T-311-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-311/13
DERECHO DE
PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS-Responsabilidad del Estado de garantizar su protección de manera
eficaz
La Corte
ha sostenido que los reclusos mantienen plena facultad sobre el ejercicio del
derecho de petición, de tal manera que en los eventos en que los privados de la
libertad formulen solicitudes dirigidas a la autoridad carcelaria del INPEC o
en general a la administración de justicia, deben obtener respuesta de fondo,
clara y oportuna a su requerimiento sin que el goce efectivo del mencionado
derecho se vea afectado por los trámites administrativos de las penitenciarias.
DERECHO DE PETICION ANTE AUTORIDADES JUDICIALES-Los términos de solicitudes de carácter administrativo y de
carácter judicial son diferentes/DERECHO DE PETICION EN ACTUACIONES
JUDICIALES-Prevalencia reglas del proceso
Esta
Corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones judiciales
ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho encuentra
limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse las
peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases: (i)
las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el
efecto; y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e
impulsos procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su
condición, bajo las normas generales del derecho de petición que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.
DERECHO DE
PETICION-Improcedencia para poner en marcha aparato judicial
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Juez debe verificar que efectivamente
cesó la vulneración o amenaza de derechos fundamentales
La
declaratoria de carencia actual de objeto, debe cimentarse en pruebas obtenidas
en el proceso respectivo, en las que se evidencie y constate por el juez
constitucional que, si lo demandado era una acción, esta materialmente haya
cesado o, que si se trataba de una omisión, efectivamente, la actuación omitida
o denegada se haya realizado. Es decir, debe ser empíricamente verificable, con
fundamentos objetivos, la suspensión de la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Caso en que accionante se encuentra en
libertad condicional por haber cumplido 2/3 de la pena
DERECHO DE
PETICION DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS-Orden a Inpec cumpla adecuadamente y dentro del término con los
requerimientos judiciales para que los internos accedan a una oportuna y eficaz
administración de justicia
Referencia:
Expediente
T-3.768.635
Accionante:
Óscar Clavijo
Bustos
Demandado:
Juzgado 1° de Ejecución de Penas y    Medidas de Seguridad de Valledupar
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Bogotá D.C., veintitrés
(23) de mayo de dos mil trece (2013)
La Sala
Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Nilson Elías
Pinilla Pinilla, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de la revisión del fallo de tutela proferido
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala de Decisión
Penal, que negó el amparo invocado dentro del trámite de la acción
constitucional de tutela promovida por el señor Óscar Clavijo Bustos contra el
Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar.
El presente
expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección número Dos por
medio de auto de 15 de febrero del 2013 y repartido a la Sala Cuarta de
Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1. La
solicitud
El señor
Óscar Clavijo Bustos, mediante acción de tutela, solicita la protección de su
derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por el Juzgado 1°
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, al no contestar la
solicitud por él presentada, en la que requirió que se oficiara al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar para que enviara, en el menor tiempo posible, los documentos
originales necesarios para tramitar la redención de su pena.
2. Hechos
El
accionante, de 54 años de edad, narra los hechos, en síntesis, así:
2.1. El 28 de
marzo de 2008, el Juzgado del Circuito con Funciones de Conocimiento de
Chiriguaná, César, lo condenó a 8 años y 8 meses de prisión por encontrarlo
culpable del delito de homicidio simple.
2.2. Estando
recluido en el Establecimiento Carcelario de Aguachica, César, solicitó, por
primera vez, la redención de pena ante el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Valledupar, con el propósito de obtener su libertad
condicional por haber cumplido con las 2/3 partes de su condena.
2.3. El 20 de
enero de 2012, el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar, al resolver la solicitud de redención de pena y libertad
condicional, decidió: “Primero: Reconocer 1 mes, 12 días, 13 horas de
redención por concepto de trabajo y conducta ejemplar a favor del sentenciado Óscar
Clavijo Bustos; Segundo: Declarar que Óscar Clavijo Bustos, condenado a la pena
de prisión de 8 años, 8 meses ha descontado 51 meses, 24 días, 13 horas por
pena física y redención; Tercero: Abstenerse de redimir los cómputos de
julio a diciembre de 2010 y de enero a marzo de 2011; Cuarto: Negar la
libertad condicional; Quinto: Oficiar al sentenciado Óscar Clavijo Bustos
solicitándole aporte prueba del pago de la multa en el evento en que solicite
nuevamente libertad condicional”.
2.4. El 25 de
junio de 2012, el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar, al resolver la segunda solicitud de redención de pena, decidió
negar la libertad condicional al considerar que el condenado no cumplía con las
2/3 partes de la pena, en efecto ordenó: “Primero: Reconocer 2 meses, 7
días, 12 horas de redención por concepto de trabajo, estudio y conducta
ejemplar a favor del condenado Óscar Clavijo Bustos; Segundo: Abstenerse de
redimir los cómputos de enero a marzo de 2011 y del cómputo No. 072969; Tercero:
Oficiar nuevamente al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad
de Valledupar, solicitándole envíe a esta judicatura los certificados de
estudios y/o trabajo en legal forma, de los cómputos de enero a marzo de 2011;
Cuarto Negar la redención de los cómputos correspondientes a los meses de
septiembre a diciembre de 2011, por cuanto ya fueron reconocidos en auto del 20
de enero de 2012”.
2.5. El 16 de
mayo de 2012, presentó petición ante el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y de
Medidas de Seguridad de Valledupar en la que solicitó que se oficiara a la
Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar para que enviara las órdenes
de trabajo originales necesarias para tramitar la redención de su pena y le sea
concedida, conforme a derecho, la libertad condicional. Manifiesta que a la
fecha de la presentación de la tutela, es decir 16 de julio de 2012, no obtuvo,
por parte del despacho judicial, respuesta alguna.
3.
Pretensiones
El accionante
solicita que se ordene al Juzgado 1° de Ejecución de Penas y de Medidas de
Seguridad de Valledupar que conteste la petición presentada, el 16 de mayo de
2012, y que, a su vez, requiera a la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar para que envíe la documentación necesaria para tramitar la redención
de su pena y le sea concedida la libertad condicional por cumplir las 2/3
partes de su condena.
4. Pruebas
En el
expediente obran las siguientes pruebas:
- Copia del auto
proferido, el 25 de junio de 2012, por el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Valledupar que resuelve la solicitud de redención de
pena presentada por el señor Óscar Clavijo Bustos, en el que se decidió, según
los cómputos que fueron relacionados por el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, que “(…) el
sentenciado acreditó 1.080 horas por concepto de trabajo que se valoran, de
acuerdo a lo consignado en el artículo 82 de la Ley 65 de 1993, en 2 meses, 7
días y 12 horas. Se abstiene de redimir los cómputos correspondientes a los
meses de enero a marzo de 2011 toda vez que, el Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Aguachica allegó dichos certificados en copia simple, siendo
estos no válidos para ninguna autoridad judicial. Por lo tanto, se ordenará
nuevamente oficiar al Área Jurídica del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar y del Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Aguachica, Cesar, enviar los certificados en
debida forma. Por otra parte, se niega la redención de los cómputos
correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2011, por cuanto ya
fueron reconocidos en auto del 20 de enero de 2012. Y el cómputo No. 072969 del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Aguachica, Cesar, por no
pertenecer al sentenciado, sino a Jhoenis Clavijo Navarro” (folios 6 al 9 –
cuaderno 1).
-Copia del auto
proferido, el 20 de enero de 2012, por el cual el Juzgado 1° de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar resolvió la primera solicitud de
redención de pena presentada por el accionante, en el que decidió, según los cómputos
acreditados, negar la libertad condicional a Óscar Clavijo Bustos. Al respecto,
en el mencionado auto se precisó que: “(…) tiene acreditados 696 horas por concepto
de estudio por lo que se le reconoció 1 mes, 12 días y 13 horas por dicho concepto.
Sumados el descuento de 74 meses y 27 días de purga física con 8 meses y 15
días de redención previamente reconocidos y con 1 mes, 12 días y 13 horas de
redención abonados en ese interlocutorio se obtiene un total de 57 meses, 24
días y 13 horas de purga física y redención, lo que indica que no ha superado
las dos terceras 2/3 partes de la condena de 8 años y 8 meses de prisión, que
equivalen a 69 meses y 10 días que debe purgar en observancia al factor
objetivo exigido para hacerse acreedor al subrogado de la libertad condicional”.
En el mismo auto, el juzgado se abstiene de redimir los cómputos de julio
a diciembre de 2010 correspondiente al certificado No. 1252838 y de enero a
marzo de 2011 correspondiente al certificado No. 11574957, toda vez que el
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Aguachica allegó dichos
certificados en copia simple, siendo estos no válidos para ninguna autoridad
judicial. En virtud de lo anterior, decidió “(…) Oficiar al Área Jurídica
del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar y del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Aguachica,
César, para que envíen los certificados en debida forma” (folios 11 al 12 –
cuaderno 1).
-Copia de la
petición presentada por el actor ante el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y de
Medidas de Seguridad de Valledupar, el 16 de mayo de 2012, en la que solicitó
oficiar, de manera urgente, al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de
Valledupar para que envíe, en debida forma, los certificados originales que se
requieren para conceder la redención de su pena (folios 20 al 21 – cuaderno 1).
-Copia del
requerimiento judicial, del 25 de mayo de 2012, en el que el Juzgado 1° de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar solicitó al Área de
Jurídica del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar la documentación para poder tramitar la redención
punitiva a favor de Óscar Clavijo Bustos (folio 44 – cuaderno1).
4.1.
Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional
El 13 de
marzo de 2013, el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar, en cumplimiento al requerimiento realizado vía telefónica, allegó a
la Secretaría General de esta corporación un oficio en virtud del cual indicó
que “(…) una vez revisado el expediente, no se avista (sic) que los aludidos
certificados de cómputos, en original o auténticos, hayan sido recibidos en
este Juzgado, para efectuar la respectiva valoración y hacer o no el
reconocimiento a que haya lugar. Por esto, es físicamente imposible haber
reconocido la redención de los mismos a la fecha. Finalmente, se le informa que
este Juzgado con providencia (Sic) de 8 de octubre de 2012 concedió la libertad
condicional a Óscar Clavijo Bustos” (folio 7 al 9 – Cuaderno 2).
5.
Oposición a la demanda
Mediante auto de 1° agosto de 2012, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Valledupar, Sala de Decisión Penal, decidió admitir la acción de
tutela y en dicho proveído notificó y corrió traslado al  Juzgado 1° de
Ejecución de Pena y de Medidas de Seguridad de Valledupar. En el mismo auto, el
juez de instancia decidió vincular al Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, para que se pronunciara
sobre los hechos relacionados en el mecanismo de amparo.
5.1. Juzgado
1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar
La entidad
accionada, en su escrito de contestación, se opuso a las pretensiones
impetradas en la acción de tutela, con fundamento en los siguientes argumentos:
-El Juez 1°
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar avocó conocimiento,
el 25 de abril de 2008, del proceso del señor Óscar Clavijo Bustos y le
correspondió, desde entonces, la vigilancia de la pena de 8 años y 8 meses que
le fue impuesta por el Juzgado Penal del Circuito con Funciones de conocimiento
de Aguachica por encontrarlo culpable del punible de homicidio simple.
-El 20 de
enero de 2012, le negó la libertad condicional y se abstuvo de redimir los
meses de julio a diciembre de 2010 y de enero a marzo de 2011 relacionados en
los cómputos No. 11252838 y No. 11574957, por cuanto los documentos fueron
allegados al proceso de redención de pena en copias simples, las cuales no se
consideraron válidas.
-El 25 de
mayo de 2012, ofició al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y
Mediana Seguridad de Valledupar para que enviara los documentos  originales de
los precipitados cómputos.
-Mediante
auto, del 25 de junio de 2012, redimió a favor del actor los meses de abril a
julio de 2011 y enero de 2012, reconociéndole 2 meses, 7 días y 12 horas por
concepto de trabajo y conducta ejemplar. A su vez, se abstuvo de redimir los
cómputos de enero a marzo de 2011, por cuanto fueron allegados al proceso de
redención de pena en copia simple por lo que solicitó, nuevamente, al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar los certificados originales de estudios y/o trabajo.
-Por último,
indicó que no ha sido concedida la libertad condicional por redención de pena
toda vez que, revisado el Sistema Judicial XXI, el despacho no ha recibido los
documentos originales para poder tramitarla.
5.2.
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar
El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad
de Valledupar, culminado el término procesal otorgado para que se pronunciara
sobre los hechos relacionados en la acción de tutela, guardó silencio.
II.
DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA
1.
Única instancia
Mediante
sentencia de 14 de agosto de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Valledupar, Sala de Decisión Penal, negó el amparo constitucional invocado
por el accionante, al considerar que la petición presentada ante el juzgado
accionado constituye un documento estrictamente judicial.
Indicó
que la solicitud deprecada por el actor ante el despacho judicial no puede ser reconocida
como una petición, pues es evidente que el requerimiento presentado ante el
juez de conocimiento constituye una actuación judicial que se surte con ocasión
al delito por el cual purga condena y que lo tiene privado de su libertad.
Por
último, precisó que no le resulta dado al Juzgado 1° de Ejecución de Pena y de
Medidas de Seguridad de Valledupar tramitar la redención de cómputos y la
libertad condicional si no cuenta con los soportes que para ello se requieren,
los cuales le corresponde emitir al Establecimiento Penitenciario y Carcelario
de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar.
III.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
A través de
esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la
sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Procedibilidad de la acción de tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo
86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las
autoridades públicas y de los particulares, en los casos específicamente
previstos por el legislador.
En el caso sub-exámine,
la acción de tutela fue presentada por el señor Óscar Clavijo Bustos, titular
del derecho presuntamente vulnerado, razón por la cual se encuentran
legitimado.
2.1. Legitimación
pasiva
El Juzgado 1° de Ejecución de Pena y de Medidas de
Seguridad de Valledupar se encuentra legitimado como parte pasiva en el
presente proceso de tutela, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, en la medida en que se trata de una autoridad judicial a
la que se le atribuye la vulneración de un derecho fundamental.
3. Problema
jurídico
Le
corresponde a la Sala Cuarta de Revisión determinar si el Juzgado 1° de Ejecución
de Penas y de Medidas de Seguridad de Valledupar vulneró el derecho fundamental
de petición del accionante al no contestar, de manera oportuna, la solicitud
por él presentada en el sentido de que se oficiara al Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar para que
enviara los certificados originales que se requieren para tramitar la redención
de su pena.
Bajo ese
supuesto, la Sala procederá a reiterar su jurisprudencia en lo referente al (i)
derecho de petición de las personas privadas de la libertad, frente actuaciones
judiciales; ahora bien, como quiera que durante la etapa de revisión surtida
en la Corte Constitucional el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Valledupar allegó una prueba con relación a la solicitud de
libertad condicional, la Sala deberá estudiar si, respecto a la situación
reseñada se ha configurado (ii) carencia actual de objeto por hecho superado,
para así (iii) resolver el caso concreto.
4. Derecho
de petición de las personas privadas de la libertad. Reiteración de
jurisprudencia
La Corte
Constitucional en su jurisprudencia ha sostenido que las personas privadas de
la libertad son sujetos de especial vulnerabilidad en virtud de la relación de
sujeción entre el recluso y el Estado[1].
Al respecto, esta corporación en sentencia T-153 de 1998 explicó que “los
reclusos se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de
sujeción. Ello significa que este último puede exigirle a los internos el
sometimiento a un conjunto de condiciones que comportan precisamente la
suspensión y restricción de distintos derechos fundamentales, condiciones sobre
las cuales, debe añadirse, que deben ajustarse a las prescripciones del examen
de proporcionalidad”[2].
Así pues, se
ha estimado que la persona privada de la libertad, sin importar su condición o
circunstancia, tiene una serie de derechos que no pueden ser objeto de
restricción jurídica durante la reclusión[3].
En efecto, la jurisprudencia Constitucional en Sentencia T-153 de 1998
especificó que el grupo de derechos que no pueden estar limitados son “…la
vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el
derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica, a la salud y al debido
proceso, y el derecho de petición[4],
mantienen su incolumidad a pesar del encierro a que está sometido su titular”[5]. Así las cosas,
respecto de ese conjunto de derechos se estableció en cabeza del Estado el
deber positivo[6]
de asegurar todas las condiciones necesarias[7]
que permitan el goce efectivo de esos derechos, así como la adecuada
resocializacion[8]
de los reclusos[9].
En este orden
de ideas, la jurisprudencia ha reiterado, respecto del derecho de petición, que
el ejercicio de dicha prerrogativa no está limitado por la privación de la
libertad[10].
En efecto, en sentencia T-705 de 1996 la Corte Constitucional manifestó que:
“El derecho
de petición es uno de aquellos derechos fundamentales que los reclusos ostentan
en forma plena, vale decir, que no está sometido a ningún tipo de limitación o
restricción en razón de la situación de privación de la libertad a que se
encuentran sometidas estas personas. Lo anterior se deriva de la naturaleza
misma de la relación de especial sujeción que vincula al interno a la
administración carcelaria. La única razón que justificaría una eventual
limitación del derecho fundamental de petición de un recluso consistiría en que
el titular del mencionado derecho abusara de éste en detrimento de los derechos
fundamentales de otras personas. El derecho de petición de los reclusos no
comporta la obligación de las autoridades carcelarias de dar respuesta positiva
a las solicitudes que aquellos eleven, ni de realizar las gestiones que se les
soliciten. Los deberes de estas autoridades, en punto al derecho fundamental de
petición, consisten en adoptar todas aquellas medidas necesarias para que los
internos reciban una respuesta completa y oportuna a sus peticiones. Las
autoridades penitenciarias están en la obligación de motivar, en forma
razonable, las decisiones que adoptan frente a las peticiones que un recluso ha
elevado. No basta con que se ofrezca una respuesta a la petición del interno
sino que, además, es necesario que se expongan las razones que la autoridad
contempló para decidir en el sentido que efectivamente lo hizo, de manera que
el recluso pueda conocerlas y, eventualmente, controvertirlas”[11].
Del mismo
modo, en la sentencia T- 439 de 2006, estableció la Corte que tanto la
administración penitenciaria como la administración de justicia, deben
garantizar el derecho de petición de manera plena “… (i) suministrando
respuestas oportunas y evitando todo tipo de dilación injustificada, (ii)
motivando de manera razonable sus decisiones, (iii) garantizando que las
solicitudes que los internos formulen contra otras autoridades sean recibidas
por éstas oportunamente”[12].
En
conclusión, la Corte ha sostenido que los reclusos mantienen plena facultad
sobre el ejercicio del derecho de petición, de tal manera que en los eventos en
que los privados de la libertad formulen solicitudes dirigidas a la autoridad
carcelaria del INPEC o en general a la administración de justicia, deben
obtener respuesta de fondo, clara y oportuna a su requerimiento sin que el goce
efectivo del mencionado derecho se vea afectado por los trámites
administrativos de las penitenciarias[13].
Sin embargo,
esta misma corporación respecto a las peticiones presentadas frente actuaciones
judiciales ha sostenido que, en estos eventos, el alcance de este derecho
encuentra limitaciones, por ello, se ha especificado que deben diferenciarse
las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales serán de dos clases:
(i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tales se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar
entonces la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto;
y (ii) aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial en su condición, bajo
las normas generales del derecho de petición que rigen la administración, esto
es, el Código Contencioso Administrativo.
En efecto, la
Corte Constitucional al respecto ha sostenido:
“El
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya
que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.
Dentro de
las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto
de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación
con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos
propios de las actuaciones administrativas, como quiera que las solicitudes que
presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso”.[14]
Así las
cosas, puede entonces concluirse que para distinguir si las solicitudes
presentadas en un proceso judicial en curso constituyen una petición
independiente o sí, por el contrario, hace alusión a una actuación procesal, es
necesario establecer su esencia de tal manera que, se debe identificar si la
respuesta implica una decisión judicial sobre algún asunto relacionado con la
litis o con el procedimiento, casos en los cuales la contestación equivaldría a
un acto expedido en función jurisdiccional y así, el juez, por más que lo
invoque el petente, no está obligado a responder bajo las previsiones
normativas del derecho de petición sino que, en acatamiento al debido proceso,
deberá dar prevalencia a los términos, procedimiento y contenidos de las
actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto
el juez como las partes [15].
5. Carencial
actual de objeto porque el hecho que origina la supuesta vulneración de
derechos fundamentales, efectivamente cesa, desaparece o se supera. Reiteración
de jurisprudencia
La Corte, en
reiterada jurisprudencia[16],
ha señalado que, si la situación fáctica que motiva la presentación de la
acción de tutela, se modifica porque cesa la acción u omisión que, en
principio, generó la vulneración de los derechos fundamentales, de manera que
la pretensión esbozada para procurar su defensa, está siendo debidamente
satisfecha, pierde eficacia la solicitud de amparo, toda vez que desaparece el
objeto jurídico sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela,
y consecuentemente, cualquier orden de protección sería inocua. Por lo tanto,
ante ese escenario, lo procedente es que el juez de tutela declare la configuración
de un hecho superado por carencia actual de objeto.
Frente al
particular, esta corporación ha sostenido:
“El
objetivo de la acción de tutela, conforme al artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia, al Decreto 2591 de 1.991 y a la doctrina constitucional,
es la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental,
presuntamente vulnerado o amenazado por la acción u omisión de una autoridad
pública o de un particular en los casos expresamente señalados por la ley.
En virtud
de lo anterior, la eficacia de la acción de tutela radica en el deber que tiene
el juez, en caso de encontrar amenazado o vulnerado un derecho alegado, de
impartir una orden de inmediato cumplimiento orientada a la defensa actual y
cierta del derecho que se aduce.
No
obstante lo anterior, si la situación de hecho que origina la violación o la
amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en
defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela
pierde su eficacia y su razón de ser.”[17]
De la
anterior cita jurisprudencial, se concluye que la declaratoria de carencia
actual de objeto, debe cimentarse en pruebas obtenidas en el proceso respectivo,
en las que se evidencie y constate por el juez constitucional que, si lo
demandado era una acción, esta materialmente haya cesado o, que si se trataba
de una omisión, efectivamente, la actuación omitida o denegada se haya
realizado. Es decir, debe ser empíricamente verificable, con fundamentos
objetivos, la suspensión de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales.
6. Caso concreto
Con fundamento en lo reseñado, se procede a establecer si el Juzgado 1°
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar vulneró el derecho
fundamental de petición del señor Óscar Clavijo Bustos.
Encuentra la Sala que, el 16 de julio de 2012, el accionante presentó el
mecanismo de amparo en aras de obtener, por parte de la demandada, la
contestación de la petición presentada el 16 de mayo del mismo año, en virtud
de la cual solicitó al Juzgado 1° de Ejecución de Penas y de Medidas de
Seguridad de Valledupar que oficiara a la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de
la misma circunscripción para que enviara las órdenes de trabajo y/o estudio
que se requieren para tramitar la redención de su pena. A su vez, en el mismo
escrito, solicitó que se le conceda la libertad condicional por haber cumplido
las 2/3 partes de la pena que le fue impuesta.
La mencionada acción de tutela le correspondió, por reparto, al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Valledupar, Sala de Decisión Penal, quien
mediante oficio, de 1° de agosto de 2012, notificó a las directivas del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar la solicitud de amparo. Sin embargo, vencido el término procesal
otorgado, la penitenciaria no se pronunció al respecto.
Por su parte, el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Valledupar al contestar la acción de tutela señaló que, con ocasión a la
petición presentada por el actor, decidió, en varias oportunidades, requerir a
los Establecimientos Penitenciarios de Valledupar y de Aguachica para que
enviaran, en debida forma, las certificaciones de estudio y de trabajo del
interno Óscar Clavijo Bustos, correspondientes a los meses de julio a diciembre
de 2010 y de enero a marzo de 2011. No obstante, indicó que a la fecha de la
presentación de tutela, no ha recibido los documentos originales necesarios
para tramitar la redención de pena.
Bajo ese contexto, comienza la Sala por advertir, en relación con la
petición presentada por el accionante el 16 de mayo de 2012, que la misma fue
radicada en el Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Valledupar el 17 de mayo del mismo año, estando en trámite la segunda solicitud
de redención de pena que formuló y, al respecto, se precisa, que mediante auto
de 25 de mayo de 2012 el juzgado accionado requirió a la Oficina Jurídica del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar para que, en el menor tiempo posible, enviara la documentación
original necesaria para tramitar la redención punitiva[18]. El 25 de junio de 2012,
el Juez 1° de Ejecución de Penas y de Medidas de Seguridad de Valledupar
decidió, al no obtener los certificados solicitados a la penitenciaría,
abstenerse de redimir los cómputos correspondientes al periodo de enero a marzo
de 2011[19].
A su vez, esta Sala constató que, mediante providencia del 20 de enero de
2012 el juzgado accionado decidió, en el trámite de la primera solicitud de
redención de pena, abstenerse de redimir los cómputos correspondiente al
periodo de julio a diciembre de 2010, toda vez que el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Aguachica allegó dichos certificados en copia
simple, los cuales se consideran no válidos para la redención punitiva[20].
Con fundamento en lo anterior, la Sala infiere que la autoridad judicial
accionada, en el trámite de redención de pena resolvió la solicitud a la que se
hace alusión en el mecanismo de amparo y, en efecto, en dos oportunidades
procesales, ofició a los establecimientos penitenciarios para que enviaran la
documentación requerida. Así las cosas, puede concluirse que la petición
presentada por el actor implicó obtener como respuesta una actuación judicial,
la cual fue iniciada por el despacho en aras de atender la inquietud del
peticionario.
Por otra parte, en el expediente aparece acreditado, según oficio allegado
en sede de revisión, que en providencia de 8 de octubre de 2012, el Juzgado 1°
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar concedió al señor
Óscar Clavijo Bustos la libertad condicional. Con todo, es importante precisar
que, en el mismo documento, el despacho judicial manifestó que los aludidos
certificados de estudio y/o de trabajo requeridos no fueron recibidos.
En relación con lo antes expuesto, la Sala concluye que, si bien no
existió una respuesta dirigida al demandante en relación con el escrito
presentado el 16 de mayo de 2012, lo cierto es que el Juzgado 1° de Ejecución
de Pena y Medidas de Seguridad de Valledupar le concedió la libertad
condicional y que, dicho pronunciamiento, constituye el mecanismo eficaz e idóneo
para darle alcance a la finalidad última perseguida en  la acción de tutela,
toda vez  que con las certificaciones  que se pretenden recabar, a todas luces,
se procuró obtener del juez competente el reconocimiento de su libertad
condicional por haber cumplido con las 2/3 partes de su pena.
En concordancia con lo indicado, se precisa que el escrito presentado por
el actor ante el Juzgado 1° de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad de
Valledupar fue formulado frente a una actuación propiamente judicial, de tal
manera que, como se advierte en las consideraciones generales de esta
sentencia, el derecho de petición encuentra limitaciones y no puede ser
resuelto bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, toda
vez que el mismo versa sobre asuntos relacionados con la litis objeto de
estudio por el despacho accionado. Así las cosas, se tiene que la decisión del juzgado
de oficiar a los establecimientos penitenciarios requiriéndoles el envío de las
certificaciones y la providencia en virtud de la cual resolvió conceder la
libertad condicional, equivaldría, en el presente caso, a la solución de lo
requerido por el demandante.
Por otra parte, este tribunal advierte que la providencia mencionada debió
notificársele al actor y de su lectura éste puede deducir las razones y
cómputos de cumplimiento de pena que sirvieron para concederle el subrogado
penal, frente a lo cual podrá hacer valer los derechos que considera que le
asisten y que, a su juicio, debieron reconocerle.
En conclusión, para la Sala, al encontrarse satisfecha la pretensión
formulada en sede de tutela, la probable vulneración del derecho fundamental de
Óscar Clavijo Bustos ha sido superada, frente a lo cual se puede deducir,
conforme lo anotado en precedencia, que la decisión que pudiese adoptar el juez
respecto al caso concreto resultaría contraria al objeto constitucionalmente
previsto para este mecanismo de amparo.
En consecuencia, esta Sala de Revisión, constata la configuración de un
hecho superado por carencia actual de objeto.
Por último, esta Sala procederá a advertir a los Directores de los
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Alta y Mediana Seguridad de
Aguachica y de Valledupar que no vuelvan a incurrir en conductas que atenten
contra los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y
cumplan, adecuadamente, dentro del término que les sea otorgado, con los
requerimiento judiciales conducentes a que los internos puedan acceder a una
oportuna y eficaz administración de justicia.
IV.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la presente
acción de tutela.
SEGUNDO.- ADVERTIR a los Directores de los Establecimientos
Penitenciarios y Carcelarios de Alta y Mediana Seguridad de Aguachica y de
Valledupar que no vuelvan a incurrir en conductas que atenten contra los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y cumplan, adecuadamente,
dentro del término que les sea otorgado, los requerimiento judiciales
conducentes a que los internos puedan acceder a una oportuna y eficaz
administración de justicia.
TERCERO.- Por
Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sobre el punto del estado de sujeción especial de los reclusos
frente al Estado ver, entre otras, las sentencias T-596 de 1992 (M.P. Ciro
Angarita Barón); C-318 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-705 de
1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-706 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muños); T-714 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), y T-966 de 2000 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz), T-881 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet) y
T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[2] Negrilla
fuera del texto. Precedente citado por la sentencia
T-851 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda).
[3] Se trata de derechos como la vida, la integridad personal o la
libertad de conciencia.
[4]Sobre el derecho fundamental de petición consagrado en
el artículo 23 de la C.P. la Corte ha establecido en las sentencias T – 377 de
2000 y T – 1060A de 2001  el contenido básico de dicho derecho: “(i) El
derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la
petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y
congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un
plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible;
(v)la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta
siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se
aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la
vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición es su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición; (viii) el derecho de petición también es
aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad
ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder, y (x) ante la
presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado”.
[5] Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las
sentencias T-424 de 1992, M.P Fabio Morón Díaz; T-522 de 1992 , M.P. Alejandro
Martínez Caballero; T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; T-273 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-388 de 1993, M.P. Hernando Herrera; T-437 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-420 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[6] [Cita del
aparte trascrito] véase las sentencias T-714 de 1996 y  T-153 de 1998.
[7] [Cita del
aparte trascrito] Responsabilidad del Estado que se concreta en la obligación
de velar por la seguridad de los reclusos en el perímetro carcelario y en la
obligación  de garantizar condiciones de vida adecuadas a los reclusos, así en la Sentencia T-522 de 1992.
[8] [Cita del
aparte trascrito] La posibilidad de reinserción social depende en buena medida
de la eficacia del derecho de los reclusos a contar con centros carcelarios
adecuados. Este derecho encuentra el fundamento de su validez en el derecho a
la dignidad y en el principio del Estado social de derecho, así en sentencia
T-153 de 1998.
[9]
Jurisprudencia reiterada en la Sentencia T-126 de 2009 (M.P. Humberto Sierra Porto).
[10] Se ha tratado el tema en las Sentencias T-705 de 1996, T-305 de 1997,
T-435 de 1997, T- 490 de 1998, T-265 de 1999, T-1030 de 2003, T-1074 de 2004,
T-439 de 2006, T-048 de 2007 y T-537 de 2007.
[11] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[12] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Ver Sentencia T-1074 de
2004.
[14] Cfr. Sentencias  T- 334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, T- 07 de 1999, M.P.  Alfredo Beltrán Sierra y T-722 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[15] A manera de ejemplo, puede citarse el caso en que la Corte Constitucional, sentencia T- 722 de 2002,  estableció que cuando hay la petición de
certificación de la existencia de un trámite procesal surtido, esa
certificación constituye un acto judicial reglado que sólo puede expedir el
juez cuando la ley expresamente lo autoriza, según lo dispuesto por el artículo
116 del C.P.C; por lo que, no puede ser tramitado como simple acto de la
administración pública, aunque así se le solicite invocando el derecho de
petición  y por tanto no está obligado a responderla como tal.
[16] Ver entre
otras las sentencias T-495 de 2001, T-692 A de 2007, T- 178 de 2008, T- 975 A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[17] Ver sentencia T-495 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[18]Ver folio 214.
[19] Ver folio 9.
[20] Ver folios 123 al 126.