T-410-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-410/11
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE
TRABAJADOR DISCAPACITADO-Procedencia
excepcional
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONAS
CON LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Reiteración de jurisprudencia
CONTRATO A TERMINO FIJO O CUYA DURACION DEPENDE DE LA
OBRA O LABOR CONTRATADA
RELACIONES LABORALES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
TEMPORALES
Referencia: Expedientes T-2.832.803, T2.857.547,
T-2.894.675, T-2.895.762 T-2.899.303, T2.903.601 T-2.904.191, T-2.905.895
T-2.906.302, T2.918.135 (Acumulados)
Accionantes: Bercely Velasco Pérez,  Iván Silvano
Pacheco Germán, Eunice Helena Castillo Miranda, Jaime Alejandro Barbosa
Valencia,  Paulo Alberto Millán Díaz, Luis Alfonso Pulgarín, Juan Alberto
Betancur Quiroz, María Cristina Castro de Rolong, Narcisa
Vives Canencia e Idelfrank Rodríguez Castillo.
Accionados: Cooperativa Multiactiva de Transportadores
Omega Ltda., Mario Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de
Obras Civiles,  Laboratorio Químico Clínico Ltda., Ajover S.A., Recursos
Humanos Exclusivos S.A., Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A., Avidesa
de Occidente S.A., Ambalá S.A., EPS Comfenalco, Red
de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional, Servicios
Especiales para Empresas & Cía. Ltda., Tubos del Caribe S.A., Atiempo S.A. y Espumas Santafé de Bogotá S.A.
Magistrado Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., diecisiete
(17) de mayo de dos mil once (2011)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías Pinilla
Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de los fallos proferidos por el Juzgado Doce Civil del Circuito de
Bogotá (T- 2.832.803); el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Planeta Rica
(T-2.857.547.); el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta
(T-2.894.675); el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá (T-2.895.762);
el Juzgado Quince Penal del Circuito de Cali (T-2.899.303); el Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Tuluá (T-2.903.601); Juzgado Décimo Civil Municipal de
Medellín (T-2.904.191); el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá
(T-2.905.895); el  Juzgado  Séptimo Civil Municipal de Cartagena (T-2.906.302)
y el Juzgado Cincuenta Civil Municipal de Bogotá (T-2.918.135).
Los expedientes de la referencia fueron
repartidos a la Sala Cuarta de Revisión   por las Salas de Selección Diez y
Doce de 2010 y Uno de 2011.
Una vez examinó los
expedientes la Sala Cuarta de Revisión, mediante Autos del 3 y 14 de mayo de
2011, decidió acumularlos por encontrar
que guardaban unidad de materia.
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-2.832.803
1.1. La
solicitud
El 18 de
junio de 2010, el señor Bercely Velasco Pérez, presentó acción de tutela, para
que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital
y a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada,
derechos que, según afirma, le fueron vulnerados por la Cooperativa Multiactiva
de Transportadores Omega Ltda., en adelante Omega Ltda., al terminar el
contrato laboral a término indefinido, que suscribió con dicha empresa.
1.2. Los
hechos
El
accionante los narra, en síntesis, así:
1.2.1. El 1 de noviembre de 2009 se vinculó
laboralmente con la empresa Omega Ltda. mediante un contrato laboral a término
indefinido para desempeñar el cargo de conductor.
1.2.2. El 7 de diciembre de 2009, cuando
conducía un bus de la empresa en la ruta Bogotá-Bucaramanga, se vio involucrado
en un accidente de tránsito, el cual fue reportado a la empresa.
1.2.3. Del mencionado siniestro se derivó una
serie de complicaciones en su estado de salud, específicamente, a nivel de
tórax, parte superior de la columna, hombro y brazo derecho.
1.2.4. El incidente en el que se vio involucrado,
a pesar de haber ocurrido con ocasión del servicio, no fue reportado a la
A.R.P. por parte de Omega Ltda.
1.2.5. El 30 de diciembre de 2009, la empresa
accionada le informó, por escrito que el contrato de trabajo a término indefinido,
suscrito el 1 de noviembre de 2009, había terminado “(Estando dentro del
período de prueba)”.
1.2.6.
El despido le causa
graves perjuicios, pues no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas (arriendo, alimentación servicios públicos, salud,
etc.)
1.3. Oposición
a la demanda
El
Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 21 de junio de
2010, admitió la demanda y corrió traslado a la entidad demandada para que
ejerciera su defensa.
Dentro
de la oportunidad legal prevista, Omega Ltda., a través del representante
legal, se opuso a las pretensiones del accionante arguyendo lo siguiente:
-El
señor Bercely Velasco Pérez suscribió con la empresa un contrato laboral a
término indefinido para ejercer el cargo de conductor.
-En la
cláusula segunda del contrato de trabajo se estipuló un periodo de prueba de
dos meses, “pudiendo durante tal término cualquiera de las partes darlo por
terminado.”
-El 30 de diciembre de 2009, Omega Ltda. le
comunicó al señor Velasco Pérez la terminación del contrato de trabajo,
en virtud de encontrarse en período de prueba y se le canceló el valor de las
prestaciones sociales.
-En el
informe que elaboró el funcionario de
tránsito del mencionado accidente no se
relacionó ningún herido, tampoco el actor lo mencionó en el que realizó para la
empresa.
-Omega Ltda.
desconoce las lesiones que según el actor padece como consecuencia del
siniestro, pues las mismas no fueron informadas después del aludido accidente.
Por ello no se informó a la ARP Positiva, la presunta lesión de origen
profesional.
-En este caso
existen otros mecanismos de defensa y la tutela no procede ni siquiera como
mecanismo transitorio, pues el actor no acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable. Por el contrario, el hecho de que el actor hubiera acudido al
mecanismo de amparo, casi seis meses después de ocurrida la desvinculación,
demuestra la inexistencia de un daño irreparable que permita la procedencia de
la acción constitucional.
-Al momento de finalizar
el contrato de trabajo, el señor Velasco Pérez se encontraba dentro del periodo
de prueba por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del
Código Sustantivo del Trabajo, podía darse por terminado unilateralmente.
1.4. Pretensiones
El señor Bercely
Velasco Pérez solicita que sean protegidos sus derechos fundamentales al
trabajo, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de
persona incapacitada y, en consecuencia, se ordene a Omega Ltda. efectuar su
reintegro y el pago de los aportes a la seguridad social.
1.5. Pruebas
-Copia
del documento de identidad del señor Bercely Velasco Pérez (Folio 1 del
cuaderno principal).
-Copia
del carné expedido por Omega Ltda. a nombre del demandante (Folio 2 del
cuaderno principal).
-Copia
de la carta por medio de la cual se le informó al señor Bercely Velasco Pérez la
terminación del contrato laboral en periodo de prueba (Folio 3 del cuaderno
principal).
-Copia
del informe policial de accidentes de tránsito elaborado por la Policía de
Carreteras de Aratoca (Folio 4 del cuaderno principal).
-Copia
de la historia clínica del señor Velasco Pérez en la IPS Centro Médico Familiar
Complejo Sur (Folios 5-34 del cuaderno principal).
-Copia
de las órdenes para la práctica de resonancia nuclear magnética (RNM) columna torácica
y columna lumbosacra y de control por ortopedia, proferidas por la IPS Centro
Médico Familiar Complejo Sur (Folios 38 y 39 del cuaderno principal).
-Copia
de las prescripciones de incapacidad a nombre del señor Bercely Velasco Pérez
(Folios 40-46 del cuaderno principal).
-Copia
del depósito judicial efectuado por concepto de liquidación de prestaciones
sociales a nombre del señor Bercely Velasco Pérez (Folio 63 del cuaderno
principal).
-Copia
de la liquidación del contrato de trabajo del señor Bercely Velasco Pérez (Folios
64 y 65 del cuaderno principal).
-Copia
del aviso de siniestro -pólizas responsabilidad civil- (Folio 69 del cuaderno
principal).
2. Expediente
T-2.857.547
2.1. La solicitud
El 10 de
agosto de 2010, el señor Iván Silvano Pacheco Germán, a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad
social y a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona
incapacitada los cuales, según afirma, le fueron vulnerados por Mario Alberto
Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles al terminar el
contrato laboral pactado en la modalidad de
duración de obra o labor determinada, suscrito entre él y la mencionada empresa.
2.2. Los hechos
El demandante los
narra, a través de apoderado, en síntesis, así:
2.2.1. El señor Iván
Silvano Pacheco Germán, estuvo vinculado laboralmente a la empresa Mario
Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles en el
cargo de conductor, mediante un contrato de trabajo de obra o labor contratada
desde el 3 de octubre de 2005.
2.2.2. El
jefe inmediato del señor Pacheco Germán le asignaba labores distintas a las de
conductor, tales como cargar y retirar las señales de tránsito ubicadas en las
carreteras que la empresa reparaba o construía.
Precisamente,
realizando la labor anteriormente descrita, en cumplimiento de las órdenes del
superior y sin elementos de protección, el trabajador sintió un fuerte dolor en
la columna cuando estaba retirando una señal de tránsito que se encontraba
enterrada en una vía.
2.2.3.
Ante la persistencia del dolor, el señor Pacheco Germán, acudió a la E.P.S.
Coomeva, entidad que le brindó los servicios médicos. En efecto, el 3 de
febrero de 2009, le fue practicado un estudio radiológico que arrojó como
resultado “mínima disminución del espacio L5-S1 hallazgos sugestivos de discopatía”.
En
virtud de este resultado, el 6 de febrero de 2009, fue remitido al especialista
en neurocirugía, quien le diagnosticó un lumbago y le ordenó
fisioterapia.  Así mismo, fue remitido a salud ocupacional, área que el 23 de
febrero de 2009 dictaminó lumbalgia en estudio y ordenó terapia
ocupacional y remisión a fisiatría.
2.2.4. El
31 de marzo de 2009, el Director de Recursos Humanos de la empresa demandada,
le entregó al actor una serie de recomendaciones médicas sugeridas por la EPS
Coomeva.
2.2.5. El
29 de mayo de 2009, el señor Pacheco Germán, acudió a medicina general como
consecuencia de la persistencia del dolor a nivel lumbar. El médico tratante
definió como plan: “definir patología ocupacional”. En consecuencia, el
16 de junio de 2009, la especialista del área de medicina laboral de la EPS Coomeva,
decidió continuar la terapia ocupacional y remitió nuevamente al accionante a
fisiatría para seguimiento. Así mismo, fueron prescritas nuevas recomendaciones
laborales.
2.2.6. El
10 de noviembre de 2009, el Presidente de la compañía accionada, le comunicó
por escrito al accionante acerca de la terminación unilateral de su contrato de
trabajo, invocando justa causa con fundamento en el numeral 4, literal a) del
artículo 7 del Decreto 2352 de 1965 y el numeral 8 del artículo 58 del C.S.T.
La causal invocada por la empresa para dar por terminado por justa causa el
vínculo laboral, no fue demostrada.
2.2.7. El
19 de noviembre de 2009, al señor Pacheco Germán le fue practicado el examen
médico de egreso, quedando consignadas las siguientes afecciones que no padecía
al iniciar la relación laboral:
“Enfermedad actual: lumbalgia;
antecedentes personales patológicos: dolor lumbar; columna anormal: dolor en
región lumbrosaca; diagnóstico: hipertensión arterial, lumbalgia, alteración de
la refracción; concepto: apto para trabajar sin esfuerzo físico;
recomedaciones: valoración por ortopedia, usar lentes.”
2.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Segundo
Promiscuo Municipal de Planeta Rica, mediante proveído del 17 de agosto de
2010, admitió la demanda y corrió traslado a la entidad demandada para que
ejerciera su defensa.
2.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el señor Mario Alberto Huertas Cotes, a través de
apoderado, consideró que la acción de tutela resulta improcedente para lograr
la protección de los derechos fundamentales del accionante, por las siguientes
razones:
-En ningún momento
la decisión de la empresa para dar por terminada la relación laboral tiene como
origen o fundamento las condiciones de salud del señor Pacheco Germán, toda vez
que no existe una incapacidad reciente, la última, se expidió en septiembre de
2007.
-No es cierto que al
señor Pacheco Germán no se le hubieran suministrado los elementos de protección
personal, pues reposan en la empresa recibos firmados por el trabajador indicativos
de que efectivamente le fueron entregados.
-No existe reporte
del supuesto accidente de trabajo en el que se vio involucrado el actor.
-Como lo afirma el
señor Pacheco, existe memorando de recomendaciones, que el debía acatar y no
reposa reclamo, por parte suya, de que se le hubieran asignado tareas que por
sus condiciones de salud estuviera en imposibilidad de ejecutar.
-Tampoco existe
queja por parte del trabajador sobre un supuesto abuso, maltrato u otro vejamen
al que hubiera sido sometido por parte de su jefe inmediato y tampoco se
adjunta ninguna prueba sobre su afirmación en relación con ello.
-Las causales de
terminación del contrato están definidas en el Código Sustantivo del Trabajo y
en el Reglamento Interno del Trabajo y fueron consignadas en la respectiva
carta de despido.
-En este caso, se
surtió todo el procedimiento disciplinario: se citó al trabajador a descargos
sobre los hechos informados, los cuales rindió pero se negó a firmar el acta.
-Existen otros
mecanismos de defensa judicial y no se cumplió con el principio de la
inmediatez.
2.4. Pretensiones
El señor Iván
Silvano Pacheco Germán solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la
vida en condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social y a la
estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada y, en
consecuencia, se ordene a Mario Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y
Construcción de Obras Civiles, su reintegro, la afiliación al sistema de
seguridad social y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde el momento de su despido, así como de la indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario.
2.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia del estudio
de columna lumbosacra efectuado al señor Iván Silvano Pacheco Germán (Folio 9
del cuaderno principal).
-Copia de la
atención médica que recibió el señor Pacheco Germán en Salud y Vida I.P.S.
(Folios 10 -11 y 16 del cuaderno principal).
-Copias de la
remisión a fisiatría, órdenes para terapia ocupacional y uroanálisis a nombre
del señor Pacheco Germán (Folios 12-14 del cuaderno principal).
-Copia del memorando
suscrito por el Director de Recursos Humanos de MHC
Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, dirigido al señor Iván
Silvano Pacheco Germán en el que constan las recomendaciones médicas efectuadas
por la EPS Coomeva (Folio 15 del cuaderno principal).
-Copia de la
remisión a fisiatría, órdenes para terapia ocupacional y cita de control con
salud ocupacional a nombre del señor Pacheco Germán (Folios 17-19 del cuaderno
principal).
-Copia de las
órdenes de servicios para terapia ocupacional y cita de control con salud
ocupacional a nombre del señor Pacheco Germán (Folios 20-21 del cuaderno
principal).
-Copia la comunicación
del Presidente de la empresa MHC Ingeniería y
Construcción de Obras Civiles en el que le informa al señor Iván Silvano
Pacheco Germán “la decisión de la empresa de dar por terminado su contrato
de trabajo, unilateralmente a partir de la fecha” (Folio 22 del cuaderno
principal).
-Copia del examen de
egreso practicado al señor Pacheco Germán (Folios 23-25 del cuaderno
principal).
-Copia del contrato
de trabajo de obra o labor contratada suscrito entre el señor Mario Huertas
Cotes y el señor Iván Silvano Pacheco Germán (Folio 38 del cuaderno principal).
3. Expediente
T-2.894.675
3.1. La solicitud
El 2 de junio de 2010,
la señora Eunice Helena Castillo Miranda, a través de apoderado, formuló acción
de tutela contra el Laboratorio Químico Clínico Ltda., por una presunta
violación de sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la vida
digna, a la seguridad social y a la protección especial de las personas
discapacitadas o en condiciones de inferioridad.
3.2. Los hechos
Los narra la
accionante, a través de apoderado, en síntesis, así:
3.2.1 La señora Eunice Helena Castillo Miranda, el 18 de
mayo de 2009, celebró un contrato individual de trabajo a término inferior a un
año con el Laboratorio Químico Clínico Ltda. para ejercer el cargo de
Bacterióloga.
3.2.2 Dicho contrato se prorrogó en dos ocasiones en los
siguientes periodos: desde el 18 de agosto al 17 de noviembre de 2009 y del 18
de noviembre de 2009 al 17 de febrero de 2010.
3.2.3. En el mes de octubre de 2009, la señora Castillo
Miranda, comenzó a presentar serios quebrantos de salud, que la llevaron a
solicitar varias y frecuentes citas médicas en las especialidades de neurología,
fisiatría, cardiología y reumatología.
3.2.4. Después de la práctica de varios exámenes, en
particular, de un estudio de Resonancia Magnética Nuclear, a la señora Castillo
le fue diagnosticada una alteración cerebral caracterizada por una “desmielinización
en la sustancia blanca subcortical de ambos hemisferios cerebrales” que
explican las convulsiones que padecía.
De estas
alteraciones en su estado de salud, la trabajadora le informó verbalmente al
administrador del Laboratorio Químico Clínico Ltda. Por esta razón le fueron
autorizados todos los permisos para asistir a las valoraciones médicas
especializadas, la práctica de varios exámenes médicos y a las distintas
terapias físicas que le fueron ordenadas como consecuencia de la afectación
motora que empezó a padecer.
3.2.5. Pese a la notoria disminución física y laboral de la
señora Castillo Miranda, la empresa accionada, el 18 de enero de 2010, le
comunicó por escrito su decisión de no renovar el contrato laboral.
3.2.6. En el mes de febrero de 2010, mes en que por decisión
unilateral de la empresa quedaba cesante la señora Eunice Castillo, le fueron
expedidas varias incapacidades médicas, las cuales fueron remitidas a la
empresa accionada. Precisamente, el 14 de febrero de 2010, encontrándose aún
incapacitada, los representantes del laboratorio, resolvieron definitivamente
no permitirle que continuara con sus labores como bacterióloga.
3.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Segundo
Civil Municipal de Santa Marta, mediante auto del 3 de  junio de 2009, admitió
la demanda y corrió traslado a la empresa Laboratorio Químico Clínico Ltda.
para que ejerciera su defensa.
Así mismo, vinculó a
Saludcoop EPS con el fin de que rindiera un informe sobre el estado de salud de
la señora Eunice Helena Castillo Miranda y sobre las incapacidades generadas.
3.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Saludcoop EPS, a través de la Directora Comercial, contestó la acción de tutela
en los siguientes términos:
-En la presente
acción de tutela la demandante no señala inconformidad alguna hacia la EPS
Saludcoop, a la que se encuentra afiliada desde el 6 de enero de 2009. En las
pretensiones solicita, un reintegro, situación que es totalmente ajena a la
entidad prestadora del servicio de salud, razón por la cual se configura falta
de legitimación en la causa por pasiva
-Por lo anterior, no
existe ninguna violación o amenaza de derecho fundamental alguno por parte de la
EPS.
3.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el
Laboratorio Químico Clínico Ltda., en escrito dirigido al juez de primera
instancia, señaló:
-La empresa nunca
fue enterada ni verbalmente, ni por escrito del estado de salud de la
trabajadora. No existe ningún documento por parte de la accionante, ni de la
EPS que respalde la afirmación hecha en este sentido.
Nunca existió
recomendación alguna de la EPS o de los médicos tratantes, en cuanto a la forma
o circunstancias en que la accionante debía ejercer sus funciones.
-Algunos permisos
fueron otorgados pero nunca fueron posteriormente sustentados con las órdenes
de los exámenes médicos o similares, como es la costumbre y la obligación legal
de hacerlo.
-De los comentarios
extralaborales o de pasillo a sus compañeros de trabajo, que hubiese hecho la
trabajadora, no puede inferirse que la empresa tuviera conocimiento pleno y
directo de su estado patológico. La obligación legal de la trabajadora, era dar
información mediante un mecanismo idóneo acerca de su estado de salud, máxime cuando
contaba con los resultados de los exámenes que le habían practicado y el diagnóstico
que se le había efectuado.
-El día 18 de enero
de 2010, cuando le fue entregada a la señora Castillo Miranda la comunicación
de que su contrato de trabajo no sería renovado, ella no estaba incapacitada,
por el contrario se encontraba laborando.
-No existe un solo
certificado de incapacidad que haga siquiera presumir que la empresa conociera
acerca del estado de salud de la accionante.
-No puede inferirse
un trato discriminatorio cuando se ejerce una facultad legal, como es la de no
renovar un contrato y menos aún cuando quien debe enterar a su empleador de una
circunstancia patológica que pueda llevar a alterar su situación contractual,
no lo hizo. La accionante informó a la empresa de su situación de salud, un día
antes del vencimiento del contrato, pero previamente, con un mes de
anticipación ya se le había informado que éste no sería renovado.
-Respecto de las
supuestas incapacidades médicas que la trabajadora allegó a la empresa, ninguna
de ellas fue presentada de manera oportuna. La empresa sólo conoció de su
estado de salud el 17 de febrero de 2010 cuando presentó un certificado de licencia
o incapacidad expedido el 11 de febrero de 2010, que sustenta una incapacidad
por los días 1 y 2 de febrero del mismo año. Adicionalmente, la referida
incapacidad señala que se trata de una enfermedad general y no menciona
diagnóstico alguno.
-La señora Eunice
Helena Castillo Miranda, nunca fue despedida, sino que su contrato no fue
renovado cumpliendo, la empresa, todos los formalismos que la ley exige para
ello. Además la trabajadora, no tiene la calidad de discapacitada porque no
existe ninguna resolución que así lo sustente. De ahí que no era necesario
acudir ante el Ministerio de la Protección Social para solicitar autorización
para desvincularla.
-En el presente caso
no se configura ninguna de las causales para que proceda el mecanismo de amparo
contra el Laboratorio Químico Clínico Ltda., entidad de carácter particular.
-La accionante
cuenta con otro mecanismo de defensa, esto es, la jurisdicción laboral y puede
además gestionar directamente el reconocimiento de una pensión.
3.4. Pretensiones
La señora Eunice
Helena Castillo Miranda solicita que se ordene el amparo definitivo de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene al Laboratorio
Químico Clínico Ltda. que la reintegre al cargo que venía desempeñando,
teniendo en cuenta su estado actual de salud y le cancele la indemnización
equivalente a 180 días.
3.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora Eunice Helena Castillo Miranda (Folio 10 del
cuaderno principal).
-Copia del contrato individual
de trabajo a término fijo inferior a un año suscrito entre la señora Eunice
Helena Castillo Miranda y el Laboratorio Químico Clínico Ltda., suscrito el 18
de mayo de 2009 (Folio11 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación de fecha 18 de enero de 2010 dirigida a la señora Castillo Miranda
en la que el Laboratorio Químico Clínico Ltda. le comunicó que el contrato de
trabajo N° 18594448 con fecha de vencimiento 18 de febrero de 2010, no le sería
renovado (Folio 13 del cuaderno principal).
-Copia de la
solicitud de interconsulta con neurología a nombre de la señora Castillo
Miranda de fecha 23 de octubre de 2009 (Folio 14 del cuaderno principal).
-Copia de la
solicitud de resonancia magnética expedida por la Neuróloga tratante (Folio 15
del cuaderno principal).
-Copia del reporte
de resonancia magnética de fecha 18 de noviembre de 2009 (Folio 16 del cuaderno
principal).
-Copia de la historia
clínica de la paciente en cardiología y fisiatría (Folios 17 y 18 del cuaderno
principal).
-Copia del reporte
del examen de potenciales evocados somato sensoriales de fecha 5 de febrero de
2010 (Folios 19-20 del cuaderno principal).
-Copia de la orden
de terapia física ordenada por el Fisiatra tratante de fecha 16 de diciembre de
2009 (Folio 22 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica en reumatología de la señora Castillo Miranda (Folio 23 del
cuaderno principal).
-Copia del
certificado de incapacidad proferido por la Corporación IPS Cruz Blanca a
nombre de la señora Eunice Helena Castillo Miranda (Folio 25 del cuaderno
principal).
-Copia de fórmulas
médicas (Folios 26-31 del cuaderno principal).
-Copias de
incapacidades concedidas por Saludcoop EPS a la señora Eunice Helena Castillo
Miranda (Folios 32-34 del cuaderno principal).
-Copias de liquidación
de prestaciones económicas efectuadas por Saludcoop EPS a nombre de la señora
Castillo Miranda (Folios 35 -53 del cuaderno principal).
-Copia del reporte
de incapacidades concedidas por Saludcoop EPS a la señora Eunice Helena
Castillo Miranda (Folio 63 del cuaderno principal).
-Copia del informe
acerca del estado de salud de la señora Castillo Miranda suscrito por la
Coordinadora Médica de la Corporación IPS Costa Atlántica (Folio 64 del
cuaderno principal).
-Copia de la declaración
extraproceso rendida por el señor Wilson Clavijo ante la Notaría Primera del
Círculo de Barranquilla enviada vía fax al Juzgado Segundo Civil de Santa Marta
(Folios 96 y 97 del cuaderno principal).
4. Expediente
T-2.895.762
4.1. La solicitud
El 3 de agosto de
2010, el señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia interpuso acción de tutela en
nombre propio para que le fuera protegido su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada que, según
afirma, le fue vulnerado por Ajover S.A. y Recursos Humanos Exclusivos S.A. al
terminar el contrato laboral pactado en la modalidad de duración de obra o
labor determinada, suscrito entre él y la empresa demandada.
4.2. Los hechos
Los describe el
accionante así:
4.2.1. Desde el 1 de enero de 2009, prestó sus servicios
como vendedor para la empresa Ajover S.A., por intermedio de la firma Recursos
Humanos exclusivos S.A.
4.2.2. A principios del año 2010, presentó serias molestias
de salud, tales como: cefalea intensa global, inespecífica, intermitente,
pérdida de la memoria ocasional, alteración del equilibrio y episodios de
desorientación alternados con episodios de lucidez.
4.2.3. Como consecuencia de los anteriores síntomas acudió a la
EPS Saludcoop. El médico general consideró que se trataba de una enfermedad
psiquiátrica e inició tratamiento con el medicamento denominado fluoxetina 20
mg, sin lograr mejoría alguna.
4.2.4. De manera inexplicable, el 1 de junio de 2010, recibió
una comunicación por parte de la empresa Recursos Humanos Exclusivos S.A. por medio
de la cual se le notificó que la empresa
Ajover S.A., previamente, les había informado
que su contrato laboral terminaría el 31 de mayo de 2010, por haber finalizado
la obra o labor para la cual había sido contratado.
4.2.5. El 10 de junio del 2010, presentó un cuadro
convulsivo que hizo necesaria su hospitalización. Los médicos le encontraron
una masa de diámetro de 84mm “de contorno mal definido” que está en
relación con el sistema ventricular, ligera dilatación del mismo y edema
vasogénico, razón por la cual fue intervenido quirúrgicamente, el 17 de junio
del citado año.
4.2.6. Saludcoop EPS con ocasión de la mencionada
intervención quirúrgica le concedió dos incapacidades, la primera, desde el 10
de junio al 9 de julio de 2010 y, la segunda, desde el 10 de julio hasta el 8
de agosto del mencionado año. Sin embargo, aún no le han sido canceladas.
4.2.7. Ante la dramática situación familiar y económica, su
compañera permanente presentó ante Recursos Humanos Exclusivos S.A. y Ajover
S.A. una petición por medio de la cual solicitó su reintegro, el pago de los
salarios dejados de percibir y que se mantuviera su afiliación a la EPS
Saludcoop.
4.2.8. Recursos Humanos Exclusivos S.A., respondió la
petición en estos términos:
“(…)
En relación con su solicitud referente con el caso de
su esposo JAIME ALEJANDRO BARBOSA VALENCIA, ex empleado nuestro, me permito
hacerle las siguientes aclaraciones:
De acuerdo con la ley 50 de 1990, la empresa usuaria
puede cancelar la misión de un trabajador temporal sin que haya lugar a
indemnizaciones o justificaciones.
En una empresa como nuestro cliente AJOVER S.A., la
VARIACIÓN EN EL SERVICIO ESPECÍFICO, permite de acuerdo con la producción y
mercadeo, movilizar el personal temporal, bien sea retirándolo según los picos
de producción. Por ello un trabajador puede ser retirado, aunque para otros
persista la misma labor.
La empresa usuaria AJOVER S.A., de acuerdo con la ley,
solicitó la cancelación del contrato de trabajo en misión del trabajador JAIME
ALEJANDRO BARBOSA VALENCIA, el día 31 de mayo de 2010.
A la fecha de esa decisión, no existía ninguna
situación violatoria de la ley, que impidiera la cancelación del respectivo
contrato en misión, por lo cual se procedió a cumplir con dicha solicitud de la
empresa usuaria.
Si posteriormente al retiro del trabajador, es decir
el 10 de junio de 2010, diez (10) días después de su retiro, presenta alguna
situación de enfermedad general, es una situación ajena a nuestra voluntad y
por lo tanto ratificamos que a la cancelación de su misión no existía
incapacidad alguna, ni siquiera un ligero indicio de algún tipo de enfermedad.
De acuerdo con todo lo anterior me permito informarle
que tanto el cliente usuario AJOVER S.A., y RECURSOS HUMANOS EXLUSIVOS S.A.,
cumplieron cabalmente con la ley en lo relativo a la cancelación de un contrato
en misión y por lo tanto su solicitud no tiene sustento.
A la afirmación que usted hace de que el retiro del
señor JAIME ALEJANDRO BARBOSA VALENCIA, se haya realizado en virtud a su estado
de salud, consideramos una afirmación sin fundamento, de acuerdo con lo
expuesto en los numerales 4 y 5 de esta comunicación.
(…)”
4.2.9. Por su parte Ajover S.A., le respondió:
“(…)
Dando respuesta a su comunicación le manifestamos que
el señor Jaime Alejandro Barbosa no ha sido trabajador de Ajover S.A., sino
empleado en Misión por cuenta de la empresa Temporal Recursos Humanos
Exclusivos, por tanto en términos de Ley es esta empresa el verdadero patrono
del señor BARBOSA VALENCIA, a quien debe dirigirse a efectos de que le
suministren la información requerida.
(…)”
4.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado
Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
mediante proveído del 6 de agosto de 2010, admitió la demanda y corrió traslado
a la EPS Saludcoop y a las empresas Ajover S.A. y Recursos Humanos Exclusivos S.A.
para que ejercieran su defensa.
4.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Recursos Humanos Exclusivos S.A., a través de apoderado, esgrimió las razones
por las cuales considera que la acción de tutela resulta improcedente para
lograr la protección de los derechos fundamentales del accionante y que pueden
sintetizarse de la siguiente manera:
-La terminación del
contrato de trabajo de misión celebrado con el señor Jaime Alejandro Barbosa
Valencia, no obedeció a su estado de salud, pues como se afirmó en la demanda
de tutela, el demandante presentó un episodio convulsivo el 10 de junio, cuando
ya no existía el contrato de trabajo.
-En la carpeta del
señor Barbosa Valencia no existe ninguna información sobre síntomas o dolencias
que estuviere padeciendo. Ajover S.A., empresa que ejercía el control directo
sobre el trabajador no le comunicó a la empresa de alguna novedad o
incapacidades médicas que se le hubieren concedido al demandante y que
permitieran poner en conocimiento su verdadero estado de salud. Ajover S.A.
solamente le notificó a la empresa, que ya no requería más de sus servicios.
-Todas las
complicaciones en el estado de salud del accionante ocurrieron cuando ya se
había terminado la relación contractual y no, cuando prestaba sus  servicios a
Ajover S.A.
-Por razones de
reorganización de políticas de venta y dada su vinculación temporal, Ajover S.A.,
determinó que no requería más los servicios del señor Barbosa Valencia.
Decisión a la que la empresa Recursos Humanos Exclusivos S.A., no podía
oponerse porque había celebrado previamente un contrato civil con la empresa
usuaria cuyo objeto se limita a enviarle un determinado trabajador por el
tiempo que lo requiera.
-En el presente caso
no puede predicarse la violación de derechos fundamentales, pues las
situaciones descritas se circunscriben al marco previsto en Ley 50 de 1990 que
reglamenta el Contrato de Trabajo en Misión, el cual la empresa tiene la
autorización del Ministerio de la Protección Social para celebrarlo.
-Al señor Barbosa
Valencia no se le está vulnerando el derecho a la salud porque como lo afirmó
en el líbelo petitorio ha recibido la atención por parte de la EPS Saludcoop en
el tratamiento de la enfermedad que padece, la cual, no es de origen
profesional. Al demandante se le ha brindado la asistencia médica necesaria y
específica para su caso y la empresa pagó cumplidamente las cotizaciones a la
EPS.
-Las reclamaciones
laborales de terminación de contrato, entre ellas la de reintegro, deben ser
conocidas por la jurisdicción laboral, a la que debe acudir el demandante para
que un juez especializado determine la clase de contrato laboral que se celebró
y si su terminación se ajustó o no a derecho.
-La acción de
tutela, procedería en este caso, solamente si estuviere vulnerado el derecho a
la salud, lo cual no acontece, pues al demandante se le ha brindado toda la
atención médica que su enfermedad ha requerido.
4.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
empresa Ajover S.A., a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales
considera que la acción de tutela resulta improcedente, las cuales pueden
resumirse, así:
-El accionante
estuvo vinculado en calidad de trabajador en misión en la sociedad Ajover S.A.
El único, verdadero  y real empleador es la empresa temporal Recursos Humanos
Exclusivos S.A., de acuerdo con el contrato de trabajo que suscribieron el 7 de
enero de 2010.
-La mencionada
empresa es de servicios temporales, conforme a la Ley 50 de 1990, que
suministra servicios a usuarias como Ajover S.A. de acuerdo con la oferta
mercantil.
-Según la información
suministrada por la empresa empleadora, el señor Jaime Alberto Barbosa
Valencia, no presentó ninguna incapacidad médica, ni notificó o comunicó que
sufriera alguna alteración en su condición física.
-La empresa temporal
fue quien dio por terminado el contrato de trabajo del señor Barbosa Valencia.
-El retiro del
servicio del señor Barbosa Valencia se produjo el 1 de junio de 2010 y sólo
hasta el 10 de junio del mismo año, según lo afirmado en la demanda de tutela,
se produjo el primer episodio médico. Es decir, transcurrieron 10 días entre la
terminación del contrato y el problema de salud del demandante. Lo anterior
demuestra que ni Ajover S.A., ni la empresa temporal Recursos Humanos Exclusivos
S.A. fueron notificados o informados de algún antecedente médico del
accionante.
-En ese orden de
ideas no se puede predicar una estabilidad laboral reforzada, pues en el
momento de la terminación del contrato, el demandante, no se encontraba en
estado de incapacidad y por lo tanto no se vulneró ninguno de sus derechos
fundamentales.
-En este contexto al
trabajador no se le terminó el contrato de trabajo en razón de su condición
física o incapacidad, pues al momento de su desvinculación, aquél gozaba de
plena salud.
4.3.3. El Gerente Regional de Saludcoop E.P.S. dentro de la
oportunidad procesal prevista, señaló:
-El señor Jaime
Alejandro Barbosa, se encuentra retirado por su empleador  en el Sistema
General de Seguridad Socia en Salud.
-Las prestaciones
económicas comprendidas entre los días 10 de junio a 23 de agosto de 2010, no
proceden para el pago por la causal -afiliación no vigente-, pues al inicio de
las incapacidades, su empleador -Recursos Humanos Exclusivos S.A.-, reportó la
novedad de retiro.
-El Sistema General
de Seguridad Social en Salud reconoce el pago de las incapacidades a los
usuarios que sean trabajadores activos.
-El accionante acude
al mecanismo constitucional no con el propósito de que se le ampare un derecho
fundamental, sino con el fin de obtener un derecho de contenido patrimonial sin
tener en cuenta que para esa fecha no tenía un vínculo laboral.
-La acción de tutela
no es el procedimiento para reclamar indemnizaciones, reembolsos o pagos de
dineros, pues la finalidad de este mecanismo es la protección de derechos
fundamentales.
-Para Saludcoop EPS,
no es claro cuál es el derecho fundamental que se vulnera por cuanto la entidad
ha obrado de conformidad con la ley y el señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia
actualmente se encuentra retirado de la entidad.
4.4. Pretensiones
El demandante le
pide al juez de tutela conceder el amparo definitivo de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se ordene a Recursos Humanos Exclusivos S.A.
y a Ajover S.A., el reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno acorde
con su estado de salud.
Así mismo, solicita
el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de pagar desde la fecha
del despido hasta que se efectúe el reintegro.
Igualmente, pide al
juez de tutela se efectúe el pago de los aportes al sistema general de
seguridad social y la indemnización equivalente a ciento ochenta días del
salario.
4.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia de los últimos
diez desprendibles de pago de salario al señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia
en la empresa Recursos Humanos Exclusivos S.A. (Folios 13-17 del cuaderno
principal).
-Copia de la
autorización de servicios N° 44673122 del 26 de mayo de 2010 y de la fórmula
médica expedida en la Fundación Clínica Juan N. Corpas (Folios 18 y 19 del
cuaderno principal)
-Copia de la
comunicación dirigida al señor Barbosa Valencia por parte de la empresa Recursos
Humanos Exclusivos S.A., mediante la cual le notificó que su Contrato Laboral
en Misión, terminaría a partir del 31 de mayo de 2010 (Folio 20 cuaderno
principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Barbosa Valencia en la Organización Méderi (Folios
21-24 del cuaderno principal).
-Copia del concepto
médico en neurocirugía (Folio 25 del cuaderno principal).
-Copia de las peticiones
elevadas por la señora Mariela Pita Abella a las empresas accionadas (Folio 17
cuaderno principal).
-Copia del formato
de evolución suscrito por el médico tratante (Folio 28 del cuaderno principal).
-Copia de las
respuestas a las peticiones presentas por la señora Pita Abella (Folios 29-31
del cuaderno principal).
-Copia de la
relación de las incapacidades otorgadas al actor (Folios 32-35 del cuaderno
principal).
-Copia del “CONTRATO
DE TRABAJO EN MISIÓN PARA SUPLIR PERSONAL EN VACACIONES, INCREMENTO DE PRODUCCIÓN,
INCREMENTO DE VENTAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS”, suscrito por el señor
Jaime Alejandro Barbosa Valencia y la empresa Recursos Humanos Exclusivos S.A.
(Folios 54 y 55 del cuaderno principal).
-Copia de la
Liquidación Final de Prestaciones Sociales efectuada por la empresa Recursos
Humanos Exclusivos S.A. a nombre del señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia
(Folio 60 del cuaderno principal).
-Copia de la Oferta
Mercantil de Venta dirigida a la empresa Ajover S.A. por parte de la empresa
Recursos Humanos Exclusivos S.A. (Folios 73-86 del cuaderno principal).
-Copia de la
Certificación de Afiliación Cotizante a nombre del señor Barbosa Valencia
expedida por la Directora Nacional de Operaciones de Saludcoop EPS (Folio 92
del cuaderno principal).
5. Expediente
T-2.899.303
5.1. La solicitud
El 29 de junio de
2010, el señor Paulo Alberto Millán Díaz, presentó acción de tutela para que le
fueran protegidos sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud y a la
estabilidad laboral reforzada que, según afirma, le fueron vulnerados por
Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A., en adelante Centelsa, al terminar el contrato de trabajo a término indefinido, suscrito entre él y la empresa
demandada.
5.2. Los hechos
El accionante los narra, en síntesis,
así:
5.2.1. Desde
el año 2002 fue vinculado a la empresa Centelsa a través de un contrato de
trabajo a término indefinido, para prestar sus
servicios como Ingeniero Electrónico de Mantenimiento en la ciudad de Cali.
5.2.2. El
13 de enero de 2010, la EPS Sura hizo algunas recomendaciones médicas que
debían ser tenidas en cuenta en su actividad laboral, tales como: manipulación
de cargas hasta 12 Kg., evitar permanecer de pie por períodos de tiempo
prolongados, evitar caminatas prolongadas, alternar posturas sedente/ bípeda.
5.2.3. El 19 de enero de 2010, se levantó un acta en la que
se dejó constancia de las restricciones de carácter permanente que se debían
tener en cuenta en su actividad laboral y la empresa se comprometió a
cumplirlas.
5.2.4. El 11 de marzo de 2010, la Gerente de Recursos Humanos
de Centelsa le comunicó que la empresa había decidido terminar su contrato de
trabajo unilateralmente a partir del 12 de marzo de 2010.
5.2.5. El 15 de marzo de 2010, acudió a la clínica de
Artritis y Reumatología, por presentar dolor en la rodilla izquierda y le fue
diagnosticado una Artralgia.
5.2.6. La terminación del contrato, ocurrió como consecuencia
de la enfermedad que le fue diagnosticada y sin mediar la autorización de la
Oficina de Trabajo.
5.2.7. La Artralgia que le fue diagnosticada no lo inhabilita
o limita para el desempeño de las labores en Centelsa.
5.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Segundo
Penal Municipal de Yumbo, mediante proveído del 30 de junio de 2010, admitió la
demanda y corrió traslado a la empresa demandada para que ejerciera su defensa.
Así mismo, ordenó
vincular a la EPS Sura y al Ministerio de la Protección Social para que se
pronunciaran sobre los hechos narrados en el líbelo petitorio.
5.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Centelsa, a través de apoderado judicial, esgrimió las razones por las cuales
considera que la acción de tutela resulta improcedente para lograr la
protección de los derechos invocados, las cuales pueden sintetizarse, de la
siguiente manera:
-El señor Paulo
Alberto Millán Díaz, estuvo vinculado mediante contrato de trabajo con
Centelsa, desde el 2 de septiembre de 2002 hasta el 12 de marzo de 2010, habiéndose
desempeñado en el cargo de ingeniero electrónico de mantenimiento.
-La desvinculación
del señor Millán Díaz de la compañía, no ocurrió como él lo afirma, como
consecuencia del traumatismo que padece en sus rodillas. Por el contrario, “la
desvinculación se generó como consecuencia de una decisión unilateral y sin
justa causa, atemperándose la empresa a una forma de terminación de los
contratos laborales en Colombia, contemplada en el artículo 61 del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 5, todo lo
anterior [conforme] al hecho de que en la legislación laboral vigente no existe
la figura de la estabilidad laboral ABSOLUTA en el empleo, pues es el propio
Legislador el que ha establecido las formas y causales de los contratos con las
correspondientes indemnizaciones en los eventos en que estas se generen.”
-Obsérvese cómo la
fecha en que la empresa decide dar por terminado el vínculo contractual con el
accionante, es a partir del 12 de marzo de 2010 y la artralgia que padece, le
fue diagnosticada el 15 de marzo de 2010, es decir, con posterioridad al
despido.
-La figura del
perjuicio irremediable necesaria, para la procedencia de la tutela, demanda que
se acredite concurrentemente, a.) Que el perjuicio que se alega es inminente,
es decir que, “amenaza o está por suceder prontamente”, b.) Que las
medidas necesarias para impedir el perjuicio, “son urgentes, a fin de que no
se de la consumación de un daño irreparable” y, c.) Que el perjuicio es
grave, es decir, que afecta seriamente bienes jurídicos que son de “significación
para la persona objetivamente”.
Por lo tanto, a su
juicio, no puede haber un perjuicio grave e irreparable en el caso presente, ya
que el propio accionante ha afirmado que la artralgia que le fue diagnosticada
no lo inhabilita ni lo limita para el desempeño de sus labores. Dicha
afirmación supone que puede desempeñarse de manera independiente o a través de
una vinculación laboral con un empleador
-Para la empresa no
existe, en el presente caso, un perjuicio irremediable porque no se vislumbra
inminencia ya que la desvinculación del demandante se produjo el 12 de marzo de
2010 y la acción de tutela se interpuso el 29 de junio de 2010, es decir tres
meses después de la desvinculación, lo que quiere decir que no la interpuso
inmediatamente o, por lo menos, con tanta premura que pudiera dar a entender la
urgencia de lo pretendido.
-Según el señor
Millán Díaz, se encuentra sin la debida asistencia en salud y no podrá acudir a
los controles médicos, afirmación que carece de soporte fáctico, en la medida
en que puede conseguir un nuevo trabajo, situación que ni siquiera demuestra que
haya intentado después de haber sido desvinculado de Centelsa.
-Afirma el tutelante
que carece de acceso al trabajo y a la seguridad social, situación que tiene
solución, ya que la Corte Constitucional en la jurisprudencia sobre el tema ha señalado
que la terminación del contrato de trabajo no faculta a la EPS para suspender
inmediatamente la prestación del servicio del afiliado conforme al principio de
continuidad en la salud.
Aún suponiendo que
el actor, por su desvinculación laboral, sufrió una pérdida de la capacidad
económica para seguir cotizando, tiene la posibilidad de afiliarse, junto con
su núcleo familiar, al Sistema de Seguridad Social Obligatoria de Salud, en el
Régimen Subsidiado (SISBEN).
-En gracia de
discusión, si se llega a aceptar que se requería de un permiso previo para
desvincular al accionante, se estaría en este caso incurso en el pago de la
correspondiente indemnización prevista en la legislación laboral.
-La desvinculación
del señor Millán Díaz no requería de la autorización de la oficina de trabajo,
pues no se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, es decir, no estaba
discapacitado, minusválido o inválido, pues no demostró con las incapacidades
allegadas al proceso que hubiera sido objeto de calificación de pérdida de la capacidad
laboral, tampoco la EPS a la que se encontraba afiliado acreditó que la lesión
que padece lo incapacita de manera permanente.
-El accionante debe
acudir a los jueces laborales a través de una acción ordinaria.
5.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
EPS Sura, a través de apoderado judicial, dio respuesta a la acción de tutela,
en los siguientes términos:
-El señor Paulo
Alberto Millán Díaz figura como afiliado al Sistema General de Seguridad Social
en Salud a través de la EPS Sura “en calidad de cotizante activo para un
periodo con inicio el 19 de mayo de 2010, el cual se encuentra vigente actualmente.”
-En la actualidad no
existen solicitudes, ni negaciones por parte de la EPS, a prestaciones de salud,
en la medida en que el accionante ha recibido toda la atención médica que ha necesitado.
-De acuerdo con su
deber legal la EPS Sura ha dado estricto cumplimiento a los preceptos legales y
constitucionales en lo que al sistema de seguridad social integral se refiere,
y está dispuesta a brindar todas las atenciones requeridas para el tratamiento
del señor Millán Díaz. A disposición del accionante está toda la capacidad
técnica, médica y administrativa, pues según asevera, nunca será política de la
empresa dilatar el cumplimiento de las obligaciones a que haya lugar, cuando
asista razón contractual legal y constitucional para cumplir con los mismos, ya
que los lineamientos y posturas frente a los afiliados no pretenden y nunca
pretenderán afectar su integridad física y psíquica.
-Por último, es
importante señalar que el vínculo contractual que existe entre el señor Paulo
Alberto Millán y su empleador y el sostenido con la EPS Sura son completamente
independientes, motivo por el cual la decisión de terminar o no el contrato
laboral del señor Millán Díaz recae única y exclusivamente en el primer estadio
de las relaciones descritas.
-Al verificarse la
ausencia de violación de algún derecho fundamental, deberá negarse la acción de
tutela por falta de presupuesto para la procedencia de la acción de tutela.
-El actor cuenta con
otros medios o recursos judiciales para la defensa de sus derechos
fundamentales.
5.3.3. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el
Ministerio de la Protección Social, a través de la Coordinadora Grupo de
Prevención, Inspección, Vigilancia y Control, respecto de la acción de tutela
promovida por el señor Millán Díaz señaló:
-Revisada la base de
datos no se encuentra reclamación alguna por parte del accionante contra la
empresa demandada.
-Por Auto Nº 1361 se
comisionó a la Dra. Yaneth Amparo Esquivel para que adelantara la investigación
administrativa contra la empresa Centelsa por violación al artículo 26 de la
Ley 361 de 1997 de conformidad con los términos establecidos en la Circular 060
de 2008, expedida por el Ministerio de la Protección Social y otorgando el
derecho de defensa a la empresa accionada.
Una vez se tengan
las pruebas recepcionadas, se procederá a proferir el respectivo acto administrativo
que puede finalizar con una sanción por violación a la ley y/o absteniéndose de
tomar medida administrativa laboral, por considerar que debe ser el juez quien defina
el conflicto. En cualquiera de los eventos proceden los recursos de la vía
gubernativa.
-Los funcionarios
administrativos no tienen la facultad para ordenar el reintegro del trabajador
al cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría acorde
con su discapacidad, por cuanto el ordenamiento jurídico legal sólo los faculta
para imponer sanciones de carácter administrativo.
5.4. Pretensiones
El señor Paulo
Alberto Millán Díaz solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados y,
en consecuencia, se ordene a Centelsa su “reinstalación” al cargo que
venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría y remuneración,
acorde con su situación de discapacidad y se le cancele el pago de los salarios
y prestaciones sociales dejados de pagar desde la fecha del despido hasta que
se efectúe el reintegro.
5.5. Pruebas
En el expediente
están las siguientes pruebas:
-Copia del contrato
individual de trabajo a término indefinido suscrito por el señor Paulo Alberto
Millán Díaz y Centelsa, el 2 de septiembre de 2002 (Folio 10 del cuaderno
principal).
-Recomendaciones
médicas efectuadas en la especialidad de ortopedia y traumatología a nombre del
señor Paulo Alberto Millán Díaz (Folio 11 del cuaderno principal).
-Acta por medio de
la cual la empresa como el trabajador se comprometen a cumplir con las
recomendaciones emitidas por el médico de la EPS Sura (Folio 12 del cuaderno
principal).
-Copia de la historia
clínica del señor Millán Díaz (Folios 13-15 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Paulo Alberto Millán Díaz (Folio 16 del cuaderno
principal).
-Copia de la
comunicación dirigida por Centelsa al señor Paulo Alberto Millán en la que le notificó
la decisión unilateral de la empresa de dar por terminado y sin justa causa, el
contrato de trabajo (Folio 17 del cuaderno principal).
-Copia de las
recomendaciones funcionales dadas por Medicina Laboral de la EPS Sura (Folio 34
del cuaderno principal).
-Copia de la
liquidación del contrato de trabajo a nombre del señor Millán Díaz (Folio 35
del cuaderno principal).
6. Expediente
T-2.903.601
6.1. La Solicitud
El 23 de agosto de
2010, el señor Luis Alfonso Pulgarín, a través de apoderado judicial, presentó
acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la
vida,  al mínimo vital, al trabajo, a la salud, a la seguridad social y a la
estabilidad laboral reforzada, en su calidad de persona incapacitada que, según
afirma, le fueron vulnerados por Avidesa de Occidente S.A., al terminar el
contrato laboral a término fijo inferior a un año, suscrito entre él y la
empresa demandada.
6.2. Los hechos
Los narra el
apoderado del accionante, en síntesis, así:
6.2.1. El
señor Luis Alfonso Pulgarín, laboró en la empresa accionada, desempeñando el
cargo de Administrador de Granja desde el 18 de julio de 2000 hasta el 17 de
julio de 2010, fecha en la cual fue despedido de su cargo, sin justa causa.
6.2.2. El
señor Pulgarín hace aproximadamente dos años, empezó a sufrir una delicada
enfermedad ocular, la cual le fue diagnosticada, como una retinopatía hipertensiva
en el ojo izquierdo, con severo retardo del llenado venoso agravada por un
edema macular difuso, perdiendo como consecuencia de ello, más del 60% de la
visibilidad en dicho órgano.
6.2.3.
Que debido a la delicada situación de salud del señor Pulgarín le ordenaron
tratamiento médico, consistente en el consumo de unos medicamentos, controles
médicos mensuales, cuidados personales y algunas restricciones laborales.
6.2.4. El
27 de abril de 2010, la entidad de Salud Laboral -Cedival Ltda-, le notificó
por escrito a la empresa accionada, que el señor Luis Alfonso Pulgarín padecía
de una enfermedad ocular y señaló una serie de recomendaciones laborales, tales
como evitar conducir vehículos y la protección ocular mientras realiza labores
en las cuales pueda estar expuesto a sufrir accidentes con cuerpos extraños.
6.2.5. El
1 de mayo de 2010, la empresa Avidesa de Occidente S.A., le informó por escrito
al señor Pulgarín que su contrato de trabajo terminaría a partir del 17 de
julio de 2010, no obstante que era conocedora de su delicada situación de
salud.
6.2.6. El
señor Luis Alfonso Pulgarín, tiene 51 años de edad, convive con su compañera
permanente, la señora María del Carmen Girón Pulgarín, unión de la cual
procrearon dos hijos, Jorge Enrique y Miguel Ángel Pulgarín Girón, los cuales
dependen económicamente de él.
6.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Promiscuo
Municipal de San Pedro (Valle del Cauca), mediante proveído del 24 de agosto de
2010, admitió la demanda y corrió traslado a la  empresa Avidesa de Occidente
S.A. y a la señora Luz Helena Patiño Cardona, Directora de Gestión Humana de
dicha compañía para que ejercieran su defensa.
Así mismo, decidió
vincular a Cedival Ltda. para que se pronunciara sobre los hechos y derechos
invocados por el accionante.
6.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
empresa Avidesa de Occidente S.A., a través del representante legal y la
señora Luz Helena Patiño Cardona, Directora de Gestión Humana de dicha empresa,
señalaron:
-Si bien las fechas indicadas
en la demanda de tutela corresponden al tiempo laborado por el señor Luis
Alfonso Pulgarín, es importante destacar que la desvinculación laboral obedeció
al vencimiento del plazo fijo pactado en el contrato individual de trabajo a
término inferior a un año, que expiró el 17 de julio de 2010 de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo y no como
consecuencia de la enfermedad que padece, la cual no ha sido calificada aún por
la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle.
Al trabajador se le
comunicó acerca de la terminación del contrato de trabajo por expiración del
plazo fijo pactado, el 1 de mayo de 2010, es decir, con 65 días antes de la
terminación del vínculo laboral.
-Cedival Ltda.
informó a la empresa que el señor Pulgarín sufría una enfermedad de origen
común y señaló una serie de recomendaciones, las cuales fueron efectivamente
acatadas.
-Cedival Ltda.
notificó a Avidesa de Occidente S.A. que en el caso del señor Pulgarín se debía
cumplir una serie de recomendaciones. Sin embargo, por ser la enfermedad que
padece el accionante de origen común y no profesional, la empresa desconocía su
verdadera situación de salud.
-Avidesa de
Occidente S.A. siempre ha cumplido con las normas laborales, especialmente las
relacionadas con las formas de expiración o terminación de los contratos de
trabajo. La aplicación del artículo 61 del C.S.T., no puede tomarse como una
terminación sin justa causa, máxime cuando de esta circunstancia fue enterado
el trabajador quien al firmar la comunicación consintió y aceptó el
procedimiento contemplado en la ley.
-La acción de tutela
es improcedente para obtener el reintegro laboral, más aún cuando, como en este
caso, el trabajador no tenía limitaciones. En el expediente no aparece ninguna
notificación por parte de los médicos de la ARP Sura en la que se establezca
que el accionante padece de alguna limitación.
6.3.2. Cedival Ltda. en escrito enviado vía fax al Juzgado
Promiscuo Municipal de San Pedro (Valle del Cauca), señaló:
-Esta dependencia
atendió al señor Luis Alfonso Pulgarín en consulta médica laboral, el 23 de
marzo de 2010 y en Junta Médica Laboral Calificadora, el 27 de abril del mismo
año, conceptuándose que el origen de su enfermedad es común o general.
Cabe anotar que por
no reunir, el caso del señor Pulgarín, en ese momento, los requisitos básicos
para ser remitido al fondo de pensiones fueron emitidas recomendaciones
laborales por tiempo indefinido según comunicado dirigido a la empresa Avidesa
de Occidente, el 27 de abril de 2010.
6.4. Pretensiones
El señor Luis
Alfonso Pulgarín solicita que se tutelen sus derechos fundamentales invocados
y, como consecuencia de ello, se le ordene a la empresa Avidesa de Occidente
S.A. que lo reintegre al cargo que venía desempeñando antes de su desvinculación,
cumpliendo las recomendaciones laborales ordenadas por Cedival Ltda. y el pago
de los salarios y prestaciones sociales dejados de recibir desde la fecha del
despido hasta que se efectúe el reintegro.
Así mismo, se paguen
los aportes a la seguridad social y se le cancele la indemnización equivalente
a 180 días.
6.5. Pruebas
En el expediente
obran como pruebas:
-Copia
de la cédula de ciudadanía del señor Luis Alfonso Pulgarín y del carné de
afiliación a la Nueva EPS  (Folio 2 del cuaderno principal).
-Declaración
extraproceso rendida por la señora María del Carmen Girón Aguilar ante la
Notaría Única del Círculo de San Pedro (Folio 3 del cuaderno principal).
-Copia
de los registros civiles de nacimiento de los hijos del accionante Miguel Ángel
y Jorge Enrique Pulgarín Girón (Folios 4 y 5 del cuaderno principal).
-Copia
de la constancia de la fecha de ingreso y de retiro del señor Luis Alfonso
Pulgarín de la empresa Avidesa de Occidente S.A. (Folio 6 del cuaderno
principal).
-Copia
de la carta con recomendaciones laborales realizada por Cedival Ltda. y
dirigida a la empresa Avidesa de Occidente S.A. (Folio 7 del cuaderno
principal).
-Copia
de la historia clínica del señor Luis Alfonso Pulgarín (Folios 8-18 del
cuaderno principal).
-Copia
del contrato a término fijo celebrado entre el señor Luis Alfonso Pulgarín y la
empresa Avidesa de Occidente S.A. (Folio 58 del cuaderno principal).
-Copia
del preaviso sobre vencimiento del término pactado en el contrato de trabajo
(Folio 59 del cuaderno principal).
-Copia del Certificado de Certificado de existencia y representación legal de la
sociedad Avidesa de Occidente S.A. (Folios 60-62).
-Copia
de la hoja de vida del señor Luis Alfonso Pulgarín (Folios 63-64 del cuaderno
principal).
-Copia
del informe de entrevista de ingreso efectuada al señor Pulgarín (Folios 65-70
del cuaderno principal).
-Certificado
del Fondo de Pensiones Horizonte (Folio 76 del cuaderno principal).
-Afiliación
a la EPS Seguro Social (Folio 77 del cuaderno principal).
-Afiliación
a la ARP Suratep (Folio 78 del cuaderno principal).
-Afiliación
a la Caja de Compensación Familiar (Folio 79 del cuaderno principal).
-Solicitud
de vacaciones y liquidación de los periodos 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 (Folios 81-100 y 103- 113 del
cuaderno principal).
-Afiliación
al seguro de vida grupo (Folio 114 y 115 del cuaderno principal).
-Traslado
al Fondo de Pensiones Horizonte (Folio 116 del cuaderno principal).
-Autorización
de examen médico de egreso (Folio 117 del cuaderno principal).
-Notificación
de retiro del Fondo de Cesantías Horizonte (Folio 118 del cuaderno principal).
-Certificación
laboral expedida al momento del retiro (Folio 120 del cuaderno principal).
-Liquidación
de prestaciones sociales (123-130 del cuaderno principal).
-Examen
médico de egreso (Folios 131-134 del cuaderno principal).
-Recomendaciones
médicas (Folio 135 del cuaderno principal).
7. Expediente
T-2.904.191
7.1. La solicitud
El 20 de octubre de
2010, el señor Juan Alberto Betancur Quiroz, presentó acción de tutela para que
le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida digna, a la salud, al
mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada que,
según afirma, le fueron vulnerados por la empresa Ambalá S.A. al terminar el
contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito entre él y la
mencionada compañía.
7.2. Los hechos
El accionante los narra, en síntesis,
así:
7.2.1. Desde
septiembre de 2006 fue vinculado
laboralmente a la compañía Ambalá S.A., la cual es  una empresa ladrillera. Su labor
consistía en cargar y descargar ladrillos, lo cual implicaba movimientos
repetitivos.
7.2.2. Aproximadamente
en el año 2008, su estado de salud desmejoró porque empezó a presentar
problemas en su hombro derecho y una limitación funcional, situación que lo
llevó a requerir constantes citas médicas.
7.2.3. Inicialmente, en diciembre de 2008, se le diagnosticó
una Bursitis y posteriormente, en mayo de 2009, al practicársele una ecografía
de hombro, el médico fisiatra tratante, le diagnosticó síndrome de sobreuso de hombro
derecho y le ordenó una serie de terapias.
7.2.4. Como continuó con las molestias y el dolor aún
persistía, fue remitido a un especialista en ortopedia quien le diagnosticó una
lesión SLAP tipo 11B, quiste paralabral. El tratamiento que se le prescribió,
en ese entonces, consistió en el suministro de medicamentos y varias sesiones
de fisiatría.
7.2.5. Con ocasión de su desmejorado estado de salud, Comfenalco
EPS, le solicitó a la empresa su reubicación.
7.2.6. El 1 de marzo de 2010, la empresa le respondió a la
EPS que “no existía labor en la que el trabajador no tenga que hacer uso de
sus manos, por tanto, solicitó, la expedición de las respectivas incapacidades
hasta que le practiquen la cirugía o en caso contrario hasta que se resuelva su
estado de salud.”
7.2.7. Al no presentar ninguna mejoría, el médico tratante
decidió programarle para el 17 de abril de 2010 una cirugía en el hombro, para
lo cual la EPS Comfenalco profirió una serie de incapacidades y exámenes médicos.
7.2.8. No obstante su deteriorado estado de salud y el
apremio de recibir tratamiento médico, estando incapacitado, la empresa,
mediante carta de 1 de junio de 2010, le comunicó que su contrato de trabajo
terminaría por vencimiento del plazo pactado, el día 9 de julio de 2010.
7.2.9. Como consecuencia de dicha desvinculación fue
desafiliado de la EPS, lo que repercutió gravemente en su estado de salud con
ocasión de la interrupción en el tratamiento médico.
7.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Décimo
Civil Municipal de Medellín,  mediante proveído del 20 de octubre de 2010,
admitió la demanda y corrió traslado a Comfenalco EPS y Ambalá S.A. para que
ejercieran su defensa.
Así mismo, decidió
vincular al Ministerio de la Protección Social para que se pronunciara sobre
los hechos.
7.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Comfenalco
Antioquia, a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera
que la acción de tutela resulta improcedente contra la entidad, las cuales
pueden sintetizarse, de la siguiente manera:
-La EPS Comfenalco
le otorgó al paciente todas las prestaciones médico- asistenciales y económicas
requeridas, de acuerdo con las competencias asignadas por ley, expedidas dentro
de la prioridad demandada por la patología que aqueja al usuario.
-El señor Juan
Alberto Betancur Quiroz se encuentra retirado de la EPS Comfenalco Antioquia,
Programa Régimen Contributivo, desde el 9 de julio de 2010, de conformidad con
la novedad de retiro que efectuara su empleador. De ahí que el señor Betancur
Quiroz haga parte de la población vinculada al sistema a cargo de la Dirección
Seccional de Salud de Antioquia.
-De conformidad con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la entidad no vulnera ningún
derecho fundamental al no mediar relación contractual alguna con el señor
Betancur Quiroz. (Sentencias SU-807 de 1999, T-819 de 2009 y T-740 de 2002).
-En virtud de lo
anterior se solicita se declare improcedente la acción de tutela interpuesta y
se libere a Comfenalco de la prestación del servicio que se pretende y en su
lugar, se vincule a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia dada la
obligación legal que tiene el ente territorial respecto de la garantía en el
aseguramiento de la salud de la población vinculada al sistema.
7.3.2. El Ministerio de la Protección Social, a través del
Asesor Grupo Acciones Constitucionales, Oficina Asesora Jurídica y de Apoyo
Legislativo, dentro de la oportunidad legal prevista en relación con la acción
de tutela promovida por el señor Juan Alberto Betancur Quiroz, señaló:
-Cuando se trate de
personas con discapacidades, es claro que para su despido o terminación
unilateral del contrato de trabajo, deberá mediar autorización por parte de un
Inspector del Trabajo, a fin de que conste la ineptitud o imposibilidad del
trabajador para desarrollar la labor para la cual fue contratado (num. 19 art. 12
Resolución Nº 0951 de 2003), so pena de que su inobservancia genere un despido
ineficaz.
-Debe declararse la
improcedencia de esta acción de tutela contra el Ministerio de la Protección
Social por falta de legitimación por pasiva, toda vez que la entidad no es ni
fue empleador del accionante, sino que, como se afirma en la demanda, fue
trabajador de la empresa Ambalá S.A.
-La acción de
tutela, conforme a los hechos y pretensiones, no procede por cuanto existe
otros medios de defensa judicial. En este caso el accionante dispone de un
medio judicial idóneo y efectivo para lograr lo pretendido.
-Las funciones
administrativas de este Ministerio, no pueden invadir la órbita de la
jurisdicción ordinaria laboral, contenida en el artículo 2° del Código Procesal
Laboral. De ahí que al funcionario administrativo le esté vedado el
pronunciamiento de juicios de valor que califiquen los derechos de las partes,
función que es netamente de carácter jurisdiccional.
-La función de este Ministerio
se cumplió cabalmente ya que el 28 de julio de 2010 se realizó la audiencia de conciliación
la cual se declaró fallida. En el acta de dicha diligencia, se dejó constancia
que el reclamante está en libertad de acudir ante la justicia ordinaria a
reclamar sus derechos, si así lo considera conveniente.
-Por lo expuesto, se
solicita declarar la improcedencia de la presente acción de tutela contra el
Ministerio de la Protección Social.
7.3.3. La empresa Ambalá S.A. guardó silencio.
7.4. Pretensiones
El señor Juan
Alberto Betancur Quiroz solicita se tutelen sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia, se ordene a Comfenalco EPS que le preste toda la
atención médica, farmacéutica, hospitalaria y quirúrgica necesaria para la
recuperación de su estado de salud y a la empresa Ambalá S.A. su reintegro a un
cargo acorde con sus condiciones de salud.
7.5. Pruebas
-Copia de la
historia clínica, consultas médicas y órdenes de servicios a nombre del señor
Juan Alberto Betancur Quiroz (Folios 16-28 del cuaderno principal).
-Copia de las
incapacidades concedidas por Comfenalco EPS al señor Betancur Quiroz (Folios
29, 32, 36, 38, 40 del cuaderno principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía del señor Juan Alberto Betancur Quiroz y
del carné de
afiliación a Comfenalco EPS (Folio 43 del cuaderno principal).
-Copia de la
respuesta de la empresa Ambalá S.A. a la solicitud de reubicación elevada por Comfenalco
EPS en el caso del señor Betancur Quiroz (Folio 48 del cuaderno principal).
-Copia de la Comunicación
de “anuncio de vencimiento de contrato” suscrito entre el señor Juan
Alberto Betancur Quiroz y la empresa Ambalá S.A. (Folio 49 cuaderno principal).
8. Expediente
T-2.905.895
8.1. La Solicitud
El 21 de julio de
2010, la señora María Cristina Castro de Rolong interpuso acción de tutela en
nombre propio para que le fueran protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la estabilidad
laboral reforzada, pues, según afirma, le fueron vulnerados por la Red
de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional, en
adelante Red Alma Mater, al terminar el contrato laboral pactado en la
modalidad de término fijo inferior a un año, suscrito entre ella y la empresa demandada.
8.2. Los hechos
Los narra la accionante,
en síntesis, así:
8.2.1. El
2 de enero de 2007, fue vinculada a la empresa Red Alma Mater a través de un
contrato a término fijo inferior a un año para realizar funciones de asistente administrativo.
Dicho
contrato fue renovado en varias ocasiones hasta el 30 de junio de 2010.
8.2.2. Su
función consistía en recibir y entregar documentación, recibir y hacer
llamadas, archivar, digitar, es decir, todo lo relacionado con la gestión administrativa
de una secretaria.
8.2.3. Desde
mediados del año 2007, empezó a sentir un fuerte dolor en su brazo derecho. Como
su dolor se hacía cada día más intenso, decidió acudir al servicio de urgencias
de la EPS. Allí le fue diagnosticada una Epicondilitis Medial Derecho –
Epicondilitis Lateral Derecha.
8.2.4. El
25 de agosto de 2008 radicó ante la EPS Famisanar, los documentos respectivos
con el fin de determinar el origen de la enfermedad.
8.2.5. El
5 de septiembre de 2008, Famisanar EPS determinó respecto de la calificación de
origen: “Epicondilitis lateral y medial de origen profesional” e hizo a
la vez las recomendaciones del caso.
8.2.6. El
13 de febrero de 2009, le fue comunicado por parte de la Comisión Laboral de Suratep,
que la epicondilitis lateral derecha que padece cumple los requisitos para ser
calificada como enfermedad profesional, razón por la cual las prestaciones
económicas estarían cubiertas por esa ARP.
8.2.7. El
6 de febrero de 2009, Suratep le envió al Director Ejecutivo de la empresa Red
Alma Mater la calificación del origen de la enfermedad que padece y las
recomendaciones a tener en cuenta para su desempeño laboral.
8.2.8. Como
no presentó mejoría alguna con el tratamiento que le fue brindado, el médico
tratante le ordenó para el 13 de marzo de 2010 una cirugía denominada liberación
artroscopica de epicondilitis lateral de codo derecho baker I-II sinovectomías
más condroplastia cóndilo numeral por artrosis cóndilo hemeral.
8.2.9. Con
ocasión de dichas patologías, le fueron concedidas varias incapacidades. Un
total de 13 desde marzo de 2008 hasta abril de 2010.
8.2.10. Precisamente
estando incapacitada, el 25 de febrero de 2010, la empresa Red Alma Mater, le
remitió una carta en la que le notificó que el 30 de marzo de 2010 finalizaba
su vinculación laboral.
8.2.11. Como
le fue negado por parte de la ARP uno de los medicamentos que le había sido
ordenado por estar desvinculada, se comunicó, el 3 de abril de 2010, con el
Jefe de Recursos Humanos y le comentó acerca de esa situación. Por ello, y
previa aprobación del área de jurídica, fue nuevamente vinculada hasta el 30 de
junio de 2010.
8.2.12. Una
vez se terminó la incapacidad, el 18 de mayo de 2010, se reintegró a sus
labores. Ese mismo día, sufrió un desgarre porque la empresa accionada no
cumplió las recomendaciones que se habían proferido en su caso.
8.2.13. El
19 de mayo de 2010, estando en la jornada laboral, la Asistente de Recursos
Humanos de la empresa Red de Servicios Alma Mater, le hizo entrega de la carta
de despido sin tener en cuenta que la enfermedad que padece estaba en proceso
de calificación.
8.2.14. Como
consecuencia de la desvinculación, sólo hasta finales del mes de julio de 2010 contó
con los servicios de salud pues para ese entonces operó la desafiliación por la
novedad de retiro.
8.2.15. Por
parte de la empresa le fue comunicado que en adelante debía contactarse con la
ARP y que si deseaba recibir los servicios de la EPS debía afiliarse como
independiente.
8.2.16. El
salario que devengaba constituía su único ingreso para poder suplir sus
necesidades básicas y las de su familia, compuesta por una hija, su
esposo, que no trabaja, y su madre.
8.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Treinta y
Ocho Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 23 de julio de 2010,
admitió la demanda y corrió traslado a la empresa Red Alma Mater para que ejerciera
su defensa. Así mismo, ordenó vincular a Famisanar EPS y a la ARP Suratep.
8.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Famisanar EPS, a través del representante legal, señaló:
-La señora María
Cristina Castro de Rolong, se encuentra afiliada al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, a través de la EPS Famisanar como cotizante desde el
2 de febrero de 2007, siendo su estado de afiliación a la fecha activo.
-La accionante
presentó acción de tutela a fin de obtener del juez de tutela la protección de
derechos eminentemente laborales. Por lo anterior, los hechos en los cuales se
funda la presente acción son ajenos a la voluntad de la entidad.
-EPS Famisanar,
atenderá las emergencias y servicios POS que se lleguen a presentar mientras el
usuario y su grupo se encuentren afiliados y al día en el pago de los aportes
obligatorios en salud.
-De acuerdo con la
comunicación de fecha 13 de enero de 2009 suscrita por la Comisión Laboral de
Suratep, en la que se calificó la patología Epicondialitis Lateral Derecha como
enfermedad profesional, corresponde a la ARP el cubrimiento de los servicios.
-Conforme a lo
anterior, no existe la amenaza de un derecho constitucional fundamental que
deba ser protegido a través del mecanismo de amparo en relación con Famisanar
EPS, ya que, como quedó expuesto, no hay vulneración a derecho fundamental
alguno por parte de la entidad.
8.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Seguros
de Riesgos Profesionales Suramericana S.A. antes Compañía Administradora de
Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A. SURATEP S.A., en adelante ARP
Sura, a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales considera que
la acción de tutela resulta improcedente contra la entidad, que pueden
sintetizarse, así:
-La accionante
estuvo afiliada a través de la empresa Red de Universidades Públicas del Eje
Cafetero, en el siguiente periodo de cobertura: del 1 de enero de 2010 hasta el
2 de julio de 2010.
-La ARP tuvo
conocimiento de la patología de la señora Castro de Rolong el 17 de octubre de
2008, por cuanto la EPS Famisanar profirió dictamen de calificación de origen
de la patología Epicondilitis Medial Derecha y Epicondilitis Lateral Derecha,
calificando su origen como profesional mediante dictamen del 5 de septiembre de
2008.
-Por lo anterior, la
ARP, el 7 de diciembre de 2009, procedió a remitir comunicación al empleador de
actualización de recomendaciones médico laborales para la accionante en el cual
se indicaba el procedimiento para que esta efectuara sus labores.
-El 13 de enero de
2009, la ARP Sura reconoció el origen profesional de la patología de la señora
Castro de Rolong y envió comunicación a la EPS Famisanar por medio de la cual
solicitó el redireccionamiento de las prestaciones tanto asistenciales como
económicas ante la ARP.
-Desde la fecha de
reconocimiento de la enfermedad profesional, la accionante ha recibido
tratamiento por parte de la ARP Sura a través de los especialistas en fisiatría,
ortopedia y terapia física. En el último control por ortopedia, realizado el 10
de mayo de 2010, se observó una evolución satisfactoria, siendo programado el
próximo para el 2 de agosto de 2010.
-La ARP ha
reconocido y pagado por prestaciones asistenciales, de acuerdo con los
artículos 5 y 6 del Decreto 1295 de 2004 y el artículo 1 de la Ley 776 de 2002,
un total de cinco millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos diecinueve
pesos ($5.427.219).
-Así mismo, la ARP
ha proporcionado a la accionante las prestaciones económicas por concepto de
subsidio por incapacidad temporal por valor de dos millones cuatrocientos
ochenta y cuatro mil setecientos diez pesos ($2.484.710), correspondiente a 60 días.
La última fue reconocida y pagada desde el 2 de abril hasta el 11 de mayo de
2010.
-Una vez los
especialistas rindan su concepto, se citará a la señora Castro de Rolong a la
calificación de pérdida de la capacidad laboral.
-Si bien la
demandante se encuentra desvinculada de la empresa desde el 30 de junio de
2010, de acuerdo con el parágrafo 2 del Decreto 776 de 2002 “las
prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o
de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la
administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de
ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de
requerir la prestación”, por lo cual mientras la ARP Sura continúe siendo
la última ARP, continuará brindando las prestaciones asistenciales y económicas
de ley para la patología profesional de la señora Castro de Rolong.
8.3.3. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el
representante legal de la Red Alma Mater, señaló:
-Red Alma Mater
conforme con los artículos 2 numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993, el 81
de la Ley 30 de 1992 y el 95 de la Ley 489 de 1995, es una entidad estatal, con
personería jurídica, sin ánimo de lucro, de carácter gremial y académico, que
asocia a instituciones de educación superior estatales.
-Red Alma Mater, ejecuta
su objeto social a través de convenios o contratos que celebra con diversas
entidades tanto públicas como privadas, convenios que tienen una duración
determinada y que establecen la necesidad de servicios profesionales, es decir,
que teniendo en cuenta el número de convenios suscritos vigentes y dependiendo de
su objeto, se determina el número de unidades ejecutoras para desarrollar la
labor, así como de profesionales idóneos para componerlas conforme a las
labores específicas a ejecutar.
-Bajo este contexto
la señora María Cristina Castro de Rolong, estuvo vinculada a la red por medio
de contratos de trabajo ligados a los convenios del distrito capital. El último
contrato laboral vigente entre las partes fue el N° 085 cuya duración fue del 1
de abril de 2010 al 30 de junio de 2010.
-La accionante
prestó sus servicios para la Unidad Ejecutora del Distrito, que por las
contingencias propias del desarrollo de los convenios a su cargo sería
suprimida, puesto que fueron liquidados y por esta razón el contrato finalizado
a partir del 20 de marzo de 2010. Con base en lo anterior, la Dirección de
Recursos Humanos envió el preaviso con la anterioridad prevista en la ley para
finalizar el contrato de trabajo a término fijo, como se realiza a todos los
empleados de la red que se encuentran vinculados a través de esta clase de
contratos y sometidos a la vigencia de un convenio con institución pública o
privada.
Cabe destacar que
por desconocimiento por parte del personal de Recursos Humanos, el preaviso fue
enviado mientras se encontraba la trabajadora incapacitada. Al percatarse de
ello, el Departamento jurídico de la entidad dejó sin efectos el mencionado
preaviso, pues es política de la institución actuar de conformidad con la ley,
en esos casos, no terminar contratos de trabajo de personal que se encuentre en
incapacidad. Fue así como se decidió suscribir un nuevo contrato a partir del 1
de abril de 2010 al 30 de junio de 2010, es decir, que sin solución de continuidad
se mantuvo la relación laboral, de ahí que siempre estuvo vinculada al régimen
de seguridad social.
-La institución se
preocupa por el bienestar y la salud de sus empleados, tanto así, que se viene
implementado y desarrollando todo el Programa Básico de Salud Ocupacional con la
presencia permanente de un profesional encargado exclusivamente del mencionado
programa y prueba de ello, es que el único caso de enfermedad profesional entre
sus empleados, es el de la señora Castro de Rolong y en la actualidad no existe
ningún reporte de accidente trabajo.
-No es cierta la
manifestación de la accionante, según la cual, Red Alma Mater, hizo caso omiso
de las recomendaciones de la ARP y por ello sufrió un desgarro, pues la empresa
sí ha cumplido todas las recomendaciones que se han proferido en el caso de la
señora Castro. Prueba de ello son las actas que se han suscrito por la
trabajadora y proferidas por el Comité Paritario de Salud Ocupacional, así como
de los diferentes seguimientos laborales que han buscado no agravar las
condiciones de salud de la accionante y que consistieron principalmente en:
·
Asistencia a terapias asignadas
por la ARP, las cuales finalizaron el 10 de abril de 2009 y fueron ampliadas, a
las que se le permitió asistir sin ningún tipo de restricción por parte del
empleador.
·
Se le recomendó la realización de
pausas activas conforme las recomendaciones de la ARP.
·
Implementación de software
especial en el equipo.
·
Implementación de ejercicios terapéuticos
para control de la sintomatología.
·
Asistencia de terapias definidas
por la ARP.
·
Cambio de la silla ergonómica, con
el respaldo más firme y se le hizo entrega de un pad mouse gel.
·
Se reubicaron los elementos de
archivo ubicados en la caja y se remitieron a gestión documental.
·
Se reubicó el teclado
·
Se implemento descansa pies.
·
Se ampliaron las terapias.
·
Despeje del puesto para mayor
comodidad en el manejo de los documentos a archivar.
·
Se le prohibió levantar legajadores
AZ pesados.
-La comunicación que
recibió la accionante, el 19 de mayo de 2010, no era una carta de despido como
erradamente lo consideró pues se trató de un preaviso de terminación del
contrato de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 46 del Código Sustantivo
del Trabajo, forma de terminación natural de los contratos laborales por
expiración del plazo fijo pactado.
-Con base en lo
anterior, la entidad considera que es errónea la apreciación de la ex
trabajadora por cuanto confunde la terminación normal del contrato de trabajo a
término fijo, amparada en la ley, con el despido que se refiere a la
terminación unilateral por parte del empleador del contrato laboral.
-Se erige como
argumento adicional para probar que no se le despidió, el hecho que los
convenios del Distrito para los cuales se encontraba vinculada y prestaba sus
servicios, la señora María Cristina Castro, se terminaron y liquidaron. Por
esta razón, el contrato de trabajo con ella suscrito, igualmente, debía
terminarse por carencia de objeto contractual.
-La ARP Sura seguirá
atendiendo y prestando el servicio de salud que requiera la señora Castro de
Rolong, conforme a las condiciones que originaron la enfermedad profesional que
padece y ella no deberá cancelar valor alguno por ese servicio.
-Con todo, la
entidad no vulneró derecho fundamental alguno, porque como quedó expuesto, el
contrato no fue finalizado atendiendo las condiciones de salud de la
trabajadora, ni obedeció a un trato discriminatorio. Prueba de ello, es que
durante el mes de marzo, en que inicialmente finalizaba el contrato de la
señora Castro de Rolong, finalizaron otros contratos de trabajo debido a la
liquidación de los convenios suscritos por la red que eran la razón de ser de
los vínculos laborales y el de ella fue prorrogado hasta el 30 de junio de
2010.
-La tutelante no se
encuentra en riesgo de sufrir ningún perjuicio irremediable, pues de lo
aportado en el acápite de pruebas no se logró demostrar la existencia del mismo
y por tal razón no es la tutela el mecanismo apropiado para solucionar
controversias que pueden ser resueltas por la justicia ordinaria siendo el
medio apropiado la jurisdicción laboral.
8.4. Pretensiones
La señora María
Cristina Castro de Rolong solicita que se ordene el amparo definitivo de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene el reintegro y
el pago de los salarios y prestaciones sociales adeudados desde la fecha del
despido hasta que se efectúe el reintegro y cubrir las cotizaciones al sistema
de seguridad social.
8.5. Pruebas
Anexas al escrito de
la solicitud de tutela reposan las siguientes pruebas:
-Copia de la cédula
de ciudadanía de la señora María Cristina Castro de Rolong (Folio 1 del
cuaderno principal).
-Copia de las
incapacidades concedidas a la señora Castro de Rolong (Folios 2-9 del cuaderno
principal).
-Copia de la
historia clínica de la señora María Cristina Castro de Rolong y de las
distintas órdenes de servicios (Folios 10-21 y 34-45 del cuaderno principal).
-Copia del concepto
del equipo interdisciplinario de Famisanar EPS emitido en el caso de la señora
Castro de Rolong (Folios 21-23 del cuaderno principal).
-Copias de las
notificaciones de no prórroga del contrato laboral N° ADMON-10-085 de fecha 25
de febrero y 14 de mayo de 2010 (Folio 24 del cuaderno principal).
-Copia del contrato
de trabajo a término fijo inferior a un año, suscrito el 30 de diciembre de
2009 entre Red Alma Mater y la señora María Cristina Castro de Rolong (Folios
26-31 del cuaderno principal).
-Copia de la
notificación por parte de Suratep a Famisanar EPS de la calificación de la
patología que padece la señora Castro de Rolong (Folio 32 del cuaderno
principal).
-Copia del informe
de las recomendaciones médico-laborales proferidas en el caso de la señora
Castro a la empresa Red Alma Mater (folio 33 del cuaderno principal).
-Copia de la
certificación que contiene el tiempo de servicio prestado por la accionante en
la empresa  Red Alma Mater (Folios 46-48).
9. Expediente
T-2.906.302
9.1. La solicitud
El 16 de abril de
2010, la señora Narcisa Vives Canencia presentó acción de tutela para que le
fueran protegidos sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada
y a la igualdad que, según afirma, le fueron vulnerados por Servicios
Especiales para Empresas & Cía. Ltda., en adelante Sespem Ltda. y Tubos del
Caribe S.A. al terminar el contrato de trabajo a término fijo inferior a un año,
suscrito entre ella y la primera entidad mencionada.
9.2. Los hechos
La accionante los narra, en síntesis,
así:
9.2.1. Desde
el año 2003 fue vinculada a la empresa Sespem Ltda., a  través de un contrato
de trabajo a término fijo, para prestar sus servicios como herramentista II, en
calidad de trabajadora en misión, siendo asignada de manera continua a la
empresa Tubos del Caribe S.A.
9.2.2. Desde
el año 2005 padece de graves trastornos de salud, los cuales le generaron varias incapacidades.
9.2.3. A mediados del año 2007, se le diagnosticó “Trastorno
Depresivo Recurrente” por lo cual viene en tratamiento permanente y
asistiendo a citas de control.
9.2.4. El 29 de agosto de 2009, el médico de Salud
Ocupacional de la EPS Salud Total le comunicó a Sespem Ltda. acerca de sus
condiciones sicofísicas y de la imposibilidad de laborar en turno nocturno.
9.2.5. El 31 de octubre de 2009, Sespem Ltda., le comunicó
que su vinculación laboral terminó porque sus servicios ya no eran requeridos
en Tubos del Caribe S.A., afirmación que no se ajusta a la realidad porque el
señor Juan Carlos Orozco la reemplazó en sus funciones y en el cargo.
9.2.6. Es madre cabeza de familia de tres hijas Delia Paola y
Grey González Vives y Juliana Álvarez Vives, que tienen 21, 11 y 7 años de edad
respectivamente.
9.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Cartagena, mediante proveído del 27 de abril de 2010,
admitió la demanda y corrió traslado a las entidades demandadas para que
ejercieran su defensa.
9.3.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Sespem
Ltda., a través del representante legal, dio respuesta a la acción de tutela,
en los siguientes términos:
-Sespem Ltda., es
una empresa temporal y tiene como único objeto suministrar personal temporal a
sus usuarios con fundamento en la Ley 50 de 1990.
-La señora Vives
Canencia celebró varios contratos laborales con la empresa desde el año 2003
pero no de manera continua y ocupando diferentes cargos.
-A la empresa no le
consta las condiciones de salud de la accionante, toda vez que en el archivo de
la hoja de vida no reposa ninguna comunicación escrita por parte de la EPS o la
ARP a la que se encontraba afiliada, en la que conste un diagnóstico
definitivo, sólo reposan recomendaciones de restricción a la jornada laboral,
las cuales fueron cumplidas.
-El vínculo laboral
con la señora Vives Canencia terminó por configurarse una causal legal que así
lo permitía, que en este caso, se estructuró como consecuencia de la
finalización del plazo para el cual había sido contratada.
-Sespem Ltda., le
comunicó a la accionante con antelación de más de 30 días al vencimiento del
término estipulado, la decisión de no prorrogar su contrato de trabajo.
-Al momento de
terminársele el contrato de trabajo, la accionante no se encontraba
incapacitada, razón por la cual  no se necesitaba el permiso de la oficina de
trabajo.
-No le consta a la
empresa que la demandante sea madre cabeza de familia y del parentesco con las
personas que relaciona como sus hijas se atiene a lo que se pruebe, haciendo la
salvedad de que la última de las niñas que menciona como su hija, -Emily Daiana
Rodríguez González-, figura en el registro civil de nacimiento como hija de la
señora Delia González Vives.
9.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente,
Tubos del Caribe S.A., a través de apoderado, esgrimió las razones por las
cuales considera que la acción de tutela resulta improcedente para lograr la
protección de los derechos fundamentales de la accionante.
-La señora Vives
Canencia prestó sus servicios a la entidad a través de Sespem Ltda., no en
forma ininterrumpida como ella lo afirma, sino mediante diferentes
contrataciones de acuerdo con las concretas y puntuales necesidades.
-El verdadero empleador
de la accionante fue la firma Sespem Ltda.
-Sespem Ltda., le
comunicó acerca de una restricción del servicio en el que se estableció que la
señora Vives Canencia no debía cumplir horarios nocturnos o vespertinos
(alterando de ese modo el diagrama normal de rotación).
-La entidad
desconoce los términos en que Sespem Ltda. informó a la demandante sobre la
extinción del vínculo por finalización del plazo por el cual había sido
contratada, por cuanto, dicha empresa, el 16 de octubre de 2009, le comunicó por
escrito a Tubos del Caribe que por decisión de la junta directiva de esa
compañía, se daría por terminado el contrato de trabajo de la señora Vives, a
partir del 31 de octubre de 2009.
-Al momento de la
extinción del vínculo laboral entre la accionante y Sespem Ltda., no existía
imposibilidad alguna por parte de la trabajadora de prestar el servicio.
-Para la empresa,
ante la terminación del contrato de la señora Vives, fue necesario, con base en
la oferta del mercado, contratar otra persona con el fin de satisfacer sus
necesidades particulares.
-Respecto de la
situación de salud de la accionante, la empresa nunca tuvo conocimiento del
padecimiento de una afección que le impidiera  realizar sus funciones. Advierte
que una afirmación en tal sentido es contraria a la realidad, debido a que la demandante
estuvo vinculada contractualmente con la empresa Centro Nacional de Mecanizado
S.A. durante los meses de enero y febrero de 2010.
-Por las
consideraciones expuestas, la empresa se opone a las pretensiones de la señora
Vives Canencia y solicita su rechazo.
-Se advierte, además,
la falta de inmediatez por haber transcurrido 7 meses desde que Sespem Ltda.,
notificó a la accionante acerca de la extinción de su contrato de trabajo.
-Respecto de la
empresa Tubos del Caribe S.A., no existe legitimación por pasiva y por ello se
solicita sea desvinculada del presente trámite.
9.4. Pretensiones
La señora Narcisa
Vives Canencia solicita se tutelen sus derechos fundamentales invocados y, en
consecuencia, se ordene a las empresas Sespem Ltda. y Tubos del Caribe S.A. su
reintegro a un cargo acorde con su estado de salud
actual.
9.5. Pruebas
-Copia de la
historia clínica de la señora Narcisa Vives Canencia en los años 2005, 2007 y
2008  (Folios 9-20 cuaderno principal).
-Copia de la
incapacidad de veintinueve (29) días otorgada por Salud Total EPS a la actora
por enfermedad general que comprende desde el 5 de abril al 3 de mayo de 2009
(Folio 21 del cuaderno principal).
-Copia del certificado
laboral expedido por el Director de Recursos Humanos de Sespem Ltda. a nombre
de la señora Narcisa Vives Canencia (Folio 22 del cuaderno principal).
-Copia de los
registros civiles de nacimiento de Grey Vanesa González Vives y Yuliana Álvarez
Vives, hijas de la señora Narcisa Vives Canencia (Folios 24-25 del cuaderno
principal).
-Copia de la cédula
de ciudadanía de Delia Paola González Vives (Folio 26 del cuaderno principal).
-Copia del registro
civil de nacimiento de Emily Daiana Rodríguez González, nieta de la señora
Narcisa Vives Canencia (Folio 27 del cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación dirigida a Tubos del Caribe S.A. por parte de Sespem Ltda. por
medio de la cual le notificó acerca de la terminación del contrato de trabajo
suscrito entre la señora Narcisa Vives Canencia y la mencionada empresa
temporal (Folio 28 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica de la señora Narcisa Vives Canencia en el año 2009 (Folio 29
del cuaderno principal).
-Copia del contrato
de arrendamiento de vivienda urbana suscrito entre la señora Narcisa Vives
Canencia y el señor Willian Simancas Rojano (Folio 30 del cuaderno principal).
-Copia del contrato
de trabajo a término fijo, suscrito el 1 de diciembre de 2007 por la señora
Narcisa Vives Canencia y Sespem Ltda. (Folios 44-45 del cuaderno principal).
-Copia del preaviso
de no prórroga del contrato de trabajo suscrito el 1 de diciembre de 2007 por
la señora Narcisa Vives Canencia y Sespem Ltda. (Folio 46 del cuaderno
principal).
-Copia de distintas
incapacidades otorgadas por Salud Total EPS a la actora por enfermedad general
(Folios 52-60).
10. Expediente
T-2.918.135
10.1. La
solicitud
El 28 de septiembre
de 2011, el señor Idelfrank Rodríguez Castillo, presentó acción de tutela, para
que le fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
salud, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, en su calidad de
persona incapacitada, derechos que, según afirma, le fueron vulnerados por las
empresas Atiempo S.A.S. y Espumas Santafé de Bogotá S.A., en adelante,
Ramguiflex, al terminar el contrato laboral pactado en la modalidad de duración
de obra o labor determinada, que suscribió la empresa de servicios temporales
mencionada.
10.2. Los hechos
El accionante los
narra, en síntesis, así:
10.2.1. Desde el 28 de septiembre de 2009, fue vinculado a la
empresa de servicios temporales, Atiempo S.A.S., para atender requerimientos de
la empresa Ramguiflex, en donde desempeñó el cargo de operario.
10.2.2. El 22 de enero de 2010, sufrió un accidente de
trabajo al golpear su espalda con una baranda de contención, el cual fue
debidamente reportado a la ARP Positiva. Dicho siniestro le ocasionó una lesión
en columna lumbar y le generó varias incapacidades.
10.2.3. El 25 de mayo de 2010, el Dr. Giovani Ortiz Muñoz,
adscrito a Salud Total, se encontraba en la empresa Ramguiflex y expidió una
remisión de servicio con fecha 26 de mayo de 2010 que sugiere reubicación
temporal y no cargar  un peso mayor a 20 kilos.
Ese 25 de mayo, la
señora Angélica Cardona de Recursos Humanos de la empresa Ramguiflex, le
manifestó que no podía volver a laboral allí, pues su rendimiento no era el
adecuado y le solicitó que se reintegrara cuando tuviera un diagnóstico
definido. Este hecho fue informado a la empresa de servicios temporales.
10.2.4. El 17 de junio de 2010, por escrito, la empresa Atiempo
S.A.S. le notificó la finalización de su contrato de trabajo porque la relación
había culminado, el 30 de mayo de 2010, por terminación de la obra.
10.3. Oposición a
la demanda
El Juzgado Cincuenta
Civil Municipal de Bogotá, mediante proveído del 29 de septiembre de 2010,
admitió la demanda y corrió traslado a las empresas Atiempo S.A.S. y a
Ramguiflex para ejercieran su defensa.
10.3.1. Dentro de la oportunidad legal prevista, la empresa
de servicios temporales Atiempo S.A.S., a través del representante legal, se
opuso a las pretensiones del accionante arguyendo lo siguiente:
-El señor Idelfrank
Rodríguez Castillo estuvo vinculado con la empresa de servicios temporales, en
un único periodo que comprendió del 28 de septiembre de 2009 al 31 de mayo de
2010. Fecha esta última en la que finalizó el contrato de trabajo con ocasión
de la terminación de la labor para la cual había sido contratado y cuando ya
había finiquitado también la única incapacidad que se le concedió.
-El señor Rodríguez
Castillo, el 22 de enero de 2010, sufrió un accidente de trabajo, el cual fue
reportado a la ARP Positiva, entidad que le prestó toda la asistencia médica.
-De conformidad con
los documentos que reposan en la hoja de vida del trabajador, aquél solo
presentó a la empresa una incapacidad  que inició el 29 de mayo y terminó el 31
de mayo de 2010.
-Respecto de la
afirmación hecha por la Jefe de Recursos Humanos de Ramguiflex, al decir del
señor Rodríguez Castillo, según la cual no podía seguir laborando allí dado su
bajo rendimiento y hasta que no tuviera un diagnóstico definido, no le consta a
la empresa.
-Ante la renuencia
del trabajador de concurrir a la empresa con el fin de recibir la liquidación
de prestaciones sociales, el 17 de junio de 2010, la empresa le envió por
correo certificado la carta de terminación del contrato de trabajo.
-La empresa Atiempo
S.A.S. terminó el contrato de trabajo con el señor Rodríguez Castillo por
cuanto la labor para la cual fue contratado finalizó.
-Es la ARP Positiva,
la entidad que debe otorgarle al actor ya sea la indemnización o pensión de
invalidez.
-Existen en este
caso otros mecanismos de defensa judicial a los cuales puede acudir el actor.
-Al señor Idelfrank Rodríguez
Castillo, “en ningún momento se le despidió sin justa causa, su contrato
escrito de trabajo reglado en la modalidad de contrato de trabajo por el
término que dure la realización de la obra terminó por justa causa, consistente
en la finalización de la labor contratada, esto ocurre [cuando] la contratante
de los servicios temporales manifiesta que va a disminuir la producción, de
modo que se termina la labor para la cual fue contratado el actor.”
La conducta
desplegada por la empresa se encuentra ajustada a derecho y en ningún caso
podría configurarse un despido sin justa causa.
-Así mismo, se
demostró que no estaba incapacitado al momento de la finalización del contrato
de trabajo, razón por la cual no se requería de la autorización del Inspector
del Trabajo.
10.3.2. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, la
empresa Ramguiflex, a través de apoderado, esgrimió las razones por las cuales
considera que la acción de tutela resulta improcedente para lograr la
protección de los derechos fundamentales del accionante y que pueden
sintetizarse de la siguiente manera:
-Respecto de la
acción de tutela promovida por el señor Idelfrank Rodríguez Castillo, quien
tenía la condición de trabajador en misión, en virtud del contrato de servicios
temporales suscrito con la empresa Atiempo S.A.S., Ramguiflex afirmó que es
totalmente ajena a los hechos relacionados con la terminación del contrato de
trabajo suscrito entre el señor Rodríguez y la empresa de servicios temporales
mencionada, dada la naturaleza jurídica del contrato de servicios. Por lo tanto,
la empresa no está legitimada para ser accionada en este proceso de tutela.
-El accionante
cuenta en este caso con otros mecanismos de defensa judicial pues la
legislación colombiana ha consagrado instrumentos judiciales ordinarios para
hacer efectivo el reconocimiento y pago de derechos de índole laboral, como lo
es la justicia laboral ordinaria a la cual debió acudir, a través de un proceso
ordinario, para lograr la efectividad de sus derechos laborales.
-En el caso que se
examina no se observó el principio de la inmediatez, pues los hechos que
sustentan la acción de tutela tuvieron ocurrencia hace 120 días. Además, el
actor no ha demostrado su estado actual de salud que amerite la inminencia de
la acción incoada en pro de lo pretendido, lo que corrobora la improcedencia de
la acción de tutela.
10.4.
Pretensiones
El señor Idelfrank
Rodríguez Castillo solicita que sean protegidos sus derechos fundamentales a la
vida digna, a la salud, al mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada, en
su calidad de persona incapacitada y, en consecuencia, se ordene a las empresas
accionadas efectuar su reintegro al cargo que venía desempeñando o a uno de
mejor categoría.
Así mismo, solicita
sea afiliado al Sistema General de Seguridad Social y se le paguen los salarios
y prestaciones dejados de percibir durante el tiempo que estuvo desvinculado de
la empresa hasta el reintegro.
10.5. Pruebas
-Copia del formato
de informe para accidente de trabajo del empleador o contratante (Folio 12 del
cuaderno principal).
-Copia de la
comunicación de fecha junio 17 de 2010, dirigida al señor Idelfrank Rodríguez
por medio de la cual se remitió la carta de terminación del contrato, copia de
la liquidación de prestaciones sociales y los tres últimos pagos al sistema de
seguridad social (Folio 14 del cuaderno principal).
-Copias de las
incapacidades médicas concedidas al señor Rodríguez Castillo (Folios 18 -22 del
cuaderno principal).
-Copia de
autorizaciones de servicios proferidas por la ARP Positiva a nombre del señor
Idelfrank Rodríguez Castillo (Folios 23 y 24 del cuaderno principal).
-Copia de la
historia clínica del señor Rodríguez Castillo (Folios 25 -32 del cuaderno
principal).
-Copia de la
liquidación definitiva de prestaciones sociales realizada por la empresa Atiempo
S.A.S. al señor Idelfrank Rodríguez Castillo (Folio 140 del cuaderno principal).
-Copia del contrato individual
de trabajo por duración de una obra o labor determinada suscrito por el señor
Idelfrank Rodríguez Castillo y la empresa Atiempo S.A.S. (Folio 148 del
cuaderno principal).
-Copia del contrato
de prestación de servicios Número A4-033-09 suscrito entre Espumas Santafé de
Bogotá S.A. y Atiempo S.A.S. (Folios 156 -165 del cuaderno principal).
II. TRAMITE
PROCESAL
1. Expediente
T-2.832.803
1.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Catorce
Civil Municipal de Bogotá, mediante Sentencia del 1 de julio de 2010, decidió
no tutelar los derechos fundamentales invocados como vulnerados por el señor
Bercely Velasco Pérez al considerar que cuenta con otros mecanismos de defensa,
esto es, la jurisdicción laboral.
Así mismo, el a
quo señaló que el demandante“podrá acudir a los entes del Estado que
ejercen control y vigilancia sobre la accionada y allí podrá efectuar las
acciones necesarias para lograr el objetivo.”
1.2. Impugnación
La parte actora
impugnó el fallo proferido por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá al
considerar que el a quo no tuvo en cuenta que el mecanismo ordinario de
defensa que está a su alcance se torna ineficaz y que es necesario un
pronunciamiento a través del mecanismo expedito de la tutela, pues está ante un
perjuicio irremediable por su estado de incapacidad que sobrevino por el
accidente de trabajo que sufrió estando al servicio de la empresa demandada.
1.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Doce
Civil del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia del 23 de agosto de 2010,
decidió confirmar el fallo impugnado por las mismas razones expuestas en la
primera instancia.
Para el ad quem
no se demostró que el despido ocurrió como consecuencia de la condición de
incapacidad del accionante. Además, el contrato no superó los dos (2) meses de
trabajo, lo que significa que tampoco se cumple la condición de “…
permanecer en él y gozar de cierta seguridad en la continuidad del vínculo
laboral contraído”.
2. Expediente
T-2.857.547
2.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Planeta Rica, mediante Sentencia del 31 de agosto de 2010,
consideró que la acción de tutela promovida por el señor Iván Silvano Pacheco
Germán contra la empresa MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, es
improcedente por las siguientes razones:
-No se cumple en
este caso con el principio de la inmediatez. En efecto, el actor señala que se
desconocieron sus derechos fundamentales como consecuencia de la terminación de
su contrato de trabajo por parte de la empresa MHC Ingeniería y Construcción de
Obras Civiles la cual ocurrió, el 10 de noviembre de 2009, e instauró la
presente acción de tutela el 10 de agosto de 2010, es decir, nueve meses
después del hecho supuestamente generador de la vulneración.
-El accionante
dispone de otro medio de defensa judicial, cual es la jurisdicción ordinaria.
Esto dijo el a quo:
“… lo único que puede disponer este despacho es negar
el amparo al estimar que el conflicto [que] subsiste entre las partes debe
dirimirse ante la justicia ordinaria laboral, toda vez que por vía de tutela no
se puede entrar a determinar ‘si el despido del trabajador fue justificado o
no, además si padecía o no una enfermedad profesional’.
Además, lo pretendido por esta acción de tutela es de
‘carácter legal y no constitucional y la naturaleza de la tutela es residual y
subsidiaria respecto a los demás mecanismos e instrumentos judiciales de
protección de los derechos de las personas’, no correspondiendo aplicarla como
mecanismo transitorio, pues ‘n ose está frente a un perjuicio irremediable’.”
Dicha decisión no
fue impugnada.
3. Expediente
T-2.894.675
3.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Segundo
Civil Municipal de Santa Marta, mediante providencia del 21 de junio de 2010,
negó el amparo solicitado por la señora Eunice Helena Castillo Miranda, por la siguiente
razón:
En el presente caso,
no se cumplen con los supuestos que de conformidad con la jurisprudencia
constitucional acreditan una discriminación al momento de efectuarse un
despido, esto es: (i) Que el peticionario pueda considerarse una persona
discapacitada, o en estado de debilidad manifiesta; (ii) Que el empleador tenga
conocimiento de tal situación; y, (iii) que se halle probado el nexo causal
entre el despido y el estado de salud del trabajador.
-Respecto del primer
requisito, no existe prueba en el expediente que demuestre que la accionante
durante la relación laboral estuvo discapacitada o en estado de debilidad
manifiesta. Si bien estaba enferma, su diagnóstico no afectó su actividad
laboral, prueba de ello es que sólo fue generada una incapacidad por dos días
por enfermedad general.
-En torno al segundo
requisito, tampoco se cumple en este caso, porque si bien, al decir de la
demandante, el administrador de la empresa era quien concedía los permisos,
éstos tenían que ser fundamentados y probados ante el empleador, lo cual en
este caso no aconteció. Luego, no puede afirmar que la empresa accionada tenía
conocimiento de su estado de salud, “…en esta contienda el referido
administrador sostuvo que la actora nunca le comentó su estado de salud,
limitándose a pedir algunos permisos esporádicos con el fin de ir donde el
médico, pero que luego, no fueron justificados…”. “Siendo ello así, se
considera que la actora actuó de forma negligente, pues es ella quien debe
poner en conocimiento del empleador de su estado de salud, acreditándolo con la
historia clínica e incapacidades.”
La actora allegó
varias incapacidades, de las cuales sólo una de ellas, por el término de dos
días, se produjo durante el periodo laboral, y sin embargo, no fue puesta en
conocimiento del empleador. Las demás, fueron concedidas con posterioridad a la
fecha en que el empleador le comunicó su decisión de no prorrogar el contrato.
-En relación con el
tercer presupuesto, la señora Castillo Miranda, tampoco acreditó la relación de
causalidad entre la no renovación de su contrato y su estado de salud. Por el
contrario, la empresa accionada demostró que la decisión adoptada por la
configuración de una causal legal de terminación del contrato.
3.2. Impugnación
El apoderado
judicial de la parte demandante impugnó el fallo de primera instancia por las
siguientes razones:
-El a quo no
valoró las pruebas con fundamento y orden cronológico, toda vez que el contrato
de trabajo inicial se firmó por tres meses, es decir, del 18 de mayo al 17 de
agosto de 2009 y renovado automáticamente en dos ocasiones con los siguientes
periodos desde el 18 de agosto al 17 de noviembre de 2009 y del 18 de noviembre
del 2009 al 17 de febrero del 2010 y no el 18 de enero, como equivocadamente lo
considera el despacho judicial.
Este error, lo llevó
a interpretar de forma equívoca, que la incapacidad dada el 11 de febrero del
2010 y presentada por la señora Castillo Miranda a la empresa se realizó de
forma extemporánea, hecho que no es cierto, pues se presentó aún en vigencia
del contrato de trabajo.
-La empresa
accionada, sí conocía del estado de debilidad manifiesta de la demandante,
porque de forma verbal la señora Castillo le informó acerca de su deteriorado
estado de salud al señor Wilson Clavijo, quien le concedió como administrador
de la empresa los múltiples permisos que solicitó con el fin de acudir al
sinnúmero de citas con los especialistas.
Verbalmente, la
señora Castillo Miranda, le hizo al señor Wilson Clavijo, un detallado informe
de todos los exámenes médicos que le fueron practicados, los controles con los
diferentes especialistas, el estado de salud en el que se encontraba y por ello
le eran concedidos los permisos.
Además, dentro del
objeto social del Laboratorio Químico Clínico Ltda., está el de “realizar
actividades y exámenes de salud ocupacional en todas y cada una de sus
aplicaciones y exámenes médicos”. Esto sumado a la información que poseía
el señor Wilson Clavijo, permitía establecer que la trabajadora se encontraba
en deterioro progresivo de su estado de salud y en una situación de debilidad
manifiesta.
-La señora Castillo
Miranda nunca actuó de forma negligente sino orientada por el principio de
buena fe, toda vez que la información entregada a la empresa se hacía de forma
verbal y a la espera que el grupo de profesionales de la salud establecieran las
causas que deterioraban progresivamente su estado de salud.
-El señor Wilson
Clavijo en esta instancia, niega el conocimiento del estado de salud de la
trabajadora con el fin de proteger sus intereses personales y familiares.
-Las pruebas
allegadas al proceso demuestran que el estado de salud de la señora Eunice
Helena Castillo se encuentra deteriorado, prueba de ello es que desde el mes de
febrero, mes en que fue retirada de la empresa accionada, continúa
incapacitada, situación que acredita que la empresa tenía conocimiento del
estado de salud de su trabajadora y que con sólo afirmar que no existe
documento que demuestre que ella había informado acerca de su situación, no es
suficiente para evadir la falla en que incurrió al desvincularla.
3.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Primero
Civil del Circuito de Santa Marta, mediante providencia del 11 de agosto de
2010, confirmó el fallo impugnado al considerar que “la accionante cuenta
con los medios de defensa judicial contemplados por la justicia ordinaria
laboral a fin de dirimir y ventilar el conflicto originado en razón de su
presunta injusta desvinculación….".
4. Expediente
T-2.895.762
4.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado
Diecisiete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá,
mediante Sentencia del 20 de agosto de 2010, negó el amparo solicitado por el
señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia, por las siguientes razones:
-Los derechos
laborales pretendidos por el señor Barbosa Valencia no han sido soslayados por
las empresas accionadas, toda vez que la misión de trabajo suscrita y
encomendada al accionante, terminó de conformidad con lo pactado en el contrato
de trabajo.
-El presente caso
genera un debate que debe ser dirimido ante la jurisdicción laboral.
-Para la procedencia
del pago de las incapacidades médicas es imperativo la vigencia del correspondiente
contrato laboral. En el presente evento el certificado de licencias o
incapacidades se generó el 10 de junio y el 10 de julio del 2010, cuando el
contrato de trabajo en misión ya había terminado, el 31 de mayo del citado año.
Además, el accionante no comunicó al empleador con anterioridad a esta fecha
que padecía de alguna enfermedad.
4.2. Impugnación
El apoderado
judicial de la parte demandante impugnó el fallo de primera instancia por las
siguientes razones:
-En este caso la
acción de tutela se presenta como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, el cual se traduce en que al señor Barbosa Valencia le
puede ser suspendido abruptamente el tratamiento de quimioterapia que se le
viene realizando por el no pago de los aportes.
-La patología que
padece el señor Barbosa Valencia fue diagnosticada mucho antes de la
terminación del vínculo laboral y no hay duda que la desvinculación ocurrió
como consecuencia de ésta, pues las empresas a las cuales el demandante le vendía
los productos de Ajover S.A., aún se encuentran desarrollando su actividad.
-El trabajador no
informó acerca de su enfermedad a las empresas accionadas, antes del despido, porque
para ese entonces el médico tratante, solamente lo había remitido a psiquiatría.
4.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Veintiuno
Penal del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 29 de septiembre de
2010, confirmó el fallo impugnado por las siguientes consideraciones:
-El despido del señor
Jaime Alejandro Barbosa, se originó con antelación al descubrimiento efectivo
de la patología que lo afectó. Ello significa que no es viable deducir que la
terminación del vínculo laboral tuvo como causa la enfermedad de base del
demandante, pues pese a existir con anterioridad, no se observa en la foliatura
que el demandante hubiere acudido ante la EPS para que se le dictaminara el
origen de sus padecimientos o que se le hubiere otorgado una incapacidad que
demostrara su imposibilidad para laborar.
-Se observa en el
plenario que el señor Barbosa Valencia, el 26 de mayo de 2010, acudió a
Saludcoop EPS y el médico tratante -psiquiatra-, le prescribió el medicamento
denominado fluoxetina clorhidrato por 30 días, sin que pueda concluirse que por
esta circunstancia, Recursos Humanos Exclusivos S.A. hubiera adoptado la
decisión de desvincularlo, pues es claro según los términos de la comunicación
dirigida al demandante que ello obedeció “por haber finalizado la obra o labor
para la cual fue contratado”.
-De acuerdo con la
fecha de finalización del contrato, el señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia,
no podía ser considerado como una persona en situación de debilidad manifiesta,
pues el empleador no tenía conocimiento de sus padecimientos y por ello no era
necesario acudir al Ministerio de la Protección Social para poder
desvincularlo, toda vez que a la terminación laboral no existía dictamen médico
que permitiese conocer su deplorable estado de salud.
5. Expediente
T-2.899.303
5.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Segundo
Penal Municipal de Yumbo, mediante providencia del 13 de julio de 2010,
concedió el amparo solicitado por el señor Paulo Alberto Millán Díaz al
considerar que la empresa Centelsa, sí incurrió en violación del derecho a la
estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la seguridad social y a la
salud en la medida en que no aplicó los principios de solidaridad y de igualdad
que deben orientar las relaciones de trabajo. “En efecto, la referida
compañía, en su calidad de empleadora tenía el deber de coordinar armónicamente
con las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y con el trabajador
su proceso de recuperación y rehabilitación, hasta que se definiera si vencido
el término de 180 días que establece la legislación laboral y de seguridad
social, éste tenía derecho a una pensión de invalidez, al reintegro o a la
reubicación laboral.”
5.2. Impugnación
El apoderado
judicial de la parte demandada impugnó el fallo proferido en primera instancia,
señalando básicamente lo siguiente:
-“La divergencia
con la sentencia recurrida se refiere, al modo como el juzgado fundamenta la
decisión adoptada, carente de todo sustento fáctico que le permita elaborar los
planteamientos signados en la misma y que le permitan al vencido en juicio
tener la seguridad de que los argumentos vertidos por el juez para adoptar su
decisión están respaldados sobre pruebas válidamente allegadas al proceso a más
del manejo que le da al perjuicio irremediable.”
-Muchas de las
afirmaciones realizadas por el tutelante no se encuentran respaldadas por
pruebas idóneas allegadas al proceso.
-Pretende hacer
creer el demandante que está amparado por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997,
sin tener en cuenta que la certificación que expidió Medicina Laboral EPS Sura solamente
se refirió a “recomendaciones médicas para Paulo Alberto Millán Díaz”,
sin que allí conste un diagnóstico definitivo.
Aunado a lo anterior,
las recomendaciones dadas fueron tenidas en cuenta y cumplidas por Centelsa
pero aquellas no se asemejan a “INCAPACIDADES GENERALES, o INCAPACIDADES
PERMANENTES PARCIALES, NI A INVALIDEZ, y la Ley 361 de 1997 cuando
se refiere al hecho de que no obstante, quienes fueren despedidos o su contrato
terminado por razón de su limitación…, esa limitación hace relación a una INCAPACIDAD
PERMANENTE PARCIAL o a la INVALIDEZ declarada, no a
una INCAPACIDAD GENERAL, que de suyo supone la recuperación TOTAL del
individuo en el tiempo sin secuelas a futuro.”
-El a quo,
trae a colación la Ley 361 de 1997 que no es relevante al tema en cuestión,
pues ésta tiene la finalidad de proteger a las personas que tienen una
incapacidad permanente parcial o invalidez. En el caso específico del señor
Millán Díaz, aquél no padece ninguna incapacidad o invalidez, pues como el
mismo lo afirmó en el escrito de tutela “LA ARTRALGIA que me fue
diagnosticada no me inhabilita o limita para el desempeño de las labores en
CENTELSA”.
-No existe un
perjuicio grave e irreparable en el presente caso, pues el mismo demandante
manifestó que la Artralgia que le fue diagnosticada no lo inhabilita ni lo
limita para el desempeño de sus funciones.
-El Decreto 917 de
1999, que modifica el Decreto 692 de 1995, crea el Manual Único para la
Calificación de la Invalidez y en el presente caso, en el expediente no hay
prueba alguna de que conforme a estas regulaciones el accionante haya sido
calificado por las autoridades especializadas y con competencia para hacerlo.
-La desvinculación
del actor no obedeció al hecho de su Artralgia, la decisión tomada por la
empresa se oficializó antes de que la misma le fuera diagnosticada al señor
Millán Díaz.
-En este caso no se
cumplen los presupuestos que acreditan que existe una discriminación:
El señor Millán Díaz
ni es una persona discapacitada por cuanto no ha sido calificado como tal por
una autoridad válidamente reconocida para ello, no se encuentra en estado de
debilidad manifiesta, por cuanto no acreditó tal debilidad con pruebas
debidamente traídas al proceso.
-El empleador tuvo
conocimiento de las recomendaciones que le hizo la EPS pero la desvinculación
no se dio como consecuencia de la Artralgia, pues el diagnóstico de esta, le
fue dado con posterioridad a la fecha de su despido, por lo tanto, mal puede
aseverarse que su desvinculación fue consecuencia de un hecho que aún no había
ocurrido para la fecha en que se decide desvincularlo.
-El despido del señor
Millán Díaz no necesitaba previo permiso del Ministerio de la Protección Social
porque no estaba incapacitado ni declarado inválido.
5.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Quince
Penal del Circuito de Cali, mediante providencia del 27 de agosto de 2010,
revocó el fallo proferido en primera instancia bajo las siguientes
consideraciones:
-El accionante no se
encuentra dentro de las categorías de discapacidad ni invalidez, pues la artralgia
que le fue diagnosticada no lo incapacitó para ejercer las funciones que desempeñaba
en la empresa demandada, además el mismo actor expresó que esta patología no lo
inhabilita o limita para el desempeño de sus labores en Centelsa.
-El empleador no
desconoció lo contemplado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en lo
relacionado con el deber de consultar previamente a la Oficina de Trabajo, el
despido de trabajadores que sufren alguna forma de discapacidad o invalidez,
pues el actor no presenta ningún tipo de discapacidad o invalidez,
considerándose que no es obligación entonces para el empleador solicitar
permiso previo de autoridad administrativa antes de efectuarse el despido.
-Dentro del proceso
de tutela no obra una certificación o carta de la ARP en la que se informe que
el señor Millán Díaz haya sido incapacitado o que la Artralgia que sufre o
sufrió le haya disminuido su capacidad laboral, pues el mismo reconoce que se
encuentra habilitado para laborar. Sólo existen unas recomendaciones que no
demuestran que se encontrara incapacitado para el momento del despido sin justa
causa, lo que da lugar a deducir que la terminación del contrato de trabajo no
obedeció a dicha circunstancia, o por lo menos no hay demostración de que ello
haya ocurrido.
-Tampoco hay
probanza de la que se pueda deducir la afectación del mínimo vital o de otros
derechos fundamentales, si se tiene en cuenta que al no tener la calidad de
persona discapacitada tiene la posibilidad de desempeñar su profesión u otra de
la que pueda derivar su sustento.
-En el presente caso
se trata de un conflicto contractual de trabajo entre las partes,
circunstancias que pueden ser analizadas dentro de un proceso ordinario,
instrumento jurídico principal que puede ser empleado por el accionante en
defensa de sus derechos, ya que, como se sabe, la acción de tutela es de
naturaleza subsidiaria y residual.
6. Expediente
T-2.903.601
6.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Promiscuo
Municipal de San Pedro (Valle del Cauca), mediante providencia del 6 de
septiembre de 2010, concedió el amparo de los derechos del señor Luis Alfonso
Pulgarín, por las siguientes razones:
-Se encuentra
probado que el señor Luis Alfonso Pulgarín celebró un contrato de trabajo con
la empresa Avidesa de Occcidente S.A. y durante el desarrollo de la relación
laboral sufrió una enfermedad que comprometió seriamente su estado de salud, el
cual al momento del despido aún no había recuperado. Por ello tenía derecho a
la estabilidad laboral reforzada.
-El estado de salud
del señor Pulgarín está seriamente comprometido, según el dictamen de medicina
legal que se rindió a instancia del despacho y según el cual:
“(…)
Diagnóstico actual: Hemorragia Vítrea de ojo
izquierdo, sin posibilidad de mejoría.
Impresión diagnóstica: Perturbación funcional del
órgano de la visión, de carácter permanente y perturbación psíquica secundaria.
Incapacidad laboral: Por 40 días
Posterior valoración por medicina laboral para que
determine grado de discapacidad.
(…)”
6.2. Impugnación
La parte demandada
impugnó el fallo proferido en primera instancia al considerar que el actor
dispone de otros medios de defensa judicial para defender sus derechos.
6.3. Sentencia de
segunda instancia
El Juzgado Tercero
Civil del Circuito de Tuluá, mediante providencia del 27 de octubre de 2010,
revocó el fallo proferido en primera instancia al considerar que en este caso
el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa como lo es el proceso
laboral ante la jurisdicción ordinaria laboral.
7. Expediente
T-2.904.191
7.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Décimo
Civil Municipal de Medellín, mediante providencia del 29 de octubre de 2010,
negó el amparo al considerar que, no obstante, el señor Juan Alberto Betancur
Quiroz se encuentra en estado de debilidad manifiesta como consecuencia de su
estado de salud, la empresa Ambalá S.A. no vulneró sus derechos fundamentales,
pues su desvinculación de la compañía obedeció al vencimiento del término pactado.
Como consecuencia de
la terminación del contrato, se produjo la desvinculación del accionante al
Sistema General de Seguridad Social. Por ello no es obligación de Comfenalco
EPS la prestación de los servicios de salud al señor Betancur Quiroz. El
cumplimiento del principio de continuidad en la prestación de los servicios
debe observarse, siempre y cuando se encuentre afiliado el usuario a la EPS. El
actor debe afiliarse al régimen subsidiado en salud para no quedar totalmente
desprotegido, sino cuenta con los medios económicos para sufragar los aportes
al régimen contributivo.
-Existen otros
mecanismos de defensa judicial.
El fallo proferido
en primera instancia no fue objeto de recurso.
8. T-2.905.895
8.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Treinta y
Ocho Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del 4 de agosto de 2010,
negó el amparo solicitado por la señora María Cristina Castro de Rolong con
fundamento en la siguiente consideración:
En este caso no se
dan los presupuestos establecidos por la Corte para conceder la protección
constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada y se pueda
catalogar como ilegal el despido. “Se debe entonces acreditar la existencia
del nexo de causalidad entre la ocurrencia del despido y la discapacidad
calificada del trabajador, de forma que se evidencie el tratamiento
discriminatorio. La ausencia de estos elementos deja sin competencia al juez de
tutela de conocer sobre el despido o terminación injusta del contrato de
trabajo.”
8.2. Impugnación
La parte demandante
impugnó el fallo proferido en primera instancia por las mismas razones expuestas
en el líbelo petitorio.
8.3. Sentencia de
segunda instancia
El Jugado Segundo
Civil del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia del 13 de septiembre de 2010,
confirmó el fallo proferido en primera instancia al considerar que “descendiendo
al asunto sub exámine se vislumbra que no aparece prueba alguna que respalde
las aseveraciones de la accionante en el sentido de que ha sido despedida como
consecuencia directa de la enfermedad que la aqueja, ya que una vez terminado
el contrato suscrito con aquella, éste no se renovó, opción válida con la que
cuenta el empleador al finiquito de una relación laboral. Entonces, si la
accionante considera de todas formas que fue despedida y además injustamente,
debe acudir a la instancia judicial pertinente a fin de que allí se debata tal
asunto.”
9. Expediente
T-2.906.302
9.1. Sentencia de
primera instancia
El Juzgado Séptimo
Civil Municipal de Cartagena, mediante sentencia del 6 de mayo de 2010, decidió
no tutelar los derechos fundamentales invocados como vulnerados por la señora
Narcisa Vives Canencia por las siguientes razones:
-De acuerdo con el
acervo probatorio, el retiro del servicio de la demandante obedeció a la
decisión de Sespem Ltda. de no prorrogar el contrato de trabajo suscrito el 1
de diciembre de 2007 y cuya finalización se pactó para el 31 de octubre de
2009, la cual le fue comunicada a la trabajadora el 1 de septiembre del citado
año. “Lo anterior está fundamentado en normas laborales, no encontrando el
despacho que sea posible dar por cierto a través de este mecanismo transitorio
lo manifestado por la parte accionante en cuanto a que la terminación
unilateral del contrato y por no haberse prorrogado el mismo, fue un acto
discriminatorio de parte de su empleador a causa de su enfermedad.”
-De conformidad con
las pruebas allegadas al proceso “debe darse por cierto lo manifestado por
Sespem Ltda., en el sentido que a la fecha de terminación del contrato por
vencimiento del término (31 de octubre de 2009) la accionante no se encontraba
incapacitada, tampoco existen indicaciones de la EPS o de la ARP, que nos
condujeran a que los padecimientos de salud de la accionante son de gravedad y
afectaran gravemente su vida”.
-El derecho a la
igualdad no puede predicarse vulnerado en este caso, toda vez que la accionante
“no allegó al expediente prueba alguna que soporte su dicho y que demuestre
la existencia de un evidente trato discriminatorio…”.
-La accionante no
está discapacitada para concluir que goza de una estabilidad labora reforzada.
De ahí que las diferencias laborales con los accionados deben ser puestas en
conocimiento de la justicia ordinaria.
9.2. Impugnación
La parte demandante
impugnó el fallo de primera instancia en forma extemporánea, razón por la cual el
recurso fue declarado desierto.
10. Expediente
T-2.918.135
10.1. Sentencia de primera instancia
El Juzgado Cincuenta
Civil Municipal de Bogotá, mediante providencia del 11 de octubre de 2010, negó
el amparo solicitado por el señor Idelfrank Rodríguez Castillo bajo las
siguientes consideraciones:
-De conformidad con
las pruebas que se anexaron al expediente, el demandante estuvo incapacitado
durante el año 2010 del 23 al 25 de enero, del 12 al 15 de febrero y del 25 al
31 de mayo del citado año.
Sin embargo, no se
evidencia que el accionante se encuentre en situación de debilidad manifiesta o
en alguna otra circunstancia apremiante o de inminente riesgo, tampoco existe
certeza sobre la afectación de su mínimo vital, no se vislumbra la existencia
de una amenaza o vulneración contundente, cierta y clara de los demás derechos
fundamentales invocados, como quiera que no demostró ni enunció en la demanda
argumentos suficientes que reflejen cuáles son las circunstancias concretas que
afecten sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, etc., frente a la
situación concreta que reclama y que permita concluir que es procedente el
reintegro por vía de tutela.
-Existe un medio de
defensa idóneo para discutir el tema planteado por el actor quien, si bien no
ha sido calificado como discapacitado, podría tener una limitación f sica
derivada del accidente de trabajo en el que se vio involucrado.
-El actor a pesar de
que manifestó en la demanda de tutela que pretende con la acción de tutela
evitar un perjuicio irremediable no acreditó la existencia del mismo.
El fallo proferido
en primera instancia no fue impugnado.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas en el trámite de los procesos de la referencia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículo 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde a esta
Sala de Revisión determinar si las entidades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por los señores Bercely Velasco Pérez, Iván Silvano
Pacheco Germán, Eunice Helena Castillo Miranda, Jaime Alejandro Barbosa
Valencia, Paulo Alberto Millán Díaz, Luis Alfonso Pulgarín, Juan Alberto
Betancur Quiroz, María Cristina Castro de Rolong, Narcisa Vives Canencia e
Idelfrank Rodríguez Castillo al terminar los contratos de trabajos que habían
suscrito, a pesar de las condiciones de salud en que se encontraban y sin la
previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Para tal fin, esta
Sala se referirá, en primer lugar, a la jurisprudencia constitucional existente
en relación con la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro
laboral en los casos de trabajadores discapacitados,  en segundo término, a la
estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales, para luego, finalmente, dar solución a cada caso objeto
de estudio.
3.
Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los
casos de trabajadores discapacitados
La Corte en forma
reiterada ha señalado que, en principio, la acción de tutela es improcedente
para reclamar el reintegro laboral, por cuanto el ordenamiento jurídico prevé
para el efecto, acciones judiciales específicas cuyo conocimiento, según la
forma de vinculación de que se trate ha sido asignado a la jurisdicción
ordinaria laboral y a la de lo contencioso administrativo.
Sin embargo, esta
Corporación ha precisado que, excepcionalmente, la acción de tutela puede ser
procedente, de manera transitoria, cuando se involucren los derechos de
personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como
consecuencia de su condición económica, física o mental y, adicionalmente, en
los casos en los cuales se predica el derecho a la estabilidad laboral
reforzada.
La Corte en la
Sentencia T-125 de 2009[1], frente al particular dijo:
“Esta Corporación[2] ha
señalado en su reiterada jurisprudencia que, en principio, la acción de tutela
no es el instrumento procesal idóneo para solicitar de una autoridad judicial
la orden de reintegro a determinado empleo, pues el ordenamiento jurídico
ofrece a los trabajadores acciones judiciales específicas cuya competencia ha
sido atribuida a la jurisdicción laboral y a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
La Corte ha indicado con precisión[3], que
esta regla general, la cual se sigue del principio de subsidiariedad que
condiciona la procedibilidad de la acción de tutela, debe ser matizada en
aquellos eventos en los que el solicitante se encuentra en circunstancias de
debilidad manifiesta y, adicionalmente, en los supuestos en los cuales el
ordenamiento jurídico confiera al sujeto estabilidad laboral reforzada.
Se arribó a esta conclusión debido a que, si bien no
existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la conservación del
trabajo o un término mínimo de permanencia en él, gracias a la acentuada
protección que el texto constitucional ofrece a algunos sujetos en atención a
las circunstancias particulares en que se encuentran, las cuales dificultan el
pleno goce de los derechos fundamentales, se impone el reconocimiento del ‘derecho
a una estabilidad laboral reforzada’. Es éste el caso de las mujeres en estado
de embarazo, los trabajadores aforados y las personas con limitaciones, entre
otros, cuyo despido debe ser previamente autorizado por la oficina del trabajo
o el juez. En este caso, por ser sujetos de especial protección, como ya ha
sido señalado, la Corte considera procedente su solicitud de reintegro en sede
de tutela.
Ahora bien, como ya fue indicado, la acción de tutela
resulta procedente en un evento adicional, en el cual el sujeto que solicita el
amparo de sus derechos fundamentales se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta cuya seriedad impone al juez de tutela conceder la petición de
tutela como mecanismo transitorio hasta tanto la autoridad judicial competente
tome las decisiones respectivas.”
Ahora bien, esta
Corporación ha puntualizado que, en las situaciones de excepcionalidad
señaladas, es menester, en todo caso, para que proceda el mecanismo de amparo,
demostrar la condición de trabajador discapacitado o con alguna limitación en
su estado de salud y acreditarse la existencia de una relación de causalidad
entre las condiciones de salud del trabajador y su desvinculación laboral, de
forma tal que pueda configurarse un trato a todas luces discriminatorio.
4. El derecho a
la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia
Según el artículo 13
del Texto Fundamental todas las personas son iguales ante la ley, y el Estado
debe garantizar las condiciones necesarias para que ese mandato sea real y
efectivo. De ahí que esta Corporación, haya interpretado que: “el principio
de igualdad deja de ser un concepto jurídico de aplicación formal, para
convertirse en un criterio dinámico, que debe interpretarse de conformidad con
las circunstancias particulares que rodean a cada persona, pretendiendo con
ello el logro de una igualdad material y no formal[4].”
Igualmente, dicho
canon constitucional establece que las personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en un estado de debilidad manifiesta, gozan de
una especial protección constitucional por parte del Estado.
Respecto del
compromiso que tiene el Estado para con las personas discapacitadas de
conformidad con la Constitución, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado
que es doble, pues “por una parte, debe abstenerse de adoptar o ejecutar
cualquier medida administrativa o legislativa que lesione el principio de
igualdad de trato; por otra, con el fin de garantizar la igualdad de
oportunidades, debe remover todos los obstáculos que en los ámbitos normativo,
económico y social configuren efectivas desigualdades de hecho que se opongan
al pleno disfrute de los derechos de estas personas, y en tal sentido,
impulsar acciones positivas.”[5] (subrayado fuera del texto original)
En relación con las
acciones afirmativas, esta Corporación ha señalado que son aquellas que están
dirigidas a defender a ciertas personas o grupos para suprimir o aminorar las
desigualdades de índole social, cultural, económico o histórico que los
perjudican y procurar que los miembros de un grupo discriminado tengan una
mayor representación en el marco político o social[6]. Al respecto la Corte en la Sentencia C-371 de 2000[7] señaló:
“Con la expresión acciones afirmativas se designan
políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya
sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural
o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor
representación.”
Precisamente, de las
acciones afirmativas a favor de las personas con limitaciones físicas o
mentales, esta Corporación ha establecido que se deriva una estabilidad laboral
reforzada, la cual implica:
-El derecho a
permanecer en el empleo;
-no ser despedido
por causa de la situación de vulnerabilidad;
-permanecer en el empleo
hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal objetiva que
obligue la terminación del vínculo;
-Y que la
correspondiente autoridad laboral autorice el despido o la terminación del
contrato, con fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la
causal que se alega para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el
despido se considere ineficaz.[8]
Así mismo, el
artículo 47 de la Constitución Política, dispone que al Estado le compete
gestionar una política de previsión, rehabilitación e integración social
dirigida a que los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, reciban la
atención especializada que requieren.
Bajo este contexto, la
Carta en el artículo 53 prevé, que uno de los principios mínimos que debe
encauzar las relaciones laborales, es la estabilidad en el empleo y la garantía
de la seguridad social. En armonía con esta disposición, el artículo 54
Superior, dispone que es una obligación del “Estado y de los empleadores
ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.
El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”.
En torno al
desarrollo legal que ha tenido el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
personas con limitaciones, el legislador estableció una serie de garantías
encaminadas, por un lado, a permitir que estas personas ingresen a la actividad
laboral y, del otro, a asegurar que sus limitaciones no se constituyan en
causales para que sean excluidas de la misma.
En efecto, el artículo
26 de la Ley 361 de 1997, mediante el cual se establecieron los mecanismos de
integración social para personas en condición de discapacidad, señala:
“…en ningún caso la limitación de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable
en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá
ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren
despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el
cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio
de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con
el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen,
complementen o aclaren.”[9]
Precisamente,
este último inciso fue declarado exequible de manera condicionada por esta
Corporación en Sentencia C-531 de 2000[10], en el entendido de que el pago de la indemnización al trabajador
discapacitado no torna el despido en eficaz, si previamente no ha mediado la
autorización de la Oficina de Trabajo. De ahí que, la indemnización se
constituye en una sanción para el empleador, mas no en una opción para éste de
despedir sin justa causa a un trabajador discapacitado.[11]
Así
mismo, la Corte en Sentencia T-198 de 2006[12], señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
contiene una protección laboral reforzada que se proyecta en un ámbito positivo,
que supone la prohibición de que las limitaciones físicas o mentales de un
trabajador sean la causa para su desvinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea incompatible con el cargo que va a desempeñar, y uno negativo,
según el cual, ninguna persona discapacitada podrá ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que exista autorización de la
Oficina de Trabajo. No obstante, quienes hayan sido desvinculados por este
motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin perjuicio de las demás
prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en las normas
correspondientes.
En esta
medida, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, busca alcanzar una igualdad en el
acceso al mercado laboral y establece, además, una clara limitación a la
facultad de los empleadores para despedir o terminar el contrato a los trabajadores
que adolecen algún tipo de discapacidad.
Ahora bien, el
ámbito negativo que se infiere de la protección laboral reforzada, de acuerdo
con reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se circunscribe a aquellos
casos en los cuales la desvinculación laboral tiene su origen en la enfermedad
o discapacidad del trabajador.
En este sentido,
esta Corporación ha sostenido:
“Para esta Corporación, como lo ha
indicado la Sala Plena, lo que resulta reprochable desde el punto de vista
constitucional no es el despido en sí mismo –al que puede acudir todo patrono
siempre que lo haga en los términos y con los requisitos fijados por la ley-
sino la circunstancia -que debe ser probada- de que la terminación unilateral
del contrato por parte del patrono haya tenido origen precisamente en que el
empleado esté afectado por el virus o padezca el síndrome del que se trata
(SIDA).
(...) En el presente asunto, al no
hallarse la relación causal entre el padecimiento del accionante y la
terminación del contrato de trabajo a término fijo, el juez constitucional se
encuentra ante un asunto que no le compete resolver, por cuanto de lo aportado
al proceso no se deduce la violación de los derechos fundamentales de aquél, en
el sentido de que haya podido ser discriminado o estigmatizado por el patrono.
En este orden de ideas, al no establecerse la
vulneración del derecho a la igualdad del accionante, estima la Sala que se
trata de una controversia ordinaria, y que quienes están llamados a resolverla
son los jueces laborales, en aplicación del principio de subsidiariedad que
rige el amparo constitucional (art. 86 C.P.).[13]”
Con todo, se colige
que la especial protección laboral de las personas discapacitadas, tanto en el
ámbito positivo como en el negativo, se constata cuando quiera que se
imposibilita el acceso al mercado laboral o la exclusión del mismo se causa,
por su estado de debilidad manifiesta, toda vez que la protección pretende
evitar, precisamente, que ellas sean discriminadas con ocasión de sus
limitaciones.
Para la Corte,[14] tanto las personas que tienen la condición de
discapacitadas de acuerdo con la calificación efectuada por los organismos
competentes, como aquellas que se encuentran en situación de debilidad
manifiesta, ya sea por la ocurrencia de un evento que afecte sus condiciones de
salud, o de una limitación física, sin importar si ésta tiene el carácter de
accidente, enfermedad profesional, o de origen común , ni si es de carácter
transitorio o permanente, están amparadas por la protección prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.[15]
Precisamente, la
Corte frente al particular dijo:[16]
“* En la actualidad el ordenamiento jurídico
colombiano distingue entre trabajadores discapacitados calificados como tales
por las normas legales[17],
frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física
durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de lo dispuesto
en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del Estado
dada su situación de debilidad manifiesta[18].
* El alcance y los mecanismos legales de protección -
en cada caso - son distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su
artículo 26, consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo
término, porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad
manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con
algunas normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo
integrado[19].
* Por ello, en tratándose de trabajadores puestos en
circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de
conferir el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o
menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal
circunstancia y, a su vez, goza de un amplio margen de decisión para proteger
el derecho fundamental amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras
palabras, que la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en
condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que
acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones
de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores.
* Con todo, el alcance constitucional de la protección
especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al empleador. De
suerte que, como regla general, le corresponde al empleador reubicar a los
trabajadores en estado digno y acorde con sus condiciones de salud, en atención
al carácter vinculante del principio constitucional de solidaridad. Sin
embargo, ‘el empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que
existe un principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera
de cumplirla’ [20]
(…)”
Precisamente, la
Corte, aplicando la jurisprudencia constitucional referida, ha protegido en
diversas oportunidades el derecho de las personas con limitaciones
-independientemente de la calificación o no de su discapacidad- a no ser
discriminadas en el ámbito laboral como consecuencia de sus condiciones de
salud y ha señalado, que debe brindárseles un trato especial.
Ahora bien, como
quedó expuesto, la protección a la estabilidad laboral reforzada de los
trabajadores que se hallen en situación de debilidad manifiesta, por causa de
una disminución en la capacidad física o mental, comprende: (i) la prohibición
impuesta al empleador de dar por terminado el contrato de trabajo en razón de
dicha discapacidad y (ii) la reubicación si se requiere, hasta tanto no se
verifique una causal objetiva para su desvinculación previa comprobación de la
misma por parte de la autoridad laboral competente.
El derecho a la
reubicación, según este Tribunal, ha sido entendido como el privilegio que
tiene el trabajador de que le sean asignadas funciones conforme a su disminuida
condición física ocasionada por una enfermedad y mientras logra una plena
mejoría.
Sobre el particular,
la Corte, señaló:[21]
“El derecho a la estabilidad laboral reforzada de los
trabajadores no puede ser entendido como la simple imposibilidad de retirar a
un trabajador que ha sufrido una merma en su estado de salud, sino que comporta
el derecho a la reubicación en un puesto de trabajo en el que el discapacitado
pueda potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, no
obstante la discapacidad que le sobrevino, de forma que se concilien los
intereses del empleador de maximizar la productividad de sus funcionarios y los
del trabajador en el sentido de conservar un trabajo en condiciones dignas.”
La aplicación del
principio de solidaridad, explica la obligación del empleador de reubicar al
trabajador que tiene una discapacidad o una incapacidad física o mental, en una
actividad digna y conforme con su estado de salud, salvo que demuestre que “existe
un principio de razón suficiente que lo exonera de cumplirla”. [22]
Esta Corporación,
en la Sentencia T-1040 de 2001,[23] señaló que el derecho a la reubicación laboral tiene
diversas implicaciones, según el ámbito en el que se aplique, debiéndose analizar,
entonces, una serie de elementos, tales como: la clase de labores encomendadas
al trabajador, la naturaleza jurídica del empleador, y las condiciones de la
empresa y/o capacidad del empleador para realizar los movimientos de personal.
Ello con el propósito de establecer si dicha medida excede la capacidad del
empleador o impide el desarrollo de su actividad, pues en estos casos, este
derecho debe ceder ante el interés legítimo del empleador, debiendo en todo caso
comunicar al trabajador esa circunstancia y brindarle la posibilidad de
proponer soluciones razonables.
En la mencionada sentencia, la Corte, dijo:[24]
“Por supuesto, el alcance constitucional de la
protección especial depende de la exigibilidad de la carga impuesta al
empleador.  En situaciones como éstas, en principio corresponde al empleador
reubicar al trabajador en virtud del principio constitucional de solidaridad,
asegurándole unas condiciones de trabajo compatibles con su estado de salud,
para preservar su derecho al trabajo en condiciones dignas.  Sin embargo, el
empleador puede eximirse de dicha obligación si demuestra que existe un
principio de razón suficiente de índole constitucional que lo exonera de
cumplirla.
En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por
condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el
cual opera el derecho.  Para tales efectos resultan determinantes al menos tres
aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el
trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador. Si la
reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta
excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su
cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del
empleador.  Sin embargo, éste tiene la obligación de poner tal hecho en
conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer
soluciones razonables a la situación.”
Así mismo, este
Tribunal ha señalado que en algunos eventos, la reubicación laboral como
consecuencia del estado de salud del trabajador, implica no solamente el simple
cambio de labores, sino que implica la proporcionalidad entre las funciones y
los cargos previamente desempeñados y los nuevos asignados, así como el deber
del empleador de otorgar la capacitación necesaria para que las nuevas tareas
sean desarrolladas adecuadamente.[25]
Conforme a lo
anterior, se concluye que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
trabajadores que se encuentren en situación de debilidad manifiesta como
consecuencia de una disminución de la capacidad física o mental, comporta el
derecho a permanecer en el empleo o a ser reubicado si se requiere, asignándole
unas funciones acordes con su estado de salud, lo cual debe incluir, de ser
necesario, la capacitación para el adecuado cumplimiento.
Otros asuntos que
debe abordar la Sala antes de decidir, son los relacionados con el significado
y efecto de las relaciones que se presentan en casos como los que se analizan
como cuando el trabajador es contratado a través de un contrato de obra o labor
determinada y la vinculación se realiza a través una empresa de servicios
temporales.
5. Contrato a
término fijo o cuya duración dependa de la obra o labor contratada
Según el artículo 45
del Código Sustantivo del Trabajo, los contratos de trabajo podrán celebrarse
por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada. Así, se
establece en general, el momento en el que ocurre el vencimiento o la
terminación de la relación de trabajo, de tal suerte que el vínculo laboral
subsiste mientras el empleador necesite los servicios del trabajador o no se
haya finalizado la obra para la cual fue contratado.
Este Tribunal, en
relación con este tipo de vinculación laboral, ha señalado que no obstante lo
dicho, en ciertas circunstancias especiales, el derecho a la estabilidad
laboral reforzada puede oponerse, incluso, a la terminación del contrato de
obra o labor determinada. Sobre el particular en la Sentencia T-1046 de 2008,[26] la Corte dijo:
“(…) la jurisprudencia constitucional ha reconocido
que la simple finalización de un contrato laboral de tales características,
arguyendo la culminación de la labor, no es una razón suficiente para dar por
terminado un vínculo de esta naturaleza, en especial, si la empresa escudada en
la finalización del contrato de obra, desconoce los requisitos legales para su
terminación o finiquita un contrato bajo supuestos que denoten discriminación[27].
Estas consideraciones resultan particularmente relevantes cuando se trata de la
terminación de contratos laborales celebrados con personas en condiciones de
debilidad manifiesta.”
En la sentencia
transcrita, esta Corporación también destacó que el vencimiento del plazo
pactado o la culminación de la obra, no es suficiente para legitimar la
determinación de un empleador de no renovar esa clase de contratos o darlos por
terminado cuando:
-Subsiste la materia
del trabajo, las causas que lo originaron o la necesidad del empleador;
-el trabajador ha
cumplido efectivamente sus obligaciones contractuales y,
-Se trate de una
persona en una situación de debilidad. Por ello, el trabajador goza de
estabilidad laboral reforzada, no puede ser desvinculada sin que exista una
razón objetiva para terminar el vínculo laboral y medie la autorización de la
oficina del trabajo, que avale dicha decisión.
6. Relaciones laborales en las
empresas de servicios temporales
La Ley 50 de 1990
reglamentada por el Decreto 4369 de 2006, define a la empresa de servicios
temporales como aquella que contrata la prestación con terceros beneficiarios
para colaborar de manera temporal en el desarrollo de sus actividades, mediante
la labor efectuada por personas naturales contratadas directamente por la
empresa, la cual funge como su empleadora. La persona natural o jurídica que
contrata los servicios se denomina usuario.
Dicha normativa,
señala que los trabajadores vinculados a estas empresas pueden ser de “planta”
-desarrollan su actividad en las dependencias propias de las empresas de
servicios temporales- y de “misión” -aquellos enviados por la empresa a
las dependencias de los usuarios- con el propósito de cumplir la tarea o el
servicio contratado por éstos cuando sea necesario reemplazar personal, en situaciones
como: vacaciones, licencias, incapacidades por enfermedad o para atender
incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o
mercancías, los períodos estacionales en cosechas o en la prestación de
servicios, por un término de 6 meses prorrogable hasta por 6 meses más.[28] Servicios que se refieren a labores de carácter ocasional,
accidental o transitoria.
A los trabajadores
en misión, se les aplica, en lo pertinente, las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo y demás normas del régimen laboral y tienen derecho a un
salario ordinario, equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
ejecuten la misma labor, a los mismos beneficios que aquella tenga establecidos
para sus trabajadores en el lugar de trabajo en lo relacionado con transporte,
alimentación y recreación, a la compensación monetaria por vacaciones y primas
de servicios proporcional al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. En
materia de salud ocupacional es responsable la empresa de servicios temporales.
Los contratos
celebrados entre las empresas de servicios temporales y sus usuarios deberán
extenderse por escrito y cumplir con las especificaciones consagradas en el
artículo 81 de la Ley 50 de 1990. El Ministerio de la Protección Social, al
tener a su cargo el control y vigilancia de esas empresas,  debe aprobar las
solicitudes de autorización de funcionamiento, sus reformas y el reglamento
interno.
De lo anteriormente
expuesto, se colige que quienes celebren un contrato de trabajo con una empresa
de servicios temporales establecen con ella una relación de índole laboral de
carácter subordinado, siendo esta su empleador para todos los efectos legales.
Relación completamente diferente de la que establece dicha empresa con los
usuarios, en la que se obliga a remitirle personal a cambio de un precio
determinado para lo cual deberá vincular trabajadores mediante la modalidad
contractual que se adecue a la necesidad del servicio y duración de la misión.
En reiterada
jurisprudencia, esta Corporación ha reconocido el carácter laboral de la
relación jurídica entre el trabajador y la empresa de servicios temporales, puntualizando
que subsiste mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o
haya finalizado la obra para la cual fue contratado. Así mismo, ha advertido
que cuando el usuario requiera de la contratación permanente del servicio de
los trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de contratación distinta a
la que se cumple a través de dichas empresas.
Con todo, según la
Corte, la garantía de la estabilidad en el empleo comprende todas las
modalidades de contratos, incluidos los que suscriben las empresas de servicios
temporales, los cuales tienen, en principio, una vigencia condicionada al
cumplimiento pactado o a la finalización de la obra.
Lo anterior, por
cuanto el principio de estabilidad en el empleo se predica de todos los
trabajadores, sin distingo de la naturaleza del vínculo contractual “en
tanto lo que se busca es asegurar al empleado la certeza mínima de que el
vínculo laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de
manera tal que este no quede expuesto, en forma permanente, a perder su trabajo
y con el los ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia, por
la decisión arbitraria del empleador”.[29]
Para la Corte la
calidad de empleador de la empresa de servicios temporales respecto de los
trabajadores que envía en misión a las dependencias de los usuarios “brinda
la debida seguridad a una y otros y principalmente en beneficio de la clase
asalariada, pues, como la vinculación en primer termino se hace directamente
con la empresa, la cual posteriormente remite al trabajador al usuario, era
menester precisar responsabilidades y por lo tanto identificar al patrono,
quien se incorpora a la categoría de contratista independiente prevista en el
artículo 34 del C.S.T., lo cual no obsta para que a su vez surja la
responsabilidad solidaria de los beneficiarios del servicio”.[30]
7. Estudio de los
casos concretos
Con fundamento en
las consideraciones y fundamentos expuestos anteriormente, esta Sala de
Revisión determinará si las empresas Cooperativa Multiactiva de Transportadores
Omega Ltda., Mario Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de
Obras Civiles, Laboratorio Químico Clínico Ltda., Ajover S.A., Recursos Humanos
Exclusivos S.A., Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A., Avidesa de
Occidente S.A., Ambalá S.A., EPS Comfenalco, Red de Universidades Públicas del
Eje Cafetero para el Desarrollo Regional, Servicios Especiales para Empresas
& Cía. Ltda., Tubos del Caribe S.A., Atiempo S.A.S. y Espumas Santafé de
Bogotá S.A., vulneraron el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada, entre otros, de los señores Bercely Velasco Pérez,  Iván Silvano
Pacheco Germán, Eunice Helena Castillo Miranda, Jaime Alejandro Barbosa
Valencia,  Paulo Alberto Millán Díaz, Luis Alfonso Pulgarín, Juan Alberto
Betancur Quiroz, María Cristina Castro de Rolong, Narcisa Vives Canencia e
Idelfrank Rodríguez Castillo, al terminar
unilateralmente sus contratos de trabajo no obstante su deteriorado estado de
salud y de no contar con el permiso de las autoridades laborales
correspondientes.
En las
consideraciones generales de esta providencia la Sala concluyó que en virtud
del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, el trabajador con
limitaciones físicas o mentales tiene derecho a: (i) conservar el empleo; (ii)
no ser despedido por causa de su situación de vulnerabilidad; (iii)
permanecer en él hasta que se configure una causal objetiva que amerite su
desvinculación y (iv) que la correspondiente autoridad laboral autorice el
despido, previa verificación de la causal que se alega para finiquitar el
contrato.
Igualmente, la Sala
indicó que si en estos casos, se comprueba que el despido o la no renovación de
los contratos ocurrió sin la autorización de la autoridad laboral competente,
el juez de tutela deberá presumir que el vínculo laboral fue terminado
unilateralmente por el empleador en razón de las afecciones de salud que padece
el trabajador, derivándose, además, una grave afectación de los derechos
fundamentales que dará lugar a conceder el amparo invocado, declarar la
ineficacia del despido y ordenar su reintegro a un cargo acorde con su
situación de salud, si el trabajador está de acuerdo y el pago de la
indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 (180 días de
salario).
Conforme con lo
expuesto, para la Sala, en los asuntos sometidos a revisión, las acciones de
tutela son procedentes y deben prosperar en relación con la pretensión relativa
al reintegro, la cual fue esbozada por cada uno de los accionantes en sus
demandas y el pago de la aludida indemnización.
Lo anterior, por cuanto la Sala no comparte el
criterio expuesto por los jueces de
instancia, en el sentido de considerar que la acción de tutela, en los casos planteados, era improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad previsto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 porque analizadas las circunstancias específicas en
que se encontraban los demandantes -sujetos de especial protección por sus
condiciones físicas y mentales- al momento de invocar la protección de sus
derechos presuntamente vulnerados o amenazados, la acción constitucional
resulta más eficaz que la acción judicial prevista en la jurisdicción ordinaria
laboral.
En todos los casos,
se acreditó que los accionantes se encuentran en circunstancia de debilidad
manifiesta, por sus condiciones de salud con ocasión de las distintas
enfermedades que padecen. Igualmente, se comprobó que la terminación de sus contratos de trabajo implicó la
grave afectación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la
salud, como consecuencia de la desafiliación del sistema de salud y, por ende,
la interrupción de los tratamientos médicos.
En lo que respecta
al principio de la inmediatez, la Sala tampoco comparte el criterio de los
jueces de instancia según el cual, en la mayoría de las acciones de tutela que
se analizan, no fue satisfecho, toda vez que el ejercicio de la acción de
tutela fue tardío, pues la Corte ha señalado, que en aras de garantizar la
eficacia y prevalencia de los derechos fundamentales, el mecanismo de amparo
será procedente en todos aquellos casos en que a pesar de que no transcurrió un
término razonable desde la ocurrencia del hecho vulnerador y la fecha de
interposición de la acción de tutela, se demuestre que:“(i) la afectación de
los derechos fundamentales permanece en el tiempo y, por tanto, la situación
desfavorable en que se encuentra el accionante es continúa y actual; y (ii) la
situación de indefensión y vulnerabilidad del actor, convierte en
desproporcionada la exigencia relativa al uso de los medios ordinarios de
defensa judicial.”[31] Reglas que en este caso resultan aplicables
atendiendo la necesidad de proteger la salud y la vida de sujetos en estado de
debilidad manifiesta.
En efecto, se
encuentra probado que la caótica situación de los accionantes derivada de sus
condiciones de salud es una razón suficiente para considerar que la exigencia
de adelantar un proceso judicial ante la jurisdicción ordinaria con el
propósito de obtener el reintegro, se torna desproporcionada si se tiene en
cuenta que tal exigencia prolongaría injustificadamente la situación de
vulnerabilidad de cada uno de ellos. Además porque no obstante sus disminuidas
capacidades físicas y de la premura de
recibir tratamiento médico, al que no han podido acceder dada su desafiliación
del sistema de salud por la desvinculación laboral, es una circunstancia que
permite colegir que la afectación de sus
derechos fundamentales no ha cesado, continúa y es actual y, que por tanto, se
hace apremiante la intervención del juez
de tutela.
Ahora bien, para
resolver el problema jurídico planteado, se analizará, si la desvinculación de
los accionantes por parte de las empresas accionadas obedeció a sus deplorables
condiciones de salud, es decir si las demandadas, incurrieron en un trato a
todas luces discriminatorio.
Dicha discriminación
se acredita cuando en cada caso particular se compruebe:
-Que el peticionario
pueda considerarse una persona discapacitada, o en estado de debilidad
manifiesta;
-Que el empleador
tenga conocimiento de tal situación;
-Que se halle
probado el nexo causal entre el despido o la terminación del contrato y el
estado de salud del trabajador; y
-Que no medie la
autorización del inspector del trabajo en los casos en que ella resulta
menester.
7.1. T-2.832.803
Las pruebas obrantes
en el proceso demuestran que:
-El señor Bercely
Velasco Pérez se vinculó a la empresa Omega Ltda., el 1 de noviembre de 2009, a través de un contrato laboral a término indefinido para desempeñar el cargo de conductor.
-El 7 de diciembre
de 2009, se vio involucrado en un accidente de tránsito, cuando conducía un bus
de la empresa en la ruta Bogotá-Bucaramanga.
-Once días después
de dicho episodio, el señor Velasco Pérez acudió a la IPS CB Complejo Sur porque
le persistía un dolor a nivel de hombro irradiado a región de tórax. Los facultativos
que lo valoraron, concluyeron que se trataba de “PACIENTE SINTOMÁTICO,
LIMITADO, CON CUADRO DE TIPO POSTRAUMÁTICO AL PARECER CON COSTOCONDRITIS Y
TENDINITIS SECUNDARIA, SE DA INCAPACIDAD MÉDICA Y SE INSISTE EN MEDIDAS
FÍSICAS.”
-El 23 de diciembre
de 2009, continuó con dolor en las regiones de hombro derecho y cervical,
disnea ocasional, cefalea ocasional y sangrado nasal. En el examen médico
practicado al actor, se observó: “SANGRADO ANTIGUO FOSA NASAL IZQUIERDA, DOLOR
EN REGIÓN PARAVERTEBRAL, LIMITACIÓN MOVILIZACIÓN DE CUELLO, SIBILANCIAS
OCASIONALES” y le fue recomendado “CONTINUAR CUIDADOS, SE SOLICITA RX DE
TORAX CERVICAL, PARACLINICOS DE CONTROL, SE DA MEDICACIÓN… SE DA INCAPACIDAD…”.
-El 30 de diciembre
de 2009, el señor Velasco Pérez, acude nuevamente al servicio de salud porque
persiste el dolor como consecuencia del trauma en codo derecho y en columna.
Posteriormente se le diagnostica cervicalgia y es remitido a valoración por
fisioterapia y le es ordenado un tratamiento.
-Al demandante le
fueron concedidas varias incapacidades médicas, en razón de su estado de salud.
Para lo que interesa
a la presente causa, en el expediente obran las siguientes incapacidades
concedidas al actor antes de la terminación de su vínculo laboral:
Fecha de inicio
Fecha de
terminación
Número de días
2009/12/16
2009/12/18
3 días
2009/12/19
2009/12/20
2 días
2009/12/21
2009/12/22
2 días
2009/12/23
2009/12/29
7 días
-Según, la empresa
Omega Ltda., en este caso acudió a la posibilidad legal que tiene el empleador
de terminar unilateralmente el contrato de trabajo dentro del periodo de
prueba.
De los hechos
relatados y probados se colige que la desvinculación del señor Bercely Velasco
Pérez, por parte de su empleador, constituye un grave desconocimiento de los
derechos fundamentales reclamados, por las siguientes razones:
(i) Cuando
la empresa Omega Ltda., terminó de manera unilateral su contrato de
trabajo, era palmario que aquel se encontraba
en situación de debilidad manifiesta porque sus condiciones de salud se
encontraban disminuidas por la afectación en la zona cervical y en el codo derecho
después del episodio ya narrado. Como dicho siniestro no fue reportado como
accidente laboral, las atenciones médicas venían siendo atendidas por la EPS Famisanar.
(ii) El
deterioro en el estado de salud del actor era suficientemente conocido por la empresa Omega Ltda., si se tiene en cuenta que la atención médica
brindada ocurrió durante la vigencia de la relación laboral y al menos se
generaron cuatro incapacidades cuando acudió a la EPS a la que se encontraba
afiliado con ocasión de sus afecciones y después del episodio relatado.
(iii) Las pruebas
del proceso demuestran que la empresa Omega Ltda. no obstante conocer que el
señor Velasco Pérez presentaba una disminución de su capacidad física, no
solicitó la autorización del Ministerio de la Protección Social en los términos
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado unilateralmente
el contrato de trabajo, desconociendo, como quedó reseñado en esta providencia,
que se trataba de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de
quien se predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada, extensiva a
los contratos a término indefinido.
Para esta
Corporación, en el presente caso, el vínculo laboral del accionante fue
terminado de manera unilateral por parte del empleador, como consecuencia de su
aminorado estado de salud, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto la empresa Omega Ltda. tenía
conocimiento de la condición de discapacidad del trabajador y no cumplió el
procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la
Oficina de Trabajo.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 23 de agosto
de 2010, proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá y, en su
lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la estabilidad
laboral reforzada del demandante. En consecuencia, ordenará a la empresa Cooperativa Multiactiva de Transportadores
Omega Ltda., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta
de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo
para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el
desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Bercely Velasco
Pérez, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a la empresa Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda. que reconozca y pague
a favor del señor Bercely Velasco Pérez una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Bercely
Velasco Pérez, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de
acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la
jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
7.2. T-2.857.547
Del material
probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes hechos:
-El señor Iván
Silvano Pacheco Germán, el 3 de octubre de 2005, celebró un contrato de trabajo
por la duración de la obra o labor contratada con Mario Alberto Huertas Cotes
y/o MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles para prestar sus servicios
como ayudante de pavimento.
-Estando en
ejecución el contrato de trabajo, le fue diagnosticada una lumbalgia
ocasionada, al decir del accionante, por realizar
una actividad laboral sin los elementos de seguridad, específicamente, al
recoger una señal de tránsito que se encontraba enterrada en una vía, lo cual
le causó un fuerte y agudo dolor lumbar que posteriormente se irradió a la
pierna izquierda.
-En
febrero de 2009, el demandante, acudió a la EPS a la cual se encontraba
afiliado porque el dolor en la región lumbar se agudizaba luego de realizar
cualquier esfuerzo físico. El estudio radiológico que le fue practicado al
señor Pacheco Germán arrojó “mínima disminución del espacio L5-S1 hallazgos
de discopatía”. Posteriormente, le fue diagnosticada una lumbalgia y le fue
ordenada una serie de terapias.
-El
31 de marzo de 2009, la EPS Coomeva le dictaminó al señor Pacheco Germán varias
recomendaciones médicas para el tratamiento del dolor lumbar que presentaba.
-El
29 de mayo de 2009 al persistir el dolor en la región lumbar, el demandante,
acudió nuevamente a medicina general y el médico tratante como plan a seguir
determinó que se definiera patología ocupacional. Así, en medicina laboral, al
petente le fueron ordenadas nuevamente terapias ocupacionales y la remisión a
la especialidad de fisiatría.
-Según la empresa empleadora, el vínculo laboral
finalizó porque el trabajador incurrió en una justa causa de despido al
incumplir con una de sus obligaciones, como quedó consignado en la respectiva
carta de despido.[32]
-Con fundamento en
la reseña fáctica expuesta y las pruebas que obran dentro del expediente, la
Sala infiere que la desvinculación del señor Iván Silvano Pacheco Germán, por
parte de su empleador, desconoció los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i) Cuando Mario
Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, tomó
la iniciativa de poner fin al contrato de trabajo suscrito con el demandante,
este se encontraba en condición de debilidad manifiesta por el deterioro en su
estado de salud debido a los problemas en la región lumbar que padece,
diagnosticado como lumbalgia, en proceso de valoración por parte del Área de
Medicina Laboral de la EPS Coomeva al momento de la terminación del contrato.
(ii) La discapacidad
sufrida por el señor Pacheco Germán era de conocimiento de su empleador, si se
tiene en cuenta que la enfermedad se desarrolló durante la vigencia del vínculo
laboral y frente a la cual, dentro del tratamiento propuesto por la EPS Coomeva,
se emitieron varias recomendaciones médicas.
(iii) En el
expediente no se incorpora ninguna prueba que revele que el empleador, no
obstante conocer que el actor presentaba una disminución de su capacidad física,
haya solicitado la autorización del Ministerio de la Protección Social, en los
términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado el
contrato de trabajo. Lo anterior, significa que si para el empleador existía
una justa causa de despido, aquella debió ser verificada por la autoridad
laboral correspondiente, más aún cuando en virtud de los hechos acaecidos y que
fueron descritos en la carta de terminación del contrato de trabajo, era
notoria la existencia de argumentos objetivos y razonables que evidenciaban la
necesidad de la ruptura de la relación laboral.
Para la Corte, la
empresa demandada debió acreditar la ausencia de conexidad entre la condición
del trabajador y la terminación del contrato de trabajo ante la autoridad
laboral correspondiente.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 31 de agosto
de 2010 proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Planeta Rica y,
en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada del demandante. En consecuencia, ordenará a Mario
Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de
cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin
riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo
el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Iván Silvano
Pacheco Germán, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Mario Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de
Obras Civiles, que reconozca
y pague a favor del señor Iván Silvano Pacheco Germán, una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Iván
Silvano Pacheco Germán, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria,
pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y
la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
7.3.
Expediente T- 2.894.675
Del
material probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes
hechos:
-La
señora Eunice Helena Castillo, el 18 de mayo de 2009, celebró un contrato
individual de trabajo a término fijo inferior a un año. Dicho contrato se
prorrogó en dos ocasiones. La relación laboral tuvo vigencia hasta el 18 de febrero de 2010, fecha en la cual fue terminada
de manera unilateral.
-La
accionante empezó a padecer, a finales del año 2009, serios quebrantos de
salud, que se reflejaron con convulsiones, cefalea, dolor ocular y trastornos
durante la marcha.
-El 18
de noviembre de 2009, le fue diagnosticada una enfermedad desmielinizante del
sistema nervioso central e inició tratamiento con medicamentos, terapias, citas
en varias especialidades médicas y la práctica de varios exámenes médicos.
Algunos de los controles médicos en las especialidades de neurología y
fisiatría y exámenes como la resonancia nuclear magnética de cerebro, y el
estudio de los registros de la actividad eléctrica sobre el nervio tibial y
mediano se realizaron durante días hábiles.
-A la
accionante con ocasión de la enfermedad que padece le fueron concedidas varias
incapacidades médicas. La parte demandante allegó al expediente varias de ellas
concedidas en la vigencia del vínculo laboral como a continuación se
relacionan:
Fecha
de inicio
Fecha
de terminación
Número
de días
2009/21/10
2009/22/10
2
2010/01/02
2010/02/02
2
2010/11/02
2010/02/13
3
2010/14/02
2010/15/02
1
2010/16/02
2010/16/02
0
2010/17/02
2010/19/02
2
Existe
constancia de la liquidación que Saludcoop EPS realizó de las incapacidades
concedidas en el mes de febrero de 2010, entre otras y que fueron remitidas a
la empresa Laboratorio Químico Clínico Ltda.
Para la
Sala, la empresa sí conocía el deteriorado estado de salud de la señora
Castillo Miranda porque los síntomas de la enfermedad que padece se presentaron
de manera repetitiva y estando en ejecución el contrato de trabajo y obligaron
a la demandante a someterse a una serie de exámenes diagnósticos y de controles
en distintas especialidades durante días hábiles.
En
efecto si bien en la contestación de la demanda, la empresa señala que no
conoce de ninguna enfermedad profesional que aqueje a la accionante, porque no
ha sido notificada al respecto, señala que conoció el estado de salud de la
accionante hasta el 17 de febrero de 2010, fecha en la que aún se encontraba
vigente el vínculo laboral, a través del conocimiento de una incapacidad que le
había sido concedida a la petente y que hace referencia a enfermedad general.
-Según
la empresa Laboratorio Químico Clínico Ltda. el vínculo laboral finalizó porque
hizo uso de una facultad legal, como es la de no renovar un contrato laboral.
Con
fundamento en la reseña fáctica expuesta y las pruebas que obran dentro del
expediente, la Sala infiere que la desvinculación de la señora Eunice Helena
Castillo Miranda a iniciativa de su empleador, la empresa Laboratorio Químico
Clínico Ltda. desconoció los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i)
Cuando la empresa accionada, tomó la iniciativa de poner fin a su contrato de trabajo, la demandante se encontraba en condición de debilidad manifiesta por el
deterioro en su estado de salud como consecuencia de las convulsiones,
cefaleas, dolor ocular y trastornos durante la marcha. Por estos síntomas a la
señora Castillo Miranda le fue diagnosticada una enfermedad desmielinizante del
sistema nervioso central.
(ii) La
discapacidad sufrida por la señora Castillo Miranda debió conocerla la empresa,
por el grado de deterioro en sus condiciones de salud que se hizo evidente
durante la vigencia de la relación laboral y que afectó de manera evidente,
inclusive, su marcha.
(iii) En
el expediente no se incorpora ninguna prueba que revele que la empresa
demandada, no obstante conocer que la actora presentaba una disminución de su
capacidad física haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado el contrato de trabajo. Lo anterior, significa que si para el
Laboratorio Químico Clínico Ltda., existía una justa causa de despido, amparada
en una facultad legal, aquella debió ser verificada por la autoridad laboral
correspondiente.
Para la
Corte, en el presente caso, se presume que el
contrato de trabajo de la accionante no fue renovado por parte del empleador, en razón de las afecciones de salud que padece, con lo
que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Ello,
por cuanto debió demostrar la existencia de argumentos objetivos y razonables
que evidenciaran la necesidad de la ruptura de la relación laboral, es decir,
debió acreditar la ausencia de conexidad entre la condición de la trabajadora y
la no renovación del contrato de trabajo ante la autoridad laboral
correspondiente.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha  11 de
agosto de 2010 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa
Marta y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada de la demandante. En consecuencia, ordenará a la
empresa Laboratorio Químico Clínico Ltda., por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que
de cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo,
sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a
cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a la
señora Eunice Helena Castillo Miranda, si ella está de acuerdo, a un cargo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con
su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual
anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones
de limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del Ministerio de
la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará al Laboratorio Químico Clínico Ltda., que reconozca y pague a favor de
la señora Eunice Helena Castillo Miranda, una indemnización equivalente a
ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro de la señora
Eunice Helena Castillo Miranda, podrán ser exigidos ante la jurisdicción
ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el
presente caso y la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de
amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en ese
sentido.
7.4.
Expediente T- 2.895.762
De las
pruebas que reposan en el expediente la Sala encuentra acreditados los
siguientes hechos:
-Que el
señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia, estuvo vinculado a la empresa Recursos
Humanos Exclusivos S.A., mediante un “CONTRATO DE TRABAJO EN MISIÓN PARA
SUPLIR PERSONAL EN VACACIONES, INCREMENTO DE PRODUCCIÓN, INCREMENTO DE VENTAS
Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS”.[33]
-El
señor Barbosa Valencia, prestó sus servicios como trabajador en misión en la
empresa Ajover S.A.
-Estando
en ejecución el contrato de trabajo, a comienzos del año 2010, el demandante
presentó cefalea intensa, global, inespecífica, intermitente, pérdida de la
memoria ocasional, alteración del equilibrio, episodios de desorientación
alternados con episodios de lucidez.
-Por sus
condiciones de salud, el señor Barbosa Valencia acudió a la EPS Saludcoop, el
26 de mayo de 2010. El médico tratante, lo remitió a valoración por psiquiatría
y le ordenó el suministro de un medicamento denominado fluoxetina Clorhidrato
20 mg.
-El 1 de
junio de 2010, la empresa Recursos Humanos Exclusivos S.A., envió al señor
Barbosa Valencia, por correo a la dirección de su domicilio, una comunicación
en la que le informó que la empresa Ajover S.A. terminó su contrato el 31 de
mayo de 2010 por haber finalizado la obra o labor para la cual fue contratado.
-El 10
de junio de 2010, el señor Jaime Alejandro Barbosa, presentó un episodio
convulsivo que hizo necesaria su hospitalización para estudio y manejo de los
antecedentes presentados. Después de la práctica de un Tac Craneal Simple, le
fue hallada una “gran masa bifrontal con compromiso ventricular” por lo
cual se sugirió seguimiento por neurocirugía.
-El 17
de junio de 2010, el señor Barbosa Valencia, fue intervenido quirúrgicamente y
se le realizó resección tumoral frontal.
-El 18
de junio de 2010, el neurocirujano tratante emitió su concepto médico, que por
su importancia será citado in extenso:
“Paciente que ingresa por cuadro clínico
de seis meses de evolución consistente en cefalea intensa global, inespecífica,
intermitente, pérdida de la memoria ocasional, alteración del equilibrio,
episodios de desorientación alternados con episodios de lucidez. Síntomas que
se exacerbaron hace dos meses, por lo que consultó a su EPS donde el médico
general consideró que se trataba de una enfermedad psiquiátrica e inició
fluoxetina 20mg al día sin ninguna mejoría.
El paciente en mención consulta (SIC) el
día 10 de junio, presentó episodio convulsivo y se documenta extensa masa de
diámetro mayor de 84 mm de contornos mal definidos que está en relación con el
sistema ventricular y ligera dilatación del sistema ventricular y edema
vasogénico. Que por las imágenes se establece como principal posibilidad
diagnóstica la de neoplasis de tipo neurocitoma central; como diagnósticos
diferenciales menos probables Ependimoma y Subependimoma. Los hallazgos están
más en relación con tumor maligno en espera de reporte de patología.
Considero que por la evolución clínica de
seis meses es probable que el paciente haya presentado cambios en su esfera
mental alternando con episodios de lucidez, y/a su vez es probable que haya
realizado actuaciones o toma de decisiones sin estar en pleno uso de sus
facultades mentales.”
-Según
Recursos Humanos Exclusivos S.A., la terminación del vínculo laboral con el
señor Barbosa Valencia obedeció a que Ajover S.A., empresa a la que fue
vinculado, terminó la obra o labor para la cual había sido contratado.
De los
hechos relatados y probados se infiere que la desvinculación del señor Jaime
Alejandro Barbosa Valencia, a iniciativa de su empleador, la empresa Recursos
Humanos Exclusivos S.A. constituye un grave desconocimiento de sus derechos
fundamentales, por las siguientes razones:
(i) Cuando
Recursos Humanos Exclusivos S.A. tomó la iniciativa de poner fin a su contrato
de trabajo, el demandante se encontraba en condición de debilidad manifiesta
por el deterioro en su estado de salud, como consecuencia de los síntomas que
padecía como cefalea intermitente, global e intensa, vértigo, incoherencias
fluctuantes, entre otros, los cuales fueron diagnosticados, inicialmente, como
un problema de tipo siquiátrico.
(ii) La
discapacidad sufrida por el señor Barbosa Valencia, era de pleno conocimiento
de Recursos Exclusivos S.A., si se tiene en cuenta que el desarrollo de la
enfermedad que aminoró su estado de salud acaeció durante la vigencia de la relación
laboral. Según la historia clínica del señor Barbosa Valencia, los síntomas de “cefalea
intermitente, global e intensa, vértigo, incoherencias fluctuantes, temblor en
hemicuerpo derecho con alteración de memoria reciente y cambios de ánimo
frecuentes”, se presentaron a comienzos del año 2010. Refuerza lo anterior,
el concepto emitido por el neurocirujano tratante que da cuenta que el paciente
presentó un cuadro clínico de evolución de 6 meses, antes de la resección
tumoral frontal a que fue sometido y es probable por la evolución clínica, que
haya presentado no sólo cambios en su esfera mental alternando con episodios de
lucidez sino también haya realizado actuaciones o toma de decisiones sin
estar en pleno uso de sus facultades mentales.[34]
(iii) En
el expediente no existe un elemento probatorio que demuestre que la empresa
Recursos Humanos Exclusivos S.A. no obstante conocer que el actor presentaba
una disminución de su capacidad física haya solicitado la autorización del
Ministerio de la Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley
361 de 1997, para dar por terminado el contrato de trabajo, con lo cual se
desconoció, como quedó reseñado en esta providencia, que se trataba de un
sujeto de especial protección constitucional, respecto de quien se predica la
garantía de una estabilidad laboral reforzada.
El
alcance de esta protección especial ha logrado en la jurisprudencia de esta
Corporación un reconocimiento amplio, tanto así, que se ha resaltado que la
misma debe otorgarse con independencia del tipo de contrato de trabajo de que
se trate, bien sea a término fijo, indefinido, por obra o labor.
Para la
Corte en el presente caso, el vínculo laboral del accionante fue terminado
unilateralmente por el empleador, no obstante las afecciones de salud que
padecía, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. Ello, por cuanto Recursos Humanos Exclusivos S.A. tenía conocimiento
de la condición de incapacidad del trabajador y no cumplió el procedimiento
establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el
cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por
razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 29 de
septiembre de 2010, proferido por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de
Bogotá y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la
vida digna y la estabilidad laboral reforzada del demandante. En consecuencia,
ordenará a la empresa Recursos Humanos Exclusivos S.A. por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado,
dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia, si él está de acuerdo, a un cargo igual
o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior, bien
sea en las instalaciones de la temporal o en una empresa usuaria. Vinculación
que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud
del trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a Recursos Humanos Exclusivos S.A., que reconozca y pague a favor del señor Jaime Alejandro Barbosa
Valencia, una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al
tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Jaime
Alejandro Barbosa Valencia, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria,
pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y
la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
7.5.
T-2.899.303
Del
material probatorio allegado al expediente, se desprenden los siguientes
hechos:
-El
señor Paulo Alberto Millán Díaz, fue vinculado a la empresa Centelsa, a través
de un contrato a término indefinido, desde el 2 de septiembre de 2002 hasta el
día 12 de marzo de 2010, fecha en la cual le fue terminado de manera
unilateral.
-El
cargo que desempeñaba el señor Paulo Alberto Millán Díaz era el de Ingeniero
Electrónico de Mantenimiento.
-Estando
en ejecución el contrato de trabajo, el señor Millán Díaz empezó a padecer un
severo dolor y cansancio en miembros inferiores y fueron emitidas por el médico
de la EPS una serie de recomendaciones como consecuencia del antecedente de
síndrome patelofemoral que inicialmente le fue diagnosticado.
-El 19
de enero de 2010, se levantó un acta en la que constan las recomendaciones
emitidas por el médico tratante del señor Millán Díaz y fue suscrita por el
trabajador, su jefe inmediato, el representante del COPASO y los representantes
de Centelsa.
En dicho
documento, se estableció que las recomendaciones se emitieron por el médico de la
EPS, teniendo en cuenta el estado de salud del actor, con diagnóstico inicial
de síndrome patelofemoral, de carácter permanente desde el 18 de enero de 2010.
-Las
restricciones emitidas por el galeno tratante del señor Millán Díaz fueron las
siguientes:
• Puede manipular cargas hasta 12 Kg.
• Evitar permanecer de pie por periodos de
tiempo prolongados.
• Evitar caminatas prolongadas.
• Contar con un ayudante para las tareas
que requiera.
• Realizar primer turno por dos semanas.
• Evitar posturas donde la rodilla se encuentre
flexionada por tiempos prolongados.
• Subir y bajar escaleras despacio.
• Evitar correr.
• Seguimiento por salud ocupacional de la
empresa.
-En el
acta mencionada se consignó, además, que: “con base en lo anterior se
concertó con el jefe, para que desempeñe sus funciones como ingeniero de
mantenimiento eléctrico (planta 2), siguiendo a cabalidad las restricciones
anteriores y [el] tiempo que duran las mismas; cualquier cambio de puesto será
concertado con el jefe de sección, el COPASO y fisioterapia e implicará que se
sigan cumpliendo las restricciones.”
-El 10
de marzo de 2010, el actor acudió al Centro Médico Imbaco de Cali como
consecuencia del dolor en sus rodillas. Precisamente, en el acápite de causa de
consulta y anamnesis de la historia clínica textualmente se lee: “hace 6
meses dolor en rodilla, sin edema. Se Dx Tendinitis, para lo cual recibió
Arcoxia y TF con mejoría temproal (SIC). Nuevamente regresa el dolor, asociado
al trabajo. Luego dolor en rodilla derecha, sin edema…” y se le diagnosticó
una Artralgia.
-El 11
de marzo de 2010, la Gerente de Recursos Humanos de Centelsa, le comunicó por
escrito al señor Millán Díaz que la empresa decidió dar por terminado su
contrato de trabajo, unilateralmente y sin justa causa a partir del 12 de marzo
de 2010.
-El 15
de marzo de 2010, el señor Millán Díaz fue valorado en la Clínica de Artritis y
Reumatología y le fue diagnosticado un síndrome de hiperpresión patelar.
-Según
Centelsa, la desvinculación se generó como consecuencia de una decisión
unilateral que adoptó la empresa al acudir a una forma de terminación del
contrato laboral, contemplada en el artículo 61 del Código Sustantivo del
Trabajo, subrogado por la Ley 50 de 1990, artículo 5.
De conformidad
con la reseña fáctica expuesta y las pruebas arrimadas al plenario, la Sala
determina que la desvinculación del señor Paulo Alberto Millán, por parte de su
empleador, Centelsa vulneró los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i) Cuando
Centelsa terminó de manera unilateral el contrato de trabajo suscrito con el
demandante, aquel se encontraba en condición de debilidad manifiesta por su
deteriorado estado de salud con ocasión del dolor en sus rodillas.
(ii) El
menoscabo en el estado de salud del actor era conocido por Centelsa, si se
tiene en cuenta que el padecimiento del trabajador ocasionado por el dolor en sus
rodillas, se desarrolló durante la vigencia de la relación laboral.
Tal
consideración la refuerza el hecho de que las recomendaciones que efectuó el
médico tratante de la EPS en el tratamiento de la enfermedad que padece el
señor Millán Díaz fueron conocidas por la empresa accionada. Además como se
dejó constancia en el acta de fecha 19 de enero de 2010, ya reseñada, aquellas
fueron explicadas al trabajador, a su jefe inmediato y al COPASO.
(iii) No
obra en el informativo elemento probatorio alguno que acredite que Centelsa, a
pesar de tener conocimiento de que el demandante presentaba una disminución de
su capacidad física, haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado, unilateralmente, el contrato de trabajo, desconociéndose,
como quedó reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de
especial protección constitucional, respecto de quien se predica una
estabilidad laboral reforzada, extensiva a todos los contratos de trabajo, bien
sea a término fijo, indefinido, por obra o labor contratada.
Para
esta Corporación, en el presente caso, el vínculo laboral del accionante, se
presume fue terminado de manera unilateral por parte del empleador, en razón de
las condiciones de salud en que se encuentra, con lo que se vulneró su derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto Centelsa
tenía conocimiento de la situación de incapacidad del trabajador y no cumplió el
procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de
1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato
terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina
de Trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha  27 de
agosto de 2010, proferido por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Cali y,
en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada del demandante. En consecuencia, ordenará a la
empresa Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A., por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro
del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de
la presente sentencia, previa valoración
médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que
puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con
la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Paulo Alberto Millán Díaz, si él está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado
de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a la empresa Cables de Energía y de
Telecomunicaciones S.A., que reconozca y pague a favor del señor Paulo Alberto Millán Díaz, una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Paulo
Alberto Millán Díaz, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues,
de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la
jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
7.6. T-2.903.601
Con base en las
pruebas incorporadas al plenario la Sala tiene por demostrado:
-El señor Luis
Alfonso Pulgarín, desde el año 2000 suscribió varias vinculaciones con la
empresa accionada. La última vinculación, como las anteriores, fue mediante un
contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, la cual estuvo vigente
hasta el 17 de julio de 2010, prestando sus servicios inicialmente como
galponero y más recientemente como administrador de granja.
-El señor Pulgarín,
desde comienzos del año 2009, empezó a perder agudeza visual en el ojo
izquierdo. El oftalmólogo tratante le diagnosticó “oclusión de vena central
de retina en ojo izquierdo de características isquémicas con edema macular
asociado a isquemia severa”.
-En la EPS en la que
se encontraba afiliado, el señor Pulgarín, recibió tratamiento mediante la
aplicación del medicamento denominado avastin intraocular y técnica de láser
(fotocoagulación láser), sin obtener plena mejoría.
-El 27 de abril de
2010, la Junta Médica Laboral Calificadora conceptuó que el origen de la
enfermedad que padece el señor Luis Alfonso Pulgarín es de origen común.
Como en dicha fecha,
el señor Pulgarín no reunía los requisitos para ser remitido al fondo de
pensiones, Cedival Ltda., procedió a emitir unas recomendaciones laborales por
tiempo indefinido, las cuales fueron comunicadas a la empresa Avidesa de
Occidente S.A.. Dichas recomendaciones consistieron en: (i) “Evitar conducir
vehículos” y (ii) “Protección ocular mientras realiza labores en las
cuales pueda estar expuesto a sufrir accidentes con cuerpos extraños”.
Por lo anterior, se
solicitó a la mencionada empresa que hiciera las modificaciones respectivas a
las labores que realizaba el trabajador para lo cual de requerir asesoría para
dicho trámite debía solicitarlo a la ARP respectiva.
-Según la empresa
Avidesa de Occidente S.A., el vínculo laboral se extinguió por expiración del
plazo fijo pactado, decisión que fue comunicada al señor Pulgarín, el 1 de mayo
de 2010, es decir, con una antelación de 65 días a la fecha de terminación del
contrato, la cual previamente se estipuló para el 17 de julio de 2010.
De los hechos
relatados y probados es posible concluir que la desvinculación del señor Luis
Alfonso Pulgarín, a iniciativa de su empleador, la empresa Avidesa de Occidente
S.A. vulnera gravemente los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i) Cuando la empresa Avidesa de Occidente S.A., tomó la
iniciativa de poner fin a su contrato de trabajo, el
demandante se encontraba en condición de debilidad manifiesta por la
perturbación funcional del órgano de la visión de carácter permanente en
proceso de valoración por parte del Área de Medicina Laboral de Coomeva EPS, al
momento de la terminación del contrato laboral.
(ii) La discapacidad
que deteriora el estado de salud del señor Pulgarín era de pleno conocimiento
de la empresa Avidesa de Occidente S.A., si se tiene en cuenta que la
enfermedad se desarrolló durante la vigencia del vínculo laboral. Además la empresa
fue informada de las recomendaciones laborales que debía cumplir el trabajador
con el fin de obtener un proceso adecuado para el tratamiento de la enfermedad.
(iii) En el
informativo no existe prueba alguna que acredite que la empresa Avidesa de Occidente
S.A., no obstante que conocía que el actor presentaba una disminución de su
capacidad física, haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado el contrato de trabajo, con lo cual se desconoció, como quedó
reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional, respecto de quien se predica una estabilidad laboral
reforzada, extensiva a todos los contrato de trabajo, bien sea a término fijo,
indefinido, por obra o labor contratada.
Para la Corte, en el
presente caso, el vínculo laboral del accionante fue terminado unilateralmente
por el empleador, en razón de las afecciones de salud que padece, con lo que se
vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Ello, por
cuanto Avidesa de Occidente S.A. tenía conocimiento de la condición de
discapacidad del trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el
inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona
limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación,
salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 27 de octubre
de 2010, proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá y, en su
lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la estabilidad
laboral reforzada del demandante. En consecuencia, ordenará a la empresa
Avidesa de Occidente S.A., por intermedio de su representante legal o quien
haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apto para trabajar
y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a
través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud
ocupacional, reintegrar al señor Luis Alfonso Pulgarín, si él está
de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le
desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad
laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de
mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa autorización
del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a la empresa Avidesa de Occidente S.A.,
que reconozca y pague a
favor del señor Luis Alfonso Pulgarín, una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Luis
Alfonso Pulgarín, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria, pues, de
acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y la
jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
7.7. Expediente
T- 2.904.191
Las pruebas obrantes
en el proceso demuestran que:
-El señor Juan
Alberto Betancur Quiroz, estuvo vinculado con la empresa Ambalá S.A. a través
de un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, el cual
fue prorrogado en siete ocasiones.
La última
vinculación, como las anteriores, mediante contrato de trabajo a término fijo
inferior a un año, terminó el 9 de julio de 2010.
-En el año 2008,
estando vigente el vínculo laboral con la empresa Ambalá S.A., el actor empezó
a sentir un permanente dolor en el hombro derecho y limitación funcional.
Inicialmente, le fue diagnosticado bursitis y síndrome de sobre uso del hombro
derecho para lo cual le ordenaron una serie de fisioterapias. Al no presentar
mejoría alguna, el señor Betancur Quiroz fue sometido a una serie de exámenes
que permitieron que los facultativos le diagnosticaran una lesión slap tipo 11B
y quiste paralabral.
El demandante, como
consecuencia de estas afecciones, ha visto seriamente aminoradas sus
condiciones de salud y le fueron concedidas varias incapacidades médicas como
se señala a continuación:
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Número de días
2010/06/17
2010/07/03
17 días
2010/05/22
2010/06/15
25 días
2010/05/17
2010/05/21
5 días
2010/04/04
2010/04/18
15 días
2010/03/20
2010/04/03
15 días
2010/03/05
2010/03/19
15 días
2010/02/18
2010/02/28
11 días
2010/02/13
2010/02/17
5 días
2010/01/29
2010/02/12
15 días
2010/01/23
2010/01/27
5 días
2010/01/19
2010/01/22
4 días
2009/11/12
2009/11/15
4 días
2009/10/21
2009/10/24
4 días
2009/10/17
2009/10/19
3 días
2009/08/27
2009/08/29
3 días
2009/08/22
2009/08/23
2 días
2009/03/07
2009/03/09
3 días
2008/12/19
2008/12/25
7 días
2008/12/12
2008/12/14
3 días
2008/12/03
2008/12/06
4 días
-El 17 de abril de
2010, el señor Betancur Quiroz fue intervenido quirúrgicamente para efectuarle
una reparación artroscópica, sin que haya logrado una recuperación plena.
-El 1 de junio de
2010, la empresa Ambalá S.A., le comunicó al demandante que su contrato de
trabajo terminaría el 9 de julio de 2010, fecha pactada en el contrato de
trabajo a término fijo inferior a un año que habían suscrito.
La empresa accionada,
guardó silencio.
De los hechos
relatados y probados se concluye que la desvinculación del señor Juan Alberto
Betancur Quiroz, a iniciativa de su empleador, la empresa Ambalá S.A. constituye
un grave desconocimiento de los derechos fundamentales reclamados, por las
siguientes razones:
(i) Cuando
la empresa Ambalá S.A., tomó la iniciativa de poner fin al contrato de
trabajo del demandante, era incuestionable que se encontraba en situación de
debilidad manifiesta porque no había logrado una recuperación plena a pesar del
tratamiento y de la intervención quirúrgica a la que fue sometido, pues el
dolor en el hombro derecho continuó, así como la merma de la fuerza  y su
limitación funcional.
(ii) El deterioro en
el estado de salud del actor era suficientemente conocido por la empresa Ambalá
S.A., si se tiene en cuenta que el desarrollo
de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento médico y la intervención
quirúrgica practicada ocurrieron durante la vigencia de la relación laboral.
(iii) Las pruebas
del proceso demuestran que la empresa Ambalá S.A., no obstante conocer que el
señor Betancur Quiroz presentaba una disminución de su capacidad física, no
solicitó la autorización del Ministerio de la Protección Social en los términos
del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por terminado el contrato de
trabajo, desconociendo, como quedó reseñado en esta providencia, que se trataba
de un sujeto de especial protección constitucional, respecto de quien se
predica la garantía de una estabilidad laboral reforzada, extensiva a los
contratos a término fijo inferior a un año.
Para esta
Corporación, en el presente caso, el vínculo laboral
del accionante fue terminado unilateralmente por el empleador como
consecuencia de su deteriorado estado de salud, con lo que se vulneró su
derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Lo anterior, por cuanto
la empresa Ambalá S.A. tenía conocimiento de la condición de discapacidad del trabajador
y no cumplió el procedimiento establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la
Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona limitada puede ser despedida o
su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización
de la Oficina de Trabajo.
Por todo lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 11 de junio de
2010, proferido por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Medellín y, en su
lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la estabilidad
laboral reforzada del demandante. En consecuencia, ordenará a la empresa Ambalá
S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si
aún no lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica
que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede
hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que
tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al
señor Juan Alberto Betancur Quiroz, si él está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a la empresa Ambalá S.A., que reconozca y pague a favor del
señor Juan Alberto Betancur Quiroz, una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor Juan
Alberto Betancur Quiroz, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria,
pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y
la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
7.8.
Expediente T-2.905.895
Con base
en las pruebas incorporadas al plenario la Sala tiene por demostrado:
-La
señora María Cristina Castro de Rolong, se vinculó laboralmente con la Red Alma
Mater, desde el 2 de enero de 2007, mediante un contrato de trabajo a término
fijo inferior a un año, el cual fue prorrogado en varias ocasiones.
-La
última vinculación, como las anteriores, fue mediante un contrato de trabajo a
término fijo inferior a un año la cual estuvo vigente desde 1 de abril de 2010 hasta
el 30 de junio del mismo año.
-La señora
Castro de Rolong desempeñaba las funciones del cargo de asistente
administrativa.
-Estando
vigente la relación laboral de la señora Castro de Rolong con la Red Alma
Mater, empezó a sufrir un fuerte dolor en su brazo derecho. El médico tratante
le diagnosticó una epicondilitis medial derecha y epicondilitis lateral derecha.
Según
dictamen del 5 de septiembre de 2008, proferido por el Equipo
Interdisciplinario de la EPS Famisanar, la epicondilitis medial derecha y la epicondilitis
lateral derecha fueron calificadas como de origen profesional.
Dicho
dictamen fue corroborado el 13 de enero de 2009, por la ARP Suratep, la entidad
Administradora de Riesgos Profesionales que consideró que la epicondilitis lateral
derecha es una enfermedad de origen profesional.
La ARP
Suratep, el 6 de febrero de 2009, envió una comunicación a la Red Alma Mater
mediante la cual le informó que la epicondilitis lateral derecha, diagnosticada
a la señora María Cristina Castro de Rolong es de origen profesional y en
proceso de rehabilitación física y funcional. Así mismo, presentó una serie de
conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para el desempeño laboral de
la trabajadora, las cuales fueron actualizadas, el 7 de diciembre de 2009, de
acuerdo con los seguimientos por parte de medicina laboral y el análisis de los
requerimientos del cargo de Asistente Administrativa.
Desde la
fecha de reconocimiento de la enfermedad profesional, la señora Castro de
Rolong recibió tratamiento por parte de la ARP Sura por los especialistas de fisiatría,
ortopedia y terapia física.
Por esta
enfermedad, la señora Castro de Rolong fue incapacitada en varias ocasiones. La
parte demandante allegó al proceso las siguientes prescripciones de
incapacidad:
Fecha
de inicio
Fecha
de terminación
Número
de días
2009/10/02
2009/10/02
1 día
2009/10/05
2009/10/06
2 días
2010/04/12
2010/05/?
30
días
2010/03/13
2010/04/11
30
días
2008/02/25
2008/02/27
3 días
2008/02/22
2008/02/23
2 días
2008/01/20
2008/01/22
3 días
2008/06/18
2008/06/18
1día
2008/07/28
2008/07/30
3 días
2009/07/27
2009/07/28
2 días
2009/08/03
2009/08/05
3 días
2009/09/03
2009/09/04
2 días
2010/02/23
2010/03/05
11
días
2010/06/08
2010/06/11
4 días
-Según
Red Alma Mater, el vínculo laboral se extinguió porque los convenios del Distrito
Capital que se habían suscrito y de los cuales dependía el contrato laboral con
la señora Castro de Rolong fueron liquidados.
De los
hechos relatados y probados es posible concluir que la desvinculación de la
señora María Cristina Castro de Rolong, a iniciativa de su empleador, la Red
Alma Mater vulnera gravemente los derechos fundamentales invocados, por las
siguientes razones:
(i)
Cuando Red Alma Mater mediante preaviso, dio lugar a la terminación del
contrato de trabajo suscrito con la demandante, aquella se encontraba en
condición de debilidad manifiesta por el deterioro en su estado de salud debido
a la epicondilitis lateral derecha que se la había diagnosticado. La señora
Castro de Rolong recibió inicialmente tratamiento en la EPS Famisanar y,
después del reconocimiento de la enfermedad como profesional, la ARP Sura le
brindó todas las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de la
patología mencionada.
(ii) La
discapacidad que deteriora el estado de salud de la señora Castro de Rolong era
de pleno conocimiento de la empresa Red Alma Mater, si se tiene en cuenta que
la enfermedad se desarrolló durante la vigencia del vínculo laboral.
Precisamente la ARP Sura presentó una serie de conclusiones y recomendaciones a
tener en cuenta para el desempeño laboral de la demandante  y originó, además,
una serie de incapacidades.
(iii) En
el informativo no existe prueba alguna que acredite que la empresa Red Alma
Mater, no obstante conocía que la actora presentaba una disminución de su
capacidad física haya solicitado la autorización del Ministerio de la Protección
Social en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para dar por
terminado el contrato de trabajo, con lo cual se desconoció, como quedó
reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de especial protección
constitucional, respecto de quien se predica una estabilidad laboral reforzada,
extensiva a todos los contratos de trabajo, bien sea a término fijo,
indefinido, por obra o labor contratada.
Para la
Corte, en el presente caso, el vínculo laboral de la accionante fue terminado
unilateralmente por el empleador, en razón de las afecciones de salud que
padece, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. Ello, por cuanto la empresa Red Alma Mater, tenía conocimiento de la
condición de discapacidad de la trabajadora y no cumplió el procedimiento
establecido en el inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el
cual ninguna persona limitada puede ser despedida o su contrato terminado por
razón de su limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 13 de
septiembre 2010, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá
y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada de la demandante. En consecuencia, ordenará a la
empresa Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo
Regional, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que,
si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apta
para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del
plan de salud ocupacional, reintegrar a la señora María Cristina Castro de
Rolong, si ella está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la
trabajadora, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se
ordenará a la empresa Red de Universidades Públicas
del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional, que reconozca y pague a favor de
la señora María Cristina Castro de
Rolong, una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro de la señora
María Cristina Castro de Rolong, podrán ser exigidos ante la jurisdicción
ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el
presente caso y la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de
amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en ese
sentido.
7.9.
Expediente T-2.906.302
Con las
pruebas que reposan en el expediente la Sala encuentra acreditados los
siguientes hechos:
-Que la
señora Narcisa Vives Canencia, estuvo vinculada a Sespem Ltda. desde el año 2003, a través de varios contratos a término fijo inferior a un año y prestó sus servicios como
trabajadora en misión en la empresa usuaria, Tubos del Caribe S.A. desempeñando
el cargo de Herramentista II.
-El
último contrato de trabajo se suscribió el 1 de diciembre de 2007 y fue
estipulada como fecha de finalización, el 31 de octubre de 2009.
-Desde
el año 2005, la señora Vives Canencia presentó varias crisis de agresividad y
depresión que fueron recurrentes con el paso del tiempo y le fue diagnosticado
trastorno mixto de ansiedad y depresión, por lo cual recibió tratamiento médico
por la especialidad de siquiatría.
-El 1 de
septiembre de 2009, Sespem Ltda. informó a la señora Vives Canencia que “…una
vez que expire el plazo señalado en el contrato de trabajo a término fijo que
se inició el 01 DE DICIEMBRE DE 2007 la empresa no se lo prorrogará”.
-Acerca
de dicha determinación fue informada la empresa Tubos del Caribe S.A., el 16 de
octubre de 2009, fecha en la que el Director Administrativo de Sespem Ltda. informó
“…nos permitimos comunicarles que por decisión de la junta directiva de la
compañía, se estableció que el contrato de la señor Narcisa Vives Canencia, se
dará por terminado a 31 de octubre de 2009…”.
-Según
Sespem Ltda., la terminación del vínculo laboral con la señora Vives Canencia
obedeció a que finalizó el plazo para el cual había sido contratada.
De los
hechos relatados y probados se colige que la desvinculación de la señora
Narcisa Vives Canencia, unilateralmente por su empleador, la empresa de
servicios temporales Sespem Ltda., constituye un grave desconocimiento de sus
derechos fundamentales, por las siguientes razones:
(i) Cuando
Sespem Ltda. tomó la iniciativa de poner fin a su contrato de trabajo, la
demandante se encontraba en condición de debilidad manifiesta por el menoscabo
en su estado de salud, como consecuencia del trastorno mixto de ansiedad y
depresión que padece, el cual venía siendo tratado por la especialidad de
psiquiatría.
(ii) La
discapacidad sufrida por la señora Vives Canencia era de pleno conocimiento de
Sespem Ltda., si se tiene en cuenta que el desarrollo de la enfermedad que
aqueja a la actora acaeció durante la vigencia de la relación laboral y la
empresa conocía, incluso, las recomendaciones médicas de restricción a la
jornada laboral que se expidieron como parte del tratamiento médico que se le
brindó a la trabajadora, como lo aseveró en la contestación de la demanda de
tutela.
(iii) En
el expediente no existe elemento probatorio que demuestre que la empresa Sespem
Ltda. no obstante conocer que la actora presentaba una disminución de su
capacidad física haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado el contrato de trabajo, con lo cual se desconoció, como quedó
reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una
estabilidad laboral reforzada.
El
alcance de esta protección especial ha logrado en la jurisprudencia de esta
Corporación un reconocimiento amplio, tanto así, que se ha resaltado que la
misma debe otorgarse con independencia del tipo de contrato de trabajo de que
se trate, bien sea a término fijo, indefinido, por obra o labor.
Para la
Corte, en el presente caso, el vínculo laboral de la accionante fue terminado
unilateralmente por el empleador, no obstante las afecciones de salud que
padecía, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. Ello, por cuanto Sespem Ltda. tenía conocimiento de la condición de
incapacidad de la trabajadora y no cumplió el procedimiento establecido en el
inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona
limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 6 de mayo
de 2009, proferido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cartagena y, en su
lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y la
estabilidad laboral reforzada de la demandante. En consecuencia, ordenará a la
empresa Servicios Especiales para
Empresas & Cía. Ltda.,
por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no
lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apta
para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan
de salud ocupacional, reintegrar a la señora Narcisa Vives Canencia, si ella
está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
Así mismo, se ordenará a la
empresa Servicios Especiales para Empresas & Cía. Ltda., que reconozca y pague a favor de la señora Narcisa Vives Canencia, una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro de la señora
Narcisa Vives Canencia, podrán ser exigidos ante la jurisdicción ordinaria,
pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el presente caso y
la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de amparo constitucional
resulta improcedente frente a una pretensión en ese sentido.
7.10.
Expediente T- 2.918.135
De las
pruebas que reposan en el expediente la Sala encuentra que están acreditados
los siguientes hechos:
-Que el
señor Idelfrank Rodríguez Castillo, estuvo vinculado a la empresa de servicios
temporales Atiempo S.A.S. desde el 28 de septiembre de 2009 hasta el 31 de mayo
del 2010, mediante contrato de trabajo cuya duración estaba sujeta a una labor
determinada, prestando sus servicios como trabajador en misión en la empresa
Ramguiflex.
-Estando
en ejecución este contrato de trabajo, el 22 de enero de 2010, el actor sufrió
un accidente laboral del cual la A.R.P. Positiva tuvo conocimiento, el mismo
día de su ocurrencia, a través del empleador, mediante el informe individual de
accidente de trabajo en el que se indicó que el señor Rodríguez Castillo, se
encontraba halando el carro de producción de casata  y se golpeó contra una
baranda al caer de espalda lo que le ocasionó un fuerte dolor lumbar.
El diagnóstico
inicial fue lumbago no especificado y posteriormente lumbalgia por discopatía
crónica y trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía.
-Como
consecuencia del accidente de trabajo, el actor, en varias ocasiones, fue
atendido en la Clínica Palermo por presentar inicialmente dolor en la región
lumbar, el cual luego irradió en toda la columna, con corrientazos y sensación
de espasmo.
-La
enfermedad que padece el señor Rodríguez Castillo, le generó varias
incapacidades, como se muestra a continuación:
Fecha de inicio
Fecha de
terminación
Número de días
2010/01/23
2010/01/25
3 días
2010/02/12
2010/12/15
4 días
2010/05/29
2010/05/31
3 días
-El 17
de junio de 2010, la empresa Atiempo S.A.S. informó al señor Rodríguez Castillo
que, como se le había comunicado verbalmente, su contrato de trabajo se había terminado,
el 30 de mayo de 2010. Según la mencionada empresa, la terminación del vínculo
laboral con el señor Rodríguez Castillo obedeció a que la empresa, a la cual
fue vinculado, terminó la labor por él desempeñada porque disminuyó la
producción.
De los
hechos relatados y probados se colige que la desvinculación del señor
Idelfrank Rodríguez Castillo, a iniciativa de su empleador, la empresa de
servicios temporales Atiempo S.A.S. constituye un grave desconocimiento de sus
derechos fundamentales, por las siguientes razones:
(i)
Cuando Atiempo S.A.S. tomó la decisión de poner fin a su contrato de trabajo,
el demandante se encontraba en condición de debilidad manifiesta por el
deterioro en su estado de salud, como consecuencia del constante y agudo dolor
que padecía en la región lumbar que después se irradió en toda la columna,
diagnosticado inicialmente como un Lumbago no especificado y posteriormente
como trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatía.
(ii) La
discapacidad sufrida por el señor Rodríguez Castillo era de pleno conocimiento
de la empresa Atiempo S.A.S., si se tiene en cuenta que el desarrollo de la
enfermedad que lo aqueja acaeció durante la vigencia de la relación laboral.
(iii) En
el expediente no existe elemento probatorio alguno que demuestre que la empresa
Atiempo S.A.S., no obstante conocer que el actor presentaba una disminución de
su capacidad física, haya solicitado la autorización del Ministerio de la
Protección Social, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, para
dar por terminado el contrato de trabajo, con lo cual se desconoció, como quedó
reseñado en esta providencia, que se trataba de un sujeto de especial
protección constitucional, respecto de quien se predica la garantía de una
estabilidad laboral reforzada.
El
alcance de esta protección especial ha logrado en la jurisprudencia de esta
Corporación un reconocimiento amplio, tanto así, que se ha resaltado que la
misma debe otorgarse con independencia del tipo de contrato de trabajo de que
se trate, bien sea a término fijo, indefinido, por obra o labor.
Para la
Corte, en el presente caso, el vínculo laboral del accionante fue terminado
unilateralmente por el empleador, no obstante las afecciones de salud que
padecía, con lo que se vulneró su derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. Ello, por cuanto Atiempo S.A.S., tenía conocimiento de la condición
de incapacidad del trabajador y no cumplió el procedimiento establecido en el
inciso 1° del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, según el cual ninguna persona
limitada puede ser despedida o su contrato terminado por razón de su
limitación, salvo que medie autorización de la Oficina de Trabajo.
Por todo
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión, revocará el fallo de fecha 11 de
octubre de 2009, proferido por el Juzgado Cincuenta Civil Municipal  de Bogotá
y, en su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna y la estabilidad laboral reforzada del demandante. En consecuencia,
ordenará a la empresa Atiempo S.A.S, por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que
de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo,
sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a
cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor
Idelfrank Rodríguez Castillo, si él está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
Así mismo, se ordenará a la
empresa Atiempo S.A.S.,
que reconozca y pague a favor del señor Idelfrank Rodríguez Castillo, una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Para el cumplimiento
de dicha orden, se debe precisar que el reconocimiento y pago de las
prestaciones y demás emolumentos que se deriven del reintegro del señor
Idelfrank Rodríguez Castillo, podrán ser exigidos ante la jurisdicción
ordinaria, pues, de acuerdo con los supuestos fácticos que fundamentan el
presente caso y la jurisprudencia de la Corte, en principio, la acción de
amparo constitucional resulta improcedente frente a una pretensión en ese
sentido.
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR el fallo de fecha 23 de agosto
de 2010, proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, el cual
confirmó el dictado por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Bogotá, el 1 de
julio de 2010 negando la tutela solicitada por el señor Bercely Velasco Pérez
en el trámite del proceso T-2.832.803. En su lugar, CONCEDER por las
razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor
Bercely Velasco Pérez  y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Cooperativa
Multiactiva de Transportadores Omega Ltda, por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que
de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo,
sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a
cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Bercely
Velasco Pérez, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
SEGUNDO.- ORDENAR a la empresa Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega Ltda., el
reconocimiento y pago a favor del señor Bercely Velasco Pérez de
una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
TERCERO.-
ADVERTIR al señor Bercely
Velasco Pérez que debe acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, por ser esta
competente para reconocer el pago de los salarios y demás prestaciones que dejó
de percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la empresa demandada, si
considera que tal derecho le asiste.
CUARTO.-
REVOCAR el fallo de fecha
31 de agosto de 2010, proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de
Planeta Rica en el trámite del proceso de tutela T-2.857.547. En su lugar, CONCEDER
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor
Iván Silvano Pacheco Germán y, en consecuencia, ORDENAR a Mario Alberto
Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles, por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia,
previa valoración médica que de cuenta de
que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo
para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el
desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Iván Silvano
Pacheco Germán, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía
desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y
bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo
podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
QUINTO.-
ORDENAR al señor Mario Alberto Huertas Cotes y/o MHC Ingeniería y Construcción de
Obras Civiles, el reconocimiento y pago a favor del
señor Iván Silvano Pacheco Germán de una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
SEXTO.-
ADVERTIR al señor Iván Silvano Pacheco Germán que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculado de la empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
SÉPTIMO.- REVOCAR el fallo de fecha 11 de agosto de 2010, proferido por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, el cual confirmó el dictado
por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Marta, el 21 de junio de 2010
negando la tutela solicitada por la señora Eunice Helena Castillo Miranda en el
trámite del proceso de tutela T-2.894.675. En su lugar, CONCEDER por las
razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Eunice Helena Castillo Miranda y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa
Laboratorio Químico Clínico Ltda., por intermedio de su representante legal o
quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que
de cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo,
sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a
cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar a la señora
Eunice Helena Castillo Miranda, si ella está de acuerdo, a un cargo igual o
superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su
estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior.
Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de
limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
OCTAVO.- ORDENAR al Laboratorio Químico Clínico Ltda., el
reconocimiento y pago a
favor de la señora Eunice Helena Castillo Miranda de una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
NOVENO.-
ADVERTIR a la señora Eunice Helena Castillo Miranda que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculada de la empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
DÉCIMO.-
REVOCAR el fallo de fecha
29 de septiembre de 2010, proferido por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito
de Bogotá, el cual confirmó el dictado por el Juzgado Diecisiete Penal
Municipal, con Función de control de Garantías de Bogotá, el 20 de agosto de
2010 negando la tutela solicitada por el señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia
en el trámite del proceso de tutela T-2.895.762. En su lugar, CONCEDER
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor
Jaime Alejandro Barbosa Valencia y, en consecuencia, ORDENAR a la
empresa Recursos Humanos Exclusivos S.A., por intermedio de su representante
legal o quien haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que
de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo,
sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a
cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Jaime
Alejandro Barbosa Valencia, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior
al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de
salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior, bien sea
en las instalaciones de la temporal o en una empresa usuaria.. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
DÉCIMO PRIMERO.- ORDENAR a Recursos Humanos Exclusivos S.A., el
reconocimiento y pago a
favor del señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia de una indemnización
equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO
SEGUNDO.- ADVERTIR
al señor Jaime Alejandro Barbosa Valencia que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculado de la empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
DÉCIMO
TERCERO.- REVOCAR
el fallo de fecha 27 de agosto de 2010, proferido por el Juzgado Quince Penal
del Circuito de Cali, el cual revocó el dictado por el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Yumbo, el 13 de julio de 2010 concediendo la tutela solicitada por
el señor Paulo Alberto Millán Díaz en el trámite del proceso de tutela
T-2.899.303. En su lugar, CONCEDER por las razones y en los términos de
esta sentencia el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la
estabilidad laboral reforzada del señor Paulo Alberto Millán Díaz y, en
consecuencia, ORDENAR a la empresa Cables de Energía y de
Telecomunicaciones S.A., por intermedio de su representante legal o quien haga
sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, previa valoración médica que de cuenta de que es apto
para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud,
realizada a través de la entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del
plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Paulo Alberto Millán Díaz, si él
está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando
se le desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma
modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse,
de mantenerse las condiciones de limitación en salud del trabajador, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
DÉCIMO CUARTO.- ORDENAR a la empresa
Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A., el reconocimiento y pago a favor del señor Paulo Alberto Millán Díaz de una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
DÉCIMO
QUINTO.- ADVERTIR
al señor Paulo Alberto Millán Díaz que debe acudir a la jurisdicción ordinaria
laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los salarios y demás
prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la
empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
DÉCIMO
SEXTO.- REVOCAR
el fallo de fecha 27 de octubre de 2010, proferido por el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Tuluá, el cual confirmó el dictado por el Juzgado Promiscuo
Municipal de San Pedro (Valle del Cauca), el 6 de septiembre de 2010 negando la
tutela solicitada por el señor Luis Alfonso Pulgarín en el trámite del proceso
de tutela T-2.903.601. En su lugar, CONCEDER por las razones y en los
términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor Luis Alfonso Pulgarín y,
en consecuencia, ORDENAR a la empresa Avidesa de Occidente S.A., por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar al señor Luis Alfonso Pulgarín, si él está de acuerdo, a un cargo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con
su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual
anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones
de limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
DÉCIMO SÉPTIMO.-
ORDENAR a la
empresa Avidesa de Occidente S.A., el reconocimiento y pago a favor del señor Luis Alfonso Pulgarín de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
DÉCIMO
OCTAVO.- ADVERTIR
al señor Luis Alfonso Pulgarín que debe acudir a la jurisdicción ordinaria
laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los salarios y demás
prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculado de la
empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
DÉCIMO
NOVENO.- REVOCAR
el fallo de fecha 29 de octubre de 2010, proferido por el Juzgado Décimo
Civil Municipal de Medellín en el trámite del proceso de tutela T-2.904.191. En
su lugar, CONCEDER como mecanismo transitorio, por las razones y en los
términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a la vida
digna y a la estabilidad laboral reforzada del señor Juan Alberto Betancur
Quiroz y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Ambalá S.A., por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar al señor Juan Alberto Betancur
Quiroz, si él está de acuerdo, a un cargo
igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con
su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral contractual
anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones
de limitación en salud del trabajador, previa autorización del Ministerio de la
Protección Social.
VIGÉSIMO.- ORDENAR a la empresa
Ambalá S.A., el reconocimiento y pago a favor del
señor Juan Alberto Betancur Quiroz de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO
PRIMERO.- ADVERTIR
al señor Juan Alberto Betancur Quiroz que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculado de la empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
VIGÉSIMO
SEGUNDO.- REVOCAR
el fallo de fecha 13 de septiembre de 2010, proferido por el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Bogotá, el cual confirmó el dictado por el Juzgado
Treinta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, el 4 de agosto de 2010 negando la
tutela solicitada por la señora María Cristina Castro de Rolong en el trámite
del proceso de tutela T-2.905.895. En su lugar, CONCEDER por las razones
y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos fundamentales a
la vida digna y a la estabilidad laboral reforzada de la señora María Cristina
Castro de Rolong y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa Red de
Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional, por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a la señora María Cristina Castro de Rolong, si ella está de
acuerdo, a un cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le
desvinculó, acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad
laboral contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de
mantenerse las condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa
autorización del Ministerio de la Protección Social.
VIGÉSIMO
TERCERO.- ORDENAR a la empresa Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero
para el Desarrollo Regional, el reconocimiento y pago a favor de la señora María Cristina Castro de
Rolong de una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361
de 1997.
VIGÉSIMO
CUARTO.- ADVERTIR
a la señora María Cristina Castro de Rolong que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculada de la empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
VIGÉSIMO
QUINTO.- REVOCAR
el fallo de fecha 6 de mayo de 2010, proferido por el Juzgado Séptimo Civil
Municipal de Cartagena en el trámite del proceso de tutela T-2.906.302. En su
lugar, CONCEDER por las razones y en los términos de esta sentencia, el
amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Narcisa Vives Canencia y, en consecuencia, ORDENAR
a la empresa Servicios Especiales para Empresas & Cía. Ltda., por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces que, si aún no lo
ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la presente sentencia, previa
valoración médica que de cuenta de que es apta para trabajar y las condiciones
en que puede hacerlo, sin riesgo para su salud, realizada a través de la
entidad con la que tenga a cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional,
reintegrar a la señora Narcisa Vives Canencia, si ella está de acuerdo, a un
cargo igual o superior al que venía desempeñando cuando se le desvinculó,
acorde con su estado de salud actual y bajo la misma modalidad laboral
contractual anterior. Vinculación que solo podrá terminarse, de mantenerse las
condiciones de limitación en salud de la trabajadora, previa autorización del
Ministerio de la Protección Social.
VIGÉSIMO SEXTO.- ORDENAR a la empresa Servicios
Especiales para Empresas & Cía. Ltda., el reconocimiento y pago a favor de la señora Narcisa Vives Canencia de una
indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, al tenor del
inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
VIGÉSIMO
SÉPTIMO.- ADVERTIR
a la señora Narcisa Vives Canencia que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculada de la empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
VIGÉSIMO
OCTAVO.- REVOCAR
el fallo de fecha 11 de octubre de 2010, proferido por el Juzgado Cincuenta
Civil Municipal de Bogotá en el trámite del proceso de tutela T-2.918.135. En
su lugar, CONCEDER por las razones y en los términos de esta sentencia,
el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y a la estabilidad
laboral reforzada del señor Ildefrank Rodríguez Castillo y, en consecuencia, ORDENAR
a la empresa Atiempo S.A.S., por intermedio de su representante legal o quien
haga sus veces que, si aún no lo ha efectuado, dentro del término de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente
sentencia, previa valoración médica que
de cuenta de que es apto para trabajar y las condiciones en que puede hacerlo,
sin riesgo para su salud, realizada a través de la entidad con la que tenga a
cargo el desarrollo del plan de salud ocupacional, reintegrar al señor Idelfrank
Rodríguez Castillo, si él está de acuerdo, a un cargo igual o superior al que
venía desempeñando cuando se le desvinculó, acorde con su estado de salud
actual y bajo la misma modalidad laboral contractual anterior. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, previa autorización del Ministerio de la Protección Social.
VIGÉSIMO NOVENO.- ORDENAR a la empresa Atiempo S.A.S., el
reconocimiento y pago a favor del la señor Idelfrank Rodríguez Castillo de una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario, al tenor del inciso 2o. del artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
TRIGÉSIMO.- ADVERTIR al señor Idelfrank Rodríguez Castillo que debe acudir a la jurisdicción
ordinaria laboral, por ser esta competente para reconocer el pago de los
salarios y demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue
desvinculado de la empresa demandada, si considera que tal derecho le asiste.
TRIGÉSIMO
PRIMERO.- LÍBRENSE por
la Secretaría General de esta Corporación, en cada uno de los procesos, la
comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON
ELÍAS PINILLA PINILLA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[2]“Véanse, entre otras, las sentencias T-198 del 16 de
marzo de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-1038 del 4 de diciembre de
2007.M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.”
[3] “En el mismo sentido, Sentencia T-576 del 14de octubre de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.”
[4] “Ver Sentencia T-871 del 21 de julio de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.”
[5] Véase, Sentencia T-1167 del 17 de noviembre
de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[6] Ibídem.
[7] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[8] Véase, Sentencia T-337 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[9]Sin embargo, cabe señalar que en
pronunciamientos anteriores a la promulgación de la Ley 361 de 1997, esta Corte ya había sostenido que las personas con limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, en
directa aplicación de los mandatos constitucionales. Al respecto, puede
consultarse, entre otras, la sentencia T-427 de 1992, Magistrado Ponente:
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[10] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[11]Véase, Sentencia T-129 del 24 de febrero de 2009. M.P. Humberto Antonio Sierra.
[12] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13]“Sentencia T-826 del 21 de octubre de 1999. M.P. José Gregorio Hernández. En esta ocasión se negó la tutela interpuesta por un enfermo de
VIH que había sido desvinculado de su cargo; en este caso, la Corte encontró que no se encontraba acreditado que la desvinculación se hubiera producido por
razón de su enfermedad.
En el mismo sentido, en sentencia T-434 del 28 de mayo de 2002
(Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil), la Corte Constitucional negó la tutela a una persona portadora de VIH a quien la empresa
despidió unilateralmente, por considerar que durante más de un año después del
aviso de la enfermedad, el empleador había apoyado solidariamente al
accionante, aun cuando después, por razón de una reestructuración empresarial,
el cargo del peticionario fue suprimido. Similares hechos se analizaron en la
sentencia T-066 de 2000, (Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra); en esa
ocasión, la accionante, portadora de VIH y quien había sido despedida por la
empresa, solicitaba que ésta continuara asumiendo sus gastos de afiliación al
Seguro Social. La Corte denegó la tutela por encontrar que el motivo del
despido no fue la enfermedad de la actora, sino el indebido comportamiento de
la accionante en el sitio de trabajo.”
[14] Véanse, Sentencias T-1040 del 27 de septiembre de
2001y T-256 del 24 de marzo de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-1183 del 24
de noviembre de 2004. M.P. Manuel José Cepeda.
[15] Véase, Sentencia T-830 del 28 de agosto de 2008. M.P. Mauricio González Cuervo.
[16] Véase, Sentencia T-351 del 5 de mayo de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[17] “El artículo 5 de la Ley 361 de 1997 ‘Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y
se dictan otras disposiciones’, establece que para hacerse acreedores a la
protección legal especial que consagra, es necesaria la previa calificación
médica que acredite la discapacidad. Dice: ‘Las personas con limitación
deberán aparecer calificadas como tales en el carné de afiliado al Sistema de
Seguridad en Salud, ya sea el régimen contributivo o subsidiado. Para tal
efecto las empresas promotoras de salud deberán consignar la existencia de la
respectiva limitación en el carné de afiliado, para lo cual solicitarán en el
formulario de afiliación la información respectiva y la verificarán a través de
diagnóstico médico en caso de que dicha limitación no sea evidente.’
[18]“El artículo 13 de la Constitución establece: ‘El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física
o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.’
[19] “En efecto, en Sentencia SU-480 del 25 de
septiembre de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), esta Corporación
manifestó que: “La realización del servicio público de la Seguridad Social (art. 48) tiene como sustento un sistema normativo integrado no solamente
por los artículos de la Constitución sino también por el conjunto de reglas en
cuanto no sean contrarias a la Carta. Todas esas normas contribuyen a la
realización del derecho prestacional como status activo del Estado. Es decir,
el derecho abstracto se concreta con reglas y con procedimientos prácticos que
lo tornan efectivo. Lo anterior significa que si se parte de la base de que la
seguridad social se ubica dentro de los principios constitucionales de la
igualdad material y el Estado social de derecho, se entiende que las reglas
expresadas en leyes, decretos, resoluciones y acuerdos no están para restringir
el derecho (salvo que limitaciones legales no afecten el núcleo esencial del
derecho), sino para el desarrollo normativo orientado hacia la optimización del
mismo, a fin de que esos derechos constitucionales sean eficientes en gran
medida. Es por ello que, para dar la orden con la cual finaliza toda acción de
tutela que tenga que ver con la salud es indispensable tener en cuenta esas
reglas normativas que el legislador desarrolló en la Ley 100/93, libro II y en los decretos, resoluciones y acuerdos pertinentes. Lo importante es
visualizar que la unidad de los principios y las reglas globalizan e informan
el sistema y esto debe ser tenido en cuenta por el juez de tutela”.
[20]“Recuérdese que los trabajadores forman parte de una
empresa, la cual se encuentra sujeta a la dirección, manejo y coordinación del
correspondiente empresario (artículo 25 del C. Co.). Por ello, en estos casos,
debe apelarse a la adopción de medidas de protección que no limiten irrazonable
o desproporcionadamente los derechos a la libertad de empresa y a la libertad
de establecimiento.”
[21] Véase, Sentencia T-504 del 16 de mayo de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[22] T-1040 del 27 de septiembre de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[24] Véase, Sentencia T-1040 del 27 de septiembre de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[25] Véase, Sentencia T-198 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[26] M.P. Mauricio González Cuervo.
[27] “Sentencias T-1101 del 18 de octubre de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-739 del 1 de diciembre de 1998. M.P.  Hernando Herrera Vergara.”
[28] Esta Corporación con ocasión de una demanda de
inconstitucionalidad presentada contra la expresión “por un término de seis (6)
meses prorrogable hasta por seis (6) meses más” contenida en el numeral 3 del
artículo 77 de la Ley 50 de 1990 en Sentencia C-330 de 1995 consideró que ese
límite temporal para que los usuarios de las empresas de servicios temporales
contraten con éstas, es constitucional pues su finalidad es proteger a los
trabajadores para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar
trabajadores temporales, con perjuicio de los permanentes
[29] Sentencia T-889 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[30] Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, N° 1019 de
septiembre 19 de 1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[31] Véase, Sentencia T-554 del 19 de agosto de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[32] En la Carta de despido de fecha 10 de noviembre de 2009, textualmente dice:
“Me
dirijo a usted con el fin de comunicarle la decisión de la empresa de dar por
terminado su contrato de trabajo, unilateralmente a partir de la fecha.
Obedece
la anterior determinación, al hecho de haber operado el vehículo a su cargo de
manera descuidada e irresponsable.
Tal
es el caso como ocurrió la semana pasada cuando al manejar el vehículo Trooper
placas CRA-206 no atendió la luz de testigo de problemas en el motor y continuó
conduciendo el vehículo hasta ocasionar el daño total y definitivo del motor
del vehículo.
Su conducta se traduce en justa causa para dar por terminado su contrato
toda vez que ella implica una grave negligencia que puso en peligro la
seguridad de las personas y las cosas, como lo prevé el numeral 4. Del aparte
a) del artículo 7 del Decreto 2352 de 1965, en concordancia con la regla 8 del
artículo 58 del C.S.T.”
[33] Según Recursos Humanos Exclusivos S.A., el señor Jaime
Alejandro Barbosa Valencia, fue vinculado a la empresa desde el 7 de enero de
2010, lo cual acredita con la copia del “CONTRATO DE TRABAJO EN MISION PARA
SUPLIR PERSONAL EN VACACIONES, INCREMENTO DE PRODUCCION, INCREMENTO DE VENTAS
Y/O PRESTACION DE SERVICIOS”, suscrito entre las partes, el 6 de enero de
2010. En la demanda de tutela, el señor Barbosa Valencia, señaló que se vinculó
a la compañía desde enero de 2009 y adjunta, entre otros documentos, los
comprobantes de pago de julio, septiembre y diciembre de 2009 realizados por la
mencionada entidad.
[34] A Folio 25 del cuaderno principal del expediente de
tutela se encuentra el concepto médico del Dr. Luis Alejandro Osorio Bohórquez,
Neurocirujano.