T-145-16
Sentencia T-145/16
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CUANDO EL
AFECTADO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE INDEFENSION-Caso en que a través de la red social Facebook,
se publicó foto del rostro de accionante en primer plano, acompañada de un
comentario injurioso y contrario a su buen nombre
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
De conformidad con lo
dispuesto en el inciso 5º del artículo 86 superior (reglamentado por el
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991), esta Corporación ya ha tenido la
oportunidad de señalar que la acción de tutela procede contra los particulares
(i) encargados de la prestación de un servicio público, (ii) cuya conducta
afecte grave o directamente el interés colectivo, o (iii) respecto de quienes
el solicitante se halle en estado de subordinación o en situación de
indefensión.
SUBORDINACION E INDEFENSION-Concepto
En primer lugar, este
Tribunal ha señalado que el estado de subordinación corresponde a la situación
de quien se encuentra sujeto al “acatamiento y sometimiento a órdenes
proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para
impartirlas” y alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia
que tiene su origen en “la obligatoriedad de un orden jurídico o social
determinado”. Incluso, de manera más específica ha definido dicho estado como
“una relación jurídica de dependencia, que se manifiesta principalmente entre
trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un
plantel educativo”. En relación con la indefensión, por su parte, la Corte ha
señalado que ésta alude a aquellas situaciones en las que la persona no cuenta
con la posibilidad material de hacer frente a las amenazas o a las
transgresiones de otra, en algunas ocasiones por la ausencia de medios
ordinarios de defensa y en otras porque éstos resultan exiguos para resistir el
agravio particular del que se trata. Así, ha precisado que “el estado de
indefensión es un concepto de naturaleza  fáctica que se configura cuando una
persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de
modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es
posible defenderse ante la agresión de sus derechos”, bien porque se “carece de
medios jurídicos de defensa” o porque “a pesar de existir dichos medios, los
mismos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza
de sus derechos fundamentales”.
ESTADO DE INDEFENSION-Configuración cuando se da la circulación de información u otro tipo de
expresiones a través de medios que producen un alto impacto social que
trascienden la esfera privada de quienes se ven involucrados
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO SENSU Y LIBERTAD DE
INFORMACION-Derecho constitucional de doble vía
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, INFORMACION Y
OPINION-Protección
constitucional
DERECHO A LA
LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias
La libertad
de opinión tiene por
objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la
expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y
apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o
personas.  Entretanto, la libertad de información protege aquellas formas
de comunicación en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de
lo acontecido.
DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE INFORMACION Y OPINION-Reiteración de jurisprudencia sobre la verdad y la
imparcialidad como límites cuando exista colisión con otros derechos
DERECHOS A LA
INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Tensión y prevalencia
DERECHO A LA RECTIFICACION EQUITATIVA
Y SIN RE-VICTIMIZACION
DERECHO A LA RECTIFICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
(i) la
rectificación en condiciones de equidad ha sido tratada como un derecho
fundamental autónomo, pero íntimamente ligado a los derechos al buen nombre y a
la honra; (ii) existe un derecho a la rectificación en condiciones de equidad
en aquellos eventos en los que la información suministrada por un medio de
comunicación resulta falsa, tendenciosa, incompleta o induce a error; (iii) los
medios de comunicación son responsables por la calidad de la información que
les proveen sus fuentes informativas; (iv) el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad implica que la corrección tenga un despliegue
comunicativo similar al inicial, que se haga dentro de un tiempo razonable y
que el medio de comunicación reconozca su error.
DERECHO A LA RECTIFICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD-Reglas
jurisprudenciales
DERECHO A LA LIBRE
EXPRESION EN EL CONTEXTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS-Alcance
DERECHO A LA RECTIFICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD EN EL ESCENARIO DE LAS REDES SOCIALES-Subreglas
que desarrollan específicamente el concepto de equidad
La Sala considera que
corresponde hacer, para el caso específico de las redes sociales, un análisis
sobre las subreglas que desarrollan específicamente el concepto de equidad de
la rectificación en el escenario de las redes sociales, como son: (i) que las
condiciones de equidad no suponen una correspondencia matemática en cuanto a
duración, extensión o espacio entre la publicación inicial y la aclaración o
rectificación de la información falsa o parcializada, sino que ésta constituya
un verdadero remedio a la vulneración de los derechos, para lo cual se requiere
que tenga, al menos, igual despliegue e importancia, para que los destinatarios
tengan claridad sobre la corrección de información que no era veraz o
imparcial; (ii) que “el medio llamado a rectificar debe hacerlo en un término
razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde luego, previa
verificación de los hechos”; (iii) que la carga de la prueba corresponde a
quien solicita la rectificación; (iv) que se debe restringir la rectificación
en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o, incluso, sobre
los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones; y (v) que la
reparación de los derechos, según el mandato constitucional, consiste en la
rectificación.
DERECHO A LA RECTIFICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD EN EL ESCENARIO DE LAS REDES SOCIALES-Alcance
Para el caso de las
redes sociales igualmente resulta aplicable la regla relativa a que la
reparación constitucional de los derechos consiste en la rectificación, pues
debe advertirse que en este escenario aquella no implica ni mucho menos se
reduce a la posibilidad de hacer uso del derecho de réplica en la red social en
donde tuvo lugar la vulneración de los derechos fundamentales. Por
consiguiente, en los escenarios de mensajes instantáneos ofrecidos por las
nuevas tecnologías no corresponde que se abra una discusión en la plataforma
virtual de que se trate para darle la oportunidad a la persona afectada de que
aclare o exponga su punto de vista, sino que, por el contrario, la protección
inmediata y eficaz de sus derechos se concreta con la publicación de una
rectificación en condiciones de equidad por parte de quien hizo la publicación
dañosa, de tal forma que sea esa misma persona quien asuma la carga de
comunicar que la información por ella no era del todo veraz y que con ella
efectivamente vulneró los derechos de otra persona en particular o, según sea
el caso, de un tercero.
DERECHO A LA RECTIFICACION EN
CONDICIONES DE EQUIDAD EN EL ESCENARIO DE LAS REDES SICIALES-Necesidad
de examinar si es conveniente publicar rectificación, con el fin de evitar una
re-victimización
MALTRATO EN REDES
SOCIALES-Reiteración de
jurisprudencia
MALTRATO EN REDES
SOCIALES-Subreglas jurisprudenciales
La Corte
Constitucional ha venido fijando unos parámetros a partir de los cuales es
posible establecer cuándo el uso indebido de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, específicamente de las redes sociales, da lugar a la
trasgresión de derechos fundamentales, como son las que se enuncian a
continuación: (i) Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza,
en particular para los derechos fundamentales a la intimidad, a la imagen, al
honor y a la honra. (ii) Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos
fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe resolverse
a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación
establecida por la red social específica de que se trate. (iii) Las tecnologías
de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan
el daño causado a las víctimas de acoso y maltrato. (iv) El derecho a la
intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no
corresponden a la realidad. (v) El derecho a la imagen emana del derecho al libre
desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin
autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o injusta la
caracterización que aquél ha logrado en la sociedad. (vi) Los derechos al buen
nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas,
falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien. (vii) El derecho a la
libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene
límites. Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se
tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o
injusta. (viii) El derecho a la libertad de expresión en principio tiene
prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se
demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al
presentar hechos falsos, parciales, incompletos o inexactos que violan o
amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los
demás en todo caso constituyen uno de sus límites. (ix) En el ejercicio de la
libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información
falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus
juicios de valor. (x) Ante casos de maltrato en redes sociales el juez
constitucional debe propender porque se tomen medidas para que este cese y,
además, para que se restauren los derechos de los afectados, siempre que así lo
acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva
exposición al público de situaciones que hacen parte de su esfera privada.
INFORMACION PERSONAL, INTIMIDAD E IMAGEN EN REDES
SOCIALES DIGITALES Y EN INTERNET-Vulneración por
exposición pública de la accionante en red social con información que carece de
veracidad y desconoce la presunción de inocencia
La Sala
encuentra que con la exposición pública de la accionante en una red social con
información que carece de veracidad y que desconoce la presunción de inocencia,
también se vulneró su derecho a la imagen, entendido como la autonomía que tiene una
persona para elegir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibida con los
demás; a la intimidad, visto como la posibilidad que tiene una persona para
autorizar la divulgación o publicación de sus datos personales y que éstos
correspondan a situaciones reales; al buen nombre, enmarcado en la estimación o
deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser
tenida; y a la honra, apreciado a partir del valor intrínseco que tienen los
individuos frente a la sociedad o frente a sí mismos. Además el caso objeto de examen exige que
se tenga en cuenta que la publicación que afectó los derechos de la tutelante
se realizó en la red social Facebook, lo cual determina que, como se indicó en
las consideraciones generales, la vulneración iusfundamental tenga un alcance
particular en atención a las características de funcionamiento de la misma red.
DERECHO A LA INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA-Orden de retirar de la red social Facebook publicación referente
a la accionante
Referencia:
Expediente T-5226202.
Acción
de tutela instaurada por Keillin Julieth Pérez Silva contra Yuri Guisell
Chamorro Morales.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., treinta
y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Segunda
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Luis Guillermo Guerrero
Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En el proceso de
revisión del fallo de tutela dictado en primera instancia, el 23 de septiembre
de 2015, por el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Bogotá D.C.
I.     ANTECEDENTES
La señora Keillin Julieth Pérez Silva formuló acción de tutela contra la señora Yuri Guisell Chamorro Morales, por cuanto
consideró vulnerado su derecho fundamental al buen nombre, con fundamento en
los siguientes
1. Hechos
1.1. Expone que los días 7 y 9 de septiembre
de 2015 la accionada publicó en su cuenta personal de la red social Facebook
una foto de su rostro, en primer plano, acompañada de un comentario injurioso y
atentatorio contra su buen nombre, del siguiente contenido:
“Les quiero informar para que todos tengan cuidado miren la gran
ladrona de [B]ritalia la sorprendieron robando en la empresa donde ella
trabajaba y verificando no es la primera vez ya lo tiene de costumbre q (sic) trabaja y cuando renuncia manda
robar las empresas yo fui la segunda víctima su nombre es Julieth Pérez Silva”[1].
1.2. Manifiesta que, si bien trabajó para la
señora Chamorro Morales desde el 11 de agosto de 2014 hasta el 1 de agosto de
2015, la anterior acusación no se corresponde con la realidad, en tanto “no
existe prueba de que se haya perdido algún elemento o bien de la oficina donde
yo desarrollaba permanentemente la actividad laboral, que si bien bajo una
relación de confianza depositada en m[í] como empleada, me otorg[ó]
el manejo de las llaves de acceso al recinto, no significa que sea adecuado
lanzar este tipo de improperios y otros más anexados en el documento. Además
indicó la persona mencionada que mi pareja tenía las llaves de la oficina, y
que lo habían visto cerca de la oficina con una maseta y las llaves (con un
duplicado que jamás tuve [n]i saqué), para intentar ir a robar, o
como indica la persona que ‘yo lo había mandado a robar’”[2].
1.3. De igual forma, relata que el 5 de septiembre
de 2015 la accionada, que para la fecha se encontraba en estado de gravidez, la
agredió y la amenazó diciéndole: “Los voy a mandar a matar a ustedes y a su
hija y los voy a mandar a matar con mi esposo Harry”[3].
1.4. Finalmente, expone que acude al mecanismo
tutelar en tanto, al haber sido la empleada de la accionada, considera que aún existe
“una relación de dependencia jurídica laboral, es decir una situación de
subordinación, situación y hechos merecedores de inmediata protección
constitucional”[4].
II.
Admisión y traslado
El Juzgado
Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C,
mediante auto del 11 de septiembre de 2015, admitió la demanda de tutela y
ordenó su traslado. La accionada, a pesar de haber sido notificada personalmente[5],
guardó silencio.
III.
Pruebas relevantes
3.1. Se allegó con la demanda de tutela una copia
de la publicación en la cuenta personal de la red social Facebook de la señora
Yuri Guisell Chamorro Morales, con la foto en primer plano de la accionante y
el comentario respectivo[6],
así como copia de algunos comentarios que allí mismo hicieron otras personas con
respecto a la referida publicación[7].
IV. Fallo
que se revisa
Mediante decisión
del 23 de septiembre de 2015 el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Bogotá D.C. resolvió amparar los derechos fundamentales
de la accionante al buen nombre, a la honra y a la intimidad, y en consecuencia
le ordenó a la accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación
de la tutela procediera a “retirar de la red social Facebook y de cualquier
otro medio de publicación la imagen de la señora Keyllin (sic) Julieth
Pérez Silva y los comentarios referentes a la accionante, debiendo abstenerse
en el futuro de divulgar o publicar mediante cualquier medio, fotografías y
comentarios sobre la señora Keyllin Julieth Pérez Silva (sic)”[8].
Para efectos
de adoptar esta decisión el juez tuvo en cuenta que la señora Chamorro Morales
había sido notificada personalmente de la solicitud de amparo y, sin embargo,
había guardado silencio. De tal forma que, dando aplicación a lo dispuesto por
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991[9],
dio por ciertos los hechos expuestos por la actora y procedió a resolver de
fondo su pedimento.
De otra parte,
para fundamentar su decisión en primer lugar señaló que la acción de tutela era
procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
(reglamentado por el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991), por
cuanto consideró que la señora Pérez Silva efectivamente se encontraba en una
situación de indefensión respecto de la señora Chamorro Morales, en atención a
que “la persona accionada[,] quien era la empleadora de la
accionante, tiene en su poder una imagen de la actora y un control sobre los
medios de publicidad en los que hace apreciaciones subjetivas y aparentemente
injuriosas, es decir, la señora Chamorro Morales tiene el poder de acceso y
manejo de la red social de Facebook donde hace tales publicaciones”[10].
Además, agregó
que “la pretensión perseguida por la actora (la orden de suspender en forma
inmediata la publicación) no puede ser satisfecha de manera oportuna a través
de otra jurisdicción (civil o penal), la cual tardaría un tiempo significativo
para decidir tanto acerca del tipo de vínculo entre la demandante y la
accionada como sobre la pretensión mencionada, razón por la que el poder
protector y reparador que tal jurisdicción tiene respecto del derecho a la
honra y al buen nombre resulta precario en el presente caso”[11].
En segundo
lugar, consideró que la publicación realizada por la señora Chamorro Morales en
la red social de Facebook desconocía los derechos fundamentales al buen nombre,
a la honra y a la intimidad de la señora Pérez Silva, en tanto afecta
gravemente su reputación, la valoración que puede tener dentro de una
colectividad y perturba seriamente su entorno personal, familiar y social, toda
vez que contiene “expresiones ofensivas e injuriosas así como informaciones
falsas o erróneas”[12]
sobre su persona.
El fallo no fue
impugnado por ninguna de las partes.
V. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
5.1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para proferir sentencia dentro de la acción
de tutela de la referencia, la cual fue seleccionada para revisión por Auto del
12 de noviembre de 2015, proferido por la Sala de Selección Número Once, con
fundamento en lo prescrito por el inciso 2º del artículo 86 y, el numeral 9º
del artículo 241, ambos de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
5.2.
Problema Jurídico
De
acuerdo con lo descrito en el acápite de antecedentes, corresponde a la Sala
establecer si la decisión de
la señora Yuri Guisell Chamorro Morales de divulgar en su cuenta personal de
Facebook una imagen de la señora Keillin Julieth Pérez Silva, acompañada de
expresiones en las que se le imputan conductas delictivas sin que exista
condena judicial contra ella por motivo de las mismas, en realidad constituye
una violación de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a
la dignidad y, además, una expresión de maltrato a través de las tecnologías de
la información.
Para
resolver el problema planteado, de manera previa la Sala examinará las condiciones
para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra particulares, con
el propósito de demostrar que las mismas sí se satisfacen en este caso, como lo
entendió el juez de instancia. Y posteriormente la Corte (i) se referirá
al contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión consagrado en
el artículo 20 superior; así como (ii) al derecho a la rectificación que
también se deriva de la disposición constitucional. A continuación se hará (iii)
una aproximación al alcance de estos derechos en el contexto de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones; con especial referencia a (iv)
las circunstancias en que las nuevas tecnologías pueden resultar en escenarios
de abusos y afectación de otros derechos; para, finalmente, y a partir de las
anteriores consideraciones, (iv) pronunciarse sobre la decisión del juez
de instancia en el caso concreto.
5.3.
Procedencia de la acción de tutela contra particulares. Reiteración de
jurisprudencia
De conformidad con lo dispuesto
en el inciso 5º del artículo 86 superior (reglamentado por el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991), esta Corporación ya ha tenido la oportunidad de señalar que
la acción de tutela procede contra los particulares (i) encargados de la
prestación de un servicio público, (ii) cuya conducta afecte grave o
directamente el interés colectivo, o (iii) respecto de quienes el
solicitante se halle en estado de subordinación o en situación de indefensión.
Por tanto, considerando los
hechos en los que se basa la acción de tutela de la referencia es posible
advertir que la señora Keillin Julieth Pérez Silva, tal y como lo expuso en el
escrito de su demanda y finalmente lo convalidó el juez de instancia, efectivamente
se podría encontrar, respecto de la accionada Yuri Guisell Chamorro, en un
estado de subordinación o en una situación de indefensión, conforme a los
criterios que se exponen a continuación.
En primer lugar, este
Tribunal ha señalado que el estado de subordinación corresponde a la situación
de quien se encuentra sujeto al “acatamiento y sometimiento a órdenes
proferidas por quienes, en razón de sus calidades, tienen la competencia para
impartirlas”[13]
y alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia que tiene su
origen en “la obligatoriedad de un orden jurídico o social determinado”[14].
Incluso, de manera más específica ha definido dicho estado como “una
relación jurídica de dependencia, que se manifiesta principalmente entre
trabajadores y patronos, o entre estudiantes y profesores o directivos de un
plantel educativo”[15].
En relación con la
indefensión, por su parte, la Corte ha señalado que ésta alude a aquellas
situaciones en las que la persona no cuenta con la posibilidad material de
hacer frente a las amenazas o a las transgresiones de otra, en algunas
ocasiones por la ausencia de medios ordinarios de defensa y en otras porque éstos
resultan exiguos para resistir el agravio particular del que se trata[16].
Así, ha precisado que “el estado de indefensión es un concepto de
naturaleza  fáctica que se configura cuando una persona se encuentra en un
estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de
circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión
de sus derechos”[17],
bien porque se “carece de medios jurídicos de defensa” o
porque “a pesar de existir dichos medios, los mismos resultan
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales”[18].
De esta manera, se ha
concluido que la persona afectada en su derecho carece de defensa, es decir, de
la posibilidad de dar una respuesta oportuna, inmediata y efectiva ante la
vulneración o amenaza de sus derechos, cuando está expuesta a una “asimetría
de poderes tal [que] no está en condiciones materiales de evitar que sus
derechos sucumban ante el poder del más fuerte”[19].
En concordancia con lo
anterior, en la jurisprudencia constitucional se ha señalado que será siempre
el juez de tutela quien deberá determinar, a la luz de los hechos de cada caso
concreto, si el accionante se encuentra respecto del particular accionado en un
estado de subordinación o en una situación de indefensión, y esto precisamente con
el fin de definir la viabilidad procesal del amparo solicitado.
Ahora bien, para adelantar
el anterior análisis de procedencia a partir de las particularidades del caso
concreto es necesario que este Tribunal apele a lo dispuesto por el artículo 20
del Decreto 2591 de 1991, tal como lo hizo el juez de instancia, de acuerdo con
el cual cuando el accionado que ha sido debidamente notificado no rinde el
informe en el tiempo concedido por el juez constitucional, se deben tener por
ciertos los hechos que han dado lugar a la acción de amparo. Así, dado que la
señora Yuri Guisell Chamorro Morales fue notificada personalmente el 15 de
septiembre de 2015 por el empleado del juzgado[20], momento para el cual se
le entregó copia de la acción de tutela, y sin embargo dentro del término
concedido no ejerció su derecho de defensa en forma alguna, esta Sala concluye
que acertó el juez de instancia al dar aplicación a lo dispuesto por el
artículo 20 del decreto reglamentario de la acción de amparo y, en este
sentido, en reconocerle certeza a los fundamentos fácticos descritos en el
escrito de demanda.
Por otra parte, en lo que
se refiere a determinar la procedencia de la presente acción de tutela por
dirigirse contra una persona particular, de antemano encuentra la Corte que no
se puede predicar un estado de subordinación derivado de la relación laboral
que mantuvieron la accionante y la accionada en el periodo comprendido entre el
11 de agosto de 2014 y el 1 de agosto de 2015, toda vez que dicha relación ya
había cesado para el momento en que ocurrieron los hechos que fundamentan su
acción de amparo, esto es, los días 7 y 9 de septiembre de la misma anualidad.
Empero, los hechos que dan
lugar a la acción de tutela en todo caso sí permiten advertir que lo que se
configura es una situación de indefensión, la cual tiene lugar en razón a la
imposibilidad que tiene la accionante para contrarrestar de forma actual y
oportuna la posible trasgresión a sus derechos, derivada de la publicación en
la red social Facebook de su imagen, acompañada de un comentario que califica
como deshonroso su comportamiento.
Esto último es así en tanto, tal y como lo ha
reconocido esta Corporación en otras ocasiones anteriores[21], una
expresión de debilidad
manifiesta constitutiva de una situación de indefensión es la circunstancia fáctica de inferioridad que produce la
divulgación de información u otras expresiones a través de las redes sociales
pues, de una parte, quien usa los medios de comunicación tiene un amplio poder
de disposición sobre aquellos y sobre los objetos que publicita y, de otra, el
sujeto pasivo de dichas publicaciones dispone de mecanismos ordinarios de
defensa para contener la amenaza o la vulneración a sus derechos fundamentales,
pero éstos en todo caso resultan exiguos para dicho fin.
En efecto, según los hechos
narrados en la tutela la Sala encuentra que los días 7 y 9 de septiembre de
2015 la accionada publicó en la red social Facebook una foto del rostro de
Keillin Julieth Pérez Silva en primer plano, acompañada de un comentario
injurioso e indudablemente contrario a su buen nombre.
Por tanto, se entiende que
la situación de indefensión de la señora Pérez Silva se configura de manera
clara, en tanto ella no tiene cómo controlar la disposición que de esa misma
fotografía resuelva hacer la señora Chamorro Morales en el futuro ni sobre los
comentarios que ella en su contra decida publicar en su cuenta personal de la
red social Facebook con ocasión de aquella. Lo cual claramente determina que la
de amparo por ella interpuesta satisfaga el requisito de procedencia de
legitimación por pasiva.
Asimismo, encuentra la Sala
que, si bien la señora Pérez Silva dispone de los mecanismos ordinarios de
defensa para reclamar por la afectación en sus derechos a la horna o buen
nombre, bien sea en materia penal con la denuncia por los delitos contra la
integridad moral (injuria y calumnia), por virtud de la cual le es posible
acceder a retractación; o bien, en materia civil, con la reclamación de
indemnización por los perjuicios sufridos por la vía de la responsabilidad
civil; en todo caso estas alternativas no revisten la rapidez y oportunidad que
un caso como el estudiado demandaba en tanto, precisamente, se requería una
intervención actual e inmediata que impida que la situación se siguiera
prolongando en el tiempo de forma indefinida, tal como la que pretendió hacer
el juez constitucional de única instancia.
En otras palabras, si bien
la accionante cuenta con el proceso civil y penal para solicitar que se condene
a su agresora por la responsabilidad a la que haya lugar, la jurisprudencia de
esta Corporación ha establecido que, en razón a la afectación a los derechos a
la honra y al buen nombre que se puede causar con las publicaciones de
información en medios masivos de comunicación, la acción de tutela resulta o,
al menos, puede resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo idóneo para
contener su posible afectación actual y, en principio, irreparable[22].
Lo anterior significa que
el examen de procedibilidad en términos de eficacia que ordena el artículo 6º
del Decreto 2591 de 1991 se fundamenta en la condición de indefensión en la que
se encuentra la accionante con motivo del uso y difusión de información sobre
ella en el referido medio de comunicación. Siendo ésta, entonces, la razón por
la cual se considera que la acción de amparo es el único mecanismo eficaz para
la protección iusfundamental reclamada.
De esta manera, someter a
la señora Keillin Julieth Pérez Silva a las resultas de un proceso penal o
civil, además de permitir que pueda generarse un daño consumado por la inoportuna
orden de protección que puedan dispensar dichas jurisdicciones, desconocería la
naturaleza preventiva y protectora de la acción de tutela.
Adicionalmente, el caso
objeto de revisión reviste relevancia constitucional para efectos de que esta
Corte se pronuncie sobre el alcance de las medidas de protección que profirió
el juez de instancia y, en general, sobre los casos en que, a partir de
publicaciones en medios de amplia circulación, como las redes sociales, se afectan
los derechos al buen nombre y a la honra.
5.4. Derecho a la
libertad de expresión. Contenido y límites.
5.4.1. El derecho a la
libertad de expresión está reconocido en el artículo 20 constitucional en los
siguientes términos:
“Se garantiza a
toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación.
Estos son libres
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura”.
Así, resulta importante
destacar que en la misma norma se establecen los elementos que determinan el
contenido y los límites del derecho a la libertad de expresión y, así, se
incluyen diferentes de sus expresiones; se resalta la importancia de los medios
de comunicación como escenarios de su ejercicio y como agentes de responsabilidad
social; y, finalmente, se incluye la figura de la rectificación.
5.4.2. En relación
con las distintas manifestaciones del derecho en comento esta Corporación ha
establecido, de manera reiterada, que la libertad de expresión tiene un doble
componente o que se expresa en dos libertades específicas. Por una parte, en la
libertad de expresar las opiniones, ideas o pensamientos personales, denominada
libertad de opinión o libertad de expresión en estricto sentido y, por otra, en
la libertad de informar y recibir información. Así en la Sentencia T-904 de
2013[23]
se sostuvo expresamente que:
“la llamada libertad
de expresión constituye una categoría genérica que agrupa un haz de
derechos y libertades diversos, entre los cuales se destacan, por su
importancia para el presente análisis, la libertad de opinión (también
llamada ‘libertad de expresión en sentido estricto’), que comprende la libertad
para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación
de fronteras y por cualquier medio de expresión; la libertad de
información que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir
información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole”.
Más concretamente, en la
jurisprudencia constitucional se ha indicado que las libertades a las que se
refiere el artículo 20 de la Constitución recaen sobre objetos diversos, pues
“[m]ientras la
libertad de opinión, protege ´la transmisión de pensamientos, opiniones, ideas
e informaciones personales de quien se expresa´, la libertad de información
ampara ´la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos,
gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de
que el receptor se entere de lo que está ocurriendo´”[24].
De esta manera, lo anterior
pone de manifiesto la diferenciación entre la subjetividad u objetividad de lo
expresado en el ejercicio del derecho, toda vez que “la libertad de opinión [tiene] por objeto proteger aquellas
formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del
emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre
determinados hechos, situaciones o personas.  Entretanto, la libertad de
información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la
finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido”[25].
Una distinción
que, por tanto, otorga sentido a la especificación contenida en el artículo 20
en relación con que la información sea veraz e imparcial, lo que
constituye un límite expreso que llevaría a concluir que, en principio, la
libertad de opinión no tiene límites[26].
Ahora bien, sobre
los límites de veracidad e imparcialidad ya ha sido explicado por este Tribunal
que “las versiones sobre los hechos o
acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas
perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
contemplado”[27],
lo cual encuentra justificación en una exigencia específica de la libertad de
información, cual es que ella tiene como propósito dar cuenta de lo acontecido,
lo que implica que en su ejercicio no solamente está involucrado el derecho de
quien emite la información, sino también, por correspondencia, el del sujeto
pasivo que recibe[28].
Sin perjuicio de lo
anterior, esta Corporación también ha reconocido que la distinción en relación
con la subjetividad y objetividad del contenido expresado no es del todo
tajante pues, en cualquier caso, una opinión lleva de forma más o menos
explícita un contenido informativo, al mismo tiempo que toda presentación de información
supone, por su parte, algún contenido valorativo o de opinión[29]. Circunstancia
que determina que, si bien en principio no pueda reclamarse absoluta o total
veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor, al menos sí puedan y deban
exigirse tales con respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión.
Y de forma correlativa, es exigible también que los emisores de información
permitan que los receptores puedan distinguir entre el contenido meramente
informativo y la valoración u opinión sobre los mismos[30].
De lo anterior se deriva,
entonces, que sobre los aspectos objetivos de ambas manifestaciones del derecho
resulta exigible la veracidad e imparcialidad, pero que en razón de la
diferencia de contenido de una y otra la exigencia será distinta, pues en el
caso de la libre expresión de información el contenido objetivo resulta ser
predominante, mientras que en la expresión de una opinión ésta si acaso puede
predicarse o exigirse de los fundamentos fácticos en los que, en dado caso, se
base el pensamiento, idea u opinión manifestada. Lo anterior, no sólo como
garantía de quien recibe una determinada opinión e información sino, como se
verá más adelante, también en razón de la amenaza o afectación sobre de los
derechos de terceras personas que pueda implicar la publicación de cierta clase
de contenidos.
5.4.2. Por otra parte, no
puede ignorarse la trascendencia que ocupan los medios masivos de comunicación
en las distintas manifestaciones del derecho a la libertad de expresión, asunto
que, como se indicó, ya previó el constituyente en el artículo 20 citado, pero
que hoy en día toma más importancia, en atención a los avances tecnológicos y
comunicativos que han dado lugar tanto a la llamada mass media, a la
realidad virtual y a las redes sociales, entre otras.
Ahora, como también se
anotó más atrás, luego de reconocer la libertad de fundar medios masivos de
comunicación, en el mismo artículo 20 constitucional se asigna a los medios una
responsabilidad social, lo que se explica en razón del alcance que una opinión
o la información que se expresa, divulga o publica puede tener a través de los
medios masivos. En efecto, ya en la Sentencia T-391 de 2007[31] la Corte
se refirió expresamente a esta responsabilidad, precisando que el “ejercicio
de las libertades de expresión e información adquiere características
distintivas cuando se realiza a través de un medio de comunicación masivo,
características que variarán dependiendo de cada tipo de medio. Estas variaciones
repercuten, a su vez, sobre el alcance de los derechos que se ejercen, su
contenido, y las posibles limitaciones de las que eventualmente son
susceptibles”.
En este contexto, este
Tribunal se ha referido específicamente al potencial que tiene el ejercicio de
la libertad de expresión de afectar a distintos sujetos y distintos derechos
involucrados en aquel, señalando que la “difusión masiva que alcanzan las
informaciones transmitidas a través de ellos, su poder de penetración, el
impacto profundo que pueden tener sobre la audiencia y, en general, el poder
social de los medios de comunicación, lleva implícitos ciertos riesgos y puede
eventualmente entrar en conflicto con otros derechos, valores o intereses
constitucionalmente protegidos”[32].
Asunto que, además, puede verse matizado o reforzado con motivo del alcance
que, debido a sus características, puede tener cada medio de comunicación en
particular.
A partir de lo anterior, en
la jurisprudencia constitucional se han establecido ya ciertas reglas orientadas
a delimitar la actuación de los medios de comunicación como sujetos activos del
derecho a la libertad de información con responsabilidad social, en relación
con “los parámetros de (i) veracidad e imparcialidad, (ii) distinción entre
informaciones y opiniones, y (iii) garantía del derecho de rectificación”[33].
5.4.3. En este escenario,
no debe olvidarse tampoco que todo derecho tiene un fundamento o razón de ser,
al mismo tiempo que un límite, como es en este caso aquel que deriva de la
veracidad e imparcialidad. De modo que como ha advertido este Tribunal:
“[e]n el
caso de la libertad de información, es necesario que la misma sea veraz e
imparcial y que en su ejercicio no se abuse de dicho derecho irrespetando los
derechos de los demás. [Y en] cuanto a las opiniones, se exige
que las mismas se diferencien de los hechos y cuando quiera que se sustenten en
supuestos fácticos falsos o equivocados, es factible la rectificación respecto
de dichos supuestos, así como los límites en la antijuridicidad de apologías al
racismo, al odio, a la guerra o la prohibición de la pornografía infantil” [34], entre
otros.
Bajo este orden de ideas,
se tiene que si bien el derecho a la libertad de expresión en sus distintas
manifestaciones constituye un elemento determinante para el estado democrático
y goza también de una amplia protección en razón de la dignidad de cada persona
y de su libertad, ello no obsta para que su ejercicio no pueda causar la
violación de otros derechos, como es el caso especialmente de los derechos a la
honra y al buen nombre de quienes puedan resultar afectados por la información
u opinión que sea indebidamente expresada[35].
Así, este Tribunal ha
sostenido que en principio se presume la prevalencia del derecho a la libertad
de expresión sobre otros derechos que puedan verse afectados con su ejercicio, postura
para lo cual se tiene como especial referencia el emblemático caso New York
Times v. Sullivan, resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos [36].
Sin embargo, la Corte ha
destacado la necesidad de establecer límites a su ejercicio en los casos en los
que la libre expresión puede implicar o suponer la afectación de derechos
específicos como el buen nombre y a la honra, tema sobre el cual también se
pueden encontrar referentes en el sistema Europeo
de Derechos Humanos a los que ya ha acudido la jurisprudencia de esta Corporación[37],
como el caso de una sentencia del Tribunal Constitucional español en donde, al
resolver sobre un recurso de amparo relacionado con unas declaraciones
descalificadoras, se dijo sobre el contenido constitucional abstracto del
derecho fundamental al honor que “éste ampara la buena reputación de una
persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes que puedan hacerla
desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o al
ser tenidas en el concepto público por afrentosas” [38].
En coherencia con lo
anterior, el artículo 15 constitucional establece que “[t]odas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre,
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar”, por lo que esta
Corporación ha entendido también que “la reputación, o el concepto que de
una persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas
o informaciones falsas o tendenciosas”[39].
Y, a su turno, ha señalado que en el artículo 21 superior “[s]e
garantiza el derecho a la honra” y se indica que “[l]a ley
señalará la forma de su protección”, entendida ésta como “la estimación
o deferencia con la que cada persona  debe ser tenida por los demás miembros de
la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”[40].
Asimismo, esta Corporación
ha indicado “que las ´expresiones ofensivas o injuriosas´ así como
informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público de una
persona, lesionan este derecho, entendido como expresión de la reputación o la
fama que tiene una persona” y “ha resaltado que el derecho de la
personalidad es un factor intrínseco de la dignidad humana, reconocida a las
personas”[41].
Razón por la cual ha concluido, que:
“el derecho al
buen nombre debe ser objeto de protección constitucional cuando se divulgan
públicamente hechos falsos, tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con
lo cual se busca socavar su prestigio o desdibujar su imagen, por consiguiente
para constatar una eventual vulneración al buen nombre es preciso examinar el
contenido de la información, y evaluar si es falsa o parcializada o si adjudica
a determinadas personas actividades deshonrosas que le son ajenas. Para el
mismo efecto resulta imprescindible establecer si las expresiones cuestionadas
corresponden al ejercicio de la libertad de información o se inscriben en el
ámbito de la libertad de opinión”.
De igual forma, este
Tribunal ha reconocido la estrecha relación que existe entre el derecho al buen
nombre y la honra, entendida ésta última como “la estimación o deferencia
con la  que cada persona  debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad
que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana”[42],  especialmente
a la hora en que uno u otro puedan resultar afectados por un uso extralimitado
de la libertad de expresión, de manera que ha advertido que la labor del Juez
en cada caso concreto, tomando en consideración los elementos de juicio
existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa, es de establecer si
efectivamente se presentó una verdadera amenaza o vulneración del derecho en
comento[43].
Por ende, nótese que existe
un límite a la libertad de expresión en sentido amplio, determinado por el
derecho al buen nombre y a la honra, el cual resulta aplicable tanto en la
manifestación de la libertad de información como en la de la libertad de
opinión pues, como ya se dijo, en ambas situaciones es posible aducir que
existe cierta información fáctica que se encuentra sujeta a la exigencia de
veracidad e imparcialidad, en tanto con ella efectivamente se puede afectar la
dignidad de otras personas, como sucede con las afirmaciones relativas a su conducta,
calidad o condición.
Por tanto, en ambas
manifestaciones de la libertad de expresión el reconocimiento de su límite o
frontera no tiene por objeto hacer nugatoria esta libertad ni pretende en forma
alguna establecer un tipo de censura a las opiniones o informaciones, lo que
también está constitucionalmente prohibido (artículo 20). Por el contrario, y
como ya lo ha explicado esta Corte con anterioridad, lo que se pretende con
este reconocimiento es “(i) controlar la legalidad de los medios que se
utilizan para obtener las fuentes que inspiran la expresión del autor; y (ii)
establecer límites en cuanto a las posibles consecuencias que respecto a los
derechos de los terceros, se derivan de revelar conceptos o creencias acerca de
la ocurrencia de situaciones reales, como cuando se pretende igualar un juicio
de valor u opinión a un hecho cierto e indiscutible”[44].
5.4.4. Ahora bien, quizás
todavía más pertinente y determinante resulte establecer la relación entre los
dos derechos en comento en el contexto de la actuación de los medios de
comunicación, en razón de la ya mencionada trascendencia y alcance que tiene el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión por su vía y, en consecuencia,
la posibilidad que allí se tiene de afectar mayormente los derechos al buen
nombre y a la honra.
Así, en este escenario en
el que se concreta la manifestación de la libertad de información de una forma
expansiva y particular, se hace necesario que existan mayores exigencias para
los medios y los profesionales que se dedican a la labor de informar pues, como
también lo ha sostenido este Tribunal, lo que “se exige a quienes expresan
sus opiniones, máxime cuando lo hacen a través de medios masivos de
comunicación, es que se aseguren de la veracidad de los hechos sobre los que
aquellas se fundan y rectifiquen en caso de que hayan basado sus opiniones en
informaciones inexactas o erróneas”[45].
5.4.5. Por ende, la
exigencia de la veracidad supone ciertos mínimos en relación con la información
expresada sobre los hechos o acontecimientos referidos a una persona,
independientemente de si el escenario en que se ejerza el derecho es el de la
libertad de opinión o el de la libertad de información. Y esta exigencia, de
hecho, cobra ciertos contenidos particulares según los datos que deban ser
objeto de tal verificación, por lo que la Corte ha destacado la importancia de
la veracidad en los casos en que se informa sobre hechos delictuales de los que
se infiera que una persona tiene antecedentes penales o se encuentra vinculada
a actividades ilícitas[46],
en tanto, si bien la omisión del requisito de veracidad implica ya de suyo una
afectación de los derechos al buen nombre y a la honra, primero que todo
aquella supone una vulneración del derecho fundamental a la presunción de
inocencia. En tal sentido, se ha expresado que:
“resulta de
gravedad extrema olvidar, en aras de un mal entendido concepto de la libertad
de información, el impacto que causa en el conglomerado una noticia, en
especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de
procesos penales en curso, y el incalculable perjuicio que se ocasiona al
individuo involucrado si después resulta que las informaciones difundidas
chocaban con la verdad de los hechos o que el medio se precipitó a presentar
públicamente piezas cobijadas por la reserva del sumario, o a confundir una
investigación con una condena. No puede sacrificarse impunemente la honra de
ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de
la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes
inocentes, so pretexto de la libertad de información”[47].
Como puede observarse, la
libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones encuentra entonces
un límite claro cuando se trata de las afirmaciones referidas a la comisión de
conductas delictivas, pues el requisito de veracidad que ampara el derecho
fundamental al buen nombre y a la honra está condicionado por la garantía iusfundamental
de la presunción de inocencia, garantía que exige que una afirmación de ese
tipo en todo caso se sustente en una sentencia en firme o que al menos se
refiera a un procedimiento en curso.
5.4.5. Las anteriores
consideraciones dan cuenta entonces de que los requisitos de veracidad e
imparcialidad son una inclusión expresa de los límites que configuran el
derecho a la libre expresión a partir del respeto de otros derechos, como es el
caso del derecho al buen nombre y a la honra. En efecto, la configuración del
derecho a la libre expresión a partir de los límites trazados por otros
derechos encuentra otra manifestación evidente en el hecho que dentro de la
misma disposición constitucional que lo consagra (artículo 20), se garantiza el
derecho a la rectificación, como pasa a exponerse a continuación.
5.5. Derecho a la rectificación
equitativa y sin re-victimización
5.5.1. Como ya se anticipó,
el artículo 20 de la Constitución regula varios aspectos del derecho a la libre
expresión, entre ellos el que trata su incuso segundo, relativo al “derecho
a la rectificación en condiciones de equidad”. Sin embargo, es claro que
allí esta garantía se presenta como una contrapartida del derecho a la libre
expresión, toda vez que la rectificación tiene lugar precisamente en los casos
en que el ejercicio de tal libertad no ha observado los lineamientos constitucionales
y ha redundado en la afectación de otros derechos.
En este sentido, desde sus
primeras decisiones sobre el tema este Tribunal ha indicado que la exigencia de
una rectificación supone la existencia previa de “informaciones falsas,
erróneas o inexactas públicamente difundidas”[48], con lo
cual “la rectificación en condiciones de equidad implica que quien las
propaló corrija o modifique su dicho, también públicamente y con igual
despliegue, a fin de restablecer el derecho vulnerado”[49]. Lo que
quiere decir que las características de la vulneración iusfundamental en
estos eventos supone una afectación que va más allá del acto de libertad de
expresión que, luego de recibida la información errónea o inexacta, se proyecta
en la percepción equivocada que de alguien que, a partir de la circulación de
un cierto contenido, se puede hacer alguna persona o la sociedad en general.
Por lo tanto, resultan necesarias
unas medidas orientadas a reparar esta afectación o al menos a mitigar sus
efectos, que no se agotan con retirar del medio la información que desconoce
los presupuestos constitucionales, pues por la naturaleza de los derechos
afectados, como es el caso del buen nombre o la honra, se requiere adoptar
medidas orientadas a remediar los perjuicios causados en la estima o percepción
del individuo en sociedad.
Así las cosas, el derecho a
la rectificación tiene lugar cuando el ejercicio del derecho a la expresión ha
sobrepasado los límites configurados por la Constitución a partir de la
relación con otros derechos como el caso del buen nombre o la honra. En este
escenario, en la jurisprudencia constitucional se han destacado las
características del derecho a la rectificación en el sentido que:
“(i) la
rectificación en condiciones de equidad ha sido tratada como un derecho
fundamental autónomo, pero íntimamente ligado a los derechos al buen nombre y a
la honra; (ii) existe un derecho a la rectificación en condiciones de equidad
en aquellos eventos en los que la información suministrada por un medio de
comunicación resulta falsa, tendenciosa, incompleta o induce a error; (iii) los
medios de comunicación son responsables por la calidad de la información que
les proveen sus fuentes informativas; (iv) el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad implica que la corrección tenga un despliegue
comunicativo similar al inicial, que se haga dentro de un tiempo razonable y
que el medio de comunicación reconozca su error”[50].
5.5.2. Las condiciones de equidad
exigidas implican una ponderación entre la afectación de derechos causada por el
ejercicio indebido del derecho a la libre expresión y las medidas tendientes a
repararla, por lo que para entender que una rectificación se ha hecho en
condiciones de equidad, en la jurisprudencia constitucional se han fijado unas reglas
y subreglas que fueron recopiladas en la Sentencia T-256 de 2013[51] así:
“Para que la
rectificación en condiciones de equidad se acomode a los postulados
constitucionales, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido los
siguientes requisitos generales: (i) que la rectificación o aclaración tenga un
despliegue informativo equivalente al que tuvo la noticia inicial; y (ii) que
el medio de comunicación reconozca expresamente que se equivocó, es decir que incurrió
en un error o en una falsedad.
Sobre los
correctivos judiciales aplicables para el restablecimiento del equilibrio
informativo la jurisprudencia constitucional ha construido una serie de
subreglas de las que se destacan algunas de particular relevancia para la
resolución del asunto bajo examen.
(i) En relación
con la garantía de equivalencia ha indicado que ésta no supone una
correspondencia matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la
publicación inicial y su aclaración o rectificación. Lo fundamental es que la
rectificación o aclaración de la información falsa o parcializada constituya un
verdadero remedio a la vulneración de los derechos de la persona concernida,
para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia,
pues ´de lo que se trata es que el lector – o receptor – pueda identificar con
facilidad la relación existente entre la rectificación y el artículo
enmendado´.
(ii) Sobre la
oportunidad con la que la rectificación debe ser efectuada para que cumpla con
su cometido de garantizar la protección efectiva de los derechos de quien ha
sido afectado por una información errónea, ha establecido que ´el medio llamado
a rectificar debe hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud
correspondiente, desde luego, previa verificación de los hechos´.
(iii) Respecto de
la carga de la prueba en cabeza de quien solicita la rectificación la Corte ha
considerado dos situaciones distintas: (1) cuando se solicita rectificación de
una información donde se hacen aseveraciones sobre unos hechos concretos, la
persona que se considera afectada con estas informaciones debe presentar las
pruebas pertinentes para sustentar su solicitud de rectificación; (2) cuando
las afirmaciones del medio informativo son injuriosas y se refieren a una
persona específica, pero tienen un carácter amplio e indefinido, es decir no
fundadas en hechos concretos, se releva a la persona afectada de la carga de
demostrar su inexactitud por la imposibilidad en que se encuentra de hacerlo.
En estos eventos, surge para el medio la carga de sustentar su negativa a
rectificar y la de demostrar la veracidad e imparcialidad de la información
trasmitida.
(iv) Ha
establecido también la jurisprudencia que el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad es una garantía de la persona frente a los medios de
comunicación, que sólo es predicable de las informaciones más no de los
pensamientos u opiniones considerados en sí mismos. De ahí la imposibilidad de
solicitar la rectificación cuando el contenido que se pretende atacar está
exclusivamente en el campo de las opiniones.  Este criterio se ha matizado con
la consideración que existe en cabeza del periodista un deber de cerciorarse
razonablemente de la veracidad de los hechos o de las premisas en los cuales
fundamenta su opinión o juicio de valor, bajo el presupuesto de la buena fe.
(v) Por último,
la posibilidad de réplica por parte del lesionado, no goza de la misma estirpe
constitucional del derecho de rectificación en condiciones de equidad. Si bien
la publicación de un texto en el que la persona afectada asuma su defensa
controvirtiendo las afirmaciones difundidas, favorece el equilibrio con la
exposición de diferentes puntos de vista ante el público receptor, el
constituyente optó por exigir la preservación de la verdad, más que la
promoción del equilibrio informativo. En consecuencia, el mecanismo que la
Constitución concibe y consagra para el restablecimiento extrajudicial de los
derechos fundamentales que sean vulnerados como consecuencia de la
extralimitación en el ejercicio informativo, es el derecho a la rectificación
en condiciones de equidad y no la réplica”.
Las reglas anteriores, sin
embargo, tienen un carácter genérico y orientador, por lo que su aplicación
debe responder a las condiciones específicas de la afectación de los derechos
involucrados en cada caso. Primero con el objeto de determinar si hay lugar a
la rectificación y, segundo, en tal caso, para fijar el contenido adecuado.
Así las cosas, preliminarmente
es necesario valorar si el contenido reprochado es una información en estricto
sentido o se refiere a pensamientos u opiniones que, en sí mismos, no están
sujetos a los requisitos de veracidad e imparcialidad; y a su  vez debe
determinarse si la carga de la prueba le corresponde a quien solicita la
rectificación o si, por el carácter amplio e indefinido de las afirmaciones, el
emisor debe justificar su negativa. Esta cuestión, además, reviste especial
relevancia cuando en la publicación se realizan aseveraciones que implican responsabilidad
penal, pues la presunción de inocencia exige que cualquier señalamiento en este
sentido tenga como base una sentencia condenatoria en firme.
Igualmente, corresponde
hacer una adecuación de la rectificación a la que haya lugar según las
circunstancias fácticas concretas. De hecho, la Corte ha indicado que cuando la
obligación de rectificar se somete al pronunciamiento de una autoridad
judicial, “ésta debe establecer en la respectiva providencia los
lineamientos precisos bajo los cuales [la obligación de rectificar] deberá
ser realizada”[52]
o, en caso de controversia sobre una rectificación ya realizada, la autoridad
debe determinar si la rectificación se hizo en condiciones de equidad, pues “queda
en manos del juez la evaluación y la decisión correspondientes en el caso
particular”[53].
Lo anterior parte del hecho
de que la rectificación responde al alcance que tuvo el ejercicio del derecho a
la libre expresión excediendo los límites constitucionales, lo que quiere decir
que en ese contexto a la autoridad judicial le corresponde hacer una valoración
para efectos de que la medida de rectificación esté dirigida a restablecer o,
al menos, paliar la afectación iusfundamental. Lo que de antemano exige determinar
si hay lugar a una medida de rectificación y, en tal caso, definir los términos
de la rectificación y el despliegue informativo para garantizar las condiciones
de equidad.
Es decir que los términos
de la rectificación deben responder a las circunstancias particulares de la
publicación con la que se desconocieron los presupuestos constitucionales pues,
como lo ha sostenido este Tribunal, únicamente se entiende que se ha
rectificado cuando “con
igual despliegue e importancia y por el mismo conducto utilizado inicialmente,
el informador reconoce haberse equivocado, no en otras materias -aunque se
refieran a la misma persona-, sino precisamente en el asunto objeto del error o
equívoco”[54].
Lo anterior quiere decir que
la medida de rectificación debe dar cuenta de quién fue el sujeto emisor de la
publicación que no se ajustó a los parámetros constitucionales y cuál fue el
contenido de la información pues, como se vio, se presentan escenarios en los
que se exige desvirtuar la presunción de inocencia con una sentencia judicial
en firme en tal sentido, como precisamente sucede con las acusaciones de
responsabilidad penal. Así como también debe tomarse en consideración cuál fue
el medio de comunicación usado y la difusión que tuvo o pudo tener la
información con la que se faltó a la veracidad o a la imparcialidad, para que,
en consecuencia, pueda definirse correcta y precisamente el canal y el
contenido de la rectificación.
5.5.3. Sin embargo, la
valoración sobre la necesidad de la medida de rectificación exige tener en
cuenta que la vulneración iusfundamental se genera por la exposición
pública de una información u opinión que no se ajusta a los estándares de
veracidad e imparcialidad y, así mismo, que la rectificación implica, como
regla general y en aplicación del requisito de equidad, que se realice una
nueva exposición pública para reconocer la imprecisión y realizar las
correcciones a las que haya lugar.
Lo dicho pone de manifiesto
la importancia de realizar una valoración de la medida de rectificación para que
obedezca a una real protección de los derechos fundamentales afectados, previniéndose
que la exposición pública genere nuevas afectaciones en aquellos casos en que,
por ejemplo, la violación de derechos es producida por la exposición pública
misma, o que la recordación de los hechos objeto de la publicación, aún para
aclararlos o desmentirlos, puede generar un efecto peor o indeseado para la
persona afectada. Así las cosas, es preciso que la medida de protección
obedezca a la solicitud de amparo, pues es la persona tutelante quien debe definir
el alcance de la afectación y si pretende que el daño causado a sus derechos
fundamentales sea resarcido, con lo cual se prevenga el riesgo de que la
rectificación signifique una re-victimización.
Consideración, esta última,
que exige en cuenta tanto las circunstancias fácticas, como el contenido de la
publicación, los sujetos involucrados y, finalmente, el factor temporal
transcurrido entre la afectación del derecho y la intervención del juez de
amparo y la solicitud de amparo de la persona afectada.
5.6. El derecho a la
libre expresión en el contexto de las nuevas tecnologías
5.6.1. Como se advirtió, la
aplicación del derecho a la libre expresión y su alcance dentro de los límites
definidos por el ejercicio de otros derechos como la garantía al buen nombre y
a la honra, tiene especial relevancia en la práctica de los medios de
comunicación hodiernos en atención a la potencialidad de afectación que puede
tener la difusión masiva de información. Sin embargo, la incursión y el auge de
las nuevas tecnologías han determinado un escenario comunicativo en el que las
diferencias con medios de comunicación tradicional como la televisión, la radio
o la prensa, repercute directamente en el alcance y en el contenido del derecho
a la libertad de expresión y otros derechos que también pueden resultar
implicados.
En efecto, el avance
tecnológico cobra especial atención dentro de las políticas del Estado y en el
ordenamiento jurídico, por ser ahora esos medios un elemento determinante de
las relaciones sociales actuales y del ejercicio de derechos. No en vano el
legislador colombiano expidió la Ley 1341 de 2009 “[p]or la cual se
definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–”,
con el objeto de determinar, entre otros,  “el marco general para la
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones”[55].
En efecto, en la ley
anteriormente mencionada se reconoce esta realidad de la comunicación, hasta el
punto que se definieron las tecnologías
de la información y las
comunicaciones como el “conjunto de recursos, herramientas, equipos,
programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación,
procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos,
texto, video e imágenes”[56], dentro de las cuales sobresalen
por su uso masivo y cotidiano las redes sociales, en tanto que “medio social
más a través del cual se puede compartir, comunicar y entretener” pero que,
al mismo tiempo, implica “un aumento exponencial de sus usuarios que tienen
la posibilidad de intercambiar información, propagar ideas, participar
activamente y facilitar relaciones personales”[57].
Dentro de
estas redes sociales, Facebook, por
ejemplo, permite a sus usuarios crear una cuenta y un perfil con sus datos
personales y establecer una red de contactos con quienes aquellos pueden interactuar,
cruzar mensajes de manera instantánea, compartir fotografías, contenidos
gráficos o de vídeo, difundir información, ideas y opiniones, e incluso jugar
entre ellas por medio de las plataformas de tecnología virtual, y esto a nivel
global.
5.6.2. En este
contexto, las redes sociales se muestran como una posibilidad para ejercer de
manera exponencial el derecho a la libre expresión, con un alcance masivo que
no ofrecía, y aún no ofrece, el acceso restringido de los medios de
comunicación tradicional. Lo anterior, en tanto a través de las nuevas tecnologías
cualquier persona es una potencial comunicadora de información de cualquier
tipo (noticiosa, personal, profesional, etcétera) o de opiniones con un alcance
determinado por el uso que otras personas hagan de las mismas redes. Situación
que marca una importante diferencia con los medios tradicionales en los que
sólo ciertas personas, de ordinario periodistas, ejercían la autoría del
material publicado y ello solamente a través de canales especializados.
Por lo tanto, el
derecho a la libre expresión se enmarca hoy en un contexto tecnológico en el
que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo e incluso mediante el
uso de un dispositivo electrónico personal, como un teléfono celular, puede
difundir contenidos informativos o de
opinión, con la potencialidad de alcanzar de manera inmediata a un amplísimo
público. Pero esto, a la vez, supone que tanto el derecho a la libre expresión
como los derechos que pueden afectarse con su ejercicio se enmarcan en un nuevo
contexto en el que el uso de estas nuevas tecnologías modifica la utilización y
la percepción de la información en relación con sus emisores, los canales de
difusión, la disponibilidad de la información publicada y una serie de aspectos
que resultan innovadores en relación con la tradicional forma de comunicación.
Pues bien, estos escenarios
han sido ya identificados en la jurisprudencia constitucional y,
específicamente, se han resaltado ciertas situaciones que determinan un cambio
respecto al manejo de los contenidos publicados en las redes sociales. Así, a
partir de diferentes estudios que sobre el tema se destacaron en la Sentencia
T-256 de 2012[58],
se advirtió que
“Existe un
problema derivado de la falta de toma de conciencia real por parte de los
usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y
del valor que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado. En muchos casos,
los usuarios hacen completamente públicos datos y características personales
que en ningún caso expondrían en la vida cotidiana como ideología, orientación
sexual y religiosa etc.
- Los datos
personales pueden ser utilizados por terceros usuarios malintencionados de
forma ilícita.
-Existe la
posibilidad de que traten y publiquen en la red información falsa o sin
autorización del usuario, generando situaciones jurídicas proseguibles que
pueden llegar a derivarse de este hecho.
-El hecho de que,
a través de las condiciones de riesgo aceptadas por los usuarios, estos cedan
derechos plenos e ilimitados sobre todos aquellos contenidos propios que alojen
en la plataforma, de manera que puedan ser explotados económicamente por parte
de la red social”.
Así, de lo anterior
especialmente se destaca el riesgo que puede significar ese auge tecnológico al
potencializar la posibilidad de exponer abundante información públicamente y, a
la vez, la falta de consciencia de las personas o usuarios en relación con esta
potencialidad propia de esa tecnología.
En tal sentido, esta Corporación
llama la atención sobre el hecho de que, por una parte, las nuevas tecnologías
de comunicación son una herramienta que potencializa el derecho a la libre
expresión permitiendo que las personas puedan expresar su opinión y difundir
información desprovistas de barreras físicas o incluso sociales que en el
pasado reducían esta posibilidad a ciertas personas y a de ciertas estructuras;
pero, por otra, que la rapidez y espontaneidad con la que se aplica y difunde
la tecnología determina que el alcance del derecho a la libertad de expresión
pueda generar mayores riesgos frente a los derechos de otras personas.
Lo anterior significa que
en el escenario de las nuevas tecnologías, especialmente en relación con las
redes sociales, cobra una mayor relevancia el contenido y el alcance del
derecho a la libre expresión de conformidad con las consideraciones desarrolladas
en el acápite anterior, referido a los requisitos y contenidos en la
Constitución y a los límites definidos por la garantía de los derechos de
terceras personas.
De hecho, sobre
esto último la Corte, apoyada en algunos apartes de la Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet
de junio 1° del 2011[59],
ha señalado que la libertad de
expresión en internet se regula del mismo modo que en todos los medios de
comunicación, por lo que las redes sociales no son un lugar que garantice o
permita sin ninguna restricción “la
difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación”[60].
Lo que quiere decir que el influjo de la tecnología confiere mayores
herramientas y medios para ejercer el derecho a la libre expresión pero siempre
dentro del marco que la Constitución lo define en relación con los requisitos
de veracidad e imparcialidad, el derecho a la rectificación y el ejercicio de
los derechos de terceras personas.
En coherencia con lo
anterior, esta Corporación se ha referido a la protección del derecho a la
libre expresión y a los límites derivados en el contexto de las nuevas
tecnologías y así, por ejemplo, en la Sentencia T-015 de 2015[61] se ocupó
de resolver un caso en el que se controvertía la posible vulneración del
derecho al buen nombre a raíz de la publicación de una propuesta artística en
distintos medios de comunicación, entre ellos la red social Facebook. Y en esta
oportunidad la Corte aplicó los mismos criterios que definen el alcance del
derecho a la libre expresión y que en este fallo ya se han explicado para poder
decidir con base en una sentencia judicial en firme que así lo indique.
Sin perjuicio de lo
anterior, en los casos en donde resultan involucradas las nuevas tecnologías, las
limitaciones referidas en ocasiones deben hacerse aún más estrictas, teniendo
en cuenta precisamente sus propias características. Características o rasgos
que determinan el manejo que en ellas se hace de la información pero que, al
mismo tiempo, exigen una regulación particular, pues los usuarios están en todo
caso sometidos a la Constitución y, en general, a los parámetros que limitan el
ejercicio de la libre expresión[62].
Así pues, el libre acceso y
la decisión autónoma sobre el contenido de las publicaciones, la difusión
inmediata en un número de destinatarios exponencialmente alto, la
indisponibilidad de la información una vez incorporada en la red social y la
espontaneidad con la que la misma se expande, exige una especial atención en
relación con la veracidad e imparcialidad de la información u opinión que se
publica, por la posibilidad de afectación de los derechos de terceras personas.
De manera que, si bien la percepción sobre las redes sociales puede ser
desprevenida y, en este sentido, entendida por la mayoría de los usuarios
simplemente como una actividad de comunicación entre conocidos o de ocio, el
hecho que tenga una alta potencialidad de afectar derechos exige de los
usuarios una conciencia, cuidado y observancia de los presupuestos
constitucionales a la hora de publicar contenido que va más allá de lo personal
o de una mera opinión.
Lo anterior, en tanto que los
límites al ejercicio a la libre expresión parten de la naturaleza misma del
derecho, sin importar el medio de comunicación en el que se ejerza. En otras
palabras, ya sea a través de los medios tradicionales o de las nuevas
tecnologías, lo cierto es que no todo lo que sea física o, ahora, virtualmente
posible de expresar, es legítimo. Por el contrario, en algunos casos la
limitación resulta más exigente en razón de la masificación que pueda tener la
información, y, por ende, la posible mayor afectación a los derechos de
terceros.
5.6.3. En tal contexto, el
riesgo potencializado que significa ejercer el derecho a la libre expresión a
través de las redes sociales debido a la posibilidad que tiene cualquier
persona de publicar información y opiniones en escenarios de alta difusión
determina que, a su vez, el derecho a la rectificación en condiciones de
equidad cobre gran importancia como garantía para resarcir o paliar una posible
afectación iusfundamental.
Esta rectificación parte
del hecho, al que ya se hizo referencia, de una afectación de los derechos que
se proyecta, más allá del acto de expresión, en la percepción equivocada el
colectivo social se puede hacer de alguien a partir de la circulación de cierto
contenido. Lo que resulta plenamente identificable en el escenario de las redes
sociales, en donde además existe la posibilidad de comentar, discutir y
difundir en la misma red sobre el contenido compartido,  en tanto que después
de la publicación y difusión, según las lógicas propias de estas redes, la afectación
de los derechos del sujeto agraviado se concreta en la idea o percepción que
sobre él se hacen los usuarios que reciben la información e incluso, en muchas
ocasiones, por la construcción de la comunicación que se hace a partir de
contactos elegidos, toda vez que esta información puede tener un mayor grado de
credibilidad por provenir de personas que en algún sentido son cercanas o  al
menos reconocidas por cada destinatario.
Por tanto, la figura de la
rectificación cobra mayor sentido como instrumento de amparo en relación con
una vulneración que se concreta más allá del acto de publicación, al punto que
aun cuando se retire del medio la información de contenido inconstitucional, al
menos en ocasiones es necesario adoptar medidas que permitan remediar las afectaciones
que se producen en derechos tales como la honra y el buen nombre.
Ahora, como se indicó en el
apartado anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado unas reglas y
subreglas orientadas a que la rectificación se realice, a la luz del artículo
20 superior, en condiciones de equidad. Reglas que deben aplicarse en
consideración a la situación particular que generó la afectación de derechos. Lo
que implica que para un caso puntual en el que la vulneración provenga de un
ejercicio excesivo del derecho a la libertad de expresión por medio de una publicación
en una red social que no se ciñe a las exigencias de veracidad e imparcialidad,
es imperioso que la medida de rectificación parta de una valoración puntual de
la red específica de la que se trata, en relación con el alcance y difusión del
mensaje.
5.6.3.1. En atención a lo
anterior, es preciso tener en cuenta que las dos reglas generales establecidas
por esta Corporación requieren, primero de una adaptación en el escenario de
las redes sociales y luego de una aplicación puntual para el caso concreto de
la publicación de que se trata y para la afectación de derechos que se haya
producido.
Así, la primera regla
establece “que la rectificación o aclaración tenga un despliegue informativo
equivalente al que tuvo la noticia inicial”, lo que implica acudir a la
misma red social y al mismo tipo de publicación, a fin de que la rectificación
tenga unos destinatarios y difusión equivalentes a la de la publicación
reprochada.
En segundo lugar, la Corte
ha establecido “que el medio de comunicación reconozca expresamente que se
equivocó, es decir que incurrió en un error o en una falsedad”. Y en este
punto cabe destacar la diferencia que hay entre el contexto de los medios de
comunicación tradicional, en el cual se fijaron estas reglas, y su aplicación
en las redes sociales. Lo anterior, por cuanto más allá de la posible discusión
sobre la propiedad de la información en redes sociales, el funcionamiento de
las mismas se basa en la inmediatez, siendo incluso posible que el autor de la
información conserve la discreción o el poder tanto de realizar como de retirar
publicaciones en su cuenta personal.  De manera que, para efectos de aplicar
esta regla, se debe distinguir entre una publicación que hace el medio de
publicación (como suele suceder en los medios de comunicación tradicional) o
cuando la realiza el autor de la misma a título personal, como es el caso de
las redes sociales, y en las que, en principio, son los titulares de las
cuentas quienes, con relativa autonomía, deciden sobre la información que se
publica en sus cuentas personales; información a la que, a su vez, tienen
acceso otros usuarios.
Lo dicho, además, tiene una
estrecha relación con el hecho rescatado en líneas anteriores de que las
limitaciones a la expresión se derivan de la configuración o naturaleza misma del,
y no del medio dónde éste se ejerza. A lo que puede agregarse que
particularmente su ejercicio en las redes sociales está supeditado a la
libertad con que los usuarios disponen del contenido de sus cuentas y de la
información que dan a conocer masivamente. Todo lo cual lleva a que haya una
identificación directa entre la información publicada y el titular de la cuenta
en donde se publica, más allá de si esta información está contendía en
determinada plataforma virtual, que, por demás, suelen tener una indeterminada
asignación de su propiedad más allá de las fronteras nacionales.
En tal escenario, la
rectificación corresponde hacerla a la persona que autónomamente, en el
escenario de libre acceso a las redes, hizo la publicación que resultó lesiva
de los derechos de una tercera persona, y quien debe reconocer la falsedad o el
error en el que incurrió.
5.6.3.2. De otra parte, la
Sala considera que aquí corresponde hacer, para el caso específico de las redes
sociales, un análisis sobre las subreglas que desarrollan específicamente el
concepto de equidad de la rectificación en el escenario de las redes sociales,
como son: (i) que las condiciones de equidad no suponen una correspondencia
matemática en cuanto a duración, extensión o espacio entre la publicación
inicial y la aclaración o rectificación de la información falsa o parcializada,
sino que ésta constituya un verdadero remedio a la vulneración de los derechos,
para lo cual se requiere que tenga, al menos, igual despliegue e importancia,
para que los destinatarios tengan claridad sobre la corrección de información
que no era veraz o imparcial; (ii) que “el medio llamado a rectificar debe
hacerlo en un término razonable a partir de la solicitud correspondiente, desde
luego, previa verificación de los hechos”; (iii) que la carga de la prueba
corresponde a quien solicita la rectificación; (iv) que se debe restringir la
rectificación en condiciones de equidad solamente al contenido informativo o,
incluso, sobre los presupuestos fácticos en que se fundamenten las opiniones; y
(v) que la reparación de los derechos, según el mandato constitucional,
consiste en la rectificación.
5.6.3.2.1. En este sentido,
respecto de esa primera subregla es preciso partir del contenido particular de
la publicación y de la forma como ésta fue difundida en la red social, de manera
que se exija que, en correspondencia, la rectificación tenga el mismo alcance a
partir de los distintos criterios de contenido, despliegue e  importancia que
puede incluir la visibilidad en la red, la difusión entre los contactos, el
tiempo de publicación y demás medidas útiles que permitan alcanzar la
reparación del derecho conculcado.
5.6.3.2.2. Sobre la segunda
regla, es importante tener en cuenta que una de las características que ofrecen
las nuevas tecnologías y que resulta aplicable en el uso de las redes sociales
es la inmediatez. De manera que la razonabilidad del tiempo para hacer la
rectificación en este contexto tiene una valoración distinta, pues en estos
escenarios el ingreso o retiro de un determinado contenido en principio está a
cargo del mismo usuario quien, de manera directa, actúa en su cuenta sin lugar
a trámites o procedimientos determinados, más allá de la posibilidad fáctica
que cada quien tenga para acceder a la red a través de las nuevas tecnologías.
5.6.3.2.3. Por su parte, en
lo que tiene que ver con la subregla referida a la carga de la prueba en cabeza
de quien solicita la rectificación, ésta no exige distinción en el caso de las
redes sociales. Lo anterior, pues también en este evento se debe tener en
cuenta que cuando se trata de afirmaciones amplias e indeterminadas la carga se
invierte, el sentido de que quien se niega a rectificar debe demostrar la
veracidad e imparcialidad de los contenidos. Asimismo, es preciso tener en
cuenta el evento destacado en esta providencia en relación con los supuestos en
que se hacen públicos reproches que involucran responsabilidad penal, pues se
repite que el principio de presunción de inocencia exige una sentencia en firme
que dé cuenta de la veracidad de una acusación o calificación semejante.
5.6.3.2.4. En cuarto lugar,
la subregla dirigida a restringir la rectificación en condiciones de equidad
solamente al contenido informativo o, incluso, sobre los presupuestos fácticos
en que se fundamenten las opiniones, cobra todavía más relevancia para el caso
del uso de redes sociales que, como se comentó, suelen tener tal grado de
informalidad que usualmente no se tiene consciencia sobre sus implicaciones y,
por tanto, sobre las limitaciones al derecho a la libre expresión. Y esto sin
perjuicio de que aquí la capacidad de daño es quizá mayor que la que existen en
los medios tradicionales, en razón del alto grado de difusión de las
publicaciones en redes, en la afectación a los derechos fundamentales. Por lo
tanto, la Sala considera preciso llamar la atención sobre el hecho de que es un
asunto de particular relevancia constitucional en lo que concierne al alcance
del derecho a la libertad de expresión.
En otras palabras, debe
tenerse presente que el fácil acceso e informalidad de las redes sociales, la
personalización de las cuentas y perfiles e incluso el grado de informalidad que
para la mayoría de las personas puedan tener sus contenidos, por el hecho de ser
manejados por particulares sin ningún estándar periodístico, en todo caso no pueden
ser óbice para generar un espacio de desconocimiento de las garantías iusfundamentales
que escape a los límites constitucionales y al control jurisdiccional.
Lo anterior, además, porque
el uso de las redes, en su condición de nuevos escenarios de masificación de
información, debe ser atendido con especial importancia, de manera que, así
como ocurre con contenido de los medios tradicionales, cabe hacer una
calificación de aquello que corresponda al espacio personal de opinión y de
aquello con contenido informativo, objetivo y fáctico, que, en consecuencia, está
sometido a las exigencias de veracidad e imparcialidad, como límites al derecho
a la libre expresión.
5.6.3.2.5. Finalmente, para
el caso de las redes sociales igualmente resulta aplicable la regla relativa a
que la reparación constitucional de los derechos consiste en la rectificación,
pues debe advertirse que en este escenario aquella no implica ni mucho menos se
reduce a la posibilidad de hacer uso del derecho de réplica en la red social en
donde tuvo lugar la vulneración de los derechos fundamentales. Por consiguiente,
en los escenarios de mensajes instantáneos ofrecidos por las nuevas tecnologías
no corresponde que se abra una discusión en la plataforma virtual de que se
trate para darle la oportunidad a la persona afectada de que aclare o exponga
su punto de vista, sino que, por el contrario, la protección inmediata y eficaz
de sus derechos se concreta con la publicación de una rectificación en
condiciones de equidad por parte de quien hizo la publicación dañosa, de tal
forma que sea esa misma persona quien asuma la carga de comunicar que la
información por ella no era del todo veraz y que con ella efectivamente vulneró
los derechos de otra persona en particular o, según sea el caso, de un tercero.
5.6.5. Para concluir, y en
coherencia con esto último, es preciso tener en cuenta el riesgo que ya se
advirtió de que una rectificación pueda generar una re-victimización, en
atención a que la vulneración parte de una publicación y la rectificación, para
que se realice en condiciones de equidad, debe hacerse de la misma manera, lo
que en ciertas situaciones concretas puede generar una sobre exposición pública
indeseada e inconveniente para la persona afectada. Situación que en el caso de
las redes puede tener mayor trascendencia por el hecho de que, se reitera, la
información circula principalmente entre los contactos elegidos, con quienes,
por ende, se puede tener una mayor sensibilidad sobre la información que se
vuelva a publicar.
La anterior situación
determina que sea necesario hacer un examen acorde con las condiciones de la
afectación de derechos, de manera que se valore si, teniendo en cuenta la
voluntad de la persona afectada, en realidad resulta conveniente la publicación
de una rectificación y, en tal caso, cuál es el tipo de rectificación más apropiada
para el restablecimiento de los derechos, tanto en lo que tiene que ver con el
contenido que se debe rectificar como con las condiciones para presentarse.
Así las cosas, esta
Corporación ya ha tenido oportunidad de reconocer la aplicación de los límites
al derecho a la libre expresión en diferentes contextos en que su ejercicio,
por medio de las redes sociales, puede generar una afectación de derechos, por
lo que a continuación se pasará a hacer un recuento de los diferentes tipos de
maltrato con origen en el uso de las nuevas tecnologías que se han identificado,
y esto con el propósito de reiterar o especificar las reglas que, de manera
particular, se pueden extraer para el escenario del ejercicio del derecho
fundamental a la libre expresión y los riesgos derivados de su ejercicio en las
redes sociales.
5.7. Subreglas jurisprudenciales sobre el maltrato en
redes sociales
Una
modalidad especial de afectación de derechos que ha cobrado particular
importancia por el uso de las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones es el llamado “cyberbullying”, conocido también como ‘cibermatoneo’
o ‘ciberacoso’. Sobre este fenómeno, la Corte en su momento[63]
hizo uso de una definición inicial dada por la Policía Nacional para casos que
se presentaban entre menores de edad, al entenderlo que se presenta “cuando
una persona menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra persona
menor mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otros medios
técnicos similares” [64].
Asimismo, en diferentes
sentencias esta Corporación ha definido el
“bullying” en el ambiente virtual como aquel con base en el cual el autor
utiliza las herramientas de la tecnología de la información y las comunicaciones,
en especial del internet y el celular, para maltratar a sus semejantes.
Básicamente, el “cyberbullying” consiste en el uso de nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones para amenazar físicamente, asediar verbalmente
o excluir socialmente a un individuo de un grupo[65].Aunque también
se ha definido como un tipo de
agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet y juegos
en línea para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin
de molestar e insultar a otra persona, el cual no se hace de frente y por ello
no es fácil identificar a su autor. Así, se ha recalcado que el ciberacoso se
ha hecho popular entre niños y jóvenes, quienes creen que pueden usar la red y
estos dispositivos anónimamente para molestar a sus compañeros sin percatarse
del daño que hacen pues “la información se envía de manera muy rápida, y
borrarla o detenerla, es tarea imposible. Sus consecuencias pueden ser muy
serias, terminando, como se ha visto en Colombia y en otros países, [incluso]
en el suicidio de la víctima”[66].
Aunque el ciberacoso o maltrato en las
redes sociales en un principio se hizo evidente en el ámbito educativo, es
decir, en las escuelas, colegios y universidades, este fenómeno también se ha
ido presentando en los ámbitos laborales, familiares, o en otros entornos
sociales, y en distintas modalidades, como se verá a continuación.
En el escenario educativo esta Corporación,
al realizar el control concreto de constitucionalidad en razón de la posible
afectación de derechos fundamentales en los establecimientos educativos por
maltrato en redes sociales, encontró que
de dicho maltrato eran víctimas tanto los estudiantes –menores de edad en su
mayoría–, como los docentes y directivos. Incluso, desde las primeras decisiones
que versaron sobre la problemática del maltrato en redes, cuando este tipo de
maltrato aún no era una práctica consolidada, esta Corporación señaló (2010) que
“caso a caso, la
jurisprudencia constitucional seguirá avanzando en dibujar y delinear los
límites de estas nuevas dimensiones de los derechos, en plena evolución y
transformación”[67].
De esta forma, paulatinamente la Corte ha
ido precisando el alcance de la protección pertinente, al punto de que en
ciertos casos ha exigido a instituciones educativas que implementen las medidas
para hacer frente al matoneo, a fin de hacer conscientes a los menores del
impacto de estas conductas y que las eviten[68].
De igual forma, esta Corporación también se ha referido de manera particular al
maltrato que un estudiante puede sufrir por las expresiones que sus compañeros
hacen en las redes sociales, advirtiendo que el derecho de expresarse
libremente está supeditado a
que no se usen expresiones insultantes ni
desproporcionadas[69].
Incluso, en ocasiones ha advertido que las instituciones educativas no sólo debían tomar
medidas para que dichas acciones cesaran, sino también para que se adelantara
un proceso restaurativo en el que la persona agredida se sintiera reestablecida
en sus derechos[70].
De manera que corresponde a cada
establecimiento educativo definir cuáles son las medidas para proteger los
derechos fundamentales, para hacer cesar el maltrato y, correlativamente, adoptar
medidas conocidas como de justicia restaurativa, en virtud de las cuales se impida
que las secuelas de la lesión de derechos se proyecte en distintas vías y continúe
incidiendo negativamente en el ámbito de la comunidad educativa[71].
De la misma manera,
la Corte se ha referido a este tipo de maltrato en el escenario laboral, con
motivo de la información que sobre los empleados se puede publicar en la red
social de la empresa, y particularmente ha tratado el tema de los riesgos a los
derechos fundamentales dentro de la red social Facebook. Así, esta Corporación
ha rescatado la importancia que tiene el consentimiento de quien va a ser
expuesto en ella para proteger el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y
honra[72]
y, ante tales supuestos, ha rescatado el hecho de que la mayor exposición que
proporcionan las redes
sociales son una fuente de amenaza para los derechos fundamentales, por cuanto
poseen herramientas incontrolables de procesamiento y permiten un uso ilimitado
de la información depositada por los usuarios, pues las posibilidades de que
ésta pueda ser compartida son exponenciales y la mayoría de las veces
desconocida por parte de los usuarios[73].
Este
riesgo que se produce por el alto grado de publicidad y difusión de las redes
sociales que ha sido advertido incluso en el ámbito familiar, en donde además la
exposición de los datos personales pueden afectar a menores de edad, por lo que
este Tribunal ha sido claro en establecer que para la protección de sus
derechos es necesario obedecer a las normas constitucionales y no principal o
exclusivamente la regulación propia de la red social pertinente[74].
Asimismo,
la Corte se ha pronunciado sobre eventos en los que se califican la conducta de
alguien en redes sociales, como en el caso objeto de la Sentencia T-050 de 2016[75],
en el que una persona requería a su deudora a través de una publicación en
Facebook[76].
Oportunidad en donde la Corte encontró que “que junto al mensaje divulgado se publicó una
fotografía de la actora sin que mediara su consentimiento o, a falta de este,
existiera una orden de la autoridad competente para que la misma fuera objeto
de disposición por parte de terceros, lo que, sumado a lo difundido, atenta en
mayor medida en contra de su imagen y su buen nombre”.
A partir
de lo anterior, entonces, este Tribunal
indicó que aunque lo que se publica en las redes sociales está amparado por la
libertad de expresión, el amparo de dicha garantía y sus respectivos límites se
aplica a internet y a las redes sociales de la misma manera que a los demás
medios de comunicación, según corresponda[77]. Por razón de lo cual consideró que el hecho
de publicar mensajes cobrando deudas a través de un medio de comunicación de
alto impacto como Facebook, con múltiples usuarios que tienen prácticamente
libre acceso a toda la información que se publica, “además de ser desmedido,
evidencia una intención dañina por parte de la accionada […]”. Y bajo las
anteriores consideraciones señaló que los derechos a la honra, al buen nombre y
a la intimidad de la accionante fueron afectados, por lo que terminó ordenando
a la accionada que, “como medida simbólica”, publicara en el muro de su
perfil de Facebook la correspondiente disculpa por la afectación causada a la
actora; publicación que debería estar habilitada para el mismo número de
personas que en su oportunidad tuvieron acceso al primer mensaje y durante un
lapso igual al que este último permaneció publicado. No obstante lo cual, en
todo caso supeditó la existencia de dicha publicación a la autorización de la
accionante, quien debía considerar si la misma era inconveniente.
Así, el
recuento jurisprudencial realizado pone de manifiesto las consideraciones que
antes se hicieron sobre la configuración del derecho a la libertad de expresión
a partir de los lineamientos incluidos en el propio artículo 20 de la
Constitución y en su relación con otros derechos fundamentales que pueden
resultar afectados en el escenario particular de las nuevas tecnologías cuando
el ejercicio del derecho tiene ocasión en las redes sociales. Como también pone
en evidencia que el maltrato se ha
trasladado a las redes sociales y ha venido ampliando su espectro, como
consecuencia del desarrollo imparable de las tecnologías de la información y
las comunicaciones.
Desde esa
perspectiva, y siguiendo la línea jurisprudencial relacionada, la Corte
Constitucional ha venido fijando unos parámetros a partir de los cuales es
posible establecer cuándo el uso indebido de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, específicamente de las redes sociales, da lugar a la
trasgresión de derechos fundamentales, como son las que se enuncian a continuación:
(i)
Las redes sociales
pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos
fundamentales a la intimidad, a la imagen, al honor y a la honra[78].
(ii)
Cuando se presentan
amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema
de índole jurídico debe resolverse a la luz de las disposiciones
constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social
específica de que se trate[79].
(iii)
Las tecnologías de
la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el
daño causado a las víctimas de acoso y maltrato[80].
(iv)
El derecho a la
intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no
corresponden a la realidad[81].
(v)
El derecho a la
imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho
al reconocimiento de la personalidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal
es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera falsa o
injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad[82].
(vi)
Los derechos al
buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas,
falsas, erróneas o injuriosas en contra de alguien[83].
(vii)
El derecho a la
libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites.
Así, no ampara la posibilidad de exteriorizar los pensamientos que se tienen
sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta[84].
(viii)
El derecho a la
libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen
nombre y a la honra, salvo que se demuestre que en su ejercicio hubo una intención
dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o
inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto
los derechos de los demás en todo caso constituyen uno de sus límites[85].
(ix)
En el ejercicio de
la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información
falseada de éste, so pena de que quien lo haga esté en el deber de rectificar
sus juicios de valor[86].
(x)
Ante casos de
maltrato en redes sociales el juez constitucional debe propender porque se
tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos
de los afectados[87],
siempre que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de
evitar una nueva exposición al público de situaciones que hacen parte de su
esfera privada[88].
Bajo los anteriores
presupuestos y reglas jurisprudenciales, entonces, procederá la Sala a hacer el
examen de revisión en el caso concreto de los fallos de instancia en relación
con la presente acción de tutela, en la que se controvierte la posible
afectación de los derechos al buen nombre y la honra a partir de una
publicación realizada en la red social Facebook.
6. Caso concreto
6.1. La señora Keillin
Julieth Pérez Silva presentó la acción de tutela contra su ex empleadora, la
señora Yuri Guisell Chamorro Morales, solicitando la protección de su derecho
fundamental al buen nombre, en tanto ésta última publicó en su cuenta personal
de la red social Facebook una foto de su rostro acompañada de un comentario
para ella injurioso y contrario a su buen nombre.
La tutela le fue notificada
personalmente a la señora Chamorro Morales. Sin embargo, dentro del término de
traslado guardó silencio, razón por la cual el juez de la causa, en atención a
lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dio por ciertos los
hechos contentivos de la demanda de tutela y concedió el amparo solicitado,
producto de lo cual le ordenó a la accionada retirar la publicación difamatoria
de la red social y abstenerse en el futuro de divulgar o publicar mediante
cualquier medio, fotografías o comentarios sobre la accionante.
Como fundamento de su
decisión en primer lugar el juez de tutela determinó que la acción de amparo
resultaba procedente por cuanto, aunque se elevaba contra una persona
particular, la tutelante se encontraba en una situación de indefensión en
relación con el uso que la accionada puede hacer de la red social para hacer
publicaciones refiriéndose a la actora y, adicionalmente, su pretensión no
podía ser satisfecha ante la jurisdicción ordinaria por el plazo de tiempo que
ello exigiría. De tal forma que “el poder protector y reparador que tal jurisdicción tiene respecto del
derecho a la honra y al buen nombre resulta precario en el presente caso”.
Por otra
parte, en relación con el fondo del asunto, el juez concluyó que la publicación
realizada por la señora Chamorro Morales en la red social de Facebook
efectivamente vulneraba los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y
a la intimidad de la señora Pérez Silva, en tanto que contenía “expresiones
ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[89]
sobre su persona que afectaban gravemente su reputación, además de la
valoración que puede tener dentro de una colectividad, y perturbaban seriamente
su entorno personal, familiar y social.
6.2. Esta Sala
encuentra que, en principio, la decisión del fallo en única instancia proferido
dentro del presente proceso de tutela se ajusta a los límites que la
Constitución define para el caso específico del derecho a la libre expresión en
relación con la veracidad, imparcialidad y la  garantía de los derechos
mencionados por el juez. Al mismo tiempo que atiende los presupuestos que sobre
la materia se han desarrollado en la jurisprudencia que se resaltaron en las
consideraciones generales de esta providencia. En tal sentido, se halla razón
al juez cuando indica que las afirmaciones que realizó la demandada afectaban
gravemente la reputación de la accionante, así como la valoración que puede
tener dentro de una colectividad, además de que perturba seriamente su entorno
personal, familiar y social, en tanto indudablemente contiene “expresiones
ofensivas e injuriosas así como informaciones falsas o erróneas”[90]
sobre su persona.
Con fundamento
en lo anterior, y para los efectos de la valoración que realizó el juez de
instancia, se tiene que la orden dirigida a que la accionada retirara de la red
social Facebook y de cualquier otro medio de publicación la imagen de la
tutelante y los comentarios sobre ella, resultó adecuada para efectos de que
cesara la afectación a sus derechos al buen nombre, a la honra y a la
intimidad.
6.3. Sin
perjuicio de lo anterior, es necesario advertir que en el fallo mencionado se
omitió analizar los efectos derivados de la publicación con la que se afectaron
los derechos fundaméntales de la tutelante, y particularmente el hecho que
dicha publicación se realizó a través de una red social en la que, como se
examinó en las consideraciones de esta providencia, genera un especial riesgo en
razón al nivel de difusión que caracteriza a tales medios de comunicación. Así
pues, esta situación determina que sea necesario que la Corte realice un
análisis específico del caso bajo estudio para efectos de determinar si cabía
tomar alguna medida adicional con la finalidad de garantizar efectivamente los
derechos de la accionante.
6.4. Según las pruebas que obran en el expediente, se
tiene que la señora Yuri Guisell Chamorro Morales utilizó su cuenta personal de
la red social Facebook para publicar una foto de la señora Keillin Julieth
Pérez Silva, precedida de algunos comentarios con los que se le endilga la
comisión de determinados delitos pero sin que conste una sentencia judicial en
firme que dé cuenta de responsabilidad penal alguna. Además, dicha publicación
fue vista no solo por las partes entre quienes está trabada la presente litis,
sino también por aquellas personas que tienen acceso a la cuenta de la
accionada, algunas de las cuales incluso la comentaron, tal y como consta en
los anexos aportados por la actora.
Esta situación
pone de presente una controversia en relación con el ejercicio del derecho a la
libre expresión de la señora Chamorro Morales a través de la red social
Facebook. A partir de ello, la
Sala observa que el ejercicio del derecho en mención no se ciñó a los
presupuestos constitucionales
en términos de veracidad e imparcialidad. En efecto, se advierte que la
exposición en Facebook de la imagen de la señora Pérez Silva acompañada de la afirmación
que realiza sobre su calidad de “ladrona”, indudablemente escapa a
cualquier escenario subjetivo o de opinión y, por lo contrario, refiere una
acusación de una situación fáctica concreta relacionada con la comisión de un
delito, pero sin que en ello se haya demostrado como cierto.
Sin embargo, en
esta providencia se hizo especial énfasis en el hecho que las afirmaciones
públicas sobre la responsabilidad penal de una persona deben atender a la
garantía constitucional de la presunción de inocencia, por lo que para
atribuirle a alguien un delito es un requisito ineludible contar con una sentencia
judicial en firme que dé cuenta de ello. En consecuencia, el ejercicio del
derecho a la libre expresión de la accionada resultó, a todas luces contrario
al alcance constitucional del derecho y, al mismo tiempo, desborda los límites
fijados en el ejercicio de los derechos al buen nombre y a la honra, pues como
lo ha indicado esta Corporación “[n]o puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados,
ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar
justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de
la libertad de información”[91].
6.5. A
partir de lo anterior, la Sala encuentra que con la exposición pública de la
accionante en una red social con información que carece de veracidad y que
desconoce la presunción de inocencia, también se vulneró su derecho a la imagen, entendido como la autonomía que
tiene una persona para elegir cómo quiere verse y cómo quiere ser percibida con
los demás[92];
a la intimidad, visto como la posibilidad que tiene una persona para autorizar
la divulgación o publicación de sus datos personales y que éstos correspondan a
situaciones reales[93];
al buen nombre, enmarcado en la estimación o deferencia con la que, en razón a
su dignidad humana, cada persona debe ser tenida[94];
y a la honra, apreciado a partir del valor intrínseco que tienen los individuos
frente a la sociedad o frente a sí mismos[95].
6.6.  Además el
caso objeto de examen exige que se tenga en cuenta que la publicación que
afectó los derechos de la tutelante se realizó en la red social Facebook, lo
cual determina que, como se indicó en las consideraciones generales, la
vulneración iusfundamental tenga un alcance particular en atención a las
características de funcionamiento de la misma red.
Así pues, es
preciso atender al hecho que la publicación ingresada por la señora Chamorro Morales pasó a circular por la red
a partir de las lógicas de difusión espontánea de la misma, en donde la
distribución en cadena de los mensajes desbordan el actuar del mismo autor del
mensaje y, además, gozan de un nivel de difusión y de visibilidad en las
cuentas personales de otros usuarios de forma masiva que indudablemente agrava
la afectación de los derechos de la accionante.
6.7. La situación
descrita resulta determinante a la hora de evaluar las medidas de protección
que corresponde asumir al juez de amparo, toda vez que, como se indicó en las
consideraciones generales de esta sentencia, la naturaleza de los derechos y el
tipo de afectación originada por la difusión de una información que desconoce
los derechos al buen nombre y a la honra genera, especialmente, una afectación
que se proyecta más allá del acto de publicación en la percepción que, a raíz
de una información errónea o inexacta, se pudo formar un determinado colectivo
social sobre la accionante.
Como se
advirtió, las afectaciones a los derechos mencionados dentro de las redes
sociales, teniendo en cuenta sus características particulares ampliamente
explicadas y comentadas[96],
determinan que sea necesario adoptar dos tipos de medidas distintas para hacer
frente al tipo de vulneración de derechos, asociados con la percepción que la
sociedad puede tener de una persona y sus calidades. En este sentido, el juez constitucional debe propender
porque (i) se tomen medidas para que la afectación iusfundamental
cese, pero, además, para que (ii) se restauren los derechos afectados.
Por ende, en
relación con el primer aspecto la Sala advierte que el juez de tutela adoptó la
medida tendiente a la cesación del daño y, en este sentido, se confirmará la orden
proferida a la señora Chamorro Morales de que retire de la red social Facebook y de cualquier otro
medio de publicación la imagen de la tutelante y los comentarios sobre ella.
Mientras que sobre
el segundo aspecto, por el contrario, llama la atención el hecho que el
fallador no previó las medidas necesarias para restaurar los derechos de la
señora Pérez Silva que resultaron afectados como consecuencia de la
publicación reprochada y la difusión de la misma. En este sentido, se reprocha
el hecho de que no se haya valorado la aplicación de una medida de
rectificación en condiciones de equidad dirigida a mitigar los efectos
negativos que sobre los derechos al buen nombre y a la honra pudo haber sufrido
la actora.
En efecto, en
casos como el que aquí se estudia resulta necesario que se pasen a verificar
las reglas fijadas en la jurisprudencia constitucional respecto de la
rectificación de una afectación de derechos en redes sociales, precisadas en el
numeral 5.6.4. de las consideraciones generales de esta decisión. De modo que,
además de que se retire la publicación, en lo posible se reparen los daños
causados.
Por lo
tanto, la Sala considera que en particular el juez de amparo debió valorar la
posibilidad de que la accionada (i) realizara una nueva publicación en
la misma red, (ii) en la que reconociera su equivocación en relación con
lo manifestado sobre la señora Keillin
Julieth Pérez Silva, por cuanto faltó con ella a la verdad y desconoció la
presunción de inocencia. Lo anterior en tanto esa publicación, como lo indican
las reglas mencionadas, (iii) habría tenido que ser expuesta en la red
social, al menos, por el mismo tiempo que aquella que generó la afectación iusfundamental,
y, de manera especial, (iv) debió realizarse a la mayor brevedad
posible.
Así, llama
la atención este último aspecto pues en el presente caso, si bien había lugar a
ordenar una rectificación, esta era una medida que correspondía realizar de
manera inmediata, pues en estos supuestos, como se estableció en las
consideraciones generales de este fallo, el trascurso del tiempo puede llevar a
una situación de re-victimización de quien con una nueva publicación termina
siendo nuevamente expuesto y relacionado ante la opinión pública en relación
con unas las circunstancias que causaron la afectación de sus derechos
fundamentales.
La
situación anteriormente descrita, toma mayor relevancia en razón a que, en el
caso objeto de revisión, además de que desde la ocurrencia de los hechos
vulneradores ha transcurrido un tiempo considerable, no se encuentra que la
accionante haya tenido un especial interés en ello. En efecto, la accionante
centra su alegación de amparo en la afectación causada por la publicación que
reprocha como contraria a la verdad, sin otras pretensiones. Incluso, la actora
no impugnó el fallo de instancia, por lo que puede deducirse su aquiescencia
con el mismo, por lo que mal haría este Tribunal en ordenar una rectificación
contraria a sus intereses y que derive en una re-victimización.
En tal
orden de ideas, la Sala pasará a confirmar el fallo objeto de revisión, pero no
sin advertir al juez de amparo que en estos casos la efectiva garantía iusfundamental
en todo caso comprende, además de la cesación de la vulneración con la orden de
retirar la publicación, también la valoración sobre la medida de rectificación
tendiente a la reparación de los derechos fundamentales afectados, a partir de
las reglas que esta Corporación ha destacado en el contexto de las redes
sociales.
En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 23 de
septiembre de 2015 por el Juzgado
Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C.
SEGUNDO.-
ADVERTIR al juez Sexto
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá D.C. que en
estos casos la efectiva
garantía iusfundamental comprende, además de la cesación de la
vulneración con la orden de retirar la publicación, la valoración sobre la
medida de rectificación tendiente a la reparación de los derechos fundamentales
afectados, a partir de las reglas específicas que esta Corporación ha precisado
para el contexto particular de las redes sociales.
TERCERO.-
LÍBRESE la comunicación de que trata
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio 3.
[2] Folios 1 y 2.
[3] Folio 2.
[4] Folio 2.
[5] Folio 15.
[6] Folio 3.
[7] Folios 4, 5 y 6.
[8] Folio 32.
[9] “Artículo
20.- Presunción de veracidad. Si el informe no
fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los
hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria
otra averiguación previa”.
[10] Folio 23.
[11] Folio 23.
[12] Folio 30.
[13] Sentencia T-643 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[14] Ibídem.
[15] Sentencia
T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[16] Sentencia T-379 de 2013 M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[17] Sentencia
T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[18] Ibídem.
[19] Sentencia T-643 de 2013. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[20] Folio 15.
[21] Cfr. Sentencias
T-921 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-787 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil
y T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[22] Cfr.
Sentencias T-277 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa, T-088 de 2013 M.P.
Mauricio González Cuervo, y T-219 de 2012 M.P. Juan Carlos Henao, entre otras.
[23]
M.P. María Victoria Calle Correa.
[24] Sentencia T-015
de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, la cual a su vez cita a la Sentencia
T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-904 de 2013 M.P. María
Victoria Calle Correa.
[25] Sentencia
T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[26] Así pues, en la Sentencia C-010 de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, en donde se examinó la constitucionalidad de varias normas
relacionadas con la difusión de contenidos por el medio radial, se indicó
específicamente que “[e]s claro que las libertades de información y
de expresión tienen un trato distinto, y la Constitución admite mayores
limitaciones a la primera. En efecto, mientras que la emisión de opiniones no
tiene en principio límites, la transmisión de datos fácticos está protegida
sólo si se trata de una información veraz e imparcial (CP art. 20). Esto
significa que la veracidad e imparcialidad constituyen condiciones de
legitimidad o presupuestos que delimitan el ámbito constitucionalmente
protegido de la libertad informativa, tal y como se desprende de numerosos
pronunciamientos de esta Corte”.
[27] Sentencia
T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[28] Cfr.
Sentencias T-256 de 2013 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-904 de 2013 M.P. María
Victoria Calle Correa y T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Sentencia
T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[30] Al
respecto ver, entre otras, las sentencias: T-602 de 1995 M.P. Carlos Gaviria
Díaz, SU 1721 de 2000, T-1195 de 2004, T-218 de 2009 M.P. Mauricio González
Cuervo, T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa y T-015 de 2015 M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[31]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[32] Sentencia
T-391 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Ibídem.
[34] Sentencia
T-110 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[35] Al
respecto la Sentencia T110 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en
concordancia con la Sentencia T-293 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, estableció que “no puede entenderse que quien hace uso de dicha
libertad está autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de
la comunidad, sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen
nombre y a la honra. En esa misma dirección no se pueden
realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único
propósito de fomentar el escándalo público”.
[36] Sentencia
de la Suprema Corte de los Estados Unidos del 9 de marzo de 1964. Proceso 376
US 254.
[37] Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[38] Sentencia
49/2001 (febrero 26), Sala Segunda del Tribunal Constitucional Español.
[39] Sentencia C-489
de 2002 M.P. Rodrigo Escoban Gil.
[40] Sentencia C-489
de 2002 M.P. Rodrigo Escoban Gil.
[41] Sentencia
T-015 de 2015, Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] T-904 de
2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[43] A parte
citado en la Sentencia T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, a partir
de lo establecido en los fallos: T-603 de 1992 M.P. Simón Rodríguez Rodríguez,
T-040 de 2005 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-088 de 2013 M.P. Mauricio
González Cuervo.
[44] Sentencia
T-110 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[45] T-015 de
2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Al respecto también ver las sentencias
T-602 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, SU-1721 de 2000 M.P. Álvaro Tafur
Galvis, T-1198 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-218 de 2009 M.P. Mauricio
González Cuervo.
[46] Al
respecto ver las sentencias T-512 de 1992 MM.PP. Alejandro Martínez Caballero y
Fabio Morrón Díaz, y T-040 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Sentencia
T-040 de 2013 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[48] T-332 de
1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[49] Ibídem.
[50] T-277 de
2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
[51]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
[52] T-218 de
2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[53] T-332 de
1993 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[54] T-074 de
1995, José Gregorio Hernández Galindo.
[55] Artículo
1. De hecho, se destaca que allí también y en la que el Ministerio de
Comunicaciones pasó a denominarse Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (artículo 16).
[56] Artículo
6.
[57] Sentencia
T-256  de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, quien a su vez se basó en el Memorandum
de Montevideo, adoptado en el marco del Seminario Derechos, Adolescentes y
Redes Sociales en Internet.
[58]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[59]
Declaración realizada por el Relator
Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de
Expresión, la Representante para la Libertad de los Medios
de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de
Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso
a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos (CADHP).
[60] Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[61]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[62] Al
respecto, en la Sentencia T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se
precisó, en relación con el caso concreto que “se resolverá a partir de las disposiciones
constitucionales y de la posible afectación de derechos fundamentales
contenidos tanto en el ordenamiento interno como internacional y, no a partir
de la regulación establecida por la red social Facebook, pues la vulneración
del contenido de un derecho fundamental no depende de la transgresión o
acatamiento de éstas”.
[63] Sentencia
T-713 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa. la Sala
Primera de Revisión resolvió una acción de tutela interpuesta por los padres en
representación de su hijo menor contra un colegio de Girardot para que se le
protegieran sus derechos al buen nombre, a la honra, al debido proceso y a la
igualdad, vulnerados como consecuencia de la sanción que se le impuso por
publicar en la red social Facebook comentarios contra la rectora de tal
institución.
[64] Otra
noción al respecto es que ‘cibermatoneo’ o ‘ciberacoso’ es
uso de información electrónica y medios de comunicación
(correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de
texto, teléfonos móviles, consolas de juegos de videos, etc.) difamatorios,
amenazantes, degradantes, agresivos para acosar, intimidar, amedrentar,
humillar, o fines similares, realizada sobre un individuo, mediante ataques
personales u otros medios de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determina
do. Las
agresiones pueden realizarse bajo un formato anónimo o de identidad falsa o
adulterada.
[65] Ver: Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[66] Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[67] Sentencia T-220 de 2004.
[68] En la
Sentencia T-905 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, se
estudió una acción de tutela interpuesta por unos padres de familia en
representación de su hija menor contra las directivas de su colegio, la
secretaría de educación distrital y otros, por cuanto ella era víctima de
maltrato por su aspecto físico, tanto en el colegio como en las redes sociales.
Además, esta Corte advirtió sobre el hecho de que, además, era
preocupante el  hecho de que no existiera una definición sobre el matoneo, sus
elementos y tipologías o niveles de complejidad, para que fuera distinguible de
otras formas de conflicto escolar, “pues ello impedía la diferenciación de
una estrategia plena, que at[endiera] las necesidades puntuales de las partes,
los padres de familia y, adicionalmente, de los profesores”. De manera que “los
instrumentos y la estrategia adoptada por el colegio para hacer frente al
problema fueron insuficientes para garantizar la restauración de los derechos
de la víctima y para acreditar que la experiencia sirviera para que los menores
infractores identificaran y evitaran la multiplicación de ese tipo de
conductas”
[69] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió
el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al
libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los
propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de
una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su
cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las
máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud
de la cual los docentes se sintieron agredidos.
[70] En la Sentencia T-550 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, se estudió
el caso de un estudiante que solicitó que se ampararán sus derechos al
libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a expresar y difundir los
propios pensamientos y opiniones, por haber sido expulsado de
una universidad en Bogotá a causa de haber expresado en malos términos en su
cuenta personal de Facebook un desacuerdo con una decisión tomada por las
máximas autoridades de la universidad sobre su proceso de graduación, en virtud
de la cual los docentes se sintieron agredidos.
[71] Por su
parte, en la Sentencia Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson
Pinilla Pinilla, en donde se estudió una acción de tutela presentada por una
madre de familia, en representación de su hijo, contra el colegio en el cual
adelantaba sus estudios, por considerar que sus derechos fundamentales fueron
violentados a causa del maltrato que él recibía por parte de sus compañeros
personalmente y a través de la red social Facebook. Así, la accionante solicitó
que el colegio accionado les ordenara a los padres de los compañeros del joven
que les prohibieran maltratarlo en cualquier forma y les exigieran respeto
hacia él, eliminando para ello el grupo que crearon en Facebook en su contra y
retractándose públicamente de lo que habían expresado allí.
[72] En la
Sentencia T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, este Tribunal revisó
una acción de tutela interpuesta por una mujer contra la empresa de masajes en
la que prestó sus servicios personales, por cuanto esta
última se negaba a retirar de la red social Facebook y de otros medios de
publicidad varias imágenes de ella que, a pesar de que en un primer momento
autorizó su publicación, luego consideró que afectaban sus derechos
fundamentales a la intimidad personal y familiar, al buen nombre, a la honra y
a la dignidad humana, pues aquéllas aparentaban que en lugar de publicitar el
ofrecimiento de masajes se promocionaba el ofrecimiento de servicios de
carácter sexual.
[73]
Sentencia T-260 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En esta
oportunidad la Corte mencionó entre los factores generadores de riesgo para los
derechos fundamentales en las redes sociales, los siguientes: (i) la falta de “toma
de conciencia real por parte de los usuarios de que sus datos personales serán
accesibles por cualquier persona y del valor que éstos pueden llegar a alcanzar
en el mercado”; (ii) la posibilidad de que los datos personales puedan ser
utilizados por “terceros usuarios malintencionados de forma ilícita”;
(iii) la posibilidad de que información falsa o sin autorización del usuario
sea publicada en la red; (iv) la posibilidad que los usuarios dispongan
contenidos propios en la plataforma para que sean explotados económicamente por
parte de la red social sin su pleno conocimiento; (v) la posibilidad de que las
redes sociales ocasionalmente permitan a los motores de búsqueda de internet
indexar en sus búsquedas los perfiles de los usuarios, junto con información de
contactos y perfiles de amigos; (vi) la dificultad del proceso de eliminación
de información propia una vez ha sido depositada en la red; y (vii) la
posibilidad que tiene estas plataformas de ubicar geográficamente al usuario a
través de la dirección IP y conocer el dispositivo desde el que se conecta lo
cual permite contextualizar los contenidos y la publicidad mostrada al usuario.
[74] En la Sentencia
T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, se estudió una acción de
tutela interpuesta por la madre de una menor de 4 años de edad en contra del
padre de aquella, con la que buscó que su hija se le respetaran los derechos
fundamentales a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la
personalidad por cuanto el tutelado había abierto a nombre de la menor una
cuenta en la red social Facebook, aún a pesar de que la niña ni siquiera tenía
la edad requerida por dicho portal para tal. Lo anterior, pues temía que
información de la pequeña circulara de manera insegura y descontrolada en las
redes sociales, de forma tal que se pudieran amenazar sus derechos
fundamentales o incluso constituirse en víctima de maltrato.
[75]
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[76] Sentencia
T-050 de 2016 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[77] Ibídem.
[78] Sentencia T-260 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[79] Ibídem.
[80] Sentencia T-713 de 2010 M.P. María Victoria Calle Correa.
[81] Ibídem.
[82] Sentencias T-379 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-634
de 2013 María Victoria Calle Correa.
[83] Ibídem.
[84] Ibídem.
[85] Ibídem.
[86] Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[87] Sentencia T-365 de 2014 M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[88] Cfr. Sentencia T-787 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[89] Folio 30.
[90] Folio 30.
[91] Sentencia
T-040 de 2013.
[92] Sentencia T-379 de 2013 M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[93] Sentencia T-634 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa.
[94] Sentencia
T-411 de 1995 M.P. Alejandro Martínez Caballero, citada en la Sentencia T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[95] Ibídem.
[96] Cfr.
Numerales 5.4 y 5.5. de las consideraciones generales de este fallo.