T-358-20
Sentencia T-358/20
Referencia: Expediente T-7.697.179
Acción de tutela presentada por
María Emilce Saldaña contra Magnofarma S.A.S. en liquidación
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., veintisiete
(27) de agosto de dos mil veinte (2020)
La Sala Séptima
de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y
la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos proferidos el 20 de agosto
de 2019 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Ibagué, Tolima, y el 30 de septiembre de 2019 por el Juzgado
Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, en primera y segunda instancia
respectivamente; dentro de la acción de tutela promovida por María Emilce
Saldaña contra Magnofarma S.A.S. en liquidación.
I.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
El 5 de agosto de 2019, María Emilce Saldaña presentó
acción de tutela contra Magnofarma S.A.S., empresa de la cual es accionista,
por considerar que vulneró su derecho fundamental de petición al no obtener
respuesta a la solicitud que elevó el 15 de julio de 2019, en donde, entre
otras cosas, pidió “los certificados de dividendos pagados” entre
los años 2009 a 2018.
1.2. Hechos
1.2.1. La accionante afirma ser accionista minoritaria de la
sociedad Magnofarma S.A.S.
1.2.2. El 15 de julio de 2019, vía correo electrónico, por
conducto de su apoderado judicial presentó petición ante Magnofarma S.A.S. solicitando
lo siguiente:
1) “Citar asamblea
extraordinaria de accionistas para conocer la posición de la Sra. MARTHA
BONILLA (sic) con relación al ejercicio del derecho de inspección a
MAGNOFARMA S.A.S. por mi cliente”.
2) Allegar copia del acta de
asamblea de socios “EN LA QUE MI REPRESENTADA AUTORIZÓ LA TRANSFORMACIÓN A
SOCIEDAD ANÓNIMA SIMPLIFICADA Y EL ACTA DONDE MI REPRESENTADA VOTO (sic),
LA INCURSIÓN DE ESTÁ (sic) PERSONA JURÍDICA EN LEY 116 DE 2006 PROCESO
DE REORGANIZACIÓN (sic)”.
3) Expedir certificación, con el
debido soporte, “DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDAS POR LA SEÑORA
MARIA EMILCE SALDAÑA (…) EN SU CONDICIÓN DE SOCIA” durante los años 2009 a
2018.
1.2.3. Indica que debido a su condición de viuda y madre
cabeza de familia ha tenido dificultad para conocer, desde el año 2010, sobre
la situación financiera de Magnofarma S.A.S., en donde “jamás entregan un
informe financiero con anterioridad a las asambleas ordinarias anuales para
realizar el cotejo de la información con los documentos contables y libros de
contabilidad”.
1.2.4. Debido a lo anterior, señala que solicitó a Magnofarma
S.A.S. autorización para ingresar a sus instalaciones en una fecha y hora
determinada, “pero se han negado diciendo que [tiene] unos escasos
días para consultar la información antes de la asamblea ordinaria anual”.
Por ello, dice, no ha podido acceder a los datos que necesita y así tener las
herramientas para comprender por qué la empresa entró en reorganización. A su
juicio, desde que murió su esposo, ellos han sacado provecho de su condición de
viudez para no informarle lo que ocurre allí.
1.3. Traslado y
contestación de la acción de tutela
Mediante auto del 12
de agosto de 2019, el Juzgado Octavo Penal con Funciones de Control de
Garantías de Ibagué admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado al
representante legal de Magnofarma S.A.S., para que ejerciera su derecho de
defensa.
1.3.1. Contestación
de Magnofarma S.A.S.
La representante legal
de Magnofarma S.A.S. señaló que el 5 de agosto de 2019, mediante correo
electrónico, dio respuesta a varios de los interrogantes formulados por la
accionante en la petición del 15 de julio del mismo año. Por ejemplo, le indicó
que la información sobre el proceso de reorganización al que entró la compañía
podía ser consultada libremente en la Superintendencia de Sociedades, entidad
que actualmente ejerce vigilancia sobre la empresa; que las actas de asambleas
las podía encontrar en la Cámara de Comercio, al tratarse de documentos objeto
de inscripción y de libre acceso. Allí también le anunció que la solicitud
sobre las certificaciones de pago de dividendos de los últimos diez años sería
respondida el 16 de agosto del mismo año, en razón a la cantidad de informes anuales
que deben revisar.
Igualmente, la
accionada se refirió a la afirmación hecha por la accionante, quien dijo que la
compañía no hace entrega de un informe con anterioridad a la asamblea y que
tiene pocos días para ejercer el derecho de inspección.
Al respecto, la
representante de Magnofarma S.A.S. sostuvo que las reuniones anuales de la
asamblea general de socios son citadas cinco (5) días hábiles antes de llevarse
a cabo, siguiendo lo establecido en los propios estatutos sociales que, a su
vez, se remiten a lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 1258
de 2008[1].
Y que, tal como le manifestaron a la accionante en una de las respuestas a sus múltiples
peticiones, no se envía reporte previo porque toda la información es expuesta
el día de la reunión, cuyos materiales e insumos pueden ser revisados
ejerciendo el derecho de inspección.
Sobre esto último,
recordó que la misma norma otorga un término de cinco (5) días hábiles[2]
para que antes de realizarse la asamblea los accionistas ejerzan el derecho de
inspección. Razón por la cual no puede atribuirse a la empresa la desidia de la
tutelante al no ejercer este derecho en todos los años que ha sido socia. Precisó
que, si tenía problemas para asistir a las reuniones en Bogotá, había podido enviar
un apoderado que residiera en esta ciudad para que la representara.
Además, se declaró
sorprendida de que la accionante afirmara no tener conocimiento de la situación
económica de la empresa desde el año 2010, “cuando en la gran mayoría de
oportunidades ha estado representada, ha votado la aprobación de información
financiera, y hasta la fecha de hoy (es decir durante nueve años), no había
presentado queja alguna”.
Aclaró
que si la accionante quiere un cambio en los plazos que se otorgan para ejercer
el derecho de inspección, deben reformarse los estatutos de la compañía, por lo
que la invitó a que primero propusiera la modificación, y luego, la sometiera a
consideración de los demás socios.
Asimismo,
consideró inaceptable que la peticionaria sostuviera no conocer la situación
económica de la compañía y las razones por las que entró en el proceso de
reorganización establecido en la Ley 1116 de 2006, ya que “en reunión que
consta en el acta de reunión extraordinaria número 2452 de fecha 22 de
diciembre de 2017 en la cual asistió como apoderado de la señora Emilce, el Dr.
Jorge Jiménez”, se expusieron los motivos y hubo aprobación unánime sin objeción
alguna.
Con
fundamento en los anteriores argumentos, la representante legal de la accionada
consideró que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, al haber dado
respuesta no sólo a la petición que originó la tutela, sino a todas las que la
accionante ha presentado. Sobre esto, indicó que han sido más de veinte
solicitudes sobre el mismo tema, lo cual considera un abuso del derecho.
También
propuso como argumento de defensa el de improcedencia de la acción de tutela
por existencia de otros mecanismos de defensa judicial, sin embargo, no precisó
cuáles. En el mismo sentido, advirtió que no se estaba en presencia de un
perjuicio irremediable, pues siempre ha dado respuesta oportuna a las
peticiones de la accionante.
Por
último, solicitó al Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de Ibagué declararse incompetente para conocer la presente acción de
tutela, “pues todos los hechos descritos por la accionada ocurrieron en la
ciudad de Bogotá”, por lo que a su juicio son los jueces de esta ciudad los
que deben conocer del proceso, ya que es allí donde Magnofarma S.A.S. tiene su
domicilio principal.
1.5. Decisiones objeto de revisión
1.5.1. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 20 de agosto de 2019, el
Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué
concedió el amparo del derecho fundamental de petición a la señora María Emilce
Saldaña. En consecuencia, ordenó a Magnofarma S.A.S. que, en cuarenta y ocho
(48) horas luego de comunicada la decisión, si aún no lo había hecho, “[procediera]
a dar respuesta clara, de fondo, precisa y congruente a la petición presentada
el día 15 de julio de 2019; respuesta que deberá ser notificada al accionante (sic)”.
Tras unas breves motivaciones, el juez no
encontró probada la afirmación de la parte accionada según la cual haría entrega
de los certificados el 16 de agosto del mismo año, dado que al momento en que
tomó la decisión tal información no había sido allegada.
1.5.2. Impugnación
La representante legal
de Magnofarma S.A.S impugnó la anterior decisión alegando carencia actual de
objeto por hecho superado, con fundamento en que durante el tiempo que tardó en
ser comunicada la decisión de primera instancia, dio respuesta total a las
peticiones de la accionante, tal como se había anunciado en la respuesta del 5
de agosto de 2019. Para sustentar este argumento, adjuntó copias de las
correspondientes pruebas documentales.
1.5.3. Sentencia de
segunda instancia
Mediante providencia
del 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué
modificó la orden de primera instancia. En consecuencia, indicó que la
respuesta que Magnofarma S.A.S. debe brindar a la petición del 15 de julio de
2019, elevada por la accionante, deberá ir encaminada “únicamente en lo que
tiene que ver con la expedición del certificado en donde conste los dividendos
por ella obtenidos en el interregno del 2009 al 2018, con los soportes
documentales pertinentes y de las copias de los comprobantes de egreso,
facturas de costo y de los balances detallados de los doce meses de la vigencia
2018 y de los primeros seis meses de 2019, siempre y cuando no tengan reserva
legal, contengan secretos industriales, o incluyan datos que, al publicarse,
puedan dañar a la sociedad, lo anterior como manifestación del derecho
fundamental de petición desde la óptica de la solicitud de información y el
suministro de copias cuya destinación sea la materialización de otros derechos”.
Antes de resolver el
fondo del asunto, el juez de segunda instancia indicó que, conforme el Decreto
2591 de 1991, existen dos razones por las cuales en este caso procede la acción
de tutela contra particulares. La primera, es la posición dominante que ejerce
Magnofarma S.A.S. respecto de la accionante, quien es socia minoritaria de
aquella. Y la segunda, es que la omisión en la entrega de la información “puede
traducirse en una obstrucción al derecho de acceso a la justicia o al debido
proceso, según sea el caso, pues dependiendo de los hallazgos de lo solicitado
puede ejercer sus derechos como socia o iniciar las acciones legales
pertinentes por las presuntas irregularidades referidas en su demanda”.
Precisado lo anterior,
recordó que cuando se trata de sociedades de responsabilidad limitada el
derecho de inspección puede ejercerse en cualquier tiempo (art. 369 Código de
Comercio), mientras que en las sociedades por acciones simplificadas sólo es
posible hacerlo dentro de los cinco días hábiles antes de la reunión de
accionistas (art. 20, Ley 1258 de 2009).
A partir de esto, el
juez concluyó que la respuesta que Magnofarma S.A.S. otorgó a la accionante
sobre dicho tema no fue caprichosa, se basó en las normas vigentes y no limitó su
derecho de inspección, el cual pudo ejercer en cualquier tiempo cuando la
sociedad era de responsabilidad limitada, pero que ahora, al ser una compañía
por acciones simplificada, sólo podía hacerlo en los términos del art. 20 de la
Ley 1258 de 2009. Agregó que la inactividad de más de 10 años por parte de la
accionante en ejercer este derecho y sus circunstancias de índole personal como
el hecho de no residir en Bogotá “no pueden ser usadas para revivir términos
ya fenecidos”.
En cuanto a la
respuesta que dio la demandada acerca de las razones que llevaron a la compañía
a entrar en proceso de reorganización, el juez observó que en el acta de asamblea
aportada estaba consignado que dicho trámite había comenzado en mayo de 2018,
época desde la cual la accionante pudo usar los medios ordinarios para acceder
a tal información.
Por ello, consideró
que la accionante tuvo una actitud pasiva durante diez años para ejercer el
derecho de inspección y de un año para informarse sobre el proceso de
reorganización. Razón por la cual, frente a estos temas, concluyó que no se cumplía
el presupuesto de inmediatez y no existía ninguna vulneración de sus derechos
fundamentales.
Aclaró que el derecho
de inspección es una figura de raigambre legal que permite a un accionista hacer
valer sus intereses al interior de la sociedad, verificando su estado financiero,
pero sin posibilidad de obtener copias de los documentos. Mientras que el
derecho de petición es de carácter constitucional, y en este caso “va
direccionado a la obtención de una documentación específica con miras a ejercer
acciones legales frente a las conductas que en sentir de la asociada son
irregulares, ya sea por conducto de los reglamentos de la sociedad o para
acudir ante los organismos de control o judiciales de ser ese el caso”. Aun
así, indicó, el ejercicio de ambos derechos tiene un límite, por cuanto no
pueden ser usados para acceder a “documentos que contengan secretos
industriales, o que al darse a conocer públicamente, contengan datos que puedan
ser utilizados en contra de la sociedad”.
Concluyó así que
Magnofarma S.A.S. había vulnerado el derecho fundamental de petición de la
accionante porque no le habían “expedido un certificado debidamente
soportado en el que le acrediten cuales (sic) fueron los dividendos por
ella obtenidos en el interregno del 2009 al 2018; como tampoco las
copia (sic) de los comprobantes de egreso, facturas de costo y de los
balances detallados de los doce meses de la vigencia 2018 y de los primeros
seis meses de 2019, cuyo propósito es ejercer su derecho como accionista
minoritaria de la sociedad para hacer propuestas de austeridad y reducción del
gasto (…)”(negrillas originales).
1.5.4. Escrito
presentado por la accionante ante el juez de segunda instancia
El 7 de octubre de
2019, luego de que el juez de segunda instancia emitiera su fallo, la señora
María Emilce Saldaña presentó a esta autoridad judicial un escrito en el que
manifestó que la respuesta recibida de Magnofarma S.A.S., en cumplimiento de la
sentencia del 30 de septiembre de 2019, era incompleta y aún no resolvía de
fondo lo solicitado[3].
Allí se queja de que
en la respuesta le “DAN UNOS VALORES QUE SUPUESTAMENTE LE FUERÓN (sic) PAGADOS
COMO DIVIDENDOS LOS CUALES [desconoce] HASTA EL DÍA DE HOY Y NO APORTAN
EL COMPROBANTE DE EGRESO O CONSTANCIA DE RECIBIDO DE DICHAS SUMAS DE DINERO”[4].
También afirma que la
accionada indicó que los comprobantes de egreso y los libros auxiliares de
contabilidad de los años 2009 a 2018 corresponden a un “archivo muerto”. A
juicio de la accionante, esto constituye un incumplimiento del deber del
comerciante de conservar sus libros y papeles, como lo ordena el artículo 60
del Código de Comercio.
En sentir de la
accionante, esta respuesta constituye una burla al juez de tutela de segunda
instancia y no resuelve de fondo lo solicitado, vulnerando de paso el derecho
fundamental de petición.
A este escrito adjunta
varios documentos contentivos de la respuesta y los anexos de esta:
-
Oficio fechado el 4 de octubre de 2019, dirigido a la señora María
Emilce Saldaña, firmado por Blanca María Bolaño Gómez, representante legal de Magnofarma
S.A.S.[5].
-
Copias de las actas de asamblea general de Magnofarma S.A.S.,
correspondientes a los siguientes años: 2010[6],
2011[7],
2012[8],
2013[9],
2014[10],
2015[11],
2016[12],
2017[13],
2018[14]
y 2019[15].
-
Copia del comparativo de los estados financieros de los
años 2017 y 2018[16] de Magnofarma S.A.S.
-
Copia de los “Estados Financieros Preliminares Intermedios por el
periodo de 31 de Marzo de 2019 y 2018” de Magnofarma S.A.S., acompañados de un
oficio dirigido a la Superintendencia de Sociedades con
ocasión del proceso de reorganización de la empresa[17].
-
Copia de los “Estados Financieros Preliminares Intermedios por el
Periodo de 30 de Junio de 2019 y 2018” de Magnofarma S.A.S., acompañados de un
oficio dirigido a la Superintendencia de Sociedades con
ocasión dela proceso de reorganización de la empresa[18].
-
1.5.5. Actuación del juez de segunda instancia ante el escrito
allegado por la accionante con posterioridad a la emisión de la sentencia
Mediante auto del 15 de octubre de 2019, el Juzgado Séptimo
Penal del Circuito de Ibagué manifestó a la accionante que la información
allegada, en donde manifiesta estar inconforme por la respuesta recibida por Magnofarma
S.A.S., debía ser conocida por el juez de primera instancia, razón por la cual
remitió dicho escrito al Juzgado Octavo Penal Municipal de la misma ciudad.
1.6. Pruebas
relevantes que obran en el expediente
1.6.1. Copia de la solicitud de información
que, mediante apoderado, la accionante envió vía correo electrónico a
Magnofarma S.A.S., con fecha 15 de julio de 2019.
1.6.2. Copia de la respuesta que Magnofarma
S.A.S. dio a la petición anterior, con fecha “Julio de 2019”.
1.6.3. Copia de la certificación de
existencia y representación legal de Magnofarma S.A.S., expedida
electrónicamente por la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de julio de 2019.
1.6.4. Copia de diversas respuestas que
Magnofarma S.A.S. brindó a la accionante, durante los meses de febrero, marzo,
abril, junio, julio y agosto de 2019.
1.6.5.
Copia de una respuesta fechada “Agosto 2019”, en la que Magnofarma
S.A.S. informa la accionante lo siguiente:
“(…) por medio de la presente me permito dar respuesta a su
solicitud respecto a las utilidades aprobadas para la distribución de los
socios de la compañía, en el sentido de certificar las mismas, de acuerdo con
las actas de la compañía de los años 2010 y 2011 de la siguiente manera (…)”.
1.6.6. Copia de una respuesta fechada el 22
de agosto de 2019, donde Magnofarma S.A.S. informa a la accionante sobre las
utilidades de los años 2012 a 2019.
1.6.7. Copia de un documento fechado en “Agosto
de 2019”, mediante el cual Magnofarma S.A.S. se pronuncia respecto de la
petición elevada por la accionante el 15 de julio de 2019, indicándole, además,
que en los ocho días siguientes le enviará la información relacionada con las
certificaciones sobre distribución de utilidades.
1.6.8. Copia de un documento con fecha 4 de
octubre de 2019, mediante el cual Magnofarma S.A.S., en cumplimiento de la
sentencia de tutela de segunda instancia, remite a la accionante el certificado
histórico de utilidades autorizadas en los años 2009 a 2018, copia de los
comprobantes de egreso y facturas de costo y los estados financieros 2018 y
2019.
II.
CONSIDERACIONES
2.1.
Competencia y procedencia de la acción de tutela
De
conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y con el
Decreto 2591 de 1991, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en los
procesos de la referencia.
Análisis de procedencia de la acción de tutela
bajo revisión
Previo a definir el
problema jurídico que deberá resolver la Sala, es necesario determinar si el
caso bajo estudio reúne los requisitos de procedencia de la acción de tutela.
2.2.1.
Legitimación en la causa por activa
De acuerdo con el
artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de
protección constitucional que puede ser ejercido por cualquier persona, a
nombre propio o por quien actúe en su nombre, con el fin de salvaguardar los derechos
fundamentales que considere estén siendo vulnerados o bajo amenaza de serlo.
El Decreto 2591 de
1991, reglamentario de la acción de tutela, precisa en qué casos puede actuarse
a través de un tercero. Así, avala la posibilidad de actuar mediante apoderado
judicial y también permite hacerlo por medio de agente oficioso, figura que
opera en casos donde quien considera vulnerados sus derechos “no esté en
condiciones de ejercer su propia defensa”[19].
Actuando por sí mismo
o por un representante, lo relevante es que el titular de los derechos sea quien solicite al
juez de tutela su protección. Esto permite a la autoridad judicial identificar
al destinatario de las medidas de amparo cuando así se disponga.
En el caso bajo
revisión, la Sala encuentra que la señora María Emilce Saldaña acudió
directamente al juez de tutela requiriendo la protección de su derecho
fundamental de petición, presuntamente vulnerado por Magnofarma S.A.S., empresa
de la cual es accionista. Y lo hizo al considerar que dicha compañía no le dio
respuesta a una solicitud que ella elevó el 15 de julio de 2019.
De los hechos narrados
y de las pruebas documentales obrantes en el expediente, la Sala aprecia que,
en efecto, fue la accionante, mediante apoderado, quien hizo una solicitud en
esa fecha a la parte accionada, por tanto, cuenta con interés legítimo para
interponer la acción de tutela que ahora se revisa.
2.2.2.
Legitimación en la causa por pasiva
La legitimación en la
causa por pasiva hace referencia a la aptitud legal del destinatario de la
acción de tutela para ser demandado y, por tanto, de ser el llamado responder jurídicamente
por la vulneración de un derecho fundamental en caso de que así se pruebe[20]. De acuerdo con el artículo 86 superior y el Decreto 2591
de 1991, la acción de tutela puede dirigirse tanto contra las autoridades
públicas como contra los particulares por igual[21].
En este caso, la
legitimación por pasiva se encuentra satisfecha, pues la empresa Magnofarma
S.A.S. es un particular contra quien se dirige la acción de tutela, y es
susceptible de ser demandada porque, de acuerdo con la accionante, vulneró su
derecho fundamental de petición al no responder la solicitud del 15 de julio de
2019, particularmente, por la falta de expedición de los certificados de pago
de dividendos.
2.2.3. Inmediatez
Como medio judicial,
la acción de tutela está diseñada para brindar la protección inmediata de los derechos
fundamentales de las personas que acudan a ella. Esto implica que, aunque no
existe un plazo específico para presentarla ante el juez de tutela, debe actuarse
en un término oportuno, justo y razonable respecto del hecho vulnerador de
tales derechos, con el fin de hacer efectivo el mandato que promueve un amparo
expedito y ágil.
En el presente caso,
el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque el hecho
presuntamente vulnerador está relacionado con la falta material de respuesta a
lo solicitado. La accionante elevó petición el 15 de julio de 2019 y, según las
reglas de términos de resolución aplicables tanto a autoridades como a
particulares en ciertos casos, la empresa Magnofarma S.A.S. tenía quince días
para responder, los cuales terminaron el 5 de agosto de ese mismo año. Día en
que, precisamente, fue interpuesta la presente acción de tutela. Entonces, la señora
María Emilce Saldaña, al advertir que para esta última fecha no había recibido
una respuesta, decidió acudir al juez de tutela de manera inmediata, justo el
mismo día en que vencía el término, cumpliendo así el requisito de inmediatez.
2.2.4. Subsidiariedad
La subsidiariedad es un requisito de procedencia formal de
la acción de tutela, según el cual, sólo puede acudirse a este mecanismo de
protección constitucional cuando no exista otro u otros medios de defensa
judicial a través de los cuales pueda protegerse el derecho presuntamente
vulnerado. O que, existiendo, se busque la protección transitoria ante la
inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable[22].
En cuanto al derecho fundamental de petición, la
jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que la acción de
tutela es el único mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz a través del
cual la persona que lo considere vulnerado puede solicitar su protección, toda
vez que el ordenamiento jurídico no dispone ningún otro instrumento para tal
fin[23].
El asunto bajo análisis aborda la protección del derecho
fundamental de petición, solicitada por la señora María Emilce Saldaña y
presuntamente vulnerado por la empresa Magnofarma S.A.S., por tanto, la acción
de tutela cumple el requisito de subsidiariedad al no existir otro mecanismo
mediante el cual la accionante pueda acudir para lograr el amparo del referido
derecho.
2.3. Problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala advierte
que la accionante solicitó la protección de su derecho fundamental de petición
por la ausencia material de respuesta, dado que agotado el término en que
esperaba una comunicación por parte de la Magnofarma, esta no llegó.
Sin embargo, es de resaltar que en este momento procesal del
caso se presentan dos hechos jurídicos relevantes que influyen en la
formulación del problema jurídico.
El primero se relaciona con que la accionada ya dio
respuesta material a la solicitud, lo cual hizo en la contestación de la
demanda y con posterioridad a la decisión de segunda instancia, por tanto, el
problema ya no radica en si debe protegerse el derecho de petición por falta de
respuesta, sino que ahora es preciso determinar si lo contestado es congruente,
preciso y de fondo respecto de lo pedido. Esto lleva a la segunda circunstancia
por analizar, y es que al existir no una, sino dos respuestas, debe revisarse
si su contenido lleva a declarar la existencia de carencia actual de objeto por
hecho superado.
Así las cosas, a partir de lo descrito, la Sala considera
que debe resolver los siguientes problemas jurídicos:
¿Magnofarma S.A.S. tiene la obligación de suministrar toda
la información que la accionante solicite en calidad de socia, so pena de
vulnerar su derecho fundamental de petición?
¿El contenido de las respuestas a las referidas peticiones,
emitidas en el curso del proceso de tutela, permiten declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado?
Para resolverlos, la Sala analizará los siguientes temas: (i)
contenido y alcance del derecho fundamental de petición frente a particulares y
la procedencia de la acción de tutela para protegerlo; (ii) los límites del
derecho de inspección y el tipo de información al que un accionista pueda
acceder a través de este mecanismo; (iii) hará referencia a la reciente
jurisprudencia constitucional proferida en casos similares al presente; (iv)
reiterará los aspectos esenciales de la carencia actual de objeto por hecho
superado y, por último, (v) resolverá el caso concreto.
2.3.1. Contenido y alcance del derecho fundamental de
petición frente a particulares y la procedencia de la acción de tutela para
protegerlo. Reiteración de jurisprudencia
Antes de 1991, el Código Contencioso Administrativo[24]
ya venía regulando lo relativo a las peticiones escritas y verbales que los
ciudadanos elevaban a las autoridades. Pero fue con la Constitución Política de
1991, artículo 23, que este derecho fue elevado a la categoría de fundamental[25],
con la novedad de que también podía ejercerse frente a los particulares, dejando
al legislador la tarea de definir las reglas que operarían en este evento.
La ausencia de reglamentación, sin embargo, no constituyó un
obstáculo para que las personas ejercieran el derecho de petición ante
particulares, y estos, a su vez, invocando tal condición, optaban por no dar
materialmente una respuesta o simplemente contestaban que no estaban obligados
a resolver de fondo a lo pedido por no existir una regulación al respecto.
Casos ante los cuales quienes consideraron vulnerado su derecho de petición
acudieron a la acción de tutela solicitando su amparo.
Como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, esta
Corporación procedió a determinar si la ausencia material de respuesta o una
respuesta incompleta y superficial, vulneraban o no el derecho fundamental de
petición cuando este era ejercido ante los particulares.
En la sentencia SU-166 de 1999[26],
a partir de la consolidada jurisprudencia que hasta ese momento se había
producido alrededor del tema, esta Corporación estableció las siguientes subreglas
que permiten identificar los eventos donde los particulares tienen la
obligación de resolver los derechos de petición que ante ellos se interpongan,
sin que ello signifique que la respuesta sea necesariamente favorable. Los
cuales, a su vez, constituyen los escenarios donde la acción de tutela es
procedente para solicitar la protección del derecho de petición ante
particulares:
“En cuanto al ejercicio de
este derecho contra particulares, deben distinguirse dos situaciones. La
primera, si la organización privada presta un servicio público o si por la
función que desempeña adquiere el estatus de autoridad. La segunda,
cuando el sujeto pasivo del derecho de petición es una organización que no
actúa como autoridad, sólo opera cuando el Legislador lo haya reglamentado. Por
lo tanto, la posibilidad de ejercer el amparo de este derecho, contra
particulares, depende del ámbito y de las condiciones que señale el legislador.
La extensión del derecho de
petición a particulares que no actúan como autoridad, sólo es procedente cuando
aquel es el instrumento para garantizar otros derechos fundamentales, como
quiera que este derecho no puede implicar una intromisión indiscriminada y
arbitraria en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen público”[27](
negrillas propias).
A estas dos situaciones la Corte Constitucional, en
sentencia T-163 de 2002[28],
sumó una más:
“Adicional a las dos
situaciones ya anotadas en las cuales es procedente ejercer el derecho de
petición ante particulares, surge un tercer escenario en el cual también
resulta viable la acción de tutela y corresponde a la señalada por el numeral 4
del artículo 42 del decreto 2591 de 1991 que indica que la acción de tutela
procederá contra acciones u omisiones contra particulares en los siguientes
casos:
4. Cuando la solicitud fuere
dirigida contra una organización privada, contra quien la controle
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción
siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o
indefensión con tal organización”[29].
Así, las anteriores reglas jurisprudenciales continuaron reiterándose
copiosamente por parte de la Corte Constitucional en cada una de sus sentencias,
hasta encontrarse con la promulgación del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)[30],
en el cual, finalmente, el legislador incluyó un acápite reglamentario no sólo del
derecho de petición frente a autoridades públicas sino también ante
organizaciones e instituciones privadas.
Sin embargo, debido a que se trataba de un derecho
fundamental y su reglamentación únicamente podía tramitarse mediante ley
estatutaria, en sentencia C-818 de 2011[31]
la Corte Constitucional declaró inexequible todo el apartado relacionado con el
derecho de petición contenido en la Ley 1437 de 2011. Pero, para evitar que el
vacío normativo en la materia generara graves consecuencias en el ordenamiento
jurídico, este Tribunal dispuso que su decisión sólo tendría efectos a partir del
31 de diciembre de 2014. Por tanto, hasta la mencionada fecha, esa ley regularía provisionalmente lo relacionado con el derecho de petición
ante autoridades públicas y particulares.
Finalmente, antes
de efectivamente entrar en a surtir efectos la decisión inconstitucionalidad,
todas las normas de la Ley 1437 de 2011 que regulaban el derecho de petición
fueron sustituidas por Ley Estatutaria 1755 de 2015, que constituye la
regulación actual y definitiva frente a este derecho.
En cuanto al derecho de petición frente a particulares, la
norma estatutaria convirtió en ley las reglas jurisprudenciales que la Corte
Constitucional había venido reiterando al respecto. En tal sentido, el artículo
32, que regula este escenario en particular, dispone lo siguiente:
“Artículo 32. Derecho de
petición ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para
garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin
personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones,
asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones
financieras o clubes.
Salvo norma legal especial, el
trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los principios y
reglas establecidos en el Capítulo I de este título.
Las organizaciones privadas
solo podrán invocar la reserva de la información solicitada en los casos
expresamente establecidos en la Constitución Política y la ley.
Las peticiones ante las empresas
o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero,
crediticio, comercial, de servicios y los provenientes de terceros países se
regirán por lo dispuesto en la Ley Estatutaria del Habeas Data.
Parágrafo 1. Este derecho también
podrá ejercerse ante persona naturales cuando frente a ellas el solicitante se
encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se
encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.
Parágrafo 2. Los personeros
municipales y distritales y la Defensoría del Pueblo prestarán asistencia
eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizarle el
ejercicio del derecho constitucional de petición que hubiere ejercido o desee
ejercer ante organizaciones o instituciones privadas.
Parágrafo 3. Ninguna entidad
privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones
respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las
autoridades competentes”.
De este modo, la citada norma es la materialización de la facultad
que el constituyente otorgó al legislador de reglamentar el ejercicio del
derecho de petición ante organizaciones privadas “para la garantía de los
derechos fundamentales”[32].
Ahora bien, debe prestarse atención al segundo inciso del
artículo 32 de la Ley 1755 de 2015, particularmente a la expresión que indica
que “el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a
los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título”. Es
decir que las peticiones ante particulares se tramitarían bajo los mismos parámetros
que rigen a las autoridades públicas.
En la sentencia C-951 de 2014[33],
al efectuar el control constitucional de la norma estatutaria, la Corte
Constitucional encontró particularmente problemática la referida expresión, pues
ello significaría que, en principio, ante las organizaciones privadas, al igual
que sucede con las autoridades públicas, en ejercicio del derecho de petición
podría interponerse una queja, una consulta, una denuncia, un reclamo, así como
solicitar el reconocimiento de un derecho o la prestación de un servicio. De
igual modo, un particular tendría quince días para dar respuesta, diez si se
tratara de documentos y treinta si fuere una consulta. Igualmente, se podría
presentar ante los particulares peticiones verbales, escritas o por cualquier
medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos. Y, finalmente, le
remisión normativa los obligaría a diseñar procedimientos internos para resolver
las peticiones.
Allí esta Corporación recordó que las relaciones entre
particulares “se desarrollan bajo el postulado de libertad y autonomía de la
voluntad privada y, por tanto, no deben existir desequilibrios ni cargas
adicionales para las personas”[34].
Por tanto, consideró que no era “factible trasladar de lleno la regulación
del derecho de petición ante las autoridades al derecho de petición ante
particulares”. Luego de lo cual declaró condicionalmente exequible la
expresión “estarán sometidas a los principios y reglas del establecidos en
el Capítulo Primero de este Título”, siempre y cuando se entendiera “que
al derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo
pertinente, aquellas disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la
naturaleza de las funciones que ejercen los particulares”[35].
Con fundamento en la interpretación constitucional del
referido inciso, es válido afirmar que al trámite y resolución de los derechos
de petición ante los particulares no puede aplicarse la totalidad de las reglas
que rigen estos aspectos cuando se trata de autoridades públicas, sino
únicamente aquellos sean acordes con la naturaleza jurídica de las organizaciones
privadas, en observancia del principio de la autonomía de la voluntad que rige sus
relaciones.
Límite que ya la jurisprudencia de esta Corporación había
señalado en la citada sentencia SU-166 de 1999, cuando indicó que el derecho de
petición ante particulares “no puede implicar una intromisión indiscriminada
y arbitraria en el fuero privado de quienes no exponen su actividad al examen
público”.
2.3.1.1. Criterios jurisprudenciales para la adecuada
garantía del ejercicio del derecho de petición ante autoridades y particulares
La Corte Constitucional ha interpretado el contenido del
artículo 23 superior creando diferentes subreglas para establecer sus alcances
y límites[36]
en su ejercicio ante las autoridades.  En forma general, ha sostenido que el
derecho de petición[37]
es fundamental no sólo por estar consagrado como tal en la Constitución
Política, sino también porque permite el ejercicio de otras prerrogativas
constitucionales como los derechos de acceso a la información, a los documentos
públicos, a la participación democrática y a la libertad de expresión, entre
otros[38].
Igualmente, ha considerado que su núcleo esencial radica en que el peticionario
obtenga una respuesta oportuna, clara, precisa y de fondo, sin que esta
implique la aceptación de lo solicitado[39],
y que su vulneración se presenta por el incumplimiento de estas premisas.
Con base en lo anterior, la Corte estableció que una
respuesta se considera “i) suficiente cuando resuelve
materialmente la petición, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a sus
pretensiones; ii) efectiva si soluciona el caso que se plantea (C.P.
Arts. 2º, 86 y 209) y iii) congruente si existe coherencia entre lo
respondido y lo pedido y, en caso de no ser posible, de tal manera que la
solución verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición, sin que excluya la posibilidad de suministrar
información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta”[40].
Aunque estos criterios jurisprudenciales fueron construidos
alrededor del derecho de petición frente a autoridades públicas, esto no quiere
decir que no puedan ser aplicados a los particulares. En estos casos, la Corte
Constitucional ha establecido que procede el derecho de petición en ciertos
eventos, según fue referido líneas atrás, en los cuales, las organizaciones
privadas están en la obligación de emitir una respuesta de fondo, pero, se
reitera, no necesariamente favorable.
2.3.2. Alcances y límites del derecho de inspección por
parte de los accionistas de una empresa y la información a la que pueden
acceder mediante este mecanismo
El derecho de inspección es un privilegio en cabeza de los
socios de una sociedad comercial, que les permite consultar los libros
contables y la información financiera de la empresa de la cual son propietarios.
El artículo 48 de la Ley 222 de 1995, aplicable a todas las
sociedades comerciales, consagra el derecho de inspección en los siguientes
términos:
“Derecho de inspección.
Los socios podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de
la sociedad, en los términos establecidos en la ley, en las oficinas de la
administración que funcionen en el dominio principal de la sociedad. En ningún
caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre los secretos
industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser
utilizados en detrimento de la sociedad.
Las controversias que se
susciten en relación con el derecho de inspección serán resueltas por la
entidad que ejerza la inspección, vigilancia y control. En caso de que la
autoridad considere que hay lugar al suministro de información, impartirá la
orden respectiva.
Los administradores que
impidieren el ejercicio del derecho de inspección o el revisor fiscal que
conociendo de aquel incumplimiento se abstuviere de denunciarlo oportunamente,
incurrirán en causal de remoción. La medida deberá hacerse efectiva por la
persona u órgano competente para ello o, en subsidio, por la entidad
gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia y control del ente”.
Este derecho también se refleja en los artículos 61 y 314
del Código de Comercio (C. de Co.), cuando sostienen que los libros y papeles
del comerciante sólo pueden ser consultados por sus propietarios, es decir, los
socios, o por personas autorizadas por estos:
“Artículo 61. Examen de
libros y papeles del comerciante por personas autorizadas. Los libros y
papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en
la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad competente.
Lo dispuesto en este artículo
no restringirá el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados
sobre los libros y papeles de las compañías comerciales, ni el que corresponda
a quienes cumplen funciones de vigilancia o auditoría en las mimas”.
(…)
“Artículo 314. Derecho de
inspección de los socios en la sociedad. Aún delegada la administración,
los socios tendrán derecho a inspeccionar, por sí mismos o por medio de
representantes, los libros y papeles de la sociedad en cualquier tiempo”.
A la anterior descripción general del derecho de inspección se
suman las reglas particulares para su ejercicio según la clase de sociedad
comercial a la que pertenezca el socio. Así, el derecho de inspección puede ser
ejercido en cualquier tiempo por los socios de las sociedades en comandita y de
responsabilidad limitada (art. 328 y 369 del C. de Co., respectivamente); en
los quince días anteriores a la reunión ordinaria de la asamblea de accionistas
en el caso las sociedades anónimas (art. 422 C. de Co.); y en los cinco días
hábiles previos a la misma reunión cuando se trata de sociedades por acciones
simplificadas (art. 20, Ley 1258 de 2008).
De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades[41],
el derecho de inspección permite a los asociados “examinar, directamente o
mediante persona delegada para el efecto, los libros y papeles de la sociedad,
con el fin de enterarse de la situación administrativa, financiera, contable y
jurídica de la sociedad en la cual realizaron sus aportes”[42].
Lo que a su vez implica la obligación de los administradores de entregar la
información “en los términos y condiciones que exigen tanto las normas
contables, como las propias del ordenamiento societario, y los estatutos
sociales de cada sociedad”[43].
Respecto de los documentos que pueden ser objeto de
inspección a través de este derecho, la misma Superintendencia, a partir de las
diversas normas que rigen el ámbito societario, ha extraído el siguiente listado:
“a) Libros de contabilidad con
los comprobantes y documentos que justifiquen los asientos consignados en los
mismos;
b) La correspondencia que la
sociedad dirija y la que reciba que esté relacionada con los negocios sociales,
toda vez que forma parte de los papeles del comerciante;
c) El libro de actas de
asamblea o junta de socios y de junta directiva;
d) El libro de registro de
socios y de accionistas (o de acciones); y
e) Los balances generales de
fin de ejercicio y las cuentas de resultados (Art. 291 y 446 del Código de
Comercio).”
A juicio de ese organismo de control, el acceso de la
información que puede ser consultada mediante el ejercicio del derecho de
inspección, permite al asociado “documentarse suficiente y adecuadamente
sobre el aspecto económico de la compañía en pos de posibilitar una
participación activa en la asamblea, como también el que puedan votar a
conciencia las diferentes determinaciones puestas a su consideración en lo que
a esos temas se refieran”[44].
Asimismo, ha indicado que el derecho de inspección no se
extiende “a los documentos que versen sobre los secretos industriales o
cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en
detrimento de la sociedad”[45].
El acceso a copias de los documentos que pueden consultarse
mediante el derecho de inspección también ha sido un asunto sobre el cual la
Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado. A juicio de esa entidad,
inspeccionar es sinónimo de escudriñar, mas no obtener copias, por tanto, esto
último desborda la facultad que tiene el asociado en ejercicio del derecho de
inspección. Sobre este tema, se manifestó de la siguiente forma:
“La libertad del asociado
según las voces del citado artículo 369, es la de examinar, vocablo este, que
no tiene una connotación diferente a la de escudriñar con cuidado y diligencia
el tema de su interés, pero no va más allá de una simple inspección; esto es,
que el asociado no puede, con base en la norma en comento, reclamar a los
administradores de la sociedad, nada distinto; sacar fotocopias o exigirlas,
supera el derecho allí consagrado”[46].
Sin embargo, también aclaró que esto no era un obstáculo
para que la junta directiva o la asamblea de accionistas permitieran cierta
libertad para que, durante el ejercicio del derecho de inspección, los socios
obtuvieran copia de los documentos que necesitaran:
“Atendiendo lo que sucede en
la práctica, la inspección apunta a verificar el contenido de los documentos
sin que tengan derecho a pedir copias, por lo que el hecho de que la
administración de la sociedad se niegue a suministrarlas a los socios no
configura violación alguna del citado derecho; no obstante, la junta de socios
o la asamblea general de accionistas, podrá determinar la viabilidad de
conceder cierta libertad en favor de los asociados, para que al examinar los
distintos papeles  de la empresa en el ejercicio del derecho de inspección, se
les permita sacar directamente o solicitar a la administración las fotocopias
que a bien tengan”[47].
Es claro entonces que cada sociedad comercial es la que debe
especificar en sus estatutos que se autoriza la expedición de copias de los
documentos que un socio necesite al momento de hacer uso del derecho de
inspección. Sin que esto pueda extenderse a información relacionada con
secretos industriales ni otro tipo de datos cuya publicidad pueda afectar a la
empresa.
2.3.3. Jurisprudencia constitucional sobre el ejercicio
del derecho de petición de los accionistas respecto de la sociedad comercial a
la que pertenecen
El derecho de petición frente a particulares incluye a las sociedades
comerciales, según se aprecia en el artículo 32 de la Ley 1755 de 2015. Allí no
específica si este derecho adquiere un carácter especial cuando es ejercido por
un socio, por lo que no existe ningún trato preferente cuando el peticionario
tiene tal calidad.
En situaciones como estas, la Corte Constitucional ha
sostenido que la acción de tutela procede como mecanismo de protección cuando
con el derecho de petición se busca garantizar otro derecho fundamental. Por
tanto, ha descartado que la causal para estudiar de fondo el
asunto sea aquella que se deriva de una relación de indefensión o subordinación
del asociado respecto de la sociedad, por cuanto “[e]l hecho de que
un socio acate los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva (sic)
de una corporación a la que voluntariamente se asoció, no implica dependencia o
sujeción alguna, porque el socio no se encuentra bajo las órdenes de la
entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los estatutos que aquél
voluntariamente conoció y consintió afiliarse”[48].
Recientemente, en sede de revisión de
tutelas, esta Corporación ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la
solicitud de protección del derecho fundamental de petición ante particulares, en
el marco de la relación entre asociado y sociedad comercial. Específicamente, cuando
la empresa ha negado a uno de sus socios accionistas la expedición de copias de
algunos documentos, bajo el argumento de que la información pedida puede ser
obtenida a través del derecho de inspección.
En la Sentencia T-103 de 2019[49],
la Sala Segunda de Revisión de esta Corporación revisó el caso de un empleado y
accionista de la compañía donde trabaja, a quien pidió copias de varios
documentos relacionados con los gastos, gestión y administración de la misma.
En respuesta, la empresa le indicó que no era posible entregar lo solicitado
porque para dicho fin podía hacer uso del derecho de inspección, regulado en los
artículos 48 de la Ley 222 de 1995 y 369 del Código de Comercio.
La respectiva sala encontró que la acción de tutela era
procedente porque con la petición el accionante buscaba garantizar otro derecho
fundamental, el de acceso a la administración de justicia. Esto por cuanto el
interesado había mencionado en el escrito de tutela que pretendía someter a
análisis técnico financiero las copias de los documentos solicitados, y que de
su resultado dependía si acudía a la DIAN o a la justicia ordinaria para impugnar
las actas de las asambleas.
Superado el estudio de procedencia de la acción de tutela,
la respectiva sala de revisión se centró en analizar si la respuesta brindada
al accionante era constitucionalmente admisible. Encontró que no lo era, por
cuanto de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015[50],
con el derecho de petición se puede solicitar información, consultar, examinar
y expedir copias de documentos, y es en el marco de esta norma que el actor
ejerció su derecho.
Además, precisó que “el derecho de inspección no excluye
el ejercicio del derecho de petición. Se trata de dos garantías que, aunque
pueden tener en común el hecho de que a través de ellas las personas logran
acceder a información; no se anulan entre sí”. Razón por la cual consideró carente
de fundamento la respuesta de la empresa accionada al mencionar el derecho de
inspección como razón para negar el derecho de petición del actor.
No obstante, aclaró que el derecho de petición no podía
convertirse en excusa para no ejercer el derecho de inspección, dado que el
primero sólo procede cuando se pretenda asegurar la garantía de otro derecho
fundamental y no en cualquier evento. La Corte Constitucional lo señaló en los
siguientes términos:
“Con todo, conviene recordar
que el derecho de petición no puede desplazar, en ninguna circunstancia, el
derecho de inspección de los socios. En efecto, esta es una garantía que fue
prevista explícitamente por el ordenamiento jurídico (…), que les permite
adelantar labores de fiscalización de la empresa, y con ello, mantenerse
informados de la situación financiera y administrativa de la misma. En este
orden de ideas, únicamente cuando con el derecho de petición se busque la
salvaguarda de otro derecho fundamental, como por ejemplo el acceso a la
administración de justicia, éste puede proceder frente a sociedades, para la
expedición de copias o documentos”[51].
Respecto del derecho de inspección, con base en las normas
que lo consagran, la Corte precisó sus límites y diferencias comparado con el
derecho de petición:
“La regulación del derecho de
inspección tiene dos claras restricciones; no se puede acceder a documentos que
contengan secretos industriales, o a aquellos que contengan datos que al darse
a conocer públicamente puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad. Por
lo tanto, en el ámbito societario, el derecho de petición no puede ser un medio
para desconocer esas disposiciones, que buscan, principalmente, salvaguardar la
reserva comercial e industrial de la sociedad. En consecuencia, el derecho de
petición no habilita a los socios para obtener copias de documentos que (i)
tengan reserva de ley, (ii) contengan secretos industriales, o (iii) incluyan
datos que, al publicarse, puedan dañar a la sociedad; y en todo caso, deberían
ser utilizados única y exclusivamente para materializar otro derecho
fundamental”[52].
En tal sentido, luego de constatar que la garantía del
derecho de petición tenía por finalidad ejercer el derecho de acceso a la
administración de justicia y que el derecho de inspección no es excluyente con
el derecho de petición, la correspondiente sala confirmó la decisión de tutela
de segunda instancia que había concedido el amparo y ordenó la expedición de
copia de los documentos solicitados a la sociedad comercial.
Nuevamente, la Sala Segunda de Revisión, en la sentencia T-317
de 2019[53],
se pronunció sobre un asunto similar al presente. Allí abordó el caso en donde un
accionante, empleado y socio de una empresa de transportes, solicitó a esta
copia de un acta de la junta directiva, del contrato de la persona que ocupa el
cargo de tesorero y de un contrato laboral suscrito por la compañía con una
persona natural. Como respuesta le manifestaron que no era posible entregar las
copias de los documentos solicitados con fundamento en que las
normas regulatorias del derecho de inspección lo prohíben. En tal sentido, el
actor presentó tutela por considerar vulnerado su derecho de petición porque, a
su juicio, la expedición de copias no está legalmente prohibida, la solicitud
no afecta el normal funcionamiento de la empresa y la información solicitada no
está bajo reserva legal.
En suma, para resolver el caso concreto, la referida sala de
revisión reiteró la ratio decidendi de la sentencia T-103 de 2019. Así,
consideró que la tutela era procedente como mecanismo de
protección por cuanto el asunto se enmarcaba en la causal que protege el
derecho de petición cuando con este se pretende la garantía de otro derecho fundamental.
Esto lo dedujo de la apelación de la sentencia de primera instancia, donde el
accionante manifestó que requería la información para impugnar la decisión de
la asamblea de accionistas, por tanto, la sala concluyó que la obtención de
dichos documentos busca garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la
administración de justicia.
Para el caso concreto, luego de
advertir que materialmente no se había vulnerado del derecho de petición por
cuanto la respuesta se produjo en término, la sala procedió a analizar si eran
constitucionalmente admisible la razón de fondo que sirvió para negar la
expedición de copias al accionante. Al respecto, consideró que no lo era porque
“la Empresa (sic) confunde el derecho de inspección con el de
petición, y al hacerlo, vulnera del derecho de acceso a la administración de
justicia”. Justificó esta conclusión con fundamento en el artículo 13 de la
Ley 1755 de 2015, el cual permite que a través del derecho de petición se pueda
solicitar información, consultar, examinar y pedir copias de documentos, “y
es en el marco de dicha disposición que el actor se acercó a la Empresa a pedir
copia de varios documentos”.
Del mismo modo, reiteró que el ejercicio del derecho de
inspección no excluye el ejercicio del derecho de petición. Para esa sala, “al
margen de ejercer el derecho de inspección, que habilita al actor a consultar
cierto tipo de información, (…) también le asiste el derecho a obtener copias
de los documentos que estima pertinentes para acceder a la administración de
justicia”. Sin embargo, al igual que en la sentencia T-103 de 2019, precisó
que el ejercicio del derecho de petición no podía desplazar al derecho de
inspección de los socios y que el primero es procedente para la expedición de
copias de documentos únicamente cuando se “busque la salvaguarda de otro
derecho fundamental, como por ejemplo el acceso a la administración de
justicia”.
Finalmente, recalcó que ni mediante el derecho de petición
ni el de inspección se pueden acceder a documentos que contengan secretos
industriales o a aquellos que registren datos que al publicarse puedan
perjudicar a la empresa.
2.3.4. Configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado a raíz del cumplimiento de las decisiones de
instancia
La consolidada jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido que un juez de tutela no tendría materia sobre la cual
pronunciarse si el hecho que generó la interposición del amparo ha dejado de
existir, ya sea porque la parte accionada desplegó la acción requerida por el
accionante o dejó de hacer aquello que vulneraba el derecho fundamental de
esta.
En tal sentido, ha indicado:
“Cuando una situación de hecho que origina la
supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada,
el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y
expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto,
contraria al objetivo constitucionalmente previsto por esta acción”[54].
Esta situación jurídica puede presentarse, incluso, como
consecuencia de las sentencias proferidas por los jueces de instancia. Sobre
este tema, la Sala Plena de la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de
pronunciarse a través de la sentencia SU-124 de 2018[55],
donde estableció que se configura la carencia actual de objeto por hecho
superado con ocasión del cumplimiento de una providencia judicial, tras lo cual
“el objeto de la tutela desapareció con la acción y omisión (sic) de
la entidad demandada, aun cuando aquella acaeció por el acatamiento de las
órdenes judiciales emitidas durante el proceso de tutela”[56].
Cuando el hecho superado se presenta en la revisión de las
decisiones de tutela de instancia, ha dicho la jurisprudencia que es perentorio
para la Corte Constitucional “incluir en la argumentación de su fallo el
análisis sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la
demanda. Sin embargo, puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión
debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso
para llamar la atención sobre la falta de conformidad de la situación que
originó la tutela (…)”[57].
Por lo que también este Tribunal puede pronunciarse sobre el contenido de las decisiones de instancia, pues
puede suceder que estas vayan en contravía de la Constitución Política y de la
jurisprudencia constitucional, y resulte necesario revocar las órdenes que allí
se tomaron para que se ajusten a dichos parámetros[58].
2.4. Caso concreto
La ciudadana María Emilce Saldaña es accionista de la
compañía Magnofarma S.A.S. Bajo esa circunstancia, el 15 de julio de 2019,
mediante apoderado, solicitó vía correo electrónico a dicha sociedad que
expidiera certificaciones de los dividendos entregados a ella entre los años
2009 a 2018, además de otras peticiones puntuales. Al no recibir respuesta,
presentó acción de tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental de
petición.
Aun cuando la señora Saldaña menciona en su escrito de
tutela que interpuso esta acción porque no le habían dado respuesta a la
petición de las certificaciones, la Sala advierte que las otras solicitudes y
la correspondiente respuesta a cada una de ellas por parte de la entidad
accionada, también deben ser analizadas en la presente sentencia, puesto que se
trata de un mismo hecho.
En efecto, el apoderado de la accionante solicitó lo
siguiente:
1) “Citar asamblea extraordinaria de accionistas para
conocer la posición de la Sra. MARTHA BONILLA (sic) con relación al
ejercicio del derecho de inspección a MAGNOFARMA S.A.S. por mi cliente”.
2) Allegar copia del acta de asamblea de socios “EN LA
QUE MI REPRESENTADA AUTORIZÓ LA TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD ANÓNIMA SIUMPLIFICADA
Y EL ACTA DONDE MI REPRESENTADA VOTO (sic), LA INCLURSIÓN DE ESTÁ (sic)
PERSONA JURÍDICA EN LEY 116 DE 2006 PROCESO DE REORGANIZACIÓN (sic)”.
3) Expedir certificación, con el debido soporte, “DE LOS
DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDAS POR LA SEÑORA MARIA EMILCE SALDAÑA (…) EN SU
CONDICIÓN DE SOCIA” durante los años 2009 a 2018.
La respuesta a esta petición, fechada el 5 de agosto de 2019
y dada a conocer por Magnofarma S.A.S. con la contestación de la tutela, contiene
lo que sigue:
a) Informaron a la accionante que la empresa se encontraba
en proceso de reorganización debido al “mal manejo que le dio el
administrador anterior”[59].
b) Frente al derecho de inspección, le indicaron que este
podía ejercerse en los 5 días hábiles anteriores a la fecha en que se convoca
la asamblea de socios, por lo que las actas que solicitaba debían ser
consultadas en ese momento. Por tanto, le recordaron que en el pasado accedieron
a la solicitud de reprogramar la reunión anual para que ella pudiera ejercer el
derecho de inspección, teniendo en cuanta que vive fuera de Bogotá y tiene a su
cargo una niña menor de 18 años.
c) En cuanto a la solicitud de citación de asamblea
extraordinaria, le manifestaron que no era posible acceder a ello, por cuanto
conforme el artículo 423 del Código de Comercio, tales convocatorias sólo
pueden ser hechas por la junta directiva, el representante legal o el revisor
fiscal.
d) Le recordaron que el derecho de petición no era el medio
para atender las solicitudes que no fueron aprobadas por la asamblea de socios,
como lo es la reducción de salarios de empleados de la compañía. Asimismo, la
invitaron a compartir sus propuestas de austeridad en la próxima reunión de
accionistas.
e) Finalmente, le pidieron plazo hasta el 16 de agosto para entregarle
los certificados debido al número de años que tenían que revisar.
En sentencia del 20 de agosto de 2019, el Juzgado Octavo
Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué consideró que,
a pesar de la anterior respuesta, Magnofarma S.A.S. aún seguía vulnerado el
derecho fundamental de petición de la accionante, por cuanto ya había pasado el
16 de agosto y no evidenciaba que los referidos certificados hubieran sido
entregados.
Razón por la cual el juez amparó el derecho fundamental de
petición y ordenó a Magnofarma S.A.S. que en un plazo de cuarenta y ocho horas
procediera a “dar respuesta clara, de fondo, precisa y congruente a la
petición presentada (…) con independencia de que se acceda o no a lo allí
pretendido”.
En segunda instancia, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito
de Ibagué modificó la decisión anterior en tanto especificó que la respuesta
deberá darse “únicamente en lo que tiene que ver con la expedición del
certificado en donde conste los dividendos por ella obtenidos en el interregno  del
2009 a 2018 con los soportes documentales pertinentes y de las copias de los
comprobantes de egreso, facturas de costo y de los balances detallados de los doce
meses de vigencia de 2018 y de las primeros seis meses de 2019, siempre y
cuando no tenga reserva legal, contengan secretos industriales, o incluyan
datos que, al publicarse, puedan dañar a la sociedad, lo anterior como
manifestación de la protección del derecho fundamental de petición desde la
óptica de la solicitud de información y el suministro de copias cuya
destinación sea la materialización de otros derechos”.
Más adelante, la accionante allegó al ad quem un
oficio manifestando su inconformidad con la información que le entregó Magnofarma
S.A.S. el 4 de octubre de 2019[60],
en cumplimiento de la sentencia de segunda instancia.
En esta respuesta se incluye un cuadro con el certificado
histórico de las utilidades autorizadas entre los años 2009 y 2018, cuya última
casilla contiene la variable “Valor Emilse (sic)”. Luego, debajo
de esta, se aprecian los valores entregados durante dicho lapso. Asimismo, le indican
a la accionante que, por ser un archivo muerto de más de cinco años de
antigüedad, para informar sobre los comprobantes de egresos deben hacer una búsqueda
manual. Finalmente, como anexo, le remiten copia de los estados financieros de
2018 y lo avanzado de 2019, y de las actas de asamblea de los años 2010 a 2019.
A partir de esta síntesis del caso, la Sala resolverá,
primero, cuál de las tres causales de procedencia de la acción de tutela se
configura y, de hallarse procedente, enseguida dará respuesta al problema
jurídico planteado.
2.4.1. Análisis de la procedencia del derecho de petición
en el caso objeto de estudio
2.4.1.1 Estado de indefensión o subordinación del
peticionario respecto del particular. Según lo indicado en el acápite de
consideraciones de esta providencia, cuando el derecho de petición es ejercido
por el socio ante la compañía de la que es dueño, no está en una situación de
indefensión o subordinación respecto de esta, por haber adquirido
voluntariamente obligaciones y derechos en el marco de la relación jurídica
surgida a partir del contrato de sociedad. En este sentido, la referida causal
de procedencia no aplica en el caso concreto.
Así, la Sala no comparte la apreciación del juez de tutela
de segunda instancia, para quien la acción de tutela procede en el caso
concreto porque la empresa ejerce una posición dominante respecto de la
accionante, por ser esta socia minoritaria, haciendo alusión a la causal de
encontrarse el peticionario en estado de indefensión o subordinación respecto
del particular. El número de acciones de la que es dueña, si bien puede incidir
a la hora de tomar decisiones, no por ello limita el derecho de la accionante a
participar en las juntas de socios, ni le impide aprobar o desaprobar las
decisiones que allí se tomen, prerrogativas que no la ubican en una posición
subordinada en relación con los demás asociados o la compañía misma.
2.4.1.2. Cuando el particular ejerce como autoridad
pública. Igualmente, la Sala descarta el escenario donde el particular
actúa como autoridad pública, dado que, por las características del caso, la
empresa Magnofarma S.A.S. no funge como tal.
2.4.1.3. Cuando el derecho de petición es ejercido para
garantizar otros derechos fundamentales. Al respecto, el juez de tutela de
segunda instancia también consideró que la causal estaba configurada porque la
falta de respuesta “puede traducirse en un (sic) obstrucción al
derecho de acceso a la justicia o al debido proceso”, ya que la
señora María Emilce Saldaña “dependiendo de los hallazgos de lo solicitado
puede ejercer su derecho como socia o iniciar las acciones legales pertinentes
por las presuntas irregulares (sic) referidas en su demanda”[61].
Para la Sala, la anterior afirmación no tiene sustento
fáctico de acuerdo con lo depositado en el expediente judicial. En efecto,
leída la petición que dio origen a esta tutela, la accionante manifiesta que la
finalidad de la información que requiere, relacionada con los balances
financieros y contables de Magnofarma S.A.S., correspondientes al año 2018 y
primer semestre de 2019, es para hacer propuestas de austeridad a la compañía
en la próxima junta de socios, de modo que las pérdidas se traduzcan en
ganancias[62].
En ningún momento ella señala que tal información tiene por fin servir como
prueba en algún proceso judicial o ante la Superintendencia de Sociedades.
Ahora bien, como la intención de la accionante es promover
al interior de Mganofarma S.A.S. estrategias de austeridad, reducción de
pérdidas y aumento de ganancias, resulta razonable concluir que para ello busca
la información financiera de la empresa en la cual tiene acciones, lo que
equivale a que con la petición del 15 de julio de 2019 pretende garantizar el
derecho fundamental de acceso a la información que le asiste como socia.
Aunque sea en el marco de una organización privada, más
tratándose de uno de sus accionistas, el derecho de acceso de información no
pierde vigencia y su ámbito de protección sólo está limitado por aquellos datos
sensibles –secreto industrial y reserva de ley- cuya publicidad pueden afectar
a la compañía. Así, solicitar los estados financieros de la empresa a través
del derecho fundamental de petición permitiría, en este caso concreto, que la
señora María Emilce Saldaña garantice su derecho de acceso a la información en
calidad de socia. Lo cual, obviamente, no puede predicarse de particulares que
no tengan ninguna relación con la sociedad comercial.
Así, en este caso, el derecho de petición tiene un carácter
instrumental[63]
para garantizar el derecho de acceso a la información de la accionante, por
tanto, se cumple el referido requisito de procedencia de la acción de tutela.
2.4.2. Análisis de la vulneración del derecho fundamental
de petición en el caso concreto
Como ya se reseñó, el 7 de octubre de 2019, con posterioridad
a la sentencia de segunda instancia, la señora María Emilce Saldaña allegó
escrito al ad quem manifestándole que la accionada no había dado
cumplimiento estricto a la orden, ya que no resolvió de fondo la petición del
15 de julio, pues la información que le brindaron contiene “UNOS VALORES QUE
SUPUESTAMENTE [le] FUERON PAGADOS COMO DIVIDENTOS LOS CUALES [desconoce]
HASTA EL DIA DE HOY Y NO APORTAN EL COMPROBANTE DE EGRESO O CONSTANCIA DE
RECIBIDO DE DICHAS SUMAS DE DINERO”. En concreto, se queja la accionante de
que en la respuesta frente a los comprobantes de egreso y facturas de costo, Magnofarma
S.A.S. le haya respondido así: “La compañía no contaba con un sistema
robusto entre los años 2009 a 2014, adicional ya que es un archivo muerto de más
de 5 años de antigüedad su búsqueda es compleja; hay que hacerlo de forma
manual por la razón antes mencionada, también hay que considerar la premura de
tiempo no es posible adjuntar la totalidad de los pagos y cruces con producto”.
Como se evidencia de lo descrito, ya hubo una respuesta por
parte de Magnofarma S.A.S. a la accionante. Entonces, queda por evaluar si la
respuesta suministrada por la accionada es acorde con los parámetros
establecidos por la Corte Constitucional y puede considerarse
constitucionalmente admisible frente a la garantía del derecho fundamental de
petición de la señora María Emilce Saldaña y si su contenido permite declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado.
Para ello, la Sala hará referencia a cada una de las
peticiones contenidas en la solicitud del 15 de julio de 2019 y las respectivas
respuestas.
En agosto de 2019, con la contestación de la tutela, Magnofarma
S.A.S. respondió a la petición del 15 de julio de 2019 elevada por la señora
María Emilce Saldaña. Le envió varios escritos en los que hacía constar los
dividendos pagados durante los años 2009 a 2018. Sin embargo, el juez de
segunda instancia observó que la información entregada era incompleta, puesto
que lo solicitado eran los certificados del pago de dividendos entregados a la
accionante particularmente. Razón por la cual ajustó la orden en el sentido de
que la accionada debía entregar dichos certificados “con los soportes
documentales pertinentes y de las copias de comprobantes de egreso, facturas de
costo y de los balances detallados de los doce meses de la vigencia 2018 y de
los primeros seis meses de 2019”, a excepción de la información contentiva
de secretos industriales o datos que al publicase pudieran dañar a la empresa.
2.4.2.1. La solicitud de certificados de dividendos con
los soportes documentales pertinentes. En efecto, la Sala considera que las
certificaciones de entrega de dividendos no fueron expedidas de la forma en que
fueron solicitadas por la accionante, sino que contienen información genérica
del pago total, pero no individual.
Frente a las certificaciones como tal, la Sala considera que
es el tipo de información que la accionante no podía obtener mediante el
derecho de inspección, sino únicamente a través del derecho de petición, pues
se trata de una obligación legal de cada empresa respecto de sus socios, dado
que tienen fines tributarios. Al respecto, el parágrafo del artículo
1.6.1.13.2.40 del Decreto 2242 de 2018[64]
sostiene: “[l]a certificación del valor patrimonial de los aportes y
acciones, así como de las participaciones y dividendos gravados o no gravados
abonados en cuenta en calidad de exigibles para los respectivos socios,
comuneros, cooperados, asociados o accionistas, deberá expedirse dentro de los
quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud”.
Por ello, la decisión de segunda instancia fue acertada en
relación con la protección del derecho fundamental de petición frente a la
expedición de certificación de pago de dividendos entre los años 2009 a 2018,
no de manera genérica sino específicamente en relación con la señora María
Emilce Saldaña.
2.4.2.2. La solicitud de citar a asamblea extraordinaria
de accionistas. En la respuesta del 5 de agosto de 2019, Magnofarma S.A.S.
le señaló a la María Emilce Saldaña que ella no tenía
la facultad legal de convocar a una asamblea extraordinario de socios, en tanto
esta prerrogativa radica únicamente en cabeza de la junta directiva, el
representante legal o el revisor fiscal.
A juicio de la Sala, la referida respuesta es clara,
congruente y resuelve de fondo lo solicitado, razón por la cual considera que frente
a esta solicitud no existe vulneración del derecho fundamental de petición por
parte de la entidad accionada.
2.4.2.3. La solicitud de expedir copia de los estados
financieros del año 2018 y el primer semestre de 2019, así como de las actas de
asambleas de socios
Llama la atención de la Sala el hecho de que, además de las
referidas certificaciones, el juez de segunda instancia haya ordenado que también
se hiciera entrega a la señora María Emilce de copias de los balances
financieros del año 2018 y el primer semestre de 2019. El ad quem razonó
que esta información era susceptible de ser entregada en ejercicio del derecho
de petición porque con ella se pretende garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia de la accionante, lo cual, como se indicó líneas
atrás, carecía de fundamento.
Valga recordar que, en la primera respuesta, la de agosto de
2019, a la solicitud de copias de las actas de asamblea Magnofarma S.A.S.
respondió que las mismas podían ser consultadas en ejercicio del derecho de
inspección. Sin embargo, en esa oportunidad no hizo referencia a los estados
financieros solicitados.
Fue debido a la orden del juez de tutela de segunda
instancia que Magnofarma S.A.S. finalmente entregó las copias de los estados
financieros.
La Sala considera desacertada la anterior medida adoptada
por el juez de alzada en el sentido de ordenar la entrega de copias de los
estados financieros bajo el amparo del derecho de petición, sin tener en cuenta
que a esta información la accionante podía acceder a través del derecho de
inspección. Esto por las siguientes razones.
El legislador previó que el derecho de inspección sea una
prerrogativa exclusiva de los socios accionistas de una sociedad mercantil para
que puedan consultar la información de la empresa a la cual pertenecen. De
acuerdo con la ley y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades[65]
son objeto de inspección todos los libros de contabilidad, los balances
generales de fin de ejercicio y el libro de actas de asamblea.
Se trata de un derecho a través del
cual el socio accionista puede acceder no sólo a toda la información financiera
de la empresa, sino a aquella que concierne al giro ordinario de sus negocios,
salvo, claro está, los secretos empresariales y aquellos cuya publicidad afecte
a la compañía.
Ahora bien, en cuanto a la obtención de copias de este tipo
de información, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que no es posible
hacerlo por cuanto no está previsto en la legislación. Sin embargo, esta
interpretación no excluye la posibilidad de que con autorización de los órganos
de administración de la empresa se puedan expedir copias de los documentos que
el socio solicite, con las excepciones ya mencionadas.
Por ello, la accionante bien puede, a través del ejercicio
del derecho de inspección, en su calidad de socia, acceder a los libros
financieros de Magnofarma S.A.S. y las actas de asamblea de accionistas. Es un
derecho que le confiere la ley y que la empresa está obligada a garantizar,
pues en caso contrario estará sometida a la jurisdicción de la Superintendencia
de Sociedades, quien ejerce vigilancia y control sobre este tipo de asuntos.
Es cierto que esta Corporación ha sostenido que el derecho
de inspección y el de petición no se excluyen entre sí. Posición que esta Sala
también comparte. En efecto, el ejercicio del derecho de petición no significa que
la respuesta necesariamente sea positiva o favorable. Y ello, a su vez, no quiere
decir que el socio que haya obtenido una respuesta en cualquier sentido en
ejercicio del derecho de petición ante la empresa de la cual es propietario, no
pueda ejercer a continuación el derecho de inspección, con el ánimo de consultar
la fuente de la información inicialmente solicitada.
Razón por la cual, reitera la Sala, si un socio solicita copia
de los estados financieros de la empresa, así como de sus actas de asamblea, la
compañía puede optar por acceder o denegar dicha solicitud y, en cualquier
caso, tendrá que justificar su respuesta, justificación que puede consistir en
señalar que, para eso, existe el derecho de inspección. Por lo que una respuesta
negativa en este sentido no es sinónimo de vulneración del derecho fundamental
de petición del asociado.
En el caso de las sociedades por acciones simplificadas, el
derecho de inspección puede ejercerse únicamente en los cinco días anteriores a
la celebración de la asamblea de accionistas, según lo indica el artículo 20 de
la Ley 1258 de 2008. Siendo esta la forma efectiva de garantizar el derecho de
acceso a la información en el marco del contrato de sociedad.
Ello no quiere decir que la empresa a la cual pertenece el
accionista tenga prohibido entregar copias de documentos cuando este se lo
solicite. Tal como lo señala la Superintendencia de Sociedades en su circular
jurídica, la decisión de hacerlo es potestativa de cada compañía, según las
políticas internas que la gobiernen, donde consignen los eventos en los cuales
es viable entregar copias de cierta información a los socios de la misma, sin
necesidad de acudir al derecho de inspección, sino a través del derecho de
petición.
Ahora bien, la Sala no desconoce que lo hasta ahora expuesto
contrariaría el precedente contenido en las sentencias T-103 y 317 de 2019, en
donde la Corte Constitucional tuteló el derecho de petición y ordenó que las
respectivas empresas accionadas entregaran a los socios accionantes copia de la
información solicitada, con fundamento en la aplicación del artículo 13 de la
Ley 1755 de 2015.
Sin embargo, en esta oportunidad, la Sala se aparta del
citado precedente debido a dos fuertes razones. La primera es que el artículo
13 de la Ley Estatutaria 1755 de 2015 está diseñado expresamente para cuando el
derecho de petición es ejercido ante autoridades públicas, a quienes se les
puede solicitar “el reconocimiento de un derecho, la intervención de una
entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación
de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de
documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer
recursos”.
La segunda es que la Sala Plena de la Corte Constitucional,
a través de la sentencia C-954 de 2015, ya había manifestado que no era posible
trasladar de lleno la regulación del derecho de petición ante las autoridades a
las relaciones entre particulares, teniendo en cuenta que estas están
construidas con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad. Razón
por la cual consideró desproporcionado, por ejemplo, que a una organización
privada se le pudiera solicitar el reconocimiento de un derecho, una consulta,
copias de documentos y, en general, otra clase de información que sí cabe ante autoridades.
Por ello, en esta decisión declaró condicionalmente exequible el referido
inciso del artículo 32, siempre y cuando se entendiera que aplica únicamente en
lo pertinente y compatible “con la naturaleza de las funciones que ejercen
los particulares”.
Lo anterior, va en línea con la sentencia SU-166 de 1999,
donde la Sala Plena de la Corte Constitucional también había sostenido con
claridad, al unificar la jurisprudencia relacionada con el derecho de petición
ante particulares, que este no podía convertirse en una suerte de intromisión
en el fuero privado de las organizaciones que no exponen su actividad al
escrutinio público.
En este orden de ideas, para la solución del caso concreto
la Sala adopta los lineamientos previamente establecidos por la Sala Plena de
la Corte Constitucional. Por ello, resalta que la relación entre el asociado y su
compañía se enmarca en el contrato de sociedad, el cual, a su vez, se regula
por todo un marco jurídico especial delimitado por la Constitución Política, la
ley y los estatutos sociales.
Y es en el marco de esa relación contractual que el acceso a
la información de la compañía por parte del asociado está garantizado a través
del derecho de inspección. Este le otorga el privilegio de inspeccionar o
examinar los documentos relevantes sobre el funcionamiento y rendimiento
económico de la empresa, con las ya referidas restricciones que impone la ley,
lo cual incluye la información financiera y las actas de asamblea, según lo
precisa la Superintendencia de Sociedades.
En tal sentido, ampliar la aplicación del artículo 13 de la
Ley 1755 de 2015 al escenario de la relación entre asociado y sociedad,
equivale a interpretar dicha norma en contravía del criterio sostenido por la
Sala Plena de esta Corporación.
Por ello, a través de la acción de tutela resulta desmedido
que un juez obligue a la empresa accionada a entregar documentos e información
a la cual el socio, en virtud del contrato de sociedad, puede acceder a través
del derecho de inspección.
Sin embargo, se reitera, en el marco de dicho contrato de
sociedad, bien puede la empresa determinar junto con sus asociados en cuáles
circunstancias es procedente la entrega de copias de información relevante,
siendo claro que ello se da en función de la autonomía de las partes
involucradas, mas no por disposición legal u orden judicial.
2.5. Conclusión y medidas a adoptar
En atención a los parámetros interpretativos decantados por
la Sala Plena de la Corte Constitucional en relación con el derecho de petición
ante particulares, es válido concluir que cuando dicho derecho es ejercido por
un socio accionista respecto de la sociedad a la que pertenece, debe valorarse
la relación contractual entre ellos surgida del contrato de sociedad.
Así, si un accionista ejerce el derecho de petición y
solicita copias de cierto tipo de documentos, con el ánimo de garantizar el derecho
de acceso a la información, y la empresa niega la solicitud, alegando que  esa
información puede ser obtenida mediante el derecho de inspección, la respuesta
es constitucionalmente admisible,  siempre y cuando este tipo de información
sea de aquella que esté disponible en uso y ejercicio de este derecho, el cual
es exclusivo de los accionistas frente a su compañía.
Esta última aclaración es pertinente porque habrá
información a la que el socio no siempre podrá acceder a través del derecho de
inspección. Nótese, por ejemplo, que en el presente caso la solicitud de
certificaciones de pago de dividendos es un tipo de documento que no se
adquiere o extrae del ejercicio del derecho de inspección, sino que debe ser
elaborado y producido por la empresa, la cual, además, tiene el deber legal de
hacerlo en virtud de la norma tributaria señalada en párrafos anteriores.
En su calidad de máximo órgano de la jurisdicción
constitucional, la Sala considera necesario pronunciarse sobre la conformidad
de la sentencia judicial de segunda instancia al advertir que va contravía de
los lineamientos de la Sala Plena de esta Corporación frente al derecho de
petición ante particulares. De tal modo que, a partir de la presente decisión
de revisión y ante casos similares, otras autoridades judiciales se abstengan
de seguir la misma línea de decisión del ad quem.
En cuanto a las órdenes, la Sala observa que el juez de
segunda instancia modificó el amparo inicial, en tanto limitó su alcance a la
expedición de los certificados de pago de dividendos de la señora María Emilce
Saldaña, información que, consideró, debía ir acompañada con los “soportes documentales
pertinentes y de las copias de los comprobantes de egreso, facturas de costo y
de los balances detallados de los doce meses de la vigencia 2018 y de los
primeros seis meses de 2019”.
Como se dijo en el apartado donde se analizó este punto, la
Sala considera acertado el amparo del derecho de petición en relación con los
referidos certificados, por lo que se confirmará la sentencia
en este aspecto. Sin embargo, revocará el extracto arriba citado entre comillas,
donde se ordena la entrega de soportes y documentos financieros, ya que esta
disposición no podía sustentarse en el amparo del mismo derecho fundamental,
por las razones ya expuestas.
Ahora bien, la Sala no puede ignorar que materialmente la
accionante ya ha podido acceder a las copias de los estados financieros de Magnofarma
S.A.S. y también le fueron expedidos los certificados de pago de dividendos, lo
cual sucedió con posterioridad a la sentencia de segunda instancia. Tal hecho
innegable lleva a considerar que frente a estas solicitudes debe declararse la
carencia actual de objeto por hecho superado, pese a que no debió ordenarse la
entrega de la información financiera con fundamento en el derecho de petición.
Lo anterior también se predica de las copias de actas de
asamblea de socios, pues Magnofarma S.A.S. ya hizo entrega de esta información
a la señora María Emilce Saldaña, hecho que la Sala no asocia al cumplimiento
de la sentencia de segunda instancia, pues esta en ningún momento emitió una
orden en este sentido. Sino que, considera, fue una decisión voluntaria de la
empresa la de dar esos documentos a su accionista, presentándose igualmente
carencia actual de objeto por hecho superado sobre este punto.
Sobre este último aspecto, la Sala precisa que las actas de
asambleas también son de aquellos documentos a los que el socio también puede
acceder a través del derecho de inspección y que, si así lo autoriza la
compañía, puede entregarlo con ocasión del derecho de petición.
En suma, a la accionante ya le fueron entregados todos los
documentos y la información que había solicitado a Magnofarma S.A.S. y cuya falta
de respuesta inicial la llevó a presentar la acción de tutela revisada.
Situación esta que no impedía a la Corte Constitucional pronunciarse sobre los
hechos materia de debate y determinar la conformidad de las decisiones de
instancia con la Constitución Política.
3. Decisión
Con fundamento en las consideraciones expuestas en
precedencia, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR parcialmente la sentencia de
segunda instancia proferida el 30 de septiembre de 2019 por el
Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué, únicamente
en lo referido al amparo del derecho fundamental de petición de la señora María Emilce Saldaña, con
ocasión de la solicitud que hizo a la empresa Magnofarma S.A.S. de
expedirle certificados de entrega de dividendos en su calidad de accionista. Asimismo,
REVOCAR esa decisión en los demás aspectos, particularmente en lo
referido a la entrega de “soportes documentales pertinentes y de las copias
de los comprobantes de egreso, facturas de costo y de los balances detallados
de los doce meses de la vigencia 2018 y de los primeros seis meses de 2019”.
SEGUNDO. DECLARAR la carencia actual de objeto por
hecho superado en el caso bajo revisión.
TERCERO. LIBRAR las comunicaciones -por Secretaría
General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las
notificaciones a las partes -a través del Juez de primera instancia-, previstas
en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Comuníquese, publíquese y cúmplase
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Ley 1258 de 2008, artículo 20: “CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS. Salvo estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será
convocada por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación
escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días
hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día
correspondiente a la reunión. // Cuando hayan de aprobarse balances de fin de
ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de
inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días
hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los estatutos se convenga un
término superior. (…)”.
[2]
Ibidem.
[3]
Folio 26, cuaderno de segunda instancia.
[4]
Folio 28, ibidem.
[5]
Folios 32 y 33, ibidem.
[6]
Folios 35 y 36, ibidem.
[7]
Folios 37 a 39, ibidem.
[8]
Folios 40 a 42, ibidem.
[9]
Folios 43 y 44, ibidem.
[10]
Folios 45 y 46, ibidem.
[11]
Folios 47 y 48, ibidem.
[12]
Folios 49 a 51, ibidem.
[13]
Folios 52 a 54, ibidem.
[14]
Folios 55 a 57, ibidem.
[15]
Folios 58 y 59, ibidem.
[16]
Folios 60 a 63, ibidem.
[17]
Folios 64 a 69, ibidem.
[18]
Folios 70 a 75, ibidem.
[19]
Decreto 2591 de 1991, artículo 10.
[20]
Sentencia T-1077 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[21]
Al respecto, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 sostiene: “La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. (…)”.
[22]
Decreto 2591 de 1991.
[23]
Sentencia T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[24]
Decreto 1 de 1984.
[25]
Así lo expresó esta Corporación en sus primeros años de actividad: “El
Constituyente elevó el derecho de petición al rango de derecho constitucional
fundamental de aplicación inmediata, (…). Y no podría ser de otra forma, si
tenemos en cuenta que el carácter democrático, participativo y pluralista de
nuestro Estado Social de derecho, puede depender, en la práctica, del ejercicio
efectivo del derecho de petición, principal medio de relacionarse los
particulares con el Estado” (Sentencia T-279 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz).
[26]
Sentencia SU-166 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[27]
Ibidem.
[28] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[29]
Ibidem.
[30]
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo”.
[31]
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[32]
Constitución Política de Colombia, artículo 23.
[33]
M.P. Martha Victoria Sáchica.
[34]
Ibidem.
[35]
Ibidem.
[36]
Al respecto, consultar la sentencia T487 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[37]
El derecho de petición tiene fundamento constitucional en el artículo 23
superior, al consagrar que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general y particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.
[38]
Sentencia T-129 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[39]
Sentencia T-249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[40]
Sentencia T-192 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[41]
Circular Externa 100-000001 del 22 de noviembre de 2017.
Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
[42]
Ibidem.
[43]
Ibidem.
[44]
Ibidem.
[45]
Ibidem.
[46]
Concepto jurídico emitido mediante Oficio 220-63283 del
28 de diciembre de 1995.
[47]
Ibidem.
[48]
Sentencia T-099 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, reiterada en la
sentencia T-543 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. De igual modo,
en la sentencia C-707 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte
Constitucional precisó: “El socio -mayoritario o minoritario- hace parte de
una sociedad a la que libremente decidió unirse con conocimiento de las normas
legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, buscando, fundamentalmente,
el lucro subjetivo. En estas condiciones tiene, en principio y salvo
autorización legal, los mismos derechos y obligaciones que el resto de los
socios”.
[49]
M.P. Diana Fajardo Rivera.
[50]
Ley 1755 de 2015, artículo 13: “Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados
en este código, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma. // Toda actuación que inicie
cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de
petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea
necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar:
el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario,
la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir
información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular
consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (…)”.
[51]
Ibidem.
[52]
Ibidem.
[53]
M.P. Diana Fajardo Rivera. Con salvamento de voto del magistrado Alejandro
Linares Cantillo.
[54]
Sentencia T-096 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[55]
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[56]
Ibidem. La Sentencia SU-124 de 2018 unificó este aspecto del precedente de la
carencia actual de objeto por hecho superado, al reiterar una línea
jurisprudencia clara ya decantada por las sentencias T-387 de 2018 (M.P. Gloria
Ortiz), T-673 de 2017 (M.P. Gloria Ortiz), T-213 de 2017 (M.P. Alberto Rojas),
T-624 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas) y T-529 de 2015 (M.P. María Victoria
Calle Correa).
[57]
Sentencia T-685 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[58]
Así sucedió en la Sentencia T-548 de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), donde a pesar de que se había superado el hecho que
originó la acción de tutela, la Corte Constitucional encontró que los fallos de
instancia eran contrarios a la Constitución Política, razón por la cual, además
de declarar la carencia actual de objeto, también revocó la decisión de segunda
instancia, por considerar que el amparo debió haberse concedido.
[59]
Folio 30, cuaderno de primera instancia.
[60]
Folio 32, cuaderno de segunda instancia.
[61]
Folio 14, cuaderno de segunda instancia.
[62]
En la referida petición, el apoderado de la accionante sostiene: “Ahora
bien, mi cliente tiene obligaciones pero también tiene derechos y le asiste
derecho en la actualidad debido a los procesos sancionatorios, altos salarios
como el suyo y de funcionarios administrativos, la falta de motivación de
salarios a resultado (sic) en la parte operativa de gestión de ventas que
ineludiblemente preocupan a la accionista SEÑORA MARIA EMILCE SALDAÑA, quien
quiere conocer la información de la empresa año 2018 y lo corrido de 2019 para
hacer propuestas de austeridad, reducción de gasto excesivo para que esas
pérdidas, se trasmuten en ganancias (…)”(resaltado propio).
[63]
Al respecto, ver Sentencia T-058 de 2018, M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo: “El derecho de petición tiene carácter instrumental, pues
por su conducto ‘se busca garantizar la efectividad de otros derechos
constitucionales’, entre estos, el derecho de acceso a la información y la
documentación pública o privada (salvo reserva legal) (…)”.
[64]
A través de este decreto se reglamentan varios artículos del
Estatuto Tributario y del Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria
(Decreto 1625 de 2016), entre otras normas.
[65]
Circular Externa 100-000001 de 2017. Circular Básica Jurídica
de la Superintendencia de Sociedades.