T-029-16
Sentencia
T-029/16
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa
AGENCIA
OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
En reciente sentencia de unificación, esta Corporación se refirió a las
hipótesis en las que resulta procedente la agencia oficiosa, en los siguientes
términos:
“…el Decreto exige, como condiciones
para que se configure la agencia oficiosa, la concurrencia de dos elementos:
(i) que el titular de los derechos no esté en condiciones de defenderlos y,
(ii) que en la tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última
exigencia, su cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en
estado de vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o
de especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela  se ha
admitido entonces en casos en los cuales los titulares de los derechos son
menores de edad; personas de la tercera edad; personas amenazadas ilegítimamente
en su vida o integridad personal; individuos en condiciones relevantes de
discapacidad física, psíquica o sensorial; personas pertenecientes a
determinadas minorías étnicas y culturales.”
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Esposo en
representación de esposa enferma
Tratándose de la representación de un cónyuge enfermo, la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que los deberes y derechos que tienen los consortes
entre sí, como el socorro y la ayuda mutua en todas las circunstancias de la
vida, llegan inclusive a volver obligatoria la agencia oficiosa cuando uno de
los integrantes de la pareja se encuentra bajo una grave enfermedad que le
impida actuar por sí mismo, siempre que medie por lo menos prueba del
diagnóstico médico para determinar la incapacidad en que se encuentra el
agenciado.
Así, en varias oportunidades, la
Corte ha admitido la agencia oficiosa por parte de esposos de mujeres, al
demostrarse que los quebrantos de salud de ellas les imposibilitan acudir por
cuenta propia a solicitar el amparo
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
El artículo 86 superior
prescribe que corresponde al legislador determinar las circunstancias en que
dicha acción constitucional procede contra particulares encargados de prestar
servicios públicos o ante la grave afectación de un interés colectivo, así como
en los casos en que exista una relación de subordinación o indefensión del
accionante frente al accionado
SUBORDINACION
E INDEFENSION-Concepto
La
subordinación ha sido entendida por esta Corporación como la existencia de una
relación jurídica de dependencia, la cual se manifiesta principalmente entre
trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un
plantel educativo. Por su parte, según la jurisprudencia, el estado de
indefensión es un concepto de carácter fáctico que se
configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta
frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el
caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos. Así mismo, la
jurisprudencia ha dicho que la indefensión se presenta en aquellas
circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de medios jurídicos de
defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales.
ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL-Procedencia excepcional
CONTRATO REALIDAD Y PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS
FORMAS EN MATERIA LABORAL-Reiteración
de jurisprudencia
PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS
FORMAS
Uno de los
principios rectores del Derecho del Trabajo es el de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales –consagrado en el artículo 53 de la
Carta–, el cual se encuentra íntimamente ligado al principio de prevalencia del
derecho sustancial –previsto en el artículo 228 de la misma obra–. Este Tribunal
ha reconocido que, al margen de la forma en que los individuos que pactan la
prestación de un servicio personal convengan designar el contrato, es la
estructura factual de la relación entre los sujetos lo que determina la
verdadera naturaleza del vínculo
CONTRATO REALIDAD-Prevalencia
de lo sustancial sobre lo formal
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE
SALUD-Reglas
jurisprudenciales
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA CON
LIMITACIONES FISICAS, PSIQUICAS O SENSORIALES-Garantías contenidas en la Ley 361 de
1997 y jurisprudencia constitucional sobre su aplicación
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Ineficacia del despido sin autorización previa y expresa
del Ministerio de Trabajo
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Frente a diferentes tipos de contratos, vinculaciones
laborales y entidades contratantes
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Contenido y alcance
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Valor constitucional que obliga al Estado y al individuo
a actuar en procura del interés general
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD LABORAL-Protección
a trabajadores con disminución en sus condiciones físicas
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia
DERECHO
FUNDAMENTAL A LA SALUD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Nexo e importancia con los principios de integralidad y de
continuidad
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Prestación sin interrupción
DERECHO AL TRABAJO Y A LA SALUD-Orden de reintegrar a accionante
Referencia: expediente T-5.144.950
Acción de tutela presentada por Rubén Díaz
Díaz como agente oficioso de Liliana Bustamante Cepeda en contra del Instituto
Santa Teresita y Coomeva EPS.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis
(2016).
La Sala Octava de la Corte Constitucional, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del trámite de tutela que
concluyó con los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado
Primero Civil Municipal de Bucaramanga, y en segunda instancia, por el Juzgado
4º Civil del Circuito de esa misma ciudad, dentro del proceso de tutela
instaurado por Rubén Díaz Díaz, actuando como agente oficioso de su cónyuge,
Liliana Bustamante Cepeda, en contra del Instituto Educativo Santa Teresita y
Coomeva EPS.
El proceso de la referencia fue seleccionado por la
Sala de Selección de Tutelas Número Nueve, mediante Auto proferido el 28 de septiembre
de dos mil quince (2015).
I.
ANTECEDENTES
El señor Rubén Díaz Díaz, actuando como agente oficioso de su cónyuge, señora
Liliana Bustamante Cepeda, presentó acción de tutela en contra del Instituto
Santa Teresita y Coomeva EPS, por
la presunta vulneración de los derechos fundamentales al trabajo y a la salud
que le asisten a la citada, con fundamento en los siguientes:
1. Hechos
1.1.
La señora Liliana Bustamante Cepeda tiene 41
años de edad[1].
1.2.
Desde el 2 de mayo de 2008, la tutelante había
venido suscribiendo contratos de trabajo inferiores a un año con el Instituto
Santa Teresita, ubicado en Floridablanca –Santander-, desempeñándose en el
cargo denominado “oficios varios”. El último de tales contratos tuvo lugar el
13 de enero de 2014 y la susodicha laboró hasta el 30 de noviembre del mismo
año[2].
1.3.
En virtud de la referida vinculación laboral, la
señora Liliana Bustamante fue afiliada por su empleador a seguridad social,
así: a Coomeva EPS en salud, a Pensiones ING como administradora de pensiones;
así como a riesgos laborales, sin especificar en este último caso a cuál
entidad.
1.4.
Según se relata en el escrito de tutela, desde
el 2014 la accionante venía padeciendo cefaleas que, “por su agudeza y poca
sintomatología, muchas veces fue tratada directamente en Instituto para el cual
trabajó”.
1.5.
El 30 de noviembre de 2014, mientras la
interesada se encontraba a la espera de un diagnóstico sobre su condición de
salud, el Instituto Santa Teresita le informó, mediante un comunicado[3], que sus
servicios ya no serían requeridos para el año 2015.
1.6.
Cuando la señora Liliana Bustamante ingresó al
referido empleo le fue practicado examen de ingreso, pero no se llevó a cabo
examen de egreso alguno.
1.7.
En diciembre de 2014 a la tutelante le fue
diagnosticado un tumor maligno en el cerebro, por lo cual fue intervenida
quirúrgicamente con urgencia[4].
1.8.
Aduce el señor Rubén Díaz que al momento de
promoverse la acción, la señora Liliana Bustamante se encontraba incapacitada y
sin trabajo y que, por estar desafiliada del sistema de salud, Coomeva EPS no
le hacía entrega de los medicamentos que ordenaron los médicos tratantes.
1.9.
El promotor de la acción indica que trabaja en
jardinería y sus recursos son insuficientes para solventar los medicamentos y
controles médicos que necesita su cónyuge, además que debe hacerse cargo del
sostenimiento de tres hijos que dependen de él.
1.10.
Sostiene el actor que intentó afiliar como
independiente a la agenciada a Coomeva EPS, pero la entidad negó la solicitud.
1.11.
El agente oficioso manifiesta que acude a la
acción de tutela en vista de que la gravedad de la enfermedad de su esposa hace
necesario que se continúe con la atención en salud de forma inmediata, y un proceso
laboral podría tardar “más de dos o tres años”.
2. Contenido de la petición de amparo
La señora Liliana Bustamante reclama, por medio
de agente oficioso, la protección de sus derechos al trabajo y a la salud
frente al Instituto Santa Teresita y Coomeva EPS. Según se afirma en el libelo,
la primera de las mencionadas entidades, en la cual laboró desde 2008, en
virtud de sucesivos contratos de obra o labor contratada, le comunicó que
prescindía de sus servicios para el año 2015, en un momento crítico para su
salud, pues se encontraba a la espera del diagnóstico de un tumor cerebral que
le fue detectado. Señala que, a su turno, la entidad prestadora de salud le
suspendió los servicios asistenciales y medicamentos que requiere, luego de la
cirugía a la que debió someterse por la patología que le fue diagnosticada.
Con fundamento en lo anterior, la señora Liliana
Bustamante solicita que se tutelen sus derechos y, en consecuencia, se ordene
al Instituto Santa Teresita que la reintegre en el cargo que se encontraba
desempeñando, a fin de que se la afilie inmediatamente al sistema de salud,
para que Coomeva EPS continúe con el tratamiento médico que requiere.
3. Traslado y contestación
de la acción de tutela
Mediante auto de 28 de enero de 2015, la el Juzgado 1º
Civil Municipal de Bucaramanga admitió la acción de tutela y, simultáneamente,
ordenó notificar a las entidades que componen el extremo pasivo, para que se
pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su defensa.
Posteriormente, después de agotado el trámite en
primera instancia, el Juzgado 4º Civil del Circuito, mediante providencia de 12
de marzo de 2015, declaró la nulidad de todo lo actuado por no haberse
vinculado al trámite al Ministerio de Trabajo. Por tal motivo, al renovar la
actuación, mediante auto de 16 de marzo de 2015, el a quo ordenó la
notificación a dicha autoridad para que se pronunciara sobre los hechos de la
solicitud.
3.1. Respuesta del Instituto Santa Teresita
En su escrito de contestación, la rectora del
Instituto Santa Teresita manifestó que el señor Rubén Díaz no tenía
legitimación para promover la acción de tutela en nombre de su cónyuge, puesto
que la señora Liliana Bustamante se hallaba en condiciones de defenderse por sí
misma según dan cuenta las copias de la historia clínica aportada, en uno de
cuyos apartes se señala que para el 16 de enero de 2015 el estado general de la
paciente era “aceptables condiciones generales, alerta, orientada en las 3
esferas” y “sin déficit motor o sensitivo aparente”, fecha en la que
fue dada de alta por el galeno que la atendió. Por ello, aduce que la acción
debe declararse improcedente por falta de legitimación por activa.
Sostuvo además que la reclamación de la actora debe
encauzarse por la vía de la jurisdicción ordinaria laboral, de modo que cuenta
con otro medio judicial para defender los derechos que considera violados y, en
esa medida, también resulta improcedente la acción, ya que no se demuestra que
exista un perjuicio irremediable.
Añadió que para el 30 de noviembre de 2014 el Instituto
Santa Teresita no tenía conocimiento de que la señora Liliana Bustamante tenía
enfermedad alguna, pues, según se advierte en la historia clínica arriba
aludida, el 15 de septiembre de 2014 la misma fue atendida por migraña no
especificada / enfermedad general y de allí hasta la fecha de terminación
del contrato no consta ningún diagnóstico de patología que pudiera haberle sido
notificado al Instituto en orden a renovar el vínculo laboral para el periodo
lectivo académico 2015.
Señaló que en el momento de terminación del contrato
no se estimó necesario practicar algún examen de salud, al paso que la
trabajadora tampoco lo solicitó –como lo prevé el artículo 57, numeral 7 del
Código Sustantivo del Trabajo-, de suerte que no tenía noticia sobre alguna enfermedad
que sufriera la actora.
En el escrito de contestación que allegó luego de la
declaratoria de nulidad, agregó que la señora Liliana Bustamante había estado
realizando trámites personalmente en el Instituto Santa Teresita, por lo cual,
insistió, se encontraba en capacidad de interponer la tutela sin mediar agente
oficioso. Para verificarlo, solicitó que se remitiera a la citada al Instituto
de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Nororiente (Bucaramanga), para
que rindiera concepto sobre si la misma se hallaba realmente en total
incapacidad de valerse por sí misma.
Adicionalmente, expresó que no se configuraban los
supuestos para la estabilidad laboral reforzada, como quiera que se precisaba
que para el 30 de noviembre de 2014 existiera un dictamen de los médicos de la
EPS a la que se encuentra afiliada la actora, en el sentido de que tenía una
enfermedad que la limitaba para trabajar por fuera del Instituto Santa
Teresita. Por manera que como no se acreditó que la terminación del vínculo hubiera
tenido como causa la enfermedad de la señora Liliana Bustamante, la tutela se
hace improcedente, a más que la citada no es cabeza de familia y tiene un
cónyuge que trabaja y podría afiliarla como beneficiaria al sistema de salud.
3.2. Respuesta de Coomeva EPS
Coomeva EPS dio respuesta a la tutela indicando que la
señora Liliana Bustamante Cepeda fue afiliada a esa entidad por su empleador
–Congregación Religiosa Hermanitas de la Anunciación Provincia del Rosario
“Instituto Santa Teresita”-, desde el día 13 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2014, y que dicho contrato se encuentra en estado “retirado”.
Informa que la usuaria acumula (para la fecha del escrito –2 de febrero de
2015- ) 30 días de incapacidad temporal por enfermedad general desde el 30 de
diciembre de 2014 al 28 de enero de 2015, por un diagnóstico de “tumor
maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales”.
Aseguró que la actora no se encuentra en base de datos
por accidente de trabajo, ni por enfermedad profesional, como tampoco por
medicina laboral, y que desde el 1º de enero de 2015 se encuentra activa en el
régimen subsidiado a través de Coomeva EPS SA Régimen Subsidiado.
Agregó que, de acuerdo con la interpretación
desarrollada por la jurisprudencia constitucional sobre los artículos 18 del
Decreto 3135 de 1968, 9 del Decreto 1848 de 1969 y 227 del Código Sustantivo
del Trabajo, las entidades promotoras de salud no pueden cubrir con cargo al
Sistema General de Seguridad Social en Salud prestaciones económicas derivadas
de incapacidad temporal generada en enfermedad general por más de 180 días
continuos, al cabo de los cuales será el fondo de pensiones al que se encuentre
afiliada la persona el que responderá por el pago de la respectiva prestación,
mientras se produce la calificación de invalidez correspondiente.
Arguyó que la tutela debía ser declarada improcedente frente
a Coomeva EPS, por existir “falta de legitimación en la causa por pasiva o
hecho superado” (sic).
Además, solicitó que en caso de fallo condenatorio se
indique de forma precisa y concreta, en la parte resolutiva de la sentencia,
cuáles medicamentos, intervenciones, procedimientos y elementos debían ser
suministrados a la accionante, en términos de cantidad y lapso de tiempo; como
que se ordene el recobro al Ministerio de Salud y Fosyga de aquellos costos de
los servicios que no estén incluidos en el plan obligatorio de salud –POS-.
3.3. Respuesta de la Dirección Territorial de
Santander del Ministerio de Trabajo
La Dirección Territorial de Santander del Ministerio
de Trabajo, que fue vinculada tras la declaratoria de nulidad del trámite,
manifestó que la acción de tutela debía ser declarada improcedente en relación
con esa entidad, por no existir legitimación en causa por pasiva, toda vez que entre
la señora Liliana Bustamante y el Ministerio del Trabajo no tuvo lugar ningún
vínculo laboral que diera lugar a obligaciones o derechos entre ellos.
Añadió, también, que la acción de tutela es
improcedente para reclamar el reconocimiento y pago de acreencias laborales,
salvo en casos excepcionales en que se ven afectados derechos fundamentales, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional.
Recordó que el artículo 53 de la Constitución
establece el derecho a la estabilidad laboral, que tiene una connotación
especial cuando se trata de trabajadores con discapacidad o incapacitados,
quienes, dado su estado de salud, gozan de una garantía reforzada de
permanencia en sus empleos, con independencia del tipo de contrato que sea,
atendiendo a que su disminución física, psíquica y/o sensorial los pone en una
situación de desigualdad frente a los demás trabajadores.
Este punto ha sido desarrollado por la Ley 361 de 1997
–artículo 26– por la cual se establecen mecanismos de integración social para
las personas con limitación, en la cual se prescribe que ninguna persona que
adolezca de la mencionada condición puede ser despedida o su contrato terminado
por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de
trabajo, so pena de la indemnización de 180 días de salario que prevé la ley a
cargo del empleador que desatienda dicho mandato, sin perjuicio de las demás
indemnizaciones a que pueda haber lugar. Además, el incumplimiento del
requisito señalado torna ineficaz el despido y, por tanto, procede el reintegro
del trabajador incapacitado, entendiéndose vigentes las obligaciones
salariales, prestacionales y frente al Sistema de Seguridad Social.
En línea con lo anterior, esgrimió que la función del
Inspector de Trabajo consiste en constatar que las circunstancias de
terminación del vínculo laboral no obedecen a razones discriminatorias, mas no
puede invadir la órbita de competencia del juez laboral en el sentido de
declarar derechos o dirimir controversias, ya que su actividad se circunscribe
a la de una autoridad de policía administrativa laboral.
Por otra parte, adujo que, de conformidad con lo
sostenido por la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, las
entidades públicas y privadas responsables de la prestación de los servicios de
salud no pueden interrumpir tratamientos médicos en curso, resultando necesario
determinar si la suspensión de un tratamiento o un medicamento afecta derechos
fundamentales.
Concluyó indicando que, si bien considera que la
acción es improcedente de cara al Ministerio del Trabajo, no se oponía a las
pretensiones de la accionante frente al Instituto Santa Teresita y Coomeva EPS,
puesto que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta ante la
amenaza de un perjuicio irremediable por la suspensión del servicio médico que
requiere para el restablecimiento de su salud y en ausencia de su única fuente
de ingresos, que era el salario que devengaba. Subrayó que el empleador no
podía dar por terminado el vínculo laboral sin haber solicitado previamente la autorización
para el despido, con los soportes que lo justificaran.
4. Fallo de tutela de primera instancia
Mediante sentencia de 18 de marzo de 2015, el Juez 1º
Civil Municipal de Bucaramanga concedió la tutela de los derechos invocados y,
en consecuencia, ordenó al representante legal del Instituto Santa Teresita
que, en el término de 48 horas siguiente a la notificación del fallo,
procediera a reintegrar a la señora Liliana Bustamante Cepeda “al cargo de
similares condiciones que venía desempeñando o mejores condiciones laborales a
las que se encontraba para la fecha en que se le terminó su contrato de trabajo”,
debiendo vincularla nuevamente a Coomeva EPS, para que pueda continuar
accediendo a los servicios médicos integrales en salud.
También advirtió a la accionante que si dentro de los
4 meses no acudía a la jurisdicción ordinaria laboral para promover la acción
de reintegro, cesarían los efectos de lo resuelto en el fallo de tutela; y,
además, desvinculó de la acción al Ministerio de Trabajo.
Para arribar a las anteriores conclusiones, el a
quo consideró que el derecho principalmente comprometido era el derecho al
trabajo de la señora Liliana Bustamante, específicamente en su manifestación de
la estabilidad laboral reforzada por su situación de vulnerabilidad, conculcado
por el Instituto Santa Teresita al decidir “terminar unilateralmente el
contrato de trabajo, cuando el (sic) actor (sic) pareciera estar
en circunstancias graves de salud e igualmente sin habérsele definido
previamente su situación de seguridad social en riesgos profesionales y salud
con ocasión de la patología que presenta”.
Estimó que el haber separado a la actora del cargo sin
el permiso previo del inspector de trabajo, por su condición de debilidad
manifiesta, hace presumir que el retiro se produjo por motivo de su minusvalía
y, por tanto, según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, no produce ningún
efecto.
Enfatizó que la preceptiva constitucional y las
obligaciones internacionales contraídas por el Estado propenden por el establecimiento
de mecanismos efectivos para contrarrestar las condiciones de vulnerabilidad,
impotencia y abandono que soportan las personas afectadas con toda clase de
minusvalías, así como de procurar la estabilidad e inclusión para este grupo de
trabajadores.
Finalmente, en lo que toca a la legitimación por
activa, el juez de primera instancia indicó que, de acuerdo con la información obrante
en el expediente, a la señora Liliana Bustamante se le practicó una craneotomía
y se encontraba incapacitada en la fecha en que se instauró la acción
constitucional (27 de enero de 2015), por lo cual el amparo podía ser
solicitado por medio de agente oficioso.
5. Impugnación del fallo de tutela
Inconforme con la decisión adoptada por el Juzgado 1º Civil
Municipal de Bucaramanga, el Instituto Santa Teresita impugnó la respectiva
sentencia.
Planteó que la decisión de nulidad de lo actuado
implicaba reiniciar toda la actuación, por lo que era menester que el juzgador
volviera a examinar lo relativo a la capacidad de la accionante para instaurar
la acción, como quiera que “para la fecha en que recomenzó la acción de
tutela, ya no había prueba alguna de que la señora LILIANA BUSTAMANTE CEPEDA no
podía actuar por sí misma”. Es decir, que debía analizarse si para el 16 de
marzo de 2015 –fecha del auto de obedézcase y cúmplase lo dispuesto por el ad
quem sobre la invalidación de lo actuado– la interesada se encontraba en
imposibilidad de acudir a la jurisdicción por su cuenta.
En tal sentido, reprochó que el juez desatendió la
solicitud elevada por el Instituto Santa Teresita en orden a que se practicara
una prueba sobre la no causación del perjuicio irremediable al no renovar el
contrato laboral con la accionante; además que la misma no es cabeza de familia
y su cónyuge podría inscribirla en el sistema de salud como beneficiaria suya.
Reiteró que la copia de la historia clínica que reposa
en el legajo da cuenta de que para el 16 de enero de 2015 la señora Liliana
Bustamante se encontraba en aceptables condiciones de salud, de donde se colige
que no se trataba una persona impedida para moverse, pensar y ver por sí misma,
razón que bastó para que en la misma fecha fuera dada de alta, con lo que se
desvirtúa la afirmación de Coomeva EPS según la cual la accionante se hallaba en
medio de una incapacidad para esa época.
En línea con lo anterior, echó de menos que el juez no
requiriera a la agenciada para que ratificara con actos positivos e inequívocos
lo consignado en el escrito de tutela.
Con base en lo expuesto, solicitó que se revocara el
fallo de tutela proferido por el Juez 1º Civil Municipal de Bucaramanga para
que, en su lugar, se rechace por improcedente el amparo deprecado por el señor
Rubén Díaz en nombre de su esposa, por falta de legitimación en causa por
activa del mismo.
Como argumentos subsidiarios, manifestó que la
concesión de la tutela respondió a conjeturas del juez de primera instancia
sobre la alegada violación de derechos, mas no estuvo respaldada en pruebas que
acreditaran que hubo un despido que requiriera autorización previa del
inspector de trabajo –cuando en realidad la relación entre el Instituto y la
actora se originaba en un contrato de labor–, como tampoco se probó que el
accionado tuviera conocimiento del estado de salud de la trabajadora.
Insistió en que la historia clínica de la tutelante no
registra algún diagnóstico de enfermedad grave hasta antes de la terminación
del contrato, pues sólo se advierte una consulta el 15 de septiembre de 2014 en
la cual se indicó que la señora Liliana Bustamante presentaba tan solo una
migraña, diagnóstico que se repitió el 8 de diciembre de ese año –8 días
después de terminado el contrato laboral–, de manera que el Instituto no tenía
conocimiento de una situación clínica particularmente delicada. Por esa misma
razón, tampoco le practicó examen médico al momento de la desvinculación.
Subrayó que, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, no se configuran en el caso los requisitos para el reintegro
vía acción de tutela, en tanto no se demostró que la terminación de la relación
laboral obedeciera a razones distintas a la llegada de la fecha de vencimiento
del contrato, mas no porque la señora Liliana Bustamante se encontrara enferma,
y reiteró que no existe un perjuicio irremediable. Como consecuencia de ello,
ratificó su postura de que la acción debe ser declarada improcedente.
6. Fallo de tutela de segunda instancia
Mediante sentencia de 30 de abril de 2015, el Juzgado
4º Civil del Circuito de Bucaramanga revocó la decisión de primera instancia y,
en su lugar, declaró la improcedencia de la tutela, tras considerar que no se
cumplía con el requisito de subsidiariedad.
Como fundamento de tal determinación, el ad quem
refirió, en primer lugar, que las pruebas del plenario permiten deducir que el
señor Rubén Díaz estaba habilitado para agenciar los derechos de su cónyuge,
habida cuenta de que el procedimiento de resección del tumor cerebral que
padecía la citada tuvo lugar el 12 de enero de 2015, motivo por el cual le fue
concedida una incapacidad desde el 30 de diciembre de 2014 hasta el 28 de enero
de 2015; de modo que su estado de salud la imposibilitaba para interponer la
acción de tutela por sí misma.
En lo que atañe a la estabilidad laboral reforzada, el
juez de segunda instancia sostuvo que en el caso no se cumplían los requisitos
para tal fórmula de protección, pues, a su juicio, no se probó que el empleador
tuviera conocimiento de la patología de la accionante.
Esto, por cuanto la historia clínica aportada deja ver
que los dolores de cabeza que aquejaban a la señora Liliana Bustamante dieran
lugar a incapacidades que, a su vez, permitieran al Instituto conocer que la
trabajadora se encontraba en situación de debilidad manifiesta, sin que los
dolores de cabeza sean en sí mismos suficientes para inferir ello; al paso que
la actora tampoco arrimó pruebas de que el accionado estuviera al tanto de su
condición.
Asimismo, estimó que la terminación del contrato el 30
de noviembre de 2014 acaeció por una justa causa, como es el vencimiento del
mismo, fecha para la cual el Instituto Santa Teresita no sabía sobre la
enfermedad de la demandante, toda vez que el diagnóstico vino a producirse en
diciembre de ese año, esto es, con posterioridad.
De manera que, a su juicio, lo que advirtió fue la
existencia de un conflicto laboral entre las partes, cuyo conocimiento y
resolución son del resorte del juez ordinario, previo agotamiento de todas las
etapas del proceso. Ello debido a que no se evidenció una situación de
perjuicio irremediable que abriera paso a la acción de tutela, en tanto no se
acreditó que se encuentra imposibilitada para trabajar y se le ha brindado la
atención en salud que ha requerido, según se desprende del certificado obtenido
de la base de datos de afiliados del Ministerio de Protección Social –Fondo de
Solidaridad y Garantía en Salud –Fosyga, donde se lee que la actora se
encuentra afiliada al régimen contributivo a Coomeva EPS, aunque esta entidad haya
informado que se encuentra en el régimen subsidiado, lo cual, en todo caso,
lleva a concluir que se le vienen prestando los servicios asistenciales.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de
tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86,
inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Planteamiento
del caso
En el asunto bajo estudio, la señora Liliana
Bustamante, por intermedio de agente oficioso, reclama la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo
y a la salud, en vista de que el Instituto Santa Teresita, para el
cual trabajaba en el área de servicios generales, dio por terminada la relación
laboral en el momento en que ella esperaba un diagnóstico médico, en el que, a
la postre, se le detectó un tumor cerebral.
Arguye que a causa de dicha patología necesita
atención médica de forma ininterrumpida y que la desvinculación de su trabajo
generó la suspensión de los servicios asistenciales por parte de Coomeva EPS;
además que carece de recursos económicos para solventar los gastos asociados a
la recuperación de su salud.
Por lo anterior, solicita que el juez constitucional
conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados, ordenando al plantel
educativo que la reintegre al puesto que venía desempeñando, con la consecuente
afiliación a salud, y a la vez, disponiendo que la entidad prestadora de salud debe
continuar prestándole la atención médica que necesita y suministrándole los
medicamentos para tratar su enfermedad.
Dentro del trámite de tutela, el Instituto Santa
Teresita se opuso a las pretensiones de la actora, manifestando para el efecto
que no se cumplía con el requisito de legitimación en causa por activa para
interponer la tutela, pues, desde su punto de vista, la interesada estaba en
capacidad de acudir a la jurisdicción por sí misma, es decir, sin mediar agente
oficioso.
Además, esgrimió que no cabía afirmar que la trabajadora
gozara de una estabilidad laboral reforzada que hiciera precisa la autorización
del inspector de trabajo para romper la relación laboral, pues el Instituto no
estaba enterado de la afección de salud de aquella, ya que el diagnóstico del
tumor cerebral fue posterior a la terminación del contrato.
A su turno, Coomeva EPS basó su defensa en que, si
bien la afiliación por cuenta del empleador Instituto Santa Teresita se hallaba
en estado “retirado”, la accionante figura como activa al régimen subsidiado
desde el 1º de enero de 2015; y añadió que legalmente estaba impedida para
cubrir una incapacidad temporal por enfermedad general por más de 180 días.
La decisión del juez constitucional de primera
instancia fue favorable a los intereses de la demandante, pero fue revocada en segunda
instancia, declarándose la improcedencia del amparo.
3.
Problema
jurídico a resolver
Como cuestión preliminar, conviene establecer si, a
propósito de lo alegado por el Instituto accionado, se reúnen en el presente
caso los requisitos decantados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia
de la agencia oficiosa, en el marco de la acción de tutela.
Depurado dicho aspecto procesal, corresponde
determinar si la terminación del contrato laboral entre la actora y su empleador
supone una amenaza a los derechos fundamentales de la trabajadora que torne oportuna
la intervención de la justicia constitucional, en vista de que su condición de
salud la hace requerir de una cobertura médica permanente.
Para tal fin, encuentra la Sala de Revisión que, en
primer lugar, debe precisarse si las características de la relación laboral
entre las partes dan lugar a alguna forma especial de estabilidad a favor de la
trabajadora, así como las consecuencias que de ello puedan derivarse. Esto, por
cuanto los hechos del caso sugieren que se analice si la naturaleza real del
vínculo se encontraba soterrada tras una denominación contractual ficticia. De
constatarse que existió una relación de trabajo diferente a la aparentemente
convenida entre accionante y accionado, habrá de establecerse de qué forma tal
circunstancia tiene la virtualidad para hacer surgir una garantía de
estabilidad en cabeza de la primera.
Paralelamente, tomando en cuenta el estado de salud de
la tutelante, corresponde esclarecer si al momento de la desvinculación le
asistía derecho a una protección reforzada que generara al patrono la
obligación correlativa de abstenerse de prescindir de sus servicios.
Asimismo, la Corte deberá precisar las obligaciones a
cargo de la EPS frente a la paciente cuya relación laboral se extingue mientras
está recibiendo un tratamiento médico para tratar una enfermedad como lo es un
tumor en el cerebro.
La Corte identifica, entonces, tres problemas
jurídicos a dilucidar: (i) ¿se reúnen los presupuestos para determinar la
existencia de una relación laboral de una naturaleza distinta a la estipulada
en los contratos suscritos entre el Instituto Santa Teresita y la accionante?;
(ii) dadas las condiciones de salud de la señora Liliana Bustamante ¿se hallaba
amparada por la garantía a la estabilidad laboral reforzada?; y (iii) ¿debe la
empresa prestadora de salud continuar con la provisión de los servicios
asistenciales a una persona que es desvinculada de su trabajo?.
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes, la
Sala de Revisión procederá a efectuar el estudio de los siguientes puntos: I.
Requisitos de procedencia de la acción de tutela; II. Alcance del principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades según la jurisprudencia constitucional;
III. La estabilidad laboral reforzada en circunstancias de enfermedad del
trabajador; IV. El principio de solidaridad y su aplicación por el juez de
tutela; V. La continuidad de la atención en salud; y, desarrollado lo anterior,
se dará cuenta del VI. Caso concreto.
4.
Cuestión previa:
la agencia oficiosa en materia de tutela –Reiteración de jurisprudencia–
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario
del 86 de la Constitución[5], en relación con la legitimación e interés para
promover la acción de tutela, estableció la posibilidad del agenciamiento de
derechos ajenos en aquellos casos en que el titular no se encuentre en
condiciones de solicitar el amparo de sus derechos por cuenta propia; caso en
el cual debe expresarse tal circunstancia en el escrito.
Ya la Sala Octava de Revisión ha recordado que la
validez de esta figura se cimenta en tres principios constitucionales, a saber:
(i) el principio de la eficacia de los derechos fundamentales, que impone a la
administración la ampliación de mecanismos institucionales orientados a realizar
efectivamente este tipo de garantías; (ii) la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, que busca conjurar que por circunstancias meramente
procedimentales se violen derechos fundamentales; y (iii) el principio de
solidaridad, que impone a la sociedad velar por la protección y efectividad de
los derechos ajenos, cuando ellos por sí mismos no pueden promover su defensa[6].
En reciente sentencia de unificación[7], esta Corporación se refirió a las hipótesis
en las que resulta procedente la agencia oficiosa, en los siguientes términos:
“…el Decreto exige, como condiciones
para que se configure la agencia oficiosa, la concurrencia de dos elementos:
(i) que el titular de los derechos no esté en condiciones de defenderlos y,
(ii) que en la tutela se manifieste esa circunstancia. En cuanto a esta última
exigencia, su cumplimiento sólo se puede verificar en presencia de personas en
estado de vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o
de especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela  se ha
admitido entonces en casos en los cuales los titulares de los derechos son
menores de edad; personas de la tercera edad; personas amenazadas
ilegítimamente en su vida o integridad personal; individuos en condiciones
relevantes de discapacidad física, psíquica o sensorial; personas
pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales.”
Tratándose de la representación de un cónyuge enfermo,
la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los deberes y derechos que
tienen los consortes entre sí, como el socorro y la ayuda mutua en todas las
circunstancias de la vida, llegan inclusive a volver obligatoria la agencia
oficiosa cuando uno de los integrantes de la pareja se encuentra bajo una grave
enfermedad que le impida actuar por sí mismo, siempre que medie por lo menos
prueba del diagnóstico médico para determinar la incapacidad en que se
encuentra el agenciado[8].
Así, en varias oportunidades[9], la Corte ha admitido la agencia oficiosa por
parte de esposos de mujeres, al demostrarse que los quebrantos de salud de ellas
les imposibilitan acudir por cuenta propia a solicitar el amparo.
Pues bien: tal como lo puso de presente el ad quem,
de las pruebas documentales allegadas al proceso se desprende que al momento de
formularse la presente acción de tutela por el señor Rubén Díaz[10] –quien efectivamente aseveró actuar en
nombre y representación de su esposa–, la señora Liliana Bustamante se hallaba impedida
para solicitar la protección de sus derechos, como quiera que apenas habían
transcurrido algunos días desde la intervención quirúrgica que le practicaron
para remover el tumor que la aquejaba; además que, como en su momento lo
manifestó Coomeva EPS al responder la tutela, “la usuaria acumula[ba] 30
días de incapacidad temporal por enfermedad general desde el 30 de diciembre de
2014 al 28 de enero de 2015 por Dx. Tumor Maligno Secundario del Encéfalo y de
las meninges cerebrales”[11].
Cabe traer a colación que en otro caso de similares características
–en el que se discutía también la falta de legitimación en la causa por activa
del esposo de una mujer que había sido sometida a una cirugía–, la Corte
destacó lo siguiente:
“Lo que está en juego es la posibilidad de
asegurar a todos los ciudadanos, aún a aquellos que se encuentran impedidos
física o jurídicamente para actuar por sí mismos, que puedan ejercer una acción
judicial en la que se tome una determinación concreta acerca de la posible
violación de sus derechos fundamentales y, de ser procedente, obtener un pronto
remedio jurídico. Sólo en la medida en que los mecanismos de protección de los
derechos fundamentales se puedan garantizar a todas las personas, haciendo
flexibles las formalidades procesales aplicables, y permitiendo que quienes no
pueden defender sus derechos presencialmente ante las autoridades, tengan
todavía la posibilidad de ser oídas en sede de tutela, se concibe la supremacía
de la Constitución como norma que estimula la convivencia social (artículo 4
C.P.) y se comprende cabalmente el principio de responsabilidad jurídica
aplicable a los particulares y a la autoridad (artículo 6 C.P.)”.[12]
Así las cosas, para la Sala resulta claro que no
existe tal falta de legitimación en la causa por activa alegada por uno de los
extremos pasivos, pues, por el contrario, se configuran en el caso los
presupuestos para la procedencia de la agencia oficiosa en cabeza del señor
Rubén Díaz en su calidad de cónyuge de la afectada, dadas las especiales
circunstancias de salud de que adolecía y que dificultaban que ella intentara
la defensa de sus derechos fundamentales.
5.
Requisitos de
procedencia de la acción de tutela
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación,
la acción de tutela es un mecanismo previsto en la Constitución, orientado a la
protección inmediata de los derechos fundamentales frente a la acción u omisión
de cualquier autoridad pública, de la cual se desprenda vulneración o amenaza a
los mismos; mecanismo que sólo es procedente en la medida en que no se disponga
de otro medio eficaz de defensa judicial para salvaguardar los derechos
invocados, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para conjurar un
perjuicio irremediable, o para hacer cesar un daño que se le viene ocasionando
al tutelante.
El artículo 86 superior prescribe que corresponde al
legislador determinar las circunstancias en que dicha acción constitucional
procede contra particulares encargados de prestar servicios públicos o ante la
grave afectación de un interés colectivo, así como en los casos en que exista
una relación de subordinación o indefensión del accionante frente al accionado.
Aquellas hipótesis en que los particulares pueden ser
sujetos pasivos de la acción de tutela fueron establecidas en el artículo 42
del Decreto 2591 de 1991[13]. Dentro de estas se contempló que podía
hacerse uso de este mecanismo constitucional ante las acciones u omisiones de entes
privados encargados de prestar los servicios públicos de salud y educación,
entre otros. Sobre el particular, al examinar la constitucionalidad de unos
numerales del mencionado precepto, dijo la Corte que:
“La acción de tutela procede contra
particulares que prestan un servicio público, debido a que en el derecho
privado opera la llamada justicia conmutativa, donde todas las personas se encuentran
en un plano de igualdad. En consecuencia, si un particular asume la prestación
de un servicio público -como de hecho lo autoriza el artículo 365 superior- o
si la actividad que cumple puede revestir ese carácter, entonces esa persona
adquiere una posición de supremacía material -con relievancia jurídica- frente
al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano
de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u
omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que requiere de
la inmediata protección judicial.”[14]
El artículo 49 de la Constitución consagra que la
atención en salud y el saneamiento son servicios que están a cargo del Estado, a
quien corresponde establecer las políticas para la prestación por entidades privadas,
así como ejercer su vigilancia y control. No sobra recalcar que el derecho a la
salud, a su vez, se encuentra estrechamente ligado a la efectividad de otras
garantías iusfundamentales como la vida, la integridad personal y la seguridad
social, así como a la esencia misma de la dignidad humana, entendida como eje
fundamental del pacto político.
Adicionalmente, es forzoso recordar que la
Constitución tiene una cláusula de protección preferente a las personas que,
por diversas causas, se hallan en una situación de vulnerabilidad, entre las
cuales se cuentan aquellas que padecen condiciones de salud física o mental que
las coloca en planos de desigualdad frente a sus pares, y de aguda indefensión
frente a las autoridades y los demás estamentos.
Por otra parte, en torno a los conceptos de indefensión
y subordinación, que habilitan el recurso a la tutela contra
particulares, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos:
“La subordinación ha sido entendida por
esta Corporación como la existencia de una relación jurídica de dependencia, la
cual se manifiesta principalmente entre trabajadores y patronos, o entre
estudiantes y profesores o directivos de un plantel educativo. Por su parte,
según la jurisprudencia, el estado de indefensión es un concepto de carácter
fáctico que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de
circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión
de sus derechos. Así mismo, la jurisprudencia ha dicho que la indefensión se
presenta en aquellas circunstancias en las cuales la persona ofendida carece de
medios jurídicos de defensa o también, cuando a pesar de existir dichos medios,
los mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o
amenaza de sus derechos fundamentales.”[15].
Pese a la improcedencia general de la acción de tutela
para ventilar cuestiones cuyo conocimiento es del resorte de la jurisdicción
ordinaria laboral, como sucede con la reclamación de reintegro, este Tribunal
ha aceptado la intervención del juez constitucional en tales asuntos cuando del
tutelante se predica un estado de debilidad manifiesta, lo que ocurre, por
ejemplo, en tratándose de personas enfermas o en condición de discapacidad[16].
En esta materia, respecto de la pretensión de
reintegro, aunque en principio se reconoce como un asunto propio del juez
laboral, se ha sostenido en la jurisprudencia:
“Cuando se busca el reintegro al lugar
del trabajo con ocasión de la desvinculación, en principio debe decirse que la
acción de tutela resulta ser improcedente; pero si quien lo solicita es un
sujeto de especial protección constitucional, que fue desvinculado de su lugar
de trabajo con ocasión de su estado personal como es el caso de las personas
con disminución en su estado de salud, como factores de clara discriminación y
sin atender los requisitos para la legalidad del mismo, entonces debe decirse
que la acción de tutela se torna idónea para resolver el asunto.
“La línea sobre el derecho a la estabilidad
laboral reforzada en esta Corporación se aprecia en suma garantista, precisando
que el margen de acción para garantizar dicha protección, ‘no se limita
entonces a quienes tengan una calificación porcentual de discapacidad, basta
que esté probado que su situación de salud les impide o dificulta
sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin
la necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de
discapacitados.’”[17]
Además se ha explicado cómo el reintegro tiene plena
justificación constitucional cuando se trata de personas cuyas afecciones de
salud se constituyen en verdaderas barreras para acceder a otras alternativas
ocupacionales:
“De manera que en materia laboral, para
este tipo de personas de especial protección constitucional, ‘la indemnización
constituye la última o más lejana de las alternativas y, por lo tanto, se debe
velar hasta cuando sea posible por su permanencia en la entidad, debido a que
su condición disminuye las posibilidades materiales de conseguir un nuevo
empleo y únicamente su salario constituye el presupuesto básico del
sostenimiento familiar.’”[18]
Pues bien: bajo la perspectiva que ofrecen las
anteriores consideraciones, la procedencia de la acción de tutela para el caso
particular se define a partir de los siguientes presupuestos: (I) que el ente particular
en contra de quien se dirige la acción a) preste un servicio público, o b)
afecte con su conducta un interés colectivo de forma grave y directa, o c)
respecto de él se constate un estado de indefensión o subordinación por parte
de quien promueve el trámite; (II) que no exista otro mecanismo de defensa
judicial del derecho cuya vulneración se alega; (III) que a pesar de existir
otro medio de defensa, el mismo no sea idóneo o eficaz ante el acaecimiento de
un perjuicio irremediable para el solicitante, dedicando singular atención en
el caso de personas de especial protección constitucional.
6.
Alcance del
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades según la
jurisprudencia constitucional
Uno de los principios rectores del Derecho del Trabajo
es el de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales –consagrado en el artículo 53 de la
Carta[19]–, el cual se encuentra íntimamente ligado
al principio de prevalencia del derecho sustancial –previsto en el artículo 228
de la misma obra–.
Este Tribunal ha reconocido que, al margen de la forma
en que los individuos que pactan la prestación de un servicio personal
convengan designar el contrato, es la estructura factual de la relación entre
los sujetos lo que determina la verdadera naturaleza del vínculo:
“La primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un
principio constitucional (CP art. 53). La entrega libre de energía física o
intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación,
independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter
de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del
trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la
materia. La prestación efectiva de trabajo, por sí sola, es suficiente para derivar
derechos en favor del trabajador, los cuales son necesarios para asegurar su
bienestar, salud y vida. Las normas laborales nacionales e internacionales, en
atención a la trascendencia del trabajo y a los intereses vitales que se
protegen, están llamadas a aplicarse de manera imperativa cuando quiera se
configuren las notas esenciales de la relación de trabajo, sin reparar en la
voluntad de las partes o en la calificación o denominación que le hayan querido
dar al contrato.”[20]
La intrínseca relación de este principio con la
prevalencia del derecho sustancial, en el contexto de las relaciones laborales,
dota de justificación la protección que el ordenamiento otorga al trabajador,
dada la posición de superioridad que ostenta frente a él el empleador, tal como
se ha expuesto en anteriores pronunciamientos:
“Más que las palabras usadas por los
contratantes para definir el tipo de relación que contraen, o de la forma que
pretendan dar a la misma, importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de
la Constitución, el contenido material de dicha relación, sus características y
los hechos que en verdad la determinan.
“Es esa relación, verificada en la
práctica, como prestación cierta e indiscutible de un servicio personal bajo la
dependencia del patrono, la que debe someterse a examen, para que, frente a
ella, se apliquen en todo su rigor las normas jurídicas en cuya preceptiva
encuadra.
“Eso es así, por cuanto bien podría
aprovecharse por el patrono la circunstancia de inferioridad y de urgencia del
trabajador para beneficiarse de sus servicios sin dar a la correspondiente
relación jurídica las consecuencias que, en el campo de sus propias
obligaciones, genera la aplicación de las disposiciones laborales vigentes,
merced a la utilización de modalidades contractuales enderezadas a disfrazar la
realidad para someter el vínculo laboral a regímenes distintos.”[21]
La hermenéutica del referido principio constitucional
ha dado paso al concepto de contrato realidad, como se señala en el
siguiente extracto:
“La realidad sobre las formalidades
evidenciadas en las relaciones de trabajo, hace referencia a un principio
constitucional imperante en materia laboral y expresamente reconocido por el
artículo 53 de la Carta Política, entendido de la siguiente forma: no importa
la denominación que se le dé a la relación laboral, pues, siempre que se
evidencien los elementos integrantes de la misma, ella dará lugar a que se
configure un verdadero contrato realidad.”[22]
En línea con estos razonamientos, la Corte ha
desarrollado en abundante jurisprudencia la noción de contrato realidad[23], entendido como aquel vínculo laboral que
materialmente se configura tras la fachada de un contrato con diferente
denominación. En otras palabras, se trata de una relación laboral soterrada
bajo la apariencia de un acuerdo de voluntades que dista de la manera en que en
verdad se desarrolla la actividad.
Como consecuencia de ello, se ha puesto de relieve que
el aspecto primordial a tener en cuenta es la relación efectiva que existe
entre el trabajador y el empleador, independientemente de lo que resulte del
contrato o de lo que se derive de este, en tanto lo allí consignado o
formalmente convenido puede ser contrario a la realidad[24]. Sobre el particular, se ha precisado que:
“En virtud del principio de primacía de
la realidad en las relaciones laborales, la existencia de una relación de
trabajo no depende de los pactos realizados por las partes, ni de la apariencia
contractual, ni de las relaciones jurídicas subjetivas, sino, por el contrario,
de la situación real en que se halla el trabajador respecto del patrono, de la
realidad de los hechos a que aquél se encuentra vinculado y de las situaciones
objetivas que surgen indistintamente de la nomenclatura utilizada para definir
la relación. Este alcance del principio rescata la existencia del contrato de
trabajo aún sobre la voluntad evidenciada por las partes y ello es compatible
con el carácter irrenunciable de los derechos laborales y con la índole
protectora del derecho del trabajo.”[25]
Tal ha sido la lectura por parte de esta Corporación
al analizar el uso común de la figura del contrato de prestación de servicios que
esconde en la práctica una indiscutible relación laboral[26]. Asimismo, a partir de este entendimiento se
han examinado controversias en las que advierte la existencia de un contrato
laboral a término indefinido encubierto tras un artificial contrato de obra o
labor contratada:
“Pero no obstante que el principio de
primacía de la realidad en las relaciones laborales se muestra especialmente
útil cuando se ha pretendido ocultar una relación laboral, su utilidad también
se potencia cuando, partiéndose de la existencia de un contrato de trabajo, se
le da la apariencia de relaciones laborales con condiciones de desventaja para
el trabajador. En estos casos, la relación sustancial entre patrono y
trabajador toma la forma de un contrato de trabajo y de allí que el principio
de primacía de la realidad no resulte relevante para afirmar un contrato cuya
existencia no se discute. No obstante, como en esa hipótesis es posible que el
contrato de trabajo formalizado no de cuenta del verdadero alcance de la
relación laboral, en ese punto se torna útil el citado principio constitucional
pues este se muestra idóneo para evidenciar el verdadero alcance de ese contrato
aún contra la voluntad misma del empleador y el asentimiento del trabajador.
Así ocurre, por ejemplo, cuando a un solo contrato de trabajo se le da la
apariencia de varios contratos sucesivos o cuando a un contrato a término
indefinido se le da la apariencia de un contrato de obra con el fin de eludir
el reconocimiento de los derechos laborales del trabajador. En estos casos, el
principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales permite que se
desvirtúen los supuestos contratos sucesivos y se evidencie la existencia de un
contrato único o que se desvirtúe un supuesto contrato de obra y se evidencie
un contrato de carácter indefinido, según el caso.”[27]
Así, al estudiar la acción de tutela formulada por una
mujer embarazada a quien su empleador le extinguió el vínculo laboral con el
argumento de la terminación del supuesto contrato de obra, la Corte indicó:
“De las pruebas que obran en el
expediente es claro que la accionante celebró un contrato de trabajo “por el
término que dure la realización de la obra o labor determinada” con la empresa
Contupersonal Ltda, el 30 de marzo de 2004, para desempeñarse como vendedora
puerta a puerta de la “promoción de líneas telefónicas domiciliarias” de
propiedad de la Empresa Edatel S.A.
“Posteriormente, en el mes de septiembre
de 2004, durante la ejecución del contrato, la demandante informó por escrito
sobre su estado de embarazo a la empresa Contupersonal Ltda., la cual le
informó que su contrato de trabajo terminaba el 30 de diciembre aduciendo como
“justa causa” la terminación de la labor para la que se le contrató.
“(…)
“…aunque la empresa empleadora argumentó
que no hubo despido sino terminación de la obra o labor determinada, para la
que fue contratada, que era la promoción de venta de líneas telefónicas
domiciliarias de propiedad de otra empresa, en verdad existió fue un contrato a
término indefinido al que se le dio la forma de un contrato de obra para
facilitar el desconocimiento de los derechos laborales de la actora.”[28]
En otras oportunidades esta Corte ha aplicado, en
similar sentido, el principio al cual se viene haciendo alusión. Tal es el caso
de una acción de tutela en la que se ventilaba que una relación laboral con los
rasgos de un contrato de trabajo a término indefinido se ocultó bajo la forma
de un contrato de labor contratada por medio de empresas de servicios temporales:
“Pues bien, en un supuesto como este se
potencia el principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales
consagrado en el artículo 53 de la Constitución y desarrollado por la
legislación laboral. Esto por cuanto, si bien las accionadas no discuten que
entre ellas y la actora existió un contrato de trabajo, su pretensión se
orienta a que se reconozca la forma jurídica de que se revistió la relación
laboral que las vinculaba, es decir, a que se admita la existencia de un
contrato de duración por la labor contratada y a que se niegue la existencia de
un contrato a término indefinido.
“No obstante, la situación real en que
se encontraba la trabajadora respecto de su patrono, la realidad de los hechos
en que ella se vio involucrada y las situaciones objetivas por las que atravesó
son claramente indicativas de que no se estaba ante un contrato de duración por
la labor contratada sino ante un contrato a término indefinido. En efecto, por
una parte, la actora estaba vinculada desde hace más de dos años a Lácteos del
Campo y, por otra, la labor para la cual se contrató a la actora fue la de
mercaderista. Luego, tanto el tiempo de vinculación como la índole de la tarea
a cumplir desvirtúan que se haya estado en presencia de un contrato cuya
duración se determina por la duración de la obra contratada. Por el contrario,
lo que la realidad indica es que lo que existió fue un contrato a término
indefinido.
“Ahora bien. Por mandato expreso del
artículo 53 superior, esa realidad tiene prevalencia por encima de las formas
jurídicas que a ella le impriman las partes. Esto es, a pesar de que
formalmente se haya afirmado que lo que se suscribió fue un contrato por la
duración de la obra, lo que prevalece es el contrato a término indefinido a que
realmente hubo lugar. Y por ello, la existencia de un contrato a término
indefinido debe ser apreciada por el juez constitucional como un elemento de
juicio con miras a la determinación de si procede o no el amparo invocado.”[29]
De suerte, entonces, que son las condiciones objetivas
en las que se presta el servicio las que se imponen, por mandato superior, a
los calificativos que los sujetos a bien tengan asignarle al momento de
celebrar el pacto, pues las obligaciones y derechos en cabeza de las partes de
la relación laboral no se restringen a la estricta literalidad de lo acordado,
sino que surgen de la auténtica forma en que se desenvuelve la interacción
entre el patrono y el trabajador.
Así pues, el principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades implica que la garantía que dispensa la Constitución
a los derechos de los trabajadores, trasciende las estipulaciones vertidas en
las diversas especies de contratos que pueden suscribirse.
7.
La estabilidad
laboral reforzada en circunstancias de enfermedad del trabajador
En abundante jurisprudencia esta Corte ha desarrollado
la protección preferente que el ordenamiento jurídico provee a los y las
trabajadoras que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
La estabilidad laboral reforzada a favor de mujeres
embarazadas y en licencia de maternidad, personas con discapacidad y trabajadores
que padecen alguna enfermedad, se erige como una garantía de raigambre
constitucional, orientada a hacer efectivos los principios de igualdad y de
estabilidad en el empleo –artículos 13 y 53 C.P.–, salvaguardando a estos
sujetos frente a los actos discriminatorios por parte de sus empleadores, y
brindándoles cierto grado de certidumbre sobre la permanencia en su alternativa
ocupacional.
Particularmente, en lo que toca a los trabajadores con
limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, instrumentos del derecho
internacional de los derechos humanos ponen de presente el compromiso del Estado
de cara a la satisfacción de los derechos de que son titulares las personas en
condición de discapacidad[30], a cuyo favor deben adoptarse medidas en
diversos ámbitos, entre los que se cuenta, precisamente, el del empleo.
A nivel interno sobresale la Ley 361 de 1997, que establece
dicha protección especial al disponer que los patronos deben contar con
autorización del inspector de trabajo para poder proceder a la terminación
unilateral del contrato laboral con trabajadores que se encuentran en estas
circunstancias[31], o se presumirá que la ruptura del vínculo
obedece a motivos discriminatorios, generándose de ello unas consecuencias que,
además de restablecer los derechos del empleado, castigan la infracción del
autor del despido, conforme lo ha subrayado en este Tribunal:
“Sobre el particular, en Sentencia T-025
de 2011, la Corte expuso que despedir a una persona en estado de discapacidad
sin autorización del Ministerio del Trabajo, es un acto que tiene consecuencias
identificables, como lo son: (i) que el despido sea absolutamente ineficaz;
(ii) que en el evento de haberse presentado éste, corresponde al juez ordenar
el reintegro del afectado y, (iii) que sin perjuicio de lo dispuesto, el
empleador desconocedor del deber de solidaridad que le asiste con la población
laboral discapacitada, pagará la suma correspondiente a 180 días de salario, a
título de indemnización, sin que ello signifique la validación del despido.
Además, se deberán cancelar todos los salarios y prestaciones sociales dejados
de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en el cual proceda el
reintegro.”[32]
Dentro de este marco, en la jurisprudencia se ha dilucidado
que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de que gozan los trabajadores
con alguna discapacidad, lleva ínsitas las siguientes implicaciones: “(i)
el derecho a conservar el empleo, (ii) a no ser despedido en razón de su
situación de vulnerabilidad, (iii) a permanecer en él hasta que se configure
una causal objetiva que amerite la desvinculación laboral y (iv) a que el
inspector de trabajo o la autoridad que haga sus veces, autorice el despido con
base en la verificación previa de dicha causal, a fin de que el mismo pueda ser
considerado eficaz”. Esto último, con independencia de la modalidad contractual
adoptada por las partes.” [33]
Ahora bien: esta Corte ha indicado que para reprocharle
al empleador una actitud discriminatoria frente al trabajador que posee alguna
limitación, es necesario partir del supuesto de que aquel está al tanto de la
afección de que se trata:
“Es forzoso que el empleador conozca la
discapacidad del trabajador como instrumento de protección de la seguridad
jurídica. Esto evade el hecho de que posteriormente en la jurisdicción se asuma
intempestivamente que el trabajador es discapacitado y se le impongan al
empleador diversas obligaciones que no preveía, debido a su desconocimiento de
la discapacidad. Ahora bien, este deber del trabajador de informar no está
sometido a ninguna formalidad en la legislación actual, de modo que
atropellaría la Sala el artículo 84 constitucional si impone vía jurisprudencia
algún requisito formal para efectos del ejercicio de los derechos que se
desprenden de la discapacidad. De tal suerte que el deber de informar puede
concretarse con la historia clínica, con frecuentes incapacidades e, incluso,
con la realidad cuando ella es apta para dar cuenta de la discapacidad, en
concordancia con el principio de primacía de la realidad sobre las formas.”[34]
No obstante, mediante sentencia de unificación, la
Corte estableció que la protección constitucional reforzada no depende del
conocimiento del empleador, como quiera que la circunstancia que da lugar a esa
forma especial de amparo es un hecho objetivo. Así, el conocimiento del
empleador será determinante para fijar el grado de protección, mas no la
protección misma. Si bien en esa oportunidad el análisis se contrajo al caso de
las mujeres embarazadas, resulta pertinente trasplantar por igualdad aquellos
argumentos al caso de las personas con algún padecimiento físico o sensorial,
dado que se encuentran en el mismo riesgo de discriminación basada en su
condición:
“Lo primero que debe precisar la Corte,
siguiendo la jurisprudencia constitucional y los apartados precedentes de esta
sentencia, es que el conocimiento del embarazo de la trabajadora no es
requisito para establecer si existe o no protección, sino para determinar el
grado de la protección.
“Así, el conocimiento del embarazo por
parte del empleador da lugar a una protección integral y completa, pues se
asume que el despido se basó en el embarazo y por ende en un factor de
discriminación en razón del sexo. Por otra parte, la falta de conocimiento,
dará lugar a una protección más débil, basada en el principio de solidaridad y
en la garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia,
como un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la madre y como
garantía de los derechos del recién nacido.”[35]
Llegado este punto, es pertinente recordar que la
evolución de la jurisprudencia ha logrado extender el amparo de la estabilidad
laboral reforzada a las personas que sufren algún tipo de enfermedad, aunque la
misma no sea considerada estrictamente como una discapacidad, así como a quienes
que se hallan convalecientes o con una incapacidad temporal, habida cuenta de
que, también en estos casos, los trabajadores están situados en una
circunstancia de debilidad manifiesta que amerita protección constitucional:
“La concepción amplia del término
“limitación” ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de
esta Corporación en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la
Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad
manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una calificación
previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez.
“(…)
“En este orden de ideas, la Corte
Constitucional también ha sido enfática en señalar que toda persona que se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta como resultado del
padecimiento de una enfermedad y sin importar el tipo de relación laboral
existente, ‘tiene derecho a que se le garantice la estabilidad laboral
reforzada por estar en una condición de debilidad manifiesta. Por tanto, el
empleador podrá únicamente mediante autorización del inspector de trabajo y por
una justa causa objetiva, desvincular al trabajador que presente una
disminución física o psíquica en su organismo (Sentencia T-490 de 2010)’. Es
claro entonces que la protección con que cuenta este grupo de personas es
relativa y no absoluta, ya que, como se acaba de mencionar, cuando el
trabajador incurra en una justa causa de terminación unilateral del contrato,
el empleador puede tramitar la autorización de despido ante el respectivo
inspector.
“Es de concluir, entonces, que los
trabajadores que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta e
indefensión por la afectación en su estado de salud tienen derecho al
reconocimiento de una estabilidad laboral reforzada, con independencia de (i)
el vínculo contractual adoptado por las partes y; (ii) que su condición haya
sido certificada como discapacidad por el organismo correspondiente. En virtud
de ello detentan el derecho a permanecer en su cargo hasta tanto se configure
una causal objetiva que extinga la relación laboral, circunstancia que de todas
formas debe ser verificada y autorizada por el inspector del trabajo.
Igualmente, tendrá derecho al pago de la indemnización contemplada en el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en el evento en que la
desvinculación laboral se produzca sin la autorización de la autoridad
competente”.[36]
Corolario de lo expuesto hasta este momento es que los
trabajadores que se hallan en una situación de indefensión o debilidad
manifiesta, ya sea por una discapacidad calificada como tal, ora por una mengua
en su salud, están abrigados por la Constitución a través la figura de
estabilidad laboral reforzada, como consecuencia del hecho objetivo que es la
enfermedad. Ello descarta que la protección desparezca ante el desconocimiento
del empleador respecto de la dolencia, pero además proscribe que el patrono
conocedor de dicha condición extinga el vínculo laboral, sin mediar para el
efecto el permiso concedido por la autoridad de trabajo correspondiente.
8.
El principio de
solidaridad y su concreción por el juez constitucional
El principio de solidaridad es uno de los ejes en
torno a los cuales se erige el modelo de Estado social y democrático de Derecho,
de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución. Pero además, la Carta concibió
la solidaridad como una obligación en cabeza de todas las personas que integran
la sociedad[37]. Sobre el particular, recientemente ha
sentado la jurisprudencia constitucional:
“El principio de solidaridad constituye
una característica esencial del Estado social de derecho que impone al poder
público y a los particulares una serie de deberes fundamentales para el logro
de una verdadera y equitativa armonización de los derechos. A este respecto, la
Corte ha señalado que la solidaridad, entendida como un deber constitucional,
es ‘impuesto a toda persona por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado
social, […] [y consiste] en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en
beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo’. Es decir, que la
solidaridad corre a cargo y a favor de cada miembro de la comunidad y trata de
la articulación de voluntades para la convivencia pacífica y la construcción y
el mantenimiento de una vida digna para todos. Siguiendo este argumento, la
Corte ha especificado que ‘a los miembros de la comunidad, dentro del marco de
sus posibilidades, les asiste la obligación de cooperar con sus congéneres ya
sea para facilitar el ejercicio de sus derechos o, en su defecto, para
favorecer el interés colectivo’.”[38]
Desde sus pronunciamientos más tempranos, la Corte ha
puesto de relieve que el mencionado principio tiene una triple dimensión en
nuestro modelo constitucional. Esa visión compleja de la solidaridad lleva
implícito que ella se irradia desde la fundación del pacto político a todo el
ordenamiento, así como a las relaciones de reciprocidad entre los habitantes
del país:
“La solidaridad es un valor
constitucional que presenta una triple dimensión. Ella es el fundamento de la
organización política; sirve, además, de pauta de comportamiento conforme al
que deben obrar las personas en determinadas situaciones y, de otro lado, es
útil como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u
omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos
fundamentales. La
solidaridad como modelo de conducta social permite al juez de tutela determinar
la conformidad de las acciones u omisiones particulares según un referente
objetivo, con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales.”[39](se subraya).
A partir de dicho entendimiento, este Tribunal ha
sostenido que, si bien para el Estado la solidaridad es un imperativo inquebrantable,
ligado a su existencia y al cumplimiento de sus fines, para los particulares el
deber en comento se desarrolla a través de la ley –en tanto podría implicar
alguna restricción a las libertades individuales–, no obstante lo cual el juez
de tutela puede imponer ciertas cargas en los casos en que se encuentre
envuelta la salvaguardia de derechos fundamentales.
De esta forma, se han venido desarrollando distintos supuestos
en virtud de los cuales a los particulares les es exigible obrar conforme al deber
de solidaridad[40]. Empero, reconociendo que los actos
solidarios entre las personas no en todos los eventos emergen de forma
espontánea, se ha abierto paso a la posibilidad de que las autoridades adopten
medidas que incentiven esta actitud entre los sujetos de naturaleza privada:
“Teniendo la solidaridad tanto móviles
para su ocurrencia, no es de esperar que ella siempre despunte por generación
espontánea, dado que, si bien la espontaneidad para dar de sí a quien lo
necesita es una importante fuente de solidaridad, es de reconocer que ésta
puede ser válidamente inducida, promocionada, patrocinada, premiada y estimulada
por el Estado en orden a la materialización y preservación de determinados
bienes jurídicos de especial connotación social.”[41]
De modo que al ser la acción de tutela un escenario en
el que se muestran diversas situaciones de las relaciones sociales cotidianas,
en las que la posición asimétrica de las partes pone en peligro los derechos de
aquel que está situado en una posición desventajosa o debilidad manifiesta, no
cabe duda en cuanto a que la decisión judicial es un espacio propicio para
dotar de vigor el mandato de solidaridad mediante la redistribución de cargas
específicas según el caso. Con ello, además de que se recupera el equilibro
interrumpido por la vulneración, se refrenda el interés colectivo en la
eficacia de los derechos para todos los miembros de la comunidad.
Bajo esta perspectiva, es claro que la solidaridad
puede verse materializada en los casos en que el juez de tutela induce a ciertas
personas a la adopción de determinadas conductas de auxilio y colaboración frente
a otras. En otras palabras, el juez constitucional está investido de la
facultad de interceder en procura de la realización de actos de entes privados,
encauzados a superar una situación problemática en la que se advierte una amenaza
a garantías iusfundamentales.
Esta dimensión de la solidaridad encuentra una de sus
posibles manifestaciones en el campo de las relaciones laborales, que de por sí
son asimétricas. La desigualdad entre las partes –patrono y trabajador– se
acrecienta significativamente cuando el segundo se encuentra en una situación
de vulnerabilidad, como son las mujeres embarazadas o en licencia de
maternidad, quienes padecen alguna discapacidad y las personas enfermas y/o
convalecientes.
En vista de ello, el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de que son titulares los trabajadores que se hallen en estas
condiciones, apareja para los empleadores el deber insoslayable de actuar con solidaridad,
como se indicó en precedencia al abordar la protección que les asiste a las
mujeres embarazadas, pese al desconocimiento del estado de gravidez por parte patrono.
9.
La continuidad
de la atención en salud
Uno de los principios rectores en el ámbito de la
prestación del servicio de salud es el principio de continuidad. Esta
Corporación ha sostenido que “Dada la naturaleza dual de la salud, como
derecho y servicio público a cargo del Estado, la continuidad en su prestación
supone que, una vez iniciado un tratamiento o suministrado un servicio de
salud, el mismo no pueda ser interrumpido o suspendido por parte de la entidad
responsable de su prestación por razones administrativas, presupuestales o de
cualquier índole, salvo que exista una causa legal que lo justifique y siempre
que la misma se encuentre ajustada a los principios y derechos
constitucionales.”[42]
Tratándose de sujetos de especial protección con afecciones
de salud, la continuidad en la atención médica cobra vertebral trascendencia como
quiera que desatender dicho principio compromete peligrosamente la eficacia en
el goce de sus derechos fundamentales Por tanto, el Estado tiene en tales casos
una obligación reforzada en virtud de diversos preceptos constitucionales, como
el artículo 2 que consagra la efectividad de los derechos y el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado como fines esenciales a este, el artículo 13
que prescribe el imperativo de protección para las personas en estado de
debilidad manifiesta, y el artículo 49 que define la salud como un servicio
público a cargo del Estado que lo conmina a garantizar a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
En esta línea, resulta pertinente retomar las
consideraciones sentadas en otra oportunidad por la Sala Octava de Revisión a
propósito de la continuidad en la prestación del servicio de salud respecto de
este grupo personas:
“En el caso de los sujetos de especial
protección constitucional, el principio de continuidad en salud adquiere mayor
relevancia y protección, pues implica que los servicios se deben suministrar de
manera prioritaria, preferencial e inmediata, sin que se pueda alegar algún
argumento legal, administrativo o económico para su suspensión. En este
sentido, en la Sentencia T-1167 de 2003, la Corte precisó que el Estado no
puede interrumpir la prestación del servicio de salud por inconvenientes entre
entidades prestadoras, máxime si el usuario afectado se encuentra afiliado al
régimen subsidiado de salud y es un sujeto de especial protección
constitucional.”[43]
Dado el marco de análisis que viene agotando la Corte,
es preciso poner de presente en este punto que el Decreto 3047 de 2013, por
medio del cual se establecen las reglas sobre movilidad entre regímenes para
afiliados focalizados en los niveles I y II del Sisbén, estableció la
posibilidad de que el afiliado al régimen contributivo que pierde la capacidad
de pago ingrese al régimen subsidiado, manteniendo su EPS y sin afectar la continuidad en el
servicio.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el hecho de
que una persona pase del régimen contributivo al subsidiado con motivo de una
alteración de sus condiciones laborales o económicas, como lo sería la pérdida
del empleo, no es óbice para que se le siga prestando íntegramente la
asistencia en salud en la misma entidad a la que estaba afiliada, esto es, sin
intermitencia alguna; máxime si tal paciente ostenta la calidad de sujeto de
especial protección –v. gr. cuando se está en medio de un tratamiento destinado
al restablecimiento de la salud–.
Desde este enfoque de garantía de los derechos de los
usuarios del sistema, responsabilidad a cargo del Estado y las entidades que
asumen tan importante tarea, “no es admisible constitucionalmente abstenerse
de prestar el servicio o interrumpir el tratamiento de salud que se requiera
bien sea por razones presupuestales o administrativas, so pena de desconocer el
principio de confianza legítima y de incurrir en la vulneración del [sic] derechos
constitucionales fundamentales”[44].
Así las cosas, es claro que a las EPS les está vedado
negar la asistencia del personal médico y el suministro de medicamentos, cuando
tal omisión pretende respaldarse en motivos de tipo administrativo que retrasen
o entorpezcan de cualquier forma la atención requerida –como las cuestiones
relativas al cambio de régimen de afiliación–, toda vez que la adopción de estas
conductas por las referidas instituciones puede llegar a lesionar la salud, la
integridad, la dignidad y, en casos extremos, hasta la vida de los usuarios.
10.     Caso concreto
Como medida inicial, corresponde a la Corte determinar
si se reúnen en el caso bajo estudio los requisitos para la procedencia de la
acción de tutela.
En lo que concierne a la legitimación en causa por
activa, en el acápite de esta sentencia intitulado “Cuestión previa”, se logró
concluir que el señor Rubén Díaz estaba habilitado para interponer la acción
como agente oficioso de su cónyuge, Liliana Bustamante.
Respecto a la legitimación en causa por pasiva, encuentra
la Sala que las entidades demandadas pueden ser sujetos pasivos de la acción, pues,
por una parte, la actora se encontraba frente al Instituto Santa Teresita en
una situación de subordinación, originada en la relación trabajadora-empleador.
Por su parte, Coomeva EPS es una entidad privada que presta el servicio público
de salud e, inclusive, puede predicarse una situación de indefensión en cabeza
de la accionante, dada su condición de usuaria o, en términos más puntuales, de
paciente, recordando la delicada afección que le fue diagnosticada.
De otro lado, en lo referente a la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial de los derechos invocados, aunque a primera vista
pudiera afirmarse que nada obsta para que los hechos y pretensiones del caso
sean ventilados ante la jurisdicción ordinaria laboral, no debe perderse de
vista que la detección y posterior extirpación de un tumor cerebral convierten
a la actora en un sujeto que requiere una protección inaplazable mientras que
avanza su proceso de recuperación integral de la salud; aunado a que, según lo
afirmado en el libelo, su núcleo familiar adolece de una situación económica
apremiante, aserción que no fue desvirtuada por el extremo pasivo, de
conformidad con la presunción decantada por la jurisprudencia constitucional.
En este punto, es oportuno reiterar lo sentado por
este Tribunal en lo que toca a la procedencia excepcional de la acción de
tutela para reclamar derechos asociados a asuntos laborales:
“La jurisprudencia constitucional ha
establecido que la acción de tutela no procede, de manera general, para
solicitar el cumplimiento de prestaciones de naturaleza laboral debido a su
carácter subsidiario y residual. No obstante, se admite su procedencia
excepcional atendiendo a las particularidades del caso y cuando se ven
comprometidos derechos fundamentales de una persona que es titular de una
protección especial por parte del Estado.”[45]
A partir de las anteriores consideraciones, se aprecia
que en el presente caso concurren las razones que respaldan la procedencia de
la acción de tutela: (i) la naturaleza del servicio que presta uno de
particulares accionados; (ii) la situación de indefensión y subordinación en
que se encuentra la accionante frente a los demandados; y (iii) la ineficacia
inmediata del medio ordinario de protección, habida cuenta de la calidad de
sujeto de especial protección constitucional que ostenta la tutelante por sus
condiciones de salud.
Por lo expuesto, se procederá a examinar el fondo de
la materia.
1.     La realidad que subyace a la relación
laboral entre las partes
En primer lugar, la Corte advierte que las
características de la relación laboral entre el Instituto Santa Teresita y la
señora Liliana Bustamante dan cuenta de la existencia de un contrato realidad,
a la luz del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
En efecto, las copias de los contratos aportadas al
expediente[46] dejan entrever distintos rasgos de lo que
en realidad se muestra como un contrato laboral a término indefinido, pese a
que el Instituto demandado en su momento pretendió encubrirlos bajo las figuras
de contratos a término fijo y de obra o labor contratada, a saber:
(i)
existieron sucesivas
vinculaciones a lo largo de siete años consecutivos entre el 2008 y el 2014[47];
(ii)
el objeto del contrato
–desempeñar el cargo de servicios generales– no se circunscribe a una labor
accidental o contingente dentro del desarrollo del funcionamiento del colegio,
sino que se trata de una actividad que normalmente requiere ser desplegada de
forma permanente para la adecuada operación del plantel, ya que la lógica
indica que se necesitan, por ejemplo, aulas aseadas y ordenadas para
impartir/recibir clases, espacios de recreación y descanso debidamente
cuidados, zonas sanitarias en condiciones de higiene, oficinas, bibliotecas,
auditorios y laboratorios organizados y con un juicioso mantenimiento, entre
otras tantas tareas del personal de servicios generales, encaminadas a
garantizar el bienestar del que cotidianamente gozan los miembros de la
comunidad educativa, inclusive en los periodos vacacionales;
(iii)
se dio una clara y permanente
subordinación de la actora hacia la rectora del Instituto, develada en las
cláusulas que imponen la prestación exclusiva del servicio, incluyen “labores
anexas y complementarias de conformidad con las órdenes e instrucciones que se
le impartan”, fijan un horario estricto de trabajo, contemplan la posibilidad
de traslados a otros lugares para el cumplimiento de las tareas encomendadas;
además que introducen “compromisos especiales” en cabeza de la
trabajadora consistentes en “demostrar sentido de pertenencia por la
Institución”, portar uniforme, responder por el uso y cuidado de los
materiales entregados para ejercer su labor, mantener las precauciones de salud
ocupacional, comunicar por escrito las ausencias o permisos requeridos, y “velar
por la prestación del servicio para no afectar el buen nombre de la Institución”.
Vistos estos elementos, para la Sala no cabe duda
respecto de que la relación laboral entre las partes transcurría en el plano
fáctico como un auténtico contrato de trabajo a término indefinido. Así que,
acogiendo el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las
formas, es forzoso reconocer la verdadera esencia del contrato laboral entre el
Instituto Santa Teresita y la señora Liliana Bustamante, y adjudicar a este
hallazgo las consecuencias jurídicas que corresponden a la naturaleza del vínculo,
como lo es el derecho a la estabilidad en el empleo previsto en el artículo 53
de la Carta.
En este punto, es menester recordar que en tanto
subsistan las causas y la materia que originaron la relación laboral, la misma
no puede darse por terminada unilateralmente por el patrono, mientras el
trabajador venga cumpliendo cabalmente con las actividades asignadas y no
incurra en una de las justas causas de despido previstas por la ley.
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la verdadera
naturaleza del vínculo entre las partes es la de un contrato de trabajo a
término indefinido, que en ese sentido la trabajadora tiene derecho a la
estabilidad en el empleo, y que persiste la necesidad del servicio asociado al
cargo que ella desempeñaba –pues inevitablemente una institución educativa
requiere para su funcionamiento de un encargado de los servicios generales–, lo
que corresponde es reconocer y declarar tal circunstancia en esta sede, y
ordenar el reintegro de la actora al Instituto accionado, con sustento, además,
en los argumentos que se exponen a continuación.
2.     La situación de debilidad manifiesta y la
protección constitucional reforzada en cabeza de la tutelante
Ahora bien: no puede dejarse de lado que el estado de
salud de la accionante es la circunstancia que hace oportuna la intervención
del juez constitucional en la controversia, en tanto el riesgo inminente de
derechos fundamentales del sujeto de especial protección demanda una solución
urgente.
Sobre este aspecto del debate, la Sala estima que la
actora sí se encuentra en situación de debilidad manifiesta, en razón a la
patología que le fue diagnosticada, por la cual ha venido requiriendo
tratamiento médico constante, según se desprende de las aseveraciones
consignadas en el escrito de tutela y de la historia clínica que obra en el
expediente.
En este sentido, es forzoso precisar las implicaciones
que tiene la condición de la actora de cara a la ruptura del vínculo laboral
por parte del empleador.
En lo que toca a la actitud adoptada por el Instituto
accionado frente a la enfermedad de la trabajadora, la Sala de Revisión
reconoce que el diagnóstico del tumor cerebral se produjo con posterioridad a
la terminación de contrato, pues, por lo que se observa en el plenario, la
misiva dirigida a la actora por parte de la rectora del colegio, comunicándole
que prescindirá de sus servicios, data del 30 de noviembre de 2014[48], al paso las tomografías que pusieron en
evidencia la lesión se practicaron los días 30 y 31 de diciembre de 2014[49].
Desde este punto de vista resultaría lógico afirmar
que al momento de la desvinculación el colegio desconocía la enfermedad de la
tutelante, pues no se demostró que por cualquier otro medio hubiera podido
enterarse de la afección a que se alude; a más que, para entonces, no se
trataba de un padecimiento exteriorizado y fácilmente perceptible por un
tercero, ni se acreditó que el mismo haya dado lugar al reconocimiento de
incapacidades por los galenos que la atendieron, ni se alegó que el malestar ocasionara
ausencias recurrentes o emergencias de especial connotación en el trabajo, acontecimientos
que eventualmente hubiesen podido ser tenidas como indicios de los quebrantos de
salud que la aquejaban –aunque no parece descabellado asociar a la patología
aquellas cefaleas que la actora venía sufriendo desde el año 2009[50] y que la habían llevado a visitar el
centro asistencial en donde los profesionales dictaminaron “migrañas”–.
Sin embargo, de acuerdo con lo que se indicó en las
consideraciones generales, la enfermedad es un hecho objetivo que se presenta
con independencia del conocimiento que tenga el empleador sobre el particular,
aún si la misma no ha sido calificada como una discapacidad por las autoridades
sanitarias. Esto quiere decir que la protección constitucional reforzada no se
activa a partir del conocimiento por el empleador de la circunstancia de
debilidad manifiesta, sino que ello servirá para determinar el grado de
protección en cada caso: integral y completa cuando el empleador está enterado
–por lo que el despido se presumirá basado en la discriminación–, y menos
fuerte cuando el empleador desconoce la situación del trabajador –caso en el
cual el principio de solidaridad y el derecho a la estabilidad reforzada son la
fuente de las medidas protectoras–.
Bajo este supuesto, aunque que en principio no podría imputársele
una actitud discriminatoria al Instituto Santa Teresita, pues el diagnóstico de
la enfermedad de la trabajadora ocurrió después de la terminación del contrato,
el desconocimiento del hecho no lo exonera de las obligaciones derivadas del
deber constitucional de solidaridad frente a la señora Liliana Bustamante, dado
su estado debilidad manifiesta.
Entonces, ante el genuino desconocimiento del grave estado
de salud de su empleada, no le era exigible al ente accionado que acudiera al
inspector de trabajo a fin de solicitar autorización para extinguir el vínculo
y, en esa medida, tampoco podría atribuírsele la sanción prevista en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, consistente en una indemnización a favor de
la trabajadora. Empero, la naturaleza vinculante del principio de solidaridad,
hace imperativo que en el caso concreto se asignen cargas a la parte fuerte de
la relación laboral; máxime cuando se constató que las garantías de la actora
fueron conculcadas a lo largo de muchos años al disfrazar de contrato de obra o
labor lo que en la realidad operaba como un contrato a término indefinido,
inclusive, al punto de que ha sido forzoso declarar el contrato realidad en
sede de tutela.
Así las cosas, con fundamento en los mandatos
constitucionales de protección a la persona en situación de debilidad
manifiesta y de solidaridad, así como reiterando lo señalado en torno a la
primacía de la realidad sobre las formas, tomando como apoyo las determinaciones
adoptadas por la Corte en un caso de similares contornos[51], esta Sala de Revisión concederá el amparo
deprecado y procederá a ordenar al Instituto Santa Teresita que reintegre a la
señora Liliana Bustamante, bajo la modalidad de un contrato de trabajo a
término indefinido, en una labor igual o mejor a la que venía desempeñando,
brindándole todas las garantías prestacionales a que haya lugar, y pagándole
los salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el 30 de noviembre
de 2014; empleo del cual no podrá separarla sin el agotamiento previo de los
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto.
En lo concerniente al reconocimiento de los derechos
económicos de los periodos laborales anteriores, la accionante deberá realizar
las reclamaciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria laboral, ya
que, como invariablemente lo ha sostenido la jurisprudencia constitucional, la
acción de tutela no es el escenario apropiado para debatir asuntos de carácter
patrimonial.
3.     La continuidad en la prestación del
servicio de salud para la actora
Cumplido el escrutinio en lo que toca a la vulneración
por el Instituto Santa Teresita, incumbe ahora el estudio del caso respecto de
la conducta desplegada por Coomeva EPS.
En el libelo introductorio se denuncia que después de
la intervención quirúrgica la entidad prestadora de salud desafilió a la
accionante y le negó la atención y los medicamentos que necesita para su óptimo
proceso de recuperación[52].
En su defensa, Coomeva EPS adujo que la señora Liliana
Bustamante figuraba como retirada de la afiliación hecha en virtud del contrato
con el Instituto Santa Teresita, que acumulaba 30 días de incapacidad
comprendidos entre el 30 de diciembre de 2014 y el 28 de enero de 2015, y que desde
el 1º de enero de 2015 se encontraba activa en el régimen subsidiado.
A su turno, tras revisar la base de datos del Fosyga,
el juez de tutela de segunda instancia determinó que Coomeva EPS tenía afiliada
a la actora al régimen contributivo.
Advertida esta disyuntiva en relación con el estado de
afiliación de la tutelante, la Sala de Revisión procedió a consultar en la
mencionada base de datos del Ministerio
de Protección Social –Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud –Fosyga, encontrando
que la señora Liliana Bustamante Cepeda aparece activa en el régimen subsidiado
a la EPS Coomeva, en calidad de cabeza de familia, desde el 1º de julio de 2015[53].
Pues bien: en vista de que de acuerdo con la
mencionada fuente oficial de información la actora sí se encuentra cubierta por
la atención en salud –lo cual ratifica lo argüido por la entidad en la
contestación de la tutela– conviene traer a colación los argumentos previamente
expuestos en referencia a la continuidad en la prestación de los servicios
asistenciales y en el suministro de medicamentos, toda vez que el tránsito de
régimen de afiliación –de contributivo a subsidiado– no debe interferir con el
normal proceso de recuperación de la salud de la paciente.
En este orden de ideas, Coomeva EPS, como prestador
del servicio público de salud, tiene el compromiso de garantizar que la señora
Liliana Bustamante acceda a una atención completa, de acuerdo con lo
determinado por el médico tratante, y en ningún caso puede interrumpir los
tratamientos y medicamentos prescritos por él con el pretexto de que existen conflictos
administrativos[54], pues, como se ha venido subrayando, de
por medio está la satisfacción de derechos fundamentales y el respeto por la
dignidad humana.
Con respaldo en los argumentos esbozados, la Sala
prevendrá a Coomeva EPS para que, en lo sucesivo, acate el principio de
continuidad en la prestación del servicio de salud y, en consecuencia, brinde
sin interrupciones toda la atención médica que requiera la demandante, así como
los medicamentos que ordene su médico de cabecera.
Por otra parte, en atención a que según lo afirmado
por Coomeva EPS la accionante no ha sido valorada por medicina laboral, y en
vista de que la gravedad de la lesión que le fue detectada amerita una
evaluación especializada que establezca el estado de salud actual de la
accionante, la Sala estima pertinente ordenar a la promotora de salud que
solicite la práctica de una valoración por parte de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Santander, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 28, numeral 4 del Decreto 1352 de 2013[55], para que dicha autoridad conceptúe sobre
la capacidad de la señora Liliana Bustamante para desenvolverse con normalidad
en el ámbito laboral, o dictamine la eventual estructuración de una discapacidad,
en orden a que, de ser el caso, pueda llevar a cabo las gestiones tendientes a
la reclamación de los derechos que para dichos eventos prevé el ordenamiento
jurídico.
De esta manera quedan resueltos los problemas
jurídicos planteados al inicio de estas consideraciones, pues se ha establecido
que una relación laboral a la que se le ha dado la forma de contrato por
duración de la obra, sí puede ser considerada como contrato a término
indefinido en aplicación del principio de primacía de la realidad en las
relaciones laborales, resultando procedente la orden de reintegro de la
trabajadora en estado de debilidad manifiesta, conforme al principio de
solidaridad. Asimismo, se ha precisado el deber en cabeza de las EPS de prestar
el servicio de salud a los afiliados, con especial énfasis en aquellos
pacientes con una protección constitucional reforzada, sin provocar
interrupciones con base en circunstancias administrativas.
11.     Síntesis de la decisión
En la presente oportunidad la Corte examinó el caso de
una trabajadora vinculada a una entidad privada por medio de sucesivos
contratos de obra o labor contratada, a lo largo de siete años consecutivos, cuyo
objeto era la realización de actividades que ordinariamente se requieren para
el cabal funcionamiento de la organización y bajo una notoria subordinación; de
lo cual se desprende que la relación laboral responde en realidad a la figura
de contrato de trabajo a término indefinido.
A la par, se constató que la enfermedad que le fue
diagnosticada a la trabajadora, aún con posterioridad a la desvinculación
laboral, la convierte en titular de una especial protección, en consideración a
su estado de debilidad manifiesta.
De los anteriores hallazgos, la Corte concluyó que emerge
para el empleador la obligación de reintegrarla al puesto de trabajo, con
fundamento en el principio superior de solidaridad.
Por otro lado, se resaltó que el principio de
continuidad en la prestación del servicio de salud conmina a las entidades
prestadoras de dicho servicio a brindar atención integral a los usuarios, sin
intermitencias originadas en talanqueras administrativas –como la movilidad desde
el régimen contributivo al subsidiado–, máxime si se trata de sujetos de
especial protección constitucional.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia de 30 de abril de 2015, por la cual el
Juzgado 4º Civil del Circuito de Bucaramanga revocó la decisión de primera
instancia y declaró la improcedencia de la tutela, para, en su lugar, CONFIRMAR,
parcialmente, la sentencia de 18 de marzo de 2015, proferida por el Juez 1º
Civil Municipal de Bucaramanga, en cuanto CONCEDIÓ el amparo de los derechos
al trabajo y a la salud de la señora Liliana Bustamante Cepeda, invocados por
el señor Rubén Díaz Díaz, en calidad de agente oficioso.
Segundo.- ORDENAR al Instituto Santa Teresita que, dentro del término
perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación
de este fallo, proceda a reintegrar a la señora Liliana Bustamante Cepeda, bajo
la modalidad de un contrato de trabajo a término indefinido, en una labor igual
o mejor a la que venía desempeñando, brindándole todas las garantías
prestacionales a que haya lugar.
Tercero.- ORDENAR al Instituto Santa Teresita que, dentro del término
perentorio de diez días (10) días hábiles, contado a partir de la notificación
de este fallo, proceda a pagar a la señora Liliana Bustamante Cepeda los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir desde el 30 de noviembre de
2014 hasta el momento de su reintegro.
Cuarto.- ADVERTIR al Instituto Santa Teresita que no podrá separar a la
señora Liliana Bustamante Cepeda de su empleo, sin el agotamiento previo de los
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para el efecto, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Quinto.- PREVENIR a Coomeva EPS para que, en lo sucesivo, acate el
principio de continuidad en la prestación del servicio de salud y, en
consecuencia, brinde sin interrupciones la atención médica que requiera la
señora Liliana Bustamante, así como los medicamentos que ordene su médico
tratante, para la recuperación de su salud.
Sexto.- ORDENAR a Coomeva EPS que, dentro del término perentorio de cinco
días (5) días hábiles, contado a partir del reintegro dispuesto en el ordinal
segundo de esta decisión, solicite a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Santander que realice una valoración sobre el estado actual de
salud de la señora Liliana Bustamante Cepeda, y conceptúe sobre su capacidad
para desenvolverse con normalidad en el ámbito laboral, o de ser el caso,
dictamine la eventual estructuración de una discapacidad de la citada
accionante.
Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA. SENTENCIA T-029/16
MAGISTRADO PONENTE ALBERTO
ROJAS RÍOS
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Debió ordenarse pago de 180 días de salario y cancelar días de salario
no pagados por cuanto despido se tornó ineficaz al no solicitar autorización a
Inspección del Trabajo (Salvamento parcial de voto)
Con el
acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte, en esta ocasión debo
apartarme parcialmente de la decisión tomada por la Sala en la sentencia T-029
de 2016. En mi concepto, en ese fallo, la Corte omitió aspectos centrales
relacionados con la garantía constitucional de la estabilidad laboral
reforzada.
El caso trata de
una persona que tiene 41 años de edad. Desde el 2 de mayo de 2008 la tutelante
ha suscrito contratos de trabajo inferiores a un año con el Instituto Santa
Teresita, desempeñándose en el cargo denominado "oficios varios". El
último tuvo lugar el 13 de enero de 2014 y la accionante trabajó hasta el 30 de
noviembre de ese mismo año. Desde ese año, presentó cefaleas que muchas veces
fueron tratadas por el Instituto para el cual trabajaba. En el 2015 fue
despedida, sin saberse con certeza el diagnóstico de su enfermedad. Le fue
diagnosticado un cáncer maligno en el cerebro. Solicita el reintegro y
afiliación inmediata al sistema de salud.
En primera
instancia el juez tuteló los derechos invocados. En segunda instancia se revocó
la decisión por considerar que no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad. En su criterio, se puede acudir a la jurisdicción ordinaria
laboral para que sea resuelto este asunto.
La sentencia
concede el amparo de los derechos fundamentales de la actora y se ordena el
reintegro y prestación del servicio de salud. De la misma forma, ordena la
valoración por parte de la Junta Regional para la Calificación de Invalidez con
el propósito de determinar el grado de discapacidad y verificar un posible
reconocimiento de su pensión de invalidez.
A pesar de estar
de acuerdo con el sentido del fallo, considero que se trata de un caso de
estabilidad laboral reforzada en el cual la entidad accionada no solicitó
autorización para el despido a la Inspección del Trabajo. En consecuencia, la
empresa demandada debió pagar 180 días de salario y, además, cancelar los días
de salario no pagados pues, como lo ha dicho la Corte en abundante
jurisprudencia, el despido se tornó ineficaz. Por tanto, la sentencia debió
incluir estas órdenes y hacer una mención en el capítulo del caso concreto de
dicha situación al igual que de la aplicación de la ley 361 de 1997.
Por estas razones, me aparto parcialmente de la
decisión.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1]
Cfr. fol. 43 cuad. ppal.
[2]
Cfr. fols.61 a 81 cuad. ppal.
[3]
Cfr. fol. 45 cuad. ppal.
[4]
Cfr. fols. 46 a 63 cuad. ppal.
[5] “ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien
se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la
solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede
contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.” (resalta la Sala).
[6]
Sentencia T-056 de 2015, M.P.: Martha Victoria Sáchica
Méndez
[7] Sentencia SU-055 de 2015, M.P.: María Victoria Calle Correa
[8]
Sentencia T-534 de 2003, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra
[9] Sentencias T-1132 de 2003, M.P.: Jaime
Araujo Rentería; T-231 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño; T-443 de 2007,
M.P.: Clara Inés Vargas Hernández; T.004 de 2013, M.P.: Mauricio González
Cuervo, entre otras.
[10] El acta de reparto data del 27 de enero de
2015 (cfr. fol. 83 cuad. ppal.).
[11] Cfr. fol. 99 cuad. ppal.
[12] Sentencia T-452 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda
Espinosa
[13] Artículo 42. Procedencia. La acción de
tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes
casos:
1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y
38 de la Constitución.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 1o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos consagrados en los
artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución",
que se declara INEXEQUIBLE. Debe entenderse que la acción de tutela procede
siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y
por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental.
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "para proteger los derechos a la vida, a la
intimidad, a la igualdad y a la autonomía", que se declara INEXEQUIBLE.
Debe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular
que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier
derecho constitucional fundamental.
3. Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté
encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización.
5. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o
amenace violar el artículo 17 de la Constitución.
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere
hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo
establecido en el artículo 15 de la Constitución.
7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la
copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada
en condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de
funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las
autoridades públicas.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de
quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del
particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del
menor que solicite la tutela.
Sentencia C-134 de 1994.
Declarar EXEQUIBLE el numeral 9o. del artículo 42 del decreto 2591
de 1991, salvo la expresión "la vida o la integridad de".
[14] Sentencia C-134 de 1994, M.P.: Vladimiro
Naranjo Mesa. En relación con la procedencia de la acción de tutela en contra
de particulares, en dicha sentencia se cita el siguiente aparte del fallo de
revisión de tutela T-251 de 1993. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz: "Las
relaciones entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de
igualdad y de coordinación. La actividad privada que afecte grave y
directamente el interés colectivo, adquiere una connotación patológica que le
resta toda legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el
principio de solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro lado, la
equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando a
algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el
poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente
colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión. En estos eventos,
tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra
los particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la
finalidad social de sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los
restantes miembros de la comunidad (CP art. 86). La idea que inspira la tutela,
que no es otra que el control al abuso del poder, se predica de los
particulares que lo ejercen de manera arbitraria".
[15] Sentencia T-015 de 2015, M.P.: Luis Ernesto
Vargas Silva
[16] Cons. Sentencias T-292 de 2011, M.P.: Luis
Ernesto Vargas Silva y T-1040 de 2012, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla, entre
otras.
[17] Sentencia T-190 de 2012, M.P.: Mauricio
González Cuervo
[18] Sentencia T-803 de 2013, M.P.: Nilson
Pinilla Pinilla
[19] “ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el
estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los
siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en
el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste
periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados,
hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no
pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los
trabajadores.” (se resalta).
[20] Sentencia C-555 de 1994, M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz
[21] Sentencia T-166 de 1997, M.P.: José
Gregorio Hernández Galindo
[22] Sentencia T-616 de 2012, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto
[23] Un detallado análisis sobre la
jurisprudencia en torno al tema de contrato realidad puede consultarse
en la Sentencia T-903 de 2010, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez
[24] Sentencias T-761A de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y
T-750 de 2014, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
[25] Sentencia T-404 de 2005, M.P.: Jaime
Córdoba Triviño
[26] Cons. Sentencia C-171 de 2012, M.P.: Luis
Ernesto Vargas Silva. En esta oportunidad la Corte Constitucional examinó la
constitucional del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se
reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud. Recogiendo los argumentos
ampliamente reseñados en la jurisprudencia constitucional, la Corte recordó:
“En consideración a las diferencias esenciales entre el contrato
laboral y el contrato de prestación de servicios, la jurisprudencia de esta
Corte ha insistido en el principio de prevalencia de la realidad sustancial
sobre la forma al momento de determinar el tipo de contrato realmente
existente, de conformidad con el artículo 53 Superior, de manera que si se
constatan los elementos materiales para que exista una relación de trabajo, se
debe determinar el vínculo laboral independientemente del nombre o forma que
las partes le hayan otorgado al contrato.
“Por tanto, esta Corte ha insistido en la garantía del principio
de prevalencia de la realidad sustancial sobre la forma y la eficacia del
contrato realidad a partir de los criterios fijados tanto por la jurisprudencia
constitucional, como por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte
Suprema de Justicia, de manera que no puede utilizarse un contrato de
prestación de servicio con el fin de ejecutar realmente una relación laboral, y
cuando se constaten los elementos propios de la misma debe ser reconocida como
tal.”
[27] Sentencia T-404 de 2005, M.P.: Jaime
Córdoba Triviño
[28] Sentencia T-909 de 2005; M.P.: Álvaro Tafur
Galvis
[29] Sentencia T-404 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba
Triviño
[30] Cons. Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las
Personas con Discapacidad, Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad,
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
[31] “Artículo 26º.- Modificado por el art.
137, Decreto Nacional 019 de 2012. En ningún caso la limitación de una
persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos
que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e
insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada
podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación,
salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo.
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por
razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el
inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento
ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren.
NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE CONDICIONADO por la
Corte Constitucional mediante Sentencia C-458 de 2015, en el entendido de que
deberán reemplazarse por las expresiones “discapacidad” o “en situación de
discapacidad”.
NOTA: El texto en negrita fue declarado EXEQUIBLE CONDICIONADO por
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-458 de 2015, en el entendido de
que deberán reemplazarse por las expresión “personas en situación de
discapacidad”.
[32] Sentencia T-316 de 2014, M.P.: Alberto
Rojas Ríos
[33] Sentencia T-378 de 2013, M.P.: Luis
Guillermo Guerrero Pérez
[34] Sentencia T-148 de 2012, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez
[35] Sentencia SU-070 de 2013, M.P.: Alexei
Julio Estrada
[36] Sentencia T-633 de 2011, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio
[37] “ARTÍCULO 95. La calidad de colombiano
enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber
de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas;
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica;
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la
justicia;
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por
la conservación de un ambiente sano;
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.” (se
resalta).
[38] Sentencia T-503 de 2015, M.P.: María
Victoria Calle Correa
[39] Sentencia T-125 de 1994, M.P: Eduardo
Cifuentes Muñoz
[40] Cfr. Sentencia T-986 de 2012, M.P.: María
Victoria Calle Correa
[41] Sentencia C-459 de 2004, M.P.: Jaime Araujo
Rentería
[42] Sentencia T-886 de 2012, M.P.:Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo
[43] Sentencia T-056 de 2015, M.P.: Martha
Victoria Sáchica Méndez
[44] Sentencia T-972 de 2012, M.P.:Alexei Julio
Estrada
[45] Sentencia T-903 de 2010, M.P.: Juan Carlos
Henao Pérez
[46] Cfr. fols. 65 a 81 cuad. ppal.
[47] Los datos de los ocho contratos celebrados
entre las partes son:
1.
Contrato individual de trabajo a término fijo
inferior a un año No. 88/08, de 2 de mayo de 2008, firmado por la Hermanita
Nancy Beleño y la señora Liliana Bustamante.
2.
Contrato individual de trabajo por labor
contratada No. 081/09, de 2 de febrero de 2009, firmado por la Hermanita Nancy
Beleño y la señora Liliana Bustamante.
3.
Contrato individual de trabajo por labor
contratada No. 068/10, de 1º de febrero de 2010, firmado por la Hermanita Nancy
Beleño y la señora Liliana Bustamante.
4.
Contrato individual de trabajo por labor
contratada No. 072/11, de 1º de febrero de 2011, firmado por la Hermanita Nancy
Beleño y la señora Liliana Bustamante.
5.
Contrato individual de trabajo por labor
contratada No. 074/12, de 30 de enero de 2012, firmado por la Hermanita Nancy
Beleño y la señora Liliana Bustamante.
6.
Contrato individual de trabajo por labor
contratada No. 085/13, de 4 de febrero de 2013, firmado por la Hermanita Nancy
Beleño y la señora Liliana Bustamante.
7.
Contrato individual de trabajo por labor
contratada No. 082/14, de 13 de enero de 2014, firmado por la Hermanita Nancy
Beleño y la señora Liliana Bustamante.
[48] Cfr. fol. 45 cuad. ppal.
[49] Cfr. fols. 62 y 63 cuad. ppal.
[50] Historia clínica, cfr. fols. 5 a 42 cuad.
ppal.
[51] Cons. Sentencia T-292 de 2011, M.P.: Luis
Ernesto Vargas Silva. En este caso la Sala Novena de Revisión abordó la solicitud
de reintegro de una persona que fue desvinculada de su cargo mientras se
hallaba incapacitada, a lo cual la parte demandada se opuso arguyendo que se
había culminado el contrato de prestación de servicios suscrito. La Corte verificó
que los rasgos de la relación laboral coincidían con los de un contrato laboral
y dio aplicación al principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades. Además, como quiera que la desvinculación se produjo durante la
vigencia de una incapacidad, la Corte determinó que el estado de salud de la
accionante hacía necesario el reintegro.
[52] Cfr. fols. 1 y 2 cuad. ppal.
[53] Consulta efectuada en el enlace de la
entidad, el día 30 de noviembre de 2015. http://www.fosyga.gov.co/Aplicaciones/InternetBDUA/Pages/RespuestaConsulta.aspx
[54] Cons. Sentencia T-067 de 2015, M.P.: Gloria
Stella Ortiz Delgado
[55] “CAPÍTULO IV
Condiciones para el inicio del proceso en las juntas regionales de
calificación de invalidez
ART. 28.—Presentación de la solicitud. La solicitud ante la
junta podrá ser presentada por:
1. Administradoras del sistema general de pensiones.
2. Compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.
3. La administradora de riesgos laborales.
4. La entidad promotora de salud.
5. Las compañías de seguros en general.
6. El trabajador o su empleador.
7. El pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la
persona que demuestre que aquel está imposibilitado, en las condiciones
establecidas en el presente artículo.
8. Por intermedio de los inspectores de Trabajo del Ministerio del
Trabajo, cuando se requiera un dictamen de las juntas sobre un trabajador no
afiliado al sistema de seguridad social por su empleador.
9. Las autoridades judiciales o administrativas, cuando estas
designen a las juntas regionales como peritos.
10. Las entidades o personas autorizadas por los fondos o empresas
que asumían prestaciones sociales en regímenes anteriores a los establecidos en
la Ley 100 de 1993, para los casos de revisión o sustitución pensional.
11. Las entidades o personas autorizadas por las secretarías de
educación y las autorizadas por la Empresa Colombiana de Petróleos.
12. Por intermedio de las administradoras del Fondo de Solidaridad
Pensional, las personas que requieran la pensión por invalidez como consecuencia
de eventos terroristas.
PAR.—La solicitud se deberá presentar a la junta regional de
calificación de invalidez que le corresponda según su jurisdicción teniendo en
cuenta la ciudad de residencia de la persona objeto de dictamen.” (se resalta).