T-463-17
Sentencia
T-463/17
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Formas previstas por ordenamiento jurídico
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa en defensa de sus propios
intereses
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
Tanto
en el Texto Superior como en el Decreto 2591 de 1991 se prevén las siguientes
hipótesis de procedencia del amparo constitucional contra particulares, a
saber: (i) cuando se encuentra encargado de la prestación de un servicio
público; (ii) cuando con su conducta afecta de manera grave y directa el
interés colectivo; o (iii) cuando existe un estado de subordinación o
indefensión entre el solicitante del amparo y quien supuestamente incurrió en
la violación de un derecho fundamental.
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL AFECTADO SE
ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Frente a entidades particulares del sistema
financiero y asegurador
La jurisprudencia constitucional ha
determinado la viabilidad del amparo de tutela contra particulares que ejercen
actividades bancarías y aseguradoras, pues generalmente se presenta un desequilibrio natural como consecuencia de
que el cliente o usuario se encuentra en una posición de indefensión frente a
las empresas con las cuales contrata dichos servicios.
INDEFENSION-Concepto
La
Corte Constitucional ha precisado que la indefensión hace referencia a la
situación en la que una persona “ha sido puesta en una situación que la hace incapaz de repeler
física o jurídicamente las agresiones de las cuales viene siendo objeto por
parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus derechos fundamentales.
En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni fácticas para reaccionar
defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe realizar un análisis
relacional con la finalidad de determinar el estado de indefensión en la que se
encuentra la persona”.
ACCION DE TUTELA PARA DIRIMIR CONFLICTOS DERIVADOS DE UN CONTRATO
DE SEGUROS-Procedencia excepcional
Teniendo en cuenta la existencia de recursos judiciales idóneos
para solucionar los conflictos suscitados en el marco de un contrato de
seguros, la jurisprudencia de la
Corte ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para
pronunciarse sobre dichas controversias cuando, por ejemplo, se verifica una
grave afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial
protección constitucional, como ocurre en el caso de las personas con una
considerable pérdida de su capacidad laboral y que además no tienen ningún tipo
de ingreso; o también en aquellos casos en que por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de la aseguradora, pese a la clara e inequívoca
demostración del derecho reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en
contra del reclamante.
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS DE ENFERMO DE
SIDA-Procedencia por ser
sujetos de especial protección constitucional
La Sala encuentra que el accionante, en principio, contaría con un
mecanismo ordinario para ventilar sus pretensiones y obtener el cumplimiento de
la póliza adquirida con Allianz Seguros de Vida S.A. No obstante, para el
análisis del requisito de subsidiariedad debe tenerse en cuenta que dicho
recurso ante la jurisdicción civil no es eficaz teniendo en cuenta la condición
de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, en la medida
que es una persona que padece VIH y que su condición de salud ha empeorado con
el tiempo, pues para la fecha de estructuración de invalidez la enfermedad se
encontraba en estadio C2, presentando además episodios de demencia, lo cual le
generó una pérdida de capacidad laboral del 67.6%.
PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS PORTADORAS
DE VIH/SIDA-Reiteración de
jurisprudencia
La
Corte Constitucional ha señalado que las personas que padecen el virus de
inmunodeficiencia humana – VIH- o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
–SIDA-, son sujetos de especial protección constitucional, pues se trata de una
enfermedad grave, ruinosa y catastrófica que genera el deterioro progresivo de
la salud, y que exige del Estado y de la sociedad un trato igualitario, digno y
solidario, debido a las circunstancias de debilidad en las que se encuentran
quienes afrontan dicha situación. Es así como la Corte Constitucional se ha
pronunciado en abundante jurisprudencia sobre la protección de las garantías
constitucionales de quienes padecen VIH.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Concepto
La
jurisprudencia constitucional reiteradamente ha señalado que el mínimo vital es
un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, ya que “constituye la porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en
salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el
derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico
constitucional”.
DERECHO AL MINIMO VITAL-Dimensión positiva y negativa
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Elementos
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Características
Esta
Corporación en la Sentencia T-408 de 2015 señaló las características del
contrato de seguro de la siguiente manera: (i) consensual: por cuanto se perfecciona
con el consentimiento de las partes, es decir, la anuencia del asegurador y el
tomador del seguro; (ii) bilateral: las obligaciones en contrato de seguro son
para ambas partes, tanto para el asegurador de responder por la suma asegurada
cuando ocurra el siniestro, y  para el tomador de pagar la prima; (iii)
oneroso: porque para asegurar el riesgo es necesario que el tomador pague
la prima que cubre el siniestro en caso de que llegue a ocurrir;
(iv) aleatorio: ya que no puede determinarse si el riesgo va a acaecer y
cuando; (v) de ejecución sucesiva: porque sus prestaciones son continuadas;
(vi) nominado: al estar regulado de los artículos 1036 a 1162 del Código de
Comercio; (vii) Intuitu
personae: en la medida que se realiza en consideración a la
persona, según la condición del asegurado y la calidad de las cosas
aseguradas y (viii) de adhesión: en tanto que las cláusulas del contrato
no son discutidas por las partes, sino que el tomador se somete a las
condiciones del asegurador.
PRINCIPIO DE LA
BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS
Por
vía jurisprudencial se ha afirmado que le contrato de seguro es un contrato
especial de buena fe, en el que las partes se sujetan al contrato con lealtad y
buena fe. En este sentido, la Sentencia T-086 de 2012 sostuvo que “ambas partes en las
afirmaciones relacionadas con el riesgo y las condiciones del contrato se
sujetan a cierta lealtad y honestidad desde su celebración hasta la ejecución
del mismo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1058 del C.Co., el tomador
o asegurado debe declarar con sinceridad los hechos y circunstancias que
determinan el estado del riesgo, puesto que ello constituye la base de la
contratación. En caso de presentarse reticencias e inexactitudes en la
declaración que conocidas por el asegurador lo hubieran retraído de contratar,
se produce la nulidad relativa del seguro. El asegurador también debe cumplir
con el principio de buena fe evitando cláusulas que sean lesivas al asegurado,
cumpliendo con la prestación asegurada a la ocurrencia del siniestro y
comprometiéndose a declarar la inexactitud al momento en que la conozca y no
esperar a la ocurrencia del siniestro para alegarla como una excepción al pago
de la indemnización”.
ACCION DE TUTELA CONTRA ASEGURADORA-Realización de examen de ingreso es exigible en
contratos de medicina prepagada o pólizas de salud, mas no frente a todas las
modalidades de contrato de seguro
ACCION DE TUTELA PARA DIRIMIR CONFLICTOS DERIVADOS DE UN CONTRATO
DE SEGUROS-No
vulneración del derecho al mínimo vital del accionante
ACCION DE TUTELA PARA DIRIMIR CONFLICTOS DERIVADOS DE UN CONTRATO
DE SEGUROS-Accionante
incumplió con la carga de actuar de buena fe al momento de suscribir el
contrato de seguro
Referencia:
Expediente T-6.070.316
Acción
de tutela interpuesta por José contra el Banco Citibank Colombia S.A. y
Allianz Seguros de Vida S.A.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá
D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017)
La
Sala Sexta de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por
los magistrados Iván Humberto Escrucería Mayolo –quien la preside-, Cristina
Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 86
y 241 numeral 9° de la Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión del fallo del tres (03) de febrero de dos mil diecisiete
(2017) proferido por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, el
cual confirmó la decisión del primero (1º) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016) del Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, en el trámite de
la acción de tutela interpuesta por el señor José contra el Banco Citibank
Colombia S.A. y Allianz Seguros de Vida S.A
I.    ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y
241-9), el
Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de
Selección Número Cuatro (4) de la Corte Constitucional escogió, para efectos de
su revisión,[1]
la acción de tutela de la referencia.
Inicialmente
la presente acción fue repartida al magistrado (e) Iván Humberto Escrucería
Mayolo, quien registró proyecto de sentencia el veintisiete (27) de julio de
dos mil diecisiete (2017), el cual no fue acogido por los demás magistrados que
integran la Sala Sexta de Revisión. Por lo tanto, el expediente fue remitido al
despacho de la magistrada sustanciadora mediante oficio del primero (1º) de
agosto de dos mil diecisiete (2017), para la elaboración de un nuevo proyecto
de fallo.
Así,
de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de
Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.
1.
Aclaración
preliminar
Teniendo en cuenta que la presente
acción de tutela tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales
de una persona a quien le fue diagnosticado VIH, en el ámbito de tratamiento de
datos sensibles relativos a la salud y a la vida sexual, y en aras de proteger
la privacidad e intimidad del actor, esta Sala como medida de protección ha
decidido suprimir los datos que permitan su identificación. Con tal finalidad
su nombre será remplazado por uno ficticio el cual se escribirá en letra
cursiva.
2.
Solicitud
y hechos
El
18 de noviembre de 2016, el señor José interpuso acción de tutela contra
el Banco Citibank - Colombia S.A. y Allianz Seguros de Vida S.A., por
considerar vulnerado su derecho fundamental al mínimo vital, al negar hacer
efectivos los seguros de vida adquiridos como deudor de unos productos financieros,
sin tener en cuenta que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del
67.06%, al ser diagnosticado con VIH/SIDA.
El
accionante funda su solicitud de tutela en los siguientes hechos:
1.1.    Refiere
que a mediados del año 2014 adquirió con el Banco Citibank DOS tarjetas de
crédito y una cuenta corriente a su nombre.[2]
1.2.    Narra
que fue diagnosticado como portador de VIH/SIDA desde julio del 2000. Afirma
que, para la época en la que le fueron entregados los productos por el Banco
Citibank, su estado era calificado como asintomático. Aclara que no informó a
la entidad financiera acerca de su patología, con el fin de salvaguardar su
derecho a la intimidad
1.3.    A
partir del mes de noviembre del 2014, su condición patológica se agravó, al
desarrollar demencia por VIH, al punto de encontrarse en la actualidad en una
condición muy delicada de salud. A raíz de lo anterior, fue calificado por
Colpensiones con una pérdida de la capacidad laboral del 67.06%, estructurada a
partir del 27 de noviembre de 2014.[3]
1.4.    El 7
de julio de 2015, mediante Resolución GNR No. xxx, Colpensiones le reconoció
una pensión de invalidez en cuantía de $644.350, con efectividad a partir del
1º de julio de 2014. Contra la anterior decisión, interpuso recurso de
reposición, el cual fue decidido mediante Resolución No. xxx del 26 de octubre
de 2915, en la que se modificó la fecha de reconocimiento, esto es, a partir
del 27 de abril de 2015 y se le reconoció un retroactivo por valor de
$1.219.969.[4]
1.5.    Sostiene
que tiene a su cargo a sus padres de 88 y 84 años de edad, los cuales no
cuentan con pensión de vejez, por lo que dependen exclusivamente de él.[5]
1.6.    El 26
de agosto de 2016, el actor elevó petición a Citibank con el objeto de hacer
efectiva la póliza de seguro que ampara invalidez y muerte respecto de “los
saldos pendientes de todos los productos adquiridos con el banco CITIBANK,
entre ellos, las tarjetas de crédito MasterCard dorada No. xxxx, Visa platinum
No. xxxx, sobregiro cuenta corriente No. xxxx”.[6]
1.7.    El 31
de octubre de 2016, Citibank otorgó respuesta a la petición, señalando que la
documentación respectiva había sido enviada al área de siniestros, siendo
encargada de dar respuesta a la solicitud la correspondiente aseguradora, para
el caso, Allianz Seguros de Vida S.A.[7]
1.8. Adjunta respuesta emitida por
Allianz Seguros de Vida S.A. dirigida al Banco Citibank, en la que se objeta la
reclamación referente a la obligación No. 1007051766 (cuenta corriente),
argumentando que el evento que dio origen a la incapacidad laboral se produjo
antes de la entrada en vigencia del seguro, es decir, antes del 11 de abril de
2014.[8]
1.8.    Con
fundamento en lo expuesto, solicita al juez de tutela la protección de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida digna, al debido proceso, a
la vida y a la salud, y en consecuencia ordene a la entidad financiera y a la
entidad aseguradora accionadas condonar las obligaciones contraídas por medio
de la póliza de vida suscrita como deudor.
2.
Contestación
de la demanda[9]
2.1. La Superintendencia Financiera de
Colombia contestó la acción de tutela, solicitando la desvinculación de la
entidad.
Inicialmente,
advirtió que revisada la base de datos del Sistema de Gestión Documental –
SOLIP- no se encontró ninguna queja o reclamación realizada por el señor José
respecto a los hechos descritos en la solicitud de tutela.
Destacó
que por regla general, dentro de las actuaciones administrativas de la
Superintendencia no se vigilan los actos particulares o los incumplimientos
contractuales de las partes involucradas, por lo que las inconformidades que se
presenten al respecto deben ventilarse ante las autoridades competentes.
Advirtió
que al tener conocimiento de la presente acción de tutela, conforme a la
normativa vigente, se dio inició al análisis de los hechos con el objetivo de
verificar si los mismos configuran un insumo de supervisión, y si de ellos se
llega a concluir la existencia de una infracción administrativa que amerite un
reproche legal a las entidades financieras accionadas.
2.2.
El Banco Citibank Colombia S.A., a través de su representante legal, dio
respuesta a la acción de tutela, pretendiendo la declaración de improcedencia
de la misma.
Refirió
que el señor José se vinculó al banco el 11 de abril de 2014, con los
siguientes productos financieros, indicando el estado actual de cada uno de
ellos: (i) cuenta de ahorros No. xxx – vigente- , (ii) cuenta corriente No. xxx
– en mora-, (iii) Tarjeta de crédito Visa No. xxx –cancelada-, y (iv) tarjeta
de crédito MasterCard No.  xxx – al día-.
Señaló
que el día 26 de agosto de 2016, el accionante presentó derecho de petición
solicitando el amparo de un seguro por razón de su invalidez, la cual respaldó
con el dictamen de pérdida de la capacidad laboral determinada por
Colpensiones. Sobre el particular, afirmó que el banco contestó oportunamente
la petición, informando la documentación que debía aportar para ser remitida a
la aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A., quien es la entidad encargada de
realizar el análisis de la respectiva reclamación.
Sostuvo
que no es cierto que los productos del peticionario se encuentren plenamente
respaldados, puesto que al remitir los documentos a la aseguradora Allianz
Seguros de Vida S.A. ésta objetó el pago de la deuda de la cuenta corriente
teniendo en cuenta que según el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, el
accionante presenta “ANTECEDENTE DE VIH DESDE 2000”.
Por
otra parte, en relación con el pago de la deuda de la tarjeta de crédito
MasterCard, precisó que la aseguradora de la franquicia canceló la deuda que el
accionante tenía pendiente hasta la fecha del dictamen de incapacidad total o
permanente. No obstante, la deuda que actualmente presenta el cliente en dicha
tarjeta corresponde a utilizaciones realizadas con posterioridad al pago
cubierto por la aseguradora, razón por la cual deben ser asumidas por el
accionante.
Alegó
que Citibank no ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues no es responsable
de las obligaciones derivadas del contrato de seguro, toda vez que el
accionante suscribió dicho contrato con la aseguradora Allianz Seguros de Vida
S.A., quien tiene la facultad exclusiva de reconocer o no la póliza reclamada.
Por lo anterior, resaltó la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de
la presente acción de tutela frente al Banco Citibank.
2.3.
Allianz Seguros de Vida S.A. contestó la acción de tutela, advirtiendo la
improcedencia de la misma, con fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó
que existe otro medio de defensa judicial idóneo, cual es la acción de
responsabilidad contractual, que puede ser tramitada ante la jurisdicción civil
y ante la Superintendencia Financiera de Colombia, a través del proceso verbal
sumario, el cual es preferente y expedito.
A
su vez, destacó que de la ejecución del contrato de  seguro celebrado con el
accionante no se deriva la vulneración de ningún derecho fundamental. Al
respecto, indicó que entre Allianz Seguros de Vida S.A. y Citibank Colombia S.A.
se celebró un contrato de seguro de vida, grupo deudores, con el objeto de
cubrir entre otros amparos, la incapacidad total o permanente de sus asegurados
deudores, siempre que, el evento o eventos que den origen a la incapacidad se
produzcan dentro de la vigencia del amparo.
En
el presente caso, aseguró que el presupuesto señalado no se  cumplió, pues el
evento que originó la incapacidad total o permanente del accionante se produjo
antes de la vinculación con la entidad financiera, esto es, antes del 11 de
abril de 2014. Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el Código de
Comercio, el riesgo que cubre el amparo de seguro debe ser futuro e incierto y
no debe depender de la voluntad de tomador, por lo que el evento que genere la
invalidez antes de la vigencia del contrato no es objeto de cobertura del
seguro, pues se estaría cubriendo un hecho cierto.
Resaltó
que los motivos que fundamentaron la negativa de la Compañía para el pago de la
indemnización por incapacidad total o permanente radican en el hecho de que el
evento generador de la incapacidad se produjo antes de la entrada en vigencia
del seguro.
Por
otra parte, anotó que la presente acción de tutela contiene una pretensión
puramente económica, lo que deviene en su improcedencia.
2.4.
Colpensiones se pronunció frente a los hechos de la tutela, señalando que si
bien, el accionante se encuentra afiliado a la entidad, las pretensiones de la
demanda se refieren a controversias contractuales de orden privado, las cuales
escapan de sus competencias. Por lo anterior, solicitó la desvinculación de la
acción por falta de legitimación en la causa por pasiva.
3.
Pruebas
que obran en el expediente
En el expediente obran como pruebas, entre otros,
los siguientes documentos:
3.1.
Copia de la solicitud de apertura de productos del Banco Citibank presentada
por el accionante el 7 de abril de 2014, en la que en el capítulo denominado “Declaración
de asegurabilidad”, al ser indagado el tomador sobre si padece o ha
padecido alguna vez, entre otras enfermedades, del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), respondió que NO.[10]
3.2.
Copia del dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral, en el
que se indica como fecha de estructuración el 27 de noviembre de 2014, y se
sustenta en “ANTECEDENTE
DE VIH DESDE 2000 EN MANEJO RETROVIRAL CON ALTERACIONES PROGRESIVAS DE MEMORIA,
COMPATIBLE CON DEMENCIA POR VIH, ESTADIO C2”.[11]
3.3.
Resolución No. xxx del 8 de enero de 2016 proferida por Colpensiones, mediante
la cual ratificó la pensión de invalidez a favor del accionante en cuantía de
$644.350.[12]
3.4.
Copia del derecho de petición radicado el 26 de agosto de 2016 por el actor
ante el Banco Citibank, con el fin de hacer efectiva la póliza de vida del
grupo deudores, debido a la pérdida de capacidad laboral presentada.[13]
3.5.
Copia de la comunicación emitida por Allianz Seguros de Vida S.A. dirigida al
Banco Citibank, de fecha 29 de octubre de 2016, mediante la cual objetó
formalmente la reclamación por la obligación No. xxx, por cuanto el evento que
dio origen a la incapacidad se produjo antes de la vigencia del amparo.[14]
3.6.
Copia del contrato Póliza de Vida Grupo Deudores celebrado entre la aseguradora
Allianz Seguros de Vida S.A. y Citibank – Colombia S.A., en el que se
manifiesta que Allianz no ampara los valores adeudados por los clientes de
tarjetas de crédito del Banco Citibank.[15]
4.
Decisión
de primera instancia
El
Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, mediante fallo del primero
(1º) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), negó la acción de tutela, al
considerar que no existe evidencia de vulneración o amenaza a los derechos
fundamentales deprecados.
Resaltó
el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, en virtud del cual
sólo es procedente cuando no existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo
para lograr lo pretendido.
En
este orden, estimó que lo pretendido por el accionante era la condonación de
unas obligaciones financieras y la resolución de unas diferencias surgidas con
Allianz Seguros de Vida en relación con el pago de una póliza de vida,
circunstancias que son ajenas a los fines de la acción de amparo
constitucional, pues no corresponde la juez de tutela entrar a dirimir
conflictos propios de la jurisdicción ordinaria.
5. Impugnación
El
señor José impugnó la decisión de primera instancia, presentando los
siguientes argumentos:
Alegó
que la enfermedad que padece ha sido catalogada como ruinosa, catastrófica y
mortal, por lo que su delicado estado de salud le impide acudir a la
jurisdicción ordinaria teniendo en cuenta el prolongado tiempo que puede
transcurrir en la adopción de una decisión.
Consideró
que la jurisprudencia constitucional ha amparado derechos fundamentales en
casos similares al suyo, al estimar que la actividad financiera y aseguradora
constituye la prestación de un servicio público a los ciudadanos, quienes se
encuentran en una situación de indefensión, lo que permite la intervención del
juez constitucional para salvaguardar los derechos fundamentales de personas
que, como él, son considerados de especial protección constitucional, por
presentar una pérdida considerable en su capacidad laboral.
6. Decisión de segunda instancia
El
Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del tres
(03) de febrero de dos mil diecisiete (2017), confirmó la decisión de primera
instancia, al considerar que en efecto, el actor cuenta con otros mecanismos de
defensa judicial en los que puede ventilar sus pretensiones.
Advirtió
que aunque el accionante al haber sido calificado con una pérdida de la
capacidad laboral del 67.06% es considerado como un sujeto de especial
protección constitucional, de lo descrito en la demanda de tutela no se
desprende que se encuentre atravesando por una precaria situación económica que
afecte su mínimo vital.
De
esta manera, al tratarse de una pretensión de índole económica y no percibir
una afectación a un derecho fundamental, la acción de tutela es improcedente,
al existir otros medios judiciales ordinarios de defensa.
7. Actuaciones en sede de Revisión
7.1. Mediante auto del 31 de mayo de
2017, el despacho del magistrado sustanciador (e), Iván Humberto Escrucería
Mayolo, solicitó precisar los hechos contenidos en la demanda y allegar los
elementos probatorios que dispongan tanto el accionante como el Banco Citibank
– Colombia S.A. y Allianz Seguros de Vida S.A, para mejor proveer.
7.1.1. El Banco Citibank – Colombia
S.A. mediante escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación el
7 de junio de 2017 contestó lo siguiente:[16]
7.1.1.1.
En relación con los productos financieros que tiene el señor José en el Banco y
el estado de los mismos, aportó la siguiente tabla:
Producto
Número de Producto
Fecha de Apertura o Desembolso
Estatus
Cuenta de Ahorros
XXX
11 de abril de 2014
Inactiva
Cuenta Corriente
XXX
11 de abril de 2014
Castigado
Tarjeta de crédito Visa
XXX
11 de abril de 2014
Cancelada
Tarjeta de crédito MasterCard
XXX
11 de abril de 2014
En Mora
7.1.1.2.
Respecto a la evolución de los créditos adquiridos por el accionante manifestó
que “utilizó sus productos de manera normal desde la apertura, esto es,
desde el 11 de abril de 2014 y no se evidencia que para el día 27 de noviembre
de 2014, fecha del Dictamen de Calificación por Pérdida de Capacidad Laboral
proferido por Colpensiones, el Accionante haya cesado las utilizaciones o pagos
de los productos que actualmente se encuentra en mora con Citibank”.  Los
créditos en mora los relaciona de la siguiente manera:
“A. CUENTA CORRIENTE No. xxx
Respecto a la Cuenta Corriente No. xxx confirmamos
que se presentó un último depósito el 25 de julio de 2016 por valor de
$4.115.523.50 y una última utilización el 18 de agosto de 2016 por valor de
$1.570.000, con lo cual la Cuenta Corriente quedó con un sobregiro que a
la fecha de la presente contestación asciende a la suma de $206.698.88
y una altura de mora de 291 días.” (Resaltado fuera
de texto)
“B. TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD No. xxx
En relación con la Tarjeta de Crédito MasterCard No.
xxx, por parte del señor Rivillas se recibió un último pago el día 21 de julio
de 2016 por valor de $662.049.08 y realizó una última utilización el 17 de
agosto de 2016 por valor de $299.852.63, a la fecha, dicho producto presenta
una altura de mora de 179 días. (…)
Asimismo, es importante resaltar que la
aseguradora de la Franquicia MasterCard procedió con el amparo del seguro de la
Tarjeta de Crédito , y en consecuencia realizó un pago el 31 de octubre
de 2016, cubriendo así la deuda que el señor José presentaba hasta la
fecha del dictamen, esto es, el 27 de noviembre de 2014; sin embargo,
debido a que el Accionante realizó utilizaciones con posterioridad al Dictamen,
a la fecha de la presente contestación la Tarjeta de Crédito presenta una deuda
por valor de $1.589.356.57”. (Resaltado fuera de texto)
7.1.1.3.
Sobre si en algún momento se le preguntó al accionante su estado de salud al
momento de adquirir el seguro que cubría el riesgo de incapacidad permanente o
su muerte estableció que “el 7 de abril de 2014, se generó un cuestionario
para la declaración de asegurabilidad, en donde el señor José informó no
padecer o haber padecido alguna vez una enfermedad”.
7.1.2. El 6 de junio de 2017, la
aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A. envió comunicación en la que respondió
los siguientes interrogantes:[17]
7.1.2.1.
Respecto de haber recibido prima alguna por concepto del aseguramiento del
accionante, informó que es el Banco Citibank el que mensualmente genera un
reporte de pago global de cartera de acuerdo con las condiciones establecidas
para el seguro de vida de deudores, por lo tanto no existe discriminación de
primas por cliente o producto financiero y se debe recurrir directamente al
Banco para establecer el valor de las primas que se hayan causado por el o los
créditos del actor.
7.1.2.2.
Sobre el estado de salud del señor José al momento de adquirir el seguro
reclamado, precisó que él suscribió el documento “Solicitud Única de
Productos Bancarios”, a través del cual en el numeral 14 se indaga al
asegurado sobre su salud al momento de suscribir el contrato con la respectiva “Declaración
de asegurabilidad”.
7.1.2.3.
En relación con el momento en que tuvo conocimiento de que el señor José
padecía alguna enfermedad con anterioridad a la adquisición del seguro de vida
o invalidez, explicó que “sólo hasta el momento en que el asegurado presenta
reclamación formal para afectar el amparo de Incapacidad Total y Permanente
contenido en la Póliza de la cual es tomadora Citibank, y la Compañía procede a
evaluar la Historia Clínica soporte de la solicitud, encuentra el antecedente
médico del señor José por el que finalmente es calificado y se le determina una
pérdida de la capacidad laboral del 67.06%. No obstante lo anterior, es
importante precisar que Allianz no alegó reticencia alguna, es decir, no objetó
el siniestro por reticencia; la reclamación se objetó porque no se cumplieron
los presupuestos previstos en el amparo de incapacidad total y permanente:
(tanto la invalidez como el evento o eventos que den origen a la incapacidad,
se deben producir dentro de la vigencia del amparo), de tal suerte que el tema
de la reticencia (omisión de información en la declaración de asegurabilidad)
no es objeto de discusión (no es el fondo del asunto)”.
7.1.2.4.
Por último, sobre si se le ha descontado al accionante algún dinero con el fin
de pagar la prima del seguro de vida grupo deudores, afirmó que todo lo
relacionado al recaudo de primas le corresponde al Banco como entidad tomadora
del seguro.
7.1.3. El señor José allegó
comunicación el día 12 de junio 2016, en la que respondió a los interrogantes
planteados en los siguientes términos:[18]
7.1.3.1.
Respecto a la proveniencia de sus ingresos, el monto al que ascienden y los
gastos en los que incurre, señaló: “provienen en este momento única y
exclusivamente de lo que recibo en mi condición de pensionado con una
asignación correspondiente a (1) salario mínimo legal mensual vigente”.
7.1.3.2.
Sobre las personas que dependen de él manifestó que están a su cargo sus padres
de 90 y 85 años.
7.1.3.3.
En relación sobre si inició un proceso ante la jurisdicción ordinaria para
resolver la controversia suscitada, señaló que no lo hizo “toda vez que mi
condición mental ha evolucionado desfavorablemente, y de todos es sabido la
lentitud con la que funciona esa jurisdicción, teniendo en cuenta los tiempos
muy largos de la misma y lo de la patología muy cortos, convirtiéndose la
tutela en el mecanismo rápido e idóneo para la protección de personas en mi
condición”.
7.1.3.4.
Advirtió que adquirió con el Banco Citibank “2 tarjetas de crédito y una
corriente. En la actualidad están inactivos y que la deuda asciende a
$3.000.000.00 de pesos”.
7.1.3.5.
Afirmó que por el pago de los créditos que adquirió “no se me está
descontando suma alguna en este momento, ya que no  poseo recursos
económicos”.
7.1.3.6.
Aseguró que no tienen más deudas con otros bancos o con personas particulares
pues no posee los recursos para solventarlas.
7.1.3.7.
Respecto del momento en que dejó de pagar los créditos y las razones que lo
llevaron a ello, sostuvo que “hasta comienzos del año 2016 venía cancelando
oportunamente mis créditos, y debido al empeoramiento de mi salud mental ya no
me fue posible seguir trabajando y por ello deje de devengar honorarios”.
7.1.3.8.
Finalmente, a la pregunta de cuáles has sido las actuaciones adelantadas por el
Banco Citibank a efectos de obtener el pago de los créditos, declaró que “el
banco CITIBANK ha ejercido un constante acoso telefónico y escrito a fin de
cobrar esas acreencias. No tengo conocimiento de más actuaciones”.
7.2. Posteriormente, mediante Auto del
16 de junio de 2017, el despacho del magistrado sustanciador solicitó al
accionante, al Banco Citibank – Colombia S.A. y Allianz Seguros de Vida S.A.
que respondieran detalladamente los cuestionamientos encaminados a conocer con
exactitud el monto adeudado por el demandante el banco, así como la afectación
a la póliza de seguro de la tarjeta de crédito MasterCard que según el banco
ocurrió el 31 de octubre de 2016 por parte de la aseguradora de la Franquicia
MasterCard.[19]
Sobre
el particular, las partes allegaron las siguientes pruebas:
7.2.1. El Banco Citibank – Colombia
S.A., mediante documento allegado el 23 de junio de 2017, respondió a las
preguntas formuladas en los siguientes términos:[20]
7.2.1.1.
Referenció la deuda del accionante a corte del 21 de junio de 2017 y el
concepto de la misma, a través del siguiente cuadro:
PRODUCTO
VR.K
VR.INT
SEGUROS
EDAD MORA
xxx
$195.320,91
$11.377,97
$0.00
CASTIGADO
xxx
$1.226.210,31
$394.016,98
$0.00
CASTIGADO
Precisó
que la deuda que actualmente presenta el accionante corresponde a utilizaciones
realizadas con los anteriores productos de la siguiente manera:
En
relación con la Cuenta Corriente No. xxx “dicha cuenta  presentaba un saldo
a favor por valor de $1.375.032.80, sin embrago, el Accionante realizó una
última utilización el 18 de agosto de 2016 por valor de $1.570.000.00, con lo
cual la Cuenta Corriente quedó con un sobregiro, el cual a la fecha de la
presente contestación asciende a la suma de $206.698.88”.
(Resaltado fuera de texto)
Respecto
a la Tarjeta de Crédito MasterCard No. xxx “se evidencia que ésta presentaba
una deuda a Capital por valor de $1.226.210.31, la cual corresponde al
resultado de restar el pago generado el 31 de octubre de 2016 por valor total
de $11.117.304.15 de la deuda que poseía al corte del mes de
octubre de 2016, esto es, la suma de $12.343.514.46 generada por utilizaciones
efectuadas por el señor Rivillas”. (Resaltado original).
Aclaró
que “el valor en deuda a capital presentado en la Tarjeta de Crédito
MasterCard por valor de $1.226.210.31, ha aumentado de manera mensual, en razón
a los intereses causados; por este motivo, a la fecha de la presente
contestación asciende a la suma de $1.620.227.29”.
7.2.1.2.
Para responder a la pregunta relativa a qué acciones ha tomado el Banco para
que el cliente pague lo adeudado, manifestó que “una de las estrategias
consiste en las llamadas a las líneas de contacto registradas por el cliente,
en las cuales se informa a su vez las implicaciones que generan como
consecuencia de presentar mora en sus productos, pero no se ha entablado
ninguna negociación puesto que el accionante informa que radicó Tutela en
contra de Allianz Seguros de Vida S.A. y se encuentra a la espera de la
respuesta de la Corte Constitucional (…) Es importante resaltar que
Citibank-Colombia S.A. ha notificado en debida forma al accionante sobre el
estado y la altura de mora de su portafolio a través del correo electrónico del
actor”.
7.2.1.3.
Al interrogante de por qué no canceló los productos del cliente después de
hacer efectiva la póliza del seguro de la tarjeta de crédito por parte de la
aseguradora de la Franquicia MasterCard que cubría la deuda del señor Rivillas
al 31 de octubre de 2016, respondió que “no procedió a generar la
cancelación de los productos del cliente debido a que al corte de 31 de
diciembre de 2016 el portafolio aun presentaba deuda, la cual a la fecha se
mantiene. Sin embargo el 9 de septiembre de 2016, Citibank- Colombia S.A.
procedió a efectuar bloqueo sobre la tarjeta de crédito MasterCard núm. Xxx y
la cuenta corriente núm. xxx”.
Explicó
que el accionante generó utilizaciones en la Tarjeta de Crédito MasterCard
hasta el día 17 de agosto de 2016, y de la cuenta corriente hasta el 18 de
agosto de 2016. Resaltó que la aseguradora de la Franquicia MasterCard
reconoció el pago de la deuda que el cliente presentaba hasta la fecha del
dictamen proferido por Colpensiones, esto es, hasta el 27 de noviembre de 2014,
por un valor de $10.299.506.81, el cual fue aplicado el 31 de octubre de 2016.
De igual forma Citibank realizó la condonación de los interese causados por
valor de $817.797.34, por lo que el pago total realizado fue por el valor de
$11.117.304.17.
7.2.2. Allianz Seguros de Vida S.A.,
mediante escrito del 23 de junio de 2017 respondió a los cuestionamientos
realizados de la siguiente forma:[21]
7.2.2.1.
Sobre si Allianz fue la aseguradora de la tarjeta de crédito MasterCard que
pagó el valor de la deuda el 31 de octubre de 2016 que el señor José tenía con
el banco Citibank, manifestó que no ampara los valores adeudados por los
clientes de las tarjetas de crédito del Banco.
7.2.2.2.
Declaró que la fecha de desembolso de la obligación correspondiente a la cuenta
corriente fue el 11 de noviembre de 2014, fecha en la que se suscribió el
contrato de seguro de vida grupo deudores.
7.2.2.3.
Finalmente, expuso que “la póliza de Vida Grupo Deudores tiene por finalidad
cancelar a la entidad financiera la porción del crédito faltante por pagar
(saldo insoluto de la deuda), al momento en que sobrevenga la muerte o
incapacidad total del asegurado (fecha de siniestro), siempre que la misma
ocurra dentro de la vigencia del contrato, se reclame dentro del término
establecido por la ley para tales efectos y la causa del siniestro que le
impide al tomador continuar recibiendo su pago oportuno no sea previa a la celebración
del seguro”.
II.CONSIDERACIONES
1.
Competencia y procedencia
1.1.
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en
desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°,
de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados
en el proceso de esta referencia.
1.2.
Inicialmente la Sala debe entrar a establecer si se cumplen los requisitos de
procedencia de la acción de tutela en el presente caso.
1.2.1.
Legitimación por activa
El
artículo 86 de la Constitución Política reconoce el derecho de toda persona de
reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos
fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 que consagra: “la acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud”.
En
el caso bajo examen, el accionante se encuentra
legitimado para interponer la presente acción de tutela, no sólo porque actúa
directamente, sino también porque solicita la protección de
sus derechos al mínimo vital y a la vida digna, en virtud de la
negativa de Allianz Seguros de Vida S.A. de otorgar el reconocimiento de la
prestación asegurada.
1.2.2.
Legitimación por pasiva
Igualmente,
conforme al artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela procede
contra las autoridades públicas que con su acción u omisión infringen o amenazan
derechos fundamentales de una persona. A su vez, esta norma señala que
corresponde a la ley establecer los casos en que la acción de tutela procede “contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.” Es así como
el Decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 42 los casos en los que es
procedente la acción de tutela contra particulares.[22]
En
este orden de ideas, tanto en el Texto Superior como en el Decreto 2591 de 1991
se prevén las siguientes hipótesis de procedencia del amparo constitucional
contra particulares, a saber: (i) cuando se encuentra encargado de la
prestación de un servicio público; (ii) cuando con su conducta afecta de manera
grave y directa el interés colectivo; o (iii) cuando existe un estado de
subordinación o indefensión entre el solicitante del amparo y quien
supuestamente incurrió en la violación de un derecho fundamental.
En
el asunto objeto de estudio, observa la Sala que los accionados Banco Citibank
– Colombia S.A. y Allianz Seguros de Vida S.A. son particulares que ejercen la
actividad financiera y aseguradora respectivamente, por lo tanto resulta
necesario determinar si frente a estas entidades se cumple con alguno de los
presupuestos que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela en
su contra.
En
atención a los antecedentes del caso, se puede concluir que: (i) la actividad
aseguradora si bien es de interés público,[23] no puede ser
categorizada como un servicio público,[24] puesto que,
tal como ocurre en el presente caso, la póliza que se reclama no corresponde a
una actividad que deba ser prestada de forma regular, permanente y continua,
sino al objeto de un contrato dirigido a amparar la ocurrencia de un riesgo;[25]
y (ii) no existe una afectación al interés colectivo, pues se trata de una
reclamación a título personal con fundamento en la celebración de un contrato
de seguro; no obstante (iii) sí se presenta un estado de subordinación o
indefensión del accionante respecto de las entidades accionadas.
Sobre
este último punto, la jurisprudencia constitucional ha determinado la
viabilidad del amparo de tutela contra particulares que ejercen actividades
bancarías y aseguradoras, pues generalmente se presenta un
desequilibrio natural como consecuencia de que el cliente o usuario se
encuentra en una posición de indefensión frente a las empresas con las cuales
contrata dichos servicios.
La
Corte Constitucional ha precisado que la indefensión hace referencia a la
situación en la que una persona “ha sido puesta en una situación que la
hace incapaz de repeler física o jurídicamente las agresiones de las cuales
viene siendo objeto por parte de un particular, las cuales ponen en peligro sus
derechos fundamentales. En otras palabras, no tiene posibilidades jurídicas ni
fácticas para reaccionar defendiendo sus intereses. En cada caso, el juez debe
realizar un análisis relacional con la finalidad de determinar el estado de
indefensión en la que se encuentra la persona”.[26]
Con
base en lo anterior, esta Corporación ha destacado la situación de indefensión
en que pueden encontrarse los ciudadanos frente a las entidades del sistema
financiero, toda vez que dichos establecimientos gozan de una posición
dominante en el mercado frente a los usuarios. En este sentido, la Sentencia T-1085 de 2002[27] indicó que las entidades
bancarias ostentan una posición dominante frente a los usuarios del sistema, en
la medida en que son “ellas quienes fijan los requisitos y condiciones
de los créditos, tasas de interés, sistemas de amortización, etc. Son ellas las
depositarias de la confianza pública por el servicio que prestan, y sus actos
gozan de la presunción de veracidad por parte de los clientes”.
Por
su parte, respecto a las entidades aseguradoras, la Sentencia T-058 de 2016[28]
destacó que las mismas a través de contratos de adhesión son quienes fijan el
valor de las primas, el monto de los deducibles, el régimen de garantías y las
exclusiones que niegan el pago del riesgo asegurado, por lo que el estado de
indefensión del cliente se ve reflejado no solo cuando solicita la adquisición
de un producto que asegure sus intereses sino también cuando pretende el
reconocimiento de las prestaciones que amparan el riesgo asegurado.
Haciendo
referencia a la actividad aseguradora, la Sentencia T-118 de 2000[29]
señaló que el estado de indefensión nace de una relación de
carácter fáctico, en cuya virtud la persona afectada no puede oponerse de
manera efectiva a la actitud de la compañía, que repercute en el perjuicio de
sus derechos fundamentales. Así, advirtió que en el caso de las compañías de
seguros, si analizado el objeto de la protección resulta que la prestación
correspondiente es puramente económica, no tendría cabida la tutela, en cuanto
se dirimiría el conflicto ante la  jurisdicción ordinaria. Sin embargo, si
el objeto de la gestión específicamente considerado tiene efecto en algún
derecho fundamental, puede ser viable una acción de tutela para el fin
constitucional de amparar tales derechos.
Igualmente,
la Corte ha señalado que la actividad aseguradora, si bien se manifiesta
mediante una relación contractual de carácter eminentemente particular, en
determinados casos puede vulnerar derechos fundamentales, por lo que la
procedencia de la acción de tutela es razonable y necesaria.[30]
En este sentido, la Sentencia T-490 de 2009[31] sostuvo:
“Al referirse a las compañías de seguros esta Corte
ha destacado que, si bien en principio las diferencias que con ellas surjan
deben tramitarse ante los jueces ordinarios dado su carácter contractual,
cuando están de por medio derechos fundamentales como la vida, la salud y el
mínimo vital, por su propia actividad y por el objeto de protección que ofrece
en caso de siniestro, resulta viable el amparo constitucional. Por ende, si de
tal objeto asegurado se deriva que la prestación correspondiente es puramente
económica, no tendría cabida la tutela, en cuanto se dirimiría el conflicto
ante la  jurisdicción ordinaria, pero si el objeto de la gestión
específicamente considerado tiene efecto en la vida y en el mínimo vital de una
persona por razón de la materia de la cobertura, puede ser viable la acción de
tutela para el fin constitucional de amparar tales derechos fundamentales ante
la falta de idoneidad y agilidad del medio ordinario de defensa judicial”.
De
esta manera, la necesidad de proteger los derechos fundamentales, sumado a la
circunstancia de indefensión en la que se puede encontrar el usuario frente a
una aseguradora, es la que justifica que excepcionalmente proceda la acción de
tutela en este tipo de casos.[32]
En
desarrollo de lo anterior, en el presente asunto observa la Sala que se cumple
el requisito de legitimación por pasiva, toda vez que del relato del accionante
se infiere su posición de indefensión ante la aseguradora, quien presuntamente
está incumpliendo, sin justificación, las obligaciones derivadas del contrato
de seguro que suscribieron en el año 2014, lo cual va en contra del interés
asegurado y, a su juicio, pone en riesgo sus derechos fundamentales a la vida
digna y al mínimo vital, al tratarse de una persona con un 67.6% de pérdida de
capacidad laboral.
1.2.3.
Subsidiariedad
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para dirimir controversias surgidas con
ocasión del contrato de seguro
El
artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela, como
mecanismo de protección de derechos fundamentales, “sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En
este orden,
aun existiendo otros mecanismos de defensa judicial, la
jurisprudencia de esta Corporación ha admitido que la acción de tutela está
llamada a prosperar, cuando se acredita que los mismos no son lo
suficientemente idóneos para otorgar un amparo integral, o no son lo
adecuadamente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Respecto
a las controversias relacionadas con contratos de seguros, la Corte
Constitucional ha sostenido que dichos conflictos, en principio, deben ser
resueltos ante la jurisdicción ordinaria civil, en donde el legislador tiene
previstos procesos judiciales tendientes a solucionar dichas controversias. De
esta manera, el Código General del Proceso contempla procedimientos vinculados
con el tipo de controversias originadas de la relación de aseguramiento. En
este sentido, la Sentencia T-442 de 2015[33] sostuvo que: “los
medios judiciales adecuados para tramitar las controversias que puedan
originarse con ocasión de un contrato de seguros, son esencialmente los
procesos declarativos que, en el contexto del Código General del Proceso,[34]
incluirían el verbal o el verbal sumario, según la cuantía (artículos 368 a
385, así como 390 a 394, y 398 del Código General del Proceso) o el proceso
ejecutivo (artículo 422 ibídem) en los casos descritos en el artículo 1053 del
Código de Comercio.[35]”
Teniendo
en cuenta la existencia de recursos judiciales idóneos para solucionar los
conflictos suscitados en el marco de un contrato de seguros,
la
jurisprudencia de la Corte[36]
ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela para pronunciarse
sobre dichas controversias cuando, por ejemplo, se verifica una grave
afectación de los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección
constitucional, como ocurre en el caso de las personas con una considerable pérdida
de su capacidad laboral y que además no tienen ningún tipo de ingreso;[37]
o también en aquellos casos en que por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de la aseguradora, pese a la clara e inequívoca demostración del
derecho reclamado, se ha iniciado un proceso ejecutivo en contra del
reclamante.[38]
Procedencia
de la acción de tutela cuando se trata de la protección de derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, en particular
portadores de VIH/SIDA
Tal
como se dijo, la acción de tutela procede de manera excepcional para conocer
sobre pretensiones relacionadas con el contrato de seguros cuando, entre otras
hipótesis, están de por medio derechos de sujetos de especial protección
constitucional.
En
este punto, es necesario indicar que la condición de sujeto de especial
protección constitucional encuentra su fundamento en el artículo 13
Constitucional[39]
y en el deber del Estado y de la sociedad de procurar la igualdad material de
aquellas personas que, por su condición física o psicológica, requieran de
acciones positivas a su favor para el goce efectivo de sus derechos.
En
atención a la condición de sujeto de especial protección constitucional, esta
Corporación ha establecido que el análisis de procedibilidad respecto al
agotamiento de los recursos ordinarios debe ser menos estricto. Así, la
Sentencia T-651 de 2009[40]
sostuvo que “la Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial
protección constitucional -especialmente en el caso de las personas de la tercera
edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de
familia (Art. 43 C.P.)-, así como la circunstancia de debilidad manifiesta en
la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios
de defensa judicial no son idóneos”.[41]
Igualmente,
la Sentencia T-398  de 2014[42]
estableció que cuando quien reclama el amparo constitucional se encuentra en
una situación especial “los medios de defensa con los que cuentan los
sujetos de especial protección constitucional se presumen inidóneos. Sin
embargo, en cada caso, la condición de vulnerabilidad (persona de la tercera
edad, niño o niña, persona en situación de discapacidad, etc.), debe ser
analizada por el juez de tal forma que lo lleve a considerar que efectivamente,
por sus características, en esa circunstancia en particular, se encuentra en
imposibilidad de ejercer el medio de defensa en igualdad de condiciones”.
Teniendo
en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha señalado que las personas que
padecen el virus de inmunodeficiencia humana – VIH- o el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida –SIDA-, son sujetos de especial protección
constitucional, pues se trata de una enfermedad grave, ruinosa y catastrófica
que genera el deterioro progresivo de la salud, y que exige del Estado y de la sociedad
un trato igualitario, digno y solidario, debido a las circunstancias de
debilidad en las que se encuentran quienes afrontan dicha situación.[43]
Es así como la Corte Constitucional se ha pronunciado en abundante
jurisprudencia sobre la protección de las garantías constitucionales de quienes
padecen VIH.[44]
Al
respecto y teniendo en cuenta las características específicas de esta enfermedad
y sus nefastas consecuencias, esta Corporación ha señalado “(i) que el
portador de VIH requiere una atención reforzada por parte del Estado, (ii) que
no solo tiene los mismos derechos de las demás personas, sino que las
autoridades están en la obligación de ofrecerle una protección especial con el
propósito de defender su dignidad[45]
y evitar que sean objeto de discriminación, y (iii) que su situación particular
representa unas condiciones de debilidad manifiesta que lo hacen merecedor de
una protección constitucional reforzada.[46] Por lo
anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el especial
tratamiento que se debe tener con estas personas, en ámbitos como la salud,[47]
el trabajo[48]
y la seguridad social,[49]
entre otros”.[50]
De
esta manera, la condición de sujeto de especial protección constitucional de
las personas portadoras de VIH/SIDA debe ser valorada por el juez de tutela al
momento de verificar la subsidiariedad como requisito de procedencia de la
acción de tutela, puesto que dada la situación de debilidad en la que se
encuentran estas personas resultaría desproporcionado exigírseles acudir al
medio de defensa judicial ordinario.
De
conformidad con expuesto, corresponde a la Sala entrar a determinar si la
presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad.
Según
los hechos expuestos en la demanda de tutela y las pruebas que reposan en el
expediente, encuentra la Sala que la controversia que surge entre las partes se
da con ocasión de las obligaciones derivadas de una póliza de seguros. Para
debatir este tipo de inconformidades, las partes tienen la posibilidad, por
regla general, de acudir a la jurisdicción civil para declarar el
incumplimiento del contrato por parte de alguna de ellas. De esta manera, el
Código General del Proceso[51]
establece el proceso declarativo como el trámite idóneo para resolver este tipo
de controversias contractuales.
Así
las cosas, la Sala encuentra que el accionante, en principio, contaría con un
mecanismo ordinario para ventilar sus pretensiones y obtener el cumplimiento de
la póliza adquirida con Allianz Seguros de Vida S.A. No obstante, para el
análisis del requisito de subsidiariedad debe tenerse en cuenta que dicho
recurso ante la jurisdicción civil no es eficaz teniendo en cuenta la condición
de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, en la medida
que es una persona que padece VIH y que su condición de salud ha empeorado con
el tiempo, pues para la fecha de estructuración de invalidez la enfermedad se
encontraba en estadio C2, presentando además episodios de demencia, lo cual le
generó una pérdida de capacidad laboral del 67.6%.
Las
circunstancias descritas, permiten concluir que para el presente caso la acción
de tutela es procedente, dada la condición personal del accionante, la cual le
impide acudir a las vías jurídicas regulares en condiciones de igualdad.
1.2.4.
Inmediatez
La
procedencia de la acción de tutela también exige que su interposición se haga
dentro de un plazo razonable, contabilizado a partir del momento en el que se
generó la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el
amparo responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento
judicial de aplicación inmediata y urgente, con miras a asegurar la efectividad
concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.[52]
En
relación con el
caso objeto de estudio, el actor instauró la acción de tutela el 18 de
noviembre de 2016 y la respuesta dada por Allianz Seguros de Vida S.A. al
Banco Citibank, mediante la cual manifiesta su objeción frente a la reclamación
efectuada, se dio el 20 de octubre de 2016. Esto
significa que transcurrió cerca de 1 mes para que el demandante acudiera ante
el juez constitucional, término que se ajusta a la razonabilidad que explica la
procedencia del amparo.
Vista
la procedencia de la acción en el caso concreto, la Sala de Revisión pasa a
referirse sobre el asunto de fondo.
2.
Problema jurídico
En
consideración a los antecedentes planteados, corresponde a la Sala de
Revisión responder el siguiente problema jurídico: ¿si el Banco Citibank –
Colombia S.A. y Allianz Seguros de Vida S.A., vulneran los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del señor José, al
negarse a hacer efectiva la póliza de vida por el riesgo de invalidez,
argumentando que el evento que causo la pérdida de capacidad laboral (VIH) se
produjo con anterioridad a la vigencia del seguro?
Para
resolver la cuestión planteada, la Sala Sexta de Revisión de Tutelas analizará:
primero, el derecho fundamental al mínimo vital, segundo,
elementos del
contrato de seguro, y tercero, el caso concreto.
2.1. El
derecho fundamental al mínimo vital. Reiteración jurisprudencial
La
jurisprudencia constitucional reiteradamente ha señalado que el mínimo vital es
un derecho fundamental ligado estrechamente a la dignidad humana, ya que “constituye
la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a
la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la
vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la
recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es
indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor
fundante del ordenamiento jurídico constitucional”.[53]
En
este orden de ideas, también se ha señalado que el concepto de mínimo vital no
se reduce a una perspectiva cuantitativa, sino que, por el contrario, es
cualitativo, ya que su contenido depende de las condiciones particulares de
cada persona. Así, este derecho no es necesariamente equivalente a un salario
mínimo mensual legal vigente y depende del entorno personal y familiar de cada
quién.[54]
Al
ser de característica cuantitativa, el mínimo vital “supone que cada quien
viva de acuerdo al estatus adquirido durante su vida. Sin embargo, esto no
significa que cualquier variación en los ingresos implique necesariamente una
vulneración de este derecho. Por el contrario, existe una carga soportable para
cada persona, que es mayor entre mejor haya sido la situación económica de cada
quien. Por esto, entre mayor sea el estatus socioeconómico, es más difícil que
variaciones económicas afecten el mínimo vital y, por ende, la vida digna”.[55]
Con
respecto al derecho al mínimo vital esta Corporación ha señalado que este
presenta dos dimensiones de desarrollo. Una dimensión positiva, que se
relaciona con la obligación a cargo del Estado y excepcionalmente de los
particulares, de suministrar a la persona que se encuentra en un estado de
discapacidad o de debilidad manifiesta las prestaciones necesarias e
indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o
aniquilamiento como ser humano, con lo cual se puedan mantener unas condiciones
mínimas de vida digna. Por otra parte, la dimensión negativa establece un
límite mínimo de las condiciones dignas y humanas que merece todo ser humano,
en los términos de la Constitución y de la ley. Entonces, cuando una persona en
condición de discapacidad ve afectado su derecho al mínimo vital y a su vez le
resulta imposible protegerlo o garantizarlo, la acción de tutela surge como el
mecanismo definitivo y adecuado para ello, a pesar de la existencia de otros
medios judiciales ordinarios, toda vez que este derecho se encuentra en
estrecha relación con otros derechos constitucionales como la dignidad y la
vida en condiciones dignas.[56]
En
todo caso, la afectación al derecho al mínimo vital debe ser valorada por el
juez de tutela, quien deberá determinar las condiciones particulares de cada
individuo, teniendo en cuenta que se trata de un concepto indeterminado que
requiere de un análisis cualitativo.[57]
2.2.
Elementos del contrato de seguro
Desde
el punto de vista legal, el contrato de seguro se rige, principalmente, por las
normas de derecho civil y comercial que lo regulan y constituye una concreción
del principio de autonomía de la voluntad, de manera que prima la intención de
las partes. Además, la Corporación ha negado que las aseguradoras presten un servicio
público, reconociendo así el carácter comercial de sus actividades.[58]
El
Código de Comercio define el contrato de seguro como" un contrato
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva”,[59]
en el que concurren dos partes: “1) El asegurador, o sea la persona jurídica
que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes
y reglamentos, y 2) El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia
o ajena, traslada los riesgos”.[60]
La
jurisprudencia Constitucional[61]
retomando lo expuesto por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia ha entendido el contrato de seguro como aquel “en virtud del cual
una persona – el asegurador- se obliga a cambio de una prestación pecuniaria
cierta que se denomina “prima”, dentro de los limites pactados y ante la
ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de
cobertura a indemnizar al “asegurado” los daños sufridos o, dado el caso, a
satisfacer un capital o una renta”.[62]
Esta
Corporación en la Sentencia T-408 de 2015[63] señaló las
características del contrato de seguro de la siguiente manera:
(i) consensual: por cuanto se perfecciona con el consentimiento de las
partes, es decir, la anuencia del asegurador y el tomador del seguro; (ii) bilateral:
las obligaciones en contrato de seguro son para ambas partes, tanto para el
asegurador de responder por la suma asegurada cuando ocurra el siniestro, y
para el tomador de pagar la prima; (iii) oneroso: porque para asegurar el
riesgo es necesario que el tomador pague la prima que cubre el siniestro
en caso de que llegue a ocurrir; (iv) aleatorio: ya que no puede
determinarse si el riesgo va a acaecer y cuando; (v) de ejecución sucesiva:
porque sus prestaciones son continuadas; (vi) nominado: al estar regulado de
los artículos 1036 a 1162 del Código de Comercio; (vii) Intuitu
personae: en la medida que se realiza en consideración a la persona,
según la condición del asegurado y la calidad de las cosas aseguradas y
(viii) de adhesión: en tanto que las cláusulas del contrato no son discutidas
por las partes, sino que el tomador se somete a las condiciones del asegurador.
Igualmente,
por vía jurisprudencial se ha afirmado que le contrato de seguro es un contrato
especial de buena fe, en el que las partes se sujetan al contrato con lealtad y
buena fe.[64]
En este sentido, la Sentencia T-086 de 2012 sostuvo que “ambas partes en las afirmaciones relacionadas con el riesgo
y las condiciones del contrato se sujetan a cierta lealtad y honestidad desde
su celebración hasta la ejecución del mismo. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1058 del C.Co., el tomador o asegurado debe declarar con sinceridad
los hechos y circunstancias que determinan el estado del riesgo, puesto que
ello constituye la base de la contratación. En caso de presentarse reticencias
e inexactitudes en la declaración que conocidas por el asegurador lo hubieran
retraído de contratar, se produce la nulidad relativa del seguro. El asegurador
también debe cumplir con el principio de buena fe evitando cláusulas que sean
lesivas al asegurado, cumpliendo con la prestación asegurada a la ocurrencia
del siniestro y comprometiéndose a declarar la inexactitud al momento en que la
conozca y no esperar a la ocurrencia del siniestro para alegarla como una
excepción al pago de la indemnización”.[65]
En
conformidad con lo anterior, el principio de la buena fe que ampara el contrato
de seguro obliga a las partes a comportarse con honestidad y lealtad desde la
celebración hasta que termine la vigencia del mismo, porque de ello depende la
eficacia y cumplimiento de las cláusulas en él previstas.
El
artículo 1058 del Código de Comercio establece la obligación de declarar de
forma abierta y sincera sobre los hechos o circunstancias que determinan el
estado del riesgo, obligación que se deriva del carácter bilateral, oneroso y
aleatorio del contrato. Así,
en la medida en que el asegurador va a asumir un riesgo, debe conocer
razonablemente su naturaleza, como condición para la manifestación libre de su
voluntad o consentimiento, y para determinar el alcance de la contraprestación
que exigirá a manera de prima por parte del tomador,  lo que explica y
justifica la obligación citada, siempre que esto sea exigido en la solicitud de
aseguramiento.
De
esta manera, la Corte ha establecido por una parte, que sobre el tomador del
seguro recae el deber de informar acerca de las circunstancias reales que
determinan la situación de riesgo, y por otra parte, que le corresponde a las
aseguradoras dejar constancia de las preexistencias o de la exclusión de alguna
cobertura al inicio del contrato, para evitar en un futuro ambigüedades en el
texto del contrato.[66]
En
relación con este último punto, es preciso advertir que en algunas sentencias
se ha considerado que las aseguradoras (al margen de que no se trate de
contratos de medicina prepagada o pólizas médicas),[67] deben
realizar con anterioridad a la suscripción de la póliza, un examen médico o
exigir que se allegue uno por parte de los asegurados, con el fin de determinar
su estado de salud, cuya exigibilidad permite tener un mayor grado de certeza
sobre la aplicación del régimen de coberturas y exclusiones del contrato.[68]
Esta
exigencia cuya aplicación se ha vinculado con la resolución de casos concretos,
a partir de las condiciones fácticas y jurídicas de suscripción del contrato de
seguro, ha permitido considerar que la falta de realización del examen dada la
ocurrencia del siniestro, excluye la posibilidad de la aseguradora de alegar
que determinadas enfermedades no se encontraban amparadas y que, por ende, el
riesgo es anterior a la celebración del contrato.
El
alcance de las providencias en las que se estableció la obligación de realizar
un examen médico previo a la celebración del contrato de seguro, se limitó a
las circunstancias que rodearon cada uno de esos casos, en virtud de los
efectos inter partes que por regla general tienen las
sentencias de tutela.[69]
Por
tanto, no
puede entenderse lo anterior como una regla sobre la materia, pues en el
contrato de seguro rige con amplia intensidad el principio de autonomía de la
voluntad privada, conforme al cual las partes cuentan con la posibilidad de
fijar cláusulas específicas y particulares que regulen la relación de
aseguramiento según el tipo, categoría o modalidad de póliza, siempre que no se
desconozcan normas imperativas, por ejemplo, respecto del surgimiento del
riesgo, los actos que resulten inasegurables, la temporalidad de las
coberturas, las garantías que se deben brindar por el asegurado y el
procedimiento y/o autoridad competente para definir el supuesto que da lugar a
la ocurrencia del siniestro.[70]
Por
lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que las reglas
de los contratos de medicina prepagada o las pólizas médicas, como ocurre con
la exigencia del examen previo del estado de salud, no son imperativas ni
extensivas frente a todas las modalidades del contrato de seguro, pues cada una
de ellas responde a unas particularidades propias, incluso amparadas por el
postulado de normatividad de los contratos, como se advirtió en la Sentencia
T-832 de 2010[71] y
se reiteró en la Sentencia T-751 de 2012,[72] en los
siguientes términos:
“(…) no resulta plausible suponer que la
Corporación extendió a todos los contratos de seguros las reglas propias de los
contratos de medicina prepagada, previamente ampliadas al contrato de seguro de
salud. La relevancia constitucional del segundo tipo de negocio implica la
existencia de reglas particulares que obedecen a límites y vínculos
constitucionalmente impuestos a una actividad a la que se asocia un claro
interés público.”
En
este sentido, el deber de realizar exámenes médicos previos a la celebración de
un contrato de medicina prepagada o pólizas médicas, en los términos
previamente expuestos, tiene razón de ser en tanto está involucrada la
prestación del servicio público de salud.[73] No obstante,
en el caso de los demás seguros, como ocurre con el de vida o el de daños,
están en juego intereses distintos que no inciden en el acceso a un servicio
público y que no hace necesaria la imposición de límites adicionales a los
contenidos en la ley. Por el contrario, en dichas hipótesis la relación de
aseguramiento se guía por el principio de autonomía de la voluntad privada, lo
que exige verificar que se cumpla con el clausulado acordado por las partes.
Así,
en los seguros de vida, salvo pacto en contrario, deberá atenderse a la
disposición contenida en el artículo 1158 del Código de Comercio que
dispone: “Aunque el asegurador prescinda del examen médico, el
asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el
artículo 1058, ni de las sanciones a que su infracción de lugar”.
Conforme
con lo dicho, pasa esta Sala de Revisión a resolver el caso concreto.
2.3.
Caso concreto
El
señor José adquirió con el Banco Citibank- Colombia S.A. varios
productos financieros con fecha de apertura el 11 de abril de 2014. Para ello,
el día 7 de abril de 2014 diligenció un formato denominado “Solicitud Única
de Productos Bancarios”,[74]
en el cual contestó un cuestionario referente a información personal y laboral,
así como la declaración de asegurabilidad en la que informó no padecer o haber
padecido alguna enfermedad.
Según
consta en el expediente, el 29 de diciembre de 2014 fue calificado con una pérdida
de capacidad laboral del 67.6%, con fecha de estructuración 27 de noviembre de
2014. Dentro de la sustentación de este dictamen se relata que el paciente se
desempeñó como abogado litigante por más de 10 años “hasta hace 6 meses”,
y se describe que presenta antecedente de VIH desde el año 2000, con “alteraciones
progresivas de pérdida de memoria, compatible con demencia por VIH, estadio
C2”. Adicionalmente, dentro de los exámenes diagnósticos utilizados para
realizar la calificación, se hace referencia a una prueba de neuropsicología
realizada el 22 de marzo de 2014, que confirmó demencia por VIH, al arrojar un
“perfil cognoscitivo por debajo de lo esperado para la edad y nivel escolar con
dificultades mnesicas (sic) y ejecutivas”.[75]
Con
fundamento en la citada declaratoria, mediante resolución del 7 de julio de
2015, al accionante le fue reconocida pensión de invalidez correspondiente a un
salario mínimo, con efectividad a partir del 1º de julio de 2015. Recurrida
esta decisión, se modificó la fecha de reconocimiento de la prestación desde el
27 de abril de 2015, con un retroactivo correspondiente a $1.219.969.
Posteriormente,
el día 26 de agosto de 2016 el actor presentó ante el Banco Citibak la
reclamación del seguro de invalidez y muerte “por los saldos pendientes de
todos los productos adquiridos con el Banco”. (Subrayado fuera de
texto). Dicha reclamación fue remitida a la entidad aseguradora Allianz Seguros
de Vida S.A, quien objetó el pago de la suma asegurada respecto a la cuenta
corriente, con fundamento en que el evento que dio origen a la invalidez, en
este caso el VIH, se produjo antes de la vigencia de la póliza de seguro.
Igualmente aclaró que el seguro suscrito cubre las deudas sobre cualquier tipo
de obligación exceptuando las de tarjetas de crédito.
Teniendo
en cuenta lo anterior y antes de abordar el estudio del caso concreto, es
importante indicar que del material obrante en el expediente se concluye que: (i)
el señor José adquirió con el Banco Citibank – Colombia S.A. cuatro (4)
productos financieros (cuenta de ahorros, cuenta corriente, tarjeta de crédito
Visa y tarjeta de crédito MasterCard); (ii) la cuenta de ahorros se
encuentra inactiva y la tarjeta de crédito Visa se encuentra cancelada;[76]
(iii) los productos que, a la fecha de interposición de la acción de
tutela, se encuentran con un saldo en mora son la tarjeta de crédito MasterCard
y la cuenta corriente.[77]
En
este orden, se tiene que lo pretendido por el accionante vía de tutela es que
se haga efectivo el seguro de invalidez tomado con el banco Citibank sobre los
productos en los que presenta un saldo en mora, esto es, la tarjeta de crédito
MasterCard, de los cuales se hace necesario precisar lo siguiente:
Frente
a la tarjeta de crédito MasterCard No. xxx, no existe ninguna prueba o
manifestación del accionante respecto de haber suscrito seguro alguno que
amparara las obligaciones contraídas con dicho producto y por el cual se le
descontara o asumiera el pago de algún tipo de prima que permita inferir que en
efecto, existe una controversia contractual que pudiera estar afectando los
intereses del peticionario.
Pese
a lo anterior, se encuentra que el seguro de la franquicia MasterCard asumió el
saldo que presentaba la misma hasta la fecha en la que se estructuró la
invalidez del accionante, es decir, hasta el 27 de noviembre de 2014.[78]
No obstante, el saldo en mora que en la actualidad presenta este producto y que
asciende a la suma de $1.620.227.29,[79]
se debe a utilizaciones posteriores que realizó el señor José sumado a
los intereses de mora causados. Esto se ve reflejado en los extractos
bancarios, en los que consta que la deuda es producto de consumos realizados en
los meses de julio y agosto de 2016.[80]
Así
las cosas, está claro que la aseguradora de la franquicia MasterCard cubrió las
obligaciones contraídas por el accionante hasta la fecha en la que se le
estructuró su invalidez. Por tal motivo, y ante la inexistencia de alguna
póliza de seguro que comprometa a la aseguradora de MasterCard al cubrimiento
de alguna contingencia, no puede imputársele el pago de deudas contraídas cerca
de dos años después de la calificación de perdida de la capacidad laboral del
señor José y que fueron adquiridas después de haber sido beneficiado con
una exoneración de pago importante.
Por
otra parte, la cuenta corriente No. xxx sí se encuentra amparada por el
contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores celebrado entre el Banco Citibank –
Colombia y la aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A., y cuya falta de pago,
teniendo en cuenta la existencia de un contrato de seguro suscrito, es objeto
de la presente acción de tutela.
Al
analizar las pruebas que constan en el expediente, se observa que la cuenta
corriente presentaba un saldo a favor por valor de $1.375.032.80, sin embargo,
el señor José realizó una utilización el día 18 de agosto de 2016 por
valor de $1.570.000.00, por lo que quedó con un sobregiro de $206.698.88, suma
que el accionante reclama sea cubierta por el seguro que cubre la invalidez
presentada.
De
conformidad con lo dicho, y de cara a lo solicitado por el accionante en sede
de tutela, esto es, que se cubra la deuda de su tarjeta de crédito MasterCard y
de su cuenta corriente, debe diferenciarse que solo frente a una de ellas
suscribió o se adhirió a un contrato de aseguramiento denominado Seguro de Vida
Grupo Deudores, el cual ampara únicamente la cuenta corriente que presenta un
saldo en mora de $206.698.88.
En
este orden, se tiene que la acción de tutela está dirigida a obtener el
cumplimiento de la póliza de invalidez sobre el valor de $206.698.88,
correspondiente a una utilización realizada en el mes de agosto de 2016.
Así
las cosas, en atención a lo pretendido por el accionante y valorando todos los
elementos probatorios aportados al trámite de tutela, esta Sala de Revisión
debe negar el amparo solicitado, en consideración a que: (i) no existe una
vulneración al derecho al mínimo vital, y (ii) el peticionario incumplió con la
carga de actuar de buena fe al momento de suscribir el contrato de seguro.
Inicialmente,
observa la Sala de Revisión que el accionante, en la demanda de tutela y demás
escritos allegados a esta Corporación, simplemente se limita a afirmar que la
negativa de hacer efectivo el seguro de invalidez que cubre el saldo de sus
créditos vulnera sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta su delicado
estado de salud. No obstante, no hace ninguna mención de cómo el asumir
directamente el pago de sus obligaciones pone en riego su subsistencia o su
vida digna. Tampoco especifica cuáles son sus gastos o necesidades que no
podría satisfacer en el evento de tener que cancelar sus deudas.
Aunado
a lo anterior, el Banco Citibank manifestó no haber dado inicio a cobros
jurídicos para el pago de las obligaciones contraídas,[81]
lo que implica que el actor no se encuentra ante un proceso judicial que
implique la erogación de mayores gastos o ante una eventual medida cautelar que
afecte directamente sus bienes o ingresos. Además se advierte que el crédito
amparado en este caso hace referencia a un sobregiro generado por la
utilización de la cuenta corriente, por oposición a lo que sería un crédito
hipotecario, cuyo cobro por parte del acreedor pudiese llegar a afectar de
manera directa un derecho fundamental como el de vivienda digna.
De
ahí que, para esta Sala de Revisión, los hechos expuestos permiten evidenciar
que no existe una afectación actual del derecho al mínimo vital del accionante,
más allá de que él refiera que tiene a su cargo a sus dos padres, sin que
indique los gastos en los que incurre y que permitan vislumbrar que las
condiciones económicas por las que atraviesa ponen en riesgo sus derechos
fundamentales. Es más el mismo accionante manifestó en sede de Revisión que no
tiene otros compromisos u obligaciones diferentes a las controvertidas en esta
acción de tutela. De igual forma, el accionante cuenta con una pensión de
invalidez por concepto de un salario mínimo, destacando que el valor adeudado
no supera un tercio de sus ingresos, circunstancia que le permitiría financiar
la deuda.
Por
otra parte, resalta la Sala que el peticionario sostuvo en su escrito de tutela
que la razón por la cual no manifestó su condición médica, fue porque para la
fecha en que adquirió los productos financieros, 11 de abril de 2014, gozaba de
buen estado de salud y su enfermedad era asintomática. Además, porque
considera que no estaba en la obligación de hacerlo, pues hace parte de su
derecho a la intimidad.
Sin
embargo, al confrontar esta afirmación con los hallazgos encontrados en Sede de
Revisión, en especial con la historia clínica por él aportada y el dictamen de
pérdida de la capacidad laboral, se advierte que desde el mes de enero de 2014
ya presentaba un deterioro cognitivo asociado al VIH. Así se refleja en una
solicitud de procedimientos o medicamentos NO POS, de fecha 22 de enero de
2014, en la que se informa: “paciente con dificultades para orientarse en
tiempo y espacio, presenta alteraciones cognitivas a nivel de atención, memoria
y concentración, olvidos permanentes, esto presentándose de 5 años para ac[á]”.[82]
De igual forma, en el dictamen de pérdida de la capacidad laboral se
relaciona la práctica de una prueba neuropsicológica del 22 de marzo de 2014,
la cual confirmó el dictamen de “VIH estadio C2 por demencia VIH”,[83]
y adicionalmente, se indica que el accionante para la fecha de la determinación
de invalidez, diciembre de 2014, no laboraba desde hace 6 meses, esto es, desde
junio de ese año.[84]
Lo
anterior implica que para el 7 de abril de 2014, fecha en que diligenció el
formato de apertura de productos del banco y suscribió la póliza Grupo Deudores
para amparar la obligación correspondiente a su cuenta corriente, no sólo
conocía que padecía VIH sino también era consciente de las complicaciones de su
enfermedad, pues un mes antes se le había practicado una prueba
neuropsicológica que confirmaría que su enfermedad se encontraba en un estadio
C2 y que presentaba demencia asociada a la misma. Incluso se observa que, según
se expuso, poco después de vincularse financieramente con Citibank no continuó
trabajando. De esta manera, la historia clínica del accionante demuestra que
sus padecimientos datan del año 2000, es decir, desde mucho antes de que
presentara la solicitud de los productos ante el banco y que fue diagnosticado
en un estadio avanzado de la enfermedad, al menos un mes antes de adquirir sus
créditos con la entidad.
De
esta manera, se advierte que el accionante al haber declarado que no padecía
ninguna enfermedad incumplió lo establecido en el artículo 1058 del Código del
Comercio, en virtud del cual “[e]l tomador está obligado a declarar
sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo,
según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador”,  con
la finalidad de que el asegurador conozca de manera fiel el riesgo que va a
amparar y pueda decidir de manera libre si contrata y bajo qué condiciones.
Este
deber de actuar con apego a la verdad se basa en el principio constitucional de
la buena fe,[85]
el cual toma mayor relevancia cuando se trata de suministrar información
relacionada con el estado de salud del asegurado, lo que le permite a las
partes al momento de contratar tomar las decisiones más adecuadas para sus
intereses.
La
Sala considera que el señor José no declaró el estado real del riesgo,
pues no le informó a la aseguradora sobre todos los hechos que atentaban contra
su integridad física, incidían en su capacidad laboral y afectaban su vida. Y
exigir al asegurado que declare sobre su estado real de salud no resulta ser
una carga desproporcionada que sea imposible de cumplir.
Adicionalmente,
llama
la atención que las deudas que el accionante reclama le sean canceladas, fueron
adquiridas en julio y agosto de 2016, fecha para la cual, hace cerca de 2 años
ya se encontraba en condición de invalidez, en virtud de ello estaba gozando de
una pensión y era conocedor de la imposibilidad en la que se encontraba para
procurarse ingresos adicionales. Además, con extrañeza, los consumos fueron
realizados tan solo unos días antes de presentar la reclamación para el pago
del seguro.[86]
De
esta manera, para la Sala, el actuar del accionante no se produjo dentro del
marco de la buena fe, pues no sólo omitió declarar con sinceridad su estado de
salud sino que aun a pesar de ello contrajo obligaciones consciente de que no
podía sufragarlas y a la espera de hacer efectiva la póliza de seguro.
Al
margen de lo anterior, no olvida la Sala la condición de sujeto de
especial protección constitucional del accionante, al padecer una enfermedad
catastrófica y encontrarse en un estado avanzado de la misma, lo cual sin lugar
a dudas le impide asumir de manera normal, como al inicio de la relación
comercial lo hizo, con el cumplimiento de los pagos de sus productos. De igual
forma, aunque no se ha iniciado un proceso judicial por parte del Banco
Citibank tendiente a obtener el pago de lo debido, no cabe duda que la deuda se
verá incrementada debido a los intereses moratorios que se están generando, lo
cual a futuro podría comprometer el mínimo vital del señor José.
En
este orden de ideas, atendiendo el estado de invalidez del accionante que le
impide realizar cualquier actividad productiva y que pese a recibir una
pensión, ha enfrentado una disminución significativa de sus ingresos, considera
la Sala que, en aplicación del principio de solidaridad,[87]
el Banco Citibank debe brindar un alternativa de pago ajustando el crédito a
unos plazos que permitan que el accionante pueda cumplir con sus obligaciones
y, en caso de ser necesario, identifique un mecanismo de alivio respecto a la
intereses de mora.
Respecto
al principio de solidaridad, la Sentencia T-520 de 2003[88]
explicó lo siguiente:
“La solidaridad no sólo es un deber
constitucional genérico (C.N. art. 95.2), también es un principio fundamental
(C.N. art. 1º). Como principio, la solidaridad imprime ciertos parámetros de
conducta social a los particulares, que pretenden racionalizar ciertos
intercambios sociales. En el Estado Social de Derecho, el principio de
solidaridad cumple la función de corregir sistemáticamente algunos de los
efectos nocivos que tienen las estructuras sociales y económicas sobre la
convivencia política a largo plazo. Por supuesto, la solidaridad, como
principio exigible a los particulares, no es un instrumento necesario para
garantizar la convivencia política, independientemente del modelo de Estado. Se
trata más bien de una construcción histórica, de una herramienta que acogió el
Constituyente de 1991, como instrumento normativo consistente con su opción
política por el Estado Social de Derecho.”
Asimismo,
la Sentencia C-237
de 1997[89]
indicó que el principio de solidaridad     permite la adopción de soluciones
jurisprudenciales concretas, con miras, entre otras cosas, a precaver la
eventual violación de un derecho fundamental. En este sentido en la Sentencia
T-328A de 2012,[90]
tras considerar que pese a que la acción de tutela resultaba improcedente para
resolver la controversia contractual surgida con ocasión del contrato de
seguro, la Corte estimó que era necesario precaver la violación del derecho al
mínimo vital del accionante a través de la realización de una renegociación o
reestructuración de crédito que se pretendía amparar con el seguro.
En
esta misma línea, recientemente esta Corporación se pronunció en la Sentencia
T-058 de 2016,[91]
en la cual en un caso con algunos elementos fácticos similares a los ahora
estudiados, a pesar de declarar la improcedencia de la acción de tutela,
profirió una orden a una entidad financiera encaminada a reestructurar un
crédito de consumo, teniendo en cuenta la condición de invalidez de la
solicitante. Sobre el particular señaló: “dadas las
circunstancias particulares y específicas de este caso, se ordenará al Banco
BBVA realizar un reajuste en el contenido de la obligación contraída con la
accionante, en concreto, frente a los intereses y el plazo para pagar las
cuotas restantes, siempre que esta última esté de acuerdo con dicha
modificación. Al respecto, la Sala pone de presente que con esta orden no se
está causando un menoscabo económico al Banco, toda vez que –como ya se dijo–
no se trata de una condonación de una deuda, sino de una reestructuración como
herramienta excepcional que permitirá a la actora pagar sus obligaciones en
unas condiciones más favorables atendiendo a su situación actual, tanto en el
económico como en lo personal, y sin perjuicio de que por la vía ordinaria
pueda reclamar la prestación asegurada, cuya controversia no satisface el
principio de subsidiaridad de la acción de tutela, según se explicó con
anterioridad”.
En
este sentido,  se ordenará al Banco Citibank que, en caso de que el accionante
manifieste su voluntad al respecto, ajuste las cuotas, plazos e intereses de
las deudas contraídas con la Tarjeta de Crédito MasterCard No. xxx
y la cuenta corriente No.xxx, y que, en el evento de ser necesario,
identifique un mecanismo de alivio respecto de los respectivos intereses de
mora.
Durante
la realización de este proceso, el accionante deberá estar acompañado por el
Defensor del Consumidor Financiero del Banco Citibank,[92] con el
propósito de que entienda completamente el nuevo acuerdo al que se llegue, así
como para verificar que las condiciones a las que se someta tengan en
consideración las diferentes variables que puedan resultar relevantes, entre
ellas la situación personal y económica del deudor.
En consecuencia, la Sala revocará la
sentencia del
tres (03) de febrero de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado
Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, la cual confirmó la decisión del primero
(1º) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) del Juzgado Cuarenta y Nueve
Civil Municipal de Bogotá, que consideró la improcedencia de la acción de
tutela y,
en su lugar, negará el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a
la vida digna del señor José.
III. DECISIÓN
III.
En
mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR, por
las razones expuestas en esta providencia, la sentencia de tutela proferida tres
(03) de febrero de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Juzgado
Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, la cual confirmó la decisión del primero
(1º) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) del Juzgado Cuarenta y Nueve
Civil Municipal de Bogotá.
En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la vida digna del señor José.
SEGUNDO.- ORDENAR al Banco Citibank – Colombia S.A.,
que dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, se reúna con el señor José, con el propósito de informarle sobre las nuevas condiciones a
las cuales se sujetarían la Tarjeta de Crédito MasterCard No. xxx y la cuenta corriente No. xxx, en los términos dispuestos en la
parte motiva de esta providencia.
Para ello deberá explicarle lo que dicha modificación implica en
términos de plazos, intereses y monto total a pagar. Las nuevas condiciones
sólo serán exigibles bajo el supuesto de que el accionante manifieste su
consentimiento en ese sentido. Por lo demás, durante la realización de este
proceso, el accionante deberá estar acompañado por el Defensor del Consumidor
Financiero de la citada entidad bancaria.
TERCERO.- ORDENAR por Secretaría
General a todas las entidades que de una u otra manera han intervenido en este
proceso, que se encarguen de salvaguardar la intimidad del accionante,
manteniendo la reserva sobre todos los datos que permitan su identificación.
CUARTO.- LIBRAR las
comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como
DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de
primera instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
Con aclaración de voto
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e)
Con salvamento de voto
ROCÍO
LOAIZA MILIÁN
Secretaria
General (e)
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
(E)
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
A LA SENTENCIA T-463/17
PRINCIPIO
DE LA BUENA FE EN CONTRATO DE SEGUROS-Le correspondía
a la aseguradora desvirtuarla y no trasladarla a la parte más débil de la
relación, máxime cuando dentro del asunto no obra prueba alguna de haber
actuado de mala fe (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA PARA DIRIMIR
CONFLICTOS DERIVADOS DE UN CONTRATO DE SEGUROS-Se debió ordenar a la aseguradora y al banco, dar inicio a los trámites administrativos para aplicar en favor
del demandante la póliza de seguro de vida (Salvamento de voto)
Referencia:
Expediente T-6.070.316
Acción de tutela
instaurada por José en contra del Banco Citibank Colombia S.A. y Allianz
Seguros de Vida S.A.
Magistrada ponente:
Cristina Pardo
Schlesinger
Con
el debido respeto por las decisiones de esta Corporación presento salvamento de
voto al fallo adoptado dentro de la sentencia T-463 de 2017, expedida
por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional.
1. En esta oportunidad, la Corte revisó
el caso de un señor diagnosticado con VIH desde el año 2000 y posteriormente
calificado con una pérdida de capacidad laboral del 67.7% el 27 de noviembre de
2014, el cual adquirió dos cuentas con el Banco Citibank S.A y dos tarjetas de
crédito. Actualmente tiene una deuda de capital por concepto de la tarjeta de
crédito por valor $1.226.210 y un sobregiro de su cuenta corriente por la suma
de $208.698. El banco objetó el pago de la suma asegurada respecto de la cuenta
corriente con fundamento en que el evento que dio origen a la invalidez (VIH)
se produjo antes de la vigencia de la póliza de seguro.
2. La Sala
resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
vida digna del actor. Sin embargo, ordenó al banco que se reuniera con el señor
José, con el propósito de informarle sobre las nuevas condiciones a las
cuales se sujetarían la tarjeta de crédito y la cuenta corriente (cuotas,
plazos e intereses).
3.
El argumento que esgrimió la providencia en comento para adoptar dicha decisión
fue: (i) la no
existencia de una vulneración al derecho al mínimo vital y (ii) el
incumplimiento por parte del accionante con la carga de actuar de buena
fe al momento de suscribir el contrato de seguro con el Banco Citibank S.A.
4.
Me aparto de la decisión a la que llegó la Sala de Revisión por cuanto:
4.1.
El Contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores que el señor José adquirió
con Allianz Seguros de Vida S.A. le otorgó el derecho a que la aseguradora le
reconociera el pago de la obligación, sin importar el monto ($206.698.88),
puesto que la finalidad de la póliza de seguro es cubrir cualquier siniestro.
Este
tipo de póliza tiene su origen en una modalidad específica del contrato de
seguro denominada de grupo o colectivo, por medio de la cual la empresa
aseguradora se compromete a responder ante la manifestación de un siniestro que
ocurra a cualquiera de un número plural de personas naturales vinculadas por
una relación contractual con una misma persona jurídica. Recientemente, la
Corte Suprema de Justicia[93],
Sala de Casación Civil, resumió los principales elementos de esta modalidad
contractual de la siguiente manera:
i.
“Su celebración no es obligatoria, ni constituye un requisito indispensable
para el otorgamiento de un crédito, pero es usualmente requerida por las
instituciones financieras para obtener una garantía adicional de carácter
personal.
ii.
Normalmente el deudor-asegurado es quien se adhiere a las condiciones que
propone el acreedor, quien en todo caso debe garantizar la debida información
en torno a las condiciones acordadas.
iii.
Lo que se asegura es el suceso incierto de la muerte o incapacidad permanente
del deudor, independientemente de si el patrimonio restante permite que la
acreencia le sea pagada a la entidad bancaria prestamista.
iv.
El interés asegurable que en este tipo de contratos resulta relevante se halla
en cabeza del deudor, así sea que al acreedor también le asista un interés
eventual e indirecto en el seguro de vida grupo deudores.
v.
El valor asegurado es el acordado por las partes, esto es, el convenido por el
acreedor-tomador y la aseguradora, teniendo como única limitación expresa que
la indemnización a favor del acreedor-tomador no puede ser mayor al saldo
insoluto de la deuda”.
En
suma, el contrato de
seguro de vida grupo deudores es una modalidad por medio de la cual quien
funge como tomador puede adquirir una póliza individual o de grupo, para que la
aseguradora, a cambio de una prima que cubra el riesgo de muerte o incapacidad
del deudor y en caso de que se configure el siniestro, pague al acreedor hasta
el valor del crédito. Cuando se trata de una póliza colectiva
o de grupo bastará que el acreedor informe a la aseguradora sobre la inclusión
del deudor, dentro de los asegurados autorizados, para que se expida a su favor
el respectivo certificado de asegurabilidad. Si se trata de una póliza
individual la relación estará gobernada por las condiciones particulares
convenidas entre las partes, esto es, entre el acreedor y la aseguradora.
Si bien es cierto que el accionante
tiene 2 saldos insolutos a la fecha, también lo es que Allianz aclaró que el
Contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores solamente cubría el saldo de la
cuenta corriente y excluía expresamente las tarjetas de crédito.
Ahora,
es claro que el señor José se encuentra en una situación de desigualdad
respecto a la entidad aseguradora, ya que es esta la que fija los requisitos y
condiciones de los seguros de vida, su monto, vigencia y características, por
supuesto dentro de los límites que fija la ley respecto de la actividad
aseguradora.
Así
las cosas, el actuar de la aseguradora desconoce los derechos fundamentales del
actor al negarle el pago de la póliza, con el único argumento que “el evento
generador de la incapacidad (patología causal) del señor José se produjo antes
de la vigencia del seguro”, afirmación que carece de validez ya que, en
primer lugar, el Banco Citibank y Allianz Seguros de Vida S.A. debieron ser
diligentes a la hora de verificar el estado de salud del accionante, así como
debieron practicarle un examen médico para conocer el verdadero estado de salud
del actor o cuando menos haber indagado de forma precisa si tenía alguna
enfermedad con el fin de adjudicar este tipo de pólizas. Porque si bien es
cierto que se le preguntó en el formato denominado “Solicitud Única de
Productos Bancarios” si padecía SIDA y que él respondió de forma negativa,
también es cierto que para ese momento su patología era VIH y no SIDA, por lo
que el señor José no actuó de mala fe al negar que vivía con SIDA .
4.2.
El VIH y el SIDA son enfermedades muy diferentes. Hay que resaltar que el señor
José cuando adquirió los productos y firmó el contrato de póliza de
seguro de vida grupo deudores (11 abril de 2014) tenía VIH asintomático, situación
que se venía presentando desde el año 2000. Siete meses después, el 27 de
noviembre de 2014, cuando le certificaron la pérdida de la capacidad laboral
del 67.7%, el VIH se había convertido en estadio C2 con demencia.
Debe
tenerse en cuenta que en la sentencia T-130 de 2016 esta Corporación reiteró
que quienes padecen enfermedades mortales y catastróficas son considerados como
sujetos de especial protección constitucional, como lo son quienes sufren de
VIH o SIDA[94]
y agregó que “la gravedad que representa el virus de inmunodeficiencia
humana o síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el impacto que genera sobre
las emociones del individuo a raíz de la frustración que surge por el
conocimiento de su incurabilidad, hace que esta afección sea considerada como
una enfermedad catastrófica, que hace susceptibles a quienes la padecen de
recibir una atención y protección especial por parte del Estado”.
El
VIH[95]
es un virus[96]
que afecta el sistema inmunitario, que es el encargado de proteger el organismo
de agentes extraños y nocivos. Dentro del cuadro clínico se considera que una
persona es seropositiva cuando está infectada por el VIH[97], que
puede tratarse con medicamentos para que el virus no se multiplique tan rápido
y, por tanto, no destruya las defensas del sistema inmunitario, lo cual permite
que los portadores mejoren la calidad de vida y prolonguen su existencia. Sin
embargo, hasta el momento no existe una cura para la infección por el VIH ni
para el SIDA[98].
La
enfermedad por VIH sin tratamiento progresa lentamente, desde el diagnóstico
asintomático hasta el SIDA que es el estadio más avanzado de esta infección.
Por regla general este proceso tarda aproximadamente diez años, pero puede
variar dependiendo de cada persona[99].
El
SIDA[100]
lo desarrollan personas infectadas con VIH que no reciben tratamientos, pero
excepcionalmente existen personas seropositivo que desarrollan tal enfermedad
muy lentamente o que nunca lo padecen y a este grupo de personas se los
denomina portadores sin progresión de la enfermedad[101].
Lo
anterior permite concluir que el VIH, mientras permanece sin ningún síntoma
hasta derivar en SIDA, es un virus grave, mortal e irreversible. Si bien es
cierto que existen medicamentos que mejoran la calidad de vida de quien lo
porta, también lo es que el daño que produce al sistema inmunitario aún no
tiene cura[102].
Tal
y como se explicó, cuando el accionante diligenció el formato (7 de abril de
2014) denominado “Solicitud Única de Productos Bancarios”, informó a la
aseguradora que no padecía SIDA o alguna otra enfermedad catastrófica por lo
que no puede presumirse que estaba actuando de mala fe, dado que en ese momento
vivía con VIH y no con SIDA, además que no siempre deviene en enfermedad.
Adicionalmente,
puesto que las actuaciones de los particulares y autoridades públicas deben
ceñirse a los postulados de la buena fe, que según se ha explicado, se presumía
en todas en las gestiones, le correspondía a la aseguradora desvirtuarla y no
trasladarla a la parte más débil de la relación, máxime cuando dentro del
asunto no obra prueba alguna de haber actuado de mala fe.
En mi parecer, la Sala debió ordenar a
la aseguradora y al banco que dieran inicio a los
trámites administrativos respectivos para que se aplicara en favor del
demandante la póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores que ampara la cuenta
corriente que fue adquirida con el fin de hacerla efectiva al momento de no
poder pagar las obligaciones que contrajo con la entidad bancaria.
Por
las razones expuestas, se presenta salvamento de voto a la decisión tomada en
la sentencia T-463 de 2017.
Fecha ut
supra,
IVÁN
HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado
(e.)
[1] Sala de
Selección Número Cuatro, conformada por los Magistrados Alberto Rojas Ríos y
María Victoria Calle Correa, mediante Auto proferido el diecisiete (17)
de abril de dos mil diecisiete (2017).
[2] Los
productos adquiridos fueron: (i) cuenta de ahorros No. xxx, (ii) cuenta
corriente No. xxx, (iii) tarjeta de crédito VISA No. xxx, y (iv) tarjeta de
crédito MasterCard No. xxx. Así consta en la contestación otorgada por el Banco
Citibank (a folio 87 del Cuaderno Original).
[3][3] En la
calificación de pérdida de la capacidad laboral de determina “ANTECEDENTE DE
VIH DESDE 2000 EN MANEJO RETROVIRAL CON ALTERACIONES PROGRESIVAS DE MEMORIA,
COMPATIBLE CON DEMENCIA POR VIH, ESTADIO C2”. (a folios 2 y 3 Cuaderno
Original).
[4] Este recuento
consta en la copia
de la Resolución por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución No. xxx del 7 de julio de 2015, mediante la
cual Colpensiones confirma los términos del reconocimiento de la pensión de
invalidez a favor del actor (a folios 5 y 6 del Cuaderno Original).
[5] Copia
de las cédulas de ciudadanías de sus padres (a folios 10 y 11 del Cuaderno
Original).
[6] Copia
del derecho de petición radicado el 26 de agosto de 2016 (a folio 7 del
Cuaderno Original).
[7] Copia
respuesta a derecho de petición otorgada por Citibank- Colombia S.A. (a folio 8
del Cuaderno Original).
[8] A
folio 9 del Cuaderno Original.
[9] El Juzgado
Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, mediante Auto del veintiuno (21) de
noviembre de dos mil diecisiete (2017), avocó conocimiento de la acción de
tutela y corrió traslado a las entidades accionadas a fin de que hiciera las
manifestaciones pertinentes en defensa de sus intereses.
[10] Folios
83 a 86 del Cuaderno Original.
[11] Folios 2 y 3
del Cuaderno Original.
[12] Folios
5 y 6 del Cuaderno Original.
[13] Folio
7 del Cuaderno Original.
[14] Folio
9 del Cuaderno Original.
[15] Folio 100 del
Cuaderno Original.
[16] Folios
18 al 22 del Cuaderno de Pruebas.
[17] Folio 341
Cuaderno de Pruebas.
[18] Folio
79 del Cuaderno de Pruebas.
[19] Tal afirmación
fue realizada por el banco Citibank en el escrito referenciado en el numeral 7.1.1.2.
de esta providencia.
[20] Folios
153 al 158 del Cuaderno de Pruebas.
[21]Folios 323 y 324
del Cuaderno de Pruebas.
[22] Decreto 2591 de
1991, Artículo 42. Procedencia. “La acción de tutela procederá contra
acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 1. Cuando aquel contra
quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del
servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. 2.
Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la
prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida,
a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. 3. Cuando aquel contra quien se
hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios
públicos domiciliarios.4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una
organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el
beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal
organización. 5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole
o amenace violar el artículo 17 de la Constitución. 6. Cuando la entidad
privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del
habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
Constitución. 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. 8. Cuando el particular
actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se
aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 9. Cuando la
solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la
tutela.”
[23] El
artículo 335 de la Constitución Política establece que “las actividades
financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere
el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público (…)”.
[24] El artículo 430
del Código Sustantivo del Trabajo define a los servicios públicos como: “toda
actividad  organizada  que  tienda  a
satisfacer  necesidades  de  interés  general
en  forma  regular  y continua, de acuerdo con un régimen
jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente,
o por personas privadas”. Por su parte, el artículo 3 de la Ley 80 de
1993, reitera la misma definición al considerar a los servicios públicos como
aquellos “que están destinados a satisfacer necesidades colectivas
en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y
control del Estado, así como aquéllos mediante los cuales el Estado busca
preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines” (Subrayado
fuera de texto original).
[25] Corte
Constitucional, Sentencia T -058 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo).
[26] Corte
Constitucional, Sentencia T-1040 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
reiterada entre otras en la Sentencia T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa).
[27] Corte
Constitucional, Sentencia T-1085 de 2012 (MP Jaime Araújo Rentería).
[28] Corte
Constitucional, Sentencia T -058 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo).
[29] Corte
Constitucional, Sentencia T-118 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[30] Corte
Constitucional, Sentencias T-118 de 2000 (MP José Gregorio Hernández Galindo),
T-152 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T- 751 de 2012 (MP María Victoria
Calle Correa).
[31] Corte
Constitucional, Sentencia T-490 de 2009 (MP
[32] Corte
Constitucional, Sentencias T- T-1008 de 1999
(MP) José Gregorio Hernández Galindo. En idéntico sentido se pueden consultar,
entre otras, las Sentencias T-152 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-058 de
2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y
Alejandro Linares Cantillo).
[33] Corte
Constitucional, Sentencia T-442 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[34] “Con
anterioridad a la vigencia del Código General del Proceso, la doctrina en
materia de seguros precisaba que, principalmente, los procesos declarativos
ordinarios y los ejecutivos eran las vías adecuadas para tramitar las
controversias surgidas con ocasión de las discrepancias frente a un contrato de
seguro de cualquier índole, salvo los contenidos en pólizas judiciales en
aquellos eventos donde tenía aplicación el artículo 508 del Decreto 1400 de
1970, antiguo Código de Procedimiento Civil. Al respecto, ver LÓPEZ
BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguros (4ª Edición). DUPRÉ
Editores, Bogotá, 2004, Pág. 304.”
[35] “ARTÍCULO 1053. <CASOS EN
QUE LA PÓLIZA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO>. <Apartes tachados derogado
por el literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de
2014. En los términos del numeral 6) del artículo 627> <Artículo subrogado por el artículo 80 de la Ley 45
de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> La póliza prestará mérito
ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en los siguientes casos:// 1) En
los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo.// 2) En los seguros
de vida, en general, respecto de los valores de cesión o rescate, y// 3)
Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el asegurado o el
beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamación
aparejada de los comprobantes que, según las condiciones de la
correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los requisitos
del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y
fundada. Si la reclamación no hubiere sido objetada, el demandante deberá
manifestar tal circunstancia en la demanda.”
[36] Ver entre
otras, las Sentencias T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa), T-007 de
2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[37] En esta línea,
la Sentencia T-557 de 2013 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez) consideró que la
acción de tutela era el mecanismo idóneo para solucionar un conflicto surgido
en el desarrollo de un contrato de seguro, en la medida en que la controversia
tenía efecto directo sobre los derechos fundamentales a la vida digna y al
mínimo vital de la accionante, quien era una persona con cirrosis por hepatitis
autoinmune, con un 59.45% de pérdida de capacidad laboral, madre de dos menores
de edad y a quien se le inició un proceso jurídico para el cobro de las cuotas
dejadas de cancelar por un crédito hipotecario
[38] Corte
Constitucional, Sentencia T-058 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Alejandro Linares Cantillo).
[39] Constitución
Política de Colombia, artículo 13 “Todas las personas nacen libres e iguales
ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica.// El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados.// El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por
su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.”
[40] Corte
Constitucional, Sentencia T-651 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[41] Reiterada
en la Sentencia T-589
de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[42] Corte
Constitucional, Sentencia T-389 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[43] Corte
Constitucional, Sentencia T-330 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa).
[44] Respecto de la protección
especial de garantías constitucionales de personas que padecen VIH se pueden
consultar, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-482 de 1992
(MP Fabio Morón Díaz), T-502 de 1994 (MP Antonio Barrera Carbonell), SU-256 de
1996 (MP Vladimiro Naranjo Mesa; SV Jorge Arango Mejía, AV Hernando Herrera
Vergara), T-171 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-523 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-026 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1282
de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-550 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra), T-021 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-885 de 2011 (María
Victoria Calle Correa), T-1042 de 2012 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla; AV
Alexei Egor Julio Estrada), T-146 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
T-428 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), T-229 de 2014 (MP Alberto Rojas
Ríos), T-520 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-412 de 2016 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.
[45] “Corte Constitucional, Sentencia
T-505 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz)”.
[46] “(…) La Sentencia T-843 de 2004
(MP Jaime Córdoba Triviño), hizo referencia a las consecuencias de dicha
enfermedad y a las medidas especiales que debe adoptar el Estado para
garantizar los derechos fundamentales de dichas personas: “…la persona que
se encuentra infectada por el VIH, dadas las incalculables proporciones de ese
mal, ve amenazada su existencia misma, y frente a ello no puede el Estado
adoptar una posición indiferente sino activa para garantizar que no se le
condene a vivir en condiciones inferiores. (...) La Corte ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en casos de personas que padecen dicha enfermedad y
ha manifestado que esa patología coloca a quien lo padece en un estado de
deterioro permanente con grave repercusión sobre la vida misma, puesto que ese
virus ataca el sistema de defensas del organismo y lo deja totalmente
desprotegido frente a cualquier afección que finalmente termina con la muerte”.
[47] Por ejemplo, concediendo
medicamentos y tratamientos respecto los cuales no se cuenta con la capacidad
económica para asumir, ver las sentencias de la Corte Constitucional T-271 de
1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), SU- 480 de 1997 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-488 de 1998 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-036 de 2001 (MP Fabio
Morón Díaz), T-925 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-546 de 2004 (MP Álvaro
Tafur Galvis), T-919 de 2004 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-343 de 2005 (MP
Jaime Araújo Rentería), T-586 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-190 de 2007
(MP Álvaro Tafur Galvis), T-230 de 2009 (MP Cristina Pardo Schlesinger), T- 744
de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), entre otras.
[48] Por ejemplo, para que no se les
discrimine en razón de la enfermedad y se les dé un trato especial en su lugar
de trabajo, ver las sentencias de la Corte Constitucional T-136 de 2000 (MP
Carlos Gaviria Díaz), T-469 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-295 de 2008 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-490 de2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
SPV Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva), T-025 de 2011
(MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-461 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán), entre
otras.
[49] Por ejemplo, en cuanto a
pensiones de sobrevivientes se pueden ver las sentencias T-1283 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa), T-021 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-860 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-327 de 2014 (MP María
Victoria Calle Correa), T-546 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza martelo). En
la Sentencia T-026 de 2003 (MP Jaime Córdoba Triviño) se reconoció la pensión
de invalidez que se había negado por problemas administrativos entre los fondos
de pensiones. En muchas ocasiones se estudió el reconocimiento de pensiones
bajo regímenes anteriores, teniendo en cuenta la progresividad de la ley y el
principio de favorabilidad, ver entre otras, las sentencias T- 1064 de 2006 (MP
Clara Inés Vargas Hernández), T-628 de 2007 (MP Clara Inés Vargas Hernández),
T-699A de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-077 de 2008 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-550 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1040 de 2008 (MP Clara
Inés Vargas Hernández; AV Jaime Araújo Rentería), T-509 de 2010 (MP Mauricio
González Cuervo), T-885 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa), T-576 de 2011
(MP Juan Carlos Henao Pérez), T-1042 de 2012 (MP Nilson Elías Pinilla Pinilla;
AV Alexei Egor Julio Estrada), entre otras.
[50] Corte Constitucional, Sentencia
T-671 de 2016 (MP Aquiles Arrieta Gómez), reiterada en la Sentencia T-426 de
2017 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[51] Código General
del proceso, Libro Tercero, Título I.
[52] Al
respecto, se puede consultar entre muchas otras: Corte Constitucional,
Sentencias T-1089
de 2004 (Álvaro Tafur Galvis), T403 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-1009
de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Jaime Araújo Rentería), T-607 de
2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-680 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-611 de 2011 (MP Mauricio González Cuervo), T-323 de 2012 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Nilson Pinilla Pinilla), T-034 de 2013 (MP
Luis Guillermo Guerrero Pérez), SU-377 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa;
SV Luis Guillermo Guerrero Pérez) y T-539 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[53] Corte
Constitucional, Sentencia SU – 995 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz; AV Eduardo
Cifuentes Muñoz) reiterada, entre otras, en las Sentencias T-678 de 2010 (MP
Nilson Pinilla Pinilla), T- 972 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio)
[54] Corte
Constitucional, Sentencia SU – 995 de 1999 (MP Carlos Gaviria Díaz; AV Eduardo
Cifuentes Muñoz)
[55] Corte
Constitucional, Sentencia T-184 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[56] Corte
Constitucional, Sentencia T-152 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[57] Corte
Constitucional, Sentencia T-809 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
reiterada, entre otras, en la Sentencia T-199 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio).
[58] Corte
Constitucional, Sentencia T-751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[59] Código de
Comercio, artículo 1036.
[60] Código de
Comercio, artículo 1037.
[61] Corte
Constitucional, Sentencias C-940 de 2003 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y
T-959 de 2010 (MP  Humberto Antonio Sierra Porto; AV María Victoria Calle
Correa).
[62] Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de enero de 1994.
[63] Corte
Constitucional, Sentencia T-408 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[64] Corte
Constitucional, Sentencias T-171 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-152 de
2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-196 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra),
T-086 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-408 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[65] Corte
Constitucional, Sentencia  T-086 de 2012 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto).
[66] Corte
Constitucional, Sentencias T-152 de 2006 (MP Rodrigo
Escobar Gil), reiterada en la Sentencia T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla).
[67] Ver, entre
otras, Corte Constitucional, Sentencia T-152 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[68] Consultar,
entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-222 de 2014 y T-830 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[69] El artículo 36
el Decreto 2591 de 1991 dispone que: “Las sentencias en que se revise
una decisión de tutela sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser
comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia,
el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las
decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta”.
[70] Corte
Constitucional, Sentencia T-058 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[71] Corte
Constitucional, Sentencia T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[72] Corte
Constitucional, Sentencia T751 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
[73] Al respecto, en
la Sentencia T-751 de 2012, (MP María Victoria Calle Correa), la Corte señaló
que: “la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado principalmente
sobre controversias derivadas de la suscripción de contratos de medicina
prepagada, en los que se encuentra inmerso tanto un interés comercial como el
goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Reglas que, posteriormente, y
precisamente en torno a la eficacia del derecho a la salud, fueron aplicadas
por la Corporación a discusiones asociadas el cubrimiento de contratos de
seguros de salud. En escenarios como estos, a la autonomía de la voluntad
(fundamento y guía de todo contrato), y la buena fe calificada (aspecto
cardinal del contrato de seguros), la Corte añadió la existencia de
determinados límites necesarios para la protección de derechos fundamentales,
que deben ser asumidos por las empresas aseguradoras, debido al interés público
que conlleva el giro de sus actividades. Esos límites se concretan en la
inoponibilidad de preexistencias que no fueron planteadas en el contrato de
seguro, cuando la entidad aseguradora no efectuó un examen al momento de la
suscripción del contrato.”
[74] Folios 29 al 32
del Cuaderno de Pruebas.
[75] Folio 2 del
Cuaderno Original.
[76] Folios
18 al 22 del Cuaderno de Pruebas.
[77]
Folios 153 al 158 del Cuaderno de Pruebas.
[78] Folios
153 al 158 del Cuaderno de Pruebas.
[79] La
anterior cifra corresponde a la fecha de corte del 21 de junio de 2017, según
manifestó el Banco Citibank en la contestación otorgada a esta Corporación el
23 de junio de 2017 (a folios 153 - 158 del Cuaderno de Pruebas).
[80] Folio 316 del
Cuaderno de Pruebas.
[81] Folios 153 al 158 del Cuaderno de Pruebas.
[82] Folio
137 del Cuaderno de Pruebas.
[83] Folio 2 del Cuaderno
Original.
[84] Folio 3 del
Cuaderno Original.
[85] El
artículo 83 de la Constitución Política de Colombia consagra el principio de la
buena fe al establecer que “Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual
se presumirá en todas las actuaciones que aquellos adelanten ante éstas”.
[86] La
reclamación de la póliza de seguro fue presentada el 26 de agosto de 2016,
mientras que el sobregiro se generó el 18 de agosto de 2016 y la tarjeta de
crédito MasterCard fue utilizada el 7, 10, 22 y 23 de julio y el 14 y 17 de
agosto de 2016.
[87] Constitución
Política, artículo 95 “La calidad de colombiano enaltece a todos los
miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y
dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta
Constitución implica responsabilidades.// toda persona está obligada a cumplir
la Constitución y las leyes. // son deberes de la persona y del ciudadano: (…)
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones
humanitarias antes situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las
personas.”
[88] Corte
Constitucional, Sentencia T-520 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[89] Corte
Constitucional, Sentencia
C-237 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz).
[90] Corte
Constitucional, Sentencia T -328ª de 2012 (MP Mauricio González Cuervo).
[91] Corte
Constitucional, Sentencia T-058 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero Pérez; AV
Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[92] La figura del
defensor del consumidor financiero se encuentra en la Ley 1328 de 2009,
artículo 13, como una institución autónoma orientada a la protección especial
de los consumidores financieros.
[93]
Sentencia del 30 de junio de 2011. Expediente No. 76001-31-03-006-1999-00019-01.
[94] Resolución 5261
del 5 de agosto de 1994, Ministerio de Salud, artículo 17: “TRATAMIENTO PARA
ENFERMEDADES RUINOSAS O CATASTRÓFICAS. Para efectos del presente manual se
definen como aquellos tratamientos utilizados en el manejo de enfermedades
ruinosas o catastróficas que se caracterizan por un bajo costo- efectividad en
la modificación del pronóstico y representan un alto costo. Se incluyen los
siguientes: a. Tratamiento con radioterapia y quimioterapia para el cáncer; b.
Diálisis para insuficiencia renal crónica, transplante renal, de corazón, de
medula ósea y de córnea; c. Tratamiento para el SIDA y sus complicaciones;
d. Tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y del sistema  nervioso
central; e. Tratamiento quirúrgico para enfermedades de origen genético o
congénitas” (Subrayado fuera del texto original); f. Tratamiento Médico
quirúrgico para el trauma mayor; g. Terapia en unidad de cuidados intensivos;
h. Reemplazos articulares.
[95] http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/
[96] https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/45/hiv-aids--the-basics
[97] http://www.infosida.es/que-es-el-vih#
[98]Publicado en la Revista de la
American Medical Association, disponible en file:///C:/Users/Invitado/Downloads/jpg120019_ES-US.pdf
http://www.msal.gov.ar/sida/index.php/informacion-general/vih-sida-its-y-hepatitis-virales/vih-sida
[99] http://www.sfaf.org/en-espanol/informaciondelvih/?referrer=https://www.google.com.co/
[100] https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/about-hiv-and-aids/what-are-hiv-and-aids
[101] http://www.gtt-vih.org/
[102]
Según el artículo científico Demencia asociada con infección por VIH,
escrito por la médica neuróloga Ángela María Iragorri Cucalón y publicado en la
Revista Colombiana de Psiquiatría, Vol.37/No. 1/2008:“Se sabe que el VIH
entra al sistema nervioso central en las primeras horas o días de la infección
y que permanece “secuestrado” dentro del cerebro. Muchos de los pacientes
infectados por el VIH presentan enfermedades del sistema nervioso central, y
una de las más graves es la demencia asociada con VIH, que puede afectar la progresión
de la enfermedad, disminuir la adherencia al tratamiento y aumentar la tasa de
mortalidad. El inicio de la enfermedad suele ser poco llamativo; aparece
dificultad para realizar tareas habituales y déficit de concentración. Las
alteraciones del comportamiento comienzan como apatía e indiferencia ante las
relaciones familiares y sociales (frecuentemente diagnosticadas como
depresión). Los signos motores pueden pasar inadvertidos; la bradicinesia es
frecuente y se asocia con una marcha alterada con debilidad en las extremidades
inferiores. Con la progresión de la enfermedad, la bradicinesia se hace más
evidente y se deteriora el lenguaje espontáneo (…) Los pacientes se muestran
indiferentes hacia sí mismos y hacia lo que les rodea, por lo que descuidan la
higiene y el cuidado personal, la vida social y el trabajo. La bradicinesia
cada vez se hace más incapacitante, ya que se acompaña de una gran dificultad
para la marcha. Otras alteraciones cognoscitivas incluyen disminución en la
atención y la concentración, lentificación del pensamiento, pérdida de la
memoria reciente y afectación de la memoria de trabajo. Usualmente se demoran
mucho tiempo en contestar las pruebas neuropsicológicas y tienen una dificultad
importante en las tareas que involucran más de una instrucción. Algunos
pacientes presentan, además, síntomas afectivos, con ánimo triste, apatía o
agitación psicomotora, manía y psicosis, e incluso hay quienes desarrollan un
comportamiento con rasgos obsesivos-compulsivos”.