T-687-08
Proyecto de circulación restringida
Sentencia T-687/08
ESTABILIDAD LABORAL DE MUJER EMBARAZADA-El
requisito relacionado con el conocimiento que debía tener el empleador sobre el
estado de embarazo resulta una carga excesiva para la mujer gestante
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-La carga probatoria se traslada al empleador por lo cual es
suficiente que la mujer pruebe que la terminación de la relación laboral se
produjo durante el embarazo o en los tres meses siguientes al parto
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-No significa la inamovilidad laboral de la mujer embarazada sino la
garantía de que la terminación de su vínculo laboral será producto de una justa
causa
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-El empleador tiene que demostrar que el despido estuvo motivado en
una justa causa
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-La justa causa de despido debe ser avalada previamente por la
autoridad de trabajo competente
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Contratos a término fijo y por obra
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-La acción de tutela es procedente para garantizarla sin importar el
tipo de vinculación
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Si la trabajadora cumplió con las
obligaciones derivadas del contrato resulta preciso garantizar la renovación de
los correspondientes contratos  a término fijo o por obra
MUJER EMBARAZADA EN COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO-Prima la realidad sobre la formalidad para establecer la existencia
de una relación laboral
La existencia de una relación entre cooperativa y cooperado no
excluye necesariamente que se de una relación laboral entre cooperativa y
cooperado y esto sucede cuando el cooperado no trabaja directamente para la
cooperativa, si no para un tercero, respecto del cual recibe ordenes y cumple
horarios y la relación con el tercero surge por mandato de la cooperativa, que
fue lo que sucedió en este caso
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA-Elementos esenciales de una relación de trabajo
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LA MUJER EMBARAZADA-Relación de carácter civil asimilada a un
vínculo laboral en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades en las relaciones de trabajo
La Corte ha amparado el derecho a la estabilidad laboral de las
trabajadoras embarazadas con independencia del vínculo laboral o civil bajo el
cual están contratadas. En el evento, que la relación sea de carácter civil
corresponde al juez constitucional determinar si la misma se puede asimilar a un
vínculo laboral en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades en las relaciones de trabajo, verificando el cumplimiento de los
siguientes tres requisitos: (i) el trabajador
desempeña una actividad por sí mismo (actividad personal), (ii) la cual realiza
de manera subordinada o dependiente del empleador, lo que se refleja en el
cumplimiento de órdenes impartidas por éste, relativas al modo, tiempo o
cantidad de trabajo y (iii) recibe un salario como retribución del servicio prestado
(Art. 23 del CST
Referencia: expedientes T-1805838, T-1813839 T-1824668 y T-1859925
Acciones de tutela instauradas por Andrea Carolina Herrera Mayorga,
Sandra Milena García Valencia, Luz Mireya Guzmán Orjuela, Sandra Manuela Soto
contra Misión Temporal Ltda., Punto Merca Merchandising, MAXCO CTA y LLOREDA
SA, y Carmenza Posada Campo, respectivamente.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil ocho (2008).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil y Mauricio
González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos adoptados por los correspondientes
juzgados de instancia que resolvieron las acciones de tutela promovidas por Andrea Carolina Herrera Mayorga, Sandra
Milena García Valencia, Luz Mireya Guzmán Orjuela, Sandra Manuela Soto en contra de Misión
Temporal Ltda., Punto Merca Merchandising, MAXCO CTA y LLOREDA SA, y Carmenza
Posada Campo, respectivamente.
I.
ANTECEDENTES
1. La Corte Constitucional mediante Auto de la Sala de Selección
Número Dos, de 14 de febrero de 2008, decidió acumular los expedientes T-1804039, T-1805838, T-1807922, T-1808516, T-1808914, T-1809616,
T-1811518, T-1812962, T-1813495, T-1813680, T-1813806 y T-1813839, al
considerar que guardaban unidad de materia.
2. La Sala Tercera de Revisión a través de Auto de 12 de marzo de
2008 decidió desacumular los expedientes T-1805838 y T-1813839, por cuanto las
situaciones fácticas y los problemas jurídicos difieren del resto de procesos.
En el mismo auto se ordenó acumular el expediente T-1813839 al T-1805838 para
que fueran fallados en la misma sentencia.
3. La Sala Tercera de Revisión mediante auto de 2 mayo de 2008 acumuló
los expedientes T-1824668 y T-1859925 al expediente T-1805838, al establecer
que guardan similitud en cuanto a los hechos y pretensiones para que fueran decididos
en la misma providencia.
4. Los expedientes acumulados tienen en común la terminación del
vínculo asociativo de trabajo, contractual o laboral de una mujer gestante,
motivado aparentemente por su estado de embarazo. Las accionantes solicitan la
protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral
reforzada, al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social, entre otros,
los cuales consideran vulnerados por las entidades o personas demandadas.  No
obstante, por las circunstancias concretas de cada uno de los casos, se
procederá a precisar sus especificidades.
Expediente T-1805838 Andrea Carolina
Herrera Mayorga.
Hechos y acción de tutela interpuesta.
5. La señora Andrea Carolina Herrera Mayorga interpuso acción de
tutela contra MISIÓN TEMPORAL LTDA, por considerar que le vulneraron sus derechos fundamentales a la
maternidad, a la salud, a la subsistencia, a la seguridad social, al mínimo
vital, a la familia, a la protección del menor  y a la igualdad ante la ley al
despedirla en estado de embarazo. La acción interpuesta se fundamenta en los
siguientes hechos:
6. La accionante sostiene que desde el 16 de diciembre ingresó a
laborar con la entidad accionada, desempeñando labores en Avianca, dependencia
Avianca Plus.
7. La señora Herrera Mayorga manifiesta que el 9 de marzo de 2007
informó al representante de MISION TEMPORAL en el Puente Aéreo, señor Víctor
Julio, de su estado de embarazo, al presentarle una certificación médica
emitida por el Ministerio de Defensa Nacional- Dirección General de Sanidad
Militar.
8. La accionante afirma que el señor Víctor Julio le solicitó que
anexara certificación de la EPS, pues la que exhibía no servía.
9. De acuerdo con la accionante sorpresivamente y sin mediar causa
justa de manera verbal el señor Víctor dio por terminado el contrato a partir
del 21 de marzo de 2007, aduciendo que la labor para la que había sido
vinculada había terminado. Al respecto, le precisó que la oficina para la cual
laboraba iba a ser cerrada y que sus otras tres compañeras también serían
desvinculadas.
10. La señora Mayorga Herrera manifiesta que reiteró a la empresa
que no podía ser despedida dado su estado de embarazo el cual había sido
comunicado el 9 de marzo de 2007 al señor Víctor. Sin embargo, afirma que
recibió por correo, el 23 de marzo de 2007, la carta de retiro firmada por la
Analista de Administración del Personal, Carolina Delgado Alfonso, en la que le
indican que: “(…) Nos permitimos comunicarle que la empresa ha dado por
terminado su contrato de trabajo a partir del 21 de Marzo de 2007, debido a que
la labor para la cual usted fue vinculada ha concluido.”
11. La accionante relata que el mismo 23 de marzo de 2007, acudió
ante el señor Víctor quien le hizo entrega de la carta de despido y le informó
que MISON TEMPORAL había dado por terminado su contrato y que no importaba que
estuviera en estado de embarazo.
12. La accionante afirma que presentó derecho de petición, el 1 de
agosto de 2007, ante la empresa solicitando su reintegro pues de acuerdo con la
legislación no podía ser despedida en estado de embarazo.
13. La señora Andrea Carolina Mayorga Herrera señaló que su despido
le ha ocasionado graves perjuicios por cuanto los ingresos que percibía eran
para propender por su sustento y el de su menor hija Nikol Sofía.  Además,
agrega que por su condición de mujer embarazada no ha podido acceder a un nuevo
trabajo.
14. La señora Mayorga Herrera aportó como pruebas copias del
contrato de trabajo; de la carta de despido; del certificado de embarazo
emitido por Sanidad Militar; del derecho de petición solicitando el reintegro;
del registro civil de su hija Nikol Sofía y de su cédula de ciudadanía.
Actuaciones judiciales de instancia
15. El 24 de septiembre de 2007, el Juzgado Once Civil Municipal de
Bogotá recibió declaración de la señora Andrea Carolina Herrera Mayorga, del
representante legal de la entidad accionada y del señor Víctor Manuel León
Moreno.
De la declaración de la accionante resulta pertinente destacar lo
siguiente: “Yo tengo
sanidad militar por parte de mi niña de dos años, acudí al hospital militar
para verificar, porque era que me estaba dando eso tan feo, trastornos y todo
eso, allá me dijeron que si estaba embarazada, yo dije que no, juraba que no,
pero me hicieron la prueba de embarazo y después salio positiva, eso fue como
en marzo 9 y ya pues embarazada ya tenia 2 meses y algo. Al otro día fue a
trabajar normalmente, le comente a ANGELICA MERCHAN quien en ese momento era la
secretaria de ROBERTO CORTES, que es el jefe del PUENTE AEREO, mi jefe, en mi
primera instancia, yo le comente que necesitaba hablar urgentemente con ROBERTO
que era algo muy personal, y ella me dijo que el se encontraba en una tele
conferencia con los otros jefes, que le comentara a ella, que todo lo que le
dijeran a ella era como si se lo comentaran a él, le dije: "ANGELICA,
estoy embarazada, necesito saber que tengo que hacer o que pasos tengo que
seguir" ella me dijo: yo le comento a ROBERTO pero lo que tu
tienes que hacer es traer la prueba de embarazo" yo le dije:  “ANGELICA,
tengo la del HOSPITAL MILITAR, y ella me dijo que no me servía, que tenia que
hacer (sic) de mí EPS, entonces le dije que tenia que pedir cita, me dijo que
bueno, que la trajera y que se la pasábamos a MISION TEMPORAL. Hasta ahí quedo
eso. Esa tarde llame a FAMISANAR y me dijeron que no era una cita de urgencia.
Que mas o menos la cita se demoraba 8 días. Fue el día que el casino que se
llama EURES cumplió años, ese día yo me encontré a VICTOR en el casino, y yo
estaba con CINDY compañera de mi oficina (…)yo
le dije: VICTOR te voy a comentar una cosita, lo que pasa es que estoy
embarazada, que tengo que hacer, él me dijo: “No te preocupes, tráeme la prueba
de embarazo" y yo le dije: "tengo la del Hospital Militar"' y me
dijo que no que tenia que ser la de FAMISANAR, le dije: que ANGELICA ya me
había dicho, y que tenia que sacar la cita, me dijo: "bendiciones, tráeme
la prueba y se la pasamos a MISION TEMPORAL". Fue mas o menos el 19 de
marzo de 2007, que yo le dije a VICTOR y a ANGELICA dije como el 16 de marzo de
2007, a ella le mostré el diagnostico del Hospital
Militar, ella lo cogió y lo vio y me dijo que no me servía que tenia que
ser de la EPS, a VICTOR no le mostré el diagnostico de la Militar sino que
simplemente te informe. De testigo esta CINDY SANDOBAL ella se dio cuenta de
que yo le dije a VICTOR que estaba embarazada(…) El día 23 de marzo de 2007,
estaba en mi oficina y me mandaron llamar a
la oficina donde esta ANGELICA y ROBERTO CORTES que era mi jefe (…)
Cuando en ese momento fui a la oficina
VICTOR salía de la oficina de ROBERTO y me hicieron seguir a la oficina que no había nadie y VICTOR me dijo, “mira CAROLINA, esta es tu carta
de despido lo que pasa es que MISION TEMPORAL, ha dado por terminado tu
contrato". Yo le dije: "pero porque VICTOR MANUEL si yo no he hecho
nada malo" y el me dijo, "sí, no
has hecho nada malo, lo que pasa es
que el proyecto no fue rentable para AVIANCA de igual manera a tus compañeras
también las van a sacar, vamos a tomar medidas, tu sabes que tu proyecto
no ha sido rentable para AVIANCA, yo le dije: "VICTOR no importa que yo
este embarazada" y me dijo que no hay
ningún problema, que le firmara el recibo y yo lo firme. (…)PREGUNTA No 2. Dígale al despacho si la oficina que
usted laboraba fue efectivamente terminada o cerrada. CONTESTO. No, antes esta
ampliada, mis 3 compañeras CINDY, CLAUDIA y DIANA están ahí. Y yo fui
remplazada por otra niña la verdad no se el nombre. Mi jefe directo del puente
aéreo era ROBERTO CORTES, pero las personas que manejan directamente AVIANCA
PLUS, es decir, las que nos escogieron a nosotras para el proyecto se
encuentran en el centro administrativo, son AMPARO CAMPOS, CLAUDIA DELGADILLO,
MARTHA no se el apellido, el comentario viene porque hable dos o tres días
después con mis compañeras y ellas me dijeron que mis lideres estaban
preguntando por mi, que había pasado, porque no había ido, y ellas les dijeron
que me habían echado, que se les había hecho muy raro, porque a ellas nunca les
habían dicho, ósea, ellas no sabían. PREGUNTA No 3. Dígale al despacho a que se
dedica en la actualidad. CONTESTO. Nada, cuido a NIKOL SOFIA porque embarazada
ya no reciben en ningún lado. PREGUNTA No 4. Dígale al despacho con que
recursos atiende las necesidades suyas y de su menor hija. CONTESTO. El papá de
NIKOL es militar y pues el ve por NIKOL obviamente y mis cosas y lo mío mi mamá
me ayuda.”
En cuanto a la declaración de la representante legal de la empresa
accionanda, cabe reseñar: “PREGUNTA No 1. Dígale al despacho cual fue la causa que
llevo a la terminación de la relación laboral existentes con la señora ANDREA
CAROLINA HERRERA MAYORGA. CONTESTO. El contrato de la accionante se termino
porque la usuaria -AVIANCA S.A. nos comunico, que el convenio o programa
AVIANCA PLUS había terminado, siendo así, el
contrato labora1 terminaba, toda vez que fue contratada para
prestar sus servicios ante el cliente AVIANCA, en misión para el convenio de
AVIANCA PLUS: No tengo en este momento la fecha exacta de la terminación esta
se allegara en la contestación de la tutela, el cliente AVIANCA informa a la
compañía de las terminaciones de los convenios mediante e-mail, el cual también
será allegado. PREGUNTA No 2. Dígale al despacho cuantas personas de MISION TEMPORAL
se encontraban
prestando sus servicios a AVIANCA para el convenio de AVIANCA PLUS. CONTESTO. 4
personas, no conozco los nombres, no tengo conocimiento de los nombres, toda
vez que esta es una operación que maneja en
promedio mas de 150 empleados y a nivel Bogotá los empleados de MISION TEMPORAL
se encuentran en una cifra de 4000, dentro de esos 4 se encontraba ANDREA
CAROLINA. PREGUNTA No 3. Dígale al despacho si en la actualidad se esta
ejecutando aun el convenio AVIANCA PLUS, CONTESTO. tengo conocimiento que este
convenio se redujo y creo que solamente hay una persona para AVIANCA PLUS. No
tengo la certeza, creo que solamente lo redujeron, no lo terminaron, no tengo
el convencimiento, porque el cliente puede dejar ciertas personas de convenios
que el acaba para enviarlos a otros convenios. En este convenio
redujeron de 4 a 3,2,1 persona. PREGUNTA No 4. Dígale al despacho si usted o
alguna de las personas vinculadas a MISION TEMPORAL LTDA tuvieron conocimiento
que para la fecha de terminación del contrato de trabajo celebrada con ANDREA
CAROLINA HERRERA MAYORGA ésta se encontraba en embarazo. CONTESTO, yo no tuve
conocimiento, tengo pleno conocimiento que ninguno -tuvo conocimiento, toda vez
que no recibimos prueba de embarazo, examen medico que nos certificara el
embarazo, ecografia, yo no tuve conocimiento verbalmente y tampoco ninguno de
los míos. Solamente una persona de MISION TEMPORAL maneja la operación que es
VICTOR MANUEL, quien no indico que tuviera conocimiento del estado de embarazo
de la accionante.”
Finalmente, se recibió declaración del señor Víctor Manuel León
Moreno, en el que se afirmó lo siguiente:  “Conozco a ANDREA CAROLINA HERRERA MAYORGA, desde
finalizando el mes de diciembre del año 2006, aclaro que la conozco como
colaboradora, ya que fue contratada para el cargo de auxiliar del servicio del
proyecto de AVIANCA PLUS del puente aéreo de AVIANCA el cual iba hasta el 15 de marzo de 2007, realmente no tenía
conocimiento que ella se encontraba en embarazo, llevo doce años laborando con
MISION TEMPORAL(…)PREGUNTA No 2. Manifiesta la accionante que el 9 de marzo de
2007 le informo a usted que se encontraba en estado de embarazo, dígale
al despacho si es cierta esa aseveración. CONTESTO. No tengo conocimiento de
este caso, por que de ser así, inmediatamente le indico el procedimiento que
siempre se hace y bajo esta comunicación lo podamos legalizar y tengamos
claridad sobre esta comunicación. PREGUNTA No 3. Dígale al despacho si en algún momento la señora ANDREA CAROLINA HERRERA MAYORGA le informo a usted verbalmente que
se encontraba en embarazo. CONTESTO. No señora, nunca lo hizo, nunca me dijo. (…)
PREGUNTA No. 6. Dígale al despacho sí en este
momento AVIANCA PLUS se sigue desarrollando o ejecutando, en caso afirmativo por cuantas personas.
CONTESTO. Se que hubo un corte con el
proyecto y se retomo en donde actualmente hay dos personas. El corte fue
que lo dejaron en STAND BY, no tengo conocimiento durante cuanto tiempo, pero
las personas que lo desarrollaban los trasladaron a otras salas que son las
salas, atención en las salas, debido a que
coordino con la temporada de "vacaciones" y retomaron el
proyecto pero no tengo, la fechas exactas por
que esto es manejado por AVIANCA”
16. El 27 de septiembre de 2007, en diligencia de declaración
rendida por el señor Roberto Cortés Cadena, ante el Juzgado Once Civil
Municipal de Bogotá, se advierte lo siguiente: “Conozco a ANDREA CAROLINA HERRERA
cuando laboraba en el Terminal Puente Aéreo, ella se desempeño como auxiliar en un proyecto que se
llama AVIANCA PLUS, que se implanto en este Terminal. Yo soy el jefe de
Terminal puente aéreo, tengo a mi cargo la operación del Terminal como tal,
esta operación hay muchas personas y están algunas vinculadas por cooperativas y algunas
otras que son apoyos temporales contratadas por medio de MISION TEMPORAL.
(…)El(sic) marzo se hizo una evaluación del proyecto y se solicito que se extendiera
porque es un valor agregado importante y aun nos hacia falta actualizar
los datos de muchos de nuestros viajeros. Se solicito a presidencia esta
extensión y nos autorizaron continuar con 3 personas y este proyecto venia
trabajando con 4 auxiliares, no tengo los nombres, las cuatro fueron
contratadas por medio de MISION TEMPORAL. En el momento que nos autorizaron 3
personas que continuaran fue necesario prescindir de una de ellas y ella es a ANDREA. PREGUNTA No 2.
Dígale al despacho si sabe cuando se tomo la decisión de extender el proyecto. CONTESTO. No tengo el
día exacto pero fue durante la primera quincena de marzo de este año, no
recuerdo la fecha exacta. (…) PREGUNTA No 4. Dígale al despacho cuantas
personas siguen trabajando en el proyecto AVIANCA PLUS de MISION TEMPORAL LTDA.
CONTESTO. En este momento están trabajando 3 personas, pero, en algunos
momentos se ha contratado una cuarta persona al incrementarse la solicitud de
tarjetas, por lo que ha sido necesario tener 4 personas, esto es un proyecto
que no va a durar mas de 1 año, es temporal, y lo que queremos es llegar a
fidelizar el mayor numero de personas posible que viaje por AVIANCA y que pase
par las instalaciones del puente aéreo. Inicialmente estuvieron 4 personas
hasta marzo, en mayo se hizo una requisición nuevamente por una 4 persona;
viendo que estábamos a portas de la temporada alta de mitad de año y que
necesitaríamos nuevamente el refuerzo. PREGUNTA No 5. Dígale al despacho si
sabe usted con que criterio se seleccionó la personas ANDREA CAROLINA HERRERA
como la persona que debía dejar el proyecto. CONTESTO. Sí, ANDREA
CAROLINA, era la auxiliar del grupo de 4 que se destacaba par tener problemas de
actitud, tanto como los clientes internos cama con sus compañeras de trabajo. A
mi se me preguntó cual consideraba que podía ser la persona que debía abandonar
el proyecto y yo dije que ANDREA CAROLINA por las razones expuestas
anteriormente, a mi me pregunta alguien de gestión humana no recuerdo quien.
PREGUNTA No 6. dígale al despacho si existe en la hoja
de vida de ANDREA CAROLINA sobre los problemas de actitud que usted acaba de
mencionar. CONTESTO. Ninguna que ya recuerde. (…)PREGUNTA No 8. Dígale al
juzgado si sabe usted en concreto cuales fueron las razones par las cuales se
termino el contrato de trabaja con ANDREA CAROLINA. CONTESTO. Si, porque era
necesario disminuir los auxiliares del proyecto de 4 a 3. PREGUNTA No 9. Tuvo
usted conocimiento si para el momento en que se termina el contrato con CAROLINA
HERRERA esta se encontraba en estado de embarazo.  CONTESTO. No. En el momento
en que se dio por terminado el
contrato a ANDREA CAROLINA HERRERA yo
no tenia conocimiento de que estaba embarazada, yo me entere de esto posteriormente a que ella se le
finalizara el contrato. Yo me entere horas después de que se le termino el contrato, la verdad no me acuerdo a que horas se le termino el
contrato, ella fue a mi oficina a buscarme ese mismo día, a comentarme que le
había terminado el contrato y me comento también que se encontraba en estado de
embarazo. PREGUNTA No 10. Dígale al despacho si usted informo de esta situación
a MISION TEMPORAL. CONTESTO. Yo pregunte a MISION TEMPROAL sí ya tenia
conocimiento del estado de embarazo de la señora CAROLINA HERRERA y me
confirmaron qué ella nunca notifico
de esto, si no hasta él momento de que se le termino él contrato.
El mismo día después de que ANDREA CAROLINA hablo conmigo yo pregunte a MISION TEMPORAL.
ANDREA CAROLINA nunca me mostró ningún
documento de que estuviera embarazada.”
En la misma diligencia rindió declaración la señora Adriana Angélica
Merchán Zamudio, quien manifestó que: “Yo conozco a ANDREA CAROLINA
cuando llego a trabajar en el aeropuerto del puente aéreo en diciembre de 2006,
éramos compañeras de trabajo. (…)PREGUNTA No 4. se entero usted por algún medio que ANDREA CAROLINA HERRERA para la época de terminación del
contrato se encontraba en estado de embarazo. CONTESTO. mi trabajo en el puente aéreo era en la oficina
de ROBERTO CORTES en el puente aéreo, y manejaba temas administrativos como
reclamos, como daños físicos, eléctricos para reportarlo a personas que lo
arreglaban, correspondencia. (…)PREGUNTA
No. 6. manifestó ANDREA CAROLINA en el interrogatorio que absolvió, que después
de enterarse de su estado de embarazo, le
dijo a usted que necesitaba hablar urgentemente con el señor ROBERTO CORTES y que usted le dijo que él se
encontraba en una teleconferencia con los otros jefes pero que le
comentara a usted y que le haría saber a él y que fue en ese momento que le
informo a usted que ella se encontraba embarazada. CONTESTO. No recuerdo
exactamente eso, pues a él lo buscan todo el tiempo y teleconferencias tiene
todos los días, algunas veces tienen hasta
dos teleconferencias al día, si me hubiera dicho que estaba embarazada no creo
que se me hubiera olvidado. PREGUNTA No. 7. Dice también la accionante que en
ese mismo momento le pregunto a usted que tenia que hacer en ese caso, o que pasos tenía que seguir, y que usted le dijo que le
comentaría a ROBERTO, pero que lo que tenía que hacer era traer la prueba de
embarazo, que CAROLINA le dijo que tenía la del hospital militar, y que usted
le dijo que no servia, que tenía que ser de la E.P.S, manifieste al despacho
que tiene que decir al respecto.  CONTESTO. La verdad no recuerdo esa
conversación, pero haya (sic) es de conocimiento de todos que en caso de
embarazo hay que informar a la cooperativa que estemos contratados o a la
temporal. La verdad, yo tengo buena memoria y si ella me hubiera dicho lo
recordaría.”
Respuesta de la entidad accionada
17. El representante de MISIÓN TEMPORAL LTDA informó que las razones
para la terminación del contrato no están relacionadas con el estado de
embarazo sino a la culminación de la labor para la cual había sido contratada,
de acuerdo con las razones que se expusieron en la carta que le comunicó sobre
su desvinculación. Esto, comoquiera que el representante de la accionada señaló
que nunca fue informado del estado de gravidez de la tutelante, el que tampoco
era notorio, por lo que no podría afirmarse que la motivación para la terminación
de la relación laboral fuera el embarazo.
Asimismo, el apoderado de la empresa demandada considera que existen
otros medios de defensa judicial para exigir las reclamaciones que se hacen a
través de la acción de tutela dado el carácter subsidiario y residual de este
mecanismo.
El representante de MISIÓN TEMPORAL LTDA aportó como prueba, los
siguientes documentos:
(i)
Certificado de existencia y representación de la
Cámara de Comercio.
(ii)
Copia del contrato de trabajo suscrito por la
accionante con MISIÓN TEMPORAL LTDA. El contrato individual de trabajo por la
duración de una obra o labor determinada fue celebrado entre Andrea Carolina
Herrera Mayorga y MISIÓN TEMPORAL LTDA, para que la trabajadora desempeñara sus
labores en AVIANCA.  De las cláusulas del contrato, resulta relevante
mencionar: “(…) QUINTA: DURACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato se
celebra por el tiempo que dure la realización de la obra o labor contratada, de
acuerdo con las condiciones generales que se señalan al inicio del presente
contrato.
(…)
DECIMA TERCERA. El presente contrato se celebra por el termino
necesario para la realización de la obra o labor determinada consistente en el
cumplimiento del contrato suscrito por las empresas MISIÓN TEMPORAL LTDA y
AVIANCA que el trabajador acepta conocer en su integridad.
DECIMA CUARTA. Además de las justas causas previstas en la ley, el
contrato de trabajo terminará legalmente cuando AVIANCA solicite a MISIÓN
TEMPORAL LTDA prescindir de los servicios para los cuales fueron contratados el
trabajador por constituir este hecho una fuerza mayor reconocida y calificada
expresamente como tal para las partes.”
(iii)
Copia de la carta de terminación del contrato de
trabajo dirigida a la accionante por MISIÓN TEMPORAL LTDA. En dicha carta se
establece lo siguiente: “(…) Nos permitimos comunicarle que la empresa ha
dado por terminado su contrato de trabajo a partir del 21 de Marzo de 2007,
debido a que la labor para la cual usted fue vinculada ha concluido.
(…)
Para efectos del examen médico de egreso debe presentarse en
nuestras instalaciones, en el área de Administración de Personal, dentro de los
cinco (5) días siguientes a la terminación de su contrato de trabajo para
hacerle entrega de la autorización para su práctica. Si transcurrido este
término no se practica el respectivo examen médico de egreso, a pesar de haber
recibido la orden correspondiente, el empleador quedará exonerado de esta
obligación.”
(iv)
Copia de la comunicación enviada por AVIANCA a
MISIÓN TEMPORAL LTDA, en la que se señala lo siguiente: “Les informamos que
la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación no continuara(n) en el cargo que
venia(n) desempeñando y su contrato debe ser terminado a partir de la fecha
señalada:
CEDULA
NOMBRE
DIVISION
F-TERMINA
MOTIVO
(…)
52842410
Herrera
Mayorga Andrea Carolina
AVIANCA PLUS
20 de Marzo
2007
TERMINACIÓN
DE CONVENIO
Por lo tanto solicitamos su colaboración para los trámites a que
haya lugar”.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera Instancia
18. El 2 de octubre de 2007, el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá,
negó el amparo solicitado. El juez consideró que no se cumplen con los
presupuestos jurisprudenciales para otorgar la protección a la mujer gestante
puesto que no se demostró que a la entidad accionada se le hubiera comunicado
el estado de embarazo de la accionante antes de que terminara su contrato. En
particular, el juez señaló que de las declaraciones juramentadas recibidas de los
dos jefes de la señora Herrera Mayorga fueron reiterativas en sostener que sólo
conocieron del estado de embarazo, con posterioridad a la terminación del
contrato.
Impugnación
19. El 16 octubre de 2007, la señora Andrea Carolina Herrera Mayorga
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Además
de reiterar los argumentos expuestos en la acción de tutela, la señora Herrera
Mayorga insistió en que había comunicado de manera
verbal a la empresa MISIÓN TEMPORAL, en concreto al señor VICTOR MANUEL LEÓN, sobre
su estado de embarazo pues había mostrado la certificación emitida por Sanidad
Militar, el 9 de marzo de 2007, 11 días antes de su despido. Adicionalmente,
objeta que el juez de instancia hubiera dado mayor credibilidad a las
manifestaciones y testimonios de la accionada que a los suyos.
Por último, aporta copia de la certificación emitida por Sanidad
Militar el 9 de marzo de 2007 en el que consta que en dicha fecha tenía 10
semanas de embarazo.
Segunda Instancia
20. Mediante providencia de 28 de noviembre de 2007, el Juzgado Octavo
Civil del Circuito de Bogotá, confirmó la decisión de primera instancia. El
juez observó que de las pruebas obrantes en el proceso no es posible concluir
que la accionante hubiera informado a su empleador sobre su estado de embarazo
antes de la terminación del vínculo laboral. Por consiguiente, el juez concluyó
que la desvinculación de la accionante se produjo por el agotamiento de la
labor.
Finalmente, para el fallador la terminación del contrato no afectó
el mínimo vital de la señora Herrera Mayorga ni el del bebé comoquiera que la
atención médica que requieren es prestada, en calidad de beneficiarios, por el
sistema de salud del padre del menor.
Expediente T-1813839 Sandra Milena
García Valencia
Hechos y acción de tutela interpuesta.
21. La señora Sandra Milena García Valencia interpuso acción de tutela contra la Empresa
Punto Merca Merchandising S.A. por considerar que le
vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y a la
vida digna, al  terminarle su contrato de trabajo por causa de su estado de
embarazo. La acción interpuesta se fundamenta en los siguientes hechos:
22. La señora Sandra Milena García Valencia manifiesta que el 30 de
marzo de 2007 inició labores en la empresa temporal Punto Merca Merchandising
como promotora de varios eventos en diferentes eventos, mediante contratos de
obra o labor, habiendo firmado el último de ellos entre el 1º de junio y el 7
de julio de 2007 para laborar con Cosmética Tercer Milenio. Sin embargo, precisa
que el 23 de junio se dio por terminado este último contrato según Merca
Mechandasisng porque el cliente había notificado que no quería más promotoras
para sus productos.
23. La accionante expone que la causa de la terminación anticipada
de su contrato se debió a que el 10 de junio de 2007 informó de manera verbal
al empleador que se encontraba en estado de embarazo.
24. La señora García Valencia manifiesta que llevó, el 25 de junio
de 2007, a la empresa la prueba de su estado de embarazo, la cual había sido
expedida por el médico Hernán González Rugeles y donde constaba que tenía 13
semanas de gestación.
25. La accionante relata que no es cierto que el contrato para el
cual fue vinculada hubiere finalizado, pues el evento con Cosmética Tercer
Milenio se prolongó hasta el 31 de julio de 2007. Así mismo, agrega que tampoco
la volvieron a llamar para que trabajara en otro evento con la empresa.
26. La señora García Valencia afirma que tanto ella como el padre de
su hijo se encuentran actualmente desempleados y no tienen cobertura de su
seguridad social.
27. En virtud de lo expuesto, la accionante solicita que se ampare
su derecho a la estabilidad laboral reforzada por su estado de embarazo, y por
tanto, se ordene a la empresa accionada el reintegro así como el pago de las
indemnizaciones y las prestaciones sociales correspondientes.
28. La señora Sandra Milena García Valencia aportó como pruebas
copia de los siguientes documentos: (i) contraseña de identidad; (ii) resultado
de ecografía transvaginal practicada el 25 de junio de 2007, donde certifican
13 semanas de gestación; (iii) certificado laboral emitido por la accionada en
donde constan los contratos por obra o labor en dónde participó la accionante;
(iv) carné de la empresa tutelada por el contrato 2641, del 15 de mayo de 2007;
(v) carnés de los almacenes donde laboró; (vi) constancia de pago a la EPS y a la
ARP; (vii) extracto del fondo de pensiones obligatorio; y (viii) resultados de
varios exámenes de laboratorio.
Respuesta de la entidad accionada
29. El representante de la accionada aclaró que PUNTOMERCA S.A. no
es una empresa de servicios temporales, pero dentro de su objeto social una de
las actividades que desarrolla es la de merchandising, que consiste en la
realización de eventos encargados por terceros para promocionar bienes y
servicios que ellos producen. Por tanto, agregó que la contratación laboral con
las personas que realizan el trabajo concreto es por obra o labor,  es decir,
que terminado el evento, termina también el contrato de pleno derecho, por
consiguiente no es cierto que la accionante hubiera laborado en forma continúa
entre el 30 de marzo de 2007 y el 23 de junio de de 2007. De hecho, precisó que
la señora García Valencia trabajó para la empresa, prestando servicios a
terceros así: con industria frotex, 30 y 31 de marzo y 1º, 13, 14 y 15 de
abril; para amakuro el 23, 25, 26, 27 y 28 de abril y el 8, 9, 10, 11 y 12 de
mayo; con conservas shatní el 15 y 31 de mayo, y con cosmética tercer milenio
entre el 1º y el 23 de junio de 2007. En esa medida a su juicio, se demuestra
que no hubo vinculación permanente, en cada caso se celebró el contrato
correspondiente y una vez terminado se realizó la liquidación definitiva de
prestaciones sociales, pues la duración del contrato está supeditada a la
demanda del cliente.
Adicionalmente, el representante de PUNTOMERCA S.A. afirmó que
terminó el contrato el 23 de junio de 2007, fecha en la cual aún no tenían
conocimiento del estado de embarazo de la señora Sandra Milena García Valencia,
por tanto, no puede invocarse como causa. Al respecto, precisa que la terminación
del contrato obedeció a la finalización de la labor para la cual había sido
contratada la accionante, puesto que para el 23 de junio terminó el evento con
el cliente y que no es política de la empresa que el embarazo de una aspirante
sea un obstáculo para su permanencia o vinculación.
El representante de PUNTOMERCA S.A. aportó las siguientes pruebas:
i) copia de los contratos de trabajo celebrados  con la accionante; ii) copia
de la carta de terminación del contrato celebrado entre las partes; iii)copia
de algunas decisiones judiciales que plantean casos similares; iv) copia de la
comunicación dirigida a la accionante de fecha 11 de julio de 2007 que da
cuenta de los diferentes contratos suscritos; v) copia de los pagos y
liquidaciones de prestaciones sociales realizados a favor de la accionante por
los distintos contratos; vi) copia de la comunicación mediante la cual se dio
por terminado el último contrato de trabajo celebrado con la accionante, en la cual
se establece que el motivo de la finalización del mismo es la culminación del
evento con el cliente Cosmética Tercer Milenio; y vii) certificado de
existencia y representación de la empresa.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera Instancia
30. El 15 de agosto de 2007, el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal
de Medellín, negó el amparo solicitado. El juez observó que no existió un
despido injusto ni anticipado pues la relación laboral finalizó por la
terminación de la obra para la cual había sido contratada Sandra Milena García
Valencia, por lo que resulta irrelevante determinar si su empleador sabía que
se encontraba en embarazo.
Impugnación
31. La apoderada de la accionante impugnó la decisión de primera
instancia, pues en su criterio la comunicación verbal que hizo a su empleadora,
el 10 de junio de 2007, la señora Sandra Milena García Valencia sobre su estado
de embarazo precipitó la terminación anticipada del contrato, el 23 de junio de
2007, cuando la fecha de finalización del mismo era el 7 de julio de 2007.
Al respecto, la abogada de la accionante insiste en que no es
cierto, como lo alega la accionada, que la labor para la cual había sido
contratada Sandra Milena García Valencia hubiere terminado, pues el contrato
con Cosmética Tercer Milenio iba hasta el 7 de julio, y de hecho, se prorrogó
hasta fin de mes. Para acreditar esto, la apoderada adjuntó certificación de la
señora Juliana Muñoz Cossio, compañera de la accionante, y quien participó en
el contrato mencionado hasta el 31 de julio de 2007. Dicha certificación
emitida por PUNTO MERCA señala lo siguiente: “La presente con el fin de
informarles que el (la) promotor (a) JULIANA MUÑOZ identificado (a) con CC. TI
1.017.150.646 de la empresa PUNTO MERCA S.A. con Nit. 800095954-0, estará en su
almacén realizando una labor de IMPULSO de los productos COSMÉTICA TERCER
MILENIO desde el 17 hasta el 31 de julio de 2007”.
Por lo anterior, la representante de Sandra Milena insiste en que al
momento de terminar el vínculo laboral, el empleador conocía el estado de
embarazo de su representada y la labor para la cual había sido contratada no
había finalizado aún. En esa, medida, considera aplicable la jurisprudencia constitucional
sobre el despido de la mujer gestante motivado por su estado de embarazo, y por
tanto, solicita que se amparen los derechos fundamentales de su representada
revocando la sentencia de primera instancia.
Segunda Instancia
32. Mediante providencia de 29 de septiembre de 2007, el Juzgado Doce
Penal del Circuito de Medellín, confirmó la decisión. A juicio del juez de
instancia cuando la accionante notificó a su empleador del estado de embarazo,
el 25 de junio de 2007, su contrato ya se había terminado. En esa medida,
consideró que no puede tenerse como motivación del despido el estado de
embarazo de Sandra Milena García Valencia, pues a su parecer es claro que el
empleador desconocía dicho o estado y éste no era notorio para la época de los hechos.
Al respecto, puntualizó que carece de sustento probatorio la afirmación de la
accionante según la cual informó a su empleador el 10 de junio de 2007, de
manera verbal, sobre su estado de embarazo.
Expediente T-1824668 Luz Mireya Guzmán Orjuela.
Hechos y acción de tutela interpuesta.
33. La señora Luz Mireya Guzmán Orjuela interpuso acción de tutela contra la MAXCO
Cooperativa de Trabajo Asociado (en adelante MAXCO CTA o CTA) y LLOREDA S.A. por considerar que le vulneraron sus derechos fundamentales a la
igualdad, a la familia, al trabajo y la protección especial de los niños y la
mujer, al haberla despedido en estado de embarazo. La acción interpuesta se
fundamenta en los siguientes hechos:
34. La señora Luz Mireya Guzmán Orjuela manifestó que se afilió a la
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAXCO, el 1º de agosto de 2006, cuando le
entregaron el contrato y algunos documentos que tuvo que firmar en blanco ante
la presión que ejercieron sus superiores pues de otro modo no podría continuar
trabajando.
35. La accionante señaló que por intermedio de la CTA mencionada,
laboró en la empresa LLOREDA S.A. como mercaderista.
36. De acuerdo con la señora Guzmán Orjuela el 1º de julio de 2007,
se realizó una prueba de embarazo que resultó positiva, la cual entregó tanto a
MAXCO CTA como a LLOREDA S.A. De hecho relató que días después asistió de
urgencias la médico ante una amenaza de aborto.
37. La accionante afirmó, que el 26 de julio de 2007, hubo una
reunión de rutina en la sociedad LLOREDA S.A. con la supervisora de
merchandising, señora Yolima Martínez. Sin embargo, en dicha reunión la
supervisora le informó que la sociedad mencionada estaba en reestructuración
por lo que deberían disponer de 5 personas, y en consecuencia, tenía que dirigirse
a la CTA a partir de la fecha.
38. La señora Luz Mireya Guzmán Orjuela aseveró que se presentó el
30 de julio de 2007 a MAXCO CTA, en donde el señor Rodrigo Sandoval,
representante legal de la empresa, le informó que no estaban obligados a
recibirla y que no tenían ningún trabajo para que ella realizara, por lo que la
despidieron con ese argumento aunque nunca ha recibido carta de despido.
39. La accionante agregó que el señor Sandoval le manifestó que
solamente le pagarían seguro de salud y tres meses de lactancia, pero que en la
actualidad no se encuentra laborando, es madre cabeza de familia y depende
exclusivamente de lo devengado en la CTA.
40. La señora Luz Mireya Guzmán Orjuela considera que la actitud de
la empresa es discriminatoria por su estado de embarazo y solicita la
protección de sus derechos a la igualdad, al trabajo y a la protección especial
de la mujer y los niños, y que como consecuencia, se ordene su reintegro
laboral así como el pago de los salarios dejados de percibir.
41. La accionante aportó como pruebas los siguientes documentos: i) certificación
de prueba positiva de embarazo realizada el 1º de julio de 2007; ii) informe de
ecografía obstetricia de primer nivel en el que consta que la accionante
contaba con 4 semanas de embarazo; iii) derecho de petición enviado a MAXCO CTA
y a LLOREDA S.A. en la que solicita explicación sobre las razones de su despido;
iv) copia de los recibos de pago de nómina correspondientes a los meses de
marzo y  junio; y v) recibo de consignación hecho en DAVIVIENDA por concepto de
liquidación.
Respuestas de las entidades accionadas
42. El representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
MAXCO informó que la accionante estuvo afiliada desde el 1º de agosto de 2006
sin que sea cierto que se le obligó a firmar contrato o documento alguno en
blanco, sino sólo aquellos necesarios para su vinculación con la CTA.
Sobre el particular, el representante de la empresa accionada
comunicó que la señora Luz Mireya Guzmán Orjuela prestó sus servicios para la
cooperativa en la sociedad LLOREDA S.A. Además agregó que en dicha empresa se
efectuó una reestructuración en el mes de julio de 2007, por lo que se modificó
el convenio de servicios que tenía con MAXCO CTA, lo cual fue comunicado a
todos los cooperados.
En esa medida, solicitó denegar el amparo pretendido, teniendo en
cuenta que la desvinculación de la señora Luz Mireya Guzmán Orjuela se produjo
de manera voluntaria como lo certifica la petición firmada por la accionante de
terminación del vínculo asociativo.
Finalmente, el representante de MAXCO señaló que a la CTA nunca le
fue notificado el estado de embarazo de la accionante y que a ella se le viene
pagando su seguridad social de manera solidaria. En todo caso, enfatiza que la
señora Guzmán Orjuela cuenta con otro mecanismo de defensa judicial.
El representante de MAXCO CTA adjunto los siguientes documentos: i)
copia del convenio asociativo de trabajo suscrito entre la accionada y la
señora Luz Mireya Guzmán Orjuela; ii) certificado de existencia y
representación legal; iii) solicitud de retiro voluntario dirigido por la
accionante a MAXCO CTA el 30 de julio de 2007; y iv) copia de comprobantes de pago
de salarios y prestaciones adeudadas a la accionante.
43. Por su parte, el representante legal de LLOREDA S.A. advirtió
que entre la accionante y la sociedad no existió relación de trabajo o vínculo
alguno, pues ella laboró en la entidad en virtud del contrato celebrado entre
su representada y MAXCO CTA. Al respecto, enfatiza que la actora es asociada a
la cooperativa de trabajo MAXCO y que la vinculación y el retiro a dicha
cooperativa es voluntario y libre.
Además, puntualizó que la empresa no conoció ni debía conocer el
estado de embarazo de la accionante. Al respecto, concluyó: “(…)LLOREDA S.A.
no era la empleadora de la actora, sino una empresa contratante de la
contratista Independiente MAXCO C.T.A. En consecuencia, sobre LLOREDA S.A. no
recae obligación con la actora, máxime cuando la prestación de servicios
terminó, tiempo antes de que la accionante informara de su estado de embarazo”.
Por lo anterior, el representante de la accionada concluyó que la
sociedad no ha vulnerado derecho alguno a la señora Guzmán Orjuela puesto que
está última nunca ha sido empleada de la accionada, razón por la cual solicita
que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que su desvinculación
fue voluntaria y la accionante no informó de forma idónea sobre su estado de embarazo.
El representante de LLOREDA S.A. aportó los siguientes documentos:
i) certificado de existencia y representación legal; ii) copia de la oferta
mercantil presentada por MAXCO CTA a la sociedad LLOREDA S.A.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera Instancia
44. El 19 de septiembre de 2007, el Juzgado Veintinueve Civil
Municipal de Bogotá, concedió el amparo solicitado. El juez consideró que se
encontraban reunidas las exigencias dispuestas por la doctrina constitucional
para el reintegro de la mujer embarazada, pues aún cuando existía duda sobre el
conocimiento del estado de gestación por parte de la empleadora, era aplicable
la presunción de veracidad dado que persistía la continuidad en las labores que
desempeñaba la accionante y no hubo autorización de las autoridades de trabajo
para el despido.
Impugnación
45. El 25 de septiembre de 2007, el representante de MAXCO CTA
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el
que manifestó que el juez de instancia no tuvo en
cuenta el informe remitido por la demandada otorgándole plena credibilidad a la
accionante en desmedro de la accionada.
Adicionalmente, argumentó que el juez partió de la convicción errada
de que MAXCO CTA tenía un vínculo laboral con la accionante cuando ello no era
así, pues la señora Guzmán Orjuela era asociada a la cooperativa y no
trabajadora de la misma. Y que por ello obra en el expediente solicitud de
retiro voluntario firmada por la accionante.
Asimismo, señaló que no se cumplen con los requisititos dispuestos
por la Corte Constitucional para la protección de la mujer embarazada,
comoquiera que la actora no informó sobre su estado de embarazo en forma idónea
y no se le despidió sino que ella renunció de manera voluntaria a la
cooperativa.
Finalmente, el representante de la demandada resaltó que existe una
contradicción en la sentencia impugnada pues primero se reconoce a la entidad
como una cooperativa de trabajo asociado pero luego se impone una relación de
carácter laboral con la accionante.
Segunda Instancia
46. Mediante providencia de 26 de octubre de 2007,
el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá revocó la decisión de primera
instancia. A juicio del fallador entre la accionante y MAXCO CTA existió un
vínculo asociativo de trabajo puesto que no es posible establecer una relación
laboral entre las partes.
Además, de acuerdo con el juez tampoco se pudo comprobar
que el empleador haya tenido conocimiento del estado de embarazo de la
accionante con anterioridad a su desvinculación. En tal sentido, precisó que no
es claro que haya existido un despido pues lo que obra en el expediente es una
carta donde la accionante solicita el retiro voluntario de la cooperativa.
En consecuencia, concluyó que no se cumplen los presupuestos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para reconocer el amparo de
los derechos a la estabilidad reforzada de la mujer embarazada.
Expediente
T- 1859925 Sandra Manuela Soto
Hechos y acción de tutela interpuesta.
47. La señora Sandra Manuela Soto interpuso acción de tutela contra Carmenza Posada Campo por
considerar que fue despedida en razón a su estado de embarazo. La acción
interpuesta se fundamenta en los siguientes hechos:
48. La accionante sostiene que desde el 4 de marzo de 2004 hasta el
24 de octubre de 2007 laboró para el LABORATORIO DE ESTUDIOS CITOLÓGICOS EU,
cuando con ocasión del embarazo fue despedida sin justificación alguna, sin
tener en cuenta los problemas de salud que padecía, además de no poseer
seguridad social, ni prestaciones sociales, porque si bien su empleadora aducía
encontrarse bajo un contrato de prestación de servicios, ello no era cierto
pues tenía que cumplir un horario y se encontraba subordinada.
49. La accionante advierte que su despido se produjo como
consecuencia de su embarazo y que dicha decisión la afecta y le ocasiona un
perjuicio irremediable encontrándose en una grave situación económica y sin que
pueda esperar para acudir al proceso laboral por su condición.
50. De acuerdo con la accionante percibía un salario aproximado de
$680.000. pesos mensuales con lo cual garantizaba su mínimo vital y el de su
bebé.
51. La accionante resalta que el nexo con la señora Carmenza Posada no
era de prestación de servicios sino una relación laboral pues cumplía un
horario y había subordinación entre las partes.
52. En virtud de lo expuesto, la accionante solicita que se ordene a
la empleadora “(…) responder por mi seguridad social, en cuanto a salud y
pensión y por ende responder por la incapacidad de maternidad pertinente (…)
que no se permita discriminación alguna por el hecho de estar  en condición de
embarazo y se proteja mi mínimo vital, pues de mi salario depende la vida
misma, razón por la cual se me debe reintegrar a mi puesto o se me debe
reconocer las indemnizaciones pertinentes que me permitan sostener a mi bebé”.
53. La señora Sandra Manuela Soto aportó como prueba fotocopia de
las constancias que demuestran su estado de embarazo. En las que se demuestra
que para la fecha del despido contaba con aproximadamente 24 semanas de
embarazo.
Respuesta de la accionada
54. La señora Carmenza Posada Campo, propietaria de la “SOCIEDAD DE
ESTUDIOS CITOLÓGICOS E.U.”, informó que suscribió con la señora Sandra Manuela
Soto contrato de prestación de servicios el 1º de junio de 2007, por un periodo
de 11 meses contados a partir del 1º de febrero de 2007, del cual anexó copia.
En tal sentido precisó, que no es cierto, como lo afirma la señora Soto, que existiera
una relación laboral con la accionante desde el 3 de marzo de 2004.
Además, precisó la accionada que en dicho contrato de prestación de
servicios se establecen cuales son los deberes y responsabilidades de las
partes, entre los cuales es pertinente destacar que es obligación de la
contratista estar afiliada al sistema de seguridad social en su condición de
independiente. Esto, comoquiera que para la cancelación de los honorarios por
los servicios prestados se le exigía el pago de las cotizaciones correspondientes
al sistema de seguridad social.
La señora Carmenza Posada Campo insistió en que celebró un contrato
de carácter civil con la demandante el cual se cumplió en todas sus cláusulas
hasta los primeros días del mes de octubre cuando detectó algunas anomalías en
el cumplimiento de lo pactado por parte de la señora Sandra Manuela Soto. En
particular, relató que para la época se presentaron irregularidades en el
manejo de muestras de citologías y patologías de varios pacientes conforme a
las comunicaciones enviadas por la doctora Marcela Beltrán Morales, la auxiliar
de enfermería Sandra Patricia Romero Correa y la doctora María Concepción
Barrios. Ante tal situación confrontó a la accionante quien no supo explicar su
comportamiento y se ausentó del consultorio de manera definitiva, sin previo
aviso. En consecuencia, la demandada tomó la decisión de cancelar el contrato
de prestación de servicios el 24 de octubre de 2007, decisión que no pudo ser
notificada a la accionante pues se desconocía su domicilio actual.
La demandada considera que los argumentos de la accionante son
producto de su apreciación personal, de su situación actual y de una asesoría
inapropiada, que carecen de credibilidad en tanto no se ajustan a la realidad
contractual que existió entre ellas.
La señora Carmenza Posada Campo aportó las siguientes pruebas: i) copia
del certificado de cámara de comercio y representación legal de la sociedad
Estudios Citológicos E.U.; ii) copia del contrato de prestación de servicios
suscrito con la accionante; iii) copia de las cartas enviadas por la doctora
Marcela Beltrán Morales, la auxiliar de enfermería Sandra Patricia Romero
Correa y la doctora María Concepción Barrios, en las que ponen en conocimiento
de la demandada las irregularidades en la prestación del servicio.
Decisiones judiciales objeto de revisión
Primera Instancia
55. Mediante providencia de 23 de noviembre de 2007, el Juzgado Veintiuno
Penal Municipal de Bogotá, negó por improcedente el amparo solicitado. A
juicio del juez de instancia entre las partes no existía una relación laboral
sino un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, en el que la
seguridad social era obligación de la accionante. Así de presentarse algún
incumplimiento en las cláusulas del contrato la vía para dirimir la
controversia era la jurisdicción ordinaria.
Impugnación
56. El 06 de diciembre de 2007, la accionante interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia. Además de reiterar los
argumentos expresados en la acción de tutela, la señora Soto manifestó que es
una persona en estado de indefensión respecto de su patrona pues se encontraba
en situación de subordinación laboral y debía cumplir un horario. También
agrega que la terminación del contrato dado su estado de embarazo le ha ocasionado
inestabilidad económica y moral al no contar siquiera con su licencia de
maternidad.
Adicionalmente, solicita que se aplique la presunción de veracidad
respecto de los hechos narrados en la acción de tutela sobre la relación
laboral pues sobre este aspecto no se pronunció la accionada. Por último,
advierte que requiere una protección inmediata para la salvaguarda de los
derechos del hijo que esta por nacer por lo que considera que no puede
exigírsele acudir a la vía ordinaria, la cual tardaría años en resolver su
situación.
Segunda Instancia
57. Mediante providencia de 4 de febrero de
2008, el Juzgado Cincuenta y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, confirmó la
decisión de primera instancia.  El juez consideró que “(…) terminación del
contrato no obedeció al estado de embarazo sino a graves hechos de negligencia
y descuido en el cumplimiento de los servicios contratados que no sólo comprometían
el buen nombre de la institución, sino que incluso atentaban contra la salud de
las personas a las que le fueron extraviadas las muestras de laboratorio.”
De otro lado, concluyó el juez que si la accionante considera que el
contrato celebrado con la accionante no es de prestación de servicios, no puede
utilizar la acción de tutela para ello sino que debe recurrir a la vía
ordinaria.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y
241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de 1991, para revisar los
fallos de tutela seleccionados.
Problema
jurídico
2. Corresponde a la Sala
determinar si se es procedente el amparo a la estabilidad laboral reforzada de
la mujer cuando el empleador manifiesta que al momento de la desvinculación
desconocía el estado de embarazo de su  trabajadora. Además, debe determinar si
dicha protección se hace extensiva a los contratos de prestación de servicios,
cuando el contrato se termina durante el periodo de gestación de la
contratista.
3. Para resolver los
problemas planteados la Corte reiterara la reciente jurisprudencia
constitucional sobre la protección de la estabilidad laboral de la mujer
embarazada.
Reiteración de
jurisprudencia. Reformulación de la presunción legal relacionada con el despido
de la mujer en estado de embarazo.
4. En reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha interpretado
la protección especial que otorga el artículo 43 de la Constitución Política a
la mujer en estado de embarazo[1], con base en el amparo a
la estabilidad laboral reforzada derivada de la presunción legal prevista en el
artículo 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala:
“Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o
lactancia. 2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivos del
embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o
dentro de los tres meses posteriores al parto, y sin la autorización de que
trata el artículo siguiente. 3. La trabajadora despedida sin autorización de la
autoridad tiene el derecho al pago de una indemnización equivalente a los
salarios de (60) días fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiera
lugar de acuerdo con el contrato de trabajo y, además, al pago de las doce (12)
semanas de descanso remunerado de que trata este capítulo si no lo ha tomado”
“1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período de
embarazo o los tres meses posteriores al parto, el empleador necesita la
autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares
en donde no existiere aquel funcionario. / El permiso de que trata este
artículo sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que
tiene para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en los
artículos 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la trabajadora
y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. 3. Cuando
sea un Alcalde Municipal quien conozca de la solicitud de permiso, su
providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del
Trabajo residente en el lugar más cercano.”[2]
De las anteriores disposiciones legales la Corte concluyó que el
amparo a la protección a la estabilidad laboral reforzada de la mujer gestante,
era procedente siempre que se lograra comprobar el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
i)
Que el despido se ocasione durante el período
amparado por el “fuero de maternidad”, esto es, que se produzca en la época del
embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto;
ii)
que a la fecha del despido el empleador
conociera o debiera conocer la existencia del estado de gravidez, pues la
trabajadora notificó su estado oportunamente y en las condiciones que establece
la ley;
iii)
que el despido sea una consecuencia del
embarazo, por ende que el despido no está directamente relacionado con una
causal objetiva y relevante que lo justifique;
iv)
que no medie autorización expresa del inspector
del trabajo, si se trata de trabajadora oficial o privada, o resolución
motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleada pública; y
v)
que el despido amenace el mínimo vital de la
actora o del niño que está por nacer[3].
5. No obstante, la sentencia T-095 de 2008[4],
reformuló la interpretación que la Corte Constitucional había realizado sobre
la presunción legal que ampara la estabilidad laboral de la mujer embarazada.
En particular, consideró que el segundo requisito relacionado con el
conocimiento que debía tener el empleador sobre el estado de embarazo, bajo una
interpretación armónica de los instrumentos internacionales de derechos humanos
y la Constitución, resultaba en una carga excesiva para la mujer gestante, y en
consecuencia, concluyó lo siguiente: “(…) un despido de la trabajadora
embarazada – es decir – dentro del período de embarazo o dentro de los tres
meses posteriores al parto – se presume que fue por causa o en razón del
embarazo a menos que quepa aplicar las causales de despido con justa causa,
asunto en el cual, se debe cumplir con las exigencias previstas en la
legislación. Esta presunción opera también en relación con los contratos a
término fijo que por prorrogarse de modo consecutivo se equiparan a contratos a
término indefinido.”.
En esa medida, este Tribunal definió que para que el amparo sea
procedente basta con que la mujer pruebe que la terminación de la relación
laboral se produjo durante el embarazo o en los tres meses siguientes al parto[5].
Con ello, la carga probatoria se traslada al empleador y hace innecesario que
la mujer gestante demuestre que comunicó al empleador, con anterioridad al
despido, su estado de embarazo. En efecto, en la sentencia T-095 de 2008, se
resaltó que ni las disposiciones constitucionales ni legales exigían que el
empleador debiera conocer el estado de embarazo de su trabajadora previo al
despido sino que este hubiere tenido lugar en el periodo amparado.
Por consiguiente, a menos que el empleador demuestre que el despido que
tuvo lugar en el periodo mencionado estuvo motivado en una justa causa[6],
la protección a la estabilidad laboral reforzada deberá ser concedida. De forma
tal que el énfasis probatorio ya no radica en la comunicación del estado de
embarazo al empleador sino en la existencia de una justa causa para la
terminación del vínculo, la cual debe avalar, previamente, la autoridad de
trabajo competente. Esto, no significa la inamovilidad laboral de la mujer
embarazada sino la garantía de que la terminación de su vínculo laboral será
producto de una justa causa.
6. Ahora bien, sobre  los a contratos término fijo y por obra, la
Corte fue enfática en la sentencia T- 095 de 2008, en reconocer que: “ (…)la
protección debe otorgarse a las mujeres gestantes que hayan quedado embarazadas
durante la vigencia del contrato, con independencia de si el empleador ha
previsto o no una prórroga del mismo. La madre gestante debe comprobar que
quedó embarazada antes del vencimiento del contrato a término fijo o
por obra pero no resulta indispensable que lo haga con antelación al
preaviso. Esto último resulta de la mayor importancia porque muchos empleadores
niegan la protección con el argumento de que desconocían el estado de la
trabajadora al momento de comunicarles el preaviso.” Y agrega: “En
relación con los contratos pactados a término fijo estima la Sala pertinente
recordar que el cumplimento del plazo en un contrato con tales características
no puede entenderse siempre como una terminación con justa causa de la relación
laboral. Ha insistido la Corte en que si en el momento fijado para la
expiración del contrato llegaren a subsistir las causas que le dieron lugar así
como la materia objeto del mismo y si la trabajadora cumplió a cabalidad con
sus obligaciones, entonces resulta preciso garantizar su renovación[7].
De ahí que para efectos de dar por terminado un contrato de trabajo a término
fijo por vencimiento del plazo – cuando la mujer trabajadora comprueba que su
estado de gravidez se presentó durante la vigencia del contrato -, se le deba
garantizar su renovación. ”.
En suma, la acción de tutela es procedente para garantizar la
estabilidad laboral reforzada de la madre, sin importar el tipo de vinculación
que tenga, cuando la terminación del contrato ocurre durante el embarazo o en
los tres meses siguientes al parto y siempre que se pruebe que no existió una
justa causa para el despido.
Estudio
de los casos concretos
Expediente T-1805838 Andrea Carolina
Herrera Mayorga
7. La accionante afirma que fue despedida luego de que informara de
manera verbal a su empleador sobre su estado de embarazo. No obstante, MISION
TEMPORAL LTDA alegó, de una parte, que la terminación del contrato estuvo
motivada por la finalización de la labor para la cual fue contratada la señora
Herrera Mayorga, y de otra, que el estado de embarazo no está relacionado con
la causa de la desvinculación de la accionante pues solo conoció de éste luego
de la terminación del contrato.
Los jueces de instancia denegaron la acción de tutela porque a su
juicio se demostró que la accionada no tuvo conocimiento del estado de embarazo
de la señora Herrera Mayorga con anterioridad a tomar la decisión de dar por
terminado el contrato con la accionante.
8. De acuerdo con la reformulación de la presunción legal sobre el
despido de la mujer embarazada expuesta, esta Sala reitera que lo importante no
es la comunicación del estado de embarazo al empleador sino que la terminación
se hubiera presentado durante la gestación o en los tres meses posteriores al
parto. Bajo tales circunstancias, en el caso de la señora Andrea Carolina
Herrera Mayorga está amparado por la presunción según la cual el motivo de la
terminación de su contrato fue su estado de embarazo, y en esa medida,
corresponde al empleador acreditar ante la autoridad de trabajo competente la
existencia de una justa causa para terminar la vinculación.
Al respecto, la empresa MISION TEMPORAL LTDA argumentó que la razón
de la desvinculación fue la terminación de la labor contratada según lo
solicitado por AVIANCA. En este contexto, resulta pertinente recordar la ya mencionada
y decantada regla jurisprudencial de la Corte en el sentido de que siempre que
subsistan las causas que le dieron origen al contrato, el cumplimiento del
término y la finalización de una obra no constituyen una justa causa para
concluir los contratos a término fijo o por labor contratada.
Así las cosas, teniendo en cuenta, de una parte, que según las
declaraciones de Roberto Cortés Cadena y Víctor Manuel
León Moreno aún subsisten las causas que le dieron origen al contrato celebrado
entre MISION TEMPORAL LTDA y la accionante, pues la labor realizada por la
señora Andrea Carolina Herrera Mayorga aún persiste, y de otra, que la
trabajadora cumplió con las obligaciones derivadas del contrato resulta preciso
garantizar su renovación.
Por consiguiente, para la Corte la empresa demandada desconoció la
garantía constitucional y legal que ampara el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la madre. Esto, porque no existió una justa causa que impidiera la
renovación del contrato ni se solicitó la previa autorización a la autoridad
laboral competente para que avalara la pretendida justa causa.
9. En virtud de lo expuesto, la Corte revocará las decisiones de los
jueces de instancia, amparará el derecho de la
peticionaria a la protección de la mujer trabajadora en estado de embarazo y,
en consecuencia, ordenará a MISIÓN TEMPORAL LTDA que en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia–
si la accionante así lo desea –  reintegre a la señora Andrea Carolina Herrera
Mayorga en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante
jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
La empresa MISION TEMPORAL LTDA deberá pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, el descanso remunerado en la época
del parto, correspondiente a la licencia de maternidad por el nacimiento de su
hijo. De igual manera, esta empresa deberá ponerse al día con las cotizaciones
de salud, pensión y riesgos profesionales de la accionante, dejadas de pagar.
Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación, sino como el
pago de cotizaciones atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la Corte advertirá a la señora Andrea Carolina Herrera
Mayorga para que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación del presente fallo instaure acción ordinaria con el fin de
reclamar los salarios, la indemnización prevista en el artículo 239 del Código
Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de percibir durante el
tiempo que fue desvinculada de la empresa demandada.
Si la señora
Andrea Carolina Herrera Mayorga no interpone la acción ordinaria ante la
jurisdicción laboral en el término antes señalado, cesarán los efectos del
presente fallo.
Expediente T-1813839 Sandra Milena
García Valencia
10. La accionante afirma que su contrato fue terminado de manera
anticipada luego de que informara de manera verbal a su empleador sobre su
estado de embarazo. No obstante, PUNTOMERCA S.A. alegó, de una parte, que la
terminación del contrato estuvo motivada por la finalización de la labor para
la cual fue contratada la señora García Valencia, y de otra, que el estado de
embarazo no está relacionado con la causa de la desvinculación de la accionante
pues solo conoció de éste luego de la terminación del contrato.
El juez de primera instancia negó el amparo solicitado pues a su
juicio no existió un despido injusto ni anticipado comoquiera que se comprobó
que la relación laboral terminó por la finalización de la obra para la cual
había sido contratada la accionante. Por su parte, el juez de segunda instancia
confirmó la decisión porque no se demostró que la accionada tuviera
conocimiento del estado de embarazo de la señora García Valencia con
anterioridad a tomar la decisión de dar por terminado el contrato con la accionante.
11. De acuerdo con la reformulación de la presunción legal sobre el
despido de la mujer embarazada expuesta, esta Sala reitera que lo importante no
es la comunicación del estado de embarazo al empleador sino que la terminación
se hubiera presentado durante la gestación o en los tres meses posteriores al
parto. Bajo tales circunstancias, en el caso de la señora Sandra Milena García
Valencia está amparado por la presunción según la cual el motivo de la
terminación de su contrato fue su estado de embarazo, y en esa medida,
corresponde al empleador acreditar ante la autoridad de trabajo competente la
existencia de una justa causa para terminar la vinculación.
Al respecto, la empresa PUNTO MERCA S.A. argumentó que la razón de
la desvinculación fue la terminación de la labor contratada según lo solicitado
por COSMÉTICA TERCER MILENIO. En este contexto, resulta pertinente recordar la
ya mencionada y decantada regla jurisprudencial de la Corte en el sentido de
que siempre que subsistan las causas que le dieron origen al contrato, el
cumplimiento del término y la finalización de una obra no constituyen una justa
causa para concluir los contratos a término fijo o por labor contratada.
Así las cosas, teniendo en cuenta que en la certificación aportada
por la accionante al presentar la impugnación consta que el evento con
COSMÉTICA TERCER MILENIO no sólo no acabó el 23 de junio, fecha de la
terminación del contrato de la accionante, sino que se extendió hasta el 31 de
julio de 2007, es preciso concluir que cuando se dio por finalizado el contrato
a la señora Sandra Milena García Valencia aún subsistían las causas que le
dieron origen al mismo. Además, la trabajadora cumplió
con las obligaciones derivadas del contrato.
Por consiguiente, para la Corte la empresa demandada desconoció la
garantía constitucional y legal que ampara el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la madre. Esto, porque no existió una justa causa para la
terminación anticipada del contrato ni se solicitó la previa autorización a la
autoridad laboral competente para que avalara una justa causa de culminación.
12. En virtud de lo expuesto, la Corte revocará las decisiones de
los jueces de instancia, amparará el derecho de la
peticionaria a la protección de la mujer trabajadora en estado de embarazo y,
en consecuencia, ordenará a PUNTO MERCA S.A. que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de la presente sentencia– si la accionante así lo desea –  reintegre
a la señora Sandra Milena García Valencia en forma inmediata al cargo que venía
ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía
desempeñando.
La empresa PUNTO MERCA S.A. deberá pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, el descanso remunerado en la época
del parto, correspondiente a la licencia de maternidad por el nacimiento de su
hijo. De igual manera, esta empresa deberá ponerse al día con las cotizaciones
de salud, pensión y riesgos profesionales de la accionante, dejadas de pagar.
Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación, sino como el
pago de cotizaciones atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la Corte advertirá a la señora Sandra Milena García
Valencia para que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación del presente fallo instaure acción ordinaria con el fin de reclamar
los salarios, la indemnización prevista en el artículo 239 del Código
Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de percibir durante el
tiempo que fue desvinculada de la empresa demandada.
Si la señora
Sandra Milena García Valencia no interpone la acción ordinaria ante la
jurisdicción laboral en el término antes señalado, cesarán los efectos del
presente fallo.
Expediente T-1824668 Luz Mireya Guzmán Orjuela.
13. La accionante afirma que fue despedida luego de que entregara a la
CTA y a LLOREDA S.A. prueba de su estado de embarazo. No obstante, MAXCO CTA
alegó, de una parte, que no existió una relación laboral sino un convenio
asociativo de trabajo con la accionante, el cual se terminó por voluntad de la
asociada, y de otra, que el contrato celebrado entre MAXCO CTA y LLOREDA SA fue
modificado por una reestructuración en esta última, motivo por el cual se
redujo el número de asociados que se desempeñaban en la sociedad. En cuanto, al
estado de embarazo agregó que no está relacionado con la causa de la
desvinculación de la accionante pues solo conoció de éste luego de la
terminación del convenio asociativo.
Por su parte, LLOREDA S.A. advirtió que
entre la accionante y la sociedad no existió relación de trabajo o vínculo
alguno, pues ella laboró en la entidad en virtud del contrato celebrado entre
su representada y MAXCO CTA.
El juez de primera instancia concedió el amparo solicitado pues a su
juicio se encontraban acreditadas los requisitos exigidos por la jurisprudencia
constitucional para la protección de la estabilidad laboral de la mujer
embarazada. En contraste, el juez de segunda instancia revocó la decisión
porque no se demostró la existencia de una relación laboral entre las partes
sino un vínculo asociativo de trabajo. Además, concluyó que tampoco se pudo
comprobar que la CTA tuviera conocimiento del estado de embarazo de la señora Guzmán
Orjuela con anterioridad a la desvinculación.
14. Para el estudio de este caso se hace necesario reiterar la
jurisprudencia existente sobre la naturaleza de las relaciones de los asociados
con la cooperativa, al respecto la Corte ha reconocido que: “La existencia
de una relación entre cooperativa y cooperado no excluye necesariamente que se
de una relación laboral[8] entre
cooperativa y cooperado y esto sucede cuando el cooperado no trabaja
directamente para la cooperativa, si no para un tercero, respecto del cual
recibe ordenes y cumple horarios y la relación con el tercero surge por mandato
de la cooperativa, que fue lo que sucedió en este caso.
Por ello, visto lo acaecido en el presente proceso, es preciso
reiterar que en tanto exista una relación laboral, cualquiera que ella sea, es
predicable de la mujer embarazada el derecho a una estabilidad laboral
reforzada, como una consecuencia del principio de igualdad, y por ende, su
relación laboral no puede quedar ni suspendida ni anulada al punto de que se
afecte su condición de mujer en estado de embarazo. Así lo expuso esta misma
Sala al considerar en una oportunidad anterior, que al margen del tipo de
relación laboral que este operando, durante el período de embarazo la mujer es
acreedora de un derecho especial de asistencia y estabilidad reforzada, que
obliga, en el evento de ser despedida, a apelar a una presunción de despido por
discriminación en razón del embarazo, siendo el empleador quien asuma la carga
de la prueba que sustente el factor objetivo que le permita su despido de
manera legal.[9]”[10].
15. Con base en lo anterior, la Corte concluye que entre Luz Mireya
Guzmán Orjuela y MAXCO CTA se configuró una relación laboral, dado que la
asociada no laboraba en la cooperativa sino para un tercero donde recibía órdenes,
cumplía un horario y su trabajo era remunerado por los
servicios personales prestados en virtud de la relación
existente entre el tercero y la cooperativa. Por consiguiente, en este caso existe una
relación laboral en aplicación de la jurisprudencia constitucional según la
cual prima la realidad sobre la formalidad, como quiera que la accionante
desarrolló una actividad personal en estado de subordinación por la cual
recibió una remuneración[11], y en esa medida, está amparada por la protección especial a la mujer trabajadora que
queda en estado de embarazo.
Ciertamente, de acuerdo con la reformulación de la presunción legal
sobre el despido de la mujer embarazada expuesta, esta Sala reitera que lo
importante no es la comunicación del estado de embarazo al empleador sino que
la terminación se hubiera presentado durante la gestación o en los tres meses
posteriores al parto. Bajo tales circunstancias, en el caso de la señora Luz
Mireya Guzmán Orjuela está amparado por la presunción según la cual el motivo
de la terminación de su vínculo asociativo de trabajo fue su estado de
embarazo, y en esa medida, corresponde al empleador acreditar ante la autoridad
de trabajo competente la existencia de una justa causa para terminar la
vinculación.
Al respecto, la empresa MAXCO CTA argumentó que el retiro de la
asociada se produjo como consecuencia de la reestructuración en la sociedad LLOREDA
S.A. Sin embargo, la CTA no demostró que hubieran cesado las causas que le
dieron origen al contrato o que la relación contractual entre la sociedad y la
CTA hubiere finalizado definitivamente. Así las cosas, para la Corte la empresa
demandada desconoció la garantía constitucional y legal que ampara el derecho a
la estabilidad laboral reforzada de la madre. Esto, porque no existió una justa
causa que justificara la terminación del vínculo asociativo ni se solicitó la
previa autorización la autoridad laboral competente para que avalara la existencia
de una justa causa.
16. En virtud de lo expuesto, la Corte revocará las decisiones de
los jueces de instancia, amparará el derecho de la
peticionaria a la protección de la mujer trabajadora en estado de embarazo y,
en consecuencia, ordenará a MAXCO CTA que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de la presente sentencia– si la accionante así lo desea –  reintegre
a la señora Luz Mireya Guzmán Orjuela en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante
jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
La cooperativa MAXCO CTA deberá pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, el descanso remunerado en la época
del parto, correspondiente a la licencia de maternidad por el nacimiento de su
hijo. De igual manera, esta cooperativa deberá ponerse al día con las cotizaciones
de salud, pensión y riesgos profesionales de la accionante, dejadas de pagar.
Tales pagos no podrán ser presentados como una nueva afiliación, sino como el
pago de cotizaciones atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
Finalmente, la Corte advertirá a la señora Luz
Mireya Guzmán Orjuela para que en el término de cuatro
(4) meses contados a partir de la notificación del presente fallo instaure
acción ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista
en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que
dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculada de la cooperativa
demandada.
Si la señora
Luz Mireya Guzmán Orjuela no
interpone la acción ordinaria ante la jurisdicción laboral en el término antes
señalado, cesarán los efectos del presente fallo.
Expediente
T- 1859925 Sandra Manuela Soto
17. La accionante
Sandra Manuela Soto interpuso acción de tutela para la protección de la
estabilidad laboral de la mujer embarazada, que según afirma, le fueron
vulnerados por la señora Carmenza Posada Campo, al terminar el contrato, que en
su concepto es de naturaleza laboral, sin tener en cuenta su estado de
embarazo. No obstante, la accionada alegó que no
existió una relación laboral sino un contrato de prestación de servicios con la
accionante, el cual se terminó por el incumplimiento de las obligaciones a
cargo de la señora Soto.
El juez de primera instancia denegó el amparo solicitado pues consideró
que entre las partes no existía una relación laboral
sino un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, en el que la
seguridad social era obligación de la accionante. Así de presentarse algún
incumplimiento en las cláusulas del contrato la vía para dirimir la
controversia era la jurisdicción ordinaria. Por su parte, el juez de segunda instancia confirmó la decisión porque no se
demostró la existencia de una relación laboral entre las partes sino la
vigencia de un contrato de naturaleza civil. Además, concluyó que la
terminación del contrato no estuvo relacionada con el estado de embarazo de la
accionante sino con el incumplimiento de las obligaciones a cargo de ésta.
18. Para el estudio de este caso se hace necesario reiterar la
jurisprudencia sobre las circunstancias en que los contratos de prestación de
servicios dan lugar a la existencia de una relación laboral, al respecto la
Corte ha reconocido que: “Específicamente, respecto
de mujeres en gestación a quienes les es terminado su vínculo de trabajo en
ejecución de contratos de prestación de servicio, la Corte ha brindado similar
protección que cuando se trata de contratos típicamente laborales, para lo cual
ha acudido a los mismos criterios fácticos mencionados atrás[12].
Esto, porque la Corte no ignora que si bien, en principio, un
contrato de prestación de servicios de orden estrictamente civil y de duración
naturalmente definida, excluye cualquier tipo de relación laboral, es claro que
en algunas ocasiones este tipo de contrato, es utilizado por los empleadores
públicos y privados para distraer la configuración de una relación laboral y el
pago consecuente de las prestaciones que causa este tipo de relación..”[13]
Adicionalmente, la Corte puntualizó: “Para
determinar cuando se está ante una relación de trabajo, debe tenerse en cuenta
lo prescrito por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo modificado
por la ley 50 de 1990, el cual señala los elementos esenciales de una relación
de trabajo, así: (i) que la actividad sea cumplida personalmente por el
trabajador, (ii) que exista continua subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes,
en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración
del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos
mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al
país, y (iii) el pago de un salario como retribución del servicio.
Cuando se cumplen los requisitos mencionados anteriormente, se entiende
que existe contrato de trabajo, y por lo tanto es irrelevante las
calificaciones o denominaciones dadas por las partes, lo cierto es que el
contrato de trabajo es una realidad, que supera las formalidades.
Como una garantía a favor del trabajador, el artículo 24 del Código
Sustantivo del Trabajo dispone que “Se presume que toda relación de trabajo
personal está regida por un contrato de trabajo”, lo cual implica que puede ser
desvirtuada por el empleador con la demostración del hecho contrario, es decir,
probando que el servicio personal del trabajador no se prestó con el ánimo de
que le fuera retribuido, o en cumplimiento de una obligación que le impusiera
dependencia o subordinación[14].
En sentencia C-665 de 1998, esta Corporación señaló que el
empleador, para desvirtuar la presunción, debe acreditar ante el juez de tutela
que la relación que existe se deriva de un contrato civil o comercial y la
prestación de los servicios no se rige por las normas de trabajo, sin que para
ese aspecto probatorio sea suficiente la exhibición del contrato
correspondiente. El juez con fundamento en el principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formalidades, será quien analice las pruebas
aportadas, a fin de determinar si se desvirtúa tal presunción.
Por otra parte, en la sentencia C-166 de 1997, se destacó que la
relación que existía entre el principio de la primacía de la realidad sobre la
formalidades en las relaciones laborales y el mandato de prevalencia del
derecho sustancial[15],
implicaba una remisión al contenido material de la relación laboral, se indicó
el efecto relacionado con la aplicación de las normas laborales y se resaltó
que el principio teleológicamente estaba dirigido a impedir que el patrono se
aproveche de la situación de inferioridad del trabajador. Al respecto expuso lo
siguiente:
“Este principio guarda relación con el de prevalencia del Derecho
sustancial sobre las formas externas, consagrado en el artículo 228 de la
Constitución en materia de administración de justicia.
“Más que las palabras usadas por los contratantes para definir el
tipo de relación que contraen, o de la forma que pretendan dar a la misma,
importa, a los ojos del juez y por mandato expreso de la Constitución, el
contenido material de dicha relación, sus características y los hechos que en
verdad la determinan.
“Es esa relación, verificada en la práctica, como prestación cierta
e indiscutible de un servicio personal bajo la dependencia del patrono, la que
debe someterse a examen, para que, frente a ella, se apliquen en todo su rigor
las normas jurídicas en cuya preceptiva encuadra.
“Eso es así, por cuanto bien podría aprovecharse por el patrono la
circunstancia de inferioridad y de urgencia del trabajador para beneficiarse de
sus servicios sin dar a la correspondiente relación jurídica las consecuencias
que, en el campo de sus propias obligaciones, genera la aplicación de las
disposiciones laborales vigentes, merced a la utilización de modalidades
contractuales enderezadas a disfrazar la realidad para someter el vínculo
laboral a regímenes distintos”.
Posteriormente,
en la sentencia T-150 de 2000 se estableció que el principio de la prevalencia
de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales no sólo es
relevante en la jurisdicción ordinaria laboral sino en sede de tutela, siempre
y cuando su desconocimiento conlleve la vulneración de los derechos
fundamentales del trabajador. Lo anterior, por cuanto el juez de tutela tiene
el deber de verificar el contenido material de las relaciones y no las formas
jurídicas, pues sólo de esa manera es posible inferir si se vulneraron o no
derechos fundamentales.
En
conclusión, el principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales
permite determinar la situación real en que se encuentra el trabajador respecto
del patrono, la realidad de los hechos y las situaciones objetivas surgidas
entre estos. Debido a esto es posible afirmar la existencia de un contrato de
trabajo y desvirtuar las formas jurídicas mediante las cuales se pretende
encubrir, tal como ocurre con los contratos civiles o comerciales o aún con los
contratos de prestación de servicios.
Ahora bien, este tipo de controversias, por ser estrictamente legal,
deben solucionarse ante la jurisdicción laboral o ante la jurisdicción
contencioso administrativa, pues son las competentes para conocerlas y
decidirlas. Sólo en situaciones excepcionales, cuando el desconocimiento del
principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales vulnera
derechos fundamentales de los trabajadores, llegando al punto de causar un
perjuicio irremediable, o cuando los jueces han negado su aplicación de manera
manifiestamente infundada, la jurisprudencia constitucional ha admitido la
procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos
conculcados. Esto ha sido relevante en el caso de contratos de trabajo a los
que se les dá la forma de un contrato de prestación de servicios, aspecto sobre
el cual existen reiterados pronunciamientos de esta Corporación.”[16]
19. En conclusión, la Corte ha amparado el derecho a la estabilidad
laboral de las trabajadoras embarazadas con independencia del vínculo laboral o
civil bajo el cual están contratadas. En el evento, que la relación sea de
carácter civil corresponde al juez constitucional determinar si la misma se
puede asimilar a un vínculo laboral en virtud del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades en las relaciones de trabajo, verificando el
cumplimiento de los siguientes tres requisitos: (i) el
trabajador desempeña una actividad por sí mismo (actividad personal), (ii) la
cual realiza de manera subordinada o dependiente del empleador, lo que se
refleja en el cumplimiento de órdenes impartidas por éste, relativas al modo,
tiempo o cantidad de trabajo y (iii) recibe un salario como retribución del
servicio prestado (Art. 23 del CST). Finalmente, una vez demostrada la existencia de un vínculo de carácter laboral, se debe
evaluar la procedencia de la protección a la estabilidad laboral reforzada.
20. Con base en lo anterior, la Corte concluye que entre Sandra
Manuela Soto y Carmenza Posada Campo se configuró una relación laboral, dado
que: (i) la accionante desempeñaba una actividad personal como auxiliar de
laboratorio; (ii) la labor realizada estaba subordinada a las órdenes de tiempo,
modo y lugar impartidas por la accionada, incluso se exigía el cumplimiento de
un horario laboral; y (iii) el trabajo de la accionante era remunerado por los servicios personales prestados. Por consiguiente, en este caso existe una relación laboral en
aplicación de la jurisprudencia de la Corte según la cual prima la realidad
sobre la formalidad, como quiera que la accionante desarrolló una actividad
personal en estado de subordinación por la cual recibió una remuneración, y en
esa medida, es beneficiaria de la protección especial a
la mujer trabajadora que queda en estado de embarazo.
Bajo tales circunstancias, en el caso de la señora Sandra Manuela
Soto está amparado por la presunción según la cual el motivo de la terminación
de su contrato fue su estado de embarazo, y en esa medida, corresponde al
empleador acreditar ante la autoridad de trabajo competente la existencia de
una justa causa para terminar la vinculación.
Al respecto, la accionada Carmenza Posada Campo argumentó que la
terminación anticipada del contrato se produjo como consecuencia de las quejas
que se presentaron respecto al cumplimiento de funciones asignadas a la
accionante. Para ello, la señora Posada Campo adjuntó copia de documentos en
los que se reportan la pérdida de pruebas de laboratorio en desarrollo de las
actividades desempeñadas por la señora Soto.
Comoquiera que la causal invocada por la empleadora ha debido ser
puesta en conocimiento de la autoridad laboral competente para que ésta
estableciera la existencia de una justa causa, la Corte considera que la
demandada desconoció la garantía constitucional y legal que ampara el derecho a
la estabilidad laboral reforzada de la madre. En efecto, la existencia de un
contrato laboral entre las partes exigía que la estructuración de una justa
causa de despido fuera avalada por la autoridad laboral competente. Lo anterior no obsta para que la accionada
adelante los mecanismos administrativos o judiciales destinados a definir la existencia
de una justa causa, si ha ello hubiere lugar.
21. En virtud de lo expuesto, la Corte revocará las decisiones de
los jueces de instancia, amparará el derecho de la
peticionaria a la protección de la mujer trabajadora en estado de embarazo y,
en consecuencia, ordenará a Carmenza Posada Campo que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de
la notificación de la presente sentencia– si la accionante así lo desea –  reintegre
a la señora Sandra Milena Soto en forma inmediata al cargo que venía ocupando o
a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
La señora Carmenza Posada Campo deberá pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de este fallo, el descanso remunerado en la época
del parto, correspondiente a la licencia de maternidad por el nacimiento de su
hijo. De igual manera, la señora Posada Campo deberá afiliar a la señora Sandra
Milena Soto al sistema integral de seguridad social.
Finalmente, la Corte advertirá a la señora Sandra
Milena Soto para que en el término de cuatro (4) meses
contados a partir de la notificación del presente fallo instaure acción
ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el
artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de
percibir durante el tiempo que fue desvinculada de la empresa demandada.
Si la señora Sandra Milena Soto no interpone la acción ordinaria ante la jurisdicción laboral en el
término antes señalado, cesarán los efectos del presente fallo.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVOCAR
las sentencias proferidas por el Juzgado Once Civil Municipal de Bogotá y el
Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de tutela adelantado
por Andrea Carolina Herrera Mayorga contra MISIÓN TEMPORAL LTDA, para en su
lugar CONCEDER la tutela de los derechos al trabajo y a la especial
protección de la mujer embarazada de la señora Andrea Carolina Herrera Mayorga.
Segundo: ORDENAR a MISIÓN TEMPORAL LTDA
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificación de la presente sentencia– si la accionante así lo desea –  reintegre
a la señora Andrea Carolina Herrera Mayorga en forma inmediata al cargo que
venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía
desempeñando.
Tercero: ORDENAR a la empresa MISION TEMPORAL LTDA que deberá pagarle a la
accionante, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este
fallo, el descanso remunerado en la época del parto, correspondiente a la
licencia de maternidad por el nacimiento de su hijo. De igual manera, esta
empresa deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos
profesionales de la accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser
presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones atrasadas,
dada la ineficacia del despido efectuado.
Cuarto: ADVERTIR a la señora Andrea
Carolina Herrera Mayorga para que en el término de cuatro (4) meses contados a
partir de la notificación del presente fallo instaure acción ordinaria con el
fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el artículo 239 del
Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de percibir durante
el tiempo que fue desvinculada de la empresa demandada
Quinto: REVOCAR las sentencias
proferidas por el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal de Medellín y el
Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín, en el proceso de tutela adelantado
por Sandra Milena García Valencia contra PUNTO MERCA SA, para en su lugar CONCEDER
la tutela de los derechos al trabajo y a la especial protección de la mujer
embarazada de la señora Sandra Milena García Valencia.
Sexto: ORDENAR a PUNTO MERCA S.A. que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia– si la accionante así lo desea –  reintegre a la señora Sandra Milena
García Valencia en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de
semejante jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
Séptimo: ORDENAR a la empresa PUNTO MERCA S.A. que deberá pagarle a la
accionante, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este
fallo, el descanso remunerado en la época del parto, correspondiente a la
licencia de maternidad por el nacimiento de su hijo. De igual manera, esta
empresa deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y riesgos
profesionales de la accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán ser
presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
Octavo: ADVERTIR a la señora Sandra
Milena García Valencia para que en el término de cuatro (4) meses contados a
partir de la notificación del presente fallo instaure acción ordinaria con el
fin de reclamar los salarios, la indemnización prevista en el artículo 239 del
Código Sustantivo del Trabajo y demás prestaciones que dejó de percibir durante
el tiempo que fue desvinculada de la empresa demandada.
Noveno: REVOCAR las sentencias
proferidas por el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bogotá y del Juzgado Cuarenta
Civil del Circuito de Bogotá, en el proceso de tutela adelantado por Luz Mireya
Guzmán Orjuela contra MAXCO CTA, , para en su lugar CONCEDER la tutela
de los derechos al trabajo y a la especial protección de la mujer embarazada de
la señora Luz Mireya Guzmán Orjuela.
Décimo: ORDENAR a MAXCO CTA que en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia– si la
accionante así lo desea –  reintegre a la señora Luz
Mireya Guzmán Orjuela en forma inmediata al cargo que
venía ocupando o a uno de semejante jerarquía al que la demandante venía
desempeñando.
Decimoprimero: ORDENAR a la cooperativa MAXCO CTA que deberá pagarle a la
accionante, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de este
fallo, el descanso remunerado en la época del parto, correspondiente a la
licencia de maternidad por el nacimiento de su hijo. De igual manera, esta
cooperativa deberá ponerse al día con las cotizaciones de salud, pensión y
riesgos profesionales de la accionante, dejadas de pagar. Tales pagos no podrán
ser presentados como una nueva afiliación, sino como el pago de cotizaciones
atrasadas, dada la ineficacia del despido efectuado.
Decimosegundo: ADVERTIR a la señora Luz Mireya Guzmán Orjuela para que en el
término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente
fallo instaure acción ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la
indemnización prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y
demás prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculada
de la cooperativa demandada.
Decimotercero: REVOCAR las sentencias
proferidas por el Juzgado Veintiuno Penal Municipal de Bogotá y del Juzgado Cincuenta
y Cinco Penal del Circuito de Bogotá, en el proceso de tutela adelantado por
Sandra Milena Soto contra Carmenza Posada Campo, para en su lugar CONCEDER
la tutela de los derechos al trabajo y a la especial protección de la mujer
embarazada de la señora Sandra Milena Soto.
Decimocuarto: ORDENAR a Carmenza Posada
Campo que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia– si la accionante así lo desea –  reintegre a la señora Sandra Milena
Soto en forma inmediata al cargo que venía ocupando o a uno de semejante
jerarquía al que la demandante venía desempeñando.
Decimoquinto: ORDENAR a la señora
Carmenza Posada Campo que deberá
pagarle a la accionante, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de este fallo, el descanso remunerado en la época del parto,
correspondiente a la licencia de maternidad por el nacimiento de su hijo. De
igual manera, la señora Posada Campo deberá afiliar a la señora Sandra Milena
Soto al sistema integral de seguridad social.
Decimosexto: ADVERTIR a la señora Sandra Milena Soto para que en el término de
cuatro (4) meses contados a partir de la notificación del presente fallo
instaure acción ordinaria con el fin de reclamar los salarios, la indemnización
prevista en el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y demás
prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo que fue desvinculada de la
empresa demandada.
Decimoséptimo: Por Secretaría General
líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] ARTÍCULO 43.— La mujer y el hombre
tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a
ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará
de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.
[2] La sentencia T-095 de 2008,
resumió la protección legal dada a la trabajadora embarazada de la siguiente
forma: “En tal sentido, la legislación laboral ha proscrito la posibilidad
de despedir a cualquier mujer trabajadora por razón o por causa del embarazo y
ha elevado a la categoría de presunción de despido por motivo de embarazo o
de lactancia aquel que tiene lugar durante el período del embarazo o
dentro de los tres meses posteriores al momento del parto cuando no media
autorización del inspector de trabajo o del alcalde ni se tienen en cuenta los
procedimientos legalmente establecidos. Ha dispuesto, además, que la mujer
que ha sido despedida en estas circunstancias debe ser indemnizada y el
empleador es obligado a conservar el puesto de la trabajadora durante el
término que ésta disfruta de sus descansos remunerados o de licencia por motivo
de embarazo o parto.”
[3] Cfr. Entre otras las sentencias:
T-373 de 1998, T-426 de 1998, T-362 de 1999, T-879 de 1999, T-375 de 2000,
T-778 de 2000, T-832 de 2000,T-352 de 2001, T-404 de 2001, T-206 de 2002, T-961
de 2002, T-862 de 2003, T-1138 de 2003, T-1177 de 2003, T-848 de 2004, T-900 de
2004, T-173 de 2005, T-176 de 2005, T-185 de 2005, T-291 de 2005, T-006 de
2006, T-021 de 2006, T-546 de 2006, T-589 de 2005, T-807 de 2006, T-1003 de
2006, T-1040 de 2006, T-354 de 2007, T-546 de 2007.
[4] MP: Humberto Antonio Sierra
Porto.
[5] Al respecto, la sentencia T-095
de 2008, puntualizó: “Subraya la Sala que una interpretación más garantista
y, en tal sentido, más concordante con la protección que le confiere la
Constitución a las mujeres en estado de gravidez consiste en asegurar el amparo
de los derechos de las trabajadoras que quedan embarazadas bajo la vigencia de
un contrato laboral con independencia del tipo de vinculación de la que se
trate – a término indefinido, a término fijo o por obra-. Si la mujer puede
probar mediante certificado médico que su estado de embarazo se presentó bajo
la vigencia del contrato laboral, basta con dicha prueba para obtener la
protección.”.
[6] Esto, teniendo en cuenta que en la misma
sentencia la Corte reconoció que : “No obstante, la jurisprudencia también
ha reiterado la necesidad de no desconocer el derecho en cabeza del empleador
de poner fin al contrato de trabajo cuando la mujer ha incurrido en causales de
despido con justa causa, claro está, luego de haber cumplido con las exigencias
que para tales efectos prevé la legislación (artículo 62 y 63 del Código
Sustantivo del Trabajo). De este modo, no sólo resulta obligatorio escuchar a
la trabajadora sino que han de practicarse todas las pruebas que las partes
estimen pertinentes y conducentes. Ha dicho la Corte Constitucional en relación
con este punto “que la maternidad no puede ser utilizada como escudo perfecto
que permita amparar cualquier conducta de la trabajadora, independientemente de
su correspondencia con los términos del contrato de trabajo o de la ley.””.
[7] Cfr. Corte Constitucional.
Sentencia T-992 de 2005.
[8] Sentencia T-286 de 2003
M. P : Jaime Araújo Rentería.
[9] Sentencia T-862 de 2003,
M. P. Jaime  Araújo Rentería
[10] Sentencia T-1177 de
2003. M. P. Jaime  Araújo Rentería
[11] En el mismo sentido, la Corte
Constitucional reconoció la existencia de una relación laboral, pese a que
existía un convenio asociativo de trabajo: “1. La sentencia C-211 de 2000 se basa en el hecho de que los miembros de
las cooperativas de trabajo asociado no ostentan una relación empleador -
empleado, lo que de suyo implica que bajo tales respectos el asociado ha de
trabajar individual o conjuntamente para la respectiva cooperativa en sus
dependencias.| 2. En contraste con esto en el caso de autos la Sala
observa que si bien la actora es asociada de una cooperativa de trabajo
asociado, también lo es el hecho de que la Cooperativa Convenios Estratégicos
la envió a prestar sus servicios personales en las dependencias de la empresa
comercializadora Kaysser S.A. lugar donde cumplía un horario y recibía una
remuneración por parte de la Cooperativa mencionada. Es decir, en el caso
planteado, tuvo lugar una prestación personal del servicio en cabeza de la
actora, una subordinación jurídica de la misma frente a la Cooperativa
Convenios Estratégicos y una remuneración a cargo de ésta por los servicios
personales prestados por la demandante. En otras palabras, se configuró un
contrato de trabajo en consonancia con la prevalencia de lo sustancial sobre lo
formal (art. 53 C.P).|”
[12] Al respecto la
Corte señaló en sentencia T-1138/03 M.P. Rodrigo Escobar Gil, lo siguiente: “La
entidad demandada sostiene inicialmente que ante la inexistencia de un contrato
de trabajo debe rechazarse lo solicitado por la accionante. Como lo tiene
entendido la jurisprudencia citada en la primera parte de este fallo, tal
circunstancia en nada afecta la protección reforzada que se predica de la mujer
embarazada por cuanto es claro que al margen del tipo de contrato existente, en
este caso concreto se dio una verdadera relación laboral que es la que merece
protección”.
[13] Sentencia T-501 de
2004. MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[14] Sentencia C-1110 de
2001.
[15] Artículo 228 de la
Constitución Política.
[16] Sentencia T-992 de
2005. MP. Humberto Antonio Sierra Porto. En el mismo, sentido consultar la
sentencia T-291 de 2005. MP. Manuel José Cepeda Espinosa.