T-458-97
Sentencia T-458/97
Sentencia
T-458/97
SUBORDINACION E
INDEFENSION-Pago oportuno
de mesadas pensionales por empresa
Esta Corporación
ha considerado que las relaciones de carácter laboral, incluidas las relaciones
entre empresas y pensionados, constituyen el caso paradigmático de
subordinación en cuyo ámbito la acción de tutela opera como mecanismo de
protección y defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores o pensionados.
Así mismo, el fenómeno de la indefensión se produce cuando el actor no dispone
de ningún medio de defensa judicial distinto de la acción de tutela o cuando
las acciones judiciales ordinarias con las que cuenta no son lo suficientemente
eficaces para proteger o defender con prontitud el derecho o derechos
fundamentales conculcados.
INDEFENSION-No pago de mesadas pensionales por
situación concordataria de empresa/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL INEFICAZ-Pago
oportuno de mesadas pensionales por empresa en situación concordataria
En casos en los
cuales una empresa sometida a concordato preventivo obligatorio no paga a sus
pensionados las mesadas a que tienen derecho, la Corte ha estimado,que tanto el
proceso ordinario laboral como el proceso concordatario son insuficientes para
defender, con la eficiencia y urgencia requeridas por este tipo de casos, los
derechos fundamentales de los pensionados, situación que determina un estado de
indefensión frente al cual la acción de tutela resulta procedente.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-No pago
oportuno de mesadas pensionales por situación concordataria de empresa
Se causa un
perjuicio irremediable cuando una empresa deja de cancelar oportunamente las
mesadas pensionales a sus pensionados, toda vez que se trata de personas de la
tercera edad cuya única fuente de recursos depende de las pensiones señaladas y
su vinculación al mercado de trabajo es del todo incierta. Adicionalmente, lo
anterior resulta agravado si la empresa deudora se encuentra sometida a un
trámite concursal dentro del cual las autoridades estatales encargadas de
llevarlo a cabo no cumplen con las misiones que la Constitución Política les ha
asignado. Cuando una empresa que ha asumido directamente el pago de la carga
pensional y que se encuentra sometida al trámite de un concordato preventivo
obligatorio deja de cancelar las mesadas pensionales, se concreta la violación
del derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital de los
pensionados. En estos eventos, la acción de tutela es procedente en razón de la
necesidad de conjurar o aminorar el perjuicio irremediable que se causa con
ocasión de la situación antes descrita.
MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL-Protección
derechos de pensionados en el trámite de concordato/SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES-Protección derechos del pensionado en trámite de concordato
Esta Corporación
ya ha indicado categóricamente que las autoridades de control y vigilancia y,
en especial, el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y la Superintendencia
de Sociedades, deben velar porque en el trámite de un concordato, los derechos
de los pensionados que corresponden a gastos de administración, no resulten
amenazados o quebrantados. El Estatuto Superior impone a las entidades antes
anotadas la obligación especialísima de adoptar todas aquellas medidas que sean
conducentes y necesarias para garantizar el pago de los derechos laborales de
trabajadores y pensionados. En particular, la Corte ha estimado que las
competencias de la Superintendencia de Sociedades no se reducen exclusivamente
al logro de un acuerdo en torno al pago de los créditos concordatarios sino
que, con fundamento en deberes que la ley y la Constitución le imponen, debe
velar que la empresa cumpla con las obligaciones laborales causadas con
posterioridad a la apertura del concordato. En efecto, si una empresa se
encuentra en la clara imposibilidad de pagar los gastos de administración, ello
significa que falta uno de los presupuestos esenciales del concordato y, por lo
tanto, la Superintendencia debe convocar, de inmediato, a un trámite
liquidatorio, so pena de permitir que siga aumentando, inútilmente, el pasivo
de la entidad.
PRINCIPIO DEL
MENOR DAÑO CONSTITUCIONAL-Aplicación
En un Estado de
derecho, la tarea del juez consiste en promover y garantizar los derechos,
principios y valores que defiende el ordenamiento. Cada decisión implica
entonces la realización de un bien jurídico. Sin embargo, en algunos casos
excepcionales, el juez se encuentra ante una circunstancia trágica: las
decisiones jurídicamente admisibles tendrán, necesariamente, todas ellas, un
efecto nocivo. En estas circunstancias, la tarea del juez consiste en
identificar y darle curso a la decisión que tenga el menor costo
constitucional. En otras palabras, la que produzca el menor daño, desde una
perspectiva constitucional.
DERECHO AL MINIMO
VITAL DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD-Prelación constitucional/DERECHO AL MINIMO VITAL-Pago
oportuno de mesadas pensionales
La Constitución
Política consagra unos sujetos privilegiados en razón de sus condiciones de
debilidad manifiesta, dentro de los cuales se encuentran las personas de la
tercera edad, quienes deben merecer, por parte de los poderes públicos, una
especial protección (C.P. artículos 1º, 13, 46, 48 y 53). Adicionalmente, la Carta
establece la defensa prioritaria de una serie de derechos fundamentales, uno de
los  cuales es el derecho al mínimo vital (C.P. art. 1, 11 y 16). En estas
condiciones, debe afirmarse que el Estado-legislador, el Estado-administración
y el Estado-juez, están obligados, en primerísima instancia, a defender las
pensiones de los ancianos, como una forma de obedecer los imperativos
constitucionales antes mencionados. Efectivamente, no sobra reiterar, una vez
más, que esta Corporación ha considerado, de manera unánime, que las mesadas
pensionales tienen la función de satisfacer el derecho fundamental al mínimo
vital de quienes, por sus condiciones personales, constituyen un colectivo
sujeto a especial protección.
CONCORDATO
PREVENTIVO OBLIGATORIO-pago
preferente de mesadas pensionales
El legislador al
definir las normas a las cuales debe sujetarse una empresa que ha asumido
directamente el pasivo pensional, diseñó un esquema que otorga prioridad al
pago de las acreencias pensionales. De una parte la empresa esta obligada a
constituir una garantía pensional que tiene el objetivo de asegurar plenamente,
frente a cualquier eventualidad, el pago de las mesadas. Adicionalmente, las
entidades que ejercen funciones de policía laboral están autorizadas para
someterla a un tramite de conmutación pensional cuando, por cualquier
circunstancia, se amenace el cumplimiento de la obligación pensional. Lo
anterior, incluso a riesgo de que con posterioridad la empresa se vea
necesariamente obligada a cerrar o deje de pagar otros créditos menos urgentes.
Bajo el supuesto de que estas garantías aseguran el pago prioritario de las
pensiones, las normas aplicables a la liquidación de una empresa definen un
sistema de prelación de créditos que no incluye, expresamente, la preferencia
de las pensiones que, se supone, ya esta asegurada. Ahora bien, si los activos
de una empresa en liquidación resultan claramente insuficientes para cancelar
las distintas acreencias - pre y posconcordatarias -, y, adicionalmente se
trata de una empresa que ha asumido directamente la carga prestacional y que,
en parte, debido a la negligencia de las autoridades de control, ha dejado de
asegurar el pago de este crédito, lo cierto es que los recursos existentes
deben destinarse, de manera prioritaria y exclusiva, a garantizar el pago de
las mesadas pensionales de las personas de la tercera edad. La aplicación
inflexible de la par conditio creditorum, así dentro de la primera clase se
encuentren los pasivos pensionales actuales y futuros, no asegura la “protección
especial” que debe ofrecerse a los ancianos.
EMPRESA EN
LIQUIDACION-Activos
insuficientes para pago de mesadas pensionales
Los activos de
una empresa en liquidación que sean claramente insuficientes para cancelar las
distintas acreencias - pre y posconcordatarias -, deben destinarse, de manera
prioritaria y exclusiva, a garantizar el pago de las mesadas pensionales que
legalmente le corresponda sufragar, de modo que se garantice el derecho al
mínimo vital del grupo de los pensionados que cumplan la edad legal de
jubilación o que estén incapacitados para trabajar; si el monto de los activos
resultare insuficiente, incluso para garantizar la efectividad del derecho al
mínimo vital de los pensionados, corresponderá al Superintendente de
Sociedades, promover entre éstos los acuerdos necesarios a fin de que los
créditos se ajusten proporcionalmente en relación con las sumas materialmente
disponibles.  Todo lo anterior, por supuesto, con excepción del pago de los
recursos que sean estrictamente necesarios para continuar y finiquitar,
prontamente, el trámite de la liquidación.
Septiembre 24
de 1997
Referencia: Expedientes acumulados
T-115103, T-117717, T-118462, T-118463, T- 118464, T-118465 T-118466, T-118467,
T-118468, T-118469, T-118470, T-118472, T-118474, T-118475, T-118476, T-118477,
T-118619, T-118675, T-119033, T-120583, T-120628, T-121070, T-122985, T-123280,
T-123281, T-123284, T-123286, T-124257, T-125258, T-125944, T-127758, T-128732,
T-128801
Actores: Dioselina Cañaveral Vda. De
Bonfante, Matilde Leon, Aminta Martinez De Morace, Augusto Mena Cordoba, German
Luque Cardozo, Domingo Enot Caldera Ibarra, Nestor Guillermo Miranda Buelvas,
Adolfo Leon Acosta Diaz, Luis Alfredo Madrid Rico, Roberto Vargas Grass,
Lucindo Vasquez Velasquez, Rafael Antonio Gaviria, Pedro Beltran Herrera, Jose
Guillermo De Avila Franco, Ramiro Rueda, Ana Victoria Gutierrez Garcia, Josefa
Maria De La Hoz Vda. De Centeno, Tomas De Jesus Barba Bastidas, Manuel Prasca
Smith, Francisco Ospino Orozco, Campo Anibal Granadas, Felipe Perez Ariza,
Sergio Tulio Soto Cantillo, Jose Antonio Ruiz Sanabria, Jaime Cifuentes, Virginia
Perez Vda. De Fontalvo, Pedro Jose Muñoz Pulido, Obdulio Ruiz Romero, Luis
Otero Otero, Tulio Enrique Aleman Nieto, Lorenzo Carvajal Serrano, Rafael Ortiz
Brango, Joaquin Elias Garcia
Tema:
Derecho al mínimo vital
Pago de las mesadas pensionales causadas
a partir de la apertura del concordato preventivo de una sociedad comercial
sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos
Gaviria Díaz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION
la siguiente
S E N
T E N C I A
En los procesos de tutela T-115103,
T-117717, T-118462, T-118463, T- 118464, T-118465 T-118466, T-118467, T-118468,
T-118469, T-118470, T-118472, T-118474, T-118475, T-118476, T-118477, T-118619,
T-118675, T-119033, T-120583, T-120628, T-121070, T-122985, T-123280, T-123281,
T-123284, T-123286, T-124257, T-125258, T-125944, T-127758, T-128732, T-128801
adelantados por DIOSELINA CAÑAVERAL VDA. DE BONFANTE, MATILDE LEON, AMINTA
MARTINEZ DE MORACE, AUGUSTO MENA CORDOBA, GERMAN LUQUE CARDOZO, DOMINGO ENOT
CALDERA IBARRA, NESTOR GUILLERMO MIRANDA BUELVAS, ADOLFO LEON ACOSTA DIAZ,
ROBERTO VARGAS GRASS, LUCINDO VASQUEZ VELASQUEZ, RAFAEL ANTONIO GAVIRIA, PEDRO
BELTRAN HERRERA, JOSE GUILLERMO DE AVILA FRANCO, RAMIRO RUEDA, ANA VICTORIA
GUTIERREZ GARCIA, JOSEFA MARIA DE LA HOZ VDA. DE CENTENO, TOMAS DE JESUS BARBA
BASTIDAS, MANUEL PRASCA SMITH, FRANCISCO OSPINO OROZCO, CAMPO ANIBAL GRANADAS,
FELIPE PEREZ ARIZA, SERGIO TULIO SOTO CANTILLO, JOSE ANTONIO RUIZ SANABRIA,
JAIME CIFUENTES, VIRGINIA PEREZ VDA. DE FONTALVO, PEDRO JOSE MUÑOZ PULIDO,
OBDULIO RUIZ ROMERO, LUIS OTERO OTERO, TULIO ENRIQUE ALEMAN NIETO, LORENZO
CARVAJAL SERRANO, RAFAEL ORTIZ BRANGO, JOAQUIN ELIAS GARCIA contra la empresa
AN-SON DRILLING COMPANY OF COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA, BERRY FRANK WRIGHT,
RAYMOND J. O'MARA, GUILLERMO ALBERTO FADUL MOGOLLON, en su calidad de
administrador de la cía., MARIA HERMI HERNANDEZ GALINDO, en su calidad de
contralora de la cía., DARIO LAGUADO MONSALVE como Superintendente de
Sociedades, OSCAR GONZALEZ ARANA como delegado de procedimientos mercantiles,
PABLO ANDRES CORDOBA ACOSTA como Jefe de la División de Concordatos de la
Superintendencia de Sociedades, y finalmente contra el Presidente de la Junta
Concordataria Provisional del Concordato.
ANTECEDENTES
I. Procesos de tutela T-115103,
T-118462, T-118463, T118464, T-118465, T-118466, T-118467, T-118468, T-118469,
T-118470, T-118472, T-118474 T-118475, T-118476, T-118477, T-118619, T-118675,
T-120583, T-120628, T-122985 adelantados respectivamente por Dioselina
Cañaveral Vda. De Bonfante, Aminta Martinez De Morace como cónyuge y
beneficiaria de los derechos pensionales de Laddie H. Morace, Augusto Mena
Cordoba, German Luque Cardozo, Domingo Enot Caldera Ibarra, Nestor Guillermo
Miranda Buelvas, Adolfo Leon Acosta Diaz, Roberto Vargas Grass, Luis Alfredo
Madrid Rico, Lucindo Vasquez Velasquez, Rafael Antonio Gaviria, Pedro Beltran
Herrera, Jose Guillermo De Avila Franco, Ramiro Rueda, Ana Victoria Gutierrez
Garcia, Josefa Maria De La Hoz Vda. De Centeno, Tomas De Jesus Barba Bastidas,
Francisco Ospino Orozco, Campo Anibal Granadas Y Sergio Tulio Soto Cantillo.
1. Los actores interpusieron acción de
tutela, ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
ciudad de Bucaramanga por considerar que los demandados les han vulnerado sus derechos
fundamentales a la vida (C.P., artículo 11), a la seguridad social (C.P.,
artículo 48), al pago oportuno de las mesadas pensionales (C.P., artículo 53),
a la salud (C.P., artículo 49), al mínimo vital básico (C.P. artículo 53) y al
derecho de petición (C.P., artículo 23). Las señoras Josefa María de la Hoz
Vda. de Centeno -T-118619- y Dioselina Cañaveral Vda. de Bonfante -T-115103-
incoaron la acción ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la ciudad de Cúcuta que remitió los expedientes a la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá, y el señor Sergio Tulio Soto Cantillo
-T122985- lo hizo ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la ciudad de Barranquilla.
Manifiestan haber laborado para la empresa
An Son Drilling Company of Colombia S.A. durante el tiempo estipulado para que
ésta les reconociera una pensión "plena y vitalicia" de jubilación.
Afirman que, a partir de 1990, la empresa empezó a incumplir el pago de las
mesadas pensionales y de la prestación de los servicios médicos.
Según los actores, la An Son Drilling
Company of Colombia S.A., por solicitud de algunos pensionados, fue convocada
por la Superintendencia de Sociedades al trámite de un concordato preventivo
obligatorio, a través del auto 410-3069 fechado el 27 de julio de 1995, apelado
por la empresa y confirmado, mediante auto 410-4705, el 4 de octubre de 1995.
Informan que se hicieron parte del proceso concordatario dentro del término
establecido, con el fin de obtener el reconocimiento de los respectivos
créditos pensionales.
Indican que la contralora María Hermi
Hernández, y el Administrador Guillermo Alberto Fadul Mogollón, nombrados por
la Superintendencia de Sociedades, han sido negligentes en el desarrollo de sus
deberes y no han procurado la recuperación de la empresa ni el pago de las
obligaciones laborales. Señalan que la contralora no ha instaurado ninguna
acción revocatoria, pese a conocer la venta de varios equipos de perforación
que, con la anuencia de varias autoridades, fueron sacados del país. A su
juicio, el administrador se ha negado a expedir los certificados donde conste
que los demandantes son pensionados de la empresa, el valor de la pensión y las
sumas que se les adeudan hasta la fecha, y ha cancelado créditos
posconcordatarios sin tener en cuenta la prelación de derechos laborales, entre
los que se encuentran las obligaciones con los pensionados.
En criterio de los demandantes, la Junta
Concordataria no ha cumplido sus funciones, como quiera que solo ha sostenido
una reunión (septiembre de 1995), cuya acta no ha sido depositada en la
Superintendencia de Sociedades. Por otro lado, señalan que la Superintendencia
de Sociedades también violó la prelación de derechos laborales, toda vez que
autorizó el pago de un crédito concordatario que la compañía tenia con la
Administración de Impuestos, sin previo pago a los pensionados. Además no ha
adelantado los trámites necesarios para lograr que el empresario moroso pague
las mesadas pensionales adeudadas.
Los actores, sustentan sus peticiones en
la sentencia de revisión T-323 de 24 de julio de 1996, proferida por la Corte
Constitucional, en la cual se concedió tutela transitoria a un pensionado de la
An Son Drilling Company of Colombia S.A., y se ordenó a la Superintendencia de
Sociedades exigir a la empresa la elaboración de un programa de pagos de
mesadas pensionales. En esta providencia la Corte Constitucional puntualizó que
el pago oportuno de las mesadas pensionales es un derecho fundamental,
susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela, siendo este el
mecanismo más eficaz para protegerlo, cuando "se trata de una persona de
la tercera edad, de un anciano disminuido física y mentalmente", cuya
mesada pensional constituye el mínimo vital básico de ingresos económicos que
le permite "subsistir de manera digna". Los demandantes señalan que
hasta el momento, no se ha dado cumplimiento al mencionado pronunciamiento
judicial en lo referente a la realización y la aplicación del plan de pagos.
A este respecto, ponen de manifiesto que
la pensión es su única fuente de ingresos y anotan que no cuentan con ninguna
otra renta que les permita subsistir dignamente como personas pertenecientes a
la tercera edad. Los actores también indican que no reciben el servicio de
salud requerido.
Por último, señalan que no disponen de
otro medio oportuno e inmediato para obtener el pago de las mesadas
pensionales, cuya demora les está produciendo un perjuicio irremediable, dada
vez que la falta de recursos económicos está deteriorando su vida, su dignidad
humana, su tranquilidad, y su libre desarrollo de su personalidad, así como los
derechos de sus familias.
En razón de todo lo anterior, solicitan:
(1) el pago de las mesadas pensionales adeudadas correspondientes a los
períodos comprendidos entre marzo y septiembre de 1995 y enero y septiembre de
1996, las adicionales correspondientes a los períodos comprendidos entre junio
y diciembre de 1995, y junio de 1996; (2) que se condene a la empresa An Son
Drilling Company of Colombia S.A. y a las autoridades de la Superintendencia de
Sociedades a elaborar un programa de pago oportuno de mesadas pensionales; (3)
el pago de los intereses moratorios causados a partir del día siguiente al que
empezó la mora y hasta el día en que se efectúe el pago de las mesadas
adeudadas, a la tasa de interés establecida por la Superintendencia Bancaria
aumentada en la mitad esto es 66.80%, de conformidad con lo establecido en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y, (4) que la Superintendencia de
Sociedades ordene la liquidación de la empresa An Son Drilling Company of
Colombia S.A. con el fin de preservar los derechos laborales.
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga avocó el conocimiento de las acciones
mencionadas (a excepción del caso de la señora Josefa María de la Hoz Vda. de
Centeno -T-118619-, y Dioselina Cañaveral Vda. de Bonfante -T-115103) y, solicitó
a los demandados que informaran acerca de determinadas cuestiones relevantes
para la resolución del asunto.
2.1. El primer suplente del
representante legal de la empresa demandada, Felipe Dalmacio Martín Crespo,
informó al juez de primera instancia acerca de su renuncia a la compañía, el 4
de noviembre de 1994, y de su calidad de pensionado de la misma, tal como
consta en el acta de reconocimiento de pensión del 4 de enero de 1995.
2.2. El jefe del Departamento de
Relaciones Industriales de la empresa demandada informó que el acta de
reconocimiento de pensión de jubilación mensual sólo aparece en las hojas de
vida de los demandantes Néstor Guillermo Miranda Buelvas (Exp. T-118466),
Ramiro Rueda (Exp. T-118476), Domingo Enoc Caldera Ibarra, (Exp. T-118465) y
Adolfo León Acosta Díaz (Exp. T-118467). No obstante, reconoció que pese a no
encontrar las respectivas actas, la empresa ha reconocido el derecho a la
pensión de los restantes demandantes. En consecuencia, indicó el valor pagado a
los actores por concepto de mesadas pensionales y las sumas que se les adeudan.
Señaló en el caso de la demandante Ana Victoria Gutiérrez García (Exp.
T-118477), existe una certificación de enero de 1996, expedida por el Revisor
Fiscal de la empresa, donde se indica la suma que se le adeuda por concepto de
mesadas pensionales hasta el 30 de septiembre de 1996. Con respecto al
demandante Roberto Vargas Grass (Exp. T-118469), el Departamento de Relaciones
Industriales informó el valor mensual que se le cancela como pensionado. En el
caso de Campo Aníbal Granadas (Exp. T-120628) no existe ni reconocimiento ni
certificación donde se indique la existencia de la pensión reclamada. La única
constancia sobre dicho monto fue allegada por la Superintendencia de Sociedades
(fol. 96), por la suma mensual de $328,013.oo.
La siguiente tabla indica el valor
actual de la pensión de cada uno de los peticionarios y las sumas que se les
deben, de acuerdo con lo informado por las personas antes mencionadas.
EXPEDIENTE PENSION ACTUAL DEUDA A       DEUDA
ACUMULADA DESDE OCT.
SEPT.
30/1995     1/1995 HASTA SEPT. 30/1996
T-115103       No
se informa  No se informa      No se informa
T-118462      $
1.897.093.oo $ 14.292.441.oo $ 18.970.830.oo
T-118463
790.175.oo    5.242.343.oo       8.612.885.oo
T-118464            143.891.oo  No
se informa     No. se informa
T-118465            265.323.oo    1.981.150.oo       2.122.584.oo
T-118466            344.856.oo    2.598.111.oo       3.758.926.oo
T-118467            189.830.oo    1.262.023.oo       1.138.980.oo
T-118468            607.687.oo No.
se informa      No se informa
T-118469            265.267.oo  No
se informa      No se informa
T-118470            830.228.oo    5.511.222.oo       8.914.214.oo
T-118472            429.185.oo    3.204.695.oo       4.678.125.oo
T-118474            702.376.oo    4.662.512.oo       7.655.876.oo
T-118475            498.121.oo    3.719.433.oo       5.429.511.oo
T-118476            291.829.oo    2.179.066.oo       2.334.632.oo
T-118477            823.383.oo    6.148.142.oo       9.057.213.oo
T-118619       No
se informa  No se informa      No se informa
T-118675            616.669.oo    4.093.578.oo       6.105.010.oo
T-120583            120.451.oo  No
se informa      No se informa
T-120628            328.013.oo  No
se informa      No se informa
T-122985            405.654.oo  No
se informa      No se informa
El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. informó que la empresa solicitó la
autorización de la Superintendencia de Sociedades para realizar el desembargo
de activos de la compañía a fin de cumplir con las acreencias concordatarias
relativas al pago del pasivo pensional (Exp. T-118476, fls. 85-86; Exp.
T-120583, fls. 106-107).
2.3. El jefe de la División de
Concordatos de la Superintendencia de Sociedades, Pablo Andrés Córdoba Acosta,
puso en conocimiento del tribunal de tutela que, para dar cumplimiento a la
sentencia T-323 de 1996 proferida por la Corte Constitucional, esa División
solicitó, el 9 de agosto de 1996, al administrador de la An Son Drilling
Company of Colombia S.A., que, en un plazo de 10 días, presentara el plan de
pago de las mesadas pensionales ordenado en la citada sentencia. El
administrador de la compañía respondió dicho oficio a través de escrito del 23
de septiembre de 1996, refiriéndose al plan de pago de las mesadas. Por oficio
posterior de la Superintendencia, se pidió a la empresa complementar el plan de
pagos con más información, aclarándole el hecho de que ya en ocasiones
anteriores se habían autorizado desembargos de sumas de dinero, a petición de
la Contralora y el Administrador, para atender gastos de administración de la
sucursal, entre los cuales se encuentran las mesadas pensionales causadas con
posterioridad al concordato, todo esto con el fin de dar estricto cumplimiento
a la sentencia de la Corte Constitucional.
En referencia a las gestiones dirigidas
a cubrir las deudas a los pensionados, indicó que la competencia de la
Superintendencia de Sociedades se contrae exclusivamente a los créditos
concordatarios, razón por la cual los créditos no concordatarios deben ser
pagados como gastos de administración, entre los cuales se ubican las mesadas
pensionales. Manifestó que "en este orden de ideas las mesadas pensionales
causadas y no pagadas en la fecha de convocatoria a concordato se pagarán en
los términos que se estipulen en el crédito concordatario que llegare a
celebrarse entre la deudora y sus acreedores".
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga concedió la protección constitucional
solicitada por los demandantes por providencias de las siguientes fechas:
NOMBRE DEMANDANTE          PENSION ACTUAL            FECHA
DE LA SENTENCIA
Aminta Martínez de
Morace    T-118462              Octubre 31 de 1996
Augusto Mena
Córdoba           T-118463              Octubre 22 de 1996
Germán Luque
Cardozo           T-118464            Octubre   7 de 1996
Domingo Enoc
Caldera Ibarra T-118465              Octubre 15 de 1996
Néstor Guillermo
Miranda Buelvas T-118466       Octubre 16 de 1996
Adolfo León Acosta
Díaz         T-118467              Octubre 15 de 1996
Luis Alfredo
Madrid Rico        T-118468              Octubre 10 de 1996
Roberto Vargas
Grass             T-118469              Octubre 10 de 1996
Lucindo Vásquez
Velásquez    T-118470            Octubre   8 de 1996
Rafael Antonio
Gaviria            T-118472              Octubre 10 de 1996
Pedro Beltrán
Herrera              T-118474              Octubre 15 de 1996
José Guillermo de
Avila Franco T-118475             Octubre 15 de 1996
Ramiro Rueda                          T-118476              Octubre
11 de 1996
Ana Victoria Gutiérrez
García T-118477              Octubre 21 de 1996
Tomás de Jesús
Barba Bastidas T-118675             Octubre 28 de 1996
Francisco Ospino
Orozco        T-120583         Noviembre 12 de 1996
Campo Aníbal
Granadas         T-120628              Octubre 31 de 1996
El juez de tutela consideró que la
calidad de vida, constituye un valor del Estado colombiano y, por lo tanto, no
es admisible que, por una omisión estatal se genere "el descenso a vida
infrahumana de uno de sus súbditos". El juzgador observó que a un
pensionado de la tercera edad se le causa un grave perjuicio al privarlo de su
único medio de subsistencia, con el cual satisface sus necesidades vitales. A
su juicio, el mero retraso o mora en el pago, aún cuando no es objetivamente
inconstitucional, en el caso de las personas de la tercera edad implica un gran
peligro debido a las condiciones de vulnerabilidad de éstas. Según el fallador,
lo anterior se agrava si dichas personas tampoco gozan de la prestación de
servicios de salud.
De otra parte, el Tribunal de Tutela
indica que la Superintendencia de Sociedades ha dicho durante el proceso que
"no puede hacer más" para corregir la situación de los demandantes,
de acuerdo con las competencias y facultades que le otorga la ley.
En virtud de todo lo anterior, el juez
de tutela: (1) condenó a la An Son Drilling Company of Colombia a que, a más
tardar en el término de un mes, cancele los dineros correspondientes a las
mesadas pensionales de los demandantes causadas a partir de la fecha de cada
una de las sentencias; (2)condenó a la An Son Drilling Company of Colombia a
que siga pagando las futuras mesadas con absoluta puntualidad; (3) ordenó a la
Superintendencia de Sociedades a tomar todas aquellas medidas dirigidas a que
los pagos atrasados se actualicen a la mayor brevedad posible y se proyecte y
se acoja un plan de conmutación pensional;(4) envió copias de la providencia al
despacho del señor Superintendente para su directo e inmediato conocimiento y
cumplimiento y al señor Ministro de Trabajo para efectos de gestión y
vigilancia; y, (5) denegó las demás pretensiones por falta de fundamento
constitucional.
4. El 29 de octubre de 1996 la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá concedió la tutela instaurada por la
señora Dioselina Cañaveral Vda. de Bonfante (Exp. No. T-115103), al considerar
que los hechos alegados por la demandante debían darse por ciertos, como quiera
que no hubo respuesta a la demanda. El Tribunal de Tutela concluyó que la
situación alegada por la actora es violatoria de sus derechos fundamentales y
la coloca en una situación de indefensión por su calidad de pensionada.
Adicionalmente, el juez consideró que la negativa de la empresa de expedir un
certificado que le permita a la demandante ejercer las acciones pertinentes
para obtener el pago de su pensión, viola su derecho a la igualdad, toda vez
que a otros pensionados sí se les expidió el mencionado certificado.
Por estos motivos, condenó a la An Son
Drilling Company of Colombia a que: (1) a más tardar en el término de cuarenta
y ocho (48) horas después de la notificación de la sentencia expidiera el
certificado solicitado por la demandante; y, (2) adelante y realice los
trámites necesarios para pagar a la demandante su pensión de jubilación en las
mismas condiciones en las que otros pensionados han recibido dicho pago después
de abierto el proceso concordatario.
5. El 1º de Noviembre de 1996, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Bogotá concedió, en forma transitoria, la
acción de tutela instaurada por la señora Josefa María de la Hoz Vda. de
Centeno (Exp. No. T-118619), y acogió en su integridad, la sentencia T-323 de
1996, proferida por la Corte Constitucional.
Por esta razón, el Tribunal: (1) condenó
a la An Son Drilling Company of Colombia a que, a más tardar en el término de
cuarenta y cinco (45) días después de la notificación de la sentencia, adelante
y concluya los trámites necesarios para pagar a la demandante las mesadas
causadas a partir de la sentencia y restablezca la prestación correspondiente
al servicio de salud; (2)ordenó a la Superintendencia de Sociedades que
exigiera a la demandada un programa de pagos de las mesadas pensionales
causadas y no pagadas durante el trámite concordatario, con indicación de los
bienes afectados a dicho fin y las acciones conducentes a ese propósito y, así
mismo, que ejerciera especial vigilancia sobre el cumplimiento de dicho
programa.
De otro lado, advirtió a la demandante
que debía iniciar el proceso correspondiente dentro de un término máximo de
cuatro (4) meses a partir de la fecha de la sentencia.
6. En relación con la acción de tutela
impetrada por el señor Sergio Tulio Soto Cantillo (Exp. No. T-122985) se
surtieron los siguientes trámites:
6.1 El 31 de octubre de 1996, la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla se abstuvo de conocer esta acción
de tutela por carecer de competencia para ello y, en su lugar, remitió el
expediente a la  Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santafé de Bogotá.
6.2 Por auto fechado el 13 de noviembre
de 1996, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá avocó el conocimiento
del proceso y ofició al demandado para que informara sobre el tiempo de
servicio, fecha de retiro, fecha de reconocimiento de la pensión y razones por
las que se suspendió el pago de dichos montos al actor. Así mismo, solicitó a
la Superintendencia de Sociedades que informara acerca de todas las cuestiones
relacionadas con el asunto bajo estudio.
6.2.1 La An Son Drilling Company of
Colombia S.A. indicó que el demandante laboró para la empresa en forma
discontinua, a través de dos contratos, el primero con fecha 9 de diciembre de
1963 y el segundo fechado el 16 de septiembre de 1989, para un total de 16 años
y 4 días de servicio. La empresa alegó que no existe constancia escrita de la
existencia de la pensión a favor del actor, pero que, sin embargo, se han
realizado pagos mensuales por valor de $ 405,654.oo, a favor del actor el
último de lo cuales tuvo lugar en diciembre de 1995.
6.2.2. En el expediente (fl.# 28)
aparece una comunicación fechada el 30 de octubre de 1996 dirigida por la
empresa a la Superintendencia de Sociedades, en la cual se informa sobre la
situación del señor Soto Cantillo. Este documento también establece el
compromiso de la empresa con el pago de las mesadas pensionales adeudadas al
demandante, cuyo valor asciende a $42,000,000.oo de pesos, a partir de los
fondos provenientes de un título judicial por valor de $52,000,000.oo.
6.3. Mediante sentencia de noviembre 26
de 1996, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá concedió
transitoriamente la tutela instaurada por el demandante.
En su fallo, el a quo se acogió a la
sentencia T-323 de 1996 proferida por la Corte Constitucional y adoptó las
siguientes decisiones:
(1)Condenó a la An Son Drilling Company
of Colombia S.A. a que, a más tardar en el término de 45 días, cancele los
dineros correspondientes a las mesadas pensionales del demandante causadas a
partir de la fecha de la sentencia y a restablecer la prestación del servicio de
salud; y, (2)ordenó a la Superintendencia de Sociedades que exigiera a la
empresa un programa de pagos de las mesadas pensionales causadas y no pagadas
durante el trámite concordatario, con la indicación de los bienes afectados
para tal fin.
Por último, advirtió a la demandante que
debe iniciar el proceso correspondiente dentro de un término máximo de cuatro
(4) meses a partir de la sentencia.
7. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó los fallos con fundamento en los
siguientes argumentos: (1) la agobiante situación económica, como quiera que
sus recursos económicos se han reducido al mínimo necesario y sus operaciones y
actividades han cesado; (2) el comportamiento de los fallos determinaría la
violación del principio de igualdad, toda vez que se crearía una categoría
especial de acreedores laborales que además, conduciría a la paralización de la
empresa; (3) la ley ha previsto, para casos como éste, que el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social realice las gestiones necesarias para garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales de los pensionados; (4) las empresas
promotoras de salud no aceptan las afiliaciones de los trabajadores activos ni
tampoco las de los pensionados, en razón de la situación concordataria de la
empresa. Esto ha sido manifestado verbalmente por SALUD COLMENA Y CAFESALUD; y,
(5) acatar el fallo significaría dejar de pagar a los trabajadores activos y no
atender los gastos de operaciones, lo cual paralizaría a la Empresa.
8. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, revocó las sentencias de primera instancia y denegó
los amparos constitucionales solicitados mediante providencias de las
siguientes fechas:
NOMBRE DEMANDANTE            EXPEDIENTE                            FECHA
DE LA SENTENCIA
Dioselina
Cañaveral Vda. de B. T-115103               Enero 29 de 1997
Aminta Martínez de
Morace      T-118462       Noviembre 26 de 1996
Augusto Mena
Córdoba             T-118463       Noviembre 26 de 1996
Germán Luque
Cardozo             T-118464       Noviembre 26 de 1996
Domingo Enoc Caldera
Ibarra   T-118465       Noviembre 26 de 1996
Néstor Guillermo
Miranda Buelvas T-118466   Noviembre 26 de 1996
Adolfo León Acosta
Díaz           T-118467       Noviembre 26 de 1996
Luis Alfredo
Madrid Rico          T-118468       Noviembre 26 de 1996
Roberto Vargas
Grass               T-118469       Noviembre 26 de 1996
Lucindo Vásquez
Velásquez      T-118470       Noviembre 26 de 1996
Rafael Antonio
Gaviria              T-118472       Noviembre 26 de 1996
Pedro Beltrán
Herrera                T-118474       Noviembre 26 de 1996
José Guillermo de
Avila Franco T-118475       Noviembre 26 de 1996
Ramiro Rueda                            T-118476       Noviembre
26 de 1996
Ana Victoria
Gutiérrez García   T-118477       Noviembre 26 de 1996
Josefa María de la
Hoz Vda. de C. T-118619    Noviembre 28 de 1996
Tomás de Jesús
Barba Bastidas
T-118675      Noviembre 29 de 1996
Francisco Ospino
Orozco          T-120583         Diciembre 12 de 1996
Campo Aníbal
Granadas           T-120628         Diciembre 13 de 1996
Sergio Tulio Soto
Cantillo         T-122985               Enero 24 de 1997
Según el ad quem, el art. 90 de
la Ley 222 de 1995 determina que  las actuaciones propias de un concordato, así
como las decisiones que en virtud del mismo se adopten, revisten carácter
jurisdiccional. Por esto, si los demandantes se hicieron parte dentro del
proceso concordatario abierto por la Superintendencia de Sociedades, la acción
de tutela es improcedente, como quiera que los actores están utilizando un
proceso que constituye un medio de defensa judicial idóneo.
La Corte consideró que las acciones
impetradas no procederían, ni siquiera, como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, ya que el proceso concursal esta dirigido a evitar
este perjuicio, toda vez que éste permite la conservación de la empresa como
unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. A juicio de la
Corte lo pretendido por los demandantes "paradójicamente podría tener como
consecuencia impedir la finalidad propia del proceso concursal del concordato
al dificultar cualquier acuerdo entre los acreedores y el deudor".
De otro lado, el juez de tutela de
segunda instancia estimó que las órdenes impartidas en los fallos de primera
instancia al Superintendente de Sociedades debían ser mantenidas, como quiera
que este funcionario no los impugnó.
En relación con la violación al Derecho
a la Salud, la Corte consideró que no se habían aportado elementos de juicio
que permitieran establecer su vulneración o amenaza, razón por la cual de
resultar lesionado o puesto en peligro en un futuro por hechos diferentes a los
expuestos en la presente acción, los demandantes podrían acudir de nuevo a la
acción de tutela.
Por último, el ad quem llamó la atención
del Tribunal Superior de Bucaramanga por considerar que había procedido en
forma contradictoria al conceder la tutela en forma transitoria en algunos
casos, conminando a los demandantes a promover el correspondiente proceso judicial
y, en otros casos, al concederla en forma definitiva como si no existiera otro
medio judicial de defensa.
Las anteriores decisiones fueron
enviadas a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser
seleccionadas, correspondió a esta Sala su conocimiento.
II. Proceso de
tutela T-117717 adelantado por MATILDE LEON
1. El 30 de octubre de 1996, la señora
Matilde León interpuso acción de tutela contra la An Son Drilling of Colombia
S.A., ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva, por los mismos hechos y en iguales términos a los expuestos en el
numeral I. 1. (v. supra), aclarando que es "pensionada en sustitución".
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior
de Neiva avocó el conocimiento del caso y solicitó a la Superintendencia de
Sociedades que informara acerca de todas las cuestiones relacionadas con el
asunto bajo estudio. De igual forma, envió copia del escrito de tutela a las
personas demandadas para que estas se pronunciaran y presentaran las pruebas
que estimaran pertinentes.
2.1. El jefe de la División de
Concordatos de la Superintendencia de Sociedades se pronunció en los mismos
términos expuestos en el numeral I. 2.4. (v. supra).
2.2. Por su parte, el Superintendente de
Sociedades aportó fotocopias de todas las actuaciones que se han desarrollado
dentro del trámite concordatario de la An Son Drilling Company of Colombia S.A.
(fls. 31-83, 102-125).
3. Por providencia de 15 de noviembre de
1996, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Neiva denegó la
tutela instaurada por Matilde León contra la An Son Drilling Company of
Colombia S.A.
El Tribunal de tutela consideró que la
actora reclamó la protección de los derechos fundamentales de un número
indeterminado de personas, dentro de las cuales no se incluyó y cuyos nombres
ni siquiera mencionó. Además no aportó ningún poder y tampoco indicó ni
demostró la razón por la cual esas personas no se encontraban en condiciones de
promover su propia defensa. En consecuencia, el fallador declaró la
improcedencia de la acción interpuesta.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
III. Proceso de
tutela T-119033 adelantado por MANUEL PRASCA SMITH
1. El 15 de octubre de 1996 el señor
Manuel Prasca Smith interpuso acción de tutela, contra la An Son Drilling of
Colombia S.A., ante el Juzgado Laboral del Circuito de la ciudad de
Barrancabermeja, por los mismos hechos y en los mismos términos expuestos en el
numeral I. 1. (v. supra).  Aclaró que, mediante un proceso laboral decidido
hace 14 años, la empresa quedó obligada a cancelarle las mesadas pensionales
correspondientes a una pensión de invalidez.
2. En audiencia pública de octubre 17 de
1996, el Juzgado Laboral del Circuito de la ciudad de Barrancabermeja se
abstuvo de conocer de la acción de tutela interpuesta por carecer de
competencia para ello y, en su lugar, remitió el expediente al Juzgado 1o.
Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá. En efecto, el juez consideró que la
supuesta violación de los derechos fundamentales habían tenido lugar en Bogotá
y eran por ende, los jueces de esa ciudad quienes los competentes para conocer
de la acción de tutela.
3. Mediante auto de noviembre 13 de
1996, el Juzgado 1o. Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá avocó el
conocimiento del caso y solicitó a la An Son Drilling Company Of Colombia S.A.,
que informara acerca de determinadas cuestiones, relevantes para la resolución
del asunto.
3.1. El representante legal de la
empresa An Son Drilling Company of Colombia S.A. informó que, una vez revisada
la hoja de vida del demandante, no se encontró constancia alguna que indicara
el tiempo de servicios, como tampoco se encontró acta de reconocimiento de
pensión de jubilación. No obstante lo anterior, manifestó que la empresa le
cancela pagos mensuales por valor de $446.762.oo y le adeuda las sumas
correspondientes a los meses de Enero a Noviembre de 1996 (fls. 23).
4. Por providencia de 27 de noviembre de
1996 el Juzgado 1o. Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá concedió la
tutela instaurada por Manuel Prasca Smith contra la An Son Drilling Company of
Colombia S.A.
El Juez de tutela consideró que el
derecho de petición el actor había sido vulnerado flagrantemente y sin
justificación alguna por parte del demandado. A juicio del fallador, no es
aceptable que al demandante no le haya sido resuelta su solicitud de expedición
de un certificado que muestre su calidad de pensionado, el monto de su pensión
y las sumas que se le adeudan.
De otro lado el a quo estimó que el no
pago de las mesadas pensionales al peticionario constituye una violación
flagrante de su derecho al mínimo vital como quiera que se trata de un
pensionado de la tercera edad quien merece una especial protección. Al respecto
señala que el demandante deriva su subsistencia únicamente de su pensión y
además se encuentra en estado de invalidez.
5. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó extemporáneamente el fallo con los
mismos argumentos expuestos en el numeral I. 7. (v. supra). Esta impugnación
fue remitida sin ningún trámite a la Corte Constitucional.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
IV. Proceso de
tutela T-121070 adelantado por FELIPE PEREZ ARIZA
1. El 27 de noviembre de 1996, el señor
Felipe Pérez interpuso acción de tutela contra la empresa An Son Drilling
Company of Colombia S.A., ante el Juzgado 6o. Laboral del Circuito de Santa Fe
de Bogotá, por considerar que la demandada le ha vulnerado sus derechos fundamentales
a la seguridad social (C.P., artículo 48), al pago oportuno de las mesadas
pensionales y "los demás derechos que aparezcan violados".
2. El demandante manifestó ser
pensionado de la An Son Drilling Company of Colombia S.A. desde el 1 de septiembre
de 1994. Sin embargo, la empresa le ha incumplido, desde enero de 1996, el pago
de las mesadas pensionales - cada una por valor de $547.307.oo -, el reajuste
correspondiente al año de 1996 y el pago de los servicios médicos. Así mismo,
indicó que tiene 75 años y que debe mantener a su esposa e hijos.
Adicionalmente, el demandante allegó una serie de pruebas relativas a un
proceso en su contra, promovido por la Corporación Colmena, dirigido al cobro
de un crédito hipotecario, a cuya cancelación destinaba parte de los recursos
que recibía por concepto de su pensión.
El actor informó que, en febrero 28 de
1996, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, le fueron
canceladas la mesadas adeudadas hasta el mes de diciembre de 1995. Sin embargo,
la empresa volvió a incumplir sus obligaciones a partir de enero de 1996.
3. Por medio de providencia fechada el
18 de diciembre de 1996, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito denegó la acción
de tutela interpuesta.
El a quo argumentó que las pretensiones
del demandante consisten en la cancelación de mesadas pensionales pendientes de
pago, frente a las cuales la acción de tutela no procede, como quiera que el
caso bajo estudio puede ser resuelto a través de otros recursos o medios
judiciales de defensa.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
V. Procesos de
tutela T-123280, T-123281, T-123284, T-123286 adelantados respectivamente por
JOSE ANTONIO RUIZ SANABRIA, JAIME CIFUENTES, VIRGINIA PEREZ VDA. DE FONTALVO Y
PEDRO JOSE MUÑOZ PULIDO
1. Los demandantes interpusieron acción
de tutela ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, contra las mismas personas, por los mismos hechos y en los mismos
términos expuestos en el numeral I. 1. (v. supra).
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta se abstuvo de conocer de las acciones de tutela interpuestas por
carecer de competencia para ellos y, en su lugar, remitió los expedientes a la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá consideró que tampoco era competente para conocer de las acciones
interpuestas (salvo en el caso del Exp. T-123286) por ellos y planteó un
conflicto negativo de competencia ante la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia.
4. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el conflicto de competencias
planteado, absteniéndose de resolver el  problema. En su criterio, el Tribunal
Superior de Cúcuta, al considerarse carente de competencia, debió devolver las solicitudes
a quienes las hicieron para que estas personas las presentaran de nuevo con
arreglo a la ley. Por este motivo ordenó remitir los expedientes al Tribunal
Superior de Cúcuta para que éste resolviera lo procedente.
5. La Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta avocó el conocimiento de las acciones interpuestas y solicitó al
representante legal de la demandada y a la Superintendencia de Sociedades que
informaran acerca de todas las cuestiones relacionadas con el asunto bajo
estudio. Adicionalmente, notificó la admisión de la acción de tutela a las
personas demandadas con el fin de que se pronunciaran si era del caso y
presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.
5.1. El jefe de la División de
Concordatos de la Superintendencia de Sociedades se pronunció en los mismos
términos expuestos en el numeral I. 2.4. (v. supra).
5.2 Por su parte, el Superintendente de
Sociedades aportó fotocopias de algunas de las actuaciones que se han
desarrollado dentro del trámite concordatario de la An Son Drilling Company of
Colombia S.A.
5.3 El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A., hizo llegar los siguientes datos acerca de
la situación pensional de los demandantes:
NOMBRE DEMANDANTE EXPEDIENTE     PENSION ACTUAL         FECHA
ULTIMO PAGO
José Antonio Ruíz Sanabria T-123280 $ 849.221.oo   Diciembre
de 1995
Jaime Cifuentes             T-123281        $551.481.oo   Diciembre
de 1995
Virginia Pérez Vda. de F. T-123284      $328.895.oo   Diciembre
de 1995
Pedro José Muñoz Pulido T-123286     $207.196.oo
Mayo de 1996
Precisó que en ninguno de los casos,
existe constancia de reconocimiento de la pensión de jubilación, salvo en el
caso del señor Pedro José Muñoz, quien es pensionado desde el 16 de Agosto de
1990.
6. La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta concedió transitoriamente las tutelas
instauradas por los demandantes contra la An Son Drilling Company of Colombia
S.A., por medio de providencias de las siguientes fechas:
NOMBRE DEMANDANTE EXPEDIENTE FECHA DE LA PROVIDENCIA
José Antonio Ruíz Sanabria     T-123280           Diciembre
4 de 1996
Jaime Cifuentes                        T-123281           Diciembre
4 de 1996
Virginia Pérez Vda. de Fontalvo T-123284         Diciembre
4 de 1996
Pedro José Muñoz Pulido        T-123286           Diciembre
4 de 1996
El Tribunal consideró que el Estado está
en la obligación de asegurar que las relaciones laborales se desenvuelvan en
condiciones dignas y justas, de velar por el respeto permanente de los derechos
de los empleados públicos y privados, y de asegurar las garantías mínimas
otorgadas al trabajador en materia de remuneración y prestaciones.
Añadió que los actores son  personas de
la tercera edad que carecen del mínimo vital de ingresos económicos que les
permita disfrutar de una especial calidad de vida, como quiera que la sociedad
demandada no les cancela la pensión a la que hoy por hoy tienen derecho.
De otro lado, el fallador estimó que,
aun cuando existe otro medio de defensa judicial, las acciones de tutela
interpuestas proceden como mecanismos transitorios para evitar un perjuicio
irremediable, en razón de la urgencia de los demandantes de satisfacer su
mínimo vital.
En virtud de todo lo anterior, el juez
de tutela adoptó las siguientes decisiones: (1) condenó a la An Son Drilling
Company of Colombia  S.A. para que, a más tardar en el término de 45 días,
adelante y concluya los trámites, gestiones y actos necesarios para pagar a los
demandantes las mesadas causadas a partir de la fecha de cada una de las
sentencias y restablezca la prestación de los servicios de salud a los
peticionarios tienen derecho; (2) informó a los actores que deben acudir,
dentro de los 4 meses siguientes a la fecha de cada una de las providencias,
ante las autoridades judiciales competentes para que se decida definitivamente
la controversia en torno a la totalidad de las pretensiones planteadas en las
acciones de tutela interpuestas; (3) ordenó a la Superintendencia de Sociedades
que exigiera a la compañía un plan de pagos de las mesadas pensionales causadas
y no pagadas durante el trámite concordatario, con indicación de los bienes
afectados a dicho fin y de las actuaciones conducentes a ese propósito; (4)
envió copias de las providencias al despacho del Superintendente para su
directo e inmediato conocimiento y cumplimiento y al Ministro de Trabajo para
lo de su competencia; (5) denegó la acción de tutela respecto de las personas
demandadas, diferentes de la An Son Drilling Company of Colombia S.A; y, (6)
denegó las demás pretensiones.
7. El Dr. Alberto Fadul Mogollón, en su
calidad de representante legal de la An Son Drilling Company of Colombia S.A.,
impugnó los fallos el 6 de diciembre de 1996 con los mismos argumentos
expuestos en el numeral I. 7.
8. La Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia revocó las sentencias de primera instancia y denegó
el amparo constitucional mediante providencias de las siguientes fechas:
NOMBRE DEMANDANTE EXPEDIENTE FECHA DE LA PROVIDENCIA
José Antonio Ruíz Sanabria     T-123280                Enero
29 de 1997
Jaime Cifuentes                        T-123281                Enero
29 de 1997
Virginia Pérez Vda. de Fontalvo T-123284              Enero
29 de 1997
Pedro José Muñoz Pulido        T-123286                Enero
29 de 1997
El ad quem se pronunció en los mismos
términos expuestos en el numeral I. 8. (v. supra).
Las anteriores decisiones fueron
enviadas a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser
seleccionadas, correspondió a esta Sala su conocimiento.
VI. Proceso de
tutela T-124257 adelantado por OBDULIO RUIZ ROMERO
1. El 18 de octubre de 1996, el señor
Obdulio Ruíz Romero interpuso acción de tutela contra la Empresa An Son
Drilling Company of Colombia S.A., ante el Juzgado 5o. Civil Municipal de Santa
Fe de Bogotá, en los mismos términos señalados en el numeral I. 1. (v. supra).
2. En el expediente obra una
certificación expedida por la empresa el 8 de noviembre de 1996 donde se indica
que no existe resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación. Sin
embargo, en el mismo documento la empresa informa que realiza pagos mensuales
por $264,888.oo a favor del petente, que el valor adeudado al 30 de septiembre
de 1995 es de $ 1,995,642.oo y que el valor adeudado desde abril 1 de 1996 a la
fecha de la certificación es de $1,854,216.oo (fl. 76).
3. Por medio de sentencia del 15 de
noviembre de 1996, el Juzgado 5º Civil Municipal de Bogotá concedió el amparo
solicitado, y ordenó a los órganos del concordato que tomaran las medidas
necesarias para detener la causación del pasivo laboral insoluto, de manera a
lograr la garantía del pago del derecho que le asiste al petente a partir de la
fecha. Así mismo, ordenó a dichos órganos que, en un término de 5 días,
propusieran posibles soluciones para dar el logro del pago de las mesadas
adeudadas, así como la relación de los bienes afectados a tal fin.
4. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó el fallo con los mismos argumentos
expuestos en el numeral I. 7. (v. supra).
5. Mediante providencia de Febrero 10 de
1997, el Juzgado 31 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, confirmó el fallo
del a quo, al considerar que dicha decisión se adecuó a las normas
constitucionales y legales pertinentes.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
VII. Proceso de
tutela T-125944 adelantado por TULIO ENRIQUE ALEMAN NIETO
1. El 15 de octubre de 1996, el señor
Tulio Enrique Alemán interpuso acción de tutela, contra la An Son Drilling of
Colombia S.A., ante el Juzgado Promiscuo Civil Municipal del municipio de
Sabana de Torres, por los mismos hechos y en los mismos términos expuestos en
el numeral I. 1. (v. supra).
2. Por providencia de octubre 15 de
1996, el Juzgado Promiscuo Civil Municipal de Sabana de Torres, se abstuvo de
conocer de la acción de tutela interpuesta por carecer de competencia
territorial para ello y, en su lugar, remitió el expediente al Juez 25 Civil
Municipal de Santafé de Bogotá.
3. El Juzgado 25 Civil Municipal de
Santafé de Bogotá avocó el conocimiento del caso y solicitó a los demandados
que informaran acerca de determinadas cuestiones relevantes para la resolución
del asunto.
3.1 La contralora de la An Son Drilling
Company of Colombia S.A. aportó datos relacionados a la  situación económica de
la empresa (fls. 70-76).
3.2. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A., informó que el demandante sí tiene
reconocido su derecho a la pensión de jubilación y que la última mesada
pensional que se le canceló correspondió al mes de enero de 1996 por un valor
de $360.100.oo.
3.3. La Superintendencia de Sociedades
remitió copia de algunos de los trámites que se han realizado dentro del proceso
concordatario.
3.4 El jefe de la División de
Concordatos de la Superintendencia de Sociedades, se pronunció en los mismos
términos expuestos en el numeral I.2.4. (v. supra.). Adicionalmente, expuso
que, en virtud de los fallos de tutela proferidos dentro de las acciones
instauradas por Germán Luque Cardozo, Lucindo Vásquez Velásquez, Rafael Antonio
Gaviria, Roberto Vargas Grass y otros, dirigió varios oficios al administrador
de la empresa para que remitiera a la Superintendencia un programa de pagos de las
mesadas pensionales causadas y no pagadas durante el trámite concordatario (con
la indicación de los bienes afectos a dicho fin y las acciones conducentes a
ese propósito), la actualización de los pagos atrasados y la proyección de un
plan de conmutación pensional con el fin de acogerse al mismo. (fls. 102-106)
4. Por providencia del 14 de noviembre
de 1996, el Juzgado 25 Civil Municipal de Santafé de Bogotá concedió
transitoriamente la acción de tutela instaurada por Tulio Enrique Alemán Nieto.
El juez de tutela consideró que el pago
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad a la fecha de convocatoria
de la empresa a concordato, por tratarse de acreencias vinculadas al trámite
concordatario, debería esperar a la definición del mismo. Sin embargo, estimó
que las obligaciones laborales causadas con posterioridad a dicha convocatoria
constituyen créditos o gastos de administración de pago preferencial.
A juicio del a quo el no pago de las
mesadas pensionales a que tiene derecho el actor constituye una violación
flagrante de sus derechos, toda vez que se trata de un pensionado de la tercera
edad, quien merece una especial protección.
Según el juzgador de primera instancia,
si bien es cierto que el demandante podría recurrir a la justicia ordinaria
para hacer valer su crédito, también lo es que el demandante lleva 11 meses sin
recibir su mínimo vital, lo cual le causa un perjuicio irremediable que determina
la prevalencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio de protección.
Por último, el juez de tutela señalo que
no era explicable que luego de varios pronunciamientos judiciales, incluido el
de la Corte Constitucional, la Superintendencia de Sociedades no hubiera
ejercido adecuadamente su labor de vigilancia con miras a exigir a la empresa
demandada un plan de pago de las mesadas pensionales.
En virtud de lo anterior, el a quo
adoptó las siguientes decisiones: (1) concedió transitoriamente la tutela del
derecho al mínimo vital del demandante; (2) condenó a la An Son Drilling
Company of Colombia, S.A. a que, a más tardar en el término de 45 días,
adelante y concluya los trámites, gestiones y actos necesarios para pagar al
demandante las mesadas causadas a partir de la fecha de la sentencia y a
restablecer la prestación correspondiente del servicio de salud al que tiene
derecho; y, (3) ordenó a la Superintendencia de Sociedades que exigiera a la
compañía un plan de pagos de las mesadas pensionales causadas y no pagadas
durante el trámite concordatario, con la indicación de los bienes afectados a
dicho fin y las actuaciones conducentes a ese propósito.
5. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó el fallo con los mismos argumentos
expuestos en el numeral I.7. (v. supra).
6. Mediante providencia de febrero 6 de
1997, el Juzgado 10 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá confirmó el fallo
de primera instancia.
Según el ad quem, el retraso en el pago
de las mesadas pensionales y la ausencia de prestación de servicios médicos,
han puesto en peligro la vida del demandante a quien debe brindarse una
especial protección en razón de su calidad de persona de la tercera edad.
Manifestó que, si bien es cierto que la
empresa es generadora de empleo y que el concordato preventivo es un mecanismo
que busca preservar la compañía, no es constitucional ni humano sacrificar el
derecho a la vida de una persona de la tercera edad, con el fin de proteger la
supervivencia de la empresa.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
VIII. Proceso de
tutela T-125258 adelantado por LUIS OTERO OTERO
1. El 12 de noviembre de 1996, el señor
Luis Otero Otero interpuso acción de tutela, por medio de apoderado, contra la
An Son Drilling Company of Colombia S.A., ante el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Bucaramanga, reclamando la protección constitucional transitoria a
su derecho fundamental al mínimo vital.
El demandante manifestó haber prestado
sus servicios por más de 20 años a la An Son Drilling Company of Colombia,
quien le reconoció una "pensión plena y vitalicia", a partir del 1 de
abril de 1986, por una cuantía inicial de $ 131.250,oo. Alegó que la demandada
ha  incumplido el pago de las mesadas pensionales y que a partir del 1º de
marzo de 1996, no recibe el pago de su derecho pensional.
Igualmente, el actor indicó que, para el
año de 1995, el valor de su pensión ascendía a la suma de $678.722,oo.
Manifestó que se le adeudan todos los pagos hasta la fecha de la demanda, así
como las mesadas adicionales de junio y diciembre, lo cual suma un total de
$6.108.498.oo. Agregó que, como consecuencia de lo anterior se ha visto obligado
a vivir de la caridad de sus familiares y de préstamos que no ha podido
cancelar por el no pago oportuno de las mesadas pensionales.
2. El Juzgado 2º Laboral del Circuito de
Bucaramanga, por medio de providencia de noviembre 28 de 1996, concedió la tutela
como mecanismo transitorio, como quiera que la An Son Drilling Company of
Colombia S.A. ha incurrido en una violación al derecho al mínimo vital del
actor, conexo con su derecho a la vida, al dejar de cancelar las mesadas
pensionales causadas durante el concordato preventivo obligatorio al que está
sometida.
En razón de lo anterior, el juez adoptó
las siguientes decisiones: (1) ordenó a la An Son Drilling Company of Colombia
S.A. adelantar y concluir los trámites, gestiones y actos necesarios para pagar
al demandante las mesadas que se causen a partir de la fecha de la providencia
y restablecer la prestación del servicio de salud al que tiene derecho; y, (2)
indicó al actor que debe acudir, dentro de los cuatro meses siguientes a la
fecha de la providencia, ante las autoridades judiciales competentes.
3. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó el fallo con los mismos argumentos
expuestos en el numeral I. 7. (v. supra).
4. La Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el fallo de primera instancia
mediante providencia del 7 de febrero de 1997.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
IX. Proceso de tutela T-127758
adelantado por LORENZO CARVAJAL SERRANO
1. El 21 de octubre de 1996, el señor
Lorenzo Carvajal Serrano interpuso acción de tutela contra la An Son Drilling
Company of Colombia S.A., ante el Juzgado Promiscuo Civil Municipal del
municipio de  Sabana de Torres, por los mismos hechos y en los mismos términos
expuestos en el numeral I. 1. (v. supra).
2. Por providencia de octubre 23 de 1996
el Juzgado Promiscuo Civil Municipal de Sabana de Torres se abstuvo de conocer
de la acción de tutela interpuesta por carecer de competencia territorial para
ello, en su lugar, remitió el expediente al Juez 52 Civil Municipal de Santafé
de Bogotá.
3. El Juzgado 52 Civil Municipal de
Santafé de Bogotá avocó el conocimiento del caso y solicitó a la demandada que
informara acerca de determinadas cuestiones relevantes para la resolución del
asunto.
3.1. El representante legal de la
compañía informó que el demandante sí tiene reconocido su derecho a la pensión
de jubilación por un valor de $470.855.oo.
3.2. El jefe de la División de
Concordatos de la Superintendencia de Sociedades,  se pronunció en los mismos
términos expuestos en el numeral I. 2.4. (v. supra).
4. Por providencia del 19 de noviembre
de 1996, el Juzgado 52 Civil Municipal de Santafé de Bogotá concedió
transitoriamente la acción de tutela instaurada por Lorenzo Carvajal Serrano.
El juez de tutela consideró que, con la
suspensión del pago de las mesadas pensionales y la negativa a la prestación de
los servicios médicos, se está atentando contra derechos constitucionales
fundamentales del actor tan importantes como el Derecho a la Vida y a la
Dignidad Humana.
A juicio del a quo, a pesar de la
existencia para el petente de otros medios de defensa judicial como la acción
ejecutiva laboral o la concurrencia al proceso concordatario para hacer valer
sus créditos, la acción de tutela debe acogerse debido a la violación del
"mínimo vital" del demandante.
Según el juzgador de instancia, el
trámite concursal por el cual atraviesa la compañía demandada no puede ser
óbice para el cumplimiento de los gastos de administración, dentro de los
cuales se encuentran las mesadas pensionales destinadas a satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores.
En virtud de todo lo anterior, el juez
de tutela: (1) concedió transitoriamente la tutela de los derechos invocados
por el demandante; (2) condenó a la An Son Drilling Company of Colombia S.A. a
que, a más tardar en el término de 30 días, adelante y concluya los trámites,
gestiones y actos necesarios para pagar al demandante las mesadas causadas a
partir de la fecha de la sentencia y a restablecer la prestación
correspondiente al servicio de salud al que tiene derecho.
5. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó el fallo  con los mismos argumentos
expuestos en el numeral I. 7. (v. supra).
6. Mediante providencia del 11 de
febrero de 1997 el Juzgado 19 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá confirmó
el fallo de primera instancia en su integridad, con argumentos similares a los
del a-quo.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
X. Proceso de tutela T-128732 adelantado
por RAFAEL ORTIZ BRANGO
1. El 16 de octubre de 1996, el señor
Rafael Ortíz Brango interpuso acción de tutela contra la An Son Drilling
Company of Colombia S.A., ante el Juzgado Promiscuo Civil Municipal del municipio
de  Puerto Wilches, por los mismos hechos y en los mismos términos expuestos en
el numeral I. 1. (v. supra)
2. En la actualidad la mesada pensional
del actor asciende a un valor de $357.192.oo.
3. Por providencia de octubre 18 de 1996
el Juzgado Promiscuo Civil Municipal de Puerto Wilches se abstuvo de conocer de
la acción de tutela interpuesta por carecer de competencia territorial para
ello, en su lugar, remitió el expediente al Juez 39 Civil Municipal de Santafé
de Bogotá.
4. El Juzgado 39 Civil Municipal de
Santafé de Bogotá avocó el conocimiento del caso y solicitó a la demandada que
informara acerca de determinadas cuestiones relevantes para la resolución del
asunto.
5. Por providencia del 9 de diciembre de
1996, el Juzgado 39 Civil Municipal de Santafé de Bogotá concedió la acción de
tutela instaurada por Rafael Ortíz Brango para proteger el derecho a la vida,
seguridad social y pago oportuno de mesadas pensionales, y negó la acción para
proteger el derecho de petición.
El juez de tutela consideró que, en el
caso del peticionario, las mesadas pensionales generadas desde el 27 de julio
de 1995 son créditos posconcordatarios, y si bien es cierto que la ley otorga
al acreedor otro mecanismo de defensa judicial, ello no puede considerarse justificación
suficiente para que la empresa demandada no cumpla con el pago de su
obligación, en especial en el caso del demandante que confía, ahora en su
vejez, de dichas sumas para su sustento.
En virtud de todo lo anterior, el juez
de tutela: (1) denegó la tutela en protección al derecho de petición, (2)
concedió la tutela protegiendo el derecho a la vida; (3) condenó a la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. a que, a más tardar en el término de 48
horas, acredite la elaboración y ejecución del programa de pagos de mesadas
pensionales causadas durante el transcurso del concordato; y, (4) ordenó al
administrador de la An son Drilling Company of Colombia S.A., acreditar el pago
de mesadas pensionales hechas a favor de Rafael Ortíz Brango, así como de informar
al pensionado de los centros de salud y asistenciales donde se le atienda.
6. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó el fallo  con los mismos argumentos
expuestos en el numeral I. 7. (v. supra).
7. Mediante providencia del 28 de
febrero de 1997 el Juzgado 26 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá reformó
el fallo de primera instancia, pues considera que la responsabilidad por el
adecuado trámite del proceso concordatario recae sobre la Superintendencia de
Sociedades, y es ella la obligada a exigirle a la An Son Drilling Company of
Colombia S.A. la elaboración del programa de pagos a los pensionados. En razón
a lo anterior ordena al Superintendente de Sociedades, para que en el término
de 48 horas, exija al administrador de la An Son Drilling Compañy of Colombia
S.A. que acredite la elaboración y ejecución, de manera detallada, de un
programa tendiente al pago de las mesadas pensionales causadas en el transcurso
del concordato, y le exija por igual, demostrar el pago de las mesadas
pensionales que indicó se realizaron hasta Junio de 1996.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
XI. Proceso de tutela T-128801
adelantado por JOAQUIN ELIAS GARCIA
1. El 28 de octubre de 1996, el señor
Joaquín Elías García Alvarez interpuso acción de tutela contra la An Son
Drilling Company of Colombia S.A., ante el Juzgado Promiscuo Civil Municipal del
municipio de  Sabana de Torres, por los mismos hechos y en los mismos términos
expuestos en el numeral I. 1. (v. supra).
2. El actor manifiesta que para el año
1995 su mesada pensional se encontraba en un valor de $357.192.oo., es
diabético, y debido a la suspensión del servicio de salud adeuda una suma al
Hospital Integrado de Sabana de Torres en virtud de gastos de ambulancia, droga
y atención médica por una operación de próstata que le fue realizada en
septiembre de 1996.
3. El actor aportó su certificado de
ingresos y retenciones del año gravable 1995, en el cual la An Son Drilling
Company of Colombia S.A. indicó pagos al demandante por concepto de pensión por
un valor de $5.412.000.oo.
4. Por providencia de octubre 30 de 1996
el Juzgado Promiscuo Civil Municipal de Sabana de Torres se abstuvo de conocer
de la acción de tutela interpuesta por carecer de competencia territorial para
ello, en su lugar, remitió el expediente al Juez 3o. Civil Municipal de Santafé
de Bogotá.
5. El Juzgado 3o. Civil Municipal de
Santafé de Bogotá avocó el conocimiento del caso y solicitó a la demandada que
informara acerca de determinadas cuestiones relevantes para la resolución del
asunto.
6. Por providencia del 13 de enero de
1997, el Juzgado 3o. Civil Municipal de Santafé de Bogotá concedió la acción de
tutela instaurada por Joaquín Elías García Alvarez.
El juez de tutela consideró que, el
silencio de la empresa respecto del informe solicitado por el Despacho para
darle claridad a la situación planteada por el demandante, tiene como
consecuencia el tener por ciertos los hechos denunciados.
A juicio del a-quo, con la suspensión
del pago de las mesadas pensionales y la negativa a la prestación de los
servicios médicos, se está generando un daño irreparable al demandante, ya que
se le está privando del único medio de satisfacción de sus necesidades básicas.
Según el juzgador de instancia, el
trámite concursal por el cual atraviesa la compañía demandada no puede ser
óbice para el cumplimiento de los gastos de administración, dentro de los
cuales se encuentran las mesadas pensionales destinadas a satisfacer las
necesidades básicas de los trabajadores.
Finalmente, indicó el a-quo que según el
certificado de ingresos y retenciones presentado, y el valor de la mesada pensional
denunciado por el actor para el año 1995, An Son Drilling Company of Colombia
S.A. declaró haber pagado al actor no sólo el valor total de las mesadas
pensionales de 1995, sino un valor superior correspondiente posiblemente a las
primas legales. Por lo tanto el juzgador consideró prudente poner en
conocimiento de las autoridades respectivas este hecho, teniendo en cuenta la
posibilidad de circunstancias que ameriten una investigación penal.
En virtud de todo lo anterior, el juez
de tutela: (1) concedió la tutela de los derechos invocados por el demandante;
(2) condenó a la An Son Drilling Company of Colombia S.A. a que, a más tardar
en el término de 48 horas, adelante y concluya los trámites, gestiones y actos
necesarios para pagar al demandante las mesadas pensionales a que tiene
derecho, incluyendo las que se le adeudan, y a restablecer la prestación
correspondiente al servicio de salud; y, (3) ordenó la expedición de 2 juegos
de copias, el primero para la Superintendencia de Sociedades con el fin de que
ésta efectúe las gestiones necesarias tendientes a garantizar los derechos del
demandante, y el segundo para la Fiscalía General de la Nación con el fin de
que investigue una posible infracción de la ley penal.
7. El representante legal de la An Son
Drilling Company of Colombia S.A. impugnó el fallo  con los mismos argumentos
expuestos en el numeral I. 7. (v. supra).
8. Mediante providencia del 12 de marzo
de 1997 el Juzgado 23 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá confirmó el fallo
de primera instancia en su integridad, con argumentos similares a los del
a-quo.
La anterior decisión fue enviada a la
Corte Constitucional para su eventual revisión y, al ser seleccionada,
correspondió a esta Sala su conocimiento.
9. Mediante autos de
mayo 13, junio 18 y septiembre 9 de 1997, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional ordenó el recaudo de una serie de pruebas consideradas
determinantes para adoptar la solución establecida en la presente sentencia. Al
contenido de las mencionadas pruebas se hará referencia en los fundamentos
jurídicos que a continuación se presentan.
FUNDAMENTOS
Las decisiones
que se revisan
1. Los pensionados
de la empresa An Son Drilling Company of Colombia - declarada en concordato preventivo
obligatorio desde el 27 de julio de 1995 -, interpusieron acciones de tutela
contra la empresa y otras autoridades públicas encargadas de vigilarla, por
considerar que han vulnerado sus derechos al trabajo (C.P., artículos 25 y 53,
inciso 3°), a la vida (C.P., artículo 11), a la salud (C.P., artículo 49) y a
la seguridad social (C.P., artículo 48), en razón del no pago de las mesadas
pensionales a cargo de la An Son, aproximadamente, desde el 1º de marzo de 1995
y de la suspensión del servicio médico al que tienen derecho.
2. Los jueces y
tribunales de primera instancia ordenaron el pago inmediato de las pensiones.
En su criterio, la no cancelación de las pensiones y de las cotizaciones para
la prestación de los servicios de salud vulnera el derecho fundamental al
mínimo vital (C.P., artículo 1°), toda vez que los actores son todas personas
de la tercera edad cuya única fuente de subsistencia proviene de las mesadas
pensionales. Así mismo, los falladores consideraron que si bien existían
mecanismos judiciales ordinarios para hacer efectivos los derechos vulnerados,
el no pago de las mesadas pensionales ocasionaba a los demandantes un perjuicio
irremediable que determinaba la procedencia transitoria de la acción de tutela.
De igual modo, varios de los juzgadores de primera instancia estimaron que la
existencia de un proceso concursal no constituía razón suficiente para demorar
o no efectuar el pago de las mesadas pensionales causadas con posterioridad a
la apertura del concordato, como quiera que el acuerdo concordatario sólo
persigue el pago de los créditos causados con anterioridad al trámite
concursal.
3. No obstante, los
jueces de segunda instancia, con excepción de los Juzgados 10, 19, 23, 26 y 31
Civiles del Circuito de Santa Fe de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, revocaron las decisiones de
primera instancia y rechazaron o denegaron el amparo constitucional solicitado.
La Sala procederá al análisis de cada uno de los argumentos esgrimidos por los
primeros para negar o rechazar las acciones de tutela impetradas.
4. Algunas de las
decisiones revisadas, cuestionan la hipótesis de que, en el caso sub-lite,
exista un evento de subordinación o de indefensión que determine la procedencia
de la acción de tutela contra una sociedad de carácter privado como es la “An
Son Drilling Company of Colombia S.A.”.
En reiteradas
oportunidades, esta Corporación ha considerado que las relaciones de carácter
laboral, incluidas las relaciones entre empresas y pensionados, constituyen el
caso paradigmático de subordinación en cuyo ámbito la acción de tutela opera
como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales de los
trabajadores o pensionados. Así mismo, la jurisprudencia constitucional estima
que el fenómeno de la indefensión se produce cuando el actor no dispone de
ningún medio de defensa judicial distinto de la acción de tutela o cuando las
acciones judiciales ordinarias con las que cuenta no son lo suficientemente
eficaces para proteger o defender con prontitud el derecho o derechos
fundamentales conculcados. En casos como el que ahora ocupa la atención de la
Sala, en los cuales una empresa sometida a concordato preventivo obligatorio no
paga a sus pensionados las mesadas a que tienen derecho, la Corte ha estimado,
como se verá adelante, que tanto el proceso ordinario laboral como el proceso
concordatario son insuficientes para defender, con la eficiencia y urgencia
requeridas por este tipo de casos, los derechos fundamentales de los pensionados,
situación que determina un estado de indefensión frente al cual la acción de
tutela resulta procedente.
5. La Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró que la acción de
tutela era improcedente toda vez que la existencia de un proceso
concordatario,  - en el cual los actores se hicieron parte -, garantiza, a su
juicio, la eficacia de los derechos alegados por los demandantes y, por lo
tanto, se erige como medio idóneo de defensa judicial.
Como lo ha advertido
esta Corporación[1],
el concordato constituye un mecanismo adecuado para solicitar la cancelación de
los créditos contraídos por una empresa antes de la apertura del trámite
concursal. Las acreencias surgidas con posterioridad a la apertura del señalado
trámite, como las mesadas pensionales que se causen en este período, son
consideradas por la ley como gastos de administración que, se supone, la
empresa está en capacidad de asumir oportunamente. Dichas acreencias, por
disposición legal, no forman parte del acuerdo concordatario y, por ende, mal
puede alegarse que dicho trámite resulta adecuado para solicitar su cobro.
6. A juicio de
varios de los jueces y tribunales de segunda instancia, la disponibilidad de
las acciones laborales ordinarias aptas para el cobro de las mesadas atrasadas,
determinaba la improcedencia de la acción de tutela en el presente caso.
A diferencia de lo
sostenido por los falladores de tutela de segunda instancia, la jurisprudencia
constitucional tiene establecido que, en tratándose del pago de mesadas
pensionales atrasadas de personas de la tercera edad cuyo medio de sustento
está constituido exclusivamente por esas pensiones, la acción de tutela es el
único mecanismo procesal idóneo para asegurar su efectivo cumplimiento. A este
respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado:
"En el caso que
se estudia, el trabajador podría acudir a la justicia ordinaria para hacer
efectivos los créditos laborales. No obstante, habiendo transcurrido más de un
año sin el pago oportuno de su pensión de jubilación, y estando de por medio el
proceso concordatario que puede resultar dispendioso, ante la urgencia de
satisfacer el mínimo vital, y dado su evidente estado de indefensión, la acción
de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”[2].
7. Por último, las
sentencias de segunda instancia que negaron el amparo consideraron que, en el
presente caso, no se producía un perjuicio irremediable que requiriera ser
conjurado mediante la procedencia transitoria de la acción de tutela.
La jurisprudencia
antes transcrita pone en evidencia que el aserto planteado por los jueces de
tutela carece de todo sustento constitucional. En casos como el que se estudia,
se causa un perjuicio irremediable cuando una empresa deja de cancelar
oportunamente las mesadas pensionales a sus pensionados, toda vez que se trata
de personas de la tercera edad cuya única fuente de recursos depende de las
pensiones señaladas y su vinculación al mercado de trabajo es del todo
incierta. Adicionalmente, lo anterior resulta agravado si la empresa deudora se
encuentra sometida a un trámite concursal dentro del cual las autoridades
estatales encargadas de llevarlo a cabo no cumplen con las misiones que la
Constitución Política les ha asignado.
Sobre la eventual
ocurrencia de un perjuicio irremediable, esta Sala de Revisión indicó, en
un caso similar al que ahora se estudia:
"De otra parte
no existe duda sobre la importancia que adquiere, en el caso concreto, la
protección de la efectividad del derecho a la seguridad social. En las
condiciones de edad y económicas del peticionario, la omisión de la empresa le
genera un daño irreparable, pues la satisfacción de sus necesidades básicas
depende, por entero, del pago oportuno e integral de su mesada pensional"[3].
8. En suma, cuando
una empresa que ha asumido directamente el pago de la carga pensional y que se
encuentra sometida al trámite de un concordato preventivo obligatorio deja de
cancelar las mesadas pensionales, se concreta la violación del derecho
fundamental a la seguridad social y al mínimo vital de los pensionados. En estos
eventos, la acción de tutela es procedente en razón de la necesidad de conjurar
o aminorar el perjuicio irremediable que se causa con ocasión de la situación
antes descrita.
No sobra reiterar
que, en los casos como el que ahora estudia la Sala, se concreta una violación
de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital porque
los titulares de los mismos son personas de la tercera edad, objeto de una
especial protección por parte de las autoridades estatales (C.P., artículos 13
y 46), cuya única fuente de subsistencia está representada por los recursos que
perciben por concepto de las correspondientes mesadas y cuya vinculación al
mercado laboral es del todo incierta en razón de su edad.
En conclusión, las
razones expuestas llevan a la Sala a compartir el razonamiento seguido por los
jueces y tribunales que concedieron el amparo y ordenaron a la empresa en
concordato cancelar oportunamente las mesadas pensionales a su cargo. Sin
embargo, como se verá, actualmente existen graves circunstancias que le impiden
a la Sala prohijar integralmente las ordenes adoptadas.
Las
circunstancias que dieron lugar al caso que se estudia y las condiciones
actuales de la empresa demandada
9. Indican los
actores que desde el año de 1990 la empresa comenzó a presentar retardos en el
pago de las mesadas y a enfrentar problemas administrativos. Sin embargo, sólo
hasta 1994 se hizo patente el estado de crisis financiera y de desorden
administrativo en el cuál se encuentra. En efecto, en el expediente reposa un
informe de marzo de 1995, suscrito por el revisor fiscal de la compañía en el
que manifiesta la existencia de algunas irregularidades que luego se
traducirían en graves problemas contables, administrativos y financieros. Sobre
este último aserto, dan crédito la totalidad de los informes de las personas
que, desde el segundo semestre de 1995, han intervenido en las gestiones de la
empresa.
10. El 30 de
diciembre de 1994 la Asociación de Pensionados de la An Son Drilling se dirigió
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para informarle que la empresa “se
viene negando sistemáticamente al cumplimiento de la ley, específicamente al
pago de mesadas pensionales, y otras irregularidades relacionadas con el
servicio médico”. En consecuencia, se solicitó a este ente que interviniese
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pensionales, y, si fuese del
caso, para tramitar un proceso de conmutación pensional. El representante de la
empresa intervino, asegurando categóricamente, que se había dado estricto
cumplimiento a la ley laboral y que no se adeudaba suma alguna por los
conceptos señalados.
El 23 de agosto de
1995, mediante la resolución 2715, el Ministerio sancionó a la empresa luego de
verificar que había vulnerado la ley laboral como consecuencia del retraso en
el pago de las pensiones y de los servicios médicos. Le impuso, en
consecuencia, una multa de cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que, según los documentos presentados, aún no ha sido cancelada.
Adicionalmente,
dicho ministerio comprobó que la empresa había dejado de constituir la garantía
pensional de que trata el artículo 13 de la Ley 171 de 1961. A tenor de la
norma citada: “Toda empresa privada, cuyo capital no sea inferior a ochocientos
mil pesos ($800.000) está obligada a contratar con una compañía de seguros y a
satisfacción del Ministerio de Trabajo el cumplimiento de las obligaciones
actuales o eventuales que la afecten en materia de pensiones...”.
La An Son Drilling
Company of Colombia, que se encontraba en la hipótesis de hecho descrita en la
norma citada, incumplió la perentoria obligación en ella contenida, sin que
ninguna autoridad pública hubiese intervenido para exigirle una conducta
ajustada a derecho. Sólo hasta el 17 de noviembre de 1995, un año más tarde a
la presentación de las solicitudes de los pensionados, el Ministerio determinó
tal incumplimiento y, mediante la resolución 3659 resolvió requerir a la
empresa para que, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la
resolución, constituyese la mencionada garantía pensional.
Sin embargo, para
entonces, la sociedad se encontraba ya en pleno proceso concursal - desde el 27
de julio de 1995 -, y, por los documentos que reposan en el expediente, su
estado financiero, administrativo y contable resultaba lamentable. Por estas
razones, nunca se dio cumplimiento al requerimiento del Ministerio. Tal
situación dio lugar a la expedición de la resolución 0096 de 16 de enero de
1996, a través de la cuál se sancionó a la empresa con la suma de cuarenta y
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del SENA, por haber
incumplido lo dispuesto en la resolución 3659 antes citada. Naturalmente, esta
obligación tampoco ha sido satisfecha.
11. A raíz de la
solicitud elevada por los pensionados al Ministerio el 30 de diciembre de 1994,
encaminada a producir la conmutación de las pensiones de jubilación actuales y
eventuales, la Ministra del Ramo remitió un informe al Presidente del Instituto
de Seguros Sociales, el 27 de noviembre de 1995. Dicho informe constituye,
según las normas vigentes (Decreto 2677 de 1971 y decreto reglamentario 1572 de
1973) el primer paso para producir la conmutación. En él, la Ministra le indica
al Presidente del ISS que la empresa analizada se encuentra en una de las causales
de conmutación pensional previstas en el artículo  2 del decreto 2677 de 1971 -
notable estado de descapitalización - y que, por consiguiente, su despacho
emite concepto favorable a la solicitud de conmutación pensional, formulada por
los pensionados y trabajadores de la referida empresa.
Mediante oficio UPA
089 del 16 de enero de 1996, la Unidad de Planeación y Actuaría del ISS informó
a la empresa sobre el concepto favorable del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y le solicitó la remisión del respectivo cálculo actuarial, la nota
técnica y la documentación correspondiente para poder adelantar los trámites de
la conmutación. El 26 de junio de 1997, el Instituto informó a esta Sala de
Revisión que no había recibido la información solicitada. Sin embargo, durante
los diez y siete meses que han transcurrido, tal entidad no pudo comprobar una
sola gestión encaminada a lograr que la empresa diera respuesta oportuna a su
solicitud. Tampoco notificó al Ministerio de Trabajo para que esta entidad, en ejercicio
de las atribuciones que le confiere la ley, hubiere instado a la empresa a
cumplir con la obligación de enviar la información necesaria para salvaguardar
los derechos de los pensionados.
La Sala preguntó al
Ministro de Trabajo si esa entidad había adelantado algún acto, distinto al
envío del informe favorable, encaminado a verificar que la empresa, que se
encontraba en una aguda crisis financiera y que tenía a su cargo el pago de
pensiones de jubilación, no defraudara a sus ex-trabajadores. Al respecto, el
Ministro respondió que dicha entidad “no tiene competencia para ejercer ningún
acto de vigilancia y control sobre las actividades que le corresponda
desarrollar al Instituto de Seguros Sociales, luego de que el Ministro emite el
concepto, bien sea favorable o desfavorable, sobre la solicitud de conmutación
pensional”.
Tal y como aparece
en el “análisis de la situación económica - financiera de An Son Drilling
Company of Colombia”, elaborado por funcionarios de la subdirección de
Prestaciones Económicas y Asistenciales del Ministerio, tal entidad era
plenamente consciente de la aguda crisis por la que atravesaba la empresa y del
riesgo al que estaban sometidas las pensiones de sus ex-trabajadores. En estas
condiciones, a pesar de las afirmaciones del Ministro del Ramo antes
transcritas, considera la Corte que los funcionarios del Ministerio habrían
podido intervenir para asegurar la ejecución pronta y oportuna del trámite de
conmutación pensional. En efecto, basta citar alguna de las normas que otorgan
competencias de vigilancia y control al Ministerio en cuestión: el numeral 1
del artículo 486 del Código  Sustantivo del Trabajo - subrogado por el artículo
41 del decreto ley 2351 - establece, entre otras cosas, que los funcionarios
del Ministerio del Trabajo podrán hacer comparecer, a sus respectivos
despachos, a los patronos para exigirles la presentación de informes útiles y
necesarios para el cumplimiento de su misión - dentro de la cual esta la
defensa de los derechos pensionales de los trabajadores -, así como para
ordenar las medidas preventivas que consideren necesarias a fin de impedir que
violen las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los
trabajadores. Adicionalmente, el artículo 486-2 de la misma codificación -
subrogado por el artículo  97 de la Ley 50 de 1990 -, prescribe que los
funcionarios del Ministerio del Trabajo pueden imponer multas  equivalentes al
monto de una a cien veces el salario mínimo legal mensual vigente, por el
incumplimiento de las obligaciones patronales.
Tratándose de un
tema de tanta relevancia constitucional, como es el del pago de las pensiones a
las personas de la tercera edad, mal puede el Ministerio exigir norma expresa
que le autorice a controlar a las empresas privadas en este específico asunto,
puesto que para ello resultan suficientes las competencias generales
contenidas, entre otros, en los artículos citados.
12. Frente a la
inacción de las autoridades que tienen a su cargo las funciones de policía
laboral y ante la persistente omisión del pago de las mesadas, los pensionados
acudieron a la Superintendencia de Sociedades a fin de que convocara a la
empresa a un proceso concursal para asegurar que su crédito fuese respetado.
Esta entidad, previa la realización de los estudios correspondientes, convocó,
mediante auto 4103069, al trámite de un concordato preventivo obligatorio con
sus acreedores. El 4 de agosto de 1995, la representante legal de la sociedad
concordada interpuso recurso de reposición contra el auto 4103069. Sin embargo,
la entidad de control, ratificó su decisión inicial.
El objetivo central
de la Superintendencia era el de salvaguardar el crédito pero manteniendo a la
empresa como unidad económica y como fuente generadora de empleo. A pesar de lo
anterior, pocos meses después de convocado el trámite, comenzó a ser claro que
la sociedad no estaba en capacidad de recuperarse.
Desde diciembre de
1995, la contralora nombrada por la Superintendencia de Sociedades para vigilar
el trámite, advirtió que la sucursal concordada no estaba en condiciones de
asumir los gastos de administración, pero como algunas licitaciones se
encontraban en curso, se albergó la esperanza de que pudiese continuar
desarrollando su objeto social. No obstante, según los documentos aportados al
proceso, desde 1995 la sociedad no celebraba contrato alguno que le permitiera
iniciar un proceso de recuperación y, en consecuencia, generar nuevos ingresos.
Incluso, el informe de visita de la Superintendencia (julio 24 de 1997), indica
que “la sociedad no da utilidad desde 1993”.
A este respecto, no
sobra indicar que los miembros de la Junta Provisional de Acreedores, desde su
primera reunión el 14 de mayo de 1996, fueron enfáticos en señalar la urgencia
de acelerar el trámite concordatario, “para que la empresa no se desangre por
gastos de funcionamiento”. En consecuencia, le solicitaron al representante
legal de la concursada, entre otras cosas, realizar un inventario real de
activos, así como un plan de conciliaciones y de pago del pasivo laboral. Según
el informe enviado a esta Sala por la Superintendencia, durante los 24 meses
que duro el trámite concordatario el representante legal no cumplió con tales
indicaciones. El 5 de junio de 1996, los miembros de la Junta propusieron y
aprobaron que el representante legal elaborase y presentase una propuesta de
“concordato liquidatorio”. Sin embargo, no aparece prueba de que se hubiese
dado cumplimiento a dicha instrucción.
En suma, de las
pruebas aportadas al expediente, puede concluirse que el tramite al cual estaba
convocada la empresa, se pospuso inútilmente, aumentando los gastos de
administración y postergando una solución definitiva para quienes, como los
pensionados, encuentran amenazados y aún violados sus derechos fundamentales
por el proceder omisivo de la empresa.
En efecto, no sobra
indicar que  desde la declaratoria del concordato hasta mayo 26 de 1997, los
gastos de administración de la empresa ascendieron a 2.963.301.712, según
informe presentado a esta Sala por su representante legal. Adicionalmente,
entre abril y junio de 1997, se vendieron activos por 369.806.229. De las
cifras anteriores, solo un porcentaje menor se destinó al pago del pasivo
pensional, en tanto que otra parte se empleó en pagar salarios, conciliaciones,
prestaciones sociales, impuestos, servicios públicos y otros gastos de
administración, como viáticos, contratos de prestación de servicios etc.
Todo lo anterior sin
contar con los persistentes cuestionamientos de los trabajadores y pensionados
sobre la ausencia de poder real que se ejerce sobre los pocos activos de la
sucursal. En su criterio, las autoridades han sido incapaces de ejercer un
control efectivo y, en cambio, han permitido que se efectúen negocios sobre
activos que pertenecían a la compañía y cuya propiedad ha sido transferida
ilegalmente, descapitalizando a la empresa en desmedro de sus derechos. Alegan
que estos hechos han sido conocidos por el representante legal de la sociedad y
por algunos funcionarios, sin que se hubiesen adoptado las medidas tendentes a
revocar los negocios realizados o a evitar que se enajenen los bienes de la
sucursal.
Estas afirmaciones
no fueron objeto de debate en el presente proceso. Por eso la Corte no puede
pronunciarse al respecto. Sin embargo, por tratarse de acusaciones que pueden
tener relevancia penal o disciplinaria, la Corporación remitirá copias de la
sentencia y del expediente a las autoridades competentes. Adicionalmente, como
será expuesto en el fundamento 32 de esta decisión, se remitirá copia de el
expediente al señor Defensor del Pueblo para que investigue los hechos
denunciados y asuma la defensa de los intereses patrimoniales de los
pensionados y los trabajadores afectados.
13. El 26 de enero
de 1996, Hernando Luis Parejo Sánchez interpuso acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, contra la empresa An-Son
Drilling Company of Colombia S.A., por hechos similares a los que dieron lugar
a la interposición de las acciones que se estudian en el presente proceso. En
esa oportunidad, la Corte indicó:
“En las condiciones
descritas, resulta claro que el proceso concursal no es óbice para que el
empleador pueda sufragar los gastos de administración, dentro de los cuales se
encuentra el pago de las mesadas pensionales causadas durante su trámite, las
que deberán ser pagadas de preferencia, no sólo porque se trata de créditos
laborales - destinados a atender las necesidades básicas inmediatas -,  sino
por el imperativo constitucional que vincula, tanto a los particulares como al
Estado, a proteger, en forma prevalente, a las personas de la tercera edad
(C.P. art. 13 y 46).
(...)
11. Por último,
advierte la Corte que la única manera de garantizar a largo plazo el pago
efectivo y oportuno de los derechos del actor a cargo de la empresa, reside en
un programa de pago de los pasivos laborales y, en particular de las mesadas
pensionales, soportado por las garantías que para el efecto establece la ley.
En este sentido, se compulsarán copias a la Superintendencia de Sociedades y al
Ministerio de Trabajo, a fin de que, dentro de sus respectivas competencias y
en cumplimiento de los mandatos legales y constitucionales que los vinculan con
la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad (C.P arts. 13,
46) y en especial, del derecho constitucional a la seguridad social (C.P. art.
53), realicen las gestiones necesarias para garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales del actor”.
Sin embargo, ni el
representante legal de la empresa ni la Superintendencia de Sociedades parecen
haber cumplido la orden impartida. Un plan de pago de las mesadas pensionales,
requiere tomar en serio el hecho de estar frente a créditos privilegiados y
excluyentes, no sólo por razón del  orden de prelación legal, sino porque se
trata de satisfacer el derecho fundamental al mínimo vital de las personas de
la tercera edad. En estas condiciones, habría sido pertinente elaborar el
catálogo de activos y definir la figura financiera que mejor garantizara en el
futuro el pago de las correspondientes mesadas. No se trata de vender activos y
destinar parte del producto a pagar algunos créditos pensionales insatisfechos.
La tarea de las autoridades comprometidas con la defensa de los derechos
fundamentales, consiste en intentar mitigar el perverso efecto de las omisiones
del empresario y de las entidades publicas involucradas y diseñar o promover
mecanismos que, dentro de las dificultades evidentes,  tiendan de la mejor
manera posible, a garantizar a los pensionados una vejez digna.
A pesar de que la
Corte había prevenido a las autoridades sobre la crítica situación de la
empresa y señalado que, en defensa de los derechos fundamentales involucrados
las entidades de control que adviertan que una sociedad no está en posibilidad
de cancelar - así sea tardíamente - los gastos de administración, deben
proceder a liquidarla, el trámite concordatario de la An Son Drilling se dilató
inútilmente durante un año. Con ello, se deterioró notoriamente la situación
financiera de la sociedad y se postergó el pago de las mesadas a las que tienen
derecho los pensionados, las que constituyen su único sustento.
14. Según la
Superintendencia de Sociedades la entidad no es responsable por el pago de los
gastos de administración. Adicionalmente, alega que no es procedente la
liquidación hasta tanto no se finalicen todas las etapas del concordato. La
Corte disiente de la anterior opinión.
Al respecto no sobra
recordar que esta Corporación ya ha indicado categóricamente que las
autoridades de control y vigilancia y, en especial, el Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social y la Superintendencia de Sociedades, deben velar porque en el
trámite de un concordato, los derechos de los pensionados que corresponden a
gastos de administración, no resulten amenazados o quebrantados. El Estatuto Superior
impone a las entidades antes anotadas la obligación especialísima de adoptar
todas aquellas medidas que sean conducentes y necesarias para garantizar el
pago de los derechos laborales de trabajadores y pensionados.
En particular, la
Corte ha estimado que las competencias de la Superintendencia de Sociedades no
se reducen exclusivamente al logro de un acuerdo en torno al pago de los
créditos concordatarios sino que, con fundamento en deberes que la ley y la
Constitución le imponen, debe velar que la empresa cumpla con las obligaciones
laborales causadas con posterioridad a la apertura del concordato. En efecto,
si una empresa se encuentra en la clara imposibilidad de pagar los gastos de
administración, ello significa que falta uno de los presupuestos esenciales del
concordato y, por lo tanto, la Superintendencia debe convocar, de inmediato, a
un trámite liquidatorio, so pena de permitir que siga aumentando, inútilmente,
el pasivo de la entidad.
Sobre este
particular la Corte ha señalado:
"Podría argumentarse
que las competencias de la Superintendencia de Sociedades se contraen
exclusivamente a lograr un acuerdo entre los acreedores y la empresa en
concordato acerca del pago de los créditos concordatarios contraído por
aquélla. Sin embargo, la Corte considera que el cometido que la Constitución y
la ley han encomendado a la Superintendencia de Sociedades, esto es la
inspección, vigilancia y control sobre las sociedades mercantiles (C.P.,
artículo 189-24), implica una serie de facultades que, pese a no estar
definidas de manera detallada, son necesarias para el cabal cumplimiento de los
fines para los que fue creada.
(…)
A la luz de estos
postulados, la Sala considera que la labor de inspección, vigilancia y control
de la Superintendencia de Sociedades no sería completa si sus funciones
estuvieran relacionadas sólo con las obligaciones concordatarias. Ciertamente,
"la recuperación económica de la empresa como unidad de explotación
económica y fuente generadora de empleo" (Ley 222 de 1995, artículo 94),
como objetivo primordial del concordato preventivo obligatorio, no depende
exclusivamente del acuerdo concordatario que se alcance entre la empresa y sus
acreedores para el pago de los créditos contraído con anterioridad a la
apertura del trámite concursal sino, también, de que la sociedad cancele
oportunamente sus gastos de administración y otro tipo de obligaciones
posconcordatarias"[4].
15. El 3 de julio de
1997, por medio del auto 4104187, la Superintendencia de Sociedades declaró
fracasado el concordato preventivo y, por consiguiente, dispuso la iniciación
del trámite de liquidación obligatoria de los bienes que componen el patrimonio
de la empresa mencionada. Según informe fechado el 12 de septiembre y remitido
a esta Sala de Revisión por el Superintendente de sociedades, el 20 de agosto
venció el término para que los acreedores presentaran sus créditos.  En el
mismo documento, el Superintendente  aclara a la Sala que su despacho no puede
rendir informe alguno sobre la situación financiera de la empresa “hasta tanto
no se presente el inventario previamente verificado por la junta asesora del
liquidador y avalúo de los bienes haberes y negocios que conforman el
patrimonio a liquidar, lo cuál deberá ocurrir en próximas etapas procesales”.
16.  El señor
Alberto Fadul Mogollón, quien desde el mes de febrero de 1996 había asumido la
representación legal de la empresa en concordato, fue nombrado liquidador por
la Superintendencia de Sociedades. Desde su primera intervención ante la Corte
por hechos similares a los que dieron lugar a las tutelas que se estudian,
hasta su última declaración - declaración juramentada rendida a los 22 días del
mes de agosto de 1997 ante el Superintendente de Sociedades -, manifestó que la
empresa afrontaba graves problemas financieros que no le permitían asumir
integralmente los gastos y demás obligaciones vencidas.
En la declaración
juramentada antes mencionada, sobre la situación laboral de la sociedad, se
lee:
“PREGUNTADO: Manifieste cuál es la situación laboral
actual de la compañía y que gestiones ha usted adelantado al respecto: CONTESTO:
La situación laboral de la compañía actualmente es la siguiente: La empresa
tiene aproximadamente unos setenta y cinco (75) pensionados directos; son
extrabajadores cuyas edades están por encima de los cincuenta (50) años, sus
mesadas se encuentran atrasadas, la nómina de esos pensionados en este año
tiene un costo aproximadamente de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) sin
incluir gastos de la seguridad social, los cuales la empresa ha venido
atendiendo directamente en la medida de sus posibilidades. Activos hay unos
ocho (8) trabajadores aproximadamente, de los cuales se encuentran en licencia
tres (3), quedando al servicio de la empresa cinco (5) trabajadores, los cuales
también tienen sus sueldos atrasados. No tenemos afiliación a la seguridad
social por las razones ya expuestas en la parte financiera y además se
encuentran una serie de extrabajadores los cuales fueron liquidados hace muchos
años y que tienen sus prestaciones pendientes de pago”.
En la misma
declaración, sobre la situación financiera de la empresa, el liquidador afirmó:
“PREGUNTADO: Sírvase manifestar a este Despacho cuál
es la situación financiera que afronta la sociedad en liquidación que usted
representa. CONTESTO: La situación financiera de la empresa tal como se
ha informado en diferentes escritos a la Superintendencia de Sociedades es muy
difícil. Sobre todo en la parte laboral y especialmente con los pensionados. La
empresa tiene mesadas pendientes de pago con los pensionados que superan los
doce (12) meses, hay sueldos atrasados a los pocos trabajadores que nos quedan
activos, hay impuestos pendientes de pago y los recursos líquidos con que
cuenta la empresa para atender estos pagos son escasos. En realidad, no
contamos sino con algunas recuperaciones de cartera que aspiramos se den en
estos próximos treinta (30) días. De allí en adelante la empresa quedaría en la
absoluta iliquidez para atender los compromisos de todo tipo, incluidos los
gastos de la administración”.
17. Los registros
que a solicitud de la Sala de Tutela fueron aportados al expediente, permiten
pensar, razonablemente, que existe la posibilidad de que la empresa no tenga
activos suficientes para responder por el pasivo adquirido, ni aún, por la
integridad del pasivo laboral. En efecto, todos los informes de las autoridades
de vigilancia y control así como los balances y estados financieros presentados
por el representante legal, advierten que los activos están sobrevaluados; que
no se conoce el inventarío físico real (el último fue realizado en 1994) y,
que, con certeza, sólo puede afirmarse, al menos en esta etapa del trámite, que
la sociedad cuenta con un activo considerable,  - consistente en el inmueble
ubicado en la diagonal 41 No 96-09 - cuyo valor podría ascender, según
documento de la propia entidad anexo al informe de visita de la
Superintendencia, a $1.717.986.008. Sobre los restantes activos fijos, en las notas
a los estados financieros a 31 de diciembre de 1996, la revisora fiscal afirma:
“Activos fijos:
rubro también bastante significativo sobre el cual tampoco se hizo inventario
físico y es muy poco por no decir nada lo que se sabe sobre la existencia de
los equipos, maquinaria y vehículos que figuran en libros y se encuentran
ubicados fuera del perímetro urbano de Santafé de Bogotá, tampoco se sabe con
certeza si sobre ellos recae alguna restricción legal para el libre
enajenamiento (sic). Sobre este rubro también se pronunció la revisoria fiscal
anterior, sin lograr ser atendida por la misma situación económica que vive la
empresa” (nota 8).
De otra parte, puede
afirmarse que durante el trámite concordatario la empresa vendió un número
importante de los activos conocidos. Así, por ejemplo, para referirnos sólo al
último periodo, baste citar la comunicación del liquidador - antes
representante legal - a la Superintendencia de Sociedades:
“INFORME RESULTADOS VENTA DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS DE LA SOCIEDAD
AN-SON DRILLING COMPANY OF COLOMBIA S.A.
El proceso de venta
de los activos inservibles de An-Son Drilling Company of Colombia S.A. se
inició previa autorización de la Superintendencia de Sociedad en el mes de
Abril de 1997, y concluyó en el mes de Junio de 1997.
En éstas
operaciones, cuyos soportes fueron reportados en su momento a  la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, se recaudaron la suma de trescientos sesenta y
nueve millones ochocientos seis mil doscientos veintinueve pesos m.l.
($369.806.229).
Estos recursos
fueron aplicados en los siguientes conceptos:
VALORES
PAGADOS        %
1 Salarios,
liquidaciones de Prestaciones Sociales,
Honorarios y
servicios                                      Ps$      182.342,244        49,30
2 Mesadas a
Pensionados                                         118.434,110            32,04
3 Gastos Médicos -
atenciones a Pensionados              8.504,088            2,30
Gastos Médicos -
atenciones a Personal de Admon.                                4.336,757
1,17
4  Impuestos y
Retenciones en la Fuente                   27.052,000             7,31
5  Servicios
Públicos y Otros Gastos de Administración                         29.137,030
7,88
TOTALES                                                          369.806,229
100.00
Atentamente,
AN-SON DRILLING
COMPANY OF COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍA EN
LIQUIDACION OBLIGATORIA
ALBERTO FADUL
MOGOLLON
Liquidador”
Por último, no sobra
indicar que, según el informe del 3 de abril de 1997, de la compañía Watson
Wyatt Colombia S.A.,  la reserva de jubilación que a 31-12-96, debería
constituir la empresa para garantizar el pago de la totalidad de las acreencias
por ese concepto asciende a $11.271.062.594.00.
18. En síntesis, la
sucursal de la sociedad extranjera An-Son Drilling Company of Colombia S.A.,
con domicilio principal en Panamá, República de Panamá[5], vinculada al sector
petrolero, que venia operando desde hace casi 40 años en el país, decidió
asumir integralmente la carga pensional de todos sus extrabajadores, sin
cumplir con el deber legal de asegurar, mediante la constitución de una
garantía, el cumplimiento de su obligación. Hasta diciembre de 1994, cuando los
trabajadores y pensionados acudieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, al Instituto Colombiano de Seguridad Social y, posteriormente, a la
Superintendencia de Sociedades, ninguna autoridad se había hecho presente para
verificar que la empresa se ciñera a las normas legales.
Desde 1994 hasta la
fecha, las distintas autoridades han efectuado intervenciones inoportunas o
insuficientes para garantizar los derechos involucrados. En este momento, la
empresa se encuentra en liquidación; al parecer no tiene activos suficientes
para asumir el pasivo laboral. En tanto que la provisión para jubilación, en
diciembre de 1996, ascendía a $11.271.062.594.00, los gastos de administración
hasta mayo de 1997 sumaban 2.963.301.712. No obstante, el único activo
considerable que con certeza existe, está evaluado en 1.717.986.008.
Mientras tanto, los
pensionados, la mayoría de ellos personas de la tercera edad, no reciben las
mesadas, a las que tienen derecho no por un acto filantrópico de la empresa o
de las autoridades públicas, sino porque lo adquirieron en virtud de su propio
trabajo. Como lo relatan en las múltiples acciones presentadas, la mayoría de
los pensionados no perciben ingresos de otras fuentes, y han tenido que acudir,
incluso, a la caridad, para poder satisfacer sus necesidades básicas. Sin
embargo, dada la situación financiera de la empresa, no resulta fácticamente
posible impartir la orden inmediata de pago, puesto que esta no sería
realizable.
Principio del
menor daño constitucional y defensa del mínimo vital de las personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta
19. En un Estado de
derecho, la tarea del juez consiste en promover y garantizar los derechos,
principios y valores que defiende el ordenamiento. Cada decisión implica
entonces la realización de un bien jurídico. Sin embargo, en algunos casos
excepcionales, el juez se encuentra ante una circunstancia trágica: las
decisiones jurídicamente admisibles tendrán, necesariamente, todas ellas, un
efecto nocivo. En estas circunstancias, la tarea del juez consiste en
identificar y darle curso a la decisión que tenga el menor costo
constitucional. En otras palabras, la que produzca el menor daño, desde una
perspectiva constitucional. Es éste, justamente, uno de aquellos casos.
20. En el presente
evento, podría resultar, después de realizado el inventario de activos, que siguiendo
la prelación de créditos establecida por el legislador, la empresa en
liquidación estuviera en capacidad de garantizar el pago del pasivo
prestacional, incluyendo tanto las mesadas causadas y no pagadas como las
futuras hasta su completa satisfacción. Si esto fuera así, la única orden que
podría dar el juez de tutela, sería la de respetar la prelación del crédito
pensional, tal y como se estableció en la sentencia ST 299 de 1997, durante el
trámite liquidatorio, de manera tal que todos los ingresos se destinarán, en
primerísima instancia a gastos urgentes y necesarios para continuar el proceso
de liquidación e, inmediatamente, al pago de las mesadas que se van causando.
Solo después de asegurados estos créditos, podrían solucionarse los restantes
pasivos, en el orden que establece la ley.
21. Ahora bien a la
luz de los documentos contables y financieros que obran en el expediente, es
razonable suponer que la empresa dista de tener la capacidad suficiente para
cancelar integralmente las obligaciones laborales. Incluso, si se pagan de
preferencia los gastos de administración - en todas sus graduaciones -, sería
probable que no pueda absorber integralmente el pasivo laboral adquirido antes
de la convocatoria al concordato y, por lo tanto, de ninguna manera podría
asegurar el pago futuro de las mesadas pensionales. En consecuencia, tendrían
prelación, por ejemplo, el pago de los servicios públicos o de las obligaciones
tributarias causadas durante el concordato, así como las vacaciones, primas y
prestaciones de los ex trabajadores y, por el contrario, resultaría desplazado
el derecho a la pensión del cual depende el sustento mínimo de las personas de
la tercera edad que tienen el status de jubiladas y que, según la
Constitución, merecen especial protección (C.P., artículos 1º, 13, 46, 48 y
53).
En estas
condiciones, se pregunta la Corte si una norma legal puede ser aplicada de
manera tal que se otorgue prelación a créditos tributarios o fiscales o,
incluso, a créditos prestacionales - cesantías, vacaciones etc. -, sobre
aquellos necesarios para satisfacer el derecho al mínimo vital de las personas
de la tercera edad.
La prelación
constitucional del derecho fundamental al mínimo vital de los grupos
especialmente protegidos por la Constitución
22. En la Carta
Política confluyen dos corrientes ideológicas que, en principio, podrían
parecer incompatibles. De una parte, la Constitución consagra los derechos
clásicos de libertad e igualdad, que tienden a resguardar la libertad
individual de cualquier injerencia arbitraria de las autoridades públicas, y a
garantizar que todas las personas serán tratadas con idéntica consideración y
respeto por parte del Estado - igualdad ante el derecho -. Adicionalmente, la
Carta define al Estado como Estado social de derecho y consagra una serie de
derechos de igualdad material - igualdad en el derecho -, que reconocen un
tratamiento especial a ciertos grupos de la población. Lejos de constituir una
contradicción, la consagración constitucional de las dos visiones antes
mencionadas - igualdad y libertad formal e igualdad material - resulta
coherente si se atiende a la razón histórica que sustenta la existencia del
Estado social de derecho y de los derechos que se derivan del principio de
igualdad material.
En efecto, el
surgimiento de las categorías jurídico-constitucionales propias del Estado
social, como la igualdad en la ley, responde a la convicción de que la mera
proclamación constitucional del derecho a la libertad y a la igualdad de todos
los individuos, no es suficiente para que algunas personas puedan desplegar su
capacidad real de autodeterminación. Esta última se torna en mera utopía cuando
la persona no se encuentra en la posibilidad real de acceder a un mínimo de
medios materiales que le garanticen su subsistencia. Un individuo desposeído,
cosificado, librado a los avatares de sus necesidades físicas, encuentra
lesionada su dignidad al estar en completa incapacidad de ejercer las
libertades que le concede la Constitución, como quiera que su autonomía se
halla por entero sometida a las carencias materiales que lo oprimen. En estas
condiciones, mal puede considerarse que el sujeto, sitiado radicalmente por las
necesidades más elementales, esté en condiciones de igualdad y libertad
respecto de quienes si tienen la capacidad, al menos potencial, de satisfacer
sus necesidades materiales.
23. El principio
constitucional de dignidad humana, sobre el que se establece el Estado social
de derecho sirve de fundamento al derecho al mínimo vital, cuyo objeto no es
otro distinto del de garantizar las condiciones materiales más elementales, sin
las cuales la persona arriesga perecer y quedar convertida en ser que sucumbe
ante la imposibilidad de asegurar autónomamente su propia subsistencia.
24. Con arreglo a
los imperativos de la igualdad material, la Carta reconoce que si bien el
derecho fundamental al mínimo vital es predicable de todos los ciudadanos en
condiciones de igualdad, existen determinados sectores de la población que, en
razón de su mayor vulnerabilidad, son susceptibles de encontrarse, con mayor
facilidad, en situaciones que comprometan la efectividad de su derecho. De ahí
que algunas normas de la C.P., consagran la obligación del Estado de otorgar
una especial protección a los grupos más vulnerables de la población.
En otras palabras,
la Constitución Política contempla una serie de sujetos necesitados de un
“trato especial” en razón de su situación de debilidad manifiesta. El régimen
de favor comprende a personas o colectivos indefensos que merecen una
particular protección del Estado para que puedan desplegar su autonomía en
condiciones de igualdad con los restantes miembros del conglomerado social, y
no se vean reducidos, con grave menoscabo de su dignidad, a organismos disminuidos
y oprimidos por las necesidades de orden más básico.
En particular, a
este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al final de su
vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena (C.P. artículos
1º, 13, 46 y 48). En relación con estas personas, la Corte ha sentado la
doctrina del derecho fundamental a la seguridad social. Así se le ha dado
preciso alcance al mandato constitucional de defender, prioritariamente, el
mínimo vital que sirve, necesariamente, a la promoción de la dignidad de los
ancianos (C.P., artículos 1º, 13, 46 y 48).
25. Las normas
legales que obligan a las empresas que han asumido directamente el pasivo
pensional a constituir las garantías necesarias para asegurar el pago oportuno
de las mesadas pensionales ( artículo 13 ley 171 de 1961 y artículo 10 del
Decreto Reglamentario 426 de 1968); aquellas que establecen la figura de la
conmutación pensional, aún a riesgo de que la empresa tenga que liquidarse o de
que se dejen de pagar otros créditos (Decreto 2677 de 1971 y decreto
reglamentario 1572 de 1973); las que adjudican a las autoridades públicas la
tarea de vigilancia y control de las empresas que tienen acreencias pensionales
(artículo 486 del Código  Sustantivo del Trabajo); entre otras, deben ser entendidas
como el desarrollo manifiesto del deber de especial protección que la Carta
impone a los poderes públicos respecto de las personas de la tercera edad.
Así por ejemplo, el
decreto 2677 de 1971 indica que habrá lugar a la conmutación pensional cuando
una empresa con pensiones de jubilación pendientes entre en proceso de cierre o
de liquidación, o en cualquier otra circunstancia que pueda “hacer nugatorio el
derecho de jubilación de los trabajadores”. En estos casos el Instituto
Colombiano de Seguros Sociales iniciará los trámites de rigor y, dado el caso,
procederá a dictar la correspondiente resolución ordenando el pago de la suma
necesaria para garantizar los derechos comprometidos. El artículo 9 del
mencionado decreto indica que no se autorizará la liquidación ni el cierre
mientras la empresa interesada no presente la constancia de pago, a favor del
ICSS, de la suma necesaria para que el Instituto pueda sustituirla en el pago
de sus obligaciones pensionales. Adicionalmente, el artículo 9 del decreto 1572
de 1973, establece, claramente, que “los patronos o empresas a cuyo cargo
existan obligaciones pensionales y que aún no tengan constituida garantía
suficiente para pagarlas, no podrán efectuar enajenación de sus haberes, ni
negociación alguna con respecto a ellos, desde el momento en el que el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social haya iniciado los estudio de que trata
este Decreto - se refiere a los estudios para adelantar el trámite de
conmutación pensional -, lo cual se hará saber al patrono o empresa por
comunicación oficial”. A este respecto, el parágrafo del artículo citado
señala : “La enajenación o negociación que las empresas o patronos
efectúen con violación de este artículo tendrá causa ilícita”.
Si una empresa que
ha asumido directamente el pasivo pensional incumple las normas que tienden a
garantizar el pago prioritario de las acreencias pensionales, las autoridades
competentes deben actuar de inmediato para evitar la eventual vulneración de
los derechos fundamentales de los pensionados.
26. Las
disposiciones legales que establecen la prelación de créditos dentro de un
trámite concursal o liquidatorio (Código Civil, artículo 2493 y ss; Código
Sustantivo del Trabajo, artículo 157 y 345; Ley 50 de 1990, artículo 36; Ley
222 de 1995, artículo 161) parten del presupuesto natural de que se ha dado
aplicación a las normas, también de rango legal, que garantizan
prioritariamente, el pago de las mesadas pensionales. Por consiguiente, si ya
existe una conmutación pensional o si se ha constituido la garantía pensional
que asegura el pago de pensiones, nada obsta para que se siga el orden de
preferencia que ha definido el legislador en las normas que regulan el trámite
de liquidación.
Empero, si ante la
incuria de las entidades encargadas de ejercer la vigilancia y control, la
empresa se abstiene de cumplir sus obligaciones legales en materia pensional y,
adicionalmente, entra en un tramite concursal o liquidatorio, se configura una
hipótesis fáctica no prevista por el legislador. En efecto, ninguna de las
disposiciones que reglamentan estos tramites se refiere a una tal
circunstancia. Por el contrario, pese a la importancia prioritaria que la
Constitución y las normas sobre conmutación y garantía pensional otorgan a las
pensiones, las disposiciones sobre prelación de créditos que rigen el
concordato y la liquidación de una empresa, no hacen referencia expresa a estas
acreencias, pues es razonable suponer que parten del supuesto de que la empresa
ha asegurado el pago de las mismas a través del cumplimiento de las
obligaciones legales.
En el caso en el que
el mencionado supuesto no se cumpla, la sujeción estricta al orden de prelación
establecido por los artículos 161 de la Ley 222 de 1995 - gastos de
administración - y 36 de la ley 50 de 1990 - deudas laborales -, podría
significar dejar absolutamente desamparados al grupo de pensionados y, en
consecuencia, desconocería la prelación constitucional de las acreencias
pensionales. Ciertamente, una interpretación aislada de las normas legales
mencionadas terminaría por someter el pago de las pensiones - causadas y
futuras - a la cancelación previa de otros créditos que si bien resultan
importantes, no alcanzan a adquirir la relevancia constitucional de aquellas,
en cuanto que no tienden a la satisfacción del mínimo vital de quienes, por
expresa disposición constitucional, deben ser objeto de una especial
protección.
En estas
condiciones, el juez constitucional, que tiene la obligación de proteger el
derecho fundamental a la pensión de las personas de la tercera edad, no puede
asistir impasible a la aplicación asistemática y literal de las leyes civiles y
comerciales antes mencionadas. Sólo una aplicación sistemática de tales
disposiciones, a la luz de la Constitución Política y de las normas legales que
pretenden dar prelación definitiva al pago de pensiones, puede, efectivamente,
conceder a los créditos pensionales la consideración “especial” que ordena el
mismo constituyente.
27. Esta Corte ha
considerado que la definición de las normas jurídicas que se proponen tienden a
realizar la justicia material - como la especificación de las condiciones para
acceder al derecho al mínimo vital -, debe, en principio, estar mediada por un
proceso democrático que exige la intervención del legislador. Este cuerpo representativo,
de conformidad con las necesidades y posibilidades de cada situación económica,
social y cultural, es, en efecto, el encargado de definir cuáles han de ser las
misiones y cometidos sociales que el Estado debe cumplir y cuáles son las reglas
de justicia que deben orientar a las autoridades públicas[6]. Sin embargo, la Corte
ha entendido que, tratándose de personas o grupos de personas que, en virtud
del principio de igualdad sustancial, merezcan una especial protección del
Estado por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta, resulta
necesario, ante las omisiones o inconsistencias del legislador, encontrar en la
propia Constitución las máximas que habrán de ser observadas directamente por las
autoridades públicas[7].
28. No escapa a esta
Sala que la defensa del mínimo vital de las personas de la tercera edad, se
traduce, en este caso particular, en el sacrificio de otros derechos de rango
constitucional. En efecto, dar prelación en el reparto de los escasos activos
de una empresa en liquidación, al pago del pasivo pensional, implica que
probablemente se dejarán de sufragar deudas laborales, originadas en el
contrato de trabajo, como las correspondientes al pago de las vacaciones o de
las cesantías y otras prestaciones. Incluso, puede dar lugar al no pago de
salarios atrasados. No obstante, el daño constitucional que apareja es menor
que el que se produciría al desamparar por entero a personas que por sus
condiciones personales no pueden acceder al mercado de trabajo y,
probablemente, no tendrán, hasta el final de sus días, otros ingresos que los
provenientes de su pensión. Se trata, lo entiende la Sala, de una decisión
trágica, pero la propia Constitución ordena que, en casos como el presente, se
prefiera la protección del mínimo vital de los ancianos.
29. En suma, la
Constitución Política consagra unos sujetos privilegiados en razón de sus condiciones
de debilidad manifiesta, dentro de los cuales se encuentran las personas de la
tercera edad, quienes deben merecer, por parte de los poderes públicos, una
especial protección (C.P. artículos 1º, 13, 46, 48 y 53). Adicionalmente, la
Carta establece la defensa prioritaria de una serie de derechos fundamentales,
uno de los  cuales es el derecho al mínimo vital (C.P. art. 1, 11 y 16). En
estas condiciones, debe afirmarse que el Estado-legislador, el
Estado-administración y el Estado-juez, están obligados, en primerísima
instancia, a defender las pensiones de los ancianos, como una forma de obedecer
los imperativos constitucionales antes mencionados. Efectivamente, no sobra
reiterar, una vez más, que esta Corporación ha considerado, de manera unánime, que
las mesadas pensionales tienen la función de satisfacer el derecho fundamental
al mínimo vital de quienes, por sus condiciones personales, constituyen un
colectivo sujeto a especial protección.
Plenamente coherente
con los mandatos constitucionales expuestos, el legislador al definir las
normas a las cuales debe sujetarse una empresa que ha asumido directamente el
pasivo pensional, diseñó un esquema que otorga prioridad al pago de las
acreencias pensionales. De una parte la empresa esta obligada a constituir una
garantía pensional que tiene el objetivo de asegurar plenamente, frente a
cualquier eventualidad, el pago de las mesadas. Adicionalmente, las entidades
que ejercen funciones de policía laboral están autorizadas para someterla a un
tramite de conmutación pensional cuando, por cualquier circunstancia, se
amenace el cumplimiento de la obligación pensional. Lo anterior, incluso a
riesgo de que con posterioridad la empresa se vea necesariamente obligada a
cerrar o deje de pagar otros créditos menos urgentes. Bajo el supuesto de que
estas garantías aseguran el pago prioritario de las pensiones, las normas
aplicables a la liquidación de una empresa definen un sistema de prelación de
créditos que no incluye, expresamente, la preferencia de las pensiones que, se
supone, ya esta asegurada.
Ahora bien, si los
activos de una empresa en liquidación resultan claramente insuficientes para
cancelar las distintas acreencias - pre y posconcordatarias -, y,
adicionalmente se trata de una empresa que ha asumido directamente la carga
prestacional y que, en parte, debido a la negligencia de las autoridades de
control, ha dejado de asegurar el pago de este crédito, lo cierto es que los
recursos existentes deben destinarse, de manera prioritaria y exclusiva, a
garantizar el pago de las mesadas pensionales de las personas de la tercera
edad. La aplicación inflexible de la par conditio creditorum, así dentro
de la primera clase se encuentren los pasivos pensionales actuales y futuros,
no asegura la “protección especial” que debe ofrecerse a los ancianos (C.P.
art. 13, 46 y 47).
30. En el caso que
estudia la Corporación, las autoridades públicas asistieron pasivamente al
fraude a la ley y a la Constitución que efectúo la empresa demandada.
Ciertamente, la sociedad en liquidación asumió directamente la carga pensional,
sin embargo nunca constituyó la garantía a la que estaba obligada ni surtió el
trámite de la conmutación pensional. Actualmente la sociedad esta en
liquidación y tiene 75 pensionados directos - la mayoría de los cuales superan
los setenta años de edad -, que viven exclusivamente de la pensión. Al parecer,
si se  sigue el orden de prelación de créditos definido por las leyes 222 de
1995 y 50 de 1990, la empresa no tendrá recursos suficientes para responder,
siquiera en un porcentaje mínimo, por los derechos fundamentales de los
pensionados.
Ciertamente, si los
activos de la sucursal se destinan prioritariamente al pago de los gastos de
administración (Ley 222 de 1995, artículo 161), que dada la postergación inútil
del concordato ascienden a más de 2.000.000.000 - constituidos por créditos de
la sociedad en favor de los ex trabajadores, la administración de impuestos y
las empresas de servicios públicos, entre otros -, se terminaría privilegiando
el pago de servicios públicos, de impuestos y de otros créditos laborales,
sobre las acreencias pensionales. Efectivamente, no sobra recordar que el único
activo de valor que con certeza posee la sociedad es un lote avaluado en menos
de 1.800.000.
Pero si del pago de
los gastos de administración quedare un remanente, éste tampoco estaría
destinado a sufragar prioritariamente las pensiones futuras. Dado que la
empresa no constituyó nunca la garantía pensional a la que estaba obligada, los
activos tendrían que destinarse, a prorrata, al pago de todas las acreencias
laborales, dentro de las cuales se encuentran las vacaciones adeudadas a todos
los ex trabajadores, así como las prestaciones sociales y los salarios dejados
de pagar.
En este evento, a
pesar de la relevancia constitucional que tienen las obligaciones que surgen
como efecto de un contrato de trabajo, resulta claro que la satisfacción del
mínimo vital de los ancianos reviste un mayor peso relativo.
31. En consecuencia,
la Corte en defensa de los derechos fundamentales amenazados de las personas de
la tercera edad y en atención a la situación financiera de la empresa en
liquidación, ordenará al liquidador y al Superintendente de Sociedades que si
se presentare el evento en el que los activos resultaren insuficientes para
asumir las mesadas pensionales actuales y por devengar, de los pensionados,
actúen conforme a los siguientes criterios en los que se proyectan los efectos
de los principios y valores de la Constitución y con sujeción a los cuales debe
interpretarse y aplicarse la ley:
(1) Los activos de
una empresa en liquidación que sean claramente insuficientes para cancelar las
distintas acreencias - pre y posconcordatarias -, deben destinarse, de manera
prioritaria y exclusiva, a garantizar el pago de las mesadas pensionales que
legalmente le corresponda sufragar, de modo que se garantice el derecho al
mínimo vital del grupo de los pensionados que cumplan la edad legal de
jubilación (ley 100 de 1993) o que estén incapacitados para trabajar; (2) si el
monto de los activos resultare insuficiente, incluso para garantizar la
efectividad del derecho al mínimo vital de los pensionados, corresponderá al
Superintendente de Sociedades, promover entre éstos los acuerdos necesarios a
fin de que los créditos se ajusten proporcionalmente en relación con las sumas
materialmente disponibles.  Todo lo anterior, por supuesto, con excepción del
pago de los recursos que sean estrictamente necesarios para continuar y
finiquitar, prontamente, el trámite de la liquidación.
32. Las limitaciones
de la acción de tutela, no son óbice para que los pensionados y los
trabajadores de la empresa An Son Drilling Company of Colombia, ejerzan las
acciones judiciales - civiles, contenciosas, disciplinarias e incluso penales -
para la defensa de sus derechos. En estas condiciones se ordenará al Defensor
del Pueblo que, dentro de sus competencias constitucionales y legales, asuma
plenamente la defensa judicial de los intereses de estos grupos de personas
que, por sus condiciones actuales, pueden ser catalogados como un colectivo en
situación de indefensión y que resultaron lesionados por la negligencia tanto
de la empresa como de algunas de las autoridades públicas encargadas de ejercer
funciones de control y vigilancia.
D E C I S I O N
En mérito de lo expuesto,
la Sala Tercera de Revisión,
R E S U E L V E:
Primero.- REVOCAR
las sentencias de noviembre 26 de 1996 (Exps. T-118462, 118463, 118464,
118465, 118466, 118467, 118468, 118469, 118470, 118472, 118474, 118475, 118476,
118477), noviembre 28 de 1996 (Exp. T-118619), noviembre 29 de 1996 (Exp.
T-118675), diciembre 12 de 1996 (Exp. T-120583), diciembre 13 de 1996 (Exp.
T-120628), enero 24 de 1997 (Exp. T-122985), enero 29 de 1997 (Exp. T-115103,
123280, 123281, 123284, 123286) proferidas por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia; la sentencia de noviembre 15 de 1996 (Exp.
T-117717) proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva; la sentencia de noviembre 27 de 1996, proferida por el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá (Exp. T-119033); la
sentencia de diciembre 18 de 1996 (Exp. T-121070) proferida por el Juzgado 6°
Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá; la sentencia de febrero 6 de 1997,
proferida por el Juzgado 10 Civil del Circuito de  Santa fe de Bogotá (Exp.
T-125944) ; la sentencia de febrero 7 de 1997, proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga (Exp. T
125258); la sentencia de febrero 10 de 1997, proferida por el Juzgado 31 Civil
del Circuito de Santa Fe de Bogotá (Exp. T- 124257); la sentencia de febrero 11
de 1997, proferida por el Juzgado 19 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá
(Exp. T-127758); la sentencia de febrero 28 de 1997, proferida por el Juzgado
26 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá (Exp. T-128732) ; la sentencia de
marzo 12 de 1997, proferida por el Juzgado 23 Civil del circuito de Santa Fe de
Bogotá (Exp. T-128801); y, en su lugar, conceder
PARCIALMENTE, en los términos de esta sentencia, las tutelas
interpuestas por los pensionados de la sociedad An Son Drilling Company of
Colombia S.A.
Segundo.- ORDENAR
a quien ejerza las funciones de liquidador de la sociedad An Son Drilling
Company of Colombia S.A. y al señor Superintendente de Sociedades, que al
momento de asumir el pasivo de la empresa mencionada, hoy en liquidación,
sometan sus decisiones, integralmente, a los criterios constitucionales
expresados en el fundamento 31 de esta decisión.
Tercero.- INSTAR al
señor Defensor del Pueblo para que, en ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales, asuma la defensa judicial de los derechos de los
trabajadores, ex trabajadores y pensionados de la sociedad An Son Drilling
Company of Colombia S.A., en los términos señalados en los fundamentos 12 y 32
de esta sentencia.
Cuarto.- LÍBRESE
comunicación a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Santa Fe de Bogotá, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Neiva, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, al Juzgado 1° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá,
al Juzgado 6° Laboral del Circuito de Santa Fe de Bogotá, al Juzgado 3° Civil
Municipal de Santa Fe de Bogotá, al Juzgado 5° Civil Municipal de Santa Fe de
Bogotá, al Juzgado 25 Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, al Juzgado 39
Civil Municipal de Santa Fe de Bogotá, al Juzgado 52 Civil Municipal de Santa
Fe de Bogotá y al Juzgado 2° Laboral del Circuito de Bucaramanga, con miras a
que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
(Sentencia
aprobada por la Sala Tercera de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá,
D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Septiembre de mil novecientos
noventa y siete (1997).
[1] ST-323/96 y ST-299/97(MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[2] ST-323/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[3] ST-323/96 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[4] ST-299/97 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[5] La Contralora María Hermi Hernández, en
la sesión 4 de la Junta Provisional de Acreedores, celebrada en la ciudad de
Bogotá el día 21 de agosto de 1996, deja constancia sobre su visita a la casa
matriz en Panamá, en donde intento ubicar la sede y contactar algún
funcionario. En un fragmento del acta se dice: “comenta la doctora María Hermi
que no fue posible llegar a la empresa ya que aparentemente no existe, es
decir, sólo aparece en papeles”.
[6] SU-111/97 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[7] SU-111/97 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).