T-171-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-171/06
ACCION DE TUTELA-Plazo razonable para
interponerla
El plazo para interponer la acción de tutela no se ha definido de
manera absoluta o universal pues éste depende de las circunstancias propias de
cada caso, conforme a los postulados de seguridad jurídica y efectividad de los
derechos fundamentales. La Sala encuentra que conforme a la importancia de los
derechos cuya protección se depreca y la complejidad de la investigación penal
que se censura, así como las circunstancias particulares del mismo, el término
en que se interpuso esta acción es razonable, y su decisión de fondo no
desnaturaliza el propósito de la tutela.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia en caso en que se decretó cierre y preclusión de
investigación penal/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Recuento
histórico de la jurisprudencia
DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA PRUEBA-Defecto
fáctico
Es necesario
indicar que el derecho a la prueba constituye uno de los principales
ingredientes del debido proceso, así como del derecho al acceso a la
administración de justicia y el más importante vehículo para alcanzar la verdad
en una investigación judicial.  Por tanto, las anomalías que desconozcan de
manera grave e ilegítima este derecho, constituyen un defecto fáctico que, al
vulnerar derechos fundamentales, pueden contrarrestarse a través de la acción
de tutela.
PROCESO PENAL Y DERECHOS DE LA PARTE CIVIL/DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Evolución histórica
PROCESO PENAL Y DERECHOS DE LAS VICTIMAS
La Corte
estableció, que por lo menos hay tres derechos aplicables a las víctimas de los
hechos punibles en el trámite de la investigación penal, a saber: (I) derecho a
la verdad, (ii) derecho a la justicia, y (iii) derecho a la reparación
económica del daño. Todos los cuales convergen en el restablecimiento integral
de los derechos, a través de la oportunidad de participar en las decisiones que
les afecten, y a obtener tutela judicial efectiva de sus derechos, no solamente
patrimoniales.
PROCESO PENAL Y PARTICIPACION DE LA PARTE CIVIL-Criterios
Hay que tener
en cuenta que en la ya citada sentencia C-228 de 2002, la Corte extendió la
participación de la parte civil dentro del proceso penal, con fundamento en los
siguientes criterios: (i) una concepción más amplia del referente normativo que
soporta la protección de las víctimas en el derecho constitucional; (ii) un
cambio en el derecho internacional de los derechos humanos, dirigido a brindar
amplia protección a las víctimas de los delitos; (iii) la imperiosa necesidad
de unificar los precedentes en materia de parte civil respecto de la
jurisdicción ordinaria y el procedimiento penal militar; y (iv) la modificación
de los criterios de política criminal, ahora enmarcados en la protección de los
derechos humanos, que llevaron al cambio integral de los estatutos punitivos.
Todas esas razones llevaron a la Corte a avanzar en el concepto de parte civil
hacia una noción más amplia y viva, lo que en términos de la C-228 de 2002,
conduce a considerarla como “un sujeto procesal en sentido pleno”.
PROCESO PENAL Y DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Investigación
integral/PARTE CIVIL EN PROCESO PENAL-Ahora tiene un interés general en
el desarrollo y resultado del proceso/PROCESO PENAL-Sujetos procesales
A partir de
postulados se fundamentó el nuevo papel de la víctima y el perjudicado en el
proceso penal.  Por supuesto, dicha postura agregó nuevos retos a la obligación
de adelantar la investigación integralmente pues incluyó otros derechos y
potestades a tener en cuenta durante el desarrollo del proceso.  Antes, la
parte civil sólo tenía un interés patrimonial sobre el desarrollo de la
investigación y por lo tanto su participación en el proceso penal era limitada.
Ahora, tiene un interés integral en el desarrollo y resultado del proceso, pues
podrá exigir que a partir de éste y en cada una de sus etapas, procedimientos o
recursos se le atienda, a fin de garantizarle sus derechos a la verdad, la
justicia y la reparación.
PROCESO PENAL Y DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Ponderación
de intereses
Teniendo en
cuenta que los derechos de la víctima se extienden a la verdad y la justicia,
es imperativo compatibilizar, armonizar y ponderar los intereses de cada uno de
los sujetos dentro del desarrollo de cada proceso. Por supuesto, conforme a los
instrumentos internacionales antes citados, a mayor gravedad y trascendencia
del delito, más atención y cuidado requieren las víctimas.
DEBIDO PROCESO-Términos procesales/DERECHO
A SER JUZGADO EN PLAZO RAZONABLE Y DERECHO A LA VERDAD-Ponderación
Es necesario
concluir que los términos procesales son un elemento del debido proceso y un
medio para la realización de la justicia, que tiene como fundamento la
efectividad del derecho sustancial de cada una de las partes dentro de un
trámite judicial.  Pero, sólo con base en el cumplimiento de estos, no es
posible excusar el desconocimiento o la vulneración de otros derechos
fundamentales en cabeza de cualquiera de las partes. Esto, por supuesto, sin
perjuicio de la protección intensificada a que tiene derecho un sindicado
privado de su libertad, al cumplimiento estricto de los plazos máximos para
resolver sobre su detención, o las relacionadas con el hábeas corpus, pues en
estos eventos el acatamiento sin dilaciones de los términos procesales tiene un
vínculo indivisible con el derecho fundamental a la libertad personal que no es
posible pasar por alto en ningún evento. Sin embargo, por fuera de esta
situación, si dentro de un asunto la dimensión temporal de una etapa procesal
no resulta razonable para definir o resolver una petición a tiempo, debido a
una situación imprevisible, ineludible y sobre todo que no sea posible achacar
al propio peticionario, será preciso evaluar y ponderar, conforme a las
condiciones del caso concreto, la necesidad de decidir los asuntos de fondo aún
por fuera del vencimiento del término para ello, para no sacrificar el derecho
sustancial, y únicamente utilizando el lapso estrictamente necesario para
satisfacer el requerimiento de fondo, pues en este caso se trataría de una
dilación justificada.
PROCESO PENAL-Parte civil es sujeto
procesal pleno/DERECHO A LA PRUEBA-Prerrogativas de la parte civil
Los derechos
de este sujeto procesal en sentido pleno, deben garantizársele en el proceso
penal mediante el respeto de sus facultades y atribuciones en las diversas
etapas del mismo, pues la estrategia procesal de las víctimas ya no se limita a
un aspecto patrimonial sino que se constituye en la búsqueda de la verdad y la
justicia, siendo imperativo concluir que una de sus principales herramientas la
constituye el derecho a la prueba.  Esto, por supuesto, lleva inmerso la
capacidad y prerrogativa a: (i) la proposición o requerimiento de la prueba;
(ii) el pronunciamiento sobre su admisibilidad; (iii) a la inclusión en el
proceso y, finalmente, (iv) a la valoración o apreciación de las mismas
conforme a las reglas de la sana crítica.
PRUEBAS-Fuentes jurídicas de exclusión/INCONSTITUCIONALIDAD
E ILICITUD EN MATERIA DE PRUEBAS
Tal como lo
ha considerado la Corte, la citada norma constitucional ha sido desarrollada
por el legislador penal para indicar dos grandes fuentes jurídicas de exclusión
de las pruebas: la prueba inconstitucional y la prueba ilícita. La primera es
la que ha sido obtenida con violación de los derechos fundamentales y la
segunda se relaciona con la adoptada mediante actuaciones ilícitas que
representan una violación de las garantías del investigado, acusado o juzgado.
En el mismo sentido ya se había pronunciado la sentencia C-491 de 1995,
ampliando el ámbito del debido proceso a las formalidades legales esenciales.
Por tanto, el objetivo de la norma es excluir a todo nivel, la prueba que sea
obtenida en contra de las garantías dispuestas en la Carta.
DEBIDO PROCESO PENAL-Motivos para la
exclusión de pruebas/DEBIDO PROCESO PENAL-Vencimiento de términos es
motivo inaceptable para excluir pruebas
En la
exclusión de la prueba por incumplimiento de las formalidades legales
esenciales para su obtención, no puede incluirse el vencimiento de los términos
como motivo para impedir que se alleguen al proceso y se valoren aquellas
decretadas en oportunidad y de las cuales ya se tiene certeza que se
incorporarán al proceso aunque este vencido el término de instrucción. Un
entendimiento contrario desprotege derechos fundamentales de los sujetos
procesales y en especial los derechos de las víctimas a la verdad y la
justicia.
TERMINO PROCESAL-Definición
Los términos
son, en esencia, vehículos para asegurar la eficacia y vigencia del derecho
sustancial, son medios a través de los cuales se aseguran valores como la
seguridad jurídica, ya que imposibilitan que las partes o un juez puedan, sin
justificación alguna, extender indefinidamente y a su arbitrio un proceso. Sin
embargo, siendo los plazos procesales herramientas que fijan la temporalidad de
un plan de trabajo, los mismos no pueden ser entendidos y aplicados como
parámetro absoluto o intangible, como ya se advirtió, sino que admiten, bajo
condiciones excepcionales, cierta salvedad a favor de la realización del
derecho sustancial.
DEBIDO PROCESO PENAL-Condiciones para
que la dilación pueda ser justificada
Las
salvedades o excepciones deben armonizar con el mandato previsto en el artículo
29 de la Constitución, pues no teniendo cualquier fenómeno el valor para
permitir que una decisión no se tome a tiempo, solo aquellas circunstancias que
tengan la suficiente entidad podrán permitir la dilación de un término al
encontrase debidamente justificadas. La Sala destaca entonces que (i) sólo con
el objetivo de perseguir una finalidad constitucionalmente relevante y (ii)
como consecuencia de situaciones imprevisibles e ineludibles, es posible
justificar la dilación de los términos procesales, únicamente durante el lapso
estrictamente necesario para efectuar la actuación y con la condición que se dé
trámite urgente y preferente a la actuación que no se decidió a tiempo.
Conforme a lo expuesto, en el presente asunto están en juego tanto los derechos
de las víctimas o los perjudicados a la verdad, la justicia y la reparación, en
cuanto se han dejado de valorar pruebas allegadas al proceso vencido el término
de instrucción y el derecho de los sindicados a una investigación sin
dilaciones injustificadas. Derechos citados que tienen origen en el derecho
fundamental al debido proceso, y que para el caso en estudio pueden armonizarse
perfectamente dado que el derecho fundamental de los sindicados es a una
investigación sin dilaciones injustificadas, por lo que al contrario, no habrá
vulneración del mismo cuando se esté ante dilaciones del proceso justificadas,
como lo serían en ciertas y determinadas circunstancias, las que se orientan a
atender los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la
reparación, cuando por ejemplo, se desatiendan pruebas que se han decretado en
oportunidad a su favor y existe certeza que se allegarán al proceso aunque se
encuentre vencido el término para concluir la investigación.
DEBIDO PROCESO PENAL-Exclusión de
pruebas y requisitos fijados en sentencia SU.159/02
La Fiscalía no satisfizo las condiciones para la exclusión de las
pruebas conforme al artículo 29 de la Constitución.  De acuerdo a la sentencia
SU-159 de 2002, la supresión, eliminación o exclusión de una prueba debe
satisfacer por lo menos cuatro requisitos. Ellos hacen énfasis y redundan en la
necesidad de definir o sustentar legal y razonadamente las circunstancias que conllevan
a omitir el decreto, la práctica o la valoración de una prueba.  En este caso,
la decisión y motivación explícita de la exclusión sólo se llevó a cabo en el
momento de resolver la reposición contra el cierre, indicando que era efímera
la posibilidad de practicarlas a tiempo. Más adelante, la misma institución
explicó que -además- ellas eran superfluas, tal y como se habían solicitado,
pues no agregaban o modificaban la decisión tomada en la calificación del
mérito de la instrucción. De esta manera, el ente acusador negó la valoración
de unas pruebas que habían sido decretadas por ella misma, sin permitir que,
previo al cierre, los interesados se pronunciaran sobre la exclusión.
TERMINO PROCESAL Y DERECHO A LA PRACTICA DE LAS PRUEBAS DECRETADAS-Ponderación
La Corte concluye que no es posible aprovechar los términos
procesales, como tesis para sustentar o justificar la omisión de valorar unas
pruebas decretadas por la propia Fiscalía y que no se allegaron a la
investigación debido a su propio yerro, lentitud o descuido. Se revocarán las
decisiones de instancia y en su lugar se concederá el amparo deprecado. En
consecuencia se dejarán sin efectos las resoluciones que ordenaron el cierre y
la preclusión de la investigación 1255 (542480), dictadas el 31 de octubre, 26
de noviembre y 26 de diciembre de 2003, y el 26 de enero y el 08 de julio de
2004, y se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que en el término de 48
horas, a partir de la notificación de la presente, inicie las gestiones para
incluir dentro del expediente las pruebas decretadas que debían practicarse en
el exterior, en caso de que hubieren llegado a la Fiscalía, para que después,
si es del caso proceda al cierre de las investigación y las valore al momento
de calificar el sumario. Si las pruebas finalmente no llegaron del extranjero,
en el mismo término mencionado anteriormente la Fiscalía correspondiente
iniciará las diligencias necesarias para la consecución de tales pruebas, las
cuales una vez se alleguen al expediente serán valoradas  con todo el acervo
probatorio obrante en el proceso y conforme a las reglas de la sana crítica.
Referencia: expediente T-1226076
Acción de tutela instaurada por Jaime Gilinski y otro contra la
Fiscalía General de la Nación y otros
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D. C.,
siete (7) de marzo de dos mil seis (2006).
La Sala Octava
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur
Galvis, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, profiere la
siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión de las providencias adoptadas por las
Salas de Casación Civil y Laboral de la H. Corte  Suprema de Justicia, dentro
de la acción de tutela instaurada por Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski
Sragovicz en contra de la Fiscalía General de la Nación, Luis Alberto Santana
Robayo, Fiscal Delegado ante la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema
de Justicia y Rubén Darío Arciniegas Calderón, Jefe de la Unidad Anticorrupción
de la Fiscalía General de la Nación, por violación de los derechos
fundamentales de debido proceso y acceso a la administración de justicia.
El expediente llegó a la Corte
Constitucional por remisión que hiciera la Secretaría de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el veinte (20) de octubre de dos mil
cinco (2005), en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, y el mismo fue seleccionado y repartido a la Sala Octava de Revisión, por
la Sala de Selección número once del veintiuno (21) de noviembre del mismo año.
Por no haberse impartido aprobación al proyecto presentado por el
ponente inicial, Magistrado Alvaro Tafur Galvis, la ponencia del asunto fue
asignada al despacho de la Magistrada que sigue en turno en orden alfabético.
I.     ANTECEDENTES
Los señores
Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz, por intermedio de apoderado,
invocan la protección del juez de tutela, porque la Fiscalía General de la
Nación, el Fiscal Delegado ante la Sala de Casación Penal de la H. Corte
Suprema de Justicia y el Coordinador de la Unidad Nacional de Fiscalías
Especializadas en Delitos contra la Administración Pública vulneraron sus
derechos de acceso a la justicia y debido proceso, con ocasión de la
investigación penal adelantada en razón de las denuncias formuladas por la
ejecución del contrato suscrito el 24 de agosto de 1997, entre el Banco
Industrial Colombiano S.A. y los accionistas mayoritarios del Banco de Colombia
S.A., que dio lugar a la fusión de las entidades relacionadas y al surgimiento
del banco BANCOLOMBIA S.A.
Argumentan los
accionantes i) que el doctor Rubén Darío Arciniegas, mediante Resoluciones del
31 de octubre, 11 de noviembre y 26 de diciembre de 2003, declaró vencido el
término de instrucción, mantuvo la decisión y declaró precluida la
investigación y ii) que el doctor Alberto Santana Robayo, el 7 de julio de
2004, confirmó la calificación del sumario sin aguardar la remisión de la
prueba que “habría permitido determinar si efectivamente los señores JORGE
LONDOÑO SALDARRIAGA y FEDERICO GUILLERMO OCHOA, habrían incurrido en conductas
constitutivas de los delitos de Estafa, Falsedad Documental, Utilización
Indebida de Fondos Captados del Público y Operaciones no Autorizadas con
Accionistas...”, haciendo caso omiso del aviso de su envío,
respectivamente.
1.     Hechos
1.1.  El 31 de octubre de 2003, el doctor Rubén Darío Arciniegas,
quien para entonces actuaba como Jefe de la Unidad Anticorrupción de la
Fiscalía General de la Nación, en consideración a que “el término de
instrucción se encuentra más que vencido y allegada al informativo la prueba
necesaria para emitir la calificación de mérito de las sumarias, de conformidad
con lo señalado por el artículo 393 del Código de Procedimiento Penal”,
declaró legalmente cerrada la investigación que la entidad seguía en contra de
los señores Jorge Londoño Saldarriaga y Federico Guillermo Ochoa.
Puso de presente el funcionario investigador, i) que mediante Oficio
4792 del 30 de octubre de 2003, “la Unidad de Fiscalía Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia comunica a este Despacho acerca de la confirmación de
la resolución interlocutoria de esta Fiscalía Delegada, calendada el 6 de
agosto del presente año, por medio de la cual se negó la práctica de unas
pruebas solicitadas por los doctores Francisco José Sintura Varela, Antonio
José Cancino Moreno y Jaime Bernal Cuellar”; y ii) que “en la fecha se
ha (sic) librado sendos exhortos comisorios ante el señor cónsul de
Colombia en Nueva York y ante la autoridad judicial del mismo rango de los
Estados Unidos, para la práctica de las aludidas pruebas”.
1.2.  Los apoderados de la parte civil recurrieron la Resolución i)
como quiera que las pruebas decretadas y pendientes de practicar “son
necesarias para calificar el mérito del sumario”; y ii) por cuanto “se
trata de pruebas a practicarse en el extranjero, que fueron decretadas antes
del vencimiento del término de la instrucción”, siendo en todo caso pertinente
oficiar en pro de “agilizar la gestión encomendada”, sin perjuicio
del vencimiento de la instrucción, asunto este “respecto del cual hay
acuerdo de todos los sujetos procesales”.
Los apoderados de los sindicados, por su parte, solicitaron a la
Fiscalía “no revocar la resolución de cierre en aras de garantizar los
derechos de los sindicados, principalmente los de tener un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas, y a tener como nula toda prueba obtenida
con violación del debido proceso”, a la vez que destacaron la posición
dilatoria de los apoderados de la parte civil y del Ministerio Público.
1.3.  El fiscal a quo i) mantuvo la providencia a que se hace
mención y dispuso que la Secretaría General diera traslado a los sujetos
procesales de la actuación en los términos del artículo 393 del Código de
Procedimiento Penal, habida cuenta que “los planteamientos de los recurrentes
no conducen a desvirtuar las causales invocadas para decretar el cierre de la
investigación...”; y ii) ordenó enviar “un mensaje de urgencia a las
autoridades judicial y diplomática en la ciudad de New (sic) York, para
que den prioridad a las pruebas requeridas en atención al cierre de la
investigación que se encuentra vigente”.
1.4.  El 26 de diciembre de 2003, el doctor Arciniegas Calderón,
entre otras decisiones, resolvió precluir la investigación y declarar
extinguida la acción penal contra los señores Jorge Londoño Saldarriaga y
Federico Guillermo Ochoa Barrera, por los delitos de estafa, utilización
indebida de fondos captados del público, falsedad en documentos y operaciones
no autorizadas con accionistas, en este último caso por prescripción de la
acción penal y respecto de los tipos penales primeramente relacionados por
atipicidad de la conducta.
Expuso el investigador, respecto de las pruebas decretadas y dejadas
de practicar:
“En cuanto a la manifestación de que existió una “.. persistente
negativa a decretar las pruebas solicitadas por la parte civil; a aclararlas en
presencia de decisiones inconducentes y antitécnicas e inclusive el desinterés
en practicarlas como ocurrió en el caso de los funcionarios del J. P. Morgan a
quienes nunca citó a la Fiscalía para concurrir a las diligencias
correspondientes o con el indebido diligenciamiento de las cartas rogatorias,
lo que se tradujo en últimas en la imposibilidad de acopiar todo el acervo
probatorio indispensable para la calificación del sumario” (negrillas fuera
del texto) el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal señala una
libertad probatoria no solamente para dictar medidas de aseguramiento y
resoluciones de acusación, sino también para precluir, en cualquier momento de
la investigación, en concordancia con lo indicado por el mismo estatuto en su
artículo 39.
“Por manera que los testimonios de los funcionarios del J. P.
MORGAN, además de que solamente podrán indicar en honor a la verdad que
jurarían decir (sic), hechos ampliamente conocidos en el informativo a
través de la prueba recaudada, tendrían el derecho constitucional a: 1. No
declarar en su contra, si es lo que siempre han pretendido las partes civiles
dada la condición de J.-P. MORGAN de asesores del Banco Industrial Colombiano y
partícipe del préstamo sindicado y 2. Ejercer el derecho a no declarar sobre
aquellos aspectos que consideren se les ha confiado o llegado a su conocimiento
por razón de su ministerio, como lo indica el numeral 3 del artículo 268 del
estatuto procesal penal, en cuanto tenga que ver con aspectos internos de la
mencionada Corporación y que constituya la fuente de sus ingresos como es la
confidencialidad y secreto que deben guardar acerca de todos los aspectos que
puedan perjudicar a sus clientes, en este caso el Banco Industrial Colombiano”.
Y, en la providencia de 26 de enero de 2004, adoptada para resolver
el recurso de reposición interpuesto por los apoderados de la parte civil, el
a quo reiteró su posición al resolver al respecto, en cuanto consideró:
“IV. De los testimonios de los empleados de J. P. MORGAN.
No son conjeturas los derechos de las personas a no declarar contra
sí mismos y a guardar secreto profesional; no es un invento del suscrito Fiscal,
es un contenido constitucional y el desarrollo de teorías modernas respetuosas
de los derechos fundamentales. Además los testimonios no podrían apartarse de
la realidad probatoria obrante en autos. Este es en resumen, el criterio
reiterado de este Despacho.
(..)
VI De las pruebas que se alleguen con posterioridad al cierre de la
investigación.
Como puede observarse fácilmente las pruebas ordenadas para ser
practicadas en el extranjero no llegaron y, por ende, cualquier manifestación
al respecto es mera especulación”.
1.5.  El doctor Luis Alberto Santana Robayo, para la fecha de los
hechos Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia
fechada 8 de julio de 2004, confirmó la Resolución antes referida y, en lo
atinente a la prueba documental pendiente de recibir, sostuvo:
“En esa tarea y en ese preciso contexto halla el Despacho que tal
como fue presentada la solicitud por el recurrente, la prueba del exterior
decretada no tendría vocación para afectar la realidad probatoria existente,
pues, según lo dicho, las mismas versan sobre hechos y situaciones puramente
marginales y sin ningún interés sobre el objeto de la prueba, al paso que las
pruebas testimoniales solicitadas no ofrecen determinantes cuando quiera que
versarían sobre hechos sobre los que existen amplias explicaciones de los
propios contratantes de la fusión de bancos y plurales documentos que informan
su trámite, procedimiento y condiciones.
“La impertinencia de la prueba del exterior pedida por el
Ministerio Público fue inclusive observada y destacada por el apoderado de la
parte civil que representa a las sociedades Swain Finance Co. Foye Investmens,
Feldome Worldwide Corp. Early Heaven Investmens, Colonel Country, Carpice
Maritime Litd, Bloice Enterprise y Aileen Internacional Co., que ante ello
solicitó al instructor en junio 19 de 2003[1]
que se rectificara el cuestionario, pues, “lo pertinente sería indagar acerca
de las circunstancias en que fueron negociados (que no colocados) los ADRs del
BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO  en la bolsa de Nueva York en el periodo
comprendido entre el 1° de junio de 1997 y el 30 de septiembre del mismo año”
pues, “.. mucho me temo que en la forma solicitada no habrá una respuesta que
ilustre adecuadamente a la Fiscalía acerca de tales operaciones”, acotación de
dicho sujeto procesal que incentivó al Ministerio Publico para formular en
julio 10 del mismo año memorial de adición al de abril 11, que lejos de serlo y
tal como lo destaca la defensa, constituía nueva solicitud de pruebas misma que
negó el a-quo en agosto 6 de 2003 y ratificó este Despacho en octubre
siguiente.
“El debate en torno a la nulidad propuesta queda así restringido
a la prueba pedida por el Ministerio Público en abril 11 de 2003 y autorizada
por el a-quo en junio 12 del mismo año, que según queda dicho ninguna variación
sustancial podría introducir a la investigación, razón por la cual y con las
aclaraciones acá contenidas ratificará el Despacho el aparte pertinente de la resolución
impugnada. No puede pasar el despacho por alto algunos argumentos del
Ministerio Público en donde denota negligencia del funcionario encargado de la
investigación; sin embargo no inició las acciones correspondientes como era su
deber, sino que lo utiliza como argumentos del recurso en forma antitécnica”.
2.      La
demanda
Los señores
Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz, por intermedio de apoderado,
interponen acción de tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación,
Rubén Darío Arciniegas Calderón, Coordinador de la Unidad Nacional de Fiscalías
Especializadas en Delitos contra la Administración Pública y Alberto Santana
Robayo, Coordinador de la Unidad Nacional de Fiscalías Especializadas en
Delitos contra la Administración Pública, por violación de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia.
El apoderado de
los accionantes sustenta la invocación de amparo constitucional de sus
representados, entre otros, en los siguientes hechos:
“1. El 24 de agosto de 1997, después de un proceso de negociación
que tardó varios meses, se celebró la promesa de compraventa al BANCO
INDUSTRIAL COLOMBIANO S.A (BIC) de un porcentaje equivalente al 51% de las
acciones ordinarias del BANCO DE COLOMBIA S.A., por un valor de CUATROSCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS (USD $418.000.000,oo). Esta operación
se documentó en el contrato de promesa de compraventa de Global Depositary
Shares. GDS[2],
Senior Subordinated Exchangeabel Notes. Notes[3]
y acciones ordinarias del BANCO DE COLOMBIA S.A. celebrado entre el BANCO
INDUSTRIAL COLOMBIANO S.A. y algunos accionistas del BANCO DE COLOMBIA S.A. y
tenedores de GDS y Notes.
(...)
“5. Como consecuencia de la ejecución del contrato suscrito entre
las partes surgió BANCOLOMBIA S.A. como institución financiera de naturaleza
bancaria resultante de la fusión llevada a cabo entre el BIC y el BANCO DE
COLOMBIA S.A.
“6. Según se pudo establecer con posterioridad a la suscripción
del acuerdo, en desarrollo del proceso de fusión los señores JORGE LONDOÑO
SALDARRIAGA y FEDERICO GUILLERMO OCHOA, en su condición de Presidente y
Vicepresidente Financiero del BANCOLOMBIA S.A. respectivamente ordenaron la
realización de una serie de operaciones financieras y ocultamiento de otras, a
efectos de favorecer los intereses de accionistas del BANCO INDUSTRIAL
COLOMBIANO –entre quienes se cuentan las más importantes empresas asociadas al
autodenominado Sindicato Antioqueño-, en perjuicio de los derechos patrimoniales
de los accionistas del BANCO DE COLOMBIA S.A.
“7. Para comprender las irregularidades en que incurrieron los
funcionarios del BANCOLOMBIA S.A. que posteriormente fueron objeto de
investigación penal, debe tenerse en cuenta que la determinación de la cantidad
de acciones de la sociedad absorbente que recibirían los accionistas de la
sociedad absorbida se señala mediante la determinación de una RELACION DE
INTERCAMBIO.
(...)
“10. Como quiera que la determinación de la relación de
intercambio se realizó a partir del precio al cual se negociaban los ADR del
BIC en la NYSE y el precio al cual se negociaban las acciones ordinarias del
BIC en el mercado público de valores colombiano, resultaba de fundamental
importancia la determinación de la manera en que se formó el precio tanto de
los ADR como de las acciones ordinarias del BIC,  en los respectivos mercados
de valores en que se negociaban.
“11. En relación con la manera en que se formó el precio de los
ADR del BIC  en la NYSE, existen aun muchas inquietudes, pues pudo establecerse
por parte de los accionistas del extinto BANCO DE COLOMBIA S.A. que entre el 12
de junio y el 20 de agosto de 1997, tan solo un par de días antes al comienzo
de las negociaciones que llevarían a la fusión de los bancos, se realizaron
transacciones atípicas por volúmenes importantes de ADRs, lo cual produjo un
incremento significativo del precio de ese valor.
(...)
“13, En nuestro país, y frente al cúmulo de irregularidades
observadas durante el proceso de adquisición y posterior fusión del BIC con el
BANCO DE COLOMBIA S.A. algunos de los ex -accionistas de esta última
institución financiera formularon denuncia penal en contra de los señores JORGE
LONDOÑO SALDARRIAGA y FEDERICO GUILLERMO OCHOA, como autores responsables de
las conductas constitutivas de los delitos de Estafa, Falsedad Documental,
Utilización Indebida de Fondos Captados del Público y Operaciones no
Autorizadas con Accionistas.
(...)
“21. Como quiera que este proceso gira en torno a algunos delitos
contra el bien jurídico del Orden Económico y Social, y el patrimonio económico
de los señores GILINSKY, la parte civil había solicitado la práctica de algunas
pruebas tendientes a establecer el curso de las acciones seguidas por la
Superintendencia Bancaria y de Valores, así como la práctica de algunas pruebas
consistentes en remitir cartas rogatorias al exterior para solicitar el envío
de algunos documentos que acreditarían la comisión de las conductas punibles
objeto de investigación.
“22. Específicamente la parte civil, con el expreso y manifiesto
apoyo del doctor EYDER PATIÑO, Procurador Judicial que actuaba en Calidad de
Agente Especial del Ministerio Público, había solicitado que se enviara Carta
Rogatoria a las autoridades del mismo rango y jerarquía en los Estados Unidos
de América, para que se remitieran con destino a ese proceso todos los
documentos de información que reposaran en la SECURITIES AND EXCHAGE  COMISION
acerca de la operación de colocación y negociación de los ADRs emitidos por el
BIC en la NYSE.  Esta documentación, como es apenas lógico, resultaba de vital
importancia dentro de la investigación, por cuanto permitiría establecer si los
funcionarios del BANCOLOMBIA S.A. que se encontraban sindicados, efectivamente
habían manipulado el precio de los ADR del BIC en el mercado bursátil
norteamericano, alterando por ese medio e ilegalmente la relación de
intercambio en perjuicio de los accionistas del BANCO DE COLOMBIA S.A.
(...)
“32. Es importante destacar que si las pruebas mencionadas no
pudieron allegarse al proceso dentro del término de instrucción, ello fue
debido a la poca diligencia con que la Fiscalía tramitó las mismas. Sobre el
particular recordará el despacho que inicialmente, la prueba fue decretada pero
no tramitada materialmente. Luego y solo después de múltiples solicitud (sic)
de diversos sujetos procesales, la Fiscalía remitió las Cartas Rogatorias, pero
las mismas fueron devueltas por parte de la Oficina de Relaciones
Internacionales de la Fiscalía General, por no reunir los requisitos de ley. Y
finalmente la Carta fue finalmente remitida de nuevo solo cuatro (4) días
hábiles antes del cierre, pero no precisamente por la diligencia del despacho,
sino gracias al requerimiento formal que hiciera la parte civil.
“33. Como era de esperarse y no obstante no contar con una prueba
tan importante como lo eran los documentos solicitados a las autoridades
norteamericanas, el doctor RUBEN DARIO ARCINIEGAS calificó el mérito de la
investigación en el sentido de PRECLUIR  por completo esa investigación a favor
de todos los sindicados. Decisión que se adoptó mediante resolución fechada el
día veintiséis (26) de diciembre de 2003.
(...)
“36. El día 7 de julio de 2004, antes de que se desatara el
recurso de apelación, la parte civil presentó ante el despacho del doctor
SANTANA ROBAYO un memorial en que le comunicaba que el doctor RUBEN DARIO
ARCINIEGAS, como Fiscal de primera instancia, había sido oficialmente informado
por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América de la existencia de las
pruebas documentales requeridas y de su disposición para entregarlas a las
autoridades colombianas previo los trámites legales de autenticación y
apostille que era necesario surtir. En atención a lo anterior se solicitó a esa
instancia abstenerse de desatar el recurso de apelación cursante, hasta tanto
no pudiera conocerse el contenido de los documentos que las autoridades
norteamericanas entregarían a la Fiscalía General de la Nación.
“37. Un escrito de similar contenido y con igual solicitud, se
dirigió al señor Vice–Fiscal General de la Nación, doctor ANDRES RAMIREZ, ese
mismo día 7 de julio del año 2004.
“38. Es de destacar que mediante comunicación fechada el día 20
de julio de 2004. el agregado judicial de los Estados Unidos de América en
Colombia, hace constar que el día 1° de julio de esa anualidad se reunió con el
doctor RUBEN DARIO ARCINIEGAS, dando a ese funcionario la “oportunidad de
revisar copias informales de todos los documentos en dos cajas”, las cuales
contenían toda la información avisada en las Cartas Rogatorias, y las que solo
requerían del trámite de apostilla para que adquirieran pleno valor probatorio.
“39. No obstante la advertencia de la parte civil y la reunión
sostenida con el agregado judicial del Gobierno Americano, la Fiscalía General
de la Nación procedió a dictar casi de inmediato una providencia en la que
CONFIRMABA la decisión de precluir la investigación, sin esperar las pruebas
que con tanta insistencia se habían solicitado a lo largo de todo el proceso.
(...)”.
Consecuente con la situación fáctica antes descrita, el apoderado de
los accionantes solicita que el juez constitucional i) declare que la Fiscalía
General de la Nación a través de sus delegados, doctores Rubén Darío Arciniegas
Calderón y Alberto Santana Robayo, quebrantó a los señores Jaime Gilinski Bacal
e Isaac Gilinski Sragovicz sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la justicia al precluir la investigación 1255 (542480); y ii) que en
consecuencia, previa la declaratoria de nulidad de las resoluciones proferidas
el 26 de diciembre de 2003, el 26 de enero de 2004 y 8 de julio del mismo año,
disponga la reapertura de la investigación contra los señores Jorge Londoño
Saldarriaga y Federico Guillermo Ochoa Barrera, con el fin de valorar la prueba
llegada del exterior y “la que perfeccione la investigación”.
Para ello, se
apoya en jurisprudencia de esta Corporación en la que se ha tratado el concepto
de justicia material –T-006 de 1992[4]-,
el acceso a la justicia como derecho fundamental –T-476 de 1998[5] y T-292 de 1999[6]- y el derecho de las
víctimas a la reparación –C-163 de 2000[7]-,
de la que trae apartes.
3.      Intervención Pasiva
3.1.  María
Cristina Chirolla Losada, Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
cuestionó la solicitud de amparo indicando que han transcurrido más de trece
meses desde la fecha en que se profirió la providencia que resolvió la
apelación interpuesta contra la preclusión de la instrucción del mérito del
sumario seguido contra Jorge Londoño Saldarriaga y Federico Ochoa Barrera.
3.2.  Por su
parte, el señor Jorge Londoño Saldarriaga, por intermedio de apoderado, solicita
“se rechacen las pretensiones del demandante y se nieguen (sic)
el amparo de tutela solicitado, por ser la acción improcedente dada la
violación del principio de inmediatez y por no existir vía de hecho ni
violación a derecho fundamental alguno” (...).
Se detiene el
apoderado en “lo relacionado con los documentos tardíamente remitidos de
Estados Unidos”, con el fin de destacar que “los apoderados de la parte
civil en ningún momento solicitaron como prueba que se pidiera a algún
organismo de control de la Bolsa de Nueva York la remisión de documentos sobre
operaciones con los ADRs del BIC”; sino que la Fiscalía ordenó allegar a la
actuación “las hojas de trabajo (...) utilizadas para valorar a los bancos
(...) elaboradas por el asesor del BIC (...)”, en la providencia que
definió la situación jurídica.
Situación esta,
agrega, radicalmente distinta a la solicitud elevada por el Agente
Especial del Ministerio Público, quien, estando “el término de instrucción
(...) a dos meses de vencerse y después de haber guardado silencio todo el
tiempo anterior (...)”, solicitó “establecer mediante los mecanismos
legales de rigor (...) las circunstancias en que fueron colocados los ADRs
(...), dentro del mercado bursátil de [los Estados Unidos] (...)”.
Concluye entonces
que no resulta posible endilgar demora a la Fiscalía en la remisión de la
Cartas Rogatorias con el fin de que las autoridades de los Estados Unidos
practicaran la prueba, como se plantea en la demanda, “ya que la carta del
1° de septiembre de 2003 obedece a lo ordenado en las providencias del 12 de
junio y 29 de agosto del mismo año, mediante las cuales se decretó la prueba y
se repuso el cierre de la investigación decretado el 6 de agosto anterior.”
El interviniente
agrega, respecto de la pertinencia de la prueba, que el apoderado de los
accionantes echa de menos, que ésta “no conduce a nada y quien se encarga de
advertirlo es el doctor NESTOR HUMBERTO MARTINEZ, uno de los apoderados de la
parte civil, quien en memorial entregado el 19 de junio de 2003, a siete días
de vencerse el término de instrucción, dice que la entidad se llama Securities
(no Security) and Exchange Comisión (sic) y lo que se ha debido solicitar no es
que se indague sobre las circunstancias en que fueron colocados los ADRs del
BIC, sino sobre las circunstancias en que fueron negociados y en tal sentido
pide que se aclare y amplíe el auto de pruebas de junio 12, pues en la forma en
que se solicitaron los documentos no habrá una respuesta que ilustre
adecuadamente a la Fiscalía”.
Destaca que “acatando
la observación del apoderado de la parte civil” el Ministerio Publico
corrigió su solicitud y demandó “un pronunciamiento urgente, como quiera que
el término de la instrucción se halla vencido, petición abiertamente
improcedente a la luz del artículo 329 del Código de Procedimiento Penal pues
en esta norma se ordena que “Vencido el término de la instrucción, la única
actuación procedente será la calificación”.
Asegura que con
fundamento en la jurisprudencia constitucional y de la Sala de Casación Penal
de la de la H. Corte Suprema de Justicia, desde la perspectiva de la garantía
del sindicado a un proceso sin dilaciones injustificadas, los funcionarios
accionados no podían atender la solicitud de la parte civil, relativa a que se
extendiera el término de la investigación para incorporar al sumario nuevos
elementos probatorios.
Pone de presente
que sus representados debieron soportar “más de treinta (30) meses de
injustos ataques, en donde la iniciativa probatoria fue toda de la parte
acusadora, como quiera que cada vez que se le demostró que sus afirmaciones no
correspondían a la realidad, cambió de argumento y en eso se llegó a mucho más
del agotamiento del término legal de instrucción”; y que al observar que el
término de instrucción estaba por vencerse resolvieron dilatarlo, solicitando
la práctica de una prueba que ahora consideran trascendente, pero que no puede
serlo si se considera que demoraron más de 2 años en pedirla y al hacerlo
equivocaron la solicitud.
A fin de
fundamentar lo relativo al valor probatorio de la documentación sobre la
negociación de los ADRs del BIC en la Bolsa de Nueva York, recuerda i) que “el
propio JAIME GILINSKI manifestó bajo juramento que no tenía ningún elemento de
juicio para considerar que transacciones sobre ADRs del BIC  pudieran haber
sido realizadas por funcionarios de dicho Banco”; y ii) que “expertos en
materia financiera, como es el caso del doctor JAIME VELASQUEZ señalaron que
sería un absurdo económico pretender manipular el precio del mercado en la
Bolsa de New (sic) York, con el fin de hacerle subir de precio a los
ADRs, pues se requeriría una inversión inmensa que generaría necesariamente
pérdida”.
Además de lo
expuesto, el apoderado del señor Londoño Saldarriaga destaca que “los
accionantes dejaron pasar más de un año para interponer la tutela, sin que
existiera una razón objetiva o una causa que justificara la demora, pues basta
leer la demanda para advertir que desde el mismo momento en que se profirieron
las decisiones calificadas como de vía de hecho, los accionantes contaban con
todos los elementos para formular la presente acción, porque para ese momento,
dicen ellos, ya había arribado la prueba de cuya ausencia de apreciación se quejan”.
En síntesis el
interviniente solicita se niegue la invocación de amparo constitucional
instaurada por los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz, en
razón de las decisiones adoptadas por los delegados de la Fiscalía General de
la Nación, el 26 de diciembre de 2003 y el 26 de enero y 8 de julio de 2004
dentro del sumario 1255 (542480), dado que el tiempo transcurrido no permite la
intervención inmediata del juez de tutela, como lo indica el artículo 86
constitucional y debido a que los delegados del Fiscal General de la Nación no
incurrieron en vía de hecho en la actuación procesal que culminó con la
preclusión de la acción penal, declarada a favor de los señores Jorge Londoño
Saldarriaga y Federico Guillermo Ochoa Barrera.
3.3.  Estando el
asunto en revisión -8 de febrero del año en curso-, el señor Federico Guillermo
Ochoa Barrera hizo llegar a esta Corte un escrito que se agrega a los autos, en
el cual analiza el parámetro de inmediatez de la acción de tutela y concluye
que: “el término que se dejó transcurrir entre el hecho vulnerante (...)
y la formulación de la acción de tutela (...) es completamente
desproporcionado y no razonable”.
4.
Pruebas
En el expediente
obran en fotocopia las providencias adoptadas por los doctores Rubén Darío
Arciniegas Calderón y Luis Alberto Santana Robayo -31 de octubre, 26 de
noviembre y 26 de diciembre de 2003, y 26 de enero y 8 de julio de 2004- para
cerrar la investigación y calificar el mérito del sumario 1255 (542480) seguido
en contra de los señores Jorge Londoño Saldarriaga y Federico Guillermo Ochoa
Barrera, por los delitos de Estafa, Falsedad en Documento Público, Utilización
Indebida de Fondos Captados del Público y Operaciones no Autorizadas con
Accionistas.
Estas decisiones
componen el expediente acompañadas de otros documentos relevantes que se
encuentran distribuidos de la siguiente manera:
-  Fotocopias de
las demandas y escritos adicionales presentados por la parte civil dentro de la
investigación penal 1255 (542480), (folios 31 a 172, cuaderno primera
instancia).
-  Fotocopia de
la Resolución 001549 del 25 de noviembre de 2002, expedida por el Director
Nacional de Fiscalías, “Por medio de la cual se adiciona la resolución No.
02117 del 11 de diciembre de 2001” (folios 173 y 174, cuaderno primera
instancia).
-  Fotocopia de
la Resolución 00821 del 17 de junio de 2003, expedida por el Director Nacional
de Fiscalías, “Por medio de la cual se modifica la resolución No. 001549 del
25 de noviembre de 2002” (folios 175 y 176, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
la Resolución 001329 del 11 de septiembre de 2003, expedida por el Director
Nacional de Fiscalías, “Por medio de la cual se asigna especialmente la
segunda instancia de una investigación a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante
el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá” (folios 177 y 178,
cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
la Resolución 001364 del 21 de septiembre de 2003, expedida por el Director
Nacional de Fiscalías, “Por medio de la cual se asigna especialmente la
segunda instancia de una investigación a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia”. (folios 179 y 180, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia del
Auto del 20 de junio de 2002 dictado por la Fiscal Ciento Noventa y Cinco de la
Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia,
dentro del sumario 542480 (después radicado con el número 1255), (folio
181, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia del
oficio remisorio 724 del 2 de septiembre de 2003, suscrito por el jefe de la
Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, Rubén Darío
Arciniegas Calderón, y la carta rogatoria número 001 dirigida a “LA
AUTORIDAD JUDICIAL DE SU MISMO RANGO EN ESTADOS UNIDOS (...)” para la
práctica de unas diligencias, de fechas 01 de septiembre de 2003 y 31 de
octubre del mismo año (folios 182 a 193 y 208 a 218, cuaderno primera
instancia).
- Fotocopia del
pronunciamiento del Jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía
General de la Nación el 31 de octubre de 2003 dentro de la investigación 1255
(542480), (folio 200, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia del
exhorto número 002, para la práctica de pruebas testimoniales, proferido por el
fiscal delegado, jefe de la Unidad Nacional Especializada en Delitos contra la
Administración Pública de Bogotá, dirigida al Cónsul de Colombia en la ciudad
de New York en Estados Unidos, de fecha 31 de octubre de 2003 (folios 201 a
207, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia del
pronunciamiento del Jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía
General de la Nación, del 31 de octubre de 2003, en donde “DECLARA
LEGALMENTE CERRADA” la investigación (folio 219, cuaderno primera
instancia).
-  Fotocopia de la
sustentación del recurso de reposición interpuesto contra la providencia que
cerró la investigación (folios 220 a 223, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
providencia fechada 26 de noviembre de 2003, suscrita por el Jefe de la Unidad
Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, en donde resuelve
el recurso de reposición (folios 224 a 229, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
providencia fechada 26 de diciembre de 2003,  suscrita por el Jefe de la Unidad
Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, en donde califica
el mérito de la investigación (folios 230 a 261, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
providencia fechada el 26 de enero de 2004, suscrita por el Jefe de la Unidad
Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, que resuelve el
recurso de reposición contra la resolución interlocutoria del 26 de diciembre
de 2003 (folios 262 a 284, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
providencia fechada julio 08 de 2004, suscrita por el Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, Luis Alberto Santana Robayo, que resuelve el recurso
de apelación contra la resolución del 26 de diciembre de 2003 (folios 285 a
375, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
memoriales dirigidos al Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el
Vicefiscal General de la Nación, con fecha 06 de julio de 2004 (folios 376 y
377, cuaderno primera instancia).
-  Fotocopia de
oficio proveniente del Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de Estados
Unidos, dirigido a la jefatura de la Oficina de Asuntos Internacionales de la
Fiscalía General de la Nación, con fecha 20 de julio de 2004 (folio 378,
cuaderno primera instancia).
5.      Las
sentencias que se revisan
5.1    Sentencia de primera instancia
La Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia
resolvió negar la invocación de amparo constitucional impetrada por los señores
Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz contra la Fiscalía General de
la Nación y los Fiscales delegados que decretaron el cierre y la preclusión de
la investigación 1255 (542480), porque “no es función del Juez
constitucional la de inmiscuirse en el laborío que incumbe a los jueces de
instancia y (..) no es de su resorte aquilatar las decisiones judiciales con
miras a dirimir si ellas corresponden a la más adecuada y convincente
interpretación de las normas jurídicas o a la más depurada y persuasiva
apreciación probatoria”.
Agrega que al juez de amparo “le compete examinar si la actuación
del juez, por apartarse abruptamente del ordenamiento jurídico, violenta los
derechos fundamentales de las partes”; pero que “no le es dado (..)
entremeterse en las determinaciones de los jueces naturales, como si fuera uno
de ellos a quienes la Constitución y la ley les han confiado el ejercicio de la
jurisdicción, en el ámbito de sus respectivas especialidades y, por supuesto,
la salvaguarda de las garantías y libertades individuales”.
Observa, además, que los accionantes intervinieron en el trámite que
cuestionan y obtuvieron respuesta a sus pretensiones, así fueren adversas, “lo
que de suyo tampoco les abre el camino para acudir a este mecanismo especial
con miras a (..) imponer su propio criterio”, en un asunto definido hace
más de un año, siendo esta última circunstancia “motivo adicional que hace
improcedente la acción de tutela pues, pues (sic) no se evidencia una
lesión o amenaza actual, a sus derechos fundamentales”.
5.2
Impugnación
Los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz, por
intermedio de apoderado, impugnan la decisión antes reseñada.
Sostiene el apoderado de los accionantes que el fallador de primer
grado “no se detuvo a analizar a fondo la actuación procesal antecedente a
la providencia constitutiva de la vía de hecho alegada, limitándose a formar un
juicio a partir de la lectura aislada de la resolución (sic) emanada de
los Fiscales demandados”.
Destaca que “la vía de hecho se estructura (..) por violación al
derecho al debido proceso y al derecho a la defensa y a la contradicción, toda
vez que el funcionario de segunda instancia en la Fiscalía produjo arbitraria y
apresuradamente la decisión de preclusión, a sabiendas de que pruebas del
exterior habían llegado y que podían cambiar el sentido de las cosas, sin permitir
su incorporación al proceso y conocimiento de los demás sujetos procesales”.
Agrega que la “conducencia, pertinencia y procedencia de un medio
de prueba debe ser valorado (sic) por la autoridad judicial al momento
de resolver sobre su decreto”, en consecuencia considera que la vulneración
de las garantías constitucionales de sus representados radica, precisamente, en
que la prueba documental no se negó, de manera que los sujetos procesales
hubieren podido controvertir la decisión, sino que se decretó y no se incorporó
al proceso ni se valoró, en razón de su presunta impertinencia. Señala el
recurrente:
(..) adujo también la Sala de Casación Civil que la tutela
pretendida por el accionante no podía concederse, en tanto que para esa
Corporación era imposible por razón de su competencia adentrarse en el tipo de
análisis que se le solicitaba realizar. Según el fallador, el juez de tutela no
es competente para adentrarse en los aspectos sustanciales y/o en las
valoraciones probatorias internas del proceso dentro del cual se produjo la
decisión atacada como vía de hecho, por cuando ese tipo de juicios son del
resorte exclusivo del juez de instancia, escapándose de la competencia del juez
de tutela.
Sobre el particular debemos acotar que la decisión de la Fiscalía
materia del recurso de amparo se fundamenta en que la entidad dice valorar una
prueba que, sin embargo, no se incorporó oportuna y legalmente al expediente y
procedió a descalificarla por no aportar nada al debate, pero, se reitera, sin
conocer su contenido, ni permitir a los sujetos procesales conocerlo. A nuestro
juicio, un proceder en tales condiciones, estructura un defecto fáctico
constitutivo de violación de los derechos fundamentales, porque la Fiscalía no
tenía el apoyo probatorio que le permitía desconocer algún valor a la prueba
documental venida del exterior, toda vez que ésta no se incorporó jamás al
debate.
(..)
Desde la óptica constitucional no es improcedente que el juez de
tutela entre a realizar un análisis de los aspectos sustanciales del proceso en
el que se originó la decisión tachada como vía de hecho, sobretodo cuando lo
que resulta conculcado es el derecho al debido proceso (..).”
Añade, al respecto, que dada la situación planteada en la demanda y
la evidente vulneración de las garantías constitucionales de sus representados,
no se requería que el juez de amparo se adentrase en el contenido de la prueba
a fin de resolver sobre su pertinencia, sino que constatara cómo los Fiscales
delegados, prevenidos como lo estaban de la llegada de los documentos, “hubieran
hecho oídos sordos y apresuraran una decisión de preclusión de la investigación
que culminaba el trámite sin permitir su conocimiento a los demás sujetos
procesales y sin valorarla”.
Para concluir afirma que la función de administrar justicia impone a
las autoridades del ramo no solo el deber de responder, sino el de hacerlo con
sujeción al imperio de la ley y que está claro que los Fiscales delegados
accionados respondieron algunas de las solicitudes de la parte civil, sin que
por ello se pueda afirmar que “hubieran garantizado el derecho al debido
proceso que allega a los accionantes”, porque además de que la apresurada
preclusión de la investigación “no fue oportuna ni en derecho”, no puede
desconocerse que el doctor Santana Robayo jamás respondió la petición de la
parte civil, “de abstenerse de desatar el recurso de apelación hasta tanto
no llegaran al proceso las pruebas provenientes del exterior”.
5.3
Decisión de segunda instancia
La Sala de
Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia
proferida el 25 de agosto de 2005 por la Sala de Casación Civil de la misma
Corporación, porque “no es dable mediante tutela injerirse en las
actuaciones de otras autoridades jurisdiccionales ni invalidar los efectos de
sus providencias judiciales –en el caso de la Fiscalía llamadas “resoluciones
judiciales”- puesto que, además de que esa posibilidad no cuenta con un
respaldo normativo expreso, iría en contra de los principios de cosa juzgada y
de autonomía judicial (...)”.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
Es competente
esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para revisar el fallo
mencionado, de conformidad con lo establecido en los artículos 86, inciso
tercero, y 241 numeral noveno de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Presentación
del caso y planteamiento del problema jurídico.
Dentro del
trámite de un proceso penal, varios de los sujetos procesales solicitaron la
práctica de unas pruebas.  Ellas fueron decretadas por la autoridad judicial
competente pero, sin embargo, las que debían llegar del exterior no fueron
allegadas antes de la declaratoria de cierre y preclusión, por lo que no se valoraron
en la investigación. Ahora, la parte civil requiere a través de la acción de
tutela la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia para que, anuladas las Resoluciones que
declararon cerrada la investigación y dispusieron la preclusión del proceso, se
disponga la reapertura de la investigación con el fin de valorar la prueba
llegada del exterior y “la que perfeccione la investigación”.
En oposición a
la solicitud de amparo, una de las autoridades judiciales demandadas afirmó que
los accionantes  dejaron transcurrir más de trece meses entre la decisión que
se censura y la interposición de la acción.  En el mismo sentido, un
interviniente consideró que las pretensiones deben denegarse pues la solicitud
no cumple con el principio de inmediatez.  Además, indicó que no se puede
increpar demora alguna en las actuaciones de la Fiscalía ya que la prueba sólo
se decretó en las providencias del 12 de junio y del 29 de agosto de 2003.
Agregó, que la prueba fue mal solicitada y que, por ende, ésta “no conduce a
nada”.  Advirtió que de acuerdo a la garantía de los sindicados a tener un
proceso sin dilaciones injustificadas, no era posible extender el término de la
investigación.
La primera
instancia que conoció del amparo negó la solicitud de protección, para lo cual
indicó que el juez constitucional no tiene la función de definir cuál es la
interpretación jurídica ajustada a un caso o interferir en la apreciación
probatoria de las demás autoridades judiciales.  Agregó que al juez de amparo
solamente le compete examinar si los jueces se apartan de manera abrupta del
ordenamiento jurídico.  Finalmente observó que cada una de las pretensiones de
los accionantes tuvieron respuesta dentro de la investigación penal y no se
evidencia la existencia de una lesión o amenaza de los derechos fundamentales.
La segunda
instancia, por su parte, confirmó tal decisión y precisó que el juez de tutela
no puede intervenir o examinar las actuaciones judiciales de otras autoridades,
pues tal prerrogativa no cuenta con mandato normativo expreso que la respalde
y, en todo caso, “iría en contra de los principios de cosa juzgada y
autonomía judicial”.
Así las cosas,
teniendo en cuenta que ante el cierre y la calificación del mérito de una
investigación, la parte civil presenta la solicitud de protección de sus
derechos fundamentales aduciendo que debía incorporarse a la actuación una
prueba previamente decretada, el problema jurídico al que debe darse solución
implica determinar si frente a los derechos de las víctimas y perjudicados
dentro de un proceso penal es posible exigir la reapertura de la investigación
para la valoración de determinado material probatorio que, si bien fue
decretado en oportunidad, llegó de manera tardía del exterior.
No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que las Salas de
Casación Civil y de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia niegan la
protección, aduciendo que a través de la acción de tutela no es permitido
intervenir en las decisiones judiciales y que los accionantes aguardaron más de
un año en acudir a la demanda de protección, previamente esta Sala deberá
pronunciarse sobre la procedencia de la acción.
En este orden de
ideas, en caso de concluir que la acción es procedente, la Sala considera
pertinente estudiar (i) los derechos de las víctimas, perjudicados y la
parte civil, en el trámite de un proceso penal, así como (ii) las
connotaciones del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones
indebidas, para luego (iii) reiterar la doctrina de esta Corporación
sobre las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, específicamente frente a las condiciones inherentes al
derecho a la prueba.
3.  Procedencia de la presente acción de tutela.
3.1.  Los accionantes no cuentan con mecanismo judicial distinto a
la acción de tutela para reclamar sobre el restablecimiento de sus derechos al
debido proceso y acceso a la justicia.
Según lo preceptúa el articulo 86 de la Carta Política, toda persona
puede reclamar mediante un procedimiento breve y sumario, en todo tiempo y
lugar, el restablecimiento de sus derechos fundamentales, cualquiera fuere la
autoridad que los vulnera o amenaza, siempre que no cuente con otro medio
judicial de eficacia comprobada, sin perjuicio de la intervención transitoria
del juez constitucional, en los términos del artículo 86 de la Carta.
Conforme a los antecedentes, el Jefe de la Unidad Nacional
Anticorrupción, mediante providencia que los accionantes recurrieron, declaró
legalmente cerrada la instrucción que la Fiscalía General de la Nación
adelantaba en contra de los señores Jorge Londoño Saldarriaga y Federico Ochoa
Barrera, por los delitos de Estafa, Falsedad en Documento Público, Utilización
Indebida de Fondos Captados del Público y Operaciones no Autorizadas con
Accionistas, dentro de la investigación a que dieron lugar las denuncias
presentadas contra la ejecución del contrato celebrado el 24 de agosto de 1997,
entre el Banco Industrial Colombiano S.A. y los accionistas mayoritarios del
Banco de Colombia S.A..
Se conoce también que el funcionario en comento resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la providencia y que vencido el término para
alegar de conclusión profirió resolución de preclusión, mediante providencia
que los representantes de la parte civil impugnaron y que el Fiscal Delegado
ante la Corte Suprema de Justicia confirmó, en consideración (i) a que
efectivamente el término para investigar había concluido y (ii) porque la
investigación demostró la atipicidad de las conductas, al igual que la
prescripción de la acción penal, respecto de alguno de los delitos imputados.
Por consiguiente la acción que se revisa es procedente por el
aspecto que se analiza en este apartado, pues una vez que el afectado con una
decisión judicial que considera vulnera sus derechos fundamentales agota dentro
del proceso las instancias que darían lugar al restablecimiento, puede acudir
en demanda de amparo.  Y está claro que los accionantes interpusieron todos los
recursos previstos para que la parte civil asegure su acceso a la justicia,
esto es, los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz, por
intermedio de sus apoderados, se manifestaron ante el mismo fallador porque
éste decretó el cierre de la investigación y la precluyó, y sustentaron sus
inconformidades ante el superior, sin éxito, como quiera que las decisiones
fueron mantenidas.
En estas condiciones los accionantes bien pueden solicitar un
pronunciamiento del juez de tutela sobre la lesión de sus derechos
fundamentales y propender por una decisión que desde la perspectiva del
ordenamiento constitucional ordene su inmediato restablecimiento.
3.2.  La inmediatez de la acción de tutela.
En armonía con
el artículo 86 de la Carta Política, esta Corte declaró inexequible el artículo
11 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto la disposición establecía un lapso de
dos meses, contados a partir de la ejecutoria e la providencia, para ejercer el
amparo contra decisiones judiciales, en abierta contradicción con la
disposición constitucional en cita, según la cual la acción de tutela puede
interponerse “en todo momento y lugar”[8].
No obstante lo
anterior, en aplicación de la misma normativa, la jurisprudencia ha establecido
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable, oportuno y
justo, conforme a las condiciones de cada caso.  En la sentencia SU-961 de
1999, M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa, el pleno de la corporación precisó que la
inexistencia de un término de caducidad no implica que el amparo pueda
solicitarse en cualquier tiempo.  De este pronunciamiento vale la pena
destacar:
“(...) la razonabilidad de este plazo está determinada por la
finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.  De
acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la
tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que
no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la
acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera
afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha
interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de
inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros,
o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha
determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’. (...)
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción
brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de
conformidad con tal naturaleza.  Esta condiciona su ejercicio a través de un
deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción”.
En efecto, el plazo para interponer la acción de tutela no se ha
definido de manera absoluta o universal pues éste depende de las circunstancias
propias de cada caso, conforme a los postulados de seguridad jurídica y
efectividad de los derechos fundamentales.
De frente a lo anterior hay que señalar, que consta en el proceso
que el 05 de agosto de 2005, los señores Jaime Gilinski e Isaac Gilinski
presentaron ante el Consejo Seccional de la Judicatura[9] la demanda de la
referencia, porque mediante decisiones de 31 de octubre y 26 de diciembre de
2003 y 26 de enero y 8 de julio de 2004, los Fiscales accionados desconocieron
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, como
perjudicados de varias infracciones a la ley penal.
Pues bien, de conformidad con un sin número de tutelas proferidas
por esta Corporación[10],
la Sala encuentra que conforme a la importancia de los derechos cuya protección
se depreca y la complejidad de la investigación penal que se censura, así como
las circunstancias particulares del mismo, el término en que se interpuso esta
acción es razonable, y su decisión de fondo no desnaturaliza el propósito de la
tutela.
De manera que también por el aspecto del término en que los
accionantes interpusieron la demanda que se revisa, para la Sala es claro que
los señores Jaime Gilinski e Isaac Gilinski tienen derecho a un pronunciamiento
de fondo del juez de tutela, sobre la vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la justicia.
4.  La
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.  Derecho
a la prueba y defecto fáctico.  Reiteración de jurisprudencia.
4.1.  Conforme
al mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución, la Corte
Constitucional ha dispuesto una doctrina a cerca de la procedencia de la acción
de tutela contra las providencias expedidas por las autoridades judiciales.  En
un comienzo, esta atribución tuvo fundamento en los artículos 11 y 40 del
Decreto 2591 de 1991.  Sin embargo, dichas disposiciones fueron declaradas
inexequibles en la sentencia C-543 de 1992[11],
en la cual se consideró que valores como la seguridad jurídica y la cosa
juzgada son relevantes en nuestro sistema normativo y justifican la
intangibilidad de las decisiones judiciales.  No obstante lo anterior, en esa
misma providencia se advirtió que ciertos actos no gozan de esas cualidades y
que, por tanto, frente a actuaciones de hecho la acción de tutela sí
procede para proteger los derechos fundamentales; la Corte afirmó en ese
entonces:
“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de
autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en
cuanto les corresponde la función  de administrar justicia y sus resoluciones
son obligatorias para los particulares y también para el Estado.  En esa
condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada obsta
para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables
al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos
fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, (...).   En hipótesis como estas
no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad jurídica de los
asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la
justicia”.
Así las cosas, a
partir de la sentencia T-079 de 1993[12],
con base en una decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en donde
concedió una acción de tutela contra una sentencia judicial y respetando la ratio
decidendi de la sentencia C-543 de 1993, paulatinamente se fueron
definiendo el conjunto de defectos que tienen el poder de justificar la
procedencia del amparo para que se protejan los derechos fundamentales de
quienes acuden al Estado para que resuelva un conflicto a través de la
administración de justicia.
Posteriormente,
la Corte agrupó el enunciado dogmático “vía de hecho”, previsto
en cada una de las sentencias en donde se declaró que la tutela era procedente
frente a una actuación judicial anómala, e ideó los criterios de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Éstos constituyen pautas que soportan una plataforma teórica general de la acción
de tutela contra actuaciones jurisdiccionales y, por tanto, constituyen el
trasfondo de las causas que pueden generar la violación de la Constitución, por
la vulneración de los derechos fundamentales en la cotidianidad de las
prácticas judiciales.
La nueva
enunciación de tal doctrina ha llevado, en últimas, a redefinir el concepto de vía
de hecho, declarado como el acto absolutamente caprichoso y arbitrario[13], producto de la
carencia de una fundamentación legal y con la suficiente envergadura para
concernir al juez constitucional.  En su lugar, con la formulación de los criterios,
se han sistematizado y racionalizado las causales o defectos con base en un
mismo origen: la penetración de la Constitución y los derechos fundamentales en
la rutina judicial.  Al respecto, en la sentencia T-949 de 2003[14], la Sala Séptima de
Revisión explicó lo siguiente:
“Esta Corte en sentencias recientes ha redefinido dogmáticamente
el concepto de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Esta redefinición ha operado a partir del poder de irradiación del
principio de eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 C.P.) y de una
interpretación sistemática de diversas disposiciones de la Constitución (arts.
1, 2, 13, 86, 228 y 230 C.P.).
“En esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la
expresión “vía de hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo
anterior ha sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del
procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la necesidad de
proteger los intereses constitucionales que involucran la autonomía de la
actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que estos valores puedan
desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las puertas a la necesidad de
proteger los derechos fundamentales que pueden verse afectados eventualmente
con ocasión de la actividad jurisdiccional del Estado (Sentencia T-462 de
2003)”.
Además, en la
sentencia T-1285 de 2005[15],
esta Sala de Revisión expuso cada uno de los criterios de procedibilidad de
la siguiente manera:
“La sistematización de los criterios o causales a partir de los
cuales es posible justificar el advenimiento de una tutela contra una decisión
judicial, ha generado que la Corte advierta dentro de ellos la obligación del
operador de respetar los precedentes y de guardar respeto y armonía entre su
discrecionalidad interpretativa y los derechos fundamentales previstos en la
Constitución[16].
En este punto es necesario prevenir que la Corporación ha definido e
identificado dentro del ejercicio jurisdiccional, la obligación de argumentar
suficientemente cada una de sus decisiones y también de ponderar con claridad
los derechos fundamentales que se encuentren en disputa.  El principio de
eficacia de los derechos fundamentales y el valor normativo de la Constitución
obligan al juez a acatar, emplear e interpretar explícitamente las normas
legales aplicables a un caso concreto, pero también a justificar y ponderar las
pugnas que se llegaren a presentar frente a la Carta Política[17] y los
derechos fundamentales[18].
“Pues bien, conforme a los anteriores presupuestos y como
recapitulación de las diferentes decisiones adoptadas, la Corte ha identificado
y congregado a los criterios en seis apartados que ha definido de la siguiente
manera[19]:
i)
Defecto sustantivo, orgánico o
procedimental: La acción de tutela procede, cuando puede probarse que una
decisión judicial desconoce normas de rango legal, ya sea por aplicación
indebida, error grave en su interpretación, desconocimiento de sentencias con
efectos erga omnes, o cuando se actúa por fuera del procedimiento establecido[20].
ii)
Defecto fáctico:  Cuando en el curso
de un proceso se omite la practica o decreto de pruebas o estas no son
valoradas debidamente, con lo cual variaría drásticamente el sentido del fallo
proferido[21].
iii)
Error inducido o por consecuencia: En la
cual, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, este actuó
equivocadamente como consecuencia de la actividad inconstitucional de un órgano
estatal generalmente vinculado a la estructura de la administración de justicia[22].
iv)
Decisión sin motivación:   Cuando la
autoridad judicial profiere su decisión sin sustento argumentativo o los
motivos para dictar la sentencia no son relevantes en el caso concreto, de
suerte que puede predicarse que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o
fácticos[23].
v)
Desconocimiento del precedente:  En
aquellos casos en los cuales la autoridad judicial se aparta de los precedentes
jurisprudenciales, sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, de forma
tal que la decisión tomada variaría, si hubiera atendido a la jurisprudencia[24].
vi)
Vulneración directa de la Constitución:
Cuando una decisión judicial desconoce el contenido de los derechos
fundamentales de alguna de las partes, realiza interpretaciones
inconstitucionales o no utiliza la excepción de inconstitucionalidad ante
vulneraciones protuberantes de la Carta, siempre y cuando haya sido presentada
solicitud expresa al respecto[25]” (negrilla fuera de texto original).
4.2.  Ahora
bien, de acuerdo a lo anterior, hay que precisar que el defecto fáctico es una
de las anomalías superlativas y excepcionales que justifican la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales.  Éste tiene como ámbito
especial de acción, la definición de aquellos episodios de tipo probatorio que
menoscaban gravemente el derecho fundamental al debido proceso.  En reciente
jurisprudencia, proferida por la Sala Novena de Revisión, se definió esta
irregularidad, a propósito de la revisión efectuada sobre un proceso penal en
el que se dictó la preclusión de la investigación sin la práctica de una
prueba, en protección del interés superior de un menor que estaba presente en
tal proceso como víctima.  En ese entonces la Corte advirtió:
“En un Estado Social de Derecho la administración de justicia
penal tiene como finalidad última la protección de los derechos fundamentales,
y de otros bienes constitucionalmente garantizados mediante la investigación y
sanción de los atentados graves que se ocasionen contra el disfrute pleno de
éstos; y asimismo, el resarcimiento pleno e integral a las víctimas de los
perjuicios causados por el delito.
(...)
“El vicio por defecto fáctico se configura cuando no existe el
sustento probatorio necesario para adoptar la decisión, por la falta de
apreciación del material probatorio anexado al expediente o, simplemente, por
un error grave en su valoración.
“En consecuencia, el comportamiento del juez que incurre en un
defecto fáctico da lugar a una violación del derecho al debido proceso, a la
igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a la administración de
justicia, así como a obtener un trato imparcial de quien dirige el proceso, es
decir, el funcionario distorsiona la verdad para darle un alcance a los hechos
que en realidad no tienen, por lo que no dicta una decisión en derecho, sino lo
quebranta.[26]
Por ello, cuando estos supuestos converjan, la acción de tutela resulta idónea,
porque, además, tal error incidió de manera determinante en el sentido de la
decisión final.
En el asunto sub judice, la funcionaria
judicial dejó de practicar una prueba legalmente decretada que resultaba
determinante para dirimir la controversia que se había planteado entre los
resultados contradictorios que arrojaron dos exámenes médicos practicados a la
menor AA, es decir, no se trataba de una prueba mas, que pudiese dejar de ser
practicada sin que por ello se alterase la decisión judicial final. Todo lo
contrario, esa prueba hubiese despejado toda duda razonable sobre la
responsabilidad penal del señor CC.
Considera la Sala que esta providencia
judicial, además de configurar un acto de discriminación contra los menores,
constituye una flagrante vía de hecho por defecto fáctico por cuanto se falló
sin que se hubiera practicado una prueba que resulta esencial para dilucidar un
punto controversial del proceso; no se realizó una valoración conjunta de todas
las pruebas; los indicios no fueron tomados en consideración; se presumió de
falsa, sin más, la declaración de la víctima, y en últimas, se aplicó
indebidamente el principio del in dubio pro reo cuando quiera que el Estado no
había tomado todas las medidas que estaban a su alcance para llegar a la verdad
de los hechos. En tal sentido, la actuación del agente del Ministerio Público
resulta ser igualmente cuestionable”.[27]
En últimas, es
posible comprender el desenvolvimiento y la finalidad de este criterio de
procedibilidad a partir de algunos de los pronunciamientos de esta
Corporación; veamos:
4.2.1.  En
primer lugar, vale la pena tener en cuenta la tutela T-504 de 1998[28], en donde se consideró
que una de las manifestaciones más dañinas del debido proceso en los trámites
judiciales, consiste es desconocer el derecho a la prueba de las partes.  Al
respecto, en esta sentencia se arguyó textualmente:
“Una de las formas, y a modo de ver de esta Corte de las más
graves, de desconocer el debido proceso, consiste en que el fallador al
proferir sus providencias, funde sus decisiones sin realizar un completo y
exhaustivo análisis de las pruebas, o sin la debida valoración del material
probatorio allegado al proceso, o lo que es peor, ignorando totalmente su
existencia.
“La práctica de las pruebas, oportunamente solicitadas y
decretadas dentro del debate probatorio, necesarias para ilustrar el criterio
del fallador y su pleno conocimiento sobre el asunto objeto del litigio, así
como las posibilidades de contradecirlas y completarlas en el curso del trámite
procesal, son elementos inherentes al derecho de defensa y constituyen garantía
de la idoneidad del proceso para cumplir las finalidades que le han sido
señaladas en el Estado Social de Derecho”.
4.2.2.  Por su
parte, en la sentencia SU-087 de 1999[29]
el pleno de la Corte estudió un caso en el cual se demandó una vía de hecho por
la omisión en la práctica de unas pruebas en un proceso penal.  Así las cosas,
aunque finalmente se concluyó que el amparo era improcedente ya que el actor no
había hecho uso de los recursos previstos para hacer valer su defensa, se
indicó que descartar la ejecución del material probatorio, debida y
oportunamente solicitado, vulneraba el debido proceso.  De este pronunciamiento
es imprescindible destacar lo siguiente:
“Aunque la tutela no se concede, razones de pedagogía
constitucional llevan a la Corte a advertir que la práctica de la integridad de
las pruebas que hayan sido solicitadas por el procesado y decretadas por el
juez, hace parte del debido proceso y que este derecho fundamental resulta
vulnerado cuando la autoridad judicial obra en sentido diferente.”
(...)
“El juez tiene una oportunidad procesal para definir si esas
pruebas solicitadas son pertinentes, conducentes y procedentes, y si en
realidad, considerados, evaluados y ponderados los elementos de juicio de los
que dispone, ellos contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a la
definición acerca de la responsabilidad penal del procesado. Y, por supuesto,
le es posible negar alguna o algunas de tales pruebas, si estima fundadamente
que los requisitos legales no se cumplen o que en el proceso respectivo no
tienen lugar.
“Pero -se insiste- tal decisión judicial tiene que producirse en
la oportunidad procesal, que corresponde al momento en el cual el juez resuelve
si profiere o no el decreto de pruebas; si accede o no -en todo o en parte- a
lo pedido por el defensor, motivando su providencia.
4.2.3.  De la
misma forma, en las sentencias T-589 de 1999[30]
y T-694 de 2000 (antes citada[31])
la Sala Tercera de Revisión estudió las condiciones constitucionales que
gobiernan el decreto, la práctica y la valoración de las pruebas dentro de un
proceso penal así como su influencia en el mandato de “investigación
integral”.  En el primero de los casos se analizó la protección formulada por
una persona que fue juzgada por el delito de homicidio sin que se hubiera
efectuado una recopilación de pruebas que permitiera aclarar la verdad de los
hechos.  De esta decisión es importante tener en cuenta lo siguiente:
“7. La defensa del derecho a la prueba, como una de las
dimensiones del derecho de defensa, llevó al legislador a consagrar, en el
artículo 333 del Código de Procedimiento Penal, el imperativo de la
investigación integral. Según el precitado artículo, el funcionario judicial
tiene la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable a los
intereses del sindicado. Como lo ha señalado la jurisprudencia, el imperativo
de la investigación integral se aplica en todas las etapas del proceso y no sólo
en la fase del juicio. A este respecto, la Corte ha indicado que el fiscal y no
sólo el juez, “debe investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al
sindicado y, además debe permitir la controversia probatoria y juzgar
imparcialmente su valor de convicción”.[32]
“8. Ahora bien, el imperativo de la investigación integral no
obliga al funcionario judicial a practicar todas las pruebas solicitadas por
los sujetos procesales ni a realizar pesquisas o averiguaciones
desproporcionadas, innecesarias o inútiles. Como lo ha afirmado en reiterada e
importante jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia, el funcionario judicial
sólo esta obligado a practicar aquellas pruebas que objetivamente resulten
pertinentes y que puedan ser obtenidas a través de un esfuerzo razonable. Sin
embargo, cualquier decisión judicial en este sentido debe ser motivada
suficientemente, pues en este ámbito no existe espacio ninguno para la
arbitrariedad judicial.
“A este respecto, por ejemplo, la Corte Suprema ha indicado que
“el principio del debido proceso se vulnera por el incumplimiento del
imperativo de la investigación integral, cuando en el proceso han sido citadas personas
identificadas, individualizadas y localizables, y el investigador no hace
ningún esfuerzo para ubicarlas y recepcionarles la respectiva declaración”[33].
“En el mismo sentido se ha manifestado la Corte Constitucional al
establecer que el funcionario judicial vulnera el derecho de defensa y
desconoce el principio de investigación integral, en aquellos casos en los
cuales deja de solicitar, o practicar sin una justificación objetiva y
razonable, aquellas pruebas que resultan fundamentales para demostrar las
pretensiones de la defensa[34].
Sobre este asunto, la jurisprudencia ha sido clara al indicar que la exposición
razonada de los argumentos y las pruebas del sindicado no sólo sirven al
interés particular de éste, sino también al esclarecimiento de la verdad[35],
objetivo primordial del proceso constitucional.”
4.2.4.  Agregado
a lo anterior, la sentencia T-555 de 1999[36]
definió que el derecho a la prueba incluye –legítimamente- la certidumbre de su
práctica y valoración, cuando ella hubiere sido decretada.  Esta providencia
especificó que:
“A lo anterior debe añadirse que el derecho a la prueba incluye
no solamente la certidumbre de que, habiendo sido decretada, se practique y
evalúe, sino la de que tenga incidencia lógica y jurídica, proporcional a su
importancia dentro del conjunto probatorio, en la decisión que el juez adopte.
(...)
“Claro está, esa vía de hecho puede consistir, entre otros
factores, en el desconocimiento absoluto del material probatorio, en la
vulneración del debido proceso dentro del incidente, en la falta de conexidad
entre lo probado y lo deducido por el juez, o en el desconocimiento del derecho
de cualquiera de las partes a la prueba, tanto en el plano de su práctica como
de su evaluación, y en el de las inferencias que haga el fallador.”
4.2.5.  Pues
bien, dada la importancia que tiene la etapa probatoria dentro de toda
investigación judicial, teniendo en cuenta su notable proximidad con el valor
de justicia, ya que constituye la oportunidad o el vehículo para acercar el
proceso a la verdad, la Corte ha sostenido que la apreciación racional que
hacen los operadores judiciales dentro de este instante debe corresponder y
armonizarse con los derechos del investigado y de la víctima.  Así se consignó
en la sentencia T-453 de 2005:
“6.1. En general, la admisión y práctica de pruebas en el proceso
penal está librada a la apreciación racional que haga el funcionario
responsable de la investigación penal sobre su potencialidad para aclarar lo
ocurrido y la responsabilidad de los implicados. Sin embargo, ese ejercicio
discrecional debe enmarcarse tanto dentro de los principios constitucionales
del debido proceso, de la presunción de inocencia y de la imparcialidad y del
derecho de defensa, como del respeto de la dignidad, la integridad y la
intimidad de las víctimas. La verdad no se ha de investigar a cualquier precio,
sino protegiendo a todos los sujetos procesales en sus derechos fundamentales.
De ahí, la estrecha relación entre el derecho procesal y el derecho
constitucional.
La Corte Constitucional ha establecido que el juez o el fiscal
vulneran el derecho de defensa y desconocen el principio de investigación
integral, en aquellos casos en los cuales dejan de solicitar, o practicar sin
una justificación objetiva y razonable, pruebas que resultan fundamentales para
demostrar las pretensiones de la defensa.[37]
Pero también ha reconocido que se desconoce la finalidad de establecer la
verdad, cuando omite tener en cuenta los derechos de las víctimas.[38]”.
4.2.6.  Así las
cosas, dada la importancia del derecho a la prueba, es necesario agregar que
este tribunal ha definido las condiciones básicas a tener en cuenta para
excluir o eliminar cualquiera de ellas del trámite de una actuación judicial.
En efecto, en la sentencia SU-159 de 2002[39],
el pleno de la Corte estudió las reglas de exclusión derivadas
del último inciso del artículo 29 de la Constitución, a partir de un caso en el
cual se invocaron la existencia de unos defectos fácticos y procedimentales
presentes en una investigación penal, para lo cual indicó que las pruebas se
pueden catalogar como inconstitucionales o ilícitas, según el estatuto
normativo que tengan el poder de contrariar.  En todo caso -se advirtió en
aquella oportunidad- la eliminación o supresión de una prueba lleva inmersa la
manifestación expresa y oportuna del funcionario competente, con el objetivo de
garantizar el debido proceso de los sujetos procesales.  Además, se precisó, la
facultad de retirar alguna prueba debido a su ilegalidad o inconstitucionalidad
tiene encajadas cuatro condiciones de aplicación, definidas de la siguiente
manera:
“En primer lugar, es importante examinar si se trata de una irregularidad
menor que no afecta el debido proceso. En ese evento la prueba no tiene que
ser obligatoriamente excluida. Según esta consideración, se está ante una
ilegalidad que compromete el debido proceso, bien sea cuando se han afectado
las reglas sustantivas que protegen la integridad del sistema judicial o que
buscan impedir que se tomen decisiones arbitrarias, o bien sea cuando han sido
desconocidas formalidades esenciales que aseguran la confiabilidad de la prueba
y su valor para demostrar la verdad real dentro del proceso penal. La regla
general de exclusión, además de disuadir a los investigadores de caer en la
tentación de violar el debido proceso, cumple diversas funciones, como
garantizar la integridad de la administración de justicia, la realización de la
justicia en el caso concreto, el ejercicio del derecho de defensa, el respeto
al Estado de Derecho y el goce efectivo de los derechos constitucionales
fundamentales y, por lo tanto, las irregularidades menores o los errores
inofensivos que no tienen el potencial de sacrificar estos principios y
derechos constitucionales no han de provocar la exclusión de las pruebas. El
mandato constitucional de exclusión cobija a las pruebas obtenidas de manera
inconstitucional o con violación de reglas legales que por su importancia
tornan a una prueba en ilícita.
“En segundo lugar, es necesario considerar el alcance del
concepto de debido proceso al cual alude la norma constitucional,
esto es, si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también
incluye las que regulan la limitación de cualquier derecho fundamental, como la
intimidad, el secreto profesional y la libertad de conciencia. En Colombia, se
ha dicho que el concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende
las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las
personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades[40], tanto
en el desarrollo de un proceso judicial o administrativo como, además, frente a
cualquier actuación que implique la afectación de derechos constitucionales
fundamentales.
“En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que el derecho
penal en un Estado social de derecho, también busca un adecuado funcionamiento
de la justicia y, obviamente, no funciona bien la justicia que conduce a la
impunidad o a un fallo arbitrario, es decir, que carece de la virtud de
garantizar efectivamente los derechos, principios y fines constitucionales
desarrollados por la legislación penal. Por ello, la decisión de excluir una
prueba incide no sólo en el respeto a las garantías de imparcialidad, debido
proceso y derecho de defensa, sino, además, en el goce efectivo de otros
derechos constitucionales tales como la vida, la integridad y la libertad,
protegidos por el legislador mediante la sanción de quienes violen el Código
Penal.
“En cuarto lugar, el mandato constitucional de exclusión de las
pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario
judicial de manera expresa determine que la prueba viciada no puede continuar
formando parte del expediente. Si bien la Carta señala que dicha prueba es
“nula de pleno derecho”, de los antecedentes en la Asamblea Constituyente y de
la finalidad de la norma constitucional, se infiere que los derechos y
principios constitucionales son efectivamente garantizados cuando hay una decisión
explícita de exclusión que ofrezca certeza sobre las pruebas que no podrán
usarse en el proceso y que no pueden ser fundamento ni de la acusación ni de la
sentencia. La exclusión de la prueba viciada exige que ésta no forme parte de
la convicción, de tal manera que el funcionario no puede considerarla. Las
cuestiones relativas a la manera como debe realizarse desde el punto de vista
material la exclusión de la prueba viciada, al instrumento procesal para exigir
su exclusión y a la situación del funcionario judicial que haya mantenido la
prueba viciada, así como otras sobre esta materia, se encuentran dentro del
ámbito de la potestad de configuración del legislador. Cuando éste decida
ejercerla en el futuro, habrá de hacerlo obviamente de conformidad con la
Constitución.”
Conforme a lo
anterior y a manera de conclusión, es necesario indicar que el derecho a la
prueba constituye uno de los principales ingredientes del debido proceso, así
como del derecho al acceso a la administración de justicia y el más importante
vehículo para alcanzar la verdad en una investigación judicial.  Por tanto, las
anomalías que desconozcan de manera grave e ilegítima este derecho, constituyen
un defecto fáctico que, al vulnerar derechos fundamentales, pueden
contrarrestarse a través de la acción de tutela.
Ahora, de
acuerdo a los fundamentos anteriores, procede la Sala a analizar si en el caso
concreto, la decisión de cerrar y precluir la investigación penal, sin esperar
la llegada de pruebas decretadas, y que provenían del exterior, conlleva la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de los accionantes, para lo cual es necesario hacer
referencia previamente a los derechos de las víctimas o perjudicados dentro del
proceso penal así como al derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas.
5.  Los
derechos de la parte civil dentro del proceso penal. Las víctimas y los
perjudicados.
5.1. La Corte
Constitucional ha precisado las tres categorías que conforman la parte civil
dentro del proceso penal, indicando que “… parte civil, víctima y
perjudicado son conceptos jurídicos diferentes. En efecto, la víctima es la
persona respecto de la cual se materializa la conducta típica mientras que la
categoría “perjudicado” tiene un alcance mayor en la medida en que comprende a
todos los que han sufrido un daño, así no sea patrimonial, como consecuencia
directa de la comisión del delito. Obviamente, la víctima sufre también en
daño, en ese sentido, es igualmente un perjudicado. La parte civil es una
institución jurídica que permite a las víctimas o perjudicados, dentro de los
cuales se encuentran los sucesores de la víctima, participar como sujetos en el
proceso penal”. Igualmente ha decantado las bases y los fundamentos
constitucionales de los derechos de las víctimas dentro de un proceso penal.
En efecto, a
partir de la sentencia C-1149 de 2001, la Corte precisó los fundamentos que
permiten revaluar el papel que corresponde a la parte civil dentro de la
investigación de un hecho punible, indicando que sus pretensiones no se limitan
al aspecto patrimonial, como se venía considerando de manera tradicional, sino
que se extienden a un interés directo, integral y legítimo sobre el curso y los
resultados del proceso penal. Al respecto si dijo expresamente:
“(…)
“7. De los Derechos que genera la comisión de un delito: 1) Derecho
a la verdad; 2) Derecho a la justicia y; 3) Derecho a obtener reparación.
El derecho
de las víctimas o perjudicados con el ilícito penal a acudir al proceso penal,
comprende tres (3) derechos importantes y que deben ser garantizados por igual
dentro del respectivo proceso, a saber: a) Derecho a saber la verdad de los
hechos; b) Derecho a la justicia y; c) Derecho a la reparación del daño.
Como quedó claramente establecido, dentro del proceso penal militar
se garantiza única y exclusivamente el derecho a la verdad conocido también
como derecho a saber, excluyendo los derechos a la justicia y a la reparación
del daño, sin razón legal ni constitucionalmente atendible.
Cada vez que se comete un delito la víctima o perjudicado con el
ilícito tienen derecho a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación,
como se ha dejado claramente establecido por la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Informe Final sobre la impunidad de los
autores de violaciones de los derechos humanos (derechos civiles y políticos)
de conformidad con la resolución 1996/119 de la Subcomisión y titulado: “La
administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos”.
Se señala en dicho documento que la estructura general del conjunto
de principios y sus fundamentos en relación con los derechos de las víctimas
consideradas como sujetos de derechos, se concretan en:
a) el derecho
de las víctimas a saber;
b) el derecho
de las víctimas a la justicia; y
c) el derecho
a obtener reparación.”
5.1.1.
Posteriormente, en la sentencia C-228 de 2002, la Corte consideró que la
protección jurídica de las víctimas hace parte de una tendencia mundial que fue
expresamente prevista en nuestra Constitución Política, artículos 1, 2, 15, 21,
250-1 y 250-4, según la cual, el reconocimiento de una indemnización económica
por los perjuicios causados con el hecho punible, es sólo uno de los medios o
mecanismos para que, a partir del proceso penal, se logre el pleno
restablecimiento de los derechos.
En primer lugar,
frente a la aplicación de los conceptos “estado social de derecho”,
“democracia participativa” y “dignidad humana”, en la protección de las
víctimas de un hecho punible, esta Corporación precisó lo siguiente:
“En un Estado social de derecho y en una democracia participativa
(artículo 1, CP), los derechos de las víctimas de un delito resultan constitucionalmente
relevantes. Por ello, el constituyente elevó a rango constitucional el concepto
de víctima. Así, el numeral 4 del artículo 250 Superior, señala que el Fiscal
General de la Nación debe “velar por la protección de las víctimas”.
(...)
“El derecho de las víctimas a participar en el proceso penal, se
encuentra ligado al respeto de la dignidad humana. Al tenor de lo dispuesto en
el artículo primero de la Constitución, que dice que “Colombia es un Estado
social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana”, las víctimas y
los perjudicados por un hecho punible pueden exigir de los demás un trato
acorde con su condición humana. Se vulneraría gravemente la dignidad de
víctimas y perjudicados por hechos punibles, si la única protección que se les
brinda es la posibilidad de obtener una reparación de tipo económico. El
principio de dignidad impide que el ser humano, y los derechos y bienes
jurídicos protegidos por el derecho penal para promover la convivencia pacífica
de personas igualmente libres y responsables, sean reducidos a una tasación
económica de su valor. El reconocimiento de una indemnización por los
perjuicios derivados de un delito es una de las soluciones por las cuales ha
optado el legislador ante la dificultad en materia penal de lograr el pleno
restablecimiento de los derechos y bienes jurídicos violentados en razón a la
comisión de un delito. Pero no es la única alternativa ni mucho menos la que
protege plenamente el valor intrínseco de cada ser humano. Por el contrario, el
principio de dignidad impide que la protección a las víctimas y perjudicados
por un delito sea exclusivamente de naturaleza económica.[41]”
(...)
“El derecho de las víctimas a participar dentro del proceso penal
para lograr el restablecimiento de sus derechos, tienen también como fundamento
constitucional el principio participación (artículo 2, CP), según el cual las
personas pueden intervenir en las decisiones que los afectan.[42] No
obstante, esa participación deberá hacerse de conformidad con las reglas de
participación de la parte civil y sin que la víctima o el perjudicado puedan
desplazar a la Fiscalía o al Juez en el cumplimiento de sus funciones
constitucionales, y sin que su participación transforme el proceso penal en un
instrumento de retaliación o venganza contra el procesado”.
Como
consecuencia de lo anterior, se aclara que la víctima tiene un ámbito de
protección verdaderamente amplio, ligado estrechamente a los deberes
constitucionales de la Fiscalía General de la Nación y al derecho de acceder a
la administración de justicia.  De acuerdo a tales postulados la víctima y en
general los perjudicados por un hecho delictual, tienen la máxima opción de “restablecer
su derecho”, mediante el otorgamiento de una protección plena e integral de
sus derechos, a partir de su expectativa de “saber la verdad de lo ocurrido”
para que se haga justicia; igualmente tienen derecho a procedimientos idóneos y
efectivos para la determinación legal de los derechos y obligaciones, la
definición de la controversia planteada dentro de un término prudencial y la
adopción de las decisiones con respecto al debido proceso, entre otros.  Sobre
el asunto, dijo en ese entonces el pleno de este tribunal:
“En la Carta se refleja también una concepción amplia de la
protección de los derechos de las víctimas, que no está prima facie limitada a
lo económico. En efecto, el numeral 1 del artículo 250 superior, establece como
deberes de la Fiscalía General de la Nación el “tomar las medidas necesarias para
hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los
perjuicios ocasionados por el delito”. De ello resulta que la indemnización es
sólo uno de los posibles elementos de la reparación a la víctima y que el
restablecimiento de sus derechos supone más que la mera indemnización. La Constitución
ha trazado como meta para la Fiscalía General el “restablecimiento del
derecho”, lo cual representa una protección plena e integral de los derechos de
las víctimas y perjudicados. El restablecimiento de sus derechos exige saber la
verdad de lo ocurrido, para determinar si es posible volver al estado anterior
a la vulneración, así como también que se haga justicia.
“En consonancia con lo anterior, el artículo 229 de la Carta
garantiza “el derecho de toda persona para acceder a la administración de
justicia”. Ese derecho comprende, tal como lo ha reconocido esta Corte, contar,
entre otras cosas, con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación
legal de derechos y obligaciones,[43] la resolución de las controversias
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas[44],
la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso[45], la
existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de
controversias[46],
que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia a los pobres[47] y que
la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional[48]. Y,
aun cuando en relación con este tema el legislador tiene un amplio margen para
regular los medios y procedimientos que garanticen dicho acceso, ese margen no
comprende el poder para restringir los fines del acceso a la justicia que
orientan a las partes hacia una protección judicial integral y plena de los
derechos, para circunscribir dicho acceso, en el caso de las víctimas y
perjudicados de un delito, a la obtención de una indemnización económica.
Por lo cual, el derecho a acceder a la administración de justicia, puede comprender
diversos remedios judiciales diseñados por el legislador, que resulten
adecuados para obtener la verdad sobre lo ocurrido, la sanción de los
responsables y la reparación material de los daños sufridos.” (Negrilla
fuera del texto original).
5.1.2. En la
sentencia citada también se indicó, de acuerdo a los artículos 9° y 93 de la
Constitución, que los derechos de las víctimas tienen sustento en varios de los
instrumentos internacionales ratificados por Colombia.  Conforme a estos, la
Corte adujo que existe una obligación de carácter global destinada a
garantizar, a través de los recursos judiciales, el conocimiento de la verdad y
el acceso a la justicia, así como el logro de una reparación integral de las
víctimas y los perjudicados con el delito.  Otra vez, se advirtió que las
concesiones de carácter patrimonial no sustituyen ni menoscaban las demás
garantías reconocidas a éstos y se reconoció que debe existir un ajuste en los
procedimientos judiciales y administrativos para asegurar que sus “opiniones
y preocupaciones” sean atendidas.  Sobre este tópico se dijo:
“Este
derecho ha sido recogido y desarrollado en múltiples instrumentos
internacionales. Así, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos
Humanos, se consagra el derecho de toda persona a un recurso judicial efectivo[49], el
cual ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como
ya se anotó, no sólo como el derecho a una reparación económica, sino además
como el derecho a que la verdad sobre los hechos sea efectivamente conocida y
se sancione justamente a los responsables.[50]
Igualmente, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos consagra el deber de los
Estados partes de proveer recursos judiciales eficaces para la protección de
los derechos humanos.[51]
“Esa tendencia del derecho internacional también está presente en
el sistema de Naciones Unidas. En particular, el 29 de noviembre de 1985, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la
"Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder"[52],
según la cual las víctimas "tendrán derecho al acceso a los mecanismos de
la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido" y para
ello es necesario que se permita "que las opiniones y preocupaciones de
las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las
actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del
acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente”.
5.1.3.Con
fundamento en lo anterior la Corte estableció, que por lo menos hay tres
derechos aplicables a las víctimas de los hechos punibles en el trámite de la
investigación penal, a saber: (I) derecho a la verdad, (ii) derecho a la
justicia, y (iii) derecho a la reparación económica del daño. Todos los cuales
convergen en el restablecimiento integral de los derechos, a través de la
oportunidad de participar en las decisiones que les afecten, y a obtener tutela
judicial efectiva de sus derechos, no solamente patrimoniales.
5.1.4. La Corte
Constitucional ha concluido sobre este particular lo siguiente:
“De tal manera que la víctima y los perjudicados por un delito tienen
intereses adicionales a la mera reparación pecuniaria. Algunos de sus intereses
han sido protegidos por la Constitución de 1991 y se traducen en tres derechos
relevantes para analizar la norma demandada en el presente proceso:
“1. El
derecho a la verdad, esto es, la posibilidad de conocer lo que sucedió y en
buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. Este derecho
resulta particularmente importante frente a graves violaciones de los derechos
humanos.[53]
“2. El
derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que
no haya impunidad.
“3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a
través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha
resarcido a la víctima de un delito.[54]”
5.1.5.
Finalmente, hay que tener en cuenta que en la ya citada sentencia C-228 de
2002, la Corte extendió la participación de la parte civil dentro del proceso
penal, con fundamento en los siguientes criterios: (i) una concepción más
amplia del referente normativo que soporta la protección de las víctimas en el
derecho constitucional; (ii) un cambio en el derecho internacional de los
derechos humanos, dirigido a brindar amplia protección a las víctimas de los
delitos; (iii) la imperiosa necesidad de unificar los precedentes en materia de
parte civil respecto de la jurisdicción ordinaria y el procedimiento penal
militar[55];
y (iv) la modificación de los criterios de política criminal, ahora enmarcados
en la protección de los derechos humanos, que llevaron al cambio integral de
los estatutos punitivos.
Todas esas
razones llevaron a la Corte a avanzar en el concepto de parte civil hacia una
noción más amplia y viva, lo que en términos de la C-228 de 2002, conduce a
considerarla como “un sujeto procesal en sentido pleno”.  La Corte, en
este pronunciamiento concluyó lo siguiente:
“Las razones señaladas permiten afirmar
que la visión de la parte civil sólo interesada en la reparación económica,
debe ser abandonada. La víctima de un delito o los perjudicados por éste tienen
derecho a participar en el proceso penal no sólo para obtener el resarcimiento
pecuniario, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la
justicia. Incluso, pueden intervenir con la única finalidad de buscar la verdad
y la justicia, sin que se les pueda exigir demostrar un daño patrimonial o una
pretensión de esta naturaleza. Así, la parte civil es un sujeto procesal en
sentido pleno.”
“Esta concepción de la parte civil
tiene trascendencia en la definición y alcances de la participación de la
víctima o los perjudicados tanto durante la investigación preliminar como
dentro del proceso penal. Por ejemplo, si sus derechos no están limitados a
la búsqueda de una reparación económica, la solicitud y presentación de
documentos e información relevante también podrá estar orientada a contribuir
al esclarecimiento de la verdad y a reducir el riesgo de impunidad y no sólo a
demostrar la existencia de un perjuicio ni a cuantificar el daño material.
Esta concepción también tiene implicaciones tanto en materia de los recursos
que puede interponer contra decisiones que puedan afectar sus derechos a la
verdad y a la justicia, como respecto la necesidad de que las providencias que
puedan menoscabar sus derechos sean conocidas oportunamente por la parte civil
para que pueda controvertirlas. Por ende, está legitimada, por ejemplo, para
impugnar decisiones que conduzcan a la impunidad o no realicen la justicia. Sin
embargo, no le corresponde a la Corte en este proceso pronunciarse sobre todas
las consecuencias de la concepción constitucional de la parte civil, puesto que
la Corte debe limitarse a estudiar los cargos presentados por el demandante
contra las normas por él cuestionadas y las disposiciones tan estrechamente
ligadas a ella que integran una unidad normativa.
(...)
“Si bien es cierto que la verdad y la justicia dentro del proceso
penal dependen de que la información y las pruebas recogidas durante la etapa
de investigación previa estén libres de injerencias extrañas o amenazas, no
obstante el interés de protegerlas no puede llegar al punto de conculcar los
derechos del procesado[56]
o de la parte civil, especialmente, cuando existen mecanismos a través de los
cuales se puede proteger la integridad del expediente y de la información
recogida de posibles intentos por difundirla o destruirla, tales como el
establecimiento de sanciones penales, o de otro tipo, a quienes violen la
reserva del sumario, o destruyan pruebas, sin menoscabar los derechos de los
intervinientes dentro del proceso penal” (negrilla fuera de texto
original).
Pues bien, a
partir de dichos postulados se fundamentó el nuevo papel de la víctima y el
perjudicado en el proceso penal.  Por supuesto, dicha postura agregó nuevos
retos a la obligación de adelantar la investigación integralmente pues incluyó
otros derechos y potestades a tener en cuenta durante el desarrollo del
proceso.  Antes, la parte civil sólo tenía un interés patrimonial sobre el
desarrollo de la investigación y por lo tanto su participación en el proceso
penal era limitada. Ahora, tiene un interés integral en el desarrollo y
resultado del proceso, pues podrá exigir que a partir de éste y en cada una de
sus etapas, procedimientos o recursos se le atienda, a fin de garantizarle sus
derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
5.2.  Conforme a
lo anterior, podemos concluir que la protección de las víctimas y los
perjudicados en el desarrollo de un proceso penal encuentra abundante soporte
en nuestra Carta.  Esto, como se observará a continuación, es relevante a la
hora de definir los escenarios, las potestades y la protección que le acompañan
dentro de una investigación, así como la tutela judicial que se les debe
otorgar.  Esta Corporación, en sede de control abstracto y en la revisión de
las acciones de tutela, ha proferido abundante jurisprudencia sobre el
particular.
5.2.1.  Por
ejemplo, en la sentencia C-277 de 1998[57]
se dejó sentado que la víctima tiene derecho a que se resuelva integralmente el
fondo del asunto y a que se le garantice su participación dentro del proceso.
También advirtió que es deber del Estado hacer compatibles los derechos del
perjudicado y el procesado garantizando un trato igualitario y justo de
los sujetos procesales.  Sobre este aspecto vale la pena resaltar lo siguiente:
“(...) En
efecto, a las autoridades judiciales, como representantes del Estado social de
derecho, les asiste el compromiso de investigar y juzgar los delitos, no sólo
con el ánimo de reivindicar aquellos bienes jurídicamente tutelados de singular
importancia para la comunidad, sino también para administrar justicia en favor
del perjudicado quien es concretamente el titular del bien jurídico afectado.
“En este orden de ideas, ha de entenderse que los principios
citados son una consecuencia del derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia, el cual no puede ser interpretado como una simple
atribución formal de acudir a las autoridades judiciales, sino como una
garantía que obliga al juez de la causa a resolver integralmente sobre el fondo
del asunto planteado. Así, las víctimas y perjudicados con el delito, como
manifestación del derecho a acceder a la administración de justicia, tienen
también un derecho constitucional a participar en el proceso penal que el
Estado está en la obligación de adelantar, derecho que no debe limitarse a la
declaratoria de responsabilidad penal, sino que, además, ha de extenderse a la
obtención de la reparación del daño cuando este se encuentre probado.
“Ya esta Corporación había tenido oportunidad de señalar que “las
personas involucradas en los hechos punibles tienen un verdadero derecho al
proceso cuya naturaleza y configuración en el Estado democrático debe ser
eminentemente participativa[58]”.
Ha de suponerse que ese derecho no sólo abarca a los presuntos responsables
sino que se extiende también a las víctimas y perjudicados por el delito.
(...)
“Se trata entonces de una clara protección constitucional a las víctimas
de los delitos, pues el Estado reconoce que debe brindar seguridad y protección
integral a los titulares de estos derechos, incluyendo la compensación de los
perjuicios ocasionados. En efecto, dentro de la concepción de Estado social de
derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y
el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar, como
manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino
que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el
proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales,
pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e
ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los
derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos
por la Constitución Política”.
“Hecha la anterior observación, es de mérito advertir que el
Estado, antes que impedir o limitar la participación de la víctima o el
perjudicado en el proceso penal, como ocurre con el precepto acusado, debe
procurar su consolidación y fortalecimiento en aras de lograr una verdadera
administración de justicia. Es esta actitud del Estado, la de dar un trato
igualitario y justo a todos los sujetos procesales, la que corresponde a una
verdadera manifestación de respeto por los derechos humanos de los ciudadanos.
Desde este
pronunciamiento podemos observar la tendencia de este Tribunal en dar un nuevo
alcance a los derechos de la parte civil.  Ello es claro por cuanto en una
primera fase de la jurisprudencia se negó que existiera cualquier asomo de
igualdad entre ella y el sindicado[59].
Ahora, teniendo en cuenta que los derechos de la víctima se extienden a la
verdad y la justicia, es imperativo compatibilizar, armonizar y ponderar los
intereses de cada uno de los sujetos dentro del desarrollo de cada proceso.
Por supuesto, conforme a los instrumentos internacionales antes citados, a
mayor gravedad y trascendencia del delito, más atención y cuidado requieren las
víctimas.
5.2.2.  De
hecho, partiendo de la fuerte constitucionalización de las instituciones
penales, la Corte examinó, entre otros, el último inciso del artículo 220 de la
ley 600 de 2000 en la sentencia C-871 de 2003[60],
indicando que en los casos de preclusión de la investigación, cesación del
procedimiento o sentencia absolutoria, procede la acción de revisión impulsada
por la parte civil, con el objetivo de garantizar el “imperio de la justicia
y la verdad material” aún en perjuicio del non bis in idem.
Precisamente, frente a las víctimas del delito y las garantías de los
investigados, esta decisión señaló que a partir de las disposiciones penales se
deben prever recursos para la ponderación de los derechos y la armonización de
los intereses de cada sujeto procesal.  De cara a esta decisión es necesario
traer a colación los siguientes apartes:
“Con todo, el
principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a
colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en
que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta
es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al
principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una
sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces,
buscar el imperio de la justicia  y verdad material, como fines esenciales del
Estado.
(...)
“Si las víctimas tienen derecho no sólo a que se las repare económicamente
sino también a conocer la verdad y a que se haga justicia, compete al Estado el
deber correlativo de investigar con seriedad y eficiencia los hechos punibles,
obligación que para la jurisprudencia es más intensa cuanto más daño social ha
ocasionado el comportamiento delictivo. Deber investigativo que tampoco es
absoluto, pues so pretexto de su ejercicio no puede afectarse la seguridad
jurídica y los derechos del procesado, los cuales tienen también consagración
constitucional. Por tal razón, el legislador al configurar la ley penal debe
ponderar estos derechos y valores en conflicto, e intentar armonizarlos en la
medida de lo posible, decisión que de todas formas no es discrecional dado que
el derecho penal es un área fuertemente constitucionalizada. Al efecto, el
legislador podrá relativizar el non bis in idem para privilegiar los derechos
de las víctimas o bien podrá reforzar dicha garantía. De todas formas la
determinación que adopte estará sujeta a control constitucional.
5.2.3.  Por
supuesto, la jurisprudencia constitucional sobre la protección de las víctimas,
no se limita al control abstracto de normas.  También en sede de revisión de
acciones de tutela la Corte ha protegido los derechos a la verdad, justicia y
reparación del daño.  Algunos ejemplos relevantes son:
5.2.3.1.  En la
sentencia T-275 de 1994[61]
se declaró que una madre tenía el derecho al “restablecimiento del derecho”
en su condición de parte civil dentro de un proceso penal militar.  Como tal,
se indicó que ella podía remitirse al juez respectivo y requerir “información
veraz y oportuna (...) como forma de acercarse a la verdad”.  De
esta decisión es necesario destacar:
“La participación de las víctimas o perjudicados en el proceso
penal no se justifica solamente por la perspectiva de lograr un bien
patrimonial como reparación, sino, además, y especialmente, por el derecho que
tienen las personas de acercarse a la verdad. Contribuir en la definición de la
verdad y en el rechazo a la falsedad, es tan importante como lograr lo válido,
lo útil, lo interesante. El orden social justo conlleva el asegurar "la
justicia, la igualdad, el conocimiento" (Preámbulo de la Carta). Una madre
tiene justificación cuando exige que se le aclare la causa del fallecimiento de
su hijo, especialmente si no aparecen razones o motivos para un suicidio.
“En resumen, la validez y la búsqueda de la verdad son objetos de
la justicia, constituyen elementos  consustanciales al derecho de acceso a la
justicia,  porque para plantear un argumento válido (en este caso concreto,
dilucidar si al soldado lo mataron o se suicidó) hay que partir de premisas
verdaderas y llegar a una conclusión verdadera.(...) La inquietud que
plantean los enigmas jurídicos es inherente a la existencia humana y es oficio
del juzgador tratar de averiguarlos para absolver o condenar, para reparar o no
reparar. El Juez o Fiscal será más eficiente si cuenta con una colaboración
seria de los familiares del occiso”.
5.2.3.2.  En la
sentencia T-694 de 2000[62]
se estudió un caso en el que la Fiscalía precluyó una investigación en
perjuicio de la solicitud de pruebas presentada por la víctima de los presuntos
delitos de estafa, hurto entre condueños y falsedad por ocultamiento de
documento privado.  En este asunto, la Corte encontró que dicha resolución
judicial desconoce los derechos de los perjudicados con el delito y ordenó a la
autoridad judicial reabrir el caso y atender las solicitudes que se le habían
presentado.  De este pronunciamiento vale la pena tener en cuenta lo siguiente:
“En síntesis, para la Corte es claro que la actitud omisiva de
un funcionario judicial, consistente en dejar de responder la solicitud de
pruebas presentada por alguno de los sujetos procesales, o abstenerse de
practicar las pruebas ordenadas, constituye una irregularidad que afecta  los
derechos fundamentales al debido proceso (CP art. 29) y de acceso a la
administración de justicia (CP art. 229) del solicitante. En efecto, en estos
eventos, se entiende que el funcionario judicial ignoró los medios de prueba
requeridos sin ninguna justificación objetiva y razonable, así como el derecho
de los sujetos procesales a recurrir las providencias judiciales.
(…) De otra parte, resulta relevante recordar que los derechos de
participación y de acceso a la administración de justicia, le confieren a la
parte civil en el proceso penal una serie de derechos y obligaciones similares,
en principio, a los que ostentan los restantes sujetos procesales. En
consecuencia, debe entenderse que desde el momento en el cual una persona es
reconocida como “parte civil”, adquiere el derecho a participar activamente en
todas las diligencias que se realicen, lo cual implica, entre otras cosas, el
derecho a solicitar las pruebas que considere conducentes para el
esclarecimiento de la verdad o para demostrar la responsabilidad del sindicado,
así como el derecho a recurrir las decisiones que afecten sus intereses. (negrilla fuera de texto original).
5.2.3.3.
Adicionalmente, en la sentencia T-1267 de 2001[63],
la Corte estudió un caso en el cual se demandaba la vía de hecho prevista en
una sentencia condenatoria.  Entre otras cuestiones, el actor arguyó que
aceptar una apelación proveniente de la parte civil, vulneraba su debido
proceso por desconocer el principio non reformatio in pejus.  Una vez
frente al cargo, este tribunal aseveró que la parte civil tiene la facultad
legítima de apelar una sentencia con base en sus derechos a la verdad y la
justicia, sin que esto constituya un desmedro a la garantía prevista en el
artículo 31 de la Carta.
5.2.3.4.  Más
adelante, en el año 2002, se revisaron dos casos en los cuales la Corte revisó
diferentes requerimientos de amparo por la vulneración al debido proceso de las
víctimas o perjudicados, ambos generados en la práctica y valoración de
pruebas.
En el primer
caso, en la sentencia T-556[64],
este tribunal declaró una vía de hecho por defecto sustantivo generada en la
preclusión de una investigación penal por el delito de lesiones personales
culposas, desconociendo los hechos y las pruebas que obraban en el proceso en
perjuicio de los derechos de la víctima.  En esa oportunidad se aclaró que la
finalidad de administrar justicia con prevalencia del derecho sustancial,
conlleva la adopción de estrategias que respeten, en un plano de igualdad, las
garantías de los investigados y los derechos de los perjudicados con el
delito.  Al respecto se advirtió lo siguiente:
“Como puede advertirse, entonces, han pasado los tiempos en que
el proceso penal se orientaba por propósitos simplemente vindicativos de tal
manera que se asegurara el castigo del delincuente.  Hoy se dirige a la
realización de las normas de derecho sustancial, tanto las que procuran la
condena de los responsables como las que disponen la absolución de los
inocentes; a la reparación del daño causado con la conducta punible, en el
entendido que a los perjudicados con ella también debe extenderse la
administración de justicia penal, y a garantizar los derechos fundamentales de
los intervinientes  pues el proceso penal ya no es una ritualidad vacía de
contenido sino un escenario democrático en el que también se debe luchar por la
realización de esos derechos.
“De este modo, el proceso penal es legítimo si se orienta a esas
finalidades y deja de serlo si se desentiende de alguna de ellas.  Por
ello, no se realizan sus propósitos fundamentales si la condena del responsable
de una conducta punible se logra desconociendo las garantías constitucionales
que le amparan.  En igual sentido, no se administra justicia si se pone fin a
una actuación penal haciendo caso omiso de la necesidad de reparar el daño
causado a la víctima o despojándola de los derechos que le asisten.
(…)
“…el proceder de la Fiscalía accionada contraría los contenidos
mínimos de la administración de justicia inherente a un Estado social de
derecho; porque el proceso no es una simple aglomeración de documentos sino un
escenario en el que se realiza la justicia y en el que deben promoverse las
garantías constitucionales de trascendencia procesal; porque ninguna decisión
puede ser justa si se profiere haciendo abstracción total de los hechos
investigados; porque la premura por archivar una actuación no puede conducir al
sacrificio de los derechos fundamentales que en el proceso le asisten a la
víctima o al perjudicado con una conducta punible; en fin, porque los
fundamentos constitucionales del proceso penal son refractarios a la
manipulación del proceso penal e imponen el deber de averiguar la verdad de los
hechos como supuesto ineludible de una decisión justa”.
De igual
manera, en la sentencia T-622 de 2002, proferida por esta Sala de Revisión[65], la Corte reiteró que
la acción de tutela es el mecanismo idóneo para amparar los derechos de una
víctima que se ve afectada por la decisión de la Fiscalía de precluir una
investigación penal por los delitos de fraude procesal y estafa.  En efecto,
con base en los derechos a la verdad y la justicia, en esta decisión se censuró
la valoración probatoria efectuada por el investigador y se anuló la
providencia que decretaba la terminación del proceso en los siguientes
términos:
“En
consonancia con las anteriores consideraciones la Sala procederá a revocar las
decisiones de instancias para en su lugar amparar los derechos fundamentales
del actor al debido proceso y al acceso a la justicia, con miras al
esclarecimiento de la verdad y a la realización de un orden justo; (…)
“Lo dicho, porque en el Estado social de derecho en el que lo
trascendente del procedimiento no son las formalidades sino la realización de
los derechos sustanciales –artículo 228 C.P.- el actor tenía derecho a ser
oído, y a que sus peticiones fueran atendidas con sujeción al ordenamiento
jurídico. Es decir al actor le asiste el derecho de exigir que los hechos que
denunció sean cabalmente esclarecidos, y que los responsables de las conductas
punibles establecidas sean efectivamente castigados.”
5.2.3.5.  Finalmente,
en reciente jurisprudencia, la Corte protegió el derecho a la intimidad de una
víctima dentro de la investigación adelantada por el delito de acceso carnal,
ordenando excluir unas pruebas que se practicaron desconociendo dicha
garantía.  En esa oportunidad la Sala Tercera de Revisión efectuó la
ponderación entre la práctica de las pruebas decretadas en el sumario, la
defensa del procesado y el derecho fundamental, para luego relacionar mediante
un listado enunciativo, después de efectuar un análisis de la línea
jurisprudencial sobre la protección de las víctimas o perjudicados en un
proceso penal, algunas de las herramientas procesales que les asisten en el
transcurso de un proceso, de la siguiente manera:
“5.5. En consonancia con lo anterior, el Código de Procedimiento
Penal establece principios y garantías que orientan la labor de los
funcionarios judiciales hacia el cumplimiento de esas finalidades y a la
garantía de esos derechos, entre las cuales, se consagran los siguientes
deberes:
1.
Tratar a todos los intervinientes en el
proceso penal con el “respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.” (Art. 1, Ley 600 de 2000);
2.
“Hacer efectiva la igualdad de los
intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” (Art. 5, Ley
600 de 2000).
3.
Adelantar todas las actuaciones
procesales “teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de los
sujetos procesales y la necesidad de lograr la eficacia de la administración de
justicia” (Art. 9, Ley 600 de 2000).[66]
4.
Garantizar “a todas las personas el
acceso efectivo a la administración de justicia en los términos del debido
proceso” (Art. 10, Ley 600 de 2000).
5.
Garantizar a todos los sujetos procesales
el derecho a presentar y controvertir las pruebas (Art. 13, inc. 1, Ley 600 de
2000).
6.
Motivar todas las decisiones y medidas
que afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales, incluso las que
provea por medio de autos de sustanciación (Art. 13, inc. 2, Ley 600 de 2000).
7.
Hacer prevalecer el derecho sustancial y
asegurar su efectividad (Art. 16, Ley 600 de 2000).
8.
Actuar con imparcialidad en la búsqueda
de la verdad, para lo cual “debe averiguar, con igual celo, las circunstancias
que demuestren la existencia de la conducta punible, las que agraven, atenúen o
exoneren de responsabilidad al procesado y las que tiendan a demostrar su
inocencia.” (Art. 234, Ley 600 de 2000)
9.
Inadmitir “las pruebas que no conduzcan a
establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o las que hayan sido
obtenidas en forma ilegal,” y rechazar “la práctica de las legalmente
prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes
y las manifiestamente superfluas.” (Art. 235, Ley 600 de 2000)
10.
Apreciar las pruebas en su conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica (Art. 238, Ley 600 de 2000)”[67].
Así las cosas,
concebir los derechos de las víctimas o perjudicados en un nivel similar al que
ostentan los procesados dentro de una investigación penal, exige que en el
proceso se desplieguen los mecanismos necesarios para satisfacer los
requerimientos de una y otra parte.  Esto por cuanto, como se anotó en la
sentencia C-823 de 2005[68],
“el derecho procesal penal no sólo debe regular y controlar el poder
sancionador del Estado en beneficio del acusado -esto es en función de quien
padece el proceso- sino que debe también hacer efectivos los derechos de la
víctima -esto es de quien ha padecido el delito-, puesto que ‘la víctima es
verdaderamente la encarnación viviente del bien jurídico que busca ser
protegido por la política criminal’ ”[69].
Obsérvese, como
conclusión, que los sujetos procesales ostentan, en términos equivalentes, las
garantías inherentes al debido proceso y las cláusulas consustanciales al
derecho de acceso a la administración de justicia.  Por supuesto, ambas partes
(v. gr., procesado y víctima) tienen el derecho a solicitar de la
autoridad judicial -por ejemplo- la práctica y valoración de las pruebas que
consideren necesarias y conducentes para satisfacer sus pretensiones.  Así
mismo, cada uno de ellos tiene derecho a que se le atienda su requerimiento y,
como consecuencia, a obtener respuesta pertinente y oportuna, ya sea en sentido
positivo o negativo.
6.  El
derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones injustificadas.
Cabe recordar en
primer lugar, que el equilibrio que ostentan las partes en el acceso a la
administración de justicia y el desarrollo del debido proceso penal, implica
que cada una de ellas ostente la garantía constitucional de exigir que la
averiguación judicial se efectúe con la observancia diligente de los términos
procesales, pues para todos resultaría gravosa una instrucción, que sin razón
alguna se prolongara indefinidamente en el tiempo (artículo 228 C.P.).
Garantía que de manera especial se encuentra consagrada para el sindicado en el
artículo 29 constitucional, que dispone que este tiene derecho a que la
investigación se adelante sin dilaciones injustificadas.
Conforme a lo
anterior, el cumplimiento de los términos procesales se erige en una pauta
global que cobija a todos los sujetos procesales, y a partir del cual se
organizan en el tiempo las diferentes etapas que componen un determinado
procedimiento.  Tal como se anotó en la sentencia C-012 de 2002[70], “el proceso es un
sistema de ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos
procesales deben cumplir las actividades requeridas por la ley, las cuales
constituyen actos preparatorios para la resolución de las pretensiones de las
partes, a través de la sentencia”, reiterando lo ya considerado en la
sentencia T-546 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
Ahora bien, la
Constitución y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establecen
que las reglas temporales que definen la extensión de las etapas de un
procedimiento judicial son perentorias, es decir, improrrogables, y deben
acatarse diligentemente. Como consecuencia, prescriben que su incumplimiento
conlleva, para las partes, el vencimiento de la oportunidad para ejercer una
determinada potestad jurídica y, para los operadores judiciales, la imposición
de las sanciones disciplinarias y penales a que hubiere lugar[71].
No obstante lo
anterior, hay que precisar que los términos son disposiciones de orden público
que definen una razonable dimensión temporal para (i) resolver y (ii)
ejecutar lo resuelto[72],
cuyo objetivo primordial es permitir que en condiciones de igualdad y seguridad
jurídica se permita la eficacia y la realización del derecho sustancial[73].  La sentencia C-012
citada consideró sobre el particular:
“[L]os términos procesales deben cumplirse diligente y
celosamente por parte de quienes acceden a la administración de justicia, así
como corresponde a los jueces y los auxiliares de la justicia velar por su
cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en cabeza de los primeros que busca
garantizar la seguridad y certeza jurídicas, el debido proceso, el principio de
celeridad y la eficacia del derecho sustantivo. Así mismo, busca hacer efectivo
el principio de igualdad procesal (...)”.
Así las cosas,
no hay que perder de vista en todo caso, que dichas reglas constituyen
vehículos que definen objetivamente una de las condiciones para acceder a la
administración de justicia y, por tanto, cuando un interesado cumple diligente
y cumplidamente con dicha carga, satisface el requerimiento legal y no es dable
que la autoridad judicial infiera una consecuencia negativa por
extemporaneidad, sancionando al peticionario con el rechazo de su acción o
solicitud.  El acatamiento de los términos procesales en provecho del derecho
sustantivo constituye, en definitiva, el nacimiento de obligaciones bilaterales
pues, si alguna de las partes presenta una solicitud oportunamente, es
responsabilidad del funcionario responder -ya sea de manera negativa o
positiva- conforme a los parámetros temporales y sustanciales pertinentes.  La
sentencia T-1154 de 2004[74]
precisó sobre el particular:
“Como
recientemente lo señaló esta Corporación “quien presenta una demanda, interpone
un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro
de los términos legales y estando habilitado por ley para hacerlo, tiene
derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales
dispuestos para ello.  De lo contrario, se le estaría desconociendo su derecho
fundamental al debido proceso, así como el acceso a la administración de
justicia.”
Si el
cumplimiento de los términos procesales corresponde tanto a las partes como al
juez, ahora es importante señalar, que al igual que las herramientas de
realización del derecho sustancial, dichos plazos están sujetos a la eficiencia
de la función judicial y a maximizar el acatamiento del valor justicia
contenido en el Preámbulo constitucional, que no se realizan si los operadores
judiciales se limitan sólo al acatamiento de los términos procesales. Así se
consignó en la sentencia T-030 de 2005:
“No obstante, la Corte también ha expresado que los jueces no
satisfacen la función que se les ha endilgado con el mero cumplimiento de los
términos procesales, pues si bien con ello se materializa el principio de
celeridad, estarían inobservando el principio de eficiencia conforme al cual,
las providencias judiciales deben contener una resolución clara, cierta,
motivada y jurídica de los asuntos que generaron su expedición, teniendo claro,
que la  finalidad de toda la actuación es la de maximizar el valor justicia
contenido en el Preámbulo de la Constitución.”
Por ejemplo, en
el caso en que un sujeto procesal solicite una prueba conducente, pertinente y
necesaria, de manera oportuna, será obligación del operador judicial decretar
su práctica, allegarla al proceso y valorarla conforme a las reglas de la sana
crítica. Actuar de manera contraria, tal como lo ha definido esta Corporación,
vulnera el derecho fundamental al debido proceso.  En la sentencia T-694 de
2000 se explicó:
“De otra
parte, está Corporación ha señalado que el funcionario judicial cuenta con la
oportunidad procesal para definir la pertinencia de las pruebas solicitadas,
momento en el cual podrá negar la práctica de aquellas que considere
impertinentes o inconducentes para el desarrollo del proceso. Sin embargo,
luego de decretar las pruebas, no es admisible que, arbitrariamente, se niegue
a practicarlas, puesto que la realización de la   totalidad de las diligencias
decretadas por el funcionario se convierte en un derecho de los sujetos
procesales.”
Así pues, el
cumplimiento de los derechos fundamentales de las partes dentro de un proceso,
constituye el principal propósito de los plazos que conforman un procedimiento
o investigación judicial.  De acuerdo con lo anterior, no es dable asumir de
manera alguna que los plazos procesales son un parámetro absoluto o intocable
en nuestro sistema jurídico.  Éstos, como se expuso, hacen parte del debido
proceso pero no son su único o más importante componente.
De hecho, esta
Corporación ha admitido que, si bien la regla general es la obligatoriedad de
los términos procesales, ella puede admitir “excepciones muy
circunstanciales, alusivas a casos en concreto, cuando no quepa duda del
carácter justificado de la mora”[75],
caso en el cual, una vez satisfecha la obligación sustancial, resulta
perentorio dar trámite preferente a la actuación que no se decidió a tiempo.
Al respecto, en la sentencia T-502 de 1997[76]
se advirtió: “la mora judicial sólo se justificaría en el evento en que,
ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez
correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le
permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley”.
Así mismo,
recordemos que en la sentencia C-037 de 1996, cuando se revisó la
constitucionalidad del artículo 4° de la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia, la Corte consideró lo siguiente:
“A lo anterior, cabe agregar que la labor del juez no puede jamás
circunscribirse únicamente a la sola observancia de los términos procesales,
dejando de lado el deber esencial de administrar justicia en forma
independiente, autónoma e imparcial. Es, pues, en el fallo en el que se plasma
en toda su intensidad la pronta y cumplida justicia, como conclusión de todo un
proceso, donde el acatamiento de las formas y los términos, así como la
celeridad en el desarrollo del litigio judicial permitirán a las partes
involucradas , a la sociedad y al Estado tener la certeza de que la justicia se
ha administrado debidamente y es fundamento real del Estado social de derecho.”
Finalmente,
conforme a lo expuesto, es necesario concluir que los términos procesales son
un elemento del debido proceso y un medio para la realización de la justicia,
que tiene como fundamento la efectividad del derecho sustancial de cada una de
las partes dentro de un trámite judicial.  Pero, sólo con base en el
cumplimiento de estos, no es posible excusar el desconocimiento o la
vulneración de otros derechos fundamentales en cabeza de cualquiera de las
partes. Esto, por supuesto, sin perjuicio de la protección intensificada a que
tiene derecho un sindicado privado de su libertad, al cumplimiento estricto de
los plazos máximos para resolver sobre su detención, o las relacionadas con el
hábeas corpus, pues en estos eventos el acatamiento sin dilaciones de los
términos procesales tiene un vínculo indivisible con el derecho fundamental a
la libertad personal que no es posible pasar por alto en ningún evento[77]. Sin embargo, por
fuera de esta situación, si dentro de un asunto la dimensión temporal de una
etapa procesal no resulta razonable para definir o resolver una petición a
tiempo, debido a una situación imprevisible, ineludible y sobre todo que no sea
posible achacar al propio peticionario, será preciso evaluar y ponderar,
conforme a las condiciones del caso concreto, la necesidad de decidir los
asuntos de fondo aún por fuera del vencimiento del término para ello, para no
sacrificar el derecho sustancial, y únicamente utilizando el lapso estrictamente
necesario para satisfacer el requerimiento de fondo, pues en este caso se
trataría de una dilación justificada.
7.  Caso
concreto.
En el trámite de
la investigación penal que dio lugar a la presente acción de tutela, algunos de
los sujetos procesales solicitaron a la Fiscalía General de la Nación la
práctica de unas pruebas.  Esta  autoridad judicial atendió la solicitud
positivamente pero, sin embargo, cerró la investigación y declaró la preclusión
del proceso sin atender que del exterior llegarían unas pruebas solicitadas,
por lo que éstas quedaron sin valoración. Con fundamento en esta circunstancia,
la parte civil acude a la acción de tutela con el objetivo de censurar tales
providencias judiciales y requerir la incorporación y valoración de la prueba
llegada del exterior y decretada en oportunidad.
Ahora bien, en
oposición a la solicitud de amparo, la Fiscalía, así como los sindicados,
pusieron de presente que en este asunto han pasado más de trece meses desde que
se profirió la última providencia judicial y que, por tanto, la acción no
cumple con el requisito de inmediatez.  Los intervinientes agregaron que el
requerimiento de pruebas fue efectuado por la representante del Ministerio
Público a pocos meses de vencerse la instrucción.  Indican que no se presentó
demora alguna en el trámite adelantado por el ente acusador y señalan que la
prueba no es pertinente pues fue mal solicitada.  Concluyen que han soportado
durante largo tiempo el trámite de la investigación penal y denuncian la
actitud dilatoria de la parte civil.
Por su parte, los jueces que conocieron del amparo denegaron la
protección deprecada.  La primera instancia consideró que no está permitido al
juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de otras jurisdicciones pues
solamente puede verificar o examinar aquellas cuestiones en donde las
autoridades judiciales se aparten abruptamente del ordenamiento jurídico.
Indicó que en el presente caso los requerimientos de los actores fueron
atendidos debidamente y que la negativa a sus pretensiones no es motivo o razón
suficiente que justifique la protección de los derechos fundamentales.  Más
adelante, el ad quem indicó que a través de la acción de tutela no es
posible desaprobar las providencias o resoluciones de las autoridades
judiciales pues esta función, además de no contar con norma que la autorice,
desconoce los principios de cosa juzgada y autonomía judicial.
7.1.  El derecho a la prueba, obligaba en este caso particular a las
autoridades judiciales a esperar su llegada del exterior a fin de valorarla,
aunque el término de la instrucción estuviere vencido.
7.1.1.  Tal y
como la Sala lo anotó, las víctimas y los perjudicados con el hecho punible
tienen en el proceso penal una protección plena e integral de sus derechos.
Pues bien, conforme a la Constitución Política y los Tratados Internacionales
ratificados por Colombia, esta Corporación ha concluido que la “parte
civil”, dentro del proceso penal es un sujeto procesal y por tanto titular
de los derechos fundamentales (i) a la verdad, (ii) a la justicia y (iii) a la
reparación del daño.
Los derechos de
este sujeto procesal en sentido pleno, deben garantizársele en el
proceso penal mediante el respeto de sus facultades y atribuciones en las
diversas etapas del mismo, pues la estrategia procesal de las víctimas ya no se
limita a un aspecto patrimonial sino que se constituye en la búsqueda de la
verdad[78]
y la justicia, siendo imperativo concluir que una de sus principales
herramientas la constituye el derecho a la prueba.  Esto, por supuesto, lleva
inmerso la capacidad y prerrogativa a: (i) la proposición o requerimiento de la
prueba; (ii) el pronunciamiento sobre su admisibilidad[79]; (iii) a la inclusión
en el proceso y, finalmente, (iv) a la valoración o apreciación de las mismas
conforme a las reglas de la sana crítica.
En efecto, parte
elemental del derecho al debido proceso de las víctimas o perjudicados, se
encuentra de manera primordial en el asunto probatorio, por lo que se les
deberá permitir solicitar las que consideren necesarias para averiguar la
verdad de los hechos, y tal como ocurre con el derecho de defensa del
sindicado, cualquier exclusión de una prueba debe satisfacer cuidadosa y rigurosamente
las condiciones previstas para ello[80],
sobre todo cuando la misma ya ha sido decretada legalmente dentro de la
investigación[81].
Ya esta Corporación ha insistido en varios pronunciamientos, que la facultad
para denegar o rechazar una prueba debe estar soportada y debidamente
sustentada en las normas jurídicas pertinentes y en la naturaleza y condiciones
de cada investigación.  Inclusive, no hay que olvidar que a las autoridades
judiciales les está vedado decretar pruebas que contravengan la Constitución, o
los derechos fundamentales de los demás sujetos procesales o la ley.  De todas
formas el rechazo o la exclusión de una prueba, deberá sustentarse debidamente
y sobrellevará la oportunidad para que las partes se pronuncien sobre ello.
El artículo 29
constitucional, dispone que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso.  Esta disposición fue concebida en el seno de la
Asamblea Nacional Constituyente, con el propósito de proscribir pruebas
practicadas con violación del citado derecho fundamental. Tal como lo ha
considerado la Corte[82],
la citada norma constitucional ha sido desarrollada por el legislador penal
para indicar dos grandes fuentes jurídicas de exclusión de las pruebas: la
prueba inconstitucional y la prueba ilícita. La primera es la que ha sido
obtenida con violación de los derechos fundamentales y la segunda se relaciona
con la adoptada mediante actuaciones ilícitas que representan una violación de
las garantías del investigado, acusado o juzgado. En el mismo sentido ya se
había pronunciado la sentencia C-491 de 1995[83],
ampliando el ámbito del debido proceso a las formalidades legales esenciales.
Por tanto, el objetivo de la norma es excluir a todo nivel, la prueba que sea
obtenida en contra de las garantías dispuestas en la Carta.
Pero, en la
exclusión de la prueba por incumplimiento de las formalidades legales
esenciales para su obtención, no puede incluirse el vencimiento de los términos
como motivo para impedir que se alleguen al proceso y se valoren aquellas
decretadas en oportunidad y de las cuales ya se tiene certeza que se
incorporarán al proceso aunque este vencido el término de instrucción. Un
entendimiento contrario desprotege derechos fundamentales de los sujetos
procesales y en especial los derechos de las víctimas a la verdad y la
justicia.
7.1.2.  Ahora
bien. Es claro que una de las condiciones para el debido ejercicio de los
derechos dentro del proceso penal, es la obligación tanto de la “parte
civil” como del “sindicado”, entre otros, de respetar los términos
procesales que definen el alcance y la magnitud temporal de las diferentes
etapas, fases o períodos que componen un proceso judicial, pues al igual que el
derecho a la prueba, el acatamiento diligente de los términos o el acceso a una
investigación sin dilaciones injustificadas constituye ingrediente fundamental
del debido proceso.  Mandato constitucional que se extiende igualmente a las
autoridades judiciales encargadas de resolver los asuntos judiciales quienes
están obligadas a respetar los términos procesales[84].
En efecto,
teniendo en cuenta que los términos constituyen una de las condiciones para
lograr el acceso a la administración de justicia, debe señalarse que los mismos
suponen una obligación bilateral, ya que las peticiones formuladas dentro de
los procesos implican el derecho a que esta se responda de manera oportuna, es
decir, dentro de los plazos legales, entendidos como razonables dimensiones
temporales para ejercer los derechos y permitir la eficacia de aquel de naturaleza
sustancial, por lo que debe ser suficiente para (i) resolver y (ii) ejecutar
lo resuelto.
Así las cosas,
los términos son, en esencia, vehículos para asegurar la eficacia y vigencia
del derecho sustancial, son medios a través de los cuales se aseguran valores
como la seguridad jurídica, ya que imposibilitan que las partes o un juez
puedan, sin justificación alguna, extender indefinidamente y a su arbitrio un
proceso. Sin embargo, siendo los plazos procesales herramientas que fijan la
temporalidad de un plan de trabajo, los mismos no pueden ser entendidos y
aplicados como parámetro absoluto o intangible, como ya se advirtió, sino que
admiten, bajo condiciones excepcionales, cierta salvedad a favor de la
realización del derecho sustancial.
Cabe recordar,
que dichas salvedades o excepciones deben armonizar con el mandato previsto en
el artículo 29 de la Constitución, pues no teniendo cualquier fenómeno el valor
para permitir que una decisión no se tome a tiempo, solo aquellas circunstancias
que tengan la suficiente entidad podrán permitir la dilación de un término al
encontrase debidamente justificadas. La Sala destaca entonces que (i) sólo con
el objetivo de perseguir una finalidad constitucionalmente relevante y (ii)
como consecuencia de situaciones imprevisibles e ineludibles, es posible
justificar la dilación de los términos procesales, únicamente durante el lapso
estrictamente necesario para efectuar la actuación y con la condición que se dé
trámite urgente y preferente a la actuación que no se decidió a tiempo.
7.1.3.  Conforme a lo expuesto, en el presente asunto están en juego
tanto los derechos de las víctimas o los perjudicados a la verdad, la justicia
y la reparación, en cuanto se han dejado de valorar pruebas allegadas al
proceso vencido el término de instrucción y el derecho de los sindicados a una
investigación sin dilaciones injustificadas. Derechos citados que tienen origen
en el derecho fundamental al debido proceso, y que para el caso en estudio
pueden armonizarse perfectamente dado que el derecho fundamental de los
sindicados es a una investigación sin dilaciones injustificadas, por lo
que al contrario, no habrá vulneración del mismo cuando se esté ante dilaciones
del proceso justificadas, como lo serían en ciertas y determinadas
circunstancias, las que se orientan a atender los derechos de las víctimas a la
verdad, a la justicia y a la reparación, cuando por ejemplo, se desatiendan
pruebas que se han decretado en oportunidad a su favor y existe certeza que se
allegarán al proceso aunque se encuentre vencido el término para concluir la
investigación.
En efecto, es importante tener en cuenta en este asunto, que algunos
sujetos procesales, v. gr. el Ministerio Público y la parte civil,
solicitaron a la Fiscalía General de la Nación decretar como prueba algunas
documentales que provenían del exterior, las cuales efectivamente fueron
decretadas el 12 de junio de 2003, mediante providencia que no fue objeto de
recurso alguno, antes de cerrarse la investigación. Sin embargo, antes de que
se allegaran al proceso y efectuándose diligencias para su consecución, el 31
de octubre de 2003, se declaró cerrada la investigación y, posteriormente, se
decretó la preclusión del proceso.
El primer acto[85]
-el cierre- lo fundamenta el fiscal en la confirmación de una resolución
interlocutoria, por medio de la cual se negó la práctica de unas pruebas, en el
vencimiento de los términos de la investigación y en que ya se allegó la prueba
necesaria para calificar el mérito del sumario.  Por su parte, la resolución
que resolvió negar la reposición de esta actuación[86], consideró que, desde
su decreto, era efímera la posibilidad de allegar las pruebas a practicar en el
extranjero, sin embargo, ordenó “enviar un mensaje de urgencia a las
autoridades judicial y diplomática en la ciudad de Nueva York, para que den
prioridad a las pruebas requeridas en atención al cierre de investigación que
se encuentra vigente”.
Más adelante, en la providencia o resolución que calificó el mérito
de la investigación con preclusión[87],
la Fiscalía restó valor a los testimonios decretados e indicó que la única
actuación posible cuando se vencen los términos de la instrucción, es la
calificación, la cual puede ser preclusiva cuando no se reúne la prueba para
acusar.  Además, concluye que las pruebas no pueden tenerse en cuenta por las
siguientes razones: “(...) al momento de calificar el mérito de las sumarias
solamente pueden ser consideradas por la Fiscalía las pruebas allegadas legal y
oportunamente al proceso, es decir, que aquellas que se practiquen y alleguen
con posterioridad al vencimiento del término de instrucción, sólo podrán ser
tenidas en cuenta aquellas pruebas (sic) que favorecen los intereses del
sindicado, en atención a la pérdida de poder investigativo del Estado”.
Adicionalmente, en la providencia que decidió la reposición contra esta
decisión[88],
la Fiscalía confirmó que los testimonios a practicar en el extranjero no darían
más elementos de juicio al proceso y que “las pruebas ordenadas para ser
practicadas en el extranjero no llegaron y, por ende, cualquier manifestación
al respecto es mera especulación”.
Finalmente, en la resolución que resolvió el recurso de apelación[89], la Fiscalía Delegada
ante la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del a quo como quiera
que: “(...) no halla en esas pruebas decretadas expectativa futura de
modificación sustancial de la realidad probatoria en torno a los hechos sobre
los cuales versó la investigación”.  De esta providencia es necesario
destacar:
“Lo ocurrido fue que en abril 11 de 2003 el recurrente formuló al
instructor del caso solicitud de pruebas para que se indagara ante la SEC
(Security Exchange and Comisión [sic][90])
de los Estados Unidos de América, “las circunstancias en que fueron colocados
los ADRs del BIC dentro del mercado bursátil de dicho país...”. La conducencia
y pertinencia de la prueba la explicó el petente señalando que “ ... solo de
esta manera se podría concluir, si dicha colocación correspondió a la realidad
que reflejaba para el momento la entidad bancaria en fusión, dado que ello fue
fundamental para fijar la relación de intercambio, que finalmente dio al traste
con la negociación debatida”.
(...)
“Con una elemental y desprevenida lectura de la petición
formulada puede concluirse que se trataba de hechos puramente coyunturales que
no interesaban a la investigación y, sin embargo, el a-quo autorizó su práctica
el 12 de junio siguiente (...) Si en algo podía incidir en la
investigación la operación de compra-venta de los GDSs del BIC en la bolsa de
New York era los precios en que se negociaron y no “... las circunstancias en
que fueron colocadas...” pues esto último atendía un aspecto puramente formal
de la operación que en realidad no interesaba para los fines del proceso”.
(...)
“ En esa tarea y en ese preciso contexto halla el despacho que
tal como fue presentada la solicitud por el recurrente, la prueba del exterior
decretada no tendría vocación para afectar la realidad probatoria existente,
pues, según lo dicho las mismas versan sobre hechos y situaciones puramente
marginales y sin ningún interés respecto del objeto de la prueba, al paso que
las pruebas testimoniales solicitadas no se ofrecen determinantes cuando quiera
que versarían sobre hechos sobre los que existen amplias explicaciones de los
propios contratantes de la fusión de bancos y plurales documentos que informan
su trámite, procedimiento y condiciones”.
Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que las
resoluciones proferidas por la Fiscalía General de la Nación, que culminaron
con la preclusión del proceso 1255 (542480), adolecen de un defecto fáctico y
vulneran los derecho al debido proceso y a la verdad y la justicia de la parte
civil, pues se profirieron excluyendo de manera injustificada y sorpresiva
unas pruebas que habían sido decretadas con antelación sin objeción alguna.
En efecto, la Fiscalía no satisfizo las condiciones para la
exclusión de las pruebas conforme al artículo 29 de la Constitución.  De
acuerdo a la sentencia SU-159 de 2002, la supresión, eliminación o exclusión de
una prueba debe satisfacer por lo menos cuatro requisitos.  Ellos hacen énfasis
y redundan en la necesidad de definir o sustentar legal y razonadamente las
circunstancias que conllevan a omitir el decreto, la práctica o la valoración
de una prueba.  En este caso, la decisión y motivación explícita de la
exclusión sólo se llevó a cabo en el momento de resolver la reposición contra el
cierre, indicando que era efímera la posibilidad de practicarlas a
tiempo.  Más adelante, la misma institución explicó que -además- ellas eran
superfluas, tal y como se habían solicitado, pues no agregaban o modificaban la
decisión tomada en la calificación del mérito de la instrucción.
De esta manera, el ente acusador negó la valoración de unas pruebas
que habían sido decretadas por ella misma, sin permitir que, previo al cierre,
los interesados se pronunciaran sobre la exclusión.
Además, es del caso señalar que cada una de las razones esbozadas
por la Fiscalía muestran que esa institución, con algo de diligencia, pudo
haber detectado oportunamente los defectos tardíamente advertidos, o utilizar
sus potestades oficiosas para complementar lo que consideró insuficiente,
teniendo la obligación correlativa de rechazar o denegar las pruebas desde el
momento mismo en que fueron solicitadas si advertía su impertinencia o falta de
necesidad[91].
Y, en lugar de adoptar una decisión a tiempo, en la cual relacionara los
diferentes fundamentos que servían de base para denegar las pruebas a practicar
en el exterior, la Fiscalía optó por aparentar que las mismas serían valoradas,
para luego sustraerlas del caudal que sirvió de base para proferir la
preclusión.  De los testimonios indicó que no aportarían mas información y,
respecto de la documental elevada a la Securities
and Exchange Commission (SEC) en Estados
Unidos, concluyó que tampoco resultaban relevantes dado que fueron solicitados
en forma indebida.
La Sala no puede pasar por alto que, conforme al
expediente, la solicitud de estas pruebas se efectuó antes del cierre de la
investigación, y que si bien el término para investigar estaba más que vencido,
de todas maneras la Fiscalía procedió a decretarlas sin reparo alguno, momento
en el que no las consideró improcedentes, impertinentes, o irrelevantes, o que
su solicitud no se encontraba en debida forma, y por el contrario,
posteriormente dispuso: “enviar un mensaje de urgencia
a las autoridades judicial y diplomática en la ciudad de Nueva York, para que
den prioridad a las pruebas requeridas en atención al cierre de investigación
que se encuentra vigente”, reparos que no pueden
aducirse por el ente investigador en oportunidad posterior, so pena de vulnerar
el debido proceso.
Cabe recordar, que ni siquiera cuando uno de los
apoderados de la parte civil le informó sobre los defectos presentes en la
información requerida a la SEC, se efectuó un pronunciamiento de fondo, bien
para notificar a las partes la exclusión de la prueba o, para modificar la
misma, de manera que sirviera a los propósitos de una investigación efectuada
integralmente[92].
Agregado a lo anterior, llama la atención el proveído de fecha 24 de
septiembre de 2003[93],
es decir, un poco más de un mes antes de cerrar la investigación, proferido por
el funcionario instructor de primera instancia.  En éste se informa que la
carta rogatoria a la SEC no se ha emitido porque dicha prueba fue rechazada y
al respecto se encuentra pendiente un recurso de apelación, en el efecto
diferido.  Sin embargo, posteriormente, el 31 de octubre de 2003, fecha en que
igualmente se ordenó el cierre de la investigación, el mismo funcionario
rectificó su punto de vista en los siguientes términos:
“Estudiado detenidamente el memorial solicitud que antecede, (...)
encuentra este Despacho que le asiste total razón al aludido profesional del
derecho; en consecuencia, en procura de la consecución expedita de las pruebas
testimonial y documental en el extranjero, habrá de librarse el correspondiente
exhorto comisorio ante la Autoridad Judicial de nuestro mismo rango en Nueva
York, y ante el Cónsul de Colombia en la misma ciudad de los Estados Unidos,
con las formalidades legales y anexando el cuestionario y fotocopia de las
piezas procesales pertinentes”.
En cumplimiento de lo anterior, la Fiscalía elaboró una carta
rogatoria para ejecutar la prueba en la SEC, el 1° de septiembre de 2003[94].  Sin embargo, la
misma fue devuelta por la Directora de Asuntos Internacionales de la misma
entidad[95].
Pues bien, sólo hasta el 31 de octubre de 2003 se expidieron el exhorto No. 002[96], para ejecutar las
pruebas testimoniales, y la carta rogatoria No. 001[97], para llevar a cabo la
averiguación ante la SEC.  Total, las pruebas requeridas en abril de 2003,
solamente fueron ejecutadas el mismo día en que se cerró la investigación, es
decir, el 31 de octubre de ese mismo año, estando mas que vencido el termino
para ello.
Lo anterior, sustenta las razones que llevan a la Corte a concluir
la existencia de un defecto fáctico en la investigación 1255 (542480), pues las
actuaciones de la Fiscalía (i) no permitieron conocer oportuna y debidamente la
exclusión de las pruebas y (ii) porque la ejecución de las mismas se efectuó
extemporáneamente, con el objetivo de aparentar la satisfacción del
requerimiento probatorio pero, en realidad, con la única certeza de que éstas
no se allegarían al expediente ni serían valoradas. Cabe recordar, que pese a
que el término de instrucción estaba más que vencido, no se esperó la llegada
de la prueba del exterior aduciéndose como pretexto el vencimiento del término
de instrucción como si se tratara de indicar que era esta prueba la que
dilataría el cierre de la investigación diligentemente cumplido.
7.1.4.  Así las cosas, la Sala concluye que, conforme a las
condiciones del caso concreto antes descritas, el derecho a la verdad y la
justicia en cabeza de las víctimas tiene plena justificación para permitir una
dilación del término de la instrucción. En efecto, las pruebas decretadas y
cuya práctica fue encomendada a varias autoridades extranjeras, encarnan la
expectativa y la posibilidad material que tiene la parte civil de cerciorarse
de la existencia o ausencia del hecho punible.  Hay que reconocer que esta
situación beneficia, en principio, a ambas partes y concuerda con el paradigma
de justicia, establecido en la constitución.  Esto, acentúa la importancia y
prevalencia que tiene la valoración de las pruebas decretadas, aunque el
término de la instrucción se haya vencido.
Es claro que las pruebas, cuya ausencia se examina en esta tutela,
fueron solicitadas oportunamente dentro de los términos concedidos para el
efecto en el estatuto procesal penal, antes de cerrarse la investigación, y
fueron decretadas sin reparo alguno pese a que posteriormente se adujo al
cerrarse la investigación que el término para el efecto se encontraba más que
vencido.  Por tanto, las pruebas requeridas son legítimas, por cumplir con los
parámetros legales exigidos para el efecto, además de perseguir una finalidad
constitucionalmente relevante: alcanzar la verdad y la justicia.  Además, es
claro que no es posible achacar la omisión de su práctica a la parte civil o al
agente del Ministerio Público.
Por las anteriores actuaciones, la Corte debe ordenar que
disciplinariamente se investigue a quienes resulten responsables por decretar
una prueba a sabiendas de que no llegaría al proceso y no sería valorada en la
decisión que calificaba el mérito de la investigación.
Sin embargo, es necesario aclarar que la protección del derecho a la
prueba de las víctimas no puede ser desmedida.  La Corte no puede permitir que
con el objetivo de proteger este derecho se extienda indefinidamente el término
para adelantar la investigación 1255 (542480).  Por el contrario, debe quedar
claro que (i) esto no permite o legitima la solicitud o el decreto de nuevas
pruebas y (ii) que una vez satisfecho el derecho sustancial, consistente en
allegar y valorar las pruebas decretadas por la Fiscalía, debe dársele trámite
perentorio y urgente al proceso.
Conforme a lo anterior, la Corte concluye que no es posible
aprovechar los términos procesales, como tesis para sustentar o justificar la
omisión de valorar  unas pruebas decretadas por la propia Fiscalía y que no se
allegaron a la investigación debido a su propio yerro, lentitud o descuido.
En razón a lo anterior, se revocarán las decisiones de instancia y
en su lugar se concederá el amparo deprecado.  En consecuencia se dejarán sin
efectos las resoluciones que ordenaron el cierre y la preclusión de la
investigación 1255 (542480), dictadas el 31 de octubre, 26 de noviembre y 26 de
diciembre de 2003, y el 26 de enero y el 08 de julio de 2004, y se ordenará a
la Fiscalía General de la Nación que en el término de 48 horas, a partir de la
notificación de la presente, inicie las gestiones para incluir dentro del
expediente las pruebas decretadas que debían practicarse en el exterior, en
caso de que hubieren llegado a la Fiscalía, para que después, si es del caso
proceda al cierre de las investigación y las valore al momento de calificar el
sumario. Si las pruebas finalmente no llegaron del extranjero, en el mismo
término mencionado anteriormente la Fiscalía correspondiente iniciará las
diligencias necesarias para la consecución de tales pruebas, las cuales una vez
se alleguen al expediente serán valoradas  con todo el acervo probatorio
obrante en el proceso y conforme a las reglas de la sana crítica.
III.  DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.
REVOCAR las sentencias de tutela proferidas por las
Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, del 25 de
agosto de 2005 y del 05 de octubre de 2005 respectivamente, que decidieron
negar la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.  En su lugar CONCEDER el amparo
solicitado por los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz.
Segundo.  En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las
resoluciones proferidas por el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalía Especializada
en delitos contra la administración pública y por la Unidad Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación 1255
(542480), sindicados Jorge Londoño Saldarriaga y otro, dictadas el 31 de
octubre, 26 de noviembre y 26 de diciembre de 2003, así como el 26 de enero y
el 08 de julio de 2004; que ordenaron el cierre de la investigación y la
preclusión de la instrucción.
Tercero.  ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que en el
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo incluya dentro de la investigación 1255 (542480), sindicados
Jorge Londoño Saldarriaga y otro, las pruebas decretadas que debían practicarse
en el exterior, en caso de que efectivamente hubieren llegado a la Fiscalía,
para que después proceda al cierre de las investigación y las valore al momento
de calificar el sumario. Si las pruebas finalmente no llegaron del extranjero,
en el mismo término mencionado anteriormente la Fiscalía correspondiente
iniciará las diligencias necesarias para la consecución de tales pruebas, las
cuales una vez se alleguen al expediente serán valoradas conforme a las reglas
de la sana crítica con todo el acervo probatorio al momento de la calificación
de la instrucción.
Cuarto.
Disponer que la Sala Disciplinaria del Consejo de
la Judicatura correspondiente, investigue disciplinariamente a quienes pudieren
resultar responsables por los hechos que motivaron acceder a la presente
tutela. Oficiese por la Secretaría de esta Corporación con entrega de copia de
la presente providencia.
Notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
Ponente
JAIME
ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
ALVARO
TAFUR GALVIS
Magistrado
CON SALVAMENTO DE VOTO
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO
SENTENCIA T-171/06
DERECHO A SER JUZGADO EN PLAZO RAZONABLE (Salvamento de voto)
El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable y sin
dilaciones indebidas, vigente en el derecho internacional de los derechos
humanos como uno de los principios mínimos del derecho a un juicio justo que no
puede ser limitado durante los estados de excepción, alude a una garantía de
obligatorio cumplimiento en razón de que se considera indispensable para hacer
realidad el derecho del imputado a la presunción de inocencia. En efecto,
ningún sentido tendría obligar a los Estados a respetar la presunción de
inocencia como un derecho no susceptible de limitar en ningún caso y simultáneamente
permitirles prolongar indefinidamente las investigaciones y las causas
tendientes a desvirtuarla.
VENCIMIENTO DEL TERMINO PARA INSTRUIR-Unica
actuación posible es la calificación (Salvamento de voto)
Vencido el término para instruir la única actuación posible es la
calificación y que si no estuviere demostrada la conducta punible ni
establecida la responsabilidad de los imputados el sumario se calificará
profiriendo resolución de preclusión de instrucción, como lo resolvió esta
Corte en la sentencia C-411 de 1993, al declarar inexequibles las diferentes
posibilidades de extensión del plazo para instruir previstas en el Decreto 2700
de 1991, reafirmando de esta manera la sujeción del Estado a los tratados y
convenios internacionales aprobados por el Congreso que protegen a todas las
personas, sin distinción, en la defensa del derecho a ser juzgadas dentro de
plazos razonables, sin dilaciones injustificadas, en los términos de los
artículos 29 y 228 constitucionales. No pueden por ello considerarse
arbitrarias y constitutivas de vía de hecho las decisiones de la Fiscalía
General de la Nación dirigidas a dar cumplimiento al ordenamiento
constitucional mediante la declaración de cierre, una vez las investigaciones
superaron el límite señalado en el artículo 329 de la Ley 600 de 2000, que el
legislador no autoriza prorrogar en ningún caso. Lo anterior, así la parte
civil insista en la prolongación de la etapa sumarial con miras a que se
incorporen nuevas pruebas y se funde en ellas el éxito de la investigación,
porque está claro que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de
inocencia, dentro del término establecido “es injusto que, en lugar de
reconocer su fracaso y devolver a la persona el pleno goce de sus libertades y
derechos, se la deje en situación de entredicho y con las garantías
constitucionales suspendidas, hasta que finalmente (..) pueda llevarla a juicio
(..)” –sentencias C-412 y C411 de 1993, ya citadas-.
PROCESO PENAL Y PARTICIPACION DE LA PARTE CIVIL/PARTE CIVIL Y
PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PENAL
(Salvamento de voto)
La actuación
de la parte civil se enmarca dentro del principio de legalidad del
procedimiento, que informa el derecho penal, de manera que al margen de sus
consideraciones individuales sobre la relevancia de los elementos de convicción
no incorporados oportunamente al sumario y sin perjuicio de que el decreto y la
rogatoria para el diligenciamiento de los mismos bien pueden haber atendido en
todo la disciplina que gobierna el asunto, el perjudicado que acude al proceso
penal habrá de aceptar que la investigación termina, ineluctablemente, luego de
dieciocho o veinticuatro meses -contados a partir de la fecha de su
iniciación-, lo último si se tratare de tres o más sindicados o conductas. Lo
anterior sin prórrogas posibles, como quiera que las extensiones del plazo para
investigar previstas por el legislador de 1991 fueron excluidas del
ordenamiento por esta Corte, con efecto de cosa juzgada constitucional, como
quedó explicado –artículos 9°, 29, 93 y 228 C.P.-.
DERECHO DE LA PARTE CIVIL A LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA REPARACION-Efectos de los términos preclusivos de la investigación penal
(Salvamento de voto)
Sin perjuicio
de que los derechos del causante del agravio y de la víctima a un juicio justo
comportan que uno y otra sean titulares y puedan exigir el cumplimiento de
garantías judiciales mínimas, es claro que el perjudicado que opta por acceder
ante el juez penal se compromete, al igual que el fallador y el Ministerio
Público, con los términos preclusivos e irrenunciables establecidos para que el
imputado sea acusado dentro del límite previsto y, de no ser ello posible,
absuelto de todo cargo. En consideración a que el derecho a un juicio justo sin
dilaciones indebidas se tiene como garantía indispensable de la presunción de
inocencia, que no puede ser suspendida ni limitada, aún en condiciones
excepcionales en cuanto responde al interés superior y objetivo que propende
porque las cargas del proceso penal, excesivamente onerosas y realmente desequilibradas
para el sindicado, no se prolonguen indefinidamente, ocasionándole
consecuencias adversas irreparables, personales, familiares, sociales y
económicas, que contradicen su dignidad. Las decisiones de declarar cerrada una
investigación por vencimiento del término y precluida la instrucción en el
mismo asunto, debido a la imposibilidad de recaudar las pruebas decretadas por
razón del cierre, según lo prevén los artículos 329, 393, 395 y 399 de la Ley
600 de 2000, no vulneran los derechos fundamentales de la víctima y de los
demás perjudicados, sino que realizan el derecho del imputado a un juicio justo
sin dilaciones indebidas y hacen efectivo el principio de legalidad del
procedimiento que hace preclusivo el cumplimiento de los términos judiciales, para
todos los sujetos procesales –artículos 29, 228 y 93 C.P.-.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia en caso en que se decretó cierre y preclusión de
investigación penal (Salvamento de voto)
La acción que
se revisa es procedente, pues una vez que el afectado con una decisión judicial
que considera vulnera sus derechos fundamentales agota dentro del proceso las
instancias que darían lugar al restablecimiento, puede acudir en demanda de
amparo. Y está claro que los accionantes interpusieron los recursos previstos
para que la parte civil asegure su acceso a la justicia por intermedio de sus
apoderados, se manifestaron ante el mismo fallador porque éste decretó el
cierre de la investigación y precluyó la investigación y sustentaron su inconformidad
ante el Superior, sin éxito, como quiera que las decisiones fueron mantenidas.
En estas condiciones los accionantes bien pueden solicitar un pronunciamiento
del juez de tutela sobre la lesión de sus derechos fundamentales y propender
por una decisión que desde la perspectiva del ordenamiento constitucional
ordene su inmediato restablecimiento.
ACCION DE TUTELA-Criterios para
determinar plazo razonable para interponerla (Salvamento de voto)
Tratándose de acción de tutela contra providencias judiciales en
firme, cobra especial significación determinar si la demora en demandar la
protección aún permite proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado,
como también si las relaciones jurídicas surgidas en razón de la decisión deben
permanecer, debido a la estabilidad que las mismas generaron. Por ello esta
Corte, para efecto de resolver sobre la oportunidad de la intervención del juez
de amparo se remite de ordinario a los términos de caducidad y prescripción
previstos en el ordenamiento y analiza si derechos de terceros se desprenden de
la decisión, como quiera que la acción de tutela no puede ser utilizada para
solventar la incuria de los asociados en la defensa de sus derechos e intereses
y tampoco para desconocer estados y situaciones jurídicas consolidadas, salvo
que circunstancias especiales -que también deberán ser consideradas- indiquen
que la intervención del juez constitucional, sin perjuicio del tiempo
transcurrido, sigue siendo pertinente y necesaria de todas maneras.
ACCION DE TUTELA-Plazo razonable para
interponerla en proceso penal/ACCION DE TUTELA-Plazo razonable en caso
en que acción penal no ha prescrito y no aparecen terceros civilmente
responsables (Salvamento de voto)
Consta en el
proceso que el 5 de agosto del 2005, los demandantes presentaron ante el
Consejo Seccional de la Judicatura la demanda de la referencia, porque mediante
decisiones de 31 de octubre y 26 de diciembre de 2003 y 26 de enero y 8 de
julio de 2004 los Fiscales accionados desconocieron sus derechos a la verdad,
la justicia y la reparación integral, como perjudicados de varias infracciones
a la ley penal. Sin que el tiempo trascurrido desde las decisiones permita
inferir estados o situaciones jurídicas consolidadas, como tampoco la
vulneración de derechos de terceros ajenos a la actuación. Lo primero si se
considera que dentro del proceso penal las acciones civiles prescriben
conjuntamente con la pena principal y, tal como lo indican los Fiscales
accionados -mediante providencias que por este aspecto no fueron recurridas-,
la acción para investigar a los señores por los delitos de Estafa, Utilización
Indebida de Fondos Captados del Público y Falsedad en Documentos no ha
prescrito -salvo en lo que respecta al delito de Operaciones no Autorizadas con
accionistas-. Y lo segundo como quiera que la documentación allegada a esta
actuación indica que dentro de la investigación a que se hace mención no
aparecen terceros civilmente responsables, quienes tendrían el derecho a exigir
que no les sea perturbada su situación. De manera que también por el aspecto
del término en que los accionantes interpusieron la demanda que se revisa, para
la Sala es claro que los señores tienen derecho a un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela, sobre la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la justicia.
TERMINO DE INSTRUCCION EN PROCESO PENAL-Podía
declararse vencido y calificar mérito del sumario (Salvamento de voto)
No hacen
falta mayores consideraciones para concluir, entonces, que al declarar vencido
el término de la instrucción iniciada en razón de la ejecución del contrato
celebrado entre el Banco Industrial Colombiano S.A. y los accionistas
mayoritarios del Banco de Colombia S.A. y calificar el mérito del sumario el
funcionario instructor accionado actuó con sujeción al ordenamiento procesal
penal, que desarrolla el derecho de los imputados a ser juzgados dentro de los
plazos razonables previstos en el ordenamiento, como garantía mínima de su
derecho a la presunción de inocencia, que no puede ser restringida, ni aún en
condiciones excepcionales –artículos 29 y 93 C.P.-. Siendo así está claro que
el Jefe de la Unidad Anticorrupción accionado no incurrió en vía de hecho, toda
vez que ningún reparo cabe contra la investigación penal que respeta el pleno
goce de los derechos humanos de partes y terceros y sometiendo el derecho de
acceso a la justicia de todos los sujetos procesales al debido proceso, que
hace obligatorio el cumplimiento de los términos previamente establecidos.
DERECHO DE LA PARTE CIVIL AL ESTABLECIMIENTO DE LA VERDAD-Se extendió más allá de los límites legales (Salvamento de voto)
Dejo así
expresado el salvamento de voto a la sentencia T-171 de 2006, finalmente
adoptada por la Sala Octava de Revisión, con ponencia de la Magistrada Clara
Inés Vargas Hernández, comoquiera que la providencia extiende, más allá de los
límites legales, el derecho de la parte civil al establecimiento de la verdad.
No obstante no se desvirtúa lo trascendente que resulta, desde la perspectiva
del derecho de los imputados a la presunción de inocencia, la preclusión del
término para investigar y calificar.
Referencia: expediente T-1226076
Acción de tutela instaurada por Jaime Gilinski y otro contra la
Fiscalía General de la Nación y otros
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Con el habitual
respeto por las decisiones mayoritarias de la Corporación manifiesto las
razones de mi desacuerdo con el fallo que resolvió revocar las sentencias de
tutela proferidas por las Salas de Casación Civil y Laboral de la H. Corte
Suprema de Justicia, para resolver el amparo constitucional impetrado por los
señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz y en su lugar conceder
la protección.
Las razones
puestas a consideración de la Sala y que me condujeron a apartarme de la
posición mayoritaria se trascriben a continuación:
“II.    CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.      Competencia
La Corte
Constitucional a través de esta Sala es competente para revisar las sentencias
proferidas en el asunto de la referencia, en desarrollo de las facultades
conferidas por los artículos 86 y 241 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991 y en
cumplimiento del auto del 21 de noviembre del 2005, expedido por la Sala de Selección
de Tutelas Número Once.
2.
Problema jurídico planteado
Debe esta Sala
pronunciarse sobre las decisiones atrás reseñadas, adoptadas por las Salas de
Casación Civil y de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia que
niegan a los accionantes la protección invocada.
Dichas
decisiones, como ya se expresó, se fundan i) en que el Jefe de la Unidad
Nacional de Fiscalía Especializada en delitos contra la Administración Pública
y el Fiscal Delegado ante la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia
actuaron en ejercicio de sus competencias, al resolver sobre la investigación
adelantada contra los señores Jorge Londoño Saldarriaga y Federico Guillermo
Ochoa Barrera por los delitos de Estafa, Falsedad en Documento Público,
Utilización Indebida de Fondos Captados del Público y Operaciones no
Autorizadas con Accionistas, de manera que “ (..) no es dable mediante
tutela injerirse en las actuaciones de otras autoridades jurisdiccionales ni
invalidar los efectos de sus providencias judiciales (..)”; y ii) en que
los accionantes aguardaron más de un año, sin justificación, para reclamar la
protección prevista en el artículo 86 constitucional.
Por su parte,
los accionantes, afirman que sus derechos fundamentales fueron quebrantados y
deberán ser restablecidos, por cuanto los accionados no podían cerrar la
investigación y proceder a precluirla -sin perjuicio del vencimiento del
término para instruir-, estando pendiente de recibir una documentación
previamente ordenada, cuyo envío por parte del Gobierno de los Estados Unidos
se conocía y que la parte civil considera conducente para probar  la
realización de las conductas y endilgar a los sindicados responsabilidad por su
ejecución.
Ahora bien,
establecido como se encuentra que el cierre de la investigación a que se hace
referencia fue decretado mediante providencias que los apoderados de la parte
civil impugnaron aduciendo que debía incorporarse a la actuación una prueba,
previamente decretada, el tema que deberá dilucidar la Corte impone de antemano
determinar i) si conforme al ordenamiento constitucional y los tratados y
convenios sobre derechos humanos aprobados por el Congreso y a los desarrollos
legales pertinentes, vencido el término para la investigación ésta se cierra de
manera ineluctable sin posibilidad de prórrogas o ii) si ante el derecho de la
parte civil de acceder a la justicia el ordenamiento jurídico permite extender
la instrucción, para luego determinar como fue la situación fáctica y derivar
las consecuencias.
En ese orden de
ideas, la Sala considera pertinente resolver si el derecho del imputado a ser
juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas constituye un
compromiso mínimo irrenunciable en el derecho internacional de los derechos
humanos y analizar el cumplimiento de dicho compromiso en el ordenamiento
procesal penal, sin perjuicio de los derechos fundamentales de la parte civil a
la verdad, a la justicia y a la reparación.
3.      Consideraciones
preliminares
3.1    Carácter
imperativo del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y sin dilaciones
indebidas
Los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, tales como la Declaración Universal de
los Derechos Humanos[98],
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[99], el Pacto
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos[100] y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos[101],
prevalentes en el orden interno de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 9° y 93 de la Carta Política, protegen a todas las personas, sin
distinción, en la defensa del derecho a ser juzgadas con todas las garantías.
Consecuentemente los instrumentos en mención determinan que los Estados Parte
deberán adoptar medidas tendientes a que en la sustanciación de toda acción
penal el sindicado sea oído y juzgado dentro de plazos razonables, sin
dilaciones injustificadas.
Establece el
literal c) del numeral 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que todas las personas, entre otras garantías mínimas,
tienen derecho a ser juzgadas sin dilaciones indebidas y el artículo 8° de la
Convención Americana preceptúa que “toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
Ahora bien, en
consideración al alcance de la expresión “plazo razonable”, contenida en
el artículo 8° trascrito, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima
que si bien los Estados Parte no están obligados a fijar “in abstracto”
un plazo válido para todos los casos con independencia de las circunstancias[102], sí les corresponde
adoptar disposiciones internas e interpretaciones judiciales que no supriman el
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o
los limiten en mayor medida de lo previsto en ella[103], de conformidad con
las normas de interpretación del instrumento internacional.
Considera la
citada Comisión que las garantías mínimas no taxativas relacionadas en el
numeral 2 del artículo 8° de la Convención, que los Estados Parte habrán de
hacer efectivas, consideradas en conjunto, “conforman un derecho único no
definido específicamente, pero cuyo inequívoco propósito es, en definitiva,
asegurar el derecho de toda persona a un proceso justo[104].”
En este orden de
ideas la Corte Interamericana, al responder la consulta elevada por el Gobierno
de un Estado miembro de la Organización, sobre el alcance de la prohibición de
suspender las garantías judiciales indispensables, conceptuó por unanimidad que
el derecho a un juicio justo “recogido por el artículo 8º de la Convención
debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías
judiciales referidas en la Convención Americana, aun bajo el régimen de
suspensión regulado por el artículo 27 de la misma”[105].
Señala la
decisión:
“LA CORTE, ES DE OPINIÓN, por
unanimidad
1.         Que deben considerarse como garantías judiciales
indispensables no susceptibles de suspensión, según lo establecido en el
artículo 27.2 de la Convención, el hábeas corpus (art. 7.6 ), el amparo, o
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes ( art.
25.1 ), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya
suspensión no está autorizada por la misma Convención.
2.         También deben considerarse como garantías judiciales
indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales,
inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (art. 29.c) ),
previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos para
garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el
artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la
indefensión de tales derechos.
3.         Que las mencionadas garantías judiciales deben
ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal,
recogidos por el artículo 8 de la Convención”.
En armonía con lo expuesto, esta Corte tiene dicho que las garantías
judiciales indispensables para la protección del derecho a la presunción de
inocencia, integran el bloque de constitucionalidad:
“Frente a la presunción de inocencia, la Corte considera que los
disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia, sí forman parte del bloque de constitucionalidad,
toda vez que, la presunción de inocencia es un derecho humano, el cual no es
susceptible de limitación o restricción en los estados de excepción, ya que
si derecho al debido proceso y el principio de legalidad no admiten restricción
alguna, según lo dispone el artículo 27 de la ley 16 de 1972, que ratifica
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menos aún la presunción de
inocencia derecho fundamental a partir del cual se edifican las garantías
jurídicas citadas. Señala la disposición citada: "2. La disposición
precedente [suspensión de garantías por estados de excepción] no autoriza la
suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3º
(derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4º (derecho a la
vida), 5º (derecho a la integridad personal), 6º (prohibición de la esclavitud
y servidumbre) , 9º  (principio de legalidad y de retroactividad), 12
(libertad de conciencia y de religión), 17 (protección de la familia), 18
(derecho al nombre), 19 (derechos del niño), 20 (derecho a la nacionalidad) y
23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para
la protección de los derechos”[106]
–resaltado fuera de texto-.
Se concluye
entonces que los plazos previstos en el ordenamiento para la investigación, la
acusación y el juzgamiento “no admiten restricción alguna”, en cuanto
garantías judiciales indispensables para la protección de la presunción de
inocencia, el debido proceso y el principio de legalidad.
En este punto cabe precisar, además, que al
mismo tiempo que la Corte Interamericana incluye entre los derechos que no
admiten suspensión el derecho a un juicio y por ende las garantías
indispensables para su protección, por tratarse de un principio de consenso en
el Derecho Internacional de los derechos humanos, la Comisión Interamericana
reconoce la necesidad de distinguir el derecho de toda persona detenida a ser
juzgada “dentro de plazos razonables” del derecho de la misma a ser oída
con las debidas garantías y “dentro de un plazo razonable”, establecidos
en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana respectivamente, así las
dos disposiciones se inspiren en el mismo propósito, esto es “que las cargas
que el proceso penal conlleva para el individuo no se prolonguen continuamente
en el tiempo y causen daños permanentes[107]”,
y ninguno sea susceptible de suspensión o limitación.
Sostiene la Comisión que mientras el plazo
razonable entendido en términos de la libertad personal comporta el trato
prioritario de los procedimientos que privan de la libertad a los procesados, “las
consideraciones envueltas en la determinación de la razonabilidad de la
duración del procedimiento son más flexibles, por la razón obvia de que en el
caso del artículo 7.5 el encarcelamiento del procesado afecta su derecho a  la
libertad personal”.
En este
contexto, la Comisión Interamericana señala que sin perjuicio de que los
Estados Partes están obligados a “evitar dilaciones indebidas que se
traduzcan en una privación o denegación de justicia[108]”
señalando plazos razonables que deberán cumplirse necesariamente, el lapso
establecido “debe medirse en relación a una serie de factores tales como la
complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las
autoridades competentes en la conducción del proceso[109]”, como quiera que la
declaración de culpabilidad o inocencia será igualmente equitativa, siempre que
las garantías mínimas de todo proceso judicial, entre ellas el derecho a ser
juzgado sin dilaciones indebidas, se hubieren respetado.
Entonces, el derecho a ser juzgado dentro de un
plazo razonable y sin dilaciones indebidas, vigente en el derecho internacional
de los derechos humanos como uno de los principios mínimos del derecho a un
juicio justo que no puede ser limitado durante los estados de excepción[110], alude a
una garantía de obligatorio cumplimiento en razón de que se considera
indispensable para hacer realidad el derecho del imputado a la presunción de
inocencia.
En efecto, ningún sentido tendría obligar a los
Estados a respetar la presunción de inocencia como un derecho no susceptible de
limitar en ningún caso y simultáneamente permitirles prolongar indefinidamente
las investigaciones y las causas tendientes a desvirtuarla.
3.2    Derecho
a ser acusado en un término que no podrá exceder de dieciocho o veinticuatro
meses, si se tratare de tres o más sindicados o conductas
3.2.1
Los
artículos 29 y 228 de la Carta Política y 4° de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia desarrollan la garantía mínima a ser juzgado dentro
de un plazo razonable sin dilaciones indebidas, vigente en el derecho
internacional de los derechos humanos -como quedó explicado- al determinar que
toda persona durante la investigación y el juzgamiento tiene derecho a un
debido proceso público, con plena observación de los términos judiciales,
asunto éste que el artículo 15 de la Ley 600 de 2000 reitera al disponer:
“Toda actuación se surtirá pronta y cumplidamente sin dilaciones
injustificadas. Los términos procesales son perentorios y de estricto
cumplimiento.
El funcionario judicial está en la obligación de corregir los actos
irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos
procesales[111]”.
Esta Corte, mediante sentencia C-411 de 1993[112], al resolver sobre la
inconstitucionalidad de los apartes de los artículos 329, 438 y 439 del Decreto
2700 de 1991[113],
que permitían al funcionario instructor adelantar la investigación “mientras
no prescriba la acción penal", abstenerse de cerrar el sumario “[c]uando
no hubiere pruebas necesarias” y continuarlo, en aquellas circunstancias en
que no resultaba posible proferir resoluciones de acusación o preclusión,
encontró no razonable e incompatible con la presunción de inocencia y el
derecho a un juicio justo, las prórrogas previstas en las disposiciones
demandadas.
Destaca la providencia en comento las prerrogativas del funcionario
instructor, relativas a averiguar sobre la vida íntima de las personas
vinculadas a la investigación, ordenar el registro de su domicilio y
correspondencia e interceptar sus comunicaciones, además de mantener latente en
el sindicado la posibilidad de verse privado de la libertad en cualquier
momento y concluye que las disposiciones demandadas, en cuanto permitían
prorrogar la investigación y mantener al individuo en un estado de indefinida
sospecha, comportaban en realidad una sanción, sin mediar para el efecto una
sentencia judicial ejecutoriada.
Estudió también la Corte las disposiciones demandadas, desde la
perspectiva del deber del Estado de asegurar la vigencia de un orden justo,
prescrito en el artículo 2° de la Constitución Política y sostuvo que si
durante un plazo razonable el Estado no logra desvirtuar la presunción de
inocencia, debe “reconocer su fracaso y devolver a la persona el pleno goce
de sus libertades y derechos”, pues es injusto mantener a las personas en “entredicho
y con las garantías constitucionales suspendidas, hasta que finalmente el
Estado pueda llevarla a juicio o prescriba la acción penal”.
Indica la decisión:
“Si se examina la situación legal de las personas vinculadas a una
instrucción, dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, pero antes y
después de la vigencia del Decreto 2700 de ese año, se encuentra que
indudablemente tal Decreto menoscaba el derecho fundamental a la libertad
personal, consagrado en el Art. 28 de la Constitución y viola lo estipulado en
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, suscrito por Colombia en el
mismo año y aprobado mediante ley 74 de 1968, que entró en vigor el 23 de marzo
de 1976), así como el artículo 29 de la Carta, pues introduce demoras
injustificadas en la definición de la situación jurídico-penal de las personas.
Por tanto, será declarado inexequible en la parte acusada”.
3.2.2 En armonía
con lo expuesto, el legislador de 1993 modificó el Código de Procedimiento
Penal entonces vigente; para el efecto:
-Fijó el plazo
dentro del cual la Fiscalía realizaría las investigaciones, atendiendo a su
complejidad y al mismo tiempo dispuso que vencido el lapso previsto “la
única actuación procedente será la calificación”, es decir dejó a un
lado la referencia a la prescripción de la acción penal, prevista en el
artículo 329 del Decreto 2700 de 1991, que como se vio esta Corte consideró
contraria a la presunción de inocencia –artículo 42 Ley 81-.
-No reprodujo el
aparte del artículo 438 del referido Decreto -Cuando no hubiere pruebas
necesarias para calificar la Investigación, el fiscal se abstendrá de cerrarla-
declarado inexequible y, en su lugar, preceptuó que recaudada la prueba
necesaria para calificar o vencido el término de instrucción “se declarará
cerrada la investigación y se ordenará que el expediente pase al despacho para
calificación” –artículo 56 ídem-.
-Dispuso que el sumario se calificará profiriendo resolución de
acusación o resolución de preclusión de la instrucción; prescindiendo de la
expresión del artículo 439 del Decreto 2700 varias veces citado, que permitía a
la Fiscalía continuar adelantando la instrucción -“Cuando no hubiere lugar a
proferir estas determinaciones”-, también declarada inexequible –artículo
58 Ley 81 de 1993-.
Cabe precisar
que el inciso primero del artículo 56 de la Ley 81 de 1993 dispuso, como lo
hacía el artículo 438 del Decreto 2700 de 1991[114] -en términos que la
Ley 600 de 2000 no reproduce- que en ningún caso la investigación se cerraría,
“si no se ha resuelto la situación jurídica del procesado”.
Señalaba la
disposición:
“Artículo 438. En ningún caso podrá cerrarse la investigación si no
se ha resuelto la situación jurídica del procesado.
(..)”.
Sobre el
particular es pertinente anotar, que la Sala de Casación Penal de la H. Corte
Suprema de Justicia, al resolver un recurso de
reposición -“para que se practiquen las pruebas fundamentales que faltan"-
interpuesto contra la providencia que decretaba el cierre de una investigación,
por vencimiento del término señalado en el artículo 42 de la Ley 81 de 1993,
confirmó la decisión i) como quiera que “vencido dicho lapso, no queda
alternativa distinta que disponer el cierre de la investigación a efectos de
proceder a calificar el mérito del sumario con las pruebas que se hubiere
logrado recaudar hasta ese momento”; y ii) toda vez que lo único
que condiciona el cierre de la investigación “es que el procesado haya sido
legalmente vinculado y su situación jurídica resuelta (sic) a
términos del artículo 438 del C. de P.” –se destaca-.
Indica la providencia –negrilla fuera del texto-:
“El originario artículo 329 del Decreto 2700 de
1991, establecía la posibilidad de adelantar la instrucción mientras no hubiere
prescrito la acción penal. Este precepto fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-411 de 1993 al hallarlo contrario a la
Carta Política por introducir "demoras injustificadas en la definición de
la situación jurídico-penal de las personas". Para remediar la situación
de incertidumbre generada por la citada disposición, el artículo 42 de la Ley
81 de 1993 precisó que cuando no se trate de tres o más sindicados o delitos,
el término de instrucción "no podrá exceder de dieciocho (18) meses
contados a partir de su iniciación", al vencimiento de los cuales "la
única actuación procedente será la calificación".
De ahí que la Corte tenga establecido que
vencido dicho lapso, no queda alternativa distinta que disponer el cierre de
la investigación a efectos de proceder a calificar el mérito del sumario con
las pruebas que se hubiere logrado recaudar hasta ese momento (cfr. auto
sept. 12 de 1995, M. P. Dr. Arboleda Ripoll), ya que "la
circunstancia de que se eche de menos una prueba para aclarar algún aspecto que
se debate, no es impeditiva para que el mérito probatorio pueda ser calificado,
puesto que lo único que condiciona el cierre de la investigación es que el
procesado haya sido legalmente vinculado y su situación jurídica resuelta a
términos del artículo 438 del C. de P. P." (auto junio 22 de 1995, M.P.
Dr. Páez Velandia)”.”[115]
3.2.3 La Ley 600
de 2000[116],
por su parte, además de señalar el término de la instrucción y disponer, como
lo hiciera el legislador de 1993, que “vencido el término, la única
actuación procedente será la calificación” i) prescinde del
condicionamiento a que aludía el inciso primero de la Ley 81 de 1993[117], ii) prevé, en
iguales términos que esta normatividad, que recaudada la prueba necesaria para
calificar o vencido el término para investigar “se declarará cerrada la
investigación”, iii) establece que el sumario se calificará profiriendo
resoluciones de acusación o preclusión y iv) advierte que “en caso de que el
cierre de la investigación se haya producido por vencimiento del término de
instrucción o por la imposibilidad de recaudar y practicar pruebas, la duda se
resolverá a favor del procesado” –artículos 329, 393, 395 y 399 Ley 600 de
2000-.
Para la Sala está claro, entonces, que vencido el término para
instruir la única actuación posible es la calificación y que si no estuviere
demostrada la conducta punible ni establecida la responsabilidad de los
imputados el sumario se calificará profiriendo resolución de preclusión de
instrucción, como lo resolvió esta Corte en la sentencia C-411 de 1993, al
declarar inexequibles las diferentes posibilidades de extensión del plazo para
instruir previstas en el Decreto 2700 de 1991, reafirmando de esta manera la
sujeción del Estado a los tratados y convenios internacionales aprobados por el
Congreso que protegen a todas las personas, sin distinción, en la defensa del
derecho a ser juzgadas dentro de plazos razonables, sin dilaciones injustificadas,
en los términos de los artículos 29 y 228 constitucionales.
Para concluir, cabe precisar que en consonancia con lo expuesto en
la sentencia ya referida, esta Corte, mediante sentencia C-412 de 1993, declaró
inexequible el artículo 324 del Decreto 2791 de 1991, como quiera que “no se
aviene al debido proceso y, por el contrario, lo niega, la configuración de una
etapa investigativa carente de término”. Señala la providencia:
“Se contraviene la idea medular del proceso que se sustenta en la esencialidad
y en la previsibilidad de las formas, pues, una etapa indefinida en
el tiempo no canaliza ni puede servir de molde idóneo a la actividad del Estado
que reclama disciplina y orden y que, en la investigación del delito debe
avanzar de manera progresiva y a través de una serie de actos vinculados entre
sí y orientados hacía un resultado final que necesariamente se frustraría si a
las diferentes etapas no se les fija término, más aún si son contingentes y
puramente instrumentales como acaece con la investigación previa.
18. El ejercicio anticipado del derecho constitucional al debido
proceso (CP art. 29), correlativo al desarrollo de la función investigativa y
punitiva del Estado, proscribe la actuación investigativa que se prolongue
indefinidamente en el tiempo. La ausencia de término específico para la
investigación previa, legitima inconstitucionalmente las más excesivas
dilaciones toda vez que su finalización podría coincidir con el momento de la prescripción
de la acción penal. Aparte de que esa eventual arbitrariedad - convalidada por
la norma legal acusada - obliga al investigado a soportar una excesiva carga
anímica y económica, representa para el Estado costos nada despreciables en
términos de recursos humanos y materiales.
19. Además de poner en riesgo la probabilidad de la etapa de
juzgamiento, la indeterminada extensión de la investigación previa puede dar
curso también a una indefinida e incontrastable actuación pública, con el
peligro que ello entraña para los individuos investigados y la sociedad en
general. El control individual y social a la arbitrariedad del Estado es uno de
los más importantes contrapesos a su actuación. La supresión virtual de este
control supone el regreso a la época oscurantista del Estado policía de corte
inquisidor”.
No pueden por ello considerarse arbitrarias y constitutivas de vía
de hecho las decisiones de la Fiscalía General de la Nación dirigidas a dar
cumplimiento al ordenamiento constitucional mediante la declaración de cierre,
una vez las investigaciones superaron el límite señalado en el artículo 329 de
la Ley 600 de 2000, que el legislador no autoriza prorrogar en ningún caso.
Lo anterior, así la parte civil insista en la prolongación de la
etapa sumarial con miras a que se incorporen nuevas pruebas y se funde en ellas
el éxito de la investigación, porque está claro que si el Estado no logra
desvirtuar la presunción de inocencia, dentro del término establecido “es
injusto que, en lugar de reconocer su fracaso y devolver a la persona el pleno
goce de sus libertades y derechos, se la deje en situación de entredicho y con
las garantías constitucionales suspendidas, hasta que finalmente (..) pueda
llevarla a juicio (..)” –sentencias C-412 y C411 de 1993, ya citadas-.
Además la
actuación de la parte civil se enmarca dentro del principio de legalidad del
procedimiento, que informa el derecho penal, de manera que al margen de sus
consideraciones individuales sobre la relevancia de los elementos de convicción
no incorporados oportunamente al sumario y sin perjuicio de que el decreto y la
rogatoria para el diligenciamiento de los mismos bien pueden haber atendido en
todo la disciplina que gobierna el asunto, el perjudicado que acude al proceso
penal habrá de aceptar que la investigación termina, ineluctablemente, luego de
dieciocho o veinticuatro meses -contados a partir de la fecha de su
iniciación-, lo último si se tratare de tres o más sindicados o conductas.
Lo anterior sin
prórrogas posibles, como quiera que las extensiones del plazo para investigar
previstas por el legislador de 1991 fueron excluidas del ordenamiento por esta
Corte, con efecto de cosa juzgada constitucional, como quedó explicado
–artículos 9°, 29, 93 y 228 C.P.-.
3.3    Efectos
de los términos preclusivos de la investigación penal sobre los derechos de la
parte civil a la verdad, la justicia y la reparación
Está claro que
transcurrido el lapso fijado a la Fiscalía para investigar sobre la infracción
a la ley penal y determinar la responsabilidad de los imputados, la única
actuación posible es la calificación, ya fuere mediante resolución de acusación
o de preclusión de la instrucción –artículos 329, 393, 395 y 399 Ley 600 de
2000-.
En este sentido
cabe preguntarse si la clausura de la etapa sumarial, por vencimiento del
término previsto para demostrar la ocurrencia del hecho punible y establecer la
responsabilidad del sindicado, vulnera los derechos de quienes ostentan dentro
del proceso la calidad de víctima o perjudicado “con derecho a la verdad, a
la justicia y a la reparación integral del daño”[118].
De antemano debe
afirmarse que, desde el momento del reconocimiento de su calidad[119], el perjudicado actúa
en el proceso penal como sujeto procesal y parte de la relación jurídica
fundada en el daño, sin restricciones ni privilegios respecto de los derechos
de los demás sujetos procesales, porque, como lo tiene definido esta Corte, la
parte civil más que un simple interviniente es protagonista en la búsqueda de
la verdad y en la realización de la justicia [120].
La
jurisprudencia constitucional a que se hace mención guarda plena
correspondencia con el derecho fundamental del perjudicado de acceder a un juez
imparcial, con pleno respeto de los principios de legalidad y de defensa,
previsto en los artículos 8° y 25 de la Convención Americana y 14 del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos y también con el derecho del sindicado a ser
juzgado en iguales condiciones, en un plazo razonable sin dilaciones
injustificadas, previsto en las mismas disposiciones y desarrollado en el
derecho internacional de los derechos humanos, como garantía no susceptible de
suspensión ni limitación.
Por lo anterior
tanto la ausencia de investigación, como sus retrasos, insuficiencias y
prolongaciones comportan grave violación de los derechos, tanto de las víctimas
como del sindicado a un recurso judicial pronto y eficiente[121].
No obstante, sin perjuicio de que los
derechos del causante del agravio y de la víctima a un juicio justo comportan
que uno y otra sean titulares y puedan exigir el cumplimiento de garantías
judiciales mínimas, es claro que el perjudicado que opta por acceder ante el
juez penal se compromete, al igual que el fallador y el Ministerio Público, con
los términos preclusivos e irrenunciables establecidos para que el imputado sea
acusado dentro del límite previsto y, de no ser ello posible, absuelto de todo
cargo.
Lo anterior, en
consideración a que el derecho a un juicio justo sin dilaciones indebidas se
tiene como garantía indispensable de la presunción de inocencia, que no puede
ser suspendida ni limitada, aún en condiciones excepcionales[122] en cuanto responde al
interés superior y objetivo que propende porque las cargas del proceso penal,
excesivamente onerosas y realmente desequilibradas para el sindicado, no se
prolonguen indefinidamente, ocasionándole consecuencias adversas irreparables,
personales, familiares, sociales y económicas, que contradicen su dignidad [123].
Siendo así,
las decisiones de declarar cerrada una investigación por vencimiento del
término y precluida la instrucción en el mismo asunto, debido a la
imposibilidad de recaudar las pruebas decretadas por razón del cierre, según lo
prevén los artículos 329, 393, 395 y 399 de la Ley 600 de 2000, no vulneran los
derechos fundamentales de la víctima y de los demás perjudicados, sino que
realizan el derecho del imputado a un juicio justo sin dilaciones indebidas y
hacen efectivo el principio de legalidad del procedimiento que hace preclusivo
el cumplimiento de los términos judiciales, para todos los sujetos procesales
–artículos 29, 228 y 93 C.P.-.
4.      Caso concreto
Como lo revelan
los antecedentes, los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz
reclaman la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la justicia, porque la Fiscalía General de la Nación, por conducto del
Jefe de la Unidad Anticorrupción y del Fiscal Delegado ante la Sala de Casación
Penal de la H. Corte Suprema de Justicia declaró cerrada la investigación y
calificó con resolución de preclusión, el mérito de la instrucción que la
entidad adelantaba contra los señores Jorge Londoño Saldarriaga y Federico
Guillermo Ochoa Barrera, por los delitos de Estafa, Falsedad en Documento
Público, Utilización Indebida de Fondos Captados del Público y Operaciones no
Autorizadas con Accionistas.
Sostienen los accionantes
-aunque reconocen que el término para instruir ya había vencido- i) que el Jefe
de la Unidad Anticorrupción accionado no podía declarar cerrada la
investigación y proferir resolución de preclusión, estando pendiente de recibir
unas pruebas previamente decretadas, fundamentales para la investigación y ii)
que el Fiscal Delegado tenía que aguardar los documentos de los que ya conocía
su remisión, para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la
providencia calificatoria.
Ahora bien, como
las Salas de Casación Civil y de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de
Justicia niegan la protección, aduciendo que no es dable al juez de amparo
interferir en las decisiones de las autoridades judiciales y que los
accionantes aguardaron más de un año en acudir en demanda de protección,
previamente esta Sala deberá pronunciarse sobre la procedencia de la acción.
4.1    Procedencia de la acción
4.1.1 Los
accionantes no cuentan con procedimiento distinto a la acción de tutela para
reclamar sobre el restablecimiento de sus derechos al debido proceso y acceso a
la justicia
Según lo
preceptúa el artículo 86 de la Carta Política, toda persona puede reclamar
mediante un procedimiento breve y sumario, en todo tiempo y lugar, el
restablecimiento de sus derechos fundamentales, cualquiera fuere la autoridad
que los vulnera o amenaza, siempre que no cuente con otro medio judicial de
eficacia comprobada, sin perjuicio de la intervención transitoria del juez
constitucional, en los términos del artículo 86 de la Carta.
Conforme a los antecedentes, el Jefe de
la Unidad Nacional Anticorrupción, mediante providencia que los accionantes
recurrieron, declaró legalmente cerrada la instrucción que la Fiscalía General
de la Nación adelantaba en contra de los señores Jorge Londoño Saldarriaga y
Federico Ochoa Barrera, por los delitos de Estafa, Falsedad en Documento
Público, Utilización Indebida de Fondos Captados del Público y Operaciones no
Autorizadas con Accionistas, dentro de la investigación a que dieron lugar las
denuncias presentadas contra la ejecución del contrato celebrado el 24 de
agosto de 1997, entre el Banco Industrial Colombiano S.A. y los accionistas
mayoritarios del Banco de Colombia S.A.
Se conoce también que el funcionario en
comento resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la providencia y
que concluido el término para alegar de conclusión profirió resolución de
preclusión, mediante providencia que los representantes de la parte civil
impugnaron y que el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia confirmó,
en consideración i) a que efectivamente el término para investigar había
concluido y ii) porque la investigación demostró la atipicidad de las
conductas, al igual que la prescripción de la acción penal, respecto de alguno
de los delitos imputados.
Por consiguiente
la acción que se revisa es procedente, pues una vez que el afectado con una
decisión judicial que considera vulnera sus derechos fundamentales agota dentro
del proceso las instancias que darían lugar al restablecimiento, puede acudir
en demanda de amparo. Y está claro que los accionantes interpusieron los
recursos previstos para que la parte civil asegure su acceso a la justicia,
esto es, los señores Jaime Gliniski Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz, por
intermedio de sus apoderados, se manifestaron ante el mismo fallador porque
éste decretó el cierre de la investigación y precluyó la investigación y
sustentaron su inconformidad ante el Superior, sin éxito, como quiera que las
decisiones fueron mantenidas.
En estas condiciones los accionantes bien pueden solicitar un
pronunciamiento del juez de tutela sobre la lesión de sus derechos
fundamentales y propender por una decisión que desde la perspectiva del
ordenamiento constitucional ordene su inmediato restablecimiento.
4.1.2
Sobre el término de caducidad de la acción de
tutela
4.1.2.1        En
armonía con el artículo 86 de la Carta Política esta Corte declaró inexequible
el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto la disposición establecía un
lapso de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de la providencia, para
ejercer la acción de amparo contra decisiones judiciales, en abierta
contradicción con la disposición constitucional en cita, según la cual la
acción de tutela puede interponerse “en todo momento y lugar”[124].
No obstante, también en aplicación de la normativa constitucional a
que se hace mención, por cuya virtud el accionante en tutela tiene derecho a
invocar la protección inmediata de sus derechos fundamentales y el juez de
amparo el deber de actuar de igual manera -establecida la vulneración-, la
jurisprudencia constitucional se ha detenido en la necesidad de establecer en
cada caso, sin perjuicio de que la acción se pueda interponer en cualquier
tiempo, la oportunidad de la intervención del juez de amparo y se ha
pronunciado respecto de lo impertinente y contrario al orden constitucional que
resulta emitir órdenes que dado el tiempo transcurrido nada remedian o que
desconocen estados y situaciones jurídicas debidamente consolidadas[125].
En armonía con lo expuesto, tratándose de acción de tutela contra
providencias judiciales en firme, cobra especial significación determinar si la
demora en demandar la protección aún permite proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, como también si las relaciones jurídicas surgidas en
razón de la decisión deben permanecer, debido a la estabilidad que las mismas
generaron.
Por ello esta Corte, para efecto de resolver sobre la oportunidad de
la intervención del juez de amparo se remite de ordinario a los términos de
caducidad y prescripción previstos en el ordenamiento y analiza si derechos de
terceros se desprenden de la decisión, como quiera que la acción de tutela no
puede ser utilizada para solventar la incuria de los asociados en la defensa de
sus derechos e intereses y tampoco para desconocer estados y situaciones
jurídicas consolidadas, salvo que circunstancias especiales -que también
deberán ser consideradas- indiquen que la intervención del juez constitucional,
sin perjuicio del tiempo transcurrido, sigue siendo pertinente y necesaria de
todas maneras[126].
Consta en el
proceso que el 5 de agosto del 2005, los señores Jaime e Isaac Gilinski
presentaron ante el Consejo Seccional de la Judicatura[127] la demanda de la
referencia, porque mediante decisiones de 31 de octubre y 26 de diciembre de
2003 y 26 de enero y 8 de julio de 2004 los Fiscales accionados desconocieron
sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, como
perjudicados de varias infracciones a la ley penal. Sin que el tiempo
trascurrido desde las decisiones permita inferir estados o situaciones
jurídicas consolidadas, como tampoco la vulneración de derechos de terceros
ajenos a la actuación.
Lo primero si se
considera que dentro del proceso penal las acciones civiles prescriben
conjuntamente con la pena principal y, tal como lo indican los Fiscales
accionados -mediante providencias que por este aspecto no fueron recurridas-,
la acción para investigar a los señores Jorge Londoño Saldarriaga y Federico
Guillermo Ochoa Barrera por los delitos de Estafa, Utilización Indebida de
Fondos Captados del Público y Falsedad en Documentos no ha prescrito -salvo en
lo que respecta al delito de Operaciones no Autorizadas con accionistas-. Y lo
segundo como quiera que la documentación allegada a esta actuación indica que
dentro de la investigación a que se hace mención no aparecen terceros
civilmente responsables, quienes tendrían el derecho a exigir que no les sea
perturbada su situación.
De manera que
también por el aspecto del término en que los accionantes interpusieron la
demanda que se revisa, para la Sala es claro que los señores Jaime Gilinski
Bacal e Isaac Gilinski Sragovicz tienen derecho a un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela, sobre la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la justicia.
4.2    La
conclusión del término para instruir, el cierre de la investigación y la
necesaria calificación
Obra en el expediente que el 31 de octubre de 2003 el término para
adelantar la investigación 1255 (542480) había precluido. En ese sentido afirma
el representante de los sindicados y nadie discute que para entonces la etapa
instructiva superaba en seis meses el límite de veinticuatro, establecido por
el artículo 329 de la Ley 600 de 2000.
Así las cosas el Jefe de la Unidad Anticorrupción, para entonces el
doctor Darío Arciniegas Calderón, actuó como correspondía al clausurar la
etapa, mantener la decisión -26 de noviembre de 2003- y calificar el mérito del
sumario -26 de diciembre de 2003-, como quiera que i)“[v]encido el
término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación”;
ii) “[c]uando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o
vencido el termino de la instrucción (..) se declarará cerrada la investigación
y se ordenará que el expediente pase al despacho para calificación”; y
iii) “[el sumario se calificará profiriendo resolución de acusación o
resolución de preclusión de la instrucción” -artículos 329, 393 y 395 Ley
600 de 2000, se destaca-.
No hacen falta
mayores consideraciones para concluir, entonces, que al declarar vencido el
término de la instrucción iniciada en razón de la ejecución del contrato
celebrado entre el Banco Industrial Colombiano S.A. y los accionistas
mayoritarios del Banco de Colombia S.A. y calificar el mérito del sumario el
funcionario instructor accionado actuó con sujeción al ordenamiento procesal
penal, que desarrolla el derecho de los imputados - Londoño Saldarriaga y
Arango Barrera- a ser juzgados dentro de los plazos razonables previstos en el
ordenamiento, como garantía mínima de su derecho a la presunción de inocencia,
que no puede ser restringida, ni aún en condiciones excepcionales –artículos 29
y 93 C.P.-.
Siendo así está
claro que el Jefe de la Unidad Anticorrupción accionado no incurrió en vía de
hecho, toda vez que ningún reparo cabe contra la investigación penal que
respeta el pleno goce de los derechos humanos de partes y terceros y sometiendo
el derecho de acceso a la justicia de todos los sujetos procesales al debido
proceso, que hace obligatorio el cumplimiento de los términos previamente
establecidos.
4.3    La
calificación de la instrucción y las pruebas legal, regular y oportunamente
aportadas al proceso
Similar
estimación a la realizada en el punto anterior, sobre las decisiones del Jefe
de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, que como quedó
explicado no contrariaron el debido proceso, corresponde hacer en relación con
la providencia proferida el 8 de julio de 1994 por el Fiscal Delegado ante la
Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, doctor Luis Alberto
Santana Robayo, en el sentido de confirmar la decisión de preclusión.
En efecto el
Fiscal Delegado accionado mantuvo la Resolución que calificó el mérito del
sumario, confirmando de esta manera el deber de la Fiscalía de hacer respetar
las garantías constitucionales mínimas de los señores Londoño Saldarriaga y
Arango Barrera y haciendo respetar el principio de legalidad que obliga por
igual a todos los sujetos procesales, a pesar de la insistencia de la parte
civil centrada en que era menester aguardar el diligenciamiento de las Cartas
Rogatorias, remitidas por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, del
que ya se tenía noticia.
Ahora bien, la
parte actora aduce que el Fiscal Delegado ante la Sala de Casación Penal de la
H. Corte Suprema de Justicia quebrantó el derecho al debido proceso de sus
representados, porque habiendo sido informado por el apoderado de la parte
civil sobre el diligenciamiento de las pruebas, justamente un día antes de que
el mismo adoptara la decisión de segunda instancia, no se pronunció sobre el
escrito y confirmó la resolución de preclusión, de todas maneras.
También los
accionantes acusan a la Fiscalía General de la Nación de demoras en el
diligenciamiento de las pruebas cuya incorporación a la actuación y posterior
valoración echan de menos, asunto que el apoderado del señor Jorge Londoño
Saldarriaga controvierte, en cuanto a su parecer la parte civil no solicitó que
aquellas fueran decretadas, sino que se adhirió a una petición tardía e
indebidamente elevada por el Ministerio Público, circunstancia que –asegura-
explica las demoras en la elaboración y remisión de las Cartas Rogatorias.
El artículo 29
constitucional condiciona la validez de las pruebas al respeto del debido
proceso y la misma disposición indica que el sindicado tiene derecho a
controvertir las que se alleguen en su contra, de manera que el 7 de julio de
2004, día en que la parte civil hizo conocer del Fiscal Delegado la llegada de
la documentación esperada, de nada servía la información, si se observa que 8
meses antes -31 de octubre de 2003-, había precluido la oportunidad para alegar
y con ella la posibilidad de incorporar al proceso nuevos elementos de
convicción[128].
Además el
derecho de los señores Londoño Saldarriaga y Arango Barrera a ser juzgados
dentro de un plazo razonable, como garantía de su derecho a la presunción de
inocencia, que no puede ser restringida ni aún en estados de excepción, no se
altera por la “la negligencia del juez o las irregularidades que puedan
presentarse en el proceso” y tampoco en razón de “las maniobras
engañosas en las que incurra el procesado o su defensor”, sin perjuicio del
deber del fallador de “imponer las medidas correccionales que considere
pertinentes” y de responder por su omisión[129].
Para lo cual si
los accionantes lo consideran, bien pueden iniciar las acciones
administrativas, civiles y disciplinarias que consideren pertinentes, a fin de
determinar el comportamiento de los distintos sujetos procesales y establecer
las responsabilidades e indemnizaciones que fueren del caso.
5.      Conclusiones.
Las sentencias de instancia serán confirmadas
Las Salas de
Casación Civil y de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en las
sentencias de instancia, niegan a los señores Jaime e Isaac Gilinski la
protección que invocan, puesto que consideran que la Fiscalía General de la
Nación, por conducto del Jefe de la Unidad Anticorrupción y del Fiscal Delegado
ante la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, no incurrió en vía de
hecho al declarar clausurada la investigación 1255 (542480) y calificar el
mérito de la instrucción, sin aguardar la remisión de las Cartas Rogatorias
sobre práctica de pruebas, habiendo conocido que los documentos se entregarían
prontamente.
La Sala A quo
sustenta el fallo en que “la decisión cuestionada (sic) está
fundamentada en un conjunto de disquisiciones que por apoyarse en el
discernimiento que la Fiscalía, en el ejercicio de las atribuciones
constitucionales que le corresponden le atribuyó a los preceptos legales, que
le permitieron fijar los hechos que sustentan sus inferencias, impiden
calificar la decisión adoptada como vía de hecho”; y el juez Ad
quem, por su parte, considera  que “no es dable mediante tutela
injerirse en las actuaciones de otras autoridades judiciales ni invalidar los
efectos de sus providencias judiciales”.
De manera que
las decisiones que se revisan, en cuanto niegan la protección habrán de
confirmarse, en consideración a que en el ámbito de la investigación a que
dieron lugar las denuncias por la ejecución del contrato celebrado entre el
Banco Industrial Colombiano S.A. y los accionistas mayoritarios del Banco de
Colombia S.A. en agosto de 1997, los Fiscales accionados preservaron los derechos
fundamentales de los sindicados a la presunción de inocencia, a un juicio sin
dilaciones injustificadas y contradecir y alegar en su favor, siguiendo en todo
lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 228 de la Carta Política, 14 del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos, 8° de la Convención Americana de los Derechos
Humanos, 4° de la Ley 270 de 1996, 15, 329, 393, 395 y 399 de la Ley 600 de
2000.
Sin quebrantar
por ello los derechos de los señores Jaime Gilinski Bacal e Isaac Gilinski
Sragovicz a la verdad, a la justicia y a la reparación, quienes optaron por
acudir al juez penal, para efectos de que los señores Jorge Londoño Saldarriaga
y Federico Guillermo Arango Barrera respondieran ex delito por la
ejecución del mencionado contrato, comprometiéndose de antemano con los
términos para instruir y alegar de conclusión establecidos en los artículos 329
y 393 de la Ley 600 de 2000 y habrán de aceptar lo ocurrido, así el cierre de
la investigación y la calificación contraríe sus intereses–artículos 83 y 95 C.P-.
Entonces las
sentencias de instancia serán confirmadas, no por los argumentados planteados
en las providencias, referidos a las limitaciones de los jueces de tutela y la
demora en la presentación de la demanda de amparo, sin asidero en el ordenamiento
constitucional, sino por las consideraciones de esta providencia”.
Dejo así
expresado el salvamento de voto a la sentencia T-171 de 2006, finalmente
adoptada por la Sala Octava de Revisión, con ponencia de la Magistrada Clara
Inés Vargas Hernández, comoquiera que la providencia extiende, más allá de los
límites legales, el derecho de la parte civil al establecimiento de la verdad.
No obstante no se desvirtúa lo trascendente que resulta, desde la perspectiva
del derecho de los imputados a la presunción de inocencia, la preclusión del
término para investigar y calificar.
Fecha ut
supra
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
[1]  Folios 204 a 209 cuaderno 12 original.
[2] Son títulos representativos de acciones ordinarias del BANCO DE
COLOMBIA S.A. Cada GDS representa 16.91 acciones ordinarias.
[3] Son títulos de duda (sic) emitidos por BANCOL S.A.  que dan la
opción a su titular de cambiarlas por GDS  representativos de acciones del
BANCO DE COLOMBIA S.A.”.
[4] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[5] M.P. Fabio Morón Díaz.
[6] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[7] M.P. Fabio Morón Díaz.
[8]
Sentencia C-543 de 1992.  El artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que regulaba
la acción de tutela contra providencias judiciales fue declarado
inconstitucional, dada su unidad normativa con los artículos 11 y 12 del mismo
Decreto, también inexequibles, como quiera que “estas tres condiciones para
que proceda la accion de tutela contra las sentencias o las providencias
judiciales que pongan fin a un proceso infringen abiertamente el orden
constitucional”.
[9]
A su vez, mediante providencia del 05 de agosto de 2005, la presidenta del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Dra. Paulina Canosa Suárez,
remitió el asunto a la Corte Suprema de Justicia, por competencia.
[10]  Cfr. p. ej. sentencias T-066 de 2005, M.P.: Rodrigo Escobar Gil;
T-253 de 2005, M.P.: Jaime Araujo Rentería; T-390 de 2005, M.P.: Alfredo
Beltrán Sierra; T-564 de 2005, M.P.: Jaime Araujo Rentería; T-635 de 2005,
M.P.: Rodrigo Escobar Gil; T-012 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa;
T-705 de 2002, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa; T-1189 de 2001, M.P.: Jaime
Araujo Rentería.
[11]  M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[12]  M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[13]  Vid. Corte Constitucional, sentencia T-008 de 1998.
[14]  M.P.: Eduardo Montealgre Lynett
[15]  M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[16]  Sentencia T-1031 de 2001, argumento jurídico número 6 (cita
original de la jurisprudencia trascrita).
[17]  Al respecto, en la sentencia T-461 de 2003, M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett, Sala Séptima de Revisión, en un caso en el que se estudió
la tutela contra la pérdida de investidura del señor Jose Jattin Safar, la
Corte estimó los siguiente: “(...) resulta claro que la tutela contra
providencias judiciales no procede por incurrir el funcionario en vía de hecho
(en el sentido administrativo del concepto), sino por violación de la
Constitución. En sentencia T-441 de 2003 la Corte recogió y sistematizó estos
argumentos fijando parámetros para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, que respondieran a claros criterios constitucionales.
Así, se indicó que la tutela procede contra decisiones judiciales cuando se
presenta violación directa o indirecta de la Constitución. Es decir, frente a
providencias judiciales inconstitucionales.(...)”. (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[18]  Sobre el papel actual que juega el juez en un Estado Social de
Derecho véanse las sentencias C-037 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
C-366 de 2000 y SU-846 de 2000 M.P. Alfredo Beltrán Sierra (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[19]  Véanse entre otras, sentencias T-441 de 2003, M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett; T-200 y T-684 de 2004 y T-658 y T-939 de 2005 M.P.: Clara
Inés Vargas Hernández (cita original de la jurisprudencia trascrita)..
[20] Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las sentencias
T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02,
T-546/02, T-868/02, T-901/02, entre otras (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[21]  Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias:
T-260/99, T-488/99, T-814/99, T-408/02, T-550/02, T-054/03 (cita original de la
jurisprudencia trascrita).
[22]  Al respecto,
las sentencias SU-014/01, T-407/01, T-759/01, T-1180/01, T-349/02, T-852/02,
T-705/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[23]  Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias:
T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02,
T-546/02, T-868/02, T-901/02 (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[24]  En la sentencia T – 123 de 1995, esta Corporación señaló:  "Es
razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la aplicación de la ley,
que los jueces y funcionarios que consideren autónomamente que deben apartarse
de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero
siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisión, pues, de
lo contrario, estarían infringiendo el principio de igualdad (CP art.13). A
través de los recursos que se contemplan en cada jurisdicción, normalmente
puede ventilarse este evento de infracción a la Constitución”. Sobre este
tema, también la sentencia T – 949 de 2003 (cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[25]
Sentencias T – 522 de 2001 y T – 462 de 2003 (cita original de
la jurisprudencia trascrita).
[26]  Sobre este punto ver Sentencia T-329 de
1996. (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[27]  Sentencia T-554 de 2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
[28]  Sala primera de revisión, M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
[29]  M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
[30]  M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[31]  Vid. supra nums. 4.2.3.2 y 5.
[32]  C-609/96 (MP. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz),
-cita original de la jurisprudencia trascrita-.
[33]  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia
febrero 25 de 1993. (cita original de la jurisprudencia trascrita).
[34] T-055/94 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-442/94 (MP. Antonio
Barrera Carbonell); T-324/ 96 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); T-329/96 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo); T-654/98 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), -cita
original de la jurisprudencia trascrita-.
[35] Esta ha sido posición reiterada de la Corte desde la sentencia
T-436/92 (MP. Ciro Angarita Barón).  Cita original de la jurisprudencia
trascrita.
[36]  M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.  En este caso se revisó la
solicitud de amparo de los derechos fundamentales en el trámite de un incidente
de desacato.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-589 de
1999, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, en donde la Corte encontró que se había
vulnerado el  derecho de defensa del actor porque la fiscal cuestionada había
dejado de practicar pruebas pertinentes, legítimas y necesarias para la
defensa. Ver también las sentencias T-055 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-442 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell); T-324 de 1996, MP Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-329 de 1996, MP. José Gregorio Hernández Galindo; y T-654
1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz. (Cita original de la jurisprudencia
trascrita).
[38] Ver entre otras, las sentencias T-556 de 2002, MP: Jaime Córdoba
Triviño, T-249 de 2003, MP: Eduardo Montealegre Lynett, T-694 de 2000, MP:
Eduardo Cifuentes Muñoz, T-536 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell (cita original
de la jurisprudencia trascrita).
[39]  M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.  En esta decisión salvaron su
voto los magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Rodrigo
Escobar Gil.
[40] Sobre este punto, ver, por ejemplo, Corte Constitucional, las
Sentencias T 442/94 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-285/95 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa); T-416/95 (M.P. Jorge Arango Mejía); T-207/95 (M.P. Hernando
Herrera Vergara); T- 329/96 (José Gregorio Hernández Galindo); T-055/97
(Eduardo Cifuentes Muñoz), Corte Constitucional, sentencia C-412 de 1993,
Magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz) -cita original de la
jurisprudencia trascrita-
[41]  Esto ya fue reconocido por la Corte Constitucional en las
sentencia C-412/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, fundamento 12 (nota original
de la sentencia transcrita).
[42]  Así lo reconoció la Corte en la Sentencia C-412/93, MP: Eduardo
Cifuentes Muñoz, donde afirmó “las personas involucradas en los hechos
punibles tienen un verdadero derecho al proceso cuya naturaleza y configuración
en el Estado democrático debe ser eminentemente participativa” (nota
original de la sentencia transcrita).
[43]  Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional,
T-597/92, MP: Ciro Angarita Barón, SU-067/93, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio
Morón Díaz; T-451/93, MP: Jorge Arango Mejía; T-268/96, MP: Antonio Barrera
Carbonell (nota original de la sentencia transcrita).
[44]  Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional,
T-399/93, MP: José Gregorio Hernández Galindo; C-544/93, MP: Antonio Barrera
Carbonell; T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell; T-502/97, MP: Hernando
Herrera Vergara (nota original de la sentencia transcrita).
[45]  Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional,
T-046/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-093/93, MP: Fabio Morón Díaz y
Alejandro Martínez Caballero, C-301/93, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-544/93,
MP: Antonio Barrera Carbonell, T-268/96, MP: Antonio Barrera Carbonell.,
C-742/99, MP: José Gregorio Hernández (nota original de la sentencia
transcrita).
[46]  Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional,
SU-067/93, MP: Ciro Angarita Barón y Fabio Morón Díaz, T-275/94, MP: Alejandro
Martínez Caballero, T-416/94, MP: Antonio Barrera Carbonell, T-502/97, MP:
Hernando Herrera Vergara, C-652/97, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, C-742/99, MP:
José Gregorio Hernández (nota original de la sentencia transcrita).
[47]  Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional
T-522/94, MP: Antonio Barrera Carbonell; C-037/96, MP: Vladimiro Naranjo Mesa;
y C-071/99, MP: Carlos Gaviria Díaz (nota original de la sentencia transcrita).
[48]  Ver por ejemplo la sentencia C-157/98, MP: , en la cual la Corte
encontró que no se vulneraba el derecho a acceder a la justicia al exigir que
la interposición de la acción de cumplimiento se hiciera ante los Tribunales
Administrativos, pues la ley establecía un mecanismo para facilitar el acceso
en aquellos sitios donde no hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: “No
se vulnera el derecho de acceso a la justicia con la asignación de la
competencia en los Tribunales Contencioso Administrativos, porque aquél se
garantiza en la medida en que las personas no tienen que acudir directa y
personalmente ante los respectivos tribunales a ejercer su derecho a incoar la
acción de cumplimiento, porque pueden remitir, previa autenticación ante juez o
notario del lugar de su residencia, la respectiva demanda, según las reglas
previstas para la presentación de la demanda en el Código Contencioso
Administrativo, cuando el demandante no resida en la sede del Tribunal.”
(nota original de la sentencia transcrita).
[49]  Convención Americana de Derechos Humanos, Serie sobre
Tratados, OEA, No. 36, 1144, Serie sobre Tratados de la ONU, 123 entrada en
vigor 18 de julio de 1978, reimprimido en Documentos Básicos Concernientes a
los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, OEA/Ser.L.V/II.82
doc.6.rev.1 p. 25 (1992). “Artículo 25. Protección Judicial. 1.Toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se
comprometen: a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que  se haya estimado procedente el recurso.” (nota original de
la sentencia transcrita).
[50] Ver entre otros, Caso Barrios Altos de la Corte Interamericana,
Sentencia de 14 de Marzo de 2001; Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de
julio de 1988, Caso Suárez Rosero, Sentencia del 12 de noviembre de 1997; Caso
10987 (Argentina), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, No. 30/97,
OEA/Ser.L/V/II.98, doc6, rev., 13 de abril de 1998; Caso No. 10843 (Chile),
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, No. 36/96, OEA/Ser.L/V/II.95, doc.7 rev.,
14 de marzo de 1997. (nota original de la sentencia transcrita).
[51] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, AG.
res. 2200A (XXI), 21 UN. GAOR Supp. (No. 16) p. 52, ONU Doc. A/6316 (1966), 999
UNTS. 171, entrada en vigor 23 de marzo de 1976. Artículo 2.  1. “Cada
uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.  2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar,
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del
presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los
derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados
por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados
Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona
cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales;   b) La autoridad competente, judicial, administrativa o
legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema
legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga
tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;   c) Las
autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.”
[52] Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder,
Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de
1985. Acceso a la justicia y trato justo. “4. Las víctimas serán tratadas
con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los
mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido,
según lo dispuesto en la legislación nacional. 5. Se establecerá y reforzarán,
cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a
las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos
que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las
víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos. 6.
Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos
a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y
del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como
de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y
cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y
preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas
de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del
acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;
c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso
judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las
víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad,
así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo
acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la
resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que
concedan indemnizaciones a las víctimas. 7. Se utilizarán, cuando proceda,
mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación,
el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de
facilitar la conciliación y la   reparación en favor de las víctimas.
[53] Ver, entre otros, los casos Velásquez Rodríguez (fundamento 166),
Sentencia del 29 de julio de 1988 y Barrios Altos (fundamento 43), Sentencia de
14 de Marzo de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la
Corte resalta como contrarios a la Convención Americana aquellos instrumentos
legales desarrollados por los Estados partes que le nieguen a las víctimas su
derecho a la verdad y a la justicia (nota original de la sentencia transcrita).
[54] Casi todos los sistemas jurídicos reconocen el derecho de las
víctimas de un delito a algún tipo de reparación económica, en particular
cuando se trata de delitos violentos. Esa reparación puede ser solicitada bien
dentro del mismo proceso penal (principalmente en los sistemas romano
germánicos) o bien a través de la jurisdicción civil (generalmente en los
sistemas del common law). Ver Pradel, Jean. Droit Pénal Comparé. Editorial Dalloz, 1995, páginas 532 y ss (nota original de la
sentencia transcrita).
[55]  La Corte cita como ejemplo las sentencias C-740 de 2001 (M.P.:
Alvaro Tafur Galvis), C-1149 de 2001 (M.P.: Jaime Araujo Rentería) y SU-1184 de
2001 (M.P.: Eduardo Montealegre Lynett).
[56] Corte Constitucional, SU-620 de 1996, MP: Antonio Barrera
Carbonell. La Corte tuteló los derechos al debido proceso y al derecho de
defensa de los posibles autores o partícipes de un hecho ilícito dentro del
proceso fiscal a quienes se les prohibía acceder al sumario por cuando esa
etapa estaba reservada (nota original de la sentencia transcrita).
[57]  M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.  Demanda de inconstitucionalidad del
numeral 5° del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, modificado por
el artículo 12 de la ley 365 de 1997.
[58]  Sentencia C-412/93, M.P., doctor  Eduardo Cifuentes Muñoz (nota
original de la sentencia transcrita).
[59]  P. ej. consúltese la sentencia C-293 de 1995, M.P.: Carlos Gaviria
Díaz.  De esta decisión resulta ilustrativo el siguiente apartado: “Si a lo
anterior se agrega que los intereses que la víctima o sus herederos persiguen
son de naturaleza económica, mientras que el derecho que el sindicado tiene en
jaque es la libertad, la alegada desiguladad entre las partes se desvanece por
completo. Y no se insista en que la víctima o sus herederos pueden pretender es
el esclarecimiento de la verdad, al margen de los valores patrimoniales,
porque, tal como más atrás quedó dicho, la acción civil tiene en nuestra
legislación una finalidad pecuniaria (desde luego legítima), y la ausencia de
normas que apunten a intereses más altos no hace inexequibles las reglas que la
consagran”.
[60]  M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.  En esta sentencia se declaró
la exequibilidad de los numerales 4° y 5° y el último inciso del artículo 220
del Código de Procedimiento Penal.
[61]  Sala Séptima de Revisión, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[62]  Sala Tercera de Revisión, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[63]  Sala Séptima de Revisión, M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.
[64]  Sala Cuarta de Revisión, M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
[65]  M.P.: Alvaro Tafur Galvis.
[66]  Corte Constitucional, Sentencia C-1291 de 2001, MP: Marco Gerardo
Monroy Cabra. (Nota original de la jurisprudencia transcrita).
[67]  Sentencia T-453 de 2005, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
[68]  M.P.: Alvaro Tafur Galvis.
[69] Ver salvamento de voto de los magistrados Cifuentes, Martínez ,
Barrera y Morón a la sentencia C-293 de 1995.  Ver en el mismo sentido las
sentencias  C-740 de 2001, C-1149 de 2001,  SU-1184 de 2001, T-1267 de 2001 y
C-282 de 2002, que retoman las tesis sostenidas en ese salvamento. (cita
original de la jurisprudencia transcrita)
[70]  M.P.: Jaime Araujo Rentería.  Demanda de inconstitucionalidad de
los artículos 84 parcial y 373 parcial del Código de Procedimiento Civil,
modificados por los numerales 36 y 188 del artículo 1° del Decreto 2282 de
1989, respectivamente, y el artículo 142 parcial del Código Contencioso
Administrativo.
[71]  Cfr. Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia,
artículo 4°.
[72]  Sentencia T-030 de 2005, Sala Cuarta de Revisión, M.P.: Jaime
Córdoba Triviño.
[73]  Cfr. sentencias C-131 de 2002, M.P.: Jaime Córdoba Triviño y C-662
de 2004, M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes
[74]  M.P.: Alfredo Beltrán Sierra.
[75]  Sentencias T-190 de 1995, M.P.: José Gregorio Hernández Galindo, y
T-030 de 2005, citada.
[76]  M.P.: Hernando Herrera Vergara.
[77]  Cfr. sentencia C-774 de 2001, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
[78]
Por ejemplo, CPP 600, art. 234.
[79]
Por ejemplo, CPP 600, art. 235.
[80]  Vid. condiciones de la exclusión de pruebas, num. 6.2.6.
[81]
Por ejemplo, CPP 600, art. 143, num. 3.
[82] Cfr. Sentencia SU-159 de 2002 ya citada
[83] M.P. Antonio Barrera Carbonell
[84]  Por ejemplo, CPP 600, arts. 142, num. 1 y 143, num. 10.
[85]  Folio 219, cuaderno primera instancia.
[86]  Folios 224 a 229, cuaderno de primera instancia.
[87]  Folios 230 a 261, cuaderno de primera instancia.
[88]  Folios 262 a 284, cuaderno de primera instancia.
[89]  Folios 285 a 375, cuaderno de primera instancia.
[90]  El nombre correcto es: “Securities and
Exchange Commission".
[91]  CPP 600, art. 235; CPP 2700, art. 250.
[92]  Al respecto, en la sentencia T-996 de
2003, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, se consideró lo siguiente: “Otro de
los principios orientadores del proceso es el de celeridad, según el cual el
Juez debe tomar las medidas necesarias para evacuar el asunto sin dilaciones
injustificadas y cumpliendo los fines establecidos para cada etapa, obviamente
sin transgredir o menoscabar los derechos de los sujetos procesales, pues
actuar de manera diversa implicaría a una ruptura grave de la imparcialidad ||
Por ello, el juez puede rechazar las pruebas que no conduzcan a establecer
la verdad de los hechos materia del proceso o que sean ineficaces. Sin embargo,
cuando el funcionario ha analizado la solicitud de pruebas y accede a ellas
tiene el deber procesal de cumplir con su propia decisión; de no hacerlo
incurre en violación al derecho de defensa y al debido proceso de la parte que
solicitó la prueba, quien confiaba en que se practicaría en beneficio de sus
intereses y que sorpresivamente, por voluntad del juzgador, no se realiza en
debida forma”.
[93]  Folio 197, cuaderno de primera instancia.  Dice textualmente este
documento: “Respecto de la solicitud de prueba que antecede, (...) relacionada
con la carta rogatoria, estése (sic) a lo decidido sobre el particular
en la resolución interlocutoria precedente, mediante se rechazó (sic), entre
otras, esta misma prueba, la cual actualmente es objeto del recurso de
Apelación ante el superior jerárquico, en el efecto diferido. ||  Sobre
la pertinencia o no de dicha prueba, en consecuencia, será el ad quem quien
decidirá lo pertinente”.
[94]  Folios 183 a 193, cuaderno de primera instancia.
[95]  Folio 194, cuaderno de primera instancia.
[96]  Folios 201a 207, cuaderno de primera instancia.
[97]  Folios 208 a 218, cuaderno de primera instancia.
[98] Adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en
resolución. 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
[99] OEA Resolución XXX.
[100] El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos fue adoptado y abierto a la firma por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Ley 74
de 1968.
[101] Suscrita en la Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos reunida en San José de Costa Rica del 7
al 22 de noviembre de 1969.
[102] Caso Neumeister sentencia del 27 de junio de 1968. TEDH-5 p.83.
[103] Al respecto se puede consultar Informe Anual 1984/85. Res. 2/84.
Caso 9058 p. 139 Venezuela. En igual sentido Informe Anual 1995. Res 12/96
Argentina.
[104] Informe Anual 1995. Res. 5/96. Caso 10.970, Perú.
[105] Sobre la suspensión de algunas de las garantías previstas en el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en virtud del artículo 4° del
instrumento internacional, Com.D H., comentario general número 29 de A/56/40,
Informe a la A.G. 2001.
[106] Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 388, 396, 397, 398, 399, 400, 403,
404 a 409, 417, 418 del Decreto 2700 de 1991 y de los artículos 354 a 367 de la
Ley 600 de 2000.
[107] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1995,
Resolución 12/96, Caso 11.245, Argentina.
[108] Comisión Interamericana Dictamen del 15 de octubre de 1996, General
Galladro José Francisco.
[109] “Dada la falta de complejidad del caso “Sub iudice “ y la falta
de diligencia de las autoridades judiciales para darle debido curso, la
Comisión estima que la prolongación del proceso por más de cinco años, sin que
se haya dictado sentencia de término constituye una violación del derecho a ser
oído con las debidas garantías y dentro de plazo razonable, que establece el
articulo 8.1”. Comisión Interamericana Caso 11.245 ya citado.
[110] Sobre los supuestos que se deben considerar para que las
disposiciones de los tratados y convenios internacionales prevalezcan en el
ordenamiento interno, así no tengan consagración legislativa expresa se pueden
consultar entre otras las sentencias C-195 de 1993 M.P. Carlos Gaviria Díaz,
C-179 de 1994 M. P. Carlos Gaviria Díaz, C-358 de 1997 Eduardo Cifuentes Muñoz
y C-802 de 2002 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[111] Al respecto consultar Ley 906 de 200. Caso 11.245 Argentina.
[112] M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[113] Los ciudadanos demandantes fundaron sus
cargos en contra de los artículos 329, 438 y 439 (parciales) del Decreto 2791
de 1991, en que vulnera los artículos 29, 93 y 228 de la Carta Política
mantener a una persona bajo sospecha de manera indefinida. D-230 y D-255.
[114] El artículo 438 del Decreto 2791 de 1991
disponía: “(Cierre
de la investigación). En ningún caso podrá cerrarse la investigación si no se ha resuelto la
situación jurídica del imputado. Cuando no hubiere pruebas necesarias para
calificar la Investigación, el fiscal se abstendrá de cerrarla.
Practicadas las pruebas necesarias para calificar la
investigación se clausurará y se ordenará traslado a las partes por ocho (8) días
para alegar.
El término de traslado se contará a partir de
ejecutoria. Contra esta providencia sólo procede el recurso de reposición.
Vencido el término de traslado la providencia
calificatoria deberá proferirse dentro de un término que no puede exceder de
treinta días hábiles”.
[115] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proceso 9230, 17
de julio de 1997, M.P.. Fernando Arboleda Ripoll.
[116] La Ley 600 de 2000 “ Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Penal”, expedida el 24 de julio, entró en vigor “un año
después de su pronunciamiento” y derogó expresamente “el Decreto 2700 de
noviembre 30 de 1991, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal,
sus normas complementarias y todas las disposiciones que le sean contrarias a
la presente ley” –artículos 536 y 535 -. Al respecto consultar la sentencia
C-696 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[117] Los artículos 354, 355 y 356 de la Ley 600
de 2000 disponen que la situación jurídica deberá ser definida en aquellos
eventos en que sea procedente la detención preventiva, que la imposición de la
medida de aseguramiento procederá en los casos previstos en el artículo 355 y
que su imposición deberá cumplir con los requisitos sustanciales señalados en
el artículo 356.
[118] Sobre los derechos de la parte civil, a la
luz de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, se
pueden consultar las sentencias  C-228 y C- 805 de 2002 MM. PP. Manuel José Cepeda
Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett, además las sentencias C-740 de 2001 M.P.
Álvaro Tafur Galvis, C-1149 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería y SU-1184 de
2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.
[119] Sobre la oportunidad para la constitución
de la parte civil se puede consultar la sentencia C-228 de 2002, ya citada y
C-760 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, que declararon inexequibles los
apartes “a partir de la resolución de apertura de la instrucción”, y “antes
de que se profiera sentencia de única o de segunda instancia”, contenidos
en el artículo 47 de la Ley 600 de 2000.
[120] Sentencia C-228 de 2002 MM. PP. Manuel José Cepeda Espinosa y
Eduardo Montealegre Lynett.
[121] Comisión Interamericana, Informe Anual, 1995, Resolución 10/95,
Casio 10.580 Ecuador.
[122] Sobre la inclusión de las garantías indispensables para hacer
efectiva la presunción de inocencia en el bloque de constitucionalidad Nota 16.
[123] Al respecto consultar la Nota 17.
[124] Sentencia C-543 de 1992 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. El
artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que regulaba la acción de tutela contra
providencias judiciales fue declarado inconstitucional, dada su unidad normativa
con los artículos 11 y 12 del mismo Decreto, también inexequibles, como quiera
que “estas tres condiciones para que proceda la acción de tutela contra las
sentencias o las providencias judiciales que pongan fin a un proceso infringen
abiertamente el orden constitucional”.
[125] Sobre la inmediatez como presupuesto del amparo constitucional
invocado se puede consultar, entre otras, las sentencias T-001 de 1992 MM PP
Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, T-733 de 2001 M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-873 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-759 de 2003 M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
[126]“Teniendo en cuenta este sentido de
proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término de
caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse
dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada
por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto.  De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de
establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado,
de tal modo que no se vulneren derechos de terceros” -sentencia T-759 de 2003 ya citada-.
[127] Mediante providencia del 5 de agosto del 2005, la Presidenta del H.
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca Dra. Paulina Canosa Suárez
remitió el asunto a la Corte Suprema de Justicia por competencia.
[128] Respecto del traslado para alegar, desde la perspectiva del
principio de contradicción de la prueba, se puede consultar la sentencia C-740
de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis. En esta oportunidad la Corte estudió la
demanda de inconstitucionalidad de los artículos 177, 255 a 258 y del inciso
final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999 por quebrantamiento de los
artículos 13, 29 y 213 de la Constitución Política-.
[129] Sobre cómo no resulta posible prolongar el proceso penal a causa de
“la negligencia del juez o las irregularidades que puedan presentarse en el
proceso” y tampoco en razón de “las maniobras engañosas en las que
incurra el procesado o su defensor”, como quiera que “el juez, como
director de la [actuación], puede imponer las medidas correccionales que
considere pertinentes”, consultar la sentencia C-846 de 1999 M.P. Carlos
Gaviria Díaz que declaró exequible el inciso segundo del numeral 5° del
artículo 415 del Decreto 2700 de 1991, tal como fue modificado por el artículo
55 de la Ley 81 de 1993 “siempre y cuando se entienda que la causal por la
cual se suspende la audiencia, debe ser razonable y estar plenamente
justificada (..)”.,