C-085-16
Sentencia C-085/16
NORMAS
PARA PREVENCION DE VIOLENCIA SEXUAL Y ATENCION INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE-Cátedra de educación
para la sexualidad
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN INCLUIR
LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Aplicación del principio pro actione
EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO A LA IGUALDAD-Jurisprudencia
constitucional
JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Etapas/JUICIO
INTEGRADO DE IGUALDAD-Objetos del test de igualdad/JUICIO INTEGRADO DE
IGUALDAD-Modalidades del test de igualdad según grado de intensidad
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA Y ABSOLUTA-Distinción/OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Alcance y
requisitos
DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO SOBRE EL CONTENIDO DE LA
ENSEÑANZA EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL-Alcance
EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Desarrollo
a través de contenidos transversales en asignaturas bajo la metodología de
programa pedagógico institucional
DERECHO A LA EDUCACION SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Estándares internacionales
NORMA QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA SEXUAL-Diferenciación entre
menores y mayores de 14 años
PREVENCION, ATENCION Y SANCION DE DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL
CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Medidas
legislativas
EDUCACION SEXUAL-Implicación
de la normatividad vigente
OMISION LEGISLATIVA RELATIVA EN NORMAS SOBRE EDUCACION PARA
LA SEXUALIDAD-Grado de desarrollo de niños que no
hacen parte de educación media y superior los hace no “asimilables” para
determinar metodología adecuada de enseñanza
JUICIO INTEGRADO DE IGUALDAD-Criterio
de comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis/NORMA QUE
DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR
SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Juicio
integrado de igualdad/CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO-Desarrollo
físico, psicológico y cognitivo es diferente entre unos y otros
NIÑOS Y EDAD COMO CRITERIO DE DIFERENCIACION-Jurisprudencia constitucional/NIÑOS-Validez
constitucional de diferenciaciones que ciertas normas hacen entre ellos/NIÑOS
Y ADOLESCENTES-Diferenciación
JUICIO DE IGUALDAD-Trato
desigual entre iguales o igual entre desiguales en el plano fáctico y jurídico
NORMA QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA SEXUAL-Juicio de igualdad
EDUCACION SEXUAL-Parte
esencial del derecho a la educación/EDUCACION SEXUAL-Herramienta
fundamental para el libre desarrollo de la personalidad/DERECHO A LA
EDUCACION SEXUAL-Alcance
LEY GENERAL DE EDUCACION-Consagra
temática de enseñanza obligatoria para niveles preescolar, básica y media/LEY
GENERAL DE EDUCACION-Proyectos pedagógicos
EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Se
integra en torno a proyectos pedagógicos
NORMA QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN
EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA SEXUAL-Exclusión obedece a un
principio de razón suficiente
VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO INFANTIL DE NIÑOS Y NIÑAS EN EL
SECTOR RURAL-Gravedad de la situación
NIÑOS Y NIÑAS-Sujetos de
especial protección constitucional
POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL-Examen de idoneidad/POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE
EDUCACION SEXUAL-Determina que enseñanza sea impartida bajo el modelo de
proyecto pedagógico/POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE EDUCACION SEXUAL-Prevención
del embarazo infantil y la violencia sexual en el sector rural y frente a
población menor de 14 años
EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Alcance/EDUCACION
PARA LA SEXUALIDAD-Dimensión del derecho a la educación
TEST LEVE DE NORMA QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA
SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Aplicación del
criterio de madurez psicológica para ejercer la voluntad en cuanto a la
sexualidad es relevante y suficiente
NORMA SOBRE PREVENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL Y ATENCION
INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE Y CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR-Inexistencia
de omisión legislativa relativa
DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL
SECTOR RURAL-Examen riguroso de la política
pública en materia de educación para la sexualidad y prevención de la violencia
sexual infantil
Referencia: expediente
D-10905
Demanda de
inconstitucionalidad parcial contra el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007 “Por
medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y
atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”
Actor: Carlos
Arturo Silva Marín
Magistrado
Ponente:
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C.,
veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria
Calle Correa -quien la preside-, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro
Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado,
Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y
Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de
1.991, ha proferido la siguiente sentencia con fundamento en los siguientes:
1.
ANTECEDENTES
En escrito
presentado el día quince (15) de julio de dos mil quince (2015), y en ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en los artículos 241 y
242 de la Constitución Política, el ciudadano Carlos Arturo Silva Marín demandó
la expresión “Los establecimientos de educación media y superior”
contenida en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007 “Por medio de la cual se
expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de
los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”, por considerar que
vulnera los artículos 5, 13, 16 y 44 de la Constitución Política.
Mediante Auto
del seis (06) de agosto de dos mil quince (2015), el Magistrado Sustanciador
decidió: (i) admitir la demanda; (ii) disponer su fijación en lista;
(iii) comunicar del proceso a la Defensoría del Pueblo, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-, al Ministerio de Educación, al
Ministerio de Salud y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, para que en el término establecido en el artículo 11 del Decreto 2067
de 1991 expresen lo que estimaran conveniente; (iv) invitar a la
Academia Colombiana de Jurisprudencia, a las Facultades de Psicología,
Pedagogía, Educación y/o Derecho de las Universidades de los Andes, Nacional,
Pontificia Bolivariana, de Medellín, de Antioquia, Javeriana, del Sinú
–Seccional Montería-, de Caldas, Sergio Arboleda, Externado de Colombia, Libre,
Católica, Manuela Beltrán, Santo Tomás, la Salle, del Bosque, del Atlántico,
del Cauca, del Norte, del Valle, Pedagógica Nacional, del Rosario. Igualmente a
la Organización Internacional para las Migraciones -Misión en Colombia-,
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana –PROFAMILIA-, Fondo de
Población de las Naciones Unidas -UNFPA Colombia-, al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo –PNUD Colombia-, UNICEF, American University
Washington College of Law, a la Doctora Macarena Saez, para que participaran en
el debate jurídico que por este juicio se propicia; y (v) dar traslado
de la demanda al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el
concepto de su cargo en los términos que le concede la ley.
Una vez
cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política
y en el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional procede a decidir acerca
de la demanda de la referencia.
1.1.
NORMA
DEMANDADA
A continuación
se transcribe el texto de la disposición demandada:
Ley 1146 de 2007
“Por medio de la
cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención
integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”,
Diario Oficial
No. 46.685 del 10 de julio de 2007
“Artículo 14.
Cátedra de educación para la sexualidad. Los establecimientos de
educación media y superior deberán incluir en sus programas de estudio,
con el propósito de coadyuvar a la prevención de las conductas de que trata la
presente ley, una cátedra de educación para la sexualidad, donde se hará
especial énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos del menor”.
1.2.
LA
DEMANDA
1.2.1.  El demandante
considera que el preceptivo objeto de censura constitucional, contenido en el
artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, contraviene lo dispuesto en los artículos
5, 13, 16 y 44 de la Constitución Política de conformidad con los argumentos
que se exponen a continuación:
1.2.2. Con respecto al desconocimiento
de los artículos 5 y 13 superiores, señala que teniendo en cuenta lo previsto
en los artículos 11, 17, 19 y 27 de la Ley 115 de 1994 “Por la cual se
expide la ley general de educación”, en virtud de los cuales se infiere que
en promedio los niños ingresan a prescolar a los 5 años de edad, ingresan a
primaria entre los 6 y 11 años, ingresan a la educación básica entre los 11 y
15 años, e ingresan a la educación media entre los 15 y 16 años, se considera
que la norma demandada, al ordenar la implementación de una cátedra de
educación para la sexualidad sólo para los establecimientos de Educación Media
y Superior, instaura una desigualdad injustificada frente a los menores de 14
años y frente a quienes, encontrándose en “extra-edad”, estén en grados
inferiores a Décimo.
1.2.3. Considera que la desigualdad
referida, además de ser injustificada, resulta también desproporcionada,
teniendo en cuenta que el número de menores de edades inferiores a los 14 años
abusados sexualmente, tiende a ser superior a los de mayores de 14 años; como
lo evidencia la doctora Cecilia de la Fuente Lleras, funcionaria de la Dirección
de Protección, Subdirección de Restablecimiento de Derechos del ICBF[1].
(Anexa Cuadro de referencia)
1.2.4. Indica que la realidad expuesta
deja clara la pérdida de efectividad que promueve el artículo demandado, al
privilegiar con la cátedra de educación sexual sólo a los establecimientos de
educación media y superior.
1.2.5. Frente a la vulneración del
artículo 16 de la Constitución Política que reconoce el derecho fundamental al
libre desarrollo de la personalidad, manifiesta que ordenar la implementación
de una cátedra de educación sexual que haga especial énfasis en el respeto de
la dignidad y de los derechos del menor, únicamente a los establecimientos de
educación media y superior en donde cursan mayores de 14 años, niega la
importancia y las ventajas que la cátedra puede generar frente a los menores de
14 años, y además otorga un trato diferencial incomprensible que privilegia a
quienes por su edad y avanzado estado de escolaridad, gozan de una mayor
capacidad cognitiva, física y psicológica para resistir, denunciar y superar la
violencia sexual.
1.2.6. En relación con la vulneración al
artículo 44 superior que enuncia los derechos fundamentales de los niños y
adolescentes, considera que la exclusión de los menores de 14 años al acceso a
la cátedra de educación sexual resulta irrazonable, y sostiene que lo pretendido
es una cátedra acorde a la edad de cada niño que incluya expertos en el tema,
más no se busca incitarlos a la sexualidad, sino prevenirlos de los abusos y de
la violencia sexual.
1.2.7. Aduce además, que la ley no
especifica las calidades que deben tener los docentes responsables por la
educación sexual, lo cual dificulta que las instituciones de educación superior
visualicen programas de formación desde la pedagogía en la educación para la
sexualidad.
1.2.8. Solicita en consecuencia, que se
declare inconstitucional la expresión “Los establecimientos de educación
media y superior” contenida en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, para
que con base en una nueva redacción, se ordene la cátedra de educación sexual
para los establecimientos de educación preescolar, básica primaria, secundaria,
media y superior; y por otro lado, se ordene al Ministerio de Educación
que establezca las calidades de formación que deberán acreditar los docentes
que dicten la cátedra de educación sexual, de manera que se posibilite la
detección y manejo de cualquier abuso sexual contra los estudiantes.
1.3.
INTERVENCIONES
CIUDADANAS
Vencido el
término de fijación en lista el día dos (2) de septiembre de dos mil quince
(2015), y en cumplimiento de lo ordenado en el Auto del seis (6) de agosto de
dos mil quince (2015), se recibieron por parte de la Secretaría General de esta
Corporación, los escritos de intervención ciudadana de la Academia Colombiana
de Jurisprudencia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de las
Universidades Libre, del Rosario y Santo Tomás, del Ministerio de Educación,
del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Universidad de Antioquia y
de la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana –PROFAMILIA-,
respectivamente.
1.3.1.  ACADEMIA
COLOMBIANA DE JURISPRUDENCIA
El representante
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, solicita a la Corte Constitucional
que se nieguen las pretensiones de la demanda y declare la constitucionalidad
de la norma por las razones que se exponen a continuación:
1.3.1.1.
Dispone
que la cátedra para la sexualidad con énfasis en el respeto a la dignidad y a
los derechos del menor que debe dictarse en los establecimientos de educación
media y superior, no tiene reparos constitucionales como tal, y que el
demandante echa de menos que “la cátedra no se dicte en preescolar, básica
primaria y básica secundaria, es decir desde el pre kínder hasta el grado
noveno de educación secundaria”.
1.3.1.2.
Tras
hacer un recuento sobre las razones que expuso el demandante para afirmar que
existe una violación a los artículos 5, 13, 16 y 44 superiores, concluye que
los cargos expuestos por el demandante resultan vacíos y que no contienen
fundamentos que permitan evidenciar la violación a la Constitución Política,
por lo cual, las pretensiones están llamadas al fracaso.
1.3.1.3.
Después
de citar los artículos 1 y 2 de la Ley 1629 de 2013 “Por la cual se crea el
sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación
de la violencia escolar”, indica que no hay razones para considerar que
exista algún vacío en materia de educación sexual, pues la ley en mención
contiene disposiciones normativas que “van más allá de las pretensiones de
la demanda”.
1.3.1.4.
Se
pregunta “¿cómo ejerce la sexualidad una persona menor de 14 años?”, y
considera que es una pregunta difícil de contestar teniendo en cuenta que el
Código Penal castiga severamente los actos sexuales y el acceso carnal en
menores de 14 años; sostiene que el día 29 de octubre de 2013 remitió un
derecho de petición ante el Ministerio de Educación y que su repuesta fue
evasiva y que no se resolvió nada al respecto.
1.3.1.5.
Tras
citar la Sentencia T-440 de 1992[2], el Acuerdo No. 013 del 31 de agosto de
2007 “Por el cual se crea la clase de educación para la vida en familia”
y algunos comunicados de prensa sobre el abuso sexual y el embarazo precoz,
concluye que: (i) la demanda es inepta en cuanto no expone fundamentos
para demostrar la violación de la Constitución; y (ii) “si nos
detenemos a revisar las disposiciones sobre educación sexual, las vigentes
superan (SIC) en sobre manera las que deberían dictarse para formar niños,
niñas, adolescentes y adultos responsables en el ejercicio respetuoso de sus
derechos sexuales y el cumplimiento estricto de sus deberes”.
1.3.2. INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR –ICBF-
La Jefa de la
Oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-,
considera que se debe declarar la exequibilidad condicionada del aparte
contenido en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, en el entendido de que la
cátedra de educación sexual debe ser creada en todos los establecimientos de
educación para los niveles de educación preescolar, básica primaria y
secundaria, educación media y superior, de conformidad con los argumentos que
se exponen a continuación:
1.3.2.1.
Indica
que de conformidad con el artículo 67 superior, la educación es una garantía
constitucional que goza de una doble connotación jurídica: (i) la de
derecho de todas las personas, que se traduce en el acceso al conocimiento, a
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura; y (ii)
la de servicio público con una función social, cuya regulación, inspección y
vigilancia se encuentra a cargo del Estado, con el fin de velar por su adecuado
cubrimiento, por la calidad del servicio, por el cumplimiento de sus fines y
por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos.
1.3.2.2.
Sostiene
que la educación ha sido catalogada como un derecho social, económico y
cultural, que comprende cuatro dimensiones: (i) la asequibilidad o
disponibilidad del servicio; (ii) la accesibilidad; (iii) la
adaptabilidad; y (iv) la aceptabilidad[3].
1.3.2.3.
Aduce
que no obstante lo anterior, también ha sido reconocido por la jurisprudencia
constitucional, el carácter de derecho fundamental que le asiste a la
educación, pues se constituye en el vehículo para poder garantizar otros
derechos y valores que inspiran el Estado Social y Democrático de Derecho, y
además porque conforme al artículo 44 superior, fue reconocido taxativamente
como un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes.
1.3.2.4.
Manifiesta
que mediante sentencia T-440 de 1992[4], se reconoció que es necesario promover
la educación sexual en los diferentes planteles educativos, bajo el entendido
de que:
“La educación
no es meramente el proceso de impartir conocimientos. Por el contrario, ella
incluye la necesidad de hacer del niño un miembro responsable de la sociedad.
Aunque lo ideal es que la educación sexual se imparta en el seno de la familia,
por la cercanía y el despliegue natural de los roles paternos, los colegios
están en la obligación de participar en ello, no solo para suplir la omisión irresponsable
de aquéllos en el tratamiento del tema, sino porque el comportamiento sexual es
parte esencial de la conducta humana general, del cual depende el armonioso
desarrollo de la personalidad y, por esta vía, la convivencia pacífica y feliz
de la sociedad”[5].
1.3.2.5.
Señala
que de conformidad con lo anterior, en virtud del artículo 1º la Resolución No.
3353 de 1992 “Por la cual se establece el desarrollo de programas y
proyectos institucionales de Educación Sexual en la Educación Básica del país”,
se dispuso la obligatoriedad de la educación sexual en los siguientes términos:
“A partir del
inicio de los calendarios académicos de 1994, de acuerdo con las políticas de
las Directivas del Ministerio de Educación Nacional, todos los establecimientos
educativos del país que ofrecen y desarrollan programas de pre-escolar, básica
primaria, básica secundaria y media vocacional, realizarán como carácter
obligatorio, proyectos institucionales de Educación Sexual como componente
esencial del servicio público educativo. Los programas institucionales de
Educación Sexual no darán lugar a calificaciones para efectos de la promoción
de los estudiantes”.
1.3.2.6.
Sostiene
que siguiendo el antecedente atrás expuesto, en virtud del artículo 14 de la
Ley 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”, se
dispuso que:
“En todos los
establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es
obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir
con:
(…) e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las
necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad.”
1.3.2.7.
Manifiesta
que el artículo demandado, junto con la exposición de motivos del Proyecto de
Ley 062 de 2005 (que después se convirtió en la Ley 1146 de 2007), demuestra
que la intención del legislador fue garantizar que: (i) los niños, niñas
y adolescentes escolarizados en los niveles de preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media vocacional tuvieran derecho a una educación sexual
como mecanismo de prevención de delitos sexuales que puedan ser cometidos en su
persona, y que (ii) las instituciones educativas cumplieran con su
obligación complementaria de orientar en este tema a su comunidad educativa de
manera calificada y especializada.
1.3.2.8.
En
este sentido, concluye que si bien puede entenderse de la norma demandada que
solamente las instituciones educativas que ofrecen formación a nivel medio y
superior, están obligadas a garantizar a los estudiantes de esos niveles la
cátedra de educación sexual dentro de su pensum académico, lo cierto es que
bajo la “racionalidad legislativa”, es claro que dicha normativa está dirigida
a todas las instituciones educativas que ofrecen el servicio público de
educación en todos los niveles contemplados por la Ley General de la Educación.
1.3.2.9.   Manifiesta que
la norma demandada debe ser analizada de manera sistemática y coherente, todo
con el fin de dar efectiva prevalencia al deber constitucional de protección de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando se trata
de ejecutar medidas de prevención para evitar una vulneración a sus derechos; para
sustentar su posición, cita la jurisprudencia constitucional en relación con la
“presunción de racionalidad del legislador”[6].
1.3.2.10.
Indica
que de acuerdo con el reporte de población infantil y adolescente que ha debido
ser atendida por el ICBF a través del proceso de restablecimiento de derecho
durante el año 2015, por haber sido víctimas de la violencia sexual[7],
se evidencia que la población más afectada por situaciones de violencia sexual
son las niñas entre los 6 y 18 años de edad, es decir, el margen de edad en que
deben estar cursando los niveles educativos de básica primaria, básica
secundaria y educación media; lo cual demuestra la necesidad de que este grupo
poblacional tenga acceso a una educación sexual adecuada que: (i) le
permita a esta población materializar su derecho a una vida libre de violencias
y de cualquier otra forma de maltrato, abuso o explotación; (ii)
construya una comunidad educativa sensible y preparada para erradicar cualquier
conducta permisiva o tolerante con el abuso sexual de los menores de edad; (iii)
forme a unos ciudadanos con una perspectiva de respeto por el derecho a la
libertad en la identidad, integridad y determinación sexuales, en un marco de
comprensión, no sólo contenido, sino de hermenéuticas del sujeto en ejercicio
de su plena ciudadanía y de respeto por la alteridad humana y de su dignidad
como personas; (iv) permita a los menores de 18 años reconocerse como sujetos
de derechos capaces de hacer respetar sus derechos humanos, sexuales o
reproductivos.
1.3.2.11.
Concluye
que la cátedra prevista en el artículo bajo análisis de constitucionalidad,
claramente puede convertirse en un elemento aliado en el empoderamiento de
niños, niñas y adolescentes, en tanto que puede ofrecer los insumos formativos
para que los menores de 18 años de edad, puedan reconocer entornos o conductas
potencial o actualmente vulneradoras de su libertad sexual, y denunciarlas o
poner en conocimiento de sus padres o cuidadores de manera inmediata la
ocurrencia de conductas que los vulneren o los pongan en riesgo de vulneración.
1.3.3.  UNIVERSIDAD
LIBRE
Los
representantes de la Universidad Libre, solicitan que se declare la
exequibilidad de la norma acusada de conformidad con las siguientes
consideraciones:
1.3.3.1.
Indican
que la finalidad de la Ley 1146 de 2007 fue crear una normatividad tendiente a
promover la prevención de la violencia sexual tanto en niños, niñas como en
adolescentes, lo cual se evidencia en el artículo 2 ibídem:
“Para efectos de
la presente ley se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y
adolescentes, todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño,
niña o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de
desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”.
1.3.3.2.
En
virtud de lo anterior, consideran que existen varias formas de prevenir la
violencia sexual y el abuso de niños, niñas y adolescentes; como la
implementación de medidas en el sector educativo, las cuales se encuentran
definidas en el Capítulo IV de la Ley 1146, entre los artículos 11 y 14.
1.3.3.3.
Aducen
que en este sentido, la ley bajo análisis hace una diferenciación entre las
medidas a tomar frente a los niños y niñas que cursan educación básica y
primaria, y las que hay que tomar frente a los que cursan educación media y
superior, lo cual se evidencia en los artículos 11 y 14 ibídem que consagran
diferentes medidas a implementar frente a unos y otros.
1.3.3.4.
En
este sentido, consideran que si bien es cierto que la norma demandada no
establece una cátedra para la sexualidad dentro de la educación básica y media,
ello no implica que no establezca medidas educativas dirigidas a cumplir el
objetivo de prevenir el abuso sexual contra niñas y niños.
1.3.3.5.
Indican
que de conformidad con la jurisprudencia constitucional[8],
es válido adoptar medidas diferenciadas a favor de niños, niñas y adolescentes
para efectos de proteger su sexualidad, siempre y cuando no se dejen de
implementar políticas que los beneficien a todos.
1.3.4.  UNIVERSIDAD DEL
ROSARIO
La representante
de la Clínica de Violencia Intrafamiliar y de Género del Consultorio Jurídico
de la Universidad del Rosario, considera que el aparte demandado debe ser
declarado inconstitucional y reemplazado por un texto que haga
referencia a la cátedra de educación sexual para todos los grados, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
1.3.4.1.
Indica
que la Ley 1146 de 2007 tiene como objetivo la prevención de la violencia
sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente, y que al dirigir la cátedra de educación sexual únicamente a los
grados décimo, once y de educación superior, el legislador desconoce el derecho
que tienen los demás niños, niñas y adolescentes de recibir una educación
sexual que dé cuenta del riesgo al que están expuestos en materia de delitos
contra la integridad sexual y demás aspectos determinantes, tales como la
prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo adolescente,
entre otros.
1.3.4.2.
Sostiene
que de conformidad con la normatividad y precedente internacional[9]
en la materia, dentro de los objetivos para erradicar la pobreza, se encuentra
el de lograr el acceso universal a la salud reproductiva, lo cual sitúa este
tema como un indicador del desarrollo de los países y como uno de los grandes
retos de la humanidad; por esta razón, excluir  a los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran cursando el nivel de educación preescolar y
básica, del acceso a una educación sexual adecuada, según su edad y desarrollo
psicosocial, es contrario a la normatividad internacional.
1.3.4.3.
Cita
los artículos 4, 13, 16, 44 y 45 de la Constitución Política y las Leyes 1098
de 2006 “Por la cual se expide el Código de Infancia y la Adolescencia”
y 115 de 1994 “Por la cual se expide la ley general de educación”, e
indica que los titulares de los derechos allí consignados son todas las
personas menores de 18 años de edad sin ningún tipo de excepción, por lo que la
obligación que tiene el Estado de promover la difusión de los derechos sexuales
y reproductivos y de prevenir su afectación, recae sobre esa población y no
únicamente sobre quienes se encuentren cursando el nivel de educación media y
superior.
1.3.4.4.
Considera
que con la distinción que realiza el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007 acerca
de la población que recibirá la cátedra de educación sexual, se desconoce el
marco de aplicación de la Ley de Infancia y la Adolescencia y se priva a los
niños, niñas y adolescentes de su derecho al acceso a la información durante un
periodo vital para su desarrollo.
1.3.4.5.
Manifiesta
que si bien los padres y el núcleo familiar constituyen un contexto importante
en el proceso de formación sexual de sus hijos, el sector educativo debe ser
responsable en la formación integral de la niñez; diseñando, adelantando y
poniendo en marcha todos los programas, campañas y políticas necesarias para
garantizar sus derechos fundamentales, y poniendo a su disposición la
información necesaria para que ellos construyan su concepto de integridad y
fortalezcan su identidad sexual, entre otros aspectos importantes de su
personalidad.
1.3.4.6.
Aduce
que la jurisprudencia constitucional[10] ha definido conceptos esenciales en
relación con la formación en materia de educación y formación sexual, así como
acerca de la preeminencia del rol del Estado en lo que respecta a las
competencias del sector educativo en cuanto a la formación integral de niños,
niñas y adolescentes.
1.3.4.7.
Cita
el Decreto 1860 de 1994 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115
de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales” y la
Resolución No. 3353 de 1993 “Por la cual se establece el desarrollo de
programas y proyectos institucionales de Educación Sexual en la Educación
Básica del País”, disposiciones que refuerzan lo relacionado con la
obligatoriedad, la cobertura y el alcance de la educación sexual para todos los
niveles de educación formal.
1.3.4.8.
Señala
que el abuso sexual en Colombia es una realidad que afecta a todos, pero al
analizar las cifras de los años de 2013 y 2014 arrojadas por el Instituto de
Medicina Legal, se evidencia que los niños, niñas y adolescentes constituyen
una población altamente afectada por los delitos contra la integridad sexual;
concretamente resalta que: (i) según la tabla correspondiente al año
2013, el total de rangos entre las edades de 0 a 17 años arroja un dato de
17.906 niños y niñas víctimas del abuso sexual en Colombia; y (ii) de
acuerdo con la tabla del año 2014, analizando el mismo rango de edad, se obtuvo
que el resultado es de 18.116 niños y niñas víctimas de abuso sexual; (iii)
las edades en las que más se presenta el abuso de niños y niñas, es entre los 5
y 14 años de edad; (iv) en el año 2013, desde preescolar hasta la básica
secundaria, 15.399 menores fueron abusados sexualmente; (v) en el año
2014, las cifras aumentaron y pasaron a ser de 16.467 las víctimas de abuso, y
sigue siendo la básica primaria la más afectadas. (Anexa cuadros de referencia)
1.3.4.9.
Aunado
a lo anterior, indica que la problemática del abuso sexual y la falta de
educación sexual en niños y adolescentes, tiene impactos directos en la
formación y desarrollo de los jóvenes, y que uno de los fenómenos que genera
más impactos es el embarazo no deseado en adolescentes; sostiene que de acuerdo
con los estudios realizados, uno de cada cinco adolescentes, entre 15 y 19 años
de edad, han estado alguna vez embarazadas, de las cuales, el 16% ya son madres
y el 4% está esperando por su primer hijo. (Anexa cuadros de referencia)[11]
1.3.4.10.
Aduce
que la problemática de los embarazos adolescentes se comenzó a medir con niñas
desde los 15 hasta los 19 años de edad, pero que en el año 2005, la población
empezó su vida sexual a más temprana edad, y que de esta manera se amplió el
rango de medición desde los 13 años; así las cosas, cuando los adolescentes
llegan al grado décimo de bachillerato y reciben por primera vez la cátedra de
educación sexual, muchos de ellos ya han iniciado su vida sexual o ya son
padres.
1.3.4.11.
Concluye
que con fundamento en la normativa internacional, en la jurisprudencia
constitucional y en las leyes nacionales, debe otorgarse un nivel de protección
especial y prevalente a favor de las personas menores de 18 años de edad, y que
en este sentido, la cátedra de educación sexual deberá brindarse en: (i)
preescolar, que comprenderá mínimo un grado obligatorio; (ii) la
educación básica con una duración de nueve grados que se desarrollará en dos
ciclos; la educación básica primaria de cinco grados y la educación básica
secundaria de cuatro grados; (iii) la educación media con una duración
de dos grados; (iv) la educación superior.
1.3.5.  UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS
El Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás y el Profesor y Director del
Consultorio Jurídico Internacional de dicha Facultad, consideran que se debe declarar
la interpretación condicionada de la expresión demandada, con el ánimo de
incluir en la misma todos los grados de escolaridad, de conformidad con los
siguientes argumentos:
1.3.5.1.
Plantean
los siguientes problemas jurídicos a resolver: (i) ¿se configura una
omisión legislativa relativa, toda vez que la norma no regula la educación
sexual aplicable a los menores que cursan desde el ciclo preescolar hasta el de
básica secundaria?; (ii) ¿de existir dicha omisión, se vulnerarían o no
los artículos 4, 5, 13, 16 y 44 de la Constitución Política?
1.3.5.2.
Indican
respecto de la existencia de una omisión legislativa relativa, que ésta se
configura en el caso concreto, siendo que la expresión acusada excluye de sus
consecuencias jurídicas, a aquellos casos que por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado[12];
es decir que la norma excluye la impartición de una cátedra de educación sexual
a favor de aquellos menores que cursan desde el grado preescolar hasta el de
educación básica secundaria.
1.3.5.3.
Sostienen
que la omisión legislativa relativa atrás referida, produce además prácticas
discriminatorias en contra de los menores que cursan desde el grado preescolar
hasta el de educación básica secundaria, por lo que la expresión acusada es
contraria al derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 superior; en
este sentido, recuerdan que de conformidad con la jurisprudencia constitucional
y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[13],
se exige el trato diferenciado para que las personas puedan hacer efectivos sus
derechos y evitar discriminaciones basadas en condiciones de vulnerabilidad o
de debilidad manifiesta, mediante la implementación de medidas o acciones
afirmativas que permitan superar las barreras que conducen a la discriminación
de hecho de las personas.
1.3.5.4.
Consideran
que de conformidad con lo preceptuado por la UNICEF en el Informe Anual del año
2014, los menores de edad son un grupo poblacional históricamente vulnerable
objeto de claros y contundentes abusos, y que la violencia contra ellos no
discrimina ciclos de escolaridad, condición social, raza o religión;
manifiestan que todos los días, los menores se ven expuestos a situaciones
donde su sexualidad puede verse comprometida o afectada, y por supuesto, dichas
situaciones no tienen un límite de edad y comprometen la salud de todos los
niños, no exclusivamente de aquellos que se encuentran en grados décimo y
undécimo.
1.3.5.5.
Aducen
que la sexualidad es una característica inherente al ser humano, y que su
desarrollo hace parte de la personalidad e intimidad de cada persona, por lo
que es deber del Estado, a través de los centros educativos, no sólo respetar
el desarrollo sexual de los individuos, sino también contribuir positivamente a
su formación en este ámbito; en este entendido, concluyen que no se justifica
la exclusión de los menores que cursan el grado de preescolar y de básica
secundaria, de la cátedra de educación sexual, puesto que ésta es una medida
necesaria del deber positivo del Estado de contribuir a la formación de los
individuos y su propia personalidad.
1.3.5.6.
Manifiestan
que al ser los menores de edad un grupo poblacional vulnerable, deben ser
sujetos de medidas de protección reforzada y discriminación positiva, por lo
cual, le corresponde al Estado, velar por su protección especial mediante la
aplicación de herramientas preventivas en diversos ámbitos, como en el de la
escolaridad.
1.3.5.7.
Concluyen
que la expresión acusada vulnera los artículos 4, 5, 13, 16 y 44 superiores al
omitir beneficios a favor de los menores de edad que cursen desde el ciclo
preescolar hasta el ciclo de básica secundaria, como lo es la cátedra de
educación sexual, la cual constituye una medida de prevención contra posibles
abusos y una herramienta en la construcción de la personalidad del individuo.
1.3.6.  MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL
La representante
judicial del Ministerio de Educación, solicita a esta Corporación que se
declare la exequibilidad de la expresión acusada y que se declare
inhibida para establecer u ordenar al Ministerio de Educación Nacional que
determine las calidades que deben tener los docentes que tengan a cargo el
programa en educación para la sexualidad y salud sexual y reproductiva en los
establecimientos oficiales y privados, de conformidad con los argumentos que se
exponen a continuación:
1.3.6.1.
Remite
al artículo 14 de la Ley 115 de 1994, que consagra lo que debe enseñarse de
manera obligatoria en los niveles de preescolar, básica y media, e indica que
existen algunas temáticas, que por disposición legal, deben ser desarrolladas
mediante una asignatura específica, las cuales deben comprender al menos el 80%
del plan de estudios que organice cada establecimiento educativo.
1.3.6.2.
Sostiene
que por su parte, existen otras temáticas que desde un punto de vista
pedagógico, no es pertinente que sean abordadas mediante una asignatura
específica sino que para su comprensión y apropiación por pate de los
estudiantes, se requiere que sean desarrolladas mediante “proyectos
pedagógicos”, y estas temáticas son precisamente las previstas en los literales
del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, entre las que se encuentra la educación
sexual.
1.3.6.3.
Aduce
que los proyectos pedagógicos referidos complementan la formación integral de
los estudiantes, pues desarrolla en ellos competencias que no pueden ser
potencializadas mediante el curso de una cátedra tradicional, y que la
educación para la sexualidad desde un enfoque de género y de derechos humanos,
supone el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas que exceden el ámbito
de una sola área disciplinar; en este sentido, la educación para la sexualidad
se integra en torno al proyecto pedagógico, con saberes de diferentes actores
de la comunidad educativa y de diferentes disciplinas.
1.3.6.4.
Indica
que el abordaje de la educación sexual como proyecto pedagógico, requiere
partir de una lectura del contexto de la institución educativa, de los
estudiantes y de sus familias, de manera que se propenda por la transformación
de situaciones que afectan el ejercicio de sus derechos humanos sexuales y
reproductivos, atendiendo a sus realidades y necesidades particulares.
1.3.6.5.
Señala
que atendiendo a las competencias del Ministerio de Educación Nacional, y
teniendo en cuenta la obligatoriedad de la educación sexual en Colombia de
conformidad con lo preceptuado en la Ley 115 de 1994, a la fecha se ha brindado
asistencia técnica al 100% de las secretarías de educación para el
fortalecimiento de los proyectos pedagógicos pertinentes de educación para la
sexualidad en las instituciones educativas; además indica que en alianza con el
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), se diseñaron una serie de
documentos y guías que componen el Programa de Educación Sexual y Construcción
de Ciudadanía (PESCC), el cual se viene implementando desde el año 2008 y que
tiene como población objeto a la comunidad educativa desde el grado de
preescolar hasta la educación media.
1.3.6.6.
Manifiesta
que el PESCC se plantea como un proyecto pedagógico transversal, lo que implica
que la sexualidad, como una temática compleja y multidimensional, debe ser
abordada desde diferentes áreas, evitando así que se realice una sola cátedra
de una o dos horas semanales, y el riesgo de caer en la transmisión de la
información sacrificando los procesos de formación y transformación que pueden
y deben propiciarse en el establecimiento educativo.
1.3.6.7.
Concluye
que el PESCC pretende propiciar proyectos de educación para la sexualidad en
las instituciones educativas, con el fin de generar prácticas pedagógicas que
desarrollen competencias en los estudiantes, para que incorporen en su
cotidianidad el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y
de esta manera, tomen decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana,
plena y responsable que enriquezca su proyecto de vida.
1.3.6.8.
En
atención a las anteriores consideraciones, indica que no comparte los
argumentos del demandante, en tanto: (i) la norma demandada no derogó el
artículo 14 de la Ley 115 de 1994 que reconoce como enseñanza obligatoria, a la
educación sexual, en los niveles de educación preescolar, básica y media; (ii)
los distintos actores del sector educativo han considerado que desde un punto
de vista pedagógico, la educación sexual no debe ser abordada mediante una
cátedra como tal, sino a través de proyectos pedagógicos trasversales que
benefician a todos los estudiantes matriculados en los establecimientos
educativos; (iii) los niños y niñas matriculados en la educación preescolar
y básica, no se encuentran excluidos de la educación sexual.
1.3.6.9.   Finalmente,
frente a la pretensión del demandante relacionada con la reglamentación de las
calidades de formación de los docentes que tengan a cargo el programa de
educación sexual, advierte que el procedimiento para definir dichas calidades
es vía reglamentación de la respectiva norma, por lo que la Corte
Constitucional carece de competencia para tal fin; correspondiéndole ésta al
Presidente de la República mediante la expedición de los decretos, resoluciones
y órdenes necesarias para el cumplimiento de las leyes, de conformidad con lo
previsto en el numeral 11 del artículo 189 superior.
1.3.7.  MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
El representante
del Ministerio de Salud y Protección Social, solicita que se declare la constitucionalidad
de la norma acusada de conformidad con las siguientes consideraciones:
1.3.7.1.
Asevera
que teniendo en cuenta los requisitos que deben reunir las demandas de
inconstitucionalidad[14] de conformidad con el Decreto 2067 de
1991 “Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y
actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional” y la
jurisprudencia constitucional, no se evidencia que el demandante hubiere
realizado un juicio con suficiente rigor que permita concluir que la disposición
acusada deba ser objeto de declaratoria de inconstitucionalidad, sino que por
el contrario, se limita a emitir conceptos puramente subjetivos y/o
parcializados que resultan descontextualizados a la luz de la Constitución.
1.3.7.2.
Considera
que en virtud de la Ley 1146 de 2011, no se ajusta a las reglas de la sana
crítica afirmar que, en razón a la no inclusión de la cátedra de educación
sexual en los programas de estudio de todos los niveles educativos, se afecta
el derecho a la igualdad de los menores de 14 años; pues de ser así, se
concluiría erróneamente, que las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de
los menores de edad son las mismas para todos ellos.
1.3.7.3.
Indica
que al atravesar los menores de 14 años por un tránsito distinto de patrones
psicológicos, sus necesidades deben ser manejadas de manera diferente a las de
los mayores de 14 años; y no por ello debe considerarse que existe una
violación al principio de igualdad, y menos aún argumentar que la norma acusada
vulnera los derechos de los niños y adolescentes.
1.3.7.4.
Sostiene
que el artículo acusado no busca crear un mecanismo que prevenga el abuso
sexual infantil, sino que pretende, desde el sector educativo, adelantar
programas, cátedras y proyectos pedagógicos que permitan conocer las prácticas
necesarias para que los niños, a partir de sus habilidades, destrezas y
aptitudes, puedan diferir los valores de la sexualidad, su identidad, género y
personalidad.
1.3.7.5.
Concluye
que los menores de edad no deben ser equiparados con otros sectores
poblacionales en razón a su perfil antropológico, sociológico, psicológico, y
que el sector educativo debe, a partir de su autonomía, desarrollar sus
capacidades mediante la implementación de proyectos pedagógicos, “siempre
aislando los derechos sexuales reproductivos como único componente de la
educación sexual”; en ese orden de ideas, considera ajustada la norma
acusada a la Constitución Política.
1.3.8.  UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA
El Centro de
Atención Familiar adscrito al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, considera que se debe
declarar la inexequibilidad de las expresiones “media y superior”
y la exequibilidad condicionada de la expresión “Los establecimientos
de educación” contenidas en el artículo acusado, entendiendo que se
refieren a cada uno de los grados contenidos en los niveles de preescolar,
educación básica, media y superior, de conformidad con los argumentos que se
exponen a continuación.
1.3.8.1.
Señala
que según la Ley 115 de 1994, se exige la implementación de una cátedra
específica para el desarrollo del Proyecto Obligatorio de Educación para la
Sexualidad en todos los establecimientos educativos y en los niveles de
educación preescolar, básica y media, de conformidad con las necesidades
psíquicas, físicas y afectivas de los educandos, según su edad; así las cosas,
indica que el hecho de no haya una cátedra de educación sexual en cada grado,
significa que no se ha logrado materializar la transversalidad propuesta por la
ley.
1.3.8.2.
Indica
que los beneficios que trae la cátedra de educación sexual frente a los niños,
niñas y adolescentes que cursan preescolar y educación básica, son de vital
importancia para el ejercicio de los derechos civiles y deberes sociales de las
futuras generaciones, razón por la cual, estos no deberían limitarse a los
mayores de 14 años.
1.3.8.3.
Considera
que se requiere una cátedra integral de educación sexual que aborde todos los
temas relacionados con la sexualidad, entre otros, el desarrollo sexual de las
personas, la violencia sexual, la identidad de género, las orientaciones
sexuales y los derechos sexuales y reproductivos; lo cual se encuentra acorde
con lo previsto en la sentencia T-440 de 1992[15], en virtud
de la cual se dispuso que el Ministerio de Educación Nacional debía elaborar,
con el apoyo de expertos, un estudio sobre el contenido y metodología más
adecuados para impartir la educación sexual en todo el país.
1.3.8.4.
Refiriéndose
a lo preceptuado en la sentencia T-293 de 1998[16], sostiene
que los procesos educativos de los niños, niñas y adolescentes, sin importar la
edad, deben entenderse como un espacio de construcción de identidad que incluya
la forma de asumir la sexualidad, de conformidad con un enfoque diferencial que
atienda el desarrollo biológico y psicológico de los educandos.
1.3.8.5.
Aduce
que el artículo acusado excluye a los menores de 14 años de edad de la cátedra
de educación sexual, con un agravante; existe la posibilidad de que quien
comience su formación educativa, por cualquier motivo, se vea obligado a
abandonar sus estudios antes de ingresar a la educación media y antes de
recibir educación sexual.
1.3.8.6.
Concluye
que la implementación de una cátedra de educación sexual en todos los niveles
educativos, permitiría que los niños, niñas y adolescentes del país, comprendan
los conceptos, adquieran los conocimientos y desarrollen las competencias
necesarias para la vivencia responsable de su sexualidad; medio idóneo para la
construcción de una sociedad igualitaria, pacífica y democrática.
1.3.8.7.
Finalmente,
solicita que se inste al Ministerio de Educación Nacional para que inicie un proyecto
de formación de maestros que garantice que éstos reciban la permanente
capacitación que requieren para dictar la cátedra de educación sexual.
1.3.9.  ASOCIACIÓN
PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA –PROFAMILIA-
El Gerente de
Salud de la Asociación Probienestar de la Familia Colombiana –PROFAMILIA-,
considera que se debe declarar la inconstitucionalidad de la expresión
acusada, en el entendido que se incluya una nueva redacción o interpretación
que permita extender la obligación de implementar la cátedra de educación
sexual, en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, media y
educación superior, en atención a los siguientes argumentos:
1.3.9.1.
Indica
que PROFAMILIA es una entidad privada sin ánimo de lucro, especializada en la
salud sexual y reproductiva, la cual ofrece servicios médicos, educación y
venta de productos a la población colombiana, y que en esta calidad, se adhiere
a la primera pretensión formulada en la demanda. Sin embargo, y frente a la
segunda pretensión, considera que ésta se encuentra directamente relacionada
con el artículo 13 de la Ley 1146 de 2007, el cual no es objeto de acusación.
1.3.9.2.
Se
pregunta si la exclusión que hace la norma acusada se encuentra
constitucionalmente justificada o no, y al respecto sostiene que se deben tener
en cuenta tres factores: (i) la definición de niños, niñas y
adolescentes que ha sido adoptada por el Código de Infancia y Adolescencia y
por la jurisprudencia constitucional; (ii) la inexistencia de
diferenciaciones de edad en materia de protección de niños, niñas y
adolescentes de actos de violencia sexual; (iii) la capacidad evolutiva
de los niños, niñas y adolescentes que ha sido reconocida por la Corte
Constitucional y por los tratados internacionales de derechos humanos.
1.3.9.3.
Señala
que según el artículo 44 superior, y en términos generales, los derechos de los
niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y que de acuerdo con el
artículo 3 de la Ley 1098 de 2006, los menores entre 0 a 12 años de edad son
considerados como niños y niñas, mientras que los menores entre 12 y 18 años se
entienden como adolescentes; al respecto indica que la Corte Constitucional ha
considerado que aunque existe una distinción jurídica entre los niños y
adolescentes, la intención del constituyente fue otorgar una misma protección
especial tanto a los niños en sentido estricto o restringido como a los
adolescentes, de modo que unos y otros están comprendidos en el concepto amplio
de “niño”[17].
1.3.9.4.
De
conformidad con lo anterior, aduce que tal como lo afirma el demandante, la
cátedra de educación sexual se limita a los estudiantes de educación media y
superior, dejando por fuera de su espectro a los menores de 14 años, dentro de
los cuales estaría incluida una parte de la población adolescente; entonces,
afirma que el artículo acusado realiza una diferenciación injustificada.
1.3.9.5.
Por
otro lado, manifiesta que la normatividad destinada a la protección de los
niños, niñas y adolescentes de actos de violencia sexual, no establece ninguna
diferenciación de edad o grado de educación: (i) por un lado, el
articulo 44 superior reconoce que los “niños”, interpretados en sentido amplio,
tienen derecho a la salud, la integridad, la dignidad y a estar libres e
violencia y explotación sexual; (ii) por otro lado, la Convención sobre
los Derechos del Niño ratificada por la Ley 12 de 1991, establece en su
artículo 34, que los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra
todas las formas de explotación y abuso sexuales; (iii) igualmente, el
artículo 20 de la Ley 1098 de 2006, entiende que todos los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a ser protegidos en contra de la violación, la
inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, entre otros; (iv)
de acuerdo con la Política Nacional de Sexualidad del 2014, no se
establecen límites de edad en materia de protección y prevención de violencia
sexual.
1.3.9.6.
En
los anteriores términos, concluye que el país ha obtenido un compromiso
nacional e internacional para proteger a los menores de cualquier tipo de
violencia sexual, sin establecer límites de edad y sin hacer énfasis en ninguna
diferencia respecto de los menores de 14 años.
1.3.9.7.
No
obstante lo anterior, recalca que el Código Penal, mediante la implementación
de los delitos de “acceso carnal abusivo” y “actos sexuales abusivos”,
distingue entre actos sexuales cometidos en contra de menores de 14 años y
mayores de 14 años; al respecto la jurisprudencia constitucional concluyó que
esta diferenciación persigue fines constitucionalmente legítimos, pues es un
instrumento legislativo que permite materializar la protección que otorga el
artículo 44 superior frente a aquellos menores cuya capacidad volitiva y
desarrollo sexual no está aún configurado plenamente[18].
1.3.9.8.
De
conformidad con lo anterior, considera que lo previsto en el artículo acusado,
resulta contrario al reconocimiento penal y constitucional de la diferenciación
entre menores y mayores de 14 años frente a la protección de actos sexuales
abusivos, siendo que al reconocerse que los menores de 14 años son un sector
poblacional especialmente vulnerable y protegido, no se entiende por qué la Ley
1146 de 2007 no los incluye dentro de la cátedra de educación sexual, la cual
tiene como fin último prevenir conductas de abuso sexual contra los menores y
formación en el respeto de sus derechos.
1.3.9.9.
Considera
que la diferenciación entre los niveles de educación y entre las edades, para
fines de educación para la sexualidad y prevención de la violencia, desconoce
el entendimiento de la “capacidad evolutiva” que han desarrollado la
jurisprudencia constitucional, la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño y el Consenso de Montevideo; instrumentos que reconocen que
en virtud de la capacidad evolutiva de los menores, se entiende que estos se
encuentran en un proceso de constante cambio, adquisición de competencias y
mayor capacidad de decisión, por lo que el derecho al desarrollo integral del
menor se relaciona con su desarrollo evolutivo y el derecho a la autonomía
tiene un carácter progresivo.
1.3.9.10.
Estima
que en los anteriores términos, al excluir de la cátedra de educación sexual a
la población menor de 14 años, se ignora el proceso de capacidad y autonomía
evolutiva de estos, ya que desconoce la posibilidad de que cualquier menor
pueda ser sujeto de conductas sexuales de tipo abusivo, y que dicha situación,
no depende del grado de madurez o edad del menor; además, ignora la constante
evolución del entendimiento, del grado de autonomía y madurez sexual y
reproductiva de los menores.
1.3.9.11.
Indica
que PROFAMILIA cuenta con un centro de investigación en salud sexual y salud
reproductiva, el cual realiza la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS)
cada cinco años, y sostiene que en el año 2010, se evaluó: (i) la
percepción de la población colombiana frente a la educación sexual; (ii)
la participación en actividades sobre educación sexual; (iii) temas
sobre los que las mujeres han recibido información; (iv) la utilidad de
la educación sexual; y (v) los niveles de maternidad y estado de
embarazo en relación con la exposición informática y educación sobre la
sexualidad.
1.3.9.12.
Señala
que en virtud de la ENDS referida, se obtuvieron los siguientes resultados: (i)
tres de cada cinco mujeres menores de 25 años de edad creen que les ha faltado
más educación sexual; (ii) el 86% de los mujeres encuestados creen que
la educación sexual les ha servido mucho en su vida (principalmente son mayores
de edad, viven en zonas urbanas y no han estado embarazadas), sin embargo hay
un 2% de esta población que considera que la información recibida no le ha
servido para nada en la vida (primordialmente menores de edad, viven en zonas
rurales, han estado embarazadas); (iii) con respecto a las mujeres que
han recibido información sobre salud sexual y reproductiva, el porcentaje de
embarazo es de 19% entre las mujeres de 15 a 19 años de edad, y de 54% entre
las mujeres de 20 a 24 años de edad; entre quienes no han recibido dicha
información los porcentajes son de 51% y 85% respectivamente.
1.3.9.13.
Aduce
que la Fundación Antonio Restrepo Barco realizó un estudio relacionado con
embarazos en menores de 14 años, en virtud del cual se observó que al año nacen
en promedio 6.000 niños de madres menores de 14 años, y en el 22% de los casos
es por abuso sexual intrafamiliar.
1.3.9.14.
Igualmente
manifiesta que el Fondo Nacional de Poblaciones de Naciones Unidas realizó un
estudio sobre embarazo adolescente en menores de 15 años, conforme al cual, se
concluyó que: (i) la presencia de violencia social, política y de género
estructural a que están sometidas las menores, influye en los embarazos de esta
población; y (ii) que las altas cifras de embarazo adolescente a nivel
mundial pueden obedecer a la ausencia de educación sexual diferenciada, y a la
falta de escolaridad, entre otros factores.
1.3.9.15.
De
conformidad con lo anterior, concluye que la falta de información sobre
sexualidad se relaciona directamente con los índices de embarazo en la
población adolescente, y que los menores de edad presentan falencias y
necesidades específicas en materia de información y educación en sexualidad y
reproducción.
1.3.9.16.
Considera
que la sexualidad es donde se articulan la corporalidad, la biología, la
función reproductiva, la capacidad socio-afectiva, las relaciones éticas que
forman una unidad dinámica durante toda la vida de los hombres y las mujeres;
en este sentido, es una condición permanente en la vida del ser humano, es
necesario propender e impulsar su desarrollo desde edades tempranas para que se
faciliten las herramientas que conduzcan a la vivencia sana y plena de la
misma.
1.3.9.17.
Finalmente
concluye que: (i) la diferenciación por etapa educativa, y en
consecuencia por edad, que establece la expresión acusada, no se puede
justificar legal ni constitucionalmente; (ii) las cifras demuestran la
necesidad emergente de desarrollar acciones integrales en sexualidad, derechos
sexuales y derechos reproductivos que incluyan educación y acceso a servicios
desde edades tempranas; (iii) existe una relación directa entre
fenómenos de violencia sexual y embarazo en menores de edad, en especial cuando
se trata de la población menor de 15 años de edad.
2.
CONCEPTO
DEL MINISTERIO PÚBLICO
Según
lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 242 y en el numeral 5º del artículo
278 superiores, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez
Maldonado, rindió concepto en relación con la demanda instaurada por el
ciudadano Carlos Arturo Silva Marín y solicitó a la Corte Constitucional
declarar la EXEQUIBILIDAD del aparte normativo demandado, de conformidad
con los siguientes argumentos:
2.1.
Después
de hacer un recuento sobre los hechos expuestos en la demanda,   plantea el
siguiente problema jurídico: se debe determinar si el aparte normativo acusado,
en la medida que establece la obligación de incluir una cátedra de educación
sexual exclusivamente para los grados de educación media y superior, genera una
discriminación en contra de los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a
los grados preescolar y básico, desconociendo así lo dispuesto en el artículo
13 constitucional; además se debe determinar si dicha exclusión contradice
también los derechos de los niños reconocidos en el artículo 44 constitucional
y lo ordenado en el artículo 5º superior.
2.2.
Al
respecto considera que la norma demandada no es contraria al mandato de no
discriminación contenido en el artículo 13 constitucional, toda vez que la
distinción que establece el legislador en dicha disposición es razonable y
responde a los fines constitucionales, igualmente indica que no existe una
vulneración del artículo 44 superior y para demostrar su posición divide su intervención
en tres partes: (i) estudio de la norma demandada con el fin de
establecer la naturaleza del mandato contenido en ella; (ii) la
distinción que hace el legislador en la norma acusada es razonable y responde a
un fin constitucional; (iii) en virtud de la inexistencia de un trato
discriminatorio, la norma demandada tampoco implica una vulneración a los
derechos de los niños.
2.3.
Respecto
del estudio de la norma demanda, sostiene que en cumplimiento de los mandatos
constitucionales de proteger de manera prevalente los derechos de los niños, el
legislador expidió la Ley 1146 de 2007, la cual tiene como objeto principal la
creación de medidas para la prevención de la violencia sexual y para la
atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de ella,
incluyendo así: (i) medidas de atención integral en salud; (ii)
medidas orientadas a la prevención del delito, dentro de las cuales se destacan
aquellas dirigidas a los establecimientos educativos obligándolos a ofrecer
dentro de sus programas de estudio una cátedra de educación para la sexualidad;
(iii) obligación de capacitar a los docentes para la identificación de
situaciones de violencia sexual y para suministrar a los estudiantes la
educación orientada a la prevención de este tipo de abusos.
Aduce que en
estos términos, la norma demandada instaura una medida específicamente dirigida
a la prevención de este tipo de delitos en escolares de nivel medio y superior,
más no para niños que se encuentran en otra etapa de formación y en otro ciclo
vital diferente, como son aquellos que cursan el nivel de educación básica y
preescolar; ello teniendo en cuenta que para los escolares que se encuentran en
los niveles de educación básica el legislador precisó otro tipo de medidas,
concretamente las contenidas en el artículo 11 ibídem[19].
2.4.
Respecto
del segundo punto, sobre la legitimidad de la diferenciación, el jefe del
Ministerio Público considera que, de conformidad con lo anterior, la norma
acusada sí establece una distinción entre las medidas orientadas a proteger a
los niños, niñas y adolescentes según los distintos ciclos vitales y niveles
escolares, pero de allí no se puede concluir que ésta protege a unos y deja sin
protección a otros como parece sugerirse en la demanda.
Considera que la
distinción que preceptúa la norma acusada es razonable y legítima, en la medida
en que no pueden ser iguales las medidas tendientes a la prevención y el
tratamiento de la violencia sexual frente a los niños y frente a los
adolescentes, puesto que se encuentran en ciclos vitales diferentes; de esta
manera no sólo se justifica sino que se hace necesario y constitucionalmente
exigible un trato diferenciado entre unos y otros.
Para sustentar
lo anterior, indica que la capacidad cognitiva, como la madurez psicológica
para comprender y asimilar las cuestiones relativas a la sexualidad y a las
situaciones generadoras de riesgo de violencia sexual, son naturalmente
diferentes según el ciclo vital y de maduración personal en que se encuentre el
menor de edad.
En este
entendido, señala que las medidas que se dirigen a los niños que se encuentran
cursando el nivel de preescolar, no pueden ser de idéntica naturaleza a las
medidas que se toman para prevenir la violencia sexual en niños de educación
básica; por lo que considera que se deben exigir medidas legislativas de
prevención acordes con la capacidad cognitiva y madurez psicológica de los
menores, pues lo contrario podría generar consecuencias indeseables como el
incentivo de la curiosidad hacia las conductas sexuales que aceleren de manera
inconveniente el inicio de la vida sexual en esta población.
Concluye al
respecto, que la distinción que realiza el legislador en relación con las
medidas que deben tomarse de cara a la protección de los menores frente a la
violencia sexual, es un medio adecuado y proporcionado para materializar la
obligación de protección del interés superior y prevalente de los niños cuya
capacidad cognitiva y desarrollo sexual no está aún configurado plenamente; es
decir que se trata de una medida que se establece en favor de los más pequeños.
2.5.
Respecto
del último punto de su exposición, sobre la naturaleza de la norma demandada y
la no afectación a los derechos de los niños concluye que el criterio de la
edad y el desarrollo de las capacidades cognitivas y volitivas relacionadas con
el desarrollo sexual de los niños, niñas y adolescentes resulta ser un criterio
relevante y constitucionalmente admisible a la hora de adoptar medidas
legislativas relacionadas con el desarrollo y la integridad sexual de éstos.
La norma
acusada, en todo caso, contiene medidas de protección y prevención dirigidas
específicamente a los otros niveles de educación formal no incluidos en el
artículo 14; lo que significa que no existe el supuesto déficit de protección
alegado por el actor, pues el legislador consideró la necesidad de adoptar
medidas que resulten adecuadas para los menores según cada ciclo vital y nivel
de educación.
Indica que en el
ordenamiento jurídico colombiano existen otro tipo de medidas legislativas
orientadas a la prevención, atención y sanción de los delitos de violencia
sexual contra niños, niñas y adolescentes, que se encuentran en: la Ley 679 de
2001 “Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores,
en desarrollo del artículo 44 de la Constitución”, la Ley 1336 de 2009 “Por
medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la
explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes”,
la Ley 1652 de 2013 “Por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de
la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y
adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación
sexuales”, la Ley 1719 de 2014 “Por la cual se modifican algunos
artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para
garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en
especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan
otras disposiciones”, y las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004.
2.6.
Adicionalmente,
advierte que imponer la implementación de una cátedra de educación para la
sexualidad en niños que pertenecen al nivel de educación preescolar y básica
por vía de una sentencia de constitucionalidad como lo pretende el demandante,
además de que carecería de respaldo técnico, y sobre todo de la legitimación
democrática necesaria, podría resultar violatoria de los derechos de los padres
a decidir sobre la educación de sus hijos, especialmente cuando se trata de
temas que involucran la educación moral y sexual de los niños; en efecto, la
formación de los menores en estos asuntos no puede hacerse prescindiendo
absolutamente del legítimo derecho de los padres a decidir sobre su educación.
3.     CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
3.1.
COMPETENCIA
La Corte
Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º
del artículo 241 de la Constitución, para pronunciarse sobre la demanda de
inconstitucionalidad presentada.
3.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
3.2.1. Omisión
Legislativa Relativa.
En el presente
caso, la demanda recae sobre la norma que dispone la creación de una cátedra
para la sexualidad para la educación media y superior; de suerte que, según la
acusación, al no incluirse a la educación preescolar y básica se  generaría una
inconstitucionalidad.
En efecto, en su
escrito el demandante solicita: “2) Declare inconstitucional de forma
parcial el Articulo 14 de la Ley 1146 del 2007 en la partícula “Los
establecimientos de educación media y superior”. Para que bajo una nueva
redacción determine una cátedra de educación para la sexualidad en prescolar,
básica primaria y secundaria, media y educación superior”.
Tal como lo
advierten algunos de los intervinientes en el debate del asunto, en estricto
sentido, el cargo presentado por el demandante no se dirige a demostrar la
inconstitucionalidad de la norma, puesto que no existen reparos
constitucionales frente a la cátedra para la sexualidad tal como la
establece el artículo impugnado.
La
cuestión planteada por el demandante se resume en que la norma no incluye en su
redacción a los grados del preescolar, básica primaria y básica secundaria, lo
cual generaría, en concepto del demandante, una discriminación respecto de los
niños que serían excluidos de la cátedra para la sexualidad.
Por lo tanto,
los cargos presentados en la demanda no están dirigidos a demostrar una
incompatibilidad entre el contenido literal de la norma y los mandatos
constitucionales, sino que se construyen para demostrar que la norma excluye
injustificadamente a sujetos que deberían hacer parte de su redacción.
A juicio de la
Sala, en esta oportunidad la demanda constituye una clásica acusación de
inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, aunque el demandante no
lo haya dicho expresamente. Así, en aplicación del principio pro
actione[20],
la Corte procederá a examinarla.
3.2.2. Cargos
presentados:
para sustentar la omisión legislativa relativa, el demandante plantea tres
cargos distintos contra la norma demandada, así:
3.2.2.1.
El
primer cargo se refiere a la infracción de los artículos 5 y 13 de la Carta,
por vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, pues considera
que la norma demandada, al ordenar la implementación de una cátedra de
educación para la sexualidad sólo para los establecimientos de Educación Media
y Superior, instaura una desigualdad injustificada frente a los menores de 14
años y frente a quienes, encontrándose en “extra-edad”, estén en grados
inferiores a Décimo.
3.2.2.2.
En
segundo lugar, plantea un cargo  frente a la vulneración del artículo 16 de la
Constitución Política que reconoce el derecho fundamental al libre desarrollo
de la personalidad. Manifiesta que ordenar la implementación de una cátedra de educación
para la sexualidad que haga especial énfasis en el respeto de la dignidad y de
los derechos del menor, únicamente a los establecimientos de educación media y
superior en donde cursan mayores de 14 años, niega la importancia y las
ventajas que la cátedra puede generar frente a los menores de 14 años, y además
otorga un trato diferencial incomprensible que privilegia a quienes por su edad
y avanzado estado de escolaridad, gozan de una mayor capacidad cognitiva,
física y psicológica para resistir, denunciar y superar la violencia sexual.
3.2.2.3.
Finalmente,
esgrime un cargo sobre la vulneración al artículo 44 superior que enuncia los
derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Considera que la exclusión
de los menores de 14 años al acceso a la cátedra de educación para la
sexualidad resulta irrazonable, entre otras porque según lo demuestran varios
estudios, son los menores de 14 años quienes están propensos a sufrir mayores
abusos. Sostiene que lo pretendido es una cátedra acorde a la edad de cada niño
que incluya expertos en el tema, más no se busca incitarlos a la sexualidad,
sino prevenirlos de los abusos y de la violencia sexual.
3.2.3. El problema
jurídico planteado
es si la norma demanda excluye a las personas menores de 14 años de la
enseñanza en materia de educación para la sexualidad, generando contra ellos
una restricción arbitraria de sus derechos como niños y al libre desarrollo de
la personalidad, que pueda ser entendida como una forma de discriminación.  En
tal sentido, la Corte deberá establecer si la cátedra de educación para la
sexualidad únicamente a partir del grado decimo, es una medida injustificada
que desconoce los derechos de los niños menores de 14 años, de forma que el
legislador cometió una omisión legislativa relativa que se deba subsanar a
través de la decisión judicial.
3.2.4. Metodología de
la decisión. Para
abordar el problema planteado, la Corte iniciará (i) con un recuento acerca de
su jurisprudencia en materia de educación para la sexualidad, y (ii) adelantará
un repaso del test establecido en su jurisprudencia para determinar si una
norma cumple o no con el derecho a la igualdad.
Posteriormente,
(iii) la Corte entrará a analizar sistemáticamente la norma demandada en el
contexto del marco normativo sobre educación para la sexualidad, para
finalmente, (iv) adelantar un test de igualdad sobre la norma, todo ello
buscando dar respuesta al examen de la omisión legislativa relativa,
concluyendo con el estudio respecto de (v) la justificación sobre la
diferenciación realizada en la norma.
Dada
la naturaleza de los sujetos afectados con la norma y la información recibida
sobre el asunto, la Corte también hará referencia a (vi) la gravedad de la
situación sobre violencia sexual y embarazo de niñas y niños, a fin de tomar en
cuenta ese aspecto en su decisión.
3.3.    JURISPRUDENCIA
CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD
3.3.1. Desde sus inicios, la Corte
Constitucional se ha referido a la trascendencia de la educación para la
sexualidad para la formación integral de niños y adolescentes, no solo por los
objetivos que persigue sino por la necesidad de que  responda a los criterios
de accesibilidad, adecuación y calidad.
En
la Sentencia T-440/92[21] la Corte, al analizar si la educación
sexual es una cuestión que compete exclusivamente a la formación que deben
impartir los padres de familia, estableció la corresponsabilidad que tienen los
establecimientos educativos en la formación adecuada sobre la sexualidad, asi:
“Constitucionalmente,
la educación sexual es un asunto que incumbe de manera primaria a los padres.
La importancia y delicada responsabilidad que implica esta educación del niño,
exige de padres y colegios una estrecha comunicación y cooperación. Los padres
tienen derecho a solicitar periódicamente información sobre el contenido y
métodos empleados en cursos de educación sexual, con el fin de estar seguros
sobre si éstos concuerdan con las propias ideas y convicciones. Sin embargo, el
deber de colaboración exige de los padres la necesaria comprensión y tolerancia
con las enseñanzas impartidas en el colegio, en especial cuando éstas no son
inadecuadas o inoportunas para la edad y condiciones culturales del menor. La
introducción del tema o materia de la sexualidad en la escuela no es
irrazonable, en cuanto puede intentar reducir el nivel de embarazos no
deseados, la extensión de enfermedades venéreas o la paternidad irresponsable.
El respeto del derecho de los padres a educar no significa el derecho a eximir
a los niños de dicha educación, por la simple necesidad de mantener a ultranza
las propias convicciones religiosas o filosóficas.”
3.3.2. En esa decisión, la Corte
reconoció la estrecha relación entre la educación sexual y el libre desarrollo
de la personalidad, en particular porque su función es la de fortalecer la
conciencia y responsabilidad del individuo en las decisiones que tome frente a
su sexualidad:
“La
función de la educación sexual no es la de alinear al individuo con un
cúmulo de creencias sobre la sexualidad, sino la de proveer elementos objetivos
para contribuir a su reflexión y a una más clara, racional y natural asunción
de su corporeidad y subjetividad. Se estimula de esta manera que las elecciones
y actitudes que se adopten -en un campo que pertenece por definición a la
Intimidad y al libre desarrollo de la personalidad- sean conscientes y
responsables"
Y como
conclusión de lo explicado, dando cuenta de la importancia que tienen una
educación sexual adecuada, accesible y de calidad para todos los niños, la
Corte finalmente dispuso: “TERCERO.- SOLICITAR al Ministro de Educación que,
en un término de 12 meses luego de recibir el informe de los expertos
mencionado en este proveído, proceda a ordenar las modificaciones y cambios a
que haya lugar para adelantar, conforme a los mismos, la educación sexual de
los educandos en los diferentes centros educativos del país.”
3.3.3. En esa misma línea, revisando un
caso en el que se implicaban prácticas docentes inadecuadas, la Corporación en
la sentencia T-368 de 2003[22], hizo énfasis en la adecuación y
calidad especialmente dada la complejidad de la enseñanza a impartir:
“La
educación sexual, no tiene un equivalente en los modelos convencionales de
aprendizaje. Lejos de ser un simple recuento de anatomía, fisiología y de los
métodos de control de la natalidad, se trata de un verdadero proceso que se
inicia desde el nacimiento y que tiene en los padres a la instancia que más influencia
ejerce en la misma, Si bien se reconoce el papel preponderante de aquí deben
desempeñar los padres respecto de sus hijos, es conveniente que la escuela
moderna, de manera coordinada con ellos, coadyuve a su esfuerzo, practique una
pedagogía que incorpore el reconocimiento y la comprensión cabal de la
sexualidad, de suerte que los educandos reciban en cada momento conocimientos
serios, oportunos y adecuados y gracias a esta interacción lleguen al pleno
dominio de su "yo" y de respeto y consideración humana por el
"otro".
3.3.4.  En ese sentido,
la Sentencia T-220 de 2004[23], al estudiar el caso de una estudiante
que había sido afectada por los comentarios de una docente sobre su
comportamiento, la Corte concluyó que existe una relación innegable entre el
ámbito de protección del derecho fundamental a la educación y los elementos de
la política pública en materia de educación sexual, y consideró que desde
la perspectiva del derecho de los educandos, la política en la materia debe
incorporar un programa de educación sexual que satisfaga ciertos requisitos
básicos, prefigurados por la Constitución, según los cuales:
(i)
debe
impartirse en los establecimientos de educación básica tanto públicos y
privados, de tal forma que los educandos puedan tener acceso a ella como un
"bien de la cultura" (art., 67 CN);
(ii)
sus
contenidos deben estar orientados por los principios de autonomía del educando
(art. 16 CN) y respeto por sus demás derechos fundamentales, en especial por
los derechos a la dignidad (art., 1 CN) a la intimidad (art., 15 CN) y a la
libertad de conciencia (art., 18 CN) del educando;
(iii)     tales contenidos
deben ser suficientes, en el sentido de que permitan al estudiante el desarrollo
de sus diversas competencias, de relación interpersonal y convivencia (arts.,
2, 4, 95 CN), de respeto a las diferencias y a los derechos de los demás (art.,
1, 4, 7, 13, 16 y 95 CN), de conocimientos en salud sexual y reproductiva, en
especial lo relacionado con las enfermedades de transmisión sexual (art., 49
inc. 5 CN), de concientización acerca de la paternidad y maternidad
responsable, como derecho y como deber (art., 42 inc., 4 y 5 CN), entre muchos
otros; y por último
(iv)      que la forma en
que se imparta debe estar orientada por herramientas pedagógicas especiales,
que garanticen el respeto de los derechos y la formación integral de los
educandos, lo que implica, obviamente, la necesidad de garantizar la idoneidad
de los docentes mediante procesos de selección y de capacitación especiales.
3.3.5. Desde otros aspectos, la Corte
también se ha referido a la educación sexual y su relación con los derechos
sexuales y reproductivos. En la Sentencia C-355 de 2006[24]
sostuvo la Corporación:
“El derecho a
estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas supone por
una parte contar con la información necesaria para adoptar decisiones de esta
naturaleza y en esa medida está estrechamente relacionado con el derecho a una
educación sexual adecuada y oportuna, adicionalmente "protege a las
personas de la invasión o intrusión no deseada en sus cuerpos y otras
restricciones no consensuales a su autonomía física”.
3.3.6. En consecuencia para la Corte
Constitucional ha sido siempre claro que la educación sexual para niños y
adolescentes debe impartirse desde el inicio del ciclo educativo y al mismo
tiempo, que la complejidad del tema implica ante todo tomar en consideración la
edad y desarrollo de los estudiantes para determinar las metodologías y
contenidos adecuados de la educación sexual, así como la idoneidad de los
docentes en cada grado escolar.
Para la Corte la
estrecha relación que tiene la educación para la sexualidad con los demás
derechos de los niños y adolescentes implica para el Estado un deber particular
en la garantía de una educación accesible, adecuada y de calidad.
3.4.
EL
JUICIO DE IGUALDAD EN LAS DECISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
El
argumento central de la demanda es la alegada violación al derecho a la
igualdad y no discriminación del que serían objeto los estudiantes de la
educación preescolar, básica primaría y básica secundaria, quienes por no
recibir la cátedra de educación para la sexualidad a que se refiere el artículo
impugnado, verían restringidos sus derechos. En ese sentido se hace necesario
revisar la forma en que la Corte desarrolla el examen para determinar si una
norma respeta el derecho a la igualdad.
3.4.1.
Como
lo ha sostenido la Corte a lo largo de su jurisprudencia y fue reiterado en la
Sentencia C-015 de 2014[25], el juicio integrado de igualdad tiene
tres etapas de análisis:
(i)
establecer
el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium
comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son
susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza;
(ii)
definir
si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre
iguales o igual entre desiguales; y
(iii)
averiguar
si la diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si
las situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la
Constitución[26].
3.4.2. El test de igualdad, que se
aplica en el juicio integrado de igualdad, en su metodología busca analizar
tres objetos:
(i)
el
fin buscado por la medida,
(ii)
el
medio empleado y
(iii)
la
relación entre el medio y el fin.
Según su grado
de intensidad, este test puede tener tres grados: estricto, intermedio y leve.
Para determinar cuál es el grado de intensidad adecuado a un caso sub
judice, este tribunal ha fijado una regla y varios criterios[27],
como se da cuenta enseguida.
3.4.3. La regla ordinaria al ejercer el
control de constitucionalidad es la de aplicar un test leve. Este test se
limita a  verificar si el fin y el medio no están constitucionalmente
prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero. Esta
regla se formula a partir de dos importantes consideraciones: el principio
democrático, en el que se funda el ejercicio de las competencias del
legislador, y la“presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones
legislativas”. El test leve busca evitar decisiones arbitrarias y
caprichosas del legislador, es decir, decisiones que no tengan un mínimo de
racionalidad.
3.4.4. El test leve ha sido
aplicado por este tribunal en casos en que se estudian materias económicas,
tributarias o de política internacional, o en aquellos en que está de por medio
una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano
constitucional, o en los cuales se trata de analizar una normatividad anterior
a la vigencia de la Carta de 1991 derogada pero que surte efectos en el
presente, o cuando, a partir del contexto normativo del precepto demandado, no
se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en
cuestión.
3.4.5. El test estricto, es utilizado
por este tribunal cuando está incluida una clasificación sospechosa, como las
previstas de manera no taxativa a modo de prohibiciones de discriminación en el
artículo 13 de la Constitución; o que la medida recaiga en personas que estén
en condiciones de debilidad manifiesta, o que pertenezcan a grupos marginados o
discriminados o a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a
minorías insulares y discretas; o que la diferenciación afecte de manera grave, prima
facie, el goce de un derecho constitucional fundamental; o que se
constituya un privilegio.
3.4.6. El test estricto es el más
exigente, pues para que el tratamiento diferente esté justificado Con respecto
al test estricto de razonabilidad, los elementos de análisis de la
constitucionalidad son los más exigentes. Según la Sentencia C-673 de 2001:
“El fin de
la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso. El medio
escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino además
necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos
lesivo. Adicionalmente, el test estricto es el único que incluye la aplicación
de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de
proporcionalidad en sentido estricto es el cuarto paso del test estricto de
razonabilidad. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan
claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores
constitucionales por la medida.”[28]
3.4.7. Por su parte el test
intermedio, se aplica por este tribunal cuando la medida puede afectar el
goce de un derecho no fundamental, cuando se fundamenta en criterios
sospechosos pero no para discriminar sino para intentar favorecer a los grupos
discriminados y así buscar la igualdad real o cuando hay un indicio de
arbitrariedad que puede afectar la libre competencia.[29]
Este test implica que “es legítimo aquel trato diferente que está ligado de
manera sustantiva con la obtención de una finalidad constitucionalmente
importante”[30], por lo tanto, busca establecer que el
fin sea  importante, sea porque promueve intereses públicos valorados
por la Constitución o por la magnitud del problema que el legislador busca
resolver, y que el medio no solo sea adecuado, sino efectivamente conducente
para alcanzar dicho fin.[31]
3.5.
ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO
3.5.1.  El examen de la
omisión legislativa relativa
Conforme a la
doctrina constitucional sentada por la Corte, es posible distinguir entre las
nociones de omisión legislativa relativa y absoluta. La primera se presenta
cuando el legislador incumple una obligación derivada de la Constitución, que
le impone adoptar determinada norma legal; en efecto, al respecto esta
Corporación ha dicho que este tipo de omisión “está ligado, cuando se
configura, a una "obligación de hacer", que supuestamente el
Constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo
razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una
violación a la Carta”[32].
Por lo anterior,
la demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, impone al
actor demostrar lo siguiente:
“(i) que exista
una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma
excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables,
tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado,  o que el
precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la
Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos
de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un
principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad
genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa
frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y
(v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico
impuesto por el constituyente al legislador. [33]”[34]
Además de estos
criterios, la Corte, recogiendo su jurisprudencia en la materia señaló en la
Sentencia C-833 de 2013[35] que también se deben tener en cuenta:
“(vi)
si la supuesta omisión emerge a primera vista de la norma propuesta, o (vii) si
se está más bien, ante normas completas, coherentes y suficientes, que regulan
situaciones distintas”.
El examen de
omisión legislativa relativa, implica verificar si la norma demandada excluye
de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían
que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta.
En el caso sub
examine, el cargo se predica sobre una norma que efectivamente existe, el artículo
14 de la Ley 1146 de 2007, con lo cual queda satisfecho el primero de los
requisitos exigidos al demandante. Ahora bien, para determinar si  padece de
una exclusión respecto de una condición o sujeto que resultaría esencial para
armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta, la Corte iniciará su
estudio analizando la norma demandada de forma sistemática, a fin de determinar
el marco jurídico de la educación sexual y el papel de la Ley 1146 de 2007 en
dicho marco.
3.5.2. Análisis
sistemático de la norma demandada.
3.5.2.1.
En
la sentencia T -368 de 2003[36], a fin de analizar el alcance del
deber de vigilancia del Estado sobre el contenido de la enseñanza en materia de
educación sexual, la Corte hizo un recuento respecto de la normatividad
existente, indicando que la Carta Constitucional determina que el Estado, la
sociedad y la familia son responsables de la educación, y el ordenamiento
constitucional faculta al Estado para regular, supervisar y vigilar los
procesos educativos –artículos 67 y 68 C.P.-.
La citada
decisión da cuenta de cómo en la sentencia T-440 de 1992[37]
la Corte analizó todos los postulados constitucionales relacionados con la
educación sexual y concluyo que la Constitución Política también preceptúa:
i) que el
derecho a la vida es inviolable, ii) que los derechos de la persona son
inalienables, iii) que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de
su personalidad y a que su intimidad personal y familiar sea respetada, iv) que
todas las personas son iguales y que no resulta posible discriminar a alguien
por razones de sexo, iv) que la servidumbre y la trata de seres humanos está
prohibida, v) que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que los
padres están obligados a educar a sus hijos, vi) que la mujer no puede ser
sometida a un trato denigrante en razón de la maternidad, vii) que los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, y viii) que los
adolescentes tienen derecho a una protección integral –artículos 11, 5°, 16,
14, 13, 17, 42, 43, 44 y 45-. Y los artículos 41 y 67 de la Carta disponen que
sus normas se integraran en los planes de estudio, y que los establecimientos
educativos impartan la formación que sus dictados orientan.
En consecuencia,
la Corte solicitó del Ministerio de Educación Nacional ordenar “las
modificaciones y cambios a que haya lugar para adelantar, conforme a los mismos
la educación sexual de los educandos en los diferentes centros educativos del
país”.[38]
3.5.2.2.
El
Ministerio de Educación Nacional, en acatamiento de la orden emitida por la
Corporación, profirió la Resolución No. 3353 de julio de 1993, en la
cual se determinan los objetivos y características de la educación sexual en
consonancia con los mandatos constitucionales[39], entre otros
aspectos, dispuso que a partir del inicio de los calendarios académicos de
1994, “todos los establecimientos educativos del país que ofrecen y
desarrollan programas de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
vocacional, realizarán con carácter obligatorio, proyectos institucionales de
Educación Sexual como componente esencial del servicio público educativo.”[40]
La Resolución
indica que la Educación Sexual se organizará en los establecimientos públicos y
privados obligados a impartirla “como un proyecto educativo institucional
que tenga en cuenta las características socio-culturales de los estudiantes y
su comunidad”, que se orientará “según lo establecido en esta Resolución
y en las directivas del Ministerio de Educación Nacional al respecto”[41].
El 13 de octubre
de 1993 la Ministra de Educación Nacional dirigió a los Gobernadores, los
Representantes suyos ante las entidades territoriales, los Directores CEP, los
Secretarios de Educación y los Directores y Rectores de Establecimientos
Educativos del sector Oficial y Privado, la Directiva Ministerial dirigida a orientar
el diseño y puesta en marcha de los programas de los Programas Institucionales
de Educación Sexual en los diferentes centros Educativos del País, la que
concibe la sexualidad como “dimensión fundamental del ser humano”, que
requiere ser articulada dentro de un contexto científico y humanista “como
formación para la vida y el amor”, de la cual es responsable toda la
comunidad.
3.5.2.3.
Poco
después y bajo los mismos lineamientos, se profirió la Ley General de
Educación –Ley 115 de 1994-, que por su parte, dispone que los
establecimientos educativos están obligados a impartir educación sexual “en
cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas físicas y afectivas de los
educandos según su edad, (..) dentro de un proceso de formación integral,
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética,
cívica y demás valores humanos”; con el propósito de que los educandos
desarrollen “una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y
la autoestima; la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo”, logrando, de esta
manera, que los estudiantes se preparen “para una vida familiar armónica y
responsable” –artículos 14. e y 13.[42]
La Ley General
de Educación – Ley 115 de 1994 - establece la obligación para los
establecimientos educativos de adelantar la educación sexual a lo largo de la
educación preescolar, básica y media, con las obvias consideraciones de que los
contenidos son diferentes. La educación sexual cumple diversas finalidades, una
de las cuales es la de contribuir a prevenir la violencia sexual.
Al respecto, es
importante tener en cuenta que La Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Parágrafo
Primero del Artículo 14 establece una metodología específica para la educación
sexual así: "El estudio de estos temas y la formación en tales valores,
no exige asignatura especifica. Esta formación debe incorporarse al currículo y
desarrollarse a través de todo el plan de estudios. Esto implica la
transversalización del proyecto pedagógico en educación para la sexualidad en
los planes de estudio y currículos de las Instituciones Educativas.”
Bajo ese modelo
metodológico la Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía se
concibe como una responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e
instancias de la institución escolar y toda la comunidad educativa.
3.5.2.4.
En
desarrollo de la norma antes citada, el artículo 36 del Decreto
reglamentario 1860 de 1994 dispone que la enseñanza prevista en el artículo
14 de la Ley General de Educación -el literal (e) se refiere a la educación
sexual-[43] “se cumplirá bajo la modalidad de
proyectos pedagógicos”, que deben definirse en el respectivo plan de
estudios, mecanismo éste que había sido previsto en la Directiva Ministerial de
octubre 15 de 1993, como “una construcción permanente de espacios que
permitan el desarrollo de procesos de Autonomía, Autoestima, Convivencia y
Salud.”[44].
3.5.2.5.
De
las normas revisadas se colige que el modelo metodológico para la enseñanza de
educación sexual escogido por el Gobierno Nacional es el de proyecto
pedagógico, definido por el artículo 36 Decreto 1860 de 1994, de la
siguiente forma:
“El proyecto
pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que de manera
planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos,
seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural,
científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar,
integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia
acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se
cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos
también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al
aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una
técnica o tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social,
política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos
que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla
los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad
horaria y la duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el
respectivo plan de estudios.”
3.5.2.6.
Por su parte, el
Decreto 2968 de 2010 “Por el cual se crea la Comisión Nacional
Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y
Reproductivos” manifiesta en sus considerandos:
“Que la misma
Ley General de Educación, respalda la organización y establecimiento de la
educación sexual como proyecto pedagógico, incorporado en los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI), entendiendo los proyectos pedagógicos como
actividades dentro del plan de estudio que de manera planificada ejercita al
educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del
alumno. Además, cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos
los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el
desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada;”
3.5.2.7.
Esta
determinación metodológica se ve ratificada con la Ley 1620 del 15 de
marzo de 2013 "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar",
la cual explica con mayor detenimiento el alcance de los proyectos pedagógicos,
y en particular en el numeral 13 del artículo 20, sobre los proyectos
pedagógicos de educación para la sexualidad. La norma establece:
ARTÍCULO
20. Proyectos Pedagógicos. Los proyectos a que se refiere el numeral 1 del
artículo 15 de la presente Ley, deberán ser desarrollados en todos los niveles
del establecimiento educativo, formulados y gestionados por los docentes de
todas las áreas y grados, construidos colectivamente con otros actores de la
comunidad educativa, que sin una asignatura específica, respondan a una
situación del contexto y que hagan parte del proyecto educativo institucional o
del proyecto educativo comunitario. (…)  13 Los proyectos pedagógicos de
educación para la sexualidad, que tienen como objetivos desarrollar
competencias en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas,
responsables, placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a
manejar situaciones de riesgo, a través de la negativa consciente reflexiva y
critica y decir no a propuestas que afecten su integridad física o moral,
deberán desarrollarse gradualmente de acuerdo con la edad, desde cada una de
las áreas obligatorias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados con el
cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción humana, la salud sexual y
reproductiva y los métodos de anticoncepción, así como las reflexiones en torno
a actitudes, intereses y habilidades en relación con las emociones, la
construcción cultural de la sexualidad, los comportamientos culturales de
género, la diversidad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, como
elementos fundamentales para la construcción del proyecto de vida del
estudiante.
3.5.2.8.
Según
información del Ministerio de Educación en el página en internet del Programa
de Educación Para la Sexualidad “La educación para la sexualidad es una
oportunidad pedagógica que no se reduce a una cátedra o taller, sino que
debe constituirse como un proyecto pedagógico de cada Institución Educativa que
promueva entre sus estudiantes la toma de decisiones responsables, informadas y
autónomas sobre el propio cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser humano;
la valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; y la vivencia y
construcción de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas.”[45],[46]
En ese marco, el
Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) han construido el Programa de Educación para la Sexualidad y
Construcción de Ciudadanía (PESCC), cuyo propósito es contribuir al
fortalecimiento del sector educativo en el desarrollo de proyectos pedagógicos
de educación para la sexualidad, con un enfoque de construcción de ciudadanía y
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
3.5.2.9.
En
ese sentido, es dado concluir por esta Corporación que actualmente en
Colombia, todos los niveles, desde el preescolar hasta el grado 11, tienen un
componente de educación para la sexualidad, que se desarrolla, no a través de
una cátedra específica sino con contenidos transversales a todas las
asignaturas, bajo la metodología de programa pedagógico institucional.
Desde el Ministerio de Educación existe el PESCC, que se dirige a fortalecer y
apoyar a las instituciones educativas en la formulación y desarrollo de sus
programas pedagógicos en la materia.
3.5.2.10.
Los
estándares internacionales[47],[48]
y son claros en establecer que todos los niños y adolescentes tienen derecho a
recibir educación sexual, la cual debe a su vez, adaptarse a las necesidades y
capacidades propias del desarrollo vital de cada uno, con estándares de
adecuación y calidad que corresponden a los objetivos y derechos de los NNA, y
dictados por docentes idóneos y suficientemente capacitados para ello.
En el
mismo sentido se ha desarrollado la jurisprudencia constitucional,[49] especificando que la obligación en
materia de educación sexual[50]  implica también
una decisión sobre la metodología a utilizar, y en el caso Colombiano, desde
1993 se ha escogido la del proyecto pedagógico con contenidos transversales a
las distintas asignaturas y a lo largo de toda la vida académica escolar. En
conclusión, actualmente todos los niveles de educación tienen un componente de
educación para la sexualidad.
La Ley 1146 de
2007, cuyo objeto es la prevención de la violencia sexual y la atención
integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, no se
enmarca dentro de las normas que regulan la educación en Colombia, y por lo
tanto no deroga la Ley General de Educación, ni los decretos que la
desarrollan, ni las demás leyes que la complementan, solo viene a reforzar el
sistema educativo en materia de educación sexual imponiendo una cátedra
específica para los estudiantes de gado décimo en adelante, en atención al
grado de desarrollo físico y de la capacidad volitiva de estos adolescentes,
así como del ciclo vital en que se encuentran, en el que la sexualidad tienen
un papel protagónico.
El artículo
impugnado hace una diferenciación en cuanto a las medidas que se deben
implementar para perseguir los objetivos de la Ley 1146 según el nivel
académico.  Así, la norma dispone:
Artículo 11.
Identificación temprana en aula. Los establecimientos educativos oficiales y
privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y media,
deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana,
prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan
ser víctima, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos.
Posteriormente,
el Art.14 demandado establece una cátedra específica de educación para la
sexualidad para los niveles de educación media y superior con el propósito de coadyuvar a la prevención de las
conductas de que trata la presente ley.
En
ese sentido lo que hace la norma, es establecer una asignatura específica para
la educación media y superior con el objeto de fortalecer la capacitación a fin
de prevenir el abuso y la violencia respecto de los adolescentes.  Esta
diferenciación tiene su fundamento en que, en razón de su ciclo vital, y desde
la perspectiva legal, los adolescentes mayores de 14 años tienen la capacidad
suficiente para ejercer libremente su consentimiento respecto de su propia
sexualidad.  En ese sentido, los contenidos específicos y aún los objetivos
perseguidos por la educación sexual, deben ser diferentes a aquellos que se
imparten para los niños y adolescentes de menor edad.
La
diferenciación resulta además coherente con la consideración de la cual parten
normas como el art. 208 y 209 de la Ley 599, que hace un trato diferenciado con
los menores de 14 años generando tipos penales específicos para proteger su
libertad sexual, con base en que su conciencia sobre el acto aún no es
suficiente para expresar libremente su voluntad en la materia.
Por otra parte y
como lo indica el Ministerio Público en su intervención,  en el ordenamiento
jurídico colombiano existen otro tipo de medidas legislativas orientadas a la
prevención, atención y sanción de los delitos de violencia sexual contra niños,
niñas y adolescentes, que se encuentran en: la Ley 679 de 2001 “Por medio de
la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la
pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de
la Constitución”, la Ley 1336 de 2009 “Por medio de la cual se adiciona
y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía
y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes”, la Ley 1652 de 2013 “Por
medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el
testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, la Ley 1719
de 2014 “Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de
2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia
de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con
ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”, y las Leyes
599 de 2000 y 906 de 2004.
3.5.2.11.
Bajo
ese entendido, la normatividad vigente en materia de educación sexual implica
que:
(i)
La
educación sexual en Colombia es obligatoria en todos los niveles, desde el
preescolar hasta la educación media.
(ii)
La
metodología establecida para impartir la educación sexual es la de proyectos
pedagógicos, que son transversales a todas las áreas y se imparten en todos los
niveles. La educación sexual no requiere de una asignatura específica.
(iii)
Los
objetivos de los proyectos pedagógicos de educación para la sexualidad, superan
la sola prevención de la violencia sexual, pues buscan desarrollar competencias
en los estudiantes para tomar decisiones informadas, autónomas, responsables,
placenteras, saludables y orientadas al bienestar; y aprender a manejar
situaciones de riesgo.
(iv)
El
contenido de la educación sexual impartida a través de los proyectos
pedagógicos se desarrolla gradualmente de acuerdo con la edad de los dicentes y
de la asignatura obligatoria desde la cual se desarrolla el proyecto.
3.5.2.12.
En
conclusión y respecto del segundo paso del examen de omisión legislativa
relativa[51], si bien es cierto que el Art. 14 de
la Ley 1146 de 2011 excluye de sus consecuencias a los estudiantes de la
educación preescolar y media, también lo es, que el grado de desarrollo vital
en que se encuentran los niños que aún no hacen parte de la educación media y
superior los hace no “asimilables” como lo exige la jurisprudencia, para
efectos de determinar la metodología adecuada de enseñanza que se debe utilizar
para impartirles la educación para la sexualidad.
Como se ha venido analizando, el efecto de la norma impugnada no es el de
privar de educación sexual a los grados inferiores a la educación media, sino
el de establecer una metodología (cátedra) de enseñanza específica a partir del
grado décimo, que resultaría adicional a la que ya vienen recibiendo en función
de la Ley General de Educación, y cuyo objeto es únicamente la prevención de la
violencia sexual, para lo cual determina unas medidas diferentes y adecuadas
para los grados inferiores.
En tal sentido, no resulta esencial para armonizar el texto legal con los
mandatos de la Carta, el que se incluyan como destinatarios de la catedra
para la sexualidad a los grados de educación preescolar y básica, por cuanto
los niños que cursan dichos grados reciben efectivamente educación sexual a
través de proyectos pedagógicos, que es la metodología que el Gobierno Nacional
ha seleccionado para una formación adecuada en la materia.
3.5.3.  LA JUSTIFICACIÓN
DE LA DISTINCIÓN NORMATIVA:
3.5.3.1.
Los
pasos siguientes para verificar si existió una omisión legislativa relativa
implican determinar: iii) que la exclusión de los casos o ingredientes
carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación
y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una
desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias
de la norma.
Para
tal fin, abarcando con ello el último de los cargos presentado por el
demandante que es la vulneración al derecho a la igualdad, pasa la Corte a
verificar si la norma impugnada genera una desigualdad injustificada que, al
tiempo que constituya una causal de omisión legislativa relativa, también pueda
implicar una forma de discriminación.
3.5.3.2.
Como
se explicó en el acápite referido al juicio integrado de igualdad, este consta
de tres etapas de análisis, la primera de las cuales busca (i) establecer el
criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium
comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son
susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma naturaleza.
En el caso concreto los sujetos comparados son los estudiantes de educación
preescolar y básica, respecto de los estudiantes de educación media y superior,
a quienes la ley ordena dictar una cátedra de educación para la sexualidad. Si
bien, por regla general se puede indicar que tanto unos como otros son menores
de 18 años, niños a la luz de la Convención de derechos de los Niños, lo cierto
es que, la edad y por tanto el desarrollo físico, psicológico y cognitivo de
unos y otros es diferente.
En
ese sentido la Corte Constitucional ya se ha referido a la validez
constitucional de las diferenciaciones que ciertas normas hacen entre ellos,
como por ejemplo en la sentencia C-740 de 2008 respecto de la diferenciación
entre, niño y adolescente en la Ley 1098 de 2006[52],
o en la providencia C-684 de 2009[53] respecto de algunas disposiciones del
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (aplicable a menores entre
14 y 18 años).
Especial
relevancia para el caso concreto tiene la Sentencia C-876 de 2011[54],
en que la Corte estudió la exequibilidad de los artículos 208 y 209 de la Ley
599 de 2000, sobre actos sexuales y acceso carnal abusivo con menores de 14
años. En la demanda se argumentaba que el criterio de la edad generaba una
desigualdad en la protección entre los menores de 18 años. Al respecto sostuvo
la Corte que la diferenciación legal era válida, pues no se trata de
desproteger a un grupo de niños, sino de establecer una protección adecuada de
los menores con fundamento en la capacidad volitiva y el desarrollo sexual de
los niños menores de 14 años. Al respecto sostuvo la Corte:
La
diferenciación realizada por el legislador entre menores de 14 años y los
menores mayores de 14 años persigue fines constitucionalmente legítimos, pues
es un instrumento legislativo que permite materializar la protección del
artículo 44 constitucional en aquellos menores cuya capacidad volitiva y
desarrollo sexual no está aún configurado plenamente. Así las cosas, la medida
tomada resulta idónea y adecuada debido a que, aun existiendo el consentimiento
del menor de 14 años, lo cierto es que su capacidad de comprensión y valoración
del acto sexual no es adecuado para su edad. Por eso la Ley lo protege, aún
de su propia decisión, con el fin de salvaguardar no solo sus derechos sexuales
y reproductivos sino el libre desarrollo de su personalidad. [55]
3.5.3.3.
En
el caso objeto de la presente sentencia el artículo impugnado tiene como efecto
que, mientras a todos los niños y a lo largo de la vida académica se les
imparte educación sexual a través de los proyectos pedagógicos transversales,
los estudiantes de educación media y superior recibirán además una cátedra
específica sobre el tema.
En
general y según cálculos del Ministerio de Educación Nacional, la educación
media está dirigida a los adolescentes con edades entre 15 y 16 años, es decir
adolescentes, que según la normatividad Colombiana, tienen una capacidad
volitiva y un desarrollo sexual mayor al de los menores de 14 años.
Por
lo tanto, para los efectos concretos de establecer un medio adecuado de
protección de los niños, acorde con su nivel de desarrollo y capacidad, e
idóneo para enfrentar los riesgos a que están sometidos, la diferenciación
entre menores y mayores de 14 años, o entre estudiantes de educación básica y
estudiantes de educación media es idónea tal como lo ha sostenido anteriormente
la Corte Constitucional, pues se trata de sujetos cuyas diferencias resultan
relevantes para determinar los contenidos y la metodología apropiada en materia
de educación para la sexualidad.
3.5.3.4.
El
segundo paso del juicio de igualdad es (ii) definir si en el plano fáctico y
en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre
desiguales. Habiendo resuelto el primer paso del juicio de igualdad al
concluir que las diferencias entre unos y otros resultan relevantes para
definir las herramientas pedagógicas que se deben utilizar a fin de generar una
educación idónea y adecuada, es menester concluir que en el caso concreto no
existe un trato desigual entre iguales como lo pretende el demandante.
3.5.3.5.
Finalmente,
para establecer si ha existido una vulneración del principio de igualdad es
necesario (iii) averiguar si la diferencia de trato está constitucionalmente
justificada, es decir, si las situaciones objeto de la comparación ameritan un
trato diferente desde la Constitución.
La
norma demandada impone la creación de una cátedra específica “educación para
la sexualidad” en el marco de la Ley 1146 de 2007 cuyo objetivo es la
prevención de la violencia sexual. Para el demandante, el hecho de que la norma
limite la cátedra a la educación media y superior genera una discriminación
frente a los niños y adolescentes que también tienen derecho a recibir una
educación sexual adecuada y que, como efecto de la disposición impugnada
quedarían excluidos de tal beneficio.
Expone
el demandante que, tanto los estándares internacionales en la materia como la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, coinciden en sostener que la
educación sexual se debe impartir desde la enseñanza preescolar, y que
constituye un elemento esencial de la educación, ligado al respeto y ejercicio
de muchos de los derechos de los niños y adolescentes, en particular el libre
desarrollo de su personalidad.
El
demandante tiene razón en que tanto la jurisprudencia de esta Corporación como
los estándares internacionales sostienen que la formación en materia sexual se
debe impartir a lo largo de la educación escolar y aún desde el grado
preescolar. En efecto, tal como se analizó en el anterior acápite, el
desarrollo normativo impulsado por las decisiones de esta Corte, al igual que
la política pública en la materia, abordan la educación sexual desde la
educación preescolar, y lo hace estableciendo un sistema de enseñanza que
transversaliza el programa académico, insertando en las diferentes asignaturas contenidos
de educación para la sexualidad y formación para la ciudadanía, que se van
adaptando a los contenidos académicos según el nivel de desarrollo de los niños
a los que vayan dirigidos.
La
educación sexual es parte esencial del derecho a la educación, es una
herramienta fundamental para el libre desarrollo de la personalidad, es un
componente de los derechos de los niños y es además un pilar de los derechos
sexuales y reproductivos.  El derecho a la educación sexual implica ante todo
que está sea accesible, idónea y de calidad, lo que significa que sus
contenidos se adapten a las necesidades propias de los estudiantes según su
grado de desarrollo.  Pero el derecho a la educación sexual no implica la
exigencia de una metodología específica de enseñanza, pues esta debe definirse
a través de criterios psicológicos y pedagógicos que permitan su máxima
adecuación.
En
Colombia la Ley General de Educación consagra lo que debe enseñarse de manera
obligatoria en los niveles de preescolar, básica y media, e indica que existen
algunas temáticas, que por disposición legal, deben ser desarrolladas mediante
una asignatura específica, las cuales deben comprender al menos el 80% del plan
de estudios que organice cada establecimiento educativo. Existen otras temáticas
que desde un punto de vista pedagógico, no es pertinente que sean abordadas
mediante una asignatura específica sino que para su comprensión y apropiación
por pate de los estudiantes, se requiere que sean desarrolladas mediante “proyectos
pedagógicos”, y estas temáticas son precisamente las previstas en los
literales del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, entre las que se encuentra la
educación sexual.
Según
explica el Ministerio de Educación en su intervención en el proceso, los
proyectos pedagógicos referidos complementan la formación integral de los
estudiantes, pues desarrollan en ellos competencias que no pueden ser
potencializadas mediante el curso de una cátedra tradicional, y la
educación para la sexualidad desde un enfoque de género y de derechos humanos,
supone el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas que exceden el ámbito
de una sola área disciplinar; en este sentido, la educación para la sexualidad
se integra en torno al proyecto pedagógico, con saberes de diferentes actores de
la comunidad educativa y de diferentes disciplinas.
Indica
el Ministerio que el abordaje de la educación sexual como proyecto pedagógico,
“requiere partir de una lectura del contexto de la institución educativa, de
los estudiantes y de sus familias, de manera que se propenda por la
transformación de situaciones que afectan el ejercicio de sus derechos humanos
sexuales y reproductivos, atendiendo a sus realidades y necesidades
particulares.”
La
norma demandada no afecta ni restringe la educación sexual de quienes se
encuentran en la educación básica y preescolar, que seguirán recibiendo esa
formación tal como lo vienen haciendo hasta ahora en función de la vigencia de
la Ley 115 de 1994. Por lo tanto, la diferencia de trato consiste únicamente en
la incorporación adicional de una cátedra de educación para la sexualidad para
los grados de educación media y superior, que en nada afecta los derechos de
los demás niños y adolescentes.
La
razón por la cual la norma pretende generar una formula diferente de protección
es porque considera, al igual que lo hace una parte de la normatividad nacional
y ya lo ha hecho la Corte Constitucional en diferentes ocasiones, que los
adolescentes mayores de 14 años están en un grado de desarrollo sexual y de
capacidad volitiva, que, por una parte tienen la capacidad para abordar ciertos
contenidos de la educación sexual con objetivos diferentes a los de los niños
de menor edad y a su vez, que enfrentan una dinámicas sociales diferentes con
riesgos frente a los cuales es indispensable prepararse a través de una
cátedra.
La
Corte no encuentra que está diferencia de trato carezca de fundamento o atente
contra los postulados de la Carta Constitucional, por el contrario, ve adecuado
que el legislador se esfuerce por seguir buscando herramientas para fortalecer
la formación adecuada de los niños y adolescentes en la prevención de la
violencia sexual.
3.5.3.6.
Por
otra parte, en consecuencia de todo lo dicho, la Corte concluye que la
exclusión de los grados preescolar, básica primaria y básica secundaria de la
norma que establece una cátedra para la sexualidad obedece a un principio de
razón suficiente, que por una parte se fundamenta en las diferencias en el desarrollo
físico, psicológico, cognitivo  y en la capacidad volitiva de los estudiantes
y, por otra parte, tiene asidero en el ámbito de libre configuración
legislativa, pues la norma no genera para los casos excluidos de la regulación
legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por la
norma.
3.5.3.7.
Como
resultado de lo anterior, el test de igualdad aplicable al caso concreto es
leve, es decir que lo que se debe verificar es si la finalidad está prohibida
por la Constitución y la medida resulta adecuada.
La Finalidad de
la norma es la de establecer una medida específica de protección contra la
violencia sexual para los adolescentes mayores de 14 años, quienes tienen un
nivel de desarrollo físico y capacidad de consentimiento distinta a la de los
niños menores -para quienes se articula una serie de medidas diferentes y no se
restringe el derecho a la educación sexual-; y la Cátedra resulta adecuada, en
la medida en que la educación es una de las herramientas más eficientes en la
prevención de la violencia sexual y el embarazo adolescente, pues permite el
auto reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y por lo tanto la
exigencia de su respeto.
3.6.
LA
GRAVE SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL Y EL EMBARAZO INFANTIL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
EN COLOMBIA - ESPECIALMENTE EN EL SECTOR RURAL.
Si bien la Corte
no encuentra reparos respecto de la exequibilidad de la norma demanda por los
argumentos presentados en la demanda, es cierto que buena parte de los alegatos
presentados por el demandante y de la información que sustenta las posiciones
de los intervinientes que se inclinaban por solicitar una decisión de
inexequibilidad dan cuenta de una grave situación en materia de violencia
sexual y en particular de embarazo infantil en adolescentes.
En ese sentido,
la Corte debe recordar que los niños y las niñas son sujetos prevalentes de
derechos, de especial protección constitucional y que sus derechos requieren un
interés superior, por lo tanto, y pese a que el examen abstracto de
constitucionalidad no es, en principio, la oportunidad para estudiar
situaciones fácticas y tomar consideraciones al respecto, en oportunidades
anteriores, la Corporación ha tomado consideraciones al respecto.
Así por ejemplo,
en la sentencia C-577 de 2011[56], concluyó que no había lugar a
declarar la inexequibilidad de la norma demanda, pero verificó que existía un
vacío de regulación frente a los derechos de las parejas de personas
homosexuales, ante lo cual la Corte, para suplir esta dificultad exhortó al
Congreso de la Republica a legislar sobre la situación en un término
determinado.
De la misma
forma, en la parte motiva de la Sentencia C-317 de 2012, la Corte exhortó al
Congreso de la República a regular la cuestión de la consulta previa por
encontrar que ese derecho no tenía las garantías y la protección jurídica
suficiente.[57]
En la presente
decisión la Corte Constitucional no puede dejar de pronunciarse sobre la necesidad
de revisar la eficacia de las medidas para prevenir la violencia sexual
infantil y el embarazo adolescente, en particular porque la información
demuestra que se trata de una cuestión grave y urgente, que recae además sobre
la población más vulnerable y cuyos derechos, según la Carta deben protegerse
por encima de cualquier formalidad.
La Corporación considera
idónea la oportunidad para  promover un examen sobre la idoneidad que la
política pública sobre la educación sexual, que determina que la enseñanza en
la materia sea impartida bajo el modelo de proyecto pedagógico, está teniendo
en la prevención del embarazo infantil y la violencia sexual, en particular en
el sector rural colombiano y frente a la población menor de 14 años.
3.6.1.  Por información
suministrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con base en el Reporte
nacional de los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años víctima de
violencia sexual que ingresaron al proceso administrativo de restablecimiento
de derechos, periodo 2011 a 2015 (enero - noviembre) es dado concluir que
la violencia sexual contra menores de 14 años se ha venido incrementando
gradualmente en los últimos años, de tal forma que en 2015, se incrementaron en
1.348 los niños víctimas con relación al 2013.
Según
el Reporte, del grupo analizado, los menores entre los 6 y los 14 años son quienes
presentan mayor victimización, con un alto acrecentamiento anual sostenido a
partir de 2012, siendo el 2015 el año con mayores víctimas.
En
el mismo sentido, la información suministrada a la Corte por el ICBF, indica
que según el Reporte nacional de las niñas y adolescentes menores de 14 años
gestantes y lactantes que ingresaron al proceso administrativo de
restablecimiento de derechos, periodo 2011 a 2015 (enero - noviembre), no
existe un decrecimiento en el número de niñas gestantes/lactantes que ingresan
al programa, sino que por el contrario, la cifra parece mantener un aumento
constante con la sola excepción del 2013 donde el número de niñas fue
significativamente más alto.
3.6.2.  Por otra parte,
según el informe sobre embarazo adolescente del ICBF en 2013, publicado por el
Ministerio de Salud[58], una de cada cinco adolescentes entre
15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. De éstas, el 16% ya son madres y
el 4% está esperando su primer hijo.
Según
estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social[59],
la tasa de fecundidad adolescente (TEF) tuvo una leve disminución  para el
grupo de mujeres entre 15 y 19 años[60], mientras que la fecundidad para el
grupo de adolescentes de 10 a 14 años en Colombia ha venido creciendo[61].
Por lo tanto, las políticas dirigidas a proteger a los niños y niñas menores de
14 años, en particular en lo relativo al embarazo infantil necesitan ser
evaluadas con detenimiento.
3.6.3.  Por otra parte,
según reportes del Ministerio de Educación el embarazo adolescente es mayor
en las zonas rurales que en las zonas urbanas (26,6% vs. 18,5%), es decir
que en el campo colombiano, al menos una de cada cuatro adolescentes entre los
15 y los 19 años está embarazada o es madre.
3.6.4.  La demanda de
constitucionalidad, así como algunas de las intervenciones presentadas en el
proceso, coinciden en resaltar la existencia de una situación que se agrava año
tras año y que da cuenta de los insuficientes resultados del modelo sobre
educación sexual y prevención de la violencia y el embarazo infantil en
Colombia.
3.6.5.  La Corte
Constitucional es consciente de que la Constitución no determina un modelo
específico para la enseñanza de la educación sexual, y que no se puede por lo
tanto exigir al Gobierno ni al legislador que implemente la educación sexual a
través de cátedras específicas, cuando existen razones para hacerlo a través de
proyecto pedagógicos transversales, pero también es consciente de que el
interés superior de los niños, sus derechos prevalentes y su condición de
sujetos de especial protección constitucional obligan al Estado colombiano a
tomar todas las medidas necesarias para protegerlos en el máximo nivel posible
y ello incluye tomar cartas en la solución inmediata y efectiva de las
falencias que se pueda encontrar en los sistemas de educación para la
sexualidad en todo el país, y particularmente en el sector rural y en las regiones
en donde se ha evidenciado las necesidad de una atención prioritaria.
3.6.6. Compete al Gobierno Nacional y en
particular, el Ministerio de Educación, revisar la política pública en materia
de educación para la sexualidad y evaluar la efectividad que han tenido las
medidas implementadas, a fin de establecer los lineamientos administrativos y
legislativos que permitan enfrentar las deficiencias evidenciadas en cuanto a
la lucha contra el embarazo adolescente y la violencia sexual contra niñas y
niños.
3.7.
CONCLUSIONES
3.7.1. La educación para la sexualidad
es una herramienta para prevenir y luchar contra la violencia sexual, la
explotación sexual y, además, es un factor primordial para el ejercicio del
libre desarrollo de la personalidad, la formación en valores ciudadanos y el
respeto por las diferencias. Se trata de una dimensión del derecho a la
educación con importantes connotaciones para el goce efectivo de los demás
derechos.
3.7.2. En Colombia,  a partir del año
1993, la educación para la sexualidad se imparte a lo largo de todo el
desarrollo formativo, desde el preescolar hasta el grado 11, a través de
proyectos pedagógicos que incorporan los contenidos de forma transversal en las
diferentes asignaturas del programa académico de cada grado y no como una cátedra
específica.
3.7.3. La Ley 1146 establece
disposiciones cuyos objetivos son la prevención   de la violencia sexual y la atención
integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Su finalidad
no es la de regular el sistema educativo y por lo tanto no deroga el sistema
actual de enseñanza en materia de educación para la sexualidad implementado por
la Ley General de Educación.
3.7.4. El artículo 11 de la Ley 1446
ordena a los establecimientos educativos, para los grados de educación básica y
media “incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana,
prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual,” y por
otra parte, en el artículo 14, impugnado, incorpora la obligación de
implementar una catedra de educación para la sexualidad dirigida a
formar competencias para la prevención de la violencia sexual en la educación
media y superior.
El
efecto de la norma no es, ni podría ser, la supresión de la educación para la
sexualidad a través de proyectos pedagógicos para los grados inferiores, y por
lo tanto no restringe ni afecta los derechos de los niños y adolescentes que se
encuentran en preescolar ni en los niveles de educación básica primaria o
básica secundaria, sino que incorpora una herramienta adicional para la
educación media y superior.
3.7.5.  Al no existir restricción para
los estudiantes en grados inferiores, el trato diferencial que el legislador da
a los menores de edad que se encuentran en la educación media y superior, se ve
justificado por las connotaciones propias del estadio vital de los adolescentes
que están cursando los últimos grados del Colegio y en particular a partir de
los 14 años. El legislador ha hecho diferenciaciones en el mismo sentido, tal
como sucede con el Código Penal (Ley 500 de 2000) respecto del cual la Corte ya
se ha pronunciado apoyando la legitimidad de tales medidas.
3.7.6. Encuentra la Corporación que la
norma demandada no vulnera los derechos de los niños, ni el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, pues no existe ninguna restricción respecto del
acceso a la educación para la sexualidad de los niños que están cursando la
educación preescolar y básica.  En consecuencia, el test de igualdad aplicable
es un test leve, en el que la diferencia de trato por la cual el legislador
decide dar a los miembros de educación media y superior una cátedra específica
y a los demás educación sexual a través de la metodología del proyecto
pedagógico. Frente a dicho test, la aplicación del criterio de la madurez
psicológica suficiente para ejercer la voluntad en cuanto a la sexualidad se
considera relevante y suficiente.
3.7.7. En conclusión de todo ello y
luego del análisis detallado que se realiza en este escrito, la Corte considera
que la norma no padece de omisión legislativa relativa, pues la exclusión de
los grados de preescolar, básica primaría y básica secundaria de una cátedra de
educación sexual resulta adecuada a los postulados constitucionales.
3.7.8. Finalmente, la Corte constata que
hacen falta medidas en materia de lucha contra la violencia sexual infantil y prevención
del embarazo adolescente, pues los distintos informes dan cuenta de que la
problemática sigue creciendo en los últimos años.
La Corporación
advierte que las niñas y adolescentes de las zonas rurales son quienes se ven
mayormente afectadas por esta grave situación, y ello coincide con las
deficiencias en acceso a la educación y calidad de la misma. Teniendo en cuenta
al carácter prioritario de los derechos de las niñas y los niños en Colombia,
es pertinente adelantar un examen riguroso de la política pública en materia de
educación para la sexualidad y prevención de la violencia sexual infantil, y
que se realicen los ajustes necesarios para darle plena vigencia a los derechos
de las niñas y los niños en Colombia.
Compete al Gobierno
Nacional y en particular, al Ministerio de Educación, revisar la política
pública en materia de educación para la sexualidad y evaluar la efectividad que
han tenido las medidas implementadas.
4.     DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE
la expresión “los establecimientos de educación media y superior”
contenida en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, por los cargos estudiados
en la sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
cúmplase y archívese el expediente.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Presidenta
Con aclaración
de voto
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ      ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Magistrado
GABRIEL E.
MENDOZA MARTELO  GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrado
Magistrada
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Magistrado
Con salvamento
de voto
ALBERTO
ROJAS RIOS                        LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Magistrado
Con salvamento
de voto
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA
SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE
VOTO DE LOS MAGISTRADOS
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO,
ALBERTO ROJAS
RÍOS Y
LUÍS ERNESTO
VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA
C-085/16
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Falta
desarrollar modelo pedagógico que parta de la concepción como derecho humano
(Salvamento de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Contradicción
manifiesta al justificar modelo diferenciado que apoya previsión de proyectos
pedagógicos transversales (Salvamento de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Omisión
legislativa relativa al incluir como únicos destinatarios a estudiantes de
educación media y superior (Salvamento de voto)
PROYECTO
INTEGRAL DE EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Fundamentado en
bases científicas y aplicado desde la primera infancia mediante cátedra específica
(Salvamento de voto)/EDUCACION SEXUAL-Entendida como simple
instrumento de trasmisión de información en etapas de la vida que debe ser
recibida por adolescentes por su desarrollo psicofísico (Salvamento de
voto)
SEXUALIDAD-Aspecto
central de la vida humana con dimensiones físicas, psicológicas, espirituales,
sociales, económicas, políticas y culturales (Salvamento de voto)
PROYECTO
INTEGRAL DE EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Elementos
estratégicos para su éxito (Salvamento de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Modelos
pedagógicos con enfoque transversal no brindan a niños, niñas y jóvenes una
educación adecuada, pertinente y exacta para su edad (Salvamento de
voto)
PROGRAMAS
DE EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Implementación debe implicar a
toda la comunidad e incluir otros agentes educativos (Salvamento
de voto)
SEXUALIDAD-Educación
adecuada, pertinente y exacta para la edad (Salvamento
de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Pretende
plantear política integral para prevención y protección de niños y adolescentes
víctimas de abuso sexual pero en la educación se le asigna un papel secundario (Salvamento
de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Visión
estrecha e incompleta que justifica la diferencia con base en la edad (Salvamento
de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Omisión
legislativa relativa por la no inclusión de dichos niveles (Salvamento de voto)
Consideramos que se daban los
presupuestos para declarar una omisión legislativa relativa, por la no
inclusión de la cátedra para la sexualidad en los niveles de preescolar y
básica primaria. En efecto: (i) existe una norma sobre la cual se predica
necesariamente el cargo (el art. 14 de la Ley 1146 de 2007); (ii) la norma
excluye de sus consecuencias jurídicas casos que, por ser asimilables, tenían
que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, como es a los NNA de
educación básica primaria, básica secundaria y preescolar; (iii) la exclusión
de estos casos carece de un principio de razón suficiente, comoquiera que, como
quedó explicado en los apartes anteriores, conforme a estándares
internacionales la educación para la sexualidad requiere ser impartida desde la
más temprana edad, y como asignatura especifica integrada al curriculum; (iv)
esa falta de justificación y objetividad genera para los casos excluidos de la
regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran
amparados por las consecuencias de la norma; y (y) la omisión es el resultado
del incumplimiento de un mandato impuesto por la Constitución (Art. 44)
comoquiera que de este precepto se deriva el imperativo para el Estado de
proteger y garantizar el desarrollo armónico e integral de todos los niños,
niñas y adolescentes. El déficit en educación para la sexualidad que la norma
genera, coloca a los menores de 14 años en un mayor estado de vulnerabilidad
frente a la amenaza de la violencia sexual. En consecuencia, debió declararse
la inexequibilidad de la expresión "media y superior " contenida en
el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, para así, extender la obligatoriedad de
la implementación de una cátedra de educación para la sexualidad adecuada a la
etapa vital, pertinente, desde el punto de vista cultural y exacta desde el
punto de vista científico, a todos los niveles de educación.
Referencia: expediente D-10905
Demanda de
inconstitucionalidad parcial contra el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007, "Por medio
de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y
atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente”.
Actor: Carlos Arturo Silva Marín
Magistrado Ponente:
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
La educación para
la sexualidad: una asignatura pendiente en Colombia
Con el debido respeto por las decisiones
mayoritarias de esta corporación, nos permitimos salvar el voto frente a la
presente sentencia.
1. Se basa la sentencia de la cual nos
apartamos en que "la exclusión de los grados preescolar, básica
primaria y básica secundaria de la norma que establece una cátedra para la
sexualidad obedece a un principio de razón suficiente". Esta razón la
identifica en el hecho de que "la norma pretende generar una
fórmula diferente de protección porque considera (...) que los adolescentes
mayores de 14 años están en un grado de desarrollo sexual y de capacidad
volitiva, que por una parte, tienen la capacidad para abordar ciertos
contenidos de la educación sexual con objetivos
diferentes a los de los niños de menor edad y a su vez, que enfrentan unas
dinámicas sociales diferentes con riegos frente a los cuales es necesario preparase
a través de una cátedra "[62]. (Se destaca).
Sostiene así
mismo la sentencia que "La norma demandada no afecta ni
restringe la educación básica y preescolar, que seguirán recibiendo esa
formación tal como lo vienen haciendo hasta ahora en función de la vigencia de
la Ley 115 de 1994" mediante proyectos pedagógicos
transversales.
Sin embargo, la
misma sentencia aporta datos estadísticos alarmantes que conducen a inferir la
falta de idoneidad del modelo pedagógico en materia de educación para la
sexualidad, como herramienta preventiva del abuso contra menores de 14 años.
2.   Nuestra posición
sostenida en los debates desarrollados en Sala Plena a propósito de la demanda
presentada por el ciudadano Carlos Arturo Silva, se distancia sustancialmente
de la visión mayoritaria consignada en la sentencia. En oposición de esta:
(i)       Consideramos que
la Corte desperdició una valiosa oportunidad para desarrollar desde una
perspectiva constitucional, global y contemporánea los lineamientos
fundamentales de un modelo pedagógico en materia de educación para la
sexualidad, que parta de su concepción como derecho humano,
fundado en bases científicas y bajo una perspectiva comprehensiva que integre,
pero que trascienda, la simple educación sexual a la que
persistentemente alude la sentencia.
(ii)    Estimamos además
que la sentencia incurre en una contradicción manifiesta comoquiera que adopta
como justificación del modelo diferenciado en materia de educación para la
sexualidad que apoya y profundiza la norma acusada, la previsión de proyectos
pedagógicos transversales mediante los cuales, según lo afirma el fallo, a
partir de 1993 la educación para la sexualidad se imparte a los largo de todo
el desarrollo formativo, desde el prescolar hasta el grado 11, a través de
proyectos pedagógicos que incorporan los contenidos de forma transversal en las
diferentes asignaturas del programa académico de cada grado y no como una
cátedra específica. Y paralelamente registra cifras alarmantes sobre la mayor
victimización que presentan los niños y adolescentes entre 6 y 14 años en
materia de abuso sexual, y el crecimiento de la tasa de fecundidad entre niñas
de 10 a 14 años.
(iii)  Finalmente, tenemos el
convencimiento que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa
en el diseño de la norma plasmada en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007 al
incluir como únicos destinatarios de la cátedra de educación para la sexualidad
a los estudiantes de educación media y superior, generando así un déficit de
protección que afecta a los niños, las niñas y los adolescentes (NNA)
pertenecientes a los niveles de preescolar, básica primaria y básica
secundaria.
Lineamientos para un proyecto de
educación para la sexualidad, integral y fundado en bases científicas y
aplicado desde la primera infancia, mediante cátedra específica
3.   En la última década
se ha desarrollado un importante movimiento científico internacional basado en
la interdisciplinariedad, que propende por una concepción positiva, holística y
fundada en bases científicas de la educación para la sexualidad.[63]
Esta visión pretende, entre otros propósitos, superar la concepción de
la educación sexual que ha predominado en los modelos
educativos, entendida esta como un simple instrumento de trasmisión de
información en aquellas etapas de la vida en que por su desarrollo psicofísico
debe ser recibida por los adolescentes. Esta última fue, desde nuestro punto de
vista, la visión que predominó en la sentencia de la cual me aparto.
Desde una perspectiva universal y
comprehensiva, la sexualidad es un aspecto central de la vida humana, con
dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas,
políticas y culturales. La educación para la sexualidad debe insertarse en el
marco de los derechos humanos. El derecho a recibir una educación para la
sexualidad de calidad y con bases científicas, va más allá de la trasmisión de
una información en ciertas etapas de la vida de los individuos. Interactúa
además, con una multiplicidad de derechos y principios como la dignidad, la autonomía,
la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la garantía de no
discriminación, la igualdad de género. Se proyecta a la erradicación de la
violencia en las relaciones de pareja y el maltrato sexual, tiene que ver con
hacer a las personas capaces de descubrir la riqueza de la diferencia y de
lograr su propio fortalecimiento. Es "en definitiva luchar por una vida
plena y con consciencia en la que las personas vivan la sexualidad feliz y
responsable que deseen como parte del desarrollo pleno de su personalidad"[64].
4. En los estudios realizados se
identifican dos elementos estratégicos para el éxito de un proyecto pedagógico
integral de educación para la sexualidad. El primero consistente en que debe impartirse
desde la primera infancia en forma obligatoria; y el segundo
radica en que debe realizarse mediante una cátedra específica, incluyéndola
dentro del curriculum y no limitarse a un enfoque transversal.
4.1. Un modelo
pedagógico de educación para la sexualidad exitoso ha de ser un elemento
obligatorio de la educación para lograr el desarrollo óptimo de cualquier
persona desde la primera infancia. Se enfatiza en que "Uno de los
factores clave del éxito en el logro de estos objetivos es el inicio temprano
de la educación para la sexualidad. Toda institución que trate con personas
debe incluir una educación integral, incluyendo el ámbito de la sexualidad y
comprender ésta como un proceso que cubre toda la vida de la persona, adaptando
sus contenidos a las necesidades de cada etapa evolutiva"[65].
Sobre este
aspectos estratégico de la educación para la sexualidad la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional de la OMS, ha indicado que: "La
educación sexual integral con una base científica debe iniciarse en épocas
tempranas de la vida, debe ser adecuada para la edad y el grado de desarrollo y
debe promover una actitud positiva hacia la sexualidad. La educación de la
sexualidad también debe incluir el desarrollo de destrezas, además de la
adquisición de conocimientos, ya que se ha reconocido que la información sexual
por sí sola no basta "[66].
La educación para sexualidad debe
impartirse entonces, en forma obligatoria, desde los grados de preescolar, es
imperativa en los niveles de básica primaria y secundaria, y no puede, en
consecuencia, limitarse a los niveles de educación media y superior como lo
hace el precepto enjuiciado.
4.2. Dentro de las estrategias esenciales
para un modelo pedagógico exitoso en materia de educación para la sexualidad,
los expertos destacan la necesidad de que esta se incluya como asignatura
específica, con un espacio y unos contenidos propios dentro del
curriculum, y sobre todo con evaluaciones también específicas.
Esta recomendación estratégica se enuncia así:
"9. Proponer
la inclusión de la educación para la sexualidad con un espacio
propio dentro del curriculum, no sólo con un enfoque transversal, que conlleve unos
contenidos, un tiempo y una evaluación concreta de los mismos. "[67]
La asignatura sobre educación para la
sexualidad, que forme parte del Plan de estudios debe estar
estructurada y fundada en unos principios enunciados así:
" 1. Basado en la
evidencia: se fundamenta en las lecciones aprendidas de currículos
evaluados por investigadores a nivel mundial, a la vez que incorporan hallazgos
importantes sobre los vínculos entre la dinámica de género y los resultados en
materia de salud sexual.
2.   Integral: incluye
información precisa sobre todos los temas psicosociales y de salud necesarios
para conformar un currículo integral  que cubra la sexualidad, la prevención
del VIH, del derecho a abstenerse de tener relaciones sexuales y la educación
en vida familiar.
3.   Basado en valores
centrales y en los derechos humanos: promueve los principios de equidad,
dignidad humana, trato igual, oportunidades de participación y derechos humanos
para todas las personas como bases para alcanzar la salud sexual, la salud
reproductiva y el bienestar general.
4.   Sensible al género:
enfatiza
la importancia de la igualdad de género y el ambiente social en general para
lograr la salud sexual y reproductiva, así como el bienestar general para niños
y niñas.
5.   Promueve el
crecimiento académico y el pensamiento crítico: fomenta hábitos
de pensamiento necesarios para comprender Educación para la sexualidad con
bases científicas: Documento de consenso de Madrid 11 las relaciones con uno
mismo, con otras personas y con la sociedad, así como la forma en que estas
relaciones afectan profundamente nuestras vidas.
6.   Fomenta la
participación cívica: mediante la defensa de la idea de que cada persona es
importante y que puede hacer una diferencia positiva en el mundo que le rodea.
7.    Culturalmente
apropiado: refleja las diversas circunstancias y
realidades de la gente joven en todo el mundo. "[68]
Los modelos pedagógicos con enfoque
transversal no están en condiciones de brindar a los niños, niñas y jóvenes una
educación adecuada para, su edad, pertinente desde el punto de
vista cultural, y exacta desde el punto de vista científico, que
les ofrezca asimismo "oportunidades estructuradas de explorar
actitudes y valores y de practicar las competencias que necesitarán para ser
capaces de tomar decisiones informadas sobre su vida sexual"[69].
Una educación
para la sexualidad de carácter formal, integral, estructurada en torno a un
programa específico correctamente diseñado, basado en la evidencia, en valores
centrales y en los derechos humanos, que promueva el pensamiento crítico y la
equidad de género, resulta más apropiada para brindar a los niños y jóvenes
herramientas para enfrentar y decantar nuevas fuentes de información, que
ofrecen en muchos casos una información distorsionada, no realista y a menudo
degradante, particularmente para las mujeres.
4.   La implementación
de los programas de educación para la sexualidad debe implicar a toda la
comunidad, incluyendo otros agentes educativos más allá de la escuela como las
familias, los medios de comunicación, profesionales de la salud o los agentes
de educación no formal, ONG y educadores de calle. La inclusión de las familias
en la educación para la sexualidad implica hacerles partícipes de los
contenidos que se imparten a sus hijos e hijas, así como realizar encuestas
para conocer la actitud de padres, madres o tutores ante la educación para la
sexualidad y los problemas principales que les preocupan. No obstante, es
preciso diferenciar escuela y familia como dos ámbitos que contribuyen a la
educación para la sexualidad pero desde perspectivas distintas[70].
6.  Como lo han destacado expertos
internacionales el fin último de una educación para la sexualidad, adecuada para la edad, pertinente desde el punto de
vista cultural y exacta desde el punto de vista científico, es "hacer
posible que las personas jóvenes gocen y defiendan su derecho a la dignidad, a
la igualdad y a tener vidas saludables, responsables y satisfactorias,
reduciendo las tasas en adolescentes de embarazos no planificados, infecciones
de transmisión sexual, relaciones no deseadas bajo coerción y violencia basada en
género”[71]
La contradicción
manifiesta en que incurre la sentencia C-085 de 2016
7.   La sentencia de
la cual nos apartamos, considera que el precepto parcialmente acusado es
exequible comoquiera que "En Colombia, a partir del año 1993,
la educación para la sexualidad se imparte a lo largo de todo el desarrollo formativo,
desde el preescolar hasta el grado 11, a través de proyectos pedagógicos que
incorporan los contenidos de forma transversal en las diferentes asignaturas
del programa académico de cada grado y no como cátedra específica ". De allí deduce la
inexistencia de un déficit de protección que afecte a los niños y niñas
pertenecientes a los niveles de educación preescolar y básica, a quienes la
norma excluye de la posibilidad, que es un derecho, a ser destinatarios de una
cátedra de educación para la sexualidad.
La posición mayoritaria queda tranquila
con esta fórmula implementada hace más de 20 años, dado que considera que "la
exclusión de los grados preescolar, básica primaria y básica secundaria de una
cátedra de educación sexual resulta adecuada a los postulados constitucionales
", toda vez que considera relevante y suficiente la
madurez sicológica para ejercer la voluntad frente a la sexualidad, como
criterio diferenciador.
Esa tranquilidad no se altera pese a que
en la misma sentencia se insertan conclusiones y cifras alarmantes
suministradas por quienes pedían la exequibilidad condicionada de la norma o su
inexequibilidad parcial, con miras a ajustaría a los estándares internacionales
sobre la materia, a las exigencias de la sociedad de hoy, y desde luego, a los
requerimientos constitucionales.
En efecto, en la sentencia se reconoce "la
necesidad de revisar la eficacia de las medidas para prevenir la violencia
sexual infantil y el embarazo adolescente, en particular porque la información
demuestra que se trata de una cuestión grave y urgente, que recae además sobre
la población más vulnerable cuyos derechos según la Carta deben protegerse por encima
de cualquier formalidad”[72]
La sentencia también "considera idónea la oportunidad
para promover un examen sobre la idoneidad que la política pública sobre
educación sexual, que determina que la enseñanza en la materia sea impartida
bajo el modelo de proyecto pedagógico, está teniendo en la prevención del
embarazo infantil y la violencia sexual, en particular en el sector rural
colombiano y frente a la población menor de 14 años"[73].
(Se
destaca).
Sin que ello tenga impacto alguno en la decisión, la sentencia también
reseña que según información suministrada por el ICBF "es dado
concluir que la violencia sexual contra menores de 14 años se ha venido
incrementando gradualmente en los últimos años de tal forma que en 2015 se
incrementaron en 1.348 los niños víctimas con relación a 2013".
Registra así mismo la sentencia que se
presenta un aumento constante en la cifra de niñas gestantes - lactantes
menores de 14 que ingresan al proceso administrativo de restablecimiento de
derechos que orienta el ICBF, y que de conformidad con estadísticas del
Ministerio de Salud y Protección Social la tasa de fecundidad en el grupo de
adolescentes entre 10 y 14 años ha venido creciendo en Colombia, por lo que las
políticas dirigidas a proteger a los niños y niñas menores de 14 años, en
particular en lo relativo al embarazo infantil necesitan ser evaluadas con
detenimiento.
8.   Este panorama
alarmante pone en evidencia varias cosas. De una parte, el déficit de
protección en que se encuentra este sector de la población conformado por
niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, generalmente pertenecientes a
sectores vulnerables de la población. Y de otra parte, el fracaso de las
estrategias concebidas para enfrentar un problema de esta magnitud. En este
punto, cabe destacar el hecho de que la cátedra de educación para la
sexualidad, limitada al grupo de jóvenes en edad mayor a 14 años (nivel medio y
superior), se encuentre inserta en una ley mediante la cual se pretende "la
prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y
adolescentes abusados sexualmente " que pretende plantear una política
integral para la prevención y protección de los niños y adolescentes víctimas
de abuso sexual, pero en la que a la educación, que debe ser la verdadera
herramienta preventiva, se le asigna un papel secundario.
9.   Una mínima
pretensión de coherencia hubiese llevado a la Sala a proferir un fallo sensible
ante esa alarmante realidad que registra, que corrigiera el déficit de
protección constatado no solamente normativamente, sino en su impacto real en
la sociedad. Esta corrección debe partir de la superación de una concepción
anacrónica e incompleta de la sexualidad y de la educación para la sexualidad,
que entienda que la primera, atañe a un aspecto central de la vida humana, con
dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas,
políticas y culturales, y que la segunda, debe insertarse en el marco de los
derechos humanos, lo que incluye el derecho a recibir una educación de calidad
y con bases científicas que va más allá de la trasmisión de una información en
ciertas etapas de la vida de los individuos.
10.  La visión estrecha,
incompleta y anacrónica de la sexualidad y de la educación para la sexualidad,
de la cual parte el fallo, se pone de manifiesto en su fundamento 3.5.3.2. en
el que justifica la diferencia que establece la norma en materia de educación
con base en la edad, en sentencias que se han pronunciado sobre el grado de
responsabilidad penal para el imputado de abuso o violencia sexual, derivado de
la mayor o menor capacidad de la víctima para consentir aproximaciones,
contactos o relaciones sexuales. Estos precedentes no resultan pertinentes en
un proceso en el que se debate un tema de gran envergadura y mayor complejidad
como es la educación para la sexualidad que, como ya lo
señalamos, implica el ejercicio de ciudadanía, la promoción de principios de
equidad de género, dignidad humana, trato igual, oportunidades de participación
y derechos humanos, así como la formación de pensamiento crítico como bases
para alcanzar la salud sexual, la salud reproductiva y el bienestar general.
La norma acusada
incurrió en una omisión legislativa relativa
11.  Como lo
sostuvimos en los debates surtidos en la Sala Plena consideramos que se daban
los presupuestos para declarar una omisión legislativa relativa, por la no
inclusión de la cátedra para la sexualidad en los niveles de preescolar y
básica primaria. En efecto: (i) existe una norma
sobre la cual se predica necesariamente el cargo (el art. 14 de la Ley 1146 de
2007); (ii) la norma excluye de sus consecuencias
jurídicas casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el
texto normativo cuestionado, como es a los NNA de educación básica primaria,
básica secundaria y preescolar; (iii) la exclusión de
estos casos carece de un principio de razón suficiente, comoquiera que, como
quedó explicado en los apartes anteriores, conforme a estándares
internacionales la educación para la sexualidad requiere ser impartida desde la
más temprana edad, y como asignatura especifica integrada al curriculum; (iv) esa falta de
justificación y objetividad genera para los casos excluidos de la regulación
legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las
consecuencias de la norma; y (y) la omisión es el resultado del incumplimiento
de un mandato impuesto por la Constitución (Art. 44) comoquiera que de este
precepto se deriva el imperativo para el Estado de proteger y garantizar el
desarrollo armónico e integral de todos los niños, niñas y adolescentes. El
déficit en educación para la sexualidad que la norma genera, coloca a los
menores de 14 años en un mayor estado de vulnerabilidad frente a la amenaza de
la violencia sexual.
En consecuencia,
debió declararse la inexequibilidad de la expresión "media y
superior " contenida en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007,
para así, extender la obligatoriedad de la implementación de una cátedra de
educación para la sexualidad adecuada a la etapa vital,
pertinente,
desde
el punto de vista cultural y exacta desde el punto de
vista científico, a todos los niveles de educación.
En estos términos dejamos sentado nuestro
disenso.
Fecha ut supra,
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
Magistrado
ALBERTO ROJAS
RIOS
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Aclaración de voto de la
Magistrada
María Victoria Calle Correa
a la Sentencia C-085/16
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Educación
sexual para niñas y niños (Aclaración de voto)
EDUCACION
PARA LA SEXUALIDAD-Parte integral del libre desarrollo de
la personalidad y desarrollo armónico e integral de toda persona menor de edad (Aclaración
de voto)/EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Jurisprudencia constitucional (Aclaración
de voto)
EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD-Reiteración de sentencia C-355/06 sobre su importancia en la
toma de decisiones reproductivas libre de interferencias (Aclaración de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Debate
sobre cómo enseñar para la sexualidad respecto a la metodología en particular (Aclaración
de voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Debate
sobre límites del Congreso y no sobre posibilidades educativas de instituciones
y personas encargadas de procesos educativos (Aclaración de
voto)
NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Medidas amplias,
educativas y de prevención (Aclaración de voto)/NORMA
QUE DISPONE CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y
SUPERIOR SIN INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-No hay omisión
legislativa (Aclaración
de voto)
Referencia:
Expediente D-10905
Magistrado
Ponente:
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Educación sexual para todas las niñas y
todos los niños
En
la sentencia C-085 de 2016 se decidió que el legislador no viola el principio
de igualdad y el derecho a la educación y desarrollo armónico e integral de los
niños y de las niñas, al establecer una cátedra de educación para la sexualidad
‘con el propósito de coadyuvar a la prevención’ de conductas de
violencia y agresión sexual en ‘los establecimientos de educación media y
superior’, sin incluir la educación preescolar y básica (primaria y
secundaria), por cuanto la educación para la sexualidad en tales etapas de la
vida sí se establece, pero no mediante una cátedra.[74]
Aclaró el voto con el que acompaño esta decisión, para resaltar aquellos
aspectos centrales que me llevan a apoyarla.
1.
Educación sexual para todas las personas, incluyendo a los niños y las niñas.
La Sala Plena de la Corporación establece de manera clara y expresa que la
educación para la sexualidad es ‘un factor primordial para el ejercicio del
libre desarrollo de la personalidad, la formación en valores ciudadanos y el
respeto por las diferencias’ (C-085 de 2016). Retomando la amplia
jurisprudencia constitucional al respecto, la sentencia resalta la importancia
que se ha dado a este tipo de educación, en el caso de los niños y las niñas.
Por ejemplo, la primera de las sentencias citadas, la T-440 de 1992[75],
reconocía expresamente que una educación sexual deficientemente concebida y
practicada, amenazaba los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad. En aquella oportunidad, una profesora había invocado la tutela de
sus derechos, por cuanto fue sancionada, entre otras razones, por dar
contenidos de educación sexual a niños de tercer grado de primaria. La Corte
resolvió, entre otras cosas, manifestar que si bien la metodología y ejemplos
utilizados por la profesora en el caso concreto podía ser cuestionada desde un
punto de vista pedagógico, presentar tales contenidos a niños y niñas de
primaria no podía ser concebido de ninguna manera como una ‘aberración
sexual’. Por el contrario, se reconoció que desde la Constitución de 1991
hay una ‘educación sexual obligatoria’ para toda persona, incluso para
niñas y niños como los de aquel caso, adoptándose en el fallo, la medida, que
la sentencia C-085 de 2016 resaltó en sus consideraciones, a saber:
“(…) dada la necesidad de promover la educación sexual, en
los diferentes planteles educativos, de conformidad con lo expuesto, se
procederá a ordenar al Ministerio de Educación, elaborar con el apoyo de
expertos un estudio sobre el contenido y metodología más adecuados para
impartir la educación sexual en todo el país.”[76]
Como
lo muestra la sentencia C-085 de 2016, que acompaño con mi voto, posteriores
sentencias ha retomado y resaltado la importancia de la educación para la
sexualidad como parte integral del libre desarrollo de la personalidad y del
desarrollo armónico e integral de toda persona menor de edad. Así, las sentencias
T-368 de 2003,[77] T-220 de 2004 o la C-355 de 2006. En
la primera de éstas, por ejemplo, con ocasión de un asunto en el cual se había
sancionado a un profesor por tener una relación afectiva con una estudiante del
plantel, la Corte resaltó que la libertad de enseñanza de los padres y de los
establecimientos educativos, podía determinar los contenidos de la educación
para la sexualidad, pero dentro del respeto de los demás parámetros que existen
bajo el orden constitucional vigente.[78] En especial, cabe resaltar, el derecho
al desarrollo armónico e integral de toda persona menor de edad. En la segunda
de estas tres sentencias (T-220 de 2004), se destacó la relación entre la
protección del derecho fundamental a la educación y los elementos de la
política pública en materia de educación sexual.
Ahora bien, uno de los aspectos más
importantes de la sentencia C-085 de 2016 es que explícitamente haya reiterado
la tercera de estas sentencias, la C-355 de 2006, a propósito de la importancia
de la educación sexual en la toma de decisiones reproductivas, libre de
interferencias.[79]
2.
Un debate sobre cómo enseñar para la sexualidad. Ahora, debe precisarse
que el problema jurídico analizado por la Corte en la sentencia C-085 de 2016
no se refería a si se debe o no enseñar educación sexual en los grados de
educación preescolar y básica, se basaba en definir si se debía o no enseñar
educación sexual en dichos grados también mediante una cátedra.[80]
En otras palabras, la cuestión no era acerca de la pertinencia de la educación
sexual, sino respecto a una metodología en particular. Para la Sala Plena de
esta Corporación, el legislador no tiene la obligación constitucional de usar
la misma estrategia pedagógica en la educación media y superior que en la
educación preescolar y básica. Comparto plenamente tal decisión. Es más, las autoridades
que intervengan en la toma de decisiones en materia educativa no pueden actuar
de manera generalizada e indiscriminada. Se debe considerar cuál es la etapa de
desarrollo en la que se encuentra la persona menor y cuál es la estrategia
pedagógica correspondiente a su momento de desarrollo personal.
3. Un debate sobre los límites del
Congreso, no sobre las posibilidades educativas. La discusión suscitada por
el problema jurídico analizado se refería a lo que debía o no hacer el
Congreso, no a qué es lo que pueden hacer las instituciones y personas
encargadas de los procesos educativos. En efecto, como resalté, la Sala Plena
no encontró razones constitucionales que implicarán un deber del Congreso de
usar la misma estrategia pedagógica de la cátedra en las primeras etapas de
educación que en las últimas. No obstante, de ninguna manera la Sala Plena de
la Corte ha señalado que el Congreso de la República no hubiera podido decidir
considerar la inclusión de una cátedra también para los menores más pequeños.
El precedente adoptado tan sólo advierte que el Congreso no tenía la obligación
de regular la cátedra para todos los niveles. Ahora bien, la presente decisión
judicial tampoco afecta o disminuye las competencias y facultades de las
instituciones educativas o de sus funcionarios y sus miembros.
4. Medidas amplias, educativas y de
prevención. Ahora bien, no sólo no hay omisión legislativa por el hecho de
si existir normas constitucionales, legales y reglamentarias (citadas por la
sentencia C-085 de 2016 – considerando 3.5.2.) que reconocen el deber de
impartir educación sexual en todas las etapas del desarrollo evolutivo de las
personas. También puede concluirse que no hay omisión legislativa por cuanto la
propia Ley 1146 de 2007 contempla en su capítulo cuarto diferentes medidas para
la protección ante la violencia y abusos sexuales de toda persona menor en el
ámbito educativo. Se trata de cuatro normas de las cuales la acusada en el
presente proceso es sólo una. Las demás medidas contempladas por esta ley no se
restringen a la educación media y superior.[81]
5. Toda niña y todo niño tienen el
derecho a recibir, efectivamente, educación para la sexualidad. Dadas las
reglas existentes y la jurisprudencia constitucional mencionada, es claro el
derecho del cual es titular toda persona menor con relación al acceso a la
educación sexual. Pero además, ese derecho se debe ajustar al desarrollo
armónico e integral del menor.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
A LA SENTENCIA C-085/16
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Configuración
de omisión legislativa relativa (Salvamento de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-No podía excluir a
los niveles preescolar y básico ya que el contenido del derecho exige que éste
se imparta durante toda la escolaridad y la exclusión de un grupo poblacional
de la cátedra priva del medio más efectivo para garantizar el derecho a un
grupo que incluye personas tradicionalmente discriminadas (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-La inclusión del
concepto de educación para la sexualidad es desacertado, pues se aparta del
concepto de educación sexual como derecho fundamental desarrollado por la
jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales de derechos
humanos (Salvamento de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-La decisión equiparó
la escolaridad con la edad, lo cual en la realidad colombiana no tiene
conexión, pues existen muchas personas que en su adultez cursan grados
anteriores a la educación media (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-El fallo omitió que
el fin de la ley es la prevención de la violencia sexual y en esa medida, las
principales víctimas de este delito son quienes deberían tener mayor protección
y por lo tanto les sería aplicable una de las medidas que el Legislador
determinó como apropiada para cumplir dicho fin: la cátedra de educación sexual
(Salvamento de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-La decisión asumió
que la cátedra implica iguales contenidos en todas las instancias, cuando la
autonomía educativa permite la libertad en la determinación de currículos pero
impone una adecuación de éstos a las necesidades y capacidades de los menores
de edad (Salvamento de voto)
EDUCACION-Dimensiones (Salvamento de voto)
DERECHO
A LA EDUCACION-Disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (Salvamento
de voto)
DERECHO
A LA EDUCACION SEXUAL-Jurisprudencia constitucional (Salvamento
de voto)
DERECHOS
REPRODUCTIVOS-Jurisprudencia constitucional (Salvamento
de voto)
DERECHOS
REPRODUCTIVOS-Incluyen la garantía al acceso a la educación
sexual que sea comprensiva, integral, no discriminatoria, basada en evidencia
científica y acorde para la edad (Salvamento
de voto)
DERECHOS
SEXUALES-Reconocen y
protegen la libertad sexual y el acceso a los servicios de salud sexual (Salvamento
de voto)
DERECHO A LA EDUCACION SEXUAL-Hace parte de los derechos sexuales y reproductivos (Salvamento
de voto)
DERECHO A LA
EDUCACION SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Estándares
internacionales (Salvamento de voto)
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS-Particular
relevancia para grupos tradicionalmente discriminados como las mujeres o las
personas LGBTI (Salvamento de voto)
CORTE
CONSTITUCIONALIDAD-No se ha referido al concepto sobre
educación para la sexualidad (Salvamento
de voto)
DERECHO A LA
EDUCACION SEXUAL-Derecho autónomo (Salvamento
de voto)
DERECHO A LA
EDUCACION SEXUAL-Responsabilidad compartida entre la
familia, la sociedad y el Estado (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-La decisión incurre
en un análisis equivocado para determinar la razonabilidad de la medida y se
aparta de las obligaciones que se derivan del derecho a la educación sexual,
pues parte de premisas equivocadas (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-La realidad del país
no permite concluir que exista una correspondencia entre los niveles de
escolaridad y la edad, como lo asume el fallo (Salvamento
de voto)
CATEDRA PARA LA
SEXUALIDAD-Es indispensable que los contenidos de la cátedra de
educación sexual se dicten de acuerdo con las capacidades evolutivas de los
niños y niñas y con la edad (Salvamento
de voto)
CREACION DE CATEDRA
PARA LA SEXUALIDAD-Una cátedra específica no supone que
tendrá los mismos contenidos en todos los niveles escolares sino que bajo los
lineamientos de la autonomía educativa, deberá siempre ajustarse a la edad y a
las capacidades de los niños y adolescentes (Salvamento
de voto)
CREACION DE CATEDRA
PARA LA SEXUALIDAD-La relevancia de dictar una cátedra
específica para todos los niveles de escolaridad hace que las personas
adquieran la instrucción necesaria para el ejercicio de la autonomía desde
temprana edad y asegure que esa educación esté presente, inclusive, cuando las
personas no completen todos los ciclos escolares (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Pone en riesgo a los
menores de edad, al privarlos de información y educación relevante para su
protección frente a la violencia o el abuso sexual (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Genera una
discriminación inadmisible con base en la edad de las personas en los grados
preescolar y básico, ya que las excluye de la posibilidad de tener herramientas
eficaces para construir su identidad bajo premisas de igualdad, así como de un
instrumento importante para prevenir la violencia sexual (Salvamento
de voto)
NORMA QUE DISPONE
CREACION DE CATEDRA PARA LA SEXUALIDAD EN EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR SIN
INCLUIR LA PREESCOLAR Y BASICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL-Viola los derechos
sexuales y reproductivos, a la igualdad, a la educación y el derecho de los
niños y niñas a estar libres de violencia (Salvamento
de voto)
Referencia:
Expediente D-10905
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 14 (parcial) de la Ley 1146 de 2007
“Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia
sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados
sexualmente” ”
Magistrado
Ponente:
Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub
1.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Corte Constitucional,
presento a continuación las razones que me conducen a disentir de la decisión
adoptada por la Sala Plena, en sesión del 24 de febrero de 2016, que por
votación mayoritaria profirió la sentencia C-085 de 2016, de la misma
fecha.
2.
La providencia de la que me aparto, declaró exequible la expresión “los
establecimientos de educación media y superior” contenida en el artículo 14
de la Ley 1146 de 2007, por los cargos estudiados en la sentencia.
3.
En la decisión, la Corte acudió al principio pro actione para determinar
que las acusaciones de la demanda giraban en torno a una inconstitucionalidad
por omisión legislativa relativa y estableció que el problema jurídico que
debía resolver era “si la norma demandada excluye a las personas menores de
14 años de la enseñanza en materia de educación para la sexualidad, generando
contra ellos una restricción arbitraria de sus derechos como niños y al libre
desarrollo de la personalidad, que pueda ser entendida como una forma de
discriminación. En tal sentido, la Corte deberá establecer si la cátedra de
educación para la sexualidad únicamente a partir del grado décimo, es una
medida injustificada que desconoce los derechos de los niños menores de 14
años, de forma que el legislador cometió una omisión legislativa relativa que
se deba subsanar a través de la decisión judicial”.
3.
Las líneas argumentativas que sustentan la decisión, gravitan entorno a: (i) la
reiteración de la jurisprudencia de esta Corporación sobre lo que la sentencia
denominó educación para la sexualidad; y (ii) la reiteración del test de
igualdad establecido en la jurisprudencia con el objetivo de “verificar si
la norma demandada excluye de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que,
por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo
cuestionado, o que el precepto omitía incluir un ingrediente o condición que,
de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal
con los mandatos de la Carta”.
De
acuerdo con lo anterior, la sentencia reiteró que la educación sexual es una
responsabilidad a cargo del Estado, la sociedad y la familia e incluye los
postulados constitucionales sobre el derecho a la educación. A su vez, se
refirió a la conexidad del derecho a la educación sexual con el derecho al
libre desarrollo de la personalidad y en este sentido a cómo la jurisprudencia
ha considerado que las implicaciones que tiene el ejercicio de la sexualidad hacen
que ésta deba ser asumida como un deber para todos los establecimientos
educativos. Así, hizo un recuento del marco normativo que ha desarrollado la
obligación de impartir educación sexual en todos los ámbitos educativos.
Específicamente, se refirió a la Resolución 3353 de 1993, que se dictó en
desarrollo de lo dispuesto en la sentencia T-440 de 1992[82],
al igual que a la Ley General de Educación y sus decretos
reglamentarios que determinan la educación sexual como obligatoria y la
establecen bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. También hizo referencia
al Decreto 2968 de 2010 “por el cual se crea la Comisión Nacional
Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y
Reproductivos”, que reitera el respaldo a los proyectos pedagógicos y a la
Ley 1620 de 2013 “por la cual se crea el sistema nacional de convivencia
escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación
para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”
que explica el alcance de dichos proyectos.
A partir del anterior recuento, la Corte
concluyó que “en Colombia, todos los niveles, desde el grado preescolar
hasta el grado 11, tienen un componente de educación para la sexualidad, que se
desarrolla, no a través de una catedra específica sino como contenidos
transversales a todas las asignaturas, bajo la metodología de programa
pedagógico institucional”.  Después, hizo referencia a los estándares
internacionales que establecen que todos los niños y adolescentes tienen
derecho a recibir educación sexual, la que debe adaptarse a sus necesidades y
capacidades.  Al revisar el contenido de la disposición atacada, consideró que
el efecto de la norma no es el privar de educación sexual a los grados inferiores
a la educación media, sino establecer una metodología diferente para los grados
medios y superior en la provisión de la educación sexual obligatoria.
Bajo la anterior línea argumentativa,
precisó que si bien es cierto que el artículo demandado excluye de sus
consecuencias a los estudiantes de la educación preescolar y primaria, también
lo es que “el grado de desarrollo vital en que se encuentran los niños que
aún no hacen parte de la educación media y superior los hace no “asimilables”
como lo exige la jurisprudencia, para efectos de determinar la metodología
adecuada de enseñanza que se debe utilizar para impartirles la educación para
la sexualidad”. Adicionalmente constató, que los alumnos que no son
destinatarios de la norma reciben la educación sexual bajo otra modalidad: los
proyectos pedagógicos.
Finalmente, la decisión de la que me
aparto determinó que la norma no vulnera los derechos de los niños, ni el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues la expresión acusada no
genera ninguna restricción al acceso a la educación sexual de quienes cursan
preescolar y educación básica y la distinción en la forma de impartirla
responde a un criterio de madurez. Por lo tanto, no consideró que se
configuraba una omisión legislativa relativa. De otra parte, la decisión
constató la situación de violencia sexual contra menores de edad y las altas
tasas de embarazo adolescente que además tienen un mayor impacto en la
población rural y señala que le corresponde al gobierno adelantar un examen
riguroso de la política pública en materia de “educación para la sexualidad
y prevención de la violencia sexual infantil, y que se realicen los ajustes
necesarios para darle plena vigencia a los derechos de las niñas y los niños en
Colombia”.
6.
En este salvamento de voto me aparto de la argumentación que sustenta las
partes considerativa y resolutiva de la sentencia proferida por la Sala Plena,
porque considero que en este caso sí se configuró una omisión legislativa
relativa y que la norma, al establecer una catedra específica de educación
sexual para los niveles de educación media y superior, no podía excluir a los
niveles preescolar y básico ya que el contenido del derecho exige que éste se
imparta durante toda la escolaridad y la exclusión de un grupo poblacional de
la catedra priva del medio más efectivo para garantizar el derecho a un grupo
que incluye personas tradicionalmente discriminadas. Específicamente encuentro
que: (i) la inclusión del concepto de educación para la sexualidad es
desacertado, pues se aparta del concepto de educación sexual como derecho
fundamental desarrollado por la jurisprudencia constitucional y los estándares
internacionales de derechos humanos; (ii) la decisión equiparó la escolaridad
con la edad, lo cual en la realidad colombiana no tiene conexión, pues existen
muchas personas que en su adultez cursan grados anteriores a la educación
media; (iii) el fallo también omitió que el fin de la ley es la prevención de
la violencia sexual y en esa medida quienes son las principales víctimas de
este delito son quienes deberían tener mayor protección y por lo tanto les
sería aplicable una de las medidas que el Legislador determinó como apropiada
para cumplir dicho fin: la cátedra de educación sexual; finalmente, (iv) la
decisión asumió que la cátedra implica iguales contenidos en todas las
instancias, cuando la autonomía educativa permite la libertad en la
determinación de currículos pero impone una adecuación de éstos a las
necesidades y capacidades de los menores de edad.
El
derecho a la educación sexual
7.
Inequívocamente, la jurisprudencia de la Corte constitucional se ha referido al
concepto de educación sexual. En este sentido, ha determinado que éste
se desprende del derecho a la educación, tiene un carácter obligatorio y  está
ligado a los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad,
a la salud y también integra los denominados derechos sexuales y reproductivos.
Así, ha dicho que si bien la educación sexual hace parte primordial de las
obligaciones de los padres en el ámbito de la responsabilidad parental
realmente se trata de una responsabilidad compartida entre éstos, el Estado y
la sociedad.
Hasta
el momento, la jurisprudencia constitucional y los estándares internacionales
siempre se han referido a la educación sexual y no han utilizado el concepto
educación para la sexualidad. Este último concepto, del que parte la sentencia,
implica que los contenidos de esta educación buscan preparar a las personas
para tener una vida sexual activa lo cual se aparta de los componentes de la
educación que abordan los cuidados en la salud, la prevención, el conocimiento
como forma de identificación de conductas reprochables y la posibilidad de no
incursionar en actividad sexual con consentimiento. Por lo tanto, dicho
concepto genera una confusión a partir de un acercamiento equivocado. Veamos.
8. El artículo 67 de la Constitución
establece que la educación es un derecho y un servicio público con función
social, que formará a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, la
paz y la democracia. Señala que el Estado, la familia y la sociedad son los
responsables de los procesos educativos y que las autoridades estatales deben
ejercer su función de inspección y vigilancia para garantizar el acceso, la
permanencia a la educación, así como su calidad. Igualmente, establece que las
entidades territoriales y la Nación se encargarán de la dirección, financiación
y administración de los recursos destinados para la protección de este derecho.
La jurisprudencia de esta Corporación ha
establecido que la educación es un derecho fundamental que apunta a lograr el
desarrollo humano a través del acceso al conocimiento y el fomento de las
capacidades, en un entorno de igualdad y diversidad. Uno de sus propósitos es
potenciar la individualidad de cada una de las personas y brindar elementos
apropiados para la puesta en marcha de cada proyecto vital, en el marco de la
vida en sociedad. En la sentencia T-294 de 2009 esta Corporación
manifestó que los fines generales de este derecho son: “(i) el servicio a la
comunidad, (ii) la búsqueda del bienestar general, (iii) la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y (iv) el
mejoramiento de la calidad de vida de la población”[83].
Esta Corporación también ha indicado que
la educación tiene dos dimensiones: es un deber y un servicio público[84]. En ese sentido, de un lado, algunos
de sus componentes con exigibles de manera inmediata, a saber, el debido
proceso, el principio de igualdad y la garantía de la educación primaria
gratuita[85]; y de otro lado, las acciones del
Estado están guiadas por los principios de progresividad para ampliar la
cobertura gratuita y aumentar al máximo nivel de educación posible, sin que sea
admisible la inactividad del Estado.
9. Desde el ámbito internacional el
artículo 13 del Pacto de Internacional de Derechos Económicos,  Sociales y
Culturales, ratificado por Colombia e incorporado al ordenamiento
constitucional mediante el bloque de constitucionalidad reconoce que el derecho
a la educación “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad”[86]
y determina una serie de obligaciones para los Estados, tales como asegurar la
enseñanza primaria obligatoria y asequible y el desarrollo progresivo del
sistema escolar [87].
10. En 1999, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales expidió la Recomendación General No. 13 en la
que estableció de forma más amplia el alcance del derecho a la educación
contenido en el Pacto. Precisó que la educación tiene cuatro características,
relacionadas entre sí: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad.
(i) La disponibilidad o asequibilidad
del
servicio se refiere a garantizar la cantidad suficiente de instituciones
educativas para quienes demandan este servicio, así como de programas de
enseñanza y las demás condiciones que necesiten los centros educativos. (ii) La
accesibilidad implica que las instituciones y programas educativos deben
tener las condiciones para todas las personas, sin discriminación, de asegurar
la accesibilidad material entendida como el acceso a la educación en una
ubicación geográfica razonable o la utilización de tecnología para tener un
acercamiento con los contenidos. Además, debe ser accesible económicamente.
(iii) La adaptabilidad consiste en que el sistema educativo se adapte a
las necesidades específicas de los educandos y sus comunidades para asegurar su
permanencia en ese escenario. (iv) La aceptabilidad tiene relación con
la “forma y el fondo”[88] de la educación, que implica que “los
programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por
ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad)”. Se
trata entonces de las normas mínimas en materia de enseñanza.
11.
El anterior marco de contenido y obligaciones es aplicable al derecho a la
educación sexual. En efecto, la jurisprudencia ha reconocido su carácter
autónomo desde la sentencia T-440 de 1992[89],
la cual estableció el vínculo entre la educación sexual y el libre desarrollo
de la personalidad y explicó que ésta tiene la función de “fortalecer la
conciencia y responsabilidad del individuo en las decisiones que tome frente a
su sexualidad.” A su vez, en la misma sentencia se determinó que: uno de
sus fines, “de ahí que resulte mejor hablar de educación o formación
integral [,] - es la de que el niño, el púber y el adolescente
crezcan en autoestima y en respeto hacia los demás, fundamento de una
personalidad sana y de una sociabilidad necesaria”.
De
otra parte, en la sentencia T-368 de 2003[90]
la Corte estableció que la educación sexual, lejos de ser una cátedra de
biología o control de la natalidad se trata de un proceso desde el nacimiento
que debe integrar conocimientos serios, oportunos y adecuados de los
establecimientos educativos. Igualmente, la sentencia T-220 de 2004[91]
precisó la necesidad de que los contenidos de la educación sexual sean
suficientes para permitir al estudiante el desarrollo de sus diversas
competencias en las relaciones interpersonales y de convivencia, de respeto a
la diversidad y a los demás, conocimientos en salud sexual y reproductiva, la
maternidad y paternidad responsable, entre otros. A su vez, se resaltó el valor
preventivo del derecho a la educación sexual que se desarrolla en la sentencia
C-355 de 2006[92], en la que se indicó que
ésta cumple la función de proteger a las personas de “la invasión o
intrusión no deseada en sus cuerpos y otras restricciones no consensuales a su
autonomía física”.
13.
Como se vio, aun cuando la jurisprudencia ha reconocido el derecho a la
educación sexual como un derecho autónomo, a partir de la mencionada sentencia
C-355 de 2006[93] se evidenció su estrecha
relación con los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, el desarrollo
de éstos ha establecido el derecho a la educación sexual como uno de dichos
derechos.
14. Como lo ha
explicado la jurisprudencia constitucional[94], los derechos reproductivos tienen
fundamento en los artículos 16 y 42 de la Constitución, que establecen la
garantía del libre desarrollo de la personalidad y el derecho de la pareja a “decidir
libre y responsablemente el número de sus hijos”. A su vez, han sido
reconocidos en el artículo 16 de la CEDAW, al determinar el derecho de la mujer
y el hombre a decidir libremente sobre el número de hijos e hijas, el intervalo
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y
los medios que les permitan ejercer estos derechos. De la misma forma, los
derechos reproductivos se derivan de las protecciones contempladas en el
derecho a la dignidad, los artículos 10 y 12 de la CEDAW, el artículo 12 del
PIDESC y los derechos a estar libre de tratos crueles, inhumanos y degradantes
y a la integridad personal contemplados en la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De otra parte,
la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que los derechos
reproductivos reconocen y protegen por un lado, la autodeterminación
reproductiva libre de todo tipo de interferencias, como la violencia física y
psicológica, la coacción y la discriminación, y por otro, el acceso a servicios
de salud reproductiva. En este sentido, garantizan la facultad de las
personas de decidir libremente sobre la posibilidad de procrear o no, cuándo y
con qué frecuencia.
En este orden de ideas, los derechos
reproductivos no sólo comprenden el derecho fundamental a la interrupción
voluntaria del embarazo (IVE), en los casos determinados en la sentencia
C-355 de 2006, es decir, cuando la vida o la salud de la mujer se encuentre
en riesgo, en casos de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, y
en casos de violencia sexual, previa denuncia, el acceso a anticonceptivos y a
la información sobre éstos, medidas que garanticen una maternidad libre de
riesgos en los periodos de gestación, parto y lactancia, entre otros, sino
también incluyen la garantía al acceso a la educación sexual que sea
comprensiva, integral, no discriminatoria, basada en evidencia científica y
acorde para la edad.
15. De otra parte, los derechos sexuales
han sido reconocidos como “el derecho de todas las personas, libres
de coerción, discriminación y violencia, a: (1) el mayor estándar posible de
salud, en relación con la sexualidad, incluyendo el acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva; (2) buscar, recibir e impartir información en relación a
la sexualidad; (3) educación sexual; (4) respeto por la integridad
corporal; (5) elección de pareja; (6) decidir ser o no ser sexualmente activo;
(7) relaciones sexuales consensuadas; (8) matrimonio consensuado; (9) decidir
tener o no tener, y cuándo tener hijos; y (10) ejercer una vida sexual
satisfactoria, segura y placentera. El ejercicio responsable de los derechos
humanos requiere que todas las personas respeten el derecho de los otros”[95].
La jurisprudencia de esta Corporación ha
dicho que éstos reconocen la libertad sexual “para decidir si quiere o no tener
relaciones sexuales y con quién, sin que exista violencia, coacción o
interferencias arbitrarias de terceros. Asimismo, protegen el acceso a
servicios de salud sexual”[96] y se desprenden de los derechos a la
personalidad jurídica y al libre desarrollo de la misma (arts. 14 y 16 C.P.)[97].
16. A su vez,
esta Corporación a partir de la sentencia T-732 de 2009[98]
reconoció explícitamente la educación sexual como parte de los derechos
sexuales[99] y los derechos reproductivos[100],
para los últimos particularmente en relación con la educación acerca de
anticonceptivos, lo cual ha sido reiterado en múltiples oportunidades[101].
Por
lo tanto, el derecho a la educación sexual también hace parte de los derechos
sexuales y de los derechos reproductivos lo cual es indivisible de uno de los
propósitos del derecho a la educación, el de potenciar la individualidad de
cada persona y poner a disposición los elementos apropiados para la puesta en
marcha de cada proyecto vital, en el marco de una vida en sociedad, en
condiciones de igualdad y libre de violencia.
17. Las Directrices Internacionales de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) sobre educación sexual la definen como un “enfoque a la
enseñanza sobre el sexo y las relaciones que resulte apropiado a la edad,
relevante culturalmente, y proporcione científicamente información precisa,
realista y sin prejuicios. La educación sexual proporciona oportunidades para
explorar los valores y actitudes propios y la construcción de la toma de
decisiones, habilidades de comunicación y reducción de riesgos sobre muchos
aspectos de la sexualidad”[102].
18. El Informe del Relator Especial de
las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación de 2010 dota de contenido
las obligaciones del Estado respecto de la educación sexual, resalta su
importancia y la necesidad de que dicha educación tenga un carácter integral
y una perspectiva de género. Establece que para que la educación tenga un
carácter integral debe proveer las herramientas necesarias en relación con lo
que cada individuo escoge como su proyecto de vida. En este sentido, para que
se asegure el goce de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, se
debe permitir a las personas entender las opciones de la sexualidad sin
estereotipos acerca de la orientación sexual ni tampoco sobre el rol
tradicional reproductivo de la mujer. Ésta debe permitir formar a las personas
en un ambiente que admite y respete la diversidad. En relación con su lugar en
el currículo escolar dijo:
“25.
En general, los órganos de vigilancia de tratados recomiendan expresamente que
la educación sobre salud sexual y reproductiva sea un componente obligatorio
de la escolarización. Por ejemplo, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer insta a los Estados a que brinden educación
sexual de manera obligatoria y sistemática en las escuelas, incluida la
formación profesional. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño
recomienda que los Estados incluyan la educación sexual en los programas
oficiales de enseñanza primaria y secundaria”[103].
El Relator Especial concluyó en su
informe que:
“75.
Los estándares internacionales sobre derechos humanos reconocen claramente el
derecho humano a la educación sexual integral, el cual resulta
indivisible del derecho a la educación y es clave para el efectivo disfrute de
los derechos a la vida, a la salud, a la información y a la no discriminación,
entre otros.
76.
Los Estados deben organizarse para respetar, proteger y cumplir el derecho
humano a la educación sexual integral, actuando con debida diligencia y
adoptando todas las medidas necesarias para asegurar su efectivo disfrute sin
discriminación, desde etapas tempranas de la vida de las personas. La
ausencia de una educación sexual planificada, democrática y pluralista
constituye de hecho un modelo (por omisión) de educación sexual, de
consecuencias notablemente negativas para la vida de las personas, que
reproduce acríticamente las prácticas, nociones, valores y actitudes
patriarcales, que son fuente de múltiples discriminaciones”[104].
19. De otra parte, el Comité de los
Derechos del Niño, en su Observación General No. 3, destacó que “para que la
prevención del VIH/SIDA sea efectiva los Estados están obligados a abstenerse
de censurar, ocultar o tergiversar deliberadamente las informaciones
relacionadas con la salud, incluidas la educación y la información sobre la
sexualidad, y que [...] deben velar por que el niño tenga la posibilidad de
adquirir conocimientos y aptitudes que le protejan a él y a otros desde el
momento en que empiece a manifestarse su sexualidad”.
En general, los diferentes comités de
monitoreo de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas han identificado
la interrelación del derecho a la educación sexual con el goce de otros
derechos tales como el libre desarrollo de la personalidad, la integridad
personal, la vida, la seguridad personal y el derecho a estar libre de tratos
crueles, inhumanos y degradantes y además son parte integral del derecho a la
salud. A su vez, han hecho énfasis en que la educación sexual debe tener un
carácter científico y que la información que se provee no debe ser
tergiversada, ni discriminatoria; debe ser apropiada para la edad que debe
hacer parte del currículo escolar y la ha ligado con la reducción de embarazos
no deseados y tasas inferiores de mortalidad materna así como con la garantía
del derecho a la igualdad[105].
20. Ni el sistema universal de derechos
humanos ni el interamericano han abordado casos que involucren el derecho a la
educación sexual. No obstante, la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso
de  Kjeldsen, Busk Madsen y Pederson vs Dinamarca[106]
de 1976 sostuvo que la introducción de educación sexual obligatoria en la
primaria no violaba el derecho de los padres a la educación, a la no
discriminación, a la privacidad y a la libertad de cultos. La Corte consideró
que la información se impartía de manera objetiva y plural de una forma en la
que no se adoctrinaba a los niños o que irrespetaba la mirada religiosa de los
padres. También notó que el Estado tenía un interés legítimo en dicha
educación, pues al proveer a los niños de la información adecuada a una
temprana edad las protegía de, por ejemplo, abortos inducidos o enfermedades
venéreas.
A su vez, en el 2009 el Comité Europeo
de Derechos Sociales en el caso de Interights vs Croacia[107]
en el que se demandaba el contenido del currículo oficial de educación sexual y
reproductiva estableció que el derecho a la salud obligaba a los Estados a
asegurar la educación sexual y reproductiva por todo el periodo de
escolarización como parte obligatoria del currículo de los colegios y que la
educación debía ser objetiva, basada en la ciencia, sin discriminación, sin la
representación equivocada de información y que para construir la capacidad de
los niños de tomar decisiones responsables acerca de su sexualidad y su
reproducción debía abordar los aspectos culturales y sociales de la sexualidad,
no solo los biológicos. Específicamente, encontró que la afirmación en el
currículo de que los homosexuales eran promiscuos claramente violaba la
cláusula de no discriminación y perpetuaba estereotipos negativos acerca de la
orientación sexual que atacan la dignidad humana.
21. En este contexto,
cabe enfatizar que la realización de los derechos sexuales y reproductivos
tiene particular relevancia para grupos tradicionalmente discriminados como las
mujeres o las personas LGBTI ya que estos derechos son determinantes para la
realización de sus demás derechos fundamentales, en especial el derecho a la
igualdad sustantiva. De una parte, el impacto de la denegación de los derechos
reproductivos para las mujeres desencadena en embarazos no deseados y el
embarazo adolescente tiene relación directa con el abandono escolar, lo que a
su vez perpetua condiciones socioeconómicas precarias y la dependencia
económica de las mujeres. Igualmente, la anticoncepción es determinante para
prevenir enfermedades como el virus del papiloma humano, que en las mujeres
puede generar cáncer de cuello uterino, una de las mayores causas de muerte en
el mundo para ellas. Por lo tanto, el derecho a la igualdad de las mujeres
requiere de la remoción de las barreras para acceder a la educación sexual
integral[108]. En relación con la población
LGBTI, el acceso a una educación sexual integral también materializa el derecho
a la igualdad, previene la discriminación por orientación sexual, permite la
realización del derecho al libre desarrollo de la personalidad para escoger su
pareja y derriba el estigma y los estereotipos que han permeado a este grupo
por su orientación sexual o género.
22. Sin embargo, la garantía de este
derecho es indispensable para todas las personas ya que la educación
sexual asegura el ejercicio de la autonomía en la toma de decisiones en
relación con la sexualidad y con la reproducción, por lo cual previene
embarazos no deseados, la mortalidad materna, el aborto y el contagio de
enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA[109].
De la misma manera, la educación sexual integral es indispensable para dotar a
los individuos de las herramientas para estar libres de coerción en el
ejercicio de la sexualidad. Lo anterior cobra mayor relevancia para las mujeres
y los niños y el derecho a estar libre de violencia, toda vez que la violencia
sexual tiene un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas.
En este sentido, la Organización Mundial
de la Salud ha dicho que es crítico que la educación sexual comience a una
temprana edad, en particular en países en vía de desarrollo ya que las niñas en
la escuela se encuentran en riesgo producido por la actividad sexual, sea o no
consentida. También ha recomendado que la educación sexual sea incorporada como
una catedra específica en vez de ser incorporada en otras materias lo cual
cumple con el objetivo de asegurar su efectividad y la calidad de la educación
al dictarse en un espacio adecuado, siempre con atención a la correspondencia
entre la edad y los contenidos[110].
23. De todo lo anterior, es claro que
esta Corporación no sólo no se ha referido al concepto sobre educación para la
sexualidad sino que además no se trata de una cuestión de cualquier política
pública, sino del desarrollo de un derecho fundamental que ha sido tutelado por
la jurisprudencia constitucional y que impone deberes al Estado, que en mi
concepto fueron desconocidos en esta decisión.  La educación sexual es un
derecho autónomo que también hace parte de los derechos sexuales y
reproductivos pero a su vez es un medio indispensable para realizar otros
derechos. En el caso de la educación sexual, la jurisprudencia ha trazado su
indivisibilidad de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la
dignidad, sexuales y reproductivos y a la intimidad y aun más relevante para el
goce de los derechos de personas parte de grupos tradicionalmente discriminados
como las mujeres y la población LGBTI.
Entonces,
el desarrollo jurisprudencial reseñado del derecho a la educación sexual y el
marco internacional de derechos humanos permite concluir que: (i) el derecho a
la educación sexual hace parte de los derechos sexuales y reproductivos; (ii)
la provisión de educación sexual es una responsabilidad compartida entre la
familia, la sociedad y el Estado; (iii) la educación sexual tiene un carácter
obligatorio en las instituciones educativas y debe ser garantizada
preferiblemente en una cátedra separada y dictada durante todo el periodo de
escolarización; (iv) la educación debe ser comprensiva,
integral, no discriminatoria, basada en evidencia científica y acorde para la
edad;
(v) la garantía de estos contenidos básicos asegura la realización tanto de ese
derecho como de otros, lo cual también cumple una función preventiva en la
formación de las personas, pero a su vez en la identificación de conductas
inapropiadas como prevención de abuso sexual y es determinante para formar
individuos que respeten la igualdad.
La
justificación de la razonabilidad de la medida
24.
En mi concepto, la decisión incurre en un análisis equivocado para determinar
la razonabilidad de la medida y se aparta de las obligaciones que se derivan
del derecho a la educación sexual, pues parte de tres premisas equivocadas: (i)
existe una correspondencia necesaria entre la escolaridad y la edad; (ii) la
determinación de una cátedra específica supone iguales contenidos en todos los
niveles, y por lo tanto omite que cada catedra debe ajustarse a la edad,
capacidades y necesidades de los estudiantes; y (iii) la omisión de incluir
estos grupos como destinatarios de la ley no incumple con el objetivo
primordial de la misma: otorgar herramientas para la prevención de la violencia
sexual, al privar de la medida escogida por el Legislador al grupo poblacional
que sufre el mayor impacto del delito ya que los proyectos pedagógicos cumplen
esa tarea.
25.
La realidad del país no permite concluir que exista una correspondencia entre
los niveles de escolaridad y la edad, como lo asume el fallo del que me aparto.
En Colombia, no todas las personas tienen acceso a la educación y muchas de
ellas dejan la escuela antes de terminar la educación primaria y se dedican a
trabajar. Lo anterior hace que si no es obligatoria la educación sexual
integral en condiciones de calidad antes de la secundaria puede ser posible que
este grupo de personas nunca accedan a ésta, lo cual tiene consecuencias
directas en el goce de sus derechos fundamentales. Este problema ha sido constatado
por la Organización Mundial de la Salud, la cual establece que uno de los
beneficios de la educación sexual en la primaria es llegar a las personas que
no tienen la posibilidad de acceder a la educación secundaria[111].
Por lo tanto, suponer que es inapropiado que menores de edad reciban educación
mediante una catedra específica porque el requisito se cumple con los proyectos
pedagógicos hace que el derecho de las personas que cursan educación prescolar
y básica esté en riesgo de no ser efectivo y de calidad de acuerdo con los
contenidos que se imparten. Adicionalmente, asume que todos los participantes
del aula son niños y obvia que esa puede ser la única oportunidad para muchas
personas adultas de acceder a ese tipo de formación.
26.
En el mismo sentido, como lo advirtió el Relator Especial de Naciones Unidas
para la Educación, es indispensable que los contenidos de la cátedra de
educación sexual se dicten de acuerdo con las capacidades evolutivas de los
niños y niñas y con la edad. Por lo tanto, una catedra específica no supone que
tendrá los mismos contenidos en todos los niveles escolares sino que bajo los
lineamientos de la autonomía educativa deberá siempre ajustarse a la edad y a
las capacidades de los niños y adolescentes. La relevancia de dictar una
catedra específica para todos los niveles de escolaridad hace que las personas
adquieran la instrucción necesaria para el ejercicio de la autonomía desde
temprana edad y asegure que esa educación esté presente inclusive cuando las
personas no completen todos los ciclos escolares.
Lo
anterior no quiere decir que el contenido de dicha catedra propugne por la
sexualidad, sino todo lo contrario que acorde con la edad otorgue las
herramientas para: (i) entender la sexualidad desde la diversidad y el proyecto
de vida individual; (ii) protegerse de embarazos no deseados y de enfermedades
de transmisión sexual cuando se decida comenzar la vida sexual activa; (iii)
entender los riesgos de la misma; (iv) pero sobretodo abordar los criterios del
consentimiento para tener una vida libre de coerción que incluya la perspectiva
de género y genere condiciones de igualdad.
27.
De este modo, la exclusión de la catedra para los niveles preescolar y básico
pone en riesgo a los menores de edad, al privarlos de información y educación
relevante para su protección frente a la violencia o el abuso sexual. Como se
dijo, esta exclusión tiene un mayor impacto en las niñas, las que son las
mayores víctimas de este tipo de violencia. Así pues, la exclusión de un medio
eficaz para la garantía del derecho a la educación sexual como la cátedra
específica, genera una discriminación inadmisible con base en la edad de las
personas en los grados preescolar y básico, ya que las excluye de la posibilidad
de tener herramientas eficaces para construir su identidad bajo premisas de
igualdad, así como de un instrumento importante para prevenir la violencia
sexual.
28. Con base en lo expuesto, considero
que la Corte no podía declarar la exequibilidad de la expresión acusada, pues
debió concluir que existió una omisión legislativa relativa al excluir del
beneficio de la cátedra específica a los niveles pre escolar y básico como
desarrollo del deber de las instituciones educativas de proveer educación
sexual y como medida de prevención de la violencia sexual para el grupo que se
encuentra en mayor riesgo. Por lo tanto, la anterior determinación viola los
derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad, a la educación y el derecho
de los niños y niñas a estar libres de violencia.
Fecha
ut supra
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
[1] Reporte Nacional de los Menores que
Ingresaron a Causa de Abuso Sexual a Proceso Administrativo de Restablecimiento
de Derechos en el Periodo 2012, 2013 y 2014 (enero-agosto). (Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cecilia De la Fuente Lleras, Dirección
de Protección, Subdirección de Restablecimiento de Derechos).
[2] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[3] Sentencia T-787 de 2006. M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[4] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz
[5] Sentencia T-440 de 1992. M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[6] Sentencia C-112 de 1996. M.P. Fabio
Morón Díaz.
[7] Anexa cuadro de referencia.
[8] Sentencia C-876 de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[9] Declaración del Milenio, Convención
sobre los Derechos del Niño, Comité de las Naciones Unidas de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales del 11 de agosto del 2000 (Temas sustantivos
derivados de la implementación del Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales), Comité de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño del 1 de julio de 2003 (Observación General No. 4: La salud y
el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los
Derechos del Niño), Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD), Sesión Especial de la Asamblea General sobre
VIH/SIDA del 2 de agosto de 2001.
[10] Sentencia T-440 de 1992, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; y Sentencia C-876 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
[11] Cuadro estadístico de las adolescentes
en embarazo de 1990 a 2010 realizado por PROFAMILIA.
[12] Sentencia C-314 de 2009. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla.
[13] Sentencia C-293 de 2010. M.P. Nilson
Pinilla Pinilla y Opinión Consultiva No. OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003,
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[14] Claridad, certeza, especificidad,
pertinencia y suficiencia, acorde con la Sentencia T-710 de 2010, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[15] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[16] M.P. Carmenza Isaza de Gómez
[17] Sentencia C-740 de 2008. M.P. Jaime
Araujo Rentería.
[18] Sentencia C-876 de 2011. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[19]“Los establecimientos educativos
oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y
media, deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana,
prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan
ser víctima, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos”.
[20]“el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación
tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda
habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda
y fallando de fondo”. Sentencia c-480 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[21] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[22] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[23] M.P. Eduardo Montealegre Lynett
[24] M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés
Vargas Hernández
[25] M.P. Mauricio González Cuervo
[26] Cfr. Sentencias C-093 de 2001, M.P.
Alejandro Martínez Caballero; C-862 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[27] Sentencia C-093 de 2001, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[28] Reiterado en la Sentencia C-015
de 2014, M.P. Mauricio González
Cuervo. Párrafo 4.4.2.2.
[29] Sentencia C-673 de 2001, M.P.
Manuel José Cepeda Espinoza
[30] Sentencia C-445 de 1995, M.P.
Alejandro Martínez Caballero
[31] Sentencia C-673 de 2001.M.P. Manuel
José Cepeda Espinoza
[32] Sentencia C-188 de 1996 M.P. Dr.
Fabio Morón Díaz.
[33] Cfr. Sentencias C-543 de 1996,
M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-427 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; y C-173
de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[34] Sentencia C-185 de 2002, MP,
Rodrigo Escobar Gil
[35] M.P. María Victoria Calle
Correa.
[36] M.P. Álvaro Tafur Galvis
[37] M.P. Eduardo
Cifuentes Muños.
[38] Citado en la Sentencia T-368 de
2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[39] La Resolución determina que la
educación sexual “debe propiciar y favorecer en todos los estudiantes una
formación rica en valores, sentimientos, conceptos y comportamientos para el
desarrollo de la responsabilidad y la autonomía, cuya base fundamental sea el
afecto y la igualdad entre las personas”, y garantizar a los educandos que
al finalizar su ciclo educativo se encuentran en capacidad, entre otros
aspectos, de asumir su sexualidad de una manera “humanista, sana,
responsable, gratificante y enriquecedora de la personalidad”.
[40] El Ministerio de
Educación Nacional, en cumplimiento del fallo a que se hace mención, convocó a
especialistas en materia de Educación Sexual, entre ellos la Conferencia
Episcopal Colombiana, quienes se reunieron en Bogotá, los días 17 y 18 de junio
de 1993, y formularon las recomendaciones que el Ministerio hizo suyas en la
Resolución 03353 del 2 de julio de 1993.
[41] Resaltado fuera del texto
original.
[42] Sentencias C-210 de 1997 M.P. Carmenza
Isaza De Gómez, y T-293 de 1998 MP Carmenza Isaza De Gómez.
[43] e) La educación sexual,
impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y
afectivas de los educandos según su edad.
[44] El 15 de octubre de 1993, en
cumplimiento del artículo cuarto, de la Resolución 03353 de 02 de julio de
1993, la Ministra de Educación Nacional dirigió a los Gobernadores,
Representantes de la Ministra de Educación ante las entidades territoriales,
Directores CEP, Secretarios de Educación, Directores y Rectores de
Establecimientos Educativos del sector Oficial y Privado, la Directiva
Ministerial de la fecha, atinente al Diseño de los Programas Institucionales de
Educación Sexual en los diferentes centros educativos del país, de la cual se
desprende que en los programas institucionales la educación de la sexualidad i)
debe ser considerada como “dimensión fundamental del ser humano”; ii)
debe articularse “en el currículo dentro de un concepto científico y
humanista, como formación para la vida y el amor”;  iii) debe
construirse ” con la participación de toda la comunidad”.
[45] Disponible en:
www.colombiaaprende.edu.co
[46] Resaltado fuera del original.
[47]
Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la
educación del 23 de julio de 2010. Sexagésimo quinto período de sesiones Tema
69 b) del programa provisional* Promoción y protección de los derechos humanos:
cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de mejorar el goce
efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales “Comité de
los Derechos del Niño recomienda que los Estados incluyan la educación sexual
en los programas oficiales de enseñanza primaria y secundaria; El Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño
han afirmado que los derechos a la salud y a la información exigen que los
Estados se abstengan de censurar, ocultar o tergiversar deliberadamente la
información relacionada con la salud, incluida la educación sexual y la
información al respecto; En sus observaciones finales sobre varios países, el
Comité de los Derechos del Niño ha recomendado a los Estados que integren la
educación sexual en el currículum escolar; ha alentado a los Estados a
proporcionar capacitación sobre el VIH/SIDA y educación sexual a maestros y otros
oficiales de la educación. Asimismo, el Comité ha criticado las barreras a la
educación sexual, tales como permitir que los padres eximan a sus hijos e hijas
de esta educación; De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos,
en sus observaciones finales, ha expresado preocupación por la eliminación de
la educación sexual del currículo escolar, así como por la elevada tasa de
embarazos no deseados y de abortos entre jóvenes y adolescentes, solicitando la
adopción de medidas para ayudar a las jóvenes a evitar embarazos no deseados,
incluido el fortalecimiento de los programas sobre planificación familiar y
educación sexual: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha
solicitado la aplicación de la educación para la salud sexual y reproductiva.
También ha recomendado específicamente la educación sexual como un medio de
asegurar el derecho de las mujeres a la salud, en particular la salud
reproductiva, así como el pleno acceso a la educación sexual de todas las niñas
y mujeres jóvenes, incluidas las de las zonas rurales y comunidades indígenas”.
[48]
Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. CRC/GC/2003/4, 1 de
Julio de 2003. Observación General 4. El Comité pide a los Estados Partes que
elaboren y apliquen de forma compatible con la evolución de las facultades de
los adolescentes, normas legislativas, políticas y programas para promover la
salud y el desarrollo de los adolescentes: (…) b) proporcionando información
adecuada y apoyo a los padres para facilitar el establecimiento de una relación
de confianza y seguridad en las que las cuestiones relativas, por ejemplo, a la
sexualidad, el comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos puedan
discutirse abiertamente y encontrarse soluciones aceptables que respeten los
derechos de los adolescentes (art. 27 3)); (CRC/GC/2003/4, párr. 16).
[49]
Corte Constitucional, Sentencia T-293 de 1998. M.P. doctora Carmenza Isaza de
Gómez.  “Existe,
además, la obligación constitucional del Estado de regular y ejercer la suprema
inspección y vigilancia sobre la educación. No puede excluirse la educación
sexual. Este proceso reviste un carácter vital, ya que tiene que ver con las
emociones, los afectos y los sentimientos. Allí, la relación profesor - alumno
no corresponde a un simple intercambio de conocimientos, sobre asuntos ajenos a
su propia realidad, pues, en este proceso educativo, se está hablando del
aspecto más cercano a uno mismo, su propio cuerpo, y la manera como es
percibido por uno y por los demás”
[50]
Programa de Acción (POA) de la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (CIPD).1994. “La salud y el desarrollo de los adolescentes en
el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño se debería prestar
apoyo a actividades y servicios en materia de educación sexual integrada para
las personas jóvenes, con la asistencia y orientación de sus padres y madres y
en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, y hacer hincapié
en la responsabilidad de los varones en cuanto a su propia salud sexual y su
fecundidad, ayudándoles a ejercer esa responsabilidad. Las actividades educacionales
deberían comenzar en la unidad familiar, la comunidad y las escuelas a una edad
apropiada, pero también deberán abarcar a los adultos, en particular a los
hombres, a través de la enseñanza no académica y mediante diversas actividades
con base en la comunidad”
[51] (ii) que la misma excluya de sus
consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que
estar contenidos en el texto normativo cuestionado,  o que el precepto omita
incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta
esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta;
[52] Según el artículo 3 de la Ley  1098 de
2006 “se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años de
edad, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.”
[53] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[54] M.P. Mauricio González Cuervo
[55] Resaltado fuera del original.
[56] “Puesto
que del análisis efectuado se ha deducido que las parejas del mismo sexo deben
contar con la posibilidad de acceder a la celebración de un contrato que les
permita formalizar y solemnizar jurídicamente su vínculo como medio para
constituir una  familia con mayores compromisos que la surgida de la unión de
hecho, que la regulación de esta figura corresponde al legislador, que no hay
lugar a que en esta sentencia la Corte proceda a diseñarla y a fijar su alcance
y que no cabe una sentencia de inexequibilidad diferida, pues no se ha
declarado la inconstitucionalidad de los preceptos acusados, dada la
importancia de la materia y de los derechos involucrados, la Corporación
considera pertinente dirigir un exhorto al Congreso de la República, a fin de
que se ocupe del análisis de la cuestión y de la expedición de una ley que, de
manera sistemática y organizada, regule la comentada institución contractual
como alternativa a la unión de hecho.” C-577 de 2011 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo
[57] “Es claro que la ausencia de
directrices legales para el procedimiento de consulta supone, en la práctica,
un serio obstáculo para el cumplimiento del deber estatal de consulta.  Nota la
Corte que actualmente en Colombia no existe un marco legal integral que regule,
en forma comprensiva y consistente con el derecho internacional y la
jurisprudencia constitucional, el derecho de los pueblos indígenas y las
comunidades afro descendientes a la consulta previa, libre e informada de las
medidas, legislativas, administrativas u otras, que les puedan afectar
directamente. En esta medida, la Corte exhorta al Congreso de la República a
que, en cumplimiento de las funciones democráticas que le son propias, expida
una regulación específica e integral sobre el proceso de consulta previa en
Colombia, acorde con las pautas trazadas por la Constitución Política y el
Derecho internacional de los derechos humanos, y –por supuesto- garantizando la
participación activa de los grupos étnicos del país en su definición.”
Sentencia C-317 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa.
[58] Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/embarazo-adolescente/anexo-cifras-embarazo-adolescente-en-colombia-documentoICFB-jul-2013.pdf
[59] Información consultada de la página en
internet del Ministerio de Educación. Disponible en:
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-353933.html
[60] Según cifras del ministerio la TEF para
las mujeres entre 15 y 19 años para el año 2005, era de 75 nacimientos por cada
1000 mujeres. Para el año 2013, dicha tasa fue de 69 lo cual sigue siendo
relativamente alta para dicho grupo poblacional.
[61] Según información del
Ministerio de Salud, en el año 2005 la tasa de fecundidad para este grupo de
edad fue de 2,9; para 2013 dicha tasa aumentó a 3,03 nacimientos por cada 1000
niñas. Esto quiere decir que para el año 2005 se registraron 6.459 nacidos
vivos y para el año 2014, 6.512.
[62] Sentencia C-085 de
2016. Fundamentos 3.5.3.5 y 3.5.3.6
[63] Las ideas
centrales que sustentan este salvamento de voto fueron tomadas del documento
"Educación para la sexualidad con bases
científicas". Documento de consenso de Madrid. Este documento fue
producto del encuentro de expertos internacionales reunidos en Madrid entre el
20 y 21 de junio de 2011 para deliberar sobre el tema. El documento fue
elaborado con la colaboración de la Asociación Española de Especialistas en
Sexología, la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, la Asociación
Mundial para la Salud Sexual, la Federación Latinoamericana de Sociedades de
Sexología, el Programa Modular de Salud sexual de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y el Instituto Espill de Sexología, Psicología y
Medicina. Disponible en www.desexologia.com. Consultado el 18 de abril
de 2016.
[64] Ibídem.
Fundamentos de la educación para la sexualidad.
[65] Ibídem.
[66] Promoción de la
salud sexual. Recomendaciones para la acción. Actas de una reunión de consulta
convocada por: Organización Panamericana de la salud (OPS) y Organización
Mundial de la Salud (OMS), en colaboración con la Asociación Mundial de
Sexología (WAS). Antigua Guatemala, Guatemala, 19 al 22 de mayo de 2000.
[67] Educación para la
sexualidad con bases científicas ". Documento de consenso de Madrid.
Estrategias para promocionar los programas y recursos necesarios.
[68] Orientaciones
Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Un enfoque basado en la
evidencia orientado a escuelas, docentes y educadores de la salud. UNESCO,
2010.
8. Ibídem.
[70] Comprehensive
Sexuality Education: Advancing Human Rights, Gender Equiality and Improved
Sexual and Reproductive Health. United Nations Population Fund (UNFPA). Bogotá
(Colombia). 2010).
[71]  Standards for Sexuality Education in Europe. WHO
Regional Office for Europe and Federal Centre for Health Education, BZgA.
Colonia, 2010.
[72]  Sentencia
C-085 de 2016. Fundamento 3.6.
[73] Ibídem.
[74] Corte Constitucional, sentencia
C-085 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; AV María Victoria Calle
Correa; SV Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Alberto
Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva). La Corte resolvió declarar exequible la
expresión ‘los establecimientos de educación media y superior’ contenida
en el artículo 14 de la Ley 1146 de 2007.
[75] Corte Constitucional, sentencia
T-440 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[76] Corte Constitucional, sentencia
T-440 de 1992 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[77] Corte Constitucional, sentencia
T-368 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).
[78] Corte Constitucional, sentencia T-368 de 2003 (MP
Álvaro Tafur Galvis). Se dijo al respecto: “(…) podría argüirse que el diseño y
la puesta en ejecución de los Proyectos de Educación Sexual, en definitiva, son
actividades propias del proceso educativo institucional, que comprometen la
libertad de enseñanza, investigación, aprendizaje y cátedra que el artículo 27
constitucional garantiza, pero debe puntualizarse que el ejercicio de éstas
libertades está ligado a las directrices trazadas por el mismo ordenamiento que
las reconoce, al punto que las características, contenidos y oportunidades
educativas deben conducir efectivamente a los educandos al pleno desarrollo de
su personalidad.”
Tal afirmación se funda en lo decidido en la sentencia T-337 de 1995 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz).
[79] La sentencia C-085 de 2016 cita
el siguiente apartado de la sentencia C-355 de 2006: “El derecho a estar libre
de interferencias en la toma de decisiones reproductivas supone por una parte
contar con la información necesaria para adoptar decisiones de esta naturaleza
y en esa medida está estrechamente relacionado con el derecho a una educación
sexual adecuada y oportuna, adicionalmente ‘protege a las personas de la
invasión o intrusión no deseada en sus cuerpos y otras restricciones no
consensuales a su autonomía física’ [Defensoría del Pueblo]”.
[80] Aunque la intervención del
Ministerio Público parecía sugerir que no debería darse educación sexual en
educación preescolar y básica (primaria y secundaria), este no era en estricto
sentido el problema jurídico planteado por la demanda de la referencia.
[81] A saber: Ley 1146 de 2007,
‘Artículo 11. Identificación temprana en aula. Los establecimientos educativos
oficiales y privados, que ofrezcan educación formal en los niveles de básica y
media, deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana,
prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que puedan
ser víctima, los educandos, dentro y fuera de los establecimientos educativos.
||  Artículo 12. Obligación de denunciar. El docente está obligado a
denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda
conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y
adolescentes del que tenga conocimiento.  ||  Artículo 13. Acreditación.
Los
docentes que tengan a su cargo el programa en educación para la sexualidad y
salud sexual y reproductiva en los establecimientos oficiales y privados,
deberán ser profesionales idóneos, capacitados en ese campo de manera que
posibiliten la detección y manejo de cualquier caso de abuso sexual de sus
estudiantes.  ||  Tales docentes deberán acreditar su perfil de conformidad con
las disposiciones y directivas emanadas del Ministerio de Educación Nacional’.
[82]
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[83]
M.P.
Clara Elena Reales Gutiérrez.
[84]  Sentencia
T-779 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt. T-476 de 2015
[85]
Sentencias C-376 de 2010. M.P Luis Ernesto
Vargas Silva y T-139 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[86]
Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
[87] El artículo 13 del Pacto señala: “a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a
todos gratuitamente; b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas,
incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular
por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; c) La enseñanza
superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; d) Debe fomentarse o
intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para
aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de
instrucción primaria; e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del
sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema
adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del
cuerpo docente. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a
respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de
escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las
autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el
Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o
pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones. (…).”
[88]
Observación
General No. 13 del Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, sobre
educación. 1999.
[89]
Sentencia T-440 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: “Lejos de ser un
simple recuento de anatomía, fisiología y de los métodos de control de la natalidad,
se trata de un verdadero proceso que se inicia desde el nacimiento y que tiene
en los padres a la instancia que más influencia ejerce en la misma. En efecto,
la conducta explícita e implícita de los padres, sus palabras, sus silencios,
gestos, actitudes, creencias y sus respuestas de todo orden a las exigencias,
manifestaciones y múltiples sentimientos de sus hijos determinan en gran medida
su patrón de comportamiento sexual, la identificación de sus roles y una parte
esencial de la estructura y funcionamiento de su psiquismo”.
[90]
M.P.
Álvaro Tafur Galvis.
[91]
Eduardo
Montealegre Lynett.
[92]
M.P.
Jaime Araujo Rentería; Clara Inés Vargas Hernández.
[93]
Sentencia C-355 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería; Clara Inés Vargas
Hernández. “El derecho a planear la propia familia ha sido definido como “la
posibilidad de todas las parejas de individuos a determinar en forma libre y
responsable el número e intervalo de los hijos y a tener la información y los
medios necesarios para ejercer esta prerrogativa”. Implica la obligación
estatal de adoptar medidas para ayudar a las parejas y a las personas a
alcanzar sus objetivos de procreación y de suministrar información en materia
planificación familiar y salud reproductiva.
El derecho a estar libre de interferencias en la
toma de decisiones reproductivas supone por una parte contar con la información
necesaria para adoptar decisiones de esta naturaleza y en esa medida está
estrechamente relacionado con el derecho a una educación sexual adecuada y
oportuna, adicionalmente “protege a las personas de la invasión o intrusión no
deseada en sus cuerpos y otras restricciones no consensuales a su autonomía
física”.
[94] Ver por ejemplo Sentencias C-754
de 2015 M.P.  Gloria Stella Ortiz Delgado; T-841 de 2011 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-627 de 2012  M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;  T-585 de 2010
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-388 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-209 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-988 de 2007 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto;  T-605/07 MP: Humberto Antonio Sierra Porto
[95]
Organización Panamericana de la Salud, Salud en las Américas. Volumen 1-Regional.
P.151. 2007, Washington D.C., OPS
[96] Sentencia C-131/14 MP:
Mauricio González Cuervo.
[97]
Sentencia
C-131/14 MP: Mauricio González Cuervo citando las sentencias C-098 de 1996 y
T-732 de 2009:
“5.2.4. Por otra parte, los
derechos sexuales reconocen la libertad sexual o bien el derecho que le asiste
a cada persona para decidir si quiere o no tener relaciones sexuales y con
quién, sin que exista violencia, coacción o interferencias arbitrarias de
terceros. Asimismo, protegen el acceso a servicios de salud sexual. Al
respecto, la Corte ha destacado que “la protección constitucional de la persona
en su plenitud, bajo la forma del derecho a la personalidad y a su libre
desarrollo (C.P., arts. 14 y 16), comprende en su núcleo esencial el proceso de
autónoma asunción y decisión sobre la propia sexualidad. Carecería de sentido
que la autodeterminación sexual quedara por fuera de los linderos de los
derechos al reconocimiento de la personalidad y a su libre desarrollo, si la
identidad y la conducta sexuales, ocupan en el desarrollo del ser y en el
despliegue de su libertad y autonomía, un lugar tan destacado y decisivo”.
[98]
M.P. Humberto Sierra Porto.
[99]
Sentencia T-732 de 2009 M.P. Humberto Sierra Porto “12.- De igual forma, los
derechos sexuales reconocen, respetan y garantizan la facultad de las personas
de acceder a servicios de salud sexual, los cuales deben incluir, básicamente:
(i) Información y educación oportuna, veraz,
completa y libre de prejuicios sobre todos los aspectos de la sexualidad (…)”.
[100] Sentencia T-732 de 2009 M.P. Humberto Sierra Porto:
“9.- Así mismo, los derechos reproductivos reconocen, respetan y garantizan
la facultad de las personas, en especial a las mujeres, de acceder a servicios
de salud reproductiva. Estos incluyen, entre otros,
(i) Educación e información sobre toda gama de métodos
anticonceptivos, acceso a los mismos y posibilidad de elegir aquél de su
preferencia, prestación que está reconocida en los artículos 10  y 12  de la
CEDAW y en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Niña“. Lo
anterior fue reiterado en las sentencias T-841 de 2011 M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; T-585 de 2010 M.P. Humberto Sierra Porto; T-502 de 2011 MP: Jorge
Ignacio Pretlt Chaljub
[101] Sentencia T-627 de 2012 M.P. Humberto Antonio
Sierra porto: “50.- En el grupo de los derechos conectados con el derecho a
la información en materia reproductiva resalta el derecho a la salud. Esto quedó
en evidencia en la Observación General 14 del Comité del PIDESC, quien entendió
el derecho a la salud como un derecho inclusivo que garantiza los principales
factores determinantes de la salud, dentro de los cuales, dijo, se encuentra el
acceso a educación e información sobre salud reproductiva .
Así las cosas, de acuerdo con el Comité DESC, “los
Estados deben abstenerse de (…) censurar, ocultar o desvirtuar intencionalmente
la información relacionada con la salud, incluida la educación sexual y la información
al respecto (…)”  y “velar asimismo porque terceros no limiten el acceso de las
personas a la información” . En ese sentido, “la ocultación o tergiversación
deliberadas de la información que reviste importancia fundamental para la
protección de la salud o para el tratamiento” viola el artículo 12 del PIDESC.
También sugiere el Comité “la organización de campañas de información, en
particular por lo que se refiere [a] (…) la salud sexual y genésica”.
[102] Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, International guidelines on sexuality
education: An evidence informed approach to effective sex, relationships and
HIV/STI education (2009).
[103] Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe
del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación,
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/462/16/PDF/N1046216.pdf?OpenElement
[104] Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe
del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación,
2010   http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/462/16/PDF/N1046216.pdf?OpenElement
[105] Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe
del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación,
2010  en el que se refiere a diferentes pronunciamientos de los distintos
comités. Pár. 24-31.
[106] Corte Europea de Derechos Humanos, Kjeldsen, Busk Madsen y
Pederson vs Dinamarca, aplicación no. 5095/71; 5920/72; 5926/72, 1976.
[107] Comité Europeo de Derechos Sociales, Interights vs
Croacia, petición 45/2007.
[108] Comité
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas, Recomendación
General 22 sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12),
E/C.12/GC/22, mayo 2016, pár. 28.
[109] Lo
anterior se ha establecido también en diferentes observaciones finales del
Comité de la CEDAW y del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas:
documentos A/54/38, párr. 56; CEDAW/C/LTU/CO/4, párr. 25; CEDAW/C/NGA/CO/6,
párr. 33; CRC/C/15/Add.137, párr. 48; CRC/C/15/Add.144, párr. 61;
E/C.12/1/Add.57, párr. 27; E/C.12/1/Add.62, párr. 47; y E/C.12/1/Add.65.
[110] Organización Mundial de la Salud, Vida familiar,
salud reproductiva y educación de la población: elementos clave de un colegio
que promociona la salud, serie sobre información de la salud en el colegio
http://www.who.int/school_youth_health/media/en/family_life.pdf; ONUSIDA,
Intensificando la prevención del VIH, documento de posición de política, 2005.
[111] Organización Mundial de la Salud,
Embarazo Adolescente, temas sobre salud y desarrollo de los adolescentes 2004,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42903/1/9241591455_eng.pdf.