C-284-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-284/09
INCONSTITUCIONALIDAD
POR CONSECUENCIA-Alcance
La Corte ha sostenido que
cuando es declarada inexequible una norma que constituye el origen o la causa,
o es el fundamento para la expedición de otras, deben igualmente desaparecer
del ordenamiento jurídico las que se expidieron en su desarrollo por ausencia
de causa jurídica, siempre que exista una relación de causa a efecto entre la
norma causal y la derivada.
INCONSTITUCIONALIDAD
POR CONSECUENCIA DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA-Modifica
decreto de intervención de actividad financiera  sin autorización estatal
Mediante sentencia C-254 del 2
de abril de 2009, esta Corte declaró inexequible el Decreto 4704 del 15 de
diciembre de 2008, declaratorio del estado de emergencia social por un periodo
de treinta días, y habiendo sido dictado el decreto Legislativo 044 del 14 de
enero de 2009 en desarrollo del Decreto 4704 de 2008, se ha configurado la inconstitucionalidad
por consecuencia
INCONSTITUCIONALIDAD
POR CONSECUENCIA-Configuración
Referencia:
expediente R.E. 150
Revisión
constitucional del Decreto Legislativo 044 del 14 de enero de 2009, “Por
el cual se modifica parcialmente el Decreto 4334 de 2008, modificado por el
Decreto 4705 de 2008”.
Magistrado
Ponente:
Dr. JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril
de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez
cumplidos los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
profiere la siguiente
SENTENCIA
I.   ANTECEDENTES.
El Presidente de la República, en
desarrollo del numeral 7º del artículo 241 de la Constitución Política, remitió
a esta Corporación al día siguiente de su expedición, copia del Decreto 044 del
14 de enero de 2009, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4334
de 2008, modificado por el Decreto 4705 de 2008”, dictado en ejercicio de
las facultades que le confiere el artículo 215 de la Carta, en concordancia con
la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4704 de 2008.
Repartido este asunto, el Despacho
mediante auto del 27 de enero de 2009, dispuso: i) avocar su conocimiento, ii)
decretar la práctica de algunas pruebas, iii) fijarlo en lista para efectos de
la intervención ciudadana, iv) dar  traslado al Procurador General de la Nación
para que rindiera el concepto de rigor, y v) comunicar la iniciación del mismo
al Presidente de la República y al Ministro del Interior y de Justicia, a
efectos de que indicaran las razones que justifican la constitucionalidad del
acto.
Cumplidos los trámites
constitucionales y legales propios de este asunto, previo concepto del
Ministerio Público, la Corte Constitucional procede a decidir sobre el mismo.
II.      TEXTO DEL DECRETO LEGISLATIVO QUE SE REVISA.
El texto del Decreto Legislativo 044
del 14 de enero de 2009, es el siguiente:
“DECRETO 044 DE 2009
(enero 14)
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 4334
de 2008, modificado por el Decreto 4705
de 2008.
El Ministro del Interior y de Justicia de la República
de Colombia, delegatario de las funciones presidenciales, mediante Decreto 17
del 7 de enero de 2009,
En ejercicio de las facultades que le confiere en el
artículo 215
de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 137
de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 4704
de 2008,
CONSIDERANDO:
Que persistiendo la situación de crisis social, se
requiere adoptar medidas adicionales en el marco de la intervención, a las
Superintendencias Financiera de Colombia y de Sociedades, de facultades que les
permitan la defensa y preservación del orden social amenazado,
Que se hace necesario precisar la destinación y
alcance de los recursos con que la Superintendencia Financiera de Colombia
cuenta para asumir sus funciones y responsabilidades respecto de las presuntas
operaciones de captación o recaudo sin la debida autorización estatal,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Modifícase el inciso 3º del parágrafo 4º del artículo
7º
del Decreto 4334 de 2008, modificado por el artículo 2º
del Decreto 4705 de 2008, el cual quedará así:
“Así mismo, la Superintendencia Financiera de Colombia
sufragará los gastos propios del ejercicio de las funciones a ella asignadas
respecto de las presuntas operaciones de captación o recaudo sin la debida
autorización estatal, con los recursos propios previstos en su presupuesto
ordinario, así como con aquellos que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público le transfiera para tal efecto. Se entienden contemplados todos los
gastos necesarios para el cabal cumplimiento de tales funciones y la asunción
de responsabilidad, en que incurra la entidad, derivadas del ejercicio de las
mismas”.
ARTÍCULO 2º. Modifícase el literal b) del artículo 7º
del Decreto 4334 de 2008, el cual quedará así:
“b) La declaratoria de simulación, revocatoria y
reconocimiento de ineficacia de actos y negocios jurídicos celebrados con
antelación a la toma de posesión, las que se surtirán mediante el trámite
incidental consagrado en el artículo 137
del Código de Procedimiento Civil, en lo pertinente. Esta decisión también
tendrá el carácter señalado en el artículo 17
del Decreto 4705 de 2008”.
ARTÍCULO 3º. Modifícase el artículo 20
del Decreto 4705 de 2008, el cual quedará así:
“Artículo 20. Recompensas.
La Superintendencia de Sociedades podrá ofrecer y pagar a los particulares,
diferentes a los sujetos a los que se refiere el artículo 5º
del Decreto 4334 de 2008, recompensas por la información que conduzca a la
efectiva recuperación de bienes producto de la captación o recaudo no
autorizado, con cargo a los bienes efectivamente recuperados. La mencionada
recompensa podrá ser de hasta el diez (10%) por ciento cuando las sumas
recuperadas no excedan de mil (1.000 smmlv) salarios mínimos mensuales legales
vigentes y de hasta el cinco (5%) por ciento para los casos en que el monto de
los recursos recuperados exceda de la cifra señalada anteriormente.
El Superintendente de Sociedades fijará el monto de la
recompensa a ser cancelado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la
importancia y pertinencia de la información y el monto de los recursos a ser
recuperados”.
ARTÍCULO 4º. Adiciónase con un parágrafo el artículo 15
del Decreto 4705 de 2008, el cual quedará así:
“Parágrafo. Cuando los bienes que se entreguen se encuentren
a nombre de personas diferentes a los sujetos a los que se refiere el artículo 5º
del Decreto 4334 de 2008, el tercero que realice la entrega otorgará un poder
mediante documento privado, reconocido ante notario o ante una autoridad
jurisdiccional, a favor del Agente Interventor que lo faculte para realizar los
actos de disposición frente al bien objeto de la entrega. Lo anterior sin
perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Sociedades de adoptar las
medidas de que trata el numeral 3 del artículo 9º
del Decreto 4334 de 2008”.
ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga cualquier norma que le sea contraria.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de enero de 2009.
FABIO VALENCIA COSSIO
El Ministro del Interior y de Justicia,
FABIO VALENCIA COSSIO.
La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de
las funciones del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
CLEMENCIA FORERO UCRÓS.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
OSCAR IVÁN ZULUAGA ESCOBAR.
El Ministro de Defensa Nacional,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
ANDRÉS FELIPE ARIAS LEIVA.
El Ministro de la Protección Social,
DIEGO PALACIO BETANCOURT.
El Ministro de Minas y Energía,
HERNÁN MARTÍNEZ TORRES.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ.
La Ministra de Educación Nacional,
CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial,
JUAN LOZANO RAMÍREZ.
La Ministra de Comunicaciones,
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA.
El Ministro de Transporte,
ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO.
La Ministra de Cultura,
PAULA MARCELA MORENO ZAPATA”.
III.   PRUEBAS DECRETADAS Y RECAUDADAS.
En
cumplimiento de la providencia del 27 de enero de 2009, que dispuso solicitar
al Secretario General de la Presidencia de la República, con la colaboración de
las respectivas dependencias gubernamentales, el envío de informes que indicaran
de qué manera las medidas adoptadas con el Decreto 044 de 2009, contribuirían a
conjurar las causas que determinaron la declaración del estado de emergencia;
se recibió en la Corte la siguiente documentación:
1.
Superintendencia Financiera de Colombia[1].
El
Superintendente Financiero de Colombia, doctor Roberto Borras Polanía, empieza su
exposición indicando que el considerando uno del decreto guarda relación con
los artículo 2º, 3º y 4º del mismo, mientras que el considerando dos con el
artículo 1º.
Afirma
que entre el decreto en cuestión, que modificó algunos apartes del Decreto 4705
de 2008, que a su vez modificó el Decreto 4334 de 2008, y la declaratoria de la
emergencia social, existe una relación de medio a fin en la medida que busca “facilitar
aún más la ejecución de las acciones por parte de las Superintendencias
Financiera de Colombia y de Sociedades, de acuerdo con las atribuciones allí
señaladas, orientadas a la devolución expedita, rápida y ágil de los dineros y
recursos que fueron entregados en desarrollo de las operaciones piramidales”.
Encuentra
que ello se refleja en el artículo 2º del decreto, al disponer entre las
medidas que pueden ser expedidas por la Superintendencia de Sociedades en
desarrollo de la intervención, la declaración de ciertos actos y negocios
jurídicos celebrados con antelación a la toma de posesión como simulados, así
como la facultad para revocarlos o declararlos ineficaces utilizando el trámite
incidental, lo cual no hace otra cosa diferente que “perfeccionar y precisar
la estrategia de atención integral de la crisis que fuera diseñada a partir de
las medidas tomadas al amparo del Decreto 4333 de 2008, al dotar de celeridad
el procedimiento de devolución de los recursos incautados a la población que se
vio afectada al aportar en los denominados esquemas piramidales”.
Con
la modificación del artículo 3º del decreto, alusivo al esquema de recompensas,
expresa que se busca “agilizar los trámites de devolución de recursos al
incentivar el suministro de información” por los particulares que conduzca
a la recuperación de los bienes producto de la captación no autorizada, los
cuales por las características de los esquemas piramidales “se encontraban
en poder de personas diferentes a los captadores como tales”. De igual
modo, para darle claridad y celeridad a los procedimientos definidos, halla
contundente la medida adoptada en el artículo 4º del decreto, a través de la
cual el tercero que entregue un bien diferente a los que se refiere el Decreto
4334 de 2008, le otorga un poder al agente interventor que lo faculte para
realizar los actos de disposición frente al bien objeto de entrega.
Concluye
que con el decreto se pretende no solo fortalecer sino también afinar la
estrategia de atención integral de la crisis, al establecer, de una parte, procedimientos
ágiles, claros y precisos para la devolución de los dineros y recursos
incautados a la población afectada y, de otra parte, incentivar la recuperación
de los bienes producto de la captación ilegal de recursos a través del sistema
de recompensas.
2.
Superintendencia de Sociedades[2].
El
Superintendente de Sociedades, doctor Hernando Ruiz López, expone que entre las
medidas previstas en el decreto en examen y la declaratoria de la emergencia
social existe una relación de medio a fin porque las disposiciones buscan “facilitar
la ejecución de acciones por parte de las Superintendencias Financiera y de
Sociedades, de acuerdo con las atribuciones señaladas en los decretos,
orientadas tanto a la suspensión inmediata de las operaciones de captación o
recaudo de dinero desarrolladas por personas que no cuentan con la debida
autorización estatal, así como a la devolución expedita de los dineros
entregados en dichas operaciones”. Agrega que se pretende atacar la
situación existente desde diferentes ámbitos complementando un procedimiento
eficaz para lograr la devolución de los dineros objeto de recaudo o captación
sin autorización.
IV.  INTERVENCIONES.
1.      Secretaría Jurídica de
la Presidencia de la República[3].
La
doctora María del Pilar Sáchica Méndez, actuando como apoderada de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, solicita declarar la constitucionalidad
del decreto. En cuanto al examen formal expuso que satisface en forma estricta
los requerimientos de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994, por cuanto
se encuentra debidamente firmado por el Presidente de la República y todos los
ministros del despacho, el texto del decreto expone en los considerandos los
motivos en que se fundamentó el Gobierno para expedir las medidas y fue
expedido estando vigente el estado de emergencia social declarado en el Decreto
4704 del 15 de diciembre de 2008.
Sobre
el examen material, justificó de manera general la expedición del decreto al
pretender conjurar la crisis social presentada en el país. Anotó que se busca
fortalecer la intervención del Estado a través de procedimientos que revistan
de mayor agilidad, claridad y precisión que facilite la devolución de los
recursos afectados por los esquemas piramidales, como también incentivar la
recuperación de dichos bienes a través del sistema de recompensas. En lo
concerniente a los recursos de la Superintendencia Financiera de Colombia expone
que conforme a la información suministrada por dicha entidad[4],
se le destinaron recursos del presupuesto nacional para atender sus funciones en
consideración al alcance del fenómeno de captación ilegal de recursos, sin
embargo, el Gobierno consideró que dicha Superintendencia debe contar con los
recursos previstos en su presupuesto ordinario, así como los que le transfiera
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo cual encuentra que en nada riñe
con los artículos 334, 345 y ss. de la Constitución.
Respecto
a la facultad de la Superintendencia de Sociedades en materia de simulación,
revocatoria y reconocimiento de ineficacia de actos y negocios jurídicos
celebrados con antelación a la toma de posesión, expuso que el propósito de la
norma no es otro que brindar claridad al procedimiento que debe seguir la
Superintendencia en relación con el ejercicio cabal de las atribuciones
jurisdiccionales, que inicialmente le fueron otorgadas para revocar o reconocer
la ineficacia de actos y negocios jurídicos. Señala que la Superintendencia de
Sociedades informa[5] que mediante el
procedimiento incidental será posible resolver sobre la validez de los actos y
negocios jurídicos celebrados y realizados por las personas intervenidas, con
el objeto de facilitar y hacer posible la integración patrimonial de los
recursos indebidamente captados, lo cual permitirá mayor eficiencia en la
devolución de los dineros a los afectados.
Recuerda
que este incidente no existía en la ley concursal aplicable a los recaudadores
o captadores ilegales, lo cual hacía más compleja la labor de integrar la masa
de bienes del infractor con el objeto de efectuar los pagos a favor de los
afectados, por lo que era claro la insuficiencia que presentaba la ley
procesal. Sobre los incentivos para la recuperación de bienes objeto de
devolución, indica que la nueva disposición modifica el tope de 20 salarios
mínimos mensuales legales vigentes que fijó inicialmente el artículo 20 del
Decreto 4705 de 2008, que obedece a que la realidad de los hechos puso en
evidencia que el tope que se había fijado resultaba insuficiente para
incentivar la recuperación de los bienes objeto de devolución, por lo que se dispuso
el incremento de los valores y los porcentajes. Aduce que de esta forma se dota
a la Superintendencia de Sociedades de herramientas eficaces para obtener la
devolución de los recursos indebidamente captados.
En
relación con la remisión de bienes, indica que el decreto adiciona un parágrafo
al artículo 15 del Decreto 4705 de 2008, cuyo carácter es eminentemente
instrumental, toda vez que se contrae simplemente a definir los actos jurídicos
necesarios para perfeccionar la entrega jurídica de los bienes en cabeza de
terceros a la agencia interventora con el propósito de que se encuentre
jurídicamente facultada para realizar los actos de disposición que estime
necesarios y así lograr los cometidos que le han sido confiados. Agrega que
para el Gobierno “es indispensable que cuando los bienes se encuentren
registrados o titulados por cualquier modo a nombre de un tercero no vinculado
a la intervención, corresponderá a dicho tercero entregar un poder en beneficio
del agente interventor con amplias facultades de disposición sobre el bien o
bienes respectivos”.
Encuentra
cumplido el requisito de la conexidad al considerar que este decreto es
desarrollo tanto del Decreto 4704 de 2008, que extendió el estado de emergencia
social, como del Decreto 4333 de 2008, que declaró inicialmente dicho estado. Precisa
que continúan los fenómenos que amenazan la estabilidad del orden social que
hace necesario adoptar medidas para contrarrestar los efectos de la crisis
social e impedir la extensión de sus efectos. Las disposiciones del decreto,
asevera, buscan arbitrar los recursos necesarios para que la Superintendencia
Financiera pueda cumplir con la función de intervención económica y recuperar
así los dineros del público que fueron captados ilegalmente, tomando los
recursos propios de las entidades para dicho fin.
Aduce
que se cumple con el principio de necesidad no sólo por las consideraciones
expuestas en el decreto, sino también conforme a las explicaciones que se
dieron sobre cada uno de los artículos del mismo, que no releva de insistir en
la necesidad de las medidas. Considera también que responden al principio de
proporcionalidad al evitar que las causas que dieron lugar a la declaratoria
del estado de emergencia continúen, al igual que se busca dar celeridad al
procedimiento de toma de posesión que actualmente se adelanta contra las
empresas captadoras de dineros del público sin autorización legal. Por último,
acompaña informes de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la
Superintendencia de Sociedades dirigidos a la Presidencia de la República[6].
2.                   Miguel Ángel Enciso Pava[7].
El ciudadano Miguel
Ángel Enciso Pava interviene en este asunto para impugnar la constitucionalidad
del decreto por vulneración de los artículos 121, 150, 189, 215, 250, 251 y 335
de la Constitución.
Luego de exponer lo que
considera son las características propias del estado de emergencia, aduce que
es inexequible el decreto por haber sido expedido en un periodo con vigencia
dentro del año calendario 2009. Explica que el “año calendario” para los
efectos del artículo 215 de la Constitución, es el marco cronológico que se
extiende del 1º de enero al 31 de diciembre, dentro del cual quedan
circunscritos los periodos hasta de 30 días, que sumados no pueden exceder de
90, propios de cada estado de emergencia, por lo que dichos 90 días sólo pueden
regir dentro del año calendario en que se declara el estado y no pueden
extenderse total o parcialmente dentro del año calendario inmediatamente
siguiente. Agrega que en el presente caso el Decreto 4704 de 2008, declaró el
estado de emergencia por 30 días, contados a partir de la fecha de la
declaratoria, es decir, del 15 de diciembre del año calendario 2008, con lo
cual la vigencia del periodo se extendió hasta el 13 de enero del año
calendario 2009, sobrepasando el marco cronológico del 31 de diciembre de 2008.
De ahí que encuentre que el periodo por el cual se declaró el estado de
emergencia hace parte de dos años calendario, con vigencia dentro del año
calendario posterior a aquél dentro del cual fue declarado el estado de
emergencia.
De igual modo, considera
inconstitucional el decreto por haber sido expedido dentro de un periodo con
vigencia del 17 de noviembre de 2008 al 13 de enero de 2009, es decir, superior
a 30 días. Luego de manifestar lo que considera es el alcance del concepto “en
cada caso” previsto en el artículo 215 superior, recuerda que el Presidente de la
República declaró el estado de emergencia social por un primer periodo de 30
días contados a partir del 17 de noviembre de 2008, inclusive hasta el 16 de
diciembre de 2008; después, por los mismos hechos la volvió a declarar por un
segundo periodo de 30 días contados a partir del 15 de diciembre de 2008 hasta
el 13 de enero de 2009. De esta manera, señala que para el 15 de diciembre de
2008, cuando entró a regir el Decreto 4704, estaba vigente el estado de
emergencia declarado mediante Decreto 4333. Arguye que la Constitución excluye
la posibilidad de fijar dos periodos en forma simultánea y menos si sumados
exceden los 30 días, que de presentarse conlleva a la total ineficacia. Infiere
que los dos periodos de los decretos declaratorios del estado de emergencia
corresponden al mismo caso y, por tanto, al no haber existido interrupción
entre ellos se confundieron convirtiéndose el último en prórroga automática del
primero, con lo cual sumados excedieron los 30 días para conformar un solo
periodo de 60 días contínuos, resultando entonces inconstitucional el decreto.
Expone que el decreto fue
expedido extemporáneamente. Luego de aludir a los conceptos de “declaratoria” y
“publicación”, como a la vigencia del término o periodo y la vigencia del
decreto, colige que el decreto fue expedido por el Ministro Delegatario con
funciones presidenciales el 14 de enero de 2009, por lo cual su extemporaneidad
resulta innegable ya que para ese día estaba vencido el periodo de 30 días,
dentro del cual el Presidente de la República podía ejercer las facultades
legislativas extraordinarias de que había sido revestido desde el día 15 de
diciembre de 2008 hasta el día 13 de enero de 2009. Precisa que la
“publicación” es la divulgación formal del decreto que en este caso se llevó a
efecto el 16 de diciembre de 2008, en el Diario Oficial No. 47.205, momento en
el cual todo el territorio nacional se encontraba declarado en estado de
emergencia social desde el día inmediatamente anterior.
También, encuentra
inconstitucional este decreto por no guardar relación directa y específica con
el estado de emergencia social declarado mediante el Decreto 4704 de 2008. Aduce
que no guarda conexidad con ninguno de los hechos perturbadores del orden
social relacionados en el Decreto 4704 de 2008, lo cual demuestra que fue
expedido para regular hechos distintos de competencia exclusiva del Congreso y
no de las facultades propias del estado de emergencia declarado. Añade que los
hechos excepcionales no se presentaron en este caso. Por último, expone el
ejercicio inconstitucional de las facultades legislativas para lo cual trae a
colación el numeral 24 del artículo 189 de la Constitución.
3.                   Superintendencia Financiera de
Colombia[8].
El Superintendente
Financiero de Colombia, doctor Roberto Borras Polanía, interviene en este
asunto para solicitar la exequibilidad del decreto.
Dado que la intervención
reitera los planteamientos que expuso al responder la práctica de pruebas ordenada
por esta Corte, no se procederá a repetir dicha argumentación (Punto III-1,
pruebas recaudadas).
4.                   Secretaría Jurídica de la
Presidencia de la República[9].
El doctor Edmundo del
Castillo Restrepo, actuando en nombre y representación de la Presidencia de la
República, interviene en este asunto para adicionar sus argumentos en la
revisión del asunto de la referencia.
Con la finalidad de
controvertir el concepto del Procurador General de la Nación, señala que por
regla general las normas empiezan a producir efectos a partir de su
promulgación conforme al principio universal de publicidad (art. 52 del C.R.P.
y M.). Por tanto, considera evidente que la vigencia de las normas comienza a
partir de la publicación en el diario oficial, siendo claro que el Decreto 4704
de 2008, publicado en el diario oficial del 16 de diciembre de 2008, comenzó a
surtir efectos solo a partir de esa fecha y el término de 30 días se extendió
hasta el 14 de enero de 2009 y no el día 13, como erradamente lo sostuvo el
Ministerio Público. En consecuencia, encuentra que el Decreto 044 del 14 de
enero de 2009, se encuentra dentro del rango permitido para que el Ejecutivo
hiciera uso de las facultades propias del estado de emergencia.
V.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.
El señor Procurador General de la
Nación, en concepto No. 4740 del 13 de marzo de 2009, solicita a la Corte
declarar la inexequibilidad del decreto. Luego de sostener que el Decreto 4704
de 2008, declaratorio por segunda vez del estado de emergencia social, y el
decreto que se revisa integran un conjunto normativo de carácter excepcional,
en la medida que el Decreto 4704 aún no ha sido objeto de pronunciamiento por la
Corte toda vez que el traslado a dicho Ministerio es posterior al presente
decreto, encuentra forzoso asumir la hipótesis de su exequibilidad para efectos
de emitir un concepto, sin que por ello comprometa su criterio en tal sentido.
En relación con los aspectos
formales señala que la Constitución no exige para su expedición requisitos
distintos a la invocación del fundamento constitucional y fáctico en la
motivación del acto jurídico, y la formalidad de la firma del Presidente de la
República y la de todos sus ministros. Aclara que en el caso del Ministerio de
Relaciones Exteriores suscribe el decreto la Viceministra en su calidad de
encargada de las funciones ministeriales, sin que aporte prueba alguna; no
obstante, presume la existencia del acto administrativo de delegación, su
contenido y autenticidad dado que el documento fue remitido a la Corte por el
Secretario Jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República. No encuentra así, por este aspecto, razones de inconstitucionalidad.
En cuanto al examen de fondo
expone que el decreto fue expedido de manera extemporánea, es decir, una vez
expirado el término por el cual el Presidente de la República declaró la
emergencia social mediante el Decreto 4704 de 2008. El vicio de incompetencia
originado en el factor temporal lo encuentra insubsanable por lo que solicita
la inexequibilidad del decreto. Argumenta que tanto la Corte Constitucional
como la Corte Suprema de Justicia han sido unánimes en afirmar que la asunción
de la función legislativa debe ser ejercida dentro del preciso marco de las
facultades materiales otorgadas (límite material), como también se impone la
sujeción al término que se contiene en el respectivo acto de autorización
(límite temporal), de tal forma que un decreto expedido una vez vencido el
término comporta un vicio de inconstitucionalidad.
En el presente caso, señala que
el Decreto 4704 de 2008, “fue dictado por el Presidente de la República el
día 15 de diciembre de 2008, invocando las facultades que le devienen del
artículo 215 de la Carta Política”, precisando que en el artículo 2º, se
indica que el Gobierno ejercerá las facultades por el término de 30 días
contados a partir de la fecha de su declaratoria. Por tanto, expone que las
facultades del Gobierno para proferir decretos legislativos, por su expresa
determinación, se debían ejercer dentro del periodo comprendido entre el 15 de
diciembre de 2008 y el 13 de enero de 2009 (30 días calendario). Anota que “para
el día de la expedición del decreto No. 044 del 15(sic) de enero de
2009, había cesado la declaratoria de emergencia social en la República de
Colombia, es fácil advertir que el legislador extraordinario excedió el límite
temporal de las facultades a él atribuidas”. Concluye así que se genera un
vicio de incompetencia de carácter insubsanable que permite colegir en la
inexequibilidad del decreto al exceder el marco de las facultades
constitucionales a él atribuidas bajo los estados de excepción.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.      Competencia.
En virtud de lo previsto en los
artículos 241-7 y 215 de la Constitución, la Corte es competente para
pronunciarse sobre el Decreto Legislativo 044 del 14 de enero de 2009, expedido
en desarrollo del Decreto 4704 de 2008, que declaró por segunda vez el estado
de emergencia social, inicialmente declarado por el Decreto 4333 de 2008.
2.      La inconstitucionalidad por consecuencia en el
presente asunto.
Mediante sentencia C-254 del 2 de
abril de 2009, esta Corte declaró inexequible el Decreto 4704 del 15 de
diciembre de 2008, declaratorio del estado de emergencia social por un periodo
de treinta días.
La Corte ha sostenido que cuando
es declarada inexequible una norma que constituye el origen o la causa, o es el
fundamento para la expedición de otras, deben igualmente desaparecer del
ordenamiento jurídico las que se expidieron en su desarrollo por ausencia de
causa jurídica, siempre que exista una relación de causa a efecto entre la
norma causal y la derivada[10].
De ahí que cuando se declara la
inexequibilidad del decreto declaratorio del estado de excepción desaparece el
fundamento jurídico que habilita al legislador extraordinario para expedir los
decretos que lo desarrollan. Al no existir el sustento jurídico de la
atribución presidencial legislativa deviene en inconstitucional los decretos
expedidos en virtud del mismo, lo cual hace necesario un pronunciamiento formal
de inexequibilidad[11].
En el presente caso, el decreto
Legislativo 044 del 14 de enero de 2009 fue dictado en desarrollo del Decreto
4704 de 2008, declaratorio del estado de emergencia social, y al haber sido
este último declarado inconstitucional en la sentencia C-254 de 2009, se ha
configurado la inconstitucionalidad por consecuencia.
Por lo anterior, la Sala Plena de
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Declarar INEXEQUIBLE, por
consecuencia, el Decreto Legislativo 044 del 14 de enero de 2009, “Por
el cual se modifica parcialmente el Decreto 4334 de 2008, modificado por el
Decreto 4705 de 2008”.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
NILSON PINILLA PINILLA
Presidente
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
CLARA ELENA REALES GUTIERREZ
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con Excusa
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
Impedimento
Aceptado
IVÁN HUMBERTO
ESCRUCERÍA MAYOLO
Secretario General
Ad hoc
[1]
Oficio recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 2 de febrero
de 2009.
[2]
Oficio recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 2 de febrero
de 2009.
[3]
Escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 24 de febrero
de 2009.
[4]
Oficio No. 050300 de 20 de febrero de 2009.
[5]
Oficio No. 400 de 20 de febrero de 2009.
[6]
Oficios del 20 de febrero de 2009. Folios 6 al 19 del cuaderno principal.
[7]
Escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 25 de
febrero de 2009.
[8]
Escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 26 de
febrero de 2009.
[9]
Escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 1 de abril
de 2009, por fuera del término previsto para la fijación en lista que venció el
26 de febrero de 2009.
[10] Sentencia C-530 de 2000.
[11]
Cft. sentencias C-176 de 2009, C-991 de 1999, C-186 de 1997, C-136 de 1997 y
C-122 de 1997.