C-193-16
Sentencia C-193/16
EXIGENCIA DE
DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES ANTERIORES PARA PRESUMIR LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-No vulnera la igualdad entre las diversas clases de
familia/EXIGENCIA TEMPORAL DE LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL POR LO MENOS
CON UN AÑO DE ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA UNION MARITAL DE HECHO-Constituye
una medida irrazonable y desproporcionada que desconoce el deber de protección
a la familia natural
Esta Corporación se declara inhibida para
resolver de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda, el primer cargo que
invoca el actor denominado “interpretación jurisprudencial del requisito de
disolución de la sociedad conyugal para establecer la presunción que consagra
el artículo 2º de la ley 54 de 1990, y sintaxis exegética de la norma”, así
como el segundo argumento que plantea el cargo relativo a la exigencia de la
disolución de la sociedad conyugal para que se presuma y reconozca la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, por cuanto el actor no cumplió con
los requisitos mínimos tendientes a demostrar la vulneración del artículo 17 de
la Constitución Política. Declarará exequible la exigencia de la disolución de
la sociedad o sociedades conyugales anteriores antes de la fecha en que se
inició la unión marital de hecho, contenida en el artículo 2° literal b) de la
Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1° de la ley 979 de 2005, por
encontrar que no quebranta los derechos a la protección integral de la familia
natural, a la igualdad de derechos y deberes entre la pareja, a la prevalencia
del derecho sustancial sobre el procesal y al acceso a la administración de
justicia, por las estrictas razones que fueron analizadas en esta providencia
con base en el cargo segundo propuesto por el actor. No obstante, declarará
inexequible la expresión “por lo menos un año” por encontrarla carente de
finalidad y justificación, al punto de generar un trato desigual entre los
miembros de las parejas que conforman las familias naturales. Lo anterior por
desconocer los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política.
UNION MARITAL DE
HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Declaración
CARGO DE
INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE INTERPRETACION JUDICIAL DEL REQUISITO DE DISOLUCION
DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA ESTABLECER PRESUNCION DE SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE
COMPAÑEROS PERMANENTES-Inhibición
por falta de requisitos
UNION MARITAL DE
HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Exequibilidad de la exigencia de disolución de
sociedad o sociedades conyugales anteriores
ACCION PUBLICA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos formales/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Jurisprudencia constitucional
CORTE
CONSTITUCIONAL-Fallos que
dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional
SENTENCIA DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter
definitivo, de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Fenómeno
jurídico procesal
COSA JUZGADA
CONSTITUCIONAL-Alcance
COSA JUZGADA
ABSOLUTA-Existencia
COSA JUZGADA
RELATIVA-Existencia
COSA JUZGADA
FORMAL-Existencia
COSA JUZGADA
MATERIAL-Existencia
UNION MARITAL DE
HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Cosa
juzgada constitucional en sentencia C-014 de 1998
La Sala advierte la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y relativa en el presente
caso respecto de la sentencia C-014 de 1998. Material, por cuanto el artículo
2º de la Ley 54 de 1994 fue sustituido en su integridad por el artículo 1º de
la ley 979 de 2005, texto modificado que ahora se demanda, salvo la expresión
inconstitucional “y liquidadas”. No obstante, la expresión censurada fue
reproducida de manera exacta al contenido original que tenía el artículo 2º de
la ley 54 de 1990, que como se explicó, fue objeto de control mediante el
juicio de constitucionalidad en la sentencia C-014 de 1998. Sin embargo, la
Corte observa que la cosa juzgada es relativa porque en aquella oportunidad a
pesar de invocarse como parámetro de control el artículo 42 Superior, el
argumento central utilizado dista del que ahora plantea el actor, habilitando
por consiguiente que se pueda asumir de fondo el estudio de constitucionalidad
bajo los lineamientos que propone la demanda actual.
UNION MARITAL DE
HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Inexistencia de cosa juzgada constitucional en sentencia C-700 de 2013
UNION MARITAL DE
HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Inexistencia de cosa juzgada constitucional en sentencia C-257 de 2015
FAMILIA-Protección integral en el ordenamiento
jurídico colombiano
FAMILIA-Principio de igualdad
FAMILIA-Preceptos superiores
FAMILIA-Consagración constitucional/FAMILIA-Vínculos naturales o jurídicos
INSTITUCION
FAMILIAR-Protección
integral
FAMILIA-Jurisprudencia constitucional
MATRIMONIO Y
UNION MARITAL DE HECHO-Diferencias
La jurisprudencia constitucional ha
precisado que existe una igualdad de trato entre las familias surgidas por el
vínculo jurídico del matrimonio y aquellas que lo son por lazos naturales,
mereciendo igual protección del Estado. Sin embargo, ha advertido las
diferencias del matrimonio frente a la unión marital de hecho porque son dos
instituciones con especificidades propias que no pueden ser plenamente
asimilables. Así, ha reconocido que tanto la sociedad conyugal como la
patrimonial, pueden tener exigencias diferentes para su surgimiento y modo de
probar la existencia, sin que ello en principio lesione la igualdad, a menos
que se demuestre una diferencia de trato en la regulación que no encuentra
ningún fundamento constitucional objetivo y razonable. De esta forma se busca
impedir que se les niegue el acceso a beneficios o privilegios normativos sin
que exista una justificación constitucionalmente válida.
DIFERENCIAS ENTRE
MATRIMONIO Y UNION MARITAL DE HECHO-Jurisprudencia constitucional
ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Prevalencia
del derecho sustancial sobre lo adjetivo o formal
PRINCIPIO DE
PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL PROCESAL-Contenido
PREVALENCIA DEL
DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LO ADJETIVO O FORMAL-Jurisprudencia constitucional
PRINCIPIO
DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE LAS FORMAS-Reiteración de jurisprudencia
La Corte concluye que el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas refiere a que (i) la norma
adjetiva debe buscar la garantía del derecho sustancial y, por ende, no se puede
convertir en una barrera de efectividad de éste; (ii) la regulación procesal
debe propender por la realización de los derechos sustanciales al suministrar
una vía para la solución de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho
adjetivo al cumplir una función instrumental que no es un fin en sí mismo, debe
ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar
para proteger las garantías fundamentales.
FAMILIA Y EFECTOS
PATRIMONIALES DE LOS VINCULOS JURIDICOS Y NATURALES-Potestad de configuración legislativa
CLAUSULA GENERAL
DE COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA-Amplio margen de configuración del legislador en
materia de familia y efectos patrimoniales de vínculos jurídicos y naturales
SOCIEDAD
CONYUGAL-Regulada por el
Código Civil/SOCIEDAD PATRIMONIAL-Regulación
en Ley 54 de 1990 por omisión
en Código Civil sobre regulación de efectos patrimoniales de uniones maritales
de hecho
UNION MARITAL DE
HECHO-Presunción de
sociedad patrimonial
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Definición
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Definición de la
Corte Suprema de Justicia
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Ley 54 de 1990
reconoció jurídicamente su existencia sin establecer igualdad entre compañeros
permanentes y cónyuges
MARGEN DE
CONFIGURACION DEL LEGISLADOR-No
es absoluto
POTESTAD DE
CONFIGURACION LEGISLATIVA-Criterios de razonabilidad y
proporcionalidad
EXIGENCIAS DE
DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL COMO REQUISITO PARA DECLARACION JUDICIAL-Jurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Constitucional concluye que la
interpretación legal realizada de forma pacífica y constante la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se centra en que (i) el literal
b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º de la
ley 979 de 2005, exige que opere la disolución de la sociedad conyugal anterior
para que sea posible declarar desde el día siguiente la existencia de la unión
marital de hecho, y una vez transcurridos como mínimo dos años de ésta, opere
la presunción y el reconocimiento de la sociedad patrimonial. Lo anterior por
cuanto la exigencia de la disolución cumple la finalidad de evitar la
coexistencia de sociedades universales en las cuales se puedan confundir los
patrimonios, lo cual significa que la sociedad patrimonial no puede presumirse
en su existencia si no ha sido disuelta la sociedad conyugal y, (ii) de forma
sistemática ha inaplicado el requisito temporal de un año a que alude la norma,
por considerarlo carente de justificación y un tiempo muerto que sacrifica los
derechos patrimoniales de los compañeros permanentes que tienen impedimento
legal para contraer matrimonio.
DERECHO VIVIENTE
EN CONTROL ABSTRACTO DE CONSTITUCIONAL-Caracterización
CARACTERIZACION
DEL DERECHO VIVIENTE-Requisitos
a partir de decisiones judiciales de las Altas Cortes
CARACTERIZACION
DEL DERECHO VIVIENTE-Competencia ordinaria de la Corte Suprema
de Justicia y Consejo de Estado en relación con la interpretación de la ley/CARACTERIZACION DEL DERECHO VIVIENTE-Competencia constitucional de la Corte Constitucional
SALA DE CASACION
CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Organo judicial límite de la especialidad del derecho
de familia
UNION MARITAL DE
HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Jurisprudencia de la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
JURISPRUDENCIA
ORDINARIA-Cambios legales
reconocidos con la expedición de la Ley 54 de 1990
UNION MARITAL DE
HECHO Y SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Posición vinculante de la Corte Suprema de
Justicia constituye derecho viviente
UNION MARITAL DE
HECHO Y REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Contexto y contenido
UNION MARITAL DE
HECHO-Declaración/REGIMEN PATRIMONIAL ENTRE
COMPAÑEROS PERMANENTES-Declaración judicial o por mutuo
consentimiento
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Efectos
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Activos
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Finalidad
PRESUNCION DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Naturaleza
legal
PRESUNCION DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Admite
prueba en contrario tendiente a desvirtuar hecho que se presume al ser de
naturaleza legal
PRESUNCION DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Hechos básicos para que opere
DISOLVER-Definición/SOCIEDAD
CONYUGAL-Causales de disolución
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Disolución de
sociedad conyugal anterior para reconocimiento judicial
PRESUNCION DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Busca
evitar coexistencia de sociedades universales de gananciales que puedan
confundir el patrimonio social
PRESUNCION DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL Y DISOLUCION DE SOCIEDAD
CONYUGAL-Presunción de buena fe
PRESUNCION DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL Y DISOLUCION DE SOCIEDAD
CONYUGAL-No desconoce
la protección integral a la familia natural
SOCIEDAD
PATRIMONIAL-Conforma una
sociedad universalidad de gananciales entre compañeros permanentes/PRESUNCION
DE SOCIEDAD PATRIMONIAL Y DISOLUCION DE SOCIEDAD
CONYUGAL-No es presunción de pleno derecho sino legal
que admite prueba en contrario
EXIGENCIA PREVIA
DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Requisito
de precisión
Respecto al requisito de precisión, la Sala
observa que uno de los hechos básicos o indicadores es la exigencia de la
disolución de la sociedad conyugal previa para que opere la presunción y el
reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial. En la redacción legal de la
locución demandada, esa exigencia es plena y completa, además resulta
importante para el reconocimiento de la sociedad patrimonial porque lo que se
pretende es evitar la coexistencia de sociedades universales y la confusión de
patrimonios sin que exista una certeza temporal de los mismos, comprometiendo
gravemente la tutela judicial efectiva y el orden justo como valor
constitucional en procura de garantizar ambos derechos sustanciales.  De esta
forma, la disolución resulta ser un hecho revelador para el reconocimiento de
la sociedad patrimonial.
EXIGENCIA PREVIA
DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Requisito
de seriedad
En cuanto al requisito de seriedad, la Sala
estima que existe un nexo fáctico importante entre el hecho indicador de la
disolución de la sociedad conyugal anterior y la consecuencia de presumir la
sociedad patrimonial acompañada de otros tres hechos básicos adicionales. Dicho
nexo, se repite, tiene su fundamento en evitar la coexistencia y confusión de
los patrimonios universales que conforman la sociedad conyugal y la
patrimonial, ya que disuelta aquella el orden lógico advertía como
extremadamente probable el reconocimiento de ésta. Sobre este punto, el
demandante agrega que como la disolución solo puede ser adelantada por el
compañero permanente que tiene el impedimento legal para contraer matrimonio,
entonces el hecho básico objeto de análisis pierde seriedad porque deja
indefenso jurídicamente al otro compañero. Como lo indicó en su momento la
Sala, no se puede presumir la mala fe y la irresponsabilidad en el actuar del
compañero permanente que tiene la sociedad conyugal vigente, y en todo caso,
como medida drástica el compañero al que se denomina “débil” podría acudir a
los estrados judiciales para que mediante proceso declarativo verbal residual,
se fije la obligación del otro compañero de disolver la sociedad conyugal.
EXIGENCIA PREVIA
DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Requisito
de concordancia
Frente al requisito de concordancia, al
tener la sociedad patrimonial la naturaleza de ser una universalidad de gananciales
entre los compañeros permanentes, existe una relación fáctica concordante con
la exigencia de disolución previa de la sociedad conyugal anterior porque el
legislador lo que pretendió con la Ley 54 de 1990 fue reconocer efectos
económicos en las uniones maritales de hecho, pero sin que coexistan las
sociedades conyugal y patrimonial para evitar la confusión de los patrimonios
otorgando seguridad jurídica y protección efectiva al derecho sustancial.
EXIGENCIA PREVIA
DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Cumple
supuestos de precisión, seriedad y concordancia flexibles al tratarse de
presunciones legales o iuris tantum/EXIGENCIA PREVIA DE DISOLUCION DE
SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE SOCIEDAD
PATRIMONIAL-No afecta derecho a la igualdad de compañeros permanentes
frente a la sociedad patrimonial
JUICIO DE
PROPORCIONALIDAD-Modalidades
según el grado de intensidad
FAMILIA Y EFECTOS
PATRIMONIALES DE LOS VINCULOS JURIDICOS Y NATURALES-Juicio
de proporcionalidad de intensidad intermedia
EXIGENCIA PREVIA
DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Finalidad de la medida es legítima
La exigencia de disolver la sociedad
conyugal anterior que tiene vigente el compañero permanente con impedimento
legal para contraer matrimonio, como uno de los hechos indicadores de la
presunción de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, tiene por
finalidad evitar la coexistencia de sociedades universales de gananciales que
se puedan yuxtaponer confundiendo el haber social, es decir, el patrimonio
mismo. La Sala considera que dicha finalidad expuesta por el legislador al
establecer esta medida, desarrolla el valor constitucional del orden justo y la
propiedad privada de los bienes establecidos en cabeza de la sociedad conyugal
ya empezada. Solo hasta su finalización mediante la disolución, es posible
presumir y reconocer judicialmente la sociedad patrimonial entre los compañeros
permanentes. No pierde de vista la Corte que la falta de disolución de la
sociedad conyugal anterior, impide que se aplique la presunción legal,
afectando el derecho sustancial que le asiste a los compañeros permanentes del
reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial.
EXIGENCIA PREVIA
DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Medida
es necesaria
La medida de disolver la sociedad conyugal
anterior como uno de los hechos básicos para que opere la presunción de
sociedad patrimonial, es necesaria: la Corte considera que no existe otra
medida igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento de la finalidad de
evitar la coexistencia y confusión de patrimonios de las sociedades universales
de gananciales, y de esa forma fundamentar el orden justo constitucional. Al
respecto, el demandante indica que la medida legislativa analizada es
innecesaria por dos razones: (i) la separación de cuerpos entre los cónyuges
aunque no disuelve el matrimonio, pero sí suspende la vida común de los casados
y por sustracción de materia disuelve la sociedad conyugal, situación que
termina definiendo los patrimonios; y, (ii) el derecho sustancial se puede
reconocer porque el patrimonio construido con el trabajo, ayuda y socorro de
los compañeros permanentes, surge como independiente de la sociedad conyugal,
siendo entonces un problema netamente probatorio. Sobre el primero de esos
puntos, la Sala estima necesario precisar que la separación de cuerpos obra por
dos vías: la judicial, que disuelve la sociedad conyugal sin afectar el vínculo
principal que es el matrimonio, caso en el cual la medida analizada no tendría
problemas porque el hecho básico de la presunción estaría acreditado; y la de
hecho, que NO disuelve la sociedad conyugal y que pasados dos años sin
convivencia de los cónyuges, constituye una de las causales objetivas para
solicitar el divorcio. De lo anterior se desprende que, contrario a lo afirmado
por el actor, la separación de cuerpos de hecho no sirve para cumplir la
finalidad de orden justo pluricitada, ya que en la mayoría de los casos no
existe un límite temporal claro que permita establecer con seguridad cuándo se
presentó la separación de cuerpos de hecho. Respecto del segundo de esos puntos,
la Corte observa que el reconocimiento del derecho sustancial debe garantizarse
bajo los criterios de tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica y de
certeza temporal de los patrimonios universales, porque so pena de su
reconocimiento a toda costa no se puede trasladar el problema y la confusión de
haberes comunes a la fase de liquidación de las sociedades. De esta forma, la
Sala considera que la finalidad en el presente caso no se logra mediante otros
mecanismos menos restrictivos en términos de derechos fundamentales o de los
principios constitucionales perseguidos.
EXIGENCIA PREVIA
DE DISOLUCION DE SOCIEDAD CONYUGAL PARA PRESUNCION Y RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE
SOCIEDAD PATRIMONIAL-Medida
es proporcionada en sentido estricto
La medida de disolver la sociedad conyugal
anterior como uno de los hechos básicos para que opere la presunción de
sociedad patrimonial, es proporcionada en sentido estricto: la Sala evidencia
que esta medida legislativa si bien impediría aplicar la presunción de sociedad
patrimonial y su reconocimiento judicial, no es menos cierto que el patrimonio
común adquirido por los compañeros permanentes se puede reclamar solicitando la
declaración, disolución y liquidación de una sociedad de hecho. Significa lo
anterior que existe otro medio judicial a través del cual el Estado protege el
patrimonio de las familias naturales, independientemente del nombre que reciba
la figura jurídica, con lo cual se garantiza el derecho de acceso a la
administración de justicia. Obviamente el costo se traduce en que el derecho
sustancial a la sociedad patrimonial no se presumir con base en la ley 54 de
1990, sino a partir de las normas civiles que rigen la sociedad de hecho o
demostrando por otros medios de prueba que la presunción legal se logra desvirtuar.
No obstante, el beneficio que se obtiene en cuanto a evitar la coexistencia de
patrimonios universales que impidan cumplir con el valor del orden justo e
incluso confundan el derecho de propiedad entre los cónyuges y los compañeros
permanentes, se traduce en un favor mayor que se justifica desde el punto de
vista constitucional.
UNION MARITAL DE
HECHO-Exigencia temporal
de disolución de sociedad conyugal anterior por lo menos un año antes de la
fecha en que inició
DISOLUCION DE
SOCIEDAD CONYUGAL ANTERIOR-Hecho
básico o requisito para presunción legal de sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes y reconocimiento judicial
Referencia: expediente D-10985
Demanda
de inconstitucionalidad contra el literal b (parcial) del artículo 2º de la Ley
54 de 1990 “por la cual se definen las
uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes”, modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005 “por
medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen
unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos
patrimoniales entre compañeros permanentes.”
Demandante:
Yerlyn Valencia Jiménez
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá, D.C., veinte (20)
de abril de dos mil dieciséis (2016).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción
pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano
Yerlyn Valencia Jiménez presentó
demanda de inconstitucionalidad contra el literal b
(parcial) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen
patrimonial entre compañeros permanentes”,
modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005 “por medio de la cual se
modifica parcialmente la Ley 54 de 1990 y se establecen unos mecanismos ágiles
para demostrar la unión marital de hecho y sus efectos patrimoniales entre
compañeros permanentes.”
Mediante providencia del
30 de septiembre de 2015, el magistrado sustanciador Luis Ernesto Vargas Silva
dispuso admitir la demanda por considerar que reunía los requisitos exigidos
por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, corrió traslado al Procurador General
de la Nación, y comunicó el inicio del proceso al Presidente de la República,
al Presidente del Congreso, así como al Ministro del Interior y al Ministro de
Justicia y del Derecho.
Al mismo tiempo, invitó a
participar en el presente juicio a las Facultades de Derecho de las
Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, de los
Andes, de la Sabana, ICESI de Cali, Libre, Eafit de Medellín, del Atlántico,
Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia  y del Rosario, al igual que a
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Centro de Estudios sobre Derecho,
Justicia y Sociedad – Dejusticia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal,
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo, con
el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la
demanda de la referencia.
II. LA NORMA DEMANDADA
A continuación se
transcribe el texto de la norma demandada, resaltando el aparte objeto de la
censura:
“LEY 54 DE 1990
(Diciembre 28)
Diario Oficial 39.615 de diciembre 31 de 1990
Por la cual se definen las uniones
maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
Artículo  2o. Modificado por el art. 1,
Ley 979 de 2005. Se presume sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de
los siguientes casos:
a) Cuando exista
unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre
y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;
b) Cuando exista
una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento
legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros
permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales
anteriores hayan sido disueltas por lo menos un año antes de
la fecha en que se inició la unión marital de hecho.
(…)”.
III. LA DEMANDA
1. El demandante
considera que el aparte censurado contenido en el literal b) del artículo 2º
de la Ley 54 de 1994, modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005, vulnera los artículos 5, 13, 29, 42, 228 y 229 de la Constitución
Política. Para sustentar lo anterior, presenta dos cargos de
inconstitucionalidad.
Primer cargo
denominado “Interpretación jurisprudencial del requisito de disolución de la
sociedad conyugal para establecer la presunción que consagra el artículo 2º de
la Ley 54 de 1990, y sintaxis exegética de la norma”.
2.  El actor plantea que
son varias las interpretaciones jurisprudenciales de la norma demandada “que
extralegalmente han sido elevadas a premisas o presunciones iuris et de iure,
las cuales enfrentadas con la sintaxis exegética de la norma y la Constitución
de 1991, resultan ser extralegales por no estar contenidas en la Ley 54 de 1990
ni en ninguna otra norma de la República, subjetivas, inconstitucionales y
erradas, con alto contenido de perjuicios, desprecio y estigmatización hacia
las uniones maritales de hecho”.
3. Como “presunción 1”,
indica que la jurisprudencia extralegalmente estableció que el artículo 2º de
la Ley 54 de 1990 consagra una presunción iuris et de iure según la
cual, por el hecho de que uno de los compañeros permanentes se encuentre casado
y los cónyuges separados de hecho, y por incuria o deliberadamente no hayan
disuelto la sociedad conyugal anterior, se presume la inexistencia de la
sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho. De tal forma, no
puede predicarse la conformación de la sociedad patrimonial, lo cual estima el
actor es inconstitucional y errado porque el artículo 2º ibídem indica en qué
circunstancias el juez presume tal sociedad patrimonial, sin hacer referencia a
la declaración judicial concreta, sustancial y material del patrimonio o
capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compañeros
permanentes. Así, explica que es diferente presumir la sociedad patrimonial a
su nacimiento material y que no existe ninguna norma que impida o prohíba
demostrar la existencia concreta del patrimonio o capital común de los
compañeros permanentes.
Señala que analizando la
sintaxis exegética del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, se observa que el
legislador no supeditó la declaración judicial de la existencia material y
sustancial de la sociedad patrimonial definida en el artículo 3º, al
cumplimiento de la presunción consagrada en el artículo 2º de la misma ley. De
allí desprende que el compañero permanente interesado puede acudir a otros
medios de prueba para que el juez de familia declare la existencia del patrimonio
social, debiendo acreditar los requisitos axiológicos de trabajo, ayuda y socorro
mutuo de los compañeros permanentes. Lo anterior, privilegiando los artículos
29, 228 y 229 Superiores.
4. Plantea que la “presunción
2” se origina porque la jurisprudencia extralegalmente estableció que por
el hecho que uno de los compañeros permanentes se encuentre casado y los
cónyuges separados de hecho sin haber disuelto su anterior sociedad conyugal,
se presume iuris et de iure que el otro compañero permanente no cumple
con los requisitos axiológicos de trabajo, ayuda y socorro mutuo para que se
conforme el patrimonio o capital que refiere el artículo 3º de la Ley 54 de
1990. De tal forma, a pesar de la unión marital, se presume que no ayudó, no
trabajó y no colaboró en la consecución del capital común.
Según el actor, esta
premisa es errada porque el artículo 3º de la Ley 54 de 1990 es la norma
sustancial que define e instituye la sociedad patrimonial, de la cual se
infiere que cuando hay un patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y
socorro mutuo de los compañeros permanentes, “es ahí cuando se concreta,
nace, se forma, se origina y existe concreta, sustancial y materialmente la
sociedad patrimonial” perteneciendo en partes iguales a ambos compañeros.
Aduce que esa norma es ignorada por la jurisprudencia al sobreponer la
presunción iure et de iure, violando el principio de primacía del
derecho sustancial sobre el procesal (art. 228 de la CP) y el principio de
imperio de la ley (art. 230 de la CP).
5. Esgrime que de acuerdo
con la “presunción 3”, la jurisprudencia extralegalmente estableció que
el artículo 2º de la ley 54 de 1990 consagra una presunción iuris et de iure
según la cual, por el hecho que uno de los compañeros permanentes se encuentre
casado y los cónyuges separados de hecho, y no hayan disuelto judicialmente su
anterior sociedad conyugal, se presume de pleno derecho “que las pruebas
aportadas ante el juez de familia para demostrar la existencia concreta,
sustancial y material del patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y
socorro mutuos de los compañeros permanentes, no tienen ningún valor, pues en
dichos casos ni siquiera se valoran las pruebas allegadas para demostrar la
existencia de la sociedad patrimonial”.
Para el actor, la
anterior presunción es errada porque la Ley 54 de 1990 no establece “tal
despropósito violatorio del debido proceso y primacía de la Ley sobre los
prejuicios (art. 29 y 230 de la CP)”, pues considera que se deben examinar
las pruebas aportadas al proceso para demostrar la pretensión aducida en la
demanda y dictar sentencia de acuerdo con el material probatorio allegado, con
el fin de objetivamente determinar si como fruto del trabajo, ayuda y socorro
mutuo de los compañeros, se conformó o no un patrimonio social.
6. Señala que “la
presunción 4” refiere a que la jurisprudencia extralegalmente estableció
que el art. 2º de la Ley 54 de 1990 consagra una presunción iuris et de iure
según la cual, por el hecho que uno de los compañeros permanentes se encuentre
casado y los cónyuges separados de hecho, y no hayan disuelto judicialmente su
anterior sociedad conyugal, se presume que todos los bienes producto del
trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compañeros permanentes se encuentra en
cabeza del compañero casado, pasando automáticamente a formar parte de la
sociedad conyugal.
Indica que esta presunción
desconoce el artículo 17 de la Constitución, que prohíbe la esclavitud,
servidumbre y trata de personas en Colombia, porque admitirla “sería
establecer que uno de los compañeros permanentes durante varios años que
trabajó hombro a hombro con el otro que se encuentra casado, fungió como
esclava o servidora para enriquecimiento sin causa de la familia conyugal”.
7.  Y finalmente indica
que la última interpretación jurisprudencial denominada “presunción 5”, también
extralegalmente ha fijado que el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 consagra una
presunción iuris et de iure según la cual, por el hecho que uno de los
compañeros permanentes se encuentre casado y los cónyuges separados de hecho, y
no hayan disuelto judicialmente su anterior sociedad conyugal, se presume de
pleno derecho que la norma fue creada para evitar la concurrencia y confusión
entre los bienes de la sociedad conyugal anterior y la patrimonial, lo que
impide que exista la sociedad patrimonial porque todos los bienes del compañero
casado pertenecen a la sociedad conyugal y, por tanto, se remite al otro
compañero al juez civil para que intente la declaración de sociedad civil entre
concubinos.
En criterio del actor,
esta presunción de derecho no se puede aplicar porque en la actualidad el juez
de familia cuenta con diferentes herramientas probatorias para rastrear los
bienes y determinar cuáles pertenecen a la sociedad conyugal y cuáles fueron
adquiridos en vigencia de la sociedad patrimonial. Así, precisa que “(…)
existe incuria por parte de la jurisdicción de familia al remitir sus
competencias a la jurisdicción civil, violando la ley 54/1990 que establece la
existencia del patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro
mutuos de los compañeros permanentes”, por ende, debe ser declarada por los
jueces de familia.
8. Luego de profundizar
en cada una de las presunciones antedichas, el actor concluye que la sintaxis
exegética del artículo 2º de la Ley 54 de 1990 consagra (i) una
presunción de sociedad patrimonial, con el fin de librar a los compañeros
permanentes de la carga excesiva de la prueba al momento de la disolución y
liquidación de dicha sociedad; (ii) los requisitos para presumir la
sociedad patrimonial están definidos en los literales a) y b) del artículo 2º
de la Ley 54 de 1990 modificada, mientras que los requisitos para determinar la
existencia concreta, sustancial y material de la sociedad patrimonial están
definidos en el artículo 3º ibídem, los cuales son demostrar un patrimonio
producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compañeros; y, (iii)
el artículo 2º en comento establece cuando se origina la presunción de sociedad
patrimonial, mientras que el artículo 3º de la ley 54 de 1990 establece el
nacimiento concreto, sustancial y material de dicha sociedad.
Segundo cargo: El
requisito de disolución de la sociedad conyugal por lo menos un año antes de la
fecha en que inició la unión marital de hecho.
9. El demandante plantea
que el requisito de disolución de la sociedad conyugal “por lo menos un año
antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho” para que la
sociedad patrimonial pueda ser declarada judicialmente, contenido en el aparte
censurado, vulnera los artículos 5, 13, 17 y 42 de la Constitución Política que
consagran el principio de protección a la familia como institución básica de la
sociedad, la no discriminación por origen familiar, la prohibición de
esclavitud y, la igualdad de derechos y deberes de la pareja.
10. Comienza señalando
que el aparte acusado privilegia a uno de los compañeros permanentes que por
incuria o deliberadamente dejó sin disolver su anterior sociedad conyugal, “discriminando
y colocando en estado de indefensión y de subordinación al otro compañero
permanente que no está legitimado para hacer cumplir dicho requisito de
disolución”, porque la norma estableció que la presunción de sociedad
patrimonial solo se origina cuando el cónyuge con sociedad conyugal no
disuelta, es decir, separado de hecho, la disuelve efectivamente. Así, advierte
que el precepto demandado ubica en mejor posición al compañero que tiene
sociedad conyugal anterior no disuelta, porque de él depende la disolución para
que se pueda aplicar la presunción de existencia de la sociedad patrimonial.
Indica que en dichos
casos la jurisprudencia de familia ha sido discriminatoria porque al compañero
permanente que está en la posición débil, se le remite al juez civil para que
intente la declaración de sociedad civil de hecho entre concubinos, debiendo
renunciar a que el patrimonio o capital común producto del trabajo, ayuda y
socorro mutuo, sea llamado sociedad patrimonial y que dicha relación sea
reconocida como una familia natural protegida por la Carta Política. Estima que
lo anterior quebranta la igualdad de derechos y deberes que deben existir entre
la pareja (arts. 13 y 42 inciso 4º de la CP).
11. Estima que la
presunción de sociedad patrimonial que libra de la carga de la prueba a los
compañeros permanentes, “depende de los cónyuges separados de hecho, dejando
en inercia e indefensión jurídica al otro compañero permanente que no se
encuentra casado, pues éste no puede obligar a los miembros de la familia
conyugal a que disuelvan su anterior sociedad conyugal”. Con base en ese
argumento, plantea la violación del principio de protección integral a la
familia natural que consagra los artículos 5, 13 y 42 Superiores.
12. Aduce que el
requisito de disolución de la sociedad conyugal anterior para dar origen a la
presunción de sociedad patrimonial desconoce el artículo 17 de la Constitución,
porque convierte al compañero permanente que se encuentra libre de impedimento
legal, en un servidor o esclavo de la sociedad conyugal. “Lo anterior debido
a que, al no cumplirse el requisito de disolución, todos los bienes producto
del trabajo, ayuda y socorro mutuos de ambos compañeros permanentes que estén a
título del compañero con sociedad conyugal vigente, no se presumen pertenecer
al otro compañero permanente perjudicado con la medida, y por tanto, esté
último queda degradado a servidumbre para enriquecimiento sin causa de la
familia matrimonial”.
13. Así mismo, plantea
que el requisito de disolución de la sociedad conyugal por lo menos un año
antes de la fecha en que se inició la unión material de hecho, al ser una
presunción legal que no admite prueba en contrario, desconoce los requisitos de
precisión, seriedad y concordancia que fueron fijados para las presunciones de
derecho en la sentencia C-731 de 2005, como se pasa a explicar.
13.1. En cuanto al
requisito de precisión, expone que el hecho indicador de la presunción de
sociedad patrimonial es la disolución de la sociedad conyugal anterior a la
unión material de hecho, el cual aunque persigue un fin legítimo (presumir la
sociedad patrimonial), no refleja un nexo fáctico con el fin propuesto. Precisa
que la constitución del patrimonio social de los compañeros permanentes no
depende directa o indirectamente de que se haya disuelto la sociedad conyugal
anterior, sino del trabajo, ayuda y socorro con el cual construyen el capital.
13.2. Respecto al requisito
de concordancia, el demandante esgrime que la sociedad patrimonial es singular,
particular y concreta, por ende, dista en su naturaleza a la sociedad conyugal
que es universal. De tal forma que si lo que se pretende evitar es la
concurrencia de sociedades universales, el legislador partió de un supuesto
equivocado. Así, el hecho indicador denominado disolución previa de la sociedad
conyugal anterior, no guarda relación fáctica con el hecho indicado que es la
existencia concreta, sustancial y material de la sociedad patrimonial, “(…)
violándose y restringiéndose desproporcionada e injustificadamente el principio
de primacía del derecho sustancial contenido en el artículo 3º de la Ley 54 de
1990, sobre el procesal (hecho indicador de la presunción del art. 2º lit b),
así como el acceso a la administración de justicia bajo el amparo de una
presunción legítima y, por ende, el debido proceso”.
13.3. Frente al requisito
de seriedad, manifiesta que el legislador al fijar como hecho indicador de la
presunción de derecho, la disolución de la sociedad conyugal anterior que sólo
puede adelantar el compañero permanente que tiene el impedimento legal, deja
indefenso judicialmente al otro compañero libre de impedimento y eso afecta la
seriedad de la presunción porque desconoce el derecho a la igualdad inherente a
ambos compañeros permanentes frente a la sociedad patrimonial.
14. Invocando la misma
sentencia C-731 de 2005, señala que en el Estado constitucional la restricción
de derechos fundamentales debe superar los criterios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto, los cuales advierte incumplidos con la
exigencia de disolver la sociedad conyugal anterior un año antes de la fecha en
que inició la unión marital de hecho.
14.1. Haciendo referencia
al criterio de idoneidad, explica que el precepto demandado persigue como fin
legítimo presumir la sociedad patrimonial para liberar de la prueba excesiva a
los compañeros permanentes al disolver y liquidar tal sociedad, pero el
requisito o hecho indicador que es la exigencia temporal de la disolución de la
sociedad conyugal anterior, manifiesta que es irrelevante para cumplir el fin
señalado porque el patrimonio social producto del trabajo, ayuda y socorro
mutuo de los compañeros no depende para su existencia de que se haya disuelto o
no la sociedad conyugal anterior.
14.2. En cuanto al
criterio de necesidad, el actor indica que el artículo 167 del Código Civil
consagra una medida idónea y mucho menos restrictiva de los derechos
fundamentales violados por el precepto censurado, porque establece que la
separación de cuerpos entre los cónyuges no disuelve el matrimonio pero
suspende la vida en común de los casados y, en consecuencia, disuelve la
sociedad conyugal. Entonces, según el demandante, si no hay vida común entre
los cónyuges por convivir en unión marital de hecho con terceras personas, no
se puede formar sociedad de bienes o patrimonio común entre los cónyuges. Así,
los bienes adquiridos antes de la separación de hecho entre cónyuges pertenecen
a la sociedad conyugal, y los adquiridos posteriormente como fruto del trabajo,
ayuda y socorro mutuo de los compañeros permanentes durante la unión marital de
hecho, constituyen la sociedad patrimonial siendo suficiente como presunción
legal o iuris tantum.
Al respecto, el actor
admitiendo en gracia de discusión que la norma demandada tiene por finalidad
evitar la concurrencia o confusión de bienes de la sociedad conyugal anterior
con la sociedad patrimonial actual, indica que los cónyuges separados de hecho
cuentan con varias herramientas idóneas y efectivas que permiten garantizar ese
fin, cuales son: (i) la separación judicial de cuerpos temporal o
permanente al momento de la separación de hecho (art. 167 CC); (ii) la
separación de bienes al momento de la separación de hecho (art. 197 del CC; (iii)
el divorcio (art. 154 del CC); o (iv) las capitulaciones al inicio de la
unión marital de hecho (art. 1771 y ss del CC). Al existir tales medidas,
indica que el requisito de disolución no puede traducirse en un detrimento
patrimonial de los miembros de la familia natural.
14.3. Finaliza indicando
que el criterio de proporcionalidad en sentido estricto tampoco se cumple,
porque los beneficios de la norma demandada son nulos. Expone que de no
acreditarse la presunción que establece el artículo 2º de la Ley 54 de 1990,
ante la ausencia de norma que impida demostrar la existencia concreta,
sustancial y material del patrimonio marital, bien sea que se acuda a la
jurisdicción de familia o civil, el efecto jurídico es el mismo: el 50% del
patrimonio producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos corresponde a cada uno
de los compañeros. Pero señala que la norma sí causa un enorme perjuicio porque
viola los derechos fundamentales de la familia natural, sumado a que la
administración de justicia debe entonces tramitar dos procesos diferentes: uno
para declarar la unión marital de hecho y otro para declarar la existencia,
disolución y liquidación de la sociedad civil de hecho.
15. Apoyado en los
anteriores dos cargos de inconstitucionalidad, el demandante pide declarar
inexequible el aparte censurado, o en su defecto, declarar su exequibilidad
condicionada “en el entendido que el compañero permanente víctima de su
compañero que por incuria o deliberadamente no disolvió su anterior sociedad
conyugal provocando así el incumplimiento de la presunción de sociedad
patrimonial, no está impedido por la Constitución ni por ninguna norma de la
República para que depreque y demuestre mediante los medios legales de prueba y
ante la jurisdicción de familia, la existencia concreta, material y sustancial
de la sociedad patrimonial de hecho, (…) [la cual] es deber constitucional del
juez de familia declarar”.
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones de
entidades oficiales
Del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (en adelante ICBF)
16. La Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica del ICBF, Dra. Luz Karime Fernández Castillo, solicita a esta
Corporación que se declare inhibida para decidir por existir cosa juzgada
constitucional frente a la sentencia C-700 de 2013, y subsidiariamente que
declare exequible el precepto censurado.
17. Para fundar la inhibición
propuesta, indica que la misma norma demandada parcialmente fue objeto de
estudio por la Corte Constitucional en la sentencia C-700 de 2013, con base en
argumentos similares expuestos por el mismo demandante e invocando el quebranto
de los artículos 13, 17 y 42 Superiores.  Señala que al declararse la
inexequibilidad del requisito de liquidación en la mencionada sentencia,
se consideró constitucionalmente admisible el requisito de disolución de la
sociedad conyugal para declarar la sociedad patrimonial, con el fin de evitar
concurrencia de sociedades conyugales y patrimoniales.
Así mismo, considera que
el cargo relativo a la existencia de presunciones legales de derecho se
presenta a partir de diferentes interpretaciones jurisprudenciales, no así
respecto del contenido de la norma demandada, lo que daría lugar a un fallo
inhibitorio.
18. Frente a la
pretensión subsidiaria, después de poner en contexto la regulación de la unión
marital de hecho y sus efectos patrimoniales, la interviniente considera que el
artículo 2º de la Ley 54 de 1994 -con su respectiva modificación- no consigna
una presunción de derecho, ni impone una restricción probatoria en contra de
los ciudadanos que establecen su unión marital de hecho, ya que pueden recurrir
a otros medios de prueba ordinarios para enervar la presunción de hecho y
demostrar el nacimiento de la sociedad patrimonial. Así mismo, señala que son diferentes
las causales de disolución de la sociedad conyugal y de la sociedad
patrimonial, y que la exigencia que hace el legislador en el precepto demandado
cumple un fin relevante que da seguridad jurídica a cada una de las sociedades
para tener certeza temporal frente al patrimonio, evitando la posibilidad de
confusión entre estas dos entidades jurídicas.
19. Finaliza afirmando
que de la norma demandada no se desprende un trato desigual entre familias
conformadas bajo el vínculo matrimonial y las conformadas por las uniones
maritales de hecho, pues incluso el artículo 140-12 del Código Civil establece
que en el caso de segundas nupcias el matrimonio no produce sus efectos, entre
ellos el surgimiento de la sociedad conyugal, cuando subsiste el vínculo anterior.
De esta forma se garantiza que no exista confusión de patrimonios sociales,
situación que también se predica como finalidad en las sociedades
patrimoniales.
Del Ministerio de
Justicia y del Derecho
20. El Director de la
Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio
de Justicia y del Derecho, Dr. Fernando Arévalo
Carrascal, intervino solicitando declarar exequible la expresión demandada,
señalando además que en el texto de la demanda se presentan una serie de acusaciones
que parten de argumentos abstractos basados en consideraciones subjetivas, sin
precisar puntualmente a cuáles acusaciones hace referencia.
21. Plantea que el aparte
acusado no vulnera el principio de igualdad de deberes y obligaciones de la
pareja, ni la obligación constitucional de protección igualitaria a los
diferentes tipos de familia, porque los argumentos del actor parten de una
premisa contraria al principio de buena fe respecto a “(…) que en términos
generales los compañeros permanentes que tienen una sociedad conyugal
preexistente disuelta pero no liquidada, afectarían por razones de conveniencia
los derechos patrimoniales de su compañero para beneficiar y enriquecer sin
causa a la sociedad conyugal previa”. Precisa que de presentarse la concurrencia
de sociedades conyugal y patrimonial, no queda desprotegido el patrimonio del
compañero permanente sin vínculo anterior, toda vez que el sistema jurídico
contempla la posibilidad de que acuda a la justicia civil para que se declare
la existencia de la sociedad de hecho.
22. Añade que el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración legislativo para
definir los efectos económicos de las sociedades conyugal y patrimonial como
instituciones jurídicas diferentes, al igual que es constitucionalmente legítimo
que fije diferencias entre los mecanismos probatorios aplicables al matrimonio
y a la unión marital de hecho. Luego entonces, no puede asimilarse a
discriminación las diferencias establecidas entre los regímenes conyugal y de
unión marital porque ello es concebido precisamente para proteger la libertad
de los ciudadanos al conformar una familia, de acogerse a uno u otro régimen, a
fin de “garantizar el principio pluralista y proteger todas las diversas
formas de familia y proscribir la imposición de un solo mecanismo para darle origen”.
Intervenciones de entidades
académicas
De la Universidad Javeriana
23. El Grupo de Acciones
Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana solicita a la Corte declararse
inhibida para resolver de fondo respecto de la violación de los artículos 29 y
228 de la Constitución Política. Al respecto, plantea que el demandante no
desarrolla argumentos sobre la afectación del debido proceso y a la prevalencia
del derecho sustancial, sino que dedica su análisis a una serie de premisas y
presunciones extralegales iuris et de iure como fuente de interpretación
del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, manifestando a su vez que su fin es darle
el “verdadero” alcance a la norma para que no sean citadas como
presunciones de derecho, derivando además dicho análisis de opiniones
subjetivas y personales sobre cómo deberían realmente interpretarse. En virtud
de lo expuesto y como consecuencia de no señalar de forma clara, cierta, específica,
pertinente y suficiente, las razones por las cuales puede devenir una posible
inconstitucionalidad, no se entiende configurado el concepto de la violación sobre
el precepto demandado en el primer cargo que propuso el demandante.
24. Así mismo, piden a la
Corte declarar exequible la expresión demandada porque no desconoce el artículo
5º de la Constitución Política, toda vez que está protegiendo a la familia
estableciendo diferencias en cuanto a su formación por el hecho del
consentimiento expresado a la hora de formar el vínculo que le da nacimiento
natural o legal. Así, tales diferencias se trasladan al plano económico
garantizando los intereses patrimoniales y las comunidades de vida, por lo que
tiene que propender por la no concurrencia de sociedades patrimoniales o
sociedades conyugales, ni de éstas con aquellas.
25.  En relación con la
presunta vulneración del precepto demandado frente al artículo 13 Superior, en tanto
que se deja al arbitrio de uno de los compañeros la configuración o no de la
presunción de sociedad patrimonial, causándose una afectación al otro compañero
en la medida que debe renunciar a su calidad, a la sociedad patrimonial y al
vínculo de unión marital de hecho, indica que la intención de esta norma es
proscribir la coexistencia de múltiples sociedades a título universal y la
única forma de lograrlo es probando la disolución del previa de la sociedad
conyugal. Por ello, en concordancia con lo expuesto por esta Corte al declarar
en sentencia C- 700 de 2013 la inexequibilidad del aparte “liquidación”, es
menester cumplir mínimamente con el requisito de “disolución”, sin que
con ello entiendan vulnerado el derecho a la igualdad.
26. Finalmente, en cuanto
a la vulneración del principio de protección integral de la familia natural contenido
en el artículo 42 Superior, por dejar en indefensión jurídica al otro compañero
permanente que no se encuentra casado, para que obligue a  que se disuelva la
anterior sociedad conyugal,  concluye el grupo interviniente que es imperativo
y eje transversal al principio presuntamente vulnerado, la carga de
responsabilidad que tiene el compañero permanente con sociedad conyugal
anterior vigente, de disolverla so pena de ser exigida en estrados judiciales. Lo
anterior, con el fin de guardar coherencia con lo teleológicamente propuesto en
la norma, esto es, que el compañero permanente actúe de manera responsable y
diligente evitando la coexistencia de sociedades a título universal.
De la Universidad del
Rosario
27. Por intermedio de la
asesora del Área de Derecho Civil y Notarial del Consultorio Jurídico, Dra.
Adriana Jaramillo Hernández, la Universidad del Rosario solicita a la Corte
declarar exequible la expresión demandada.
28. Para fundamentar su
petición indica que el legislador en la norma atacada establece el requisito
para que exista la unión marital de hecho cuando los compañeros tengan
impedimento legal para contraer matrimonio, “pero este requisito no es para
que se presuma la sociedad patrimonial. Es necesario para que opere la
presunción, que previamente se demuestre la existencia de la unión marital de
hecho”. Así, precisa que no es posible pensar en que exista la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, si no se ha acreditado la existencia
de la unión marital de hecho. Si el compañero casado no ha obtenido la
disolución de la sociedad conyugal anterior, la interviniente considera que
aquella presunción no entra a operar.
Expone que no es correcto
pensar que del solo patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda o socorro
mutuos de los compañeros permanentes existe per se sociedad patrimonial
entre los mismos, ya que el artículo 3ªº de la ley 54 de 1990 se refiere al
“haber” de la sociedad patrimonial, a los bienes que pertenecen a la misma y,
en consecuencia, bienes que pertenecen por partes iguales a ambos compañeros
permanentes.
29. Cuestiona que el
demandante parta del supuesto de que el compañero permanente “por incuria”,
“deliberadamente” o porque “no le dio la gana” no disolvió su
sociedad conyugal anterior, siendo que ante esta falta de diligencia no existe
disposición legal alguna que obligue al otro compañero permanente a radicar los
bienes en cabeza del compañero casado, porque de ser el caso, tal supuesto de “indefensión”
alegado, responde más a insuficiente diligencia al momento de acordar en
quién radica la titularidad de ese patrimonio.
30. Aduce que los “derechos
a la igualdad y deberes de la pareja” no se observan conculcados por el
requisito de disolución previa previsto en la norma acusada, si se tiene claro
que “no se está obligado a convivir con quien no tiene resuelta su situación
patrimonial existente de matrimonio anterior, ni a adquirir con la ayuda,
trabajo y socorro mutuos un patrimonio que solamente quede en cabeza suya”. Para
finalizar agrega que el “hecho indicador” de la presunción de sociedad
patrimonial no es la disolución de la sociedad conyugal anterior a la
unión marital, sino por el contrario es que antes de la misma se pueda presumir
tal sociedad a partir de la existencia de la unión marital de hecho.
De la Universidad
de Ibagué
31. El Decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas la Universidad de Ibagué, Dr. Omar Mejía Patiño, solicita a la Corte declarar exequible la
locución acusada porque la voluntad responsable que debe orientar a los
compañeros permanentes, la cual se desprende el artículo 42 Superior, no puede
privilegiar uniones ni sociedades universales coexistentes. En ese sentido,
exigir que la sociedad conyugal anterior se encuentre disuelta es
constitucionalmente admisible, más cuando la voluntad responsable del compañero
que se dice débil o sin impedimento legal impone que debía conocer el estado
del vínculo anterior de su compañero de vida. De allí que considere como única
forma de definir la separación de bienes entre las sociedades conyugal y la
patrimonial garantizando seguridad jurídica, la que la norma acusada exige, es
decir, mediante disolución de la sociedad universal anterior.
32. Aduce que los
postulados constitucionales de debido proceso, acceso a la justicia y primacía
de lo sustancial sobre lo formal no son vulnerados por la norma demandada, por
cuanto la misma “no tiene la finalidad de determinar si existe o no unión de
hecho, sino establecer en qué casos se presume la existencia de una sociedad
patrimonial con fundamento en ese tipo de uniones”. Si bien el patrimonio
que se logre por el trabajo mutuo de los compañeros no depende de la “liquidación”
(sic) o no de la sociedad conyugal anterior, la determinación de los bienes que
la conforman si depende necesariamente de este hecho y, por ende, hizo bien el
legislador al consagrar esta exigencia por cuanto la misma proporciona
seguridad jurídica sobre los bienes adquiridos en la nueva relación marital.
De la Universidad de
la Sabana
33. Por intermedio de una
de sus docentes, Dra. Martha Ivonne Mirando Novoa, la Universidad de la Sabana
pide declarar exequible la expresión demandada del artículo 2º, literal b) de
la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, al considerar que la
prohibición que contempla, según la cual no es posible presumir la existencia
de una sociedad patrimonial de hecho mientras no se haya disuelto la sociedad
conyugal anterior, se debe a que una misma persona no puede ser socia, al mismo
tiempo, de dos sociedades de ganancias a título universal, dado el conflicto económico
en división del patrimonio que eso supondría. En ese sentido, advierte como
necesario el requisito de disolución.
De la Academia
Colombiana de Jurisprudencia
34. El Secretario General
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, Dr. Juan Bautista Parada Caicedo,
remitió a esta Corporación el concepto rendido por el académico DR. Carlos
Fradique-Mendez, limitando el análisis de la norma acusada al presunto
quebranto de los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución.
35. En primer lugar, el
interviniente considera necesario el requisito de disolución en la sociedad
conyugal para evitar yuxtaposición de sociedades que serían fuente de procesos
interminables y de fraudes. En ese sentido, afirma que la expresión demandada
no establece presunciones y menos de derecho, sino condiciones lícitas y
necesarias para evitar pleitos y confusiones de activos que podrían estar
vinculados a diferentes sociedades.
36. Afirma que, por ser
el patrimonio un elemento no de la esencia, sino de la naturaleza del contrato de
matrimonio, se entiende que a falta de pacto escrito este nace a la vida
conyugal permitiéndose su disolución, dejando intactas las obligaciones y
derechos surgidos en él, por lo que se evidencia que el matrimonio puede
existir sin el patrimonio.
De igual manera ocurre en
la unión marital que, por no ser de su esencia generar sociedad patrimonial, ésta
solo nace si no hay sociedades conyugales preexistentes o si los compañeros lo
aceptan por medio de consentimiento tácito, pues tienen la opción de vivir
separados de bienes por capitulaciones maritales o por disolución y liquidación
de la sociedad patrimonial que haya nacido a la vida jurídica. Es así como, por
consentimiento tácito también puede aceptarse que la sociedad no nazca, al haber
aceptación por parte de uno de los compañeros permanentes de convivir con el
otro, cuya sociedad conyugal continúa vigente, caso en que ninguna norma
constitucional se viola y ningún derecho fundamental se desconoce.
37. En segundo lugar, el
interviniente considera importante que la Corte estudie si el requisito de la
disolución por lo menos un año antes de la fecha del inicio de la unión marital
de hecho, es inconstitucional porque viola el principio de igualdad. Sobre el
punto, indica que si una persona se divorció ayer y hoy celebra sus segundas
nupcias, la sociedad conyugal anterior está disuelta y es posible que de una
vez se genere la sociedad conyugal del segundo matrimonio, mientras que en el
caso de la unión marital de hecho, a pesar de estar disuelta la anterior
sociedad conyugal y haber convivido 2 años, se debe esperar el año que indica
la norma demandada, situación que vulnera el artículo 13 Superior. Así, pide la
inexequibilidad de la expresión “por lo menos un años antes” contenida
en el artículo 2º, literal b) de la Ley 54 de 1990, modificada por la ley 979
de 2005.
Del Instituto
Colombiano de Derecho Procesal -ICDP-
38. El Presidente del
ICDP remite a la Corte el concepto emitido por el Dr. Jesael Antonio Giraldo
Castaño, en el cual solicita declarar la inexequibilidad del aparte censurado “en
cuanto supeditar el surgimiento de la sociedad patrimonial a que la sociedad o
sociedades conyugales se hayan disuelto por lo menos un año antes de la
iniciación de la unión marital ciertamente resulta contrario a los principios
contenidos en la Constitución, tales como el de establecimiento de un orden
justo, la protección integral de la familia como célula básica de la sociedad,
el acceso a la administración de justicia, igualdad de derechos y prevalencia
del derecho material”.  Así mismo, indica que se puede emitir un
pronunciamiento de fondo ante la existencia de cosa juzgada relativa respecto
de la sentencia C-700 de 2013.
39. Para fundamentar su
petición comienza explicando que dada la universalidad de la sociedad conyugal,
el legislador en el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976 consagró que cuando la
sociedad se disuelva por nulidad del matrimonio civil con fundamento en la
causal 12 del artículo 140 del Código Civil (subsistencia de vínculo anterior),
en el segundo matrimonio no se forma sociedad conyugal. Desde allí existe la
prohibición de coexistencia de sociedades conyugales.
40. Señala que en materia
de unión marital de hecho, el artículo 2º de la Ley 54 de 1990 con la
modificación que introdujo la ley 979 de 2005, releva de la carga de demostrar
la sociedad patrimonial y la presume si se cumplen las condiciones allí
anotadas. Puntualmente, respecto del literal b) el interviniente aduce que
busca impedir la coexistencia de sociedades patrimoniales, las cuales tienen
también la naturaleza de ser universales entre los compañeros permanentes.
41. Explica que la Corte
Suprema de Justicia ha inaplicado la expresión “y liquidadas por lo menos un
año antes en que se inició la unión marital de hecho”, por considerar que
si lo que pretendió el legislador con el literal b) del artículo 2º de la Ley
54 de 1990 fue impedir la coexistencia de sociedades universales, la conyugal y
la patrimonial, ese propósito se consigue con la sola disolución, resultando
desproporcionada la exigencia de la liquidación como lo indicó la sentencia
C-700 de 2013 y el transcurso de un año antes de la iniciación de la unión
marital de hecho.
Frente al requisito del
transcurso de un año después de la disolución y antes del inicio de la unión
marital de hecho, considera que el mismo no cumple ninguna finalidad legítima y
es desproporcionado e irrazonable porque una vez disuelta la sociedad conyugal,
“ya no hay riesgo alguno de que se presente la coexistencia de sociedades
universales, que era el fin último del requisito de la disolución. Y es que no
puede ser de otra manera, si se tiene en cuenta que los bienes que adquieran
los cónyuges o los compañeros permanentes después de la disolución son propios
y por lo tanto no ingresan a la sociedad”. Así, plantea que la sola
disolución de la sociedad conyugal anterior pone fin a ella y permite que desde
ese momento quede fijado el patrimonio de la persona que tiene la calidad de
compañero permanente.
42. Por último, el
interviniente esgrime que si existe sociedad conyugal anterior por la cual no
se presume la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, ello no
significa que ésta última se pueda probar por otros medios diferentes a la mera
presunción con el fin de proteger a la familia como institución básica de la
sociedad y los derechos de sus integrantes, siendo uno de ellos el
reconocimiento del patrimonio. Estima que la norma no puede privilegiar un
derecho procesal o adjetivo que contempla la presunción, sobre el sustancial
que le asiste al compañero permanente de que se le reconozca la sociedad
patrimonial por medios distintos a los de la presunción.
V. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÒN
43. El Procurador General
de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2
y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la
referencia, en el que solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse
sobre el primer cargo de constitucionalidad presentado; pero al mismo tiempo,
que declare la exequibilidad de la frase “siempre y cuando la sociedad o
sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas” y la inexequibilidad
de la expresión “por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la
convivencia”, contenidas en el literal b del artículo 2º de la Ley 54 de
1990.
44. En el orden de las
solicitudes, precisa la Vista Fiscal con relación a la
crítica del actor en el primer cargo de constitucionalidad tendiente a otorgar
por vía jurisprudencial el carácter de iuris et de iure a la presunción
contenida en el artículo 2º de la Ley 54 de 1990, que no fue sustentada en
debida forma la existencia de una interpretación judicial de la norma consistente,
clara y reiterada que permita el estudio del reproche formulado.
Tal interpretación,
aduce, debe ser relevante para fijar el significado de la norma objeto de
control o para determinar los alcances y efectos de la parte demandada de una
norma en virtud de lo cual, aunque probablemente le asista razón al actor en
tanto, “la interpretación de la norma por parte de los operadores jurídicos
podría ser contraria a la libertad probatoria”,  lo cierto es que el
demandante no señala o especifica cuáles son los pronunciamientos
jurisprudenciales que confirmen lo anterior y a partir de los cuales la Corte
Constitucional, por tanto, pueda estudiar el respectivo cargo.
45. Frente al segundo
cargo, divide su postura en el sentido de considerar razonable, de un lado, el
requisito de disolución de la sociedad conyugal anterior, pero desproporcionada
la necesidad de esperar un año para que pueda darse la presunción referida en
la norma demandada.
45.1. En relación con la
primera postura asumida, se fundamenta en la amplia libertad de configuración
otorgada por la Constitución al legislador en materia de familia, ya que buscó
evitar la concurrencia de sociedades con el fin de proteger el patrimonio del
cónyuge anterior y del actual compañero permanente, así como a los hijos
matrimoniales o extramatrimoniales que pueda haber.
Continúa planteando esta
la Procuraduría, que no tienen asidero las aseveraciones del demandante
respecto de la situación de indefensión del compañero permanente frente a quien
tiene sociedad conyugal no disuelta, por existir medios que permiten superar el
engaño en que se le pretenda envolver, verbigracia el registro civil y
los efectos de oponibilidad frente a terceros que tiene el matrimonio desde
cuando se registra.
Estima el Ministerio Público que contrario a
lo afirmado por la demandante, la prohibición contenida en el artículo 17
superior no es desconocida, al ver las distintas vías civiles existentes, que
permiten comprobar la titularidad proporcional sobre los bienes comunes, del
compañero que persigue la declaratoria. Insiste el jefe de este Ministerio en
la justificación de esta medida, cual es, “evitar la concurrencia de
sociedades conyugales y patrimoniales que confundan los activos y pasivos que pueda
haber dentro de los distintos patrimonios.”
45.2. No obstante y siguiendo con la segunda
postura asumida, el requisito de que la sociedad conyugal sea disuelta
por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de
hecho, constituye una exigencia desproporcionada en la medida que no repercute
sobre el objeto de carácter patrimonial mencionado, aun cuando su finalidad sea
impedir la coexistencia de sociedades conyugales y patrimoniales por razones
constitucionalmente válidas. Entonces, una vez disuelta la sociedad conyugal
anterior, no habría razón constitucionalmente válida y suficiente para que el legislador
exija e imponga este “tiempo muerto”, por lo cual considera que dicha
expresión debe ser expulsada del ordenamiento legal.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Competencia de la Corte
1. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional
es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad
que se formula, por dirigirse contra un aparte de una Ley.
Cuestión preliminar: Requisitos de la
acción pública de inconstitucionalidad para proferir fallo de mérito. Estudio
sobre la aptitud de la demanda.
2. Según se reseñó, varios intervinientes y
el Ministerio Público solicitan a la Corte declararse inhibida para proferir
decisión de fondo sobre algunos temas puntuales. En primer lugar, indican que
el cargo de inconstitucionalidad  relativo a la existencia de una presunción de
derecho con diferentes consecuencias que el demandante construye a partir de
interpretaciones jurisprudenciales sin referencia ni sustento en la norma
demandada, se basa en apreciaciones subjetivas que carecen de fundamento para
constituir una verdadera acusación.
En segundo lugar, plantean que en el texto de
la demanda se presentan una serie de acusaciones que parten de argumentos
abstractos y que solo enuncian el artículo constitucional presuntamente
quebrantado, sin desarrollarlo ni enfrentarlo con el aparte censurado.
3. Para atender estos argumentos previos, la
Corte recordará los requisitos formales que establece el Decreto 2067 de 1991 y
la jurisprudencia constitucional para estructurar un cargo de
inconstitucionalidad. Posteriormente, abordará el estudio concreto de aquellos
argumentos con el fin de determinar si los cargos que presenta el demandante
son aptos para emitir un pronunciamiento de fondo. Solo sí ese estudio es
superado, planteará el problema jurídico y emprenderá el análisis de los mismos
desde una perspectiva constitucional.
Requisitos formales para calificar la
aptitud de un cargo de inconstitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia.
4. El artículo 2º del
Decreto 2067 de 1991 prevé las condiciones formales para la admisibilidad del
cargo de inconstitucionalidad.  Dentro de ellas se encuentra la formulación de
las razones que sustentan la acusación, aspecto respecto del cual la
jurisprudencia constitucional ha determinado un grupo de requisitos sustantivos
mínimos, destinados a que la argumentación que formule la demanda ofrezca un
problema jurídico discernible, que permita a su vez un pronunciamiento de
fondo.
Estos requisitos refieren las condiciones de claridad,
certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir las
razones que fundamentan el cargo de constitucionalidad.[1]
4.1. La claridad de un cargo se predica
cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite a la
Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación.
Aunque merced al carácter público de la acción de inconstitucionalidad no
resulta exigible adoptar una técnica específica como sí sucede en otros
procedimientos judiciales, no por ello el demandante se encuentra relevado de
presentar las razones que sustentan los cargos propuestos de modo tal que sean
plenamente comprensibles.
4.2. La certeza de los argumentos de
inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una
proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no
sobre una distinta, inferida por el demandante,  implícita o que hace parte de
normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces,
es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal
verificable a partir de la interpretación del texto acusado.
4.3. El requisito de especificidad resulta
acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza
constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta
Política.  Este requisito se refiere, en estas condiciones, a que los
argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el entendido que “el
juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si
realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la
ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba
resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos,
indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[2]
que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se
acusan.  Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle
la discusión propia del juicio de constitucionalidad[3].”[4]
4.4. Las razones que sustentan el concepto de
la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos
de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido
de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado.”[5].
En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales
o doctrinarias;  la interpretación subjetiva de las normas acusadas por
parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y
concreto; o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas
inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de
pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
4.5. Por último, la condición de suficiencia
ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad de que las razones de
inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela
directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de
argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la
norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la
constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un
proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a
toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte
Constitucional.”[6]
En palabras expresadas por el Pleno de la
Corte en la sentencia C-050 de 2015[7], la suficiencia persigue “(…) que la carga argumentativa que
recae sobre el actor, debe desarrollarse de una forma mínima y proporcional al
objetivo de demostrar la inconstitucionalidad del enunciado normativo
demandado. De esta manera, se deben exponer razonamientos lo
bastante fundados para que pueda pretender desvirtuar la presunción de
constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico, presunción de
corrección frente al texto constitucional que se deriva del principio
democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento
democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento de un
estudio de constitucionalidad”.
5. El cumplimiento de todos estos requisitos
aseguran que la Corte cuente con herramientas jurídico argumentativas que le
permitan resolver un debate cierto dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara toda norma legal y la habilita para emitir un
pronunciamiento de mérito. Cuando estos requisitos se incumplen, la Corte debe
declararse inhibida para fallar por falta de aptitud sustancial de la demanda,
ante la inexistencia de un verdadero cargo que ponga en duda mínima la
presunción de constitucionalidad.
Estudio de aptitud de la demanda
6. En el presente caso, la Sala observa que
el demandante presentó dos cargos de inconstitucionalidad.
6.1. El primero de ellos enfocado a que
existen varias interpretaciones jurisprudenciales de la norma demandada que han
convertido la presunción que establece el artículo 2° de la Ley 54 de 1990,
modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005, en una iuris et de iure
o de pleno derecho según la cual, por el hecho de que uno de los compañeros
permanentes se encuentre casado y los cónyuges separados de hecho, y por
incuria o deliberadamente no se haya disuelto la sociedad conyugal anterior, se
asumen como consecuencias (i) la inexistencia de la sociedad
patrimonial derivada de la unión marital de hecho sin tener en cuenta el
nacimiento material del patrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y
socorro mutuo de los compañeros, lo cual se puede demostrar mediante otros
medios de prueba que privilegien los artículos 29, 228 y 229 Superiores; (ii)
que el otro compañero permanente que no tiene impedimento legal no ayudó, no
trabajó ni colaboró en la consecución del capital común, premisa que el actor
advierte como “errada”  porque la sola existencia de un patrimonio o capital
común es una norma sustancial que se debe privilegiar sobre la norma procesal
(art. 228 de la CP) y el principio de imperio de la ley (art. 230 de la CP); (iii)
que las pruebas aportadas al juez de familia para demostrar la existencia
materia del patrimonio o capital común de los compañeros permanentes, no tienen
ningún valor porque no son examinadas, quebrantando el debido proceso y el
principio de que los jueces están sometidos al imperio de la ley (art. 29 y 230
de la CP); (iv) que todos los bienes producto del trabajo, ayuda y
socorro mutuo de los compañeros permanentes se encuentra en cabeza del
compañero con impedimento legal para contraer matrimonio, pasando
automáticamente a formar parte de la sociedad conyugal, lo cual en criterio del
actor desconoce el artículo 17 Superior que prohíbe la esclavitud, porque
significa admitir que el compañero permanente sin impedimento legal trabajó
para enriquecer la familia conyugal; y, (v) la norma fue creada para
evitar la concurrencia y confusión entre los bienes de la sociedad conyugal
anterior y la patrimonial, pues obliga al compañero permanente sin impedimento
legal a acudir al juez civil para solicitar la declaración de la sociedad civil
entre concubinos, sin explicar tal interpretación, qué norma constitucional
quebranta o los argumentos de su inconstitucionalidad.
6.2. Analizando en su integridad el anterior
cargo, la Sala considera que el mismo incumple los requisitos de aptitud que ha
consagrado la jurisprudencia constitucional para habilitar un pronunciamiento
de fondo, por cuanto carece de certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia.
Incumple el requisito de certeza porque tanto
la existencia de la presunción de pleno derecho como las cinco consecuencias
que plantea el actor, no se derivan de la proposición normativa efectivamente
contenida en el aparte demandado del literal b) del artículo 2° de la Ley 54 de
1990, modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005, motivo por el cual
no cuestiona el contenido verificable del mismo ni siquiera a partir de la
interpretación judicial del texto acusado, ya que omite indicar las referencias
jurisprudenciales y explicar el desarrollo del precedente judicial que
contienen esas interpretaciones que señala inconstitucionales. De esta forma,
el actor se limita a enunciar que se trata de interpretaciones
jurisprudenciales extralegales, sin aportar las fuentes de las cuales las
extrae para señalar que representan un precedente judicial consolidado
contrario a la Carta Política y que amerite el pronunciamiento de la Corte
Constitucional.
Tampoco acredita el cumplimiento del
requisito de especificidad habida cuenta que el demandante omite establecer una
oposición objetiva y verificable entre el contenido del precepto acusado y el
texto de la Constitución Política. Justamente al partir de interpretaciones
judiciales sin sustento ni referencia que invoca como erradas, los argumentos
del cargo se tornan imprecisos porque no enfrentan el contenido real del
literal b) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1°
de la Ley 979 de 2005, con los artículos 17, 29, 228, 229 y 230 Superiores en
procura de concretar la acusación.
Así mismo, las razones que sustentan este
cargo son impertinentes en tanto varias de las interpretaciones
jurisprudenciales que indica como erradas, no están construidas sobre la base
de argumentos de índole constitucional.
Por ejemplo, el demandante estima que la
consecuencia derivada de la presunción de pleno derecho que en su criterio
contiene la norma censurada, referente a que ante la separación de hecho de los
cónyuges y la falta de disolución de la sociedad conyugal anterior, el
compañero permanente sin impedimento legal trabajó para enriquecer la familia
conyugal porque no se le reconoce el patrimonio o capital común derivado del
trabajo, ayuda y socorro mutuo, quebranta el artículo 17 de la Carta Política
que prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas
sus formas. Al respecto, anuncia el precepto constitucional sin desarrollar su
contenido y sin enfrentarlo al texto real de la expresión demandada con el fin
de plantear de qué forma el compañero permanente sin impedimento legal se entiende
como esclavo en favor de la sociedad conyugal anterior.
Lo propio acontece con la consecuencia que
aduce emana de la jurisprudencia extralegal que interpreta que la norma
demandada fue creada para evitar la concurrencia y confusión de bienes entre la
sociedad conyugal anterior y la patrimonial. Sobre este punto, el actor a
partir del análisis subjetivos y de problemas particulares pretende establecer
la vulneración a la Constitución, pero lo cierto es que ni siquiera invoca qué
artículos superiores son desconocidos y de qué forma, tornando la acusación en
incompleta e inepta.
En igual sentido, el argumento según el cual
el juez de familia no otorga ningún valor probatorio a las pruebas que aporta
el compañero permanente libre de impedimento y que tienden a demostrar la
existencia del patrimonio común para que sea reconocida la existencia de la
sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho, parte de
interpretaciones subjetivas de difícil comprobación que lejos están de
demostrar la afectación al debido proceso y al principio de que los jueces
están sometidos al imperio de la ley, más aún cuando se construye sobre
supuestos casos concretos que escapan al control abstracto de
constitucionalidad.
Finalmente, la Sala considera que el cargo es
insuficiente porque no expone todos los elementos de juicio para determinar que
la naturaleza de la presunción que establece el artículo 2° de la ley 54 de
1990 modificada por la Ley 979 de 2005, es de pleno derecho sin posibilidad de
admitir prueba en contrario, y que las cinco consecuencias que deriva de la
misma corresponden a un precedente judicial consolidado que es
inconstitucional. Debido a ello, el cargo no presenta un alcance persuasivo del
cual se logre desprender una duda mínima que desvirtúe la constitucionalidad de
la locución demandada, máxime cuando el actor no cumplió con la argumentación
mínima y proporcional para demostrar que tales interpretaciones son auténticas
del poder judicial y que vulneran la Constitución Política.
6.3. En este orden de ideas, ante el
incumplimiento de los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y
suficiencia del primer cargo de inconstitucionalidad que invoca el actor
denominado “interpretación judicial del requisito de disolución de la
sociedad conyugal para establecer la presunción que consagra el artículo 2° de
la Ley 54 de 1990, y sintaxis exegética de la norma”, la Sala Plena de esta
Corporación se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre el mismo dada
su ineptitud sustancial.
7.  Como segundo cargo de
inconstitucionalidad, el demandante plantea tres ejes principales de su
argumento.
7.1. Frente a la exigencia de
disolución previa de la sociedad conyugal anterior como requisito para
que se presuma la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes,
considera que tal exigencia quebranta la igualdad de derechos y deberes que
debe existir entre la pareja (art. 13 y 42-4 de la CP), porque ubica al
compañero con separación de cuerpos anterior, en una posición privilegiada al depender
exclusivamente de él la disolución del vínculo accesorio previo para que se
pueda aplicar la presunción y el nacimiento de la sociedad patrimonial. Estima
que esa situación implica que el compañero permanente libre de impedimento deba
renunciar a que el patrimonio común sea llamado sociedad patrimonial y a la
posibilidad de que la relación sea reconocida como familia natural protegida
por la Carta Política (art. 5, 13 y 42 Superiores).
También advierte que tal exigencia desconoce
la primacía del derecho sustancial sobre el procesal y el acceso a la
administración de justicia, porque la norma adjetiva en que se basa la
presunción parte del hecho indicador de la disolución previa de la sociedad
conyugal para el reconocimiento de la sociedad patrimonial, sacrificando el
hecho indicado de la existencia sustantiva, concreta y material del patrimonio
o capital común construido por los compañeros permanentes.
En segundo lugar, el actor considera que el requisito
de disolución previa de la sociedad conyugal anterior para dar origen a
la sociedad patrimonial desconoce la prohibición de esclavitud que consagra el
artículo 17 de la Constitución, porque el compañero permanente libre de
impedimento, se convierte en esclavo o sirviente de la sociedad conyugal habida
cuenta que todos los bienes producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos de
ambos compañeros que estén en cabeza del compañero con sociedad conyugal
vigente, se presumen pertenecer a la sociedad conyugal.
En tercer lugar, el demandante esboza que la exigencia
temporal de disolución de la sociedad conyugal anterior por lo menos un
año antes de la fecha en que inicie la unión marital de hecho, es una medida
legislativa irrazonable y desproporcionada porque el patrimonio social producto
del trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compañeros permanentes no depende
para su existencia de que se haya disuelto o no la sociedad conyugal anterior.
Así, explica que la medida incumple los criterios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto, porque el término de un año no reporta
ningún beneficio ni fin legítimo, y sí restringe la protección igualitaria y
los derechos de la familia natural (arts. 5, 13 y 42 de la CP).
7.2. Revisando en detalle los argumentos
primero y tercero antedichos, la Sala considera que los mismos son claros
porque presentan una coherencia argumentativa en la exposición que permite
identificar el contenido de la censura. Así mismo, son ciertos porque se
dirigen contra proposiciones normativas efectivamente consignadas en la
disposición acusada; son específicos porque plantean una oposición
objetiva y verificable entre el contenido de la ley (requisito de disolución de
la sociedad conyugal anterior y la exigencia temporal para que se presuma la
sociedad patrimonial) y los artículos 5, 13, 42, 228 y 229 de la Constitución
Política; son pertinentes porque están construidos sobre argumentos de
índole constitucional que tienden a sustentar la presunta vulneración del
principio de protección a la familia como célula básica de la sociedad, de la
no discriminación por origen familiar, de la igualdad de derechos y deberes de
la pareja, y del principio de prevalencia del derechos sustancial sobre el
procesal que garantiza el acceso efectivo a la administración de justicia.  Por
último, la Corte estima que esos argumentos gozan de suficiencia, ya que
tienen un alcance persuasivo y permiten advertir una duda mínima sobre la
presunción de constitucionalidad de la locución censurada.
De esta forma, al cumplir los requisitos
sustantivos mínimos, los argumentos primero y tercero son aptos y conforman un
verdadero cargo de constitucionalidad al ofrecer un problema jurídico
discernible que permita a la Corte emitir un pronunciamiento de fondo.
7.3. Esa misma situación no es predicable del
segundo argumento que expone el actor. Para la Corte la presunta vulneración a
la prohibición de esclavitud que consagra el artículo 17 Superior, carece de certeza
por cuanto del precepto demandado no se desprende que el compañero permanente
libre de impedimento legal se convierta en servidor o esclavo de la sociedad
conyugal no disuelta del otro compañero. Es más, el actor ni siquiera explica
cómo se puede llegar a esa conclusión del contenido legal verificable a partir
de una interpretación del texto acusado.
Además, dicho argumento es impertinente
porque no afronta el contenido del artículo 17 de la Constitución con el
precepto demandado, sino que parte de interpretaciones subjetivas sobre la
esclavitud del compañero permanente libre de impedimento legal, cuando lo
cierto es que la legislación civil le permite a éste acudir al proceso de
declaración de sociedad civil de hecho, para que allí demuestre por los
diferentes medios de prueba la existencia de dicha sociedad y se le reconozca
el patrimonio común del cual le corresponde el 50%. Con dicho trámite es
posible cuestionar la titularidad de los bienes para que ingresen como un
activo social, sin que ello implique el enriquecimiento sin justa causa de la
familia matrimonial.
En ese orden de ideas, el segundo argumento
que expone el demandante es inepto sustancialmente y por ello la Sala se inhibe
de resolver de mérito sobre el mismo.
8. Limitado entonces el control abstracto de
constitucionalidad al segundo cargo que propone el actor, y éste a su vez a los
argumentos primero y tercero que fueron referenciados sobre el presunto
quebranto de los artículos 5, 13, 42, 228 y 229 de la Constitución Política,
corresponde a esta Corte analizar seguidamente si en el presente caso se
configura el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional, como lo
indica el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su pretensión
principal. Para tal fin, hará una exposición sobre el concepto y las tipologías
de cosa juzgada constitucional, para luego estudiar si se configura la misma en
el asunto bajo examen.
Breve recuento sobre la cosa juzgada
constitucional.  Análisis en el presente caso con relación a las sentencias
C-014 de 1998, C-700 de 2013 y C-257 de 2015
Recuento teórico a partir de la
jurisprudencia constitucional
9.  Según
establecen los artículos 243 de la Constitución Política, 46 y 48 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia y 22 del Decreto 2067 de 1991, los
fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio de control jurisdiccional,
hacen tránsito a cosa juzgada constitucional[8].
Ello implica que las decisiones judiciales tomadas por la Corporación en
cumplimiento de su misión de garantizar la integridad y la supremacía de la
Constitución, adquieren valor jurídico y fuerza vinculante[9]
que las convierte en definitivas, incontrovertibles e inmutables[10],
además de ser consideradas de obligatorio cumplimiento y con efectos erga
omnes.
10. El fenómeno jurídico procesal de la cosa
juzgada constitucional, además de proteger la supremacía de la Constitución,
está llamado a promover la efectiva aplicación de los principios de igualdad,
seguridad jurídica y confianza legítima de los administrados, ya que por medio
de esta figura, se garantiza que el órgano encargado del control constitucional
sea consistente con las decisiones que previamente ha adoptado. Así, se ha
sostenido por esta Corte que “la cosa juzgada tiene como función negativa,
prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya
resuelto, y como función positiva, dotar de seguridad a las relaciones
jurídicas y al ordenamiento jurídico”[11].
11. El alcance de la cosa juzgada
constitucional ha sido desarrollado de manera amplia por la jurisprudencia,
mediante la definición de categorías independientes con diferencias marcadas.
De esta forma, se han establecido distinciones conceptuales y prácticas entre
lo que se entiende por cosa juzgada absoluta y cosa juzgada relativa,
y entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material.
11.1. Existe cosa juzgada absoluta cuando
“en aplicación del principio de unidad constitucional y de lo dispuesto en
el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991, se presume que el Tribunal
Constitucional confrontó la norma acusada con toda la Constitución, por lo que,
con independencia de los cargos estudiados explícitamente, en aquellos casos en
los que la Corte no limita expresamente la cosa juzgada, se entiende que hizo
una comparación de la norma acusada con toda la Carta”[12]; en otras palabras, cuando
el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición proferido en
control abstracto, no se encuentra limitado en la propia sentencia, se entiende
que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el
texto constitucional.
11.2. Por otro lado, existe cosa juzgada
relativa “cuando el juez constitucional limita de forma expresa los
efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en el futuro se
formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido
objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado”[13].  En relación con esta
última categoría, también se ha dicho que ésta puede presentarse de manera explícita,
en aquellos eventos en los cuales los efectos de la decisión se limitan
directamente en la parte resolutiva, e implícita, cuando tal hecho
ocurre en forma clara e inequívoca en la parte motiva o considerativa de la
providencia, sin que se haga mención alguna en la parte resolutiva[14].
11.3. Así mismo, la Corte ha establecido que
puede declararse la existencia de cosa juzgada formal, en aquellos casos
en los cuales existe un pronunciamiento previo del juez constitucional en
relación con el precepto que es sometido a un nuevo y posterior escrutinio
constitucional[15].
11.4. Por su parte, la cosa juzgada
material se presenta cuando la demanda recae sobre una disposición que no
ha sido formalmente objeto de control constitucional, pero que reproduce de
manera idéntica o exacta, el contenido de una norma sobre la cual sí existe
decisión de constitucionalidad, es decir “cuando a pesar de haberse
demandado una norma formalmente distinta, su materia o contenido normativo
resulta ser idéntico al de otra u otras disposiciones que ya fueron objeto de
juicio de constitucionalidad, sin que el entorno en el cual se aplique comporte
un cambio sustancial en su alcance y significado”[16].
Análisis concreto del fenómeno de la
cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia C-014 de 1998[17]
12. A través de esa providencia la Corte
estudió una demanda de inconstitucionalidad que se dirigía contra la expresión
“e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos
compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales
anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la
fecha en que se inició la unión marital de hecho”, que consagraba
originalmente el artículo 2º literal b) de la Ley 54 de 1990, antes de la
modificación que sufrió en el año 2005.
12.1. El cargo que invocó aquella demanda se
centró en el presunto desconocimiento del artículo 42 Superior, señalando que
la norma impugnada autorizaba la conformación de un nuevo hogar de hecho que
desconoce el primero de naturaleza matrimonial y que en ese actuar “no
puede haber voluntad responsable cuando justamente el nuevo hogar que forma una
pareja presenta impedimento legal para su unión, por vía de adulterio”.
12.2. El problema jurídico que
trazó la Corte en esa ocasión, dirigió su norte a establecer si existía un
peligro a la estabilidad de la institución familiar al permitir que personas
con vínculos familiares anteriores y vigentes, conformaran unidades familiares
de hecho, y si esa situación se podía entender como una vulneración al
principio constitucional que consagra que la familia debe conformarse de forma
responsable.
12.3. Como ratio decidendi
de la sentencia C-014 de 1998, la Corte indicó que “la misma Constitución le
ha otorgado valor jurídico a la unión de hecho, y el legislador ha decidido que
ésta también puede nacer de la unión entre personas con impedimentos legales
para contraer matrimonio. A todas las personas que forman una familia se les
exige un comportamiento responsable, sin importar la forma que ella asuma. Esa
responsabilidad puede ser exigida incluso judicialmente. No se puede presumir
que las personas que constituyan una unión de hecho actuarán de forma
irresponsable. La demanda del actor está basada en una concepción ética muy
respetable acerca de cómo debe formarse una familia, pero la Constitución
admite, dentro del espíritu pluralista que la anima, diversas formas de
constituirla”.
12.4. Amparada en esos
argumentos rechazó el cargo propuesto por la demanda y en la parte resolutiva
declaró exequible la expresión demandada del literal b) del artículo 2 de la
Ley 54 de 1990, “únicamente en relación con el cargo formulado por el actor”.
13. Del anterior recuento, la
Sala advierte la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional material
y relativa en el presente caso respecto de la sentencia C-014 de 1998.
Material, por cuanto el artículo 2º de la Ley 54 de 1994 fue sustituido en su
integridad por el artículo 1º de la ley 979 de 2005, texto modificado que ahora
se demanda, salvo la expresión inconstitucional “y liquidadas”. No
obstante, la expresión censurada fue reproducida de manera exacta al contenido
original que tenía el artículo 2º de la ley 54 de 1990, que como se explicó,
fue objeto de control mediante el juicio de constitucionalidad en la sentencia
C-014 de 1998. Sin embargo, la Corte observa que la cosa juzgada es relativa
porque en aquella oportunidad a pesar de invocarse como parámetro de control el
artículo 42 Superior, el argumento central utilizado dista del que ahora
plantea el actor, habilitando por consiguiente que se pueda asumir de fondo el
estudio de constitucionalidad bajo los lineamientos que propone la demanda
actual.
Examen concreto del fenómeno de la cosa
juzgada constitucional frente a la sentencia C-700 de 2013[18]
14. La Corte estudió una demanda de
inconstitucionalidad contra la expresión “siempre y cuando la sociedad o
sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos
un años antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”,
contenida en el artículo 2º literal b) de la Ley 54 de 1990, modificada por el
artículo 1º de la 979 de 2005.
14.1. El demandante, quien el mismo del
presente asunto, fundó el cargo de inconstitucionalidad explicando que el
contenido de aquella expresión en el aspecto concreto de la exigencia de liquidación
de las sociedades conyugales anteriores para poder declarar judicialmente la
sociedad patrimonial, vulneraba el derecho a la igualdad y el principio de
equidad. Señaló que la norma demandada al exigir la liquidación de las
sociedades patrimoniales anteriores, negaba el reconocimiento de la sociedad
patrimonial de hecho con lo cual presume que los bienes que el compañero ayudó
a forjar pertenecen al cónyuge.
Así mismo, planteó que la presunción de pleno
derecho que consagra el aparte demandado, es una exigencia que discrimina y
pone en estado de inferioridad al vínculo familiar nacido de forma natural en
relación con el nacido mediante vínculos jurídicos. De tal forma que dicha
presunción obliga al juez a negar la declaración de la sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes, quienes a pesar de cumplir con los requisitos
legales, no han disuelto y liquidado la sociedad conyugal que individualmente
tenían con anterioridad. Así, adujo que esa presunción constituye un privilegio
injustificado que se otorga al compañero permanente que por incuria o dolo dejó
de liquidar su anterior sociedad conyugal, quien puede llegar a enriquecerse
con el patrimonio del compañero, sin causa alguna que lo justifique.
También señaló la violación de los principios
de primacía del derecho sustancial sobre el procesal, la economía procesal y el
acceso a la administración de justicia, porque la norma a pesar de su
naturaleza procedimental en cuanto establece una presunción legal o de hecho,
se está disfrazando de una presunción de derecho que desconoce que los compañeros
permanentes han construido un patrimonio o capital producto de su trabajo,
ayuda y socorro, el cual no es reconocido como sociedad patrimonial.
14.2. En esa ocasión, la Sala Plena de la
Corte limitó el problema jurídico y su resolución a la expresión “y
liquidadas” contenida en el aparte que se censuraba. Puntualmente
estableció como problema jurídico el siguiente: “determinar si para la declaración judicial de una
unión marital de hecho, la exigencia consistente en liquidar las
sociedades conyugales anteriores, siempre que al menos uno de quienes conforman
dicha unión esté incurso en una causal de impedimento para contraer matrimonio,
vulnera el principio de igualdad (art.13 C.N) y la obligación constitucional de
protección igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y a las
formadas por vínculos de hecho (art. 42 C.N); en tanto la mencionada
exigencia tiene por consecuencia la supuesta desprotección del patrimonio
de los compañeros ante la existencia simultánea de estas sociedades, porque si
no hay liquidación éste le pertenece a la sociedad conyugal con lo que
se privilegiaría a la familia con origen en vínculo matrimonial y se
discriminaría injustificadamente a la familia originada en vínculos de hecho” (Negrillas nuestras).
Incluso, la sentencia C-700 de
2013 al realizar el estudio de aptitud de la demanda identificó que de la
expresión acusada se deprendían dos contenidos normativos diferentes: uno
referente a la disolución de la sociedad o sociedades conyugales, y otro
relacionado con la liquidación de las mismas, y en ambos casos por lo
menos un año antes a la fecha en que se inició la unión marital de hecho[19]. Así, concluyó que como el
cargo se dirigía contra la expresión liquidar, a ella circunscribió el
control abstracto de constitucionalidad, inhibiéndose de emitir pronunciamiento
respecto de las demás expresiones demandadas[20],
como en efecto lo hizo en el numeral segundo de la parte resolutiva de esa
providencia[21].
15. Vistas así las cosas, la
Sala Plena encuentra que en el presente caso no se configura el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional respecto de la sentencia C-700 de 2013, porque ésta
al limitar su estudio a la expresión “y liquidadas” que finalmente fue
retirada del ordenamiento jurídico, y de paso inhibirse frente a las demás
expresiones de la norma demanda, habilita el pronunciamiento de fondo con base
en los nuevos argumentos que presenta el actor y que se concentran en las
exigencias de disolución y en el límite temporal de un año para que se presuma
la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
Estudio concreto del fenómeno de la
cosa juzgada constitucional respecto a la sentencia C-257 de 2015[22]
16. En esta sentencia la Corte se pronunció
sobre la expresión “por un lapso no inferior a dos años” contenida en la
parte inicial del artículo 2º literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por
el artículo 1º de la 979 de 2005. Tanto el cargo como el problema jurídico
versaron sobre la presunta violación de los artículos 5, 13 y 42 de la
Constitución Política porque, según los actores, no se garantizaba la
protección a la familia cuando ésta se constituye por un vínculo distinto al
matrimonio, ya que impide que nazca la sociedad de bienes de manera inmediata.
De esta forma, la sociedad patrimonial debe esperar dos años de convivencia y
ayuda mutua de los compañeros permanentes para que se presuma y declare
judicialmente, mientras que la sociedad conyugal es un vínculo accesorio que
nace de forma instantánea y coetánea al matrimonio.
16.1. Luego de adelantar el juicio de
constitucional respectivo, la Corte declaró exequible la expresión demandada “por
los cargos analizados en esta oportunidad”.
16.2. Al respecto, basta decir que no se
configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional porque la expresión que
fue demandada en esa oportunidad, si bien hace parte del artículo 2º literal b)
de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º de la 979 de 2005, no lo es
menos que es diferente a la que cuestiona el actor en la presente demanda.
17. Recapitulando lo anterior a modo de
síntesis, la Sala Plena estima que la configuración de la cosa juzgada
constitucional material y relativa respecto de la sentencia C-014 de
1998, no impide en esta oportunidad emitir un pronunciamiento de fondo sobre
los argumentos que esboza el demandante. Así mismo, concluye la inexistencia de
cosa juzgada constitucional frente a las sentencias C-700 de 2013 y C-257 de
2015, de acuerdo con las razones que fueron expuestas. Por consiguiente,
asumirá el estudio del caso bajo examen, para lo cual planteará el problema
jurídico y el esquema de decisión.
Formulación del problema jurídico y metodología de decisión
18. De acuerdo con los argumentos expuestos
en la demanda y que fueron limitados según su aptitud sustancial, la Sala estima
que existen dos problemas jurídicos a resolver que se concretan en los
siguientes interrogantes:
18.1. ¿El aparte acusado que
condiciona la presunción de la sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes a la disolución de la sociedad o sociedades conyugales
anteriores, vulnera el principio de igualdad de deberes y obligaciones de la
pareja porque privilegia al compañero permanente con impedimento legal para
contraer matrimonio, así como la obligación constitucional de protección
igualitaria a los diferentes tipos de familia y la prevalencia del derecho
sustancial porque impide reconocer judicialmente el patrimonio o capital
producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compañeros permanentes?
18.2. ¿La exigencia temporal de disolución de la
sociedad conyugal anterior por lo menos un año antes de la fecha en que se
inició la unión marital de hecho, como requisito para que se presuma y declare
judicialmente la sociedad patrimonial en los términos del aparte censurado,
quebranta la protección y los derechos de la familia natural, al punto de
constituir una medida legislativa irrazonable y desproporcionada?
19. Para estudiar los problemas jurídicos
planteados, esta Corporación adoptará la siguiente metodología de decisión:
comenzará por referirse a la protección constitucional integral a la familia,
haciendo énfasis en el principio de igualdad independientemente del origen
familiar, y en las diferencias que la jurisprudencia constitucional ha
identificado entre el matrimonio y la unión marital de hecho. Seguidamente,
recordará el contenido del principio de prevalencia del derecho sustancial
sobre el procesal, y posteriormente reiterará el amplio margen de configuración
que tiene el legislador para regular temas de familia y los efectos patrimoniales
de los vínculos. Luego centrará su análisis en la caracterización de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre las exigencias de
disolución y el requisito temporal que contempla el aparte censurado; y, finalmente asumirá el estudio concreto de la norma demandada.
La protección integral a la familia en el ordenamiento
jurídico colombiano
El principio de igualdad de la familia, independientemente de su origen
20. El régimen constitucional de la familia está definido en los
siguientes preceptos superiores: (i) en el  artículo 5°, que eleva a la
categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como
institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto
dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar
no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, que
reconoce el derecho de las personas a su intimidad familiar e impone al Estado
el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 33, en cuanto
consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar
que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil; entre otros artículos constitucionales[23].
21. De manera particular, el artículo 42 de la Constitución consagró
a la familia como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que
la misma puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos. Ello ha
permitido a la Corte afirmar que “en el orden constitucional vigente, no se
reconocen privilegios en favor de un tipo determinado de familia, sino que se
legitima la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen”[24].
De este modo, la Constitución coloca en un plano de igualdad tanto la
familia que se constituye mediante formas jurídicas, es decir, la que procede
del matrimonio, como la que se conforma por vínculos naturales, es decir,
aquella que se configura mediante la unión libre. Ambas instituciones son
objeto de reconocimiento jurídico y político, el cual comporta a su vez, la
plena libertad del individuo de optar por una u otra forma de constitución de
la institución familiar.
22.
De acuerdo con el alcance del artículo 42, en la sociedad y el Estado reposa el
deber de garantizar la protección integral de la institución familiar,
cualquiera que sea la forma que ella adopte. Esta protección integral que
prodiga la Constitución se asegura mediante la implementación de un sistema de
garantías, cuyo propósito es reconocer la importancia de la institución
familiar en el contexto del actual Estado Social de Derecho y hacer realidad
los fines esenciales que la orientan, entre los que se destacan: la vida en
común, la ayuda mutua, la procreación y el sostenimiento y educación de los
hijos.
23.
Como lo reconoció esta Corporación en la sentencia C-577 de 2011[25]
y lo reiteró la sentencia C-257 de 2015[26], la
familia es “una comunidad de personas unidas por vínculos naturales o
jurídicos, fundada en el amor, el respeto y la solidaridad, caracterizada por
la unidad de vida que liga íntimamente a sus integrantes más próximos. Además,
es una realidad dinámica en la que cobran especial importancia los derechos
fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de
conciencia, el derecho a la intimidad, entre otros. El régimen constitucional
colombiano ha buscado hacer de ella el escenario para que, dentro de un clima
de respeto, no violencia e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse libre
y plenamente sin la intromisión de terceros”. De esta forma, la familia
merece la protección igualitaria del Estado independientemente de la forma que
asuma para constituirse, lo cual significa que no se puede preferir la familia
matrimonial sobre aquella que tiene su origen en lazos naturales. De allí que
dicha protección imponga la proscripción de cualquier distinción injustificada
entre ellos porque “el concepto de familia no puede ser entendido de manera
aislada, sino en concordancia con el principio de pluralismo”[27]
y se materializa, por ejemplo, en el amparo a su patrimonio y el imperativo de
fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de
la pareja (art. 42-4 de la CP), entre otras.
24.
No obstante la decidida formulación de igualdad que tanto la Constitución como
la jurisprudencia han proclamado respecto de las diversas formas de familia,
con independencia de su origen, también se ha admitido la existencia de ciertas
diferencias, relativas a características y efectos, que lejos de involucrar
rasgos de discriminación, reafirman un criterio de igualdad que propugna por un
trato adecuado a las particularidades de cada modalidad de familia.
El matrimonio y la unión marital
de hecho. Diferencias existentes
25. Con independencia de que la Constitución
Política provea de legitimidad los orígenes diversos que puede tener la
familia, este Estatuto Superior no considera al matrimonio y a la unión marital
de hecho como instituciones idénticas o equivalentes, cobijadas por una misma
situación jurídica en cuanto a sus efectos y características[28].
En múltiples pronunciamientos esta Corporación ha concluido que el artículo 42
de la Carta, al distinguir entre dos formas diversas de constituir la familia
-por vínculos naturales o jurídicos- y fijar parámetros especiales de
regulación para el matrimonio, reconoció diferencias entre éste y la unión
libre o unión marital de hecho.
Así, en la Sentencia C-595 de 1996[29],
la Corte indicó que la Constitución consagra inequívocamente dos formas de
constituir una familia: por vínculos naturales o por vínculos jurídicos. La
primera forma corresponde a ‘la voluntad responsable de conformarla’. Aquí no
hay focalización de un vínculo jurídico para el establecimiento de una familia.
La segunda corresponde a la decisión libre de contraer matrimonio: aquí el vínculo
jurídico es solemne plasmado en el contrato de matrimonio. Dicha “clasificación
no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia
Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia”[30].
26. En la sentencia C-239 de
1994, la Corporación al referirse a los contenidos normativos del artículo 42
de la Constitución destacó que estos ofrecen parámetros específicos de
regulación para la institución del matrimonio los cuales no son predicables de
la unión marital de hecho. A este respecto señaló, en esa sentencia que:
“Sea lo primero decir que es erróneo
sostener, como parece hacerlo el demandante, que la Constitución consagre la
absoluta igualdad entre el matrimonio y la unión libre, o unión marital de
hecho, como la denomina la ley 54 de 1990. Basta leer el artículo 42 de la
Constitución para entender por qué no es así.
El noveno inciso del artículo mencionado,
determina que ‘Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo,
los deberes y derecho de los cónyuges, su separación y la disolución del
vínculo se rigen por la ley civil’.  Nada semejante se prevé en relación con la
unión marital de hecho, precisamente por ser unión libre”[31].
27. Al examinar las
características y efectos atribuidos al matrimonio, en la sentencia C-533 de
2000 precisó la Corte que el rasgo más significativo de esta institución radica
en que surge del consentimiento que deben otorgar los cónyuges, del cual a su
vez emanan obligaciones como la fidelidad mutua, que le son exigibles a cada
uno respecto del otro y que únicamente terminan con la disolución del
matrimonio ya sea por divorcio o muerte. El consentimiento, cuyo principio
formal es precisamente el vínculo jurídico, es considerado un requisito de
existencia y validez del matrimonio (Código Civil art. 115), siendo también
causa de las obligaciones conyugales, por lo que se requiere obtener la
declaración judicial de divorcio para que se entienda extinguido y opere su
disolución[32].
En contraposición a lo anterior,
el consentimiento formalizado, como generador de derechos y obligaciones, no es
predicable en el caso de la unión marital, ya que ésta se produce por el sólo
hecho de la convivencia, sin que surja un compromiso solemne en el contexto de
la vida en común de los compañeros permanentes que imponga el cumplimiento de
obligaciones mutuas, siendo éstos completamente libres de continuarla o
terminarla en cualquier momento.
28. Siguiendo esta interpretación,
en la que se destaca la diferencia que la propia Constitución establece entre
la institución del matrimonio y la unión marital de hecho, la Corte ha afirmado
que “una es la situación jurídica de los cónyuges, y otra diferente, la de
los compañeros permanentes”[33].
A partir de esta premisa ha considerado que no es contrario al principio de
igualdad que el legislador adopte distintas medidas regulatorias para el
matrimonio y para la unión marital de hecho, siempre que éstas tengan un
carácter objetivo y razonable y no resulten discriminatorias.
29.  Por su parte, la sentencia
C-1035 de 2008 resaltó que, aunque es necesario proteger a todos los tipos de
familia sin importar su origen, el vínculo matrimonial y el que surge a raíz de
una unión marital de hecho son diferentes porque el primero genera una relación
jurídica con derechos y deberes para las partes que se extingue por divorcio,
nulidad o fallecimiento, mientras que en el segundo, la relación nace del solo
hecho de la convivencia y las partes son libres[34].
30. Así mismo, la sentencia C-114
de 1996, en la que se estudió la exequibilidad de artículo 8° de la Ley 54 de
1990, la Corte analizó si se justifican las diferencias entre la sociedad
conyugal y la sociedad patrimonial y si se justificaban igualmente las
diferencias de trámite para la liquidación de dichas sociedades. Al revisar en
detalle el asunto, concluyó que la Carta Política no consagra la igualdad
absoluta entre el matrimonio y la unión marital de hecho, por lo cual, tampoco
consideró que fuera posible establecer la igualdad entre la sociedad conyugal y
la sociedad patrimonial ya que “las diferencias consagradas en la ley 54 son
lógicas y no contrarían el principio de igualdad”.
31. Una posición idéntica fue
plasmada en la sentencia C-014 de 1998, en la cual la Corte afirmó que tanto el
matrimonio como la unión marital de hecho son creadoras de familia y por lo
tanto deben ser protegidas de la misma manera, pero no puede dársele el mismo
tratamiento en los asuntos relacionados con los derechos patrimoniales que se
derivan de dichas instituciones.
32. Con ese horizonte, en
palabras de la sentencia C-257 de 2015, “[l]as distinciones entre los
mecanismos probatorios de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial han
sido consideradas legítimas –dentro de ciertos límites- desde el punto de vista
constitucional, dadas las diversas dinámicas y consecuencias que se generan a
causa de las características particulares de las figuras que les pueden dar
origen: el matrimonio y la unión marital”. Al respecto, la jurisprudencia
ha afirmado que “tanto las condiciones en que surgen las dos sociedades como
las pruebas por aportar acerca de su existencia son diferentes y ello puede
generar consecuencias distintas en este campo, siempre y cuando, como se ha
expresado reiteradamente por esta Corporación, las diferencias sean razonables,
es decir, se puedan sustentar con una razón objetiva”. En efecto, la
creación de la institución jurídica de la unión marital de hecho, puede
disponer efectos económicos o patrimoniales, en relación con los miembros de la
pareja brindándoles igualdad de condiciones. Pero no indica los mismos derechos
y obligaciones entre cónyuges y entre compañeros permanentes en materia
patrimonial porque se trata de figuras diferentes con regímenes legales
disímiles[35].
33. Así lo reconoció esta Corte
en la sentencia C-278 de 2014, al señalar puntualmente lo siguiente: “No se
desconoce el derecho a la igualdad por la diferente regulación que el
Legislador ha otorgado a la sociedad conyugal y a la patrimonial. En efecto la
Constitución no establece la obligación de dar un tratamiento igual a estas dos
instituciones ni a los efectos patrimoniales de las mismas. Por el contrario,
faculta ampliamente al Legislador para regular la materia. (…) No se trata
entonces de supuestos iguales ni de situaciones que exijan ser reguladas de la
misma manera por la ley”.
34. En conclusión, la jurisprudencia constitucional ha
precisado que existe una igualdad de trato entre las familias surgidas por el
vínculo jurídico del matrimonio y aquellas que lo son por lazos naturales,
mereciendo igual protección del Estado. Sin embargo, ha advertido las
diferencias del matrimonio frente a la unión marital de hecho porque son dos
instituciones con especificidades propias que no pueden ser plenamente
asimilables. Así, ha reconocido que tanto la sociedad conyugal como la
patrimonial, pueden tener exigencias diferentes para su surgimiento y modo de
probar la existencia, sin que ello en principio lesione la igualdad, a menos
que se demuestre una diferencia de trato en la regulación que no encuentra
ningún fundamento constitucional objetivo y razonable. De esta forma se busca
impedir que se les niegue el acceso a beneficios o privilegios normativos sin
que exista una justificación constitucionalmente válida.
Prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo o
formal
35. De conformidad con lo estatuido en el artículo
228 de la Constitución Política, en las actuaciones de la administración de
justicia prevalecerá el derecho sustancial, lo cual se explica por el carácter
instrumental que tienen las normas de procedimiento en relación con  aquel,
pero ello no significa que las mismas carezcan de valor jurídico y social, pues
precisamente gracias a ellas es posible lograr el cumplimiento del derecho
fundamental al debido proceso y la efectividad de tal derecho sustancial,
además que buscan privilegiar el acceso a la administración de justicia.
Sobre este tema la Corte Constitucional ha expuesto:
“Es clara la trascendental importancia
del derecho procesal dentro de un Estado de Derecho como el nuestro, en cuanto
las normas que lo conforman son la certeza de que los funcionarios judiciales
al cumplirlas estarán sirviendo como medio para la realización del derecho
sustancial mientras que respetan el debido proceso judicial (todo juicio debe
basarse en las leyes preexistentes y con observancia de las formas propias de
cada litigio) que garantiza la igualdad de las partes en el terreno procesal,
les posibilita el derecho de defensa, da seguridad jurídica y frena posibles
arbitrariedades o imparcialidades del juez.
El procedimiento no es, en principio,
ni debe llegar a ser impedimento para la efectividad del derecho sustancial,
sino que debe tender a la realización de los derechos sustanciales al
suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos.
Cuando surge un conflicto respecto de
un derecho subjetivo, es el derecho procesal el que entra a servir como pauta
válida y necesaria de solución de la diferencia entre las partes. Se debe tener
siempre presente que la norma procesal se debe a la búsqueda de la garantía del
derecho sustancial.
Teniendo en claro la prevalencia que en
la administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el
constituyente de 1991 lo estableció como principio de la administración de
justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones de la
administración de justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’. Esta
corporación al establecer el alcance de la mencionada norma ha  dicho:
Cuando el artículo 228 de la
Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia
‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo que el fin de la
actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos
consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la
solución de los conflictos de intereses.  Es evidente que en relación con la
realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho
procesal, y específicamente el proceso, es un medio.”[36]
36. En efecto, como lo indicó la sentencia C-183 de 2007[37],
la relevancia del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
adjetivo que consagra el canon 228 Superior, resulta notable en la medida en que la interpretación que se haga de las
normas procesales que consolidan el acceso a la justicia, en virtud de este
principio, debe entenderse “en el sentido que resulte más favorable al logro y realización del
derecho sustancial, consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad
de la ley”.
37. Justamente la sentencia C-499 de 2015[38]
puso de presente que el derecho adjetivo tiene una función instrumental, y
pese a que de él depende la garantía del principio de
igualdad ante la ley y en su aplicación y el freno a la arbitrariedad, no es un
fin en sí mismo. De esta forma señaló que al tener una función instrumental, el
derecho formal o adjetivo es un medio al servicio del derecho sustancial, de
tal suerte que su fin es la realización de los derechos reconocidos por el
derecho sustancial. Adujo que entre uno y otro existe una evidente relación de
medio a fin. De ahí que, sea inadmisible la conducta de sacrificar el derecho
sustancial, por el mero culto a la forma por la forma.
38. Del anterior recuento la Corte
concluye que el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las
formas refiere a que (i) la norma adjetiva debe buscar la garantía del
derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de
efectividad de éste; (ii) la regulación procesal debe propender por la
realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la
solución de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho adjetivo
al cumplir una función instrumental que no es un fin en sí mismo, debe ceñirse
y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para
proteger las garantías fundamentales.
La potestad de configuración
legislativa en materia de asuntos de familia y de los efectos patrimoniales
derivados accesoriamente de los vínculos jurídico y natural.
39. De acuerdo a la cláusula general de
competencia asignada al Congreso de la República en los numerales 1° y 2° del
artículo 150 de la Constitución Política, el legislador cuenta con un amplio
margen de configuración legislativa para regular los asuntos de familia
mediante la expedición de códigos y para regular a través de leyes los efectos
patrimoniales que se derivan del vínculo jurídico del matrimonio y del lazo
natural que se desprende de la unión marital de hecho.
40. Como lo identificó la sentencia
C-278 de 2014[39], el
legislador ejerciendo el amplio margen de configuración que tiene en esta
materia ha optado por regular de manera diferente los efectos patrimoniales de
la sociedad conyugal que nace de forma instantánea con el matrimonio[40], y de la sociedad patrimonial
cuando se acreditan ciertas condiciones para su surgimiento y reconocimiento en
el marco de la unión marital de hecho.
41. Mientras la sociedad conyugal se
encuentra regulada en el Código Civil en los artículos 1771 a 1848, la sociedad
patrimonial fue regulada por la Ley 54 de 1990 al percatarse el legislador de
la omisión del Código Civil en relación con la regulación de los efectos
patrimoniales de las uniones maritales de hecho.
Con base en lo anterior, introdujo una presunción de sociedad
patrimonial cuando exista unión marital de
hecho durante un lapso no inferior a dos años sin impedimento legal
para contraer matrimonio entre compañeros, o cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e
impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o de ambos
compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales
anteriores hayan sido disueltas  por
lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho.
42. La sociedad patrimonial se define el artículo 3º de la Ley 54,
el cual establece que “El patrimonio o capital producto del trabajo,
ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros
permanentes”. El parágrafo del mencionado
artículo, señala que no hacen parte del haber de la sociedad, los bienes
adquiridos por donación, herencia o legado, ni los que se hubieren adquirido
antes de iniciar la unión marital de hecho; sin embargo, sí se consideran parte
de la sociedad patrimonial los réditos, rentas, frutos o mayor valor que
produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho.
43. Tal y como lo describe la Corte Suprema de Justicia, “la
sociedad patrimonial irradia sus efectos solamente en el plano económico y
deriva, en primer lugar, de la existencia de una unión marital de hecho y, en
segundo término, de que como consecuencia del trabajo, ayuda y socorro mutuos
de los compañeros permanentes, se haya consolidado un
“patrimonio o capital” común”[41]. De esta forma, la sociedad
patrimonial depende de que exista unión marital de hecho pero requiere de
manera ineludible que se haya conformado un capital común.
De lo anterior se desprende que la Ley 54 de
1990, sin establecer la igualdad entre los compañeros permanentes y los
cónyuges, reconoció jurídicamente su existencia. De este modo “las presunciones
legales sobre la existencia de la unión marital de hecho, la configuración de
la sociedad patrimonial entre los miembros de la pareja, la libertad probatoria
para acreditar la unión, comportan mecanismos y vías diseñadas por el
legislador con el objeto de reconocer la legitimidad de este tipo de relaciones
y buscar que en su interior reine la equidad y la justicia”[42].
En
ese sentido, es al legislador a quien le corresponde también establecer las
exigencias probatorias para acreditar el surgimiento de la sociedad
patrimonial, siendo estas regulaciones adjetivas o procedimentales.
44. Ahora bien, como de forma reiterada lo ha reconocido esta
Corporación, el margen de configuración que tiene el legislador no es absoluto,
sino que responde a medidas y regulaciones respetuosas que no tornen nugatorias
las garantías de los derechos constitucionales. Por consiguiente, se le exige
que las medidas o las restricciones que establezca en virtud de la potestad
legislativa, deben responder a los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad.
45. En este orden de ideas, la Sala considera que si bien el
legislador cuenta con un amplio margen de configuración legislativa en  asuntos
de familia y de los efectos patrimoniales derivados accesoriamente de los
vínculos jurídico y natural, al igual que en los procedimientos que regulan la
parte probatoria, lo cierto es que tal margen debe ser coherente con las garantías
constitucionales, de tal forma que las medidas o limitaciones que se impongan
deben ser evaluadas a la luz de la razonabilidad y proporcionalidad.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Civil, sobre las exigencias de disolución de
la sociedad conyugal anterior por lo menos un año antes de la fecha en
que inició la unión marital de hecho, como requisitos para la declaración
judicial de ésta cuando uno o ambos compañeros permanentes tienen impedimento
legal para contraer matrimonio
46. En múltiples ocasiones[43] esta Corporación ha señalado que la
caracterización del derecho viviente en el control abstracto de constitucional
adquiere plena relevancia en cuanto consulta las dinámicas sociales y la
interpretación autorizada del órgano judicial límite de la respectiva
especialidad. Esta
caracterización permite a la Corte no basar los análisis de constitucionalidad
en interpretaciones puramente hipotéticas o descontextualizadas de las leyes,
sino tomar como referencia las que han sido depuradas por los órganos de cierre
de cada jurisdicción y que demuestren una orientación jurisprudencial
dominante, bien establecida.
Así, se han fijado los siguientes requisitos para evaluar esa
caracterización a partir de decisiones judiciales de las Altas Cortes, a saber:
“(1.) la interpretación judicial
debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme (si existen
contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de un sentido
normativo generalmente acogido sino de controversias jurisprudenciales); (2.)
en segundo lugar, la interpretación judicial debe estar consolidada: un solo
fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría insuficiente para apreciar
si una interpretación determinada se ha extendido dentro de la correspondiente
jurisdicción; y, (3.) la interpretación judicial debe ser relevante para fijar
el significado de la norma objeto de control o para determinar los alcances y
efectos de la parte demandada de una norma”[44].
Bajo esos requisitos, la caracterización del derecho viviente surge de
un estudio enmarcado por la órbita de competencia ordinaria de la Corte Suprema
de Justicia y del Consejo de Estado y, por ello, se desenvuelve en el plano de
la interpretación de la ley, no de la Constitución, y es esencialmente una
concreción del principio de legalidad, no del principio de constitucionalidad.
De tal manera que el valor de esa caracterización es relativo a la interpretación de la ley demandada,
lo cual no le resta trascendencia, sino que define el ámbito del mismo. Le
corresponde a la Corte Constitucional decidir si recibe y adopta dicha
interpretación. Y en caso de que la acoja, ejercer de manera autónoma sus
competencias como juez en el ámbito de lo constitucional.
47. Como órgano judicial límite de la especialidad de derecho de familia
se encuentra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual
ha construido la evolución jurisprudencial reflejando la interpretación legal
del tratamiento jurídico que se le otorga a las uniones maritales de hecho y a
la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Por consiguiente, nos
centraremos en analizar las decisiones relevantes.
48. Para el estudio puntual de nuestro caso[45], vale resaltar que antes de la
Ley 54 de 1990 se reconocía el denominado concubinato, que era la convivencia
entre hombre y mujer pero socialmente estigmatizada por no observar las
formalidades del matrimonio, y que además carecía de efectos jurídicos a pesar
de su innegable existencia, conllevando diversas situaciones de inequidad
especialmente para la mujer. Como lo relata de manera detallada la sentencia
C-700 de 2013, “[a]nte esa situación, la jurisprudencia empezó a perfilar
tímida y paulatinamente algunos derechos de las concubinas, por ejemplo
aquellos de carácter laboral e indemnizatorio, y lo más importante, la sociedad
de hecho entre concubinos a condición de que esta no hubiera tenido por móvil
crear o fomentar este tipo de relaciones”.
Con la expedición de la Ley 54 de 1990, fueron varios los cambios
legales que han sido reconocidos por la jurisprudencia ordinaria: (i)
erradicó la denominación peyorativa de concubinato, por la figura de la unión
marital de hecho y a la mujer la reconoció como compañera permanente en
igualdad de condiciones que el hombre; (ii) definió que la unión marital
de hecho es una comunidad de vida permanente y singular entre los compañeros,
conllevando el reconocimiento legal de un núcleo familiar con las obligaciones
y derechos que de él dimanan; (iii) para esa figura no es indispensable el
consentimiento, ya que éste va envuelto en los hechos derivados del
comportamiento humano, de ahí que las primeras sentencia que analizaron la
unión marital de hecho hayan señalado que es fruto de los actos consciente y
reflexivos, constantes y prolongados que constituyen una institución familiar[46].
49. Como lo identificó en su momento la sentencia C-700 de 2013, “[e]s
importante anotar para el caso estudiado que la ley preceptuó, como requisito sine qua non, que los compañeros no estén casados, en el
entendido de que no estén casados entre sí; si el casamiento es con terceras
personas no es impedimento para la unión, ni para la sociedad patrimonial
siempre y cuando se cumpla con la condición consagrada en el artículo 2°, o sea
que la sociedad conyugal esté no solamente disuelta sino liquidada. Esto
es, que en ausencia de esta condición no puede surgir la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes. En la hipótesis cuya
constitucionalidad se estudia, la sociedad estaría disuelta pero su liquidación
estaría pendiente” (Negrillas nuestras). No obstante, como se ha advertido,
la exigencia de liquidar la sociedad conyugal anterior como requisito para la
presunción y el reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial, fue
justamente declarado inexequible por esta Corporación en la referida sentencia.
50. Ahora bien, centrando nuestro análisis en la exigencia de la disolución
de la sociedad conyugal anterior que consagra el precepto demandado, se debe
traer a colación la sentencia de casación del 10 de septiembre de 2003 (MP
Manuel Isidro Ardila Velásquez)[47].
En esa oportunidad la Corte Suprema de Justicia estudió el caso de una mujer a
quien a pesar de demostrar probatoriamente haber convivido por más de 8 años
con su difunto compañero permanente, se le negó el reconocimiento de la
sociedad patrimonial de hecho bajo el argumento de que su compañero tuvo un
matrimonio previo, el cual si bien quedó disuelto tras la muerte de su
esposa, nunca fue liquidado, incumpliendo así lo dispuesto en el literal b) del
artículo 2 de la ley 54 de 1990.
En dicha sentencia la Corte Suprema expuso que la finalidad del
legislador con esa norma fue evitar la inconveniencia que genera la
coexistencia de sociedades con gananciales a título universal, sorteando por
consiguiente la concurrencia entre la sociedad conyugal y la sociedad
patrimonial mediante la exigencia de que aquella estuviese disuelta y
liquidada para que surja ésta. No obstante, la Corte señaló que bastaba
la disolución de la sociedad conyugal anterior para cumplir la finalidad
perseguida, siendo innecesaria la exigencia de liquidar la misma. Al respecto adujo
lo siguiente:
“La
teleología de existir, amén de la disolución, la liquidación de la sociedad
conyugal, fue entonces rigurosamente económica o patrimonial; que quien a formar
la unión marital llegue, no traiga consigo sociedad conyugal alguna; sólo puede
llegar allí quien la tuvo, pero ya no, para que, de ese modo, el nuevo régimen
económico de los compañeros permanentes nazca a solas. No de otra manera
pudiera entenderse cómo es que la ley tolera que aún los casados constituyan
uniones maritales, por supuesto que nada más les exige sino que sus aspectos
patrimoniales vinculados a la sociedad conyugal estén resueltos. (…)
Puestas así las cosas, al pronto surge que la norma, al
llegar hasta exigir en tales eventos la liquidación de la sociedad conyugal,
sin ningún género de duda fue a dar más allá de lo que era preciso para lograr
la genuina finalidad que se propuso; porque si el designio fue, como viene de
comprobarse a espacio, extirpar la eventual concurrencia de sociedades,
suficiente habría sido reclamar que la sociedad conyugal hubiese llegado a su
término, para lo cual basta simplemente la disolución. En esta, que no la
liquidación, la que le infiere la muerte a la sociedad conyugal. (…)
Que la mera disolución es lo que a la conyugal pone
fin, lo dice el hecho de que justo es en ese momento cuando queda fijado
definitivamente el patrimonio de ella, es decir, sus activos y pasivos, y entre
unos y otros se sigue una comunidad universal de bienes sociales, administrados
en adelante en igualdad de condiciones por ambos cónyuges (o, en su caso, por
el sobreviviente y los herederos del difunto) (…)”.
Apoyada
en las anteriores razones, desde este célebre sentencia la Corte Suprema de
Justicia concluyó que (i) el requisito de la liquidación de la
sociedad conyugal anterior que contemplaba el artículo 2º literal b) de la Ley
54 de 1990, era innecesario y por ello lo inaplicó procediendo a reconocer
judicialmente la sociedad patrimonial, punto que en la actualidad se encuentra
superado ante la declaratoria de inexequibilidad de dicha exigencia; (ii)
que la finalidad que persigue dicha norma de evitar la coexistencia de sociedad
a título universal, se alcanza con la sola exigencia de acreditar la disolución
de la sociedad conyugal anterior para, de esa forma, habilitar el surgimiento
de la sociedad patrimonial; (iii) dejó claro que la disolución es
la que pone fin a la sociedad conyugal y la que permite fijar el patrimonio
común de los cónyuges hasta una fecha determinada, sin que opere la confusión
de los bienes al iniciar la sociedad patrimonial. Por consiguiente, con esos
lineamientos consideró necesario el requisito de la disolución de la
sociedad conyugal anterior.
51. Más
adelante, en la sentencia del 4 de septiembre de 2006 (MP Edgardo Villamil
Portilla)[48],
la Corte Suprema se ocupó del estudio de un recurso extraordinario de casación
en el cual una mujer reclamaba el reconocimiento de la sociedad patrimonial de
hecho. El compañero permanente tenía un vínculo matrimonial previo con
disolución y liquidación de la sociedad conyugal el 7 de julio de 1995 mediante
escritura pública. A los tres meses se divorció y comenzó seguidamente la
convivencia de hecho con la demandante, hasta el 6 de marzo de 1998 cuando el
compañero permanente falleció. En segunda instancia ordinaria sólo le fue
reconocida la unión marital de hecho, no así la sociedad patrimonial por no
haber acreditado los requisitos de ley, toda vez que se tuvo como fecha de inicio
de la convivencia efectiva el 7 de julio de 1996, es decir, un año después de
la liquidación de la sociedad conyugal. Por consiguiente, si el deceso del
compañero sucedió el 6 de marzo de 1998, encontró que no se cumplía con la
convivencia mínima de dos años para estructurar la sociedad patrimonial.
Al examinar
el caso, la Corte Suprema reiteró que para el reconocimiento de la sociedad
patrimonial cuando uno de los compañeros o ambos tuviesen impedimento legal
para contraer matrimonio y una sociedad conyugal anterior, es necesario que
ésta se encuentre disuelta. Además de lo anterior, se preguntó: “si
lo fundamental es la disolución, por qué imponer a quienes mantienen el
vínculo, pero ya no tienen sociedad vigente, un año de espera que a los demás
no se exige?”. Con el fin de responder el interrogante, planteó lo
siguiente:
“Sentado ya que la condición de partida aplicable en
este preciso caso es que la sociedad conyugal se halle disuelta, según la
jurisprudencia que se ha citado, es imposible negar que la disolución tiene un
carácter instantáneo, claramente distinguible en un momento determinado, es
decir por virtud de un solo acto la sociedad conyugal pasa el umbral que separa
la existencia de la disolución. Y si ello es así, no hay lugar para indagar qué
función puede cumplir algún plazo de espera antes de iniciar una nueva
convivencia”. (…)
Dicho en compendio, en punto de hallarse habilitado
para iniciar la comunidad de vida permanente y singular, no se justifica hacer
ninguna diferencia entre quienes tienen vínculo anterior y quienes no, pues lo
fundamental es que quienes conforman esa nueva familia, hayan disuelto la
sociedad conyugal anterior, si es que la tuvieron, pues como se dijo en el
tantas veces citado fallo la cuestión es "rigurosamente económica o
patrimonial". Y si se dijera en contrario, que hay algún privilegio para
quienes no tienen vínculo patrimonial, grupo al que pertenecerían los viudos y
los divorciados, obsérvese que estos pueden traer consigo una sociedad conyugal
sin liquidar, y otro tanto puede suceder a quienes tienen vínculo matrimonial
anterior y han disuelto, pero no liquidado la sociedad conyugal. Y si como se
dijo en el precedente citado, la ausencia de liquidación no impide la
conformación de la unión marital de hecho, la exigencia común a todos es la
disolución de la sociedad conyugal, de manera que no ha de indagarse sobre
quiénes han terminado el vínculo y quiénes no, pues lo verdaderamente
importante es saber si se ha disuelto la sociedad conyugal. Y si unos y otros
han cumplido con la exigencia básica, disolver la sociedad conyugal anterior,
qué justificaría imponer a quienes mantienen un vínculo un año de espera
después de la disolución de la sociedad conyugal”·.
De
esta forma, la Sala de Casación Civil reafirmó que la exigencia básica de
disolver la sociedad conyugal, cuyo carácter es instantáneo, es la que se debe acreditar
para efectos del reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial, además de
los dos años de convivencia de hecho. Lo importante de este fallo, fue que
encontró carente de justificación imponer a quienes inician una unión marital
de hecho, la espera de un año para que ésta pueda iniciar y pasados los
dos años exigidos por la ley, surja la sociedad patrimonial. Esto en la
práctica implicaría que dicha sociedad solo podría ser reconocida pasados 3
años.
Para
la Corte, como esa exigencia carecía de sustento y justificación, dio lugar a
su inaplicación, reconociendo en consecuencia la sociedad patrimonial a la
demandante porque la convivencia con el difunto superó los 2 años requeridos.
52. Años
después, en la sentencia del 22 de marzo de 2011[49], la Corte Suprema al estudiar
también un debate sobre la configuración de la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes y la exigencia temporal de un año, reiteró que “(…)
lo único que se exige para que opere dicha presunción, es la disolución de las
respectivas sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se
encontraban, por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez
mueren, y no su liquidación. // Con ello, desde luego, lo que se propuso el
legislador fue evitar la preexistencia de sociedades conyugales y patrimonios
entre compañeros permanentes, (…) para lo cual basta simplemente la
disolución”.
Así
mismo, reafirmó que en aquellos casos en que uno o ambos compañeros permanentes
tengan impedimento legal para contraer matrimonio, solo se exige que acrediten
la disolución de la sociedad patrimonial y desde la fecha la misma suceda, se
presume la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. De esta forma,
también se inaplicó a un caso puntual la exigencia de esperar un año para que
ésta se presuma y pueda ser reconocida judicialmente.
53. En
igual sentido, la sentencia del 22 de marzo de 2011 (MP Jaime Alberto Arrubla
Paucar)[50],
al analizar un recurso extraordinario de casación contra la declaratoria de
existencia de una unión marital de hecho y su consecuente sociedad patrimonial,
explicó lo siguiente:
“La unión marital de hecho, bien se sabe, supuestos
los elementos que la caracterizan, tiene la virtud de hacer presumir la
sociedad patrimonial, siempre que aquélla haya perdurado un lapso no inferior a
dos años, con independencia de que exista impedimento legal para contraer
matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes, pues si
concurre, por ejemplo, un vínculo vigente de la misma naturaleza, lo único que
se exige para que opere dicha presunción, es la disolución de las respectivas
sociedades conyugales, que es cuando el estado abstracto en que se encontraban,
por el simple hecho del matrimonio, se concretan y a la vez mueren, y no su
liquidación”.
Además
de ello indicó que existiendo impedimento legal para contraer matrimonio, la
nueva relación patrimonial surge a partir de la disolución de la sociedad
conyugal anterior, y no pasado un año después de la liquidación de la misma. Es
decir, estuvo de acuerdo con la exigencia de la disolución y con la
inaplicación del requisito temporal.
54. Posteriormente,
la Sala de Casación Civil en sentencia del 28 de noviembre de 2012 (MP Ruth
Marina Díaz Rueda), estudió el caso de una señora a quien en primera y segunda
instancia se le había negado el reconocimiento de la unión marital de hecho y
de la sociedad patrimonial, porque su compañero permanente con el que convivió
desde el año 1985 hasta el 2005 cuando falleció, se había separado de cuerpos
de su cónyuge sin haber disuelto la sociedad conyugal.
En esa
oportunidad, la Corte Suprema casó parcialmente la sentencia y dictó falló
sustitutivo, declarando la existencia de la unión marital de hecho por tratarse
de un efecto personal que fue demostrado por la actora, pero negó el
reconocimiento de la sociedad patrimonial porque se comprobó que la sociedad
conyugal anterior no se encontraba disuelta. Debido a ello, a la demandante le
quedaba la vía de acudir al juez civil a declarar la existencia de una sociedad
de hecho.
Para
sustentar su posición recordó la jurisprudencia pacífica de esa Alta Corte
sobre la exigencia de la disolución de la sociedad conyugal anterior, y luego
indicó que “[c]omo puede advertirse, resulta equivocada la hermenéutica del
Tribunal frente a la citada disposición, en virtud de que la jurisprudencia ha
precisado que para la conformación de la “unión marital de hecho”, no constituye
obstáculo el que ambos compañeros o alguno de ellos tenga “sociedad
conyugal”, pues esta circunstancia según quedó visto, en principio obstaculiza
es el surgimiento de la “sociedad patrimonial”, cuando no se encuentra
disuelta, en esencia para evitar la confusión de universalidades patrimoniales,
por lo que acorde con esa orientación, se reclama únicamente la ocurrencia de
ésta, mas no su “liquidación”.
55.
Con ese mismo norte, de forma más reciente y después de la declaratoria de
inexequibilidad de la expresión “y liquidadas” en la sentencia C-700 de
2013, la Sala de Casación Civil en la sentencia del 9 de septiembre de 2015 (MP
Margarita Cabello Blanco)[51],
estudió un proceso ordinario de declaración de unión marital de hecho y
reconocimiento de la sociedad patrimonial, en la cual tanto la compañera
permanente como la cónyuge supérstite formularon recursos extraordinario de
casación. Para nuestro análisis nos centraremos en el cargo expuesto por ésta
última y las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia.
El
asunto se circunscribe a que a la compañera permanente se le reconoció la
sociedad patrimonial porque de forma previa el compañero que tenía impedimento
para contraer matrimonio, había logrado la declaración judicial de la
separación de cuerpos de su cónyuge desde el año 1979. La convivencia de hecho tuvo
lugar desde el año 1979 hasta el 19 de noviembre de 2007, fecha en que el
compañero permanente falleció. En criterio de la cónyuge supérstite, no había
lugar al reconocimiento de la sociedad patrimonial porque la sociedad conyugal
anterior no estaba disuelta ni liquidada.
Al
abordar el examen del caso, la Corte Suprema reiteró que solo se requiere que
la sociedad conyugal haya sido disuelta, más no liquidada, expresión última que
además advirtió había sido declarada inconstitucional. Así las cosas, por
cuanto la separación judicial de cuerpos es causal de disolución de la sociedad
conyugal, estimó que era viable el reconocimiento de la sociedad patrimonial
porque el tiempo de convivencia había superado los dos años. En ese sentido,
desatendió los argumentos de ese recurso extraordinario.
56. De
lo expuesto anteriormente, la Corte Constitucional concluye que la
interpretación legal realizada de forma pacífica y constante la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, se centra en que (i) el
literal b) del artículo 2º de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º
de la ley 979 de 2005, exige que opere la disolución de la sociedad
conyugal anterior para que sea posible declarar desde el día siguiente la
existencia de la unión marital de hecho, y una vez transcurridos como mínimo
dos años de ésta, opere la presunción y el reconocimiento de la sociedad
patrimonial. Lo anterior por cuanto la exigencia de la disolución cumple la
finalidad de evitar la coexistencia de sociedades universales en las cuales se
puedan confundir los patrimonios, lo cual significa que la sociedad patrimonial
no puede presumirse en su existencia si no ha sido disuelta la sociedad
conyugal y, (ii) de forma sistemática ha inaplicado el requisito
temporal de un año a que alude la norma, por considerarlo carente de
justificación y un tiempo muerto que sacrifica los derechos patrimoniales de
los compañeros permanentes que tienen impedimento legal para contraer
matrimonio.
57.
Ahora bien, luego de establecida la anterior conclusión, la Sala considera
importante mencionar que desde el año 2009, la posición mayoritaria de la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga ha
planteado una solución diferente que merece ser recopilada, a pesar de no ser
un precedente vinculante que, como se explicó, lo produce para estos casos el
órgano límite de la especialidad familia que es la Corte Suprema de Justicia.
57.1. En
sentencia del 17 de julio de 2009, ese Tribunal se pronunció sobre el caso de
una pareja que convivió de hecho por más de 15 años, teniendo el compañero
permanente un vínculo matrimonial vigente porque la separación de cuerpos no
fue judicial y, por ende, la sociedad conyugal anterior estaba sin disolver. La
compañera permanente al solicitar la declaración de la unión marital de hecho y
el reconocimiento de la sociedad patrimonial, en primera instancia sólo le fue
reconocido el vínculo natural personal -unión marital de hecho-, no así la
declaratoria de existencia de la sociedad patrimonial porque el compañero
permanente no había disuelto la sociedad conyugal anterior y existía
impedimento para la creación de la sociedad patrimonial.
57.2. Apelada
esa decisión por la demandante, el Tribunal planteó que uno de los compañeros
permanentes no había disuelto la sociedad conyugal anterior, por lo que no
gozaba de la presunción de conformar la sociedad patrimonial porque incumplía
ese requisito, pero que ello no impedía que la existencia de la sociedad
patrimonial fuese probada por otros medios. En ese sentido advirtió que se
podían confundir los patrimonios, pero que en todo caso ese era un debate
probatorio propio de la liquidación de ambas sociedades. De esta forma
consideró que quien alegue que se conformó una sociedad patrimonial debe
probarla, salvo en los casos en que la ley presuma su existencia.
Así
mismo, aplicó la excepción de inconstitucionalidad a la exigencia que indica
que no hay lugar a sociedad patrimonial de hecho entre los compañeros
permanentes cuando persista una sociedad conyugal anterior, pues estimó que la
exigencia de la disolución afectaba la igualdad, el acceso a la
administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal. Para sustentar lo anterior señaló que (i) la consagración de
la presunción que establece el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 y su
modificación del 2005, establecen una norma de carácter procesal al conceder la
exención de la prueba, siendo por lo tanto de naturaleza adjetiva; (ii) cuando
los requisitos para acreditar la presunción no se cumplan y no se pueda
presumir la sociedad patrimonial, ésta se puede acreditar por otros medios de
prueba “porque lo excluido, si faltan los requisitos, no es la sociedad patrimonial,
sino la presunción”; (iii) si la sociedad patrimonial no se puede presumir,
el compañero o compañera que demanda su declaratoria debe probar en los
términos del artículo 3° de la Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de
2005, que como producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos se formó un
patrimonio común y que, en consecuencia, se debe reconocer la existencia de la
sociedad patrimonial para no sacrificar el derecho sustancial y el acceso a la
administración de justicia; y que, (iv) el riesgo de la confusión de
patrimonios es un debate netamente probatorio sobre la situación de los bienes
en una u otro masa social ante la concurrencia de sociedades.
57.3. Con
esa línea argumentativa, el Tribunal concluyó que era viable reconocer la
existencia de la sociedad patrimonial a pesar de la falta de disolución de la
sociedad conyugal anterior, requisito que advirtió “puramente formal”,
porque si bien no se logró presumir la sociedad patrimonial, en el proceso la
parte actora logró demostrar el patrimonio o capital común por otros medios de
prueba.
58.
Esa misma postura la ha sostenido mayoritariamente la Sala Civil-Familia de ese
Tribunal en diferentes sentencias, destacándose la proferida el 24 de marzo de
2015. En ella estudió los recursos de apelación interpuestos por ambos
compañeros permanentes que se encontraban casados de forma previa, sin disolver
ninguno la sociedad conyugal respectiva. Por esa razón, el juez de primera
instancia sólo reconoció la existencia de la unión marital de hecho, pero
desatendió la pretensión de la declaratoria de sociedad patrimonial porque no
se cumplieron los supuestos para que operara su presunción.
En la
apelación, la demandante indicó que el hecho de no haberse disuelto las
sociedades conyugales anteriores no impedía el surgimiento de la sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, con el fin de otorgar protección a
las familias naturales.
58.1. En
esa ocasión, la Sala Civil-Familia sostuvo que podía existir una unión marital
de hecho con sociedad patrimonial de hecho presunta, así como una unión
marital de hecho sin sociedad patrimonial, y también era viable que la
existencia de una unión marital de hecho con sociedad patrimonial no
presunta, “pues la comentada ley no excluye en momento alguno esta última
posibilidad”. También precisó que (i) el artículo 2° de la Ley 54 de
1990 no señala el origen de la sociedad patrimonial, sino los requisitos de una
presunción, de tal suerte que si se incumplen los requisitos no se presume la
sociedad, pero si es viable demostrar su existencia por otros medios de prueba
ya que “la norma no indica, por parte alguna, la pérdida del derecho así la
sociedad conyugal anterior del compañero impedido se encuentre sin disolver; y (ii)
que la eventual confusión de patrimonios es un debate probatorio porque, según
explicó el Tribunal, la sociedad patrimonial no es una sociedad a título
universal como sí lo es la conyugal.
58.2. A
la luz de lo anterior, la mayoría de los integrantes de la Sala adujo que como
garantía del orden justo y del acceso efectivo a la administración de justicia,
no se podía denegar el derecho al reconocimiento de la sociedad patrimonial
argumentando la dificultad de probarlo, porque la limitación que impone la
exigencia de disolver la sociedad conyugal anterior, solo aplicar para
la presunción. Además, reiteró las mismas razones expuestas en la sentencia del
17 de julio de 2009, agregando que es entendible que el legislador haya
procurado que las masas patrimoniales no se confundan y por eso diseñó la presunción,
“pero no parece clara la conclusión de que allí se saca, no explícita de la
ley, según la cual, para evitar el problema, la norma haya privado de un
derecho sustancial a una persona”.
58.3. Finalizó
indicando que se aparta del precedente judicial de la Corte Suprema en lo
atinente a que la exigencia de disolución de la sociedad conyugal anterior que
alguno de los compañeros permanentes tenía, es un requisito de presunción de la
sociedad patrimonial entre los compañeros, “pues al tomar la ley en su plena
literalidad, tal requisito lo es de la presunción, no del instituto jurídico”.
Insistió en que la sociedad patrimonial no tiene la naturaleza de ser
universal. De esta forma, al señalar que en ese caso analizado se incumplían
los requisitos de la presunción de sociedad patrimonial, terminó reconociendo
dicha sociedad porque la demandante demostró, asumiendo la carga legal de
probar, que entre los compañeros permanentes existió una sociedad patrimonial
producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos.
59. De
esta posición mayoritaria que sistemáticamente ha asumido la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Bucaramanga, se desprende que aún ante la falta de
disolución de la sociedad conyugal anterior, con lo cual se incumplen los
requisitos de la presunción que consagra el artículo 2° de la Ley 54 de 1990,
modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005, si la parte interesada
demuestra que construyó un patrimonio común producto del trabajo, ayuda y
socorro mutuos entre los compañeros permanentes, habría lugar al reconocimiento
de la sociedad patrimonial. Así, la disolución es requisito para que opere la
presunción, pero no de la existencia del patrimonio y capital común entre los
compañeros permanentes.
60.
Teniendo clara la posición vinculante que ha asumido la Corte Suprema de
Justicia y que constituye Derecho Viviente, así como el debate que propone el
Tribunal Superior de Bucaramanga sin ser una postura que opere como precedente
judicial vinculante, la Sala Plena se ocupará de abordar el estudio del cargo
al cual se le reconoció aptitud sustancial para resolver de fondo.
Análisis
concreto del aparte demandado
Contexto
y contenido de la norma acusada
61. La
Ley 54 de 1990, modificada por la Ley 979 de 2005, instituyó dos figuras. De un
lado, la unión marital de hecho entre compañeros permanentes[52] que hacen una comunidad de vida
permanente y singular, cuya declaración puede operar en cualquier momento de la
convivencia, produciendo como efectos personales la modificación del
estado civil y el surgimiento de la familia natural.
62. Del
otro lado, reguló el régimen patrimonial entre los compañeros permanentes
mediante el reconocimiento de la sociedad patrimonial. Para tal efecto,
el diseño que utilizó el legislador amparado en el principio democrático y en
el amplio margen de configuración que tiene en materia de familia, fue el de inferir
la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes a partir una presunción,
habilitando su declaración judicial, o por mutuo consentimiento expresado mediante
escritura pública, o por medio de acta suscrita en el centro de conciliación,
cuando se presentan alguno de estos dos casos que fungen como condiciones: (i)
cuando exista unión marital de hecho durante el lapso no inferior a 2 años,
entre los compañeros heterosexuales o que conforman parejas del mismo sexo, sin
impedimento legal para contraer matrimonio; y, (ii) cuando existiendo la
misma exigencia temporal de 2 años de la unión marital de hecho e impedimento
legal para contraer matrimonio por uno o ambos compañeros, “siempre y cuando
la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas por lo
menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”.
De
esta forma, esta sociedad produce efectos netamente económicos y patrimoniales,
por lo tanto puede suceder que la unión marital de hecho sea inferior a los 2
años de convivencia singular y permanente, y sólo se declaren los efectos
personales pero sin lugar a reconocer los efectos patrimoniales.
Así
mismo, el legislador determinó los activos que ingresan a la sociedad
patrimonial y los que no se incorporan a su haber[53].
Los primeros están constituidos por el patrimonio o capital producto del
trabajo, ayuda y socorro mutuo y los originados en los réditos o mayor valor de
los bienes propios, los cuales “pertenecen por
partes iguales a ambos compañeros permanentes”. Los
segundos, que no alimentan el acervo social, son los adquiridos en virtud de
donación, herencia o legado, y los que hubieren sido adquiridos con anterioridad
a la unión marital de hecho. Así, solo con el reconocimiento de la sociedad
patrimonial, surge el llamado activo social y con ello una sociedad
universal de gananciales de la cual son titulares los compañeros
permanentes. Esta universalidad ha sido avalada por la Corte Suprema de
Justicia[54] y por la doctrina
especializada, equiparándola en lo no regulado a la sociedad conyugal cuya
diferencia radica en su nacimiento instantáneo derivado accesoriamente del
vínculo matrimonial.
63. Revisando los antecedentes legislativos de
esta Ley y de su modificación, a través de la presunción de sociedad
patrimonial y los requisitos que operan como hechos básicos para eximir
de la carga de probar el hecho presumido, es decir, la sociedad
patrimonial, la Sala observa que su finalidad es evitar la coexistencia de
sociedades universales con gananciales comunes -sociedades conyugal y
patrimonial- y la confusión entre estos patrimonios en procura de impedir
defraudaciones, además de otorgar certeza temporal frente al patrimonial.
64.  La presunción que establece el artículo 2°
de la Ley 54 de 1990, subrogado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005, es de
naturaleza legal porque además de corresponder a la regla general de las
presunciones cuyos hechos básicos o indicadores son fijados por la ley, en su
texto no incorpora la denominación “de pleno derecho o de derecho” como
para pensar que no admite prueba en contrario (iuris et de jure) y que
torna en incontrovertible el hecho presumido.
Por consiguiente, al ser una presunción legal, admite
prueba en contrario tendiente a desvirtuar el hecho que se presume. Al
respecto, el artículo 66 del Código Civil establece que “se permitirá probar
la no existencia del hecho que legalmente se presume, aunque sean ciertos los
antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos que la misma
ley rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o
circunstancias. Significa lo anterior que dicha presunción admite prueba en
contrario para desvirtuar el hecho que se presume, o incluso para que la parte
contra la cual se invoca la presunción pueda probar que los hechos base no
corresponden a la realidad. En el mismo sentido el artículo 166 del Código
General del Proceso señala que el hecho legalmente presumido se tendrá por
cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley autorice y no disponga algo
diferente.
65. Ahora bien, en la estructura el literal b) que parcialmente se
demanda, son cuatro los hechos básicos para que opere la presunción de sociedad
patrimonial entre compañeros permanentes, a saber: (i) la existencia de
la unión marital de hecho por un término mínimo de 2 años; (ii) el que
uno o ambos compañeros tengan impedimento legal para contraer matrimonio, como
sucede por ejemplo con la separación de cuerpos no judicial; (iii) que
la sociedad o sociedades conyugales anteriores se encuentren disueltas; y, (iv)
que dicha disolución haya tenido lugar por lo menos un año antes de la fecha en
que se inició la unión marital.
Para el objeto de la presente demanda de inconstitucionalidad, nos
centraremos en (iii) y (iv) de la presunción. De allí que sea
necesario precisar que disolver “es aquel hecho que extingue una relación
jurídica de ejecución sucesiva, cuya consecuencia es la generación de un
patrimonio liquidable”[55], y que de acuerdo con el
artículo 1820 del Código Civil, las causales de disolución de la sociedad
conyugal son el divorcio, la separación judicial de cuerpos, la separación
judicial de bienes, la nulidad del matrimonio y el mutuo acuerdo de los cónyuges
plasmado en escritura pública en donde se realice el inventario de bienes y se
proceda a su liquidación.
Del requisito de la disolución
de la sociedad conyugal anterior como hecho básico indicador para el
reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial
66. El demandante considera que el requisito de disolver la
sociedad conyugal anterior para que la sociedad patrimonial se presuma y pueda
ser declarada judicialmente, vulnera los artículos 5, 13, 42 y 228 de la Carta
Política.
67. En primer lugar, plantea que ese requisito privilegia a uno de
los compañeros permanentes que por incuria o deliberadamente dejó sin disolver
su sociedad conyugal anterior, colocando en indefensión y estado de
subordinación al otro compañero permanente, porque la norma estableció que la
presunción sólo opera ante la disolución efectiva de la sociedad conyugal, lo
que en su sentir ubica en mejor posición al compañero que la tiene sin
disolver. En tal caso, el compañero “débil” debe renunciar al reconocimiento de
la sociedad patrimonial y a que la relación sea reconocida como una familia
natural, lo que quebranta la igualdad de derechos y deberes que deben existir
entre la pareja y la protección integral a la familia natural.
Como se analizó a partir de la doctrina del Derecho Viviente, la
disolución de la sociedad conyugal anterior para que sea posible declarar la
existencia de la unión marital de hecho desde el día siguiente, y una vez
transcurridos como mínimo dos años de ésta opere la presunción de sociedad
patrimonial, tiene como finalidad legítima evitar la coexistencia de sociedades
universales de gananciales en las cuales se pueda confundir el patrimonio
social.
Frente al precepto demandado, la Corte no advierte que la igualdad
de derechos y deberes que le asisten a la pareja se desconozca, habida cuenta
que el argumentos que expone el demandante parte del supuesto de la mala fe del
compañero permanente con sociedad conyugal disuelta, al indicar que por incuria
o dolo premeditado no va a disolver dicha sociedad para bloquear la presunción
de la sociedad patrimonial. De acuerdo con el artículo 83 Superior, se presume
la buena fe en todas las actuaciones y gestiones que adelanten los
particulares, motivo por el cual la Corte no puede inferir la actuación
incorrecta e irresponsable de un compañero en detrimento de la sociedad
patrimonial, como parece asegurarlo el demandante.
Es más, cuando por diferentes razones la sociedad conyugal no fue
disuelta y se incumple el hecho básico de la presunción de sociedad patrimonial
denominado disolución de la sociedad conyugal, ni los compañeros permanentes ni
el haber social constituido por los bienes producto del trabajo, ayuda y
socorro mutuos, quedan desamparado por el Estado porque para esos casos el
legislador diseñó otro proceso judicial como lo es la sociedad de hecho -antes
entre concubinos- para que el patrimonio común sea distribuido en partes
iguales entre los socios. Esto es, como ya se explicó, un efecto económico y
patrimonial que el Estado protege por otro medio judicial, ya que su deber es
amparar el patrimonio independientemente de la figura jurídica que utilice para
ello, bien sociedad patrimonial o bien sociedad de hecho.
Tampoco se desconoce la protección integral a la familia natural,
habida consideración que por incumplir el requisito de la disolución si bien no
se presume la sociedad patrimonial, lo cierto es que la unión marital de hecho
como lazo familiar natural sí es declarada y como tal garantizada en sus
efectos personales. Por ejemplo, así lo reconoció la Corte Suprema de Justicia
en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 que se referenció.
Las anteriores razones son suficientes para desechar los
argumentos que sobre el punto expone el demandante, ya que no lograron
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que recae sobre la locución
censurada.
68. En segundo lugar, el actor manifiesta que el requisito de
disolver la sociedad conyugal anterior para que la sociedad patrimonial se
presuma y pueda ser declarada judicialmente, al ser una presunción iuris et
de iure no admite prueba en contrario, desconociendo así los requisitos de
precisión, seriedad y concordancia que refiere la sentencia C-731 de 2005[56], porque
no existe un nexo fáctico entre el hecho indicador llamado disolución y el
hecho presumido de la sociedad patrimonial. En criterio del actor, la sociedad
patrimonial es una sociedad singular, particular y concreta, no universal; por
consiguiente, considera que la exigencia de la disolución previa de la sociedad
conyugal para habilitar la presunción de sociedad patrimonial, restringe
desproporcionadamente el principio de primacía del derecho sustancial,
privilegiando el derecho adjetivo en relación con ese hecho básico de la
presunción que contempla el artículo 2°, literal b) de la Ley 54 de 1990,
modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005.
68.1. Al respecto la Corte encuentra que, contrario a lo señalado
por el actor, la sociedad patrimonial cuyo activo social es el capital producto
del trabajo, ayuda y socorro mutuos entre los compañeros permanentes, no es una
sociedad singular sino que conforma una universalidad de gananciales entre los
compañeros permanentes.  Además de ello, la presunción que establece el
artículo 2° ibídem, no es una presunción de pleno derecho, sino una presunción
legal que admite prueba en contrario.
68.2. Pues bien, respecto el requisito de precisión, la
Sala observa que uno de los hechos básicos o indicadores es la exigencia de la
disolución de la sociedad conyugal previa para que opere la presunción y el
reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial. En la redacción legal de la
locución demandada, esa exigencia es plena y completa, además resulta
importante para el reconocimiento de la sociedad patrimonial porque lo que se
pretende es evitar la coexistencia de sociedades universales y la confusión de
patrimonios sin que exista una certeza temporal de los mismos, comprometiendo
gravemente la tutela judicial efectiva y el orden justo como valor
constitucional en procura de garantizar ambos derechos sustanciales.  De esta
forma, la disolución resulta ser un hecho revelador para el reconocimiento de
la sociedad patrimonial.
En cuanto al requisito de seriedad, la Sala estima que
existe un nexo fáctico importante entre el hecho indicador de la disolución de
la sociedad conyugal anterior y la consecuencia de presumir la sociedad
patrimonial acompañada de otros tres hechos básicos adicionales. Dicho nexo, se
repite, tiene su fundamento en evitar la coexistencia y confusión de los
patrimonios universales que conforman la sociedad conyugal y la patrimonial, ya
que disuelta aquella el orden lógico advertía como extremadamente probable el
reconocimiento de ésta.
Sobre este punto, el demandante agrega que como la disolución solo
puede ser adelantada por el compañero permanente que tiene el impedimento legal
para contraer matrimonio, entonces el hecho básico objeto de análisis pierde
seriedad porque deja indefenso jurídicamente al otro compañero. Como lo indicó
en su momento la Sala, no se puede presumir la mala fe y la irresponsabilidad en
el actuar del compañero permanente que tiene la sociedad conyugal vigente, y en
todo caso, como medida drástica el compañero al que se denomina “débil” podría
acudir a los estrados judiciales para que mediante proceso declarativo verbal
residual, se fije la obligación del otro compañero de disolver la sociedad
conyugal.
Y frente al requisito de concordancia, al tener la sociedad
patrimonial la naturaleza de ser una universalidad de gananciales entre los
compañeros permanentes, existe una relación fáctica concordante con la
exigencia de disolución previa de la sociedad conyugal anterior porque el
legislador lo que pretendió con la Ley 54 de 1990 fue reconocer efectos
económicos en las uniones maritales de hecho, pero sin que coexistan las
sociedades conyugal y patrimonial para evitar la confusión de los patrimonios
otorgando seguridad jurídica y protección efectiva al derecho sustancial.
Así las cosas, la Corte considera que la exigencia de la
disolución que se viene estudiando, cumple con los supuestos de precisión,
seriedad y concordancia que se tornan más flexibles cuando se trata de
presunciones legales o iuris tantum. De esta forma, no afecta el derecho
la igualdad inherente a ambos compañeros permanentes frente a la sociedad
patrimonial.
68.3. Toda vez que el demandante expone que la exigencia de la
disolución previa de la sociedad conyugal para habilitar la presunción de
sociedad patrimonial, restringe desproporcionadamente el principio de primacía
del derecho sustancial sobre las formas (art. 228 Superior) e incluso el acceso
a la administración de justicia (art. 229 de la CP), corresponde a la Sala
adelantar el juicio de proporcionalidad de esa medida legislativa a la
cual acudió el Congreso de la República apelando al amplio margen de
configuración que tiene para regular asuntos de familia y el régimen
patrimonial que las rige.
68.3.1. Ahora bien, el juicio de proporcionalidad adopta diversas
modalidades según su grado de intensidad, el cual depende de
la materia objeto de la disposición demandada y la libertad de configuración
que es inherente a la función legislativa. Dichas modalidades son: (i) el
control débil, leve o denominado también control de evidencia, en el cual
se otorga al legislador un amplio privilegio de que sus decisiones mantengan su
constitucionalidad, a menos que lo contrario, sea evidente. Este es el que
ordinariamente debe llevar a cabo el juez de constitucionalidad frente a
medidas legislativas; (ii) el control intermedio, en el cual se
analiza que el propósito del legislador al imponer una limitación a un
principio o derecho fundamental, sea importante a la luz del texto
constitucional para lograr el objetivo pretendido con la restricción. Es el
punto medio entre el control débil y el estricto; y, (iii) el control
estricto o sustancial intensivo, en el cual la carga de la argumentación
juega a favor de los derechos fundamentales limitados y en contra de las normas
que limitan; por ende, se aplica frente a intervenciones del legislador muy
restrictivas de los derechos fundamentales.
En el presente caso, la Sala aplicará
un juicio de proporcionalidad de intensidad intermedia, por cuanto el
legislador goza de un amplio margen de configuración para regular temas de
familia y los efectos patrimoniales de sus vínculos, pero a la vez, según
plantea el actor, con la exigencia de disolver la sociedad conyugal previa para
habilitar la presunción de sociedad patrimonial y su reconocimiento judicial,
se vulnera la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y, de paso,
el acceso a la administración de justicia.
68.3.2. Establecido el grado de intensidad del control a la
intervención, se debe dar aplicación sucesiva y escalonada a las fases
analíticas esenciales que deben ser evaluadas por el juez constitucional, a
saber:
a) Es necesario evaluar la finalidad de la medida
bajo examen y la idoneidad de los medios elegidos para
alcanzarla. Para que una medida restrictiva de derechos fundamentales supere
esta etapa de análisis, es preciso (i) que persiga una
finalidad legítima a la luz de la Constitución y (ii) que
los medios elegidos por el legislador u otras autoridades cuyas actuaciones
estén sometidas a control, permitan desde el punto de vista empírico alcanzar
el fin perseguido.
b) El juez constitucional debe examinarla necesidad de
la medida, determinando si la misma finalidad podía lograrse por mecanismos
menos restrictivos en términos de derechos fundamentales y otros principios
constitucionales.
c) Se debe examinar la proporcionalidad
de la medida en sentido estricto. En esta etapa del examen se deben
comparar los costos y beneficios en términos constitucionales de la actuación
sometida a control; ésta se ajustará a la Carta solamente cuando no implique un
sacrificio mayor al beneficio que puede lograr.
68.3.3. Corresponde entonces a la Sala
analizar cada uno de los pasos del juicio de proporcionalidad.
a) La finalidad que persigue la medida
acusada es legítima a la luz de la Constitución: La exigencia de disolver
la sociedad conyugal anterior que tiene vigente el compañero permanente con
impedimento legal para contraer matrimonio, como uno de los hechos indicadores
de la presunción de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, tiene
por finalidad evitar la coexistencia de sociedades universales de gananciales
que se puedan yuxtaponer confundiendo el haber social, es decir, el patrimonio
mismo. La Sala considera que dicha finalidad expuesta por el legislador al
establecer esta medida, desarrolla el valor constitucional del orden justo y la
propiedad privada de los bienes establecidos en cabeza de la sociedad conyugal
ya empezada.  Solo hasta su finalización mediante la disolución, es posible
presumir y reconocer judicialmente la sociedad patrimonial entre los compañeros
permanentes.
No pierde de vista la Corte que la falta de
disolución de la sociedad conyugal anterior, impide que se aplique la
presunción legal, afectando el derecho sustancial que le asiste a los
compañeros permanentes del reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial.
b) La medida de disolver la sociedad
conyugal anterior como uno de los hechos básicos para que opere la presunción
de sociedad patrimonial, es necesaria: la Corte considera que no existe
otra medida igualmente eficaz para garantizar el cumplimiento de la finalidad
de evitar la coexistencia y confusión de patrimonios de las sociedades
universales de gananciales, y de esa forma fundamentar el orden justo
constitucional.
Al respecto, el demandante indica que la
medida legislativa analizada es innecesaria por dos razones: (i) la
separación de cuerpos entre los cónyuges aunque no disuelve el matrimonio, pero
sí suspende la vida común de los casados y por sustracción de materia disuelve
la sociedad conyugal, situación que termina definiendo los patrimonios; y, (ii)
el derecho sustancial se puede reconocer porque el patrimonio construido
con el trabajo, ayuda y socorro de los compañeros permanentes, surge como
independiente de la sociedad conyugal, siendo entonces un problema netamente
probatorio.
Sobre el primero de esos puntos, la Sala
estima necesario precisar que la separación de cuerpos obra por dos vías: la
judicial, que disuelve la sociedad conyugal sin afectar el vínculo
principal que es el matrimonio, caso en el cual la medida analizada no tendría
problemas porque el hecho básico de la presunción estaría acreditado; y la de
hecho, que NO disuelve la sociedad conyugal y que pasados dos años sin
convivencia de los cónyuges, constituye una de las causales objetivas para
solicitar el divorcio. De lo anterior se desprende que, contrario a lo afirmado
por el actor, la separación de cuerpos de hecho no sirve para cumplir la
finalidad de orden justo pluricitada, ya que en la mayoría de los casos no
existe un límite temporal claro que permita establecer con seguridad cuándo se
presentó la separación de cuerpos de hecho.
Respecto del segundo de esos puntos, la
Corte observa que el reconocimiento del derecho sustancial debe garantizarse
bajo los criterios de tutela judicial efectiva, de seguridad jurídica y de
certeza temporal de los patrimonios universales, porque so pena de su
reconocimiento a toda costa no se puede trasladar el problema y la confusión de
haberes comunes a la fase de liquidación de las sociedades.
De esta forma, la Sala considera que la finalidad
en el presente caso no se logra mediante otros mecanismos menos restrictivos en
términos de derechos fundamentales o de los principios constitucionales
perseguidos.
c) La medida de disolver la
sociedad conyugal anterior como uno de los hechos básicos para que opere la
presunción de sociedad patrimonial, es proporcionada en sentido estricto: la
Sala evidencia que esta medida legislativa si bien impediría aplicar la
presunción de sociedad patrimonial y su reconocimiento judicial, no es menos
cierto que el patrimonio común adquirido por los compañeros permanentes se
puede reclamar solicitando la declaración, disolución y liquidación de una
sociedad de hecho. Significa lo anterior que existe otro medio judicial a
través del cual el Estado protege el patrimonio de las familias naturales,
independientemente del nombre que reciba la figura jurídica, con lo cual se
garantiza el derecho de acceso a la administración de justicia.
Obviamente el costo se traduce en que el
derecho sustancial a la sociedad patrimonial no se presumir con base en la ley
54 de 1990, sino a partir de las normas civiles que rigen la sociedad de hecho
o demostrando por otros medios de prueba que la presunción legal se logra
desvirtuar. No obstante, el beneficio que se obtiene en cuanto a evitar la
coexistencia de patrimonios universales que impidan cumplir con el valor del
orden justo e incluso confundan el derecho de propiedad entre los cónyuges y
los compañeros permanentes, se traduce en un favor mayor que se justifica desde
el punto de vista constitucional.
Por ejemplo, nótese que según el artículo
140-12 del Código Civil, si el vínculo anterior del matrimonio y su consecuente
sociedad conyugal no finalizaron antes de que la persona contraiga segundas
nupcias, la segunda unión se tiene como nula y no produce sociedad conyugal
justamente por la finalidad de evitar la coexistencia de sociedades a título
universal y su confusión. Allí, esta finalidad también sacrifica en mayor
medida el derecho sustancial que implica la segunda sociedad conyugal.
69. Así las cosas, con apoyo en lo expuesto,
esta Corte concluye que el hecho base de la presunción legal de sociedad
patrimonial que consagra el precepto censurado, cumple con los lineamientos de
precisión, seriedad y concordancia que lejos están de afectar la igualdad de
derechos y deberes de la pareja, así como la protección al reconocimiento de la
familia natural pues ésta opera con la sola declaratoria de la unión marital de
hecho, independientemente de los derechos patrimoniales. Así mismo, la
exigencia de la disolución analizada superó el juicio de proporcionalidad,
hallándose la finalidad que persigue de orden justo, admisible
constitucionalmente.
70.  Por consiguiente, dado que no se
encontraron afectados los derechos a la protección integral de la familia
natural, a la igualdad de derechos y deberes entre la pareja, a la prevalencia
del derecho sustancial sobre el procesal y al acceso a la administración de
justicia, esta Corporación declarará exequible la exigencia de la disolución
de la sociedad o sociedades conyugales anteriores en los términos
establecidos en el artículo 2° literal b) de la Ley 54 de 1990, modificada por
el artículo 1° de la ley 979 de 2005, con base en lo expuesto anteriormente.
De la exigencia temporal de
disolución de la sociedad conyugal anterior por lo menos un año antes de la
fecha en que se inició la unión marital de hecho
71. El demandante esboza que la exigencia temporal que
contempla la locución demandada, es una medida legislativa irrazonable y desproporcionada porque el patrimonio social producto
del trabajo, ayuda y socorro mutuo de los compañeros permanentes no depende
para su existencia de que se haya disuelto o no la sociedad conyugal anterior.
Así, explica que la medida incumple los criterios de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto, porque el término de un año no reporta
ningún beneficio ni fin legítimo, y si restringe la protección igualitaria y
los derechos entre los miembros de la familia natural (arts. 5, 13 y 42 de la
CP).
71. Antes de abordar
el estudio de este argumento del cargo segundo de inconstitucionalidad que
presentó el actor, la Sala comienza por reitera que la disolución de la
sociedad conyugal anterior es un hecho básico o requisito para que opere la presunción
legal de sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes y, de esta
forma, presumida la misma eximiendo de la carga de la prueba a los compañeros,
se pueda reconocer judicialmente. Esa exigencia como se indicó es proporcionada
al fin que persigue de evitar la coexistencia y confusión de patrimonios
universales de gananciales para garantizar el orden justo y el derecho a la
propiedad privada.
72. En cuanto a que el término “por lo menos un años antes”
no reporte beneficio alguno o persiga un fin legítimo, y restringa la
protección igualitaria que deben tener los miembros de las familiares
naturales, la Sala luego de revisar los antecedentes legislativos de la Ley 54
de 1990 y de Ley 979 de 2005, encontró que dicho plazo no estaba consignado en
el proyecto de ley inicial 107 de 1988 Cámara[57].  Se introdujo durante el segundo
debate en la Cámara de Representantes sin explicación o sustentación
legislativa, y fue aprobado como parte el texto final de esa Plenaria[58]. Más
además, el mismo requisito se mantuvo con idéntica redacción en el trámite
adelantado en los dos debates ante el Senado de la República[59],
nuevamente sin sustentar la exigencia temporal.  Lo anterior conlleva a afirmar
que por lo menos desde una interpretación histórica de la norma, no existe
información que la finalidad que persigue esa exigencia temporal.
73. Por el contrario, la Corte considera que esa exigencia
quebranta el derecho a la igualdad y la protección a los miembros de las
parejas que integran las familiares naturales, porque además de no reporta
ningún beneficio ni perseguir una finalidad legítima como lo indicó el actor,
genera un trato desigual injustificado como a continuación pasa a explicarse.
De acuerdo con el artículo 2º de la ley 54 de 1990, modificado por
la Ley 979 de 2005, para el reconocimiento judicial de la sociedad patrimonial
mediante presunción legal, el legislador consagró dos grupos de compañeros
permanentes: de un lado, aquellos que no tienen impedimento legal para contraer
matrimonio, y del otro lado, aquellos donde uno o los dos compañeros tienen
impedimento legal para contraer matrimonio, caso en el cual se les exige que la
sociedad conyugal anterior esté disuelta.
Como lo que trata de evitar la ley es la coexistencia de
patrimonios universales para garantizar el orden justo como valor
constitucional, entonces más allá de que tengan impedimento o no los compañeros
permanentes para contraer matrimonio –que es un efecto personal-, corresponde
revisar es situación patrimonial con que cada uno llega a conformar la familia
natural. Y ahí es donde surge el problema, porque los compañeros permanentes
que sean viudos, divorciados o que hayan obtenido la nulidad del matrimonio
anterior, tienen la sociedad conyugal disuelta y pueden al día siguiente comenzar
una unión marital de hecho, para que pasados como mínimo dos años, se les
presuma y reconozca judicialmente la sociedad patrimonial. Nótese entonces que
teniendo la sociedad conyugal anterior disuelta, solo requieren de dos años
para que obtengan la declaración de los efectos patrimoniales derivados de la
unión marital de hecho.
Cuestión diferente sucede con los compañeros permanentes del literal
b) de la norma demandada, a quienes se les exige que además de acreditar la
disolución de la sociedad conyugal anterior, deben esperar un año para iniciar
la unión marital de hecho y, luego de eso, dos años más para que se les pueda
aplicar la presunción de sociedad patrimonial con el consecuente reconocimiento
judicial. Así, deben entonces esperar tres años para que su unión produzca
efectos patrimoniales.
74. Esta diferencia de trato no encuentra justificación alguna,
como también lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación
Civil en su jurisprudencia en la cual ha inaplicado por vía de excepción de
inconstitucionalidad la exigencia temporal, pues como se explicó, el legislador
al fijar el tiempo de espera de “por lo menos un año”, no fundamentó la
finalidad que persigue ese término, situación que lo convierte en un tiempo
muerto que causa perjuicio a la familia natural que conforman los compañeros
permanentes del literal b) parcialmente acusado y genera un trato desigual que
debe ser corregido por esta Corporación.
75. En este orden de ideas, ante la vulneración de los artículos
5, 13 y 42 de la Constitución Política, la Corte declarará la inexequibilidad
de la expresión “por lo menos un año” contenida en el literal b) del
artículo 2º de la ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1º la Ley 979 de
2005, por las razones que fueron señaladas anteriormente.
Conclusiones
76. Esta Corporación se declara inhibida para resolver de fondo,
por ineptitud sustancial de la demanda, el primer cargo que invoca el actor
denominado “interpretación jurisprudencial del requisito de disolución de la
sociedad conyugal para establecer la presunción que consagra el artículo 2º de
la ley 54 de 1990, y sintaxis exegética de la norma”, así como el segundo
argumento que plantea el cargo relativo a la exigencia de la disolución de la
sociedad conyugal para que se presuma y reconozca la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes, por cuanto el actor no cumplió con los requisitos
mínimos tendientes a demostrar la vulneración del artículo 17 de la
Constitución Política.
77. Declarará exequible la exigencia de la disolución de la
sociedad o sociedades conyugales anteriores antes de la fecha en que se inició
la unión marital de hecho, contenida en el artículo 2° literal b) de la
Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1° de la ley 979 de 2005, por encontrar que
no quebranta los derechos a la protección integral de la familia natural, a la
igualdad de derechos y deberes entre la pareja, a la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal y al acceso a la administración de justicia, por
las estrictas razones que fueron analizadas en esta providencia con base en el
cargo segundo propuesto por el actor. No obstante, declarará inexequible la
expresión “por lo menos un año” por encontrarla carente de finalidad y
justificación, al punto de generar un trato desigual entre los miembros de las
parejas que conforman las familias naturales. Lo anterior por desconocer los
artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE las expresiones “siempre y cuando
la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas” y “antes
de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”, contenidas en el artículo 2°
literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 1° de la ley 979 de
2005, por los cargos analizados en la presente demanda, e INEXEQUIBLE la
expresión “por lo menos un año” consagrada en el mismo literal, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Notifíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Presidenta
Con salvamento parcial de voto
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente con excusa
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO
PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-193/16
EXIGENCIA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES
ANTERIORES PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Debió declararse
inexequible en su integridad y no solo parcialmente (Salvamento parcial de
voto)
EXIGENCIA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES
ANTERIORES PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Configura un trato
injustificado entre compañeros permanentes que igualmente han conformado un
capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo, sin que se muestre
necesario o proporcional  (Salvamento parcial de voto)
EXIGENCIA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES
ANTERIORES PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Se trata de una
carga adicional que obliga a los compañeros permanentes que han convivido por
más de dos años a demostrar ante un juez que se ha conformado una sociedad
civil de hecho, que es una figura distinta a la sociedad patrimonial que surge
de manera sustancial y concreta (Salvamento parcial de voto)
EXIGENCIA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES
ANTERIORES PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Prescribe un
exigencia que resulta discriminatoria de las parejas que conforman una unión
marital de hecho (Salvamento parcial de voto)
CONSTITUCION DE PATRIMONIO SOCIAL DE COMPAÑEROS PERMANENTES-No puede depender
de que se haya disuelto la sociedad conyugal anterior, sino del trabajo, ayuda
y socorro con el cual se constituye el capital social (Salvamento parcial de
voto)
EXIGENCIA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES
ANTERIORES PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Obliga a que en
aquellos casos en que por cualquier causa no se realice, los miembros de la pareja
que conforma una nueva familia se vean obligados a tramitar dos procesos, uno,
para declarar la unión marital de hecho y otro, para declarar la existencia,
disolución y liquidación de la sociedad civil de hecho entre compañeros
permanentes (Salvamento parcial de voto)
EXIGENCIA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES
ANTERIORES PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Tratamiento
preferencial para las relaciones patrimoniales surgidas de un vínculo
matrimonial en comparación con la sociedad patrimonial de hecho (Salvamento
parcial de voto)
EXIGENCIA DE DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES
ANTERIORES PARA PRESUMIR LA SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Se constituye en
una carga desproporcionada para el otro compañero permanente (Salvamento
parcial de voto)
POSIBILIDAD DE ACUDIR JUDICIALMENTE PARA QUE SE DECLARE UNA
SOCIEDAD DE HECHO-No es garantía suficiente (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expediente D-10985
Demanda de
inconstitucionalidad contra el literal b (parcial) del artículo 2o
de la Ley 54 de 1990 "por la cual se definen las uniones maritales
de hecho y el régimen patrimonial entre compañeros permanentes", modificado por el
artículo 1o de la Ley 979
de 2005 "por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 54 de
1990 y se establecen unos mecanismos ágiles para demostrar la unión marital de
hecho y sus efectos patrimoniales entre compañeros permanentes".
Magistrado Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Con el respeto que merecen las
providencias de esta Corporación, me permito manifestar mi salvamento parcial
de voto en relación con lo decidido por la Sala Plena en el asunto de la
referencia.
1.- Si bien estoy
de acuerdo con la solución general planteada, estimo que el aparte demandado
del artículo 2o de la Ley 54 de 1990 ha debido ser declarado
inexequible en su integridad -no solo parcialmente-, por cuanto la exigencia de
disolución de la sociedad o sociedades conyugales anteriores antes de iniciarse
la unión marital de hecho, para que se presuma y sea declarada judicialmente la
existencia de una sociedad patrimonial, configura un trato injustificado entre
compañeros permanentes que igualmente han conformado un capital producto del
trabajo, ayuda y socorro mutuo, sin que se muestre necesario o proporcionado.
Se trata de una carga adicional que obliga a los compañeros permanentes que han
convivido por espacio de más de dos años a demostrar ante un juez que se ha
conformado una sociedad civil de hecho, que es una figura distinta a la
sociedad patrimonial que surge de manera sustancial y concrete, en los términos
del artículo 3o de la Ley 54 de 1990.
2.- Ahora bien, a
pesar de que el artículo 42 de la Constitución Política consagra la igualdad de
trato entre las familias que se conforman por un vínculo matrimonial y las que
lo hacen por una decisión libre, el literal b) del artículo 2o de la
Ley 54 de 1990, en lo demandado, prescribe una exigencia que resulta
discriminatoria de las parejas que conforman una unión marital de hecho. Así
las cosas, considero que la constitución del patrimonio social de los
compañeros permanentes no puede depender de que se haya disuelto la sociedad
conyugal anterior, sino del trabajo, ayuda y socorro con el cual se construye
el capital social. Al hacer depender la presunción de la sociedad patrimonial
entre compañeros permanentes de la disolución de la sociedad conyugal anterior,
obliga a que en aquellos casos en que por cualquier causa no se realice, los
miembros de la pareja que conforma una nueva familia se vean obligados a
tramitar dos procesos, uno, para declarar la unión marital de hecho y otro,
para declarar la existencia, disolución y liquidación de la sociedad civil de
hecho entre compañeros permanentes.
3.- En conclusión, considero que la ley
acusada establece un tratamiento preferencial para las relaciones patrimoniales
surgidas de un vínculo matrimonial en comparación con la sociedad patrimonial
de hecho. Exigir que se haya disuelto la sociedad conyugal anterior se
constituye en una carga desproporcionada para el otro compañero permanente. La
posibilidad de acudir judicialmente a que se declare una sociedad de hecho no
es garantía suficiente: (i) porque exige una carga probatoria más fuerte (ya
que no operan las presunciones); (ii) porque solo serían validos los aportes en
dinero a la sociedad y no otros como el trabajo doméstico y, (iii) porque en
esa medida se desprotege una faceta del derecho a la familia cuando uno de los
compañeros no se dedica a producir en dinero o patrimonio, lo que termina
creando sociedades de primera categoría y de segunda categoría.
Fecha ut supra
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
Salvamento parcial de voto de la Magistrada
María Victoria Calle Correa
a la Sentencia C-193/16
EXIGENCIA DE
DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES ANTERIORES PARA PRESUMIR LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Trato discriminatorio entre compañeros permanentes que
han conformado un capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuo
(Salvamento parcial de voto)
EXIGENCIA DE
DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES ANTERIORES PARA PRESUMIR LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Sentencia
no evaluó si la medida acusada desprotegía desproporcionadamente los derechos
de los compañeros permanentes frente al de los cónyuges (Salvamento parcial de
voto)
EXIGENCIA DE
DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES ANTERIORES PARA PRESUMIR LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Desproporción de la medida (Salvamento parcial de
voto)/EXIGENCIA DE
DISOLUCION DE SOCIEDAD O SOCIEDADES CONYUGALES ANTERIORES PARA PRESUMIR LA
SOCIEDAD PATRIMONIAL ENTRE COMPAÑEROS PERMANENTES-Trato
diferente para los compañeros permanentes (Salvamento parcial de voto)
Referencia: Expediente
D-10985
Demanda de inconstitucionalidad contra el
literal b (parcial) del artículo 2° de la Ley 54 de 1990, ‘por la cual se
definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros
permanentes’, modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005, reformatoria
de aquella.
Magistrado ponente
Luis Ernesto Vargas Silva
1. Con el debido respeto por la decisiones de
Sala Plena, salvo parcialmente mi voto en la decisión adoptada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-193 de 2016,[60]
en la cual se resolvió, entre otras cosas, declarar acorde a la Constitución el
requisito fijado por la ley a la presunción de sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes en casos de existencia de impedimento legal. De acuerdo
con éste, antes de la fecha en que se inició la unión marital deben estar
disueltas las sociedades conyugales anteriores, a excepción de que tal
disolución hubiese ocurrido un año antes del inicio de la nueva relación, lo
cual se consideró que sí era contrario a la Constitución Política.[61]
Considero que la Sala Plena de la Corte Constitucional ha debido declarar
inexequible la totalidad de la exigencia legal impuesta a la presunción de
sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. No sólo la exigencia de
haber terminado un año antes tales relaciones se torna inconstitucional, sino
la exigencia en sí misma de terminación previa.
2. Al igual que lo manifestaron otros
Magistrados que se apartaron de la decisión mayoritaria en este aspecto,
considero que el requisito de disolución de la sociedad o sociedades conyugales
anteriores antes de iniciarse la unión marital de hecho, para que se presuma y
sea declarada judicialmente la existencia de una sociedad patrimonial, es un
trato distinto entre compañeros permanentes que igualmente han conformado un
capital producto de trabajo, ayuda y socorro mutuo, que no es necesario ni
proporcionado y, por tanto, es discriminatorio.
2.1. La sentencia concluye que la medida es
necesaria, pues “considera que no existe otra medida igualmente eficaz para
garantizar el cumplimiento de la finalidad de evitar la coexistencia y
confusión de patrimonios de las sociedades universales de gananciales, y de esa
forma fundamentar el orden justo constitucional.”[62]
Como se ve, en términos estrictos la Corte no evalúa
la ‘necesidad’ del medio sino su ‘eficacia’. La Corte no
establece si el legislador contaba o no con otro medio legislativo distinto,
sino si contaba con otro medio ‘igualmente eficaz’. De hecho, la
afirmación de la sentencia de la Corte puede generar una incongruencia, pues si
la Corte constata que existen otros medios que no son igualmente eficaces, pero
que existen, se está demostrando justamente que el medio no es necesario puesto
que sí existen otros medios para alcanzar el fin. La necesidad de un medio
legal surge de la imposibilidad de contar con otro. Otra cuestión es evaluar la
eficacia de los distintos medios existentes.
En el presente caso el medio no es necesario
por cuanto existen otras herramientas normativas que el legislador podría emplear.
Por ejemplo, las figuras civiles como la inoponibilidad, la nulidad o la
inexistencia de ciertos actos, contrarios a la buena fe o a los derechos de
terceros podrían ser mecanismos que estaban al alcance del legislador. Pero
todas estas opciones fueron dejadas de lado por la Sala Plena. Simplemente no
fueron consideradas. Fundándose, como se dijo, en un juicio sobre la eficacia
de las medidas existentes, más que de su necesidad, consideró que la medida
concreta demandada no era necesaria.
2.2. Adicionalmente, la Corte indicó que la
medida legal era proporcionada en sentido estricto porque “[…] si bien
impediría aplicar la presunción de sociedad patrimonial y su reconocimiento
judicial, no es menos cierto que el patrimonio común adquirido por los compañeros
permanentes se puede reclamar solicitando la declaración, disolución y
liquidación de una sociedad de hecho. Significa lo anterior que existe otro
medio judicial a través del cual el Estado protege el patrimonio de las
familias naturales, independientemente del nombre que reciba la figura
jurídica, con lo cual se garantiza el derecho de acceso a la administración de
justicia […]”.[63] En este caso nuevamente la Sala deja de lado
los criterios de análisis que anuncia y evalúa otro aspecto distinto. En
efecto, la proporcionalidad en sentido estricto busca ver si una determinada
medida legal está protegiendo un bien o valor constitucional sin dejar de lado
o desprotegido otro bien o valor constitucional de igual o mayor importancia, o
que esté siendo afectado en mayor medida.  Es decir, se trata de una
comparación entre el grado de protección que se da a los diferentes referentes
constitucionales protegidos. En el presente caso eso no lo hace la Sala.
Simplemente constata que existe un medio de defensa judicial adicional para las
personas que son compañeros permanentes y concluye, entonces, que la medida
legal acusada sí es proporcional en sentido estricto. Es decir, la sentencia de
la cual me aparto no evaluó si la medida acusada desprotegía desproporcionadamente
los derechos de los compañeros permanentes frente al de los cónyuges, sino si
la medida desaparecía por completo los derechos de aquellos. Por eso, al
constatar que por algún medio pueden ser reclamados los derechos de los
compañeros, sin importar cuál sea la carga impuesta a estos y el correlativo
beneficio a los derechos de los cónyuges, la Sala considera que era posible
concluir este aspecto del juicio de razonabilidad constitucional de la medida.
La Sala trata de justificar la razonabilidad
de la medida haciendo una analogía entre la norma legal estudiada y otra que, a
su juicio, regula una situación comparable. Dice la Corte,
“Por
ejemplo, nótese que según el artículo 140-12 del Código Civil, si el vínculo
anterior del matrimonio y su consecuente sociedad conyugal no finalizaron antes
de que la persona contraiga segundas nupcias, la segunda unión se tiene como
nula y no produce sociedad conyugal justamente por la finalidad de evitar la
coexistencia de sociedades a título universal y su confusión. Allí, esta
finalidad también sacrifica en mayor medida el derecho sustancial que implica
la segunda sociedad conyugal.”[64]
No es posible que la situación de los
cónyuges, que conforman en derecho una familia de manera solemne, sea
equiparada a la de los compañeros permanentes, que conforman una familia de
hecho, sin solemnidades ni acto jurídico alguno. De hecho, en ocasiones el
surgimiento de una relación de compañeros permanentes ocurre gradualmente, poco
a poco, y no como producto de un acto voluntario simple y único. Es justamente
la precaria protección de las uniones de hecho la que lleva a la conclusión
contraria. La decisión del legislador de proteger especialmente la situación de
los cónyuges, que de por sí está más asegurada en el ordenamiento jurídico,
dejando a los compañeros permanentes la precaria protección procesal resaltada
por la sentencia, es justamente la razón que evidencia la desproporción del
medio elegido por el legislador.
3. La norma legal acusada en el presente
proceso, representa una carga adicional no justificada, pues se obliga a la
pareja de compañeros permanentes que han convivido por más de dos años, a
demostrar al juez que se ha conformado una sociedad civil de hecho, que es una
figura distinta a la sociedad patrimonial que surge de manera sustancial y
concreta, en los términos del artículo 3° de la Ley 54 de 1990. Este trato
diferente para unos compañeros permanentes frente a otros no se justifica, y
menos cuando se contempla de manera tan general y sin consideraciones a las
diferencias y particularidades de la gran diversidad de casos concretos que
existen
Así, indicar que el requisito legal estudiado
por la Corte ha debido ser declarado inconstitucional total y no parcialmente,
es la razón por la que salvé parcialmente el voto a la sentencia C-193 de 2016.
Fecha ut supra.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
[1]
La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia
C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).  Para el caso de la presente
decisión, se utiliza la exposición efectuada por la decisión C-288 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[2]
Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la
Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad,
por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de
2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba
Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo),
C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013 de 2000 (M.P. Álvaro Tafur
Galvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio
Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[3]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-447 de 1997 (MP Alejandro
Martínez Caballero). La Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo
sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley
1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
[4]
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda Espinosa).  Fundamento jurídico 3.4.2.
[5]
Sentencia C-1052 de 2001, ya citada.
[6]
Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[7] (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[8]
Esta Corporación ha definido la cosa juzgada constitucional como “una
institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas”. Así lo indicó desde la sentencia C-397 de 1995
(MP José Gregorio Hernández Galindo) y fue reiterado en las sentencias C-468 de
2011 (MP María Victoria Calle Correa) y C-838 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[9]
Sentencias C-978 de 2010 y C-241 de 2012 (ambas del MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[10]
Sobre estas características especiales de las sentencias que
dicta la Corte en materia de constitucionalidad, se puede profundizar en la
sentencia C-979 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[11]
Sentencia C-393 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa).
[12]
Sentencia C-979 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[13]
Sentencia C-978 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[14]
Concretamente la sentencia C-061 de 2010 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio) indicó que “[l]a Corte también ha distinguido entre (ii.a) cosa
juzgada relativa explícita y (ii.b) cosa juzgada relativa
implícita: “explícita, en aquellos eventos en los cuales los efectos de la
decisión se limitan directamente en la parte resolutiva, e implícita cuando tal
hecho tiene ocurrencia en forma clara e inequívoca en la parte motiva o
considerativa de la providencia, sin que se exprese en el resuelve”.
[15]
Sentencia C-241 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[16]
Sentencia C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino).
[17] (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[18] (MP Alberto Rojas Ríos).
[19]
Más adelante indicó, en el estudio de aptitud sustancial de la
demanda, que “(…) Para la Corte es esencial reconocer la distinción entre
disolver y liquidar una sociedad conyugal, por cuanto una de la razones para
justificar la presunta desproporción de la exigencia de “liquidación”, es que
para evitar la existencia simultánea de sociedades conyugales y patrimoniales
basta la “disolución” la sociedad conyugal anterior”. (Sentencia C-700 de
2013 MP Alberto Rojas Ríos).
[20]
Al respecto señaló: “En atención a esto, la Corte solo se
pronunciará sobre la constitucionalidad del segundo de los contenidos
normativos aludidos; además de que en aras de la claridad respecto de los
efectos de la presente providencia encuentra también necesario la Sala,
inhibirse en la parte resolutiva para emitir un pronunciamiento sobre la
constitucionalidad de las demás expresiones demandadas, distintas a aquellas
que incluyen el contenido referente a la exigencia de liquidar la
sociedad o sociedades conyugales anteriores en el supuesto descrito en la
norma” (Sentencia C-700 de 2013 MP Alberto Rojas Ríos).
[21]
“Segundo.- INHIBIRSE para
emitir pronunciamiento de fondo respecto de las demás expresiones demandadas
contenidas en el artículo 2° de la Ley 54 de 1990 modificado por el
artículo 1° de la Ley 979 de 2005”. (Sentencia
C-700 de 2013 MP Alberto Rojas Ríos).
[22] (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[23]
En las sentencias C-821 de 2005 y C-840 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva),
se realiza esta referencia al régimen constitucional de la familia.
[24]
Sentencia C-821 de 2005.
[25] (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[26] (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[27]
Sentencia C-278 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), citando la sentencia
T-527 de 2009.
[28]
Sentencias C-821 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), C-700 de 2013 (MP Alberto
Rojas Ríos), C-278 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo) y C-257 de 2015 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[29]
(MP Jorge Arango Mejía).
[30]
Sentencia 595 de 1996 en comento.
[31]
Sentencia C-239 de 1994 (MP Jorge Arango Mejía).
[32]
Este análisis fue reiterado en las sentencias C-821 de 2005 (MP Rodrigo Escobar
Gil) y C-840 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[33]
Sentencia C-174 de 1996 (MP Jorge Arango Mejía).
[34]
Esta idea es extraída de la sentencia C-278 de 2014 (MP Mauricio González
Cuervo), la cual fue reiterada con exactitud en la sentencia C-257 de 2015 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado).
[35] Sentencia C-700 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos).
[36]
Sentencia C-029 de 1995 (MP Jorge Arango Mejía)., la cual ha sido reiterada en
las sentencias C-1069 de 2002 (MP Jaime Araújo Rentería) y C-499 de 2015 (MP
Mauricio González Cuervo).
[37] (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[38] (MP Mauricio González Cuervo).
[39] (MP Mauricio González Cuervo).
[40]
Puntualmente el amplio margen que tiene el legislador para
regular la institución del matrimonio y sus efectos, fue objeto de un decantado
análisis en la sentencia C-725 de 2015 (MP -E- Myriam Ávila Roldán).
[41]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia
del 11 de septiembre de 2013, MP Arturo Solarte Rodríguez. Ref.
23001-3110-002-2001-00011-01.
[42] C-098 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[43]
Al respecto se pueden consultar las sentencias C-557 de 2001
(MP Manuel José Cepeda Espinosa), C-418 de 2014 (MP María Victoria Calle
Correa), C-635 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-259 de 2015 (MP
Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
[44] Sentencia C-557 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[45]
Para este parte se seguirá de cerca los fundamentos jurídicos
13 y ss de la sentencia C-700 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos).
[46] Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, auto del 16 de
septiembre de 1992.
[47] Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, expediente 7603.
[48]
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Exp.
41396-31-84-001-2003-00068-01 (MP Edgardo Villamil Portilla).
[49] Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, expediente
2007-00091-01.
[50]
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, referencia C-4129831840012007-00091-01.
Esta decisión fue reiterada en la sentencia del 11 de
septiembre de 2013 (MP Arturo Solarte Rodríguez), exp.
23001-3110-002-2001-00011-01.
[51] Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, radicación No.
11001-3110-018-2008-00253-01.
[52]
La ley contempla que son compañeros permanentes el hombre y la
mujer, quienes conforman la unión marital de hecho. Sin embargo, la sentencia
C-075 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil) extendió sus efectos a los compañeros
permanentes del mismo sexo.
[53]
Art. 3º de la ley 54 de 1990. Sobre el punto se puede
consultar la sentencia C-075 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[54]
Por ejemplo, en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 (MP
Ruth Marina Díaz Rueda) se refirió tanto a la sociedad conyugal que debía
disolverse, como a la sociedad patrimonial, como universalidades patrimoniales.
[55] Sentencia C-700 de 2013 (MP Alberto Rojas Ríos).
[56]
En esta sentencia tales requisitos se predican de las
presunciones fácticas “y en especial de aquellas que no admiten prueba en
contrario”, exigiendo que las mismas gocen de “i) Precisión: el hecho indicador que sirve de fundamento a la
presunción debe estar acreditado de manera plena y completa y debe resultar
revelador del hecho desconocido que se pretende demostrar. (ii) Seriedad: debe
existir un nexo entre el hecho indicador y la consecuencia que se extrae a
partir de su existencia, un nexo tal que haga posible considerar a esta última
en un orden lógico como extremadamente probable. (iii) Concordancia: todos los hechos
conocidos deben conducir a la misma conclusión”.
Es más, la demanda de inconstitucionalidad que en esa ocasión se estudió se
dirigió contra una presunción de pleno derecho establecida en la Ley 820 de
2003, según la cual, si no se aportaba la dirección de
notificaciones en el contrato de arrendamiento, se presumía de pleno derecho
que el arrendador debía ser notificado en el lugar donde recibe el pago del
canon y los arrendatarios, codeudores y fiadores en la dirección del inmueble
objeto del contrato, sin que sea dable efectuar emplazamientos en los términos
del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil. Luego de hacer el estudio
sobre las limitaciones probatorias que tal presunción traía consigo, la Corte
la declaró inexequible.
[57]
Anales del Congreso, Sección Proyectos de Ley, miércoles 31 de
agosto de 1988.
[58]
Anales del Congreso, Sección Proyectos de Ley, lunes 24 de
octubre de 1998.
[59]
Anales del Congreso, Sección Proyectos de Ley, miércoles 14 de
diciembre de 1988, martes 19 de septiembre de 1989 y viernes 5 de octubre de
1990.
[60] Corte
Constitucional, sentencia C-193 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva con AV;
SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas
Ríos). En este caso la Corte resolvió declarar exequibles las expresiones “siempre
y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas”
y “antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”,
contenidas en el artículo 2° literal b) de la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo
1° de la ley 979 de 2005, por los cargos analizados en la presente demanda, e
inexequibles las expresiones “por lo menos un año” consagradas en el
mismo literal, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.
[61] Para la
Corte, “[…] esa
exigencia quebranta el derecho a la igualdad y la protección a los miembros de
las parejas que integran las familiares naturales, porque además de no [reportar]
ningún beneficio ni perseguir una finalidad legítima […], genera un trato
desigual injustificado […]  ||  […] el legislador al fijar el tiempo de espera
de ‘por lo menos un año’, no fundamentó la finalidad que persigue ese
término, situación que lo convierte en un tiempo muerto que causa perjuicio a
la familia natural que conforman los compañeros permanentes del literal b)
parcialmente acusado y genera un trato desigual que debe ser corregido por esta
Corporación.”
[62] Corte
Constitucional, sentencia C-193 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva con AV;
SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas
Ríos).
[63] Corte
Constitucional, sentencia C-193 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva con AV;
SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas
Ríos).
[64] Corte
Constitucional, sentencia C-193 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva con AV;
SPV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas
Ríos).