T-361-20
Sentencia T-361/20
Referencia: Expediente T- 6.666.413
Acción de tutela instaurada por Allianz
Seguros S.A. contra Carlos Alberto Rodríguez Giraldo y Santiago Alberto
Rodríguez Arias.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de
dos mil veinte (2020)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado en el
asunto de la referencia por el Juzgado Tercero Penal Municipal para
Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Pereira, el 20 de diciembre
de 2017 en única instancia.
I. ANTECEDENTES
El 5 de diciembre de 2017, Allianz Seguros S.A., a
través de su representante legal interpuso acción de tutela para que se proteja
su derecho fundamental al buen nombre, que considera vulnerado por Carlos
Alberto Rodríguez Giraldo y Santiago Alberto Rodríguez Arias[1].
1. Hechos relevantes
(i) El 28 de noviembre de 2017, Allianz Seguros S.A.
tuvo conocimiento de una valla ubicada en una vía publica en la ciudad de
Pereira que contenía el siguiente mensaje: “ANTES DE TOMAR UNA PÓLIZA DE
SEGUROS, ¿PIENSA CON QUE ASEGURADORA LO HACE? ASEGURADORA ALLIANZ NO ME RESPONDIO”[2].
(ii) Enseguida, la aseguradora investigó sobre el
origen de ese mensaje, y encontró que había sido publicado por Pare Publicidad
cuyo propietario es el señor Carlos Alberto Rodríguez Giraldo, por contrato con
Santiago Alberto Rodríguez Arias, quien es titular de una póliza de seguros de
Allianz.
(iii) El 29 de noviembre de 2017, la empresa
accionante solicitó a los accionados el desmonte de la valla y la rectificación
de la información publicada. Señala que el 30 de noviembre de ese mismo año, la
valla fue retirada, pero la información nunca fue rectificada. Se afirma por
parte de la accionante que, al ser la información imprecisa y errónea, se afectó
el derecho al buen nombre de la empresa.
(iv) La representante legal de Allianz afirma que la
valla contenía información falsa, pues “afirma, sin citar ninguna fuente o
prueba, que esta aseguradora no pagó un siniestro y sugiere que los
consumidores acudan a otras aseguradoras porque ALLIANZ     no responde por los
amparos que emite; (…) la cual generó una imagen negativa de ALLIANZ, lo
que afecta a todas luces su Good Will, pues ALLIANZ participa en el mercado de
los seguros practicando políticas responsables para el reconocimiento de
siniestros”[3].
(v) Igualmente, se pone de presente que la referida
valla recurrió al uso no autorizado de la imagen corporativa de la compañía, lo
cual para la representante legal conlleva una afectación al “good will”.
(vi) Con base en lo anterior, se solicitó la protección
del derecho al buen nombre de Allianz, y en consecuencia se ordene a los
accionados rectificar la información publicada y, abstenerse en el futuro de
incurrir en conductas que afecten el buen nombre y la imagen de Allianz.
2. Trámite de primera instancia y respuesta de los
accionados
El 5 de diciembre de 2017, el Juzgado Quinto Tercero
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, asumió
el conocimiento de la acción de tutela, y notificó a los señores Carlos Alberto
Rodríguez Giraldo y Santiago Alberto Rodríguez Arias, con el fin de que se
pronunciaran sobre los hechos.
(i) Santiago Alberto Rodríguez Arias dio respuesta a
la acción de tutela y pidió negar el amparo pretendido por Allianz. Relató que
es titular de una póliza de seguro expedida por Allianz sobre su vehículo, el
cual sufrió un siniestro el 12 de agosto de 2017. Por lo tanto, solicitó a la
aseguradora hacer efectivo el seguro, pero 15 días después recibió respuesta
negativa informando que no se encuentra probada la ocurrencia del hecho “toda
vez que la declaración del evento reportado presenta inconsistencias y
contradicciones, lo que no ayuda a esclarecer las circunstancias que rodearon
los hechos que nos ocupan”[4].
Posteriormente, ante la presentación de una nueva solicitud donde se
esclarecían los hechos[5]
la respuesta fue ratificada[6].
En vista de lo anterior, “en medio de su
afectación, procedió a expresar libremente su inconformidad”[7] a través de una valla
publicitaria, en la que dejó plasmada su opinión que, en todo caso, considera está
basada en información cierta y verificable. Afirmó que el anuncio fue retirado
antes de la solicitud de Allianz, gracias a la gestión de su corredor de
seguros, quien se comprometió a mediar ante la aseguradora.
Concluyó sosteniendo que hizo uso de su libertad de
expresión para dar a conocer hechos verídicos relativos a su experiencia con la
aseguradora accionante, razón por la que considera improcedente la solicitud de
rectificación.
(ii) Por su parte, el señor Carlos Alberto Rodríguez
Giraldo, propietario de Pare Publicidad, manifestó que al publicar la valla
contratada por el señor Santiago Alberto Rodríguez Arias confió en la buena fe
de su cliente, quien le dio a conocer una serie de documentos que probaban los
inconvenientes que había tenido con Allianz. Señaló que el retiro de la valla
fue producto de la orden que le diera su cliente, previa a la solicitud escrita
de la aseguradora; y que, en todo caso, no podía vulnerar el derecho a la
libertad de expresión, información y opinión de quien contrató sus servicios, el
cual no tenía la intención de causar algún tipo de violencia o represiones en
contra de la empresa accionante. Por último, recordó que no es competente para
rectificar el mensaje de un anuncio creado única y exclusivamente por el señor
Rodríguez Arias y, en consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la sociedad
accionante.
3. El fallo objeto de revisión
El 20 de diciembre de 2017, el Juzgado Tercero Penal Municipal
para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías profirió fallo de única
instancia y resolvió tutelar el derecho fundamental al buen nombre de Allianz
Seguros S.A.
En consecuencia, le ordenó a Santiago Alberto
Rodríguez Arias y Carlos Alberto Rodríguez Giraldo, en su calidad de
propietario de Pare Publicidad, que en el término de los tres días siguientes a
la notificación de dicha providencia, procedieran a “publicar en una valla
publicitaria de la misma dimensión, una disculpa por la afectación causada a
ALLIANZ SEGUROS S.A. y la retractación en la cual se indique que la información
expuesta sobre esa compañía fue inexacta porque el proceso de reclamación aún
no se ha cerrado, mensaje que deberá ser publicado por el término de dos (2) días.
Deberán acreditar ante el juzgado el cumplimiento de lo aquí ordenado[8].”
El Juzgado estimó que de las pruebas aportadas era
posible concluir que Allianz había dado respuesta a todas las peticiones del
accionado, de manera que la opinión que expresó en la valla publicitaria “estaba
plagada de subjetividad pues no correspondía a la verdad total, al ser
imprecisa e inexacta y tampoco podía ser verificada porque el proceso de
reclamación aún no ha terminado (…)”. Añadió que el medio de difusión del
mensaje fue desproporcionado, pues podía seguir dirigiéndose a la entidad
aseguradora aportando lo necesario para hacer uso de su seguro; y concluyó que
“se trasgredió el derecho al buen nombre de la sociedad anónima ALLIANZ
SEGUROS, como quiera que no se demostró que lo expuesto en el medio publicitario
estuviera totalmente acorde con la realidad en lo que sugiere un incumplimiento
por parte de la aseguradora al contrato de póliza (…)”.
En lo relativo a la posible ocurrencia de un hecho
superado, dado que la valla había sido retirada antes de la interposición de la
acción de tutela, estimó que no se configuraba “habida cuenta que las
personas que tuvieron acceso a ese mensaje tienen ya una percepción negativa de
la aseguradora y queda en entredicho si ésta cumple o no con el aseguramiento
que oferta, perviviendo así la afectación del Good Will o buen nombre de esa
empresa.”
Por último, sostuvo que es probable que Carlos
Albertos Rodríguez Giraldo, propietario de Pare Publicidad sea familiar del
accionado Santiago Alberto[9],
de manera que conocía la situación y el contexto del seguro, y “sin detenerse
a examinar si en los términos que exige la jurisprudencia constitucional
información que iba a publicar era exacta y veraz, decidió publicar en una de
sus vallas el cuestionado mensaje, y en consecuencia, es igualmente responsable
de la afectación al buen nombre de la empresa accionante”.
4. Pruebas relevantes aportadas al proceso
- Foto de una valla publicitaria que contenía el
mensaje “ANTES DE TOMAR UNA POLIZA DE SEGUROS, ¿PIENSA CON QUE (sic) ASEGURADORA
LO HACE? ASEGURADORA ALLIANZ NO ME RESPONDIO (sic)” (Folio 5, cuaderno de instancia).
- Certificado de matrícula mercantil de Carlos Alberto
Rodríguez Giraldo, propietario de Pare Publicidad. (Folios 6 a 10, cuaderno de
instancia).
- Comunicación del 29 de noviembre de 2017, en la que
Allianz solicitó a Pare Publicidad retirar la valla que contenía un mensaje
alusivo a dicha empresa. (Folio 11, cuaderno de instancia).
- Comunicación del 30 de noviembre de 2017, en la que
Allianz solicitó a Pare Publicidad el retracto y rectificación de la
información publicada. (Folio 12, cuaderno de instancia).
- Copia de una póliza de seguro para automóvil, a
nombre de Santiago Alberto Rodríguez Arias, expedida por Allianz Seguros S.A.
(Folios 16 a 17, cuaderno de instancia).
- Certificado de existencia y representación legal de
Allianz Seguros S.A., expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
(Folios 18 a 20, cuaderno de instancia).
- Fotografías de un vehículo accidentado (Folios 36 y
38, cuaderno de instancia).
- Correspondencia entre Santiago Alberto Rodríguez
Arias, y Allianz Seguros relativa al cobro de una póliza de seguro de
automóvil. (Folios 39 a 45, cuaderno de instancia).
- Copia de contrato de espacios publicitarios,
suscrito entre Santiago Alberto Rodríguez Arias y Carlos Alberto Rodríguez
Giraldo; para la publicación de una valla publicitaria. (Folios 52 a 54,
cuaderno de instancia).
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta corte es competente para conocer de
las decisiones judiciales materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política,
en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en virtud del Auto de 26
de enero de 2018, expedido por la Sala de Selección Número Uno de esta
Corporación, que seleccionó el expediente para su revisión.
2. Cuestiones previas
El 6 de julio de 2018 se registró por parte de la
magistrada Diana Fajardo Rivera un proyecto de fallo del presente caso, el
mismo fue sometido a revisión y discusión ante la Sala Segunda de Revisión sin
obtener los votos necesarios para su aprobación. Por lo anterior, el expediente
fue remitido al despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez para que,
en concordancia con el artículo 34 del Reglamento Interno de la Corte
Constitucional, se redactara el nuevo proyecto de fallo que recogiera la postura
mayoritaria de la respectiva Sala de Revisión.
3. Estudio de procedencia y planteamiento del problema
jurídico
3.1 Estudio de procedencia de la tutela
A continuación se procede a verificar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo contemplados en el
artículo 86 de la Carta Política y en el Decreto 2591 de 1991. Es decir, se
comprobará: (a) si se presenta el fenómeno de carencia actual de objeto
por hecho superado, como lo invoca la parte accionada; y (b) si existe legitimación,
inmediatez y subsidiariedad, de encontrar satisfechos estos
requisitos, se resolverá la controversia planteada.
(i) Posible existencia de una carencia actual de
objeto
Antes de abordar los requisitos de procedencia y
plantear el problema jurídico, esta corporación debe entrar a estudiar si, como
lo esbozó la parte accionada, acaeció el fenómeno de carencia actual de objeto
por hecho superado, pues con anterioridad a la interposición de la tutela la
valla objeto de controversia fue desmontada[10].
El hecho
superado se presenta cuando lo pretendido a través de la acción de tutela
se encuentra satisfecho y, por consiguiente, la afectación o amenaza de los
derechos fundamentales invocados ya no existe cuando el juez constitucional va
a proferir su decisión, pues bajo este escenario cualquier decisión u orden que pudiese adoptar el juez
resultaría vana[11]. De ser este el caso, no se requiere que en la sentencia se realice un
análisis sobre la vulneración de los derechos invocados, salvo “si considera que la decisión debe
incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para
llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación
que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la
inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así
lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que
la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho
antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”[12].
A su vez, es necesario traer a colación que, acorde al
artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, toda persona tiene derecho
a interponer la acción de tutela cuando quiera que los derechos fundamentales
constitucionales se encuentren vulnerados o amenazados por acción o por
omisión.
Con estos elementos expuestos, la Sala considera que
en este caso no se presentó el fenómeno de hecho superado, por cuanto la
pretensión de la tutela es la rectificación de una afirmación que se considera
lesiva del buen nombre y que, a juicio de la accionante, se sustenta en hechos
falsos. Así pues, contrario a lo afirmado por el señor Santiago Alberto
Rodríguez, el desmonte de la valla no da por satisfecho lo pretendido en la
acción de amparo, pues la misma accionante reconoció dicha situación y
manifestó que resulta insuficiente para la protección del derecho invocado,
insistiendo en la necesidad de que se dé una rectificación.
En este mismo sentido, la Sala encuentra que
abstenerse de realizar un pronunciamiento por el hecho de que la valla ya no se
encuentra instalada puede abrir las puertas a una amenaza constante a la
garantía ius fundamental objeto de tutela, pues permitiría que el
mensaje sea publicado varías veces y con retirarlo antes de que la parte activa
acuda a la acción de amparo, se evitaría que los jueces constitucionales
evalúen la conducta adoptada. Esta situación se presenta con mayor claridad en
este caso, pues el señor Santiago Alberto Rodríguez Arias junto con su su
familia, son los propietarios de la empresa Pare Publicidad y cuentan con la
posibilidad de utilizar con facilidad la publicidad exterior visual.
En otras palabras, para la Sala no es de recibo la
argumentación expuesta por el accionado según la cual, al haber desinstalado el
anuncio, se presentó un hecho superado pues: (a) lo pretendido es la obtención
de la rectificación, no el desmonte la referida valla; y (b) asumir esta
posición permitiría burlar un eventual pronunciamiento de los jueces
constitucionales con el solo hecho de retirar las vallas con antelación a un
posible fallo. Por consiguiente, se continuará con el estudio de procedencia y,
si es del caso, con el planteamiento del problema jurídico.
(ii) Legitimación
1. El artículo 86 de la Constitución
Política dispone que “la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud”.
El requisito de legitimación por activa se
encuentra acreditado, pues es la empresa titular de los derechos presuntamente
lesionados quien acude a la acción de amparo; vale la pena señalar que las personas jurídicas son titulares, entre otros, del
derecho al buen nombre y que el mismo es susceptible de protección por vía
acción de tutela[13].
Al respecto, la sentencia T-412 de 1992[14] afirmó que “el núcleo esencial del artículo 15 permite también
proteger a las personas jurídicas, ante la difamación que le produzcan
expresiones ofensivas e injuriosas. Es la protección del denominado "Good
Will" en el derecho anglosajón, que es el derecho al buen nombre de una
persona jurídica y que puede ser estimado pecuniariamente”.
2. Respecto a la legitimación
por pasiva, el caso bajo estudio sí cumple el requisito, pues el numeral
séptimo del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela
procederá contra particulares cuando “se solicite rectificación de
informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción
de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada
que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.”
Al respecto, es importante
indicar que en el caso bajo estudio, la empresa Allianz Seguros S.A. instauró
la acción de amparo en contra de Carlos Alberto Rodríguez Giraldo como
representante y propietario de Pare Publicidad y contra Santiago Alberto
Rodríguez Arias, como contratante de la publicidad exterior visual, con la
intención de obtener una rectificación del mensaje divulgado en una valla en el
cual se dice que “antes de tomar una póliza de seguros, ¿piense con que
aseguradora lo va hacer? aseguradora Allianz no me respondió.”, pues
considera que dicho mensaje lesiona el derecho al buen nombre de la empresa, ya
que lo afirmado carece de veracidad y causa confusión entre los clientes y
potenciales consumidores de sus servicios.
Con esto expuesto, es
importante señalar que: (i) la publicidad exterior visual –PEV– es considerada
por la ley como un medio masivo de comunicación acorde a la Ley 140 de 1994[15]; (ii)
en el expediente se encuentra la transcripción de la publicación realizada[16]; y
(iii) se encuentra acreditado que se solicitó la rectificación de la publicación
sin obtenerla[17];
y (iv) si bien la tutela se dirige contra personas naturales, y no contra la
empresa Pare Publicidad, lo cierto es que el señor Carlos Alberto Rodríguez
Giraldo es el propietario de dicha empresa, el señor Santiago Alberto Rodríguez
Arias es copropietario de la misma y, además, este último contrató la
utilización de una PEV con la que cuenta Pare Publicidad. Así pues, la tutela
viene dirigida contra personas naturales, pero esencialmente está dirigida
contra estos por su capacidad para incidir y adoptar decisiones dentro de la
empresa cuyos medios masivos de comunicación presuntamente lesionaron el
derecho al buen nombre de Allianz. Por consiguiente, en el caso bajo estudio la
legitimación en la causa por pasiva se encuentra satisfecha, pues lo
pretendido está expresamente regulado por el Decreto 2591 de 1991 como una de
las causales que permiten interponer la acción de amparo contra un particular.
No obstante
lo anterior, es importante pronunciarse sobre la existencia de un estado de
indefensión de la empresa accionante respecto a los accionados[18]. En el presente caso no hay subordinación,
pues esta se da cuando existe una relación jurídica de dependencia entre las
partes[19], como la que se presenta entre un
trabajador y el empleador. Por otra parte, la indefensión ocurre cuando existe
una situación que lleva a la dependencia del afectado con relación al presunto
agresor, sin que esta situación se derive de una relación jurídica o social. En
el caso bajo estudio podría pensarse que, en la medida en que la empresa
accionante cuenta con un importante musculo financiero, tiene la capacidad de defenderse
de manera adecuada ante la presunta agresión y no habría un estado de
indefensión. Sin embargo, la Sala considera que aun teniendo en cuenta dicha
situación, es posible dar por probada la indefensión, ya que a pesar de tener
los recursos para, por ejemplo, contratar y publicar otras vallas
publicitarias, esto no impediría que el presunto daño al buen nombre
permaneciera en el tiempo y tampoco se podría desprender de esta posibilidad
que la información que se considera errónea, a juicio de la parte activa, fuere
rectificada.
Es decir, la
indefensión no puede ser abordada exclusivamente bajo el análisis de la
capacidad económica con la que cuenta una persona, ya sea natural o jurídica,
para responder a una vía de hecho o a una actuación aparentemente arbitraria, pues
si bien contar con recursos financieros es un elemento a tener en cuenta y el
cual amplía las posibilidades de dar una respuesta efectiva frente a una
vulneración ius fundamental, es necesario entrar a ver si en realidad se
puede acudir a un medio de defensa para responder a dicha situación. De lo
contrario, se estaría limitando el acceso a la acción de amparo a la
comprobación de una situación de pobreza e incluso se incitaría a la adopción
de vías de hecho y a la justicia por propia mano al restringir la posibilidad
de obtener una solución en el marco de la institucionalidad.
La Corte
Constitucional en la sentencia T-611 de 1992[20] analizó
el caso de una mujer que interpuso la acción de amparo en contra de varios
medios de comunicación, pues consideró que, entre otros, se lesionaron los
derechos al buen nombre y a la intimidad de sus hijas menores de edad; en esa
sentencia este tribunal señaló que:
No parece
necesario demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la persona
frente a los medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos
-analizada la situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de
la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en
el local, tienen el formidable poder del impacto noticioso; cuentan con la
capacidad de la presentación unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de
la ventaja que representa la posibilidad de repetición y ampliación de las
informaciones sin límite alguno; manejan potentes instrumentos que pueden
orientar y condicionar las reacciones psicológicas del público, resaltar u
opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en el momento de cumplir
con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen del
excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación(…)”.
Si
bien es cierto, dicha sentencia no es un precedente directo del caso bajo estudio,
y los hechos planteados por Allianz Seguros S.A. difieren de los
acontecimientos ocurridos en dicha ocasión, existen algunos elementos en común
que se deben tener en cuenta, como son: (a) la unilateralidad de la
presentación del hecho o información; (b) la posibilidad de repetición del
mensaje; este punto no es idéntico a lo que ocurre en un espacio noticioso o un
programa radial, donde el mensaje es presentado en varias ocasiones, pero el publicar
la valla por un tiempo prolongado en una vía de tránsito sí conlleva que las
personas lo vean en repetidas oportunidades. Es decir, en este caso no ocurre
que el mensaje se publique una y otra vez en el mismo o en distintos espacios
publicitarios, pero si se puede concluir que el mensaje se repite en la medida
en que las personas que transiten por el lugar donde se publicó la PEV lo verán
en más de una ocasión; (c) la posibilidad de orientar las reacciones de las
personas, tan es así que la PEV es un elemento publicitario ampliamente
utilizado, pues permite llegar a posibles consumidores de un producto, de tal
manera que un mensaje negativo también cuenta con la potencialidad de afectar
la adopción de decisiones de los clientes de una empresa.
En
este mismo sentido, en la sentencia T-050 de 2016[21] este tribunal estudio el caso de una persona
que le solicitó a otra el préstamo de un monto de dinero, ante el
incumplimiento en el pago la accionada publicó un mensaje en redes sociales
donde expone esta situación. En dicho caso la solicitante del préstamo acudió a
la tutela solicitando que se proteja, entre otros, su derecho fundamental al buen nombre. En aquella ocasión la
Corte Constitucional señaló que: “uno de los
eventos en que se configura un estado de indefensión, es cuando se da la
circulación de información u otro tipo de expresiones a través de medios que
producen un alto impacto social trascendiendo la esfera social de quienes se
ven involucrados”, en el caso bajo estudio encontramos que la afirmación
atacada en sede de tutela cumple precisamente con esta condición.
Ahora bien, la Ley 140 de 1994[22]
en su numeral noveno regula el posible contenido de la PEV señalando que esta “no
podrá contener mensajes que constituyan actos de competencia desleal ni que
atenten contra las leyes de la moral, las buenas costumbres o conduzcan a
confusión con la señalización vial e informativa.
En la publicidad Exterior Visual no podrán utilizarse
palabras, imágenes o símbolos que atenten contra el debido respeto a las
figuras o símbolos consagrados en la historia nacional. Igualmente se prohíben
las que atenten contra las creencias o principios religiosos, culturales o
afectivos de las comunidades que defienden los derechos humanos y la dignidad
de los pueblos”
Como se observa, el caso bajo estudio no
encuadra dentro de las prohibiciones propias de la PEV, por lo cual la
posibilidad de acudir a las autoridades administrativas con base a la Ley 140
de 1994 no es clara, siendo esta una de las herramientas que podría
considerarse evitarían el estado de indefensión.
Así pues,
esta Sala concluye que en este caso, aparte de estar enmarcado en el numeral
séptimo del Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, se presenta un estado de
indefensión por parte de Allianz Seguros S.A. por los siguientes motivos: (a)
el mensaje publicado tiene un alto impacto, el cual sobrepasa la esfera social
de las personas involucradas, más específicamente la del señor Santiago Alberto
Rodríguez Arias; (b) por las características propias de la PEV y, en
particular, de valla publicitaria instalada, la información o afirmación tiene
la vocación de llegar de manera repetida al público en general; (c) es evidente
la unilateralidad del mensaje; (d) el mismo puede modificar la percepción que
los clientes actuales o potenciales tienen de la empresa; y (e) Allianz Seguros
S.A. a pesar de ser una empresa con recursos económicos no tiene a su
disposición medios que eviten la divulgación de dicha información o permitan
obtener la rectificación solicitada.
(iii)
Inmediatez
La inmediatez se encuentra
satisfecha en este caso, pues entre la solicitud de rectificación –presentada
el 30 de noviembre de 2017– y el momento en que se interpone la tutela –5 de
diciembre de 2017– transcurrieron pocos días.
(iv) Subsidiariedad
El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de
amparo es un mecanismo preferente y sumario, el cual es procedente cuando quien
alega una afectación a un derecho fundamental no cuenta con medio de defensa
judicial alguno, con la excepción de aquellos casos donde aun existiendo se
utiliza la tutela como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable[23]. Por consiguiente,
la tutela tiene un carácter subsidiario, por virtud del cual “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos
fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social
de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”[24].
En relación con la posible
vulneración del derecho fundamental al buen nombre, este tribunal ha manifestado
que la posibilidad de acudir a la acción penal para sancionar los delitos de
injuria y calumnia[25] no necesariamente conlleva la
imposibilidad de utilizar la acción de tutela[26], pues esta también resulta
procedente con el propósito de evitar “que los efectos de una eventual
difamación sigan expandiéndose y prologándose en el tiempo como acontecimientos
reales y fidedignos”[27].
En este mismo sentido, esta
Sala considera que, si bien la empresa accionante puede acudir ante los jueces
ordinarios en procura de obtener la indemnización de aquellos perjuicios que considere
ocasionados, como quiera que el denominado Good Will puede ser estimado
pecuniariamente, lo cierto es que este tipo de acciones vienen encaminadas a
resarcir un detrimento patrimonial, más no en evitar o detener la afectación a
un derecho fundamental[28].
Es decir, las finalidades perseguidas en la interposición de la acción de
amparo y en una eventual demanda por los daños ocasionados son diferentes,
siendo además la celeridad un elemento primordial en aquellos casos en los que
se persigue la protección a una garantía fundamental[29]. Así pues, se
considera que en el caso bajo estudio el requisito de subsidiariedad se
encuentra satisfecho.
(v) Solicitud previa de
rectificación
Cuando el juez constitucional
encuentra que la amenaza o lesión invocada versa sobre el derecho al buen
nombre y el sujeto accionado es un medio de comunicación[30], se debe entrar a
verificar la existencia de una solicitud de rectificación, esto en aplicación
del ya referenciado numeral séptimo del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, este
requisito está pensando para brindar al emisor de la información la posibilidad
de revisar si al solicitante de rectificación le asiste la razón respecto de
aquellos elementos de las manifestaciones expuestas que considera faltan a la
verdad o si, por el contrario, considera que no procede la rectificación[31].
La jurisprudencia estableció que la
solicitud de rectificación tiene como requisitos: (a) ser formulada de manera
oportuna; y (b) debe señalar de modo explícito
los puntos en donde el interesado considera que existió una información errónea[32].
En el caso bajo
estudio la solicitud fue presentada entre el 29 y el 30 de noviembre de 2017[33]
y la valla fue publicada el día 28 de noviembre del mismo año[34],
apenas un día antes de solicitar la rectificación, siendo evidente que la
solicitud se da en un tiempo oportuno. Por su parte, la solicitud de
rectificación expuso que todo el mensaje es erróneo. En este caso, para la Sala
el segundo requisito está satisfecho, pues la afirmación “Aseguradora
Allianz no me respondió” es abierta, genérica y no define o individualiza la
situación particular en la cual la accionante “no respondió”. Así pues,
no es posible exigirle a la parte activa que allegara la información o los
datos requeridos para refutar la afirmación publicada y, por el contrario, ante
la petición presentada le correspondía a Pare Publicidad, y a los señores
Carlos Alberto Rodríguez y Santiago Alberto Rodríguez entrar a demostrar los
elementos que motivan la afirmación realizada.
3.2 Planteamiento del problema
jurídico
De acuerdo con la
situación fáctica expuesta en los antecedentes de esta providencia, a la Sala le corresponde decidir si los señores Carlos Alberto Rodríguez Giraldo y Santiago Alberto
Rodríguez Arias, en sus respectivas
calidades de propietario y contratante con la empresa Pare Publicidad,
vulneraron el derecho al buen nombre de la sociedad demandante al publicar una valla en una vía de la ciudad de
Pereira que, conforme considera la accionante, obedece al propósito deliberado
de causar una afectación negativa, en función de lo que se percibe como un
incumplimiento de la compañía, que no ha sido acreditado ante las instancias
competentes.
Para resolver el problema planteado, la Sala, se referirá a: (i) la libertad de expresión, la libertad de información, la
libertad de opinión y la procedencia de la rectificación; (ii) al
derecho fundamental al buen nombre de las
empresas comerciales; y (iii) entrará a resolver el caso concreto.
Libertad de expresión, la libertad
de información, la libertad de opinión y la procedencia de la rectificación –reiteración
jurisprudencial–
(i) La libertad de
expresión está consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de la
siguiente manera:
“Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el
derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.
Toda
persona cuenta con el derecho no solo de dar a conocer su opinión o pensamiento,
sino también con el derecho a que aquella información que reciba sea veraz e
imparcial; de esta manera, existe una diferencia entre la opinión y la
información, pues “la primera libertad se
refiere al derecho de todas las personas de comunicar sus concepciones e ideas,
mientras que la segunda se aplica al derecho de informar y de ser informado
sobre los hechos o sucesos cotidianos”[35]. En este mismo
sentido, este tribunal, en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado que este derecho cuenta con
una doble dimensión: por un lado, la garantía
con la que cuenta cada persona para poder expresar los propios
pensamientos, ideas e informaciones y, por otra parte, tiene una segunda
dimensión colectiva o social, consistente en el derecho de la sociedad a
procurar y recibir cualquier información, a conocer los pensamientos,
ideas e informaciones ajenas y a estar bien informada[36].
(ii) La
libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución es
entendida como un derecho genérico que, a la vez, incorpora la garantía de
protección de: (a) la libertad de expresión en sentido estricto; (b) la
libertad de opinión, (c) la libertad de información; (d) la libertad de fundar
medios masivos de comunicación; (e) la libertad de prensa con su consiguiente
responsabilidad social; (f) el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad; y (g) la prohibición de censura[37].
Al respecto, la Corte ha explicado que la libertad
de expresión en sentido genérico consiste en el “el
derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, e incluiría
no solo la libertad de expresión en sentido estricto, sino también las libertades
de opinión, información y prensa”[38]. Entre
tanto, la libertad de expresión en sentido estricto se define
como “el derecho de
las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento,
opiniones, informaciones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma
escogidos por quien se expresa”[39].
(iii) Por su parte la libertad de
información es una garantía que protege la comunicación o difusión de versiones sobre hechos,
eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en
general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está
ocurriendo[40]. Por lo anterior, en el
derecho a la información el receptor de la misma es crucial, por lo que la
posibilidad de regular la difusión de información es más amplia que la de
imponer límites a la libertad de expresión en sentido estricto. En otras
palabras, la libertad de información permite dar a conocer, entre otros,
hechos, eventos o acontecimientos sobre diferentes tópicos en procura de que la
población general cuente con elementos de juicio al realizar los debates a los que
hay lugar en una democracia, pero por la importancia y complejidad de esta garantía,
también se debe velar por el derecho de aquellos a quienes se pretende informar,
pues sin los estándares adecuados se pierde el sentido de esta garantía y puede
devenir en una indeseada manipulación de la sociedad[41].
(iv) La libertad de
opinión protege la transmisión
de las valoraciones propias que una persona hace de diferentes acontecimientos
o hechos, su forma de percibirlos, los sentimientos que le generan y sus
propias apreciaciones, por lo cual existe una mayor subjetividad con respecto a
la libertad de información, pues depende de las características propias
de cada persona la forma en que aprecia las diversas situaciones a las que se
ve sometida o de las que conoce. Es decir, un mismo hecho puede generar
diversas opiniones entre las personas, sin que, por regla general, se pueda
limitar la difusión de una u otra de estas. Como quiera que se reconoce una
mayor subjetividad a la hora de difundir opiniones, los límites que se pueden
imponer a esta posibilidad son menores que aquellos que se dan respecto a la
información[42]. Sin
embargo, lo anterior no quiere decir esto que la libertad de opinión sea
absoluta.
(v) Ahora bien, esta
corporación ha reconocido que no siempre es fácil realizar una distinción
tajante entre una opinión y la información, pues detrás de cada opinión hay, ya
sea explícito o implícito, un contenido informativo. En el mismo sentido, la
difusión de información puede contener elementos valorativos propios del
emisor, es decir puede presentar opiniones.
Por lo anterior, se ha
aceptado que prima facie no puede exigirse total veracidad e
imparcialidad sobre los juicios de valor, pero sí se deben hacer tales
exigencias respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión[43]. Y de
forma correlativa, es exigible también que los emisores de información permitan
que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente informativo y
la valoración u opinión sobre los mismos.
(vi) Ahora bien, respecto
a la rectificación, esta Sala considera pertinente señalar que los artículos 20
de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos consagran el derecho a la rectificación, el cual consiste en la
posibilidad que tiene una persona de solicitarle: (a) al emisor; o (b) a la
autoridad judicial competente, que disponga la corrección, modificación o
eliminación de la información divulgada que afecte un bien constitucional de su
interés, cuando no se han observado las exigencias superiores de veracidad a
las que se encuentra sometido el ejercicio de la libertad de expresión[44].
La Corte ha señalado que
el derecho a la rectificación es autónomo, que puede ser ejercido por cualquier
persona que considere que la publicación y divulgación de una información
errónea, incompleta, falsa o tendenciosa está menoscabando garantías
fundamentales tales como el buen nombre, la honra, la intimidad o la presunción
de inocencia[45].
Así mismo, se ha señalado que la procedencia de la rectificación esta
principalmente ligada a la publicación de información, lo que conlleva que prima
facie no sea viable cuando se cuestiona la publicación de una opinión,
salvo cuando se aluda a los soportes fácticos de la misma que no correspondan a
la verdad.
En ese mismo sentido, es
importante señalar que la rectificación de manera alguna puede ser considerada
censura, pues en lugar de excluir la divulgación del contenido, lo que se busca
es que se dé respuesta a una publicación ya expresada, sin que su aplicación se
pueda entender como un veto previo a la comunicación.
(vii) Sobre la procedencia
de la rectificación por vía judicial, los jueces constitucionales pueden variar
el tipo de órdenes a dar de acuerdo con la valoración del caso concreto. Esto,
en la medida en que dicha prerrogativa está dirigida a restablecer o, al menos,
atenuar una afectación iusfundamental, lo que no siempre puede lograrse
con el mismo remedio.
Al respecto, se puede
señalar que: (a) en la mayoría de los casos la rectificación se concreta con la
corrección de lo dicho públicamente con igual despliegue; (b) en algunos
asuntos, la rectificación se entenderá satisfecha con la eliminación de la
información del medio de comunicación utilizado para divulgarla, sin que sea
necesario poner de presente públicamente tal actuación[46]; y
(c) en algunas ocasiones bastará con la mera declaración de que la
información divulgada no corresponde a la realidad y que ello constituyó una
afectación de las prerrogativas fundamentales, en el entendido de que una
sentencia declaratoria de una violación de derechos constituye per se
una forma de reparación[47].
Finalmente, es preciso
señalar que la Corte ha llamado la atención sobre la necesidad de que cuando la
obligación de rectificar sea producto de orden de una autoridad judicial, “ésta
debe establecer en la respectiva providencia los lineamientos precisos bajo los
cuales deberá ser realizada”, con el fin de evitar futuras discrepancias
sobre el particular[48].
Derecho fundamental al
buen nombre de las empresas comerciales
(i) La Constitución Política consagra en su
artículo 15º los derechos fundamentales a la intimidad familiar, personal y al
buen nombre y, a su vez, establece en cabeza del Estado la obligación de
respetar y hacer respetar dichas garantías ius fundamentales. Por su
parte, el artículo 2º de la carta de derechos les impone a las autoridades de
la República el deber de proteger la honra de todas las personas.
La Corte Constitucional ha manifestado en
varias oportunidades que las personas jurídicas gozan de algunos de los
derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados
internacionales, los cuales recaen directamente sobre la persona jurídica[49] y no sobre su
representante legal o sobre sus propietarios. Entre aquellas garantías
fundamentales con las que cuentan las personas jurídicas está el derecho
fundamental al buen nombre.
La jurisprudencia de este tribunal ha
señalado que el buen nombre protege la reputación, el concepto o la imagen que
las demás personas tienen de alguien, es decir, el buen nombre se “refiere a
la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la
conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad”[50].
Así pues, lo que se protege es la afectación negativa que puede sufrir este
derecho cuando se producen expresiones injuriosas, falsas, ofensivas o
tendenciosas. Esta garantía fundamental hace parte del patrimonio moral y
social del que gozan tanto las personas naturales como jurídicas y su
afectación puede incluso afectar la esfera de otros derechos como la dignidad[51].
La sentencia T-015 de 2015[52]
señaló respecto al derecho al buen nombre que: “las “expresiones ofensivas o injuriosas”[53]
así como informaciones falsas o erróneas que
distorsionan el concepto público de una persona, lesionan este derecho,
entendido como expresión de la reputación o la fama que tiene una persona, (…) [el]
buen nombre debe ser objeto de protección constitucional cuando se divulgan
públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con
lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen, por consiguiente
para constatar una eventual vulneración al buen nombre es preciso examinar el
contenido de la información, y evaluar si es falsa o parcializada o si adjudica
a determinadas personas actividades deshonrosas que le son ajenas.”
(ii) Ahora bien, el derecho al buen
nombre, como ya se dijo, se encuentra ligado a la reputación que una persona
–natural o jurídica– construye y emite a los demás; en ese sentido lo cierto es
que esta imagen depende del comportamiento propio y en aquellos casos en que el
desvalor se ocasiona por actuaciones inadecuadas efectivamente realizadas no
puede entenderse que con su divulgación se ha lesionado este derecho
fundamental.
Es decir, el derecho al buen nombre
no es gratuito pues se edifica a través del mérito y si el titular del derecho
ha incurrido en acciones u omisiones que lo menoscaban no puede pretender
restituirlo a través de la acción de amparo. Por ejemplo, quien después de un
proceso administrativo o judicial es encontrado responsable de un
incumplimiento de sus obligaciones y esta situación es divulgada, no podría
pretender impedir la difusión de dichos hechos, bajo el pretexto de proteger su
buen nombre, pues ha sido el directo responsable de crear en el colectivo una
imagen desfavorable de sí mismo[54].
(iii) Cuando
la afectación del buen nombre de la compañía se genera por una divulgación que
obedezca al propósito deliberado de causar una afectación en función de lo que
se percibe en un incumplimiento de la empresa, que no ha sido acreditado ante
las instancias competentes, el juez constitucional, para conceder el amparo,
debe advertir: (a) que de lo aportado en sede de tutela se pueda concluir que
lo expresado no corresponde a la verdad; y (b) que la expresión publicada tenga
la capacidad para causar un menoscabo efectivo del buen nombre comercial o good
will, que es un activo valioso de la personas jurídicas.
Es decir, el
juez constitucional debe entrar a diferenciar si lo que se presentó es una mera
exposición de una queja o si se hay una presentación deliberadamente deformada
sobre un asunto susceptible de ser ventilado ante autoridades judiciales o
administrativas competentes para dirimir aquel asunto. Esta diferencia es
importante, pues mientras la mera exposición de una queja no está dirigida a
causar la vulneración o amenaza del buen nombre comercial, lo segundo busca
imponer una sanción social sobre la base de hechos que no necesariamente son
ciertos; a manos de un sujeto parcializado que busca tomar la justicia por sus
propias manos. Por consiguiente, la utilización de ciertos medios para difundir
un mensaje puede resultar en un ejercicio abusivo cuando se actúa con la
intención de generar un impacto negativo en el giro ordinario de los negocios
de una empresa.
(iv) En este
contexto también resulta relevante destacar que la Corte ha señalado que, en
ocasiones, para determinar la afectación de garantías fundamentales, no basta
con remitirse al contenido mismo de la información divulgada, sino que es
preciso s considerar también el medio empleado para hacerlo, el cual por su
características y modo de empleo puede resaltar lesivo de esas garantías. De
este modo expresiones que pueden ser verdaderas o estar de alguna manera
amparadas por la libertad de expresión, pueden estimarse lesivas de derecho
fundamentales en atención a la manera y a los contextos en los que son
divulgadas.
Así, por
ejemplo, aunque no se trata de un precedente aplicable a este caso, si resulta
ilustrativo del anterior aserto lo expresado por la Corte en la sentencia T-111 de 2008[55], en
la que se estudió el caso de los denominados “muros de la infamia”
adoptados por el Concejo de Bogotá por el Acuerdo 280 del ocho de mayo de 2007,
que contemplaba la implementación de muros y vallas para la divulgación de
nombres y fotos de las personas condenadas por los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, la condena
impuesta y la edad de las víctimas.
En esta sentencia se expuso que la
divulgación de una condena, la cual es un hecho cierto, “es el resultado natural de un
juicio público y se inscribe dentro del derecho que tienen las personas a
recibir información veraz e imparcial, por lo que no es en sí misma contraria a
los derechos fundamentales. Así mismo, quien pretenda difundir una información
puede adoptar las medidas necesarias para que la comunicación sea efectiva.
De otra parte, del hecho cierto del delito se deriva, una afectación del buen
nombre y de la intimidad, atribuibles también a la conducta trasgresora del
orden y no a la divulgación de la misma”[56].
Sin embargo, la Corte en dicha
ocasión consideró que era pertinente estudiar no solo el contenido mismo de la
información, sino también el medio empleado para dicha actuación. Así pues,
la permanencia indefinida en el tiempo de la publicación, así como las
modalidades visuales empleadas implicaron en ese caso una afectación a
garantías fundamentales.
4. Análisis
del caso concreto
Conforme se indicó en los
antecedentes, el señor Santiago Alberto Rodríguez Arias, quien es propietario
de un vehículo asegurado por parte de Allianz Seguros S.A. solicitó a la empresa accionante hacer efectiva la
póliza adquirida, como quiera que el automotor sufrió daños en un siniestro ocurrido
el día 12 de agosto de 2017. Por su parte, la accionante respondió que la
declaración del evento presentaba inconsistencias y contradicciones, por lo
cual se objetó la reclamación “de manera seria, formal y oportuna”[57].
Posteriormente, el accionado amplió la información
suministrada inicialmente, mediante escrito que data del 19 de octubre de 2017,
en procura de dar claridad a los hechos y de esta manera obtener el pago. Sin
embargo, Allianz a través de varios escritos, reiteró que no era posible
verificar los hechos, que las inconsistencias perduraban y que la ampliación
realizada no daba a conocer elementos nuevos que permitieran una
reconsideración.
Ante las constantes negativas, el señor Rodríguez
Arias procedió a celebrar un contrato de espacio publicitario con el señor
Carlos Alberto Rodríguez Giraldo con el objeto de publicar una valla durante un
mes, la cual contenía el mensaje: “ANTES DE TOMAR UNA PÓLIZA DE SEGUROS,
¿PIENSE CON QUE ASEGURADORA LO VA A HACER? ASEGURADORA ALLIANZ NO ME
RESPONDIO”. El mensaje además incluía el logo de la empresa accionante y la
paleta de colores es similar a la que dicha aseguradora utiliza en el giro
ordinario de sus negocios.
El 28 de noviembre la empresa accionante se percató de
la valla y, después de realizar las averiguaciones correspondientes, contactó
tanto al señor Santiago Alberto Rodríguez Arias
como a Carlos Alberto Rodríguez Giraldo, quien funge como propietario de Pare
Publicidad, para que la desinstalara y procedieran a rectificar el mensaje. Al
día siguiente la valla se desmontó, pero no se rectificó en ningún momento, por
lo cual la aseguradora reiteró la solicitud, sin que a la fecha de
interposición de la tutela se hubiese obtenido.
Por estos hechos Allianz Seguros S.A.
acude a la acción de amparo al considerar menoscabado su derecho al buen nombre
y solicita que: (a) se ordene a los accionados rectificar el mensaje
publicados; y (b) se ordene que en el futuro se abstengan de publicar mensajes
similares.
Encuentra la Sala de Revisión que el
contenido de la valla tiene elementos propios tanto de la opinión como de la
información, y hacer una separación absoluta de una u otra en este caso no es
posible. Por un lado, es claro que el mensaje está invitando a los receptores a
analizar con que empresa de seguros adquirir una póliza, añadiendo como un
elemento subjetivo, una inconformidad por la forma de actuar de Allianz, pero
el sustento de esta opinión que se desprende del mensaje publicado es un
incumplimiento, esgrimido como “no me respondió” por lo que, en este punto, la
valla está haciendo una afirmación sobre un hecho comprobable, como lo es el
incumplimiento de un contrato de seguro.
Sin embargo, aun cuando existe un
contenido comprobable que fundamenta una opinión, al contener la valla,
principalmente, la divulgación de las valoraciones propias que un particular
hace la conducta de una empresa en un ámbito contractual, considera la Corte
que el contenido de la misma no sobrepasa o desborda los límites que esta
corporación ha fijado sobre la libertad de expresión, por lo cual no puede
ordenarse la rectificación en los términos solicitados. Tampoco cabe una orden
indeterminada sobre eventuales comportamientos futuros. Así pues, para la Sala
es claro que se procederá a revocar la sentencia objeto de revisión en lo que
respecta a las órdenes dadas.
Ahora, por otro lado, se considera
probado que la publicación de la valla estaba motivada en la retaliación por lo
que el accionado considera un incumplimiento, esto al encontrar que: (a) como
ya se expuso, el accionado fue más allá de solo escribir el mensaje, pues
utilizó el logo de la empresa accionante y un juego de colores que permiten
asociar fácilmente lo descrito con la imagen empresarial; (b) la publicación de
la valla fue aprovechado como mecanismo de presión acorde a lo afirmado por los
accionados; y (c) el valor del contrato de publicidad suscrito es
aproximadamente el 66% del valor asegurado por la póliza reclamada[58], es
decir el accionado estaba dispuesto a invertir más de la mitad de la
reclamación pretendida para la difusión de una afirmación.
Si bien es cierto que cada persona,
en el marco de la legalidad, válidamente puede decidir cómo invertir sus
recursos, el hecho de que el valor invertido en la valla sea relativamente
cercano a la pretensión económica del accionado demuestra que esta actuación
sobrepasa la esfera propia de una queja o un mecanismo de presión y busca la
afectación negativa de la empresa accionante en el giro ordinario de los
negocios por lo que él considera un incumplimiento. Ahora bien, con esto la
Sala no pretende señalar que todo mecanismo de presión o, incluso, que toda
actuación que se ejerza con la intención de causar una afectación negativa es
susceptible de ser protegida por el juez constitucional, pues el elemento
principal es evidenciar sí existe o no una lesión o amenaza de un derecho
fundamental.
Así mismo, encuentra la Sala que la
expresión publicada tuvo la capacidad para causar un menoscabo efectivo en el buen
nombre, como quiera que: (a) la publicación se realizó en un medio masivo de
comunicación, en una ciudad intermedia y en un mercado competido; y (b) Como ya se mencionó,
se incluyó en la valla el logo e incluso la paleta de colores utilizados
coinciden con aquellos a los la accionante usualmente recurre en su publicidad,
lo que facilita asociar el mensaje negativo con la imagen de Allianz.
(v) Con estos elementos esbozados, la
Sala de Revisión determina que: (a) pese a que, en principio, el mensaje
publicado se encuentra dentro de los límites propios de la libertad de
expresión; (b) los accionados fueron más allá de la sola exposición de
una queja y tuvieron la intención de causar una afectación negativa al good
will de la accionante, mediante la difusión masiva sobre un incumplimiento
contractual no establecido ante las instancias competentes; y (c) que la
publicación realizada, por sus especiales características, tenía la capacidad
de afectar el buen nombre empresarial.
Así pues, la Sala considera que en
este caso particular no es el contenido del mensaje lo que se cuestiona, sino
los medios y el propósito con el que fueron empleados. Al respecto, y como se
señaló en la sentencia T-111 de 2008, la permanencia en el tiempo de la valla y
su modalidad visual afectaron o cuando menos amenazaron el derecho al buen
nombre comercial de la empresa accionante, actuación que se da como retaliación
o, en otras palabras, como un acto de justicia por propia mano, situación que
no es de recibo en el marco de un Estado de derecho. Bajo esta premisa, la Sala
considera que procede la protección al derecho del buen nombre comercial. Sin
embargo, se estima que para la protección del buen nombre, y en la medida en
que la valla había sido previamente retirada,  basta con la adopción de esta
sentencia, en la cual se da cuenta de que el mecanismo empleado por el
accionado para expresar su inconformidad con la empresa accionante, no obstante
que amparado por la libertad de expresión en su contenido, en su modalidad de
difusión rebasó el ámbito de esa garantía para pretender imponer mecanismos
sancionatorios por propia mano y por consiguiente de manera arbitraria.
(vi) La Sala considera pertinente aludir
a otro elemento propio del caso bajo estudio. Esto es que la valla
publicitaria tiene características diferentes a otros medios de comunicación,
por ejemplo, los periódicos, los canales radiales o los canales de televisión
donde cada empresa de comunicación ha formado una imagen y tiene elementos
distintivos que permiten que una persona identifique quien envía un mensaje y
dentro de sus propios juicios evalué si considera que dicho emisor es confiable
o no. Así mismo, en estos medios existe la posibilidad de recibir una misma
noticia o información de diferentes fuentes, permitiendo contrastar estas para
llegar a una conclusión.
Por su parte, en las
redes sociales existen otros tópicos que la persona puede examinar aparte del
mensaje, como lo son el número de seguidores de una cuenta, si las
publicaciones parecen auténticas o una difusión repetitiva y programada, si hay
un titular de la cuenta o esta es anónima, entre otros, al tener el acceso a
esta información una persona puede hacer un juicio del nivel de credibilidad
que le asigna a cada mensaje.
Por su parte, las
vallas publicitarias tienen un mensaje estático, no siempre se observa a simple
vista la empresa de publicidad encargada de la PEV, no es posible determinar
quién contrató el mensaje y los motivos del mismo sin una investigación
adecuada, la cual no se realiza por la gran mayoría de los receptores. Por lo
anterior, en este caso existe una menor cantidad de componentes que son
susceptibles de apreciación respecto del emisor del mensaje. Por estos, la sala
considera que el medio de comunicación utilizado en el caso bajo estudio tiene
características propias, que limitan al receptor la posibilidad de evaluar la
confiabilidad del emisor y contar con los elementos necesarios para formación
una opinión. En otras palabras, en este caso particular la posibilidad de
obtener o conocer una versión alterna de los hechos resulta, sino imposible,
cuando menos sumamente difícil. En ese marco, esta Sala considera que una forma
pertinente para brindar información adicional es la adopción de esta sentencia.
Garantizando de esta manera no solo una reparación al derecho al buen nombre,
sino también brindando una garantía adicional a la libertad de expresión, en
particular a su faceta de garantía ius fundamental de los receptores del
mensaje.
(vi) Así pues, la Sala, en un
ejercicio de pedagogía constitucional y de reparación simbólica, tutelará el
derecho al buen nombre comercial de la empresa Allianz Seguros, dejando explícito
en esta providencia que al momento de la publicación de la valla no se había
declarado por ningún juez un incumplimiento contractual.
En ese mismo sentido, se quiere enfatizar
en que, aunque cobijado dentro de los limites propios de la libertad de
expresión, el medio utilizado por los accionados, esto es, una valla, con el
uso de un logo empresarial, con una paleta de colores similares a los usados
por la aseguradora accionante y con una mención explicita de la misma, resulta
un ejercicio desbordado de retaliación o justicia por propia mano, lo que en
todo caso no es de recibo en el marco de un Estado de derecho donde este tipo
de controversias contractuales pueden ser resueltas a través de mecanismos
judiciales y extrajudiciales reglados y adecuados.
Por consiguiente, la Corte
Constitucional procederá a confirmar parcialmente la sentencia objeto de
revisión y tutelará el derecho al buen nombre, en concordancia con los
argumentos esgrimidos en esta sentencia, y revocará la orden de rectificar el
mensaje publicado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE las sentencias de tutela proferidas por el Juzgado Tercero Penal Municipal
para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías, proferida el 20 de
diciembre de 2017.
Segundo.- REVOCAR de acuerdo con lo
expresado en esta sentencia, el numeral segundo de dicha providencia, en el
cual se ordenaba la publicación de una rectificación por parte de los
accionados.
Tercero.- Declarar a título de reparación,
que se presentó una vulneración al derecho al buen nombre comercial de la
empresa Allianz Seguros, con ocasión a la valla publicada en la ciudad de
Pereira el día 28 de noviembre
de 2017 por la empresa Pare Publicidad, como quiera que
al momento en que se publicó dicho contenido, no había sido declarado por ningún
juez de la república que la empresa Allianz Seguros hubiese incumplido su
obligaciones respecto a la póliza de seguros adquirida por el señor Santiago
Alberto Rodríguez Arias.
Cuarto.- Por Secretaría General,
líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, comuníquese y
cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con
salvamento de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Durante el trámite de revisión,
la Secretaría General de esta corporación remitió el expediente de la
referencia al despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez para que se
elaborara la nueva ponencia, pues aquella que presentó la magistrada Diana
Fajardo Rivera no obtuvo la mayoría de los votos de la Sala Segunda de
Revisión, razón por la cual el magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez asumió
el conocimiento del proceso.
[2]
En la valla publicada también estaba incluido el logo de la empresa accionante,
como se puede ver en el Primer Cuaderno, folio 5.
[3] Primer Cuaderno, folio 3.
[4] Primer Cuaderno, folio 39.
[5]
Primer Cuaderno, folios 40 y 41, el accionante señaló en esta petición, entre
otras cosas: (i) quien conducía el vehículo; y (ii) las circunstancias de
tiempo, modo y lugar donde ocurrieron los hechos.
[6] Primer Cuaderno, folio 42.
[7] Primer Cuaderno, folio 29.
[8] Primer Cuaderno, folio 60.
[9]
Al respecto, en el expediente obra una carta escrita por el señor
Santiago Alberto Rodríguez Arias, en la cual se busca clarificar los hechos de
la ocurrencia del siniestro que considera amparado por el seguro contratado,
dentro de dicho documento el accionado solicitó a la accionante: “tener en
cuenta la vinculación en pólizas que tenemos con la compañía Allianz seguros y
el monto que pagamos en primas de seguro anualmente mi padre, mi madre y yo, ya
que somos los dueños de la agencia de publicidad “PARE PUBLICIDAD”, hemos
depositado nuestra confianza en Allianz Seguros para proteger nuestro
patrimonio”. (folio 41 del cuaderno principal). Por consiguiente, como lo
expuso el juez de única instancia, se encuentra probado que entre Santiago
Alberto Rodríguez Arias y Carlos Alberto Rodríguez, así como con la empresa
Pare Publicad no hay únicamente una relación comercial, sino que el señor
Rodríguez Arias se trata de una persona que tiene injerencia y capacidad de
influenciar en el actuar de dicha agencia de publicidad.
[10] Folio
32 del cuaderno principal.
[11] Sentencia T-678 de 2011, M.P. Juan Carlos
Henao Pérez, en donde se cita la Sentencia SU-540 de 2007, M.P. Álvaro Tafur
Galvis. Al respecto, el
artículo 26 del Decreto 2591 de 1991 dispone que: “[s]i, estando en curso la tutela, se
dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda
la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para
efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
[12] Sentencia T-685 de 2010, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[13] Al respecto, se puede observar la sentencia T-094 del año
2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[14] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[15] El
artículo primero de la Ley 140 de 1994 –Por la cual se reglamenta la Publicidad
Exterior Visual– señala que: “Se
entiende por Publicidad Exterior Visual, el medio masivo de comunicación
destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos
visuales como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o
similares, visibles desde las vías de uso o dominio público, bien sean
peatonales o vehiculares, terrestres, fluviales, marítimas o aéreas” (subrayado fuera del texto original).
[16] Folio 5 del cuaderno principal.
[17] Folio 21 del cuaderno principal.
[18] Este punto se trae a colación en la medida en que fue una de
las discrepancias presentadas entre el proyecto propuesto por el despacho de la
Dra. Diana Fajardo Rivera y la posición de los demás integrantes de la Sala
Segunda de revisión.
[19] Al
respecto, la sentencia T-290 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo,
señaló que: “Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una
relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los
trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores
o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que
la indefensión, si
bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una
persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada
de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza
fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa,
entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o
amenaza de que se trate”.
[20] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[21] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[22] “por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el
territorio nacional”.
[23] Véanse, entre otras, las Sentencias
T-336 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-436 de 2009, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, T-785 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, T-799 de
2009; M.P Luis Ernesto Vargas Silva, T-130 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao
Pérez, T-136 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-823 de 2014,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[24] Sentencia T-723 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez
[25]Sentencia T-121 de 2018. “La acción penal
únicamente procede cuando la conducta que amenaza o vulnera tales derechos
puede ser constitutiva de los delitos de injuria o calumnia, lo cual es
consecuencia del principio de última ratio del derecho penal. Según
este, la acción penal solo procede, en relación con estos delitos, ‘cuando
se trata de vulneraciones especialmente serias de estos derechos fundamentales,
frente a las cuales los otros mecanismos de protección resultan claramente
insuficientes, de allí que, ‘[l]a sanción penal se restringe a
aquellas situaciones en las cuales la sociedad estima que la afectación del
derecho constitucional es extrema’.”
[26] Sentencia T-121 de 2018. “La acción de tutela, por el contrario,
proporciona una protección ‘más amplia y comprensiva’ de los derechos a
la intimidad, al buen nombre y a la honra, dado que procede en contra de
cualquier acción u omisión que los amenace o vulnere, en especial cuando es
necesaria para ‘evitar la consumación de un perjuicio irremediable’,
como consecuencia de la necesidad de adoptar un remedio judicial célere y
eficaz para el restablecimiento de los derechos.”
[27] Corte Constitucional. Sentencia T-110 de
2015.
[28] La
Sentencia T-260 de 2010, M.P. Mauricio Gonzales Cuervo, señaló que: “Si los medios se
niegan injustificadamente a rectificar, el amparo constitucional resulta ser,
entonces, un instrumento de defensa eficaz e independiente de la protección que
pueda buscarse por la vía penal o civil. Permite, además, la armonización de
derechos como la libertad de información y el buen nombre y honra de las
personas, en el ámbito de los derechos fundamentales”.
[29] Al respecto, la Sentencia T-593 de 2017, M.P. Carlos Bernal
Pulido, reiteró lo dicho en la T-110 de 2015 señalando que: “la acción de tutela resulta procedente en
estos casos, además, habida cuenta de la necesidad de adoptar un remedio
judicial célere y eficaz para el restablecimiento de los derechos. Así, la
procedencia de esta acción se justifica en el propósito de evitar “que los
efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el
tiempo como acontecimientos reales y fidedignos. En consecuencia, la Corte
Constitucional ha señalado que en materia de vulneración de derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, la acción penal no excluye, en
principio, el ejercicio autónomo (sic) la tutela”.
[30] Como se explicó anteriormente, aunque en este caso la tutela
se dirige contra dos personas naturales, la misma se interpone contra ellos por
su calidad de propietarios, representante legal y cliente de la empresa Pare
Publicidad, la cual cuenta con la posibilidad de difundir mensajes a través de
PEV, siendo este un medio masivo de comunicación acorde a la ley.
[31] Al respecto, ver la sentencia T-263 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez.
[32] Ver, entre otras, la sentencia T-260 del 2010, M.P. Mauricio Gonzales Cuervo.
[33] Folios 21 y 22 del cuaderno principal.
[34] Acorde
al contrato de espacios publicitarios celebrado entre Santiago Alberto
Rodríguez Arias y Carlos Alberto Rodríguez Giraldo la fecha de inicio del
contrato fue el 28 de noviembre de 2017 y la duración del mismo era un mes.
Folio 52 del cuaderno de revisión.
[35] Sentencia T-040 del 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[36] Ibídem.
[37] Sentencia T-022 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[38] T-277 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[39] Sentencia C-442 del 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[40] Ver, entre otras, las sentencias T-022 de 2017, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez y T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[41] Al respecto, la referida sentencia T-391 del 2007 señaló
que: “Por el lugar central que
ocupa el libre flujo de informaciones de todo tipo dentro del funcionamiento
ordinario de una sociedad política democrática, la libertad de información
ocupa un lugar especial dentro del ordenamiento estatal colombiano,
particularmente cuando su ejercicio se apareja con el de la libertad de prensa
– es decir, cuando se ejerce a través de los medios masivos de comunicación.
Las funciones democráticas de la libertad de expresión en sentido genérico se
manifiestan con especial fuerza en la libertad de información”.
[42] La
sentencia T-015 de 2015, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, se pronunció respecto a la diferencia entre el derecho a la
opinión y a la información de la siguiente manera: “Esta diferencia
determina que la libertad de opinión tenga por objeto proteger aquellas formas
de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del
emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre
determinados hechos, situaciones o personas.  Entretanto, la libertad de
información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la
finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido. Por tal razón, en este
último caso se exige que la información transmitida sea veraz e imparcial, esto es, que
las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en lo
posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los cuales
un mismo hecho puede ser contemplado. Tal exigencia, está ligada a un aspecto
fundamental, y es que en el caso de la libertad de información no sólo está
involucrado el derecho de quien transmite, sino el de los receptores de la
información, los cuales, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20
constitucional, tienen derecho a que se proteja la veracidad e imparcialidad de
la información que reciben”.
[43] Ver al respecto la sentencia T-155 de 2019, M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[44] Ver al respecto las Sentencias T-260 de
2010, M.P. Mauricio González Cuervo, T-135 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, T-145 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-292 de 2018,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[45] Sentencia T-200 de 2018, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
[46] Ver la Sentencia T-121 de 2018, M.P.
Carlos Bernal Pulido.
[47] Ver la Sentencia SU-274 de 2019, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[48] Sentencia T-218 de 2009, M.P. Mauricio
González Cuervo.
[49] Al respecto, la sentencia T-412 de 1992,
M.P. Alejandro Martínez Caballero, señaló respecto al derecho al buen nombre de
las personas jurídicas que permite: “proteger a las personas jurídicas
ante la difamación que le produzcan expresiones ofensivas o injuriosas. Es la
protección del denominado “Good Will” en el derecho anglosajón, que
es el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede ser estimado
pecuniariamente”
[50] Sentencia T-022 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[51] Ver, entre otras, la sentencia T-228 de 1994, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
[52] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[53] Corte Constitucional, sentencia
T-405 de 2007. También sentencia C-489 de 2002. En la Sentencia SU-082 de 1995,
la Corte hizo una relación de la jurisprudencia en torno al concepto y los
alcances de los derechos al buen nombre y a la honra.
[54] Bien lo expuso la sentencia T-228 de 1994, M.P.  José Gregorio
Hernández Galindo, al señalar que: “quien incumple sus obligaciones y persiste en el incumplimiento,
se encarga él mismo de ocasionar la pérdida de la aceptación de la que gozaba
en sociedad y no puede, por tanto, aspirar a que se lo reconozca públicamente
como persona digna de crédito”.
[55] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[56] Sentencia T-111 de 2008, M.P. Jorge Córdoba Triviño.
[57] Folio 39 del cuaderno principal.
[58] Al respecto, obra en el expediente prueba de que la póliza
No .22131416 cuenta con un valor máximo de $4.493.405 acorde a lo afirmado por
la parte accionada (folio 41 del cuaderno principal) y, por otro lado, el
contrato de publicidad celebrado es de $2.975.000 (folio 52 del cuaderno
principal).