T-514-17
Sentencia T-514/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Requisitos generales
y especiales de procedibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no configurarse los defectos alegados en
acción de reparación directa
Encuentra la Sala
que ninguno de los defectos denunciados por la tutelante, en relación con las
providencias judiciales que ataca, se encuentra, en últimas, configurado.
Referencia: Expediente T-6.071.934.
Acción de tutela interpuesta por María Yarledy López Marín y
Luzmenia Marín de López en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Luis Guillermo Guerrero Pérez y Carlos Bernal Pulido, y por la Magistrada Diana
Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, se dispone a proferir la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión del fallo de tutela proferido, en primera instancia, por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso
Administrativo-, el 16 de noviembre de 2016, confirmado en sentencia del 14 de
febrero de 2017, dictada por la Sección Quinta de la misma Corporación, dentro
de la acción de tutela promovida por María Yarledy López Marín y Luzmenia Marín
de López en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.
El
expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto del 17 de
abril de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Cuatro[1].
I.
ANTECEDENTES
El 9 de agosto de 2016, María Yarledy López Marín y Luzmenia
Marín de López interpusieron, mediante apoderada judicial, acción de tutela en
contra del Tribunal Administrativo del Tolima, con el propósito de proteger sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la decisión
proferida dentro del proceso de Acción de Reparación Directa promovido por
ellas, en contra de la Nación -Ministerio de Defensa, Policía Nacional-.
1.
Hechos
1. Esta actuación tiene su génesis en el homicidio de la
señora Diana Marcela López Marín, perpetrado por su compañero permanente, Yeimi
Gómez Aguirre, la madrugada del 24 de enero de 2011, en el municipio de Fresno
(Tolima)[2].
Horas más temprano, la pareja había tenido, en estado de
alicoramiento, una discusión a la salida de una discoteca, la cual fue
atendida, en la vía pública, por dos agentes de la Policía Nacional, el
patrullero Andrés Arismendi y el intendente Hernán Rojas, quienes ejercían allí
sus labores de vigilancia en relación con el cierre de los establecimientos de
comercio. Ante ellos, la señora Diana Marcela López manifestó que no deseaba
convivir más con su pareja, pues la maltrataba, y advirtió que él era “capaz
de matarla”.
La actuación desplegada por los uniformados, de acuerdo a la
valoración de la prueba allegada al proceso contencioso-administrativo[3],
consistió en tratar de calmar a la pareja y constatar que no hubiese
agresiones. Luego, instaron a la señora López a que los acompañara y a que
formulara la denuncia respectiva. Ella, sin embargo, se rehusó. Finalmente,
Diana Marcela señaló, allí mismo, que, para no dirigirse a su casa con el
presunto agresor, pasaría la noche en la residencia de una prima. Ya estando a
solas con el señor Gómez Aguirre, los policías conversaron con él, lo acompañaron
hasta su casa y, antes de retirarse para continuar con el patrullaje, se
cercioraron de que este efectivamente entrara a la vivienda.
Sin embargo, tras conocer que su compañera, en lugar de
dirigirse a donde su familiar, se había dirigido a la vereda de San Bernardo a
seguir departiendo con sus amigos, el agresor volvió a salir de su casa y se
dispuso a perpetrar la conducta punible en contra de su compañera permanente,
por la que fue procesado y condenado.
2.  A raíz de estos hechos, las tutelantes en este proceso,
junto con otros familiares de la fallecida, promovieron una demanda de
reparación directa, para que se declarara que la Policía Nacional era
patrimonialmente responsable por la muerte de la señora Diana Marcela López
Marín, y la condenaran al pago de los perjuicios causados. Alegaron, para tales
efectos, la falla del servicio de la entidad demandada, al no habérsele
brindado, a la señora Diana Marcela López, las medidas de protección
necesarias, ni haberse percatado, los agentes de la policía, de que el
ciudadano Gómez Aguirre tenía una orden de captura, que, de haberse hecho
efectiva, habría evitado la muerte de la víctima.
3. El Juzgado 4° Administrativo de Ibagué, mediante sentencia
del 14 de julio de 2014, denegó las pretensiones de la demanda en sede de
primera instancia[4].
Este despacho judicial encontró que, según las pruebas obrantes en el proceso:
i) La discusión presentada entre Diana Marcela López Marín y
su compañero permanente, atendida por los policías, no permitía inferir que
este atentaría contra su vida. Se trató de una situación imprevisible para los
policías, como de hecho se concluyó, también, en el proceso disciplinario que
contra estos se adelantó, en el cual se descartó que se hubiese presentado una
conducta negligente de su parte.
ii) Los policías recomendaron a la señora López que pasara la
madrugada en la casa de una prima de ella, para que, a la mañana siguiente,
acudiera a la respectiva Comisaría de Familia. De hecho, los agentes estuvieron
pendientes de que la mujer, efectivamente, se dirigiera a la casa de su
pariente.
iii) Adicionalmente, los uniformados instaron al señor Yeimi
Gómez Aguirre para que fuera a su vivienda e, inclusive, se cercioraron de que
este entrara a ella. Ellos no alcanzaron a percibir que, momentos después, el
hombre salió de ahí de manera subrepticia.
iv) Diana López, luego del altercado, tomó la decisión, sin
exteriorizar apremio o temor alguno, de dirigirse a la vereda de San Bernardo a
seguir departiendo con sus amigos, haciendo caso omiso de la sugerencia de los
policías. Tras enterarse de ello, fue que Gómez Aguirre fue en su búsqueda y
acabó con su vida.
v) En criterio del juez, las circunstancias que rodearon los
hechos no permitían suponer que la señora López requiriera protección especial
de la Policía.
vi) Respecto de la verificación de la orden de captura que
pesaba contra Gómez, no se probó que tal información hubiera sido puesta en
conocimiento de la autoridad policial, ni los agentes estaban obligados a
verificar los antecedentes penales de cada persona requerida en la vía
pública.
4. El recurso de apelación, interpuesto por la parte
demandante, fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Tolima, que, en
sentencia del 6 de julio de 2015, confirmó la decisión recurrida[5]. Los
argumentos del Tribunal fueron, en síntesis, los siguientes:
i) En primer lugar, estimó que los testimonios rendidos en el
proceso penal seguido contra Gómez Aguirre, así como aquellos recepcionados en
el proceso disciplinario seguido contra los agentes Arismendi y Rojas (salvo
las versiones libres de estos, rendidas sin el juramento de rigor), podían ser
valorados. El a quo había considerado lo contrario, esto es, que tales
pruebas no podían valorarse.
ii) Según el Tribunal, el deber de protección que le asiste a
la Policía Nacional no implica la exigencia de lo imposible, y deben
analizarse, en cada caso, las posibilidades reales con las que contaban los
agentes del orden para impedir el resultado lesivo.
iii) La víctima en ningún momento solicitó, a las autoridades
de policía, una protección especial, ni los hechos demostraban, objetivamente,
su necesidad. Los policías cumplieron con la función de orientar a la señora
López Marín, para que acudiera ante la autoridad competente a formular la
respectiva denuncia. Además, no solo le ofrecieron acompañamiento, sino que, al
ser este rechazado por la misma mujer, contuvieron al presunto agresor mientras
la víctima lograba resguardarse en la casa de una familiar –como ella lo
manifestó-, algo que finalmente no hizo.
iv) En la discusión, cuando el ciudadano Gómez fue requerido
por la Policía, se mostró tranquilo y no representaba, en ese momento, un
peligro. El Código Departamental de Policía del Tolima habilita la conducción
de personas en estado de embriaguez o grave excitación, siempre que se advierta
que esta representa un peligro para su propia integridad o para la de otras
personas, pero este no era el caso.
v) No existe, en criterio del Tribunal, obligación normativa
alguna que imponga a la Policía Nacional el deber de verificar los antecedentes
penales de todas las personas que se encuentran en la calle. En todo caso, la
orden de captura en contra del señor Gómez, a la que alude la parte demandante,
ya había sido cumplida.
vi) El homicidio cometido contra Diana Marcela López Marín
configura un caso de violencia contra la mujer. Empero, no es atribuible a la
Policía Nacional. La reacción violenta de Yeimi Gómez se produjo tiempo después
de la intervención de los agentes del orden, cuando el victimario supo que su
compañera se dirigía a la vereda San Bernardo.
5. Una vez ejecutoriada la anterior decisión, la parte
demandante presentó, el 14 de julio de 2015, un recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia. Mediante auto del 12 de julio de 2016, la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado inadmitió ese recurso
por improcedente, como quiera que la sentencia que se invocó como desconocida
por el Tribunal no era una sentencia de unificación del Consejo de Estado, sino
una providencia dictada por una Subsección de la Sección Tercera. Al tratarse
de un defecto insubsanable, esta inadmisión tuvo efectos de rechazo[6].
6. Por su parte, la Oficina de Control Interno Disciplinario
del Departamento de Policía del Tolima ordenó la terminación y el consecuente
archivo definitivo del proceso disciplinario adelantado en contra de los
agentes Rojas y Arismendi, mediante decisión del 28 de junio de 2012.[7]
2.
Fundamentos y pretensiones de la acción de tutela
7. La apoderada de las señoras María Yarledy López Marín y
Luzmenia Marín de López interpuso acción de tutela contra la decisión proferida
en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima[8]. Alegó, en
primer lugar, como yerro de carácter procedimental, que en el proceso ordinario
no se decretaron una serie de testimonios, de personas que conocieron de la
captura de Yeimi Gómez e intervinieron en las audiencias preliminares del
proceso penal adelantado en su contra, y que podían controvertir los
testimonios de los dos policías mencionados.
Invocando la configuración del defecto fáctico, sostuvo que
el Tribunal no debió valorar las declaraciones rendidas en el proceso de
reparación directa por los agentes Andrés Arismendi y Hernán Rojas, pues tenían
interés directo en el asunto, al haber sido disciplinariamente investigados por
estos hechos, y eran, por consiguiente, testigos sospechosos, carentes de
credibilidad.
Bajo la misma causal específica de procedibilidad, argumentó
que la autoridad judicial demandada no valoró, en conjunto, el material
probatorio. En su concepto, no analizó adecuadamente las declaraciones que
fueron rendidas en los procesos penal y disciplinario mencionados, que
contrariaban los testimonios de los policías en el proceso de reparación
directa, y permitían advertir que el homicida, la noche de los hechos, estaba
irascible, a pesar de lo cual la Policía no lo condujo hasta su casa. Además
-agregó-, el proceso disciplinario abierto en contra de los uniformados fue
decidido por la misma entidad demandada, la Policía Nacional, de modo que las
pruebas allí practicadas estaban “parcializadas”, lo que indujo en error
al juez contencioso-administrativo.
Finalmente, alegó que la providencia atacada desconoció el
precedente judicial, expuesto, según la apoderada, en una sentencia del 28 de
mayo de 2015, radicado 26958, expedida por el Consejo de Estado, para casos de
investigación de feminicidios.
8. En consecuencia, deprecó el amparo de los derechos
fundamentales de sus representadas al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, con miras a que el juez de tutela deje sin
efecto la sentencia de segunda instancia proferida , por el Tribunal
Administrativo del Tolima, y se ordene, a dicha autoridad judicial, que
profiera una nueva sentencia “que se ajuste a Derecho y que corresponda a la
situación fáctica probada en la causa y que acoja la prescripción contenida en
el art. 90 de la Constitución Política”.
3.
Respuesta de las accionadas
9. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través del
magistrado ponente de la sentencia cuestionada, solicitó que se negara el
amparo constitucional peticionado, en la medida en que dicha decisión se basó
en los medios de prueba debidamente allegados al proceso y con observancia de
todas las garantías legales y constitucionales[9].
10. El Secretario General de la Policía Nacional, en
condición de tercero con interés, intervino para plantear la improcedencia de
la acción de tutela presentada[10].
Defendió la decisión tomada por el Tribunal, en el sentido de que no se
acreditaron los elementos para declarar la responsabilidad extracontractual del
Estado. Señaló que los testigos cuyo decreto echa de menos la tutelante son,
por otra parte, de oídas, y que no eran indispensables para restar valor a los
testimonios de los policías en el proceso de reparación directa, los cuales, la
parte demandante bien hubiera podido tachar de falsos, pero no lo hizo. Agregó
que en este caso no se acredita la configuración de un perjuicio irremediable,
como tampoco se cumple con el requisito de inmediatez.
4.
Decisiones objeto de revisión
4.1.
Fallo de primera instancia
11.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo-
denegó el amparo solicitado[11].
Comenzó por aclarar por qué la acción de tutela, en su criterio, cumple con el
requisito de inmediatez, a pesar de que fue presentada un año después de
ejecutoriada la sentencia que se ataca. Además de recordar, para flexibilizar
este requisito, que el caso debe resolverse con perspectiva de género, el a
quo argumentó que la parte actora intentó cuestionar la providencia
judicial desde el mismo momento en que tuvo conocimiento de ella, por medio de
un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que resultó
improcedente. Esto demuestra que las demandantes no permanecieron inactivas, y
que la demora en acudir al juez constitucional obedeció al tiempo que tardó el
trámite del mencionado recurso.
12.
Dicho ello, entró en el análisis de los defectos alegados. Sobre el argumento
según el cual el Tribunal no debió valorar las declaraciones rendidas en el
proceso de reparación directa por los agentes Andrés Arismendi y Hernán Rojas,
pues tenían interés directo en el asunto, la primera instancia puso de presente
que esos testimonios fueron debida y oportunamente decretados y practicados,
sin que la parte actora cuestionara tal determinación.
13.
Advirtió que si la parte actora consideraba que esos testimonios no eran
imparciales por su interés en la causa, lo propio era haberlos tachado de tales,
de conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso. El argumento
de falta de imparcialidad no era, en todo caso, suficiente para que los jueces se
abstuvieran de valorar esas pruebas, pues el inciso final del artículo en
mención ordena, precisamente, todo lo contrario. En este caso, el Tribunal
efectuó la valoración de rigor y asignó a tales testimonios el mérito que
correspondía, pues la ley lo facultaba para ello. En todo caso, no le
corresponde al juez de tutela, sino al juez natural, determinar si un
testimonio es o no  “sospechoso” y, por tanto, si debe o no ser
valorado.
14.
Sobre las declaraciones rendidas en los procesos penal y disciplinario, que, a
juicio de la tutelante, desvirtuaban los testimonios de los mencionados
policías, señaló el a quo que el Tribunal accionado las admitió
expresamente para ser tenidas en cuenta en el proceso de reparación directa,
salvo las versiones libres de los agentes, pues no fueron rendidas bajo
juramento.
15.
Luego recordó que, respecto de esos testimonios, el Tribunal sí hizo el estudio
necesario, y concluyó que versaban sobre momentos posteriores a la discusión
que sostuvieron la víctima y su compañero permanente a la salida de una
discoteca, hecho que se presentó, además, en un lugar distinto. Señaló que
ningún testigo refirió que la señora López hubiera solicitado protección policial
y que esta se hubiese omitido o negado. Como la no prosperidad de la demanda se
soportó en que la agredida en ningún momento solicitó protección especial a la
autoridad policial, “ni los hechos evidenciados demostraban objetivamente su
necesidad”, el juez no estaba obligado a ahondar en la valoración de
testimonios que no demostraban que la señora López sí hubiera demandado esa
protección por parte de la Policía. Por ello, consideró que de tales pruebas no
se desprendía que la autoridad hubiese incurrido en la aludida omisión, y así
lo determinó el Tribunal.
16.
En cuanto a la tesis de que el proceso disciplinario abierto en contra de los
uniformados y las pruebas allí practicadas estaban parcializadas, señaló que
tal expediente fue aportado por la entidad demandada, y fue debidamente
trasladado al proceso contencioso administrativo. Por ello, el juez estaba
facultado para valorarlo, sin que hubiese razones de peso para disponer su
exclusión.
17.
Para la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la providencia atacada valoró en
conjunto las pruebas del proceso ordinario, para concluir que, si bien estaba
acreditado el daño antijurídico -la muerte de la señora López-, este no era
atribuible a la Policía Nacional. Es decir, las pruebas no demostraron que se
tratara de un hecho imputable a dicha entidad. Por el contrario, demostraron
que en el contexto en que se produjo la actuación de los agentes, no era previsible
el desenlace fatal que a la postre se produjo. Recalcó que no hay lugar al
reproche por falta de protección policial, máxime cuando la protección se ofreció,
pero fue rechazada por la propia víctima. Esas fueron, en suma -apuntó el a
quo-, las conclusiones a las que válidamente llegó el Tribunal. La parte
actora no puede imponer, por vía de tutela, sus propias conclusiones
probatorias.
18.
En lo que se refiere a la causal relativa al desconocimiento del precedente
judicial, no la encontró configurada. Señaló que los supuestos fácticos de la
sentencia citada por la tutelante difieren ampliamente de los hechos que
originan esta acción de tutela.
4.2.
Impugnación
19.
La apoderada de las tutelantes impugnó la sentencia de instancia[12].
Señaló que en este caso no fue valorada una prueba documental que, a su juicio,
era de gran importancia, esto es, el registro escrito que dejaron los agentes
de policía, en el que consta que la señora López Marín manifestó que su
compañero sentimental quería matarla, lo que demuestra que la víctima tenía
miedo y buscó ayuda. Reiteró que la Policía debió haber tenido conocimiento de
la peligrosidad del agresor, por medio de la consulta de sus antecedentes
penales, y la constatación de que en su contra figuraba una orden de captura.
El
asunto –añadió- se trató como una simple desavenencia doméstica, no como lo que
era: una amenaza real. También censuró que, en una sociedad en la que las
personas agredidas suelen ser revictimizadas, se sostenga, según ella, que “ante
la amenaza de muerte, Diana Marcela López Marín, tenía que esconderse en la
residencia de un familiar, en lugar de esperar la protección, prevención y todo
el despliegue que un Estado Social de Derecho debe prodigar como garante de
Derechos Humanos”.
20.
Apuntó que tampoco fue valorado el testimonio del señor Yeimi Gómez, quien
sostuvo que la Policía no lo había acompañado a su residencia, máxime cuando
este testigo, a diferencia de los uniformados, no tenía interés en el proceso
de reparación directa. En su opinión, además, fueron negados testimonios
fundamentales solicitados oportunamente en la demanda, que demostraban, en
contra de las declaraciones de los agentes involucrados, que ese acompañamiento
policial a Gómez Aguirre en realidad nunca se dio. Era esa la única vía para
controvertir y tachar de falsos esos testimonios.
21.
Indicó que el Tribunal accionado tuvo en cuenta declaraciones de testigos
sospechosos que tenían interés directo en el proceso, y que tienen relación de
dependencia laboral con la entidad demandada, en contra de los mandatos del
Código General del Proceso (artículos 211, 217 y 218), lo cual, en su sentir,
se caracteriza como una “violación directa de la ley sustancial”.
22.
En su criterio, el Tribunal incurrió en un defecto fáctico, pues no analizó en
su conjunto todo material probatorio, en concreto, los testimonios que obran en
los expedientes penal y disciplinario referidos; caracterizó este yerro, a su
vez, como “violación indirecta por falso juicio racional”. Tampoco -apuntó
la apoderada- se analizó el tiempo transcurrido entre el momento en que la
señora López Marín acudió a la policía y el momento en el que fue asesinada.
Del análisis del tiempo que transcurrió en cada escena se desprende, según la
tutelante, un indicio claro que demuestra que no fue cierto que los policías
hubieran acompañado al señor Yeimi a su casa, ni que el agresor estuviera
calmado, y los uniformados mintieron al respecto.
23.
Para la tutelante, lo que las pruebas allegadas al proceso demuestran es que
los policías no dieron trascendencia a la amenaza de muerte anunciada por la
señora López. Por ello, el señor Gómez no dudó en ir detrás de ella para
matarla.
24.
Anotó que los testimonios de los policías en el proceso disciplinario
presentaban incongruencias, pues afirman que el victimario estaba calmado
cuando lo requirieron, pero otros testigos señalan que este hombre los amenazó
de muerte. La obligación de la Policía -precisó- era haber apartado al hombre
violento de la señora López, y cumplir con lo establecido en el Código de
Policía del Tolima. Según su postura, el Tribunal confió plenamente en el
proceso disciplinario adelantado contra los agentes, pero las declaraciones
allí vertidas –reiteró- fueron parcializadas y ello “indujo” al error
judicial.
4.3.
Fallo de segunda instancia
25.
La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó el fallo impugnado[13].
Indicó que la autoridad judicial accionada valoró las pruebas en su debido
conjunto, solo que concluyó que el hecho antijurídico no era responsabilidad
del Estado. Sobre las pruebas negadas que la actora echa de menos, consideró
que el juez de instancia, en el marco de su autonomía judicial, concluyó que
esos testigos no tenían conocimiento directo de los hechos, decisión frente a la
cual la parte demandante interpuso el recurso de apelación, resuelto por el
mismo Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó la decisión del juez.
Para
el ad quem, la tesis que intentaba demostrar la actora, esto es, que el
señor Gómez Aguirre no fue acompañado a su residencia, no era posible
demostrarla con las declaraciones que, según la tutelante, debieron ser
decretadas, las cuales provenían de unos servidores públicos que “conocieron
de los hechos con posterioridad a su ocurrencia y con ocasión de sus funciones”,
de modo que no es claro que se hubiese llegado a una decisión distinta de haber
sido decretados.
26.
Sobre la valoración de testigos sospechosos, estimó que ello no quita el hecho
de que tales declaraciones deben ser valoradas por el juez. El tribunal
-añadió- no solo se basó en el testimonio de los agentes de policía, sino que
se valoraron otras pruebas allegadas al proceso. De este análisis, la autoridad
judicial accionada concluyó que la señora López no aceptó el acompañamiento de
la policía, ni quiso acudir a entablar una denuncia formal, todo lo cual impide
la declaratoria de responsabilidad impetrada.
27.
A renglón seguido, la Sección Quinta consideró que la valoración probatoria
efectuada por la jurisdicción contencioso-administrativa no fue irracional. El
señor Gómez, según lo que pudo constatarse del expediente, estaba tranquilo
cuando, junto con su compañera, fue abordado por los uniformados. Una vez se
enteró de que la señora López no se dirigió, como lo había anunciado, a la casa
de su prima, fue que se molestó y salió en su búsqueda.
28.
Sobre la causal, también invocada en la acción de tutela, de error inducido,
por la supuesta parcialización del proceso disciplinario, consideró que los
elementos que componen tal expediente fueron valorados, también, en su debido
conjunto. Para la segunda instancia, es claro que en este caso se pretende, por
medio de esta acción constitucional, reabrir un debate judicial debidamente
agotado.
II.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
29. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 y el
numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
30.
Es de aclarar, en este punto, que la Sala de Selección Número Cuatro resolvió
seleccionar el expediente T-6.071.934 cuyo trámite correspondió por reparto al Despacho
de la Magistrada Diana Fajardo Rivera. Sin embargo, comoquiera que el proyecto
registrado por la Magistrada no fue aprobado por la mayoría, correspondió la
ponencia al despacho del Magistrado Carlos Bernal Pulido.
2.
Problema jurídico
31. Habida cuenta de los hechos y antecedentes procesales de
esta actuación, la solución del presente caso exige a la Sala de Revisión
responder dos problemas jurídicos: por un lado, i) si la acción de tutela es
procedente, por satisfacer los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales (problema jurídico de
procedibilidad).
Y, de otro lado, en caso de que la respuesta a la primera
pregunta sea positiva, ii) determinar si la sentencia que se cuestiona, al
decidir de manera desfavorable la demanda de reparación directa promovida por
los familiares de la señora Diana Marcela López Marín, adolece de los defectos
específicos denunciados por las tutelantes y viola, de esta manera, sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia (problema jurídico sustancial).
3. Requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela
32. Cuando la acción de tutela se interpone contra una
autoridad judicial, con el fin de cuestionar una providencia proferida en
ejercicio de su función jurisdiccional, la jurisprudencia constitucional ha
considerado necesario acreditar los siguientes requisitos[14]:
(i) Que el caso tenga
relevancia constitucional, esto es, que involucre la posible vulneración de los
derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el
presupuesto de subsidiariedad, es decir, que al interior del proceso se
hubiesen agotado todos los medios de defensa judiciales al alcance del
afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; (iii)
que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la tutela se
hubiese interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la presunta vulneración; (iv) que se trate de una
irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna[15];
(v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que
generaron la vulneración y los derechos vulnerados, así como, de haber sido
posible, la etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente,
(vi) que la decisión judicial que se cuestione no sea de tutela[16].
33. De otro lado, el análisis sustancial del caso, en los
términos de la jurisprudencia constitucional, supone la valoración acerca de si
se configura alguno de los siguientes defectos[17]:
material o sustantivo[18],
fáctico[19],
procedimental[20],
decisión sin motivación[21],
desconocimiento del precedente[22],
orgánico[23],
error inducido[24]
o violación directa de la Constitución.
3.1. Legitimación en la causa
34.
En el presente caso, se cumplen los requisitos de legitimación en la causa
tanto por activa como por pasiva[25].
Por una parte, las tutelantes fueron sujetos accionantes en el proceso
contencioso-administrativo que concluyó con las sentencias que cuestiona. De
otra parte, la acción de tutela se interpuso en contra del Tribunal
Administrativo del Tolima, autoridad judicial que profirió la sentencia objeto
de conocimiento en sede de tutela.
3.2. Relevancia constitucional del caso
35.
El asunto objeto de revisión involucra la posible vulneración de los derechos
fundamentales de las accionantes al debido proceso, a la igualdad y al acceso a
la administración de justicia. La presunta vulneración de estos derechos habría
tenido lugar con ocasión de las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales tuteladas, en las que se negaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa instaurada por varios familiares de Diana Marcela López -las
tutelantes incluidas- en contra de la Nación. Claramente, además, como lo
manifestó el a quo, esta actuación tiene origen en hechos que
constituyeron violencia de género, lo que, a juicio de la Corte, otorga
relevancia constitucional al asunto sometido a su consideración.
3.3. Subsidiariedad
36. La actora cuestiona tanto la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima, del 6 de julio de 2015, como la sentencia del
Juzgado 4° Administrativo de Ibagué, del 14 de julio de 2014, proferidas dentro
del proceso contencioso administrativo de reparación directa, aunque, desde el
punto de vista formal, solo ataque la decisión de segunda instancia. Más aún,
la parte demandante, no solo agotó el recurso de apelación, sino que acudió,
además, a un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que no
fue decidido a su favor.
En esa medida, se satisface el requisito de subsidiariedad de
la acción de tutela, puesto que la accionante agotó todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa disponibles en el ordenamiento jurídico, para la
revisión de las decisiones judiciales que considera vulnerantes de sus derechos
fundamentales.
3.4. Inmediatez
37. En cuanto a la inmediatez, la acción se ejerció de manera
oportuna, si se tiene en cuenta que entre la decisión que resolvió el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, el 12 de julio de 2016 y la
presentación de la acción de tutela, el 9 de agosto de 2016, transcurrió menos
de un mes, periodo que se considera más que razonable, según el precedente de
esta Corporación[26].
Y en este punto le asiste razón a la primera instancia: si
bien podría el juez constitucional sostener que la parte demandante debió
prever que el mencionado recurso extraordinario, dada su improcedencia y falta
de idoneidad, resultaría inadmitido, lo cierto es que su interposición no hace
más que demostrar el intento de la actora por agotar todos los mecanismos
judiciales ofrecidos por la ley, antes de acudir, como última opción, al juez
de tutela, y el hecho de que, mientras el asunto terminaba de definirse por
aquellas vías, nunca permaneció procesalmente inactiva.
3.5. Carácter decisivo de la irregularidad procesal
38. En el asunto que se analiza, aunque la actora señale que
se ha configurado una irregularidad procesal, lo cierto es que, en realidad,
esa no es la causal específica que se propone. Como se verá más adelante, su
discrepancia con las decisiones cuestionadas es, sustancialmente, de naturaleza
probatoria.
3.6. Identificación razonable de los hechos y su alegación en
el proceso
39. En el asunto sometido a revisión de esta Sala, las
tutelantes se refieren de forma clara, detallada y comprensible a los hechos
constitutivos de violación de sus derechos fundamentales. Es más, los
argumentos esbozados en esta acción de amparo, con los matices en los que más
adelante profundizaremos, fueron igualmente planteados en el marco del litigio
contencioso administrativo que no fue decidido a su favor.
3.7. La providencia cuestionada no es una sentencia de tutela
40.
En el asunto que se examina, es evidente que la acción de tutela no se dirige
contra una sentencia de tutela, sino contra una sentencia de segunda instancia
proferida en un proceso de reparación directa.
41.
Lo dicho hasta ahora, da lugar a concluir que en el presente asunto se
encuentran cumplidos los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
4.
Análisis del problema jurídico sustancial. Verificación de la existencia de
defectos específicos en el caso concreto
42.
Las pretensiones de la tutela se invocan, como se puede apreciar en la reseña
de esta actuación, bajo la configuración de varias causales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, las cuales, para
empezar, son planteadas de manera desordenada y confusa. Ya que se trata nada
menos que de cuestionar las decisiones del juez natural y derruir, a través de
un mecanismo judicial excepcional, la presunción de acierto y legalidad que
cobija las sentencias de instancia de dos autoridades de la jurisdicción
contencioso-administrativa, a la actora le asistía una carga argumentativa
cualificada, sustancialmente mayor a la que, de ordinario, se exige a quienes
acuden a la acción de tutela, caracterizada, en principio, por su informalidad.
Así,
aunque es palmario que todos los argumentos de la acción constitucional son de
índole probatorio, ya sea porque i) se decretaron y fueron valoradas pruebas
viciadas, ii) se dejaron de decretar y practicar otras que, en cambio, se
estiman trascendentales, o porque iii) las obrantes en el expediente no
tuvieron una adecuada valoración, la actora, indistintamente, y sin ofrecer
ninguna explicación racional, mezcla su análisis a la luz de cinco defectos
diferentes (fáctico, procedimental, sustantivo, error inducido y
desconocimiento del precedente), cuando todo su alegato se concentra, al menos
bajo las razones que esboza, en el primero de ellos.
Igualmente,
plantea inconformidades a partir de las cuales ataca la credibilidad de los
testimonios que fueron adversos a su postura, diserta sobre las pruebas que
edificaron los fallos de instancia y, en general, pone de presente una serie de
supuestos errores in judicando e in procedendo, más propios para
una demanda de casación que para el trámite subsidiario y expedito de una
acción de amparo constitucional.
Esta
falta de claridad en la argumentación, en la que el planteamiento de los
defectos configurados no es coherente, estos son mezclados y no son explicados
con suficiente precisión, y el alcance de la acción de amparo es confundido con
el de otros recursos previstos por la ley, impide, de entrada, un análisis
ponderado de las posibles situaciones con base en las cuales esta Corte podría,
de manera excepcional, intervenir en la actuación adelantada por la autoridad
judicial competente.
4.1. Los defectos alegados en este caso no se acreditan
43.
Dicho lo anterior, encuentra la Sala que ninguno de los defectos denunciados
por la tutelante, en relación con las providencias judiciales que ataca, se
encuentra, en últimas, configurado.
En
primer lugar, resulta desacertada la invocación insistente de piezas
probatorias que nunca fueron decretadas y practicadas, ni hacen parte del
acervo del expediente, así como revivir, en contra del principio de preclusión,
la discusión acerca de su utilidad, conducencia y pertinencia. En su momento[27],
las autoridades judiciales de instancia consideraron, exponiendo la
argumentación debida, que dado que tales evidencias provenían de funcionarios
públicos (servidores del CTI, la Fiscalía y la Procuraduría), que conocieron de
este caso en razón de sus mismas funciones, en nada aportaba su declaración,
máxime cuando se contó, en calidad de prueba trasladada, con copia de la propia
actuación penal. Lo mismo se consideró sobre el testimonio del propio condenado
por los hechos descritos, el ciudadano Yeimi Gómez Aguirre.
De
cualquier manera, respecto del mencionado decreto de pruebas -que no es esta la
oportunidad ni el escenario para controvertir- nunca predicó la actora, en el
marco del proceso contencioso-administrativo, violación alguna de derechos
fundamentales. Cierto es que tuvo la oportunidad de apelar dicha decisión, que
fue a la postre confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima. Empero,
según lo que reporta la actuación procesal[28],
sus argumentos estuvieron dirigidos a insistir en la relevancia de estos
testimonios en relación con el asunto que se debatía, sin que en momento alguno
refiriera, como lo hace ahora en el marco de esta acción constitucional, que
tales pruebas tenían por objeto controvertir el dicho de los agentes de la
Policía Nacional, en concreto, la afirmación de que, la madrugada de los
acontecimientos, acompañaron al agresor a su vivienda y se cercioraron de que
este entrara en ella.
La
acción de tutela contra providencias judiciales exige, como es bien sabido, que
el yerro que se denuncia haya sido puesto de presente en el marco del proceso
surtido ante el juez natural. Si este fue el caso, lo menos que se esperaba de
la actora era la demostración racional de que tal irregularidad se alegó
oportunamente.
44.
La otra cara del alegato probatorio de la tutelante tiene que ver con su ataque
a algunos de los testimonios del proceso por “sospechosos” y a varias de
las pruebas tenidas en cuenta por los jueces administrativos de instancia por
su supuesta “parcialización”. Para la Corte, todas las vías en las que
este argumento se plantea son, en todo caso, equivocadas. Empezando, claro
está, por su queja en relación con el decreto y práctica de algunas de estas y
su valoración, en el entendido de que, simplemente, no debieron tenerse en
cuenta o, en términos más precisos, debieron ser excluidas.
En
primer lugar, como señala el a quo, el decreto y práctica de estas
pruebas no fue controvertido en el proceso, ni las decisiones tomadas sobre el
particular por el juez administrativo fueron materia de apelación. Tampoco
fueron tachadas, bajo ninguna argumentación, por la parte demandante, a la luz
del artículo 211 del Código General del Proceso[29]. La tesis,
según la cual, para proceder en tal sentido era necesario el decreto de las
pruebas a las que se hizo referencia en el considerando anterior, no es de
recibo por esta Sala, por varias razones:
i)
Porque tal planteamiento no es sustentado por la actora desde ningún punto de
vista. ii) Porque las circunstancias que configuran la alegada “parcialización”
de los testigos en modo alguno están relacionadas con las pruebas que se echan
de menos en relación con la pertenencia de los agentes de policía a la
institución demandada, y la presunta falta de confiabilidad del proceso
disciplinario que se les adelantó, lo que, en gracia de discusión, fundamentaba
la formulación de la tacha, no así el hecho de que Rojas y Arismendi hubieran
manifestado haber acompañado a Gómez Aguirre hasta su lugar de residencia. Y,
por último, iii) Porque dicha postura, sencillamente, carece de sustento legal:
de ninguna manera puede señalarse que la única posibilidad de sustentar la
formulación de una tacha consista en el decreto y práctica de pruebas de cargo.
De
cualquier modo, yerra la señora apoderada al considerar que el ataque a estos
medios de conocimiento por su supuesta falta de imparcialidad releva al juez
competente de valorarlos bajo las reglas de la sana crítica, cuando el artículo
211 del Código General del Proceso ordena todo lo contrario. Tampoco es
admisible considerar que la misma parte demandante está igualmente relevada,
bajo el ropaje de su denuncia de “parcialización”, de controvertir, con
argumentos de fondo, la credibilidad y poder persuasivo de estas pruebas.
Y
es que ese es, precisamente, uno de los vacíos en la argumentación de la
accionante: en primer lugar, plantea una exclusión probatoria sin fundamento
legal, en relación con unas pruebas cuya tacha ni siquiera solicitó. Y, en
segundo lugar, un denominador común de su alegato consiste en que este se
concentra en tildar de “sospechosos” varios testimonios, más que en
atacar su contenido o su fuerza demostrativa, bajo la convicción de que ese
solo señalamiento basta para que estos no sean tenidos en cuenta o sean
valorados en consonancia con su postura de parte.
Cabe
advertir que, por ejemplo, el aspecto central de la discrepancia de la
tutelante frente a los dichos de los agentes de la Policía Nacional que fueron
disciplinariamente investigados por este caso, se limitó a poner en duda
aspectos relativos a su vinculación con la institución accionada y el supuesto
interés que tienen en el resultado del proceso contencioso administrativo.
Aspectos como este, aunado al apego de su alegato frente a la “parcialización”
para fundamentar, por esa vía, un “error inducido” como causal específica
de procedibilidad, resultan claramente incongruentes.
Fueron
los jueces administrativos, y nadie más por ellos, los que analizaron el
contenido de dichas pruebas, determinaron su grado de credibilidad y les
asignaron, en armonía con esa valoración, su mérito probatorio. Su
argumentación al respecto estuvo fundamentada, y se soportó en los preceptos
constitucionales, legales y jurisprudenciales que regían el caso. No expone la
tutelante, por lo demás -más allá de su apreciación subjetiva-, en qué medida
aquel razonamiento se surtió con una información falsa, equivocada e
imprecisa de la que los jueces administrativos fueron víctimas[30].
Convertir el simple disenso probatorio frente a la conclusión a la que llegaron
estas instancias, en una inducción a error judicial es, sin duda alguna, un
desconocimiento palmario del precedente constitucional en esta materia.
45.
Ahora bien, cabe anotar que la gran mayoría de discrepancias de la actora
frente a estas pruebas está relacionada con la versión, según la cual, los
agentes Rojas y Arismendi acompañaron a Yeimi Gómez a su casa y verificaron el
ingreso de este a ella, luego de atendida la discusión que tuvo con Diana
Marcela López a la salida de una discoteca y de conocerse que la señora López
pasaría la noche en la residencia de una prima. La tutelante argumenta que
dicho acompañamiento en realidad nunca se presentó, que los uniformados
mintieron al respecto, y de allí deriva que la actitud de estos servidores
frente al peligro que corría la víctima fue negligente, lo que compromete, en
su criterio, la responsabilidad del Estado.
La
Corte, sin embargo, no observa que en este punto la autoridad judicial
accionada haya incurrido en defecto fáctico de ninguna clase. Una mirada a las
declaraciones que al respecto rindieron los policías permite constatar[31]
que el dicho de estos, en últimas, consiste en que, aquella madrugada, luego de
la discusión que se presentó en la vía pública, los uniformados decidieron
mantener una conversación con el presunto agresor, dando tiempo a la señora
López para que se dirigiera a la residencia de su prima -hacia la que anunció
que partiría-, y luego, tras verificar que no existía razón fundada para el
arresto, retención o conducción de aquel hombre, dejaron que este fuera a hacia
su casa. Eso sí, se cercioraron de que Yeimi de hecho entrara a su morada, lo cual
no requería mayor dificultad porque esta quedaba a media cuadra de la estación
de policía.
En
sentido estricto, fue este último acto lo que la judicatura decidió tomar como
muestra de diligencia policial, no el acompañamiento al que hace alusión la
tutelante, y que ciertamente no puede afirmarse con certeza que haya sucedido.
De
cualquier modo, en la valoración que de este punto efectuó la jurisdicción
contencioso-administrativa, nada ve la Sala que no se enmarque en el ejercicio
razonable de su autonomía e independencia judicial. La accionante acude a una
especulación matemática sobre las distancias que existen entre cada escena en
la que los hechos se desarrollaron, con el fin de demostrar que los agentes de
policía en realidad no acompañaron a Yeimi Gómez hasta su casa, pero tal
reflexión no es suficiente para concluir que la apreciación probatoria de este
aspecto fue irracional.
Supóngase,
en todo caso, que el mencionado acompañamiento policial, como señala la actora,
nunca existió, que incluso los policías mintieron al haber sostenido que
verificaron que el presunto agresor entró a su casa, y que así debió
concluirlo, también, la autoridad judicial accionada.
Aún
en ese escenario, la actora no demuestra qué trascendencia tendría el
mencionado yerro, o por qué, de no haberse presentado, la conclusión hubiese
tenido que consistir, indefectiblemente, en la declaratoria de la
responsabilidad extracontractual del Estado por falla del servicio. Lo
anterior, en cuanto ese fue solo uno de los aspectos que los jueces
competentes analizaron. La tutelante se concentra en él, y deja de estudiar y
controvertir el resto de las razones ofrecidas por las instancias para concluir
que los uniformados mostraron la diligencia que les era exigible en el marco de
sus competencias y la medida de sus posibilidades. Se trata, con el respeto que
merece la posición de la tutelante, de un error de lógica argumentativa que
esta Sala de Revisión no puede prohijar.
4.2. Defecto fáctico por valoración probatoria defectuosa
46.
Abordados los puntos anteriores, no observa la Sala que, en términos generales,
la valoración probatoria efectuada por las autoridades judiciales de este caso,
principalmente, el Tribunal Administrativo del Tolima, haya sido irracional,
caprichosa o arbitraria, como para considerar que se configuró un defecto
fáctico y dejar sin efecto tales decisiones.
Como
lo ha señalado esta Corporación en múltiples oportunidades, el defecto fáctico
por valoración defectuosa del material probatorio solo se configura cuando el
operador judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide “separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su
arbitrio el asunto jurídico debatido”[32].
En
otras palabras, cuando lo que se cuestiona es la valoración de la prueba, para
que se acredite esta causal, “sólo es factible fundar una acción de tutela,
cuando se observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El
error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto”[33].
47.
En el marco de su autonomía, los jueces competentes de este caso encontraron
que los agentes de policía que atendieron esta situación no estaban en
condiciones de prever lo que sucedería con la señora Diana López y su
compañero. Se trata de una conclusión que fue jurídicamente fundamentada y que,
más allá de los desacuerdos que puedan plantearse frente a ella, esta Corte no
tiene insumos para invalidar por medio de esta acción de amparo. Si la Corte
convirtiera cualquier discrepancia interpretativa en una causal específica de
procedibilidad, distorsionaría los alcances de ese medio judicial excepcional e
invadiría de manera inaceptable las competencias judiciales ajenas.
Desde
luego, la jurisdicción contencioso-administrativa, y esta misma Sala de
Revisión, podrían disertar, vistos ya los hechos desde la distancia, sobre
todas las posibles medidas que los agentes Rojas y Arismendi hubiesen podido
tomar, en su momento, en aras de proteger la vida e integridad de la señora
López; se trata, de hecho, de un ejercicio cuya sencillez aumenta en la medida
en que nos alejamos en el tiempo y los estándares sobre violencia de género se
afinan cada día más.
Sin
embargo, la judicatura optó por estudiar la actuación de los uniformados en el
contexto específico en el que se encontraban, y halló razones para concluir
que, en el marco de la situación que tuvieron que atender, las medidas
desplegadas por ellos alcanzaron el umbral de diligencia razonable que les era
oponible. La Sala no encuentra sustento constitucional para invalidar, vía
tutela, esa conclusión, en aras de imponer, contra viento y marea, aquella que,
desde la postura de la demandante, luzca más correcta y acertada.
Lo
anterior, máxime cuando, si de ser estrictos se trata, los jueces administrativos
analizaron un conjunto de factores que llevaron a que las pretensiones de la
parte demandante no fueran acogidas, y que la peticionaria, a conveniencia de
su postura de parte, ha omitido atacar, o lo ha hecho, tan solo,
tangencialmente:
Entre
estos factores están:
i)
Que la señora Diana López, cuando se presentó la discusión con su compañero
–ambos estaban en estado de embriaguez-, no solicitó protección especial a los
agentes de policía, ni exteriorizó un temor palpable por su vida e integridad,
más allá de las manifestaciones que, en medio de la ofuscación, tuvo la
oportunidad de hacer.
ii)
Que tampoco aceptó el acompañamiento de los uniformados, ni dirigirse a
entablar la respectiva denuncia. En este contexto, no estaban dadas las
condiciones para prodigar posibles medidas de protección inmediata.
Para
la Sala, en este punto es importante acotar, en todo caso, que si bien la Ley
294 de 1996 establece un marco obligacional específico sobre medidas de
protección, derivado de la regulación del proceso de violencia intrafamiliar,
este alude a la competencia de las comisarías de familia o en su defecto, del
juez civil o promiscuo municipal, no de las estaciones de policía o de sus
agentes en el marco de labores de patrullaje. No puede perderse de vista, sea
la ocasión de reiterarlo, que la situación descrita no sucedió en el marco de
un proceso policivo formal, ni siquiera ante un despacho específico. Todo
transcurrió, según las pruebas que fueron estudiadas por las distintas
instancias judiciales, en las labores de verificación de cierre de
establecimientos nocturnos realizada por los policías Rojas y Arismendi en una
vía pública del municipio de Fresno.
iii)
Que la señora López les aseguró a los agentes, en todo caso, que pasaría la
noche en la casa de una prima, y luego de partir hizo, sin embargo, lo
contrario.
iv)
Que los policías, por su parte, se quedaron con Gómez Aguirre, en quien no
vieron exaltación ni signos de agresividad, y conversaron con él para darle
tiempo a Diana López de resguardarse. Más allá de hasta donde llegó esa labor
de custodia, el mismo Gómez Aguirre -cuyo testimonio la actora resalta como
creíble e imparcial- declaró que los agentes se quedaron con él, pero luego, no
se dieron cuenta de que, tras conocer el verdadero destino de López, había “arrancado
a buscarla”[34].
De
allí infirió el juez natural, en suma, que, tras la intervención policial en
las afueras de aquella discoteca, el desenlace mortal ocurrido no era, de
hecho, algo previsible. En el marco de sus labores de patrullaje por el cierre
de los establecimientos de comercio, y las medidas que en ese instante
estuvieron a su alcance, los policías creyeron razonablemente haberse asegurado
de que la situación estaba controlada, en vista del rumbo que cada compañero
permanente tomó, y ante el hecho, difícil de contrarrestar, de que la señora
López había rehusado el acompañamiento de la policía. Ni el hecho de que la
víctima tomara un rumbo distinto al que había anunciado, ni de que el señor
Gómez se enterara de ello, ni de que saliera furtivamente, por eso mismo, en su
búsqueda, podían ser razonablemente previstos por los patrulleros.
Para
la judicatura, estos servidores hicieron lo que, en ese contexto y momento
particular, estaba en sus manos. La Corte insiste en que, más allá de que pueda
tratarse de un planteamiento controvertible, no alcanza los requisitos para que
sea configurado como uno de los defectos que activan la intervención del juez
de tutela.
48.
Sobre la existencia de una orden de captura que para la época figuraba en
contra de Yeimi Gómez, caben reflexiones similares. Las autoridades judiciales
competentes estimaron que la omisión, por parte de los agentes del orden, de
consultar los antecedentes de este hombre cuando atendieron la discusión que
tenía con su compañera, tampoco alcanza para colegir una actitud negligente
que, bajo el título de imputación de falla del servicio, comprometa la
responsabilidad de la Policía Nacional.
Argumentó,
para el efecto, que esa orden de captura ya había sido cumplida, más allá de
que apareciera como “vigente” en las respectivas anotaciones, y que no
es obligación legal de los funcionarios de la Policía, mucho menos en
extenuantes labores de patrullaje nocturno para el cierre de establecimientos
de comercio, consultar los antecedentes de cuanto ciudadano se cruza en su
camino.
Se
trata, para la Corte, de una postura razonable y bien sustentada -o por lo
menos no irracional-, que en el marco de sus competencias esbozó la
jurisdicción contencioso-administrativa.
La
actora no se detuvo a explicar, por otro lado, de qué manera ésta sola
anotación, sin ninguna verificación adicional de policía judicial, alcanzaba
para proceder con la captura del señor Gómez, y su consiguiente legalización
ante un juez de control de garantías. La Corte insiste, en todo caso, en que la
postura de las instancias ordinarias, por mucho que la demandante discrepe de
ella, no alcanza para estructurar ningún defecto específico de procedibilidad,
en los términos fijados por la jurisprudencia de esta Corporación.
4.3 La perspectiva de género
49.
Como aspecto final, no puede la Corte dejar de señalar, en caso de que no se
haya hecho suficiente claridad al respecto, que esta acción de tutela tiene su
origen, como ya tuvimos la oportunidad de precisarlo, en un repudiable y
lamentable episodio de violencia de género, como los mismos jueces
administrativos lo reconocieron.
Esto,
naturalmente, imponía que los litigios judiciales promovidos en este caso,
empezando por el mismo proceso penal en el que resultó condenado el agresor,
fueran resueltos bajo esa perspectiva. La actora, cabe decirlo, no planteó con
precisión este enfoque en el proceso ordinario, como tampoco fundamenta, en su
escrito de tutela, en qué medida pudo haber sido desconocido por las decisiones
atacadas. Una argumentación mínima, de parte de la actora, acerca de qué
elementos concretos del enfoque de género tendrían que haberse aplicado en la
decisión atacada y cómo su omisión fue determinante en la resolución del
proceso, hubiese sido un buen comienzo para delimitar el análisis del juez de
tutela.
En
este caso, sin embargo, no ve la Corte cómo las autoridades judiciales
accionadas pudieron haber desconocido el enfoque de género en la valoración
probatoria que realizaron y que llevó a desestimar las pretensiones de la demanda
de reparación directa promovida contra el Estado por la muerte de la señora
Diana López. No observa la Sala, por ejemplo, falta de exhaustividad en el
análisis de la prueba recaudada por parte del juez contencioso -todo lo
contrario-, ni la aplicación, en las decisiones judiciales que se cuestionan,
de estereotipos indebidos[35].
Se
podría disertar -y ese es sin duda otro asunto- acerca de si, en su momento,
los agentes de la policía que atendieron este caso aplicaron esos estereotipos,
no tramitaron con suficiente seriedad las denuncias de la víctima o ignoraron
un contexto de violencia y discriminación que a sus ojos se presentaba. Ello
implicaría, insistimos, que se hubiese acreditado que en este caso hubo una
denuncia formal y un pedido de protección especial que fueron ignorados, y que
los policías que, aquella madrugada, inspeccionaban el cierre de las
discotecas, no tomaron las medidas que la gravedad del caso exigía: entre las
que ha planteado la actora, estaban i) escoltar a la señora López y tramitar su
denuncia, a pesar de que ella expresamente desistió de esa opción, o ii)
capturar al presunto agresor.
También,
tendría que concluirse que no haber tomado esas específicas medidas, dentro de
las varias a las que se podía acudir, implicó el desconocimiento de la
perspectiva de género que estaban obligados a observar los agentes, y de otra
parte, que las medidas que efectivamente tomaron no alcanzaron a colmar esa
misma perspectiva, como si hubiese una suerte de baremo de género, inmutable y
rígido, cuyas reglas pudiesen ser impuestas al juez al momento de determinar la
responsabilidad extracontractual del Estado.
El
asunto es que, analizadas todas las variables del caso, la justicia
contencioso-administrativa ofreció motivaciones razonablemente fundamentadas
acerca de la diligencia mínima que estaban en obligación de mostrar los
uniformados en ese momento.
Imponer
una visión particular en sentido contrario, para señalar que esta o aquella
postura jurídico-probatoria, y no la que se adoptó, hubiera sido más sensible
con la perspectiva de género, implicaría una distorsión inaceptable de los
estándares internacionales de protección de la mujer contra toda forma de
violencia[36],
que desconocería, además, las competencias de las demás autoridades judiciales.
Si
la invocación de este parámetro, importante por demás, no alcanza, más allá de
las disertaciones teóricas que alrededor de él se puedan construir, para
sustentar que la valoración probatoria de las instancias ordinarias fue
claramente irracional, utilizarlo para invalidar decisiones legalmente
tomadas no es jurídicamente viable.
Sea
como fuere, es con políticas públicas serias e integrales para el combate de la
violencia de género, no minando los principios de independencia y autonomía
judicial, que este tipo de flagelos pueden erradicarse.
50.
Por las mismas razones acabadas de esbozar, algunos de los planteamientos de la
tutela relacionados con este último aspecto tampoco son de recibo para la Sala
de Revisión. Tal es el caso, en primer lugar, de la providencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que invoca la actora para fundamentar una supuesta
violación del precedente judicial por parte de las autoridades accionadas[37].
La
accionante no explicó por qué la sentencia citada constituye, por sí sola, un
precedente aplicable al asunto bajo examen, más allá, se insiste, de que
también verse sobre un caso de feminicidio[38].
La Corte, de otra parte, no encuentra que tal decisión sea, en efecto,
relevante a la luz del sub judice, en buena medida porque las
diferencias fácticas entre los dos casos saltan a la vista.
En
la demanda de tutela tampoco se precisa qué aspectos concretos de la decisión
que se cuestiona desconocieron la mencionada jurisprudencia, ni las reglas y
sub reglas particulares que, con efecto trascendente en el sentido de la
decisión, fueron inobservadas por los jueces administrativos en esta acción de
reparación directa[39].
51.
Por último, pero no menos importante, ni las decisiones tomadas en el proceso
de reparación directa que hoy se cuestionan, ni lo decidido por esta
Corporación, tienen, en modo alguno, el objeto de cuestionar a la agredida por
la decisión que tomó aquella madrugada del 24 de enero de 2011. Bajo
circunstancia alguna, puede una víctima de violencia de género ser, implícita o
explícitamente, culpada por agresiones inaceptables que hacen parte de un
contexto de discriminación, dominación e indolencia social.
Tiene
razón, en ese sentido, la actora, cuando sostiene que mal podía exigírsele a la
señora López que se comportara de esta o aquella manera, se encerrara en su
casa o se abstuviera de departir -como lo hace cualquier ciudadano con una vida
normal- con sus amigos. Nada puede justificar, con ningún matiz y bajo ningún
punto de vista, el delito cometido por Yeimi Gómez Aguirre, por el que hoy
purga una pena al haber sido hallado penalmente responsable del delito de
homicidio agravado.
Pero
es que el punto, en realidad, no es ese. Lo que evaluó la jurisdicción
contencioso-administrativa no fue la conducta de la señora López, sino la
previsibilidad, en el contexto fáctico descrito, del desenlace fatal que
sufrió, y el nivel de diligencia que previamente mostraron los agentes de
policía de acuerdo con las posibilidades con las que en ese momento contaban.
Como
ya se señaló, el fundamento de las decisiones atacadas no es la crítica a la
decisión que tomó la víctima. Es el hecho de que los policías tomaron las
medidas para asegurarse de que la situación fuera controlada, y el
convencimiento racional que tenían del rumbo que había tomado Diana López
-según el anuncio que ella misma les hizo-, y de igual forma, su futuro
agresor. No en vano los jueces administrativos se abstuvieron de convalidar una
de las excepciones sugeridas, ciertamente de forma cuestionable, por la entidad
demandada: precisamente, la culpa exclusiva de la víctima[40].
Como
ya se recalcó con insistencia, el análisis de corrección y legalidad de las
decisiones de los jueces naturales escapa a los alcances de esta acción de
tutela.
4.4  La tutela no constituye una
tercera instancia de decisión frente a la jurisdicción ordinaria
Finalmente
cabe advertir que los argumentos de la accionante tienen, en términos
generales, y desde su misma pretensión de tutela, las características de un
alegato de instancia, más que de una solicitud de amparo constitucional stricto
sensu. Como ella misma lo señala, se encamina a que, a través de esta vía
judicial expedita y subsidiaria, se efectúe, con la excusa de proteger los
derechos fundamentales de sus poderdantes, un juicio de corrección y legalidad
-para procurar que “se ajuste a derecho”- de la decisión proferida, en
segunda instancia, dentro del proceso de reparación directa que no se decidió a
su favor.
Además,
para que el juez de tutela invalide las sentencias que se expidieron en dicho
decurso procesal -a pesar de que solo una de ellas es, en realidad, atacada en
esta acción-, y se le ordene a la autoridad judicial contencioso administrativa
que expida, en contra del que fue su propio criterio, una nueva sentencia en la
que la valoración probatoria se ajuste, para que, dicho sin ambages, coincida
con la que ha construido, desde su orilla procesal, la parte demandante, de
modo que, en sus particulares palabras, “corresponda a la situación fáctica
probada en la causa”.
Evidentemente,
esto implica, también, que en esta sede constitucional se le indique al juez
natural de este caso cuál es la decisión a la que, en últimas, él está obligado
a llegar, que no es otra, por supuesto, que la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Estado por la muerte de la señora Diana Marcela López
Marín. No de otra manera puede entenderse su petición para que, por medio de la
acción de tutela, se ordene al tribunal accionado que emita un fallo “que
acoja la prescripción contenida en el art. 90 de la Constitución Política”.
De
allí que la tutela planteada con ese alcance, convierte la Tutela en una
tercera instancia frente a la vía ordinaria, lo que claramente desnaturaliza y
desborda la finalidad de este mecanismo constitucional.
5.
Síntesis de la decisión
Ha revisado esta Sala la acción de tutela interpuesta,
mediante apoderada, por María Yarledy López Marín y Luzmenia Marín de López en
contra del Tribunal Administrativo del Tolima, con el propósito de proteger sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la decisión
emitida dentro del proceso de Acción de Reparación Directa promovido por ellas
en contra de la Nación, a raíz de la muerte de su familiar, la señora Diana
Marcela López Marín, a manos de su compañero permanente.
En esta oportunidad, la Sala estimó, en primer lugar, que la
acción de tutela promovida cumple con los requisitos genéricos de
procedibilidad cuando se trata de cuestionar providencias judiciales. En
segundo lugar, efectuó un análisis de los defectos alegados como causales
específicas de procedibilidad.
Así, determinó que los argumentos de la actora tienen las
características de un alegato de instancia, improcedente en un escenario
constitucional como este. Consideró que los defectos que se denuncian como
configurados en las decisiones judiciales tomadas por la jurisdicción
contencioso administrativa fueron planteados de manera poco coherente por la
actora. No encontró, en últimas, acreditado ninguno de los yerros que
convalidarían la intervención del juez de tutela, principalmente, aquel de
naturaleza fáctica; tampoco, el error inducido ni el desconocimiento del
precedente judicial. Finalmente, hizo referencia a la aplicación del enfoque de
género en materia de valoración probatoria.
Concluyó, luego del anterior análisis, que la decisión de los
jueces administrativos en este caso, al considerar que la actuación de los
miembros de la Policía Nacional, previa al homicidio cometido contra la señora
López, no constituyó falla del servicio, fue razonable, se enmarcó en los
principios de independencia y autonomía judicial, y no incurrió en yerro alguno
que vulnere los derechos fundamentales de las partes.
Todo lo anterior supone, naturalmente, la confirmación de los
fallos de instancia, emitidos en esta acción de tutela, en su integridad.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR la
sentencia proferida el 14 de febrero de 2017 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo-, y la sentencia proferida el
16 de noviembre de 2016 por la Sección Cuarta de la misma Corporación, que
negaron el amparo constitucional solicitado dentro del proceso de tutela
promovido, mediante apoderada, por María Yarledy López Marín y Luzmenia Marín
de López en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.
Segundo.- Por Secretaría General,
LIBRAR las comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Comuníquese y cúmplase,
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
Con
salvamento de voto
CARLOS BERNAL
PULIDO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ROCÍO LOAIZA
MILIAN
Secretaria
General (E)
SALVAMENTO
DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA
FAJARDO RIVERA
A
LA SENTENCIA T-514/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Se Debió declarar la procedencia por defecto fáctico, al
omitir valorar con enfoque de género el material probatorio, al tratarse de un
caso de violencia intrafamiliar en proceso de reparación directa (Salvamento de
voto)
Deber
que como operadores judiciales nos corresponde en un estado social de derecho,
comprometido con la erradicación y prevención de todo tipo de violencia en
contra de la mujer, esto es: administrar justicia con enfoque de género
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Vulneración por jueces
administrativos en el marco de un caso de violencia contra mujer que fue
víctima de violencia intrafamiliar y posteriormente, de homicidio (Salvamento
de voto)
ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Deber constitucional y legal de
todos los jueces de administrar justicia con enfoque de género, siempre que se
encuentren frente a un caso de violencia intrafamiliar o sexual (Salvamento de
voto)
Ref. Expediente
T-6.071.934
Acción
de tutela instaurada por María Yarledy López Marín y Luzmenia Marín de López en
contra del Tribunal Administrativo del Tolima.
Magistrado Ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
“Los
jueces de la República tienen el deber constitucional y legal de administrar
justicia con enfoque de género”
Con el debido respeto
por la decisión de la mayoría, salvo el voto, por considerar que sí se ha
debido proteger los derechos cuya protección se invocó. La Sala de Revisión
decidió negar la acción de tutela contra las providencias judiciales,
proferidas por el Juzgado 4º Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, en las que se
concluyó que no se presentó una falla del servicio por parte del patrullero
Andrés Arismendi Beltrán y el intendente Hernán Rojas Orjuela, quienes
conocieron de la situación de Diana Marcela López Marín, que en paz descanse, y
fueron acusados no actuar de manera diligente; a pesar de que, (i) conocieron
de una discusión pública entre ella y su compañero permanente, Yeimi Gómez
Aguirre; y, (ii) recibieron la declaración de la mujer mencionada sobre
la amenaza de muerte que había recibido de parte de este. En
mi criterio, un análisis riguroso del caso, de las pruebas obrantes en el
expediente y de la jurisprudencia constitucional aplicable, llevaba, de manera
indefectible, a concluir que los jueces administrativos incurrieron en un
defecto fáctico al omitir valorar, con enfoque de género, el material
probatorio; puesto que, evidentemente, se trataba de un caso de violencia intrafamiliar.
Por ello, estimo que la
decisión adoptada es errónea y, desde mi punto de vista, ello se debe
principalmente a que la sentencia aprobada omitió plantear un problema
jurídico sustancial, que permitiera un análisis de fondo. En seguida, expongo
lo relacionado con este aspecto; luego, demuestro que existía material
probatorio suficiente para evidenciar la configuración de la falla en el
servicio, debida a la actuación omisiva de parte de los policías que conocieron
de la amenaza de muerte que recibió Diana Marcela; y, por último, explico las
razones por las que se debía conceder la protección invocada en sede de tutela.
1. La sentencia
expresamente omitió plantear un problema jurídico que permitiera analizar el
fondo del asunto y ello impidió pasar más allá de un estudio superficial del
caso. Es más, ni siquiera se plantearon los argumentos de la parte accionante.[41] De hecho,
llama la atención que se tuvo tiempo para calificarlos como “desordenados” y
“confusos”, pero no para presentarlos, así fuera sólo para demostrar que en
efecto sí eran desordenados o confusos. Lo anterior, en criterio de los
magistrados, impidió “de entrada, un análisis ponderado de las posibles
situaciones con base en las cuales esta Corte podría, de manera excepcional,
intervenir en la actuación adelantada por la autoridad judicial competente
(…).”[42]
Es decir, desde un inicio, se reconoció que el análisis constitucional no
sería “ponderado” debido a que la parte accionante no cumplió con la “carga
argumentativa cualificada”. Esto, representa una primera dificultad. En un
caso que involucra un asunto de violencia contra la mujer, como el presente, no
se debería partir de un escenario contra la persona, tal y como lo plantea la
providencia. La conclusión, de la que me aparto respetuosamente, no logró
presentar argumentos suficientes que demostraran adecuadamente que las
decisiones judiciales acusadas no incurrieron en ninguno de los defectos
alegados por las accionantes.[43]
2. Contrario a lo
afirmado por la postura mayoritaria, tal y como lo planteé en el proyecto de
sentencia que no fue acogido por los Magistrados, al menos, uno de
los defectos alegados por la parte accionante sí se configuró.[44] Por
ello, la conclusión debía ser que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima incurrieron en un
defecto fáctico, al omitir analizar y valorar, en su conjunto, el material
probatorio obrante en el expediente a la luz del enfoque de género. En
consecuencia, incumplieron con la Constitución y el bloque de
constitucionalidad para casos como este, en el que ante todo debe primar el
mandato de garantizarle a la mujer una vida libre de todo tipo de violencias. Así, se desconocieron los artículos
constitucionales 1º, 2º, 11, 12, 13, 42, 43 y 53, que integran el núcleo
fundamental de la política de prevención y protección de las víctimas de
violencia intrafamiliar. Y, las normas del bloque de constitucionalidad que
imponen al Estado colombiano la obligación de erradicar toda forma de violencia
en contra de la mujer,[45]
tales como: la Declaración Universal de Derechos
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;[46]
la Convención Americana sobre Derechos Humanos;[47] la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967);
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW);[48]
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (Convención Belém do Pará);[49] el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer.[50]
No
obstante los mandatos constitucionales, los jueces administrativos de instancia
no dieron relevancia a las siguientes premisas, que a su vez se sustentan en el
material probatorio obrante en el expediente, (i) los hechos expuestos
en la demanda de reparación directa por falla del servicio se enmarcaron en un
contexto de violencia intrafamiliar;[51]
y, (ii) el tratamiento que los policías dieron al caso desconoció su
deber de actuar de manera diligente, con miras a garantizar a la mujer una vida
libre de violencias.
2.1. La falta de los
uniformados se debe a que, a pesar de tener conocimiento de la amenaza de
muerte que recibió Diana Marcela, del estado de alicoramiento de su agresor y
sus antecedentes penales, (i) enmarcaron la situación como un escándalo
protagonizado por la mujer agredida, no como un caso de violencia intrafamiliar
y desestimaron la manifestación de amenaza, que fue comprendida como una
afirmación jocosa.[52]
(ii) Dieron más credibilidad a lo sostenido por el presunto agresor que
a las afirmaciones de Diana Marcela.[53]
(iii) Era previsible que la situación terminara, tal y como ocurrió, en
una agresión porque (a) la mujer ya les había manifestado, a los dos
miembros de la Policía, que era víctima de maltrato por parte de su compañero
permanente y que había recibido una amenaza de muerte; (b) el agresor se
encontraba en estado de alicoramiento y (c) tenían conocimiento de una
investigación penal en su contra por homicidio agravado. Y, por último, (iv)
omitieron desplegar una medida de protección efectiva con respecto a la
víctima, esto es la conducción policial de Yeimi
Gómez Aguirre, que consistía en acompañarlo hasta su casa y verificar que
la amenaza cesara. El conjunto de pruebas aportadas al expediente sustentan las
premisas mencionadas, como se muestra a continuación:
×
El patrullero Andrés Arismendi Beltrán sostuvo: “yo le
decía [a Yeimi Gómez Aguirre] hermano ustedes tienen sus problemas,
soluciónenlos pero cuando estén en sano juicio, eso ahorita es una
bobada usted se pone a escucharla y más bien resultan agrediéndose y eso
es lo que hay que evitar, además, usted tiene un proceso de desmovilización, y
usted pierde unas garantías, porque a ese muchacho nosotros lo habíamos
judicializado tres meses atrás, porque una indagatoria que estaba
solicitada por una autoridad que lo estaba solicitando bueno en fin, duramos
ahi (sic) un buen tiempo con el frente a la estación de la policía y en
lo que hablamos él nos manifestó que ese mismo día o al siguiente día tenía que
trabajar. Entonces no vimos nada más (sic) solución sino decirle listo
vaya pa’ la casa después mañana cuadran en un estado sobrio su
situación, entonces dijo si yo no tengo ningún problema vimos cuando entro (sic)
a la casa porque desde la plazoletica del Tablazo a donde ellos vivían eran
como cuatro casas después de la plazoletica, vimos que el muchacho
entró ahí quedamos pendientes y terminamos el turno (…).”[54]
×
El patrullero Hernán Rojas Orjuela afirmó que “el se fue [Yeimi
Gómez Aguirre] vimos lo acompañamos hasta cuando observamos que el entro (sic)
a la residencia y hay (sic) nosotros nos dirigimos hacia la estación
de ahí en adelante no supimos más nada”[55].
×
Las accionantes señalaron, como
una prueba indiciaria para desvirtuar que los uniformados acompañaron al
agresor hasta su lugar de residencia, que: “[s]i a DIANA MARCELA la
mataron a los 55 minutos después de haber puesto en conocimiento la amenaza de
muerte a la Policía, y los policías dicen que gastaron 30 minutos hablando con
Yeimi, y la occisa demoro (sic) además 10 minutos en carro, para llegar
al sitio donde murió, entonces Yeimi después de hablar con los policías,
inmediatamente procedió a buscarla para matarla; coincidiendo esta situación
con lo dicho por Yeimi, de que fue inmediatamente a buscarla después de haber
hablado con el agente Arismendi.”[56]
×
El intendente Hernán Rojas
manifestó, en su declaración del 24 de abril de 2012, que: “nos ubicamos
frente a la estación junto con el señor YEIMI su esposo para que explicara el
porqué de esa reacción de su esposa, de que ya no quería vivir con él, donde
estuvimos con él por un tiempo de veinte a treinta minutos, y luego lo
dejamos retirar porque ya estaba calmado y se retiró con destino a su
residencia.”[57]
2.2.
Además, los uniformados conocían de la existencia de un proceso penal por
homicidio agravado que se llevaba en contra del agresor, tal y como lo
reconocieron, pues meses atrás habían hecho efectiva la orden de captura Nº
0423015 emitida por la Fiscalía 38 de Honda (Tolima), dentro del proceso
185450-f38. Además, si con base en la denuncia hubieran consultado los
antecedentes penales se habrían percatado de que también había sido condenado
en el 2000, por el delito de lesiones personales.[58] En este
contexto, existían varios indicios del comportamiento agresivo de Yeimi Gómez Aguirre, lo que permitía advertir, con grado de
certeza, la necesidad de adoptar medidas idóneas para garantizar el derecho a
la vida de la ciudadana López Marín. En pocas palabras, contrario a lo afirmado
por los jueces administrativos, sí existían elementos fácticos para establecer
que el ciudadano Gómez Aguirre constituía una amenaza real para la vida de la
mujer amenazada. No obstante lo anterior, no acompañaron al agresor hasta su
casa, ni verificaron que la situación de peligro hubiere cesado.
2.3. Desde mi perspectiva, queda demostrado que existían pruebas
suficientes para concluir que en el caso concreto se debía prestar una
protección especial a Diana Marcela López Marín, más allá de orientarla a
dirigirse ante la autoridad competente y a dialogar con el agresor. Quedó
probado que la mujer agredida informó a los policías que había recibido una
amenaza de muerte de parte de su compañero permanente y expuso el temor que
ello le había generado. Es más, la actuación omisiva en que incurrieron los
uniformados representa una falta de sus deberes constitucionales, contenidos en
los artículos 1º, 2º, 11, 12, 13, 42, 43 y 53, así como, en los
instrumentos internacionales mencionados previamente que forman parte del
bloque de constitucionalidad. Además, también materializa un desconocimiento de
sus deberes legales de protección a las mujeres
víctimas de violencia intrafamiliar. Lo anterior dado que, incumplieron su
deber de proteger los derechos fundamentales de una ciudadana (Ley 62 de 1993[59],
Artículo 1°); y, en particular, quebrantaron su obligación de prestar la
asistencia a Diana Marcela, en su condición de mujer víctima de maltrato por
parte de su compañero permanente, en los términos del artículo 20 de la Ley 294
de 1996.[60]
2.4.
Además, al contrastar la actuación adelantada por el patrullero Andrés
Arismendi Beltrán y el intendente Hernán Rojas Orjuela con las medidas
policiales de protección de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, se
concluye, sin lugar a dudas, que su conducta fue omisiva, pues no desplegaron
ninguna de las medidas enunciadas en el artículo 20 de la Ley 294 de 1996. Más
aún cuando, además del deber constitucional de garantizar a la mujer el goce
efectivo de su derecho a tener una vida libre de violencia, los policías
también tenían a su disposición la conducción policial, como una medida de
protección preventiva, en los términos de lo dispuesto en los artículos 154[61], 155[62] y 160[63] del Código
Departamental de Policía del Tolima. En efecto, esta era procedente por las
siguientes razones: (i) existió una manifestación de parte de Diana
Marcela López Marín sobre la amenaza de muerte recibida; (ii) el
ciudadano Yeimi Gómez Aguirre se encontraba en estado de alicoramiento y estaba
exaltado; y, (iii) existían indicios que advertían de su comportamiento
agresivo. Dicha medida de policía supone que los uniformados debieron
conducirlo hasta su lugar de residencia y verificar que hubiese cesado el
peligro contra la vida de Diana Marcela, actuaciones que no fueron desplegadas.
3. El análisis previo
del material probatorio justifica mi postura en este caso concreto. Reitero:
existían pruebas suficientes para que los jueces administrativos concluyeran
que la actuación de los policías fue omisiva. Ahora bien, considero que la
falta de los jueces administrativos se debe a que incumplieron su deber
constitucional y legal de administrar justicia con enfoque de género en el marco de un caso de violencia contra una mujer que fue
víctima de violencia intrafamiliar y, posteriormente, de un homicidio. Y,
justamente, esa actuación configura un defecto fáctico por omisión. Omisión que
lamentablemente la Sala de Revisión continuó y le impidió ver también lo que
ocurría, dejando a las accionantes sin protección a sus derechos dentro del
orden constitucional vigente.
3.1.
Lo anterior, a pesar de que esta Corporación ha expresado que los operadores
judiciales desempeñan “un papel
esencial en el cumplimiento del mandato de erradicar todo tipo de violencia
contra la mujer, pues deben investigar, sancionar y reparar los hechos de
violencia denunciados.”[64]
Ello por cuanto, “las decisiones
judiciales también han sido fuente de discriminación contra la mujer al
confirmar patrones de desigualdad.”[65] En esa medida, ante los casos de violencia
intrafamiliar o sexual, los jueces deben garantizar el derecho a la
administración de justicia con una perspectiva de género, que permita
“corregir
la visión tradicional del derecho según la cual en ciertas circunstancias y
bajo determinadas condiciones, consecuencias jurídicas pueden conducir a la
opresión y detrimento de los derechos de las mujeres. De ahí que, entonces, se
convierta en un ‘deber constitucional’ no dejar sin contenido el artículo 13
Superior y, en consecuencia, interpretar los hechos, pruebas y normas jurídicas
con base en enfoques diferenciales de género.”[66] (Resaltado fuera de
texto)
3.2.
Bajo esta línea argumentativa, el enfoque de género constituye el medio para
garantizar que en los eventos de violencia intrafamiliar contra la mujer se
apliquen criterios diferenciados en el análisis del caso, de las pruebas y de
las normas jurídicas; para cumplir con el deber de especial protección del que
son sujeto las mujeres. De lo contrario, se continuaría perpetrando una
perspectiva que normaliza el daño a la mujer, según la cual se trata de un
asunto trivial y cotidiano, carente de relevancia pública y cuya resolución
corresponde únicamente al ámbito privado en el que ocurren las agresiones. Lo
anterior se materializa en una regla jurisprudencial,[67] conforme con la cual los
operadores de la administración de justicia tienen la obligación de adoptar un
enfoque de género siempre que se encuentren frente a un caso de violencia
intrafamiliar o sexual,[68]
so pena de incurrir en un defecto fáctico por omisión. Al respecto, vale la
pena precisar que (i) “la existencia de
agresiones mutuas entre la pareja, debe leerse a la luz del contexto de violencia
estructural contra la mujer”[69]; y, (ii)
el hogar es el espacio más peligroso para las mujeres víctimas de este
fenómeno; “ya que es en el seno de la familia en donde la
violencia se revela con mayor intensidad, situación que se agrava por el secretismo
que la envuelve.”[70]
En consecuencia, en los casos de violencia intrafamiliar los
jueces tienen el deber constitucional de:
“(i) desplegar toda actividad
investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de
las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en
interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio
hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente
discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar
decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la
revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer
las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga
probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios
sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes;
(vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones
judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien
presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos
reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder
que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres (…).”[71]
3.3. En particular,
la jurisprudencia constitucional, en el estudio de tutelas contra providencias
judiciales, ha amparado el derecho a la administración de justicia, entre
otros, cuando evidencia que los jueces omitieron valorar pruebas obrantes en el
expediente, que demostraban la existencia de violencia intrafamiliar, y, en
consecuencia, no analizaron el caso a la luz del enfoque de género.[72] Así por ejemplo:
×
La Sentencia T-473
de 2014 concluyó la existencia de un defecto fáctico por omisión, debido a que
la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín no valoró pruebas relevantes en
un caso de violencia intrafamiliar.[73]
×
La Sentencia T-967 de
2014 encontró probada la configuración del defecto fáctico por acción y por
omisión, dada la indebida valoración del material probatorio obrante en el
expediente y la ausencia de valoración de algunas pruebas, conforme con las
cuales era clara la existencia de una situación de violencia intrafamiliar, que
imponía al juez de familia el deber de adoptar un enfoque de género en el
estudio del caso. Sin embargo, el operador judicial optó por una perspectiva
que normalizó “el conflicto intrafamiliar, pues lo ve como
un aspecto trivial y cotidiano, que deben soportar los miembros de la familia.”
Además, la Sala de Revisión expresó que “[e]sta
mirada contiene diversos estereotipos de género que no pueden seguir pasando
por alto, en las esferas judiciales.”[74]
×
La Sentencia T-878
de 2014 tuteló los derechos fundamentales a una vida libre de violencia
para las mujeres, a la igualdad y a la intimidad de la señora Esperanza, quien
trabaja como secretaria de una institución educativa y tenía una relación
amorosa con uno de los estudiantes de la misma institución, sujeto que impartió
violencia en contra de la señora Esperanza fuera de las instalaciones del
plantel educativo ocasionándole un total de 3 días de incapacidad y además el
despido de su lugar de trabajo, ya que la institución decidió terminar su
contrato laboral por los hechos ocurridos en la intimidad de su relación
amorosa. Lo anterior por cuanto, la accionante denunció a su agresor y, con
ello, hizo público lo sucedido.[75]
×
La Sentencia T-772
de 2015 protegió los derechos fundamentales a la vida, al debido
proceso y a la integridad personal de la señora Martha Cecilia, quien fue
víctima de agresiones verbales y físicas por parte de su compañero permanente,
incluso estando en estado de embarazo (5 meses de gestación). Quien, además, se
vio expuesta a nuevas agresiones luego de denunciar lo vivido y acudir ante la
Defensoría del Pueblo, por la inactividad de la Fiscalía General de la Nación y
la Policía Nacional al no brindar las medidas de protección urgentes solicitadas.[76]
×
La Sentencia T-012
de 2016 determinó que “[s]i el Tribunal Superior de Bogotá hubiese
hecho un estudio riguroso de las pruebas, el sentido del fallo habría sido
diferente. En dicho documento se evidencia con claridad que la situación de
violencia que ejercía el señor Carlos Manuel, comenzó de tiempo atrás y que el
episodio relatado por su empleada doméstica, fue producto de los continuos
agravios y episodios violentos en su contra. Esta Sala no comparte el análisis
jurídico del Tribunal que otorgó el mismo valor probatorio a los medios
aportados por las partes, a la postre de cercenar por completo la decisión de
la justicia penal.”[77]
×
La Sentencia T-027
de 2017 concluyó que la Comisaría de Familia Número Dieciséis de Bogotá D.C. y
el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. incurrieron en defecto
fáctico, por omitir valorar el Informe de Medicina Legal aportado por la
accionante dentro del proceso, en el cual se concluyó la existencia de un nivel
de riesgo grave en su cabeza, debido a la frecuencia e intensidad de las
agresiones físicas y verbales.[78]
×
La Sentencia T-145
de 2017 sostuvo que el Juez de Familia accionado “desconoció la existencia
de plena prueba que fundamentaba el otorgamiento de la medida de protección de
desalojo, al encontrarse acreditado que en efecto la accionante Luz Dary (…)
era víctima de violencia basada en género y violencia intrafamiliar de tipo
físico, verbal y psicológico, y que la presencia de su agresor, Jesús Eduardo
Martínez en su misma residencia, constituía una amenaza para su vida, su
integridad física o su salud (…)”[79]
×
La sentencia T- 590
de 2017 [80] “la Sala encontró que la decisión
proferida por la Inspección Décima C Distrital de Policía de la Localidad de
Engativá de Bogotá, confirmada por el fallo del 24 de agosto de la misma
anualidad emitida por la Sala de Decisión de Contravenciones Civiles del
Consejo de Justicia de Bogotá, vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso de la ciudadana Carmen al incurrir en un defecto fáctico al no valorar
las pruebas que obraban dentro del expediente, pues se omitió realizar un
estudio exhaustivo de las declaraciones presentadas por la accionante y el
señor Carlos que daban cuenta que contra éste último existía una medida de
protección a favor de la accionante y además de ello, que existía una denuncia
por violencia intrafamiliar, razón por la cual si se hubiese tomado en
consideración las declaraciones llevadas a cabo dentro del proceso Policivo
No.6158-10, la decisión habría sido diferente.”
3.4. El recuento
jurisprudencial previo evidencia, sin lugar a dudas, que existe una regla
jurisprudencial aplicable al caso objeto de pronunciamiento en la sentencia de
la que me aparto, según la cual, los operadores judiciales incurren en un
defecto fáctico por omitir valorar el material probatorio con enfoque de género
en los casos de violencia intrafamiliar. Podría alegarse que las sentencias
reseñadas no fueron interpuestas contra providencias judiciales que implicaran
la responsabilidad extracontractual del Estado; no obstante, considero que este
no es un argumento suficiente para afirmar que no constituyen precedente
aplicable, pues un análisis detallado de las providencias citadas lleva a
concluir que: (i) la ratio decidendi contiene una regla aplicable para
solucionar el tema objeto de análisis en el expediente de la referencia, (ii)
el problema jurídico es semejante; y, finalmente, (iii) los hechos analizados
en el caso anterior son similares a los estudiados. Bajo esta línea
argumentativa, se estima que para la resolución del problema jurídico no era
determinante que la sentencias trataran sobre la responsabilidad
extracontractual del Estado en el escenario de la reparación directa, sino si
los jueces habían incurrido en un defecto fáctico por omisión al no haber
valorado el material probatorio en su conjunto, con un enfoque de género.
3.5. En este punto,
reitero que la jurisprudencia constitucional ha afirmado la existencia de una
violencia estructural contra la mujer, que ha conllevado a que el fenómeno
trascienda del plano individual y privado hacia uno público. Ello por cuanto, “[l]a violencia contra la mujer, en el marco de la violencia
intrafamiliar, se nutre de una discriminación histórica que asigna unos roles
específicos a cada género, en la que predomina una posición dominante del
género masculino a través de criterios de apropiación y dominio de la mujer.”[81]
En este contexto, la Sentencia C-776 de 2010 sostuvo que le “corresponde al
Estado y a la familia procurar mecanismos destinados a evitar y erradicar toda
forma de violencia contra la mujer, teniendo los órganos estatales que
asumir la mayor responsabilidad, debido a su naturaleza, estructura y
funciones.”[82]
(Resaltado fuera del texto). No obstante,
“aún existe una inmensa brecha en la
aplicación de todos los reconocimientos porque el proceso social de
concientizarse sobre las dimensiones de la violencia de género no resultan
suficientes para que los funcionarios públicos encargados de la prevención,
atención y sanción de este fenómeno comprendan que las agresiones afectan
gravemente los derechos fundamentales de las mujeres (…) esta Corte insiste en
la necesidad de que el Estado y la sociedad trasformen las ideas que
históricamente han imperado acerca de las mujeres por una visión verdaderamente
igualitaria que reivindique los derechos desde una perspectiva de género.”[83]
Ello, a pesar de los
avances normativos que buscan garantizar a las mujeres el goce efectivo de su
derecho a tener una vida libre de violencias, entre los que se cuentan
las siguientes: Ley 294 de 1996[84],
Ley 575 de 2000[85],
Ley 1142 de 2007[86],
Ley 1257 de 2008[87], 1542
de 2012[88].
Además, el Decreto Reglamentario 2374 de 2012 que estableció “las medidas de
atención a las mujeres víctimas de la violencia” y la Resolución 163 de
2013 del Ministerio de Justicia, que definió los lineamientos técnicos en
materia de competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las
funciones de atención a la violencia basada en género por parte de las
Comisarías de Familia y otras autoridades administrativas que ejerzan funciones
jurisdiccionales.
3.6. Por ello, es
preciso que el juez en un estado social de derecho tenga la capacidad de ser
sensible a la situación de la mujer en la presente sociedad, en especial en lo
que respecta a la violencia a la que es sometida y, usualmente, normalizada.
Cuando esto no ocurre, como en la presente sentencia de la cual me aparto, el
juez no ve el problema y, por ello, la Sala de Revisión, en sus
consideraciones, reconoce una y otra vez expresamente que ‘no ve’, que ‘no
observa’ los alegatos que se le presentaron. Así pues, disiento de lo planteado
en la sentencia adoptada por mayoría, según la cual, a pesar de los elementos
probatorios reseñados previamente,
“tras
la intervención policial en las afueras de aquella discoteca, el desenlace
mortal ocurrido no era, de hecho, algo previsible. En el marco de sus labores
de patrullaje por el cierre de los establecimientos de comercio, y las medidas
que en ese instante estuvieron a su alcance, los policías creyeron
razonablemente haberse asegurado de que la situación estaba controlada, en
vista del rumbo que cada compañero permanente tomó, y ante el hecho, difícil de
contrarrestar, de que la señora López había rehusado el acompañamiento de la
policía. Ni el hecho de que la víctima tomara un rumbo distinto al que había
anunciado, ni de que el señor Gómez se enterara de ello, ni de que saliera
furtivamente, por eso mismo, en su búsqueda, podían ser razonablemente
previstos por los patrulleros.”
Para finalizar,
insisto: el deber constitucional y legal que le asistía a los policías no se
agotaba en ofrecer acompañamiento hasta su domicilio a la víctima de la amenaza
de muerte, pues ella misma indicó, reiteradamente, que si se iba para la casa
su compañero permanente la mataría. A pesar de que la sentencia afirme lo
contrario, quedó demostrado que Diana Marcela sí exteriorizó un temor palpable
por su vida e integridad y, en consecuencia, les correspondía adoptar una
medida de seguridad diligente, más allá de entablar un dialogo con el agresor y
mirar que este entrara a su residencia. Más aún, reitero el deber que como
operadores judiciales nos corresponde en un estado social de derecho,
comprometido con la erradicación y prevención de todo tipo de violencia en
contra de la mujer, esto es: administrar justicia con enfoque de género.
En estos términos dejo
planteados los argumentos que me llevaron a apartarme de la decisión mayoritaria
adoptada en la sentencia de la referencia.
Fecha ut supra,
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1]
La Sala de Selección Número Cuatro estuvo integrada por los magistrados Alberto
Rojas Ríos y María Victoria Calle Correa.
[2]
Por estos hechos, el señor Gómez Aguirre fue condenado por el Juzgado Penal de
Circuito de Fresno (Tolima) a 16 años y 8 meses de prisión, el 9 de marzo de
2011, en virtud de un allanamiento a cargos. Ver fl. 57, Cno. de pruebas No. 12
del proceso penal.
[3]
Fls. 89-94, Cno. de pruebas No. 7, expediente de reparación directa.
[4]
Fls. 75-98, proceso de reparación directa, prueba No. 7.
[5]
Fls. 153-179 ibídem.
[6]
Fls. 188-193 ibídem.
[7]
Ver fl. 296-305, proceso disciplinario, rotulado como prueba No. 11.
[8]
Cno.1, fls. 4-26.
[9]
Fls. 57-60 ibídem.
[10]
Fls. 45-50 ibídem.
[11]
Fls. 62-74 ibídem. Fallo del 16 de noviembre de 2016.
[12]
Fls. 81-97 ibídem.
[13]
Fls. 108-117 ibídem. Fallo del 14 de febrero de 2017.
[14]
Corte Constitucional, Sentencia C-590/2005.
[15]
Este requisito no supone que la decisión cuestionada comporte necesariamente
una irregularidad procesal, sino que la irregularidad que se alega por el
tutelante tenga un efecto determinante en la providencia que se cuestiona.
[16]
Cfr., Corte Constitucional, Sentencia SU-1219/2001.
[17] Cfr., de manera general, la Sentencia C-590/2005.
[18] Corte Constitucional,
sentencias SU-448/2011, SU-424/2012 y SU-132/2013.
[19] Corte Constitucional,
Sentencia SU-159/2002 y SU-226/2013.
[20] Corte Constitucional,
Sentencia SU-215/2016.
[21] Corte Constitucional,
Sentencia T-709/2010.
[22] Corte Constitucional,
sentencias C-083/1995, C-836/2001, C-634/2011, C-816/2011, C-818/2011 y
C-588/2012.
[23] Corte Constitucional,
sentencias T-929/2008 y SU-447/2011.
[24] Corte Constitucional,
Sentencia T-863/2013.
[25]
Con relación a este requisito de procedencia, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 dispone: “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. || También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud”.
[26]
La definición acerca de cuál es el término “razonable” que debe mediar entre la
fecha de ocurrencia de la presunta afectación de los derechos fundamentales y
su cuestionamiento en sede de tutela no ha sido pacífica en la jurisprudencia.
Por tal razón, de manera abstracta y previa, este solo puede catalogarse como prima
facie, pues su valoración concreta está sujeta a las circunstancias
específicas del caso, a las condiciones del tutelante (en especial a su
situación concreta de vulnerabilidad), a los intereses jurídicos creados a
favor de terceros por la actuación que se cuestiona y a la jurisprudencia
constitucional en casos análogos. El término que prima facie se ha
considerado como razonable para tal efecto es de 6 meses. Sin embargo, según la
jurisprudencia constitucional, por la razón antes mencionada, de conformidad
con las circunstancias del caso, este término puede considerarse como excesivo
o insuficiente. Con relación a esta última inferencia, cfr.
entre otras, las sentencias T-001/1992, C-543/1992, SU-961/1999, T-575/2002,
T-526/2005, T-033/2010, T-060/2016 y SU-391/2016. La exigencia de
razonabilidad, según la jurisprudencia constitucional, es más estricta en caso
de que la actuación que se cuestione en sede de tutela sea una providencia
judicial (cfr., sentencias C-590 /2005, T-594/2008 y T-265/2015).
[27]
Fls. 23-30 Cno. de pruebas No. 2, expediente de reparación directa.
[28]
Fls. 32-38 ibídem.
[29]
Código General del Proceso, artículo 211. “Imparcialidad del testigo. Cualquiera
de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en
circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de
parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o
sus apoderados, antecedentes personales u otras causas // La tacha deberá
formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el
testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada
caso”.
[30]
Sobre el error inducido, por ejemplo: Corte Constitucional, sentencia
T-273/2017.
[31]
Fls. 91-93 ibídem. Ver, igualmente: fls. 33, 34, 44-49, 55 y 56, Prueba No. 11,
proceso disciplinario.
[32]
Verbigracia: Corte Constitucional, sentencia T-146/2014.
[33]
Entre otras: Corte Constitucional, sentencia SU-198/2013.
[34]
Incluso, Gómez señaló que los uniformados “no tuvieron ninguna culpa” y
“quedaron tranquilos”, y fue “al rato” que él “reaccionó”
y salió en su búsqueda (de la víctima) “cuando se fue con ese man”.  Los
agentes, según su dicho, quedaron convencidos de que se había quedado en su
casa, “pero mentiras que me había ido a buscarla”.  Fls. 216-218
expediente disciplinario.
[35]
Ver: Corte Constitucional, sentencias T-634/2013 y T-878/2014.
[36]
Ver: Corte Constitucional, sentencia C-754/2015.
[37]
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 28 de mayo de
2015, Rad. 26958. El caso se trató de la muerte de una mujer como consecuencia
de los disparos de un arma de dotación oficial que portaba un policía para el
cumplimiento de sus funciones, en el marco de una serie de divergencias de
pareja, signadas por el maltrato físico y psicológico, conocidos por la
institución.
[38]
De hecho, no se trataba de la única decisión del máximo órgano de la
jurisdicción contencioso-administrativa que sobre este punto podía ser citada.
Cfr., por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia
de 27 de enero de 2016, Rad. 20880.
[39]
Sobre el desconocimiento del precedente como causal específica de
procedibilidad: Corte Constitucional, sentencias T-140/2012 y T-671/2017.
[40]
Fl. 81, expediente de reparación directa.
[41] Esta sentencia se caracteriza por “silenciar” la voz de las
accionantes, descalificando sus argumentos, sin ni siquiera comprender las
razones que tuvieron para cuestionar las providencias proferidas por los jueces
administrativos. Es más, de manera directa, los Magistrados se niegan a asumir
una perspectiva de género en el análisis del caso; lo que, los llevó a incurrir
en el mismo defecto de los jueces administrativos, esto es, incumplir el deber
constitucional y legal de administrar justicia con enfoque de género. Así, en
reiteradas ocasiones, se afirma por ejemplo: “[l]a Corte, sin
embargo, no observa”; “nada ve la Sala que no se enmarque en el
ejercicio razonable de su autonomía e independencia judicial”; “[a]bordados
los puntos anteriores, no observa la Sala que, en términos generales, la
valoración probatoria efectuada… haya sido irracional, caprichosa o arbitraria,
como para considerar que se configuró un defecto fáctico y dejar sin efecto
tales decisiones.” Considerando Nº 46.
[42] Considerando Nº 42
[43] Se observa que en las providencias se realizan varias
afirmaciones sin presentar argumentos que las sustenten. Por ejemplo, en el
considerando Nº 43 se sostiene que “resulta desacertada la invocación
insistente de piezas probatorias que nunca fueron decretadas y practicadas, ni
hacen parte del acervo del expediente… En su momento, las autoridades
judiciales de instancia consideraron, exponiendo la argumentación debida”. Dichas
afirmaciones no explican la razón por la cual fue desacertado, ni mucho menos
demuestran que las autoridades judiciales de instancia hayan expuesto, en su
momento, la debida argumentación.
[44] En mi criterio, sí era posible identificar con claridad que la
parte accionante consideró que las providencias cuestionadas incurrieron en
tres defectos. En primer lugar, un defecto fáctico, por
(i) por acción, debido a que los jueces administrativos valoraron los
testimonios de Hernán Rojas y Andrés Aurelio Arismendi, quienes, desde
su perspectiva, debían ser tenidos como testigos sospechosos ante su interés
por el resultado en el proceso administrativo; (ii) por omisión, ante la
negativa de los operadores judiciales de decretar testimonios que permitían
demostrar que los policías no acompañaron al victimario hasta su lugar de
residencia; al respecto, se sostuvo que no se valoró que quedó probado en la
audiencia de práctica de pruebas, la falsedad de lo manifestado por Hernán
Rojas, quien afirmó que habían acompañado al homicida hasta su residencia, pues
no se tuvo en cuenta la prueba indiciaria, mediante la que se concluye que “si
a DIANA MARCELA la mataron a los 55 minutos después de haber puesto en
conocimiento la amenaza de muerte a la Policía, y los policías dicen que
gastaron 30 minutos hablando con Yeimi, y la occisa demoro (sic) además 10 minutos en carro, para llegar
al sitio donde murió, entonces Yeimi después de hablar con los policías
inmediatamente procedió a buscarla para matarla; coincidiendo está situación
con lo dicho por Yeimi, de que fue inmediatamente a buscarla después de haber hablado
con el Agente Arismendi” (Escrito de tutela.
Cuaderno principal del Expediente T-6071934, folio N° 19);  y, (iii)
por omisión, por no haber valorado la totalidad del material probatorio obrante
en el expediente como un caso de violencia de género. Sobre este último, se
afirmó: el Tribunal “no analizó en conjunto, todo el
material probatorio que existe en el expediente”. Al respecto, se expuso
que son evidentes “las incoherencias y mentiras en que incurrieron los
policías con el fin de favorecer a la Entidad para la cual laboran y a ellos
mismos, ya que podrían estar incursos en una sanción disciplinaria o en una
acción de repetición; en sí, solo se tuvo en cuenta a los dos TESTIMONIOS
SOSPECHOSOS, para fallar de fondo un asunto de TRASCENDENCIA SOCIAL porque
involucra un caso de VIOLENCIA DE GÉNERO (FEMINICIDIO) (Resaltado del
texto original) (Escrito de tutela. Cuaderno principal
del Expediente T-6071934, folio N° 16). En segundo
lugar, las accionantes consideran que los jueces administrativos incurrieron en un defecto
debido al desconocimiento del precedente, al omitir
aplicar la sentencia del 28 de mayo de 2015
correspondiente al proceso Nº 17001-23-31-000-2000-01183-01 (26958) proferida por la Sección Tercera,
Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo el Consejo de Estado, en la que también se
analizó un caso de feminicidio. Y, finalmente,
señalaron que las providencias incurrieron en el defecto de error inducido, por
cuanto, mediante las declaraciones del proceso disciplinario, se indujo a los
jueces administrativos de primera y segunda instancia a error.
[45] Sobre la obligación de los estados de adoptar un enfoque de
género en los casos de violencia contra la mujer, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos se pronunció en el caso “María da Penha Fernandes vs.
Brasil”, en el que reconoció que Brasil había adoptado algunas medidas para
reducir el alcance y la tolerancia estatal frente a la violencia intrafamiliar;
no obstante, afirmó que con estas no se había logrado reducir la inefectividad
de la acción policial y judicial en caso de violencia de género. En
consecuencia, concluyó que Brasil había “violado
los derechos y que había incumplido los deberes consagrados en el artículo 7º
de la Convención de Belém do Pará en perjuicio de la accionante y en
conexión con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana y en relación con
el artículo 1(1) de la Convención, por los actos de omisión y tolerancia de la
tal violación.” Disponible en: http://www.cidh.oas.org/women/Brasil12.051.htm.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado el deber
de los estados de analizar los casos de violencia contra la mujer en contextos
de discriminación estructura con base en una perspectiva de género. Al
respecto, se sugiere consultar los casos “Campo algodonero Vs. México,
disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
; y, “Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala”, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf
.
[46] Ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968.
[47] Ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972.
[48] Ratificada por Colombia mediante la
Ley 51 de 1981 y reglamentada por el Decreto Nacional 1398 de 1990.
[49] Ratificada por Colombia mediante la
Ley 248 de 1995.
[50] Ratificado por Colombia mediante la Ley 984 de 2005.
[51] La violencia intrafamiliar contra la mujer
puede generarle daños psicológicos, físicos, sexuales o patrimoniales. El
artículo 2º de la Ley 1257 de 2008, la definió en los siguientes términos: “cualquier
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual,
psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. || Para efectos de la presente
ley, y de conformidad con lo estipulado en los Planes de Acción de las
Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende
cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de
las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su
condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede
consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las
económicas.” Con base en la definición legal, se tiene que
la violencia intrafamiliar se comprende como acciones u omisiones, por parte de
un miembro del núcleo familiar, que generan un daño en la mujer, en
razón de su género, es decir, por su condición de ser mujer.
[52] Al respecto, el patrullero Andrés Arismendi Beltrán afirmó: “era
ella la que organizaba el escándalo entonces le dije mamita baje y hablamos
abajo, ya con mi sargento ahí al frente de ese negocio … le dije cuénteme cual
es la situación, mantenía el escándalo, que no que yo no quiero vivir
más con él, que ya estoy mamada de él, eran las palabras que ella manejaba … no
veía que me solucionara nada más, entonces yo le dije vámonos para la casa, le
insistimos que nos fuéramos para la casa, no consintió ella que no, cuando le
manifesté lo de la casa fue cuando me dijo a mí, no es que, lo dijo de
manera jocosa, si voy allá él es capaz que llega allá y me mata … yo no
observaba ninguna agresión, porque en ese momento el muchacho se encontraba
departiendo con unos amigos … cuando ella me manifiesta que no quiere que si
llega a la casa, él es capaz de que la mata… ahí si llamé al muchacho y
le dije, venga acá a usted lo están señalando de que le va a causar daño, usted
le va a causar daño a la pelada, él me dice no hermano yo hace rato que no la
había invitado a tomar y hoy compartimos tragos y ya vea me está armando ese
escándalo.” || En
este mismo sentido, el oficio dirigido por el Comandante de la Estación de
Policía de El Tablazo, del 7 de febrero de 2011, a la Juez Primero Promiscuo
Municipal de Fresno, demuestra que los policías consideraron que las
afirmaciones de la mujer no tenían ningún sustento. Ello se evidencia en lo
siguiente: “[p]or lo anterior se le orienta a la joven que nos
acompañara al comando de policía y dejara la respectiva constancia para que con
base a esa misma, pudiera instaurar de manera formal a primera hora hábil del
día, en estado sobrio. (sic) Denuncia ante la respectiva autoridad
judicial, por lo que me contestó: ‘No Arismendi, yo lo que quiero es dejar
constancia de que no quiero vivir más con él, porque él me golpea’. Luego
de esperar y ver que lo único que pretendía la joven, era ofender al
compañero sentimental de nombre Yeimi Gómez sin más datos, por medio de
acusaciones que no tenían sustento decidimos brindarle el
acompañamiento a su lugar de residencia ubicado en la calle principal de
corregimiento antes de la plazoleta, del cual contesto (sic) la joven ‘Yo
no me voy a la casa porque él me mata.’” Oficio
dirigido por el Comandante de la Estación de Policía del Tablazo, de fecha 7 de
febrero de 2011, a la Juez Primero Promiscuo Municipal de Fresno en la cual se
relata lo hechos ocurridos. Cuaderno de pruebas del Expediente T-6071934, folio
N° 94.
[53] Lo anterior se comprueba con la declaración rendida por el
intendente Hernán Rojas Orjuela el 17 de febrero de 2014, en el marco de la
audiencia de pruebas llevada a cabo por el Juez 4º Administrativo Oral
del Circuito de Ibagué, en la que afirmó: “que ella no quería vivir más con
el esposo, que quería separarse de él, que quería dejar constancia que quería
separarse de él, porque él la maltrataba, que porque ella mejor dicho no
quería vivir más con él, entonces yo me percaté que en el grupo de personas en
las cuales donde yo estaba ahí se encontraba su compañero sentimental, el cual
yo le pregunte (sic) que si había tenido algún problema o inconveniente
con ella, y él me dijo que no, no mi sargento, yo no he tenido ningún
problema o inconveniente con ella, ella simplemente que se pone así y ya
mañana se le pasa (…).” Declaración rendida por
Hernán Rojas Orjuela, el 17 de febrero de 2014, en la diligencia de pruebas.
Ésta fue reseñada en la sentencia proferida por el Juzgado 4º
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué. Cuaderno de
pruebas del Expediente T-6071934, folio N° 91.
[54] Declaración rendida por Hernán Rojas Orjuela, el 17 de febrero de
2014, en la diligencia de pruebas. Ésta fue reseñada en la sentencia
proferida por el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito de Ibagué. Cuaderno de pruebas del Expediente T-6071934, folio N° 93.
[55] Declaración rendida por Hernán Rojas Orjuela, el 17 de febrero de
2014, en la diligencia de pruebas. Ésta fue reseñada en la sentencia
proferida por el Juzgado 4º Administrativo Oral del Circuito de Ibagué. Cuaderno de pruebas del Expediente T-6071934, folio N° 92.
[56] Escrito de tutela. Cuaderno principal del Expediente T-6071934,
folios N° 18 y 19. Esta es una de las pruebas que las accionantes señalaron que
fue valorada indebidamente por los jueces administrativos, que evidencia que
los policías no acompañaron al agresor hasta su lugar de residencia.
[57] Escrito de tutela. Cuaderno principal del Expediente T-6071934,
folio N° 20. Esta es una de las pruebas que las accionantes señalaron que fue
valorada indebidamente por los jueces administrativos, mediante la cual se
demuestra que la actitud del agresor no fue
tranquila.
[58] Con respecto a los antecedentes penales, la Sala Plena de la Corte
Constitucional consideró que su conservación “cumple finalidades
constitucionales y legales legítimas a las que ésta Corte ha hecho constante
referencia (moralidad de la función pública, aplicación de la ley penal,
actividades de inteligencia, ejecución de la ley). Por tanto, considera la Corte
que no hace parte del derecho de habeas data en su modalidad suprimir, la
facultad de exigir al administrador de la base de datos sobre antecedentes
penales, la exclusión total y definitiva de tales antecedentes. En este caso,
no hay, en los términos de la sentencia T-414 de 1992, un derecho al olvido
como tal. No lo puede haber, al menos, mientras subsistan las finalidades
constitucionales del tratamiento de este tipo específico de información
personal.” Corte Constitucional, SU-458 de 2012. M.P. Adriana María Guillén
Arango (E). Esta consideración fue reiterada en la sentencia T-098 de 2017.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[59] “Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea
un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía
Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se
reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”
[60] “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar”. El artículo 20 de la Ley 294 de 1996 afirma: “Las
autoridades de Policía prestarán a la víctima de maltrato intrafamiliar toda la
ayuda necesaria para impedir la repetición de esos hechos, remediar las
secuelas físicas y sicológicas que se hubieren ocasionado y evitar
retaliaciones por tales actos. En especial, tomarán las siguientes medidas: a)
Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más cercano,
aunque las lesiones no fueren visibles; || b)
Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el retiro de
las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para la
seguridad de aquella; || c) Asesorar a la
víctima en la preservación de las pruebas de los actos de violencia y; || d) Suministrarle la información pertinente
sobre los derechos de la víctima y sobre los servicios gubernamentales y
privados disponibles para las víctimas del maltrato intrafamiliar. || PARÁGRAFO. Las autoridades de policía
dejarán constancia de lo actuado en un acta, de la cual se entregará copia a la
persona que alegue ser víctima del maltrato. El incumplimiento de este deber
será causal de mala conducta sancionable con destitución.”
[61] “Art. 154: Comportamiento que favorecen la seguridad de las
personas: Existe seguridad para las personas, cuando se previenen los riesgos
contra su integridad física y moral, su salud y tranquilidad. Se deben observar
los siguientes comportamientos que favorecen la seguridad de las personas.
(…) 11.
Dar aviso inmediato a las autoridades, para que tomen las medidas que sean del
caso, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Penal, cuando exista
sospecha de que se pueden realizar actos violentos contra las personas, o
que provoquen o mantengan en estado de zozobra o terror a la población o a un
sector de ella, o que pongan en peligro la vida, la integridad física o la
libertad de éstas o las edificaciones, medios de comunicación, transporte,
procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, y alertar a quienes
puedan resultar afectados con ellos;
[62] Art. 155: Protección preventiva. La policía protegerá a las
personas de las vías de hecho así no se solicite su intervención.
[63] Art 160: La conducción. Los miembros de la Policía Nacional,
podrán, como medida de protección, conducir a la persona que deambule en
estado de embriaguez o de grave excitación con peligro para su integridad o la
de otras personas, a su residencia o a un centro hospitalario o de salud,
según sea necesario y hasta tanto cese el peligro. En caso de estado de
embriaguez, si la persona se niega a dar la dirección de su domicilio, como
medida de protección podrá ser conducido al Comando de la Estación de Policía
correspondiente, donde podrá permanecer máximo hasta veinticuatro (24) horas”.
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa. Consideración reiterada en la Sentencia T-145 de 2017.
M.P. María Victoria Calle Correa.
[65] La Sentencia T-878 de 2014 afirmó que el cumplimiento del deber estatal de eliminar “cualquier tipo de
discriminación o violencia ejercida contra una persona por razón de su sexo”, se
traduce en: “a) garantizar a
todos y todas, una vida libre de violencia y discriminación por razón del
sexo; b) prevenir y proteger a las mujeres y las niñas de cualquier
tipo de discriminación o violencia ejercida en su contra; c) investigar,
sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, entre muchas
otras”. Corte Constitucional, Sentencia
T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[66] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[67] Esta Corporación se ha referido a la obligación de adoptar un
enfoque de género en los casos de violencia intrafamiliar en las sentencias:
T-027 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez (E); T-145 de 2017. M.P. María
Victoria Calle Correa; T-184 de 2017. María Victoria Calle Correa; T-264 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-652 de 2017. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
C-297 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-271 de 2016. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva; T-241 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-012
de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-539 de 2016. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; C-022 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo; T-730 de 2015. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-967 de 2014. M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado; T-434 de 2014. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez; T-234 de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
T-473 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-634 de 2013. María
Victoria Calle Correa; C-776 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-408 de
1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero; entre otras.
[68] Se sugiere consultar las sentencias T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y, T-145 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa, que desarrollan en
detalle el sustento legal, internacional y jurisprudencial del deber de las
autoridades estatales de adoptar un enfoque de género en los casos de violencia
intrafamiliar.
[69] Corte Constitucional,T-027 de 2017.
M.P. Aquiles Arrieta Gómez (E).
[70] Corte Constitucional, T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Reiterada en la
sentencia T-027 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez (E); T-145 de 2017. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-184 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.
[72] También se ha concluido la existencia de
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, cuando los operadores
judiciales le niegan a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar el
derecho a rendir su interrogatorio, de manera libre y serena sin la
presencia de su agresor. Al respecto, se sugiere consultar las sentencias T-184
de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa. En esta providencia la Sala tuteló
los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
señora Nasly Patricia Ramírez a quien el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia
de Barrancabermeja no le permitió rendir interrogatorio de parte en momento y
lugar diferente al destinado para la realización de la audiencia inicial con la
finalidad de no tener que confrontarse con su agresor, indicando que su
petición no era improcedente al ser contraria a la naturaleza concentrada de la
audiencia inicial. Además, estableció que el exceso ritual manifiesto “se
presenta cuando el juez no acata el mandato de dar prevalencia al derecho
sustancial, situación que lo lleva a denegar o vulnerar, entre otros, derechos
que puedan verse involucrados, el derecho al acceso a la administración de
justicia. Es por ello que no es posible sacrificar derechos subjetivos por
aplicar taxativamente normas procesales” y en el caso concreto expresa que
aunque “la audiencia inicial es una audiencia concentrada, es decir, en ella
se debe concluir el litigio, ello no impide que, bajo circunstancias
relevantes, el juez en ejercicio de sus facultades y poderes legales que le
asisten, decida trasladar la fecha o la hora para llevar a cabo el
interrogatorio de la parte que no quiere o no puede confrontar, o simplemente
estar en el mismo sitio y lugar de su agresor y contraparte”.
[73] Corte Constitucional, Sentencia T-473 de
2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En la presente providencia la Sala
de Revisión tuteló el derecho fundamental al debido proceso de una mujer que
sufrió agresiones físicas por su compañero permanente, quien en segunda
instancia de proceso penal por violencia intrafamiliar fue absuelto al indicar
el juez natural que del relato de la señora no se lograba percibir una
intención dañina por parte de su compañero permanente debido a que según el
juzgador los ánimos de las partes se encontraban alterados. Asimismo, indicó la
importancia de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal en materia
de valoración probatoria manifestando que: “aun cuando los jueces gozan de
libertad para valorar el material probatorio con sujeción a la sana crítica, no
pueden llegar al extremo de desconocer la justicia material, bajo la suposición
de un exceso ritual probatorio contrario a la prevalencia del derecho
sustancial”.
[74] Corte Constitucional, Sentencia T-967 de
2014. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En este caso la Sala Revisión tuteló
los derechos fundamentales al debido proceso, a la libertad de locomoción, a la
igualdad e intimidad, de una mujer que había interpuesto demanda civil de
divorcio bajo la causal de “ultrajes, el
trato cruel y los maltratamientos de obra”, debido a los celos desmedidos que desde hace varios años
conllevan al maltrato psicológico y físico de la demandante. Celos que de manera paulatina la obligaron a alejarse de sus
familiares cercanos y de su entorno laboral porque su esposo aseguraba que
mantenía relaciones íntimas con cualquier hombre que se le acercara, afectando
su crecimiento profesional y relaciones afectivas con su familia. El Juez que
conoció el divorcio decidió negar la pretensión al indicar que, no se
estructuraba la causal de divorcio porque la demandante no logró demostrarla, a
pesar de que presentó diversos medios de prueba que sustentaba su pretensión y
fueron desechados por ser considerados testimonios de oídas. En el presente caso,
se afirmó: “de los mandatos contenidos en la
Constitución y en las Convenciones sobre protección a la mujer
se deduce que el Estado tiene obligaciones ineludibles en torno a la
eliminación de cualquier tipo de discriminación o violencia ejercida contra una
persona por razón de su sexo. Entre las que se encuentra investigar, sancionar y reparar la
violencia estructural contra la mujer, entre muchas otras. Obligación, que se
encuentra en cabeza de la Rama Judicial del Poder Público; por lo que, son los operadores
judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento”. En
el mismo sentido, agregó: “(…) en aras de
una igualdad procesal realmente
efectiva, es claro que en ningún caso los derechos del agresor
pueden ser valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la
mujer a su integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de
violencia. Si la ponderación judicial se
inclina en favor del agresor, bajo la perspectiva de falta de pruebas, sobre la
base de la dicotomía público-privado que lo favorece, es necesario
verificar si el operador judicial actúa o no desde formas estereotipadas de ver
a la familia y a la mujer, que contribuyen a normalizar e invisibilizar la
violencia. Formas que sin duda, parten del supuesto de la no-intervención
estatal en el ámbito de la ‘intimidad’”.
[75] Corte Constitucional, Sentencia T-878 de 2014. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. En la providencia la Sala de Revisión Esta sentencia se
refiere a la importancia del uso del enfoque diferencial por parte de los
administradores de justicia y de la sociedad, al indicar que el uso de un
enfoque de genero “implica que el funcionario estudie las posibles
consecuencias del acto que se invoca como vulnerador en cuanto a la
profundización de la violencia que la mujer ha sufrido, así como el posible
efecto revictimizante que constituiría la falta de acceso a la justicia. (…) y
en ese sentido, tendrá que tomar en consideración que la agresión en contra de
una mujer solo se produce cuando la sociedad y el Estado han fallado en su
deber de prevención, por tanto la indiferencia ante tales comportamientos
termina por legitimarlos e invisibiliza a la víctima”. Por lo tanto,
consideró como actuaciones violatorias de los derechos de las mujeres por parte
de los administradores de justicia las siguientes: “(i) omisión de toda
actividad investigativa y/o la realización de investigaciones aparentes, (ii)
falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida y re victimización
en la recolección de pruebas, (iii) utilización de estereotipos de género para
tomar sus decisiones y (iv) afectación de los derechos de las víctimas”.
[76] Corte Constitucional, Sentencia T-772 de 2015 M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub. La Sala sustentó su decisión en la obligación estatal de
proveer a los ciudadanos de recursos judiciales efectivos, lo que constituye en
el caso de las víctimas por violencia de género “(i) prevenir las prácticas
degradantes en contra de la mujer y (ii) procesar y sancionar a los
responsables de crímenes que impliquen cualquier tipo de violencia contra las
mujeres”. Lo anterior, en consonancia con el deber de diligencia del Estado
y sus operadores judiciales, por lo tanto, “el primer deber que tiene el
Estado frente a una persona que sufre un delito es brindarle protección y
asistencia para no volver a ser víctima, especialmente si se trata de un sujeto
de especial protección. En este ámbito, la privación de la libertad del
presunto agresor a través de una medida de aseguramiento es solamente una opción,
pues existen otras que pueden adoptarse de manera más inmediata como la
protección policial y la asistencia que se le pueda proporcionar a la víctima
para superar los factores especiales de vulnerabilidad”.
[77] Corte Constitucional, Sentencia T-012 de
2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En esta providencia, la accionante
también alegó la configuración de un defecto sustantivo, por cuanto el juez
accionado aplicó una interpretación indebida del artículo 411 del Código
Civil, lo que fue corroborado por la Sala de Revisión, negándole la posibilidad
de acceder a alimentos bajo la figura de cónyuge culpable derivado de un
continuo maltrato psicológico, físico y económico por parte de su ex cónyuge.
La Sala tuteló los derechos al debido proceso y acceso a la administración de
justicia de la accionante y resaltó la difícil tarea de visibilizar la
violencia económica y patrimonial contra las mujeres al establecer que “esta
clase de agresiones son muy difíciles de percibir, pues se enmarcan dentro de
escenarios sociales en donde, tradicionalmente, los hombres han tenido un mayor
control sobre la mujer”, siendo desconocidas incluso para la mujer que las
vive al esconderse bajo una aparente colaboración de pareja.
[78] Corte
Constitucional, Sentencia T-027 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez (E). En
esta ocasión, la Sala de Revisión amparó los derechos fundamentales a la igualdad, a la integridad personal y a la vida, por
haberse negado la Comisaria 16 de Familia de Bogotá la solicitud de desalojo
por violencia intrafamiliar contra el señor Julián Giovanny Zamudio. La
decisión tuvo fundamento en que la demandante no contaba con los elementos
probatorios suficientes que demostraran las afectaciones físicas que pusieron en
peligro su integridad. En este sentido, y tras constatar que existían
agresiones mutuas entre la pareja, decidió imponer una medida de protección
para ambos. A pesar, de que la accionante aportó un informe de medicina legal
en el que se determinaba que existía un nivel de riesgo grave: “la
cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales
que la habían puesto en una situación en la que se hacía imperativo tomar
medidas urgentes en aras de proteger la vida de la usuaria.” En instancia
de apelación, la accionada decidió confirmar la determinación de la Comisaría
de Familia,al considerar que la actuación se ajustó a la normatividad aplicable
al caso y con la valoración probatoria adecuada, confundiendo los roles entre
víctima y agresor dentro del caso. En consecuencia, la accionante tuvo que
abandonar su hogar por temor, además porque el agresor utilizaba su hogar como
bodega de contrabando. La Corte utilizó las siguientes sub reglas para
solucionar el caso: reiteró la obligación de las autoridades judiciales en
materia de valoración probatoria en asuntos de género e indicó: “debe
precisarse que el deber de debida diligencia de las autoridades encargadas de
prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, implica evaluar los
testimonios de las víctimas a la luz de un enfoque de género, evitando toda
revictimización. (…) En el caso concreto, la víctima fue diligente en entregar
su declaración ante el Instituto Colombiano de Medicina Legal. La falta de
participación del victimario en el proceso y la no valoración del mismo, no
puede servir de excusa a las autoridades para desproteger a la denunciante. La
labor del Estado en la prevención y erradicación de la violencia contra la
mujer implica para las autoridades una flexibilización de los procedimientos y
del rigor probatorio siguiendo el criterio pro persona, dirigido a hacer
efectiva la protección a la mujer frente a todo tipo de violencia (…)”  “Las
víctimas de violencia de género no pierden su condición de víctimas por reaccionar
a la agresión, y tampoco pierde una mujer que se defiende, su condición de
sujeto de especial protección constitucional. En virtud de lo anterior, debe
tenerse en cuenta que cuando un hombre y una mujer se propician agresiones
mutuas, en términos generales, no están en igualdad de condiciones. La
violencia contra la mujer está fundada en estereotipos de género que les exige
asumir roles específicos en la sociedad, ajenos a la “independencia,
dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre” y cercanos a la
“emotividad, compasión y sumisión de la mujer”. Y la obligación del Estado es
la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la
discriminación histórica y estructural que motiva a la violencia de género”.
[79] Corte Constitucional, Sentencia T-145 de 2017. M.P. María Victoria
Calle Correa. En la presente providencia la Sala de Revisión tuteló los
derechos la administración de justicia, a la vida digna, a la protección
reforzada como mujer y adulta mayor conforme la ocurrencia de diversas
agresiones físicas, psicológicas y verbales vivenciadas al interior de una
pareja de adultos de tercera edad (77 años), de las cuales fue víctima la
señora Luz Dary, quien estuvo obligada a retirarse de su lugar de vivienda por
estar frecuentemente amenazada por su pareja con armas corto punzantes. En
esta, se resaltó la importancia de verificar por medio de la ponderación
judicial probatoria la existencia o no de estereotipos entorno a la familia y a
la mujer para garantizar que la igualdad procesal sea realmente efectiva,
siendo claros los parámetros y estándares a seguir por los funcionarios
judiciales al enfrentarse a casos de violencia contra la familiar. En
consecuencia, afirmó que: “deben analizar los hechos y las normas con base
en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que se reconozca que
las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado por virtud de las
relaciones de poder que afectan su dignidad y autonomía” y, por lo tanto,
manifestó que para evitar una valoración probatoria sustentada en formas
estereotipadas “la perspectiva de género igualmente supone que las
autoridades públicas en el marco de sus competencias y al interior de los
procesos que adelanten desplieguen una actividad oficiosa amplia cuando quiera
que las pruebas existentes no sean suficientes para determinar o conocer los
hechos discriminatorios o de violencia alegados y por razón de ello la
ponderación judicial se incline, en principio, en favor del agresor. Ello
supone decretar las pruebas que resulten necesarias para determinar con base en
la sana crítica si deben protegerse por encima de los derechos del agresor los
de la mujer”.
[80] Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 2017. M.P. Alberto Rojas
Ríos. En este caso, la Corte Constitucional amparó el derecho fundamental al
debido proceso de una mujer y sus dos hijos al revocar una decisión judicial
que no tuvo en cuenta el maltrato físico y psicológico al que era sometida la
accionante por parte de su ex esposo y padre de los hijos, desconociendo que se
había presentado denuncia ante la Fiscalía por violencia intrafamiliar y
diferentes solicitudes de protección ante la Comisaría de Familia. Pese a ello,
en proceso policivo se decidió que hubo perturbación a la tenencia del agresor,
porque la accionante decidió cambiar las guardas de la casa y negarle la
entrada. Además, el agresor vendió el bien inmueble en donde vivía la víctima
con sus hijos. La accionada inició proceso contravencional de desacato por
incumplimiento de la orden de entregar llaves al agresor para que entrara a la
vivienda.
[81] Corte Constitucional, Sentencia T-027 de 2017. M.P. Aquiles
Arrieta Gómez (E).
[82] Corte Constitucional, Sentencia C-776 de 2010. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[83] Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 2016. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[84] “Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas
para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar”.
[85] “Por medio de la cual
se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996”.
[86] “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de
2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y
represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y
seguridad ciudadana”.
[87] “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones”.
[88] “Por
la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de
Procedimiento Penal”