C-684-09
Sentencia C-684/09
Sentencia C-684/09
DETENCION EN FLAGRANCIA DE ADOLESCENTE-Reglas
procesales previstas en el Código de la
Infancia y la Adolescencia para investigación y juzgamiento vulneran el
derecho al debido proceso y garantías judiciales de los adolescentes
La indeterminación
normativa en el procedimiento previsto en el artículo 191 del Código de la
Infancia y la Adolescencia, deriva en obstáculos para el ejercicio del derecho
de defensa y contradicción de los adolescentes sorprendidos en flagrancia y
desnaturaliza la presunción de inocencia.
POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-En
materia de procedimientos administrativos y judiciales/POTESTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Límites en materia de procedimientos
administrativos y judiciales
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Definición
El Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes se define como el
conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación
y juzgamiento de delitos cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y
dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible.
SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES-Carácter específico y diferenciado
El carácter
específico y diferenciado del proceso y de las medidas que en el sistema de
responsabilidad penal para adolescentes se adopten respecto del sistema de
adultos, precisa que en caso de conflictos normativos entre las disposiciones
del Código de la Infancia y la Adolescencia y otras leyes, al igual que para
efectos de interpretación normativa, las autoridades judiciales deberán siempre
privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la
protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que
rigen este sistema.
ADOLESCENTE-Procedimiento de
responsabilidad penal regido por las normas del sistema penal acusatorio
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Sus normas se
aplican en la determinación de la responsabilidad penal de los adolescentes
MENORES-Sujetos de especial protección
constitucional
MENOR DE EDAD-Carácter superior y
prevaleciente de sus derechos e intereses
DERECHOS DEL NIÑO-Instrumentos
internacionales que se refieren a su protección
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
DERECHOS FUNDAMENTALES DEL NIÑO-Alcance
de su prevalencia
RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR-Aceptación
por ordenamiento jurídico colombiano y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-Reglas para el juzgamiento de menores de edad
CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Prohibición pena de muerte de menores de edad/CONVENCION
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS-Reglas de juzgamiento de menores
CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Reglas
de juzgamiento de menores/CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Privación
de la libertad de menor
REGLAS DE BEIJING-Objeto/REGLAS DE
BEIJING-Incorporación al bloque de constitucionalidad
REGLAS DE BEIJING-Principios de
diferenciación y especificidad en el tratamiento jurídico penal de menores de
edad
REGLAS DE BEIJING-Judicialización de
menores como última alternativa
REGLAS DE BEIJING-Pautas en relación con
la detención preventiva de menores
REGLAS DE BEIJING-Naturaleza residual de
las medidas restrictivas o privativas de la libertad
REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
PROTECCION DE LOS MENORES PRIVADOS DE LA
LIBERTAD-Protección integral y promoción del interés superior del menor
SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Excepciones a
remisión general para la investigación y juzgamiento de adolescentes
Si bien el
Legislador decidió hacer una remisión general al procedimiento establecido en
el Código de Procedimiento Penal, que se convierte en la normativa vigente para
la investigación y juzgamiento de los adolescentes con dos excepciones (i) las
reglas especiales de procedimiento establecidas en el Libro II del C. I. A. y
(ii) las normas que sean contrarias al interés superior del adolescente
DEBIDO PROCESO PENAL-Garantías que
comprende para adolescentes
El Código de la
Infancia y la Adolescencia contiene diversas remisiones a la
Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-, normativa que resulta
aplicable por lo tanto en la investigación y juzgamiento de los adolescentes a
los que se les impute la infracción del ordenamiento penal, tanto para definir
cuales son las ritualidades aplicables en estos casos, como para establecer una
cota mínima de garantías judiciales de las cuales son titulares los
adolescentes, y precisa que los adolescentes responsables de conductas ilícitas
tienen derecho al debido proceso penal, y enuncia algunas de las garantías
judiciales constitutivas de este derecho tales como la presunción de inocencia,
el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de defensa y de
contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los
padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a la confrontación
con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación ante autoridad
superior. La misma disposición señala que los adolescentes procesados
penalmente tiene derecho a las demás garantías consagradas en la
Constitución, la ley y los tratados internacionales y prevé que el adolescente
autor o partícipe de una conducta punible goza como mínimo de los derechos
previstos por la Ley 906 de 2004.
DETENCION EN FLAGRANCIA DE ADOLESCENTE-Diligencias
previstas en el Código de la Infancia y la
Adolescencia vulneran el derecho al debido proceso y garantías judiciales
El artículo
191 del Código de la Infancia y la
Adolescencia (Ley 1098 de 2006) configura un procedimiento especial para la
investigación y juzgamiento de los adolescentes capturados en flagrancia, el
cual tiene previstas las siguientes etapas: (i) conducción inmediata ante el
Fiscal delegado, (ii) presentación dentro de las 36 horas siguientes ante el
Juez de control de garantías para que se expongan las circunstancias en que se
produjo la aprehensión, constituyendo una manifestación de los principios de
especificidad y diferenciación en materia de la investigación y juzgamiento de
los adolescentes porque establece una reglas procesales especiales para los
casos de captura en flagrancia, las cuales se apartan de la regulación
establecida en el C. P. P. y, por lo tanto, constituyen una excepción frente a
la regulación contenida en el C. P. P.. Sin embargo, el procedimiento presenta
algunas lagunas normativas que suscitan importantes dudas hermenéuticas porque
en primer lugar no establece un término para que el fiscal formule la solicitud
que contiene la acusación, ni tampoco prevé una ritualidad específica para
adelantar esta actuación,  tampoco define si el juez de control de garantías
debe pronunciarse sobre la solicitud del fiscal, ni tampoco prevé una
ritualidad específica que deba surtirse ante la autoridad judicial y en la cual
esté prevista la participación de los sujetos procesales para tales efectos.
DETENCION EN FLAGRANCIA DE ADOLESCENTE-Deficiencias
encontradas en las reglas previstas para la investigación y juzgamiento en el
Código de la Infancia y la Adolescencia
El alto grado
de indeterminación normativa encontrado en el precepto acusado deriva en importantes
obstáculos para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los
adolescentes sorprendidos en flagrancia y que en cierta medida también desnaturalizan
la presunción de inocencia. Por ejemplo, el enunciado normativo no prevé la
posibilidad que los adolescentes y su defensa conozcan el escrito de acusación
formulado por el fiscal, ni que puedan contradecir los alegatos contenidos en
dicho escrito, alegar nulidades o solicitar pruebas. Tampoco se prevé un plazo
exacto entre la audiencia de legalización de la aprehensión y la presentación
del escrito por parte del fiscal que da lugar al envío del expediente al juez
de conocimiento y a la citación de la audiencia de juicio oral, lo que puede
por una parte afectar el derecho de defensa del menor porque no contará con un
plazo suficiente para preparar su defensa, o incluso puede afectar el derecho a
la libertad del menor en caso que el fiscal no sea diligente y se haya impuesto
la medida de internamiento preventivo. Las lagunas normativas no son
susceptibles de ser subsanadas mediante facultades discrecionales de las
autoridades judiciales.
SENTENCIA INTERPRETATIVA-Improcedencia
Si bien podría
sostenerse que el enunciado normativo demandado regula de manera específica el
evento en el cual el adolescente sorprendido en flagrancia acepta los cargos en
la audiencia de legalización de la aprehensión, de manera tal que el asunto deba
ser remitido al juez de conocimiento para que fije fecha para la audiencia de
imposición de sanción, procedimiento que  a su vez se ajustaría a lo señalado
en el artículo 293 del C. P. P., evento en el cual procedería proferir una
sentencia interpretativa que delimitará el alcance del enunciado normativo
acusado, encuentra la Corte que aun en caso de proferirse una sentencia de esta
índole no se resolvería el problema constitucional planteado por el demandante,
porque el artículo 191 establece una regulación especial en el caso de los
adolescentes sorprendidos en flagrancia y por lo tanto es aplicable en todos
los casos que se presente este supuesto, es decir, también en el evento que el
adolescente no acepte los cargos en la audiencia de legalización de la
aprehensión, por lo que de adoptarse una sentencia interpretativa seguiría
abierta la cuestión de cuales son las garantías procesales aplicables de las
que goza el adolescente que no acepte los cargos formulados en la audiencia de
legalización de la aprehensión.
EXHORTACION AL CONGRESO-Regulación de la
investigación y juzgamiento de adolescentes sorprendidos en flagrancia
Dado el alto
grado de indeterminación normativa verificado en el precepto acusado, del cual
se derivan importantes obstáculos para el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción de los adolescentes sorprendidos en flagrancia y que en cierta
medida también desnaturalizan la presunción de inocencia, y habida cuenta del
mandato contenido en el principio de legalidad en materia penal y los
principios de especificidad y diferenciación que rigen el sistema de responsabilidad
penal de los adolescentes, la Corte encontró viable  exhortar al Congreso de la
República para que revise la cuestión y decida la necesidad de expedir una
normativa que regule el procedimiento para la investigación y juzgamiento de
los adolescentes sorprendidos en flagrancia.
Referencia:
expediente D-7681
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 191 (parcial) de
la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de la infancia y la
adolescencia”.
Demandante: Andrés Fernando Ruiz Hernández
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D. C., treinta
(30) de septiembre de dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y
de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 241 de la
Constitución Política, el ciudadano Andrés Fernando Ruiz Hernández demandó un
enunciado normativo contenido en el artículo 191 de la
Ley 1098 de 2006.
Por medio de
auto de tres (03) de abril de dos mil nueve (2009), el Magistrado Sustanciador
admitió la demanda presentada, en la misma providencia ordenó su fijación en
lista en la
Secretaría General de esta Corporación, y decidió: (i) comunicar la iniciación
del trámite de la demanda al Presidente del Congreso, a la
Fiscalía General de la Nación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
a la Defensoría del Pueblo para que, de considerarlo oportuno, intervinieran en
el proceso; (ii) igualmente invitó a la organización no gubernamental Humanidad
Vigente, a la Comisión Colombiana de Juristas, a De Justicia y al Instituto
Colombiano de Derecho Procesal a participar en el trámite de la acción pública;
(iii) por último, ordenó correr traslado al Procurador General de la
Nación para que en el término de treinta (30) días emitiera el concepto
correspondiente.
Dentro del
término señalado en el auto admisorio de la demanda presentaron escritos de
intervención Juan David Riveros Barragán en representación del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal, Yenly Angélica Méndez Blanco en representación
de la Organización Humanidad Vigente y Karin Irina Kuhfeldt Salazar en
representación de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente intervinieron Rafael
Salazar Jaramillo en representación del Ministerio del Interior y de Justicia y
José Oberdan Martínez Robles en representación del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar. El dos (02) de junio de 2009 el Procurador General de la
Nación radicó ante la
Secretaría General de esta Corporación el concepto de rigor.
Una vez
cumplidos los trámites constitucionales y legales correspondientes, entra la
Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.
II.
DISPOSICIÓN DEMANDADA
A continuación
se transcribe la disposición acusada y se subraya el enunciado normativo
demandado.
LEY 1098 DE 2006
(noviembre 8)
Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006
Por la cual se expide el Código de la
Infancia y la Adolescencia.
ARTÍCULO 191. DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. El adolescente sorprendido en flagrancia será
conducido de inmediato ante el Fiscal Delegado para la autoridad judicial,
quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará al Juez de Control de
Garantías y le expondrá cómo se produjo la aprehensión. Por solicitud del
fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará
la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio
oral dentro de los 10 días hábiles siguientes. En lo demás se seguirá el
procedimiento penal vigente, con las reglas especiales del proceso para
adolescentes establecidas en el presente libro.
III. LA
DEMANDA
Estima el
demandante que el enunciado normativo subrayado vulnera el artículo 29 de la
Constitución Política (derecho al debido proceso) y el artículo 40 de la
Convención de los derechos del niño (derecho al debido proceso penal y
garantías judiciales). Fundamenta su acusación en las razones que serán expuestas
a continuación.
La premisa
inicial del argumento del demandante es que la
Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la
Adolescencia, en adelante C. I. A.) prevé en su artículo 144 que, salvo las
disposiciones especiales contenidas en ese mismo ordenamiento, el procedimiento
del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se rige por las normas
consagradas en la Ley 906 de 2004, infiere por lo tanto que las actuaciones
procesales para la investigación y el juzgamiento de los adolescentes son
similares a las del proceso penal de los mayores de edad.
Acto seguido
constata que el enunciado normativo demandado consigna que cuando un
adolescente es sorprendido en flagrancia el Fiscal elevará solicitud ante el
juez control de garantías para que envíe la actuación al juez de conocimiento
para que este último cite a audiencia de juicio oral dentro de los diez días
hábiles siguientes. Deduce, entonces, que el enunciado demandado vulnera el derecho
al debido proceso porque en el juzgamiento de los adolescentes sorprendidos en
flagrancia se pretermite distintas etapas que se surten en el caso de los
adultos capturados en la misma situación, de conformidad con el procedimiento
previsto en la Ley 906 de 2004.
Específicamente
hace mención a (i) la audiencia de formulación de imputación, (ii) la audiencia
de formulación de acusación y (iii) la audiencia preparatoria, actuaciones no
previstas en el artículo 191 demandado, falencia que a su juicio configura una
vulneración del derecho al debido proceso de los adolescentes de edad
capturados en flagrancia, específicamente del principio de contradicción y del
principio de presunción de inocencia.
En cuanto a la
pretendida vulneración del derecho al debido proceso alega que se configura
porque al no estar prevista la audiencia de formulación de imputación, el adolescente
sorprendido en flagrancia no puede beneficiarse de una rebaja  en la pena hasta
del cincuenta por ciento (50%), mediante la aceptación de los cargos alegados
por el Fiscal, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 351 de la
Ley 906 de 2004. Igualmente considera que según el tenor del artículo 290 del
mismo ordenamiento, a partir de esta audiencia la defensa puede preparar de
modo eficaz su actividad procesal, de manera tal que la pretermisión de esta
diligencia tiene repercusiones en el ejercicio del derecho de defensa del adolescente
capturado en flagrancia.
Igualmente
estima que la pretermisión de la audiencia de formulación de acusación y de la
audiencia preparatoria tiene importantes repercusiones en el alcance del
derecho al debido proceso. Respecto de la primera señala que tal como prevé el
artículo 339 de la Ley 906 de 2004 es la oportunidad para pronunciarse sobre
las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades y los
requisitos formales que debe reunir el escrito de acusación, en esa medida ni
la defensa ni el Ministerio Público tendrán oportunidad de pronunciarse sobre
estas cuestiones en el supuesto que se trate de una captura en flagrancia.
Respecto de la ausencia de la audiencia preparatoria el demandante no consigna
las razones por las cuales considera que esta omisión vulnera el derecho al
debido proceso.
El segundo cargo que formula el demandante es la supuesta infracción
del principio de contradicción por parte del enunciado normativo demandado. Entiende
que al no celebrarse la audiencia de formulación de imputación cuando se trata
de un adolescente sorprendido en flagrancia se omite el descubrimiento
probatorio de la Fiscalía que tiene lugar dentro de dicha actuación, de manera
tal que los elementos probatorios que pretenda hacer valer el ente acusador
serán directamente introducidos en el juicio oral, situación que según el
demandante va en detrimento de la defensa e implica una ruptura del principio
de igualdad de armas. En el mismo sentido alega que por no estar prevista la
celebración de la audiencia de preparatoria la defensa no “cuenta con la
etapa procesal consagrada para que pueda introducir sus pruebas a practicarse
en el juicio oral lo que significa que (…) sólo pueden practicarse las pruebas
de la Fiscalía por estar en el escrito de la acusación”. Añade que la
pretermisión de esta audiencia afecta también el principio de contradicción porque
el juez no tiene oportunidad de establecer el orden de la presentación de la
prueba, ni pueden realizarse estipulaciones probatorias, actuaciones que
también se surten en la audiencia preparatoria.
Estima que la ausencia de la audiencia de formulación de la
imputación y de la audiencia preparatoria coloca al adolescente sorprendido en
flagrancia en una situación de desventaja frente a la
Fiscalía, pues esta última puede hacer mención de las pruebas que pretenda
hacer valer en el escrito de acusación, mientras que la defensa no tiene
oportunidad para llevar a cabo el descubrimiento probatorio.
Como tercer cargo plantea que la omisión de las etapas procesales
antes señaladas vulnera el principio de presunción de inocencia porque se asume
la existencia de la conducta punible y la responsabilidad del aprehendido, sin
que la Fiscalía o la defensa tengan oportunidad de alegar o demostrar que la
conducta no existió, que no constituye un hecho punible o que concurren
causales eximentes de responsabilidad.
El cuarto cargo que propone el demandante es que la omisión de las
referidas actuaciones procesales vulnera el derecho de defensa del adolescente
sorprendido en flagrancia, pues su apoderado judicial carece de oportunidad
para preparar eficazmente el caso. Añade que las audiencias previstas en el
artículo 191 demandado, la audiencia de legalización de captura y la audiencia
del juicio oral, no permiten subsanar esta situación de desventaja pues en la
primera la defensa sólo podrá pronunciarse respecto de las circunstancias de
las cuales puede derivar la ilegalidad de la captura y en la segunda
presentará la teoría del caso y controvertirá las pruebas presentadas por la
Fiscalía, debido a que no está prevista una etapa procesal “para hacer
valer sus propias pruebas”.
Por las mismas
razones antes expuestas considera que el enunciado normativo acusado desconoce
el principio de presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el
derecho de defensa contemplados en el artículo 40 de la
Convención de los derechos del niño.
Luego pasa a
sustentar las razones por las cuales los cargos propuestos contra el aparte
demandado del artículo 191 de la Ley 1098 de 2006 son ciertos, específicos y
pertinentes. Insiste en que la inconstitucionalidad deviene de la pretermisión
de determinadas etapas procesales en el juzgamiento de los adolescentes
sorprendidos en flagrancia, alega por lo tanto que la infracción de la
Constitución se desprende directamente de la lectura literal del texto legal y
no es el resultado de su interpretación artificiosa.
Agrega que el
enunciado demandado, al prever que el Fiscal presentará el escrito de acusación
ante el juez de control de garantías para que este lo remita al juez de
conocimiento, desconoce la “integridad sistémica” y el “espíritu de la
Ley 906 de 2004”, pues según este ordenamiento el juez de control de
garantías no tiene acceso al escrito de acusación, el cual es presentado ante
el juez de conocimiento.
Pone de
manifiesto que el adolescente capturado en flagrancia no tiene oportunidad de
aceptar los cargos formulados por la
Fiscalía, de manera tal que se prescinda de la audiencia de juicio oral y se
proceda a la audiencia de individualización de pena y sentencia, debido a que
el artículo 191 del C. I. A. no prevé la celebración de la audiencia de
formulación de la imputación, actuación procesal en la cual, de conformidad con
el tenor del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, tiene lugar la aceptación de
cargos.
Finalmente alega
que la disposición atacada da origen a un trato diferenciado entre los
adolescentes que son capturados en flagrancia y aquellos que son procesados en
condiciones ordinarias, pues el procedimiento previsto para el juzgamiento de
estos últimos, a la luz del artículo 157 del C. I. A., sigue todas las etapas
procesales señaladas en la Ley 906 de 2004, alega que este trato diferenciado
carece de justificación y no es razonable, razón por la cual considera que el
enunciado demandado vulnera también el artículo 13 constitucional.
IV. CONCEPTOS
E IntervenciOnES OFICIALES Y CIUDADANAS
1.
Intervención del ciudadano Juan David Riveros Barragán.
El ciudadano
Juan David Riveros Barragán intervino en calidad de miembro del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal y solicitó un fallo inhibitorio por ineptitud
sustancial de la demanda.
A juicio del
interviniente la demanda se fundamenta en que el proceso penal de los adolescentes
sorprendidos en flagrancia debe ceñirse a lo establecido en la
Ley 906 de 2004, en esa medida el actor no consigue demostrar como el
enunciado demandado desconoce los artículos 29 constitucional y 40 de la
Convención de los derechos del niño.
Sostiene el
Ciudadano Riveros que el demandante “parte de la base de que en tratándose
de un proceso penal, la ley 906 marca un derrotero del cual el legislador no se
puede apartar para determinar el desarrollo del derecho al debido proceso”
y eso lo lleva a concluir erróneamente que las previsiones legales diferentes
de lo previsto en dicho ordenamiento serían inexequibles pues le atribuye un
carácter supralegal al actual Código de Procedimiento Penal.
Considera por lo
tanto que los cargos formulados por el demandante no son pertinentes porque no
tienen fundamento en una infracción de disposiciones constitucionales sino en
el desconocimiento de preceptos legales. Añade que el parámetro de control de
la regulación en materia de procedimiento penal son los artículos 116, 250 y
251 constitucionales y no la Ley 906 de 2004, tal como ha sostenido la
Corte Constitucional, por ejemplo, cuando examinó la constitucionalidad de la
Ley 1153 de 2007 en la sentencia C-879 de 2008.
Agrega que la
Corte Constitucional en algunos pronunciamientos ha desarrollado el alcance
del Acto Legislativo 03 de 2002, mediante el cual se modificaron los rasgos
estructurales del proceso penal, e indica que el actor debió formular los
cargos de inconstitucionalidad a partir de estas consideraciones. A su juicio
de este cotejo resultan interrogantes sobre la constitucionalidad de las
disposición acusada, que no fueron planteados por el demandante, por ejemplo,
si la previsión que el escrito de acusación se presente ante el juez de control
de garantías y no ante el juez de conocimiento subvierte la estructura básica
del proceso penal, o si la ausencia de una etapa en la cual se pueda hacer valer
el principio de igualdad de armas, mediante la presentación por parte de la
Fiscalía de toda la información obtenida durante la investigación al imputado,
desconoce los fundamentos constitucionales del derecho al debido proceso y del
sistema penal acusatorio instaurado por la citada reforma constitucional.
Consigna
finalmente que “[l]os problemas pertinentes entonces, no consistían en
comparar la regulación de la formulación de la acusación, la audiencia
preparatoria y las figuras previstas en la ley 906 junto con los principios y
valores procesales que garantizan tales figuras (derecho de defensa, presunción
de inocencia, principio de contradicción de la prueba, principio de igualdad de
armas) con la regulación del Código de la
Infancia y la Adolescencia, sino en comparar la estructura constitucional del
proceso penal con la regulación del mencionado Código, independientemente de
que se previeran las mismas figuras e instituciones y se garantizaran de igual
o diferente manera los valores del derecho procesal penal. Lo único que
interesaba hubiere sido para fines de la demanda, que tales fundamentos básicos
del proceso penal de acuerdo a la
Constitución  encontraron garantía y desarrollo en el Código de la
Infancia y la Adolescencia”.
2.
Intervención de la ciudadana Yenly Angélica Méndez Blanco.
La ciudadana
Yenly Angélica Méndez Blanco, representante legal de la organización no
gubernamental Humanidad Vigente Corporación Jurídica presento un escrito
mediante el cual solicita sea declarado inexequible el enunciado normativo
demandado.
Inicialmente
hace referencia a que durante el trámite de la
Ley 1098 de 2006 en el Congreso de la
República la Fiscalía General de la
Nación en reiteradas ocasiones hizo alusión a que el procedimiento penal previsto
en el proyecto de ley en ciertos aspectos era menos garantista que el señalado
en el Código de Procedimiento Penal, razón por la cual se introdujo una norma
remisoria de carácter general, el artículo 144 de la
Ley 1098 de 2006, disposición según cuyo tenor el procedimiento del sistema de
responsabilidad penal para adolescentes se rige por las normas consagradas en la
Ley 906 de 2004.
Estima en
consecuencia que el demandante pone de manifiesto las falencias de la
regulación prevista en la Ley 1098 de 2006 cuando se trata del enjuiciamiento
de los adolescentes sorprendidos en flagrancia, razón por la cual comparte su
postura en el sentido que el enunciado demandado vulnera el derecho al debido
proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el derecho de
contradicción. Propone que el parámetro de control del enunciado demandado
incluya otros instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes en la
materia tales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), las Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad y la
Opinión Consultiva OC-17 del 28 de agosto de 2002  de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “Condición jurídica y
derechos humanos de los niños” .
3.
Intervención de la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales
de la Defensoría del Pueblo.
La ciudadana
Karin Irina Kuhfeldt Salazar, Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales
y Legales de la Defensoría del Pueblo, también solicitó la declaratoria de
inexequibilidad del enunciado demandado.
En primer lugar
la interviniente hace una exposición de los estándares internacionales en
materia del tratamiento de los menores infractores de la ley penal contenidos
en la Convención sobre los derechos del niño y niña, las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y las Reglas
de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad.
Manifiesta la
interviniente que conforme a dichos instrumentos internacionales “las
medidas para el tratamiento de las infracciones a la ley penal cometidas por
niños, niñas adolescentes,  deben comprender un sistema judicial diferente,
autónomo y diferenciado con respecto del sistema penal ordinario aplicable a
los adultos (…) Queda en evidencia que, en el caso de menores, la mejor
política debe orientarse por la mínima intervención estatal y, específicamente,
por lo que se ha denominado un derecho penal mínimo (…) Ahora bien, ese derecho
penal mínimo debe entenderse sin perjuicio de las garantías propias del debido
proceso, toda vez que tan perjudicial para el menor puede resultar su
sometimiento a las faenas extenuantes y complejas de un proceso penal
ordinario, como la pretermisión de etapas, recursos y garantías básicas para su
adecuada defensa”.
Hace luego
alusión al tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal en el
ordenamiento interno, específicamente a los artículos 44 y 45 constitucionales
y las distintas previsiones del Código de la
Infancia y la Adolescencia que determinan el alcance del derecho al debido
proceso de los niños, niñas y adolescentes involucrados en una actuación
judicial. Refiere que el Libro Segundo del Código de la
Infancia y la Adolescencia diseñó un sistema de tratamiento especial, autónomo
y diferenciado para los adolescentes que entren en conflicto con la ley penal,
y que distintas disposiciones reiteran el derecho de los encausados al debido
proceso y las garantías procesales básicas de las que son titulares entre ellas
la presunción de inocencia, la notificación de las imputaciones, el derecho de
defensa y contradicción, el derecho a ser asesorados, entre otros.
Concluye que a
pesar de ser un sistema especial “en los órganos, los fines y procedimientos
del tratamiento penal del adolescente infractor de la ley penal subsisten,
incluso con énfasis reforzado en atención a su especial protección, los
derechos y garantías que el ordenamiento le reconoce, entre ellos, el derecho
al debido proceso”. Sobre todo en virtud de las remisiones contenidas en
los artículos 144 y 151 de la Ley 1098 de 2006.
- Deduce
entonces que la regla hermenéutica rectora de “las normas que rigen el
sistema, es la de su conformidad con el mandato de protección del interés
superior del niño y de la niña y, en segundo lugar, que se respeten como mínimo
los derechos y garantías que se le reconocen a los adultos en situaciones
semejantes, en aplicación al derecho a la igualdad”.
Respecto del
enunciado acusado señala que de su tenor literal se desprende que cuando un
adolescente es sorprendido en flagrancia no hay en rigor investigación, pues en
estos casos necesariamente deberá formularse una imputación que es
simultáneamente una acusación. Esta omisión -alega la interviniente- en
principio podría justificarse con el argumento que el sujeto aprehendido en
esta situación es el presunto responsable de haber cometido una conducta
delictiva lo cual exime al ente fiscal de realizar indagaciones ulteriores. Sin
embargo, precisa que esa postura resulta insostenible al hacer un examen
detenido del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, pues hay supuestos
en los cuales a pesar de haber sido sorprendido el presunto responsable en
flagrancia en todo caso es necesario que el Fiscal realice una investigación
antes de poder formular la imputación, por ejemplo cuando existe una aparente
flagrancia mas no existe delito, por tratarse de una conducta atípica o por
concurrir una causal excluyente de responsabilidad; o cuando el capturado en
flagrancia no acepta la imputación. Propone otra situación en la cual no
obstante la captura en flagrancia no habría lugar a la privación de libertad
del aprehendido, tal es el caso cuando respecto del delito no esté prevista una
medida de aseguramiento restrictiva de la libertad –internamiento preventivo
según el tenor del artículo 181 de la Ley 1098 de 2006-, evento en el cual el
Fiscal debería ordenar la libertad inmediata del capturado y no seguir el
procedimiento previsto en el artículo 191 demandado.
Agrega que el
plazo de 30 días, previsto por el artículo 175 del C. P. P. para adelantar la
investigación no persigue solamente que el Fiscal reúna elementos probatorios
para respaldar la imputación sino que también está previsto a favor del
imputado para que pueda preparar su defensa. Recalca que un requisito necesario
en estos casos es precisamente la formulación de la imputación, pues es a
partir de esta diligencia que la defensa puede preparar de modo eficaz su actividad
procesal.
Concluye que “la
fragancia no conduce fatalmente a una imputación que es simultáneamente una
acusación, sustento necesario para celebrar audiencia de juicio oral ante el
juez de conocimiento, que es como parece que debe procederse a instancias del
artículo 191 del Código de la Infancia y la
Adolescencia”.
Observa entonces
que la redacción del artículo 191 demandado es particularmente problemática
porque “no parece haber solución de continuidad entre el  momento de la
captura en flagrancia del infractor, su conducción «inmediata» ante el fiscal,
su presentación «dentro de las 36 horas» ante el juez de control de garantías y
el envío de lo actuado al juez de conocimiento para que convoque la audiencia
de juicio oral. No hay lugar para fases intermedias que permitan hacer uso de
garantías y mecanismos que podrían favorecer al inculpado”.
Adicionalmente
resalta que esta redacción parece indicar que el adolescente sorprendido en
flagrancia será privado de la libertad desde el momento de la captura hasta que
sea conducido ante el juez de control de garantías, en abierta contradicción a
los señalado en el artículo 37 literal b) de la
Convención de los derechos del niño, según cuyo tenor el encarcelamiento “se
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de
último recurso y durante el período más breve que proceda”. E igualmente
supone un trato diferenciado desfavorable respecto de los adultos sorprendidos
en flagrancia, quienes pueden ser puestos en libertad por el Fiscal sin
necesidad de acudir ante el juez de control de garantías, si el presunto delito
que se les atribuye no comporta detención preventiva a la luz del inciso 3º del
artículo 302 del C. P. P.
En el mismo
sentido apunta que el enunciado normativo demandado no da lugar a que la
Fiscalía pueda aplicar el principio de oportunidad respecto de los adolescentes
capturados en flagrancia, pues si bien los artículos 173 y 174 del Código de la
Infancia y la Adolescencia admiten la aplicación de este principio, el
artículo 191 no contempla esta posibilidad, máxime si se tiene en cuenta que
según el artículo 175 del C. P. P. en el plazo de los 30 días siguientes a la
formulación de la imputación la
Fiscalía decide si formula acusación, solicita la preclusión o aplica el
principio de oportunidad, y en el caso del adolescente sorprendido en
flagrancia no se surte esta etapa procesal.
Estima que del
procedimiento previsto en el enunciado normativo demandado resultan afectadas
garantías constitucionales ante la ausencia de un término para preparar la
defensa del sorprendido en flagrancia. Esta conclusión la extrae al no estar
prevista la audiencia de formulación de la imputación  en el artículo 191 del
C. I. A. Reitera los argumentos inicialmente expuestos en el sentido que la
captura en flagrancia no necesariamente debe conducir a la formulación de la
imputación, sino que en ciertos casos la
Fiscalía debe adelantar la correspondiente investigación para recabar
elementos materiales probatorios, evidencia física o información suficiente
para inferir que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga
(artículo 287 del C. P. P.). Según la interviniente “la etapa de
investigación constituye una oportunidad para la defensa de hacer acopio de los
elementos de convicción que puedan desvirtuar la hipótesis de la
Fiscalía y que la lleven a solicitar la preclusión de la investigación”.
Expone que con
posterioridad a la formulación de la imputación se abre una fase de
investigación para recabar elementos probatorios por parte de la
Fiscalía y de la defensa del imputado, es esa medida el enunciado demandado
priva “al adolescente infractor de la etapa de investigación que es crucial
para su defensa, con lo que de hecho está disminuyendo el plexo de garantías de
que disponen los adultos en el régimen procesal ordinario o los adolescentes
que no han sido capturados en flagrancia, quienes si cuentan con esa fase
produciéndose una violación simultánea del derecho a la igualdad”.
Comparte la
postura del demandante respecto de inconstitucionalidad del artículo 191 del C.
I. A. debido a la pretermisión de la audiencia de acusación en el supuesto
regulado por esta disposición, pues considera que en esta etapa procesal tiene
lugar el descubrimiento probatorio, actuación central para el ejercicio del
derecho de contradicción y defensa. Textualmente consigna que prescindir de “esta
fase y adelantar el juicio equivale a desconocer el principio de igualdad de
armas, ruptura que no se podrá sanear luego, dada la imposibilidad de contar
con una oportunidad adicional dentro del proceso que permita solventar esta
deficiencia estructural, a efectos de facultar a la defensa para preparar su
caso. Sólo si se conocen los fundamentos de la acusación, el infractor y su
defensor pueden sustentar de manera idónea y eficiente su labor de descargo”.
Agrega que “nuevamente
el artículo 191 está desconociendo el conjunto de garantías mínimas propias del
debido proceso que deben ser otorgadas a los adolescentes infractores de la ley
penal, al soslayar la audiencia de formulación de acusación. Desde luego, es
del caso advertir que dicha acusación no puede ser formulada ante el juez de
control de garantías, sino sólo ante el juez de conocimiento. Sin embargo,
dicho juez sólo está habilitado por la norma demandada para convocar la
audiencia de juicio oral, sin que antes se haya abierto la oportunidad procesal
para adelantar la audiencia de formulación de acusación. La consecuencia es la
imposibilidad de llevar a cabo el descubrimiento probatorio y la reducción
grave de las garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales de
contradicción y de defensa”.
Arriba a
similares conclusiones sobre la inconstitucionalidad de la disposición
demandada por no preveer la celebración de la audiencia de preparatoria en el
caso de los adolescentes sorprendidos en flagrancia, oportunidad procesal que a
su juicio también resulta esencial para el ejercicio de derecho de defensa y
contradicción.
Consigna
finalmente que “la garantía efectiva de los derechos y del acceso a un
recurso judicial efectivo, en los términos de la
Convención Americana de Derechos Humanos y de la
Convención Sobre los Derechos del Niño y de la
Niña, resulta afectada en un grado considerable cuando en aras de imprimir
celeridad a las actuaciones, se soslayan u omiten etapas y mecanismos que
militan en pro de una defensa adecuada de los derechos e intereses del
adolescente infractor. Frente al marco normativo internacional y el marco
procesal ordinario interno reseñados, es claro que el menor sorprendido en
flagrancia a quien se imputa la comisión de una conducta delictiva, ve negado
su derecho a la presunción de inocencia, disminuidas sus oportunidades de
beneficiarse de la aplicación del principio de oportunidad, de aceptar los
cargos y obtener la condigna rebaja en la sanción a imponer, de conocer los
elementos y evidencias esgrimidos en su contra, de formular recusaciones,
proponer nulidades o presentar reparos al escrito de acusación, entre otras
garantías inherentes al debido proceso, cuando el artículo demandado dispone la
formulación de la acusación y la remisión al juez de conocimiento para que
convoque de inmediato la audiencia de juzgamiento”.
4.
Intervención del representante del Ministerio del Interior y de Justicia.
El ciudadano
Rafael Salazar Jaramillo intervino en representación del Ministerio del
Interior y de Justicia, en defensa de la disposición acusada.
Alega el
interviniente que la jurisprudencia constitucional ha avalado la
constitucionalidad de los tratamientos diferenciados en materia procesal de los
capturados en flagrancia, siempre y cuando se trate de distinciones
proporcionales y razonables. En apoyo de su tesis trascribe extensas citas
jurisprudenciales. Añade que el C. I. A. prevé, sin distinguir los casos de
flagrancia, que en caso de conflictos normativos entre las disposiciones del
Código y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico las autoridades
judiciales deben privilegiar el interés superior del niño. Acota que de
conformidad con la remisión establecida en el artículo 151 del citado
ordenamiento a la Ley 906 de 2004, a los adolescentes capturados en flagrancia
les serían aplicables las garantías previstas en los artículos 301, 302 y 303
del C. P. P.
5.
Intervención del representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
–ICBF-.
El ciudadano
José Oberdan Martínez Roble presentó un escrito en representación del ICBF
mediante el cual pide se declare exequible la disposición acusada.
Alega el
ciudadano que el artículo 191 del C. I. A. debe ser interpretado de manera
sistemática con el procedimiento establecido en el C. P. P., en aplicación del
mandato establecido en el artículo 151 del primer ordenamiento según el cual en
todos los casos –incluido el evento de ser capturado un adolescente en flagrancia-
deben ser aplicadas como mínimo las garantías previstas en la
Ley 906 de 2004.
Entiende por lo
tanto el interviniente que de una intervención sistemática del artículo
demandado a la luz de las garantías establecidas en el C. P. P. el Fiscal debe
adelantar las pesquisas necesarias para establecer la responsabilidad del adolescente
capturado en flagrancia y luego formular la acusación en la audiencia
correspondiente. Explica que el tenor del artículo demandado en ningún caso
excluye que de conformidad con el artículo 114 del C. P. P. el fiscal pueda
solicitar al juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones o
aplicar el principio de oportunidad.
Añade que “la
omisión de las etapas previstas en el proceso penal general deriva de la naturaleza
configurada por la eventualidad de la flagrancia, que obviamente y por
sustracción de materia excluye etapas y procedimientos como la formalización de
la solicitud al juez de control de garantías para asegurar la comparecencia del
imputado, sin inhibir la función que a este compete en el control de legalidad
de la actuación y, sin menoscabo de ninguna de las garantías y derechos que
integran el contenido material del debido proceso, el cual no puede ser medido
mecánicamente en función de las etapas o instancias de cada cuerda procesal”.
Concluye que el
procedimiento previsto en la disposición acusada no desconoce el derecho al
debido proceso de los adolescentes capturados en flagrancia pues en todo caso
respeta las garantías de presunción de inocencia, el derecho de defensa y
contradicción, el derecho al asesoramiento, a la presencia de padres y tutores,
a guardar silencio, a confrontar testigos, a apelar y como mínimo las
restantes garantías y derechos contemplados en la
Ley 906 de 2004. Igualmente considera el interviniente que la disposición
acusada se ajusta al principio del interés superior del menor, al principio de
favorabilidad, al carácter especializado y prevalente del Sistema de
Responsabilidad Penal  para Adolescentes y a los principios de celeridad y
eficacia contemplados en el artículo 40 de la
Convención de los derechos del Niño, según lo cuales los Estados partes tienen
la obligación de dirimir las causas contra menores sin demora.
V. CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la
Nación, mediante concepto No. 4786, radicado el dos (02) de junio de dos mil
nueve (2009), solicita que se declare la inexequibilidad del enunciado
normativo demandado y que se exhorte al Congreso para
que en la próxima legislatura expida el Proceso Penal Especial para el
Adolescente.
En primer lugar
señala la Vista Fiscal que el procedimiento para la investigación y juzgamiento
de los adolescentes capturados en flagrancia se encuentra regulado en dos
cuerpos normativos, el Código de la Infancia y la
Adolescencia y las normas consagradas en la
Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), por remisión expresa del artículo
144 del C. I. A.
Añade
que esta normativa se articula mediante unos principios orientadores de la
actividad interpretadora de los operadores jurídicos como son el principio del interés
superior de los niños, la prevalencia de sus derechos, la
protección integral y el derecho a tener una familia y no ser separado
de ella.
Hace
luego referencia a los tratados y demás instrumentos internacionales que
conforman los estándares en materia de protección de los niños, niñas y
adolescentes, entre los cuales menciona el Pacto Internacional de Derechos
civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores o «Reglas de
Beijing» y la Opinión Consultiva de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación de los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Acto seguido
aborda el problema constitucional planteado por el demandante, refiere que a
pesar de las garantías constitucionales establecidas en la primera parte de la
Ley 1098 a favor de los niños, niñas y adolescentes, cuando el Legislador
diseñó el tratamiento procesal de aquellos capturados en flagrancia, el
artículo 191 únicamente relacionó la audiencia de legalización de la captura y
acto seguido la audiencia de juicio oral. Destaca, entonces, que mientras en el
proceso penal para los adultos fueron previstas meticulosamente oportunidades
procesales para verificar la individualización y responsabilidad penal del
sujeto, así como controvertir las pruebas presentadas y aportar las propias de
la defensa, en el caso de la captura en flagrancia de adolescentes solo el
artículo parcialmente impugnado contiene las reglas aplicables y, tal como lo
afirma el accionante, omitió las audiencias de formulación de imputación, de
formulación de acusación y preparatoria.
Considera por lo
tanto el representante del Ministerio Público que una vez corroborada la
omisión acusada por el demandante, podría argumentarse que está justificada
porque privilegia los principios de celeridad y economía “en el sentido que
el recorte procesal contribuye a agilizar los trámites, la no retención
excesiva del menor y a brindar una respuesta efectiva y pronta por parte de la
administración de justicia frente a los menores responsables penalmente”. Para
establecer si dicha premisa es constitucionalmente admisible hace un análisis
de la naturaleza y objetivos de las mencionadas actuaciones procesales.
Respecto de la
audiencia de formulación de imputación llega a la conclusión que se trata de “una
etapa procesal indispensable para determinar la responsabilidad penal del
sujeto y corregir en tiempo, es decir, desde el inicio del proceso un posible
error en la individualización del imputado, que además permite valorar,
nuevamente desde el comienzo, si existen pruebas sobre la existencia del hecho
punible”, razón por la cual el artículo parcialmente acusado, al omitir
esta audiencia, “propicia la presunción de responsabilidad penal del
adolescente, situación que desconoce las garantías constitucionales,
consensuadas internacionalmente, sobre los mínimos judiciales que deben rodear
el proceso penal, agravadas porque se trata del procedimiento penal dirigido a
una población considerada sujeto de especial protección que debe ser tratada
con especial consideración y respeto tanto por las autoridades como por los
particulares” de lo que resulta la vulneración del “derecho fundamental
al debido proceso (art. 29 superior) pero además los principios y valores
constitucionales que propenden porque los derechos de los niños prevalezcan sobre
los derechos de los demás (art. 44 constitucional)”.
Similares
reparos le plantea la ausencia de la audiencia de formulación de acusación en
el proceso penal de los adolescentes sorprendido en flagrancia, pues en esta
audiencia el Fiscal presenta el escrito en el que afirma que la conducta
delictiva existió y que el aprehendido es su autor o partícipe, con base en los
elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información
legalmente obtenida y en la misma actuación procesal se verifica que la
acusación cumpla con las exigencias legales (artículos 336 y 337 del C. P. P).
Hace notar el
Procurador que el artículo impugnado también deja de lado la audiencia
preparatoria, diligencia que tiene como fin la planeación y la instalación
provisional del juicio, para que éste “proceda de forma justa, expedita y
ordenada, de manera fluida y coherente”, de manera que se priva a la
defensa de una oportunidad procesal para presentar oralmente las causales de
incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, y las observaciones sobre
el escrito de acusación.
Añade la
Vista Fiscal que la audiencia del juicio oral –la cual si está contemplada
expresamente en la disposición demandada- no es una oportunidad idónea para
subsanar la omisión de las actuaciones antes referidas porque no se trata de
una diligencia especialmente diseñada para los adolescentes capturados en
flagrancia sino que se remite a la audiencia prevista en Código de
Procedimiento Penal “legislación que supone que las otras audiencias se
surtieron oportunamente y que, por ello mismo, no da lugar a retomar los
debates que aparentemente ya han sido evacuados como requisito de
procedibilidad para la etapa subsiguiente”.
Concluye así que
“la legislación para la infancia (…) al eludir las audiencias de formulación
de imputación y de acusación coloca al adolescente infractor en condiciones más
gravosas que aquellas que debe soportar un adulto. Lo que además significa que
el legislador hizo una copia incompleta, fragmentada y no garantista del proceso
de los adultos para aplicarla a los menores, poniendo en riesgo un cúmulo de
valores, principios y derechos fundamentales”.
Manifiesta
igualmente el Procurador que estas falencias fueron apreciadas oportunamente
por la Fiscalía General de la Nación durante el trámite legislativo del Código
de la Infancia y la Adolescencia pero que no fueron enmendadas. De lo que
resultó un diseño procesal -en el caso de los adolescentes sorprendidos en
flagrancia- vulnerador no sólo el contenido constitucional de derecho
fundamental al debido proceso sino también los estándares internacionales en la
materia establecidos por la Reglas de Beijing , específicamente la
Regla 7 según cuyo tenor “En todas las etapas del
proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de
inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no
responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres
o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a
éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior”.
Pone de manifiesto que la
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la
Infancia, la Adolescencia y la Familia comprobó que en la mayoría de los casos
en los que los adolescentes son aprehendidos en flagrancia los jueces inaplican
el artículo 191 mediante la figura de la excepción de inconstitucionalidad
(art. 4 superior) y llevan a cabo las audiencias de formulación de imputación,
de formulación de acusación y la preparatoria, lo que considera un elemento de
juicio adicional sobre la inconstitucionalidad de la disposición acusada.
Estima el
Procurador que debido a las numerosas falencias procesales en que incurrió el
legislador al reglamentar el proceso penal para los adolescentes, sumadas a “la
importancia de los derechos fundamentales puestos en riesgo y la necesidad de
garantizar el principio de seguridad jurídica”, se requiere la expedición
de “una nueva legislación que con detenimiento y rigurosidad se centre en la
judicialización de los menores infractores de la ley penal y que a su vez
garantice los principios del interés supremo del adolescente, la prevalencia de
sus derechos, la protección integral y el derecho a tener una familia y no ser
separado de ella”, razón por la cual solicita a la
Corte Constitucional exhorte al Legislador para que en la próxima legislatura
expida el Proceso Penal Especial para el Adolescente acogiendo las
recomendaciones de las Reglas de Beijing y de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
VI.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Corte es competente para conocer del proceso de la
referencia, de conformidad con el artículo 241 numeral 4 de la
Constitución Política.
2. El asunto
bajo revisión
Estima el
demandante que el enunciado normativo: “Por solicitud del
fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará
la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio
oral dentro de los 10 días hábiles siguientes”, contenido en el artículo 191 del C. I. A.,
desconoce el artículo 29 constitucional y el artículo 40 de la
Convención de los derechos del niño porque vulnera el derecho al debido
proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y el derecho de
contradicción de los adolescentes capturados en flagrancia.
La supuesta
infracción de los derechos contenidos en las disposiciones constitucionales y
en los instrumentos internacionales mencionados tendría origen en que el
precepto demandado, al regular el procedimiento para la investigación y
juzgamiento de los adolescentes capturados en flagrancia, omite la audiencia de
formulación de imputación, la audiencia de formulación de acusación y la
audiencia de preparación, etapas procesales previstas en el C. P. P., aplicables
en el juzgamiento de adolescentes por la remisión contenida en el artículo 144
del C. I. A., las cuales resultan necesarias para el pleno ejercicio de las
garantías constitutivas del derecho al debido proceso, pues en ellas tienen
lugar una serie de actuaciones por parte de la defensa y de la
Fiscalía, con miras al debate probatorio y argumentativo que tendrá lugar en
el juicio oral. Así mismo, sugiere el demandante que el precepto acusado parte
de la presunción de culpabilidad del adolescente capturado en flagrancia y que
la celeridad del procedimiento previsto en el artículo 191 demandado impide que
la defensa pueda recaudar los elementos probatorios requeridos para hacer
efectivo el derecho de contradicción y de defensa.
La representante
de la Defensoría del Pueblo y el Procurador General de la
Nación comparten la postura del demandante y plantean argumentos adicionales
para cuestionar la constitucionalidad del enunciado demandado. Afirma, por
ejemplo, la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales que el
enunciado normativo demandado no permite una verdadera investigación del hecho
punible y de la responsabilidad del adolescente sorprendido en flagrancia pues
no prevé actuaciones procesales encaminadas a tales propósitos. Indica igualmente
que una aplicación exegética del artículo 191 del C. I. A. puede dar lugar a un
vulneración del derecho a la libertad personal del adolescente capturado en
flagrancia, porque aun en aquellos supuestos en que el delito por el cual fue
aprehendido no tiene prevista una medida de aseguramiento privativa de la
libertad, el Fiscal, según el tenor literal del precepto acusado, no podría
ponerlo en libertad sino que debería permanecer en custodia hasta la audiencia
del juicio oral. El Procurador hace un recuento exhaustivo de las actuaciones
que se surten en las audiencias de formulación de imputación, de formulación de
acusación y de preparación, y de las consecuencias que se derivan de su
pretermisión cuando se trata de los adolescentes capturados en flagrancia.
Añade que la disposición acusada actualmente es inaplicada por los jueces
precisamente por desconocer las garantías relacionadas con el debido proceso
penal de los adolescentes.
Los
representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Ministerio
del Interior de Justicia defienden la constitucionalidad del precepto acusado,
invocan la libertad de configuración del legislador en materia del
procedimiento penal y la posibilidad de establecer reglas especiales para la
investigación y juzgamiento de los adolescentes capturados en flagrancia.
Adicionalmente parecen sugerir que la omisión de ciertas etapas procesales está
justificada en los principios de celeridad y eficacia previstos en la
Convención de los Derechos del Niño.
Por otra parte
uno de los intervinientes afirma que la demanda es inepta porque la acusación
tiene como fundamento el supuesto desconocimiento por parte del artículo 191 del
C. I. A. de las etapas procesales previstas en otro ordenamiento de carácter
legal –el Código de Procedimiento Penal- y no en la vulneración de los rasgos
distintivos del proceso penal en el marco del sistema penal acusatorio,
señalados en el artículo 250 constitucional. Es decir, alega el interviniente
que los cargos formulados por el actor no son pertinentes porque propone como
parámetro de comparación normativo de la disposición acusada preceptos legales
y no disposiciones constitucionales, razón por la que considera que se debe
proferir un fallo inhibitorio.
Planteado en los
anteriores términos el debate de constitucionalidad corresponde a esta
Corporación inicialmente establecer si la demanda presentada por el actor
permite un pronunciamiento de fondo o si los cargos formulados no son
pertinentes al carecer de fundamento constitucional. Una vez resuelta esta
cuestión inicial se deberá examinar si el enunciado normativo demandado
infringe el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de
contradicción y la presunción de inocencia del adolescente capturado en
flagrancia, para lo cual se hará referencia al (i) principio del interés
superior de los niños, niñas y adolescentes; (ii) a los estándares
internacionales en materia de su investigación y juzgamiento; (iii) para
finalmente abordar el examen de constitucionalidad del precepto demandado.
3. La
supuesta ineptitud de la demanda.
Considera uno de
los intervinientes que los cargos formulados por el demandante no son
pertinentes porque no tienen fundamento en una infracción de disposiciones
constitucionales sino en el desconocimiento de preceptos legales. Entiende que
la inconstitucionalidad propuesta por el demandante tiene como fundamento la
falta de previsión por el artículo 191 del C. I. A., en el caso de la
investigación y juzgamiento de los adolescentes capturados en flagrancia, de
ciertas etapas procesales previstas en el C. P. P., como son la audiencia de
formulación de imputación, la audiencia de formulación de acusación y la
audiencia preparatoria. Razón por la cual considera que el demandante plantea
de manera errada los cargos de constitucionalidad porque el parámetro de
control de la disposición impugnada no puede ser otro ordenamiento legal sino
los artículos 116, 250 y 251 constitucionales.
Ahora bien, esta
Corporación no comparte esta apreciación porque parte de un entendimiento
errado de la demanda. En efecto, el actor no acusa al enunciado normativo
demandado de desconocer la estructura del sistema penal acusatorio establecida
en la Ley 906 de 2004 sino que sus cargos están planteados en torno a la
supuesta infracción del derecho al debido proceso, consagrado en la
Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos, al igual
que del derecho de defensa, derecho de contradicción y presunción de inocencia,
por el precepto demandado. Vulneración que tiene origen en la redacción del
enunciado normativo contenido en el artículo 191 del C. I. A., el cual no prevé
oportunidades procesales para el ejercicio de las garantías judiciales antes
enunciadas cuando se trata de la investigación y juzgamiento del adolescente capturado
en flagrancia. En esa medida los cargos formulados por el demandante son
pertinentes y dan lugar a un verdadero debate acerca de la constitucionalidad
del enunciado impugnado.
Valga aclarar
que el demandante si hace alusión a algunas etapas procesales previstas en el
C. P. P., especialmente a la audiencia de formulación de imputación, a la
audiencia de formulación de acusación y a la audiencia preparatoria, pero con
el propósito de destacar que estas diligencias permiten la realización del derecho
al debido proceso y de las garantías judiciales en el marco del procedimiento
penal, y para hacer notar como su pretermisión afecta el derecho de defensa, el
derecho de contradicción y la presunción de inocencia de los adolescentes
capturados en flagrancia.
Hecha la
anterior precisión se pasará a examinar la constitucionalidad del enunciado
normativo demandado.
4. Los niños,
las niñas y los adolescentes como sujetos de especial protección, el interés
superior de los niños, las niñas y los adolescentes y el carácter prevaleciente
de sus derechos.
De acuerdo al
tenor literal del artículo 44 constitucional la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor,
la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión son
derechos fundamentales de los niños, a lo cual agrega la misma disposición que
éstos serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos.
El mismo
precepto indica más adelante que “la familia, la sociedad y el Estado tienen
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, por lo que, en
atención a dicho mandato, cualquier “persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. Como corolario
de lo anterior concluye el último inciso de la disposición en comento que “los
derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que los mandatos constitucionales de
especial protección a la infancia tienen origen, entre otras razones, en la
falta de madurez física y mental de los niños, circunstancia que les hace
especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos, y que
hacen imprescindibles la adopción de medidas de protección para garantizar su desarrollo
armónico e integral y “proveer las condiciones que necesitan para
convertirse en miembros autónomos de la sociedad”[1]. Los niños
se tornan de esta manera en sujetos de especial protección constitucional,
cuyos derechos e intereses tiene carácter superior y prevaleciente.
Igualmente ha
considerado que los citados mandatos constitucionales constituyen una recepción
en nuestro ordenamiento constitucional del principio universal de interés
superior del niño[2],
consagrado por primera vez en la
Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño, y posteriormente
reproducido en otros instrumentos internacionales como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 (Principio 2°), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 23 y 24) y la
Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989[3],
en cuyo artículo 3° se dispuso “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño”.
Los principios
de protección especial de la niñez y de preservación del interés superior de
los niños, las niñas y los adolescentes se encuentran consagrados en diversos
tratados e instrumentos internacionales vinculantes para el Estado Colombiano[4],
e igualmente han sido recogidos en la legislación vigente[5]. De manera
específica los artículos 7, 8 y 9 del C. I. A.[6],
recogen estos mandatos constitucionales.
Adicionalmente
su alcance ha sido precisado por la jurisprudencia constitucional en numerosas
decisiones de revisión de tutela y de constitucionalidad. Así, por ejemplo, en
la sentencia T-514 de 1998 la
Corte Constitucional explicó que el concepto del interés superior consiste en
el reconocimiento de una “caracterización jurídica específica” para el
niño, basada en la naturaleza prevaleciente de sus intereses y derechos, que
impone a la familia, la sociedad y el Estado la obligación de darle un trato
acorde a esa prevalencia “que lo proteja de manera especial, que lo guarde
de abusos y arbitrariedades y que garantice el desarrollo normal y sano del
menor desde los puntos de vista físico, psicológico, intelectual y moral y la
correcta evolución de su personalidad”. Se precisó en la misma oportunidad
que el principio en mención “se enmarca en los presupuestos del Estado
Social de Derecho, desarrolla el principio de solidaridad, propende por el
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en consideración al grado de
vulnerabilidad del menor y a las condiciones especiales requeridas para su
crecimiento y formación, y tiene el propósito de garantizar el desarrollo de su
personalidad al máximo grado”. En igual sentido, en la sentencia T-979 de
2001 se explicó que “…el reconocimiento de la prevalencia de los derechos
fundamentales del niño… propende por el cumplimiento de los fines esenciales
del Estado, en consideración al grado de vulnerabilidad del menor y a las
condiciones especiales requeridas para su crecimiento y formación, y tiene el
propósito de garantizar el desarrollo de su personalidad al máximo grado”.
Finalmente, la sentencia T-510 de 2003 sostuvo que la determinación del interés
superior del niño se debe efectuar en atención a las circunstancias específicas
de cada caso concreto debido a su “naturaleza real y relacional”. Sin
embargo, en la misma oportunidad se defendió la existencia de criterios
generales orientadores de la actividad de los operadores jurídicos “al
momento de determinar cuál es el interés superior de un menor y cómo
materializar el carácter prevaleciente de sus derechos fundamentales en casos
particulares[7]”.
La jurisprudencia
constitucional también ha insistido en que el interés superior y prevaleciente
de los niños, las niñas y los adolescentes es un concepto relacional[8],
es decir, que se predica de situaciones en las cuales deban armonizarse los
derechos e intereses de un determinado niño con los de otra u otras personas
con los cuales han entrado en conflicto, lo que significa que no puede
otorgárseles un carácter excluyentes o absolutos[9].
Por otra parte,
desde la perspectiva de la nueva Constitución, figuras tradicionales
consagradas en la legislación civil preconstitucional pueden ser entendidas
actualmente bajo la perspectiva de medidas de protección mediante las cuales se
garantiza el carácter prevaleciente de sus derechos fundamentales tales como
los alimentos[10],
las guardas, las incapacidades y las nulidades[11],
pero las medidas de protección también pueden ser de índole penal[12]
o laboral[13].
Por otra parte
ha sostenido esta Corporación que los derechos fundamentales de los niños,
niñas y adolescentes y la protección de su interés superior representan
verdaderos valores y principios “que no solo están llamados a irradiar la
expedición, interpretación y aplicación de todas las normas de justicia
imputable a los menores, sino también a orientar la promoción de políticas y la
realización de acciones concretas dirigidas al logro de su bienestar físico,
moral, intelectual y espiritual[14];
entendiendo dicho bienestar como una de las causas finales de la sociedad y del
Estado, y como un objetivo del sistema jurídico[15]”.
De manera tal
que vinculan al Legislador, no sólo de manera positiva pues “la regulación
que se expida sobre los derechos de los menores deberá reflejar la dimensión
normativa [del mismo] no sólo desde el punto de vista sustancial sino también
procedimental, con miras a la efectividad y garantía de sus derechos y su
desarrollo integral y armónico como así lo quiso el Constituyente de 1991”[16], sino
también de manera negativa al convertirse en limite a su libertad de
configuración normativa.
Hechas las
anteriores consideraciones acerca de los principios de especial protección de
los niños, las niñas y los adolescentes, su interés superior y el carácter
prevaleciente de sus derechos se pasará a examinar el alcance del derecho al
debido proceso y las garantías judiciales aplicables en la investigación y
juzgamiento de los delitos cometidos por los menores de edad.
5. El derecho
al debido proceso y las garantías judiciales en la investigación y juzgamiento
de las personas menores de edad.
Como ha
sostenido esta Corporación el ordenamiento jurídico colombiano admite la
responsabilidad penal de las personas menores de edad. En efecto, aquellos “que han cometido conductas constitutivas de violaciones de la ley
penal son responsables frente al Estado y frente a la sociedad por sus
acciones, y dicha responsabilidad se ha de traducir en la adopción de medidas
de tipo judicial y administrativo que sean apropiadas en su naturaleza,
características y objetivos a la condición de los menores en tanto sujetos de
especial protección, que se orienten a promover su interés superior y
prevaleciente y el respeto pleno de sus derechos fundamentales, que no
obedezcan a un enfoque punitivo sino a una aproximación protectora, educativa y
resocializadora, y que sean compatibles con las múltiples garantías reforzadas
de las que los menores de edad son titulares a todo nivel por motivo de su
especial vulnerabilidad”[17].
Ahora bien, en
la investigación y juzgamiento de las personas menores de edad tiene plena
aplicación el derecho al debido proceso y las garantías judiciales reconocidas
en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos, así lo ha reconocido desde tiempo atrás la jurisprudencia de esta
Corporación. Baste citar aquí la sentencia C-817 de 1999[18] en la cual
se afirmó literalmente que “[l]os procesos
penales contra menores de edad se rigen, como los demás procesos de la misma
índole, por las normas constitucionales que consagran los derechos y garantías
que se le conceden a toda persona sindicada de un hecho ilícito, entre los que
cabe destacar el derecho al debido proceso, que comprende el derecho de
defensa, el derecho a nombrar un abogado que lo asista en el proceso o a que se
le designe uno de oficio, el derecho a impugnar las decisiones judiciales e
interponer los recursos correspondientes, el derecho a pedir y contradecir las
pruebas; el derecho a que se le aplique el principio de favorabilidad; el
derecho a la presunción de inocencia; el derecho a ser juzgado conforme a las
normas preexistentes al hecho que se le imputa, por jueces previamente
señalados y por hechos preestablecidos en la ley como punibles, entre otros”.
Se tiene,
entonces, que las garantías judiciales integrantes del derecho al debido
proceso, consignadas en el artículo 29 constitucional, son plenamente
aplicables en la investigación y juzgamiento de los adolescentes, tales como la
garantía del juez natural, el principio de legalidad, el derecho a la defensa
técnica, el derecho de contradicción, el principio de favorabilidad, la presunción
de inocencia, entre otras. El alcance de estas garantías judiciales ha sido
adicionalmente desarrollado por numerosos instrumentos internacionales de
derecho humanos, los cuales han establecido una serie de estándares aplicables
en los procesos penales que se adelanten contra personas menores de edad, los
cuales han sido empleados de manera reiterada por la jurisprudencia de esta
Corporación como parámetro de control constitucional cuando ha examinado la
constitucionalidad de las disposiciones legales que regulan la materia[19].
En primer lugar
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante Ley
74 de 1968, contiene las siguientes previsiones (i) en su artículo 6.5.,
establece que “no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por
personas de menos de 18 años de edad”; (ii) en el artículo 10.2.b.,
relativo a la privación de la libertad, dispone que “los menores procesados
estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de
justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento”; (iii) el
artículo 10.3., referente al régimen penitenciario, establece que “los
menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”; (iv) el artículo
14.1. ordena que “toda sentencia en materia penal o contenciosa será
pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo
contrario...”; y (v) el artículo 14.4. dispone que “en el procedimiento
aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta
circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social”.
Del mismo modo la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada mediante Ley 16 de
1972, se refiere en dos artículos a la situación de menores de edad que son
responsables por haber violado la ley penal: (i) en el artículo 4-5, referente
al derecho a la vida, ordena que “no se impondrá la pena de muerte a
personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de
dieciocho años de edad...”; y (ii) el artículo 5-5, relativo al derecho a
la integridad personal, establece que “cuando los menores puedan ser
procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento”.
La Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada
al ordenamiento interno colombiano mediante Ley 12 de 1991, incluye importantes
reglas sobre esta materia. Resultan particularmente relevantes los artículos 37[20]
y 40[21],
los cuales señalan entre otras las siguientes garantías procesales en el
juzgamiento de los niños: (i) el derecho a un pronto acceso a la asistencia
jurídica y otra asistencia adecuada, (ii) el derecho a impugnar la legalidad de
la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente,
independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción; (iii) el
principio de legalidad, (iv) la presunción de inocencia, (v) el derecho a ser
informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de
sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y
que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la
preparación y presentación de su defensa; (vi) el derecho a que la causa será
dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente,
independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en
presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que
se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo
en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes
legales; (vii) el derecho a no ser obligado a prestar testimonio o a declararse
culpable, (viii) el derecho a interrogar o hacer que se interrogue a testigos
de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo
en condiciones de igualdad; (ix) el derecho a una segunda instancia.
En el seno de la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se han adoptado
dos instrumentos de suma relevancia: las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la administración de la justicia de menores, conocidas como “Reglas de
Beijing” (aprobadas mediante Resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985),
y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados
de libertad (aprobadas mediante Resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990).
Dichos instrumentos han sido considerados por la jurisprudencia  de esta
Corporación como la “codificación de las principales obligaciones
internacionales de Colombia en la materia”[22], y como tales
han sido considerados como parámetros de control de las disposiciones legales
que regulan la materia[23],
por tal razón se hará referencia detallada a las reglas pertinentes de ambas
resoluciones, con énfasis en los aspectos que tienen mayor relevancia para la
resolución de los cargos de inconstitucionalidad dirigidos contra el enunciado
normativo objeto de examen en este proceso.
Las Reglas de
Beijing o “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración
de la justicia de menores” codifican, sistematizan y desarrollan estándares
mínimos en la investigación y juzgamiento de personas menores de edad
reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos, los cuales
deben ser respetados en todos los casos de procesamiento de menores de edad por
violación de la ley penal. Si bien no se trata de un tratado internacional de
derechos humanos, en todo caso es un instrumento internacional adoptado en el
seno de las Naciones Unidas, que tiene una finalidad compiladora de las
garantías recocidas en tratados, la costumbre, los principios generales, la
doctrina y la jurisprudencia internacional en la materia, al cual la
jurisprudencia constitucional de manera reiterada le ha reconocido un carácter
vinculante cuando se trata del examen de constitucionalidad de las leyes que
regulan la investigación y el juzgamiento de menores[24].
La primera regla
establecida en este instrumento es la
Prohibición de discriminación en la aplicación de las Reglas[25]
mandato que constituye una reiteración de lo dispuesto en distintos tratados de
derechos humanos sobre el derecho a la igualdad, dirigido aquí a proscribir las
distinciones injustificadas en el respeto de las garantías básicas para el
procesamiento de personas menores de edad, en atención a las circunstancias en
que se cometió la infracción por la cual se les ha sometido a la administración
de justicia.
Las Reglas
Mínimas también definen que (i) se entenderá por “menor”, “todo niño o joven
que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un
delito en forma diferente a un adulto”; (ii) “delito” significa “todo
comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema
jurídico de que se trate”; y (iii) “menor delincuente” –es decir, el objeto
de la regulación en cuestión- es “todo niño o joven al que se ha imputado la
comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un
delito...”. El menor infractor cuya responsabilidad penal se pretende
determinar por medio del procesamiento judicial o administrativo es, así, el
destinatario y el beneficiario central de la regulación contenida en las Reglas
Mínimas.
De las Reglas
2.3[26]
y 5.1[27]
se derivan dos de los principios cardinales en el tratamiento jurídico-penal de
los menores de edad, reconocidos en la
Convención sobre los derechos del niño[28]
y en otros instrumentos internacionales aplicables. Se trata de los principios
de  diferenciación y especificidad de las leyes, órganos, objetivos,
sanciones y modo de actuación propios del sistema de justicia de menores. De
conformidad con estos principios “el sistema de responsabilidad penal de los
menores de edad se ha de caracterizar por ser diferente de aquel que se aplica
ordinariamente a los adultos, y debe ser específico en el sentido de atender
cuidadosamente al nivel de desarrollo físico y mental y demás circunstancias
relevantes de cada menor acusado de desconocer la ley penal”[29].
El tema de la
edad mínima para efectos de atribución de responsabilidad penal a los menores,
es abordado por la regla 4.1., que al respecto señala: “En los sistemas
jurídicos que reconozcan el concepto de la mayoría de edad penal con respecto a
los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida
cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e
intelectual”.
La Regla 5.1, a la que previamente se hizo alusión,
también señala claramente cuales son las finalidades que debe perseguir el
sistema de responsabilidad penal de menores, al señalar que “hará hincapié
en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores
delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del
delincuente y del delito”. El fomento del bienestar de los menores y el
principio de proporcionalidad se erigen de esta manera en dos de los pilares
del procesamiento de los niños y adolescentes que infrinjan la ley penal[30].
Para alcanzar
las finalidades antes reseñadas en la Regla 6.1[31] se consagra
el principio de las “facultades discrecionales” de los funcionarios
competentes, en el sentido de que éstos deben estar en capacidad de modificar
el tipo de medidas que se han de imponer al menor, en función de sus
condiciones individuales y de su proceso específico de protección y
resocialización. Con el propósito de evitar excesos en el ejercicio de tales
facultades discrecionales, las Reglas 6.2 y 6.3 prevén que el personal
encargado de atender estos casos habrá de ser idóneo y competente, para lo cual
deberán recibir la capacitación necesaria[32].
La Regla 7.1. enuncia las garantías procesales mínimas
que han de respetarse en todos los casos de procesamiento de menores por
infracción de la ley penal, de la siguiente manera: “En todas las etapas del
proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de
inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no
responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres
o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a
éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior”. No obstante,
no se trata de una enumeración taxativa ni exhaustiva; según se explica en el
Comentario a las Reglas de Beijing, la Regla 7.1. “ratifica en forma general
las garantías procesales más fundamentales”, sin agotarlas.
Otra de las
garantías fundamentales de las que son titulares los menores de edad procesados
por violar la ley penal es la de la protección de su intimidad, plasmada en la
Regla 8 en los siguientes términos: “8.1. Para evitar que la publicidad
indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en
todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad. 8.2. En principio,
no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización
de un menor delincuente”.
La Regla 10 regula el primer contacto que establecen
las autoridades con el menor infractor, y hace referencia a tres aspectos
específicos: (a) toda detención de un menor deberá ser notificada en forma
inmediata, o dentro del lapso más breve posible, a sus padres o a su tutor[33];
(b) habrá de examinarse en forma expedita la posibilidad de poner al menor en
libertad[34];
y (c) deben establecerse contactos entre el menor a quien se ha de investigar por
violar la ley penal y los organismos estatales competentes para efectos de
proteger su condición jurídica, promover su bienestar y evitar que sufra daño[35].
La Regla 11 consagra el principio según el cual el
sometimiento de los menores infractores ante las autoridades judiciales para
que éstas adelanten el proceso jurídico-penal correspondiente ha de
considerarse como la última opción. Acota esta regla que “se examinará la
posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin
recurrir a las autoridades competentes, mencionadas en la regla 14.1. infra,
para que los juzguen oficialmente”, y que en estos casos los organismos que
se ocupen de los temas de delincuencia de menores deben estar facultados para
decidir discrecionalmente, sin necesidad de intervención judicial, con base en
los criterios jurídicos aplicables y en armonía con las Reglas Mínimas[36].
La Regla 13 trata de la detención preventiva de
menores y fija cinco pautas centrales que habrán de ser respetadas en todos los
casos: (a) sólo habrá de aplicarse la detención preventiva en tanto última
opción, y durante el término más breve posible[37];
(b) cuando sea posible, deberán adoptarse medidas sustitutivas de la detención
preventiva[38];
(c) los menores sometidos a este tipo de medidas habrán de gozar de la
totalidad de derechos y garantías de que son titulares las personas privadas de
la libertad[39];
(d) deberá existir una separación estricta entre los menores y los adultos
sometidos a detención preventiva[40];
y (e) durante el término de detención, los menores habrán de recibir los
cuidados, protección y asistencia individuales que requieran[41].
La Regla 14 recalca la obligatoriedad de respetar el
debido proceso legal y el principio de promoción del interés superior del menor
en todos los casos de procesamiento de menores infractores de la ley penal, al
indicar que “todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de remisión (con
arreglo a la regla 11) será puesto a disposición de la autoridad competente
(corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá con arreglo a los
principios de un juicio imparcial y equitativo” (Regla 14.1.), y que “el
procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un
ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese
libremente” (Regla 14.2.). Se trata de una prescripción estrechamente
relacionada con la Regla 7.1., arriba reseñada. Las garantías procesales que
forman parte de la noción de “juicio imparcial y equitativo” son identificadas
en el Comentario respectivo, así: “De conformidad con el debido proceso, en
un ‘juicio imparcial y equitativo’ deben darse garantías tales como la
presunción de inocencia, la presentación y examen de testigos, la igualdad en
materia de medios de defensa judicial, el derecho a no responder, el derecho a
decir la última palabra en la vista, el derecho de apelación, etc.” Se
reitera, pues, que cualquier menor procesado por infringir la ley penal es
titular de las garantías procesales básicas con las que cuenta toda persona en
virtud del derecho al debido proceso, su condición no justifica reducir el
ámbito de tales derechos, sino que por el contrario, es el fundamento de
mayores exigencias para las autoridades que han de crear las condiciones para
asegurar el goce efectivo de dichos derechos[42].
Los temas de la
defensa técnica del menor y el derecho de los padres o tutores a participar en
el procedimiento son abordados conjuntamente por la
Regla 15. Ésta prevé (15.1.) que los menores tienen derecho a contar con la
asesoría de un apoderado durante todo el proceso, incluida la asesoría jurídica
de oficio prestada por defensores públicos[43],
y (15.2.) que los padres y tutores tienen derecho a participar en las
actuaciones –siempre que su exclusión no sea necesaria para defender los
derechos del menor-, y podrán ser citados a comparecer al juicio o
procedimiento cuando se requiera[44].
En relación con este segundo tema, precisa el Comentario que el derecho de
padres y tutores a participar en el procedimiento “debe considerarse como
una asistencia general al menor, de naturaleza sicológica y emotiva, que se
extiende a lo largo de todo el proceso”.
En virtud de la
Regla 16, antes de que se adopten decisiones definitivas sobre la
responsabilidad penal de menores de edad, habrán de investigarse con detenimiento
las condiciones materiales, sociales y culturales del menor, así como las
circunstancias de comisión del hecho punible. Por su parte, La
Regla 17 consagra, bajo el título “Principios rectores de la sentencia y la
resolución”, siete parámetros de obligatoria observancia al momento en que las
autoridades competentes adopten una decisión final sobre el
tratamiento jurídico que recibirá el menor: (a) deberá existir proporcionalidad
entre la decisión final adoptada, las circunstancias y la gravedad del hecho,
las circunstancias y necesidades del menor y las necesidades de la sociedad[45];
(b) sólo se impondrán medidas restrictivas de la libertad personal que hayan
sido debidamente ponderadas, y habrán de “reducirse al mínimo”[46],
(c) la privación de la libertad personal únicamente podrá imponerse cuando el
menor haya cometido un acto grave y violento contra otra persona, o por
reincidencia en otros delitos graves, y cuando no exista otra respuesta
institucional apropiada[47];
(d) la promoción del interés superior del menor, en particular de su bienestar,
deberá ser el principal criterio guía para el estudio de los casos individuales[48];
(e) no se podrá imponer pena de muerte por los delitos que cometan menores de
edad[49]
-regla que hace eco de las disposiciones contenidas en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.5.), en la
Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 4.5.) y en la
Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37-a), arriba citados-; (f)
no podrán imponerse penas de tipo corporal a los menores infractores[50]
-con lo cual se particulariza la prohibición general de tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes consagrada en el derecho internacional de los derechos
humanos y en la Constitución Política; y (g) las autoridades competentes
retienen la potestad de ordenar la suspensión del proceso en cualquier punto de
su desarrollo[51],
si llegan a su conocimiento circunstancias que indican que tal rumbo de acción
es aconsejable en aras de promover el interés superior del menor implicado.
El carácter
residual de las medidas restrictivas o privativas de la libertad para menores
infractores es reiterado por las Reglas 18 y 19. La
Regla 18, titulada “pluralidad de medidas resolutorias”, dispone en
términos generales que “para mayor flexibilidad y para evitar en la medida
de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad
competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones”, y enumera a
título enunciativo algunos ejemplos de medidas alternativas, menos restrictivas
de la libertad individual[52].
Por su parte, la Regla 19 sobre el “Carácter excepcional del confinamiento
en establecimientos penitenciarios” manifiesta que “el confinamiento de
menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como
último recurso y por el más breve plazo posible”[53].
En virtud de la
Regla 20, las actuaciones relativas a los menores que han violado la ley penal
han de adelantarse en forma célere y sin dilaciones indebidas: “Todos los
casos se tramitarán desde el comienzo de manera expedita y sin demoras
innecesarias”. La importancia de esta regla radica en la necesidad de que
las medidas a aplicar sean oportunas dentro del proceso de desarrollo del menor
involucrado; tal como explica el Comentario, “la rapidez en la tramitación
de los casos de menores es de fundamental importancia. De no ser así,
peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la resolución
pudieran acarrear. Con el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades intelectuales
y sicológicas cada vez mayores, por no decir insuperables, para establecer una
relación entre el procedimiento y la resolución, por una parte, y el delito,
por otra”.
Por último, las
reglas 23 a 25 se refieren a ciertos aspectos del tratamiento por fuera de
establecimientos penitenciarios –en asuntos tales como la ejecución efectiva de
órdenes[54],
la prestación de la asistencia requerida por el menor para garantizar su
bienestar durante el proceso de rehabilitación[55]
y la cooperación de organizaciones de voluntarios y comunitarias[56]-.
Las reglas 26 a 29 regulan el tratamiento en establecimientos penitenciarios
–en cuanto a temas tales como los objetivos fundamentalmente resocializadores,
protectores y educativos de tal tratamiento y las garantías básicas que se
deben observar en su aplicación[57],
la aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos[58],
la concesión frecuente y pronta de libertad condicional[59] y el
objetivo de establecer sistemas intermedios de protección que faciliten la
transición de los menores delincuentes hacia la vida en sociedad[60].
La Asamblea General de la
ONU adoptó, en diciembre de 1990, mediante resolución, una compilación de
estándares mínimos a aplicar en todos los casos de privación de la libertad de
menores de edad. Como se señala en la Regla 3, “el objeto de las presentes
Reglas es establecer normas mínimas aceptadas por las Naciones Unidas para la
protección de los menores privados de libertad en todas sus formas, compatibles
con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a
contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la
integración en la sociedad”. Su ámbito de aplicación es precisado
adicionalmente por la definición de “privación de la libertad” que consta en la
Regla 11(b), a saber: “por privación de libertad se entiende toda forma de
detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento
público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad,
por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad
pública”. En consecuencia, en la medida en que un menor acusado o juzgado
por haber desconocido la ley penal, se ubicará dentro del campo de aplicación
de los estándares internacionales mínimos que se consagran en este instrumento.
Como ha
sostenido esta Corporación “[e]sta resolución, que al igual que las Reglas
de Beijing codifica las obligaciones internacionales de Colombia en la materia
–derivadas de los múltiples tratados de derechos humanos aplicables a los niños
y adolescentes privados de libertad ratificados por Colombia”.
·
La Regla 1 reitera el
principio de protección integral y promoción del interés superior del menor, al
señalar que el sistema de justicia de menores “deberá respetar los derechos
y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental”; por
otra, precisa que respecto de los menores de edad, “el encarcelamiento
deberá usarse como último recurso”. En el mismo sentido, en la
Regla 2 de esta resolución (i) se aclara que toda privación de libertad de un
menor deberá llevarse a cabo con observancia de las pautas mínimas que constan
en este instrumento y en las Reglas de Beijing (“sólo se podrá privar de
libertad a los menores de conformidad con los principios y procedimientos
establecidos en las presentes Reglas, así como en las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas para la administración de justicia de menores...”), (ii) se
reitera que un menor sólo podrá ser privado de su libertad en tanto última
opción, de carácter breve y excepcional (“la privación de libertad de un
menor deberá decidirse como último recurso y por el período mínimo necesario y
limitarse a casos excepcionales”), y (iii) se faculta a la autoridad
judicial competente para decidir sobre la duración de esta medida, manteniendo
abierta la posibilidad de dejar al menor en libertad antes del término
inicialmente fijado (“la duración de la sanción debe ser determinada por la
autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en
libertad antes de ese tiempo”).
·
Las Reglas 12 y 13 contienen, en términos
generales, cláusulas de salvaguarda de los derechos humanos de los menores
sometidos a toda forma de privación de la libertad, a quienes (a) se deberá
proveer la oportunidad de realizar actividades y programas que contribuyan a su
desarrollo, educación y resocialización, fomentando en todo momento su sentido
de la dignidad, y (b) garantizar que por su condición de privación de la
libertad, no se les negará el respeto de sus derechos civiles, económicos,
sociales, políticos o culturales[61].
·
Las reglas 17 y 18 regulan la situación de los
menores que han sido detenidos o puestos en detención preventiva a la espera de
juicio, y consagran ciertas garantías mínimas de obligatoria observancia, como
son: (a) la presunción de inocencia[62];
(b) el carácter residual y excepcional de la detención preventiva[63];
(c) la tramitación prioritaria y expedita de los procesos correspondientes a
menores puestos en detención preventiva[64];
(d) la separación de los menores detenidos antes del juicio de aquellos que ya
han sido declarados culpables[65];
(e) el derecho de los menores al asesoramiento y asistencia jurídica, gratuita
cuando ello sea posible, y a la comunicación regular con sus apoderados, de
manera privada y confidencial[66];
(f) el derecho de los menores detenidos a realizar, cuando sea posible, labores
de estudio y trabajo voluntarias, sin que se pueda prolongar su detención por
razones de estudio o de trabajo[67];
y (g) el derecho de los menores a recibir y conservar material de
entretenimiento y recreo apropiado para su condición[68].
·
Las restantes reglas hacen referencia a la
administración y el funcionamiento de los centros de reclusión o internamiento
de menores, que son igualmente aplicables dentro del ordenamiento interno
colombiano, en materias tales como (i) el ingreso, registro, desplazamiento y
traslado de los menores, (ii) su clasificación y asignación, (iii) las
características del medio físico y el alojamiento que se les ha de proveer,
(iv) su educación, formación profesional y trabajo, (v) las actividades
recreativas que han de desarrollar, (vi) la religión, (vii) la atención médica,
(viii) las notificaciones sobre enfermedad, accidente o defunción, (ix) los
contactos con la comunidad, (x) las limitaciones a la coerción física y el uso
de la fuerza, (xi) los procedimientos disciplinarios, (xii) la inspección de
los centros y las reclamaciones a que haya lugar, (xiii) la reintegración en la
comunidad, y (xiv) el personal que deben mantener. En la medida en que tales
reglas le dan contenido específico a los derechos de los menores que están
garantizados en el artículo 44 de la
Constitución, han de ser respetadas por las autoridades nacionales.
Por su parte
distintos organismos internacionales de protección de los derechos humanos han
interpretado y aplicado los instrumentos internacionales relacionados con la
investigación y juzgamiento de menores, a los cuales previamente se ha hecho
mención. Así, por ejemplo la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de referirse a
los estándares mínimos en la investigación, juzgamiento y privación de la
libertad de menores tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas.
Entre los
primeros cabe destacar la sentencia del 2 de septiembre de 2004 en el Caso del
Instituto de Reeducación del Menor[69]
en la cual el Tribunal recalcó la importancia de la asunción de medidas
diferenciadas para el tratamiento de los menores en conflictos con la justicia
frente a los adultos investigados por la incursión en tipos penales. En esta
decisión se resaltó que “(…)si bien los derechos procesales y sus
correlativas garantías son aplicables a todas las personas, en el caso de los
niños el ejercicio de aquéllos supone, por las condiciones especiales en las
que se encuentran los niños, la adopción de ciertas medidas específicas con el
propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías.”
En la misma
decisión se hace referencia a los principios de especificidad y diferenciación
en el sistema de responsabilidad penal de menores contenidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño[70],
en virtud del cual los Estados Partes han de adoptar leyes, procedimientos y
estamentos jurisdiccionales enfocados en el conocimiento de las conductas
típicas endilgadas a los menores (Fundamento No. 210). Según la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para la adecuada constitución de la
jurisdicción de menores, se requiere la confluencia de las siguientes
condiciones señaladas en distintos instrumentos internacionales de derechos
humanos, entre los que se cuentan la
Convención sobre los derechos del niño y en las Reglas de Beijing: 1) la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños sin
recurrir a procedimientos judiciales[71];
2) en el caso de que un proceso judicial sea necesario, este Tribunal dispondrá
de diversas medidas, tales como asesoramiento psicológico para el niño durante
el procedimiento, control respecto de la manera de tomar el testimonio del niño
y regulación de la publicidad del proceso; 3) dispondrá también de un margen
suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes
etapas de los juicios y en las distintas fases de la administración de justicia
de niños[72];
y 4) los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados y
capacitados en los derechos humanos del niño y la psicología infantil para
evitar cualquier abuso de la discrecionalidad y para asegurar que las medidas
ordenadas en cada caso sean idóneas y proporcionales[73].
Consideraciones en el mismo sentido son vertidas en las sentencias de
8 de julio de 2004 (Caso de los Hermanos Gómez[74])
y en la Resolución del 30 de noviembre de 2005 mediante la cual se adoptan
medidas provisionales respecto de la república del Brasil en el Caso del “Complexo
de Tatuapé[75].
Empero el
pronunciamiento más extenso de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia lo constituye
la Opinión Consultiva sobre la condición jurídica y los derechos
humanos del niño OC-17/02, de 28 de agosto de 2002. Básicamente,
la consulta la plantea la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de esclarecer si
las medidas especiales establecidas en el artículo 19 de la misma Convención
constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados”
y asimismo con el objeto que la Corte formulara criterios generales válidos
sobre la materia dentro del marco de la
Convención Americana de Derechos Humanos.
En general, en
relación con el debido proceso, la Corte se remitió a las reglas del
debido proceso reunidas principalmente en la
Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Reglas de
Tokio y las Directrices de Riad[76].
De manera
concreta, en cuanto a las condiciones para su procesamiento se hizo énfasis,
primero, en que las circunstancias particulares de los niños reclaman la
consolidación de medidas específicas para tal fin; en la importancia de que sea
asegurada su participación en relación con la discusión sobre sus derechos y
las medidas que tengan incidencia significativa en los aspectos de su vida
futura –artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niños- ; la
manifestación de su opinión deber ser libre, valorada en consideración a su
edad y grado de madurez, y tener cabida en todos los estadios del proceso.
Así,  “debe matizarse razonablemente el alcance de la participación
del niño en los procedimientos, con el fin de lograr la protección efectiva de
su interés superior (…)”[77].
Posteriormente, con base en la
noción de imputabilidad, definida de acuerdo con la disposición 4 de la
Ley de Beijing y el artículo 40.3 de la
Convención sobre los Derechos de los Niños, se recalcó la trascendencia de la
existencia de un órgano jurisdiccional específico para el conocimiento de las
conductas atribuidas a menores de edad y la preeminencia de los medios
procesales alternativos.
Se trataron, además, los
principios del juez natural –Regla de Beijing 6-, la doble instancia –artículo
40 b) inc. V de la Convención sobre Derechos del Niño, y la presunción de
inocencia - artículo 40.2 b) de la
Convención sobre los Derechos del Niño[78]
y la Regla 17 de Tokio[79]-.
Se precisó, además, que las
declaraciones recibidas a los menores de edad no deben ser de tal entidad que
puedan calificarse como una confesión, pues el juez debe valorarlas en atención
a las dificultades que, en función de la edad, el menor pudiera tener para la
percepción y exposición de lo declarado[80].
Por último, sobre el principio de
publicidad, se sostuvo que frente a cuestiones de importancia para el devenir
de los niños es posible lograr su restricción en ‘la observación pública de
los actos procesales’. Lo anterior encuentra sustento en los mandatos de
los artículos 40.2.b) de la
Convención sobre los Derechos del Niño y la
Regla 8.1 de Beijing, que defienden la privacidad de los niños y niñas en
todas las etapas del proceso.
En fecha más reciente el Comité de los Derechos del Niño expidió la
Observación General 10 de 2007 en la cual se pronunció sobre la materia. De
manera preliminar, en el citado documento se recomienda la instauración y
aplicación de una ‘política general de justicia para menores’ que siga
los lineamientos de la Convención, en particular, los que emanan de los
artículos 2, 3, 4, 6, 12 37, 39 y 40 de la misma. De forma subsiguiente, se
defiende la necesidad, en armonía con el interés superior del niño, de que se
efectúen tratos diferenciados como la separación de éstos y los adultos
procesados o internos y el reemplazo del castigo como medida sancionadora por
la restitución y la rehabilitación del menor.
Dentro de
tales garantías se encuentra “el derecho del niño a expresar su opinión
libremente sobre todos los asuntos que le afecten” cuya efectividad debe
asegurarse en todas las etapas del proceso, “desde el primer contacto con
los organismos encargados de hacer cumplir la ley hasta la ejecución de todas
las medidas en relación con el niño.”[81]
Igualmente,
se precisó que las autoridades estatales pueden optar por la imposición de dos
clases de medidas frente a los niños acusados de la comisión de una conducta
delictiva, a saber: las que no implican la utilización de mecanismos judiciales
y las que, por el contrario, sí lo reclaman. La aplicación de unas u otras
depende de las condiciones fácticas y la naturaleza de la infracción; y
comprenderá elementos como “el cuidado, la orientación y supervisión, el
asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los
programas de enseñanza y formación profesional y otras posibilidades
alternativas a la internación en instituciones”[82] (Fundamento No. 23).
En cuanto al
procedimiento aplicable, el Comité evocó los siguientes mandatos: el proceso
debe regirse por los principios de imparcialidad y equidad[83]; debe evitarse el
recurso a la privación de la libertad y concebirse, en consecuencia, múltiples
alternativas con enfoques educativos o sociales; de tener lugar una orden que
comprenda la restricción a este derecho, debe ser lo menos duradera posible; el
tiempo transcurrido entre la comisión de un delito y la respuesta definitiva a
ese acto debe ser lo más breve posible para así evitar que la medida pierda el
carácter pedagógico y que el menor sea estigmatizado[84]; debe asegurarse la participación
espontánea del menor – pues en consonancia con el apartado g) del párrafo 3 del
artículo 14 del Pacto y la Convención, está proscrito obligar a un niño a
prestar testimonio, a confesarse o declararse culpable- y la posibilidad de ser
escuchado en todo el proceso, bien directamente o a través de representante[85] .
En relación
con este último, se puntualizó que su respeto cabal comprende la oportunidad de
escuchar al niño desde la fase de instrucción hasta la resolutoria y de
ejecución de medidas fijadas[86],
y su consideración para efectos de su determinación. Esto tiene como
presupuesto que al niño le sea puesto en conocimiento, de manera comprensible,
tanto los cargos que se alegan en contra, como las medidas que  podrían
imponérsele [87]
Para
evaluarse la fiabilidad del confesión hecha por un niño es menester considerar
su edad, el tiempo que ha durado la detención y el interrogatorio y la
presencia de un abogado u otro asesor jurídico, los padres, o representante
independientes del niño. Cabe recalcarse que la
Comisión sugiere la presencia y acompañamiento frecuente de los padres del
menor durante el desarrollo del proceso.
Como derechos
procesales en cabeza de los niños se enunciaron los siguientes: todo niño
privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad
de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente,
independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción; todo niño
detenido y privado de libertad deberá ser puesto a disposición de una autoridad
competente en un plazo de 24 horas para que se examine la legalidad de su
privación de libertad o de la continuación de ésta.
De los diversos instrumentos
internacionales a los que se ha hecho alusión se desprende en primer lugar que
el sistema de responsabilidad penal de las personas menores de edad debe contar
con leyes, órganos, objetivos, sanciones y procedimientos
propios, los cuales deben ser específicos y diferenciados respecto a los
previstos para la investigación y juzgamiento de los mayores de edad.
Adicionalmente que todas las garantías constitutivas del derecho al debido
proceso consagradas en instrumentos internacionales de derechos humanos son
aplicables en estos casos, entre las que se cuenta el principio de legalidad,
la garantía del juez natural, la presunción de inocencia, el derecho a ser
notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho a la
defensa técnica, el derecho a la contradicción de la prueba, el derecho a la segunda
instancia, a las cuales se adicionan otras garantías especiales dirigidas a
proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes investigados y
juzgados penalmente tales como el derecho a la presencia de los padres o
tutores, la especial protección a la intimidad. Este conjunto de derechos
procesales tiene como finalidad asegurar un “juicio imparcial y equitativo”,
el cual además “se debe adelantar de manera tal que se permita al  participe
en él y se exprese libremente”, tal como exigen las reglas de Beijing a las
que previamente se hizo alusión. Pues no se puede perder de vista que la
especial condición de los niños, las niñas y los adolescentes no justifica
reducir el ámbito del derecho al debido proceso, sino que por el contrario, es
el fundamento de mayores exigencias para las autoridades que han de crear las
condiciones para asegurar el goce efectivo de las garantías constitutivas de
este derecho.
Hecho el anterior recuento del
alcance del derecho al debido proceso y de las garantías judiciales aplicables
en la investigación y juzgamiento de los adolescentes, se abordará el examen de
la constitucionalidad del enunciado normativo demandado.
6. El examen
de constitucionalidad del enunciado normativo demandado.
Antes de iniciar
el examen de constitucionalidad del enunciado normativo demandado es preciso
hacer referencia al contexto normativo dentro del cual se ubica el artículo 191
del C. I. A.
El punto de
partida de este análisis es que el ordenamiento jurídico colombiano admite la
responsabilidad penal de las personas menores de edad, situación que ha sido
encontrada ajustada a la Constitución en numerosos pronunciamientos de
constitucionalidad proferidos por esta Corporación[88].
Precisamente con esta finalidad el C. I. A. regula en el Título I del Libro II
el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes.
El artículo 139
del citado estatuto define el Sistema de Responsabilidad Penal para
adolescentes como el conjunto de principios, normas, procedimientos,
autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o
intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas
que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el
hecho punible.
Por su parte el artículo 140 del
C. I. A. señala la finalidad del Sistema de Responsabilidad Penal para
adolescentes y reitera el carácter específico y diferenciado del proceso y de
las medidas que en él se adopten respecto del sistema de adultos. Según el
tenor de la misma disposición en caso de conflictos normativos entre las
disposiciones del C. I. A. y otras leyes, al igual que para efectos de
interpretación normativa “las autoridades judiciales deberán siempre
privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de la
protección integral, así como los pedagógicos, específicos y diferenciados que
rigen este sistema”.
Ahora bien, el artículo 144 del
mismo ordenamiento señala textualmente que “salvo
las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el
procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá
por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio),
exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente”. Es decir, el Legislador decidió hacer una remisión general al
procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal, el cual se
convierte por lo tanto en la normativa vigente para la investigación y
juzgamiento de los adolescentes con dos excepciones (i) las reglas especiales
de procedimiento establecidas en el Libro II del C. I. A. y (ii) las normas que
sean contrarias al interés superior del adolescente.
Por su parte el
artículo 151 del C. I. A. consigna que los adolescentes responsables de
conductas ilícitas tienen derecho al debido proceso penal, y enuncia algunas de
las garantías judiciales constitutivas de este derecho tales como la presunción
de inocencia, el derecho a ser notificado de las imputaciones, el derecho de
defensa y de contradicción, el derecho al asesoramiento, el derecho a la
presencia de los padres o tutores, el derecho a guardar silencio, el derecho a
la confrontación con los testigos e interrogar a estos, el derecho de apelación
ante autoridad superior. Adicionalmente la misma disposición señala que los adolescentes
procesados penalmente tiene derecho a las demás garantías consagradas en la
Constitución, la ley y los tratados internacionales y prevé que el adolescente
autor o partícipe de una conducta punible goza como mínimo de los
derechos previstos por la Ley 906 de 2004.
Se tiene
entonces que el C. I. A. contiene diversas remisiones a la
Ley 906 de 2004 -Código de Procedimiento Penal-, normativa que resulta
aplicable por lo tanto en la investigación y juzgamiento de los adolescentes a
los que se les impute la infracción del ordenamiento penal, tanto para definir
cuales son las ritualidades aplicables en estos casos, como para establecer una
cota mínima de garantías judiciales de las cuales son titulares los adolescentes.
Ahora bien, estas remisiones suscitan la duda de si el régimen procedimental
establecido en el C. I. A. se ajusta a los principios de especificidad y
diferenciación exigidos por los instrumentos internacionales de derechos
humanos, a los cuales previamente se hizo referencia.
Esta cuestión fue resuelta en la
sentencia C-740 de 2008, en esta decisión la
Corte Constitucional examinó si la configuración legislativa antes mencionada
desconocía los principios de diferenciación y especificidad consagrados por los instrumentos
internacionales de derechos humanos, a los cuales ya se hizo referencia. En
concreto alegaba el actor que la previsión contenida en el artículo 144 del C.
I. A, en el sentido que el procedimiento de responsabilidad penal de los
adolescentes se regirá por las normas del sistema penal acusatorio contenidas
en la Ley 906 de 2004; al igual que el inciso segundo del artículo 151 del
mismo ordenamiento, al establecer que los derechos de los adolescentes serán,
como mínimo, los previstos en la Ley 906 de 2004 desatendían el principio
consistente en que el proceso penal a los adolescentes debe ser específico y
distinto del previsto para los adultos, lo que a su vez originaba una
vulneración de los artículos 2, 28, 29, 44, 45, 93 y 94 constitucionales.
Estos cargos no
prosperaron porque luego de hacer un examen sistemático de las disposiciones
demandadas y de los artículo 139 y 140 del C. I. A., esta Corporación concluyó
que “el Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes consagrado en la Ley 1098 de 2006 tiene carácter  específico o
especial, lo cual guarda concordancia con la protección especial de los niños
consagrada en los Arts. 44 y 45 de la
Constitución y en los tratados internacionales citados”.
El enunciado
normativo objeto de examen en la presente ocasión constituye precisamente una
manifestación de los principios de especificidad y diferenciación en materia de
la investigación y juzgamiento de los adolescentes porque establece una reglas
procesales especiales para los casos de captura en flagrancia, las cuales se
apartan de la regulación establecida en el C. P. P. y, por lo tanto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 144
C. I. A., constituyen una excepción frente a la regulación contenida en el C.
P. P.
Literalmente el
artículo 191 del C. I. A. señala que: “El
adolescente sorprendido en flagrancia será conducido de inmediato ante el
Fiscal Delegado para la autoridad judicial, quien dentro de las 36 horas
siguientes lo presentará al Juez de Control de Garantías y le expondrá cómo se
produjo la aprehensión. Por solicitud del fiscal, la cual contendrá la acusación,
el juez de control de garantías enviará la actuación al juez de conocimiento
para que este cite a audiencia de juicio oral dentro de los 10 días hábiles
siguientes. En lo demás se seguirá el procedimiento penal vigente, con las
reglas especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente
libro”.
Si bien, por
regla general no corresponde a esta Corporación fijar el alcance de las
disposiciones legales, en este caso resulta necesario hacer una mínima
interpretación del texto antes trascrito con el propósito de resolver el
problema de constitucionalidad planteado por el actor. Se tiene entonces que el
artículo 191 demandado configura un procedimiento especial para la
investigación y juzgamiento de los adolescentes capturados en flagrancia, el cual
tiene previstas las siguientes etapas: (i) conducción inmediata ante el Fiscal
delegado, (ii) presentación dentro de las 36 horas siguientes ante el Juez de
control de garantías para que se expongan las circunstancias en que se produjo
la aprehensión.
Esta última
diligencia no recibe una especial denominación por parte del C. I. A., sin
embargo se trata de una actuación similar a la prevista en el artículo 302 del
Código de Procedimiento Penal, y por lo tanto se trata de una audiencia
preliminar en la cual el Juez de control de garantías se pronunciará sobre la
legalidad de la aprehensión y sobre las solicitudes formuladas por el Fiscal
delegado y por los restantes sujetos procesales. Ahora bien, por regla general
en la audiencia prevista en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal
tiene lugar no sólo la legalización de la aprehensión sino que también el
fiscal formula la imputación y se realiza la solicitud de medidas de
aseguramiento, en esa medida en el curso de la diligencia prevista en el artículo
191 del C. I. A., también podrán desarrollarse dichas actuaciones procesales,
es decir, el fiscal delegado podrá formular la imputación y también podrá
solicitar el internamiento preventivo previsto en el artículo 181 del C. I. A.
Acto seguido el
artículo 191 del C. I. A. señala que “Por solicitud del fiscal, la
cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará la
actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio oral
dentro de los 10 días hábiles siguientes” enunciado normativo demandado en
el presente proceso.
Nótese que este precepto, además
de los problemas constitucionales reseñados por el demandante, presenta algunas
lagunas normativas que suscitan a su vez importantes dudas hermenéuticas porque
en primer lugar no establece un término para que el fiscal formule la solicitud
que contiene la acusación, ni tampoco prevé una ritualidad específica para
adelantar esta actuación, es decir no aclara si se trata de un escrito similar
al previsto en los artículos 336 y 337 del C. P. P., tampoco define si el juez
de control de garantías debe pronunciarse sobre la solicitud del fiscal, ni
tampoco prevé una ritualidad específica que deba surtirse ante la autoridad
judicial y en la cual esté prevista la participación de los sujetos procesales
para tales efectos.
Con posterioridad a esta
actuación el enunciado acusado prevé que el juez de conocimiento citará para la
audiencia de juicio oral dentro de los diez días hábiles siguientes al envío de
la actuación por parte del juez de control de garantías. Es decir, que según el
tenor del artículo 191 demandado una vez presentada la acusación por el fiscal
la única actuación prevista de manera expresa es la audiencia de juicio oral.
Como antes se dijo los cargos
planteados por el demandante versan sobre la supuesta vulneración del derecho
al debido proceso, del derecho de defensa técnica, el derecho de contradicción
y la presunción de inocencia de los adolescentes capturados en flagrancia que
surge de la configuración procesal contenida en el enunciado demandado del
artículo 191 del C. I. A.
Tanto el demandante, como la
mayoría de los intervinientes reclaman que esta configuración procesal omite
etapas previstas en el C. P. P., tales como la audiencia para la formulación de
la imputación, la audiencia para la formulación de la acusación y la audiencia
preparatoria. No obstante, encuentra esta Corporación que precisamente en
virtud de los principios de diferenciación y especificidad tantas veces
mencionado, las reglas procesales del sistema penal para adolescentes no tienen
porque ser idénticas a las del proceso penal que se adelanta respecto de los
adultos. En esa medida el Legislador puede configurar reglas procesales
especiales las cuales en todo caso deben respetar el derecho al debido proceso
y las garantías judiciales previstas en el artículo 29 constitucional y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
En otras palabras en donde existe
un mandato constitucional de diferenciación procesal no se puede reclamar un
trato igual, ni siquiera si el legislador estableció como regla general la
aplicabilidad del procedimiento previsto en el C. P. P., porque se trata de un
mandato legal supeditado a los principios de diferenciación y especialidad
tantas veces aludidos. Por otra parte, algunas de las actuaciones procesales
supuestamente pretermitidas –específicamente la audiencia de formulación de
imputación- pueden tener lugar dentro del procedimiento previsto en el artículo
191 demandado, como antes se dijo.
Por lo tanto el real problema
constitucional que debe ser resuelto en la presente decisión no es la ausencia
de ciertas etapas procesales previstas en el C. P. P., sino si las reglas
procesales previstas en el enunciado demandado dan lugar a una vulneración del
derecho al debido proceso y de las garantías judiciales de los adolescentes, y
esta cuestión ha de ser resuelta en sentido afirmativo.
En efecto, como antes se dijo el
precepto acusado adolece de un alto grado de indeterminación normativa,
resultado de su sucinta redacción, del cual se derivan importantes obstáculos
para el ejercicio del derecho de defensa y contradicción de los adolescentes sorprendidos
en flagrancia y que en cierta medida también desnaturalizan la presunción de
inocencia. Por ejemplo, el enunciado normativo no prevé la posibilidad que los adolescentes
y su defensa conozcan el escrito de acusación formulado por el fiscal, ni que
puedan contradecir los alegatos contenidos en dicho escrito, alegar nulidades o
solicitar pruebas. Tampoco se prevé un plazo exacto entre la audiencia de
legalización de la aprehensión y la presentación del escrito por parte del
fiscal que da lugar al envío del expediente al juez de conocimiento y a la
citación de la audiencia de juicio oral, lo que puede por una parte afectar el
derecho de defensa del menor porque no contará con un plazo suficiente para
preparar su defensa, o incluso puede afectar el derecho a la libertad del menor
en caso que el fiscal no sea diligente y se haya impuesto la medida de internamiento
preventivo.
Ahora bien, podría argumentarse
que la indeterminación normativa de la que adolece el enunciado demandado tiene
como finalidad la protección del interés superior del menor, con el propósito
que las autoridades judiciales ejerzan las facultades discrecionales a las que
hace alusión la Regla 6.1 de las Reglas de Beijing. Sin embargo, encuentra esta
Corporación que el ejercicio de las facultades discrecionales no subsana las
lagunas normativas reseñadas, máxime cuando éstas entran en abierto conflicto
con el mandato contenido en el principio de legalidad en materia penal, el cual
cobija también las reglas procesales previstas para la investigación y
juzgamiento de los conductas tipificadas por el ordenamiento penal.
Algunos de los intervinientes
parecen sugerir que el precepto demandado tiene como finalidad hacer efectivo
el principio de celeridad, establecido en el artículo 10 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 5 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante, este argumento también
resulta cuestionable porque como antes se dijo la ausencia de un plazo
específico para la formulación de la acusación puede incluso tener como
resultado una mayor demora en el juzgamiento de los adolescentes, es decir, es
discutible que sea adecuado y por lo tanto idóneo para conseguir esa finalidad.
Pero aun si el enunciado demandado persigue esta finalidad constitucional
legítima, es claramente desproporcionada la afectación del derecho al debido
proceso y de las garantías judiciales en juego de los adolescentes.
Por otra parte, también podía
entenderse que el precepto demandado es susceptible de una interpretación
sistemática a la luz de otras disposiciones contenidas en el C. I. A.,
especialmente el artículo 157[89]
de dicho ordenamiento, de la cual a su vez resultaría su conformidad con la
Constitución. En efecto, podría sostenerse que el enunciado normativo
demandado regula de manera específica el evento en el cual el adolescente
sorprendido en flagrancia acepta los cargos en la audiencia de legalización de
la aprehensión, de manera tal que como prevé el artículo 157 del C. I. A. el
asunto debe ser remitido al juez de conocimiento para que fije fecha para la
audiencia de imposición de sanción. Procedimiento que  a su vez se ajustaría a
lo señalado en el artículo 293 del C. P. P. cuando regula el procedimiento en
caso de aceptación de la imputación[90].
Correspondería por lo tanto en este caso proferir una sentencia interpretativa
que delimitará el alcance del enunciado normativo acusado aclarando que este
sólo regula el supuesto que el adolescente sorprendido en flagrancia acepte los
cargos imputados por el fiscal en la audiencia de legalización de la
aprehensión.
Sin embargo, encuentra esta
Corporación que aun en caso de proferirse una sentencia de esta índole no se
resolvería el problema constitucional planteado por el demandante, porque el
artículo 191 establece una regulación especial en el caso de los adolescentes
sorprendidos en flagrancia y por lo tanto es aplicable en todos los casos que
se presente este supuesto, es decir, también en el evento que el adolescente no
acepte los cargos en la audiencia de legalización de la aprehensión. Entonces,
de adoptarse una sentencia interpretativa seguiría abierta la cuestión de
cuales son las garantías procesales aplicables de las que goza el adolescente
que no acepte los cargos formulados en la audiencia de legalización de la
aprehensión.
Con base en los anteriores
argumentos se declarará la inexequibilidad del enunciado normativo demandado.
Ahora bien, podría pensarse que esta declaratoria de inexequibilidad crea una
laguna normativa cuyas consecuencias sería aun peores que dejar en el
ordenamiento el precepto demandado. No obstante, esa laguna normativa sería
aparente porque se solucionaría con la previsión contenida en el artículo 191
demandado según la cual en el caso de los adolescentes sorprendidos en
flagrancia “se seguirá el procedimiento penal vigente, con las reglas
especiales del proceso para adolescentes establecidas en el presente libro” y
con la remisión contenida en el artículo 144 del C. I. A.
Esta solución podría parecer
contradictoria con lo arriba consignado en relación con el principio de
especificidad que debe regir el sistema de responsabilidad penal de
adolescentes, pero razones de índole práctica la hacen aconsejable pues las
diversas ritualidades establecidas en el Código de Procedimiento Penal permiten
la plena satisfacción de las garantías judiciales de las cuales son titulares
los adolescentes. Adicionalmente, cabe recordar que esta Corporación en la
sentencia C-740 de 2008 encontró que la remisión contenida en el artículo 151
del C. I. A. no era contraria a los principios de diferenciación y
especificidad aludidos. No obstante, se exhortará al Congreso de la
República para que revise la cuestión y decida si en virtud de los principios
de especificidad y diferenciación es necesario expida una normativa que regule
el procedimiento para la investigación y juzgamiento de los adolescentes
sorprendidos en flagrancia.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la
Nación y cumplidos los trámites previstos en el decreto 2067 de 1991,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero. Declarar inexequible la expresión “Por solicitud del
fiscal, la cual contendrá la acusación, el juez de control de garantías enviará
la actuación al juez de conocimiento para que este cite a audiencia de juicio
oral dentro de los 10 días hábiles siguientes” contenida en el artículo 191
de la Ley 1098 de 2006 “por la cual se expide el Código de
la infancia y la adolescencia”.
Segundo. Exhortar al Congreso de la
República para que revise la cuestión y decida si en virtud de los principios
de especificidad y diferenciación es necesario expida una normativa que regule
el procedimiento para la investigación y juzgamiento de los adolescentes
sorprendidos en flagrancia.
Cópiese,
notifíquese, publíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
NILSON
ELIAS PINILLA PINILLA
Presidente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Impedimento
aceptado
JUAN
CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Sentencia T-397 de 2004 reiterada en la
T-466 de 2006. Sobre este extremo se sostuvo en la sentencia C-507 de 2005:
La jurisprudencia constitucional ha indicado que la
protección reforzada de los derechos de los niños y de las niñas encuentra
sustento en varias razones, entre las cuales se resaltan tres. La primera es
que la situación de fragilidad en que están los menores frente al mundo, en
mayor o menor grado dependiendo de su desarrollo personal, impone al Estado
cargas superiores en la defensa de sus derechos frente a lo que debe hacer para
defender los de otros grupos que no se encuentran en tal situación.  La segunda
es que es una manera de promover una sociedad democrática, cuyos miembros conozcan
y compar­tan los prin­cipios de la libertad, la igualdad, la tolerancia y la
solidaridad.
La tercera razón tiene que ver con la
situación de los menores en los procesos democráticos. La protección especial
otorgada por el constituyente a los meno­res es una forma corregir el déficit
de represen­tación política que sopor­tan los niños y las niñas en nuestro
sistema político, al no poder participar directamente en el debate
parlamentario.
[2] Ver sentencia C-796 de 2004.
[3] la Convención Sobre Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, fue
incorporada a nuestro derecho interno mediante la
Ley 12 del 22 de enero de 1991.
[4] La
Convención sobre los Derechos del Niño consigna en su artículo 3-1 que “en
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”. El artículo 3-2, prevé que “los
Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de
sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese
fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. El
artículo 24-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala
que “todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o
nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere,
tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”, en el mismo
sentido el artículo 19 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual “todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado”, y el artículo 10-3 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que recita: “se
deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia a favor de todos
los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición”. También el Principio 2 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que los
niños gozarán de especial protección, y serán provistos de las oportunidades y
recursos necesarios para desarrollarse física, mental, moral, espiritual y
socialmente de manera normal y sana, y en condiciones de libertad y dignidad;
para ello, precisa la Declaración, las autoridades tomarán en cuenta, al
momento de adoptar las medidas pertinentes, el interés superior del menor como
su principal criterio de orientación; e igualmente, la
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2,
establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados de
asistencia especiales”, y que “todos los niños, nacidos de matrimonio o
fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”.
[5] En la sentencia T-137 de 2006 se hace un
exhaustivo recuento de la evolución legislativa de la protección a la infancia
en Colombia. En esta decisión se señala que bajo la vigencia del anterior
ordenamiento constitucional el legislador promulgó una abundante legislación en
la materia dentro de la que cabe destacar la
Ley 75 de 1968 –constitutiva del ICBF-, que en su artículo 53 dispuso la
protección del niño como prioritaria para “el cumplimiento de sus fines esenciales,
que son los de proveer a la protección del menor  y en general el mejoramiento
de la estabilidad y del bienestar de las familias colombianas…” y  la
Ley 7ª de 1979 cuyo artículo primero define como objetivo fundamental del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar la protección y promoción de los
derechos de la niñez. En la misma tónica, el artículo 4º de dicho estatuto
prevé que “todos los niños desde la concepción en matrimonio, o fuera de él,
tienen derecho a los cuidados y asistencias especiales del Estado. El Gobierno
procurará la eliminación de toda forma de discriminación en el régimen jurídico
de familia y toda distinción inferiorizante entre los hijos”. En artículos
posteriores, la Ley 7ª amplió el espectro de protección de los derechos de los
menores al incluir la educación, asistencia social y nutrición (art. 6º); la
asistencia médica, cultural, deportiva y vivir bajo un techo familiar (art.
7º); la educación preescolar y estimulación de los menores de siete años (art.
8º); la prevención del delito infantil, y la integración de los niños en las
dinámicas de la comunidad (art. 11), entre otros. En la misma tónica, el
Decreto 2737 de 1989 -Código del Menor- establece, en su artículo 20, que “las
personas y las entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen
programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta
sobre toda otra consideración, el interés superior del menor”; y en el artículo
22, precisa que “la interpretación de las normas contenidas en el presente código
deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor”.
Posteriormente, mediante Decreto 1310 de 1990, se creó el Comité
Interinstitucional para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos
Humanos de la Niñez y la Juventud. Con posterioridad a la entrada en vigor de la
Carta de 1991 han sido promulgados numerosos estatutos que apuntan a la
protección de los menores, entre los que cabe mencionar la
Ley 294 de 1997, ley de violencia intrafamiliar, estatuto que diseñó
mecanismos de protección infantil que no sólo buscan la imposición de sanciones
ejemplarizantes tendentes a disminuir los índices de violencia contra los
menores, sino que intentan prevenir que los niños sean víctimas de este
fenómeno. La Ley 548 de 1999 reguló la incorporación de menores de edad a las
filas del ejército, regulación que fue precisada por la
Ley 642 de 2001. Con la misma inspiración, el legislador aprobó la ley 640 de
2001, por la cual se desarrolló parcialmente el artículo 44 de la
Constitución Política para garantizar la vida, la integridad física y la
recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos
o explosivos. En el mismo sentido, el legislador expidió la
Ley 679 de 2001, encargada de dictar medidas de protección contra la
explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual
con menores de edad, mediante el establecimiento de normas de carácter
preventivo y sancionador, y de esta manera amplió el espectro de protección de
los menores de edad frente a cualquier tipo de conducta que pudiera afectar su
integridad física y moral. Las disposiciones contenidas en dicha ley incluyen
la construcción de canales internacionales de comunicación destinados a luchar
contra todas las formas de abuso sexual y pornografía infantil que pudieran
traspasar los límites de la
República.
Adicionalmente se han incorporado al derecho interno
numerosos instrumentos internacionales con la misma finalidad. Así, por
ejemplo, mediante la Ley 173 de 1994, Colombia ratificó la aprobación del
Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, que
compromete al Estado en la disposición de los mecanismos necesarios para
asegurar el regreso “inmediato de niños ilícitamente trasladados o retenidos
en cualquier Estado Contratante”; y de “hacer respetar efectivamente en
los otros Estados Contratantes los derechos de guarda y de visita existentes en
un Estado Contratante”. La Ley 265 de 1996, incorporó el "Convenio relativo a la protección del niño y a la
cooperación en materia de adopción internacional", que establece las garantías “para que las adopciones
internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al
respecto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho Internacional”;
instaura “un sistema de cooperación entre los Estados Contratantes que
asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la
sustracción, la venta o el tráfico de niños”, y asegura “el
reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de
acuerdo con el Convenio”. Igualmente, con la aprobación de la
Ley 449 de 1998, Colombia incorporó a su legislación interna la “Convención
Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias”, suscrita con el fin de
proteger a los menores de los Estados parte del incumplimiento de obligaciones
alimentarias de manera que se propicie la cooperación procesal internacional
cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un
Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual,
bienes o ingresos en otro Estado Parte. Así mismo, por medio de la
Ley 470 de 1998, Colombia se comprometió internacionalmente en el cumplimiento
de la "Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de
Menores", que establece como objetivo primordial la “protección de
los derechos fundamentales y el interés superior del menor”, en la
prevención y sanción del tráfico internacional de menores, así como en la
regulación de los aspectos civiles y penales del mismo. Más tarde, el Gobierno
Nacional suscribió el “Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía”,
aprobado posteriormente por la Ley 765 de 2002.
A lo anterior se suma la suscripción del "Protocolo
facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados", aprobado mediante Ley 833 de 2003, por el que Colombia se
compromete, en términos generales, a introducir medidas que hagan posible que
ningún miembro de “sus fuerzas armadas menor de 18 años participe
directamente en hostilidades”. Posteriormente mediante la
Ley 833 de 2003 el Estado colombiano adoptó el “Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño” relativo a la participación de
niños en los conflictos armados,  por el cual el Estado acepta adoptar “todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus
fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades” y  “elevar la edad
mínima para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas
nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios
formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención
los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial”. Finalmente, mediante Ley 880 de 2004, el Congreso
de la República incorporó a la legislación nacional la
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores,
instrumento que tiene por objeto “asegurar la pronta restitución de menores
que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido
trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo
sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es también
objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y
el de custodia o guarda por parte de sus titulares”.
[6] El tenor de estas disposiciones legales
es el siguiente:
Artículo 7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los
niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la
garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o
vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto
de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional,
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de
recursos financieros, físicos y humanos.
Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas
y los adolescentes. Se
entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que
obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea
de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e
interdependientes.
Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en
relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos
de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con
los de cualquier otra persona.
En caso de conflicto entre dos o más disposiciones
legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable
al interés superior del niño, niña o adolescente.
[7] Sentencia T-510 de 2003.
[8] Sentencia T-408 de 1995, reiterada en las sentencias T-292 de 2004,
T-397 de 2004 y T-466 de 2006.
[9] Sobre este extremo se precisó en la sentencia T-510 de 2003, “el
sentido mismo del verbo ‘prevalecer’ implica, necesariamente, el
establecimiento de una relación entre dos o más intereses contrapuestos en
casos concretos, entre los cuales uno (el del menor) tiene prioridad en caso de
no encontrarse una forma de armonización”. Por lo tanto, en situaciones que
se haya de determinar cuál es la opción más favorable para un menor en
particular, se deben necesariamente tener en cuenta los derechos e
intereses de las personas vinculadas con tal menor, en especial los de sus
padres, biológicos o de crianza; “sólo así se logra satisfacer plenamente el
mandato de prioridad de los intereses de los niños, ya que éstos son titulares
del derecho fundamental a formar parte de una familia, por lo cual su situación
no debe ser estudiada en forma aislada, sino en el contexto real de sus
relaciones con padres, acudientes y demás familiares e interesados. Esta es la
regla que establece el artículo 3-2 de la
Convención sobre Derechos del Niño, según el cual ‘los Estados se comprometen
a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u
otras personas responsables de él ante la ley”. En todo caso cuando
se presente un conflicto irresoluble entre los derechos de los padres y los del
menor, la solución deberá ser la que mejor satisfaga el interés superior del
menor: “de allí que los derechos e intereses de los padres únicamente puedan
ser antepuestos a los del niño cuando ello satisfaga su interés prevaleciente,
y que en igual sentido, únicamente se pueda dar primacía a los derechos e
intereses de los niños frente a los de sus padres si tal solución efectivamente
materializa su interés superior. Así, no es posible trazar una norma abstracta
sobre la forma en que se deben armonizar tales derechos, ni sobre la manera en
que se han de resolver conflictos concretos entre los intereses de los padres y
los del menor – tal solución se debe buscar en atención a las circunstancias
del caso”.
[10] Sentencia C-994 de 2004.
[11] En la sentencia C-534 de 2005 sostuvo la
Corte Constitucional: “17.- Es éste entonces para la
Corte el sentido de las instituciones de la incapacidad y la nulidad como
medida de protección en favor de menores de edad en materia civil y comercial.
La procura de la protección de ciertos sujetos que no cumplen con las
condiciones mínimas (suficiente capacidad reflexiva y volitiva) para poder
desarrollar actividades negociales. La incapacidad obra como la indicación
racional de que los sujetos negociantes pueden estar eventualmente en
posiciones desiguales respecto de las condiciones que a priori exigen algunas
actividades que generan consecuencias jurídicas patrimoniales. Y la
declaratoria de nulidad se presenta como el instrumento, que permite suprimir
cualquier efecto jurídico de un acto en el que haya participado un incapaz,
mediante la orden que las situaciones derivadas y sobrevinientes al acto se
disuelvan hasta que la situación quede como era antes de la celebración u
ocurrencia del dicho acto”.
[12] En la sentencia C-146 de 1994  se
declararon ajustados a la
Constitución Política los deli­tos de ‘acceso carnal abusivo con menor de
catorce años’ y ‘corrupción’ del Código Penal de 1980, en el
entendido de “(…) que no se cometen los delitos plasmados en ellos cuando el
acceso carnal o los actos sexuales diversos del mismo se ten­gan con mujer
mayor de doce (12) años con la cual se haya contraído previa­mente matrimonio o
se haya conformado con anterioridad una familia por vínculos naturales, según
lo previsto en el artículo 42 de la Constitución.” Para tomar esta decisión, que tenía por objeto únicamente las normas de carácter
penal (no las de carácter civil), la
Corte Constitucional ponderó los derechos de protección que se debe a los
menores con la libertad de contraer matri­mo­nio y fundar una familia.
Consideró que los tipos penales acusados, en térmi­nos generales, no desco­nocían
la libertad y autonomía de personas menores de 14 años, por cuanto se trata de
conduc­tas que “(…) atentan de modo directo y manifiesto contra la integridad
moral y el desarrollo mental y social de los menores.” Para la
Corte los tipos penales en cuestión no desco­nocen los derechos de los niños,
por el contrario, los aseguran y garantizan, a la vez que permiten al país
cumplir las normas internacionales de protección a los niños, en especial la
Convención sobre los derechos de los niños. Los delitos en cuestión impiden a
personas mayores de edad abusar sexualmente a menores de 14 años. Esta decisión
fue reiterada por la sentencia C-1095 de 2003  en la cual se resolvió declarar
exequibles los artículos 208 (acceso carnal abusivo con menor de catorce
años) y 209 (actos sexuales con menor de catorce años) del Código
Penal –ley 599 de 2000–.
[13] En la sentencia C-170 de 2004 la Corte estudió la constitucionalidad de la
disposición que consagra la edad mí­nima para ingresar al mercado laboral y
consideró que ésta constituye una medida de protección dispuesta constitucio­nalmente.
No obstante, en al misma decisión la Corte advirtió que esta­blecer la edad
mínima para ingresar al mercado laboral en tan sólo 14 años es una medida de
protección aceptable temporal­mente, pues “(…) en aras de respetar el
precedente judicial y el compromiso asumido por el Estado Colombiano ante los
organismos inter­na­­cionales del trabajo, se puede concluir que la
Constitución Política y los tratados internacionales establecen como edad
mínima para acceder a la vida productiva, la edad en que cesa la obligación de
garantizar la escolaridad mí­nima, es decir, los quince (15) años. Sin embargo,
es posible ingresar al mundo laboral a partir de los catorce (14) años, siempre
y cuando, además del cumpli­miento de las condiciones generales de permisión
del trabajo infantil pre­viamente reseñadas, se acrediten las estrictas
exigencias previstas en los artículos 2-4°, y 2-5°, del Convenio 138 de la
OIT, en armonía con los artículos 44 y 67 del Texto Superior.”
[14] Cfr. Sentencia C-019 de 1993.
[15] Cfr. Sentencia T-029 de 1994.
[16] Sentencia C-1064 de 2000.
[17] Sentencia C-203 de 2005.
[18] En esa sentencia se examinó la
constitucionalidad de algunas expresiones contenidas expresiones contenidas en
los artículos 166, 185, 191 y 199 del Decreto 2737 de 1989 -Código del Menor en
ese entonces vigente- las cuales daban a entender que en los procesos penales
los menores autores o partícipes de una infracción penal éstos no requerían
estar asistidos por un defensor.  Las expresiones en cuestión fueron declaradas
inexequibles por vulnerar el derecho a la defensa técnica, garantía
constitutiva del derecho al debido proceso.
[19] Ver entre otras las sentencias C-019 de 1993 en la cual se examinó
la constitucionalidad de algunas disposiciones del Código del Menor en ese
entonces vigentes, las cuales regulaban el proceso penal de los menores. En
esta providencia se hizo alusión explícita a algunas de las garantías
internacionales básicas a implementar en estas actuaciones –se afirmó, por
ejemplo, que “el nuevo derecho internacional sobre los derechos del niño tiende
a confirmar al menor como titular de la mayoría de las garantías procesales
reconocidas por instrumentos tales como el Pacto Internacional o la
Convención Interamericana, como derechos de toda persona acusada penalmente” y
se citaron las disposiciones relevantes de las Reglas de Beijing-, precisando
que tales garantías han ingresado al ordenamiento interno colombiano mediante la
Ley 12 de 1991, aprobatoria de la
Convención sobre los Derechos del Niño. En el mismo sentido las sentencias
C-819 de 1999, C-839 de 2001 y C-203 de 2005.
[20] “Artículo 37.
Los Estados Partes velarán por que:
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital
ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos
cometidos por menores de 18 años de edad;
b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o
arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de
último recurso y durante el período más breve que proceda;
c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la
humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y
de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.
En particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a
menos que ello se considere contrario al interés superior del niño, y tendrá
derecho a mantener contacto con su familia por medio de correspondencia y de
visitas, salvo en circunstancias excepcionales;
d)
Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la
asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la
legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad
competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha
acción.
[21] Artículo 40.
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo
niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse
o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca
el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de
terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de
promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva
en la sociedad.
2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones
pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes
garantizarán, en particular:
a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las
leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido
esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes
nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron;
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido
las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le
garantice, por lo menos, lo siguiente:
i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe
su culpabilidad conforme a la ley;
ii) Que será informado sin demora y directamente o,
cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes
legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia
jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su
defensa;
iii) Que la causa será dirimida sin demora por una
autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una
audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u
otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere
contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su
edad o situación y a sus padres o representantes legales;
iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a
declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos
de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo
en condiciones de igualdad;
v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las
leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella,
serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente,
independiente e imparcial, conforme a la ley;
vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de
un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado;
vii) Que se respetará plenamente su vida privada en
todas las fases del procedimiento.
3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas
apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos,
autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que
han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de
haber infringido esas leyes, y en particular:
a) El establecimiento de una edad mínima antes de la
cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes
penales;
b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción
de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales,
en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las
garantías legales.
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el
cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la
libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de
enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a
la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de
manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus
circunstancias como con la infracción.
[22] Sentencia C-203 de 2005.
[23] Lo anterior no significa que todos los instrumentos internacionales
de derechos humanos tengan carácter vinculante y sirvan como parámetro de
control de las leyes, como por otra parte lo ha señalado reiteradamente la
jurisprudencia de esta Corporación.
[24] Ver entre otras las sentencias C-019 de 1993, C-817 de 1999, C-839
de 2001 y C-203 de 2005.
[25] Textualmente señala que “las Reglas Mínimas que se enuncian a
continuación se aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin
distinción alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquiera otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
[26] La
Regla 2.3 consigna textualmente:
2.3. En cada jurisdicción nacional se procurará
promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables
específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e
instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de
menores, conjunto que tendrá por objeto:
(a) Responder a las diversas necesidades de los
menores delincuentes, y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos;
(b) Satisfacer las necesidades de la sociedad;
(c) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que
se enuncian a continuación.
[27] Por su parte la
Regla 5.1 señala que “el sistema de justicia de menores hará hincapié en el
bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores
delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del
delincuente y del delito”.
[28] El artículo 40-3 de la
Convención sobre los derechos del Niño ordena a los Estados Partes tomar “todas
las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes,
procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de
quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o
declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: (…) (b)
siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos
niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se
respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales”.
[29] Sentencia C-203 de 2005.
[30] En relación con el alcance del principio de proporcionalidad, se
explica en el Comentario a las Reglas que “este principio es conocido como un
instrumento para restringir las sanciones punitivas, y se expresa
principalmente mediante la fórmula de que el autor ha de llevarse su merecido
según la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes no sólo
deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en
circunstancias personales. (...) Por el mismo motivo, las respuestas destinadas
a asegurar el bienestar del joven delincuente pueden sobrepasar lo necesario y,
por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del joven, como ha
ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores. En este aspecto también
corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con
las circunstancias del delincuente y del delito, incluida la víctima”.
[31] Textualmente señala esta regla que “habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los
menores, así como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un
margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las
diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la
administración de justicia de menores, incluidos los de investigación,
procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones”.
[32] Disponen las reglas 6.2. y 6.3.:
“6.2. Se procurará, no
obstante, garantizar la debida competencia en todas las fases y niveles en el
ejercicio de cualquiera de esas facultades discrecionales.
6.3. Los que ejerzan
dichas facultades deberán estar especialmente preparados o capacitados para
hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus respectivas funciones y
mandatos.”
[33]  “10.1. Cada vez que un menor sea
detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o su tutor, y
cuando no sea posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres
o al tutor en el más breve plazo posible”.
[34] “10.2. El juez, funcionario u organismo
competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad al menor”.
[35] “10.3. Sin perjuicio de que se
consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se establecerán
contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor
delincuente para proteger la condición jurídica del menor, promover su
bienestar y evitar que sufra daño”.
[36] Se precisa adicionalmente en esta Regla: “11.3. Toda remisión que signifique poner
al menor a disposición de las instituciones pertinentes de la comunidad o de
otro tipo estará supeditada al consentimiento del menor o al de sus padres o su
tutor; sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al
examen de una autoridad competente, cuando así se solicite.
11.4. Para facilitar la
tramitación discrecional de los casos de menores, se procurará facilitar a la
comunidad programas de supervisión y orientación temporales, restitución y
compensación a las víctimas.”
[37]  “13.1. Sólo se aplicará la prisión
preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible”
[38] “13.2. Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias
de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente,
la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución
educativa”.
[39]  “13.3. Los menores que se encuentren en
prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en las
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones
Unidas.” Precisa el Comentario a las Reglas que “los menores que se encuentren en prisión preventiva
deben gozar de todos los derechos y garantías previstas en las Reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos, así como en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el artículo 9, en el inciso b
del párrafo 2 del artículo 10 y en el párrafo 3 de dicho artículo.”
[40]  “13.4. Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán
separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en
recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos”.
[41]  “13.5. Mientras se encuentran bajo custodia, los menores recibirán
cuidados, protección y toda la asistencia –social, educacional, profesional, sicológica,
médica y física- que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y
características individuales”.
[42] Cfr. Sentecia C-203 de 2005.
[43]  “15.1 El menor tendrá derecho a hacerse representar por un asesor
jurídico durante todo el proceso o a solicitar asistencia jurídica gratuita
cuando esté prevista la prestación de dicha ayuda en el país”.
[44] “15.2 Los padres o tutores tendrán derecho a participar en las
actuaciones y la autoridad competente podrá requerir su presencia en defensa
del menor. No obstante, la autoridad competente podrá denegar la participación
si existen motivos para presumir que la exclusión es necesaria en defensa del
menor.”
[45]  “17.1. ...a) La respuesta que se dé al delito será siempre
proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino
también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las
necesidades de la sociedad”
[46]  “17.1. ... b) Las restricciones a la libertad personal del menor
se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible”
[47]  “17.1. ... c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal
en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra
violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos
graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada”
[48]  “17.1. ... d) En el examen de los casos se considerará primordial
el bienestar del menor.”
[49]  “17.2 Los delitos cometidos por menores no se sancionarán en
ningún caso con la pena capital.”
[50]  “17.3 Los menores no serán sancionados con penas corporales”.
[51]  “17.4 La autoridad competente podrá suspender el proceso en
cualquier momento”
[52]  “18.1 (...) Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden
aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes:  a) Ordenes en materia de atención,
orientación y supervisión;  b) Libertad vigilada; c) Ordenes de prestación de
servicios a la comunidad; d) Sanciones económicas, indemnizaciones y
devoluciones; e) Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de
tratamiento; f) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y
en actividades análogas; g) Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades
de vida u otros establecimientos educativos; h) Otras órdenes pertinentes”.
[53] El Comentario pertinente precisa los alcances y las razones
justificativas de esta Regla, así: “Los criminólogos
más avanzados abogan por el tratamiento fuera de establecimientos
penitenciarios. Las diferencias encontradas en el grado de eficacia del
confinamiento en establecimientos penitenciarios comparado con las medidas que
excluyen dicho confinamiento son pequeñas o inexistentes. Es evidente que las
múltiples influencias negativas que todo ambiente penitenciario parece ejercer
inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizarse con un mayor cuidado
en el tratamiento. Sucede así sobre todo en el caso de los menores, que son
especialmente vulnerables a las influencias negativas; es más, debido a la
temprana etapa de desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda de que
tanto la pérdida de la libertad como el estar aislados de su contexto social
habitual agudizan los efectos negativos. // La regla 19 pretende restringir el
confinamiento en establecimientos penitenciarios en dos aspectos: en cantidad
("último recurso") y en tiempo ("el más breve plazo
posible"). La regla 19 recoge uno de los principios rectores básicos de la
resolución 4 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas: un menor delincuente no
puede ser encarcelado salvo que no exista otra respuesta adecuada. La regla,
por consiguiente, proclama el principio de que, si un menor debe ser confinado
en un establecimiento penitenciario, la pérdida de la libertad debe limitarse
al menor grado posible, a la vez que se hacen arreglos institucionales
especiales para su confinamiento sin perder de vista las diferencias entre los
distintos tipos de delincuentes, delitos y establecimientos penitenciarios. En
definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos
"abiertos" a los "cerrados". Por otra parte, cualquier instalación
debe ser de tipo correccional o educativo antes que carcelario.”
[54] Regla 23: “23.1 Se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de las
órdenes que dicte la autoridad competente, y que se mencionan en la regla 14.1,
por esa misma autoridad o por otra distinta si las circunstancias así lo
exigen.
23.2 Dichas disposiciones incluirán la facultad
otorgada a la autoridad competente para modificar dichas órdenes periódicamente
según estime pertinente, a condición de que la modificación se efectúe en
consonancia con los principios enunciados en las presentes Reglas.”
[55] Regla 24: “24.1 Se procurará
proporcionar a los menores, en todas las etapas del procedimiento, asistencia
en materia de alojamiento, enseñanza o capacitación profesional, empleo o
cualquiera otra forma de asistencia, útil y práctica, para facilitar el proceso
de rehabilitación”.
[56] Regla 25: “25.1 Se recurrirá a los
voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, a las instituciones locales y
a otros recursos de la comunidad para que contribuyan eficazmente a la
rehabilitación del menor en un ambiente comunitario y, en la forma en que ésta
sea posible, en el seno de la unidad familiar”.
[57] Regla 26: “26.1 La capacitación y el tratamiento de menores
confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su
cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para
permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad.
26.2 Los menores confinados en establecimientos
penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia
necesaria -- social, educacional, profesional, sicológica, médica y física --
que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su
desarrollo sano.
26.3 Los menores confinados en establecimientos
penitenciarios se mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en un
establecimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el
que también estén encarcelados adultos.
26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento
merece especial atención en lo que atañe a sus necesidades y problemas
personales. En ningún caso recibirá menos cuidados, protección, asistencia,
tratamiento y capacitación que el delincuente joven. Se garantizará su
tratamiento equitativo.
26.5 En el interés y bienestar del menor confinado en
un establecimiento penitenciario, tendrán derecho de acceso los padres o
tutores.
26.6 Se
fomentará la cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar
formación académica o, según proceda, profesional adecuada al menor que se
encuentre confinado en un establecimiento penitenciario a fin de garantizar que
al salir no se encuentre en desventaja en el plano de la educación.”
[58] Regla 27: “27.1 En principio, las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos y las recomendaciones conexas serán aplicables en
la medida pertinente al tratamiento de los menores delincuentes en
establecimientos penitenciarios, inclusive los que estén en prisión preventiva.
27.2
Con objeto de satisfacer las diversas necesidades del menor específicas a su
edad, sexo y personalidad, se procurará aplicar los principios pertinentes de
las mencionadas Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en toda la
medida de lo posible.”
[59] Regla 28: “28.1 La autoridad pertinente recurrirá en la mayor
medida posible a la libertad condicional y la concederá tan pronto como sea
posible.
28.2
Los menores en libertad condicional recibirán asistencia del correspondiente
funcionario a cuya supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo de la
comunidad.”
[60] Regla 29: “29.1 Se procurará establecer sistemas intermedios
como establecimientos de transición, hogares educativos, centros de
capacitación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facilitar la
adecuada reintegración de los menores a la sociedad.”
[61] La
Regla 12 recita textualmente que “la privación de la libertad deberá
efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los
derechos humanos de los menores. Deberá garantizarse a los menores recluidos en
centros el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que sirvan
para fomentar y asegurar su sano desarrollo y su dignidad, promover su sentido
de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les ayuden a
desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad”. Por su parte, la
Regla 13 establece que “no se deberá negar a los menores privados de
libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos,
políticos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la
legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la
privación de la libertad”.
[62] Regla 17. “Se presume que los menores
detenidos bajo arresto o en espera de juicio son inocentes y deberán ser
tratados como tales”.
[63] Regla 17. “17. ... En la medida de lo
posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales la
detención antes del juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por
aplicar medidas sustitutorias.”
[64] Regla 17. “17. ... Cuando, a pesar de
ello, se recurra a la detención preventiva, los tribunales de menores y los
órganos de investigación deberán atribuir máxima prioridad a la más rápida
tramitación posible de esos casos a fin de que la detención sea lo más breve
posible.”
[65] Regla 17. “17. ... Los menores detenidos
en espera de juicio deberán estar separados de los declarados culpables.”
[66] Regla 18 (a). “Los menores tendrán
derecho al asesoramiento jurídico y podrán solicitar asistencia jurídica
gratuita, cuando ésta exista, y comunicarse regularmente con sus asesores
jurídicos. Deberá respetarse el carácter privado y confidencial de esas
comunicaciones”.
[67] Regla 18 (b). “Cuando sea posible,
deberá darse a los menores la oportunidad de efectuar un trabajo remunerado y
de proseguir sus estudios o capacitación, pero no serán obligados a hacerlo. En
ningún caso se mantendrá la detención por razones de trabajo, de estudios o de
capacitación”.
[68] Regla 18 (c). “Los menores estarán
autorizados a recibir y conservar material de entretenimiento y recreo que sea
compatible con los intereses de la administración de justicia”.
[69] En el caso en cuestión se alega la
violación, entre otros, de los artículos 1.1, 2, 8.1, y 19 de la
Convención americana de derechos humanos.  En particular, ello se funda en
que un grupo de menores fueron juzgados conforme a los mandatos de la
legislación penal paraguaya, porque de conformidad con el Código del Menor de
1981, la edad mínima para el establecimiento de la responsabilidad, en ese
país, era 14 años; sin embargo,  el actual Código de la
Niñez y la Adolescencia extendió ese límite a los 18 años de edad, pero debido
a que entró en vigencia plenamente hasta el 2002,
a pesar de haber sido sancionado en 2001, no fue aplicado a los menores en
cuestión. En razón de ello, lo menores fueron trasladados a centro penales de
adultos, alejados de sus familias y expuestos a condiciones contrarias a las
dispuestas por los instrumentos internacionales pertinentes.
[70] Convención de los Derechos del Niño, artículo 40 numeral 3
[71] Cfr. artículo 40.3.b) de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
[72] Cfr. Regla 6.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing),
adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de
1985.
[73] Cfr. Regla 6.3 de las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing),
adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de noviembre de
1985, adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33 de 28 de
noviembre de 1985; y Artículo 40.4 de la
Convención sobre los Derechos del Niño.
[74] Los hechos que dieron lugar al caso fueron
la detención y la posterior ejecución extrajudicial de dos hermanos de 14 y 17 años de edad
detenidos por autoridades policivas sin mediar orden judicial, en el marco de
una declaratoria de excepción. Con base en ello, la
Comisión reclama la investigación del evento y la determinación de la
responsabilidad del Estado del Perú. Debido a que, realmente no se efectuó
procedimiento alguno para la aprehensión de los menores, las consideraciones al
respecto no son muchas, pero se pueden rescatar algunas en relación con el
derecho al debido proceso.  En primer lugar, se subrayó que todas las personas detenidas  tienen
derecho a informar lo ocurrido a un tercero, mandato que cobra mayor fuerza
tratándose de menores de edad. Al respecto, el tribunal  sostuvo que dicha
notificación “debe ser llevada a cabo inmediatamente por la autoridad que
practica la detención y, cuando se trate de menores de edad, deben adoptarse,
además, las providencias necesarias para que efectivamente se haga la
notificación.”
Se volvió, así mismo, sobre la obligación en cabeza de
los Estados de adoptar medidas especiales para la protección de los niños con
base en el interés superior que sobre ellos recae. En sentido paralelo,  se
reafirmó que su detención debe ser excepcional y, de acaecer, tener la más
breve duración posible.
[75] Grosso modo, se denuncia la situación de
integración y hacinamiento en que conviven menores de edad y adultos internos
en el complejo precitado. Tal hecho es concebido como generador de riesgo para
los jóvenes, no sólo por las deficientes circunstancias sanitarias, locativas y
de seguridad en que éstos habitan, sino además por la asociación de niños y
adultos, aunado a la ausencia de personal apto para el tratamiento de menores
de edad. Como exigencia adicional se plateó la elaboración de un registro
contentivo de cierta información concerniente a cada uno de los menores, a
saber: a) datos relativos a la identidad; b) motivos, autoridad y
circunstancias del internamiento; c) día y hora del ingreso, el traslado y la
liberación; d) detalles de la notificación de cada ingreso, traslado o
liberación del menor a los padres o tutores a cuyo cargo estuviese en el
momento de ser internado”. En suma, se exigió, en aras de asegurar los derechos
a la vida y a la integridad de los niños residentes en el ‘Complexo do
Tatuapé’, el distanciamiento de los menores y los mayores de edad, y una
reclasificación de los primeros atendiendo a la edad, la naturaleza de la
infracción, y su situación dentro de la institución –resuelta o no resuelta-.
Es decir, de conformidad con la medida, que con base en aquellos supuestos
fácticos, se haya escogido como la más idónea para la rehabilitación del menor.
[76] OC-17 de 2002, fundamento 116
[77] Op. Cit., fundamento 101
[78] La norma reza: “b) Que a todo
niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse
de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente:
i)
Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a
la ley;”
[79] Se
presume que los menores detenidos bajo arresto o en espera de juicio son
inocentes y deberán ser tratados como tales. En la medida de lo posible, deberá
evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales a la detención antes del
juicio. En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por aplicar medidas
sustitutivas.
[80] Op. Cit., fundamento 131
[81] Fundamento 12
[82] Convención, artículo 40 numeral 4
[83] Convención, artículo 40 párrafo 2, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14
[84] Fundamento 51
[85] Convención, artículo 12 párrafo 2
[86] Convención, artículo 12 párrafo 1
[87] Fundamento 44
[88] Ver por todas la sentencia C-203 de 2005.
[89] ARTÍCULO 157.
PROHIBICIONES ESPECIALES. En los procesos de responsabilidad penal para
adolescentes no proceden los acuerdos entre la
Fiscalía y la Defensa.
Cuando el adolescente aceptare los cargos en la
audiencia de legalización de la aprehensión o de imputación se procederá a
remitir el asunto al juez de conocimiento para que fije la fecha para la
audiencia de imposición de la sanción. El juez instará a la
Defensoría de Familia para que proceda al estudio de la situación familiar,
económica, social, sicológica y cultural del adolescente y rinda el informe en
dicha audiencia.
El Juez al proceder a seleccionar la sanción a imponer
tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la
ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la
misma.
[90] ARTÍCULO 293. PROCEDIMIENTO EN CASO DE
ACEPTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN. Si el imputado, por iniciativa propia o por
acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es
suficiente como acusación.
Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para
determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que
a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los
intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y
sentencia.