C-250-19
Sentencia
C-250/19
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Oportunidad procesal para definir la aptitud de
la demanda/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos/DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación
CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes
PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación
DECISION INHIBITORIA POR INEPTITUD SUSTANCIAL DE LA DEMANDA-No hace tránsito a
cosa juzgada constitucional
CONSTITUCION POLITICA-Métodos tradicionales de interpretación jurídica
PRINCIPIO DE INTERPRETACION CONFORME-Alcance
INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Prevalencia de los derechos de los niños
OBLIGACION DE PROTEGER DE MANERA ESPECIAL A LOS
NIÑOS-Instrumentos internacionales
PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA DE LOS NIÑOS-Protección
PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACION DE LOS NIÑOS-Reconocimiento
PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
DERECHO A LA VIDA, SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO-Alcance como principio
PRINCIPIO DEL RESPETO A LAS OPINIONES DEL NIÑO-Alcance
PRINCIPIO DE PROTECCION DEL MENOR FRENTE A RIESGOS PROHIBIDOS-Alcance
TRABAJO DE MENORES-Circunstancias excepcionales en las que procede
TRABAJO DE MENORES-Restricciones legales
TRABAJO DE MENORES-No puede afectar su desarrollo físico y educativo
TRABAJO DE MENORES-Jurisprudencia constitucional
TRABAJO DE ADOLESCENTES-Parámetros de
protección
i) Según el Convenio No. 138, sobre
la edad mínima de admisión al empleo, y conforme lo señala la Ley 1098 de
2006 la edad a partir de la cual los adolescentes pueden desempeñar
actividades laborales son los 15 años. ii) Para que en
Colombia pueda ejercerse el trabajo por parte de un adolescente, deben
concurrir los requisitos que enlista el art. 113 (supra trascritos). iii) La autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en
caso de que no se garanticen los derechos a la salud, seguridad social y
educación del adolescente.
iv) La jornada de
trabajo para adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 años solo
podrá ser diurna, máximo de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y solo hasta
las 6:00 p.m. de la tarde. Para mayores de 17 años la jornada solo podrá ser de
8 horas diarias, 40 semanales y sólo hasta las 6:00 p.m.  v) Por todo trabajo y una vez se
cuente con la autorización, los adolescentes deberán obtener la respectiva
remuneración que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal
vigente. vi) En caso de
maternidad la jornada no podrá ser superior a 4 horas diarias a partir del
séptimo mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de salario y
prestaciones sociales. vii) Ninguna persona
menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o
que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los
considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio de la
Protección Social en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, establecerán la clasificación de dichas actividades de acuerdo al
nivel de peligro y nocividad que impliquen para los adolescentes autorizados
para trabajar y la publicarán cada dos años periódicamente en distintos medios
de comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el
Ministerio consultará y tendrá en cuenta a las organizaciones de trabajadores y
de empleadores, así como a las instituciones y asociaciones civiles
interesadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de los instrumentos e
instancias internacionales especializadas.
Referencia:
Expediente D-12970
Demanda
de inconstitucionalidad contra la expresión “mínimas”, contenida en el
parágrafo del artículo 113 de la Ley 1098 de 2006.
Demandante:
Ángela Lorena Ávila Ochoa
Magistrado
Ponente:
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá D.C., cinco (05) de junio de dos mil
diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el
Decreto 2067 de 1991, profiere la presente sentencia.
I. ANTECEDENTES
1. La ciudadana Ángela Lorena Ávila
Ochoa, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en
los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, presentó demanda contra la
expresión “mínimas” contenida en el parágrafo del artículo 113 de la Ley
1098 de 2006.
2. Por medio de Auto del trece (13) de
noviembre del dos mil dieciocho (2018) se dispuso la admisión de la demanda y
en virtud de los artículos 244 de la Constitución Política y 11 del Decreto Ley
2067 de 1991, se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, con
la finalidad de que rindiera el concepto de que trata el artículo 278.5 de la
Constitución Política y se comunicó del inicio del proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso y a los Ministerios de Justicia y del
Derecho, del Interior y de Defensa Nacional.
En la misma decisión se invitó a
participar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la
Defensoría del Pueblo, a la Asociación Colombiana de Municipios, al
Departamento Nacional de Planeación, al Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), al Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y
Adolescentes Trabajadores, a la Red Colombiana Contra el Trabajo Infantil
(Pacto Global Colombia), a la UNICEF, al Director del Colegio de Abogados
Trabajadores, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Confederación
General del Trabajo, a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, a la
Confederación de Trabajadores de Colombia, a la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), a los Decanos de las Facultades de Derecho de
la Universidad de los Andes, Libre de Colombia, Santo Tomás, Pontificia
Universidad Javeriana, Nacional de Colombia, de Caldas y de Manizales, al
Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de
Colombia, y a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, para
que, mediante escrito, presentaran concepto técnico especializado sobre la
demanda estudiada.
Cumplidos los trámites constitucionales
y legales propios de esta clase de procesos, procede la Corte a decidir sobre
la demanda de la referencia.
II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA
A continuación se transcribe el artículo
demandado, subrayándose el aparte cuestionado:
“LEY 1098 DE 2006
(Noviembre 8)
Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de
2010, en lo relativo a las multas, Reglamentada parcialmente por el Decreto
Nacional 860 de 2010
Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia.
El Congreso de Colombia
(…)
Artículo
113.
Autorización de trabajo para los adolescentes. Corresponde al inspector
de trabajo expedir por escrito la autorización para que un adolescente pueda
trabajar, a solicitud de los padres, del respectivo representante legal o del
Defensor de Familia. A falta del inspector del trabajo la autorización será
expedida por el comisario de familia y en defecto de este por el alcalde
municipal.
La
autorización estará sujeta a las siguientes reglas:
1.
Deberá tramitarse conjuntamente entre el empleador y el adolescente;
2. La
solicitud contendrá los datos generales de identificación del adolescente y del
empleador, los términos del contrato de trabajo, la actividad que va a
realizar, la jornada laboral y el salario.
3. El
funcionario que concedió el permiso deberá efectuar una visita para determinar
las condiciones de trabajo y la seguridad para la salud del trabajador.
4.
Para obtener la autorización se requiere la presentación del certificado de
escolaridad del adolescente y si este no ha terminado su formación básica, el
empleador procederá a inscribirlo y, en todo caso, a facilitarle el tiempo
necesario para continuar el proceso educativo o de formación, teniendo en cuenta
su orientación vocacional.
5. El
empleador debe obtener un certificado de estado de salud del adolescente
trabajador.
6. La
autorización de trabajo o empleo para adolescentes indígenas será conferida por
las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad teniendo en cuenta sus
usos y costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el
inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar.
7. El
empleador debe dar aviso inmediato a la autoridad que confirió la autorización,
cuando se inicie y cuando termine la relación laboral.
Parágrafo. La
autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den
las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del
adolescente.” -Negrilla fuera del texto original-
III. LA DEMANDA
1. La accionante señaló que la
disposición demandada vulnera los artículos 1°, 45, 48, 49 y 67 de la
Constitución Política de Colombia[1] pues la
expresión limita el ámbito de protección hacia el trabajo de menores de edad.
2. Indicó que no es posible hablar de garantizar
“unos mínimos…pues se está hablando de menores los cuales requieren especial
atención y protección por parte del estado [sic], debido a su edad y capacidad
para ejercer sus derechos individuales y colectivos, por lo que al no avalar
completamente las garantías que se requieren para el ejercicio de actividades
laborales, se están vulnerando derechos fundamentales.”[2].
3. Señaló que la expresión “mínimas” es
violatoria al principio de dignidad humana (artículo 1 de la C.P., y 23 de la Declaración
Universal de los Derecho Humanos), “puesto que al solo concedérsele unos
mínimos para el desarrollo adecuado de las condiciones de trabajo y sus
requisitos, no está brindando la cobertura total que merecen los adolescentes, los
cuales, como sujetos sociales relevantes, requieren atención prioritaria dadas
las condiciones de desarrollo en la [sic] que se encuentran, teniendo en cuenta
la proyección futura  como agentes importantes en las decisiones políticas,
económicas y sociales”[3]; es
decir,  deben otorgarse las garantías integrales al menor.
4.  Manifestó que los niños y
adolescentes tienen derecho a la protección y formación integral -artículos 45
de la C.Pol., y 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño- por lo que “ante
la colisión de derechos ha de tenerse en cuenta el interés superior del menor,
dadas las circunstancias que lo revisten y su condición innegable que establece
la carta magna [sic] en consideración a los derechos fundamentales prevalentes
de los menores, tales como la vida, integridad física, la salud, la seguridad
social, la educación, la cultura, la recreación, etc.”[4].
5. Presentó
argumentos dirigidos a explicar el desconocimiento de los artículos 48 de la
Constitución y 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para lo
cual afirmó que debido a la “importancia que cobija la prestación adecuada
de la seguridad social…debe dársele garantía integral al momento que se entre a
hablar de este campo en el que se mueve el menor, y que no se le dé especio a
la inestabilidad o situaciones que atenten contra la persona y su integridad.
Mas sabiendo que el menor necesita de una protección entorno a su persona dado
la fase de crecimiento en la que se encuentra y de su cuidado entorno a su
niñez, la garantía plena de la seguridad social ha de plasmarse y hacerse
efectiva, no solo como parte de sus derechos laborales sino como parte esencial
de su formación e integridad, y como individuo de especial protección estatal
requiere ese seguimiento íntegro y bajo condiciones propias en curso a la
actividad que desempeñen”[5].
6. Sobre el derecho a la salud mencionó
que la expresión demandada desconoce el artículo 49 de la Norma Superior, en el
entendido de que es necesario brindar al menor la protección y sostenibilidad
de esa garantía fundamental, teniendo en cuenta su conexidad con los derechos a
la vida, integridad personal y dignidad humana. De esa manera, mencionó que “las
mínimas garantías que pretenden otorgarse, no pueden ser menoscabo de los
derechos fundamentales pertinentes para el ejercicio efectivo que
constitucionalmente se le ha otorgado al derecho fundamental a la salud frente
a la labor autorizada que pueden desempeñar los menores, por lo cual se hace
menester que se dé un alcance y una cobertura amplia y adecuada que responda a
sus derechos, sin la posibilidad de que se presenten cambios o medios que
desvirtúen u obstaculicen la plenitud de su derecho”[6].
7. Por último, refirió que la expresión “mínimas”
desconoce el derecho a la educación -artículos 67 de la C.Pol., y 26 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos- que debe ser garantizado a los
menores, en el entendido de que no puede brindarse una cobertura mínima, “puesto
que requiere que el campo y medio laboral en el cual se mueva el menor, debe
responder -sic- a garantías óptimas y adecuadas que no trunquen con su
formación, la expresión atenta contra esa integralidad con la que debe contar
el menor”[7].
8. En consecuencia, solicitó declarar la
inexequibilidad de la expresión “mínimas” contenida en el parágrafo del
artículo 113 de la Ley 1098 de 2006 o en su defecto, declarar la
exequibilidad condicionada en el entendido de que la expresión “no puede
usarse…para delimitar las garantías en las condiciones de trabajo de los
adolescentes”[8].
IV. INTERVENCIONES
Intervenciones oficiales
1. Ministerio de Salud y de la
Protección Social. La Directora Técnica de la Dirección
Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de apoderada,
pidió a la Corte la inhibición en el presente asunto, o en su defecto, declarar
la exequibilidad de la expresión demandada.
Luego de estudiar los requisitos para el
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, solicitó se declare la
ineptitud de la demanda pues, en su criterio, la misma carece de claridad,
certeza, pertinencia y suficiencia, pues el cargo de inconstitucionalidad que
se pretende estructurar está basado en un error de interpretación de la
demandante, en tanto que el legislador no quiso referirse con la expresión “mínimas”
a “unas garantías limitadas y/o disminuidas, como lo pretende hacer ver”[9]. Por el contrario, precisó que la norma no
es limitante sino garante. En ese sentido, argumentó que la interpretación que
contiene la demanda no corresponde a la “literalidad que el legislador quiso
exponer en la norma” por lo que en ese sentido el cargo se funda en un
error de interpretación de la demandante.
Pese a lo anterior, expuso de fondo
argumentos para demostrar que la norma no limita, sino que dispone una
garantía; así, después de hacer referencia a las normas que prevalecen en torno
a la regulación del trabajo ejercido por adolescentes, concluyó que el derecho
a salud, a diferencia del carácter prestacional de las demás personas, en
relación con los niños es de especial protección, de aplicación inmediata y
prevalente sobre el derecho de los demás.
Aunado a ello explicó que la Ley 12 de
1991 aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos
24, 25 y 26 reconoce el disfrute del más alto nivel de los derechos a la salud
y los servicios para el trato de enfermedades; así mismo, el Código de la
Infancia y Adolescencia dispone que “la autorización para trabajar podrá ser
negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud,
seguridad social y educación del adolescente”[10],
de lo que resaltó que “la palabra mínima no deja campo abierto a que no se
le brinde el resguardo adecuado y pertinente de las condiciones de trabajo que
son necesarias y prioritarias para el adolescente, en la medida en la que
buscan salvaguardar los derechos fundamentales de la población adolescente,
específicamente el derecho a la salud, seguridad y desarrollo, así como
reconoce a esta población como sujetos de derechos, pues de acuerdo a lo
establecido en La Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación
de Trabajo Infantil y Protección Integral al adolescente trabajador (…), el
trabajo infantil repercute en la salud de los y las adolescentes”[11]; y finalmente, aseguró que
los trabajos contenidos en la Resolución 1796 de 2018, mediante la cual se
determinan las actividades peligrosas, no podrán ser realizados por
adolescentes por riesgo a su salud, seguridad y desarrollo.
En conclusión, señaló que “la norma
en general y las concordantes a esta, son garantes de los derechos de los
adolescentes y jamás se ha reducido o limitado sus garantías”[12], a pesar de que exista
el término “mínimas” en el parágrafo demandado.
2. Ministerio de Justicia y del Derecho.
El
Director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico, a través de
apoderado, solicitó declarar exequible el aparte demandado.
Consideró inicialmente que la expresión
demandada “no resulta violatoria de las normas superiores invocadas en la
demanda”[13],
porque el marco normativo sobre el trabajo de adolescentes está sometido a
condiciones que permiten el ejercicio pleno de los derechos y la traducción de
la expresión mínimas en el derecho laboral corresponde al carácter inderogable
de las normas, lo que “conlleva a garantizar la satisfacción integral de los
derechos del trabajador adolescente, con carácter universal y prevalente”[14].
Indicó que “[e]l marco normativo del
trabajo adolescente está sujeto a condiciones estrictas que permiten el
ejercicio pleno de sus derechos”[15],
al punto de prohibir la explotación de los niños, restringir la edad de trabajo
a los 15 años y solamente bajo condiciones donde se proteja el proceso
educativo, la salud y, en general, los derechos fundamentales[16].
Manifestó que el adjetivo demandado no
vulnera los derechos a la salud, seguridad social y educación, en tanto la
protección del trabajo adolescente impone el reconocimiento pleno de las
garantías laborales, que pueden ser aún más favorables[17].
Concluyó que el enunciado demandado “no
puede tener una interpretación y alcance diferente que el relacionado con el
principio de derechos y garantías mínimas de las normas laborales, lo cual
impone la prohibición de desconocimiento de las mismas y la posibilidad de
establecer previsiones adicionales favorables al trabajador adolescente”[18].
3. Ministerio del Trabajo. El
jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo solicitó a la
Corte declarar la constitucionalidad condicionada de la expresión “mínimas”
contenida en el parágrafo del artículo 113 de la Ley 1098 de 2006 y, de esa
manera, se unifique y garantice una mayor protección a los derechos de los
menores, conforme al marco fijado por el Estado Social y Constitucional de
Derecho[19].
Manifestó que existe una colisión clara
entre el interés superior del menor y sus derechos a partir de la
interpretación de la expresión “mínimas”, toda vez que al darse alcance
a una norma que protege a los adolescentes se debe hacer de manera estricta[20].
En el mismo sentido, mencionó que no
puede dejarse la interpretación de la norma, específicamente sobre la palabra “mínimas”,
“sujeta a la libertad de los empleadores, sino que debe priorizarse […] una
interpretación que se ajuste a la noción de Estado Social de Derecho”, con
el fin de que defina el espectro de la expresión demandada.
Para complementar su intervención
estudió el amparo que trae el ordenamiento jurídico colombiano e internacional
hacia los menores, destacando lo siguiente: i) el orden legal está enfocado en
respetar los derechos a la libertad y dignidad humanada de los trabajadores[21]; ii) “conforme a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, la expresión “mínimas” está acotada con el fin de velar
por las garantías superiores y convencionales del menor”, para que exista
un trato legal y contractual diferenciado; iii) el ordenamiento colombiano
proscribe el trabajo infantil, en virtud de la realidad social y económica del
país, por lo que la regulación del servicio laboral involucra una efectiva
protección al menor; iv) el ingreso a la vida laboral es a partir de los 15
años[22] con
autorización expresa del inspector del trabajo o primera autoridad local, pero
es prohibido el trabajo riesgoso y la explotación laboral[23]; y, v) los tratados internacionales[24] protegen a la niñez y su desarrollo y
disponen también la edad mínima de 15 años para trabajar.
4. Departamento Nacional de Planeación. El
Director del Departamento Nacional de Planeación, por intermedio de apoderado
especial, solicitó a la Corte proferir una decisión inhibitoria o,
subsidiariamente, declarar exequible la norma acusada.
Indicó que la expresión “mínimas” hace
referencia al cumplimiento del empleador de afiliar al adolescente a la
Seguridad Social Integral, de manera que no existe vulneración a derechos
fundamentales con esa palabra en su contexto, lo que realmente se interpreta de
la norma es ese deber de los empleadores, por lo que no se puede concluir que
exista limitación sino un “mecanismo de protección”[25].
Asimismo, manifestó que del
planteamiento de los cargos de la parte actora no se puede dilucidar una
acusación directa a los preceptos constitucionales, por cuanto las acusaciones
son indirectas, de donde surge la carencia de los requisitos de claridad y
precisión de la demanda[26].
En igual sentido, cuestionó que la
accionante no haya mostrado cómo la expresión demandada vulnera la Carta
Política con argumentos claros, precisos y suficientes[27].
5. Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
La Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar solicitó a la Corte inhibirse de emitir un
pronunciamiento de fondo, por existir ineptitud sustantiva de la demanda, o, de
forma subsidiaria, declarar exequible el aparte normativo demandado[28].
Sustentó la ineptitud sustantiva de la
demanda en la carencia de los requisitos de certeza, pertinencia y suficiencia,
respectivamente, así; (i) carece del requisito de certeza “como quiera que
las razones de inconstitucionalidad recaen sobre una interpretación de carácter
subjetivo y no sobre una proposición jurídica real y existente”[29]; (ii) carece de enfoque constitucional
(pertinencia), teniendo en cuenta que se basa en la lectura personal de la
norma[30]; y,
(iii) carece de suficiencia habida cuenta que “las razones esgrimidas por la
demandante no permiten evidenciar la forma en la que el aparte normativo
acusado trasgrede los preceptos constitucionales (…) pues el argumento se
limita a señalar que la norma es inconstitucional debido a que existe una
posible lectura según la cual se está soslayando la protección de los derechos
de los adolescentes”[31].
Ahora bien, para sustentar la petición subsidiaria,
resumió el marco constitucional sobre el trabajo infantil, en el cual citó
inicialmente el artículo 44 de la Carta Política, a fin de resaltar el interés
superior sobre los niños, niñas y adolescentes[32].
Aclaró que, en Colombia, de acuerdo con
la Corte Constitucional[33], los
niños pueden trabajar atendiendo a las circunstancias sociales y culturales,
protegidos por las normas internacionales como parámetros mínimos, “que no
impiden la protección más amplia”[34];
por el contrario, las normas constitucionales desarrolladas bajo la
interpretación de la Corte Constitucional cobijan garantías superiores para los
niños.
Igualmente, señaló que existen
previsiones legales en desarrollo de esa protección superior para el ingreso a
trabajar por parte de menores. En especial, la Ley 1098 de 2006 contempla
algunas disposiciones para proteger a los niños en materia laboral, a fin de
velar por la continuidad educativa, la detección de peores formas de trabajo
infantil por parte de las instituciones educativas y la detección de niños que
realicen trabajos prohibidos como función de la Policía Nacional[35].
Finalmente, hizo referencia a algunas reglas
de interpretación decantadas por la Corte Constitucional[36], para resaltar que “para determinar el
sentido de una norma, existen criterios legales y jurisprudenciales para su
lectura, de manera que no es algo sujeto al arbitrio de un operador jurídico
particular”[37],
sino que depende de la revisión del sentido de la palabra, ajustada a la
Constitución, al proceso de creación de la norma y a la revisión integral de la
norma que integra.
En conclusión, puntualizó que las normas
nacionales e internacionales apuntan a brindar la protección más amplia posible
a los adolescentes, por lo que la lectura de la expresión “mínimas” que
realizó la demandante es inviable.
6. Confederación de Trabajadores de
Colombia. El
Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia apoyó los argumentos
de la demanda, con el fin de que se declare inexequible la expresión “mínimas”.
Para sostener lo anterior, señaló que
los estatutos de la corporación que representa lo obligan a la protección de la
niñez y la juventud, por lo que es acorde a la dinámica sindical que manejan y,
en ese entendido, es su deber coadyuvar las intenciones de la demanda.
Por otro lado, destacó que el Convenio
183 de la Organización Internacional del Trabajo “hace énfasis en la
garantía plena de salud, seguridad  y moralidad y que además hayan recibido
instrucciones o formación profesional adecuada y específica en la rama de
actividad correspondiente, para que pueda existir autorización de empleo en
menores”, de lo que concluyó que la expresión demandada “aminora las
estimaciones necesarias de bienestar y trazan un mal comienzo de vida laboral”[38].
En consecuencia, resaltó que la norma
debe tener tal claridad que no debe permitir espacios para que derechos
fundamentales “se vean en riesgo”[39],
por lo que la Corte debe utilizar todos los mecanismos constitucionales para la
protección de los derechos de los niños, con el fin de proporcionar “herramientas
y mecanismos necesarios para su articulación y defensa”[40].
7. Federación Colombiana de Municipios. El
Director Jurídico de la Federación Colombiana de Municipios solicitó declarar
exequible la norma impugnada.
Sobre la palabra “mínimas”
resaltó lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-350 de 2009 y en
aplicación de los parámetros sobre análisis de palabras o conceptos expresó que
el contexto en el que está contenida la palabra “mínimas”, no advierte
que la expresión autorice tener como trabajador a un adolescente “bajo
mínimos inferiores al umbral de dignidad humana, a sus derechos a la salud, la
educación y la seguridad social”. Por el contrario, la palabra “prevé
una causal de negación de la autorización o de revocación de la misma”[41], de no llegarse a dar
las garantías mínimas, interpretación que se confirma al verificar integralmente
los demás incisos de la norma.
8. Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI). El Representante Legal de la ANDI solicitó
declarar la exequibilidad de la palabra “mínimas”, contenida en
el parágrafo de la norma demandada.
A esa conclusión llegó luego de ahondar
en el sentido de la palabra “mínimo”, la cual debe entenderse cualitativamente
y no cuantitativamente, similar a lo interpretado para el “mínimo vital”.
Aseguró entonces que no es posible limitar la palabra mínimo a lo estrictamente
indispensable[42]. Por
ello la palabra atacada debe entenderse a partir de parámetros de razonabilidad
teniendo en cuenta “las condiciones del adolescente y las condiciones del
trabajo”[43].
Intervenciones académicas
9. Universidad de Manizales. La
Decana del Programa de Derecho de la Universidad de Manizales solicitó declarar
inexequible la expresión “mínimas”, consagrada en el parágrafo del
artículo 113 del Código de la Infancia y la Adolescencia[44].
Para demostrar que la expresión “mínimas”
transgrede el orden constitucional, planteó que la Organización
Internacional del Trabajo, el artículo 20 del Código de la Infancia y la
Adolescencia y en Lineamiento Técnico del modelo de atención del ICBF para los
niños, niñas y adolescentes consagran una protección preeminente a sus
derechos, por lo que es obligación de las autoridades administrativas y
judiciales respetar dichos parámetros normativos[45].
Mencionó que en el marco de la
protección integral de la infancia se deben atener las condiciones que brinda
la Constitución de manera reforzada, “acompañada y condicionada a todas las
gabelas legales y constitucionales, pues el trabajo que, por naturaleza o
condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad
o la moralidad de los niños, niñas y adolescentes, y por ende su seguridad
social y las garantías laborales deben primar en por [sic] encima de los
derechos de los demás”[46].
Concluyó la argumentación resaltando que
la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional[47] , establecen el deber del Estado de
garantizar las libertades y derechos de los niños y proteger a estos de toda
forma de maltrato y explotación, por ser sujetos de especial protección
constitucional, lo que haría que la palabra demandada no cumpla con esos
estándares superiores[48].
10. Universidad Santo Tomás. Mediante
escrito allegado por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Santo Tomás y el Asesor del Consultorio Jurídico Internacional de la misma
facultad, solicitaron declarar la inconstitucionalidad del término “mínimas”
de la norma demandada.
Indicaron que la Constitución realiza un
reconocimiento especial a los niños, dadas las condiciones de vulnerabilidad en
las que se encuentran por su etapa de desarrollo y crecimiento, por lo que
impone un deber especial al Estado de amparo reforzado, “que supone la obligación
de adoptar decisiones y de priorizar las intervenciones que favorezcan la
realización de sus derechos en un escenario de protección integral”[49], de tal forma que “limitar la
autorización para trabajar de los adolescentes al cumplimiento de medidas mínimas
de salud, seguridad social y educación, no es consistente con la finalidad
legítima e imperiosa de garantizar el interés superior del niño en un escenario
de protección integral”[50].
Bajo esa óptica destacaron que el
artículo 44 de la Constitución Política relaciona algunos derechos
fundamentales que tienen los niños, subrayando especialmente el derecho a la
vida, salud y seguridad social y en ese sentido,  “los menores de dieciocho
años (…) se les debe garantizar no solo la protección de sus derechos, sino
también propender por prevenir su amenaza y vulneración”[51], por ser sujetos de especial protección.
Atendiendo el interés superior de los
niños, niñas y adolescentes y citando diversas normas internacionales que
protegen las necesidades prioritarias de estos, observaron que constituyen “un
principio que obliga a diversas autoridades a estimar el interés superior
del menor, como una consideración primordial para el ejercicio de sus
atribuciones, es decir, los menores tienen derecho a que antes de tomar una
medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus
derechos y no las que los conculquen”[52].
En ese entendido y luego de analizar la
Sentencia T-133 de 2013, algunas normas de la Convención de los Derechos del
Niño[53], la
Convención Americana de Derechos Humanos[54]
y jurisprudencia de la Corte Interamericana[55],
concluyeron que someter la autorización para trabajar al cumplimiento de
medidas “mínimas”  de seguridad social, salud y educación es limitante y
no cumple con las necesidades y cuidados que requiere el menor, en virtud de
las garantías superiores que le atribuye toda la pirámide normativa, además de
quebrantar las normas integradas por el bloque de constitucionalidad y los
preceptos constitucionales.
11. Academia
Colombiana de Jurisprudencia. Afirmó que la expresión “mínimas”, hace
referencia a “lo menos” que se debe garantizar a los menores de edad
trabajadores, de manera tal que no se vulnera la Constitución y deben negarse
las pretensiones de la demanda.
Se destacó el incumplimiento de los
requisitos de especificidad y suficiencia de la demanda, en el entendido que “no
se concluye que haya oposición entre la expresión mínimas y la Constitución y
tampoco que haya argumentos que permitan desvirtuar la presunción de
constitucionalidad de la expresión demandada”[56].
Se mencionó que el Preámbulo y los
artículos 1°, 25, 44 y 67 de la Constitución se refieren al derecho al trabajo
y que “[l]a constitución quiere personas que estén comprometidas con el
trabajo para garantizar un orden político, económico y social justo;  que sean
hábiles para pedir la garantía de su derecho fundamental al trabajo y que sean
protegidos contra toda forma de explotación laboral o económica y trabajos
riesgosos, que tengan conocimientos fundados para exigir que sus trabajos
reciban una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales; que tengan cultura de auto
educación  permanente para que se estén formando día a día en el respeto a los
derechos humanos , a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente”[57].
Con relación a la palabra mínimo, se
destacó que el significado de la expresión corresponde al límite inferior o
extremo a que se puede reducir algo[58], siendo
ese “el contexto en el que se deben entender los requisitos para garantizar
los derechos fundamentales de las personas”[59].
Por lo expuesto, aseguraron que el
enunciado “mínimas” a las que se refiere la demanda no se puede entender
de manera aislada como lo hace la demandante, sino de manera sistemática,
teniendo en cuenta “[l]a interconexión de las normas y de las ciencias que
estudian el comportamiento del ser humano en sociedad”[60].
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN
El Procurador General de la Nación, en
ejercicio de la potestad establecida en el artículo 278, numeral 5°, de la
Constitución Política, rindió concepto en el presente asunto, en el cual solicitó
declarar exequible la expresión “mínimas”, contenida en el
parágrafo del artículo 113 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el
Código de la Infancia y la Adolescencia.
Lo anterior, con fundamento en los
siguientes argumentos:
Precisó que el cumplimiento de los
mínimos se entiende como la obligación de realizar los aportes compartidos,
empleador y el trabajador, a la seguridad social y el deber del empleador de
inscribir y facilitar al menor trabajador el tiempo necesario para su formación
académica[61].
Obligaciones derivadas de los artículos 48, 49 y 67 de la Constitución Política[62].
A su juicio la expresión “mínimas”
no puede interpretarse desde la literalidad de la palabra porque alude a un
límite inferior; por lo contrario, el análisis debe hacerse en un “contexto
constitucional”, por lo que la palabra se refiere al núcleo esencial de los
derechos fundamentales, los cuales corresponden a las disposiciones sobre
derechos económicos, sociales y culturales, sujetos al principio de
progresividad.
Siguiendo con su postura, desde la
perspectiva de la jurisprudencia constitucional, interpretó que: i) el derecho
a la salud es indispensable para el ejercicio de los demás derechos y el
fortalecimiento de factores socio económicos y biológicos, limitados por los
recursos con que cuenta el Estado; ii) el derecho a la seguridad social se
constituye en derecho fundamental para los menores, ligado a la dignidad
humana; y iii) el derecho a la educación debe ser asequible, en el sentido de
brindarse las condiciones de infraestructura y programas educativos, y adecuado,
conforme a las necesidades de los estudiantes por su trabajo o discapacidad[63].
Dado lo anterior, consideró que “la
norma acusada se encuentra en armonía con la constitución, en la medida en que
garantiza los elementos esenciales-o núcleo básico- de los derechos
fundamentales aludidos, y al mismo tiempo establece un nivel a partir del cual
pretende mejorar la implementación y prestación de estos, en función de los
recursos disponibles para ello”[64].
Agregó que la categoría “mínimos”
se decantó por la jurisprudencia “al desarrollar el concepto de mínimo vital
para indicar las condiciones de ‘(…) alimentación, el vestuario, la salud, la
educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su
derecho a la dignidad humana’”.
Así, calificó la expresión “mínimos”
como aquella encargada de propiciar una cobertura integral de los derechos de
los adolescentes en el ámbito laboral, aplicando el principio de progresividad,
por lo cual el Estado debe ir aumentando la cobertura y protección de los
derechos prestaciones.
VI. CONSIDERACIONES
Competencia
1.
Atendiendo
lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4°, de la Constitución Política, esta
Corporación es competente para conocer y decidir la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, toda vez que la norma acusada
parcialmente hace parte de una ley de la República, en este caso, la Ley 1098 de 2006 -Código de la Infancia y de la
Adolescencia-.
Metodología de la decisión
2.
La
Sala Plena de manera inicial procederá con el estudio de la aptitud de la
demanda, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud y de la Protección
Social, el Departamento Nacional de Planeación, la Academia Colombiana de Jurisprudencia
y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar plantearon en el presente
asunto la ineptitud de los cargos por considerar en su mayoría que el
desarrollo argumentativo tiene origen en una interpretación subjetiva y tal vez
literal de la norma, sin que se hubiera demostrado cómo la expresión demandada
vulnera la Carta Política con argumentos ciertos, claros, específicos, pertinentes
y suficientes.
Cuestión previa. Sobre la aptitud
sustantiva de la demanda
3.
El
artículo 6º del Decreto Ley 2067 de 1991 determina que, se rechazarán las
demandas cuando no cumplan con las condiciones formales para ello. Al respecto,
tal y como se indicó, entre otras, en sentencia C- 612 de 2015, si bien, como
regla general, el examen sobre la aptitud sustantiva de la demanda se debe
realizar en la etapa de admisibilidad, la norma en mención admite que este tipo
de decisiones se adopten en la sentencia, debido a que no siempre resulta
evidente en esa fase preliminar el incumplimiento de los requisitos
mencionados, permitiendo a la Sala Plena abordar un análisis con mayor
detenimiento y profundidad[65].
Con el fin de dilucidar esta cuestión
preliminar, la Corte reiterará el precedente constitucional sobre la
fundamentación y contenido de los requisitos argumentativos mínimos que debe
satisfacer una demanda de constitucionalidad para luego examinar el cargo
formulado y a partir de ello definir si los requisitos mencionados son
cumplidos en el caso objeto de examen.
Los presupuestos argumentativos de las
demandas de inconstitucionalidad[66].
Reiteración de jurisprudencia
4.
Esta
Corporación a partir de la sentencia C-1052 de 2001, fijó un precedente
reiterado y estable acerca de las condiciones argumentativas mínimas que deben
cumplir las demandas de constitucionalidad[67] pues
si bien es cierto, la acción pública de inconstitucionalidad es expresión de la
democracia participativa y pluralista, requiere en todo caso de condiciones
argumentativas mínimas que permitan la discusión Constitucional  y entreguen a
la Corte de manera precisa y clara el contenido y alcance del problema jurídico
que pretende plantearse.
En efecto, el Decreto ley 2067 de 1991,
estableció el régimen de las  actuaciones que se adelantan ante esta Corte,
específicamente el artículo 2º dispuso que las demandas de
inconstitucionalidad deben satisfacer los siguientes requisitos mínimos: “(i)
el señalamiento de las normas acusadas, bien sea a través de su transcripción
literal o de la inclusión de un ejemplar de una publicación oficial de las
mismas; (ii) la indicación de las normas constitucionales que se consideran
infringidas; (iii) la exposición de las razones por las cuales dichos textos se
estiman violados; (iv) cuando ello resultare aplicable, el señalamiento del
trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la
forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual esta Corporación es
competente para conocer de la demanda”.[68]
Con relación a los requisitos
argumentativos de la demanda, se ha sostenido que los mismos “…se relacionan
directamente con la vigencia del principio de separación de poderes, el sistema
de frenos y contrapesos, y la presunción de constitucionalidad de las leyes.
Dado que las leyes son producto de la actividad democrática deliberativa del
Congreso, se entienden amparadas por la presunción de compatibilidad con la
Constitución, la cual solo puede ser derrotada a través del ejercicio del
control de constitucionalidad que, en el caso de aquellas normas susceptibles
de la acción pública, supone la existencia de una acusación concreta que
demuestre la oposición entre el precepto legal y la Carta Política”[69].
Dado lo anterior, la
jurisprudencia constitucional ha construido reglas sobre las condiciones de
claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia que deben cumplir
las razones que fundamentan el cargo de inconstitucionalidad[70].
La claridad de un cargo se
predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que
permite a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su
justificación.  Aunque como se ha indicado, debido al carácter público de la
acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica
específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el
demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los
cargos propuestos de modo tal que sean plenamente comprensibles.
La certeza de los
argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan
contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición
acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o
que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este
requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un
contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado.
El requisito de especificidad
resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de
naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten
contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a
que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el
entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad
de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el
contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando
inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de
argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se
relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin
duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la
discusión propia del juicio de constitucionalidad.”[71]
Las razones que sustentan el concepto de
la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base
en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la
apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al
precepto demandado”[72].
En ese sentido, cargos que se sustenten en simples consideraciones legales
o doctrinarias, en la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte
del demandante, en su aplicación a un problema particular y concreto, o en el
análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas
inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de
pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.
Por último, la condición de suficiencia
ha sido definida por la jurisprudencia  como la necesidad que las razones de
inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de
todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para
iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de
reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento
apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la
presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al
magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda
mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que
inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de
constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento
por parte de la Corte Constitucional.” [73]
5.
Sobre
los anteriores requisitos se ha precisado que su exigencia no supone la
adopción de una técnica específica, sino simplemente unos requerimientos
argumentativos indispensables para que pueda evidenciarse una acusación
jurídico constitucional objetiva y verificable, esa carga de argumentar mínimamente la pretensión de
inconstitucionalidad[74]
se explica en que, a partir de dicha fundamentación es que se efectúa el examen
de la norma, toda vez que la revisión que se realiza no es oficiosa sino
rogada, lo cual implica que “efectivamente haya habido demanda, esto es, una
acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal”[75].
Aun con lo anterior, la Corte ha
establecido que las demandas deben estudiarse a la luz del principio pro
actione, atendiendo la naturaleza jurídica de la acción que de que trata,
por lo que en ese sentido cuando se duda acerca del cumplimiento de los
requisitos legales y jurisprudenciales de la demanda, esta se resuelve a favor
del accionante, admitiéndola como apta y resolviendo el fondo del asunto. Pese
a ello, también se ha determinado que “…la aplicación de este principio, no
puede ser llevada al absurdo de que la Corte resuelva sobre la exequibilidad de
una norma construyendo el cargo ante la insuficiente argumentación de quien la
interpuso”[76].
En esas condiciones,
cuando al estudiar la demanda o algunos de los cargos propuestos en ella, la
Corte encuentra que no se cumplen las exigencias del artículo 2° del Decreto 2067
de 1991 y de la jurisprudencia constitucional[77],
se advierte la necesidad de proferir una decisión inhibitoria, por ineptitud
sustancial, sea de la demanda o de alguno de los cargos cuando sea ese el caso.
La inhibición
particularmente garantiza que “la Corte ajuste su ámbito de decisión a los
cargos propuestos, sin suplir el papel del demandante y, por otra, implica la
ausencia de cosa juzgada frente a las normas impugnadas, tornando viable la
posibilidad de presentar nuevas acciones contra ellas, oportunidad que se
eliminaría si la Corte, pese a las deficiencias argumentativas de los cargos,
optara por pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los contenidos
normativos acusados”[78].
6.
Atendiendo
el anterior desarrollo procede la Sala a examinar de manera inicial los cargos
propuestos en
contra de la expresión “mínimos” contenida en el parágrafo del artículo
113 de la Ley 1098 de 2006.
Aptitud de la demanda
Como se dijo antes, la demanda se
dirigió en contra de la expresión “mínimas” contenida en el parágrafo
del artículo 113 de la Ley 1098 de 2006, pues en criterio de la demandante,
dicho enunciado normativo vulnera los parámetros constitucionales de dignidad
humana, protección integral, salud, seguridad social y educación, y se plantea
una reducción o ausencia de cobertura total de garantías, y en ese sentido se
trata de una oposición a conceptos tales como garantías “óptimas” e “integrales”,
que son precisamente en las que debe fundarse el ejercicio del trabajo de los
menores de edad.
En esa medida, sobre el concepto de la
violación, la accionante resaltó lo siguiente:
i) El contenido de la norma demandada
desconoce el artículo 1 de la Constitución, al vulnerar el derecho fundamental
a la dignidad humana en tanto solo se concede a los
trabajadores adolescentes unos mínimos para el desarrollo adecuando de su
labor, teniendo en cuenta que la norma no brinda la cobertura total que
merecen los adolescentes, quienes requieren atención primaria, debido a las
condiciones de desarrollo en la que se encuentran. Por lo que no basta con unos
“mínimos”, se asegura en la demanda, sino que deben darse las garantías
integrales, conforme a los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
ii) La expresión demandada desconoce el
derecho a la protección y formación integral de los adolescentes,
dispuesto en el artículo 45 de la Constitución, por cuanto sus condiciones
laborales NO deben ser apenas las mínimas. Los adolescentes que trabajan deben
ser tratados y protegidos por las normas con prevalencia y de forma integral.
iii) Se vulnera el derecho a la
seguridad social contenido en el artículo 48 de la Constitución Política,
debido a que hace parte de la formación integral del menor en torno a la
actividad que desempeñen con una cobertura debida y especial, de donde surge la
insuficiencia de la garantía mínima.
iv) La palabra “mínimas” vulnera
el artículo 49 de la Carta Política, ya que no se protege de forma adecuada y
amplia el derecho a la salud sino que reduce su protección a mínimos.
v) El precepto demandado desconoce el derecho
a la educación de los adolescentes contenido en el artículo 67 de la
Constitución, y ello por cuanto en la misma línea argumentativa no puede
brindarse unas condiciones mínimas en el desarrollo de las actividades
educativas del menor, pues deben cumplirse unos requerimientos que no limiten o
disminuyan su formación.
En ese sentido concluye que los derechos
de los menores son prevalentes por lo que el Estado “debe velar y
salvaguardar todos y cada uno de los derechos que este posee, pues figura como
sujeto esencial de la sociedad”[79]
7.
Al
respecto observa la Sala que la demanda en estudio, tal y como se determinó al
momento de su admisión, cumple con los presupuestos argumentativos exigidos
pues, expone con razonamientos sencillos y comprensibles la censura; así, se
trata inicialmente de argumentos claros que
dejan ver el contenido del reproche y su justificación.
Particularmente, con relación al
requisito de certeza puede advertirse que toda la argumentación parte de
una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y
no meramente inferida, por el contrario, el contenido que se ataca es
verificable; es decir, la expresión “mínimas” se encuentra calificando
las garantías a las que se refiere el parágrafo que las contiene, por lo que, prima
facie, se trata de una demanda que, cuando menos en su etapa propositiva se
sustenta en una interpretación razonable de la norma acusada -sin
que necesariamente se trate de la interpretación constitucional que acoja esta
Corte- y,
en consecuencia, se está ante un cargo de inconstitucionalidad verificable.
Precisamente sobre este requisito se
fundan los planteamientos de los intervinientes para solicitar la inhibición;
pese a ello, inclusive son esos mismos intervinientes quienes para atacar el
cargo por ineptitud, deben presentar argumentos de fondo para concluir que al
parecer, en su criterio, la interpretación dada por la demandante no es constitucional;
así, para llegar a tal conclusión, deben abordar de fondo no sólo los
diferentes métodos de interpretación, sino que deben adecuar dicha
interpretación al “contexto constitucional” lo que les permite concluir
que el cargo, insístase, de manera inicial, se funda en una indebida
interpretación de la norma, por lo que la proposición normativa, interpretada
de forma correcta según tales conceptos, es constitucional. Se trata entonces, de
un análisis de fondo del cargo; y precisamente son esas mismas razones las que
sirven para que un grupo restante de quienes intervienen soliciten a la Corte
bajo esa misma línea, la Constitucionalidad pura y simple del contenido
normativo.
Sobre el particular, entre otras en la
sentencia C-426 de 2002, esta Corte afirmó que:
“(…)
aquellas demandas en las que se formulen cargos indeterminados e indirectos,
que carezcan de un grado mínimo de razonabilidad y que no se dirijan a atacar
el contenido material de la preceptiva impugnada, no están llamadas a prosperar
ya que desbordan la concepción abstracta que identifica el proceso
constitucional y, por lo tanto, el ámbito de competencia funcional del
organismo de control que, como se dijo, se supedita al cotejo impersonal de la
norma legal acusada con los mandatos superiores. || […] 3.8. No obstante,
también este alto Tribunal ha admitido que por vía de la acción pública de
inexequibilidad se puedan resolver los conflictos atinentes a la interpretación
de las normas jurídicas, cuando aquellos “está[n] involucrando un problema de
interpretación constitucional”[80] y
el mismo se origina directamente en el texto o contenido de la disposición
impugnada. El hecho de que a un enunciado normativo se le atribuyan distintos
contenidos o significados, consecuencia de la existencia de un presunto margen
de indeterminación semántica, conlleva a que la escogencia práctica entre sus
diversas lecturas trascienda el ámbito de lo estrictamente legal y adquiera
relevancia constitucional, en cuanto que sus alternativas de aplicación pueden
resultar irrazonables y desconocer los mandatos superiores. || 3.9.
Ciertamente, conforme al criterio hermenéutico fijado por la jurisprudencia de
la Corporación, si una preceptiva legal puede ser interpretada en más de un
sentido por parte de las autoridades judiciales que tienen a su cargo la
aplicación de la ley, y alguna de ellas entra en aparente contradicción con los
valores, principios, derechos y garantías que contiene y promueve la
Constitución Política, corresponde a la Corte adelantar el respectivo análisis
de constitucionalidad con el fin de establecer cual es la regla normativa que,
consultando el espíritu del precepto, en realidad se ajusta o se adecua a la
Carta Política”[81].
Más adelante, en sentencia C-839 de
2012, la Corte explicó que:
“(i)   La presencia de
una duda hermenéutica razonable, es decir, cuando una misma disposición
admite distintas interpretaciones plausibles, por existir algún tipo de
indeterminación, bien sea de tipo lingüístico (semántico[82] o
sintáctico[83]), de tipo lógico (por una
contradicción[84], un vacío[85],
o una redundancia[86]), o de tipo pragmático[87].
|| (ii) La trascendencia o relevancia de la definición hermenéutica, bien
sea porque de ello depende el juicio de constitucionalidad, o porque una o más
de las interpretaciones posibles es contraria a la Constitución Política. || -        En estas
hipótesis excepcionales, la labor de la Corte debe estar encaminada a hacer
explícitos los sentidos posibles de la disposición cuestionada, y a
determinar los que son contrarios al texto constitucional[88]”[89].
En
suma, en casos como el que se estudia, se puede concluir que se cumple el
requisito de certeza cuando la interpretación expuesta por el demandante se
soporta en una hermenéutica razonable[90].
De allí que en aquellos eventos en los que el demandante asigna un contenido
normativo a la disposición demandada que resulta “razonable” a la luz de
alguno de los criterios tradicionales de interpretación de la ley, se activa la
competencia de la Corte para adoptar una decisión de fondo y con tal proceder
i) se favorece la apertura de la acción pública en estudio; ii) se cumple mayormente
con el mandato constitucional de acceso a la administración de justicia[91]; iii) se puede determinar de manera
definitiva la interpretación correcta y válida de un contenido normativo a la
luz del cargo planteado; iv) se da apertura a la aplicación de las competencias
de interpretación legal propias de este Tribunal Constitucional[92]  .
Así las cosas, cuando
el análisis de aptitud de la demanda presenta un debate en punto de certeza y se
plantea una interpretación que tenga fuente en uno de los métodos tradicionales
utilizados para esos efectos, y al advertir la Corte que, el resultado del
análisis del contenido demandado a la luz del método de interpretación sea
razonable y verificable, no podrá optarse por una decisión inhibitoria y por el
contrario, habrá de resolverse de fondo el problema jurídico que se le plantea y
así concluir  cuál es la interpretación autorizada del contenido normativo
demandado.
En criterio de la Sala, en esta
oportunidad, tal y como se expuso antes, el cargo se funda en el análisis de un
enunciado normativo que en efecto se encuentra inserto en el ordenamiento
jurídico; y de otro, la interpretación en la que se funda el cargo, se advierte
i) razonable, ii) verificable, iii) objetiva, iv) susceptible
de inferirse del enunciado acusado y vi) finalmente, no es producto de una
construcción exclusivamente subjetiva que tenga origen en presunciones,
conjeturas o sospechas de la actora[93].
Y ello por cuanto la definición de la expresión que se ataca, permite la
construcción interpretativa propuesta.
Se advierte además que el cargo es específico
pues se plantea a partir de argumentos de naturaleza constitucional, por medio
de los cuales se procura demostrar que el
enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y aunque en
términos sencillos, contiene una explicación de la manera en que esa
consecuencia le es atribuible.
De
otro lado se trata de argumentos pertinentes pues en cada uno de ellos,
la norma superior que se propone desconocida, se enfrenta con el precepto demandado;
así, se plantea un juicio de contradicción normativa entre una disposición
legal y una de jerarquía constitucional y, por la otra, que el razonamiento que
funda la presunta inconstitucionalidad es de relevancia constitucional, no meramente
legal, doctrinal, político o moral como lo ha exigido esta Corte. Sin que
hubiera acudido la demandante a hipótesis acerca de situaciones de hecho,
reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es
aplicada la disposición, con lo cual estaría desconociendo el requisito en
mención.
Finalmente, la Sala encuentra que se
trata de planteamientos suficientes pues se construyen los cargos de
manera persuasiva, lo que genera, cuando menos, dudas sobre la
constitucionalidad del aparte atacado, todo lo cual guarda relación con los
argumentos y los elementos de juicio para desvirtuar la presunción de
constitucionalidad de las normas.
Así las cosas, de acuerdo con los cargos
plateados, en el presente asunto se observa que la demanda es apta por lo que
se procederá con el estudio de fondo.
Problema jurídico
8.
Atendiendo
el contenido de la demanda, corresponde a la Corte determinar si la expresión “mínimas”
contenida en el parágrafo del artículo 113 del Código de la Infancia y de
la Adolescencia, desconoce los artículos 1°, 45, 48, 49 y 67 de la Constitución.
A efectos de resolver el anterior
problema jurídico se procederá a abordar los siguientes tópicos: i) métodos de
interpretación constitucional; ii) garantías de los adolescentes en actividad laboral;
iii) para finalmente descender al análisis normativo en concreto.
Breve desarrollo de los métodos de
interpretación normativa. Reiteración de jurisprudencia[94]
9.  Como se expuso
ampliamente por esta Corporación en la sentencia C-054 de 2016, “[l]os métodos
tradicionales de interpretación jurídica son codificados en la primera mitad
del siglo XIX por Friedrich Karl von Savigny,[95] y han
dominado la tradición jurídica latinoamericana como las herramientas más
usuales de comprensión de los textos del derecho positivo.  Su influencia y
utilidad también está presente en la jurisprudencia constitucional, la cual
admite su validez como mecanismo para definir el significado de las
disposiciones normativas contenidas no solo en el derecho legislado, sino
incluso aquellas de naturaleza constitucional”.
10.
En
esa misma oportunidad la Corte advirtió que los métodos tradicionales de
interpretación son, al menos en su versión original del siglo XIX, funcionales
a efectos de comprender la actividad legislativa. Así entonces los métodos de
interpretación gramatical, histórica, teleológica y sistemática, han servido
para comprender las normas de rango legal e inclusive constitucional, siendo en
todo caso los tres primeros mayormente restrictivos.
En
efecto, como se explicó en la oportunidad antes mencionada, “el método
sistemático apela a encontrar el sentido de las disposiciones a partir de la
comparación con otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y que
guardan relación con aquella. Lo mismo sucede con el método histórico, pues
este intenta buscar el significado de la legislación a través de sus
antecedentes y trabajos preparatorios.  De igual manera, el método teológico o
finalista se basa en la identificación de los objetivos de la legislación, de
manera que resulta justifica una interpretación del precepto legal, cuando ese
entendimiento concuerda con tales propósitos. Por último, el método gramatical
es el que está más profundamente vinculado con la hipótesis de infalibilidad de
ese legislador soberano, pues supone que en ciertas ocasiones las normas tienen
un sentido único, que no requiere ser interpretado.  Sin embargo, al tratarse
de la norma objeto de control de constitucionalidad, un estudio más detallado
sobre esta fórmula de interpretación será propuesta por la Sala al momento de
analizar el caso concreto”.
Ha
reiterado este Tribunal que, “las referidas fórmulas de interpretación serán
conformes con la Carta Política en cuanto garanticen la eficacia de las facetas
jerárquica, directiva e integradora del principio de supremacía
constitucional.  En otras palabras, la utilización de los métodos tradicionales
de interpretación en casos concretos será admisible a condición que los
resultados hermenéuticos sean compatibles con las restricciones formales y materiales
de validez que impone la Constitución. En consecuencia, el intérprete deberá
desechar aquellas opciones interpretativas que contradigan la Carta, incluso
cuando las mismas sean un ejercicio razonable de las fórmulas de interpretación
mencionadas.  En contrario, cuando el uso de dichos mecanismos tradicionales no
implique dicha incompatibilidad, sus resultados serán compatibles con el orden
constitucional”.
11.
De
allí que al aplicar los métodos de interpretación no pueda perderse de vista el
principio de la interpretación conforme a la Constitución de todo el
ordenamiento jurídico atendiendo los contenidos del artículo 4 de la Carta
Política[96].
12.
Así
las cosas, es cierto que los métodos de interpretación de las normas infra
constitucionales pueden ser utilizados por el intérprete para desentrañar su
contenido, comprensión y significado, no obstante ello, deberá siempre
preferirse el método que permita concluir o dar mayor valor a los parámetros
normativos superiores contenidos en la Constitución, sin que pueda darse
validez en momento alguno a las interpretaciones que aun proviniendo de alguno
de dichos métodos, desconozcan los parámetros de la norma superior y por tanto
su supremacía.
Garantías laborales de los adolescentes
13.
A
los efectos de comprender los contenidos sobre el trabajo en adolescentes, se
estima conducente recordar quiénes han sido considerados como niños, niñas y
adolescentes y a qué edad es permitido que los menores desempeñen actividades
laborales.
Al respecto, la Ley 1098 de 2006 en su
artículo 3° determinó que son niños y niñas quienes tengan de 0 a 12 años de
edad y adolescentes quienes tienen entre 12 y 18 años de edad. Sin embargo, en sentencia
C-740 de 2008[97], esta
Corte concluyó que los niños, en sentido amplio, son todos aquellos que no han
cumplido su mayoría de edad, esto es, 18 años[98];
ello en consonancia con lo establecido en el Convenio No. 182 de la
Organización Internacional del Trabajo[99],
-en adelante O.I.T.- ratificado por Colombia mediante la Ley 704 de 2001.
14. Ahora bien, de conformidad con los
parámetros establecidos por el bloque de constitucionalidad y en virtud de la
ratificación del Convenio No. 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo,
y conforme lo señala la Ley 1098 de 2006[100],
la edad permitida para el ingreso a trabajar es de 15 años, momento en el cual
se entiende que los menores de edad tienen un nivel de escolaridad que no limita
desproporcionadamente su crecimiento físico, psicológico, moral, social y
cultural.
15. Así las cosas, se deberá entender en
adelante que cuando se hable de niños, niñas o adolescentes que pueden trabajar,
se está haciendo referencia únicamente a aquellos que cumplen con la edad de
conformidad con los estándares internacionales y constitucionales, es decir,
que se encuentran entre los 15 y los 18 años de edad.
16. La Constitución Política otorga una
protección prevalente a los niños, niñas y adolescentes. Ello quedó claro desde
las ponencias presentadas en la Asamblea Nacional Constituyente, sin que a
dicha posición de privilegio puedan oponerse mayores discusiones. En efecto, la
protección y la asistencia en todo momento a los niños, hace indiscutibles las
elevadas cargas de protección a sus derechos a la dignidad, a la vida, a la educación,
a la salud, etc., por lo que es pregonable un interés superior de
protección en todo lo que a ellos atañe. Esa privilegiada condición ante todo
se funda en su especial vulnerabilidad y como un interés supremo de la
humanidad[101].
17. Con fundamento en ello, el artículo
44[102] de la
Constitución, le otorga a una gama de derechos, el carácter de fundamentales
cuando quiera su titular es un niño --en sentido amplio--, así, determinó
entonces que los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la
seguridad social y la educación entre otros, ostentan el carácter de
fundamental y que además “[l]os derechos de los niños  prevalecen sobre
los derechos de los demás”. -Negrilla fuera de texto-.
A tono con lo anterior, en sentencia
SU-225 de 1998 la Corte consideró que la frase “los derechos de los niños
prevalecen sobre los derechos de los demás”, contenida en el inciso 3º del
artículo 44 de la Constitución, perpetúa una limitación en la adopción de las
leyes, y en ese sentido somete a la mayoría política a favor de los menores de
edad, ello con el fin de preservar su desarrollo armónico e integral. En igual
sentido, en la sentencia C-170 de 2004 se advirtió que, si bien es cierto el
legislador puede limitar o regular un derecho fundamental “cuando dichas
actuaciones tengan la potencialidad de afectar el desarrollo normal de los
derechos fundamentales de los niños (...) es su deber proceder con una cautela
especialísima, en atención a la obligación positiva que la Constitución le
impone al Estado, de asistir y proteger al niño en su desarrollo armónico e
integral y en el ejercicio pleno de sus derechos”
18. Ahora bien, la Corte ha indicado en
plurales decisiones que el artículo 44 de la Constitución reconoce la
naturaleza esencial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la cual
se deriva de su propia existencia como sujetos a quienes la familia, la
sociedad y el Estado les debe atención y cuidado; por ello, esta Corporación en
las Sentencias C-041 y T-283 de 1994, estableció una nueva categoría de sujeto
de especial protección constitucional, en aplicación de la regla pro
infans.
Sobre el amparo especial del niño y sus
principios, refirió la Corte en la Sentencia C-569 de 2016, que “[l]a
protección especial de los niños en la Constitución Política y en los
instrumentos internacionales que se refieren al tema se justifica por la
necesidad de garantizar su dignidad humana, en virtud de la cual debe
reconocerse a las personas como sujetos autónomos de derechos. A los niños,
como todas las personas, les es inherente el principio de la dignidad humana
(Preámbulo de la Constitución), el cual les garantiza, entre otras, la
posibilidad de tener un plan de vida y de tomar decisiones de acuerdo con este
plan”[103]
(Negrilla fuera de texto).
19.
En la misma línea, el Comité de los Derechos del Niño -encargado de aplicar la
Convención sobre los Derechos del Niño-, identificó cuatro principios generales
que deben regir la actuación del Estado para proteger a los niños[104],
decantados en la sentencia ya señalada, en la cual se adiciona otro principio
procedente del artículo 44 de la Constitución, que coinciden con los criterios
utilizados por esta Corte para resolver casos que han involucrado la protección
de derechos fundamentales de los niños[105].
20.
Esos principios son los siguientes:
(i)
La no discriminación, el cual requiere que los Estados “identifiquen
activamente a los niños y grupos de niños en relación con los cuales puede ser
necesario adoptar medidas especiales para el reconocimiento y la realización de
sus derechos”[106].
(ii)
El interés superior del menor, previsto en la Convención sobre
los Derechos del Niño, en particular en el numeral 1º del artículo 3º, de
acuerdo con el cual “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”[107].
Este principio tiene expresa consagración en el artículo 44 de la Constitución,
cuyo último inciso señala que “[l]os derechos de los niños prevalecen sobre
los derechos de los demás”[108].
(iii)
El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el cual
debe ser entendido en su concepto integral, que abarca “el desarrollo
físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño”[109].
(iv)
El respeto a las opiniones del niño, en virtud del cual debe
reconocerse al niño como “participante activo en la promoción, protección y
vigilancia de sus derechos”[110].
Además, la Corte observa que este principio guarda plena coherencia con una
concepción del niño como sujeto titular del derecho a la dignidad humana,
a quien debe reconocérsele de manera progresiva mayor autonomía para definir su
proyecto de vida y llevar a cabo acciones encaminadas a lograrlo.
(v)
La protección del menor frente a riesgos prohibidos, procedente
del inciso 1º del artículo 44 de la Constitución, que establece que los niños “[s]erán
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro,
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”.
La Corte ha entendido que este principio obliga al Estado a “resguardar a
los niños de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y se les debe proteger
frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico”[111].
21. Específicamente, tratándose del
trabajo ejercido por menores de 18 años, por medio de la sentencia C-325 de
2000[112] y
reiterado en la sentencia C-114 de 2005, la Corte reconoció que dadas las
condiciones sociales y económicas del país, los menores en circunstancias
excepcionales, con el lleno de estrictos requisitos[113] pueden trabajar siempre y cuando se tenga
en cuenta que“...el trabajo infantil que se oponga a su proceso de educación
y a sus derechos de acceso a la cultura, a la recreación y a la práctica del
deporte, debe ser proscrito por la ley. Por ello, la legislación nacional, en
especial el Decreto 2737 de 1989  - Código del Menor-, acorde con este
propósito superior contiene normas específicas contra la explotación económica
de los niños, y el desempeño de los menores en trabajos peligrosos para su
salud física o mental,  o que impidan su acceso a la educación.”.
22. En efecto, pese al reconocimiento de
la Corte Constitucional de la realidad social colombiana, al interpretar el
mencionado artículo 44 junto con el Convenio 138 de la O.I.T y concebir el
trabajo de los menores como posible a la luz del orden constitucional[114], se destacó que ello “no significa
olvidar el verdadero alcance de este instrumento internacional en virtud del
cual el Estado colombiano “(...) se compromete a seguir una política nacional
que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve
progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo hasta un nivel que haga
posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”[115].
23. Precisamente en Sentencia C-170 de 2004 la Corte
señaló que aun con la posibilidad de autorizar el trabajo en menores de edad,
el Estado esta en la obligación de observar los siguientes deberes: “(i) [e]l
de proteger a los niños respecto de trabajos que interfieran en su pleno
desarrollo y, en especial, en el goce efectivo del derecho a la educación; y
(ii) el de asegurar, mediante políticas económicas de crecimiento, la abolición
efectiva del trabajo infantil, a través de la búsqueda de la eficiencia
económica que haga que los mercados de trabajo de los adultos funcionen
correctamente y que permitan elevar progresivamente la edad mínima de admisión
al empleo”[116].
24.
Todo ello se tuvo en cuenta por el legislador al momento de regular el trabajo
para los adolescentes en la Ley 1098 de 2006, normativa que a partir del
artículo 113 determina los requisitos de autorización para el trabajo de
adolescentes, su jornada de trabajo, el salario, los derechos en casos de maternidad,
la prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos y las garantías
especiales para adolescentes indígenas autorizados para trabajar.
25.
Pueden entonces resumirse una serie de parámetros de protección para el
ejercicio del trabajo por parte de adolescentes así:
i) Según el Convenio No. 138[117], sobre la edad mínima de admisión al
empleo, y conforme lo señala la Ley 1098 de 2006[118] la edad a partir de la cual los
adolescentes pueden desempeñar actividades laborales son los 15 años.
ii) Para que en Colombia pueda ejercerse el
trabajo por parte de un adolescente, deben concurrir los requisitos que enlista
el art. 113 (supra trascritos).
iii) La autorización
para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se garanticen los
derechos a la salud, seguridad social y educación del adolescente.
iv) La jornada de
trabajo[119] para
adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 años solo podrá ser diurna,
máximo de 6 horas diarias y 30 horas a la semana y solo hasta las 6:00 p.m. de
la tarde. Para mayores de 17 años la jornada solo podrá ser de 8 horas diarias,
40 semanales y sólo hasta las 6:00 p.m.
v) Por todo
trabajo y una vez se cuente con la autorización, los adolescentes deberán
obtener la respectiva remuneración[120] que en
ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente.
vi) En caso de
maternidad[121] la
jornada no podrá ser superior a 4 horas diarias a partir del séptimo mes de
gestación y durante la lactancia, sin disminución de salario y prestaciones
sociales.
vii) Ninguna persona
menor de 18 años podrá ser empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o
que sean nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los
considerados como peores formas de trabajo infantil[122]. El Ministerio de la Protección Social en
colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, establecerán la
clasificación de dichas actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad
que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y la publicarán
cada dos años periódicamente en distintos medios de comunicación. Para la
confección o modificación de estas listas, el Ministerio consultará y tendrá en
cuenta a las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como a las
instituciones y asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las
recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales especializadas[123].
Análisis de la expresión demandada
26. El parágrafo del artículo 133 de la
Ley 1098 de 2006 que contiene la expresión demandada, dispone lo siguiente: “[l]a
autorización para trabajar podrá ser negada o revocada en caso de que no se den
las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del
adolescente”.
En la demanda se plantean varios cargos
relacionados con la vulneración de los artículos 1, 44, 45, 48, 49 y 67 de la
Constitución Política, en la medida que el enunciado normativo, en criterio de
la accionante restringe la prevalencia de los derechos de los adolescentes a la
dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, a la protección y a la
formación integral, porque desvirtúa las finalidades del Estado Social de
Derecho, al no brindarse las garantías óptimas y de rango superior que
merecen los menores a la luz de la Carta Política.
Ahora bien, como se advierte, todos los cargos
se fundan en la interpretación de la expresión “mínimas”, hecha por la
accionante; en ese sentido de manera inicial la Corte abordará el estudio de
tal contenido, lo cual en términos generales irradiará la totalidad de los
cargos planteados en la demanda.
27. Lo primero que habrá de indicarse es
que tal y como propone la demandante, la palabra “mínimas” es un
adjetivo que según la Real Academia de la Lengua Española significa: “[t]an
pequeño en su especie que no lo hay menor ni igual”[124]. Así, el análisis se
centra en la expresión contenida en el texto normativo referido, que es el
adjetivo que acompaña a la palabra “garantías”, la cual se refiere a los
derechos que enuncia la norma.
De allí que al hacer un análisis
sintáctico del parágrafo donde está ubicada la expresión demandada, se entiende
que la misma tiene la finalidad de calificar la calidad de las garantías a la
salud, a la seguridad social y a la educación, de las cuales se desprende la
exigencia de otorgar ese mínimo; es decir, que para la obtención o revocatoria
del permiso existe la obligación de otorgar una pequeña porción, protección o
garantía de los derechos mencionados.
En ese sentido, si se acude como lo hizo
la actora a una interpretación gramatical, literal o exegética de la expresión
normativa, podría concluirse que la misma otorga a la norma una carga limitante
y restrictiva con respecto a los derechos y garantías de los adolescentes que
decidan trabajar, con lo cual, evidentemente el contenido normativo no
coincidiría con los dictados en materia de los principios de prevalencia y
protección de los derechos del menor trabajador.
28. Pese a ello, en criterio de la
Corte, una interpretación sistemática, teleológica e inclusive histórica,
permiten comprender y determinar el significado de la expresión, sin que
coincida con la dada por la demandante.
En efecto, según los antecedentes
legislativos, el proyecto de Ley No. 215 de 2005, Senado, y No. 85 de 2005,
Cámara, aprobado por el Congreso, hoy Ley 1098 de 2006, tenía como justificación
“adecuar la legislación colombiana sobre la niñez y adolescencia a la
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, a los principales instrumentos
internacionales ratificados por Colombia desde 1991 y, por supuesto, a nuestra
actual carta política”[125].
29. Ello por cuanto las política
adoptada en el Código del Menor, se fundamentaba en la teoría de la
situación irregular, esto es, que solo operaba la legislación de los
menores, por ejemplo para protegerlos de la explotación o de la violencia; en
cambio, la teoría de la protección integral que justificó el nuevo
Código de la Infancia y de la Adolescencia, buscó proteger a los niños, niñas y
adolescentes de manera íntegra y persistente como personas
autónomas, titulares de derechos y deberes, no sólo ante la vulneración o infracción
por lo que se genera una responsabilidad solidaria entre el Estado, la familia
y la sociedad[126].
Así, en los antecedentes legislativos se
dejó claro que se trata de un grupo de normas, por medio de la cuales se
pretende una visión integral y supranacional del derecho de la infancia y la
adolescencia, pues, consagra principios como la prevalencia de los derechos de
los menores cuando se encuentren en conflicto con los de otra persona, la
irrenunciabilidad y preferencia de las normas contenidas en ese Código, la
protección integral, el concepto de interés superior del niño y el deber de
vigilancia del Estado, todos ellos como pilares conceptuales que orientan la
aplicación de dichos contenidos normativos a los casos concretos[127].
30. Desde esa perspectiva, esto es,
atendiendo la interpretación histórica y teleológica, la interpretación
gramatical del enunciado que se estudia no resulta adecuada con el objetivo de
la norma, pues si, como se viene indicando, lo que regula la expresión
demandada es la prevalencia, superioridad y la protección integral de los
derechos del menor, en nada se acerca la interpretación gramatical de la
palabra “mínimas” a la esencia de los motivos por los cuales fue creada,
al espíritu de la norma y a lo pretendido por el legislador con el grupo
normativo en el que se inserta.
31. Ahora bien, haciendo uso del método
de interpretación sistemática, debe afirmarse que, tal y como se desarrolló en
apartados precedentes, la Ley 1098 de 2006 en todo su contexto -norma en la
cual se inserta el aparte demandado- permite entender que son múltiples,
integrales y particulares las garantías que deben ofrecerse a los niños, niñas
y adolescentes, y pudo verse una amplia gama de garantías cuando se trata de
adolescentes que deciden iniciar su actividad laboral; por lo que a partir de la
comparación de la expresión demandada con los demás contenidos del artículo en
que se inserta y en general de la ley en la que se ubican, es posible concluir
que la interpretación adoptada por la demandante deja de lado la totalidad de
los contenidos normativos que se relacionan con la expresión atacada y en ese
sentido, la conclusión en la que se soporta el cargo no guarda relación  con
otras normas que pertenecen al orden jurídico legal y que dejan ver la
totalidad de garantías que son exigibles en este tipo de eventos.
32. Pero a más de lo anterior, con
fundamento en el principio de interpretación conforme a la Constitución, la
expresión “mínimas” que se ataca por inconstitucional, debe relacionarse
de manera inicial con el contenido de los principios que regulan el Estado
Social y Democrático de Derecho. En efecto, las normas superiores que la
demandante entiende vulneradas, permiten comprender que en manera alguna la
expresión podría entenderse en un nudo sentido gramatical,  literal[128] y sin contexto. La ubicación de la
expresión en cita no permite concluir que lo que el legislador pretendió limitar,
reducir, disminuir o minimizar las garantías de las cuales son titulares
los adolescentes.
33. Así, con respecto a la dignidad
humana, ha de recordarse que se trata de un derecho fundamental autónomo, pero
además se ha reconocido por esta Corporación que es a su vez un principio y
valor constitucional[129], que
no solo se contempla en el artículo 1 de la Carta Política, sino además en el
artículo 53 que describe los “principios mínimos fundamentales”
del ejercicio del trabajo.
La
dignidad humana es entonces, tal y como se dijera en sentencia C-143 de 2015 “un pilar determinante en el
Estado Social de Derecho y en la democracia constitucional, y por tanto de los
Derechos Humanos y de los derechos fundamentales en general, y constituye una
norma vinculante para toda autoridad”. De allí que la “consagración constitucional del principio de la
dignidad humana, indica que debe existir un trato especial hacia el individuo,
ya que la persona es un fin para el Estado y por tanto para todos los poderes
públicos especialmente para los jueces, pues este principio debe ser el
parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico, este
principio impone una carga de acción positiva de cara a los demás derechos”
En otras palabras, el principio,
valor y derecho de la dignidad humana es un deber positivo o un mandato de
acción, por consiguiente, todas las autoridades del Estado deben lograr las
condiciones necesarias para que se puedan desarrollar los ámbitos de la
dignidad humana, la cual, como se mencionó, tiene diferentes formas de ser
entendida.
34. Debe entenderse entonces que, la
dignidad humana es un contenido jurídico de carácter vinculante para todas las
autoridades sin excepción, y es además “la razón de ser, el principio y el
fin último del Estado constitucional y democrático de Derecho y de su
organización”[130], tal y como lo ha indicado
la jurisprudencia de esta corporación. La dignidad humana exalta la
condición de la persona la cual se refuerza y prevalece en tratándose de niños,
niñas y adolescentes, dadas las condiciones de su desarrollo, lo que obliga a
que el Estado y la sociedad misma, privilegien su garantía.
35. De otro lado, en el artículo 44 como
se dijo atrás, se elevan a la categoría de derechos fundamentales autónomos,  los
derechos a la salud, la seguridad social, la educación entre otros cuando su
titular sea un menor de edad destacando su prevalencia sobre los derechos de
los demás. A su turno el artículo 45[131]
de la Constitución, es claro en determinar que los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a la protección y formación integrales,
e impone la carga al Estado y la sociedad, de garantizar su participación
en los organismos que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la
juventud, evidenciándose una obligación preferente al abordar deberes legales
sobre dichos sujetos.
36. Así las cosas, contenidos como los
desarrollados en los artículos 48[132], 49[133] y 67, esto es, salud, seguridad social y
educación, cuando se trata de menores de edad, deben mirarse en contexto con los
artículos 44 y 45 antes mencionados, es decir, que la Constitución sobrepone
los derechos a la seguridad social, la salud y la educación cuando se trate de
niños, niñas y adolescentes.
37. En ese entendido, el Estado tiene la
obligación particular de asegurar a los niños, niñas y adolescentes las
condiciones necesarias para la protección de sus derechos a la salud, la
seguridad social y la educación, para su acceso y permanencia en el sistema
educativo, y brindar las posibilidades para una formación integral en los
términos del artículo 45 superior, más aún si por las circunstancias sociales,
tiene la necesidad de trabajar; condición que no les puede coartar la
posibilidad de estudiar y formarse académica, técnica, formal o informalmente.
38. Como puede verse, la multiplicidad
de principios que la Constitución Política de 1991 trae consigo y algunos de
ellos inclusive citados en los cargos de la demanda  -como la prevalencia y
la protección integral e interés superior de los niños-, implican que las
normas  expedidas por el legislador, han de adecuarse a las finalidades del
Estado Social de Derecho, de suerte que los desarrollos específicos que él
hace, nunca pueden significar una infraprotección en frente del querer del
Constituyente. Dicho de otro modo, una Constitución Política es en sí un
acuerdo social de mínimos, un conjunto de garantías mínimas si se quiere, en
fin, un conjunto de promesas[134] que
una sociedad se ha hecho, para trazar el rumbo de su andar.
Por ello el que la norma en análisis
prescriba que son esas las “garantías mínimas” significa que nunca
podrán ser menos y que el legislador tienen por suficientes las que ha
establecido normativamente pero que, en todo caso, podrían ser muchas más. El
legislador no ha dicho que a los menores trabajadores “se les den garantías
mínimas”, esto es, por ejemplo, menos garantías que a los adultos. Así, si
los adultos tienen derecho verbigracia a un salario mínimo establecido por la
autoridad competente, el entender de la demandante podría llevar a colegir que
los niños podrían recibir menos. Por el contrario, lo que ha postulado la regla
anotada, es que, en ningún caso, los derechos de los menores trabajadores,
pueden ser menos que las reseñadas en el art. 113 del CIA, pero que bien
podrían ser muchas más.
En el ámbito del derecho internacional,
se obliga la interpretación denominada “del estándar mínimo”
a consecuencia de la cual, en caso de que en el ámbito doméstico una garantía o
derecho posea una protección reforzada o de mayor alcance que la inserta en un
pacto o convención de derechos humanos, se aplicará de preferencia la nacional[135].  De allí que “[e]l principio del nivel
mínimo obliga, por tanto, al TEDH a hacer una laboriosa tarea de comparación de
los sistemas jurídicos de los Estados, en primer lugar, para ver si existe un
nivel mínimo tutelable que haya avanzado por la evolución de las legislaciones,
en cuso casi se evolucionará a la par su doctrina (principio evolutivo); o
comprobar si del análisis comparado el nivel mínimo sigue siendo una cuestión
con tal disparidad de criterios que ha de predominar el principio de respeto
del margen de apreciación de los Estados”.
Sin que la cita sea rigurosamente
aplicable al caso, la misma se trae a colación solo para mostrar que cuando se
habla en la norma demandada de “garantías mínimas” a lo que se
alude es a un estándar de protección que no puede rebajarse, pero que, en todo
caso, puede ampliarse o maximizarse.
39. De esa
forma, la interpretación sistemática permite colegir que la expresión “mínimas”
no puede entenderse como una reducción de las garantías de protección de los
adolescentes, sino que, por el contrario, se constituye en un referente de
cumplimiento y respeto por la totalidad de los parámetros de protección
normativa constitucional, internacional, legal y jurisprudencial, que como se
vio, son amplios y exhaustivos, pudiendo en todo caso el empleador superar con
mayores beneficios el trabajo de los adolescentes.
Así la expresión
mirada desde el bloque de constitucionalidad y a partir del contexto del propio
ordenamiento jurídico, se configura en un referente para el empleador a efectos
de que conozca todo aquello que debe garantizar, pero en todo caso sin ser un
límite máximo, por lo que este último pude propender por garantías adicionales
que no estén descritas en las normas y que superen las existentes.
40. En efecto,
la expresión mínimos suele utilizarse en el derecho laboral no como una
forma de limitación o disminución, sino como un referente que direcciona al
respeto y cumplimiento de la totalidad de los parámetros normativos y
constitucionales que regulan la materia.
41. Así por
ejemplo pueden encontrarse expresiones como el “mínimo vital”[136] o los “principios mínimos
fundamentales” contenidos en el artículo 53 de la Carta que precisamente
describen garantías laborales. Tal expresión se ha usado igualmente por el
derecho internacional y se relaciona con los denominados “pisos de protección”[137] por ejemplo de seguridad social que se
describen por la O.I.T. como un conjunto de “…garantías básicas de seguridad
social que deberían asegurar como mínimo que, durante el ciclo de vida,
todas las personas necesitadas tengan acceso a una atención de salud esencial y
a una seguridad básica del ingreso que aseguren conjuntamente un acceso
efectivo a los bienes y servicios definidos como necesarios a nivel nacional”[138]. En
igual sentido el artículo 13 del Código Sustantivo de Trabajo describe un “mínimo de derechos y garantías
[…]consagradas en favor de los trabajadores” y que no puede desconocerse ni
reducirse bajo ninguna condición.
42. Conforme a
la jurisprudencia constitucional, las regulaciones laborales que adopte el
legislador están sujetas a las restricciones derivadas del texto superior, tales como los principios mínimos
del trabajo previstos en el bloque de constitucionalidad, el deber de
desarrollo progresivo de los derechos sociales, y la prohibición de
regresividad[139]. Bajo tal supuesto, las garantías
mínimas de que trata el mandato bajo examen constituyen tan solo un punto de
partida para la construcción de la faceta progresiva de los derechos laborales
de los adolescentes, que contrario a lo expuesto por la parte actora no reduce
su contenido pues pueden incrementarse según la voluntad del Congreso y el
empleador y, que una vez incrementadas, no pueden disminuirse dado que se
erigen en las nuevas garantías mínimas para el trabajador.
Dado lo anterior, debe concluirse que la
expresión “mínimas” no es inconstitucional y por tanto no desconoce los artículos
1º, 45, 48, 49 y 67 de la Constitución.
Síntesis
de la decisión
43. Después de
analizar el cargo planteado y específicamente al resolver el debate sobre el requisito
de certeza, la Corte encontró que la construcción de la demanda se funda en una hermenéutica
razonable. Concluyó que, en aquellos eventos en los que el demandante
asigna un contenido normativo a la disposición demandada que resulta “razonable”
a la luz de alguno de los criterios tradicionales de interpretación de la ley,
se activa la competencia de la Corte para adoptar una decisión de fondo y con
tal proceder i) se favorece la apertura de la acción pública en estudio; ii) se
cumple mayormente con el mandato constitucional de acceso a la administración
de justicia[140]; iii)
se puede determinar de manera definitiva la interpretación correcta y válida de
un contenido normativo a la luz del cargo planteado; iv) se da apertura a la
aplicación de las competencias de interpretación legal propias de la Corte
Constitucional  .
Así las cosas, cuando
el análisis de aptitud de la demanda presenta un debate en punto de certeza y
se plantea una interpretación que tenga fuente en uno de los métodos
tradicionales utilizados para esos efectos, y al advertir la Corte que, el
resultado del análisis del contenido demandado a la luz del método de
interpretación sea razonable y verificable, no podrá optarse por una decisión
inhibitoria y por el contrario, habrá de resolverse de fondo el problema
jurídico que se le planea y así concluir  cuál es la interpretación autorizada
del contenido normativo demandado.
En criterio de la Sala, en esta
oportunidad, tal y como se expuso antes, el cargo se funda en el análisis de un
enunciado normativo que en efecto se encuentra inserto en el ordenamiento
jurídico; y de otro, la interpretación en la que se funda el cargo, se advierte
i) razonable, ii) verificable, iii) objetiva, iv) susceptible
de inferirse del enunciado acusado y vi) finalmente, no es producto de una
construcción exclusivamente subjetiva que tenga origen en presunciones,
conjeturas o sospechas de la actora[141].
Y ello por cuanto la definición de la expresión que se ataca permite la construcción
interpretativa propuesta.
Superada entonces la
aptitud de la demanda la Corte encontró que el método de interpretación
exegético utilizada para construir el cargo en estudio, en efecto permite
arribar a la conclusión en él contenida; pese a ello, a hacer uso de los métodos
histórico, teleológico y sistemático, la expresión “mínimas” no es
contraria a los artículos 1, 44, 45, 48, 49 y 67 de la
Constitución Política. Aunado a ello, con fundamento en el principio de
interpretación conforme a la Constitución, la expresión se encuentra ajustada a
los parámetros superiores. Así, a efectos de sostener tal afirmación la Corte
demuestra como el concepto de “mínimos” no tiene por objeto una
reducción, sino por el contrario un referente exigible de garantías.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE la expresión “mínimas”,
contenida en el parágrafo del artículo 113 de la Ley 1098 de 2006, “por la
cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” por los cargos
analizados en esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y
archívese el expediente.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Ausente en comisión
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 2 y 3.
[2] Folio 3.
[3] Folios 4 y 5.
Como fundamento citó la Sentencia C-568 de 2004.
[4] Folios 5 y 6.
[5] Folio 7.
Fundamentó los argumentos en la Sentencia T-1008 de 2004.
[6] Folio 8.
Fundamentó los argumentos en las Sentencias T-823 de 1999, T-864 de 1999,
SU-819 de 1999, T-920 de 2000 y T-859 de 2003.
[7] Folios 9 y 10.
Fundamenta los argumentos en la Sentencia T-820 de 2014.
[8] Folio
2.
[9] Folio 81.
[10] Parágrafo de la
Ley 1098 de 2006.
[11] Folio 82.
[12] Folio 85.
[13] Folio 127.
[14] Folio 127.
[15] Folios 127 y 128.
[16] El Ministerio de
Justicia y del Derecho, fundamenta el argumento en lo considerado en Sentencia
C-246 de 2017.
[17] Folio 128.
[18] Folio 129.
[19] Folio 164.
[20] Folio 163 y
siguientes.
[21] Artículo 53
Const.Pol.
[22] Artículo 35 del
Código de la Infancia y la Adolescencia.
[23] Artículo 44
Const.Pol.
[24] Organización
Internacional del Trabajo en Convenio 138 y 182.
[25] Folio 121
[26] Sentencias C-281
de 1994, C-519 de 1998, C-013 de 2000, C-380 de 2000 y C-177 de 2001.
[27] Folios 122-123.
[28] Para fundamentar
sus peticiones citó las Sentencias C- 1052 de 2001, C-508 de 2014, C- 614 de
2009, C-540 de 2011, C-382 de 2012, entre otras.
[29] Folio 156.
[30]
Ibidem.
[31] Ibidem.
[32] Folio 157.
[33] Sentencia C-170
de 2004.
[34] Folio 158.
[35] Ley 1098 de 2006,
artículos 40, 44 y 89.
[36] Sentencias C- 461
de 2011 y C- 867 de 2001.
[37] Folio 159.
[38] Folio 55.
[39] Folio 56.
[40] Folio 56.
[41] Folio 113.
[42] Folio 114
[43] Folio 115.
[44] Folio 69.
[45] Folios 62 y 63.
[46] Folios 63 y 64.
[47] Sentencias T-561
de 2011 y T-2015 de 2015.
[48] Folios 67-69.
[49] Folio 72.
[50] Folio 72.
[51] Folios 72 y 73.
[52] Folio 74.
[53] Ley 12 de 1991.
[54] Ley 16 de 1972.
[55] Caso Furlan vs
Argentina. Sentencia del 31 de agosto de 2012, Serie C No. 246.
[56] Folios 138 y 139.
[57] Folio 143.
[58] Real Academia
Española.
[59] Folio 145.
[60] Folio 149.
[61] En
vista de las previsiones dispuestas en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993.
[62] Folio 189.
[63] Folio 190.
[64] Folio 191.
[65] En la sentencia C­874 de 2002,
reiterada en la sentencia C-612 de 2015, la Corte consideró que: “[s]i bien el
momento procesal ideal para pronunciarse sobre la inexistencia de cargos de
inconstitucionalidad es la etapa en la que se decide sobre la admisibilidad de
la demanda, por resultar más acorde con la garantía de la expectativa que
tienen los ciudadanos de recibir un pronunciamiento de fondo sobre la
constitucionalidad de las disposiciones demandadas por ellos, esta decisión
también puede adoptarse al momento de proferir un fallo, pues es en esta etapa
procesal en la que la Corte analiza con mayor detenimiento y profundidad las
acusaciones presentadas por los ciudadanos en las demandas de
inconstitucionalidad”.
[66] La
síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia C-1052
de 2001. Para el caso de la presente decisión, se utiliza la exposición
efectuada en la sentencia C-612 de 2015 reiterado entre otras en sentencia
C-112 de 2019.
[67]
Sentencias C-309 de 2017, C-494, C-372, C-179 y C-183 de 2016; C-497, C-387,
C-227 y C-084 de 2015; C-584 y C-091 de 2014, C-531, C-403, C-253 y C-108 de
2013; C-636, C-620 y C-132 de 2012; C-102 de 2010; C-761 de 2009; C-1089 y
C-032 de 2008, entre otras.
[68]
Ibídem.
[69]
Sentencia C-085 de 2018.
[70] La
síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia C-1052
de 2001, reiterada en la sentencia C-085 de 2018.
[71] Cfr.
Sentencia
C-1052 de 2001. Fundamento jurídico 3.4.2.
[72]
Ibídem.
[73]
Ibídem.
[74] Citada sentencia C-1052 de 2001.
[75]
Sentencias C-002 de 2018, C-688, C-542, C-219 y C-146 de 2017, C-584 de 2016 y
C-048 de 2004.
[76]
Sentencia C-542 de 2017 y reiterado en sentencia C-085 de 2018.
[77]
Sentencia C-1052 de 2001.
[78]
Sentencias C-002 y C-085 de 2018, C-688, C-542, C-219 y C-146 de 2017 y C-584
de 2016.
[79] Argumentos de la
demanda sobre el cargo quinto.
[80]
Sentencia C-1436 de 2000.
[81]
Sentencia C-426 de 2002, reiterada en el auto 192 de 2017. Es oportuno destacar
que la jurisprudencia a la que se refiere este último párrafo se relaciona con
las decisiones que se han adoptado frente a las demandas de inconstitucionalidad
contra interpretaciones judiciales.
[82] Las indeterminaciones semánticas se refieren al
significado de las palabras, bien sea porque tienen un alto nivel de
generalidad o vaguedad, o bien sea porque son ambiguas.
[83] Las indeterminaciones sintácticas se refieren a la
construcción gramatical como tal, tal como ocurre con las denominadas
ambigüedades sintácticas.
[84] Las contradicciones se presentan cuando a un
mismo supuesto o hipótesis de hecho se atribuyen consecuencias jurídicas
diversas e incompatibles.
[85] El vacío se presenta cuando una hipótesis fáctica
carece de consecuencia jurídica expresa en el ordenamiento.
[86] La redundancia se presenta cuando un mismo supuesto o
hipótesis de hecho es contemplada por diversas disposiciones jurídicas, de manera
concordante y reiterativa.
[87] Sobre las indeterminaciones en el Derecho, ver Genaro
Carrió, Notas sobre
derecho y lenguaje, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 1994.
[88]  En la Sentencia C-690 de 1996, M.P. Alejandro
Martínez Caballero, la Corte sostuvo lo siguiente: “En razón a que el estudio y decisión de la
Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la integridad de la
Carta, no sólo se limita a la simple confrontación exegética de la norma legal
y la Constitución, sino que su labor hermenéutica exige dilucidar los distintos
sentidos posibles de los supuestos impugnados, las interpretación que resultan
intolerables y los efectos jurídicos diversos o equívocos que contrarían la
Constitución”.
[89] Sentencia C-893
de 2012. Igualmente, en ese fallo la Corte recordó que “[e]n
hipótesis excepcionales, el juicio de compatibilidad normativa comprende la
definición previa del contenido de la disposición controvertida, cuando la
definición hermenéutica tiene una evidente e indiscutible trascendencia
constitucional, y cuando de esta determinación dependen los resultados del
examen de compatibilidad normativa”. Sobre el particular, también se puede
consultar la sentencia C-286 de 2017.
[90] Por ejemplo, en
la sentencia C-893 de 2012, la Corte señaló lo siguiente en relación con la
falta de certeza del cargo presentado en esa ocasión: “[e]n
atención a que tanto el Instituto Colombiano de Derecho Procesal como  la
Procuraduría General de la Nación afirman que como los cargos formulados en la
demanda no corresponden con al contenido del precepto impugnado, se presenta
una ineptitud sustantiva de la demanda que impide un pronunciamiento de fondo,
esta Corporación debe definir si hay lugar a un fallo inhibitorio. || La Corte
encuentra que el examen de la disposición demandada da lugar a una duda hermenéutica
razonable, pues existen diferentes lecturas plausibles de la misma, así: ||
Por un lado, puede entenderse, como lo hace el accionante, que la norma
establece un plazo para la fase de indagación preliminar del procedimiento
penal, tras el cual debe procederse al archivo de las diligencias si no existen
méritos para la formulación de la imputación. Sin embargo, también puede
entenderse que el señalamiento del plazo no es una causal autónoma de archivo,
sino que esa previsión tiene otros efectos, así: (i) primero, apremia al órgano
investigador para que adelante sus indagaciones y pesquisas dentro de este
lapso temporal; (ii) segundo, radica en cabeza del fiscal el deber de efectuar
una evaluación integral del caso, para adoptar una decisión de conformidad con
las reglas previstas en la legislación penal; (iii) finalmente, lo habilita a
archivar los casos cuando considere que, a partir de material probatorio
allegado al proceso, no se desprenden motivos o circunstancias fácticas que
permitan la caracterización como delito de los hechos alegados en la noticia
criminis, o indiquen su posible existencia como tal” (Negrilla fuera del
texto).
[91] Art.
229 Const. Pol.
[92] AL
respecto, la sentencia C-820 de 2016 señaló: “[e]s claro que la Corte Constitucional es también
órgano “límite” de interpretación legal, pues de las condiciones estructurales
de su funcionamiento, en el control de constitucionalidad de la ley, es
perfectamente posible que la cosa juzgada constitucional incluya el sentido
constitucionalmente autorizado de la ley oscura. //En efecto, a pesar de que si
bien es cierto, de acuerdo con lo regulado en el Título VIII de la
Constitución, la administración de justicia se organiza a partir de la
separación de jurisdicciones y, por ello, corresponde a los jueces ordinarios
la interpretación de la ley y, a la Corte Constitucional la interpretación
última de la Constitución, no es menos cierto que hace parte de la esencia
de la función atribuida a esta última el entendimiento racional, lógico y
práctico de la ley cuyo control de constitucionalidad debe ejercer. De
hecho, el control de constitucionalidad de la ley tiene una incidencia
normativa indiscutible porque esta Corporación no podría salvaguardar la
integridad de la Constitución, si no tiene claro el sentido de las
disposiciones legales que deben compararse con las normas superiores que se
acusan como infringidas; o tampoco si ejerce el control de constitucional sobre
textos normativos que no coinciden con la praxis ni con su aplicación
generalizada y dominante por parte de las cortes; ni cuando en un mismo texto
legal encuentra normas conformes y otras contrarias a la Constitución; ni
cuando el texto legal es inconstitucional no por lo que dice sino por lo que
deja de decir, esto es, cuando se presenta una inconstitucionalidad por
omisión; ni podría proteger los derechos fundamentales amenazados o vulnerados
con la aplicación concreta de la ley, entre otras razones. En consecuencia, se
reitera que, la Corte no sólo “debe intervenir en debates hermenéuticos
sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control”, sino que, además,
debe fijar la interpretación legal que resulta autorizada constitucionalmente,
esto es, señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse.
En tal virtud, existen algunas circunstancias en las que la Corte
Constitucional debe señalar la interpretación obligatoria de la ley. Esto
se realiza, entre otras, mediante las sentencias interpretativas y aditivas”.
[93] Una
situación similar se le presentó a la Corte en sentencia C-054 de 2016, en la
que se propuso la inhibición de la demanda por encontrar que el método de
interpretación usado por los demandantes era incorrecto, en ese punto la corte
decidió valorar de fondo el cargo propuesto y dejar de lado la inhibición al
cumplirse el requisito de certeza.
[94] La
síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia C-054 de
2016
[95]
Savigny, Friedrich Karl von (1994) Metodología Jurídica. Ediciones Depalma,
Buenos Aires.
[96] “las
doctrinas de la interpretación constitucional conforme a la Constitución (entre
las cuales se puede contar la de E. W. Böckenförde) según las cuales,
análogamente a cuanto se ha sostenido en la cultura jurídica americana por los
partidarios de la lectura moral de la Constitución federal, las disposiciones
constitucionales deben ser interpretadas a la luz de un sistema de preceptos
que representa el fundamento axiológico del entero orden positivo y es
deducible de la constitución misma: de sus «decisiones fundamentales», de sus
«principios constitutivos», de la «tradición constitucional» en la que ha
madurado, de la «ordenación y ponderación» de poderes, funciones, etc.,
llevadas a cabo por esa tradición.” Pierluigi Chiassoni. Técnicas de
interpretación jurídica. Breviario para juristas. Madrid, Marcial Pons, 2011,
p. 177.
[97] En
esa sentencia se considera que “las definiciones de niño o niña, como la
persona entre cero y los 12 años de edad, y de adolescente, como
la persona entre los 12 y los 18 años de edad, no privan a los
adolescentes de la protección especial que les brindan la Constitución
colombiana y la Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con otros
instrumentos internacionales, y en cambio son definiciones necesarias en la
regulación legal  sobre la protección de los menores, que permiten determinar
los marcos respectivos para el diseño y la ejecución de los planes y programas
sobre los niños en sentido estricto o restringido y sobre los adolescentes”.
También se
dispuso en la providencia que “la Constitución Política en el Art. 45
prescribió que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación
integral y que el Estado y la sociedad garantizan la participación activa de
los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la
protección, educación y progreso de la juventud. En relación con la protección
constitucional a los adolescentes, la Corte Constitucional ha considerado que
ellos están comprendidos en el concepto amplio de “niños” de que trata
el Art. 44 de la Constitución y por tanto gozan de protección especial por
parte de la familia, la sociedad y el Estado y son titulares de los derechos
fundamentales en él consagrados, que prevalecen sobre los derechos de los
demás” (Negrilla fuera de texto).
[98] Ley
27 de 1977 Por la cual se fija la mayoría de edad a los 18 años.
[99]  Convenio No. 182
sobre las peores formas de trabajo infantil, “artículo 2. A los efectos del presente Convenio, el término
"niño" designa a toda persona menor de 18 años.”
[100]
“Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos
titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña
las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12
y 18 años de edad”.
“Artículo 35. Edad mínima de
admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes
autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince
(15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la
respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto,
por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales
consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan,
los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código.
Los adolescentes autorizados para
trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para
ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla
durante el ejercicio de su actividad laboral. Parágrafo. Excepcionalmente, los
niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección
de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar
actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La
autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones
en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá
las catorce (14) horas semanales”.
[101]
Gaceta Constitucional Nº 85, Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria,
Derechos de la Familia, el Niño, el Joven, la Mujer, la Tercera Edad y
Minusválidos."(...) El artículo propuesto se presenta en una forma
sencilla, de fácil identificación y comprensión, para que todas las personas
ejerzan tutela sobre los derechos del niño y puedan exigir su cumplimiento,
porque el ejercicio de estos derechos involucra a la sociedad entera, pues los
niños dependen de la solidaridad de ésta para crecer, formarse y ser adultos.
(…) "De tal manera, el artículo expone los derechos de protección, con los
cuales se ampara al niño de la discriminación, el abandono en cualquiera de sus
formas, las prácticas lesivas a la dignidad humana y de cualquier tipo de
indefensión que coloque en peligro su desarrollo físico y/o mental.
(…)"Igualmente el articulado concreta la responsabilidad primigenia de los
padres y de la familia, en lo que se refiere a la asistencia, educación y
cuidado de los niños; de la sociedad, porque éstos requieren de ésta para su
formación y protección; y del Estado para suplir la falta de los padres o para
ayudar cuando éstos no puedan proporcionar al niño los requisitos
indispensables para llevar una vida plena. (…)"El texto del artículo,
entonces, privilegia la condición del niño en todo momento y circunstancia, en
razón a su especial vulnerabilidad, como un deber del individuo, la sociedad y
los poderes públicos, y como interés supremo de la raza humana (...)".
[102] “Son
derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y
la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán
también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en
los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (Negrilla
fuera de texto).
[103] Sobre el mismo
tema puede verse la Sentencia T-881 de 2002.
[104] Comité de los
Derechos del Niño, Observación General No 5, Medidas generales de
aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo
6 del artículo 44) , CRC/GC/2003/5, 27 de noviembre de 2003.
La Constitución Política
expresamente señala que “[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se
interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”. Estos tratados internacionales prevén
órganos especializados a los que se les encarga su interpretación y aplicación.
Por lo tanto, los pronunciamientos de los órganos de supervisión del
cumplimiento de los tratados son relevantes para interpretar los derechos y
deberes consagrados en la Constitución.
También pueden observarse las
Sentencias T-1319 de 2001 y C-355 de 2006. Ese criterio se refleja en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha tenido en cuenta decisiones
de órganos como el Comité de Derechos del Niño (sentencia T-200 de 2014), el
Comité de Derechos Humanos (sentencias C-010 de 2000 y C-728 de 2009), el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (sentencias T-348 de 2012
y ) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia C-010 de 2000,
C-370 de 2006 y C-579 de 2013).
[105] Una
sistematización completa del deber de protección de los niños puede encontrarse
en la Sentencia T-510 de 2003.
[106] Ese principio lo
ha tenido en cuenta en los siguientes casos: Sentencia T-139 de 2013, mediante
la cual se resuelve el caso de una niña con discapacidad a quien se le negaba
el acceso a aulas regulares, desconociéndosele de esta forma su derecho a la
educación; y, Sentencia SU-695 de 2015 mediante la cual se resuelve el caso de
dos menores de edad a quienes se les había negado el registro civil de
nacimiento por tener sus padres el mismo sexo.
[107] El interés
superior del niño también se encuentra consagrado en los artículos 9, 18, 20,
21, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
[108] Son
múltiples los pronunciamientos en los que la Corte Constitucional ha tenido en
cuenta este criterio con el propósito de resolver problemas jurídicos que han
involucrado derechos de los niños, relacionados con temas como la protección
del derecho a la intimidad y al habeas data de una menor de edad a la que le
fue creado un perfil en Facebook (Sentencia T-260 de 2012.), o
el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar como garantía del derecho de
los niños a la familia (Sentencia
C-683 de 2015.).
[109] La Corte
Constitucional ha acudido a este principio con el propósito de proteger el
derecho a la salud integral de un niño que requería la práctica de una cirugía
necesaria por las afectaciones sufridas en su autoestima (Sentencia T-307 de
2006)
[110] Así lo sostuvo
la Corte, en un caso en el que la Defensoría del Pueblo había iniciado medidas
de restablecimiento de dos niños adoptados por una persona homosexual, en el
cual consideró que la Defensoría desconoció los derechos de los niños por no
tomar en cuenta su voluntad de no ser separados de su padre adoptante
(Sentencias T-955 de 2013). También lo ha invocado en el marco de la
realización de procedimientos médicos a menores de edad, en los que ha
sostenido que entre más clara sea la autonomía individual de los niños, más
intensa es la protección a su derecho al libre desarrollo de la personalidad,
por lo que tienen derecho a expresar libremente su opinión en estos asuntos
(Sentencia T-622 de 2014).
[111] Sentencia T-510
de 2003.
[112] En
esta sentencia la Corte hizo la revisión oficiosa de la “Ley 515 del 4 de
agosto de 1999, por medio de la cual se aprueba el “Convenio 138 sobre la edad
mínima de admisión de empleo, adoptado por la 58ª Reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el
veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres”.
[113] Entre
otras salvedades que hay que tener en cuenta, la Corte analizó que “...[p]ara
trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en las que se realizan,
puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los
menores, el Convenio dispone que la edad mínima de admisión al empleo no deberá
ser inferior a los dieciocho años. Sin embargo, en casos excepcionales, los
Estados, previa consulta a las organizaciones de empleadores u trabajadores
interesadas, podrán autorizar dichos trabajos a partir de los dieciséis años,
siempre y cuando los menores hayan recibido instrucción o formación adecuada en
la actividad correspondiente y su salud, seguridad y moralidad queden
garantizadas.” (ibídem)
[114] Al
respecto, en sentencia C-325 de 2000 la corte indicó: “[l]a
realidad social y económica de nuestra nación, conduce, como es un hecho
notorio, a que el desempleo y el bajo poder adquisitivo de los salarios de los
adultos obligue a los niños y a los jóvenes a trabajar para complementar los
ingresos familiares”.
[115]
Ibidem.
[116]
También puede verse el Artículo 1° del Convenio
138 de la O.I.T. y la Ley 515 de 1999.
[117] La
Ley 515 de 1999, por medio de la cual se aprueba el "Convenio 138 sobre la
Edad Mínima de Admisión de Empleo", adoptada por la 58ª Reunión de la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra,
Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973)
dispuso que todo
Miembro para el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir
una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los
niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo
a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los
menores y estableció que los Estados Partes “se compromete[n] a seguir una política nacional que
asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente
la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible
el más completo desarrollo físico y mental de los menores”. artículo 1° del
Convenio No. 138[117], de
la Organización Internacional del Trabajo[117],
establezca que los Estados Partes “se compromete[n] a seguir una política
nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel
que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”.
[118]
“Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos
titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña
las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12
y 18 años de edad”.
“Artículo 35. Edad mínima de
admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los adolescentes
autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los quince
(15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la
respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto,
por el Ente Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales
consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas que lo complementan,
los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, la
Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este código.
Los adolescentes autorizados para
trabajar tienen derecho a la formación y especialización que los habilite para
ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla
durante el ejercicio de su actividad laboral. Parágrafo. Excepcionalmente, los
niños y niñas menores de 15 años podrán recibir autorización de la Inspección
de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para desempeñar
actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La
autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las
condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el
permiso excederá las catorce (14) horas semanales”.
[119]
Artículo 114 Ley 1098 de 2006.
[120]
Artículo 115 Ley 1098 de 2006.
[121]
Artículo 116 Ley 1098 de 2006.
[122]
Artículo 117 Ley 1098 de 2006.
[123] el artículo 3º del Convenio No. 182 dispone que la expresión -las
peores formas de trabajo infantil-, las cuales están totalmente prohibidas y
sancionadas, abarca: “a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas
a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el
reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos
armados; b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la
prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; c) la
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de
actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de
estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales
pertinentes, y d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en
que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad
de los niños”. Bajo esas condiciones, (i) si bien es permitido por los
diferentes convenios internacionales el trabajo infantil, está limitado a un
tiempo excepcional por razones sociales y culturales que, de superarse, darán
fin a la necesidad del trabajo infantil; también se dilucidó que (ii) se
encuentran prohibidos los trabajos que pongan en peligro el bienestar físico,
mental, cultural o social del niño, ya sea por su propia naturaleza o por las
condiciones en que se realiza; y, también, (iii) restringida toda forma de explotación
como la esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de
trabajo forzoso, reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados,
prostitución y pornografía infantil y, en general, todas aquellas actividades
consideradas como ilícitas.
[124]
Definición extraída de la Página Web de oficial de la RAE:
https://dle.rae.es/?id=PJgUkzI
[125] Ver Gaceta No.
182 del 18 de mayo de 2006.
[126] Ibídem.
[127] Ibídem.
[128]
“Diciotti denomina literal textual al significado de un enunciado que forma
parte de un texto legal t que es atribuido según las reglas semánticas y
sintácticas de la lengua en que ha sido formulado, sea en razón de  su posición
respecto a los otros enunciados que componen el texto t y de sus relaciones con
estos, sea teniendo en cuenta las pacificas convenciones que presiden la
formación de los textos legales. La afirmación de que el sentido literal es el
«significado base» de los textos legales debe ser entendida en este sentido.
Esto puede ser asociado a la idea de que el método literal precede al uso de
los otros métodos de interpretación.” (Interpretación literal y significado
convencional. Victoria Iturralde Sesma. Madrid, Marcial Pons, 2014, p. 54.)
[129]
Así se explicó entre otras en la sentencia C-143 de 2015 “De otro lado, para esta
Corporación la dignidad humana tiene una triple naturaleza de valor, principio
y derecho: (i) como derecho fundamental que implica la
correlatividad entre la facultad de exigir su realización en los ámbitos a los
que atañe y el deber de propiciarlos; (ii) como principio puede
entenderse como una de los fundamentos que dieron origen a la aparición del
Estado colombiano de hoy, así como un mandato de optimización, cuya realización
se debe propender en la mayor medida posible; (iii) como valor, la
dignidad representa un ideal de corrección al que tiende el Estado y que le
corresponde preservar”.
[130]
Sentencia T-401 de 1992.
[131] “El
adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El
Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y
progreso de la juventud”.
[132] “La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
Se garantiza a
todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
determine la Ley.
La Seguridad
Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con
la ley.
No se podrán
destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella (…)”.
[133]
“Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2009. La
atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al
Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a
los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para
la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las
entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo
en los términos y condiciones señalados en la ley.
(…)”
[134]
Antoine Garapon. Juez y democracia. Un reflexión muy actual (en francés:
Le gardien des promeses). Edics Flor del Viento, passim.
[135] Así, Carlos
H. Preciado D., interpretación de los derechos humanos y los derechos
fundamentales. Cuadernos Aranzadi del Tribunal Constitucional. Thomson Reutrers
Aranzadi, Madrid, 2016, p. 203, 222, ss.
[136] El mínimo vital
parte de la idea de que una persona tiene derecho a percibir un
ingreso básico e indispensable[136]
para desarrollar su proyecto de vida, el cual según la sentencia T-510 de
2016 “no se agota con medidas asistenciales que, aunque bienvenidas, son
insuficientes[136]. Ello
supone mirar a las personas más allá de la condición de individuo o de persona
y entenderlas como sujetos activos en la sociedad. La interacción de estos,
depende en buena medida de sus condiciones personales las que deben ser
aseguradas mínimamente por el Estado”.
En esa medida, el
concepto de “mínimo vital”, está asociado a la idea de obtener un ingreso que
permita asegurar al trabajador y su núcleo familiar vivir dignamente. En
palabras de esta Corporación, es la “garantía mínima de vida”, al ser “la
porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la
financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda,
el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la
atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer
efectivo el derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento
jurídico constitucional”.  Ver entre otras Sentencias T-629 y T-510 de 2016.
[137]
También descritos en el Plan Nacional de Desarrollo.
[138] Ver
contenido en https://www.ilo.org/secsoc/areas-of-work/policy-development-and-applied-research/social-protection-floor/lang--es/index.htm.
[139] Cfr.
Sentencia C-038 de 2004.
[140] Art.
229 Const. Pol.
[141] Una
situación similar se le presentó a la Corte en sentencia C-054 de 2016, en la
que se propuso la inhibición de la demanda por encontrar que el método de
interpretación usado por los demandantes era incorrecto, en ese punto la corte
decidió valorar de fondo el cargo propuesto y dejar de lado la inhibición al
cumplirse el requisito de certeza.