T-881-02
ANTECEDENTES
Sentencia T-881/02
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Naturaleza
Una síntesis de la configuración jurisprudencial del
referente o del contenido de la expresión “dignidad humana” como entidad
normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto concreto de
protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de
vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la
Sala ha identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres
lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como
autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según
sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como
ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la
dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales,
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al
tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad
humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana
entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del
Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La dignidad humana
entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida
como derecho fundamental autónomo.
DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Protección por conexidad con derechos fundamentales
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Contenido material
La Sala concluye que el referente concreto de la
dignidad humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona
natural: la autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un
proyecto de vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de
vida cualificadas (referidas a las circunstancias materiales necesarias para
desarrollar el proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu
(entendida como integridad física y espiritual, presupuesto para la realización
del proyecto de vida). Estos tres ámbitos de protección integran, entendidos en
su conjunto, el objeto protegido por las normas constitucionales desarrolladas
a partir de los enunciados normativos sobre “dignidad”. Considera la Corte que
ampliar el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepción
naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a
ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción normativista o
funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los
propios de la dimensión social de la persona humana, resulta de especial
importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el
manejo normativo de la dignidad humana, segundo, por que lo presenta más
armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991, y tercero,
porque abre la  posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la
Constitución. Los ámbitos de protección de la dignidad humana, deberán
apreciarse no como contenidos abstractos de un referente natural, sino como
contenidos concretos, en relación con las circunstancias en las cuales el ser
humano se desarrolla ordinariamente.
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Respeto
En aras de la identificación de las normas
constitucionales a partir de los enunciados normativos constitucionales sobre
el respeto a la dignidad humana, se afirmará la existencia de dos normas
jurídicas que tienen la estructura lógico normativa de los principios: (a) el
principio de dignidad humana y (b) el derecho a la dignidad humana. Las cuales
a pesar de tener la misma estructura (la estructura de los principios),
constituyen entidades normativas autónomas con rasgos particulares que difieren
entre sí, especialmente frente a su funcionalidad dentro del ordenamiento
jurídico.
SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO
Y HOSPITAL-Continuidad en la
prestación/SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITAL-Suspensión y racionamiento del servicio/SERVICIO
PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y HOSPITAL-Principio de solidaridad
La Sala reiterará la jurisprudencia sobre las
características del servicio público de energía, especialmente en lo relativo
al imperativo de continuidad de la prestación, dada la existencia de una
especial relación entre la necesidad de garantizar los fines del Estado, la
eficacia del principio de la dignidad humana y el goce cabal de los derechos
fundamentales. Especial relación que se hace evidente dada la situación en la
que se encuentran, las personas privadas de la libertad en la Cárcel Distrital
de Cartagena, y las personas del municipio del Arenal, que se vieron privadas
del servicio de salud y de agua. Sobre todo cuando es imperativo, como parte
integrante de una adecuada administración de justicia, el deber de velar por el
correcto funcionamiento y la seguridad del centro penitenciario, y, cuando es
imperativo, como parte integrante de una adecuada administración pública, el
deber de velar por el normal funcionamiento del centro hospitalario, del
acueducto y de los establecimientos de seguridad en el municipio.
SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO
Y HOSPITALARIO-Consecuencias
cuando el usuario se atrasa en el pago de facturas
La Sala considera que, en el ámbito de los servicios
públicos, recargar o imponer toda la responsabilidad al particular encargado de
su prestación, resulta contrario a la Constitución. Es claro que la posibilidad
de prestación efectiva de los servicios está condicionada a la viabilidad
financiera de las empresas privadas o públicas encargadas de su prestación, de
tal forma que la reiteración de prácticas ilegales de no pago deterioran no
sólo el interés económico de las empresas, reflejado en la depauperización de
su patrimonio, sino que pueden incluso conducir al colapso de las mismas y por
esta vía a la imposibilidad material de la prestación general del servicio
público. En consecuencia, el pago de las facturas correspondientes a la
prestación de los servicios públicos por parte de los usuarios y directos
beneficiarios se impone como un deber de rango constitucional, en tanto y en
cuanto del mismo depende el normal funcionamiento de los mecanismos de
solidaridad constituidos como el sustrato irremplazable del sistema, y de cuya
operatividad depende la prestación efectiva de los servicios públicos a todos
los habitantes del territorio nacional.
CONDUCTA LEGITIMA DE PARTICULAR-Alcance del adjetivo “legítima”
Para la Sala el adjetivo “legítima” que califica la
conducta del particular contra el cual se ejerce la acción de tutela, se
refiere a la posibilidad de identificar el origen de la conducta en las normas
de autorización vigentes al momento de la realización de la misma, de tal forma
que exista armonía entre la conducta y el ordenamiento jurídico entendido como
un todo normativo. De esta forma la conducta no se puede considerar como
legítima si la misma encuentra sustento en una norma de autorización de rango
legal pero al mismo tiempo se encuentra en abierta contradicción con normas de
prohibición de rango constitucional.
DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA DEL INTERNO-Prestación ininterrumpida del servicio de energía
Es evidente la existencia de una estrecha relación
entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la dignidad humana y la
prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica al
centro penitenciario como bien constitucionalmente protegido. No sólo porque de
la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía  dependa la
posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de
los actores, sino también porque frente a la interrupción del servicio, el
centro de reclusión por sus especiales características sufre una grave
alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento, lo cual se traduce
en una vulneración del derecho a la dignidad humana en el sentido social o
funcional, en los términos de la parte motiva de esta sentencia, si se tiene en
cuenta que los reclusos están en imposibilidad de adelantar normalmente sus
actividades ordinarias.
ACCION DE TUTELA-Hecho
superado por acuerdo de pago con empresa de energía
DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA DEL INTERNO-Riesgo por encontrarse la cárcel en “zona roja”
La Sala también encuentra fundada la amenaza al
derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los habitantes del
municipio del Arenal, y sobre todo de los miembros de la fuerza pública, debido
a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo, ya que al estar ubicado el
municipio del Arenal en "zona roja", la posibilidad de incursiones de
grupos al margen de la ley y en general de actos de violencia se incrementa,
los cuales pueden degenerar en la lesión física o incluso en la muerte de los
miembros de la fuerza pública o incluso de los demás habitantes del municipio.
La conducta contractual de Electrocosta S.A. E.S.P., tuvo una grave y directa
incidencia en la posibilidad real del goce de los derechos fundamentales de los
habitantes del municipio del Arenal a la dignidad humana (ámbito de las
condiciones materiales de existencia), a la salud en conexidad con la vida, y a
la vida y a la integridad física, por lo cual la Tutela sería procedente.
Referencia: expedientes T-542060 y T-602073.
Acciones de tutela instauradas por
Austreberto de Ávila Ríos y otros, y Edwin Campo Vega (personero de El Arenal
(Bolívar)) contra Electrocosta S.A. E.S.P.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá D.C.,
diecisiete (17) de octubre de dos mil dos (2002).
La Sala Séptima de revisión de la Corte
Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Álvaro Tafur Galvis y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
dentro del
proceso de revisión de los fallos, proferidos por la Sala Civil y de Familia
del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, en primera y segunda instancia
respectivamente, dentro del expediente de tutela T-542060; y de los fallos proferidos
por el Juez Promiscuo Municipal de Morales (Bolívar) y el Juez Promiscuo del
Circuito de Simití (Bolívar), en primera y segunda instancia respectivamente
dentro del expediente de tutela T-602073.
I.
ANTECEDENTES.
Expediente T-542060
Circunstancias
previas al problema jurídico que plantean las sentencias de tutela objeto de
revisión.
1. En el segundo
semestre del año 2000, el Instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC y
el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, celebraron el convenio
interadministrativo No. 1580 de 2000, mediante el cual el INPEC se obligó,
entre otras, a recibir  en la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena a los
contraventores enviados por las autoridades del Distrito de acuerdo con las
leyes vigentes en la materia; a su vez, el Distrito de Cartagena se obligó
entre otras, a “cubrir el pago  de los servicios públicos que demande la
utilización del pabellón designado por el INPEC para los contraventores en
proporción equivalente al uso del mismo...” (folios 62, 63 y 64).
2. En virtud de
la ejecución del referido convenio, la Cárcel de Distrito Judicial de
Cartagena, desde el mes de marzo del año 2001, inició la atención de los
contraventores  cuyo número había oscilado hasta el mes de septiembre de 2001
entre 180 y 200 personas. Esta situación encareció los costos de funcionamiento
del plantel carcelario, entre ellos el rubro a pagar por concepto de energía
eléctrica (folios 57, 94 y 95).
3. A pesar de
que el INPEC hasta la fecha de los hechos (Septiembre de 2001), había cumplido
todas las obligaciones contractuales, el Distrito de Cartagena se desentendió
por completo del asunto, iniciando una cadena sucesiva de incumplimientos,
entre los cuales se encuentra el  no pago proporcional de los servicios
públicos en función del uso de los mismos por parte de los contraventores
(folios 57,58, 86).
4.
Simultáneamente, la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena, por diversas
circunstancias, entre las que se cuentan la insuficiencia de la partida presupuestal
para el pago de los servicios públicos y el encarecimiento de los precios de
los mismos, por lo referido en los numerales anteriores, omitió el pago
oportuno de las facturas por concepto de energía eléctrica a la empresa
Electrocosta S.A. E.S.P. (folio 28).
5. A pesar de la
situación de incumplimiento, la Directora de la Cárcel de Distrito Judicial de
Cartagena, Dolores Guerra Millán, adelantó todas las conductas necesarias para
evitar el inminente racionamiento en el suministro de energía a la Cárcel de
Distrito Judicial de Cartagena: ofició al Alcalde del Distrito, exigiendo
cumplimiento al Convenio interadministrativo 1580 de 2000, mediante la
asignación de la partida presupuestal correspondiente; se reunió en varias
oportunidades con funcionarios de la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., con el
fin de llegar a un acuerdo de pago; por vía telefónica se comunicó con el
Director seccional del INPEC y con la Dirección nacional del mismo con el fin
de obtener la partida presupuestal para cancelar las sumas adeudadas; y
atendiendo a la disponibilidad presupuestal realizó pagos parciales del capital
adeudado a la empresa Electrocosta S.A. E.S.P. (folios 66, 77, 84, 85, 90-93).
6. Por otro lado
y de manera simultánea diversas autoridades encargadas de la seguridad tanto en
el Distrito de Cartagena como en el Departamento de Bolívar oficiaron
copiosamente a la dirección de la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena
solicitando la toma de medidas de seguridad: traslado de presos,
reentrenamiento del personal, fortalecimiento de las medidas internas de
seguridad, estudios de vulnerabilidad del penal, etc., todo con el objetivo de
prevenir, ante los graves problemas de orden público, tanto la sublevación como
la posible fuga  de algunos  reclusos (folios 68-72, 73-75,  78-83).
7. A su vez la
empresa Electrocosta S.A. E.S.P., amparada en el artículo 140 de la ley 142 de
1994, y en virtud del incumplimiento del contrato de condiciones uniformes
celebrado con el INPEC, inició desde el mes de agosto de 2001, una serie de
racionamientos diarios en el suministro de energía prestado a la Cárcel de
Distrito Judicial de Cartagena, por espacio de 5 a 6 horas diarias (folios 1,
5-8).
8. A partir de
esta situación irregular, predicable tanto de la situación presupuestal de la
Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena, como del incumplimiento de las
obligaciones surgidas a partir del Convenio interadministrativo por parte de
las autoridades del Distrito de Cartagena, que desembocó en los racionamientos
de energía por parte de la empresa prestadora del servicio el día 9 del mes de
septiembre de 2001, el señor Austreberto de Ávila y 10 personas más, recluidas
en la Cárcel de Distrito Judicial de Cartagena “San Sebastián de la Ternera”,
presentaron acción de tutela contra la empresa Electrificadora de la Costa
Atlántica S.A. Empresa de servicios públicos (ELECTROCOSTA ESP) (folio 1).
Hechos motivo
de la demanda, derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
9. A partir del racionamiento de energía se
empezaron a presentar los siguientes hechos que constituyen el fundamento de la
demanda: Primero. En la Cárcel de la Ternera, el suministro de agua para usos
sanitarios se opera mediante el uso de motobombas, para que éstas funcionen se
requiere energía eléctrica. Segundo. Por razones de seguridad carcelaria, no
existen fogones de gas, por tanto la cocción y preparación de los alimentos al
interior del penal se realiza mediante estufas eléctricas. Tercero. Por el
lugar geográfico (costa caribe) las situaciones ambientales son en ocasiones
insoportables y ante el calor excesivo se hace necesario el uso de abanicos,
que también funcionan con energía eléctrica. Cuarto. Por el estilo y la época
de la construcción de la cárcel, existen zonas muy oscuras en las que se hace
indispensable la iluminación artificial, la cual opera por razones de seguridad
mediante energía eléctrica. Quinto. El número de personas recluidas es cercano
a 1200 (folios 1-3).
10. Los actores señalan como derechos fundamentales
vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11). El derecho a ser protegido por
el Estado por la indefensión física derivada de la privación de la libertad
(artículo 13). El derecho a la salud (artículo 49). El derecho a gozar de un
ambiente sano (artículo 79). (folio2).
Decisiones de
instancia.
Primera
instancia.
11. La Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Cartagena tuteló los derechos fundamentales a la vida y a la
integridad personal de los actores, en consecuencia ordenó a Electrocosta S.A.
E.S.P., abstenerse de realizar cortes o racionamientos de energía en la cárcel
San Sebastián de la Ternera.
12. Consideró el Tribunal “...que  efectivamente el
corte o racionamiento del servicio de energía eléctrica, por parte de la
sociedad demandada, al centro carcelario San Sebastián de la Ternera, aunque
justificado, afecta o pone en peligro la vida la integridad personal y por ende
la dignidad de los reclusos...” Y continua “...Si bien es cierto, que el corte,
suspensión o racionamiento del servicio de energía... se encuentra amparado por
la ley, no es menos cierto, que esta medida resulta desproporcionada en este
caso concreto, pues el interés económico de la empresa prestadora del servicio
domiciliario, debe ceder ante el interés superior y concreto del estado, que se
materializa en el efectivo funcionamiento y seguridad de los centros
penitenciarios, contando en todo caso, la empresa prestadora del servicio
domiciliario, con los medios judiciales pertinentes, para obtener la
cancelación de la deuda.” (folio 110)
Segunda
instancia.
13. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia en segunda instancia decidió revocar la sentencia del a quo y
en su lugar denegó la tutela invocada. Afirmó el ad quem que en casos
similares la Corte Suprema había sostenido que la acción de tutela “no procede
para debatir temas referentes a la instalación suspensión y reinstalación de
servicios públicos, toda vez que normalmente los derechos allí involucrados
emanan de una relación contractual y no, por tanto, de rango fundamental, de
donde aflora que los conflictos que de allí puedan emerger, deben ventilarse a
través de los mecanismos de defensa en la vía gubernativa o a través de las
acciones judiciales pertinentes.” (folio 8 segundo cuaderno).
14. Para el ad quem es claro que  existe un
incumplimiento contractual por parte de la administración del centro
penitenciario, y que tal circunstancia en virtud del artículo 140 de la ley 142
de 1994 da lugar a la suspensión del servicio. Sobre el particular afirmó: “En
este orden de ideas, no se vislumbra proceder arbitrario de la entidad
accionada, ya que su actitud encuentra soporte en la relación contractual
existente y naturalmente en las disposiciones legales que la gobiernan,
destacando a propósito de los derechos invocados por los accionantes que la
supuesta vulneración no aflora del comportamiento de Electrocosta S.A., que
según lo reseñado es legítimo y por consiguiente la protección reclamada se
torna improcedente, siguiendo la preceptiva que consagra el artículo 45 del
decreto 2591 de 1991.” (folio 10 segundo cuaderno).
15. Concluyó el ad quem que, “los
cuestionamientos vertidos en el escrito de solicitud de tutela no provienen de
un comportamiento aislado, voluntarioso o arbitrario de la entidad accionada”,
sino que recaen en la “actitud injustificable y negligente relacionada con el
no pago del servicio público dispensado por los períodos facturados”, imputable
a la administración del centro penitenciario, por lo cual no resulta
“desproporcionado el proceder de la accionada, quien, por lo demás se ha
limitado a disponer racionamientos con la esperanza de generar una actitud que
se acompase con las obligaciones nacientes de la relación contractual
incumplida.” (folio 11 segundo cuaderno).
Expediente T-602073
Circunstancias
previas al  problema jurídico que plantean las sentencias de tutela objeto de
revisión.
1. En el segundo
semestre del año 1992, la antigua electrificadora de Bolívar (Electribol) y el
Municipio de Río Viejo (Bolívar), celebraron un convenio interadministrativo,
mediante el cual Electribol se obligó, entre otras, a prestar suministro de
energía eléctrica al Municipio de Río Viejo y a sus corregimientos; a su vez,
el Municipio de Río Viejo se obligó entre otras a, “cancelar oportunamente los
valores de la factura mediante giro directo”, a “implementar un sistema de
contabilización de los ingresos obtenidos por la venta de energía, alumbrado
público y demás conceptos inherentes a la prestación del servicio de energía”,
y a “prestar el servicio de elaboración de las facturas de cobro a los usuarios
del servicio en Río viejo y en los corregimientos de Regidor, San Antonio y
Santa Teresa” (folios 173 a 179). Un convenio similar se celebró entre el
Municipio de Morales y Electribol. Para entonces El Arenal era un corregimiento
del Municipio de Morales (folio 189). Los referidos convenios nunca se
cumplieron en su totalidad.
2. En el Primer
semestre de 1997, Electribol y los municipios de Morales, Regidor, Río Viejo y
El Arenal (antiguo corregimiento del municipio de Morales) suscribieron un acta
de acuerdo, en la que se obligaron a independizar "la facturación y cobro
de la energía consumida en los municipios de Morales, Arenal, Regidor y Río
Viejo", y a celebrar un nuevo convenio con el fin de "establecer la
forma de mantenimiento, pagos, manejo de alumbrado público etc., en estos
municipios." (folios 180-181). El municipio del Arenal nunca celebró nuevo
convenio (folio 191 y 197).
3. En el mes de
septiembre de 2001, los municipios de Río Viejo y Arenal del Sur debían a la
empresa Electrocosta E.S.P. cerca de dos mil millones de pesos ($
2.000.000.000.oo) por concepto de venta de energía eléctrica (folios 182 y
183).
4. En el mes de
noviembre de 2001, Electrocosta informó a los alcaldes de los municipios de Río
Viejo y del Arenal que de no cancelarse las sumas adeudadas, a partir del día
22 de noviembre de 2001, procedería, "en cualquier hora, de cualquier
día" mientras subsistiera la mora en el pago, "a la suspensión del
servicio de energía eléctrica." Igualmente, señaló que el servicio sólo
sería restablecido cuando se hubiese celebrado convenio de pago y cancelado el
valor de la cuota inicial. Así mismo, ofreció reconsiderar tales medidas si
antes del plazo los municipios proponían una solución efectiva de pago
(folios184 y 185).
5. El día 27 de
noviembre de 2001, Electrocosta suspendió el suministro de energía eléctrica en
todo el municipio de El Arenal (Bolívar) (folio188).
6. Electrocosta
ha comercializado la energía con los municipios (Regidor, Morales, El Arenal y
Río Viejo) en punto de red (subestación Santa Teresa), sitio en el cual sólo
existe un medidor para registrar el consumo de los cuatro municipios (folios
194 y 195). Igualmente, Electrocosta nunca ha comercializado directamente la
energía con los habitantes del municipio del Arenal. (folio192).
7. El día 5 de
diciembre de 2001, Edwin Campo Vega actuando en calidad de personero del
Municipio El Arenal, presentó acción de tutela contra la empresa Electrocosta
(trámite objeto de revisión) por considerarla responsable de la violación
sistemática de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del
Arenal debido a los prolongados racionamientos y la posterior suspensión del
servicio de energía (folios 1 a 10).
8. El
día 15 de enero de 2002, El Tribunal Superior de Cartagena a raíz de otra
acción de tutela presentada por el Alcalde del Arenal en representación del
Municipio, decidió ordenar a la empresa Electrocosta el restablecimiento del
servicio de suministro de energía eléctrica, al considerar que la mencionada
empresa vulneró el derecho fundamental al debido proceso del Municipio, por
tres razones: primero, al oponerle una obligación (la del pago por concepto de
prestación de servicio de energía) sin existir título alguno (se pudo
establecer que El Arenal no había celebrado convenio alguno que la obligara con
Electrocosta); segundo, que el monto de la obligación era incierto, y tercero,
que efectivamente las autoridades del municipio del Arenal habían manifestado
tales inconsistencias aun antes del corte del servicio (folios 198 a 201)).
Esta decisión fue posteriormente revocada por la Corte Suprema de justicia el
día 22 de febrero de 2002, y al no mediar pago alguno por parte del municipio
del Arenal, Electrocosta reinició la suspensión del suministro de energía a
todo el municipio (folio 265).
Hechos motivo
de la demanda, derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
9. A partir de los prolongados racionamientos y de
la suspensión en el servicio de energía que sufriera  la totalidad del
Municipio del Arenal, empezaron a derivar las siguientes consecuencias que
constituyen los hechos de la demanda: Primero. En el centro hospitalario del
Arenal, debido a los razonamientos y a fallas en el fluido eléctrico, varios
equipos médicos se dañaron (la incubadora, el electrocauterizador y el
espectronic, entre otros) y por otro lado, debido a la suspensión del servicio
de energía se hizo imposible la prestación del servicio médico. Segundo. El
acueducto del Arenal requiere energía eléctrica para su funcionamiento, y como
es la única fuente de agua potable cercana debido a que, afirma el Personero:
“la quebrada que bordea a Arenal se encuentra contaminada (envenenada) por
uranio y mercurio”, se ha puesto en grave peligro la salubridad de todo el
municipio. Tercero. Por el lugar geográfico (sur de Bolívar) las situaciones
ambientales hacen necesario el uso de refrigeradores que funcionan con energía
eléctrica, situación que ha hecho imposible la conservación de alimentos perecederos.
Cuarto. La alcaldía con todas sus dependencias está paralizada, al no funcionar
los computadores, ni la iluminación. Quinto. La iluminación en las horas de la
noche es nula, situación que sumada a la ubicación del municipio (sur de
Bolívar), considerada como "zona roja", ante la inminencia de un
ataque subversivo, ha incrementado las condiciones de vulnerabilidad de la
población (folios 2-4, 36-39).
9. Bajo las anteriores circunstancias fácticas, el
Personero señaló como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida
(artículo 11), el derecho a la salud. (artículo 49) y el derecho al trabajo
(Artículo 25) de los habitantes del municipio El Arenal (folio 1).
DECISIONES DE
INSTANCIA.
Primera
instancia.
12. El Juzgado Promiscuo Municipal de Morales
(Bolívar) denegó la tutela de los derechos fundamentales invocados, por
considerar que la acción de tutela no era el mecanismo judicial apropiado para
la defensa de los intereses de los habitantes del Arenal, habida cuenta que lo
que se afectaba con la medida de suspensión del servicio de energía, eran
intereses colectivos, comunes a todos los habitantes del Municipio, para cuya
defensa judicial fue consagrada la acción popular regulada por la ley 472 de
1998. Agregó el a quo que la presente acción de tutela "podría
haber prosperado" como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, situación que no es el caso al no establecerse los requisitos
estructurales de la "irremediabilidad del perjuicio" (inminencia,
urgencia y gravedad), necesarios para la procedibilidad excepcional de la
acción (folios 148 y 149).
Segunda
instancia.
13. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití
(Bolívar), reiterando las consideraciones del a quo confirmó en su
totalidad el fallo de primera instancia (folios  209 a 211).
II.
CONSIDERACIONES.
Competencia.
1. De conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y 241 numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales referidas.
Pruebas
solicitadas por la Sala.
Expediente
T-542060
2. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre
el día de presentación de la demanda y la adopción de este fallo, y con el
objeto de tener información acerca de la continuidad en la prestación del
servicio de suministro de energía por parte de la empresa Electrocosta S.A.
E.S.P., así como del comportamiento contractual frente a la realización de los
pagos por parte del INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena a la Empresa
Electrocosta S.A. E.S.P., se solicitó oficiar a la Cárcel Distrital de
Cartagena.
Recibido el informe el día 7 de mayo de 2002, esta
Sala tendrá por probado que: (i) A pesar de no encontrarse suspendido el
servicio de suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Cárcel
Distrital de Cartagena, se continúan presentando “cortes de energía repentinos
y prolongados en varias oportunidades.” (ii) A pesar de haberse efectuado
algunos abonos a la deuda contraida por el INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena,
aun no se encuentra satisfecha la obligación. (iii) La Dirección General del
INPEC con sede en Bogotá está gestionando un “cruce de cuentas con Electrocosta
para agilizar los pagos futuros.”
Expediente
T-602073
3. En el mismo sentido, y con el objeto de tener
información acerca de la continuidad en la prestación del servicio de
suministro de energía por parte de la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., así
como del comportamiento contractual frente a la realización de los pagos por parte
del municipio El Arenal. Se solicitó, oficiar a la alcaldía del Arenal y a
Electrocosta.
Recibido el informe el día 27 de agosto de 2002,
está Sala tendrá por probado que (i) Desde el 16 de julio de 2002, no se han
efectuado racionamientos en el suministro de energía por parte de Electrocosta,
al municipio de El Arenal. (ii) Que a pesar de que Electrocosta expide cuatro
facturas a cargo del Arenal, según la división del municipio en cabecera
municipal y tres corregimientos, no existen medidores individuales para los
mismos. (iii) Que definitivamente no existen medidores que permitan
individualizar el consumo de los habitantes del municipio. (iv) Que el día 16
de julio de 2002 se celebró, bajo el auspicio del Departamento de Bolívar,
Asosipaz y la Superintendencia de Servicios públicos domiciliarios, un acuerdo
de pago entre Electrocosta y los municipios de Río Viejo, Regidor, Morales, y
El Arenal, en el que las partes se comprometieron a, nombrar y acatar lo
resuelto por una comisión que revisaría la facturación y establecería el monto
de la deuda, a abonar a la deuda la suma de ciento ochenta millones de pesos
($180.000.000.oo), y a reunirse nuevamente para revisar el acuerdo de pago.
Igualmente, Electrocosta se comprometió con los municipios a asesorarlos acerca
de la forma en que estos deben distribuir entre los habitantes el costo del
consumo de energía (fls. 259 a 271).
Presentación
de los casos, problemas jurídicos por resolver y  temas jurídicos por abordar.
Expediente
T-542060.
4. La empresa Electrocosta S.A. E.S.P., entidad
prestadora de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, en virtud
de una norma de autorización con rango de ley (artículo 140 ley 142 de 1994,
modificado por el artículo 19 ley 689 de 2001), y motivada por el incumplimiento
contractual en el pago de las facturas del servicio de energía por parte del
INPEC-Cárcel Distrital de Cartagena, decidió efectuar racionamientos diarios de
cinco a seis horas en el suministro de energía al centro penitenciario.
Como consecuencia directa del racionamiento se han
visto alteradas las condiciones ordinarias de funcionamiento en el centro
penitenciario (especialmente lo relacionado con el suministro de agua potable,
la cocción de los alimentos y la seguridad interna), situación que constituye
una fundada amenaza a los derechos fundamentales de los reclusos. Igualmente,
al ser el hecho que motiva la acción de tutela consecuencia de conducta
aparentemente legítima de particular, la Sala decidirá sobre la misma, en
relación con los principios de dignidad humana y de eficacia de los derechos
fundamentales.
Expediente
T-602073
5. La empresa Electrocosta S.A. E.S.P., entidad
prestadora de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, en virtud
de una norma de autorización con rango de ley (artículo 140 ley 142 de 1994
modificado por el artículo 19 ley 689 de 2001), y motivada por el
incumplimiento contractual en el pago de las facturas del servicio de energía
por parte del Municipio del Arenal (Bolívar) decidió suspender el suministro de
energía a la totalidad del Municipio.
Como consecuencia directa de la suspensión del
suministro de energía se han visto alteradas las condiciones ordinarias de
funcionamiento del municipio, especialmente las relacionadas con la salud
(funcionamiento del hospital y el acueducto,) y con la seguridad (iluminación
de las instalaciones militares y de policía), esta situación constituye una
fundada amenaza a los derechos fundamentales de los habitantes del municipio
del Arenal. Igualmente, al ser el hecho que motiva la acción de tutela
consecuencia de conducta aparentemente legítima de particular, la Sala decidirá
sobre la misma, en relación con los principios de dignidad humana y de eficacia
de los derechos fundamentales.
Temas
jurídicos por abordar.
6. En el marco de los problemas jurídicos
planteados, la Sala estudiará: (a) la procedencia de la acción de tutela contra
particulares y la legitimación en la causa por pasiva. (b) La naturaleza
jurídica de la expresión constitucional “dignidad humana” y las consecuencias
normativas de su determinación. (c) Las características del servicio público de
suministro de energía eléctrica en el contexto del Estado social de derecho.
(d) Los deberes constitucionales: la obligación de pago en el ámbito de los servicios
públicos y el principio de solidaridad. (e) La situación de incumplimiento y
las relaciones contractuales con efectos directos sobre terceros. (f) La
prestación de los servicios públicos esenciales, los derechos fundamentales y
los establecimientos constitucionalmente protegidos. (g) El alcance del
enunciado normativo del artículo 45 del decreto 2591 de 1991 y la aparente
legitimidad de la conducta de Electrocosta. Y (h) las implicaciones
constitucionales de las llamadas “relaciones especiales de sujeción.”
A. Procedencia
de la acción de tutela contra particulares. La legitimación en la causa por
pasiva.
7. Ante la evidencia de la procedencia de la acción de tutela contra
particulares que prestan servicios públicos y por tratarse en este caso de una
sociedad cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios
públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, la Sala
considera que conforme a la Constitución y a la ley, (art. 86 inciso 5º de la
Constitución Nacional y numeral 3° del art. 42 del decreto 2591 de 1991), es
procedente la acción de tutela.
Sin embargo, de la sola condición de “prestador de
servicios públicos” no se extrae la consecuencia normativa de la procedencia de
la acción "contra acciones u omisiones de particulares”. Considera la Sala
que, debe existir una estrecha relación entre la actividad objeto de la
prestación del servicio público, la acción u omisión del particular prestatario
del servicio, y la amenaza o vulneración al o a los derechos fundamentales. O
en otros términos, la amenaza o vulneración del derecho fundamental debe estar
relacionada con una conducta u omisión del particular  desarrollada dentro del
objeto propio que constituye la prestación del servicio público. De esta forma
la procedibilidad de la acción de tutela cobra verdadero sentido, en atención a
la importancia del servicio público de que se trate y su relación con los
derechos fundamentales, independientemente de que el servicio sea prestado por
entidades estatales o por particulares.
Por otro lado, el hecho del racionamiento,
suspensión o corte en la prestación del servicio de suministro de energía
eléctrica, como un acto propio del desarrollo del objeto de prestación del
servicio público que afecta a terceros, pero que constituye una conducta
contractual en ocasiones prohijada y permitida por la ley, ofrece lugar a
ciertas dudas sobre la certidumbre de la legitimación por pasiva de la acción
de tutela, debido a que la afectación de los terceros no será como tal
imputable al particular prestador del servicio, sino que sería, en principio,
responsabilidad del incumplido.
A pesar de que la conducta del particular esté en
principio, legalmente avalada y además esté justificada por el incumplimiento
contractual, la situación es clara: se conserva la legitimidad por pasiva. A
esta conclusión llega la Sala a partir de la diferenciación de las dos ópticas
desde las cuales se pueden analizar y resolver los temas y los problemas
jurídicos del caso: la órbita legal y la órbita constitucional. Esta
diferenciación es útil porque permite identificar los marcos
jurídico-conceptuales en los cuales se analiza el fenómeno bajo estudio y
además porque permite presentar una solución armónica con cualquiera de los dos
programas.
8. En la órbita constitucional, propia de los
derechos fundamentales y de los mecanismos especiales para su protección, se
impone el principio de la eficacia de los derechos fundamentales y de los
principios constitucionales; así mismo, en la órbita legal contractual, se
impone el principio de responsabilidad personal patrimonial; de tal forma que
cuando las dos órbitas se tocan en un caso concreto, este último principio
deberá ceder ante el principio de la eficacia de los derechos fundamentales. En
sede de tutela no se aborda el estudio de un asunto de responsabilidad
patrimonial, predicable de un incumplimiento contractual, sino un asunto de
responsabilidad constitucional, predicable del incumplimiento del principio de
eficacia de los derechos fundamentales, entre otros.
De tal forma que al concurrir un problema jurídico
de orden constitucional (la posible vulneración o amenaza de derechos
fundamentales originada en la suspensión de la prestación de un servicio
público), con un problema jurídico de orden legal (el incumplimiento de
obligaciones contractuales con efectos sobre terceros), y por ser la acción de
tutela un mecanismo procesal para que cualquiera persona reclame ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales
por la acción u omisión de un particular encargado de la prestación de un
servicio público (art., 86 superior). El juez de tutela deberá darle trámite a
la respectiva acción toda vez que los casos bajo estudio involucran una posible
vulneración de derechos fundamentales, y además porque en ambos se perfecciona
una de las hipótesis de procedibilidad de la acción de tutela, en consecuencia
la Sala reafirma la existencia de legitimidad en la causa por pasiva.
B. Naturaleza
jurídica de la expresión constitucional “dignidad humana”. Consecuencias
normativas de su determinación.
9. El estudio de la naturaleza jurídica de la
expresión constitucional “dignidad humana” tiene relevancia a partir de la
existencia de una estrecha relación[1]
entre los conceptos normativos de, prestación eficiente y continua de los
servicios públicos (artículo 365), Estado social de derecho (artículos 1 y 365)
y eficacia de los derechos fundamentales (artículos 2 y 86).
Así mismo esta relevancia se pone de manifiesto
frente a los casos concretos, en los que, las condiciones materiales, de los
actores y de los demás reclusos en un caso, y de los habitantes del municipio
del Arenal en el otro, obligan al juez de tutela a considerar el concepto
normativo de dignidad humana, ya como fundamento de los derechos invocados
(derecho al ambiente sano, derecho a la protección por parte del estado,
derecho a la salud y derecho a la vida), o como entidad normativa autónoma, ya
sea como derecho fundamental o como principio constitucional.
Síntesis de la
configuración jurisprudencial de la naturaleza jurídica de la dignidad humana.
10. Para la Sala una síntesis de la configuración
jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión “dignidad humana”
como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto
concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa.
Al tener como punto de vista el objeto de protección
del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo
de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables:
(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii)
La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de
existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como
intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad
moral (vivir sin humillaciones).
De otro lado al tener como punto de vista la
funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha
identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la
dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio
constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental
autónomo.
11. Estos seis aspectos no representan de manera
alguna una postura definitiva y restringida del objeto protegido, del mandato
de acción, de las razones normativas o de la configuración de los límites, en
que el enunciado normativo de la "dignidad humana" se concreta. Por
el contrario encuentra y reconoce la Sala, la riqueza tanto conceptual como
funcional de la dignidad humana como concepto normativo, de tal forma que el
énfasis o el acento que resulte puesto en uno de los sentidos expresados para
efectos de la argumentación y en general de la solución jurídico constitucional
de los casos concretos, no implica la negación o la pérdida de validez de los
demás, incluso de las que no aparecen en este fallo relacionadas. En este
sentido no importará para efectos de la validez-existencia de la norma jurídica
implícita en el enunciado normativo “dignidad humana”, que la misma se exprese
como derecho fundamental, como principio constitucional o como valor; y en el
mismo sentido, que aparezca como expresión de la autonomía individual, como
expresión de ciertas condiciones materiales de existencia, o como expresión de
la intangibilidad de ciertos bienes.
Objeto de
protección o contenido material del enunciado normativo “dignidad humana”.
12. A Partir de la idea de un objeto de protección o
de un cierto contenido material de la dignidad humana como concepto normativo,
la Sala ha identificado en la jurisprudencia de la Corte, tres ámbitos
diferenciables y más o menos delimitados: la dignidad humana como autonomía
individual, como condiciones de existencia y como intangibilidad de ciertos bienes.
Estas líneas jurisprudenciales se conforman  así:
Primera línea
jurisprudencial: la dignidad humana y la autonomía individual.
13. En la sentencia T-532 de 1992, la Corte señaló la
estrecha relación[2]
entre la libertad individual y la dignidad humana. A su vez, en la sentencia
C-542 de 1993, en la cual se pronunció sobre la constitucionalidad de normas
antisecuestro, la Corte recurrió al imperativo categórico kantiano, para
reforzar la idea según la cual no pueden[3]
superponerse los intereses generales a los derechos fundamentales,
especialmente los de la libertad y la vida que son “inherentes” a la dignidad
del ser humano. De igual manera la Corte insistió[4] en que la dignidad se
“logra” con el pleno ejercicio de la libertad individual. En la sentencia C-221
de 1994, la dignidad constiuyó uno de los fundamentos constitucionales para la
despenalización del consumo de dosis personal de drogas ilícitas, la Corte
consideró la dignidad humana como el fundamento de la libertad personal, que se
concreta en la posibilidad de elegir el propio destino[5], cuando dicha elección
no repercuta de manera directa en la órbita de los derechos ajenos. En la
sentencia T-477 de 1995, la Corte al estudiar el caso de la readecuación de
sexo de un menor, decidió  proteger los derechos fundamentales del menor con
fundamento en la caracterización[6]
de la dignidad humana como autonomía personal. En la sentencia T-472 de 1996,
la Corte estableció que las personas jurídicas no son titulares de los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre, debido a que los mismos constituyen
una “derivación directa del principio de dignidad humana”, en esta oportunidad
se pronunció sobre el contenido[7]
de la dignidad asociándola a la autonomía individual. En la sentencia C-239 de
1997, la Corte creó una causal de justificación o eximente de responsabilidad,
en el caso del homicidio pietístico; uno de los ejes de la argumentación fue el
de la dignidad entendida como autonomía[8]
del enfermo para decidir sobre su vida en determinadas circunstancias. En la
sentencia T-461 de 1998, la Corte decidió que la práctica consistente en
limitar la actividad del trabajador a acudir al sitio de trabajo y no
permitirle desarrollar las labores para las cuales fue contratado, al estar
dirigida a configurar despido indirecto, afecta[9]
la dignidad humana en tanto imposibilita al trabajador el despliegue de la
actividad y el “desarrollo de su ser”.
Segunda línea
jurisprudencial:  la dignidad humana y  las condiciones materiales de
existencia.
14. En la Sentencia T-596 de 1992,
la Corte ordenó realizar algunas reparaciones en un centro penitenciario a
partir de la acción de tutela presentada por un recluso que dormía en un lugar
incómodo expuesto a malos olores, con letrinas abiertas, etc., para la Corte en
este caso la dignidad opera como calificativo[10]
de la forma de vida, de la cual se desprende una relación entre la dignidad y
unas ciertas condiciones materiales de existencia. En la sentencia T-124 de
1993, la Corte tuteló el derecho de petición de una persona de la tercera edad
que solicitaba el reconocimiento de la pensión. En esta oportunidad señaló la
relación[11]
existente entre la igualdad material, las condiciones materiales de vida y la
dignidad. En la sentencia C-239 de 1997, la Corte creó una causal de
justificación o eximente de responsabilidad, en el caso del  homicidio
pietístico. Uno de los ejes de la argumentación fue el de la dignidad, pero
ahora en función de las condiciones materiales[12]
de la vida del enfermo. En la Sentencia T-296 de 1998, la Corte revisó la
acción de tutela presentada por una persona recluida en una cárcel con
problemas de hacinamiento y que tenía que dormir sobre un piso húmedo, lugar de
paso de otros reclusos. Aunque en este caso la Corte no concedió la tutela por
existir hecho superado (libertad del actor) si se pronunció sobre la relación[13] entre el hacinamiento
penitenciario la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia. En
la sentencia C-521 de 1998, la Corte declaró inexequible una norma del código
de tránsito que disponía que para efectos de la capacidad de transporte de
pasajeros, los niños menores de 7 años se considerarían como medio pasajero;
las razones giraron en torno a las condiciones[14]
de comodidad y seguridad durante el transporte como predicados de la dignidad
humana. En la sentencia T-556 de 1998, la Corte concedió la tutela del derecho
a la salud y al desarrollo armónico físico y psíquico de una menor bajo la idea
de la dignidad humana en función de las necesidades materiales[15], por consiguiente
ordenó el cumplimiento de la prescripción médica consistente en el suministro
de silla de ruedas. En la sentencia T-565 de 1999, la Corte ordenó a una E.P.S.
suministrar pañales (excluidos del POS) a una persona de la tercera edad con
dificultades económicas y con un problema de control de esfínteres; en este
caso es clara la relación[16]
existente entre la dignidad humana y las condiciones materiales de existencia.
En la sentencia C-012 de 2001, la Corte revisó la constitucionalidad de un
tratado internacional sobre repatriación de presos; en este caso consideró que
la dignidad no se restringe a la creación de las condiciones[17] de vida digna sino que
se extiende a la obligación de velar por que se alcance tal resultado.
Tercera línea
jurisprudencial: la dignidad humana y la intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, integridad física e integridad moral.
15. En la sentencia T-401 de 1992, la Corte resolvió el caso de
reclusos inimputables por demencia cuya medida de seguridad de internación
psiquiátrica se había prolongado indefinidamente lo cual constituía una pena o
trato cruel, inhumano o degradante, que claramente afecta[18] la dignidad humana. En
la sentencia T-402 de 1992, la Corte revisó la tutela interpuesta por la madre
de un niño a quien su profesora le castigó poniéndole un esparadrapo en la
boca, la humillación[19]
padecida por el menor fue una de las razones para determinar la procedencia de
la tutela de sus derechos. En la sentencia T-123 de 1994, la Corte al estudiar
un caso de violencia intrafamiliar, tuteló los derechos de una menor a partir
del enunciado normativo “respeto a la dignidad humana” del cual se desprende[20] el derecho fundamental
“a la integridad física y moral”. En la sentencia T-036 de 1995, la Corte puso
de presente la relación entre la noción normativa de dignidad y la integridad
física. De tal forma que es la prohibición[21]
de someter a persona alguna a la realización de “trabajos forzados” la que
permite perfilar el contenido del llamado derecho a la “dignidad humana.” En la
sentencia T-645 de 1996, la Corte resolvió el caso de una señora a quien
después de varias revisiones médicas no le resolvían sus problemas de salud. La
Corte tuteló el derecho a la integridad física el cual es “manifestación
directa del principio de la dignidad humana”[22],
ordenando la revisión de la actora por parte de un especialista. En la
sentencia T-572 de 1999, la Corte al resolver el caso de una mujer que perdió
la fisonomía de su cuerpo después de una operación de senos, concedió la tutela
del derecho a la integridad física en relación[23]
con el derecho a la dignidad humana, ordenando la realización de una cirugía
estética. En la sentencia T-879 de 2001, la Corte al resolver el caso de un
delincuente gravemente herido que fue esposado a la cama del hospital por el
policía custodio, tuteló los derechos del herido bajo el argumento según el
cual, tal situación constituía un trato cruel que representaba una “vulneración
de la dignidad humana”[24].
Síntesis de
las líneas jurisprudenciales acerca del contenido material de la expresión
normativa "dignidad humana".
16. A partir de esta serie de pronunciamientos de la
Corte Constitucional, la Sala concluye que el referente concreto de la dignidad
humana está vinculado con tres ámbitos exclusivos de la persona natural: la
autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un proyecto de
vida y de determinarse según esa elección), unas condiciones de vida cualificadas
(referidas a las circunstancias materiales necesarias para desarrollar el
proyecto de vida) y la intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como
integridad física y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de
vida).
Estos tres ámbitos de protección integran,
entendidos en su conjunto, el objeto protegido por las normas constitucionales
desarrolladas a partir de los enunciados normativos sobre “dignidad”,
principalmente el contenido en el artículo 1 (Colombia es un Estado social
de derecho, organizado en forma de República unitaria,...fundada en el respeto
de la dignidad humana...), y de manera secundaria los contenidos en los
artículos 25 (Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas), 42 (la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son
inviolables) y 51 (Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna).
17. Sin embargo, para la construcción de las normas
en función del objeto de protección delimitado, la Corte no se ha valido
únicamente de los enunciados normativos de los artículos 1, 25, 42 y 51 en los
cuales las palabras “dignidad” y “dignas”, ya como sustantivo, ya
como adjetivo, aparecen de manera literal; la Corte, por el contrario, ha
recurrido a la delimitación de los referidos ámbitos de protección, a partir de
múltiples enunciados normativos o disposiciones constitucionales. Ilustrativo
es el caso de la contenida en el artículo 12 (Nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes)
de la cual la Corte, junto con el enunciado normativo del “respeto a la
dignidad humana” ha extraído la norma consistente en el derecho fundamental
a la integridad física y moral.[25]
Igualmente ilustrativo es el caso del enunciado
normativo contenido en el artículo 13 (el estado promoverá las condiciones
para que la igualdad sea real y efectiva), el cual junto con el enunciado
normativo del “respeto a la dignidad humana” ha servido para
perfeccionar el objeto de protección de la dignidad entendida como  posibilidad
real de acceder a ciertos bienes o servicios materiales[26] o de disfrutar de
ciertas condiciones de vida[27],
situaciones que en principio deben ser garantizadas por el Estado mediante la
distribución de bienes y servicios[28].
En el mismo sentido se puede mostrar el caso del
enunciado normativo contenido en el artículo 16 (todas las personas tienen
derecho al libre desarrollo de la personalidad) del cual la Corte junto con
el enunciado normativo del “respeto a la dignidad humana” ha delimitado
el objeto de protección de la dignidad entendida como posibilidad de
autodeterminarse[29]
según el propio destino[30]
o la idea particular de perfección[31],
con el fin de darle sentido a la propia existencia[32].
Esta descripción de los ámbitos de protección a
partir de ciertas relaciones existentes entre los enunciados normativos
contenidos en los artículos 1 (dignidad humana), 12 (prohibición de tratos
inhumanos), 13 ( principio de igualdad material) 16 (derecho a la libertad);
plantea el problema de la delimitación del ámbito de protección de las normas
jurídicas que consagran derechos fundamentales, el cual una vez resuelto,
permite racionalizar los contenidos de la Constitución, y lograr la protección
efectiva de los mismos.
19. Pasará ahora la Corte a definir  el aspecto  de
la funcionalidad del enunciado normativo "respeto a la dignidad
humana" en el ordenamiento jurídico colombiano. En este sentido se han
identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la
dignidad como valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio
constitucional. Y (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental
autónomo.
La
funcionalidad del enunciado constitucional "respeto a la dignidad
humana" en el ordenamiento jurídico colombiano. Y en primer lugar, de la
“dignidad humana” como valor fundante del ordenamiento jurídico y del Estado
colombianos.
20. Para la Sala es claro que cuando la Corte
Constitucional se pronuncia sobre valores, pasa inmediatamente del plano
normativo al plano axiológico. Esta duplicidad de planos impide adelantar el
análisis o el tratamiento de un enunciado normativo, en este caso el de la
dignidad humana, a partir del marco conceptual propio de la ciencia normativa
del derecho.
Esta distinción igualmente le permite a la Corte
evitar rupturas metodológicas de otra manera insalvables, pues mientras el
plano axiológico opera bajo la lógica de “lo mejor” el plano normativo opera bajo
la lógica de “lo debido”. De esta forma consideraciones que bien cabrían en el
plano axiológico no serían de recibo en el plano normativo.
Sin embargo, para efectos prácticos estas
diferencias se diluyen, pues los predicados de la dignidad humana comparten
también naturaleza normativa. La distinción es importante para la comprensión
del concepto como fenómeno lingüístico, de tal forma que cuando se afirma que
la dignidad humana es el fundamento del ordenamiento jurídico y del Estado, o
que constituye el valor supremo de los mismos, la operatividad del concepto
pasa del plano prescriptivo al plano descriptivo, en este sentido la dignidad
humana constituye un elemento definitorio del Estado social y de la democracia
constitucional, existiendo entonces una suerte de relación conceptual necesaria
entre dignidad humana y Estado social de derecho.
Pasará la Sala a revisar la funcionalidad del
enunciado normativo “dignidad humana” en el plano axiológico a partir de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
21. Para la Corte en la sentencia T-401 de 1992, la dignidad humana
es el principio fundante del ordenamiento jurídico que constituye el
presupuesto esencial[33]
de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías de
la Constitución. En la sentencia T-499 de 1992, la Corte toma la dignidad
humana como el valor fundante constitutivo del orden jurídico. En la sentencia
T-011 de 1993, la dignidad humana constituye la base axiológica[34] de la Carta. En la
sentencia T-338 de 1993, la dignidad humana se muestra como el principio
fundante de la Constitución y a la vez es una garantía[35] de las personas. En la
sentencia T-472 de 1996, la Corte lo toma como un principio del que derivan[36] derechos fundamentales
de las personas naturales. En la sentencia C-045 de 1998 la dignidad humana es
el fundamento[37]
del ordenamiento jurídico. En la sentencia C-521 de 1998 la dignidad humana
constituye el valor superior al cual están anejos[38] los derechos
fundamentales. En la Sentencia T-556 de 1998 es un principio constitucional[39] elevado a nivel de
“fundante” del Estado, base del ordenamiento jurídico y de la actividad de las
autoridades públicas. En la Sentencia  T-1430 de 2000 la dignidad humana
constituye a partir del Estado social de derecho, el pilar ético fundamental[40] del ordenamiento.
22. En conclusión, para la Sala es claro que la
dignidad humana caracteriza de manera definitoria al Estado colombiano como
conjunto de instituciones jurídicas. La importancia práctica de esta “faceta”
de la dignidad humana está mediada simplemente por la posibilidad de claridad
conceptual.
El enunciado
normativo "respeto a la dignidad humana", y las normas jurídicas
constitucionales.
23. Para la Sala es palmario que la nuda expresión
“fundada en el respeto a la dignidad humana” no permite la identificación
inmediata de una norma jurídica. En este sentido recuerda la Sala que la
identificación de normas jurídicas a partir de enunciados normativos es la más
importante tarea del intérprete, y en el caso de los enunciados normativos
constitucionales, es una de las más importantes tareas de la Corte
Constitucional como la máxima intérprete de la Constitución.
Este proceso de identificación de normas, se
presenta por lo general como un proceso implícito, en el cual a partir de
enunciados normativos determinados, al realizar el análisis de hechos
particulares, se perfilan argumentos de tipo normativo, que concluyen con una
decisión obligatoria. Es obvio que el racionamiento del juez constitucional no
es el del lógico del silogismo. Sin embargo el juez constitucional interpreta y
aplica normas jurídicas, las cuales se estructuran a partir de mandatos,
prohibiciones, permisiones o potestades. Y frente a las cuales el ordenamiento
prevé la posibilidad de materializar consecuencias. En últimas la estructura
lógica de las normas permite reconducir las hipótesis de los enunciados a
ciertos supuestos fácticos comprensivos de lo ordenado, prohibido o permitido y
a ciertas consecuencias jurídicas más o menos determinables.
Como conclusión, del tema que ocupa a la Sala, en
aras de la identificación de las normas constitucionales a partir de los
enunciados normativos constitucionales sobre el respeto a la dignidad humana,
se afirmará la existencia de dos normas jurídicas que tienen la estructura
lógico normativa de los principios: (a) el principio de dignidad humana y (b)
el derecho a la dignidad humana. Las cuales a pesar de tener la misma
estructura (la estructura de los principios), constituyen entidades normativas
autónomas con rasgos particulares que difieren entre sí, especialmente frente a
su funcionalidad dentro del ordenamiento jurídico.
la definición
de la estructura de las normas jurídicas extraídas a partir del enunciado
normativo “respeto a la dignidad humana".
(a) la
configuración de la norma con funcionalidad de principio, a partir del
enunciado normativo "respeto a la dignidad humana”, o el principio de
dignidad humana.
24. El principio de dignidad humana, se constituye
como un mandato constitucional, un deber positivo, o un principio de acción,
según el cual todas las autoridades del Estado sin excepción, deben, en la
medida de sus posibilidades jurídicas y materiales, realizar todas las
conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el
propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo de los ámbitos
de protección de la dignidad humana identificados por la Sala: autonomía
individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral.
25. Pasará entonces la Sala a revisar la
funcionalidad de la norma jurídica identificada a partir del enunciado
normativo “dignidad humana”, consistente en el principio constitucional de
dignidad humana, a partir de  la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En la sentencia T-499 de 1992, afirmó la Corte:
"El respeto de
la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los
funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin
distinción alguna, de conformidad con su valor intrínseco (CP arts. 1, 5 y
13).".
En la sentencia T-596 de 1992, afirmó la Corte:
"Los derechos fundamentales no
incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los
cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las  autoridades
públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del
poder público. No sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de no
lesionar la esfera individual, también  existe la obligación positiva de
contribuir a la realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que
explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato
constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la
dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión
sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de
vida digna.".
En la Sentencia  T-461 de 1998, afirmó la Corte:
"El respeto a la
dignidad, es un mandato que obliga no sólo a las autoridades públicas sino a
los particulares, cualesquiera que sea la relación que exista entre éstos. Es,
en si mismo, un principio mínimo de convivencia y expresión de
tolerancia.".
En la Sentencia C-328 de 2000, afirmó la Corte:
"Ahora bien, el principio de
dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la
guerra sino que, en caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a
morigerar sus efectos.   De igual manera, siguiendo la cláusula Martens, y en
evidente conexión con el principio de dignidad humana, el Estado colombiano
estará obligado a lograr la no utilización de medios que tengan efectos
desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la población
civil.".
En la Sentencia C-012 de 2001, afirmó la Corte:
"La efectividad de
sus derechos constitucionales de carácter prestacional y el real respeto por el
principio de dignidad humana, no se traduce en la mera creación de condiciones
de vida digna, también obliga a que las medidas adoptadas por el Estado efectivamente
se dirijan a dicho resultado y, además, a que el Estado se abstenga de tomar
decisiones que impongan mayores cargas a los asociados.".
En la Sentencia T-958 de 2001, afirmó la Corte:
"El principio de
dignidad humana, base última del sistema jurídico, exige del Estado y de los
particulares un compromiso permanente por respetar los valores de igualdad,
libertad y solidaridad...  el respeto por la dignidad humana supone un reparto
igualitario (sea formal o material) de las condiciones de ejercicio de la
libertad. En este punto, ha de tenerse presente que la realización de la
libertad depende, en gran medida, de las condiciones materiales, de suerte que
la interpretación de los derechos constitucionales, sean fundamentales o no, ha
de tener por norte la consecución de la real igualdad.".
(b) La
configuración de la norma con funcionalidad de derecho fundamental, a partir
del enunciado normativo "respeto a la dignidad humana”, o el derecho
fundamental a la dignidad humana.
26. El derecho a la dignidad humana, se constituye
como un derecho fundamental autónomo, y cuenta con los elementos de todo
derecho: un titular claramente identificado (las personas naturales), un objeto
de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, integridad
física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela).
Se consolida entonces como verdadero derecho subjetivo.
Sin embargo, la Sala se pregunta si efectivamente la
dignidad humana, según los ámbitos protegidos constituye como tal un derecho
fundamental, y no se trata en cambio de un fundamento[41] de los derechos
fundamentales, a partir de una determinada concepción antropológica de la
Carta. En este último sentido la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades.
Sin embargo, también se ha referido a la
dignidad humana como un derecho fundamental autónomo.
27. Pasará entonces la Sala a revisar la
funcionalidad de la norma jurídica identificada a partir del enunciado
normativo “dignidad humana”, consistente en el derecho constitucional
fundamental a la dignidad humana, a partir de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional.
En la Sentencia T-124 de 1993, afirmó la Corte:
"La dignidad
(artículo 1o. Constitución Política) es un atributo de la persona y, en cuanto
tal, todos tienen derecho a que sean tratados conforme a esa dimensión
específicamente humana.".
En la Sentencia T-036 de 1995, afirmó la Corte:
"En estas
circunstancias, la actuación en que incurrió Elver García al cerrar el camino,
obligando a los petentes a arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus
cansadas espaldas pueden soportar, sobrepasa el ámbito del derecho real de
servidumbre y deviene en una violación del derecho fundamental a la dignidad
humana, en un desconocimiento del deber de solidaridad exigible a todo
individuo en un Estado Social de Derecho, y obliga al juez de tutela a hacer
efectiva la especial protección que otorga nuestra Carta Política a las
personas de la tercera edad.".
En la Sentencia T-477 de 1995, afirmó la Corte:
"El derecho a la
identidad, y mas específicamente a la identidad sexual , presupone la
existencia de un derecho constitucional a la Dignidad. Este derecho “Opera  aún
cuando caduquen los demás derechos  personales emergentes  de la Constitución”.
El derecho a la dignidad, se constituye a su vez  en fuente de otros derechos.
Razón por la cual, toda  violación al derecho a la identidad, es a su vez  una
vulneración al derecho a la dignidad Humana.".
En la Sentencia T-796 de 1998, afirmó la Corte:
"En consecuencia,
en el caso concreto del menor cuya protección se solicita, se requiere
garantizar la aplicación efectiva de las normas constitucionales que amparan
los derechos a la vida, a la dignidad humana, a la integridad física, a la
salud, y en particular, los derechos de los niños,...".
En la Sentencia T-1700 de 2000, afirmó la Corte:
"Lo anterior
permite a la Sala concluir que, si bien es cierto que el derecho a la salud en
principio es un derecho prestacional, no lo es menos que, conforme a la
reiterada jurisprudencia de esta Corporación, adquiere el carácter de
fundamental cuando con su vulneración resulten afectados o amenazados derechos
fundamentales como la vida, la integridad de la persona, la dignidad humana u
otros que, de manera autónoma, ostenten la calidad de fundamentales.".
En la Sentencia T-888 de 2001, afirmó la Corte:
"Ello deja ver otra
vulneración grave a entidades constitucionales como el derecho a la dignidad,
en la medida en que tratándose de una persona que no cuenta con ninguna fuente
de ingresos y que no tiene la capacidad de operar en el mercado laboral,
negarle una pensión de invalidez, equivale a someter arbitrariamente su
bienestar a la voluntad o capacidad de terceras personas, lo que compromete
seriamente la dignidad, la igualdad y la autonomía."
Síntesis
28. En la mayoría de los fallos en los cuales la
Corte utiliza la expresión "dignidad humana" como un elemento
relevante para efecto de resolver los casos concretos, el ámbito de protección
del derecho (autonomía personal, bienestar o integridad física), resulta
tutelado de manera paralela o simultánea con el ámbito de protección de otros
derechos fundamentales con lo cuales converge, sobre todo, con aquellos con los
cuales guarda una especial conexidad, como el derecho a la igualdad, el derecho
al trabajo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la
identidad personal, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a
la propia imagen o el derecho al mínimo vital, entre otros.
Esta situación merecería una revisión frente a la
determinación de la naturaleza jurídica de la dignidad humana, porque si bien,
para la solución correcta de los asuntos constitucionales, basta la invocación
y la protección de un derecho fundamental nominado o innominado específico, no
parece adecuado acudir a la artificiosa construcción de un llamado derecho a la
dignidad. Más aún, si la propia Corte ha concluido que la dignidad es un
principio constitucional, y un elemento definitorio del Estado social de
derecho colombiano, al que como tal, le corresponde una función integradora del
ordenamiento jurídico, constituye un parámetro de interpretación[42] de los demás
enunciados normativos del mismo y sobre todo es la fuente última, o el
“principio de principios” del cual derivan el fundamento de su
existencia-validez buena parte de los llamados derechos innominados.
Sin embargo, el cauce abierto por la Corte tiene una
especial importancia en el desarrollo del principio de la eficacia de los
derechos fundamentales y de la realización de los fines y valores de la
Constitución, sobre todo en lo relativo a la concepción antropológica[43] del Estado social de
derecho. Porque si bien la Sala ha identificado tres ámbitos concretos de
protección a partir del enunciado normativo del “respeto a la dignidad
humana,” ámbitos igualmente compartidos por otros enunciados normativos de
la Constitución (artículos 12 y 16),  una interpretación más comprensiva de la
Constitución permite y exige la identificación de nuevos ámbitos de protección
que justifican el tratamiento jurisprudencial del enunciado sobre la dignidad,
como un verdadero derecho fundamental.
29. En este sentido, considera la Corte que ampliar
el contenido de la dignidad humana, con tal de pasar de una concepción
naturalista o esencialista de la misma en el sentido de estar referida a
ciertas condiciones intrínsecas del ser humano, a una concepción normativista o
funcionalista en el sentido de completar los contenidos de aquella, con los
propios de la dimensión social de la persona humana, resulta de especial
importancia, al menos por tres razones: primero, porque permite racionalizar el
manejo normativo de la dignidad humana, segundo, por que lo presenta más
armónico con el contenido axiológico de la Constitución de 1991, y tercero,
porque abre la  posibilidad de concretar con mayor claridad los mandatos de la
Constitución.
Con esto no se trata de negar el sustrato natural
del referente concreto de la dignidad humana (la autonomía individual y la
integridad física básicamente), sino de sumarle una serie de calidades en
relación con el entorno social de la persona. De tal forma que integrarían un
concepto normativo de dignidad humana, además de su referente natural, ciertos
aspectos de orden circunstancial determinados por las condiciones sociales, que
permitan dotarlo de un contenido apropiado, funcional y armónico con las
exigencias del Estado social de derecho y con las características de la
sociedad colombiana actual.
En conclusión, los ámbitos de protección de la
dignidad humana, deberán apreciarse no como contenidos abstractos de un
referente natural, sino como contenidos concretos, en relación con las circunstancias
en las cuales el ser humano se desarrolla ordinariamente.
De tal forma que integra la noción jurídica de
dignidad humana (en el ámbito de la autonomía individual), la libertad de
elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en
las que el individuo se desarrolle. Libertad que implica que cada persona
deberá contar con el máximo de libertad y con el mínimo de restricciones
posibles, de tal forma que tanto las autoridades del Estado, como los
particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por
cualquier medio, la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las
personas, bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal
desarrollo.
Así mismo integra la noción jurídica de dignidad
humana (en el ámbito de las condiciones materiales de existencia), la
posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios
que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales
condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad
real de desarrollar un papel activo en la sociedad. De tal forma que no se
trata sólo de un concepto de dignidad mediado por un cierto bienestar
determinado de manera abstracta, sino de un concepto de dignidad que además
incluya el reconocimiento de la dimensión social específica y concreta del
individuo, y que por lo tanto incorpore la promoción de las condiciones que
faciliten su real incardinación en la sociedad.
El tercer ámbito también aparece teñido por esta
nueva interpretación, es así como integra la noción jurídica de dignidad humana
(en el ámbito de la intangibilidad de los bienes inmateriales de la persona
concretamente su integridad física y su integridad moral), la posibilidad de que
toda persona pueda mantenerse socialmente activa. De tal forma que conductas
dirigidas a la exclusión social mediadas por un atentado o un desconocimiento a
la dimensión física y espiritual de las personas se encuentran
constitucionalmente prohibidas al estar cobijadas por los predicados normativos
de la dignidad humana; igualmente tanto las autoridades del Estado como los
particulares están en la obligación de adelantar lo necesario para conservar la
intangibilidad de estos bienes y sobre todo en la de promover políticas de
inclusión social a partir de la obligación de corregir los efectos de
situaciones ya consolidadas en las cuales esté comprometida la afectación a los
mismos.
Para la Sala la nueva dimensión social de la
dignidad humana, normativamente determinada, se constituye en razón suficiente
para reconocer su condición de derecho fundamental autónomo, en consonancia con
la interpretación armónica de la Constitución.
C.
Características del servicio público de suministro de energía eléctrica en el
contexto del Estado social de derecho.
30. Para la Corte la "inherencia" de los
servicios públicos predicable de la finalidad social del Estado, según la
disposición del artículo 365 de la Constitución, pone de presente la especial
relevancia política que el Constituyente de 1991 le atribuyó a los servicios
públicos. En este sentido, es evidente la existencia de un verdadero mandato
constitucional encaminado a asegurar la prestación eficiente de los mismos a
todos los habitantes del territorio nacional.
La Corte igualmente ha considerado que los servicios
públicos al encontrarse en el marco del Estado social de derecho, constituyen
“aplicación concreta del principio fundamental de solidaridad social”[44], se erigen como el
principal instrumento mediante el cual “el Estado realiza los fines esenciales
de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios y derechos constitucionales,[45]” y son la herramienta
idónea para “alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad
real y efectiva[46]”,
así como para asegurar unas “condiciones mínimas de justicia material”[47].
Los servicios públicos deben mantener un nivel de
eficiencia[48]
óptimo, que permita dar respuesta  a las necesidades sociales imperantes de
justicia material y de condiciones reales de igualdad. Dicho nivel de
eficiencia se concreta en la “continuidad, regularidad y calidad del mismo”[49] frente a lo cual su
prestación “no puede tolerar interrupciones”[50]
y mucho menos cuando la interrupción se acomete con el objeto de “hacer
prevalecer el interés económico del particular o entidad pública prestataria
del servicio frente a los interese públicos sociales que representa el Estado.”[51]
31. Frente al servicio de distribución y
comercialización de energía eléctrica[52],
se predican en la misma medida, las características generales de los servicios
públicos, especialmente la de "continuidad en la prestación del
servicio"[53].
Toda vez que con el mismo se garantiza la satisfacción de las necesidades
esenciales de las personas[54]
y el goce del derecho fundamental a la  dignidad humana en el sentido social o
de otros derechos fundamentales[55],
sobre todo cuando de su prestación efectiva dependen las condiciones normales
de prestación de otros servicios públicos, o las condiciones necesarias para el
funcionamiento de la sociedad.
En función del caso bajo estudio (racionamientos
periódicos de energía en centro penitenciario y suspensión del servicio de
energía en hospitales, acueductos y establecimientos de seguridad), la Sala
reiterará la jurisprudencia sobre las características del servicio público de
energía, especialmente en lo relativo al imperativo de continuidad de la
prestación, dada la existencia de una especial relación entre la necesidad de
garantizar los fines del Estado, la eficacia del principio de la dignidad
humana y el goce cabal de los derechos fundamentales. Especial relación que se
hace evidente dada la situación en la que se encuentran, las personas privadas
de la libertad en la Cárcel Distrital de Cartagena, y las personas del
municipio del Arenal, que se vieron privadas del servicio de salud y de agua.
Sobre todo cuando es imperativo, como parte integrante de una adecuada
administración de justicia, el deber de velar por el correcto funcionamiento y
la seguridad del centro penitenciario, y, cuando es imperativo, como parte
integrante de una adecuada administración pública, el deber de velar por el
normal funcionamiento del centro hospitalario, del acueducto y de los
establecimientos de seguridad en el municipio del Arenal.
D. Los deberes
constitucionales, la obligación de pago en el ámbito de los servicios públicos
y el principio de solidaridad.
32. La modificación del modelo de Estado operada por
la Constitución de 1991, impone una dinámica diferente en términos de los
derechos y las obligaciones de los ciudadanos. A la concesión de un catálogo
ampliamente generoso de derechos le corresponde una serie no menos importante
de deberes de rango constitucional.
En este orden de ideas y a partir del principio de
solidaridad (CP art. 1), consustancial al Estado social de derecho, deben
interpretarse y concebirse las obligaciones constitucionales. En este sentido,
es importante resaltar la existencia-validez de verdaderos deberes
constitucionales entre los que se cuentan: la obligación social del trabajo (CP
art. 25), las obligaciones propias de la seguridad social (CP art. 48), las
obligaciones derivadas de la función social de la propiedad (CP art. 58) y de
la empresa (CP art. 333), las obligaciones tributarias (CP art. 95-9), la
obligación de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, y la
obligación de obrar conforme al principio de solidaridad (CP art. 95-1,2),
entre otros.
Una promoción normativa
de los deberes, que los torna controlables en sede judicial, resulta armónica
con la fórmula de Estado propuesta por el Constituyente de 1991, que además de
proclamar una concepción del ser humano inspirada en el principio de dignidad y
de autonomía individual, se aleja definitivamente de una concepción
paternalista bajo la cual el Estado todo lo debe.
33. Esta dinámica
derechos-deberes se realiza de manera especial en el ámbito de la prestación de
los servicios públicos  cuyo funcionamiento se encuentra constitucionalmente
informado por el principio de solidaridad. Es así como en el caso del servicio
público de seguridad social o en el caso de los servicios públicos domiciliarios
esenciales, la posibilidad de su prestación efectiva, depende en buena medida
del cabal funcionamiento de los mecanismos de solidaridad. En consecuencia, el
deber de cumplir con las obligaciones contractuales surgidas en virtud de
contratos de condiciones uniformes o de contratos de prestación de servicios
públicos, o el deber de cumplir con la obligación de realizar legalmente el
pago de los aportes al régimen integral de seguridad social, por la importancia
del servicio y la condición sistémica que impone la lógica de la solidaridad,
abandona su carácter de deber o de obligación puramente contractual, para
elevarse a una obligación de rango constitucional, en virtud del principio  de
solidaridad.
En este orden de ideas al
verse comprometida la prestación del servicio público en condiciones de
regularidad, calidad y universalidad, la situación patrimonial de las empresas
de servicios públicos, de la que depende la operatividad del sistema y la
prestación del servicio, pasa de ser un asunto exclusivamente patrimonial y
privado a un asunto de extrema importancia pública y social.
La Sala considera que, en el ámbito de los servicios
públicos, recargar o imponer toda la responsabilidad al particular encargado de
su prestación, resulta contrario a la Constitución. Para la Sala es claro que
la posibilidad de prestación efectiva de los servicios está condicionada a la
viabilidad financiera de las empresas privadas o públicas encargadas de su
prestación, de tal forma que la reiteración de prácticas ilegales de no pago
deterioran no sólo el interés económico de las empresas, reflejado en la
depauperización de su patrimonio, sino que pueden incluso conducir al colapso
de las mismas y por esta vía a la imposibilidad material de la prestación
general del servicio público. Nada más alejado de la finalidad social del
Estado en términos del artículo 365 de la Constitución.
En consecuencia, el pago de las facturas
correspondientes a la prestación de los servicios públicos por parte de los
usuarios y directos beneficiarios se impone como un deber de rango
constitucional, en tanto y en cuanto del mismo depende el normal funcionamiento
de los mecanismos de solidaridad constituidos como  el sustrato irremplazable
del sistema, y de cuya operatividad depende la prestación efectiva de los
servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional.
Si bien existe un consenso en el sentido de aceptar
que los servicios públicos constituyen el principal instrumento mediante el
cual el Estado realiza sus fines esenciales y pretende alcanzar la justicia
material, tanto como que su prestación debe mantenerse en condiciones de
eficiencia continuidad, regularidad y calidad, el propio principio de
solidaridad impone la concurrencia tanto del Estado como  de la sociedad (el
conjunto de usuarios de los servicios), para que directamente y mediante la
ejecución cumplida de sus deberes y en especial el del pago individual,
racional, estratificado y proporcional, se puedan realizar de manera plena,
integral y universal aquellos mandatos constitucionales.
E. Relaciones
contractuales con efectos directos sobre terceros. El incumplimiento no se
discute.
34. En el caso bajo estudio las causas mediatas e
inmediatas de los racionamientos tienen origen en múltiples incumplimientos
contractuales. En el caso del INPEC, se presentan por un lado el incumplimiento
de la obligación de pagar una suma de dinero, proporcional al incremento de los
costos por el uso de los servicios públicos de los contraventores, por parte
del Distrito de Cartagena al INPEC; y por el otro, el incumplimiento de la
obligación de pagar las sumas de dinero relacionadas en las facturas originadas
en la prestación del servicio de energía eléctrica por parte del INPEC a la
empresa Electrocosta S.A. E.S.P.
Para la Sala está completamente demostrado tanto el
incumplimiento del Distrito como el incumplimiento del INPEC, situación
contraria a los principios rectores de la administración pública (art., 209
superior), y contradictoria con los fines del Estado (art., 2 superior). Por lo
cual se conminará a las entidades públicas responsables para que  adelanten
todo lo pertinente con el fin de alcanzar la solución definitiva de las
obligaciones contraídas con la empresa prestadora de energía. Además compulsará
copias a la autoridad competente, con el propósito de que investigue los hechos
que dieron origen a los incumplimientos contractuales y establezca la
responsabilidad respectiva de encontrarse procedente.
Es entonces claro para la Sala que ni el
incumplimiento de las obligaciones contractuales, ni la obligación de pagar las
sumas adeudas, son objeto de discusión en sede de Tutela, como bien lo señaló
el ad quem en este caso. Sin embargo, la Sala no puede pasar por
alto la situación actual de las personas privadas de la libertad, que en su
condición de terceros ajenos a la relación negocial, sufren las consecuencias
de las conductas contractuales tanto del INPEC como de Electrocosta S.A. E.S.P.
35. Por otro lado, en el caso del municipio del
Arenal, el incumplimiento se encuentra igualmente demostrado. En este sentido
la Sala observa que el servicio de energía ha sido prestado al Municipio del
Arenal desde que Electrocosta asumió las obligaciones de comercialización y
distribución de energía en la región de la Costa Caribe colombiana y que
efectivamente ni el municipio del Arenal, ni ninguno de sus habitantes  han
cumplido con su deber constitucional de pagar por el servicio público de
energía.
Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto la
situación eventual de las personas que requieren atención médica en el
municipio del Arenal, igualmente la de aquellas personas miembros de la Fuerza
pública, quienes se ven expuestos a sufrir riesgos prohibidos por la
Constitución sobre sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal,
a partir de la privación del servicio de suministro de energía eléctrica.
Por estas razones la Sala conminará al Municipio
como entidad pública responsable, para que  en adelante se abstenga de incurrir
en conductas violatorias del deber constitucional de cancelar las obligaciones
contraídas con la empresa prestadora de energía. Además, compulsará copias a la
autoridad competente, con el propósito de que investigue los hechos que dieron
origen a los incumplimientos contractuales y establezca la responsabilidad
respectiva de encontrarse procedente.
Así mismo, compulsará copias a la Superintendencia
de Servicios públicos domiciliarios, a la gobernación de Bolívar, a
Electrocosta E.S.P. y al propio municipio del Arenal con el fin de que adopten
las medidas necesarias para separar e instalar contadores de energía según
cuantos usuarios o grupos de usuarios existan, con el fin de individualizar el
cobro de la energía y permitir el cumplimiento de los deberes que impone el
principio de solidaridad; y en adelante evitar la afectación de sus derechos
por la conducta contractual negligente de terceros.
F. La
prestación de los servicios públicos esenciales, los derechos fundamentales y
los establecimientos constitucionalmente protegidos.
36. En principio, Sala considera que no puede
sobreponerse el interés contractual, que por lo general se concreta en los
intereses económicos de las partes, a los intereses de los terceros
directamente relacionados con la ejecución de ciertos contratos. Y menos aún
cuando la conducta contractual de aquellos, tiene la virtud de poner en riesgo
o incluso de vulnerar los derechos fundamentales de éstos, y el objeto
contractual es la prestación de un servicio público.
Sobre este asunto se ha pronunciado la Corte en
varias oportunidades: a propósito del caso de incumplimiento de un convenio
sobre prestación del servicio de salud a terceros[56], o en el del
incumplimiento de algunas obligaciones del contrato de matrícula[57], e incluso también en
el caso del incumplimiento del contrato de condiciones uniformes de prestación
del servicio de energía por parte de establecimientos educativos[58]. En este último, la
Corte consideró inconstitucional la  suspensión del servicio de energía por
parte del prestador, en el entendido de que con la misma se generaba un
perjuicio a terceros consistente en limitar o eliminar las posibilidades de
goce de los derechos fundamentales de los estudiantes.
Es por estas razones que, como ya lo ha afirmado la
Corte, el interés económico del prestador del servicio, empresa prestadora de
servicios de salud, establecimiento educativo, o empresa prestadora del
servicio de energía, debe ceder ante la necesidad de protección de los
intereses de las personas que persiguen el goce efectivo de sus derechos
fundamentales  (en estos casos a la salud y a la educación).
37. Sólo cuando se presenta un riesgo cierto e
inminente sobre derechos fundamentales, tanto el interés económico como el
principio de solidaridad, deben ceder en términos de oportunidad que no de
negación, frente a los intereses que involucran los referidos derechos. En este
sentido, considera la Sala que existe un mandato constitucional de especial
protección a ciertos establecimientos de cuyo normal funcionamiento en términos
absolutos, depende la posibilidad del goce efectivo in abstracto de los
derechos fundamentales de las personas que integran la comunidad. De tal forma
que del funcionamiento normal y ordinario de dichos establecimientos, dependen
en buena medida las posibilidades reales de goce del cúmulo de derechos
fundamentales que están a la base de la lógica ordenación de sus funciones
(hospitales, acueductos, sistemas de seguridad, establecimientos de seguridad
terrestre y aérea, comunicaciones, etc.) y en un sentido macro, del correcto
funcionamiento de la sociedad.
Esta protección especial torna constitucionalmente
injustificada la conducta de las empresas prestadoras de servicios públicos
esenciales, que alegando ejercicio de atribuciones legales proceden a efectuar
como simples medidas de presión para el pago de sumas adeudadas, racionamientos
o  suspensiones indefinidas del servicio, en establecimientos penitenciarios, o
indiscriminadamente en establecimientos de salud o establecimientos
relacionados con la seguridad ciudadana.
G. Alcance del
enunciado normativo del artículo 45 del decreto 2591 de 1991.
38. Sobre el alcance del enunciado normativo del
artículo 45[59]
del decreto 2591 de 1991, la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones. Esta
Sala reiterará algunas de las características de la figura contenidas en la
sentencia T-017 de 1995.
En aquella oportunidad la Corte afirmó que en el
artículo 45 del decreto 2591 de 1991 no se consagraba una causal de
improcedencia de la acción, sino una causal de improcedencia de la tutela de
los derechos fundamentales, de tal forma que aun cuando la acción sea
procedente en el caso concreto, sería posible negar el amparo, previo estudio
de los hechos aducidos y de las circunstancias de los mismos, a la luz de la
normatividad vigente.
Para la Corte el objetivo de dicho enunciado es el
de reservar la orden de tutela para la protección de los derechos
fundamentales, cuya vulneración tenga origen en “acciones u omisiones
contrarias al ordenamiento jurídico”[60].
En este sentido constituye un “desarrollo” de la disposición del artículo 6 de
la Constitución, según la cual “los particulares sólo son responsables por
infringir la Constitución y las leyes,” en estrecha relación con el principio
de seguridad jurídica, que a su vez le permite a las personas que ajustan su
conducta a las normas existentes y no abusan de sus derechos, no verse
sometidas a la imposición de sanciones, a la limitación de derechos  o a la
deducción de responsabilidad.[61]
Por otro lado, para la Sala el adjetivo “legítima”
que califica la conducta del particular contra el cual se ejerce la acción de
tutela, se refiere a la posibilidad de identificar el origen de la conducta en
las normas de autorización vigentes al momento de la realización de la misma,
de tal forma que exista armonía entre la conducta y el ordenamiento jurídico
entendido como un todo normativo. De esta forma la conducta no se puede
considerar como legítima si la misma encuentra sustento en una norma de
autorización de rango legal pero al mismo tiempo se encuentra en abierta
contradicción con normas de prohibición de rango constitucional.
Igualmente, como lo ha sostenido la Corte[62] “Quien invoca un
derecho reconocido por el ordenamiento jurídico únicamente puede llevar su
ejercicio hasta los límites que el mismo ordenamiento establece. Una vez
traspasados esos linderos, deja de ejercerse un derecho y, en cuanto se causa
daño a la colectividad o a personas en concreto, se pierde legitimidad y se
debe responder.” Es por esto que a pesar de que en principio se pueda predicar
el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de empresa por parte de
Electrocosta, tal afirmación se desvanece ante la generación de un riesgo grave
y cierto a partir de su conducta, que no sólo apareja en el primer caso, la
amenaza de los derechos fundamentales de los actores, sino también la
afectación de las condiciones materiales para el correcto funcionamiento de la
Cárcel Distrital de Cartagena en estrecha relación con la posibilidad de
cumplir los fines esenciales del Estado; y que en el segundo, implicó la amenaza
de los derechos fundamentales de los habitantes del Arenal, sobre todo en lo
que tuvo que ver con las condiciones materiales para el correcto funcionamiento
del Municipio entero en lo que atañe a la salubridad pública (hospital y
acueducto), así como a los establecimiento de seguridad.
La Sala concluye que la pretendida legitimidad
alegada por Electrocosta no es de recibo, máxime si a la misma se enfrentan
tanto la obligación constitucional de no afectar los derechos fundamentales de
terceros, como la de garantizar el correcto funcionamiento de los
establecimientos constitucionalmente protegidos.
H.
Implicaciones constitucionales de las llamadas “relaciones especiales de
sujeción.”
39. De la existencia, identificación y régimen de las
llamadas “relaciones especiales de sujeción”[63]
entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha
extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar
en función de la ilustración del caso bajo estudio.
De la jurisprudencia de la Corte Constitucional la
Sala identifica seis elementos característicos qué procederá a relacionar así:
las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación[64] de una parte (el
recluso), a la otra (el Estado); (ii) Esta subordinación se concreta en el
sometimiento del interno a un régimen jurídico especial[65] (controles
disciplinarios[66]y
administrativos[67]
especiales y posibilidad de limitar[68]
el ejercicio de derechos, incluso fundamentales). (iii) Este régimen en cuanto
al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los
derechos fundamentales debe estar autorizado[69]
por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad[70] del ejercicio de la
potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la
de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los
internos ( mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y
salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización).
(v)  Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales[71] (relacionados con las
condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios
públicos) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser[72] especialmente
garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar[73] de manera especial el
principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo
con el desarrollo de conductas activas).
Como lo puede apreciar la Sala, entre las
consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones
especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de
algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo,
educación). (ii) La imposiblidad de limitar el ejercicio de algunos derechos
fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas
data, entre otros). (iii) El deber positivo[74] en cabeza del Estado
de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los
fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma
procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación
de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos.
(iv) El deber positivo[75]
en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias[76] que permitan a su vez
condiciones adecuadas para la efectiva resocialización[77] de los reclusos.
En este sentido, del perfeccionamiento de la
“relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen
verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado que se encuentran
estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que
viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a
partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia
vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento
depende la legitimidad del sistema penal y ante cuya inadvertencia este último
resulta convertido en una sombra ridícula de los valores y principios propios
del Estado social de derecho.
De los casos
concretos.
Expediente
T-542060
Procedibilidad
de la acción.
40. En este caso es procedente la acción de tutela al haberse
reconocido como sujeto pasivo de la misma a Electrocosta S.A. E.S.P., sociedad
anónima, cuyo objeto social principal es la prestación de los servicios
públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica. Para la Sala
es evidente la relación entre la actividad objeto de la prestación del servicio
público (suministro de energía eléctrica), la acción u omisión del particular
prestatario del servicio (racionamientos diarios en el suministro de energía de
hasta seis horas o repentinos y prolongados) y la amenaza o vulneración al o a
los derechos fundamentales (derechos a la vida, a la integridad física y moral,
a la salud y a la dignidad humana) de los actores, por las especiales
condiciones existenciales a las que se encuentran sometidos en la Cárcel
Distrital de Cartagena.
Derechos
fundamentales invocados, derechos fundamentales protegidos.
41. En el escrito de acción los actores señalaron
como derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11), el
derecho a ser protegido por el Estado por la indefensión física derivada de la
privación de la libertad (artículo 13), el derecho a la salud (artículo 49) y
el derecho a gozar de un ambiente sano (artículo 79).
La Sala reconduce el análisis del caso concreto a la
situación fáctica que señalan los actores en su escrito de acción: Inoperancia
de los servicios sanitarios, por la imposibilidad de operar las motobombas.
Dificultades en la cocción y preparación de los alimentos por la imposibilidad
de encender las estufas. Imposibilidad de uso de abanicos. Inseguridad en el
penal por falta de iluminación en las zonas oscuras. Todos problemas
generalizados (el número de reclusos asciende a 1200).
Del hecho de encontrarse los actores y los demás
reclusos sometidos a las referidas condiciones existenciales originadas en la
suspensión periódica del suministro de energía eléctrica, deriva una
incuestionable vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a
la salud por conexidad con la vida y a la integridad física.
Derecho
fundamental a la dignidad humana.
42. La Vulneración al derecho fundamental a la dignidad
humana (en el ámbito de las condiciones especiales de existencia), derecho a su
vez  vinculado al derecho a la vida en condiciones dignas, y al derecho
fundamental al ambiente sano, invocado; se concreta en la penosa situación de
los actores  quienes en algunos días del mes, en una situación que se ha
prolongado en el tiempo (desde el mes de septiembre de 2001 hasta el mes de
marzo de 2002 fecha del último informe), durante las horas del racionamiento,
se han visto privados de la posibilidad de suministro de agua potable, (que
permite además el correcto funcionamiento de los servicios sanitarios), les
resulta entorpecida la posibilidad de la alimentación en las condiciones
ordinarias del penal y se les ha hecho imposible disfrutar de los abanicos o ventiladores.
Para la Sala es evidente la existencia de una
estrecha relación entre la posibilidad del goce efectivo del derecho a la
dignidad humana (ámbito de la condiciones materiales de existencia) y la
prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía eléctrica al
centro penitenciario como bien constitucionalmente protegido. No sólo porque de
la prestación ininterrumpida del servicio de suministro de energía  dependa la
posibilidad del mantenimiento de las condiciones materiales de existencia de
los actores, sino también porque frente a la interrupción del servicio, el
centro de reclusión por sus especiales características (lugar de ubicación,
empleo de motobombas para la reconducción del agua, empleo de estufas
eléctricas, lugares oscuros, etc.) sufre una grave alteración en sus
condiciones ordinarias de funcionamiento, lo cual se traduce en una vulneración
del derecho a la dignidad humana en el sentido social o funcional, en los
términos de la parte motiva de esta sentencia, si se tiene en cuenta que los
reclusos están en imposibilidad de adelantar normalmente sus actividades
ordinarias.
Derecho
fundamental a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida.
43. Simultáneamente a la vulneración del derecho a
la dignidad humana (ámbito de las condiciones especiales de existencia) a
partir de los racionamientos de energía practicados por Electrocosta S.A.
E.S.P., encuentra la Sala que se configura una amenaza seria y fundada del
derecho a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida de los
actores e incluso de los demás reclusos, ante la posibilidad de que surja una
epidemia en el penal debido a la precariedad de las circunstancias sanitarias.
Derecho
fundamental a la integridad física.
44. Más aun, la Sala también encuentra fundada la
amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los
actores e incluso de los demás reclusos, debido a la verosimilitud de la
potencialidad del riesgo, ya que al tratarse de un centro de reclusión en el
cual la capacidad de alojamiento se encuentra desbordada, la posibilidad de
ejecución de actos de violencia se incrementa, los cuales pueden degenerar, en
la lesión física o incluso en la muerte de reclusos o de guardias.
La pretendida
legitimidad de la conducta.
45. Por otro lado, y como bien lo afirmó la Sala en
el literal G de las consideraciones del presente fallo, no se considerará como
legítima la conducta de Electrocosta consistente en la práctica de
racionamientos periódicos, porque la misma a pesar de encontrar fundamento en
la norma de autorización del artículo 140 de la ley 142 de 1994 modificado por
el artículo 19 de la ley 689 de 2001, no resulta compatible con el principio
constitucional derivado de los artículos 2 y 86 de la Constitución consistente
en la eficacia de los derechos fundamentales y sobre todo porque como la ha
señalado la Sala, con dicha conducta se han afectado gravemente el goce y
posibilidad de ejercicio de los derechos fundamentales a la dignidad humana
(ámbito de las condiciones materiales de existencia) a la integridad física, a
la vida y a la salud en conexidad con la vida de los actores.
Los deberes
positivos del Estado a partir de las “relaciones especiales de sujeción”
46. Por encontrarse los actores en la circunstancia
de sujetos pasivos de la relación de especial sujeción que su estado de
privación de la libertad apareja, y como lo demandan en el escrito de acción al
invocar “el derecho a ser protegidos por el Estado”. Esta Sala conminará a las
autoridades encargadas de la administración de la Cárcel Distrital de Cartagena
y a la dirección del INPEC Regional Norte, para que ajusten su  comportamiento
a los mandatos de la Constitución en el contexto de las relaciones de especial
sujeción que sostienen como parte activa con la población carcelaria de la
Cárcel Distrital de Cartagena, especialmente para que provean lo necesario (y
en principio efectúen el pago de las facturas de energía adeudadas) para
optimizar tanto, las condiciones materiales de existencia en términos de
calidad de vida de los actores y de los demás reclusos, como las condiciones
generales de seguridad del penal.
Por último, la Sala Séptima de revisión de la Corte
Constitucional, con el fin de proveer a la eficacia de los derechos fundamentales
involucrados, conminará a Electrocosta por medio de la notificación del
presente fallo al representante legal de la misma, para que se abstenga en
adelante de realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al racionamiento,
suspensión o corte en el servicio de suministro de energía a la Cárcel
Distrital de Cartagena, sin importar que tengan o no su origen en el
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del INPEC. Así mismo
prevendrá al INPEC a las directivas de la Cárcel Distrital de Cartagena y al
Distrito de Cartagena, para que realicen todas las conductas encaminadas a
ajustar su conducta a los términos de los contratos celebrados, con el fin de
enervar definitivamente la causa mediata de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por los actores, consistente en el pago efectivo de las
obligaciones contraídas.
Expediente
T-602073
Procedibilidad
de la acción.
47. Para la Sala, es procedente la acción de tutela al haberse
reconocido como  sujeto pasivo de la misma a Electrocosta S.A. E.S.P., sociedad
anónima, cuyo objeto social principal es la prestación del servicio públicos de
distribución de energía eléctrica. Toda vez que es evidente la relación entre
la actividad objeto de la prestación del servicio público (distribución de
energía eléctrica), la acción u omisión del particular prestatario del servicio
(suspensión en el suministro de energía) y la amenaza o vulneración al o a los
derechos fundamentales (derechos a la vida, a la salud y a la dignidad humana)
de los habitantes del municipio del Arenal, por las condiciones a las que
resultaron sometidos.
Carencia
actual de objeto y hechos superados.
48. De las pruebas solicitadas en el caso concreto,
la Sala pudo establecer, que desde el día 16 de julio de 2002, el municipio del
Arenal y todos sus habitantes, han gozado sin mayor perturbación del servicio
de energía eléctrica, debido al acuerdo de pago celebrado entre Electrocosta
S.A. E.S.P., y el municipio de El Arenal. Lo cual permite a la Sala concluir
que se han superado los hechos que fundamentaron la presente acción de tutela
objeto de revisión, sin embargo, considera importante pronunciarse sobre las
pretensiones de la solicitud de tutela y sobre los hechos de la misma.
Derechos
fundamentales invocados, derechos fundamentales protegidos.
49. En el escrito de acción el Personero señaló como
derechos fundamentales vulnerados: El derecho a la vida (artículo 11), el
derecho a la salud (artículo 49) y el derecho al trabajo (Artículo 25) de los
habitantes del municipio El Arenal
La Sala reconduce el análisis del caso concreto a la
situación fáctica que señala el Personero en su escrito de acción, reseñada en
los antecedentes del presente fallo, así: Imposibilidad de prestación del
servicio médico y de correcto funcionamiento del Hospital del Arenal (falta de
energía, equipos médicos dañados por deficiencias en el fluido eléctrico).
Imposibilidad del funcionamiento del acueducto única fuente de agua potable del
municipio (funciona con motobombas). Ausencia de iluminación en los
establecimientos de la fuerza pública en las horas de la noche.
Para la Sala, del hecho de haberse visto sometidos
los habitantes del municipio de El Arenal, a las referidas condiciones
existenciales originadas en la suspensión del suministro de energía eléctrica,
derivó una incuestionable amenaza a sus derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física.
Derecho
fundamental a la dignidad humana.
50. La amenaza al derecho fundamental a la dignidad
humana (en el ámbito de las condiciones especiales de existencia), derecho a su
vez vinculado al derecho a la vida en condiciones dignas invocado por el
personero; se concretó en la penosa situación de los habitantes del Arenal que
se vieron privados de los servicios de salud que presta el hospital del Arenal,
así como, en la imposibilidad de gozar ordinariamente de suministro  de agua
potable.
Para la Sala es evidente en este caso al igual que
en el anterior, la existencia de una estrecha relación entre la posibilidad del
goce efectivo del derecho a la dignidad humana (ámbito de la condiciones
materiales de existencia) y la prestación ininterrumpida del servicio de
suministro de energía eléctrica.
No sólo porque de la prestación ininterrumpida del
servicio de suministro de energía depende la posibilidad del mantenimiento de
las condiciones materiales de existencia de los habitantes del Arenal, sino
también porque frente a la interrupción del servicio, el Hospital, el Acueducto,
y los establecimientos de seguridad, bienes constitucionalmente protegidos,
sufrieron una grave alteración en sus condiciones ordinarias de funcionamiento,
lo cual se tradujo en una amenaza del derecho a la dignidad humana, en tanto y
en cuanto los habitantes estuvieron en imposibilidad de gozar normalmente de
sus actividades ordinarias.
Derecho
fundamental a la salud por conexidad con el derecho fundamental a la vida.
51. Simultáneamente a la amenaza del derecho a la
dignidad humana (ámbito de las condiciones especiales de existencia) a partir
de la suspensión del suministro de energía practicado por Electrocosta S.A.
E.S.P. al municipio del Arenal, encuentra la Sala que se configuró una amenaza
seria y fundada del derecho a la salud e incluso del derecho a la vida del
Personero y de los demás habitantes del Arenal, ante la posibilidad de que de
presentarse una emergencia médica, por la imposibilidad de prestar el servicio
y la atención médica en condiciones normales, la protección de tales derechos
resultare inoportuna o imposible.
Derecho
fundamental a la integridad física.
52. Más aun, la Sala también encuentra fundada la
amenaza al derecho fundamental a la integridad física y a la vida de los
habitantes del municipio del Arenal, y sobre todo de los miembros de la fuerza
pública, debido a la verosimilitud de la potencialidad del riesgo, ya que al
estar ubicado el municipio del Arenal en "zona roja", la posibilidad
de incursiones de grupos al margen de la ley y en general de actos de violencia
se incrementa, los cuales pueden degenerar en la lesión física o incluso en la
muerte de los miembros de la fuerza pública o incluso de los demás habitantes
del municipio.
En conclusión, la conducta contractual de
Electrocosta S.A. E.S.P., tuvo una grave y directa incidencia en la posibilidad
real del goce de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del
Arenal a la dignidad humana (ámbito de las condiciones materiales de
existencia), a la salud en conexidad con la vida, y a la vida y a la integridad
física, por lo cual la Tutela sería procedente.
53. En este orden de ideas, la Sala  conminará a las
entidades encargadas de la comercialización y de la distribución del servicio
de suministro de energía eléctrica (entidades territoriales (Departamento de
Bolívar y Municipio del Arenal) y Electrocosta), para que diseñen y adapten los
sistemas técnicos de contabilización  e individualización del consumo de
energía, que permitan el funcionamiento ordinario de los establecimientos
constitucionalmente protegidos (Hospital, acueducto y establecimientos de
seguridad del municipio del Arenal), de tal forma que el goce y ejercicio de
los derechos fundamentales de los habitantes del Arenal, no dependan de ninguna
manera de la conducta contractual del municipio del Arenal frente a la empresa
distribuidora de Energía.
En el mismo sentido conminará a las entidades
encargadas de la comercialización y de la distribución del servicio de
suministro de energía eléctrica (entidades territoriales (Departamento de
Bolívar y Municipio del Arenal) y a Electrocosta), para que en la medida de sus
posibilidades, instalen contadores individuales, con el fin de posibilitar las
condiciones materiales que permitan la individualización del consumo de energía
por parte de los habitantes del municipio del Arenal, y el cumplimiento de sus
deberes constitucionales, principalmente el del pago cumplido de las facturas
por concepto de prestación de los servicios públicos.
54. Finalmente y mientras no se adapta un sistema
que permita mantener de manera continua la prestación del servicio de energía a
los establecimientos constitucionalmente protegidos: Hospital, acueducto y
establecimientos de seguridad terrestre, en el municipio de El Arenal, esta
Sala prevendrá a la empresa Electrocosta S.A. E.S.P., por medio de la
notificación del presente fallo al representante legal de la misma, para que se
abstenga de realizar conductas que tengan como consecuencia mediata o
inmediata, la privación del suministro de energía a los referidos establecimientos
constitucionalmente protegidos, sin importar que dicha conducta tenga o no su
origen en el incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las
mismas entidades o del Municipio del Arenal.
III.
DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo colombiano y por mandato de la Constitución Política de 1991,
RESUELVE:
Primero.
Revocar la sentencia
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro
del expediente T-542060, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia y en su lugar, confirmar la sentencia proferida por la Sala de
decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena,
en el sentido de ordenar a la sociedad Electrocosta S.A. E.S.P., abstenerse en
lo sucesivo de realizar cortes o racionamientos de energía eléctrica en la
Cárcel Distrital de Cartagena, por tratarse de un bien constitucionalmente protegido
en los términos de esta sentencia.
Segundo.
Adicionar la sentencia
proferida por la Sala de decisión Civil-Familia del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Cartagena, en el sentido de que la tutela se predica
además, de los derechos fundamentales a la dignidad humana (ámbito de las
condiciones materiales de existencia) y a la salud en conexidad con el derecho
fundamental a la vida de los señores Austreberto Ávila Ríos, Rafael Julio
Morales, Juan Porras, Alberto Rivera, Renso Manrique Batista, Rodrigo Torres,
Daniel Anzoategui, Rafael Lagarejo, Fadalgo Ochoa Ariza, Pablo Suárez y Alberto
de Arco.
Tercero.
Prevenir en los términos de
esta sentencia, al director del INPEC Regional norte y a las autoridades
encargadas de la dirección y administración de la Cárcel Distrital de
Cartagena, con el fin de que adelanten todas las conductas enderezadas a
realizar el pago efectivo de la obligación contraída con  la sociedad
Electrocosta S.A. E.P.S., por concepto de suministro de energía eléctrica.
Cuarto. Prevenir en los términos de esta sentencia al
Alcalde del Distrito turístico y cultural de Cartagena, con el fin de que
adelante todas las conductas enderezadas al cumplimiento del convenio
interadministrativo No. 1580 de 2000 celebrado con el INPEC-Cárcel Distrital de
Cartagena, en lo relativo al pago de las obligaciones relacionadas con el uso
de los servicios públicos por parte de los contraventores.
Quinto.
Remitir por intermedio de la
Secretaría General de esta Corporación, las copias pertinentes del expediente
T-542060, con destino al Procurador General de la Nación, con el objeto de que
por su ministerio se adelanten, si lo encuentra pertinente, las investigaciones
disciplinarias del caso, con el fin de establecer la responsabilidad respectiva
a partir  del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
INPEC, la Cárcel Distrital de Cartagena, y el Distrito turístico y cultural de
Cartagena, que sirvieron de causa mediata a la vulneración de los derechos
fundamentales de los reclusos de la Cárcel Distrital de Cartagena, en los
términos de esta sentencia.
Sexto.
Confirmar la sentencia
proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Simití (Bolívar) dentro del
expediente T-602073, en el sentido de denegar la tutela de los derechos fundamentales
del personero y de los habitantes del Arenal, por carencia actual de objeto, al
encontrarse actualmente superados los hechos objeto de la solicitud de tutela,
en los términos de la presente sentencia.
Séptimo.
Prevenir a Electrocosta,
para que se abstenga en adelante de realizar cualquier tipo de conductas
dirigidas al racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de
energía al Hospital, al Acueducto y a los establecimientos de seguridad
terrestre (bienes constitucionalmente protegidos), del municipio del Arenal
(Bolívar), sin importar que las mismas tengan o no su origen en el
incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los mencionados
establecimientos o del Municipio del Arenal.
Octavo.
Prevenir al Gobernador del
Departamento de Bolívar, al Alcalde del municipio del Arenal, al
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al Representante legal de
Electrocosta, para que en la medida de sus posibilidades realicen todas las
conductas encaminadas a implementar un sistema individual de prestación,
contabilización y cobro, del servicio público de suministro de energía
eléctrica a los habitantes del municipio del Arenal (Bolívar).
Noveno.
Prevenir al Alcalde del
Municipio del Arenal (Bolívar) para que ajuste su conducta a los términos de
los contratos y acuerdos de pago celebrados con Electrocosta, con el fin de
enervar definitivamente la causa mediata de la vulneración de los derechos
fundamentales de los habitantes de su municipio.
Décimo.
Remitir por intermedio de la
Secretaría General de esta Corporación, las copias pertinentes del expediente
T-602073, con destino al Procurador General de la Nación, con el objeto de que
por su ministerio se adelanten, si lo encuentra pertinente, las investigaciones
disciplinarias del caso, con el fin de establecer la responsabilidad respectiva
a partir del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
Municipio del Arenal (Bolívar), que sirvieron de causa mediata a la vulneración
de los derechos fundamentales de los habitantes del municipio del Arenal, en
los términos de esta sentencia.
Undécimo. Librar por Secretaría General de esta
Corporación las comunicaciones de que trata el decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado.
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General.
[1] La Corte en la sentencia T-406 de 1993, sobre esta
relación y la continuidad del servicio público de salud afirmó: (...) “El
artículo 365 de la Constitución Política  consagra que "los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado...".  La finalidad
social del Estado  frente a la prestación eficiente de los servicios públicos,
surge del análisis de los artículos  2º,  que establece como uno de los
principios fundamentales los fines esenciales del estado "asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado.” (...)  Así pues, los
servicios públicos son el medio por el cual el estado realiza los fines
esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes constitucionales.”
Sobre la misma relación la Corte en la
sentencia T-380 de 1994, al revisar el caso de una empresa de energía que
decidió suspender el suministro a un establecimiento educativo, y en el que
finalmente tuteló el derecho a la educación, afirmó “Habiéndose dado al
Estado colombiano por parte del constituyente de 1991 un carácter social, se
hace indispensable que éste acometa acciones positivas en favor de la
comunidad. En este contexto, la prestación de los servicios públicos para
asegurar en forma igualitaria y sin interrupción el cumplimiento de actividades
encaminadas a la realización de derechos fundamentales de los individuos que
hacen parte de la comunidad, es una de las actuaciones positivas a las que está
obligado el Estado colombiano. El carácter solidario de los servicios públicos
se suma a la necesidad de que estos sean prestados ininterrumpidamente: es
decir, que los inconvenientes particulares no tengan como efecto la suspensión
en la prestación del servicio.”
[2] “El núcleo esencial de este derecho (derecho al libre
desarrollo de la personalidad) protege la libertad general de acción,
vinculada estrechamente con el principio de dignidad humana (CP art. 1). La
autodeterminación se refiere al ser humano y a la potencialidad de
desarrollarse según su propia naturaleza y aptitudes y acorde con su dignidad.”
[3]“Se invoca, para prohibir el pago del rescate, el
argumento de la primacía del interés general. Pero es menester tener presente
que, por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado
como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y
libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés
general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la
propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para
salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.”
[4] “La verdadera libertad es signo del señorío del
hombre sobre las contingencias de la vida, de suerte que la razón hace que el
ser humano esté en manos de su propia decisión, y por eso es responsable, según
se expresó. La dignidad humana requiere que el hombre actúe según su recta
razón y libre elección, movido por la convicción interna personal y no bajo la
presión que otros hagan sobre su libertad, porque entonces el acto no sería
libre, y al no serlo, no puede estar amparado por la legitimidad. El hombre,
pues, logra la dignidad cuando se libera totalmente de toda cautividad y cuando
pone los medios para que sus semejantes no caigan en dicho estado indigno.”
[5]“... por tratarse de una órbita
precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento
que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona
(autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la
superestructura  jurídica. Sólo las conductas que interfieran con la órbita de
la libertad y los intereses ajenos, pueden ser jurídicamente exigibles.”
[6] “En el derecho a la identidad la persona es un ser
autónomo, con autoridad propia, orientado a fines específicos, que ejerce un
claro dominio de su libertad y en consecuencia ninguna decisión tomada sin su
consentimiento se torna valida. Tal autonomía, implica a la persona  como dueña
de su propio ser. La persona  por su misma  plenitud, es dueña de si, es el
sujeto autónomo y libre. En otros términos, el distintivo de ser persona y el
fundamento de la dignidad de la persona es el dominio de lo que quiere ser.”
[7] “En efecto, la dignidad de la
persona debe ser considerada, primariamente, como aquel valor constitucional
que busca proteger al individuo en tanto ser racional y autónomo, capaz de
adoptar las decisiones necesarias para dar sentido a su existencia y
desarrollar plenamente su personalidad y, de conformidad con ello, determinar
sus acciones sin coacciones ajenas de ninguna índole. El objeto fundamental del
principio de la dignidad de la persona es, entonces, la protección del
individuo como fin en sí mismo, el individuo como universo único e irrepetible
con capacidad para darse sus propias leyes morales, las cuales, en razón de que
los otros son, también, fines en sí mismos, deben ser compatibilizadas con las
de las otras personas. De este modo, la dignidad humana se refleja de manera
más inmediata en aquellos derechos que se fundan en las decisiones racionales y
autónomas del sujeto. El primero y más importante de estos derechos es el
derecho al libre desarrollo de la personalidad (C.P., artículo 16), en el cual
se consagra -como lo ha manifestado la Corte- la libertad in nuce y, por ello,
se constituye en el fundamento último de todos aquellos derechos que tienden a
la protección de las opciones vitales que adopte cada individuo de manera
autónoma.
[8] “...la Constitución se inspira en la consideración de
la persona como un sujeto moral, capaz de asumir en forma responsable y
autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer término a él incumben,
debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes, en principio, en función de
los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir, y por tanto, si
la manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones,
ellos no pueden ser forzados a continuar viviendo cuando, por las
circunstancias extremas en que se encuentran, no lo estiman deseable ni
compatible con su propia dignidad...  El deber del Estado de proteger la vida
debe ser entonces compatible con el respeto a la dignidad humana y al libre
desarrollo de la personalidad. Por ello la Corte considera que frente a los
enfermos terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal
cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir en forma
digna.”
[9] “ El ser humano se diferencia de los demás seres
vivientes, por tener la capacidad de discernimiento que le permite optar entre
las varias alternativas que le están dadas. Entre ellas, escoger la actividad
que le permita una proyección de su ser y su realización como persona...
...debe decirse que la dignidad del trabajador no se circunscribe al
reconocimiento por parte del empleador de un salario...  ...el no permitir a un
trabajador que realice las labores para las que fue contratado, restringiendo
su actividad a la mera asistencia al sitio de trabajo, sin permitirle desplegar
tarea alguna, es, en si mismo, un acto lesivo de la dignidad de quien es
sometido a este trato. Pues, como se dijo, el hombre busca a través de la
ejecución de su actividad laboral, cualesquiera que ella sea, el desarrollo de
su ser.”
[10]“ Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos
subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se
defiende frente a las actuaciones de las  autoridades públicas, también incluye
deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público...  ...La
razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en
el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el
valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no
intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de
condiciones de vida digna. Las personas recluidas en establecimientos
carcelarios se encuentran bajo la guardia del Estado. Ello implica, por un
lado, responsabilidades relativas a la seguridad de los reclusos y a su
conminación bajo el perímetro carcelario y, por el otro, responsabilidades en
relación con las condiciones de vida de los reclusos.”
[11] “La dignidad humana, como ya se estableció, es
fundamento de la organización social, tiene entre sus desarrollos, el derecho a
la igualdad. Todo persona tiene derecho a la igualdad de oportunidades, dentro
de la relación individuo-sociedad. Sin embargo, en razón de esa misma igualdad
se impone un trato compensatorio a aquellos grupos, que se encuentran en una
situación particular de debilidad manifiesta, en cuanto éstos no pueden acceder
fácilmente a los medios materiales que les permita hacer efectiva su dignidad
en un marco de igualdad. ... Existe un derecho de las personas a vivir
dignamente. Este es inherente, es decir, hace parte de su esencia y como tal es
un elemento perfeccionante que no puede ser renunciado...”
[12] “ Además, si el respeto a la dignidad humana, irradia
el ordenamiento, es claro que la vida no puede verse simplemente como algo
sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra
el individuo y su posición frente el valor de la vida para sí. En palabras de
esta Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia,
sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad... Por
consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones
objetivas que plantea el artículo 326 del Código Penal considera que su vida
debe concluir, porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder en
consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado
para oponerse a su designio, ni impedir, a través de la prohibición o de la
sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción. No se trata de
restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, como ya se
ha señalado, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación
de la vida sólo como hecho biológico.”
[13] “Como primera medida, esta Sala de Revisión reitera
la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a la exigencia
constitucional de otorgar un trato digno a la población carcelaria, pues el
Estado Social de Derecho y la multiplicidad de tratados, convenios y acuerdos
internacionales que han sido aprobados por Colombia, imponen el respeto
efectivo por la dignidad de la persona privada de la libertad.  En este orden
de ideas, en razón a que el juez de tutela, como autoridad constitucional
"obligada a asumir la vocería de las minorías olvidadas", debe ser
riguroso en la protección de la dignidad humana de los internos; lleva a un
interrogante: es indudable que el hacinamiento en las cárceles atenta contra la
dignidad humana, entonces ¿cómo debe resolverse este problema?... “
[14] “Siendo el niño un sujeto que merece un tratamiento
especial  y privilegiado por el Estado, la sociedad y la familia, cuyos
derechos prevalecen sobre los de los demás, no resulta acorde con los
principios de la dignidad humana y de igualdad, que un menor de 7 años, no
pueda viajar en un vehículo en las mismas condiciones de comodidad y seguridad
en que lo hace cualquiera otra persona.”
[15] “La dignidad de la persona se funda en el hecho
incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con
los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio,
diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para
lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la
jurisprudencia, la persona es "un fin en sí misma". Pero, además, tal
concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente
a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención
en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su
existencia y la base y justificación del sistema jurídico. Ese concepto se
traduce en la idea, prohijada por la Corte, de que no se garantiza bien ningún
derecho de los que la Constitución califica de fundamentales -intrínsecos a la
persona- si a un individuo de la especie se lo condena a sobrevivir en
condiciones inferiores a las que la naturaleza le señale en cuanto ser humano.
Es decir, cuando, como en los casos materia de examen, personas menores deben
afrontar una evolución irregular de sus sistemas físico y psicológico en
condiciones de desamparo.”
[16] “Sin embargo, en la sentencia que se revisa, el juez
no examinó un aspecto que adquiere especial importancia: la relación entre lo
pedido y la dignidad humana. No examinó que se trata de una anciana, que padece
demencia senil, que no controla esfínteres y que la situación económica no le
permite a su cónyuge suministrarle los artículos de aseo que su situación especial
requiere. Y requiere tales pañales, precisamente por la enfermedad que padece.
Es decir, existe una relación directa entre la dolencia (no controla
esfínteres) y lo pedido. Al respecto, no se precisan profundas reflexiones para
concluir que la negativa de la entidad, sí afecta la dignidad de la persona, en
uno de sus aspectos más íntimos y privados, y que impide la convivencia normal
con sus congéneres. En este caso, la negativa de la entidad conduce a
menoscabarle la dignidad de persona y la puede llevar al aislamiento, producto,
se repite, de la enfermedad que sufre.”
[17] “...la Corte reconoció el carácter
eminentemente prestacional de las obligaciones que el Estado asumía para con
las personas privadas de la libertad. Con fundamento en éste, no era exigible
al Estado garantizar, de manera inmediata, condiciones de reclusión que
respetaran la dignidad de los detenidos y condenados... La efectividad de sus
derechos constitucionales de carácter prestacional y el real respeto por el
principio de dignidad humana, no se traduce en la mera creación de condiciones
de vida digna, también obliga a que las medidas adoptadas por el Estado
efectivamente se dirijan a dicho resultado y, además, a que el Estado se
abstenga de tomar decisiones que impongan mayores cargas a los asociados.
Frente a este deber de abstención, los derechos prestacionales se tornan en
fundamentales.”
[18] “Las violaciones a los derechos fundamentales que en
los tres casos amparaban a los reclusos, inimputables incurables, abandonados
sin justificación jurídica y durante varios lustros de su existencia en un
anexo penitenciario cuya precariedad es públicamente conocida, evidencian la
transformación de una pena o medida de seguridad, en un comienzo lícitamente impuesta,
en pena o medida degradante y cruel y, por tanto, inconstitucional (CP art.
12). La dignidad humana fue aquí desconocida, olvidándose que toda persona, en
razón de su condición humana, exige igual consideración y respeto y debe
reconocérsele capacidad de autodeterminación y posibilidad de goce de los
bienes inapreciables de la existencia.
[19] “Una práctica lesiva de la dignidad humana, con
potencialidad de poner en peligro el desarrollo mental del menor, es aquel
castigo que por su gravedad degrada o humilla a la persona y hace que ella
pierda autoestima a los ojos de los demás o a los suyos propios. En tal evento,
nos encontramos ante una múltiple violación de derechos fundamentales (CP art.
12, 16 y 44), que genera una falla en el servicio público de la educación y
puede dar lugar a sanciones y condenas contra el Estado y el funcionario o
particular encargado de la educación  (CP arts. 67 y 68).”
[20] “La dignidad humana exige pues que al hombre, en el
proceso vital, se le respeten también su salud y su integridad física y moral,
como bienes necesarios para que el acto de vivir sea digno. De ahí que el
derecho a la integridad física y moral consiste en el reconocimiento, respeto y
promoción que se le debe a todo individuo de la especie humana de su plenitud y
totalidad corpórea y espiritual, con el fin de que su existencia sea conforme a
la dignidad personal. En el caso materia de estudio, es conveniente considerar
la armonía que debe haber entre el derecho-deber de corrección que tienen los
padres con respecto a sus hijos y el derecho a la integridad física y moral de
que son titulares todos los seres humanos.”
[21] “En estas circunstancias, la actuación en que
incurrió Elver García al cerrar el camino, obligando a los petentes a
arrastrarse bajo el alambrado y a cargar lo que sus cansadas espaldas pueden
soportar, sobrepasa el ámbito del derecho real de servidumbre y deviene en una
violación del derecho fundamental a la dignidad humana, en un desconocimiento
del deber de solidaridad exigible a todo individuo en un Estado Social de Derecho,
y obliga al juez de tutela a hacer efectiva la especial protección que otorga
nuestra Carta Política a las personas de la tercera edad.”
[22] “...en razón a que el derecho a la integridad física
es una prolongación del derecho a la vida, que además es una manifestación
directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el respeto por el
derecho a la no violencia física y moral, como el derecho al máximo trato
razonable y la mínima disminución del cuerpo y el espíritu.  Así pues, el
Estado debe proteger al individuo y, cuando se trata de preservar
razonablemente y en condiciones óptimas posibles la salud, integridad y vida de
personas, el Estado debe colocar todos los medios económicos posibles para
obtener la mejoría de los administrados.
[23] “En consecuencia, con fundamento en las pruebas que
obran dentro del proceso, y atendiendo los problemas que viene sufriendo la
actora, estima la Sala que la cirugía que ella requiere, tiene como finalidad
esencial, garantizarle su derecho a la integridad física y a la dignidad humana,
afectados por la pérdida de sus mamas, y es por ello que resulta evidente que
por tratarse de derechos fundamentales tan importantes que inciden además en la
dignidad humana, se dan los presupuestos necesarios para conceder la tutela
formulada. ... En esas condiciones, es claro, para la Sala, que la cirugía
requerida tiene fines curativos, de rehabilitación y de restablecimiento
físico, y encuadra dentro del concepto de salud como derecho fundamental, por
su conexidad con la dignidad humana, la vida en condiciones dignas y los
derechos de la mujer.
[24] “No puede aceptar de ninguna manera la Sala como excusa válida la simple
afirmación de que el Departamento de Policía de Norte de Santander carencia de
efectivos suficientes... mucho menos cuando esa situación representaba la
vulneración de la dignidad humana de esa persona que si bien se hallaba sindicada
de la comisión de unos hechos punibles, no podía ser sometida a un trato que
bien podía calificarse como cruel ante las condiciones de salud por las que
atravesada, las que perfectamente podía deducir el juez constitucional con la
simple lectura del reconocimiento médico legal...”.
[25] Cfr., sentencias T-123 de 1994 y T-556 de
1998.
[26] Cfr., sentencias T-124 de 1993 y T-958 de
2001.
[27] Cfr., sentencias T-596 de 1992, T-296 de
1998, C-012 de 2001 y T-796 de 1998.
[28] Cfr., sentencia T-1430 de 2000.
[29] Cfr., sentencias T-532 de 1992, C-542 de 1993
y T-477 de 1995.
[30] Cfr., sentencias C-221 de 1994 y T-090 de
1996.
[31] Cfr., sentencia T-124 de 1993.
[32] Cfr., sentencias T-472 de 1996 y C-239 de 1997.
[33] “La dignidad humana...es en verdad principio fundante
del Estado (CP art.1). Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el
presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de
derechos y garantías contemplado en la Constitución. La dignidad, como
principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado
ni relativizado bajo ninguna circunstancia...”.
[34] “En la base axiológica de la Carta se encuentra en
última instancia la dignidad de la persona en el marco de un Estado social de
derecho.”  En el mismo sentido, en la
sentencia T-123 de 1994, afirmó la Corte “La Constitución establece un marco
de valores y principios materiales, que se estructuran como fundamento de un
verdadero sistema axiológico. Este sistema se basa en la dignidad humana, como
principio que indica que el hombre es un ser que tiende hacia su
perfeccionamiento, al desarrollar plenamente lo que por naturaleza se le ha
dado como bienes esenciales: la vida, la salud, el bienestar, la personalidad,
entre otros.".
[35] “La dignidad como principio fundante de la
Constitución Política se refleja en el ejercicio de todos los derechos y
deberes. Es una garantía que no puede ser desconocida en ninguna circunstancia
y por ninguna persona.”.
[36] “A juicio de la Sala, en razón de sus características
y naturaleza y, especialmente, por constituir una derivación directa del
principio de dignidad humana, las personas jurídicas no pueden ser titulares de
los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. En pocas palabras, el
valor dignidad no puede predicarse de las personas jurídicas y, en
consecuencia, no serán titulares de aquellos derechos fundamentales que sólo se
explican como mecanismos concretos de defensa de la dignidad de la persona
humana.”.
[37] “Se ordenó entonces retirar del ordenamiento esa
expresión por considerar que ella es incompatible con el concepto de dignidad
humana, cuyo respeto constituye el fundamento de todo nuestro ordenamiento
jurídico ( artículo 1º de la Constitución).”.
[38] “De lo expuesto
fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración
histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o
procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del
individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán
regulaciones lógica y sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición
personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la
medida en que se afectarían igualmente los
derechos fundamentales, dado que éstos constituyen condiciones mínimas para la
"vida digna" del ser humano; en efecto, cuando se alude a los
derechos fundamentales se hace referencia a aquéllos valores  que son anejos a
la dignidad humana.”.
[39] “Es que el concepto de dignidad humana no
constituye hoy, en el sistema colombiano, un recurso literario u oratorio, ni
un adorno para la exposición jurídica, sino un principio constitucional,
elevado al nivel de fundamento del Estado y base del ordenamiento y de la
actividad de las autoridades públicas. En virtud de la dignidad humana se
justifica la consagración de los derechos humanos como elemento esencial de la
Constitución Política (art. 1 C.P.).”.
[40] “En primer término, debe anotarse que el concepto de
Estado Social de Derecho (artículo 1 C.P.) no es apenas una frase ingeniosa ni
una declaración romántica del Constituyente sino un rasgo esencial del sistema
jurídico que se proyecta más allá de los mismos textos superiores y cobija la
totalidad del sistema jurídico, debiendo por tanto reflejarse en las normas
legales, en la actividad del Gobierno y de las autoridades administrativas, no
menos que en las decisiones judiciales. (...) En concordancia con lo anterior,
el Estado y la sociedad deben asumir un papel activo en la redistribución de
bienes y servicios con el fin proteger la dignidad humana, pilar ético
fundamental de nuestro ordenamiento.”.
[41] En la jurisprudencia de la Corte es recurrente la
afirmación según la cual la dignidad humana se constituye como el fundamento de
validez de los derechos innominados e incluso en ocasiones como el fundamento
de los nominados, así en la sentencias T-401
de 1992: “Más que derecho en sí mismo, la dignidad es el
presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de
derechos y garantías contemplado en la Constitución.”, en la  Sentencia T-472 de 1996: “...Por
constituir una derivación directa del principio de dignidad humana, las
personas jurídicas no pueden ser titulares de los derechos fundamentales a la
honra y al buen nombre”.,  y en la Sentencia T-645 de 1996: “En este orden de ideas, en razón a que el derecho
a la integridad física es una prolongación del derecho a la vida, que además es
una manifestación directa del principio de la dignidad humana, impone tanto el
respeto por el derecho a la no violencia física y moral, como el derecho al
máximo trato razonable y la mínima disminución del cuerpo y el espíritu.”
[42] En este sentido ver la sentencia T-645 de 1996.
[43] Esta llamada “concepción antropológica” surge de la
interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del enunciado normativo
de la dignidad humana, en estrecha relación con el tercero de los imperativos
categóricos kantianos, en el que se postula uno de los principios básicos de la
filosofía práctica kantiana así: “obra de tal forma que la máxima de tu
actuación esté orientada a tratar a la humanidad tanto en tu persona como en la
persona de cualquier otro como un fin y nunca como un medio”, del cual la Corte
ha extraído la idea según la cual el “hombre es un fin en sí mismo”, lo que ha
significado prácticamente una concepción antropológica de la Constitución y del
Estado, edificada alrededor de la valoración del ser humano como ser autónomo
en cuanto se le reconoce su dignidad, así en las sentencias C-542 de 1993,
T-090 de 1994, C-045 de 1998, C-521 de 1998, T-556 de 1998 y T-587 de 1998.
[44] Cfr., sentencia T-540 de 1992.
[45] Cfr., sentencia T-380 de 1994.
[46] Cfr., sentencia T-540 de 1992. Entendida también como
condiciones mínimas justicia material en la sentencia T-058 de 1997.
[47] Cfr., sentencia T-058 de 1997.
[48] Cfr., sentencias T-380 de 1994 y T-406 de
1993.
[49] Cfr., sentencias T-406 de 1993 y T-058 de
1997.
[50] Ibid.
[51] Cfr., sentencia T-235 de 1994.
[52] A pesar de ser un lugar común, así en la ley 142 de
1994, y desde los primeros pronunciamientos sobre el tema. Al respecto véase
las sentencias T-406 de 1993, T-235 de 1994, y T-380 de 1994, entre otras.
[53] Cfr., sentencias T-406 de 1993, T-380 de
1994, T-058 de 1997, T-018 de 1998 y T-477 de 2001. La característica de continuidad en la prestación del
servicio público de energía, fue catalogada como absoluta en la Sentencia T-406
de 1993.
[54] Cfr., sentencias T-528 de 1992 y T-477 de
2001.
[55] En la sentencia T-927 de 1999, la Corte reconoció la
existencia del derecho fundamental a la "prestación del servicio público
de energía" y ordenó su protección, toda vez que se encontraba en
conexidad con otros derechos fundamentales.
[56] En la sentencia T-406 de 1993, la Corte resolvió el
caso de un pensionado de una empresa pública, la cual había contratado con un
tercero la prestación de los servicios médico-asistenciales para los
pensionados, quien se ve privado de la prestación del servicio por el
incumplimiento del contrato por parte de la empresa pública. La Corte ordenó al
tercero prestar el servicio de salud y buscar formas alternas para el pago de
las sumas adeudadas.
[57] En la sentencia T-017 de 1995, la Corte resolvió el
caso de un estudiante a quien un establecimiento educativo se niega a
entregarle la habilitación del grado, alegando que aquél no se encontraba a paz
y salvo. La Corte ordenó al establecimiento facilitarle los documentos al
estudiante y lo conminó a buscar el pago de lo adeudado por los medios
judiciales ordinarios.
[58] En la sentencia T-018 de 1998, la Corte resolvió el
caso de unos estudiantes que se vieron privados del servicio público de
educación debido a que una empresa de energía alegando incumplimiento
contractual suspendió el suministro al establecimiento educativo. La Corte
ordenó al tercero restablecer el servicio de energía y buscar formas alternas
para el pago de las sumas adeudadas.
[59] El tenor literal del enunciado
normativo es el siguiente: Artículo 45 "Conductas legítimas. No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas del
particular."
[60] Cfr., sentencia T-017 de 1995.
[61] Ibid.
[62] Cfr., sentencia T-119 de 1995.
[63] Esta expresión en el contexto de las relaciones entre
autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada
por primera  vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia
T-596 de 1992, así mismo dentro de las sentencias más importantes al respecto
cabe citar T-705 de 1996 y T-153 de 1998.
[64] La subordinación tiene su fundamento en la obligación
especial de la persona recluida consistente en “cumplir una medida de
aseguramiento, dada su vinculación a un proceso penal, o una pena debido a que
es responsable de la comisión de un hecho punible” citada de la Sentencia T-065
de 1995. O también es vista como el resultado de la “inserción” del
administrado en la organización administrativa penitenciaria por lo cual queda
“sometido a un régimen jurídico especial”, así en Sentencia T-705 de 1996.
[65] Desde los primeros pronunciamientos sobre el tema, la
Corte identificó la existencia de un “regimen jurídico especial al que se
encuentran sometidos los internos”, el cual incluye la suspensión y la
limitación de algunos derechos fundamentales, en este sentido ver Sentencia
T-422 de 1992.
[66] Que se concreta por ejemplo,  en la posibilidad de
implantar un régimen disciplinario para los reclusos, así en  la Sentencia
T-596 de 1992.
[67] Que se concreta por ejemplo, en la posibilidad de
implantar un régimen especial de visitas, así en la sentencia T-065 de 1995.
[68] Sobre los tres regímenes de los derechos
fundamentales de los reclusos, según la posibilidad de la suspensión,
limitación y goce pleno, ver entre otras las sentencias T-222 de 1993, T-065 de
1995 y T-705 de 1996.
[69] En este sentido véase la sentencia C-318 de 1995. La
potestad administrativa para limitar o restringir derechos fundamentales en el
contexto de las relaciones especiales de sujeción, “debe estar expresamente
autorizada en la ley que regule su ejercicio”, así en la sentencia T-705 de
1996.
[70] Sobre la finalidad de la limitación a los derechos
fundamentales en el contexto de las relaciones especiales de sujeción, véase
especialmente la sentencia T-705 de 1996. Sobre su relación con la
posibililidad real de la resocialización véase la sentencia T-714 de 1996.
[71] Entre los especiales derechos de los presos y su
correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una
relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno,
del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,
utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud
adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno,
entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.
[72] Sobre los deberes especiales del Estado ver la
sentencia T-966 de 2000.
[73] Para la Corte esta garantía debe ser reforzada, ya
que el recluso al estar sometido a una relación especial de sujeción, tiene
limitado su derecho a escoger opciones y le es imposible autoabastecerse, en
este sentido ver la sentencia T-522 de 1992,  además se encuentra en un estado
de “vulnerabilidad” por lo cual la actividad del Estado en procura de la
eficacia de los derechos fundamentales debe ser activa y no solo pasiva, en
este sentido ver la sentencia T-388 de 1993, y en el mismo sentido la sentencia
T-420 de 1994. Ya que el recluso está en imposibilidad de procurarse en forma
autónoma los beneficios propios de las condiciones mínimas de una existencia
digna, así en la sentencia T-714 de 1995, o se encuentra en estado de
indefensión frente a terceros, así en la sentencia T-435 de 1997.
[74] Sobre el contenido de este deber positivo ver la
sentencia T-153 de 1998.
[75] Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del
Estado, véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998
[76] Responsabilidad del Estado que se concreta en la
obligación de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario
y en la obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos,
así en la Sentencia T-522 de 1992.
[77] La posibilidad de reinserción social depende en buena
medida de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros
carcelarios adecuados, este derecho encuentra el fundamento de su validez en el
derecho a la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en
sentencia T-153 de 1998.