T-208-18
Sentencia T-208/18
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE
LA ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro
medio de defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
ESPECIAL PROTECCION DEL GOCE
EFECTIVO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
PROTECCION DEL DERECHO AL AGUA-Procedencia
RELACIONES DE
ESPECIAL SUJECION ENTRE LOS INTERNOS Y EL ESTADO-Respeto por
la dignidad humana de personas privadas de la libertad
DERECHOS
FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Suministro de
agua potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad es una
obligación estatal de imperativo cumplimiento
SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CONDICIONES DE
DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD-Reglas
jurisprudenciales
NIVELES
MINIMOS ESENCIALES DE SUMINISTRO DE AGUA PARA PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Parámetros
fijados por la CIDH establece mínimo de 13 a 15 litros de agua por persona
siempre que las instalaciones estén funcionando adecuadamente
DERECHO AL
AGUA POTABLE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-No
vulneración por cuanto suministro del líquido vital cumple con las condiciones
de disponibilidad, calidad y accesibilidad
Referencia: Expediente T-6303506
Acción de tutela
presentada por Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso Galindo
contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y
Carcelario de Acacías - Meta, la Dirección General del INPEC, la Dirección
Regional del INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-
y la Alcaldía Municipal de Acacías - Meta[1]
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos
mil dieciocho (2018).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la Magistrada Diana Fajardo Rivera y los
Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
dictados, en primera instancia, por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Acacías - Meta, el 5 de enero de 2017 y, en segunda instancia,
por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio - Meta, el 21 de febrero de 2017, dentro de la acción de tutela
promovida por Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso
Galindo contra la Dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Acacías - Meta, la Dirección General del INPEC, la
Dirección Regional del INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios -USPEC- y la Alcaldía Municipal de Acacías - Meta.
El expediente de la referencia fue
seleccionado para revisión por medio de auto del 25 de agosto de 2017, proferido
por la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional.
I.  ANTECEDENTES
El 20 de diciembre de 2016, los señores
Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso Galindo
presentaron acción de tutela en nombre propio, reclamando
la defensa de sus derechos fundamentales a la vida, la
salud, la integridad física y la dignidad humana. Consideran que las autoridades
accionadas violaron estos derechos constitucionales al no garantizar una
adecuada prestación del servicio de agua potable al interior del Pabellón Séptimo
del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Acacías - Meta, donde
se encuentran recluidos. En concreto, afirman que el centro carcelario les
suministra el líquido con poca frecuencia y en cantidades que resultan
insuficientes para satisfacer sus requerimientos diarios. Por ello, solicitan
la implementación de un sistema que permita el acceso pleno a esta necesidad
vital.
Los hechos expuestos por los accionantes en
su escrito de tutela, son los siguientes:
1. Hechos
1.1. Los accionantes se encuentran
recluidos en el Pabellón Séptimo del Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Mediana Seguridad de Acacías - Meta, integrado por 243 internos. La
temperatura en dicha zona del país es en promedio de 25°C.
1.2. Afirman que en el centro de reclusión
no se garantiza un suministro adecuado de agua potable, toda vez que el servicio
se presta de manera interrumpida y esporádica en determinadas horas del día, lo
cual les genera dificultades para el desempeño de actividades vitales como bañarse, realizar sus necesidades fisiológicas, calmar
la sed y desarrollar, en general, algunas labores productivas dentro del penal.
1.3. Aducen que la provisión del líquido al
interior de las celdas opera inicialmente entre las 5:30 y las 5:45 de la
mañana, extendiéndose, en algunas ocasiones, hasta las 6:00 a.m. Este periodo
de tiempo debe ser empleado racionalmente para atender los requerimientos
básicos de aseo, higiene e hidratación de los 3 internos que permanecen en cada
lugar de reclusión, cuya dimensión es de 3.40 metros de alto por 2.50 metros de
ancho.
1.4. Explican que a las 6:20 o 6:30 a.m.
son trasladados a las duchas comunales para que en un periodo límite de 25
minutos los 243 internos que permanecen confinados en el patio puedan asearse.
En este punto se activa el servicio de agua en los sanitarios comunales, el
cual se prolonga por máximo 10 minutos. El suministro en esta zona del penal es
reactivado a la 1:00 de la tarde por un término de entre 8 a 10 minutos,
posteriormente a las 3 p.m. por máximo 25 minutos y finalmente a las 6 de la
tarde, cuando deben regresar a sus celdas, por un tiempo que oscila entre los 8
y 10 minutos para que los 3 internos realicen sus necesidades fisiológicas,
laven la ropa y eventualmente tomen una ducha.
1.5. Exponen que el servicio se reanuda al
día siguiente, lo que supone que durante toda la noche deben soportar los malos
olores como consecuencia de las necesidades fisiológicas realizadas y la
imposibilidad de vaciar los sanitarios[2].
Igualmente, aducen que en ausencia del líquido, las baterías de los baños
comunales permanecen llenas de materia fecal y rodeadas de moscas. Esta situación
es causante de olores nauseabundos que se extienden hasta sus celdas e incluso
hacia los comedores, ubicados a escasos metros, lo cual ocasiona incomodidad al
momento de ingerir los alimentos y genera graves enfermedades así como problemas
de sanidad e higiene.
1.6. Manifiestan que la problemática
advertida genera, además, repercusiones en su esfera personal pues los días en que
se les concede el derecho a la visita conyugal, sus parejas sentimentales no
tienen acceso alguno a servicios higiénicos y de aseo para “limpiar sus
cuerpos o partes íntimas”[3].
Enfatizan en que este hecho desconoce su dignidad humana y la de sus familiares,
quienes cumplen un papel determinante en su resocialización.
1.7. Resaltan que el panorama de escasez en
el abastecimiento del mínimo de agua vital obedece en gran medida al hecho de
no tener contratado, según afirman, un servicio público de acueducto, ya que la
provisión se materializa a través de un pozo o tanque de almacenamiento instalado
en la cárcel cuyo funcionamiento depende de una electro bomba[4].  Así, cuando no hay
energía, el suministro de agua presenta mayores limitaciones a las existentes.
1.8. En procura de encontrar soluciones a
la situación expuesta, el 16 de noviembre de 2016, elevaron un derecho de
petición al Director del centro de reclusión para solicitar el suministro de
agua de manera continua. En respuesta al requerimiento se les informó que, contrario
a lo indicado por los internos, el abastecimiento se produce en los siguientes
horarios, por un tiempo máximo de entre 15 a 30 minutos: “5.30 a.m. Celdas
de 30 minutos, 6:30 a.m. Duchas 30 minutos, 9:00 a.m. Áreas comunes 10 a 15
minutos, 13:00 horas Áreas comunes 10 a 15 minutos, 15:00 horas Duchas de 30
minutos, 18:00 horas Celdas de 30 minutos”[5].
En criterio de la cárcel, dicha programación es “suficiente para cubrir
todas las necesidades de la población reclusa”[6].
En el mismo documento, se les comunicó (i)
que la Dirección del centro correccional le ordenó al Comando de Vigilancia
realizar “una verificación del tiempo para establecer si es viable
aumentar el [periodo] en el que se provee el líquido a los pabellones”[7] y (ii) que se gestionó
con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- “la
construcción y puesta en marcha de un tanque de almacenamiento de agua con
capacidad de 120.000 Lts, el cual suministrará el servicio exclusivo para
sanidad y rancho en el ala A y B, lo que significa que esto permite que haya
más flujo de agua hacia todas las celdas de los pabellones ubicados en el
sector en mención”[8].
1.9. Tras estimar que dichas actuaciones no
brindaban una solución material al déficit planteado, acudieron a este
mecanismo constitucional para invocar el amparo de sus derechos fundamentales a
la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana y, en consecuencia,
solicitar que se disponga “de manera extensiva para todos los internos del
patio No. 7 y para todos los internos de la penitenciaria de Acacías, Meta”[9] un suministro de agua
potable que consulte los postulados de la jurisprudencia constitucional.
1.10. Sobre esta premisa y considerando su
condición de especial sujeción e indefensión, le solicitan a las autoridades
penitenciarias accionadas que asuman la obligación de velar por su bienestar, disponiendo
para tal fin del presupuesto y de las medidas que resulten adecuadas y
necesarias para contratar, en un término no mayor a 30 días, la prestación del
servicio público de acueducto con una entidad que cumpla tal acometido, a fin de
que el suministro de agua se proporcione en forma permanente y continua.
2. Respuesta de las entidades accionadas
y de la institución vinculada de oficio
2.1. Una vez se avocó el conocimiento de la
presente acción de tutela por parte del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías - Meta, el 22 de diciembre de 2016, el Despacho
ordenó notificar a las entidades accionadas para que ejercieran el derecho de
defensa y contradicción[10].
Igualmente, mediante auto posterior de fecha 27 de diciembre, vinculó al
trámite de amparo a la Empresa de Servicios Públicos de Acacías -ESPA- para que
se pronunciara sobre los hechos objeto de estudio[11].
2.2. La Dirección del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Acacías - Meta respondió el requerimiento
judicial y solicitó declarar la improcedencia del
amparo por la inexistencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados por parte de la entidad[12]. Para sustentar esta
postura, señaló de manera preliminar que el servicio de agua en el interior del
penal es suministrado directamente por la Empresa de Servicios Públicos de
Acacías -ESPA-, ya que no se cuenta con un acueducto propio ni con una planta
purificadora que genere el abastecimiento pretendido. En esa medida, la
provisión está sujeta a la regularidad y continuidad que determine la empresa
citada, en la cantidad y los horarios fijados por ella.
En relación con las fuentes de acceso que
actualmente ofrece el centro de reclusión para satisfacer el servicio de agua
potable de la población privada de la libertad, la Dirección expuso que “cada
pabellón cuenta con un tanque elevado de agua con un filtro de ozono para
purificar el agua, junto con la conexión habilitada en una llave de paso, por
medio de la cual cada interno se provee de agua en su vaso de dotación o su
propio recipiente y un segundo tanque que [distribuye] agua para el aseo
del patio (limpieza de los baños, aseo de las áreas de comedor), y usos
generales de los internos”[13].
También se brindan opciones adicionales, como la venta del líquido a través del
expendio del establecimiento correccional que funciona en cada patio y
proporciona “bebidas líquidas en recipientes de plástico como gaseosa, agua
en botella de 600 mililitros, agua en bolsa de 600 mililitros, a precios
asequibles; bebidas que cada interno puede adquirir y si a bien lo tiene
almacenar cuando desee consumirlas”[14].
Sobre la cantidad y la periodicidad con
la que se satisface el acceso al mínimo de agua vital, advirtió que el abastecimiento se realiza en forma continua “no se suspende
durante el día ya que [se] cuenta con una llave directa al tanque
elevado ubicado en el patio, estos tanques tienen capacidad de almacenamiento
de 1.000 y 2.000 litros respectivamente, para suministrar el preciado líquido
al personal recluso de cada pabellón”[15].
Para explicar lo anterior, afirmó -en contradicción a lo dicho por los
tutelantes- que la provisión en el patio 7 se produce por más de 8 veces en el
día, por espacio de 20 o 30 minutos. Ello implica que diariamente se garantizan
más de 200 minutos de suministro de agua en esta área del establecimiento, tiempo
suficiente para atender las necesidades básicas de los internos. En su
criterio, un abastecimiento las 24 horas del día generaría un racionamiento del
líquido en desmendro de los habitantes del municipio de Acacías y afectaría la
capacidad económica del penal, que tendría que asumir el costo elevado de la
factura emitida con ocasión del alto consumo registrado[16].
Frente a la calidad del agua suministrada
en el centro penitenciario, la Dirección aludida manifestó que sobre los
tanques de almacenamiento se realiza periódicamente una labor de limpieza y
desinfección, que comprende la toma de muestras fisicoquímicas y
bacteriológicas para la medición de los niveles de potabilidad, empleando para
tal fin los químicos reglamentarios tendientes a su higienización. Dicha labor
es llevada a cabo por el Laboratorio “Amparo Restrepo”, con quien se celebró el
contrato 102 del 5 de mayo de 2015 para ser ejecutado desde el 21 de abril
hasta el 23 de diciembre de 2016. Igualmente contribuyen al desarrollo de tal
actividad los profesionales de la Universidad Corporativa del Meta, quienes
toman como referencia “dos grifos de agua al azar de este establecimiento
carcelario”[17].
En lo tocante a las medidas implementadas
en caso de situaciones que limiten o restrinjan la
provisión del líquido en forma permanente y apropiada para el consumo humano,
indicó que, en conjunto con el Comando de Vigilancia de la Cárcel, se
impartieron una serie de instrucciones para que los internos puedan tener 2
galones por celda que les permitan almacenar agua durante la noche, “lo que
en la actualidad se mantiene, porque no se ha impartido una orden contraria, incluso
en algunas celdas cuentan con más de los galones autorizados y no se les retira
atendiendo la necesidad del líquido”[18].
Adicionalmente, en caso de racionamientos, el
suministro se realiza con las reservas existentes para garantizar que los más
de 2.907 reclusos y no menos de 400 funcionarios puedan satisfacer, sin interrupción
alguna, sus requerimientos básicos de salubridad e higiene.
En lo que se refiere al servicio de
alimentación informó que, según reporte del señor Alex Miguel Arias Flórez
quien funge como administrador del Rancho, durante el desayuno, el
almuerzo y la comida se suministra una cantidad de líquido equivalente a 270
centímetros cúbicos en cada tiempo, además, de otro volumen igual durante el
transcurso del día. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
contrato 362 del 23 de diciembre de 2015 suscrito entre la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- y el Consorcio de Alimentación
-Catalimentos-, con el objeto de satisfacer las necesidades diarias de
hidratación y nutrición dentro del penal. Agregó que en la zona de comidas se
cuenta con 3 tanques elevados, cada uno con capacidad de almacenamiento del
líquido de 5.000 centímetros cúbicos, “lo cual resulta más que suficiente
para abastecer el área del rancho en caso de racionamiento o suspensión del
servicio”[19].
Para finalizar, la entidad manifestó que, en
últimas, lo que pretenden los accionantes, en sede de tutela, es controvertir
la legalidad de un acto administrativo -reglamento interno del establecimiento
penitenciario- que establece el horario de cotidianidad para los internos, cuando
lo que procede es acudir con ese propósito a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo por ser el escenario natural para dirimir tal cuestión. Agregó
que en oportunidades anteriores distintas autoridades judiciales se han ocupado
de estudiar la problemática advertida en esta ocasión, con decisiones que
terminan por reconocer la ausencia de responsabilidad a cargo del centro de
reclusión en materia de satisfacción de mínimos vitales para las personas
privadas de la libertad.
2.3. La Dirección General del INPEC se pronunció sobre los hechos materia de discusión solicitando la
desvinculación del trámite adelantado ante la ausencia de violación a los
derechos fundamentales de los actores[20].
En su criterio, el funcionamiento, mantenimiento y control de cada centro de
reclusión recaen en forma prioritaria en su director, quien se erige en el jefe
de gobierno interno, y en la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, en su condición de entidad encargada de
asegurar la infraestructura carcelaria para las personas privadas de la
libertad. Teniendo en cuenta lo anterior, expuso que la situación invocada por
los accionantes fue puesta en conocimiento de tales instituciones públicas por
corresponder a su ámbito funcional.
2.4. La Empresa de Servicios Públicos de
Acacías -ESPA- dio contestación al requerimiento
judicial en el sentido de no acceder a las súplicas de los tutelantes, por
ausencia de vulneración a sus garantías constitucionales básicas[21]. Para
sustentar esta postura sostuvo que, pese a los reiterados incumplimientos por
falta de pago del Establecimiento Penitenciario de Acacías, se ha garantizado
la prestación y continuidad del servicio de agua a la población reclusa, en
aras de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas. Indicó que se
instalaron 2 macromedidores de 8 y 4 pulgadas respectivamente, los cuales
registran el caudal de líquido que ingresa a los tanques de almacenamiento para
verificar el consumo diario y evitar el derroche del mínimo de agua vital. Aclaró
que “la distribución interna del servicio de acueducto no corre por cuenta
de esta prestadora sino del establecimiento carcelario”[22].
2.5. La Dirección
Regional del INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-
y la Alcaldía Municipal de Acacías - Meta guardaron silencio, pese a la
solicitud judicial.
3. Decisiones que se revisan
3.1. Decisión del juez de tutela de
primera instancia
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Acacías - Meta, mediante providencia del 5 de enero
de 2017, declaró improcedente la protección
constitucional solicitada. Para el Despacho no “hubo una vulneración
efectiva de [los] derechos [de los actores], sino un episodio de
inconformidad contra las acciones propias adoptadas por las directivas del
penal [relacionadas con los horarios de distribución de agua potable] según
su reglamento interno, resultando improcedente la presente tutela cuando, al
tenor del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se cuenta con otros medios o
mecanismos de defensa judicial idóneos y eficaces”[23]. Adujo que, a la fecha,
el suministro del líquido es garantizado en cantidades suficientes para
asegurar la satisfacción de requerimientos vitales, en horarios que no
desconocen los postulados de la dignidad humana.
3.2. Impugnación presentada por los
accionantes
La anterior determinación fue impugnada por
los actores, mediante escrito del 10 de enero de 2017, en el que solicitaron revocar
la decisión de primera instancia y, en su lugar, conceder el amparo de los derechos
fundamentales[24].
Reiteraron que la prestación del servicio de agua
potable en forma permanente y en condiciones aptas para el consumo humano es
una necesidad vital para la población privada de la libertad. En su opinión,
este mandato constitucional está siendo desconocido en su caso particular toda
vez que desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente son
encerrados en sus celdas, permaneciendo 14 horas sin provisión del líquido
vital[25]. Esta situación genera que las baterías sanitarias no puedan ser
vaciadas durante toda la noche, lo que ocasiona graves problemas de salubridad.
Por ello, solicitan que “el suministro del acueducto sea las 24 horas del
día o que construyan un tanque de reserva que tenga capacidad de 100.000 mil
galones”[26].
3.3. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
Luego de impugnarse este fallo, conoció
de la tutela en segunda instancia la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio - Meta, que mediante
providencia del 21 de febrero de 2017 confirmó la decisión de primera
instancia. En su criterio, la acción presentada es
improcedente debido a que la controversia se refiere a discusiones de índole
legal relativas a las disposiciones expresas del reglamento interno del penal que establece los horarios de provisión de agua potable. Tal
asunto debe ser planteado a través del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en sede administrativa.
4. Pruebas relevantes que obran en el
expediente de tutela
Respuesta al derecho de petición presentado
por el interno Ferney Casallas Daza a la Procuraduría Regional del Meta, el 22
de septiembre de 2016, mediante el cual solicitó su intervención ante el
Establecimiento Carcelario de Acacías en razón a la ausencia de suministro
constante de agua potable en el interior del centro de reclusión. En dicho oficio,
el ente de control le indicó que “en cumplimiento [a su] labor preventiva,
[comisionará] a la Personería Municipal de Acacías-Meta, a fin de que
verifique dicha problemática y establezca qué acciones vienen adelantado las
directivas del establecimiento para resolver tal situación”[27].
5. Actuaciones surtidas en sede de revisión
La Sala Segunda de
Revisión, a efectos de adoptar una decisión integral en el asunto de la
referencia, requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-,
a la Empresa de Servicios Públicos de Acacías -ESPA- y a la Dirección del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Acacías - Meta, para que
suministraran información, por Auto del 10 de octubre de 2017. Dichas entidades
dieron contestación a cada uno de los interrogantes planteados mediante oficios
del 20 de octubre, 25 de octubre y 31 de octubre, respectivamente.
Posteriormente, mediante Auto del 4 de diciembre de 2017 se suspendieron los
términos del proceso y se requirió, una vez más, a la empresa prestadora y a la
Dirección del penal accionado para que proporcionaran información adicional a
la obtenida en virtud de un primer requerimiento, ante lo cual se pronunciaron a
través de escritos del 15 y 18 de diciembre de la referida anualidad.
El contenido integral
de las preguntas formuladas por la Sala en cada solicitud probatoria y las
respuestas brindadas, en dichas oportunidades, podrán observarse en un anexo
que se adjuntará a la presente providencia, sin perjuicio de advertir que se referirán
y analizarán en detalle al momento de resolverse el caso concreto.
iI.
Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional
es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite
de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso
3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. La acción de tutela presentada por
Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso Galindo es
procedente para buscar la protección de sus derechos fundamentales
En esta oportunidad, se cumplen a cabalidad
los requisitos de procedencia de la acción de tutela, esto es, la legitimación
por activa y pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. A continuación, se
analizarán en detalle cada uno de los presupuestos mencionados, que sustentan
dicha conclusión.
2.1. Legitimación
para actuar
2.1.1. Legitimación por activa. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Superior, toda persona tiene derecho
a interponer acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre[28]. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[29] establece que la referida acción constitucional “podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada
en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad, los
señores Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso Galindo actúan
en defensa de sus derechos e intereses, razón por la cual se encuentran
legitimados para intervenir en esta causa.
2.1.2. Legitimación
por pasiva. De conformidad con el artículo 5 del
Decreto 2591 de 1991[30], “[l]a acción de tutela procede contra toda acción u omisión de
las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley”. En esta
oportunidad, se tiene que al Director del Establecimiento Carcelario de Mediana
Seguridad de Acacías - Meta, en su condición de jefe de gobierno interno, le
corresponde velar por el funcionamiento y el control del centro correccional a
su cargo, adoptando las medidas de atención, tratamiento,
custodia y vigilancia que resulten pertinentes para garantizar la integridad,
seguridad y el respeto de los derechos fundamentales de quienes allí permanecen
confinados[31].
Por su parte, la Dirección General del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- se encarga de dirigir, vigilar
y controlar la implementación de las políticas, planes,
programas y proyectos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación al
interior de los centros de reclusión del orden nacional, siendo de su
competencia la expedición del reglamento general que establece reglas de
conducta y seguridad interna y externa para todas las prisiones del país mediante
el respeto de las garantías constitucionales y la aprobación de los reglamentos
internos a los cuales se sujetarán los diferentes establecimientos de reclusión[32].
La Dirección Regional del INPEC tiene a su
cargo el funcionamiento de los establecimientos de confinamiento, de acuerdo
con las directrices impartidas por la Dirección General y la normatividad
vigente. Igualmente, le asiste la coordinación de la implementación de las
políticas, planes, programas y actividades relacionadas con la atención
integral, tratamiento, custodia y vigilancia penitenciaria a nivel regional y
en los centros carcelarios que se encuentren dentro de su ámbito territorial de
competencia[33].
Finalmente, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- tiene
como función gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los
servicios penitenciarios, la definición de políticas en materia de
infraestructura carcelaria y el desarrollo y ejecución de planes, programas y
proyectos de naturaleza logística y administrativa para el adecuado
funcionamiento de todas las cárceles del país[34].
Como se observa, las autoridades
penitenciarias accionadas están legitimadas como parte pasiva en el proceso de
tutela, en su condición de entidades públicas con funciones que contribuyen a
la garantía de los derechos fundamentales objeto de discusión.
Frente a la Empresa de Servicios Públicos
de Acacías -ESPA-, también se encuentra acreditada la legitimación por pasiva,
por cuanto dicha entidad, de acuerdo con la información obrante en el proceso,
es la encargada de prestar el servicio público de acueducto en la Penitenciaría
de Mediana Seguridad de Acacías. En cuanto a la Alcaldía Municipal de la
localidad referida no se encuentra acreditado este presupuesto de procedencia,
por cuanto tal ente territorial no tiene dentro de sus competencias la
definición de las políticas en materia de infraestructura carcelaria ni
interviene en casos como este, para garantizar un suministro adecuado de agua
potable al interior de los centros de reclusión. En este orden de ideas, se
declarará su falta de legitimación en la causa por pasiva dentro del presente
trámite.
2.2. En el presente asunto se cumple con
el requisito de inmediatez y subsidiariedad de la acción de tutela
2.2.1. Inmediatez. La procedibilidad
de la acción de tutela está, igualmente, supeditada al cumplimiento del
requisito de inmediatez. Este exige que el amparo sea interpuesto de manera
oportuna en relación con el acto que generó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales. La inmediatez encuentra su razón de ser en la tensión
existente entre el derecho a presentar una acción constitucional “en todo
momento” y el deber de respetar su configuración como un medio de
protección “inmediata” de las garantías básicas. Es decir, que pese a
no contar con un término preestablecido para efectuar la presentación, debe
existir necesariamente una correspondencia entre la naturaleza expedita de la
tutela y su interposición oportuna.
Para verificar el cumplimiento del
principio de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre
la supuesta violación o amenaza y la interposición del amparo es razonable. De
no serlo, debe analizar si existe una razón válida que justifique la
inactividad del accionante, pues es inconstitucional pretender darle un término
de caducidad a la acción, o rechazarla únicamente con fundamento en el paso del
tiempo[35].
Tratándose de personas privadas de la
libertad, el juez de tutela debe ser sensible a las condiciones especiales de
vulnerabilidad, exclusión, marginalidad y precariedad en las que se encuentran
este grupo de individuos. Se trata de una población especialmente protegida que
enfrenta una situación dramática y de permanente vulneración de sus garantías
fundamentales cuya protección es urgente para la satisfacción de sus necesidades
más apremiantes. Este contenido no es retorico y exige, en consecuencia, que el
análisis sobre la inmediatez no pueda ser tan estricto, especialmente si, como
ocurre en esta oportunidad, (i) la pretensión de amparo recae sobre una
necesidad diaria y vital para el ser humano y (ii) la situación desfavorable de
los actores, derivada del presunto irrespeto por sus derechos como consecuencia
de la inadecuada prestación del servicio público de agua en el lugar donde
permanecen confinados, es continua y se predica en la actualidad.
A afectos de subsanar la problemática
social advertida que permanece en el tiempo, los peticionarios han sido
diligentes acudiendo directamente ante las directivas del establecimiento penitenciario
en aras de lograr una solución a sus intereses. El 16 de noviembre de 2016, uno
de ellos[36]
elevó un derecho de petición solicitando que le fuera informada la forma de
suministro de líquido dentro del penal. Mediante respuesta del 18 de noviembre
siguiente, se le puso de manifiesto la programación establecida para proceder
con la distribución del mínimo vital, la que, a su juicio, debía calificarse de
deficiente en orden a satisfacer integralmente sus requerimientos primarios.
Por ello y considerando que sus garantías constitucionales y prevalentes aún
permanecían en riesgo, el 20 de diciembre de 2016, presentó, junto con sus
otros dos compañeros de reclusión, la acción de tutela de la referencia. La
demanda fue admitida el 22 de diciembre de la misma anualidad por el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías - Meta.
Así las cosas, el presupuesto de inmediatez
debe entenderse satisfecho pues entre el último acto que podría considerarse
como el generador de la vulneración concreta que se alega y la interposición del
amparo tan solo transcurrió 1 mes y 4 días, término respecto del cual no surge
reparo alguno pues resulta razonable y denota una actitud célere de parte de
los accionantes con miras a alcanzar el goce efectivo de sus derechos.
2.2.2.  Subsidiariedad. En relación
con el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, la Constitución
Política establece que su procedencia está condicionada a que “el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial” (artículo 86 C.P.).
Sin embargo, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la
improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio
ordinario de defensa. El juez constitucional debe analizar, en el marco de la
situación fáctica particular, si la acción judicial dispuesta por el
ordenamiento jurídico es idónea o eficaz, en virtud de las
circunstancias del caso concreto, tales como las condiciones personales de
vulnerabilidad del afectado. En el evento en el que no lo sea, el mecanismo de
amparo procederá para provocar un juicio sobre el fondo de manera definitiva o
transitoria, según el caso.
Durante el trámite de tutela, los jueces de
instancia consideraron improcedente la acción presentada debido a que la
controversia, en su criterio, se refería a discusiones de índole legal,
relativas a las disposiciones previstas en un acto administrativo -reglamento
interno del penal- que contempla horarios de cotidianidad dentro del centro
de reclusión. En ese sentido, señalaron que el asunto debía dirimirse por la
vía contenciosa administrativa. Sobre este particular, la Sala estima que no
les asiste la razón toda vez que la discusión no puede reducirse a un juicio de
legalidad, sobre todo, cuando el debate advertido trasciende a la esfera
constitucional.
En este punto, no se cuestiona que el
reglamento interno de la cárcel sea un acto administrativo de carácter general
susceptible de ser controvertido a través del medio de control de nulidad
previsto en el artículo 137 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo[37] que,
inclusive, contempla, en este escenario, la posibilidad de que se decreten y
practiquen medidas cautelares para proteger y
garantizar, provisionalmente, la efectividad de los derechos en tensión[38]. Sin embargo, lo que
llama la atención es que tal reglamento se ocupa únicamente de establecer
pautas de comportamiento -con inclusión de un horario- para los internos, en el
marco del régimen disciplinario al que se encuentran sometidos, sin regular concretamente
la forma en la que, dentro de tal término, debe procederse a la prestación del
servicio público de acueducto, al interior del establecimiento carcelario que
es, en últimas, el objeto central de la presente disputa.
Ello supone que se garanticen unas
cantidades determinadas de agua en orden a asegurar la satisfacción de unos presupuestos
básicos, circunstancia que excede el ámbito de regulación del citado acto
administrativo y, por consiguiente, la competencia del juez natural a través
del medio de control de nulidad. Así las cosas, tal mecanismo ordinario no es
idóneo ni eficaz para abordar lo que realmente está en juego en esta
oportunidad, que es el goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida,
la salud, la integridad física y la dignidad humana de las personas privadas de
la libertad mediante el efectivo suministro de fluido potable. Respecto de este
grupo de individuos, la Constitución Política consagra un tratamiento especial
que, en hechos concretos, se traduce en una protección reforzada dada su
condición de especial sujeción e indefensión frente al Estado, que debe
garantizarse por medio de la acción de tutela.
Este mecanismo se perfila como el
instrumento idóneo y eficaz para garantizar la efectividad de los derechos
fundamentales de la población reclusa. En la sentencia T-388 de 2013[39], la Sala Primera de
Revisión estudió 9 expedientes de acción de tutela, referentes a las
violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones
dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración social de
personas confinadas de la libertad en 6 centros carcelarios del país. En todos
los casos, se hizo referencia a la necesidad de tomar medidas adecuadas y
necesarias, de manera urgente, para superar el estado de cosas en que se
encuentra el Sistema Penitenciario que, se alega, es contrario al orden
constitucional de manera estructural y general. Dentro de las consideraciones
de la sentencia, la Sala indicó que “los menos privilegiados, las personas
más descuidadas y abandonadas a su suerte y sus problemas, como es el caso de
las personas privadas de la libertad” son sujetos de especial protección
constitucional en razón a la masiva y generalizada violación de sus derechos
fundamentales al interior de los mismos establecimientos de reclusión.
Por esta razón, sus garantías
constitucionales deben “ser [protegidas] con celo en una democracia”.
Recordó entonces que la acción de tutela adquiere un lugar protagónico y
estratégico en un Sistema Penitenciario y Carcelario en crisis, que muchas
veces implica un peligro grave, real e inminente. A través de ella “no sólo
se [puede] asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales, en
general, sino que, además, [permite] a las autoridades tener noticia de
graves amenazas que [están] teniendo lugar. En este sentido, la
jurisprudencia constitucional [ha] reconocido que la acción de tutela [es]
un derecho protegido de forma especial para personas privadas de la libertad”.
2.3. En este contexto, encuentra la Sala superado el análisis de
procedibilidad, por lo que pasará a estudiar el problema jurídico
planteado.
3. Planteamiento
del caso y del problema jurídico
3.1. En esta oportunidad, los accionantes
de la solicitud de amparo son personas privadas de la libertad en el Pabellón
Séptimo del Establecimiento de Mediana Seguridad de Acacías - Meta. Relatan que
durante su permanencia en la cárcel las autoridades penitenciarias no
han garantizado la prestación del mínimo de agua vital, bajo parámetros que
permitan la satisfacción plena y continua de sus requerimientos primarios,
inclusive, sus necesidades intimas que se materializan en las visitas
conyugales, pues en los espacios destinados con esa finalidad no tienen acceso
permanente al líquido para limpiar sus cuerpos y los de sus parejas. Explican
que la problemática se agudiza pues, en ausencia del fluido, los sanitarios
permanecen llenos de materia fecal lo que origina ambientes de confinamiento
insalubres. En su criterio, ello obedece al hecho de no tener contratado un
servicio público de acueducto y, sobre esta base, haberse fijado horarios
específicos de provisión de agua con fundamento en las disposiciones expresas
del reglamento de régimen interno de la prisión.
El complejo correccional adujo que, aunque
no se cuenta con acueducto propio, el servicio se garantiza por conducto de la
Empresa de Servicios Públicos de Acacías, que asegura una prestación del fluido
en cantidades que, incluso, resultan superiores a las ofrecidas a los
habitantes del municipio referido y, por ende razonables y suficientes para el consumo,
el aseo, la higiene y, en general, el desarrollo de las actividades cotidianas
del personal privado de la libertad. Con ese propósito y para efectos de
asegurar una distribución eficiente de agua, el penal cuenta con diversos
sistemas de almacenamiento y fuentes de acceso que, una vez son sometidos a
procesos frecuentes de sanidad y limpieza, garantizan, en el marco de
instalaciones higiénicas adecuadas, un aprovisionamiento en condiciones
cualificadas. Tal provisión se materializa en varias oportunidades del día y en
forma simultánea en las diferentes áreas que integran el centro de reclusión,
incluida la zona conyugal y las celdas donde los internos son confinados en el
horario nocturno para descansar y en el cual tienen acceso, en razón al periodo
prolongado de encierro, al almacenamiento de un volumen de líquido que asegura
unos niveles esenciales para la supervivencia humana.
Sobre estas premisas, advirtió que no puede
predicarse vulneración alguna a los derechos de los actores, pues la penitenciaría
se encuentra asegurando el goce efectivo de presupuestos
fundamentales que el Estado, en el marco de la relación de sujeción, está
obligado a respetarles y protegerles. Para lograr tal finalidad, la cárcel, en
coordinación con otras instituciones del Estado, en concreto, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-, ha adoptado acciones orientadas
a cumplir los deberes bajo su responsabilidad conforme a los cuales, en los
establecimientos de reclusión, siempre deberá prevalecer el respeto a la
dignidad humana, a los preceptos superiores y a los Derechos Humanos que han
sido reconocidos de forma universal.
3.2. Con base en la situación fáctica
esbozada y, a partir de los elementos de juicio que obran en el proceso,
corresponde a la Sala determinar si: ¿las autoridades accionadas vulneran los derechos fundamentales a la vida, la salud, la
integridad física y la dignidad humana de los internos (Ferney Casallas
Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso Galindo) al no aprovisionar de manera
continua y permanente el servicio de agua al interior de la penitenciaría donde
están confinados [cárcel de Acacías - Meta] en un escenario de estado de
cosas inconstitucional?
3.3. Con el fin de resolver el problema
jurídico planteado, la Sala Segunda de Revisión analizará (i) la jurisprudencia
constitucional sobre la relación de especial sujeción en la que se encuentran
las personas privadas de la libertad. Con base en ello; (ii) examinará los
deberes mínimos estatales frente a este grupo de la población, especialmente en
materia de acceso al agua. Para ello, (iii) reiterará las reglas
jurisprudenciales que se han consolidado sobre el tema y, finalmente, (iv)
resolverá el asunto objeto de estudio, brindando el remedio constitucional a
que haya lugar.
4. Las personas privadas de la libertad
están en una relación de especial sujeción: el Estado debe garantizarles la
satisfacción de unos contenidos mínimos esenciales como el acceso al agua
potable en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad
En este apartado, la Sala analizará la
categoría de especial sujeción predicable de las personas privadas de la
libertad frente a la administración y los deberes estatales que se derivan de
esta relación en materia de contenidos mínimos, como el acceso al
servicio público de acueducto en condiciones apropiadas y suficientes. Ello, a
partir de la identificación de las subreglas jurisprudenciales desarrolladas en
supuestos fácticos análogos.
4.1. La
relación de sujeción que mantienen las personas privadas de la libertad con el
Estado no les quita su calidad de sujetos con posiciones de derechos
fundamentales
4.1.1. Desde el inicio de su
jurisprudencia, esta Corporación ha hecho referencia a la situación de especial
sujeción que existe entre las personas privadas de la libertad y el Estado (administración
penitenciaria), como una condición que es relevante constitucionalmente para
determinar el compromiso en el respeto, protección y garantía de sus derechos
fundamentales[40].
La primera vez que la categoría fue empleada tuvo lugar en la sentencia T-596
de 1992[41],
en la cual se precisó que el predominio de una parte sobre la otra no afecta la
existencia de derechos y deberes para ambos extremos de la relación[42]. Esta providencia fue determinante para establecer que las personas privadas de la libertad no pierden la calidad de
sujetos activos de derechos al ingresar a un establecimiento de reclusión. La
efectividad del derecho “no termina en las murallas de las cárceles” y
“el delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley”.
Si bien frente a la administración
penitenciaria el recluso se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada
y comandada por el Estado que se manifiesta en el poder disciplinario y
sancionatorio, los límites de este ejercicio de coerción están determinados por
el reconocimiento de sus derechos y por los correspondientes deberes estatales
que de éstos se derivan. La cárcel no es, en consecuencia, “un sitio ajeno al derecho” y las personas allí confinadas no son individuos
sustraídos de la colectividad. Como consecuencia de su comportamiento antisocial
anterior, en caso de haber sido condenados o por existir una conducta en
investigación, tienen algunas de sus garantías suspendidas, como la libertad,
otras limitadas, como la comunicación o la intimidad, pero también gozan del
ejercicio de bienes fundamentales básicos en forma plena, como la vida, la
salud, la integridad física y la dignidad humana. Se trata de contenidos superiores
dotados de poder para demandar del Estado su efectiva protección sin
restricción alguna[43].
4.1.2. El ejercicio de estos derechos, plenos o
limitados, se encuentra estrechamente ligado a la
garantía de la funcionalidad y la legitimidad del sistema penal, que viene
dada, específicamente frente a la población condenada, por la posibilidad real
de la resocialización, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de
seguridad y de la existencia vital de unas condiciones materiales dignas de
internamiento bajo parámetros de humanidad, tranquilidad, decencia y dentro de
un marco de respeto por los valores y principios constitucionales. De acuerdo
con esto y siguiendo lo considerado por la Corte en la sentencia T-711 de 2016[44], toda pena,
independientemente del delito del cual provenga, debe respetar unas reglas
mínimas relativas al tratamiento de los reclusos, que se encuentran unidas de
manera esencial a los conceptos de razonabilidad y proporcionalidad, a partir
de los cuales la sanción “nunca se impone, en un estado de derecho, por encima
de las necesidades de protección de bienes jurídicos, ni por fuera del marco
subjetivo de la culpabilidad”[45].
El Estado tiene
entonces la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de
estos postulados superiores. Así, surge la responsabilidad a su cargo de asegurar,
en beneficio de la población privada de la libertad, condenada o acusada, un trato
humano y digno; la obligación de proporcionarles alimentación adecuada y
suficiente, vestuario, utensilios de aseo e higiene personal, instalaciones en
condiciones de sanidad y salud adecuadas, con ventilación e iluminación, y
asistencia médica. Por su parte, el interno tiene derecho al descanso nocturno
en un espacio mínimo vital, a no ser expuesto a temperaturas extremas, a que se
le garantice su seguridad, a las visitas íntimas, a ejercitarse físicamente, a
la lectura, al ejercicio de la religión y el acceso a los servicios públicos
como energía y agua potable[46];
presupuesto este último que los accionantes estiman desatendido en el caso particular.
4.2. El
suministro de agua potable frente a quienes permanecen privados de la libertad es
un deber mínimo esencial a cargo de las autoridades penitenciarias
4.2.1. Para la jurisprudencia de esta
Corporación, es claro que en el orden constitucional vigente la administración
penitenciaria tiene un deber irrenunciable en la satisfacción de unos
presupuestos materiales de existencia dignos para la población privada de la
libertad, al margen de los problemas estructurales que enfrenta el Sistema Carcelario
y que en su momento han conducido a la declaratoria de un estado de cosas
inconstitucional[47].
Se ha dicho que existe un contenido mínimo de obligaciones estatales
frente a este sector marginado de la sociedad, independientemente de los hechos
por los que hayan sido condenados o acusados o del grado del nivel de
desarrollo socioeconómico del país donde se encuentren purgando la pena o la
medida de seguridad, pues lo que está en juego, en estos contextos, es la
dignidad inherente del ser humano, que constituye justamente el pilar central
de la relación entre el Estado y los sujetos con restricciones en su libertad.
Así lo ha indicado al reconocer las “Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos”[48] (producidas al
interior de las Naciones Unidas en la década de los años 50)[49], las cuales representan un consenso básico
con relación a estándares de protección en una sociedad democrática, pluralista
y respetuosa de la raza, el color, el sexo, la lengua, la
religión, las opiniones políticas o de otra naturaleza, el origen nacional o
social, la fortuna, el nacimiento u otra situación de hecho cualquiera.
El Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha enunciado los presupuestos concretos y específicos que hacen
parte de ese conjunto de derechos fundamentales esenciales de todo individuo recluido,
que son impostergables, y de inmediato e imperativo cumplimiento para los
Estados adoptantes. Bajo esta óptica, y atendiendo a la situación fáctica
materia de debate, se ha destacado que todos los espacios frecuentados
regularmente por los sujetos bajo confinamiento deberán ser mantenidos en
debido estado y limpios, considerando siempre el factor clima[50]. Igualmente se prevé “el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable,
suficiente y adecuada”[51] así como “la
provisión de los implementos necesarios para [su] debido aseo personal”[52]
a través de un eficiente abastecimiento del líquido. Se garantiza entonces que
“todo [preso tenga] la posibilidad de proveerse de agua potable
cuando la necesite”[53].
Junto a las Reglas
Mínimas, aparecen los “Principios y buenas prácticas sobre la protección
de las personas privadas de la libertad en las Américas (2008)” aprobados
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-  mediante la Resolución 01 de 2008,
adoptada durante el 131 Período Ordinario de Sesiones, que disponen en sus
principios XI y XII el acceso en todo momento a agua potable suficiente y
adecuada para el consumo humano de los presos, y advierten que su suspensión o
limitación como medida disciplinaria o sancionatoria, por parte de las
autoridades de reclusión, deberá ser prohibida por la ley. Del mismo modo
señalan que las personas privadas de la libertad tendrán acceso a instalaciones
sanitarias higiénicas que aseguren su privacidad y dignidad, así como a los
productos básicos de limpieza personal, y agua para su aseo diario, conforme a
las condiciones climáticas.
En directa
consonancia con lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-
también suscribió en su informe “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las
cárceles (2011)” que el servicio de agua se debe prestar sin
interrupciones en todo lugar donde hay individuos bajo reclusión y en
cantidades suficientes, ya que es un recurso fundamental para el desarrollo de
necesidades primarias como beber, preparar comida, mantener la higiene personal
y asegurar el mantenimiento de las aguas residuales. Con el propósito de
satisfacer tal acometido, estableció que “para toda persona a cargo de una
cárcel es una tarea prioritaria hacer todo lo necesario para que el
abastecimiento de agua sea regular y adecuado” pues “los detenidos deben tener
acceso al [líquido] en todo momento”.
4.2.2. A
partir de las normas superiores consagradas en la Carta Política[54], los tratados
internacionales sobre Derechos Humanos[55]
y los estándares y criterios de protección enunciados[56] la jurisprudencia
constitucional, con apoyo en las observaciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a través de la
Observación General No. 15 del 2002, ha reconocido que el agua es una garantía superior
básica para las personas privadas de la libertad, en tanto se erige en un
presupuesto relevante que permite el ejercicio y goce efectivo de sus derechos
fundamentales a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana cuyo contenido ontológico, como se dijo, es esencial,
intangible y reforzado en el marco de la relación de especial sujeción
en que se encuentran con el Estado. En criterio de esta Corporación, a todos
los individuos y en especial a aquellos bajo reclusión se les debe garantizar el
acceso al agua potable que resulte necesario para satisfacer sus necesidades
básicas y para prevenir la presencia de problemas de salud y en general dificultades
sanitarias al interior de los centros penitenciarios[57].
El fundamento constitucional es que
ningún ser humano, de hecho ningún ser vivo, puede existir o
sobrevivir sin agua. Toda persona, individualmente, tiene derecho a acceder,
por lo menos, a la calidad y cantidad de agua adecuada y suficiente para poder
calmar la sed y asearse. Por ello a todo reo, al igual que a cualquier otro ciudadano, se le debe
asegurar su satisfacción pero de forma prioritaria y reforzada por
tratarse de un sujeto perteneciente históricamente a un sector de la población especialmente
vulnerable, que no cuenta con una opción distinta a la administración
penitenciaria para alcanzar la plena realización de este derecho y, en general,
se encuentra en imposibilidad de asegurar por cuenta propia una serie de
requerimientos básicos que son esenciales para el desarrollo de una vida digna,
justamente por las circunstancias de encierro en las que permanece.
En la referida Observación, se
entiende el derecho al agua como “[la prerrogativa] de todos a disponer de
agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal
y doméstico”[58].
Su justificación jurídica, además de reposar en varios textos de tratados
internacionales sobre Derechos Humanos, supone que a cada ciudadano se le
proteja, respete y garantice[59]
las siguientes 3 facetas: (i) el derecho a disponer de cantidades
suficientes, esenciales y continuas del líquido vital cuyo volumen puede ser
variable en atención a que algunos individuos y grupos pueden necesitar de
recursos de agua adicionales en razón de la salud, el clima, las condiciones de
trabajo u otros factores externos. Además, que la misma sea (ii) de calidad “para
los usos personales y domésticos”, es decir salubre y, por lo tanto, no ha
de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan
constituir una amenaza para la salud de las personas. Igualmente, deberá tener
un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso[60].
Finalmente, (iii) se advierte que
el agua y los servicios e instalaciones deben ser  accesibles a todos de
hecho y de derecho, incluso, a los sectores más vulnerables y
marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los
motivos prohibidos en la Constitución. Esto implica que debe poder accederse a
“un suministro de agua suficiente, salubre y aceptable”, es decir, deben
satisfacerse necesariamente unos niveles mínimos esenciales, para
lo cual se identifican algunas obligaciones básicas que no pueden suspenderse y
que tienen un efecto inmediato, como las de: “garantizar el acceso físico a
instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y
regular de [líquido] salubre; que tengan un número suficiente de salidas
de [fluido] para evitar unos tiempos de espera prohibitivos; vigilar el
grado de realización, o no realización, del derecho al agua y adoptar medidas
para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en
particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados”[61].
4.2.3. Con base
en estos presupuestos, la Corte Constitucional ha adoptado medidas de acción en
varias oportunidades, especialmente, en escenarios en los que se han constatado
graves violaciones a la vida, la salud, la integridad física y la dignidad
humana de los internos por permanecer confinados en centros correccionales que
no garantizan el suministro de agua potable bajo parámetros de disponibilidad,
calidad y accesibilidad. Esto es, contextos en los que las
autoridades penitenciarias han omitido asegurar el suministro del líquido en
condiciones adecuadas para satisfacer a plenitud las necesidades más básicas de
los reclusos. La razón que justifica esta postura es que los Estados deben prestar especial atención a las personas
y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercer
este derecho, en particular, las mujeres, los niños, los presos y
los detenidos[62].
4.3. Reglas jurisprudenciales
que ha establecido la Corte Constitucional sobre el suministro de agua al
interior de los establecimientos carcelarios en condiciones de disponibilidad,
calidad y accesibilidad
4.3.1. A continuación se
efectuará una mención específica de las reglas jurisprudenciales que se han
manejado en materia del acceso al agua en
condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad,
económica y física, como parte de las obligaciones positivas del
Estado frente a quienes permanecen confinados en las cárceles. Lo anterior, a
partir de la identificación de supuestos fácticos análogos ya decididos
(precedentes) que guardan semejanzas notorias con el asunto objeto de decisión.
En todo caso, considerando que el contenido de disponibilidad cobra especial trascendencia en el asunto que hoy es
objeto de control, la Sala ahondará con mayor detalle en este presupuesto.
4.3.1.1. Disponibilidad.
Los tratados internacionales sobre Derechos Humanos
y los estándares y criterios de protección en la materia[63] parten del hecho de
que el agua es un recurso fundamental básico para la supervivencia del ser
humano y, en esa medida, el suministro de este mínimo vital debe ser
suficiente, esencial y sin interrupciones, especialmente, en aquellos lugares
donde hay individuos bajo confinamiento. La jurisprudencia constitucional
consciente de este mandato y de la necesidad de garantizarlo en forma reforzada
en razón a la imposibilidad absoluta de los reclusos de proveerse por su cuenta
una serie de necesidades básicas, ha indicado
que es un imperativo de las autoridades penintenciarias asegurar condiciones de periodicidad en el abastecimiento del
líquido con miras a asegurar unas dimensiones vitales de alimentación, aseo
personal y, en general, un ambiente sanitario higiénico aceptable para los
privados de la libertad[64].
Sin embargo, el estado de cosas inconstitucional en que se encuentra el
Sistema Penitenciario y Carcelario del país ha generado dificultades para la
satisfacción continua y regular del servicio público, ante lo cual se ha
considerado que, mientras se supera esta situación, es indispensable asegurar
unos niveles esenciales de fluido potable en aras de evitar ausencias en su
provisión que sacrifiquen el goce de requerimientos primarios.
La determinación del volumen razonable de agua potable que debe suministrarse al interior
de una prisión ha estado orientada por los criterios que para el efecto ha establecido
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, plasmados en el “Informe
sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las
Américas (2011)”. En dicho documento se dispuso que “la cantidad mínima
de agua que una persona necesita para sobrevivir es de 3 a 5 litros por día.
Este mínimo puede aumentar de acuerdo con el clima y la cantidad de ejercicio
físico que hagan los internos. Además, el mínimo requerido por persona para
cubrir todas sus necesidades es de 10 a 15 litros de agua al día, siempre que
las instalaciones sanitarias estén funcionando adecuadamente; y la cantidad
mínima de agua que deben poder almacenar los internos dentro de sus celdas es
de 2 litros por persona por día, si éstos están encerrados por periodos de hasta
16 horas, y de 3 a 5 litros por persona por día, si lo están por más de 16
horas o si el clima es caluroso”[65].
Sobre dichas premisas, esta
Corporación ha precisado cuáles son los niveles mínimos
esenciales de provisión que deben ser garantizados a plenitud en el
marco de la relación de sujeción de los presos con la administración
penitenciaria. Para la Corte, mientras se
supera el estado de cosas inconstitucional en que se
encuentra el Sistema Penitenciario y Carcelario del país, los Directores de cada uno de los centros de reclusión del
orden nacional deben garantizar un abastecimiento diario razonable de agua
potable equivalente a 15 litros por persona en un contexto de normalidad, esto
es, de infraestructura sanitaria adecuada y de condiciones climáticas promedio,
es decir, no representativas de temperaturas extremadamente altas y,
excepcionalmente, deberán suministrarle a cada recluso
un mínimo de 25 litros al día cuando el clima cálido lo exija[66] o cuando se esté en
presencia de instalaciones higiénicas deficientes. En
cualquier circunstancia, ha previsto
que de los 15 o 25 litros diarios, según el caso, se les deberá facilitar a los
presos los utensilios necesarios para que puedan almacenar en sus celdas un
volumen de 5 litros de agua por persona para el consumo humano, para vaciar los
baños y realizar, en general, tareas de limpieza e higiene personal. Lo
anterior, especialmente, durante la noche en la que permanecen más tiempo bajo
condiciones de encierro.
Para la jurisprudencia constitucional, la identificación de un
establecimiento carcelario que ofrezca una cantidad menor del líquido vital
señalado, en cualquiera de los supuestos descritos, amerita una intervención
urgente, en el corto plazo, para contener la situación de inobservancia de las
obligaciones de respeto, garantía y protección de quienes permanecen
confinados. En la sentencia T-762 de 2015[67]
se fijaron unos parámetros de medición de cumplimiento de los estándares de
protección referidos en materia de acceso al agua potable a efectos de evaluar
la gestión de los complejos carcelarios en la superación del estado de cosas
contrario al orden vigente. Al respecto se estimó que se estaría en presencia
de un incumplimiento exacerbado de las directrices formuladas si se
apreciaba que el número de litros de agua potable distribuidos por recluso era
de 5 por día; una fase de incumplimiento bajo configurado si cada
persona gozaba de 8 litros diarios; un panorama de cumplimiento bajo si
se verificaba que a cada interno se le suministraban 12 litros, y se declaraba
un cumplimiento cuando en el centro de reclusión se proveería a cada
preso de 15 litros, o más, por persona al día. Lo anterior, mientras persistan
las condiciones que han generado el estado de cosas inconstitucional.
En aquella
oportunidad, la Sala Quinta de Revisión estableció, inclusive, criterios
indicativos de las fuentes de acceso por medio de las cuales debe garantizarse
el consumo razonable para una persona privada de la libertad a efectos de
evitar unos tiempos de espera “prohibitivos” en la distribución que puedan
comprometer mínimos esenciales. De esta forma, se precisó que un conjunto de
100 individuos debe tener acceso al agua, como mínimo, mediante un grifo con
capacidad para ofrecer un caudal básico de 3 litros por minuto; sin embargo, en
situaciones de emergencia se ha llegado a reconocer el uso de un grifo para 200
o 250 personas. En lo que atañe a la distribución de las mismas, estableció
que: (i) debe haber, cuando menos, un grifo por espacio destinado para 2
sanitarios y (ii) una llave por cada 3 celdas destinadas a visita íntima,
situada en el interior de la zona empleada para tal fin. Lo anterior en el
marco de un uso normal y genérico del agua.
En este orden de ideas, la regla se orienta
a señalar que el problema penitenciario representa un escenario de extrema
gravedad social que no puede dejarse desatendido. Por ello, mientras se supera
el estado de cosas inconstitucional en la materia las autoridades de reclusión
deben asegurar mínimos esenciales en el abastecimiento del líquido, esto es, una
provisión diaria de fluido potable equivalente a 15 litros por interno, en
condiciones de normalidad y, excepcionalmente, de 25 litros por recluso al día
en presencia de mayores necesidades de aprovisionamiento originadas por el
clima (cálido) o por la existencia de instalaciones sanitarias inadecuadas. En
cualquier evento, esto es, de los 15 o 25 litros asegurados al día, debe
permitirse el almacenamiento de agua en las celdas en cantidades no inferiores
a 5 litros por persona para el consumo humano, la higiene y para efectos de la
sobrevivencia, en particular, durante la noche por ser este el horario de mayor
prolongación de encierro[68].
La regla de decisión anterior fue
aplicada pacíficamente en las sentencias T-077 de 2013[69]; T-762 de 2015[70] y T-197 de 2017[71]. En estas providencias, fueron objeto de
control 22 establecimientos carcelarios del país. Los peticionarios
recluidos en tales centros penitenciarios alegaban condiciones de confinamiento
contrarias a los postulados de la dignidad humana, especialmente, por la situación de hacinamiento y
otros problemas estructurales relacionados con la presencia de instalaciones
sanitarias inadecuadas generadoras de ambientes de insalubridad y graves
deficiencias en la prestación del servicio de agua potable, pues la
distribución establecida no aseguraba la satisfacción de requerimientos
primarios. Tras constatar un
panorama contrario al orden constitucional vigente, las distintas Salas de
Revisión siguieron los lineamientos previstos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para determinar el remedio constitucional que
debía impartirse en lo que corresponde a la faceta de disponibilidad del
derecho al agua.
Con ese fin, se estimó que los directores
de los complejos correccionales, en cada uno de los eventos, debían garantizar una
provisión diaria de fluido potable equivalente a 15 litros por interno, con
excepción de aquellos penales ubicados en zonas cálidas (Bucaramanga, Pereira,
Medellín, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Santa Rosa de Cabal (Risaralda), San
Vicente de Chucurí (Santander), Cartago, Palmira y San Sebastián de Roldanillo
(Valle del Cauca), Cunduy (Florencia), Itagüí y Apartadó (Antioquia), La Vega
(Sincelejo) y Tumaco (Nariño)[72]
en los que el aprovisionamiento debía alcanzar los 25 litros diarios por
recluso pues, además, en algunas de las prisiones se había constatado fallas en
las instalaciones sanitarias; circunstancia que ameritaba una distribución
mayor de fluido potable. En cualquier supuesto, es decir, de los 15 o 25 litros
garantizados al día, según el caso, debía permitirse el almacenamiento de líquido en las celdas en cantidades
no inferiores a 5 litros por persona, especialmente, en el horario nocturno.
4.3.1.2. Accesibilidad
económica. En relación con este presupuesto,
se ha resaltado que la provisión del servicio de agua no puede desconocerse so pretexto de la
falta de recursos económicos por parte de los
centros penitenciarios[73].
En criterio de la Corporación, el deber de
suministro de agua potable en el marco de la relación de especial sujeción exige
una prestación adecuada, pues de ello depende la satisfacción de unos
contenidos básicos para la vida, la salud y la integridad física de la
población privada de la libertad. Por ello, los gastos de funcionamiento para
cada penal deben estar previstos dentro del presupuesto respectivo para cumplir
con las funciones de manejo y administración del Sistema Carcelario, en
condiciones de respeto por la dignidad. Una actuación contraria supondría una
falta de diligencia considerable, que no tiene atenuante alguno en el hecho de
estar referida a personas que han cometido delitos, o estén acusadas de haberlo
hecho, contra la sociedad[74].
Así entonces, la
regla es que los establecimientos carcelarios no pueden alegar tropiezos económicos para justificar
ambientes de detención que no respeten la dignidad inherente del ser humano,
pues más allá de los problemas estructurales, existe en la sociedad y también
en la administración un deber irrenunciable en la satisfacción de unos
presupuestos materiales de existencia para la población privada de la libertad,
que comprenden el acceso al agua en tanto recurso mínimo que soluciona
sufrimientos mayores.
4.3.1.3. Accesibilidad física.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional,  dicho contenido hace
referencia a la importancia de mantener instalaciones físicas en buen estado,
que aseguren ambientes de higiene y de salubridad. Comoquiera que la dignidad es un derecho que se encuentra plenamente vigente en el
marco de la relación de especial sujeción en que están las personas confinadas,
las autoridades penitenciarias tienen la obligación de satisfacer las
necesidades esenciales mínimas de este grupo poblacional a través de la buena
alimentación, la habitación en condiciones adecuadas y el abastecimiento
suficiente y regular del líquido vital, no sólo para el consumo, sino también
para disfrutar de un entorno higiénico que evite la proliferación de
enfermedades y el surgimiento de problemas de sanidad. Por ello, debe contarse
con servicios e instalaciones de agua de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, que tengan en cuenta las necesidades de los presos, incluida su intimidad.
Igualmente, deben diseñarse los planes y políticas públicas que resulten necesarios
para superar las eventuales falencias físicas o arquitectónicas en las
cárceles, que impidan lograr tal acometido[75].
En esa medida,
la regla consiste en establecer que la protección del derecho al agua
debe ser prioritaria y reforzada, siendo un compromiso del Estado velar por una
distribución equitativa y un mantenimiento adecuado de todas las instalaciones
físicas y servicios de agua disponibles a efectos de satisfacer unas
condiciones de reclusión respetuosas de la dignidad humana. Para ello, deben
realizarse los planes de construcción y refacción carcelaria que
resulten necesarios.
4.3.1.4. Calidad. Se ha establecido que la garantía del derecho al agua que merecen
las personas privadas de la libertad como sujetos especialmente vulnerables
implica un abastecimiento del líquido bajo parámetros de potabilidad, es decir,
en condiciones físicas, químicas y microbiológicas aptas para el consumo humano,
la preparación de alimentos y la higiene personal[76]. Lo anterior, de
conformidad con las previsiones de la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, emanada
de los Ministerios de la Protección Social[77]
y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, así como del Decreto 1575 de
2007[78],
las cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades
sanitarias. Para la Corte, no basta la disposición del fluido, sino su provisión
en forma salubre para reducir, por ejemplo, el riesgo de enfermedades estomacales,
respiratorias y cutáneas, y satisfacer, en general, las necesidades domésticas,
de cocina e higiene personal. Con ese propósito, deben realizarse controles de calidad
al agua suministrada, a efectos de garantizar presupuestos de potabilidad y
someter los sistemas y dispositivos de almacenamiento o distribución de fluido a
protocolos de limpieza y desinfección[79].
La regla en este
aspecto está encaminada a establecer que debe garantizarse el
acceso suficiente al agua limpia necesaria para el consumo humano, el aseo
personal y el desarrollo de otras necesidades primordiales de quienes
permanecen confinados en establecimientos correccionales, lo cual implica la
realización constante de controles de calidad y de procesos de limpieza a los
sistemas de almacenamiento del fluido. De esta manera se evita la existencia de
ambientes de reclusión insalubres generadores de graves enfermedades.
4.3.2. Síntesis de las reglas de
decisión: en suma, como se extrae de las consideraciones
mencionadas, las personas privadas de la libertad son sujetos especialmente
vulnerables que merecen una garantía prioritaria y reforzada de su derecho al
agua, materializado en la prestación del servicio público bajo estándares de calidad,
accesibilidad y disponibilidad. Esto significa que los centros de
reclusión donde se encuentran confinados deben garantizarles el acceso al
líquido, observando parámetros de potabilidad, esto es, condiciones físicas,
químicas y microbiológicas aptas para el consumo humano (calidad), que
se alcanzan mediante la presencia de instalaciones y servicios sanitarios
suficientes y en buen estado que aseguren ambientes de higiene y de salubridad
(accesibilidad física). En ningún caso, los tropiezos económicos justifican
entornos de detención contrarios a la dignidad humana (accesibilidad
económica) pues, más allá de los problemas estructurales, deben
satisfacerse unos presupuestos fundamentales de existencia.
Para la jurisprudencia constitucional estos
estándares básicos se encuentran asociados a la obligación de garantizar unas
cantidades esenciales del líquido vital que permitan la satisfacción de necesidades
de consumo, aseo e higiene básica personal de forma decente (disponibilidad).
Con ese fin, se ha señalado que los reclusos tienen derecho a un mínimo de agua
razonable equivalente a 15 litros diarios por interno, lo que podría variar en
atención a la presencia de instalaciones sanitarias deficientes y de
condiciones climáticas cálidas en la zona donde se encuentre ubicada la
prisión. En estos eventos, la provisión debe ser de 25 litros al día por cada
recluso. En cualquier evento, esto es, de los 15 o 25 litros diarios asegurados,
según se determine, los centros correccionales deben permitir el almacenamiento
de agua al interior de las celdas en cantidades no inferiores a 5 litros por
persona, especialmente, durante el horario nocturno que representa el periodo
de mayor confinamiento para los presos.
5. El Establecimiento Penitenciario de
Acacías - Meta no vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes al garantizarles el acceso al agua potable en forma
adecuada para el desarrollo de sus necesidades básicas
5.1. Los solicitantes,
internos del Pabellón Séptimo del Establecimiento Penitenciario de Acacías - Meta,
han puesto de manifiesto una situación crítica de irrespeto a la
vida, la salud, la integridad física y la dignidad humana relacionada con
algunos defectos en la prestación del servicio público de acueducto al interior
del penal, concretamente, en la presencia de un abastecimiento del líquido
vital que, al parecer, resulta insuficiente para suplir en forma
continua todas las necesidades primarias de consumo y aseo general frente a una
demanda considerable de reclusos. Desde su óptica, las autoridades
penitenciarias accionadas han incumplido sus deberes de
garantía hacia las personas que se encuentran privadas de la libertad. De
manera particular, señalan que éstas han omitido su obligación de asegurar el
acceso al agua bajo parámetros de disponibilidad, en orden a
satisfacer unos niveles mínimos esenciales, así como de calidad y de accesibilidad,
en la medida en que en ausencia del fluido las instalaciones sanitarias
permanecen en mal estado, situación que, según afirman, ha originado problemas
de salubridad en la prisión.
El remedio
constitucional a una controversia como la descrita ha sido planteado
pacíficamente por esta Corporación bajo las reglas advertidas en el numeral 4.3.2 de esta providencia. A continuación, la Sala analizará el cumplimiento de cada una de las
facetas del derecho al agua referidas a partir del examen de la situación
fáctica concreta y de los elementos de juicio obrantes en el proceso, a fin de
determinar si efectivamente ha existido una vulneración de garantías iusfundamentales
por parte de las autoridades involucradas en el asunto al no garantizar
estas condiciones en el acceso al fluido para quienes permanecen privados de la
libertad.
5.2. Verificación de la
faceta de disponibilidad
En relación con la
faceta de disponibilidad, la jurisprudencia constitucional ha entendido
que es un imperativo de la administración penitenciaria asegurar condiciones de
periodicidad en el abastecimiento del líquido a efectos de satisfacer requerimientos
primarios de los reclusos. Sin embargo, ha precisado que mientras persista el
estado de cosas inconstitucional en la materia, que ha ocasionado dificultades
estructurales de toda naturaleza, el cumplimiento de esta faceta del derecho
debe evaluarse a partir de la satisfacción de unos mínimos esenciales de agua, equivalentes,
en este caso, a 25 litros diarios por interno en razón a que el penal accionado
se encuentra ubicado en una zona con temperaturas altas[80].
De dicha cantidad debe permitirse el almacenamiento de fluido en las celdas,
especialmente durante la noche, en un volumen no inferior a 5 litros por preso.
5.2.1. Disponibilidad durante el día
5.2.1.1. Un primer acercamiento hacia la verificación del
cumplimiento de la faceta de disponibilidad ubica a la Sala en el
siguiente panorama probatorio. De acuerdo con el complejo carcelario,
el penal no cuenta con un acueducto propio ni con una planta purificadora que
permita la provisión en forma autónoma del líquido. Por ello, al día de hoy, la
Empresa de Servicios Públicos de Acacías -ESPA- es la entidad encargada de
proporcionar el fluido en todo el municipio de Acacías, donde la temperatura es
en promedio de 25°C y, en consecuencia, dentro de las instalaciones de la
prisión que se encuentra integrada por 2.776 reclusos distribuidos en 9 patios
que hacen parte de las alas A y B[81],
7 pabellones correspondientes al ala C[82],
el Rancho[83]
y la Unidad Terapéutica y Educativa -UTE-[84].
En el Pabellón Séptimo, lugar de albergue de los accionantes permanecen
confinados 243 internos. En dicha zona de la penitenciaría se cuenta con 82
celdas; 79 de ellas son habitadas por 3 internos y 3 de ellas por 2 privados de
la libertad[85].
De acuerdo con el
centro de reclusión, la dotación del mínimo vital se
realiza regularmente en el horario nocturno “atendiendo [a que] el
consumo de la población del municipio de Acacías es menor pues se encuentran
durmiendo”[86]
y el líquido provisto es distribuido al día siguiente para el desarrollo de las
actividades de cotidianidad de los reclusos -con inclusión de un horario-[87] establecidas en el
reglamento interno de la cárcel -Resolución 1060 del 29 de junio de 2011 modificada
por la Resolución 002822 del 5 de julio de la misma
anualidad-. Tales horarios son establecidos por el Director del penal y de su
cumplimiento son responsables, además de dicho funcionario, el Comandante de
Vigilancia y la Guardia de Servicio.
Siguiendo estas directrices reglamentarias,
el procedimiento de entrega de fluido está sujeto a una programación
específica, que se advierte puede sufrir variaciones según las necesidades del
establecimiento carcelario y del requerimiento de entidades públicas o de otra
naturaleza[88],
y se repite de manera periódica día tras día. En concreto, tiene lugar en 7
ocasiones por periodos equivalentes a 20 minutos continuos de bombeo de agua en
forma simultánea para los distintos lugares de la prisión[89]. En criterio de la
cárcel, una dotación mayor generaría graves consecuencias para el adecuado manejo
presupuestal del penal, que tendría que asumir el costo elevado de la factura
emitida con ocasión de un posible consumo registrado durante las 24 horas del
día.
De manera general, se observa que el fluido
comienza a proporcionarse a las 5:40 o 5:50 de la mañana en las celdas, el Rancho,
la Unidad Terapéutica y Educativa -UTE-, el Pabellón de Sanidad y el
alojamiento de la guardia penitenciaria, por 20 minutos. A las 6:40 a.m. o 6:55
en algunas ocasiones, se habilitan las duchas para el aseo general de los
presos y se distribuye agua en las áreas comunes y el Rancho por 20 minutos. A
las 9:00 y a las 11:00 de la mañana, aproximadamente, el servicio se presta,
una vez más, en los espacios comunales, el Rancho, el Pabellón de Sanidad, la
Unidad Terapéutica y Educativa -UTE-, los patios de visita y conyugales y el
alojamiento de la guardia penitenciaria, por un periodo igual al referido
previamente. Este mismo ciclo se repite a la 1:00 y a las 3:30 de la tarde,
salvo que ocurran circunstancias que lo impidan, como sucede cuando el nivel
del agua del tanque está muy bajo o cuando se presentan inconvenientes con la
planta eléctrica. En la última hora referida, el abastecimiento se genera
igualmente en la zona de duchas. El proceso de distribución culmina a las 5:40
de la tarde cuando el agua se provee en las celdas de los distintos patios y
pabellones de descanso, el Rancho, el Pabellón de Sanidad, la Unidad
Terapéutica y Educativa -UTE- y los alojamientos de los guardias por 20
minutos. El servicio se reanuda hasta la mañana siguiente.
Teniendo en cuenta lo anterior, afirmó la
Dirección del centro carcelario que, diariamente se atienden los requerimientos
esenciales de los confinados como “ducha de los
privados de la libertad, lavado de sus prendas de vestir como (uniforme que
comprende pantalón y camisa de dotación, camisetas blancas, ropa interior,
pantalonetas, diferentes tipos de tenis autorizados, entre otros), aseo de su
misma celda, aseo de baños y duchas comunitarias, zona de comedor, pasillos y demás
dependencias propias del pabellón, quedando garantizado a diario la asepsia de
todos los privados de la libertad al interior [del] centro de reclusión”[90]. Para asegurar el goce
de estas necesidades primarias, el penal emplea diferentes fuentes de acceso que
aseguran la distribución establecida.
En primer lugar, se dispuso que cada
pabellón contara con un tanque elevado de agua con un filtro de ozono para su
purificación, junto con la conexión habilitada en una llave de paso y una
manguera conectada a un grifo, por medio del cual cada interno se provee de
líquido en su vaso de dotación o en su propio recipiente y, un segundo tanque
que distribuye el fluido para el aseo de las áreas comunes, esto es, la
limpieza de los baños comunitarios y de las zonas del comedor, lo que incluye
el lavado de los contenedores para almacenar comida ya que los alimentos son
servidos en menajes que son objeto de saneamiento por un grupo de internos como
actividad de redención de pena. Igualmente el fluido que proviene de este sistema
de distribución es empleado para los usos generales de la prisión.
Dicho servicio de aprovisionamiento
funciona en forma permanente ya que “en los pabellones y en específico en el
área de baños hay dispuestas [piletas para recoger líquido] y entre 5 y
8 canecas con capacidad de almacenar 55 galones de agua cada una con una
conexión ya sea a las llaves de agua de los [sanitarios] o de una celda
y al momento de bombearse [fluido estas] se van llenando, siendo [utilizadas]
por los mismos internos al no suspenderse durante el día”[91]. Para garantizar lo
anterior, se cuenta con una llave directa a los tanques elevados ubicados en
cada patio los cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 1.000 y 2.000
litros, respectivamente, para suministrar el fluido al personal recluso. En
esta misma zona de la cárcel, tanto en la mañana como en la tarde, “cada
pabellón tiene habilitado entre 12 y 14 duchas o chorros de agua, que durante
los 20 minutos [la proporcionan] y hasta la fecha [a] todos los
privados de la libertad se les ha satisfecho su aseo personal”[92].
Por su parte, en la zona de comidas hay
presencia de 3 tanques elevados que tienen un contenido de reserva del líquido
de 5.000 centímetros cúbicos, “lo cual resulta más que suficiente para
abastecer el área del rancho en caso de racionamiento o suspensión del servicio”[93]. Así mismo, el área de
conyugales cuenta con un tanque de almacenaje de agua con capacidad para
albergar 5.000 litros que son empleados por los presos y sus parejas para
limpiar sus cuerpos o partes íntimas los días de la visita. También se brindan
opciones adicionales, como la venta de fluido a través del expendio del establecimiento
que funciona en cada pabellón y facilita “bebidas líquidas en recipientes de
plástico como gaseosa, agua en botella de 600 mililitros, agua en bolsa de 600
mililitros, a precios asequibles; bebidas que cada interno puede adquirir y si
a bien lo tiene almacenar cuando desee consumirlas”[94].
De acuerdo con el centro de reclusión, no se
cuenta con instrumentos de medición que permitan establecer la cantidad de
litros de agua que “se despachan de cada bombeada”[95] a partir de las diversas
fuentes de suministro existentes. Sin embargo, asegura que el aprovisionamiento
se realiza en forma racional, considerando que “el número de litros
entregados [al complejo penitenciario por parte de la Empresa de Servicios
Públicos de Acacías es] acorde al número de privados de libertad”[96] e, inclusive, superior
a las proporciones de fluido suministradas al resto de la población del municipio,
según inspección realizada por la Secretaría de Salud del Meta. En su opinión,
la distribución de un volumen mayor generaría “que gran cantidad de barrios
o toda la ciudad de Acacías, se vea abocada en un racionamiento para suplir las
pretensiones de algunos privados de la libertad”[97].
Como prueba de la
distribución de fluido, se aportaron al proceso copia de 2 recibos de cobro en
los cuales se demuestra que durante el periodo comprendido
entre el 3 de octubre y el 2 de
noviembre de 2017 la Empresa de Servicios Públicos de Acacías -ESPA- facturó un consumo promedio de 17.772 M3 y 23.632
M3 en los 2 macro medidores instalados en el centro
carcelario, los cuales tienen una dimensión de 4 y 8 pulgadas y tienen la
función de registrar el caudal de líquido que
ingresa a los tanques de almacenamiento a efectos de verificar el consumo
diario y evitar el derroche del mínimo de agua vital. En esta oportunidad, el uso
del fluido en cantidades equivalentes a 41.404.000 litros[98] generó un costo en las facturas de $246.976.650[99]. Según afirma la
prisión tal monto es sufragado con el dinero que, por concepto de este rubro,
le asigna el Ministerio de Hacienda; circunstancia que “puede ocasionar mora, pero sin
afectación a la prestación [del servicio, a la
fecha,] al interior del penal”[100].
La información de consumo registrado fue
ampliada por la Empresa de Servicios Públicos de Acacías. El ente prestador, en
su condición de entidad con conocimiento inmediato y
directo sobre las condiciones de prestación del servicio de acueducto al
interior del penal, reiteró que el suministro en dicho lugar se realiza
por medio de dos redes de conducción que vienen desde los tanques de
almacenamiento de la planta de tratamiento de agua potable “Las Blancas”;
vereda donde se encuentra ubicada la cárcel. La primera de ellas tiene un
dimensión de 4 pulgadas y llega al tanque de almacenamiento del establecimiento
penitenciario con capacidad de 1.000 M3. La provisión de dicho tanque se
realiza durante la noche o cuando sea requerido de acuerdo a la demanda del
caso. La segunda red es una derivación que tiene una dimensión de 8 pulgadas,
llega a un tanque de almacenamiento de 50 M3 y está en servicio de manera
constante. A efectos de ilustrar el panorama de suministro en la cárcel, la
entidad reflejó, a partir de cifras reales, el consumo advertido entre junio y
noviembre del año 2017:
Periodo (2017)
Macro 4” (M3)
Macro 8” (M3)
Junio
22367
16381
Julio
22367
11188
Agosto
18355
20425
Septiembre
23632
9205
Octubre
23632
17772
Noviembre
25490
19787
Total consumo
135843
94758
Consumo Promedio Mes
22640.5
15793
Consumo Promedio Total
19217
En los términos de la empresa prestadora, el
consumo promedio en el penal para el corte del mes de noviembre de 2017 fue de
19217 M3 lo que equivale a 19.217.000 litros distribuidos entre los 2.776
internos y no menos de 400 funcionarios que integran la prisión. De acuerdo a
la Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS”[101],
la dotación del servicio de acueducto requerida por habitante es de 140 litros
por día. Con base en lo anterior, afirmó la entidad que “al hacer un cálculo
matemático se puede concluir que con la cantidad de agua potable suministrada
mensualmente a la penitenciaría [para el consumo,
aseo personal e higiene de los internos con el fin de no menoscabar su dignidad
humana] se puede suplir la demanda de alrededor 4575 [habitantes
ubicados] en el Municipio de Acacías Departamento del Meta”[102].
5.2.1.2. Los elementos
de juicio enunciados, en su conjunto, evidencian que, a la fecha, el centro de
reclusión accionado se encuentra garantizando la faceta de disponibilidad del
agua durante el día frente a las personas que allí permanecen confinadas.
Reposa en el expediente información objetiva que permite concluir que al
interior del penal existe una distribución de fluido cuya frecuencia los
accionantes estiman contraria a unas condiciones de reclusión dignas pero que,
conforme las pruebas recaudadas, permite la satisfacción de sus necesidades más
elementales. A efectos de alcanzar este propósito, la cárcel emplea diversas
fuentes de acceso con la potencialidad de generar escenarios de continuidad en
el suministro. Este panorama de provisión fue ampliado por
la Empresa de Servicios Públicos de Acacías, quien en su calidad de ente
directo prestador del servicio aseguró, a partir de
cifras reales constitutivas de una aproximación del uso regular de fluido en la
penitenciaría, que el aprovisionamiento se produce mediante sistemas de
distribución con la capacidad para proporcionar cantidades razonables de
líquido que atienden los parámetros orientadores en la materia, esto es y en el
caso particular, 25 litros diarios por recluso para la materialización de
mínimos esenciales.
5.2.2. Disponibilidad durante la noche
5.2.2.1. Tratándose de la disponibilidad durante el horario
nocturno, la jurisprudencia constitucional ha advertido sobre la existencia de
un tratamiento diferencial que se traduce en una intervención estatal
prioritaria y reforzada por ser el periodo de mayor prolongación de encierro de
los internos. Se ha entendido que la presencia de un tiempo extenso de
confinamiento sin aprovisionamiento adecuado de líquido genera graves problemas
en la garantía de la prestación, especialmente, si en los lugares donde se
encuentran ubicados los centros carcelarios la temperatura alcanza niveles
superiores, como ocurre con el municipio de Acacías (en
promedio 25°C), que puede agudizar las condiciones de reclusión y, en
consecuencia, en estos escenarios se demandan mayores cantidades de
distribución de agua.
Para verificar el cumplimiento de este mandato, la cárcel
señaló que, en algunas ocasiones, se presentan cesaciones o
limitaciones en la entrega del fluido lo que ocurre, generalmente, entre las
5:00 p.m. y las 5:00 a.m. como consecuencia de inconvenientes en la bocatoma o
en el sistema de captación con efectos generales en el suministro a nivel
municipal. En todo caso, ante el advenimiento de estas circunstancias, la
prisión ha desplegado acciones positivas en aras de evitar ausencias prolongadas
sin la dotación adecuada del mínimo vital y con ese propósito ha contado con la
colaboración armónica del cuerpo de bomberos de la localidad de Acacías, que
durante el año 2017 contribuyó, en repetidas oportunidades, suministrando agua
al penal a través de carro tanques para ser utilizada en todas las actividades
desempeñadas por los privados de la libertad. Así mismo, se dispuso que los
sitios de habitación estuvieran provistos con un tanque pequeño o pileta donde
se pueda almacenar fluido para la limpieza de los sanitarios o para una ducha
nocturna.
Igualmente, para que el suministro del
líquido esencial alcance niveles de continuidad y no se comprometa el goce de
requerimientos primarios, como medida de contingencia, la Dirección de la
correccional autorizó en la noche, espacio en el que los internos son
confinados en sus celdas para el descanso por aproximadamente 12 horas[103],
la tenencia de un recipiente por preso tendiente a recolectar agua con fines de
consumo y de limpieza de las baterías de los baños. Lo anterior, en cantidades
equivalentes a 2 galones o más por celda, integrada regularmente por tres
internos, pudiendo almacenar, cada uno de ellos, 2.52
litros de fluido, aproximadamente[104]. Tal medida se implementó considerando,
además, que “los internos han roto los tanques de los sanitarios de la gran
mayoría de los pabellones convirtiendo los pedazos en armas para agredirse
mutuamente”[105].
Posteriormente, para cumplir con las obligaciones
estatales en forma reforzada, en consideración a la importancia que representa
el horario nocturno en la garantía del acceso al agua, el volumen referido por
entregar fue incrementado pues la penitenciaría dotó a los internos de
contenedores con capacidad para albergar 25 litros de líquido en cada lugar de
habitación lo que indica que, a la fecha, las tres personas privadas de la
libertad que habitan ordinariamente las celdas pueden recaudar,
individualmente, en sus recipientes 8.3 litros de fluido, en promedio[106].
5.2.2.2. El escenario advertido permite concluir que, al día de hoy, existe una prestación nocturna del servicio
público de acueducto al interior del complejo carcelario. No obstante, es
evidente que ha existido una diferencia sustancial de información tendiente a
acreditar el cumplimiento de la faceta de disponibilidad en la noche. En
el primer requerimiento probatorio efectuado, la prisión indicó que en cada una
de las celdas de la penitenciaría se garantizaba el acceso a 2 galones de agua,
es decir, 2.52 litros por preso, lo que implico un desconocimiento de los criterios de protección en la materia y,
en consecuencia, una violación de garantías superiores. Ante el segundo requerimiento
realizado, se evidenció que se superó la deficiencia constatada y se dio a
entender por el penal que, a la fecha, se satisfacen cantidades acordes
a las exigidas por la jurisprudencia constitucional, en concreto, una
proporción de agua equivalente a 8.3
litros por recluso destinada al consumo y a la higiene, en general.
La Sala desconoce si el
panorama actual de provisión del mínimo esencial es consecuencia directa de un
proceso constante de coordinación y articulación previa, no coyuntural, producto
de una política pública seria y cualificada tendiente a mejorar las condiciones de habitabilidad para la población privada
de la libertad o es el resultado de la iniciación de
esta acción de amparo. Lo cierto del asunto es que, en términos globales, se
evidencia, a partir de los datos de abastecimiento de agua suministrados por el
penal y por la empresa prestadora del servicio, que, en principio y a la fecha,
los presos están recibiendo la cantidad fijada en las reglas jurisprudenciales
sobre la materia. Sin embargo, (i) según lo dicho por el establecimiento
carcelario, no se cuenta con un mecanismo preciso de medición que determine con
certeza el volumen de litros de líquido a los que, individualmente, acceden los
ciudadanos privados de la libertad diariamente; (ii) ante tal vacío, los
accionantes han insistido en la presencia de un escenario de inobservancia a
los deberes de protección del Estado, principalmente, en lo que atañe al
suministro de fluido potable en condiciones de suficiencia para el aseo
personal y general, así como para el consumo, especialmente, durante la noche
en la que permanecen confinados en sus lugares de habitación por espacio
de casi 12 horas. En razón de ello, han reiterado que
se garantice una frecuencia de entrega de agua en forma continua y permanente
lo que supondría, de entrada, un cambio en la forma de dotación actual.
(iii) La penitenciaría
ha señalado que el aprovisionamiento presente obedece “al deber natural como
institución del Estado en cuanto a la preservación y al no derroche del agua”[107] y al
cumplimiento de las disposiciones expresas del reglamento de régimen interno
que establece horarios de cotidianidad los cuales pueden ser modificados cuando sea necesario proceder de conformidad[108]. (iv) En cumplimiento
a dicha previsión normativa la Dirección del penal le ordenó al Comando de
Vigilancia realizar “una verificación del tiempo para establecer si es
viable aumentar el [periodo] en el que se provee el líquido a los
pabellones”[109],
a efectos de garantizar la prestación del servicio con una regularidad superior,
sin que se tenga conocimiento de los resultados de tal conminación.
Bajo estas circunstancias, como medida preventiva, en el marco de un
estado de cosas inconstitucional, y a efectos de asegurar la protección integral y continuada de los
presupuestos fundamentales de los internos recluidos en la Cárcel de Acacías,
se le comunicará a la Defensoría del Pueblo Delegada para la Política Criminal
y Penitenciaria que dentro de su obligación de guardar, proteger y promover los
bienes constitucionales de la sociedad colombiana, en especial de los grupos
más vulnerables como la población carcelaria[110], realice, en el término de 1 mes siguiente a la notificación de
esta providencia, una verificación y seguimiento a las circunstancias de
reclusión en dicho complejo correccional en términos de
goce efectivo de acceso al agua potable, conforme los mínimos esenciales
dispuestos por la jurisprudencia constitucional, esto es, 25 litros diarios por
persona de los cuales debe permitirse el almacenamiento en las celdas en una
proporción no inferior a 5 litros por interno
durante la noche, mediante una dotación que consulte condiciones de
continuidad y regularidad tendientes a la satisfacción plena de necesidades
básicas en un ambiente de altas temperaturas que se agudiza por el prolongado
tiempo de encierro[111].
En caso de encontrarse alguna situación
que entorpezca la materialización de estos postulados u otros de categoría
básica, la entidad de control podrá adoptar las medidas de protección que resulten adecuadas y
necesarias en el marco de sus competencias legales y constitucionales. El resultado de la labor realizada,
deberá consignarse en el informe semestral que ordinariamente presenta ante
esta Corporación como consecuencia del seguimiento al estado de cosas
inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario declarado en las
sentencias T-388 de 2013[112]
y T-762 de 2015[113].
5.3. Verificación de la faceta de
calidad
5.3.1. Como se indicó con anterioridad, en virtud de este presupuesto
se exige que las personas privadas de la libertad tengan acceso a cantidades de
agua en condiciones físicas, químicas y microbiológicas
aptas para el consumo humano, la preparación de alimentos y, en general, la
higiene personal. Para asegurar este postulado, es necesario que los actores
involucrados en la prestación del servicio público realicen controles de
calidad sobre el fluido suministrado y sometan los sistemas y dispositivos de
almacenamiento o distribución de líquido a protocolos de limpieza y
desinfección, que aseguren ambientes de habitabilidad dignos para quienes
permanecen confinados.
A efectos de garantizar la adecuada
prestación del servicio de acueducto, la Empresa de Servicios Públicos de
Acacías señaló que se
realizan controles mensuales de calidad en cabeza de la Secretaría
Departamental de Salud del Meta, quien adelanta jornadas de muestreo sobre las
características fisicoquímicas y microbiológicas del fluido distribuido en los
diferentes municipios del Departamento. Para el caso específico de la
Penitenciaría de Acacías (punto de muestreo No. 0011 ubicado en la vereda “Las
Blancas”) los cotejos realizados reflejaron avances en las condiciones del
líquido entregado como consecuencia de mejoras realizadas sobre la planta
de tratamiento de agua potable -PTAP-.
En concreto se adelantaron labores
relacionadas con: (i) la optimización de los falsos
fondos de los filtros de la planta de tratamiento de agua potable donde las
boquillas fueron reemplazadas a flautas mejorando la remoción de turbidez; (ii)
cambio de material de lecho filtrante estableciendo una mejor distribución del
tamaño de las gravas, arenas y antracita[114]; (iii) aumento en los protocolos de
control por parte del laboratorio de la Empresa de Servicios Públicos de
Acacías y (iv) análisis de tratabilidad periódicos. Con miras a constatar los
efectos positivos de dichas mejoras sobre la potabilidad del agua se allegaron
al proceso los informes de análisis realizados por el Laboratorio
Departamental de Salud Pública del Meta sobre el fluido proporcionado en el
establecimiento penitenciario accionado durante los meses de marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2017[115].
El procedimiento de control de calidad fue
realizado por técnicos en salud, acudiendo a distintos puntos de muestreo como
la red de distribución y el grifo de entrada del centro de reclusión. En cada
mes se efectuaron tomas de muestra sobre aspectos relacionados con el color
aparente, turbiedad, PH (potencial de hidrógeno), cloro residual libre, alcalinidad
total, calcio, magnesio, dureza total, sulfatos, hierro total, nitritos,
nitratos, cloruros, fluoruros, fosfatos, conductividad, aluminio, coliformes
totales, carbono orgánico total (COT), E-coli y bacterias mesofilicas aerobías.
De los cotejos aportados se constató el siguiente panorama en materia de
calidad[116]:
Periodo (2017)
Índice de riesgo
Clasificación del riesgo
Acciones por adoptar
Marzo
24.14%
Medio
Agua
no apta para consumo humano, gestión directa de la persona prestadora.
Abril
7.23%
Bajo
Agua
no apta para consumo humano, susceptible de mejoramiento.
Junio
0%
Sin riesgo
Agua
apta para consumo humano.
Julio
0%
Sin riesgo
Agua
apta para consumo humano.
Agosto
8.19%
Bajo
Agua
no apta para consumo humano, susceptible de mejoramiento.
Septiembre
0%
Sin riesgo
Agua
apta para consumo humano.
Octubre
0%
Sin riesgo
Agua
apta para consumo humano.
Índice promedio general: 5.65%
Como se observa y, conforme lo dicho por la empresa de servicios públicos, el reporte final de los
resultados obtenidos evidenció que el índice de riesgo ponderado entre marzo y
octubre de 2017 fue de 5.65%, esto es, bajo lo que supone, en los
términos del artículo 15 de la Resolución 2115 de 2007[117], que el agua
proporcionada presentó algunos problemas de calidad susceptibles, en todo caso,
de mejoramiento inmediato debiéndosele informar esta situación a la persona
prestadora del servicio y al Comité de Vigilancia Epidemiológica -COVE- para
que adopten los correctivos del caso. El panorama anterior, a juicio de la entidad,
reflejó “una tendencia a disminuir el IRCA a través del transcurso del [año
2017]”[118]
que se complementó y se fortaleció con la labor realizada por el
establecimiento carcelario.
A efectos de preservar los estándares de salubridad exigidos por la normatividad
vigente en la materia[119],
la prisión contrató los servicios del laboratorio “Amparo Restrepo” y
del Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta
para que adelantaran los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos correspondientes.
Tal labor se llevó a cabo los días 3 de agosto, 14 de septiembre y 9 de
noviembre de 2017 empleando como puntos de muestreo las llaves del lavadero, el
lavaplatos, el Rancho y el casino de la penitenciaría. Los cotejos realizados
arrojaron un índice de riesgo de la calidad de agua de 0%, es decir, el fluido
resultó apto para el consumo humano[120].
Este procedimiento de saneamiento de aguas empleado
tuvo por finalidad priorizar y asegurar el goce efectivo de las garantías
constitucionales básicas de la comunidad recluida y su efectividad fue a tal
punto que el derecho a la salud de los internos así como el componente de
integridad física, susceptibles de ser afectados por acontecimientos de
insalubridad, permanecen al día de hoy protegidos.
Conforme la información
suministrada por los funcionarios encargados de la atención
en salud dentro del penal, a la fecha, los accionantes no han presentado
ninguna afectación en su estado médico, tal como se desprende de los registros de prestación de atención por medicina
general brindada por el Pabellón clínico de la penitenciaría durante el año
2017, según los cuales no se ha presentado ningún desorden surgido como
consecuencia de una distribución deficiente de agua[121]. Se demuestra
que en lo corrido del citado año los peticionarios presentaron eventos
concretos que no estuvieron relacionados directamente con eventuales malas
prácticas en la provisión del fluido. Así, aparecen situaciones asociadas con hemorroides
internas, ardor en el colón y estreñimiento, prurito, tumor
maligno de conjuntiva, lumbago por contractura muscular y rinofaringitis
aguda[122].
Las autoridades médicas consultadas concluyeron que los pacientes evidenciaban,
en términos generales y a pesar de las patologías diagnosticadas, normalidad en
su condición de salud.
5.3.2. En suma,
del material probatorio aportado al expediente se desprende que el agua
brindada a la población reclusa cumple, en términos generales, con los patrones
de calidad exigidos en la materia. De acuerdo con el reporte de la Empresa de
Servicios Públicos de Acacías y del centro carcelario de mediana seguridad, a
efectos de garantizar presupuestos de potabilidad, se han realizado controles
de calidad periódicos, constantes y rutinarios al líquido suministrado en la
prisión y en la localidad donde aquella se encuentra ubicada, mediante la toma
de cotejos mensuales en los puntos de muestreo instalados en los sectores de
interés sanitario. Al proceso se anexaron los resultados de los análisis
fisicoquímicos y microbiológicos realizados entre marzo y noviembre de 2017 que
permiten llevar un control y un seguimiento a la condición de salubridad del
fluido y cuyo contenido refleja un índice de riesgo con tendencia a la
normalidad, evidenciando algunas alteraciones significantes al inicio y en la
mitad de la anualidad referida (marzo: 24.14%, abril: 7.23% y agosto: 8.19%) pero
con un cierre que demuestra, a la fecha, un buen estado del agua proporcionada,
esto es, con aptitud para el consumo humano sin consecuencias adversas en la
salud de los usuarios.
Pese a lo anterior, no
puede desatenderse que las condiciones de potabilidad,
durante el periodo objeto de control, no fueron constantes y permanentes,
incluso luego de estar el índice de riesgo en 0% hubo un aumento del mismo,  lo
que obliga al juez constitucional a prevenir cualquier circunstancia con la
potencialidad de generar un peligro sobre la salud y la integridad física de
aquellos que permanecen confinados de la libertad frente a quienes, como se ha
dicho reiteradamente, existe un deber superior en la defensa de sus garantías
fundamentales. En esa medida, para avanzar en la protección de los derechos de
las personas vulnerables, consolidando pasos adicionales a los ya recorridos en
la superación del estado de cosas inconstitucional, se dispondrá, como se
indicó con anterioridad, la intervención de la Defensoría
del Pueblo Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria en orden a que
realice una verificación y seguimiento a las circunstancias de reclusión en el
Complejo Correccional de Acacías - Meta en términos de
goce efectivo de acceso al agua potable, esto es, bajo parámetros no
solo de regularidad sino de cualificación en aras de evitar factores
de riesgo para el bienestar de las personas allí privadas de la libertad.
5.4. Verificación de la faceta de
accesibilidad física
5.4.1. Como se
indicó con anterioridad, la verificación de este presupuesto comprende la
importancia de mantener instalaciones físicas y servicios de agua  disponibles
en buen estado, que aseguren ambientes de salubridad al interior de los centros
correccionales. A efectos de que estos parámetros se
cumplan y perduren, la cárcel de Acacías ha contribuido a la existencia de
estructuras apropiadas y de procesos constantes de aseo en su interior. Por un
lado, se tiene que las tuberías del penal son objeto de mantenimiento
cuando se presentan fallas o averías que afectan su efectivo funcionamiento.
Así mismo, se realizan labores de limpieza sobre las bombas de distribución,
los registros y válvulas principales o secundarias ubicadas en cada pabellón;
igualmente en las llaves de grifo y en los sanitarios comunitarios donde la higienización
corre por cuenta de un grupo de 10 internos por pabellón, quienes redimen pena
con tal actividad y se encargan de asear con frecuencia las baterías de los
baños para evitar que rebocen de materia fecal, generen malos olores y, por
consiguiente, un ambiente de insalubridad. Inclusive, el Pabellón Séptimo,
lugar de reclusión de los peticionarios, se ha caracterizado por la disciplina,
el orden y el aseo constante.
Estos procesos de
adecuación y manejo de infraestructura que impactan el servicio de agua han
comprendido igualmente el lavado y desinfección de tanques plásticos
elevados y a nivel destinados para el consumo de fluido potable ubicados en los
pabellones, la panadería, los patios de visita, el área de sanidad y las casas
fiscales. Dicho procedimiento se realizó los días 2, 6 y 7 de marzo, 29, 30 y
31 de agosto, 24, 25 y 26 de octubre de 2017 en el marco de los contratos 062
del 21 de abril de 2016 y 093 del 1 de junio de 2017 celebrados con la Empresa
Fumiacacías[123].
Del mismo modo, como
medida preventiva y en aras de garantizar un oportuno internamiento, el Área de
Actividades Ambientales de la prisión realizó durante el
año 2017 diferentes brigadas de fumigación para el control integral de plagas,
vectores, insectos y roedores. Tal proceso tuvo lugar los días 28 de febrero, 1
de marzo, 22, 23, 24 y 25 de agosto, 13 de septiembre, 17, 18, 19 y 20 de
octubre, 2 de noviembre, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2017 y estuvo a cargo de
la empresa Fumiacacías con quien se celebraron los contratos aludidos
previamente. Para su materialización se utilizaron productos químicos tales como
clorpyrifos, malathion 57EC y cipermetrina 200EC que se
emplearon sobre diferentes áreas del penal, en particular, los patios, las celdas,
casas fiscales, alojamientos, oficinas, zona de plan ambiental, administrativa
y de educación, almacén, acopio, sifones, alcantarillas y canales de aguas
lluvias, cuarto de control de panadería, repostería, cafetería, expendio,
casino, talleres de confección, ebanistería, zapatería y la sala de
entretenimiento, de visitas familiares y conyugales[124].
En relación con esta última área mencionada,
a efectos de asegurar espacios adecuados para que los internos puedan tener visitas conyugales en condiciones de
higiene y privacidad, teniendo en cuenta que éstas hacen parte del
derecho a la intimidad personal y familiar y al respeto de la dignidad humana,
la correccional dispuso que esta zona estuviera provista de un tanque de
almacenaje de agua con capacidad para albergar 5.000 litros, sujeto, como se
indicó, a procesos de saneamiento para que los internos y sus parejas limpien
sus cuerpos o partes íntimas. Igualmente, a la fecha, y con el propósito de preservar
escenarios de salubridad se autorizó la tenencia de un jabón de baño, toalla y
sabanas de propiedad de cada recluso y se tienen dispuestos dos presos
encargados del aseo de cada habitación una vez ha culminado el encuentro. Estas
circunstancias, a juicio del penal, “demuestran que todos los privados de la
libertad [en el centro penitenciario] reciben su visita íntima en
condiciones de respeto, higiénicas y de una manera digna, todo acorde a lo
establecido en [el reglamento] de régimen interno vigente”[125].
La Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- ha ejercido un control permanente sobre la
ejecución de estas actividades e incluso, dentro del ámbito de sus competencias,
ha desplegado todas las acciones ineludibles para atender el funcionamiento de
los 136 establecimientos a nivel nacional que se encuentran a su cargo.
Teniendo en cuenta el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional[126] y la
priorización de las obras y arreglos locativos presentados por el INPEC[127], en la Penitenciaría de Acacías se han llevado
a cabo diferentes intervenciones contractuales con la potencialidad de fortalecer
la infraestructura hidráulica del penal. Sobre el
particular, se tiene evidencia de los siguientes convenios:
(i) Contrato 131
de 2013 cuya finalidad fue el “mantenimiento correctivo requerido para los
equipos y sistemas que componen la planta de tratamiento de aguas residuales
PTAR y planta de tratamiento de agua potable PTAP en el EPMSC ACACÍAS y CAMIS
ACACÍAS-META”, por cuantía de $1.120.264,138 celebrado con la empresa
Piasing Ltda.
(ii) Contrato 337 de 2014 cuya intención fue el “mantenimiento y
operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y
distribución de agua potable y sistemas de tratamiento de aguas residuales en
el establecimiento penitenciario Colonia Agrícola de mínima seguridad de
Acacías CAMIS E.R.E. y Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional ERON
Acacías, Meta” por un monto de $417.132.431 firmado con el señor Juan
Carlos González Cortes.
(iii) Contrato 2171015 celebrado con el
señor José Wilmer Chiloto Rivadeneira por un costo de $144.139.869 para ser
ejecutado entre el 4 de septiembre y el 4 de diciembre de 2017 tendiente a
garantizar el “mantenimiento y operación de un sistema de captación,
tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable y dos sistemas de
tratamiento de agua residual en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario
CAMIS ERE ACACÍAS, META”.
(iv) Contrato 2170988 celebrado con el
ciudadano Carlos Hernán Escobar Reinoso por un valor de $109.654.248 encaminado
a lograr el “mantenimiento y operación de un sistema de captación,
tratamiento, almacenamiento y distribución (red principal hasta entrada a
patios o pabellones) de agua potable y un sistema de tratamiento de agua
residual en el EPMSC ACACÍAS, Establecimiento Penitenciario y Carcelario EPMSC
ACACÍAS ERON META”. Lo anterior, para ser materializado entre el 4 de
septiembre y el 4 de diciembre de 2017.
La preservación de un ambiente de
salubridad se ha extendido a la realización de proyectos que conducen a la
modernización de las instalaciones arquitectónicas de la cárcel, con la
potencialidad de albergar mayor cantidad de reclusos, intentando así superar
paulatinamente el estado de cosas inconstitucional en
que se encuentra el Sistema Penitenciario y Carcelario. Con ese propósito se han materializado las siguientes inversiones, a partir de las
necesidades constatadas:
(i) Contrato
113 de 2013 cuyo objeto fue la “adecuación, mejoramiento y mantenimiento de
la infraestructura necesaria para generar cupos adicionales en el EPMSC ACACÍAS
META”, por un valor de $198.743.995 suscrito con la empresa Consuesmar
Ltda.
(ii)
Contrato 205 de 2014 orientado al “mantenimiento, mejoramiento y
conservación de la infraestructura física general en el Establecimiento Penitenciario
y Carcelario EPMSC ACACÍAS- META”, por un costo total de $835.089.340
suscrito con el Consorcio Obras 2014.
(iii) Contrato 145 de 2015 cuyo propósito
fue el “mantenimiento, mejoramiento y conservación de la infraestructura
física general en establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional
(Grupo 26: CAMIS ERE Acacías, EPMSC Villavicencio, EPMSC Granada)” por un precio
equivalente a $1.111.861,726 mediante convenio con la Compañía de Construcción
e Ingeniería -CC Ltda-.
(iv) Contrato interadministrativo 216144 de
2016, celebrado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-,
por medio del cual se asignaron $809.999.951,00 al Establecimiento Correccional
de Acacías destinado a mejorar su infraestructura carcelaria.
5.4.2. Del escenario expuesto en
precedencia puede inferirse que han existido esfuerzos relevantes por avanzar
en la preservación de entornos óptimos de reclusión para quienes permanecen
confinados en el Establecimiento Carcelario de Acacías. Con ese propósito, la
prisión en coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
ha desarrollado diversos planes y proyectos con la virtualidad de conducir a la
presencia de instalaciones y servicios de agua accesibles para todos los
privados de la libertad, mediante la realización constante de procesos de
saneamiento que se extienden, inclusive, a las zonas de visitas conyugales; espacio
representativo del respeto por la intimidad y la dignidad humana de los
reclusos. Estos intentos significativos tendientes a alcanzar condiciones
mínimas de existencia han comprendido el mejoramiento de la infraestructura
arquitectónica tendiente a su mantenimiento y conservación adecuada que
permita, incluso, albergar un número mayor de presos a los recluidos en la
actualidad.
No existe certeza
acerca de si la implementación de algunas de tales medidas ha obedecido a una
planeación y concertación previa o es producto de la iniciación de esta acción
de amparo. Lo innegable del asunto es que han sido ciertamente ejecutadas, lo
que no obsta para continuar en la consolidación de pasos adicionales a
los ya recorridos en lo que atañe a la presencia de ambientes de habitabilidad
dignos para la población reclusa especialmente porque, como se observa, la
inversión estatal en este aspecto ha sido representativa y ello debe reflejarse
en la materialización efectiva de los contratos celebrados para que el
presupuesto asignado cumpla su real propósito.
5.5. Verificación de la faceta de
accesibilidad económica
En relación con la faceta de accesibilidad
económica, la Sala precisa que las dificultades presupuestales del penal
para asumir con oportunidad sus obligaciones contractuales, ordinarias en el
marco del estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y
Carcelario del país, no han sido un impedimento para garantizar el acceso
eficiente al servicio público de agua de quienes se encuentran bajo su custodia
y, a la fecha, se les está garantizando el suministro de fluido, en los
términos de la jurisprudencia constitucional, por lo que no existe afectación
de garantías superiores en ese sentido.
Esta situación fue confirmada por la
Empresa de Servicios Públicos de Acacías -ESPA- quien afirmó que “pese a los
reiterados incumplimientos por falta de pago [del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Acacías, se] ha venido garantizando la
prestación y continuidad del servicio a la población recluida en dicho [centro
carcelario], ya que [son] conscientes de la importancia de garantizar
a las personas privadas de la libertad, el acceso suficiente al líquido vital
necesario para el aseo personal e higiene de los internos con el fin de no
menoscabar su dignidad humana”[128].
En este orden de ideas, no se advierte una actuación contraria al orden
constitucional vigente por lo que se acredita el cumplimiento de la faceta de accesibilidad
económica.
6. Precisión
adicional
La Sala constató a partir de la situación
fáctica y de los elementos de juicio obrantes en el proceso que, en la
actualidad, existe una prestación adecuada del servicio público de acueducto al
interior del complejo carcelario. Como quedó demostrado en las consideraciones
previas, al día de hoy, se encuentran satisfechos los presupuestos de disponibilidad,
calidad y accesibilidad física y económica del agua suministrada en la prisión,
esto es, los criterios de protección establecidos por la jurisprudencia de esta
Corporación, en contextos como el analizado. Atendiendo a estas razones, es
preciso revocar los fallos de instancia en tanto
declararon improcedente la solicitud de amparo y, en su lugar, negar la tutela,
por cuanto no se advierte vulneración a garantías superiores y se predica un
cumplimiento de las reglas en la materia.
7. Reglas de decisión
7.1. Frente al Estado, las personas
privadas de la libertad se encuentran en una relación especial de sujeción en
virtud de la cual las autoridades penitenciarias tienen la obligación de
garantizarles entornos de reclusión dignos. En situaciones específicas, este
deber comprende la necesidad de asegurar un suministro de agua, en tanto
recurso fundamental para la supervivencia, bajo parámetros de disponibilidad,
calidad y accesibilidad, esto es, en unas condiciones de suficiencia
para cubrir las necesidades de consumo e higiene (15 litros diarios por interno
en condiciones de normalidad; 25 litros al día por recluso en razón de
condiciones climáticas altas o instalaciones sanitarias deficientes. De los 15
o 25 litros, según el caso, debe poder almacenarse en las celdas mínimo 5
litros por preso durante la noche), de potabilidad para preservar la salud de
los usuarios y en el marco de instalaciones y servicios físicos adecuados
tendientes a alcanzar ambientes salubres de confinamiento.
Los sujetos confinados, por pertenecer a un
grupo poblacional altamente vulnerable, deben tener acceso a esta garantía en
forma prioritaria y reforzada. La ausencia de condiciones mínimas
que aseguren su prestación constituye una falta grave del Estado a sus obligaciones
de protección.
7.2. Las autoridades involucradas en el
asunto no vulneran los derechos fundamentales a la vida, la salud, la
integridad física y la dignidad humana de personas privadas de la libertad (Ferney
Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso Galindo) cuando, en el
marco de un estado de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario, (i) garantizan
un abastecimiento diario de fluido que si bien no es continuo y permanente
permite la satisfacción de  requerimientos primarios de consumo, aseo e higiene
personal en cantidades razonables (disponibilidad); (ii) se verifica que
en la prestación del servicio se aseguran parámetros de potabilidad regulares
que se alcanzan mediante controles periódicos a las características fisicoquímicas
y microbiológicas del líquido proporcionado (calidad) y (iii) se
constatan esfuerzos relevantes para contar con la presencia de instalaciones
físicas y servicios de agua adecuados cuyo estado de sanidad contribuye a unas
condiciones respetuosas de un mínimo esencial para quienes allí permanecen
recluidos (accesibilidad física) sin que razones de orden presupuestal
impidan lograr tal propósito (accesibilidad económica).
En todo caso, tratándose de individuos bajo
confinamiento pertenecientes a un sector de la población altamente marginado, el
juez constitucional tiene un compromiso mayor en la defensa de sus derechos lo
que le impone adoptar las acciones que resulten necesarias para avanzar en la
superación del estado de cosas en que se encuentra el Sistema Penitenciario y
Carcelario, consolidando pasos adicionales a los ya recorridos en lo que atañe
a la salvaguarda y respeto de sus postulados básicos.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la
suspensión de términos decretada para decidir el presente asunto.
Segundo.- REVOCAR las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Acacías - Meta, el 5 de enero de 2017, y la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -Meta, el 21 de febrero de 2017,
que declararon improcedente la acción de tutela presentada por los señores Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso
Galindo. En su lugar, NEGAR la protección
invocada para el amparo de los derechos fundamentales a la vida, la salud, la
integridad física y la dignidad humana, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero.- COMUNICAR la
presente decisión a la Defensoría del Pueblo Delegada
para la Política Criminal y Penitenciaria para que dentro de su obligación de
guardar, proteger y promover los bienes constitucionales de la sociedad
colombiana, en especial de los grupos más vulnerables como la población
carcelaria, realice, en el término de 1 mes siguiente a la notificación de esta
providencia, una verificación y seguimiento a las circunstancias de reclusión
en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías
- Meta en términos de goce efectivo de acceso al agua
potable, conforme los mínimos esenciales dispuestos por la jurisprudencia
constitucional, esto es, 25 litros diarios por recluso de los cuales debe permitirse
el almacenamiento en las celdas en una proporción no inferior a 5 litros por interno durante la noche, mediante una
dotación que consulte condiciones de continuidad y regularidad en un
ambiente de altas temperaturas.
En caso de encontrarse alguna situación
que entorpezca la materialización de estos postulados u otros de categoría
básica, la entidad de control podrá adoptar las medidas de protección que resulten adecuadas y
necesarias en el marco de sus competencias legales y constitucionales. El resultado de la labor realizada,
deberá consignarse en el informe semestral que presenta ordinariamente ante
esta Corporación como consecuencia del seguimiento al estado de cosas
inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario declarado en las
sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.
Cuarto.- DECLARAR que la Alcaldía Municipal de Acacías
- Meta no se encuentra legitimada en la causa por pasiva dentro del presente
trámite de tutela.
Quinto.- Por Secretaría General, LÍBRENSE las
comunicaciones a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con
aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ANEXO
Actuaciones surtidas en sede de
revisión
1. La Sala de Revisión, a efectos de
adoptar una decisión integral en el asunto de la referencia, requirió a la Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad de Acacías - Meta, para que suministrara información, por
Auto del 10 de octubre de 2017. Mediante oficio del 31 de octubre siguiente, el
penal dio contestación a cada uno de los interrogantes planteados[129].
En relación con la primer pregunta
realizada: “(i) [i]ndicar el número de internos que actualmente
permanecen recluidos en el establecimiento penitenciario y, en concreto, el
número de personas que se encuentran privadas de la libertad en el Pabellón
Séptimo del penal, donde aseguran encontrarse los señores Ferney Casallas Daza,
Julio César Salum Sejin y Víctor Alfonso Galindo”, señaló que la prisión
alberga un total de 2.773 internos y el Pabellón 7 se encuentra integrado por
236 presos.
En lo que corresponde al segundo
interrogante: “(ii) [e]nviar un informe detallado acerca de las
diversas fuentes de acceso y suministro que actualmente ofrece el centro de
reclusión para satisfacer el servicio de agua potable de la población privada
de la libertad, en condiciones de calidad, salubridad, suficiencia y gratuidad.
En el deberá indicarse la cantidad y la periodicidad con la que se garantiza el
acceso al líquido”, indicó que el servicio de agua es suministrado por la
Empresa de Servicios Públicos de Acacías ya que el penal no cuenta con
acueducto propio ni con una planta purificadora del líquido, advirtiendo que,
según inspección realizada por la Secretaria de Salud del Meta, a la prisión se
le suministra mayor cantidad de agua que la ofrecida, en general, al resto de
la población del municipio.
Señaló que el servicio es prestado en 7
oportunidades del día por periodos de 20 minutos (5:40 o 5:50 de la mañana,
6:40 a.m. o 6:55 en algunas ocasiones, 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m., 3:30
de la tarde, 5:40 p.m. y se restablece hasta la mañana siguiente)[130], precisando que cada
pabellón cuenta con una pileta para recoger agua, canecas de 55 galones cada
una y una manguera conectada a una llave para proveer el fluido con destino al
desarrollo de las actividades diarias relacionadas con la “asepsia, lavado
de prendas, aseo de áreas comunes, entre otros usos”[131]. Igualmente, a fin de
garantizar la higiene en los sanitarios de las celdas, se autorizó la tenencia
de un recipiente para cada interno tendiente a recolectar agua, especialmente
durante la noche. Tal medida se implementó particularmente porque “los
internos han roto los tanques de los sanitarios de la gran mayoría de los
pabellones convirtiendo los pedazos en armas para agredirse mutuamente”[132].
Acerca de la pregunta: “(iii) [s]eñalar
si a la fecha existe o ha existido alguna situación que imposibilite la
provisión del líquido en forma permanente y apropiada para el consumo humano, o
si se han presentado algunas limitaciones o restricciones en su prestación. En
este punto, deberá indicarse si las tuberías del establecimiento y en general
las instalaciones del mismo son objeto de mantenimiento y procesos frecuentes
de saneamiento. En caso afirmativo, indicar el procedimiento empleado para tal
fin y la frecuencia con la que este se realiza”. Contestó que, el
suministro y los horarios de provisión de agua obedecen, por un lado, al
cumplimiento de las disposiciones expresas del reglamento interno del penal y,
de otro, “al deber natural como institución del Estado en cuanto a la
preservación y al no derroche del agua”[133];
de ahí que una distribución durante las 24 horas del día atentaría contra este
mandato y generaría un costo elevado de consumo facturado que la cárcel no
podría sufragar.
En todo caso, advirtió que el
establecimiento “está siendo responsable con el tiempo entregado a los
privados de la libertad, esto es, 20 minutos continuos de suministro o bombeo
de agua, cuando se hace a todos los pabellones, es decir en el mismo momento y
por el mismo tiempo sale agua por todos lados de cada pabellón o rincón [del
penal]”[134].
Tal frecuencia de suministro obedece, en gran medida, a que la Empresa de
Servicios Públicos de Acacías no suministra constantemente el líquido por
razones técnicas y contractuales. Sobre este aspecto, adujo que la provisión es
intermitente, “generalmente en horario aproximado de las 5:00 pm a las 5:00
am, en ocasiones no se recibe el servicio cuando se presentan inconvenientes en
la bocatoma y afecta el suministro a nivel municipal”[135], aclarando que en
ningún momento el personal recluso es privado del líquido toda vez que se
cuenta con un tanque que reserva un millón de litros aproximadamente y, en
ocasiones, de ser necesario se contrata el servicio de carro tanques.
Concluyó manifestando que las tuberías del
complejo carcelario son objeto de mantenimiento cuando se presentan fallas o
averías; lo mismo sucede con las bombas de distribución, los registros y
válvulas principales o secundarias ubicadas en cada pabellón así como con las
llaves de grifo. Estas labores se encuentran a cargo de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios - USPEC-.
Finalmente, comoquiera que la Sala le
solicitó: “(iv) [e]nviar copia del Reglamento Interno del penal por
medio del cual se establecen los horarios de provisión de agua potable para uso
de los internos”, la Resolución 1060 del 29 de junio de 2011, “Por la
cual se reforma el Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacías - Meta” y la Resolución
002822 del 5 de julio de 2011, “Por la cual se aprueba la modificación al
Reglamento de Régimen Interno del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Acacías”, fueron allegadas al proceso. De su
contenido, se advierte que el penal contempla horarios de cotidianidad para
los internos fijados por su Director de acuerdo a la organización y
funcionalidad de la infraestructura e instalaciones de la prisión y
considerando la seguridad así como la operatividad en el manejo de los presos[136].
Lo anterior, sin perjuicio de “los demás
horarios que considere necesarios implementar el Director de acuerdo con las
necesidades del establecimiento, los requerimientos de las entidades
gubernamentales y no gubernamentales, personas naturales; los cuales estarán
sujetos de fluctuaciones por circunstancias del servicio, por fuerza mayor o
caso fortuito”[137].
HORARIO DE COTIDIANIDAD PARA INTERNOS
Levantada,
conteo, baño, aseo de patios y cerrada de celdas
Desayuno
Llamado
a lista y contada de internos al relevo de las compañías
Iniciación
de actividades laborales y educativas
Terminación
actividades educativas
Almuerzo
Iniciación
de actividades educativas
Terminación
de actividades laborales y educativas
Comida
Conteo
y encerrada al personal de internos
Llamado
a lista de internos en las celdas
Silencio
06:00 horas
06:30 horas
07:30
horas
08:00 horas
11:00 horas
11:00 horas
13:00 horas
15:30 horas
15:30 horas
16:00 horas
19:00 horas
20:00 horas
2. La Sala igualmente requirió a la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- para
que enviara con destino al proceso de la referencia la
siguiente información: “[i]ndique al Despacho si ha sido advertida de alguna
problemática en materia de abastecimiento de agua potable al interior del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acacias
-Meta. En caso afirmativo, señalar las acciones y las medidas que se han
implementado para mitigar dicha situación, en aras de garantizar unas
condiciones de reclusión dignas. En todo caso, precisar el estado actual del
centro de reclusión en punto de la satisfacción de los niveles mínimos
esenciales encaminados a cubrir las necesidades básicas de las personas que
allí permanecen recluidas”.
A través de informe del 20 de octubre de
2017, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad[138] se pronunció sobre el
requerimiento efectuado en revisión[139],
advirtiendo que la entidad “ha desplegado todas las acciones dentro del
ámbito de su competencia y en atención al presupuesto que le es asignado, [ha
efectuado] todas las gestiones tendientes a obtener mayores recursos [para
garantizar el buen funcionamiento de los centros de reclusión del país] pero
los mismos no le han sido asignados [en su totalidad], a efectos de
cumplir con todas las órdenes judiciales que le han impartido”[140].
En cuanto al Establecimiento Penitenciario
de Mediana Seguridad de Acacías -Meta precisó que se han celebrado numerosos
convenios tendientes a mejorar la infraestructura física del penal, teniendo en
cuenta el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional por conducto del
Ministerio de Hacienda así como la priorización de las necesidades en materia
de obras y arreglos locativos presentadas por el INPEC. En concreto, afirma que
con ese propósito se han materializado los siguientes contratos: (i) Contrato 113 de 2013; (ii) Contrato 205 de
2014; (iii) Contrato 145 de 2015 y (iv) Contrato interadministrativo 216144 de
2016, celebrado con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE-.
Frente al suministro de agua potable al
interior del centro de reclusión adujo que el Director del Penal de Acacías es
el encargado de definir la frecuencia de la prestación del servicio público,
advirtiendo que, en todo caso, la Unidad “ha cumplido con el mantenimiento de
la infraestructura hidráulica, [según las] obras priorizadas por el
INPEC y en el marco del presupuesto asignado”[141]. Con esa finalidad se
han celebrado los siguientes convenios orientados al mantenimiento de los
sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua
potable y de aguas residuales: (i) Contrato 131 de 2013; (ii) Contrato 337 de
2014; (iii) Contrato 2171015 celebrado con el señor José Wilmer Chiloto
Rivadeneira y (iv) Contrato 2170988 celebrado con el ciudadano Carlos Hernán
Escobar Reinoso, ambos por conducto del Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo -FONADE-.
3. Así mismo, se le solicitó a la Empresa
de Servicios Públicos de Acacías -ESPA- que allegara al expediente de tutela:
“[c]opia de los estudios de control y seguimiento que han medido la calidad
y potabilidad del agua suministrada al penal durante los últimos seis (6) meses
y que actualmente consumen las personas allí recluidas”. Mediante escrito
del 25 de octubre de 2017, el Gerente de la citada empresa[142] dio respuesta a la
solicitud judicial, aportando los informes de análisis de agua para el consumo
humano realizados en el establecimiento penitenciario por parte del Laboratorio
Departamental de la Secretaria de Salud del Meta en los últimos 6 meses del
año, en concreto, el 24 de abril, el 12 de junio, el 24 de julio, el 22 y 29 de
agosto, el 12 y 25 de septiembre[143].
De acuerdo con las muestras aportadas, en
los meses de junio, julio, finales de agosto (29) y septiembre del año 2017 el
resultado del índice de riesgo de la calidad del agua (en adelante IRCA) fue
cero. Por su parte, en el mes de abril, se constató que “la muestra no
cumple con el (los) requisitos en lo referente a: fisicoquímico: color aparente”[144] y por consiguiente el
IRCA fue de 7.23%, advirtiéndose un nivel de riesgo bajo para sus
destinatarios, lo que indica que el fluido proporcionado no satisfizo en su
totalidad los estándares de potabilidad establecidos, debiendo ser objeto de
mejoramiento inmediato. Igualmente, para el 22 de agosto, el cotejo definitivo
reveló que “la muestra no cumple con el (los) requisitos en lo referente a:
fisicoquímico: cloro residual libre”[145].
En razón de ello, el riesgo de la calidad de agua fue clasificado en un nivel medio
equivalente a 16.39% que representa la necesidad de que el ente prestador
adelante una gestión directa tendiente a alcanzar niveles de potabilidad
adecuados con prontitud.
4. A partir de los elementos de juicio
referenciados, surgieron nuevas inquietudes sobre el caso analizado. En consecuencia, con el propósito de adoptar una decisión
informada en el asunto de la referencia se hizo
necesario ordenar la práctica de pruebas adicionales para mejor proveer.
Mediante Auto del 4 de diciembre de 2017,
la Sala requirió a la Empresa de Servicios Públicos de Acacías -ESPA- para que
indicará: “[l]as medidas que ha implementado a
efectos de garantizar, en todo momento, condiciones de potabilidad en el agua
suministrada al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Acacías - Meta”
y que explicara: “en qué consisten las razones técnicas y contractuales que
han originado cesaciones en el suministro del líquido y por qué se presentan
tales condicionamientos en el abastecimiento dentro del penal. Lo anterior,
atendiendo a que en el marco de la acción que se revisa, el complejo correccional indicó
que ha incurrido en algunos incumplimientos contractuales con la entidad
prestadora del servicio público, en lo referente al pago oportuno de las
facturas por concepto de acueducto”.
Por medio de escrito del 15 de diciembre
siguiente[146],
la entidad señaló, frente al primer interrogante, que en aras de garantizar la
adecuada prestación del servicio público de acueducto se realizan controles
mensuales en cabeza de la Secretaria Departamental de Salud del Meta, quien es
el ente encargado de la supervisión de la calidad del fluido distribuido en los
diferentes municipios del Departamento. Para tal efecto, dicha entidad lleva a
cabo jornadas de muestreo con el fin de determinar los parámetros fisicoquímicos
y microbiológicos del agua. Para el caso específico de la Penitenciaría de
Acacías (punto de muestreo No. 0011 ubicado en la vereda “Las Blancas”) se
observó “un mejoramiento a través de diferentes inversiones en el
tratamiento de la [planta de tratamiento de agua potable -PTAP-]”[147]. Para fundamentar lo
dicho, aportó al proceso de tutela los resultados obtenidos entre el mes de
marzo y octubre del año 2017, en concreto, durante los siguientes días de tal
periodo: 30 de marzo, 24 de abril, 12 de junio, 24 de julio, 22 y 29 de agosto,
12 y 25 de septiembre y 16 de octubre. De su contenido se desprende lo
siguiente:
(i) En el mes de marzo el IRCA fue de
24.14% ya que el fluido suministrado no cumplió con los requisitos en materia
de color y turbidez representando un nivel de riesgo medio; (ii) en
abril el IRCA reportado fue de 7.23% pues “la muestra no cumple con el (los)
requisitos en lo referente a fisicoquímico: color aparente”[148] y se constató un
nivel de riesgo bajo; (iii) en mayo no se realizó el muestreo
correspondiente; (iv) en junio y julio el nivel de riesgo de la calidad del
agua fue de 0%, considerando que el fluido proporcionado cumplió con los
estándares fisicoquímicos y microbiológicos vigentes; (v) en agosto se
realizaron dos cotejos: el primero arrojó un IRCA de 16.39% en tanto que la
muestra no cumplió los requisitos de cloro residual y, en consecuencia,
se advirtió un nivel de riesgo medio y el segundo no arrojó ningún
peligro de consumo. Con base en tales resultados se realizó un promedio del
índice de riesgo para este mes quedando en 8.19, es decir, bajo; (vi) en
septiembre los dos muestreos realizados arrojaron un IRCA de 0% al igual que en
el mes de octubre. Lo anterior, en su conjunto, representó un promedio
ponderado de 5.65% lo que evidenció, según la empresa prestadora, “una
tendencia a disminuir el IRCA a través del transcurso del presente año”[149], como consecuencia de
la implementación de sendas mejoras realizadas en la planta de tratamiento.
En relación con la segunda pregunta formulada,
la entidad manifestó que la frecuencia de distribución de agua corre por cuenta
de la penitenciaría y, en todo caso, el suministro se realiza por medio de dos
redes de conducción que vienen desde los tanques de almacenamiento de la planta
de tratamiento de agua potable “Las Blancas”; vereda donde se encuentra ubicada
la prisión. La primera de ellas tiene un dimensión de 4 pulgadas y llega al
tanque de almacenamiento del penal con capacidad de 1000 M3. La provisión de
dicho tanque se realiza durante la noche o cuando sea requerido de acuerdo a la
demanda del caso. La segunda red es una derivación que tiene una dimensión de 8
pulgadas, llega a un tanque de almacenamiento de 50 M3 y está en servicio de
manera constante. Los consumos promedios mensuales, según macro medidores
instalados en cada red, entre los meses de junio y noviembre de 2017 fueron los
siguientes: en relación con la primera red fue de 22640.5 M3 y frente a la
segunda red fue de 15793 M3.
Afirmó que el consumo promedio en la cárcel
para el corte del mes de noviembre de 2017 fue de 19.217 M3 y, de acuerdo a la
Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS”, la dotación del servicio de
acueducto requerida por habitante es de 140 litros por día. Con base en lo
anterior, precisó que “al hacer un cálculo matemático se puede concluir que
con la cantidad de agua potable suministrada mensualmente a la penitenciaría se
puede suplir la demanda de alrededor 4575 personas ubicadas en el Municipio de
Acacias Departamento del Meta”[150].
Finalizó señalando que
“es de vital importancia garantizar a las personas privadas de la libertad
el suministro eficiente y continuo del servicio de acueducto necesario para el
aseo personal e higiene de los internos con el fin de no menoscabar su dignidad
humana; no obstante, en lo referente al tema de continuidad del servicio es la
penitenciaría [la que realiza la] distribución del líquido al interior
del establecimiento [aparentemente con el fin de evitar el derroche del
preciado fluido]”[151].
5. Así mismo, se le solicitó información al
establecimiento accionado sobre varios aspectos, a los cuales dio respuesta[152]. En relación con la
pregunta tendiente a que indicará: “(i) [e]l
número de internos que, en la actualidad, integran cada uno de los 10
pabellones del establecimiento penitenciario y,
en concreto, el número de reclusos que habitan cada celda del penal”, adujo que las alas A y B de la prisión están compuestas por 9
patios, integrados por 237, 239, 239, 219, 180, 196, 243, 129 y 240 internos,
respectivamente. Cada pabellón cuenta con 82 celdas en las que habitan máximo 3
internos y mínimo 1 preso. En tratándose del Pabellón séptimo donde se
encuentran recluidos los actores, se tiene que de las 82 celdas, 79 son
habitadas por 3 internos y 3 de ellas por 2 privados de la libertad[153].
Por su parte, el ala C de la penitenciaría
cuenta con 6 pabellones (Pabellón A20, A21, B20, B21, A18 y A19) y en cada uno
de ellos se albergan 146, 157, 162, 150, 27 y 64 presos, respectivamente. Los 4
primeros pabellones cuentan con 45 celdas, cada una integrada por máximo 5
internos y mínimo 1, el Pabellón A18 cuenta con 17 celdas en las que habitan
máximo 3 internos y mínimo 1 y el Pabellón A19 cuenta con 61 celdas compuestas
por 2 internos regularmente y, excepcionalmente por 1. Por su parte, el Rancho
de la cárcel aloja 36 presos en 16 celdas integradas por máximo 3 presos y
mínimo 2; la Unidad Terapéutica y Educativa -UTE- alberga 16 reclusos en 72
celdas, y el Pabellón A12, 96 internos distribuidos, en su mayoría, en 2
personas por celda. En total, la correccional cuenta con 2.776 personas
privadas de la libertad.
Frente al segundo interrogante: “(ii) [s]eñalar
de manera concreta la cantidad de litros de agua que es suministrada a las
personas privadas de la libertad tanto durante el día como en la noche, y
precisar las necesidades que se satisfacen con el volumen de fluido distribuido
de manera detallada”, manifestó que el suministro de agua en la prisión
tiene lugar, como mínimo, en 7 ocasiones al día por espacio de 20 minutos cada
una, iniciando a las 5:50 a.m. con la distribución que se realiza en las celdas
tendiente a su limpieza y finalizando a las 5:40 p.m. nuevamente con su
provisión en los lugares de habitación[154].
Este aprovisionamiento permite la satisfacción de las necesidades básicas de
los reclusos “quedando garantizado a diario la asepsia de todos los privados
de la libertad al interior [del] centro de reclusión”[155].
Aclaró que el establecimiento de reclusión
no cuenta con instrumentos de medición que permitan establecer la cantidad de
litros de agua que “se despachan de cada bombeada”[156] durante el lapso de
tiempo mencionado y precisó que la tubería que transporta el líquido tiene una
dimensión de 4 pulgadas, lo que posibilita su distribución en todos los
rincones de la cárcel. Respecto del servicio de las duchas, “en la mañana y
tarde, cada pabellón tiene habilitado entre 12 y 14 duchas o chorros de agua,
que durante los 20 minutos sale agua y hasta la fecha [a] todos los
privados de la libertad se les ha satisfecho su aseo personal”[157].
Frente al interrogante planteado tendiente
a que explicara: “(iii) Por qué durante el horario nocturno la prestación
del servicio público de acueducto es intermitente y no es garantizado por
espacio de casi 12 horas continuas”, manifestó que la prisión no cuenta con
un acueducto propio por tanto el servicio es garantizado por conducto de la
Empresa de Servicios Públicos de Acacías quien tiene horarios establecidos para
el suministro, “debiendo [supeditarse el penal] a la cantidad
suministrada”[158].
Regularmente la provisión se realiza en el horario nocturno “atendiendo [a]
que el consumo de la población del municipio de Acacías es menor pues se
encuentran durmiendo”[159]
y el líquido provisto es consumido al día siguiente en las actividades de
cotidianidad. Agregó que el establecimiento desde su construcción cuenta con un
tanque para almacenar un millón de litros de agua, sin embargo, en la
actualidad, la empresa prestadora no cuenta con capacidad hídrica para
llenarlo; circunstancia que obliga a utilizar a diario el líquido que es
recibido en la noche.
Explicó que para mitigar cualquier eventual
situación de racionalización, cada pabellón cuenta con un tanque elevado de
agua con un filtro de ozono para su purificación junto con la conexión
habilitada en una llave de paso por medio de la cual cada interno se provee de
líquido en su vaso de dotación o en su propio recipiente y un segundo tanque
que distribuye el fluido para el aseo de los patios (limpieza de los baños
comunitarios, aseo de las áreas del comedor, de los contenedores para almacenar
comida ya que los alimentos son servidos en menajes que son lavados por un grupo
de internos como actividad de redención de pena) y para los usos generales.
Este servicio funciona en forma permanente ya que “en los pabellones y en
específico en el área de baños hay dispuestas entre 5 y 8 canecas con capacidad
de almacenar 55 galones de agua cada una con una conexión ya sea a las llaves
de agua de los [sanitarios] o de una celda y al momento de bombearse [fluido
estas] se van llenando, siendo [utilizadas] por los mismos internos
al no suspenderse durante el día”[160],
en la medida en que se cuenta con una llave directa a los tanques elevados los
cuales tienen una capacidad de almacenamiento de 1.000 y 2.000 litros
respectivamente para suministrar el fluido al personal recluso.
Igualmente, como medida de contingencia la
Dirección del penal autorizó la tenencia de un recipiente en las celdas con
capacidad para almacenar 25 litros de agua; así mismo los sitios de habitación
están provistos con un tanque pequeño o pileta donde se almacena fluido para el
aseo de los sanitarios o para una ducha nocturna y también se ha contado con la
colaboración y apoyo del cuerpo de bomberos de la localidad, que durante el año
2017 contribuyó suministrando agua, en repetidas oportunidades, para ser
utilizada en todas las actividades desempeñadas por los privados de la
libertad.
Frente a la pregunta tendiente a: “(iv) [p]recisar
si a la fecha, los señores Ferney Casallas Daza, Julio César Salum Sejin y
Víctor Alfonso Galindo o algún otro interno han resultado afectados en su
estado de salud como consecuencia de la falta de calidad y sanidad del agua que
se suministra para satisfacer las necesidades de la comunidad recluida”, el
penal indicó que, de acuerdo con la información suministrada por los
funcionarios encargados de la prestación del servicio de salud dentro de la
prisión, a la fecha, los accionantes no han presentado ninguna afectación en su
estado médico tal como se desprende de la “hoja de evolución” aportada
al proceso. Advirtió que la afirmación de los actores en torno a que las
baterías de los baños permanecen llenas de materia fecal y rodeadas de moscas,
situación que les genera problemas de sanidad e higiene, no es cierta, toda vez
que la limpieza de los sanitarios comunitarios corre por cuenta de un grupo de
10 internos por pabellón quienes redimen pena con tal actividad y de su labor
no se ha reportado un desempeño deficiente. En tratándose del Pabellón Séptimo,
lugar de reclusión de los peticionarios, se observa que este se ha
caracterizado por la disciplina, el orden y el aseo de los patios.
Para fundamentar lo dicho la Dirección de
la cárcel, por conducto del Área Ambiental, señaló que durante el año 2017 se
realizaron diferentes brigadas de fumigación para el control integral de
plagas, vectores, insectos y roedores en diferentes áreas del penal. En
concreto, durante los días 28 de febrero, 1 de marzo, 22, 23, 24 y 25 de
agosto, 13 de septiembre, 17, 18, 19 y 20 de octubre, 2 de noviembre, 11, 12,
13 y 14 de diciembre de 2017 se prestó el servicio por parte de la empresa
Fumiacacías en el marco de los contratos 062 del 21 de abril de 2016 y 093 del
1 de junio de 2017.
En este punto, se le pidió a la cárcel que
indicará: “[q]ué medidas se han adoptado para garantizar, diariamente, la
potabilidad del agua proporcionada a los reclusos del penal”, explicando
que la calidad del fluido es responsabilidad directa de la empresa prestadora
del servicio quien, en consecuencia, debe adoptar las medidas de contingencia
necesarias cuando se presenten situaciones con la potencialidad de afectar la
salud de los reclusos y del personal de funcionarios. En todo caso, señaló que
la prisión contrató los servicios del laboratorio “Amparo Restrepo” y del
Laboratorio de Calidad Ambiental de la Corporación Universitaria del Meta para
que adelantaran los análisis físico-químicos y bacteriológicos
correspondientes. En concreto, adujo que tal labor se llevó a cabo los días 3
de agosto, 14 de septiembre y 9 de noviembre de 2017, empleando como puntos de
tomas las llaves del lavadero, el lavaplatos, el rancho y el casino de la
penitenciaría. Los cotejos realizados arrojaron un índice de riesgo de la
calidad de agua de 0%, es decir, el fluido resultó apto para el consumo humano[161].
Igualmente, indicó que los días 2, 6 y 7 de
marzo, 29, 30 y 31 de agosto, 24, 25 y 26 de octubre de 2017 se adelantó el
proceso de lavado y desinfección de tanques plásticos elevados y a nivel
destinados para el consumo de agua potable ubicados en los pabellones,
panadería, patios de visita, sanidad y casas fiscales en el marco de los
contratos 062 del 21 de abril de 2016 y 093 del 1 de junio de 2017, celebrados
con la empresa Fumiacacías[162].
En el marco de la acción que se revisa, el
complejo correccional manifestó que ha incurrido en algunos incumplimientos
contractuales con la entidad prestadora del servicio público, en lo referente
al pago oportuno de las facturas por concepto de acueducto. En razón de lo
anterior, se le pidió precisar: “(v) (1) [l]as razones por las cuales
se ha incurrido en la mora advertida, (2) si tal situación ha imposibilitado
que el abastecimiento de agua, a la fecha, sea continuo y permanente dentro de
la prisión y (3) explicar en qué consisten las razones técnicas y contractuales
advertidas que han originado cesaciones en el suministro del líquido y por qué
se presentan tales condicionamientos en el abastecimiento”. En su
respuesta, la cárcel indicó que el suministro de agua por parte de la empresa
prestadora se realiza en forma racional considerando que “el número de
litros entregados [al centro penitenciario] es acorde al número de
privados de libertad”[163]
y la distribución de un volumen superior generaría “que gran cantidad de
barrios o toda la ciudad de Acacías, se vea abocada en un racionamiento para
suplir las pretensiones de algunos privados de la libertad”[164].
Para sustentar lo dicho, aportó al proceso
copia de dos facturas de cobro expedidas por la Empresa de Servicios Públicos
de Acacías -ESPA- que se encuentran a nombre de la Penitenciaría de Acacías, en
su condición de titular del pago del servicio prestado en la prisión. En ambos
casos, la fecha de emisión de la factura fue el 16 de noviembre de 2017 y el
periodo registrado va desde el 3 de
octubre hasta el 2 de noviembre de dicha anualidad. La primera factura (No.
2213651) registró un consumo promedio de 17.772 M3 por
un valor de $99.459.090. La segunda factura (No. 2213652) reflejó un consumo de
23.632 M3 lo que generó un costo de $147.517.560[165]. Según afirma el
penal tales rubros son sufragados con el dinero que para tal efecto le entrega
el Ministerio de Hacienda, circunstancia que “puede ocasionar mora, pero sin
afectación a la prestación [del servicio, a la
fecha,] al interior del penal”[166].
Finalmente, en torno a la pregunta relativa
a precisar: “(vi) [l]a forma en la que se garantiza el derecho a las
visitas conyugales de los internos bajo condiciones de respeto y dignidad y si,
en estos espacios, se adoptan medidas diferenciales en relación con el régimen
ordinario de reclusión”, adujó que el área de conyugales cuenta con un
tanque de almacenaje de agua con capacidad para 5.000 litros que son empleados
por los presos para limpiar sus cuerpos o partes íntimas los días de la visita
conyugal. Igualmente, a la fecha y con estos fines, se autorizó la tenencia de
un jabón de baño, toalla y sabanas de propiedad de cada recluso y se tienen
dispuestos dos internos para el aseo de cada habitación una vez ha culminado el
encuentro. Estas situaciones, “demuestran que todos los privados de la
libertad [en el centro penitenciario] reciben su visita íntima en
condiciones de respeto, higiénicas y de una manera digna, todo acorde a lo
establecido en [el reglamento] de régimen interno vigente”[167].
[1] Al trámite de tutela fue vinculada oficiosamente la Empresa de
Servicios Públicos de Acacías -ESPA-.
[2] En palabras de los accionantes: “En las celdas cuando
alguno de los 3 internos que viven en la celda hace (sic) su necesidad
fisiológica como es defecar toda la noche se tiene (sic) que aguantar esos
malos olores que afectan la salubridad y la dignidad humana de todos los internos
del pabellón No. 7 y de manera extensiva se ve o se afecta el derecho a la
dignidad humana de todos los internos de la penitenciaria de Acacías Meta”
(folios 4 y 5) En adelante, siempre que se haga mención a un
folio del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a
menos que se diga expresamente otra cosa.
[3] Folio 5.
[4] De acuerdo con los actores: “El poco suministro de agua
que nos ofrecen no viene por los servicios públicos del municipio de Acacías
Meta si no que implementaron un poso o aljibe y de hay (sic) con una
electrobomba es que nos suministran el poco de suministro de agua” (folio
6).
[5] Folio 12.
[6] Folio 12.
[7] Folio 12.
[8] Folio 12.
[9] Folios 9 y 10.
[10] Folios 13 al 16.
[11] Folios 49 y 50.
[12] Folios 17 al 22.
[13] Folio 17.
[14] Folio 18.
[15] Folio 17.
[16] En palabras del Director encargado del Establecimiento Carcelario:
“El suministro de más líquido conllevaría a que la ESPA le realice un
racionamiento de agua a los aproximadamente 60.000 habitantes del municipio,
para suministrárselo a los infractores de ley aquí recluidos” (folio 21).
[17] Folios 17 y 18.
[18] Folio 18.
[19] Folio 18.
[20] Folios 23 al 34.
[21] Folios 51 al 53.
[22] Folio 52.
[23] Folio 57.
[24] Folios 6 al 12 del cuaderno de impugnación.
[25] En palabras de los accionantes: “Nos encierran desde las
4 p.m. hasta las 6:20 a.m. lo (sic) cual duramos 14 horas dentro de las celdas
sin el suministro del agua permanente teniendo que realizar las necesidades
fisiológicas y tener que dejar el escremento (sic) humano en la batería sanitaria
sin vasiar (sic) por la falta de agua permanente, por la irresponsabilidad del
Director de la Penitenciaría de Acacías Meta por no ordenar a los funcionarios
públicos del Inpec que suministren el agua permanente para los patios incluido
el patio No. 7” (folio 10 del cuaderno de impugnación).
[26] Folio 12 del cuaderno de impugnación.
[27] Folio 13 del cuaderno de impugnación.
[28] Constitución Política, artículo 86: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[29] “Por el
cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”.
[30] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”.
[31] Artículo 30 del Decreto 4151 de 2011, “Por el cual se modifica
la estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ­ INPEC y se
dictan otras disposiciones”.
[32] Artículo 8 del Decreto 4151 de 2011.
[33] Artículo 29 del Decreto 4151 de 2011.
[34] Artículos 4 y 5 del Decreto 4150 de 2011, “Por el cual se crea
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC, se determina su
objeto y estructura”.
[35] Si bien el término para interponer la acción de tutela no puede
establecerse de antemano, el juez está en la obligación de verificar
cuándo no se ha interpuesto de manera razonable para evitar que se convierta en
un factor de inseguridad que lesione los derechos fundamentales de terceros o
que desnaturalice la acción.
[36] El interno Ferney Casallas Daza.
[37] Ley 1437 de 2011.
[38]Artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011.
[39] M.P. María Victoria Calle Correa. En esta oportunidad, la Sala
Primera de Revisión adoptó una serie de órdenes encaminadas a superar el estado
de cosas inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario del país.
Allí, se advirtió la presencia de diversos factores determinantes de esta
situación destacándose en concreto los siguientes: “(i) Los derechos constitucionales de las
personas privadas de la libertad son violados de manera masiva y generalizada;
(ii) las obligaciones de respeto,
protección y garantía, derivadas de tales derechos, han sido incumplidas de
forma prolongada; (iii) el Sistema ha institucionalizado prácticas claramente
inconstitucionales, dentro de su funcionamiento cotidiano; (iv) hay una
ausencia notoria de medidas legislativas, administrativas y presupuestales que
se requieren con urgencia; (v) la solución de los problemas estructurales
compromete la intervención de varias entidades, que deben realizar acciones
complejas y coordinadas; y, finalmente, (vi) si todas las personas privadas de
la libertad que se ven enfrentadas al mismo estado de cosas presentaran
acciones de tutela (u otros mecanismos de defensa de sus derechos), tal como lo
hicieron los accionantes de las tutelas acumuladas en esta oportunidad, el
sistema judicial se congestionaría aún más de lo que está ocurriendo”.
[40] Con relación a los elementos
característicos de las relaciones de sujeción, la Corte se pronunció en la
sentencia T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en la cual recopiló
su jurisprudencia al respecto.
[41] M.P. Ciro Angarita Barón. En aquella
ocasión, la Sala Primera de Revisión analizó la situación de varios ciudadanos
privados de la libertad en la cárcel de “Peñas Blancas” ubicada en Calarcá,
Quindío, a quienes por diferentes circunstancias se les había vulnerado por
parte de las autoridades carcelarias su derecho fundamental a la dignidad
humana, debido a las precarias condiciones de higiene y sanidad presentes al
interior del centro de reclusión. De manera concreta, se aludía a la existencia
de tratos degradantes como consecuencia de la inadecuada evacuación de excretas
en recintos cerrados de la correccional. Los internos se quejaban también del
insoportable panorama ambiental generado por la ubicación de letrinas
deterioradas, en mal estado, sin agua suficiente para la limpieza y contiguas a
los sitios destinados para descansar. En atención a estas circunstancias
probadas de desprotección, se concedió el amparo de los derechos fundamentales
de los reclusos accionantes en tanto la situación en la que vivían era algo
intolerable, degradante e inhumana constatándose, además, la existencia de una
palmaria negligencia en punto de la satisfacción de contenidos mínimos
esenciales a cargo del Estado que no tenía atenuante alguno en el
hecho de estar referida a individuos que habían cometido delitos. Por ello, se
le ordenó al Ministerio de Justicia -Dirección General de Prisiones- que
adecuará y reparará los dormitorios, baños, rejillas, la disposición de basuras
y en general la infraestructura física del penal de acuerdo con las
recomendaciones establecidas por el Instituto Seccional de Salud del Quindío,
luego de una visita realizada a la prisión.
[42] La providencia T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, también
constituye un precedente hito sobre la categoría de especial sujeción. En esa
sentencia, se estudiaron casos de hacinamiento en 2 instituciones
penitenciarias del país (La Modelo de Bogotá y Bellavista de Medellín). Al
visitar las instalaciones de confinamiento, la Sala Tercera de Revisión observó
que la política carcelaria del Estado no estaba garantizando la protección de
los derechos fundamentales de los reclusos, ni las condiciones mínimas de
existencia digna y en consecuencia declaró un estado de cosas inconstitucional.
La doctrina constitucional sobre relaciones de especial sujeción en el caso de
las personas privadas de la libertad ha sido reiterada en múltiples ocasiones,
entre ellas, en las sentencias T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett;
T-1190 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-690 de 2004. M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-490 de 2004. M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-274 de 2005.
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-274 y T-1275 de 2005. M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-848 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-566 de 2007.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-705 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
T-311 de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[43] Estas consideraciones fueron expresamente plasmadas en la sentencia
T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón, previamente analizada.
[44] M.P. María Victoria Calle Correa.
[45] Juan Fernández Carrasquilla, Derecho penal fundamental, Temis,
Bogotá, 1989, p. 88.
[46] El Comité de Derechos Humanos ha sintetizado el núcleo más básico
de los derechos de los reclusos en los siguientes términos: “Todo recluso
debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de instalaciones
sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo alguno degradantes
ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación cuyo valor
nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del Comité,
deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o presupuestarias
puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones”. Comité de
Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3.
[47] En la sentencia T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la
Sala Tercera de Revisión declaró que el Sistema Penitenciario y Carcelario
estaba en un estado de cosas inconstitucional, emitiendo una serie de órdenes
tendientes a superarlo. El hacinamiento, las graves deficiencias en materia de
servicios públicos y asistenciales, el imperio de la violencia, la extorsión y
la corrupción, así como la carencia de oportunidades y medios para la
resocialización de los reclusos originaron esta declaratoria. Esta situación,
que se entendió superada medianamente en un momento, se volvió a presentar
nuevamente, por lo que la Sala Primera de Revisión en la sentencia T-388 de
2013. M.P. María Victoria Calle Correa, declaró una vez más este estado
contrario a la Constitución Política de 1991. Allí, se aclaró que aunque la
situación actual era crítica, se trataba de un escenario diferente al
constatado hace ya más de una década debido al incremento en los problemas
estructurales, la aparición de nuevas amenazas y violaciones no consideradas en
su momento y el hecho de que las políticas y programas planeados inicialmente,
aparentemente válidos y adecuados para el entorno considerado, eran inadecuados
e insuficientes para las actuales demandas. En la sentencia T-762 de 2015. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado se reiteró esta declaratoria. Recientemente, en la
sentencia T-197 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, la Sala Segunda de
Revisión analizó la situación de reclusión en 5 penitenciarías del Departamento
de Nariño. Allí se constató que el escenario advertido ponía, una vez más, en
evidencia una violación masiva y múltiple de los derechos fundamentales de la
población privada de la libertad, por una situación estructural que envolvía:
hacinamiento; deficiencias en infraestructura y en las condiciones sanitarias;
falta de servicios asistenciales de salud; dificultades de acceso a las
posibilidades de resocialización de la pena (trabajo, estudio y recreación);
carencia de lugares para ejercer el derecho a la visita íntima o conyugal;
déficit en la prestación de los servicios públicos, especialmente, en lo que
atañe al agua; y reclusión conjunta e indistinta de los individuos condenados y
aquellos sujetos a medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Por
ello, se concluyó que los casos objeto de estudio se enmarcaban dentro del
estado de cosas inconstitucional declarado con anterioridad.
[48] Desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha reconocido las
“Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos”. Así lo hizo la
Sala Primera de Revisión en la sentencia T-596 de 1992. M.P. Ciro Angarita
Barón.
[49] Las Reglas Mínimas de Tratamiento de los
Reclusos son normas de soft law que describen las condiciones de
internamiento que deben ser garantizadas por las autoridades penitenciarias
para la plena efectividad de los derechos de las personas privadas de la
libertad. (Las normas de soft law son disposiciones flexibles, adoptadas
en el seno de organizaciones internacionales, a veces por amplias mayorías, que
constituyen sobre todo directivas de comportamiento dirigidas a los Estados,
más que obligaciones estrictamente de resultado) Fueron adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico
y Social en sus Resoluciones 663C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII)
del 13 de mayo de 1967.
[50] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 14. En
directa consonancia se encuentran las reglas número 10, 12, 13 y 26.1.
[51] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “1)
Todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una
alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo
sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.
[52]  Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 15: “Se
exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua y de
los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza”.
[53] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, No. 20: “2)
Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la
necesite”.
[54] Artículos 1, 2, 11 y 49 de la Constitución Política.
[55] En el ámbito jurídico internacional de los Derechos Humanos, ha
existido la preocupación por el respeto de unas reglas básicas en relación con
el trato de los detenidos. De acuerdo con la doctrina del Comité de Derechos
Humanos y de la Comisión Interamericana, el contenido de tales reglas mínimas
indica, entre otras cosas, que “deben existir instalaciones sanitarias
suficientes para que cada recluso pueda “satisfacer sus necesidades naturales
en momento oportuno, en forma aseada y decente” ( ). El Pacto Internacional
de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968 también se
refiere al trato de los detenidos en su artículo 10 al señalar que: “Toda
persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido
a la dignidad inherente al ser humano”. A su turno la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada en Colombia
por medio de la Ley 74 de 1968, dice lo siguiente en su artículo 5: “1. Toda
persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano”.
[56] Las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos, los
Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de
la libertad en las Américas así como los informes emanados del Comité
Internacional de la Cruz Roja -CICR- son normas de soft law que han
guiado el destino de la jurisprudencia constitucional.
[57] La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas dice lo siguiente: “6. El agua
es necesaria para diversas finalidades, aparte de los usos personales y
domésticos, y para el ejercicio de muchos de los derechos reconocidos en el
Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a
una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a
la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el
derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas
prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural). Sin
embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al derecho de
utilizarla para fines personales y domésticos. También debe darse prioridad a
los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las enfermedades, así
como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña cada uno de los
derechos del Pacto”.
[58] La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su parágrafo número 2 continúa
señalando: “[…] Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para
evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina
y las necesidades de higiene personal y doméstica”.
[59] Las obligaciones derivadas de un derecho
fundamental suponen por lo menos, las obligaciones de respetar, proteger y
garantizar. En el caso del agua, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales observó que las obligaciones de respetar implican abstenerse de
injerir directa o indirectamente en el ejercicio del derecho al agua; las
obligaciones de proteger implican impedir a terceros que menoscaben en modo
alguno el disfrute del derecho al agua; y las obligaciones de garantizar (‘de
cumplir’), que a su vez se dividen en diversas medidas, de carácter positivo y
complejo muchas de ellas, orientadas especialmente a asegurar el derecho de
quienes no pueden proveérselo por sí mismos.
[60] En torno a dichas condiciones, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha indicado lo siguiente: “a)
La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo
y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos comprenden
normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos
y la higiene personal y doméstica. La cantidad de agua disponible para cada
persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o
doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener microorganismos o
sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la
salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un
sabor aceptables para cada uso personal o doméstico. c) La accesibilidad. El
agua y las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles para todos,
sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La
accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas: Accesibilidad física.
El agua y las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico
de todos los sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro de
agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución educativa o
lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e
instalaciones de agua deben ser de calidad suficiente y culturalmente
adecuados, y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante
el acceso a los servicios e instalaciones de agua. Accesibilidad económica. El
agua y los servicios e instalaciones de agua deben estar al alcance de todos.
Los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de
agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el
ejercicio de otros derechos reconocidos en el Pacto. No discriminación. El agua
y los servicios e instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y
de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Esta fue la posición adoptada por la Corte al establecer que ninguna fuente de
agua puede ser utilizada de manera que el líquido logre abastecer solo a
algunas personas, y se deje sin provisión a otros. Acceso a la información. La
accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información
sobre las cuestiones del agua”.
[61] Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
[62] Párrafo 16 de la Observación General No. 15 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
[63] Las Reglas Mínimas Para el Tratamiento de los Reclusos, los
Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de
la libertad en las Américas así como los informes emanados del Comité
Internacional de la Cruz Roja -CICR-.
[64] Este mandato fue positivizado desde la promulgación de la Ley 142
de 1994, “Por la cual se establece
el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”, señalando
que los contenidos de agua y saneamiento ambiental básico se deben prestar de
forma ‘continua’ e ‘ininterrumpida’, previendo categóricamente
que ello debe ser así ‘sin excepción alguna’, salvo cuando existan razones
de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 2).
[65] El Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y
el contenido de las obligaciones relacionadas con el acceso equitativo al agua
potable y el saneamiento señala que la cantidad de agua a proveer debe obedecer
al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la Organización
Mundial de la Salud -OMS-, el cual debe oscilar entre 50 y 100 litros de fluido
por persona diarios para asegurar la satisfacción de todas las necesidades de
salud. Estas cantidades son indicativas, ya que pueden cambiar con arreglo a un
contexto en particular, y pueden diferir en el caso de algunos grupos, debido a
su estado de salud, trabajo, condiciones climáticas, exigencias culturales u
otros factores. La cantidad referida se ha considerado óptima especialmente
para espacios domiciliarios, sin embargo, en la medida en que las personas
privadas de la libertad están sometidas a otras circunstancias de hecho, esta
Corporación ha precisado que deben tenerse en cuenta los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se asemejan a
los parámetros de protección adoptados por el Comité Internacional de la Cruz
Roja en la Guía complementaria al Manual Agua, Saneamiento, Higiene y Hábitat
en las Cárceles de acuerdo con los cuales el agua potable de la que disponga el
establecimiento penitenciario correspondiente, por recluso, debe oscilar entre
10 y 15 litros por día, en condiciones de normalidad, en lo que a sanidad y
tanques de almacenamiento se refiere.
[66] Los climas cálidos presentan, en promedio, elevadas temperaturas
anuales superiores a 20ºC. Para mayor información puede consultarse el portal
web: http://www.ideam.gov.co/documents/21021/21789/1Sitios+turisticos2.pdf/cd4106e9-d608-4c29-91cc-16bee9151ddd.
[67] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[68] Esta regla ha sido aplicada, entre otras, en las sentencias T-1134
de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-764 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-175 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa; T-815 de 2013. M.P.
Alberto Rojas Ríos; T-077 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e); T-282 de
2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-711 de 2016. M.P. María Victoria Calle
Correa; T-143 de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa y T-197 de 2017. M.P.
Luis Guillermo Guerrero Pérez. En todas estas providencias, las distintas Salas
de Revisión decidieron sobre la constitucionalidad del horario dispuesto para
el suministro de agua potable dentro de distintas penitenciarías del país
ubicadas, en su mayoría, en zonas con presencia de un clima cálido, es decir,
superior a 20°C y el impacto que esto generaba en punto de la satisfacción de
sus derechos fundamentales, especialmente, por razón de la racionalización del
fluido durante el horario nocturno.
[69] M.P. Alexei Julio Estrada (e). En esta ocasión, la Sala Octava de
Revisión señaló lo siguiente: “Así, siendo que la CIDH establece que el
mínimo de 13 a 15 litros de agua por persona se proporcionará ‘siempre que las
instalaciones sanitarias estén funcionando adecuadamente’, (…) en este caso,
dadas las múltiples fallas de duchas, inodoros y tanques de almacenamiento
deberá suministrarse a los reclusos un mínimo de 25 litros por persona al día,
de los cuales deberá permitírseles almacenar hasta 5 litros de agua por persona
al día dentro de sus celdas, en razón a que el clima de Ibagué y las múltiples
enfermedades que los internos puedan estar padeciendo demandan un mayor consumo”.
[70] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. En esta providencia, la Sala
Quinta de Revisión precisó que mientras no se superen las condiciones que dan
lugar a la falta de saneamiento de la infraestructura sanitaria, la cantidad de
agua exigible por recluso será de 25 litros por día para cada uno de ellos. Una
vez sean superados los problemas en esta materia, en cada uno de los
establecimientos penitenciarios, podrán suministrarse 15 litros diarios de fluido
por persona.
[71] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esta oportunidad, la Sala
Segunda de Revisión advirtió: “Siguiendo
la jurisprudencia reiterada de la Corte, y con miras a asegurar el citado
derecho fundamental, mientras se supera el ECI y se cumplen los parámetros
señalados en la Sentencia T-762 de 2015, debe garantizarse por los Directores
de cada uno de los centros de reclusión objeto de este fallo, si ello todavía
resulta necesario, un abastecimiento diario razonable de agua potable equivalente
a quince (15) litros por persona, con excepción de Tumaco que, por razones del
clima, se fijará en veinticinco (25) litros por persona, salvo que, por motivos
justificados, deba suministrarse un volumen distinto. También se les deberá
facilitar a los presos, en caso de ser necesario, los utensilios para que
puedan almacenar el líquido en sus celdas especialmente durante la noche en
cantidades no inferiores a cinco (5) litros para el consumo, para vaciar los
baños y realizar tareas de limpieza”.
[72] Las temperaturas promedio en estos lugares son las siguientes:
22.6°C; 21.2°C; 21.5°C; 25.5°C; 23.2°C; 25.5°C; 23°C; 25.3°C; 24.3°C; 23.5°C;
24°C; 25°C; 21.1°C; 26.7°C; 26.6°C y 25.8°C, respectivamente.
[73] Este mandato fue reconocido expresamente
por el artículo 4 de la Ley 1709 de 2004, “Por medio de la cual se reforman
algunos artículos de la Ley 65 de 1993, de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de
1985 y se dictan otras disposiciones”, al disponer que la carencia de
recursos monetarios no podrá justificar que las condiciones de reclusión
existentes vulneren los derechos fundamentales de las personas con
restricciones en su libertad.
[74] Sobre el particular, pueden consultarse las sentencias T-153 de
1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-881 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre
Lynett; T-639 de 2004. M.P. Rodrigo
Escobar Gil; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; T-711 de 2016.
M.P. María Victoria Calle Correa y T-197 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[75] Al respecto, pueden verse, entre otras, las sentencias T-596 de
1992. M.P. Ciro Angarita Barón; T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-317 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-693 de 2007. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; T-690 de 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-077
de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e); T-266 de 2013. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; T-711 de 2016. M.P.
María Victoria Calle Correa y T-197 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[76] Artículo 2 del Decreto 1575 de 2007, “Por el cual se establece
el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo
Humano”.
[77] “Por medio de la cual se señalan características,
instrumentos básicos y frecuencia del sistema de control y vigilancia para la
calidad del agua para consumo humano”.
[78] “Por el cual se establece el Sistema para la Protección y
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”.
[79] En relación con esta faceta pueden verse, entre otras, las
sentencias T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-322 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-388 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa; T-762 de 2015. M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado y T-197 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[80] Tal como se mencionó al hacer referencia a las sentencias T-077 de
2013. M.P. Alexei Julio Estrada (e); T-762 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado y T-197 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, un clima promedio
de 25°C que es aquel registrado regularmente en el municipio de Acacias - Meta
corresponde a una temperatura alta, conforme los parámetros manejados por esta
Corporación.
[81] Los 9 patios están integrados por 237, 239, 239, 219, 180, 196,
243, 129 y 240 internos, respectivamente. Cada uno cuenta con 82 celdas en las
que habitan máximo 3 internos y mínimo 1 preso.
[82] Los 7 Pabellones (A20, A21, B20, B21, A18, A19 y A12) albergan 146,
157, 162, 150, 27, 64 y 96 presos, respectivamente. Los 4 primeros pabellones
cuentan con 45 celdas, cada una integrada por máximo 5 internos y mínimo 1. El
Pabellón A18 cuenta con 17 celdas en las que habitan máximo 3 internos y mínimo
1; el Pabellón A19 cuenta con 61 celdas compuestas por 2 internos regularmente
y, excepcionalmente por 1. Sobre el Pabellón  A12, la prisión únicamente indicó
que cada celda (cuyo número se desconoce) es habitada por máximo 2 privados de
la libertad y mínimo por 1.
[83] El Rancho de la cárcel aloja 36 presos en 16 celdas integradas por
máximo 3 presos y mínimo 2.
[84] En la Unidad Terapéutica y Educativa -UTE- se encuentran 16
reclusos en 72 celdas sin que se tenga certeza del número de presos que habitan
cada una de ellas.
[85] Sobre este aspecto, es conveniente señalar que ante un primer
requerimiento probatorio efectuado por la Sala, la cárcel señaló que albergaba
2773 internos de los cuales 236 permanecían confinados en el Pabellón Séptimo.
En la segunda solicitud realizada, la prisión amplió la información y habló de
un total de 2776 reclusos y 243 de ellos con presencia en el citado pabellón.
La Sala tomará como referencia la información más actualizada considerando que
es posible que, en el entretanto, el complejo correccional haya aumentado su
número de internos.
[86] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[87] Dentro de ellas se destacan la “levantada, conteo, baño, aseo de
patios y cerrada de celdas 06:00 horas”, seguido del desayuno, el llamado a
lista, la contada de internos, la iniciación de actividades laborales y
educativas, la terminación de las mismas, la comida, el conteo y la encerrada
del personal confinado.
[88] El artículo 64 de la Resolución 1060 del 29 de junio de 2011
-reglamento interno del penal- establece que la programación de actividades
dispuesta puede ir acompañada de “los demás horarios que considere
necesarios implementar el Director de acuerdo con las necesidades del
establecimiento, los requerimientos de las entidades gubernamentales y no
gubernamentales, personas naturales; los cuales estarán sujetos de
fluctuaciones por circunstancias del servicio, por fuerza mayor o caso
fortuito”.
[89] A efectos de ilustrar la forma en que actualmente se suministra el
servicio, el Comandante de Vigilancia del Centro Carcelario aportó al proceso
de tutela una minuta elaborada por el fontanero en la que certifica los
horarios de entrega del líquido potable durante los días 26, 27, 28, 29, 30 y
31 de octubre del año 2017, así como 1 de noviembre de la misma anualidad. Lo
anterior ante un primer requerimiento probatorio realizado por la Sala. Frente
a una segunda solicitud de pruebas, la Dirección del Penal aportó la minuta
que evidencia los horarios de entrega de agua durante los días
13, 14, 15 y 16 de junio, 15 y 16 de septiembre, 3, 4 y 5 de noviembre de 2017
(folios 50 al 53 y folios 98 al 101 del cuaderno de Revisión).
[90] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[91] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[92] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[93] Folio 18.
[94] Folio 18.
[95] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[96] Folio 80 del cuaderno de Revisión.
[97] Folio 80 del cuaderno de Revisión.
[98] La medición anterior se obtiene si se tiene en cuenta que 17.772 M3
equivalen a 17.772.000 litros y 23.632 M3 representan 23.632.000 litros. La
sumatoria de estas dos cantidades en litros arroja un total de 41.404.000 litros para el periodo referido.
[99] Este cálculo surge de la sumatoria de $99.459.090 y $147.517.560;
monto reflejado en las facturas de cobro No. 2213651 y 2213652 en las cuales el
titular de pago es el Establecimiento Penitenciario de Acacías  - Meta (folios
81 y 82 del cuaderno de Revisión).
[100] Folio 80 del cuaderno de Revisión.
[101] Dicha resolución reglamenta los requisitos técnicos que se
deben cumplir en las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha,
operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada con
los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Aplica para los
prestadores de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, a
las entidades formuladoras de proyectos de inversión en el sector, a los entes
de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las demás con funciones
en el sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco de la Ley 142 de
1994. Igualmente a los diseñadores, constructores, interventores, operadores,
entidades o personas contratantes que elaboren o adelanten diseños, ejecución
de obras, operen y mantengan obras, instalaciones o sistemas propios del sector
de agua y saneamiento básico.
[102] Folio 66 del cuaderno de Revisión.
[103] Se tiene que a las 5:40 p.m. los internos son recluidos en sus
celdas; lugares previstos para su descanso y allí permanecen hasta las 5:40 o
5:50 de la mañana siguiente, cuando inicia su jornada de cotidianidad y son
ubicados en otras áreas del penal.
[104] El anterior cálculo matemático se obtiene del hecho de que
un galón equivale a 3.78541 litros. Así las cosas, comoquiera que el penal
habla de una cantidad equivalente a 2 galones, ello correspondería a 7.57082
litros de agua repartidos entre los 3 presos que, en su mayoría, habitan las
celdas del Pabellón Séptimo, es decir, cada uno de ellos tendría acceso a 2.52
litros de fluido. La información referida se obtuvo, a partir de un primer
requerimiento probatorio realizado por la Sala Segunda de Revisión.
[105] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[106] La referencia matemática anterior surge de dividir los 25
litros suministrados entre los 3 internos que, regularmente, habitan las celdas
del Pabellón Séptimo. Si el cálculo se realiza frente a 5 internos que es el
número límite de privados de la libertad que pueden habitar una celda del
penal, según información de la misma cárcel, se tiene que cada uno de ellos
tendría derecho a almacenar 5 litros de agua. Esta información fue el resultado
del segundo requerimiento probatorio realizado por la Sala.
[107] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[108] Sobre el particular, consultar el pie de página 88.
[109] Folio 12.
[110] En la sentencia T-153 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, se
indicó que: “Los reclusos son personas marginadas por la sociedad. El mismo
hecho de que sean confinados en establecimientos especiales, difícilmente
accesibles, hace gráfica la condición de extrañamiento de los presos. En estas
condiciones, los penados no constituyen un grupo de presión que pueda hacer oír
su voz. Por eso, sus demandas y dolencias se pierden entre el conjunto de
necesidades que agobian las sociedades subdesarrolladas, como la colombiana”.
[111] Teniendo en cuenta la jurisprudencia interamericana, la Corte
Constitucional ha recordado que todas las personas privadas de la libertad
tienen el derecho a no ser sometidas a temperaturas extremas, por cuanto ello
conlleva un trato cruel e indigno. Las condiciones climáticas extremas en
prisión (tener que sufrir temperaturas altas, bajas, o peor aún, ambas), son
propicias para deteriorar la salud de los seres humanos y propagar ciertos
males o enfermedades.
[112] M.P. María Victoria Calle Correa.
[113] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[114] La antracita es el carbón mineral de más alto rango y el que
presenta mayor contenido en carbono. Su potencial para tratamiento de agua es
bastante reconocido, pues triturado se convierte en un excelente medio de
filtración.
[115] Ante un primer requerimiento probatorio, se aportaron al proceso
los resultados de los muestreos realizados en los meses de abril, junio, julio,
agosto y septiembre de 2017. Como consecuencia de una segunda solicitud de
pruebas se allegaron los informes de los meses de marzo y octubre de la
referida anualidad (folios 24 al 31 y folios 67 al 77 del cuaderno de
Revisión).
[116] De entrada  se advierte que de acuerdo con el artículo 15 de la
Resolución 2115 de 2007 el nivel de riesgo del agua se divide en 5
clasificaciones: (i) sin riesgo (0-5) que supone que el agua es apta
para el consumo humano pero exige que la autoridad sanitaria continúe el
control y la vigilancia respectiva; (ii) Bajo (5.1 -14) que implica que
el agua no es apta para el consumo humano y debe ser susceptible de
mejoramiento ante lo cual es preciso informarle a la persona prestadora y al
Comité de Vigilancia Epidemiológica -COVE-; (iii) Medio (14.1-35) que
representa que el fluido no es apto para consumo humano y debe adelantarse una
gestión directa por parte del ente prestador y se le debe informar la situación
a la persona prestadora, al COVE, los alcaldes y gobernadores; (iv) Alto (35.1-80)
de acuerdo con el cual el líquido no es apto para el consumo humano y, por consiguiente,
debe adelantarse una gestión directa por parte del ente prestador, los
alcaldes, gobernadores, el COVE y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios e (v) inviable sanitariamente (80.1-100) lo que genera que
el agua no es apta para el consumo y, en consecuencia, es indispensable una
gestión directa de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y entidades
del orden nacional como los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, la Contraloría General y la Procuraduría
General de la Nación.
[117] “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos
básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del
agua para consumo humano”.
[118] Folio 64 del cuaderno de Revisión.
[119] El Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 del mismo año señalan
los criterios que deberán tenerse en cuenta para efectuar el control de calidad
del agua para consumo humano y los parámetros para medir el índice de riesgo de
la misma.
[120] Folios 84, 85, 88, 89 y 92 del cuaderno de Revisión.
[121] En concreto, se registraron consultas durante los días 9 de marzo,
13 de mayo, 6 de junio, 18 de agosto, 5 de octubre, 3 de noviembre, 3 y 14 de
diciembre de 2017.
[122] Folios 83, 96, 97 y 102 del cuaderno de
Revisión.
[123] Folio 86, 90 y 93 del cuaderno de Revisión.
[124] Folios 84, 86, 87, 88, 91, 93 y 94 del cuaderno de Revisión.
[125] Folio 80 del cuaderno de Revisión.
[126] Frente a este aspecto, la USPEC advirtió
que solicitó el presupuesto suficiente en las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016
y 2017 para efectos de cumplir con las prioridades indicadas por el INPEC en
cuanto a la realización de obras de infraestructura en diferentes centros de
reclusión del país, sin que fueran apropiados la totalidad de los recursos solicitados.
Precisó, que para la vigencia fiscal 2016, la Unidad presentó el respectivo
anteproyecto de presupuesto solicitando la suma de $1.137.519,07, y en atención
a lo dispuesto en el Decreto 2550 de 2015, “Por el cual se liquida el
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, se asignó el
presupuesto requerido. Igualmente, en lo que atañe a la vigencia fiscal 2017,
se invocó la entrega de $1.221.409,39 y conforme lo dispuesto en el Decreto
2170 de 2016, “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación
para la vigencia fiscal 2017, se detallan apropiaciones y se clasifican y se
definen gastos” se asignó lo pretendido (folio 35 del cuaderno de
Revisión).
[127] En este punto, la entidad advirtió que de acuerdo con el numeral 16
del artículo 2 del Decreto Ley 4151 de 2011, “Por el cual se modifica la
estructura del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ­INPEC y se dictan
otras disposiciones”, es función del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario -INPEC-: “Determinar las necesidades en materia de
infraestructura, bienes y servicios para cumplir con sus objetivos y funciones,
y requerir su suministro a la Unidad de Servicios Penitenciaros y Carcelarios
-SPC”.
[128] Folio 51.
[129] Folios 48 al 53 del cuaderno de Revisión.
[130] Esta información se desprende de la minuta elaborada por el
fontanero del penal durante los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31
de octubre del año 2017, así como 1 de noviembre de la misma anualidad.
[131] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[132] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[133] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[134] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[135] Folio 48 del cuaderno de Revisión.
[136] Artículo 31 de la Resolución 1060 del 29 de
junio de 2011.
[137] Artículo 34 de la Resolución 1060 del 29 de
junio de 2011.
[138] Ángel Adrián Vargas Robles.
[139] Folios 33 al 37 del cuaderno de Revisión.
[140] Folio 35 del cuaderno de Revisión.
[141] Folio 33 del cuaderno de Revisión.
[142] Gustavo Adolfo Peña Chacón.
[143] Folios 24 al 31 del cuaderno de Revisión.
[144] Folio 25 del cuaderno de Revisión.
[145] Folio 28 del cuaderno de Revisión.
[146] Folios 63 al 77 del cuaderno de Revisión.
[147] Folio 63 del cuaderno de Revisión.
[148] Folio 68 del cuaderno de Revisión.
[149] Folio 64 del cuaderno de Revisión.
[150] Folio 66 del cuaderno de Revisión.
[151] Folio 66 del cuaderno de Revisión.
[152] Folios 79 al 105 del cuaderno de Revisión.
[153] Folios 103 al 105 del cuaderno de Revisión.
[154] La Dirección del Penal aportó al proceso la minuta elaborada
por el fontanero en la que certifica los horarios de entrega
del líquido potable durante los días 13, 14, 15 y 16 de junio, 15 y 16 de
septiembre, 3, 4 y 5 de noviembre de 2017. De manera general se observa que la
prestación del servicio se garantiza en 7 oportunidades del día por espacio de
20 minutos, cada una. En concreto, inicia a las 5:40 de la mañana, se reanuda a
las 6:40 a.m., posteriormente se presta a las 9:00 y 11:00 a.m. así como a la
1:00 y 3:30 de la tarde. La distribución culmina a las 5:40 p.m. y se reanuda
hasta el día siguiente (folios 98 al 101 del cuaderno de Revisión).
[155] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[156] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[157] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[158] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[159] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[160] Folio 79 del cuaderno de Revisión.
[161] Folios 84, 85, 88, 89 y 92 del cuaderno de Revisión.
[162] Folios 86, 90 y 93 del cuaderno de Revisión.
[163] Folio 80 del cuaderno de Revisión.
[164] Folio 80 del cuaderno de Revisión.
[165] Folios 81 y 82 del cuaderno de Revisión.
[166] Folio 80 del cuaderno de Revisión.
[167] Folio 80 del cuaderno de Revisión.