T-030-15
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-030/15
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Improcedencia general
La regla general es que el mecanismo constitucional de
protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el
ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una
instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que
esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la
tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues
para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de
manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la
existencia de un perjuicio irremediable.
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTOS
ADMINISTRATIVOS-Procedencia
excepcional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO COMO MECANISMO DE DEFENSA EN PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Reiteración de jurisprudencia
Tal como lo demuestra la jurisprudencia de la Corte,
resulta indispensable analizar frente a cada caso, si el ordenamiento jurídico
tiene previstos otros medios de defensa judicial para la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados y si los mismos
son lo suficientemente idóneos y eficaces para otorgar una protección integral.
Particularmente, tratándose de los procesos de responsabilidad fiscal, se ha
reconocido reiteradamente  la idoneidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. No obstante también se ha sostenido que el amparo
constitucional puede proceder excepcionalmente si se acreditan los elementos
característicos del perjuicio irremediable.
ACCION DE TUTELA CONTRA LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA-Improcedencia
por existir el mecanismo de defensa ante la jurisdicción contencioso
administrativa en proceso de responsabilidad fiscal y por no existir perjuicio
irremediable
Referencia: expediente T- 4455240
Acción de tutela instaurada por SANITAS
E.P.S., COLSANITAS S.A. y MEDISANITAS S.A., contra la Contraloría General de la
República
Magistrada (E) Ponente:
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D. C. veintiséis (26) de enero de dos mil quince
(2015).
La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Luis Ernesto Vargas Silva y Martha Victoria Sáchica Méndez, quien la
preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991,
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos en
primera instancia por la Sala Penal  del Tribunal Superior de Bogotá, el 21 de
marzo de 2014, y en segunda instancia, el 08 de mayo de 2014, por la
Sala de Casación Penal  de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de
tutela instaurado por SANITAS
E.P.S., COLSANITAS S.A. y MEDISANITAS S.A., contra la Contraloría General de la
República.
El proceso de la referencia fue
seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Nueve, mediante Auto
proferido el veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014).
I. ANTECEDENTES
EPS SANITAS S.A., COLSANITAS S.A. y
MEDISANITAS S.A., presentaron acción de tutela contra la Contraloría General de
la República por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso, basado en los siguientes:
1. Hechos
1.1
El 15 de Mayo de 2011, la
Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de la República dictó
el Auto Nº 000015 iniciando indagación preliminar UCC-PRF021-2012-IP-015-2011
(IP015) contra los accionantes. (Folios No. 67-73 del Cuaderno de Pruebas) para
establecer si hay una indebida utilización de recursos y por consiguiente una
afectación al servicio de salud y detrimento patrimonial. Se estableció así el
proceso IP 015, el cual continuó con la Apertura e Imputación de
Responsabilidad Fiscal, Auto Nº 000161. (Folios No. 74-99 del Cuaderno de
Pruebas).
1.2
El 4 de Diciembre de 2012, la
Contralora General de la República, debido a ciertas irregularidades, declaró
nulo el proceso a partir del Auto de apertura de la indagación preliminar.
1.3
El 5 de Diciembre de 2012, la
Contralora 9ª Delegada emitió Auto Nº 368 de “Apertura de Indagación contra
determinados”, No. UCC/IPO/044/2012 (IP044), en cumplimiento de lo ordenado
por la Contraloría General en el Auto que decretó la nulidad de lo actuado en
la IP015. A la nueva indagación preliminar  se trasladaron algunas pruebas
practicadas en la IP015 de 2011 (folios No.100-121 del Cuaderno de Pruebas).
1.4
El nuevo proceso IP 044 continuó
con el Auto Nº 784 de 23 de mayo de 2013 de “Cierre y Recomendación de
Apertura de Responsabilidad Fiscal” (folios No. 122-141 del Cuaderno de
Pruebas) y con el Auto Nº 1019 de 24 de Junio de 2013 de “Apertura e
Imputación de Responsabilidad Fiscal” UCC/IP/044/2013 (folios No. 142-157
del Cuaderno de Pruebas).
1.5
Como consecuencia de lo anterior
aducen que existen dos investigaciones paralelas por los mismos hechos, esto
es, la IP 015 y la IP 044, vulnerándose el principio de non bis in ídem.
Adicional a esto, consideran se está tramitando mediante proceso diferente al
dispuesto por la Ley 610 de 2000, normatividad que alegan es aplicable en este
caso.
1.6
Finalmente, afirman que se ha
violado el principio de inmediación, principalmente en lo que concierne a la
decisión de la Contralora General de la República sobre la apelación contra la
negativa a decretar las solicitudes de nulidad (Folios No. 158-199 del Cuaderno
de Pruebas). En este caso, consideran vulnerado el mencionado principio ya que
la decisión se tomó por escrito y con argumentos ajenos, aun cuando se trata de
un proceso verbal cuyas decisiones se deben tomar y notificar de forma oral.
1.7
Las peticiones de nulidad basadas
en los anteriores hechos fueron decididas desfavorablemente por la Contraloría
Intersectorial No. 4 mediante providencia del 24 de enero de 2014 y confirmadas
por la Contralora General el 24 de febrero del mismo año.
2. Traslado y contestación de la demanda
La acción de tutela fue admitida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, a través de auto fechado
el 13 de marzo de 2014, y se corrió traslado de la demanda de tutela a la
Contraloría General de la República, para que rindiera informe sobre los hechos
de la demanda. (Folio No. 201 del Cuaderno de Pruebas).
En informe radicado en el Tribunal de
primera instancia, la Contraloría General de la República da respuesta a la
acción de tutela incoada en su contra. Argumentan que la tutela en este caso
resulta improcedente debido a que, en primer lugar existen otros medios de
defensa que debieron ser los empleados al no probarse la existencia de un
derecho fundamental invocado.
Por otro lado, sostienen que no se cumplió
con el requisito de inmediatez, ya que el auto que inició el nuevo proceso se
profirió el 5 de septiembre de 2012. En este sentido, transcurrieron 16 meses
sin que los accionantes manifestaran de manera alguna su inconformidad, además
no hay razón que justifique esta inactividad.
En cuanto a la alegación con respecto a las
pruebas, afirman que estas no fueron trasladadas de un proceso a otro. Lo
anterior, ya que fueron desglosadas de la nulidad decretada. Adicional a esto,
aclaran que todas las solicitudes relacionadas han sido atendidas y resueltas
oportunamente durante el proceso.
Por último, en lo que se refiere al Auto 26
del 25 de febrero de 2014 (Folios No. 158-199 del Cuaderno de Pruebas) y a su
notificación por escrito, aun cuando se trataba de un procedimiento verbal,
sostienen que el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 consagra que las
decisiones distintas al fallo, se notifican por estado. Estas decisiones además
están a cargo de la Oficina Jurídica y llevan las iniciales de la Contralora
sin que ello signifique violación al principio de inmediación.
Teniendo en cuenta los argumentos
previamente expuestos, solicita la accionada se desestimen todas las
pretensiones del accionante, incluyendo las solicitudes de suspensión y de
amparo frente a los derechos fundamentales que se presentan como aparentemente
vulnerados.
3. Sentencias objeto de revisión
3.1 Sentencia de Primera Instancia
En su decisión del 26 de mayo de 2014, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Penal, decidió
negar por improcedente el amparo del derecho fundamental al debido proceso. El Tribunal
consideró que se pretendía continuar un debate que ya fue solucionado y
decidido previamente en dos instancias con su juez natural.
Asimismo, teniendo en cuenta el material
probatorio, se afirma que la intención de la Contralora era declarar nula toda
la actuación; por consiguiente era necesario generar una nueva que iniciara
nuevamente el proceso de investigación. De esta manera, consideró que la IP015
fue anulada en su totalidad y que al tratarse del mismo proceso que se inició
nuevamente, el cual en la actualidad es el único que cursa, la situación no
implica un quebrantamiento al debido proceso, al non bis in ídem o al
derecho de defensa.
Por otro lado, concuerda el juez con la
accionada al considerar que no se cumple con el requisito de inmediatez. La
Indagación Preliminar Nº 044 fue abierta el 5 de diciembre de 2012 y pasado más
de un año los accionantes manifestaron su inconformidad sin haber razón alguna
que justifique la omisión en este sentido.
Por último, en cuanto al Auto y la
correspondiente notificación objeto de controversia, establece el Tribunal que
se podía notificar por cualquier medio expedito de comunicación. Lo anterior,
fundamentado en el artículo 98 de la Ley 1474 de 2011, el cual no dispone esta
actuación dentro de las audiencias públicas. Adicionalmente, según el Decreto
267 del 2000, la sustanciación de algunas decisiones del Contralor General
están a cargo de la Oficina Jurídica, no resultando esto en una violación del
principio de inmediación.
3.2. Impugnación del Fallo de tutela
El primero de abril de 2014, EPS SANITAS
S.A., COLSANITAS S.A. y MEDISANITAS S.A. impugnaron la sentencia proferida el
26 de mayo de 2014. La inconformidad se basó en diferentes razones, en cuanto
al non bis in ídem, sostienen que al desconocerse el principio de unidad
procesal se vulnera el mencionado principio. Además, este concepto se refiere
también a investigaciones previas con el mismo objeto, como en el presente caso
en el que se vieron sometidos a asumir juicios sucesivos por la misma causa.
De otra parte recalcan, en lo que concierne
al alcance de la nulidad, que el Tribunal de primera instancia realizó una
errónea interpretación de las pruebas. Lo anterior al señalar que “en el
caso que nos ocupa, la base de la nulidad fueron las irregularidades en la
práctica del informe técnico que sirvió de base angular para el efecto de la
edificación del auto de apertura e imputación No. 161 del 7 de septiembre de
2012. Considerar entonces que la nulidad incluyó el auto de apertura de
indagación preliminar, es desconocer la ratio decidendi de la providencia.” (Folio
No. 4 del Cuaderno de Primera Instancia).
Finalmente los accionantes expresaron
nuevamente su postura en cuanto a la procedencia de la acción y la falta de
idoneidad del Auto 0026 del 25 de Febrero de 2014 (Folios No. 158-199 del
Cuaderno de Pruebas). No obstante, al referirse a la inmediatez de la acción de
tutela, añadieron que la inactividad se dio en razón del artículo 99 de la Ley
1474 de 2011, que establece que la oportunidad procesal para presentar y
solucionar las nulidades es en la audiencia de descargos.
3.3 Sentencia de Segunda Instancia
El 3 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia,
sala de Casación Penal, Sala de decisión de tutelas Nº1, confirmó la decisión
de primera instancia y declaró la improcedencia de la acción de tutela. Se
consideró principalmente que la tutela no es una vía paralela para perpetuar el
debate sobre la supuesta transgresión del non bis in ídem, que ya fue
dirimida por el despacho de la Contralora General de la República. Sin embargo,
al respecto se mencionó que no existe tal vulneración, puesto que se trata de
una sola investigación que siempre ha estado vigente.
Ahora bien, la supuesta irregularidad concerniente al
Auto 00265 de La Contraloría General, no es tal que amerite intervención del
juez de tutela. Lo anterior, ya que la Ley 1474 de 2011 no prevé forma de
notificación específica para este tipo de providencias judiciales. Por
consiguiente, se concluye que se trata de un proceso en trámite en el cual se
debe intervenir para ejercer el derecho a la defensa, y dada la inexistencia de
un perjuicio irremediable la tutela mantiene su carácter residual en el
presente caso.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Octava de Revisión de Tutelas de la
Corte Constitucional es competente para
revisar los fallos de tutela adoptados en los
procesos de la  referencia, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto
2591 de 1991.
2. Presentación del caso, planteamiento del asunto
objeto de revisión y problema jurídico
2.1. Las sociedades EPS SANITAS S.A., Compañía de
Medicina Prepagada COLSANITAS S.A. y MEDISANITAS S.A. Compañía de Medicina
Prepagada, instauraron acción de tutela contra la Contraloría General de la
República, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al debido
proceso.
2.2. Contra las mencionadas sociedades se inició
investigación fiscal a través de Auto 0015 de 2011 que ordenó abrir indagación
preliminar, y posteriormente en septiembre de 2012, mediante Auto 161 se ordenó
la apertura e imputación de responsabilidad fiscal contra las sociedades
actoras. En octubre de 2012 durante las audiencias de descargos se plantearon
diversas nulidades que fueron  despachadas desfavorablemente, pero en el
trámite del recurso de apelación de la decisión que las negaba, se resolvió en
diciembre de 2012 decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del Auto 161
por medio del cual se abrió proceso de responsabilidad fiscal.
2.3. Posteriormente, mediante el Auto 368 la
Contraloría dictó apertura de indagación preliminar contra determinados, para
cumplir con lo ordenado por la Contralora General en el auto que decretó la
nulidad de lo actuado dentro de la IP 015. En junio de 2013  se dicta Auto de
apertura e imputación de responsabilidad fiscal. En el trámite de este proceso,
se hicieron las respectivas peticiones de nulidad, las cuales fueron negadas en
enero de 2014 y confirmadas por la Contralora General en febrero del mismo año.
Los actores señalan que la Contraloría General de la República vulneró el
derecho al debido proceso al no haber dado cumplimiento a lo resuelto por la
Contralora General cuando decretó la nulidad de lo actuado, igualmente que con
el inicio y adelantamiento de la indagación preliminar Nº IP 44 de 2012 se hizo
uso indebido de normas procesales y que incurrió en vulneración de non bis in
ídem.
2.4. Por su parte, la Contraloría General de la
República indicó que no se cumple el requisito de inmediatez porque ha
trascurrido más de un año desde la actuación que los actores consideran afectó
sus derechos fundamentales. Igualmente, aduce que todos los procedimientos se
han adelantado conforme a las normas establecidas para los proceso de
responsabilidad fiscal, en este sentido, consideró que la IP015 fue anulada en su totalidad y
que al tratarse del mismo proceso que se inició nuevamente, el cual en la
actualidad es el único que cursa, la situación no implica un quebrantamiento al
debido proceso, al non bis in ídem o al derecho de defensa.
2.5. Los jueces de instancia declararon
improcedente la acción de tutela, tras considerar que los tutelantes pretenden
continuar con un aspecto que ya fue debatido y dirimido dentro de la respectiva
actuación. Así, la nulidad decretada por la Contralora fue desde el Auto de
mayo de 2011 que ordenaba abrir indagación preliminar y no desde el auto del 7
de septiembre de 2012 que ordenó la apertura de investigación e imputación de
responsabilidad fiscal. De esta forma consideran que la IP 015 fue expulsada
totalmente del orden jurídico y que el único valor que tiene hoy en día es una
simple referencia de actuación. Igualmente, frente al argumento relativo a la
no observancia de las ritualidades propias del procedimiento, esto quedó
aclarado dentro del proceso cuando se decidió la nulidad.
Problema jurídico
2.6. De conformidad con lo anterior, corresponde a
esta Sala de Revisión determinar la procedencia de la acción de tutela para
proteger el derecho al debido proceso que las sociedades demandantes alegan
vulnerado, dentro de las investigaciones fiscales que la Contraloría General de
la República ha adelantado contra éstas, a pesar de que ha podido debatirlas
dentro del respectivo procedimiento y cuenta con otros mecanismos judiciales.
2.7. En vista de lo relatado y por tratarse de una
tutela contra decisiones tomadas en el marco de un procedimiento de
responsabilidad fiscal que tienen connotación de actos administrativos, se hará
una breve referencia a (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra actos administrativos, (ii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en materia de acción de tutela frente a los procesos de responsabilidad fiscal;
y por último (iii) resolverá el caso concreto.
3. Procedencia excepcional de la acción tutela contra actos
administrativos. Reiteración de jurisprudencia.
Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta
Corporación, la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de
carácter residual y subsidiario, encaminado a la protección inmediata de los
derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o
conculcados[1].
Ello en consonancia con el
artículo 86 de la Constitución, los artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de
1991 que establecen como causal de improcedencia de la tutela: “[c]uando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias
en que se encuentre el solicitante.”. El carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido
de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de
la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes
valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las
autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la
defensa de sus derechos.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha sido
enfática en la necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que llegan
a su conocimiento a la estricta observancia del carácter subsidiario y residual
de la acción. En este sentido, el carácter supletorio del mecanismo de tutela
conduce a que solo tenga lugar cuando dentro de los diversos medios que pueda
tener el actor no existe alguno que sea idóneo para proteger objetivamente el
derecho que se alegue vulnerado o amenazado[2].
Esta consideración se morigera con la opción de que a pesar de disponer de otro
medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el peticionario
puede acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[3].
De no hacerse así, esto es, actuando en desconocimiento del principio de
subsidiariedad se procedería en contravía de la articulación del sistema
jurídico, ya que la protección de los derechos fundamentales está en cabeza en
primer lugar del juez ordinario[4].
En este sentido, la Corte ha expuesto que conforme al
carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir
las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las
acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario,
la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los
derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la
jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio
irremediable. Al respecto se ha establecido:
“La Corte concluye (i) que por regla
general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la
protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con
ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen
otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii)
que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las
actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de
1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.”[5]
Ahora bien, otro tanto ocurre frente a los actos
administrativos de trámite, esto es, aquellos que “no expresan en conjunto la voluntad de la
administración, pues simplemente constituyen el conjunto de actuaciones
intermedias, que preceden a la formación de la decisión administrativa que se
plasma en el acto definitivo y, en la mayoría de los casos, no crean, definen,
modifican o extinguen situaciones jurídicas.”[6]. Ante este tipo de actos administrativos, la Corte ha
señalado que por regla general no son susceptibles de acción de tutela ya que “se
limitan a ordenar que se
adelante una actuación administrativa dispuesta por la ley, de manera oficiosa
por la administración, en ejercicio del derecho de petición de un particular o
cuando éste actúa en cumplimiento de un deber legal”[7]. No obstante, en virtud de que pueden
verse afectados derechos fundamentales, la Corte ha considerado que contra los
actos de trámite es posible la procedencia excepcional de la acción de tutela “cuando el respectivo acto tiene la
potencialidad de definir una situación especial y sustancial dentro de la
actuación administrativa y ha sido fruto de una actuación abiertamente
irrazonable o desproporcionada del funcionario, con lo cual vulnera las
garantías establecidas en la Constitución.”[8]
La excepcionalidad de la procedencia de la acción de
tutela en el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal opera, en todo
caso, ante actuaciones que no se soporten en fundamentos normativos y que constituyan
vías de hecho lesivas de derechos fundamentales. De otra forma, las discusiones
que se sucedan giraran en torno a la legalidad o legalidad de la actuación de
la administración, las cuales constituyen un debate que debe presentarse ante
la misma administración mediante los respectivos recursos, o ante la
jurisdicción contensioso administrativa[9].
Así,  la regla general es que el mecanismo
constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios
establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se
actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en
sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que
esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la
tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues
para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de
manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la
existencia de un perjuicio irremediable[10].
Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos
eventos que la jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio
irremediable[11]. En relación a este tema, esta Corporación
ha explicado que tal concepto “está circunscrito al grave e inminente detrimento de un
derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de
aplicación inmediata e impostergables, para neutralizar, cuando ello sea
posible, la violación del derecho.”[12].
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha elaborado varios criterios
para determinar su existencia que se resumen en la inminencia, la gravedad, la
urgencia y la impostergabilidad de la intervención[13]:
“la inminencia,  que
exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por
salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace
evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para
la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como
mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la
protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran
amenazados.”[14]
En jurisprudencia reiterada, este tribunal, ha
expuesto el alcance del perjuicio irremediable en los siguientes términos:
“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o
próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa
del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento  sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación  jurídica.
En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”[15]
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha
previsto que la valoración de
los requisitos del perjuicio irremediable, debe efectuarse teniendo en consideración
las circunstancias que rodean el caso objeto de estudio, en la medida en que no son exigencias que
puedan ser verificadas por el fallador en abstracto, sino que reclaman un
análisis específico del contexto en que se desarrollan.
4.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de acción de tutela
frente a los procesos de responsabilidad fiscal.
Particularmente en materia de procesos de
responsabilidad fiscal, este Tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse
en varias oportunidades dentro del trámite de revisión de tutelas para reiterar
tanto la importancia de la observancia del debido proceso dentro de dichos
procesos como respecto de la improcedencia del mecanismo de amparo como medio
principal por existir el mecanismo de defensa ante la jurisdicción contencioso
administrativa[16]
y tampoco como mecanismo transitorio cuando no existe un perjuicio
irremediable.
En sentencia T-832 de 2003, la Corte estudió el
caso de dos personas a las que se les inició un proceso responsabilidad fiscal vulnerando
sus derechos por cuanto, entre otras circunstancias, la investigación fiscal se
había iniciado sin levantar el fenecimiento de cuentas, ni se motivó el interés
con base en el cual se actualizó la cuantía de la declaratoria de
responsabilidad, así como que se negaron pruebas solicitadas.
En dicha oportunidad la Corte expuso en sus
consideraciones que“si
bien la acción de tutela procede como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales vulnerados en el trámite de un proceso de responsabilidad fiscal,
lo hace sólo de manera excepcional. Esto es, cuando se está ante actuaciones de
la administración que se sustraen a fundamento normativo alguno y que constituyen
vías de hecho lesivas de derechos de esa índole.  De allí que en estos
supuestos, la procedencia del amparo quede supeditada a la demostración de los
presupuestos que la jurisprudencia constitucional ha establecido para la
configuración de una vía de hecho.  Por fuera de este marco, las
discusiones no giran ya en torno a la validez constitucional de la actuación de
la administración, sino en torno a su legalidad o ilegalidad y éste es un
debate que, como se indicó, debe surtirse ante la misma administración, a
través de los recursos que proceden en ese proceso, o ante la jurisdicción
contencioso administrativa, en este caso en ejercicio de acciones como la de
nulidad y restablecimiento del derecho.  Estos escenarios, administración
y jurisdicción contenciosa, son los adecuados para controvertir las decisiones
de la administración por no adecuarse a los fundamentos legales de la
imputación de responsabilidad fiscal o por haberse contrariado los
procedimientos fijados en la ley para la determinación de esa responsabilidad.”
Al aplicar esto al caso concreto, en la parte que
resulta relevante para el caso sub judice, se señaló que ninguna de
tales situaciones planteaba un debate constitucionalmente relevante sino que se
trataba de incidencias propias de cualquier actuación administrativa dentro de
un proceso de responsabilidad fiscal. Desde esta perspectiva, la Corte
manifestó que los escenarios adecuados para solucionar tales discusiones se
encontraban en la actuación administrativa misma o la jurisdicción contencioso
administrativa. Más adelante expuso que “mientras en el trámite administrativo no se haya
incurrido en un error grosero que plantee un manifiesto desconocimiento de la
legalidad aplicable a ese tipo de actuaciones y susceptible de quebrantar las
garantías constitucionales de trascendencia procesal, tal esfuerzo es
vano.  Esto por cuanto al juez constitucional no le está permitido
desbordar su papel de protector de derechos fundamentales para incursionar como
ajustador de la legalidad de una actuación y, en consecuencia, como un órgano
de control fiscal de tercera instancia o como juez contencioso”. En consecuencia, la Sala concluyó en
este punto que conforme lo habían decidido los jueces de instancia no había
lugar a conceder el amparo constitucional.
En sentencia T-610 de 2010, se reiteró que la
tutela no ha sido diseñada para sustituir los medios judiciales ordinarios
entre los que se encuentra la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
por lo que la Corte solo podría entrar a considerar el caso ante una
circunstancia de perjuicio irremediable. En este caso, se analizaba la demanda
interpuesta por una persona a quien la Contraloría Distrital de Bogotá le había
adelantado un proceso de responsabilidad fiscal en el cual se alegaba la vulneración
del debido proceso por cuanto, a su juicio, se había incurrido en varias vías
de hecho. No obstante, esta Sala Octava de Revisión, consideró improcedente la
protección constitucional por vía de tutela por dos razones. En primer lugar,
se indicó que existía otra vía judicial idónea para rebatir todos y cada uno de
los argumentos de hecho y de derecho alegados. El actor contaba con la posibilidad
de acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de la cual
incluso podía solicitar la suspensión provisional de los actos administrativos proferidos
por al Contraloría Distrital.
En segundo lugar, consideró que no había un perjuicio
irremediable que justificara la adopción del amparo solicitado de forma
transitoria.
En el caso analizado en la sentencia T-604 de 2011,
la Corte estudió si hubo vulneración del debido proceso, particularmente
relacionado con el derecho de defensa y derecho de acceso a la administración
de justicia en el proceso de responsabilidad fiscal que se le siguió al actor
por indebida notificación de las decisiones, indebida valoración probatoria y
parcialidad del funcionario encargado entre otros defectos. Al respecto, esta
Sala Octava de Revisión estimó que a pesar de que los jueces de instancia decidieron
conceder el amparo al considerar que hubo indebida notificación, la Corte razonó
que lo que deberían haber hecho primero era estudiar la procedencia de la
tutela en el caso particular.
En desarrollo de dicho análisis, la Sala precisó que
la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, toda vez que el
accionante contaba con otra vía de acción judicial. En efecto la decisión que
lo declaró fiscalmente responsable es susceptible de ser demandada ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, lo que hace a la tutela improcedente como mecanismo
principal. Por otra parte, verificó la no existencia de un perjuicio irremediable
por lo que la tutela no podía obrar como mecanismo transitorio.
Una argumentación similar a las anteriores se siguió
en la sentencia T-427 A de 2011, en la que Sala Novena de Revisión analizó
el caso de un actor al que la Contraloría General de la República le siguió un
proceso de responsabilidad fiscal por posibles irregularidades en la
adquisición de un inmueble. El fallo determinó la ocurrencia de un hecho
generador de daño patrimonial al Estado, sin embargo el actor esgrimió defecto
sustantivo y fáctico. La Corte en dicha oportunidad, consideró que el amparo
era improcedente ya que el actor contaba con otro medio de defensa judicial
idóneo cual era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Igualmente, se consideró que no se había acreditado un perjuicio irremediable
que justificara la acción de tutela como mecanismo transitorio.
Otro caso en el que se reiteró la regla general de
improcedencia de la tutela en procesos de responsabilidad fiscal se dio en la
sentencia T-151 de 2013. En aquella oportunidad, la Sala Octava de
Revisión se pronunció sobre la solicitud de amparo interpuesta por la supuesta
vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor en el curso de
un juicio por responsabilidad fiscal. Según el actor, la Contraloría le negó el
decreto y práctica de pruebas, lo que condujo a un defecto fáctico.
La Corte, luego de exponer la inobjetable observancia
del derecho al debido proceso en materia de responsabilidad fiscal y resaltar
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo idóneo y
principal de defensa en los procesos por responsabilidad fiscal, encontró que
la acción de tutela presentada no reunía todos los requisitos de procedibilidad
exigidos, específicamente relacionado con la exigencia de subsidiariedad. La
Corte sostuvo que el actor tenía otra vía judicial idónea para rebatir todos y
cada uno de los argumentos alegados, a través de la demanda ante la
jurisdicción contencioso administrativa. Adicionalmente consideró que la
Contraloría había analizado e forma exhaustiva la conducencia, pertinencia y
utilidad de cada una de las pruebas solicitadas, por lo que la actuación de la
entidad no era arbitraria en modo alguno.
A renglón seguido, la Sala verificó que no se
configuraba un perjuicio irremediable que permitiera conceder el amparo de
forma transitoria. Al respecto consideró que las afectaciones alegadas por el
tutelante no cumplían con los parámetros establecidos por la jurisprudencia
constitucional de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad.
En conclusión, tal como lo demuestra la jurisprudencia de la Corte,
resulta indispensable analizar frente a cada caso, si el ordenamiento jurídico
tiene previstos otros medios de defensa judicial para la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados y si los mismos
son lo suficientemente idóneos y eficaces para otorgar una protección integral.
Particularmente, tratándose de los procesos de responsabilidad fiscal, se ha
reconocido reiteradamente  la idoneidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. No obstante también se ha sostenido que el amparo
constitucional puede proceder excepcionalmente si se acreditan los elementos
característicos del perjuicio irremediable.
6. Análisis del Caso concreto
En esta oportunidad, la Sala Octava de Revisión, debe
pronunciarse en torno a la acción de tutela instaurada por SANITAS E.P.S., COLSANITAS S.A. y
MEDISANITAS S.A contra la Contraloría General de la República. Esta
acción se suscitó, por la presunta vulneración del derecho fundamental al
debido proceso de los tutelantes en el curso del juicio por responsabilidad
fiscal que la entidad demandada inició en su contra. Según aducen los actores, se
ha desconocido el principio de non bis in ídem ya que existen dos investigaciones paralelas por los
mismos hechos, esto es, la IP 015 y la IP 044. Adicional a esto, consideran que
se ha desconocido principios de
aplicación de la ley procesal en el tiempo por cuanto su causa se está tramitando mediante una conjunción de normas
de la Ley 610 de 2000 y de la Ley 1474 de 2011. Frente a la decisión tomada para
resolver la nulidad propuesta aducen que también hubo violación del principio de inmediación,
pues estando en el desarrollo de un proceso oral la decisión de la
Contralora General se tomó por escrito, por fuera de la sede de la audiencia
y acogiendo argumentos ajenos –de funcionarios que proyectaron la decisión-,
desconociendo los planteamientos de la Ley 1474 de 2011.
Por su parte, la Contraloría General de la República
expuso que la tutela era improcedente, en primer lugar, por existir otro
mecanismo de defensa judicial y no existir un perjuicio irremediable. En
segundo lugar, señaló que no se cumplía con el requisito de la inmediatez por
cuanto han trascurrido más de 16 meses desde que la decisión de abrir
indagación preliminar dentro de la IP044 tuvo lugar, sin que los accionantes
hubiesen manifestado vulneración alguna al debido proceso. Con relación a la
supuesta violación del non bis in ídem,  señala que en la audiencia del
día 4 de diciembre de 2012, se hizo claridad respecto de que la nulidad se
decretó a partir del Auto de apertura de la indagación preliminar, por lo que
en la realidad solo existía un proceso vigente, el IP044. En esta línea indicó
que la transferencia de los medios probatorios a la nueva indagación preliminar
estaba claramente definida y siguiendo el procedimiento, las pruebas
practicadas legalmente conservaban la plena validez. En cuanto al trámite
irregular alegado durante el trámite del recurso de apelación contra el Auto
que negó las nulidades, observó que sostienen que el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 consagra que las
decisiones distintas al fallo, se notifican por estado. Estas decisiones además
están a cargo de la Oficina Jurídica y llevan las iniciales de la Contralora
sin que ello signifique violación al principio de inmediación.
Por su parte los jueces de instancia, consideraron que
la acción de tutela era
improcedente, tras considerar que los tutelantes pretenden continuar con un
aspecto que ya fue debatido y dirimido dentro de la respectiva actuación y en
todo caso, para no desconocer el carácter residual del mecanismo constitucional
en detrimento del contenido de las jurisdicciones, es al interior de la actuación
en desarrollo que debe dilucidarse las alegaciones presentadas por los actores.
Una vez expuesto lo anterior, procede la Sala a
determinar la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, pues es
ello lo que en primer lugar debe analizarse.
En este punto, encuentra la Sala que si bien los
hechos expuestos plantean un problema que puede tener relevancia constitucional
por la posible afectación de intereses iusfundamentales estrechamente
relacionados con el debido proceso, la acción no reúne los requisitos de
procedibilidad establecidos por el artículo 86 constitucional, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 y desarrollados por la jurisprudencia constitucional
sobre la que se ha hecho referencia en las consideraciones de la presente
providencia.
En particular, la presente tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad, toda vez que, por una parte, el procedimiento en
el cual se alega la vulneración del debido proceso se encuentra en trámite, con
la posibilidad de acudir a las vías procesales contra el fallo que decida sobre
la responsabilidad fiscal. Por otra, los demandantes tienen una vía judicial  idónea
ante la jurisdicción contencioso administrativa,  para debatir cada uno de los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.
En efecto, conforme a lo expuesto en las
consideraciones precedentes, el
carácter supletorio de la tutela conduce a que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios que pueda tener el actor no existe alguno que sea idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue vulnerado o amenazado. En
el presente caso, los actores se encuentran inmersos en un proceso de
responsabilidad fiscal en el que han tenido la posibilidad de rebatir las
actuaciones que consideran contrarias a derecho. No en vano, solicitaron en un
primer momento la nulidad de la investigación iniciada contra ellos y en el
trámite del recurso de apelación de tal decisión se les concedió la razón y se
decretó la nulidad de lo actuado. Igualmente, en el trámite de la nueva
investigación adelantada fruto de la declaratoria de nulidad, los actores han
ejercido la actividad propia de su defensa y han solicitado nuevamente la
nulidad, esta vez despachada desfavorablemente. Estas circunstancias dan cuenta
del carácter eficaz e idóneo que han tenido los recursos utilizados dentro del
respectivo proceso.
Por su parte, lo que pretenden los
tutelantes es poner de presente las mismas razones que ya se esgrimieron y
fueron debatidas al interior del proceso. Así,
el debate que plantean los accionantes
respecto de la vulneración del principio de non bis in ídem se ventiló
al interior del proceso y se zanjó por la Contralora  General de la República
al decidir el recurso de apelación en fecha 25 de febrero de 2014[17].
Allí afirmó que la IP015 no existe en la vida jurídica y que tan solo se sigue
en la actualidad el proceso IP044[18].
Sostiene que no hubo una decisión definitiva dentro del procedimiento, sino la
declaratoria de la nulidad a raíz de la cual se abrió nuevamente la indagación
y posteriormente investigación dentro del único procedimiento vigente.
Igualmente, la alegación de que la solicitud de nulidad fue resuelta de forma
contraria los postulados del procedimiento regulado por la Ley 1474 de 2011,
también fue expuesta en su momento y resuelta dentro del respectivo proceso[19].
De esta manera, la alegada trasgresión del
principio de non bis in ídem, o la inobservancia de las normas propias
del procedimiento de responsabilidad fiscal fueron conocidas y resueltas por el
funcionario competente sin que a priori, pueda apreciarse arbitrariedad
o contrariedad manifiesta del procedimiento que  afecte derechos fundamentales.
De otro lado, al no estar finalizado el
procedimiento, los actores siguen teniendo la posibilidad de actuar dentro del
proceso de responsabilidad fiscal que se les sigue tanto en lo que quede de la
Audiencia de descargos como en la Audiencia de decisión a través de los
alegatos de conclusión que presenten. Finalmente  ante el pronunciamiento
definitivo, esto es, el fallo  con o sin  responsabilidad fiscal, los actores
tienen los recursos de reposición o de apelación. En esta misma línea, es
preciso recalcar que esta decisión, es susceptible de ser demandada ante la jurisdicción
contencioso administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro de  la cual puede solicitar la suspensión provisional de los
actos administrativos proferidos por la Contraloría General de la República y
que la reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha considerado idónea[20].
Lo expuesto, lleva a concluir la
improcedencia de la tutela como mecanismo principal. De igual manera, la Sala
considera que en el presente caso no se encuentra acreditado un perjuicio
irremediable que justifique la adopción de un amparo transitorio.
El razonamiento que avala tal consideración
parte de los siguientes presupuestos: (i) los accionantes no son sujetos de especial protección
constitucional; (ii) no existe ningún elemento que demuestre que los
actores no se encuentran en condiciones de actuar debidamente dentro del
procedimiento que  aún continua ni la imposibilidad de acudir ante la
jurisdicción contencioso administrativa ante un fallo negativo a sus intereses;
(iii) tal como se ha expuesto, y sin entrar a asumir la competencia
propia del juez administrativo, no se evidencia, prima facie, la
vulneración a un derecho fundamental; (iv) por su propia naturaleza resarcitoria, y no
sancionatoria, los fallos por responsabilidad fiscal no impiden el ejercicio de
derechos fundamentales, tan sólo lo condicionan al pago del detrimento
patrimonial sufrido por el Estado que aún no se ha consolidado al no haber
finalizado el proceso; y, (v) por esta misma razón no hay afectación del
patrimonio de los actores.
Así las cosas, la Sala concluye que los accionantes, además
de haber hecho uso de los recursos que dentro del proceso se encuentran
estatuidos y los cuales han sido eficaces, cuentan con otros medios de defensa tanto
dentro del mismo proceso de responsabilidad fiscal, como por la vía judicial para
cuestionar las actuaciones que acusan violatorios del debido proceso y, además,
no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable que tenga
la condición de ser inminente, grave e impostergable para que amerite la
intervención urgente del juez constitucional. Por consiguiente, al no haber
terminado el procedimiento, ni encontrarse prima facie la vulneración
alegada, y ante la existencia de otras vías idóneas para solventar las
alegaciones propias del proceso, su caso debe surtir el trámite en sede del
proceso de responsabilidad fiscal mediante los recursos y oportunidades que aún
le quedan y, de ser necesario, puede exponerlo ante la jurisdicción contenciosa
administrativa en uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
En virtud de lo expuesto, la Corte confirmará las
sentencias proferidas en primera instancia por la Sala Penal  del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de  marzo de 2014, y en segunda
instancia, el 08 de mayo de 2014, por la
Sala de Casación Penal  de la Corte Suprema de Justicia, que resolvieron la acción
de tutela promovida por SANITAS
E.P.S., COLSANITAS S.A. y MEDISANITAS S.A contra la
Contraloría General de la República, las cuales negaron por improcedente el
amparo constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal  de la Corte
Suprema de Justicia el ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), mediante la
cual confirmó la sentencia de primera instancia dictada por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el veintiuno (21) de  marzo
de 2014, que negó por improcedente la acción de tutela interpuesta por SANITAS E.P.S., COLSANITAS S.A. y
MEDISANITAS S.A contra la Contraloría
General de la República.
Segundo.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
ANDRES MUTIS VANEGAS
Secretario General (e)
[1] Ver, entre otras,
las sentencias SU-712 de 2013, SU-617 de 2013, SU-646 de 1999, T-007 de 1992.
[2] Así, por ejemplo,
en Sentencia T-106 de 1993, se ve esta postura de la Corte Constitucional desde
sus inicios :
"El sentido de la norma
es el de subrayar el carácter supletorio del mecanismo, es decir, que la acción
de tutela como mecanismo de protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales debe ser entendida como un instrumento integrado
al ordenamiento jurídico, de manera que su efectiva aplicación sólo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios que aquél ofrece para la realización de
los derechos, no exista alguno que resulte idóneo para proteger instantánea y
objetivamente el que aparece vulnerado o es objeto de amenaza por virtud de una
conducta positiva o negativa de una autoridad pública o de particulares en los
casos señalados por la ley, a través de una valoración que siempre se hace en
concreto, tomando en consideración las circunstancias del caso y la situación
de la persona, eventualmente afectada con la acción u omisión. No puede existir
concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria;
de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario,
pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en
sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico.”
[3] En este sentido por
ejemplo, esta Corte, en la sentencia T-983 de 2001, precisó:
“Esta Corporación ha señalado
reiteradamente que la acción de tutela no procede cuando el peticionario
disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a menos que
intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. Al respecto, la Corte ha hecho énfasis en el carácter excepcional
del mecanismo constitucional de protección que no debe superponerse ni
suplantar los mecanismos ordinarios establecidos en nuestro ordenamiento
jurídico.”
[4] Cfr. Sentencia
T-1222 de 2001
[5] Sentencia T-514 de
2003, reiterado en sentencias T-451 de 2010 y T- 956 de 2011
[6] Sentencia SU-617 de
2013.
[7] Sentencia SU-201 de
1994.
[8] Sentencia SU.617 de
2013.
[9] Cfr. Sentencia
T-832 de 2003.
[10] Cfr. Sentencia
SU-617 de 2013 y T-151 de 2013
[11] Ver por ejemplo las
sentencias T-743 de 2002, T-596 de 2001, T-215 de 2000. Esto fallos resuelven
casos en los cuales el actor incoaba una acción de tutela en contra de una
sanción disciplinaria, por violar, entre otros, su derecho al debido proceso;
en cada uno estos procesos existía la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho para la protección del derecho al debido proceso. Por esto, el criterio
utilizado por  la Corte para decidir la procedencia de la tutela fue si existía
o no un perjuicio irremediable, con el fin de tramitar el expediente de tutela
como un mecanismo transitorio mientras que eran decididos los procesos en la
jurisdicción contencioso administrativa. En el mismo sentido, ver también las
sentencias T-131 A de 1996, T-343 de 2001. De otra parte, la Corte ha
establecido que en los casos en los que “existe violación o amenaza de un
derecho fundamental por parte de una autoridad ejecutiva, y no cuenta el
afectado con acción ante la jurisdicción contencioso administrativa, o dentro
del trámite de ella no es posible la controversia sobre la violación del
derecho constitucional, la tutela procede como mecanismo definitivo de
protección del derecho constitucional conculcado”, caso que no es aplicable al
presente proceso. Sentencia T-142 de 1995.
[12] Sentencia SU-617 de
2013.
[13] Cfr. Sentencia
SU-712 de 2013.
[14] Sentencia T-225 de
1993, reiterados en la sentencia SU-617 de 2013.
[15] Sentencia T-1316 de
2001. Estos criterios fueron fijados desde la Sentencia T-225 de 1993 y han
sido reiterados en las Sentencias C-531 de 1993, T-403 de 1994, T-485 de
1994,  T- 015 de 19 95, T-050 de 1996, T-576 de 1998, T-468 de 1999,
SU-879 de 2000, T-383 de 2001, T-743 de 2002, T-514 de 2003, T-719 de 2003,
T-132 de 2006, T-634 de 2006, T-629 de 2008, T-191 de 2010 y de forma más
reciente en la sentencia SU-712 de 2013.
[16] En efecto, la
jurisprudencia de la Corte ha señalado en varias oportunidades que la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho es un mecanismo idóneo de defensa en
procesos de responsabilidad fiscal. Entre las más recientes, ver sentencias
T-601 de 2010, T-247A de 2011, T-604 de 2011 y T-151 de 2013.
[17] Auto 0026. Folios
158 y siguientes, cuaderno de tutela.
[18] Folio 168, cuaderno
de tutela.
[19] Folios 184 y
siguientes, cuaderno de tutela.
[20] Ver entre otras las
sentencias: T-549 de 2010,  T-610 de 2010, T-427 A de 2011, T-604 de 2011 y
T-151 de 2013.