SU143-20
Sentencia SU143/20
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Definición/RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACION-Características
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y la Corte Constitucional han definido este recurso como “un medio de impugnación extraordinario, de naturaleza
rogada y especial, en el que se enfrenta la sentencia recurrida con la ley, en
procura de su derribamiento”. En estos términos, el recurso de casación tiene cuatro
características esenciales: (i) es extraordinario; (ii) excepcional; (iii)
riguroso y formalista; y (iv) dispositivo.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACION-Fines constitucionales
El recurso de casación debe ser consecuente con el
fundamento axiológico de la Constitución y debe concebirse e interpretarse en
una dimensión amplia que “involucre
la integración de principios y valores constitucionales y, por lo tanto, la
protección de los derechos constitucionales que de ellos se derivan”. El juez
de casación debe aplicar un estándar más flexible en aquellos casos en los que
esté en juego la protección de los derechos fundamentales o algún otro interés
constitucional superior.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACION LABORAL-Modulación constitucional de las exigencias taxativas de
procedibilidad
El entendimiento del recurso extraordinario de
casación en materia laboral previsto en el Decreto Ley 2158 de 1948 a partir de
la axiología de la Constitución Política de 1991 supone una modificación en la
interpretación del carácter extraordinario, dispositivo y riguroso del mismo.
En primer lugar, el carácter extraordinario del recurso de casación, a la luz
de la Constitución, tiene como resultado que “la admisión de este recurso no
sólo se encuentra sujeta a las causales taxativas contempladas en la ley, sino
que, en virtud de los derechos fundamentales incorporados en la Carta Política
de 1991, se entiende que será admisible ante la violación que sobre alguno de
ellos se presente por una decisión judicial”. En segundo lugar, el carácter
rogado y dispositivo encuentra una excepción, cuando existe una violación
evidente de derechos fundamentales. De ahí que esta Corte haya reconocido que
así la violación de los derechos aludidos no se formule expresamente “es
obligatorio para el tribunal de casación pronunciarse oficiosamente” porque una
“sentencia que no ha sido dictada conforme a la ley sino contrariándola, jamás
podrá tenerse como válidamente expedida y, mucho menos, puede ejecutarse”.
RECURSO EXTRAORDINARIO DE
CASACION LABORAL-Interpretación amplia y flexible de los requisitos formales y técnico-jurídicos
La flexibilización de las cargas técnicas significa
que siempre que el recurrente cumpla con unos “requisitos mínimos” de
argumentación, el tribunal de casación debe proceder al análisis de fondo, si
los errores de técnica en el recurso en los que pudo haber incurrido el
recurrente son superables con un esfuerzo interpretativo de parte del juzgador.
PENSIONES ANTICIPADAS DE
TELECOM-Marco
normativo, según SU377/14
En la sentencia SU-377 de 2014, la
Corte unificó la jurisprudencia constitucional en relación con la
interpretación del Instructivo mediante el cual TELECOM comunicó a sus
trabajadores los requisitos del PPA. Al respecto concluyó que: (i) estar
cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 era un requisito
indispensable para ser beneficiario de la pensión anticipada; y (ii) que para
los trabajadores que ocupaban cargos ordinarios se les debía liquidar la
pensión con base en el promedio de los “factores legales y extralegales
devengados entre el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados
anualmente con los índices de precios al consumidor causadas, hasta el 31 de
diciembre de 2002”.
ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DERIVADA DEL RETEN SOCIAL-Garantía según SU377/14
PROTECCION DEL RETEN
SOCIAL PARA MADRES Y PADRES CABEZA DE FAMILIA-Según SU377/14
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Configuración
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
se presenta cuando el juez renuncia a conocer un caso de fondo y a proteger un
derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva de las normas
procedimentales.
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR
EXCESO RITUAL MANIFIESTO-Reglas que condicionan su configuración en sentencias de
casación laboral
(i) la naturaleza de
los errores de técnica en el recurso de casación (salvables o insalvables);
(ii) la importancia constitucional de los derechos y principios sustanciales
que subyacen a la controversia ordinaria; y (iii) la evidencia que existe de
que estos derechos y principios fueron vulnerados o desconocidos en las
sentencias de instancia.
PRECEDENTE JUDICIAL-Definición
La Corte Constitucional ha definido el precedente judicial
como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado
que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
CARACTERIZACION DEL
DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA PENSIONAL-Finalidad
PRINCIPIO DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA PENSIONAL-Reglas especiales para el reconocimiento de pensiones
(i) la existencia de regímenes pensionales especiales
o exceptuados; (ii) el cálculo de la cuantía de la pensión a partir de factores
diferentes a los que sirvieron para calcular el valor de la cotización; (iii)
el reconocimiento de derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos
legales vigentes; o (iv) el otorgamiento de pensiones por un valor superior a
los 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al desestimar cargos de
casación, con fundamento en la existencia de errores de técnica en la
formulación del recurso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia por
cuanto Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional
del recurso de casación
Referencia: expediente T-7.478.061
Acción de tutela interpuesta por la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A (FIDUAGRARIA S.A) y la
Sociedad Fiduciaria Popular S.A (FIDUCIAR S.A), sociedades que actúan
únicamente como integrantes del Consorcio Remanentes TELECOM, que a su vez
actúa única y exclusivamente como vocero y administrador del PAR TELECOM, en
contra de la Sala Laboral (Sala de Descongestión No. 2) de la Corte Suprema de
Justicia
Magistrado ponente:
CARLOS BERNAL PULIDO
Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil veinte (2020)
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
A. HECHOS PROBADOS
El Plan de Pensión Anticipada
ofrecido por TELECOM
1.
El 28 de febrero de 2003, a escasos meses de que iniciara su
proceso de liquidación, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (en adelante
“TELECOM”) aprobó un Plan de Pensión Anticipada (en adelante “PPA”)[1] a un grupo de trabajadores de la compañía. Mediante
dicho plan, la empresa otorgaba a los trabajadores, a título de liberalidad,
una pensión anticipada hasta que la pensión de jubilación les fuera reconocida
por la entidad de seguridad social, a la que se encontraba afiliado cada
trabajador. Las condiciones
para ser beneficiario del PPA estaban descritas en el “Instructivo”[2] del plan de pensión anticipada que TELECOM
puso en conocimiento de sus trabajadores en marzo de 2003[3].
2.
El Instructivo definía (i) el grupo de trabajadores a quienes
el PPA estaba dirigido; (ii) los requisitos para ser beneficiario del
PPA; (iii) los factores para el cálculo de la pensión anticipada; y (iv)
el trámite que debía llevarse a cabo para que un trabajador fuera incluido, en
los siguientes términos:
(i) Grupo de trabajadores. El
PPA estaba dirigido a dos grupos de trabajadores: (a) los trabajadores oficiales cobijados por alguno
de los regímenes especiales de pensión, “que al treinta y uno (31) de marzo
de dos mil tres (2003) les faltaban siete (7) años o menos para adquirir la
pensión”, (b) los trabajadores en cargos de excepción, que el 31 de
marzo de 2004 hubiesen cumplido “veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos
cargos”.
(ii)
Beneficiarios del PPA. Para
ser considerado como un trabajador “cobijado por los regímenes especiales de
pensiones” se debía cumplir con dos exigencias: (a) estar cubierto
por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993[4]; y (b) haber
estado vinculado a la planta de personal de TELECOM en el momento de su
transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado; esto tuvo lugar el 29 de diciembre de 1992, en virtud del Decreto
2123 de 1992. Quienes no cumplían con uno o más de esos requisitos, no podían
ser beneficiarios del PPA. Además,
el Instructivo señalaba que de acuerdo con la adenda extraconvencional, TELECOM
“venía reconociendo a la fecha los siguientes regímenes especiales de
pensión”[5]:
(i) el primero, permitía pensionarse al haber
cumplido (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50) años de edad; (ii) el segundo, al haber cumplido veinticinco (25)
años al servicio del Estado y cualquier edad; y (iii) el tercero al haber cumplido más de veinte (20) años en cargos de
excepción y cualquier edad.
(iii)
Factores para la liquidación de la pensión. En lo que se refiere a los factores relevantes para el
cálculo de la prestación convencional, el Instructivo establecía que a quienes
se acogieran al PPA en la modalidad de los 20 años al servicio del Estado y 50
de edad, o por 25 años al servicio del Estado en cualquier edad, se les debía
liquidar la pensión con base en el promedio de los “factores legales y
extralegales devengados entre el 1 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003,
indexados anualmente con los índices de precios al consumidor causadas, hasta
el 31 de diciembre de 2002”[6].
Por su parte, quienes se acogieran al PPA en la modalidad de 20 años de
servicio “en cargos de excepción” y en cualquier edad, se les debía
liquidar la pensión sobre la base del “promedio de los factores legales y
extralegales devengados en los últimos doce meses, es decir, el promedio de los
valores legales y extralegales devengados entre el 1 de abril de 2002 y el 31
de marzo de 2003, indexados al 31 de diciembre de 2002”.
(iv) Trámite de inclusión cómo beneficiario del PPA. TELECOM enviaría una invitación a
aquellos trabajadores que cumplieran con las exigencias descritas. Los
trabajadores que consideraban ser beneficiarios y no hubieran recibido
invitación, debían “enviar una solicitud al Vicepresidente de Gestión
Humana, con los soportes correspondientes, los cuales serán revisados y en caso
de ser procedente se realizarán las evaluaciones económicas respectivas y se
invitará al trabajador a acogerse al plan de pensión anticipada”[7].
La supresión de los cargos de
TELECOM y las solicitudes de inclusión en el PPA y en el retén social por parte
de 19 extrabajadores
3.
El 12 de junio de 2003, el Gobierno Nacional dio inicio al proceso
de liquidación de TELECOM mediante el Decreto 1615 de 2003[8]. El artículo 2 de ese decreto ordenaba que la
liquidación debía “concluir a más tardar en un plazo de dos (2) años”, contados a partir de
su entrada en vigencia. Estos dos años serían prorrogables por el
Gobierno “por un acto debidamente motivado hasta por un plazo igual”.
4.
Como consecuencia del proceso de liquidación, el 31 de julio de
2003, TELECOM informó a sus trabajadores la supresión de sus cargos y la
consecuente terminación de los contratos laborales. El artículo 12 de la Ley
790 de 2002 dispuso la continuidad de los contratos de los trabajadores que se
encontraran amparados por el “retén social”, hasta el término
máximo previsto en el Decreto 190 de 2003[9].
El grupo de quienes pertenecían al retén social se integraba por madres cabeza
de familia y prepensionados, entre otros.
5.
Durante
los meses de marzo y septiembre de 2003, 19 extrabajadores[10] solicitaron a TELECOM su inclusión
en el PPA y en el retén social. TELECOM rechazó las solicitudes de estos
extrabajadores al considerar que no cumplían los requisitos establecidos en el
Instructivo para ser beneficiarios del PPA y no habían acreditado tener la
calidad de padres o madres cabeza de familia o prepensionados[11].
6.
Con
la liquidación de TELECOM, registrada el 31 de enero de 2016[12],
algunas de sus obligaciones y derechos remanentes fueron
asumidos por el Patrimonio Autónomo de Remanentes (en adelante “PAR TELECOM”).
Este patrimonio autónomo se constituyó por medio de un contrato de fiducia
mercantil que se celebró el 30 de diciembre de 2005 entre el liquidador de
TELECOM (Fiduciaria La Previsora S.A.), y el Consorcio de Remanentes de
Telecom, integrado por FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A.
7.
La
cláusula segunda del contrato de fiducia mercantil[13]
encargó al PAR TELECOM de: (i) la administración, enajenación y
saneamiento de los activos no afectos al servicio; (ii) la
administración, conservación, custodia y transferencia de los archivos de la
compañía; (iii) la atención de las obligaciones remanentes y
contingentes, así como de los procesos judiciales que estuvieran en curso en el
momento de terminarse la liquidación; y (iv) el cumplimiento de las
demás actividades, obligaciones o cometidos indicados en la ley.
Actuación ante la Jurisdicción
Ordinaria Laboral
8.
La demanda ordinaria laboral. En agosto
de 2006, los 19 extrabajadores de TELECOM a quienes TELECOM había negado su
inclusión en el PPA y el retén social en 2003[14],
presentaron demanda ordinaria laboral en contra de FIDUAGRARIA S.A., FIDUCIAR
S.A., y el PAR TELECOM. Como pretensiones principales solicitaron: (i) el
“ofrecimiento de la pensión anticipada que en forma legal la Empresa dio a
los trabajadores”[15]; (ii) el pago, a partir del
25 de agosto de 2003, de una “pensión de jubilación anticipada”[16] hasta la fecha en que se les reconociera la
pensión de jubilación del régimen especial, junto con la indexación y reajustes
correspondientes; y (iii) la cancelación de las prestaciones sociales,
reliquidación, salarios moratorios y demás emolumentos dejados de recibir. Como
pretensiones subsidiarias solicitaron: (i) “la protección especial
(art. 12 Ley 790/02 y ss. Ley 100/03) – reten social- que les fue desconocida
por TELECOM EN LIQUIDACIÓN”[17]; (ii) la reliquidación del “auxilio
de cesantía e indemnización por despido sin justa causa”[18]; y (iii) la indemnización moratoria,
a razón de un salario por cada día de retardo hasta que se paguen las
peticiones principales.
9.
Sentencia de primera instancia en el proceso ordinario laboral. El
25 de abril de 2008, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla
accedió de forma parcial a las pretensiones de los demandantes de la siguiente
forma: (i) concluyó que
17[19] de los 19 demandantes eran beneficiarios del
retén social pues tenían la condición de padres o madres cabeza de familia o
prepensionados[20]; (ii)
resolvió que 6[21] de los 19 demandantes tenían “derech
10.
o a acceder a su pensión vitalicia, que le [habría] de
otorgar la Caja de Previsión Social de Telecom – CAPRECOM”[22]; (iii)
determinó que a 10 de los 17 demandantes se otorgaría “el
beneficio de la Pensión Anticipada, por cumplir con el laborado y hacerle falta
para su pensión menos de 7 años, la que será cubierta por el PAR”[23]; y (iv)
precisó que se absolvía “a la parte demandada de la indexación,
ya que se condena a la sanción moratoria, y esta es la forma de corregir la
depreciación del peso y reparar los daños”[24].
11.
Recurso de apelación. El PAR
TELECOM, como impugnante único, presentó recurso de apelación en el que solicitó revocar la sentencia de
primera instancia. A título preliminar, señaló que tenía “la condición de
TERCERO frente a los procesos instaurados contra la entidad liquidada, toda vez
que no tiene ninguna relación con los demandantes”[25]. En relación con cada una de las órdenes
argumentó que: (i) los demandantes no habían acreditado ser padres o
madres cabeza de familia “porque durante todo el proceso de solicitud de los
demandantes de que los incluyeran en el PPA no demostraron tener los requisitos
establecidos para tal fin (…)”[26]; (ii)  la acción de reintegro
no era procedente porque “la entidad oficial a la
cual los actores laboraban [había sido]
suprimida y no exist[ía] materialmente una planta donde
ubicarlos, ya que el CONSORCIO REMANENTES TELECOM ejerce una actividad
totalmente diferente a la ejercida por la Empresa liquidada”[27]; (iii) los demandantes no tenían
derecho al reconocimiento de la pensión anticipada porque no cumplían con los
requisitos establecidos en el Acta  No. 1782 del 28 de febrero de 2003. Además, “al no tener derecho a esta mucho menos tienen derecho a que se
le reconozca la pensión vitalicia”[28].  Por
lo tanto, “mal podría efectuarse su pago con detrimento del patrimonio del
Consorcio Remanentes Telecom”[29]; y (iv) solicitó que se
revocara la indemnización moratoria “porque al no proceder los anteriores,
mucho menos pueden proceder” esta[30].
12.
Sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario.
El 7 de septiembre de 2012, la Sala Tercera de decisión Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla (en adelante el “Tribunal” o el “Tribunal
Superior de Barranquilla”) reformó la sentencia de primera instancia. De un
lado, resolvió condenar a las sociedades FIDUAGRARIA S.A., y FIDUCIAR S.A., y
al PAR TELECOM a pagar una “indemnización por la protección legal del Retén
Social, sustitutiva del reintegro” a favor de 13[31] de los 19 demandantes. El tribunal concluyó
que estos demandantes eran beneficiarios del retén social porque eran padres o madres
cabeza de familia -en los términos de las sentencias SU-389 de 2005 y T-645 de
2009-, o tenían la calidad de prepensionados. A diferencia de la decisión de
primera instancia, el Tribunal resolvió que los demandantes Carlos Alberto
Pérez Martínez, Dilia Ester Ortiz Mejía, Gabriel Moisés Chartuni y Jorge Tadeo
Lozano no tenían derecho a la protección derivada del retén social. En consecuencia,
revocó las correspondientes condenas ordenadas en favor de estos demandantes en
el resolutivo primero de la decisión de primera instancia.
13.
De otro lado,
condenó a las sociedades FIDUAGRARIA S.A., FIDUCIAR S.A., y al PAR TELECOM, a
reconocer y pagar una pensión plena de jubilación a favor de 6[32] de los 19 demandantes. En su criterio, en el
momento en que TELECOM fue liquidada (31 de enero de 2006) estos demandantes cumplían
con los requisitos establecidos (tiempo de servicio y edad) en alguno de los
tres regímenes especiales de pensión consignados en la Convención Colectiva de
TELECOM.
14.
En tercer lugar,
ordenó a las Sociedades FIDUAGRARIA S.A., FIDUCIAR S.A., y al PAR TELECOM
reconocer y pagar una pensión anticipada a favor de 8 de los 19 demandantes[33]. Como justificación adujo que estos
demandantes cumplían los requisitos establecidos en el “Instructivo” para ser
beneficiarios del PPA porque (i) habían estado vinculados a la planta de personal de TELECOM en
el momento de su transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado,
el 29 de diciembre de 1992; y (ii) les faltaban siete (7) años o menos
para adquirir la pensión (en el caso de los trabajadores oficiales) o bien
tenían veinte (20) años
de servicio a TELECOM en uno de esos cargos (trabajadores en cargos de
excepción). Por
su parte, decidió revocar las condenas impuestas en el punto tercero de la
sentencia de primera instancia a favor de los demandantes Marta Lucía Gutiérrez
Consuegra y Judith María González Silgado, al considerar que estas demandantes
no habían acreditado los requisitos para ser beneficiarias del PPA.
15.
Recurso de casación. El 7 de marzo
de 2013, el PAR TELECOM, como recurrente único, presentó recurso extraordinario
de casación en contra de la sentencia de segunda instancia. En la sustentación del
recurso, el PAR TELECOM solicitó casar la sentencia del Tribunal con fundamento
en 11 cargos. El 8 de agosto de 2018, la Sala de Casación Laboral –Sala de Descongestión
No. 2- de la Corte Suprema de Justicia (en adelante la “Sala de Casación
Laboral”) concluyó que el único cargo que podía prosperar era el octavo. Desestimó
los otros 10 cargos con el argumento de que el recurrente había incurrido en
múltiples deficiencias técnicas. Tanto los cargos como su análisis se resumen a
continuación:
Causal invocada
Argumentación del casacionista
Análisis de la sentencia de
casación
1. Vía indirecta por aplicación indebida de los artículos 12 de la
Ley 712 de 2001, 174, 175, 177, 179, 188 y 305 del Código de Procedimiento
Civil, entre otros.
El Tribunal ordenó al PAR
TELECOM pagar la pensión plena de jubilación a favor de algunos demandantes,
a pesar de que el pago de esta pensión no fue solicitado como pretensión
principal ni subsidiaria en la demanda[34].
La Sala de Casación Laboral
señaló que el primer[35] cargo
presentaba “una deficiencia técnica, en punto a la mezcla de vías de
infracción de la ley, pues, a pesar de que impetra su ataque a través de la
senda de los hechos, expone argumentos jurídicos, como cuando dice que se
equivocó el ad quem al imponer la condena sobre pensión de jubilación al PAR,
pues ello contraría el artículo 20 del D 1615 de 2003, el cual entrega esa
obligación a CAPRECOM”[36].
2. Vía directa, en el concepto de aplicación indebida, de los
artículos 7, 10 y 11 del Decreto 2661 de 1960 en relación con los artículos
4, 19, 466, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros.
El Tribunal impuso condenas a cargo de las sociedades fiduciarias del
PAR - Fiduciaria Agraria S.A. y Fiduciaria Popular S.A.,- lo cual desconoce “que
el patrimonio de los bienes objeto del fideicomiso es sustancialmente
diferente al patrimonio propio del ente fiduciario”[37].
La Sala de Casación Laboral
no analizó de fondo el segundo y tercer cargo en el entendido de que el PAR
TELECOM “carece de legitimación y representación para controvertir la
condena”[38] en
contra de FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A. Al respecto, precisó que estas
sociedades “son personas jurídicas de derecho comercial, independientes y
autónomas del patrimonio del recurrente, con capacidad para ser parte y
comparecer al proceso, por lo cual fluye en evidente que tenían la carga
procesal de discutir las decisiones jurisdiccionales que, como la impugnada,
les resultaran adversas”[39].
3. Vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida del
artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo
145 del Código Procesal del Trabajo.
El Tribunal condenó
directamente a las sociedades fiduciarias “sin distinguir, que el
patrimonio de los bienes objeto de fideicomiso es sustancialmente diferente
al patrimonio propio del ente fiduciario”[40].
4. Vía directa, en el concepto de interpretación errónea del
artículo 1 del Decreto 797 de 1949, en relación con los artículos 1, 4, 5,
11, 17 de la Ley 6 de 1945, entre otros.
El Tribunal confirmó la
sanción moratoria “sin asociar la conducta del Consorcio demandado, ente
que no fue empleador de los accionantes, ni actúo como liquidador de la
extinta Telecom, luego si el Tribunal hubiese analizado esas circunstancias,
hubiese arribado a la conclusión que no es sujeto de la sanción moratoria”[41].
La Sala de Casación Laboral
resaltó que el recurso de casación tiene unos requisitos formales que “tienen como finalidad dotar de
orden y racionalidad la actuación procesal” y que, por lo tanto, deben
ser cumplidos por el recurrente[42]. Precisó
que “si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación
demostrativa debe ser de índole estrictamente jurídica (…) en cambio,
si el ataque se plantea por la senda indirecta, endilgando al Tribunal
errores de hecho o de derecho en la estructuración de la sentencia confutada,
los razonamientos conducentes deberán enderezarse a criticar su actividad de
valoración probatoria”[43].
5. Vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los
artículos 4, 19, 466, 467, 468 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, entre
otros.
El Tribunal incurrió en una
violación a ley sustancial al “1. Considerar en contra de la
evidencia que la censura no presentó inconformidad frente a la sanción por mora
[…] 2. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada actuó de mala fe”[44].
La Sala de Casación Laboral
señaló que el cargo presentaba tres deficiencias técnicas: (i) el recurrente incurrió
en “colisión de modalidades” de infracción a la ley sustantiva,
particularmente entre la aplicación indebida, por un lado, y la
interpretación errónea[45]; (ii)
fue incorrectamente formulado porque se presentó como una violación por vía
indirecta a pesar de que la modalidad de infracción por interpretación
errónea “solo puede plantearse a través de la vía directa”[46]; y (iii) se afirmó que la
decisión del Tribunal desconoció el principio de consonancia pero “no
propone, debiendo hacerlo, a través de la senda escogida, la violación de
medio de la norma adjetiva en referencia, porque no la enlista en la
proposición jurídica del cargo y tampoco la menciona o desarrolla en la
demostración de éste”[47].
6. Vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los
artículos 2 y 12 de la Ley 790 de 2002, 8 de la Ley 813 de 2003 y 12, 13, 14
y 16 del Decreto 190 de 2003.
El Tribunal incurrió en una
violación de la ley sustancial al “1. Considerar, en contra de la
evidencia que los demandantes tienen derecho al beneficio del retén social,
por cumplir con los supuestos establecidos para ese efecto; 2. No dar por
demostrado, estándolo, que los demandantes no cumplieron los requisitos para
ser considerados como padres cabeza de familia o prepensionados con arreglo a
la jurisprudencia del H. Corte Constitucional”[48].
La Sala de Casación Laboral señaló que el cargo no cumplía con los
requisitos de técnica[49] por
tres razones: (i) “en el desarrollo del cargo, no cuestiona la
valoración probatoria de cada uno de los elementos de convicción que llevaron
al colegiado a reconocer en los demandantes, la condición de padres o madres
cabeza de familia”[50]; (ii)
la impugnación señala yerros que el Tribunal nunca cometió, porque, en contra
de lo que anuncia en la sustentación del cargo, “sí apreció los documentos
que alude fueron omitidos”; y (iii) en cualquier caso, no explicó
cuál era la incidencia de la omisión de los documentos que en su concepto no
fueron valorados en la sentencia. En fin, recalcó que el recurso de casación
“debía también cuestionar, por la vía directa, los aspectos jurídicos del
fallo, esto es, las reglas jurisprudenciales que acató el ad quem para
otorgar la protección del retén social (…) cuestión que no realizó”[51].
7. Vía directa, en el concepto de aplicación indebida del artículo
1 de la Ley 33 de 1985, los artículos 9, 10 y 11 del Decreto 2661 de 1960, el
artículo 10 del Decreto 1835 de 1994 y 36 de la Ley 100 de 1993, entre otros.
El Tribunal incurrió en una
violación de la ley sustancial porque “Ninguno de los demandantes
anteriormente citados, ocupó o desempeñó en un cargo excepción, motivo por el
cual la edad para la pensión de jubilación no es otra que la contemplada en
las normas legales indicadas en el ataque”[52].
La Sala de Casación Laboral desestimó
el cargo[53] por
dos razones: (i) el recurrente alegó en casación que el Tribunal había aplicado indebidamente los
artículos 1º de la Ley 33 de 1985 y 9º, 19º y 11 del D 2661 de 1960. Sin
embargo, el Tribunal no aplicó esta norma; (ii) el PAR TELECOM tampoco
explicó “por qué motivo legal debía entenderse que la edad de jubilación
de los demandantes era la que disponen la Ley 33 de 1995 o las normas
generales de seguridad social, sin generar un juicio de confrontación de la
sentencia impugnada con la ley”[54].
8. Vía indirecta, en el concepto de infracción directa de los
artículos 1º, 16, 20, 21 y 27 del Decreto 1615 de 2003.
El Tribunal violó la ley sustancial porque “ordenó el pago de unas
improcedentes pensiones de jubilación a cargo del “PAR”[55].
La Sala de Casación Laboral concluyó que el
cargo debía prosperar porque, como señaló el recurrente, el art. 20 del
Decreto 1615 de 2003 señalaba que “CAPRECOM ser[ía] la encargada de reconocer las cuotas partes y las pensiones de los ex
trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom”. Por lo tanto, el Tribunal erró al condenar al PAR TELECOM al pago de
las pensiones de jubilación[56].
9. Vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los
artículos 4, 19, 467, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo.
“La violación legal enunciada se originó por la apreciación indebida
del artículo 2 y la adenda a la Convención Colectiva de Trabajo 1996-1997 que
corre a folios 296 a 329 del c.2; del Plan de Pensión Anticipada y del
Instructivo folios 93 a 100 del C.1”[57]. El Tribunal
concedió pensiones anticipadas a favor de demandantes que no cumplían con los
requisitos del Instructivo, en especial estar cobijados por el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993[58].
La Sala de Casación Laboral desestimó
el cargo porque concluyó que el recurrente “dejó incólume varios de los asertos cardinales de
la decisión confutada”[59]. En
su criterio, el recurrente se limitó a señalar que el Tribunal no había
tenido en cuenta que los demandantes no estaban cobijados por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, el Tribunal “obtuvo sus
conclusiones de las premisas jurídicas dispuestas en los D 1835 de 1994 y
2661 de 1960 y en lo que encontró del documento a folios 1441 a 1451 del
cuaderno no. 5, sobre los cuales, se insiste, nada controvirtió el recurrente”[60]. Por lo tanto, concluyó que
el PAR TELECOM no objetó los demás argumentos en los que el Tribunal se basó
y por ello “la providencia debe permanecer incólume, por la doble
presunción de legalidad y acierto que la reviste, en tanto el censor, no
atacó la totalidad de fundamentos basales de la decisión”[61].
10. Vía indirecta de los artículos 4, 19, 466, 468, 469 y 476 del
Código Sustantivo del Trabajo.
“La violación legal
denunciada se originó por la apreciación indebida del artículo 2 y la adenda
de la convención colectiva de trabajo 1996-1997 que corre a folios 296
a 329 del C.2; del Plan de Pensión Anticipada y del instructivo de folios 93
a 100 del C.1 debido al error protuberante de hecho consiste (sic) en
lo siguiente: dar por demostrado sin estarlo que la pensión extralegal se
liquidaría con base en el promedio salarial del último año de servicio”[62].
La Sala de Casación Laboral rechazó el cargo
por varias razones: (i) partió de una premisa falsa “consistente en
que el ad quem había encontrado la forma de liquidar las pensiones
anticipadas que reconoció, en perspectiva de la convención y del instructivo
del plan de pensión anticipada, pues como quedó visto los fundamentos del
Juez colegiado, fueron el artículo 9º del D 2201 de 1987 y el Acta no. 1782
de 2003, sobre lo cual nada discute la acusación”[63]; (ii) la sustentación del
recurso no era suficiente “ya que si bien en la presentación de la
proposición jurídica, alude que hubo una aplicación indebida de la norma que
sirvió de soporte al ad quem, no hace ningún esfuerzo argumentativo para
indicar a la Sala el motivo por el cual, no obstante, esa normativa fue
entendida correctamente, se aplicó a un hecho no previsto por ella”[64]; (iii) el recurrente “no
propone a la Corte ningún error fáctico en la apreciación o no apreciación de
la demanda, tampoco por la mención que hace de ella, podría tenerse como
edificado el cargo”[65]; y (iv)
el argumento del recurrente tendiente a demostrar que el Tribunal desconoció
la jurisprudencia de casación de la Corte era insuficiente porque no demostró
“que los demandantes en esta causa, estuvieran en las mismas
circunstancias fácticas, de tiempo de prestación de servicio y cargo
desempeñado, a las del caso que la censura pretende extrapolar, a través de
una argumentación que debió presentar por la vía directa”[66].
11. Vía directa, en el concepto de aplicación indebida de los
artículos 21, 33 y 36 de la Ley 100 de 1993.
El Tribunal incurrió en una
violación de la ley sustancial porque “para hallar el valor inicial de la
pensión de jubilación de los demandantes, se debe promediar los factores de
salario de los últimos diez años, debido a que el IBL se debe hallar con
fundamento en el art. 36 de la Ley 100/93”[67].
La Sala de Casación Laboral
rechazó el cargo porque el recurrente había acusado la aplicación indebida
del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, a pesar de que el Tribunal no había
fundado sus conclusiones en esta norma[68].
16.
En conclusión, la Sala de Casación Laboral decidió
casar la sentencia de segunda instancia del Tribunal “únicamente en cuanto
modificó la declaración segunda de la sentencia de primer grado, de reconocer
el derecho de pensión de jubilación de los señores MARIO OROLANDO DURÁN
MORALES, JESÚS MARCHENA MUÑÓZ, RAFAEL MUÑÓZ MARMOL, RAFAEL GÓMEZ DE LA CRUZ,
JESÚS BELEÑO SILVA, JESÚS ANTONIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y la impuso a cargo del
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN PAR”[69].
17.
Solicitud de aclaración y adición. El 28 de
agosto de 2018, el PAR TELECOM presentó solicitud de aclaración y adición de la
sentencia
de casación con fundamento en los siguientes argumentos: (i) la Sala de
Casación Laboral había encontrado errores de técnica en la formulación de los
cargos en los que el recurrente no había incurrido[70]; (ii) respecto del sexto cargo, la
Sala de Casación Laboral había estimado que el recurrente no había cuestionado
la valoración probatoria, a pesar de que “en la demanda de casación se [habría]
señalado la acusación de cada una de las pruebas”[71]. Asimismo, el PAR TELECOM criticó que la
sentencia señalara que “para derruir todos los basamentos de la decisión
acusada se debía cuestionar por la vía directa los aspectos jurídicos del
fallo, siendo que en la vía indirecta resulta imposible tales apreciaciones”[72]; (iii) en relación con el cargo
noveno, el PAR argumentó que no había incurrido en ninguna falencia técnica
porque la Sala de Casación Laboral no tuvo en cuenta que “el PPA [había sido]
aprobado por el Acta 1782 de 2003, de modo que al denunciar el PPA y su
Instructivo, salta a la vista que la censura sí cumplió con las actividades
procesales”[73]; y, (iv) adujo que para
desestimar el décimo cargo la Corta había partido “de una premisa falsa”;
consistente en afirmar que no se habían controvertido los fundamentos de la
decisión del juez de instancia[74].
18.
Incidente de nulidad. El 29 de agosto de 2018, las
sociedades fiduciarias interpusieron incidente de nulidad en contra de la
sentencia de casación. En su escrito, argumentaron que el 26 de abril de 2013,
el proceso ingresó al Despacho para sentencia. Sin embargo, “la H. Corte
Suprema de Justicia no [había ordenado]
el traslado a las entidades FIDUCIARIA POPULAR S.A-FIDUCIAR S.A- y a la
FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A – FIDUCIAR S.A., siendo que son
partes en el proceso y, por ende, se [habría
omitido] la oportunidad procesal para participar en el proceso, se [habría
configurado] la situación que se regula en la
causal sexta del artículo 133 del CGP”[75].
19.
Rechazo de la solicitud de adición y aclaración y del incidente de
nulidad. El 2 de octubre de 2018[76], la Corte Suprema de Justicia
resolvió negar la solicitud de aclaración y adición con base en dos argumentos.
Primero, precisó que de conformidad con el artículo 285 del CGP, la finalidad
de la adición o aclaración de una sentencia es explicar “los conceptos o
frases que generen motivo de incertidumbre”[77] y no prentender “variar el fondo de la
decisión”[78]. En esta línea de argumentación, concluyó
que en la solicitud de aclaración el PAR TELECOM había presentado reparos en
torno a las apreciaciones jurídicas de la sentencia de casación y había solicitado
un nuevo examen de las consideraciones incluidas en la sentencia “en razón
de la inconformidad que genera a la parte, la negativa del quiebre total de la
sentencia”[79]. La Corte consideró que esto no era
procedente. Segundo, la Sala de Casación aclaró que había analizado los reparos
presentados en el cargo primero y séptimo. No obstante, había incurrido “en
un cambio involuntario de palabras al titular los cargos, pues denominó como
CARGO PRIMERO (f. 338, vto ibidem) al que correspondía a las consideraciones del
CARGO SÉPTIMO y viceversa”[80].
20.
A su vez, la Sala de Casación Laboral rechazó la solicitud de
nulidad porque la irregularidad procesal consistente en la omisión en el
traslado[81] del recurso se encontraba saneada. A
juicio de la Corte existieron 3 momentos procesales en los que las sociedades
fiduciarias pudieron haber participado en el proceso: “i) el momento a
partir del cual el expediente pasó a despacho para su definición en el año
2013; ii) aquel en el que la actuación, es ratificada en 2017, cuando es
enviado a la Sala de Descongestión con ese propósito, y iii) el del
proferimiento de la sentencia de casación, que a las voces del art. 134 CGP,
cierra cualquier posibilidad de invocar las causales de nulidad, salvo aquella
que ocurre en la sentencia, que no es el caso”[82]. Por lo tanto, “el silencio de la parte
durante 4 años conlleva a colegir que no existió afectación o perjuicio”[83].
B. SOLICITUD DE TUTELA
21.
Solicitud de tutela. El 14 de febrero de 2019,
las sociedades FIDUAGRARIA S.A. y FIDUCIAR S.A., actuando única y
exclusivamente como integrantes del Consorcio Remanentes TELECOM, y en este
sentido, como voceras y administradoras del PAR TELECOM[84], presentaron acción de tutela en contra de
la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Laboral[85]. En su criterio, en la sentencia de casación
la Sala de Casación Laboral incurrió en tres defectos que justifican la procedencia
del amparo:
(a)
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
La Sala de Casación Laboral habría incurrido en este defecto, porque de los 11
cargos de casación que fueron planteados la Sala “sólo examinó el cargo
octavo, mientras que los restantes fueron desechados por supuestas deficiencias
técnicas en su formulación”[86]. En su criterio, “por un apego
excesivo a las normas rituales que rigen el recurso de casación, la Sala
Laboral de Descongestión no examinó las cuestiones fácticas y jurídicas que
alegaba el recurrente”[87].
(b)
Defecto fáctico. La Sala de Casación Laboral habría
incurrido en este defecto al omitir “la valoración de diferentes piezas
procesales que tampoco fueron apreciadas por el Tribunal y que sirvieron como
soporte para que se diera por acreditado, sin que existiera fundamento
probatorio, que los demandantes reunían los requisitos para ser considerados
como padres cabeza de familia y por lo tanto beneficiarios del retén social de
TELECOM”[88].
(c)
Defecto por desconocimiento del precedente constitucional.
La sentencia de casación habría incurrido en defecto por desconocimiento del precedente
constitucional, por dos razones: (i) apartarse del precedente de la Corte
Constitucional establecido en la Sentencia SU-377 de 2014, en relación con los
requisitos para ser beneficiario del PPA -por cuanto ninguno de los demandantes
a quienes se reconoció el PPA “cumplía con el requisito de estar cubierto por
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993”[89]-; (ii) apartarse del precedente de la
Corte Constitucional establecido en las sentencias SU-388 y 389 de 2005, en
relación con los requisitos para ser beneficiario, al conceder dicho beneficio
a demandantes que “no tenían la condición de padres o madres cabeza de
familia de acuerdo a los lineamientos establecidos por la jurisprudencia
constitucional”[90].
22.
Por último, el accionante argumentó que en los casos de los
demandantes Néstor Julio Varela Jiménez y Gustavo Candelario Escorcia, las
sentencias de segunda instancia y de casación habían desconocido “los
efectos de cosa juzgada de la sentencia T-853 de 2008 proferida por la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional”. En esta
sentencia se revocaron “las decisiones de instancia que
habían concedido el amparo de los derechos fundamentales de estos peticionarios
quienes habrían alegado que eran beneficiarios del retén social”[91].
23.
Con fundamento en estas consideraciones, el PAR
TELECOM solicitó “Primero.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial
proferida el 8 de agosto de 2018, por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, que resolvió casar la sentencia dictada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla del 7 de
septiembre de 2012 (…)” y “Segundo.-suspender el cumplimiento de la
decisión del 8 de agosto de 2018, hasta tanto sea resuelta la acción de tutela,
por cuanto la materialización del fallo implica un perjuicio irremediable para
mí representado que se materializa en el desembolso de unos dineros que será
muy (sic) su recuperación en el evento que la tutela sea fallada a
nuestro favor”[92].
24.
Respuesta de la Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión No.
2- de la Corte Suprema de Justicia. El 25 de
febrero de 2019, el Magistrado Ponente de la sentencia de casación presentó
escrito de respuesta a la acción de tutela. Argumentó que la tutela era
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Quien
interpuso el recurso extraordinario de casación fue “únicamente el
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN”[93]. Las fiduciarias FIDUAGRARIA S.A. y
FIDUCIARIA S.A. no interpusieron este recurso. No sería aceptable estas
fiduciarias suplieran “su propia inactividad por negligencia o incuria” por
medio de la acción de tutela. En cualquier caso, señaló que la decisión que
resolvió el recurso de casación no incurrió en exceso ritual manifiesto. La
Sala de Casación Laboral había explicado los defectos técnicos de los que
adolecía el recurso de casación y había resuelto el recurso de acuerdo con la
jurisprudencia en la materia[94].
C. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN
25.
Sentencia de tutela de primera instancia[95]. El 26 de febrero de
2019, la Sala de Casación Penal -Sala de Decisión de Tutelas No. 3- de la Corte
Suprema de Justicia negó el amparo invocado, al concluir que no se configuraban los defectos alegados por el tutelante[96]. La Sala fundamentó su decisión en las
siguientes
razones: (i) la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
identificado tres circunstancias en las que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se configura[97]. Sin embargo, el demandante no había
identificado cuál de estas circunstancias se configuraba en el caso concreto; (ii)
la Sala de Casación Laboral explicó que “la técnica para acudir a casación
no es un ritualismo per se, sino que ha de observarse bajo la óptica del
derecho al debido proceso que le asiste a los intervinientes”[98]; (iii) la técnica necesaria para
acudir a casación no es una carga de imposible cumplimiento para las partes,
por lo tanto, su exigencia no constituye un exceso ritual manifestó; (iv)
en cualquier caso, a pesar de anotar la falta de técnica del recurso de
casación, la Sala Laboral de la Corte “sí valoró el fondo de tales censuras”[99].
26.
Asimismo, encontró que la Sala de Casación Laboral no había
incurrido en un desconocimiento del precedente, en particular, de la sentencia
SU-377 de 2014, por dos razones. Primero, la Sala de Casación Laboral no
desconoció los requisitos para ser beneficiario del PPA dado
que “como acertadamente concluyó el Tribunal y lo ratificó la Sala de
Casación Laboral, existía un régimen especial previsto en los Decretos 1835 de
1994 y 2661 de 1960 que no fue modificado por las normatividades [sic.] posteriores
y, bajo el cual, los demandantes en el proceso ordinario podían acceder a la
prestación social”[100].
Segundo, la Sala de Casación Laboral no había desconocido los requisitos para
el reconocimiento del retén social porque el Tribunal otorgó este beneficio al
concluir, con base en el acervo probatorio, que los accionantes eran beneficiarios
“al haber acreditado su condición de padres cabeza de familia y/o
prepensionados”[101]. Además, la Sala de Casación
Laboral había analizado múltiples documentos con base en los cuales el Tribunal
arribó a dicha conclusión[102]. Por último, la Sala de Casación
Penal advirtió que en el trámite ordinario tampoco se había desconocido
la cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia T-853 de 2008, pues
esta decisión “ninguna relación tiene con esa prerrogativa. En aquel caso la
Corte Constitucional estudió la supuesta vulneración del derecho a la salud de
distintos ciudadanos dentro cuales no figura ninguno de los arriba mencionados”[103].
27.
Impugnación de la sentencia de primera instancia[104]. El 13 de
marzo de 2019, el PAR TELECOM presentó recurso de apelación en contra de la
decisión de primera instancia con fundamento en cuatro argumentos, a saber:
(i)
El fallo de primera instancia descartó la configuración del defecto
por exceso ritual manifiesto sin estudiar “cabalmente los argumentos
expuestos en la solicitud de tutela. En efecto, el fallo de tutela se limita a
citar apartes de la sentencia de casación sin valorar el contenido de los
mismos en los cuales precisamente queda expuesto el exceso ritual manifiesto”[105];
(ii) En
el recurso de casación se expuso de manera detallada que el Tribunal no hizo un
estudio a fondo de las pruebas que obraban en el expediente. Por lo tanto, “al
margen que en la sentencia de segunda instancia expedida dentro del proceso
ordinario laboral se hiciera alusión a diversos elementos probatorios, en todo
caso en el recurso de casación se pusieron de manifiesto las evidentes
falencias y errores en que incurrió el tribunal”. Prueba de ello, es que se
concedió el beneficio de retén social a personas que ya había recibido tal
beneficio en virtud de otros fallos de tutela (Ricardo de Jesús Marchena Muñoz
y Prisciliano Echeverría Consuegra);
(iii) El
juez de primera instancia se equivocó al concluir que el régimen previsto en
los Decretos 1835 de 1994 y 2661 de 1960 era aplicable a los demandantes, en
tanto “los trabajadores a los cuales se ordena el plan de pensión anticipada
en el proceso ordinario laboral eran trabajadores en cargos ordinarios y por lo
tanto, no reunían las condiciones para que se les aplicara el régimen especial
previsto en los Decretos 1835 de 1994 y 2661 de 1960”[106]; y,
(iv) Existe
cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia T-453 de 2008, que había negado
el beneficio de retén social a Néstor Julio Varela Jiménez y Gustavo Candelario
Escorcia Escorcia.
28.
Sentencia de tutela de segunda instancia. El 14 de mayo de
2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia
impugnada. En su criterio, al resolver el recurso de casación, la Sala de
Casación Laboral había “desarrolló cada uno de los reparos formulados por el
recurrente, y sostuvo que en el particular asunto únicamente podía prosperar el
cargo octavo”[107]. Junto a ello, señaló que la Sala
de Casación Laboral había expuesto las razones que le permitían concluir que el
recurso de casación interpuesto no cumplía con las exigencias y “técnica” propias.
Con base en lo anterior, concluyó que “la protección invocada no puede salir
avante, comoquiera que lo pretendido por el quejoso es, en realidad, la
reapertura del debate que la colegiatura acusada selló con su providencia”[108].
D. ACTUACIONES JUDICIALES EN
SEDE DE REVISIÓN
29.
Autos de pruebas. Mediante auto del 17 de
octubre de 2019[109], el magistrado sustanciador ordenó
a la accionante, accionada y vinculadas suministrar información relacionada con
los hechos del proceso. En síntesis, solicitó: (a) a las sociedades FIDUAGRARIA
S.A y FIDUCIAR S.A en su calidad de voceras y administradoras del PAR TELECOM,
(i) allegar copia del Contrato de Fiducia mediante el que se constituyó
el PAR TELECOM; (ii) copia de los documentos que acreditaran que FIDUCIAR
S.A y FIDUAGRARIA S.A., tenían la facultad de representación judicial del PAR
TELECOM; y (iii) allegar un informe de pagos y proyecciones de los pagos
que hubieran sido hechos o serían hechos para dar cumplimiento a las condenas
ordenadas por el Tribunal Superior de Barranquilla; (b) al Tribunal
Superior de Barranquilla, allegar copia del proceso laboral ordinario; y (c)
a la Señora Natividad Pérez, apoderada de los demandantes en el proceso ordinario,
confirmar si estos ya habían recibido algún pago con ocasión de las condenas
ordenadas.
30.
Por medio de auto del 27 de enero de 2020, el magistrado
sustanciador solicitó a FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A., en su
calidad de voceras y administradoras del PAR TELECOM, informar:
“(i) si existe algún tipo de relación jurídica entre el PAR TELECOM
y La Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM); (ii) si el
PAR TELECOM está facultado para representar judicialmente a CAPRECOM en el
presente trámite de tutela y/o si representó a CAPRECOM en el proceso ordinario
laboral entre Mario Orlando Durán Morales y otros contra FIDUAGRARIA
S.A y FIDUCIAR S.A y el PAR TELECOM. En caso afirmativo se solicita enviar copia de
los documentos que acrediten dichas facultades de representación; (iii) si el
PAR TELECOM ha hecho algún tipo de transferencia, pago o aporte de cualquier
naturaleza a CAPRECOM para financiar las pensiones de jubilación a las que
CAPRECOM fue condenado por el Juzgado Primero de Descongestión del Circuito de
Barranquilla en la sentencia de primera instancia en el proceso laboral
ordinario. En caso afirmativo se solicita enviar constancia de dichos pagos,
aportes o transferencias”.
31.
Respuesta a los autos de pruebas. Mediante escrito del 1 de
noviembre de 2019[110], las sociedades FIDUAGRARIA
S.A y FIDUCIAR S.A. allegaron: (i) copia del contrato de fiducia mercantil
suscrito entre Fiduciaria la Previsora S.A, en su calidad de liquidador de
TELECOM en liquidación y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN y el Consorcio de
Remanentes Telecom conformado por FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIARIA POPULAR S.A.,
para la constitución del PAR TELECOM; (ii) copia de la Convención
Colectiva de Trabajo 1996-1997 celebrada entre TELECOM y el Sindicato de
TELECOM; e (iii) informe del monto de los pagos que han sido realizados
a los demandantes[111].
32.
Mediante escrito del 3 de febrero de 2020[112], las sociedades FIDUAGRARIA
S.A y FIDUCIAR S.A. informaron que el PAR TELECOM no asumió la presentación judicial
de CAPRECOM en el proceso ordinario ni en el proceso de tutela[113]. Asimismo,
confirmaron que el patrimonio solo había “efectuado el pago de la condena,
en lo que atañe a las mesadas del Plan de Pensión Anticipada ordenado”[114]. Por
el contrario, que “frente a la condena de pensión [plena de jubilación]
este PAR no [había] realizado cotizaciones diferentes ni pago alguno, ya que no tiene
a su cargo el reconocimiento de este tipo de prestaciones económicas”[115].
33.
Por medio de oficio del 4 de noviembre de 2019, la apoderada de
los extrabajadores de TELECOM en el proceso ordinario, contestó que no había
habido “un cumplimiento total, sino parcial del Consorcio Patrimonio
Autónomo de Remanentes Telecom-PAR y Teleasociadas en Liquidación, no obstante
de haberle enviado [sic.] en forma oportuna los documentos requeridos”[116].
II. CONSIDERACIONES
A.
COMPETENCIA
34.
La
Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 a
36 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, en sesión del 5 de diciembre de 2019[117],
la Sala Plena asumió el conocimiento de los expedientes de la referencia. Por
esta razón, la Sala Plena es competente para proferir esta sentencia.
B. PROBLEMA JURÍDICO Y
METODOLOGÍA DE LA DECISIÓN
35.
Objeto de la
decisión. La Sala Plena
advierte que el presente caso versa sobre
la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del PAR
TELECOM, derivada de la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación
Laboral, en el proceso ordinario iniciado por Mario Orlando Durán y otros. En
particular, el PAR TELECOM-, por medio de sus voceras, argumenta que la Sala de
Casación Laboral incurrió en tres defectos específicos, (i) procedimental
por exceso ritual manifiesto, al aplicar de manera irreflexiva las
exigencias lógicas y argumentativas del recurso de casación; (ii) por desconocimiento
del precedente, al desconocer las sentencias SU-388 de 2005, SU-389 de 2005 y SU-377
de 2014 y otorgar pensiones anticipadas a extrabajadores de TELECOM que no
estaban cubiertos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y conceder
el beneficio del retén social a extrabajadores que no eran madres o padres
cabeza de familia o prepensionados; y (iii) fáctico, al incurrir en
graves errores en la valoración probatoria al momento de verificar si los
demandantes eran beneficiarios de la garantía de estabilidad del retén social.
36.
Problema
jurídico.
En estos términos, la Sala Plena debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la
Sala de Casación Laboral incurrió en los defectos procedimental por exceso
ritual manifiesto, desconocimiento del precedente y fáctico, al desestimar los
cargos de casación planteados por el PAR TELECOM por la existencia de errores
de técnica en su formulación?
37.
Metodología
de la decisión. La Sala Plena
resolverá el problema jurídico con el uso de la metodología que la Corte
Constitucional ha empleado para resolver acciones de tutela en contra de
providencias judiciales. La  jurisprudencia constitucional ha señalado que el
amparo a derechos fundamentales en el marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales deberá otorgarse solo si se satisfacen dos condiciones,
cada una de ellas necesaria y en su conjunto suficientes: (i) que se cumplan
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales[118];
(ii) que se materialice alguna violación de los derechos fundamentales
de los accionantes[119],
mediante la configuración de alguno de los defectos reconocidos por la
jurisprudencia constitucional, en la sentencia que se censura[120].
38.
A
continuación, se analizará si la presente acción de tutela cumple con estas
exigencias. Sin embargo, la
Sala Plena considera necesario hacer una precisión metodológica preliminar. En
el presente caso, no es posible abordar el análisis de todos los requisitos
generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales respecto de la sentencia de casación como un todo. Por
el contrario, el análisis de algunos de estos requisitos (por ejemplo, la
legitimación por activa y la configuración de los defectos de cada uno de los
cargos) debe hacerse respecto de los cargos que son susceptibles de ser
agrupados según los afectados. Ello, por cuanto en el proceso ordinario, el PAR
TELECOM no era la única entidad demandada y no todas las condenas ordenadas por
el Tribunal Superior de Barranquilla en la sentencia de segunda instancia están
a cargo de la accionante. Por el contrario, algunas condenas fueron impuestas a
CAPRECOM[121]
y las sociedades fiduciarias FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A., no en su calidad
de voceras del PAR TELEOCM, sino como personas jurídicas independientes, tal y
como se evidencia en el siguiente cuadro:
PAR
TELECOM
FIDUAGRARIA
FIDUCIAR
CAPRECOM
Primera instancia
Pensión anticipada y retén social
(orden de reintegro)
Retén social (orden de reintegro)
Retén social (orden de reintegro)
Pensión de jubilación
Segunda instancia
Pensión anticipada, retén social
(indemnización sustitutiva) y pensión de jubilación
Pensión anticipada, retén social
(indemnización sustitutiva) y pensión de jubilación
Pensión anticipada, retén social
(indemnización sustitutiva) y pensión de jubilación
Sin condena
Casación
Pensión anticipada y retén social
(indemnización sustitutiva)
Pensión anticipada y retén social
(indemnización sustitutiva)
Pensión anticipada y retén social
(indemnización sustitutiva)
Pensión de jubilación
Por
otra parte, el recurso de
casación fue interpuesto por el PAR TELECOM. Las sociedades fiduciarias y
CAPRECOM no interpusieron este recurso. Por último, cada uno de los cargos de
casación versa sobre materias diferentes y en este sentido, cada cargo fue
objeto de un análisis individual por parte de la Sala de Casación Laboral.
39.
En atención a lo
anterior, a continuación, la Sala Plena pasará a hacer el análisis de los
requisitos generales y específicos de procedencia.
En algunos casos el análisis será global, respecto de la sentencia y/o
acción de tutela como un todo. En otros, la Sala Plena hará un análisis
específico de cada cargo y cada defecto alegado en la acción de tutela cuando
la valoración del requisito así lo requiera.
C. ESTUDIO DE LOS REQUISITOS
GENERALES DE PROCEDENCIA
40.
La acción
de tutela sub examine cumple con los requisitos generales de procedencia[122],
únicamente respecto de la decisión de la Sala de Casación Laboral en relación
con los cargos de casación segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y
décimo, tal y como se explica a continuación.
41.
Legitimación
en la causa por activa. La presente acción de tutela fue presentada por las
sociedades fiduciarias FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A quienes, de acuerdo con
el poder presentado[123], actúan únicamente como integrantes del
Consorcio de Remanentes TELECOM, y de esta forma, exclusivamente en su calidad de
voceras y administradoras del PAR TELECOM.  En estos términos, las sociedades
fiduciarias presentaron la acción de tutela para solicitar la protección de los
derechos del PAR TELECOM, no los propios y, por lo tanto, la parte procesal
accionante en la presente acción de tutela es el PAR TELECOM[124].
La Sala Plena
considera que (i) el PAR TELECOM tiene capacidad procesal para interponer la presente
acción de tutela; sin embargo (ii) sólo está legitimado por
activa para solicitar a la Corte revocar las decisiones de la Sala de Casación
Laboral respecto de los cargos de casación segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto, noveno y décimo.
42.
Primero, el PAR
TELECOM tiene capacidad
procesal para interponer la presente acción de tutela, porque el artículo 53 del Código General del Proceso
establece que los patrimonios autónomos tienen capacidad ser parte en un
proceso. A su turno, el artículo 54 ibidem señala que estos comparecerán al proceso “por
medio del representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria,
quien actuará como su vocera”. En este caso, como se expuso, la acción de tutela fue presentada por
las sociedades FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A, integrantes del Consorcio de
Remanentes de TELECOM, quienes actúan únicamente como voceras y administradoras
del PAR TELECOM. Estas sociedades se encuentran facultadas para presentar la
tutela en calidad de voceras del PAR TELECOM, porque el Contrato de Fiducia
Mercantil, mediante el cual se constituyó el patrimonio autónomo, establece que
el Consorcio de Remanentes de TELECOM, integrado por las sociedades FIDUAGRARIA
S.A y FIDUCIAR S.A, es el ente fiduciario que tiene la obligación y facultad de
“atender adecuada y
diligentemente los procesos judiciales, arbitrales y administrativos o de otro
tipo que se hayan iniciado contra las entidades en liquidación” y “nombrar o sustituir los apoderados que se requieran
para defender los intereses del fideicomiso”[125].
43.
Segundo, la Sala
advierte que el PAR TELECOM sólo está legitimado por activa para solicitar a la
Corte revocar las decisiones de la Sala de Casación Laboral respecto de los
cargos de casación segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo. Lo
anterior, por cuanto el PAR TELECOM es el titular de los derechos que habrían
sido presuntamente vulnerados por las decisiones que la Sala de Casación
Laboral tomó al resolver estos cargos. En efecto (i) mediante los cargos segundo y tercero, la Sala de Casación Laboral le
habría negado al PAR TELECOM su alegado derecho procesal a controvertir las condenas
ordenadas en contra de las sociedades fiduciarias; y (ii) al resolver los cargos cuarto, quinto, sexto, noveno
y décimo, habría confirmado las condenas por concepto de pensión anticipada,
reten social e indemnización moratoria, ordenadas directamente en contra del
PAR TELECOM.
44.
Por el contrario, el
PAR TELECOM no está legitimado para solicitar a la Corte dejar sin efectos las
decisiones de la Sala de Casación Laboral respecto de los cargos primero,
séptimo y undécimo, porque estos cargos están relacionados con condenas que, de
acuerdo con la Sala de Casación Laboral, debían ser pagadas por CAPRECOM. Por
lo tanto, no afectan ningún derecho procesal y/o sustancial del PAR TELECOM. En
efecto, mediante estos cargos de casación el PAR TELECOM denunció que el
Tribunal había violado la ley sustancial por la vía directa e indirecta, porque
le ordenó pagar pensiones plenas de jubilación a favor de demandantes que no cumplían con los
requisitos para pensionarse. Como se expuso en las secciones anteriores, la
Sala de Casación Laboral concluyó (cargo octavo) que el pago de las pensiones
plenas de jubilación estaba a cargo de CAPRECOM[126] y no a
cargo del PAR TELECOM y ordenó casar la sentencia de casación en ese sentido[127]. Por lo
tanto, los errores en los que pudo haber incurrido la Sala de Casación Laboral
al resolver los cargos primero séptimo y undécimo, no tienen ningún efecto en
los derechos del accionante, porque este no es el destinatario de la orden de
pago de las pensiones de jubilación. Por otra parte, el PAR TELECOM no
representa a CAPRECOM en la presente acción de tutela y tampoco alegó
representarla en el trámite de casación[128].
45.
Legitimación en
la causa por pasiva.
Se cumple esta exigencia porque la entidad accionada, la Sala de Casación Laboral –Sala de Descongestión
No. 2- de la Corte Suprema de Justicia, fue la autoridad judicial que profirió
la sentencia de casación que presuntamente vulnera el derecho al debido proceso
del PAR TELECOM.
46.
Subsidiariedad. El requisito de subsidiariedad se
encuentra acreditado porque contra la sentencia de casación proferida por la
Sala de Casación Laboral no procede ningún recurso idóneo y efectivo. El
artículo 30 de la Ley 712 de 2001 establece que
el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas
Laborales de los Tribunales Superiores, únicamente en cuatro causales[129]. En este caso, sin
embargo, el recurso de revisión no es un mecanismo idóneo porque las
razones que fundamentan la solicitud de amparo no se subsumen en ninguna de las
causales de revisión.
47.
Es importante
resaltar que, en la contestación a la acción de tutela, el magistrado ponente
de la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Laboral que se
acusa en este caso, argumentó que la presente acción de tutela era improcedente
por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Al respecto, señaló que el
recurso de casación había sido interpuesto por el PAR TELECOM y no por las
sociedades fiduciarias FIDUCIAR S.A y FIDUAGRARIA S.A. En este sentido, señaló que
las sociedades fiduciarias no podían interponer la acción de tutela directamente
sin haber interpuesto el recurso de casación.
48.
La Sala Plena no
comparte esta argumentación fundamentalmente porque está fundada en una premisa
equivocada, a saber: que la acción de tutela fue presentada por las sociedades
fiduciarias a nombre propio. Esta premisa es equivocada porque, como se expuso, de acuerdo con el
poder allegado al trámite de tutela, las sociedades fiduciarias interpusieron
la acción de tutela únicamente como integrantes del Consorcio de
Remanentes Telecom, y exclusivamente en su calidad de voceras del PAR
TELECOM, es decir, para proteger los intereses del patrimonio autónomo, no los
propios. De esta forma, la parte accionante en la presente acción de tutela es
el PAR TELECOM, quien comparece al proceso a través de sus fiduciarias porque
así lo exige el artículo 54 del CGP. Las sociedades fiduciarias no están
participando en el presente proceso de tutela como parte procesal independiente.
Sobre el particular, la Sala aclara el alcance de las relaciones de las
fiduciarias y del patrimonio autónomo, de la siguiente forma:
49.
Acorde con el título
XI del Código de Comercio y su decreto reglamentario D-1049 de 2006, el
contrato de fiducia mercantil es un acuerdo de voluntades[130] por medio
del cual una persona (fiduciante) transfiere a otra (fiduciaria) unos bienes
determinados (patrimonio autónomo), con la obligación, por parte de la
fiduciaria de administrarlos o de enajenarlos para cumplir una determinada finalidad.
Al ser personas independientes sus patrimonios están separados de conformidad
con las siguientes normas:
FIDUCIARIA
PATRIMONIO AUTÓNOMO
C.Co. ART. 1233. SEPARACIÓN DE BIENES
FIDEICOMITIDOS. Para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos
deberán mantenerse separados del resto del activo del fiduciario y de los que
correspondan a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo
afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo.
C.Co. ART. 1227. OBLIGACIONES GARANTIZADAS CON LOS
BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO. Los bienes objeto de la fiducia no forman
parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario y sólo
garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad
perseguida.
C.Co. ART. 1234. OTROS DEBERES INDELEGABLES DEL
FIDUCIARIO. Son deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos
en el acto constitutivo, los siguientes: (…) 2) Mantener los bienes objeto de
la fiducia separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios
fiduciarios[131].
C.Co. ART. 1238. PERSECUCIÓN DE BIENES OBJETO DEL
NEGOCIO FIDUCIARIO. Los bienes objeto del negocio fiduciario no podrán ser
perseguidos por los acreedores del fiduciante, a menos que sus acreencias
sean anteriores a la constitución del mismo. Los acreedores del beneficiario
solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes.//
El negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros podrá ser impugnado por
los interesados.
50.
Conforme a lo
anterior, no le asiste razón al magistrado ponente de la Sala de Casación
Laboral al argumentar que la acción de tutela es improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Lo anterior por cuanto (i) la parte accionante en la presente acción de tutela es
el PAR TELECOM quien comparece al proceso por medio de las sociedades
fiduciarias quienes actúan única y exclusivamente como sus voceras; y (ii) el PAR TELECOM sí interpuso el recurso de casación.
51.
Inmediatez. Se satisface el requisito de defensa
oportuna porque la tutela fue interpuesta en un término razonable. El auto
mediante el cual la Sala de Casación Laboral resolvió negar la solicitud de aclaración
y rechazar el incidente de nulidad en contra de la sentencia de casación, fue
notificado al PAR TELECOM el 23 de octubre de 2019[132] y la
acción de tutela fue presentada el 14 de febrero de 2019, es decir, menos de
cuatro meses después.
52.
Relevancia
constitucional. La acción de tutela sub examine cumple
esta exigencia porque su objeto es la protección del derecho fundamental al
debido proceso del PAR TELECOM y los principios de sostenibilidad financiera
del sistema pensional[133]
y la preservación del patrimonio público[134],
previstos en el artículo 48 de la Constitución.
53.
La Corte
Constitucional ha reiterado que un asunto tiene relevancia constitucional si se
evidencia de manera clara y expresa que el objeto de la acción de tutela
involucra derechos fundamentales[135],
principios o intereses constitucionales[136],
o “garantías superiores”[137]
y, por lo tanto, no es “de competencia
exclusiva del juez ordinario”[138]. Se exige que el asunto sometido a conocimiento
del juez de tutela tenga trascendencia Superior y no solo legal, contractual o
de otra naturaleza, por ejemplo, económica[139].
54.
La
Corte ha manifestado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: (i) preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional[140]y, por tanto, evitar que
la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad[141]; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales o principios constitucionales[142]e
(iii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces[143].
55.
En reiterada
jurisprudencia constitucional[144],
la Sala Plena de la Corte Constitucional y diferentes Salas de Revisión de
Tutela han señalado que asuntos que involucren la afectación del patrimonio
público y la estabilidad financiera del sistema pensional, tienen relevancia
constitucional y no pueden ser considerados como asuntos “meramente
económicos”. A título de ejemplo, en la Sentencia
SU-395 de 2017, la Sala Plena señaló que los parámetros de interpretación
fijados acerca del promedio del ingreso base de liquidación aplicable a
pensiones del sector público y la liquidación de los factores salariales eran
asuntos de relevancia constitucional porque planteaban “una tensión entre
los principios superiores de seguridad jurídica y de sostenibilidad financiera
del sistema de seguridad social”[145].
56.
Los asuntos que se
debaten en la presente acción de tutela son de indiscutible relevancia
constitucional por dos razones. Primero, porque el objeto de la tutela
involucra la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del PAR TELECOM, como resultado de una supuesta
aplicación irreflexiva de los requisitos de técnica lógica y argumentativa del
recurso de casación, por parte de la Sala de Casación Laboral que la habrían
llevado a incurrir en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto,
fáctico y por desconocimiento del precedente. Segundo, la tutela involucra
asuntos que podrían afectar el principio de sostenibilidad financiera del
sistema pensional y, como consecuencia de ello, generar una afectación del
patrimonio público. En efecto, el PAR TELECOM expone argumentos que, prima
facie, demuestran que el Tribunal Superior de Barranquilla y la Sala de
Casación Laboral lo habrían condenado a pagar, con cargo a los recursos
públicos, (i) pensiones anticipadas a extrabajadores que no cumplían con
los requisitos convencionales para tal efecto, en desconocimiento del
precedente fijado en la Sentencia SU-377 de 2014; e (ii) indemnizaciones
sustitutivas por el retén social a ex trabajadores que no tenían la calidad de
padres o madres cabeza de familia ni prepensionados en los términos del
artículo 12 de la Ley 790 de 2002. Con fundamento en lo anterior, la Sala
concluye que el asunto sub examine tiene relevancia constitucional
porque involucra la posible vulneración de derechos fundamentales y de
principios de alta importancia constitucional.
57.
Identificación
razonable de los hechos. En el escrito
de tutela el PAR TELECOM: (i) presentó un resumen pormenorizado del
proceso laboral ordinario, (ii) expuso en detalle la decisión que la
Sala de Casación Laboral tomó frente a cada uno de los cargos de casación
propuestos; y (iii) explicó las razones por las cuales
considera que la Sala de Casación Laboral incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, por desconocimiento del precedente y fáctico al
desestimar el recurso de casación[146].
Por lo tanto, la Corte concluye que el PAR TELECOM realizó una identificación
razonable de los hechos y expuso las razones que fundamentan su solicitud de
amparo[147].
58.
Irregularidad
de carácter decisivo.
En
este caso, el presunto excesivo apego a los requisitos de técnica del recurso
de casación por parte de la Sala de Casación Laboral tendría un efecto decisivo
en la sentencia de casación. Los argumentos presentados por el PAR TELECOM en
el escrito de tutela evidencias que, prima facie, el Tribunal Superior
de Barranquilla (i) habría desconocido la Sentencia SU-377 de 2014 al
ordenar el pago de pensiones anticipadas a extrabajadores que no estaban
cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; y (ii) no habría
valorado elementos probatorios esenciales que demostraban que los demandantes
no eran beneficiarios del retén social. En estos términos, existe evidencia de
que, en principio, el exceso ritual manifiesto en el que habría incurrido la
Sala de Casación Laboral impidió que analizara estos asuntos y revocara una
sentencia que, por lo menos prima facie, podría adolecer de un defecto por
desconocimiento del precedente y fáctico. Por lo tanto, la irregularidad
denunciada tiene un carácter decisivo.
59.
La acción de
tutela no se dirige contra un fallo de tutela. El PAR TELECOM presenta la acción de tutela contra una
sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia y no contra una decisión de tutela.
60.
En síntesis, la acción
de tutela sub examine cumple con los requisitos generales de
procedencia, solo respecto de la decisión de la Sala de Casación Laboral frente
a los cargos de casación segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y
décimo. Por lo tanto, la Corte limitará el análisis de los requisitos
específicos de procedencia frente a la decisión de la Sala de Casación Laboral
respecto de estos cargos. La Sala Plena no se pronunciará sobre los presuntos
defectos en los que esta autoridad pudo haber incurrido al resolver los cargos
primero, séptimo y undécimo porque, como se expuso (fundamento 43 supra) el PAR TELECOM no tiene legitimación en la causa por
activa para controvertir las decisiones de la Sala de Casación Laboral frente a
estos cargos[148].
D. ESTUDIO
DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PROCEDENCIA
61.
El PAR TELECOM
argumenta que en la sentencia de casación la Sala de Casación Laboral incurrió
en tres defectos[149]:
(i) procedimental por exceso ritual manifiesto, al aplicar
de manera irreflexiva las exigencias lógico-argumentativas del recurso de
casación; (ii) desconocimiento del precedente al desconocer la Sentencia
SU-377 de 2014 y otorgar pensiones anticipadas a extrabajadores de TELECOM que
no estaban cubiertos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993;
y (iii) fáctico, al incurrir en graves errores en la
valoración probatoria al momento de verificar si los demandantes eran
beneficiarios de la garantía de estabilidad del retén social.
62.
La Sala Plena
analizará si la sentencia de casación de la Sala de Casación Laboral incurrió
en alguno de los citados defectos. A dichos efectos, en primer lugar, se
presenta un breve contexto jurisprudencial de tres ejes temáticos que son
transversales a la presente acción de tutela: (i) el recurso de casación
laboral; (ii) el PPA ofrecido por TELECOM, tal y como este fue
interpretado por la Corte en la sentencia SU 377 de 2014; y (iii) el
beneficio de estabilidad del retén social. En segundo lugar, se presenta una
caracterización del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el
defecto por desconocimiento del precedente y el defecto fáctico. Por último, se
evaluará si, de acuerdo con las consideraciones expuestas, la Sala de Casación
Laboral incurrió en alguno de los citados defectos al desestimar los cargos de
casación segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo.
(i) El recurso
de casación laboral, dimensión legal y constitucional
63.
El artículo 235 de la
Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia es “tribunal de
casación”. La Constitución no establece el régimen jurídico aplicable al
recurso de casación en cada una de las especialidades de la jurisdicción
ordinaria (laboral, civil y penal). Por el contrario, este régimen aparece
consagrado en las normas especiales.
64.
El recurso de casación laboral
se encuentra consagrado legalmente en el Título XV del Código Procesal
del Trabajo y la Seguridad Social (arts. 86-99) y la Ley 16 de 1969. La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han definido
este recurso como “un medio de
impugnación extraordinario, de naturaleza rogada y especial, en el que se
enfrenta la sentencia recurrida con la ley, en procura de su derribamiento”[150]. En estos términos, el recurso de casación
tiene cuatro características esenciales: (i) es extraordinario; (ii)
excepcional; (iii) riguroso y formalista; y (iv) dispositivo.
65.
En primer lugar, es un recurso extraordinario
porque tiene un objeto limitado, no es una tercera instancia. En particular, su
objeto es realizar un juicio técnico jurídico[151] sobre la
legalidad de la sentencia, sobre el proceso en su totalidad o sobre las bases
probatorias sobre las cuales se cimentó la sentencia acusada[152]. No es
una tercera instancia porque “no
le otorga competencia a la Sala, para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál
de los dos litigantes le asiste la razón (…) en el recurso de casación
se enfrenta la ley y la sentencia, y no quienes actuaron como contraparte en
las instancias”[153].
En razón de su carácter extraordinario, la admisión de este recurso está limitada a dos las causales
taxativas[154]
contempladas en el artículo 87 del CPTSS: (i)
la reformatio in pejus[155]; y (ii) la violación de la ley sustancial. Es
importante resaltar para el caso sub lite, que la
Sala de Casación Laboral ha señalado que existen dos géneros o modalidades de infracción de
la ley sustancial: la vía
directa, mediante la
cual se alega la existencia de yerros jurídicos en la sentencia de instancia, y
la vía indirecta mediante la cual se alegan errores
fácticos o probatorios[156].
66.
Violación directa de la ley
Violación
indirecta de la ley
Se refiere a una forma de violar la ley
sustancial por: (i) aplicar indebidamente la norma
que regía al caso[157]
o (ii) por aplicar la norma correcta, pero bajo
una interpretación errónea[158].
Tiene como fin primordial discutir la
situación fáctica ya sea por: (i) un error
de hecho por indebido análisis del material probatorio porque no dio por
probado un hecho estándolo o tuvo por cierto un hecho sin que así fuera[159], (ii) error de derecho por la apreciación de una prueba[160].
67.
Con fundamento en lo
anterior, la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia han señalado que las finalidades del recurso de casación son la unificación de jurisprudencia y la defensa de la ley sustantiva[161].
68.
En segundo lugar, es un
recurso excepcional porque
“no cabe contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador
expresamente señala”[162]. Solo son susceptibles de casación las sentencias de
segunda instancia proferidas en un proceso ordinario y los fallos de primera
instancia en los casos de casación per saltum.
69.
En tercer lugar, el
recurso de casación “tiene un carácter riguroso y formalista”[163] en la medida en que
existen múltiples requisitos técnicos para su procedencia y modo de utilizarlo,
los cuales se encuentran consignados en los artículos 87, 90 y 91 del CPTSS y
la Ley 16 de 1969[164]. Al respecto, la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia ha precisado que: “la demanda de casación debe ceñirse a los
requerimientos técnicos que su planteamiento y demostración exigen con
acatamiento de las reglas legales y desarrollos jurisprudenciales fijados para
su procedencia, puesto que el incumplimiento de aquellos acarrea que el recurso
resulte desestimable al imposibilitarse su estudio de fondo”[165].
Estos requisitos de técnica formales
y de orden lógico le imponen al demandante en casación, entre otras, las
siguientes cargas en la formulación del recurso: (i) identificar los pilares sobre los que ”se encuentra
construido el pronunciamiento que se propone combatir”[166];
(ii) la correcta elección de la vía (directa o indirecta) y modalidad de
ataque (infracción
directa, interpretación errónea o aplicación indebida); (iii)
plantear una acusación que sea
“completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo
pretendido”[167];
y (iv) demostrar “no solo el
error sino su trascendencia en el resultado del proceso”[168].
70.
Por último, el recurso
de casación es de carácter dispositivo o rogado por cuanto la Sala
de Casación Laboral únicamente puede pronunciarse respecto de las causales y
argumentos planteados por el recurrente y, por ello, no puede “aprehender conocimiento de oficio de los
asuntos que no fueron objeto de reproche”[169]. Además, no está facultada para subsanar los errores en su
formulación de manera oficiosa[170].
71.
Del carácter extraordinario,
excepcional, riguroso y dispositivo de la casación, derivan unos requisitos
técnicos para la admisión y procedencia del recurso que le imponen al
recurrente cargas formales y lógico-jurídicas en su formulación. La
Corte Constitucional ha señalado en reiteradas oportunidades que estos
requisitos son, en términos generales y siempre y cuando no pugnen con un
mandato constitucional, conformes con la Constitución.
72.
La Corte ha indicado que el artículo
235, al establecer que la Corte Suprema de Justicia es “tribunal de Casación”,
reconoció la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso y,
consecuentemente, las limitaciones en la admisión y formulación que
de ahí se derivan[171].
También ha sostenido que el establecimiento de requisitos
para lo procedencia del recurso no quebranta el derecho al debido proceso (art.
29 de la CP) ni es contrario al principio de la primacía del derecho sustancial
sobre el formal (art. 228 de la CP)[172].
Lo anterior, porque el legislador cuenta con un “amplio margen de configuración en materia de establecimiento
de procedimientos”[173] que lo
faculta para establecer requisitos para la procedencia de los recursos siempre
que estos sean razonables y proporcionados[174]. En la Sentencia C-596 de 2000, la Corte precisó que “dentro
de las funciones que competen al legislador está la de regular las reglas
formales del debido proceso. Los recursos judiciales son, indudablemente, parte
esencial de dichas reglas (…) Puede en consecuencia el legislador
señalar qué recursos proceden contra las decisiones judiciales, así como los
requisitos necesarios para que los sujetos procesales puedan hacer uso de
ellos, las condiciones de admisibilidad o de rechazo y la manera en que ellos
deben ser decididos”.
73.
En particular, la Corte
ha señalado que el establecimiento de causales taxativas y requisitos lógico-argumentativos
para la procedencia del recurso de casación no contrarían el derecho al debido
proceso; por el contrario, contribuyen a su efectiva
realización. En efecto, estos requisitos (i) “impiden que se desnaturalice su esencia”[175] y (ii) propenden por “la racionalización, eficiencia y eficacia de la
administración de justicia”[176].
Por ello, no constituyen “un
mero culto a la forma, sino que hacen parte esencial de la garantía del derecho
fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Carta, dentro
del cual se encuentra la denominada plenitud de las formas propias de cada
juicio, sin la cual no se puede predicar el equilibrio de quienes participan
dentro del proceso judicial”[177].
74.
A pesar de que la Corte
ha avalado la constitucionalidad de los requisitos técnicos de la casación, ha
señalado que los elementos de la naturaleza jurídica de este recurso,
junto con los requisitos y cargas que ellos suponen para el recurrente, se
deben analizar bajo el entendido de que “esta figura no es un
instituto de creación puramente legal, sino que tiene un fundamento
constitucional expreso”[178].
En estos términos, el recurso de casación debe ser consecuente con el
fundamento axiológico de la Constitución y debe concebirse e interpretarse en
una dimensión amplia que “involucre
la integración de principios y valores constitucionales y, por lo tanto, la
protección de los derechos constitucionales que de ellos se derivan”[179]. Como resultado de ello, además de las
funciones legales a las que se hizo referencia ha precisado que el recurso de
casación tiene una función constitucional adicional que consiste en la revisión
de “constitucionalidad de las sentencias de instancia, para que de esta
manera se puedan proteger derechos subjetivos del casacionista, teniendo como
punto de partida el derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia”[180].
75.
El entendimiento del
recurso extraordinario de casación en materia laboral previsto en el Decreto
Ley 2158 de 1948 a partir de la axiología de la Constitución Política de 1991 supone
una modificación en la interpretación del carácter extraordinario, dispositivo y riguroso del mismo. En primer lugar, el
carácter extraordinario del recurso de casación, a la luz de la Constitución,
tiene como resultado que “la
admisión de este recurso no sólo se encuentra sujeta a las causales taxativas
contempladas en la ley, sino que, en virtud de los derechos fundamentales
incorporados en la Carta Política de 1991, se entiende que será admisible ante
la violación que sobre alguno de ellos se presente por una decisión judicial”[181]. En segundo lugar, el carácter rogado y dispositivo
encuentra una excepción, cuando existe una violación evidente de derechos
fundamentales. De ahí que esta
Corte haya reconocido que así la violación de los derechos aludidos no se
formule expresamente “es obligatorio para el tribunal de casación
pronunciarse oficiosamente”[182]
porque una “sentencia que no ha sido dictada conforme a la ley sino
contrariándola, jamás podrá tenerse como válidamente expedida y, mucho menos,
puede ejecutarse”[183].
76.
Por último,
la axiología de la
Constitución exige que la interpretación de los requisitos formales y técnico-jurídicos
de la casación deba flexibilizarse en ocasiones para satisfacer derechos
fundamentales o principios constitucionales. Desde una perspectiva
constitucional, la flexibilización de los requisitos formales y
técnico-jurídicos significa que la Corte Suprema de Justicia debe hacer “menos rígidas las previsiones para
atender a la prevalencia del derecho sustancial”[184].
En otras palabras, “el principio de supremacía del derecho sustancial sobre
el procesal tiene en los fines de la casación una de sus manifestaciones más
claras”[185]
primacía que para este órgano de cierre tiene respaldo en el artículo 53 de la
Constitución. En estos términos, la Corte
Constitucional ha resaltado que las salas de casación deben velar “por la realización y respeto de los derechos
fundamentales de los recurrentes, sustituyéndose de esta forma ´la
concepción formalista de la administración de justicia vinculada al simple
propósito del respeto a la legalidad, por una concepción más amplia y
garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los
derechos de los asociados”[186].
77.
De acuerdo con la
jurisprudencia reciente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, la flexibilización de las cargas técnicas significa que siempre
que el recurrente cumpla con unos “requisitos mínimos”[187] de argumentación, el
tribunal de casación debe proceder al análisis de fondo, si los errores de
técnica en el recurso en los que pudo haber incurrido el recurrente son
superables con un esfuerzo interpretativo de parte del juzgador[188]. Con fundamento en lo
anterior, la Sala de Casación Laboral ha procedido al estudio de fondo en casos
en los que, por ejemplo: (i) el recurrente solicita, concurrentemente,
la casación y la revocatoria del fallo; (ii) se equivoca en la modalidad
de infracción y sin embargo, por la naturaleza de las alegaciones es posible
inferir que se trata de la vía directa o indirecta[189]; (iii) se
equivoca en la modalidad de ataque, pero del
“contexto de lo que se expresó en el ataque, se observa que realmente quiso
utilizar la aplicación indebida”[190]; y (iv) combina modalidades de
ataque (vía directa e indirecta, al presentar argumentos fácticos y jurídicos),
pero de la lectura del recurso es posible inferir el verdadero objeto del cargo[191].
78.
En síntesis, de la
jurisprudencia transcrita se extraen dos conclusiones respecto del recurso de
casación que servirán para evaluar la configuración del exceso ritual
manifiesto alegado por el PAR TELECOM en este caso. Primero, el recurso de
casación tiene una naturaleza extraordinaria, excepcional, rigurosa y
dispositiva. De estas notas características se derivan cargas formales y
exigencias lógico-argumentativas en su formulación cuya observancia es
obligatoria para que la Sala de Casación Laboral, como tribunal de casación,
pueda adelantar un análisis de fondo. En principio, estas exigencias y cargas
son constitucionales pues no vulneran el derecho al debido proceso, ni la
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal. Segundo, a pesar de lo
anterior, el entendimiento del recurso de casación a partir de su dimensión constitucional
supone una modificación en el entendimiento del recurso, y en particular, en la
interpretación y alcance de los requisitos formales. En particular, exige que
en la verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos el juez de
casación deba aplicar un estándar más flexible en aquellos casos en los que
esté en juego la protección de los derechos fundamentales o algún otro interés
constitucional superior.
(ii) Plan de pensión anticipada de TELECOM. Requisitos
para acceder a este beneficio según la sentencia SU-377 de 2014
79.
En la Sentencia SU-377
de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en
relación con los requisitos que los extrabajadores de la extinta TELECOM debían
cumplir para ser beneficiarios del PPA y la forma en que las pensiones
anticipadas debían liquidarse. En este caso, la Corte resolvió, entre otras, un
grupo de 51 acciones de tutela acumuladas presentadas por extrabajadores de
TELECOM en contra del PAR TELECOM. Los accionantes argumentaban que, antes de liquidarse,
TELECOM se había negado a incluirlos en el plan de pensión anticipada a pesar
de que, en su criterio, cumplían con los requisitos convencionales para acceder
a dicho beneficio. Con fundamento en lo anterior, solicitaban a la Corte
ordenar al PAR TELECOM “el
reconocimiento y pago de la pensión anticipada, y además el pago de las mesadas
dejadas de percibir, con el incremento salarial y debidamente indexadas,
teniendo en cuenta el promedio de los factores legales y extralegales
devengados desde la fecha de retiro del empleo de la extinta TELECOM”[192].
80.
La Corte Constitucional
negó la solicitud de tutela de estos trabajadores, porque concluyó que no
cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de la pensión anticipada. En
esta decisión, la Sala Plena unificó su jurisprudencia frente a la
interpretación del Instructivo mediante el cual TELECOM comunicó a sus
extrabajadores las exigencias para que estos fueran incluidos en el PPA. Al
respecto, definió, con carácter vinculante y erga omnes, (i)
cuáles eran los requisitos para ser beneficiario de este plan; y (ii) los factores que debían ser considerados
para el cálculo de la pensión anticipada.
81.
Primero, respecto de
los requisitos para ser beneficiario del PPA, la Corte señaló que el
Instructivo señalaba, textualmente, lo siguiente:
Este PPA, según se mostró en las consideraciones de
este fallo, estaba dirigido a dos (2) clases de servidores. Primero, a los
trabajadores oficiales cubiertos por alguno de los regímenes especiales de
pensión, si además el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) les
faltaban siete (7) años o menos para adquirir la pensión.  Los regímenes
especiales eran tres (3), de acuerdo con el Instructivo. Uno, permitía
pensionarse con veinte (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50) años
de edad; otro con veinticinco (25) años al servicio del Estado y cualquier
edad; y uno más con veinte (20) años en cargos de excepción y cualquier edad.
Para estar en uno de ellos, el PPA exigía cumplir con otros requisitos. Por
una parte, el trabajador debía estar cubierto por el régimen de transición de
la Ley 100 de 1993 y, por otra, haber estado vinculado a la planta de
personal de TELECOM al momento de transformarse en Empresa Industrial y
Comercial del Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29) de diciembre de mil
novecientos noventa y dos (1992).  Segundo, el PPA se dirigía a los
trabajadores en cargos de excepción, que al treinta y uno (31) de marzo de dos
mil cuatro (2004) tenían “veinte (20) años de servicio a Telecom en uno
de esos cargos”. A estos grupos se dirigía el PPA. Quienes incumplían uno o
más de estos requisitos, quedaban fuera del ámbito del PPA (se resalta).
82.
La Corte Constitucional
interpretó que estar cubierto por el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1936 era un requisito indispensable para ser
beneficiario de este plan. Es decir, haber tenido el 1 de abril de 1994, 35
años o más de edad en el caso de las mujeres, o 40 años
o más de edad en el caso de los hombres, o 15 años o más de servicio, en
cualquier caso. Con fundamento en esta consideración, negó la solicitud de
amparo de los 51 accionantes, por cuanto ninguno de ellos se encontraba
cubierto por dicho régimen de transición. A título de ejemplo, la Corte negó la
solicitud de amparo del señor César Augusto Quintero Muñoz señalando que:
El señor César Augusto Quintero Muñoz (T-2587286)
nació el 26 de febrero de 1965, y trabajó al servicio de TELECOM desde el
primero (1) de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1984) hasta el
veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), fecha en la cual resultó
desvinculado de la entidad. Se desempeñó en el cargo de técnico de transmisión
IV, considerado en la compañía como ordinario. Consta que al término de su
relación se le pagó una suma de ochenta y cuatro millones trescientos cincuenta
y siete mil setecientos veinticuatro pesos ($84.357.724) por concepto de
indemnización, y una de seis millones novecientos seis mil doscientos ochenta y
nueve pesos ($6.906.289) a título de liquidación de prestaciones.  Ni TELECOM
ni el PAR le reconocieron en su oportunidad el derecho a ser incluida en el
PPA. A juicio de la Corte, este actor no cumplía los requisitos para adquirir
el derecho al PPA.  En efecto, era trabajador que ocupaba un cargo ordinario,
pero no tenía el 1° de abril de 1994 las condiciones para adquirir el derecho
al régimen de transición de la Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de
cuarenta (40) años de edad, y de otro tenía menos de quince (15) años de
servicios a favor de la compañía.  No prueba tampoco que hubiese prestado sus
servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para completar, en esa
fecha, los quince (15) años que exige la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA, en esta
condición de trabajador en cargo ordinario. Como no la cumple, su acción de
tutela debe entonces negarse (se resalta).
83.
La Corte precisó que los factores que
debían ser considerados para el cálculo de la pensión son los indicados en el
Instructivo. Así, a quienes se acogieran al PPA por la modalidad de los 20 años
al servicio del Estado y 50 de edad, o por 25 años al servicio del Estado en
cualquier edad, se les debía liquidar la pensión con base en el promedio de los
“factores legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 1994 y
el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los índices de precios al
consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”. Por su parte,
quienes se acogieran al PPA por la modalidad de 20 años de servicio “en
cargos de excepción” y en cualquier edad, se les debía liquidar la pensión
sobre la base del “promedio de los factores legales y extralegales
devengados en los últimos doce meses, es decir, el promedio de los valores
legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 2002 y el 31 de marzo
de 2003, indexados al 31 de diciembre de 2002”.
84.
En síntesis, en la
sentencia SU-377 de 2014, la Corte unificó la jurisprudencia constitucional en
relación con la interpretación del Instructivo mediante el cual TELECOM
comunicó a sus trabajadores los requisitos del PPA. Al respecto concluyó que: (i)
estar cubierto por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 era un
requisito indispensable para ser beneficiario de la pensión anticipada; y (ii)
que para los trabajadores que ocupaban cargos ordinarios se les debía
liquidar la pensión con base en el promedio de los “factores legales y
extralegales devengados entre el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003,
indexados anualmente con los índices de precios al consumidor causadas, hasta
el 31 de diciembre de 2002”.
(iii) La garantía
de estabilidad laboral derivada del denominado retén social
85.
El artículo 12 de la
Ley 790 de 2002 estableció la política comúnmente denominada “retén
social” en el marco del Programa de Renovación de la Administración
Pública (PRAP). Este artículo dispone que, de conformidad con la reglamentación
establecida por el Gobierno Nacional en el PRAP, “no podrán ser retirados
del servicio” tres grupos de personas: (i) las madres cabeza de
familia sin alternativa económica, (ii) las personas con limitación
física, mental, visual o auditiva y (iii) las personas próximas a
pensionarse. El Decreto 190 de 2003 reglamentó
parcialmente la Ley 790 de 2002, y estableció que las  madres
cabeza de familia sin alternativa económica son aquellas mujeres “con
hijos menores de 18 años de edad, biológicos o adoptivos” o con “hijos
inválidos que dependan económicamente  y de manera exclusiva de ellas”, y
aquellas “cuyo ingreso familiar corresponde únicamente al salario que
devenga del organismo o entidad pública a la cual se encuentra vinculada” (Decreto
190 de 2003, art. 1).
86.
En las sentencias SU-388
y 389 de 2005, reiteradas en la sentencia SU-377 de 2014, la Corte
Constitucional estableció quienes pueden ser considerados madres o padres
cabeza de familia. Así, en la sentencia SU-388 de 2005, la Corte señaló
que la condición de madre cabeza de familia no se adquiere solo por el
hecho de tener a su cargo la dirección del hogar.  Por el contrario, para
tener dicha condición es presupuesto indispensable:  “(i) que se tenga a
cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas
para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii)
no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja,
sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre;
(iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello
obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física,
sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la muerte; (v) por último, que
haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia,
lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el
hogar”.
87.
En la Sentencia SU-389
de 2005, la Corte sostuvo que para establecer quiénes podían ser calificados
como padres cabeza de familia “era
en principio válido extrapolar los criterios normativos usados para calificar a
una madre como cabeza de familia”[193].  Además,
la Corte enunció como situaciones típicas o claras de padres cabeza de familia,
las siguientes:
“(i) Que
los hijos propios, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que
vivan con él, dependan económicamente de él y que realmente sea una persona que
les brinda el cuidado y el amor que los niños requieran para un adecuado
desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención
sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de procesos
judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de
tales compromisos.
(ii) Que
no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que tiene
el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir
con su esposa o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o
moralmente, sea de la tercera edad, o su presencia resulte totalmente
indispensable en la atención de hijos menores enfermos, discapacitados o que médicamente
requieran la presencia de la madre.
(iii) Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le asiste de
acreditar los mismos requisitos formales que la Ley 82 de 1993 le impone a la
madre cabeza de familia para demostrar tal condición. En efecto, de conformidad
con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993: “esta condición (la
de mujer cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza de familia) y
la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento,
deberá ser declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos ante
notario, expresando las circunstancias básicas de su caso y sin que por este
concepto, se causen emolumentos notariales a su cargo”.
88.
En la Sentencia SU-389
de 2005, la Corte señaló que los efectos de
la decisión no solo cobijaban a los accionantes en ese caso, sino también a los
demás extrabajadores de TELECOM que cumplieran con los requisitos para ser
considerados como madres/padres cabeza de familia afectados por la liquidación
de la empresa. Por lo tanto, señaló que las personas que se encontraran en esas
mismas circunstancias tenían derecho a interponer una nueva tutela, sólo una,
para pedir la aplicación de las reglas sentadas por la Corte en esa decisión y
ser incluidas como beneficiaras del retén social:
“Noveno. Los padres cabeza de familia tendrán el plazo máximo de un (1)
mes, contado a partir de la notificación que deberá efectuar el liquidador de
la entidad, para acudir ante éste, a fin de acreditar y demostrar los
requisitos indicados en este fallo (Punto IV) para el reintegro y pago de los
salarios y prestaciones sociales.
Undécimo. Si el Liquidador de TELECOM encuentra que en algunos casos no se
acreditaron en debida forma los requisitos para ser beneficiarios del retén
social en calidad de padre cabeza de familia, deberá motivar su decisión
y   esas personas tendrán la posibilidad de entablar
individualmente la acción de tutela para que sus circunstancias sean evaluadas
por el juez constitucional”.
89.
Es importante precisar que
los efectos extendidos de la sentencia
SU-389 de 2005 solo habilitaron la presentación de una segunda acción de tutela
a quienes estuvieran en las hipótesis definidas dentro de esa decisión. Por lo
tanto, no puede inferirse que “quienes consideren afectados sus derechos por
la liquidación de Telecom tengan la libertad ilimitada de acudir sucesiva e
indefinidamente ante los jueces de tutela para promover reclamos por los mismos
hechos y basándose en los mismos derechos, cuando ya han obtenido un
pronunciamiento definitivo en discusiones previamente abordados por la justicia
constitucional”[194].
Lo anterior, por cuanto tal y como lo señaló la Corte en la Sentencia SU-377 de
2014, “la cosa juzgada a la cual hacen tránsito los fallos de tutela, cuando
se dan las demás condiciones mencionadas, no desaparece en el contexto de
liquidación de TELECOM. Tampoco lo hace el deber de obrar con lealtad dentro de
los procesos de tutela”.
90.
En relación con los prepensionados, la Ley
790 de 2002 establecía originalmente que estos eran únicamente quienes en el
término de tres (3) años, “contados a partir de la promulgación de la
presente ley” (es decir, desde el 27 de diciembre de
2002), cumplieran “con la totalidad de los requisitos, edad y
tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión de jubilación o de vejez”.
Luego, en la Sentencia SU-897 de 2012, la Corte unificó su jurisprudencia para
sostener que también tienen derecho al retén social en calidad de
prepensionados quienes en el término de tres (3) años, contados “a
partir del momento en que se determine la efectiva y real supresión del
cargo”, cumplan la totalidad de requisitos necesarios para adquirir el
derecho a una pensión de vejez o de jubilación[195].
(iv) Los defectos: procedimental por exceso ritual
manifiesto, desconocimiento del precedente y fáctico en la jurisprudencia
constitucional
91.
Defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto.
El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto se presenta cuando el juez
renuncia a conocer un caso de fondo[196]
y a proteger un derecho sustancial como resultado de una aplicación irreflexiva
de las normas procedimentales[197].
Este defecto encuentra su fundamento general en los artículos 29 y 228 de la
Constitución y, en materia laboral o de la seguridad social en el artículo 53
de la Constitución, los cuales establecen la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formalidades como un principio orientador de los procedimientos
judiciales y como una herramienta para la efectiva protección del derecho de
acceso a la administración de justicia[198].
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el juez vulnera el derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia siempre que: “(i) no tiene
presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de
los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad
jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la
aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha
actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales”[199].
92.
En estos términos, la Corte Constitucional[200] ha
identificado que este defecto se configura cuando el juez: (i) aplica
disposiciones procesales “que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto”[201]; (ii) exige el cumplimiento de
requisitos formales a pesar de que estos puedan constituir “cargas
imposibles de cumplir para las partes”[202];  y (iii) incurre “en un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”[203].
93.
La Corte
Constitucional ha señalado que la configuración de un exceso ritual manifiesto
debe ser valorado en cada caso concreto[204].
En estos términos ha precisado que este defecto solo se configura cuando la
aplicación de las normas procesales por parte del juez “puede
ser catalogada como desproporcionada, en virtud de los hechos y medios que
rodean la presunta afectación de los derechos fundamentales”[205].
94.
El defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto en sentencias de casación laboral. La Corte Constitucional ha estudiado la
configuración del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en
sentencias de casación laboral. En concreto, diversas Salas de Revisión de
Tutela han valorado si este defecto se configura en casos en los que la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia constata que la sentencia de
instancia recurrida podría vulnerar un derecho fundamental o principio
constitucional, pero se abstiene de analizar el fondo de las alegaciones
presentadas en el recurso de casación y casar la sentencia, por errores de
técnica en la formulación del recurso. A continuación, se presenta un breve
recuento jurisprudencial de las decisiones de las Salas de Revisión de Tutela
frente a este punto.
95.
En la Sentencia T-1306
de 2001 la Sala Sexta de Revisión de Tutelas concluyó que la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de hecho al negarse
a casar una sentencia por errores de técnica en la formulación del recurso, a
pesar de que comprobó que el recurrente tenía derecho a la pensión de
jubilación. En este caso, el
señor Florentino Enrique Méndez Espinosa inició un proceso ordinario laboral en
contra del Banco Popular, como último patrón oficial, con el fin de que le
fuera reconocida la pensión de jubilación a partir de la fecha en que cumplió
cincuenta y cinco años de edad. En primera instancia, el Juzgado Sexto Laboral
del Circuito de Bogotá profirió sentencia condenatoria contra el Banco Popular,
ordenándole el pago de la pensión de jubilación. Este fallo, sin embargo, fue
revocado en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá. El accionante interpuso recurso de casación en
contra de la sentencia del Tribunal ante la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia quien decidió no casar la sentencia. En su decisión
la Corte Suprema de Justicia reconoció que el accionante tenía derecho a la
pensión de jubilación, sin embargo, concluyó que “por razones de técnica la acusación no tuvo éxito”[206].
96.
El ciudadano Méndez
Espinosa interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de casación
argumentado que la Sala de Casación Laboral había desconocido sus derechos
fundamentales, en particular el derecho a la pensión de jubilación, por un
excesivo apego a las normas procesales. La Sala Sexta de Revisión de tutelas de
la Corte Constitucional, concluyó que la Sala de Casación Laboral había
incurrido en “una vía de
hecho”. La Corte
Constitucional reconoció que el recurso de casación tiene un carácter
dispositivo, excepcional y rogado, sin embargo, precisó que en estos casos “la naturaleza irrenunciable de tales
derechos (laborales) prima sobre el carácter dispositivo que
en términos generales tiene la casación” por ello,  “si en el
desarrollo de su labor como Tribunal de Casación, la Corte Suprema evidencia,
de los cargos formulados por el recurrente –así estos carezcan de la técnica
respectiva- o derivado del análisis de los mismos, una vulneración de derechos
fundamentales, es su deber, en virtud de la reconocida eficacia de la casación
para la protección de derechos fundamentales, hacer efectivo el amparo de tales
derechos en la sentencia de casación”[207]. Por lo tanto, resolvió dejar sin efectos la sentencia
de casación y ordenarle a la Sala de Casación Laboral proferir una nueva
sentencia de reemplazo.
97.
Posteriormente, en la Sentencia T-605 de
2015, la Sala Quinta de Revisión de Tutelas resolvió que la Sala de Casación
Laboral incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al
abstenerse de casar una sentencia por errores de técnica, a pesar de comprobar
que la recurrente tenía derecho a la pensión de sobrevivientes. En este caso,
la señora Delia Urueña Tovar (la accionante) participó en un proceso ordinario
laboral en el que solicitaba que se declarara su calidad de compañera
permanente del fallecido señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra, y en
consecuencia, se le reconociera el beneficio de la pensión de sobrevivientes.
Para probar la convivencia con el difunto, la accionante aportó copia auténtica
de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué que
declaró que entre la señora Urueña Tovar y el señor Alvís Bocanegra existió una
unión marital de hecho. En las decisiones de instancia, el Juzgado Civil del
Circuito de Lérida y el Tribunal Superior de Ibagué negaron las pretensiones de
la señora Urueña Tovar bajo el argumento de que esta había presentado la
sentencia, que demostraba la existencia de la unión marital de hecho, de manera
extemporánea.
98.
La
señora Urueña Tovar interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de
segunda instancia argumentando que esta era contraria a ley sustancial con
fundamento en dos cargos. Primero, sostuvo que el Tribunal “incurrió en un error de
hecho manifiesto, al no apreciar el valor de dicha prueba, con la que se
demuestra que efectivamente Delia Urueña es la verdadera compañera permanente
del fallecido”[208].
Segundo, señaló que la sentencia no estaba “en consonancia con las
pretensiones de la demanda por Mínima Petita, toda vez que se omitió decidir
sobre la primera pretensión invocada en el Libelo introductorio del Proceso”[209]. La Sala de Casación
Laboral rechazó el recurso de casación por erros de técnica en la formulación de
los cargos. En particular, señaló que el primer cargo “no cumplió la exigencia
de consagrar el derecho subjetivo reclamado ni demostró que dicha disposición
constituyó el fundamento de la sentencia atacada”[210]. En cuanto al segundo cargo,
estimó que los errores “in procedendo” no era denunciables en casación
“porque
son argumentos propios de un alegato de instancia y sin mérito para desvirtuar
la presunción de legalidad y acierto de que gozan las decisiones judiciales
adoptadas”[211].
Por estas razones, no casó la sentencia proferida por el citado Tribunal.
99.
La
señora Urueña Tovar interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de
casación argumentando que la Sala de Casación Laboral “al no tener en cuenta la
declaración judicial de la unión marital de hecho, prueba que la legitimaba
para interponer el recurso de casación, vulneró sus derechos fundamentales a la
familia, a la seguridad social, a la igualdad y al debido proceso”. La Sala Quinta de Revisión
de tutelas de la Corte Constitucional concluyó que la Sala de Casación Laboral
incurrió en un exceso ritual manifiesto. Al respecto, recordó que “la casación se concibe con el propósito
de garantizar la justicia material y con ello hacer efectivo el principio de
prevalencia del derecho sustancial, artículo 228 Superior. Desde esta
perspectiva, la casación ‘es una institución jurídica destinada a hacer
efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que
intervinieron en un proceso’[212]”. Con fundamento en ello, sostuvo que “al resolver la
demanda de casación interpuesta por la accionante contra el fallo de segunda
instancia dentro del proceso ordinario laboral, [la Sala de Casación
Laboral] incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
por darle prevalencia a rigurosidades procesales, y expresar indiferencia
al derecho sustancial”.
100.
Finalmente, en la Sentencia
T-243 de 2017 la Sala Segunda de Revisión declaró improcedente una acción de
tutela presentada por el señor Jorge Gaitán Mendoza en contra de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que el demandante
argumentaba que esta autoridad judicial había incurrido en un exceso ritual
manifiesto al negarse a casar una sentencia, con fundamento en supuestos
errores de técnica en la formulación del recurso.
101.
En este caso, el señor
Gaitán Mendoza había interpuesto demanda ordinaria laboral en contra de la Sociedad Operaciones Sísmicas Petroleras
-OPSIS S.A y la Empresa Colombiana de Petróleos -ECOPETROL S.A. Alegó que
durante más de un año había trabajado como geólogo para OPSIS S.A en un
programa sísmico del cual ECOPETROL S.A era supuestamente beneficiaria y, sin
embargo, a la terminación del contrato estas sociedades no le habrían pagado la
totalidad de salarios y prestaciones sociales a las que tenía derecho. En
primera instancia, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá condenó a
OPSIS S.A y a ECOPETROL S.A a pagar las acreencias laborales. En segunda instancia,
sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena en contra de
ECOPETROL S.A por cuanto consideró que no “se dio por acreditado que hubiese fungido como
empleadora de aquel o que fuese beneficiaria directa de sus actividades”[213]. El señor Gaitán Mendoza interpuso recurso extraordinario
de casación en el que argumentó que el Tribunal Superior había violado por la
vía directa e indirecta el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el
cual que establece la solidaridad de responsabilidad entre el contratista independiente y el beneficiario
de la labor o dueño de la obra.
102.
Al resolver el recurso
de casación, la Sala de Casación Laboral resolvió no casar la sentencia por
cuanto encontró que el recurrente había incurrido en múltiples errores de
técnica en la formulación de los cargos de casación, a saber: (i) “(…)
el recurrente propone la violación directa de unas normas, pero al intentar su
demostración no trata de lograrla desde  el concepto o modalidad en que la
reputa”; (ii) el
recurrente propuso la aplicación indebida y la
interpretación errónea de manera concurrente; y (iii) no indicó los
puntuales errores de apreciación sobre cada uno de los medios de prueba
allegados. Por el contrario, presentó consideraciones que constituían “una especie de alegación de instancia
alrededor de la trascendencia de la responsabilidad solidaria en materia
laboral”[214].
103.
La Sala Segunda de Revisión
de tutelas declaró la tutela improcedente por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad. Resaltó que, tal y como lo había señalado la Sala de Casación
Laboral, el demandante no había expuesto argumentos lógicos ni evidencia que
demostrara siquiera prima
facie que el Tribunal Superior
había desconocido el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. En este sentido,
concluyó que la acción de tutela no podía ser utilizada como un mecanismo para
subsanar los errores de técnica en la formulación del recurso de casación, “[d]e esta manera, si la parte afectada
no ejerce las acciones ni utiliza los recursos ordinarios o extraordinarios
establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos
amenazados o vulnerados, o incluso hace un uso inadecuado o negligente de
ellos, el mecanismo de amparo constitucional no puede ser empleado con fines de
corrección o enmienda para pasar por alto las faltas sustantivas o procesales
cometidas, debido a que su ejercicio no se corresponde con el objetivo de
retrotraer términos o reestablecer escenarios procesales ya tramitados y
concluidos, ni tampoco con el propósito de servir como remedio de solución
paralelo a las instancias previstas en cada jurisdicción.”
104.
En estos términos, de
la jurisprudencia transcrita la Sala Plena concluye que el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto se configura en estos casos cuando
la Sala de Casación Laboral desconoce la prevalencia del derecho sustancial al aplicar
los requisitos de técnica de la casación de manera “irreflexiva”, “desproporcionada” o “exagerada”. Esta evaluación debe hacerse en cada caso concreto por el juez de
tutela teniendo en cuenta, entre otros: (i)
la naturaleza de los errores de técnica en el recurso de casación (salvables o
insalvables); (ii) la importancia constitucional de los
derechos y principios sustanciales que subyacen a la controversia ordinaria; y (iii)
la evidencia que existe de que estos derechos y principios fueron
vulnerados o desconocidos en las sentencias de instancia. Sin embargo, en
términos generales, la aplicación de los requisitos de técnica es
desproporcionada cuando la Sala de Casación de Laboral desconoce la dimensión
constitucional del recurso de casación y no aplica un criterio de valoración flexible
en la evaluación formal de los cargos. Es decir, cuando, por la existencia de
errores de técnica en la formulación del recurso, se abstiene de analizar el
fondo de las alegaciones presentadas y/o casar la sentencia, a pesar de que
existe evidencia de que la sentencia recurrida podría vulnerar derechos fundamentales
del recurrente o desconocer principios constitucionales.
105.
Defecto por
desconocimiento del precedente. El defecto por desconocimiento del precedente se configura cuando, a
pesar de existir un precedente vinculante y vigente, la autoridad judicial lo
desconoce en un caso concreto, sin ofrecer una razón suficiente para apartarse[215]. Esta
causal encuentra fundamento constitucional en por lo menos cuatro principios
constitucionales: (i) el principio de igualdad en la aplicación
de la ley, que exige tratar de manera igual situaciones análogas; (ii)
el principio de seguridad jurídica; (iii) los principios de buena fe y
de confianza legítima, los cuales imponen el deber de respetar las expectativas
generadas por las reglas judiciales previas; y (iv) el rigor judicial y
coherencia en el sistema jurídico[216].
106.
La Corte Constitucional
ha definido el precedente judicial como “la sentencia o el conjunto de
ellas, anteriores a un caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en
los problemas jurídicos resueltos, debe considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo”[217]. Existen
dos tipos de precedente. De un lado, el precedente horizontal que corresponde a
las decisiones judiciales emitidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o
el mismo funcionario. De otro, el precedente vertical, que se refiere a las
providencias judiciales proferidas por el superior funcional jerárquico o por
el órgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia en su jurisdicción[218].
107.
La jurisprudencia
constitucional[219]
ha precisado cuales son los precedentes de la Corte Constitucional que deben
ser atendidos por las autoridades judiciales y cuyo desconocimiento da lugar a
la configuración de este defecto. En primer lugar, las sentencias de
constitucionalidad. En estos términos, existe desconocimiento del precedente
cuando las autoridades judiciales no acatan la jurisprudencia que la Corte
profiere en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Esto puede
ser consecuencia de: (i) la aplicación de disposiciones de orden legal
declaradas inexequibles, (ii) la aplicación de disposiciones legales
cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución y son
condicionadas, y (iii) la resolución de casos concretos, que exigen la
aplicación del derecho ordinario, que se realiza en contravía de la ratio
decidendi de las sentencias de constitucionalidad que expide la Corte.
108.
En segundo lugar, las
sentencias en las que la Corte Constitucional, bien sea por sus Salas de
Revisión (sentencias T) o la Sala Plena (sentencia SU) fija el alcance de los
derechos fundamentales. El desconocimiento de estas decisiones tiene dos
modalidades. Primero, el desconocimiento del precedente constitucional strictu
sensu, que supone el desconocimiento de una sentencia anterior que, por
guardar identidad fáctica y jurídica con el caso actual, debía considerarse, en
atención a la regla de decisión que contenía. Segundo, el desconocimiento de la
jurisprudencia constitucional, esto es, de aquellas “pautas plausibles de
orientación a los tribunales y jueces de niveles subalternos”, que se
dilucidan de la pluralidad de decisiones consistentes y anteriores, relativas a
un tema en particular, que no necesariamente debe guardar identidad fáctica con
el caso objeto de decisión.
109.
Por último, la
jurisprudencia constitucional ha indicado que si los jueces pretenden apartarse
del precedente constitucional o de la jurisprudencia en vigor deben: (i) hacer explícitas las razones
por las cuales se abstienen de aplicar el precedente o de seguir la
jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial; y (ii)
demostrar que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla y amplía,
de mejor manera, el contenido de los derechos, principios y valores
constitucionales objeto de protección[220].
En ese sentido, para la Corte resultan contrarias al debido proceso, entre
otras, (i) el incumplimiento de una carga mínima de argumentación que, a
partir del principio de razón suficiente, justifique apartarse del precedente
constitucional; y (ii) la simple omisión o negativa del juez en su
aplicación, a partir de un erróneo entendimiento de la autonomía judicial o en
un ejercicio abusivo de ella.
110.
Defecto fáctico. El defecto fáctico se configura
cuando “resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para
aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”[221].
Este defecto tiene una dimensión positiva y otra negativa. La primera, se presenta
cuando el juez “niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y
caprichosa[222]
u omite su valoración[223]
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente”[224].
La segunda se presenta en aquellos eventos en que el juez “aprecia pruebas
esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no
ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin
que exista material probatorio que respalde su decisión, y de esta manera
vulnere la Constitución”[225].
111.
En estos términos, el
defecto fáctico se presenta cuando en un proceso judicial (i) dejaron de
practicarse pruebas determinantes para dirimir el conflicto, o que (ii)
habiendo sido decretadas y practicadas, no fueron apreciadas por el juez bajo
la óptica de un pensamiento objetivo y racional, o que (iii) carecen de
aptitud o de legalidad, bien sea por su inconducencia, impertinencia o porque
fueron recaudadas de forma inapropiada[226].
E. CASO CONCRETO
112.
La Sala Plena
analizará si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia incurrió
en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al negarse a conocer el
fondo de los reparos planteados por el PAR TELECOM en los cargos de casación (i)
segundo y tercero (legitimación del PAR para solicitar la revocatoria de las condenas
ordenadas en contra de las sociedades fiduciarias); (ii) noveno y décimo (plan de pensión anticipada - PPA); (iii)
sexto (retén social); y (iv) cuarto y quinto (sanción moratoria). Igualmente,
analizará si como consecuencia de dicho exceso ritual manifiesto la Sala Laboral
incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente y/o defecto fáctico.
(i) La Sala de
Casación Laboral no incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al desestimar los cargos de casación segundo y tercero
113.
En los cargos de
casación segundo y tercero el PAR TELECOM solicitó a la Sala de Casación
Laboral casar las condenas que fueron interpuestas por el Tribunal Superior de
Barranquilla en contra de FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A. Argumentó que
la sentencia de segunda instancia violó la ley sustancial por la vía directa e
indirecta, al imponer condenas a cargo de las sociedades fiduciarias lo cual desconocía
“que el patrimonio de los bienes objeto del fideicomiso es sustancialmente
diferente al patrimonio propio del ente fiduciario”[227].
114.
La Sala de Casación
Laboral desestimó ambos cargos, en tanto consideró que el PAR TELECOM “carece
de legitimación y representación para controvertir la condena”[228]
en contra de FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A. Al respecto, precisó que estas
sociedades “son personas jurídicas de derecho comercial, independientes y
autónomas del patrimonio del recurrente, con capacidad para ser parte y
comparecer al proceso, por lo cual fluye en evidente que tenían la carga
procesal de discutir las decisiones jurisdiccionales que, como la impugnada,
les resultaran adversas”[229].
En este sentido, concluyó que dado que (i) las sociedades fiduciarias no interpusieron recurso de casación; y (ii) el PAR TELECOM no estaba legitimado para controvertir
las condenas ordenadas en contra de estas sociedades, no era posible analizar
el fondo de los cargos segundo y tercero.
115.
La Sala Plena considera
que la Sala de Casación Laboral no vulneró el derecho al debido proceso del PAR
TELECOM al resolver estos cargos, por cuanto su interpretación de la
legislación comercial y procesal aplicable fue razonable. Lo anterior, por tres
razones.
116.
Primero. No existe ninguna disposición comercial o procesal
que establezca que los patrimonios autónomos representan judicialmente al ente
fiduciario o están legitimados para controvertir condenas ordenadas en contra
de las sociedades fiduciarias que los administran. Ello es así, principalmente
porque las sociedades fiduciarias son personas jurídicas, y en ese sentido, de
acuerdo con el artículo 53 del Código General del Proceso, tienen capacidad
para ser parte en un proceso. Ahora bien, los artículos 53 y 54 del Código
General del Proceso establecen que los patrimonios autónomos tienen capacidad
para ser parte en un proceso y comparecerán “por
medio del representante legal o apoderado de la respectiva sociedad fiduciaria,
quien actuará como su vocera”[230].
En el mismo sentido, el artículo 1234 del Código de Comercio señala que es
deber del ente fiduciario “llevar
la personería para la protección y defensa de los bienes fideicomitidos contra
actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente”. Como puede verse, estas disposiciones
establecen que los patrimonios autónomos comparecen a los procesos judiciales
mediante sus sociedades fiduciarias, que en estos casos actúan como sus voceras.
Sin embargo, ello no significa que (i) por ministerio de la ley los patrimonios autónomos ostenten la
representación judicial de las sociedades fiduciarias; y (ii) que las sociedades fiduciarias actúen a nombre propio cuando comparecen a un proceso en
calidad de voceras de los patrimonios autónomos. Por el contrario, cuando
comparecen a un proceso en calidad de voceras de un patrimonio autónomo, las
sociedades fiduciarias están defendiendo los intereses del patrimonio autónomo,
no los propios. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia
constitucional y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
117.
En efecto, en el Auto 204 de 2017 la Corte Constitucional
señaló que “acorde con lo dispuesto en el artículo 1234 del Código de
Comercio, dentro de los deberes indelegables del fiduciario se
encuentra el de “llevar la personería para la protección y defensa de los
bienes fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aun del
mismo constituyente” (subrayado y negrilla fuera de texto original). Así las
cosas, en el plano sustancial, el fiduciario es quien debe obrar por el
patrimonio autónomo cuando la dinámica que le es inherente lo exija, sin que esto implique que la sociedad
fiduciaria actúa en nombre propio, sino en su calidad de vocera del patrimonio
autónomo” (negritas fuera
de texto).
118.
En el mismo sentido, la
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de
Justicia ha sostenido que cuando una sociedad fiduciaria comparece a un proceso
como vocera del patrimonio autónomo del cual es fiduciaria, no
participa a nombre propio, sino en defensa de los intereses del patrimonio
autónomo. No puede interpretarse que en estos casos la sociedad fiduciaria está
defendiendo sus propios intereses. En este sentido, la Sala de Casación Laboral
ha señalado que si en un proceso ordinario la sociedad que actúa como
fiduciaria es condenada por obligaciones que estaban a cargo de un patrimonio
autónomo del cual era administradora, es esta la que debe interponer el recurso
de casación a nombre propio. En estos casos, no es posible que el
recurso de casación sea interpuesto por el patrimonio autónomo para defender
los intereses del ente fiduciario[231].
119.
Segundo. Las sociedades FIDUAGRARIA S.A Y
FIDUCIAR S.A no interpusieron el recurso de casación en contra de la sentencia
de segunda instancia. En este punto es importante resaltar que estas sociedades
fiduciarias fueron vinculadas y participaron en el proceso ordinario en dos
calidades: (i) como voceras del PAR
TELECOM; y (ii) como personas jurídicas independientes, es
decir como partes procesales independientes. En la sentencia de segunda instancia, las sociedades
fiduciarias fueron condenadas solidariamente con el PAR TELECOM, en su calidad
de personas jurídicas independientes, a pagar las condenas por pensiones
anticipadas y por indemnización sustitutiva del retén social.  En estos
términos, las sociedades fiduciarias debían haber interpuesto el recurso de
casación a nombre propio, con el objeto de que las condenas
ordenadas en su contra fueran revocadas. Sin embargo, tal y como lo señaló la
Sala de Casación Laboral, el recurso de casación fue interpuesto únicamente por
el PAR TELECOM[232].
120.
Tercero. El incidente de nulidad interpuesto por
las sociedades fiduciarias en contra de la sentencia de casación demuestra que estas
eran una parte independiente en el trámite de casación (ver fundamentos 17-19 supra). De hecho, en este incidente, las fiduciarias
solicitaron la nulidad precisamente con el argumento de que no fueron
notificadas independientemente del inicio del trámite de casación y no se les
corrió traslado del recurso de casación interpuesto por el PAR TELECOM a pesar
de que eran parte en el proceso. Como se expuso (fundamentos 17-19 supra), la Sala de Casación Laboral rechazo de plano la
solicitud de nulidad, porque
consideró que la irregularidad procesal se encontraba saneada [233].
121.
Por las razones
expuestas, la Corte considera que la Sala de Casación Laboral no incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ni de ningún otro tipo, al
resolver los cargos de casación segundo y tercero.
(ii) La Sala de
Casación Laboral incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al desestimar los cargos de casación noveno y décimo sin realizar un
estudio de fondo
122.      En
los cargos de casación noveno y décimo, el PAR TELECOM solicitó a la Sala de Casación Laboral (i)
casar las condenas impuestas por el Tribunal Superior de Barranquilla por concepto
de pensión anticipada; o (ii) en su defecto, corregir la forma en que
estas pensiones fueron liquidadas. Como fundamento de su solicitud, argumentó
que el Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en una violación indirecta
de la ley sustancial por aplicación indebida, en tanto apreció indebidamente la
Convención Colectiva de Trabajo y el Instructivo del PPA[234].
123.      En
particular, en el cargo noveno el PAR sostuvo que los demandantes no tenían
derecho a ser incluidos en el PPA porque no estaban cubiertos por el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Al respecto,
indicó que la adenda al artículo 2º de la Convención Colectiva de Trabajo y el
Instructivo del PPA contemplaron textualmente “el deber de estar cobijado
por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993”[235] como uno de los requisitos para ser
beneficiario del PPA. En efecto, la adenda al artículo de la Convención
Colectiva de Trabajo establecía que TELECOM reconocía modalidades especiales de
pensión únicamente a aquellos trabajadores “cobijados por el régimen de
transición en el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”. Por su
parte, el Instructivo señalaba que el PPA estaba dirigido a los trabajadores
“cobijados por alguno de los regímenes especiales de pensión”, y que para estar
“cobijado por los regímenes especiales de pensiones” el trabajador
debía estar cubierto por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 1993.
124.      Por
su parte, en el cargo décimo el PAR TELECOM señaló que el Tribunal Superior de
Barranquilla interpretó equivocadamente el Instructivo, lo que lo llevó a
concluir “que la pensión extralegal se liquidaría con base en el promedio
salarial del último año de servicio”[236].
125.      La
Sala de Casación Laboral desestimó ambos cargos con base en consideraciones
similares. En primer lugar, observó que el PAR TELECOM “dejó incólume varios
de los asertos cardinales de la decisión confutada”[237]. Lo anterior, por cuanto
denunció la aplicación indebida del Instructivo y la Convención Colectiva a
pesar de que el Tribunal no había aplicado estos documentos para arribar a sus
conclusiones. Por el contrario, el Tribunal aplicó los Decretos 1835 de 1994 y
2661 de 1960 para concluir que no era necesario estar cobijado por la Ley 100
de 1993 para acceder al PPA[238], y el Decreto
2201 de 1987, para concluir que la pensión debía liquidarse con base en el promedio
salarial del último año de servicio. En segundo lugar, y con base en la
anterior consideración, señaló que el PAR TELECOM debió haber atacado la
sentencia del Tribunal por la vía directa, demostrando cuales eran los errores
de interpretación en los que el Tribunal había incurrido al aplicar dichos
decretos[239]. Finalmente, sostuvo que, aun
si el cargo décimo se analizara con laxitud, la revisión del Instructivo y el
Acta 1782 de la Junta Directa de TEELCOM, mediante la cual el PPA fue aprobado,
daban cuenta que, por lo menos en algunos casos, la pensión “debía
calcularse con base en el promedio de los ingresos del último año de trabajo”.
126.      En
la acción de tutela, el PAR TELECOM argumentó que la Sala de Casación Laboral
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al desestimar
estos cargos. Lo anterior, por dos razones específicas (i) “respecto
del cargo de casación [la Sala de Casación Laboral] afirma que se
incurre en las mismas deficiencias técnicas del sexto cargo, sin precisar
cuáles son”[240]; y (ii) “la Sala indica
que el fundamento normativo de la sentencia recurrida eran los Decretos 1835 de
1994 y 2261 de 1960, es decir, involucra cuestiones jurídicas en un cargo
indirecto”[241].
127.      La
Corte considera que la Sala de Casación Laboral incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto al desestimar los cargos noveno y
décimo y abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo sobre los reparos
planteados. La Sala Plena considera que la aplicación de los requisitos de
técnica del recurso de casación en la valoración formal de estos cargos fue
desproporcionada por dos razones: (a)
el PAR TELECOM no incurrió en errores de técnica en la formulación
de los cargos noveno y décimo; y (b)
la Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional del recurso
de casación pues, a pesar de que existía evidencia de que la sentencia del
tribunal podría generar una afectación el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, se abstuvo de analizar los cargos de fondo.
(a) El
PAR TELECOM no incurrió en un error de técnica en la formulación de los cargos
noveno y décimo
128.      El
PAR TELECOM no incurrió en errores de técnica en la formulación de los cargos
noveno y décimo por tres razones.
129.      Primera.
El PAR TELECOM presentó los cargos de casación por desconocimiento del
Instructivo del PPA de acuerdo con lo que a este respecto ha señalado la
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral. La Sala de Casación Laboral ha
señalado que existen dos géneros de violación de la ley sustancial: la
vía directa, mediante la cual se alega la existencia de yerros jurídicos en
la sentencia de instancia, y la vía indirecta
mediante la cual se alegan errores fácticos o probatorios[242]. En reiterada jurisprudencia, la Sala de
Casación Laboral ha señalado que las Convenciones Colectivas y los pactos de
pensión extralegales son pruebas, y por tanto, cualquier alegación relativa a su
valoración errada debe ser encausada por la vía indirecta[243].
130.      En
concordancia con lo anterior, en repetidas ocasiones la Sala de Casación
Laboral[244], en línea con lo decidido por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-377 de 2014, ha señalado que (i)
el Instructivo del PPA es una prueba,
por lo tanto, un cargo presentado en contra de la interpretación que del
Instructivo haga el juez de instancia debe plantearse por la vía indirecta,
como cualquier pacto de pensión extralegal, (ii) el Instructivo es el
documento que contiene los requisitos para acceder al PPA; (iii) el
Instructivo establece de manera expresa que pertenecer al régimen de transición
de la Ley 100 de 1993 es un requisito indispensable para ser beneficiario del
PPA; y (iv) con base en lo anterior, la Sala de Casación Laboral ha
rechazado cargos de casación en los que extrabajadores de TELECOM argumentaban ser
beneficiarios del PPA a pesar de no estar cobijados por la Ley 100 de 1993, argumentando
que se les debía aplicar un régimen de pensión especial, y por lo tanto, el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no les era aplicable.
131.      A
título de ejemplo, en la sentencia SL17435-2017 del 25 de octubre de
2017, la Sala de Casación Laboral señaló que:
De lo
anterior, no se observa que el juez de apelaciones hubiera incurrido en
equívoco protuberante al valorar el citado instructivo, pues del mismo no
coligió nada diferente a lo que indica su literalidad, que no es otra cosa
que para ser destinatario del plan de pensión anticipada que ofreció Telecom,
era necesario estar cobijado por alguno de los regímenes especiales de pensión
y que le falte 7 años o menos para cumplir con los requisitos a 31 de marzo de
2003; así mismo, que conforme a la adenda del artículo 2 de la convención
colectiva de trabajo 1996-1997, que refiere este instructivo, para que un
trabajador esté amparado por un régimen especial de pensión de Telecom debe
estar cubierto necesariamente por el régimen de transición establecido en el
inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, requisito que echó de menos
el Tribunal frente a los demandantes, y cuyo incumplimiento es aceptado por la
censura en la demostración del cargo, aun cuando alega que para su exigencia
debió estar aprobado por la junta directiva de la entidad TELECOM, situación
que por demás, no se deriva del texto del referido instructivo.
Así las
cosas, no le cabe duda a la Sala que tal instructivo que contiene las
condiciones para acceder a la pensión anticipada (PPA), tiene carácter
vinculante, por ende, quien pretenda beneficiarse de ese plan debe reunir los
requisitos allí señalados, entre ellos, ser beneficiario de la transición, como
lo dedujo el Tribunal.
Y ello es
así, por cuanto, como ya lo ha dicho esta Sala, cuando se dispone una pensión
especial, esto es, que constituye una excepción a la regla general pensional,
por su estrictez y taxatividad, solo se accede a ella si se cumplen exactamente
la totalidad de los requisitos impuestos por las partes (CSJ SL, 20 oct. 2006,
rad. 27780) para este caso, además de la edad o el tiempo de servicios en
cualquiera de los regímenes especiales de pensiones mencionados, debe estar
la persona o presunto beneficiario en transición conforme el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por así condicionarlo al instructivo de marras y la adenda
convencional[245] (resaltado fuera del texto).
132.
Como puede verse, la
propia Sala de Casación Laboral ha señalado que el Instructivo es el documento
que contiene los requisitos para ser beneficiario del PPA y este dispone que
estar cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, es una
condición indispensable para acceder a dicho beneficio. Por lo tanto, la
formulación de un cargo de casación que (i) se presente por la vía
indirecta, (ii) en el que se demuestre que el juzgador de instancia
incurrió en una aplicación indebida de este Instructivo y (iii) como
consecuencia de ello, le concedió la pensión anticipada a individuos que no
estaban cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debe ser
analizado de fondo por la Sala de Casación Laboral. Lo mismo ocurre en los
casos en lo que el recurrente demuestre que el juzgador de instancia liquidó la
pensión anticipada sin atender los requisitos dispuestos en el Instructivo[246].
133.
En el caso sub
examine, el PAR TELECOM presentó los cargos de casación noveno y décimo en
atención a estos criterios. En efecto, encausó los cargos por la vía indirecta.
Además, expuso que el Tribunal interpretó equivocadamente el Instructivo, y
como consecuencia de ello, le habría concedido la pensión anticipada a personas
que no estaban cobijadas por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y habría
liquidado sus pensiones sin atender lo dispuesto en el Instructivo. Por lo
tanto, la Sala de Casación Laboral debía analizar, de fondo, si el Tribunal
Superior de Barranquilla había incurrido en la violación a la ley sustancial
denunciada por el PAR TELECOM.
134.
Segunda. La Corte Constitucional considera que no es cierto
que el PAR TELECOM “dejó incólume varios de los asertos cardinales de la
decisión confutada”[247]
por no controvertir la interpretación que el Tribunal hizo de los Decretos 1835
de 1994 y 2261 de 1960 (cargo noveno) y el Decreto 2201 de 1987 (cargo décimo).
Una lectura integral de los cargos presentados a la luz de un estándar flexible
permitía entender que el PAR TELECOM sí controvirtió la aplicación de los
citados decretos. En efecto, la premisa sobre la que se fundamentaban sus
alegaciones era que los requisitos para acceder al PPA y la forma en que la
pensión debía liquidarse se encontraban exclusivamente señalados en el
Instructivo y la Convención Colectiva. Precisamente por esa razón, (i) en opinión del PAR TELECOM, los Decretos 1835 de 1994
y 2261 de 1960 no eran aplicables para determinar si los demandantes tenían
derecho a la pensión anticipada; y (ii) tampoco era necesario que el PAR TELECOM controvirtiera la
interpretación específica de dichos decretos.
135.
Tercera. La Corte no comparte el argumento de la
Sala de Casación Laboral respecto del cargo décimo en el sentido de que “aun
si con laxitud se examinara la estimación del cargo, entendiendo que al hacer
alusión al plan de pensión anticipada, extiende sus reparos al acta que le
aprobó, no habría lugar a derivar de su lectura, la existencia de un error
protuberante, pues ese documento indica que, en algunos eventos, para el
reconocimiento pensional, la liquidación de la mesada será sobre el 75% del
ingreso base de liquidación promedio del último año, en la forma que lo concluyó
el ad quem (…)”[248].
136.
Al respecto, la Sala
Plena advierte que una simple lectura de la sentencia del Tribunal y del
recurso de casación daba cuenta que todos los demandantes a los que se les
concedió la pensión anticipada (con excepción de Gonzalo Enrique Triana
Vergara) eran trabajadores oficiales. Como se expuso, el Instructivo
establecía que a quienes se acogieran al PPA por la modalidad de los 20 años al
servicio del Estado y 50 de edad, o por 25 años al servicio del Estado en
cualquier edad (trabajadores oficiales), se les debía liquidar la pensión con
base en el promedio de los “factores legales y extralegales devengados entre
el 01 de abril de 1994 y el 31 de marzo de 2003, indexados anualmente con los
índices de precios al consumidor causadas, hasta el 31 de diciembre de 2002”.
Por su parte, quienes se acogieran al PPA por la modalidad de 20 años de
servicio “en cargos de excepción” y en cualquier edad, se les debía liquidar la
pensión sobre la base del “promedio de los factores legales y extralegales
devengados en los últimos doce meses, es decir, el promedio de los valores
legales y extralegales devengados entre el 01 de abril de 2002 y el 31 de marzo
de 2003, indexados al 31 de diciembre de 2002”. En este entendido, el
argumento de la Sala de Casación Laboral no es atendible, o por lo menos solo
era aplicable a Gonzalo Enrique Triana Vergara, quien era el único extrabajador
que ocupaba un cargo de excepción de acuerdo con lo decidido por el Tribunal[249].
(b)
La Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional del recurso
de casación pues, a pesar de que existía evidencia de que la sentencia del
tribunal podría generar una afectación el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, se abstuvo de analizar el fondo de los cargos
137.
La Corte advierte que
la Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional del recurso
de casación pues, a pesar de que existía evidencia de que la sentencia del
tribunal podría generar una afectación el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, se abstuvo de analizar los cargos de fondo.
138.
Es importante
resaltar que a partir del Acto Legislativo No. 1 de 2005 la garantía del
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional adquirió el
estatus de principio constitucional prioritario y transversal a todo el sistema[250]. De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional el principio de sostenibilidad
financiera tiene como finalidad que exista “correspondencia entre los recursos que ingresan al
sistema de seguridad social y los recursos que deben destinarse a la protección
de las personas que han asegurado su contingencia de vejez”[251].
Para lograr dicha finalidad, el artículo 48 de la Constitución,
modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005, establece reglas especiales para
el reconocimiento de pensiones.
139.
Tales reglas se
encaminan “a evitar los desequilibrios producidos por el otorgamiento de
mesadas en cuantías excesivas, que no correspondan a lo efectivamente cotizado,
que establezcan privilegios injustificados o que desconozcan el régimen legal
bajo el que se causó el derecho”. En este sentido, las reglas contenidas en
el artículo 48 de la Constitución prohíben, entre otras: (i) la existencia de regímenes pensionales especiales o
exceptuados; (ii) el cálculo de la cuantía de la pensión a partir de
factores diferentes a los que sirvieron para calcular el valor de la
cotización; (iii) el reconocimiento de derechos pensionales sin el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes; o (iv) el otorgamiento
de pensiones por un valor superior a los 25 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, entre otras[252].
140.
En este caso, la Sala
de Casación Laboral pasó por alto la importancia constitucional de este
principio pues en la página 83 de la sentencia de casación, la Sala de Casación
Laboral transcribió un cuadro que daba cuenta de que ninguno de los demandantes
era beneficiario del PPA dado que no estaban cobijados por el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, es decir, que al 1 de abril de 1994 no tenían 35 años o más de edad
en el caso de las mujeres, o 40 años o más de edad en el
caso de los hombres, o 15 años o más de servicio, en cualquier caso. Por lo tanto, existía evidencia que
demostraba que, probablemente, la sentencia del Tribunal Superior de
Barranquilla ordenó el pago de pensiones anticipadas a extrabajadores que en
principio no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios del PPA.
141.
Este error de la
sentencia del Tribunal podría generar una afectación al principio de
sostenibilidad financiera del sistema pensional por cuanto: (i) parecería
otorgar derechos pensionales sin el cumplimiento de los requisitos vigentes
pactados; y (ii) además, ordena calcular el monto de la pensión a partir
de factores que, por lo menos en principio, parecerían ser diferentes a los que
sirvieron de base para el ofrecimiento del derecho. Lo anterior tendría como
resultado que no existiría una correspondencia entre las cotizaciones que
ingresaron al sistema pensional para estos efectos y los recursos que serían
utilizados para liquidar estas pensiones[253]. Sobre este aspecto, la Corte resalta que
el presente asunto no se concreta en un asunto de mera protección de los
recursos pensionales, en tanto que este principio a la luz del artículo 334 de
la Constitución, no podría ser invocado para dejar de reconocer derechos
fundamentales. El punto de derecho radica en que personas que no causaron dicha
prestación convencional y especial se estarían beneficiando de dichos recursos
como consecuencia de un exceso ritual manifiesto.
142.
En síntesis, la Sala
Plena concluye que la Sala de Casación Laboral vulneró el derecho al debido
proceso del PAR TELECOM pues incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al desestimar los cargos de casación noveno y décimo, con
fundamento en la existencia de errores de técnica en la formulación del recurso.
Lo anterior, por cuanto (i) en estricto sentido, el PAR TELECOM no incurrió en un
error de técnica en la formulación de estos cargos; y (ii) la
Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional del recurso de
casación pues, a pesar de que existía evidencia de que la sentencia del
tribunal podría generar una afectación el principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, se abstuvo de analizar el fondo de los
cargos.
143.
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ordenará
dejar sin efectos la decisión la sentencia de casación en relación con los
cargos noveno y décimo. En consecuencia, ordenará que la Sala de Casación
Laboral profiera una nueva sentencia en la que analice el fondo de las
alegaciones presentadas por el PAR TELECOM en estos cargos, y en particular: (i)
constate si los extrabajadores de TELECOM a quienes se les reconoció el
derecho a una pensión anticipada[254]
cumplen con los requisitos establecidos en el Instructivo para acceder a dicha
prestación, en particular, estar cobijados por el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993; (ii) verifique si las pensiones anticipadas fueron
liquidadas de acuerdo con lo que señalaba el Instructivo; y (iii) con
base en ello, decida si las condenas ordenadas por el Tribunal Superior de
Barranquilla en el resolutivo cuarto de la sentencia recurrida deben o no ser
casadas.
(iii) La Sala de Casación
Laboral incurrió en un exceso ritual manifiesto al negarse a conocer el fondo de
algunas de las alegaciones presentadas por el PAR TELECOM en el cargo de
casación sexto
144.      En
el recurso de casación (cargo sexto), el PAR TELECOM solicitó revocar las
condenas ordenadas en su contra
por concepto de indemnización sustitutiva del retén social.
En su criterio, la sentencia de segunda instancia violó la ley sustancial, por
la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, porque ninguno de los
demandantes a los que se les reconoció la indemnización sustitutiva cumplía con
los requisitos establecidos en las sentencias SU-388 y 389 de 2005 para ser
considerados madres/padres cabeza de familia o prepensionados. Para probar
dicha violación, el PAR TELECOM precisó los medios de prueba que fueron dejados
de apreciar por parte del Tribunal Superior de Barranquilla para cada
demandante.
145.      En
la sentencia de casación, la Sala de Casación Laboral desestimó el cargo y no
realizó un análisis de fondo, porque en su criterio, el PAR TELECOM cometió
tres deficiencias técnicas en la formulación del cargo: (i)
incurrió en una “colisión de vías de ataque”[255]; (ii) resaltó
que aun si se aceptara que el demandante no incurrió en dicha deficiencia
técnica, el cargo no debía prosperar porque “en rigor, lo que propone como
ataque de casación, en realidad corresponde a una confrontación de su
particular visión las pruebas”[256]; y (iii)
la Sala de Casación Laboral recalcó que el recurso de casación “debía
también cuestionar, por la vía directa, los aspectos jurídicos del fallo, esto
es, las reglas jurisprudenciales que acató el ad quem para otorgar la
protección del retén social […] cuestión que no realizó”[257].
146.      En
la acción de tutela, el PAR TELECOM argumentó que la Sala de Casación Laboral
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual al no analizar el fondo
de este cargo. Al respecto, afirmó que la sentencia de casación señaló que “la
demanda de casación incurre en las mismas falencias técnicas del quinto ataque,
siendo que en ninguno de sus apartes se alegó motivo diferente a la aplicación
indebida e indica que la demostración sólo es un alegato propio de instancia,
no obstante, no se precisan ni se despejan tales afirmaciones”[258]. Además, indicó que la Sala de
Casación Laboral sostuvo que en el recurso no se había cuestionado la
valoración probatoria “siendo que en la demanda de casación se dejó señalada
la acusación de cada una de las pruebas e igualmente en la sentencia de
casación se afirma que el juzgador de segunda instancia sí apreció los
documentos que se alega fueron omitidos, pero tampoco se realiza un análisis
sobre este particular y frente a los documentos que se denunciaron como
omitidos basta con verificar cada una de las argumentaciones que se ofrecieron
respecto de cada uno de los demandantes para encontrar cuál era la incidencia
de la falta de valoración alegada”[259].
147.      La
Sala Plena considera que la Sala de Casación Laboral incurrió en un exceso
ritual manifiesto al abstenerse de analizar las alegaciones presentadas por el
PAR TELECOM respecto de algunos de los
demandantes. Lo anterior por cuanto: (a)
los errores de técnica en los que incurrió el PAR
TELECOM al denunciar  la indebida valoración probatoria que realizó
el Tribunal respecto del derecho que estos demandantes tenían
de recibir una indemnización sustantiva del retén social, eran salvables a la
luz de un estándar flexible en la valoración del cargo;
y (b) la
Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional del recurso de
casación pues, a pesar de que existía evidencia de las condenas por
indemnización sustitutiva en favor de algunos demandantes podría generar una
afectación a derechos fundamentales y principios constitucionales, se abstuvo
de analizar el fondo de las alegaciones.
(a)
Los errores de técnica en los que incurrió
el PAR TELECOM al denunciar la indebida valoración probatoria que realizó el
Tribunal respecto del derecho que estos demandantes tenían de recibir una
indemnización sustantiva del retén social, eran salvables a la luz de un
estándar flexible en la valoración del cargo
148.      Como
se expuso, la Sala de Casación Laboral señaló que el PAR TELECOM incurrió principalmente
en dos errores de técnica en la formulación del cargo sexto: (i)
colisión de modalidades; y (ii) no precisó
cual era el efecto que la supuesta omisión de las pruebas señaladas en el
recurso tenía en la decisión del Tribunal.
149.      La
Corte Constitucional concuerda con la Sala de Casación Laboral en que el PAR
TELECOM incurrió en una colisión de modalidades en la formulación de este
cargo. Sin embargo, este error de técnica era salvable a la luz de un estándar
flexible en la valoración de los cargos de casación. En efecto, el PAR TELECOM
incurrió en dicha colisión de modalidades porque para demostrar que ninguno de
los demandantes tenía la condición de prepensionado presentó afirmaciones de
carácter jurídico de la siguiente naturaleza:
Adicionalmente, tampoco tenía la
condición de prepensionado, puesto que para la fecha de terminación del
contrato de trabajo (julio 26 de 2003) el demandante sólo tenía 13 años, 3
meses y 9 días de servicio y 44 años de edad, entonces dentro los 3 años siguiente
tampoco acreditaba los 55 años de edad con arreglo al artículo 1 de la Ley
33 de 1985 y menos la establecida en las normas generales de pensiones.
El artículo
12 de la Ley 790 de 2002, hizo relación a los requisitos previstos para la
pensión de jubilación o de vejez, es decir contempló ese beneficio partiendo
del entendido de la proximidad a la pensión de carácter legal (resaltado fuera
del texto).
150.      Este
tipo de argumentaciones incorporaban argumentos de carácter jurídico porque se
fundaban en la premisa de que los requisitos para acceder a la pensión (en
particular la edad y tiempo de servicios), a partir de los cuales debía
determinarse si los accionantes tenían la calidad de prepensionados, eran los dispuestos
en la Ley 33 de 1985.
151.      A
pesar de lo anterior, la Sala Plena observa que a la luz de un estándar de
valoración flexible de los requisitos de técnica, la colisión de modalidades es
un yerro salvable o superable. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral ha señalado, en reiteradas ocasiones, que la colisión de
modalidades es un error de técnica salvable en aquellos casos en los que de la
lectura del recurso es posible inferir que la alegación es “esencialmente
fáctica”[260]. En estos casos, se debe analizar
el fondo del cargo, a pesar de que se presenten ciertos argumentos jurídicos.
En este caso, a pesar de que el PAR TELECOM presentó consideraciones jurídicas,
una lectura integral del cargo permitía entender que la acusación era
esencialmente fáctica, y consistía, como adelante se expondrá, en demostrar que,
de acuerdo con el material probatorio, ninguno de los demandantes era
beneficiario del retén social[261]. Por lo tanto, el error de técnica
en que incurrió el PAR TELECOM era salvable.
152.      La
Sala de Casación Laboral señaló que, aun si se aceptara que el demandante no
incurrió en una colisión de modalidades, el cargo no debía prosperar porque “en
rigor, lo que propone como ataque de casación, en realidad corresponde a una
confrontación de su particular visión de las pruebas”[262]. Al respecto, señaló que “cuando la
acusación se dirige por la vía indirecta, además de resultar insoslayable la
enunciación de los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, es
indispensable indicar su incidencia en la decisión acusada”[263]. El PAR TELECOM
no cumplió con este estándar jurisprudencial porque, en su criterio, (i)
“en el desarrollo del cargo, no cuestiona la valoración probatoria de cada
uno de los elementos de convicción que llevaron al colegiado a reconocer en los
demandantes, la condición de padres o madres cabeza de familia”[264];
(ii) la impugnación señala yerros que el Tribunal nunca cometió porque “contrario
a lo que anuncia en la sustentación del cargo, sí apreció los documentos que
alude fueron omitidos”[265]; y (iii)
en cualquier caso, no explicó cuál era la incidencia que la omisión en
valoración probatoria de ciertos documentos tuvo en la sentencia.
153.      La
Sala Plena considera que la existencia de este error de técnica no puede
valorarse en abstracto, respecto del cargo como un todo, porque el PAR TELECOM presentó
alegaciones y argumentos diferentes para demostrar que cada uno de los
demandantes no cumplía con los requisitos para ser beneficiario del retén
social. Al respecto, la Corte advierte que de la lectura del recurso de casación
y del escrito de tutela, las alegaciones del PAR TELECOM frente a este punto
pueden agruparse en tres grupos de omisiones probatorias. La Corte describirá cada
uno de estos grupos de omisiones y evaluará si en la formulación de estas
alegaciones el PAR TELECOM incurrió en algún defecto de técnica y, por lo
tanto, si abstenerse de conocerlas de fondo era razonable.
154.      Primer
grupo. El PAR TELECOM argumentó que el Tribunal Superior de
Barranquilla concedió el beneficio del retén social a extrabajadores que no
habían interpuesto una reclamación o acción de tutela para solicitar ser
incluidos en el retén social y que, además, no tenían la calidad de
madres/padres cabeza de familia. En este supuesto se encuentran las
alegaciones del PAR TELECOM respecto de los siguientes extrabajadores: Gonzalo
Enrique Triana Vergara, Luis Rafael Muñoz Mármol, José Rafael Gómez de la Cruz,
Oswaldo de Jesús Beleño Silva y Layla María Garzón Diab. Para comprobar la
omisión en estos casos el PAR TELECOM señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta
que en el expediente no reposaba prueba alguna que demostrara que estos
demandantes interpusieron una acción de tutela para solicitar el beneficio del
retén social. Igualmente, hizo referencia a algunas pruebas que el Tribunal no
habría tenido en cuenta y que, en su criterio, demostraban que estos
demandantes no tenían la calidad de madres/padres cabeza de familia y/o
prepensionados.
155.      Respecto
de este primer grupo de omisiones probatorias, la Sala Plena coincide con la
Sala de Casación Laboral en el sentido de que la magnitud de los errores de
técnica en la formulación del recurso era grave e impedía realizar un estudio
de fondo. De un lado, el PAR TELECOM no explicó por qué razón el beneficio del
retén social debía negarse por el solo hecho de que estos extrabajadores no
presentaron acción de tutela. Por lo tanto, no es posible inferir cuál es el
efecto o incidencia que dicha omisión tendría en la decisión del Tribunal. Más
aún, cuando, de acuerdo con las sentencias SU-388 y 389 de 2005 y SU-377 de
2014, la presentación de una tutela no es requisito jurisprudencial para ser
beneficiario del retén social. De otra parte, la Sala Plena advierte que los
demás argumentos referidos a la omisión probatoria de algunas pruebas que el
PAR TELECOM denunció realmente no demuestran que el Tribunal haya incurrido en
una violación de la ley sustancial por la vía indirecta, sino que representan meras
alegaciones de instancia que no son procedentes en sede de casación[266].
156.      Segundo
grupo. El PAR TELECOM argumentó que el Tribunal Superior de
Barranquilla concedió el beneficio del retén social a extrabajadores que ya
habían sido reintegrados a sus cargos en cumplimiento de decisiones de tutela
anteriores que ordenaban dicho reintegro y el pago de los emolumentos
salariales[267]. En este grupo se encuentran las
alegaciones del PAR TELECOM frente a los siguientes demandantes: Mario
Orlando Durán Morales[268], Ricardo de Jesús Marchena Muñoz[269],
Néstor Julio Varela Jiménez[270] y Prisciliano Echeverría Consuegra[271].
Para comprobar la omisión probatoria en estos casos, el PAR TELECOM señaló los
documentos que daban cuenta de que los extrabajadores ya habían sido reintegrados
y habían recibido su pago. Además, afirmó que, como consecuencia del reintegro
y el pago de los emolumentos salariales, el Tribunal “no podía volver a
condenar por este mismo concepto”.
157.      Respecto
de este segundo grupo de omisiones, en cambio, la Sala Plena advierte que los
errores de técnica del PAR TELECOM eran salvables a la luz de un estándar
flexible en la valoración de los requisitos de técnica.  Por lo tanto, la Sala
de Casación Laboral debió haber valorado el fondo de las alegaciones
presentadas. Lo anterior por tres razones. Primero, el PAR TELECOM precisó e
individualizó las pruebas que, en su concepto, no habían sido valoradas para
cada extrabajador, es decir, los documentos que presuntamente daban cuenta del
reintegro y el pago realizado a cada uno de ellos. Es cierto que, en el
análisis probatorio de cada demandante, el Tribunal enlistó algunos de estos
medios de prueba en la sentencia. Sin embargo, no efectuó ninguna consideración
respecto de su contenido. Por lo anterior, en estricto sentido, no es posible
concluir que el Tribunal valoró estos documentos. La mera cita o lista
del documento no supone una valoración. Por esta misma razón, no puede
afirmarse que el PAR TELECOM incurrió en un error de técnica al señalar que el
Tribunal no había valorado estos documentos. Segundo, el PAR TELECOM señaló de
manera expresa que el efecto de la omisión de valoración de dichos documentos
era que el Tribunal Superior de Barranquilla estaba ordenando pagar dos veces
por el mismo concepto. Tercero, dicha argumentación era suficiente, prima
facie, para la formulación de un cargo por violación a la ley sustancial por
la vía indirecta. Exigir que el PAR TELECOM atacara los demás elementos de
prueba en los que se había fundado el Tribunal para concluir que estos
demandantes eran beneficiarios del retén social, era inoficioso precisamente
porque alegaba que ya los había reintegrado.
158.      Tercer
grupo. El PAR TELECOM argumentó que el Tribunal Superior de
Barranquilla concedió el beneficio del retén social a extrabajadores a quienes
ya se les había negado su inclusión en el retén social en fallos de tutela
anteriores proferidos, en algunos casos, por la Corte Constitucional en sede de
revisión. En este grupo se incluyen las alegaciones del PAR TELECOM frente
a los siguientes demandantes: Jesús Antonio Hernández Rodríguez[272],
Iván Alcides Vásquez[273] y Gustavo Candelario Escorcia[274].
En estos casos el PAR TELECOM señaló los documentos y fallos de tutela que, en
su criterio, comprobaban que los accionantes no tenían la calidad de padres
cabeza de familia y, además, puso de presente que estas decisiones no podían
desconocerse.
159.      La
Sala Plena advierte que los errores de técnica en los que incurrió el PAR TELECOM
al presentar este grupo de alegaciones eran salvables a luz de un estándar
flexible en el análisis de los requisitos de técnica del recurso de casación.
Lo anterior, por dos razones: (i) el
PAR TELECOM indicó las pruebas que en su concepto no habían sido valoradas, es
decir, los fallos de tutela que habían negado la inclusión en el retén social.
Es cierto que, en el análisis probatorio de cada demandante, el Tribunal
enlistó algunos de estos medios de prueba en la sentencia. Sin embargo, no
efectuó ninguna consideración respecto de su contenido[275]; y, (ii)
aunque el PAR no señaló de manera explícita que estos fallos tenían efectos de
cosa juzgada, era posible concluir que con ellos el recurrente alegaba que el
Tribunal no podía apartarse de estos pronunciamientos. Es decir, de las
alegaciones del PAR TELECOM era posible identificar, a la luz de un estándar flexible
de valoración de los cargos de casación, cuál era la incidencia de la omisión
de valoración probatoria de estos documentos en la decisión del Tribunal.
(b) La
Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional del recurso de
casación pues, a pesar de que existía evidencia de las condenas por
indemnización sustitutiva en favor de los demandantes que hacían parte del segundo
y tercer grupo podría generar una afectación
a derechos fundamentales y principios constitucionales, se abstuvo de analizar
el fondo de las alegaciones
160.      Por
otra parte, al negarse a conocer el fondo de las alegaciones presentadas por el
PAR TELECOM frente a los demandantes del segundo y tercer grupo la Sala de
Casación Laboral desconoció la dimensión constitucional del recurso de
casación.
161.      Primero,
al negarse a valorar las alegaciones probatorias frente a los demandantes del segundo
grupo la Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión
constitucional del recurso de casación pues pasó por alto que la sentencia de
instancia recurrida podría generar una afectación a derechos fundamentales y
principios constitucionales. Lo anterior, por cuanto, una simple lectura del
recurso daba cuenta de que existía evidencia, por lo menos plausible, de que la
decisión del Tribunal: (i) podría generar un enriquecimiento sin causa
por cuanto ordenaba que los extrabajadores recibieran dos pagos por el mismo
concepto, dado que de acuerdo con lo alegado por el PAR TELECOM estos
demandantes ya habían sido reintegrados; y (ii) como consecuencia de
ello, podría generar un detrimento patrimonial injustificado, en tanto se
ordenaría el uso de recursos públicos para el pago de una indemnización
sustantiva a extrabajadores que, al parecer, ya habían sido reintegrados. Dicha
evidencia ameritaba, por lo menos, el estudio de fondo de las alegaciones.
162.      Segundo,
al negarse a valorar las alegaciones probatorias frente a los demandantes del tercer
grupo la Sala de Casación Laboral desconoció la dimensión
constitucional del recurso de casación pues pasó por alto que la sentencia de
instancia recurrida podría generar una afectación a derechos fundamentales y
principios constitucionales. De un lado, existía evidencia de que el derecho al
debido proceso y acceso a la administración de justicia del PAR se podría ver
afectado como resultado del desconocimiento de los efectos de las sentencias de
tutela anteriores que habían negado el derecho al retén social de los
demandantes que hacían parte de este grupo. Aunque no es posible concluir que
todos los fallos de tutela a los que hizo referencia el PAR TELECOM tienen
efectos de cosa juzgada, la evidencia que este presentó ameritaba, por lo
menos, el estudio de fondo de este punto por parte de la Sala de Casación
Laboral. De otra parte, y como resultado de lo anterior, el patrimonio público
se podría ver afectado con ocasión del pago de indemnizaciones a quienes no
eran beneficiarios del retén social.
163.      En
síntesis, respecto del cargo de casación sexto, la Sala plena concluye que:
164.      Primero.
La Sala de Casación Laboral no incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto al abstenerse de analizar de fondo si el Tribunal Superior de
Barranquilla había incurrido en una violación (indirecta) de la ley sustancial
por no analizar las omisiones probatorias denunciadas por el PAR TELECOM
respecto de los demandantes que hacían parte del Primer Grupo. Es decir,
aquellas alegaciones por virtud de las cuales el PAR TELECOM señalaba que algunos
extrabajadores no habían interpuesto una reclamación o acción de tutela para
solicitar ser incluidos en el retén social y que, además, no tenían la calidad
de madres/padres cabeza de familia. La Sala de Casación Laboral no incurrió en
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto respecto de este grupo de
alegaciones por cuanto el PAR TELECOM cometió dos deficiencias técnicas insalvables:
(i) no explicó por qué razón el beneficio del retén social debía negarse
por el solo hecho de que estos extrabajadores no presentaron acción de tutela
y, por lo tanto, no era posible inferir cual era el efecto o incidencia de esta
omisión en la decisión; (ii) los demás argumentos referidos a la omisión
de valoración de algunas pruebas que el PAR TELECOM denunció, eran meras
alegaciones de instancia que no son procedentes en sede de casación.
165.      Segundo.
La Sala de Casación Laboral incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto al negarse a analizar de fondo si el Tribunal había incurrido
en una violación indirecta de la ley sustancial por no analizar las omisiones
probatorias denunciadas por el PAR TELECOM respecto de los demandantes que
hacían parte del Segundo grupo. Es decir, aquellas alegaciones que, por
lo menos prima facie, daban cuenta que el Tribunal Superior de
Barranquilla concedió el beneficio del retén social a extrabajadores que ya
habían sido reintegrados a sus cargos en cumplimiento de decisiones de tutela
anteriores que ordenaban dicho reintegro y el pago de los emolumentos
salariales. En este punto, la Sala de Casación Laboral incurrió en un defecto
procedimental por exceso ritual manifestó al negarse a analizar de fondo este
grupo de alegaciones porque: (i) los errores de técnica en los que el
PAR TELECOM incurrió en la formulación del cargo, respecto de estas
alegaciones, eran salvables a la luz de un estándar flexible en la valoración
de los requisitos de técnica de la casación; y (ii) existía evidencia de
que la sentencia recurrida, por lo menos prima facie, podría generar una
afectación a derechos fundamentales y principios constitucionales, a saber, la
prohibición del enriquecimiento sin causa y la defensa del patrimonio público.
166.      Tercero.
La Sala de Casación Laboral incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto al negarse a analizar de fondo si el Tribunal había incurrido
en una violación indirecta de la ley sustancial por no analizar las omisiones
probatorias denunciadas por el PAR TELECOM respecto de los demandantes que
hacían parte del Tercer grupo. Es decir, aquellas alegaciones
que, por lo menos prima facie, demostraban que el Tribunal Superior de
Barranquilla concedió el beneficio del retén social a extrabajadores a quienes
ya se les había negado su inclusión en el retén social en fallos de tutela
anteriores proferidos, en algunos casos, por la Corte Constitucional en sede de
revisión. La Sala de Casación Laboral incurrió en un defecto procedimental
por exceso ritual manifestó al negarse a analizar el fondo de estas alegaciones
porque: (i) los errores de técnica en los que el PAR TELECOM incurrió en
la formulación del recurso, respecto de estas alegaciones, eran salvables a la
luz de un estándar flexible en la valoración de los requisitos de técnica de la
casación; y (ii) existía evidencia de que la sentencia recurrida podría
desconocer, por lo menos en algunos casos, el efecto de fallos de tutela
anteriores y podía generar un detrimento patrimonial.
167.      Con
fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ordenará dejar sin efectos la
sentencia de casación en relación con el cargo sexto, específicamente en lo
relacionado con los demandantes que hacen parte del segundo y tercer grupo. En
consecuencia, ordenará que la Sala de Casación Laboral profiera una nueva
sentencia en la que (i) analice si el Tribunal Superior de Barranquilla
incurrió en una violación indirecta de la ley sustancial al no valorar los
medios probatorios que el PAR TELECOM individualizó en el recurso de casación
respecto de cada uno de los demandantes que se encuentran en el segundo
y tercer grupo; (ii)  resuelva si los extrabajadores incluidos en
estos grupos, tenían o no derecho a recibir una “indemnización por la
protección legal del Retén Social, sustitutiva del reintegro”; y (iii) con
base en ello, decida si la sentencia del Tribunal Superior debe o no ser
casada.
(iv) La Sala de Casación
Laboral no incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifestó al
desestimar los cargos de casación cuarto y quinto
168.      En
el recurso de casación (cargos cuarto y quinto), el PAR TELECOM recurrió la
condena por sanción moratoria mediante dos cargos independientes: (i) en
el cargo cuarto, argumentó que la sentencia de segunda instancia había violado la
ley sustancial por la vía directa, por cuanto había confirmado la sanción
moratoria “sin asociar la conducta del Consorcio demandado, ente que no fue
empleador de los accionantes, ni actúo como liquidador de la extinta Telecom,
luego si el Tribunal hubiese analizado esas circunstancia (sic), hubiese
arribado a la conclusión que no es sujeto de la sanción moratoria […]”[276], y (ii) en el cargo quinto, argumentó
que la sentencia de segunda instancia había violado la ley sustancial por la
vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, porque había condenado al
PAR TELECOM a pesar de que su mala fe no estaba probada[277].
169.      En
la sentencia de casación, la Sala de Casación Laboral rechazó ambos cargos, en tanto
concluyó que el PAR TELECOM había incurrido en múltiples errores técnicos en su
formulación. Primero, el PAR TELECOM incurrió, nuevamente, en una colisión de
modalidades porque a pesar de que dirigió el cuarto cargo por la vía directa,
no se había limitado a acreditar la interpretación errónea, sino que por el
contrario “agrega a su objeción al segundo fallo, la no apreciación
valorativa de algunas piezas procesales, que a su juicio demostraban la
existencia de la diligencia, cuidado y buena fe que le exoneraban de la
imposición del crédito resarcitorio”[278]. Por
su parte, en el cargo quinto, que fue encausado por la vía indirecta, “argumenta
sobre la intelección jurídica del artículo 1º D 797 de 1947, en punto a la
doctrina expuesta por la sentencia del 13 de ag. 1982, rad.8096”[279].
170.      Segundo.
La Sala Laboral precisó que el ataque por vía indirecta presentaba las
siguientes falencias: (i) el recurrente había incurrido en una “colisión
de modalidades” de infracción a la ley sustantiva, particularmente entre la
aplicación indebida, por un lado, y la interpretación errónea, por otro[280]; (ii) el recurrente había acusado la
sentencia de violar por la vía indirecta, en la modalidad de interpretación
errónea, a pesar de que “esa modalidad de infracción solo puede plantearse a
través de la vía directa”[281]; (iii) el recurrente había
afirmado que la decisión del Tribunal desconoció el principio de consonancia
pero “no propone, debiendo hacerlo, a través de la senda escogida, la
violación de medio de la norma adjetiva en referencia, porque no la enlista en
la proposición jurídica del cargo y tampoco la menciona o desarrolla en la
demostración de éste”[282];
171.      En
cualquier caso, la Sala de Casación Laboral señaló que el Tribunal Superior (i)
no había incurrido en ningún yerro fáctico en la lectura del recurso de alzada;
y (ii) no había desconocido el principio de consonancia. Lo anterior,
por cuanto el PAR TELECOM no había presentado “una sustentación autónoma que
diera al traste con la imposición del crédito resarcitorio”. Al respecto,
señaló que, en los procesos ordinarios laborales, el apelante tiene la carga “de
exponer expresa y razonadamente los motivos de inconformidad”[283]. En este caso, sin embargo, en el recurso
de apelación el PAR TELECOM se había limitado a solicitar de manera genérica,
que “se revoque en todas sus partes los artículos sexto y séptimo de dicha
sentencia, porque al no proceder las anteriores, mucho menos pueden proceder
estas”[284].
172.      En
su escrito de tutela, el PAR TELECOM argumentó que no había incurrido en ningún
error de técnica en la formulación de estos cargos.  Al respecto, señaló que “para
el cuarto cargo, directo, se dejó debidamente acreditada la acusación conforme
a los lineamientos prescritos por la propia Sala”[285]. Por otro lado, respecto del cargo quinto
indicó que “la sentencia de casación afirma que si se revisa el quinto cargo
de la demanda de casación, en ninguno de los apartes se expresa tal inconsistencia”[286]. Por último, sostuvo que “sorprende que
indique la supuesta omisión de denunciar como norma infringida el artículo 66
del CPTSS, a través de una violación de medio y que se adujera que el
recurrente erró al no enlistarla en la proposición jurídica, haciendo caso
omiso de que para estructurar debidamente una demanda de casación solo es
necesario denunciar la norma sustancial que se estima violada”[287].
173.      La
Corte Constitucional considera que la Sala de Casación Laboral no incurrió en
un exceso ritual manifiesto al desestimar estos cargos fundamentalmente porque sí
analizó el fondo de los mismos. En efecto, la Sala de Casación Laboral puso de
presente los errores de técnica en los que el PAR TELECOM habría incurrido y, sin
embargo, a renglón seguido expuso las razones por las cuales consideraba que el
Tribunal no había violado la ley sustancial. Al respecto, señaló que el
Tribunal (i) no había incurrido en ningún yerro fáctico, en la lectura
del recurso de alzada y; (ii) no había vulnerado el principio de
consonancia.
174.      En
la sentencia de segunda instancia el Tribunal confirmó la condena por
indemnización moratoria porque consideró que el PAR TELECOM no había atacado
ese tópico en el recurso de apelación pues se limitó a solicitar que “se
revoque en todas sus partes los artículos sexto y séptimo de dicha sentencia,
porque al no proceder las anteriores, mucho menos pueden proceder estas”[288]. Sin embargo, no presentó argumentos
jurídicos y probatorios específicos respecto de esta decisión. La Sala de
Casación Laboral consideró que esta decisión era correcta porque en los
procesos ordinarios laborales, el apelante tiene la carga “de exponer
expresa y razonadamente los motivos de inconformidad”[289], carga que el PAR TELECOM no cumplió.
175.      En
estos términos, al margen del debate en torno a la existencia y magnitud de los
errores de técnica en la formulación de los cargos cuarto y quinto, la Sala de
Casación Laboral analizó el fondo de los cargos y concluyó que el Tribunal no había
incurrido en una violación de la ley sustancial. La Corte advierte que esta
decisión es razonable y, además, en el escrito de tutela el PAR TELECOM no
presentó ningún argumento que controvirtiera la argumentación frente a este punto,
sino que, por el contrario, se limitó a exponer las razones por las cuales consideraba
que no había incurrido en los errores de técnica. Por lo tanto, frente a estos
cargos, la Corte concluye que la sentencia de casación no adolece de defecto
alguno.
(v) La Sala
de Casación Laboral no incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente ni en un defecto fáctico
176.
Como se expuso, el PAR TELECOM argumentó que como resultado del
exceso ritual manifiesto, la Sala de Casación Laboral incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente al desconocer la sentencia SU-377 de
2014 y otorgar pensiones anticipadas a extrabajadores de TELECOM que no estaban
cubiertos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993; y fáctico
al incurrir en graves errores en la valoración probatoria al momento de
verificar si los demandantes eran beneficiarios de la garantía de estabilidad
del retén social.
177.
La Corte considera
que la Sala de Casación Laboral no incurrió en un defecto por desconocimiento
del precedente ni en un defecto fáctico. Esta autoridad judicial no analizó el
fondo de los cargos sexto, noveno y décimo. Es decir, la Sala de Casación
Laboral, en estricto sentido, no evaluó si la sentencia recurrida (i) habían
interpretado el Instructivo de manera equivocada; (ii) si los
demandantes cumplían con los requisitos dispuestos en el Instructivo y, por tanto,
debían, ser incluidos en el PPA; y (iii) como consecuencia de ello, si la
sentencia de segunda instancia había desconocido el precedente aplicable contenido
en la Sentencia SU-377 de 2014.  En el mismo sentido, la Sala de Casación
Laboral no estudió si la sentencia recurrida (i) había incurrido en las
omisiones probatorias denunciadas por el PAR TELECOM; y (ii) tampoco
evaluó si, de acuerdo con el material probatorio, los demandantes tenían o no
derecho al retén social[290].
178.
En este sentido, la
Corte concluye que la Sala de Casación Laboral no incurrió en los defectos por
desconocimiento del precedente y fáctico alegados por el PAR TELECOM.
F. ÓRDENES POR PROFERIR Y REMEDIOS
179.      Con
fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional ordenará
dejar sin efectos la sentencia de casación, en tanto encontró probado que la
Sala de Casación Laboral violó el derecho al debido proceso del PAR TELECOM al
incurrir en un exceso ritual manifiesto en el estudio de los cargos de casación
sexto (parcial), noveno y décimo. En consecuencia, la Sala de Casación Laboral debe proferir una nueva
sentencia en la que:
a)
Analice el fondo de los argumentos presentados por el PAR TELECOM
en el cargo de casación sexto. En
particular, la Sala de Casación Laboral deberá (i) constatar si el
Tribunal Superior de Barranquilla incurrió en una violación indirecta de la ley
sustancial al no valorar los medios probatorios individualizados por el PAR en
el recurso de casación respecto de cada uno de los demandantes que se
encuentran en el segundo y tercer grupo; (ii) resuelva si
los extrabajadores incluidos en estos grupos, tenían o no derecho a recibir una
“indemnización por la protección legal del Retén Social, sustitutiva del
reintegro”[291]; y (iii) con base en
ello, decida si la sentencia del Tribunal Superior debe o no ser casada.
Respecto de los demandantes que están incluidos en el primer grupo, la
Sala de Casación Laboral, deberá reproducir el contenido de la sentencia
original proferida el 8 de agosto de 2018.
b)
Analice el fondo de los argumentos presentados por el PAR TELECOM
en los cargos de casación noveno y décimo. En
particular, la Sala de Casación Laboral deberá: (i) establecer si los
extrabajadores de TELECOM a quienes el Tribunal Superior de Barranquilla les
reconoció el derecho a una pensión anticipada de jubilación, cumplen con
los requisitos establecidos en el Instructivo para dichos efectos, en
particular, estar cobijados por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993;
(ii) verifique si las pensiones anticipadas fueron liquidadas de acuerdo
con lo que señalaba el Instructivo; y (iii) con base en ello,
decida si las condenas ordenadas por el Tribunal Superior de Barranquilla en el
resolutivo cuarto de la sentencia recurrida deben o no ser casadas;
c)
Defectos que en sede de unificación no prosperaron.
En relación con las decisiones respecto de los cargos de casación primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo y undécimo, la Sala de
Casación Laboral, deberá reproducir el contenido de la sentencia original
proferida el 8 de agosto de 2018.
IV. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
180.
El PAR TELECOM
interpuso acción de tutela en contra de la Sala de Casación Laboral –Sala de
Descongestión No. 2- de la Corte Suprema de Justicia al considerar que esta
autoridad judicial había vulnerado su derecho al debido proceso. En su
criterio, la sentencia de casación proferida el 8 de agosto de 2018 (SL3280-2018),
adolece de tres defectos o causales específicas de procedencia: (i) procedimental
por exceso ritual manifiesto, por cuanto la Sala de Casación Laboral desestimó
10 de los 11 cargos de casación por errores de técnica en la formulación del recurso
de casación; (ii) desconocimiento del precedente, en tanto desconoció
las sentencias SU-388 de 2005, SU-389 de 2005 y SU-377 de 2014 al otorgar
pensiones anticipadas a extrabajadores de TELECOM que no estaban cubiertos por
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y conceder el beneficio del
retén social a extrabajadores que no eran madres/padres cabeza de familia;
y (iii) fáctico, por cuanto incurrió en graves errores en la
valoración probatoria al momento de verificar si los demandantes eran
beneficiarios de la garantía de estabilidad del retén social. Con fundamento en
lo anterior, solicitó a la Corte dejar sin efectos la sentencia de casación y
suspender su cumplimiento mientras se resolvía la acción de tutela.
181.
En primer lugar, la
Sala Plena evidenció que la acción de tutela cumplía con los requisitos generales
de procedencia, respecto de las alegaciones presentadas por el PAR TELECOM en
contra de las decisiones que la Sala de Casación Laboral tomó frente a los cargos
de casación segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo. Lo
anterior, por cuanto el PAR TELECOM es el titular de los derechos que se verían
afectados por estas decisiones. En cambio, las alegaciones encaminadas a
demostrar la violación al debido proceso derivada de las decisiones que la Sala
de Casación Laboral tomó frente a los cargos de casación primero, séptimo, y
undécimo, no cumplían con los requisitos de procedencia. En particular, la Sala
Plena encontró que el PAR TELECOM no estaba legitimado por activa para
presentar ninguna alegación frente a las decisiones relativas a estos cargos,
porque (i) no es el titular de los derechos que se verían afectados por
la decisión bajo estudio frente a estos cargos, en tanto que estos cargos están
relacionados con condenas ordenadas a CAPRECOM; y (ii) el PAR TELECOM no
ostenta la representación judicial de CAPRECOM en la tutela sub examine.
182.
En segundo lugar, en
relación con los requisitos específicos de procedencia, la Sala Plena concluyó
que la Sala de Casación Laboral había incurrido en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto al desestimar los cargos de casación sexto (parcial),
noveno y décimo y, por lo tanto, había vulnerado el derecho al debido proceso
del PAR TELECOM. La Sala Plena consideró que la aplicación de los requisitos de
técnica del recurso de casación por parte de la Sala de Casación Laboral había
sido irreflexiva y desproporcionada, porque (i) el PAR TELECOM no había
incurrido en ningún error en la formulación del recurso, o, a lo sumo, los
errores eran salvables a la luz de un estándar flexible en la valoración formal
de los cargos y (ii) existía evidencia que demostraba que, prima
facie, la sentencia de instancia recurrida podría desconocer derechos
fundamentales y principios constitucionales.
183.
Contrario a lo
anterior, la Corte concluyó que la Sala de Casación Laboral no había incurrido
en un exceso ritual manifiesto al desestimar los cargos (i) segundo y tercero, por cuanto la decisión de la Sala
de Casación Laboral frente a estos cargos encontraba sustento legal y
jurisprudencial; y (ii) cuarto y quinto, por cuanto la Sala de
Casación Laboral sí había analizado el fondo de las alegaciones y su decisión había
sido razonable.
184.
Frente a los otros
cargos, la Corte concluyó que la Sala de Casación Laboral no había incurrido en
un defecto por desconocimiento del precedente ni en un defecto fáctico. Lo
anterior, por cuanto esta autoridad judicial no había analizado el fondo de los
cargos sexto, noveno y décimo. Es decir, la Sala de Casación Laboral, en
estricto sentido, no había evaluado si en la sentencia recurrida el Tribunal
Superior (i) había interpretado el Instructivo del PPA
de manera equivocada; (ii) si los demandantes cumplían con los
requisitos dispuestos en el Instructivo y, por tanto, debían, ser incluidos en
el PPA; y (iii) como consecuencia de ello, si el
Tribunal Superior había desconocido el precedente aplicable contenido en la
Sentencia SU-377 de 2014.  En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral no había
estudiado si la sentencia recurrida el Tribunal Superior (i) había incurrido en las omisiones probatorias
denunciadas por el PAR TELECOM; y (ii) tampoco evaluó si, de acuerdo con el material probatorio, los
demandantes tenían o no derecho al beneficio del denominado retén social.
185.
Con fundamento en las
anteriores consideraciones la Sala Plena (i) dejó sin efectos la
sentencia de casación, y (ii) ordenó a la Sala de Casación Laboral
proferir una nueva sentencia de acuerdo con lo señalado en la sección III.F “ÓRDENES
A PROFERIR Y REMEDIOS” de la presente providencia.
Suspensión de términos adoptada por el Consejo
Superior de la Judicatura y levantamiento de términos
186.
Mediante los Acuerdos
de 15, 16, 19, 22 de marzo de 2020[292],
11 de abril de 2020[293]
y 25 de abril de 2020[294],
el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos judiciales en todo
el país a partir del 16 de marzo y hasta el 10 de mayo de 2020. No obstante, el artículo 1 del Decreto
Legislativo 469 de 2020 dispuso que la Sala Plena de la Corte Constitucional
podrá levantar la suspensión de los términos judiciales ordenada por el Consejo
Superior de la Judicatura cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus
funciones constitucionales. Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el
Auto 121 del 16 de abril de 2020, en este caso, la Sala Plena dispondrá el
levantamiento de la suspensión de términos para fallar el presente asunto.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR en el presente proceso la suspensión de términos ordenada por el
Consejo Superior de la Judicatura.
SEGUNDO.- REVOCAR por las
razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida el 14 de mayo de
2019 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que
resolvió confirmar la sentencia proferida el 26 de febrero de 2019 por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió negar el amparo
constitucional invocado. En su lugar, TUTELAR el derecho al debido
proceso del PAR TELECOM quien comparece al proceso por medio de las sociedades
FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A.
TERCERO.- DEJAR SIN EFECTOS
la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Laboral el 8 de
agosto de 2018 (SL3280-2018). En consecuencia, ORDENAR a la Sala
de Casación Laboral –Sala de descongestión No. 2- de la Corte Suprema de
Justicia, proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta lo señalado en la
parte motiva de la presente providencia (sección “III.F ÓRDENES A PROFERIR Y
REMEDIOS”).
CUARTO.- ORDENAR a la Secretaría
General de la Corte Constitucional, REMITIR el expediente ordinario
laboral a la Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión No. 2- de la
Corte Suprema de Justicia.
QUINTO.- LIBRAR, por la Secretaría
General de la Corte Constitucional, la comunicación de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Comuníquese y
cúmplase,
ALBERTO ROJAS RIOS
Presidente
Aclaración de voto
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
[1] Aprobado
mediante acta No. 1782 del 28 de febrero de 2003 de la junta directiva de
TELECOM. Cuaderno de Revisión, fls. 196 y siguientes.
[2] Cuaderno
de Revisión, fls. 203-207.
[3] Cuaderno
de Revisión, fls 203-207.
[4] Haber
tenido al 1 de abril de 1994 treinta y cinco años (35) o más de edad en el caso
de las mujeres, o cuarenta años (40) o más de edad en el caso de los hombres, o
quince (15) años o más de servicio, en cualquier caso.
[5] Cuaderno
de Revisión, fl. 204.
[6] Cuaderno
de Revisión, fl. 203
[7] Cuaderno
de Revisión, fl. 204.
[8]
Decreto 1615 del 12 de junio de 2003, “por el
cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom y se ordena
su liquidación”.
[9] Decreto
1615 de 2003 “Artículo 16. Supresión de empleos y terminación de la vinculación. como
consecuencia de la supresión de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -
Telecom, la Junta Liquidadora, suprimirá los empleos y cargos de la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones - Telecom. La supresión de los empleos y cargos
dará lugar a la terminación de los contratos de trabajo de los trabajadores
oficiales y del vínculo legal y reglamentario de los empleados públicos, en los
términos previstos en las normas vigentes. El personal amparado por la
protección especial de que trata el artículo 12 la Ley 790 de 2002, continuará
vinculado laboralmente por el término máximo previsto en el Decreto 190 de 2003
o las normas que lo adicionen o modifiquen”.
[10] Mario
Orlando Durán Morales, Gonzalo Enrique Triana Vergara, Ricardo de Jesús
Marchena Muñoz, Luis Rafael Muñóz Mármol, José Rafael Gómez de la Cruz, Oswaldo
de Jesús Beleño Silva, Jesús Antonio Hernández Rodríguez, Carlos Alberto Pérez
Martínez, Gustavo Candelario Escorcia Escorcia, Néstor Julio Varela Jiménez,
Iván Alcides Vásquez Acevedo, Prisciliano Echeverría Consuegra, Dilia Elena
Ortiz Mejía, Gabriel Moisés Chartuni, Nelson Enrique Oviedo Jiménez, Martha
Lucía Gutiérrez Consuegra, Judith María González Salgado, Layla María Diab y
Jorge Tadeo Lozano.
[11] Las
solicitudes de cada uno de los trabajadores, así como las respectivas
respuestas dadas por TELECOM a sus solicitudes aparecen en el expediente del
proceso ordinario laboral.
[12] Decreto
4781 de 2005 “Artículo 1º. Modifícase el artículo 2º del Decreto
1615 de 2003, el cual quedará así: "Artículo 2º. Duración
del proceso de liquidación y terminación de la existencia legal de la entidad.
El proceso liquidatorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom
en liquidación el cual fue prorrogado mediante Decreto 1915 de 2005, se extenderá
hasta el 31 de enero del año 2006.  Vencido el término de
liquidación señalado o declarada la terminación del proceso liquidatorio con
anterioridad a la finalización de dicho plazo, terminará para todos los efectos
la existencia jurídica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones- Telecom en
Liquidación".
[13]
Cuaderno de Revisión, fl. 112.
[14] Supra
numeral 5 de la presente sentencia.
[15] Cuaderno
1 del proceso ordinario laboral, fl. 9.
[16] Cuaderno
1 del proceso ordinario laboral, fl.10.
[17] Cuaderno
1 del proceso ordinario laboral, fl.12.
[18] Cuaderno
1 del proceso ordinario laboral, fl.13.
[19] Los
demandantes que de acuerdo con el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla tenían
derecho al retén social eran: Mario Orlando Durán Morales, Gonzalo Enrique
Triana Vergara, Ricardo de Jesús Marchena Muñoz, Luis Rafael Muñoz Mármol, José
Rafael Gómez de la Cruz, Oswaldo de Jesús Beleño Silva, Jesús Antonio Hernández
Rodríguez, Carlos Alberto Pérez Martínez, Gustavo Candelario Escorcia, Néstor
Julio Varela Jiménez, Iván Alcides Vásquez Acevedo, Prisciliano Echeverría
Consuegra, Dilia Elena Ortiz Mejía, Nelson Enrique Oviedo Jiménez, Gabriel
Moisés Chartuni, Jorge Tadeo Lozano y Layla María Garzón Diab.
[20] Al
respecto, Señaló que “teniendo en cuenta que la entidad fue
liquidada, se les debe realizar el cruce de cuentas a partir del 31 de julio de
2003, hasta el 31 de enero de 2006, fecha en la que se extinguió en forma
definitiva la Empresa, pagándoles los salarios dejados de devengar,
prestaciones sociales y emolumentos laboral que los demandantes percibían por
la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre la Empresa y el Sindicato”.
Cuaderno 1, fl. 73.
[21] Mario
Orlando Durán Morales, Ricardo de Jesús Marchena Muñoz, Luis Rafael Muñoz
Mármol, José Rafael Gómez de la Cruz, Oswaldo de Jesús Beleño Silva y Jesús
Antonio Hernández Rodríguez.
[22] Cuaderno
1, fl. 73.
[23] Cuaderno
1, fl. 73.
[24] Cuaderno
1, fl. 74.
[25] Cuaderno
1, fl. 76.
[26] Cuaderno
1, fl. 79.
[27] Cuaderno
1, fl. 79.
[28] Cuaderno
1, fl. 79.
[29] Cuaderno
1, fl. 79.
[30] Cuaderno
1, fl. 83.
[31] Mario
Orlando Durán, Gonzalo Enrique Triana Vergara, Ricardo de Jesús Marchena Muñoz,
Luis Rafael Muñoz Mármol, Jesús Antonio Hernández Rodríguez, Gustavo Candelario
Escorcia Escorcia, Néstor Julio Varela Jiménez, Iván Alcides Vásquez Acevedo,
Prisciliano Echeverría Consuegra, Nelson Enrique Oviedo Jiménez, Layla María
Garzón Diab, José Rafael Gómez y Oswaldo de Jesús Beleño. Cuaderno
1, fl. 136.
[32] Mario
Orlando Durán Morales, Ricardo de Jesús Marchena Muñoz, Luis Rafael Muñoz
Mármol, José Rafael de la Cruz, Oswaldo de Jesús Beleño Silva y Jesús Antonio
Hernández Rodríguez. Cuaderno 1, fl. 137.
[33] Gonzalo
Enrique Triana Vergara, Carlos Alberto Pérez Martínez, Gustavo Candelario
Escorcia Escorcia, Néstor Julio Varela Jiménez, Iván Alcides Vásquez Acevedo,
Prisciliano Echeverría Consuegra, Dilia Elena Ortiz Mejía y Nelson Oviedo
Jiménez.
[34] Cuaderno
1, fl. 151.
[35] Por un error en
la nomenclatura, la Corte resolvió este cargo en el acápite “Cargo Séptimo”
págs., 98 y siguientes del recurso de casación.
[36] Cuaderno
1, fl. 226.
[37] Cuaderno
1, fl. 152.
[38] Cuaderno
1, fl. 192.
[39] Cuaderno
1, fl. 192.
[40] Cuaderno
1, fl. 154.
[41] Cuaderno
1, fl. 156.
[42] Cuaderno
1, fl. 195.
[43] En este caso, la Corte concluyó que
el recurrente no cumplió con esta carga procesal porque a pesar de que dirigió
el cuarto cargo por la vía directa, no se limitó a acreditar la interpretación
errónea, sino que por el contrario “agrega a su objeción al segundo fallo,
la no apreciación valorativa de algunas piezas procesales, que a su juicio
demostraban la existencia de la diligencia, cuidado y buena fe que le
exoneraban de la imposición del crédito resarcitorio” (Cuaderno 1, fl.
196).
[44] Cuaderno
1, fl. 156.
[45] Al
respecto señaló que el recurrente pasó por alto que “la aplicación indebida
de la ley es una modalidad de transgresión legal independiente, autónoma y
excluyente de la interpretación errónea, puesto que, la primera, se presenta
cuando, entendida adecuadamente la norma sustantiva en sus alcances y
significado, como consecuencia de una hermenéutica apropiada, se aplica a un
hecho no previsto por ella; se extralimita el ámbito de su competencia temporal
o se restringe su alcance y contenido, mientras que, la segunda, precisa de una
intelección equivocada de la disposición jurídica aplicable al caso, por lo que
resulta erróneo proponer en la misma censura, que el Tribunal entendió
adecuadamente la norma que se alude infringida y que a su vez, no lo hizo”.
Cuaderno 1, fl. 197.
[46] Cuaderno
1, fl. 198.
[47] En cualquier caso, la Sala de
Casación Laboral concluyó que el Tribunal no se
equivocó en la lectura del recurso de apelación y, por tanto, no vulneró el
principio de consonancia. Precisó que, de acuerdo con la jurisprudencia
laboral, en el recurso de apelación, el apelante tiene la carga “de exponer
expresa y razonadamente los motivos de inconformidad”. El PAR TELECOM no
cumplió con esta carga pues no presentó “una sustentación autónoma que diera
al traste con la imposición del crédito resarcitorio”. Por el contrario, se
limitó a solicitar de manera genérica, que “se revoque en todas sus partes
los artículos sexto y séptimo de dicha sentencia, porque al no proceder las
anteriores, mucho menos pueden proceder estas”. Cuaderno 1, fl. 197-202.
[48] Cuaderno
1, fl. 158.
[49] Cuaderno
1, fl. 207.
[50] La acusación
es insuficiente para configurar un cargo por violación indirecta pues la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que “cuando la acusación se
dirige por la vía indirecta, además de resultar insoslayable la enunciación de
los errores de hecho en que incurrió el Tribunal, es indispensable indicar su
incidencia en la decisión acusada”. Cuaderno 1, fl. 207.
[51] Cuaderno
1, fl. 216.
[52] Cuaderno
1, fl. 169.
[53] Por un error en
la nomenclatura, este cargo fue analizado en la sección “Cargo Primero” de la
sentencia de casación, págs. 108 y siguientes.
[54] Cuaderno
1, fl. 232.
[55] Cuaderno
1, fl. 169.
[56] Cuaderno
1, fl. 232.
[57] Cuaderno
1, fl. 169.
[58] Cuaderno
1, fl. 169.
[59] Cuaderno
1, fl. 219.
[60] Cuaderno
1, fl. 219.
[61] Ibidem.
[62] Cuaderno
1, fl. 174.
[63] Cuaderno
1, fl. 221.
[64] Cuaderno
1, fl. 221.
[65] Cuaderno
1, fl. 223.
[66] Cuaderno
1, fl. 223.
[67] Cuaderno
1, fl. 175.
[68] Cuaderno
1, fl. 224: “La acusación denuncia la infracción directa de la ley, en la
modalidad de aplicación indebida, de los artículos 21, 33 y 36 de la Ley 100 de
1993, en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y artículos 53 y 230
de la CN; sin embargo, el Tribunal no pudo incurrir en los yerros jurídicos
enrostrados, por la potísima razón que esas no fueron las normas que aplicó, de
donde emerge que en estricto sentido, el recurrente debió plantear la censura,
por la vía en comento pero a través de la modalidad de infracción directa,
increpándole al sentenciador colegiado ignorar esos preceptos”.
[69] Cuaderno
1, fl. 233.
[70] El PAR señaló que en la sentencia de casación indicó que los cargos
primero y séptimo se analizarán “sin embargo, tales acusaciones no
corresponden a las que formuló mi representada, conclusión a la que se arriba
con solo comparar los cargos” y frente a las múltiples falencias técnicas “en ningún momento
se precisa el motivo de esa sorprendente información”. Cuaderno
1, fl. 235.
[71] Cuaderno
1, fl. 236.
[72] Cuaderno
1, fl. 236.
[73] Cuaderno
1, fl. 236.
[74] Cuaderno
1, fl. 236.
[75] Cuaderno
1, fl. 238.
[76] Notificado
mediante estado del 23 de octubre de 2018. Cuaderno 1, fl.
253.
[77] Cuaderno
1, fl. 245.
[78] Cuaderno
1, fl. 245.
[79] Cuaderno
1, fl. 247.
[80] Cuaderno
1, fl. 247.
[81] Código
de Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, artículo 94. “TRASLADOS.
Admitido el recurso de mandará dar traslado al recurrente por veinte días para
que formule la demanda de casación y al opositor por diez días para que la
conteste”.
[82] Cuaderno
1, fl. 251.
[83] Ibidem.
[84] En
efecto, el poder otorgado por Hilda Terán Calvache (apoderada general de las
sociedades fiduciarias) al señor Humberto Sierra Porto para presentar la
presente acción de tutela, señala que en esta tutela las fiduciarias
FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A “actúan únicamente como integrantes del
CONSORCIO REMANENETES TELECOM, y como voceras y administradoras del PATRIMONIO
REMANENTES TELECOM”. Cuaderno 1, fl. 46. En adelante, la Sala se referirá
al “PAR TELECOM” para referirse a la parte accionante en esta tutela.
[85] En el
escrito de tutela, el PAR TELECOM (i) mencionó el auto del 2 de octubre
de 2018 que resolvió el incidente de nulidad y la solicitud de aclaración; y (ii)
presentó algunos comentarios en relación con la sentencia de segunda instancia.
Sin embargo, aclaró que “no obstante en el presente escrito sólo se hará
referencia a los defectos contenidos en la providencia emitida por la Sala de
Descongestión No. 2 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia por ser la providencia contra la cual se impetra la presente acción de
tutela”. Igualmente, como pretensión únicamente solicitó que se revocara la
sentencia de casación.
[86] Cuaderno
1, fl. 31.
[87] Cuaderno
1, fl. 31.
[88] Cuaderno
1, fl. 33.
[89] Cuaderno
1, fl. 40.
[90] Cuaderno
1, fl 20.
[91] Cuaderno
1, fl. 43.
[92] Cuaderno
1, fl. 44.
[93] Cuaderno
1, fl. 291.
[94] Cuaderno
1, fl. 294.
[95] El 18
de febrero de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
avocó conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular a todas las partes
e intervinientes en el proceso laboral ordinario. El 19 de febrero de 2019, la
Sala de Casación Penal solicitó a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla que aportara los datos de ubicación y
notificación de las partes e intervinientes en el proceso laboral ordinario
(Cuaderno 1, fl. 253). Por medio del correo del 20 de febrero de 2019, el
Juzgado 03 Seccional de Barranquilla aportó las direcciones de notificación
solicitadas. Con fundamento en lo anterior, el 21 de febrero de 2019, la Corte
Suprema de Justicia-Sala de Casación Penal- notificó el auto admisorio de la
acción de tutela a cada uno de los demandantes en el proceso ordinario y a su
apoderada, Natividad Pérez Coello, tal y como consta en los folios 269 y
siguientes del Cuaderno 1 y en el Informe secretarial del 22 de febrero de 2019
(Cuaderno 1, fl. 290).
[96] Cuaderno
1, fls. 23-35. Respecto de la subsidiariedad, la Sala Penal señaló que “si
bien es cierto que la demanda de casación fue instaurada por el Patrimonio
Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en liquidación, dicho
consorcio está integrado por FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A” (folio 29).
[97] Al
respecto la Sala hizo referencia a la Sentencia SU-215 de 2016 en la que la
Corte señaló que este defecto se configura en tres circunstancias: “(i)
aplicar disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos
constitucionales en un caso concreto; o por (ii) exigir el cumplimiento de
requisitos formales de forma irreflexiva y que en determinadas circunstancias
puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa
situación se encuentre comprobada; o por (iii) incurrir en un rigorismo
procedimental en la apreciación de las pruebas”.
[98] Cuaderno
1, fl. 29.
[99] Cuaderno
1, fl. 30.
[100] Cuaderno
1, fl. 32.
[101] Cuaderno
1, fl. 33.
[102] Igualmente,
aclaró que la Sala de Casación Laboral sí se pronunció respecto de los cargos
primero y séptimo. Al respecto, señaló que la Sala aclaró que “si bien se
incurrió en un cambio involuntario de palabras al titular los cargos (…) no por
tal circunstancia se incurrió en una carencia de pronunciamiento” (folio,
33).
[103] Cuaderno
1, fl. 33. Esta decisión fue notificada a todos los demandantes
del proceso ordinario laboral y a su apoderada, Natividad Pérez Coello.
Cuaderno 2, fls. 32 a 51.
[104] El
11 de marzo de 2019, Natividad Pérez Coello, en su calidad de apoderada de los
demandantes en el proceso laboral ordinario, presentó escrito de contestación
en el que solicitó declarar la tutela improcedente.
[105] Cuaderno
1, fl. 37.
[106] Cuaderno
1, fl. 38.
[107] Cuaderno
2, fl. 128.
[108] Cuaderno
2, fl. 132.
[109] Cuaderno
de Revisión, fls. 86-87.
[110] Cuaderno
de Revisión, fl. 100. Los soportes de este monto se encuentran en los folios
100-124.
[111] Informó que “el impacto económico causado al Tesoro Nacional [por
el pago de las condenas] equivaldría a la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA U NUEVE
MIL CON 32 ($10.639.870.979,34)” (Cuaderno de Revisión, fl. 102).
[112] Cuaderno
de Revisión, fl. 516.
[113] Cuaderno
de Revisión, fls. 525 y siguientes.
[114] Cuaderno
de Revisión, fl. 528.
[115]
Ibidem.
[116] Cuaderno
de Revisión, fl. 236. Igualmente, la Sala resalta que la señora Pérez Coello
presentó múltiples escritos en el marco del proceso de revisión. En particular
presentó escritos los días 14 de noviembre de 2019, 5 de diciembre de 2019, 11
de diciembre de 2019, 19 de diciembre de 2019, 23 de enero de 2020 y 11 y 17 de
febrero de 2020. De la misma forma, los demandantes en el proceso ordinario,
los señores Mario Orlando Durán Morales, Ricardo de Jesús Marchena Muñoz, Luis
Rafael Muñóz Marmol, José Rafael Gómez de la Cruz, Oswaldo de Jesús Beleño
Silva, Carlos Alberto Pérez Martínez, Gustavo Candelario Escorcia, Nestor Julio
Varela Jiménez, Iván Alcides Vásquez Acevedo, Prisciliano Echeverría Consuegra,
Dilia Elena Ortíz Mejía, Gabriel Moisés Chartuni, Nelson Enrique Oviedo
Jiménez, Martha Lucía Gutiérrez y Judith María González, presentaron escrito el
11 de febrero de 2020 (Cuaderno de Revisión, fl. 708).
[117] Cuaderno de
Revisión, fl, 410.
[118]
Sentencia C-590 de 2005. “(i) Que el caso tenga relevancia constitucional, esto es,
que involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las
partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que
al interior del proceso se hubiesen agotado todos los medios de defensa
judiciales al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, esto es, que la
tutela se hubiese interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la presunta vulneración; (iv) que se trate de una
irregularidad procesal con un efecto decisivo en la providencia que se impugna;
(v) que el tutelante identifique, de manera razonable, los hechos que generaron
la vulneración y los derechos vulnerados, así como, de haber sido posible, la
etapa en que fueron alegados en el proceso ordinario y, finalmente, (vi) que la
decisión judicial que se cuestione no sea de tutela”. Ver
también, sentencia T-269 de 2018.
[119] Sentencia
SU-050 de 2018. Ver también, sentencias SU-573 de 2017, SU-050 de 2017 y SU-917
de 2010.
[120] Esto
es, si la providencia adolece de un defecto “material o sustantivo, fáctico,
procedimental, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
orgánico, error inducido o violación directa de la Constitución”. Corte
Constitucional, sentencia T-269 de 2018.
[121]  El
artículo 10 del Decreto 1389 de 2013, modificado por el artículo 10 del Decreto
653 de 2014 y el artículo 10 del Decreto 1440 de 2014, determinó que el
traslado de la función pensional de TELECOM, que era administrada por CAPRECOM,
pasaría a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a más tardar el 30
de noviembre de 2014. El Decreto 2408 de 2014 prorrogó dicho plazo para el traslado
de la función pensional hasta el 31 de mayo de 2015. Por lo anterior, a partir
del 1 de junio de 2015 la UGPP es la entidad competente para conocer de los
procesos judiciales relacionados con el reconocimiento de derechos pensionales
a cargo de CAPRECOM.
[122] La
tutela fue concebida como un mecanismo de protección inmediato, oportuno y
adecuado para los derechos fundamentales, frente a situaciones de amenaza o
vulneración, ya fuera por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de
los particulares en casos excepcionales. Son requisitos para la procedencia de
esta acción la acreditación de: (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la
defensa oportuna y (iii) subsidiaria. Igualmente, tratándose de la tutela en contra de
providencias judiciales, (iv) que el caso tenga relevancia constitucional, (v) la
identificación de los hechos que generaron la vulneración y los derechos
vulnerados, (vi) que se trate de una irregularidad procesal con efectos
decisivos en la providencia cuestionada, y (vii) que la decisión judicial atacada no sea un fallo de
tutela (Sentencia SU-1219 de 2001).
[123] En
efecto, el poder otorgado por Hilda Terán Calvache (apoderada general de las
sociedades fiduciarias) al señor Humberto Sierra Porto para presentar la
presente acción de tutela, señala que en esta tutela las fiduciarias
FIDUAGRARIA S.A y FIDUCIAR S.A “actúan únicamente como integrantes del
CONSORCIO REMANENETES TELECOM, y como voceras y administradoras del PATRIMONIO
REMANENTES TELECOM”. Cuaderno 1, fl. 46. En adelante, la Sala se referirá
al “PAR TELECOM” para referirse a la parte accionante en esta tutela.
[124] Es
importante resaltar que el art. 53 del CGP establece que los patrimonios autónomos
tienen capacidad para ser parte en un proceso y por lo tanto son sujetos de
derechos y obligaciones en un proceso judicial. Igualmente, es importante
resaltar que antes de la entrada en vigencia del CGP, el Código de
Procedimiento Civil no preveía de manera expresa que los patrimonios
autónomos tuvieran capacidad para ser parte en un proceso. Sin embargo, la
Corte Suprema de Justicia había reconocido en su jurisprudencia que los
patrimonios autónomos, a pesar de no ser personas jurídicas, eran sujetos de
derechos y obligaciones procesales: “Tiene razón la censura en los errores
que le enrostra al Tribunal, dado que como lo enseña la doctrina y lo ha
reiterado esta Corporación en distintas oportunidades, “si bien es
cierto que por regla general solo pueden ser parte en un proceso las personas
jurídicas y las naturales (Art.44 C de P.C.). (…) también se ha admitido
como sujetos procesales, con capacidad para comparecer en causa judicial como
demandantes o como demandados, a los denominados patrimonios autónomos, los
cuales, de acuerdo con la doctrina, son unos bienes que por ficción jurídica
tienen un representante legal, como por ejemplo entre otros, la herencia
yacente, la masa de bienes del ausente, la masa de bienes del quebrado y el
patrimonio de la fiducia, los cuales constituyen una nueva especie de sujetos
de derechos y obligaciones que, igualmente pueden ser partes en los pleitos
judiciales”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia
20 de febrero de 2013, Radicación No. 42392.
[125] Ver,
cláusula 3.3 del Contrato de Fiducia, Cuaderno de Revisión, folio. 118.
[126] El
artículo 10 del Decreto 1389 de 2013, modificado por el artículo 10 del Decreto
653 de 2014 y el artículo 10 del Decreto 1440 de 2014, determinó que el
traslado de la función pensional de TELECOM, que era administrada por CAPRECOM,
pasaría a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a más tardar el 30 de
noviembre de 2014. El Decreto 2408 de 2014 prorrogó dicho plazo para el
traslado de la función pensional hasta el 31 de mayo de 2015. Por lo anterior,
a partir del 1 de junio de 2015 la UGPP es la entidad competente para conocer
de los procesos judiciales relacionados con el reconocimiento de derechos
pensionales a cargo de CAPRECOM.
[127] Como
se expuso, la Sala de Casación Laboral decidió casar la sentencia de
segunda instancia del Tribunal “únicamente en cuanto modificó la declaración
segunda de la sentencia de primer grado, de reconocer el derecho de pensión de
jubilación de los señores MARIO OROLANDO DURÁN MORALES, JESÚS MARCHENA MUÑÓZ,
RAFAEL MUÑÓZ MARMOL, RAFAEL GÓMEZ DE LA CRUZ, JESÚS BELEÑO SILVA, JESÚS ANTONIO
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y la impuso a cargo del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
TELECOM TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN PAR”.
[128] Es
importante resaltar que la UGPP, como sucesora de CAPRECOM, no fue vinculada al
presente trámite de tutela. Por otra parte, la Corte advierte que acuerdo con
la información que reposa en el expediente del proceso ejecutivo, la UGPP
interpuso un incidente de nulidad de todo el proceso ordinario por falta de
notificación del auto admisorio de la demanda ordinaria a CAPRECOM, proceso que
aún se encuentra en curso. Dicho incidente de nulidad es independiente del
presente trámite de tutela.
[129] “Artículo
31. Causales de revisión: || 1. Haberse declarado falsos por la justicia
penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la sentencia
recurrida. || 2. Haberse cimentado la sentencia en declaraciones de personas
que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas. || 3. Cuando
después de ejecutoriada la sentencia se demuestre que la decisión fue
determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por la justicia penal. ||
4. Haber incurrido el apoderado judicial o mandatario en el delito de
infidelidad de los deberes profesionales, en perjuicio de la parte que
representó en el proceso laboral, siempre que ello haya sido determinante en
este. || Parágrafo. Este recurso también procede respecto de conciliaciones
laborales en los casos previstos en los numerales 1, 3 y 4 de este artículo. En
este caso conocerán los Tribunales Superiores de Distrito Judicial”.
[130]
Código de Comercio, artículo 1239. CONCEPTO DE LA FIDUCIA MERCANTIL. “La
fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona,
llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o mas bienes especificados
a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para
cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de
un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. // Una persona puede ser al
mismo tiempo fiduciante y beneficiario. // Solo los establecimientos de crédito
y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizados por la Superintendencia
Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios”.
[131] De
igual modo, el Decreto 1049 de 2006 aclara en su artículo 1° sobre los derechos
y deberes del fiduciario que. “Los patrimonios autónomos conformados en
desarrollo del contrato de fiducia mercantil, aún cuando no son personas
jurídicas, se constituyen en receptores de los derechos y obligaciones legal y
convencionalmente derivados de los actos y contratos celebrados y ejecutados
por el fiduciario en cumplimiento del contrato de fiducia. // El
fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, celebrará y
ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos necesarios para lograr la
finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los
términos señalados en el acto constitutivo de la fiducia. Para este
efecto, el fiduciario deberá expresar que actúa en calidad de vocero y
administrador del respectivo patrimonio autónomo. En desarrollo de la
obligación legal indelegable establecida en el numeral 4 del artículo 1234 del
Código de Comercio, el fiduciario llevará además la personería del patrimonio
autónomo en todas las actuaciones procesales de carácter administrativo o
jurisdiccional que deban realizarse para proteger y defender los bienes que lo
conforman contra actos de terceros, del beneficiario o del
constituyente, o para ejercer los derechos y acciones que le correspondan en
desarrollo del contrato de fiducia (resaltado fuera de texto). // Parágrafo.
El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para realizar actos o contratos
que no pueda celebrar directamente el fideicomitente de acuerdo con las
disposiciones legales”.
[132] Cuaderno
1, fl. 253.
[133] Sentencia C-110
de 2019. “La sostenibilidad financiera del sistema pensional se reconoce en
el actual texto del artículo 48 constitucional al establecer a cargo del Estado
la obligación de garantizarla. A su vez, dicho artículo prescribe que las leyes
que en materia pensional se expidan deben asegurarla”.
[134] Sentencia T-060
de 2016. “Razón de la decisión. Se vulnera el acceso efectivo a la
administración de justicia de una entidad que administra recursos públicos en
pensiones, cuando no existen medios legales efectivos e idóneos para solicitar
la defensa jurídica del patrimonio público que se ve afectado por
interpretaciones judiciales, declaradas por el máximo tribunal en lo
constitucional como contrarias a los principios que rigen la Seguridad Social
en Pensiones, en especial en los casos de abuso del derecho”.
[135]
Artículo 86 de la Constitución.
[136] Sentencias
SU-395 de 2017 y SU-263 de 2015.
[137] Sentencia T-335 de 2000.
Ver también, sentencia T-555 de 2019.
[138] Sentencias
SU-573 de 2017 y C-590 de 2005.
[139] Sentencias
C-590 de 2005 y SU 041 de 2018.
[140] Sentencia C-590
de 2005.
[141]Al respecto, ver
las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de
2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de
2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de
2014 y T-406 de 2014.
[142] Sentencia C-590
de 2005.
[143] Sentencia T-102
de 2006.
[144] Sentencias
SU-041 de 2018, SU-635 de 2017 y SU-395 de 2017.
[145] En el
mismo sentido, ver la sentencia T-610 de 2015, en la que sala de revisión aclaró
que la habilitación para el estudio de asuntos económicos,
opera en el evento de evidenciarse una violación de derechos fundamentales que
además afecte o amenace el patrimonio público.
[146] Se
reitera que en el escrito de tutela el PAR TELECOM (i) mencionó el auto
del 2 de octubre de 2018 que resolvió el incidente de nulidad y la solicitud de
aclaración; y (ii) presentó algunos comentarios en relación con la
sentencia de segunda instancia. Sin embargo, aclaró que “no obstante en el
presente escrito sólo se hará referencia a los defectos contenidos en la
providencia emitida por la Sala de Descongestión No. 2 de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia por ser la providencia contra la cual
se impetra la presente acción de tutela”. Igualmente, como pretensión
únicamente solicitó que se revocara la sentencia de casación.
[147] Es
importante resaltar que para fundamentar su solicitud de amparo el PAR TELECOM (i)
expuso argumentos generales que demostraban las razones por las cuales la Sala
de Casación Laboral había incurrido en un exceso ritual manifiesto, por
desconocimiento del precedente y fáctico al desestimar el recurso de casación
como un todo; y (ii) además, respecto de los cargos de casación primero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, décimo y undécimo, precisó cuáles
habían sido las consideraciones específicas de la Sala de Casación Laboral que
demostraban la presunta aplicación desproporcionada de los requisitos de
técnica. El PAR TELECOM no presentó ningún argumento específico que demostrara
por qué la decisión de la Sala de Casación Laboral frente a los cargos segundo
y tercero era contraria a derecho. Sin embargo, la Corte considera que es
procedente hacer un análisis de fondo de las decisiones frente a estos cargos
dado que, como se expuso, el PAR TELECOM (i) describió las decisiones
que la Sala de Casación Laboral había tomado frente a estos cargos; y (ii)
presentó consideraciones que, en términos generales, demostraban que la Sala de
Casación Laboral había incurrido en los defectos alegados en la sentencia de
casación considerada como un todo. La Corte considera que estas consideraciones
constituyen una identificación razonable de los hechos y, por tanto, son
suficientes para adelantar un estudio de fondo de las decisiones que la Sala de
Casación Laboral tomó frente a estos cargos.
[148] Ver
nota al pie 125 y 126.
[149] La
jurisprudencia constitucional ha señalado que, verificado el cumplimiento de
los requisitos generales de procedencia el juez de tutela debe verificar que se
materialice alguna violación de los derechos fundamentales de los accionantes,
mediante la configuración de alguno de los requisitos específicos de
procedencia o defectos reconocidos por la jurisprudencia constitucional, en la
sentencia que se censura. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado
los siguientes defectos, de los cuales al menos uno debe cumplirse para que la
acción de tutela sea procedente: (i) defecto orgánico; (ii) defecto sustantivo;
(iii) defecto fáctico; (iv) defecto procedimental; (v) decisión sin motivación;
(vi) error inducido; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación
directa de la Constitución.
[150] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación labora, sentencia del 9 de agosto de 2011
Rad No. 37272.   Ver también, Corte Constitucional, sentencias C-203 de 2011 y
C-590 de 2005.
[151] Por
ello, la jurisprudencia ha señalado que “el objeto específico de
la casación recae sobre la sentencia, porque el tribunal que conoce en
principio no está facultado para examinar más que si aquella, desconoce las
normas de derecho sustancial que se dicen transgredidas (…)”.  Sentencia
C-203 de 2011.
[152] Sentencia
C-668 de 2001. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, sentencia del 4 de diciembre de 2019 Rad No. 58548.
[153]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 29 de enero
de 2020, SL142-2020, SL142-2020 Radicación No. 68816 Acta 3 Bogotá, D.C.; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 26 de noviembre de
2019, SL5105-2019. Al respecto ver también la Sentencia C-590 de 2005. En esta
sentencia, la Corte afirmó que la casación no constituye
una tercera instancia. que se realiza por fuera de las instancias “en tanto
no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas”.
[154]
Sentencias C-203 de 2011, C-713 de 2008 y C-586 de 1992.
[155] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de noviembre de
2019, SL5596-2019. “Pues bien, cabe recordar que el principio prohibitivo de la
reformatio in pejus, consiste en que el superior no puede
empeorar, agravar o perjudicar la situación del apelante único que busca
mejorar su situación, o respecto de la parte en cuyo favor se surtió la
consulta, puesto que constituye un límite al poder jurisdiccional del juez de
alzada, como garantía del derecho fundamental al debido proceso”.
[156] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de abril de
2018 SL1368-2018.
[157] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de
junio de 2000 SL13347. “La jurisprudencia de la Corte ha
aceptado esa terminología, de no poca usanza en la práctica forense, para asimilarla
a la “infracción directa”, que se configura cuando el juzgador
por ignorancia de la norma o por rebelarse
contra ella, deja de aplicarla. Así mismo debe recordarse que se dá “aplicación
indebida”, por la vía directa, cuando se decide el litigio
con base en la disposición que no es la que lo regula”.
[158] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 4 de mayo de 1973.
“La interpretación errónea de la ley tiene cabida en el recurso
extraordinario, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un
alcance, distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la
misma por aquél es equivocado o erróneo; de aquí que el casacionista esté
obligado en su demanda a indicar cuál fue el sentido errado que le imprimió el
juzgador y cuál el verdadero que debió darle”.
[159] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 27
mayo de 2009, SL 35435. “Primeramente, se impone a la Sala
recordar lo que de antaño ha enseñado en torno a que cuando el ataque se
endereza por la vía de los hechos no es cualquier desatino del juzgador el que
da al traste con su proveído, sino únicamente aquél que tenga la connotación de
“manifiesto”. Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes,
provenientes de desaguisados en el examen de los elementos de juicio que conforman
el haz probatorio, ya bien por haberlos apreciado equivocadamente, ora
soslayado”.
[160] Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, sentencia del 15 de mayo de 1972. “El error de derecho
sólo surge en dos casos precisos: a) Aquel en que el juzgador ha valorado como
apta una prueba cualquiera, cuando el legislador exige que para la demostración
del hecho correspondiente sólo se admita y valore la prueba ad sustantiam
actus, también denominada ad solemnitatem, y b) Aquel en que el juzgador no ha
apreciado y no ha valorado, debiendo hacerlo, una prueba de tal naturaleza, es
decir, uno o varios de aquellos medios probatorios que la ley reviste de
solemnidades para la validez misma de la sustancia del acto”.
[161] Sentencias
C-372
de 2011 y C-713 de 2008.
[162] Sentencia
C-372 de 2011.
[163] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 28 de mayo de
1998, exp. 15026. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Laboral, sentencia del 13 de octubre de 1999, exp. 12480.
[164] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 28 de enero de
2020, SL175-2020. “Los artículos 87, 90 y 91 de aquel estatuto,
junto con la normativa de la Ley 16 de 1969, instituyen las reglas mínimas a
las que debe sujetarse el recurrente en casación, para que la Corte pueda
ejercer el estudio de legalidad de la sentencia controvertida”.
[165] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 29 de enero de
2020, SL160-2020.
[166] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 28 de enero 2020, SL186-2020.
[167]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 27 de
noviembre de 2019, SL5178-2019.
[168] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 28 de enero 2020, SL186-2020.
[169] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 11 de diciembre de
2019, SL4628-2019.
[170] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 29 de enero de
2020, SL141-2020.
[171] Sentencia
C-586
de 1992.
[172] Sentencia C-446
de 1997.
[173] Sentencia
C-372
de 2011.
[174] Sentencia C-596
de 2000. Ver también, sentencias SU-424 de 2012 y C-572 de 2011.
[175] Sentencia C-446
de 1997.
[176] Sentencia
C-596
de 2000.
[177] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 20 de agosto de
2019, SL3274-2019;
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 30 de agosto
de 2017, SL19502-2017/47247; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia del 16 de marzo de 2016, SL3474-2016.
[178] Sentencia
C-203
de 2011.
[179] Sentencia
C-880 de 2014.
[180] Sentencia
C-203 de 2011.
[181]
Sentencia SU-635 de 2015.
[182] Sentencia
C-596 de 2000.
[183] Sentencia T-320
de 2005.
[184] Sentencia
T-1306 de 2001. En esta decisión, la Corte señaló que el
cumplimiento de los requisitos para que se case una sentencia, “debe verse
flexibilizado por la clara manifestación de la existencia de un derecho
fundamental que fue desconocido por la sentencia en estudio”.
[185] Sentencia
C-880 de 2014.
[186] Sentencia
T-620 de 2013.
[187] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 5 de febrero de 2020, SL239-2020.
[188] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 5 de junio de 2019, SL3122-2019;
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de mayo
de 2019, SL1782-2019; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia del 20 de febrero de 2019, SL981-2019.
[189] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 de mayo de 2019,
SL1682-2019.
[190] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 21 de octubre de 2019, SL4712-2019.
[191] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 29 de junio de 2016,
SL10538-2016.
[192]
Sentencia SU-377 de 2014.
[193]
Sentencia SU-377 de 2014.
[194] Sentencia
SU-377 de 2014.
[195]
Ibidem.
[196] En la Sentencia T-249 de 2018 la Corte señaló que el exceso ritual manifiesto “tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica
objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales”.
[197] Sentencias
T-313 de 2018 y T-008 de 2019. En la Sentencia SU-355 de 2017 la Sala Plena de
la Corte Constitucional precisó que el exceso ritual manifiesto se presenta “cuando
las normas procedimentales se erigen como un obstáculo para la protección del
derecho sustancial y no en un medio para lograrlo”
[198] Sentencias
SU-573 de 2017 y SU-355 de 2017. Ver también, sentencias T-107 de 2019 y T-416
de 2018.
[199] Sentencias
SU-355 de 2017 y T-429 de 2011.
[200] Sentencias
SU-238 de 2019, SU-355 de 2017, SU-565 de 2015, T-916 de 2014, T-950 de 2011.
[201] Sentencia
SU-565 de 2015
[202] Sentencia T-264 de 2009.
[203] Sentencia
T-107 de 2018.
[204] Ibidem.
[205] Sentencias
SU-061 de 2018 y SU-573 de 2017.
[206] Sentencia
T-1306 de 2001.
[207] Sentencia
T-1306 de 2001. Este estándar encuentra fundamento en la Sentencia C-203 de
2011 en la que la Corte señaló que “En definitiva,
el recurso de casación con su carácter propio se armoniza con los mandatos
constitucionales, según el principio de prevalencia tanto de los derechos
fundamentales, como del derecho sustancial sobre las formas (arts 4º, 5 y 228
C.P.). Lo anterior pues de una parte mantiene la especificidad de la casación,
rogada (dispositiva) y exigente (extraordinaria), sin lo cual se desdibujaría
su naturaleza. También preserva su función esencialmente sistémica de
unificación jurisprudencial. Más, de otra y a los efectos de armonizar este
recurso del ordenamiento jurídico con los principios constitucionales, se
reconoce la facultad para que la Corte Suprema de Justicia, cuando examine una
demanda de casación, no obstante, los errores de técnica argumental que en
ella evidencia, pueda atacar la sentencia que haya vulnerado de manera evidente
un derecho fundamental. Conclusiones que se hacen más determinantes en la
casación laboral como recurso que, en el marco de su función en el Derecho
procesal laboral, representa otra forma de proteger la equidad, la igualdad
material, la justicia en las relaciones laborales” (subrayado
fuera del texto). En el mismo sentido la Sentencia C-372 de 2011 indicó que: “Es
indispensable que la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación
analice, con base en los cargos, la posible vulneración de los derechos
fundamentales y si encuentra una violación, proteja tales derechos en virtud de
que la casación es el último recurso en la administración de justicia al cual
pueden acudir los ciudadanos, dejando desprotegido de manera definitiva el
derecho fundamental del ciudadano. Por tanto, se configura una vía de hecho
cuando en sede de casación, a pesar de encontrarse probada la violación de un
derecho fundamental y así declararse, no se protege por la prevalencia de la
técnica de casación”.
[208] Sentencia
T-605 de 2015.
[209] Sentencia
T-605 de 2015.
[210] Sentencia
T-605 de 2015.
[211] Sentencia
T-605 de 2015.
[212] Cfr.
Sentencia C-372 de 2011.
[213] Sentencia
T-243 de 2017.
[214] Ibidem.
[215] Sentencia
SU-056 de 2018.
[216] Sentencia
T-102 de 2014.
[217] Sentencia
SU-053 de 2015.
[218] Sentencias
SU-035 de 2018 y SU-354 de 2017.
[219] Sentencia
SU-023 de 2018.
[220] Sentencia SU-395
de 2017.
[221] Sentencia T-567
de 1998, reiterada en sentencias SU-050 de 2018, T-781 de 2011 y T-1100 de 2008.
[222] “Corte
Constitucional, sentencia T-567 de 1998”.
[223] “Cfr. sentencia T-329 de 1996. Para la Corte es claro
que, “cuando un juez omite apreciar y evaluar
pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución
judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra
la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en
ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra
lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una
de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que
haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien
podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la
decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición
contraria”.
[224] “Corte
Constitucional, sentencia T-576 de 1993”.
[225] Sentencia
T-538 de 1994.
[226] Sentencias T-202
de 2018 y SU-159 de 2002.
[227] Cuaderno
1, fl. 152.
[228] Cuaderno
1, fl. 192.
[229] Cuaderno
1, fl. 192.
[230] Es
importante resaltar que antes de la entrada en vigencia del CGP, el Código de
Procedimiento Civil no preveía de manera expresa que los patrimonios
autónomos tuvieran capacidad para ser parte en un proceso. Sin embargo, la
Corte Suprema de Justicia había reconocido en su jurisprudencia que los
patrimonios autónomos, a pesar de no ser personas jurídicas, eran sujetos de
derechos y obligaciones y, por lo tanto, podían comparecer a los procesos
mediante el ente fiduciario “Tiene razón la censura en los errores que le
enrostra al Tribunal, dado que como lo enseña la doctrina y lo ha reiterado
esta Corporación en distintas oportunidades, “si bien es cierto que por
regla general solo pueden ser parte en un proceso las personas jurídicas y las
naturales (Art.44 C de P.C.). (…) también se ha admitido como sujetos
procesales, con capacidad para comparecer en causa judicial como demandantes o
como demandados, a los denominados patrimonios autónomos, los cuales, de
acuerdo con la doctrina, son unos bienes que por ficción jurídica tienen
un representante legal, como por ejemplo entre otros, la herencia yacente, la
masa de bienes del ausente, la masa de bienes del quebrado y el patrimonio de
la fiducia, los cuales constituyen una nueva especie de sujetos de derechos y
obligaciones que, igualmente pueden ser partes en los pleitos judiciales”. Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia 20 de febrero de 2013,
Radicación No. 42392.
[231]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 20
de febrero de 2013, Radicación No. 42392. Ver también, Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencias SL4124-2019, SL3292-2019 y
SL2841-2019.
[232] Cuaderno
1, fls 144 y 145.
[233] Es
importante resaltar que en la presente acción de tutela el PAR TELECOM y las
sociedades fiduciarias no presentaron argumento alguno en contra del auto del 8
de octubre de 2018 mediante el cual la Sala de Casación Laboral decidió
rechazar de plano el incidente de nulidad.
[234] Cuaderno
1, fl. 170: “Los errores protuberantes consisten en lo siguiente. 1.
Dar por demostrado, sin estarlo, que a los demandantes les asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión anticipada. 2. No dar por demostrado,
estándolo, que los demandantes no cumplen los requisitos establecidos en la
convención colectiva de trabajo para el reconocimiento y pago de la prestación
a la que se refiere el Plan de Anticipado de Pensión”.
[235]
Cuaderno 1, fl. 173.
[236] Cuaderno
1, fl. 174.
[237] Cuaderno 1, fl.
219.
[238] Cuaderno 1, fl.
219.
En particular, la Sala de Casación Laboral precisó que el
Tribunal concluyó que estar cobijado por el régimen de transición previsto en
la Ley 100 de 1993 no era un requisito para acceder al PPA con base en una
premisa fundamental: “en TELECOM existía un régimen especial de transición,
reglado por los Decretos 1835 de 1994 y 2661 de 1960, no obstante, lo
consagrado en forma expresa en la adenda extraconvencional”[238].
De acuerdo con la Corte, el PAR no objetó dichas consideraciones y por lo tanto
“la providencia debe permanecer incólume, por la doble presunción de
legalidad y acierto que la reviste, en tanto el censor, no atacó la totalidad
de fundamentos basales de la decisión, pues encontró la argumentación sobre la
existencia del error fáctico en la indebida valoración de la adenda
convencional, y el instructivo del plan de pensión anticipada, cuando, en
contraposición, el colegiado, obtuvo sus conclusiones de las premisas jurídicas
dispuestas en los D 1835 de 1994 y 2661 de 1960 y en lo que encontró del
documento a folios 1441 a 1451 del cuaderno no. 5, sobre los cuales, se
insiste, nada controvirtió el recurrente”.
[239] Así, respecto
del cargo décimo la Sala de Casación Laboral señaló que el
recurrente no sustentó suficientemente las razones por las cuales consideraba
que el Tribunal había incurrido en una violación directa de la ley “ya que
si bien en la presentación de la proposición jurídica, alude que hubo una
aplicación indebida de la norma que sirvió de soporte al ad quem, no hace
ningún esfuerzo argumentativo para indicar a la Sala el motivo por el cual, no
obstante esa normativa fue entendida correctamente, se aplicó a un hecho no
previsto por ella” Cuaderno 1, fl. 221.
[240] Cuaderno
1, fl. 16.
[241] Ibidem.
[242] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de abril de
2018 SL1368-2018.
[243] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 del 8 de
noviembre de 2017, SL18443-2017. Ver también: sentencias SL 17642-2015,
CSJ SL 4332-2016 y CSJ SL4934-2017.
[244] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de octubre de 2018, SL4418-2018;
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia del 25 de octubre de 2017, SL17435-2017; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
sentencia del 7 de junio de 2017, SL8309-2017.
[245] Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de octubre de
2017, SL17435-2017.
[246] En
relación con la liquidación de las pensiones relacionadas con el régimen de
transición, la Corte ha sido enfática en que el IBL debe computarse en los
precisos términos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ver, las sentencias
C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017, entre otras.
[247] Cuaderno 1, fl.
219.
[248] Cuaderno
1, fl. 221.
[249] Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Tercera de Decisión
Laboral, sentencia del 7 de septiembre de 2012, pág. 79. Cuaderno 1, fl. 132.
[250] Sentencias
C-110 de 2019, SU-140 de 2019 y SU-555 de 2014.
[251] Sentencias
C-110 de 2019 y C-651 de 2015.
[252] Sentencia
C-110 de 2019.
[253] De
acuerdo con la información aportada por el PAR TELECOM al trámite de revisión “el
impacto económico causado al Tesoro Nacional [por el pago de las condenas] equivaldría
a la suma de DIEZ MIL SESISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA
MIL NOVECIENTOS SETENTA U NUEVE MIL CON 32 ($10.639.870.979,34)”
(Cuaderno de Revisión, fl. 102).
[254]
Resolutivo tercero de la sentencia de segunda instancia.
[255] Cuaderno
1, fl. 206.  Al respecto la Sala de Casación Laboral señaló que el PAR TELEOCM
pasó por alto “la regla establecida por la jurisprudencia del
trabajo, según la cual, quien acude al recurso extraordinario de casación, debe
evitar mezclar, en un solo cargo, las sendas de ataque propias de la causal
primera, es decir, la directa y la indirecta
[256] Cuaderno
1, fl. 207.  Al respecto, señaló que de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia “cuando la acusación se dirige por la vía
indirecta, además de resultar insoslayable la enunciación de los errores de
hecho en que incurrió el Tribunal, es indispensable indicar su incidencia en la
decisión acusada”. Adicionalmente se aduce que el PAR TELECOM no cumplió con
este estándar jurisprudencial porque, en criterio de la Sala de Casación
Laboral, (i) “en el desarrollo del cargo, no cuestiona la valoración probatoria
de cada uno de los elementos de convicción que llevaron al colegiado a
reconocer en los demandantes, la condición de padres o madres cabeza de
familia” ; (ii) la impugnación señala yerros que el Tribunal nunca cometió
porque “contrario a lo que anuncia en la sustentación del cargo, sí apreció los
documentos que alude fueron omitidos” ; y (iii) en cualquier caso, no explicó
cuál era la incidencia que la omisión de valoración probatoria de ciertos
documentos tuvo en la sentencia.
[257] Cuaderno
1, fl. 216.
[258] Cuaderno
1, fl. 16.
[259] Ibidem.
[260] Al
respecto se pueden consultar las siguientes sentencias de Sala de Casación
Laboral: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 1 de octubre de
2019, SL4285-2019; en el mismo sentido ver Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Laboral, sentencia del 5 de junio de 2019, SL3122-2019. “Aunque la
sociedad opositora acertó al endilgarle defectos técnicos a la demanda de
casación, lo cierto es que el querer de la recurrente puede ser desentrañado.
(i) Es cierto que el cargo fue propuesto por la vía indirecta en la modalidad
de inaplicación de la ley o lo que es lo mismo, violación directa, lo que no es
posible cuando el recurso se utiliza con la idea de demostrar que el
sentenciador llegó a la transgresión de nomas legales nacionales de carácter
sustantivo, como consecuencia de errores de hecho o de derecho. (ii) En la
proposición jurídica fueron incluidas normas convencionales y un laudo
arbitral, a pesar de que reiteradamente ha señalado la jurisprudencia que no
encuadran en la categoría de ley sustancial, pero el hecho de haber mencionado
como violados los artículos del CST que consagran las convenciones colectivas,
obvia ese defecto. (iii) A la sentencia atacada se le endilgaron errores de
hecho mencionando unas pruebas como mal apreciadas, lo que es correcto en razón
de la vía escogida, la directa, pero se mezclaron argumentos jurídicos y
fácticos en lo que más parece un alegato de instancia.” Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 8 de mayo de 2019, SL1682-2019;
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 29 de junio
de 2016, SL10538-2016. “Aun cuando le asiste razón al opositor en lo
relacionado con que los dos últimos errores de hecho que le endilga el censor a
la sentencia impugnada y que se mencionan en el primer cargo, en cuanto que
encarnan un cuestionamiento netamente jurídico y no de carácter fáctico o
probatorio, tal deficiencia no logra impedir el estudio sobre el fondo del
ataque, en tanto que dicha irregularidad puede ser superada al emprender la
Sala el análisis conjunto de las dos acusaciones, a lo cual se procede por
existir identidad en el compendio normativo denunciado y perseguir un mismo
propósito con similares argumentos, no obstante dirigirse el ataque por vías y modalidades
de violación diferentes”.
[261] Por
otro lado, la Corte observa que la presentación de los argumentos relacionados
con la calidad de prepensionados de alguno de los demandantes únicamente
afectaba las alegaciones presentadas por el PAR TELECOM frente aquellos
demandantes a quienes se les había concedido la protección del retén social por
tener esta calidad. El Tribunal Superior de Barranquilla condenó al PAR a pagar
una “indemnización por la protección legal del Retén Social, sustitutiva del
reintegro” a favor de 13 de los 19 demandantes. Lo anterior por cuanto (i) 9 de
ellos tenían la calidad de madres/padres cabeza de familia, y (ii) 4 tenían la
calidad de prepensionados, a saber: Oswaldo de Jesús Beleño Silva, Jesús
Antonio Hernández Rodríguez, José Rafael Gómez de la Cruz y Mario Orlando Durán
Morales. En estos términos, la colisión de modalidades únicamente afectaría las
alegaciones presentadas respecto de estos cuatro demandantes. Las alegaciones
presentadas frente al resto de los demandantes, que no tenían la condición de
prepensionados, no adolecerían de este defecto técnico. Por estas razones, la
Corte concluye que el error técnico de colisión era salvable o, por lo menos,
solo afectaba las alegaciones respecto de 4 de los 13 demandantes a quienes se
les concedió el beneficio del retén social.
[262] Cuaderno
1, fl. 207.
[263] Cuaderno
1, fl. 207.
[264] Cuaderno
1, fl. 207.
[265] Ibidem.
[266] Esto mismo
ocurre con las alegaciones del PAR TELECOM en relación con el demandante Nelson
Enrique Oviedo. En efecto, el PAR TELECOM se limitó a señalar que este no tenía
la calidad de padre cabeza de familia porque existía una “decisión de
desembargo por cuota alimentaria”. Sin embargo, no especificó por qué el
desembargo era relevante. Por otro lado, la afirmación genérica de que “el
informativo no evidencia que el actor no tuviese otra alternativa económica”
es una mera alegación de instancia que es insuficiente en sede de casación.
[267] En
estos casos el PAR TELECOM reiteró las razones por las cuales consideraba que
cada uno de estos demandantes no tenía la condición de padre/madre cabeza de
familia y/o prepensionado. Sin embargo, el argumento central era que el
Tribunal no había advertido que estos extrabajadores ya habían sido
reintegrados.
[268] Recurso
de casación, pág. 29. Cuaderno 1, fl. 159.
[269] Recurso
de casación, pág. 32. Cuaderno 1, fl. 160.
[270] Recurso
de casación, pág. 37. Cuaderno 1, fl. 163.
[271] Recurso
de casación, pág. 39. Cuaderno 1, fl. 164.
[272] Recurso
de casación, pág. 34. Cuaderno 1, fl. 161.
[273] Recurso
de casación, pág. 38. Cuaderno 1, fl. 163.
[274] Recurso
de casación, pág. 36. Cuaderno 1, fl. 162.
[275] Por
lo anterior, (i) en estricto sentido, no es posible concluir que el
Tribunal valoró estos documentos. La mera cita o lista del
documento no supone una valoración; y (ii) por esta misma razón, no es
posible concluir que el PAR TELECOM incurrió en un error de técnica al señalar
que el Tribunal no había valorado estos documentos.
[276] Recurso
de casación, pág. 23.  Cuaderno 1, fl. 156.
[277] Recurso
de casación, pág. 23.  Cuaderno 1, fl. 156.
[278] Cuaderno
1, fl. 196.
[279] Ibidem.
[280] Al
respecto señaló que el recurrente pasó por alto que “la aplicación indebida
de la ley es una modalidad de transgresión legal independiente, autónoma y
excluyente de la interpretación errónea, puesto que, la primera, se presenta
cuando, entendida adecuadamente la norma sustantiva en sus alcances y
significado, como consecuencia de una hermenéutica apropiada, se aplica a un
hecho no previsto por ella; se extralimita el ámbito de su competencia temporal
o se restringe su alcance y contenido, mientras que, la segunda, precisa de una
intelección equivocada de la disposición jurídica aplicable al caso, por lo que
resulta erróneo proponer en la misma censura, que el Tribunal entendió
adecuadamente la norma que se alude infringida y que a su vez, no lo hizo”. Cuaderno
1, fl. 197.
[281] Cuaderno
1, fl. 197.
[282] Cuaderno
1, fl. 197.
[283] Cuaderno
1, fl. 199.
[284] Cuaderno
1, fl. 199.
[285] Cuaderno 1, fl.
32.
[286] Ibidem.
[287] Ibidem.
[288] Cuaderno
1, fl. 199.
[289] Cuaderno
1, fl. 199.
[290] Tal y
como se explicó en los fundamentos 154-157 supra, respecto de los
demandantes incluidos en los grupos segundo y tercero, la Sala de Casación
Laboral se limitó a afirmar que el Tribunal sí había valorado las pruebas denunciadas
por el PAR TELECOM y/o que el PAR TELECOM no especificó cuál era el efecto de
la omisión probatoria denunciada Con fundamento en estas consideraciones, la
Sala de Casación Laboral desestimó los argumentos de la recurrente y confirmó
la sentencia de segunda instancia. De esta forma, en estricto sentido la Sala
de Casación Laboral no hizo una valoración material completa del
contenido de los documentos que el PAR TELECOM alegaba habían sido omitidos y,
en estricto sentido, no evaluó si estos demandantes eran o no beneficiarios del
retén social. Con base en ello, la Sala Plena ordenará a la Sala de Casación
Laboral realizar este análisis en la sentencia de reemplazo (fundamento 178.A).
[291] Resolutivo
segundo de la sentencia de segunda instancia.
[292] Acuerdo PCSJA2011517 de 15 de marzo de
2020, Acuerdo PCSJA20-11518 de 16 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA20-11519 de 16 de marzo
de 2020, Acuerdo PCSJA2011521
de 19 de marzo de 2020, Acuerdo PCSJA2011526 de 22 de marzo de 2020.
[293] Acuerdo PCSJA20-11532 del 11 de abril
de 2020.
[294]
Acuerdo PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020.