SU599-19
Sentencia SU599/19
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Caso
en que se niega inscripción a mujer excombatiente víctima de reclutamiento
forzado,
violencia sexual y
desplazamiento forzado
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial protección
constitucional
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Inclusión en Registro Único de Víctimas RUV y acceso a rutas de
atención, asistencia y protección
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Límite temporal para realizar la declaración como víctima
En caso de que hubiera
existido fuerza mayor, que haya impedido a la víctima presentar su solicitud y
declaración dentro del término establecido, aquel empezará a contarse desde el
momento en que haya cesado la circunstancia que motivó dicho impedimento. Para
que esta excepción le sea aplicable a una víctima, deberá informar al
Ministerio Público sobre la circunstancia de fuerza mayor que le impidió
hacerlo dentro del plazo definido en el primer párrafo del artículo 155. En ese
evento, al Ministerio Público le corresponderá remitir dicha información a la
UARIV
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Finalidad
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Reglas jurisprudenciales para inscripción
(i) La falta de
inscripción (…) de una persona que cumple con los requisitos necesarios para su
inclusión, no solo afecta su derecho fundamental a ser reconocido como víctima,
sino que además implica la violación de una multiplicidad de derechos
fundamentales como el mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación, la
salud, la educación, la vivienda, entre otros; (ii) los funcionarios encargados
del registro deben suministrar información pronta, completa y oportuna sobre
los derechos involucrados y el trámite que debe surtirse para exigirlos; (iii)
para la inscripción en el RUV únicamente pueden solicitarse los requisitos
expresamente previstos por la ley; (iv) las declaraciones y pruebas
aportadas deben tenerse como ciertas en razón del principio de buena fe, salvo
que se pruebe lo contrario; y (v) la evaluación debe tener en cuenta las
condiciones de violencia propias de cada caso y aplicar el principio de
favorabilidad, con arreglo al deber de interpretación pro homine
LEY DE VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO-Condición de minoría de edad para desvinculación de miembros de
grupos armados ilegales para su reconocimiento como víctimas no vulnera la
Constitución
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Deber de debida diligencia en prevención, atención, protección y
acceso a la justicia
MUJERES EXCOMBATIENTES VICTIMAS DE RECLUTAMIENTO
FORZADO-Aborto forzado
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Jurisprudencia constitucional
POLITICA NACIONAL DE REINTEGRACION SOCIAL-Marco legal
DERECHO A LA
SALUD DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Mínimos de protección
constitucional
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, HABITACION Y ALIMENTACION A
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y MALTRATO-Jurisprudencia
constitucional
No sólo se les deben garantizar los
servicios correspondientes a valoraciones médicas, tratamientos, procedimientos
quirúrgicos o medicación, sino también alojamiento y alimentación, mientras sea
requerido por aquellas; puesto que, esos dos últimos componentes se encuentran
comprendidos dentro del derecho a una atención integral en salud
OBLIGACION DEL ESTADO DE GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A
LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA SEXUAL-Aplicación inmediata
DERECHO A LA SALUD DE LAS
MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL-Deber
de garantía de igualdad ante la ley
FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA
PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE
VICTIMAS-Excepción de inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011 para que se incluya a mujer excombatiente víctima de
reclutamiento forzado, violencia sexual y desplazamiento forzado
Referencia:
Expediente T-7.396.064
Acción
de tutela interpuesta por Juliana Laguna Trujillo y Mariana Ardila Trujillo,
como apoderadas judiciales de la señora Helena, contra la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV
y Capital Salud E.P.S.
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., Once  (11) de diciembre  de dos mil diecinueve
(2019).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241.9 de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de
los fallos de tutela proferidos el veinticinco (25) de julio de dos mil
dieciocho (2018), por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la Ciudad
M, en primera instancia, y el trece (13) de febrero de dos mil diecinueve
(2019), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Ciudad M,
en segunda instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por las señoras
Juliana Laguna Trujillo y Mariana Ardila Trujillo, como apoderadas judiciales de
la señora Helena, contra la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV
– y Capital Salud E.P.S.
I.
ANTECEDENTES
Antes de proceder a realizar el estudio del asunto, esta
Sala considera necesario conceder la solicitud de reserva de identidad de la
accionante[1]
y, en este sentido, tomar medidas para proteger su vida, intimidad, integridad
y seguridad personal. En virtud de ello, serán elaborados dos textos de esta
sentencia, de idéntico tenor; así, en el texto que será divulgado y consultado
libremente se dispondrá suprimir el nombre de la tutelante, así como cualquier
dato e información que permita identificarla a ella o a su núcleo familiar y,
en su lugar, hacer uso de nombres y lugares ficticios [2].
De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución
Política (arts. 86 y 241-9), el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02
de 2015 (art. 55), la Sala de Selección Número Seis de la Corte Constitucional
escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia[3].
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena procede
a dictar la sentencia correspondiente.
1. De los hechos y la demanda
1.1.
El 6 de
julio de 2018 las señoras Juliana Laguna Trujillo y Mariana Ardila Trujillo
interpusieron la acción de tutela, como apoderadas judiciales de la señora Helena,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la integridad
personal, al mínimo vital, la vida digna, la reparación integral como víctima
del conflicto armado, la educación y la vivienda. Lo anterior, por cuanto la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - en
adelante UARIV -, se
negó a reconocerla como víctima de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - en adelante las FARC -, y a incluirla en el Registro Único de
Víctimas - en adelante el RUV -, por los hechos victimizantes de reclutamiento
ilícito a menor de edad, aborto y desplazamiento forzados.
1.2.
La accionante
nació el 12 de junio de 1988 en la Vereda A, en el Municipio B del
Departamento C. En el referido lugar, vivió junto a sus padres y
hermanos hasta sus 14 años de edad; época para la cual tuvieron que desplazarse
por las intimidaciones del Ejército, quienes los acusaban de ser auxiliadores
de las FARC. Como consecuencia de ello, tuvieron que trasladarse a la Vereda
D, ubicada en el Municipio F en el Departamento C, para vivir
en una finca en la que trabajaba la hermana mayor de la accionante.
1.3.
Narraron
que en abril de 2003, año en el cual la señora Helena tenía 14 años de edad, unos miembros de las FARC la
reclutaron forzosamente y la llevaron a la Vereda G, en donde estaba
ubicado el campamento del Frente X del Bloque H de las FARC. Allí, la entrenaron
durante tres meses con respecto a “las reglas de la guerrilla, los trabajos
en los campamentos y el uso de armas”[4], le indicaron
que le quedaba prohibido tener hijos y que todas las mujeres estaban obligadas
a usar anticonceptivos; por lo cual, la accionante se vio obligada a inyectarse
“Mesigyna”[5] durante el tiempo
que estuvo en las filas de las FARC. Manifestaron que hizo parte del referido
grupo armado, en contra de su voluntad, aproximadamente cinco años.
1.4.
En el
año 2007 la accionante quedó embarazada, condición que conoció cuando ya tenía
seis meses de gestación. Cuando los comandantes de las FARC se enteraron de su
estado de gravidez, decidieron trasladarla a la Vereda I, en el Municipio
B.
1.5.
Señalaron
que fue llevada a una casa en la que se encontró con el comandante (alias “José”)
y otros guerrilleros, quienes le informaron que se había tomado la decisión de realizarle
un aborto. La tutelante se opuso, pidiendo que la dejaran seguir con su
embarazo, toda vez que para ese momento ya llevaba siete meses de gestación.
Indicaron que duró cuatro horas tratando
de impedir que le practicaran el aborto, tiempo durante el cual los
guerrilleros que estaban presentes la amenazaron con llevarla ante el consejo
de guerra para que fuera condenada a muerte; intimidación a la que la accionante
hizo caso omiso. Sin embargo, sin su consentimiento y a la fuerza, le
inyectaron una droga, luego le hicieron tomar unas pastillas y, finalmente, le
aplicaron “Cytotec” vía vaginal. Narraron que, al despertarse, el médico
le informó que el feto se encontraba muerto y que le había realizado una
cesárea para extraerlo. Adicionalmente, le aclararon que durante la
intervención quirúrgica había perdido mucha sangre y que, por ello, el médico
se vio en la urgencia de cerrarle la incisión del abdomen de manera apresurada.
1.6.
Luego
de lo anterior, la accionante fue autorizada para ir a la casa de su familia, con
el objetivo de recuperarse del procedimiento que le fue realizado. Por
consiguiente, la señora Helena se fue a la Vereda A, lugar en donde
ellos se encontraban viviendo.
1.7.
Manifestaron
que, pasado un mes y medio desde la cirugía, la parte superior de la incisión
que se le hizo en la cesárea se le abrió y le salió una “protuberancia”[6] que le generaba dolor y,
desde ese momento, comenzó a tener quebrantos de salud. Al no haber mejoría en
su estado de salud, a comienzos del 2009, decidió irse al Municipio J para
que allí la revisara un médico, quien la valoró y le recetó un medicamento para
el dolor.
1.8.
Refirieron
que, al retornar a su casa, dos guerrilleros fueron a ordenarle que se
presentara en la Vereda K. Como la tutelante no deseaba regresar a las
filas de las FARC, volvió al Municipio J; lugar en el cual se quedó
aproximadamente un mes, es decir, hasta abril de 2009. Posteriormente, su familia
la contactó para avisarle que las FARC estaban amenazando con matarlos en caso
de no contar en dónde se encontraba ella. En consecuencia, Helena tomó
la decisión de irse a la Ciudad L, lugar donde se encontraba viviendo su
hermana mayor y donde se quedó por tres años. Finalmente, en vista de que no
conseguía trabajo, decidió irse a la Ciudad M.
1.9.
Estando
en la Ciudad M, fue encuestada por el SISBEN desde noviembre de 2016 y,
al haber obtenido un puntaje de 7.99[7], se convirtió en beneficiaria
del régimen subsidiado en salud.
1.10.
En 2017
la señora Helena se afilió a Capital Salud E.P.S.[8]
– en adelante Capital Salud –. Relataron que, a pesar de que solicitó la
afiliación a principios del mes de mayo de 2017, sólo hasta finales de junio
del mismo año le entregaron el carné de afiliación.
1.11.
En el interregno
comprendido entre la solicitud de afiliación y la entrega del carné, la
accionante accedió a una consulta médica privada con un médico ginecólogo de Profamilia,
gracias a una organización sin ánimo de lucro que asiste a víctimas de
violencia sexual, para que fuera revisada por los fuertes dolores que venía
sufriendo. Aquél médico le ordenó una serie de exámenes para poder
diagnosticarla.
Relataron que pudo comenzar a hacer los
trámites para obtener la autorización de dichos exámenes sólo hasta cuando
quedó afiliada a la E.P.S., es decir, un mes después de la cita médica.
Resaltaron que Capital Salud negó las autorizaciones, indicándole que debía
solicitar una consulta con un médico internista adscrito a la E.P.S., para que
éste le ordenara una cita con un médico ginecólogo, de considerarlo necesario;
indicaciones que fueron dadas a la tutelante pasados cuatro meses desde que
empezó a realizar el trámite correspondiente.
1.12.
Aseveraron
que, atendiendo a las recomendaciones de la E.P.S., la tutelante procedió a
solicitar una cita con un médico internista, la cual fue programada para el 12
de octubre de 2017. Luego de ello, tuvo que pedir autorización de la orden que
la remitía a una cita con un médico ginecólogo, la cual fue casi imposible de
obtener, pues tuvo que acercarse a varios puntos de atención de la E.P.S. en
los cuales no le otorgaban turno de atención o, si la atendían, le decían que
no tenían disponibilidad para asignarle una cita. Por ello, decidió poner una
queja ante la Superintendencia de Salud. Dos meses después de que le fue
ordenada dicha remisión por el médico internista, a la accionante le fue
asignada una cita con ginecología para el 6 de diciembre de 2017.
1.13.
Narraron
que, pese a haber indicado que era víctima de violencia sexual por aborto
forzado, el médico ginecólogo que la atendió no consideró necesario realizar
los exámenes ordenados por el médico de Profamilia y, por ello, ordenó otro
tipo de exámenes. El 22 de enero de 2018 tuvo una cita de control con ginecología,
para que le revisaran los resultados de los exámenes de sangre y de la
citología que le habían realizado, en la cual el médico le afirmó que no veía
gravedad en sus síntomas, que era normal el dolor que sentía y que
probablemente siempre lo iba sentir por el resto de su vida. Por tal motivo, le
indicó que debía suspender cualquier analgésico que estuviera tomando.
1.14.
Debido
a que los dolores continuaron de manera fuerte y constante y en vista de la
demora en programarle nuevas citas médicas, la accionante se vio obligada a
acudir al sistema de salud privado, con apoyo de la misma organización
anteriormente mencionada. Así, logró acceder a una cita médica con un
ginecólogo, quien le ordenó varios exámenes. Una vez que estos fueron realizados,
quedó en evidencia la presencia de una masa densa por encima de la vejiga y,
por ello, se ordenó su remisión a un urólogo; quien, a su vez, concluyó que la
accionante tenía cálculos en la vejiga, formados por las suturas utilizadas
para coser la incisión realizada durante la cesárea a la que fue sometida y, por
ello, ordenó la práctica de una intervención quirúrgica.
1.15.
Agregaron
que, con el apoyo de la misma referida organización, Helena accedió a
una consulta médica con un profesional en psicología, quien determinó que la
accionante sufre de “estrés postraumático, depresión, sentimientos de
impotencia y frustración por haber perdido su tiempo y su salud”[9].
Además, también se estableció que estaba presentando recurrentes sueños
sobre persecución, que le generaban temor y dificultad para relacionarse.
1.16.
Luego
de encontrarse con múltiples barreras y/u obstáculos para acceder a los
servicios de salud requeridos, finalmente se le practicó el procedimiento quirúrgico
y se le programaron las citas médicas necesarias para tratarla; hechos que
ocurrieron con posterioridad a la presentación de la presente tutela y que
fueron confirmados por parte de las apoderadas judiciales dentro del proceso de
la misma[10].
1.17.
En
relación con el proceso ante la UARIV, el 23 de marzo de 2017 la accionante
solicitó su inclusión en el RUV y rindió la declaración, identificada con el
número FUD – NG 000729277, en el Municipio B en el Departamento C.
Las apoderadas señalaron que la persona que la atendió le sugirió que fuera a
la zona veredal creada por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC,
donde se encontraban concentrados los miembros de la guerrilla, por cuanto
ellos tenían que “ayudarla por todo lo que le pasó”[11].
A  pesar del miedo que la accionante sentía de volver a la referida zona
veredal y de enfrentar a los guerrilleros que la reclutaron cuando era menor de
edad, la obligaron a abortar y la amenazaron de muerte a ella y a su familia,
con el apoyo y acompañamiento de su núcleo familiar tomó la decisión de ir.
En consecuencia, la señora Helena se
puso en contacto con uno de los guerrilleros que se encontraba en dicha zona,
quien la citó para que contara lo ocurrido, espacio en el cual la tutelante
relató todo lo que le había sucedido desde que fue reclutada. Luego de ello
volvieron a citarla, ya que el comandante del Frente X no se encontraba
en la zona el día que ella había asistido para contar su historia. En esa
segunda ocasión, la accionante tuvo que volver a relatar los hechos al referido
comandante, quien negó lo relatado y afirmó que ella debía saber cuáles eran
las consecuencias de “fugarse” de la guerrilla; en definitiva, fue
culpada por lo acaecido y le informaron que si quería ser incluida en el RUV,
para así poder recibir ayudas humanitarias, tenía que quedarse en la zona
veredal y que, aun así, sólo sería incluida por su estado de salud, sin
reconocerle ningún hecho victimizante.
1.18.
Pese a
lo anterior, la señora Helena decidió volver a la Ciudad M. El 19
de julio de 2017, presentó una petición ante la UARIV, requiriendo que se le
informara sobre el estado de su solicitud de inscripción en el RUV, pues ya habían
transcurrido más de 60 días contados desde el momento en que rindió su
declaración, y no le habían dado ninguna respuesta aún[12].
1.19.
El 22
de noviembre de 2017 la accionante decidió acercarse a un punto de atención de
la entidad accionada, donde le fue notificada la decisión de la UARIV de no
incluirla en el RUV[13], arguyendo que había
rendido su declaración extemporáneamente; decisión que, en opinión de las
apoderadas, no tuvo en cuenta la circunstancia de fuerza mayor en la que se
encontraba la accionante, por haber sido amenazada de muerte por parte de sus
victimarios. La tutelante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de
apelación, contra dicha decisión; instancias en las que se confirmó la aludida resolución[14].
1.20.
Con fundamento en lo
expuesto, las apoderadas judiciales solicitaron que: (i) se ampararan los
derechos fundamentales invocados y que, por lo tanto, (ii) se ordenara a la E.P.S.
garantizarle una atención integral en salud a la accionante y a la UARIV
incluirla en el RUV, hacerla beneficiaria de todas las medidas consagradas en
la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, incluyendo aquellas
especiales para las víctimas de violencia sexual, y reconocerla como víctima
por los hechos victimizantes declarados, es decir, los de reclutamiento, aborto
y desplazamiento forzados.
2.
Traslado
y contestación de la demanda
2.1.
Admisión
de la tutela
Mediante Auto del 16 de julio de 2018, el
Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la Ciudad M admitió la tutela
y corrió traslado a la UARIV y a Capital Salud E.P.S. para que, en el término
de un (1) día contado a partir del
recibo de la notificación, se pronunciaran respecto de los hechos y
pretensiones de la tutela. Asimismo, le reconoció personería a Juliana Laguna
Trujillo, como apoderada principal de la parte accionante, y a Mariana Ardila
Trujillo, como apoderada sustituta.
2.2.
Presentación de
información adicional por la parte accionante
Mediante escrito presentado el 16 de julio de 2018, la
señora Juliana Laguna Trujillo informó al Juzgado Treinta y Uno Civil del
Circuito de la Ciudad M que, el 7 de junio de 2018, ya había interpuesto
una acción de tutela por los mismos hechos narrados, con las mismas partes,
pretensiones y pruebas. Señaló que, mediante sentencia del 20 de junio de 2018,
notificada el 3 de julio de 2018, el Juzgado Treinta Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de la Ciudad M la declaró improcedente, puesto
que el poder especial de representación allegado no legitimaba procesalmente a
las apoderadas de la señora Helena a interponer acciones de tutela en su nombre.
No obstante lo anterior, en vista de que no se decidió sobre el fondo del
asunto, las apoderadas y la accionante procedieron a subsanar la falla
identificada por el juez, suscribir un nuevo poder de representación y presentar
una nueva acción de tutela[15].
2.3.
Respuestas de las
entidades accionadas
2.3.1. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas – UARIV
Gladys Celeide Prada Pardo, en calidad de Directora de
Registro y Gestión de la Información, y Vladimir Martín Ramos, en calidad de
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas, procedieron
a contestar la tutela, mediante el Oficio del 19 de julio de 2018, a través del
cual solicitaron que se negaran las pretensiones de la accionante, habida
consideración que en su opinión la UARIV realizó todas las gestiones necesarias
para cumplir con los mandatos legales y constitucionales, evitando la
vulneración o amenaza de cualquier derecho fundamental.
Afirmaron que son requisitos indispensables, para poder
acceder a las medidas previstas en la Ley 1448  de 2011, que una persona haya
presentado declaración ante el Ministerio Público y haya sido incluida en el
RUV. Indicaron que, en el caso sub examine, no se cumplen esas dos
condiciones y, por ello, la accionante no tiene derecho a acceder a dichas medidas.
Refirieron que la Directora Técnica de Registro y Gestión
de la Información de la Unidad emitió la Resolución No. 2017-84336 del 24 de
julio de 2017 FUD NG000729277, en la que se decidió no incluir a la accionante en
el RUV, por el hecho victimizante de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes
a actividad relacionada con grupos armados, arguyendo que: “(…) no es viable
jurídicamente (…) Lo anterior, por cuanto su solicitud se enmarca dentro de las
causales establecidas para denegar la inscripción en el Registro único de
Víctimas: ‘Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los
términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011,
teniendo particularmente en cuenta la excepción de fuerza mayor prevista en
esta última disposición’ (…)”[16].
Señalaron que, con base en ese mismo argumento, se negó el
recurso de reposición presentado por la parte actora y se confirmó la decisión
de no inclusión.
Indicaron que, por su parte, el Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Unidad  negó también el recurso de apelación presentado en
subsidio, confirmando una vez más la decisión de no inclusión.
Adicionalmente, aclararon que lo dispuesto en la Resolución
No. 2017-84336 del 24 de julio de 2017 se encuentra en firme, al haberse
surtido el debido proceso administrativo.
Para justificar sus decisiones: (i) hicieron alusión a
sentencias en las que la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de la
firmeza de los actos administrativos y del debido proceso administrativo; y
(ii) citaron los artículos 155 y 156 de la Ley 1448 de 2011, mediante los
cuales se regula lo relacionado a la solicitud de registro de las víctimas.
2.3.2. Capital Salud E.P.S.
Deysi Patricia Rojas Buritica, en calidad de apoderada
especial de la representante legal de Capital Salud E.P.S., presentó escrito el
24 de julio de 2018, mediante el cual solicitó que se declarara improcedente la
tutela.
Indicó que la accionante es una paciente de 30 años de
edad, que se encuentra afiliada a Capital Salud en el régimen subsidiado, con
clasificación de SISBEN en el nivel 1, cuya I.P.S. primaria asignada para
atención médica y odontológica es el Hospital N de la Ciudad M y
que presenta diagnóstico de “litiasis renal”.
Aclaró que, con posterioridad a la fecha de afiliación, la
E.P.S. ha venido autorizando a la señora Helena todos los servicios ordenados para el
tratamiento de su patología, entre los cuales se encuentran las consultas
médicas con psicología y urología, la realización de exámenes ginecológicos y
vacunación.
En relación a la solicitud de la prestación de una atención
integral, aseveró que aquella no sería procedente, por cuanto no se han
configurado motivos que lleven a inferir que la E.P.S. haya vulnerado o vaya a
vulnerar o negar deliberadamente servicios al usuario en un futuro.
3.
Decisiones judiciales objeto de
revisión
3.1.
Sentencia de Primera Instancia
El
Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la Ciudad M, mediante
sentencia del 25 de julio de 2018, resolvió: (i) conceder parcialmente el
amparo solicitado; (ii) ordenar a Capital Salud E.P.S. autorizar y suministrar
todos los servicios, procedimientos, exámenes y medicamentos que fueran
requeridos por la accionante, para el tratamiento integral de las patologías “oligomenorrea
secundaria, proteinuria persistente no especificada y cálculos en la vejiga”[17]
que le fueron diagnosticadas, así aquellos servicios se encuentren o no
incluidos en el PBS; y (iii) negar las demás pretensiones de la demanda. Dicha
decisión se fundamentó en las siguientes consideraciones.
Aseguró
que, ante las circunstancias particulares de este caso, se advierte que están
dados los elementos de juicio suficientes para que se brinde el tratamiento
integral solicitado, pues con ello se garantizaría la atención de las prestaciones
relacionadas con las patologías de la accionante; quien por su condición de
desplazada, víctima del conflicto armado, sin recursos económicos y su estado
de salud, requiere de una atención médica especializada de forma urgente, la
cual hasta ese momento había sido prestada de forma negligente por la entidad
accionada.
Sostuvo
que, por padecer de una condición de salud especial, que no ha sido tratada en
debida forma por Capital Salud E.P.S., se le deben garantizar los medicamentos
que debe tomar, junto con la asistencia, exámenes, controles y tratamientos que
en el presente requiera y los que a futuro llegase a necesitar, para el
restablecimiento de su salud; sin que sea necesario que la accionante tenga que
acudir nuevamente a la vía de la acción de tutela para exigir el cumplimiento
en la prestación de los servicios de salud por parte de la accionada.
Finalmente,
en relación con las pretensiones dirigidas a que la UARIV la reconozca como
víctima y la incluya en el RUV, estimó que la accionante dispone aún del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción
contencioso administrativa, para reclamar la protección de sus derechos y
controvertir la decisión contenida en la Resolución No. 2017-84336 del 24 de
julio de 2017. Enfatizó que aquel mecanismo no sólo es el previsto por la ley
para tales efectos, sino que también es el idóneo y eficaz para definir, dentro
del amplio material probatorio que allí se recaude, si le asiste razón a la
accionante para ser incluida en el RUV.
3.2.
Impugnación
La
señora Juliana Laguna Trujillo impugnó la sentencia de primera instancia, con
base en los argumentos que se expondrán a continuación, y reiteró su solicitud
de reserva de la identidad de la accionante y de su familia, la cual no fue atendida
por el a quo.
Señaló
que era claro que la exigencia del juez de primera instancia, de no ordenar la
inclusión de la accionante en el RUV por no haber agotado el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, contraría la reiterada
jurisprudencia constitucional; ello, toda vez que Helena es
víctima del conflicto armado, al haberse visto afectada por desplazamiento,
aborto y reclutamiento forzados.  Afirmó que la multiplicidad de hechos
victimizantes ha puesto a la accionante en una situación de especial vulnerabilidad,
la cual justifica la interposición de la acción de tutela como el medio idóneo
y eficaz para solicitar su inclusión en el RUV, con la finalidad de proteger
sus derechos fundamentales[18].
Indicó
que, tal y como se demostró en la acción de tutela, la accionante debió ser inscrita
en el RUV por haber sido víctima de los hechos aludidos anteriormente; de los
cuales se deriva su calidad de víctima. Lo anterior, con fundamento en lo
consagrado en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, “el cual delimita la
consideración de víctima bajo tres criterios: uno temporal, pues establece que
serán consideradas víctimas aquellas personas que hayan sufrido un daño a
partir del 1º de enero de 1985, uno en relación con la naturaleza del daño, al
señalar que las conductas dañinas deben ser infracciones al DIH (crímenes de
guerra) o graves y manifiestas violaciones a las normas internacionales de
derechos humanos, y por último, uno contextual, al indicar que los hechos deben
haber ocurrido con ocasión del conflicto armado interno”[19].
No obstante, la UARIV le negó su inclusión por considerar que su declaración fue
rendida extemporáneamente, a la luz del primer inciso del artículo 155 de la
Ley 1448 de 2011.
Resaltó
que, aunado a lo anterior, la accionada no se refirió a los hechos
victimizantes de aborto ni desplazamiento forzados, en la resolución mediante
la cual le negó su solicitud, sino que únicamente se pronunció respecto del
reclutamiento ilícito de menores; es decir, desconoció la calidad de la accionante
como víctima sobreviviente de violencia sexual y no motivó la decisión de no
inclusión respecto de los hechos victimizantes de aborto y desplazamiento
forzados; lo cual, en su opinión, constituye una vulneración del derecho fundamental
al debido proceso.
En
efecto, arguyó que la decisión tomada por la UARIV careció de motivación
suficiente, en tanto: “i) no tuvo en cuenta que EGG se encontraba cobijada
por la excepción de fuerza mayor contemplada en el segundo inciso del artículo
155 de la Ley 1448 de 2011; ii) no tuvo en cuenta todos los hechos
victimizantes sufridos por EGG, incluyendo el desplazamiento forzado y el
aborto forzado, lo que incluía analizar hechos del contexto así como otros
elementos técnicos y jurídicos, en consecuencia, no motivó la decisión
adecuadamente. Las anteriores fallas, desconocieron la jurisprudencia
constitucional y constituyeron una vulneración del derecho al debido proceso de
EGG, y, por tanto, debieron haber sido tenidas en cuenta por el Juez a la hora
de fallar”[20].
Señaló
que la Corte Constitucional ha reconocido que, efectivamente, las mujeres y
niñas víctimas de alguna forma de violencia sexual enfrentan diversos
obstáculos para lograr denunciar lo ocurrido, ser atendidas y protegidas. En
particular, la Corte ha identificado como barrera, por una parte, la
desconfianza que las víctimas sobrevivientes tienen sobre la capacidad del
Estado para atenderlas y protegerlas por miedo a ser nuevamente objeto de
violencia sexual y, por otra, la existencia de factores socioculturales
vinculados a la vergüenza y estigma social que rodea las experiencias de
violencia sexual.
Sobre
este punto específico, la apoderada judicial afirmó que: “(…) sumado a que
las prácticas de violencia sexual al interior de las FARC han sido
sistemáticamente negadas, no era absurdo suponer que el testimonio de EGG podía
ponerla en grave peligro y a su familia también, la cual seguía viviendo en la
zona donde ella fue reclutada y ya había sido objeto de amenazas directas que
ocasionaron el desplazamiento forzado de EGG cuando se negó a regresar a las
filas de las FARC. Es claro entonces que el miedo y la zozobra que EGG ha
sentido desde que se fue del Departamento C hacia la Ciudad L  y que le impidió
solicitar su inclusión en el RUV con anterioridad no es infundado y encaja en
la categoría de fuerza mayor que se escapaba de su control. La UARIV no analizó
que solamente hasta el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC se redujo el
temor que sentía EGG para contar su historia sin miedo a represalias de sus
victimarios ya que se produciría una desmovilización de las FARC y se iniciaría
un proceso de justicia transicional”[21].
Por
último, concluyó que la motivación expresada en la resolución de la UARIV, que
negó la inclusión solicitada, resultó insuficiente y no aplicó el principio de
favorabilidad, ni tuvo en cuenta otros elementos de contexto; como por ejemplo
los hechos de violencia sexual que sufrían las mujeres intra-filas en las FARC.
Sostuvo que la resolución se apegó a una interpretación absolutamente literal y
descontextualizada de lo que significa encontrarse en una situación de fuerza
mayor para una víctima de violencia sexual y de desplazamiento forzado. Aseveró
que, en consecuencia, la accionada debió reconocer la totalidad de los hechos
victimizantes, incluyendo los elementos del contexto alrededor de los mismos.
Sugirió que, al no haberlo hecho, no sólo no evidenció que la señora Helena se encontraba inmersa en la excepción de fuerza mayor, sino que vulneró
el derecho al debido proceso, al no haber motivado de forma suficiente su
decisión. Para finalizar indicó que todos estos elementos también debieron tenerse
en cuenta por el juez de primera instancia.
3.3.
Segunda Instancia
El 11
de febrero de 2019 el ad quem se comunicó telefónicamente con la parte
accionante, la cual aseguró que la cirugía ordenada por el médico tratante de
la señora Helena ya había sido realizada. Posteriormente, recibió un correo electrónico
de la señora Juliana Laguna, en el que aclaró que la accionante ha venido
siendo atendida por Capital Salud en lo que ha requerido, pero reiteró que ha
seguido viéndose expuesta a múltiples barreras por parte de dicha entidad para
que le autoricen y realicen los exámenes médicos ordenados con posterioridad a
la cirugía, encaminados a evaluar su evolución, y le asignen las citas médicas
requeridas. El 12 de febrero de 2019, el ad quem volvió a comunicarse
telefónicamente con la parte accionante, para constatar el estado de las autorizaciones
requeridas, a las que se hizo alusión en el correo, pudiendo constatar que ya
le habían sido programadas cinco citas para el mes de marzo, aclarando que las anteriores
las había perdido por encontrarse hospitalizada.
El Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la Ciudad M, mediante sentencia del 13
de febrero de 2019, revocó el numeral primero y segundo del fallo del a quo,
para en su lugar negar el amparo solicitado, con fundamento en lo siguiente.
Indicó
que, en su opinión, no se había incurrido en desconocimiento del precedente
jurisprudencial, respecto del manejo que debe dársele a las manifestaciones de
la víctima, máxime si se trata de obtener las medidas de reparación que
contempla la Ley 1448 de 2011. Por esta razón, concluyó que al existir otra
herramienta judicial para lograr el amparo pretendido se debía descartar la
prosperidad de esta acción constitucional, al no haberse cumplido con el
requisito de subsidiaridad.
Adicionalmente,
refirió que corroboró con la apoderada de la accionante, vía telefónica, que ya
habían realizado la cirugía ordenada y que habían sido reprogramadas todas las
citas que estaban pendientes. Como ello se dio antes de que se profiriera el
fallo en segunda instancia, el juez consideró que no era procedente amparar
derechos cuya vulneración ya había cesado.
4.
Pruebas que obran en el
expediente
4.1.
Información allegada por
la parte accionante:
-
Anexo I: Copia del poder
especial de representación otorgado a las abogadas Juliana Laguna Trujillo y
Mariana Ardila Trujillo.
-
Anexo II: Copia de la
Historia Clínica de la señora Helena.
-
Anexo III: Copia del
Procedimiento ante la UARIV, en el que se incluye la solicitud de inscripción
al RUV, copia de la sentencia del 31 de octubre de 2017 proferida por el
Juzgado Treinta y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la Ciudad
M en la que se declara hecho superado respecto de la solicitud de amparo
del derecho fundamental de petición, la Resolución No. 2017-84336 del 24 de
julio de 2017 “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro
Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el
artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015” y el recurso de reposición y
en subsidio de apelación contra la Resolución No. 2017-84336.
-
Copia de la sentencia del 22
de junio de 2018 proferida por el Juzgado Treinta Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de la Ciudad M, mediante la cual se declaró
improcedente el amparo solicitado (mismos hechos, partes y pretensiones de la
presente tutela), por cuanto el poder no era válido.
4.2.
Información allegada por
la UARIV (entidad accionada):
-
Copia de la Resolución No.
2017-84336 del 24 de julio de 2018, “Por la cual se decide sobre la
inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la
Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del Decreto 1084 de 2015”.
-
Copia de la notificación
personal de la Resolución No. 2017-84336 del 24 de julio de 2017.
-
Copia de la Resolución No.
2017-84336R del 11 de enero de 2018 FUD. NG000729277, “Por la cual se decide
sobre el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 2017-84336
del 24 de julio de 2017 en el Registro Único de Víctimas”.
-
Copia de la Resolución No.
20185512 del 1 de marzo de 2018, “Por la cual se decide Recurso de Apelación
interpuesto contra la Resolución No. 2017-84336 del 24 de julio de 2017 de No
Inclusión en el Registro Único de Víctimas”.
-
Copia de la respuesta a la
petición presentada por la parte accionante en relación con el estado de su
solicitud de inclusión en el RUV.
5.
Intervenciones presentadas en
Sede de Revisión
Esta Corporación, a través de la Secretaría General,
recibió intervenciones en calidad de amicus curiae de: “Human Rights
Watch”, Christine Chinkin[22]
en representación de la universidad “London School of Economics and Politics
Science”, “Nobel Women’s Initiative”[23], “Women’s
Initiative for Gender Justice”[24],
Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Corporación
Colectiva Justicia Mujer, Fundación Mujer y Futuro, Fundación Cedesocial, Clínica
Jurídica de Interés Público y de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, Corporación Mujer Denuncia y Muévete, Grupo de Acciones Públicas
de la Universidad del Rosario, Corporación Humanas, Red Nacional de Mujeres, Corporación
Sisma Mujer, Colombia Diversa, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres,
Profamilia, Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al
Conflicto Armado en Colombia, Daniela Kravetz[25], Dalila Seoane[26], Helen
Berents[27],
Phoebe Donnelly[28],
Megan MacKenzie[29]
y Jessika Mariana Barragán López[30].
En términos generales, todos los escritos estaban dirigidos
a solicitar que: (i) se reconociera la obligación en cabeza de la EPS de
adelantar el tratamiento en los ámbitos físicos y psicológicos de la
accionante, por ser víctima de violencia sexual, coadyuvando a la superación o
mejoría de los distintos diagnósticos; (ii) se reconociera la calidad de
víctima de la señora Helena, por los hechos victimizantes de
reclutamiento, aborto y desplazamiento forzados; y, en consecuencia, (iii) se accediera
a su solicitud de inclusión en el RUV, para poder ser beneficiaria de las
distintas medidas y herramientas direccionadas a lograr una reparación
integral.
Ahora bien, a continuación se sintetizaran las ideas
comunes expuestas en las intervenciones:
Señalaron que existe una necesidad de que la Corte
Constitucional aclare las responsabilidades institucionales de la UARIV frente
a escenarios, como el de la tutelante, en los que existe una zona gris; en la que,
a pesar de haber sufrido actos de violencia sexual que afectan su salud en el
marco del conflicto, no es claramente reconocida como víctima ni puede acceder
de forma efectiva a los programas diseñados para la satisfacción de sus
derechos.
Insistieron en que los derechos de las mujeres a la autonomía
reproductiva, privacidad e igualdad, entre otros derechos sexuales y
reproductivos, deben ser protegidos en todo momento. Señalaron que el aborto
forzado constituye una grave violación a la autonomía reproductiva de las
mujeres en cualquier contexto. Expusieron como una preocupación la negativa al
reconocimiento del estatus de la accionante como víctima de violencia sexual y
el hecho de que ello sigue impidiendo su acceso a reparaciones transformadoras
con enfoque de género. Enfatizaron en que esta situación no solo incrementa la
cultura de impunidad, sino que también viola los derechos de la accionante y
los de otras mujeres a acceder a reparaciones integrales, incluyendo tratamientos
especializados en salud física y mental.
Aseveraron que “[e]l impacto de los conflictos armados
en las mujeres combatientes y excombatientes se ha hecho históricamente
invisible, ya que los daños que sufren las mujeres que desafían los roles
tradicionales de género a menudo son ignoradas por la sociedad. Esta
invisibilidad contribuye a la falta de protección de las mujeres combatientes y
excombatientes frente a la violencia sexual”[31]. De ahí que afirmaran que es
sumamente importante el reconocimiento del daño sufrido por estas mujeres y su
condición de víctimas del conflicto armado interno, por parte de la Corte
Constitucional.
Indicaron que a través de la documentación de casos de mujeres
víctimas de violencia sexual, se ha podido constatar “como común denominador
que los impactos de la violencia sexual cometida en desarrollo del conflicto
armado en la salud física y en la salud mental son profundas y de difícil
sanación, recuperación y reparación”[32].
Así, expresaron que la falta de respuesta estatal ocasionada cuando a las
mujeres se les niega el acceso a la reparación integral, no se les cree o se
pone en duda su calidad de víctima, genera procesos de victimización secundaria
que llevan a mayores daños, por minar el vínculo de confianza con el Estado y
la sociedad.
De otra parte, también enfatizaron que debido a la
recurrencia y a la gravedad de la anticoncepción y el aborto forzado al interior
de los grupos armados, la UARIV no debió negar la condición de víctima de
violencia sexual de la accionante en virtud de la Ley 1448 de 2011. Por el
contrario, aseveraron que su aplicación debería considerar cada caso en
concreto y responder a las circunstancias de la accionante como víctima de
violencia sexual. Concluyeron que el no reconocer las secuelas que el aborto
forzado y la anticoncepción forzada generan en las mujeres excombatientes las
deja en una situación de desprotección; y, por ello, los derechos de las
mujeres a la autonomía reproductiva, entre otros derechos sexuales y
reproductivos, deben ser protegidos tanto en tiempos de guerra como en
escenarios de postconflicto.
Aseguraron que existe un impacto diferencial de la
violencia de género en contra de las mujeres, sobre todo en la barbarie de la
guerra. Así, indicaron que entre las diversas formas de victimización causadas
por el conflicto armado se puede destacar la objetivación del cuerpo de las
mujeres, materializada en afectaciones graves a su derecho de decidir sobre su
libertad sexual y reproductiva. Tanto así que esta desproporción de
afectaciones, en desfavor de las mujeres, irradió a todos los actores del
conflicto; esto es, a mujeres de la población civil o excombatientes, de todas
las edades y etnias, las cuales deberían ser reconocidas en el marco del
impacto diferencial del conflicto y a las cuales se les debería asegurar en
mayor medida y de forma prioritaria las garantías de no repetición, verdad,
justicia y reparación.
Igualmente, expusieron que el aborto forzado ha sido
reconocido ampliamente como una forma de violencia sexual por la sociedad civil
y por órganos de las Naciones Unidas. Expusieron que el derecho internacional,
dentro del cual se encuentra comprendido el Derecho Internacional Humanitario,
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional,
prohíbe tajantemente la violencia sexual, incluyendo el aborto forzado, desde
hace muchos años. Agregaron que la ONU, a través de sus distintos órganos y
agencias, ha señalado frecuentemente la prohibición de la violencia sexual en
sus distintas formas, incluyendo la de aborto forzado, que influye adversamente
en la salud física y mental de la mujer. De manera que, la violencia sexual ha
sido prohibida de acuerdo al derecho internacional, tanto contra civiles (en
tiempos de paz o de conflicto) como contra combatientes; incluso, ha sido prohibida
en escenarios en los que el autor y la víctima pertenecen al mismo grupo o rango
dentro de un grupo armado. En suma, la prohibición contra la violencia sexual
no depende de la calidad de la víctima; es decir, dicha protección no está
subsumida al estatus ni edad de la víctima.
Indicaron que diferentes organismos y tribunales
internacionales han reconocido que la violencia sexual y de género constituye
una forma de tortura. Afirmaron que, teniendo en cuenta que la prohibición de
la tortura tiene el carácter de norma de jus cogens, la violencia sexual
y de género no debe ser tolerada por los Estados y debe ser investigada y
sancionada con debida diligencia.
Aseveraron que de adoptar una posición tendiente a amparar
los derechos de la accionante, se podría lograr un avance significativo en materia
de protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del conflicto
armado en Colombia, mediante acciones concretas encaminadas a superar las vulneraciones
a las que se han visto expuestas y en cumplimiento de las órdenes emitidas en
este sentido por la Corte Constitucional.
Consideraron que, para ello, es menester que el Estado no
solo cree o implemente programas, sino que haga efectivos los existentes,
porque al no funcionar en la forma debida deja en desprotección a personas como
la accionante. Incluso, como se mencionó anteriormente, es necesario evidenciar
que las medidas generales no son efectivas para casos en los que existe una premura
para lograr una protección efectiva, como en la situación concreta por la que atraviesa
Helena.
A propósito, agregaron que “ciertas modalidades de
violencia sexual que no se encuadran en un concepto de violencia estratégica (o
relacionada directa y explícitamente con los objetivos estratégicos de la
organización armada), no pueden excluirse automáticamente de ser consideradas
como un nexo causal con el conflicto armado, como de forma descontextualizada
lo hizo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas – SDSJ de la
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, en Resolución 973 de 2018 al
contemplar la violencia sexual como un delito doméstico y no un crimen de
guerra. Así, ‘los conceptos de violencia oportunista y de violencia como
práctica, no pueden fundamentar una decisión a priori de negación de la
relación con el conflicto para los fines de la determinación preliminar de la
competencia material’ (…) Para casos como el que se asume conocimiento, la
Corte Constitución refirió que la violencia sexual en el marco del conflicto
armado y su contexto, es una expresión de discriminación y violencia contra las
mujeres que se intensifica en escenarios de conflicto y control territorial por
parte de los actores alzados en armas, en los que la violencia sexual ocurre
como estrategia de guerra y control, allí bajo su estudio contextualizado se
entiende tanto la violencia estratégica, como práctica y oportunista”[33].
Consecuencialmente, resaltaron la importancia de reiterar
la jurisprudencia en materia de reconocimiento de la gravedad de la violencia
sexual cometida en forma desproporcionada contra las mujeres en el marco del
conflicto. En especial, teniendo en cuenta el poco reconocimiento que se ha dado
a la violencia sexual intra-filas y las repercusiones que esta tiene para la
autonomía y los derechos de las mujeres.
Por otro lado, indicaron que “el reclutamiento forzado a
menores de edad es un fenómeno social complejo que configura un hecho victimizante
en sí mismo, pero además apareja otra serie de prácticas criminales, como la
violencia sexual y reproductiva, a tal punto que se pueden considerar como
tratos crueles y degradantes. En dicho contexto fáctico en muchas oportunidades
resulta imposible escapar de los victimarios antes de cumplir los 18 años de
edad para denunciar los hechos, como en el caso de EGG, por lo que no es
constitucionalmente viable negarle el derecho fundamental a ser inscrita en el RUV
prima facie, ni mucho menos excluirle su condición de víctima e impedir su
reparación integral (…) La coerción a la que son sometidas las víctimas de
reclutamiento forzado hace que el intento de fuga de los grupos armados se
constituya en un acto heroico, que compromete sus vidas, ya que de fallar serán
castigados inclusive con la muerte. Así, por ejemplo, entre las infracciones
más graves del código militar de las FARC que se consideran delitos capitales
sancionables con la ejecución sumaria, independientemente de la edad del que
las haya cometido, se encuentra el intentar escapar, en particular si llevan un
arma consigo”[34].
Como consecuencia de ello, pusieron de presente la
necesidad de un marco interpretativo amplio por parte de la Corte
Constitucional, el cual permita superar los vacíos existentes respecto de la protección
integral de los niños, niñas y jóvenes víctimas de reclutamiento y desplazamiento
forzados, así como también de violencia sexual por actores armados, entre otros
graves crímenes, de manera que puedan acceder a los mecanismos de reparación
integral previstos en las normas derivadas del Acuerdo Final y de la Ley 1448
de 2011.
Asimismo, afirmaron que “[u]na lectura ajena a la
situación fáctica concreta invitaría a pensar que en todos los casos es posible
que una persona reclutada de manera forzosa, tanto menor como mayor de edad,
tenga la posibilidad de tomar una decisión libre de desmovilizarse o de
permanecer en las filas del grupo armado ilegal. Es más, se podría pensar que
por el hecho de que jurídicamente se pueda acceder a planes de reintegración y
a mecanismos de verdad, justicia y reparación, fácticamente no debería existir
ningún obstáculo para ello. Ahora bien, la realidad del conflicto armado que
hoy conocemos con mayor certeza a partir del Proceso de Paz ha permitido
observar en muchos casos una insuperable coacción de parte del grupo armado
sobre la persona reclutada, por lo que, sólo excepcionalmente -y a riesgo de su
vida- algunos logran abandonarlo, a riesgo de un ‘consejo de guerra’ por
intento de deserción, que generalmente dictamina la pena de muerte en caso de
que sean descubiertos. EGG permaneció en las filas de las FARC-EP en contra de
su voluntad hasta que logró desertar dos años después de cumplir su mayoría de
edad cuando se desvinculó pero sin poder acceder a ningún proceso de
reincorporación. Si bien su caso no encuadra en la hipótesis presentada por la
Corte en el fallo en comento (Corte Constitucional, Sentencia C-253A de
2012), con el fin de ser reconocida per se como víctima de reclutamiento, resultaría
desproporcionado negar dicha condición si se tiene en cuenta las circunstancias
en las que se encontraba por causa de la amenaza en contra de su vida y de sus
familiares”[35].
Por último, en cuanto al derecho a la salud, señalaron que
desde 2012 se expidió la Resolución 0459 de conformidad con la cual se
estableció el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud para las Víctimas
de Violencia Sexual. Este protocolo es de obligatoria implementación para las
entidades del sistema de salud, al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley 1719 de 2014 y la sentencia C-754 de 2015. De ahí que no sea dable a la
E.P.S. accionada sustraerse de la obligación de observar y desplegar las
medidas contenidas en el protocolo, así como de eludir la atención prioritaria
exigida para situaciones de violencia sexual contra la mujer.
II.
CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente
para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral
9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y
36 del Decreto 2591 de 1991.
2.     Cuestiones previas
2.1.
Procedencia de la
tutela
A esta Sala le corresponde verificar
si en el presente asunto resulta procedente la acción de tutela a la luz de los
requisitos establecidos en el Decreto 2591 de 1991.
2.1.1.  Invocación de afectación de un derecho
fundamental
Las apoderadas de la accionante
invocaron la protección de los derechos fundamentales a ser reconocido y reparado integralmente como víctima del conflicto armado, la salud, la integridad
personal, al mínimo vital, la vida digna, la educación y la vivienda.
De manera breve, es menester precisar que la inscripción en el RUV es una herramienta para garantizar la
protección de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno, puesto que “materializa su
derecho (…) a ser reconocidas y, además, es imprescindible para acceder a los
mecanismos de protección y garantía de atención, asistencia y reparación
integral por vía administrativa, consagrados en la Ley 1448 de 2011, salvo para
las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, a las cuales
se podrá acceder desde el momento mismo de la victimización”[36].
En el caso sub examine, las apoderadas aseveraron que
los referidos derechos fundamentales se vieron vulnerados con la decisión de no inclusión tomada por la UARIV, a pesar de
que efectivamente la accionante tiene la calidad de víctima del conflicto
armado por reclutamiento a menor, aborto y desplazamiento forzados. Dicha
negativa le ha impedido a la accionante acceder a las medidas de atención,
asistencia y reparación para restaurar sus derechos y recibir ayuda
humanitaria, con las cuales garantizaría los demás derechos fundamentales que
considera vulnerados; tales como el de la educación, la vivienda y al mínimo
vital.
Adicionalmente, las apoderadas expusieron la vulneración del
derecho fundamental a la salud, aportando pruebas que soportan aquella acusación.
Además, afirmaron que el aborto de que fue objeto su defendida le causó
lesiones físicas, las cuales han afectado su integridad personal.
Por tanto, puede
concluirse que la presente acción de tutela se encuentra encaminada a lograr la
protección de garantías de carácter fundamental, lo que involucra la existencia
de una controversia de orden constitucional, y por tanto, se debe entender
satisfecho este requisito.
2.1.2.  Legitimación en la causa por activa
En virtud del artículo 86 de
la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, “La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a
través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.”[37]
En el caso sub lite,
las señoras Juliana
Laguna Trujillo y Mariana Ardila Trujillo interpusieron la acción de tutela como apoderadas
judiciales de la señora Helena, quien considera vulnerados varios de sus derechos
fundamentales, y, junto al escrito presentado, se adjuntó
debidamente el poder especial para actuar otorgado por la accionante a sus
apoderadas[38]. Por ese motivo, se entiende cumplido el
requisito de legitimación en la causa por activa.
2.1.3.  Legitimación en la causa por pasiva
La acción de tutela fue dirigida
contra la UARIV, entidad encargada de estudiar las solicitudes de inscripción
en el RUV de las víctimas del conflicto armado interno, como en el caso de la
señora Helena. Por tanto, es la competente para ordenar la inclusión de
la accionante, si a ello hubiere lugar. Por otra parte, Capital Salud es la encargada
o responsable de prestarle y garantizarle un adecuado servicio de salud, pues
aquella es la E.P.S  a la que se encuentra afiliada la tutelante. Ahora bien,
dice la ley que “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental”[39].
Conforme a lo expuesto por la
parte actora, las entidades demandadas fueron las presuntas responsables de la
vulneración de los derechos fundamentales de la tutelante, al haberle negado la
inclusión al RUV así como también al negarle una atención integral e inmediata
en salud, a lo que presuntamente tenía derecho en calidad de víctima del
conflicto armado. Por tal razón, se puede concluir que las entidades accionadas
se encuentran legitimadas en la causa por pasiva.
2.1.4.  Inmediatez
Respecto del requisito de
inmediatez, la Corte Constitucional ha sostenido que, “[c]omo requisito de
procedibilidad, (…) exige que su interposición se haga dentro de un plazo
razonable, contabilizado a partir del momento en el que se generó la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental, de manera que el amparo
responda a la exigencia constitucional de ser un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (CP art. 86), con miras a asegurar la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza”[40].
Para el momento en que se
instauró la acción de tutela aún se mantenía la negativa por parte de la UARIV de
incluir en el RUV a la accionante; lo cual ha implicado para ella la
imposibilidad de acceder a los mecanismos de protección y garantía de atención,
asistencia y reparación integral por vía administrativa, y, también, ha
provocado una persistente vulneración de los derechos a la reparación y ayuda
humanitaria como víctima del conflicto armado interno y de violencia sexual. Adicionalmente,
Capital Salud ha seguido negándose a brindar una atención integral a la
tutelante.
Sobre este punto en particular,
la Corte Constitucional ha aclarado que “la acción de tutela sería procedente cuando
fuere promovida transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que:
i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la
originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es
actual”[41].
De otra parte, es necesario destacar que el recurso
de apelación interpuesto por la accionante contra la decisión de no incluirla
en el RUV fue resuelto mediante una resolución el día 1 de marzo de 2018 y sólo
cuatro meses después, el 6 de julio de 2018, fue que se instauró la acción de
tutela contra las decisiones tomadas por la UARIV.
Por consiguiente, con fundamento en las dos razones
esbozadas anteriormente, se entiende que el requisito de inmediatez se cumple
en este caso.
2.1.5.  Subsidiaridad
El artículo 86 de la Carta Política, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia constitucional[42]
han establecido a la tutela como el mecanismo al que puede acudir cualquier
persona con el objetivo de reclamar ante los jueces la protección de sus
derechos fundamentales, cuando estos se hayan visto amenazados o vulnerados por
la acción u omisión de alguna autoridad pública; no obstante, se ha aclarado
que esta sólo será procedente cuando el afectado no cuente con otro medio de
defensa judicial para resolver su asunto o, disponiendo de otro medio, se
utilice a la tutela como un mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
Respecto de casos relacionados con la vulneración de derechos
fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela es el
mecanismo idóneo para garantizar el goce efectivo de los derechos de este grupo
de personas y, en especial, en los casos en que la protección y garantía de los
mismos depende de la inclusión en el RUV, en razón de su condición de sujetos de
especial protección constitucional. Por ello, esta Corporación ha sostenido que
el estudio del cumplimiento del requisito de subsidiaridad se deberá hacer de
forma flexible.
De cualquier modo, lo anterior no quiere decir que “las
víctimas de violencia no estén obligadas a acudir a las instancias legalmente establecidas
para el reconocimiento de sus derechos”; sin embargo, debe tenerse en
cuenta que “en ciertos casos, estos procedimientos pueden llegar a tornarse
ineficaces, ante la urgente e inminente necesidad de salvaguardar sus derechos
como sujetos de especial protección constitucional”[43].
Por
consiguiente, podría resultar desproporcionado exigirle a una víctima acudir
ante la jurisdicción contencioso administrativa y, con fundamento en eso,
declarar improcedente el amparo solicitado por vía de tutela[44]. Ello, por cuanto al acudir ante dicha jurisdicción,
para poder interponer acciones, es necesario hacerlo mediante un apoderado
judicial; hecho que per se genera una gran diferencia en la idoneidad
del recurso existente ante la jurisdicción contenciosa y la acción de tutela,
pues en esa última el accionante puede actuar directamente, a nombre propio,
sin necesidad de tener una asesoría legal para los efectos.
De
ahí que la Corte haya concluido que “la rigurosidad ante el contencioso
administrativo de contar con un abogado puede tornarse desproporcionada.
Tratándose de víctimas del conflicto armado interno, en general, los
accionantes son personas de escasos recursos económicos, que se encuentran
excluidos de acceso a los servicios de educación y generalmente desconocen los
procedimientos existentes para la defensa de sus derechos, por lo que resulta
desproporcionado exigirles un conocimiento jurídico experto en la reclamación
de éstos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios. Es así como, el
estudio del principio de subsidiariedad en estos casos deber ser menos riguroso
en el caso de los sujetos de especial protección constitucional como bien se ha
aplicado por ejemplo en las sentencias T-290 de 2016, T-584 de 2017, T-478 de
2017 y T-301 de 2017”.[45]
En suma, esta Sala concluye que se satisface el requisito
de subsidiaridad, al entender que el amparo constitucional se ha impetrado por
una mujer víctima de reclutamiento a menor, aborto y desplazamiento forzados,
en el marco del conflicto armado interno, a la que se le negó la inclusión en
el RUV, pese a ser la medida adecuada para materializar la protección y
garantía de varios de sus derechos fundamentales.
2.2.
Planteamiento del problema jurídico y metodología de resolución
del caso
Con
base en los antecedentes expuestos, a la Sala Plena le corresponde resolver los
siguientes problemas jurídicos:
(i)
¿La UARIV vulneró
los derechos fundamentales al reconocimiento como víctima, la reparación administrativa, al debido proceso, la salud,
la integridad personal, al mínimo vital, la vivienda, la educación y la vida en
condiciones dignas de la señora Helena, mujer víctima del conflicto
armado interno, al haberle negado la inscripción en el RUV, arguyendo que su
declaración fue presentada por fuera de los términos establecidos en los
artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011, sin haber tenido en consideración circunstancias
particulares que podían haber configurado fuerza mayor, al no haberse
pronunciado de fondo respecto de todos los hechos victimizantes declarados y al
no haberle reconocido su calidad de víctima en aplicación del parágrafo 2 del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011?
(ii)
¿Una E.P.S.
(Capital Salud) vulnera el derecho fundamental a la salud de una persona (Helena)
víctima de violencia sexual al negarle una atención integral e inmediata en
salud?
Para
resolver los problemas jurídicos planteados, a continuación se estudiarán los
siguientes temas: (i) el término establecido en la Ley 1448 de 2011 para
solicitar la inclusión al RUV y rendir declaración; (ii) la inclusión en el RUV
como herramienta para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del
conflicto armado interno; (iii) del reclutamiento forzado de niños, niñas y
adolescentes y la condición de víctimas según la ley y la jurisprudencia; (iv)
de la violencia sexual contra la mujer - aborto forzado -; (v) del
desplazamiento forzado; (vi) de los objetivos del proceso de reintegración
social y los de la Ley de Víctimas – Ley 1448 de 2011 – y de los otros
mecanismos ordinarios de reparación; (vii) los principios de favorabilidad y
buena fe; (viii) el derecho fundamental a la salud de las víctimas del conflicto
armado interno; (ix) parámetros del Derecho Internacional relacionados con los
derechos humanos de las mujeres y la violencia sexual y de género perpetrada
contra aquellas; (x) la excepción de inconstitucionalidad; y (xi) la resolución
del caso concreto.
2.3.
El término establecido en la Ley 1448 de
2011 para solicitar la inclusión en el RUV y rendir declaración
En primera medida, la Ley 1448 de 2011
definió en sus artículos 155 y 156 el procedimiento a través del cual se debe
materializar el derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado
interno a la inclusión al RUV.
En el artículo 155 se estableció que, para
efectos de ser registrados como víctimas, los interesados deben presentar su
declaración ante el Ministerio Público en un término de: (i) cuatro años, los
cuales se cuentan a partir de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, para el
caso de quienes hayan sido victimizados con anterioridad a dicha fecha; o (ii)
dos años, contados a partir de la ocurrencia del hecho respecto de quienes los
sean con posterioridad a la vigencia de la ley. Lo anterior implica que, las
víctimas de hechos ocurridos antes de la promulgación de la Ley 1448 de 2011,
tendrán cuatro años contados desde el 10 de junio de 2011 hasta el 10 de junio
de 2015, fecha en la que expiró dicho término[46].
No obstante lo anterior, en el mismo
artículo se contempló una excepción a la regla establecida, pues se previó que
en caso de que hubiera existido fuerza mayor, que haya impedido a la víctima
presentar su solicitud y declaración dentro del término establecido, aquel empezará
a contarse desde el momento en que haya cesado la circunstancia que motivó
dicho impedimento. Para que esta excepción le sea aplicable a una víctima,
deberá informar al Ministerio Público sobre la circunstancia de fuerza mayor
que le impidió hacerlo dentro del plazo definido en el primer párrafo del
artículo 155. En ese evento, al Ministerio Público le corresponderá remitir
dicha información a la UARIV[47].
A propósito, la Corte Constitucional ha
reiterado en varias sentencias que las causales de fuerza mayor y caso fortuito
deben interpretarse con fundamento en los principios de buena fe, favorabilidad
y prevalencia del derecho sustancial[48].
Al respecto, ha sostenido que “[e]n este punto, lo cierto es que la
interpretación de aquello que constituye fuerza mayor o caso fortuito debe
hacerse teniendo en cuenta las situaciones excepcionales de violencia que
causaron el desplazamiento y la especial situación de marginalidad y debilidad
en la que se encuentra la población desplazada. Por esta razón, el alcance de
estos conceptos debe revisarse a la luz de estas nuevas realidades que el
derecho debe regular. En este sentido, lo que no resultaría admisible es
una interpretación de la Ley que resulte insensible a la especial protección
constitucional de la cual es objeto la población desplazada”[49].
(Subrayado fuera del texto)
En particular, esta Corporación ha
aseverado que la misma norma contempla la posibilidad de que las personas que
se consideren víctimas tengan la opción de presentar válidamente su
declaración de forma extemporánea, es decir, después de los términos de 4 o 2 años,
cuando la referida extemporaneidad se derive de la existencia de algún
impedimento que constituya fuerza mayor. Por consiguiente, se sostuvo que la
norma tiene en consideración la posibilidad de que existan situaciones que
hayan impedido a las víctimas a presentar sus declaraciones dentro de los
términos legales y que, dicha circunstancia, no configura una razón suficiente
para negarles el acceso a los derechos que se derivan de la inscripción en el
RUV, tal y como ocurrió en el presente caso.
En este sentido, se ha considerado que “el
plazo establecido en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011 no es inflexible y
ajeno a situaciones especiales de personas que, por distintas circunstancias
(como, por ejemplo, el tipo de hecho victimizante que han padecido), tarden
largo tiempo en decidir declarar como víctimas ante el Ministerio Público”[50].
2.4.
La inclusión en el RUV como herramienta
para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado
interno – reiteración jurisprudencial –
La inscripción en el
RUV[51]
sirve como una herramienta para garantizar los derechos de carácter fundamental
de las víctimas del conflicto armado interno. Lo anterior, puesto que ello materializa
el reconocimiento de la calidad de víctima, lo cual, a su vez, permite el
acceso a los mecanismos de protección y garantía de atención, asistencia y
reparación integral por vía administrativa, previstos en la Ley 1448 de 2011[52].
Empero, no se descarta el acceso a las medidas de ayuda humanitaria y de
atención de emergencia en salud en el mismo momento de la victimización.
Al respecto, la Corte
Constitucional ha sostenido que la inscripción en este listado: “(i)
otorga la posibilidad de afiliación al Régimen Subsidiado de salud (…) en caso
de carecer de capacidad de pago suficiente para acceder al Régimen Contributivo[53];
(ii) determina el momento en el cual se adquiere el derecho a recibir la ayuda
humanitaria de emergencia o de transición (según el caso) y cesa, por lo tanto,
la asistencia humanitaria inmediata[54]. Una vez superadas dichas
carencias, permite la priorización para el acceso a las medidas de
reparación y particularmente a la medida de indemnización, así como a la oferta
estatal aplicable para avanzar en la superación de la situación de vulnerabilidad;
(iii) implica el envío de la información relativa a los hechos delictivos que
fueron narrados como victimizantes para que la Fiscalía General de la Nación
adelante las investigaciones necesarias[55]; (iv)
permite el acceso a los programas de empleo contemplados para la población
desplazada[56]; (v) en general, posibilita el
acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley 1448 de
2011, las cuales dependerán de la vulneración de derechos y de las
características del hecho victimizante, siempre y cuando la solicitud se
presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de la norma[57]”[58].
(Subrayado fuera del texto)
En efecto, en la
jurisprudencia se han establecido las pautas aplicables a la inscripción en el
RUV, así: “(i) la falta de inscripción (…) de una persona que cumple con
los requisitos necesarios para su inclusión, no solo afecta su derecho
fundamental a ser reconocido como víctima, sino que además implica la violación
de una multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad
familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros;
(ii) los funcionarios encargados del registro deben suministrar información
pronta, completa y oportuna sobre los derechos involucrados y el trámite que
debe surtirse para exigirlos; (iii) para la inscripción en el RUV únicamente
pueden solicitarse los requisitos expresamente previstos por la ley; (iv) las
declaraciones y pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del
principio de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario; y (v) la
evaluación debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada
caso y aplicar el principio de favorabilidad, con arreglo al deber de
interpretación pro homine”[59]. (Subrayado fuera del texto)
Es preciso aclarar que
la inscripción en el RUV no confiere la calidad de víctima, ya que esta se
adquiere con la ocurrencia del hecho victimizante; contrario sensu, sólo
consiste en un trámite administrativo que tiene como objetivo declarar la
condición de víctima para, de esa manera, permitir el acceso a los beneficios
legales y los diferentes mecanismos de protección de derechos de carácter
específico, prevalente y diferencial[60].
Partiendo del hecho de
que el RUV se encuentra a cargo de la UARIV, es precisamente aquella entidad la
competente para estudiar las solicitudes de inscripción al mismo y definir si
otorgar o denegar el registro. Para tomar dicha decisión, la UARIV debe: (i)
verificar que la solicitud sea presentada mediante un formulario único, por la
persona que haya sufrido una vulneración de sus derechos en las circunstancias temporales
descritas en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011[61],
en armonía con los artículos 155 y 156 ibídem; y (ii) debe comparar la
información contenida en la solicitud de registro con la información recaudada
en el proceso de verificación, en un término que no supere 60 días hábiles,
pues dicho trámite debe ser ágil y sin dilaciones[62].
En este punto, debe enfatizarse en que la carga probatoria respecto de la
ocurrencia del hecho victimizante recae, principalmente, sobre el Estado[63].
Ahora bien, la UARIV
debe hacer aplicación de tres criterios específicos al momento de examinar una
solicitud de inscripción al RUV, a saber: “(i) jurídicos, es decir la
normativa aplicable vigente; (ii) técnicos, refiriéndose a la indagación en las
bases de datos que cuenten con información que ayude a esclarecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos
victimizantes; y (iii) de contexto, reflejando en el recaudo de información y
análisis sobre dinámicas, modos de operación y acontecimientos relacionados
directamente con el conflicto armado, en una zona y tiempo específico”[64].
En esta misma línea, el
examen de las aludidas solicitudes deberá atender a los parámetros
jurisprudenciales y, en ese sentido, se deberán aplicar los principios de
dignidad, buena fe, confianza legítima, pro homine, geo-referenciación[65]
o prueba de contexto[66], in dubio pro víctima, credibilidad
del testimonio coherente de la víctima y prevalencia del derecho sustancial[67].
De igual manera, la entidad tiene la obligación de hacer una lectura a la luz
del conflicto armado y la diversidad étnica y cultural[68].
En caso de que la UARIV
tome la determinación de negar la inclusión en el RUV, dicha decisión deberá
sujetarse a lo consagrado en el artículo 40 del Decreto 4800 de 2011, en el que
se definieron las causales que harían procedente la negativa, las cuales son: “(i)
cuando en el proceso de valoración de la solicitud de registro se determine que
los hechos ocurrieron por causas diferentes a lo dispuesto en el artículo 3 de
la Ley 1448 de 2011; (ii) cuando en el proceso de valoración se determine que
la solicitud de registro resulta contraria a la verdad respecto de los hechos
victimizantes; y (iii) cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera
de los términos establecidos en los artículos 61 y 155 de la Ley 1448 de 2011,
teniendo particularmente en cuenta la excepción de fuerza mayor prevista en
esta última disposición”[69].
De otra parte, es
menester precisar que excepcionalmente procede la inscripción en el RUV por vía
judicial[70].
Verbigracia, en ciertas ocasiones la Corte Constitucional ha ordenado la
inscripción de manera directa o la revisión de la negativa al registro, “siempre
y cuando se verifique que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas: (i) ha efectuado una interpretación de las normas aplicables
contraria a los principios de favorabilidad y buena fe; (ii) ha exigido
formalidades irrazonables o desproporcionadas o ha impuesto limitantes para
acceder al registro que no se encuentran en las normas aplicables; (iii) ha
proferido una decisión que no cuenta con una motivación suficiente; (iv) ha
negado la inscripción por causas ajenas al solicitante; o (v) ha impedido que
el solicitante exponga las razones por las cuales considera que se halla en
situación de desplazamiento forzado interno o que ejerza los recursos
arbitrados por el ordenamiento para controvertir la decisión administrativa que
le niega la inscripción en el Registro”[71].
(Subrayado fuera del texto)
2.5.
Del reclutamiento
forzado de niños, niñas y adolescentes y la condición de víctimas según la ley
y la jurisprudencia
La Ley 1448
de 2011 fue expedida con el objetivo de establecer medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, tanto individuales como colectivas, que
posibilitaran materializar el goce efectivo de los derechos de las víctimas del
conflicto armado interno, tales como el derecho a la verdad, la justicia y la
reparación con garantía de no repetición. Además, determinó que aquellas deben
estar dirigidas a reconocer la condición de víctima y a dignificarla haciendo
efectivos sus derechos constitucionales[72].
Ahora bien,
para saber a quiénes beneficiaria la ley e irían dirigidas las referidas
medidas, se definió como “víctimas” a aquellas personas que hayan
sufrido un daño con ocasión al conflicto armado interno, como consecuencia de:
(i) hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, de manera individual o
colectiva; (ii) infracciones al Derecho Internacional Humanitario; o (ii)
violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos[73].
No obstante,
se aclaró que los miembros de los grupos armados organizados al margen de la
ley no serían considerados como víctimas, para efectos de la Ley 1448 de 2011,
salvo en los casos que se esté frente a niños, niñas y adolescentes que hayan
sido reclutados forzosamente y que se hayan desvinculado del grupo armado
siendo aún menores de edad[74].
Al respecto, en la
sentencia C-253A del 2012, la Corte Constitucional tuvo que estudiar una
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 75 (parciales) de la
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”.
En dicho fallo, se
presentó un cargo contra el parágrafo 2 del artículo 3, que fue resumido en la
sentencia así: “la previsión conforme a la cual se niega la condición de
víctimas a los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley
es contraria al concepto de universal de víctima; comporta un tratamiento
discriminatorio que carece de justificación, y está en contravía con mandatos
vinculantes de derecho internacional que imponen el deber de brindar igual
protección, en el marco de un conflicto, a los integrantes de los grupos
armados que se encuentre fuera de combate. || Para los demandantes, la
disposición acusada establece un trato discriminatorio contra las personas que
integran los grupos armados ilegales, porque excluye la posibilidad de que, en
cualquier circunstancia, sean considerados como víctimas, no obstante que se
vean afectados por infracciones al DIH o violaciones al DIDH; obstaculiza y
deja sin efecto el marco de protección de sus derechos previsto en la los
tratados e instrumentos internacionales sobre DIH y derechos humanos, y los
sustrae de las reglas del DIH que regulan la guerra”[75].
En aquella oportunidad,
la Corte sostuvo que, a partir del contexto de la ley y de sus antecedentes legislativos,
se puede afirmar que la norma demandada no busca eliminar la posibilidad de que
los integrantes de los grupos armados al margen de la ley puedan, en ciertas
circunstancias, tener la calidad de víctimas; sino que procura delimitar el
universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección
contenidas en la referida ley, para que sólo sea aplicable en los términos
establecidos en el primer inciso del artículo 3.
Esta Corporación enfatizó
en que, aquellos miembros de los grupos guerrilleros que hayan sufrido algún
daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
de violaciones graves y manifiestas de las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridos con ocasión del conflicto armado interno, tienen la
posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento
jurídico para garantizar sus derechos fundamentales a la verdad, la justicia y
la reparación y conservar la vigencia de las prescripciones del Derecho Internacional
Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que han
brindado protección a todas las personas en el marco de los conflictos armados
internos[76].
Así, esta Corporación
afirmó que “[p]ierden, por consiguiente, sustento los cargos que parten de
la consideración de que por virtud de las expresiones demandadas, se niega el
reconocimiento como víctima de los integrantes de grupos armados al margen de
la ley (…) y se los sustrae de los mecanismos de protección del derecho
internacional y del acceso a medidas orientadas a probar el daño, obtener la
verdad, la justicia y la reparación”[77].
Ahora bien, respecto
del reclutamiento forzado, se estimó que cuando se llega a la mayoría de edad cambian
las circunstancias que le imponían al Estado un deber de especial protección.
Por ello, la Corte consideró ajustado a la Constitución el hecho de que la ley
de víctimas estableciera como límite, para acceder a las medidas de protección
allí consagradas, “el hecho de que la desmovilización haya ocurrido mientras
las personas sean menores de edad”[78].
Sobre el particular,
aseveró que lo anterior no significa que “a partir de ese momento las
personas queden privadas de toda protección, porque, por una parte, en la
propia ley se incluye un capítulo en el que de manera amplia se consagran los
derechos de los menores y, en particular se señala que una vez los niños, niñas
y adolescentes cumplan la mayoría de edad, podrán ingresar al proceso de
reintegración social y económica que lidera la Alta Consejería para la
Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas, siempre
que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado
organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo para la
Dejación de las Armas. Por otra parte, al margen de esas previsiones, quienes
se vincularon a los grupos armados siendo menores de edad, pueden, cuando sean
adultos, acceder a los mecanismo ordinarios de verdad, justicia y reparación,
así como a los programas especiales de reinserción y de integración social que
ha previsto el Estado”[79].
Finalmente, la Corte
concluyó que “[e]n ese contexto, el alcance de la ley es el de que los
menores desmovilizados en condición de tales son reconocidos per se como
víctimas. Cuando la desmovilización sea posterior a la mayoría de edad, no
se pierde la condición de víctima, derivada, en primer lugar, de la
circunstancia del reclutamiento forzado, pero en ese caso se impone
acreditar ese hecho y acceder a los programas especiales de desmovilización y
de reinserción, en los cuales será preciso que se adelante una política
diferencial, que tenga en cuenta la situación de los menores y las limitaciones
que tienen para abandonar los grupos al margen de la ley”[80]
(Subrayado fuera del texto).
De otra parte, respecto del tema del
reclutamiento forzado de menores de edad, en la sentencia C-541 de 2017 la
Corte Constitucional sostuvo que, “[c]onforme a los tratados internacionales
de derechos humanos que hacen parten del bloque de constitucionalidad, al
Estado colombiano se le atribuyen especiales obligaciones en la promoción y
protección de los derechos de las víctimas de reclutamiento ilícito, entre las
cuales se cuenta la de reparar y restituir los derechos afectados con la
victimización.”[81].
Con fundamento en lo
anterior y teniendo en cuenta que la accionante fue reclutada cuando era menor
de edad, pero que se desmovilizó ya siendo mayor de edad, de conformidad con la
ley y la jurisprudencia constitucional vigente, en principio no podría ser
considerada como víctima para efectos de la Ley 1448 de 2011. De manera que, no
podría ser incluida en el RUV por este hecho victimizante y tampoco ser beneficiaria
de las medidas especiales de protección previstas en dicha normativa.
En pocas palabras, si
se hace un análisis únicamente respecto del hecho victimizante de reclutamiento
ilícito a menor de edad, a la accionante le correspondería acudir ante los
mecanismos ordinarios de reparación integral e ingresar al proceso de
reintegración social y económica liderado por la Alta
Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos
Alzados en Armas, hoy denominada la Agencia para la Reincorporación y
Normalización.
2.6.
De la violencia
sexual contra la mujer - aborto forzado –
Para comenzar, el
Estado es responsable de proteger a la mujer, de amparar sus derechos y de
garantizar su dignidad humana; lo que, a su turno, involucra la obligación de
restablecer su dignidad cuando aquella se haya visto vulnerada por la comisión
de delitos graves, tal y como el de violencia sexual.
A propósito, las
víctimas de este tipo de agresiones sufren de diferentes traumas y afectaciones
graves. Al respecto, la Corte ha advertido que “la mayoría de las víctimas
de situaciones de violencia generalizada son diagnosticadas con un desorden por
stress post traumático. Las cargas de brutalidad y violencia muestran que
muchas víctimas son sometidas a situaciones de terror en condiciones de
indefensión. El trauma queda inscrito de forma inconsciente y retorna
intempestivamente sin que el sujeto pueda contenerlo o reprimirlo, por lo cual
la exposición a experiencias traumáticas en una guerra conduce a elevados
niveles de depresión y trastornos de la ansiedad”[82].
En efecto, el Centro
Nacional de Memoria Histórica publicó en el año 2007 un informe[83]
denominado “La Guerra Inscrita en el Cuerpo. Informe Nacional de Violencia
Sexual en el Conflicto Armado”[84], en el que se refirió a las
graves consecuencias derivadas de la violencia sexual contra las mujeres y la
revictimización a la que son sometidas. Dentro de las secuelas mencionados en
el informe se encuentran los siguientes: “i) graves afectaciones en la salud
física relacionadas con: a) las cicatrices imborrables del cuerpo; b)
afectaciones en la salud sexual y reproductiva: ‘dolores bajitos’ e infecciones
de transmisión sexual; c) embarazos por violación y maternidades coaccionadas
y, d) afectaciones físicas en mujeres en estado de embarazo y, ii) perversas
consecuencias emocionales, que afectan la capacidad de agencia, de voluntad de
la víctima, en tanto es un ejercicio de pleno dominio del victimario sobre la
víctima (…) lo que genera que las afectaciones corporales y emocionales
perviven en muchos casos después de años, ahondadas por las pocas posibilidades
que hayan tenido o no las mujeres para elaborar sus duelos, resignificar las
pérdidas o acceder a los sistemas de justicia. Entre estas consecuencias se
identifican: (…) b) la profundidad de los silencios y de la soledad[85]
y, c) la culpa y la revictimización institucional”.
Con base en lo anterior,
la Corte Constitucional ha concluido que el acercamiento que puede generarse por
parte de las víctimas de violencia sexual a las instituciones puede conllevar
una mayor afectación de sus derechos, puesto que podría provocarse un
incremento en la sensación de desprotección, culpa y estigmatización. Por
consiguiente, se debería procurar que dichos sentimientos se aminoren
permitiendo el efectivo acceso a la justicia, responsabilizando a los
perpetradores y enviando un mensaje institucional y social de intolerancia
absoluta ante la violencia sexual[86].
En consecuencia, esta
Corporación ha reconocido que en el país aún existen obstáculos que
revictimizan e impiden que las mujeres víctimas de violencia sexual declaren o
denuncien dichos hechos ante las autoridades competentes, tales como: “i) Temor
justificado (…) a ser objeto de nuevas agresiones contra su vida e integridad,
o contra las de sus familiares, en caso de declarar o denunciar los hechos ante
las autoridades competentes; ii) Desconocimiento (…) de los mecanismos para
declarar o interponer denuncias y solicitar protección y atención a las
entidades competentes, así como desconfianza de las mujeres en estas entidades;
iii) Persistencia de factores culturales como la vergüenza, el aislamiento o la
estigmatización, que inciden en la baja declaración o denuncia de los actos de
violencia sexual por parte de las mujeres; iv) Ausencia o debilidad del
Estado en algunas zonas del país en las que prevalece la violencia sexual
contra las mujeres en el contexto del conflicto armado y el desplazamiento
forzado por la violencia; v) Presencia y accionar de actores armados
como barrera para la declaración o denuncia de casos de violencia sexual contra
las mujeres y, vi) Dificultades que enfrentan las mujeres para el ejercicio
de sus derechos económicos, sociales y culturales, o para la satisfacción del
mínimo vital”[87].
La jurisprudencia ha
puesto en evidencia que, a parte de los obstáculos referidos en el párrafo
precedente, también existen otros problemas dentro del proceso de atención a las
mujeres sobrevivientes de estos hechos victimizantes, que imposibilitan la
declaración o denuncia de su situación a tiempo; entre los cuales, se
encuentran “la deficiencia de los sistemas de atención” y “la falta
de capacitación de los funcionarios públicos” respecto de la aplicación del
enfoque de género[88].
Conviene destacar el
informe mencionado del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se
identificaron elementos que generan una revictimización en sede judicial; tales
como la impunidad, la falta de reconocimiento de los perpetradores y la
necesidad de una reparación integral efectiva y materializada. Particularmente,
el elemento de la impunidad hace referencia al hecho de que denunciar la
violencia sexual se ha convertido en un proceso tortuoso, en el que la víctima
se ve en la obligación de repetir varias veces lo sucedido a diferentes
personas; circunstancia que no permite la recuperación emocional de aquella
persona. Además, la impunidad implica un escenario de injusticia en el que la
denuncia se convierte en una fuente de peligro inminente, lo cual agrava los
efectos derivados de la violencia sexual, toda vez que la víctima se ve
expuesta u obligada a desplazarse.
Sobre el particular, en
la “Primera Encuesta de Prevalencia de Violencia Sexual”, realizada por
la Casa de la Mujer e impulsada por Oxfam en el año 2010, se constató que la
violencia sexual es uno de los hechos victimizantes que genera mayor nivel de
silenciamiento y reticencia para denunciar por parte de las víctimas; se estimó
que el 82.15% (equivalente a aproximadamente 402.264 personas) del total de las
mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual (correspondiente a 489.678
personas), no denunciaron los hechos victimizantes. De de las razones
recurrentes para no hacerlo, se encuentran las de miedo a represalias y la
presencia de los grupos armados[89].
De ahí que la Ley 1719
de 2014 haya establecido unas reglas que específicamente van dirigidas a las
víctimas de violencia sexual. Así, en su artículo 8 definió que, sin perjuicio
de lo consagrado en las Leyes 906 de 2004, 1098 de 2006 y 1448 de 2011, las
víctimas de este tipo de agresiones tienen unos derechos especiales, tal y como
se deriva de la intención del legislador de complementar lo dispuesto en las
leyes aludidas en relación a una conducta específica. Por ello, en el artículo
mencionado se determinó que las víctimas de violencia sexual tienen derecho “a
que se valore el contexto en que ocurrieron los hechos objeto de investigación
sin prejuicios contra la víctima”.
Por esta razón, la
Corte afirmó que “el debido proceso exige tener en cuenta las normas que
regulan la inscripción en el RUV. Asimismo, este derecho conlleva a que se de
aplicación a las reglas de valoración de las declaraciones rendidas por las
víctimas, según las cuales el contexto es un elemento importante para
determinar los hechos narrados por las víctimas en general, y por las víctimas
de violencia sexual en particular”[90].
Ahora bien, en torno a la inexistencia o
precariedad del Estado frente a la prevención de la violencia sexual contra las
mujeres perpetrada por actores armados, en el Auto 009 de 2015, emitido por la
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, la Corte
Constitucional precisó que:
“[A] pesar del alto nivel de
sub-registro y las falencias en los sistemas de información, los organismos de
control del Estado y organismos de la sociedad civil han puesto de manifiesto
que la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes sigue siendo una
de las prácticas ilícitas más recurrentes en el marco del reclutamiento
forzado, especialmente en contra de niños, niñas y adolescentes que pertenecen
a pueblos indígenas. En su informe de gestión 2008-2009, la Fiscalía General de
la Nación señaló que la mayor parte de menores de edad en la guerra son niñas,
quienes son sometidas a trabajos humillantes, esclavitud sexual, compelidas a
ser compañeras sentimentales de los comandantes y obligadas a abortar en muchas
ocasiones. Estudios han establecido, e este orden de ideas, que dentro de las
funciones asignadas a niñas y adolescentes dentro de las filas, se encuentran:
(i) el desarrollo de actividades de inteligencia e infiltración al ‘enemigo’,
(ii) el mantenimiento de las comunicaciones, (iii) la preparación de alimentos,
(iv) el almacenamiento y transporte de armas, explosivos y químicos para el
procesamiento de narcóticos, (v) la servidumbre y la explotación sexual, entre
otras. Donde particularmente la servidumbre y la violencia sexual, comprenden
repertorios como: el tocamiento, la actividad sexual indeseada, el tráfico
sexual, la extorsión sexual, entre otros. Aunado a lo anterior, la Defensoría
del Pueblo y la Fiscalía General de la nación señalan, que conforme a estudios
basados en entrevistas y análisis de casos, una proporción elevada de casos los
niños y niñas entrevistados: ‘(…) consideraba una obligación atender
sexualmente a su superiores en mando.’, en el contexto del reclutamiento
forzado. Es decir, los niños y las niñas son propensos a naturalizar las
violencias que se ejercen sobre sus cuerpos (…) los riesgos anteriormente
descritos, relacionados con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
con ocasión al reclutamiento forzado, constituyen uno de los principales
factores que obligan a familias enteras a desplazarse, con el objetivo de proteger
a sus hijos e hijas”[91].
Finalmente, es preciso citar la sentencia
C-080 de 2018, en la cual la Corte Constitucional sostuvo que:
“(…) el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional contempla la violencia sexual, incluyendo la cometida
contra menores de edad, como un crimen de guerra (art. 8º del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional). El Código Penal tipifica diversas modalidades
de violencia sexual en el marco del conflicto armado. El título II sobre
Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario tipifica el acceso carnal violento, los actos sexuales violentos,
la esterilización forzada, el embarazo forzado, la desnudez forzada, el aborto
forzado, prostitución forzada, esclavitud forzada y trata de personas con fines
de explotación sexual (arts. 138 a 141B del Código Penal). Todos estos delitos
tienen tipos especiales o agravantes cuando son cometidos en persona protegida
menor de catorce años (art. 140 del Código Penal).
En concordancia con esta prohibición
absoluta de violencia sexual, especialmente la cometida contra niñas, niños y
adolescentes, el artículo transitorio 7 del Acto Legislativo 01 de 2017 previó
que la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la
Paz ‘contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia
sexual’.
Debido a la gravedad de la situación de las
niñas y niños en el marco de los conflictos armados, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas expidió la Resolución 1612 de 2005. En virtud de dicho
instrumento, el Consejo de Seguridad supervisa anualmente, a través de informes
por país, la situación respecto de los hechos que afectan a los niños en
contextos de conflicto armado. La violencia sexual contra menores de edad fue
incorporada en los informes anuales previstos en la Resolución 1612, en virtud
de la Resolución 1539 del mismo Consejo de Seguridad.
Dicho organismo también ha desarrollado
una serie de instrumentos para poner fin a la violencia sexual en el marco de
los conflictos armados a través de las Resoluciones 1820 de 2008, 1888 de 2009,
1960 de 2010 y 2106 de 2013, principalmente. El Secretario General de las
Naciones Unidas ha formulado una definición amplia de violencia sexual en el
conflicto armado, en los siguientes términos: ‘La expresión ‘violencia sexual
relacionada con los conflictos’ se utiliza para referirse a la violencia sexual
que ocurre durante un conflicto, o en una situación posterior a un conflicto,
que guarda una relación causal directa o indirecta con el propio conflicto. Esa
relación puede demostrarse por hecho de que el autor sea parte beligerante; la
proliferación y utilización de armas pequeñas y ligeras; el colapso del orden
público; la militarización de sitios de actividad diaria como el acopio de
combustibles y agua; las consecuencias transfronterizas como el desplazamiento
y el tráfico de personas o el trastorno de la economía; la diseminación (a
veces deliberada) del VIH; y la violencia dirigida contra minorías étnicas,
religiosas u otras minorías o poblaciones en territorios disputados con objeto
de obtener ventajas económicas, militares o políticas, incluso en violación de
un acuerdo de cesación del fuego’.
La Corte Constitucional, por su parte,
también ha constatado la ocurrencia de violencia sexual en el conflicto armado
interno, incluyendo aquella cometida contra niñas, niños y adolescentes. Al
observar que la situación de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores
desplazadas por el conflicto armado constituye una de las manifestaciones más
críticas del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025
de 2004, mediante Auto 092 de 2008, la Corte advirtió sobre los riesgos por
razones de género a los cuales se encuentran expuestas las mujeres, jóvenes,
niñas y adultas mayores en condición de desplazamiento, entre los cuales
identificó el riesgo de violencia sexual, como una situación fáctica alarmante
que enfrentan las mujeres víctimas del conflicto armado. En este Auto, la Corte
identificó en particular nueve (9) patrones fácticos, que dan cuenta de cómo
estos crímenes sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes han sido
perpetrados por todos los actores del conflicto de manera: ‘[..:]habitual,
extendida y sistemática[…]’.
Posteriormente, mediante Auto 009 de
2015 esta Corte constató que la violencia sexual sigue siendo un riesgo de
género para las mujeres en el marco del conflicto armado interno y que, el
desplazamiento forzado por la violencia persiste como una expresión de la
discriminación y las violencias de género que se viven en el territorio.
Observó la persistencia de casos de violencia sexual perpetrados por actores
armados que incluyen actos de tortura física y sicológica, algunos con el
posterior asesinato de la víctima, actos de ferocidad y barbarie sexual;
violaciones, abusos y acosos sexuales individuales por parte de los actores
armados, mediante secuestros, retenciones o intromisiones abusivas durante
largos períodos de tiempo, prácticas de planificación reproductiva forzada,
esclavización, explotación y prostitución sexual forzada, embarazos y abortos
forzosos, así como el contagio de enfermedades de trasmisión sexual.
Igualmente, la Corte fue informada de posibles afectaciones de género con connotación
sexual contra mujeres, niñas y adolescentes, principalmente indígenas,
alrededor de explotación minera en algunas zonas del país. Varias
organizaciones de mujeres han documentado casos de prostitución, afectaciones
graves a la salud sexual y reproductiva, contagio de enfermedades de trasmisión
sexual como el VIH- SIDA, embarazos no deseados en niñas y adolescentes,
abortos espontáneos o voluntarios sin las condiciones clínicas requeridas,
acosos y hostigamientos sexuales.
Así las cosas, con el propósito de
aportar elementos de interpretación constitucional a las autoridades judiciales
y administrativas que deben decidir si un caso de violencia sexual se relaciona
o no con el conflicto armado interno, y que al proceder a efectuar las
correspondientes valoraciones del caso, se opte por la interpretación más
protectora o garantista de los derechos de la víctima en caso de duda, la
Corte  estableció una presunción de relación cercana y suficiente entre el
conflicto armado interno, el desplazamiento forzado por la violencia y los
actos violencia sexual cometidos contra las mujeres.  Para que se configure
esta presunción, basta con que presenten dos elementos objetivos: (i) la
ocurrencia de una agresión sexual, y (ii) la presencia de actores armados –cualquiera
que sea su denominación- en las zonas del país en las que ocurren estas
agresiones”[92]
2.7.
Del desplazamiento
forzado – reiteración jurisprudencial –
El Legislador expidió
la Ley 387 de 1997, en respuesta a la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas que se han visto obligadas a dejar sus lugares de
arraigo para salvar su vida con ocasión del conflicto armado interno. La
referida ley fue creada con el objetivo de establecer unas medidas tendientes a
prevenir el desplazamiento forzado y garantizar la atención, protección,
consolidación y estabilización socioeconómica de este grupo poblacional.
En dicha ley, se
definió que una persona desplazada es aquella que “se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonado su localidad de residencia
o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física,
su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: conflicto armado interno; disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos
Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar
drásticamente el orden público”[93]. (Subrayado fuera del texto)
En virtud del parágrafo
del artículo 1 de la Ley 387 de 1997[94], el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 2569 de 2000, en el que se reprodujo la definición de desplazados.
Por su parte, en la
jurisprudencia constitucional se ha señalado que “sea cual fuere la
descripción que se adopte sobre el desplazamiento interno, todas deben contener
dos elementos esenciales: (i) la coacción que obliga a la persona a abandonar
su lugar de residencia y (ii) la permanencia dentro de las fronteras de la
propia nación”[95].
La Corte Constitucional
examinó las diferentes definiciones del concepto de desplazamiento forzado y
concluyó que “[s]in entrar a desconocer los diferentes criterios que en
relación con el concepto de ‘desplazados internos’ han sido expresadas por las
distintas organizaciones nacionales e internacionales que se ocupan del tema,
de conformidad con lo preceptuado en la ley y la jurisprudencia constitucional,
puede afirmarse que se encuentra en condición de desplazado toda persona que
se ve obligada a abandonar intempestivamente su lugar de residencia y sus
actividades económicas habituales, debiendo migrar a otro lugar dentro de
las fronteras del territorio nacional por causas imputables a la existencia de un
conflicto armado interno, a la violencia generalizada, a la violación de
los derechos humanos o del derecho internacional humanitario y, en fin, a
determinados factores que pueden llegar a generar alteraciones en el orden
público-económico interno”[96]. (Subrayado fuera del texto)
Debe aclararse que el
concepto de “víctima” establecido en la Ley 1448 de 2011 incluye como
tales a los desplazados[97]; tanto así que, el capítulo tercero de
la aludida ley regula todo lo relacionado con la atención a las víctimas de
desplazamiento forzado y adopta la misma definición o concepto de la Ley 387 de
1997.
Ahora bien, en la
sentencia C-781 de 2012, en la cual se examinó la constitucionalidad de la
expresión “con ocasión del conflicto armado”, contenida en el artículo 3
de la Ley 1448 de 2011, la Corte Constitucional enlistó los contextos en los
que la jurisprudencia ha protegido los derechos de las víctimas. Así, “[d]esde
esta perspectiva ha reconocido como hechos acaecidos en el marco del
conflicto armado (i) los desplazamientos intraurbanos; (…) (iii) la
violencia sexual contra las mujeres; (iv) la violencia generalizada; (…).
Si bien algunos de estos hechos también pueden ocurrir sin relación alguna con
el conflicto armado, para determinar quiénes son víctimas por hechos ocurridos
en el contexto del conflicto armado interno, la jurisprudencia ha señalado
que es necesario examinar en cada caso si existe una relación cercana y
suficiente con el conflicto armado”[98].
(Subrayado fuera del texto)
En síntesis, debe
entenderse por desplazamiento forzado, según la normativa internacional y
nacional y la jurisprudencia constitucional, aquella situación de coacción
violenta, ejercida sobre una persona, que induce a que abandone un determinado
lugar y que ello ocurra dentro del territorio nacional.
Adicionalmente, la
Corte Constitucional ha sostenido que cuando se esté frente a una solicitud
emanada de la población desplazada, tanto la Administración como los jueces de
tutela tienen la obligación de presumir la buena fe en las actuaciones de
aquellos sujetos, de conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la
Constitución Política. De manera que, al presumirse la buena fe, la carga de la
prueba se invierte, correspondiéndole a las autoridades demostrar que la
persona que manifiesta tener la calidad de víctima por desplazamiento forzado
no ostenta tal condición[99].
Por otro lado, en la
sentencia T-129 de 2019, la Corte estimó que “[l]a problemática del
desplazamiento forzado constituye una de las mayores tragedias humanitarias que
acarrea la vulneración múltiple, masiva y continua, de los derechos
fundamentales de aquellas personas que se ven obligadas a abandonar temporal o
permanentemente sus hogares, en razón del riesgo que se cierne sobre su vida e
integridad personal derivado ya sea de las amenazas directas, de los efectos
del conflicto armado, o de los actos generalizados de violencia que tienen
lugar en el sitio donde residen y/o desarrollan sus actividades económicas
habituales”[100]. (Subrayado fuera del texto)
Precisamente por
ello, esta Corporación considera que las víctimas de este tipo de graves
violaciones a los derechos humanos “tienen derecho a la verdad, la justicia
y la reparación y a la garantía de no repetición ‘con el fin de restablecer su
situación al estado anterior de la afectación y permitirles retornar a una vida
en condiciones de dignidad’; dichas prerrogativas se encuentran reconocidas en
diversos instrumentos internacionales y, en correspondencia, en el ordenamiento
interno”[101].
Consecuencialmente,
esta Corporación ha establecido unos estándares y parámetros constitucionales
básicos sobre el tema bajo estudio que deben ser respetados, a saber:
“(i) el
reconocimiento expreso del derecho a la reparación del daño causado que le
asiste a las personas que han sido objeto de violaciones de derechos humanos,
y de que por tanto éste es un derecho internacional y constitucional de las
víctimas, como en el caso del desplazamiento forzado;
(…)
(iii) el derecho
a la reparación de las víctimas es integral, en la medida en que se debe
adoptar distintas medidas determinadas no solo por la justicia distributiva
sino también por la justicia restaurativa, en cuanto se trata de la
dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos
fundamentales de las víctimas;
(…)
(x) una medida
importante de reparación integral es el reconocimiento público del crimen cometido
y el reproche de tal actuación. En efecto, como ya lo ha reconocido la
Corte, la víctima tiene derecho a que los actos criminales sean reconocidos
y a que su dignidad sea restaurada a partir del reproche público de dichos
actos. Por consiguiente, una manera de vulnerar de nuevo sus derechos, es la
actitud dirigida a desconocer, ocultar, mentir, minimizar o justificar los
crímenes cometidos;
(…)
(xii) la
reparación integral a las víctimas debe diferenciarse de la asistencia y
servicios sociales y de la ayuda humanitaria brindada por parte del Estado,
de manera que éstos no pueden confundirse entre sí, en razón a que difieren
en su naturaleza, carácter y finalidad. Mientras que los servicios
sociales tienen su título en derechos sociales y se prestan de manera ordinaria
con el fin de garantizar dichos derechos sociales, prestaciones o políticas
públicas relativas a derechos de vivienda, educación y salud, y mientras
la asistencia humanitaria la ofrece el Estado en caso de desastres; la
reparación en cambio, tiene como título la comisión de un ilícito, la
ocurrencia de un daño antijurídico y la grave vulneración de los derechos
humanos, razón por lo cual no se puede sustituirlas o asimilarlas, aunque
una misma entidad pública sea responsable de cumplir con esas funciones, so
pena de vulnerar el derecho a la reparación; y
(xiii) la necesaria
articulación y complementariedad de las distintas políticas, pese a la clara
diferenciación que debe existir entre los servicios sociales del Estado, las
acciones de atención humanitaria y las medidas de reparación integral. De esta
manera, el Estado debe garantizar todas las medidas, tanto de atención como
de reparación a la población desplazada, hasta el restablecimiento total y goce
efectivo de sus derechos”[102]. (Subrayado fuera del texto)
A todo esto, el Centro
Nacional de Memoria Histórica, en “Una Guerra Sin Edad: Informe Nacional de
Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en el Conflicto
Armado Interno Colombiano”[103] y “Una Nación Desplazada:
Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en Colombia”[104],
afirmó que es primordial reconocerles a las personas su condición de víctimas e
incluirlas en los diferentes mecanismos para la reparación integral;
enfatizando en que, especialmente frente al hecho del desplazamiento, es
necesario realizar un análisis sobre aquellos casos que puedan estar
relacionados con el reclutamiento: “En el antes (…) como mecanismo para
evitarlo; en el durante como consecuencia de la amenaza por parte de grupos
armados; y en el después, como parte de retaliaciones o de estigmatización a
los núcleos familiares de niños, niñas y adolescentes que estuvieron en un
grupo armado determinado. Esto requiere del fortalecimiento inminente del
proceso de registro del RUV en la UARIV” (Subrayado fuera del texto).
En el segundo informe
mencionado, dicha entidad pública advirtió que, respecto de los desplazamientos
documentados por la Fiscalía, se ha podido establecer que estos han ocurrido
como consecuencia de reclutamientos y amenazas.
De hecho, destacó que
las mujeres han sido desplazadas en una mayor magnitud en comparación con los
hombres; pues de acuerdo a la información derivada del RUV, del total de la
población desplazada, 3.301.848 son mujeres; lo que permitió concluir que las
niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores representan el 51% de
este grupo de especial protección constitucional y que, principalmente, son de
origen campesino y étnico[105].
Incluso, el RUV ha
permitido establecer los indicadores sobre los delitos que habrían motivado el
desplazamiento forzado. Así, se ha logrado evidenciar que las amenazas, la
tortura, la violencia sexual y la vinculación de personas menores de edad, han
sido de los hechos victimizante que figuran como causas del desplazamiento de
hombres y mujeres[106].
Finalmente, en el
referido informe se constató que el grupo que ha sufrido en mayor medida de
este tipo de hecho victimizante es el de las mujeres y, en especial, con
ocasión a la perpetración de violencia sexual. De ahí que el Centro Nacional de
Memoria Histórica haya concluido que “se pone en evidencia el efecto
expulsor de la violencia sexual como una forma de violencia de género”[107].
2.8.
De los objetivos del
proceso de reintegración social y los de la Ley de Víctimas – Ley 1448 de 2011
– y de los otros mecanismos ordinarios de reparación
Esta Sala considera
pertinente resaltar que las medidas adoptadas dentro del proceso de
reintegración social y las previstas en la Ley 1448 de 2011 tienen objetivos
diferentes. De ahí se deriva la importancia de reconocer la calidad de víctima
de una persona que se ha visto afectada en sus derechos fundamentales con
ocasión del conflicto armado interno en cualquier escenario; pues, únicamente a
través de la aplicación de las medidas de la Ley de Víctimas se podrían
restablecer los derechos vulnerados y se podría dar una atención adecuada a
aquellas personas, frente a las cuales el Estado tiene la obligación de
garantizar una reparación integral.
A continuación se
procederá a exponer la finalidad de cada tipo de medida contemplada dentro de
los dos escenarios mencionados.
2.8.1.  Proceso de reintegración social o reinserción
En su momento, el Programa para la Reintegración de la Vida
Civil comenzó a tener problemas, como consecuencia de las exigencias que se
vinieron generado por el proceso de desmovilización en Colombia;
específicamente, en relación con el aumento de las personas que empezaron a
ingresar al mismo, como por ejemplo con la desmovilización masiva de las AUC, y
por la necesidad de entender a la reintegración como un programa sostenible de
largo plazo. En razón de ello, en septiembre de 2006, la Alta Consejería
Presidencial para la Reintegración asumió la responsabilidad del proceso de
reintegración a nivel nacional[108].
Posteriormente, el 3 de noviembre de 2011 se creó la
Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas,
conocida hoy en día como la Agencia para la Reincorporación y Normalización[109]
– en adelante la ARN –, como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, encargada del
fortalecimiento e implementación de la política de reintegración[110].
La creación de esta entidad fue un hito para la historia
del proceso de desarme, desmovilización y reintegración, pues este último pasó
de ser un programa de corto plazo (reincorporación) a uno de largo plazo
(reintegración), se incrementó la capacidad de cobertura  y gestión y se
mejoraron las herramientas y capacidad de acompañamiento a los desmovilizados[111].
A propósito, la ARN definió al desarme, la desmovilización
y la reintegración como aquel “proceso de remoción de armas de las manos de
los combatientes, el retiro de los combatientes de estructuras militares y la
asistencia a estos para reintegrarse social y económicamente en la sociedad
mediante formas de vida civiles”[112].
A su turno, definió la etapa de reintegración como el “proceso
en el cual los combatientes recobran el carácter civil y por tanto su sustento
proviene de actividades licitas y libres de violencia. Es esencialmente un
proceso económico y psicosocial que tiene que ver prioritariamente con el
trabajo y compromiso de las comunidades en el nivel local”[113].
Como el referido proceso se caracterizó por desarrollarse
mientras persistía el conflicto armado interno, se contemplaron dos tipos de
desmovilizaciones: (i) las colectivas, derivadas de los acuerdos de paz; y (ii)
las individuales, resultado de decisiones personales[114].
Ahora bien, debe resaltarse que el proceso de reintegración
personalizada, liderado por la ARN, tiene como finalidad proveer beneficios de
tipo psicosocial, educativo, laboral y económicos a los desmovilizados; habida
cuenta que, son medidas encaminadas a ofrecer una alternativa de vida
sostenible en la civilidad. De hecho, los objetivos estratégicos del referido
proceso son: “(i) el desarrollo de habilidades y competencias; (ii) la
promoción de la convivencia de las personas en proceso de reintegración; y
(iii) la corresponsabilidad de los actores externos frente a la política de
reintegración”[115].
La reintegración fue construida teniendo en cuenta ocho
dimensiones de tratamiento o etapas de desarrollo, las cuales brindan la
oportunidad de superar, con su esfuerzo y desempeño, la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran los desmovilizados; de tal suerte que logren
transitar hacia el ejercicio autónomo de su ciudadanía[116].
Aquellas dimensiones cubren los aspectos fundamentales de la vida de un
individuo, tales como:
(i)
“Dimensión personal:
Busca fomentar en la persona en proceso de reintegración PPR[117]
la capacidad de establecer y mantener vínculos afectivos que le posibiliten
conocer, valorar e interactuar consigo mismo, con otros y con los grupos
estableciendo relaciones seguras, estables y que aporten a su bienestar.
(ii)
Dimensión familiar:
Fomenta las capacidades de la persona en proceso de reintegración PPR[118]
y de su grupo familiar para constituirse como un entorno protector por medio de
la convivencia familiar y la promoción y protección de los deberes y derechos
familiares.
(iii)
Dimensión productiva:
Fortalece las capacidades de la persona en proceso de reintegración PPR[119]
y de su grupo familiar para la generación de ingresos sostenibles en el marco
de la legalidad, acordes con sus potencialidades y su contexto económico.
(iv)
Dimensión
habitabilidad: Promueve la capacidad que tiene la persona en proceso de
reintegración PPR[120] y su grupo familiar, para mejorar
las condiciones de habitabilidad acordes a su contexto cultural y condición
socio-económica en un entorno físico que facilite la vida familiar y
comunitaria contribuyendo al bienestar, dignidad humana y calidad de vida de
cada uno de sus integrantes.
(v)
Dimensión salud:
Fortalece la capacidad de la persona en proceso de reintegración y su grupo
familiar para promover y desarrollar estilos de vida saludables en lo físico y
lo mental.
(vi)
Dimensión educativa:
Fomenta las capacidades de la persona en proceso de reintegración PPR[121]
y de los miembros de su grupo familiar para alcanzar niveles educativos acordes
con un contexto que posibiliten su acceso y permanencia en entornos productivos
y el desarrollo de su proyecto de vida.
(vii)
Dimensión ciudadana:
Promueve el desarrollo y fortalecimiento de las personas en proceso de
reintegración PPR[122] para que valoren y ejerzan su
ciudadanía de manera autónoma contribuyendo de manera responsable y
comprometida con la justicia transicional.
(viii)
Dimensión seguridad:
Fortalece las capacidades de las personas en proceso de reintegración PPR[123]
para identificar las condiciones endógenas y exógenas que lo ponen en riesgo de
victimización y reincidencia y para tomar decisiones que le permitan mitigar y
reducir dichos riesgos, a través del conocimiento de mecanismos
institucionales, elementos de contexto y la modificación de conductas
individuales en el marco de la legalidad (Reseña ACR, 2014).”[124]
Ahora
bien, es necesario poner en evidencia que el exigir a la accionante a obtener
su reparación a través del proceso de reintegración social sería una manera de
revictimizarla; habida consideración que, en ese caso, tendría que ser
reconocida como miembro de las FARC e incluida como tal en la listado entregado
al Gobierno Nacional por quienes fueron los responsables de la vulneración de
sus derechos fundamentales. Ello haría depender de dichas personas su
posibilidad de ser reparada y se le estaría obligando a realizar su reintegración
social al lado de sus victimarios.
2.8.2.
Ley 1448 de 2011 – Ley
de víctimas – y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
– UARIV –
La Ley 1448 de 2011 – conocida como la Ley de Víctimas – creó
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV –[125].
Esta es una entidad del orden nacional, con autonomía administrativa y
patrimonial, perteneciente al sector de la Inclusión Social y la
Reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad Social – DPS –.
Fue constituida para fungir como el puente de conexión entre el Estado y las
víctimas, a través de la coordinación eficiente y la generación de espacios de
participación efectiva de las víctimas dentro del proceso de reparación. De
hecho, la UARIV es la responsable de coordinar las medidas de asistencia,
atención y reparación ofrecidas por el Estado y de articular a las entidades
que integran el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas[126].
A todo esto, la Ley de Víctimas fue creada con el objetivo
de “establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales
y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las
violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un
marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce efectivo
de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no
repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a
través de la materialización de sus derechos constitucionales”[127].
Específicamente, la referida ley contempla los siguientes tipos de medidas:
(i)
Reparación: Este grupo comprende,
a su turno, cinco tipos de medidas las cuales son las de restitución, indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Las víctimas tienen
derecho a acceder a una o varias de estas, dependiendo del tipo de hecho
victimizante y del daño sufrido, y pueden ser individuales, colectivas,
materiales, morales o simbólicas.[128]
a)
Restitución: Busca el restablecimiento
de las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera el
hecho victimizante. Además de la restitución de tierras, se prevén medidas de
restitución de vivienda y se promueven capacitaciones y planes de empleo urbano
y rural para lograrlo.[129]
b)
Indemnización: Las víctimas
del conflicto armado interno tienen derecho a recibir una compensación
económica, a título de indemnización administrativa, que se dará dependiendo
del hecho victimizante y del daño sufrido.[130]
c)
Rehabilitación: Consiste en
una atención de carácter jurídico, médico, psicológico y social, que busca el
restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas.[131]
d)
Satisfacción: Se encuentra encaminada
a proporcionar bienestar y a contribuir en la mitigación del dolor de la
víctima, mediante el restablecimiento de su dignidad y la difusión de la verdad
sobre lo sucedido.[132]
e)
Garantía de no repetición:
Son las medidas que el Estado debe implementar con la finalidad de garantizar
que no se volverán a repetir las violaciones a derechos humanos ni las
infracciones al Derecho Internacional Humanitario[133].
(ii)
Ayudas humanitarias: Consiste
en una ayuda humanitaria que se entrega de acuerdo a las necesidades existentes
derivadas del hecho victimizante. Están dirigidas a socorrer, asistir, proteger
y atender necesidades básicas como las de alimentación, aseo personal, manejo
de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de
emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones
dignas. Estas deben prestarse con un enfoque diferencial desde el momento de la
violación de los derechos o en el momento desde el cual las autoridades llegan
a tener conocimiento de dicha situación. En la referida ley se enfatizó que las
víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual deberán
recibir asistencia médica y psicológica especializada de emergencia.[134]
(iii)
Asistencia y atención: La
Ley de Víctimas definió el concepto de asistencia como “el conjunto
integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico,
social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la
vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para
llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica
y política”[135]. Asimismo, definió el
concepto de atención como “la acción de dar información, orientación y
acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el
acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y
reparación”[136]. De este grupo de medidas se destacan
las siguientes:
a)
Salud: Es aquella asistencia
dirigida a satisfacer las necesidades en salud de las víctimas del conflicto
armado interno, por medio de las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (I.P.S.), las Empresas Promotoras de Salud (E.P.S.) y las Entidades
Territoriales de Salud. Dentro de este grupo, deben entenderse incluidas todas
las actividades, intervenciones y procedimientos en los componentes de
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, tendientes a permitir la
recuperación de la integridad física, emocional y psicológica de las víctimas.
La cobertura de la asistencia en salud debe ser garantizada por el Sistema
General de Seguridad Social en Salud. La Ley de Víctimas también estableció que
toda persona que sea incluida en el RUV, sólo por este hecho, podrá acceder a
la afiliación contemplada en el artículo 32.2 de la Ley 1438 de 2011 y será
considerado elegible para el subsidio de salud, salvo que se llegue a demostrar
la existencia de capacidad de pago por parte de la víctima. Además, se
estableció la obligación de todas las instituciones hospitalarias, públicas o
privadas, de todo el territorio nacional, de prestar una atención de emergencia
de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, independientemente de la
capacidad socioeconómica y sin exigir condición previa para su admisión.[137]
b)
Educación: La referida ley
determinó que las autoridades tienen la responsabilidad de asegurar que la
población víctima de conflicto armado interno tengan acceso a una educación
gratuita y obligatoria, en los niveles prescolar, básico y media, teniendo en
cuenta su identidad cultura, idioma y religión. Estas medidas deberán asegurar una
plena e igual participación de mujeres y niñas en programas de educación. En
efecto, las autoridades deberán asegurar la exención de todo tipo de costos
académicos en los establecimientos educativos, siempre y cuando los
beneficiarios no cuenten con capacidad de pago[138].
c)
Entre otras, como la
asistencia de alimentación, la materialización de la reunificación familiar y
la orientación ocupacional.[139]
Finalmente, debe
precisarse que para poder acceder a estas medidas de reparación integral no se
requiere contar con servicios de apoderados judiciales, así como tampoco es
necesaria la existencia de una condena penal contra los responsables de los
hechos victimizantes.
2.8.3.
De los otros
mecanismos ordinarios de reparación
Dentro del esquema jurídico de justicia
transicional creado en desarrollo de lo convenido en el Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera – en
adelante Acuerdo Final –, se constituyó la Jurisdicción Especial para la Paz –
en adelante la JEP –, como la autoridad competente para decidir sobre los
procesos penales relacionados con las víctimas de violencia sexual intrafilas
de las FARC y su eventual reparación integral, a raíz de lo establecido en las
normas constitucionales y legales expedidas para dar cumplimiento al Acuerdo
Final; razón por la cual, la jurisdicción penal ordinaria fue desplazada en la competencia
para decidir definitivamente sobre este tipo de casos.
No obstante, la JEP y las
demás entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición – SIVJRNR – carecen de facultad para ordenar medidas de
reparación en beneficio de este grupo de víctimas. Así, la reparación
individual corresponde entonces a la UARIV, según lo prescrito en la Ley de
Víctimas, sin perjuicio de la destinación de los bienes de las FARC – EP a la
reparación colectiva.
La anterior afirmación
fue desarrollada ampliamente por la Corte Constitucional en el Auto 155 de
2019, en el que se concluyó lo siguiente:
“[A]partir de una perspectiva estructural del SIVJRNR, la
Jurisdicción Especial para la Paz fue instituida para garantizar el derecho a
la justicia de los afectados por la violencia, por medio de la investigación,
juzgamiento y sanción de las conductas cometidas en el marco del conflicto
armado, pero no para satisfacer la faceta indemnizatoria del derecho a la
reparación de las víctimas, pues para el efecto se dispuso del componente
de “medidas de reparación integral para la construcción de paz” a
cargo del Poder Ejecutivo.
5.16. Sobre el particular, en la Sentencia C-080 de 2018,
la Corte Constitucional dijo que ‘como se desprende del artículo
transitorio 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, la Jurisdicción Especial para la
Paz tiene competencia para la determinación de responsabilidades penales
individuales’. Empero, ‘no le corresponde (…) ordenar medidas de
reparación’, toda vez que ‘dada la realidad de la masiva victimización en
Colombia y la necesidad de garantizar la indemnización de todas las víctimas
sin discriminación, el Acto Legislativo 01 de 2017 optó entonces por el
programa de reparaciones regulado en la Ley 1448 de 2011, que busca objetivos
amplios, más allá de las justas reclamaciones individuales’.
5.17.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que a pesar de que las funciones
asignadas a la Jurisdicción Especial para la Paz guardan cierta similitud con
las atribuciones de las autoridades del sistema penal ordinario, no puede
ignorarse que algunas de las competencias de los jueces penales y de la
Fiscalía General de la Nación no tienen un parangón en el modelo de justicia
transicional instituido a través del Acto Legislativo 01 de 2017, tal y como
ocurre con la facultad de reparar económicamente a las víctimas en el marco
procesal.
5.18.
Específicamente, si bien dentro los procesos penales ordinarios se contempla el
incidente de reparación integral para garantizar el resarcimiento de las
víctimas de la conducta delictiva, facultándose al juez de la causa para
adoptar medidas cautelares reales sobre los bienes del acusado para asegurar la
eventual indemnización, ello no ocurre en los procesos que se surten a
instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz, comoquiera que por
disposición del constituyente la reparación económica se lleva a cabo de manera
administrativa por fuera de los escenarios judiciales transicionales, solo
resultando posible dentro de ellos el decreto de órdenes dirigidas a la
realización de actos simbólicos o de satisfacción, por regla general, carentes
de contenido patrimonial a cargo de los responsables de los ilícitos.
(…)
[S]in perjuicio de las interconexiones propias de todo sistema, cada
uno de los componentes del SIVJRNR tiene una función principal y específica
determinada por la Constitución dirigida a garantizar primordialmente ciertas
garantías del derecho a la reparación integral de las víctimas (verdad,
justicia, reparación o no repetición), por lo cual, en virtud del principio de
colaboración armónica de los órganos del Estado, debe evitarse: (i) la
existencia de duplicidades en las tareas asignadas, (ii) la creación de
jerarquías entre las medidas y mecanismos, pues ninguno prima sobre los demás,
así como (iii) el desarrollo de una institucionalidad paralela.
5.26. En este sentido, para la Corte es contario al artículo 121 de la
Constitución sostener que cualquier asunto litigioso que surja dentro del
SIVJRNR resulta de incumbencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues
como todo órgano constituido del Estado, su competencia está supeditada a las
normas constitucionales y legales que establecen sus
facultades, por lo que ante la inexistencia de una disposición expresa que
le atribuya el conocimiento de un asunto, debe entenderse que las autoridades
competentes para conocer del mismo son las que conforman la Rama Judicial
ateniendo a las regulaciones de las diferentes especialidades, que contemplan
cláusulas de cierre para que ningún caso esté excluido de la competencia de un
funcionario jurisdiccional.
(…)
5.30. Por lo expuesto, esta Corporación
considera que los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz no tienen
competencia alguna para decretar condenas económicas en favor de las víctimas
y, con ello, tampoco para adoptar medidas cautelares sobre los bienes de las
FARC-EP con el fin de asegurar con ellos la reparación patrimonial de las
mismas, pues tal atribución se encuentra en cabeza de entidades administrativas
y en el evento de que sean requeridas acciones jurisdiccionales de conservación
de los recursos destinados para el efecto, se podrán activar los mecanismos
correspondientes ante las autoridades de la Rama Judicial”[140].
2.9.
Principios de la
favorabilidad y la buena fe
En la
Ley 1448 de 2011 se definieron los principios por los cuales debe regirse la
UARIV y el proceso relacionado con el reconocimiento de las víctimas del
conflicto armado interno y su inclusión en el RUV.
En el
artículo 158 de la referida ley, se estableció que “las actuaciones que se
adelanten en relación con el registro de las víctimas se tramitarán de acuerdo
con los principios y el procedimiento establecido en el Código Contencioso
Administrativo. En particular, se deberá garantizar el principio constitucional
del debido proceso, buena fe y favorabilidad”[141].
Igualmente,
en el artículo 5 se definió que “[e]l Estado presumirá la buena fe de las
víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá acreditar el daño
sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En consecuencia, bastará a la
víctima probar de manera sumaria el daño sufrido ante la autoridad
administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga de la prueba. En
los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación administrativa, las
autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten a las víctimas la
demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el principio de buena fe a
favor de estas”[142].
Al
respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
señalar que todas las normas relacionadas con las víctimas del conflicto armado
interno deberán ser interpretadas teniendo en cuenta los principios propios de
un Estado Social de Derecho; esto es, los de favorabilidad, buena fe, confianza
legítima y prevalencia del derecho sustancial. En efecto, esta Corporación ha insistido
que “la condición de víctima es una situación fáctica soportada en el
padecimiento, no en la certificación que lo indique, tampoco en el censo que
revela la magnitud del problema. Sin perjuicio de la utilidad que las
certificaciones y censos pudieren prestar en función de la agilidad y eficacia
de los procedimientos”[143].
Cabe
precisar que, respecto de la aplicación de dichos principios, se ha determinado
que: (i) el de buena fe obliga a los funcionarios públicos, especialmente a los
jueces constitucionales, a darle credibilidad a las afirmaciones realizadas por
las víctimas del conflicto armado interno; y (ii) el de favorabilidad los
obliga a interpretar las normas relativas al hecho victimizante de la manera
más favorable para la persona afectada.
Ahora
bien, debe aclararse que es gracias a los principios de favorabilidad y buena
fe que procede la inversión de la carga de la prueba, así como también en
atención a las especiales circunstancias en las que, por regla general, se
encuentran las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado[144].
En
efecto, la Corte Constitucional ha considerado que cuando exista una
inconsistencia en las declaraciones rendidas por este grupo de personas, dicha
circunstancia no debería tomarse como prueba suficiente para concluir que hay
falsedad. De hecho, esta Corporación ha determinado que, al momento de tomar
las declaraciones, los funcionarios públicos deben tener en consideración que: “(i)
la mayoría de las personas desplazadas por la violencia provienen de ambientes
donde la educación a la que tuvieron acceso es exigua –motivo por el cual el
grado de analfabetismo es alto-; (ii) en muchas ocasiones quien es
desplazado por la violencia proviene de contextos en los cuales se ha educado a
las personas en una especie de “temor reverencial” hacia las autoridades
públicas; (iii) en el momento de rendir un testimonio ante las
autoridades, el grado de espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo
se reduce considerablemente; (iv) a las circunstancias del entorno de
origen de los desplazados, se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil
superar el trauma causado por los hechos generadores del desplazamiento
forzado. Esta situación puede conllevar traumas psicológicos, heridas físicas
y afectivas de difícil recuperación, además de la inminente violación de
derechos humanos que se da desde que la persona es víctima de delito de
desplazamiento que pueden influir en el desenvolvimiento del desplazado al
momento de rendir la declaración; y (v) el temor de denunciar los hechos que
dieron lugar al desplazamiento hace que no exista espontaneidad en su
declaración”[145].
(Subrayado fuera del texto)
Igualmente,
en aplicación de los referidos principios, se ha exigido tener como verdaderas
las pruebas que sean aportadas por la persona que considera encontrarse en una
situación de desplazamiento forzado. Incluso, se le ha impuesto al Estado la
obligación de desvirtuar tales pruebas, en caso de que se considere que no son
auténticas[146].
De aquí que, en virtud de la
favorabilidad, buena fe y el principio pro personae, cuando se esté ante un
caso de duda se deberán tener por ciertas las afirmaciones que realicen las víctimas
del conflicto armado. Verbigracia, según lo consagrado en el artículo 5 de la
Ley 1448 de 2011, a la UARIV le corresponderá probar la falta de veracidad de
las pruebas aportadas por los interesados, en virtud de la inversión de la
carga de la prueba; es decir, la UARIV tiene la responsabilidad de evidenciar
que existe una carencia de nexo causal entre el hecho victimizante declarado
por el interesado y el conflicto armado interno. Lo anterior, habida cuenta que
resultaría desproporcionado exigirle a las víctimas que aporten los elementos
probatorios que soporten su solicitud de inclusión[147].
Conviene destacar que la
Corte Constitucional ha enfatizado en varias sentencias que la inversión de la
carga encuentra sustento en el hecho de que “es a quien desea contradecir la
afirmación a quien corresponde probar la no ocurrencia del hecho”; tanto
es así que, “[e]l no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad
gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia”[148].
En definitiva, el
estudio de una solicitud de inclusión en el RUV debe realizarse aplicando la
presunción de la buena fe y la favorabilidad. Por consiguiente, “deben
tenerse como ciertos, prima facie, las declaraciones y pruebas aportadas por el
declarante. En este sentido, si el funcionario considera que la declaración o
la prueba falta a la verdad, debe demostrar que ello es así; los indicios deben
tenerse como prueba válida; y las contradicciones de la declaración no son
prueba suficiente de que el solicitante falte a la verdad”[149].
2.10.
El derecho
fundamental a la salud de las víctimas del conflicto armado interno
La jurisprudencia
constitucional ha determinado unas obligaciones constitucionales, originadas en el deber de la debida diligencia en la atención y asistencia especializada a las mujeres,
niñas, adolescentes y adultas mayores que sobreviven a la violencia sexual
perpetrada por actores armados. Una de esas obligaciones es la de atender de
forma “inmediata, integral, especializada, con enfoque diferencial, de forma
gratuita y durante el tiempo necesario para superar las afectaciones físicas y
psicológicas derivadas de las agresiones”; así como también, garantizar que
la cobertura de aquella atención incluya a las familias de las víctimas[150].
En particular, en la
sentencia C-776 de 2010, esta Corporación aseveró que con la aludida atención
integral a las mujeres víctimas de violencia no sólo se les deben garantizar
los servicios correspondientes a valoraciones médicas, tratamientos,
procedimientos quirúrgicos o medicación, sino también alojamiento y
alimentación, mientras sea requerido por aquellas; puesto que, esos dos últimos
componentes se encuentran comprendidos dentro del derecho a una atención
integral en salud[151].
En este mismo sentido,
se ha indicado que la reparación integral debe estar direccionada a lograr el
restablecimiento de la salud mental de la víctima y que, para tales efectos, se
debe garantizar un acompañamiento psicológico permanente durante todo el proceso
judicial, para proveer un apoyo durante las diligencias en las que el afectado debe
enfrentarse nuevamente al relato de los hechos; situación que tiene como resultado
su revictimización. Como consecuencia de ello, la Corte Constitucional ha
advertido que “se le debe garantizar el acceso a un equipo
interdisciplinario – jurídico y psicosocial – que acompañe y respalde su
intervención en el proceso”[152].
Es preciso señalar que
el artículo 23 de la Ley 1719 de 2014 estableció el derecho de las víctimas de
violencia sexual a que se les garantice y se les materialice una atención
integral y gratuita en salud. Dicha norma determinó tres cosas importantes para
el presente asunto, a saber: (i) reconoció “el derecho de las víctimas de
violencia sexual a la atención prioritaria como equivalente a la atención
médica de urgencia, sin importar el tiempo transcurrido entre el momento de la
agresión y la consulta”; (ii) estableció “la gratuidad de los servicios
de salud”; y (iii) determinó que “todas las entidades del sistema están
en la facultad de implementar el Protocolo y el Modelo de Atención Integral en
Salud para las Víctimas de Violencia Sexual”[153]. Consecuentemente,
puede afirmarse que del contenido normativo se desprende el interés de
reconocer el derecho a una protección prioritaria, integral y gratuita de todas
las víctimas de violencia sexual[154].
En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha recalcado que de la protección del derecho a la
salud de este tipo de víctimas se deriva la obligación del Estado de garantizar
el acceso a servicios de salud de forma integral; la cual, a su turno, se
encuentra relacionado con el deber de garantía de los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud, consagrado en el artículo 49 de la
Constitución Política, del derecho fundamental a la salud y del bloque de
constitucionalidad. Asimismo, se ha sostenido que “estos son los mínimos
constitucionales indiscutibles en la garantía del derecho a la salud, que son
exigibles inmediatamente al Estado”[155].
En la sentencia C-754
de 2015, esta Corporación sostuvo que la finalidad del artículo 23 de la Ley
1719 de 2014, mediante el cual se estableció el derecho a la atención integral
y gratuita de los servicios de salud de las víctimas de violencia sexual, es respetar
y materializar los imperativos constitucionales de protección al derecho a la
salud, a los deberes de prevención y atención de la violencia y el derecho de
acceso a la administración de justicia; postulados que logran concretarse,
específicamente, mediante el Protocolo y Modelo de Atención Integral en Salud
para las Víctimas de Violencia Sexual.
Asimismo, en el Auto
009 de 2015 se estableció que “[u]no de los primeros avances en materia de
atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, fue el desarrollo en enero
de 2011 del documento borrador sobre el Modelo de Atención Integral en Salud
para las Víctimas de Violencia Sexual, por parte del en ese entonces Ministerio
de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social. En
este documento, además de hacerse un diagnóstico sobre la vulnerabilidad
de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado y
el deslazamiento forzado respecto de actos de violencia sexual, se asumen,
primero, una serie de enfoques tendientes a la atención integral en salud de
esta población vulnerable y, segundo, un protocolo clínico de atención
específica de esta población en aras de su no revictimización y protección a
través del Sistema General de Seguridad Social en Salud”[156].
(Subrayado fuera del texto)
En pocas palabras, esta
Sala concluye que la prestación de la atención integral en salud a víctimas de
violencia sexual tiene un carácter imperativo, en las condiciones que han sido
establecidas tanto en la jurisprudencia como en el bloque de constitucionalidad.
De manera que, las medidas que obstaculicen o no permitan que se garantice la
provisión de dichos servicios bajo condiciones de integralidad, que respondan a
los elementos de disponibilidad, accesibilidad y calidad, serán inconstitucionales
por tener el potencial de incumplir con alguna de las obligaciones exigibles de
forma inmediata al Estado colombiano y por provocar una vulneración del derecho
fundamental a la salud de aquellas víctimas.
2.11.
Parámetros del
Derecho Internacional relacionados con los derechos humanos de las mujeres y la
violencia sexual y de género perpetrada contra aquellas
En primer lugar, respecto del hecho
victimizante del reclutamiento forzado a menor de edad, es preciso hacer
alusión al caso de la Fiscalía v. Thomas Lubanga Dyilo[157], estudiada
y decidida por la Corte Penal Internacional – en adelante la CPI –. En el
referido caso, se declaró a Thomas Lubanga Dyilo culpable por el crimen de
guerra relacionado con el reclutamiento y alistamiento de niños menores de 15
años de edad y su utilización como participantes en las hostilidades realizadas
dentro del marco del conflicto armado interno de la República del Congo.
En aquella ocasión la CPI fue clara en
desaprobar este tipo de prácticas y se aclaró que: “De acuerdo con el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones
Unidas la participación en conflictos armados de niños y niñas menores de 18
años está prohibida. El Estatuto de la Corte Penal Internacional tipifica
además como crimen de guerra el reclutamiento y utilización en conflictos
armados de niños y niñas menores de 15 años. Específicamente, en el sistema
interamericano, la Declaración y la Convención Americana sobre Derechos Humanos
reconocen que todo niño tiene derecho a protección, cuidados y ayuda especiales
sin discriminación alguna, y a las medidas consecuentes que su condición de
niño o niña requiere, tanto de parte de su familia como de la sociedad y del
Estado”[158].
En segundo lugar debe
aclararse que, cualquier tipo de violación de los derechos humanos de las
mujeres, en el contexto de un conflicto armado interno, debe considerarse como
una violación de los principios fundamentales del Derecho Internacional
Humanitario – en adelante el DIH –[159]. En efecto, de estos principios se
derivan varias obligaciones de todos los Estados frente a las víctimas de
violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Particularmente, el Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas – ONU – ha enfatizado
sobre dichas obligaciones en nueve resoluciones sucesivas sobre “Mujeres, Paz
y Seguridad”[160].
Por un lado, el
artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra[161],
estableció que “[e]n caso
de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de
aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: (…) Las personas que no
participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las
fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas
fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra
causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin
distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la
religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier
otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y
lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados
contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en
todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los
suplicios; (…) c) los atentados contra la dignidad personal,
especialmente los tratos humillantes y degradantes (…)”[162]. (Subrayado fuera del texto)
En este mismo sentido, el
Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relacionado con la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
de 1977[163],
resaltó que “los instrumentos internacionales relativos a los derechos
humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental”[164]
e hizo énfasis en “la necesidad de garantizar una mejor protección a
las víctimas de tales conflictos armados”[165]. Adicionalmente, en su
artículo 4 determinó que “[t]odas las personas que no participen
directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas,
estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona,
su honor (…) Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna
distinción de carácter desfavorable. (…) están y quedarán prohibidos en todo tiempo
y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1: a) los
atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las
personas, (…) e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los
tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y
cualquier forma de atentado al pudor (…)”[166].
De otra parte, en los artículos 7,
literal e, y 8, numeral 2, literal e, del Estatuto de Roma[167] de la CPI,
se señala que dentro de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
deben entenderse incluidos aquellos relacionados con “[v]iolación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”[168].
De hecho, la obligación
del Estado colombiano de garantizarles a las mujeres y niñas el derecho a ser
libres de todo tipo de violencia deviene de la Convención Sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer[169],
tal y como fue interpretado a través de la Recomendación General No. 19:
Violencia contra la mujer.
Igualmente, de las
Recomendaciones Generales No. 19, 28, 30 y 35 se pueden extraer los siguientes
presupuestos: (i) la violencia de género contra la mujer es aquella perpetrada por
el sólo hecho de ser tal o aquella que afecta a las mujeres de manera
desproporcionada; (ii) la violencia contra mujeres y niñas es una forma de
discriminación y una violación de sus derechos humanos; (iii) la violencia de
género afecta a las mujeres a lo largo de todo el ciclo de sus vidas, tanto por
acciones como por omisiones que tienen como consecuencia una afectación o daño
de carácter físico, sexual, psicológico o económico; y (iv) la existencia de un
conflicto armado interno exacerba la existencia de desigualdades de género, lo
cual genera un incremento en el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y
niñas frente a situaciones de violencia de género ocasionada tanto por actores
estatales como por actores no estatales.
Adicionalmente, en la
Convención Interamericana Sobre Prevención, Castigo y Erradicación de la
Violencia Contra las Mujeres – Convención De Belém Do Pará –[170]
se estableció que “[t]oda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado”[171]
y que “[l]os Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra
la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones,
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en
llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier acción o práctica de
violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios,
personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta
obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna
normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que
sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; (…)
g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a
resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y
eficaces”[172]. (Subrayado fuera del texto)
En esa misma Convención
se indicó que, al momento de adoptar las anteriores medidas, “los Estados
Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la
violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su
condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se
considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica
desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de
su libertad”[173].
Estas obligaciones
internacionales de los Estados fueron reiteradas por el Consejo de Seguridad de
la ONU en la Resolución 2467, adoptada en abril de 2018, las cuales ya habían sido
establecidas en las ocho resoluciones anteriores sobre “Mujeres, Paz y
Seguridad”. Incluso, en aquellos instrumentos internacionales se replicaron
las obligaciones establecidas en la Convención de Ginebra, en los Protocolos
Adicionales y en la Convención Interamericana Sobre Prevención, Castigo y
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.
Ahora bien, es preciso
hacer referencia a una decisión tomada el 15 de junio de 2017 por la Sala de
Apelaciones de la CPI en el caso iniciado contra Bosco Ntaganda[174].
Esta decisión marcó un hito fundamental en el desarrollo del DIH y la
regulación de los crímenes de guerra, por la razón que se expondrá a
continuación. En primera medida, es necesario aclarar que, a pesar de que la CPI
ya se había pronunciado sobre el tema de la violencia sexual contra niños
combatientes dentro de un grupo armado al margen de la ley, este caso ha sido
el primero en el que la Corte ha tenido que examinar la protección de
combatientes de grupos armados al margen de la ley que han sido víctimas de
violencia sexual intra-filas, esto es, cometida al interior del mismo grupo. En
consecuencia, puede afirmarse que la decisión tomada por la CPI constituye un
desarrollo relevante en materia de regulación de la violencia sexual en los
conflictos armados no internacionales[175].
En el análisis
realizado por dicha Corte, en primera y segunda instancia, se afirmó que los
literales b y e del numeral 2 del artículo 8 del Estatuto de Roma, los cuales
tipifican los crímenes de violación y esclavitud sexual, no ponen como
condición, para efectos de considerar a una persona como víctima, que ésta no sea
un participante directo en las hostilidades dentro del conflicto armado no internacional,
como sí se exige en el artículo 3 común de los Convenio de Ginebra [176].
Así, la CPI amplió el
concepto tradicional de “persona protegida” dentro de un conflicto
armado, extendiéndose la protección a los niños soldados que, por regla general,
son catalogados como combatientes y que, por ello, no se encuentran amparados
bajo las categorías tradicionales de los Convenios de Ginebra. De manera que,
por primera vez, se sostuvo a nivel internacional que los crímenes de guerra ya
no buscan penalizar únicamente las conductas cometidas por combatientes de
grupos al margen de la ley frente a civiles, sino también aquellas cometidas al
interior de los mismos, penalizándose incluso crímenes graves como el de violencia
sexual[177].
Asimismo, la Sala de
Primera Instancia aseveró que el Derecho Internacional nunca admitirá la existencia
de alguna justificación para cometer violencia sexual contra una persona, sin
perjuicio de que aquella sea o no blanco legítimo bajo el DIH o si pertenece al
mismo grupo armado del agresor. De ahí que, para poder diferenciar entre una
violación que constituya un crimen de guerra y otro de tipo internacional o
doméstico, debe cumplirse el requisito relativo a la existencia de un nexo entre
el delito y los elementos contextuales de los crímenes de guerra; es decir, que
la conducta violatoria haya ocurrido dentro del marco de un conflicto armado no
internacional o interno.
Así pues, partiendo entonces
de que la protección contra la violencia sexual no se reconoce únicamente a
civiles o miembros de grupos armados opositores, la Sala advirtió que, para ser
beneficiario de esta protección, tampoco es necesario determinar si los niños o
niñas soldados, que fueron víctimas de violencia sexual, eran miembros de un grupo
armado para el momento del acaecimiento del hecho victimizante; considerando
que, independientemente de lo anterior, existe un deber
de reconocer situaciones generadas por graves
violaciones del Derecho Internacional, como es el caso de la violencia sexual
contra mujeres[178].
En definitiva, en este
caso se evidenció que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra
estableció una protección que no se encuentra limitada por la afiliación que
pueda tener una persona para casos de crímenes como los contemplados en el
artículo 8, numeral 2, literal e del Estatuto de Roma. Por ello, la Sala de
Apelaciones de la CPI sostuvo que el DIH “no contiene una regla general que
excluya a los miembros de un grupo armado de protección por crímenes cometidos
por miembros del mismo grupo armado. Luego, en particular sobre los crímenes de
guerra de violación y esclavitud sexual, la Corte consideró que su prohibición se
encontraría bien establecida en el Derecho Internacional Humanitario, y que
nunca existiría una justificación para incurrir en violencia sexual. En virtud
de ello, y en ausencia de una regla que excluya a miembros de fuerzas armadas
de la protección respecto de agresiones cometidas por miembros de su mismo
grupo armado, la Sala de Apelaciones sostuvo que no habría razón para asumir la
existencia de dicha regla específicamente para los crímenes de violación y
esclavitud sexual”[179].
A todo esto, respecto
de las mujeres combatientes miembros de un grupo armado al margen de la ley, la
Recomendación General No. 30 del Comité de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer indicó que,
independientemente del tipo de conflicto armado, de su duración y de los
actores involucrados, se ha evidenciado que las mujeres y niñas se convierten
sistemática y deliberadamente en un blanco de violencia y abuso sexual. En efecto,
se señaló que las mujeres y niñas reclutadas forzosamente son particularmente
vulnerables a ser víctimas de violencia sexual. Por esta razón, en el caso de
Bosco Ntaganda se enfatizó en que la obligación de protección en cabeza de los
Estados subsiste aun habiendo ocurrido ese tipo de crímenes dentro de un grupo
armado en contra de sus mismos miembros, en el marco de un conflicto armado
interno. Igualmente, señaló que el grupo de las mujeres combatientes es el más
proclive a verse vulnerado por violencia sexual, tanto por agentes del Estado
como por los mismos grupos armados.
Esta postura también
fue adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la Resolución 2106 de
2013 sobre “Mujeres, Paz y Seguridad”, en la que se reforzaron las ideas
anteriores, en el sentido de comprender que las mujeres se encuentran en
situación de vulnerabilidad no sólo durante el conflicto armado, sino también
en la etapa de post-conflicto.
Por su parte, el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (FPNU) determinó, mediante un reporte, que
la violencia de género incluye la violación de los derechos sexuales y
reproductivos de la mujer; los cuales, a su turno, se encuentran relacionados
con el derecho a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos
que se quiere tener, el momento para hacerlo y el acceso a la información y los
medios para hacerlo, así como también el derecho de tomar las decisiones
concernientes a una reproducción libre de discriminación, coerción y violencia[180].
En este mismo sentido, la
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer estableció, en su artículo 16, numeral 1, literal e, que los embarazos,
el uso de anticonceptivos y los abortos forzados, dentro de un contexto de
conflicto armado no internacional, viola el derecho de las mujeres a decidir
libre y responsablemente sobre el número de hijos que quiere tener y el momento
para ello. Por añadidura, el Consejo de Seguridad de la ONU, en la Resolución
2467 de 2019, estableció que este tipo de hechos victimizantes deben ser considerados
como una forma de violencia de género, que puede llevar a la tortura o a un
trato cruel, inhumano y degradante y que, también, constituye un crimen
internacional.
Por otro lado, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales amplió el alcance del
derecho a la salud en las Observaciones Generales No. 14 y 22, puesto que en
ellas declaró que este debe comprender la posibilidad de disfrutar de una
variedad de establecimientos, servicios, bienes e información y la obligación
del Estado de garantizar, a los sobrevivientes de violencia sexual en todo tipo
de situaciones, una atención en salud a nivel físico y mental[181].
Finalmente, debe
hacerse referencia a la Resolución 2467 de 2019 del Consejo de Seguridad de la
ONU, en la que se estableció que las víctimas de violencia sexual, perpetrada
por grupos armados al margen de la ley dentro de un conflicto armado interno,
deberán tener acceso a “programas nacionales de socorro y reparación, así
como a asistencia sanitaria, atención psicosocial, refugio seguro, apoyo a los
medios de subsistencia y asistencia jurídica”[182]
y que el Estado deberá hacer un esfuerzo para “contribuir a eliminar el
estigma sociocultural asociado a esta categoría de delitos y facilitar los
esfuerzos de rehabilitación y reintegración”[183].
De hecho, se ha señalado
que los estereotipos de género se suscitan cuando el mismo concepto de “género”
alude a “las expectativas y presupuestos culturales en torno al
comportamiento, las actitudes, las cualidades personales y las capacidades
físicas e intelectuales del hombre y la mujer sobre la base exclusiva de su
identidad como tales”[184].
Las mujeres víctimas de
violencia sexual normalmente se encuentran sujetas a este tipo de estereotipos
adversos, de los cuales se derivan suposiciones; tales como que la víctima
seguramente no sufrió tanto como dice, que debió escaparse de alguna forma para
evitar la situación de violencia o que la mujer es la culpable de la agresión
de la que padeció. Otro tipo de estereotipo, que se ha percibido sobre las
mujeres en un contexto de conflicto armado interno, es aquel que considera que
las mujeres combatientes han contrariado las normas de comportamiento de género
habitualmente aceptadas; juicio que no tiene en cuenta su calidad de víctimas
al haber sido reclutadas por la fuerza y haber sido objeto de violencia sexual.
Normalmente, las que han sufrido de ese tipo de violencia terminan siendo
doblemente estereotipadas; situación que tiene la potencialidad de vulnerar su
derecho de acceso a la justicia[185].
En suma, sería
contrario al Derecho Internacional: (i) negar el reconocimiento de la condición
de víctima del conflicto armado interno a las mujeres excombatientes de un
grupo armado al margen de la ley, que hayan sufrido por violencia sexual y de
género; y (ii) consecuencialmente, impedir su acceso a los programas de
reparación integral, establecidos en el ordenamiento jurídico nacional o
doméstico para restablecer sus derechos fundamentales, bajo el argumento o la
justificación de haber pertenecido a un grupo guerrillero, sin importar si
fueron reclutadas forzosamente cuando eran menores de edad, lo cual podría
reflejar una carencia de voluntad en la aludida afiliación.
2.12.
La excepción de
inconstitucionalidad – reiteración jurisprudencial –
Del artículo 4 superior
se deriva la facultad que tiene una autoridad judicial de inaplicar una norma,
de manera oficiosa o a solicitud de parte, por contrariar la Constitución
Política, a través de la “excepción de inconstitucionalidad”.
Esta figura procede en
tres escenarios puntuales, a saber, cuando: “(i) La norma es contraria a los
cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su
constitucionalidad. (ii) La regla fundamental válida y vigente reproduce en su
contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por
parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado,
en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad según sea el caso. O (iii) En virtud, de la especificidad
de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea
consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental”[186].
El asunto sub
examine genera duda sobre la posible configuración del tercer escenario
mencionado; habida consideración que se está ante una norma que, in abstracto,
resulta conforme a la Constitución; mas sin embargo, su aplicación al caso
concreto podría conducir a la vulneración de disposiciones constitucionales[187].
No obstante, la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad fue prohibida a aquellos casos en los que ya exista “cosa
juzgada”, por haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional
mediante una sentencia de constitucionalidad. En la sentencia C-600 de 1998, la
Corte aseveró que “en el caso de los fallos en los que la Corte
Constitucional declara la exequibilidad de un precepto, a menos que sea ella
relativa y así lo haya expresado la propia sentencia -dejando a salvo aspectos
diferentes allí no contemplados, que pueden dar lugar a futuras demandas-, se
produce el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, prevista en el artículo
243 de la Constitución. Y, entonces, si ya por vía general, obligatoria y erga
omnes se ha dicho por quien tiene la autoridad para hacerlo que la disposición
no quebranta principio ni precepto alguno de la Carta Política, carecería de
todo fundamento jurídico la actitud del servidor público que, sobre la base de
una discrepancia con la Constitución -encontrada por él pero no por el Juez de
Constitucionalidad- pretendiera dejar de aplicar la norma legal que lo obliga
en un proceso, actuación o asunto concreto”[188].
A pesar de lo anterior, la Sala Plena ha
decidido apartarse de la posición planteada en la C-600 de 1998 con fundamento
en los siguientes raciocinios.
El legislador desarrolla su actividad
regulatoria de manera general, impersonal y abstracta, pues le queda imposible
tener la capacidad para prever todos los escenarios concretos a los que les
aplicará la norma creada. Lo mismo ocurre cuando la Corte hace un control
constitucional abstracto sobre la misma, puesto que dicho control tienes
efectos generales, impersonales y abstractos.
Como se acabó de afirmar, a raíz de la
referida abstracción, podría no detectarse todas y cada una de las situaciones
particulares a las que será aplicable la norma creada y ello podría llegar a
generar una afectación de derechos; lo cual, por regla general, sólo se logra
detectar al momento de realizar el control concreto. De ahí surge la necesidad
de poder tomar la decisión de inaplicar en una situación concreta una norma que
en abstracto es constitucional, pero que su aplicación al caso particular
podría conducir a la vulneración de las disposiciones constitucionales. Esto no
implica volver a estudiar la exequibilidad de la norma, ni mucho menos dejarla
sin efectos, puesto que la excepción de inconstitucionalidad genera efectos “inter-partes
y, por contera, la norma inaplicada no desaparece del sistema jurídico y
continúa siendo válida”[189].
Por consiguiente, la Sala Plena modificará
la postura presentada en la C-600 de 1998, para en su lugar, entender que la inaplicación
de una norma, mediante la excepción de inconstitucionalidad, podrá utilizarse
como el mecanismo para salvaguardar derechos fundamentales cuando se esté
haciendo un control concreto, pese a existir una sentencia de
constitucionalidad previa en la que se haya realizado el control abstracto de
la misma, con el objetivo de determinar sobre su exequibilidad, y la decisión
haya transitado a cosa juzgada. Lo anterior, en aras de hacer prevalecer ante
cualquier circunstancia una interpretación y aplicación normativa conforme a la
Constitución Política y la garantía de los derechos fundamentales.
Así pues, se hace
necesario evaluar en este caso si el precepto que excluye como víctimas, para
efectos de la Ley 1448 de 2011, a los miembros de grupos armados organizados al
margen de la ley, debe ser objeto de la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad; con el propósito de que, de este grupo mencionado, las mujeres
excombatientes que hayan sido víctimas de reclutamiento forzado, así como
también de violencia sexual y de género, tengan acceso a las medidas de
reparación integral contenidas en dicha ley.  Ello, toda vez que no cuentan con
otros mecanismos dirigidos a repararles y restablecer sus derechos; por el
contrario, al no reconocerlas como víctimas, se les estaría restringiendo el
efectivo goce de los derechos fundamentales a la reparación integral, la salud,
el mínimo vital, la vida digna, la privacidad, a no sufrir torturas ni otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes, a vivir sin violencia, entre otros.
3.
Resolución del caso
concreto
La Corte considera que en el presente asunto la protección
constitucional es procedente, por cuanto: (i) se está frente a un sujeto de
especial protección constitucional, por tratarse de una mujer víctima del
conflicto armado interno, afectada por violencia sexual; (ii) el caso bajo
estudio está relacionado con el desconocimiento del derecho fundamental de una
víctima a ser inscrita en el RUV, medida que tiene la capacidad de garantizarle
a la accionante sus derechos a la reparación integral, al mínimo vital, la
dignidad humana, la vida y la salud; y (iii) existe una negación de brindar una
atención integral en salud a una víctima de violencia sexual.
En
el caso sub examine, la señora Helena, de
31 años de edad, solicitó ante la UARIV la inclusión en el RUV por los hechos
victimizantes de reclutamiento ilícito a menor de edad, aborto y desplazamiento
forzados. La entidad accionada negó la petición, por considerar que se había
configurado una de las causales para ello, consistente en presentar la
declaración de manera extemporánea; es decir, por incumplimiento de los
términos establecidos en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, sin haber
mencionado la existencia de alguna circunstancia de fuerza mayor que
justificara la referida extemporaneidad. Adicionalmente, decidió no
reconocerle la calidad de víctima en aplicación del parágrafo 2 del artículo 3
de la Ley 1448 de 2011. Como consecuencia de ello y de que la UARIV no se pronunció
de fondo respecto de todos los hechos victimizantes declarados, la interesada interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación contra la resolución que le negó su inscripción; instancias
en las que aclaró que rindió su declaración por fuera de los términos legales
por temor a las amenazas realizadas por miembros de las FARC en contra de su
vida e integridad y la de su familia. No obstante, dicha situación no fue
tenida en cuenta por la accionada, pues se decidieron ambos recursos en su
contra, confirmando la primera resolución.
Partiendo
de lo anterior, esta Sala considera necesario hacer un análisis separado de:
(i) los criterios aplicados a cada uno de los hechos victimizantes expuestos
por la parte accionante, confrontándolos con los parámetros establecidos en el
Derecho Internacional, definiendo si debieron ser estimados o no para efectos
de reconocerla como víctima y acceder a su inclusión en el RUV; (ii) la posible
existencia de una fuerza mayor que hubiera justificado rendir la declaración de
manera extemporánea; (iii) el contenido y la motivación de la resolución que
negó la solicitud de inscripción; y (iv) la procedencia de ordenar una atención
integral en salud.
3.1.
Análisis del primer hecho victimizante: reclutamiento forzado a menor de edad
En
primera medida, en relación con el hecho victimizante de reclutamiento forzado
a menor de edad, en virtud de lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 1448 de
2011, los miembros de los grupos armados al margen de la ley no podrán
considerarse como víctimas para efectos de ser beneficiarios de los programas
de reparación integral creados con dicha norma, salvo en los casos en los que
los niños, niñas o adolescentes reclutados forzosamente se hayan desvinculado
siendo menores de edad. De la declaración presentada por la accionante y del
contenido de la tutela, puede afirmarse que la señora Helena se desmovilizó aproximadamente a los 19 años, es decir, cuando ya
era mayor de edad; situación que automáticamente la excluye del concepto de “víctima”
establecido en la referida ley.
Conviene reiterar
que en la sentencia C-253A del 2012 la Corte precisó
que lo anterior no significa que la accionante no sea víctima, en términos
generales. Empero, señaló que debe entenderse que dicha ley delimita el
universo de los destinatarios de las medidas especiales de protección en ella
contempladas, para que sólo sean aplicables a las personas cuyos casos encuadran
en las circunstancias descritas en el artículo 3. Así, los miembros de los
grupos guerrilleros que sean víctimas, por haber sufrido daños como
consecuencia de infracciones al DIH o por violaciones graves y manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos, que hayan ocurrido con ocasión al
conflicto armado interno, como es el caso de la tutelante, son conducidos a
acudir a los mecanismos ordinarios que ha previsto el ordenamiento jurídico
colombiano, encaminados a garantizarles sus derechos fundamentales a la verdad,
la justicia y la reparación, pero no a las medidas ofrecidas por la UARIV.
Igualmente, explicó que cuando una persona haya sido reclutada siendo menor de
edad y se haya desmovilizado después de cumplida la mayoría de edad, tal y como
lo hizo la señora Helena, no queda privada
de toda protección, puesto que tendrá la posibilidad de ingresar también al
proceso de reintegración social y económica, liderado por la ARN, siempre y
cuando tenga el certificado de desvinculación de un grupo armado organizado al
margen de la ley, expedido por el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas – CODA –.
3.2.
Análisis del segundo hecho victimizante: aborto forzado – violencia sexual
Ahora,
en tratándose del hecho victimizante de aborto forzado, el cual se enmarca
dentro del grupo de violencia sexual contra la mujer, debe tenerse en cuenta
que este tuvo lugar cuando la señora Helena aún era combatiente de la guerrilla y que fue dicho suceso el que
le dio la posibilidad de fugarse de las filas, recordando que, según su
declaración, su participación en la guerrilla nunca fue voluntaria. Lo anterior
acaeció gracias al haber sido autorizada por las FARC “a regresar temporalmente”
a la casa de sus padres para recuperarse del aborto que le había sido practicado
sin su consentimiento.  A raíz de dicho acontecimiento fue que la accionante
pudo desmovilizarse y volver a la vida civil; decisión que provocó una serie de
amenazas en contra de su vida e integridad y la de su familia por parte del
grupo guerrillero.
En otras palabras, el
hecho de haber sido forzada a usar anticonceptivos y de habérsele realizado el
aborto forzado en el momento en que ella aún era miembro de la guerrilla, conduce
a concluir que la accionante no es víctima para efectos de la Ley 1448 de 2011,
y, por tal motivo, tampoco sería posible conceder su inclusión en el RUV por
violencia sexual.
En
resumidas cuentas, en aplicación de la ley y la jurisprudencia constitucional
vigente, se podría concluir que debería: (i) negársele el  reconocimiento de su
calidad de víctima del conflicto armado interno, de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, y, por ende,
rechazarse su solicitud de inclusión en el RUV, justificando dicha
determinación en el hecho de que fue excombatiente de las FARC y que se
desmovilizó siendo mayor de edad; y (ii) direccionársele a acudir a otros
mecanismos de reparación, diferentes al de la Ley 1448 de 2011, y al proceso de
reintegración social.
No
obstante, esta Sala considera que en este caso particular se hace necesario
tener en cuenta los parámetros internacionales expuestos. Ello, por cuanto la
Sala Plena se ha cuestionado respecto de si la exclusión plasmada en el
parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 es consistente y coherente
con las obligaciones de Colombia a nivel internacional; teniendo en cuenta la
naturaleza coercitiva de las prácticas de las FARC acerca de la anticoncepción
y el aborto forzado, y considerando la condición de muchas de las víctimas, las
cuales eran niñas al momento en que se perpetraron los actos de violencia
sexual o que apenas habían cumplido la mayoría de edad.
De
la postura que se ha adoptado a nivel internacional puede concluirse que el uso
forzado de anticonceptivos y el aborto forzado constituyen una forma de
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, así como
también una violencia sexual y de género en el marco
del DIH.
Asimismo, se
estima trascendental resaltar que el reclutamiento forzado de menor de edad es
también un delito contrario a las leyes y costumbres de guerra, que viola las
prohibiciones internacionales de realizar reclutamientos forzosos u
obligatorios de niños para su uso en conflictos armados.
De ahí que se
pueda concluir que la señora Helena es víctima de una grave vulneración
a los derechos humanos, al haber sido reclutada ilegal y forzosamente por las
FARC cuando era menor de edad (14 años) y por haber sufrido de violencia
sexual, lo cual además constituye un crimen de guerra, al haber ocurrido en el
contexto del conflicto armado interno.
Así, en el
caso sub examine sería aplicable el criterio estructurado por la CPI
frente al proceso iniciado contra Bosco Ntaganda, en el que se afirmó que las
violaciones del DIH también pueden ocurrir al interior de los grupos armados al
margen de la ley y, por ello, al existir un indiscutible nexo entre el
conflicto armado interno colombiano y la comisión de actos de violencia sexual
y de género contra las mujeres combatientes, no se podría desconocer la calidad
de víctimas que ostentan aquellas mujeres, de conformidad con el artículo 8,
numeral 2, literal e del Estatuto de Roma, el cual hace parte del bloque de
constitucionalidad; criterio similar al aplicado en
el análisis desarrollado en la sentencia C-781 de 2012, fallo en el que también
se afirmó que “es necesario examinar en cada caso si existe una relación
cercana y suficiente con el conflicto armado”[190] para poder
definir en qué contextos se puede proteger los derechos de las víctimas.
Sobre este punto en particular, esta Sala
considera pertinente enfatizar en que los crímenes
intrafilas sí pueden constituir crímenes de guerra, máxime si se trata de
crímenes que involucran violencia sexual, como en el caso sub examine.
Esta aclaración se hace con el objetivo de llamar la atención a las autoridades
judiciales competentes para evitar la generación de espacios de impunidad
frente a las víctimas de violencia sexual intrafilas o restarle relevancia a
los crímenes cometidos en su contra; como ocurrió en el caso conocido como “el
enfermero”, decidido por la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP, mediante
sentencia del 25 de febrero de 2019, en la que se le concedió la libertad
condicionada, entre otras razones, por haber estimado que las ofensas
intrafilas no constituyen crímenes de guerra.
En suma, del anterior análisis se puede concluir que el Estado tiene
la responsabilidad de garantizarle a las mujeres que han sufrido por violencia
sexual, en el contexto del conflicto armado interno, el acceso a medidas de
reparación integral, lo cual sólo puede materializarse a través de su
reconocimiento como víctimas; de manera que puedan ser beneficiarias de la Ley
1448 de 2011 y, así, se les pueda permitir su inclusión en el RUV. Lo anterior
cobra especial importancia, puesto que las medidas del proceso de reintegración
social tienen objetivos diferentes a los previstos en la Ley de Víctimas, tal y
como se expuso en un acápite anterior; así como también, se evidenció que la
accionante no cuenta con otra vía judicial idónea y eficaz para acceder a una
reparación integral como víctima de violencia sexual intrafilas de las FARC.
Por lo tanto, al exigirle acudir al proceso de reintegración o a otros
mecanismos ordinarios de reparación, se le está desconociendo y vulnerando su
derecho a un efectivo acceso a la justicia, toda vez que estos carecen de
idoneidad y eficacia para lograr una protección adecuada, oportuna e integral
de los derechos invocados en el caso concreto. Por consiguiente, debe
concluirse que la inscripción en el RUV es la única medida que tiene la capacidad
real de restablecer sus derechos fundamentales.
A propósito, es
necesario enfatizar nuevamente en que el hecho victimizante del aborto forzado
debió ser tenido en cuenta por parte de la UARIV, para efectos de realizar el
análisis encaminado a determinar si hubo una circunstancia de fuerza mayor que
justificara su declaración extemporánea y, así, de confirmar que sí la hubo,
entrar a estudiar de fondo cada hecho victimizante declarado por la señora Helena, para poder emitir una resolución
debidamente motivada; pues de no hacerlo así, la resolución carecería de
motivación, lo cual vulneraría el derecho fundamental de la tutelante a un
debido proceso.
Ello adquiere
relevancia al tener presente que, el acercamiento que pudiere llegar a tener
una víctima de violencia sexual con las instituciones estatales, puede provocar
una mayor vulneración de sus derechos, al existir la posibilidad de
incrementarle la sensación de desprotección, culpa y estigmatización. Por este
motivo, en este caso el Estado debió procurar aminorar dichos sentimientos,
permitiendo un efectivo acceso a la justicia. Adicionalmente, una
incontrovertible realidad de Colombia es la existencia de obstáculos que
generan la revictimización e imposibilidad de que una mujer víctima de este tipo
de violencia declare o denuncie ante las autoridades competentes. Dicha
situación se produce como consecuencia de temores justificados de volver a ser
objeto de nuevas agresiones contra su vida e integridad o la de sus familiares,
por haber sido testigo de la ausencia o debilidad del Estado en algunas zonas
del país, que llevó a la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres
en el contexto del conflicto armado y al desplazamiento forzado, y por la
presencia de actores armados como barrera para declarar o denunciar casos de
agresiones contra las mujeres. Por tanto, esta Sala no puede ignorar que la
denuncia de violencia sexual implica un proceso tortuoso, en el que la víctima
se ve obligada a repetir varias veces lo sucedido ante diferentes personas,
como sucedió en el caso sub judice; situación que no ha permitido lograr
una recuperación emocional, sino que ha acentuado la sensación de impunidad. Por consiguiente, la Sala Plena de la Corte Constitucional hace un
llamado a las instituciones públicas para evitar la revictimización de las
mujeres que han padecido de violencia sexual.
Sobre este punto en
particular, vale la pena recordar lo expuesto en los capítulos precedentes para
poder avanzar con el presente análisis, esto es, que: (i) es un hecho notorio
que la violencia sexual es uno de los acontecimientos victimizantes que ha
generado los niveles más altos de silenciamiento y reticencia a denunciar por
parte de las víctimas y que, dentro de las diversas razones que se alegan, se
encuentran las de miedo a represalias y la presencia de los grupos guerrilleros[191];
y (ii) las víctimas de este tipo de violencia tienen unos derechos especiales,
dentro de los cuales se encuentra el relacionado a que se valore el contexto en
que ocurrieron los hechos declarados sin prejuicios contra la víctima.
3.3. Análisis
del tercer hecho victimizante: desplazamiento forzado
Ahora bien, con base en
lo anterior se procederá a estudiar el hecho victimizante del desplazamiento
forzado, teniendo en cuenta el contexto de la víctima, dentro del cual debe
incluirse el acaecimiento del reclutamiento, uso de anticonceptivos y aborto
forzados; hechos que no deben ser descartados, con el fin de evitar una
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
Sobre este hecho en
particular, debe concluirse que la señora Helena es una persona desplazada, por haberse visto
forzada a migrar dentro del territorio nacional (primero a la Ciudad L y
posteriormente a la Ciudad M), abandonado su localidad de residencia
(casa de sus padres en el Municipio B – Departamento C); habida
consideración que su integridad física, seguridad o libertad personal fueron
vulnerados y se encontraban o encuentran directamente amenazados, con ocasión
del conflicto armado interno y de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario.
En su caso se cumplen
los dos elementos esenciales, definidos en la jurisprudencia constitucional,
para poder ser considerado como desplazado, a saber: (i) la existencia de una
coacción que obliga a la persona a abandonar su lugar de residencia, la cual se
originó por haberse fugado de las FARC y que tuvo como consecuencia amenazas de
muerte en contra suya y de su familia; y (ii) la permanencia dentro de las
fronteras de la propia Nación, requisito que se cumple puesto que se movilizó
del Departamento C a la Ciudad L y luego a la Ciudad M,
lugares que hacen parte del territorio nacional colombiano.
Verbigracia, el Centro
Nacional de Memoria Histórica, en “Una Guerra Sin Edad: Informe Nacional de
Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en el Conflicto
Armado Interno Colombiano”[192] y “Una Nación Desplazada:
Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en Colombia”[193],
afirmó que escaparse de la organización armada ilegal era una infracción que se
encontraba reglamentada en algunos grupos armados como las FARC, el ELN y los
grupos paramilitares. Además, señaló que “[l]a deserción hizo parte de
una de las faltas graves cometidas por los combatientes (…) estas pueden
acarrearles a ellos y sus familias retaliaciones por parte del grupo
armado”[194]. (Subrayado fuera del texto)
En dichos informes,
también se aseveró que “el después (de abandonar la guerrilla) representa
una ruptura, un quiebre o cambio del contexto de guerra a la vida civil. Esta
situación hace que las personas que participaron en grupos armados siendo
menores de dieciocho años, le den otros significados a lo vivido durante su
permanencia en las organizaciones armadas. El niño, niña o adolescente inicia
un trayecto a partir de una ruptura, independientemente de la forma de
desvinculación”[195]. Igualmente, evidenciaron que
puede llegar a existir una relación directa entre el hecho del desplazamiento y
el del reclutamiento, puesto que del segundo pueden derivarse retaliaciones en
contra del que se fuga y desmoviliza, como también, en contra de sus familias.
Incluso, de la
información documentada por la Fiscalía, se ha podido establecer que los
desplazamientos denunciados han tenido como origen hechos anteriores, tales
como reclutamientos y amenazas. Hasta de la información que se ha recaudado a
través del RUV, se ha evidenciado que dentro de los indicadores que han motivado
el desplazamiento forzado se encuentran: las amenazas, la violencia sexual y el
reclutamiento de menores de edad (situaciones de las cuales la accionante fue
víctima). Por este motivo, el Centro Nacional de Memoria Histórica puso de
presente la necesidad de fortalecer el proceso de registro en el RUV ante la
UARIV.
Por otra parte, debe
señalarse que el concepto de “víctima” establecido en la Ley 1448 de 2011
sí incluye como tales a los desplazados. Ahora, como en el caso sub examine
se está frente a la solicitud emanada de una víctima de desplazamiento forzado,
tanto la Administración como los jueces de tutela tenían la obligación de
presumir la buena fe en las actuaciones y afirmaciones de la accionante, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política;
así, al presumirse su buena fe, la carga de la prueba se invirtió,
correspondiéndole a la UARIV probar que la accionante, la cual manifestó tener
la calidad de víctima por desplazamiento forzado, no ostenta tal condición. Sin
embargo, dicha entidad no cumplió con esta responsabilidad, pues no desvirtuó
su condición de víctima por desplazamiento forzado.
Es más, esta Sala
reitera que las causales de fuerza mayor y caso fortuito siempre deben ser
interpretadas con fundamento en los principios de buena fe, favorabilidad y
prevalencia del derecho sustancial y, en esta lógica, debió tenerse en cuenta
las situaciones excepcionales de violencia que causaron el desplazamiento de la
señora Helena, así como también la
especial situación de marginalidad y debilidad en la que se encuentra por hacer
parte de la población desplazada.
Por todo lo anterior,
esta Sala no considera admisible ninguna interpretación de la Ley que resulte
insensible a la especial protección constitucional de la cual es beneficiaria
la población desplazada.
3.4. Validez
de la declaración rendida extemporáneamente por existencia de fuerza mayor
Debe indicarse que la
misma Ley 1448 de 2011 prevé la posibilidad de que se rindan declaraciones de
manera extemporánea cuando exista una fuerza mayor y que dicha circunstancia no
será una razón válida para negarle a la víctima el acceso a los derechos que se
derivan de la inscripción al RUV. La misma jurisprudencia constitucional ha
sostenido que el artículo 155 de la referida ley no puede ser inflexible y
ajeno a situaciones especial de las personas que, dependiendo del tipo de
hechos victimizantes, tarden un tiempo considerable en decidir declarar como
víctimas ante el Ministerio Público.
Así, al momento de
tomar la declaración de la víctima, los servidores públicos debieron tener en
cuenta que: (i) el grado de espontaneidad y claridad de la accionante pudo
reducirse considerablemente; y (ii) a las circunstancias del entorno de origen
de la señora Helena se debieron añadir las secuelas de la
violencia de la que fue víctima y el temor de denunciar los hechos que dieron
lugar al desplazamiento, lo cual también pudo influir en que no haya existido
espontaneidad en su declaración.
En suma, esta Sala
estima necesario reiterar que, en virtud de la favorabilidad, la buena fe y el
principio pro personae, en caso de que se haya estado o se esté ante un caso de
duda deben tenerse por ciertas las afirmaciones realizadas por la accionante.
Ello, habida cuenta que resultaría desproporcionado exigirle a la víctima
aportar elementos probatorios que soporten su solicitud de inclusión.
3.5.
Contenido y motivación de las resoluciones expedidas por la UARIV
Por otro lado, con respecto a la Resolución No. 2017-84336
del 24 de julio de 2017, por medio de la cual la UARIV negó lo solicitado por
la accionante, debe indicarse que aquella vulneró su derecho al debido proceso,
al haber efectuado una interpretación de las normas aplicables de forma
contraria a los principios de favorabilidad, buena fe, pro personae y
prevalencia del derecho sustancial y al haber proferido una decisión que no
contó con una motivación suficiente[196].
En efecto, la carencia de motivación se debió a que no
estudió ni se pronunció respecto de los hechos victimizantes de aborto y
desplazamiento forzados, así como tampoco tuvo en cuenta el contexto o
circunstancias especiales del caso de la tutelante, los cuales constituían
fuerza mayor para presentar la declaración dentro de los términos establecidos
en el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011; mismas falencias que se dieron en
las resoluciones que resolvieron los recursos de reposición[197]
y apelación[198]
interpuestos por la accionante.
En consecuencia, y con fundamento en todo lo anterior, la
Sala Plena considera que la decisión de la UARIV vulneró directamente los
derechos fundamentales de la señora Helena,
por cuanto: (i) la inclusión en el RUV es la vía idónea y eficaz para
garantizar sus derechos como víctima del conflicto armado interno, puesto que
materializa el reconocimiento de su calidad de víctima, lo que permite su
acceso a los mecanismos de protección y garantía de atención, asistencia y
reparación integral por vía administrativa, previstos en la Ley 1448 de 2011;
(ii) la inscripción a dicho listado posibilita su afiliación al Régimen
Subsidiado de Salud, en caso de que carezca de recursos suficientes para
acceder al Régimen Contributivo; (iii) le permite el acceso a programas de
empleo, contemplados para la población desplazada; y (iv) de no inscribir a una
persona que cumple los requisitos para ello, se estaría afectando su derecho
fundamental a ser reconocida como víctima y se le estaría violando una
multiplicidad de derechos fundamentales como el del mínimo vital, la unidad
familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros.
Por ello, será propio conceder el amparo solicitado.
3.6.
Vía adecuada para reconocer una efectiva reparación integral a la señora Helena
En
síntesis, el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 y la sentencia
C-253A de 2012 no pueden convertirse en un obstáculo para que las víctimas de
violencia sexual, dentro del contexto del conflicto armado interno, que fueron
excombatientes de un grupo armado al margen de la ley, por haber sido a la vez
víctimas de reclutamiento forzado cuando eran menores de edad, puedan acceder a
una reparación integral; pues ese tipo de interpretación del alcance de la
norma las dejaría en una situación de desprotección.
Por
consiguiente, esta Sala considera necesario proponer la excepción de
inconstitucionalidad como la única vía para garantizar la protección de los
derechos de la accionante de manera eficaz y para lograr un equilibrio y coherencia
entre la aplicación del ordenamiento jurídico y las obligaciones que tiene
Colombia a nivel internacional frente al Derecho Internacional Humanitario; puesto que, por la especificidad de las condiciones del
caso bajo estudio, se está ante el escenario en el que la aplicación de la
norma mencionada genera consecuencias que no son constitucionales, por ser
contrarias al ordenamiento iusfundamental, es decir, se está frente a una norma
que en abstracto podría resultar conforme a la Constitución pero que, a su vez,
no puede ser aplicada en este caso concreto sin provocar una vulneración de las
disposiciones constitucionales.
A
continuación se expondrá cómo en este caso particular no es conveniente aplicar
el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, el cual fue declarado
exequible mediante la sentencia C-253A de 2012; habida consideración que, de
aplicarlo a raja tabla, sería una forma de provocar una mayor vulneración de
los derechos fundamentales de la accionante, al generar unos efectos
inconstitucionales.
En
la referida sentencia la Corte Constitucional reconoció que la situación de
afectación y vulnerabilidad se puede predicar tanto de las víctimas que no son
miembros de los grupos armados al margen de la ley como de las que sí lo son;
pero, para efectos de concluir que el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448
de 2011 es exequible, propuso como parámetro de distinción entre aquellas víctimas
el hecho de que: (i) las primeras resultan injustamente afectadas por ser
ajenas al conflicto armado interno; mientras que (ii) las segundas, es decir,  “[q]uienes
están en los movimientos al margen de la ley se ponen deliberadamente  en
situación de riesgo (…) No es la misma la situación de quien, por decisión
propia y de manera antijurídica provoca situaciones dentro de las cuales pueda
resultar afectado como víctima. Así, por ejemplo, la persona que, en ejecución
de sus designios antijurídicos, se vea afectada por minas anti-persona, por la
acción de francotiradores o por retención indebida, no puede alentar la
pretensión de que se le brinde los mismos medios expeditos y sumarios que el
ordenamiento pone a disposición de quien se encuentra en el marco de la
legalidad y es, en muchos caso, por completo ajeno al conflicto”[199].
Al respecto,
esta Sala destaca que en este caso concreto sería inadecuado afirmar que la accionante se expuso voluntariamente a una situación
de riesgo que llevaba a provocar los hechos victimizantes de reclutamiento, uso
de anticonceptivos, aborto y desplazamiento forzados. Contrario sensu,
su victimización comenzó desde el momento en que fue reclutada ilícita y
forzosamente cuando era apenas una niña campesina, que vivía en una zona
abandonada por el Estado colombiano y controlada por los grupos armados
ilegales.
Adicionalmente,
mal haría la Corte en endilgarle responsabilidad por haber permanecido en el
grupo armado después de cumplida la mayoría de edad y, por ese hecho, negarle
su reconocimiento como víctima del conflicto armado interno y amputarle la
posibilidad de acceder a una reparación integral.
Lo
anterior, comoquiera que de los hechos narrados y declarados ante la entidad
accionada se puede constatar que, apenas tuvo la oportunidad, huyó del dominio
de las FARC, ahí sí, poniendo en riesgo su vida e integridad, así como también
la de su familia; quienes, en efecto, fueron amenazados de muerte, hecho del
cual se derivó el desplazamiento forzado de la accionante. De hecho, el intento
de fuga se convirtió en un acto heroico.
Todo
esto pone en evidencia el sufrimiento desproporcionado que ha tenido que vivir
la tutelante por la victimización múltiple y compleja, como impacto del
conflicto armado interno colombiano, sin que pueda endilgársele culpa alguna.
Aquí
cobra especial relevancia el esfuerzo que ha hecho la comunidad internacional
para acabar con la estigmatización a la que se encuentran sujetas las mujeres
víctimas de conflictos armados no internacionales por violencia de género y
violencia sexual; la cual acentúa la victimización y desprotección. Por ello,
esta Sala considera que no debe tolerarse este tipo de situaciones al ser
contrarias a los parámetros constitucionales y, en este sentido, debe afirmarse
que en los casos en los que se evidencie un nexo entre la existencia de un
conflicto armado y la perpetración de violencia sexual, este tipo de delitos
deberán considerarse prohibidos contra cualquier persona, inclusive contra
aquellos que sean miembros de un grupo armado al margen de la ley; puesto que,
como ya se dijo, una manera de vulnerar nuevamente los derechos de los
sobrevivientes a la violencia sexual, “es la actitud dirigida a desconocer,
ocultar, mentir, minimizar o justificar los crímenes cometidos”[200].
Adicionalmente,
tal y como se expuso en uno de los capítulos anteriores, esta Sala puso en
evidencia que las medidas adoptadas dentro del proceso de reintegración social
y las previstas en la Ley 1448 de 2011 tienen objetivos diferentes. De manera
que, cobra profunda importancia el reconocer la calidad de víctima de una
persona que se ha visto afectada en sus derechos fundamentales con ocasión del
conflicto armado interno en el escenario presentado en este caso; pues, será únicamente
a través de la aplicación de las medidas de la Ley de Víctimas que se podrán
restablecer los derechos vulnerados y se podrá proveer una atención adecuada a
aquellas personas, frente a las cuales el Estado tiene la obligación de
garantizar una reparación integral.
Obligar a la
accionante a obtener una reparación a través del proceso de reintegración
social sería una forma de provocar su revictimización; por cuanto que, para
poder ser beneficiaria de dicho proceso, tendría que ser reconocida como
miembro de las FARC e incluida como tal en la listado entregado al Gobierno
Nacional por quienes fueron responsables de la vulneración de sus derechos
fundamentales, situación que dejaría en manos de estas personas su posibilidad
de ser resarcida. A lo anterior hay que adicionar el hecho de que su “reparación”,
a través del proceso de reintegración, se haría al lado de sus victimarios. Por
consiguiente, esta Sala concluye que la única vía o conducto adecuado y
efectivo para reparar a la accionante es la de posibilitar la aplicación de las
medidas previstas en la Ley de Víctimas a su caso particular.
Así,
esta Sala inaplicará por inconstitucional el parágrafo 2 del artículo 3 de la
Ley 1448 de 2011 en este caso concreto. Vale la pena reiterar que “el
alcance de esta figura es inter-partes y, por contera, la norma inaplicada no
desaparece del sistema jurídico y continúa siendo válida”[201].
3.6.
Atención integral en salud
Por último, en relación con la solicitud de ordenar a
Capital Salud la prestación inmediata de un tratamiento integral, también se
concederá dicha pretensión con fundamento en lo siguiente.
Como se expuso anteriormente, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que, del deber de la debida diligencia del Estado
en la atención y asistencia especializada a las mujeres, niñas, adolescentes y
adultas mayores que sobreviven a violencia sexual perpetrada por actores
armados, nace la obligación de atender a estas víctimas de forma inmediata,
integral, especializada, con enfoque diferencial, de forma gratuita y durante
el tiempo necesario para superar las afectaciones físicas y psicológicas derivadas
de las agresiones de las que sufrieron. Por ende, a las mujeres víctimas de
violencia sexual, como lo es la señora Helena,
se les debe garantizar, con la aludida atención integral, las valoraciones
médicas, tratamientos, procedimientos quirúrgicos o medicamentos requeridos
dependiendo de su diagnóstico médico y estado de salud.
En este mismo sentido, el artículo 23 de la Ley 1719 de
2014 que consagró el derecho de las víctimas de violencia sexual a que se les
garantice y materialice una atención integral y gratuita en salud, definió que
dicha atención prioritaria debe ser equivalente a la atención médica de
urgencia, sin importar el tiempo trascurrido entre el momento de la agresión y
la consulta, y determinó que los servicios debían ser gratuitos.
Pese a que ya se practicó la cirugía requerida por la
accionante y ordenada por sus médicos tratantes y se le asignaron las citas
aludidas en el escrito de tutela, como consecuencia de lo expresado por las
apoderadas en sede de segunda instancia, esto es, que no se le han proveído
adecuadamente los servicios post-quirúrgicos, la Sala Plena ordenará a Capital
Salud a prestar una atención integral, tal y como se ha definido en este fallo,
con el objetivo de garantizarle a la accionante el goce efectivo de su derecho
a la salud.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias proferidas el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho
(2018), por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la Ciudad M,
en primera instancia, y el trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019),
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la Ciudad M, en
segunda instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por las señoras
Juliana Laguna Trujillo y Mariana Ardila Trujillo, como apoderadas judiciales
de la señora Helena, contra la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV y Capital Salud E.P.S.;
para en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo, al reconocimiento como víctima del conflicto armado interno y
la salud, por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO.- ORDENAR a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las
Víctimas – UARIV – DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 2017-84336 del 24
de julio de 2017 FUD NG000729277, mediante la cual se decidió no incluir a la
señora Helena en el Registro Único de Víctimas – RUV –.
TERCERO.- ORDENAR a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las
Víctimas – UARIV – que, en el término máximo de diez (10) días hábiles contados
a partir de la notificación de este fallo, incluya a la señora Helena en
el Registro Único de Víctimas – RUV –, por reclutamiento forzado a menor de
edad, violencia sexual (uso forzado de anticonceptivos y aborto forzado) y
desplazamiento forzado, para que pueda gozar de los beneficios que de ello se
derivan.
CUARTO.- ORDENAR a la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV –
que, en el término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, inicie la prestación de los servicios
psicosociales y psicológicos, con enfoque diferencial de género, a la
accionante Helena, orientados a lograr la superación de los impactos
emocionales derivados de la violencia sexual y el restablecimiento de su salud
mental y emocional.
QUINTO.- ORDENAR a la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV –
que en el proceso de reparación integral atienda a la accionante con enfoque
diferencial de género y debida diligencia en el amparo de sus derechos
fundamentales.
SEXTO.- ORDENAR a Capital Salud
E.P.S. - S S.A.S. prestar y garantizar una atención en salud integral, inmediata,
especializada, con enfoque diferencial y durante el tiempo necesario para
superar las afectaciones físicas y psicológicas derivadas de las agresiones de
las que sufrió la señora Helena.
SÉPTIMO.- LIBRAR, a
través de la Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991, y DISPONER, a través del Juzgado de instancia,
la realización de la notificación a las partes de que trata esa misma norma.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
A
LA SENTENCIA SU599/19
EXCEPCION DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Se debió emplear un mayor rigor argumentativo en la decisión que
terminó por excepcionar la norma legal a pesar de estar amparada por la cosa
juzgada constitucional (Aclaración de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones que toma esta
Corporación, me permito hacer explícitas las consideraciones que me llevaron a
aclarar el voto en la sentencia SU-599 de 2019.
En esta oportunidad la Corte decidió la
tutela interpuesta a favor de la señora “Helena” contra la Unidad de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – en adelante UARIV – y Capital Salud
E.P.S., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, la
integridad personal, al mínimo vital, la vida digna, la reparación integral
como víctima del conflicto armado, la educación y la vivienda. Lo anterior, por
cuanto: (i) la UARIV se negó a reconocerla como víctima de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - FARC - y a incluirla en el Registro Único de
Víctimas - en adelante el RUV -, por los hechos victimizantes de reclutamiento
ilícito a menor de edad, aborto y desplazamiento forzados. Su decisión se
fundamentó, entre otros aspectos, en lo establecido en el parágrafo 2 del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, el cual señala que “[l]os miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas,
salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido
desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de
edad”.
La Corte señaló que el parágrafo 2[202] del
artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 no puede convertirse en un obstáculo para que
las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno se
les otorgue tal categoría al haber sido excombatientes de un grupo armado al
margen de la ley, pues ese tipo de interpretación del alcance de la norma las
dejaría en una situación de desprotección. En consecuencia, se decidió aplicar
la figura de la excepción de inconstitucionalidad como la única vía para
garantizar la protección de los derechos de la accionante de manera eficaz y
para lograr un equilibrio y coherencia entre la aplicación del ordenamiento
jurídico colombiano y las obligaciones que tiene Colombia a nivel internacional
frente al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Penal Internacional.
En la presente decisión
se estableció que la norma en abstracto resulta conforme a la
Constitución, sin embargo, su aplicación al caso concreto podría conducir a la
vulneración de disposiciones constitucionales.
Añadió que si bien en
la sentencia C-600 de 1998 la Corte determinó que la
excepción de inconstitucionalidad no aplica en aquellos casos en los que ya
exista “cosa juzgada”, por haber un pronunciamiento mediante una
sentencia de constitucionalidad, se debía apartar de dicha posición, dado que:
i) el legislador desarrolla su actividad regulatoria de manera general,
impersonal y abstracta, por lo que es imposible prever todos los escenarios
concretos a los que les aplicará la norma creada; ii) la misma situación ocurre
cuando la Corte efectúa un control constitucional abstracto sobre las normas; y
iii) no es posible detectarse todas y cada una de las situaciones particulares
a las que será aplicable la norma creada y ello podría llegar a generar una
afectación de derechos.
En este contexto encontró necesario
inaplicar el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1448
de 2011, el que en abstracto es constitucional, pero
que su aplicación al caso particular podría conducir a la vulneración de las
disposiciones constitucionales, siendo imperioso salvaguardar los derechos
fundamentales a partir del control concreto.
Si bien comparto la postura adoptada por la
Corte, procedo a exponer los motivos de mi aclaración de voto, la cual se
centra en que se debió emplear un mayor rigor
argumentativo en la decisión que terminó por excepcionar la norma legal a pesar
de estar amparada por la cosa juzgada constitucional.
De conformidad con el
artículo 243 superior, los fallos que profiere esta Corporación en ejercicio
del control abstracto hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, que se
predica tanto de los fallos de inexequibilidad como de exequibilidad. Con
base en dicho lineamiento, esta Corporación ha sostenido que sus determinaciones
adquieren carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, para la garantía
de la seguridad jurídica, la igualdad y la confianza legítima.
Ahora bien, por regla general la
determinación de la materia juzgada obedece a varios factores como son la disposición
examinada, el cargo de inconstitucionalidad presentado y el análisis
constitucional sobre la proposición jurídica, los cuales de presentar una
coincidencia o identidad de criterios impide a la Corte en principio volver a
pronunciarse sobre la misma materia.
Por otra parte,
ha manifestado este Tribunal que la cosa juzgada formal, material, absoluta y
relativa, puede enervarse cuando se presenten circunstancias extraordinarias
que lo ameriten, como la modificación del parámetro de constitucionalidad, el
cambio del significado material de la Constitución y la variación del contexto[203].
De ahí que la cosa juzgada constitucional no tenga un carácter absoluto.
Bajo estas precisiones
considero que ante situaciones semejantes la Corte debió, en primer lugar,
entrar a verificar si la situación expuesta en el caso concreto se encausa
dentro del contenido normativo legal que ha sido objeto de examen de
constitucionalidad, toda vez que existen escenarios en que pudiendo contradecir
lo dispuesto en la legislación, finalmente se adecua a la misma, por lo que no
debe alterarse el alcance de la cosa juzgada constitucional.
Solo de no superarse
este primer paso podría la Corte entrar a determinar el uso excepcional de
romper con la cosa juzgada constitucional, atendiendo que no es un principio
absoluto. Para ello, debe empezar por verificar si se cumplen los presupuestos
excepcionales requeridos por la jurisprudencia constitucional para revaluar
dicha figura, a saber, el cambio de parámetro de constitucionalidad, la
modificación del criterio jurisprudencial y la variación del contexto, que
aunque se han predicado respecto al estudio de disposiciones legales
(generales), pueden analógicamente extenderse al análisis de situaciones
concretas. En este evento, pesa sobre el juez constitucional un mayor rigor
argumentativo, que se echa de menos en esta oportunidad.
Fecha ut supra,
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA SU.599/19
INSCRIPCION EN EL REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Introducir nuevo requisito de
procedencia como es el de relevancia constitucional, significaría un cambio en
la jurisprudencia, transgrediendo la naturaleza garantista e informal de la
acción de amparo (Aclaración de voto)
La Sentencia no solamente analiza los
cuatro elementos usuales (legitimidad en la causa por activa, legitimidad
por pasiva, inmediatez y subsidiariedad), sino que agrega un
cuarto requisito denominado “invocación de afectación de un derecho
fundamental”, según el cual le corresponde al juez determinar si la acción “se
encuentra encaminada a lograr la protección de garantías de carácter
fundamental, lo que involucra la existencia de una controversia de orden
constitucional”. La introducción de esta nueva exigencia, que significaría un
cambio en la jurisprudencia, trasgrede la naturaleza garantista e informal de
la acción de amparo, tal y como fue prevista en la Constitución. Además, su
indeterminación y amplitud genera serios riesgos en su aplicación en detrimento
de los derechos de las personas
1.
Mediante Sentencia SU-599 de 2019[204],
la Corte estudió el caso de Helena cuya inscripción en el Registro Único
de Víctimas fue negada, argumentando que los miembros de los grupos armados al
margen de la ley no podían ser considerados como víctimas[205]. Contrario
a esta postura, la Sala Plena concedió el amparo advirtiendo que “los
crímenes intrafilas sí pueden constituir crímenes de guerra, máxime si se trata
de crímenes que involucran violencia sexual”. Acompañé esta histórica
decisión, teniendo en cuenta que la accionante fue reclutada ilegalmente por
las Farc-EP cuando era menor de edad, y estando allí fue sometida a tratos
degradantes y graves actos de violencia de género (planificación forzada,
amenazas y aborto forzado). Aunque Helena se desmovilizó cuando ya había
cumplido la mayoría de edad, ello no impide verla como una víctima. Esta decisión
tiene el valor de entender que el conflicto armado no se reduce a un escenario
de buenos y malos, sino que la realidad es bastante más compleja
y dolorosa.
2.
Sin embargo, existe un aspecto que opaca esta
decisión y me lleva a aclarar el voto. Resulta que al examinar la
procedibilidad de la acción de amparo, la Sentencia no solamente analiza los
cuatro elementos usuales (legitimidad en la causa por activa,
legitimidad por pasiva, inmediatez y subsidiariedad), sino
que agrega un cuarto requisito denominado “invocación de afectación de un
derecho fundamental”, según el cual le corresponde al juez determinar si la
acción “se encuentra encaminada a lograr la protección de garantías de
carácter fundamental, lo que involucra la existencia de una controversia de
orden constitucional”[206].
La introducción de esta nueva exigencia, que significaría un cambio en la
jurisprudencia, trasgrede la naturaleza garantista e informal de la acción de
amparo, tal y como fue prevista en la Constitución. Además, su indeterminación
y amplitud genera serios riesgos en su aplicación en detrimento de los derechos
de las personas.
3.
La acción de tutela quedó diseñada en la
Constitución de 1991 como un procedimiento preferente y sumario,
con el fin de brindar a las personas un instrumento legal de “protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”[207].
La redacción misma del artículo 86 superior, al consagrar el derecho de toda
persona para reclamar ante cualquier juez, en todo momento y lugar,
la protección de sus derechos refleja la vocación de universalidad,
informalidad y eficacia que el Constituyente tenía previsto para esta acción.
4.
En sintonía con lo anterior, el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991
establece como uno de los principios rectores del amparo “la prevalencia del
derecho sustancial”, junto a la celeridad y la eficacia. La jurisprudencia
constitucional también ha abogado por la necesidad de
contar con un instrumento “al alcance de todos y que
no exige formalismos o rigorismos procedimentales”[208]; lo que evidencia una marcada vocación del trámite constitucional
hacia la informalidad y la celeridad, de modo que ofrezca “de manera ágil y dinámica, una protección efectiva y oportuna al
titular del derecho afectado, cuando no existan en el ordenamiento jurídico
otros mecanismos de defensa”[209]. De lo anterior también se colige la necesidad de evitar “la incorporación de reglas, en el proceso de amparo, que
hagan menos accesibles sus posibilidades para las personas sin mayores
conocimientos jurídicos”[210]. En últimas, la acción de tutela ha
de ser entendida como un instrumento eficaz de protección de los derechos, al
alcance de todos, especialmente los más vulnerables.
5.
Esto supone, a su vez, un mayor compromiso de
los funcionarios judiciales. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
el juez que reclama el Estado social de derecho ha dejado de ser aquel “frío
funcionario que aplica irreflexivamente la ley”[211], para convertirse en uno que “se proyecta más allá de las formas
jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su
responsabilidad como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos”[212]. La dirección del proceso[213] y el “papel activo”[214] que se espera de los jueces de la República, adquiere especial
relevancia en materia de tutela, dada su finalidad. Ello explica las facultades
conferidas en el trámite de amparo en aspectos como el impulso del proceso, la
recolección oficiosa de pruebas y la posibilidad de proferir fallos extra
y ultra petita. La Corte, incluso, ha abogado por una mayor sensibilidad
y empatía del juez frente a los escenarios de trasgresión a los derechos[215]. En palabras de la Corte:
“El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él se
impetra”[216].
6.
Para ilustrar lo anterior, existe una
providencia que me gusta recordar como un importante referente de la labor
encomendada a este Tribunal. En 1992 un habitante de calle acudió ante un Juez
de la República y, oralmente, solicitó una operación de ojos que le permitiera
volver a trabajar, sin especificar contra quién dirigía la tutela, quién era el
obligado, cuál era en concreto el derecho fundamental menoscabado ni los hechos
específicos que le habían ocasionado tal situación. En sede de revisión, la Corte
completó el escenario fáctico apenas esbozado por el accionante y fue capaz de
entender la naturaleza iusfundamental detrás de su petición, para así
conceder un amparo acorde con las particularidades del caso[217]. Esta es la
esencia protectora, activa e informal de la acción de amparo que estoy
convencida le corresponde a esta Corte defender.
7.
De ahí que la presentación de la tutela “sólo
requiere de una narración de los hechos que la originan, el señalamiento del
derecho que se considera amenazado o violado, sin que sea necesario citar de
manera expresa la norma constitucional infringida, y la identificación de ser
posible de la persona autora de la amenaza o agravio”[218]. Ahora
bien, el señalamiento del derecho, en los términos del artículo 14 del Decreto
2591 de 1991, no debe traducirse en un nuevo requisito de procedibilidad como
pretende esta Sentencia. Exigir al accionante invocar la “afectación de un
derecho fundamental” y justificar la “existencia de un debate de orden
constitucional”, so pena de que la acción sea declarada improcedente
desconoce la esencia de este mecanismo constitucional. El derecho vulnerado
puede estar implícitamente contenido en los hechos denunciados por el tutelante
o se puede derivar de los mismos.
8.
Entiendo que entre más completo y claro se
radique el escrito de tutela, mejor podrá ser la labor del juez, especialmente
en los grados de instancia en los que existe un mayor volumen de expedientes y
menos tiempo para resolver estos asuntos. Pero que esto sea deseable no
significa que deba convertirse en un requisito de procedibilidad, con las
consecuencias que ello acarrea; especialmente en relación con un mecanismo
informal e inmediato de protección de derechos, que cualquier persona puede
ejercer sin ser experta en las formas legales ni en las categorías formales
para describir la violación o amenaza alegada. Con acierto, la Constitución
diseñó el recurso de amparo al alcance de todos, y sin la necesidad de una
asesoría profesional. En últimas, es el juez constitucional quien, a partir de
los hechos narrados, debe enmarcar la situación en las categorías
constitucionales adecuadas. Es su responsabilidad interpretar
las pretensiones de los tutelantes a la luz de la protección de los derechos
fundamentales[219],
con la posibilidad de ir más allá de los hechos y de las solicitudes
explícitamente señaladas en la demanda, para, por ejemplo, proferir fallos extra
y ultra petita[220],
especialmente cuando las condiciones de vulnerabilidad del accionante así lo
exijan. Le corresponde igualmente, entre otros deberes, recabar oficiosa y diligentemente las pruebas necesarias[221],
sin escatimar en los “medios de prueba para que la
justicia se materialice”[222], lo que
incluye pedir informes a la autoridad o entidad accionada.
9.
Y no podía ser de otra forma dado que la acción
de tutela encarna el principio de efectividad (Art. 2 de la Constitución) que,
en el campo de los derechos fundamentales, supone que estos no se reducen a su
proclamación formal y simplemente retórica: “Los derechos fundamentales,
desprovistos de protección judicial efectiva, pierden su carácter de tales y
dejan de tener el valor subjetivo que representan para la persona y el objetivo
que tienen como base jurídico-axiológica de todo el ordenamiento”[223]. Es por ello que “la acción de tutela como tal tiene el carácter
de derecho fundamental toda vez que es el instrumento concebido por el
Constituyente para garantizar la protección de los restantes derechos
fundamentales que sin él perderían buena parte de su eficacia y arriesgarían
esfumarse”[224].
10.  No puedo compartir entonces el nuevo criterio de procedibilidad
que sugiere esta Sentencia, lo cual supondría un cambio en la jurisprudencia de
la Corte que ha sido mayoritariamente pacíficamente hasta ahora[225].
De hecho, en este punto concreto la Sentencia no se apoya en ningún precepto normativo ni jurisprudencial. Por
esta misma razón, anteriormente he manifestado mi desacuerdo frente a la
incorporación de requisitos como el comentado aquí en el análisis de
procedencia de la acción de tutela en sentencias como la T-386 de 2019[226],
proferida por la Sala Novena de Revisión.
11.  Dicho lo anterior, en la segunda parte de esta aclaración de voto
quiero advertir los riesgos que supondría la introducción de este nuevo
requisito de procedibilidad. En esta ocasión, la posición mayoritaria encontró
que Helena expuso correctamente la vulneración del derecho fundamental a
la salud, al aportar las pruebas que soportan la acusación y suscitar con ello
una “controversia de orden constitucional”. Pero este caso habría podido
tener un desenlace muy distinto a partir del nuevo requisito. La vaguedad misma
con que este criterio fue formulado abre la compuerta para que algunos jueces
evadan, en una fase formal y previa del análisis, problemas de rango
constitucional; o, peor aún, para que prejuzguen sobre su desenlace.
12.  El primer riesgo latente en esta nueva postura es la posibilidad
de restringir o petrificar el desarrollo del derecho constitucional con
fundamento en que una determinada petición no alcanza el estatus de una
discusión “iusfundamental” o “constitucional”. Debo admitir que
la categoría misma de los derechos fundamentales no siempre ha sido pacífica,
pero es justamente su debate riguroso y sopesado el que ha permitido avanzar en
su comprensión. Tal desarrollo en el derecho podría sacrificarse si queda a
discreción del juez definir, en una etapa previa y formal del proceso, que la
acción no alcanza rango constitucional o que simplemente, en su criterio, no se
refiere a un derecho fundamental.
13.  Siguiendo este raciocino, es posible que la Corte Constitucional
no hubiera avanzado con igual determinación en la justiciabilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales, por no encontrarse incluidos en el
capítulo 2 del Título II de la Constitución, denominado “De los derechos
fundamentales”. Este asunto finalmente se zanjó en la jurisprudencia[227]
a partir del reconocimiento de la interdependencia e indivisibilidad
de todos los derechos humanos; pero cabe preguntarse si este desarrollo habría
sido posible si se hubiera concebido, de entrada, que para que el juez
constitucional procediera a analizar el fondo del asunto, la acción de tutela
debía invocar expresa y formalmente la violación o amenaza de un “derecho
fundamental”. Tampoco es claro qué habría pasado con los derechos
innominados (el mínimo vital, el acceso al agua potable, entre otros) que no
tienen un correlato directo en el texto constitucional; ni con aquellos casos
que se derivan de cláusulas constitucionales abiertas como el libre desarrollo
de la personalidad. Algunas de estas reivindicaciones, a primera vista, no
parecerían suscitar una controversia constitucional, como la denuncia de un
ciudadano al que se le prohibió el ingreso a la alcaldía municipal por su
vestimenta[228].
Estoy segura de que, si se aceptara la aplicación del requisito de procedencia
comentado, en caso de que alguien invocara el derecho a vestir de bermudas y
chanclas en espacios públicos, algunos jueces estarían tentados a descartar la
procedencia de dicha tutela.
14.  Podría llegar a pensarse que exagero en este punto y que los
jueces constitucionales defienden una lectura más garantista y amplia del texto
constitucional. Lamentablemente no siempre es así. Esta Corte ha conocido
providencias de instancia en los que algunos jueces
-invocando la figura del rechazo[229]-,
realmente descartaron la naturaleza fundamental de un derecho, al considerar,
por ejemplo que las personas jurídicas no podían ser titulares de ningún
derecho fundamental[230].
15.  Incluso actualmente me he visto obligada a salvar mi voto frente a
sentencias que cierran apresuradamente el debate invocando el supuesto
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Si bien las
providencias que ahora traigo como ejemplos son casos de tutela contra
providencia judicial, en los que sí está previsto dicho requisito como una de
las causales genéricas de procedibilidad[231],
me preocupa la interpretación que se ha sugerido en algunas ocasiones. En
sentencias T-248 de 2018 y T-422 de 2018[232],
la mayoría de la mayoría propuso una confusa distinción entre “una
afectación de facetas constitucionales de los derechos fundamentales” y las
“facetas legales o reglamentarias”; estas últimas supuestamente sin
relevancia constitucional. Como expliqué en mis salvamentos de voto, esta
postura “desconoce que son las facetas legales o reglamentarias en las que,
en últimas, los derechos contenidos en la Carta se encuentran generalmente
materializados y por tanto se trata de escenarios en los que la potencialidad
de la afectación de los mismos es mayormente significativa”.
16.  El segundo riesgo que quiero advertir consiste en la posibilidad
de realizar pronunciamientos de fondo, a manera de prejuzgamiento, en una fase
del proceso que no es adecuada para ello. Aun aceptando que se trata de un
derecho fundamental, este criterio podría usarse para convalidar de antemano, y
sin mayor análisis, el accionar del demandado[233]. En la
Sentencia T-248 de 2018 ya referida, al estudiar el cumplimiento de la
relevancia constitucional, la Sala sin mayor reflexión incorporó conclusiones
definitivas sobre el fondo de la controversia. El abuso
de esta cláusula de “relevancia” debe servir como un llamado de atención
sobre los riesgos de introducir cada vez más requisitos procedimentales que
erosionan la eficacia con que fue originalmente prevista la acción de tutela.
17.  Para terminar, reitero mi apoyo a la trascendental decisión que
tomó la Corte en esta ocasión en relación con las víctimas del conflicto, en la
que amplió el reconocimiento y la protección del Estado a todos aquellos que
cayeron de alguna manera en la espiral de violencia y dolor que sumergió al
país por varias décadas. Pero también me veo compelida a señalar los riesgos
que supone la introducción de un nuevo requisito al análisis de procedibilidad,
sin un apoyo riguroso en el ordenamiento nacional ni en la jurisprudencia de
este Tribunal. Me preocupa pensar que este requisito formulado en términos tan
amplios en esta Sentencia pueda el día de mañana leerse restrictivamente para
evadir el debate de fondo sobres complejos casos que a primera vista podrían
descartarse como “irrelevantes”. Espero que lo que con una mano brinda
esta providencia, no lo arrebate con la otra.
Fecha ut
supra
Diana
Fajardo Rivera
Magistrada
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Y ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO ALEJANDRO LINARES CANTILLO
A LA SENTENCIA SU599/19
Expediente: Expediente T-7.396.064
Acción
de tutela interpuesta por Juliana Laguna Trujillo y Mariana Ardila Trujillo,
como apoderadas judiciales de la señora Helena, contra la Unidad
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV y Capital Salud E.P.S.
Magistrado
Ponente:
Cristina
Pardo Schlesinger
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Corte, si
bien comparto, en términos generales el resolutivo único de la sentencia SU-599
de 2019, me permito salvar parcialmente mi voto y aclararlo. En esta sentencia,
la Corte decidió
la tutela interpuesta a favor de la señora “Helena” contra la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – en adelante UARIV – y Capital
Salud E.P.S., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud,
la integridad personal, al mínimo vital, la vida digna, la reparación integral
como víctima del conflicto armado, la educación y la vivienda. Lo anterior, por
cuanto: (i) la UARIV se negó a reconocerla como víctima de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia - FARC - y a incluirla en el Registro Único de
Víctimas - en adelante el RUV -, por los hechos victimizantes de reclutamiento
ilícito a menor de edad, aborto y desplazamiento forzados. La decisión de la
mayoría se fundamentó, entre otros aspectos, en lo establecido en el parágrafo
2° del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, el cual señala que “[l]os miembros
de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados
víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes
hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley
siendo menores de edad”.
Si bien estoy
plenamente de acuerdo en tutelar los derechos de la accionante como víctima del
conflicto armado interno, y reitero mi apoyo a la importante decisión que tomó
la Corte en relación con las víctimas del conflicto armado, discrepo del
sustento del amparo otorgado a la accionante en lo dispuesto en el parágrafo 2º
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 (según dicha norma fue declarada
exequible en sentencia C-253A de 2012), con fundamento en las consideraciones
que se exponen a continuación. Igualmente, respecto de algunas consideraciones
de la motivación de la sentencia, considero se deben realizar algunas
precisiones necesarias.
A.
Consideraciones relacionadas con la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad a lo dispuesto en el
parágrafo 2º del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011
1.
Exceptuar la aplicación del parágrafo 2º del artículo 3 de
la Ley 1448 de 2011, el cual en control abstracto fue declarado constitucional,
resulta inadecuado en la fundamentación del presente caso. En primer
lugar, se debe precisar que el parágrafo 2° del artículo 3 de la Ley 1448 de
2011 señala el reconocimiento como víctimas de los niños,
niñas y adolescentes que hayan sido miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, como excepción a la regla general, que
autoriza a que sus integrantes sean considerados como víctimas del
conflicto armado interno, siempre y cuando sean desvinculados del grupo armado
ilegal siendo menores de edad.
2.
En segundo lugar, se debe aclarar que el mencionado parágrafo no
pretende negar que los miembros de grupos armados al margen de la ley puedan
ser considerados víctimas de violaciones de derechos humanos, sino tan solo
tiene como propósito limitar el universo de beneficiarios de las medidas allí
previstas, razón principal por la cual dicha norma fue declarada exequible por
la Corte en la sentencia C-253A de 2012. De esta manera, la decisión de la
mayoría sin una argumentación suficiente y rigurosa decidió dar aplicación a
una excepción de inconstitucionalidad para resolver el caso concreto, sin que
se hubiesen atendido con suficiencia la verificación de los presupuestos
excepcionales requeridos por la jurisprudencia para dar aplicación a dicha
figura.
3.
En mi opinión, dicha interpretación resultaba además de
incorrecta desde la técnica constitucional, también innecesaria ya que de los
hechos expuestos en el presente caso, resultaba a todas luces evidente que la
accionante no se encontraba en el presupuesto normativo mencionado, sino que
por el contrario, debió ser considerada como una víctima civil. Lo anterior, en
la medida que la tutelante no era una verdadera integrante de las FARC, sino
que tras su reclutamiento siempre permaneció contra su voluntad en dicha
organización. Este análisis no es extraño a este tribunal. Para ello vale
la pena recordar que un criterio similar fue aplicado en la sentencia C-781 de
2012, en la cual se afirmó que “es necesario examinar en
cada caso si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado’
para poder definir en qué contextos se puede proteger los derechos de las
víctimas”.
4.
En consecuencia, en mi opinión, la declaración presentada por
la accionante admitía una segunda calificación de los hechos, bajo el entendido
de que su pertenencia al grupo armado al
margen de la ley no se dio con el propósito de reforzar su estructura militar, sino que cumplió funciones de esclavitud sexual y doméstica. Por lo
que, al no considerar la UARIV esa posibilidad de interpretación, en su primera
lectura de los hechos, desconoció sin lugar a dudas el derecho al debido
proceso administrativo.
B.
Consideraciones relacionadas con la
necesidad de salvaguardar la autonomía administrativa de la UARIV
5.
El remedio constitucional adoptado debe salvaguardar la
autonomía administrativa de la UARIV. La Sala Plena señaló
que, en virtud de la favorabilidad, la buena fe y el principio pro personae,
en caso de que se haya estado o se esté ante un caso de duda, deben tenerse por
ciertas las afirmaciones realizadas por la accionante. Lo anterior, habida
cuenta que resultaría desproporcionado exigirle a la víctima aportar elementos
probatorios que soporten su solicitud de inclusión.
6.
Sobre el particular, considero importante resaltar que así como
no existe tarifa legal para demostrar la condición de víctima, tampoco las afirmaciones
de los declarantes son las únicas que deban ser tenidas en cuenta por la
UARIV al realizar la valoración de las declaraciones rendidas ante el
Ministerio Público, pues también debe considerar información recaudada en el
proceso de verificación, así como las pruebas allegadas por los declarantes.
Por lo tanto, aceptar que la situación descrita por la accionante admite una
lectura distinta de la que fue considerada por la UARIV no conlleva
forzosamente a concluir que esta debe considerarse probada, ni, mucho menos,
que a futuro casos como el planteado por la acción de tutela de la referencia
deban resolverse considerando únicamente lo manifestado por el o la
declarante ante el Ministerio Público.
7.
Sin lugar a duda alguna, las víctimas del conflicto armado
interno deben ser atendidas y asistidas por el Estado colombiano, en los
términos previstos en la ley. Sin embargo, para ello, se ha previsto una
institucionalidad que ha sido preservada y reforzada su importancia por la
reiterada jurisprudencia de este tribunal. En aplicación de dicha
jurisprudencia, estimo que en este caso la Corte debió respetar la autonomía de
la UARIV y moderar el amparo directo de inscripción en el RUV. Por el
contrario, correspondía reiterar la jurisprudencia y ordenar la realización de
la valoración a cargo de la UARIV a la declaración presentada por la víctima
civil. En dicha valoración, debían ser aplicados los principios constitucionales
de dignidad, buena fe, confianza legítima y la prevalencia del derecho
sustancial (art. 18 transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017). No es claro de
la motivación de la sentencia, cuáles son las razones que conllevaron a la Sala
Plena en este caso a apartarse de dicha línea jurisprudencial. En mi opinión,
el debate probatorio debe hacerse ante la autoridad competente que es la UARIV
y no en sede de revisión, sin la creación de una tarifa legal que limite dicho
debate probatorio.
En los anteriores
términos dejo planteado mi salvamento parcial y aclaración de voto, respecto de
la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena.
Fecha ut supra,
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
[1] Ver folio 92 del quinto cuaderno.
[2] Al respecto, el numeral 1 del artículo 13 de la Ley 1719
de 2014 señala que las víctimas de violencia sexual tienen derecho a “[q]ue
se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la
confidencialidad de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar
de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas
allegadas”. A su vez, el artículo 62 del Acuerdo 02 de 2015 establece que
“[e]n la publicación de sus providencias, las Salas de la Corte o el
Magistrado sustanciador, en su caso, podrán disponer que se omitan nombres o
circunstancias que identifiquen a las partes”.
[3] Sala de Selección Número Seis, conformada por los magistrados
Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos. Auto Sala de Selección del
14 de junio de 2019, notificado el 3 de julio de 2019.
[4] Ver folios 82-91 del quinto cuaderno.
[5] Anticonceptivo hormonal.
[6] Ver folio 93 del quinto cuaderno.
[7] Ver folios 2 y 94 del quinto cuaderno.
[8] En la tutela, las apoderadas judiciales aclaran que
Capital Salud E.P.S. es una entidad prestadora del servicio de salud del
régimen subsidiado, cuyo principal accionista es el Distrito Capital. (Ver
folio 94 del quinto cuaderno)
[9] Ver folios 37, 37 y 95 del quinto cuaderno.
[10] Ver folios 3 -5 del tercer cuaderno.
[11] Ver folio 95 del quinto cuaderno.
[12] Las apoderadas interpusieron otra acción de tutela con
anterioridad contra la UARIV, mediante la cual solicitaron la protección del
derecho fundamental de petición, el cual había sido vulnerado por no haberle
dado respuesta a su solicitud de inscripción en el RUV dentro del término de 60
días previstos en la ley. En aquella ocasión, el juez de instancia declaró la
carencia de objeto por hecho superado, pues la accionada indicó que ya se había
emitido un oficio mediante el cual se le daba respuesta a dicha solicitud. No
obstante, el oficio nunca fue remitido a la accionante en debida forma.
[13] Ver folios 58-91 y 96 del quinto cuaderno.
[14] El recurso de reposición fue resuelto a través de la
Resolución No. 2017-84336R del 11 de enero de 2018 FUD. NG000729277. El recurso
de apelación fue resuelto mediante la Resolución No. 20185512 del 1 de marzo de
2018.
[15] Junto al referido escrito se allegó copia de la sentencia
proferida por el Juzgado 30 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la
Ciudad M y el poder allegado a la acción presentada ante dicho despacho.
(Ver folios107-118 del quinto cuaderno)
[16] Ver folio 123 del quinto cuaderno.
[17] Ver folio 151 del quinto cuaderno.
[18] Ver folio 170 del quinto cuaderno.
[19] Ver folio 170 del quinto cuaderno.
[20] Ver folio 171 del quinto cuaderno.
[21] Ver folio 172 del quinto cuaderno.
[22] FBA, CMG, profesora emérita de Derecho Internacional,
investigadora titular y directora fundadora del “Centre of
Women Peace and Security” de
la “London School of Economics and Political Science”.
[23] Organización formada por seis mujeres galardonadas con el premio
Novel de la Paz, que trabajan por la promoción global de la paz, la justicia y
la igualdad.
[24] Organización con sede en La Haya, Países Bajos, dedicada a la
defensa de los derechos humanos de la mujer, que trabaja a favor de la justicia
de género global ante la Corte Penal Internacional e instancias nacionales
incluyendo negociaciones de paz y procesos de justicia en países en conflicto y
situaciones de postconflicto.
[25] Relatora Especial para Eritrea del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia, perita experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
género ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluida en la lista
de expertos de la Jurisdicción Especial para la Paz y asesora externa de la
ONU.
[26] Abogada y profesora especializada en Derecho Penal Internacional
y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Buenos Aires, asesora
legal de Civitas Máxima, consultora para la División de Género de la Oficina de
la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y asesora externa para Colombia de
Case Matrix Network.
[27] Profesora titular de la “School of Justice” de la Facultad de Derecho de la “Queensland
University of Technology” en Brisbane, Australia. PhD en
Relaciones Internacionales.
[28] Es “Stanley Kaplan Postdoctoral Fellow” en “Williams
College”, donde enseña sobre
género, conflicto y seguridad en África. PhD en Relaciones Internacionales.
[29] Profesora de “Género y Guerra” en el Departamento de
Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sídney, Australia.
[30] Asistente de investigación de la Universidad Externado de
Colombia.
[31] Ver folio 160 del cuaderno de revisión. Intervención presentada
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el 13 de agosto de 2019
por la representante legal de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.
[32] Ver folio 161 del cuaderno de revisión. Intervención presentada
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el 13 de agosto de 2019
por la representante legal de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.
[33] Ver folio 261 del cuaderno de revisión. Intervención presentada
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el 26 de agosto de 2019
por la Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres, la Corporación Sisma
Mujer y Colombia Diversa, quienes integran la Alianza Cinco Claves para el
tratamiento diferencial de la violencia sexual contra las mujeres.
[34] Ver folio 311 del cuaderno de revisión. Intervención presentada
ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el 3 de septiembre de
2019 por la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al
Conflicto Armado en Colombia.
[35] Ver folios 320 y 321 del cuaderno de revisión. Intervención
presentada ante la Secretaría General de la Corte Constitucional el 3 de
septiembre de 2019 por la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y
Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia.
[36] Corte Constitucional, Sentencia T-169 de 2019, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[37] Decreto 2591 de 1991: “Artículo 10.
Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento
y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[38] Ver folio 1-4 del quinto cuaderno.
[39] Decreto 2591 de 1991: “Artículo 13. Personas contra quien se
dirige la acción e intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes
o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”
[40] Corte Constitucional, Sentencia T-712 de
2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[41] Corte Constitucional, Sentencia T-246 de 2015, M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez; en la cual se indica que, respecto del tema en
mención, también pueden consultarse las sentencias
T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de
2010.
[42] Ver sentencias T-119 de 2015, T-250 de 2015, T-446 de 2015 y T-548 de
2015, y T-317 de 2015.
[43] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2019, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; en la que se hace referencia a la sentencia T-404
de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[44] Este criterio de flexibilidad frente al requisito de
subsidiaridad, para tutelas presentadas por víctimas del conflicto armado
interno, ha sido aplicado en varias sentencias, tales como la T-290 de 2016,
T-584 de 2017, T-478 de 2017 y T-301 de 2017.
[45] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2019, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; en la cual se hace referencia a las sentencias T-376 de
2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo, y la T-006 de 2004, M.P. Mauricio
González Cuervo.
[46] Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones” , artículo 155: “Solicitud De
Registro De Las Víctimas. Las víctimas deberán presentar una declaración ante
el Ministerio Público en un término de cuatro (4) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley para quienes hayan sido victimizadas con
anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de la
ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a la
vigencia de la ley, conforme a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno
Nacional, y a través del instrumento que diseñe la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las víctimas, el cual será de
uso obligatorio por las entidades que conforman el Ministerio Público. (…)”.
[47] Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones” , artículo 155: “Solicitud De
Registro De Las Víctimas.(…) En el evento de fuerza
mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud de registro en el
término establecido en este artículo, se empezará a contar el mismo desde el
momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal impedimento, para lo
cual deberá informar de ello al Ministerio Público quien remitirá tal
información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.”
[48] Ver, entre otras, las sentencias T-175 de 2005, M.P. Jaime
Araújo Rentería; T-136 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y T-211 de 2010,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-175 de 2005, M.P. Jaime
Araújo Rentería.
[50] Corte Constitucional, Sentencia T-519 de 2017, M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[51] El Registro Único de Víctimas – RUV es una base de datos a
cargo de la UARIV. El artículo 16 del Decreto Reglamentario 4800 de 2011
estableció que el RUV sirve como “una herramienta administrativa que soporta
el procedimiento de registro de las víctimas”. Por su parte, el artículo 2.2.2.1.1. del Decreto
1084 de 2015, indica que: “La condición de víctima es una
situación fáctica que no está supeditada al reconocimiento oficial a través de
la inscripción en el Registro. Por lo tanto, el registro no confiere la calidad
de víctima, pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta
técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades, y como
instrumento para el diseño e implementación de políticas públicas que busquen
materializar los derechos constitucionales de las víctimas”.
[52] Corte Constitucional, Sentencias T-163 y
T-478 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[53] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 52.
[54] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículos 62 a 65.
[55] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 64.
[56] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 65.
[57] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículos 155 y 156.
[58] Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2017, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[59] Corte Constitucional, Sentencia T-478 de 2017, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[60] Corte Constitucional, Sentencia T-364 de 2015, M.P.
Mauricio González Cuervo.
[61] Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”¸ artículo 3: “Artículo 3.
Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos
ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones
al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a
las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto
armado interno. (…)La condición de víctima se adquiere con independencia de que
se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible
y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”
[62] Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”¸ artículo 156: “Artículo 156. Procedimiento de Registro. Una vez presentada la
solicitud de registro ante el Ministerio Público, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará la
verificación de los hechos victimizantes contenidos en la misma, para lo cual
consultará las bases de datos que conforman la Red Nacional de Información para
la Atención y Reparación a las Víctimas. Con fundamento en la información
contenida en la solicitud de registro, así como la información recaudada en el
proceso de verificación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas adoptará una decisión en el sentido de
otorgar o denegar el registro, en un término máximo de sesenta (60) días
hábiles. Una vez la víctima sea registrada, accederá a las medidas de
asistencia y reparación previstas en la presente ley dependiendo de la
vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante, salvo
las medidas de ayuda humanitaria y atención de emergencia en salud, a las
cuales se podrá acceder desde el momento mismo de la victimización. El registro
no confiere la calidad de víctima, y la inclusión de la persona en el Registro
Único de Víctimas, bastará para que las entidades presten las medidas de
asistencia, atención y reparación a las víctimas que correspondan según el
caso.”
[63] Al respecto, la Corte Constitucional ha aceptado el
certificado expedido por la autoridad competente que da cuenta sobre los hechos
victimizantes, como prueba válida de la calidad de víctima, y con ello se puede
acceder a la asistencia humanitaria. (Corte Constitucional, Sentencia T-017 de
2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; y T-364 de 2015, M.P. Mauricio González
Cuervo.)
[64] Corte Constitucional, Sentencia T-169 de 2019, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas; en la que se hizo alusión a la sentencia T-274 de 2018,
M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[65] La Directiva 001 del 4 de octubre de 2012 define los elementos
técnicos, dentro de los cuales se hacen alusión a “las características del
lugar como espacio-geográfico donde ocurrió un hecho victimizante, no sólo para
establecer el sitio exacto donde acaeció, sino también para detectar patrones
regionales del conflicto, no necesariamente circunscritos a la división
político administrativa oficial, sino a las características de las regiones
afectadas en el marco del conflicto armado. El tiempo de la ocurrencia de los
hechos victimizantes se tendrá en cuenta para establecer temporalmente las
circunstancias previas y posteriores a la ocurrencia del hecho, las cuales, al
ser analizadas en conjunto, brindarán mejores elementos para la valoración de
cada caso”.
[66] La Directiva 001 del 4 de octubre de 2012
definió que mediante el análisis contextual se busca “(i) conocer la verdad
de lo sucedido; (ii) evitar su repetición; (iii) establecer la estructura de la
organización delictiva; (iv) determinar el grado de responsabilidad de los
integrantes del grupo y de sus colaboradores; (v) unificar actuaciones al
interior de la Fiscalía con el fin de lograr esclarecer patrones de conducta,
cadenas de mando fácticas y de iure; y, (iv) emplear esquemas de doble
imputación penal, entre otros”. En consecuencia, no basta con presentar un
simple recuento anecdótico de los hechos, sino que debe desarrollarse una
descripción detallada de elementos históricos, políticos, económicos y sociales
del lugar y tiempo en que acontecieron los delitos; a la vez que debe
analizarse el modus operandi de la estructura criminal que presuntamente los
cometió.
[67] La Corte Constitucional ha sostenido y retirado la
relevancia de los principios constitucionales mencionados dentro del trámite de
inscripción en el RUV en varias sentencias, tales como la sentencia T-517 de
2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y T-478 de 2017, M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[68] Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 2016, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio. Ver artículo 2.2.2.1.4 del Decreto 1084 de 2015.
[69] Decreto 4800 de 2011, “Por el cual se reglamenta la Ley
1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, artículo 40.
[70] Tal y como se ha ocurrido en las sentencias T-087 y T-832
de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-112 de 2015, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; T-556 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa; y T-393 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[71] Corte Constitucional, Sentencia T-112 de 2015, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; reiterado en las sentencias T-832 y T-087 de 2014, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-417 de 2016, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; y T-393 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[72] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo
1: “Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un
conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas,
individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas de las violaciones
contempladas en el artículo 3o de la presente ley, dentro de un marco de justicia
transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la
verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que
se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la
materialización de sus derechos constitucionales.”
[73] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo
3: “Artículo 3. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta
ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño
por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno. También son víctimas el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se
le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los
que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. De la misma
forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se
individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y
de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.
Parágrafo 1. Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas en los
términos del presente artículo, su reparación económica corresponderá por todo
concepto a la que tengan derecho de acuerdo al régimen especial que les sea
aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medidas de satisfacción y
garantías de no repetición señaladas en la presente ley. Parágrafo 2. Los
miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán
considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o
adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen
de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la
cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas
directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente
artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros
de dichos grupos. Parágrafo 3. Para los efectos de la definición contenida en
el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido
un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común. Parágrafo
4. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1o de
enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a
las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del
conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas. Parágrafo 5.
La definición de víctima contemplada en el presente artículo, en ningún caso
podrá interpretarse o presumir reconocimiento alguno de carácter político sobre
los grupos terroristas y/o armados ilegales, que hayan ocasionado el daño al
que se refiere como hecho victimizante la presente ley, en el marco del Derecho
Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos, de manera particular de lo
establecido por el artículo tercero (3o) común a los Convenios de Ginebra de
1949. El ejercicio de las competencias y funciones que le corresponden en
virtud de la Constitución, la ley y los reglamentos a las Fuerzas Armadas de
combatir otros actores criminales, no se afectará en absoluto por las
disposiciones contenidas en la presente ley”.
[74] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo
3, parágrafo 2: “Los miembros de los grupos armados organizados al margen de
la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños,
niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al
margen de la ley siendo menores de edad.”
[75] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[76] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[77] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[78] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[79] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[80] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[81] Corte Constitucional, Sentencia C-541 de 2017, M.P. Iván Humberto
Escrucería Mayolo.
[82] Corte Constitucional, Sentencia T-418 de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[83] El informe del Centro de Memoria Histórica, publicado en
el año 2007, se encuentra disponible en http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/guerra-inscrita-en-el-cuerpo_accesible.pdf
[84] “La violencia sexual es usada para acallar, corregir,
castigar, disciplinar, imponer el poder masculino de los grupos armados, que a
pesar de sus diferencias y distintos proyectos tienen en común el otorgarse el
poder de disponer y apropiarse de los cuerpos de niñas, niños y mujeres. Aunque
muchas de las violencias sexuales pueden parecer hechos fortuitos, sostenemos
aquí que, pese a no ser ordenadas específicamente por la comandancia, y no
estar en todos los casos vinculadas a eventos y repertorios públicos a través
de los cuales los grupos armados hacen despliegue de su poder, la violencia que
reitera la marca de apropiación sobre las víctimas emite un mensaje social que
reclama la posesión de sus cuerpos y, por ende, la posesión del territorio.
También en el transcurso del capítulo ha sido evidente que los actores armados
no han inaugurado la violencia sexual. El silencio, la complicidad y la
connivencia de la sociedad han permitido que la violencia sexual sea efectiva
en tanto devuelve la culpa a sus víctimas incluso a veces borrando o poniendo
en duda la responsabilidad de los víctimarios”.
[85] En el informe se aclaró que “algunas mujeres han
experimentado profundos sentimientos de abandono, soledad y desprotección,
tanto en el momento de los hechos de violencia sexual como posteriormente, en
especial cuando callan u ocultan lo ocurrido por miedo a que los agresores les
hagan nuevamente daño a ellas o a sus familias”.
[86] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2019, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[87] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2019, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[88] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2019, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[89] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2019, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger: “Dentro de las razones más recurrentes para no denunciar
se destaca que el 46,70%, “prefirió dejarlo así”; el 28,46%, tuvo miedo a
represalias; el 8,54% no sabe cómo hacerlo; el 7,31%, no cree ni confía en la
justicia; y el 5,87% no quería que los familiares se enteraran. Con menores
participaciones porcentuales: 2,53%, sintió vergüenza y humillación; para el
0,31% el lugar de la denuncia le es muy distante; y el 0,29%, no tenía recursos
económicos para ello. Además, de esto resalta el hecho de que el 73,93% de las
mujeres indicó que la presencia de los grupos armados constituye una barrera
para denunciar los actos de violencia sexual. Adicionalmente, en la encuesta se
estima que el 73,93% de las mujeres de los 407 municipios, es decir 2.059.001,
considera que la presencia de los grupos armados constituye un obstáculo a la
denuncia de los actos de violencia sexual en dichos municipios. En la
misma línea, de acuerdo con información del año 2017 de la Corporación Sisma
Mujer en el RUV se registraron, en el año 2016, 165 hechos victimizantes
relacionados con delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco
del conflicto armado. De estos, 154 correspondieron a mujeres, es decir, el
93,34%; y 11 hechos a hombres, es decir, el 6,66%. Esto significó que por cada
hombre agredido, 14 mujeres fueron violentadas sexualmente en el contexto del
conflicto armado en 2016. Así mismo, que cada 3 días, al menos 1 mujer fue
agredida” (Ver “Del fin de la guerra a la erradicación de la violencia
sexual contra las mujeres: un reto para la paz Comportamiento de la violencia
sexual contra niñas y mujeres en Colombia durante 2016”, Boletín No. 12,
Corporación Sisma Mujer, Mayo 25 de 2017)
[90] Corte Constitucional, Sentencia T-299 de 2018, M.P.
Alejandro Linares Cantillo.
[91] Sic. Corte Constitucional, Auto 009 de 2015, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; emitido por la Sala Especial de seguimiento a la sentencia T-025
de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[92] Sic. Corte Constitucional, Sentencia C-080 de 2018, M.P. Antonio
José Lizarazo Ocampo.
[93] Corte Constitucional, Sentencia T-832 de 2014. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; en la cual se aclara que la definición establecida en
la Ley 387 de 1997 fue desarrollada y tomado de la noción
acogida por la Consulta Permanente para los Desplazados Internos en las
Américas (CPDIA), conforme al cual se entendió que era desplazada: “Toda
persona que se haya visto obligada a migrar dentro del territorio nacional,
abandonando su lugar de residencia o su oficio habitual, debido a que su vida,
su integridad física o su libertad se han hecho vulnerables o corren peligro
por la existencia de cualquiera de las situaciones causados por el hombre:
conflicto armado interno, disturbios o tensiones internos, violencia
generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos u otras
circunstancias causadas por situaciones anteriores que puedan perturbar o
perturben el orden público”. La referida definición se encuentra consagrada
en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, en los siguientes términos: “Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden
público.”
[94] Ley 387 de 1997, “Por la cual se adoptan medidas para la
prevención del desplazamiento forzado; la atención protección, consolidación y
estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en
la República de Colombia”, artículo 1, parágrafo: “El Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por
desplazado”.
[95] Corte Constitucional, Sentencia T-832 de 2014, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; en la que se hace referencia a la sentencia T-227 de
1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[96] Corte Constitucional, Sentencia T-1346 de 2001, M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[97] Corte Constitucional, Sentencia T-832 de 2014, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[98] Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2012, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[99] Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2001, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; y T-004 de 2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
[100] Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2019, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
[101] Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2019, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas; en la que se citó la sentencia SU-648 de 2017, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[102] Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2019, M.P. José
Fernando Reyes Cuartas; en la que se hace alusión a la sentencia C-715 de 2012,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[103] Centro Nacional de Memoria Histórica, informe en versión PDF, disponible
[en línea]: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-guerra-sin-edad_accesible.pdf
[104] Centro Nacional de Memoria Histórica, informe en versión PDF, disponible
[en línea]: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf
[105] “A pesar de que el conflicto armado
colombiano es esencialmente entre hombres, quienes en su mayoría empuñan las
armas, en términos absolutos las mujeres han sido desplazadas en mayor
proporción que los hombres. De acuerdo al RUV, con corte al 31 de diciembre de
2014, del total de población desplazada 3.301.848 eran mujeres, 3.130.014 eran
hombres y 1.253 personas tenían alguna orientación sexual diversa. Esto quiere
decir que aproximadamente el 51 por ciento de las víctimas de desplazamiento
forzado son niñas, adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores,
principalmente de origen campesino y étnico.” (Centro
Nacional de Memoria Histórica, “Una Nación Desplazada: Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en
Colombia”, disponible [en línea]: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf)
[106] “En lo que respecta a los hechos victimizantes asociados con
el desplazamiento forzado, el RUV permite establecer ciertos indicadores sobre
los delitos que lo habrían motivado. De acuerdo a lo anterior, el hecho
victimizante que figura como principal causa del desplazamiento de hombres y
mujeres es el homicidio, con un 35,8 por ciento y 64,2 por ciento
respectivamente (ver Gráfica 24). Le siguen en orden las amenazas, desaparición
forzada, acciones armadas, secuestro, tortura, violencia sexual, abandono
forzado o despojo de tierras, minas antipersonal y vinculación de personas
menores de edad.” (Centro Nacional de
Memoria Histórica, “Una Nación Desplazada: Informe Nacional
del Desplazamiento Forzado en Colombia”, disponible
[en línea]: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf)
[107] “Para la mayoría de estos hechos victimizantes son las mujeres
las que figuran con mayores porcentajes, en especial en relación con el
homicidio (que es casi el doble que el de los hombres), la desaparición forzada
y la violencia sexual. Por un lado, la diferencia se explica principalmente
porque las mujeres se han visto forzadas a desplazarse en mayor número de
ocasiones debido a que los hombres de sus entornos familiares, colectivos y
comunitarios han sido asesinados, reclutados o desaparecidos. Por otro lado, a
pesar del alto nivel de subregistro, se pone en evidencia el efecto expulsor de
la violencia sexual como una forma de violencia de género.” (Centro Nacional de Memoria Histórica, “Una
Nación Desplazada: Informe Nacional del Desplazamiento Forzado en Colombia”, disponible [en línea]: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf)
[108] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[109] En virtud del artículo 1 del Decreto Ley
897 de 2017, "Por el cual se modifica la estructura de la Agencia
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se
dictan otras disposiciones", se modificó el nombre de la ACR por la
ARN; en este sentido, dicho artículo estableció: “Modificar el artículo 1
del Decreto 4138 de 2011 en cuanto a la denominación de la Agencia Colombiana
para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, la cual se
denominará para todos los efectos ‘Agencia para la Reincorporación y la
Normalización, ARN’. Parágrafo. Todas las referencias que hagan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes a la Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, deben entenderse referidas
a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN)”.
[110] La ACR fue creada mediante el Decreto 4138 de 2011, “por el
cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y estructura”.
[111] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[112] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[113] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[114] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[115] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[116] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[117] La sigla PPR hace referencia a personas en proceso de
reintegración.
[118] Ibídem.
[119] Ibídem.
[120] Ibídem.
[121] Ibídem.
[122] Ibídem.
[123] Ibídem.
[124] Reseña Histórica Institucional, Agencia Colombiana para la
Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), Bogotá, D.C.,
octubre de 2016.
[125] La UARIV fue finalmente creada en enero de 2012.
[126] Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas,
información que se encuentra publicada en la página web de la institución,
disponible en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/la-unidad/resena-de-la-unidad/126
[127] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 1.
[128] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 25 y título IV.
[129] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, título IV.
[130] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, título IV.
[131] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, título IV.
[132] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, título IV.
[133] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, título IV.
[134] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, título III.
[135] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 49.
[136] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 49.
[137] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo 52.53 y 54.
[138] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo
51.
[139] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo
66.
[140] Corte Constitucional, Auto 155 de 2019, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[141] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo
158.
[142] Ley 1448 de 2011, “Por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, artículo
5.
[143] Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 2008, M.P.
Mauricio González Cuervo; en la que se hizo referencia a la sentencia
T-188 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[144] “En las sentencias T-098 de 2002, T-327 de 2001, T-268 de
2003, T-1094 de 2004 se precisa claramente que las autoridades administrativas
y los operadores jurídicos están obligados a interpretar las normas relativas
al desplazamiento forzado de conformidad con los principios de favorabilidad y
buena fe. Así por ejemplo, en la sentencia T-327 de 2001, la Corte ordenó a la
Red de Solidaridad Social (hoy Acción Social) la inscripción de una persona en
el registro único de población desplazada al entender que la no inscripción se
debió a una interpretación legal que desconocía el principio de buena fe dado
que no daba credibilidad, sin aportar argumento alguno para ello, a las
afirmaciones del actor y a las pruebas por este allegadas.  Así mismo, en la
sentencia T-268 de 2003 la Corte ordenó el registro en el RUPD de una serie de
personas que se habían desplazado dentro del mismo municipio (Medellín) a raíz
de combates entre el ejército y un grupo armado ilegal en la localidad en la
cual estas personas tenían sus lugares de residencia. La autoridad
administrativa había negado el registro dado que, en su criterio, no era
posible hablar de desplazamiento cuando la persona no ha abandonado el
municipio en el cual habita. La Corte sin embargo entendió que las normas sobre
desplazamiento debían interpretarse de la forma más favorable a las personas
que se habían visto obligadas a huir de su localidad (en este caso la comuna 13
de Medellín) abandonando sus hogares y todos sus bienes, por razón del
conflicto. En consecuencia, la expresión “localidad de residencia” debía
entenderse como referida a las divisiones territoriales del municipio. En
consecuencia, ordenó, entre otras cosas, que se garantizara la seguridad de los
tutelantes y sus condiciones de retorno si así voluntariamente lo quisieren.”
(Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2017, M.P. Jaime Córdoba
Triviño)
[145] Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2017, M.P. Jaime
Córdoba Triviño.
[146] Sobre el particular, en la sentencia T-563 de 2005 se determinó
que: “Por último y en concordancia con lo anterior, si una persona
desplazada afirma haber realizado una declaración sobre los hechos que dieron
lugar a su traslado y aporta certificación al respecto proveniente de una de
las autoridades previstas en la ley 387 de 1997 para realizar tal labor, la Red
de Solidaridad debe presumir que el documento es verdadero y debe dar trámite a
la solicitud de inscripción.”. Adicionalmente la Corte ha entendido que la
existencia de contradicciones en la declaración de una persona que solicita ser
inscrita en el RUPD no es prueba suficiente de que no se encuentra en situación
de desplazamiento. Para que el Estado pueda negarse a tal inscripción se
requiere que existan pruebas razonables y suficientes que desvirtúen la
declaración. Al respecto ver T-1094 de 2004 citada adelante.” (Corte
Constitucional, Sentencia T-328 de 2017, M.P. Jaime Córdoba Triviño y
T-563 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)
[147] Corte Constitucional, Sentencia T-274 de 2018, M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[148] Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2018, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[149] Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 2018, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
[150] Corte Constitucional, Sentencia T-211 de 2019, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[151] Corte Constitucional, Auto 009 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; y Sentencias T-418 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-211
de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[152] Corte Constitucional, Sentencia T-126 de 2018, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
[153] Corte Constitucional, Sentencia C-754 de 2015, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[154] Corte Constitucional, Sentencia C-754 de 2015, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[155] Corte Constitucional, Sentencia C-754 de 2015, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[156] Corte Constitucional, Auto 009 de 2015, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva.
[157] “El caso se inicia por la Fiscalía de la Corte en 2004 ante
los hechos acaecidos en la República Democrática del Congo (RDC). La RDC ha
sido escenario del segundo conflicto bélico más cruento en la historia de la
humanidad: la Segunda Guerra del Congo (SGC) desarrollada entre 1998 y 2003,
con un saldo de más 3,8 millones de muertos. Finalizado el conflicto,
guerrillas y grupos armados continúan operando en zonas de la RDC13. Thomas
Lubanga Dyilo comandó milicias durante la SGC. En 2001 funda la Unión de
Patriotas Congoleños (UPC), y su brazo armado, las Fuerzas Patrióticas para la
Liberación del Congo (FPLC), para exigir autonomía de la región de Ituri al
noreste del país. Al 2006 este conflicto regional había causado más de 60.000
muertos, sumado a violaciones, torturas y desapariciones. La Fiscalía imputa a
Thomas Lubanga crímenes de guerra de reclutamiento y utilización de niños
menores de 15 años en un conflicto de índole no internacional –artículo 8. (2.)
(e.)(vii) del Estatuto–, omitiendo otros crímenes. Fue arrestado en 2006,
comenzando su juicio en 2009 y dictándose sentencia condenatoria en marzo de
2012”. (Ver el Anuario de Derechos Humanos ISSN 0718-2058 No. 9, 2013, p.p.
113-125 – disponible en línea: file:///C:/Users/mariaAP/Downloads/27037-1-89892-1-10-20130604.pdf)
[158] Ver comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, del 29 de marzo de 2012, disponible en línea:
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/031.asp.
[159] Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, Beijing – China.
[160] En inglés son conocidas como “The Resolutions on -‘Women, Peace and
Security’-”.
[161] Colombia ratificó el Convenio de Ginebra de 1949 el 8 de
noviembre de 1961.
[162] Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de
1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, artículo 3 común.
[163] Colombia ratificó el Protocolo II Adicional el 14 de
agosto de 1995.
[164] Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional de 1977, preámbulo.
[165] Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional de 1977, preámbulo.
[166] Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949,
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter
internacional de 1977, artículo 4.
[167] Colombia ratificó el Estatuto de Roma el 5 de agosto de
2002. Este fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano a través de la
Ley 742 de 2005 y fue declarado como constitucional mediante de la sentencia
C-578 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Corte Constitucional.
[168] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7,
literal e.
[169] Colombia ratificó esta convención el 19 de enero de 1982 y
fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano a través de la Ley 51 de
1981 y el Protocolo Opcional fue introducido mediante la Ley 984 de 2005. A su
turno, se declaró la constitucional de ambas leyes por medio de la sentencia
C-322 de 2006, M.P. Manuel Gerardo Monroy Cabra, Corte Constitucional.
[170] Colombia ratificó esta convención el 3 de diciembre de
1996. Aquella fue incorporada al ordenamiento jurídico colombiano mediante la
Ley 248 de 1996 y fue declarada como constitucional a través de la sentencia
C-408 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero, Corte Constitucional.
[171] Convención Interamericana Sobre Prevención, Castigo y
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres – Convención De Belém Do Pará
–, artículo 3.
[172] Convención Interamericana Sobre Prevención, Castigo y Erradicación
de la Violencia Contra las Mujeres – Convención De Belém Do Pará –, artículo
7.
[173] Convención Interamericana Sobre Prevención, Castigo y
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres – Convención De Belém Do Pará
–, artículo 9.
[174] Caso conocido en inglés como “The Prosecutor v. Bosco
Ntaganda”. Es preciso mencionar que este caso fue referenciado en varias de las
intervenciones presentadas ante la Corte Constitucional. “El pasado 8 de
julio, Bosco Ntaganda, exlíder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación
del Congo (FPLC), fue condenado por la CPI por la comisión de crímenes de lesa
humanidad y de guerra, ocurridos en la República Democrática del Congo entre el
2002 y el 2003. Ntaganda fue hallado culpable de 18 cargos distintos,
incluyendo hechos de violación y esclavitud sexual en las filas de las FPLC,
así como el uso de niños soldados, entre otros.” (Ver artículo publicado en
la página web de Legis – Ámbito Jurídico el 8 de Noviembre de 2019, disponible
en línea en el siguiente link:
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/constitucional-y-derechos-humanos/el-caso-ntaganda-y-las-victimas-de#_ftn3)
[175] Fernández Carter, C. (2018). Los crímenes de violencia sexual
cometidos al interior de un grupo armado: el caso de los niños soldados en “The
Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”. ANIDIP, 6, 82-109.
[176] Fernández Carter, C. (2018). Los crímenes de violencia sexual
cometidos al interior de un grupo armado: el caso de los niños soldados en “The
Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”. ANIDIP, 6, 82-109.
[177] Fernández Carter, C. (2018). Los crímenes de violencia sexual
cometidos al interior de un grupo armado: el caso de los niños soldados en “The
Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”. ANIDIP, 6, 82-109.
[178] Fernández Carter, C. (2018). Los crímenes de violencia sexual cometidos
al interior de un grupo armado: el caso de los niños soldados en “The
Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”. ANIDIP, 6, 82-109.
[179] Fernández Carter, C. (2018). Los crímenes de violencia sexual
cometidos al interior de un grupo armado: el caso de los niños soldados en “The
Prosecutor vs. Bosco Ntaganda”. ANIDIP, 6, 82-109. Pg. 94.
[180] Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), “Report
of the International Conference on Population and Development”, 18 de octubre de 1994, /COMF.171/13, principio 8.
[181] Consejo Económico, Social y Cultural de la ONU,
Observación General No. 22, relativa al derecho
a la salud sexual y reproductiva - artículo 12 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
[182] Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución 2467 de 2019,
aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8514º sesión, celebrada el 23 de
abril de 2019.
[183] Consejo de Seguridad de la ONU, Resolución 2467 de 2019,
aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8514º sesión, celebrada el 23 de
abril de 2019.
[184] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la
ONU, Observación General No. 16 de 2005, “La igualdad de derechos del hombre
y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales -
artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales”.
[185] Cusack, Simone, “Eliminating judicial stereotyping:
Equal access to justice for women in gender-based violence cases”, junio 9
de 2014; fuente a la que se llegó a través de la intervención presentada ante
la Secretaría General de la Corte Constitucional, como amicus curiae,
por Christine Chinkin, FBA, CMG, profesora de derecho internacional,
investigadora y fundadora del Centro de Mujeres, Paz y Seguridad en la
Universidad “London School of Economics and Political Science”.
[186] Corte Constitucional, Sentencia T-215 de 2018, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger; en la cual se hizo alusión a la sentencia T-681 de 2016,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[187] Corte Constitucional, Sentencia T-215 de 2018, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger.
[188] Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 1998, M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; regla reiterada en varias sentencias como la T-103 de 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; la T-681 de 2016, M.P. Jorge Ivan Palacio
Palacio; entre otras.
[189] Corte Constitucional, Sentencia T-681 de 2016, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio; en la que se hizo referencia a la sentencia T-669 de 1996, en
la que se desarrolló esta hipótesis, fijando que “en tales eventos, el
funcionario judicial está obligado a aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, pues la Constitución es norma de normas (CP art. 4º) o,
en caso de que no lo considere pertinente, debe mostrar de manera suficiente
que la disposición que, dada la situación del caso concreto, pretende aplicar
tiene en realidad un contenido normativo en parte diferente a la norma
declarada inexequible, por lo cual puede seguirse considerando constitucional. Si
el funcionario aplica la norma y no justifica su distanciamiento frente al
pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre el mismo tema,
estaríamos en presencia de una vía de hecho, pues el funcionario judicial
decide aplicar caprichosamente de preferencia las disposiciones legales a las
normas constitucionales, en contravía de expresos pronunciamientos sobre el
punto del tribunal constitucional, máximo intérprete y guardián de la Carta (CP
arts. 4º, 241 y 243).”
[190] Corte Constitucional, Sentencia C-781 de 2012, M.P. María
Victoria Calle Correa.
[191] Información que se evidencia en la “Primera Encuesta de
Prevalencia de Violencia Sexual”, realizada por la Casa de la Mujer e
impulsada por Oxfam en el año 2010.
[192] Centro Nacional de Memoria Histórica, informe en versión PDF, disponible
[en línea]:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-guerra-sin-edad_accesible.pdf
[193] Centro Nacional de Memoria Histórica, informe en versión PDF, disponible
[en línea]:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-nacion-desplazada_accesible.pdf
[194] En el informe, el Centro Nacional de Memoria Histórica
fortaleció dicha afirmación con el testimonio de una mujer transgénero, quien
fue reclutada a los catorce años, en el municipio de San Luis – Antioquia por
las FARC, y que recordó que por su desvinculación sintió miedo de las posibles
retaliaciones contra ella y su familia: “Entonces yo salgo, me voy, me escapo,
no sin antes de tener muy claro que yo no iba a ser parte de otro grupo
contrario a ellos, porque eso pondría en riesgo mi familia. Entonces yo salgo,
salgo a Medellín, de Medellín salgo a Valle del Cauda, a Cali, de Cali voy a
Buenaventura y en ese transcurrir de esas ciudades que fueron cosas de meses
tenía muy poco contacto con el pueblo, con mi familia, porque tenía miedo de
que me encontraran y me mataran”. (CNMH, mujer transgénero, 29 años,
desvinculada del Noveno Frente de las FARC-EP, cuyo reclutamiento se dio a los
14 años en San Luis, Antioquia, entrevista, Pasto, 17 de septiembre de 2014)
[195] Centro Nacional de Memoria Histórica, “Una
Guerra Sin Edad: Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños,
Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado Interno Colombiano”, informe en versión PDF, disponible [en
línea]:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes-accesibles/una-guerra-sin-edad_accesible.pdf
[196] En la Resolución No. 2017-84336 del 24 de julio de 2017, “[p]or
la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en
virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 2.2.2.3.9 del
Decreto 1084 de 2015”, la UARIV decidió: “ARTÍCULO PRIMERO: NO INCLUIR
en el Registro único de Víctimas (RUV), el (la) señor(a) ESPERANZA GAVIRIA
GUZMAN identificado(a) con Cédula de Ciudadanía NO. 1119212046, asimismo NO
RECONOCER el hecho victimizante de Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a
Actividades Relacionadas con Grupos Armados por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolución. ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el
contenido de este acto administrativo al (la) señor(a) ESPERANZA GAVIRIA
GUZMAN, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
2011, quien podrá interponer los recursos de reposición ante el funcionario que
tomó la decisión y en subsidio el de apelación ante la Dirección de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de la decisión, atendiendo el artículo 157 de la
Ley 1448 de 2011.” (Ver folio 132 del quinto cuaderno)
[197] En la Resolución No. 2017-84336R del 11 de enero de 2018 FUD.
NG000729277, “[p]or la cual se decide sobre el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución No. 2018-84336 de 24 de Julio de 2017 en el Registro Único
de Víctimas”, la UARIV decidió: “ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión
proferida mediante la RESOLUCIÓN NO. 2017-84336 DE24 DE JULIO DE 2017, por las
razones expuestas en la parte motiva de este acto. ARTÍCULO SEGUNDO: NO INCLUIR
en el Registro Único de Víctimas (RUV), el (la) señor(a) ESPERANZA GAVIRIA
GUZMAN identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1119212046, asimismo NO
RECONOCER el hecho victimizante de Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a
Actividades Relacioandas con Grupos Armados, por las razones expuetas en la
parte motiva de la presente resolución. ARTÍCULO TERCERO: REMITASE las actuaciones
a la Oficina Asesora Jurídica con el objeto de que resuelva el recurso en
insitencia de apelación. ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido de este acto
administrativo a la señora ESPERANZA GAVIRIA GUZMAN identificada con cédula de
ciudadanía Nº 1119212046 de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011”. (Ver folio 134 del quinto cuaderno)
[198] En la Resolución No. 20185512 del 1 de marzo de 2018, la UARIV
decidió: “ARTÍCULO PRIMERO: CONFIMRAR la decisión proferida mediante la
Resolución No. 2017-84336 del 24 de Julio de 2017, por las razones expuestas en
la parte motiva de este acto. ARTÍCULO SEGUNDO: NO INCLUIR en el Registro Único
de Víctimas a la señora HELENA, identificada con la cédula de ciudadanía Nº
1.119.212.046 y NO RECONOCER los/el hechos victimizantes de VINCULACIÓN DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GRUPOS ARMADOS por
las razones señaladas en la parte motiva de la presente resolución. ARTICULO
TERCERO: NOTIGICAR  a la señora ESPERANZA GAVIRIA GUZMAN de la presente
resolución. ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de
la fecha de su expedición y contra el mismo no procede recurso alguno”.
(Ver folio 136 del quinto cuaderno)
[199] Corte Constitucional, Sentencia C-253A de 2012, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[200] Corte Constitucional, Sentencia T-129 de 2019, M.P. José Fernando
Reyes Cuartas; en la que se hace alusión a la sentencia C-715 de 2012, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[201] Corte Constitucional, Sentencia T-681 de 2016, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; en la que se hizo referencia a la sentencia T-669 de
1996, en la que se desarrolló esta hipótesis, fijando que “en tales eventos,
el funcionario judicial está obligado a aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, pues la Constitución es norma de normas (CP art. 4º) o,
en caso de que no lo considere pertinente, debe mostrar de manera suficiente
que la disposición que, dada la situación del caso concreto, pretende aplicar
tiene en realidad un contenido normativo en parte diferente a la norma
declarada inexequible, por lo cual puede seguirse considerando constitucional.
Si el funcionario aplica la norma y no justifica su distanciamiento frente al
pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre el mismo tema,
estaríamos en presencia de una vía de hecho, pues el funcionario judicial
decide aplicar caprichosamente de preferencia las disposiciones legales a las
normas constitucionales, en contravía de expresos pronunciamientos sobre el
punto del tribunal constitucional, máximo intérprete y guardián de la Carta (CP
arts. 4º, 241 y 243).”
[202] Esta disposición fue declarada exequible en
la sentencia C-253A de 2012.
[203] Cfr. Sentencias C-007 de 2016, C-516 de 2016 y C-096 de
2017.
[204] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[205] En concreto, la UARIV invocó el artículo 3º, parágrafo 2º de la
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones.”
[206] Supra. Capítulo 2.1.1.
[207] Constitución Política, Artículo 86.
[208] Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En este caso,
el juez de instancia consideró que no se había acreditado la legitimación por
activa. Por lo tanto, no era posible proferir un fallo de fondo y tampoco era
necesario enviar el fallo a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
[209] Auto 058 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En este caso, el
juez de tutela, de forma apresurada, concluyó desde el auto inadmisorio que la
entidad accionada no había vulnerado ningún derecho.
[210] Sentencia C-284 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa. En este
caso la Corte encontró que las condiciones que fija la Ley 1437 de 2011 al juez
para decretar medidas cautelares, no pueden incorporarse al proceso de tutela
sin introducir una serie de elementos completamente extraños a su carácter
informal.
[211] Sentencia T-264 de 2009. MP. Luis
Ernesto Vargas Silva. En este caso, la Corte consideró que el Tribunal de
Bogotá actuó en contra de su papel como director del proceso, al omitir la
práctica oficiosa de una prueba imprescindible para resolver el asunto.
[212] Sentencia SU-768 de 2014. MP. Jorge Iván Palacio Palacio. En este
caso, la Corte reprochó que el Consejo de Estado hubiera negado las
pretensiones de un demandante bajo el argumento que este no había acreditado el
derecho extranjero conforme al cual se estructuraba su pretensión, sin haber
ejercido sus poderes de oficio.
[213] Los jueces de la República “son los primeros llamados a
ejercer una función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para
lo cual el Legislador les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los
medios legítimos a su alcance, que las diferentes actuaciones se lleven a cabo”.
Sentencia C-713 de 2008. M.P. Clara Inés Vargas Hernández (al revisar el
proyecto de Ley Estatutaria sobre la administración de justicia).
[214] En varios casos, la Corte ha reafirmado el rol activo que debe
cumplir el juez de tutela. Al respecto, ver sentencias C-483 de 2008. M.P.
Rodrigo Escobar Gil; Auto 227 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
T-661 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-149 de 2018. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
[215] “La sensibilidad del juez hacia los problemas constitucionales
es una virtud imprescindible en la tarea de hacer justicia”. Sentencia
T-605 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (en este caso el juez de instancia
declaró improcedente la tutela señalando que había otros mecanismos de defensa,
pese a que la situación de los accionantes era apremiante y estaba en discusión
su subsistencia económica y social). La sensibilidad del juez constitucional
fue una idea reiterada por la Sala Plena en Sentencia SU-214 de 2016. M.P.
Alberto Rojas Ríos.
[216] Sentencia T-463 de 1996. M.P. José Gregorio Hernández (La Corte
reprochó que el juez de segunda instancia hubiera desestimado el fallo de
primera instancia por haber fallado extra petita).
[217] Sentencia T-533 de 1992. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver
igualmente el salvamento de voto de la magistrada Diana Fajardo Rivera a la
Sentencia T-027 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido, sobre los riesgos de
introducir nuevos requisitos a la acción de amparo.
[218] Sentencia C-483 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil (al revisar el
artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 que consagra la facultad de rechazar la
acción de amparo). Ver también Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
[219] Decreto 2591 de 1991, artículos 3 y 4.
[220] Sentencia T-1216 de 2005 (M.P. Humberto Sierra Porto): “El
juez de tutela debe pronunciarse a favor de la protección de los derechos
fundamentales, cada vez que encuentre probada su vulneración o amenaza. La
indiscutible superioridad de la Constitución y de los derechos en ella
contenidos, y su aplicación sustancial preferente por encima de las
consideraciones procedimentales formales, hace ineludible este deber para el
juez de tutela. Éste, a diferencia del juez civil o penal, no puede hacer caso
omiso de vulneraciones no alegadas”. En reiteradas ocasiones, la Corte ha
defendido la competencia extra petita del juez de tutela, sin tener que
ceñirse a las situaciones de hecho relatadas, a las pretensiones expresamente
formuladas o a los derechos invocados por el actor. Al respecto, ver sentencias
T-450 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-886 de 2000. M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-264 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra; SU-195 de 2012.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-015 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[221] Decreto 2591 de 1991, artículos 19, 21 y 32. En reiteradas
ocasiones, la Corte ha señalado que el juez de tutela está obligado, antes de
tomar su decisión, a procurar el esclarecimiento del hecho, ordenando de oficio
las pruebas pertinentes y necesarias para el efecto. Al respecto, se pueden
consultar los siguientes fallos T-990 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-883
de 2004. M.P. Humberto Sierra Porto; T-591 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño
y T-600 de 2009 M.P. Juan Carlos Heno Pérez. En esta última providencia, la
Corte reprochó que el juez de instancia no hubiera usado sus poderes oficiosos
para constatar la entrega de ayudas humanitarias a una víctima del
desplazamiento y le recordó que “El juez debe ser el promotor de decisiones
justas, no un simple espectador”.
[222] Sentencia T-923 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) al
abordar un caso sobre ayuda humanitaria a población víctima del conflicto. Tal
consideración fue retomada en la Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[223] Sentencia C-531 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) al revisar
el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.
[224] Sentencia C-531 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Ver
también Sentencia C-483 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[225] Son pocos -y no exentos de polémica- los casos en que la Corte ha
incluido el análisis de relevancia constitucional al revisar la procedibilidad
de una acción de tutela, distinta al escenario de tutela contra providencia
judicial. La Sentencia SU-617 de 2014 (M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez)
incorporó un criterio similar, al que se le asignó el nombre de “trascendencia
iusfundamental de la controversia”, pensado como un elemento objetivo de
procedibilidad. No obstante, los hechos que ahora se estudian no tienen
conexión alguna con los que revisó la Sala Plena en la Sentencia de unificación
mencionada y, en cualquier caso, este requisito no es usualmente incorporado en
el análisis de procedencia que realiza la Corte.
[226] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[227] Sobre la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos
en la Corte Constitucional, ver sentencias C-288 de 2012. M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva; C-753 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; y C-520 de 2016.
M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras
[228] Ver Sentencia T-595 de 2017. M.P. Carlos
Bernal Pulido que resolvió este caso.
[229] Prevista en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991.
[230] Sentencias T-451 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón y T-440 de
1993. M.P. José Gregorio Hernández. Esto también ocurrió en un caso en el que
el juez de instancia consideró que una disputa entre miembros de un conjunto
residencial no era un asunto que involucrara derechos fundamentales (ver Auto
039 de 1998. M.P. Fabio Morón Díaz).
[231] La sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño),
sistematizó los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Allí se estableció que frente al supuesto de relevancia
constitucional “el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué (sic) la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión […] que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Tal requisito tiene como fundamento únicamente (i) preservar la competencia de
los jueces ordinarios, (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones donde se advierta la afectación de defectos fundamentales, e (iii)
impedir que la tutela se convierta en una instancia adicional. Si bien comparto
dichos postulados “no puede perderse de vista que la finalidad estructural
de este requisito corresponde ante todo a la garantía de la supremacía
constitucional” (ver salvamentos de voto de la magistrada Diana Fajardo
Rivera a las Sentencias T-248 de 2018. M.P. Carlos Bernal Pulido y T-422 de
2018. M.P. Carlos Bernal Pulido).
[232] Ambas con ponencia del magistrado Carlos
Bernal Pulido.
[233] Esto sucedió en el caso de una niña suspendida del Colegio por
incumplir el código de vestimenta, a la cual se le impuso la exigencia de
presentarse con su padre, pese a que ya no vivía con el mismo. Frente a lo
cual, el juez rechazó la acción “ya que a su juicio no se vulneraban los
derechos a la educación y al libre desarrollo de la personalidad de la menor,
pues a la fecha de interposición de la demanda, la perjudicada no se había
presentado al plantel con el acudiente”. Ver Auto 058 de 1999. M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa.