T-854-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-854/03
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
excepcional/VIA DE HECHO-Procedencia excepcional de tutela
VIA DE HECHO EN PROCESO PENAL-Inexistencia por cuanto Resolución
Inhibitoria se dictó con base en pruebas aportadas
En ningún momento se observa que la Fiscalía hubiera
incurrido en una ostensible equivocación en la valoración probatoria. Cosa
distinta es que el demandante no comparte las conclusiones a las que llegaron
los dos Fiscales, asunto que carece de relevancia constitucional.
Referencia: expediente T-610464
Acción de tutela instaurada por Ricardo Escobar Ríos
en contra de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT.
Bogotá D.C., veinticinco (25) de septiembre
de dos mil tres (2003).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Montealegre Lynett,
Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en uso de sus facultades
constitucionales y legales ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión del fallo
dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Ricardo Escobar Ríos en contra de
la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
I. ANTECEDENTES.
Hechos
1. El demandante interpone acción de tutela en contra
del Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,
por considerar que al confirmar la resolución inhibitoria en el proceso seguido
en contra de José Ricardo Escobar Camero, violó sus derechos fundamentales. En
su concepto, los dos fiscales no consideraron debidamente los elementos
probatorios y los argumentos expuestos por su difunta madre en la denuncia. No
se explica el demandante cómo, si la denunciante indicó que en ningún momento
autorizó al investigado (su nieto) a que se colocara como titular junto a ella,
de unos CDT, la fiscalía llega a la conclusión de que no hubo actividad
criminal.
Sentencia que se revisa
2. Mediante providencia del 28 de mayo de 2002, la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó por improcedente la
tutela. En concepto de la Sala, la acción de tutela no procede contra
“decisiones proferidas dentro de un proceso judicial… porque el juez
constitucional no tiene competencia para conocer con fundamento en el artículo
86 de la C.N. de las providencias de los funcionarios judiciales, de ahí la
declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto
2591 de 1991”.
En todo caso, consideran que “las providencias cuestionadas
no adolecen de irregularidades sustanciales que afecten la estructura del
proceso y las garantías o derechos fundamentales de aquél…”.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia
3. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86
y 241-9 de la Constitución Política, en armonía con los artículos 33, 34 y 35
del Decreto Ley 2591 de 1991, la Sala es competente para revisar las sentencias
de la referencia.
Tutela contra providencias judiciales y justificación
de la decisión.
4. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia aduce que la tutela no procede contra providencias judiciales y que,
en todo caso, no se advierte violación alguna de los derechos fundamentales.
Nuevamente la Corte Constitucional insiste en la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Esta ha sido su
postura desde la sentencia C-543 de 1992. En sentencia T-441 de 2003, la Corte
recogió y sintetizó las condiciones de procedibilidad de la tutela contra
sentencias judiciales, en los siguientes términos:
“11. La acción de tutela procede contra decisiones
judiciales que violen derechos fundamentales, como se desprende de la sentencia
C-543 de 1992. Este es el criterio básico que subyace a la jurisprudencia de la
Corte Constitucional. Esta idea incluye, claro está, la situación de carencia
de fundamentación legal de la decisión judicial, por cuanto constituye
violación del principio de legalidad y del derecho fundamental al debido
proceso, a él asociado.
A partir de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, puede identificarse diversas situaciones genéricas de violación
de la Constitución que autoriza la procedencia de tutela en contra de
providencias judiciales, incluidas las sentencias.
En primer lugar, se encuentra los casos en los cuales
la violación de la Constitución y la afectación de derechos fundamentales es
consecuencia del desconocimiento de normas de rango legal, lo que corresponde a
los defectos sustantivo –que incluye el desconocimiento de sentencias con
efectos erga omnes-, orgánico y procedimental. En segundo lugar, aquellas
relativas a graves problemas relacionados con el soporte fáctico de los
procesos –sea por omisión en práctica o decreto de pruebas o indebida
valoración de las mismas -, que se conoce como el defecto fáctico. Estos
defectos son los que originariamente definieron el concepto de vía de hecho
judicial[1].
En tercer lugar, se encuentra las situaciones en las cuales la violación de los
derechos fundamentales por parte del funcionario judiciales es consecuencia de
su inducción en error, lo que corresponde a lo que la jurisprudencia ha
denominado vía de hecho por consecuencia[2].
De otro lado se encuentran situaciones en las cuales
la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en su
decisión consistentes en la insuficiente sustentación o justificación del fallo[3] y el
desconocimiento del precedente judicial, particularmente el de la Corte
Constitucional[4].
Finalmente se tienen las situaciones en las cuales se
incurre en violación directa de la Constitución y de los derechos fundamentales
de alguna de las partes. Se trata de las hipótesis en las cuales la decisión se
apoya en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución[5], y aquellas
en las cuales el funcionario judicial se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad cuando la violación de la Constitución resulta manifiesta
y la negativa de resolver el punto ante una solicitud expresa por alguna de las
partes en el proceso[6].
En todas estas situaciones, la procedencia de la
tutela en contra de la decisión judicial está condicionada a la existencia de
una violación de un derecho fundamental (C.P. art. 86).”
Como quiera que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia basó su sentencia en la improcedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, ésta será revocada.
5. La Sala de Casación Penal indicó que no observaba
que se hubiesen presentado irregularidades sustanciales que afecten la
estructura del proceso y las garantías o derechos fundamentales del demandante.
Ello podría llevar a pensar que ésta es la razón de la decisión. Empero, habida
consideración que se negó por improcedente, resulta claro que la ratio
está conformada por la tesis de la no procedencia de tutela contra sentencias
judiciales.
Además, no basta que el juez sostenga que no observa
violación alguna de un derecho, sino que debe entrar a hacer una justificación
mínima de su posición. Meras afirmaciones no constituyen motivación alguna de
una decisión judicial.
Autonomía para la valoración probatoria.
6. El demandante considera que la Fiscalía debió
considerar de manera contraria a la que lo hizo, la denuncia presentada por su
madre fallecida. Es decir, ataca la valoración probatoria realizada por la
fiscalía.
La Corte Constitucional ha admitido la procedibilidad
de la tutela contra decisiones judiciales por razones probatorias (defecto
fáctico) cuando (i) el análisis del funcionario judicial es absolutamente
contra evidente y (ii) cuando se niega la práctica de una prueba absolutamente
decisiva para la decisión.
7. En el presente caso se observa que la decisión
atacada se basa en la ponderación de diversos elementos probatorios, que
incluyen los argumentos expuestos por la denunciante, su conducta al acudir a
las distintas entidades bancarias, la conducta del denunciado y declaraciones
de familiares.
El demandante señala que la denunciante (su madre)
sostuvo en su denuncia que nunca había autorizado al nieto (hijo del
demandante) a colocarse como beneficiario de unos títulos valores (CDT). En la
denuncia se lee: “PREGUNTADO- en ningún momento fue su intención cambiar de
beneficiario en los títulos valores, ni de corporación? CONTESTO- yo lo hice
voluntariamente, el cambio de corporación, pero en ningún momento lo autoricé
para que se cambiara de beneficiario, utilizó mi confianza”. En el análisis de
la fiscalía, se tomó en consideración la versión libre del imputado, en la que
se da cuenta que sus padres (entre ellos el demandante en el proceso de tutela)
lo abandonaron al cuidado de su abuela (quien lo denunció) y que ella, según
manifiestan algunos testigos, había dicho que los CDT era para el nieto, ya que
a sus hijos (padres y tíos del investigado) les dejaba un inmueble. La Fiscalía
consideró, además, el hecho de que los CDT fueron renovados continuamente por
la señora DELIA RIOS ESCOBAR CAMERO y por el denunciado. Por otra parte,
observa la Fiscalía que el investigado, antes que proceder a la negociación de
los títulos y, así despojar a su abuela de recursos, siempre le consignó los
intereses, con los cuales ella vivía. Finalmente, la Fiscalía toma en
consideración los testimonios rendidos por los funcionarios de las Entidades
Bancarias emisoras de los títulos valores, de donde se infirió que la
colocación del denunciado como benefactor se debió a un acto de generosidad
hacia quien había cuidado a la señora Delia en su soledad.
Por otra parte, respecto del demandante en el proceso
de tutela, la Fiscalía observa que éste retornó de Estados Unidos a la muerte
de su padre, momento a partir del cual empezó a “ultrajar” a la señora Delia
Ríos (madre del denunciante), según indicó el investigado.
En ningún momento se observa que la Fiscalía hubiera
incurrido en una ostensible equivocación en la valoración probatoria. Cosa
distinta es que el demandante no comparte las conclusiones a las que llegaron
los dos Fiscales, asunto que carece de relevancia constitucional.
8. Por otra parte, según aparece en la providencia
atacada, el demandante no aportó elementos de juicio que enfrentaran las
conclusiones del fiscal que actuó en primera instancia. Según se lee en la
providencia demandada los argumentos expuestos por el demandante en sede de
tutela “no controvierten ni llevan a la instancia a que se entienda que su
hijo, el imputado, incurrió en conducta punible alguna”. Ello es prueba de que,
lejos de existir un debate probatorio indebidamente o insuficientemente
considerado por el funcionario judicial, solamente existen afirmaciones y
demandas de una solución en un sentido determinado, sin un análisis ponderado
que justificara el rechazo a la decisión de primera instancia. Así, resulta
claro que el demandante está solicitando al juez constitucional que supla su
propia deficiencia argumentativa, lo cual no resulta procedente en sede de
tutela y, mucho menos, tratándose del ataque a una decisión judicial.
Por las anteriores razones se negará la tutela.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-  Confirmar, por las razones expuestas en la presente sentencia, la
providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del
28 de mayo de 2002.
Segundo. Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en
el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNANDEZ
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (e)
[1] Sentencias T-231 de 1994  y T-08 de 1998, entre otras.
[2] Sentencia SU-014 de 2001, entre otras.
[3] Sentencia T-114 de 2002.
[4] Sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999 entre otras.
[5] Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000, T-1031 de 2001.
[6] Sentecia T-522 de 2001.