T-452-15
Sentencia T-452/15
ACCION DE
TUTELA CONTRA ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO Y COMPAÑIAS ASEGURADORAS-Reiteración
de jurisprudencia
DERECHO AL
MINIMO VITAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS
CONTRATO DE
SEGURO-Naturaleza y generalidades
MORA EN EL
PAGO DE LA PRIMA
Aun cuando la mora en el
pago de la prima puede generar un conflicto de carácter contractual, el cual,
en principio, debe ser dirimido por la jurisdicción ordinaria civil, en virtud
de la relación de sujeción que puede darse entre la aseguradora y el tomador o
beneficiario del seguro –que en el caso del Seguro de Vida de Grupo Deudores
involucra también al deudor del crédito– y ante la configuración de un perjuicio
irremediable, cabe dirimir el asunto mediante acción de tutela
RETICENCIA-Prueba
se encuentra en cabeza de la aseguradora
Respecto de la carga de la prueba, la Corte estableció que en materia de
preexistencias y reticencia en los contratos de seguro, esta se encontraba en
cabeza de la aseguradora y no del tomador o asegurado –según sea el caso–, pues
es aquella quien debe consignar en el texto de la póliza las preexistencias a considerar,
por lo que no es de recibo que  posteriormente las alegue si, teniendo la
posibilidad de conocerlas, no solicita los respectivos exámenes médicos a sus
usuarios al momento de celebrar el contrato. Por tanto, en esos eventos, no es
posible exigirle un comportamiento diferente a los asegurados
RETICENCIA-Es
indispensable que se configure el elemento subjetivo de mala fe
La obligación de declarar sinceramente el estado
real del riesgo, no puede considerarse como sinónimo de reticencia, pues esta implica
mala fe, en tanto que la preexistencia es un
hecho objetivo
CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Error y negligencia en que incurrió al momento de
no solicitar exámenes médicos recientes no pueden ser trasladados al asegurado
- deudor
En el caso de los Seguros de Vida grupo Deudores,
si bien el tomador y beneficiario del seguro es la entidad bancaria, y esta, a
su vez, le asiste la obligación de informar sobre las circunstancias y
situaciones que resultaron de la declaración que previamente realizó el deudor
en calidad de asegurado sobre el estado del riesgo a asegurar, la entidad
aseguradora no puede alegar el desconocimiento de dicha información para no
hacer efectivo el pago del saldo insoluto de la deuda, pues el error y la
negligencia en que incurrió al momento de no solicitar  los exámenes médicos
recientes, no pueden ser trasladados al asegurado-deudor
ACCION DE
TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO DE PROTECCION EN ASUNTOS CONTRACTUALES-Debe
existir configuración de un perjuicio grave, urgente e impostergable
Teniendo en cuenta lo
abordado en sentencia T-1095 de 2005, en virtud de los principios de confianza
legítima y buena fe, la entidad aseguradora debió informar al tomador, de
manera previa y oportuna, sobre las variaciones de las condiciones del
contrato, pues la decisión unilateral de no continuar cancelando las primas de
la póliza de seguro, impidió al asegurado-deudor: i) optar por otras medidas
alternativas que le permitieran asumir por sí mismo el pago de la prima y/o
ii)  acceder a otro seguro para reemplazar el ya existente. No obstante, en la
citada sentencia, consideró este Tribunal que, para conjurar la acción de
tutela como mecanismo transitorio de protección en asuntos netamente
contractuales debe existir la configuración de un perjuicio grave, urgente e impostergable, motivo por el cual, los mecanismos
ordinarios de defensa judicial con que cuente el demandante no resulten idóneos
para evitar la transgresión de su derecho al mínimo vital en materia de
seguros. Es así como en la referida providencia se encontró configurado un
perjuicio inminente y urgente en el hecho de que al actor se le hubiera
iniciado por parte de la entidad bancaria  un proceso ejecutivo hipotecario en
el cual ya se había ordenado la diligencia de entrega del inmueble rematado a
favor de la ejecutante para el pago de la acreencia debida, por lo que ante la
inminencia de que la ejecutada debiera entregar el inmueble rematado, lugar de
su habitación, esta Corporación consideró, para el caso de referencia, la
acción de tutela procedente. Ahora bien, en el
expediente sub examine, no se encontraron suficientes elementos de juicio que
permitan deducir la afectación al mínimo vital del asegurado, ni tampoco la
configuración de un perjuicio irremediable que permita la procedencia
transitoria de la tutela. Los hechos expuestos se enmarcan dentro de una litis
contractual que se deriva de un acuerdo privado, cuyo debate corresponde
estudiar a la justicia ordinaria, ya que en la controversia no se evidencia la
configuración de un perjuicio irremediable y, por tanto, el mecanismo tutelar
resulta improcedente.
CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-No es de recibo el argumento para negar tutela
señalar que riesgo de enfermedades psíquicas se encontraba excluido/CONTRATO
DE SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Caso en que demandante tiene diagnóstico
de trastorno mixto de ansiedad y depresión
No es de
recibo para esta Corporación el argumento que utilizó la aseguradora y el juez
de segunda instancia para denegar la acción constitucional en estudio, en el
sentido de señalar que el riesgo de invalidez por enfermedades psíquicas se
encontraba excluido de las condiciones generales y específicas del contrato de seguro
y, por tanto, eximía de responsabilidad a la entidad aseguradora de cancelar el
saldo insoluto de las obligaciones crediticias adquiridas en virtud de la
póliza suscrita. En efecto, tal consideración tiene fundamento en la indebida
interpretación que se le dio a cláusula 3.3 correspondiente al título de
exclusiones, pues si bien se tenían por
excluidas “las lesiones causadas así mismo por el asegurado, ya sea que se
encuentre en estado de cordura o demencia (sic)”, esta hacía referencia a las
lesiones que el asegurado pudiere ocasionarse a sí mismo en virtud de una
enfermedad psíquica, y no, a la enfermedad de trastorno mixto de ansiedad o
depresión como causa principal de invalidez. Igualmente, el que la aseguradora
haya hecho alusión a las exclusiones acordadas para la incapacidad total
temporal, convence a esta sala de Revisión, del error en que incurrió al
momento de interpretar la misma, por cuanto estas exclusiones fueron acordadas
para el riesgo de incapacidad total temporal y no para el riesgo de incapacidad
total y permanente, pues este último, se encontraba en la lista de riesgos
trasladados a la aseguradora y, por consiguiente, amparado por la póliza
suscrita
CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-Ante omisión de aseguradora de probar preexistencia
no cabría sancionar a la demandante
Esta Sala estima que ante la
omisión de la aseguradora de probar la preexistencia no cabría sancionar a la accionante,
pues la carga de declarar su real condición de salud no puede convertirse en
excesiva para ella, máxime si se tiene en cuenta que en el presente caso, la
fecha de estructuración de la enfermedad que dio origen a la pérdida de
capacidad laboral es posterior a las fechas de desembolso de los créditos, por
lo que no puede alegarse una reticencia cuando no se probó la mala fe en la
declaración de asegurabilidad, toda vez que no se demostró que la agenciada
conocía con certitud su estado de salud para el momento en que se hizo parte
del contrato de seguro. Por consiguiente, se ordenará a la aseguradora,
proceder a iniciar los trámites correspondientes para hacer efectiva la póliza
de seguro, con el fin de cancelar el saldo insoluto de las obligaciones
adquiridas con el Banco BBVA
CONTRATO DE
SEGURO DE VIDA GRUPO DEUDORES-caso en que acaeció el riesgo de incapacidad
total y permanente
Habiéndose demostrado en el
presente caso, que la aseguradora pese a tener los medios para conocer la
preexistencia, ni solicitó exámenes previos ni tampoco probó la mala fe por
parte del asegurado, ya que no se pudo evidenciar que el accionante conocía
plenamente sus enfermedades al momento de dar la información sobre el estado
del riesgo a asegurar, esta Sala revocará el fallo proferido el 26 de junio de 2014, por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada contra el Banco de Bogotá y Seguros de Vida Alfa S.A., y en
su lugar, ordenará a la entidad aseguradora,
hacer efectiva la póliza de seguro de vida suscrita, en razón de haber acaecido
el riesgo de incapacidad total y permanente
RETICENCIA-Jurisprudencia ha establecido requisitos para que se
configure
En lo que respecta a la
reticencia alegada por Seguros Suramericana S.A. como eximente de
responsabilidad para el pago efectivo de la póliza suscrita por el riesgo de
invalidez, se encuentra que la jurisprudencia constitucional ha establecido que
además de que la carga de la prueba de las preexistencias recae en cabeza de
las aseguradoras, no podrán alegarlas si (i) no solicitaron un examen de
entrada y (ii) no demostraron la mala fe en la omisión de información del
asegurado-deudor; obligaciones que no cumplió Seguros Suramericana S.A. y, por
tanto, no es posible que debido a su negligencia, el accionante deba seguir
asumiendo una deuda que adquirió cuando se encontraba en perfectas condiciones
de salud, máxime si se tiene en cuenta que carece de recursos económicos
suficientes para ello.
Referencia: expedientes T-4.577.692,       T-4.580.209,
T-4.580.212 y T-4.595.603 (Acumulados)
Demandantes: Santos Ortiz
Trujillo, Clara Rocío Carvajal Carvajal, José Antonio García Lozada y Luis
Ernesto Fierro Ríos.
Demandados: Bancolombia S.A., Seguros Suramericana
S.A., Banco BBVA Sucursal de El Espinal, BBVA Seguros de Vida de Colombia,
Seguros de Vida Alfa S.A., Banco Comercial AV Villas y Nueva EPS.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Bogotá, D.C., dieciséis
(16) de julio de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Gloria Stella
Ortíz Delgado, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de los fallos
proferidos por los correspondientes juzgados de instancia que resolvieron las
acciones de tutela promovidas
por Santos
Ortiz Trujillo (T-4.577.692), Clara Rocío Carvajal Carvajal (T-4.580.209), José
Antonio García Lozada (T-4.580.212), y Luis Ernesto Fierro Ríos (T-4.595.603).
Estos expedientes fueron escogidos para revisión por la Sala de
Selección Número Once, por medio de Auto de 10 de noviembre de 2014, y
repartidos a la sala cuarta de revisión. Por presentar unidad de materia, en el
mismo auto se ordenó su acumulación para que fueran decididos en una misma
sentencia.
Sin embargo, en vista de que en
dichos asuntos se requirió la verificación de
varios supuestos de hechos que originaron las acciones de tutela presentadas,
por Auto del 24 de febrero de 2015, el magistrado sustanciador ordenó la
práctica de algunas pruebas para mejor proveer en cada caso y, por tanto,
decidió suspender los términos para fallar los procesos de la referencia hasta
tanto la sala de revisión evaluara las pruebas decretadas en los mismos.
I.
ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.577.692
1. La solicitud
El demandante, Santos
Ortiz Trujillo, quien fue valorado con pérdida de capacidad laboral del 50.45%,
presenta acción de tutela contra Bancolombia S.A. y Seguros Suramericana S.A., para
que sean protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad
humana, a la vivienda digna y al debido proceso, los cuales considera
vulnerados por las mencionadas entidades al no hacer efectivo el seguro de vida
que fue tomado en virtud de un crédito hipotecario adquirido con Bancolombia
S.A.[1]
2. Hechos
2.1. El señor Santos
Ortiz Trujillo, de 56 años de edad, era agricultor y adquirió créditos en
diferentes entidades Bancarias, entre ellas Bancolombia S.A., Sucursal
Campoalegre, para ejercer dicha actividad.
2.2. El 23 de marzo de 2007, al actor le fue aprobado por
Bancolombia S.A. el crédito hipotecario No. 8199-2528, el cual fue desembolsado
el 31 de marzo de 2007, teniendo como fecha límite para el pago total de dicha
obligación, el 23 de marzo de 2017. Al momento de la suscripción del mismo,
firmó la póliza de Seguro de Vida de Grupo Deudores No. 77020 con Seguros
Sudamericana S.A., que tenía como objeto amparar los riesgos de muerte e
invalidez del deudor. En caso de ocurrir dichos eventos, la aseguradora pagaría
el saldo insoluto de la obligación.
2.3. No
obstante, y teniendo en cuenta las lesiones y brotes que presentaba en todo el
cuerpo desde abril de 2008, el 19 de septiembre de 2012, la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, dictaminó que el actor
sufría pérdida de capacidad laboral del 50.45% por enfermedad de origen común,
denominada “Pénfigo seborreico”, con fecha de estructuración del 12 de julio de
2012.
2.4. Tras esta
valoración, el 26 de septiembre de 2012, el accionante presentó reclamación
ante la oficina de Seguros Suramericana S.A., dada la existencia de la póliza de
seguro que cubría el riesgo de invalidez. Sin embargo, el 18 de noviembre de
2012, la compañía de seguros decidió objetar la petición del tutelante, pues
consideró que había operado la figura de la terminación automática del contrato
de seguro por el no pago de la prima correspondiente, toda vez que para el 12
de julio de 2012, fecha de estructuración de la invalidez, el accionante
presentaba 17 cuotas en mora de la obligación crediticia, por lo tanto, no había lugar al pago de la indemnización.
2.5. Inconforme
con la anterior decisión, el 18 de diciembre de 2012, presentó
una nueva petición en la que solicitó la reconsideración de la decisión tomada
por la aseguradora, a lo cual esta respondió ratificando su decisión inicial de
no atender favorablemente la solicitud de indemnización, el 14 de enero de
2013.
2.6. Adicionalmente,
manifiesta que Bancolombia S.A. por el incumplimiento de las cuotas mensuales
en el crédito, el 6 de octubre de 2010, instauró demanda ejecutiva en contra
del actor, la cual cursa en el Juzgado Municipal 1° Promiscuo de Campoalegre y,
a la fecha, se encuentra aprobada la liquidación del crédito ejecutado.
2.7. Afirma el
demandante que hasta el momento, ni el banco ni la aseguradora, le han hecho
efectiva la póliza de seguro, lo que le ha generado un gran perjuicio, pues debido
a que su grave estado de salud le impide trabajar, carece de recursos
económicos para pagar el saldo insoluto de la obligación, así como para la subsistencia
de él y su compañera permanente, con el agravante de que su único bien inmueble
se encuentra sujeto a decisión judicial. Por estos motivos, solicita se
protejan sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la igualdad,
al debido proceso y al mínimo vital.
3. Pretensiones
El actor solicita sean amparados sus
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, al debido
proceso y al mínimo vital y, como consecuencia de ello, se ordene a la aseguradora
Seguros Sudamericana S.A. y  Bancolombia S.A., el reconocimiento y pago de la
indemnización de la póliza suscrita en el año 2008, la cual tenía como fin
amparar los riesgos de muerte e invalidez del deudor, por pérdida de capacidad
laboral superior al 50% y, de esta manera, saldar la obligación adquirida.
Así mismo,
solicita que se ordene a Bancolombia S.A. abstenerse de seguir adelantando
cualquier cobro por el saldo insoluto que, con cargo al Seguro Vida de Grupo Deudores
suscrito, deberá cubrir Seguros Suramericana S.A.
4. Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas:
-Copia de la
respuesta emitida por Bancolombia S.A., el 8 de noviembre de 2012, a la
petición formulada por el señor Santos Ortiz Trujillo, el 26 de septiembre  de
2012 (folios 79-80 del cuaderno 2).
-Copia de la
contestación dada por Seguros Suramericana S.A., el 14 de enero 2013, al
reclamo del señor Santos Ortiz, el 18 de diciembre de 2012 (folio 82 del
cuaderno 2).
-Copia de los
escritos dirigidos por el señor Santos Ortiz Trujillo a Bancolombia S.A. y Seguros
Suramericana S.A., el 26 de septiembre de 2012 y el 18 de diciembre de 2012, en
los que solicita se haga efectivo el seguro suscrito al momento de adquirir el
crédito hipotecario y se reconsidere la negativa a la indemnización (folios 78
y 81 del cuaderno 2 ).
-Copia del
dictamen de pérdida de capacidad del señor Santos Ortiz Trujillo, emitido por
la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en el cual se determinó
invalidez del 54.60%, así como de la respectiva notificación (folios 73-77 del
cuaderno 2).
-Copia de la
Historia Clínica del señor Santos Ortiz (folios 13-72 del cuaderno 2).
-Copia del
certificado expedido por Bancolombia S.A. en el que informa que el crédito
hipotecario No. 3200002528, se encuentra en estado judicial (folio 33 cuaderno
1).
-Copia de la
cédula de ciudadanía del señor Santos Ortiz Trujillo (folio 11 del cuaderno 2).
5. Respuesta
de los entes accionados
5.1. Seguros Suramericana
S.A.
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la aseguradora Seguros Suramericana S.A.,
por intermedio de su representante legal, dio respuesta a los requerimientos
expuestos en la tutela, mediante la presentación de un escrito en el que se
opone a las pretensiones del actor.
En primera
medida, indicó que la acción de tutela es improcedente,
toda vez que el accionante cuenta con otros medios judiciales de defensa a los
cuales puede acudir para poner de presente la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales. En consecuencia, respecto del amparo constitucional, señaló que este
no había sido consagrado para impulsar procesos alternativos o especiales, ni
mucho menos para ser entendido como un mecanismo concurrente, adicional o
complementario; por lo que consideró que el actor debe acudir a la jurisdicción
ordinaria para debatir estos asuntos, máxime cuando se trata de contenidos
netamente contractuales y patrimoniales
Igualmente, se opuso
a la solicitud del actor relativa al reconocimiento de la indemnización por el
amparo de incapacidad total y permanente, por cuanto el asegurado fue quien
incumplió con el pago de la prima, así como también con la obligación
crediticia de la que fue beneficiario, por lo que, según el artículo 1068 del
Código de Comercio, se encuentra legitimada para dar por terminado el contrato
de seguro y, como consecuencia, para cancelar la referida póliza de vida a
partir del 31 de diciembre de 2012. Lo anterior, con
fundamento en que a la fecha de estructuración de la invalidez, el accionante
contaba con 17 cuotas en mora.
Así pues, y
teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, afirmó que no existe ninguna
obligación contractual frente a los hechos planteados por el accionante, pues
la compañía obró de manera legal y atendiendo a las condiciones particulares
acordadas dentro del contrato de seguro. Del mismo modo, reiteró que no es
posible que por medio de este mecanismo constitucional se pretenda cobrar unos
dineros cuando no se tiene derecho a ello. Lo que existe es un conflicto legal
y para ello debe acudirse a la jurisdicción ordinaria.
5.2. Bancolombia
S.A., Sucursal Campoalegre (Huila)
El representante
legal de Bancolombia, mediante escrito del 9 de enero de 2014, dio contestación
a la demanda de tutela, manifestando que la presente acción es totalmente
improcedente por falta de legitimación por pasiva, toda vez que consideró que
no es la entidad encargada de verificar o no, el
cumplimiento del contrato de seguro, así como tampoco
de inmiscuirse en  circunstancias ajenas a la relación crediticia, como lo es
la salud del deudor, pues su función se limita solo al ejercicio y uso legítimo
del derecho de crédito.
Por otro lado,
señaló que la acción de tutela se torna improcedente en tanto existen otras vías
y otros mecanismos para discutir asuntos netamente contractuales, como lo es el
incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de seguro.
En relación con
el proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 1º Promiscuo de Campoalegre,
manifestó que el solo hecho de intentarse el cobro legítimo de las sumas debidas,
no puede entenderse como una trasgresión a los derechos fundamentales del
actor, toda vez su actuación se ajusta a las normas sustanciales y procesales
previstas en el ordenamiento jurídico para este tipo de casos.
II.      DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.577.692
1. Primera
instancia
Mediante
sentencia del 10 de enero de 2014, el Juzgado Tercero Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Neiva decidió declarar improcedente
la acción de tutela, al considerar que existen otros medios ordinarios de
defensa. Lo anterior, teniendo en cuenta que en virtud del proceso ejecutivo
adelantado en contra del actor, aquel tiene la oportunidad de presentar
excepciones y de allegar las pruebas que considere pertinentes y conducentes
para soportar su reclamo, por lo que consideró que no era de recibo que el
actor se valiera de la acción de tutela para entrar a sustituir el proceso
judicial que legalmente  se encontraba establecido para ello.
Así mismo,
estimó que las entidades accionadas dieron respuesta oportuna y de fondo a las
solicitudes del actor, solo que no habían sido favorables a sus intereses, por
lo que no evidenció ninguna vulneración a sus derechos.
2.
Impugnación
El señor Santos
Ortiz Trujillo, a través de apoderada judicial y en desacuerdo con la decisión
del a quo, presentó escrito de impugnación, argumentando que las
entidades accionadas han desconocido el precedente constitucional, en la medida
en que no han tenido en cuenta los casos resueltos por esta Corporación en los
cuales se ha sentado el criterio según el cual si existen riesgos de carácter ius-fundamental
y de posición dominante, se legitima a las personas a reclamar el
cumplimiento del contrato de seguro a través de la acción de tutela, máxime
cuando se trata de un sujeto de especial protección constitucional.
De igual forma,
se mostró en desacuerdo con los argumentos esgrimidos por el a quo, ya
que dicha autoridad judicial no había considerado la crítica situación
económica y de salud que atraviesa y que fue la causa del incumplimiento en el
pago de la obligación adquirida.
3. Segunda
instancia
Mediante
sentencia de 18 de febrero de 2014, el Juzgado Segundo Penal del Circuito para
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Neiva confirmó la decisión
impugnada. En dicha providencia, el fallador ad quem
consideró que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir
asuntos comerciales y contractuales, por lo que no se cumple con el requisito
de subsidiariedad de la acción y, por consiguiente, el amparo es improcedente.
Adicionalmente, indicó que el actor no probó la existencia de un perjuicio
irremediable.
III. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.577.692
Mediante auto de
26 de febrero de 2015, el magistrado sustanciador consideró
necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso
de la referencia y mejor proveer en dicho asunto. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO.-
Por Secretaría General, OFICÍESE al señor Santos Ortiz Trujillo,
ubicado en la Calle 16ª Nº 17 A-22 del Municipio de Campoalegre, (Huila), para
que, en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de
este Auto, se
sirva informar a esta Sala:
·
Cuál es la fuente de sus ingresos y su monto.
·
Si tienen personas a cargo, indicando cuántos
y quiénes?
·
Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos?
·
Cuál es el estado actual de cada una de las
deudas adquiridas con las diferentes entidades bancarias?
·
Indique si se hizo efectivo el reconocimiento
y pago de las pólizas de seguros suscritas por cada uno al momento de adquirir
el compromiso crediticio referido en sede de tutela?
Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación
que soporta su respuesta al presente requerimiento”.
El 9 de marzo de
2015, mediante escrito remitido al despacho del magistrado sustanciador, el señor
Santos Ortiz Trujillo intervino en el proceso de la referencia, pronunciándose frente
a lo solicitado por la Corte, mediante auto de 26 de
febrero de 2015.
En lo que atañe
a su situación económica, señaló que es precaria, toda vez que  la actividad
laboral a la que se dedicaba era la agricultura y por su enfermedad le fue
imposible seguir ejerciéndola y, a la fecha, no cuenta con ingreso económico
alguno.
Seguidamente, se
pronunció acerca de las personas que conforman su núcleo familiar, frente a lo
cual indicó que vive con su esposa, quien se encuentra en delicado estado de
salud  y, al igual que él, no le es posible laborar.
Sobre el derecho
de dominio que pudiera tener sobre bienes muebles o inmuebles, señaló que el
único bien inmueble que posee es la vivienda en donde reside con su esposa. No
obstante, adujo que se encuentra embargada como consecuencia a la demanda
ejecutiva instaurada en su contra.
Aunado a lo
anterior, en relación al estado actual de sus deudas, manifestó que se
encontraba vetado en las bases de datos de las diferentes entidades bancarias
donde había obtenido obligaciones crediticias, esto es, con la expresión de “cartera
castigada y estado judicial hasta 4 años”.
Finalmente, respecto
del reconocimiento de la póliza de seguro suscrita para el cubrimiento del
saldo insoluto de la deuda, afirmó que hasta el momento, ni el banco ni la
aseguradora, le han reconocido el pago del seguro, lo que conlleva que la
obligación crediticia se encuentre aún vigente.
IV. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.580.209
1. La solicitud
A través de
agente oficioso, la señora Clara Rocío Carvajal Carvajal quien fue calificada
con pérdida de capacidad laboral del 61.58%, presenta acción de tutela contra el
Banco BBVA de El Espinal, BBVA Seguros de vida de Colombia y Nueva EPS, con el
propósito de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital,
a la dignidad humana y a la salud, los cuales considera lesionados por dichas entidades.
Frente a las dos primeras, al no hacer efectiva la póliza de Seguro de Vida de
Grupo Deudores suscrita, por considerar que había operado la figura de la reticencia[2];
y respecto de la última, al no brindarle la atención médica integral requerida
por ella y su núcleo familiar.
2. Hechos
2.1. La señora Clara
Rocío Carvajal Carvajal, de 44 años de edad, trabajaba como Analista de Gestión
Temprana en la entidad bancaria Caja Social del Municipio de El Espinal.
Mientras ejercía esas funciones, adquirió cuatro créditos con el Banco BBVA
Sucursal de El Espinal. El primero de ellos, fue el crédito No. 9600100320, del
31 de mayo de 2010, por la suma de diez millones de pesos ($10’000.000); el
segundo, responde al crédito No. 9600115385, del 25 de febrero de 2011, por un
valor de trece millones de pesos ($13’000.000); el tercero, el crédito No.
9600132661, del 23 de febrero de 2012, por un monto de veintinueve millones
treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($29’034.564) y, el cuarto,
correspondiente al No. 9600133305, del 24 de febrero de 2012, por un valor de
cuatro millones cuatrocientos setenta mil pesos ($4’470.000).
2.2.
Para respaldar las referidas obligaciones crediticias, la accionante suscribió
la póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores No. 110043 con la entidad BBVA
Seguros de Vida Colombia, que tenía por objeto amparar los riesgos de muerte e
invalidez total y permanente. En caso de que ocurriera alguno de estos eventos,
la aseguradora pagaría el saldo insoluto de la obligación adquirida con el Banco
BBVA de El Espinal.
2.3. En cuanto al
crédito No. 9600132661, del 23 de febrero de 2012, señaló que fue utilizado para
la adquisición de una vivienda ubicada en el Barrio Guayacán del Municipio de El
Espinal, afectada con hipoteca de primer grado a favor del Banco BBVA como
entidad acreedora, la cual es destinada para residir junto con  sus dos hijos
de 17 y 20 años de edad.
2.4. Según historia
clínica de la Nueva EPS, desde el año 2009, la señora Clara Carvajal, en
reiteradas ocasiones, acudió a esa entidad por presentar fuertes dolores de
cabeza. No obstante, solo hasta el 29 de septiembre de 2011, se registró que la
agenciada presentaba antecedentes de “ansiedad y depresión”, para lo
cual se le ordenó el tratamiento médico pertinente.
2.5. Así pues, el 19
de marzo de 2013, Colpensiones, Seccional Ibagué, calificó a la accionante con
pérdida de capacidad laboral del 61.58% por enfermedad de origen común
denominada “trastorno mixto de ansiedad y depresión”, con fecha de
estructuración del 21 de septiembre de 2012. En consecuencia, mediante Resolución
No. 132452 de 2013, le reconoció pensión de invalidez  por valor de un millón
ciento noventa y un mil doscientos noventa y ocho pesos ($1.191.298).
2.6. Por este motivo, el
7 de junio de 2012, la señora Clara Carvajal solicitó a la compañía BBVA Seguros
de Vida Colombia y al Banco BBVA Sucursal de El Espinal, el pago de la póliza
en razón de haber acaecido el riesgo amparado, esto es, el de invalidez total y
permanente. Sin embargo, el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2012, la
entidad crediticia y la aseguradora decidieron negar el reconocimiento de la
respectiva indemnización, argumentando que la accionante, al momento de suscribir
la póliza, no informó acerca de los antecedentes clínicos que venía presentando
desde el año 2009.
2.7. El 22 de agosto
de 2013, presentó nueva solicitud a fin de lograr la  reconsideración sobre la decisión
tomada por la aseguradora, ya que si bien le había hecho efectiva la póliza de
seguro y cancelado el saldo insoluto de los créditos No. 9600100320 y No. 9600115385
del 31 de mayo de 2010 y 25 de febrero de 2011, respectivamente, seguían
pendientes los créditos                   No. 9600132661 y No. 9600133305
desembolsados el 23 y 24 de febrero de 2012, todo ello porque según la entidad
financiera la actora había sido reticente al momento de informar sobre
su estado de salud; razón por la cual, el 7 de marzo de 2013, resolvió
confirmar la decisión inicial.
2.8 Finalmente,
expresa que es madre cabeza de familia y tiene a su cargo la alimentación y
educación de sus hijos Juan Camilo y Edgar Felipe Pérez Carvajal, de 17 y 20
años de edad, respectivamente, precisando que el último padece un retraso
mental grave y, como consecuencia, según el dictamen de medicina laboral de la
Nueva EPS, presenta pérdida de capacidad laboral del 60.20%. Por estas razones,
y en vista de que el monto de la pensión de invalidez que recibe no le alcanza
para cubrir las anteriores obligaciones, así como tampoco para seguir
cumpliendo con el pago de los créditos descritos, solicita que se le protejan
sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vivienda digna, al mínimo
vital, y a la salud.
3. Pretensiones
Con fundamento en los hechos narrados, la agenciada solicita sean
amparados los derechos fundamentales a la dignidad
humana, a la vivienda digna, al mínimo vital y a la salud de ella y de su núcleo familiar y, en consecuencia, se ordene al
Banco BBVA, Sucursal de El Espinal, y BBVA Seguros de Vida Colombia, realizar el
pago de los saldos insolutos vigentes en las obligaciones crediticias No. 9600132661 y No. 9600133305 del 23 y 24 de febrero de 2012, respectivamente,
así como el reintegro de las cuotas canceladas a partir del 21 de septiembre de
2012; y a la Nueva EPS, que autorice el tratamiento
integral requerido.
4. Pruebas
En el expediente obran las siguientes pruebas:
-Copia de la
respuesta dada por el Banco BBVA Sucursal de El Espinal, el 29 de agosto de
2012, a la petición elevada el 7 de junio de 2012, por la señora Clara Carvajal
Carvajal (folio 17 del cuaderno 2).
-Copia de la
contestación de fecha 5 de septiembre de 2012, emitida por BBVA Seguros de Vida
Colombia al reclamo presentado por la actora, el 7 de junio de 2012 (folio 18
del cuaderno 2).
-Copia de la
respuesta del 22 de agosto de 2012, surtida por la Aseguradora BBVA Seguros
Vida Colombia, con relación a la solicitud presentada por el Banco BBVA, Sucursal
de El Espinal, para que se hiciera efectiva la póliza de vida de grupo deudores
No.0110043 (folio 16 del cuaderno 2).
-Copia del
escrito de reconsideración dirigido por  la señora Clara Rocío a BBVA Seguros
de Vida Colombia, el 22 de agosto de 2013, en el cual solicita hacerse efectiva
la póliza de seguro de vida suscrita para las obligaciones crediticias No. 9600132661 y No. 9600133305, del 23 y 24 de febrero de 2012,
respectivamente (folio 11 del cuaderno 2).
-Copia de la
contestación de fecha 17 de septiembre de 2013, dada por el BBVA Seguros de
Vida Colombia, a la solicitud de reconsideración elevada por la actora, el 22
de agosto de 2013 (folio 19 del cuaderno 2).
-Copia del
acápite de condiciones generales suscritas en la póliza de Seguro de Vida Grupo
Deudores No. 0110043, en el que se evidencian los riegos amparados por la misma
(folios 20-21 del cuaderno 2).
-Copia del
dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, en el cual se determinó que la señora Clara Carvajal
Carvajal, presenta pérdida de capacidad laboral del 54.60% (folios 22-25 del
cuaderno 2).
-Copia de los
extractos bancarios y estado actual de los créditos                     No. 9600132661 y No. 9600133305, sobre los cuales se requiere hacer
efectivo el beneficio de la póliza (folios 26-27 del
cuaderno 2 y 34 y 35 del cuaderno 1).
-Copia de la
certificación expedida, el 9 de mayo de 2014, por Colpensiones, en la que se informa
el monto de la pensión de invalidez reconocida a la señora Clara Carvajal (folio
28 del cuaderno 2).
-Copia de los registros
civiles de nacimiento e identificaciones de Juan Camilo
y Edgar Felipe Pérez Carvajal, hijos de la señora Clara Carvajal (folios 29-33 del cuaderno 2).
-Copia del certificado
y dictamen de pérdida de capacidad laboral de Edgar Felipe Pérez Carvajal, de
20 años de edad, emitido por la Nueva EPS       (folios 23-27 del cuaderno 1).
-Copia del certificado
de tradición y libertad en el que se evidencia la situación jurídica del bien
inmueble ubicado en el Barrio Guayacán del Municipio El
Espinal, vivienda actual de la señora Clara Carvajal (folio
32-33 del cuaderno 1).
-Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Clara Rocío Carvajal Carvajal (folio 31 del
cuaderno 2).
5. Respuestas de las entidades accionadas
5.1. Banco BBVA Sucursal de El Espinal
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, el Banco BBVA Sucursal  de El Espinal, a través de su apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de
la accionante. En su criterio, la entidad acreedora no vulneró de ninguna forma
los derechos fundamentales de la peticionaria, principalmente, porque consideró
que el asunto objeto de debate contractual tiene que ver con una actividad que
la entidad no está facultada para desarrollar, como es la actividad
económica aseguradora, por lo que al no haber fungido como entidad
aseguradora sino como entidad otorgadora de productos financieros, no
está obligada constitucional, legal, ni contractualmente a reconocer indemnización
alguna.
Por otro lado,
adujo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de
tutela, toda vez que esta no se había instituido para atender discrepancias y
conflictos económicos o patrimoniales que deben dirimirse por otras vías judiciales,
máxime cuando, en materia de seguros, la acción de tutela resulta improcedente.
Para finalizar,
sostuvo que teniendo en cuenta que la asegurada no había cumplido con su obligación
de declarar en forma fidedigna sobre su estado de salud y antecedentes
clínicos, resulta aún más gravoso e imposible el reconocimiento y pago del
saldo insoluto de las obligaciones adquiridas, toda vez que la actuación de la
agenciada había estado precedida de mala fe.
5.2. BBVA Seguros de Vida de Colombia
El señor Carlos
Mario Garavito, actuando como representante legal de BBVA
Seguros Vida de Colombia, se pronunció oponiéndose a
las pretensiones de la señora Carvajal. Como primera medida, insistió en el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad de la referida acción de amparo,
por cuanto consideró que si bien la accionante ostentaba la calidad de
“consumidor financiero”, podía acudir a instancias distintas como lo son el
Defensor del Consumidor y/o la Superintendencia Financiera de Colombia, para
hacer efectivos sus derechos, además de las acciones que pueden proceder ante
la jurisdicción ordinaria civil.
En segundo lugar,
se refirió a la naturaleza misma del caso en concreto, pues señaló que, teniendo
en cuenta que las compañías aseguradoras son sociedades comerciales que “no
prestan un servicio público” y que sus intereses son netamente privados, hace
que la controversia jurídica responda a una situación meramente contractual y,
por tanto, debe debatirse en la jurisdicción ordinaria.
Por otro lado,
en cuanto a la solicitud de hacer efectiva la póliza de seguro de vida suscrita
para el pago insoluto de las obligaciones adquiridas en caso de muerte o
incapacidad total y permanente, señaló que la actora incurrió en la figura de
la reticencia, toda vez que al momento de adquirir el seguro, omitió informar acerca
del trastorno de ansiedad y depresión del que había sido diagnosticada en el año
2009, circunstancia que afectaba directamente el contrato de seguro, pues se
había amparado un nivel de riego menor al que en realidad se asumió. Por tales
razones, se generó la nulidad relativa del contrato de seguro y, por
consiguiente, la cancelación de la póliza de vida, lo anterior, teniendo como
fundamento el artículo 1058 del Código de Comercio que establece: El  tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o
circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que
le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos
o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de
celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen
la nulidad relativa del seguro.
Así mismo,
señaló que la enfermedad causante de la invalidez, se encuentra dentro de las exclusiones
contenidas en la póliza de seguro suscrita, circunstancia que la exime de la
obligación de indemnizar. Sobre el particular sostuvo que:
“Adicionalmente en el anexo de incapacidad total temporal que se
adhiere a la Póliza de seguro de vida de Grupo Deudores No. 0110043, en el
numeral 2. Exclusiones, se contempla que la compañía no será responsable de
pago alguno por reclamaciones presentadas con relación a: 3. Enfermedades
psíquicas o mentales del Asegurado, cualquier clase de herida o várices” [3].
5.3. Nueva
EPS
El señor Wilmar
Rodolfo Lozano Parga, en calidad de Gerente Zonal de la Nueva EPS Seccional
Tolima, dio respuesta a los requerimientos efectuados en sede de revisión, oponiéndose
a las pretensiones de la acción de tutela, pues consideró que a la accionante
se le han prestado todos los servicios médicos y demás tratamientos que ha
requerido según su diagnóstico. Señaló, además, que no es dable que el juez de
tutela emita ordenes futuras para la protección de derechos que no han sido
vulnerados o amenazados en ninguna de sus formas, pues la acción de tutela no
es procedente para el amparo de hechos futuros o inciertos, luego, que la
actora pretenda el reconocimiento y autorización del tratamiento integral
cuando este no ha sido prescrito por médico tratante alguno, así como tampoco
se ha evidenciado la necesidad del mismo, hace que su pretensión se fundamente
en un hecho incierto y, en consecuencia, la acción de tutela se torne improcedente.
V. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.580.209
1. Primera
instancia
Mediante
sentencia del 25 de junio de 2014, el Juzgado Tercero Civil Municipal de El Espinal
(Huila), negó el amparo pretendido por Clara Rocío Carvajal, al considerar que:
(i) no se encontró prueba
que justificara la reticencia en que esta incurrió al momento de informar sobre
el estado del riesgo a asegurar; (ii) el pago de las obligaciones
crediticias contraídas con la entidad financiera, utilizando el producto de la pensión
de invalidez, no vulnera los derechos a la vida digna y al mínimo vital y móvil
de la accionante, ya que no alcanza a impedir sufragar los gastos de
manutención de su núcleo familiar y; (iii) no se vislumbró una afección
real e inminente al derecho de salud de la accionante, toda vez que la Nueva
EPS no ha dejado de prestar la atención médica requerida por esta.
Por tales
motivos, adujo que no era viable otorgar el tratamiento integral pretendido, por
cuanto una decisión de esa naturaleza desbordaría el alcance de la acción de
tutela.
2. Impugnación
La demandante,
impugnó el anterior fallo y expresó las razones por las cuales se encontraba en
desacuerdo con la decisión proferida por el ad quo. En primer lugar, sostuvo
que la aseguradora, junto con la entidad financiera, habían adoptado una conducta
dolosa frente a la interpretación dada al artículo 1058 del Código de Comercio,
por cuanto no tuvieron en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que padecía,
estas son: ( i) presentar un 61.58% de pérdida de capacidad laboral por
enfermedad común; (ii) ser madre cabeza de familia y tener a cargo dos
hijos, de los cuales uno es menor de edad y el otro presenta una invalidez del
60.20% por enfermedad mental grave y; (iii) contar con una pensión de
invalidez de un millón ciento noventa y un mil doscientos noventa y ocho pesos
($1.191.298) para cubrir los gastos que se derivan de alimentación, estudio,
atención en salud, transporte, gastos de servicios públicos y pago de obligaciones
crediticias; circunstancias que harían procedente la acción de tutela en
materia de seguros.
En segundo lugar,
señaló que el Banco BBVA, Sucursal de El Espinal, junto con BBVA Seguros de Vida
Colombia, tenían por carga la de desvirtuar su estado de salud y situación
económica, lo cual no hicieron en el tiempo que contaban para ello. Por tales
motivos, resultaba desproporcionada y violatoria la decisión proferida por el
juez de primera instancia.
3. Segunda
instancia
El Juzgado
Primero Civil del Circuito de El Espinal (Huila), mediante sentencia proferida
el 21 de julio de 2014, desestimó las razones de la alzada y confirmó el fallo
de primera instancia, al considerar que en el caso sub examine no se
cumple con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, así como
tampoco con lo dispuesto por la jurisprudencia constitucional respecto del tema
de Seguro de Vida de Grupo Deudores, pues en Sentencia T-642 del 16 de agosto
de 2007[4],
se expresó la imposibilidad de hacer efectiva la póliza mediante la acción
constitucional y por tanto, se aconsejó al interesado adelantar los respectivos
trámites ante la justicia ordinaria civil, o en su defecto, ante el Defensor
del Consumidor Financiero y/o Superintendencia Financiera, todo ello, debido a
que la acción de tutela no podía sustituir a la justicia ordinaria.
Por otro lado,
adujo que si bien la pretensión de la accionante tiene por objeto que la aseguradora
cubriera el pago de los créditos No. 9600132661 y          No.
9600133305, con fundamento a la declaratoria de invalidez por trastorno mixto
de ansiedad y depresión, revisando las condiciones generales suscritas en la póliza,
este riesgo se encuentra excluido expresamente de los amparos que se cubren,
esto es, con el término de “enfermedades psíquicas” consagrado en la cláusula
3.3 del contrato[5].
Por consiguiente, consideró el juez de instancia que, tratándose de un asunto
contractual, debe acudirse ante la jurisdicción ordinaria.
VI. PRUEBAS
DECRETADAS POR LA CORTE DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.580.209
A través de auto
del 26 de febrero de 2015, el magistrado sustanciador consideró
necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso
de la referencia y mejor proveer en dicho asunto. En consecuencia, resolvió lo
siguiente:
“PRIMERO.-
Por Secretaría General, OFICÍESE a la  señora Gloria María Carvajal
Carvajal en representación de Clara Rocío Carvajal Carvajal, ubicado en la Manzana
22 casa 16 Barrio Balcanes, para que, en el término de tres (3) días contados a
partir de la notificación de este Auto, se sirva informar a esta Sala:
·
Cuál es la fuente de sus ingresos y su monto.
·
Si tienen personas a cargo, indicando cuántos
y quiénes?
·
Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos?
·
Cuál es el estado actual de cada una de las
deudas adquiridas con las diferentes entidades bancarias?
·
Indique si se hizo efectivo el reconocimiento
y pago de las pólizas de seguros suscritas por cada uno al momento de adquirir
el compromiso crediticio referido en sede de tutela?
Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación
que soporta su respuesta al presente requerimiento”.
La señora Gloria
Carvajal, actuado como agente oficioso de su hermana Clara Roció Carvajal
Carvajal, mediante escrito remitido a esta Corporación,
el 5 de marzo de 2015, se pronunció frente a lo solicitado por la Corte,
así:
En relación con
la condición económica de la agenciada, indicó que su única fuente de ingresos
corresponde a la pensión de invalidez que le fue reconocida y de la cual solo
recibe –realizando el respectivo descuento de seguridad social en salud de ella
y sus hijos–, la suma de un millón cuarenta y ocho mil trecientos noventa y
ocho pesos ($1’048.398); lo anterior, sin contar los demás gastos que se
derivan del diario vivir.
Por otro lado,
manifestó que una vez su hermana enfermó tuvo que asumir el cuidado de ella y de
sus dos hijos, Edgar Felipe, de 20 años de edad, que presenta una invalidez del
62.20%, y Juan Camilo Pérez Carvajal, menor de edad.
En cuanto al
patrimonio económico de la agenciada, indicó que solo tiene a su nombre el bien
inmueble que había obtenido con ocasión del crédito              No.
357960013266, el cual, se encuentra afectado con hipoteca a favor de la entidad
crediticia, Banco BBVA Sucursal de El Espinal. Además, afirmó que la vivienda
se destinó para uso propio, razón por la cual no recibe renta alguna.
Sobre el estado actual de las deudas, señaló que se encuentra en mora, toda
vez que a la fecha las accionadas no le han reconocido el pago del seguro. Así
mismo, expresó su inconformidad con relación a los argumentos expuestos por
ambas entidades para negarse a hacer efectiva la póliza se seguro y como
consecuencia obligarse al pago insoluto de las obligaciones, por cuanto consideró
que si bien su hermana fue calificada con pérdida de capacidad laboral por
enfermedad de origen común, esta tenía por fecha de estructuración el 21 de
septiembre de 2012, por lo que no podían en ninguna forma alegarse una
reticencia o inexactitud en la información dada a la aseguradora sobre su
verdadero estado de salud cuando los créditos habían sido desembolsados el 23 y
24 de febrero de 2012.
VII. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.580.212
1. La solicitud
El accionante, José Antonio García Lozada, quien fue
calificado con pérdida de capacidad laboral del 70.66%,
presentó acción de tutela contra Seguros de Vida Alfa S.A., con el propósito
de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad
humana, los cuales considera vulnerados por dicha entidad, al no hacer efectiva
la póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores por invalidez total y permanente, que
fue tomada en virtud de la obligación crediticia No.
157036131. Lo anterior, con el objetivo de cancelar el
saldo insoluto de la deuda, pues consideraron que había operado la figura de la
reticencia, consagrada en el artículo 1058 del Código de Comercio.
2. Hechos
2.1.
El señor José Antonio García Lozada, de 45 años de edad, en calidad de militar
en reserva[6]
del Ejército Nacional, sostuvo que en el año de 2011 fue beneficiario de un
crédito por parte del Banco de Bogotá.
2.2.
Indica que en el mes de enero de 2013, debido a la difícil situación económica
que afrontaba su núcleo familiar, solicitó un nuevo crédito ante la referida
entidad financiera, la cual, el 1° de febrero de 2013, le otorgó y desembolsó, mediante
crédito No. 157036131, la suma de cuarenta millones seiscientos mil pesos ($40’600.000).
Esta obligación se pagaría en cuotas mensuales que se descontarían directamente
de su salario a través de la  modalidad de libranza.
2.3.
Para amparar dicha obligación crediticia, suscribió la póliza de seguro No. GRD-460,
la cual operaría por muerte, incapacidad total y permanente, desmembración o
enfermedades graves. En caso de que ocurriera alguno de estos eventos, la
aseguradora pagaría el saldo insoluto de la obligación adquirida con la misma
entidad financiera.
2.4.
Así mismo, señala que en la declaración de asegurabilidad, la aseguradora
suministró un cuestionario en el que se le preguntaba si sufría algún tipo de
enfermedad de las que allí se mencionaban, a lo cual respondió que se encontraba
a la espera de valoración por parte de la junta médica de sanidad del Ejercito
Nacional, declaración que omitió la aseguradora para seguir con el trámite
respectivo.
2.5.
Manifiesta, que en razón de la solicitud presentada para la realización de una
nueva junta médica como consecuencia del cambio de militar de carrera en
servicio activo a la situación administrativa de reserva, en el mes de
noviembre del 2011, la Dirección de Sanidad del Ejercito Nacional, mediante
acta médico laboral del 26 de agosto de 2013 y notificada el 25 de septiembre
del mismo año, lo calificó con pérdida de capacidad laboral del 70.66% por las
enfermedades de origen común: “Gastritis crónica, meniscopatía interna de
rodilla izquierda, hipotiroidismo, Tendinitis y otras”.
2.6.
En consecuencia, y tras haberse declarado su incapacidad total y permanente,  el
26 de mayo de 2014, presentó solicitud ante la Unidad de Libranzas del Banco de
Bogotá, con el fin de que, como beneficiario y asegurado, se efectuara el pago del
saldo insoluto de la deuda. Sin embargo, el 10 de junio de 2014, Seguros de Vida
Alfa S.A., en atención a la remisión realizada por la entidad financiera, negó el
pago de la respectiva póliza, argumentando que en la documentación allegada se
habían encontrado dos conceptos médicos de la Dirección de Sanidad del Ejército
Nacional, anteriores a la suscripción de la póliza.
2.7.
Finalmente, expresó que si bien le habían sido practicados algunos exámenes
médicos por parte de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, solo uno,
esto es, el del 23 de octubre de 2012, corresponde a un año anterior a la fecha
en que suscribió la póliza de seguro del mes de febrero de 2013, ya que los
demás fueron realizados después de mayo de 2013, fecha a partir de la cual,
presentaba antecedentes de “hipotiroidismo primario”
3. Pretensiones
Con fundamento en los hechos narrados,
el actor solicita que le sean amparados los derechos fundamentales a la
dignidad humana, al mínimo vital y al debido  proceso y, en consecuencia, se
ordene a la aseguradora Seguros de Vida Alfa S.A., asumir el pago del saldo
insoluto del crédito libranza No. 157036131, en virtud de la póliza de seguro
suscrita, la cual tenía por objeto amparar los riesgos de muerte e incapacidad
del deudor. Lo anterior, por haber sido calificado con pérdida de capacidad
laboral del 70.66%.
4. Pruebas
En el expediente obran las siguientes pruebas:
-Copia del
escrito de solicitud dirigida por el señor José García al Banco de Bogotá, el
26 de mayo de 2014, en el cual solicita se haga efectiva la póliza de seguro de
vida suscrita para la obligación crediticia No.
157036131 del 1° de febrero de 2013 (folio 6 del
cuaderno 2).
-Copia de la
solicitud del 5 de junio de 2014, elevada por el Banco de Bogotá en calidad de
tomador de la póliza de seguro a Seguros de Vida Alfa S.A., con el fin de hacer efectiva la misma para el amparo del riesgo de
incapacidad total y permanente (folios 49-50 del cuaderno 2).
-Copia de la
respuesta suministrada al señor José Antonio García Lozada por Seguros de Vida Alfa S.A., el 10 de junio de 2014, a su
petición del 26 de mayo de 2014 (folio 7-9 del cuaderno 2).
-Copia de la póliza
de seguro de vida de grupo deudores GRD No 460, en la que se evidencian las
condiciones de los riegos amparados (folios 51-59 del cuaderno 2).
-Copia del dictamen
de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de fecha de 26 de agosto de 2013, en el cual se le calificó al
señor José García con invalidez del 54.60% (folios 11-12 del cuaderno 2).
-Copia de los
conceptos médicos emitidos por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
del 23 de octubre de 2012 y 8,18 y 20 de mayo de 2013, así como de la historia
clínica del señor José García (folios 13-19 del cuaderno 2).
-Copia del
certificado de la asignación mensual del señor José Antonio García como militar
en estado de reserva y sus respectivos descuentos (folios 10 del cuaderno 2 y
17 del cuaderno 1)
-Copia de recibos
de pago de otras obligaciones crediticias adquiridas tales como ICETEX, tarjetas
Visa y MasterCard del Banco Occidente, así como del pago de pensión al
Instituto Santa Teresita (folios 21-25 del cuaderno 1).
-Copia de las
identificaciones de María Alejandra (menor de edad) y Sergio
Andrés García Castillo, hijos del señor José Antonio
García Lozada (folios 19-20 del cuaderno 2).
-Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Miryam Castillo Angulo, esposa del señor José
García ( folio18).
-Copia de la
cédula de ciudadanía del señor José Antonio García Lozada (folio 1 del cuaderno
1).
5. Respuesta de la entidad accionada
5.1 Seguros de Vida Alfa S.A.
Dentro de la
oportunidad procesal respectiva, la entidad accionada consideró que la acción
de tutela elevada por el señor José Antonio García debía tenerse en todas sus
formas por improcedente. Lo anterior, considerando que no le asiste derecho al
actor para reclamar la indemnización proveniente del contrato de seguro
celebrado, toda vez, que si bien existe una cobertura para
incapacidad total y permanente, esta se manifestó y ocasionó tiempo antes de la
suscripción de la póliza, pues, según los antecedentes médicos relacionados con
“tendinitis e hipotiroidismo primario”, estos corresponden a los meses de
febrero y septiembre de 2011 y la vigencia de la póliza inició el 1º de julio
de 2013, extendiéndose hasta el 1º de julio de 2014 . Por tal razón, la
demandada  encuentra una falta grave por parte del actor al no haber dado a
conocer a la aseguradora su verdadero estado de salud, pues de haberlo hecho,
se habrían pactado condiciones más onerosas o incluso abstenido de celebrar el
contrato de seguro.
Por todo lo
anterior, concluyó que no era posible hacer efectiva la póliza de seguro de
vida suscrita, toda vez que se había generado la nulidad relativa del contrato
de seguro de que trata el artículo 1058 del Código de Comercio como
consecuencia a la reticencia e inexactitud en la que incurrió el señor García
al momento de declarar sobre su verdadero estado de salud.
VIII. DECISIÓN
JUDICIAL QUE SE REVISA DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.580.212
Decisión de única
instancia
Mediante
sentencia del 26 de junio de 2014, el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bucaramanga
decidió declarar improcedente la acción de tutela, al
considerar que existían otros medios ordinarios de defensa. Al respecto, el a quo consideró que si bien lo que
se buscaba era controvertir la validez de un contrato de seguro, la acción de tutela
no era la vía idónea para resolver este tipo de casos, pues existiendo un proceso
judicial legalmente previsto para ello, debía acudirse a ese mecanismo
preferente.
Adicionalmente,
expresó que no se evidencia un peligro grave e inminente en cabeza del
accionante que no pudiera ser resulto por la jurisdicción ordinaria civil.
IX. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.580.212
A través de auto
de 26 de febrero de 2015, el magistrado sustanciador consideró
necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes de los
procesos en referencia y mejor proveer sobre el asunto. En consecuencia,
resolvió lo siguiente:
“PRIMERO.-
Por Secretaría General, OFICÍESE al señor José Antonio García
Lozada, ubicado en la Carrera 22 No 151-40 Manzana A casa 06 Barrio San Ángel,
Floridablanca, para que, en el término de tres (3) días contados a partir de la
notificación de este Auto, se
sirva informar a esta Sala:
·
Cuál es la fuente de sus ingresos y su monto.
·
Si tienen personas a cargo, indicando cuantos
y quienes?.
·
Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, de donde derivan sus ingresos económicos?
·
Cuál es el estado actual de cada una de las
deudas adquiridas con las diferentes entidades bancarias?
·
Indique si se hizo efectivo el reconocimiento
y pago de las pólizas de seguros suscritas por cada uno al momento de adquirir
el compromiso crediticio referido en sede de tutela?
Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación
que soporta su respuesta al presente requerimiento”.
El
señor José Antonio García, mediante escrito del 9 de marzo de 2015, dio
respuesta a los anteriores requerimientos. En relación con la fuente de sus
ingresos, adujo que, debido a la asignación de retiro que le fue otorgada como
consecuencia de su paso de Sargento Primero en servicio activo a situación de
reserva, en la actualidad devenga la suma de dos millones cuatrocientos tres
mil seiscientos treinta y cinco pesos ($2’403.635), más seiscientos mil pesos
($600.000) por turnos que realiza como vigilante.
Ahora
bien, sobre las personas que tiene a cargo, así como las que integran su núcleo
familiar, señaló que son su esposa, Miryan Castillo Angulo y sus dos hijos,
Sergio Andrés, quien adelanta séptimo semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad
de Santander (UDES) y por el cual cancela un crédito en el ICETEX, y María
Alejandra Catillo Angulo, de 12 años de edad, estudiante del Instituto Santa
Teresita de Floridablanca.
Seguidamente,
afirmó que el único bien inmueble que tiene a su nombre es la vivienda en donde
actualmente vive junto con su núcleo familiar, no obstante confesó tener dos
bienes muebles, estos son, un automóvil marca Symbol, modelo 2007 de placas EJ-C986
y una motocicleta con matrícula GFW40, el primero de ellos valorado por la suma
de diez millones de pesos ($10’000.000) y el segundo por un millón cuatrocientos
mil pesos ($ 1’400.000), de los cuales aduce no recibir ninguna renta.
En
lo que concierne al estado actual de las deudas adquiridas con las diferentes
entidades bancarias, señaló que con el Banco de Bogotá contrajo una deuda de
treinta y cuatro millones de pesos ($34’000.000), sobre la cual paga un cuota
mensual de novecientos ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos ($908.756)
que se extiende hasta el mes de marzo de 2018. Con la entidad financiera, Banco
de Occidente, por concepto de tarjetas de crédito (Visa y MasterCard), indicó
que adeuda un total de veintisiete millones quinientos mil pesos ($27’500.000),
para la cual debe cancelar una cuota de un millón trescientos ochenta y nueve
ml pesos ($1’389.000). En lo que respecta al préstamo estudiantil con el ICETEX,
refirió que debía cancelar una cuota por un valor de trescientos setenta y ocho
mil seiscientos once mil pesos ($378.611), sumado a ello, asume el pago de la
pensión y ruta escolar de su hija menor de edad, por la suma de doscientos
setenta y seis mil pesos ( $276.000) mensuales.
Por
lo anterior, y teniendo en cuenta su precario estado de salud, solicitó hacer
efectiva la póliza de seguro suscrita con la cual se amparaba el riesgo de
incapacidad total y permanente, todo ello con el fin de que se cancelara el
saldo insoluto de la deuda adquirida con el Banco de Bogotá, pues adujo que a
la fecha, no se ha hecho efectivo tal reconocimiento.
X. ANTECEDENTES DEL EXPEDIENTE T-4.595.603
1. La
solicitud
Luis Ernesto
Fierro Ríos, quien fue valorado con pérdida de capacidad laboral del 76.83%, presentó
acción de tutela contra Bancolombia S.A., Banco
Comercial AV Villas, Banco Caja Social BCSC, Seguros de Vida Alfa S.A. y
Compañía Seguros Suramericana S.A., para que sean protegidos sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana, al debido proceso y a la
vivienda digna, los cuales considera lesionados por las mencionadas entidades,
al no hacer efectivas las pólizas de Seguro de Vida Grupo Deudores que fueron
tomadas en virtud de créditos adquiridos con las entidades bancarias, así como
de haberse adelantado procesos ejecutivos en su contra.
2. Hechos
2.1. Manifiesta
el señor Luis Ernesto Fierro Ríos, que cuenta con 69 años de edad, y desde el
2006 le fue reconocida por el ISS, hoy Colpensiones, una pensión de vejez por
la suma de ochocientos setenta y seis mil setecientos doce pesos ($ 876.612),
monto que al efectuarse los respectivos descuentos legales, se disminuye a
trecientos noventa y tres mil setecientos diecisiete pesos ($ 393.717).
2.2. Señaló el
actor que encontrándose en buenas condiciones económicas
y de salud, acudió al Banco AV Villas, Banco Caja Social BCSC y Bancolombia
S.A., entidades que luego de haber realizado un riguroso estudio, accedieron a
aprobar y desembolsar los créditos solicitados.
2.3. Informó que
para respaldar y amparar los créditos que le habían sido otorgados se vio
obligado a suscribir las respectivas pólizas de seguros de vida y títulos
valores que las entidades bancarias le exigieron. Para el crédito hipotecario
con Bancolombia S.A., suscribió un título valor representado en el pagaré No.
4550082897, por valor de cuarenta y cinco millones trecientos treinta y cinco
mil pesos ($45’335.000), seguido de la póliza de seguro          No. 112481 con
Seguros Suramericana S.A. Para los créditos restantes, estos son, con Banco
Comercial AV Villas, adquirió la póliza No GRD-311 con Seguros de Vida Alfa
S.A., y con el  Banco Caja Social BCSC, firmó un contrato de seguro de vida con
Seguros Liberty S.A.
2.4. Manifestó
que, a finales de 2010, sufrió un accidente de origen común que le provocó
lesiones en la cadera, por lo cual fue sometido a una cirugía de reemplazo de
cadera y, como consecuencia de ello, presentó una serie de complicaciones,
asociadas a infección e inflamación generadas por el implante de dicha
prótesis.
2.5. Indicó que,
en razón de su estado de salud, el doctor Guillermo Enrique Corte Gordillo,
médico especialista en salud ocupacional de la Universidad Cooperativa de
Colombia, le dictaminó pérdida de capacidad laboral de un 76.83%, con fecha de
estructuración 30 de noviembre de 2010.
2.6. Como consecuencia
a lo anterior, el señor Ernesto Fierro presentó las respectivas reclamaciones antes las diferentes
entidades bancarias y aseguradoras, teniendo por objeto la cancelación de los
saldos insolutos de las obligaciones adquiridas con estas, buscando hacer efectivas
las pólizas de seguro de vida de deudores suscritas,  debido a su estado de
invalidez.
2.7. Señaló el
actor que debido a la negativa de las diferentes aseguradoras de hacer
efectivas las pólizas de seguro de vida suscritas, las entidades financieras
iniciaron procesos ejecutivos en su contra, los cuales se encuentran en trámite
en diferentes juzgados de la ciudad de Neiva.[7]
2.8. Finalmente,
indicó que su situación económica y de salud son precarias, aunado el hecho de
que su único bien inmueble y donde actualmente reside junto con su esposa e
hijo desempleado, se encuentra sujeto a decisión judicial. Por tales razones,
solicita que le sean protegidos sus derechos fundamentales al mínimo vital, a
la dignidad humana, al debido proceso y a la vivienda digna.
3.
Pretensiones
En el presente caso el
actor invoca el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al
mínimo vital, al debido proceso y a la vivienda digna y, en consecuencia, que se
ordene a las aseguradoras Seguros de Vida Alfa S.A. y Seguros Suramericana S.A.,
asumir el pago del saldo insoluto de los créditos hipotecarios No. 4550082897 y
No.1266058, en virtud de las pólizas de Seguro de Vida Grupo Deudores No.
112481 y No. GRD-311, las cuales tenían por objeto amparar los riesgos de
muerte e incapacidad total y permanente del deudor.
Así mismo,
solicita que se ordene a las entidades Bancolombia S.A. y Banco Comercial AV
Villas, abstenerse de seguir adelantando los respectivos procesos ejecutivos en
los Juzgados Tercero y Quinto Civil Municipal de Neiva, así como que se den por
terminados los mismos.
4. Pruebas
En el expediente
obran las siguientes pruebas:
-Copia del
comprobante de pago de la pensión de vejez reconocida al señor Ernesto Fierro, por
la suma de ochocientos setenta y seis mil setecientos doce pesos ($876.012) (folio
3 del cuaderno 2).
-Copia del
dictamen de pérdida de capacidad del señor Ernesto Fierro Ríos, proferido por
el Dr. Guillermo Enrique Cortes Gordillo, médico especialista en salud
ocupacional de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el cual se determinó
por invalidez un 76.83% (folios 4-5 del cuaderno 2).
-Copia  de la
historia clínica del señor Ernesto Fierro (folios 7-54 del cuaderno 2).
-Copia de la
respuesta suministrada por Bancolombia S.A., el 2 de marzo de 2012, a la
petición elevada por  al señor Ernesto Fierro Ríos (folios 87-88 del cuaderno
2).
-Copia de la
contestación surtida por Seguros Suramericana S.A., el 12 de julio de 2011, al
reclamo del actor de hacer efectiva la póliza de seguro de vida.       (folio 113
del cuaderno 2).
-Copia de la
respuesta dada por Seguros Suramericana S.A., el 27 de mayo de 2011, a la
solicitud presentada por Bancolombia S.A. (folios 84-85 del cuaderno 2).
-Copia del
pagaré No. 4550082897 suscrito con Bancolombia S.A., por valor de cuarenta y
cinco millones trecientos treinta y cinco mil pesos ($45’335.000). (folio 66
del cuaderno 2).
-Copia de la
declaración de asegurabilidad para el seguro de vida suscrito con Seguros
Suramericana S.A., el 16 de marzo de 2010 (folio 83 del cuaderno 2).
-Copia del auto
proferido por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva, en el que se certifica
el curso del proceso ejecutivo de menor cuantía No 2011-00243 adelantado por el
Banco Comercial AV Villas en contra del señor Luis Ernesto Fierro (folio  364
del cuaderno 3).
-Copia de auto
proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, en el que se certifica
el curso del proceso ejecutivo hipotecario de menor cuantía No 2012-00256
adelantado por Bancolombia S.A. en contra del señor Luis Ernesto Fierro (folio
365 del cuaderno 3).
-Copia del auto
emitido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva, por medio del cual se
declara la terminación del proceso ejecutivo adelantado por el Banco Caja
Social  BCSC en contra del señor Luis Ernesto Fierro Ríos  (folio 176 del
cuaderno 3).
-Copia del certificado
de tradición y libertad en el que se evidencia la situación jurídica del bien
inmueble ubicado en la Carrera 18 No. 28-21, vivienda
actual del señor Ernesto Fierro (folio 36-37 del
cuaderno 1).
-Copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Aurora Pastrana Vargas, esposa del señor Luis
Ernesto Fierro (folio 32 del cuaderno 1).
-Copia de la
cédula de ciudadanía del señor Luis Ernesto Fierro Ríos (folio 1 del cuaderno 2).
5. Respuestas de las entidades accionadas
5.1. Seguros de Vida Suramericana
Luis
Felipe Estrada Escobar, representante legal de Seguros Suramericana S.A., manifestó
que dicha entidad no vulneró los derechos fundamentales del actor. En primer
lugar, señaló que la acción de tutela se torna improcedente en tanto existen
otras vías y mecanismos ordinarios idóneos para discutir asuntos netamente
contractuales y patrimoniales.
Adicionalmente,
argumentó que su actuar había sido acorde con la normatividad vigente en
materia de seguros, en tanto que la nulidad relativa del contrato de seguro había
surgido como consecuencia del diagnóstico de Diabetes mellitus II  que existía
previamente a la suscripción de la póliza de seguro de vida y del cual no
informó el peticionario en la declaración de asegurabilidad, no dejando para la
aseguradora otra alternativa que la de objetar las reclamaciones elevadas a la
entidad financiera, en razón de la reticencia en la información.
Finalmente,
alegó ausencia del requisito de inmediatez, toda vez que debido al tiempo
trascurrido entre la negativa de la aseguradora de hacer efectiva la póliza, 12
de julio de 2011, y la fecha de la presentación de la acción constitucional de
tutela, febrero de 2014, habían transcurrido más de tres años. Por estas
razones, solicitó declarar la improcedencia de la acción.
5.2. Seguros
de Vida Alfa S.A.
El representante legal de Seguros
de Vida Alfa S.A., dio respuesta a la presente acción
de tutela en la que manifestó, en primer lugar, que la situación que presenta
el actor es de orden netamente patrimonial, por cuanto lo que se buscaba era la
efectividad de una póliza de seguro de vida por el riesgo de incapacidad total
y permanente, circunstancia que no podía ser objeto de acción de tutela. Y, en
segundo término, indicó que teniendo en cuenta que desde el 20 de marzo de
2009, el actor presenta antecedentes médicos de hipertensión arterial, diabetes
mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica, los cuales fueron omitidos por
el asegurado al momento de declarar sobre su estado de salud, operó la figura
de la reticencia y como consecuencia de ello, la nulidad relativa del contrato
de seguro.
Por otro lado, señaló que el accionante no se encuentra
desprotegido, toda vez que se le otorgó pensión de vejez y, por tanto, no puede
alegar afectación a su mínimo vital.
5.3. Bancolombia
S.A. y Banco Comercial AV Villas
No se pronunciaron sobre la presente acción constitucional.
5.4. Juzgado
Tercero Civil Municipal de Neiva (Vinculado)
Dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, mediante escrito de fecha 13 de marzo de
2014, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, informó que el proceso del
cual venía conociendo fue remitido al Juzgado Primero de Ejecución Civil
Municipal de Neiva, en cumplimiento de los Acuerdos PSAA 13-9962 y 9984 de 2013
del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que consideró que debe ser este
quien informe sobre el estado actual del proceso ejecutivo.
5.5. Juzgado
Primero de Ejecución Civil Municipal de Neiva. (Vinculado)
El Juzgado Primero
de Ejecución Civil Municipal de Neiva, el 29 de mayo de 2014, informó que
conoce del proceso ejecutivo hipotecario que instauró Bancolombia S.A. en
contra el señor Luis Ernesto Fierro Ríos. Así mismo señaló, que el proceso se
encuentra en etapa de ejecución y, por consiguiente, se han dictado las medidas
cautelares de embargo y secuestro del bien inmueble con matrícula inmobiliaria
No. 200-91411, propiedad del ejecutado.
5.6. Juzgado
Quinto Civil Municipal de Neiva. (Vinculado)
El 13 de marzo
de 2014, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Neiva, mediante escrito para dar
contestación a la tutela instaurada, informó que el proceso ejecutivo de menor
cuantía adelantado por Banco Comercial AV Villas en contra de Luis Ernesto
Fierro Ríos, se encuentra suspendido por voluntad de las partes.
XI. DECISIONES
JUDICIALES QUE SE REVISAN DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.595.603
1. Primera
instancia
Mediante
sentencia del 10 de junio de 2014, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva
concedió el amparo de los derechos fundamentales de Luis Ernesto Fierro Ríos y
ordenó a Seguros Suramericana S.A. y a Seguros de Vida Alfa S.A., si aún no lo
habían hecho, realizar los trámites necesarios para cancelar a Bancolombia S.A.
y Banco Comercial AV Villas, como tomadores y beneficiarios de las pólizas de
Seguro de Vida Grupo Deudores  No. 112481 y No. GRD-311, respectivamente, los
saldos insolutos de las obligaciones crediticias adquiridas por el actor en
tales entidades y, por consiguiente, proceder a la terminación de los mismos
por pago total de las obligaciones, así como de levantar  las medidas
cautelares que se hayan dictado con ocasión de dichos procesos ejecutivos.
El a quo
consideró que se encontraba probado el estado de invalidez que presenta el
señor Luis Ernesto Fierro, situación que le impide generar ingresos adicionales
a la pensión de vejez que recibe, pues al realizar los correspondientes
descuentos legales solo recibe la suma de trecientos noventa y tres mil
setecientos diecisiete pesos ($ 393.717), es decir, menos de un salario mínimo mensual vigente, lo cual le
hace imposible costear las cuotas de los créditos tomados con Bancolombia S.A.
y Banco Comercial AV Villas, máxime si se tiene en cuenta que hacerlo afectaría,
de manera desproporcionada, el derecho al mínimo vital de aquel.
De igual manera,
expresó que no es de recibo que las aseguradoras fundamenten sus objeciones de
no hacer efectivas la pólizas de seguro de vida suscritas, en el hecho de que
el actor no informó en la declaración de asegurabilidad sobre los antecedentes
médicos que presentaba, pues teniendo en cuenta que la carga de realizar los
respectivos exámenes médicos o de exigir la entrega de unos recientes para
determinar el estado de salud actual del peticionario es de las aseguradoras,
no es dable que las mismas aleguen, ante la ocurrencia del riesgo asegurado,
que la enfermedad se ocasionó antes de suscribir o entrar en vigencia la póliza,
cuando la falta de información se debió a su propia negligencia.
En lo que
respecta al requisito de inmediatez de la acción, consideró que no podía
tomarse como relevante la fecha en que se objetó la reclamación del actor, 12
de julio de 2011, por cuanto si bien la fecha de estructuración de la
enfermedad corresponde al 30 de noviembre de 2010, esto implica que desde
entonces padecía graves quebrantos de salud, por lo que es considerado un hecho
notorio que trasciende en el tiempo y, por tanto, desvirtúa la inmediatez.
2.
Impugnación
Encontrándose en
desacuerdo con la anterior providencia, las entidades accionadas decidieron
impugnarla.
2.1. Banco
Comercial AV Villas
La entidad
accionada, a través de apoderado judicial apeló el
anterior fallo manifestando que se encontraba en desacuerdo con la decisión
dictada por el ad quo por cuanto no existía vulneración alguna a los
derechos fundamentales del accionante. De otra parte, sostuvo que, en
cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Noveno Civil de Menor Cuantía
de Neiva, el 25 de marzo de 2014, que decidió conceder el amparo a los derechos
del actor[8],
el Banco Comercial AV Villas hizo efectiva la póliza de vida suscrita con
Seguros de Vida Alfa S.A. y, en consecuencia, canceló el saldo insoluto de la
deuda.
2.2. Seguros
de Vida Alfa S.A.
La entidad demandada, por medio de apoderado judicial,
impugnó el fallo de primera instancia manifestando, en primer lugar, que la
situación en litigio es de orden netamente contractual, por cuanto lo que se
buscaba era la efectividad la póliza de seguro de vida suscrita para el riesgo
de incapacidad total y permanente, circunstancia que no podía ser objeto de
acción de tutela. En segundo término, indicó que teniendo en cuenta que desde
el 20 de marzo de 2009, el actor presenta antecedentes médicos de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo II e insuficiencia renal crónica, los cuales
fueron omitidos por el asegurado al momento de realizar la declaración de
asegurabilidad, operó la figura de la reticencia y como consecuencia de ello, la
nulidad relativa del contrato de seguro. En tercer lugar, adujo que, si bien su
obligación contractual correspondía a amparar el saldo insoluto de la
obligación crediticia, en el contrato de seguro se tuvo como valor asegurado de
la deuda “el que registre a la fecha en el cual el asegurador informe por
escrito al tomador su aceptación respecto de la declaratoria de incapacitad
total y permanente (sic)[9]”, suma, que resulta ser
inferior al saldo insoluto adeudado.
Por otro lado, consideró que el actor no se encuentra
desprotegido, toda vez que se le otorgó pensión de vejez y, por tanto, no puede
alegar afectación a su mínimo vital.
Así las cosas, solicitó el reintegro de los dineros que se
hayan cancelado por parte de la entidad, a favor del señor Luis Ernesto Fierro
Ríos, en cumplimiento al fallo de primera instancia.
2.3. Seguros
Suramericana S.A.
Luis Felipe
Estrada Escobar, en representación legal de Seguros Suramericana S.A., impugnó
el fallo de primera instancia por considerar que el juez de tutela: i)
no tuvo en cuenta que en Colombia no es permitido pagar una pensión por un
monto inferior al salario mínimo, tal y como lo alegó el accionante cuando
adujo recibir después de realizar los respectivos descuentos, la suma de
trecientos noventa y tres mil setecientos diecisiete pesos ($ 393.717);              ii)
incurrió en una vía de hecho al haber pasado por alto la situación en la que aun
cuando al asegurador le corresponde la carga del examen médico, el asegurado no
queda exento de la obligación de declarar sinceramente sobre el estado del
riesgo, así como tampoco de las sanciones a las que haya lugar; y iii) desvirtuó
el requisito de inmediatez sin percatarse de que si bien las enfermedades que
hoy en día le aquejan las padeció desde 30 de noviembre de 2010, solo pasados tres
años y medio presentó la acción de tutela, lo cual deja en evidencia que su
situación no revestía de suficiente gravedad. En consecuencia, solicitó la
revocatoria del fallo de tutela.
3. Segunda
instancia
Mediante
sentencia de 22 de julio de 2014, el Tribunal Superior, Sala Primera de Decisión
Civil Familia de Neiva, revocó la decisión impugnada. En
dicha providencia, esa instancia judicial consideró que al analizar el dictamen
de pérdida de capacidad laboral del señor Ernesto Fierro, se pudo concluir que
la invalidez no solo tuvo origen en el accidente que sufrió en su cadera, toda
vez que por este obtuvo 12.5% de invalidez, sino también a otras enfermedades
que le aquejan, entre ellas, la de hipertensión arterial que fue la misma que
omitió informar a las aseguradoras al momento de suscribir el contrato de seguro
y por la que presentó un 37.4% de pérdida de capacidad. Es así que consideró
que las entidades accionadas no vulneraron los derechos fundamentales del accionante,
por cuanto sus actuaciones, fueron las que llevaron a que el contrato de seguro
llegara a ser nulo.
XII. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE DENTRO DEL EXPEDIENTE T-4.595.603
A través de auto
de 26 de febrero de 2015, el Magistrado sustanciador consideró
necesario recaudar algunas pruebas para verificar hechos relevantes del proceso
de referencia y mejor proveer. En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO.-
Por Secretaría General, OFICÍESE al señor Luis Ernesto Fierro Ríos,
ubicado en la Carrera 18 No. 28-21 Barrio Los Andes, Neiva, para que, en el
término de tres (3) días contados a partir de la notificación de este Auto, se sirva informar a esta Sala:
·
Cuál es la fuente de sus ingresos y su monto.
·
Si tienen personas a cargo, indicando cuántos
y quiénes?
·
Quiénes integran actualmente su núcleo
familiar, de dónde derivan sus ingresos económicos?
·
Cuál es el estado actual de cada una de las
deudas adquiridas con las diferentes entidades bancarias?
·
Indique si se hizo efectivo el reconocimiento
y pago de las pólizas de seguros suscritas por cada uno al momento de adquirir
el compromiso crediticio referido en sede de tutela?
Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación   que
soporta su respuesta al presente requerimiento”.
El señor
Luis Ernesto Fierro Ríos, mediante escrito del 9 de marzo de 2015, dio respuesta
a los anteriores requerimientos. En relación con la fuente de ingresos, adujo
que debido a la pensión de vejez reconocida, en la actualidad devenga la suma
de novecientos ocho mil ochocientos pesos ($908.800), de los cuales, realizando
los descuentos correspondientes a entidades bancarias y aportes a seguridad
social en salud, solo recibe mensualmente cuatrocientos veinte y dos mil pesos
($ 422.000).
Por
otro lado, en relación con las personas que tiene a su cargo, señaló que solo
su esposa Aurora Pastrana Vargas, de 59 años de edad, es quien depende
económicamente de él.
Seguidamente,
afirmó que el único bien inmueble sobre el que tiene el derecho real de dominio
es la vivienda en donde actualmente vive junto con su esposa, por lo que no
recibe renta alguna.
En lo que
concierne al estado actual de las deudas adquiridas con las diferentes
entidades bancarias, señaló que la obligación crediticia con Bancolombia S.A., y por la cual se encontraba en trámite una
demanda ejecutiva en su contra  con Radicado No. 2012 00256 en el Juzgado
Tercero Civil Municipal de Neiva, se encuentra en etapa de remate, por cuanto
habiendo solicitado, dentro de la oportunidad procesal señalada para ello, el
llamamiento en garantía de la aseguradora Seguros Suramericana S.A., tal petición
no fue aceptada. Sobre las demás deudas adquiridas, esto es, con el Banco
Comercial AV Villas S.A. y Banco Caja Social BCSC, y por las cuales también se
encuentra ejecutado, la primera, con Radicado No. 2011 00243 en el Juzgado
Quinto Civil Municipal de Neiva y la segunda, con Radicado No. 2011 0011-00 en
el Juzgado Segundo Civil Municipal de Neiva, indicó que las aseguradoras en
estos casos habían hecho efectivas la pólizas de seguro de vida suscritas, y
por consiguiente, realizado el pago insoluto de las deudas.
Por todo ello, y
teniendo en cuenta su precario estado de salud, solicitó hacerse efectiva la
póliza de seguro que fue suscrita con Suramericana S.A., sumado el hecho de que
su bien inmueble está pendiente de remate.
XIII.
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS DE LA SALA
1.      Competencia
A través de esta
Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las
sentencias proferidas dentro de los procesos de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución Política, en concordancia con los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción de tutela
2.1. Legitimación activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para
reclamar la protección inmediata de sus garantías fundamentales.
Así mismo, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, consagra las formas en las que puede ser
ejercida la acción de tutela, esto es, a nombre propio o a través de
representante legal. En el mismo sentido, incluye la posibilidad de agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no está en condiciones de
promover su propia defensa, circunstancia que debe manifestar el agente al
momento de presentar dicha solitud; luego, en los casos en que el Defensor del
Pueblo y los personeros municipales quieran actuar en representación de un
ciudadano, también  se deberá atender a lo anteriormente descrito.
En esta oportunidad, el señor Santos Ortiz Trujillo a través de
apoderada judicial debidamente reconocida; la señora Clara Roció Carvajal
Carvajal, a través de agente oficioso, José Antonio García Lozada y Luis
Ernesto Fierro Ríos, actuando en nombre propio, se
encuentran legitimados para actuar en esta causa. Lo anterior, en razón de la afectación de sus derechos y garantías fundamentales con
ocasión de la negativa de hacer efectivos los Seguros de Vida Grupo Deudores que
fueron suscritos entre las entidades bancarias y las compañías aseguradoras
para garantizar el pago insoluto de los créditos adquiridos en calidad de
deudores, esto es, en caso de configurarse el riesgo de incapacidad total y
permanente, el cual, para todos los casos sobrevino.
2.2. Legitimación pasiva
El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, contempla, para la
procedencia de la acción de tutela contra particulares, diferentes situaciones
dentro de las cuales se encuentra la contenida en el numeral 4º, que hace
referencia a aquella en la que las entidades demandadas gozan de una
posición dominante, por cuanto en estos casos y, habiéndose probado el estado de
indefensión o subordinación respecto de quienes
reclaman la afectación de derechos fundamentales, puede prosperar la
acción de tutela.
En consecuencia,
las entidades bancarias y aseguradoras accionadas, están legitimadas por pasiva
en los procesos de tutela bajo estudio, en razón de la posición dominante que
ostentan como entidades privadas al momento de fijar las estipulaciones particulares
de los contratos de seguro. Lo anterior, se debe, en primer lugar, a la
negativa de las aseguradoras en hacer efectivas las pólizas de Seguro de Vida de
Grupo Deudores suscritas y, en segundo lugar, a que las entidades bancarias
iniciaron, para algunos casos, procesos ejecutivos sin tener en cuenta las
condiciones de vulnerabilidad de los asegurados, derivada de la invalidez que
les sobrevino.
3. Problema jurídico
Corresponde a la
Sala cuarta de revisión determinar si existió, por parte de las entidades
financieras y aseguradoras accionadas, la vulneración de los derechos
fundamentales a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital de los
demandantes, al no haber hecho efectivas las pólizas Seguro de Vida Grupo Deudores,
por considerar, en unos casos, que había operado la mora en el pago de la prima
y, en otros, la reticencia.
A objeto de
resolver los casos concretos, se abordarán algunos temas tratados en la
jurisprudencia de esta Corporación, tales como: i) procedencia de la acción
de tutela contra particulares, específicamente, entidades del sistema
financiero y compañías aseguradoras; ii) procedencia
del mecanismo constitucional en tratándose del mínimo vital de personas en
condición de discapacidad y; iii) el contrato de seguro, dentro del cual
se tratarán las figuras de la mora en el pago de la prima y la reticencia.
4. Procedencia de la acción de tutela
contra particulares, específicamente, entidades del sistema financiero y
compañías aseguradoras. Reiteración jurisprudencial
De acuerdo con
el artículo 86 de la Constitución de 1991, la acción de tutela procede frente a
autoridades públicas que por alguna acción u omisión amenacen o vulneren los
derechos fundamentales de una persona. Sin embargo, el mismo artículo establece
los eventos en los cuales es posible ejercer el amparo constitucional frente a
particulares, cuando quiera que estos se enmarquen en alguna de las siguientes
hipótesis: (i) presten un servicio público, (ii) atenten
gravemente contra el interés público o (iii) respecto de aquellos en los
que el solicitante se encuentre en estado de indefensión o subordinación. Por
consiguiente, solo en estos casos la acción de tutela deja de ser un exclusivo medio
de defensa frente a autoridades públicas, para, en su lugar, convertirse en un
proveedor de protección constitucional de los derechos fundamentales que han
sido lesionados por particulares.
Es así como en
virtud de dicho mandato constitucional el constituyente entendió que las actuaciones
u omisiones que resulten abusivas y violatorias de los derechos fundamentales
de las personas, no solo pueden provenir de entidades públicas, sino también de particulares. De esta forma, se hizo evidente la necesidad de
encontrar una herramienta o instrumento de protección para estos casos, máxime
cuando se estaba frente a una situación de indefensión o subordinación, pues
debido a la relación de sujeción que puede darse, la persona no tiene
posibilidades de defender sus intereses. Es por esto que la acción de tutela
surge como una garantía para hacer exigibles los derechos fundamentales que
resulten lesionados por particulares.
Así las cosas, en reiteradas decisiones, esta Corporación ha
sostenido que la acción de tutela es procedente frente a particulares que
ejercen actividades bancarias. Lo anterior tiene fundamento en dos razones; la
primera, por considerar que las entidades del sistema financiero, ostentan una
posición dominante en el mercado frente a sus usuarios, pues son “ellas
quienes fijan los requisitos y condiciones de los créditos, tasas de interés,
sistemas de amortización, etc. Son ellas las depositarias de la confianza
pública por el servicio que prestan, y sus actos gozan de la presunción de
veracidad por parte de los Clientes”[10]
y, la segunda, en la medida en que la actividad bancaria se encuadra dentro del
concepto de servicio público, pues el interés público que lleva implícita su
actividad, hace que la misma sea indispensable y persista en el tiempo.
En relación con el concepto de servicio público, en sentencia T-738
de 2011[11],
esta Corporación sostuvo que “las razones para hacer procedente la acción de
tutela contra estas entidades ha tenido en cuenta, en general, que las
actividades financieras –dentro de las que se encuentran la bancaria y
aseguradora–, en tanto relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión
de recursos captados del público es una manifestación de servicio público o que
al menos involucra una actividad de interés público[12] de
acuerdo con el artículo 355 Constitucional”.
Por lo anteriormente descrito, se tiene entonces que la actividad
financiera no solo tiene implícito un interés particular, sino también un
interés público, lo que conlleva que el mal funcionamiento de este sector pueda
generar consecuencias desproporcionadas a los ciudadanos que depositan su voto
de confianza en estas entidades al momento de tomar sus servicios, y estas, de
captar sus recursos.
Por otro lado,
en cuanto a las compañías de seguros, esta Corte ha insistido en que tal sector
contribuye al desarrollo económico y social del país. Sin embargo, por su misma
importancia y necesidad, también pueden generar relaciones de sujeción en el
mercado.
Sobre la
procedencia de la acción de tutela contra entidades que pertenecen a esta
división, este Tribunal ha señalado que, teniendo en cuenta que las controversias
que surgen entre los usuarios y ellas son de naturaleza contractual, en efecto,
deben, en primer momento, dirimirse ante la jurisdicción ordinaria civil. No
obstante, cuando derechos fundamentales como la vida, la salud o el mínimo
vital, se encuentren evidentemente amenazados, la regla general pasa a un
segundo plano y la  acción constitucional de amparo a convertirse en el
instrumento ideal de protección para estos casos. Al respecto esta Corporación
ha mencionado:
“Por lo tanto, si la controversia sobre el objeto asegurado es
puramente económica no tendría cabida la tutela, pues el conflicto se dirimiría
ante la  jurisdicción ordinaria, pero si tiene efectos sobre la vida o el
mínimo vital de una persona puede ser viable la acción de tutela para amparar
tales derechos fundamentales ante la falta de idoneidad y agilidad del medio
ordinario de defensa judicial”[13].
Por todo esto, y
teniendo en cuenta la posición de preeminencia desde la cual pueden las
aseguradoras o entidades bancarias, con sus acciones u omisiones, desconocer o
amenazar los derechos fundamentales de las personas que contratan sus servicios,
hacen que la procedencia de la acción de tutela se convierta en el instrumento
de protección idóneo.
Así pues, la
acción de tutela resulta procedente contra las entidades bancarias y
aseguradoras, cuando a pesar de tener la calidad de particulares, prestan un
servicio público que pone en posición de indefensión a sus usuarios, pues
frente a las prerrogativas y condiciones que puedan darse en la relación contractual,
estos últimos no tienen posibilidad siquiera de negociar y hacer exigibles sus
derechos. En consecuencia, la acción de tutela, dependiendo del caso concreto,
puede ser la vía idónea para resolver las disputas que vulneran o amenazan
derechos fundamentales de los clientes.
5. Procedencia
del mecanismo constitucional en tratándose del mínimo vital de personas en
condición de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia
La Constitución
Política de 1991 incorporó, en su artículo 47, la disposición según la cual el
Estado tiene como objetivo adelantar una política de previsión, rehabilitación
e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se les debe prestar la atención especializada que requirieran. Sin
embargo, solo a partir de la acción de tutela se ha logrado que, en parte, la
protección que, como mandato imperativo de la Carta, se le impone al Estado, sea
una realidad material para estas personas que son consideradas sujetos de especial
protección constitucional y, que, en virtud de su disminución física, quedan en
una situación de indefensión y debilidad manifiesta ante las  diferentes
autoridades y entidades del Estado así como de particulares.
Como bien es
sabido, la acción de tutela fue concebida con un carácter subsidiario, es decir,
que su procedencia solo se da en los casos en que el lesionado no tiene otro
medio de defensa judicial idóneo para reclamar sus pretensiones, o existiendo este,
no es eficiente ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados,
evento en el cual la acción constitucional de amparo brinda una protección transitoria
al afectado, pues su fin último es evitar la configuración de un perjuicio
irremediable[14].
Es así que, tratándose de personas que sufren alguna
condición de discapacidad, entendida esta como la restricción o ausencia de la
capacidad física o psíquica para realizar una actividad
en la forma y dentro del margen que se considera normal para todo ser humano dentro
de un contexto social[15]
y, teniendo en cuenta el principio de igualdad material contenido en el
artículo 13 constitucional, que busca la aplicación de la igualdad según las
circunstancias particulares que rodean a cada persona, no
es posible dar el mismo trato a una persona que goza de plenas facultades
físicas y mentales a una que, por cualquier eventualidad, se encuentra en una
circunstancia de debilidad manifiesta.
En consecuencia, y habiéndose dado a la población en situación de discapacidad un status de especial
protección, en efecto, la administración debe: “(i) brindar un trato acorde a sus circunstancias, lo
que implica una diferenciación positiva, sobre todo cuando ello resulte
necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad y
(ii) adoptar políticas tendientes a garantizar su rehabilitación e integración
social, brindando la atención especializada requerida de acuerdo a sus
condiciones”[16]” [17].
Sobre el derecho fundamental al
mínimo vital de estas personas que hacen parte de aquellos grupos que históricamente han
sufrido cierto margen de discriminación y, por tanto, se les ha vulnerado sus
derechos, la
jurisprudencia ha recalcado que siendo el derecho al mínimo vital una
manifestación del principio de dignidad humana y de solidaridad en relación con
los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la integridad personal,
debe ser entonces reconocido para todas las personas en igualdad de
condiciones, en especial a aquellas que se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta. Este reconocimiento se da en dos dimensiones: la primera,
la positiva, que consiste en la
obligación del Estado y excepcionalmente de los particulares de otorgar a las
personas en condición de discapacidad las prestaciones necesarias e
indispensables para sobrevivir dignamente y evitar una desmejora en sus
garantías y, la segunda, la
negativa,
que busca poner límites mínimos de protección a las condiciones dignas en que
puede vivir una persona del común. Por consiguiente, cuando personas en estado
de debilidad manifiesta se ven afectadas en su derecho fundamental al mínimo
vital, ya sea por entidades del Estado o particulares que se encuentren dentro
de los casos que por ley se han previsto, la acción de tutela se convierte en el
medio ideal y definitivo para brindarle amparo a este derecho, aun cuando existan
otros medios de defensa judicial para ello.[18]
6. El
contrato de seguro
6.1.
Naturaleza y generalidades
Según lo
dispuesto en el artículo 335 de la
Constitución Política, se tiene que las actividades financiera, bursátil, aseguradora
y cualquiera que esté relacionada con la captación e inversión de recursos que
han sido tomados de los usuarios, a las que se refiere el literal d) del
numeral 19 del artículo 150 de la Carta, son de interés público y, por tanto,
solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado y conforme a la ley, última
que regulará la forma de intervención de la administración en estas materias y
promoverá la democratización del crédito.
En consecuencia,
aun cuando la Carta Política, en su artículo 333, reconoce la libertad
contractual y la autonomía privada en materia de contratación, estas  son condicionadas
al deber de enmarcarse dentro de los límites del bien
común, pues, considera que los actos que de tal libertad y discrecionalidad se
desprendan, no pueden ser arbitrarios y violatorios del interés público
proclamado. De este modo, solo si la iniciativa privada responde al interés
general y bien común, tendrá el respaldo legal ante cualquier adversidad que llegase
a surgir de los negocios jurídicos celebrados, de lo contrario, será objeto de
las sanciones legales que estén consagradas para ello.[19]
Particularmente,
y por interesar a este caso, en lo que respecta a la actividad aseguradora, entendida
como aquella que ejerce una persona jurídica que tiene
como fin prestar un servicio
público de previsión a cambio de una contraprestación en dinero; se tiene que,
por la naturaleza contractual y comercial que irradia, las
relaciones que puedan surgir entre estas y los usuarios, se hagan a través de
un contrato de seguro.
Sobre
el contrato de seguro cabe señalar que  el artículo 1036 del Código de Comercio,
modificado por el artículo 1 de la Ley 389 de 1997, lo define como un contrato
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, el cual se
perfecciona una vez el asegurador suscribe la póliza. No obstante, esta Corporación,
en la sentencia C-269 de 1999[20],
recopiló una noción jurídica expuesta en jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia, la cual lo define así:
“Aun cuando el Código de Comercio vigente en el
país desde 1.972 no contiene en el Titulo V de su Libro Cuarto ninguna
definición expresa del contrato de seguro, lo cierto es que con apoyo en varias
de las disposiciones que de dicho Título hacen parte, y de modo particular en
los artículos 1037, 1045, 1047, 1054, 1066, 1072, 1077 y 1082, bien pude
decirse, sin ahondar desde luego en mayores detalles técnicos, para el caso
impertinentes, que es aquél negocio solemne, bilateral, oneroso, aleatorio y de
tracto sucesivo por virtud del cual una persona –el asegurador- se obliga a
cambio de una prestación pecuniaria cierta que se denomina ´prima´, dentro de
los límites  pactados y ante la ocurrencia de un acontecimiento incierto cuyo
riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al ´asegurado´ los
daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se
trate de seguros respecto  de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el
patrimonio mismo, supuestos en que se les llama de ´daños´ o de ´indemnización
efectiva´, o bien de seguros sobre las personas cuya función, como se sabe, es
la previsión, la capitalización y el ahorro” [21].
Así las
cosas, el contrato de seguro será entonces aquel contrato por medio del cual
una persona jurídica denominada aseguradora, asume un riesgo que es trasladado
por un tomador para que, mediante el previo pago de una prima y la ocurrencia
de un siniestro, se haga efectiva la cancelación de una indemnización.
Sobre
el particular, se puede deducir que, como en todo contrato, en el examinado, se
hace indispensable la presencia de ciertos elementos para el surgimiento a la
vida jurídica. Según el artículo 1045 del Código de Comercio, los elementos del
contrato de seguro son: (i) el interés asegurable; (ii) el riesgo
asegurable; (iii) la prima o precio del seguro y (iv) la
obligación condicional del asegurador. La misma norma establece que, en efecto,
en caso de faltar alguno de ellos, el acto no producirá efecto alguno.
Sobre el primer elemento, el artículo 1083 del citado código,
señala que tiene interés asegurable toda persona que presenta una afección o
amenaza patrimonial directa o indirecta por la configuración de uno o varios
riegos. En tal virtud, siendo el interés asegurable una relación económica,
este debe ser posible y determinable en dinero.
Con
respecto al riesgo asegurable, el artículo 1054 del estatuto de comercio, lo
definió como aquél “suceso incierto que no depende
exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y
cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos,
salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son,
por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la
incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no
cumplimiento”.
Sobre
el particular, es importante tener en cuenta que la aseguradora empieza a
asumir el riesgo asegurado desde la hora 24 u hora 00 del día en que se celebró
el contrato de seguro y, en consecuencia, se suscribió la respectiva póliza.
La
prima o el precio del contrato de seguro, como tercer elemento, “comprende
la suma por la cual el asegurador acepta el traslado de los riesgos para
asumirlos e indemnizarlos en caso dado”[22].
Por
último, la obligación condicional, es aquella en virtud de la cual “la aseguradora asume el riesgo
contratado por el tomador, mediante el pago de la prestación asegurada, sujeta
a la condición de ocurrencia del siniestro”[23].
Por otro lado, la regulación  comercial, iniciando
con el artículo 1037 del código al que se viene haciendo alusión, establece, en
primer lugar, quiénes son las partes del contrato de seguro y, como
consecuencia, las obligadas por el mismo y, en segundo lugar, los
intervinientes o personas que participan directa o indirectamente en la
ejecución del negocio. Al respecto, en  sentencia C-269 de 1999[24],
la Corte desarrolló este punto de manera específica y señaló:
“Son partes contratantes : el asegurador, o sea la persona
jurídica que asume los riesgos debidamente autorizada para ello con arreglo a
las leyes y reglamentos y el tomador,
esto es la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos
(C.Co. , art. 1037). Es preciso mencionar que el tomador es la persona natural o jurídica[8] que interviene como parte en la
formación del contrato, de la cual se exige una capacidad y conducta
precontractual (C.Co., art. 1058), determinantes en la validez del negocio
jurídico y a cuyo cargo corren ciertas obligaciones. La calidad de tomador es unitaria pues se utiliza en todos los contratos
de seguro sin importar su naturaleza y objeto (seguros de daños y de personas)
y en la mayoría de los casos coincide con la calidad de asegurado. Esto se
desprende de la propia norma, cuando define al tomador como la persona que
”obrando por cuenta propia o
ajena , traslada los riesgos.“
(C.Co., art. 1037).
Participan en el contrato de seguro, además de
las partes : el asegurado,
como titular del interés asegurable o asegurado, lo que supone que, en los
seguros de daños, es la persona cuyo patrimonio puede resultar afectado,
directa o indirectamente, con la ocurrencia de un riesgo (C.Co., art. 1083) y
en los seguros de personas, aquel cuya vida o integridad corporal se ampara con
el contrato de seguro ; y el beneficiario, o sea la persona que tiene
derecho a recibir la prestación asegurada, quien puede o no identificarse con
el tomador o el asegurado, o ser designado en la póliza o por la ley (C.Co.,
art. 1142)”.
Por su parte, el
artículo 1047 del Código de Comercio dispuso que el contrato de seguro debe
establecer, además de las condiciones generales, unas particulares o
específicas, que son:
“1) La razón o
denominación social del asegurador;
2) El nombre del tomador;
3) Los nombres del asegurado y del beneficiario
o la forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador;
4) La calidad en que actúe el tomador del
seguro;
5) La identificación precisa de la cosa o
persona con respecto a las cuales se contrata el seguro;
6) La vigencia del contrato, con indicación de
las fechas y horas de iniciación y vencimiento, o el modo de determinar unas y
otras;
7) La suma aseguradora o el modo de precisarla;
8) La prima o el modo de calcularla y la forma
de su pago;
9) Los riesgos que el asegurador toma su cargo:
10) La fecha en que se extiende y la firma del
asegurador, y
11) Las demás condiciones particulares que
acuerden los contratantes.”
En el mismo
sentido, el parágrafo del precepto normativo en mención dispone que en los
eventos en que no aparezcan
expresamente acordadas las condiciones indicadas se tendrán como tales aquellas
de la póliza o documento anexo que la aseguradora haya depositado en la
Superintendencia Financiera.
En relación con
las condiciones de los contratos de seguro, esta Corte, en sentencia T-751 de
2012[25],
señaló que se diferencian en dos clases: las primeras, llamadas condiciones
generales, que correspondían a aquellas cláusulas que pueden ser aplicadas
a todos los contratos de la misma naturaleza y, en consecuencia, deben
depositarse por la aseguradora en documento anexo a la Superintendencia
Bancaria, y, las segundas, llamadas condiciones particulares o
específicas, que hacen alusión a aquellas disposiciones que definen el alcance
de la relación y cobertura del riesgo frente al caso concreto.
Según el
artículo 1082 del Código de Comercio, existen seguros de daños o de personas.
Los primeros, a su vez, pueden ser reales, es decir, aquellos seguros que se
predican respecto de una cosa determinada; y los patrimoniales, que no buscan asegurar
una cosa específica sino, por el contrario, lo que se persigue es la protección
del patrimonio personal del asegurado sobre un hecho futuro. Por su parte, a
través de los seguros de personas[26],
se asegura la vida propia, o la de
las personas a quienes legalmente se pueda reclamar alimentos, o la de aquellas
cuya muerte o incapacidad puedan aparejar un perjuicio económico; en otras
palabras, sobre lo que se tenga un interés asegurable.[27]
En cualquiera de las dos clases de seguro, el asegurado o beneficiario estará obligado a informar al asegurador de
la ocurrencia del siniestro, esto es, dentro de los tres días siguientes a la
fecha en que lo hayan conocido o debió conocerlo. Este término podrá ser
ampliado de común acuerdo por las partes, mas no reducirse.[28]
Así mismo, corresponderá
al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la
pérdida, si fuere el caso. No obstante, la compañía de seguros deberá demostrar
los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, esto, en caso de
que considere no estar obligada a indemnizar por el riesgo que le fue
trasladado.[29]
Dada la pertinencia para el estudio de los casos materia de
revisión en la presente oportunidad, resulta necesario hacer referencia a una
modalidad específica del contrato de seguro denominada Seguro Vida Grupo
Deudores, por medio de la cual el tomador puede adquirir una póliza individual
o de grupo, con miras a que la aseguradora, a cambio de una prima que cubre el
riesgo de muerte o incapacidad del deudor y, en caso de que ocurra el
siniestro, pague al acreedor hasta el valor de la obligación crediticia
insoluta.
Refiriéndose a
los seguros de vida, esta Corporación, en sentencia T-328A de 2012[30],
señaló:
“(…) En
efecto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que si bien
en el contrato de seguro de vida grupo deudores el asegurado-deudor no concurre
a su celebración como tomador ni tiene la calidad de beneficiario dado que una
y otra condición se predica de la entidad bancaria[20], aquel es titular de un interés que lo
legitima para requerir de la aseguradora un comportamiento compatible con el
contrato.
(…) Así en la sentencia de fecha 30 de junio de 2011 la Corte
Suprema de Justicia presentó la evolución del seguro de vida grupo deudores,
diferenciándolo de los seguros de crédito y destacando que en este tipo de
negocios concurren dos intereses asegurables: el del deudor y el del acreedor.
El interés asegurable que en este tipo de contratos resulta
relevante se halla en cabeza del deudor, así sea que al acreedor también le
asista un interés eventual e indirecto en el seguro de vida grupo deudores.
En ese sentido, debe aclararse que, en principio, podría
presentarse una concurrencia de intereses que, aunque no son excluyentes,
tampoco tienen correspondencia exacta: de un lado, se presenta un interés
directo del propio deudor para que no se vea afectado él mismo en caso de
incapacidad física, o sus herederos con la transmisión de una deuda a causa de
la muerte; y de otro, puede haber un interés indirecto del acreedor, quien
pretende sustraerse de los efectos y las vicisitudes de la sucesión por causa
de muerte, en procura de obtener de manera inmediata el pago; este último
interés tiene su génesis en el artículo 1083 del Código de Comercio, que enseña
que “tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar
afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo”, así como
en el inciso 2º del numeral 3º del artículo 1137, el cual expresa que “toda
persona tiene interés asegurable: 3. en la [vida] de aquéllas cuya muerte o
incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible
de una evaluación cierta.
(…) Lo anterior implica que el asegurado
deudor se encuentra en principio legitimado para iniciar las acciones derivadas
del contrato de seguro. Esta legitimación puede constatarse en otras
providencias de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia”.
De esta manera,
si bien, en los Seguros de Vida de Grupo Deudores, el deudor no tiene la
calidad de tomador ni beneficiario de la póliza suscrita, esto no quiere decir
que el mismo no tenga un interés asegurable por el cual pueda hacer efectivo el
pago del saldo insoluto de la deuda. Lo dicho hasta aquí supone que, existiendo
un interés asegurable en cabeza del deudor, y que este, a su vez, se muestre en
inminente peligro de amenaza o afectación, hace legítima la reclamación que, según
el caso, realice el deudor en calidad de asegurado.
Por otro lado,
valga traer a colación que en armonía con el artículo 86 constitucional, todo acto jurídico debe estar sometido al principio de la
buena fe[31],
por lo que el contrato de seguro, a pesar de que en la normativa comercial no
se mencione taxativamente, es un contrato especial de buena fe. Lo anterior, se
da en virtud de las características que lo definen, en especial la de ser un contrato
de adhesión y, como consecuencia, a poner al tomador de la póliza de seguro,
así como al asegurado-deudor, en un estado de subordinación, por cuanto estos últimos,
no tienen posibilidad alguna de oponerse a las cláusulas generales y
específicas que le son establecidas. De tal manera, debe exigirse, indiscutiblemente,
durante la vigencia de dicho contrato, el cumplimiento irrestricto del marco
axiológico de la constitución, pues al tratarse de obligaciones en las que existe
una relación asimétrica, lo mínimo que puede reclamarse es el respeto al
principio de buena fe contractual.
En conclusión, “la jurisprudencia constitucional permite
establecer límites a la libertad de contratación en materias declaradas
constitucionalmente como de interés público y por tanto, no es aceptable, a la
luz de los derechos fundamentales de mínimo vital y vida en condiciones dignas,
que la negativa al reconocimiento y pago de una prestación derivada de un
riesgo asegurado por incapacidad total permanente o la muerte, se fundamente
exclusivamente en la libertad de contratar y en una interpretación netamente
legal del clausulado contractual. Nótese que la libertad contractual si bien
permite a la persona tomar decisiones en el mercado y ejecutarlas, no puede ser
arbitraria, pues como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la
Constitución que incorpora como principio fundamental el de la solidaridad
social y la prevalencia del interés general”[32].
6.2. La mora
en el pago de la prima
Con el fin de
dar solución al problema jurídico planteado para los casos sub examine,
se hace necesario estudiar los fenómenos que pueden darse dentro del contrato
se seguro. El primero, corresponde a la terminación automática           –Exceptio non adimpleti contractus–, por mora en
el pago de la prima y, el segundo, la nulidad relativa por haber incurrido en
reticencia o inexactitud al momento de dar información sobre el verdadero
estado del riesgo.
En primer lugar,
cabe aclarar que, si bien, inicialmente, le corresponde al tomador o asegurado,
según el artículo 1066 del Código de Comercio, el pago de la prima a la entidad
aseguradora como contraprestación para el traslado del riesgo a asegurar, no está
de más señalar, que este debe hacerse dentro del mes siguiente a la suscripción
de la póliza y seguirse ejecutando sucesivamente hasta que dicha póliza pierda su
vigencia. Lo anterior, siempre que por mutuo acuerdo no se haya estipulado un
plazo diferente, pues de ser así, la estipulación legal perdería obligatoriedad
y, en efecto, la consensual entraría a regir.
En este orden de
ideas, la mora en el pago de la prima acarrearía consecuencias graves para el
asegurado, toda vez que, según el artículo 1068 del estatuto de comercio[33],
se produciría la terminación automática del contrato de seguro y como
consecuencia, la imposibilidad de reclamar el pago de la indemnización a la que
hubiere lugar, en caso de configurarse el riesgo asegurado.
La anterior
norma guarda consonancia con el artículo 1602 del Código
Civil, el cual establece que: “todo contrato legalmente celebrado es ley
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legales”. En ese sentido, habiéndose dado todos los
elementos esenciales del contrato de seguro, la aseguradora tendrá derecho a
reclamar el pago de la prima por el tiempo en que asumió el riesgo trasladado.
Ahora bien, ante
la naturaleza comercial del contrato celebrado, como ya se advirtió en el
capítulo 4., todos los conflictos que se generen con ocasión del incumplimiento
de los compromisos asumidos o todas las controversias de índole jurídica que se
deriven como consecuencia de la relación contractual existente, deben ser dirimidos
por la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, y de manera excepcional, se ha
permitido hacer uso del mecanismo de acción de tutela cuando con la situación
planteada se lesionen o amenacen derechos de raigambre fundamental.
Así las cosas, aun
cuando la mora en el pago de la prima puede generar un conflicto de carácter contractual,
el cual, en principio, debe ser dirimido por la jurisdicción ordinaria civil, en
virtud de la relación de sujeción que puede darse entre la aseguradora y el tomador
o beneficiario del seguro –que en el caso del Seguro de Vida de Grupo Deudores involucra
también al deudor del crédito– y ante la configuración de un perjuicio
irremediable, cabe dirimir el asunto mediante acción de tutela.
Sobre el
particular, en Sentencia T-1091 del 2005[34],
esta Corporación abordó un caso en el que una persona adquirió con una entidad
bancaria un apartamento. Para ello, suscribió un contrato de mutuo en el que se
entregó como prenda de garantía el inmueble descrito seguido de una afectación
real de hipoteca. Para desembolsar dicho crédito, el banco exigió la
celebración de un contrato de seguro que respaldaría la obligación en caso de
muerte o invalidez del deudor. En el referido caso, la deudora y asegurada
sufrió una grave afección a su salud, siendo diagnosticada con cáncer de seno y
lesión de columna vertebral, por lo cual, fue calificada con pérdida de capacidad
laboral del 50.93%. Por tal motivo y habiéndose configurado el siniestro,
solicitó el pago insoluto de la deuda adquirida. Pese a ello, la aseguradora
objetó tal solicitud, argumentando que la asegurada se encontraba en mora en el
pago de la prima mensual, sin contar con que la misma no tenía los recursos económicos
suficientes para seguir sufragando las cuotas pactadas.
En el caso
anterior, esta Corte, al realizar un estudio profundo del caso, concluyó que si
bien la acción de tutela no es el medio idóneo para resolver controversias de
naturaleza contractual, en ese preciso evento, se configuró la ocurrencia de un
perjuicio irremediable. Lo anterior, debido a que la entidad bancaria había
iniciado un proceso ejecutivo en contra de la asegurada, con el fin de obtener
el pago de las primas adeudadas y, en consecuencia, se había proferido sentencia
ordenando el remate y entrega del bien inmueble. Sin embargo, consideró que tal
determinación era desproporcionada, toda vez que iniciar un proceso judicial
conociendo las circunstancias de debilidad de la deudora, ponía en evidencia el
abuso de la posición dominante en el mercado asegurador.
Sobre este
punto, en la referida providencia, la Corte sostuvo que: “este
comportamiento de las accionadas como entidades pertenecientes al sistema
financiero (…), evidencia una vez más la utilización de la posición dominante,
tanto en el contrato de mutuo como en el de seguros cuando, amparadas en la
aparente legalidad de la literalidad de las cláusulas de los documentos con que
se instrumentaron los contratos de crédito hipotecario y el de seguros
respectivamente, actuando en sus condiciones de acreedora sin satisfacción de
su crédito por parte de la ejecutante y de no obligada al pago de indemnización
por terminación del amparo vida ante la no cancelación de las primas, por parte
de la aseguradora, se propicia la terminación formal de la vía ejecutiva, en la
que como se dijo, ya no era factible debatir las controversias que podían
llevar a que la obligada al pago de la deuda fuera la aseguradora, lo que
obviamente liberaba a la accionante de esa carga. Es para la Sala entonces, un
comportamiento con el que sin permitir que fuera la justicia la que decidiera
el asunto, se causó a la accionante el riesgo inminente de perder su vivienda,
que como se ha considerado en esta providencia, para ella hace parte de su
mínimo vital”[35].
En ese orden de
ideas, cuando el juez constitucional se ve abocado al conocimiento y resolución
de una situación como la descrita, ha de elegir, indefectiblemente, entre el
interés económico de la aseguradora de recibir el pago de la prima devengada como
contrapartida de haber asumido el riesgo y el de la persona en condición de
discapacidad de obtener una protección a su mínimo vital con la cancelación del
saldo insoluto de la obligación haciendo efectiva la póliza de Seguro de Vida Grupo
Deudores suscrita, ante la imposibilidad de continuar cumpliendo con las cuotas
pactadas. Es así, que habiéndose demostrado la configuración de un perjuicio
irremediable que se deriva de la afección del mínimo vital del asegurado-deudor,
la acción de tutela, es procedente en materia contractual.
6.3. La
reticencia
Ahora bien, en atención a lo
consagrado en el artículo 1058 del Código de Comercio, al tomador le asiste la obligación de declarar, con
sinceridad, los hechos y circunstancias que determinan el estado del riesgo que
pretende asegurar, toda vez que de ello depende la decisión de la aseguradora  de
asumir o no el riesgo.
En
caso de presentarse reticencias e inexactitudes en la declaración que, de haber
sido conocidas por el asegurador lo hubieren convencido de pactar una prima
mayor o, en su defecto, retraído de contratar, se produce la nulidad relativa
del seguro[36].
Así
mismo, es de mencionar que al asegurador también le corresponde el deber de cumplir
con el principio de buena fe, pues en virtud de la posición dominante que ostenta
en el mercado asegurador, debe evitar la imposición de cláusulas que puedan
alcanzar la connotación de abusivas en relación con el asegurado. Igualmente,
deberá conocer de las inexactitudes en las que incurra el asegurado al momento
de declarar sobre el estado del riesgo a asegurar, así como de hacer efectiva,
cuando haya lugar, la póliza de seguro de vida suscrita. Lo anterior, en virtud
de que la buena fe contractual se predica para ambas partes.
Así las cosas,
correspondiendo la carga de la
buena fe a las dos partes, es decir, tanto al tomador y/o asegurado como al
asegurador, “no es posible interpretar los términos del contrato en
perjuicio de los intereses del beneficiario o asegurado, a partir de dictámenes
médicos posteriores donde se afirme que una enfermedad o dolencia detectada
durante la ejecución del convenio se había venido gestando, madurando o desarrollando
desde antes de su celebración.(…) No es, en consecuencia, constitucionalmente
admisible la inclusión de una preexistencia o la negación de un servicio médico
que no haya sido enunciado como tal en el contrato, ya que se presume la buena
fe de las partes al momento de obligarse”[37]” [38].
Por lo
anterior, teniendo en cuenta que el contrato de seguro constituye
un contrato de adhesión, significa que al momento de la suscripción de la
póliza de seguro, la aseguradora tiene la carga de consignar en el contenido de
la póliza, de manera clara y expresa, las exclusiones o preexistencias,
entendidas estas como aquellas enfermedades o afecciones que ya venía afligiendo
al asegurado y, respecto de las cuales no se dará amparo alguno “sin que
pueda luego alegar en su favor las ambigüedades o los vacíos del texto por ella
preparado”. Igualmente, señaló que es deber del asegurado declarar los
antecedentes médicos que presenta antes de la celebración del contrato y
cubrimiento de la póliza.[39]
En este orden de ideas, en
Sentencia T-196 de 2007 [40], la Corporación precisó, que en
caso de reticencia o inexactitud, esto es, por declarar parcialmente el estado
del riesgo, se produce la nulidad relativa del contrato de seguro. En esa
oportunidad sostuvo que:
“En los casos de contratos de seguros que cubren
contingencias y riesgos de salud debe prevalecer el principio de la buena fe de
las partes y en consecuencia quién toma el seguro debe declarar con claridad y
exactitud, sin incurrir en  actuaciones dolosas, su estado de salud con el
objeto de que el consentimiento del asegurador se halle libre de todo vicio,
especialmente del error, para que así se conozca exactamente el riesgo que se
va a cubrir, en desarrollo de los artículos 1036 y 1058 del Código Civil.
Pese a lo anterior, en los casos en los que la
compañía aseguradora incurre en error inducido por el asegurado, las normas que
rigen los contratos de seguros, y específicamente el artículo 1058 del Código
Civil, permiten que tal circunstancia de
reticencia o inexactitud del asegurado en la declaración de los hechos o
circunstancias necesarias para identificar la cosa asegurada y apreciar la
extensión del riesgo, de lugar a declarar la nulidad relativa del contrato de
seguro o la modificación de las condiciones por parte de la aseguradora”.
No obstante, respecto de la carga de la
prueba, la Corte estableció que en
materia de preexistencias y reticencia en los contratos de seguro, esta se
encontraba en cabeza de la aseguradora y no del tomador o asegurado –según sea
el caso–, pues es aquella quien debe consignar en el texto de la póliza las
preexistencias a considerar, por lo que no es de recibo que  posteriormente las
alegue si, teniendo la posibilidad de conocerlas, no solicita los respectivos exámenes
médicos a sus usuarios al momento de celebrar el contrato. Por tanto, en esos
eventos, no es posible exigirle un comportamiento diferente a los asegurados[41].
Por otro lado, advirtió que la obligación de declarar sinceramente el
estado real del riesgo, no puede considerarse como sinónimo de reticencia, pues
esta implica mala fe, en tanto
que la preexistencia es un hecho objetivo; razón por la cual, al igual que en
la jurisdicción ordinaria, es la aseguradora la encargada de probar la mala fe.
En concordancia con lo anteriormente dicho, la reticencia
será entendida como la inexactitud en la información entregada por el asegurado-deudor
al momento de suscribir el contrato, por lo que es indispensable que se
configure el elemento subjetivo de mala fe, para hablar de reticencia. Por
consiguiente: “(i) no necesariamente los casos de preexistencias son
sinónimo de reticencia. El primer evento es objetivo mientras que el segundo es
subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en
los casos de preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho
la haría desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo
caso, (iii) no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los
hechos que dan lugar a la supuesta reticencia”[42].
Con base
en ello, es posible concluir que quienes deben probar la preexistencia son las
aseguradoras, por lo que la no realización de los exámenes médicos o exigencia
en la entrega de unos recientes para así verificar el verdadero estado de salud
del asegurado, es considerado un acto negligente.
Así, entre los aspectos que debe verificar el juez
constitucional para ordenar hacer efectiva la póliza de Seguro de Vida Grupo
Deudores están: (i) la imposibilidad de obtener recursos económicos, (ii)
las obligaciones familiares, así como (iii) las condiciones especiales
de vulnerabilidad de cada caso. Lo anterior, con el fin de determinar si las
cargas procesales impuestas al solicitante, resultan excesivas en virtud de su
estado de indefensión. [43]
En tal virtud, sobre la obligación de
las aseguradoras de pagar la póliza ante la configuración de algún tipo de
preexistencia, en la Sentencia T-222 de 2014[44],
se concluyó que para estos efectos se debe: “(i) carecer de recursos económicos. La Corte ha entendido que no
basta ser un sujeto de especial protección constitucional para que pueda
reclamarse el pago de la póliza. Efectivamente, la persona debe carecer de los
recursos económicos necesarios para continuar pagando las cuotas del crédito.
En segundo lugar (ii), que la familia del asegurado dependa económicamente de
él. En efecto, el no pago de la póliza, en estos eventos, puede incluir la
lesión y/o vulneración de los derechos fundamentales de todo un núcleo
familiar. Si una persona no puede pagar la cuota de un crédito, muy
probablemente esto tendrá efectos en su familia por los posibles cobros del
banco. En tercer lugar (iii), la carga de declarar no puede convertirse en una
carga excesiva para el tomador del seguro, pues existen casos en los que las
cláusulas son tan ambiguas que no es posible, naturalmente, suministrar con
toda certeza las calidades del asegurado. En cuarto lugar (iv), la carga de la
prueba de la preexistencia radica en cabeza de la aseguradora. Finalmente, en
quinto lugar (v), la aseguradora está en la obligación de pedir exámenes
médicos previos a la celebración del contrato de seguro, pues de otra manera no
podrá alegar preexistencia alguna en un futuro”.
En conclusión, en el caso de los Seguros de Vida grupo Deudores, si bien
el tomador y beneficiario del seguro es la entidad bancaria, y esta, a su vez,
le asiste la obligación de informar sobre las circunstancias y situaciones que
resultaron de la declaración que previamente realizó el deudor en calidad de
asegurado sobre el estado del riesgo a asegurar, la entidad aseguradora no
puede alegar el desconocimiento de dicha información para no hacer efectivo el
pago del saldo insoluto de la deuda, pues el error y la negligencia en que
incurrió al momento de no solicitar  los exámenes médicos recientes, no pueden
ser trasladados al asegurado-deudor.
7. Análisis de los casos concretos
Con base en
las reseñas fácticas expuestas y las pruebas que obran dentro de los
expedientes, la Sala de Revisión encuentra acreditados los siguientes hechos:
7.1. Expediente T-4.577.692
En el presente asunto, el señor Santos Ortiz Trujillo, de
56 años de edad, presentó acción de tutela contra Bancolombia S.A. –Sucursal Campoalegre, Huila– y Seguros Suramericana
S.A., por estimar que dichas entidades vulneraron sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad
humana, al debido proceso y a la vivienda digna, i) al no hacer efectivo el contrato de Seguro de Vida Grupo Deudores
que amparaba la obligación crediticia adquirida con esta entidad bancaria, argumentando
que, teniendo en cuenta la mora en el pago de la prima
de la póliza, había operado el fenómeno de la terminación automática del
contrato de seguro, y ii) por haber iniciado, el
6 de octubre de 2010, proceso ejecutivo en su contra, el cual se encuentra en
curso en el Juzgado Primero Promiscuo de Campoalegre, Huila.
Los jueces de
instancia decidieron denegar el amparo de los derechos fundamentales reclamados,
al considerar que la acción de tutela resulta improcedente, pues siendo la
pretensión principal el pago de una prestación económica de origen contractual,
estimaron que el señor Santos Ortiz Trujillo cuenta con otros medios de defensa
judicial, los cuales puede hacer efectivos ante la jurisdicción ordinaria
civil.
Ante la
situación descrita, es necesario establecer si el mecanismo tutelar es
procedente para dirimir la controversia de índole contractual, suscitada con
ocasión de la objeción emitida por Seguros
de Vida Suramericana S.A. frente a la solicitud de pago
indemnizatorio presentada por el señor Santos Ortiz Trujillo, debido a la
invalidez que presenta.
En lo atinente al
requisito de inmediatez que preside a la acción de tutela, encuentra esta Sala
de Revisión que no se cumplió en debida forma, toda vez que la negativa por
parte de Seguros de Vida Suramericana S.A. frente
a la solicitud de reconsideración elevada por el actor, tuvo lugar el 14 de
enero de 2013 y, la acción tuitiva, fue presentada el 23 de diciembre de 2013,
de lo cual se colige que transcurrieron once (11) meses y nueve (9) días, entre
el momento en que no fue aprobado hacer efectiva la póliza de Seguro de Vida
Grupo Deudores y, la fecha en la que se acudió a la jurisdicción
constitucional.
Frente a la afirmación de Seguros de Vida
Suramericana S.A., según la cual, el accionante “incurre en el
incumplimiento de las obligaciones propias del contrato de seguro al incurrir
en la mora de 17 cuotas de pago relacionadas a la obligación antes citada
(sic)”[45], generándose por esta razón,
la terminación del contrato de seguro, esta Corporación pudo constatar lo
siguiente:
Como ya se advirtió, en lo que concierne al
Seguro de Vida Grupo Deudores materia de discusión, este amparaba el crédito
hipotecario adquirido por el actor, el 31 de marzo de 2007. Dicha póliza fue
suscrita entre Bancolombia S.A., en calidad de
tomador y beneficiario, y Seguros Suramericana S.A., en calidad de asegurador,
por los riesgos de muerte e incapacidad total y permanente del deudor, de modo
que, al suceder alguno de ellos, la aseguradora debía cancelar el saldo
insoluto de la deuda.
En consecuencia, si se tiene en cuenta que es el
tomador de la póliza quien tiene por obligación el pago de la prima a la
aseguradora como contraprestación para el traslado del riesgo a asegurar, ello, en principio, llevaría a esta Sala a sostener que, tratándose de un Seguro de Vida de Grupo
Deudores, quien incurrió en mora en el pago de la prima de la póliza fue
Bancolombia S.A. y no el señor Santos Ortiz Trujillo. Por consiguiente, la
decisión unilateral de la suspensión de los pagos de las primas de la póliza de
seguro por parte de Bancolombia S.A., deja sin efectos el contrato de seguro y,
en consecuencia, imposibilita al asegurado-deudor, una vez le sobrevino el
riesgo de invalidez total y permanente, para reclamar la indemnización del
seguro consistente en hacer efectivo el pago insoluto de la obligación
crediticia adquirida.
Así las cosas, y teniendo en cuenta lo abordado en
sentencia T-1095 de 2005[46], en virtud de los principios de
confianza legítima y buena fe, la entidad aseguradora debió informar al señor
Santos Ortiz Trujillo, de manera previa y oportuna, sobre las variaciones de las
condiciones del contrato, pues la decisión unilateral de no continuar
cancelando las primas de la póliza de seguro, impidió al asegurado-deudor: i)
optar por otras medidas alternativas que le permitieran asumir por sí mismo
el pago de la prima y/o ii)  acceder a otro seguro para reemplazar el ya
existente.
No obstante, en la citada sentencia, consideró este
Tribunal que, para conjurar la acción de tutela como mecanismo transitorio de
protección en asuntos netamente contractuales debe existir la configuración de
un perjuicio grave, urgente e impostergable, motivo por
el cual, los mecanismos ordinarios de defensa judicial con que cuente el
demandante no resulten idóneos para evitar la transgresión de su derecho al
mínimo vital en materia de seguros.
Es así como en
la referida providencia se encontró configurado un perjuicio inminente y
urgente en el hecho de que al actor se le hubiera iniciado por parte de la
entidad bancaria  un proceso ejecutivo hipotecario en el cual ya se había
ordenado la diligencia de entrega del inmueble rematado a favor de la
ejecutante para el pago de la acreencia debida, por lo que ante la inminencia
de que la ejecutada debiera entregar el inmueble rematado, lugar de su
habitación, esta Corporación consideró, para el caso de referencia, la acción de
tutela procedente.
Ahora bien, en el
expediente sub examine, no se encontraron suficientes elementos de
juicio que permitan deducir la afectación al mínimo vital del señor Santos
Ortiz Trujillo, ni tampoco la configuración de un perjuicio irremediable que
permita la procedencia transitoria de la tutela.
En efecto, el demandante invocó la configuración de un perjuicio
irremediable en la medida en que Bancolombia S.A., el 12 de octubre de 2010,
iniciara proceso ejecutivo en su contra con el fin de obtener el pago del saldo
insoluto del crédito hipotecario adquirido, teniendo como prenda en garantía su
único bien inmueble. Sin embargo, para efectos de
verificar las condiciones actuales en que se encuentra tal demanda, esta
Corporación, mediante comunicación telefónica sostenida el 8 de julio de 2015, con
la secretaria del Juzgado Primero Promiscuo de Campoalegre, Huila, tuvo
conocimiento de que: i) el actor fue notificado el 30 de marzo de 2011
por conducta concluyente de la demanda ejecutiva referida; ii) Santos
Ortiz Trujillo no presentó excepciones, por lo que el 25 de mayo de 2011, se
ordenó seguir adelante con la ejecución del crédito; iii) la liquidación
del crédito presentada por el apoderado de Bancolombia S.A. fue debidamente aprobada
y iv) debido a que el demandante vendió el bien inmueble que se encontraba
como prenda en garantía del crédito hipotecario, Bancolombia S.A. solicitó la
vinculación de la nueva propietaria del bien, por lo que a la fecha el proceso
ejecutivo se encuentra a la espera de tal vinculación.
Vistas así las cosas esta sala
no advierte una afectación real al mínimo vital  y vivienda digna del actor,
así como tampoco la presencia de un perjuicio irremediable, pues si bien
presenta una invalidez del 50.45%, por enfermedad de origen común “pénfigo seborreíco”, tal condición no resulta determinante para que
la acción tuitiva proceda, si se tiene en cuenta que se realizó la “venta” del bien
inmueble que se tenía como garantía para respaldar la
obligación.
Como colofón de lo anterior, es
claro que entre el señor Santos Ortiz Trujillo, Bancolombia S.A. y Seguros de Vida Suramericana S.A., se suscita una
discusión relacionada con: i) la cobertura de la póliza, respecto de la
cual, la aseguradora afirma no hacerla efectiva por haberse configurado la terminación
automática del contrato de seguro debido a la mora en el pago de 17 cuotas,
todas, anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez del
asegurado-deudor y ii) la legalidad de la decisión unilateral de
Bancolombia S.A. en la suspensión de los pagos de las primas de la póliza en
calidad de tomador y beneficiario.
Bajo esta óptica, los hechos
expuestos se enmarcan dentro de una litis contractual que se deriva de un
acuerdo privado, cuyo debate corresponde estudiar a la justicia ordinaria, ya
que en la controversia no se evidencia la configuración de un perjuicio
irremediable y, por tanto, el mecanismo tutelar resulta improcedente.
En este sentido, la Sala de
Revisión confirmará el fallo proferido por el juez de instancia dentro de la acción
de tutela impetrada por Santos Ortiz Trujillo, en contra de Bancolombia S.A. y Seguros de Vida Suramericana S.A.
7.2. Expediente T-4.580.209
En este caso,
Clara Rocío Carvajal, de 44 años de edad, mediante agente oficioso, solicita la
protección de sus derechos fundamentales y los de sus
dos hijos, Juan Camilo y Edgar Felipe Pérez Carvajal, de 17 y 20 años de edad, respectivamente,
a la vida digna, al mínimo vital, a la vivienda digna y
a la salud, los cuales considera vulnerados por el Banco
BBVA Sucursal de El Espinal y BBVA Seguros de Vida Colombia, toda vez que no se hizo efectiva la póliza de seguro suscrita por
el riesgo de invalidez  permanente para obtener el pago insoluto de
obligaciones crediticias; así como por no haberse otorgado, por parte de la
Nueva EPS, el tratamiento integral requerido.
Como fundamento fáctico
relevante que soporta su solicitud, expuso la agenciada que, debido a su
diagnóstico de “trastorno mixto de ansiedad y depresión”, solicitó a la
compañía BBVA Seguros de Vida Colombia S.A, hacer efectiva la póliza de seguro
suscrita en virtud de haber acaecido el riesgo de invalidez y, por
consiguiente, tener derecho al pago del saldo insoluto de los cuatro créditos
adquiridos. No obstante, a pesar de que la aseguradora reconoció el beneficio
para los créditos desembolsados el 31 de mayo de 2010 y 25 febrero de 2011, la misma
objetó el reconocimiento de la respectiva indemnización para los créditos
adquiridos el 23 y 24 febrero de 2012. Lo anterior, bajo el argumento de que la
enfermedad causante de la disminución laboral había sido adquirida antes de celebrar
el contrato, por lo que habiendo reticencia e inexactitud en la información
otorgada, operaba la figura de la  nulidad relativa. Agregó, además, que en el
presente caso, tal enfermedad se encontraba dentro de las exclusiones contenidas
en el contrato.
Los jueces de
instancia consideraron que el amparo se tornaba improcedente, por cuanto la demandante
cuenta con mecanismos de defensa diferentes a la acción de tutela, así como que
el  riesgo de invalidez sobreviniente se encontraba excluido expresamente de
los amparos que se cubrirían.
Así las cosas, se colige que el mecanismo tutelar es procedente en
el presente caso, no solo porque la accionante se encuentra en una condición de
indefensión frente a las  entidades demandadas por ser estas últimas quienes
condicionaron y estipularon las cláusulas que regirían el contrato de seguro
suscrito, imposibilitándola para resistirse a la sujeción de las mismas, sino,
además, porque  se encuentran en discusión los derechos fundamentales de sus
hijos Juan Camilo y Edgar Felipe Pérez Carvajal, de 17
y 20 años de edad, respectivamente, en razón de que el último, padece además, de
una discapacidad valorada en un 62.20% por “retraso mental grave” y, por tanto, los hace acreedores de una especial protección constitucional.
En consecuencia, y con el fin de evitar la consumación de un perjuicio
irremediable, la acción de tutela se torna viable.
Una vez definido
el anterior aspecto es preciso señalar que, no es de recibo para esta Corporación
el argumento que utilizó la aseguradora y el juez de segunda instancia para
denegar la acción constitucional en estudio, en el sentido de señalar que el
riesgo de invalidez por enfermedades psíquicas se encontraba excluido de las
condiciones generales y específicas del contrato de seguro y, por tanto, eximía
de responsabilidad a la entidad aseguradora de cancelar el saldo insoluto de
las obligaciones crediticias adquiridas en virtud de la póliza suscrita.
En efecto, tal
consideración tiene fundamento en la indebida interpretación que se le dio a
cláusula 3.3 correspondiente al título de exclusiones, pues si bien se tenían por excluidas “las lesiones causadas así mismo por el
asegurado, ya sea que se encuentre en estado de cordura o demencia (sic)”[47],
esta hacía referencia a las lesiones que el asegurado pudiere ocasionarse a sí
mismo en virtud de una enfermedad psíquica, y no, a la enfermedad de trastorno
mixto de ansiedad o depresión como causa principal de invalidez. Igualmente, el
que la aseguradora haya hecho alusión a las exclusiones acordadas para la incapacidad
total temporal[48],
convence a esta sala de Revisión, del error en que incurrió al momento de
interpretar la misma, por cuanto estas exclusiones fueron acordadas para el
riesgo de incapacidad total temporal y no para el riesgo de incapacidad total y
permanente, pues este último, se encontraba en la lista de riesgos trasladados
a la aseguradora y, por consiguiente, amparado por la póliza suscrita.
Una vez aclarada
la procedencia de la acción, esta Sala se pronunciará en relación a la
pretensión principal de la demandante, esto es, el pago de la indemnización del
Seguro Vida Grupo Deudores por el riesgo de invalidez total y permanente.
Sobre el particular,
para esta Corte no es atendible el argumento expuesto por la aseguradora para objetar
el pago de la indemnización. Ello por cuanto no pudo existir mala fe por parte
de la actora al momento de suministrar información sobre el estado del riesgo a
asegurar, habida cuenta que la fecha en la que fue estructurada su enfermedad, el
21 de septiembre de 2012, es posterior a las fechas en las que adquirió los créditos
en litigio, toda vez que estos fueron desembolsados el 23 y 24 de febrero de
2012; razón por la cual, no puede alegarse una reticencia, cuando ni siquiera
la accionante tenía conocimiento de la enfermedad que iba ser la causa de su
pérdida de capacidad laboral en un 61.58%.
Si no está
probada la mala fe, la entidad aseguradora no puede presumir este comportamiento
para no hacer efectiva la póliza suscrita y, como consecuencia, negarse a cancelar
al banco, en calidad de tomador y beneficiario de la misma, el saldo insoluto
de las obligaciones adquiridas por la actora en calidad de deudora, pues debió
verificar, en su momento, el estado de salud de la agenciada, máxime cuando es
responsabilidad de la entidad aseguradora solicitar los exámenes médicos
correspondientes.
A este respecto,
es menester recordar que, de acuerdo con la normativa comercial y civil, así
como de la jurisprudencia constitucional, la carga de la prueba en materia de
preexistencias se encuentra a cargo de BBVA Seguros de Vida Colombia y no de la
asegurada-deudora, por lo que no es aceptable que la compañía aseguradora invoque
una preexistencia, si habiendo tenido la posibilidad  de solicitar exámenes
médicos a Clara Rocío Carvajal, al momento de celebrar el contrato de seguro,
con el fin verificar su verdadero estado de salud, no lo hizo.
En relación con
el principio de buena fe, cabe señalar que, si bien este se predica de ambas
partes del contrato, el deber de declarar el verdadero estado del riesgo a asegurar,
el cual recae sobre la agenciada, no puede considerarse absoluto, pues existen situaciones en las que las enfermedades, o
son silenciosas, o son de imposible conocimiento. Igualmente, la preexistencia
no puede tomarse como sinónimo de reticencia, pues esta
implica el elemento subjetivo de la mala fe, la cual corresponde ser probada
por BBVA Seguros de Vida Colombia.
Ahora
bien, como se dijo anteriormente, para que por tutela proceda el reconocimiento
y pago de una indemnización, en materia de seguros, por invalidez total y
permanente, con el fin de obtener el pago insoluto de una obligación
crediticia, no es suficiente con probar la invalidez, sino que, además, es
necesario demostrar la falta de capacidad económica para seguir asumiendo la
obligación. Por consiguiente, si bien en el sub examine existen algunas pruebas
que acreditan que la solicitante recibe rentas adicionales, como lo es la
pensión de invalidez que le fue reconocida por Colpensiones, por un valor de un
millón ciento noventa y un mil doscientos noventa y ocho pesos ($1’191.298), ello,
en principio, llevaría a esta Sala a sostener que la señora Clara Rocío
Carvajal cuenta con recursos económicos suficientes para sufragar los gastos inherentes
a las deudas adquiridas con la entidad bancaria. Sin embargo, según lo que ésta
manifestó en el caso de esta tutela, dicho monto debe destinarlo para gastos
correspondientes a la educación y a la salud de sus dos hijos, gastos que se
incrementan si se tiene en cuenta que uno de ellos presenta invalidez del 62.20%,
lo cual hace que su educación y alimentación sean especiales. Así mismo, al no
poderse hacer cargo de sus propios hijos, se hace indispensable la presencia de
una persona que goce de las capacidades físicas y psicológicas para que asuma
tal labor.
Por
tales razones, la relación de gastos que presentó la demandante, llevan a esta
Sala a concluir que efectivamente su mesada pensional no es suficiente para
continuar con el pago de la deuda crediticia en discusión.
En
lo que respecta a la lesión del derecho a la vivienda digna, esta Sala
considera que se debe tutelar, toda vez que teniendo en cuenta que sobre el
único bien inmueble –del cual no recibe renta alguna y es destinado para su
propia residencia–, recayó una afectación de hipoteca de primer grado a favor
del Banco BBVA, se hace necesario advertir a dicha entidad bancaria que se abstenga de iniciar cualquier tipo de cobro judicial y/o
extrajudicial, en contra de la Señora Clara Roció Carvajal por el crédito o
créditos que adeuda, ya que estos deben ser amparados por la póliza suscrita.
Sobre
la supuesta violación del derecho a la salud por parte de la Nueva EPS al no
reconocer y autorizar el tratamiento integral pretendido, se verificó que
efectivamente, tanto la agenciada como su hijo en condición de discapacidad, han
venido recibiendo la atención médica requerida, lo cual significa que la
pretensión de recibir un tratamiento integral, no resulta procedente hasta
tanto se justifique plenamente o lo prescriba el médico tratante.
Por
otro lado, en lo referente a la devolución del dinero de las cuotas canceladas por
la demandante después de la notificación del dictamen mediante el cual se
estableció la pérdida de capacidad laboral, se tiene que, si bien, en principio,
estos pagos debieron ser asumidos por la entidad aseguradora una vez se
configuró el riesgo asegurado, lo cierto es que la acción de tutela no es el
medio idóneo para definir la procedencia de este tipo de reembolso. De manera
que tal reclamación deberá formularse ante el juez ordinario.
En conclusión,
esta Sala estima que ante la omisión de la aseguradora de probar la
preexistencia no cabría sancionar a la señora Clara Rocío Carvajal, pues la
carga de declarar su real condición de salud no puede convertirse en excesiva
para ella, máxime si se tiene en cuenta que en el presente caso, la fecha de
estructuración de la enfermedad que dio origen a la pérdida de capacidad
laboral es posterior a las fechas de desembolso de los créditos, por lo que no
puede alegarse una reticencia cuando no se probó la mala fe en la declaración
de asegurabilidad, toda vez que no se demostró que la agenciada conocía con
certitud su estado de salud para el momento en que se hizo parte del contrato
de seguro. Por consiguiente, se ordenará a la aseguradora, proceder a iniciar los
trámites correspondientes para hacer efectiva la póliza de seguro, con el fin
de cancelar el saldo insoluto de las obligaciones adquiridas con el Banco BBVA
Sucursal de El Espinal.
7.3.
Expediente T- 4.580.212
En el caso sub
examine se trata de establecer si el mecanismo tutelar es procedente para
dirimir la controversia de índole contractual, suscitada con ocasión de la
objeción planteada por Seguros de Vida Alfa S.A frente a la solicitud de pago
indemnizatorio presentada por el señor José Antonio García Lozada como
consecuencia de haberse configurado el siniestro de invalidez total y
permanente en un 70.66% por las enfermedades de origen común “Gastritis antral
crónica, meniscopatía interna de rodilla izquierda con tendinitis,
hipotiroidismo, dislipidemia y otras”[49].
Al efecto, esta
Sala considera que, una vez revisados los hechos y analizado el material
probatorio relacionado con la presente acción de tutela, se impone la
conclusión de que esta última resulta procedente, toda vez que, además de encontrarse
probada su situación de debilidad manifiesta del demandante frente a la entidad
accionada, con ocasión de la relación de sujeción que debió asumir frente a las
cláusulas del contrato de seguro en calidad de asegurado-deudor, también pudo constatarse
la falta de capacidad económica suficiente para seguir sufragando la obligación
crediticia adquirida.
Con relación a
su capacidad económica, el actor expresó que carece de recursos económicos, es
jefe de familia y tiene a su cargo la alimentación y educación de sus hijos
Sergio Andrés García Castillo, de 20 años de edad, estudiante de ingeniería ambiental
–y por el cual paga un crédito en el ICETEX–, y María Alejandra García
Castillo, de 12 años de edad, quien cursa bachillerato en el Instituto Santa
Teresita de Floridablanca –tiene a cargo pensión y transporte–, así como de su
esposa, quien depende económicamente de él. De igual forma, allegó extractos
bancarios y demás recibos de obligaciones crediticias que debió adquirir como
consecuencia a la grave situación de salud que afronta.
Así pues, en el
estudio del caso concreto, esta Sala encuentra probada la ausencia de capacidad
económica por parte del demandante. Lo anterior, se debe a que, a pesar de
recibir una asignación de retiro como militar en situación de reserva por la
suma de dos millones cuatrocientos tres mil seiscientos treinta y cinco pesos
($2’403.635)[50],
así como una renta adicional de seiscientos mil pesos ($600.000) por turnos que
realiza en vigilancia, sus ingresos no son suficientes para seguir sufragando
la obligación crediticia, pues de la asignación de retiro le es descontada la
suma de novecientos ocho mil setecientos cincuenta y seis pesos ($908.756). De
manera que sus ingresos solo alcanzan para cubrir los gastos que le son
necesarios para subsistir.
Sobre la
solicitud de hacer efectiva la póliza de seguro, el señor José Antonio García Lozada sostuvo, en su escrito
de tutela, que Seguros de Vida Alfa S.A negó el pago de la póliza que fue
suscrita por el Banco de Bogotá con el fin de respaldar el saldo insoluto del
crédito adquirido por él, en caso de que se configurara el riesgo de invalidez
total y permanente, así como el de desmembración y enfermedades graves fundada
en la consideración según la cual al suscribir la póliza el deudor no informó
que padecía de varias enfermedades. No obstante que de acuerdo con la historia
clínica y conceptos médicos emitidos por la Dirección de Sanidad de las Fuerzas
Militares en los meses de febrero[51]
y septiembre[52]
de 2011, el peticionario presentaba diagnóstico de “tendinitis e
hipotiroidismo etiología”.
Por su parte, el
juez de instancia declaró improcedente la acción de tutela, argumentando que el
amparo por vía de tutela es residual y que solamente resulta viable cuando se
agotan los demás recursos de defensa con los que cuenta el solicitante. De tal
suerte que, al tratarse de una controversia contractual, el señor José Antonio García
Lozada puede acudir a la jurisdicción ordinaria Civil.
Así las cosas, luego
de analizar la respuesta de la aseguradora, en el sentido de considerar que su
negativa al pago de la póliza no lesionaba los derechos fundamentales del
asegurado, esta Sala considera que tal posición resulta desproporcionada, pues
no logra justificar la negativa a cumplir con su obligación de hacer efectiva
la póliza de seguro suscrita para amparar el riesgo de invalidez total y
permanente, no obstante que, teniendo la carga de realizar los respectivos
exámenes médicos o solicitar unos recientes al actor, no lo hizo. No es pues
admisible pretender ahora que esta laxitud en recobrar la información
relacionada con el contrato se trasladen al deudor, quien es una persona en
condición de discapacidad y, por lo mismo, no puede ser sujeto a cargas
procesales adicionales.
Por todo lo anterior, y habiéndose demostrado en el
presente caso, que la aseguradora pese a tener los medios para conocer la preexistencia,
ni solicitó exámenes previos ni tampoco probó la mala fe por parte del
asegurado, ya que no se pudo evidenciar que el accionante conocía plenamente
sus enfermedades al momento de dar la información sobre el estado del riesgo a
asegurar, esta Sala revocará el
fallo proferido el 26 de junio
de 2014, por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bucaramanga, que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor el señor José Antonio García contra el Banco de Bogotá
y Seguros de Vida Alfa S.A., y en su lugar, ordenará a la entidad aseguradora, hacer efectiva la póliza de seguro de vida suscrita,
en razón de haber acaecido el riesgo de incapacidad total y permanente.
7.4. Expediente T-4.595.603
En el presente
caso, el señor Luis Ernesto Fierro Ríos considera vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y a la vivienda digna por
parte de Seguros Suramericana S.A. y Bancolombia S.A. La primera, por cuanto no
hizo efectiva la póliza de Seguro de Vida Grupo Deudores  para el pago del
saldo insoluto de la obligación crediticia adquirida y, la segunda, por haber
iniciado demanda ejecutiva en su contra.
Ahora bien,
respecto al asunto en cuestión, se advierte la configuración de un perjuicio irremediable.
En primer lugar, por cuanto el actor cuenta con 69 años de edad y, fue
calificado con pérdida de capacidad laboral de 76.83%, circunstancias que lo
hacen sujeto de una especial protección constitucional, aunado a ello, la
condición de indefensión que presenta el demandante frente a las referidas
entidades aseguradoras, hace procedente la presente acción de tutela. En
segundo lugar, debido a que está claro que la pensión de vejez que recibe el
accionante no es suficiente para continuar sufragando las cuotas de las
obligaciones crediticias adquiridas, pues de novecientos
ocho mil ochocientos pesos ($908.800), solo recibe cuatrocientos veinte y dos mil
setecientos diecisiete pesos ($422.000) con lo cual
debe cubrir gastos y demás pasivos que le sobrevengan por  su enfermedad y demás
necesidades inherentes al diario vivir; situación que en modo alguno puede
entenderse como un fíat para que las accionadas asuman una actitud renuente
frente al cumplimiento de sus obligaciones. En tercer lugar, el que su esposa
dependa económicamente de él, hace aún más gravoso su estado, pues no solo se
genera la violación de los derechos del actor, sino también, aquellos que le
puedan resultar lesionados a la cónyuge y, en cuarto lugar, se considera un
abuso a la posición dominante, el hecho de que los bancos hayan iniciado
procesos ejecutivos en contra del señor Ernesto Fierro, pues esto implica cargas
procesales que incluso pueden llegar al remate de su único bien inmueble, el
cual está siendo destinado para uso propio. Pero además, por cuanto se quiere
adoptar medidas impostergables, pues de no aplazarse la ejecución judicial de
la obligación, el perjuicio se habrá consumado. Situaciones estas que dejan a
la vista la existencia de un perjuicio irremediable.
Con relación a
la calificación de pérdida de capacidad laboral del actor, es oportuno advertir
que, esta fue realizada por un médico especialista en salud ocupacional de la
Universidad Cooperativa de Colombia, dictamen cuya validez e idoneidad no fue
controvertida por las accionadas, quienes no objetaron ni formularon reparos en
torno a su veracidad. Por el contrario las aseguradoras hicieron efectivas
algunas las pólizas como consecuencia del mismo.
Por lo demás, en
las pólizas no se advierte que el experticio médico que dictamina la invalidez
deba ser expedido por alguna autoridad médica específica.
Así pues, se pudo
constatar que, a pesar de que se hicieron efectivas las pólizas de seguro
suscritas con Seguros de vida Alfa S.A. y Seguros de Vida Liberty S.A. y, en
consecuencia, se realizó el pago insoluto de las deudas adquiridas con el Banco
Comercial AV Villas y Banco Caja Social BCSC, a la fecha, continua en trámite
la demanda ejecutiva instaurada por Bancolombia S.A. en el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Neiva, la cual se encuentra en etapa de remate, pues
habiéndose realizado el llamamiento en garantía de la aseguradora Suramericana
S.A., tal petición no fue aceptada por el juzgado ejecutor.
En lo que
respecta a la reticencia alegada por Seguros Suramericana S.A. como eximente de
responsabilidad para el pago efectivo de la póliza suscrita por el riesgo de invalidez,
se encuentra que la jurisprudencia constitucional ha establecido que además de
que la carga de la prueba de las preexistencias recae en cabeza de las
aseguradoras, no podrán alegarlas si (i) no solicitaron un examen de
entrada y (ii) no demostraron la mala fe en la omisión de información
del asegurado-deudor; obligaciones que no cumplió Seguros Suramericana S.A. y,
por tanto, no es posible que debido a su negligencia, el señor Luis Ernesto
Fierro Ríos deba seguir asumiendo una deuda que adquirió cuando se encontraba
en perfectas condiciones de salud, máxime si se tiene en cuenta que carece de
recursos económicos suficientes para ello.
Por las
anteriores razones, esta Sala concederá el amparo de los derechos fundamentales
del señor Luis Ernesto Fierro Ríos. Por tanto, ordenará a la Compañía Seguros
Suramericana S.A. efectuar el trámite
necesario para pagar a Bancolombia S.A., como beneficiario de la póliza de
Seguro de Vida Grupo Deudores, el saldo insoluto de la obligación adquirida y,
al Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, una
vez se efectué el trámite anterior, abstenerse de continuar ejecutando dicho
crédito.
VIII.
DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de
términos ordenada dentro de los procesos T-4.577.692,
T-4.580.209, T-4.580.212 y T-4.595.603, por Auto del 24
de febrero 2015, proferido por la Sala Cuarta de Revisión.
SEGUNDO. CONFIRMAR
la sentencia el 18 de
febrero de 2014, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Neiva, en el trámite del
proceso de tutela T- T-4.577-692, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO.
INSTAR al señor Santos Ortiz Trujillo, para que
acuda a la jurisdicción ordinaria correspondiente, con el fin de hacer efectiva
la póliza de seguro de vida de grupo deudores suscrita entre Bancolombia S.A.
y  Seguros de Vida Suramericana S.A. Lo anterior, al momento de serle notificada la presente sentencia.
CUARTO.
REVOCAR la sentencia proferida el 21 de julio de
2014, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Espinal (Huila), que, a su vez, confirmó la dictada el 25 de junio de 2014, por
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Espinal (Huila), en el trámite del
proceso de tutela T-4.580.209. En su lugar, CONCEDER el amparo los
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vivienda digna
y a la dignidad humana de la Agenciada Clara Rocío Carvajal Carvajal, por las
razones expuestas en esta providencia.
QUINTO.
ORDENAR a BBVA Seguros de Vida Colombia, por medio
de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cinco (5)
días siguientes a la notificación de esta providencia,
efectúe el trámite necesario para cancelar al Banco BBVA Sucursal de El Espinal,
como tomador y beneficiario de la póliza Seguro de Vida Grupo Deudores No.110043,
el saldo insoluto de las obligaciones crediticias No. 9600132661 y No. 9600133305
adquiridas por la señora Clara Rocío Carvajal Carvajal con dicha entidad
bancaria, el 23 y 24 de febrero de 2012, respectivamente.
SEXTO. ORDENAR al Banco BBVA Sucursal de El Espinal, abstenerse de iniciar
cualquier tipo de cobro judicial y/o extrajudicial en contra de la Señora Clara
Rocío Carvajal Carvajal los créditos de los cuales es deudora, los cuales
deberá cubrir la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia. En caso de haber
iniciado algún trámite judicial, se ordena al juez de conocimiento dar por
terminado inmediatamente cualquier tipo de proceso y levantar las medidas
cautelares que se hayan producido con ocasión del mismo, de conformidad con la
parte considerativa de este fallo.
SÉPTIMO.
INSTAR a la señora Clara Rocío Carvajal Carvajal,
para que acuda a la jurisdicción ordinaria correspondiente, con el fin obtener
la devolución del dinero de las cuotas crediticias pagadas
con posterioridad al dictamen de pérdida de capacidad laboral.
OCTAVO.
REVOCAR la sentencia proferida el 26 de junio de
2014, por el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de
Bucaramanga, en el trámite del proceso de tutela T-4.580.212. En su lugar, CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna y al
mínimo vital del Señor José Antonio García Lozada, por las razones expuestas en
esta providencia.
NOVENO. ORDENAR a Seguros de Vida Alfa S.A., por medio de su representante legal o
quien haga sus veces, que en el término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, efectúe el trámite
necesario para pagar al Banco de Bogotá, como tomador y beneficiario de la
póliza Seguro de Vida Grupo Deudores No. GDR 460, el saldo insoluto de la
obligación crediticia No. 157036131, adquirida por el señor José Antonio García
Lozada Carvajal con dicha entidad bancaria, el 1º de febrero de 2013.
DÉCIMO.
REVOCAR la sentencia proferida el 22 de julio de
2014, por el Tribunal Superior, Sala Primera de
Decisión Civil Familia de Neiva que, a su vez, revocó la dictada el 10 de junio
de 2014, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva, en el trámite del
proceso de tutela T-4.595.603. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al mínimo vital, a la vivienda digna, a la dignidad
humana del señor Luis Ernesto Fierro Ríos, por las razones expuestas en esta
providencia.
DÉCIMO
PRIMERO. ORDENAR a Seguros Suramericana S.A., por
medio de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta
providencia, efectúe el trámite necesario para pagar a Bancolombia S.A. como
tomador de la póliza Seguro de Vida Grupo Deudores No. 112481, el saldo
insoluto de la obligación crediticia adquirida por el señor Luis Ernesto Fierro
con dicha entidad bancaria.
DÉCIMO
SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado Tercero Municipal de
Neiva que, una vez se efectúe el tramite anterior, de por terminado el proceso
de ejecutivo identificado bajo el Radicado No. 2012-00256, instaurado por
Bancolombia S.A. contra Luis Ernesto Fierro Ríos y, en consecuencia, disponga
el levantamiento de las medidas cautelares que se hayan decretado con ocasión
del mismo, de conformidad con la parte considerativa de este fallo.
DÉCIMO TERCERO.
Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cópiese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
GLORIA
STELLA ORTÍZ DELGADO
Magistrada
Con
aclaración de voto
JORGE
IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA T-452 de 2015
CAPACIDAD ECONOMICA DEL ACCIONANTE EN CASO DE CONTRATO DE
SEGUROS DE VIDA GRUPO DEUDORES-Argumento
de la falta de esta capacidad para asumir obligación es pertinente cuando se
aborda procedibilidad de tutela (Aclaración de voto)
El análisis
de la capacidad económica del accionante es relevante, principalmente, para
revisar la procedencia de la tutela, y, de forma excepcional, para resolver el
asunto de fondo. Las consideraciones sobre ingresos y egresos de quien presenta
tutela para que se le efectúe el pago de un seguro deben ser tenidas en cuenta
para determinar que, aunque en la jurisdicción ordinaria existe una acción
idónea para discutir el derecho, por su situación específica puede acudir a la
acción constitucional para obtener respuesta urgente. Estimo que, como regla
general, el estudio de la capacidad económica no es un argumento suficiente
para resolver el asunto de fondo. Máxime, cuando, en estricto sentido, éste se
debe evaluar con elementos propios de las obligaciones del contrato de seguros,
a menos que existan cláusulas inconstitucionales. Así las cosas, en general, estoy de acuerdo con la decisión tomada
en cada uno de los casos porque encuentro la relevancia constitucional en
ellos. Ahora bien, estimo que el argumento sobre la falta de capacidad
económica para asumir la obligación es pertinente, en principio, cuando se
aborda la procedibilidad de la tutela, más no cuando se estudia si el
demandante tiene el derecho al pago del seguro contratado.
Referencia: Expedientes T-4.577.692,
T-4.580.209, T-4.580.212 y T-4.595.603
Acción
de tutela presentada por Santos Ortiz Trujillo, Clara
Rocío Carvajal Carvajal, José Antonio García Lozada y Luis Ernesto Fierro Ríos contra Bancolombia S.A., Seguros
Suramericana S.A., Banco BBVA Sucursal de El Espinal, BBVA Seguros de Vida de
Colombia, Seguros de Vida Alfa S.A., Banco Comercial AV Villas y Nueva EPS.
Magistrado
Ponente:
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte
Constitucional, a continuación presento brevemente las razones que me conducen
a aclarar el voto en la sentencia de la referencia, proferida por la
Sala Cuarta de Revisión de tutelas, el 16 de julio de 2015.
Empiezo por
señalar que estoy de acuerdo con la decisión adoptada en el fallo. Sin embargo,
discrepo de algunas consideraciones entorno al análisis de la “falta de
capacidad económica para seguir asumiendo la obligación”[53]
del demandante en acciones de tutela que tienen como objeto reclamar el
pago de un seguro.
La sentencia señala,
entre varios argumentos, que una de las razones para proferir la orden del
segundo y tercer caso estudiados, consiste en que, ante la falta de capacidad
económica del accionante para asumir la obligación, la aseguradora debe
efectuar el pago del seguro.
La consideración
sobre la capacidad económica ha sido una regla de la jurisprudencia
constitucional para estudiar las acciones de tutela contra las compañías
aseguradoras. Sin embargo, a mi juicio, es necesario definir si ésta debe ser
valorada para permitir que se acuda a la acción de tutela con el fin de
discutir un asunto contractual, o si ésta es determinante en el estudio de
fondo para ordenar el pago del seguro por parte de la compañía accionada.
En mi criterio,
el análisis de la capacidad económica del accionante es relevante,
principalmente, para revisar la procedencia de la tutela, y, de forma
excepcional, para resolver el asunto de fondo. Las consideraciones sobre
ingresos y egresos de quien presenta tutela para que se le efectúe el pago de un
seguro deben ser tenidas en cuenta para determinar que, aunque en la
jurisdicción ordinaria existe una acción idónea para discutir el derecho, por
su situación específica puede acudir a la acción constitucional para obtener
respuesta urgente. Estimo que, como regla general, el estudio de la capacidad
económica no es un argumento suficiente para resolver el asunto de fondo.
Máxime, cuando, en estricto sentido, éste se debe evaluar con elementos propios
de las obligaciones del contrato de seguros, a menos que existan cláusulas
inconstitucionales.
Así las cosas,
en general, estoy de acuerdo con la decisión tomada en cada uno de los casos
porque encuentro la relevancia constitucional en ellos. Ahora bien, estimo que
el argumento sobre la falta de capacidad económica para asumir la obligación
es pertinente, en principio, cuando se aborda la procedibilidad de la tutela,
más no cuando se estudia si el demandante tiene el derecho al pago del seguro
contratado.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Lo anterior, con el objetivo de cancelar dicho crédito, pues
consideraron que, teniendo en cuenta la mora en el pago de la prima de la
póliza, había operado el fenómeno de la terminación automática del contrato de
seguro, este es el de “Exceptio
non adimpleti contractus” ,contenido
en el artículo 1068 del Código de Comercio.
[2] Artículo 1058 del Código de Comercio. DECLARACIÓN
DEL ESTADO DEL RIESGO Y SANCIONES POR INEXACTITUD O RETICENCIA. El tomador
está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que
determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por
el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato,
o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa
del seguro. Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado,
la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha
encubierto por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva
del estado del riesgo. Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador sólo
estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación
asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato
represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del
riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en
este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato,
ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los
vicios de la declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana a
subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.
[3] Folio 18 del cuaderno 2.
[4] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[5] Folio 20 del cuaderno 2.
[6] Artículo 113 de la Ley 39 de 2007, por medio de la cual se regula el régimen del personal militar
profesional y, específicamente, la carrera militar y todos aquellos aspectos
que la conforman.
[7] Demandas ejecutivas presentadas en contra del señor Luis Ernesto
Fierro Ríos: la primera, Bancolombia S.A., con Radicado No. 2012 00256 en el
Juzgado Tercero Civil Municipal; la segunda, Banco Comercial AV Villas S.A,
con Radicado No. 2011 00243 en el Juzgado Quinto Civil Municipal y la última,
por Banco Caja Social BCS con Radicado No. 2011 0011-00, en el Juzgado Segundo
Civil Municipal.
[8] Folios 414-428 del cuaderno 3.
[9] Folios 7-18 del cuaderno 5.
[10] Sentencia T-1085 de 2002. MP. Jaime Araújo Rentería.
[11] M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.
[12] Cita tomada de Sentencia T-738 de 2011: Es de recibo señalar que en algunas oportunidades la jurisprudencia
constitucional ha planteado una especie de asimilación entre la noción de
servicio público y la de interés público. Así por ejemplo, en la sentencia
T-847 de 2010 la Corte Constitucional señaló lo siguiente: “…La acción de
tutela se torna procedente porque la actividad financiera, cuyo objetivo principal
es el de captar recursos económicos del público para administrarlos,
intervenirlos y obtener de su manejo un provecho de igual naturaleza, ha sido
considerada por la Corte Constitucional como servicio público (…). Lo
anterior lo reglamenta el artículo 335 Superior cuando señala que las
actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con
el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos que se captan del
conglomerado en general, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas
previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de
intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización del
crédito.”
[13] Sentencia SU-157 de 1999.
M.P. Alejandro Martínez Caballero. Reiterada entre otras por la sentencia T-
329 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[14] Sentencia T-765 del 22 de septiembre de 2010,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[15] Artículo 7 del Decreto 917 del 28 de mayo 1999, por medio del cual se crea el “Manual único
para la calificación de invalidez".
[16] Sentencia
T-285 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[17] Sentencia T- 104 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo.
[18]  Sentencia T-490 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[19] Ibid.
[20] M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
[21] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia No.
002 del 24 de enero de 1.994, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
[22] Sentencia C-269 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica.
[23] Ibid.
[24] M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
[25] M.P. María Victoria Calle Correa.
[26] Artículo 1083 del Código de Comercio.
[27] Artículo 1137 del Código de Comercio.
[28] Artículo 1075 del Código de Comercio.
[29] Artículo 1077 del  Código de Comercio.
[30] M.P. Mauricio Gonzales Cuervo.
[31] Artículo 83 de la
Constitución Política.
[32] Sentencia T-490 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] Art. 1068.- Modificado. Ley 45 de 1990,
Art. 82. Terminación automática del contrato de seguro. La mora en el pago de
la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará
derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos
causados con ocasión de la expedición del contrato.
Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del
asegurador en la carátula de la póliza, en caracteres destacados.
Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes.
[34] Reiterado en sentencia T-662 de 2013.
[35] Ibid.
[36]Respecto al fenómeno de la reticencia en el contrato de seguro, el artículo
1058 del Código de Comercio prevé las siguientes consecuencias: i)
Cuando la reticencia o la inexactitud sobre circunstancias que conocidos por el
asegurador lo hubieren retraído de celebrar el contrato o estipular condiciones
más onerosas se produce la nulidad relativa del contrato de seguro; ii)
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario  e igual se
presenta la inexactitud  del tomador o se  ha encubierto la culpa, hechos o
circunstancias  que agravan el riesgo se produce la nulidad relativa y; iii)
Si la inexactitud o reticencia provienen del error inculpable al tomador, el
contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado en caso de
siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que
la tarifa o prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o
la prima adecuada al verdadero estado del riesgo, excepto lo previsto en el
artículo 1160 del Código de Comercio.
[37] Sentencia T-059 de 1997, MP. Alejandro
Martínez Caballero
[38] Sentencia T-152 de 2006, MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[39] Sentencia T-171 de 2003, MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[40]M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[41] Sentencia T-832 de 2010, M.P. Nilson Elías Pinilla Pinilla.
[42] Sentencia T-662 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43] Ibid
[44] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[45] Folio 86 del cuaderno 2.
[46] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[47] Folio 20 del cuaderno 2.
[48] Folio 18 del cuaderno 2.
[49] Folio 11 del cuaderno 2
[50] Folio 17 del cuaderno 1
[51] Folio 14 del cuaderno 2.
[52] Folio 15 del cuaderno 2.
[53] Página 52.