T-543-95
Sentencia No
Sentencia No.
T-543/95
DERECHO DE ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Improcedencia de la denegación de la acción de tutela/ACCION DE
TUTELA-Improcedencia de la denegación
El acudir a la
acción de tutela es, en sí mismo, un derecho fundamental cuyo ejercicio no
puede ser negado a persona alguna, entre otras razones por la muy poderosa de
que al hacerlo se obstruiría el acceso del individuo a la administración de
justicia, que es igualmente un derecho fundamental, máxime si la obstrucción
afecta la posibilidad de la defensa de otros derechos fundamentales. La
negativa de la acción representaría nada menos que la inaplicación del artículo
86 de la Carta, es decir, ab initio, el cierre de toda posibilidad de
que un juez de la República considere el caso de quien estima que sus derechos
fundamentales son objeto de violación o amenaza. Con ello se rompería el
principio de igualdad, en cuanto ese peticionario sería injustificadamente
discriminado y, por contera, se desconocería el sentido mismo de la acción,
evadiendo el juez el cumplimiento de la función básica que se le confía en
guarda de los derechos constitucionales, y se frustraría el propósito del Constituyente
de "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución". En cambio, dando paso al ejercicio de la
acción, puede el juez negar la tutela que mediante ella se solicita, si halla
que no han ocurrido los hechos alegados, que no implican violación ni amenaza
de derechos fundamentales, o que la tutela era improcedente, lo cual
corresponde al ejercicio de su función, independientemente de la decisión que
adopte y de los argumentos jurídicos en que se funde para ello.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Club social/ACCION
DE TUTELA-Improcedencia respecto de Club social
Los problemas
suscitados entre los clubes sociales y sus socios son de carácter estrictamente
privado y que no pueden encontrar respuesta en determinaciones de los jueces de
tutela por cuanto, para solucionarlos, existen otros medios judiciales que no
son menos idóneos que el previsto en la Carta Política para resguardar los
derechos que puedan hallarse en peligro o que hayan sido o estén siendo objeto de
violación. El alegato de los actores está referido a un conflicto con la Junta
Directiva del Club originado en un acto proferido por ella que puede ser
atacado por la vía judicial ordinaria. En efecto, no solamente puede atacarse
ante la justicia civil la decisión del órgano social sino que existe la
posibilidad de pedir la suspensión del acto impugnado, en los términos del
Código de Procedimiento Civil, con lo cual se obtiene un efecto similar al de
la tutela. Tal figura legal hace innecesaria e inaplicable la tutela como
mecanismo transitorio, pues sin acudir a ella el peticionario logra detener
temporalmente los efectos del acto que en su sentir lo perjudica y que dice ser
contrario a la ley, mientras se decide de fondo.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Admisión de
segunda esposa como socia de Club
El más grave
riesgo es el de que esta última siga sin ser admitida al Club en calidad de
esposa de aquél o como socia, circunstancia que, aún a pesar de la ilegalidad
que pudiera llegar a deducirse respecto del acto que la provoca, no representa
un daño de carácter irreparable y grave para ninguno de los derechos
fundamentales de las personas accionantes. Bien pueden aguardar la
determinación judicial que defina su controversia con el Club sin que se haga
imperativo el uso de un mecanismo como el de la tutela transitoria, que supone
un evento extremo y delicado de amenaza para derechos inherentes a la persona
humana, cuya defensa inmediata se sobrepone incluso a la competencia de los
jueces ordinarios, al menos temporalmente, con miras a la prevalencia del
derecho sustancial.
DERECHO DE
ASOCIACION-Club social
El derecho de
asociación incluye la posibilidad de constituir personas jurídicas sin ánimo de
lucro destinadas a satisfacer intereses comunes en el campo de la vida social y
la recreación -los denominados clubes sociales-, dentro de un sistema normativo
propio en el cual se pueden determinar aquellas características y requisitos
que deben reunir los socios, así como las reglas referentes a su admisión. En
tales entidades el derecho de asociación incorpora la prerrogativa de decidir
quiénes serán los consocios, lo que equivale a establecer que, dentro de los
correspondientes estatutos, todo socio debe hallarse en posibilidades de
participar en la escogencia de nuevos asociados. De la misma manera, la
normatividad adoptada libremente por los asociados debe establecer reglas
acerca del comportamiento exigido a los socios y de las cargas que se les
imponen, así como de los derechos que pueden ejercer y, por supuesto, sobre la
manera de terminar el vínculo con la asociación, por parte del afiliado, y de
excluir al socio, por parte del club.
DEBIDO PROCESO-Club social Los Arrayanes
En cuanto se
trate de adoptar decisión que implique la imposición de sanciones, tiene aplicación
el derecho al debido proceso, por lo cual normas generales previamente
definidas y conocidas por los asociados deben indicar las conductas
sancionables, o faltas, las sanciones correspondientes y las mínimas garantías
para la defensa de quien sea sindicado.
DERECHO DE
ASOCIACION-Libertad del
club para darse sus estatutos
A la luz de la
Constitución, los asociados gozan de la más amplia libertad para estructurar el
régimen jurídico particular al que se obligan, por lo cual, mientras se sometan
a él y, desde luego, a la Constitución y a la ley, pueden resolver de manera
autónoma y a nivel interno los problemas que surjan entre la persona jurídica y
los socios o entre éstos por causa o con ocasión del contrato.
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Autonomía
para definir el estado civil/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Autonomía
para definir el estado civil/DEMANDA DE TUTELA-Autonomía para definir
estado civil
Si una persona
casada decide libremente acogerse a la normatividad para poner fin al vínculo
establecido con otra y, también en ejercicio de su libertad, resuelve
establecer un nuevo lazo afectivo, bien sea matrimonial o de unión permanente,
nadie extraño a los interesados puede legítimamente controvertir esa decisión,
ni descalificarla. La nueva esposa o compañera, o el nuevo esposo o compañero,
tienen derecho a su condición mientras el establecimiento del nuevo vínculo no
vulnere las normas legales pertinentes y, en caso de que esto último acontezca,
queda en manos del juez competente la imposición de las sanciones a que haya
lugar, según las reglas que la legislación tiene previstas para sancionar
conductas como la bigamia. La ausencia de este respeto a la autonomía vulnera
no solamente el libre desarrollo de la personalidad sino el derecho a la
intimidad. Se puede pertenecer a instituciones educativas, empresas,
asociaciones o sociedades sin que el vínculo correspondiente ni en el trato
dado al individuo dentro de ellas pueda depender de situaciones surgidas por
razón del libre ejercicio de su derecho a mantener el vínculo matrimonial o la
unión permanente con una determinada pareja o de instaurar ese tipo de
relaciones con otra.
-Sala Quinta de Revisión-
Ref.: Expediente
T-75981
Acción de tutela
instaurada por Alfonso Pontón Espinosa y Gladys Rincón Galindo contra el Club
Campestre "Los Arrayanes".
Magistrado
Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de
mil novecientos noventa y cinco (1995).
Se revisan los
fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
Según la demanda,
encontrándose divorciado por sentencia judicial desde el 22 de mayo de 1993,
ALFONSO PONTON ESPINOSA, socio del Club Campestre "LOS ARRAYANES"
desde hace dieciocho años, contrajo segundas nupcias con GLADYS RINCON GALINDO
el día 20 de agosto del mismo año.
De acuerdo con el
artículo 10 de los Estatutos del Club, el derecho de los socios al uso de sus
instalaciones "se hace extensivo al cónyuge, a la madre, hijas legítimas
solteras de cualquier edad e hijos legítimos menores", sin perjuicio de lo
previsto a favor de los hijos legítimos mayores.
En septiembre de
1993, al solicitar el carnet para su nueva esposa, le fue expedido, pero la
Junta Directiva del Club decidió por sí y ante sí -dice la demanda- que la
señora GLADYS RINCON debía someter su nombre al trámite previsto para la
admisión de un nuevo socio, sin que al efecto mediara facultad estatutaria
alguna.
Al accionante se
informó que Gladys Rincón no había sido admitida pero se le expidió carnet
mediante el cual se la acreditaba como esposa de socio.
No obstante, el 20
de abril de 1995, Alfonso Pontón recibió una carta en la cual le comunicaban
que su señora no era recibida en el Club y le pedían devolver el carnet a ella
otorgado.
Según el actor, para
justificar la inaplicación del artículo 10 de los estatutos, la carta en
referencia dijo que la decisión se adoptaba "en interpretación" de
los mismos.
Consideró el
demandante que la Junta Directiva del Club Campestre "Los Arrayanes"
violó sus derechos fundamentales a la igualdad, a la honra y al buen nombre, a
la intimidad familiar, a la libre asociación y al libre desarrollo de la
personalidad.
II. DECISIONES
JUDICIALES
La Sala de Familia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante
sentencia del 1º de junio de 1995, resolvió denegar "la acción de tutela
impetrada" por las siguientes razones:
- No existen
evidencias fácticas que, en el caso sub-lite, demuestren el peligro en
que se encuentran los derechos fundamentales invocados, para configurar un
perjuicio irremediable en los términos de la jurisprudencia constitucional,
"pues no puede suponerse que sean necesarias medidas urgentes frente al
problema de la admisión de GLADYS RINCON GALINDO como socia del club social del
que es socio su esposo".
- La acción de
tutela fue incoada contra un particular y en el asunto considerado no se
cumplieron los requisitos constitucionales para que pudiera ser instaurada
contra el Club Campestre "Los Arrayanes".
- La acción de
tutela es de naturaleza residual y en esta ocasión el accionante cuenta con
otros medios de defensa judicial para hacer efectivos sus derechos: el
determinado en el numeral 6º del artículo 408 del Código de Procedimiento
Civil.
Impugnada como lo
fue la providencia, se confirmó por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, mediante fallo del 10 de julio de 1995.
A juicio de la
Corporación, la acción se enfiló contra una persona jurídica de derecho privado
respecto de la cual el socio no se encuentra en relación de subordinación ni de
indefensión. Autónomamente  puede tomar en cualquier momento la decisión de
dejar de pertenecer a la entidad y para la defensa de sus derechos existe otro
recurso o vía judicial, pues los accionantes habían podido entablar ante la
jurisdicción ordinaria la impugnación del acto o decisión de la Junta Directiva
del Club.
Para el 23 de mayo
de 1995, cuando se presentó la acción de tutela, transcurría el término de dos
meses a que alude el artículo 421 del Código de Procedimiento Civil para
proponer la demanda ordinaria en referencia, con el agregado de que en la misma
podía pedirse la suspensión del acto atacado.
Además, según los
estatutos, subsiste para los petentes el derecho de solicitarle a la Asamblea
General del Club que tome la decisión pertinente en torno al caso, por ser la
autoridad suprema de esa entidad.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para revisar los mencionados fallos, según lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y en los términos
del Decreto 2591 de 1991.
La denegación
de la tutela. Diferencia de este concepto con la denegación de la acción.
Por razones que,
como se verá, son plenamente válidas, el Tribunal Superior de Santa Fe de
Bogotá encontró que la tutela incoada no podía concederse.
En la parte
resolutiva de su sentencia, el Tribunal incurre en una imprecisión que se hace
imperativo corregir a la luz de la Carta Política, pues resuelve "denegar
la acción de tutela impetrada".
Para la Corte es
claro que, ejercida en un caso concreto la acción prevista en el artículo 86 de
la Constitución, el juez puede negarla o concederla, según que halle o no
configurados los supuestos de hecho que ameritan la protección judicial por
violación o amenaza de los derechos fundamentales, previa definición acerca de
si era procedente o improcedente.
La Constitución
autoriza al fallador para negar la protección que se le solicita, pero no le
permite negar la acción.
Debe, pues,
establecerse clara diferencia entre los dos conceptos, con el fin de
desarrollar a cabalidad los preceptos superiores. No puede confundirse la
acción con el objeto de la misma. Como tampoco el derecho de accionar con el
derecho específico que en el caso examinado judicialmente pueda tenerse a que
el juez imparta la orden que concrete la protección requerida.
Bien es cierto que
la acción de tutela se erige en garantía orientada a la protección de los
derechos fundamentales, es decir, en mecanismo práctico con suficiente aptitud
para hacer efectivos los términos teóricos en que se concibe el texto
constitucional, pero no lo es menos que el de acudir a la acción de tutela es,
en sí mismo, un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser negado a
persona alguna, entre otras razones por la muy poderosa de que al hacerlo se
obstruiría el acceso del individuo a la administración de justicia (artículo
229 C.P.), que es igualmente un derecho fundamental, máxime si la obstrucción
afecta la posibilidad de la defensa de otros derechos fundamentales.
La negativa de la
acción representaría nada menos que la inaplicación del artículo 86 de la
Carta, es decir, ab initio, el cierre de toda posibilidad de que un juez
de la República considere el caso de quien estima que sus derechos
fundamentales son objeto de violación o amenaza. Con ello se rompería el
principio de igualdad (artículo 13 C.P.), en cuanto ese peticionario sería
injustificadamente discriminado y, por contera, se desconocería el sentido
mismo de la acción, evadiendo el juez el cumplimiento de la función básica que se
le confía en guarda de los derechos constitucionales, y se frustraría el
propósito del Constituyente -que es fin primordial del Estado en los términos
del artículo 2º C.P.- de "garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución".
En cambio, dando
paso al ejercicio de la acción, puede el juez negar la tutela que mediante ella
se solicita, si halla que no han ocurrido los hechos alegados, que no implican
violación ni amenaza de derechos fundamentales, o que la tutela era
improcedente, lo cual corresponde al ejercicio de su función,
independientemente de la decisión que adopte y de los argumentos jurídicos en
que se funde para ello.
Improcedencia
de la tutela para resolver conflictos puramente particulares que encuentran
solución ante los jueces ordinarios
Por solicitud de uno
de los magistrados de esta Sala, quien proponía un cambio de jurisprudencia en
cuanto a la posibilidad de instaurar acciones de tutela contra actos emanados
de los clubes sociales, los términos fueron suspendidos y puesto el asunto en
consideración de la Sala Plena, según lo mandado por el artículo 34 del Decreto
2591 de 1991 y en el Reglamento de la Corporación
El Pleno de la Corte
resolvió no modificar la jurisprudencia y en la fecha ha ordenado que vuelvan
las diligencias a la Sala Quinta de Revisión para sentencia.
La jurisprudencia
que ahora se ratifica ha sostenido invariablemente que los problemas suscitados
entre los clubes sociales y sus socios son de carácter estrictamente privado y
que no pueden encontrar respuesta en determinaciones de los jueces de tutela
por cuanto, para solucionarlos, existen otros medios judiciales que no son
menos idóneos que el previsto en el artículo 86 de la Carta para resguardar los
derechos que puedan hallarse en peligro o que hayan sido o estén siendo objeto
de violación.
Recuérdanse, entre
otras, las sentencias números T-099 del 24 de febrero de 1993 y T-120 del 21 de
marzo de 1995, proferidas por las salas Cuarta y Quinta de Revisión.
En ellas ha expresado
la Corte:
"El hecho de
que un socio acate los estatutos y las decisiones de la Junta Directiva de una
corporación a la que voluntariamente se asoció, no implica dependencia o
sujeción alguna, porque el socio no se encuentra bajo las ordenes de  la
entidad, salvo el caso del legítimo desarrollo de los estatutos que aquél
voluntariamente conoció y consintió al afiliarse. Por ello para esta Sala de
Revisión de la Corte Constitucional tampoco se presenta esta especial
circunstancia".
"La acción de
tutela -ha repetido esta Corte- tiene por objeto específico y exclusivo la
protección inmediata de los derechos fundamentales cuando éstos son violados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad o de particulares. En
cuanto a los segundos, como lo subrayó con acierto el Tribunal, la acción de
tutela no procede en principio, a menos que se hallen encargados de la
prestación de un servicio público, asuman una conducta que afecte grave y
directamente el interés colectivo, o respecto de ellos el solicitante se halle
en estado de subordinación o indefensión, y que la ley contemple por vía
general la procedencia del amparo.
Los clubes
deportivos, que son personas jurídicas de Derecho Privado, no se encuentran
cobijados normalmente por ninguna de las indicadas hipótesis".
La expuesta doctrina
debe hacerse valer en el presente caso, y así se hará, sobre el supuesto de que
el alegato de los actores está referido a un conflicto con la Junta Directiva
del Club "Los Arrayanes" originado en un acto proferido por ella que
puede ser atacado por la vía judicial ordinaria, tal como lo expresaron el
Tribunal de Distrito y la Corte Suprema de Justicia.
En efecto, no
solamente puede atacarse ante la justicia civil la decisión del órgano social
sino que existe la posibilidad de pedir la suspensión del acto impugnado, en
los términos del artículo 421 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual se
obtiene un efecto similar al de la tutela.
La norma es del
siguiente tenor literal:
"ARTICULO
421.-Impugnación de actos de asambleas, juntas directivas o de socios. La
demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas de accionistas o de
juntas directivas o de socios de sociedades civiles o comerciales, sólo podrá
proponerse dentro de los dos meses siguientes a la fecha del acto respectivo, y
deberá dirigirse contra la sociedad; si se tratare de acuerdos o actos sujetos
a registro, el término se contará desde la fecha de la inscripción.
En la demanda podrá
pedirse la suspensión del acto impugnado; el juez la decretará si la considera
necesaria para evitar perjuicios graves y el demandante presta caución en la
cuantía que aquél señale. Este auto es apelable en el efecto devolutivo".
Ahora bien, tal
figura legal hace innecesaria e inaplicable la tutela como mecanismo
transitorio, pues sin acudir a ella el peticionario logra detener temporalmente
los efectos del acto que en su sentir lo perjudica y que dice ser contrario a
la ley, mientras se decide de fondo.
Por otra parte, el
supuesto primordial e insustituible de la acción de tutela transitoria es la
inminencia de un perjuicio irremediable para el ejercicio de derechos
fundamentales, es decir, la posibilidad clara e indudable de que, si no se
otorga el amparo provisional, se cause un daño que ya no podría ser reparado
cuando se adopte la decisión judicial definitiva por ser ella tardía.
La Corte
Constitucional ha declarado inexequible la definición legal del perjuicio
irremediable (Inciso 2 del numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de
1991) en razón de haber limitado los alcances de la norma constitucional que lo
consagra, pero ha trazado pautas jurisprudenciales objetivas que permiten
establecer cuándo se presenta esa situación excepcional que faculta al juez
para aplicar la protección transitoria pese a existir otros medios judiciales
para la defensa del derecho afectado o amenazado.
Ha señalado la
Corte:
"La posibilidad
de conceder este tipo específico de protección judicial es excepcional,
según se desprende del artículo 86 de la Constitución, y por tanto el alcance
de las normas pertinentes es de interpretación estricta.  No se busca que el
juez de tutela asuma la competencia del ordinario o especializado entrando a
resolver de fondo el asunto litigioso planteado, sino de ofrecer al titular del
derecho un medio expedito y eficaz para evitar un daño respecto del cual la
decisión judicial definitiva llegaría demasiado tarde y apenas haría posible un
resarcimiento "a posteriori", es decir, sobre la base de un hecho
cumplido".(Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión Sentencia
T-203 del 26 de mayo de 1993. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
También ha sido
enfática en manifestar:
"La
transitoriedad de la tutela que puede impetrarse ante la evidencia de un
perjuicio irremediable está íntimamente relacionada con la circunstancia de que
los procesos ordinarios no arrojan un resultado inmediato. Por ello, la
duración del amparo depende del tiempo en que el juez competente haya de
resolver sobre el asunto planteado a través del otro medio de defensa. Pero,
desde luego, el mismo carácter transitorio de la tutela exige del peticionario
la carga de instaurar la acción indicada para que dicho medio judicial pueda
operar. De lo contrario, la medida correspondiente -que, según la Constitución,
tiene una naturaleza precaria- se convertiría en definitiva, sustituyendo al
medio ordinario". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión.
Sentencia T-095 del 2 de marzo de 1995. M.P. Dr. José Gregorio Hernández
Galindo).
En el caso presente,
puede apreciarse sin dificultad que el más grave riesgo para Alfonso Pontón y
Gladys Rincón Galindo es el de que esta última siga sin ser admitida al Club
"Los Arrayanes" en calidad de esposa de aquél o como socia,
circunstancia que, aún a pesar de la ilegalidad que pudiera llegar a deducirse
respecto del acto que la provoca, no representa un daño de carácter irreparable
y grave para ninguno de los derechos fundamentales de las personas accionantes.
Bien pueden aguardar la determinación judicial que defina su controversia con
el Club sin que se haga imperativo el uso de un mecanismo como el de la tutela
transitoria, que supone un evento extremo y delicado de amenaza para derechos
inherentes a la persona humana, cuya defensa inmediata se sobrepone incluso a la
competencia de los jueces ordinarios, al menos temporalmente, con miras a la
prevalencia del derecho sustancial.
A lo dicho debe
agregar ahora esta Sala:
1. El de asociación
es un derecho constitucional fundamental susceptible de ser vulnerado en varias
formas, en especial cuando se impide que una o más personas cristalicen su
voluntad de unir sus esfuerzos o aportes para fines lícitos o cuando, no
obstante su deseo en sentido contrario, se las obliga a integrarse en sociedad,
sometiéndose por ello a un régimen particular que naturalmente esquivan y
repelen.
2. El derecho de
asociación incluye la posibilidad de constituir personas jurídicas sin ánimo de
lucro destinadas a satisfacer intereses comunes en el campo de la vida social y
la recreación -los denominados clubes sociales-, dentro de un sistema normativo
propio en el cual se pueden determinar aquellas características y requisitos
que deben reunir los socios, así como las reglas referentes a su admisión.
En tales entidades
el derecho de asociación incorpora la prerrogativa de decidir quiénes serán los
consocios, lo que equivale a establecer que, dentro de los correspondientes
estatutos, todo socio debe hallarse en posibilidades de participar en la
escogencia de nuevos asociados.
3. De la misma
manera, la normatividad adoptada libremente por los asociados debe establecer
reglas acerca del comportamiento exigido a los socios y de las cargas que se
les imponen, así como de los derechos que pueden ejercer y, por supuesto, sobre
la manera de terminar el vínculo con la asociación, por parte del afiliado, y
de excluir al socio, por parte del club.
Sobre el último
aspecto, en cuanto se trate de adoptar decisión que implique la imposición de
sanciones, tiene aplicación el artículo 29 de la Carta, que plasma el derecho
al debido proceso, por lo cual normas generales previamente definidas y
conocidas por los asociados deben indicar las conductas sancionables, o faltas,
las sanciones correspondientes y las mínimas garantías para la defensa de quien
sea sindicado.
4. Existe libertad
contractual para disponer la extensión de beneficios o prerrogativas de los
socios a sus familiares, sobre la base de que se cumplan los requisitos
señalados con antelación y por vía general en el respectivo estatuto.
Todo lo anterior
significa que, a la luz de la Constitución, los asociados gozan de la más
amplia libertad para estructurar el régimen jurídico particular al que se
obligan, por lo cual, mientras se sometan a él y, desde luego, a la
Constitución y a la ley, pueden resolver de manera autónoma y a nivel interno
los problemas que surjan entre la persona jurídica y los socios o entre éstos
por causa o con ocasión del contrato.
La ley otorga
competencia a los jueces de la República para decidir, en aplicación de sus
preceptos, sobre aquellos conflictos que no puedan ser zanjados por el régimen
interno.
Es así como, por
ejemplo, para casos como el que nos ocupa, en los que se controvierte la
validez de un acto adoptado por uno de los órganos sociales, el legislador ha
consagrado la posibilidad de acudir al juez en breve término para anular y aun
suspender, si es el caso, las determinaciones sociales que puedan lesionar o
poner en peligro los derechos de los asociados frente a la asociación. Tal
acontece con el ya mencionado artículo 421 del Código de Procedimiento Civil.
La autonomía
individual para definir el estado civil y los derechos fundamentales a la
intimidad y al libre desarrollo de la personalidad
Ya se ha visto que,
dada la existencia de otros medios de defensa judicial y puesto que no se
configuraba un perjuicio irremediable para los derechos constitucionales del
demandante, la acción de tutela resultaba improcedente.
Ello no impide que
la Corte, por razones de pedagogía constitucional (artículo 41 C.P.), formule
algunas advertencias en torno a la protección jurídica de la libertad
individual y la privacidad de las personas, ya que el motivo de la controversia
planteada consistió en el veto impuesto por un club social a la segunda esposa
de uno de sus asociados.
Los artículos 1 y 5
de la Constitución consagran el principio del respeto indiscriminado a la
dignidad de la persona, mientras el 13 Ibídem desarrolla el postulado de
la igualdad, que en últimas implica el reconocimiento de que, pese a las
diferencias accidentales entre los seres humanos, todos, por el hecho de serlo,
tienen en común características esenciales por cuya virtud merecen la misma
consideración y trato, sin distinciones injustificadas provenientes de origen,
nacionalidad, raza, sexo, estirpe, opinión política o filosófica, credo
religioso, nivel social o económico.
De la dignidad
humana se deducen, entre otros, los derechos inalienables a la intimidad y a la
libertad, que tiene una de sus más importantes expresiones en la autonomía
personal o libre desarrollo de la personalidad.
La decisión de optar
entre el estado civil de casado, separado o divorciado, así como la relativa a
la escogencia entre la opción matrimonial y la unión permanente, corresponde
única y exclusivamente a la pareja, tal como resulta del artículo 42 de la
Carta Política. Ni el Estado ni los particulares pueden interferir en las
determinaciones que las personas adopten en esa materia, según sus propias
necesidades y conveniencias.
En este campo, como
en todos los que conciernen a la vida privada, ninguna institución, ni pública
ni particular, puede erigirse en autoridad para desestimar o desconocer las
decisiones autónomas de un individuo respecto de la unión amorosa, sentimental,
matrimonial o de convivencia familiar que desee establecer.
Lo anterior
significa que, si una persona casada decide libremente acogerse a la
normatividad para poner fin al vínculo establecido con otra y, también en
ejercicio de su libertad, resuelve establecer un nuevo lazo afectivo, bien sea
matrimonial o de unión permanente, nadie extraño a los interesados puede
legítimamente controvertir esa decisión, ni descalificarla. La nueva esposa o
compañera, o el nuevo esposo o compañero, tienen derecho a su condición
mientras el establecimiento del nuevo vínculo no vulnere las normas legales
pertinentes y, en caso de que esto último acontezca, queda en manos del juez
competente la imposición de las sanciones a que haya lugar, según las reglas
que la legislación tiene previstas para sancionar conductas como la bigamia.
La ausencia de este
respeto a la autonomía vulnera no solamente el libre desarrollo de la
personalidad sino el derecho a la intimidad.
En ese orden de
ideas, se puede pertenecer a instituciones educativas, empresas, asociaciones o
sociedades sin que el vínculo correspondiente ni en el trato dado al individuo
dentro de ellas pueda depender de situaciones surgidas por razón del libre
ejercicio de su derecho a mantener el vínculo matrimonial o la unión permanente
con una determinada pareja o de instaurar ese tipo de relaciones con otra.
DECISION
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 10 de julio de 1995, mediante
el cual, a la vez, se confirmó el dictado por el Tribunal Superior de Santa Fe
de Bogotá el 1º de junio de 1995.
Segundo.- Por Secretaría LIBRESE la comunicación de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                      Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General