T-354-94
Sentencia No
Sentencia
No. T-354/94
ACCION
POPULAR/ACCION DE TUTELA/DERECHOS FUNDAMENTALES-Protección/FALLA DEL SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE
Aunque las
acciones populares sean el medio de defensa judicial aplicable, en principio,
para la defensa de los intereses colectivos, cabe la tutela si está de por
medio, de modo concreto y cierto, un derecho fundamental del accionante que así
lo pruebe en su caso específico y que acredite la relación de causalidad
existente entre la acción u omisión que afecte el interés de la comunidad y su
propia circunstancia. Así, en el proceso que ocupa la atención de la Corte, si
bien está involucrado necesariamente el interés general por cuanto la causa que
genera la amenaza del derecho a la vida radica en la existencia de fallas que
ponen en peligro la seguridad pública,  resulta innegable que los accionantes,
miembros de esa comunidad y -como tales- expuestos en forma permanente al uso
de un vehículo de servicio público afectado por deficiencias técnicas, ven
amenazada su propia subsistencia de manera directa y específica, lo que
habilita la tutela para la protección de los derechos fundamentales en riesgo,
aunque la orden judicial idónea para lograr tal propósito deba cobijar, por la
naturaleza misma del asunto, al entorno social en cuyo medio ellos se
desenvuelven.
HECHO PUBLICO
NOTORIO-Exención de
pruebas/TRANSPORTE PUBLICO URBANO-Inseguridad/DERECHO A LA VIDA-Amenaza/DERECHO
A LA INTEGRIDAD PERSONAL
Es conocido el
principio jurídico de que los hechos públicos notorios están exentos de prueba
por carecer ésta de relevancia cuando el juez de manera directa -al igual que
la comunidad- tiene establecido con certeza y por su simple percepción que
algo, en el terreno fáctico, es de determinada forma y no de otra. Es
precisamente lo que ocurre en el presente caso con la inseguridad generalizada
de los medios de transporte público de común utilización en el Distrito Capital.
Para convencerse de las precarias condiciones técnicas y de mantenimiento del
equipo automotor que a diario se ven precisados a utilizar los habitantes de la
ciudad -entre ellos los accionantes- es suficiente la pura observación de lo
que en sus calles acontece todos los días. Hay una situación objetiva e
innegable de peligro para la vida y la integridad personal de quienes por
necesidad deben acudir en demanda del servicio público colectivo de transporte
urbano en la capital de la República.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-37699
Acción de tutela
instaurada por CARLOS OSSA ESCOBAR y JUAN CARLOS FLOREZ ARCILA contra la
Secretaría de Tránsito y Transportes de Santa Fe de Bogotá, D. C.
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Aprobada en Santa Fe
de Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de mil novecientos
noventa y cuatro (1994).
Se revisan los
fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
Los accionantes
estimaron que la omisión en el cumplimiento de las funciones encomendadas a la
Secretaría de Tránsito y Transportes de Santa Fe de Bogotá, D.C., ha ocasionado
una amenaza a sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal
(artículos 11 y 12 de la Constitución).
Manifestaron que
ellos hacen uso permanente del servicio público de transporte de buses y
busetas existentes en la ciudad capital y que en ese carácter podían afirmar la
deficiencia creciente en las condiciones de seguridad en que se movilizan tales
vehículos, con grave riesgo para los pasajeros.
Afirmaron como hecho
notorio el de que, debido al incumplimiento de las normas de seguridad, en los
días previos al ejercicio de la acción se presentaron hechos fatales en los
aludidos medios de transporte y que, como consecuencia de ello, se produjo la
pérdida de la vida de varias personas. Con ello -dijeron- se demuestra la
amenaza inminente al derecho fundamental que se solicita tutelar.
A su juicio,
respecto de la situación descrita no existe ningún otro medio o recurso de
defensa judicial, por lo cual acudieron a la acción de tutela como único
instrumento jurídico viable para la efectiva protección de sus derechos.
II. DECISIONES
JUDICIALES
El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera- resolvió negar la tutela
solicitada aduciendo que, según el artículo 2º del Decreto Reglamentario 306 de
1992 no procede la acción de tutela para hacer cumplir las leyes, los decretos,
los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.
Además -expresó el
Tribunal- en la solicitud no se especifica cuáles son las busetas que carecen
de las salidas de emergencia ordenadas por las normas legales y reglamentarias.
Impugnado el fallo
por los accionantes, correspondió al Consejo de Estado -Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso Administrativo- resolver en segunda instancia.
Estimó el Consejo de
Estado que la decisión impugnada debía confirmarse pues se ajustaba en todo su
universo a la ley y al derecho.
De la demanda
concluyó que los accionantes pretendían acogerse a la tutela para que la
Secretaría de Tránsito y Transportes exigiera a los transportadores individuales
del servicio cumplir con previas normas legales de seguridad, tales como
salidas de emergencia, puertas de acceso, etc.
Por tanto, en
criterio del fallador de segundo grado, fue acertada la conclusión del Tribunal
en el sentido de que la norma aplicable al caso era la ya enunciada del
artículo 2º del Decreto Reglamentario 306 de 1992.
Agregó, citando
sentencia anterior proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que la tutela no está consagrada en nuestro ordenamiento
jurídico para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto
administrativo sino para reclamar la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
Esta Corte es
competente para revisar los fallos cuyo resumen antecede, con arreglo a lo
previsto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y según el
Decreto 2591 de 1991.
Prioridad de
la protección de derechos fundamentales
Mediante la acción
de tutela instaurada se ha planteado en el presente caso la importante cuestión
de si el extraordinario mecanismo de protección constitucional resulta
procedente para amparar la vida de una determinada persona ante una amenaza
que, siendo real, no se cierne únicamente sobre ella sino que gravita sobre la
totalidad del conglomerado.
La respuesta dada
por los tribunales de instancia ha sido negativa, por cuanto han estimado, sin
entrar en el fondo del problema, que lo buscado por los accionantes se limitaba
al cumplimiento de unas normas legales y administrativas referentes al tránsito
urbano y que, para ello, el medio judicial idóneo no es el indicado en el
artículo 86 de la Constitución sino el previsto en el 87 Ibídem.
Para la Corte
Constitucional es claro, en cambio, que la inquietud jurídica planteada no
puede despacharse de manera tan pronta y que, por el contrario, el juez
constitucional está obligado a verificar si en el caso concreto está de por
medio o no la efectividad de un derecho fundamental y si el medio judicial que
se propone como alternativo a la tutela es verdaderamente adecuado para los
fines de su protección.
Han sido varias las
providencias de esta Corte en las que se ha puesto de presente que la
improcedencia de la tutela con base en el argumento de que existe otro medio de
defensa judicial únicamente tiene cabida si el instrumento al que se atribuye
la enunciada calidad resulta idóneo para lograr el objetivo buscado por la
Constitución, el cual no consiste en nada diferente de la cierta e indudable
defensa del derecho quebrantado o amenazado, mediante una orden judicial dotada
de la efectividad suficiente.
Como se afirmó en la
Sentencia T-003 del 11 de mayo de 1992, cuando el inciso 3º del artículo 86 de
la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial..." como presupuesto indispensable para entablar la
acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para
que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja
de su amenaza, es decir tiene que existir una relación directa entre el medio
de defensa judicial y la efectividad del derecho.
Quedan, pues,
excluidas como vías alternativas aquellas que consistan en soluciones
judiciales puramente formales o aparentes, es decir, deben ceder ante la tutela
aquellos medios que no gozan de aptitud para satisfacer de manera real la
necesidad de protección que ha llevado al accionante a acudir ante los jueces.
De lo dicho también
resulta que si el supuesto medio judicial alternativo tiene una finalidad
distinta a la que caracteriza el mecanismo de la tutela, esto es, la protección
inmediata y concreta de los derechos fundamentales en juego, aquél puede
constituir la vía indicada para alcanzar propósitos diversos dentro del marco
del régimen jurídico pertinente, pero ello no lo habilita como medio adecuado
para lograr el específico fin que la Constitución ha atribuido al amparo
judicial de que se trata.
Con las acciones de
cumplimiento, previstas en el artículo 87 de la Carta, ocurren los dos
fenómenos que se dejan expuestos:
1) Por una parte, la
falta de desarrollo legislativo hace imposible su actual aplicación, salvo el
caso de materias muy específicas como las tratadas en la Ley 99 de 1993 sobre
medio ambiente, tal como se desprende de la jurisprudencia trazada por esta
Corporación a partir de la Sentencia del 10 de diciembre de 1992 (M.P.: Doctor
Simón Rodriguez Rodriguez).
Entonces, si el
afectado encuentra que la defensa de su derecho estriba en el forzoso
cumplimiento de disposiciones vigentes y no puede acudir al mecanismo del
artículo 87 constitucional por no ser éste de aplicación inmediata, pero a la
vez se le niega la tutela aduciendo que ella es improcedente por existir un
medio judicial de defensa que radica precisamente en el ejercicio de aquella
acción, el aparato judicial del Estado está dejando al peticionario en el más
absoluto estado de indefensión, contra claros preceptos constitucionales.
Así, pues, el
indicado medio se torna en ilusoria posibilidad judicial, ajena a los
principios que inspiran el Estado Social de Derecho, erigiéndose, por paradoja,
en insuperable obstáculo para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
2) Pero, además, no
puede perderse de vista que el Constituyente introdujo en los artículos 86 y 87
de la Carta dos instituciones con alcances y propósitos diferentes: la tutela,
enderezada al objetivo específico de proteger los derechos fundamentales y la
acción de cumplimiento, encaminada al imperio del orden jurídico mediante la
cabal y plena realización de lo dispuesto en las leyes y los actos
administrativos.
Cuando en un
determinado caso -como el presente- a la amenaza o violación del derecho
fundamental está aparejado el incumplimiento de disposiciones legales o
reglamentarias, no puede alegarse que la existencia de un medio judicial para
contrarrestar lo segundo deba llevar necesariamente a la utilización de esa vía
para atacar lo primero. En otros términos, no por el hecho de existir un
instrumento judicial para el definido propósito de garantizar el acatamiento a
normas vigentes se convierte dicho instrumento, a la vez, en el indicado
exclusivamente para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales
afectados. Si para este fin ha sido estatuída la tutela y en efecto se
establece una amenaza o violación concreta del derecho, es procedente su
utilización con ese objeto específico aunque, de paso, se procure u obtenga el
cumplimiento de leyes o actos administrativos en vigor.
Tal ocurre
igualmente con las acciones populares a que se refiere el artículo 88 del
Ordenamiento Superior, como en reiterada jurisprudencia lo ha sostenido la
Corte Constitucional, pues aunque sea aquel el medio de defensa judicial aplicable,
en principio, para la defensa de los intereses colectivos, cabe la tutela si
está de por medio, de modo concreto y cierto, un derecho fundamental del
accionante que así lo pruebe en su caso específico y que acredite la relación
de causalidad existente entre la acción u omisión que afecte el interés de la
comunidad y su propia circunstancia (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-539 del 22 de noviembre de 1993). En tales casos "la
conexidad por razón del ataque a los derechos colectivo y fundamental genera
(...) una unidad en su defensa, que obedece tanto a un principio de economía
procesal como de prevalencia de la tutela sobre las acciones populares, que de
otra manera deberían aplicarse independientemente, como figuras autónomas que
son" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-254
del 30 de julio de 1993. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell).
Así, en el proceso
que ocupa la atención de la Corte, si bien está involucrado necesariamente el
interés general por cuanto la causa que genera la amenaza del derecho a la vida
radica en la existencia de fallas que ponen en peligro la seguridad pública,
valor protegido mediante acciones populares por el artículo 88 de la
Constitución, resulta innegable que los accionantes, miembros de esa comunidad
y -como tales- expuestos en forma permanente al uso de un vehículo de servicio
público afectado por deficiencias técnicas, ven amenazada su propia
subsistencia de manera directa y específica, lo que habilita la tutela para la
protección de los derechos fundamentales en riesgo, aunque la orden judicial
idónea para lograr tal propósito deba cobijar, por la naturaleza misma del
asunto, al entorno social en cuyo medio ellos se desenvuelven.
La protección
de los derechos a la vida y a la integridad personal, responsabilidad esencial
del Estado
Es obligación
primaria de las autoridades la de proteger a todas las personas residentes en
Colombia en sus vidas y en sus demás derechos, entre ellos el de la integridad
personal, tal como lo proclama el artículo 2º de la Constitución. Allí radica
en gran parte la justificación de la existencia y actividad del Estado, por
cuanto sería nulo todo esfuerzo por sostener la vigencia de un conjunto de
instituciones sin el presupuesto indispensable de que los organismos existentes
gozan de la capacidad necesaria para poner a salvo los más elementales derechos
de toda persona. Así, en lo que concierne específicamente al derecho a la vida,
de nada sirve todo un complejo normativo y orgánico de altísimo costo si no
existen cuando menos motivos razonables y dignos de crédito para pensar que el
engranaje institucional operará de modo oportuno y eficiente para brindar a los
asociados un mínimo de protección.
El derecho a la
vida, como supremo derecho fundamental (artículo 11 de la Constitución), es el
soporte sobre el cual se desarrollan los demás derechos y su efectiva
protección corresponde a la plena vigencia de los fines del Estado Social de
Derecho.
En ese orden de
ideas, cada organismo estatal, dentro de la órbita de sus atribuciones, tiene
la responsabilidad, exigible coercitivamente, de hacer uso eficiente de los
recursos y medios a su disposición para garantizar que, en el área a su
cuidado, los derechos de las personas, en especial los fundamentales, serán
objeto prioritario de su actividad.
Dentro de tal
contexto, el cumplimiento mecánico de disposiciones, despojado de la
perspectiva constitucional que debe permear toda función pública, no libera a
las dependencias del Estado ni a quienes las dirigen de la responsabilidad
primaria que la Carta les impone al señalar los fines del Estado: "servir
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)";
"...proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida,
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y ... asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"
(Artículo 2º de la Constitución).
Por otra parte, en
lo que se refiere a los servicios públicos, inherentes a la finalidad social
del Estado, es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional, según lo dispone el artículo 365 de la
Carta, norma que se ocupa en recalcar que las autoridades mantendrán la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
A los enunciados
principios superiores no escapa, entonces, la prestación del servicio público
del transporte colectivo urbano, objeto del presente proceso, máxime si se
tiene en cuenta que se trata de una actividad de suyo riesgosa en la que los
descuidos en las funciones de vigilancia y control de competencia de las
autoridades públicas pueden representar atentado a la vida y la integridad de
las personas.
La obligación
estatal de protección -que se establece de manera genérica en el Preámbulo de
la Carta, al señalar que uno de los propósitos de su vigencia es precisamente
el de asegurar la vida a los integrantes de la comunidad, y que está
desarrollada en diversas normas constitucionales- adquiere una mayor dimensión
tratándose de actividades peligrosas, como es el caso del servicio público de
transporte masivo o colectivo, pues en tal evento corresponde a la autoridad
competente proveer todas las condiciones necesarias para que dicha actividad no
rebase los límites de riesgo, de por sí implícito en ella.
De la demanda de
tutela se desprende que los accionantes -usuarios cotidianos de dicho servicio,
según lo afirman, sin que se haya esgrimido prueba alguna en contrario- temen
por sus vidas y por su integridad personal en cuanto el parque automotor
actualmente destinado al tráfico de pasajeros en Santa Fe de Bogotá, Distrito
Capital, en las modalidades de buses, busetas y microbuses, presenta
ostensibles deficiencias de carácter técnico y de seguridad que implican
posibilidades serias y próximas de fatales accidentes.
Han acudido los
demandantes al concepto del hecho público notorio, con el objeto de obtener
protección sin necesidad de aportar mayores pruebas acerca de la situación que
plantean.
Ha sido constante la
jurisprudencia constitucional en sostener que el juez de tutela no puede
basarse en la sola afirmación del quejoso para conceder el amparo solicitado,
pues resulta necesario establecer sin género de dudas que se configura el
presupuesto básico exigido por el artículo 86 de la Constitución para que tenga
cabida la orden judicial pertinente, a saber que en efecto la acción o la
omisión de la autoridad, o de particulares en su caso, han conducido a una
situación fáctica de verdadera violación o amenaza de derechos fundamentales.
Ello resulta apenas
natural dentro de un sistema jurídico que vela por la administración de
justicia en el marco del debido proceso (artículo 29 de la Constitución) y que
exige al juez sustentar sus decisiones en la solidez de realidades por él
establecidas y no meramente intuídas o sospechadas.
Si bien la acción de
tutela corresponde, de acuerdo con la definición constitucional, a un procedimiento
preferente y sumario, estas características no se oponen a la debida y
necesaria prueba de la vulneración o el riesgo del derecho invocado para que
sea factible y procedente la protección judicial inmediata.
La Corte estima
necesario ratificar en este caso las aludidas directrices jurisprudenciales,
que no riñen con la teoría del hecho notorio cuando su presencia, establecida
por el juez dentro del criterio de su razonable apreciación, conduce a la
concesión de la tutela para brindar oportuna y cierta protección a derechos
fundamentales violados o amenazados.
Es conocido el
principio jurídico de que los hechos públicos notorios están exentos de prueba
por carecer ésta de relevancia cuando el juez de manera directa -al igual que
la comunidad- tiene establecido con certeza y por su simple percepción que
algo, en el terreno fáctico, es de determinada forma y no de otra.
Es precisamente lo
que ocurre en el presente caso con la inseguridad generalizada de los medios de
transporte público de común utilización en el Distrito Capital. Para
convencerse de las precarias condiciones técnicas y de mantenimiento del equipo
automotor que a diario se ven precisados a utilizar los habitantes de la ciudad
-entre ellos los accionantes- es suficiente la pura observación de lo que en
sus calles acontece todos los días; la referencia a los constantes reportes de
las propias autoridades de tránsito; la permanente y abundante información
suministrada por los medios de prensa sobre frecuentes irregularidades y accidentes,
algunos de ellos de inusitada gravedad, como los recientemente ocurridos, no
menos que las cotidianas obstrucciones de las vías públicas ocasionadas por
daños que inmovilizan los vehículos de servicio público.
En lo concerniente a
seguridad, es conocido por todos que, en buena proporción, los automotores
destinados al servicio público en las modalidades de buses, busetas y
microbuses carecen de mecanismos adecuados para su fácil evacuación en caso de
accidente; no tienen puertas de salida ni ventanas de emergencia y sus
condiciones técnicas resultan deplorables; muchos de ellos son obsoletos y
otros muestran deficiencias en la periódica revisión a que están obligados sus
propietarios.
La locomoción de
quienes se ven obligados a tomar el servicio que nos ocupa no debe convertirse,
como de hecho sucede en la actualidad, en una aventura diaria de supervivencia,
en donde el usuario se encuentra en condiciones de indefensión manifiesta ante
una situación de inseguridad de la cual sería responsable el Estado si no asume
de manera seria y efectiva la grave responsabilidad de vigilancia que le
compete.
Es cierto, por
tanto, que las vidas de los habituales usuarios de tales vehículos -la mayoría
de la población- se hallan en evidente peligro por cuanto, en el momento de
emplearlos, la persona que necesita el servicio no está en posibilidad de
escoger el automotor al cual accede ni de verificar técnicamente cuál es su
estado mecánico, de operación y funcionamiento.
Hay, pues, una
situación objetiva e innegable de peligro para la vida y la integridad personal
de quienes por necesidad deben acudir en demanda del servicio público colectivo
de transporte urbano en la capital de la República.
Siendo los
demandantes usuarios de dicho servicio, como lo han afirmado sin que exista
prueba en contrario, sus derechos están amenazados de manera cierta e inminente
mientras no se lleve a cabo una actividad administrativa programada y coherente
orientada a la verificación y el control sobre el estado actual del parque
automotor del servicio público al que se viene aludiendo.
En lo que respecta a
la legitimidad de los accionantes, aspecto esencial para la prosperidad de la
acción de tutela, bien definido tiene la Corte que ésta es un medio procesal
específico condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez
de una situación de fehaciente y real amenaza o violación de derechos
fundamentales. Ha de tener el peticionario un interés jurídico actual y
suficiente como para pedir el amparo del juez en concreto, "de tal modo
que, ante la certidumbre de la circunstancia tutelable, pueda aquél impartir
una orden también concreta y definida enderezada al fin protector señalado por
el Ordenamiento constitucional" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de
Revisión. Sentencia T-551 del 30 de noviembre de 1993).
Esa legitimidad
resulta clara en el proceso bajo examen, pues, establecido que los accionantes
residen en la ciudad de Santa Fe de Bogotá y que hacen uso permanente del
servicio público de transporte masivo al que se refiere esta providencia, no
cabe duda de que existe para ellos una amenaza de daño a sus derechos a la vida
e integridad si se tiene en cuenta el hecho público y notorio de la actual y
generalizada inseguridad dentro de la cual dicho servicio se viene prestando.
Nótese que el
presente caso difiere claramente del que tuvo oportunidad de conocer la Corte
cuando varios eventuales usuarios del transporte aéreo pretendían la adopción
de medidas generales alegando peligro para sus vidas por la deficiente
infraestructura de algunas instalaciones aeroportuarias (Sentencia T-551 del 30
de noviembre de 1993), toda vez que en la mencionada ocasión no pudo
acreditarse por parte de los peticionarios un peligro real e inminente en cuanto
se trataba de pasajeros esporádicos que, además, no probaron verse precisados a
viajar siempre en las rutas que conducían a los terminales de cuyas
deficiencias se quejaban.
En este proceso, en
cambio, está la Corte ante la evidencia de un riesgo ordinario habida cuenta
del necesario uso del transporte público colectivo urbano.
La amenaza, que,
según la jurisprudencia de la Corte, se nos presenta como una violación
potencial inminente y próxima respecto de la cual la función protectora del
juez consiste en evitarla, tiene múltiples expresiones, entre las cuales se
encuentra, como lo ha dicho esta Corporación, "la omisión de la autoridad
cuya prolongación en el tiempo permite que aparezca o se acreciente un
riesgo" (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-349 del 27 de agosto de
1993).
Ante ella, "el
juez que establece con certeza la violación o amenaza del derecho, apreciándola
en el caso específico y considerando las circunstancias del solicitante,
imparte una orden al responsable para que actúe o se abstenga de hacerlo".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-479 del 26 de
octubre de 1993). Esta orden tiene que ser proporcionada a la agresión y
encaminada al imperio del derecho en el evento concreto y en principio con efectos
particulares, a no ser que, en casos como el presente, la única forma de
tutelar efectivamente el derecho individual invocado sea el establecimiento de
unas condiciones generales que contrarresten de manera segura la amenaza que se
cierne sobre aquél.
Así las cosas, halla
la Corte imperativo revocar las sentencias de instancia, por las razones
mencionadas, y tutelar los derechos a la vida y a la integridad personal,
impartiendo una orden perentoria a la Secretaría de Tránsito y Transportes de
Santa Fe de Bogotá, D.C., en el sentido de que, en un término máximo de 48
horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, planifique e
inicie una revisión de la totalidad de los vehículos actualmente destinados a
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las
modalidades de buses, busetas y microbuses, a fin de garantizar que todos ellos
cumplen los requisitos establecidos en la normatividad vigente al momento de
efectuar la revisión, en lo concerniente a las condiciones mínimas de seguridad
para la vida y la integridad física de los usuarios.
Desde luego, estima
la Corte que la urgencia en la inmediata atención de la problemática descrita
implica necesariamante la fijación de un término máximo dentro del cual debe
efectuarse la revisión, con la advertencia de que el vehículo en el cual se
detecte el incumplimiento de las expresadas condiciones mínimas de seguridad
debe ser retirado ipso facto del servicio.
Ahora bien, es
entendido que la Secretaría de Tránsito y Transportes habrá de actuar en el
cumplimiento de este fallo dentro de la órbita de sus atribuciones legales y
reglamentarias y con arreglo a la normatividad vigente en los aspectos materia
de protección.
La Secretaría de
Tránsito y Transportes tendrá en cuenta la necesaria aplicación del fin
señalado por la Constitución a las autoridades en el sentido de que éstas han
sido establecidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución), puesto que hay
derechos fundamentales de por medio y es necesario hacer realidad el principio
constitucional de la solidaridad (artículo 1º de la Constitución). Dicha
dependencia oficial exigirá con el mayor rigor a las empresas y propietarios de
los vehículos el cabal sometimiento de éstos a la revisión en la forma y dentro
de las modalidades que la misma Secretaría determine, siempre sobre la base de
la efectividad de la orden impartida en esta sentencia.
DECISION
Con fundamento en
las consideraciones expuestas, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.-  REVOCAR las sentencias proferidas en el
asunto de la referencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado los días 25 de marzo y 28 de abril de 1994, respectivamente, al resolver
sobre la acción de tutela instaurada por CARLOS OSSA ESCOBAR y JUAN CARLOS
FLOREZ ARCILA.
Segundo.- TUTELAR los derechos a la vida y a la
integridad personal de los accionantes, actualmente amenazados en virtud de las
protuberantes fallas de seguridad que presenta el transporte público colectivo
urbano en las modalidades de buses, busetas y microbuses en Santa Fe de Bogotá,
D.C.
Tercero.- ORDENASE a la Secretaría de Tránsito y
Transportes de Santa Fe de Bogotá, D.C., que en un término no superior a las
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente
fallo, planifique e inicie un programa de revisión de la totalidad del parque
automotor que en la ciudad se destina al transporte público colectivo en las
modalidades de buses, busetas y microbuses.
El programa de
revisión deberá culminar en un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles
contados desde su iniciación.
La Secretaría de
Tránsito y Transportes de Santa Fe de Bogotá, D.C., retirará del servicio en
forma inmediata todos aquellos vehículos que no cumplan en su integridad las
condiciones mínimas de seguridad necesarias para garantizar a los pasajeros su
vida e integridad personal, de conformidad con las normas vigentes al momento
de efectuar la revisión.
Cuarto.- El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca velará por el exacto cumplimiento de la presente sentencia.
Quinto.- ADVIERTESE a la Secretaría de Tránsito y
Transportes de Santa Fe de Bogotá, D.C., que el desacato a lo dispuesto en esta
providencia se sancionará de conformidad con los artículos 52 y 53 del Decreto
2591 de 1991.
Sexto.- LIBRESE la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA VERGARA            ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General