SU349-19
1
Sentencia SU349/19
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA EN TUTELA-Compañía
accionada no le es posible extender efectos “inter comunis” a las sentencias
T-936 de 2013 y T-658 de 2014
EFECTOS DE SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SEDE DE
REVISION-Efectos inter partes y efectos inter comunis/CORTE
CONSTITUCIONAL-Competencia para darle efectos “Inter Pares” e “inter
comunis” a sus providencias
La decisión y órdenes contenidas en la parte resolutiva de las sentencias
de tutela siempre tienen efectos “inter partes”. Sólo en casos excepcionales es
posible hacerlos extensivos a otros sujetos, por vía del establecimiento de los
efectos “inter comunis” o “inter pares”. El uso de estos “dispositivos
amplificadores” es una competencia reservada a las autoridades judiciales que
adoptan las providencias. Particularmente, la jurisprudencia vigente ha
establecido que la determinación y aplicación de estas figuras están
autorizadas únicamente a la Corte Constitucional.
ACCION DE TUTELA CONTRA
SENTENCIA DE TUTELA-Improcedencia
por cuanto se pretende reabrir debate probatorio o sustantivo concluido por
jueces constitucionales en un trámite de amparo anterior
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por ausencia de inmediatez
Referencia:
expediente T-6403234
Acción
de tutela instaurada por 18 ciudadanos[1]
contra Termotasajero S.A. E.S.P.
Magistrada ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá
D.C., treinta y uno  (31) de julio de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados y las magistradas Gloria
Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal Pulido, Diana Fajardo
Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José
Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José Fernando Reyes Cuartas y
Alberto Rojas Ríos, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos
dictados, en primera instancia, por el Juzgado Quinto Civil Municipal –
Oralidad de Cúcuta (Norte de Santander), el 11 de mayo de 2017; y en segunda
instancia, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta (Norte de
Santander), el 4 de julio de 2017, dentro del proceso de tutela iniciado por 18
ciudadanos contra la empresa Termotasajero S.A. E.S.P[2].
I. ANTECEDENTES
A continuación, se exponen los
hechos jurídicamente relevantes, la respuesta dada por la accionada, los fallos
objeto de revisión y, en atención a lo dispuesto en el artículo 57 del
Reglamento Interno de esta Corporación, la síntesis de las insistencias
presentadas ante la Sala de Selección de Tutelas Número Once de la Corte
Constitucional, por parte de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado
José Fernando Reyes Cuartas.
1. Contexto relevante
1.1. Como consecuencia del proceso
de enajenación de activos de generación de energía eléctrica, adelantado en el
año 1996 por parte de la Nación, en septiembre de dicha anualidad la Central
Termoeléctrica de Tasajero del Departamento de Norte de Santander pasó a ser
parte de los activos de la sociedad comercial Termotasajero S.A. E.S.P.
(empresa privada propiedad de la compañía colombiana Colgener S.A.)[3].
1.2. El 26 de diciembre de 2000,
se celebró una convención colectiva entre la asociación sindical Sintraelecol
(a la cual se encontraban afiliados los accionantes, en su calidad de
trabajadores de la entidad accionada) y la empresa Termotasajero S.A. E.S.P.,
en cuyo artículo 20 se incorporó la siguiente cláusula de incremento salarial:
“Artículo
20. Aumento de salario básico. Termotasajero S.A. E.S.P. aumentará
los salarios básicos de sus trabajadores en un porcentaje equivalente al nueve
por ciento (9%) a partir del primero (1º) de marzo de 2000. A partir del 1º de
enero de 2001, la asignación básica se incrementará en el porcentaje de
variación del índice de precios al consumidor año completo, para los doce (12)
meses anteriores. Los reajustes cobijarán al personal que se encuentre de
vacaciones. // Parágrafo 1.- Termotasajero S.A. E.S.P. no hará aumentos
personales discrimina-torios distintos a los pactados en esta Convención. // Parágrafo
2.- Termotasajero S.A. E.S.P. reconoce la incidencia de este aumento en las
prestaciones sociales de que gozan los trabajadores. // Parágrafo 3.-  Termotasajero
S.A. E.S.P. incorporará a la presente Convención Colectiva de Trabajo, el
esquema del escalafón con sus respectivos salarios.
Nivel y
Grado
Salario
1999
Salario
2000
Básico
Diario
Básico
Hora
Salario
2001
A1
488,737
532,724
17,757
2,220
A2
498,280
543,125
18,104
2,263
A3
508,189
553,926
18,464
2,308
A4
517,915
564,528
18,818
2,352
B1
520,248
567,071
18,902
2,363
B2
535,289
583,465
19,449
2,431
B3
550,911
600,493
20,016
2,502
B4
567,426
618,495
20,616
2,577
B5
583,151
635,635
21,188
2,648
C1
603,083
657,360
21,912
2,739
C2
626,742
683,149
22,772
2,846
C3
652,852
711,609
23,720
2,965
C4
679,731
740,907
24,697
3,087
C5
705,286
768,761
25,625
3,203
D1
741,575
808,317
26,944
3,368
D2
781,900
852,271
28,409
3,551
D3
824,585
898,798
29,960
3,745
D4
871,701
950,154
31,672
3,959
D5
915,075
997,432
33,248
4,156
E1
975,674
1,063,485
35,449
4,431
E2
1,042,118
1,135,909
37,864
4,733
E3
1,113,770
1,214,009
40,467
5,058
E4
1,190,910
1,298,092
43,270
5,409
E5
1,262,658
1,376,297
45,877
5,735
P10
1,073,243
1,169,834
38,994
4,874
P11
1,146,329
1,249,499
41,650
5,206
P12
1,225,148
1,335,411
44,514
5,564
P13
1,310,002
1,427,902
47,597
5,950
P14
1,388,924
1,513,927
50,464
6,308
P15
1,416,703
1,544,207
51,474
6,434
P22
1,599,294
1,743,231
58,108
7,263
P31
1,843,902
2,009,853
66,995
8,374
Parágrafo
adicional.- Beneficio por
acuerdo nacional. Los trabajadores de Termotasajero S.A. E.S.P. recibirán
por una sola vez, dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de las
respectivas convenciones colectivas, la suma de ciento treinta y un mil pesos
moneda legal colombiana ($ 131,000,oo), la cual no tendrá incidencia salarial,
ni prestacional”[4].
1.3. Sin embargo, los demandantes
indicaron que desde el 1º de marzo de 2002 hasta el 7 de marzo de 2007, la Empresa
“congeló” los incrementos salariales, con fundamento en la aparente
pérdida de vigencia de la convención colectiva.
1.4. Señalaron que, en razón de lo
anterior, en el año 2007, por conducto de la asociación Sintraelecol, los
trabajadores sindicalizados y afectados por la decisión de Termotasajero S.A. E.S.P.
instauraron una acción de tutela contra la Empresa empleadora, con el fin de
lograr el reconocimiento de los ajustes prestacionales dejados de percibir.
Este primer recurso de amparo fue resuelto, en segunda instancia, por el
Juzgado 34 Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 31 mayo de
2007, en el sentido de conceder transitoriamente el amparo, hasta tanto el
asunto fuera resuelto en la jurisdicción ordinaria.
1.5. Afirmaron que, como
consecuencia de la decisión de tutela, los 69 trabajadores beneficiados, dentro
de los que se encontraban los ahora 18 accionantes, promovieron demandas laborales
individuales contra Termotasajero S.A. E.S.P., sin precisar fecha o momento
exacto en el que fueron adelantados estos trámites. Refirieron que las pretensiones
de tales demandas ordinarias correspondían a, entre otras: (i) el
reconocimiento de los contratos de trabajo entre las partes; (ii) el
cumplimiento de la Convención Colectiva suscrita en el año 2000; (iii) la
cancelación de los reajustes salariales causados “entre el 1º de marzo de 2002
y el 31 de marzo de 2007”[5];
y (iv) la reliquidación y pago de todas las prestaciones legales y
convencionales no percibidas.
1.6. Sin especificar fechas, los
accionantes manifestaron que, aproximadamente entre los años 2012 y 2014, las
demandas laborales fueron conocidas, en segunda instancia, por la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Cúcuta (Norte de Santander), la cual resolvió, en
sentencias individuales, todos los procesos en favor de los trabajadores
demandantes y, como consecuencia, ordenó a la Empresa demandada el pago del
reajuste salarial derivado de la Convención Colectiva y otras prestaciones.
1.7. Sostuvieron que, entre los
años 2013 y 2014, Termotasajero S.A. E.S.P. promovió 69 acciones de tutela
individuales contra cada una de las providencias judiciales adoptadas en
segunda instancia ordinaria por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta
(Norte de Santander), para obtener la salvaguarda de su derecho fundamental al
debido proceso. Estas acciones constitucionales, a su vez, fueron conocidas en
primera instancia por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, la cual accedió a la solicitud de la Empresa, de manera que dejó sin
efectos las sentencias ordinarias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cúcuta.
1.8. Afirmaron que, impugnadas las
decisiones por parte de los trabajadores, las 69 acciones de tutela fueron
repartidas, en segunda instancia, a distintas salas de decisión de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las cuales fallaron así: 46
sentencias confirmadas en favor de Termotasajero y las 23 restantes revocadas,
para “negarlas por improcedentes”.
1.9. Específicamente en el caso de
los 18 accionantes, indicaron que todas las acciones de tutela fueron falladas
en favor de Termotasajero S.A. E.S.P., en el sentido de ordenar a la entonces
autoridad judicial accionada (Sala Laboral de Tribunal Superior de Cúcuta)
revocar el reconocimiento de los incrementos convencionales que ésta había decretado.
Tales decisiones fueron confirmadas integralmente por distintas salas de decisión
de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.[6]
1.10. Manifestaron que de las 69
acciones de tutela contra providencias judiciales que fueron instauradas por
Termotasajero S.A. E.S.P., la Corte Constitucional sólo seleccionó 7 para su
revisión, falladas a través de las sentencias T-936 de 2013[7] y T-658 de 2014[8]. En la primera providencia, la Sala
Tercera de Revisión estudió 3 acciones de tutela que en segunda instancia
habían sido resueltas en contra de los intereses de la entonces Empresa
accionante, en el sentido de declarar la improcedencia de las mismas; y en la
segunda, respectivamente, la Sala Primera de Revisión conoció 4 recursos de
amparo que habían sido fallados en favor de la Compañía. En ambos eventos,
según los actores, el Tribunal Constitucional decidió negar la protección
invocada.
2. La acción de tutela objeto de estudio
2.1. El 27 de abril de 2017, 18 extrabajadores
de la Entidad accionada, hoy acreedores de pensión, promovieron la acción de
tutela de la referencia. Manifestaron ser parte de los 69 trabajadores
sindicalizados que, en su momento, instauraron demanda laboral ordinaria contra
Termotasajero S.A. E.S.P. Como se expuso anteriormente[9], afirman ser parte del grupo de
trabajadores que, por decisiones de tutela de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, les fueron revocados los incrementos convencionales
que, en sede ordinaria, les habían sido otorgados por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta.
2.2. Los accionantes sostuvieron que
la selección de sólo 7 expedientes por parte de la Corte Constitucional, y por
tanto la terminación de los demás asuntos de tutela con la sentencia de segunda
instancia, ha generado un tratamiento desigual. Según ellos, en los casos en
que determinada Sala de Decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia resolvió declarar improcedentes las tutelas interpuestas
por Termotasajero S.A. E.S.P., los trabajadores mantuvieron los derechos
laborales reconocidos por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta,
mientras que en aquellos en los que otra Sala de Decisión de la misma Sala de
Casación Penal decidió acceder al amparo invocado por la Empresa de energía, los
empleados no han tenido acceso a las prestaciones derivadas de la Convención Colectiva,
pese a que, según ellos, comparten condiciones fácticas similares. Específicamente,
señalan que esta situación ha llevado a que su mesada pensional esté liquidada con
base en el salario percibido, sin consideración del incremento convencional al
que, desde su perspectiva, tenían derecho.
2.3. Teniendo en cuenta que sus
pensiones no han sido calculadas con inclusión del ajuste salarial
convencional, el 13 de enero de 2017 los demandantes solicitaron a
Termotasajero S.A. E.S.P. subsumir sus casos en la decisión adoptada en las
sentencias T-936 de 2013 y T-658 de 2014 de la Corte Constitucional, por
considerar que en éstas se hizo referencia a la vigencia del Pacto Colectivo,
lo cual, en su criterio, les otorgaba titularidad para acceder a los
incrementos salariales.[10]
Como consecuencia, pidieron a la Compañía reliquidar sus mesadas pensionales, de
modo que se incluyeran los incrementos convencionales, así como pagar las sumas
de dinero dejadas de percibir.[11]
En respuesta, el 27 de enero de 2017 la Empresa negó la solicitud, por
considerar que se trataba de un asunto que ya fue definido en sede judicial e
hizo tránsito a cosa juzgada ordinaria y constitucional[12].
2.4. Solicitud. Para
los accionantes, la respuesta de Termotasajero S.A. E.S.P. vulnera sus derechos
fundamentales a la igualdad y la seguridad social, entre otros, por desconocer, según ellos, lo establecido por
la Corte Constitucional en las precitadas sentencias, sobre la vigencia de la Convención
Colectiva. Al respecto, insisten en que sobre lo decidido en tales
pronunciamientos es predicable efectos inter comunis implícitos. Con
base en ello, pidieron al juez constitucional el amparo de sus derechos, para que, como consecuencia, se ordene a la Entidad
accionada la reliquidación de las mesadas pensionales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Convención Colectiva celebrada el 26 de diciembre de
2000, “para lo cual se requiere hacer los ajustes salariales causados mes a
mes con las horas extras, ajustes de recargos, recargo nocturno, prima legal de
servicios, prima de carestía, prima de antigüedad y desgaste físico, prima de
vacaciones, gastos de rodamiento, reliquidación de cesantías y sus intereses y
reliquidación de aportes a pensión, causados desde el 1º de marzo de 2002 y
hasta la fecha de reconocimiento de la pensión convencional, según la situación
de cada accionante y en todo caso hasta el 31 de mayo de 2007”[13].
3. Respuesta de Termotasajero S.A.
E.S.P.[14]
La Entidad accionada se opuso a la
solicitud de amparo porque, desde su perspectiva:
(i) Existe cosa juzgada
constitucional, debido a que no sólo se trata de un problema jurídico resuelto previamente
en sede de tutela, sino de una situación fáctica ya conocida por la
Jurisdicción Constitucional. Esto ocurrió, afirma Termotasajero S.A. E.S.P., cuando
dicha Empresa promovió las acciones de tutela contra las sentencias ordinarias proferidas
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta (Norte de Santander), y que
culminaron con la no selección para la revisión por parte de la Corte Constitucional.
En consecuencia, señaló que la administración de justicia dispuso hace más de
cinco años la ausencia de titularidad del derecho al incremento salarial pretendido
por los accionantes.
(ii) Las sentencias T-936 de 2013
y T-658 de 2014 tienen estrictos efectos inter partes, pues la Corte Constitucional
no hizo explícita su aplicación inter cómunis.
(iii) Si los accionantes
estuvieran legitimados para solicitar la modulación de los efectos de las dos
sentencias precitadas, debieron acudir de manera directa ante el Alto Tribunal
de la Jurisdicción Constitucional y durante el término de ejecutoria de las
mismas, lo cual no ocurrió.
(iv) El recurso de amparo de la
referencia, según Termotasajero S.A. E.S.P., encubre el ejercicio improcedente
de una “tutela contra tutela”, pues en últimas lo que se busca es
controvertir las sentencias no seleccionadas por la Corte Constitucional, en
las que se accedió a la solicitud de salvaguarda del derecho al debido proceso
invocada por la Empresa en el año 2013.
(v) Termotasajero S.A. E.S.P. no
ha incurrido en vulneración alguna, pues, en su criterio, lo único que ha hecho
es cumplir lo dispuesto en las decisiones judiciales.
(vi) Hay carencia de inmediatez,
ya que entre el momento en que fueron proferidas las sentencias T-936 de 2013 y
T-658 de 2014, y la fecha en que se interpuso la acción de tutela bajo
revisión, han transcurrido más de tres años. Asimismo, indicó que los
accionantes no demostraron que hubieran acudido inicialmente ante la Corte
Constitucional para buscar la modulación de los efectos de estas providencias,
por lo que, además, se incumple la subsidiariedad.
4. Actuaciones adelantadas en
sede de instancia
Al avocar el conocimiento de la
acción de tutela de la referencia, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta
– Oralidad decidió, mediante Auto del 28 de abril de 2017, vincular al proceso
de la referencia al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia “Sintraelecol”
y la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”.[15] A continuación, se sintetizan las
respuestas dadas por estas dos entidades.
4.1. Sindicato de Trabajadores
de la Energía de Colombia - Sintraelecol[16]
Expresó que si bien los accionantes
estuvieron afiliados a esta Agremiación, lo cierto es que todos ellos fueron
trabajadores activos de Termotasajero S.A. E.S.P. hasta la fecha de su
jubilación convencional, por lo que actualmente no tienen relación alguna con
Sintraelecol, debido a que esta Asociación no adelanta representación de
pensionados.
4.2. Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones[17]
El Gerente Nacional de Defensa
Judicial de la Entidad se opuso a la prosperidad de la acción de tutela de la
referencia, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que,
desde su parecer, su representada no ha incurrido en acción u omisión alguna que
conduzca a la vulneración alegada por los accionantes.
5. Decisiones objeto de
revisión
5.1. Sentencia de primera
instancia: en providencia del 11 de mayo
de 2017, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cúcuta – Oralidad decidió “no
tutelar” los derechos invocados por los accionantes, luego de considerar
que el otorgamiento de efectos inter comunis a una sentencia de tutela:
(i) es competencia exclusiva de la Corte Constitucional; y (ii) debe ser excepcional
y explícita en la providencia, lo cual no ocurrió en las sentencias T-936 de
2013 y T-658 de 2014. En ese sentido, concluyó que la acción de tutela se
tornaba improcedente.
5.2. Sentencia de segunda
instancia: en conocimiento de la
impugnación formulada por los accionantes, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Cúcuta (Norte de Santander), mediante fallo del 4 de julio de 2017, decidió confirmar
integralmente la sentencia de primer grado.
6. Insistencias presentadas
ante la Sala de Selección número Once de la Corte Constitucional
La magistrada Cristina Pardo Schlesinger
insistió en la selección del expediente de la referencia, fundamentalmente por
dos razones: en primer lugar, porque, en su criterio, debería corroborarse el
cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto, desde la
perspectiva del tipo de presunta vulneración alegada por los actores; y en
segundo lugar, por la trascendencia que tendría para la Corte Constitucional estudiar
la aparente desigualdad en que podrían encontrarse los accionantes, ante la no
selección de sus acciones de tutela por parte de esta Corporación, y en consideración
de lo decidido en las sentencias T-936 de 2013
y T-658 de 2014. Con base en argumentos similares, el magistrado José Fernando
Reyes Cuartas insistió igualmente en la escogencia del asunto de la referencia.
7. Actividad probatoria desarrollada en sede de revisión
7.1. Mediante Auto del 18 de
septiembre de 2018,[18]
la Magistrada Sustanciadora de la causa de la referencia dispuso, en primer lugar,
vincular al proceso a las salas
de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como a la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta.
7.2. En segundo
lugar, se decretaron una serie de pruebas consideradas necesarias para aclarar el
asunto:
7.2.1. Se requirió a las salas
de Casación Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que allegaran copia digital y/o magnética de las providencias que, en
segunda instancia, resolvieron las acciones de tutela promovidas en el año 2013
por Termotasajero S.A. E.S.P. contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta, en el marco del litigio laboral relacionado con la aplicación de la
convención colectiva suscrita en el año 2000 y, en general, de los antecedentes
fácticos puestos de presente en esta providencia.
7.2.2. Se solicitó a la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisar el estado de
cumplimiento de las sentencias T-936 de 2013 y T-658 de 2014 de la Corte
Constitucional.
7.2.3. A la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta se le requirió para que informara el
estado de los todos los procesos laborales promovidos entre los años 2007 y
2008 por los trabajadores sindicalizados de Termotasajero S.A. E.S.P., e
iniciados con ocasión del litigio enmarcado en la aplicación de la convención
colectiva a la que se ha hecho mención en esta providencia, y de los cuales tal
autoridad judicial fungió como segunda instancia ordinaria.
7.2.4. En relación con la empresa
Termotasajero S.A. E.S.P., se le solicitó allegar copia íntegra de la Convención
Colectiva suscrita el 26 de diciembre de 2000 entre esta Empresa y la
Asociación sindical Sintraelecol; y precisar el estado de cumplimiento de las
sentencias T-936 de 2013 y T-658 de 2014 de la Corte Constitucional.
7.3. En respuesta a lo anterior,
se obtuvo lo siguiente:
La Secretaría de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 12 de octubre de 2018,  manifestó
que (i) la autoridad que conoció en segunda instancia de las tutelas referidas
en el requerimiento fue a la Sala de Casación Penal; y (ii) no tiene
información acerca del cumplimiento de las sentencias T-936 de 2013 y T-658 de
2014.[19]
El 12 de octubre de 2018, la magistrada
Nidiam Belén Quintero Gelves, Presidenta de la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, remitió un informe en el que detalló
el estado de 8 procesos laborales ordinarios promovidos contra Termotasajero
S.A. E.S.P.[20]
En comunicación del 24 de octubre
de 2018, la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia remitió copia de 23 sentencias que, en segunda instancia, resolvieron
acciones de tutela promovidas por Termotasajero S.A. E.S.P. en el año 2013.[21]
El 27 de septiembre de 2018, la
entonces apoderada de Termotasajero S.A. E.S.P. allegó copia de la convención
colectiva solicitada, e informó que, en relación con las sentencias T-936 de
2013 y T-658 de 2014, la Compañía pagó la condena impuesta en los respectivos
procesos ordinarios.[22]
El 4 de octubre de 2018, el señor
José Miguel Arango Isaza asumió la representación judicial de la Empresa
accionada dentro del trámite de la referencia.[23]
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2018 dicho apoderado remitió copia de las
sentencias de casación y de instancias, adoptadas dentro del proceso laboral
ordinario promovido por distintos trabajadores de Termotasajero S.A. E.S.P.
(incluyendo los 18 accionantes), en contra de dicha sociedad comercial, cuya
pretensión correspondía a un incremento de salario, en virtud, aparentemente,
de la convención colectiva suscrita el 26 de diciembre de 2000. Teniendo en
cuenta que en ninguna de estas providencias se accedió a las pretensiones de
los demandantes, el abogado insistió en la cosa juzgada que se configuró
respecto de dichos fallos.[24]
De igual forma, el 29 de marzo de 2019 volvió a remitir un memorial ante la
Corte Constitucional, en el que, luego de trascribir algunos apartes de las
providencias anteriormente mencionadas, se refirió a lo que, en su criterio,
sería el alcance de la convención colectiva y la inviabilidad jurídica de los
incrementos alegados por los demandantes. Asimismo, sostuvo que acceder al
amparo desconocería: (i) los efectos inter partes de las sentencias de
tutela; (ii) las sentencias ordinarias que cumplieron las órdenes proferidas
por los jueces constitucionales que accedieron, en su momento, a las tutelas
promovidas por la Compañía; y (iii) las sentencias ordinarias mencionadas, cuya
copia fue allegada el 10 de diciembre de 2018.[25]
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala Plena de la
Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro de
la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991,[26]  y el artículo
61 del Reglamento Interno de esta Corporación (Acuerdo 02 de 2015).[27]
2. Formulación del problema
jurídico
Dado que el asunto de
la referencia ha estado enmarcado primordialmente por la controversia respecto
del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela, esta Sala encuentra necesario, antes de formular y abordar
eventualmente un problema jurídico sobre el fondo de la cuestión, resolver el
siguiente interrogante:
¿Es procedente la
acción de tutela en la que un grupo de ciudadanos, invocando la protección del
derecho a la igualdad, solicitan a una empresa privada la extensión de los efectos
de dos sentencias de la Corte Constitucional (T-936 de 2013[28] y T-658 de
2014[29]),
a pesar de que sus casos, concretamente, ya fueron resueltos a través de
tutelas que no fueron seleccionadas para la revisión de esta Corporación?
3. La acción de
tutela promovida por 18 ciudadanos contra Termotasajero S.A. E.S.P. es
improcedente
De entrada, la Sala
Plena de la Corte Constitucional advierte que, como se desarrollará a
continuación, la acción de tutela de la referencia es improcedente por varias
razones: (i) pretende hacer exigible a la demandada una actuación respecto de
la cual carece de competencia; (ii) el objeto de la tutela, en el fondo,
corresponde a un asunto que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional;
(iii) a través del recurso de amparo se pretende, en realidad, controvertir
decisiones de tutela, pese a que ello es improcedente; (iv) a lo anterior se
aúna la clara ausencia de inmediatez en el ejercicio de la tutela; y (v)
finalmente, no se evidencia una trasgresión palmaria de derechos fundamentales,
si se tiene en cuenta que, por un lado, las sentencias T-936 de 2013 y T-658 de
2014 tienen estrictos efectos inter partes, y por otro, no se demuestra
cómo la situación de los actores es necesariamente comparable con los asuntos
allí decididos.
3.1. Improcedencia por
ausencia de
legitimación en la causa por pasiva: a Termotasajero S.A. E.S.P. jurídicamente no le es exigible
la extensión de los efectos “inter partes” de lo decidido en las sentencias T-936 de 2013 y T-658 de 2014
3.1.1. De acuerdo con el artículo
86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo
constitucional de carácter residual, preferente y sumario. Tiene por objeto la
protección judicial oportuna de los derechos fundamentales de quien lo ejerce
directamente o a través de representación (legitimación por activa),  en virtud
de la presunta vulneración o amenaza que sobre los mismos ha causado cualquier
autoridad pública o excepcionalmente particulares (legitimación por pasiva). En
este último caso, el artículo 42 del Decreto estatutario 2591 de 1991 señala
que la tutela procede cuando, entre otros eventos, quien la promueve se
encuentra en “situación de subordinación o indefensión respecto del particular
contra el cual se interpuso la acción”[30].
3.1.2. En algunas ocasiones, por
las particularidades de los casos, la Corte ha autorizado la flexibilización de
la procedencia y la valoración del escrito de tutela. Pero lo cierto es que, en
relación con la acción de tutela que ocupa la atención de la Sala, por el
contrario, existen razones suficientes para adelantar un estudio estricto de
los presupuestos de procedibilidad. Por un lado, como se desprende del acápite
de antecedentes de esta providencia, los accionantes han ejercido la defensa de
sus intereses siempre con asesoría jurídica calificada, bajo la representación de
profesionales del derecho; y por otro lado, como ya se ha advertido y se
analizará más adelante, el recurso de amparo de la referencia en realidad
persigue desatender la cosa juzgada que se ha configurado frente al verdadero
fondo del asunto.
3.1.3. En esta oportunidad, claramente
se ha actuado con plena legitimación por parte de los demandantes, pues ellos promueven
la acción de tutela, a través de apoderado, buscando la salvaguarda de los
derechos que, desde su perspectiva,  les han sido vulnerados. No obstante, no
se satisface el componente de legitimación en la causa por pasiva, de acuerdo
con la explicación que sigue.
3.1.4. Para la Sala Plena, es
cierto que el juicio de procedencia debe ser primordialmente formal, sin
consideración alguna frente al fondo del asunto, pues ello sería constitutivo
de un prejuzgamiento indebido. Sin embargo, no puede perderse de vista que el
análisis de este presupuesto de procedencia tiene que responder, así como los
demás requisitos, a un estudio razonable. De ahí que, en eventos en los
que desde el planteamiento mismo de la tutela se evidencien dudas claras,
respecto de las posibilidades jurídicas genéricas con las que cuenta el extremo
accionado para acceder a lo que se le exige por vía de recurso de amparo, se
torna necesario que el juez de tutela adelante un estudio de la legitimación, a
partir de una valoración previa y general de las competencias del demandado en
relación con el objeto de la tutela. Se insiste, esto sólo en casos en los que,
de entrada, se advierta la imposibilidad palmaria del sujeto accionado para
cumplir con lo que se le pide en la acción de tutela.
3.1.5. Según los principios
generales del derecho, “nadie está obligado a lo imposible”. Ese es el
caso de Termotasajero S.A. E.S.P. frente a la exigencia del grupo de
accionantes, relativa a que dicha Compañía le otorgue efectos “inter comunis”
a las sentencias T-936 de 2013 y
T-658 de 2014, pese a que la Corte Constitucional no lo dispuso. En ese
sentido, la accionada carece de legitimación en la causa por pasiva porque,
objetivamente, a una persona jurídica de derecho privado no le está autorizado
modificar, ni modular, mucho menos desconocer, las decisiones y ordenes
contenidas en los fallos judiciales.
3.1.6. De acuerdo con los
artículos 48 de la Ley 270 de 1996[31]
y 36 del Decreto 2591 de 1991[32],
los efectos de la resolución judicial que la Corte Constitucional adopta, en
materia de acciones de tutela, tiene efectos “inter partes”. Sin
embargo, en algunas ocasiones, según las particularidades de los casos y por la
importante misión constitucional que cumple este Tribunal al ejercer su función
de revisión (Art. 241, 9 CP), es posible que esta Corporación extienda los
efectos subjetivos de estas decisiones para, por ejemplo, “evitar
proliferación de decisiones encontradas, o equivocadas”[33]. Se han reconocido, por tanto, dos
alternativas excepcionales para modular la regla contenida en las citadas
normas, también denominados “dispositivos de extensión o amplificación”[34]: los efectos “inter comunis”
y los efectos “inter pares”.
3.1.7. La Sentencia SU-1023 de
2001[35]
fue la primera providencia en la que explícitamente este Tribunal aludió a la
aplicación de los efectos “inter comunis”. A través de esta fórmula
jurídica, con fundamento en los principios de igualdad y garantía de la
supremacía constitucional, en aquellos eventos en los que la decisión de tutela
debe hacerse extensiva a todos los sujetos que, junto con las partes
del proceso específico, integran una misma comunidad que, en razón de la
identidad fáctica, conforman un grupo social que se verá directamente impactado
por la determinación de la Corte.[36] Esto, tal como lo ha indicado la
jurisprudencia de esta Corporación, sin consideración acerca de que las
personas a las que se dirige la amplificación de los efectos de la providencia
de la Corte hayan acudido a la acción de tutela y la misma les haya resultado
contraria a sus intereses en sede de instancia.[37]
3.1.8. Por su parte, los efectos “inter
pares” son aplicados por la Corte Constitucional en aquellos eventos en los
que ésta resuelve un problema jurídico relacionado con la interpretación y/o
aplicación de un marco normativo concreto, en un contexto fáctico específico.
En estos eventos, se dispone que la resolución que ha dado al asunto debe ser
asumida en los casos que, sin integrar necesariamente una misma comunidad, son
o llegarán a ser semejantes. La primera vez que este Tribunal hizo uso de esta
figura corresponde al Auto 071 de 2001[38].
Allí, la Corporación resolvió un aparente conflicto negativo de competencias
que se había suscitado alrededor del conocimiento de una acción de tutela,
promovido por dos autoridades judiciales con base en las supuestas “reglas
de competencia” contenidas en el artículo 1º Decreto 1382 de 2000. La Corte
aclaró que la aplicación de esta disposición, en el sentido que lo habían hecho
los operadores jurídicos en tensión, era contraria al artículo 86 de la
Constitución Política, por limitar el ejercicio del derecho fundamental a la
acción de tutela. Por ello, dispuso apartarse de la norma, por vía de la
excepción de inconstitucionalidad y aclaró que “cuando en la parte
resolutiva de sus providencias decide inaplicar una norma y aplicar de manera preferente
un precepto constitucional, la resolución adoptada tiene efectos respecto de
todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando se presentan de manera
simultánea las siguientes condiciones”.
3.1.9. En la Sentencia SU-783 de
2003[39],
igualmente se otorgó efectos “inter pares” a la decisión. Este
antecedente resulta importante en la medida que, a diferencia de lo resuelto en
el Auto 071 de 2001, no se trató del uso de la excepción de
inconstitucionalidad. En esta Sentencia, la Sala Plena conoció un grupo de
acciones de tutela que habían sido promovidas por unos estudiantes
universitarios, en contra de las respectivas instituciones educativas en las
que adelantaban su formación como abogados. Los actores señalaban que las
accionadas vulneraban sus derechos fundamentales al exigirles la superación de
los exámenes preparatorios, como requisito para obtener el respectivo título
profesional. La Corte negó el amparo tras advertir que tal exigencia, de
acuerdo con la Sentencia C-505 de 2001[40],
era razonable y no era contraria a la Constitución Política. Asimismo, la Sala
advirtió que la decisión adoptada tiene efectos “inter pares”, por lo
que “debe ser aplicada a todos los casos que reúnan los supuestos legales
analizados en esta sentencia”.
3.1.10. De este modo, es claro
que, por disposición legal, la decisión y órdenes contenidas en la parte
resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen efectos “inter partes”.
Sólo en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos a otros sujetos, por
vía del establecimiento de los efectos “inter comunis” o “inter pares”.
El uso de estos “dispositivos amplificadores” es una competencia
reservada a las autoridades judiciales que adoptan las providencias.
Particularmente, como se vio, la jurisprudencia vigente ha establecido que la
determinación y aplicación de estas figuras están autorizadas únicamente a la
Corte Constitucional.
3.1.11. Así las cosas, siendo
Termotasajero S.A. E.S.P. una empresa privada, claramente le está vedado
establecer efectos distintos a los contenidos en las sentencias judiciales. Por
ello, la entidad accionada carece de legitimación, por imposibilidad jurídica,
para proceder con la exigencia que es reclamada por los accionantes.
3.2.
Improcedencia por desconocimiento de la cosa juzgada constitucional: se hace
uso indebido de la acción de tutela y se torna improcedente cuando se ejerce
con el fin de reabrir debates judiciales resueltos previamente en sentencias de
tutela que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional. Identificación del
objeto de la tutela de la referencia
3.2.1.
La acción de tutela es el principal instrumento diseñado por el Constituyente
de 1991 para la protección efectiva e integral de los derechos fundamentales.[41] El carácter sumario, eficiente y
práctico de la justicia constitucional no puede significar su ejercicio con
propósitos distintos a la garantía de la supremacía de la Carta Política[42]; mucho menos buscando desconocer
instituciones importantes para el mantenimiento del Estado Social de Derecho,
como lo es la seguridad jurídica y el respeto por las decisiones judiciales
legítimamente adoptadas dentro del ordenamiento. En ese sentido, el uso
adecuado, sobre todo por parte de los profesionales del derecho que actúan como
apoderados en cada caso, no sólo es una exigencia jurídico-constitucional, sino
ética[43],
de modo que sus actuaciones siempre estarán estrictamente gobernadas por el
mandato superior de la buena fe (Art. 83, CP).
3.2.2.
En relación con el asunto de la referencia, la Sala Plena observa que, bajo el
aparente interés por lograr la supuesta protección del derecho a la igualdad,
los accionantes buscan llevar al juez de tutela, ineludiblemente, a reabrir un
debate jurídico que, en cada uno de los casos concretos de los accionantes, ya
fue resuelto en sede judicial, mediante sentencias de tutela que han hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional. Como evidencia, basta con leer el
escrito de tutela en el que, a modo de pretensiones, los actores insisten en la
necesidad de que se ordene  el reconocimiento y pago de los incrementos
convencionales derivados, según ellos, del artículo 20 del Pacto Colectivo
suscrito el 26 de diciembre de 2000 con la empresa Termotasajero S.A. E.S.P., a
fin de que sean incluidos en la liquidación de sus mesadas pensionales que
actualmente perciben.
3.2.3.
Como lo sostienen los mismos demandantes, el debate alrededor de la vigencia de
la Convención Colectiva, y la consecuente titularidad de los emolumentos
alegados en la solicitud de amparo, en cabeza de cada uno de los 18
accionantes, es una controversia que ya fue abordada y resuelta en sede
judicial ordinaria y constitucional. Inicialmente, tal cuestión fue sometida a
conocimiento de la jurisdicción laboral que, mediante sentencias individuales,
proferidas en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta,  concedieron las pretensiones a estos trabajadores.
3.2.4.
Posteriormente, en el caso de los 18 ciudadanos que fungen como actores en esta
ocasión, Termotasajero S.A. E.S.P. promovió acciones de tutela contra cada una
de las providencias ordinarias que accedieron al reconocimiento de los
incrementos mencionados, por supuesta violación del derecho al debido proceso.
Tales recursos de amparo fueron conocidos en segunda instancia por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de conceder la
salvaguarda invocada por la Empresa y, como consecuencia, revocar la
titularidad prestacional decretada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta. Las 18 acciones de tutela, como lo indican los demandantes, no fueron
seleccionadas para su revisión por parte de la Corte Constitucional.
3.2.5. Esta Corporación ha
aclarado cuáles son los efectos de la no selección de una acción de tutela para
su revisión. Particularmente, desde Sentencia C-1716 de 2000[44], reiterando lo dicho en el Auto 027
de 1998[45],
la Sala Plena se pronunció expresamente sobre este asunto, y determinó que la
consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la
firmeza jurídica del último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el
cual cobra, desde entonces, ejecutoria formal y material. De este modo, la
sentencia mediante la cual se ha resuelto el asunto concreto hace tránsito a
cosa juzgada constitucional.[46]
3.2.6. Como se sabe, por
disposición del artículo 86 de la Constitución, todas las acciones de tutela
del país deben ser remitidas a la Corte para su eventual pronunciamiento[47]. Esto hace que el proceso de
escogencia de los asuntos que serán sometidos a revisión sea estricto y de
amplia complejidad,[48]
por el gran número de expedientes que diariamente, desde todas las regiones,
son recibidos por la Corporación. Ante este panorama, la orientación,
consolidación y pedagogía jurisprudencial, por vía de la definición del
alcance, contenido y estándar de protección de los derechos fundamentales,
además de integrar las finalidades del órgano de cierre de la Jurisdicción
Constitucional, constituyen la principal carta de navegación durante el proceso
de selección de casos, junto con las demás disposiciones reglamentarias.[49] Como lo ha advertido la
jurisprudencia constitucional, la selección de un asunto de tutela por parte de
la Corte no es un derecho de las partes ni de los jueces de instancia, por lo
que no es jurídicamente procedente demandar o hacer exigible la revisión
obligatoria de sus respectivos casos.[50]
De ahí que pacíficamente se haya sostenido que contra las decisiones adoptadas
por las Salas de Selección de esta Corporación no procede recurso alguno, ni
siquiera el incidente de nulidad[51].
3.2.7. Bajo ese contexto, la Corte
no está llamada a elegir todos los asuntos que, en sede de instancia, hayan
sido decididos en un sentido jurídicamente impreciso o con base en criterios
controvertibles. Como lo ha advertido esta Corporación, la corrección de las
decisiones de tutela, en concreto, está reservada primordialmente al
agotamiento de las dos instancias.[52]
La no selección no implica aceptación o conformidad, por parte de la Corte, con
la decisión adoptada por los jueces de instancia, ni su rechazo. Sencillamente,
si este Tribunal asumiera la función de pronunciarse sobre todos y cada uno de
los recursos de amparo que estuvieran “fallados inadecuadamente” por los
jueces del país, dejaría de lado sus deberes constitucionales, y se convertiría
equívocamente en una suerte de tribunal de “tercera instancia”,
apartándose de los propósitos que constituyen la causa de su existencia en el
ordenamiento, a los que ya se ha hecho referencia.
3.2.8. En ese sentido, por regla
general, la consecuencia jurídica que recae sobre una acción de tutela que
pretende controvertir la cosa juzgada constitucional de una o varias sentencias
concretas, estructurada por la no selección del asunto por parte de la Corte,
corresponde a la improcedencia inmediata del mecanismo constitucional. Sólo en
casos estrictamente excepcionales, reconocidos por este Tribunal, es posible
relativizar la inmutabilidad de dicha cosa juzgada, a efectos de corregir
situaciones significativamente trascendentes para el sistema jurídico.
Ciertamente respecto del asunto de la referencia no se ha demostrado que se
circunscriba en este tipo de eventos.[53]
3.2.9. Así las cosas, este
Tribunal no puede ignorar que con un nuevo recurso de amparo, invocando el
supuesto desconocimiento del derecho a la igualdad, los accionantes quieren
reabrir un debate jurídico concreto. Tal debate se refiere a la vigencia y
titularidad de los incrementos convencionales en cabeza de cada uno de los 18
accionantes, el cual ya ha sido conocido y resuelto tanto por la jurisdicción
ordinaria como constitucional, mediante sentencias proferidas por jueces
competentes, en cada uno de los casos. Es claro que, por un lado, los actores
cuestionan la no selección de un grupo de acciones de tutela falladas en el
2013 y 2014 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como
autoridad judicial de segunda instancia, lo cual es ciertamente improcedente,
de acuerdo con lo anteriormente expuesto. Y por otro lado, los demandantes, en
últimas, controvierten el sentido de las sentencias de tutela proferidas, en
sus casos, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre
los años 2013 y 2014, lo cual desconoce la regla de “improcedencia de la tutela
contra tutela”. Este último aspecto merece en estudio concreto, a
continuación.
3.3.
Improcedencia de la acción de tutela por controvertir decisiones de tutela
3.3.1.
De acuerdo con lo dicho anteriormente, para la Sala es claro que los accionantes,
al pretender reabrir un litigio que, en concreto, ya ha hecho tránsito a cosa
juzgada constitucional, lo que en realidad ponen en evidencia es un claro
desacuerdo con el sentido de las decisiones de tutela adoptadas, entre los años
2013 y 2014, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
las que se negó la titularidad de las prestaciones convencionales pretendida
por los 18 ciudadanos.
3.3.2.
La improcedencia general de las acciones de tutela contra sentencias de tutela es
un asunto pacíficamente desarrollado en la jurisprudencia vigente de esta
Corporación. En la Sentencia SU-627 de 2015,[54]
se unificaron las reglas sobre la materia. La Sala recordó que está
especialmente vedado el ejercicio del recurso de amparo destinado a
controvertir sentencias de tutela, cuando lo que se busca es retomar las
cuestiones probatorias, sustantivas o procedimentales que circunscribieron el
asunto que allí se resolvió. En tal virtud, ha considerado este Tribunal que “la
importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez,
mediante una nueva tutela, con lo que la resolución del conflicto se
prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del
goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar
una protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos
fundamentales han sido vulnerados o amenazados”[55].
3.3.3.
Únicamente bajo condiciones excepcionales son admitidos, para su estudio de
fondo, los recursos de amparo destinados a controvertir decisiones de tutela.
En concreto, la Sala Plena ha dicho que el mecanismo constitucional sólo
procede ante la configuración de la “cosa juzgada constitucional fraudulenta”,
esto es, contra providencias de tutela que no han sido objeto de revisión por
parte de la Corte, pero que se han derivado de “un proceso que ha cumplido
formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un
negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio
ilícito a terceros y a la comunidad”[56].
3.3.4.
Bajo estas condiciones, las siguientes subreglas fueron sistematizadas en la ya
referida unificación de jurisprudencia vigente sobre la procedencia de acciones
de tutela contra decisiones de tutela[57]:
(I). “Para
establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella”.
a.
“Si la acción de tutela se dirige
contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede”.
b.
“Esta regla no admite ninguna excepción
cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su
Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo
procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante
la Corte Constitucional”.
c.
“Si la sentencia de tutela ha sido
proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir
con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación”.
(II). “Si
la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia”.
a.
“Si la actuación acaece con
anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su
deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por
la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión”.
b.
“Si la actuación acaece con posterioridad
a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener
la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción
de tutela puede proceder de manera excepcional”.
3.3.5.
Evidentemente, el caso de la referencia no se enmarca en ninguno de los
escenarios previstos por la jurisprudencia. En la solicitud de amparo, nunca se
hizo referencia a una actuación fraudulenta, que constituya la causa de las
decisiones adoptadas por las salas de decisión de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, que en segunda instancia resolvieron las acciones
de tutela promovidas por Termotasajero S.A. E.S.P., contra cada una de las
providencias judiciales ordinarias que habían resuelto la situación de los 18
demandantes. Como ya se advirtió, los accionantes en realidad pretenden reabrir
un debate judicial que ya tuvo resolución válida en la jurisdicción
constitucional, por lo cual esta nueva solicitud de amparo se torna
improcedente.
3.4.
Improcedencia de la acción de tutela por ausencia de inmediatez
3.4.1.
Aunado a lo anterior, la Sala llama particularmente la atención respecto del
momento en el cual, aunque improcedente, se pretende reabrir el debate al que
ya se ha hecho referencia. A la vez que el artículo 86 constitucional señala
que a la acción de tutela puede acudirse “en cualquier momento”, establece
también que su propósito es la salvaguarda “inmediata” de los derechos
fundamentales. La Corte ha armonizado jurisprudencialmente estos dos presupuestos
normativos, de modo que ha sido clara en señalar que el mecanismo constitucional
exige un ejercicio oportuno en relación con el momento en el cual ha
tenido lugar la presunta trasgresión o amenaza. De este modo, no existe en el
ordenamiento jurídico un término de caducidad de la acción de tutela, y no es
competencia de los jueces obrar en contra de ello, pues, como ya lo ha
advertido esta Corporación desde sus inicios, la fijación de plazos abstractos
y rígidos frente al recurso de amparo es una actuación abiertamente contraria a
la Constitución.[58]
3.4.2.
La razonabilidad constituye el criterio orientador de la valoración del
presupuesto de inmediatez en cada asunto concreto.[59] Por ello, el juez debe observar el
tipo de afectación alegada en las respectivas acciones de tutela y las
circunstancias particulares que la enmarcan, para así determinar el cumplimiento
de este requisito de procedibilidad. El mecanismo de amparo, como recurso
judicial efectivo, se dirige únicamente a aquellos casos en los que es
indispensable la intervención apremiante del juez constitucional, con el fin de
obtener un estudio de fondo, de carácter eficaz e integral, sobre la situación
en la que se encuentran los derechos invocados por el interesado.[60]
3.4.3.
La acción de tutela de la referencia pretende, inadecuadamente, darle
reapertura judicial al litigio relacionado con la titularidad, en cabeza de los
18 accionantes, de los incrementos salariales contenidos en la Convención Colectiva
suscrita el 26 de diciembre de 2000 con Termotasajero S.A. E.S.P., pese a que
han transcurrido más de 3 años contados desde que se adoptaron las decisiones
de segunda instancia de tutela que resolvieron de forma definitiva la cuestión
litigiosa, proferidas por las diferentes salas de decisión de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, hasta el momento en que se interpuso la
solicitud de amparo objeto de estudio, el 27 de abril de 2017.
3.4.4.
Esta situación temporal, además de las razones previamente expuestas y que
demuestran la improcedencia de la intervención del juez constitucional en esta
ocasión, contribuyen a evidenciar aún más lo improcedente que resultaría la
intervención del juez de tutela en el caso de la referencia. Como se ha
indicado, sobre el debate de fondo que los demandantes pretenden reabrir recae
una cosa juzgada constitucional, cuya fortaleza e importancia se robustece con
el lapso prolongado que se ha dado desde la configuración de la misma. Alterar
la firmeza formal y material de las decisiones adoptadas por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin ningún fundamento válido
para ello, sería una actuación gravemente lesiva del principio a la seguridad
jurídica.[61]
3.5. Consideración final: no hay evidencia de una
trasgresión palmaria de derechos fundamentales de los actores. Las decisiones contenidas en las sentencias T-936 de 2013[62] y T-658 de 2014[63]
tienen estrictos efectos “inter partes”
3.5.1. A modo de cuestión final,
la Corte encuentra pertinente advertir que en esta ocasión tampoco se observa
ninguna afectación palmaria de derechos fundamentales, que merezca la
intervención del juez de tutela. Por un lado, para la Sala es claro que las sentencias T-936 de 2013 y
T-658 de 2014 tienen estrictos efectos inter partes; y por otro, los
accionantes, a través de su apoderado, no demostraron cómo su situación es necesariamente
comparable con los asuntos allí decididos. A
efectos de sustentar lo anterior, a continuación la Sala se referirá al
contenido de los antecedentes jurisprudenciales citados en el escrito de
tutela.
3.5.2. En la Sentencia T-936 de 2013, la Sala Tercera de Revisión estudió tres acciones de tutela
promovidas por Termotasajero S.A. E.S.P., contra las decisiones de instancia
adoptadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad.  Estas providencias habían
resuelto tres de los procesos laborales ordinarios que fueron promovidos en
contra de la Empresa mencionada, con los cuales se pretendió el reconocimiento
de las prestaciones que, en criterio de los demandantes, se derivaban del
artículo 20 de la Convención Colectiva suscrita el 26 de diciembre de 2000, a
través de la agremiación sindical Sintraelecol. Estas acciones de tutela no
corresponden a los casos de los ahora accionantes.
3.5.3. Para Termotasajero S.A.
E.S.P., el artículo 20 convencional fijaba un aumento salarial únicamente para
los años 2000 y 2001, mientras que para los demandantes tales incrementos
mantenían una vigencia indefinida.
3.5.4. Las sentencias ordinarias
que, en primera instancia, resolvieron los tres casos revisados en la Sentencia
T-936 de 2013, fueron adoptadas el 15 de abril de 2011 por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Cúcuta. En éstas se “absolvió a la entidad demandada
de las pretensiones invocadas en las demandas, al considerar que la
controversia propuesta corresponde a un asunto de naturaleza económica,
respecto del cual no existe norma legal o convencional que obligue o faculte al
empleador a realizarle al trabajador un incremento salarial anual”[64].
Los trabajadores demandantes formularon recurso de apelación contra estas
decisiones, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cúcuta, que a su vez resolvió revocar las providencias de primer
grado[65].
3.5.5. Contra estas providencias
de segunda instancia, la empresa Termotasajero S.A. E.S.P. formuló 3 acciones
de tutela individuales en las que consideró, por un lado, que ni el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta ni la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta “se pronunciaron sobre la excepción previa de pleito pendiente, la
cual –en su opinión– debió prosperar. Al respecto, se alega que los citados
señores, como miembros de SINTRAELECOL, participaron en la instauración de una
demanda ordinaria laboral en su contra, la cual se encontraba en curso, con el
propósito de obtener el reconocimiento y la cancelación del aumento indexado de
su salario desde el 1° de marzo de 2002, con los correspondientes intereses de
mora. De ahí que, en su opinión, el proceso no se debió tramitar al existir
otra actuación judicial con el mismo objeto y entre las mismas partes”[66]. Y por otro lado, que
específicamente la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta incurrió en un
defecto sustantivo, al concluir que el pacto colectivo guardaba vigencia. Para
la Empresa, se “realizó una interpretación ilegal de la Convención,
dándole al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, un alcance que no
tiene y que se desconoce la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la cual ha dicho que cuando los citados acuerdos
establecen beneficios para períodos determinados de tiempo, éstos no pueden
prorrogarse de manera indefinida”.
3.5.6. Sobre el asunto particular,
la Sala Tercera de Revisión, por un lado, estableció que, sobre el cargo
correspondiente a la omisión de la valoración de la excepción de pleito
pendiente, la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad,
pues Termotasajero S.A. E.S.P. podía hacer uso de otros mecanismo judiciales
idóneos para superar este supuesto defecto procesal, a través del ejercicio de
las nulidades correspondientes. Por otro lado, determinó que uno de los 3
expedientes (T-4.019.888) no satisfizo el requisito de inmediatez, porque
entre la última actuación desplegada por la entidad accionante (el 28 de agosto
de 2012) y la fecha en que se interpuso el recurso de amparo (el 1 de abril de
2013), transcurrió un lapso injustificadamente extenso. Finalmente, encontró
que el cargo relativo a la presunta configuración del defecto sustantivo por
indebida interpretación judicial sí debía ser objeto de estudio de fondo por
parte de la Sala, únicamente en relación con los restantes dos expedientes.
3.5.7. Al resolver el fondo de
esta última cuestión, la Sala de Revisión observó que la accionada (Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta) encontró una duda evidente sobre la
vigencia de la Convención Colectiva. La Corte advirtió que, para resolver tal
duda, la autoridad judicial decidió adelantar una interpretación que resultaba
jurídicamente válida, basada en una lectura posible y razonable de los artículos
478[67]
y 479[68]
del Código Sustantivo del Trabajo, por lo cual no se estructuraba el defecto
alegado por la empresa Termotasajero S.A. E.S.P.
3.5.8. En ese contexto, la Sala
Tercera de Revisión recordó que el defecto sustantivo por interpretación judicial,
como causal especial de procedencia las tutelas contra providencias judiciales,
no se configura por “(i) la simple divergencia sobre la apreciación
normativa; (ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión
judicial; (iii) la realización de una interpretación que no resulte
irrazonable, que no pugne con la lógica jurídica y que no sea abiertamente
contraria a la norma analizada, y (iv) la simple discusión sobre la lectura de
una norma que no se comparte, pues para ello deben acudirse a las instancias
judiciales ordinarias y extraordinarias y no a la acción de tutela como tercera
instancia”[69].
Indicó, entonces, que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta no
vulneró el derecho fundamental al debido proceso, pues ante la “falta de una
lectura univoca de la disposición convencional”, la interpretación
adelantada por dicha autoridad judicial se evidenciaba ciertamente razonable y
plenamente ajustada a los contenidos de la Constitución Política.
3.5.9. Por su parte, en la
Sentencia T-658 de 2014[70],
la Sala Primera de Revisión estudió cuatro casos adicionales a los
abordados previamente en la Sentencia T-936 de 2013. Igual a lo ocurrido en los
expedientes de tal precedente, Termotasajero S.A. E.S.P. controvirtió por vía
de recurso de amparo las providencias judiciales que, en su criterio, habían
vulnerado su derecho al debido proceso por (i) dejar de estudiar la excepción
de pelito pendiente, e (ii) incurrir en un presunto defecto sustantivo por
indebida interpretación del artículo 20 de la convención colectiva y la
vigencia de los incrementos a los que éste se refiere.
3.5.10. Con fundamento en razones
equivalentes a las sostenidas en la Sentencia T-936 de 2013, la Sala se ocupó
únicamente de verificar la presunta configuración del defecto alegado, pues en
lo demás no encontró cumplido el requisito de subsidiariedad. Con este
propósito, insistió en que la causal especial de procedencia de las tutela
contra providencias judiciales, relativa al defecto sustantivo por indebida
interpretación judicial, sólo se presenta cuando está acreditado que el fallo
cuestionado ha adelantado una hermenéutica “ostensible y abiertamente
contraria de la disposición normativa”.
3.5.11. En el caso concreto, tal
como ocurrió en los estudiados en la anterior Sentencia de la Corte, la Sala
advirtió que los mecanismos de amparo ejercidos por Termotasajero S.A. E.S.P.
se habían basado en un desacuerdo con la interpretación válidamente adelantada
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta. Por tanto, ante las
distintas alternativas y lecturas que admitía la vigencia de los incrementos
convencionales a los que se ha hecho mención, la autoridad judicial demanda, al
igual que en los casos revisados en la Sentencia T-936 de 2013, había optado
por establecer su vigor, a partir de una aplicación razonable de los artículos
478[71]
y 479[72]
del Código Sustantivo del Trabajo.
3.5.12. A partir de lo anterior,
se resolvió declarar la improcedencia de las cuatro acciones de tutela, en
relación con la falta de decisión sobre la excepción de pleito pendiente, así
como negar la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso de
Termotasajero S.A. E.S.P., ante la no configuración del defecto sustantivo
invocado en las solicitudes de amparo.
3.5.13. Así las cosas, en virtud
de las exigentes cargas argumentativas y el carácter excepcional que enmarcan
el ejercicio de la tutela contra providencias judiciales, es claro que los
pronunciamientos de las salas Tercera y Primera de Revisión no se ocuparon de
definir, en general, si la Convención Colectiva estaba o no vigente, pues este
no era el objeto de la tutela. Contrario a lo sostenido por los 18 accionantes,
las sentencias T-936 de 2013 y T-658 de 2014 se centraron únicamente en
verificar que la interpretación que el operador jurídico demandado había
adelantado en las providencias controvertidas no desatendiera el marco
constitucional vigente, sin establecer, de ningún modo, si ésta correspondería
a la única respuesta jurídicamente posible. En coherencia con lo ello, la
resolución adoptada en ambas providencias no incluyó ninguna determinación
orientada a extender los efectos “inter partes” de la misma, de la cual
fuera posible derivar la aplicación de efectos “inter pares” o “inter
comunis” de la decisión.
3.5.14. Es
claro que el estudio de las acciones de tutela abordado en las sentencias T-936
de 2013 y T-658 de 2014 está estrictamente determinado por las circunstancias
procesales que enmarcaron la adopción de las siete providencias judiciales
controvertidas. En ese sentido, sostener que tales asuntos son comparables con
los de los 18 actores de la referencia, exigiría de los accionantes cumplir con
una carga argumentativa que demostrara cómo dichas circunstancias procesales
son exactamente iguales en todos los casos. Esta carga claramente no se
satisfizo, pues los demandantes, a través de su apoderado judicial, únicamente
se encargaron de atribuir a los dos antecedentes jurisprudenciales un alcance
que, como ya se dijo, no tienen.
4. Conclusión
Dado que
la acción de tutela de la referencia es improcedente, pues a través de ésta los
demandantes pretenden reabrir un debate jurídico concreto, que ha sido resuelto
por la jurisdicción constitucional hace más de 3 años, la Sala Plena de la
Corte Constitucional procederá a confirmar los fallos proferidos, en primera
instancia, por Juzgado Quinto Civil Municipal – Oralidad de Cúcuta, el 11 de
mayo de 2017; y en segunda instancia, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Cúcuta, el 4 de julio de 2017.
III.
DECISIÓN
Se torna improcedente
una acción de tutela que es promovida por un grupo de ciudadanos cuando con
ésta: (i) se pretenda que una entidad privada, sin tener competencia para ello,
extienda los efectos “inter partes” de las decisiones contenidas en
pronunciamientos de tutela proferidos por la Corte Constitucional; (ii) pese a
hacer alusión a la supuesta protección del derecho a la igualdad, en realidad
se persiga reabrir debates judiciales que ya han sido resueltos mediante providencias
de tutela que han hecho tránsito a cosa juzgada constitucional; (iii) se busque
controvertir decisiones de amparo debidamente ejecutoriadas, sin demostrar que
éstas se enmarcan en los escenarios excepcionales de procedencia de las “acciones
de tutela contra tutela”, reconocidos por esta Corporación; (iv) se
incumpla el requisito de inmediatez; y (v) no exista evidencia palmaria de una
afectación grave de derechos fundamentales.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, las sentencias proferidas, en
primera instancia, por el Juzgado Quinto Civil Municipal – Oralidad de Cúcuta,
el 11 de mayo de 2017; y en segunda instancia, por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Cúcuta, el 4 de julio de 2017, en las cuales se declaró la
improcedencia de la acción de tutela promovida por 18 ciudadanos[73] contra Termotasajero S.A. E.S.P.
Segundo.-
LIBRAR las comunicaciones -por la
Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las
notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de instancia-,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese
y cúmplase.
Gloria
Stella Ortiz Delgado
Presidenta
Carlos
Bernal Pulido
Magistrado
Diana
Fajardo Rivera
Magistrada
Luis Guillermo Guerrero
Pérez
Magistrado
Alejandro
Linares Cantillo
Magistrado
Impedimento aceptado
Antonio
José Lizarazo Ocampo
Magistrado
Cristina
Pardo Schlesinger
Magistrada
Con aclaración de voto
José
Fernando Reyes Cuartas
Magistrado
Alberto
Rojas Ríos
Magistrado
Martha
Victoria Sáchica Méndez
Secretaria General
ACLARACION DE VOTO
DE LA MAGISTRADA
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
A LA SENTENCIA SU.349/19
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL EN TUTELA-A
pesar de existir unas reglas especiales, era viable aplicar una excepción que
permitiera detener una evidente y palmaria desigualdad presentada entre los
casos que no fueron seleccionados por la Corte y los que sí que eran similares
en cuanto a hechos y pretensiones (Aclaración de voto)
Referencia:
Expediente T-6403234
Acción
de tutela instaurada por 18 ciudadanos contra Termotasajero S.A. E.S.P.
Magistrada Ponente:
DIANA
FAJARDO RIVERA
La suscrita magistrada acompañó la
decisión mayoritaria en respeto a la jurisprudencia constitucional en materia
de improcedencia de acción de tutela contra tutela y la imposibilidad de
extender efectos "inter partes" a las decisiones de este
Tribunal constitucional. No obstante, con el debido respeto por la mayoría, considero
necesario aclarar mi voto en cuanto a que el presente caso pudo ser una
oportunidad para que la Corte reflexionara sobre una posible excepción que
materializara el derecho a la igualdad material en casos como estos, donde
puede resultar evidente una vulneración a dicho derecho.
Considero que el asunto de la
referencia permitía a la Sala Plena analizar si a pesar de existir unas reglas
especiales que deben ser superadas para poder estudiar la presunta vulneración
de derechos, era viable aplicar una excepción que permitiera detener una
evidente y palmaria desigualdad presentada entre los casos que no fueron
seleccionados por la Corte y los que sí que eran similares en cuanto a hechos y
pretensiones. Por otra parte, ya los fallos anteriores determinaron la vigencia
del pacto colectivo que en cierta medida les otorgó la titularidad del derecho
a los entonces accionantes. Por lo que la justicia material hacía imperativo
extender esta conclusión a los nuevos actores.
Lo anterior, también con el
propósito de determinar si a pesar de ser casos casi idénticos era posible
solicitar el cumplimiento para los hoy accionantes, de los fallos de la
Corporación que analizaron los siete casos seleccionados pues, al no
seleccionarse otros, los efectos perjudiciales han trascendido al día de hoy ya
que los accionantes están percibiendo pensiones posiblemente liquidadas
equivocadamente vulnerando así no solo el derecho a la igualdad, sino al mínimo
vital y a la seguridad social.
No obstante, a pesar de mi postura
diferente, me acojo a la decisión tomada en respeto a la jurisprudencia en
vigor de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Fecha ut supra,
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Magistrada
[1]
Álvaro Enrique Bermúdez Delgado, Ciro Alfonso Carrillo Moreno, Flor de María
Carrillo Moreno, Germán Ernesto Bautista Guerrero, Hernando Aníbal Beltrán
Galvis, Jairo Antonio Mojica Luna, Jairo Enrique Jácome Ramírez, Jorge Omar
Pérez Casadiego, José Alirio Cárdenas Rico, Josué Antonio Osorio Cano, Julio
César Flórez Rojas, Luis Eduardo Fernández Quintero, Luis Emilio Yañez
Hernández, Nelson Guillermo Larios Rodríguez, Pedro José Gómez Marciales,
Ramiro Chaustre Ramírez, Ramiro Rubio Pinzón y Samuel Antolinez Jaimes.
[2] Mediante Auto del 24 de noviembre de 2017, el
expediente de referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección Número Once de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados
Alberto Rojas Ríos y Alejandro Linares Cantillo, atendiendo a las insistencias
presentadas por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado José
Fernando Reyes Cuartas.
[3]
Folios 315 a 322 del cuaderno principal, en los que obra copia del Certificado
de Existencia y Representación Legal de la empresa Termotasajero S.A. E.S.P.
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá DC. Asimismo, la Sala advierte
que, en adelante, siempre que se haga alusión a un folio deberá entenderse que
corresponde al cuaderno principal del expediente, siempre que no se aclare otra
cosa.
[4] La
copia de la Convención Colectiva fue allegada por la empresa Termotasajero S.A.
E.S.P. a la Corte Constitucional, previo requerimiento del 18 de septiembre de
2018. Folio 85 del Cuaderno de Revisión.
[5] Así
lo indican en el hecho número 2.5 del escrito de tutela. Folio 4.
[6] De
acuerdo con la información que obra en el expediente, en el siguiente esquema
se detallan las fechas en que se adoptaron las sentencias de tutela de segunda
instancia, en favor de Termotasajero S.A. E.S.P.:
Accionante
Fecha de las sentencias de tutela
proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
Álvaro Enrique
Bermúdez Delgado
21 de mayo de
2013
Ciro Alfonso
Carrillo Moreno
28 de mayo de
2013
Flor de María
Carrillo Moreno
Sin información
Germán Ernesto
Bautista Guerrero
Sin información
Hernando Aníbal
Beltrán Galvis
20 de agosto de
2013
Jairo Antonio
Mojica Luna
Sin información
Jairo Enrique
Jácome Ramírez
Sin información
Jorge Omar
Pérez Casadiego
Sin información
José Alirio Cárdenas
Rico
Sin información
Josué Antonio
Osorio Cano
6 de junio de
2013
Julio César
Flórez Rojas
17 de
septiembre de 2013
Luis Eduardo
Fernández Quintero
20 de noviembre
de 2014
Luis Emilio
Yañez Hernández
Sin información
Nelson
Guillermo Larios Rodríguez
20 de junio de
2013
Pedro José
Gómez Marciales
11 de junio de
2013
Ramiro Chaustre
Ramírez
13 de agosto de
2013
Ramiro Rubio
Pinzón
2 de julio de
2013
Samuel
Antolinez Jaimes
6 de junio de
2013
[7] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[8] M.P.
María Victoria Calle Correa.
[9]
Antecedente 1.8.
[10]
Esta solicitud se hizo a través del entonces apoderado de los ahora
accionantes, Henry Lizarazo Ocampo.
[11]
Folio 241.
[12]
Folio 257.
[13]
Folio 2.
[14]
Folios 283 a 312.
[15]
Folio 259.
[16]
Folios 323 a 326.
[17]
Folios 564 a 567.
[18]
Folios 161 a 164, ibídem.
[19]
Folio 36 del Cuaderno de Revisión.
[20]
Folios 40 a 72, ibídem.
[21]
Folio 38, ibídem.
[22]
Folios 73 a 154, ibídem.
[23]
Folios 155 a 160, ibídem.
[24]
Folios 186 a 227, ibídem.
[25]
Folios 228 a 241, ibídem.
[26] “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
[27] En
sesión del 4 de abril de dos mil 2018, con fundamento en lo dispuesto en el
inciso 1º del artículo 61 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional
-Acuerdo 02 de 2015-, la Sala Plena de esta Corporación decidió asumir el
conocimiento del proceso de tutela de la referencia, en razón de la “trascendencia
del tema”.
[28]
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[29]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[30] Ver
Sentencia C-134 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[31] El
numeral segundo del artículo 48 de la Ley 270 de 1996 establece que: “[l]as
decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes”.
[32] En
lo pertinente, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 dispone que “[l]as
sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el
caso concreto”.
[33]
Sentencia SU-783 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[34]
Sentencias SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa y SU-037 de 2019.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[35]
M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[36]
A manera de ejemplo, las sentencias SU-636 de 2003. M.P. Jaime Araujo Rentería;
SU-813 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil; SU-913 de 2009. M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; SU-446 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SU-254 de
2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-235 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado; SU-587 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-011 de 2018.
MM.PP. Diana Fajardo Rivera y Gloria Stella Ortiz Delgado; y SU-055 de 2018.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre otras.
[37] La
Sentencia SU-254 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) es un ejemplo
representativo de esta característica de los efectos “inter comunis”.
Allí la se decidió aplicar esta modulación de los efectos de las órdenes
proferidas, indicando lo siguiente: “esta Corporación entiende que los casos
análogos o similares a los que se deciden en esta oportunidad y cuyas acciones
de tutela no prosperaron, a pesar de tratarse de víctimas de desplazamiento
forzado que interpusieron en su momento solicitud de reparación integral e
indemnización administrativa ante la entidad responsable, obteniendo respuesta
negativa de la misma y que por tanto se vieron compelidos a interponer sin
éxito acción tutelar, quedarán igualmente cobijados por los efectos inter
comunis de esta sentencia” (subraya fuera del texto). En el mismo sentido,
en el Auto 312 de 2018 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), esta Sala Plena
señaló que “la adopción de efectos inter comunis por parte de la Corte
Constitucional tiene la virtualidad de modificar decisiones judiciales sobre
las cuales se predica la institución de cosa juzgada, tanto para reconocer los
intereses en ellas denegados, como para revocar los derechos en ellas
reconocidos”.
[38]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[39]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[40]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[41]
Artículo 86 de la Constitución Política: “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. // La protección consistirá en una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión. // Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. // En ningún caso podrán
transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. //
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta
afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
[42]
Según el artículo 4° de la Constitución Política: “La Constitución es norma
de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber
de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las
leyes, respetar y obedecer a las autoridades”. El carácter identitario de
la supremacía constitucional en los Estados sociales y democráticos no es un
asunto que admita mayor discusión. Esta ha sido una materia ampliamente
desarrollada por la doctrina y, consecuentemente, por la jurisprudencia de esta
Corporación. A manera de ilustración, ver la Sentencia C-415 de 2012. M.P.
Mauricio González Cuervo, en la que la Sala Plena recordó que “[l]a noción
de supremacía constitucional parte de la naturaleza normativa de la
Constitución, que se revela en el carácter de fuente primaria del
ordenamiento jurídico. En tal sentido, el artículo 4 de la Constitución
Política indica: ‘La Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales’. Así, la naturaleza normativa del
orden constitucional es la clave de la sujeción del orden jurídico restante a
sus disposiciones, en virtud del carácter vinculante que tienen sus reglas. Tal
condición normativa y prevalente de las normas constitucionales, la sitúan en
el orden jurídico como fuente primera del sistema de derecho interno,
comenzando por la validez misma de las normas infraconstitucionales cuyas
formas y procedimientos de producción se hallan regulados en la propia
Constitución. De ahí que la Corte haya expresado: La Constitución se erige en
el marco supremo y último para determinar tanto la pertenencia al orden
jurídico como la validez de cualquier norma, regla o decisión que formulen o
profieran los órganos por ella instaurados. El conjunto de los actos de los
órganos constituidos -Congreso, Ejecutivo y jueces- se identifica con
referencia a la Constitución y no se reconoce como derecho si desconoce sus
criterios de validez. La Constitución como lex superior precisa y regula las
formas y métodos de producción de las normas que integran el ordenamiento y es
por ello “fuente de fuentes”, norma normarum. Estas características de
supremacía y de máxima regla de reconocimiento del orden jurídico propias de la
Constitución, se expresan inequívocamente en el texto del artículo 4”
(énfasis fuera del texto original).
[43] En
ese sentido, tempranamente, en la Sentencia T-518 de 1996. M.P. José Gregorio
Hernández Galindo, la Corte señaló que “[q]uien actúa como representante
judicial está obligado a acatar y respetar las decisiones de los jueces, sin
perjuicio de ejercer hasta el último de los recursos previstos por la
normatividad. Por lo cual, habiéndolo hecho, parézcale o no que los jueces han
acertado, su deber consiste en transmitir al cliente con exactitud los
resultados de la gestión emprendida, haciéndolo consciente de que, si hay cosa
juzgada, nada más se puede intentar para que la administración de justicia
vuelva a pronunciarse sobre los mismos hechos objeto de fallo”.
[44]
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[45]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[46]
El efecto de cosa juzgada constitucional frente al asunto concreto, derivado de
la no selección del expediente, fue particularmente desarrollado desde la
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta
providencia, la Sala Plena indicó que “[l]a decisión de la Corte
Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de
tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta
sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma
Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la
sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa
juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la
seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como
órgano de cierre del sistema jurídico”.
[47]
Artículo 86, incisos primero y segundo: “Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. // La protección consistirá en una orden para que
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.
El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su
eventual revisión”.
[48]
De acuerdo con el artículo 33 del Decreto 2591: “[l]a Corte Constitucional
designará dos de sus magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y
según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas.
Cualquier magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que
se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la
revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave.
Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días
siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses”.
Además, el Reglamento Interno de la Corte Constitucional (Acuerdo 02 de 2015),
Capítulo XIV, reglamenta todo el proceso de selección.
[49]
Desde sus primeros años de funcionamiento, este Tribunal ha entendido que su
labor “en materia de tutela, es de orientación, consolidación de la
jurisprudencia y pedagogía constitucional, todo lo cual se logra más
eficientemente con unos fallos preseleccionados por su importancia y su
carácter paradigmático, que con toda una suerte de sentencias obligatorias y
numerosas, la mayoría de las cuales terminarían siendo una repetición de casos
idénticos, que convertirían a la Corte Constitucional en una tercera instancia
ahogada en un mar de confirmaciones de sentencias”. Así se ha sostenido a
lo largo de todo el desarrollo jurisprudencial. Algunos pronunciamientos
ilustrativos: tempranamente, en la Sentencia T-006 de 1992 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz), se dijo que “[l]a competencia  de la Corte para revisar
sentencias de tutela es una manifestación  de su posición  como máximo tribunal
de la Jurisdicción Constitucional y obedece a la necesidad de unificar la
jurisprudencia nacional sobre derechos fundamentales. La circunstancia de que
todos los jueces, independientemente de la jurisdicción a que pertenezcan, son
para estos efectos jueces constitucionales - con lo que se ha querido ampliar
la Jurisdicción Constitucional  a fin de otorgar la máxima protección a los
derechos fundamentales - torna más necesaria aún la unificación de la
Jurisdicción Constitucional.//Por lo demás, la actuación de la Corte
Constitucional como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, permite
darle cohesión e integrar en sentido sustancial la aplicación e interpretación
de la Constitución en las restantes jurisdicciones. La Jurisprudencia
Constitucional de la Corte Constitucional, aparte de los efectos de cosa
juzgada constitucional de sus sentencias, tendrá una influencia irradiadora
importante en los casos de aplicación preferente de la Constitución frente a
otras normas. Igualmente, la Corte Constitucional como juez de la
constitucionalidad de las leyes y de las normas con fuerza de ley, provee a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y a la ordinaria la base legal
depurada conforme a la cual se juzgará la actuación administrativa y la
aplicación de la ley a los casos concretos, respectivamente”. En el mismo
sentido, las sentencias T-260 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
T-175 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SU-1184 de 2001. M.P.
Eduardo Montealegre Lynett. Adicionalmente, la Corte ha sostenido que, en
algunas ocasiones, si se observa estrictamente necesario, un expediente de
tutela puede ser seleccionado a efectos de su revisión cuando, pese a tratarse
de problemas constitucionales que objetivamente ya han sido resueltos, los
jueces de instancia han fallado de forma abiertamente contraria al criterio de
la Alta Corporación o de los derechos fundamentales de las partes. Ver, por
ejemplo, las sentencias T-340 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-1716 de
2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz; y SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa. Además, el Acuerdo 02 de 2015 de esta Corporación, “por medio del
cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”,
incluyó en el artículo 52 lo siguientes “criterios orientadores de selección”:
“a) Criterios objetivos: unificación de jurisprudencia, asunto novedoso,
necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial,
exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental, posible
violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. // b)
Criterios subjetivos: urgencia de proteger un derecho fundamental o la
necesidad de materializar un enfoque diferencial. // c) Criterios
complementarios: lucha contra la corrupción, examen de pronunciamientos de
instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales, tutela contra
providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional;
preservación del interés general y grave afectación del patrimonio público. // Estos
criterios de selección, en todo caso, deben entenderse como meramente
enunciativos y no taxativos. // Parágrafo. En todos los casos, al aplicar los
criterios de selección, deberá tenerse en cuenta la relevancia constitucional
del asunto, particularmente tratándose de casos de contenido económico”.
[50]
Desde el Auto 027 de 1998 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), la Sala Plena
indicó que “[l]a selección de casos singulares para revisión constitucional
no es un derecho de ninguna de las partes que han intervenido en los procesos
de amparo, ni tampoco de los jueces que acerca de ellos han resuelto. La Corte
Constitucional revisa esos fallos "eventualmente", como lo dice la
Constitución, es decir, puede no revisarlos, si no lo tiene a bien, y la
decisión de no hacerlo es discrecional, de manera que no se quebranta derecho
subjetivo alguno por decidir la Corte que se abstiene de escoger un determinado
proceso con tal fin”. En igual sentido las sentencias C-1716 de 2000. M.P.
Carlos Gaviria Díaz; y C-987 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; así como los
Autos 185A de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; 457 de 2016. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; y 177A de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos, todos los cuales han
sido unánimemente proferidos por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
[51] A
manera de ilustración ver, por ejemplo, los autos 027 de 1998. M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; 178 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo; 177A
de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; 277 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; entre otros.
[52]
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[53] Un
ejemplo paradigmático, tal como lo recordó recientemente la Sala Plena en la
Sentencia SU-182 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera), corresponde a aquellas
acciones de tutela que, pese a no haber sido seleccionadas para su revisión,
deben ser retomadas posteriormente para reabrir su estudio, pues se evidencia
que las decisiones de instancia han sido producto de fraude. Al respecto ver
también las sentencias T-218 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y SU-627 de
2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[54]
M.P. Mauricio González Cuervo.
[55]
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[56]
Sentencia SU-627 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[57] Se
hace alusión a las subreglas adoptadas en la Sentencia SU-627 de 2015. M.P.
Mauricio González Cuervo.
[58]
Este Tribunal ha referido que los plazos inflexibles o términos de caducidad
para el ejercicio de la acción de tutela se opone al artículo 86 de la
Constitución Política. Al adoptarse el Decreto 2591 de 1991, se estableció
inicialmente, en el artículo 11, que “La acción de tutela podrá ejercerse en
todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que
pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la
providencia correspondiente”. Cuando estudió la constitucionalidad de
esta disposición, en la Sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo), la Corte señaló que “resulta palpable la oposición entre el
establecimiento de un término de caducidad para ejercer la acción y lo
estatuido en el artículo 86 de la Constitución cuando señala que ella puede
intentarse "en todo momento", razón suficiente para declarar, como lo
hará esta Corte, que por el aspecto enunciado es inexequible el artículo 11 del
Decreto 2591 de 1991”.
[59] La
Sentencia SU-691 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) constituye un precedente
hito sobre el desarrollo jurisprudencial del principio de inmediatez. Allí, la
Corte indicó que “[l]a posibilidad de interponer la acción de tutela en
cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad.  La consecuencia
de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo
y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo. Teniendo en
cuenta el sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de
un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba
interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está
determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada
caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer
si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal
modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para
interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de
manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se
ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción. Si el elemento de la inmediatez es consustancial
a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello
implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona
su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y
justa de la acción. Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda
la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad
para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a
que no se conceda”.
[60] La
jurisprudencia ha agrupado algunos eventos ilustrativos en los que debe tenerse
en cuenta la importancia de flexibilizar el análisis de inmediatez. En la
Sentencia T-1028 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto), la Sala Octava de
Revisión refirió lo siguiente: “surtido el análisis de los hechos del caso
concreto, el juez constitucional puede llegar a la conclusión de que una acción
de tutela, que en principio parecería carente de inmediatez por haber sido
interpuesta después de un tiempo considerable desde la amenaza o vulneración
del derecho fundamental, en realidad resulta procedente debido a las particulares
circunstancias que rodean el asunto. Así, la jurisprudencia constitucional ha
determinado algunos eventos –por supuesto no taxativos- en que esta situación
se puede presentar: // (i) La existencia de razones válidas para la
inactividad, como podría ser, por ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza
mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad del actor para interponer
la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho completamente
nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las circunstancias
previas, entre otras. // (ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente
que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del accionante
permanece, es decir, su situación desfavorable como consecuencia de la
afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que adquiere sentido si se
recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es imponer un
término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera,
en realidad, una protección inmediata. // (iii) Cuando la carga de la
interposición de la acción de tutela en un plazo razonable resulta
desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra
el accionante”. En el mismo sentido ver las sentencias T-458 de 2011. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva; T-583 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub;
T-860 de 2011. M.P. Humberto Sierra Porto; T-981 de 2011. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; T-1063 de 2012. M.P. Alexei Julio Estrada; T-805 de 2012. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-431 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
T-942 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-047 de 2014. M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-304 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo; T-033 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; T-062 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-130 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez; T-235 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-503 de 2015. M.P.
María Victoria Calle Correa; T-356 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio;
T-707 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SU-168 de 2017. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado; SU-108 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-080
de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[61] La
Corte ha resaltado la salvaguarda la seguridad jurídica, como valor esencial de
la correcta administración de justicia (Art. 229 CP). Esta institución
encuentra fundamentación constitucional en el respeto de la buena fe (Art. 83
CP), y por tanto en la confianza legítima que los ciudadanos guardan frente al
presupuesto según el cual sus controversias jurídicas serán resueltas con base
en un “orden justo” (Art. 2 CP). Tal seguridad se ve expresada en el grado
razonable de certeza que las personas tienen sobre el derecho que resultaría
aplicable para la superación de sus conflictos. Esto se garantiza a través del
mantenimiento de un sistema normativo cohesionado y estable –aunque no
petrificado–, a partir del cual las personas tienen legítimamente la
posibilidad generalizada de, por un lado, prever las consecuencias jurídicas de
sus actos y, por otro, confiar en que la resolución de sus conflictos por parte
del aparato de justicia no se prolongará indefinidamente en el tiempo. De acuerdo
con la Sentencia C-836 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), “en un Estado
contemporáneo, establecido como social de derecho, en el cual la labor de
creación del derecho es compartida, la estabilidad de la ley en el territorio
del Estado y en el tiempo no son garantías jurídicas suficientes.  En nuestro
Estado actual, es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con la
que puedan contar los administrados y que cobije también a la interpretación y
aplicación del ordenamiento jurídico.  Sólo así se puede asegurar la vigencia
de un orden justo (C.P. art. 2º). // La certeza que la comunidad jurídica tenga
de que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma es una
garantía que se relaciona con el principio de la seguridad jurídica.  Ahora
bien, podría afirmarse que la necesidad de preservar la seguridad jurídica no
es una finalidad constitucional que por sí misma justifique una limitación de
la autonomía judicial para interpretar y aplicar el ordenamiento.  En esa
medida, los jueces tampoco estarían constitucionalmente obligados a seguir
formalmente la jurisprudencia de la Corte Suprema en virtud de la necesidad de
preservar la seguridad jurídica.  Sin embargo, ésta tiene un valor instrumental
indiscutible como garantía general para el ejercicio de los derechos y
libertades fundamentales de las personas. // La previsibilidad de las
decisiones judiciales da certeza sobre el contenido material de los derechos y
obligaciones de las personas, y la única forma en que se tiene dicha certeza es
cuando se sabe que, en principio, los jueces han interpretado y van a seguir
interpretando el ordenamiento de manera estable y consistente.  Esta certeza
hace posible a las personas actuar libremente, conforme a lo que la práctica
judicial les permite inferir que es un comportamiento protegido por la ley.  La
falta de seguridad jurídica de una comunidad conduce a la anarquía y al
desorden social, porque los ciudadanos no pueden conocer el contenido de sus
derechos y de sus obligaciones.  Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene
la posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta,
ello impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al
actuar se encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las
posibles interpretaciones de la ley. // (…) En su aspecto subjetivo, la
seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo
83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este
principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los
particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente
tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten
contradictorias.  En estos casos, la actuación posterior es contraria al
principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se
puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento
anterior frente a una misma situación. Esta garantía sólo adquiere su plena
dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las
autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún
tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina
“venire contra factum proprium non valet”. En efecto, si esta máxima se predica
de la actividad del Estado en general, y se extiende también a las acciones de
los particulares, donde –en principio- la autonomía privada prima sobre el
deber de coherencia, no existe un principio de razón suficiente por el cual un
comportamiento semejante no sea exigible también a la actividad judicial. El
derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la
confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia.
Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni
se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad.
Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de
que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser
razonable, consistente y uniforme. // En virtud de lo anterior, el análisis de
la actividad del Estado como administrador de justicia no se agota en el juicio
sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico individual,
pues no se trata de hacer un estudio sobre la validez de la sentencia, sino de
la razonabilidad de una conducta estatal, entendida ésta en términos más
amplios, a partir de los principios de continuidad y de unidad de la
jurisdicción”.
[62] M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[63]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[64] Así
se indica en la Sentencia T-936 de 2013, en la que, además se señala que la
autoridad judicial de primera instancia sostuvo como fundamento lo siguiente: “no
existe en el ordenamiento jurídico colombiano, norma que lo faculte o lo
obligue en ese sentido, menos aún la encontramos en el ordenamiento
convencional allegado, que dicho sea de paso, tenía definidos los salarios de
los trabajadores sindicalizados de la empresa hasta el 28 de febrero de 2002, y
al no haberse denunciado, no presentado pliego de peticiones oportunamente, el
mismo fue prorrogándose en forma automática de seis meses en seis meses, lo que
nos incida, en lógica consecuencia, que los salarios debieron mantenerse hasta
tanto se dispusiera por las partes ese nuevo proceso, siempre y cuando no se
atentara con la garantía del salario mínimo legal vigente, lo cual en relación
con la remuneración del demandante no sucedió, toda vez que sin lugar a dudas
resulta ser muy superior a esa prerrogativa. // En efecto, no corresponde a
esta jurisdicción estabilizar el desequilibrio que se presenta cuando
transcurre un período de tiempo, sin que se haya aumentado el salario del
trabajador, no obstante el incremento que haya podido tener en ese lapso el
IPC, pues habrá de tenerse en cuenta que éste como tal aplica o se tiene como
base, en la mayoría de los casos, para el aumento del salario mínimo legal, más
no para el aumento de salarios superiores, salvo que así esté estipulado
legalmente o se pacte entre trabajadores y empleador, cosa que no sucede en el
presente caso, por hacerse ausente lo uno y lo otro”
[65] La
Sala Tercera de Revisión se refirió al contenido de las sentencias ordinarias
de segunda instancia, así: “[E]stima la Sala que cuando el texto
convencional citado dispone que: ‘A partir del 1º de enero de 2001, la
asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de
precios al consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores’, la misma
ha de interpretarse en el sentido que el 1º de enero de 2001 constituye la base
inicial desde la cual se aplicará el mencionado incremento al salario de los
trabajadores sin imponer una fecha límite respecto del mismo, y por cuanto el
inciso final del artículo 1º del pacto señala que: ‘En caso de conflicto o duda
sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente, prevalecerá la más
favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su
integridad’, ha de entenderse que el aparte en discusión del artículo 20 de la
C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el futuro pues no cerró su
aplicación para un determinado lapso, y más aún porque conforme al principio de
ultraactividad, las cláusulas normativas del convenio han prorrogado sus
consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor un nuevo pacto colectivo,
yendo lo anterior en consonancia con lo establecido en el artículo 478 del
C.S.T que dispone la prórroga automática de las convenciones y la presunción en
cuanto a la ultraactividad exlege, es decir, que a menos que se hayan pactado
normas diferentes, lo dispuesto en el estatuto de los trabajadores mantendrá en
vigor todo su contenido normativo. // De aquí, que la ultraactividad sea
entonces una de las características fundamentales de nuestro sistema de
negociación colectivo pues cuando no se ha dado cumplimiento al procedimiento
que da por terminada la vigencia de una convención colectiva, dichos convenios
se continúan aplicando más allá de la duración que se haya establecido para
ella y hasta tanto se alcance un nuevo acuerdo que sustituya el anterior’”.
[66]
Según exposición presentada en los antecedentes de la Sentencia T-36 de 2013.
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[67] “ARTÍCULO
478. PRÓRROGA AUTOMATICA. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la
convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente
anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren
hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la
convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses,
que se contarán desde la fecha señalada para su terminación”.
[68] “ARTÍCULO
479. DENUNCIA. 1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por
terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las
partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el
Inspector del Trabajo del lugar, y en su defecto, ante el Alcalde, funcionarios
que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha
y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al
destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el
Departamento Nacional de Trabajo y para el denunciante de la convención. // 2.
Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente
hasta tanto se firme una nueva convención”.
[69]
Sentencia T-936 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[70] M.P. María Victoria Calle Correa.
[71] “ARTICULO
478. PRORROGA AUTOMATICA. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la
convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días inmediatamente
anteriores a la expiración de su término, las partes o una de ellas no hubieren
hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la
convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de seis en seis meses,
que se contarán desde la fecha señalada para su terminación”.
[72] “ARTICULO
479. DENUNCIA. 1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por
terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las
partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el
Inspector del Trabajo del lugar, y en su defecto, ante el Alcalde, funcionarios
que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha
y la hora de la misma. El original de la denuncia será entregado al
destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el
Departamento Nacional de Trabajo y para el denunciante de la convención. // 2.
Formulada así la denuncia de la convención colectiva, ésta continuará vigente
hasta tanto se firme una nueva convención”.
[73]
Álvaro Enrique Bermúdez Delgado, Ciro Alfonso Carrillo Moreno, Flor de María
Carrillo Moreno, Germán Ernesto Bautista Guerrero, Hernando Aníbal Beltrán
Galvis, Jairo Antonio Mojica Luna, Jairo Enrique Jácome Ramírez, Jorge Omar
Pérez Casadiego, José Alirio Cárdenas Rico, Josué Antonio Osorio Cano, Julio
César Flórez Rojas, Luis Eduardo Fernández Quintero, Luis Emilio Yañez
Hernández, Nelson Guillermo Larios Rodríguez, Pedro José Gómez Marciales,
Ramiro Chaustre Ramírez, Ramiro Rubio Pinzón y Samuel Antolinez Jaimes.