T-054-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-054/03
SENTENCIA DE
TUTELA-Objeto de la
revisión
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional por vía de hecho judicial
DETENCION
PREVENTIVA-Cómputo como
parte de la pena/DETENCION PREVENTIVA-Duración
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por cuanto el peticionario
cuenta con el recurso de habeas córpus/ACCION DE TUTELA-Improcedencia
para proteger la libertad personal
En el caso bajo estudio el actor cuenta
con otro medio de defensa judicial para proteger de manera efectiva los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales
contra las que se dirigió la acción de tutela. “Tiene derecho a invocar el
Habeas Corpus”. Es pertinente anotar que si bien el actor instauró la acción de
tutela para evitar un perjuicio irremediable, circunstancia que, cuando está previsto
por el ordenamiento jurídico otro mecanismo de defensa judicial, puede
eventualmente dar lugar al amparo transitorio, debe tenerse en cuenta que el
Habeas Corpus es un medio idóneo y efectivo para proteger la libertad personal,
e incluso resulta ser aun más expedito que la acción de tutela, pues el término
para decidir es mucho más corto. En consecuencia, tampoco es procedente
conceder la protección constitucional solicitada de manera transitoria.
VIA DE HECHO-Defecto fáctico
VIA DE HECHO-Inexistencia defecto fáctico
COSA JUZGADA
MATERIAL-Inexistencia/VIA
DE HECHO-Inexistencia por desconocimiento de cosa juzgada constitucional/AUTONOMIA
FUNCIONAL DEL JUEZ-Interpretación razonada y razonable de circunstancias de
hecho
No existe identidad ni textual ni normativa
entre las citadas normas legales que permita deducir que haya operado el
fenómeno de la cosa juzgada material en relación con el artículo 365, numeral 5
del nuevo Código de Procedimiento Penal. Cosa juzgada que por lo demás
solamente podría declarar la Corporación  eventualmente en una sentencia de
constitucionalidad. Así las cosas, ante dos normas diferentes los jueces de
instancia pudieron legítimamente considerar  que no cabía  invocar la
vulneración del principio de cosa juzgada constitucional, como tampoco el
desconocimiento del principio de igualdad. En consecuencia, como no se presenta
una situación idéntica debido a la variación de la normatividad en el tiempo y
que dio lugar a decisiones diversas, no es posible sostener la violación del
principio de igualdad. Para que pudiera prosperar la protección constitucional
en este sentido  sería necesario que los jueces en casos idénticos hubieran
aplicado la misma norma de manera diversa, y eso no es lo que sucedió en el
presente asunto. Resulta claro para la Corte  que las decisiones adoptadas  por
los jueces de instancia  en el presente caso correspondieron a una
interpretación razonada y razonable de las normas aplicables frente a las
circunstancias de hecho y de derecho sometidas a su consideración, y fueron
adoptadas  en el ámbito de su competencia, sin que pueda por tanto considerarse
que estos incurrieron en una vía de hecho judicial.
AUTONOMIA
FUNCIONAL DEL JUEZ-Suspensión
de audiencia pública
La causa por la cual fue suspendida la
audiencia  consistió en dar cumplimiento a la providencia proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial. El indicado motivo, cuya
valoración, no sobra precisar, se encuentra dentro de la autonomía funcional
del juez, bien podía considerarse por parte de los jueces de instancia en  sus
decisiones como  una causa razonable para no haber culminado la audiencia
pública de acuerdo con  lo prescrito en la nueva normatividad penal.
Referencia: expediente
T-612749
Acción de tutela instaurada por
Reginaldo Bray Bohórquez contra el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá y la
Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS.
Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos
mil tres (2003).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Jaime Araujo Rentería y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos proferidos por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y el Consejo
Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, dentro del
proceso de tutela promovido por Reginaldo Bray Bohórquez contra el Juzgado 54
Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
1.     La demanda de tutela
El señor
Reginaldo Bray Bohórquez instauró acción de tutela para evitar un perjuicio
irremediable, contra el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por estimar que estos
despachos judiciales le habían vulnerado sus derechos fundamentales a la
libertad personal y al debido proceso, violación que, a juicio del actor, se
había concretado en las providencias del 18 de diciembre de 2001 y 28 de
febrero de 2002, mediante las cuales se le negó el derecho a la libertad
provisional, de que trata el artículo 365-5 de la Ley 600 de 2000. En
consecuencia, solicitó al juez constitucional que ordenara su libertad.
El actor
fundamentó su demanda en los siguientes hechos y consideraciones:
1.
En contra de Reginaldo
Bray Bohórquez se inició un proceso por el delito de peculado por apropiación,
en el curso del cual se emitió orden de captura en cumplimiento de la
Resolución de fecha 12 de agosto de 1999, por medio de la cual la Unidad de
Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación
jurídica con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin
beneficio de libertad provisional, ni de sustitución de detención preventiva
por detención domiciliaria. El 24 de julio de 2000 la misma Unidad de Fiscalía
dictó resolución de acusación contra Bray Bohórquez,  como
partícipe-determinador del mencionado delito por cuantía de $16.793'910.563.51,
decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Vicefiscal General de
la Nación, mediante resolución del 26 de diciembre de 2000. Después de
ejecutoriada esta providencia, le correspondió adelantar la etapa de
juzgamiento al Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá.
2.
El 21 de junio de 2001
Reginaldo Bray fue detenido por autoridades de inmigración en la ciudad de
Miami  en Estados Unidos, al salir de una audiencia en la Corte de Inmigración,
a la que asistió para tramitar una solicitud de asilo político presentada por
él ante el Departamento de Justicia de ese país.
3.
Reginaldo Bray
Bohórquez manifestó ante el juez de inmigración que aunque en ese momento su
permiso de permanencia estaba vencido, éste documento sí estaba vigente cuando
elevó la solicitud de asilo político, por lo que el juez le dio libertad
incondicional y lo citó para comparecer el 31 de enero de 2002. Posteriormente
dicho funcionario adelantó la audiencia para noviembre de 2001.
4.
Alegó el actor que
los oficiales de inmigración no lo detuvieron por vencimiento del permiso de
permanencia en Estados Unidos, pues la autoridad judicial de inmigración lo
había dejado libre sin fianza. Afirmó el demandante que el motivo real del
arresto era la orden de detención del 12 de agosto de 1999 impartida por la
Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, así como la
solicitud con fines de extradición que el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá
hizo mediante providencia del 21 de junio de 2001.
5.
Según el señor Bray
Bohórquez, con fundamento en la orden de captura oficializada por la Interpol,
no fue liberado por la autoridad de inmigración extranjera porque había una
petición del gobierno colombiano de detención preventiva con fines de
extradición, que se tramitó a través de la Embajada de Colombia en Washington,
en cumplimiento de la decisión del Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá,
providencia que fue comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores y al
Ministerio de Justicia y del Derecho el 21 de junio de 2001.
6.
El 16 de agosto de
2001 el detenido envió una comunicación al Juez 54 Penal del Circuito de
Bogotá, en la que le manifestaba que se presentaría ante ese despacho, por ser
ese su deseo y convicción.
7.
Cuando se le
informó al demandante la fecha definitiva de la audiencia de extradición ante
la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, Bray Bohórquez envió una carta
al Juez 54 Penal del Circuito, en la que le manifestó su decisión de renunciar
a la audiencia de extradición y a la de asilo político, con el fin de
comparecer ante ese despacho judicial.
8.
El 29 de octubre de
2001 el señor Bray Bohórquez arribó a Colombia y, según dijo, desde esa fecha
quedó a órdenes “ahora sí físicas, pues ya lo era jurídicamente desde el 23 de
junio de 2001, del Juzgado 54 Penal del Circuito, en virtud de la solicitud de
extradición precitada”.
9.
El 14 de diciembre
de 2001, el defensor del procesado solicitó la libertad provisional, alegando
el inminente vencimiento del término de seis meses de privación efectiva de la
libertad –que ocurriría en su concepto el 20 de diciembre de ese año-, sin que
se hubiese celebrado la audiencia de juzgamiento (artículo 365, ordinal 5 del
C. de P. P.).
10.
Mediante
providencia del 18 de diciembre de 2001, el Juzgado Penal negó la solicitud de
libertad, aduciendo que el procesado sólo estuvo a disposición de ese despacho
judicial desde el 29 de octubre de 2001 y no desde cuando fue capturado por
autoridad extranjera, lo que a juicio del actor supone una vía de hecho, en
tanto el juez desconoció las pruebas que obran dentro del proceso, así como lo
dispuesto en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, que establece
que el término de la detención se cuenta desde el momento de la privación
efectiva de la libertad.
11.
La aludida
providencia fue apelada y en segunda instancia la Sala Penal de Tribunal
Superior de Bogotá mediante auto del 28 de febrero de 2002 confirmó la decisión
del a quo. En primer lugar, recordó ese tribunal que el artículo 365 del
C. de P.P. vigente prevé en el numeral 5 la siguiente causal para otorgar
libertad provisional:
“Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses
contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se
hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren
decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en
el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.
“No habrá lugar a libertad provisional cuando la
audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o
razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no
se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor”.
A juicio del Tribunal, en el asunto bajo examen no
se daban las condiciones establecidas en la citada norma, ya que el 5 de
diciembre de 2001 se llevó a cabo la primera sesión de la audiencia pública.
Afirmó que tampoco se cumplía el supuesto señalado en el segundo inciso
transcrito, puesto que de acuerdo con dicha norma, la libertad provisional no
procede cuando la interrupción de la audiencia corresponda una causa justa o
razonable –circunstancia que, a diferencia de lo que ocurre con la norma
vigente, no fue prevista en el artículo 415, numeral 5°, del anterior Código de
Procedimiento Penal-, lo que en forma alguna obliga a acoger el criterio
señalado en la Sentencia C-846 de 1999 por la Corte Constitucional cuando
analizó la constitucionalidad del artículo 415, numeral 5° del anterior C. de
P.P., en el sentido que la suspensión no podía sobrepasar el término concedido
por la ley, pues ahora el legislador en el nuevo código consideró que podía
haber circunstancias que determinaran en forma justa o razonable la suspensión
de la audiencia. Para sustentar su tesis, el Tribunal citó la sentencia de tutela
del 2 de octubre de 2001, proferida por la Sala Penal del Corte Suprema de
Justicia con ponencia del Magistrado  Jorge Anibal Gómez Gallego[1].
Así mismo señaló el Tribunal que, “no todos los
procesos detentan el mismo grado de dificultad en su concepción o en su
tramitación y que, en el supuesto analizado, ello es absolutamente aplicable
pues el proceso DRAGACOL es uno de los que más concitan la atención del Estado
y la sociedad y, sin duda, uno de los más arduos en razón del abundante
material probatorio que lo conforma”.
12. A juicio del actor, la decisión de
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá también constituye una vía de
hecho, pues  condiciona el subrogado penal a la existencia de una circunstancia
que no está prevista en la ley. Alegó que el Tribunal otorgó al artículo 415-5
del C. de P. P. un alcance diverso al que la Corte Constitucional, en Sentencia
C-846 de 1999, le dio a esa misma norma, pues en el citado fallo esta
Corporación consideró que la iniciación de la audiencia no interrumpe el
término establecido en el primer  inciso del numeral 5° del artículo 415 del
C.P.P. para acceder a la libertad provisional. Señaló que también en esa
sentencia se condicionó la exequibilidad de la norma “al entendido de que la
causal por la cual se ordena la suspensión de la audiencia ha de ser razonable,
estar plenamente justificada y el término de duración debe ser el mínimo que
las circunstancias lo ameriten”.
Sobre el alcance de la expresión “razonable”, el
actor citó lo dicho en la Sentencia C-301 de 1993, en la que se aseveró que
dicho término “es un límite sustancial a la discrecionalidad del legislador
para la institución de la detención preventiva”, y que “el principio de
seguridad pública no puede interpretarse con desconocimiento del principio de
efectividad de los derechos y garantías fundamentales, ni el sindicado ni el
procesado ha de soportar la ineficiencia e ineficacia del Estado”.
13. Por último, en la demanda se citan
varios casos (cfr. radicaciones 20011824 del 13 de septiembre de 2000, 20013657
del 14 de enero de 2002, 20012064 del 20 de septiembre de 2001, y 20012146 del
16 de octubre de 2001) en los que la jurisdicción disciplinaria, aplicando
criterios expuestos por la Corte Constitucional, ha amparado la libertad
personal cuando concurren las circunstancias de hecho y de derecho previstas en
el artículo 415, numeral 5, del anterior Código de Procedimiento Penal, y que
según el actor son las mismas contempladas en la legislación vigente (artículo
365, numeral 5 de la Ley 600 de 2000). En este sentido, el demandante invocó el
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y, por tanto, solicitó que se
le diera un tratamiento idéntico a su caso. Solicitó que se dejaran sin efecto
las decisiones cuestionadas y que se impusiera al juez penal la carga de
ordenar su libertad provisional.
2.
Respuesta de los despachos judiciales contra los cuales se dirige la acción de
tutela
- El Juzgado 54 Penal del Circuito de
Bogotá, mediante oficio 740 del 9 de marzo de 2002 manifestó que el 24 de enero
de 2001 ese despacho asumió la causa 0017/2001 seguida a Reginaldo Bray y otros
por los delitos de peculado y falsedad, y que durante el término de traslado a
los sujetos procesales, éstos solicitaron pruebas y plantearon nulidades,
cuestiones que fueron resueltas mediante auto del 16 de octubre de 2001.
Señaló ese despacho judicial que mediante
oficio 15296 del 29 de octubre de 2001 el Departamento Administrativo de
Seguridad –DAS- INTERPOL, el señor Bray Bohórquez fue dejado a disposición de
ese juzgado, por lo que éste dispuso emitir la correspondiente boleta de
detención y le notificó la resolución de su situación jurídica, la resolución
de acusación y el auto del 16 de octubre de 2001.
Afirmó que mediante auto del 30 de octubre
de 2001 se señaló el 5 de diciembre de ese año para celebrar audiencia pública,
y que en esta fecha se llevó a cabo la primera sesión.
Explicó que el 18 de diciembre de 2001 se
negó la solicitud de libertad provisional del procesado, decisión que el 28 de
febrero de 2002 fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Además, señaló que mediante
auto del 7 de marzo de 2002 se suspendió la audiencia pública, para continuarla
una vez evacuadas las pruebas que deben practicarse por fuera de la sede del
juzgado.
El Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá
afirmó que al procesado Reginaldo Bray Bohórquez así como a su defensor se le
han notificado todas las decisiones y providencias proferidas por ese despacho,
por lo que considera que no se han vulnerado sus derechos. Para respaldar su
dicho, el Juzgado aportó copia de varios cuadernos del expediente.
-Por su parte, la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante oficio 060 del 21 de marzo
de 2002, solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura que declarara improcedente la acción de tutela en referencia, “en
razón a que la actuación judicial de que se trata estuvo ceñida a la
Constitución y la Ley y lo que se decidió fue consecuencia de la sana
interpretación judicial, situación que determina la ausencia de vía de hecho”.
Además, los magistrados solicitaron que se
remitiera el proceso de tutela a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
por ser el asunto de competencia de esta corporación, puesto que ya había
entrado en vigencia nuevamente el Decreto 1382 de 2000.
II.    DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN
Fallo de primera instancia
Mediante providencia del 3 de abril  de
2002 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca resolvió sobre la acción de tutela en referencia.
En primer lugar, en cuanto se refiere al
tema de la competencia, señaló que la suspensión del Decreto 1382 de 2000 había
finalizado el 16 de marzo de 2002, por lo que esa corporación sí era competente
para decidir el asunto, pues la acción de tutela había sido instaurada antes de
la indicada fecha. Adicionalmente recordó que el auto 071 del 27 de febrero de
2001, proferido por la Corte Constitucional, otorgó efectos inter pares
a su decisión de inaplicar el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.
Una vez aclarado ese punto, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria denegó por improcedente la tutela impetrada, con
base en los siguientes argumentos.
Después de hacer un recuento detallado de
los hechos, consideró el juez de tutela que si bien el Juez 54 Penal del
Circuito le negó la libertad provisional al procesado porque estimó que éste
había sido privado efectivamente de la libertad por  cuenta del proceso que se
le sigue en ese despacho judicial a partir del 29 de octubre de 2001, debía
anotarse que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá había confirmado esa decisión, no porque compartiera o no la
argumentación del juez, sino porque la audiencia pública se había iniciado el 5
de diciembre de 2001 y ésta se encontraba suspendida por una causa razonable.
Anotó el Consejo Seccional de la Judicatura
que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá mediante providencia del 28
de febrero de 2002 no accedió a decretar la nulidad planteada por varios
sujetos procesales con ocasión de la iniciación de la audiencia pública, la
cual se suspendió por una causa justa o razonable, al haber advertido esa
Corporación que si bien la actuación no se hallaba viciada, no se podía pasar a
una nueva etapa procesal hasta que no se definieran todos los aspectos
planteados en el término de traslado y se recepcionaran todas pruebas que
debían practicarse fuera de la sede judicial.
Para el juez de tutela esta decisión no
constituye una vía de hecho porque (i) se basa en una norma aplicable al caso
controvertido, y (ii) se trata de una interpretación razonada y razonable  de
las disposiciones contenidas en el actual Código de Procedimiento Penal sobre
la libertad provisional, las nulidad procesales y el trámite del juicio, “sin
que le sea dable al juez de tutela imponer su propio criterio interpretativo o
el que pregona el actor”.
Explicó que el artículo 365 del actual
Código de Procedimiento Penal, al recoger en su numeral 5 la causal de libertad
que regulaba el artículo 415, numeral 5 del estatuto procesal penal anterior,
señaló expresamente que no hay lugar a la libertad provisional cuando la
audiencia se hubiere iniciado y se encuentre suspendida por causa justa o
razonable, circunstancia que fue incluso reconocida por el defensor del
Reginaldo Bray, cuando adujo en su impugnación que la audiencia iniciada por el
juzgado era ilegal y que suponiendo que se hubiese iniciado de manera legal,
ella no se podía terminar en un plazo razonable por la cantidad de pruebas que
debían practicarse.
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura concluyó que “si los jueces accionados, en
ejercicio de su autonomía funcional, realizaron una interpretación razonada y
razonable de las disposiciones que actualmente regulan el fenómeno jurídico de
la libertad provisional en la etapa del juicio por vencimiento de términos (las
que difieren sin lugar a dudas de la normatividad anterior porque contemplan
expresamente una excepción legal), no puede pregonarse entonces que los mismos hubieran
incurrido en una vía de hecho judicial, pues simplemente se está frente a un
evento de interpretación judicial diversa  a la del actor y a la de su defensor
no susceptible de amparo o protección especial”.
La impugnación del fallo
El apoderado del actor impugnó el fallo de
primera instancia. Argumentó que el 29 de abril de 2002 -fecha en la que
presentó el escrito para sustentar dicha impugnación- ya habían transcurrido
los seis meses de privación efectiva de la libertad, aun contando el término a
partir del 29 de octubre de 2001, fecha en la que fue puesto a disposición
física del Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá.
Afirmó que el juez de tutela incurrió en
denegación de justicia al acoger las consideraciones para negar la libertad del
procesado en las que se basaron el Juez 54 Penal del Circuito y la Sala Penal
del Tribunal Superior de Bogotá, puesto que, a juicio del impugnante, el
juzgado penal erró al estimar que Reginaldo Bray sólo había quedado a
disposición de ese despacho a partir del 29 de octubre de 2001 –fecha en que
fue entregado a las autoridades de inmigración del DAS- y no desde el 22 de
junio de ese año –fecha en la que fue aprehendido por las autoridades
estadounidenses-. Señaló que el Tribunal no aplicó en debida forma las normas
sobre excarcelación, pues negó la libertad sin tener en cuenta que la audiencia
no había concluido todavía por causa no imputable al procesado, y que éste ya
había cumplido los seis meses de detención.
Insistió  en que  en manera alguna podía
alegarse por  la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá  que la complejidad
del asunto constituía causa justa y razonable    para la suspensión de la
audiencia pública, máxime cuando ello contraría claramente en su concepto los
criterios  establecidos por la Corte  en la Sentencia C-846/99.
Así mismo citó apartes  de la sentencia de
14 de marzo de 2002  -Radicación 20014592- proferida por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se hace énfasis
en la imposibilidad de trasladar al procesado las consecuencias de la
ineficiencia de los administradores de justicia, al tiempo que reseñó otras
decisiones proferidas  por esa misma Corporación[2]
que invoca como precedentes judiciales en los que fueron acogidos argumentos
similares a los que plantea en su escrito de impugnación.
Decisión de segunda instancia
La Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante
providencia del 15 de mayo de 2002, confirmó el fallo del a quo con base
en las siguientes consideraciones.
En primer término, el Consejo Superior de
la Judicatura afirmó que como la resolución de acusación se encontraba
ejecutoriada desde el 26 de diciembre de 2000, la audiencia ha debido
concluirse el 26 de junio de 2001, y por ello, al no darse esta circunstancia,
y no siendo esto atribuible a los procesados ni a sus defensores, era lógico
que, de conformidad con la ley penal, los sindicados que se encontraban
detenidos durante seis meses obtuvieran la libertad, como en efecto ocurrió con
los compañeros de causa del actor, a quienes se les resolvió esta situación el
28 de junio de 2001. Explicó el juez de tutela que si el juez penal no adoptó
esta misma medida en relación con el accionante fue porque aquel consideró que
el procesado todavía no estaba a disposición de ese despacho, sino de una autoridad
extranjera.
Además, el Consejo Superior de la
Judicatura consideró que la anterior situación fue aceptada por el demandante y
su defensor, ya que la respectiva providencia no fue objeto de recurso alguno,
así que no se puede pretender ahora que a través de un mecanismo de protección
subsidiaria se resuelva un punto jurídico que ha debido ser ventilado ante el
juez natural, más concretamente, ante el superior jerárquico. Por esta razón
estimó el juez de tutela que era improcedente la protección solicitada, pues en
realidad se pretendía corregir una omisión o falla de la defensa.
Sin embargo, el Consejo Superior accedió a
analizar de fondo si se había incurrido o no en una vía de hecho en el proceso
penal, puesto que “la circunstancia de que el actor hubiese elevado nuevamente
la petición de libertad, y ahora sí hubiese agotado la totalidad de la
instancia, naturalmente habilita para acceder la acción de tutela, no obstante
que finalmente se debate el mismo tema, ello por cuanto se trata de un nuevo hecho”.
Para hacer este análisis el juez de tutela de segunda instancia consideró que
era necesario dilucidar dos aspectos: (i) si en verdad habían transcurrido más
de seis meses, y (ii) si durante la privación de la libertad el sindicado
estuvo a cargo del Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá.
Señaló que el demandante fue detenido por
las autoridades de los Estados Unidos el 21 de junio de 2001, por lo que el
despacho judicial tenía plazo para practicar la audiencia pública de
juzgamiento hasta el día 21 de diciembre de ese mismo año. De manera que si el
juzgado negó la petición el 18 de diciembre de 2001, la decisión se adoptó
entonces dentro del término legal.
A continuación señaló el juez de tutela que
era intrascendente establecer si el tiempo de privación de la libertad se
contaba desde cuando el actor fue detenido en el extranjero, o desde el 29 de
octubre de 2001, fecha en la que fue puesto a disposición del juzgado penal por
las autoridades del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, pues
consideró que el argumento consignado por el Juez penal corresponde en realidad
a un criterio de interpretación, que si bien puede no compartirse, ello no
implica que se haya incurrido en una vía de hecho. Señaló que se está ante una
interpretación razonada, “por cuanto se parte del supuesto de que el proceso de
extradición, si bien es cierto tuvo su origen en una orden de captura proferida
por la autoridad judicial colombiana, no necesariamente trae como consecuencia
la entrega del solicitado, pues bien puede ocurrir que el estado requerido
niegue su entrega, con lo cual se corrobora que mal puede afirmarse que la
detención ocurrida en el extranjero necesariamente implique detención física a
disposición de la autoridad judicial que lo solicitó”.
En relación con el argumento expuesto por
el apoderado del actor en el escrito de impugnación, según el cual en todo caso
debía prosperar la tutela porque aún en el caso de aceptarse que sólo a partir
del 29 de octubre de 2001 el procesado quedó a disposición del Juez 54 Penal
del Circuito de Bogotá, el término a que alude el artículo 365-5 de la Ley 600
de 1999  venció el 29 de abril del año en curso, la Sala Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura consideró que no podía declararse la
existencia de una vía de hecho por esta circunstancia, ya que el juez natural
aún no había tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ese punto.
Por último, el juez de tutela aclaró que en
situaciones parecidas pero no idénticas había tutelado el debido proceso, y que
lo había hecho bajo el supuesto de la procedencia de la acción de tutela que
habilitaba el estudio de fondo, así como del vencimiento del término legal para
la celebración de la audiencia pública sin justificación alguna.
Los Magistrados Jorge Alonso Flechas Díaz y
Leonor Perdomo Perdomo presentaron sendos salvamentos de voto en los que
coinciden en afirmar que la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo de la Judicatura  conlleva el desconocimiento de la
cosa juzgada  constitucional derivada de la Sentencia C-846/99.
El Magistrado Flechas citó al respecto
extensos apartes de la Sentencia T-842/01 proferida por esta Sala de Revisión
en la que se  tuteló el derecho a la libertad personal  en un caso en el que se
había desconocido por la autoridad judicial la interpretación que la Corte
había dado   del segundo inciso  del numeral 5  del artículo 415  del Decreto
2700 1991, al tiempo que hizo énfasis  en que ni el procesado ni su defensor
han acudido a prácticas dilatorias que justifiquen la aplicación del aparte
final de dicha norma.
Los Magistrados que salvaron el voto
coinciden igualmente en afirmar que  la complejidad del proceso a que hizo
alusión la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá no puede  tenerse como
causa justa  y razonable para la suspensión de la audiencia pública.
Afirman igualmente que la  decisión de la
cual se apartan ha debido tomar en cuenta que para la fecha en que ésta fue
adoptada ya se habían cumplido los seis meses a que alude  el artículo 415-5
citado, contados desde la fecha en que el procesado se encontró a disposición
física del Juzgado 54 Penal del Circuito y que  en tal sentido resultaba
procedente acceder al amparo constitucional solicitado.
III.  PRUEBAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE
1.
Documentos aportados por el accionante
El accionante señala que los documentos que
prueban los hechos aducidos en la demanda se encuentran en los cuadernos 31 a
35 del proceso 2001-0017, que se tramita en su contra en el Juzgado Cincuenta y
Cuatro Penal del Circuito de Bogotá –obrantes en el expediente-, pero allega
fotocopia de los siguientes documentos “en aras de facilitar la acreditación de
los hechos señalados”:
-Documento en inglés, titulado “UNITED
STATES DISTRICT COURT SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA- CASE NO. 01-2658-DUBÉ IN
THE MATTER OF THE EXTRADITION OF REGINALD BRAY BOHORQUEZ”.
-Boleta de captura expedida por la
OIPC-ICPO INTERPOL en contra de Reginald Bray Bohorquez en donde aparece como
Colombia como Estado requiriente.
-Oficio 5296 del 12 de agosto de 1999
dirigido por la Fiscal Delegada ante la Corte al Director Nacional del Cuerpo
Técnico de Investigación de la Fiscalía, poniendo en su conocimiento la medida
de aseguramiento dictada en contra del accionante y solicitando la realización
de las diligencias tendientes a lograr su captura y la puesta a disposición del
mismo en el despacho de la Fiscal.
-Oficio 2489 del 28 de julio de 2000,
firmado por la misma funcionaria, pero dirigido al Director del Departamento
Administrativo de Seguridad, en el que reitera la orden de captura librada en
contra del accionante y que, para ese momento procesal, cuando se profirió
resolución acusatoria en su contra, no se había hecho efectiva.
-Oficio No. 1813 del 21 de junio de 2001,
firmado por el Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, dirigido a
la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando que se
proceda a tramitar la solicitud de detención provisional con fines de
extradición, en contra del accionante.
-Notas diplomáticas dirigidas por la
Embajada de Colombia en Estados Unidos al gobierno norteamericano, relativos a
la solicitud de extradición del accionante –folios 31 a 33-.
-Auto del 21 de junio de 2001, proferido
por el Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, disponiendo “emitir
orden de DETENCION PROVISIONAL con fines de EXTRADICION para lo cual se
procederá a dar el trámite correspondiente a lo preceptuado por los artículos
546 y siguientes del Código de Procedimiento Penal ante el Ministerio de
Justicia y del Derecho, al igual que al ministerio de Relaciones Exteriores con
el fin de que se solicite la DETENCION PROVISIONAL del ciudadano tantas veces
mencionado (Reginaldo Bray Bohórquez)”.
-Oficios del 21 de junio de 2001 dirigidos
por el Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, al Ministro de
Justicia y del Derecho y a la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores con el fin de solicitar la iniciación de los trámites tendientes a
obtener la extradición y la detención provisional con dicho fin,
respectivamente, del accionante.
-Oficio OJE 386 del 22 de junio de 2001
dirigido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores al Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, remitiendo
copia de la nota verbal del 21 de junio del 2001, procedente de la Embajada de
Colombia en Washington, mediante la cual solicitó al Departamento de Estado de
los Estados Unidos de América, la captura provisional con fines de extradición
del accionante. Así mismo, se allega copia de dicha nota.
-Oficio OJE 398 del 22 de junio de 2001
dirigido por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores al Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de Bogotá, remitiendo
el telefax No. CG 104, procedente del Consulado General de Colombia en Miami,
mediante el cual informa que el Juez negó la fianza del accionante y será
trasladado al Federal Detention Center a la espera de la solicitud
formal del gobierno colombiano.
2.
Pruebas decretadas de oficio por el juez de tutela de primera instancia
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura, ordenó al Juzgado 54 Penal del Circuito de
Bogotá, remitir copia de la causa del proceso No. 2001-0017 seguido en contra
del accionante e informar la fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución
de acusación.
El requerido allegó al expediente 10
cuadernos de copias relativos a la actuación en el proceso penal mencionado de
346, 199, 321, 304, 257, 304, 300, 298, 295 y 179 folios respectivamente.
3.
Documentos aportados en primera instancia de tutela por el apoderado del
accionante
El abogado Christian Alfonso Acuña Buitrago
aportó copias de los siguientes documentos, sobre los que dice, demuestran la
decisión del accionante de renunciar al proceso de extradición adelantado en
ese momento en los Estados Unidos, lo que demuestra su voluntad de no
entorpecer los trámites judiciales adelantados en el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Penal del Circuito de Bogotá y por ende, su disposición de que los mismos
fueran acelerados a fin de que pudiera ser entregado a las autoridades
colombianas:
-Memorial suscrito por el abogado Manuel
Corredor Pardo, dirigido al Juez Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito de
Bogotá, en el sentido indicado en el párrafo anterior.
-Documento en inglés y su correspondiente
traducción, remitida por el Subdirector Interpol-OCN al Juez Cincuenta y Cuatro
Penal del Circuito de Bogotá, el día 9 de noviembre de 2001, en la que se da
cuenta del deseo del accionante de renunciar al juicio y audiencia señalados
para el 18 de octubre de 2001 y solicita al Tribunal Distrital de los Estados
Unidos Distrito Sur de la Florida, acelerar los procedimientos necesarios para
ser entregado a las autoridades colombianas.
Mediante memorial del 15 de marzo de 2002,
el apoderado mencionado aportó también los siguientes documentos:
-Documento en inglés del que dice el
apoderado es la traducción del español al inglés efectuada el 21 de junio de
2001 por un traductor autorizado del Departamento de Inmigración y
Naturalización de los Estados Unidos de la ficha de la Registraduría Nacional
del Estado Civil , en la cual constan los datos personales del accionante. Así
mismo allegó un documento en inglés que, dice, certifica la idoneidad de la
traducción. Igualmente, allegó el documento en español que el abogado indica es
el traducido.
-Copia de la visa otorgada por los Estados
Unidos al accionante en la cual, dice, se indica la fecha de la última entrada
a los Estados Unidos, señalada entre un círculo: 6 de septiembre de 1999.
-Dos documentos en inglés en donde, según
el apoderado, figura la fecha de entrada del accionante a los Estados Unidos,
12 de agosto de 1999, por el aeropuerto de Miami Florida, y el 6 de septiembre
del mismo año, por el Puerto de El Paso Texas.
-Documento en inglés por medio del cual,
dice, un funcionario de la Oficina Central Nacional de la Interpol en
Washington remite a un funcionario del Departamento de Inmigración y
Naturalización copia de los archivos magnéticos de una “alerta roja” relativa
al accionante, del 20 de junio de 2001.
-Documento en inglés del que dice el
abogado, corresponde al “Registro de Extranjero Deportable o Inadmisible”
expedido por el Departamento de Inmigración y Naturalización de los Estados
Unidos, relativo a los datos personales del accionante y a la fecha de su
captura: 20 de junio de 2001. Así mismo, en donde se indican los antecedentes
relacionados con los procesos llevados a cabo por el Juzgado Cincuenta y Cuatro
Penal del Circuito de Bogotá y por el mencionado Departamento norteamericano,
el cual según allí se indica fue iniciado el 19 de junio de 2001.
-Documento en inglés, fechado el 22 de
junio, según el apoderado del accionante, suscrito por el Fiscal Asistente del
Distrito Sur de Florida en el que se realiza la descripción de los antecedentes
que dieron lugar a la expedición de la orden de captura del demandante por
parte del Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, por los cargos de peculado,
falsificación y fraude.
-Documento en inglés, que según dice el
apoderado, contiene la declaración del Abogado Asesor de la Oficina del Asesor
Legal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, “a cuyo cargo se
hallaba el trámite de las solicitudes de extradición y en particular dio
trámite a la solicitud para la extradición del accionante”.
Por medio de memorial del 21 de marzo de
2002, el apoderado del accionante allegó al trámite de la acción de tutela
copia del auto del 28 de febrero de 2002, proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del cual se
decidió no declarar la nulidad de la actuación surtida en el Juzgado 54 Penal
del Circuito de la misma ciudad, dentro del proceso seguido en contra del
accionante.
4.
Documentos aportados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, D.C., accionada en tutela
-Copia del auto del 28 de febrero de 2002,
proferido por la Sala mencionada por medio de la cual confirmó la providencia
del 18 de diciembre de 2001, proferida por el Juzgado 54 Penal del Circuito de
Bogotá, que negó la libertad provisional invocada por el defensor de Reginaldo
Bray Bohórquez y se ordenó que “antes de proseguir a nueva etapa en el
juicio se definan los aspectos no decididos, siendo invocados en el término de
traslado previsto en el artículo 446 del anterior código de procedimiento penal
y se encuentren recepcionadas y allegadas las pruebas ordenadas”.
5.
Pruebas decretadas de oficio por el Magistrado Sustanciador  durante el trámite
de revisión
El Magistrado Sustanciador, con el objeto
de verificar los supuestos de hecho que originaron la acción de tutela de la
referencia, por medio de auto del 18 de octubre de 2002, ordenó al Juzgado 54
Penal del Circuito de Bogotá suministrar un informe detallado en torno a la
actividad cumplida por ese despacho dentro del proceso seguido en contra del
accionante, indicando la fecha de las actuaciones y en qué consistió cada una
de ellas; un informe detallado acerca de los motivos por los cuales se hizo
necesario suspender la audiencia pública de juzgamiento, mediante la
providencia del 7 de marzo de 2002; e informar si dicha audiencia ya fue
reiniciada o si ya ha culminado, o en caso, contrario, las razones por las
cuales la misma no se ha reiniciado.
Al respecto, la autoridad judicial
accionada rindió el informe solicitado –21 folios-, en el que se señalan
detalladamente las diferentes actuaciones a su cargo.
Ahora bien, respecto de las razones para
suspender la audiencia pública de juzgamiento o por las cuales la misma no se
ha reiniciado o terminado, manifestó que dicha diligencia, inicialmente
programada para el 7 de febrero de 2001, no pudo ser abierta en razón de la
orden dada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, el 28 de febrero de 2002, de que “antes de proseguir a nueva etapa
en el juicio se definan los aspectos no decididos, siendo invocados en el
término de traslado previsto en el artículo 466 del anterior código de
procedimiento penal y se encuentren recepcionadas y allegadas las pruebas
ordenadas”.
De ese modo, como quiera que para el
momento en que tuvo conocimiento de dicha decisión, el 7 de marzo de 2002,
faltaban por evacuar algunas pruebas en Cartagena, para lo cual ya se habían
librado los correspondientes despachos comisorios, debió tomarse la decisión
por la que se le indagó.
Así mismo, señaló que la audiencia no se ha
reiniciado porque dichas pruebas, en especial un dictamen pericial ordenado en
providencia del 16 de octubre de 2001, no ha podido realizarse por la
dificultad para encontrar personal idóneo a dicha tarea.
Para demostrar lo dicho, allegó al
expediente fotocopia de diferentes oficios dirigidos a entidades públicas, con
el objeto de reunir un grupo de técnicos que garanticen la imparcialidad e
idoneidad del dictamen. Así mismo de las providencias que ha dictado con el
mismo fin y de algunos memoriales presentados por los defensores del accionante
relativos a la conformación del grupo de peritos.
Obran en el expediente los siguientes
documentos:
-Copia de diferentes comunicaciones
dirigidas por el Superintendente de Puertos y Transporte, el Contralor delegado
para la Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y
Desarrollo Regional, el Director Nacional de Investigaciones Especiales de la
Procuraduría General de la Nación, el Director de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional, el Secretario de la Junta Directiva del
Banco de la República, el Director Asesor del Departamento Jurídico de la misma
entidad, el Vicepresidente de Gestión Humana de Bancafé, el Superintendente de
Sociedades encargado, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Escuela
Superior de Administración Pública, el Superintendente delegado de Puertos, el
Contador General de la Nación, el Director General Marítimo de la Armada
Nacional, el Director Ejecutivo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la
Directora Administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, el Decano de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional, la abogada Nury Torres de Montealegre,
la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle, el Departamento Nacional
de Planeación, el asesor jurídico del Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería y sus profesiones auxiliares, en los cuales se pone de presente la
imposibilidad de dichas entidades de designar personas idóneas para rendir el
dictamen pericial ordenado por el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá.
-Copia del auto del 19 de abril de 2002, proferido
por el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, en el que ante la respuesta dada
por la Procuraduría General de la Nación, respecto de la imposibilidad de
designar los peritos requeridos, ordena solicitar la colaboración al
Departamento Administrativo de Seguridad y a la Dirección Central de Policía
Judicial.
-Copia del memorial suscrito por el
apoderado del accionante en el proceso penal, respecto de la necesidad de
nombrar peritos que garanticen la imparcialidad del experticio solicitado.
-Copia del Auto del 24 de septiembre de
2002, proferido por el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, en el que pone de
presente las diligencias hechas en diferentes entidades con el fin de obtener
los peritos para rendir el dictamen y designa como peritos a las personas
señaladas por las entidades que pudieron colaborar, la Contraloría General de
la República y la Superintendencia de Puertos y Transporte.
-Copia del Auto del 27 de septiembre de
2002, proferido por el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, en el que señala
un término de 90 días a los peritos designados para que rindan el
correspondiente dictamen, de conformidad con lo decidido en el auto del 24 de
septiembre de ese mismo año.
-Copia del Acta levantada en la sesión del
7 de febrero de 2002, dentro de la audiencia pública de juzgamiento llevada a
cabo dentro del proceso penal que se sigue en contra del accionante.
-Copia del Auto del 7 de marzo de 2002,
proferido por el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, mediante el cual
suspende la Audiencia Pública de Juzgamiento que se lleva a cabo dentro del
proceso que se sigue en contra del tutelante, dice, de conformidad por lo
decidido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 28 de febrero de 2002, y disponiendo que la audiencia se reanude una
vez evacuadas las pruebas que ya han sido ordenadas.
-Copia del Auto del 16 de octubre de 2001,
por medio del cual el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá, decidió las
solicitudes de pruebas y nulidades presentadas por los defensores de los
distintos sindicados, dentro del proceso penal que se sigue en contra del
accionante. El juzgador decidió negar las solicitudes de nulidad y decretar
algunas pruebas, entre ellas, un dictamen pericial.
-Copia del Auto del 5 de marzo de 2002, por
medio del cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió el
recurso de apelación interpuesto por el defensor del accionante, contra el auto
proferido el 16 de octubre de 2001 por el Juzgado 54 Penal del Circuito de
Bogotá y no se declararon las nulidades solicitadas.
-Auto del 16 de julio de 2002, proferido
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por
medio del cual se resuelven los recursos de apelación interpuestos por el
apoderado del accionante en el proceso penal, contra las decisiones del 22 de
mayo y el 7 de junio de 2002, del Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, por
medio de las cuales se denegó la recusación a los peritos designados y se
denegó la libertad provisional del accionante. El ad quem decidió abstenerse de
conocer del auto del 22 de mayo de 2002, porque la decisión sobre la recusación
de los peritos no es impugnable y confirmó la decisión del 7 de junio de 2002.
-Copia de otros Autos proferidos por la
misma Sala relativos a diferentes solicitudes de nulidad y libertad realizadas
por otros sindicados.
6.
Documentos allegados por el  abogado Luis Alfonso Leal Núñez en  sede de
revisión
- El abogado Luis Alfonso Leal Núñez hizo
llegar al expediente, el 18 de septiembre de 2002, un memorial en el que además
de presentar algunas consideraciones respecto de la acción de tutela instaurada
por su poderdante, solicitó la práctica de algunas pruebas, entre ellas, el
requerimiento al Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá, para que informe sobre
algunas decisiones tomadas por éste dentro del proceso penal que se sigue en
contra del tutelante. Igualmente, con el mismo fin, solicitó que se decretara
la práctica de una inspección judicial.
-El abogado Luis Alfonso Leal Núñez hizo
llegar igualmente al expediente una constancia expedida por el Juzgado 54 Penal
del Circuito de Bogotá, dada el 27 de septiembre de 2002, en la que se da
cuenta de que el accionante lleva 10 meses y 28 días sujeto a medida de
aseguramiento de detención preventiva. Igualmente, que la audiencia pública se
encuentra suspendida desde el 7 de marzo de 2002, mientras que se evacuan las
pruebas decretadas el 16 de octubre de 2001, que deben practicarse por fuera de
la sede del despacho. Así mismo, que el sindicado solicitó su libertad y que la
misma fue negada por decisión del despacho el 7 de junio de 2002, decisión
confirmada el 16 de julio del mismo año. Al respecto  allegó copia auténtica
del Auto de 7 de junio de 2002, por medio del cual el Juzgado 54 Penal del
Circuito de Bogotá, niega la libertad provisional solicitada por el accionante.
-El mismo abogado hizo llegar sendos
memoriales los días 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2002 en los que expone
argumentos relativos a la valoración que en su concepto merecen  las pruebas
aportadas al proceso por el Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá y a la
necesidad de considerarlas para obtener una decisión que defina de manera
concreta la protección constitucional solicitada.
IV.    CONSIDERACIONES
1.      Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
providencias de tutela antes reseñadas, con base en la Constitución Política
(arts. 86 y 241-9), en concordancia con el Decreto 2591 de 1991 (arts. 33 al
36) y, en cumplimiento del auto de fecha 22   de julio de 2002, expedido por la
Sala de Selección Número  siete de esta Corporación.
2. La materia sujeta a examen
Corresponde
a la Sala de revisión establecer, si como  lo afirma el demandante, a éste le
fueron violados sus derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso
por parte de las entidades judiciales  demandadas que negaron su solicitud de
libertad provisional, con lo que habrían incurrido en una vía de hecho por
defecto fáctico en la interpretación de los hechos, así como por haber
desconocido la cosa juzgada constitucional.
Los jueces de tutela  de ambas instancias
negaron el amparo solicitado. El a quo denegó tutela por estimar que en
el presente caso no se configuró una vía de hecho, ya que la decisión judicial
de no conceder la libertad provisional al actor correspondía a una
interpretación razonada y razonable de una norma aplicable al caso en cuestión.
El ad quem confirmó dicho fallo con base en similares consideraciones al
tiempo que hizo énfasis en que el actor pretende que mediante tutela   se
resuelvan asuntos  jurídicos que bien  debieron ser ventilados ante el juez
natural en su oportunidad procesal, o bien éste no había tenido oportunidad de
tomar en cuenta por fundamentarse en hechos posteriores a su decisión,  lo que
evidencia la  improcedencia de la acción instaurada. Frente a ésta última
decisión dos magistrados salvaron el voto por considerar que  se estaba
desconociendo la cosa juzgada constitucional derivada de la Sentencia C-
846/99, así como que procedía otorgar el amparo constitucional por reunirse las
condiciones para ello al momento de tomarse la decisión de la que se apartan.
Por consiguiente,  la Sala debe determinar,
además de la procedibilidad  o no en este caso de la acción de tutela
instaurada como mecanismo transitorio,  si asiste o no razón  a los jueces de
instancia  sobre la no configuración de una vía de hecho por tratarse de un
asunto de mera interpretación judicial y en particular  sobre la existencia o
no de  un defecto fáctico, así como de un  desconocimiento de la cosa juzgada
constitucional.
3.  Consideraciones preliminares
Previamente la
Corte considera necesario hacer algunas precisiones  relativas al (i) objeto
de la Revisión de las sentencias de tutela,  (ii)  la procedencia excepcional
de la acción  de tutela contra providencias judiciales por vía de hecho, (iii)
los antecedentes, el contenido y alcance del numeral 5 del artículo 365 de la
Ley 600 de 2000 y (iv) el alcance de la cosa juzgada constitucional  derivada
de la Sentencia C-846 de 1999 y la imposibilidad de predicar sus efectos frente
a normas diferentes a las que fueron examinadas por la Corporación en dicha
sentencia.
3.1.  El objeto de la Revisión de las
sentencias de tutela.  No constituye una nueva instancia.
La Corte ha precisado en reiteradas
decisiones que el alcance
de sus funciones en materia de revisión de las sentencias de tutela se concreta
en la unificación de la jurisprudencia sobre derechos fundamentales con el fin
de garantizar su efectividad[3],
sin que pueda entenderse que las actuaciones en dicha sede de revisión
constituyan una nueva instancia.
Al respecto ha señalado lo siguiente:
“Según lo
determina la propia Carta Política en su artículo 86, la revisión
constitucional de las sentencias de tutela es de carácter eventual y no tiene
el propósito de resolver en todos sus detalles el asunto ya examinado por los
jueces sino el de verificar, frente a la Constitución, lo actuado por ellos, con
miras al señalamiento de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia
sobre el alcance de las disposiciones relativas a los derechos fundamentales.
Cosa distinta es que la Corte, cuando encuentre razones fundadas en su análisis
para revocar total o parcialmente, o para modificar lo resuelto, introduzca los
necesarios cambios en la determinación concreta, o en la orden impartida,
adecuándolas a su doctrina. Pero este efecto es secundario y accesorio a las
funciones primordiales de unificación jurisprudencial y pauta doctrinal
confiadas a la Corte, e indica que la controversia propiamente dicha, con la
plenitud de los elementos de hecho sobre los cuales recae la solicitud de
amparo, la legitimidad de las partes y de los intervinientes y la discusión detallada
acerca de las pruebas llevadas al proceso, debe darse en las instancias”[4]
En este sentido la
Corporación ha advertido (i) que el objeto central del análisis de la Corte es
la sentencia definitiva en tutela. De ahí que deba detenerse a considerar los
argumentos expuestos por los jueces de instancia. (ii) que no resulta
indispensable adentrarse en el caso más allá de lo que estime necesario para fijar
la correcta interpretación de la norma constitucional, pues el debate
probatorio se ha debido realizar, en principio, en las instancias. (iii) y que
si bien puede tener presente hechos posteriores a la decisión de tutela  ello
es así en tanto puedan resultar decisivos para comprender a cabalidad la
situación fáctica y revelar la violación de un derecho fundamental que al
momento de tramitarse la tutela resultaba discutible[5].
Así las cosas, la
Corte llama la atención sobre el hecho que la revisión que le encomienda la
Constitución y el Decreto 2591 de 1991 no constituye una tercera instancia y
que el objeto sobre el cual recae el análisis de la Corte en dicha sede son las
decisiones de los jueces de tutela, con el fin de examinar si ellos en sus
providencias aplicaron en debida forma los valores, principios y preceptos
constitucionales en los términos definidos por la Corporación en su
jurisprudencia[6].
En este sentido la acción de tutela  “no es, por tanto, “un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto"1en el marco de un proceso judicial.
Cabe precisar igualmente que dicho análisis
se circunscribe a los hechos y circunstancias sometidos a consideración de los
jueces de tutela, y que en consecuencia hechos posteriores a las decisiones por
ellos adoptadas solamente pueden ser considerados como elementos que sirvan
para la interpretación o constatación de los hechos que fueron sometidos a su
consideración, pero sin que dichos hechos posteriores se puedan convertir en
objeto de decisión por parte de la Corte, pues el ámbito de su análisis como ya
se señaló está claramente delimitado.
El hecho de que la actuación en sede de
revisión no constituya una tercera instancia implica además que no quepa reconocer
personería, ni atender las peticiones que puedan hacer los sujetos procesales
ni sus representantes.
Al respecto la Sala señala que esta es la
razón por la que no se dio curso a las diferentes peticiones efectuadas por el
apoderado del actor que fueron remitidas en sede de revisión al despacho del
Magistrado sustanciador[7],
las cuales fueron en todo caso  incorporadas al expediente.
3.2. Procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias  judiciales por vía de hecho.
La doctrina constitucional establecida por
esta Corte, ha señalado con claridad que la acción de tutela procede contra las
providencias judiciales, en forma estrictamente excepcional[8], cuando aquellas
configuren una vía de hecho[9],
concepto jurisprudencial[10]
que identifica aquellas actuaciones judiciales en las que el juez que decide un
conflicto jurídico asume una conducta que contraría de manera evidente el
ordenamiento vigente vulnerando derechos fundamentales.
Al respecto la Corte ha
precisado que procede la acción de tutela contra una sentencia judicial
solamente cuando se verifique alguna o algunas de las situaciones irregulares
que, a continuación, se mencionan como elementos conformadores de una vía de
hecho judicial:
“(...) cuando (1)
la decisión impugnada se funda en una norma evidentemente inaplicable
(defecto sustantivo); (2) resulta incuestionable que el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión (defecto fáctico); (3) el funcionario judicial que
profirió la decisión carece, en forma absoluta, de competencia para
hacerlo (defecto orgánico); y, (4) el juez actuó completamente por fuera
del procedimiento establecido (defecto procedimental). En criterio de la Corte
‘esta sustancial carencia de poder o de desviación del otorgado por la ley,
como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del
ordenamiento y la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como
acto judicial’.[11]
Revisadas las decisiones pertinentes, parece claro que, implícita o
expresamente, cada vez que esta Corporación confiere un amparo constitucional
contra una sentencia judicial, lo hace fundada en uno de estos cuatro posibles
defectos.’[12]” [13]
De manera
que, la procedibilidad de la tutela, en estas precisas circunstancias de actos
arbitrarios de los jueces en el desarrollo del proceso, está sometida a unos
límites rígidos[14].
De una
parte, están conformados por las reglas ordinarias que se señalan en el
artículo 86 de la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991,  y por la
especial connotación de una viabilidad transitoria y con efectos temporales de
la tutela, frente a otros medios de defensa judicial, dada la amenaza de un
perjuicio irremediable[15].
De otra
parte, es imperioso que la decisión judicial enjuiciada muestre alguno de los
defectos de orden sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental antes
mencionados y, por supuesto, la consecuente vulneración del patrimonio jus
fundamental de las personas afectadas con la decisión.
Los límites
así establecidos permiten confirmar el respeto debido tanto a la autonomía e
independencia de los jueces para proferir sus fallos, como a las distintas
jurisdicciones, y a los procedimientos ordinarios y especiales establecidos en
el ordenamiento jurídico, al tiempo que  garantizan la plena vigencia de los
derechos fundamentales  establecidos en el ordenamiento constitucional[16].
Cabe recordar
al respecto que la revisión de una decisión judicial en sede de tutela, por la
presunta existencia de una vía de hecho, en cierta forma, y en algún grado,
limita los principios que garantizan la autonomía e independencia de los
funcionarios judiciales (artículo. 228 C.P.); empero, ha de señalarse que  el
principio de independencia judicial se funda en la necesaria relación de
obediencia y acatamiento que en todo momento ha de observar el juez frente al
ordenamiento jurídico, el cual constituye, como lo expresa la Constitución, la
fuente de sus poderes y el fundamento de sus decisiones[17]. Por ello las
decisiones arbitrarias y caprichosas de los funcionarios judiciales que sin
fundamento objetivo y razonable contradicen los parámetros constitucionales y
legales, y así mismo vulneran principios y derechos constitucionalmente
reconocidos, constituyen un atentado contra la consolidación de un Estado
social de derecho.
Ha de tenerse en cuenta en consecuencia que
no cualquier irregularidad constituye una vía de hecho judicial, razón por la
cual deben examinarse en detalle las decisiones de los jueces de instancia para
determinar si su actuación  encaja o no dentro de alguna de las precisas
causales a que se ha hecho referencia.
3.3 Antecedentes, contenido y alcance del
numeral 5 del artículo 365[18]
de la Ley 600 de 2000- Código de Procedimiento Penal-.
De acuerdo con el numeral 5 del artículo
365 de la Ley 600 de 2000 actual Código de Procedimiento Penal, el sindicado
tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución
prendaria,  cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir
de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la
correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el
exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se
entiende ampliado hasta en seis (6) meses.
La norma precisa  que no habrá lugar a la
libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se
encuentre suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado
fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa
atribuible al sindicado o a su defensor.
Es decir que en principio transcurridos 6
meses, -o 12 meses  en caso de que se hubieren decretado pruebas en el exterior
o se esté a la espera de su traslado-, contados a partir de la ejecutoria de la
resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente
audiencia pública el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional
garantizada mediante caución prendaria.
Ahora bien,
no obstante haber transcurrido 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la
resolución de acusación sin que se haya evacuado la vista pública, el procesado
no tendrá derecho a la libertad provisional:
a) Cuando
la audiencia pública se hubiere iniciado y se encuentre suspendida “por
causa justa o razonable”.
b) O cuando
habiéndose fijado fecha para su realización, ella no se hubiere podido llevar a
efecto “por causa atribuible al sindicado o a su defensor”.
Frente a dicha norma la Corte tuvo
oportunidad de pronunciarse en la Sentencia C-774 de 2001 en la que  examinó
una  demanda de inconstitucionalidad contra diversas normas penales que
consagran la figura de la detención preventiva, demanda basada en la supuesta
vulneración del principio constitucional de la presunción de inocencia y el
derecho a la libertad personal. En esa ocasión la Corte  declaró la
exequibilidad, entre otras normas,   del artículo 365 de la Ley 599 de 2000 por
los cargos formulados[19].
Cabe recordar que en la misma decisión
la Corte hizo alusión al numeral 5 del artículo 365 al analizar las normas
relativas a la duración de la detención preventiva, para hacer énfasis en la
necesidad  de evitar que la detención preventiva se prolongue más allá
de un lapso razonable y señaló parámetros precisos para los jueces en este
campo.
Dijo la Corporación al respecto:
“5.5.      En cuanto a la duración de la detención preventiva:
Los artículos
406, 407 y 409 del Decreto 2700 de 1991 y los artículos 361 y 362 de la Ley 600
de 2000, se establecen las figuras del cómputo de la detención preventiva, la
suspensión de la detención preventiva y la detención parcial en el lugar de
trabajo o domicilio fueron demandados por su conexidad con la detención
preventiva sin que el actor formule frente a ellos cargos específicos
distintos. Por tal razón la Corte declarará su constitucionalidad, en los
términos en los que la misma se declara para las demás disposiciones que
configuran la institución de la detención preventiva.
Estima la
Corte, sin embargo, que es necesario precisar que en relación con el cómputo de
la detención preventiva (artículo 406 del Decreto 2700 de 1991 y artículo 361
de la ley 600 de 2000), es un deber ineludible de las autoridades judiciales en
cada caso, evitar que la medida se prolongue más allá de un lapso razonable.
Por ello,
aunque la norma es constitucional, se debe insistir en que la finalidad de la
detención no es remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del
cómputo previsto en la ley,  no genera el poder para la autoridad judicial de
disponer de la libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la
pena, ya que de admitirse esa circunstancia, se vulneraría flagrantemente la
presunción de inocencia y el debido proceso, ya que se cumpliría
anticipadamente una sanción sin haberse declarado judicialmente la culpabilidad
del sindicado.
Bajo estas
consideraciones resulta pertinente reconocer la procedencia de las causales de
libertad provisional, mediante las cuales se restringe en el tiempo la duración
de la detención preventiva (numerales 4 y 5 del artículo 415 del decreto 2700
de 1991, y numerales 4 y 5 del artículo 365 de la ley 600 de 2000), cuyos
parámetros de aplicación se encuentran estrictamente delimitados por ley. Surge
entonces el derecho a obtener libertad provisional cuando: “vencido el término
de ciento veinte días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere
calificado el mérito de la instrucción”, y “cuando hayan transcurrido más de
seis meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación,
sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública o se hubiere
vencido el término para presentar alegatos de conclusión en el juicio”, estas
normas permiten delimitar la duración de la detención cumpliendo cabalmente el
mandato constitucional de la presunción de inocencia, de tal manera que la detención
no se convierta en un anticipado de la pena. No obstante, las citadas
disposiciones encuentran un vacío legislativo consistente en que no existe un
límite temporal para obtener la libertad provisional en dos eventos: el
primero, en cuanto al término de detención que existe entre la calificación del
mérito de la instrucción y la ejecutoria de la resolución de acusación, y el
segundo, consistente en el tiempo de detención que existe entre la celebración
de la audiencia de juzgamiento y la sentencia definitiva.
Ante el
vacío legislativo que existe en cuanto a la procedencia de la libertad
provisional en los eventos citados, es preciso condicionar la
constitucionalidad de las disposiciones que consagran la figura del cómputo de
la detención, en el sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal su
término de duración a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin de
evitar que la medida se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena.
Ahora bien, el
término razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades
judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de
la duración (amoldar la detención a sus objetivos), el tiempo actual de
detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta
punible, los efectos materiales y morales para con el sindicado, la conducta
del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se ha
tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otras. [20]
Mediante esta consagración no taxativa, la Corte pretende garantizar la
presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal ante el vacío legal[21].
3.4.  El alcance de la cosa juzgada
constitucional  derivada de la Sentencia C-846 de 1999 y la imposibilidad de
predicar sus efectos frente a normas diferentes de la que fuera examinada por
la Corporación en dicha sentencia.
Ahora bien, para efectos del análisis del
presente proceso resulta pertinente precisar que dicho numeral 5 del artículo
365 de la Ley 600 de 2000,  subrogó el  artículo 415-5 del Decreto 2700 de
1991  que  regulaba  la misma causal  en el régimen procesal penal anterior
aunque de manera diferente.
En efecto dicha norma señalaba que procedía
decretar la libertad provisional:
“5. Cuando hayan transcurrido más de seis
meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que
se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública o se hubiere
vencido el término para presentar alegatos de conclusión en el juicio, según el
caso, salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la
espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta
en seis (6) meses.
No habrá lugar a la libertad provisional
cuando la audiencia se hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida
por cualquier causa, o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración
de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o
su defensor." (resaltado fuera de texto)
En relación con dicho texto la Corte se pronunció en
la Sentencia C-846 de 1999 en la que declaró “EXEQUIBLE el inciso
segundo del numeral 5° del artículo 415 del Decreto 2700 de 1991 -Código de
Procedimiento Penal-, tal como fue modificado por el artículo 55 de la ley 81
de 1993 siempre y cuando se entienda que la causal por la cual se suspende la
audiencia, debe ser razonable y estar plenamente justificada. Igualmente, debe
señalarse que la iniciación de la audiencia pública, no interrumpe el término
fijado en el inciso primero de ese mismo artículo.” [22]
Es decir que mediante la sentencia C-846 de
1999 esta Corporación resolvió, con autoridad de cosa juzgada constitucional la
permanencia en el ordenamiento jurídico del inciso segundo del numeral 5 del
artículo 415 del Decreto 2700 de 1991, bajo el entendido que la suspensión de
la audiencia debía ser razonable y estar plenamente justificada y que la
iniciación de la audiencia no interrumpía el término de los seis meses que le
dan al detenido el derecho a gozar de la libertad provisional.
En la medida en que el actor en su demanda  invoca dicho
condicionamiento como sustento de su solicitud de amparo constitucional, la
sala llama la atención sobre el hecho de que el texto actualmente vigente que
los organismos judiciales demandados toman en cuenta (-numeral 5 del artículo
365 de la Ley  600 de 2000-) es un texto diferente  de aquel sobre el cual
resolvió en su oportunidad la Corporación en la Sentencia C-846 de 1999 (-inciso
segundo del numeral 5 del artículo 415 del Decreto 2700 de 1991, tal como fue
modificado por el artículo 55 de la ley 81 de 1993-)  texto este último sobre
el cual la Corte hizo el  condicionamiento referido,  que no puede entenderse
aplicable sino a dicha norma pues es ella la que fue objeto de análisis por la
Corporación en dicha sentencia.
Frente al texto actualmente vigente la Corte no ha hecho
pronunciamiento diferente que el de declarar su exequibilidad por los cargos
analizados en la Sentencia C-774/01 a que ya se hizo referencia en el acápite
anterior de esta providencia.
No sobra señalar que por ser normas cuyos textos y cuyos contenidos
normativos son diferentes, no resulta posible predicar para este caso  la
configuración de una especie de cosa juzgada material[23], -la que por lo demás
solamente corresponde declarar a la Corporación mediante sentencia de
constitucionalidad-.
Así las cosas,
no cabe afirmar, contrariamente a lo que señalan el actor y su apoderado, que
“los efectos producidos por la sentencia C-846/99, se hacen extensivos a la
norma vigente”, pues dichos efectos solamente pueden predicarse de la
disposición sobre la que se pronunció la Corte en esa oportunidad.
Hechas las
anteriores precisiones la Sala procede a efectuar el análisis de las
decisiones  de tutela sometidas a Revisión.
4. El análisis del caso concreto
4.1.  La posibilidad de  acudir a la acción
de tutela como mecanismo transitorio en el presente caso
Conforme lo dispone el artículo 86 de la
Constitución Política y lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación a
que ya se ha hecho referencia en esta providencia,  la acción de tutela es un
mecanismo subsidiario y residual, que tratándose de decisiones judiciales,
además es especialmente excepcional, y ello con el fin de no afectar el
principio de autonomía judicial. De tal manera que su procedencia depende no
solo de la inexistencia de otros medios de defensa judiciales idóneos para
proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, o en caso de que
ellos sí existieren, que se hayan entonces utilizado los mecanismos ordinarios
previstos en todos los procesos judiciales para adecuar lo actuado al
ordenamiento jurídico, sin obtener el resultado esperado, sino que la decisión
que se controvierte, dada su arbitrariedad, no merezca el carácter definitivo
que le imprime la cosa juzgada material a las decisiones judiciales[24].
Frente a una  solicitud de tutelar el
derecho a la libertad, como la que se encuentra en el origen del proceso  que
ocupa la atención de la Sala son pues claramente exigibles dichos requisitos.
En relación con el primero de los señalados
requisitos, cabe precisar que en el caso bajo estudio el actor cuenta con otro
medio de defensa judicial para proteger de manera efectiva los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales contra
las que se dirigió la acción de tutela. En efecto, según lo previsto en el
artículo 30 de la Carta Política, quien estuviere privado de la libertad, y
creyere estarlo ilegalmente, “tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad
judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus,
el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas”.
Es pertinente anotar que si bien el actor
instauró la acción de tutela para evitar un perjuicio irremediable,
circunstancia que, cuando está previsto por el ordenamiento jurídico otro
mecanismo de defensa judicial, puede eventualmente dar lugar al amparo
transitorio, debe tenerse en cuenta que el Habeas Corpus es un medio idóneo y
efectivo para proteger la libertad personal, e incluso resulta ser aun más
expedito que la acción de tutela, pues el término para decidir es mucho más
corto. En consecuencia, tampoco es procedente conceder la protección
constitucional solicitada de manera transitoria.
Es por ello que en aplicación del principio
de subsidiariedad que rige la acción de tutela (artículo 86 C.P.), el artículo
6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela no procede “(...) 2.
Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el habeas corpus”.
Cabe destacar que el principio de
subsidiariedad ha sido previsto en la Constitución para evitar que la acción de
tutela llegue a desarticular el sistema jurídico, pues no debe olvidarse que el
primer llamado a proteger los derechos fundamentales es el juez ordinario.
Al respecto, cabe reiterar lo que en un
caso similar dijo esta misma Sala de revisión en Sentencia T-839 de 2002. En
dicho fallo se consideró que “...como el actor cree estar privado
ilegalmente de su libertad, tiene derecho a invocar la protección
constitucional que está obligado a brindarle el juez de la causa (...) en el
término de treinta y seis horas, como lo dispone el artículo 30 constitucional.
(...) la acción de tutela es improcedente para proteger el derecho a la
libertad personal, a menos que las decisiones judiciales que resuelvan el
recurso de habeas corpus se constituyan en vías de hecho, por desconocer los
dictados de la Carta Política, y la doctrina constitucional que salvaguardan el
derecho fundamental a la libertad”[25].
En este orden de ideas, se concluye que en
el presente caso la acción de tutela resulta improcedente por existir otro
medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos invocados.
Ahora bien,
aun cuando no se tuviera en cuenta esta circunstancia por tanto bastante clara,
aduciéndose que cada una de las decisiones judiciales que resuelven respecto de
este derecho fundamental e irrenunciable tienen su propia identidad y
especificidad  procesal[26],
al punto que un hecho nuevo e incluso el simple transcurso del tiempo pueden
dar lugar al beneficio sin que para el efecto cuente lo que con antelación fue
resuelto,  con lo que bastaría  demostrar  el haber acudido ante el juez
natural sin obtener una respuesta favorable[27],
es claro que ello no es suficiente  para que resulte procedente la tutela
contra dichas decisiones judiciales.
Para que ello
pueda ser  así, es necesario que con ellas se haya configurado una vía de hecho
por alguno de los supuestos identificados por  la jurisprudencia en esta
materia a que ya se ha hecho alusión en esta providencia, circunstancia que
como pasa a explicarse a continuación  no sucede en el presente caso.
4.2. La improcedencia de la acción instaurada por ausencia
de una vía de hecho
4.2.1  La ausencia de vía de hecho por defecto fáctico
La
existencia de un defecto fáctico que convierte una decisión judicial en una vía
de hecho es un asunto del que se ha ocupado esta Corporación para referirse a
la aplicación de una norma “sin contar con el apoyo de los hechos determinantes
del supuesto legal a partir de pruebas válidas”  y concretamente que “el apoyo
probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es
absolutamente inadecuado”[28].
Al respecto ha señalado la Corporación  lo siguiente:
“Si bien el
juzgador goza de un amplio margen para valorar el material probatorio en el
cual ha de fundar su decisión y formar libremente su convencimiento,
“inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (arts. 187 C.P.C
y 61 C.P.L)”[29],
dicho poder jamás puede ejercerse de manera arbitraria; su actividad evaluativa
probatoria implica, necesariamente, la adopción de criterios objetivos[30], no
simplemente supuestos por el juez, racionales[31],
es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas
allegadas, y rigurosos[32],
esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les
encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente
recaudadas.
Así, los defectos
fácticos pueden agruparse en dos clases. La primera, la dimensión omisiva,
comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez[33]. La
segunda, la dimensión positiva, abarca la valoración de pruebas igualmente
esenciales que el juzgador no puede apreciar, sin desconocer la Constitución[34].
Por eso, en lo
que respecta a la dimenión omisiva, “no se adecua a este desideratum, la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba”[35] que se
presenta cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración[36],
cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente[37].
En lo relativo a
la dimensión positiva, el defecto fáctico se presenta generalmente cuando
aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.). (...)
Finalmente, la
Corte debe advertir, en concordancia con su propia jurisprudencia, que sólo es
factible fundar una acción de tutela cuando se observa que de una manera
manifiesta aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la
correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
‘debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo
debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia’[38]”[39].
Para el actor, el juez  54 penal del
Circuito incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico “al apreciar de
manera arbitraria y caprichosa” el término de detención preventiva
transcurrido  desde  la ejecutoria de la resolución de acusación  proferida en
su contra. Recuerda al respecto que de acuerdo con  el artículo 361 del Código
de procedimiento Penal “el término de detención preventiva  se computará  desde
el momento de la privación efectiva de la libertad”, circunstancia que en su
concepto acaeció el 21 de junio de 2001, fecha en que fuera detenido por las
autoridades norteamericanas  con fines de extradición  a petición del mismo
Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá y no el  29 de octubre  de 2001, fecha en
que fue dejado a disposición del juzgado por el Departamento Administrativo de
Seguridad DAS a su llegada a Colombia.
Para la Sala la interpretación hecha por el
Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá   de las circunstancias y de las pruebas
relativas a la situación jurídica del actor durante su permanencia en los
Estados Unidos no desborda el ámbito de su competencia funcional y no puede
considerarse como una vía de hecho judicial.
La Corte llama
la atención acerca de que  sobre este punto caben diversas consideraciones que
no comportan necesariamente una interpretación unívoca  de la situación fáctica
y jurídica  en la que se encontraba el actor   por su decisión de viajar a los
Estados Unidos dentro del trámite de indagatoria; de solicitar el asilo
político; de ser detenido por el vencimiento de su visa; de retenérsele por las
autoridades americanas con base en una nota diplomática  y posteriormente por
una petición formal de extradición por parte del Gobierno Colombiano; así como
de haber renunciado a las audiencias de asilo y extradición.
Como lo afirmó
el juez de tutela de segunda instancia, el procedimiento de extradición no
necesariamente  debe concluirse con la entrega a las autoridades colombianas.
Durante ese trámite éstas no pueden disponer efectivamente del requerido y
deberán esperar a que el gobierno extranjero lo entregue formalmente. Incluso
puede suceder que nunca se acceda a la petición de extradición. Es por ello que
el Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá  consideró que el procesado sólo se
encontraba a su disposición desde el momento en que fue entregado a su despacho
por el DAS y la Interpol. En este orden de ideas se tiene que la actuación del
Juez 54 Penal del Circuito de Bogotá obedece a una interpretación lógica y
razonable de la normatividad aplicable al caso en cuestión. Su decisión no
obedeció al simple capricho, sino a un raciocinio lógico conforme al principio
de autonomía judicial, y por tanto en este caso no se puede alegar una vía de
hecho, pues ella no nace de la sola discrepancia del criterio adoptado por el
juez.
La Corte llama la  atención además sobre el
hecho de que  aún en el caso de que se  hubiera aceptado por parte del Juzgado
54 Penal del Circuito de Bogotá como fecha de privación efectiva de la libertad
el 21 de junio de 2001, a que alude el actor, y no el 29 de Octubre, que fue
tomada en cuenta por  la autoridad judicial demandada,  el plazo de seis meses
que este invoca no se hubiera cumplido ni en la fecha en la que elevó su
solicitud (14 de diciembre de 2001) ni en la fecha en que el Juzgado se pronunció
para negar su libertad (18 de Diciembre  de 2001), con lo que en manera alguna
el juzgado hubiera podido autorizar su libertad provisional, contrariamente a
lo que  el actor señala.
No cabe pues bajo ninguna circunstancia
considerar que con  la decisión proferida por el Juez 54 Penal del circuito de
Bogotá se haya configurado una vía de hecho judicial.
La Corte constata igualmente que  la
interpretación que de los mismos hechos hace el Tribunal Superior de Bogotá
tampoco desborda el ámbito de autonomía funcional que a dicha autoridad
judicial  le reconoce el ordenamiento jurídico.
Para el Tribunal  a la fecha de
presentación de la solicitud de libertad por parte del actor (14 de diciembre
de 2001) la audiencia pública se había instalado (5 de Diciembre de 2001)  por
lo que  la petición del actor debía  examinarse no en relación con el artículo
361 del Código de Procedimiento penal  sino en relación con  la primera parte
del segundo inciso del numeral 5 del artículo 365 del mismo Código, de acuerdo
con el cual no habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se
hubiere iniciado y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable.
Para el Tribunal  en el presente caso
dicha causa consistía en la necesidad  de que se practicaran todas las pruebas
que fueron solicitadas y que debían surtirse por fuera del juzgado y en
particular en la ciudad de Cartagena para garantizar el derecho de defensa.
En este sentido,  la Corte constata que las
decisiones proferidas por los jueces de tutela en primera y segunda instancia
donde se afirma que en este caso no se está en presencia de una vía de hecho
sino como lo señalaron dichos jueces de instancia  de una interpretación
razonada y razonable  de las disposiciones que actualmente  regulan el fenómeno
jurídico  de la libertad provisional en la etapa de juicio por vencimiento de
términos, normas que no sobra recordarlo  son diferentes a las que   regían
bajo el Código de Procedimiento penal anterior.
El propio apoderado del actor deja en el escrito
de impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia en un segundo
plano este argumento para concentrar su esfuerzo en la supuesta vulneración de
la cosa juzgada constitucional  derivada de la Sentencia C-846/99 , aspecto
sobre el cual procede la Corte a pronunciarse.
4.2.2. La ausencia de una vía de hecho por
desconocimiento de la cosa juzgada constitucional
Cabe recordar que esta
Corporación, mediante doctrina constitucional de obligatorio cumplimiento[40] ha
sostenido que cuando las actuaciones y decisiones judiciales i) se fundamenten
en normas derogadas, o declaradas inexequibles[41], ii) apliquen directamente
disposiciones constitucionales apartándose de las pautas de obligatorio
cumplimiento fijadas por esta Corte como su interprete autorizado[42]
iii) den a la norma en la que se basan un sentido o entendimiento contrario a
aquel que permitió que la disposición permaneciera en el ordenamiento jurídico[43], o
iv) se aparten de criterios adoptados por el mismo funcionario ante situaciones
similares o idénticas[44] constituyen vías de hecho susceptibles de
ser infirmadas por el juez constitucional en trámite de tutela[45].
Ahora bien, tanto el actor, como los
magistrados que salvaron el voto en la decisión de tutela de segunda instancia,
hacen énfasis en el supuesto desconocimiento por parte de las entidades
judiciales demandadas de la cosa juzgada constitucional derivada de la
Sentencia C-846/99   proferida en relación con el inciso segundo  del numeral
5° del artículo 415 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penal-,
tal como fue modificado  por el artículo 55 de la Ley 81 de 1983.
Señalan además que tanto esta Sala, como el
Consejo Superior de la Judicatura han advertido en diferentes pronunciamientos
la necesidad de respetar  dicha jurisprudencia y han procedido a tutelar el
derecho a la libertad en idénticas circunstancias a las que ahora se  estudian,
lo que implicaría, de no aplicarse en este caso dicha jurisprudencia, la
vulneración  del principio de igualdad[46].
Al respecto la Corte considera necesario
precisar que tanto la Sentencia C-846 /99 como las decisiones  a que se ha
hecho referencia aluden a la aplicación  del artículo 415-5 del anterior Código
de Procedimiento Penal,  y no al artículo 365-numeral 5, invocado por las
autoridades judiciales demandadas.
Esta circunstancia por si sola, como se
dejó explicado en los apartes preliminares de esta sentencia, impide a la Corte
considerar que se haya configurado el desconocimiento  de la cosa juzgada
constitucional, de la misma manera  que impide invocar la aplicación  para este
caso de las orientaciones plasmadas  en las decisiones a que aluden el actor y
los magistrados referidos.
No existe en efecto identidad ni textual ni
normativa entre las citadas normas legales que permita deducir que haya operado
el fenómeno de la cosa juzgada material en relación con el artículo 365,
numeral 5 del nuevo Código de Procedimiento Penal. Cosa juzgada que por lo
demás solamente podría declarar la Corporación  eventualmente en una sentencia
de constitucionalidad.   Cabe recordar además  que  el artículo 415-5 que fue
objeto de análisis de constitucionalidad por esta Corporación y que dio lugar a
su declaración de exequibilidad condicionada que invoca el actor, no contenía
la excepción que sí contempla la actual norma para que el detenido no pueda
tener derecho a que se le conceda la libertad provisional, a saber: que la
audiencia se hubiere iniciado y se encuentre suspendida por una causa justa o
razonable.
Así las cosas, ante dos normas diferentes
los jueces de instancia pudieron legítimamente considerar  que no cabía
invocar la vulneración del principio de cosa juzgada constitucional, como
tampoco el desconocimiento del principio de igualdad.
Sobre este
último aspecto no sobra reiterar que los casos que invocan el actor y los
magistrados que salvaron su voto hacen referencia a la aplicación del art.
415-5 del Código de Procedimiento Penal anterior, norma que, como se ha explicado,
tiene diverso contenido normativo a la que le fue aplicada al actor en las
providencias que son objeto de ataque en el presente proceso. En consecuencia,
como no se presenta una situación idéntica debido a la variación de la
normatividad en el tiempo y que dio lugar a decisiones diversas, no es posible
sostener la violación del principio de igualdad. Para que pudiera prosperar la
protección constitucional en este sentido  sería necesario que los jueces en
casos idénticos hubieran aplicado la misma norma de manera diversa, y eso no es
lo que sucedió en el presente asunto.
Ahora bien en la medida en que  el análisis
debe centrarse en consecuencia en la aplicación del segundo inciso del numeral
5 de artículo 365 de la Ley 600 de 2000 -Código de Procedimiento Penal
vigente-  la Corte constata  que la causa por la cual fue suspendida la
audiencia  consistió en dar cumplimiento a la providencia proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de febrero
de 2002,  en la que se señaló que “antes de proseguir a nueva etapa en el
juicio se definan los aspectos no decididos, siendo invocados en el término de
traslado previsto en el artículo 466 del anterior código de procedimiento penal
y se encuentren recepcionadas y allegadas las pruebas ordenadas”.
Al respecto advierte la Corte que el
indicado motivo, cuya valoración, no sobra precisar, se encuentra dentro de la
autonomía funcional del juez, bien podía considerarse por parte de los jueces
de instancia en  sus decisiones como  una causa razonable para no haber
culminado la audiencia pública de acuerdo con  lo prescrito en la nueva
normatividad penal.
Tomando en cuenta las anteriores
consideraciones, resulta claro para la Corte  que las decisiones adoptadas  por
los jueces de instancia  en el presente caso correspondieron a una
interpretación razonada y razonable de las normas aplicables frente a las
circunstancias de hecho y de derecho sometidas a su consideración, y fueron
adoptadas  en el ámbito de su competencia, sin que pueda por tanto considerarse
que estos incurrieron en una vía de hecho judicial.
4.3.  La improcedencia de la acción
instaurada, aún en el caso de tomar en cuenta, por aplicación del principio de
favorabilidad, el texto del  segundo inciso del  numeral 5 del artículo  415
del Código de Procedimiento Penal anterior.
Ahora bien, la Corte señala que aún en el
caso en el que  por aplicación del principio de favorabilidad de la ley penal
pudiera alegarse por el actor la aplicación del numeral 5 del artículo 415 del
Código de Procedimiento Penal anterior y en consecuencia el condicionamiento
que de dicha norma hizo la Corte en la Sentencia C-846 de 1999, tampoco cabría
conceder el amparo constitucional solicitado y ello por las siguientes razones:
1.     Aun en esa circunstancia podía
legítimamente el juez de tutela considerar que existía una causa justa y
razonable para la suspensión de la audiencia, a saber, dar cumplimiento al auto
interlocutorio del 28 de febrero de 2002, proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá, en el que se señaló que antes de proseguir a una
nueva etapa en el juicio, debían ser definidos los aspectos no decididos
invocados en el término de traslado previsto en el artículo 446 del anterior
Código  de Procedimiento Penal, y fueran practicadas y allegadas todas las
pruebas que debían cumplirse por fuera de la sede del juzgado. Cabe anotar que
dichas pruebas y en particular las que debían surtirse en la ciudad de
Cartagena habían sido solicitas por la defensa técnica del actor, y que su
práctica, como a bien tuvo alegarlo su apoderado resultaba indispensable para
garantizar su derecho de defensa.
2.     A la fecha en la que fue elevada la
solicitud de libertad condicional por el actor, así como al momento en que fue
proferida la decisión que confirmó la negativa de acceder a tal solicitud
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, -decisiones que fueron las que se sometieron al examen de los jueces de
tutela- no se había cumplido el término de seis meses a partir de la ejecutoria
de la resolución de acusación contados a partir de la fecha en que el sindicado
quedó a disposición del Juzgado 54 Penal del Circuito de Bogotá. Por lo demás
aún en el caso de que no se tomara en cuenta la fecha a partir de la cual según
ese juzgado el procesado quedó a su disposición sino la fecha invocada por el
actor, tampoco cabría considerar la configuración de una vía de hecho judicial,
pues para el momento en que dicha autoridad judicial decidió no se había
cumplido el término de 6 meses que invoca el actor.
3.     La decisión adoptada por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el
sentido de no considerar en su fallo el hecho de que a la fecha de presentación
del escrito con que se sustentaba la impugnación de la decisión de tutela de
primera instancia se habían cumplido los seis meses de detención efectiva
contados a partir de la puesta a disposición del procesado ante el Juzgado 54
Penal del Circuito en consideración a que este hecho no había sido considerado
por el juez natural, fue acertada. En efecto, como se señaló  en el acápite
correspondiente a la procedibilidad de las acciones de tutela en materia de
libertad, cada petición en este campo tiene una identidad procesal, que implica
que un hecho nuevo e incluso el simple transcurso del tiempo puedan dar lugar
al beneficio, sin que para el efecto cuente lo que con antelación fue resuelto,
por lo que verificado este hecho podía al actor acudir ante el juez natural, y
en caso de que la decisión de dicho juez constituyera una vía de hecho
instaurar otra acción de tutela. Cabe precisar que en este caso y precisamente
porque cada petición de libertad tiene su identidad  procesal  no se aplica la
prohibición a que alude el artículo  38 del Decreto 2591 de 1991.  No sobra
advertir que en este caso no puede desconocerse el carácter subsidiario de la
acción de tutela, y en consecuencia la necesidad de acudir en primer término
ante el juez natural para que éste resuelva el asunto que le ha sido
encomendado por el ordenamiento jurídico, juez natural que como lo ha señalado
la Corte está en la obligación de proteger los derechos fundamentales, pues su
protección no puede quedar supeditada siempre a las decisiones de tutela, ni
mucho menos a la revisión eventual que efectúe esta Corporación[47].
4.     La Corte advierte frente a la afirmación
que se hace en el salvamento de voto de la sentencia de tutela en segunda
instancia, respecto de que corresponde al juez de tutela en algunas
circunstancia fallar extra y ultra petita, que ello no implica que la Corte en
sede de revisión pueda desbordar el objeto mismo de la tarea que le fue
encomendada en este campo para ir más allá de la consideración de las razones y
hechos que debieron tener presente los jueces de tutela en sus decisiones.
Así las cosas,
la Sala de decisión concluye que en el presente caso no  solamente resulta
improcedente la acción de tutela  por la existencia de otra vía judicial, mas
expedita para garantizar el derecho a la libertad que impide que ella se
invoque como mecanismo transitorio, sino que  además no se configura en este
caso ninguna de las causales excepcionales por las que pudiera aducirse la
existencia de una vía de hecho judicial, pues como se explicó las decisiones
acusadas  se enmarcan dentro  de la autonomía funcional de los jueces  que las
profirieron y se adoptaron  con base en interpretaciones  razonadas y
razonables tanto de las circunstancias de hecho, como de las normas aplicables
al caso concreto,  circunstancia que la lleva a confirmar las decisiones de
instancia que negaron por improcedente la acción instaurada en el presente
proceso.
V.      DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR  la Sentencia proferida por la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que
confirmó a su vez la Sentencia proferida  por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante
la cual se DENEGÓ por improcedente la tutela instaurada.
Segundo.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese,
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] En dicha sentencia,  mediante la cual se
resolvió la impugnación de una sentencia de tutela de primera instancia en la
que  se planteaba el problema de la aplicación  del  numeral 5 del artículo
365  del actual Código de Procedimiento Penal la Corte Suprema de Justicia
señaló:                  “Dos son los supuestos que como excepción apareja el
inciso 2º del Art. 365-5 del actual Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de
2000-, que subrogó el 415-5 del Decreto 2700 de 1991 en el que el actor finca
su pretensión, para que el reo no pueda acceder a la libertad provisional no
empece a haber transcurrido 6 meses contados a partir de la ejecutoria de la
resolución de acusación sin que se haya evacuado la vista pública, a saber:
a) Cuando la
audiencia pública se hubiere iniciado y se encuentre suspendida “por causa
justa o razonable”.
b) O cuando
habiéndose fijado fecha para su realización, ella no se hubiere podido llevar a
efecto “por causa atribuible al sindicado o a su defensor”.
Ahora, menester
resulta precisar que por sentencia de constitucionalidad C-774 del 25 de julio
del año en curso, en el entendido de que las causales de libertad provisional
limitan en el tiempo la duración de la medida cautelar de detención, la Corte
Constitucional declaró exequible el referido canon (365-4 y 5), y los que
regulan el instituto de la detención preventiva y el principio de presunción de
inocencia, condicionando sólo y exclusivamente a dos (2) eventos su
constitucionalidad, habida cuenta de la necesidad de tener que llenar el
vacío legislativo existente en relación con la ausencia de límite temporal para
poder obtener la libertad provisional:
“(…) el primero, en cuanto al
término de detención que existe entre la calificación del mérito de la
instrucción y la ejecutoria de la resolución de acusación, y el segundo,
consistente en el tiempo de detención que existe entre la celebración de la
audiencia de juzgamiento y la sentencia definitiva.
“Ante el vacío legislativo
que existe en cuanto a la procedencia de la libertad provisional en los eventos
citados, es preciso condicionar la constitucionalidad de las
disposiciones que consagran la figura del cómputo de la detención, en el
sentido de limitar, en las circunstancias de vacío legal su término de duración
a un plazo razonable, justo y proporcional con el fin de evitar que la medida
se convierta en un anticipado cumplimiento de la pena.
“Ahora bien, el término
razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades
judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de
la duración (amoldar la detención a sus objetivos), el tiempo actual de
detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta
punible, los efectos materiales y morales para con el sindicado, la conducta
del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se ha
tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otras. Mediante
esta consagración no taxativa, la Corte pretende garantizar la presunción de
inocencia y el derecho a la libertad personal ante el vacío legal (…)”
Vistas así las
cosas, se reitera, y habida consideración de la exequibilidad del precepto que
consagra la figura de la libertad provisional -Art. 365 de la Ley 600 de 2000,
norma que por tener carácter de orden público su acatamiento deviene en
obligatorio e inmediato-, ninguna interpretación distinta a la que emerge de su
propio tenor literal, cabe hacer de la norma en cita. Los motivos de
improcedencia de aquel beneficio, son los taxativamente allí señalados, valga
decir, cuando habiéndose iniciado la audiencia de juzgamiento, ésta se
encuentre suspendida por causa justa o razonable; o cuando fijada la fecha para
su celebración, ella no se hubiere podido realizar por causa atribuible al
sindicado o su defensor.
En el evento que
ocupa la atención de la Sala, bien se sabe que iniciada la vista pública, hubo
de suspenderse, tal como lo dice el propio funcionario de la primera instancia,
“por motivo plenamente justificado, cual es esperar que el Tribunal Superior
desate el recurso de apelación que interpuso en contra del auto del veintitrés
de febrero del año en curso, por medio del cual se accedió a la realización de
unas pruebas en tanto que otras fueron denegadas.”
Un tal motivo,
precisamente se erigía y aún hoy se erige, en circunstancia especial de
suspensión de la audiencia pública (Art. 455 del Dto. 2700/91, sustituido por
el 411 de la Ley 600 de 2000), pues “La apelación interpuesta contra el auto
que deniegue la práctica de pruebas en el juzgamiento no suspenderá el trámite,
pero el inferior no podrá terminar la audiencia pública antes de que el
superior resuelva. Para tal efecto suspenderá la diligencia cuando lo considere
pertinente.”
¿Podrá haber
mejor causa justa o razonable para proceder a una tal suspensión que
obedecer las preceptivas establecidas al efecto por el propio Legislador? La
respuesta ineluctablemente tiene que ser negativa.
Luego entonces,
no habiendo lugar a la interpretación que en vigencia del Art. 415 del derogado
Código de Procedimiento Penal hizo del mismo la jurisprudencia constitucional,
y establecida como se tiene la causa justa y razonable que dio pie para
la suspensión de la audiencia pública de juzgamiento cuya irregularidad se
aduce, en ninguna vía de hecho se ha incurrido y en consecuencia, el fallo
impugnado merece ser confirmado en su integridad”. C.S.J Sala Penal,  2 de Octubre de 2001,  M.P. Jorge
Aníbal Gómez Gallego
[2] Invoca las decisiones  de 14 de enero de
2002, Radicación 20013657,  13 de septiembre de 2000 Radicación 20011824, así
como las radicadas bajo los números 200012064, 200112146, y 20020537.
[3] Ver al respecto entre otras las
sentencias  T-006 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz ,  T-406 y T-525 de 1992
M.P. Ciro Angarita Barón.  Para una síntesis de dicha jurisprudencia ver  la Sentencia
SU-1184/01 M.P. Eduardo Montealegre Lynnet.
[4] Sentencia T-088 de 1999.  M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.  Ver además, sentencia T-175 de 1997.
[5] Sentencia   SU-1184 /01 M.P. Eduardo
Montealegre Lynnet
[6] Ver Sentencia T-088 de 1999.  M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-543 de
Octubre 1o. de 1.992. Magistrado Ponente: Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo.
[7]  Escritos de Solicitud de reconocimiento
de personería del    02 , solicitud de pruebas del 02 , petición   de
consideración de pruebas aportadas  del  02
[8] Sobre el carácter excepcional de la vía de hecho,
pueden consultarse las sentencias: T-483 de 1997, T-766 de 1998, T-204 de 1998
, SU 563 de 1999,  SU-132/02 M.P. Álvaro Tafur Galvis y  SU-159-02 M. P. Manuel
José cepeda Espinosa.
[9] Ver al respecto la síntesis efectuada por
esta Corporación en la Sentencia SU-159/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
S.V. de los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería y Rodrigo
Escobar Gil.
[10] Cfr. sentencia C-543 de 1992 M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.  En aquella oportunidad se aludió a las actuaciones
de hecho. A propósito de la revisión de constitucionalidad que se hizo
sobre los artículos 11, 12 y 25 del Decreto 2591 de 1991 (los dos primeros
fueron declarados inexequibles) se afirmó lo siguiente:
“De
conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra
sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela
se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de
decisiones a su cargo que proceda a resolver o  que observe con diligencia los
términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización
de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de
las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco
cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí
está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio
cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda
supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente. En
hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia. Pero, en cambio, no está dentro de las atribuciones del
juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso,
adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función,
quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluida de plano en los
conceptos de autonomía e independencia funcionales, a los cuales ya se ha hecho
referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la
tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la
cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho
que allí se controvierte”  texto ya  citado en la Sentencia  SU-132-02 M.P.
Álvaro Tafur Galvis
[11] Sentencia T-231 de 1994, antes citada.
[12] Sentencia T-008 de 1998, M.P. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[13] Sentencia SU-132/02 M.P. Alvaro Tafur
Galvis
[14] Ibidem Sentencia SU-132/02 M.P. Alvaro
Tafur Galvis
[15] “Por ello la hipótesis más normal es la de que través
de los diferentes recursos que contemplan las leyes procedimentales, se pueda
impugnar cualquier acción u omisión judicial que configure una vía de hecho, en
cuyo caso, aunque no se descarte siempre la procedibilidad de la tutela, su
campo de acción - dada su naturaleza subsidiaria - será muy restringido”.  Cfr.
Sentencia T- 079 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[16] Sentencia SU-132/02 M.P. Alvaro Tafur
Galvis
[17] Ver Sentencia  SU-159/02 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa.
[18] ART. 365.—Causales. Además de lo
establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad
provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:
1. Cuando en cualquier estado del proceso
estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la
ejecución de la pena.
2. Cuando en cualquier estado del proceso
hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que
mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le
imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele.
Se considerará que ha cumplido la pena, el
que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad
condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla.
La rebaja de la pena por trabajo o estudio
se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción.
La libertad provisional a que se refiere
este numeral será concedida por la autoridad que esté conociendo de la
actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista.
3. Cuando se dicte en primera instancia,
preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia
absolutoria.
4. Cuando vencido el término de ciento
veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere
calificado el mérito de la instrucción.
Este término se ampliará a ciento ochenta
(180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados contra quienes estuviere
vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará
la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente.
No habrá lugar a libertad provisional,
cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas
atribuibles al sindicado o a su defensor.
5. Cuando hayan transcurrido más de seis
(6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin
que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se
hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado,
caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses.
No habrá lugar a la libertad provisional
cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por
causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de
la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a
su defensor.
6. Cuando la infracción se hubiere
realizado con exceso en cualquiera de las causales eximentes de
responsabilidad.
7. En los delitos contra el patrimonio
económico, cuando el sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el
objeto material del delito, o su valor e indemnice integralmente los perjuicios
ocasionados al ofendido o perjudicado.
8. En los procesos que se adelanten por el
delito de peculado, siempre que la cesación del mal uso, la reparación del daño
o el reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la
indemnización de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte
sentencia de primera instancia.
Cuando la libertad provisional prevista en
los numerales cuarto (4º) y quinto (5º) de este artículo se niegue por causas
atribuibles al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se
investigue disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias.
[19] En la parte motiva de la Sentencia al respecto señaló  “El actor demandó los artículos 365 y 366 de
la Ley 600 de 2000, que consagran la figura de la libertad provisional, por ser
una medida consecuencial al establecimiento de la detención preventiva.
Desde esa perspectiva, las
normas demandadas son constitucionales, de acuerdo a lo expuesto en esta
providencia”.  Así mismo el numeral
noveno de la parte resolutiva de dicha sentencia indicó : Noveno:  Decláranse
EXEQUIBLES los artículos 354, 355, 358, 359, 360, 361, 362, 364, 365,
366 y 367 de la Ley 600 de 2000, por los
cargos formulados por el actor. (resaltado fuera de texto)
[20] Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Caso Neumeister y caso Stogmuller.
[21] Sentencia C-774/01 M.P. Rodrigo Escobar
Gil A.V. Manuel José Cepeda Espinosa.
[22] La decisión se profirió el 27 de octubre
de 1999 –Edicto desfijado el 9 de noviembre de 1999- y su parte resolutiva fue
corregida mediante providencia de 23 de febrero del año 2000 -porque
inicialmente no se incluyó el numeral del artículo al que pertenecía el inciso
declarado exequible, conforme a un determinado entendido.
[23] Sobre el fenómeno de la  cosa juzgada
material ver entre otras las Sentencias C-427/96  y C-447/97 M.P. Alejandro
Martínez Caballero, así como la  Sentencia C-228/02 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa Y Eduardo Montealegre Lynett. A.V. Jaime Araujo Rentería..
[24] Consultar al
respecto, entre otras sentencias T-231 de 1994, T-008 de 1998, T-068 de 2001.
[25] Sentencia T-839/02 M.P. Álvaro Tafur
Galvis A.V. Jaime Araujo Rentería
[26] Circunstancia que por lo demás delimita
claramente el ámbito de acción del juez de Tutela  a dichas decisiones y a la
situación de hecho sobre las cuales ellas se pronuncian. Ver Sentencia
T-842/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[27] Ver Sentencia
T-842/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[28] Sobre la descripción genérica del defecto
fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz y T-567 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[29] Cfr. sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[30] Cfr. sentencia SU-1300
de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente
razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la
sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por
probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento
patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas
se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto
concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas
en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el
peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias
de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas
constructoras de la familia”.
[31] Cfr. sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[32] Cfr. sentencia T-538 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la
indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las
partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el
secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso
del que depende la suerte del proceso penal.
[33] Cfr., por ejemplo, la ya citada sentencia
T-442 de 1994.
[34] Cfr. la ya citada sentencia T-538 de
1994.
[35] Ibíd. sentencia T-442 de 1994 M.P.
Antonio Barrera Carbonell. Se dijo en esa oportunidad: “Se aprecia más la
arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando
precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la
actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de
derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que
materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación
de los principios, derechos y valores constitucionales”.
[36] Cfr. sentencia T-576 de 1993 M.P. Jorge
Arango Mejía. En aquella oportunidad se concedió la tutela, pues todos estos
antecedentes,  y, en especial, el hecho de que el Inspector tomó la decisión en
contra de la parte lanzada sin sustento probatorio, conducirán a la Sala a la
conclusión de ver aquí una vía de hecho, y a la decisión de tutelar el derecho
al debido proceso de Norma Sánchez, aclarando que si bien, en principio, la
Corte no puede sustituir al funcionario de policía en la apreciación de las
pruebas, cuando hay una transgresión ostensible y grave de los más elementales
principios jurídicos probatorios, la Corporación no puede permanecer impasible
frente a la violación del derecho al debido proceso, derecho constitucional fundamental
según el artículo 29 de la Carta.
[37] Cfr. sentencia T-239 de 1996 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo. Para la Corte es claro que, “cuando un juez omite apreciar y
evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere
resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por
tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela.  La vía de
hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal,
haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes
ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a
las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo
pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son
excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo
injustificadamente la posición contraria”.
[38]Cfr. sentencia T-442 de 1994 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[39] Sentencia SU-159/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[40] En este punto se hace necesario
distinguir la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como criterio
auxiliador de los jueces en la aplicación de la ley, de las decisiones del
mismo tribunal dirigidas a definir el alcance de los textos constitucionales,
porque en este último caso la interpretación se incorpora al texto
constitucional, sin permitir que se lo aplique en diferente sentido –sentencias
C-131 de 1993, C-083 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-036 de 1996
M.P.Vladimiro Naranjo Mesa.
[41] Tienen el carácter de cosa juzgada erga
omnes la parte resolutiva de las sentencias proferidas en los juicios de
constitucionalidad, la motivación de los mismos que guarde con lo resuelto
unidad de sentido y los apartes que la Corte, en la misma decisión indique.
–entre otras sentencias C-131 de 1993 M. P. Alejandro Martínez Caballero,
C-083 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz yT-522 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[42] Sentencias C-083 de 1995 y 739 de 2001,
ya citadas.
[43] Ver, entre otras, las sentencias C-542 de
1992, C-473 y 496 de 1994, C-083 de 1995 y 739 de 2001.
[44] Ibídem T-123/95 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz, T-321/98 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. T-068 de 2001 M.P.
Alvaro Tafur Galvis.
[45] Ver Sentencia  T-842/01 M.P. Alvaro Tafur
Galvis.
[46] Aluden  concretamente a las sentencia
T-842/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis,  y  a algunas  decisiones del Consejo
Superior de la Judicatura (cfr. radicaciones 20011824 del 13 de septiembre de
2000, 20013657 del 14 de enero de 2002, 20012064 del 20 de septiembre de 2001,
y 20012146 del 16 de octubre de 2001)
[47] Ver Sentencia T-069/01. M.P. Alvaro Tafur
Galvis