C-277-06
(Proyecto de circulación restringida)
Sentencia C-277/06
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Impertinencia de cargos
JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN REGISTRO DE MATRICULA
MERCANTIL-Aplicación
REGISTRO MERCANTIL-Finalidad/REGISTRO MERCANTIL-Importancia
la base de datos constituida por el
registro mercantil actualizable anualmente, sugiere la compilación de una
información que es connatural a la actividad comercial, en tanto su desarrollo
implica tener certeza de quiénes, cómo y con qué se participa en ella. Además,
la disponibilidad pública e inmediata señala a todos los integrantes de una
comunidad la garantía del acceso al intercambio económico y les brinda las
herramientas mínimas para ello, las cuales son conocimiento de los
participantes y conocimiento de las actividades que se realizan. La Corte
comparte las apreciaciones de la mayoría de los intervinientes, en el sentido
que el registro mercantil permanentemente actualizado, presta a la actividad
económica la posibilidad de configuración de uno de sus supuestos más
importantes, cual es el de (i) la organización. De la que se deriva igualmente
otro elemento esencial no sólo al ejercicio del intercambio comercial sino a la
dinámica misma del Estado Constitucional de Derecho, que es (ii) la seguridad
jurídica. Todo esto, a través de la satisfacción de otro principio fundamental
de las actividades económicas, cual es el de (iii) la publicidad.
INTERVENCION ECONOMICA EN LIBERTAD DE
EMPRESA-Límites
constitucionales/INTERVENCION DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE PARTICULARES-Límites
constitucionales
SEGURIDAD JURIDICA EN EL ESTADO SOCIAL DE
DERECHO-Justificación del
registro mercantil
REGISTRO MERCANTIL-Importancia de la publicidad
REGISTRO DE MATRICULA MERCANTIL-Requisito de renovación constituye medida
adecuada para satisfacer fines constitucionales
El requisito de renovación del registro de
matrícula mercantil busca satisfacer fines constitucionales referidos a que la
dinámica económica se estructure como una actividad organizada sujeta a la
dirección y control del Estado, y por tanto segura desde el punto de vista
económico y jurídico, que permite a la comunidad acceso a la información en
virtud del principio de publicidad. Y, por lo expuesto el registro mercantil
actualizado constituye una medida adecuada para la satisfacción de dichos
fines.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
REGISTRO DE MATRICULA MERCANTIL-Posibilidad de establecer distintos sistemas de renovación
REGISTRO MERCANTIL-Función pública/REGISTRO MERCANTIL-Función
puede ser asumida directamente por el Estado
El registro mercantil es una función
pública desempeñada por un ente privado, como son las mencionadas Cámaras de
Comercio, pero este esquema no impide que eventualmente esta función pueda ser,
si así lo dispone el legislador, asumida directamente por el Estado.
REGISTRO MERCANTIL-Necesidad de renovación anual
Prescindir de la base de datos actualizada
cada año, constituida por el registro mercantil, implicaría que ni los
comerciantes ni el Estado como director de la economía, tendrían certeza de sus
posibilidades para participar y para controlar y promocionar, respectivamente,
el intercambio mercantil. Luego el control no lo ejercería el Estado sino los
mismos comerciantes, si es que se deja al arbitrio de ellos la renovación de la
información. Y, la ausencia de certeza a su vez, no produce nada diferente a la
inseguridad económica y jurídica de las transacciones comerciales. No es
posible por tanto diseñar una actividad económica adecuadamente organizada si
no se cuenta con información certera de los comerciantes. Incluso, frente a la
existencia de medidas de organización alternativas a la sistematización de
dicha información, ésta resulta indispensable para implementar aquellas. Por lo
anterior, la Corte concluye que en la tarea de adecuar la actividad económica
empresarial a los postulados de los artículos 333, 334 y siguientes de la
Constitución, la implantación de la obligación de renovar anualmente la
matricula mercantil resulta necesaria; y es además presupuesto para que se
puedan tomar otras medidas con los mismos fines.
REGISTRO MERCANTIL-Asunción del costo de renovación
La Corte encuentra que en efecto de
conformidad con el inciso primero artículo 124 de la ley 6º de 1992, la
renovación de la matricula mercantil genera un costo para el comerciante. Sin
embargo de conformidad con el inciso segundo del artículo 124 citado, este
costo es proporcional al patrimonio registrado de su empresa. Y así, los
artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002 contienen las tablas que actualmente
ponderan el valor a pagar por las empresas según este criterio. Ahora bien,
esto no quiere decir que resulte inocuo el cobro de este valor si en la
renovación de la matricula se reitera la información que ya reposa en los
archivos de la Cámara de Comercio. Tal como lo afirman algunos de los
intervinientes, las funciones que presta el registro mercantil van más allá del
hecho que año tras año la información de los comerciantes se verifica prestando
certeza y seguridad a la actividad mercantil. Pues, la existencia del registro
presta a todos publicidad y acceso a la información en él contenida. Por lo
anterior, la Corte concluye que más que un sacrificio de los derechos de los
comerciantes, asumir el costo de la renovación de la matricula mercantil es un
deber de éstos, para contribuir con el logro de la organización y seguridad de
las actividades económicas, luego con la dirección y control que el Estado
ejerce frente a ellas.
REGISTRO DE MATRICULA MERCANTIL-Requisito de renovación no desconoce
principio de buena fe
Para la Sala no tiene sustento constitucional el
argumento del demandante según el cual, obligar a los comerciantes a renovar la
matricula mercantil y a pagar por ello, cuando las empresas no tienen ningún
dato nuevo que aportar, vulnera la presunción de buena fe. A juicio de la
Corte, este argumento desconoce todo lo expuesto hasta el momento en la
presente sentencia. Por un lado, como se ha dicho, el carácter actualizado del
registro es uno de los méritos que hace que éste preste un servicio efectivo a
la organización de las actividades mercantiles. Luego entonces, dicho requisito
no puede ser interpretado, como encaminado a perseguir a los comerciantes para
determinar la veracidad de la información aportada cada año. Por el contrario
la verificación de ello implica certeza y seguridad de que la información tiene
una fuente reciente, y sobre todo de que la actividad económica está siendo
permanentemente controlada y vigilada, en cumplimiento de lo contenido en los
artículos 333 y 334 superiores, tal como se expuso.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Generalmente escapan del estudio  los análisis
de conveniencia y eficacia económica de las normas/SENTENCIA DE
INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS-Concepto
El juez constitucional tiene el deber de
fallar en derecho y las consecuencias económicas de sus fallos son igualmente
tenidas en cuenta, pues así lo dispone la Constitución en el articulado
pertinente. Estas consecuencias sin embargo, se derivan del análisis de la
incidencia positiva o negativa, de lo prescrito por las normas, en los derechos
y deberes garantizados en la Constitución. Luego es esta afectación de dichos
deberes y derechos la que determina el sentido del fallo y no su incidencia
económica, salvo que la misma Constitución ordene que el criterio principal que
debe inspirar una norma legal sea su proyección económica. Por ello de manera
general, escapan al objeto de estudio constitucionalidad de la Corte los
análisis de conveniencia y eficacia económica de las normas. Ahora bien, la
Corte ha detectado consecuencias económicas que pueden resultar peores que la
misma afectación de los derechos constitucionales, frente a lo que ha optado
por la figura de la inconstitucionalidad diferida. En la cual la norma que la
Corte encontró inexequible se deja en el ordenamiento temporalmente en tanto el
legislador adecua la regulación económica a la cesación de sus efectos.
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-No aceptación de argumentos de conveniencia
económica
Referencia: expediente D-5933
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 33 (parcial) del Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el
Código de Comercio.”
Actor: Carlos Orlando Velásquez Murcia.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá, D.C, cinco (5) de abril de dos mil
seis (2006).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Carlos
Orlando Velásquez Murcia solicita a esta Corporación la declaratoria de
inconstitucionalidad del artículo 33 (parcial) del Decreto 410 de 1971 “Por
el cual se expide el Código de Comercio.”
II. NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el texto de la
disposición acusada y se subrayan los apartes demandados.
DECRETO NÚMERO 410 de 1971
(Marzo 27)
Diario Oficial No. 33.339, del 16 de junio de 1971
Por el cual se expide el Código de Comercio
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el numeral 15
del artículo 20 de la Ley 16 de 1968, y cumplido el requisito allí establecido,
DECRETA
(...)
LIBRO PRIMERO
DE LOS COMERCIANTES Y DE LOS ASUNTOS DE
COMERCIO
(...)
TITULO III.
DEL
REGISTRO MERCANTIL
(...)
ARTICULO 33. La matrícula se renovará
anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada año. El inscrito
informará a la correspondiente cámara de comercio la pérdida de su calidad de
comerciante, lo mismo que cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones
referentes a su actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el
registro correspondiente. Lo mismo se hará respecto de sucursales,
establecimientos de comercio y demás actos y documentos sujetos a registro.
III. LA DEMANDA
El demandante propone a la Corte dos cargos
de inconstitucionalidad:
a)
En  primer lugar,
considera que la obligación de renovar anualmente la matrícula mercantil,
contemplada en el artículo 33 del Código de Comercio, viola las disposiciones
contenidas en el Preámbulo y en los artículos 15, 25, 83, 95-9 y 338 de la
Constitución Política. En razón a que constituye una carga desproporcionada
para los comerciantes pues, en los casos en que dada la ausencia de
modificaciones sustanciales en los datos registrados, ésta consiste en reiterar
la información ya registrada, y el costo resulta extremadamente alto para ello,
tanto en dinero como en los múltiples esfuerzos que representa para los
comerciantes y para las Cámaras de Comercio.
b)
En segundo lugar
explica que la norma acusada viola la reserva exclusiva del Congreso, las
Asambleas y Concejos de crear hechos generadores de impuesto y/o
contribuciones, pues el artículo 33 demandado impone una carga consistente en
una obligación de un pago y fue determinada por el Presidente de la República
mediante el Decreto-Ley que estableció el Código de Comercio.
Fundamenta los cargos en las siguientes
consideraciones:
§  Para el primer cargo plantea que la norma acusada
viola el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución Política, pues no
existe proporcionalidad entre el valor que los comerciantes deben pagar para
llevar a cabo la renovación anual de la matrícula mercantil, los beneficios que
obtienen por ello y el costo en que incurren las Cámaras de Comercio en el caso
en que el comerciante reitere la información registrada inicialmente. En este
sentido explica que, aunque el costo que los comerciantes deben pagar a la
cámaras de comercio por la renovación anual de su matrícula obedece al monto de
sus activos por concepto de su actividad mercantil, “[e]l Estado no
podría cobrar a los usuarios una tarifa superior a lo que le representa
consignar en sus archivos la renovación, que como se dijo, generalmente
consiste en transcribir los mismos datos de que disponía el año anterior.”
Complementa el anterior cargo diciendo que
como quiera que la norma establece una carga desproporcionada vulnera también
la presunción de la buena fe. Explica que al disponer la disposición acusada el
deber de todo comerciante de renovar anualmente su matrícula mercantil aún en
los casos en que no existan cambios significativos en la información consignada
en el registro, desconoce la presunción en virtud de la cual, los particulares
y las autoridades públicas adelantan sus actuaciones y gestiones ceñidos a los
postulados de la buena fe. En su sentir, la señalada obligación desconoce la
presunción de que la información que los comerciantes suministran en la
inscripción del registro mercantil de acuerdo con el artículo 32 del Decreto
410 de 1971[1], es cierta hasta tanto
ésta no presente una modificación. La cual en los términos del artículo 33 del
Código de Comercio, puede corresponder a la pérdida de su calidad de
comerciante; el cambio de domicilio; y las mutaciones referentes a su
actividad, a sus sucursales, establecimientos de comercio, actos y documentos
sujetos a registro. Además el artículo demandado viola lo dispuesto en el
artículo 15 de la Constitución Política según el cual toda persona tiene el
derecho - y no la obligación tal y como lo exige el artículo 33 del Código de
Comercio - a actualizar y rectificar la información que sobre ellas repose en
bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Por último, expone que el carácter
desproporcionado de la disposición impugnada vulnera los principios y valores
contenidos en el Preámbulo y las disposiciones establecidas en los artículos 25
y 95 numeral 9 de la Constitución Política. En su parecer, resulta “injusta”
la obligación de renovar anualmente la matrícula mercantil en el evento que
no hayan cambios importantes que la ameriten. Estima que esta obligación no se
ajusta al principio constitucional según el cual el marco jurídico colombiano
debe garantizar un orden económico y social justo, y desconoce tanto el derecho
fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas como el deber del Estado
de brindar especial protección a los trabajadores. En este caso a los
trabajadores independientes entre los que se encuentran tenderos,
microempresarios y pequeños artesanos. De igual manera se desatiende el
deber de toda persona y ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos
e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.
§  Para el segundo cargo, el actor arguye que la
obligación establecida en el artículo 33 del Código de Comercio viola los
artículos 150-12 y 338 inciso primero. Señala que de acuerdo con dichos artículos,
el Congreso de la República, las asambleas departamentales, y los concejos
municipales y distritales, gozan de competencia exclusiva para imponer
contribuciones fiscales y parafiscales, así como para fijar los hechos
generadores y las bases gravables de los impuestos. Sin embargo, en su
criterio, el Presidente de la República al establecer la obligación contenida
en artículo 33 del Decreto 410 de 1971 “Por el cual se expide el Código de
Comercio”, creó “un hecho generador y por consiguiente una
contribución de carácter periódico, usurpando la competencia que únicamente
tenía y tiene el legislador para imponer contribuciones.”
De conformidad con lo anterior, solicita
que la Corte Constitucional declare la inexequibilidad de los apartes indicados
del artículo 33 del Código de Comercio, o que en su defecto “declare la
constitucionalidad condicionada de dicho aparte, aclarando que esa renovación
anual a la que se refiere el artículo, sólo será necesaria cuando se presenten
las situaciones o modificaciones a las que se refiere el mismo artículo 33 del
código de comercio.”
IV. intervenciones
1.- Intervención de la Superintendencia de
Sociedades.
Mediante escrito allegado a esta Corporación,
la Superintendencia de Sociedades solicita que se declare la exequibilidad de
la norma demandada.
Con relación al primer cargo expuesto en la
demanda, la Superintendencia de Sociedades afirma que si bien el ejercicio de
actividades que la ley califica como mercantiles genera para el comerciante
algunos derechos, es preciso resaltar que tales actividades también implican el
cumplimiento de algunas obligaciones, entre las que se encuentra la renovación
anual de la matrícula mercantil.
Considera que el deber en cabeza de los
comerciantes de renovar anualmente su matrícula, cumple las siguientes
funciones: (i) permite establecer si los comerciantes están efectivamente
ejerciendo o no la actividad comercial; (ii) da cuenta del cumplimiento de las
obligaciones que la ley exige a quienes desempeñan actividades mercantiles; y
(iii) mantiene “una adecuada organización del sistema institucional
imperante.” Estima que tales funciones no sólo redundan en beneficio de los
comerciantes, sino también de los terceros interesados y particularmente del
Estado, pues en el evento en que a través de dicha renovación se determine que
el comerciante haya incumplido sus deberes legales, “las autoridades pueden
actuar con prontitud en busca de encontrar las causas que han conducido a dicho
incumplimiento y si está atada a factores de crisis (...) buscar las soluciones
de manera oportuna”.
Sostiene que aún en el caso en que no
existan modificaciones sustanciales en la información registrada, la renovación
anual de la matrícula mercantil, permite “reafirmar lo que está vigente”;
proporciona a los interesados confianza en la información registrada, y
suministra seguridad jurídica a las relaciones comerciales.
Afirma que de conformidad con en los
artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de la ley 222 de 1995, corresponde a  la
Superintendencia de Sociedades, ejercer  la inspección, vigilancia y control
sobre la actividad de las sociedades comerciales. Explica que para el
cumplimiento de dichas funciones, requiere conocer la información actualizada
que para efecto de la renovación de la matrícula mercantil depositan anualmente
las sociedades comerciales en las cámaras de comercio.
Respecto a la carencia de proporcionalidad
alegada por el demandante, referente al costo en el que incurren los
comerciantes al renovar anualmente la matrícula mercantil, aún en los casos en
que aquella renovación se reduzca a confirmar la información almacenada en el
registro y los beneficios que por ello obtienen los comerciantes, indica que
los ingresos que por este concepto son percibidos por las cámaras de comercio,
son un reconocimiento por el servicio que prestan, y según lo expresado
por la Corte Constitucional en la sentencia C-144 de 1993, deben corresponder
al monto de los activos del comerciante.
2.- Intervención de la Cámara de Comercio
de Bogotá.
Mediante escrito dirigido a la Corte
Constitucional, la Cámara de Comercio  de Bogotá, actuando por intermedio de su
representante legal, solicita que esta Corporación declare la exequibilidad de
la norma demandada.
En primer lugar, la Cámara de Comercio de
Bogotá manifiesta que los argumentos que el actor expone para solicitar la
inexequibilidad parcial del artículo 33 del Código de Comercio, se encuentran
sustentados en un análisis acerca de la conveniencia y oportunidad de la norma.
Indica que de acuerdo con el artículo 150-2 de la Constitución Política, dicho
análisis es competencia exclusiva del legislador. Razón por la cual este
resulta ajeno al control de constitucionalidad de las normas que ejerce la
Corte. Al respecto, expresa que: “el juicio abstracto de constitucionalidad
no puede abarcar ni remediar las inconveniencias señaladas por el demandante,
como quiera que aunque ellas se comprobaren, estas estarían relacionadas no con
la formulación normativa, ni con efectos directos de ella, sino con la
eficiencia o ineficiencia de la administración registral.”
En este sentido, el interviniente señala
que en tres oportunidades[2] el Congreso de la
República ha tramitado y discutido proyectos de ley orientados a eximir a los
comerciantes de la obligación de renovar anualmente la matrícula mercantil.
Indica que en todas las ocasiones, dado que el Congreso ha considerado que la
reforma resulta inoportuna e inconveniente, las iniciativas han sido
archivadas.
Con relación al primer cargo, la Cámara de
Comercio de Bogotá sostiene que la obligación de los comerciantes de efectuar
el registro mercantil, así como de renovar anualmente la información contenida
en su matrícula, se encuentra relacionada con las siguientes funciones: (i)
servir como medio legal de publicidad acerca de la condición de comerciante;
(ii) permitir que éste haga oponible sus actuaciones respecto de los terceros
interesados; (iii) garantizar que la información sobre su actividad mercantil
sea constantemente actualizada; (iv) y, facilitar la verificación de los
cambios suscitados en su  actividad.
Manifiesta que no es cierto que la
obligación de renovar anualmente la matrícula mercantil, en las ocasiones en
que dicha renovación consiste en confirmar la información registrada
inicialmente, viole el principio de la buena fe. En su criterio, tal obligación
obedece a la necesidad de garantizar que la información que reposa en el
registro se encuentra actualizada, y no se fundamenta, contrario a como parece
sugerirlo el actor, en una sospecha de que los datos proporcionados por el
comerciante se presuman “maliciosos, incompletos o fraudulentos.” Indica
que la renovación de la matrícula “se hace precisamente bajo el entendido de
que él [refiriéndose al comerciante] procede con la mejor buena fe, y en
el buen supuesto de ser verdadera la información que él comunica al registro.”
El interviniente estima que el actor hace
una interpretación equivocada del artículo 15 de la Constitución Política, dado
que al parecer confunde la naturaleza jurídica de los registros públicos, entre
ellos el registro mercantil, con la naturaleza de los archivos y bancos de
datos. Explica que mientras la información contenida en estos es recolectada
directamente por entidades públicas y privadas, la información que reposa en
los registros públicos es suministrada por los particulares. En este sentido,
considera que el legislador en virtud del ejercicio de su poder para imponer
obligaciones a los particulares -siempre y cuando estas se encuentren ajustadas
a la Constitución Política-, estableció el deber en cabeza de los comerciantes
de renovar anualmente su registro mercantil. Por ello, afirma que no se pueden
confundir “las facultades de rectificación o de actualización, que pueden
estar garantizadas constitucionalmente, con lo deberes legalmente impuestos de
renovar la información.”
Aduce que contrario a lo indicado en la
demanda de la referencia, la norma acusada no viola el derecho al trabajo en
condiciones dignas y justas. En su parecer, el artículo 33 del Código de
Comercio permite garantizar el derecho al trabajo de quienes lo realizan de
manera independiente, pues contribuye “al ejercicio de los derechos a la
libertad económica e iniciativa privada y a la libre competencia económica, en
los términos y condiciones previstos en el artículo 333 de la Constitución
Política.”
Concluye respecto al primer cargo expuesto
por el actor, señalando que los apartes demandados no vulneran el principio de
proporcionalidad, en los términos expresados en la demanda. Afirma que el valor
que los comerciantes cancelan por concepto de la renovación de su matrícula, no
sólo tiene por finalidad la recuperación de los costos en que incurren las
cámaras de comercio por la prestación de los servicios registrales.
Adicionalmente, advierte que tales recursos
permiten que aquellas cumplan con las demás funciones que les encomienda la
ley. Al respecto, precisa que no es correcto considerar que los comerciantes
son los únicos que obtienen beneficios por la renovación anual de la matrícula.
Ello es así, porque la comunidad en general y el Estado participan de los
efectos positivos del registro público mercantil, así como de su renovación
periódica. La comunidad, en cuanto que puede consultar libremente la
información allí contenida, y el Estado en el sentido que obtiene información
que le permite formular políticas públicas y llevar acabo investigaciones
administrativas y judiciales para el adecuado desarrollo de sus actividades de
control y fiscalización.
En cuanto al segundo cargo previsto en la
demanda de la referencia, el interviniente manifiesta que bajo la Constitución
Política de 1886, en vigencia de la cual se expidió la norma acusada, el
Presidente de la República se encontraba facultado para expedir códigos y crear
obligaciones tributarias. Resalta que por el contrario, la Constitución
Política de 1991 determinó que el Congreso de la República goza de competencia
exclusiva para crear tributos y fijar los elementos constitutivos de la
obligación tributaria. Precisa que en todo caso, el Congreso puede facultar a
las autoridades administrativas, para que “fijen las tarifas de las
contribuciones parafiscales y de las tasas, siempre y cuando la ley fije una
base de cálculo y una metodología para ello.”
Explica que de conformidad con lo anterior,
el Congreso expidió la ley 6 de 1992, en cuyo artículo 124 determinó que el
Gobierno Nacional se encuentra facultado para establecer “el monto de las
tarifas que deban sufragarse a favor de las cámaras de comercio por concepto de
matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos
que la ley determine efectuar en el registro mercantil, (…).” En
cumplimiento de dicho artículo, a través del Decreto 393 de 2002 el Gobierno
fijó tarifas diferenciales de acuerdo con el monto de los activos o del
patrimonio del comerciante. Señala que al respecto existe cosa juzgada
constitucional, pues el artículo 124 en mención fue declarado exequible por la
Corte mediante la sentencia C-144 de 1993.
Por último, advierte que la solicitud de
declaratoria de constitucionalidad condicionada, elevada por el demandante a
esta Corporación, es improcedente. Sobre el particular señala que de acuerdo
con la sentencia C-758 de 2002 de la Corte Constitucional, no corresponde a los
demandantes solicitar que la Corte declare que una norma es exequible si se
interpreta en un determinado sentido, sino que la propia Corte al estudiar la
demanda, podrá determinar que “en lugar de la declaratoria de
inconstitucionalidad, lo procedente sea la declaración de exequibilidad pero
condicionada a un entendimiento conforme a la Constitución.”
3.- Intervención de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
En escrito allegado a esta Corte, la
Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se declare la
exequibilidad del artículo 33 del Código de Comercio.
Respecto del cargo expresado por el
demandante, sustentado en la presunta vulneración del principio de la buena fe
previsto en el artículo 83 de la Constitución Política, la Superintendencia de
Industria y Comercio, sostiene que a diferencia de lo manifestado por el actor,
la renovación anual de la matrícula mercantil en los casos en que no existan
cambios en la información ya consignada en el registro, no implica un
condicionamiento a dicho principio. En su opinión, el artículo 33 del Código de
Comercio no desconoce la veracidad de la información entregada por el
comerciante, sólo busca mantenerla actualizada a fin de que el registro público
mercantil, cumpla con las funciones previstas en la ley.
El interviniente señala que la obligación
anual de renovar la matrícula mercantil, no desconoce el derecho a actualizar y
rectificar la información recogida en las bases de datos. Ello es así, porque
el artículo 15 de la Constitución Política hace referencia al ejercicio de tal
derecho, en los casos en que la información es recogida por terceros y es
consignada en bancos de datos. Por el contrario, la información consignada en
el registro mercantil, es suministrada directamente por el comerciante en
cumplimiento de un deber legal. “Tal deber, además, no resulta incompatible
ni violatorio, de la norma constitucional, en tanto que, como se ha advertido,
la calidad de comerciante implica la asunción de ciertas obligaciones, como las
de renovar la matrícula mercantil (…).”
La Superintendencia de Industria y Comercio, afirma que para el
análisis de la supuesta desproporcionalidad entre el costo pagado por el
comerciante para efectuar la renovación anual de la matrícula aún cuando la
renovación sólo implique la confirmación de la información ya consignada, los
beneficios obtenidos por ello y el costo en el que incurren las cámaras de
comercio para el efecto, se debe tener en cuenta lo siguiente: (i) en
cumplimiento del artículo 124 de la ley 6 de 1992, el Presidente de la
República mediante la expedición del decreto 393 de 2002, fijó tarifas
diferenciales a fin de que los comerciantes efectúen el pago del registro y de
la renovación anual de la matrícula mercantil, de acuerdo con el monto de sus
activos; (ii) y, los ingresos que perciben las cámaras de comercio por concepto
de registro y su renovación periódica, no implican necesariamente que del
cumplimiento de dicho deber legal, los comerciantes deban recibir un beneficio,
pues tales recursos sólo tienen dos propósitos, estos son, la recuperación del
costo que involucra el servicio registral y el cumplimiento de las demás
funciones que la ley le asigna a las cámaras de comercio.
Con relación al segundo cargo, en su
parecer los apartes demandados no son violatorios de la Constitución Política,
en la medida en que el artículo 33 del Código de Comercio no impone una
contribución fiscal, parafiscal, impuesto o tasa. La tasa que genera la
renovación anual de la matrícula no fue creada por la norma en comento, sino
por el artículo 124 de ley 6 de 1992, el cual ya fue declarado exequible por la
Corte.
4.- Intervención del Ministerio del
Interior y de Justicia.
El Ministerio del Interior y de Justicia
allegó a esta Corporación intervención escrita mediante la cual solicita a esta
Corte que se declare exequible la disposición demandada.
Respecto al primer cargo de la demanda, en
opinión del Ministerio en comento, los apartes acusados del artículo 33 del
Código de Comercio no violan el principio de la buena fe consagrado en el
artículo 83 de la Constitución Política. Considera que la exigencia de renovar
anualmente el registro mercantil en los casos en que no exista nueva
información que consignar en la matrícula, hace parte de los deberes legales
que el legislador, en virtud del principio de la fe pública y de la prevalencia
del interés general, se encuentra facultado para imponer a los particulares.
Expone que en este sentido, la renovación de la matrícula mercantil, “está
soportada precisamente bajo el supuesto de que el comerciante obra de buena fe
y la información que confiere es verdadera (...).”
Con relación a la presunta violación del
artículo 15 de la Constitución Política, en criterio del interviniente, no es
adecuado deducir que de dicho artículo se desprenda la prohibición de
establecer obligaciones legales, como la consagrada en el artículo 33 del
Código de Comercio. Señala que a diferencia de lo expresado por el demandante
en este sentido, el deber legal de los comerciantes de renovar anualmente su
matrícula mercantil, desarrolla los artículos 26 y 333 de la Constitución
Política, y no el mencionado artículo 15. Explica que en todo caso, es preciso
resaltar que “ningún derecho es absoluto, pues existe el límite del bien
común”.
Concluye el Ministerio indicando que
respecto el costo pagado por los comerciantes a fin de renovar anualmente la
matrícula mercantil, no es fijado por la norma acusada. Explica que tal costo
se deriva del artículo 45 del Código de Comercio y no del artículo 33 como
parece sugerirlo el demandante. Por ello, “resulta claro que este cargo no
está llamado a prosperar, pues no existe relación entre la presunta violación
de la disposición constitucional y el texto normativo acusado en la demanda.”
Sobre el segundo cargo propuesto por el
demandante, afirma que dado que la norma acusada fue expedida por el Presidente
de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias a él conferidas
por el artículo 76-10 de la Constitución Política de 1886, y como consecuencia
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este sentido,
particularmente la sentencia C-486 de 1993, dicha norma no es susceptible de
ser declarada inexequible por este cargo.
Precisa que por el contrario a lo expresado
en la demanda, el artículo 33 del Código de Comercio no estableció un hecho
generador de tributo. Indica que las tarifas que los comerciantes deben pagar
por concepto de llevar a cabo el registro mercantil, así como la renovación de
la matrícula, fueron determinadas por el artículo 124 de la ley 6 de 1992 y no
por la norma demandada.
Finalmente, advierte que la solicitud de
declaratoria de constitucionalidad condicionada elevada por el demandante a
esta Corporación es improcedente, pues de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte, no corresponde a los demandantes solicitar que se declare que una norma
es exequible si se interpreta en un determinado sentido. Por el contrario, la
propia Corte al estudiar la demanda, podrá determinar que en virtud del
principio de conservación del derecho, dicha norma es exequible si es
interpretada en correspondencia con  la Constitución.
5.- Intervención del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
El Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, allegó a esta Corte escrito de intervención, mediante el cual solicita
se declare la exequibilidad de los apartes demandados del artículo 33 del
Código de Comercio.
En primer lugar, el Ministerio indica que
los cargos de inconstitucionalidad expuestos por el demandante se encuentran
sustentados en razones acerca de la inconveniencia e inoportunidad del artículo
33 del Código de Comercio. Advierte que en cumplimiento del artículo 150 de la
Constitución Política, el análisis de tales razones es competencia exclusiva
del Congreso de la República, y por ello no hace parte del juicio de
constitucionalidad adelantado por esta Corte.
Respecto al primer cargo expresado en el
presente proceso, a juicio del Ministerio en comento, el  registro mercantil y
su renovación anual, aún en el evento en que la información ya registrada no
haya presentado variaciones, “brindan a los particulares y al Estado
certeza, seguridad, confiabilidad y calidad en la información que debe reposar
en el registro mercantil.”
En su opinión, la obligación periódica de
renovar la matrícula mercantil en los casos en que no exista nueva información
para registrar, no limita el principio de la buena fe contenido en el artículo
83 de la Constitución. Tal obligación sólo busca el cumplimiento de uno de los
principales fines del registro, esto es, mantener actualizada la información
sobre los comerciantes y su actividad mercantil.
Afirma que no es cierto que la obligación
de los comerciantes dispuesta en el artículo 33 del Código de Comercio vulnere
el artículo 15 de la Constitución Política. En este sentido, el interviniente
sostiene que existen importantes diferencias entre la naturaleza jurídica de
los registros públicos, entre ellos el registro mercantil, y la naturaleza de
los archivos y bancos de datos. Señala que a diferencia de la información
contenida en estos, la que reposa en los registros públicos es suministrada
directamente por los particulares. Concluye que por lo anterior, no es adecuado
afirmar que la obligación acusada por el actor contradice la Constitución
Política, pues se limita a establecer un deber legal que guarda proporción con
los valores, principios y derechos que aquella consagra.
En cuanto al segundo cargo, el Ministerio
arguye que el demandante desconoce el artículo 124 de la ley 6 de 1992 mediante
el cual, el Congreso de la República le otorgó al Gobierno Nacional facultades
expresas para establecer las tarifas de los servicios de registro prestados por
las cámaras de comercio. Explica que en cumplimiento de tal disposición, a
través del Decreto 393 de 2002 el Presidente fijó tarifas diferenciales de
acuerdo con el monto de los activos del comerciante.
6.- Intervención de la Confederación
Colombiana de Cámaras de Comercio-CONFECÁMARAS.
La Confederación Colombiana de Cámaras de
Comercio hizo llegar a esta Corporación, escrito en el que solicita se declare
la exequibilidad de los apartes demandados del artículo 33 del Código de
Comercio.
Sobre el cargo relativo a la presunta
desproporcionalidad de la obligación de los comerciantes de renovar anualmente
la matrícula mercantil cuando no existen cambios en la información en los
términos del artículo 32 y 33 del Código de Comercio, el interviniente estima
que la constitucionalidad de dicha obligación debe analizarse conforme a la
finalidad y propósitos que cumplen la matrícula y el registro público
mercantil.
En este sentido, expresa que aquellos
cumplen entre otras, las siguientes funciones: (i) garantizar publicidad a la
condición de comerciante; (ii) otorgar seguridad jurídica a las transacciones
comerciales, a fin de permitir que la información allí contenida se presuma
conforme a derecho; (iii) asegurar que los actos, libros y documentos sujetos a
registro sean oponibles frente a terceros interesados; (iv) mantener
actualizada la información sobre la actividad del comerciante; (v) posibilitar
la verificación de la vigencia y veracidad de la información suministrada; (vi)
facilitar que la información que los comerciantes requieren para el ejercicio
de sus actividades se encuentre concentrada en un solo registro; (vii) reducir
el costo ordinario de las transacciones; (viii) y, como consecuencia de lo
anterior, prevenir la ocurrencia de futuros litigios.
Explica que la renovación anual de la
matrícula mercantil, no sólo beneficia a los comerciantes y demás particulares,
sino que además constituye uno de los principales soportes de la política
estatal para la evasión de impuestos y para la vinculación de nuevos
contribuyentes. Afirma que por tal razón, la información contenida en dicha
matrícula es consultada permanente por entidades como la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales y por los entes territoriales para efectos de la
formulación de políticas públicas y de la reglamentación del impuesto de
industria y comercio.
Al respecto, señala que de conformidad con
la ley 590 de 2000 se creó el Registro Único Empresarial-RUE. Este tiene como
finalidad unificar la información consignada en el registro mercantil previsto
en el Código de Comercio y el registro de proponentes contemplado en la ley 80
de 1993.  Indica que en virtud de la importancia de la información contenida en
el Registro Único Empresarial, éste es “consultado permanentemente tanto por
los particulares como por las entidades públicas con el propósito de conocer de
manera particular a los (…) inscritos así como las condiciones y la
evolución de la actividad empresarial en general (…).” Aduce que en el
evento en que esta Corporación declare la inexequibilidad parcial del artículo
33 del Decreto 410 de 1971 o su constitucionalidad condicionada en los términos
expuestos por el demandante, el  Registro Único Empresarial dejaría de cumplir
con la finalidad y propósitos que le impone la ley, pues la información en él
consignada no sería actual, veraz y útil.
El interviniente sostiene que no es cierto
que el cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 33 del Código de Comercio,
implique la violación del principio de la buena fe. En su opinión dicho deber
legal, en el sentido de involucrar la actualización de la información
registrada, corresponde al desarrollo de las facultades del legislador para
imponer obligaciones razonables y proporcionadas a los particulares. Así, “la
presunción de buena fe no equivale ni encierra dentro de sí una presunción
general de que la información que fue entregada en el pasado a una determinada
autoridad administrativa no ha sufrido ningún cambio o, más precisamente, que
los datos que en cierta ocasión pretérita le fueron comunicados por el
ciudadano no han perdido vigencia y siguen correspondiendo fielmente a la
realidad.”
Con relación a la supuesta falta de
proporcionalidad entre el costo que los comerciantes deben pagar a las cámaras
de comercio por renovar anualmente la matrícula mercantil, y los beneficios que
obtienen por ello, Confecámaras aduce que, a diferencia de lo manifestado por
el actor en este sentido, dicho costo no sólo proporciona beneficios al
comerciante. Indica que también genera efectos positivos en el ejercicio del
derecho al acceso a la información de todos los ciudadanos y particularmente
del Estado, pues de acuerdo con su naturaleza pública, puede ser consultado por
la comunidad en general.
Al respecto, arguye que el costo en comento
tiene dos finalidades principales: permite que las cámaras de comercio
recuperen la inversión en la que incurren por la prestación del servicio de
registro; y, facilita que estas cumplan las funciones públicas que les
encomienda la ley y la Constitución Política.
Por último, en su sentir, la eliminación de
la renovación anual de la matrícula mercantil tendría los siguientes efectos:
la desaparición del registro mercantil, ya que la infraestructura sobre la cual
éste funciona, es financiada principalmente con los recursos provenientes de la
renovación periódica de la matrícula; la pérdida de unidad de la información
sistematizada en el Registro Único Empresarial; el aumento de costos para los
empresarios por concepto de investigación y análisis del mercado; el incremento
en los recursos que el Estado invierte normalmente en la investigación y
análisis de la información empresarial; y, la desaparición de las 57 cámaras de
comercio existentes en el país, ya que “la renovación representa el 65% de
ingresos de origen público que perciben las cámaras en desarrollo de la
actividad registral.”
7.- Intervención de la Facultad de
Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
En escrito dirigido a esta Corte, la
Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario
solicita se declare la exequibilidad de la norma acusada.
El interviniente indica que los cargos
propuestos en la demanda de la referencia se encuentran indebidamente
formulados, razón por la cual, no están llamados a prosperar. Expresa que de
acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para que prospere un
cargo de inconstitucionalidad, el concepto de la violación expuesto por el
demandante debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente.
En su parecer, los cargos sobre los cuales
el actor fundamenta su demanda, estos son, la falta de proporcionalidad de la
obligación en cabeza de los comerciantes consistente en renovar anualmente su
matrícula mercantil cuando no ha variado la información ya registrada, así como
la supuesta falta de competencia del Presidente de la República para expedir la
norma en comento, no se derivan del texto del artículo 33 del Código de
Comercio. En este sentido, estima que a diferencia de la interpretación que el
actor hace de los apartes acusados, dicho artículo se limita a ordenar la
renovación periódica de la matrícula mercantil y por sí sólo no implica la
generación de efectos desproporcionados o la creación de un hecho generador de
tributos. Concluye afirmando que “Quien interpone una acción pública de
inconstitucionalidad no puede pretender que todos los aspectos normativos
contenidos en otras disposiciones que tengan una vinculación con el enunciado
normativo demandado, terminen siendo objeto de pronunciamiento judicial.”
A pesar de lo expuesto anteriormente, el
interviniente hizo referencia a los cargos propuestos en la demanda. Sobre el
primero de ellos, expresa que el legislador cuenta con amplias competencias
para regular la actividad económica de los particulares. En virtud del
ejercicio de tales competencias, impuso a los comerciantes la obligación
proporcionada y razonable de renovar anualmente su matrícula mercantil.
Igualmente, sostiene que dicha obligación
no desconoce el principio de la buena fe, pues éste no sugiere la prohibición
de verificar, confirmar o rectificar la información suministrada por los
particulares, en este caso, por los comerciantes.
Comenta que la renovación de la matrícula
mercantil en los eventos en que no implique el registro de nuevos datos, de
todas formas comprende el suministro de una nueva información puesto que “para
un tercero que pretende contratar con un comerciante matriculado en la cámara
de comercio no será irrelevante el hecho de que la actividad del comerciante de
que se trate haya cambiado o no de un año a otro”. Explica que “en
sentido económico y jurídico puede afirmarse que la confirmación de una información
a través de la renovación de la matrícula, constituye el suministro de una
información diferente si se considera que la interpretación de que puede ser
objeto tal información puede resultar diversa.”
Por ello, estima que no resulta conveniente
dejar al arbitrio del comerciante la renovación de la matrícula mercantil hasta
cuándo él considere que ha habido cambios significativos en su actividad, pues
tal facultad generaría desconfianza en la certeza de la información consignada.
8.- Intervención de la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
Mediante escrito allegado a esta Corte, la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana solicita
se declare la constitucionalidad de la norma demandada.
Con relación al primer cargo expuesto por
el actor, el interviniente afirma que el Congreso de la República goza de
libertad de configuración legislativa para imponer deberes y obligaciones
orientadas a garantizar la  actualización de la información que tenga un
interés público.
La Facultad interviniente considera que, en
desarrollo de la potestad indicada anteriormente, el legislador impuso a los
comerciantes el deber de actualizar la matrícula mercantil de forma periódica,
dado que ésta contiene información pública que cumple, entre otras, las
siguientes funciones: es un medio legal a través del cual, se garantiza la
publicidad y oponibilidad de los actos y documentos allí registrados; confiere
certeza y seguridad a las relaciones jurídicas creadas mediante tales actos y
documentos; permite controlar la competencia desleal y proteger el nombre
comercial; garantiza un sistema de información mercantil que recauda, registra
y pone a disposición del público los datos que requieren para el efecto; y
asegura que la información consignada sea confiable y veraz.
9.- Intervención del Instituto Colombiano
de Derecho Procesal.
Con el objeto de atender la invitación
formulada por el Magistrado Sustanciador en el auto admisorio de la presente
demanda, mediante escrito allegado a esta Corte, el Instituto Colombiano de
Derecho Procesal solicita se declare la constitucionalidad de la norma
demandada.
En criterio del Instituto Colombiano de
Derecho Procesal, la renovación anual de la matrícula mercantil no implica la
violación del principio de la buena fue previsto la Constitución. En su
opinión, la obligación contenida en el artículo 33 del Código de Comercio busca
garantizar la actualización y vigencia de la información sistematizada en el
registro mercantil, sin que de ello se pueda inferir que los apartes demandados
impliquen la presunción o sospecha de que el comerciante actúa de forma
maliciosa o fraudulenta.
El interviniente sostiene que no es cierto
que la obligación impuesta a los comerciantes en el artículo 33 del Código de
Comercio viole el artículo 15 de la Constitución Política, pues “el registro
mercantil tiene una naturaleza y cumple unas funciones distintas a las de una
simple base de datos personales y, por lo mismo, debe estar gobernado por unos
preceptos o parámetros distintos, entre ellos la actualización periódica y la
publicidad de los registros.” Es así como, en su sentir, la renovación
anual de la matrícula mercantil, es un derecho para quien consulta el registro
y un deber para quienes están allí registrados. En todo caso, la norma acusada
no restringe el derecho de todo comerciante de corregir, rectificar o
actualizar la información contenida en el registro mercantil.
Finalmente, con relación al primer cargo de
inconstitucionalidad sustentado en la demanda, indica que la norma demandada,
no constituye una vulneración del artículo 25 y 338 de la Constitución
Política, por cuanto no limita el acceso al trabajo en condiciones dignas y no
afecta la vigencia del orden social justo.
Respecto al segundo cargo propuesto en la
demanda, advierte que de acuerdo con el artículo 124 de la ley 6 de 1992, el
Congreso de la república confirió facultades expresas al Gobierno Nacional a
fin de que fijara las tarifas que los comerciantes deben pagar a las cámaras de
comercio por la prestación de los servicios de registro. Precisa que dicha
norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia
C-144 de 1993.
10.- Intervención de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Colombia.
La Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Colombia, a través de escrito allegado a esta Corporación, solicita
se declare la constitucionalidad de la norma acusada.
Estima que la obligación en cabeza de los
comerciantes de renovar  periódicamente la información registrada en la
matrícula mercantil cumple importantes funciones, tales como mantener
actualizado el registro mercantil y contribuir a la financiación de las
actividades propias de las cámaras de comercio.
El interviniente considera inconveniente
que esta Corte admita la solicitud del demandante, en el sentido de establecer
que la renovación anual de la matrícula mercantil sólo procede en los eventos
en que la información registrada haya sufrido modificaciones en los términos de
los artículos 32 y 33 del Código de Comercio. Esto por cuanto “[u]na
decisión de la Corte Constitucional declarando la constitucionalidad
condicionada del aparte del artículo 33 sería injusta, errónea, y acabaría con
la institución de la matrícula mercantil porque todos los comerciantes
esgrimirían la tesis de no tener modificaciones en la información suministrada
en la matrícula mercantil para no renovar.”
Continúa el interviniente indicando que no
es cierto que exista desproporcionalidad entre el beneficio obtenido por los
comerciantes  y el pago que estos efectúan por la renovación anual de la
matrícula mercantil. Explica que, a diferencia de lo expresado por el
demandante, del cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 33 del
Decreto 410 de 1971, los comerciantes obtienen múltiples servicios de las
cámaras de comercio. Remite como ejemplos, la asesoría profesional suministrada
por las cámaras y la publicidad de la condición de comerciante que le permite a
éste celebrar diferentes negocios jurídicos.
Concluye manifestando que no está de
acuerdo con lo afirmado por el demandante, respecto a la falta de competencia
del Presidente de la República para consagrar la obligación prevista en el
artículo demandado parcialmente. Sostiene que el actor se encuentra equivocado
al expresar que es el Gobierno Nacional quien fija las tarifas que serán
cobradas por las cámaras de comercio como retribución por el servicio de
registro que prestan. Explica que, dado que la Superintendencia de Industria y
Comercio actúa como superior jerárquico de las cámaras de comercio, es ésta
quien fija las tarifas que los comerciantes pagan por concepto del registro y
de su renovación.
11.- Intervención ciudadana.
Mediante escrito dirigido a esta
Corporación, el ciudadano Andrés Mauricio Mosquera Moreno solicita se declare
la constitucionalidad de la norma demandada.
Aduce el interviniente que de conformidad
con la Constitución Política, el Estado se encuentra facultado para intervenir
y limitar la iniciativa privada, así como para regular y establecer
obligaciones en cabeza de quienes ejerzan cualquier actividad económica. Estima
que en ejercicio de esta potestad, y a fin de garantizar la primacía del
interés general, la protección de los principios y valores constitucionales, y
preservar el orden público económico, el legislador dispuso la obligación de
los comerciantes de efectuar el registro mercantil y la renovación anual de la
matrícula.
En su criterio, con la renovación anual de
la matrícula mercantil, el legislador busca hacer efectivo el derecho a la
información en el ámbito de las actividades mercantiles. Su actualización y
vigencia permite que, por un lado, los agentes económicos tengan confianza en
la información contenida en el registro mercantil y por otro, disminuye los
costos en que incurren los comerciantes en el desarrollo de sus transacciones
comerciales.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación, en
cumplimiento del mandato constitucional contenido en los artículos 242.2 y 278
de la Constitución, hace llegar a la Corte el concepto Nº 3985, en el que
solicita que la norma demandada sea declarada exequible. Sobre el particular,
el Procurador General de la Nación conceptuó lo siguiente:
De acuerdo con el artículo 10 del Código de
Comercio, todas aquellas personas que realicen actividades mercantiles son
consideradas comerciantes. En virtud de dicha condición, los comerciantes se
encuentran sujetos al cumplimiento deberes legales, tales como la inscripción
en el registro mercantil en los términos de los artículos 28 y 32 del Código de
Comercio, y la renovación anual de la matrícula de conformidad con el artículo
33 del mismo código.
En este sentido, “la renovación de la
matrícula mercantil es una obligación impuesta por el legislador a los
comerciantes en beneficio del interés general, la cual se cumple mediante el
suministro de la información sobre cualquier modificación que haya sufrido
aquella consignada al momento de matricularse o simplemente señalando que la
misma conserva su vigencia.” Tal obligación resulta razonable si se tiene
en cuenta que la información consignada permite que la matrícula “pueda
cumplir con su objetivo principal que no es otro que ofrecer publicidad.”
Con fundamento en lo anterior, no es de
recibo el argumento según el cual, el principio de la buena fe libera a los
particulares del cumplimiento de obligaciones impuestas por el legislador en ejercicio
de su libertad de configuración normativa.
Igualmente, considera que tampoco es
acertado afirmar que la obligación prevista en el artículo 33 del Código de
Comercio vulnera el derecho consagrado en el artículo 15 de la Constitución
Política. En primer lugar porque el derecho a rectificar y actualizar la
información contenida en archivos y bases de datos no es absoluto “y, por lo
tanto debe ceder ante el interés general que se busca proteger con la
publicidad que se garantiza a través de la renovación de dicha matrícula.”;
y, porque a diferencia de lo expresado por el actor en este sentido, el
artículo demandado parcialmente permite que el comerciante conozca, actualice y
rectifique la información que sobre él repose en la matrícula mercantil.
El artículo 33 del decreto 410 de 1971, “Por
el cual se expide el Código de Comercio”, tampoco viola el derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas de quienes lo realizan de manera
independiente – continúa el Procurador-. La obligación dispuesta en los apartes
del artículo demandado, no implica que el Estado deba abstenerse de ejercer la
inspección y control de la actividad de los comerciantes, tal y como lo
expresan los artículos 26 y 333 de la Constitución Política.
En cuanto a los argumentos expresados por
el demandante respecto a la presunta violación de los artículos 95-9, 150-12,
338 de la Constitución, resalta la Vista Fiscal que aquellos no guardan
relación alguna con la norma acusada, razón por la cual, “estamos frente a
un caso de ineptitud sustantiva de la demanda que hace imposible pronunciarse
sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición demandada y, en
consecuencia, este Despacho solicitará a la Corte Constitucional inhibirse de
dictar un pronunciamiento de fondo en relación con estos cargos.”
En los anteriores términos analiza el
Procurador General de la Nación la demanda objeto de la presente sentencia.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.- La Corte Constitucional es competente
para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 5 de la
Carta.
Problemas jurídicos planteados a la Corte
Constitucional.
2.- El actor demanda la norma jurídica que
establece la obligación a los comerciantes de renovar anualmente la matrícula
mercantil (registro mercantil), contenida en el artículo 33 del Código de
Comercio. Solicita a esta Corporación que la declare inexequible, y esgrime
para ello dos cargos: (i) explica que dicha obligación es una carga
desproporcionada y vulnera la presunción de la buena fe, pues la renovación del
registro mercantil consiste en reiterar la información que la Cámara de
Comercio ya tiene sobre el comerciante, luego el único sustento de la necesidad
de dicha ratificación sería asumir que el obligado no va a reportar de buena fe
cualquier modificación a su empresa. Además, no aplicar la presunción de buena
fe genera que el costo y los esfuerzos que implica para los comerciantes y para
las Cámaras de Comercio la renovación del registro mercantil cuando no se han
modificado las condiciones de la empresa, no sea acorde con los beneficios
obtenidos de la misma. Y, (ii) en consideración a que la norma demandada
determina una contribución a cargo de los comerciantes, y a que ésta fue
establecida por el Presidente de la República al expedir el Código de Comercio
mediante un decreto con fuerza de ley, entonces se vulnera la reserva que
tienen el Congreso, las Asambleas y los Concejos, para imponer contribuciones a
los ciudadanos (art 338 C.N).
Sobre el primer cargo, el actor agrega que
se vulnera el derecho a rectificar, actualizar y enmendar información contenida
en las bases de datos y archivos de distintas entidades (art 15 C.N).
3.- Por su parte los intervinientes
solicitan a la Corte Constitucional que declare la constitucionalidad del
artículo demandado. De manera general esgrimen que los comerciantes frente a
sus actividades y a las mismas Cámaras de Comercio tienen no sólo derechos sino
también deberes, dentro de los cuales está el de renovar el registro mercantil
anualmente (Cámara de Comercio de Bogotá). Explican que este deber tiene como
sustento el hecho que el mencionado registro actualizado cada año, permite el
adecuado funcionamiento de la organización mercantil (Cámara de Comercio de
Bogotá, U. Nacional y U. del Rosario). Pues, facilita a las cámaras de comercio
detectar problemas y prevenir crisis en el cumplimiento de los requerimientos a
las distintas empresas (Cámara de Comercio de Bogotá).
De otro lado, plantean que contrario a lo
que dice el demandante, los ingresos derivados de la renovación de la matricula
mercantil, ni están soportados sobre la presunción de la mala fe de los
particulares, ni son desproporcionados al beneficio que implica la existencia
de dicho registro. Y en este orden estos ingresos representan un reconocimiento
al servicio que prestan las cámaras de comercio (Superintendencia Industria y
Comercio). De este servicio se benefician tanto los ciudadanos como el Estado.
Los primeros porque tienen la oportunidad de acceder a una actividad organizada
de suma importancia como la mercantil; y las autoridades públicas de igual
manera se benefician del hecho que dicha actividad esté organizada pues
facilita y hace efectivo su control (Confecámaras y ciudadanos intervinientes).
Agregan que, como la consecuencia de esta organización es la existencia de un
registro mercantil permanentemente actualizado, éste es fuente determinante de
entidades como la DIAN y los mismos entes territoriales, para el adecuado
desarrollo de sus tareas. De ahí que se haya creado una base de datos que es
primordial para las actividades del Estado, como lo es el Registro Único
Empresarial RUE (Confecámaras). Respecto de lo anterior resaltan los
intervinientes que el registro mencionado, en tanto actualizado, contribuye a
la seguridad jurídica de los actos que celebran las empresas (U. Javeriana).
Otro argumento recurrente en los escritos
de intervención, explica que los recursos que las cámaras de comercio reciben por
concepto de la renovación de la matricula mercantil, les permiten ejercer
satisfactoriamente sus funciones. En este orden, las implicaciones económicas
que generaría la eliminación del requisito y la consecuente suspensión del
ingreso de recursos por este concepto, alteraría sustancialmente el
funcionamiento de las cámaras de comercio, amenazándose incluso la posibilidad
de seguir funcionando (Cámara de Comercio de Bogotá, Confecámaras y U.
Nacional).
Otros intervinientes consideran que los
cargos planteados por el demandante se circunscriben a enjuiciar la
conveniencia y oportunidad de la norma, es decir sustentan la
inconstitucionalidad en su supuesta ineficiencia. Lo cual en su opinión, escapa
a la competencia del tipo de control de constitucionalidad que ejerce la Corte
Constitucional (Min. Comercio, Industria y Turismo, Min. Interior y
Superintendencia de Industria y Comercio).
Respecto del segundo cargo, consideran en
general que es inepta la demanda por cuanto es el artículo 124 de la Ley 6º de 1992
el que faculta expresamente al Gobierno para fijar las tarifas que los
comerciantes deberán pagar a favor de las Cámaras de Comercio, y no el artículo
33 del Código de Comercio. Además de que el mencionado artículo 124 ya fue
estudiado por la Corte y fue declarado exequible mediante la sentencia C-144 de
1993. Por lo que concluyen que el actor no demanda la norma pertinente.
4.- A su turno, el Ministerio Público
solicita igualmente a esta Corporación que se declare exequible la disposición
demandada, por la supuesta vulneración del principio de buena fe. Mientras que
en relación con los cargos consistentes en que el requisito de renovación anual
es desproporcionado (inc. segundo Art 338) y en que se vulnera la reserva que
sobre estos temas tienen el Congreso, las Asambleas y los Concejos, por
tratarse de obligaciones impositivas, dice la Vista Fiscal que no se encuentran
suficientemente fundamentados por lo que no procede estudio de fondo. Por ello
solicita un pronunciamiento inhibitorio a este respecto.
En lo que tiene que ver con la vulneración
del principio de buena fe, explica que el fin de la norma es ofrecer publicidad
sobre quiénes están ejerciendo actividades mercantiles. Y en este sentido la
reiteración de la información que se hace al renovar la matricula mercantil, no
puede ser interpretada como que las autoridades parten de la mala fe de los
comerciantes y por ello establecen la obligación de aportar anualmente los
datos principales de la empresa, incluso si éstos no han cambiado desde el año
anterior. Por el contrario, su verificación  cumple con fines que la misma
actividad mercantil exige, como la seguridad y la transparencia.
Antes de establecer los problemas jurídicos
que resolverá la Corte, se determinará la pertinencia de la supuesta
vulneración del derecho de habeas data (art. 15 C.N) y del derecho al
trabajo (art 25 C.N), derivada del primer cargo presentado por el actor.
Asunto preliminar.
Impertinencia de los cargos por vulneración del derecho de habeas data
(art. 15 C.N) y del derecho al trabajo (art 25 C.N).
5.- En lo relativo al derecho de habeas
data, el demandante dice que éste implica el derecho de todos los
ciudadanos a actualizar y rectificar las informaciones que sobre ellos reposen
en los archivos y bases de datos públicos y privados. En este sentido, al
establecer el artículo 33 del Código de Comercio un deber de actualizar
informaciones, desdibuja lo garantizado por el mencionado derecho de habeas
data. La Corte encuentra que este argumento carece de pertinencia, pues presupone
que cuando la Constitución establece un derecho, no puede establecer un deber
en el mismo sentido. Lo cual no es exacto pues la Constitución es en esencia la
sistematización de los derechos y deberes fundamentales en un Estado
Constitucional de Derecho. Por otro lado, el argumento del demandante no tiene
en cuenta que la actualización de la información de los comerciantes es
igualmente un deber que se deriva del artículo 333 de la Constitución y del
artículo 25 del Código de Comercio. De lo anterior debía dar cuenta el
demandante en la motivación de su demanda para la estructuración de la
vulneración que plantea, al no ser ello así no procede examen de fondo a este
respecto, por ineptitud sustantiva de la demanda.
6.- En lo relativo a la vulneración del
derecho al trabajo, el demandante no esgrime ninguna razón. Sólo atina a decir
que se vulnera el artículo 25 superior, pero no da ninguna razón para sustentar
esta afirmación. La Corte ha dicho en múltiples ocasiones que no basta con la
referencia al artículo que se presume vulnerado, sino que se deben exponer
razones que lo sustenten.[3] Por ello, respecto de
este cargo tampoco procede examen de fondo.
Problema Jurídico
7.- De conformidad con lo anterior,
corresponde a esta Corte establecer (i) si la obligación de renovar anualmente
el registro de matricula mercantil vulnera el principio de la buena fe (art. 83
C.N), pues de su supuesta falta de aplicación se deriva que el costo y trámite
de la renovación del registro mercantil, algo presuntamente exagerado respecto
de los servicios y beneficios que dicha renovación brinda. Y (ii) si se vulnera
la reserva que el Congreso, las Asambleas y Concejos tienen para fijar tasas y
contribuciones (art 338 C.N), en atención a que esta obligación está
establecida en el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) expedido por el
Presidente de la República mediante decreto con fuerza de ley.
1.- Primer cargo, la obligación
de renovar anualmente el registro de matricula mercantil y el principio de
buena fe[4].
8.- Como se acaba de explicar, el actor
plantea en el escrito de la demanda que la obligación de los comerciantes de
renovar cada año el registro de matricula mercantil resulta, en tanto
desproporcionada, es contraria al principio de la buena fe (art. 83 CN). Las
razones en que sustenta esta afirmación consisten en que cuando las empresas no
sufren modificaciones que alteren la información contenida en el registro de
matricula mercantil, deben a pesar de ello realizar el trámite de la renovación
y pagar el costo respectivo. Lo cual no reporta ningún beneficio ni a las
Cámaras de Comercio ni a las empresas mismas, pues dicha renovación se
convierte en una reiteración de la información con la que ya cuentan las
mencionadas Cámaras de Comercio. Tanto los comerciantes como las autoridades
(Cámaras de Comercio) deben desplegar actividades y esfuerzos innecesarios para
hacer efectivo el requisito en comento, los cuales se podrían evitar si se da
plena aplicación a la presunción de que las actuaciones de los particulares son
de buena fe (art 83 C.N).
En conclusión, la renovación de la matricula mercantil
representa no sólo una carga exagerada, sino también injustificada a la luz de
la presunción de buena fe de que gozan los actos de los particulares.
9.- Configurado el primer cargo en la forma
descrita, y como quiera que la vulneración al artículo 83 superior (principio
de buena fe) alegado por el actor, se sustenta en la supuesta desproporción del
requisito del artículo 33 demandado; esta Sala realizará un juicio de proporcionalidad
para determinar si los beneficios y servicios que prestan tanto el registro de
matricula mercantil, como las Cámaras de Comercio justifica suficientemente a
luz del orden constitucional, que los comerciantes deban renovar anualmente la
matrícula mercantil asumiendo el costo que esto representa. Para esto
establecerá (i) si la medida que se supone vulnera el orden constitucional, es
adecuada para la satisfacción de fines constitucionalmente justificados
(adecuación), (ii) si la medida es necesaria en atención a que otras medidas
para los mismos fines intervienen de manera más gravosa en los derechos
constitucionales (necesidad) y (iii) si la medida es proporcional en la medida
en que realiza los fines perseguidos de tal manera que compensa el sacrificio
que eventualmente puede significar la afectación de derechos contenidos en la
Constitución (proporcionalidad).
La Corte desarrollará pues la metodología
de análisis expuesta, para lo cual se cuestionará primero acerca de si existen
fines constitucionalmente justificados, que fundamenten que los comerciantes
tengan la obligación de renovar anualmente el registro de matricula mercantil y
pagar por ello, incluso si esto implica simplemente reiterar la misma
información del año anterior acerca de la empresa.
10.- Esta Sala encuentra que la respuesta
al anterior cuestionamiento es positiva. Esto es, para la Corte Constitucional
el requisito de renovación del registro de matrícula mercantil busca satisfacer
objetivos legítimos a la luz del orden constitucional. Así, (i) la
estructuración de una base de datos permanentemente actualizada con la
información detallada de los comerciantes y sus ocupaciones, (ii) hace de la
dinámica económica una actividad organizada y por tanto segura desde el punto
de vista económico sino también jurídico.
1.1.- Alcance de la matricula mercantil y
fines constitucionalmente justificados de la renovación anual de la matrícula
mercantil.
11.- En primer término, de manera general
la información contenida en la matrícula mercantil de quienes ejerzan la
actividad comercial en Colombia, debe dar cuenta de lo siguiente según el
artículo 32 del Código de Comercio:
§  Nombre del comerciante, documento de identidad y
nacionalidad.
§  Actividad o negocios a los que se dedique
§  Domicilio y dirección
§  Lugares en que permanentemente desarrolle sus
actividades o negocios.
§  Referencia al patrimonio líquido
§  Referencia detallada de los bienes raíces que posea.
§  Referencia al monto de las inversiones en las
actividades o negocios que desarrolla.
§  Referencia a la(s) persona(s) que administran las
actividades o negocios, así como al detalle de sus facultades.
§  Referencia a las entidades de crédito con las cuales
haya celebrado operaciones.
§  Referencia a dos comerciantes inscritos.
Y cuando se trate de un establecimiento de
comercio, la matrícula mercantil deberá hacer referencia a:
§   Denominación y dirección.
§   Actividad principal a le se dedique.
§   Nombre y dirección del propietario
§   Indicación de si el local que ocupa es
propio o ajeno.
La información que se debe ingresar a la
matrícula mercantil configura pues el detalle de los datos mínimos que deben
ser públicos, de quien(es) a nombre propio o mediante una empresa pretenden
participar en actividades económicas mediante la compra y de venta de bienes
y/o servicios.
12.- La actualización permanente de estos
datos encarna un archivo de información que da fe de quiénes, qué, cómo y con
cuántos recursos se está desarrollando el intercambio económico en nuestra
sociedad. Así mismo, dicha información satisface tanto la agilidad propia de la
dinámica económica, por cuanto se actualiza constantemente, como también la
necesidad de publicidad y acceso inmediato a ella para permitir la efectividad
que brinda la inmediatez en el intercambio comercial.
En conclusión la base de datos constituida
por el registro mercantil actualizable anualmente, sugiere la compilación de
una información que es connatural a la actividad comercial, en tanto su
desarrollo implica tener certeza de quiénes, cómo y con qué se participa en
ella. Además, la disponibilidad pública e inmediata señala a todos los
integrantes de una comunidad la garantía del acceso al intercambio económico y
les brinda las herramientas mínimas para ello, las cuales son conocimiento de
los participantes y conocimiento de las actividades que se realizan.
13.- La Corte comparte las apreciaciones de
la mayoría de los intervinientes, en el sentido que el registro mercantil
permanentemente actualizado, presta a la actividad económica la posibilidad de
configuración de uno de sus supuestos más importantes, cual es el de (i) la
organización. De la que se deriva igualmente otro elemento esencial no sólo al
ejercicio del intercambio comercial sino a la dinámica misma del Estado
Constitucional de Derecho, que es (ii) la seguridad jurídica. Todo esto, a
través de la satisfacción de otro principio fundamental de las actividades económicas,
cual es el de (iii) la publicidad. El cumplimiento de éstos implica que los
principios constitucionales y su implementación sugieren la adopción de medidas
tales como la que se estudia en la presente sentencia.
1.1.1- Organización, dirección y control de
la actividad mercantil por parte de Estado.
14.- Por un lado, “…la Carta reconoce
que la empresa es la base del desarrollo”[5],
garantizando “…a todos la posibilidad de establecer unidades de explotación
económica en los más diversos campos, propiciando así el progreso de la
colectividad.”[6] De
igual manera, el Código de Comercio en su artículo 25 establece que se
entenderá por empresa toda actividad económica organizada, para la producción,
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la
prestación de servicios. Lo que coloca como sustento fundamental de la
actividad económica, emprendida principalmente por empresas, el carácter
organizado de dicha actividad.
15.- No sólo la definición misma de
intercambio comercial implica que éste es un conjunto de actividades
organizadas, sino que el papel que la Constitución le otorgó al Estado frente a
la economía, así lo dispone. En efecto, el artículo 334 superior contempla que
la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. En esa medida,
de manera general la intervención estatal en la economía debe atender entre
otros, a la protección de la libertad económica y al control y prevención de
los abusos que en la dinámica económica se puedan presentar (art 333 C.N).
Sobre el particular ha sostenido esta Corte:
“En el Estado social de Derecho, el
principio de la libertad económica -y de las subsiguientes de empresa[7]
y de competencia[8]- se sigue
considerando como base del desarrollo económico y social y como garantía de una
sociedad democrática y pluralista. Coincidente con esta concepción, la
Constitución Política en su artículo 333 expresamente reconoce a la empresa su
carácter de promotor del desarrollo.
Desde una óptica subjetiva, la libertad económica, que
involucra la de empresa y dentro de ella la libertad de competencia que es su
principio básico de operación, es un derecho no fundamental de todas las
personas a participar en la vida económica de la nación[9],
que el poder público no sólo debe respetar, sino que, además, debe promover.
Para ello debe remover los obstáculos que impiden el libre acceso a los
mercados de bienes y servicios. En este sentido, la Carta explícitamente
enuncia que <La libre competencia económica es un derecho de todos...> y
añade que <El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica>.
No obstante, como todos lo derechos y
libertades, la económica y de empresa no son absolutas. Ellas tienen  límites
concretos que la Constitución expresamente menciona cuando afirma:  <La ley
delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el  interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.> Además, la
noción misma de empresa, similarmente a lo que sucede con el concepto de
propiedad, es entendida como una función social que implica obligaciones. (C.P
art. 333)
El instrumento por excelencia que permite a
las autoridades lograr la efectividad de la función social de la empresa, es
la  actividad estatal de intervención en la economía. Esta intervención, según
lo prevé el canon 334 superior, se lleva a cabo por mandato de la ley <en la
explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos
y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano.> Así pues, el legislador puede intervenir
la actividad económica, a fin de lograr los mencionados fines constitucionales.
Puede decirse que la actividad
intervencionista del Estado en la economía pretende conciliar los intereses
privados presentes en la actividad empresarial de los particulares, con el
interés general que está involucrado en dicha actividad en ciertos casos, como
en el de la prestación de los servicios públicos que se vincula a la
satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos. Por ello, en las normas
de intervención que así expide el legislador, está presente la tensión entre la
libertad de empresa y la prevalencia del interés general.
6. De esta manera, si bien la libertad de
empresa admite límites que se imponen mediante la intervención en la economía
que se lleva a cabo por mandato de la ley para el cumplimiento de los fines de
interés general que la Constitución menciona, esta intervención no puede
eliminar de raíz la mencionada libertad y debe obedecer a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad. Por ello, en reiterada jurisprudencia la
Corte se ha encargado de señalar los límites constitucionales que se imponen a
la hora de intervenir la actividad económica de los particulares en aras del
interés general. Al respecto, ha indicado que tal intervención: i)
necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley;  ii) no puede
afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa;  iii) debe obedecer a
motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida
garantía; [10]  iv) debe obedecer al principio de
solidaridad[11]; y v)
debe responder a criterios de  razonabilidad y proporcionalidad[12].”
[C-615 de 2002][13]
16.- Como se ve, la facultad de
intervención del Estado en la economía se presenta como la principal
herramienta mediante la que éste ejerce la dirección y control de aquella. Para
esto, la organización de quienes participan en el intercambio comercial
proporciona al Estado las condiciones necesarias para dirigir y controlar de
modo efectivo la actividad económica. De ahí que para esta Corporación resulte
claro que sin un instrumento que provea la organización de las empresas, no se
pueda hablar de un escenario adecuado para ejercer la intervención eficaz que
la Constitución prescribe a cargo del Estado, en la producción, transformación,
circulación, administración o custodia de bienes, o prestación de servicios.
Esto es, en la actividad mercantil que por excelencia la desarrollan las
empresas por medio de actividades económicas organizadas.
17.- Un instrumento esencial que organiza las
empresas, y por tanto facilita y hace efectiva la labor del Estado de dirigir y
controlar la economía (arts 333 y 334 C.N) es el registro mercantil. Contrario
sensu, en ausencia de una base de datos como el registro mercantil que
manejan las Cámaras de Comercio, no es posible cumplir los fines
constitucionales contenidos en los artículos 333 y 334 de la Carta. Pues, la
falta de publicidad, actualización y acceso a las circunstancias principales de
las empresas hace muy compleja – por decir lo menos - la tarea de establecer
directivas y diseñar políticas para que el desarrollo económico de cuenta de
los objetivos que la Constitución le trazó.
18.- Para esta Sala, la satisfacción de los
principios de dirección, control y promoción de la economía por parte del
Estado (arts 333, 334, 335, 336, 337 y 338 C.N), así como la búsqueda por el
cumplimiento de la función social de las empresas (art. 333 C.N), no sólo
justifica la implementación de una herramienta como el registro mercantil, sino
que la hace necesaria. Esto en tanto, como se dijo, configura el instrumento
idóneo para organizar a quienes pretenden participar en el intercambio
mercantil. Además de que, la organización que proporciona la estructura del
registro deriva en la organización de la actividad mercantil en general, lo
cual a su vez genera seguridad en su desarrollo.
1.1.2.- Principio de seguridad jurídica (art. 1° C.N)[14]
19.- Al igual que la
organización que brinda el registro mercantil permite la tarea que la
Constitución le designó al Estado frente a la economía, la seguridad jurídica
que se deriva de dicha organización justifica igualmente la implementación del
registro en comento. En efecto, como esta Corte lo ha estipulado en múltiples
oportunidades, la seguridad jurídica es un elemento intrínseco del Estado
Constitucional de Derecho y una condición necesaria para el funcionamiento de
la actividad económica. Sobre el particular ha dicho esta Corte:
“En
el extremo de estricta legalidad, debido a la necesidad de asegurar una alta
estabilidad jurídica y bajo el principio de limitación legal del ejercicio de
los derechos constitucionales, se encuentran la definición y regulación general
de las actividades mercantiles (…).
Es
regla general que el ejercicio de las libertades (entre ellas la libre empresa)
no requiere autorización, salvo que la Constitución lo demande. De igual
manera, ha de aceptarse que el establecimiento de limitaciones al ejercicio de
los derechos corresponde en primera medida al legislador, en tanto que
representante del pueblo. La fijación de límites al ejercicio de la libertad
debe estar rodeada de garantías de estabilidad normativa, ya que de lo
contrario resultaría imposible proyectar un plan de vida, ante los permanentes
cambios normativos o la amenaza de estos.”[15] [Énfasis fuera de texto]
20.- También, en punto de matizar la
intervención del estado en la actividad económica y por tanto en el despliegue
de las empresas, la Corte Constitucional ha destacado siempre la salvedad
consistente en que dicha intervención no puede generar inseguridad a los
participantes en el intercambio comercial. Por ello se ha recalcado “…que dentro
de ese conjunto de atribuciones estatales, que pueden implicar límites o
restricciones a la libertad individual de cada empresa, (…) <[p]retende
la Constitución que en el punto de partida y a lo largo de la competencia,
hasta su culminación, todos los competidores reciban igual trato, se les
otorguen las mismas garantías e iguales derechos, se les permita el uso de los
mismos instrumentos y medios de acción, se les cobije bajo las mismas normas y
reglas de juego, se prevea para todos el mismo sistema de selección y
calificación, se les evalúe y clasifique dentro de los mismos criterios,
objetiva e imparcialmente, y se exija a todos <un mismo nivel de
responsabilidades. Obviamente, siempre sobre el supuesto de la equivalencia de
situaciones y circunstancias (igualdad real y efectiva)> (Cfr. Corte
Constitucional. Sentencia SU-182 de 1998).”[16]
Así, la seguridad jurídica se convierte en
un fin a satisfacer por las distintas regulaciones que enmarcan la actividad
mercantil. “Los conceptos de libertad económica y de libre iniciativa
privada no son absolutos y, por el contrario, se encuentran forzosamente
enmarcados dentro de postulados constitucionales de superior categoría que los
restringen”[17],
tales como la dirección que en este tema debe ejercer el Estado para garantizar
entre otras cosas, la seguridad jurídica.
1.1.3.- Principio de publicidad
22.- Tanto
las normas constitucionales invocadas, como la jurisprudencia de esta
Corporación, establecen que el Estado tiene el deber de garantizar condiciones
propicias para el ejercicio de la libertad económica. La corrección de estas
condiciones supone un ambiente de seguridad, así como la mayor claridad
posible, no sólo en cuanto a las regulaciones de dicha actividad, sino sobre
todo en lo relativo a la efectividad del control y dirección que ejerce el
Estado.
Por ello,
la publicidad que presta el Registro Mercantil, en la consolidación  de las
condiciones de organización y seguridad en las que se desenvuelve el
intercambio económico y la actividad mercantil, adquiere importancia capital.
23.- De
igual manera la obligación de control y dirección de la actividad mercantil, a
cargo del Estado, somete esta función a los lineamientos de las actividades que
realizan las autoridades públicas. Así, la publicidad es uno de los principios
fundamentales que busca satisfacer la actividad estatal. Sobre el particular ha
dicho la Corte:
“El principio de publicidad plantea el
conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, tanto por los
directamente interesados en ellas como por la comunidad en general.
En el primer caso, el principio de publicidad se
realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal; es
decir, del derecho a ser informado de las actuaciones judiciales o
administrativas que conduzcan la creación, modificación o extinción de una
situación jurídica o a la imposición de una sanción.
(…)
Y en el segundo caso, el principio de publicidad se
realiza mediante el reconocimiento del derecho que tiene la comunidad a conocer
las actuaciones de las autoridades públicas y, a través de ese conocimiento, a
exigir que ellas se surtan con total sometimiento a la ley. Es decir, aparte de
las notificaciones como actos de comunicación procesal, el principio de
publicidad comporta también el reconocimiento del derecho ciudadano a enterarse
de las decisiones tomadas por la administración y la jurisdicción, aunque,
desde luego, con las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico. En
este último evento, el principio de publicidad constituye una garantía de
transparencia en la actuación de los poderes públicos y un recurso que permite
las condiciones necesarias para el reconocimiento del derecho a controlar el
ejercicio del poder”[18].
24.- A manera de conclusión se puede
afirmar –reiterando lo consignado en el fundamento jurídico número 9 de esta
sentencia – que el requisito de renovación del registro de matrícula mercantil
busca satisfacer fines constitucionales referidos a que la dinámica económica
se estructure como una actividad organizada sujeta a la dirección y control del
Estado, y por tanto segura desde el punto de vista económico y jurídico, que
permite a la comunidad acceso a la información en virtud del principio de
publicidad. Y, por lo expuesto el registro mercantil actualizado constituye una
medida adecuada para la satisfacción de dichos fines.
1.1.4. - Los fines perseguidos por el
requisito están dentro del ámbito de regulación del legislador.
25.- De igual manera, el deber de
regulación adecuada de las actividades económicas, por parte del Estado, deberá
hacerse por mandato de la ley, según el artículo 333 superior. Así como
también, la intervención de las autoridades en la economía prescribe el mandato
previo de la ley según el artículo 334 de la Constitución. Esto hace surgir la
regla general consistente en que, tal como se dijo más arriba, dirección,
control y promoción de la economía por parte del Estado (arts 333, 334, 335,
336, 337 y 338 C.N), así como la búsqueda por el cumplimiento de la función
social de las empresas (art. 333 C.N), se configura como una obligación del
legislador.
26.- Así, más que el análisis del ámbito de
regulación del legislador, en la toma de medidas como la renovación anual del
registro mercantil, para la consecución de fines como la adecuada organización
de la actividad económica desplegada por las empresas y la garantía de la
seguridad jurídica en ello; la Corte encuentra la configuración de una
obligación en este sentido, en cabeza del Congreso de la República. Se trata
entonces, del deber constitucional del legislador de tomar medidas para que el
Estado ejerza la dirección y el control de las actividades. Y, frente a los
fines constitucionales que la Sala encontró impulsados por la existencia de un
registro como el que llevan la Cámaras de Comercio, la exigencia es que
mediante la ley se posibilite el ejercicio del Estado en cuanto a las
actividades económicas.
27.- Cabe afirmar entonces que es el
legislador el llamado a brindar herramientas tales como el Registro Mercantil,
para hacer efectivos los mandatos constitucionales que colocan al Estado como
director de la economía. De ahí, que el ámbito de regulación del mencionado
legislador en este aspecto sea amplio, y deba también plegarse a lo que se
exige de las autoridades públicas en el Título XII de la Constitución, respecto
del régimen económico nacional.
28.- No obstante, cabe señalar que dentro
del amplio ámbito de regulación descrito, del que goza el legislador, forma
parte también la posibilidad que éste establezca un sistema distinto de
renovación de la matrícula, al regulado por los artículos del Código de
Comercio que se han citado. La conformidad constitucional de los objetivos
buscados mediante la renovación del registro mercantil, no implica que el
legislador no pueda implementar otra forma de conseguirlos.
En igual sentido, de dicha conformidad a
los principios constitucionales, no se desprende tampoco que las Cámaras de
Comercio sean las únicas llamadas a estructurar una medida como la que se
estudia. Por el contrario, para la Corte Constitucional es claro que el registro
mercantil es una función pública desempeñada por un ente privado, como son las
mencionadas Cámaras de Comercio, pero este esquema no impide que eventualmente
esta función pueda ser, si así lo dispone el legislador, asumida directamente
por el Estado.
1.2.- Necesidad del registro mercantil.
29.- Frente a lo anterior podría
preguntarse si existen otras medidas diferentes a la implementación de un
registro mercantil permanentemente actualizado, que den cuenta de los fines
constitucionales señalados arriba. La Corte considera que si bien la
implementación de una base de datos que contenga la información de los
comerciantes no es el único instrumento dirigido a garantizar organización y
seguridad en las actividades mercantiles, éste resulta indispensable para ello.
Es decir, el registro mercantil actualizado es una condición necesaria más no
suficiente para asegurar que la actividad económica se desarrolle como una
dinámica organizada que brinde seguridad a sus participantes.
30.- Una de estas medidas alternativas se
propone en la demanda, cual es la de implementar el registro mercantil pero no
actualizado cada año, sino cada vez que los comerciantes modifiquen su empresa
en alguno de los ítems que contiene la matricula mercantil. La anterior no es
una medida que permita satisfacer adecuadamente las necesidades de certeza y
seguridad que implica organizar y dirigir la economía. Para la Corte es
evidente que no es lo mismo contar con la información sistematizada y
anualmente actualizada de las empresas, empresarios y sus actividades, que con
un registro que se actualice como un deber del comerciante, incluso si la
empresa no ha modificado su estructura. Pues precisamente, cuando este deber se
complementa con la obligación de hacerlo, es que se ejerce la potestad legítima
del Estado de controlar las actividades mercantiles (art 334 C.N).
Además, el registro en comento es un
elemento que se presenta como punto de partida para la implementación de
cualquier otra medida a favor de la organización de la actividad mercantil.
Para esta Sala es claro que las expectativas que se generan en el intercambio
económico adquieren un carácter distinto cuando se tiene acceso a la
información actualizada de quiénes están en el mercado. De igual manera,
aparece también una expectativa diferente para ejercer el control de las
empresas y de la misma actividad económica, si existe un registro con las
características que se han mencionado.
31.- Prescindir de la base de datos
actualizada cada año, constituida por el registro mercantil, implicaría que ni
los comerciantes ni el Estado como director de la economía, tendrían certeza de
sus posibilidades para participar y para controlar y promocionar,
respectivamente, el intercambio mercantil. Luego el control no lo ejercería el
Estado sino los mismos comerciantes, si es que se deja al arbitrio de ellos la
renovación de la información. Y, la ausencia de certeza a su vez, no produce
nada diferente a la inseguridad económica y jurídica de las transacciones
comerciales. No es posible por tanto diseñar una actividad económica
adecuadamente organizada si no se cuenta con información certera de los
comerciantes. Incluso, frente a la existencia de medidas de organización
alternativas a la sistematización de dicha información, ésta resulta
indispensable para implementar aquellas.
Por lo anterior, la Corte concluye que en
la tarea de adecuar la actividad económica empresarial a los postulados de los
artículos 333, 334 y siguientes de la Constitución, la implantación de la
obligación de renovar anualmente la matricula mercantil resulta necesaria; y es
además presupuesto para que se puedan tomar otras medidas con los mismos fines.
1.3.- La obligación de renovar el registro mercantil no es
desproporcionada
32.- Puede agregarse a todo lo anterior,
que el requisito objeto de estudio produce la satisfacción de los principios
mencionados contenidos en los artículos 333 y 334 constitucionales, y sacrifica
otros principios constitucionales. Sobre el particular, el planteamiento de la
demanda se centra en que el costo que implica la renovación resulta exagerado
si se tiene en cuenta que en el lapso de tiempo de un año la mayoría de las
empresas no modifican su estructura, luego la renovación de la matrícula es una
simple reiteración de la información con la que ya cuentan las Cámaras de
Comercio. Además de que, la misma implementación de la renovación en las
circunstancias descritas, genera esfuerzos importantes tanto para los
comerciantes como para la Cámaras de Comercio, por lo que no se justificarían
igualmente. Lo cual, como se explicó en el planteamiento del problema jurídico
le resta aplicación efectiva al principio de buena fe (art 83 C.N) en opinión
del actor.
33.- La Corte encuentra que en efecto de
conformidad con el inciso primero artículo 124 de la ley 6º de 1992, la
renovación de la matricula mercantil genera un costo para el comerciante[19].
Sin embargo de conformidad con el inciso segundo del artículo 124 citado, este
costo es proporcional al patrimonio registrado de su empresa[20].
Y así, los artículos 23 y 24 del Decreto 393 de 2002 contienen las tablas que
actualmente ponderan el valor a pagar por las empresas según este criterio.
Ahora bien, esto no quiere decir que
resulte inocuo el cobro de este valor si en la renovación de la matricula se
reitera la información que ya reposa en los archivos de la Cámara de Comercio.
Afirmar lo contrario sería presumir que el pago tiene como razón de ser sólo la
actualización de la información y no el mantenimiento y sistematización de la
misma, como es el caso. Tal como lo afirman algunos de los intervinientes, las
funciones que presta el registro mercantil van más allá del hecho que año tras
año la información de los comerciantes se verifica prestando certeza y
seguridad a la actividad mercantil. Pues, la existencia del registro presta a
todos publicidad y acceso a la información en él contenida.
34.- Para las entidades estatales en
desarrollo de la actividad contractual, para los entes de control en materia
impositiva y de vigilancia de la ejecución de recursos públicos, así como para
los comerciantes y demás particulares resulta relevante tener la posibilidad de
acudir a la base de datos pública del registro mercantil, para conocer quiénes
y cómo participan en la producción, transformación, compra y venta de bienes y
servicios. Lo cual amerita el pago del costo que implica su mantenimiento.
De otro lado, es claro para esta
Corporación que la sistematización de la que se ha hablado, que presenta el
registro mercantil como una base de datos, debe ser sustentada con recursos
para su mantenimiento. La actualización no es el único servicio que proporciona
el registro en comento – se insiste -. Su conservación, la cual permite que
esté a disposición de quien lo necesite, incluyendo entidades del Estado que lo
utilizan para ejercer su función dentro de la administración pública, autoriza
que el costo de la renovación pretenda apoyar su mantenimiento.
35.- No sólo la utilidad y servicio que
presta la existencia del registro de matricula mercantil autoriza la fijación
de un costo para su renovación anual, incluso cuando la actualización de la
información implica reiterar ésta. También, como lo ha dicho esta Corte, la
estipulación de las empresas como actividades económicas organizadas (art 25
Código de Comercio) y el mandato constitucional según el cual éstas tienen una
función social que genera obligaciones, dentro del ejercicio de la libre
competencia que supone responsabilidades (art 333 C.N), hace “…posible
afirmar que la libertad de empresa es un derecho que al mismo tiempo exige
obligaciones por parte de su titular.”[21]
36.- De ahí, que el pago del valor
prescrito para la renovación del registro mercantil, constituya un deber para
los comerciantes titulares del derecho a la libertad de empresa y del derecho a
que el Estado le garantice seguridad jurídica y certeza en el despliegue de las
actividades económicas. Así como las empresas gozan de las garantías
constitucionales para ejercer el intercambio mercantil, tienen igualmente la
carga de contribuir con la implantación de las condiciones necesarias para
ello. Que como se explicó anteriormente, en el caso de la actividad económica empresarial
dichas condiciones tienen como presupuesto la organización y la seguridad que
ella trae consigo. Por lo que el deber de los comerciantes se convierte en
contribuir con el establecimiento de las mencionadas organización y seguridad
del intercambio económico. Para cuyo logro es indispensable la base de datos
configurada por el registro mercantil, tal como se argumentó arriba.
Por lo anterior, la Corte concluye que más
que un sacrificio de los derechos de los comerciantes, asumir el costo de la
renovación de la matricula mercantil es un deber de éstos, para contribuir con
el logro de la organización y seguridad de las actividades económicas, luego
con la dirección y control que el Estado ejerce frente a ellas.
37.- La Corte Constitucional encuentra
pues, que el artículo 33 del Código de Comercio al establecer la obligación en
cabeza de los comerciantes de renovar anualmente el registro mercantil incluso
si la información que se aportará en dicho ejercicio ya reposa en la Cámara de
Comercio, y pagar un valor por ello, no es una carga desproporcionada para los
mencionados comerciantes, por lo que presume la mala fe de los particulares. Al
contrario se da pleno cumplimiento a  los artículos 95-9 y 338 (inc. segundo)
de la Constitución, pues para las Cámaras de Comercio el cobro del valor en
comento implica tanto la “recuperación de los costos de los servicios que
les prest[a]n”[22] a las
entidades estatales, a los comerciantes y a los ciudadanos en general, como una
contribución “dentro de los conceptos de justicia y equidad”[23],
en tanto se benefician de la existencia del registro y el valor al que están
obligados a pagar es proporcional al capital de la empresa.[24]
38.- En este orden de ideas, para la Sala
no tiene sustento constitucional el argumento del demandante según el cual,
obligar a los comerciantes a renovar la matricula mercantil y a pagar por ello,
cuando las empresas no tienen ningún dato nuevo que aportar, vulnera la
presunción de buena fe. Esto en tanto existe un mandato constitucional que
obliga a las autoridades a presumir que las actuaciones de los particulares se
llevan a cabo de buena fe. Y, como el registro mercantil es un archivo de
información, las Cámaras de Comercio deberían presumir que si los comerciantes
no renuevan la matricula es porque la información que allí reposa no se ha
modificado.
A juicio de la Corte, este
argumento desconoce todo lo expuesto hasta el momento en la presente sentencia.
Por un lado, como se ha dicho, el carácter actualizado del registro es uno de
los méritos que hace que éste preste un servicio efectivo a la organización de
las actividades mercantiles. Luego entonces, dicho requisito no puede ser
interpretado, como encaminado a perseguir a los comerciantes para determinar la
veracidad de la información aportada cada año. Por el contrario la verificación
de ello implica certeza y seguridad de que la información tiene una fuente
reciente, y sobre todo de que la actividad económica está siendo
permanentemente controlada y vigilada, en cumplimiento de lo contenido en los
artículos 333 y 334 superiores, tal como se expuso.
39.- Por otro lado, tal como lo explica el
Procurador “la renovación de la matrícula mercantil es una obligación
impuesta por el legislador a los comerciantes en beneficio del interés general,
la cual se cumple mediante el suministro de la información sobre cualquier
modificación que haya sufrido aquella consignada al momento de matricularse o
simplemente señalando que la misma conserva su vigencia.” Tal obligación
resulta razonable si se tiene en cuenta que la información consignada permite
que la matrícula “pueda cumplir con su objetivo principal que no es otro que
ofrecer publicidad.” Con fundamento en lo anterior, “no es de recibo el
argumento según el cual, el principio de la buena fe libera a los particulares
del cumplimiento de obligaciones impuestas por el legislador”.
En conclusión, la determinación de unos
fines constitucionalmente legítimos perseguidos por la obligación de renovar la
matricula mercantil (arts 333 y 334 C.N), descartan de plano que el sentido de
dicho requisito tenga como sustento presumir la mala fe de los comerciantes,
por lo cual deben ratificar anualmente la información de sus empresas. Por lo
anterior, considera la Corte que no se vulnera el artículo 83 de la
Constitución.
Ahora bien, antes de analizar el segundo
cargo, resulta relevante para la Corte hacer referencia a un argumento
recurrente en las intervenciones como en la propia demanda. Éste es el referido
a la eficiencia de la norma desde el punto de vista económico, y a las
consecuencias económicas que por dicha eficiencia se derivarían de la
inexequibilidad solicitada.
1.4.- Argumento económico: consecuencias de
las decisiones de la Corte y ámbito del estudio de constitucionalidad de las
normas.
40.- Según la mayoría de los
intervinientes, la norma acusada se ajusta a la Constitución porque es
económicamente beneficiosa. En efecto, la demanda versa sobre el alcance
económico de la obligación de renovar anualmente la matricula mercantil, en
relación con supuestos beneficios irrelevantes o inexistentes que se derivan de
pagar por ello. A su turno en defensa de la norma se arguye no sólo que los
beneficios no son irrelevantes, sino además prestan sostenimiento económico a
las Cámaras de Comercio. Lo que en su opinión, le da un matiz económico a la decisión
de la Corte. En este orden se considera importante determinar el alcance de
estos argumentos en punto de desarrollar un estudio de constitucionalidad.
Así, en muchas decisiones la Corte
Constitucional se ha pronunciado sobre la conformidad constitucional de
disposiciones tributarias o las del Plan de Desarrollo, por ejemplo, las cuales
contienen una regulación con una clara incidencia económica. No obstante, el
análisis de constitucionalidad procura tener en cuenta todos los criterios que
la Constitución establece como norma suprema, dentro de los cuales se
encuentran juicios de eficiencia y sostenibilidad económica, distribución
equitativa, planeación estratégica, modelo económico y de desarrollo, entre
otros.
41.- Con todo, el juez constitucional tiene
el deber de fallar en derecho[25] y las consecuencias
económicas de sus fallos son igualmente tenidas en cuenta, pues así lo dispone
la Constitución en el articulado pertinente.[26] Estas
consecuencias sin embargo, se derivan del análisis de la incidencia positiva o
negativa, de lo prescrito por las normas, en los derechos y deberes
garantizados en la Constitución. Luego es esta afectación de dichos deberes y
derechos la que determina el sentido del fallo y no su incidencia económica,
salvo que la misma Constitución ordene que el criterio principal que debe
inspirar una norma legal sea su proyección económica.[27]
Por ello de manera general, escapan al objeto de estudio constitucionalidad de
la Corte los análisis de conveniencia y eficacia económica de las normas.
Ahora bien, la Corte ha detectado
consecuencias económicas que pueden resultar peores que la misma afectación de
los derechos constitucionales, frente a lo que ha optado por la figura de la
inconstitucionalidad diferida. En la cual la norma que la Corte encontró
inexequible se deja en el ordenamiento temporalmente en tanto el legislador
adecua la regulación económica a la cesación de sus efectos.[28]
42.- Así como las consecuencias económicas
no son las que prima facie determinan el sentido de las decisiones del
juez constitucional, existen argumentos que no defienden adecuadamente la
constitucionalidad de una norma. Por ejemplo, esgrimir que una norma debe ser
declarada exequible porque lo contrario implicaría resultados económicos
significativos en algún sentido, sería presumir que la Corte Constitucional
decide con base en las consecuencias económicas proyectadas de una decisión y
no con base en el mantenimiento de las garantías de las que la Constitución la
proclamó guardiana. Esta suerte de “consecuencialismo” derivaría en que
cualquier intervención en los derechos y garantías constitucionales, podría
autorizarse so pretexto de sus benéficas consecuencias económicas. Y, en igual
sentido la búsqueda de ciertas consecuencias económicas estaría autorizada
independientemente de la afectación que prodigue a los derechos y garantías
constitucionales. Lo cual es inaceptable en el ordenamiento constitucional
colombiano.
Para el caso, la razón que sustentó que el
cargo analizado no prosperara fue la conformidad constitucional del registro de
matricula mercantil, en atención a los fines constitucionales que cumple en
general y respecto también de las funciones de la Cámara de Comercio, lo que no
implica sacrificio alguno del principio de la buena fe que guarda nuestra
Constitución, según se mostró. Pero en ninguna medida el que el cobro de la
renovación de la matricula signifique la propia existencia y viabilidad
económica de las Cámaras de Comercio. La Corte no es insensible al hecho que el
cobro que se acusa de inconstitucionalidad soporta financieramente en buena
parte la labor de la Cámara de Comercio, pero ello no autorizaría por ejemplo a
que este costo fuera desproporcionadamente elevado e igual para las empresas
con gran patrimonio que para las que no lo tienen. Lo cual como se explicó no
es así.
43.- De ahí, que sea pertinente afirmar que
no son aceptables los argumentos de constitucionalidad o inconstitucionalidad,
que ponen por encima a las consecuencias económicas sobre el sostenimiento
mismo del orden constitucional. Por ello preocupa a la Corte que esta haya sido
la orientación de la defensa de la norma por parte de los órganos de Gobierno. “En
este sentido son relevantes las palabras del Tribunal Europeo de Justicia, en
la sentencia del 15 de diciembre de 1995, cuando rechazó la solicitud de una
las partes en el proceso, la cual había pedido que no se tomara una determinada
decisión por los graves efectos económicos que éste tendría. Dijo entonces esa
corporación judicial que <las consecuencias prácticas de cualquier
jurisdiccional deben sopesarse cuidadosamente> pero que <no puede
llegarse hasta el punto de distorsionar la objetividad del Derecho y poner en
riesgo su aplicación futura por causa de las repercusiones que puede tener una
resolución judicial. Como máximo, tales repercusiones podrían ser tenidas en
cuenta para decidir, en su caso, si procede, con carácter excepcional, limitar
los efectos de una sentencia en el tiempo>”[29]
2.- Segundo cargo. Impertinencia del cargo
respecto de la supuesta vulneración de la reserva para imponer tasas y
contribuciones (art 338 C.N).
44.- El demandante plantea igualmente que,
el artículo 338 de la Constitución establece solamente en cabeza del Congreso,
las Asambleas y los Concejos la facultad de imponer contribuciones. A su turno,
el articulo 33 acusado determina un “hecho generador” de una
contribución, por cuanto en él se dispone la obligación de la renovación de la
matricula mercantil, y ésta es la que configura el pago. Y, el mencionado
artículo 33 está contenido en el Código de Comercio, el cual fue expedido por
el Presidente de la República mediante un decreto con fuerza de ley. Por ello
concluye que el Presidente fue quien decretó la contribución constituida por el
costo que implica la renovación en comento, vulnerándose la reserva del
artículo 338 superior para imponer contribuciones. La Corte encuentra este
cargo impertinente por las siguientes razones.
44.- En primer lugar, pese a que el
demandante plantea un supuesta vulneración a la reserva para imponer tasa y
contribuciones, no hace referencia al rango legal que tiene el decreto mediante
el que se expidió el Código de Comercio, pues éste es un decreto con fuerza de
ley. Tampoco se refiere al hecho que el mencionado decreto fue expedido con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, y en ese
sentido con anterioridad al artículo 338 superior que estima vulnerado. En
segundo, de la redacción del artículo 33 acusado no se desprende la imposición
de tasa o contribución alguna a cargo de los comerciantes. Por demás, la
alusión a que la disposición demandada lo que contiene es un hecho generador de
una contribución, lleva implícita la afirmación según la cual las tasas y
contribuciones pueden ser fijados por las normas, en ausencia de la fijación
explícita de los sujetos pasivos y activos y las tarifas, así como el sistema y
método para definir costos y beneficios cuando se trate de cobros como
recuperación, tal como la norma acusada, la cual carece de dicha determinación.
Interpretación esta, abiertamente contraria al artículo 338 de la Constitución,
cuando establece que las normas que establecen cargas impositivas deben
determinar lo descrito como contenido mínimo. Esto se echa de menos en la
exposición de las razones que fundamentan el cargo. Para esta Corporación es
claro que si el demandante, hace una interpretación de la norma legal,
contraria a lo que las disposiciones constitucionales contemplan, como es el
caso, debe dar cuenta de ello.
No basta con describir la interpretación por
la que se ha optado para afirmar su inconstitucionalidad. Hace falta explicar
por qué dicha interpretación es la única posible o por qué existiendo otras,
resultan poco plausibles y hacen de aquella, presuntamente contraria a la
Constitución, la más plausible. Sin razones que sustenten lo anterior, la Corte
Constitucional no cuenta con elementos suficientes para analizar una verdadera
controversia entre la ley y la Constitución. Aceptar lo contrario implicaría
que las demandas en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad,
podrían estar basadas únicamente en interpretaciones que los demandantes tengan
sobre las normas legales, incluso si dichas interpretaciones son improbables o
descartables por completo. Lo que no se compadece con el sentido del control de
constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional.
45.- Lo anterior, resulta especialmente
claro en el presente caso por cuanto – como lo hacen ver algunos de los
intervinientes – la norma legal que fija los sujetos activos y pasivos, los
hechos y las bases gravables y las tarifas, del pago a favor de las Cámaras de
Comercio por el concepto de renovación de la matrícula mercantil es el artículo
124 de la Ley 6º de 1992[30]. Lo que pone de presente
que el demandante no ha brindado a la Corte elementos suficientes para analizar
la imposición de la tasa derivada de la renovación de la matrícula mercantil, a
la luz de reserva normativa que establece el artículo 338 constitucional. Es
más, se puede afirmar que el contenido normativo que describe la demanda en el
segundo cargo no corresponde al de la norma demandada sino al de otra de otra
ley, que no fue demandada.
46.- Respecto de lo último podría pensarse
también, que la Corte podría integrar la unidad normativa entre el artículo 33
demandado y el artículo 124 de la Ley 6º de 1992. Sin embargo esto no resulta
aceptable ya que se ha sostenido de manera reiterada en la jurisprudencia de
este Tribunal Constitucional, que el sentido de la unidad normativa “…prevista
por el artículo 6º del decreto 2067 de 1991, procede cuando ella es necesaria
para evitar que un fallo sea inocuo”[31] .
Esto es, que el estudio de un contenido normativo y su declaratoria de
exequibilidad o inexequibilidad afecta directamente disposiciones distintas a
la demandada. Y como se ha explicado, en el presente caso ni siquiera procede
el estudio de fondo.
Por lo explicado arriba, no procede estudio
de constitucionalidad del artículo 33 del Código de Comercio por vulneración
del inciso primero del artículo 338 de la Constitución, referido a la reserva
para imponer tasa y contribuciones.
VII. DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo
analizado  en relación con el principio de buena fe, las expresiones “La
matrícula se renovará anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada
año” contenidas en el artículo 33 del Código de Comercio.
Notifíquese, comuníquese, cúmplase,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Código de
Comercio, artículo 32: “La petición de matricula indicará:1. El nombre del comerciante, documento de identidad,
nacionalidad, actividad o negocios a que se dedique, domicilio y dirección,
lugares donde desarrolle sus negocios de manera permanente, su patrimonio
líquido, detalle de los bienes raíces que posea, monto de las inversiones en la
actividad mercantil, nombre de la persona autorizada para administrar los
negocios y sus facultades, entidades de crédito con las cuales hubiere
celebrado operaciones y referencias de los documentos inscritos, y 2.
Tratándose de un establecimiento de comercio, su denominación, dirección y
actividad principal a que se dedique, nombre y dirección del propietario y del
factor si lo hubiere, y si el local que ocupa es propio o ajeno. Se presumirá
como propietario del establecimiento quien así aparezca en el registro.”
[2] El interviniente indica los siguientes proyectos de ley:
1. Proyecto de ley No 053 de 2000, “por
medio del cual se reforma parcialmente el artículo 33 del decreto 410 de 1971”,
Representante a la Cámara Bernabé Celis Carrillo. El proyecto buscaba “exonerar
del pago por cualquier clase de derecho, por concepto de matrícula, inscripción
o registro de las cámaras de comercio, a las actividades relacionadas con
tiendas, ventas ambulantes y estacionarias reubicadas, plazas de mercado y
pequeñas empresas de cualquier naturaleza, cuyo capital no sea superior a
veinte salarios legales mensuales”. El archivo del proyecto obedeció a que
no cumplía el requisito dispuesto en el inciso segundo del artículo 154, según
el cual los proyectos de ley orientados a establecer exenciones de impuestos,
contribuciones o tasa nacionales deben ser iniciativa del Gobierno Nacional,
requisito que no cumplía el proyecto en cuestión. Adicionalmente, el proyecto
no fue aprobado en ninguno de los debates de la legislatura en la que fue
presentado.
2. Proyecto de ley No 196 de 2001, “por medio del cual se reforma
parcialmente el artículo 33 del decreto 410 de 1971”,  Representante a la
Cámara Bernabé Celis Carrillo. La iniciativa buscaba eximir a los comerciantes
de la obligación de renovar anualmente su matrícula mercantil, salvo en los
eventos en que perdiera la calidad de comerciante, cambiara de domicilio o
mutara alguna situación referente a su actividad comercial.  En esta
oportunidad algunas entidades públicas y privadas solicitaron a la Cámara de
Representantes el archivo del proyecto. Para ello, adujeron que el proyecto no
era iniciativa del Gobierno Nacional, tal y como lo exige la Constitución
Política. Igualmente expresaron que la reforma resultaba inconveniente para
efectos de la necesidad de contar con “información actualizada, veraz y
oportuna” sobre la actividad mercantil de los comerciantes.
3. Proyecto de ley No 079 de 2003“por
medio del cual se reforma parcialmente el artículo 33 del decreto 410 de 1971”,
Representante a la Cámara Bernabé Celis Carrillo y otros. Al igual que el
proyecto de ley indicado anteriormente, este buscaba establecer que el
comerciante debía efectuar la renovación de la matrícula sólo en el caso en que
se presentaran novedades o mutaciones en su  actividad comercial.  Igualmente,
en esta oportunidad algunas entidades públicas y privadas solicitaron el
archivo del proyecto por las mismas razones expresadas respecto al proyecto de
ley 196 de 2001. Adicionalmente, los ponentes del proyecto en el
informe-ponencia para el primer debate solicitaron su archivo ante la Comisión
Constitucional Permanente  de la Cámara de representantes, por considerar que
una reforma en este sentido resultaba inconveniente e inoportuna.
[3] Sentencia C-1052 de 2001
[4] Constitución de 1991: ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
[5] Artículo 333 de la Constitución y T-014 de 1994
[6] T-014 de 1994
[7] [Cita del aparte transcrito] La libertad de
empresa ha sido definida en los siguientes términos por esta Corporación: "Por
libertad de empresa hay que entender aquella libertad que se reconoce a los
ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de
capital) para la realización  de actividades económicas para la producción e
intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de
organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la
obtención de un beneficio  o ganancia.  El término empresa en este contexto
parece por lo  tanto cubrir dos aspectos, el inicial - la iniciativa o empresa
como manifestación de la capacidad de emprender y acometer- y el instrumental
-a través de una organización económica típica-, con abstracción de la  forma
jurídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y
laboral”. Sentencia C-524 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz),
[8] [Cita del aparte transcrito] Sobre lo que
debe entenderse por libertad de competencia, la Corte ha señalado: “La
competencia se presenta cuando un conjunto de empresarios (personas naturales o
jurídicas), en un marco normativo, de igualdad de condiciones, ponen sus
esfuerzos o recursos en la conquista de un determinado mercado de bienes y
servicios.  La libertad de competencia supone la ausencia de obstáculos entre
una pluralidad de empresarios en el ejercicio de una actividad económica
lícita.”  Sentencia C- 616 de 2001. (MP. Rodrigo Escobar Gil)
[9] [Cita del aparte transcrito] Sobre este
punto la Corte ha hecho ver que “si bien las
libertades económicas no son derechos fundamentales per se y que,
además, pueden ser limitados ampliamente por el Legislador, no es posible
restringirlos arbitrariamente ni es factible impedir el ejercicio, en igualdad
de condiciones, de todas las personas que se encuentren en condiciones
fácticamente similares (C.P. art. 13 y 333). Por consiguiente, es viable
predicar la ius fundamentalidad de estos derechos cuando se encuentren
en conexidad con un derecho fundamental, esto es, cuando su ejercicio sea el
instrumento para hacer efectivo un derecho fundamental2, como por ejemplo el de
igualdad. Corte Constitucional, Sentencia SU- 157 de 1999.
[10] [Cita del aparte transcrito] Corte Constitucional.
Sentencia T-291 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes.
[11] [Cita del aparte transcrito] Corte Constitucional.
Sentencia T-240 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[12] [Cita del aparte transcrito] Corte
Constitucional Sentencia C-398 de 1995.  M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[13] Reiterada en la C-870 de 2003
[14] El artículo 1° de la Constitución al señalar que Colombia es un
Estado de Derecho, reconoce que esta forma de Gobierno u organización tiene
como elemento constitutivo, de carácter esencial, el de la seguridad jurídica.
El Estado de Derecho pretende que los ciudadanos tengan certeza de cuáles son
los derechos y obligaciones vigentes ene l ordenamiento jurídico.
[15] C-963 de 2003
[16] C-1268 de 2000.
En esta Sentencia se hizo la reflexión citada, a propósito de las empresas de
servicios públicos.
[17] C-188 de 1998.
[18] Sentencia C-1114 de 2003. Citada en la C-929 de 2005
[19] Ley 6º de 1992: “ARTÍCULO 124. TARIFAS A FAVOR DE
LAS CÁMARAS DE COMERCIO. El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas
que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio por concepto de las
matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, libros y documentos
que la ley determine efectuar en el registro mercantil, así como el valor de
los certificados que dichas entidades expidan en ejercicio de sus funciones.
(…)”
[20] Ley 6º de 1992: “ARTÍCULO 124. TARIFAS A FAVOR DE LAS CÁMARAS DE
COMERCIO
(…)
Para el señalamiento de los derechos
relacionados con la obligación de la matrícula mercantil y su renovación, el
Gobierno Nacional establecerá tarifas diferenciales en función del monto de los
activos o del patrimonio del comerciante, o de los activos vinculados al
establecimiento de comercio, según sea el caso. (…)”
[21] C- 063 de 1994.
[22] Artículo 338 de la Constitución Nacional.
[23] Artículo 95-9 de la Constitución Nacional.
[24] Inciso segundo
artículo 124 Ley 6º/92 y artículos 23 y 24 Decreto 393 de 2002.
[25] Sobre el
sentido de las implicaciones de la decisión en derecho desde el punto de vista
del proceso que siguen los jueces para ello, esta Sala sostuvo que éste es un
deber que se satisface mediante un proceso cognitivo que demanda del juez
sujeción al orden constitucional y fundamentación de su decisión centrada en
dicho orden. Cr. Auto de Sala Plena número 188A de 2005: “El significado de la decisión en derecho o en justicia implica la
capacidad de los magistrados de ubicarse en un punto intermedio entre las
restricciones ineludibles representadas por el deber de fallar dentro de un
sistema jurídico determinado, y la visión particular que le obliga a buscar la
justicia de estos fallos a pesar del sistema mismo.” Esto fue fundamentado por la Corte en lo siguiente: “Al buscar
el juez el sentido de justicia en sus decisiones, descartando deliberadamente
cualquier injusticia desprendida de ellas; acude en primera instancia al
acumulado personal que define su experiencia, de la cual forma parte también su
experiencia jurídica. A su vez, en el caso del juez constitucional, no sólo
tiene el deber de dictar una sentencia que satisfaga el orden constitucional,
sino también de elaborar el mejor argumento jurídico que pueda estructurar para
fundamentar la decisión que se adopte. Para esto acude a las normas jurídicas
vigentes, y no a otros criterios, puesto que el resultado al que llegue debe
obrar como la interpretación más fiel al mencionado orden jurídico vigente. Si
no encuentra dicho argumento, en el que se concilie su experiencia personal con
el sentido de justicia que buscaba para su decisión, quedará inevitablemente
constreñido a buscar la justicia de la sentencia, por fuera de los criterios
que su propia vivencia le ha brindado, pero, igualmente al interior de los
materiales jurídicos disponibles.”
[26] Constitución
Política, Titulo XII, Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública
[27] Es el caso
del artículo 339 de la Constitución que establece los criterios con los que se
debe regular el Plan de Desarrollo. Así como también, el de la reforma al
artículo 48 constitucional (Reforma Pensional - Acto Legislativo # 01 de 2005),
en donde el constituyente derivado elevó a rango constitucional la
“sostenibilidad económica” del sistema pensional.
[28] Cr. Las sentencias C-221 de 1997 y C-700 de 1999, entre otras.
[29] Revista de
Derecho Público de la Universidad de los Andes. Número 12 de junio de 2001. Justicia
Constitucional y Política Económica. Pág. 161.
[30] Ley 6º de 1992: “ARTÍCULO 124. TARIFAS
A FAVOR DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO. El Gobierno Nacional fijará el monto de las
tarifas que deban sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio por concepto
de las matrículas, sus renovaciones e inscripciones de los actos, libros y
documentos que la ley determine efectuar en el registro mercantil, así como el
valor de los certificados que dichas entidades expidan en ejercicio de sus
funciones.
Para el señalamiento de los derechos
relacionados con la obligación de la matrícula mercantil y su renovación, el
Gobierno Nacional establecerá tarifas diferenciales en función del monto de los
activos o del patrimonio del comerciante, o de los activos vinculados al
establecimiento de comercio, según sea el caso.
Las cuotas anuales que el reglamento de las
Cámaras de Comercio señale para los comerciantes afiliados son de naturaleza
voluntaria.”
[31] C-1175 de 2004 y C-320 de 1997, entre otras.