T-709-06
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-709/06
DERECHO DE PETICION-Alcance y contenido/DERECHO DE PETICION-Respuesta
de fondo, clara y precisa
ESCALAFON DOCENTE-Autoridad competente para resolver la
solicitud de ascenso/ESCALAFON DOCENTE-Normatividad que regula la forma
en que deben tramitarse las solicitudes de ascenso
ESCALAFON DOCENTE-Término para resolver solicitudes de ascenso
De conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1095 de 2005, las solicitudes de ascenso deben ser resueltas en un
término de 60 días contados a partir de su presentación. Ahora bien, la Sala
encuentra, respecto de dicho término, que éste debe ser contado a partir de la
presentación, para el caso de las solicitudes radicadas con posterioridad a la
vigencia del Decreto en referencia, mientras que, respecto de las solicitudes
presentadas en el lapso comprendido entre la vigencia de la Ley 715 de 2001 y
la expedición del Decreto 1095 de 2005, el término debe correr desde la
vigencia de éste último, porque una interpretación literal de la norma llevaría
a que, frente a la gran mayoría de solicitudes, hubiera vencido el término
legal para contestar. De esta forma, la Secretaría de Educación de Bucaramanga,
contaba con el término de 60 días, contados a partir de la vigencia del Decreto
1095 de 2005 (11 de abril de 2005), para contestar la solicitud de ascenso
radicada por la accionante. Sin embargo, vencido tal término no se ha producido
respuesta. El núcleo esencial del derecho de petición comporta el derecho a
obtener por parte de la autoridad competente una respuesta de fondo, oportuna,
clara y precisa. En el caso concreto, no se presentó respuesta de ninguna
naturaleza, por lo que es clara la vulneración del derecho de petición.
DERECHO DE PETICION-Vulneración por no existir respuesta por
parte de la Secretaría de Educación
Referencia: expediente T-1330729
Accionante: Nalda Elizabeth Tatis Hernández
Demandado: Alcalde de Bucaramanga
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá D. C., veintidós (22) de agosto de dos mil seis
(2006)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra y
Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido por el
Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bucaramanga, dentro de la acción de
tutela instaurada por Nalda Elizabeth Tatis Hernández contra el Alcalde de
Bucaramanga
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El 26 de octubre de 2005, Nalda Elizabeth
Tatis Hernández instauró acción de tutela en contra del Alcalde de Bucaramanga,
por considerar que éste había vulnerado su derecho fundamental de petición,
toda vez que el 22 de abril de 2003 la accionante radicó, en la oficina de
Escalafón del Departamento de Santander, una solicitud para obtener el ascenso
al grado 11 del Escalafón de Docentes, sin que a la fecha de presentación de la
acción de amparo hubiera recibido respuesta alguna.
2. Fundamentos de la acción y pretensiones.
Señala la accionante que por virtud de la
entrada en vigencia de la Ley 715 de 2001 se cambiaron las reglas para otorgar
los ascensos en la carrera docente, estableciéndose la competencia para decidir
sobre dicha materia, en cabeza de las entidades territoriales certificadas que,
para el caso de Santander, se trata del departamento y de los municipios de
Bucaramanga, Barrancabermeja, Floridablanca y Girón.
Precisa que el Gobierno Nacional expidió el
Decreto 1095 de 2005, por el cual estableció la forma en que deben tramitarse
las solicitudes de ascenso de los docentes y directivos docentes en carrera que
se rigen por el Decreto-ley 2277 de 1979, señalando un término de 60 días para
tal fin, no obstante lo cual, en su caso particular han transcurrido más de seis
meses sin que el municipio de Bucaramanga haya resuelto de fondo su petición.
De tal forma, al no haber recibido
respuesta respecto de su solicitud de ascenso, considera que su derecho
fundamental de petición ha sido vulnerado, por lo que pide al juez de tutela
que ampare el derecho que considera violado y que, en consecuencia, ordene al
accionado dar respuesta a su solicitud.
3. Oposición a la demanda de tutela.
3.1. Secretaría de Educación de
Bucaramanga.
La Secretaría de Educación de Bucaramanga
interviene en el proceso para solicitar al juez de tutela que desestime las
pretensiones de la actora, por las siguientes consideraciones:
Aduce, en primer lugar, el interviniente
que la solicitud de ascenso formulada por la accionante no puede ser considerada
como un derecho de petición, ya que, de una parte, no cumple con los requisitos
de forma que la ley exige para que un acto revista tal naturaleza y, de otra,
se trata, simplemente, de un requisito para iniciar un trámite meramente
administrativo.
Igualmente, sostiene que los ascensos en el
escalafón estuvieron suspendidos desde la entrada en vigencia de la Ley 715 de
2001 hasta la expedición del Decreto 1095 de 2005, interregno en el que se
recibieron múltiples solicitudes de ascenso, las cuales sólo pudieron comenzar
a ser despachadas, en estricto orden de radicación, a partir de la vigencia de
esta última norma.
3.2. Alcaldía de Bucaramanga.
La Alcaldía de Bucaramanga da contestación
a la acción de tutela manifestando que se allana en todos sus términos a la
respuesta dada por la Secretaría de Educación, en razón a que ésta es la
dependencia encargada de manejar los asuntos relacionados con los hechos de la
acción.
4. Pruebas que obran en el expediente.
La accionante aporta los siguientes
documentos:
a.
Fotocopia de la cédula
de ciudadanía de la accionante. (Folio 3).
b.
Copia del comprobante
de solicitud de ascenso, con número de radicación 294. (Folio 4).
II. DECISIÓN ÚNICA DE INSTANCIA
El Juzgado Diecinueve Civil Municipal de
Bucaramanga, mediante providencia del quince (15) de noviembre de 2005,
resolvió negar el amparo deprecado por la accionante, guiado por los argumentos
que a continuación se exponen.
Señala el A-quo que el Derecho de Petición
implica la certidumbre de obtener respuesta oportuna y eficaz frente a las
solicitudes elevadas por los particulares, las cuales, para ser resueltas, no
requieren referencia expresa al Código Contencioso Administrativo, sino que
basta con que de la petición misma se pueda extraer el deseo de la persona que
la formula.
Respecto del caso concreto, el juez de
tutela considera que para amparar el derecho de petición debe probarse que se
ha ejercido, lo cual no ocurre en el proceso, por cuanto la accionante alega
haber formulado ante la Alcaldía, una petición con fecha 22 de abril de 2003,
sin allegar el correspondiente escrito. De esta situación, el juez concluye que
no existe el derecho de petición que dijo haber invocado la accionante.
Ninguna de las partes impugnó esta
decisión.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia.
Es competente esta Sala de la Corte
Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela
de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución
Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de
1991.
2. Problema Jurídico.
Corresponde a esta Sala determinar si, de
acuerdo con los hechos relacionados en el proceso, se concreta vulneración al
derecho de petición de la accionante, habida cuenta que ésta radicó solicitud
de ascenso en el escalafón docente el 22 de abril de 2003, sin que hasta la
fecha de presentación de la acción se hubiera emitido respuesta sobre la
materia.
Para tal fin se reiterará la jurisprudencia
que esta Corporación ha trazado respecto del alcance de la protección del
derecho de petición en materia de las solicitudes de ascenso en el escalafón
docente.
3. Derecho de Petición. Reiteración de
Jurisprudencia
La Corte Constitucional se ha referido en
distintas oportunidades[1] al tema que actualmente
es objeto de controversia, para lo cual ha precisado, preliminarmente, el
alcance de la protección constitucional frente al derecho de petición, por lo
que se reiterará lo dispuesto por esta Corporación en dicha materia.
Ha señalado la jurisprudencia
constitucional que el derecho de petición no sólo comporta la facultad de elevar
peticiones respetuosas ante las autoridades, por motivos de interés general o
particular, sino que implica el derecho a obtener de éstas, dentro del término
de ley, una respuesta clara, precisa y oportuna que resuelva el fondo del
asunto[2].
En este sentido, la sentencia T-641
de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), señaló:
“En reiterada jurisprudencia la Corte
Constitucional ha explicado que el núcleo esencial del derecho de petición,
consagrado como fundamental en el artículo 23 de la Constitución Política,
consiste en la posibilidad de acudir ante la autoridad y obtener pronta
resolución de la solicitud que se formula. Por lo tanto, la falta de respuesta
o la resolución tardía de la solicitud, se erigen en formas de  violación de
tal derecho fundamental que, por lo mismo, son susceptibles de ser conjuradas mediante
el uso de la acción de tutela, expresamente consagrada para la defensa de esta
categoría de derechos.”
La Corte Constitucional ha precisado las
reglas que determinan la naturaleza del derecho de petición y definen el marco
de su ejercicio y efectividad, por lo que a continuación se citarán, de acuerdo
a la recopilación realizada en Sentencias T-377 de 2000[3]
y T-1006 de 2001[4]:
i)
El derecho de petición
es fundamental para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa[5].
ii)
El núcleo esencial del
derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la matera
puesta en consideración de la autoridad.
iii)
La respuesta que emita
la autoridad frente a la cual se ha elevado la petición debe, para no incurrir
en vulneración del derecho constitucional fundamental de petición: a. ser oportuna;
b. resolver lo solicitado de fondo y en forma clara, precisa y congruente y c.
ser puesta en conocimiento del peticionario.
iv)
La respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco debe ser siempre por escrito.
v)
En relación con la oportunidad
de la respuesta, se acude por regla general al término de 15 días contenido en
el artículo 6º del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que
existan reglas especiales para determinadas peticiones. Ahora bien, si la
autoridad no puede dar contestación de fondo, dentro del término legal, deberá
informar esto al peticionario, explicando los motivos que le impiden dar
respuesta y estableciendo el término en el cual se realizará la contestación[6].
vi)
La falta de competencia
de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder[7].
vii)
Ante la presentación de
una petición, la autoridad debe notificar la respuesta al peticionario[8].
4. Autoridad Competente para Resolver la
Solicitud de Ascenso en el Escalafón Docente.
El Decreto 2277 de 1979 establece el régimen especial para regular las condiciones
de ingreso, ejercicio, estabilidad, ascenso y retiro de las personas que
desempeñan la profesión docente dentro del sistema educativo nacional.
En materia de ascenso de
docentes, dicho Decreto, creó el Escalafón Nacional Docente, conformado por 14
grados y definido, según su artículo 8, como el sistema de clasificación de los
educadores de acuerdo con su preparación académica, experiencia docente y
méritos reconocidos.
El Decreto en referencia,
radicó en cabeza de las Juntas de Escalafón la competencia para tramitar las
solicitudes de ascenso, indicando que éstas deberían resolverse en un término
de sesenta (60) días, contados a partir del recibo de la documentación
requerida para tal fin.
No obstante, con la expedición
de la Ley 715 de 2001, se derogaron, en general, los artículos 37, 61 y las
Secciones 3 y 4 del Capítulo III del Decreto 2277 de 1979, y en particular, las
normas que guardan relación con las Juntas de Escalafón.
Dicha ley dispuso para los
departamentos, distritos y municipios que, “para efectos de la inscripción y
los ascensos en el escalafón, la entidad territorial determinará la repartición
organizacional encargada de esta función de conformidad con el reglamento que
expida el Gobierno Nacional”[9].
De otra parte, en el artículo
111 de la Ley 715 de 2001 se confieren precisas facultades extraordinarias al
Presidente de la República para, entre otras cosas, expedir un nuevo régimen de
carrera docente y administrativa para los docentes, directivos docentes, y
administrativos que ingresen a partir de la promulgación de esta ley.
Así las cosas, con la
expedición de la Ley 715 de 2001, las Juntas de Escalafón perdieron la
competencia para decidir sobre las solicitudes de ascenso en el escalafón
docente, radicándose tal potestad en las autoridades que las entidades
territoriales certificadas determinaran para tal fin. De igual manera, el
trámite dispuesto en el Decreto 2277 de 1979 quedó derogado y, para dar curso a
las solicitudes, las nuevas entidades responsables debían esperar a la
expedición de la reglamentación del Gobierno Nacional.
Es así como se expiden el
Decreto 300 de 2002, el Decreto-Ley 1278 de 2002 y el Decreto 1095 de 2005, que
regularon la forma en que debían tramitarse las solicitudes de ascenso, de la
siguiente manera:
a. Decreto 300 de 2002.
Esta norma dispuso, en su artículo
primero, que “[u]na vez las entidades territoriales, mediante acto
administrativo, determinen la repartición organizacional encargada de tramitar
y decidir sobre las inscripciones y ascensos en el escalafón, éstas podrán
proceder a resolver las solicitudes radicadas antes de la vigencia de la Ley
715 de 2001, con la aplicación de la parte pertinente, en cuanto a términos y
requisitos, de las normas vigentes a la fecha de la radicación de los
documentos”.
Por su parte dispuso, en el artículo
segundo, que las solicitudes presentadas con posterioridad a dicha ley, solo
podrán ser tramitadas, una vez el Gobierno nacional expida el reglamento a que
hacen alusión los numerales 6.2.15 y 7.15 de los artículos 6 y 7,
respectivamente, de la Ley 715 de 2001.
b. Decreto-Ley 1278 de 2002.
El 19 de junio de 2002, en ejercicio de
facultades extraordinarias conferidas por el Congreso, el Presidente de la
República, expidió el Decreto 1278, por el cual expidió el Estatuto de
Profesionalización Docente que, según su artículo segundo, se aplicará “a
quienes se vinculen a partir de la vigencia del presente decreto para
desempeñar cargos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los
niveles de preescolar, básica (primaria y secundaria) o media, y a quienes sean
asimilados de conformidad con lo dispuesto en esta misma norma”.
De igual forma, este Decreto introdujo un
nuevo escalafón docente conformado por tres grados, cada uno de los cuales está
compuesto por cuatro niveles salariales (A-B-C-D).
El artículo 23 del Decreto-Ley 1278 de
2002, dispone las reglas para inscripción y ascenso en el escalafón docente, en
los siguientes términos:
“ARTÍCULO 23. INSCRIPCIÓN Y ASCENSO EN
EL ESCALAFÓN DOCENTE. En cada entidad territorial certificada existirá una repartición
organizacional encargada de llevar el registro de inscripción y ascenso en el
Escalafón de los docentes y directivos docentes estatales, con las
correspondientes evaluaciones y los documentos de soporte para cada grado y
nivel salarial, comunicando a la dependencia que se encargue de las novedades
de nómina cada vez que se presente una modificación de los mismos.
Los ascensos en el Escalafón y la
reubicación en un nivel salarial superior procederán cuando la entidad
territorial certificada convoque a evaluación de competencias y se obtenga el
puntaje establecido en el artículo 36 de este decreto. Dicha convocatoria
establecerá el monto de la disponibilidad presupuestal para efectos de ascenso
y reubicación salarial. No podrán realizarse ascensos y reubicación que superen
dicha disponibilidad”.
c. Decreto 1095 de 2005
A través de este Decreto, el
Gobierno Nacional reglamentó el ascenso en el Escalafón Docente, de los
docentes y directivos
docentes en Carrera que se rigen por el Decreto-ley 2277 de 1979.
Así,
dispuso que las solicitudes de ascenso deben ser presentadas ante
la repartición organizacional determinada por la entidad territorial
certificada, en la cual se encuentra laborando el docente o directivo docente.
Señaló,
de una parte, que la autoridad competente debe tramitar las solicitudes de
ascenso, previa disponibilidad presupuestal, en estricto orden de radicación y,
de otra, que las solicitudes de ascenso presentadas por los docentes o
directivos docentes serán resueltas dentro de los sesenta (60) días siguientes
a su presentación.
De
esta forma, se tiene que los decretos mencionados, rigen actualmente y tienen
aplicación frente a situaciones de hecho diferente. Por tanto, puede concluirse
que en materia de ascensos coexisten tres regímenes diferentes, a saber:
i) El
de los docentes inscritos en el escalafón creado por el Decreto 2277 de 1999,
cuyas solicitudes de ascenso fueron presentadas con anterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley 715 de 2001 (1 de enero de 2002), que deben ser resueltas
por las autoridades que definan las entidades territoriales certificadas, de
acuerdo a la repartición organizacional. Para tal efecto, se siguen las normas
del Decreto 2277 de 1999, que implica un término de 60 días para dar respuesta
a las solicitudes.
ii)
El de los docentes inscritos en el escalafón creado por el Decreto 2277 de
1999, cuyas solicitudes de ascenso fueron radicadas con posterioridad a la
vigencia de la Ley 715 de 2001 (1 de enero de 2002), las cuales deben ser
resueltas por las autoridades que definan las entidades territoriales
certificadas, de acuerdo a la repartición organizacional. Para tal efecto, se
siguen las normas del Decreto 1095 de 2005, que implica trámite, previa
disponibilidad presupuestal, en estricto orden de radicación y dentro del
término de 60 días contados desde su presentación.
iii)
El de los docentes inscritos en el nuevo escalafón creado por el Decreto-Ley
1278 de 2002, los cuales, para ascender, deberán esperar a que la entidad
territorial certificada convoque a evaluación de competencias y tendrán que
obtener el puntaje establecido en el artículo 36 de dicha norma.
5. Caso Concreto.
La accionante radicó el 22 de abril de
2003, ante la oficina de escalafón del Departamento de Santander, solicitud de
ascenso en el escalafón docente. No obstante, a la fecha no ha obtenido
respuesta por parte de la entidad responsable. En consecuencia, instauró acción
de tutela para lograr el amparo de su derecho fundamental de petición.
La Corte encuentra, del análisis normativo
realizado en acápite anterior, que la accionante se halla dentro del segundo
grupo de docentes señalado, esto es, pertenece a los docentes inscritos en el
escalafón creado por el Decreto 2277 de 1979 que radicaron sus solicitudes de
ascenso con posterioridad a la vigencia de la Ley 715 de 2001.
De tal suerte, es la autoridad que, de
acuerdo a la repartición organizacional haya nombrado el municipio de
Bucaramanga, la competente para resolver la petición formulada por la
accionante, con base en las normas contenidas en el Decreto 1095 de 2005.
Así, de la respuesta dada a la acción de
tutela por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, se desprende que la Secretaría
de Educación de dicha ciudad es la entidad encargada de dar respuesta a las
solicitudes de ascenso en el escalafón docente, por cuanto, según lo expresó la
Alcaldía, “la Secretaría de Educación [de Bucaramanga] es la dependencia
encargada de manejar los asuntos relacionados con los hechos de la presente
acción de tutela”[10].
De conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1095 de 2005, las solicitudes de ascenso deben ser resueltas en un
término de 60 días contados a partir de su presentación. Ahora bien, la Sala
encuentra, respecto de dicho término, que éste debe ser contado a partir de la
presentación, para el caso de las solicitudes radicadas con posterioridad a la
vigencia del Decreto en referencia, mientras que, respecto de las solicitudes
presentadas en el lapso comprendido entre la vigencia de la Ley 715 de 2001 y
la expedición del Decreto 1095 de 2005, el término debe correr desde la
vigencia de éste último, porque una interpretación literal de la norma llevaría
a que, frente a la gran mayoría de solicitudes, hubiera vencido el término
legal para contestar.
De esta forma, la Secretaría de Educación
de Bucaramanga, contaba con el término de 60 días, contados a partir de la
vigencia del Decreto 1095 de 2005 (11 de abril de 2005), para contestar la
solicitud de ascenso radicada por la accionante, señora Nalda Elizabeth Tatis
Hernández. Sin embargo, vencido tal término no se ha producido respuesta.
Como quedó visto, el núcleo esencial del
derecho de petición comporta el derecho a obtener por parte de la autoridad
competente una respuesta de fondo, oportuna, clara y precisa. En el caso
concreto, no se presentó respuesta de ninguna naturaleza, por lo que es clara
la vulneración del derecho de petición, y en tal medida será declarada por la
Corte, ordenando, consecuentemente a la entidad, que responda a la solicitud de
la accionante.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juez Diecinueve
Civil Municipal de Bucaramanga. En su lugar, TUTELAR el derecho de
petición de la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaria de Educación de Bucaramanga
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de esta providencia, resuelva de fondo la solicitud de ascenso
presentada por la accionante.
TERCERO: Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo
36 del decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, notifíquese,
insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y Cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR
GIL
Magistrado
Ponente
MARCO GERARDO
MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Ver, entre otras, Sentencias T-566 de 2002, M.P.
Álvaro Tafur Galvis, T-1095 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-235A de
2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[2] Cfr. T-566 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, SU-166
de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-481 de 2002, M.P. Jaime Sanín
Greiffenstein, T-491 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3] M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[4] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[5] Cfr. T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[6] Cfr. T-294 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[7] Cfr. T-476 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[8] Cfr. T-249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[9] Numerales 6.2.15 y 7.15, de los artículos 6 y 7,
respectivamente, de la Ley 715 de 2001.
[10] Ver Folio 12, Cuaderno 1.