún si se tratara de una de
estas medidas, se vulneraría el principio de la proporcionalidad.
Al respecto, en la Sentencia número T-493 de 1993[5],
se sentó una importante doctrina al negar una tutela mediante la cual se
pretendía imponer un tratamiento médico a quien padecía una enfermedad grave,
pues, juzgó esta Corporación que de otorgar tal amparo coartaría la libertad de
la enferma para decidir si se somete o no a un tratamiento médico y las
modalidades del mismo, e interferiría indebidamente "en lo relativo a
lo que a su juicio es más conveniente para preservar su salud y asegurar una
especial calidad de vida". A su turno, en la Sentencia número C-221,
ya citada, se dijo que "cada quien es libre de decidir si es o no del
caso recuperar su salud.  Ni siquiera bajo la vigencia de la Constitución
anterior, menos pródiga y celosa de la protección de los derechos fundamentales
de la persona, se consideraba que el Estado fuera el dueño de la vida de cada
uno...".
Por lo demás, la prohibición de las políticas
perfeccionistas y la procedencia de las "medidas de protección coactiva
a los intereses de la propia persona", quedaron sentadas en la
doctrina constitucional en los términos de la sentencia C-309/97[6]:
"En
Colombia, las políticas perfeccionistas se encuentran excluidas, ya que no es
admisible que en un Estado que reconoce la autonomía de la persona y el
pluralismo en todos los campos, las autoridades impongan, con la amenaza de
sanciones penales, un determinado modelo de virtud o de excelencia humana. En
efecto, esas políticas implican que el Estado sólo admite una determinada
concepción de realización personal, lo cual es incompatible con el pluralismo.
Además, en virtud de tales medidas, las autoridades sancionan a un individuo
que no ha afectado derechos de terceros, únicamente porque no acepta los
ideales coactivamente establecidos por el Estado, con lo cual se vulnera la
autonomía, que etimológicamente significa precisamente la capacidad de la
persona de darse sus propias normas. Por el contrario, las medidas de
protección coactiva a los intereses de la propia persona no son en sí mismas
incompatibles con la Constitución, ni con el reconocimiento del pluralismo y de
la autonomía y la dignidad de las personas, puesto que ellas no se fundan en la
imposición coactiva de un modelo de virtud sino que pretenden proteger los propios
intereses y convicciones del afectado".
Y a renglón seguido, esta Corporación añadió a su
doctrina el requisito de la proporcionalidad, para evitar que la medida de
protección se convierta en política perfeccionista; dijo esta Corporación:
"Muy ligado
a lo anterior, la Corte considera también que la sanción prevista por la
vulneración de una medida de protección no puede ser exagerada en relación al
interés que se pretende proteger, no sólo por cuanto la proporcionalidad de las
sanciones es un principio que orienta siempre el derecho punitivo, sino además
porque la previsión de penas que no sean excesivas es una garantía para evitar
que una política de esta naturaleza se vuelva perfeccionista".
Desde este punto de vista, es claro que la privación de
la libertad contemplada en los artículos 181 y 227 del Código Nacional de
Tránsito Terrestre, resulta desproporcionada si se la compara con la
amonestación en privado, máxima sanción que las autoridades de policía pueden
imponer "al que en vía pública riña o amenace a otros" (art.
201 C.N.P.), o con la de presentación periódica ante el Comando, que las mismas
autoridades pueden imponer "al que reincida en riña o pelea"
(art. 206 C.N.P.); en los últimos dos casos, algún daño se ocasionó a otro y no
por ello se pierde la libertad a órdenes de un funcionario administrativo; en
cambio en los casos contemplados en las normas demandadas, se priva de la
libertad a quien no ha causado daño alguno y, posiblemente, no lo ocasionará.
En consecuencia, se declararán inexequibles las
expresiones demandadas de los artículos 158a y 182a del Decreto 1809 de 1990.
DECISIÓN
En mérito de las consideraciones antecedentes, la
Corte Constitucional, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar INEXEQUIBLES las expresiones "arresto
de veinticuatro (24) horas" del numeral 9 del artículo 158ª, y "Arresto"
del artículo 182ª, ambos del Decreto 1809 del 6 de agosto de 1990, "por
el cual se introducen reformas al Código Nacional de Tránsito Terrestre (Decreto
1344 del 4 de agosto de 1970)".
Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidentge de la
República y al Presidente del Congreso, cúmplase y publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado Ponente
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
PABLO ENRIQUE LEAL RUÍZ
Secretario General (E)
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
HACE CONSTAR QUE:
El H. Magistrado Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, no
suscribe la presente providencia por encontrarse en comisión oficial en el
exterior, debidamente autorizada por la Sala plena de esta Corporación
PABLO ENRIQUE LEAL RUÍZ
Secretario General (E)
Salvamento de voto a la Sentencia C-189/99
CODIGO DE TRANSITO Y LIBERTAD DE
LOCOMOCION-Límites y
regulación (Salvamento de voto)
El artículo 24 de la Constitución garantiza
como uno de los derechos fundamentales la libertad de locomoción de todos los
colombianos, esto es "a circular libremente por el territorio nacional, a
entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia", pero
"con las limitaciones que establezca la ley". El Código de Tránsito,
constituye, por antonomasia, una regulación de la libertad de locomoción,
reservada por el constituyente al legislador y cuyo objeto es el de reglamentar
"la circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías
públicas y por las vías privadas que estén abiertas al público", pues es
claro que a la libertad de locomoción se le sujeta "a la intervención y
reglamentación de las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de
los habitantes". El aparente quebranto del artículo 28 de la Carta
Política por las normas acusadas, desaparece por completo, si el análisis de
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas se realiza de manera
armónica con otros preceptos de la Carta, como el artículo 2º, que establece el
deber de las autoridades de proteger  "a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades,
y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares"; el artículo 24, que garantiza la libertad de locomoción
"con las limitaciones que establezca la ley"; el artículo 95, que en
forma perentoria dispone que "el ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades", por lo que
constituye un deber de todos "Respetar los derechos ajenos y no abusar de
los propios" (numeral 1.); el artículo 93, que establece la prevalencia
"en el orden interno" de "los tratados y convenios
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos", como acontece con la libertad de locomoción (artículo 13,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Carta de San
Francisco, 10 de diciembre de 1948; artículo 12, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 de 1968; artículo 22,  Convención
Americana sobre Derechos Humanos,  "Pacto de San José de Costa Rica",
de 22 de noviembre de 1969, Ley 16 de 1972).
PRIVACION DE LA LIBERTAD-Competencia de
autoridades judiciales
(Salvamento de voto)
Con respecto a la preciosa garantía que
para la libertad personal establece el artículo 28 de la Constitución Nacional,
en cuanto exige orden judicial para la privación o limitación de la misma,
conviene recordar que en la discusión de esa norma de la Carta durante los
debates de la Asamblea Nacional Constituyente, se introdujo el requisito de la
"orden judicial" a que se ha hecho alusión, para evitar el abuso de
poder por el ejecutivo, cuando por consideraciones puramente políticas, pudiera
apelar a la facultad que le concedía el artículo 28 de la Constitución
anterior, que lo autorizaba para que "aun en  tiempo de paz, pero habiendo
graves motivos para temer perturbación del orden público", fueran
"aprehendidas y retenidas mediante orden del Gobierno, y previo dictámen
de los ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que
atenten contra la paz pública", atribución que el artículo 5º del Acto
Legislativo No. 1 de 1968 morigeró levemente al imponer al Gobierno el deber
jurídico de que, luego de transcurridos diez días de la aprehensión sin haber
puesto a los retenidos en libertad, tendría que dejarlos "a disposición de
los jueces competentes con las pruebas allegadas, para que decidan conforme a
la ley". No obstante, como aparece con claridad de los antecedentes de la
norma constitucional contenida en el artículo 28 de la Carta, ella no se opone,
en manera alguna, a la existencia del régimen de policía en el Derecho
Constitucional Colombiano, que, en nuestro país, como en los demás, resulta
indispensable en la organización del Estado para el mejor cumplimiento de sus
funciones y para alcanzar los fines que se persiguen en beneficio de la
sociedad en su conjunto y de cada uno de los habitantes del territorio
nacional.
POLICIA ADMINISTRATIVA-Función preventiva (Salvamento de voto)
Por lo que hace a la "policía
administrativa", esta implica el poder jurídico de tomar decisiones
limitativas de la libertad y de la propiedad de las personas, en los casos y
con los requisitos señalados por la ley, en lo cual se diferencia de las
"fuerzas de policía", las cuales en sentido estricto no ejercitan un
poder jurídico sino que realizan la ejecución material para lograr
coactivamente que se respete el ordenamiento jurídico-positivo. Por ello, tiene
dicho la jurisprudencia de esta Corporación que la función de "policía
administrativa", no es de índole represiva sino que ella es "de carácter
eminentemente preventivo", en orden a garantizar la tranquilidad, la
seguridad y la libertad de los asociados.
NORMAS DE TRANSITO-Conductores pueden ser arrestados por
infringirlas/NORMAS DE TRANSITO-Carácter preventivo/DERECHO A LA
LIBERTAD-No es derecho absoluto (Salvamento de voto)
Una interpretación armónica de las normas
constitucionales a las cuales se ha hecho referencia en este salvamento de
voto, resulta que la privación por el término de veinticuatro (24) horas de la
libertad a quien se encuentre conduciendo un vehículo en estado de embriaguez o
bajo los efectos de sustancias alucinógenas o estupefacientes, es de carácter
preventivo, no represivo, con la expresa finalidad de proteger la vida, la
integridad personal, la salud y los bienes no sólo del conductor, sino,
también, de los transeúntes y de los demás conductores de vehículos, sin que
pueda pensarse que la protección de los terceros resulta contraria a la Carta
Política.
Con el debido respeto por la decisión mayoritaria,
mediante la cual se declaró la inexequibilidad de las expresiones "arresto
de veinticuatro (24) horas" y  "arresto", contenidas en el
numeral 9 del artículo 181 y en el artículo 227 del Código Nacional de
Tránsito, con la nueva redacción que a ellos les fue introducida por el Decreto
1809 de 1990 (artículo 1º, modificaciones 158ª y 182ª), los suscritos
magistrados expresamos en este salvamento de voto las razones por las cuales
disentimos del fallo mencionado, pues, a nuestro juicio, las normas demandadas
se ajustan a la Carta Política.  Tales razones, en síntesis, son las
siguientes:
1º. La Sentencia No. C-189 de 1999, de la cual
discrepamos, esencialmente consideró para declarar la inexequibilidad de las
normas acusadas, que ellas resultan violatorias del artículo 28 de la Constitución
Nacional, por cuanto autorizan una restricción temporal a la libertad personal
sin que preexista para el efecto una orden escrita de autoridad judicial
competente, con las formalidades legales y por los motivos señalados en la ley,
lo cual no resulta acorde con la garantía constitucional de la libertad, así se
persiga la protección de la integridad personal, de la salud o de la vida del
conductor de vehículos automotores que se encuentre en estado de embriaguez o
bajo el efecto de estupefacientes.
2º. Conforme al artículo 1º de la Constitución,
Colombia es un Estado social de derecho, fundado en "el respeto a la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad" de las personas y
"en la prevalencia del interés general". Ello significa que la
interpretación de la Carta Magna ha de ajustarse siempre a tales postulados,
para que no se llegue a conclusiones equivocadas por la interpretación aislada,
gramatical y exegética de algunos de sus artículos, considerados sin tener en
cuenta el resto de la Constitución.
3º. El artículo 24 de la Constitución garantiza como
uno de los derechos fundamentales la libertad de locomoción de todos los
colombianos, esto es "a circular libremente por el territorio nacional, a
entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia", pero
"con las limitaciones que establezca la ley".
4º. A partir de la reforma constitucional de 1968, se
asignó al Congreso, como una de sus atribuciones, la de "unificar las
normas sobre policía de tránsito en todo el territorio de la República"
(artículo 11 Acto Legislativo No. 1 de 1968), la cual, igualmente se confirió
al legislador por el artículo 150, numeral 25 de la Constitución de 1991.
Es decir, el Código de Tránsito, constituye, por
antonomasia, una regulación de la libertad de locomoción, reservada por el
constituyente al legislador y cuyo objeto es el de reglamentar "la
circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías públicas y por
las vías privadas que estén abiertas al público", pues es claro que a la
libertad de locomoción se le sujeta "a la intervención y reglamentación de
las autoridades, para garantía de la seguridad y comodidad de los
habitantes", en los términos que establezca la ley, que, para el caso, lo
es el Código Nacional de Tránsito Terrestre, expedido por el Decreto-Ley 1344
de 1970, con las modificaciones posteriores que le han sido introducidas por el
legislador, como acontece con las contenidas en el Decreto 1809 de 1990.
5º. En relación con la libertad de locomoción, recordó
la Corte en Sentencia T-518 de septiembre 16 de 1992, que ella "está
consagrada en varios convenios y pactos internacionales, entre ellos la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), cuyo
artículo 13 señala que ´toda persona tiene derecho a circular libremente (...)
en el territorio de un Estado´, y Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968, que en su artículo 12
indica ´toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado
tendrá derecho a circular libremente por él ... ´.  Añade ésta última
Declaración que el enunciado derecho y los que con él se relacionan ´no podrá
ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley,
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud
o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles
con los demás derechos reconocidos en el presente pacto", lo que significa
que la libertad de locomoción no es, como se dijo en la sentencia aludida
"un derecho absoluto, sino susceptible de restricciones" como las que
indica la norma citada, conforme a la ley. (Magistrado ponente, doctor José
Gregorio Hernández Galindo).
6º. Así las cosas, el aparente quebranto del artículo
28 de la Carta Política por las normas acusadas, desaparece por completo, si el
análisis de constitucionalidad o inconstitucionalidad de las mismas se realiza
de manera armónica con otros preceptos de la Carta, como el artículo 2º, que
establece el deber de las autoridades de proteger  "a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares"; el artículo 24, que garantiza la libertad
de locomoción "con las limitaciones que establezca la ley"; el
artículo 95, que en forma perentoria dispone que "el ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades", por lo que constituye un deber de todos "Respetar
los derechos ajenos y no abusar de los propios" (numeral 1.); el artículo
93, que establece la prevalencia "en el orden interno" de "los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen
los derechos humanos", como acontece con la libertad de locomoción
(artículo 13, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Naciones Unidas,
Carta de San Francisco, 10 de diciembre de 1948; artículo 12, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley 74 de 1968; artículo 22,
Convención Americana sobre Derechos Humanos,  "Pacto de San José de Costa
Rica", de 22 de noviembre de 1969, Ley 16 de 1972).
7º.   Con respecto a la preciosa garantía que para la
libertad personal establece el artículo 28 de la Constitución Nacional, en
cuanto exige orden judicial para la privación o limitación de la misma,
conviene recordar que en la discusión de esa norma de la Carta durante los
debates de la Asamblea Nacional Constituyente, se introdujo el requisito de la
"orden judicial" a que se ha hecho alusión, para evitar el abuso de
poder por el ejecutivo, cuando por consideraciones puramente políticas, pudiera
apelar a la facultad que le concedía el artículo 28 de la Constitución
anterior, que lo autorizaba para que "aun en  tiempo de paz, pero habiendo
graves motivos para temer perturbación del orden público", fueran
"aprehendidas y retenidas mediante orden del Gobierno, y previo dictámen
de los ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que
atenten contra la paz pública", atribución que el artículo 5º del Acto
Legislativo No. 1 de 1968 morigeró levemente al imponer al Gobierno el deber
jurídico de que, luego de transcurridos diez días de la aprehensión sin haber
puesto a los retenidos en libertad, tendría que dejarlos "a disposición de
los jueces competentes con las pruebas allegadas, para que decidan conforme a
la ley".
8º.  No obstante, como aparece con claridad de los
antecedentes de la norma  constitucional contenida en el artículo 28 de la
Carta, ella no se opone, en manera alguna, a la existencia del régimen de
policía en el Derecho Constitucional Colombiano, que, en nuestro país, como en
los demás, resulta indispensable en la organización del Estado para el mejor
cumplimiento de sus funciones y para alcanzar los fines que se persiguen en
beneficio de la sociedad en su conjunto y de cada uno de los habitantes del
territorio nacional.
Como se sabe, el concepto de policía no es unívoco en
derecho, sino "multívoco por cuanto tiene al menos cuatro significaciones
diversas", a saber:  "de un lado, se refiere a unas formas de la
actividad del Estado ligadas con la preservación y restablecimiento del orden
público: es el poder, la función y la actividad de la policía administrativa.
De otro lado, se refiere a las autoridades encargadas de desarrollar tales
formas de actividad: son las autoridades administrativas de policía.  En tercer
término, la policía es también un cuerpo civil de funcionarios armados: la
Policía Nacional.  Finalmente, esta noción se refiere a la colaboración que
pueden prestar ciertos cuerpos a las autoridades judiciales para el
esclarecimiento de los delitos: es la policía judicial". (Sentencia C-024
de 1994, Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero).
Por lo que hace a la "policía administrativa",
esta implica el poder jurídico de tomar decisiones limitativas de la libertad y
de la propiedad de las personas, en los casos y con los requisitos señalados
por la ley, en lo cual se diferencia de las "fuerzas de policía", las
cuales en sentido estricto no ejercitan un poder jurídico sino que realizan la
ejecución material para lograr coactivamente que se respete el ordenamiento
jurídico-positivo.
Por ello, tiene dicho la jurisprudencia de esta
Corporación que la función de "policía administrativa", no es de
índole represiva sino que ella es "de carácter eminentemente
preventivo", en orden a garantizar la tranquilidad, la seguridad y la
libertad de los asociados.
9º.  Precisamente, en desarrollo de tales
principios la Corte Constitucional, en Sentencia C-199 de 1998, declaró la
exequibilidad de los numerales 2º y 3º del artículo 207 del Código Nacional de
Policía (Decreto-Ley 1355 de 1970), así como la inexequibilidad del numeral 1º
de la norma citada y expresó que no resulta contrario a la Constitución la
aplicación de una medida correctiva de retenimiento en un comando policial a la
persona que "deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser
acompañado a su domicilio", así como a aquel que "por estado grave de
excitación pueda cometer inminente infracción a la ley penal" . En esa
oportunidad, expresó la Corte que  "las medidas preventivas no tienen por finalidad
reprimir, o en otros términos, no tienen el alcance de una sanción, que sólo
puede ser el resultado de un juicio previo, a través del cual se compruebe la
responsabilidad del inculpado. Además, y en relación con lo anterior, porque no
toda afectación de un derecho es sinónimo de sanción, y  porque de acuerdo con
el mismo ordenamiento constitucional, es posible decretar la prevención, a fin
de garantizar un derecho actual o futuro.
"La existencia de este tipo de
instrumentos, se justifica en el marco del Estado de derecho y en el
ordenamiento constitucional colombiano, por diferentes razones: en primer
término, porque la Constitución establece como principio fundamental la
prevalencia del interés general, y reconoce como fin esencial del Estado, la
protección a "la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades" de los asociados (arts. 1o y 2° CP.) y en
consecuencia, asigna como deber primordial de las autoridades de policía "el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz" (art. 218 CN); en segundo término, porque en el ejercicio y goce
de sus derechos, la persona no puede atentar contra intereses de terceros, pues
no sólo los derechos no son absolutos en la medida en que prevalece el interés
general, sino que en especial, debe respetar los derechos ajenos y no abusar de
los propios", sentencia en la cual  se agregó que "la adopción de
este tipo de medidas debe ser, entonces, excepcional, y solo cuando existen
motivos "fundados, objetivos y ciertos, que comprometan gravemente valores
constitucionales superiores". (Magistrado ponente, doctor Hernando Herrera
Vergara).
10º. Como corolario obligado de lo
expuesto en los numerales precedentes, surge entonces como conclusión
ineludible que, de una interpretación armónica de las normas constitucionales a
las cuales se ha hecho referencia en este salvamento de voto, resulta que la
privación por el término de veinticuatro (24) horas de la libertad a quien se
encuentre conduciendo un vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de
sustancias alucinógenas o estupefacientes, es de carácter preventivo, no
represivo, con la expresa finalidad de proteger la vida, la integridad
personal, la salud y los bienes no sólo del conductor, sino, también, de los
transeúntes y de los demás conductores de vehículos, sin que pueda pensarse que
la protección de los terceros resulta contraria a la Carta Política.
Ello es así, entre otras razones, porque
nadie podría aducir el legítimo ejercicio de la libertad personal para que el
Estado le garantice conducir vehículos embriagado o bajo el efecto de
sustancias sicotrópicas, pues la libertad personal no es un derecho absoluto,
sino que tiene como límite necesario el respeto a los derechos de los demás, a
quienes no puede exponerse al riesgo del daño que a ellos o a sus bienes se les
pueda inferir por alguien que en un abuso de su propia libertad, reclamara
también el derecho a someter a otros a la inminencia de un serio atentado de
consecuencias graves para su vida, su salud, su integración personal o sus
bienes, por la imprudencia del primero.
11º. Por último, ha de señalarse como paradójico que,
conforme a la motivación y a la decisión contenidas en la Sentencia C-199 de
1998, resulte constitucionalmente legítimo retener en el comando de la policía
a quien se encuentre deambulando por las calles en estado de embriaguez o a
quien por un grave estado de excitación en que se encuentre pueda cometer
inminente infracción a la ley penal, al paso que, según la Sentencia C-189 de
1999 a la que se refiere este salvamento de voto, cuando alguien se encuentre
embriagado o bajo el efecto de estupefacientes, pero no va caminando por las
calles sino aferrado al timón de un vehículo, se le diga por la Corte que ésta
ultima conducta si se ajusta a la Constitución.
Con semejante doctrina, lo que se ofrece finalmente al
ciudadano es la posibilidad de que se diga a sus familiares en caso de
accidente fatal, que quien conducía el vehículo en tal estado está muerto pero,
eso sí, se le garantizó hasta el final la libertad personal; y, si de terceros
víctimas se trata, a estos se les dirá que sus derechos a la vida, a la salud,
a la integridad personal y a sus bienes, fueron sacrificados en aras de la
absoluta libertad personal de quien conducía en estado de beodez o bajo el
efecto de sustancias alucinógenas o estupefacientes, porque era inexequible la
restricción de la libertad al conductor del vehículo.
Fecha ut supra.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA                                           FABIO
MORÓN DÍAZ
VLADIMIRO NARANJO MESA
[1] M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo
[2] M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz
[3] Véase también la sentencia C-199 de 1998, M.P. Hernando Herrera
Vergara: " La norma demandada atribuye a una autoridad administrativa
la función de ordenar la privación de la libertad, sin previo mandamiento
judicial, en aquellos casos en que se irrespete, amenace o provoque a los
funcionarios uniformados de la Policía, en desarrollo de sus funciones, lo cual
resulta atentatorio de la libertad personal y del mandato constitucional que
prohibe la detención sin orden judicial. Por dicha razón, dicha norma será
declarada inexequible"
[4] M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz
[5] M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell
[6] M.P. Alejandro Martínez Caballero.