T-467-19
Sentencia T-467/19
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Procedencia debe analizarse bajo las mismas
reglas aplicables a la acción de tutela contra providencias judiciales
FUNCION
JURISDICCIONAL POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Corresponde al legislador otorgarlas excepcionalmente
ATRIBUCION DE
FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Reglas jurisprudenciales
ATRIBUCION DE
FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Jurisprudencia constitucional sobre el
alcance del artículo 116 de la Constitución Política
DECLARACION DE SIMULACION EN EL MARCO DE LA
ACCION CONCURSAL
SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES-Cumple
funciones jurisdiccionales frente a procesos de liquidación obligatoria de
sociedades mercantiles
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Procedencia por incurrir en defecto fáctico al valorar de manera
defectuosa las pruebas obrantes en el proceso
Referencia:
Expediente T-6.930.880
Accionante:
Banco Agrario de Colombia S.A.
Accionado:
Superintendencia de Sociedades
Magistrado
Sustanciador:
ANTONIO
JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos
mil diecinueve (2019)
La Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional integrada por las Magistradas Gloria Stella Ortiz Delgado,
Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en
especial de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la
Constitución Política, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido el 26 de julio de 2018 por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia proferida el 28 de junio de 2018
en primera instancia por la Sala Primera Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, la cual denegó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y al buen nombre, así como al principio de
confianza legítima dentro del trámite de la acción de tutela (en adelante, la
Acción de Tutela) promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A. (en adelante,
el Banco Agrario o el Banco) en contra de la Superintendencia de Sociedades (en
adelante, la Supersociedades) y en el que intervinieron como terceros
interesados en el resultado del proceso, Estrategias en Valores S.A. - en
liquidación judicial (en adelante, Estraval) y las víctimas en el proceso de
intervención de Estraval.
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos 51
y siguientes del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección Diez (10) de la Corte
Constitucional, mediante auto del 16 de octubre de 2018, resolvió seleccionar
el expediente de tutela de la referencia y repartirlo a la Sala Quinta de
Revisión.
I.
ANTECEDENTES
1.
La Acción de Tutela
El
Banco Agrario, mediante apoderada judicial, presentó Acción de Tutela en contra
de la Supersociedades y, en concreto, contra los numerales 14 y 15 del auto
proferido el 20 de diciembre de 2017 por el Superintendente Delegado para los
Procedimientos de Insolvencia en sede de reposición, por medio del cual se
resolvieron las objeciones y se aprobaron y graduaron los créditos e
inventarios en el marco del proceso de liquidación judicial como medida de
intervención Nro. 40068 de Estraval (en adelante, el Auto). El Auto, además, da
cuenta del trámite desarrollado durante la audiencia celebrada los días 18, 19
y 20 de diciembre de 2017.
En
opinión del Banco, la Supersociedades (i) vulneró su derecho al debido proceso
y desconoció el principio de confianza legítima, al desestimar la solicitud de
excluir de la masa liquidatoria, ciertos títulos valores de su propiedad; y
(ii) afectó su derecho al buen nombre, al haberle endilgado supuestos comportamientos
que rayan con conductas mal intencionadas y fraudulentas.
2.
Hechos relevantes
De acuerdo con las pruebas que obran en
el expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. El 8 de abril de 2014, la
Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante, SFC) informó a la
Supersociedades sobre una posible captación masiva, habitual e ilegal de
recursos por parte de Estraval[1].
2.2. El 17 de junio siguiente, el Banco, en
calidad de comprador, y Estraval, en calidad de vendedor, celebraron un
contrato de compraventa sobre créditos de libranza no vencida instrumentalizados
en pagarés (en adelante, Pagarés-Libranza) y cuyo precio sería pagado bajo la
modalidad descontada (en adelante, el Contrato)[2].
La Sala destaca las
siguientes obligaciones pactadas en el Contrato:
-
Con posterioridad a
que se surtiera el endoso en propiedad en favor del Banco, Estraval se obligó a
entregar materialmente los Pagarés-Libranza al tercero que tendría a cargo su
custodia (cláusula 3)[3];
-
Estraval se obligó a
recomprarle los Pagarés-Libranza al Banco cuando se presentaran variaciones en
su cantidad y/o calidad, cuando así lo requiriera el Banco de acuerdo con
ciertas circunstancias (cláusula 6.12)[4], o frente a los cuales se detectara
falsedad o fraude (cláusula 6.13)[5].
-
Estraval se obligó a
pagar por la recompra en las mismas condiciones en las que se efectuó la
compraventa inicial en los términos del Contrato (parágrafo tercero de la
cláusula 6.12)[6];
-
Estraval se obligó a
recaudar el valor de la cuota mensual pactada en cada Pagaré-Libranza, así como
los abonos a capital y los pagos totales, excluyendo el valor correspondiente a
las primas de seguros y a transferir tal recaudo al Banco (cláusulas 6.9 y
6.19)[7];
-
El Banco se reservó
la facultad de revocarle a Estraval la administración y el recaudo de la
cartera en caso de que este último incumpliera su obligación de recompra o pago
de los Pagarés-Libranza (parágrafo segundo de la cláusula 6.12)[8];
-
Estraval se obligó a
notificar a los deudores de la cesión de su cartera en favor del Banco dentro
de los 90 días calendario siguientes a la suscripción del Contrato (cláusula
6.22)[9];
-
El Banco se obligó a
no utilizar la base de datos de los deudores de cartera para fines de
colocación de cartera o para realizar el ofrecimiento de sus productos
crediticios (cláusula 7.7)[10].
2.3. El 1º de julio de 2014, la
Supersociedades se inhibió de ordenar la toma de posesión como medida de
intervención de Estraval, pues no evidenció hechos objetivos y notorios que
indicaran captación masiva y habitual[11].
2.4. Sin embargo, durante el primer semestre de 2015, la
Supersociedades decidió someter a control a Estraval[12] y, el 25 de mayo de 2016, decretó la
apertura del proceso de reorganización empresarial de Estraval[13].
2.5. El 2 de junio de 2016, el Banco Agrario
revocó la administración y el recaudo de cartera a Estraval[14] y los asumió directamente, situación de
la cual notificó a las cooperativas originadoras de los Pagarés-Libranza[15].
2.6. El 14 de junio de 2016, la
Supersociedades decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de
Estraval[16].
2.7. El 19 de julio de 2016, el Banco le
solicitó a la Supersociedades ser reconocido como acreedor de Estraval por una
suma total de COP $19.666.496.435 (por conceptos de capital y prima). Lo
anterior, con base en el Contrato y en las operaciones de compra de los
Pagarés-Libranza[17].
2.8. El 2 de septiembre de 2016, la
Supersociedades ordenó la liquidación judicial como medida de intervención de
Estraval dada su responsabilidad en actividades de captación ilegal de dinero
del público[18].
2.9. El 23 de enero de 2017, dentro del
proceso de liquidación judicial como medida de intervención, el liquidador y
agente interventor de Estraval incluyó los Pagarés-Libranza dentro del
inventario valorado de los bienes de Estraval y propuso[19] que el Banco Agrario fuera reconocido
como acreedor de Estraval por la suma de COP $19.666.496.435, con base en la
solicitud que había elevado el 19 de julio de 2016[20].
2.10. El 21 de octubre de 2017[21], el Banco solicitó que los
Pagarés-Libranza fueran excluidos del inventario valorado de los bienes de
Estraval porque, a su juicio, tales títulos valores habían salido del
patrimonio de Estraval para ingresar al del Banco en virtud del Contrato. Para
soportar la solicitud de exclusión y con el fin de demostrar su propiedad sobre
los mismos, el Banco hizo entrega a la Supersociedades de los originales de los
Pagarés-Libranza.
2.11. El 18 de diciembre de 2017, la
Delegatura para Procesos de Insolvencia de la Supersociedades (en adelante, la
Delegatura) llevó a cabo la fase inicial de la audiencia de resolución de
objeciones y aprobación de la calificación y graduación de créditos e
inventario valorado[22]. En el auto que plasmó las
consideraciones y resoluciones de la fase inicial de la audiencia, la
Delegatura desestimó “las solicitudes de exclusión de pagarés-libranza y de
la cartera negociada con los inversionistas afectados del presente proceso de
intervención”[23] (numeral 11) e instruyó al liquidador de
Estraval “en el sentido de que las inversiones realizadas por (...) Banco
Agrario (…) no tienen derecho a restitución por haber actuado a sabiendas de
que la operación de Estraval implicaba una captación masiva e ilegal”[24] (numeral 12).
En efecto, la
Delegatura desestimó las solicitudes de exclusión mencionadas en el numeral 11
porque consideró que los endosos en propiedad de los Pagarés-Libranza no tenían
como propósito la transferencia del derecho de dominio sobre los créditos allí
incorporados, “sino, a lo sumo, una operación de financiamiento a corto
plazo a favor de Estraval y la constitución de una garantía para el
endosatario, con lo cual estaría acreditada una simulación relativa de los
endosos”[25]. Sostuvo que “Estraval nunca perdió
control de la operación ni del custodio; que el inversionista no tenía ningún
poder de decisión en la designación o cambio del custodio; que Estraval se
ocupaba enteramente de los recaudos sin que el inversionista se viera afectado,
para bien ni para mal, por las eventualidades que llegasen a ocurrir frente a
los títulos; que ni el prepago ni la mora ni el incumplimiento de los deudores
de libranza alteraban el flujo prometido ni la liquidez del inversionista; y
que el inversionista se comprometía con Estraval a no disponer de los títulos y
a no endosarlos”[26].
Y, frente a la decisión
contenida en el numeral 12, la Delegatura consideró que, si bien las entidades
financieras como el Banco Agrario fueron afectadas por la captación ilegal de
Estraval, estas habían invertido sus recursos a sabiendas de la ilicitud de la
operación, por lo que carecían del derecho a la devolución de sus dineros[27]. Lo anterior, con base en el carácter
profesional de las entidades del sector financiero; en el deber de legalidad
predicable de tales entidades y de sus administradores; en el deber de
legalidad en actividades conexas a las instituciones financieras; en la
negociación libre y consciente de los contratos y en el pleno conocimiento de
la actividad desarrollada por Estraval; y en la imposibilidad de que estas
entidades aleguen su propia culpa a la hora de sustentar sus solicitudes de
exclusión[28].
En suma, la
Supersociedades consideró que el Banco no era propietario de los
Pagarés-Libranza pues estos nunca salieron del patrimonio de Estraval en la
medida en que el endoso fue simulado. Y, en calidad de juez del concurso,
afirmó que estaba habilitada para reconocer oficiosamente tal simulación a la
hora de resolver sobre las solicitudes de exclusión que se fundamentan en
ellos, aun cuando ninguna de las partes del proceso concursal hubiera
controvertido la realidad de los endosos en propiedad[29].
2.12. El Banco fue una de las partes que
interpuso, en audiencia, recurso de reposición. Al efecto, argumentó:
“(i)
que el análisis efectuado por la Superintendencia de Sociedades había sido
generalizado sin referirse específicamente a las circunstancias de tiempo, modo
y lugar que rodearon el negocio celebrado entre ESTRAVAL S.A. y mi poderdante,
(ii) que se carecía de competencia para declarar una simulación, (iii) que en
cualquier caso aquella debía estar sujeta a las ritualidades del proceso
verbal, o de alguna manera haber procurado por la garantía de la aplicación del
debido proceso, (iv) que no había prueba alguna que le permitiera inferir
razonablemente que se había suscrito, a sabiendas, un contrato con objeto y
causa ilícita, y, finalmente (v) que se había desconocido groseramente el
principio de confianza legítima ya que se había aplicado retroactivamente –al
2014, fecha de la celebración del contrato de compraventa de cartera de
pagarés-libranza-, las conclusiones que para la Superintendencia de Sociedades
eran válidas en 2018 (…)”[30].
2.13. La Delegatura decretó un receso de la
audiencia hasta el 19 de diciembre de 2017, fecha en la que se reanudó con el
solo propósito de ampliar el receso hasta el día siguiente[31].
2.14. El 20 de diciembre de 2017, la Delegatura
reanudó la audiencia, que ya en su continuación tuvo por objeto resolver los
recursos de reposición presentados, frente a los cuales confirmó la decisión de
desestimar las solicitudes de exclusión. Esa decisión quedó consignada en el
numeral 14 del auto[32].
Adicionalmente,
decidió “[o]rdenar a las personas que detenten los pagarés-libranza
vinculados con la operación de Estraval S.A. y los demás intervenidos en el
proceso, que los entreguen al auxiliar de la justicia dentro del plazo de
quince (15) días que se contabilizarán conforme a los previsto en el numeral
vigésimo tercero de la presente providencia” (numeral 15)[33].
Dichas decisiones
tuvieron como fundamento la alegada competencia de la Delegatura para reconocer
-de oficio- la excepción de simulación frente a los endosos con base en el
mandato de asignación eficiente, conforme al cual “[u]na autoridad
administrativa sólo puede decidir de manera definitiva sobre una controversia
si cuenta con las herramientas adecuadas para tal finalidad. Interpretar
restrictivamente estas herramientas, so pretexto de la excepcionalidad de las
materias de las que puede conocer la autoridad administrativa, pondría en
riesgo la posibilidad de decidir de fondo sobre el asunto y el cumplimiento de
la función confiada por el Legislador”[34]. Advirtió, igualmente, que la ley no
restringía las competencias del juez del concurso para la realización de este
tipo de controles.
En lo atinente al
procedimiento que empleó para el efecto, la Delegatura consideró que, al haber
reconocido la simulación por vía de excepción, no debía ajustarse a los “requisitos
de forma, fondo, procedimiento y elementos axiológicos”[35] de la acción de simulación concursal, la
cual implica que “tras haberse vinculado a las partes del acto simulado o a
sus causahabientes, y luego de escucharse sus argumentos y practicarse las
pruebas a que haya lugar, se profiera una sentencia que declare, con fuerza de
cosa juzgada, que un acto es simulado”[36].
Para la Delegatura, “este
no es el caso”[37], por cuanto la excepción de simulación
se convierte en “un obstáculo para acceder a las pretensiones de quienes
pretenden prevalerse del acto o negocio simulado”[38], mientras que la acción “se encamina
a obtener la declaración de que un determinado acto o contrato es simulado y a
desatar los vínculos que esa convención haya creado entre las partes”[39]. Advirtió que se había limitado a
reconocer la simulación de los endosos y a recalificar los contratos de
compraventa de cartera, lo cual no implicaba una declaratoria de simulación
frente a estos últimos[40].
Y después de analizar
las particularidades de cada uno de los contratos de las entidades financieras
recurrentes[41], entre ellos, el Contrato del Banco
Agrario[42], se retractó de la instrucción impartida
al liquidador contenida en el numeral 12 de la parte resolutiva de la fase
inicial de la audiencia “en el sentido de que las inversiones realizadas por
(...) Banco Agrario (…) no tienen derecho a restitución por haber actuado a
sabiendas de que la operación de Estraval implicaba una captación masiva e
ilegal”[43] pues “[l]os indicios que fueron
relievados (…) en realidad no permiten concluir que en efecto estas entidades
supieran de la ilegalidad del objeto de sus contratos y que a pesar de ello
hubieran actuado”[44].
Posteriormente a la
notificación de la decisión definitiva de la Delegatura, el apoderado del Banco
Agrario solicitó que su poderdante fuera reconocido como acreedor prendario en la calificación y graduación de créditos
y derechos de voto[45].
La Delegatura descartó la
prosperidad de la solicitud en la medida en que la misma no se incluyó dentro
del recurso de reposición y, por tanto, era extemporánea[46].
2.15. El 15 de junio de 2018, el Banco, a
través de apoderada judicial, presentó la Acción de Tutela contra la
Supersociedades por
considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al buen
nombre, así como el “principio de confianza legítima”. La Acción de
Tutela es causa del presente trámite de revisión[47].
3.
Fundamentos de la Acción de Tutela
3.1.
Procedencia de la tutela contra
providencias judiciales[48]
El Banco manifestó
que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional[49], la acción de tutela procede contra
providencias judiciales cuando estas últimas violan derechos fundamentales y
cuando el recurso cumple con los requisitos generales y específicos de
procedibilidad.
Teniendo en cuenta que
el Auto fue proferido en el marco de un proceso de liquidación judicial como
medida de intervención adelantado por la Supersociedades, el Banco trajo a
colación lo manifestado por esta Corporación en la sentencia C-145 de 2009
sobre las decisiones adoptadas en este tipo de procesos:
“Ahora
bien, como es evidente que contra las decisiones que se adopten en esa
actuación no proceden recursos, de llegar a presentarse una vía de hecho el
afectado podría acudir a la acción de tutela (art. 86 Const.), en procura de
obtener el amparo judicial correspondiente”.
Afirmó, por tanto, que
la acción de tutela procede contra providencias judiciales y, en específico,
que tal procedencia ha sido reconocida por vía jurisprudencial frente a las
decisiones adoptadas en procesos de liquidación judicial como medida de
intervención.
3.2.
Requisitos generales de procedibilidad
3.2.1.  Relevancia constitucional[50]
El Banco acotó que la
Acción de Tutela es relevante porque: (i) tiene como finalidad proteger sus
derechos fundamentales; y (ii) es el escenario para demostrar que “la
intervención del Juez de Tutela no implica la suplantación del juez natural de
la liquidación, esto es, no pretende que la tutela se convierte (sic) en una
instancia más del proceso liquidatorio (…)”[51].
3.2.2.   Subsidiariedad[52]
El Banco aseguró haber
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial,
estando estos limitados al recurso de reposición, el cual interpuso contra la
decisión proferida en audiencia por la Supersociedades el 18 de diciembre de 2017
y fue resuelto por la misma entidad el 20 de diciembre del mismo año.
3.2.3.  Inmediatez[53]
El Banco señaló que
había interpuesto la Acción de Tutela antes del vencimiento de los seis meses
siguientes a la notificación o ejecutoria del Auto (siendo esta última el 20 de
diciembre de 2017). Afirmó que la Acción de Tutela se había ejercido dentro de
un término razonable.
3.2.4.  Efecto decisivo de la irregularidad procesal [54]
El Banco manifestó que
tres de los cargos que se aducen en la Acción de Tutela corresponden a errores
de naturaleza procedimental. El primero atañe a la supuesta falta de
competencia de la Supersociedades para reconocer de manera oficiosa la
ocurrencia de una simulación. El segundo tiene que ver con que, aunque
existiera tal competencia, la Supersociedades se apartó de la vía procesal para
reconocerla simulación. Y, el tercero, corresponde a un defecto fáctico, pues,
según el Banco, la simulación reconocida fue acreditada con pruebas indiciarias
defectuosas y, por tanto, carece de sustento probatorio.
En su concepto, las
trasgresiones procedimentales alegadas inciden directamente en el sentido de la
decisión que se cuestiona.
3.2.5.  Identificación de los hechos que generaron la vulneración,
así como de los derechos vulnerados[55]
El Banco se remitió a
los hechos relatados y a los derechos que, estimó, le fueron violados, ambas
cuestiones se encuentran contenidas en la Acción de Tutela.
3.2.6.  Que la providencia enjuiciada no sea una sentencia de tutela[56]
El Banco aclaró que el
Auto no era sentencia de tutela y, en esa medida, dio por cumplido este
requisito general de procedibilidad.
3.3.
Requisitos especiales de procedibilidad
El Banco arguyó que la
Supersociedades incurrió en: (i) un defecto orgánico; (ii) un defecto
procedimental absoluto; (iii) un defecto fáctico; y (iv) un defecto sustancial.
3.3.1.  Defecto orgánico[57]
Sobre este defecto, el
Banco afirmó que no existe competencia alguna que le permita a la
Supersociedades reconocer, por vía de una excepción oficiosa, que un acto
jurídico es simulado. Subrayó que el reconocimiento de esa situación por vía de
excepción configura una violación a su derecho al debido proceso.
3.3.2.  Defecto procedimental absoluto[58]
Adujo que, aun si la
Supersociedades tuviera tal competencia, el reconocimiento de la simulación
habría tenido que agotar previamente un procedimiento verbal o, en su defecto,
dar las mínimas garantías a los afectados, sin que ese hubiera sido el caso.
3.3.3.   Defecto fáctico[59]
Arguyó que el medio
principal de prueba al cual se adscribió la Supersociedades para reconocer la
simulación fueron unos indicios. En su opinión, “el silogismo utilizado no
debe tenerse como medio de prueba, ya sea porque la regla de la experiencia
utilizada no es tal o porque el hecho indicador aludido no se encuentra probado
en el caso concreto”[60].
3.3.4.   Defecto sustancial[61]
Explicó que la causa
para que la Supersociedades declarara la simulación del Contrato fue la
captación masiva, habitual e ilegal en la que incurrió Estraval, a pesar de que
días antes a la celebración del Contrato, la misma Supersociedades descartó tal
captación[62].
3.4.
Violación del derecho al buen nombre[63]
El Banco señaló que
tal violación se materializó cuando la Supersociedades plasmó en el Auto que
resolvió el recurso de reposición afirmaciones en las que le endilgó “comportamientos
que rayan con conductas mal intencionadas y fraudulentas, al dar por cierto que
el contrato de compraventa de cartera, fue solo una fachada de un contrato de
mutuo con garantía”[64].
4.
Pretensiones
El Banco formuló las
siguientes pretensiones:
4.1. Que se tutelen sus derechos
fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al principio de confianza
legítima, supuestamente vulnerados por la Supersociedades mediante el Auto.
4.2. Que, en consecuencia, se dejen sin
efectos los numerales 14 y 15 del Auto.
4.3. Que se ordene a la Supersociedades
emitir una nueva decisión en la que acceda a la exclusión de los
Pagarés-Libranza de la masa liquidatoria de Estraval y que se le entreguen los
Pagarés-Libranza al Banco, dada su probada condición de propietario de los
mismos.
4.4. Que se ordene a la Supersociedades que
se retracte en un acto público de las afirmaciones que, en concepto del Banco,
vulneraron su derecho al buen nombre.
5.
Fundamentos de la oposición
5.1.
La Supersociedades
La Supersociedades, a través
del Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, formuló tres
solicitudes principales y dos solicitudes subsidiarias, dirigidas, todas, a que
la Acción de Tutela fuera declarada improcedente.
5.1.1.  Primera solicitud principal: frente a la inmediatez
La Supersociedades
argumentó que la Acción de Tutela no satisface el requisito general de
inmediatez “como quiera que los actos que ataca el accionante tuvieron lugar
en audiencia celebrada del 18 al 20 de diciembre de 2017. Es decir la acción de
tutela se incoo 6 meses después (sic), lapso de tiempo (sic) que no puede
considerarse razonable para presentar la acción de tutela dentro de un proceso
de intervención que tiene naturaleza precautelar” [65].
5.1.2.  Segunda solicitud principal: frente al defecto orgánico
Afirmó que el Auto no
está viciado de ningún defecto orgánico. Fundamentó su posición en el mandato
de asignación eficiente, el cual, en su opinión, ampara la competencia de la
Supersociedades frente al caso[66].
5.1.3.  Tercera solicitud principal: frente al defecto procedimental
absoluto
Adujo que no es cierto que exista un
defecto procedimental absoluto debido a que la Supersociedades advirtió la
simulación por vía de excepción “como obstáculo para acceder a las
pretensiones de quienes pretenden prevalerse del acto o negocio simulado
(endoso de los pagarés) y, por tanto, no es cierto que deba adelantarse un
proceso verbal en los términos del artículo 75 de la ley 1116 de 2006”[67]. Recalcó que “el debido proceso se
respetó siempre (sic) que el accionante tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa en contra de la decisión de este Despacho judicial”[68].
5.1.4.  Solicitud subsidiaria a la principal: frente al defecto
fáctico
La Supersociedades no fue clara al
especificar frente a cuál solicitud principal se erige la solicitud que en este
acápite designa como subsidiaria. No obstante, arguyó que el Auto no incurre en
defecto fáctico pues “la Entidad observó en todo momento la normatividad
aplicable al caso bajo estudio”[69].
5.1.5.  Solicitud subsidiaria a la principal: frente a la
subsidiariedad
La Supersociedades no fue
clara al especificar frente a cuál solicitud principal se erige la solicitud
que en este acápite designa como subsidiaria. Sin embargo, solicitó que la
Acción de Tutela sea declarada improcedente frente a los cargos por violación del
derecho al buen nombre en la medida en que no satisface el requisito general de
subsidiariedad “ya que las actoras (sic) no presentaron los reparos basados
en estos derechos fundamentales en ninguna de las oportunidades de la
audiencia, ni el recurso presentado, ni en oportunidades posteriores a la
audiencia, y mal puede proponerlos ahora en sede de tutela”[70].
5.1.6.  Conclusión de la oposición
Finalmente, la Supersociedades
dio respuesta a los hechos de la Acción de Tutela y concluyó:
“(…)
todas y cada una de las disposiciones proferidas por el Juez de la Intervención
en la audiencia de resolución de objeciones al proyecto de calificación y
graduación de créditos e inventario valorado, como de exclusiones de personas y
bienes -providencia que el accionante solicita revocar-, se dieron garantizando
el derecho de defensa y debido proceso, situación diferente es que la decisión
del Juez de la Intervención, que busca proteger los derechos de los
depositantes y el interés público en el manejo de los recursos de captación,
sea contraria a los intereses del accionante.
En
este orden de ideas, el Juez de Tutela debe tener en cuenta, según los hechos
narrados por la parte accionante, que la acción es improcedente por cuanto
pretende en consecuencia obtener un tercer pronunciamiento y/o revivir una
etapa procesal y no la protección de un derecho fundamental”[71].
5.2. Estraval[72]
Estraval, en calidad de
tercero interesado en el resultado del proceso, y mediante su liquidador e
interventor, indicó que la Acción de Tutela es improcedente porque: (i) no
satisface ninguno de los requisitos generales y específicos de procedibilidad;
y (ii) al haber sido reconocido el Banco como acreedor de quinta clase de
Estraval, la Supersociedades reconoció sus derechos.
5.3. Las víctimas en el trámite de
intervención administrativa de Estraval[73]
Las víctimas en el trámite de intervención
de Estraval, obrando en calidad de terceros interesados en el resultado del
proceso y mediante su apoderada judicial, se pronunciaron sobre los hechos y
argumentos plasmados en la Acción de Tutela y se opusieron a las pretensiones
esgrimidas por el Banco. Arguyeron, en síntesis, que la Acción de Tutela era
improcedente debido a que: (i) no cumple con el requisito de subsidiariedad;
(ii) no se evidencian vulneraciones al debido proceso; (iii) en el Auto no se
configuró el defecto orgánico por falta de competencia; (iv) el Auto no adolece
de defecto procedimental absoluto; (v) el Auto no incurrió en defecto fáctico;
(vi) con el Auto no se vulneró el derecho al buen nombre del Banco; y (vii) no
hay lugar a alegar un desconocimiento al principio de confianza legítima.
Hicieron referencia a la sentencia del 12
de abril del 2018 con radicación Nro. 2018-00418-01, en la cual la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió la impugnación
interpuesta contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de la
tutela interpuesta por Giros & Finanzas Compañía de Financiamiento S.A., el
Banco W S.A. y Multibank S.A. contra la Supersociedades en el marco del mismo
proceso de liquidación judicial como medida de intervención[74].
En dicha sentencia, la Corte Suprema, a
pesar de que no analizó el fondo del asunto, sostuvo:
“En este
contexto, remotamente se evidencia un disparate, por lo que todo demuestra que
el anhelo de las censoras es anteponer su propio criterio y atacar la providencia
que les desfavoreció para el que no sirve la vía subsidiaria invocada, cuyo
objeto tuitivo no fue de servir de tercera instancia con el fin de discutir los
argumentos dados por las “entidades jurisdiccionales” en el ámbito de sus
competencias”.
Así las cosas, las víctimas solicitaron “negar
por improcedente la tutela objeto de análisis”, porque “lo que está en
juego no sólo son los intereses de unos particulares, sino el orden público y
económico del país protegido por el artículo 355 de la Constitución Política”[75].
Agregaron que el Decreto Ley 4334 de 2008
y demás normas que lo modifican y complementan, buscan “evitar que se violen
los procedimientos especiales establecidos para estos casos y no se les cause
un daño mayor a los inversionistas de Estraval S.A., quienes a la fecha no han
recuperado las sumas invertidas”[76]
y acotaron que “acceder a la exclusión de pagarés libranzas solicitada
implica darle a una persona que tiene las mismas condiciones que las demás
víctimas un trato preferencial y de otra parte afectar la cartera que es
finalmente de Estraval S.A. y que es uno de los activos principales con los que
se busca reparar a las víctimas de la actividad de captación masiva no
autorizada”[77].
6.
Sentencias que se revisan
6.1. Sentencia de primera instancia[78]
La decisión de primera instancia,
proferida por la Sala Primera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá
el 28 de junio de 2018, negó el amparo aduciendo que la Acción de Tutela no era
procedente porque “las decisiones de la Superintendencia de Sociedades, al
margen de que se compartan o no, lejos están de concitar el reparo de la Sala,
pues no se observan caprichosas o arbitrarias, amén de que se encuentran en las
sentencia C-896 de 2012 y las facultades conferidas por el Decreto 4334 de 2008
y la Ley 1116 de 2006”[79].
El Tribunal Superior de Bogotá citó lo
argumentado por la Supersociedades en el Auto y afirmó que “los
razonamientos cuestionados se realizaron en desarrollo de las facultades
jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades y hacen parte de los
principios de autonomía e independencia judicial”[80].
Finalizó señalando que, si bien “la
Sala pudiera disentir de las providencias censuradas” ello “no
constituye razón suficiente para conceder el amparo”[81].
6.2. Impugnación[82]
El Banco impugnó la decisión argumentando
que el Tribunal Superior de Bogotá no realizó un “pronunciamiento real de
fondo”[83]
frente a los defectos que, a su juicio, constituyen vías de hecho judicial
alegados en la Acción de Tutela.
En su concepto, el fallo de primera
instancia “so pretexto de las facultades jurisdiccionales con base en las
cuales se dictó la providencia de la Superintendencia de Sociedades, le otorga
vía libre para vulnerar derechos fundamentales, situación que de ninguna manera
se encuentra justificada en el marco de un Estado de Derecho como el nuestro”[84].
6.3. Sentencia de segunda instancia[85]
La decisión de segunda instancia,
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 26
de julio de 2018, confirmó la sentencia de primera instancia; argumentó que el
Auto no configura defecto alguno de procedibilidad con fuerza suficiente para
quebrantarlo en sede de tutela.
El juez de segunda instancia hizo
referencia a lo argüido por la Supersociedades para proferir el Auto. En
particular, sobre: (i) la simulación del endoso; (ii) su competencia para
reconocer oficiosamente una simulación del endoso en ejercicio de las
facultades jurisdiccionales que se encuentran en ella radicadas; (iii) la no
configuración de una confianza legítima derivada de las actuaciones
administrativas previas de la Supersociedades con relación a Estraval; y (iv)
las particularidades del Contrato, las cuales, si bien se reconocen, no
descartan la simulación del endoso de los Pagarés-Libranza y, por tanto,
facultan la inclusión de los mismos en la masa liquidatoria de Estraval.
A continuación, estimó que el Auto se
profirió en desarrollo de las facultades jurisdiccionales de la Supersociedades
que gozan de autonomía e independencia. Lo anterior, a juicio de la Sala de
Casación Civil, inhibe al juez constitucional para inmiscuirse en el asunto,
máxime cuando la tutela es un instrumento excepcional y residual que no debe
fungir como mecanismo alternativo.
En tales condiciones, afirmó que la
motivación descrita por la Supersociedades, y la conclusión a la que llegó no
desencadenan una vulneración flagrante de los derechos que el Banco estima
violados. Lo anterior, en razón a que “tal actividad judicial no se aleja de
la realidad fáctica que muestra el expediente y menos de la normativa
aplicable, por lo que habrá de determinarse que lo decidido no abre paso a la
protección invocada en tanto obedece a un criterio jurídicamente razonable”[86].
Reiteró que el Auto no revela arbitrariedad
o desmesura y, en consecuencia, no es posible conceder la tutela, pues la sola
divergencia conceptual no faculta la procedencia del amparo.
Por lo anterior, la Sala de Casación
Civil decidió confirmar la sentencia impugnada.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.
Trámite surtido ante la Corte
Constitucional
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en
los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos
51 y siguientes del Acuerdo 02 de 2015, la Sala de Selección Diez (10) de la
Corte Constitucional, mediante auto del 16 de octubre de 2018, resolvió
seleccionar el expediente de tutela de la referencia y repartirlo a la Sala
Quinta de Revisión.
En auto del 11 de febrero de 2019, la
Sala Quinta de Revisión vinculó al proceso a la SFC para que se pronunciara
sobre los hechos y pretensiones planteados en la Acción de Tutela dentro del
ámbito de sus competencias constitucionales y legales. Una vez la SFC allegó su
intervención, se corrió traslado de la misma a las partes y a los terceros con
interés y estos se pronunciaron al respecto. A continuación, se da cuenta de la
intervención de la SFC y de los pronunciamientos subsecuentes.
1.1.
La SFC
La SFC indicó que el Contrato no fue
objeto de autorización, instrucción o concepto específico emitido por su parte,
ni de manera previa ni concomitante a su celebración, pues dichas actividades
no están dentro de sus funciones legales ni reglamentarias[87].
No obstante, señaló que, en ejercicio de
sus funciones de inspección, vigilancia y control, revisó el Contrato con
posterioridad a su celebración. Esta actuación, entre varias otras que realizó
con ocasión de los hechos que dieron lugar a la presente Acción de Tutela,
respondió a los requerimientos efectuados por la Delegatura para Riesgo de
Crédito y Contraparte de la misma SFC y a una visita de inspección liderada por
la Delegatura para Intermediarios Financieros de la misma entidad.
En lo que respecta a los requerimientos
de la Delegatura para Riesgo de Crédito y Contraparte, esta indicó que los
mismos resultaron en un informe de cumplimiento en el cual la SFC determinó que
“no se subsanaron todas las inconsistencias detectadas por la Oficina de
Auditoría Interna respecto del proceso de compra de cartera a originadores no
vigilados”[88].
Y frente a la visita de inspección
liderada por la Delegatura para Intermediarios Financieros que tuvo lugar entre
el 9 de febrero y el 3 de abril de 2017: (i) se evidenció que, en virtud del Contrato,
el Banco realizó 24 compras entre el 25 de junio de 2014 y el 17 de abril de
2015 por un total de COP $24.126.000.000; y (ii) se estableció que existían
3.384 obligaciones a cargo de Estraval, con un saldo de capital, intereses y
otros conceptos por cuantía de COP $9.366.146.426, debido a la intervención de
la cual fue objeto Estraval por parte de la Supersociedades. Sin embargo, no se
pudo acreditar que el Banco contara con un subproceso relativo a “Compra de
Cartera de Libranza a Descuento”[89]
para identificar los riesgos propios de esta operación, sus causas y controles.
Con base en tales hallazgos, la SFC
tramitaba a la fecha de su intervención una actuación administrativa
sancionatoria contra el Banco, en la que -en todo caso- no se discute la legalidad
de los negocios realizados, es decir, si hubo o no objeto o causa ilícitos, por
ser un asunto sobre el cual no puede conceptuar dentro del ámbito de su
competencia. Tal actuación, aclaró, versa sobre el incumplimiento de normas
relacionadas con el riesgo de crédito y riesgo operativo.
1.2.
Las víctimas en el proceso de intervención
de Estraval[90]
Las víctimas se pronunciaron sobre la
intervención de la SFC y concluyeron lo siguiente: (i) la SFC carece de
competencia para vigilar la operación de Estraval; (ii) la Supersociedades es
competente para conocer de las actividades de captación ilegal, masiva y
habitual, y, en desarrollo de tal facultad, ejerce funciones jurisdiccionales
amplias y suficientes; y (iii) de la intervención no se pueden extraer
conclusiones que modifiquen el sentido de los fallos de tutela de primera y
segunda instancia.
En suma, solicitaron que, al valorar la
intervención allegada por la SFC, esta Corporación no revoque ni modifique las
decisiones de instancia.
1.3.
El Banco Agrario[91]
El Banco, por su parte, también se
pronunció sobre la intervención de la SFC y extrajo estas conclusiones: (i) la
SFC nunca dudó que el Contrato correspondiera a una compraventa de cartera;
(ii) siempre se entendió que el Contrato era una compraventa de cartera en el
marco de las actuaciones administrativas de la SFC; (iii) el hecho de que
exista una controversia sobre la efectividad de los planes de acción para la
mitigación de los riesgos de la operación no desdice de la naturaleza ni de la
existencia del Contrato, en tanto compraventa de cartera; (iv) el Banco fungió
como verdadero señor y dueño de la cartera al implementar 21 planes de acción a
efectos de mitigar sus riesgos; y (v) la Supersociedades se extralimitó en sus
competencias de manera grave y grosera al momento de reconocer la simulación.
1.4.
La Supersociedades[92]
La Supersociedades hizo algunas
anotaciones sobre la finalidad de la revisión de los fallos de tutela por parte
de esta Corporación, plasmó ciertas consideraciones respecto de las decisiones
consignadas en el Auto, repasó el trámite de la Acción de Tutela y las
decisiones de instancia, y afirmó que “la Corte debe reconocer que en este
caso no se cumplen los supuestos sobre los cuales proceda la revisión del fallo
de tutela instaurada por el Banco Agrario”[93].
2.
Competencia
Esta Sala es competente para analizar el
fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y los artículos 33 y
siguientes del Decreto 2591 de 1991.
3.
Problema jurídico
En un primer momento, la Sala determinará
si la Acción de Tutela cumple integralmente con los requisitos generales de procedibilidad
necesarios a efectos de habilitar la viabilidad procesal de la acción.
De ser el caso, la Sala examinará, en un
segundo momento, si la Supersociedades vulneró el derecho fundamental del Banco
al debido proceso y el principio de confianza legítima al desestimar la
solicitud de excluir los Pagarés-Libranza de la masa liquidatoria de Estraval
por medio de una excepción oficiosa de simulación relativa.
En la medida en que la presunta
vulneración al derecho fundamental al buen nombre comparte idéntico origen con aquellas
alegadas frente al debido proceso –siendo este el Auto atacado-, la Sala se limitará
a hacer un estudio de las segundas.
Para efectos de resolver el problema
jurídico, se reiterará lo dicho por la jurisprudencia sobre la procedencia
excepcional de la tutela contra las decisiones jurisdiccionales de la
Supersociedades (4); se examinará, en concreto, el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la Acción de Tutela (5); y,
finalmente, se estudiará la eventual materialización de los defectos orgánico, procedimental
absoluto y fáctico (6).
4.
Reiteración jurisprudencial sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra decisiones proferidas por la
Supersociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales
El Decreto Ley 4334 de 2008[94], con el
propósito de dotar de herramientas jurídicas al Gobierno Nacional para combatir
la proliferación de las denominadas ´pirámides´, estableció
-a cargo de la Supersociedades- un procedimiento de intervención
administrativa de única instancia y de carácter jurisdiccional,
destinado a suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de
personas naturales o jurídicas que, a través de captaciones o recaudos no
autorizados (tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones y
negociaciones masivas), generaran abuso del derecho y fraude a la ley al
ejercer la actividad financiera irregularmente[95].
La Corte Constitucional, en sentencia
C-145 de 2009, avaló la constitucionalidad de las atribuciones jurisdiccionales
conferidas a la Supersociedades en dicho decreto al considerar que:
“(…) la asignación de funciones
jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades armoniza con la
materialidad de los asuntos de los que debe ocuparse en desarrollo de la
función de intervención, en particular la toma de posesión, que puede suscitar
verdaderos conflictos de intereses con eventuales efectos jurídicos en otros
procesos judiciales, dado que en el contexto del Decreto 4334 de 2008 esa
medida tiene por finalidad asumir la administración de la intervenida para
devolver los dineros captados irregularmente del público, adoptando decisiones
para cumplir con ese objetivo, las cuales, por su naturaleza jurisdiccional,
escapan al ámbito de control de la justicia contenciosa administrativa”
(negrilla fuera del texto original).
En la referida sentencia, esta
Corporación precisó que la existencia de dichas facultades jurisdiccionales, a
pesar de ser ejercidas en única instancia, no vulnera la Constitución, pues
contra dicha decisión procede, de manera excepcional y siempre que se evidencie
amenaza o desconocimiento de derechos fundamentales, la acción de tutela.
En este sentido, manifestó:
“El carácter
“erga omnes” de la cosa juzgada, de las decisiones de toma de posesión,
constituye un asunto propio del ámbito de configuración legislativa, además que
en la Carta no existe precepto alguno que prohíba al legislador de excepción
atribuir tales efectos a las decisiones judiciales, los cuales además se
justifican, en función de los fines propuestos con la emergencia social y con
el Decreto 4334 de 2008, de combatir eficazmente la perpetración de modalidades
de captación y recaudo irregular de dineros del público y obtener la pronta
devolución de los dineros invertidos, como tampoco vulnera la Constitución
que las decisiones de toma de posesión sean adoptadas en única instancia, pues
como lo ha expresado en forma reiterada esta Corte, el principio de la doble
instancia no es absoluto y, por lo tanto, no rige para toda clase de
actuaciones jurisdiccionales. Ahora bien, como es evidente que contra las
decisiones que se adopten en esa actuación no proceden recursos, de llegar a
presentarse vías de hecho el afectado podría acudir a la acción de tutela, en
procura de obtener el amparo judicial correspondiente” (negrilla fuera del texto original).
Así las cosas, esta Corporación ha
avalado el ejercicio de funciones jurisdiccionales atribuidas a la Supersociedades
por encontrar que siempre podrán ser controladas a través de la acción de
tutela[96].
Sin embargo, frente a los requisitos de procedibilidad
generales y específicos de la acción de tutela frente a las decisiones
jurisdiccionales de la Supersociedades en el marco de procesos de liquidación
judicial como medida de intervención, la Corte Constitucional, en la Sentencia
T-600 de 2017, expuso:
“(…) una vez
definida la habilitación constitucional y legal de la Superintendencia de
Sociedades para ejercer funciones jurisdiccionales, así como el carácter de sus
pronunciamientos en ejercicio de esa competencia, resulta pertinente reiterar que
la procedencia de la acción de tutela en eventos de esta naturaleza, debe
partir de la base de que las decisiones adoptadas por la Superintendencia de
Sociedades en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales son providencias
judiciales, frente a las cuales se exige el cumplimiento no solo de los
requisitos generales de procedencia sino al menos uno de los requisitos
específicos de procedibilidad de la acción de amparo” (negrilla fuera
del texto original).
5.
Requisitos generales de procedibilidad
La Sentencia C-590 de 2005 diferenció
dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: los requisitos generales y específicos de
procedibilidad.
La Corte Constitucional[97] ha
sostenido que, para efectos de habilitar su viabilidad procesal, la acción de
tutela debe satisfacer integralmente los siguientes requisitos generales de
procedibilidad:
(i) Que la cuestión que se discuta tenga
relevancia constitucional, esto es que el caso involucre la posible vulneración
de los derechos fundamentales de las partes;
(ii) Que se cumpla con el presupuesto de
subsidiariedad que caracteriza a la tutela, es decir, que se hayan agotado
todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que estos carezcan de idoneidad o que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable;
(iii) Que se cumpla el
requisito de inmediatez, por lo que la acción debe interponerse en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración;
(iv) Que cuando se trate de una
irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo en la providencia que se
impugna;
(v) Que la parte accionante identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los
derechos vulnerados; y
(vi) Que el acto atacado no se trate de una
sentencia de tutela.
Así las cosas, la Sala estudiará si la
Acción de Tutela, en concreto, satisface los requisitos generales de
procedibilidad antes expuestos.
5.1.
Examen de los requisitos generales de procedibilidad
en el caso en concreto
La Sala observa que en el presente caso
se reúnen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por la
jurisprudencia de esta Corporación.
5.1.1.  Relevancia constitucional
La cuestión objeto de debate tiene relevancia
constitucional. En el presente caso se alegan violaciones directas de los
derechos fundamentales al debido proceso y, sobre esta materia, la Acción de Tutela tiene por cometido resolver
cuestiones que trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico
de la controversia y la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por la
Supersociedades.
Esto ocurre porque el Auto que se censura
desestimó, por vía de excepción, la solicitud de exclusión de los Pagarés-Libranza
de la masa liquidatoria de Estraval en aparente inobservancia de las mínimas
garantías procesales que le asisten al Banco.
5.1.2.  Subsidiariedad
La Acción de Tutela satisface el
requisito de subsidiariedad. Al tenor del artículo 3 del Decreto Ley 4334 de
2008[98],
las decisiones jurisdiccionales de la Supersociedades en materia de
intervención son de única instancia y tienen efectos de cosa juzgada erga
omnes, y en lo que respecta a la liquidación judicial, el parágrafo primero
del artículo 6 de la Ley 1116 de 2006 prevé que los procesos de insolvencia
adelantados ante la Supersociedades son de única instancia[99].
Por tanto, al haber el Banco ejercido el
recurso de reposición contra la decisión proferida por la Supersociedades el 18
de diciembre de 2017 -el único procedente por la vía ordinaria-, agotó todos
los medios de defensa disponibles en el ordenamiento jurídico, sin que cuente
con otro medio judicial idóneo y eficaz para el restablecimiento de sus derechos
fundamentales.
Las latentes afectaciones al derecho
fundamental al debido proceso evidencian que la Acción de Tutela no tiene por
cometido fomentar una segunda instancia ni tampoco fungir como un mecanismo
alternativo para resolver la controversia.
5.1.3.  Inmediatez
La Acción de Tutela cumple con el
requisito de inmediatez. El Auto fue notificado y ejecutoriado el 20 de
diciembre de 2017, siendo este el momento en el cual se originó la supuesta
vulneración.
El Banco interpuso la Acción de Tutela el
15 de junio de 2018, es decir, con algo menos de seis meses de diferencia
respecto de la fecha del Auto, término que para esta Sala resulta razonable y
proporcionado, aun teniendo en cuenta la naturaleza precautelar del proceso de
intervención.
5.1.4.  Entidad de la irregularidad procesal
De estimarse configuradas las
irregularidades procesales que alega el Banco, estas tendrían un efecto
decisivo en el Auto. En efecto, el Banco manifestó que tres de los cargos que
se aducen en la Acción de Tutela corresponden a errores de naturaleza
procedimental. El primero atañe a la supuesta falta de competencia de la
Supersociedades para reconocer, por vía de excepción, la ocurrencia de una
simulación (defecto orgánico). El segundo tiene que ver con que, aun si la
Supersociedades tuviera tal competencia, se apartó de la vía procesal mediante
la cual hubiera podido declarar la simulación (defecto procedimental absoluto).
Y, el tercero, corresponde a un defecto fáctico en tanto la simulación reconocida
fue acreditada con indicios defectuosos y erróneamente valorados.
El efecto decisivo de estas
irregularidades radica en que las determinaciones de la Supersociedades
contenidas en los numerales 14 y 15 del Auto – el rechazo de la solicitud de
exclusión del Banco y la orden de entrega de los Pagarés-Libranza,
respectivamente- tuvieron por fundamento el reconocimiento de la simulación
relativa de los endosos de los Pagarés-Libranza por vía de excepción. De
descartarse por sustrato orgánico, procedimental o fáctico la procedencia de
tal reconocimiento, las citadas determinaciones de la Supersociedades en
relación al Banco quedarían, en consecuencia, carentes de sustento.
5.1.5.   Identificación razonable de los hechos que generaron la
vulneración, como los derechos vulnerados
El Banco identificó de manera razonable
los hechos que generaron la supuesta vulneración de su derecho al debido proceso,
así como la alegada inobservancia al principio de confianza legítima. De la
misma manera señaló las irregularidades que estima hacen procedente la Acción
de Tutela.
Estudió los requisitos generales de
procedibilidad y propuso como causales específicas: la configuración de un
defecto orgánico, de un defecto procedimental absoluto, de un defecto fáctico y
de un defecto sustancial.
5.1.6.   Que la providencia impugnada no sea una sentencia de tutela
Este requisito se cumple pues el Auto
impugnado no es una sentencia de tutela.
5.1.7.  Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
En conclusión, la Acción de Tutela
satisface integralmente los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales. Así las cosas, la Sala pasará a verificar
el cumplimiento de los requisitos específicos de procedibilidad.
6.
Requisitos específicos de procedibilidad
Este Tribunal ha puntualizado que los
requisitos de carácter específico determinan la prosperidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, pues ante la presencia de alguno de ellos se
vulnera el derecho al debido proceso[100].
Estos son:
(i) Defecto orgánico: ocurre cuando el administrador de
justicia que profirió la providencia impugnada carece en forma absoluta de
competencia;
(ii) Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el administrador de
justicia actuó completamente al margen del procedimiento establecido;
(iii) Defecto fáctico: se presenta cuando el
administrador de justicia carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de
la prueba fue absolutamente equivocada;
(iv) Defecto material o sustantivo:
se configura cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se
presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión;
(v) Error inducido: sucede cuando el administrador de
justicia fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) Decisión sin motivación: implica el incumplimiento del
administrador de justicia del deber de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones;
(vii) Desconocimiento del
precedente: se
configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado
asunto y el administrador de justicia desconoce la regla jurisprudencial
establecida;
(viii) Violación directa de la Constitución: se estructura cuando el administrador de
justicia adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de
la Constitución.
Atendiendo las particularidades del caso sub
lite, la Sala estudiará el desarrollo jurisprudencial del defecto orgánico
para enseguida analizar su materialización en el caso bajo examen.
6.1.
El defecto orgánico
La Corte Constitucional señaló lo
siguiente frente a la noción de competencia, a la cual deben adscribirse las
actuaciones de las autoridades públicas que administran justicia:
“La
competencia, que ha sido definida como el grado o la medida de la jurisdicción,
tiene por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que
corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo
efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica. Este principio
representa un límite para la autoridad pública que administra justicia, en la
medida que las atribuciones que le son conferidas sólo las podrá ejercer en los
términos que la Constitución y la ley establecen (C.P., art. 121). Cualquier
extralimitación de la esfera de competencia atribuida a un juez constituye un
atentado contra el Estado de Derecho, deslegitima la justicia y produce
desconfianza de los ciudadanos en las autoridades públicas”[101] (negrilla
fuera del texto original).
Bajo este contexto, la probada
incompetencia del administrador de justicia configura un defecto orgánico, lo
cual implica una violación al debido proceso[102].
Este Tribunal ha esbozado ciertos
supuestos de hecho que materializan el alegado defecto, entre ellos, el que se
configura cuando el administrador de justicia que profirió la providencia
atacada“(i) carecía absolutamente de competencia para conocer y definir el
asunto, esto es, desconoce su competencia, (ii) asume una competencia que no le
corresponde, así como (iii) adelanta alguna actuación o emite un
pronunciamiento por fuera de los términos dispuestos jurídicamente para que se
surta cierta actuación” [103].
También se ha impuesto un calificativo
adicional para la estructuración de este defecto. No es suficiente con alegar
la falta de competencia para que se configure el defecto orgánico; para ello es
necesario que, de acuerdo con las normas aplicables, resulte irrazonable pensar
que el operador judicial sí tenía competencia para actuar, bien sea por su
evidente falta de idoneidad para el efecto o porque el contenido de la
providencia atacada es claramente antijurídico. En relación con este punto,
esta Corte sostuvo en la Sentencia T-302 de 2011:
“La estructuración
de la causal tiene carácter cualificado, debido a que no basta con que se
alegue la falta de competencia del funcionario judicial, sino que se debe estar
en un escenario en el que, siguiendo los lineamientos contenidos en las normas
jurídicas aplicables, resulta irrazonable considerar que la autoridad judicial
estaba investida de la potestad de administrar justicia. Es decir, solamente en
aquellos casos en los cuales el acto o decisión que se adscribe a la
competencia aparezca manifiestamente contraria a derecho, bien sea por la
evidente falta de idoneidad de la autoridad que la expidió o porque su
contenido es claramente antijurídico, el juez constitucional puede
trasladar el vicio del acto habilitante al acto producido con base en
la facultad ilegalmente otorgada. Sólo en estas condiciones puede el juez
constitucional afirmar que la potestad para emitir la decisión judicial
censurada, no encuentra cabida en el ámbito de competencia del funcionario que
la profirió, convirtiéndose en una irregularidad o defecto orgánico en el que
está incurso lo actuado[104]. Es
que las actuaciones judiciales, debe insistirse, están enmarcadas dentro de una
competencia funcional y temporal establecida en la Constitución y en la ley,
que no puede desbordarse en detrimento del debido proceso” (negrilla fuera de texto original).
En lo que atañe al rol del juez
constitucional frente al estudio de la ocurrencia de este defecto, la referida
sentencia precisó:
“De todas
maneras, para que se configure el mencionado defecto, corresponde al juez
constitucional determinar y verificar claramente la competencia otorgada por el
ordenamiento jurídico a la autoridad, con base en la cual emitió la decisión
materia de censura” (negrilla
fuera de texto original).
En suma, frente a un eventual defecto
orgánico procede el amparo cuando el juez constitucional haya: (i) verificado
claramente la competencia otorgada por el ordenamiento jurídico a la autoridad,
con base en la cual emitió la decisión materia de censura; y (ii) determinado,
sin asomo de duda, que la autoridad carecía absolutamente de competencia para
emitir tal decisión.
En ese sentido, la Sala procederá a
analizar las fuentes que habilitan a las autoridades administrativas para
ejercer funciones jurisdiccionales, para enseguida estudiar las competencias de
la Supersociedades frente a los procesos de liquidación judicial como medida de
intervención.
6.1.1.
Alcance de la habilitación constitucional para que la ley pueda, excepcionalmente, asignar funciones
jurisdiccionales a las autoridades administrativas
El artículo 116 de la Constitución
Política (modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 03 de 2002),
estableció que, excepcionalmente, la ley puede atribuir funciones jurisdiccionales
en materias precisas a determinadas autoridades administrativas.
El artículo 8 de la Ley 270 de 1996
(Estatutaria de la Administración de Justicia), con la modificación introducida
por el artículo 3 de la Ley 1285 de 2009, señaló que las autoridades
administrativas pueden conocer asuntos que por su naturaleza o cuantía
puedan ser resueltos por aquellas de manera adecuada y eficaz y que, en tal
caso, la ley debe señalar las competencias, las garantías procesales y las
demás condiciones necesarias para proteger -de forma apropiada- los derechos de
las partes.
El artículo 13.2 de la misma ley
estatutaria, modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009, contempló que
las autoridades administrativas ejercen función jurisdiccional de acuerdo
con lo establecido en la Constitución Política respecto de conflictos entre
particulares y en atención a las normas sobre competencia y procedimiento
previstas en las leyes.
La Corte Constitucional, en la Sentencia
T-302 de 2011, determinó que la habilitación constitucional para que la ley
pueda atribuir excepcionalmente funciones jurisdiccionales a las autoridades
administrativas se compone de los siguientes elementos esenciales:
“(i) representa
una manifestación del principio de colaboración armónica y de separación de
funciones entre los poderes públicos, para la realización de los fines del
Estado (art. 113 de la Constitución); (ii) la medida es excepcional y su
carácter es restrictivo, en razón a que solamente pueden administrar justicia
las autoridades judiciales expresamente determinadas por la ley.
Excepcionalidad que no equivale a esporádico o transitorio, sino al rompimiento
de la regla general, mediante la decisión del legislativo al ponderar
circunstancias especiales que ameritan que no sean los jueces quienes
administren justicia, sino que para ciertos casos lo haga la administración;
iii) su reconocimiento implica que las decisiones proferidas, una vez agotados
los recursos procedentes, adquieren fuerza de cosa juzgada por ser un acto emitido
con base en una facultad jurisdiccional y por tanto se impone la
inimpugnabilidad mediante acciones judiciales diferentes a la tutela cuando se
incurra en defectos o irregularidades que vulneren o amenacen derechos
fundamentales; iv) de ninguna manera puede otorgarse a la
administración competencia para adelantar la instrucción de sumarios ni para
juzgar delitos, pues esta potestad se ha asignado sustancialmente a los jueces,
quienes son los únicos autorizados para imponer pena privativa de la libertad,
siguiendo el principio de reserva judicial para limitar ese derecho
fundamental; v) la atribución de competencias jurisdiccionales debe ser
precisa, de modo que la materia sobre la cual recaiga sea puntual, exacta, que
no pueda extenderse ni confundirse. Se trata de establecer límites a la misma,
buscando asegurar la excepcionalidad de la atribución, y, vi) la
finalidad legítima de la competencia jurisdiccional asignada, está marcada por
la garantía de imparcialidad e independencia así como por la preservación
del debido proceso. Condiciones por medio de las cuales se asegura que el
acto proferido por la autoridad, adquiera los efectos de cosa juzgada, además,
que la decisión se adopte por un tercero del proceso que decide con objetividad” (negrilla fuera del texto original).
En desarrollo del requisito esencial de
precisión, este Tribunal acotó lo siguiente en la Sentencia C-436 de 2013:
“3.3.4. Regla de atribución precisa
de las funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas.
3.3.4.1. Se
encuentra constitucionalmente ordenado que la ley defina de manera precisa las
atribuciones jurisdiccionales que se asignan a las autoridades administrativas
y los órganos estatales que asumirán su ejercicio. En consecuencia,
el mandato de precisión puede descomponerse en un mandato de
precisión temática y en un mandato de precisión orgánica.
El mandato de
precisión temática se satisface enunciando los asuntos de los que podrán
ocuparse las autoridades que hubieren sido elegidas para ello. El legislador
tiene el deber de establecer competencias puntuales, fijas y ciertas y, por
ello no puede asignar funciones de forma indeterminada o genérica” (negrilla fuera del texto original).
La misma providencia, amparada en lo
establecido en la Sentencia C-896 de 2012[105],
ratificó un requisito adicional para la atribución de funciones
jurisdiccionales a las autoridades administrativas: la regla de eficiencia. El
texto del fallo contempla lo que sigue en relación con el alcance de dicho
requisito:
“3.4.5. Regla de atribución eficiente de
las funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas.
3.4.5.1. La
atribución de una función judicial a las autoridades administrativas
demanda que los asuntos sometidos al conocimiento de las autoridades
administrativas sean resueltos de manera adecuada y eficaz. El cumplimiento
de esta condición puede identificarse, entre otras cosas, a partir
de la relación de afinidad entre las funciones jurisdiccionales conferidas
por la ley, y aquellas que ejerce ordinariamente el órgano correspondiente,
cuando lo hace en sede administrativa. Una relación temática lejana entre
las funciones administrativas y las funciones judiciales a cargo de una
autoridad constituye un indicio de violación del mandato de asignación eficiente.
En esa medida,
a pesar del amplio margen que para la configuración de esta materia tiene el
legislador, existe una obligación de identificar de forma cuidadosa la
autoridad administrativa que puede desplegar la función judicial de manera tal
que cuente con la capacidad institucional para asumirla y desarrollarla.
(...) la
Corte ha señalado que la asignación de funciones judiciales a la
Superintendencia de Sociedades en materia de procesos concordatarios encuentra
justificación en su conocimiento especializado así como en su
amplia experiencia en el área” (negrilla fuera del texto original).
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala
advierte que, según las normas constitucionales y estatutarias, así como del
desarrollo jurisprudencial constitucional en la materia:
(i) El Legislador, al asignar la
habilitación para el
ejercicio de funciones jurisdiccionales, debe ceñirse, entre otras, a las
reglas de eficiencia y precisión;
(ii) La regla de eficiencia conlleva la necesidad de que la
habilitación sea asignada a una autoridad administrativa con la capacidad
institucional para asumirla y desarrollarla de una manera adecuada y eficaz;
(iii) La regla de precisión implica el deber de establecer competencias puntuales, fijas y
exactas en cabeza de la autoridad y, por ello, el Legislador no puede asignar
funciones de forma indeterminada o genérica. El objeto de la habilitación, por
tanto, no puede extenderse ni confundirse; y
(iv) La función jurisdiccional originada
en la habilitación debe ejercerse bajo las garantías de imparcialidad,
independencia y objetividad. Asimismo, la autoridad administrativa debe velar
por la preservación del debido proceso y adscribirse
en todo momento a las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las
leyes.
6.1.2.  La competencia de
la Supersociedades en el marco de los
procesos de liquidación judicial como medida de
intervención
La competencia de la Supersociedades
frente a los procesos de intervención administrativa y de liquidación judicial
está regulada en el Decreto Ley 4334 de 2008 y en su Decreto reglamentario 1910
de 2009, así como en la Ley 1116 de 2006 y en la Ley 1564 de 2012 (Código
General del Proceso).
i) Intervención
administrativa
En lo que atañe a la intervención
administrativa, el artículo 4 del Decreto Ley 4334 de 2008 radica en cabeza de
la Supersociedades la función para adelantarla de manera privativa[106]. En dicho marco, el literal g) del
artículo 7 de la misma norma le otorga la competencia para declarar la
liquidación judicial como medida de intervención[107].
Frente a la liquidación judicial y por
vía de la remisión expresa del artículo 15 del Decreto Ley 4334 de 2008[108],
debe aplicarse a este proceso la Ley 1116 de 2006.
En sede de control automático de
constitucionalidad, mediante la Sentencia C-145 de 2009, este Tribunal estudió
el Decreto Ley 4334 de 2008 y concluyó lo siguiente frente a la exequibilidad
de los arriba citados artículos 4, 7 g) y 15:
“3.4. El
artículo 4° reitera que la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a
solicitud de la Superintendencia Financiera, será la autoridad administrativa
competente, “de manera privativa”, para adelantar la intervención
administrativa consagrada en el Decreto 4334 de 2008, determinación que, según se explicó
anteriormente, no es irrazonable ni desproporcionada, porque a través de esa
entidad el Gobierno desarrolla la función constitucional de ejercer, de acuerdo
con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen
las actividades financiera, bursátil y aseguradora, y cualquiera otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del
público (art. 189-24 Const.). Esa medida, además guarda relación de conexidad
con el Decreto 4333 de 2008, por cuanto está orientada a la obtención de los
objetivos propuestos en el Decreto 4333 del mismo año y, en especial, a hacer realidad los mandatos
superiores (arts. 150-19-d, 189-24 y 335 Const.), que consagran la intervención
del Estado en las actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos captados del público.
(…)
6. El artículo 7° del Decreto 4334 de 2008, regula en los literales a) a h) las medidas que
puede aplicar la Superintendencia de Sociedades en desarrollo de la
intervención administrativa, a saber:
(…) g) liquidación
judicial de la actividad no autorizada de la persona natural, sin
consideración a su calidad de comerciante.
Estas medidas
también resultan idóneas para la consecución de los fines previstos con la
emergencia social declarada en el Decreto 4333 de 2008 y en el Decreto 4334 del mismo año, que se revisa, toda
vez que hacen posible la intervención de la Superintendencia de Sociedades en
las actividades y negocios a que se refiere el artículo 5° de esta última
preceptiva, permitiendo además que ese órgano de inspección, control y
vigilancia pueda cumplir con los propósitos generales trazados en dicha
disposición, de suspender inmediatamente esas operaciones no autorizadas y
poner en marcha un procedimiento cautelar que asegure la pronta devolución de
los recursos obtenidos en desarrollo de las mismas.
Esta Corte
estima, sin embargo, que en la aplicación de tales medidas la Superintendencia
de Sociedades debe asegurar a las personas naturales o jurídicas intervenidas
el debido proceso (art. 29 Const.), con las garantías que le son inmanentes,
tales como (i) el acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii)
el juez natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa, con
los elementos para ser oído dentro del proceso; (iv) la razonabilidad de los
plazos para el desarrollo del proceso; y, (v) la imparcialidad, autonomía e
independencia de los jueces y autoridades.
(…)
12. Los
artículos 13 (actuaciones en curso en la Superintendencia Financiera); 14
(actuaciones remitidas a los jueces civiles de circuito), 15 (remisiones) y 16
(vigencia y derogatorias) del Decreto 4334 de 2008, consagran medidas tendientes a
establecer y asegurar la transición, aplicación y vigencia del nuevo
procedimiento de intervención allí regulado, las cuales no se oponen a los
dictados de la Constitución, puesto que al igual que otras disposiciones del
mismo Decreto, persiguen hacer efectivos los propósitos que animaron la
declaración del estado de emergencia social y la expedición del Decreto
Legislativo que se revisa, y buscan que la actuación de la mencionada entidad
se desarrolle con sujeción a los principios de legalidad y debido proceso” (negrilla fuera del texto original).
A la luz de las anteriores
consideraciones, en la parte resolutiva de la sentencia en comento, la Corte
condicionó la exequibilidad de los artículos 4, 7 g) y 15, así como la de los
demás artículos declarados constitucionales del Decreto Ley 4334 de 2008, en el
entendido de que su ámbito de aplicación, en procura de conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos, recae directa y específicamente sobre
actividades de captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público,
con potencialidad de incidir contra el orden social y amenazar el orden público[109].
ii) Liquidación judicial
Ahora, en lo relativo a las competencias
de la Supersociedades en el proceso de liquidación judicial, la Ley 1116 de
2006, en su artículo 6, establece que deberá conocer en calidad de juez del
concurso del proceso de insolvencia en caso de que este tenga por objeto, entre
otros, sociedades[110].
iii) Resolución de objeciones
Frente a la resolución de objeciones, el
artículo 30 de la Ley 1116 de 2006 (modificado por el artículo 37 de la Ley 1429 de 2010), establece
que el juez del concurso es competente para decidir, mediante providencia
judicial, sobre las objeciones presentadas al proyecto de reconocimiento y graduación de
créditos y derechos de voto en los términos del artículo 29 de la misma
normativa[111].
iv) Declaración de simulación en el marco de la acción
concursal
Respecto a la declaración de simulación,
el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006[112] radica en cabeza del juez del concurso
la competencia de conocer la acción de simulación concursal frente “a
ciertos actos o negocios celebrados por el deudor, cuando hayan perjudicado a
los acreedores o afectado el orden en la prelación de pagos y el patrimonio del
deudor sea insuficiente para cubrir los créditos reconocidos”[113].
Además de los requisitos de fondo arriba
señalados (que su objeto recaiga sobre actos o negocios celebrados por el
deudor que hayan perjudicado a los acreedores o afectado el orden en la
prelación de pagos y que el patrimonio del deudor sea insuficiente para cubrir
los créditos reconocidos), el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006 estableció
requisitos de fondo especiales en función de la naturaleza de los actos
demandados.
Frente a la extinción de las obligaciones, las daciones en pago
y, en general, todo acto que implique transferencia, disposición, constitución
o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes
del deudor, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de
arrendamiento o comodato que impidan el objeto del proceso, el numeral 1º del artículo 74 de la Ley
1116 de 2006 estableció que, para que proceda la acción de simulación, es
necesario que estos actos se hayan realizado durante los 18 meses anteriores al
inicio del proceso de reorganización o liquidación judicial y no aparezca que
la contraparte del deudor en tales actos haya obrado de buena fe[114].
Y el artículo 75 de la Ley 1116 de 2006[115]
establece, entre otros, lo siguiente frente a la caducidad, la legitimación y
el procedimiento de la acción de simulación concursal, así como los efectos de
la sentencia que se profiera en dicho escenario:
(i) Un término de caducidad de seis
meses, contados a partir de la fecha en la que quede en firme la calificación y
graduación de créditos y derechos de voto;
(ii) La legitimación en la causa por
activa para interponer la acción, la cual le corresponde a cualquiera de los
acreedores, al promotor o al liquidador. No obstante, es necesario puntualizar
que el parágrafo del artículo 75 de la Ley 1116 de 2006 permite que el juez del
concurso inicie acciones de simulación concursales de oficio si su objeto
radica en daciones en pago o en
actos a título gratuito[116];
(iii) El procedimiento por el cual debe
tramitarse la acción (proceso verbal[117]);
y
(iv) Los efectos que debe incorporar la
sentencia que decrete la simulación del acto demandado, que implican, entre
otras medidas, disponer la cancelación de la inscripción de los derechos del
demandado vencido y las de sus causahabientes, y, en su lugar, ordenar
inscribir al deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan.
Los citados artículos 74 y 75 de la Ley
1116 de 2006 establecen, como se ilustró, la competencia del juez del concurso
para tramitar este tipo de acciones, así como los requisitos de fondo y el
procedimiento a los que debe ceñirse para declarar, por esa vía, la simulación
en el marco de un proceso de liquidación judicial.
v) Remisiones
Por último, el artículo 124 de la Ley
1116 de 2006 dispone que, en lo no regulado expresamente en ella, aplicarán las
normas del Código de Procedimiento Civil, hoy derogado por el Código General
del Proceso[118].Y
esta última norma, en el inciso primero del artículo 282[119], prevé que,
en cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen
una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las
de prescripción, compensación y nulidad relativa[120].
En ese sentido, la Sala encuentra que las
anteriores normas definen el ámbito de competencia de la Supersociedades en
relación con los procesos de liquidación judicial como medida de intervención
y, en particular, en lo relacionado con las solicitudes de exclusión y la
declaración de simulación en el marco de la acción concursal.
6.2.
Examen del defecto orgánico en el caso en
concreto
El debate planteado sobre este punto por
la Acción de Tutela consiste en determinar si la competencia exacta, clara y
cierta para que la Supersociedades decida, mediante providencia judicial, sobre
las objeciones -aquí formuladas como solicitudes de exclusión-, se extiende al
reconocimiento oficioso de una excepción de simulación.
Una primera aproximación, en línea con
aquella esgrimida por el Banco, llevaría a concluir que la competencia de la
Supersociedades no se extiende a ese propósito en la medida en que no se dan
los presupuestos para que opere el reenvío previsto en el artículo 124 de la
Ley 1116 de 2006. Lo anterior, en razón a que esta última norma estableció en
sus artículos 74 y 75 una acción sujeta a requisitos de fondo, tanto generales
como específicos, con el fin de que la Supersociedades pudiera tramitar y
declarar la simulación y, por tanto, no existiría un vacío normativo que
permita la aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso.
Esta postura se vería reforzada por el
último inciso del artículo el 126 de la Ley 1116 de 2006, el cual dispone que
las normas del régimen establecido en dicha ley prevalecerán sobre cualquier
otra de carácter ordinario que les sea contraria[121]. En ese
entendido, los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006, al
regular de manera
particular y específica la simulación en el ámbito concursal, no darían cabida a
la aplicación de las disposiciones generales en razón del criterio de
especialidad[122].
La argumentación del Banco, aun
admitiendo la existencia del vacío y descartando la antinomia, se dirigida a afirmar
que el mandato incluido en el artículo 282 de Código General del Proceso no
puede aplicarse por estar previsto para una situación distinta del trámite de
la solicitud de exclusión. Esto, pues se circunscribe a los eventos en los
cuales el derecho cuya declaración impetra el demandante en un proceso de
conocimiento no puede reconocerse por estar acreditadas, con pruebas
controvertidas en el mismo, circunstancias que lo enervan. En consecuencia, la
regulación procesal utilizada no sería la adecuada para el caso debido a que,
según la hipótesis del Banco, en el trámite de su solicitud de exclusión no se habría
surtido una etapa de contradicción probatoria, en la cual se hubiera podido
acreditar la simulación.
Al estar condicionada la competencia
oficiosa del juez para reconocer excepciones a que halle probados los
hechos que la constituyen y, en la medida en que, según lo alegado por del
Banco, en el trámite de su solicitud de exclusión no se habría surtido una
etapa de contradicción probatoria, el supuesto que faculta la competencia de la
Supersociedades no se habría materializado.
Para el Banco tampoco sería admisible
que, al darle aplicación al artículo 282 del Código General del Proceso, la
Supersociedades quede facultada para reconocer la simulación de los endosos sin
observar los requisitos de fondo aplicables a la acción de simulación concursal,
establecidos en el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, a saber, que los endosos
hubieran perjudicado a los acreedores de Estraval o afectado el orden en la
prelación de pagos; que el patrimonio de Estraval fuera insuficiente para
cubrir los créditos reconocidos; que los endosos se hubieran realizado durante
los 18 meses anteriores al inicio del proceso de reorganización o liquidación
judicial de Estraval, lo que fuera del caso, y no apareciera que el Banco Agrario hubiera obrado de buena fe.
Y, bajo esta línea de pensamiento, tampoco
resultaría aceptable que la Supersociedades quedara habilitada para abstraerse
de cumplir con las reglas de procedimiento establecidas en el artículo 75 de la
Ley 1116 de 2006, siendo éstas que se tramite la acción a través de un proceso
verbal, pero, sobre todo, la atinente a la legitimación en la causa por activa,
que únicamente permite que el juez del concurso inicie oficiosamente la acción cuando su objeto recaiga
sobre daciones en pago y actos a título gratuito, mientras que frente al endoso
solo estaban habilitados para el efecto los acreedores, el promotor o el
liquidador.
No obstante, la Sala se aparta de la postura
del Banco anteriormente analizada por las siguientes razones.
Primero, porque la Ley 1116 de 2006 no
regula expresamente el reconocimiento oficioso de excepciones[123] y, por
tanto, el vacío normativo sí existe. Para la Sala no es de recibo el argumento que sostiene que no hay
vacío por estar prevista la acción de simulación concursal en los artículos 74
y 75 de la misma ley, puesto que de las normas que gobiernan la acción de
simulación no puede deducirse una regulación expresa sobre la excepción
oficiosa tendiente a reconocer el mismo fenómeno.
La acción de simulación concursal, que más
bien debería denominarse pretensión de simulación concursal, es la
declaración de voluntad plasmada en una demanda mediante la cual el accionante
aspira que, después de un proceso, el juez del concurso profiera una sentencia
que decrete que un acto realizado por el deudor oculta otro o es en realidad
inexistente y disponga, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción
de los derechos del demandado vencido y las de sus causahabientes y, en su lugar,
ordene inscribir al deudor como nuevo titular de los derechos que le
correspondan[124].
En suma, esta acción busca que el juez declare la simulación de un acto
jurídico, dándole los efectos al acto oculto o sustrayéndole cualquier
implicación jurídica si evidencia su inexistencia.
La excepción de simulación, por su parte, enerva
el derecho cuya declaración el accionante pretende que se declare en el marco
de un proceso, debido a que el acto del cual se deriva es inexistente u oculta
otro acto. En suma, la prosperidad de esta excepción descarta la declaración de
un derecho.
La diferencia entre estas dos instituciones
procesales ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia, la cual, en
jurisprudencia citada por la Supersociedades, ha determinado que mientras que
la acción de simulación “se
encamina a obtener la declaración de que determinado acto o contrato es
simulado y a desatar los vínculos que esa convención haya creado entre las
partes (…) La excepción de simulación no se propone conseguir los resultados
anteriores, sino enervar la acción de quien pretende la tutela de un derecho
derivado de la convención simulada”[125].
Con esta diferencia en mente, para la Sala
resulta claro que de la regulación que gobierna a una figura no puede
extrapolarse una normativa expresa frente a otra y, por ende, encuentra que en
la Ley 1116 de 2006 existe un vacío normativo a este propósito.
Por idénticos argumentos, la Sala tampoco
evidencia un conflicto de leyes entre el artículo 282 del Código General del
Proceso y los artículos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006 que derive en la
prevalencia de estos últimos frente al primero. Se itera, las normas regulan instituciones
procesales diferentes.
Segundo, porque ante la falta de regulación
expresa, el artículo 124 de la Ley 1116 de 2006 remite al Código de
Procedimiento Civil, hoy derogado por el Código General del Proceso, y tanto la
legislación anterior como la vigente prevén en sus artículos 306[126]
y 282, respectivamente, el deber del juez de reconocer oficiosamente
excepciones cuando halle probados los hechos que las constituyen. Para la Sala,
esta disposición otorga una preminencia al derecho sustancial, la cual, en
relación con la simulación, está orientada a precaver, mediante una obligación
en cabeza del operador judicial, que se reconozcan efectos jurídicos a actos
bajo la apariencia de otros o, inclusive, a actos inexistentes y, respecto de
esta figura en el proceso de insolvencia, a evitar la consumación del fraude
civil por excelencia: la insolvencia del deudor.
Tal preminencia no puede restringirse bajo
el pretexto de que otra institución procesal – en este caso, la acción de
simulación- está regida por unos requisitos de fondo y unas reglas de
procedimiento, más aun cuando estas últimas, por la naturaleza misma de la
excepción, no le serían aplicables.
Si se diera vía libre a este último
argumento, en el caso en cuestión nos hallaríamos frente a la incongruencia de
afirmar que la Supersociedades no es competente para reconocer la excepción de
simulación porque existe una acción, frente a la cual la misma Supersociedades,
en razón a la naturaleza jurídica del endoso, no puede iniciar por carecer de
legitimación en la causa por la vía activa.
Y, tercero, porque la Sala resalta que en
el trámite de solicitud de exclusión sí se surtió una etapa de contradicción probatoria,
en la cual el Banco aportó, como soportes de su petición, unas pruebas
documentales – entre ellas el Contrato y los originales de los
Pagarés-Libranza-, las cuales, según el artículo 29[127] de la Ley 1116 de 2006, modificado por el artículo 36
de la Ley 1429 de 2010, hubieran podido ser controvertidas mediante pruebas
documentales aportadas por Estraval, sus acreedores e, inclusive, las víctimas
reconocidas en el proceso de intervención de Estraval. Para la Sala, en el caso
concreto no se puede inferir la ausencia de una etapa de contradicción
probatoria por no haber sido ejercida una carga procesal. Por lo demás, la Sala
agrega que el artículo 282 del Código General del Proceso es claro al
establecer que el deber oficioso del juez es exigible frente a cualquier tipo
de proceso y no excepcionó su cumplimiento frente a procesos de liquidación
judicial.
Así las cosas, la Sala encuentra que la competencia de la
Supersociedades frente a los procesos de liquidación judicial como medida de
intervención sí comprende la facultad, e inclusive el deber, de
reconocer oficiosamente una excepción de simulación para efectos de resolver
sobre solicitudes de exclusión, siempre y cuando encuentre probados los hechos
que la constituyen.
Sentada tal postura y habida cuenta de
que no obra prueba alguna en el expediente y tampoco constan alegaciones de las
partes o de los terceros interesados que acrediten o sustenten que el Auto haya
sido proferido extemporáneamente, la Sala no evidencia supuestos de hecho que
permitan inferir que la Supersociedades carecía absolutamente de competencia
para conocer y definir el asunto, ni que asumió una competencia que no le
correspondía, ni que profirió el Auto por fuera de término.
Aunado a lo anterior y en atención al
requisito calificado para predicar la materialización del defecto orgánico, la
Sala tampoco evidencia que éste sea un escenario en el que resulte irrazonable
considerar que la Supersociedades estuviera investida con la potestad de
administrar justicia.
Así las cosas, la Sala descarta la
configuración de un defecto orgánico en el caso sub lite, no sin antes
fijar algunas consideraciones frente a dos argumentos esgrimidos por la
Supersociedades sobre este punto, tanto en su escrito de oposición como en el
Auto.
El primero de ellos consiste en
justificar su competencia en una interpretación subjetiva del mandato de
asignación eficiente. La Supersociedades aseguró que ese mandato
“no se refiere a una potestad del Congreso para que, en el ejercicio de su
libertad de configuración legislativa, asigne a las autoridades administrativas
que él considere que son suficientes y adecuadas para resolver los problemas
que a ellas asigna”[128]
y que si bien esta Corporación “se ha referido expresamente a este
perfil, para efectos de estudiar la constitucionalidad de algunas leyes”[129], en
realidad su acepción está dirigida a facultar a las autoridades administrativas
para que decidan de manera definitiva una controversia con las herramientas
adecuadas para tal finalidad. Agregó, inclusive, que “[i]nterpretar
restrictivamente estas herramientas, so pretexto de la excepcionalidad de las
materias de las que puede conocer la autoridad administrativa, pondría en
riesgo la posibilidad de decidir de fondo sobre el asunto y el cumplimiento de
la función confiada por el Legislador”[130].
El segundo atiende al mismo propósito y
apunta a que la ley “tampoco ha restringido para el juez del concurso la
realización de este tipo de controles en procura de la legalidad de lo pedido
como reclamaciones, créditos, objeciones o traslados dentro del concurso”[131].
La Sala reitera lo estudiado en el
numeral 6.1.1 de las consideraciones de la presente providencia
frente al alcance del mandato de asignación eficiente y rechaza la
interpretación extensiva realizada por la Supersociedades. Este mandato, se
insiste, radica en cabeza del Legislador y no de la autoridad administrativa y conlleva la necesidad de que el primero,
al habilitar a la segunda para ejercer funciones jurisdiccionales, tenga en
cuenta, para el efecto, la capacidad institucional de ésta con miras a que
pueda administrar justicia de manera adecuada y eficaz.
Deducir de este mandato que la Supersociedades
cuenta con un abanico ilimitado de herramientas para decidir de fondo y
reforzar tal silogismo arguyendo que la ley no las ha restringido, implica, en
una primera medida, un desconocimiento manifiesto del principio de legalidad
(artículo 121 superior) según el cual, en su condición de rector del ejercicio
del poder, “no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los
servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma
expresa, clara y precisa en la ley”[132].
Y, en un segundo aspecto, amenaza la finalidad legítima de la
competencia jurisdiccional asignada, la cual está marcada por la preservación
del debido proceso, particularmente en sede de procesos de liquidación judicial
como medida de intervención, frente a los cuales esta Corporación ha dispuesto
que, en la aplicación de tales medidas, la Supersociedades “debe asegurar a
las personas naturales o jurídicas intervenidas el debido proceso (art. 29
Const.), con las garantías que le son inmanentes, tales como (i) el acceso
libre y en igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el juez natural; (iii)
la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa, con los elementos para ser
oído dentro del proceso; (iv) la razonabilidad de los plazos para el desarrollo
del proceso; y, (v) la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces y
autoridades”[133].
En ese sentido, la Sala subraya que las
herramientas de la Supersociedades para ejercer sus funciones jurisdiccionales
no son ilimitadas, deben ceñirse estrictamente al debido proceso y, en su
desarrollo, no pueden desconocer en ningún momento el principio constitucional
de legalidad. Lo anterior cobra una especial relevancia en los procesos de
intervención administrativa en los que se decrete la liquidación judicial, en
la medida en que la Supersociedades actúa como autoridad administrativa en sede
de la intervención -aunque sus decisiones tengan efectos jurisdiccionales- y
como juez del concurso con ocasión de la liquidación, por lo cual la
observancia del debido proceso en estas instancias funge como garantía
indispensable para asegurar la imparcialidad y objetividad en sus actuaciones y
decisiones.
6.3.
El defecto procedimental absoluto
En términos generales, el defecto
procedimental se configura cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones
jurisdiccionales actúan completamente por fuera del procedimiento establecido[134].
La jurisprudencia constitucional ha
precisado que este defecto admite dos modalidades de configuración. La primera,
en tanto defecto procedimental absoluto, y la segunda, como defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto[135].
En lo que respecta al defecto
procedimental absoluto -relevante para el caso bajo examen- este Tribunal ha
establecido que se materializa cuando el juez o la autoridad que ejerza
funciones jurisdiccionales “se aparta[n] por completo del procedimiento
establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque:
i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el
cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento
establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una
de las partes del proceso”[136],
o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en
todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o
su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión
de fondo y la violación a los derechos fundamentales”[137].
En el supuesto de hecho señalado en
el numeral ii) anterior, debe analizarse la defensa técnica “para advertir
el impacto que tiene pretermitir etapas procesales, en desmedro de las
garantías fundamentales de los sujetos del proceso, como son: (i) la garantía
de ejercer el derecho a una defensa técnica, que implica la posibilidad de
contar con la asesoría de un abogado cuando sea necesario, la posibilidad de
contradecir las pruebas y de presentar y solicitar las que se requieran para
sustentar la postura de la parte; (ii) la garantía de que se comunique la
iniciación del proceso y se permita participar en él; y (iii) la garantía de
que se notificará todas las providencias del juez que, de acuerdo con la ley,
deben ser notificadas”[138].
Según la jurisprudencia
constitucional, la configuración del defecto procedimental absoluto, en todos
sus supuestos fácticos, requiere, además: (i) que se trate de un error de
procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y
directa en la decisión de fondo; (ii) que la deficiencia no pueda imputarse ni
directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración del derecho a
un debido proceso; (iii) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad
por ninguna otra vía; (iv) que la irregularidad se haya alegado al interior del
proceso, a menos que ello hubiere sido imposible conforme a las circunstancias
del caso; y (v) que, como consecuencia de lo anterior, se vulneren derechos
fundamentales[139].
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala
entrará a verificar si en el caso en concreto se materializa un defecto
procedimental absoluto.
6.4.
Examen del defecto procedimental absoluto
en el caso concreto
El
debate planteado frente el defecto procedimental en la Acción de Tutela
consiste en determinar si, al reconocer la simulación de los endosos por vía de
excepción, la Supersociedades se apartó absolutamente del procedimiento
establecido para el efecto.
Una
primera posición apuntaría a asegurar que, mediante la excepción oficiosa, la
Supersociedades únicamente podía reconocer simulaciones frente a actos que
cumplieran los requisitos de fondo establecidos para la acción concursal en el
artículo 74 de la Ley 1116 de 2006. Por consiguiente y en la medida en que la
Supersociedades nunca estudió tales requisitos, habría actuado fuera del
procedimiento dispuesto.
Esa
misma línea de pensamiento llevaría a afirmar que la Supersociedades, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos de fondo, ha debido agotar unas
mínimas etapas probatorias en las que el Banco hubiera podido contradecir las
pruebas y presentar y solicitar las que requiriera. La ausencia de lo anterior habría
resultado, a este tenor, en el desmedro de las garantías fundamentales del
Banco.
Finalmente,
según esta postura, la Supersociedades habría sido incongruente en su
determinación y, por esa vía, habría sorprendido al Banco, pues ninguna de las
partes del proceso – ni acreedores, ni víctimas, ni el mismo Estraval- alegó la
simulación de los endosos; tal circunstancia únicamente se vino a conocer en la
resolución de solicitudes de exclusión. Así, la Supersociedades, con su incongruencia y
decisión sorpresiva, habría situado al Banco en una situación de indefensión,
resultando en la violación de sus garantías procesales.
La
Sala se aparta de tal aproximación por los siguientes argumentos.
Primero,
porque ningún aparte del artículo 282 del Código General del Proceso modula el
deber del juez en función de los efectos del acto o de ciertas características
del mismo. Por tanto, de la norma tampoco puede inferirse que el juez esté
sujeto a desplegar procedimientos o actuaciones con el objeto de estudiar tales
elementos. Sobre este punto, la Sala reitera lo ya manifestado acerca de la
diferencia entre las instituciones procesales de la excepción de simulación y
de la acción de simulación, para aclarar que no hay lugar a trasplantar a la primera
los requisitos de fondo exigibles de la segunda y, mucho menos, a plantear que
el juez deba adscribirse a un procedimiento, sin sustento legal, para estudiar tales
requisitos.
Segundo,
porque la naturaleza misma de la excepción oficiosa implica, por supuesto, que
se reconozca dentro de un proceso. Pero el Legislador no ha establecido que se
surta un proceso accesorio, sujeto a etapas paralelas diferentes, para probar y
controvertir los mismos hechos que obligan al reconocimiento de excepciones. La
Sala subraya que la competencia oficiosa del juez únicamente se verifica cuando
halle probados los hechos que constituyen la excepción, que deben ser producto
de una etapa de contradicción probatoria, la cual, en el caso en concreto, se
surtió en los términos de los artículos 29 y 30 [140]de la Ley
1116 de 2006, modificados respectivamente por los artículos 36 y 37 de la Ley
1429 de 2010.
Tercero,
porque el reconocimiento oficioso de excepciones es, sin ninguna duda, una
figura que exceptúa el principio de congruencia. Tal excepción se justifica por
la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y, si bien el Banco pudo
haber sido sorprendido por la determinación de la Supersociedades, tal
circunstancia no excusaba a esta última de reconocer la excepción, máxime
cuando el Banco tuvo la oportunidad de presentar, y en efecto presentó, recurso
de reposición contra la decisión inicial de la Supersociedades. Con esto, no
puede prosperar el argumento de que el Banco fue puesto en una situación de
indefensión por cuenta de una incongruencia de la Supersociedades.
A juicio de la Sala, en el presente caso la
Supersociedades no omitió
etapas procesales de carácter sustancial y tampoco afectó el derecho de defensa
y contradicción del Banco Agrario.
Habida
cuenta de lo anterior, la Sala no evidencia supuestos de hecho que permitan
inferir que la Supersociedades, al reconocer oficiosamente la excepción de
simulación relativa sobre los endosos en propiedad de los Pagarés-Libranza, se haya apartado del procedimiento
legalmente establecido.
En ese sentido, la Sala encuentra que la
Supersociedades no incurrió en el defecto procedimental absoluto endilgado y
pasará a estudiar el defecto fáctico alegado en la Acción de Tutela.
6.5.
El defecto fáctico
El defecto fáctico es un error “excepcional
y protuberante”[141]
del juzgador en la función probatoria, que desconoce las garantías
constitucionales del debido proceso y que incide en el sentido de la decisión.
Este defecto, por tanto, puede
materializarse en el decreto de pruebas, en su práctica o en su valoración[142], y
comporta una doble dimensión: (i) positiva, que se predica frente a la
actuación inadecuada del juzgador el cual “aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas y al hacerlo se desconoce la Constitución”[143]; y, (ii) negativa,
que se centra en la omisión del juzgador en tanto “niega el decreto o la
práctica de una prueba o
la valora de una manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su
valoración y sin una razón valedera considera que no se encuentra probado el
hecho o la circunstancia que de la misma deriva clara y objetivamente. En esta dimensión se incluyen las
omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez”[144] (negrilla fuera del texto original).
Asimismo, la Corte
Constitucional ha identificado tres supuestos que materializan el defecto
fáctico: (i) la omisión en el decreto y práctica de pruebas relevantes,
pertinentes y conducentes; (ii) la no valoración del acervo probatorio,
o su examen parcial; y (iii) la valoración defectuosa del material
probatorio. Ha explicado in extenso sobre cada uno:
“i) El defecto fáctico se configura por
la omisión en el decreto y práctica de pruebas relevantes, pertinentes y
conducentes
Esta
Corporación ha sostenido que la omisión en el decreto de pruebas por parte de
la autoridad judicial competente, impide la recepción y análisis de hechos que
resultan indispensables para la correcta solución del caso debatido. Así, en
los eventos que se rechaza la práctica de una prueba que conduciría a aclarar
las premisas fácticas debatidas, esta Corte ha sostenido que, ante tal
circunstancia, se estarían vulnerando los derechos al debido proceso y a la
defensa.
Esta
omisión ocurre, por ejemplo, i) cuando la autoridad judicial no
ejerce la facultad para decretar pruebas de oficio en los casos que faltan
elementos para dirimir adecuadamente el conflicto, o ii) cuando se niega
el decreto y práctica de pruebas pertinentes, conducentes o esenciales para
resolver el fondo del asunto. Si bien, en este último caso, el juez de la causa
cuenta con la autonomía e independencia para denegar una prueba solicitada por
los sujetos procesales, lo cierto es que tal decisión, de conformidad con la
jurisprudencia de esta Corporación, debe estar ligada a la impertinencia,
inutilidad y la ilegalidad del medio requerido. De hecho, se ha sostenido
que “la autoridad judicial que se niegue sin justificación razonable y
objetiva, a apreciar y valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en
forma específica y necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre
en una vía de hecho y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez
que desconoce varios principios y derechos de rango superior para quien la ha
solicitado, como son la igualdad procesal y de acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para
el trámite del mismo”.
ii)
El defecto fáctico se configura por la no valoración del acervo probatorio, o
su examen parcial
Esta
hipótesis se presenta cuando, al momento de resolver el caso, el juez de la
causa omite medios de prueba que obraban en el expediente, ya sea porque no los
percibió o, de hecho, advirtiéndolos, no los tuvo en cuenta para soportar el
sentido de la decisión. Sin embargo, no debe considerarse que tal omisión se
constituye con cualquier medio probatorio, en razón de la libre valoración de
la que goza el juez y la autónoma para la determinación de su pertinencia. Lo
que significa que, para que resulte conducente el cuestionamiento, entonces,
debe demostrarse que de haberse realizado su análisis y valoración completa,
evidentemente, la solución al asunto debatido cambiaría radicalmente.
Bajo
este escenario, para ilustrar, se ha señalado que ocurre un defecto fáctico
cuando i) sin razón aparente, el juez natural excluye pruebas
aportadas al proceso que tienen la capacidad para definir el asunto jurídico
debatido, ii) deja de valorar una realidad probatoria que resulta
determinante para el correcto desenlace del proceso, iii) declara
probado un hecho que no emerge con claridad y suficiencia de los medios de
prueba que reposan en el expediente y, por último, iv) omite la
valoración de las pruebas argumentando el incumplimiento de cargas procesales
que, al final, resultan arbitrarias y excesivas.
iii) El defecto fáctico se configura por
la valoración defectuosa del material probatorio
Cuando
se alega la valoración defectuosa de los medios de prueba que sustentan
determinada hipótesis fáctica, debe demostrarse que el funcionario judicial
adoptó la decisión, desconociendo de forma evidente y manifiesta la evidencia
probatoria. Es decir, se debe acreditar que la decisión se apartó radicalmente
de los hechos probados, resolviendo de manera arbitraria el asunto jurídico
debatido.
Así
las cosas, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, se ha sostenido que
la valoración defectuosa se presenta cuando i) la autoridad judicial
adopta una decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es decir, que
las pruebas no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y
racional, ii) realiza una valoración por completo equivocada o
contraevidente, iii) fundamenta la decisión en pruebas que por
disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de discusión, iv) valora
las pruebas desconociendo las reglas previstas en la Constitución y la
ley, v) la decisión presenta notorias incongruencias entre los hechos
probados y lo resuelto, vi) decide el caso con fundamento en pruebas
ilícitas y, finalmente vii) le resta o le da un alcance a las pruebas
no previsto en la ley”[145].
Este Tribunal, no
obstante, ha advertido que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia “revisora, paralela o adicional”[146] del estudio
probatorio realizado por el juzgador, pues éste es “quien tiene la capacidad
para apreciar con mayor grado de certeza los medios de prueba obrantes en el
proceso” y se debe “preservar el ámbito de autonomía judicial y el
principio del juez natural, de manera que se reduzca al máximo la intervención
del juez constitucional”[147].
El juez de tutela, por tanto, no puede llevar a cabo “un examen exhaustivo
del material probatorio, pues dicha función le corresponde al juez que conoció
la causa, adicionalmente, se ha enfatizado que una diferencia en la valoración
de las pruebas no puede considerarse como un defecto fáctico, ya que, ante
interpretaciones diversas, es el juez natural quien debe determinar cuál es la
que mejor se ajusta al caso en estudio”[148].
En ese sentido, la
jurisprudencia ha desarrollado unas pautas para determinar la materialización
del defecto fáctico, las cuales habilitan al juez de tutela a intervenir y
amparar el derecho al debido proceso:
“i)
El error en la
valoración probatoria deber ser ostensible, flagrante, manifiesta e
irrazonable. Es decir, el actor debe demostrar que la decisión adoptada por el
juez natural es claramente caprichosa y arbitraria, en cuyo caso no resulta
comprensible, ni siquiera aplicando criterios flexibles, los motivos que
orientaron su hipótesis respecto de la evidencia probatoria.
ii) La argumentación judicial de los hechos,
es decir, la construcción de las premisas fácticas que fundamentan la decisión,
a partir de la valoración del material probatorio, desconoce los cánones de la
sana crítica (la lógica, la ciencia y la experiencia), la objetividad, la
legalidad o los parámetros mínimos de la argumentación judicial, lo que
ocasiona que el funcionario adopte la decisión basado en elementos fácticos o
normativos que resultan incomprensibles para los sujetos procesales
involucrados.
iii) El defecto fáctico tiene que superar la
simple discrepancia interpretativa respecto del material probatorio que
usualmente surge entre las partes y el juez al interior del proceso. Dicho de
otro modo, si el criterio adoptado por la autoridad natural a la hora de
valorar y resolver el caso resulta razonable, en tanto respeta la Constitución
y la ley, no puede sustentar la intromisión en la órbita de competencia del
funcionario judicial, a partir de una interpretación alternativa o una
hipótesis que para la parte vencida debió haber primado. De hecho, se ha
indicado que, como regla general, “el juez de tutela debe considerar que,
en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es
razonable”.
iv) Por último, en la valoración de los
medios de prueba directos, como sucede con las declaraciones de parte y
terceros procesales, el campo de intervención del juez de tutela es menor, en
virtud del principio de inmediación, el cual sostiene que la persona que está
en mejor posición para determinar el alcance de tales pruebas es el funcionario
designado por la ley. Al respecto, ha reiterado la Corte que: “en estas
situaciones no cabe sino afirmar que la persona más indicada, por regla
general, para apreciar tanto a los testigos como a sus aseveraciones es el juez
del proceso, pues él es el único que puede observar el comportamiento de los
declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del proceso, la forma en
que responde al cuestionario judicial, etc.””[149]
6.5.1.   La acreditación indiciaria de la simulación
La Corte Suprema de Justicia ha
establecido que la acreditación de la simulación se rige por el principio de
libertad probatoria, pero que “debido al actuar cauteloso o con sigilo de
las partes en la concreción de tales acuerdos”[150], el medio
de prueba que con mayor eficacia permite desentrañar su verdadera intención es
el indicio[151].
Los indicios encuentran su regulación en
los artículos 240 a 242 del Código General del Proceso. El Consejo de Estado
los ha definido como “medios de prueba indirectos y no
representativos” que no pueden ser “observados directamente por el juez”,
pues este “tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales
establece otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia,
o principios técnicos o científicos”[152].
La citada Corporación ha identificado que
los indicios se componen de los siguientes elementos:“(i) Los hechos indicadores,
o indicantes: son los hechos conocidos: los rastros o huellas que se dejan al
actuar, la motivación previa, etc., son las partes circunstanciales de un
suceso, el cual debe estar debidamente probado en el proceso, (ii) una regla de
experiencia, de la técnica o de la lógica, es el instrumento que se utiliza
para la elaboración del razonamiento, (iii) una inferencia mental: el
razonamiento, la operación mental, el juicio lógico crítico que hace el
juzgador; la relación de causalidad entre el hecho indicador y el hecho
desconocido que se pretende probar, (iv) El hecho que aparece indicado, esto
es, el resultado de esa operación mental”[153].
Se ha precisado que la construcción del
indicio por parte del juez, “demanda una exigente labor crítica en la que si
bien el fallador es autónomo para escoger los hechos básicos que le sirven de
fundamento al momento de elaborar su inferencia, así como para deducir sus
consecuencias, en ella está sujeto a las restricciones previstas en la
codificación procesal”[154].
Dichas restricciones son: (i) la contemplada en el artículo 240 del Código
General del Proceso, conforme a la cual los raciocinios son eficaces en tanto
los hechos básicos resulten probados[155];
y (ii) la incluida en el artículo 242 del mismo
código que impone un enlace preciso y directo entre el indicio y lo que
de él se infiere, que exige -salvo el evento no usual de los indicios
necesarios que llevan a deducciones simples y concluyentes- pluralidad,
gravedad, precisión y correspondencia entre sí como frente a los demás
elementos de prueba de que se disponga[156].
Este Tribunal ha establecido que dicha construcción del indicio también debe
cumplir con el principio de legalidad “esto es, que en la argumentación el
juez debe mostrar el hecho indicado, el hecho indiciario, la conclusión y las
reglas de la experiencia que permiten la inferencia entre las premisas y la
aserción, valorando el grado de convicción que ofrece cada medio de prueba, de
conformidad con los parámetros de la sana crítica”[157].
Una vez construida la prueba indiciaria,
el juez deberá valorarla tiendo en cuenta “su gravedad, concordancia,
convergencia y relación con los demás medios de prueba que obren en el proceso”[158].
Frente a su gravedad, los indicios se
clasifican como necesarios y contingentes, los primeros son “aquellos que de
manera infalible muestran la existencia o inexistencia de un hecho que se
pretende demostrar, o revelan en forma cierta la existencia de una constante
relación de causalidad entre el hecho que se conoce y aquel que se quiere
demostrar y son, por lo tanto, sólo aquellos que se presentan en relación con
ciertas leyes físicas”. Y los segundos son “los que revelan de modo más
o menos probable cierta causa o cierto efecto. Estos últimos son clasificados
como graves o leves, lo cual depende de si entre el hecho indicador y el que se
pretende probar existe o no una relación lógica inmediata”[159].
La concordancia, por su parte, concierne
a los hechos indicantes y se predica “cuando los mismos ensamblan o se
coordinan entre sí” y la convergencia, por último, se refiere “al
razonamiento lógico que relaciona esos hechos para determinar si esas
inferencias o deducciones confluyen en el mismo hecho que se pretende probar”[160].
En lo que interesa en esta ocasión, la
Corte Suprema de Justicia ha elaborado un catálogo detallado, mas no taxativo,
de los hechos indicadores de simulación:
“(…) el
parentesco, la amistad íntima de los contratantes, la falta de capacidad
económica de los compradores, la falta de necesidad de enajenar o gravar, la
documentación sospechosa, la ignorancia del cómplice, la falta de
contradocumento, el ocultamiento del negocio, el no pago del precio, la
ausencia de movimientos bancarios, el pago en dinero efectivo, la no entrega de
la cosa, la continuidad en la posesión y explotación por el vendedor etc.”[161].
Y, sobre los requisitos que debe reunir
la prueba indiciaria para considerarla apta para demostrar la simulación, indicó:
“a) Conducencia
de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado;
b) Que se
descarte razonablemente la posibilidad de que la conexión entre el hecho
indicador y el investigado sea aparente;
c) Que en igual
forma se excluya la posibilidad de la falsificación del hecho indiciador por
obra de terceros o de las partes;
d) Que aparezca
clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador y el
indicado;
e) Que se trate
de una pluralidad de indicios, si son contingentes;
f) Que varios de los indicios contingentes sean graves, concordantes y
contingentes;
g) Que no
existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente;
h) Que se hayan eliminado razonablemente otras posibles hipótesis, así como los
argumentos o motivos infirmantes de la conclusión adoptada, pues es frecuente
que un hecho indiciario se preste a diferentes inferencias que conduzcan a
distintos resultados;
i) Que no
existan pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios o que
demuestren un hecho opuesto al indicado por aquellos; y
j) Que se pueda
llegar a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno convencimiento
o la certeza del juez”[162].
6.6.
Examen del defecto fáctico en el caso
concreto
Para efectos de rechazar la solicitud de
exclusión formulada por el Banco Agrario, la Supersociedades:
i) Recalificó el Contrato como “un
ejercicio de captación [en cabeza de Estraval] con la carga de devolver la suma
invertida con unos rendimientos como contraprestación, que llena el tipo
contractual de mutuo con rendimientos garantizados”. Lo anterior, “a
partir de un análisis de la función del negocio y de las prestaciones, derechos
y obligaciones previstos en él (…)”, mediante el cual “no desconoció ni
la realidad del negocio celebrado ni los efectos; se limitó a dar la
denominación que corresponde en derecho”[163],
luego le imputó el tipo contractual de mutuo con rendimientos garantizados;
ii) Encontró que los endosos en propiedad
de los Pagarés–Libranza “no tenían como propósito la transferencia del
derecho de dominio sobre los créditos allí incorporados, sino, a lo sumo, una
operación de financiamiento a corto plazo a favor de Estraval y la constitución
de una garantía para el endosatario, con lo cual estaría acreditada una
simulación relativa de los endosos”[164];
y, por tanto, los títulos valores no eran propiedad del Banco Agrario;
iii) Determinó que el Banco Agrario, en
tanto entidad financiera, incurrió en una “negligencia tal que, en
los términos del artículo 63 del código civil, equivale al Dolo, y por tanto
[debe] ser sancionad[o]”[165]
y, en consecuencia, no podía ser reconocido como víctima en el proceso de
intervención administrativa de Estraval.
Para llegar a tales conclusiones, la
Supersociedades se apoyó exclusivamente en pruebas indiciarias, las cuales
sintetizó en el Auto:
“- El
primero es un indicio que se refiere al texto mismo de los contratos y al clausulado
y estructura de los negocios allí pactados. Frente a este indicio aplican
todas las consideraciones generales sobre los contratos celebrados con
Estraval, sea las que se refieren a la generalidad de los contratos de
adhesión, sea las que se refieren a los rasgos generales de las operaciones con
las entidades financieras, sea las que se refieren a aquellas que tienen
trazos en algo divergentes pero que comparten la isma (sic) estructura del
negocio, como el caso del Banco Agrario.
En efecto, en todos
los negocios se estableció una estructura que constaba todos o casi todos los
siguientes elementos (sic): suministro de recursos a Estraval, eliminación
de riesgos asociados a los pagarés-libranzas, a través de figuras como la
sustitución de pagarés o asunción directa de responsabilidad, administración
tercerizada en Estraval, y aprovechamiento de las estructuras de Estraval, sus
compañías vinculadas, así como de los contratos celebrados por Estraval (y en
el que no eran parte las entidades financieras), como los de custodia y los de
fiducia, endosos condicionados, y rendimientos fijos asegurados.
- En segundo
es un indicio relacionado con la libre negociación de los contenidos
contractuales, que da luces adicionales acerca del que las cláusulas fueron
queridas por las partes. Si bien este indicio no es predicable de algunos
negocios específicos, como el de Global Securities, se predica de todos los
demás contratos con las entidades financieras. Pero además, en el caso de
Global Securities, ello no obsta para que librarla de la revisión profesional
que debe hacer del clausulado que acepta como adherente (sic).
- El tercer
indicio se refiere a la magnitud o cuantía de la operación. Cualquier hombre de negocios, más aún un
pofesional (sic) del sector financiero, somete a revisión minuciosa y a
estándares de debida diligencia las operaciones que superan una cierta cuantía,
como las que se estudian, que comprenden varios miles de millones de pesos. En
algunos de los contratos incluso se hace mención expresa del agotamiento de las
etapas de debida diligencia.
- En cuarto
lugar, la profesionalidad de los agentes de la operación, que son entidades
conocedoras del sector financiero y que están sujetas a las dinámicas y a la
regulación propias de esta actividad. De ellas se predica un estándar más
alto de revisión de sus operaciones y se espera un mivel (sic) mucho más
pormenirizado (sic) de atención a los detalles y a la estructura general de sus
negocios, dada su calidad de inversionista profesional.
Adicionalmente,
y si bien en la providencia recurrida se hizo mención a la generalidad de los
contratos, en aplicación de los principios (sic) de economía y celeridad que
caracterizan las actuaciones orales, el Despacho presentará, uno por uno, el
análisis de cada uno de los contratos, en atención a los argumentos esbozados
por cada una de las entidades financieras recurrentes.
9.
Particularidades de cada uno de los contratos
En primer lugar
el Despacho precisa que en ningún momento se adujo que las entidades
financieras habían incurrido en supuestos de captación masiva y habitual ilegal
de recursos del público; por el contrario, se expresó que estas entidades como
inversionistas profesionales a la luz del Decreto 2555 de 2010 tienen unos
deberes de debida diligencia superiores a los que se les puede exigir a un
inversionista común.
Así pues, el
Despacho entrará a detallar los supuestos de hecho de cada uno de los contratos
de compraventa de cartera de Estraval con las entidades financieras, con el
fin de señalar los elementos que llevaron al Despacho a observar la existencia
de una negligencia tal que, en los términos del artículo 63 del código civil,
equivale al Dolo, y por tanto deben ser sancionadas tal y como lo expresó el
Despacho en la providencia recurrida.
(…)
f) Banco
Agrario
En este
contrato se pactó la transferencia a título de compraventa a favor del Banco
Agrario créditos de libranza no vencida durante la vigencia del contrato.
En dicho
contrato en las cláusulas sexta y novena se pactó que el recaudo de las
libranzas lo haría directamente Estraval y los transfería a favor del Banco
Agrario, así pues, si bien el recaudo no se hacía (según los términos del
contrato) por medio de un encargo fiduciario, lo cierto es que no era la
entidad financiera propietaria de los títulos la encargada de hacer el recaudo
de éstos.
Así pues,
debido a que el Banco no tenía la administración de los títulos, la
obligación de llevar el registro contable pormenorizado y actualizado de la
cartera de su propiedad la llevaba Estraval y no el banco.
Adicionalmente,
se observa que, como un elemento común de estos contratos libremente
negociados, como ya lo mencionó el Despacho en la providencia recurrida, Estraval
adquirió la obligación de recomprar todos aquellos títulos que por cualquier
motivo no pudieran ser cobrados, que fueran prepagados o que no operaran por
muerte o renuncia, lo anterior garantizando que el precio de recompra fuera
igual al de compra del Banco.
Es cierto
que en el caso del banco agrario sí se pactó la obligación de notificar a los
deudores la cesión de la cartera a más tardar dentro de los 90 días calendario
a la firma del contrato; no obstante, no se aportó prueba alguna que dé fe sobre
el hecho de que estas notificaciones de cesión en efecto se hicieron.
De otra parte,
la tenencia material de los títulos no estuvo en cabeza del comprador, pues
Estraval, en calidad de vendedor, lo que debía hacer una vez la oferta de los
títulos fuera aceptada por el Banco, era aportar el certificado de custodia de
los pagarés endosados. Así pues, los títulos estaban en manos de la sociedad
Memory Corp, lo cual se puede corroborar con las certificaciones aportadas por
el mismo Banco Agrario.
Igualmente, se
pactaron restricciones a la negociabilidad del título conforme a lo estipulado
en el numeral 7 de la cláusula séptima del contrato de compraventa de cartera,
según el cual el Banco Agrario no podía utilizar la base de datos de los
clientes objeto del contrato de compraventa de cartera para fines de colocación
de cartera o de ofrecimiento de productos crediticios.”[166] (negrilla fuera del texto original).
A efectos de llegar a sus conclusiones,
la Supersociedades advirtió, expresamente, que se había adscrito a pruebas
indiciarias que construyó con base en los siguientes hechos probados: (i) el
texto del Contrato; (ii) el contexto económico y negocial que rodeó la
celebración del Contrato; (iii) la falta de prueba de las notificaciones a los
deudores de la cesión de la cartera; y (iv) las certificaciones de custodia de
los Pagarés-Libranza aportadas por el Banco.
Del texto del Contrato, la
Supersociedades infirió que: (i) había
una transferencia de recursos por parte del Banco a Estraval; (ii) existía un
aprovechamiento de las estructuras de Estraval; (iii) se había eliminado
cualquier riesgo del Banco asociado a los Pagarés-Libranza; y (iv) se había
restringido la negociabilidad de los Pagarés-Libranza.
En relación con el contexto económico y
negocial que rodeó la celebración del Contrato, la Supersociedades derivó que: (i)
las cláusulas fueron queridas por las partes; (ii) la operación ha debido ser
sometida por parte del Banco a revisión minuciosa y a estándares de debida
diligencia; y (iii) del Banco se predicaba un estándar más alto de revisión de
sus operaciones y se esperaba un nivel pormenorizado de atención a los detalles
y a la estructura general de sus negocios.
Respecto a la falta de prueba de
las notificaciones a los deudores de la cesión de la cartera, la
Supersociedades dedujo que ésta última no se había producido, a pesar de que
tal notificación se pactó en el Contrato.
Y de las certificaciones aportadas por el
Banco Agrario en las que una tercera sociedad figuraba como custodio, la
Supersociedades infirió que la tenencia material de los títulos no estuvo en
cabeza del Banco, pues Estraval, en calidad de vendedor y de acuerdo con el
Contrato, lo que debió hacer, una vez la oferta de los títulos fuera aceptada
por el Banco, era aportar el certificado de custodia de los Pagarés-Libranza.
En primer lugar y
frente a los hechos probados, la Sala destaca que el único hecho indicador de
simulación relevado por la Supersociedades que coincide con aquellos enunciados
en el catálogo elaborado por la Corte Suprema de Justicia es la no entrega
de la cosa. Si bien esa lista no es taxativa, la Sala echa de menos que la
Supersociedades, al deducir que el Banco no detentó la tenencia de los Pagarés-Libranzas,
se hubiera limitado a tener como hecho probado que el Banco haya aportado una
certificación en la cual figuraba como custodio una tercera sociedad y no
tuviera en cuenta el hecho de que, como ella misma señaló como cierto al contestar
el hecho nº 13 de la Acción de Tutela[167], el Banco le haya hecho entrega de los
originales de los Pagarés-Libranza el 21 de octubre de 2017.
La Supersociedades no
desplegó ninguna argumentación que permitiera descartar posibles contraindicios
que derivaran de este hecho probado.
En segundo lugar, la Sala extraña que la
Supersociedades no haya expuesto las reglas de experiencia, de técnica o
de lógica utilizada para razonar sobre la relación de causalidad entre
los hechos indicadores y los hechos desconocidos. Faltó a su deber de aportar
certeza y claridad a la hora de establecer este nexo, así como a su obligación
de demostrar que no fuera aparente. Lo anterior resultaba indispensable para
materializar la legalidad de la construcción indiciaria a propósito de
descartar que la prueba indirecta hubiera sido construida arbitrariamente por la
Supersociedades.
Así, por ejemplo, para la Sala no hay
claridad sobre el proceso lógico que llevó a la Supersociedades a inferir que el
numeral 7 de la cláusula 7 del Contrato[168],
al prohibir que el Banco
pudiera utilizar la base de datos de los deudores para fines de colocación de
cartera o de ofrecimiento de productos crediticios, hubiera restringido la
negociabilidad de los Pagarés-Libranza.
En tercer lugar y en lo que se refiere a
la valoración probatoria, la Sala advierte que los indicios construidos por la Supersociedades no son
conducentes para acreditar la simulación relativa de los endosos. En lo que
atañe a esta figura jurídica, el hecho desconocido que debe inferirse por vía
indiciaria para demostrar su materialización tiene que corresponder -necesariamente-
al negocio oculto que las partes en realidad celebraron. La Supersociedades no
fue explícita en señalar entre sus inferencias tal negocio y se limitó a
manifestar, de manera casi anecdótica, que los endosos en propiedad no
tenían por finalidad transferir el derecho de dominio de los Pagarés-Libranza,
sino que se trataba de la constitución de una garantía a favor del Banco.
Tal fue la ligereza en la labor desarrollada
por la Supersociedades para identificar el negocio real, que ella misma, en la
audiencia del 20 de diciembre de 2017 y luego de haber confirmado la
desestimación de la solicitud de exclusión del Banco Agrario, rechazó la
petición del apoderado de éste para que su mandante fuera reconocido como
acreedor prendario de tercera categoría, bajo el pretexto de que tal pretensión
no había sido incluida en el recurso de reposición y, por tanto, era
extemporánea[169].
Es decir, el evidente desdén de la Supersociedades por determinar con claridad la
intención oculta, se evidenció al no darle ningún efecto a su propio
reconocimiento de simulación relativa, pues en la audiencia en que se profirió
el Auto -que también tuvo por objeto la calificación y graduación de créditos y en la cual fungieron como partes quienes
lo fueron en los supuestos endosos simulados - se abstuvo de determinar a qué título de garantía en
realidad correspondieron los endosos en propiedad. Para la Sala, por tanto, los
indicios construidos por la Supersociedades no son conducentes para acreditar
la simulación relativa de los endosos.
Al extrañar el indicio necesario para
acreditar la simulación relativa y al estar ausente la explicación del
razonamiento lógico integrado a las demás pruebas indiciarias, la valoración de
la Supersociedades no pudo estructurarse con miras a determinar la gravedad,
concordancia y convergencia de los indicios malogrados. La gravedad no pudo ser
sopesada pues nunca se expusieron consideraciones sobre la relación de
causalidad y, en lo atinente a la convergencia y concordancia, salta a la vista
que no había forma de valorar si los indicios se coordinaban entre sí y
confluían en un hecho indiciario carente de determinación – el negocio oculto-.
Ante la falta de los componentes que debían estructurar la prueba indiciaria,
la Sala estima que la Supersociedades no desplegó una valoración guiada por los
parámetros de la sana crítica.
En consecuencia, se concluye que la
Supersociedades: (i) no tuvo en cuenta hechos probados y, con ello, no se
esforzó por descartar posibles contraindicios que se derivaban de estos; (ii)
nunca hizo mención de las reglas de experiencia que facultaron las inferencias
entre las premisas y sus aserciones, vulnerando así el principio de legalidad
al cual debe ceñirse el juzgador para construir y valorar indicios; y (iii) no
fue estricta al determinar el hecho indiciario necesario para que se
desprendiera la consecuencia jurídica que asignó, lo que resultó en la inconducencia
de los demás indicios.
En suma, la Supersociedades no valoró los
indicios bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional y, por ello,
desatendió las reglas de la sana crítica e inobservó la legalidad que se
predica estrictamente en el despliegue probatorio indiciario. Tal error es ostensible
y traduce que la Supersociedades fue caprichosa y arbitraria al tomar su
decisión con respecto al Banco Agrario.
La Sala, además, llama la atención sobre
lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, el cual ordena
el reconocimiento oficioso de excepciones cuando el juez halle probados los
hechos que las constituyen y, en esa medida, la valoración probatoria
desplegada por el operador judicial, sobre todo cuando se basa únicamente en
pruebas indiciarias, debe desplegarse con la más exigente observancia de los
parámetros de la sana crítica y del principio de legalidad para desterrar de la
misma cualquier viso de arbitrariedad.
En ese sentido, la Sala encuentra que la
Supersociedades incurrió en un defecto fáctico al valorar de manera defectuosa
las pruebas obrantes en el proceso. Por tanto, concederá el amparo solicitado,
dejará sin efectos los numerales 14 y 15 del Auto – en lo atinente a la
solicitud de exclusión formulada por el Banco Agrario y los Pagarés-Libranza
detentados por éste-, y ordenará a la Supersociedades que tramite de nuevo la
solicitud de exclusión del Banco Agrario en atención a lo expuesto en la
presente providencia.
6.7.
Defecto sustantivo
La Corte Constitucional, al definir los
requisitos específicos de procedibilidad, ha precisado que con la configuración
de alguno de ellos se vulnera el derecho al debido proceso[170]. Dado que
esta Sala determinó que en el Auto se incurrió en un defecto fáctico, no se
abordará en la presente providencia el estudio de una eventual configuración
del defecto sustancial alegado.
7.
Conclusión
La
Supersociedades incurrió en un error
protuberante en el despliegue probatorio para efectos de reconocer
oficiosamente la simulación relativa de los endosos en propiedad de los
Pagarés-Libranza. En consecuencia, vulneró el derecho del Banco Agrario
al debido proceso.
En
virtud de lo expuesto, la Sala revocará el fallo de tutela proferido el 26 de
julio de 2018 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
que confirmó la sentencia proferida el 28 de junio de 2018 en primera instancia
por la Sala Primera Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
III. DECISIÓN
En el marco de un proceso de liquidación
como medida de intervención, la Supersociedades es competente para reconocer la
excepción oficiosa de simulación para decidir sobre las objeciones que se
presenten sobre el inventario valorado. Para el efecto, debe hallar probados
los hechos que constituyen la excepción con plena observancia de los parámetros
de la sana crítica y del principio de legalidad, so pena de vulnerar el debido
proceso de las partes.
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR el fallo de tutela
de segunda instancia proferido el 26 de julio de 2018 por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia de primera
instancia proferida el 28 de junio de 2018 por la Sala Primera Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
SEGUNDO.- AMPARAR el derecho del Banco Agrario de Colombia
S.A. al debido proceso.
TERCERO.-
DEJAR SIN EFECTOS, en lo concerniente a la solicitud
de exclusión formulada por el Banco Agrario de Colombia S.A. y a los pagarés-libranza
vinculados a Estrategias en
Valores S.A.- en liquidación judicial y detentados por el Banco Agrario de
Colombia S.A, los numerales 14 y 15 de la parte resolutiva del auto proferido
en sede de reposición por el Superintendente Delegado para los Procedimientos
de Insolvencia que refleja las consideraciones y resoluciones de la audiencia
para la resolución de objeciones y aprobación y graduación de créditos e
inventario valorado, desarrollada los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2017 en
el marco del proceso de liquidación judicial como medida de intervención Nro.
40068 de Estrategias en Valores S.A.- en liquidación judicial.
CUARTO.-
ORDENAR a la Superintendencia de Sociedades que, en los términos de la
presente providencia, surta nuevamente el trámite relativo a la solicitud de
exclusión formulada por el Banco Agrario de Colombia S.A. en el marco del proceso de liquidación
judicial como medida de intervención Nro. 40068 de Estrategias en Valores S.A.-
en liquidación judicial.
QUINTO.-
LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte
Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a
través del juez de tutela de primera instancia–, previstas en el artículo 36
del Decreto Ley 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese y cúmplase.
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folio 303 del
Cuaderno 1 (en adelante, si no se especifica el cuaderno al cual corresponde el
folio, debe entenderse que es al Cuaderno 1).
[2] Folios 5 y ss.
[3] Folio 6.
[4] Folio 8. Dichas
circunstancias son las siguientes “a) Cuando exista mora en dos (2) cuotas
de amortización por parte de los deudores de los pagarés o la necesidad de
iniciar cobro jurídico de los mismos. b) Cuando las garantías que los respaldan
hayan sufrido modificaciones que afecten la calidad de las mismas; para tal
efecto, EL VENDEDOR deberá realizar el pago, a más tardar al mes siguiente al
deterioro de la garantía. c) Por muerte del deudor.”
[5] Folio 8.
[6] Folios 8 y 9.
[7] Ibíd.
[8] Folio 8.
[9] Folio 9.
[10] Ibíd.
[11] Folios 304 y 305.
[12] Folio 494. Lo
anterior mediante resolución 300-000676 confirmada por la 306-002229 de 2015.
[13] Folios 401 y ss.
[14] Folio 282.
[15] Folios 283 y ss.
[16] Folios 401 y ss.
[17] Folios 420 y ss.
[18] Folios 417 y ss.
Lo anterior mediante el auto Nro. 400-013226 del 2 de septiembre de 2016, en el
cual la Supersociedades adicionó el auto Nro. 400-013048 del 31 de agosto del
mismo año. En este último, la Supersociedades plasmó dentro de sus consideraciones
lo siguiente: “(…) la actuación administrativa previa, a cargo de la
Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control, se pudo establecer que las
sociedades Estraval S.A. (…) realizaban transacciones aparentemente legales a
través de la operación de compraventa de cartera. No obstante, aparece
establecido que la sociedad recibió de varias personas recursos que no eran
fruto de una venta real de títulos contentivos de créditos libranza, porque
nunca se le asignaron los créditos que había comprado, o porque se vendió el
mismo pagaré a más de un inversionista (…)”.
[19] Lo anterior fue consignado por el liquidador en el
proyecto de calificación y
graduación de créditos e inventario valorado, presentado el 23 de enero de 2017.
[20] Folio 394.
[21] Folios 426 y ss.
[22] La
audiencia de resolución de objeciones encuentra su regulación en los artículos
29 y 30 de la Ley 1116 de 2006.
[23] Folio 270.
[24] Ibíd.
[25] Folio 260.
[26] Ibíd.
[27] Folios 264 y ss.
[28] Ibíd.
[29] Folio 260. Sobre
lo anterior cabe precisar que en el expediente no obra prueba alguna de que
otro acreedor de Estraval o víctima en el trámite de intervención haya
controvertido la realidad del Contrato o del endoso de los Pagarés-Libranza.
[30] Folio 318.
[31] Folio 270.
[32] Folio 281.
[33] Ibíd.
[34] Folio 271.
[35] Folio 272.
[36] Ibíd.
[37] Ibíd.
[38] Ibíd.
[39] Folio 272, para
lo cual citó la siguiente providencia “Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, sentencia de 19 de mayo de 1964, G.J. CVII, p.202.”
[40] Folio 273.
[41] Folio 276.
[42] Folio 277.
[43] Folio 270.
[44] Folio 280.
[45] CD 1
aportado por el Banco Agrario, audiencia 20 de diciembre de 2017, a partir del minuto 2:04.
[46] CD 1 aportado por
el Banco Agrario, audiencia 20 de diciembre de 2017, a partir del minuto 2:19.
[47] Folios 312 y ss.
[48] Folios 319 y ss.
[49] Para el efecto,
el Banco citó las sentencias C-590 de 2005 y C-145 de 2009 de la Corte
Constitucional y las sentencias de unificación del 9 de julio de 2012, rad.
2009-01328-01, y del 5 de agosto de 2014, rad. 2012-02201-01, de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
[50] Folios 322 y ss.
[51] Folio 322.
[52] Folio 323.
[53] Ibíd.
[54] Folios 324 y 325.
[55] Folios 325 y 326.
[56] Folio 326.
[57] Folios 328 y ss.
[58] Folios 336 y ss.
[59] Folios 339 y ss.
[60] Folio 327.
[61] Folios 355 y ss.
[62] No
obstante, aquí cabe precisar que según las pruebas que constan en el
expediente, el pronunciamiento inhibitorio de la Supersociedades se produjo el
1º de julio de 2014, mientras que el Contrato fue celebrado el 17 de junio de
2014, es decir antes del mismo y no después, como incorrectamente lo afirma el
Banco.
[63] Folios 362 y ss.
[64] Folio 328.
[65] Folio 493 y
folios 504 y ss. No obstante,
aquí cabe precisar que, según las pruebas que constan en el expediente, el Auto
fue proferido y ejecutado el 20 de diciembre de 2017 y la Acción de Tutela fue
interpuesta el 15 de junio de 2018, es decir que entre las dos fechas hay menos
de seis meses de diferencia, contrario a lo que erróneamente afirma la
Supersociedades.
[66] Folio 493.
[67] Ibíd.
[68] Ibíd.
[69] Ibíd.
[70] Folio 494.
[71] Folios 504 y 505.
[72] Folios 390 y ss.
[73] Folios 558 y ss.
[74] Folios 567 y ss.
[75] Folio 568.
[76] Ibíd.
[77]
Ibíd.
[78] Folios 571 y ss.
[79] Folio 574.
[80] Folio 576.
[81] Folio 576.
[82] Folios 581 y ss.
[83] Folio 584.
[84] Ibíd.
[85] Folios 4 y ss.
del Cuaderno 2.
[86] Folio 9 del
Cuaderno 2.
[87] La SFC se pronunció mediante el oficio Nro.
2019020080-011-000, suscrito por el doctor Álvaro Andrés Torres Ojeda,
coordinador de Grupo Contencioso Administrativo Dos de la SFC y radicado ante
la Secretaría de esta Corporación el 28 de febrero de 2019. Folios 29 y ss. del
Cuaderno 3.
[88] Folio 31 del
Cuaderno 3.
[89] Folio 32 del
Cuaderno 3.
[90] Las víctimas en el proceso de intervención de Estraval
se pronunciaron a través de su apoderada judicial, doctora Carolina Arenas
Uribe, mediante escrito radicado ante la Secretaría de esta Corporación el 9 de
mayo de 2019.
[91] El Banco Agrario se pronunció a través de su apoderada
judicial, doctora Sonia Marina Castro Mora, mediante escrito radicado ante la
Secretaría de esta Corporación el 9 de mayo de 2019.
[92] La Supersociedades se pronunció mediante Oficio Nro.
2019-01-242917 suscrito por la doctora Martha Ruth Ardila Herrera, funcionaria
delegada con funciones jurisdiccionales de la Supersociedades, radicado ante la Secretaría de esta Corporación el 13 de junio de 2019.
[93] Folio 104 del
Cuaderno 3.
[94] “Por el cual
se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del
Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008”.
[95] Ver artículos 1º, 2 y 3 del Decreto Ley 4334 de 2008.
[96] Corte Constitucional, Sentencias T-954 de 2004, T-757
de 2009, T-568 de 2011, T-291 de 2013 y SU-773 de 2014.
[97] Corte Constitucional, Sentencias C-590 de 2005 y T-038 de 2017.
[98] El
artículo en comento establece textualmente: “ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. El presente procedimiento de
intervención administrativa se sujetará exclusivamente a las reglas especiales
que establece el presente decreto y, en lo no previsto, el Código Contencioso Administrativo. Las decisiones de toma de
posesión para devolver que se adopten en desarrollo del procedimiento de
intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia,
con carácter jurisdiccional”.
[99] El artículo en
comento establece textualmente: “ARTÍCULO 6o. COMPETENCIA. Conocerán del proceso de insolvencia,
como jueces del concurso:
La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades
jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3o del
artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las sociedades,
empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras y, a prevención,
tratándose de deudores
personas naturales comerciantes.
El Juez Civil del Circuito del domicilio
principal del deudor, en los demás casos, no excluidos del proceso.
PARÁGRAFO 1o. El proceso de
insolvencia adelantado ante la Superintendencia de Sociedades es de única
instancia (…)”.
[100] Corte Constitucional; Sentencias C-590 de 2005 y T-038
de 2017.
[101] Corte Constitucional, Sentencia SU-447 de 2011.
[102] Corte Constitucional, Sentencias T-1057 de 2002,
SU-447 de 2011 y T-620 de 2013.
[103] Corte Constitucional, Sentencias T-929 de 2008, T-302
de 2011 y T-620 de 2013.
[104] Corte Constitucional, Sentencias T-324 de 1996 y T-310 de 2009.
[105]Corte Constitucional, Sentencia C- 896 de 2012. En esta
providencia se sostuvo lo siguiente frente a la regla de asignación eficiente:
“La excepcionalidad, como se dejó señalado previamente, implica
un mandato de asignación eficiente que se deriva del artículo 3 de la
ley 1285 de 2009 y conforme al cual la atribución debe
establecerse de manera que los asuntos sometidos al conocimiento de las
autoridades administrativas puedan ser resueltos de manera adecuada y eficaz.
Esta exigencia demanda del legislador un esfuerzo por valorar cuidadosamente la
autoridad administrativa que puede asumir adecuadamente la función judicial.
No duda la Corte que en esta materia el Congreso dispone de un amplísimo margen
para considerar las alternativas disponibles en función de los asuntos sobre
los cuales recaerá la función jurisdiccional, así como de la capacidad y
conocimiento de las diferentes autoridades administrativas para cumplirla correctamente.
Sin embargo ese margen para la atribución no es absolutamente libre dado que,
de lo contrario, podría poner en riesgo la exigencia de excepcionalidad. Si
el legislador de forma indeterminada o imprecisa atribuye funciones
jurisdiccionales a una o varias autoridades administrativas a tal punto que no
resulta posible identificar, al menos de manera sumaria, la eficiencia de tal
asignación para la protección de los derechos, podría impactar negativamente el
ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades
administrativas” (negrilla fuera del texto original).
[106] El texto del artículo en comento señala lo siguiente
“ARTÍCULO 4o. COMPETENCIA. La Superintendencia de
Sociedades, de oficio o a solicitud de la Superintendencia Financiera será la
autoridad administrativa competente, de manera privativa, para adelantar
la intervención administrativa a que alude este decreto” (negrilla fuera
del texto original).
[107] El texto del artículo en comento señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 7o. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN. En desarrollo de la
intervención administrativa, la Superintendencia de Sociedades podrá adoptar
las siguientes medidas: (…) g) La liquidación judicial de la actividad no
autorizada de la persona natural sin consideración a su calidad de comerciante
(…)” (negrilla fuera del texto original).
[108] El texto del artículo en comento señala lo siguiente:
“ARTÍCULO 15. REMISIONES. En lo no previsto en el presente decreto, se
aplicarán, en lo pertinente, supletivamente las reglas establecidas en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero para la toma de posesión y en el Régimen de
Insolvencia Empresarial” (negrilla fuera del texto original).
[109] Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 2009. En la
referida providencia se decidió, entre otros, lo siguiente; “Séptimo. Declarar EXEQUIBLES todas
las demás disposiciones del Decreto 4334 de 2008, en el entendido de que su
ámbito de aplicación, en procura de conjurar la crisis e impedir la extensión
de sus efectos, recae directa y específicamente sobre actividades de captación
masiva y habitual no autorizada de recursos del público, con potencialidad de
incidir contra el orden social y amenazar el orden público”.
[110] El texto del artículo en comento señala lo siguiente; “ARTÍCULO
6o. COMPETENCIA. Conocerán del proceso de insolvencia, como jueces del
concurso:
La Superintendencia de
Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 3o del artículo 116 de la Constitución Política, en el caso de todas las
sociedades, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras
y, a prevención, tratándose de deudores personas naturales comerciantes.(…)”(negrilla fuera del texto
original)
[111] El texto del artículo en comento señala lo
siguiente: “ARTÍCULO 30. DECISIÓN DE OBJECIONES. Si
se presentaren objeciones, el juez del concurso procederá así:
1. Tendrá como pruebas las documentales
aportadas por las partes.
2. En firme la providencia de decreto de
pruebas convocará a audiencia para resolver las objeciones, la cual se llevará
a cabo dentro de los cinco días siguientes.
3. En la providencia que decida las
objeciones el Juez reconocerá los créditos, asignará los derechos de voto y
fijará plazo para la celebración del acuerdo. Contra esta providencia solo procederá
el recurso de reposición que deberá presentarse en la misma audiencia.
En ningún caso la audiencia podrá ser
Suspendida.”
[112] El
texto del artículo mencionado contempla textualmente lo siguiente: “ARTÍCULO
74. ACCIÓN REVOCATORIA Y DE SIMULACIÓN. Durante el trámite del proceso de
insolvencia podrá demandarse ante el Juez del concurso, la revocación o
simulación de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando
dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el
orden de prelación de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio
del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos:
1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo
acto que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de
gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del deudor,
realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o
comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de
liquidación judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o
comodatario, obró de buena fe. 2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro
de los veinticuatro (24) meses anteriores al inicio del proceso de
reorganización o del proceso de liquidación judicial. 3. Las reformas
estatutarias acordadas de manera voluntaria por los socios, solemnizadas e
inscritas en el registro mercantil dentro de los seis (6) meses anteriores al
inicio del proceso de reorganización, o del proceso de liquidación judicial,
cuando ellas disminuyan el patrimonio del deudor, en perjuicio de los
acreedores, o modifiquen el régimen de responsabilidad de los asociados. PARÁGRAFO. En
el evento que la acción prospere, total o parcialmente, el acreedor demandante
tendrá derecho a que la sentencia le reconozca a título de recompensa, una suma
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor comercial del bien
recuperado para el patrimonio del deudor, o del beneficio que directa o
indirectamente se reporte”.
[113] Corte
Constitucional, Sentencia C-527 de 2013.
[114] La exequibilidad
del numeral en comento fue declarada en la Sentencia C-527 de 2013 de la Corte
Constitucional con base en las siguientes consideraciones: “En el caso específico
del artículo 74 de la ley 1116 de 2006, consagra la posibilidad
de que durante un proceso de insolvencia se pueda demandar ante el juez del
concurso la revocación o simulación de ciertos actos o negocios celebrados por
el deudor, cuando hayan perjudicado a los acreedores o afectado el orden en la
prelación de pagos y el patrimonio del deudor sea insuficiente para cubrir los
créditos reconocidos. El numeral primero de dicho artículo, que es el precepto
ahora acusado, se refiere específicamente a la revocatoria de los siguientes
actos: 1.- La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en
general, todo acto que implique transferencia, disposición, constitución o
cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes del
deudor, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento
o comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses
anteriores al inicio del proceso de reorganización, o del proceso de
liquidación judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o
comodatario, obró de buena fe”. A juicio del demandante, esta norma quebranta
la presunción de buena fe reconocida en el artículo 83 de la Constitución, en la medida en que se insinúa
que los actos ejecutados por el deudor en el periodo allí señalado son vistos
por el Legislador como fraudulentos y en detrimento de los intereses de los
acreedores. Sin embargo, como pasa a explicarse, la Corte no comparte esta
posición y por el contrario considera que dicha regulación es respetuosa del
precepto constitucional invocado. 5.4.- Debe comenzar por aclararse que la
acción de revocatoria y la de simulación, en el marco del proceso de
insolvencia, puede ser adelantada tanto durante la etapa de reorganización
empresarial como en la fase de liquidación judicial, ante el juez del concurso,
cuando el patrimonio del deudor resulta insuficiente para atender las
obligaciones adquiridas y los negocios celebrados hayan afectado a cualquiera
de los acreedores. Para el caso de los actos de transferencia, disposición,
constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del
dominio, y contratos de arrendamiento o de comodato, el Legislador ha previsto
un “periodo de sospecha” de dieciocho (18) meses anteriores al inicio del
proceso de reorganización o liquidación judicial. De esta manera, puede
demandarse la revocación de dichos actos “cuando no aparezca que el
adquirente, arrendatario o comodatario obró de buena fe”. La Corte reconoce
que la norma bajo examen en realidad invierte la carga probatoria al establecer
que la extinción de los actos celebrados tendrá lugar cuando, habiéndose
cumplido los presupuestos allí señalados, “no aparezca que el adquirente
arrendatario o comodatario obró de buena fe”, radicando en cabeza de estos
últimos la obligación de demostrar las condiciones bajo las cuales se
desarrollaron los negociales impugnados, lo que naturalmente habrá de ser
evaluado de acuerdo con las especificidades de cada caso. Pero ello no ocurre
porque necesariamente se presuma que su conducta fue indebida o fraudulenta,
sino porque en virtud de la carga dinámica de la prueba son ellos quienes están
mejor posicionados para ilustrar al juez del concurso respecto de la conducta
en torno a cada uno de los actos mercantiles desplegados, lo cual es compatible
con la jurisprudencia constitucional decantada sobre el particular. Contrario a lo señalado por
las accionantes, con la norma acusada lo que el Legislador ha buscado es
justamente tutelar la buena fe en las relaciones comerciales. De un lado, de
los adquirentes, arrendatarios o comodatarios que antes de la iniciación del
proceso de insolvencia celebraron algunos negocios con el deudor mediante una
conducta transparente y diligente; y de otro, de los acreedores que por los
actos previos del deudor verían frustrada la posibilidad de hacer efectivo el
pago de las obligaciones reconocidas a su favor. En otras palabras, el
Legislador ha buscado proteger a quien actuó de buena fe, aun cuando le exige
demostrar la manera como se llevó a cabo su negociación. La norma consagra
entonces una medida de protección razonable encaminada a cumplir con los
objetivos centrales de los procesos de insolvencia previstos en el artículo 1º de la ley 1116 de 2006. En efecto, (i) la
revocatoria permite proteger el crédito por cuanto se recompone el patrimonio
del deudor y con ello las posibilidades de atender en mayor medida las
obligaciones crediticias adquiridas; y simultáneamente, (ii) al acrecentarse el
patrimonio se amplían las posibilidades de conservación de la empresa como
unidad de explotación económica. Así, bajo el supuesto válido de que la crisis
empresarial no ocurre repentinamente, sino que es el resultado de un proceso
que toma algún tiempo, la carga probatoria exigida se proyecta entonces como
una forma legítima de evitar los efectos perversos de aquellos actos
dispositivos del deudor, deliberadamente conscientes para no honrar sus
compromisos o que son el resultado de angustiosas y desesperadas decisiones en
época de crisis, cuando terminan por desencadenar situaciones asimétricas
injustas respecto de uno, varios o todos los acreedores. Finalmente, esta es
una herramienta idónea para hacer efectivos los principios de universalidad e
igualdad tanto en el proceso de reorganización como en el de liquidación
judicial, porque por esta vía sea asegura que todo el patrimonio del deudor
haga parte del proceso concursal (universalidad objetiva), procurándose la
satisfacción de los derechos de los acreedores en condiciones de equidad. 5.5.-
En suma, encuentra la Corte que no desconoce el principio de buena fe (art. 83 CP) la norma según la cual
puede demandarse la revocación o simulación de los negocios celebrados por el
deudor durante los 18 meses anteriores al inicio de un proceso de
reorganización empresarial, cuando no aparezca demostrado que el adquirente,
arrendatario o comodatario obró de buena fe. En consecuencia, declarará
exequible, por el cargo analizado en esta sentencia , el numeral 1º
del artículo 74 de la Ley 1116 de 2006, “por la cual se
establece el Régimen de
Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras
disposiciones”.
[115] El artículo en comento establece lo siguiente: “ARTÍCULO 75. LEGITIMACIÓN,
PROCEDIMIENTO, ALCANCE Y CADUCIDAD. Las acciones revocatorias y de simulación
podrán interponerse por cualquiera de los acreedores, el promotor o el
liquidador hasta dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que
quede en firme la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. La
acción se tramitará como proceso abreviado regulado en el Código de Procedimiento Civil. La sentencia que
decrete la revocación o la simulación del acto demandado dispondrá, entre otras
medidas, la cancelación de la inscripción de los derechos del demandado vencido
y las de sus causahabientes, y en su lugar ordenará inscribir al deudor como
nuevo titular de los derechos que le correspondan. Con tal fin, la secretaría
librará las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro
correspondientes. Todo aquel que haya contratado con el deudor y sus
causahabientes, de mala fe, estará obligado a restituir al patrimonio las cosas
enajenadas en razón de la revocación o la declaración de simulación, así como,
sus frutos y cualquier otro beneficio percibido. Si la restitución no fuere
posible, deberá entregar al deudor el valor en dinero de las mencionadas cosas
a la fecha de la sentencia. Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las
acciones revocatorias o de simulación de actos del deudor, el juez, de oficio o
a petición de parte y previo el otorgamiento de la caución que fijare,
decretará el embargo y secuestro de bienes o la inscripción de la demanda.
Estas medidas estarán sujetas a las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil. PARÁGRAFO. La
acción referente a las daciones en pago y los actos a título gratuito, podrán
ser iniciadas de oficio por el juez del concurso.”
[116] El texto del
parágrafo referido es el siguiente: “PARÁGRAFO. La acción referente a las daciones en
pago y los actos a título gratuito, podrán ser iniciadas de oficio por el juez
del concurso.”
[117] El
texto original de la norma hace referencia al proceso abreviado del Código
de Procedimiento Civil, proceso que, según lo dispuesto por el
artículo 368 del Código General del Proceso debe entenderse como un
proceso verbal.
[118] Artículo 626 del Código General del Proceso.
[119] El artículo en comento prevé textualmente lo
siguiente: “ARTÍCULO 124.
ADICIONES, DEROGATORIAS Y REMISIONES. (…) En los casos no regulados
expresamente en esta ley, se aplicarán las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil”.
[120] El artículo en comento prevé textualmente
lo siguiente: “ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES. En
cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que
constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia,
salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán
alegarse en la contestación de la demanda. (…)”
[121] El texto del artículo en comento dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 126.VIGENCIA. (…) Las normas del régimen establecido en la presente ley
prevalecerán sobre cualquier otra de carácter ordinario que le sea contraria.”
[122] Corte
Constitucional, Sentencia C-451 de 2015.
[123] Si
bien la Ley 1116 de 2006 regula en su artículo 91 la excepción de
orden público, tal disposición es únicamente aplicable a la insolvencia
trasfronteriza y no menciona, ni mucho menos restringe, las facultades
oficiosas frente a otras excepciones. Y, respecto del resto de artículos de la Ley 1116 de 2006, no se
evidencia ninguna disposición que regule la materia expresamente.
[124] Artículo
75 de la Ley 1116 de 2006.
[125] Corte
Suprema de justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de mayo de 1964,
G.J. CVII, p. 202.
[126] El artículo en
comento disponía lo siguiente “ARTÍCULO 306. RESOLUCION SOBRE EXCEPCIONES. Cuando el juez halle probados los hechos
que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que
deberán alegarse en la contestación de la demanda.(…)”
[127] El
texto del artículo en comento dispone lo siguiente: “ARTÍCULO 29. OBJECIONES.
Del proyecto de reconocimiento y graduación de créditos y derechos de voto
presentados por el promotor, se correrá traslado en las oficinas del juez del
concurso por el término de cinco (5) días.
El deudor no podrá
objetar las acreencias incluidas en la relación de pasivos presentada por él
con la solicitud de inicio del proceso de reorganización. Por su parte, los
administradores no podrán objetar las obligaciones de acreedores externos que
estén incluidas dentro de la relación efectuada por el deudor.
De manera inmediata al
vencimiento del término anterior, el Juez del concurso correrá traslado de las
objeciones por un término de tres (3) días para que los acreedores objetados se
pronuncien con relación a las mismas, aportando las pruebas documentales a que
hubiere lugar.
Vencido dicho plazo,
correrá un término de diez (10) días para provocar la conciliación de las
objeciones. Las objeciones que no sean conciliadas serán decididas por el juez
del concurso en la audiencia de que trata el artículo siguiente.
La única prueba admisible
para el trámite de objeciones será la documental, la cual deberá aportarse con
el escrito de objeciones o con el de respuesta a las mismas.
No presentadas
objeciones, el juez del concurso reconocerá los créditos, establecerá los
derechos de voto y fijará el plazo para la presentación del acuerdo por
providencia que no tendrá recurso alguno”
[128] Folio 271.
[129] Ibíd.
[130] Ibíd.
[131] Folio 272.
[132] Corte
Constitucional, Sentencia C-710 de 2001.
[133] Corte
Constitucional, Sentencia C-145 de 2009.
[134] Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
[135] Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de
2014.
[136] Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
[137] Corte Constitucional, Sentencia T-620
de 2013.
[138] Corte Constitucional,
Sentencia SU-770 de 2014.
[139] Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
[140] El artículo en comento dispone en su texto lo
siguiente:
“ARTÍCULO
30. DECISIÓN DE OBJECIONES. Si se presentaren objeciones, el juez del
concurso procederá así:
1. Tendrá como pruebas
las documentales aportadas por las partes.
2. En firme la
providencia de decreto de pruebas convocará a audiencia para resolver las
objeciones, la cual se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes.
3. En la providencia que
decida las objeciones el Juez reconocerá los créditos, asignará los derechos de
voto y fijará plazo para la celebración del acuerdo. Contra esta providencia
solo procederá el recurso de reposición que deberá presentarse en la misma
audiencia.
En ningún caso la
audiencia podrá ser Suspendida.”
[141] Corte
Constitucional, Sentencia T-074 de 2018.
[142] Corte
Constitucional, Sentencia SU-062 de 2018.
[143] Corte
Constitucional, Sentencia T-917 de 2011.
[144] Ibíd.
[145] Corte
Constitucional, Sentencia T-074 de 2018,
[146] Corte
Constitucional, Sentencia T-316 de 2019.
[147] Ibíd.
[148] Ibíd.
[149] Corte
Constitucional. Sentencia T-074 de 2018.
[150] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
Sentencia SC-7274 del 7 de diciembre de 2015, Rad. Nro. 2001-00585-02.
[151] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Sentencia SC-7274 del 10 de junio de 2015, Rad. Nro.1996-24325-01. En tal
providencia se dispuso lo siguiente: “(…) como las circunstancias que
rodean esas negociaciones, generalmente no son conocidas, sino que se mantienen
ocultas en el ámbito privado de los contratantes, es de esperarse que no se
hayan dejado mayores vestigios de su existencia; de ahí la dificultad de
demostrarlas mediante probanzas directas. No obstante, las máximas de la
experiencia constituyen un mecanismo eficaz e irreemplazable a fin de
determinar la presencia de ese negocio secreto.(…) En ese orden, es la prueba
indiciaria, sin lugar a dudas, uno de los medios más valiosos para descubrir la
irrealidad del acto simulado y la verdadera intención de los negociantes, del
cual el artículo 248 de la normatividad adjetiva estatuye que ‘para que un
hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el
proceso’ y por su parte el 250 de la misma obra señala que su apreciación debe
hacerse en conjunto, teniendo en consideración su ‘gravedad, concordancia y
convergencia y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso’.
Así las cosas, es a través de la inferencia
indiciaria como el sentenciador puede, a partir de hechos debidamente
comprobados y valorados como signos, arribar a conclusiones que no podrían
jamás revelarse de no ser por la mediación del razonamiento deductivo. De ahí que a este tipo de prueba se le
llame también circunstancial o indirecta, pues el juez no tiene ningún contacto
sensible (empírico) con el hecho desconocido, pero sí con otros que únicamente
el entendimiento humano puede ligar con el primero.
Son entonces los testimonios,
declaraciones, confesiones, documentos, o cualquier otro tipo de prueba
directa, valorados en conjunto, los que permitirán arribar -por medio de la
inferencia indiciaria- al hecho desconocido pero cognoscible que quedó en la
estricta intimidad de los contrayentes por su propia voluntad.”
[152] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia
del 28 de mayo de 2011, Rad. Nro. 21489 y Corte Constitucional, Sentencia SU-035 de 2018.
[153] Ibíd.
[154] Ibíd.
[155] Ibíd.
[156] Ibíd.
[157] Corte
Constitucional, SU-035 de 2018.
[158] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia
del 28 de mayo de 2011, Rad. Nro. 21489.
[159] Ibíd.
[160] Ibíd.
[161] Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 8 mayo de 2001, Rad. Nro. 5692.
[162] Ibíd.
[163] Folio 475.
[164] Folio 448.
[165] Folio 481.
[166] Folios 480 a 493.
[167] Folio 494.
[168] Folio 9. La
obligación del comprador, según la cláusula en comento, correspondía a “Utilizar
la información única y exclusivamente para los fines previstos en este
contrato, por lo tanto, EL COMPRADOR no podrá utilizar la base de datos
correspondientes a los clientes objeto del presente contrato de compraventa de
cartera, para fines de colocación de cartera o realizar el ofrecimiento de
productos crediticios del COMPRADOR.”.
[169] CD 1
aportado por el Banco Agrario, audiencia del 20 de diciembre de 2017, a partir
del minuto 2:19.