T-371-20
Sentencia T 371/20
Referencia:
Expediente T-7.732.378
Acción de tutela formulada por MAYID
ALFONSO CASTILLO ARIAS contra la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA y el ciudadano MAYID ALFONSO CASTILLO MELO.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá,
D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020).
La
Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Richard Ramírez Grisales (e) y Alberto
Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales
y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º
de la Constitución Política, así como en los artículos 33 y siguientes del
Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos dictados, en
primera instancia, por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot -
Cundinamarca el cinco (05) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) y en
segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot -
Cundinamarca, dentro de la acción de tutela promovida por el ciudadano MAYID
ALFONSO CASTILLO ARIAS contra la SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA y el ciudadano MAYID ALFONSO CASTILLO MELO.
El
expediente de referencia fue escogido para revisión mediante Auto del dieciséis
(16)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019), proferido por
la Sala de Selección Número Doce, integrada por
los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos.
I.
ANTECEDENTES
El
pasado 14 de junio de 2019, el ciudadano MAYID ALFONSO CASTILLO ARIAS interpuso acción de tutela contra la SECRETARÍA DE
SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA y el ciudadano MAYID ALFONSO CASTILLO
MELO,
por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, a la propiedad
privada y al dominio, así como a la libre disposición de sus bienes.
De
acuerdo con la solicitud de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, el
actor sustenta sus pretensiones en los siguientes:
1.
Hechos
1.1.
El ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias afirma haber sido trabajador
de la empresa Médicos Asociados SA y que, por concepto de sus servicios como
“Presidente” de la sociedad, le fueron reconocidos más de cien mil millones
(100.000’000.000) de pesos en acreencias laborales.
1.2.
Indica que, ante el incumplimiento en el pago por parte de su
empleador, interpuso, el 22 de octubre de 2014, demanda ejecutiva laboral ante
el Juzgado Único Laboral de Girardot.
1.3.
El 7 de marzo de 2015, el actor cedió sus derechos litigiosos a las
empresas Plymouth Holding International Corp y Bradford International
Commercial Corp, gestión que fue aceptada por el juzgado de conocimiento.
1.4.
El 5 de octubre de 2015, se suscribió acta de conciliación entre el
accionante y la sociedad demandada en dicho proceso (Médicos Asociados SA), en
la que se pactó que, en aras de cancelar la deuda y dar por terminado el
proceso laboral, transferirían inmediatamente a la empresa Plymouth Holding
International Corp., todos los bienes de la compañía.
1.5.
Mediante Auto del 15 de junio de 2017, el Juzgado Único Laboral de
Girardot terminó el proceso laboral en atención a la conciliación realizada.
1.6.
Del
expediente se evidencia que, con ocasión a los hechos descritos, los
accionistas de Médicos Asociados SA iniciaron varios procesos ante la
Superintendencia de Sociedades, con el objetivo de cuestionar, entre otras
cosas, los reconocimientos monetarios realizados a nombre del accionante y los
pagos realizados al mismo. Entre otros, se hace referencia a los procesos: No. 2018-800-00003,
11001-31-99-002-2017-00179-03.
1.7.
Indica que el 9 de agosto de 2018, mediante “documento privado”, pactó
con la empresa Plymouth Holding International Corp. la rescisión del contrato
de compraventa de derechos litigiosos y que, por eso adquirió el derecho a la
totalidad de los bienes objeto de la conciliación realizada.
1.8.
El 3 de abril de 2019, la empresa Médicos Asociados le hizo entrega de
los bienes pactados, entre los que se encuentran los predios que comprenden la
Nueva Clínica San Sebastián de la Ciudad de Girardot.
1.9.
El 16 de abril de 2019, el actor, en su condición de propietario
legítimo, arrendó el inmueble en el que se ubica la Nueva Clínica San Sebastián
de la Ciudad de Girardot a la empresa Junical Medical SAS.
1.10.    Afirma que, tanto la
empresa Médicos Asociados SA (a través de su representante legal suplente[1]), como Junical Medical SAS solicitaron a
la administración municipal, respectivamente, (i) el cierre de la habilitación existente a
su nombre y (ii) la habilitación de la clínica que
pretenden hacer funcionar como nuevo prestador del servicio de salud. Con todo,
indica que su solicitud fue denegada en razón a que el señor Mayid Alfonso
Castillo Melo, en su calidad de representante legal principal de la empresa
Médicos Asociados, se opuso a la solicitud afirmando que el inmueble en el que
está la clínica es de propiedad de la empresa que representa. Así, reprocha
que, para poder cancelar la autorización de funcionamiento existente sobre ese
inmueble a nombre de la sociedad Médicos Asociados SA, le exigieran que fuera
el representante legal de dicha entidad quien radicara la solicitud.
2.     Solicitud de la acción
de tutela
El
actor considera desconocidos sus derechos fundamentales, pues la administración
municipal accionada, al abstenerse de autorizar el funcionamiento de la empresa
a la que le arrendó el inmueble, desconoce que cuenta con un derecho real de
dominio en relación con éste y que decidió arrendárselo a la empresa Junical
Medical SAS. Así, estima que le están imponiendo requisitos adicionales a los
establecidos en la Ley para el efectivo ejercicio de sus derechos y ello ha
derivado en que la clínica no haya podido continuar su funcionamiento.
Destaca
que (i) Mayid Alfonso Castillo Melo, como
representante legal de Médicos Asociados, se ha dedicado a realizar distintas
“maniobras y artimañas” para obstaculizar el objeto social de la empresa y (ii)
la administración municipal de Girardot ha adoptado decisiones sin motivación
que han limitado el ejercicio de su derecho de dominio, pues considera
irrazonable que le impidan disponer de su clínica “hasta que el
representante legal de una empresa que ya no es dueña de un predio, presente el
cierre del establecimiento y a su vez cierre de habilitación”.
En
consecuencia, pide que se ordene a la Secretaría de Salud del Departamento de
Cundinamarca eliminar del Registro único de Entidades Prestadoras de Salud
-REPS- a Médicos Asociados SA y habilitar el funcionamiento de la clínica en
cabeza de la empresa Junical Medical SAS.
Finalmente,
solicita se declare, como medida provisional, el cierre de la habilitación de
funcionamiento establecida a nombre de Médicos Asociados, para que sea posible
iniciar el proceso de habilitación por Junical Medical SAS, pues considera que
la falta de funcionamiento de la clínica está causando un gravísimo perjuicio a
la salud de la comunidad de Girardot y sus municipios satélites, pues afirma
que ésta es la única que presta los servicios de “Hospitalización, UCI,
Hemodinamia, Electrofisiología y Marcapasos”.
Subsidiariamente,
pide que se ordene al señor Mayid Alfonso Castillo Melo que se abstenga de
seguir oponiéndose en los procesos judiciales y administrativos que están en trámite
ante los jueces y ante la Superintendencia de Sociedades, de forma que permita
“la debida prestación del servicio de salud” en el municipio de
Girardot.
3.    Material
probatorio obrante en el expediente
3.1.
Sentencias de
tutela[2] en las que se negó “por improcedente”,
en un trámite diferente al objeto de estudio, el amparo ius-fundamental
pretendido por la sociedad Junical Medical SAS (entidad a la que el
accionante le arrendó el inmueble objeto de litigio) que pretendía se ordenara
su autorización de funcionamiento por parte de la Secretaría de Salud
Departamental de Cundinamarca, en razón a que cuenta con otros mecanismos de
defensa judicial con la idoneidad y eficacia requerida.
3.2.
Actas de las
audiencias dentro del proceso con radicado No.
2018-800-00003, tramitado ante la Delegación para
Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades.
3.3.
Auto de medidas
cautelares en el que la Superintendencia de Sociedades Suspende
transitoriamente los efectos de unas Actas de la Junta Directiva de la sociedad
Médicos Asociados SA que fueron adoptadas de manera irregular y en beneficio
propio del señor Mayid Alfonso Castillo Arias.
3.4.
Certificado de
Existencia y Representación Legal de Médicos Asociados SA, a la luz de lo
dispuesto por el Auto de medidas cautelares, en las que se reconoce que la
representación legal de la sociedad está en cabeza del ciudadano Mayid Alfonso Castillo
Melo.
3.5.
Oficios del 2 y
10 de abril de 2019 en los que el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Melo se
dirige a la Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca con el objetivo
de solicitar: a) no revocar la habilitación de funcionamiento de la sociedad
Médicos Asociados SA para prestar servicios de salud y b) desestimar la
solicitud de habilitación presentada por Junical Medical SAS, por lo menos
hasta que se resuelva definitivamente la controversia ante la jurisdicción.
3.6.
Sentencia del 30
de abril de 2019 proferida dentro del proceso con radicado No. 2018-800-00003
por la Delegación para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de
Sociedades con ocasión al trámite iniciado por Mayid Alfonso Castillo Melo y
otros, en contra de Mayid Alfonso Castillo Arias, Bradford International
Commercial Corp y Médicos Asociados SA.
En ella, se refiere que el señor Mayid
Alfonso Castillo Arias, haciendo uso de una reforma a los estatutos de la
sociedad en virtud de la cual se le confió la administración y usufructos de “la
totalidad de las utilidades y dividendos que genere la empresa”, abusó de
su derecho al voto al pretender fungir como “usufructuario” de todas las
acciones de la sociedad y aprobarse, a sí mismo, con los bienes de la sociedad,
un pago de acreencias laborales por concepto de más de 100 mil millones de
pesos. Por lo anterior, se declaró la nulidad de las decisiones adoptadas por
la junta directiva de la sociedad Médicos Asociados, presididas por el
ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias en las Asambleas Generales del 09 de
enero, 11 de febrero, 21 de julio de 2015 y 2 de junio de 2017, en las que se
evidenció que hubo abuso de derecho de voto
3.7.
Acta de la
Audiencia del 21 de junio de 2018, en la que Sala Civil de Decisión del
Tribunal Superior de Bogotá resolvió la impugnación presentada contra la
decisión del 02 de marzo de 2018 adoptada por la Superintendencia Delegada para
Asuntos Mercantiles dentro del proceso 11001-31-99-002-2017-00179-03 iniciado
por Claudia Constanza Castillo Melo, Mayid Alfonso Castillo Melo y otros en
contra de Médicos Asociados SA, representada por Mayid Alfonso Castillo Arias.
En dicha audiencia se resolvió declarar
la nulidad de “todas las decisiones adoptadas por la Asamblea General de
Accionistas de la sociedad Médicos Asociados SA, realizada el día 03 de abril
de 2017”, por considerar que el Presidente de la sociedad demanda, Mayid
Alfonso Castillo Arias, pretendió actuar como usufructuario de la totalidad de los
acciones de los socios de la entidad, sin que tuviera tal calidad y, por tanto,
las decisiones adoptadas en aquella ocasión, carecían de los quórums y mayorías
requeridas para el efecto, pues únicamente sesionó él.
3.8.
Acta de visita de
inspección realizada por la Secretaría de Salud del Departamento de
Cundinamarca el 17 de junio de 2019, en la que se deja constancia de que la Nueva
Clínica San Sebastián, administrada por Médicos Asociados SA, carece de la
“suficiencia patrimonial” requerida para funcionar de manera segura y no está
prestando sus servicios, motivo por el cual decide suspender temporalmente la
habilitación de prestación de los servicios de la clínica y hasta que se supere
la situación evidenciada.
3.9.
Oficio del 1 de
abril de 2019 en el que la ciudadana Carolina Castillo Perdomo, en su calidad
de Representante Legal Suplente de la sociedad Médicos Asociados SA comunica a
la Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca que cerrará sus puertas a
la atención al pública y, por tanto, dejará de prestar sus servicios en razón a
que cuenta con múltiples problemas económicos que no pueden ser resueltos y
carece de la sostenibilidad financiera para seguir funcionando.
4.    Trámite de la acción
de tutela objeto de revisión
Mediante auto
del 14 de junio de 2019, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot
resolvió avocar conocimiento de la acción de amparo, notificar las accionadas y
abstenerse de decretar la medida cautelar solicitada, pues consideró que no
obraban pruebas suficientes en el expediente que permitan acceder a lo
pretendido. Una vez integrado el contradictorio, las accionadas se
pronunciaron en los siguientes términos:
Mayid
Alfonso Castillo Melo
Solicitó
se declare la improcedencia del amparo solicitado pues el actor cuenta con
otros medios judiciales de protección a los que puede acudir y, adicionalmente,
destaca que Junical Medical SAS ya había presentado una tutela por estos mismos
hechos, en la cual ya habían sido negadas estas pretensiones, motivo por el
cual considera que hubo un uso abusivo de la acción de tutela, el cual debe ser
sancionado.
En
relación con el fondo de lo pedido, indica que el accionante quiere saltarse el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, pues, como le indicó la
Secretaría de Salud Departamental[3],
Junical Medical SAS no cumple con las condiciones de suficiencia patrimonial y
financiera, ni con los estándares de talento humano y de medicamentos,
dispositivos médicos e insumos que son requeridos para el funcionamiento de
este tipo de entidades, cuestión que lejos de garantizar los derechos de la
población local, los pone en riesgo, pues, de concederse el amparo pretendido,
se autorizaría el funcionamiento de una IPS que no cumple con los requisitos
establecidos para el efecto.
Denuncia
igualmente que al interior de la Superintendencia de Sociedades se profirió
sentencia de primera instancia en la que se condenó al señor Mayid Alfonso
Castillo Arias, por, entre otras cosas, abuso del derecho del Voto, diluir las
acciones de la sociedad Médicos Asociados SA y apropiarse del 70% de la
compañía y, luego, de los bienes de la sociedad, y se ordenó igualmente
restablecer las cosas al estado anterior a las irregularidades evidenciadas.
Destaca
que, si bien esa decisión fue impugnada y se está a la espera de una decisión
definitiva, lo cierto es que esta primera decisión es muestra de que existen
numerosas irregularidades que deben ser esclarecidas al interior del proceso
judicial correspondiente y de que, por tanto, resulta impertinente la
intervención del juez constitucional.
Resalta
que, en el fondo, lo que subyace es un conflicto familiar, pues quienes se
verían perjudicados con un eventual amparo son los accionistas de Médicos
Asociados SA, esto es, los 5 hermanos Castillo Melo y que los favorecidos serían
los miembros de la nueva familia del actor, quienes son los accionistas de
Bradford International Commercial Corp.
Finalmente,
pone de presente que resulta contradictorio que el señor Mayid Alfonso Castillo
Arias pretenda esgrimir los derechos de la población de Girardot cuando fue a
partir de su accionar ilegitimo que tuvo que cerrar la Nueva
Clínica San Sebastián a pesar de sus muchos años de servicio a la comunidad.
Procuraduría
Provincial de Girardot - Cundinamarca
Mediante
Oficio de 18 de junio de 2019 informó carecer de información en relación con el
trámite de habilitación para la prestación del servicio de salud presentado por
Junical Medical SAS, motivo por el cual se abstiene de realizar cualquier
pronunciamiento al respecto. No obstante, destaca que sí tiene conocimiento de
que existió una acción de tutela anterior por hechos muy similares y, por
tanto, estima necesario que el juzgado pida el expediente de dicha tutela para
resolver la acción objeto de estudio.
Personería
Municipal de Girardot - Cundinamarca
Mediante
Oficio de 18 de junio de 2019, la Personería Municipal de Girardot solicitó al
juzgado declarar la improcedencia del amparo solicitado, pues, en su criterio,
la Personaría a la que representa carece de legitimación por pasiva para hacer
parte de este trámite de tutela. Lo anterior, en razón a que dentro de sus
funciones no tiene competencia alguna para injerir en los trámites que el
accionante estima vulneraron sus derechos fundamentales.
Secretaría
de Salud de Girardot - Cundinamarca
Mediante
Oficio de 18 de junio de 2019, la Secretaría de Salud de Girardot solicitó al
juzgado ser desvinculada del presente trámite de tutela en razón a que, dentro
de sus funciones no puede autorizar el funcionamiento de establecimientos de
salud, cuestión objeto de debate en esta ocasión.
Secretaría
de Salud Departamental de Cundinamarca
Mediante
Oficio del 20 de junio de 2019, la Secretaría de Salud Departamental de
Cundinamarca manifestó que con su accionar solo ha pretendido respetar el
ordenamiento jurídico, pues si bien la representante legal suplente de Médicos
Asociados solicitó el retiro de la autorización de funcionamiento, lo cierto es
que, en su condición de “suplente”, está habilitada para actuar en ausencia de
un pronunciamiento del representante legal principal, motivo por el cual, en
este caso es necesario entender que como quiera que el señor Mayid Alfonso
Castillo Melo, en su condición de representante legal principal de la entidad,
se pronunció en sentido opuesto, era necesario mantener la autorización de
funcionamiento objeto de litis.
De
otro lado, expresó que, sin pretender desconocer el derecho de propiedad del
actor, lo cierto es que, en concepto de la Secretaría Departamental no existe
una relación de causalidad entre su conducta y la eventual vulneración de los
derechos reclamados, pues el terreno que pretende arrendar se encuentra ocupado
por la Nueva Clínica San Sebastián (registrada a nombre de Médicos Asociados
SA) y, por tanto, el actor arrendó un inmueble en relación con el cual no tenía
completo control y no puede pretender subsanar dicha situación forzando su
autorización sin los requisitos de Ley.
Finalmente,
destacó que con la no aceptación de la novedad “no se está afectando la
prestación de servicios por cuanto en el municipio existen 34 IPS con
diferentes servicios”, los cuales permitirían la atención de la población
que demanda los servicios en el municipio de Girardot.
Con
todo, a través de oficio del 27 de junio de 2019 la Secretaría de Salud del
Departamento de Cundinamarca complementó su contestación y aclaró que con
ocasión al trámite de tutela iniciado por Junical Medical SAS en enero de 2019,
se dictaron dos medidas cautelares (una primera por el juez de primera
instancia que fue revocada mediante Sentencia del 12 de febrero de 2019) y una
segunda por el Ad-Quem[4],
medida última en virtud de la cual la Secretaría Departamental se vio en la
obligación de permitir el registro de la sociedad Junical Medical SA, motivo
por el cual, al momento de la presentación de dicho oficio, se encuentra activo
el Registro Especial de Servicios de Salud para dicha sociedad
5.    Sentencias objeto de
revisión
5.1.
PRIMER TRÁMITE
DE TUTELA
Primera Instancia
El Juzgado Tercero Civil Municipal de
Girardot, mediante sentencia del 28 de junio de 2019 declaró la improcedencia
del amparo invocado por considerar que la pretensión del actor es obtener que
se retire el registro que existe en el departamento a nombre de la sociedad
Médicos Asociados SA y que, para ello, cuenta con otros medios judiciales de
defensa a los que puede acudir, en específico, resalta que existe un conflicto
pendiente (que inicialmente tuvo trámite ante la Superintendencia de Sociedades
y fue impugnado) que debe ser resuelto antes de que sea posible realizar
cualquier pronunciamiento en relación con la problemática.
Impugnación
A través de escrito del 3 de julio de
2019, el accionante manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia
e impugnó la decisión para efectos de que el superior revocara lo dispuesto. Sustentó
su pretensión en los mismos argumentos del escrito de tutela y solicitó al Ad-Quem
que dicte una medida provisional de protección.
Segunda Instancia
Actuaciones en sede de Segunda Instancia
-
Auto de Medida
Cautelar: El juzgado
Primero Civil del Circuito de Girardot, mediante Auto del 11 de julio de 2019,
concedió la medida cautelar solicitada por el accionante en su escrito de
impugnación por considerar que no puede permitirse que el conflicto societario
existente entre el accionante y los accionistas de Médicos Asociados SA siga
afectando la efectiva prestación del servicio de salud de la población de
Girardot, motivo por el cual considera que es necesario que se autorice a la
sociedad que afirma poder poner a funcionar la clínica para que empiece a
prestar el servicio requerido en el municipio.
Por
lo anterior, ordena a la Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca para
que proceda, de manera inmediata, a decretar el cierre de la habilitación que
actualmente existe a nombre de Médicos Asociados SA y que, en consecuencia,
permita a la sociedad Junical Medical SAS iniciar el trámite de habilitación
para que pueda empezar a operar como una IPS de cuarto nivel.
-
Impugnación del
Accionado a la Medida Cautelar: Por su parte, el accionado, Mayid Alfonso Castillo
Melo, mediante escrito del 12 de julio de 2019[5], manifestó impugnar la medida cautelar ordenada en
Auto del 11 de julio de 2019 y, adicionalmente, solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia dictada, en razón a que estima que, conforme lo encontró
el juez de primera instancia, el amparo pretendido es improcedente, pues el
actor cuenta con otros medios de defensa a los que puede acudir, sin que
resulte admisible que el juez constitucional, en una medida provisional
adoptada sin la debida justificación, pueda ordenar que la IPS pueda ser
habilitada sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales establecidos
para el efecto. Lo anterior, pues una decisión en este sentido implica
favorecer a una sociedad comercial y poner en grave riesgo la salud de la
población, pues se habilitó el funcionamiento de una IPS que no había
acreditado los requisitos de Ley.
De
otro lado, destaca que el juez desconoce que hay un grave conflicto de
intereses, pues la representante legal suplente de Médicos Asociados SA, y
quien presenta la solicitud de terminación de la habilitación de servicios es
también accionista de Junical Medical SAS y está buscando favorecer sus
intereses propios y los de sus socios (quienes aclara, son los miembros de su
familia) en detrimento de la debida prestación del servicio y de los intereses
de Médicos Asociados SA.
Adicionalmente,
pone de presente que el juez constitucional, no puede pretender adoptar medidas
que desconozcan (i) las medidas cautelares adoptadas por la
Superintendencia de Sociedades, quien, como autoridad judicial, ordenó que se
entienda que los únicos representantes legales de Médicos Asociados SA son
Claudia Castillo Melo y Mayid Alfonso Castillo Melo; (ii) que la misma
superintendencia sancionó, en primera instancia, con la multa más alta
aplicable a los accionantes, por su actuar irregular y (iii) que dentro
del segundo trámite judicial iniciado por él en contra de las actuaciones
irregulares del accionante, éste fue condenado en primera instancia, segunda
instancia y, actualmente, se encuentra en trámite el recurso de Casación ante
la Corte Suprema de Justicia.
Manifiesta
que, con la medida cautelar ordenada, el juez, en aras de presuntamente
garantizar los derechos de la población de Girardot, ordena cerrar una IPS que
lleva prestando sus servicios en el municipio por más de 30 años, en favor de
una sociedad que acaba de ser creada y no tiene ninguna experiencia en el tema.
Finalmente,
destaca que, de las pruebas obrantes en el expediente no se evidencia la
vulneración de ningún derecho fundamental de los pacientes y que el juez está
llegando autónomamente a esa conclusión, sin que existan elementos probatorios
que así lo determinen; cuestión que se estima particularmente gravosa si se
tiene en cuenta que la decisión termina favoreciendo a una sociedad comercial
que ni siquiera es la accionante, no ha sido vinculada a este proceso y, es una
sociedad que no solo ya acudió a una acción de tutela anterior, la cual fue
negada, sino de la que el actor es accionista fundador.
-
Resolución
al Recurso de Reposición contra la Medida Cautelar: Mediante Auto del 15 de julio de 2019, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot rechaza la impugnación
presentada por considerar que no procede ningún recurso contra la decisión de
medidas cautelares dictada.
-
Oficio del 16 de julio de 2019, en el que la
Secretaría Departamental de Salud de Cundinamarca informa al juzgado de segunda
instancia que dio cumplimiento a la medida cautelar adoptada y que los actos
administrativos a través se adoptaron las medidas están en proceso de
notificación.
Para sustentar su afirmación, allega copia de la
Resolución 1979 del 12 de julio de 2019 en la cual resuelve: (i)
“cancelar la inscripción” de Médicos Asociados SA, Sede Nueva Clínica San
Sebastián de Girardot, hasta tanto se resuelva la acción de tutela que dispuso
la adopción de esta medida; (ii) permitir al prestador IPS Junical
Medical SAS realizar el trámite correspondiente de inscripción para la
habilitación de servicios, previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Resolución 2003 de 2014.
-
Oficio del 16 de julio de 2019 en el que el ciudadano
Jesús Caldera Ynfante, en su condición de miembro de la Junta Directiva de
Médicos Asociados, solicitó a la Secretaría Departamental de Salud de
Cundinamarca que se abstenga de adoptar medidas en relación con el caso objeto
de estudio, en específico, cumplir la medida cautelar ordenada hasta que
culmine el trámite de tutela, así como los procesos judiciales iniciados ante
la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior, pues considera que, de
cumplirse la medida cautelar ordenada se causaría un perjuicio irremediable a
Médicos Asociados SA y, además, no solo se convalidarían actuaciones
fraudulentas e ilegales, sino que se desconocería lo ordenado por parte de la
Superintendencia de Sociedades (en ejercicio de facultades jurisdiccionales) y
el Tribunal Superior de Bogotá.
-
Oficio del 15 de julio de 2019 en el que el ciudadano
Mayid Alfonso Castillo Melo solicita a la Secretaría Departamental de Salud de
Cundinamarca que se abstenga de cumplir las medidas cautelares decretadas, pues
no son claras ni precisas e, incluso, resultan contradictorias, pues, a pesar
de ser “medidas provisionales”, resuelven de manera “definitiva” la
controversia.
-
Solicitud de Desacato: Oficios del 16 y
19 de julio de 2019, en los que el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias
solicitó se inicie un incidente de desacato con ocasión del incumplimiento de
la medida cautelar ordenada por el juzgado de segunda instancia en tutela.
-
Solicitud de Recusación: Escrito del 19
de julio de 2019 por medio del cual el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Melo
formuló recusación en contra del Juez Primero Civil del Circuito de Girardot
pues, éste había conocido de la acción de tutela anterior formulada por Junical
Medical SAS y, por tanto, conocía previamente de la situación. Cuestión que
considera que ha afectado su imparcialidad para resolver este caso. Así, estima
que, con ocasión a esta pérdida de imparcialidad, el juez se ha extralimitado
en sus funciones y ha dictado medidas que afectan desproporcionadamente los interses
de Médicos Asociados SA.
-
Auto que Resuelve la Recusación: Mediante Auto del
22 de julio de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, decidió
declarar infundada la recusación, pues, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, este tipo de solicitudes son improcedentes dentro de un trámite de
tutela. No obstante, aclara que el hecho de que hubiera resuelto la acción de
tutela formulada por Junical Medical SAS no afecta su imparcialidad para
conocer, pues se trata de un trámite diferente al iniciado en aquella ocasión.
Así, considera que en la primera tutela se buscaba por
la sociedad Junical que se ordenara a la Secretaría Departamental de Salud de
Cundinamarca habilitar los servicios de salud que pretende prestar; y, en esta
segunda acción, lo que se busca por el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias
(sujeto activo diferente), es que se retire la habilitación de servicios de la Nueva
Clínica San Sebastián y se permita a Junical Medical SAS iniciar el proceso de
habilitación como IPS (objeto o pretensión diferente también).
-
Auto de Nulidad: Mediante Auto
del 21 de agosto de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot
decidió declarar la nulidad del trámite surtido y, en específico, de la
Sentencia de tutela del 28 de junio de 2019 proferida por el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Girardot, por considerar que se abstuvo de vincular a
múltiples sujetos procesales que, de no permitírseles hacer parte del proceso,
podrían encontrar vulnerado su derecho de defensa y el debido proceso.
En consecuencia, ordenó mantener incólume la medida
provisional decretada, así como las contestaciones y pruebas allegadas, y
vincular a (i) la sociedad Junical Medical SAS, (ii) la ciudadana
Carolina Castillo Perdomo, en su calidad de Representante Legal Suplente de
Médicos Asociados SA, (iii) a varias ciudadanas que afirmaron ser
accionistas de Médicos Asociados SA, (iv) la Procuraduría Delegada para
la Salud, Protección Social y el Trabajo Decente, (v) la Alcaldía
Municipal de Girardot, (vi)
la Clínica Dumian Medical SAS, (vii) la Clínica de Especialistas de
Girardot, (viii) Famisanar Unicentro Girardot, (ix) Clínica Salud
Total de Girardot, (x) Clínica Colsubsidio de Girardot, (xi) Secretaría
de Salud del Municipio de Girardot.
-
Impugnación al Auto de Nulidad: Oficio del 22 de
agosto de 2019 a través del cual el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Melo
impugnó la decisión anteriormente referida, en específico, la decisión de
mantener la medida cautelar, por considerar que ésta afecta
desproporcionadamente los intereses de Médicos Asociados SA y, en realidad,
carece de sustento.
-
Auto que Resuelve el Recurso de Reposición: Mediante Auto
del 26 de agosto de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot
decidió rechazar por improcedente el recurso incoado por considerar que, contra
este tipo de autos, no procede recurso alguno.
5.2.
SEGUNDO TRÁMITE DE TUTELA
Una vez declarada la Nulidad de lo actuado, el
expediente fue remitido al Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, para su
conocimiento.
A partir de lo anterior, se vinculó a las autoridades
que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot estimó debían ser
vinculadas y éstas contestaron en los siguientes términos:
-
Caja Colombiana de Subsidio -Colsubsidio-
Mediante escrito del 28 de agosto de 2019, indicó que
las dos IPS de Colsubsidio Girardot prestan sus servicios de salud sin que,
hasta el momento hayan evidenciado variaciones en las demandas de servicios con
ocasión al cierre de la Nueva Clínica San Sebastián.
De otro lado, indicó que no tiene relación alguna con
el objeto de la litis, motivo por el cual estima necesario que sea desvinculada
del trámite de amparo en estudio.
-
Ciudadana Viviana Castillo Melo
Mediante oficio del 28 de agosto de 2019, contestó la
presente acción de tutela en su calidad de accionista de Médicos Asociados SA
en el sentido de solicitar se declare la improcedencia del amparo invocado, por
considerar que el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial a los
que puede acudir y que el debate jurídico debe surtirse ante el juez natural,
esto es, las autoridades judiciales que están conociendo de los trámites
iniciados ante la Superintendencia de Sociedades (actualmente Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cundinamarca y Corte Suprema de Justicia).
Adicionalmente, reiteró gran parte de los argumentos expresados por el
ciudadano Mayid Alfonso Castillo Melo.
Ahora bien, en adición a los argumentos que se han
expuesto y repetido hasta ahora en relación con los trámites judiciales que
están en desarrollo, llama la atención en que el 25 de junio de 2019 se dictó
sentencia dentro del proceso Verbal Sumario con radicado No.
1100131030422016000086400 adelantado por el Juzgado 42 Civil del Circuito de
Bogotá e iniciado por Adriana Castillo Melo en contra de Mayid Alfonso Castillo
Arias[6], en el cual (i)
se le declaró responsable societariamente por “haber desbordado
arbitrariamente sus facultades como administrador de la sociedad Médicos
Asociados SA” y se le condenó al pago de 103 mil millones de pesos por
concepto del detrimento patrimonial sufrido por dicha sociedad, más los
intereses bancarios corrientes y (ii) se ordenó su remoción definitiva
de la administración de la Empresa Médicos Asociados SA.
Considera que lo anterior hace incluso más evidente la
improcedencia del amparo invocado, pues implicaría convalidar el accionar que
ya, en varias decisiones judiciales, se ha reprochado como ilegal.
-
Alcaldía Municipal de Girardot
Mediante oficio del 29 de agosto de 2019, la Oficina
Asesora Jurídica del Municipio de Girardot, se opuso a las pretensiones de la
tutela por considerar que el amparo pretendido es improcedente en razón a que
la alcaldía no cumple con las condiciones para poder ser considerada como
sujeto pasivo del trámite de tutela, pues no es quien otorga la autorización
pretendida.
Con todo, estima necesario que el juez constitucional
adopte una decisión que garantice los derechos de la población del municipio y
la efectiva prestación del servicio de salud, pues evidencia que en el
municipio no existe ninguna otra IPS que preste los servicios de nivel IV y que
ello podría afectar la continuidad en las atenciones requeridas por múltiples
ciudadanos, quienes deberán ser trasladados a otras IPS’s en otros municipios,
pues en Girardot no se cuenta con la suficiente capacidad para atender todos
los servicios que se dejarán de prestar y sería necesario adoptar medidas de
contingencia que permitan asumir el nuevo contexto del municipio sin dicha IPS.
-
Clínica Dumian Medical SAS
Mediante oficio del 29 de agosto de 2019 solicitó ser
desvinculada del trámite de tutela, pues considera que no ha vulnerado derecho
fundamental alguno del accionante y que, si bien con ocasión al cierre de la Nueva
Clínica San Sebastián se incrementaron los servicios de urgencias en un 70%, lo
cierto es que todo se ha gestionado conforme al plan de contingencia
desarrollado por la alcaldía municipal de Girardot y, en consecuencia, no ha
existido afectación alguna a la prestación del servicio.
-
Sociedad de Especialistas de Girardot SAS
A través de oficio del 29 de agosto de 2019 indicó que
si bien no ha visto directamente afectada la prestación del servicio de salud
que brinda personalmente, lo cierto es que, para efectos de las remisiones por
casos de mayor complejidad o especialidad, los pacientes han tenido que ser remitidos
a IPS por fuera del municipio, pues la única que presta el servicio de nivel IV
era la Nueva Clínica San Sebastián.
-
Ciudadana Carolina Castillo Perdomo
Por medio de oficio del 29 de agosto de 2019,
manifestó que, en su condición de Representante Legal Suplente de Médicos Asociados
SA, coadyuva las pretensiones de la acción, pues considera que el obrar de los
accionados ha generado obstáculos a la libre disposición de la propiedad del actor
y, en virtud de ello, su gestión como representante suplente se haya visto
entorpecida por múltiples demandas civiles y laborales, cuyas eventuales
responsabilidades su representada no tienen los recursos para sufragar.
-
Ciudadana Magda Valeria Méndez Caicedo
Mediante oficio del 29 de agosto de 2019, en su
calidad de representante legal de Junical Medical SAS, coadyuva las
pretensiones del accionante pues, con el obrar de las accionadas, ha visto
afectado su derecho al debido proceso y el derecho a la salud del municipio de
Girardot, pues se ha obstaculizado la prestación del servicio que es requerido.
Para demostrar la afectación a la población del
municipio allega un cuaderno con 9721 firmas de los usuarios de salud del
municipio que solicitan la apertura inmediata de la Nueva Clínica San Sebastián.
-
Veeduría en Salud de Girardot -VEESAGIR-
Por medio de oficio del 30 de agosto de 2019 aseveró que
es indispensable que Girardot cuente con una IPS que preste los servicios de
salud de Nivel IV, pues no solo hay servicios médicos que ya no se pueden
prestar, sino que ante su ausencia se han visto afectadas las asignaciones de
citas médicas y los diagnósticos especializados, pues las personas deben salir
del municipio.
-
Famisanar EPS
A través de oficio del 30 de agosto de 2019, indicó
que la ausencia de una IPS de Nivel IV ha generado mayor congestión en la
atención en salud y los ha obligado a ubicar a los pacientes que requieren de
servicios especializados, en otros municipios.
-
Salud Total EPS
Mediante oficio del 3 de septiembre de 2019, informó
que ante la clausura de la Nueva Clínica San Sebastián ha contratado con otras
IPS del municipio y, así, ha logrado garantizar la efectiva prestación del
servicio de salud a sus afiliados.
Primera Instancia
Una vez recibidas las intervenciones de las entidades
vinculadas, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, mediante sentencia
del 5 de septiembre de 2019 declaró la improcedencia del amparo invocado, pues
si bien, contrario a lo afirmado por las accionadas, no existe temeridad en la
presentación de la acción, pues las partes y pretensiones son diferentes a las
estudiadas en la tutela anterior, lo cierto es que antes de efectuar cualquier
pronunciamiento en relación con la habilitación de funcionamiento de la IPS es
necesario que se resuelva primero el litigio existente ante la Superintendencia
de Sociedades. Adicionalmente, destaca que, del material probatorio
recolectado, no hay certeza de que la tenencia del inmueble esté en cabeza del
accionante, sin que resulte admisible que pretenda usar este mecanismo
excepcional de protección para obtener un pronunciamiento que le restituya un
inmueble, pues para ello cuenta con otros mecanismos idóneos.
Finalmente, considera que la clausura de la clínica no
tiene la virtualidad de afectar ningún derecho a la salud, pues, no solo se
tiene que la Secretaría Departamental de Salud afirmó que existen otras 34 IPS
que, en la actualidad prestan sus servicios en el municipio, sino que, además,
con ocasión al cierre de la clínica se adelantó un plan de contingencia para el
suministro de servicios médicos, los cuales han sido brindados sin barreras en
el acceso, ya sea en Girardot o en municipios aledaños.
Impugnación
Mediante oficio del 6 de septiembre de 2019, el
ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias presentó impugnación en contra del fallo
anteriormente referido. Para el efecto reiteró los argumentos inicialmente
argüidos.
Segunda Instancia
Por medio de Sentencia del 8 de octubre de 2019, el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot revocó parcialmente la decisión
del juez de primera instancia, en el sentido confirmar la improcedencia del
amparo ius-fundamental solicitado por el accionante en razón a que
consideró que éste en efecto cuenta con otros medios de defensa a los cuales
acudir, sin que resulte plausible que, para defender su derecho a la propiedad,
se pueda considerar que los mecanismos ordinarios de protección carecen de la
idoneidad y eficacia requerida.
No obstante, decidió, en ejercicio de sus facultades ultra
y extra petita, conceder el amparo a los derechos fundamentales a al
acceso efectivo al servicio público a la salud, a la vida y a la integridad
personal de la “Población de Girardot y demás
municipios que se suplen de dicho servicio público en esta ciudad” y,
como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Secretaría Departamental de
Salud de Cundinamarca que mantenga vigente la medida provisional decretada por
ese Despacho el 11 de julio de 2019. En ese sentido, aclaró que la vigencia de
la protección otorgada será hasta el momento en que culminen definitivamente
todas las causas civiles enunciadas por las partes y que están pendientes de
resolución en sus recursos de apelación y casación, pues, en su criterio, este
será el momento en que quedan en firme todas las medidas adoptadas.
Adicionalmente, exhortó a Junical Medical SAS que
mantenga la habilitación total de su IPS y cumpla la totalidad de las
exigencias requeridas para su funcionamiento establecidas en el Decreto 2003 de
2014.
Para sustentar esta segunda determinación, indicó que
si bien la controversia objeto de litigio se enmarca en el contexto de una
discusión familiar dentro de la administración y manejo de una empresa, en
cuanto el accionante (Mayid Alfonso Castillo Arias) y el accionado (Mayid
Alfonso Castillo Melo) guardan una relación de Hijo-Padre, lo cierto es que
esta pugna está teniendo efectos sobre la población de Girardot y sus
municipios aledaños, quienes se están viendo afectados en el acceso al servicio
público de salud como lo manifestaron algunas de las entidades vinculadas.
Considera inadmisible que la administración
departamental desconozca la solicitud de la representante legal suplente y le dé
primacía a la del representante legal principal, si en la ley no se estableció
dicha jerarquía. Mas aún, reprocha que la secretaría accionada “mienta” al
indicar que el cierre de la Nueva Clínica San Sebastián no está afectando la
prestación del servicio de salud en el municipio, pues se evidencia que no
existe ninguna otra IPS que preste servicios de Nivel IV y, por tanto, en su
criterio, la afectación a la salud del municipio no es eventual, sino cierta.
Por lo anterior, considera indispensable que, con el
objetivo de que sea posible garantizar el derecho fundamental a la salud de los
habitantes del Municipio de Girardot, el juez constitucional intervenga para
asegurar que exista una IPS que preste los mismos servicios que ofertaba la Nueva
Clínica San Sebastián.
Finalmente, aclara que, si bien existen múltiples decisiones
judiciales que han reconocido irregularidades en el obrar del accionante,
dichas decisiones se encuentran surtiendo trámites de impugnación (apelación o
casación), motivo por el cual no se encuentran en firme y, por ello, no habrán
de ser tenidas en cuenta.
II.      CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.
Competencia
La Corte
Constitucional es competente para pronunciarse en sede de revisión en relación
con el presente fallo de tutela, de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Política de Colombia, así como en los
artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
2.
Planteamiento del caso y problema
jurídico
El
accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales (i) a
la propiedad privada, (ii) al dominio y libre disposición de sus bienes
y (iii) al debido proceso, de forma que se ordene a los accionados
a autorizar (a) el retiro de la habilitación de funcionamiento de la
sociedad Médicos Asociados SA en relación con la Nueva Clínica San Sebastián en
Girardot y (b) se le permita a Junical Medical SAS iniciar los trámites
para obtener dicha autorización.
El
actor funda sus pretensiones en el hecho de que la Secretaría de Salud
accionada se negó a habilitar el funcionamiento de esta última sociedad como
IPS en un inmueble que él dio en arrendamiento con ese fin. Reprocha que la
accionada sustente su decisión en que ya existe una IPS registrada en ese inmueble,
por lo que no puede realizar una nueva habilitación hasta que la anterior haya
sido previamente retirada. Cuestión que considera desconoce que él es el
propietario del inmueble y que, el permiso pre-existente, no puede tener la
virtualidad de limitar su derecho de dominio sobre el inmueble.
Llama
la atención en que, a pesar de que la representante legal suplente de Médicos
Asociados SA ha solicitado la cancelación de la autorización en discusión, esta
pretensión fue rechazada por la accionada en razón a que se radicó una
solicitud en sentido contrario por parte del representante legal principal de
dicha organización, cuestión que estima irregular, pues considera que no existe
ninguna restricción a las competencias de los representantes legales suplentes.
Ahora
bien, adicional a los hechos anteriormente referidos, es de destacar que el
Ad-Quem consideró que si bien el amparo pretendido es improcedente, lo cierto
es que los derechos fundamentales de la población del municipio de Girardot y
de sus municipios aledaños están en riesgo, motivo por el cual estimó necesario
que se conceda la autorización pretendida, de forma que se habilite el
funcionamiento de una IPS en ese municipio y, así, se garantice la continuidad
de los servicios de salud a prestar.
De
acuerdo con los hechos descritos por el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias y las pruebas
que reposan en el expediente, corresponde a la Sala Novena de Revisión
determinar, en primera medida, y a manera de análisis preliminar al estudio de
fondo de las pretensiones invocadas, si: (i) ¿En el caso bajo estudio se
configura el fenómeno de cosa juzgada o temeridad, teniendo en cuenta que la
sociedad Junical Medical S.A.S. presentó una acción de tutela con pretensiones
similares a la objeto de estudio?
Así,
una vez superado este análisis, se procederá a verificar si (ii) ¿Considerando
los procesos que se encuentran actualmente en curso ante la jurisdicción
ordinaria y los medios de control ofrecidos por la jurisdicción contencioso administrativa,
la acción de tutela es el único mecanismo con el que cuenta el actor para la
protección de sus derechos?
De
otro lado, esta Sala también deberá estudiar si como lo propuso el juez de
segunda instancia: (iii) ¿Teniendo en cuenta el conflicto societario que
subyace entre Médicos Asociados S.A. y Junical Medical S.A.S., es la acción de
tutela el mecanismo idóneo para la remoción de la habilitación de
funcionamiento a una IPS y el otorgamiento de la misma, a otra? y (iv)
¿Procede la acción de tutela para, por vía de facultades ultra y extra
petita, se disponga la protección del derecho a la salud de la población de
varios municipios de forma indeterminada, y sin individualizar los sujetos a
proteger, aun cuando, no hacen parte del proceso y ésta no es una de las
pretensiones?
3.
Análisis Preliminar: estudio de procedencia
A
continuación, tal y como se indicó en el planteamiento del caso[7], la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional procederá a determinar (i) la
configuración de los fenómenos de cosa juzgada o temeridad en el ejercicio de
la acción, para luego fijar (ii) la procedencia de la acción de tutela
en el caso en concreto.
3.1.
En lo relativo a
la presunta configuración del fenómeno de la cosa juzgada y/o temeridad puesto
de presente por varios de los sujetos vinculados, se destaca que esta Corte ha
distinguido entre estas dos instituciones jurídicas en el sentido de aclarar
que a) la cosa juzgada se configura ante la verificación de que
existe una identidad de (i) hechos, (ii) pretensiones y (iii)
partes, y que, adicionalmente, no exista (iv) una razón que justifique
la presentación de una nueva acción; y, de otro lado, b) la
temeridad implica que, adicional a lo anterior, exista un obrar doloso por
parte del accionante, esto es, que se logre verificar que el actor acudió a la
segunda acción con un ánimo desleal y buscando engañar a la autoridad judicial
para, así, sacar un provecho personal[8].
De ahí que se haya señalado que incluso a
pesar de que se configure la triple identidad anteriormente referida y,
adicionalmente, no exista una causal que justifique la presentación de la nueva
acción, no se configura, el fenómeno de la “temeridad”, cuando quiera que “la acción de tutela se funda en: (i) la ignorancia del
accionante; (ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii)
el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho”.
En ese sentido, si bien la acción propuesta en estas condiciones resulta
improcedente, lo cierto es que el obrar referido no sería reprochable ni
sancionable a la luz del artículo 52 del Decreto 2591 de1991.
En relación con el caso en concreto, la Sala advierte
que la acción presentada por el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias, contrario a lo referido
por varias de las accionadas o vinculadas, no cuenta con la triple identidad
anteriormente referida. Motivo por el cual no es posible aseverar que se haya
configurado el fenómeno de la cosa juzgada y, menos aún, el de la temeridad (el
cual, como se indicó en procedencia, requiere que se configuren los requisitos
de la cosa juzgada, más el factor subjetivo o la intención de engañar dolosamente
al juez para sacar un provecho particular).
Se pone de presente que, si bien en una
ocasión anterior la sociedad Junical SAS incoó una acción de tutela con
fundamento en el mismo contexto fáctico que dio lugar a la presentación de la
acción objeto de estudio, lo cierto es que, en ella, el sujeto activo no solo
era diferente a aquel que presentó la acción en esta ocasión, sino que, además,
se buscaba la protección de derechos fundamentales diferentes (en la tutela
formulada por Junical SAS era el debido proceso y, en la actualidad se busca la
protección del derecho de propiedad).
Así, es posible verificar que las
acciones de tutela objeto de comparación presentan problemas jurídicos
sumamente distantes, pues ya no se trata de determinar las posibles afectaciones
a una empresa a partir de un trámite que permita su habilitación como IPS, sino
que se pretende discutir las eventuales afectaciones a un particular en el
normal ejercicio de su derecho de dominio sobre un inmueble.
Por lo expuesto, para la Sala no se
configuró en esta ocasión el fenómeno de la Cosa Juzgada, ni de temeridad
propuesto por varios de los intervinientes y se procederá con el estudio de
procedencia de las pretensiones invocadas.
Ahora bien, para continuar con el análisis preliminar
anteriormente referido, se estima indispensable abordar unas breves
consideraciones en relación con la jurisprudencia constitucional vigente en
materia de procedencia de la acción de tutela.
Requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela. Reiteración de jurisprudencia
La acción de
tutela, tal y como fue diseñada por el Constituyente de 1991, se caracteriza
por ser un mecanismo informal de protección judicial de derechos fundamentales,
esto es, se trata de una acción pública a la que puede acudir cualquier persona
sin necesidad de técnicas y conocimientos especializados. A pesar de ello, la
jurisprudencia constitucional ha reconocido la existencia de unos requisitos
mínimos de procedibilidad que deben verificarse a efectos de que sea posible
que el juez constitucional pueda entrar a resolver el fondo de la litis
que ante él se plantea.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido que la acción de tutela, como
mecanismo de protección de derechos fundamentales, parte del presupuesto de que
los derechos cuya protección se pretende con la intervención del juez se
encuentran en cabeza de un sujeto determinado o grupo de sujetos determinables,
que sean titulares de esos derechos fundamentales[9].
Así, es necesario que el ejercicio de la acción de tutela propenda por conjurar
una afectación concreta a los derechos fundamentales de un titular de derechos,
sin que resulte admisible que ésta pueda proceder sin que sea posible
individualizar la afectación en un sujeto en concreto.
Así, el accionar
del juez constitucional está supeditado a la previa verificación de una
afectación que sea identificable en un sujeto en concreto, pues, de lo
contrario, se corre el riesgo de invadir el ámbito de competencia de otras
autoridades, o intervenir en situaciones en las que no están en discusión
derechos de raigambre fundamental.
En ese sentido,
se ha reconocido que la acción de tutela está diseñada para permitir la
defensa de intereses individuales en los que la titularidad del derecho se
encuentra en el sujeto afectado con la medida que se estima vulneradora.
Esta
Corte ha reconocido que el factor que determina si un derecho o interés en
concreto es de carácter individual o colectivo, no es la pluralidad de sujetos
que solicitan su protección, sino en quien radica su titularidad[10], pues cuando el
juez constitucional estudia la presunta vulneración de un derecho fundamental,
ésta necesariamente debe poderse establecer en cabeza de una persona o grupo de
personas individualizable o identificable.
En ese orden de
ideas, el juez constitucional se encuentra en la obligación de esclarecer,
entre otras cosas y en cada caso en concreto: (i) la efectiva
acreditación de la legitimación para hacer parte del proceso por quienes
en él se encuentran inmiscuidos, ya sea de quien incoa la tutela (accionante -legitimación
por activa-) o de quien se predica la presunta vulneración ius-fundamental
(el accionado -legitimación por pasiva-); (ii) la inmediatez
con que se acudió a este excepcional mecanismo de protección; (iii) que
se trate de un asunto de trascendencia constitucional, esto es, que esté
de por medio la vulneración de un interés de raigambre constitucional; y (iv)
la inexistencia de mecanismos ordinarios de protección (subsidiaridad).
Respecto de la legitimación
por activa, ésta se constituye en un requisito que solo se ve satisfecho a
partir de la efectiva verificación por parte del juez de que los derechos
fundamentales presuntamente afectados se encuentran en cabeza de quien se
reputa es el accionante.
En contraste, la
legitimación por pasiva implica la necesidad de que el juez verifique
que el accionado sea quien efectivamente está poniendo en riesgo o afectando
los derechos fundamentales de quien solicita el amparo, esto es, que quien está
siendo identificado como desconocedor de las garantías ius-fundamentales
del accionante, sea quien efectivamente incurrió en la conducta u omisión que
se considera como vulneradora.
En relación con
el requisito de acudir con inmediatez al mecanismo de amparo, la Sala
Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU-961 de 1999 determinó que la
inexistencia de un término de caducidad para la interposición de las acciones
de tutela no quiere decir que este especial mecanismo de protección no deba
interponerse dentro de un plazo razonable que impida que, con el obrar del juez
constitucional, se puedan ver afectados los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgada[11].
Al respecto, se indicó que las solicitudes de amparo deben ser radicadas con
inmediatez, requisito que debe ser determinado caso a caso en relación con los
hechos que  dan sustento a la solicitud de tutela.
En este sentido,
se ha entendido por la jurisprudencia de esta Corte que siendo la acción de
tutela un mecanismo que permite obtener la protección de las garantías de más
alta envergadura dentro del ordenamiento jurídico, es necesario que quien acude
a ella, lo haga dentro de un plazo razonable que sea fiel testigo de la
gravedad del asunto y de la trascendencia de la afectación que se alude.
Con todo, en
reiteradas ocasiones esta Corporación ha admitido la posibilidad de
flexibilizar el estudio de este requisito en los casos en que la pretensión con
la que se incoa la acción de tutela se encuentra relacionada con obtener
protección respecto de una actuación u omisión que tiene efectos constantes y
permanentes sobre los derechos del solicitante, tal y como sería el caso del
reconocimiento de una prestación de carácter periódico[12].
De
ahí que se haya reconocido que siempre que el objeto de la tutela radique en la
protección respecto de afectaciones de carácter continuo y actual, es posible
interponer la acción en cualquier época, sin que resulte admisible declarar la
improcedencia de la acción por el hecho de que ha transcurrido un tiempo muy
prolongado entre la conducta que se reputa como vulneradora y la presentación
de la tutela.
Respecto de la
relevancia constitucional, esta Corte ha aceptado en su jurisprudencia que
la acción de tutela, como mecanismo de protección ius-fundamental,
únicamente procede ante la afectación o vulneración de un derecho de esta
categoría, de forma que cualquier conflicto que implique una controversia por
el desconocimiento o errónea aplicación de una norma de rango reglamentario o
legal, escapa a su competencia.
Por último, en
lo relacionado con el requisito de subsidiaridad se
ha expresado por esta Corporación que la acción de tutela se caracteriza por
ostentar un carácter residual o subsidiario y, por tanto, excepcional; esto es,
parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho como el que nos rige,
existen procedimientos ordinarios para asegurar la protección de estos intereses
de naturaleza fundamental. En este sentido, resulta pertinente destacar que el
carácter residual de este especial mecanismo obedece a la necesidad de
preservar el reparto de competencias establecido por la Constitución y la Ley a
las diferentes autoridades y que se fundamenta en los principios de autonomía e
independencia judicial.
Por lo anterior, y como producto del
carácter subsidiario de la acción de tutela, resulta necesario concluir que,
por regla general, ésta solo es procedente cuando el individuo que la invoca no
cuenta con otro medio de defensa a través del cual pueda obtener la protección
requerida.
No obstante, se ha reconocido que
existen ciertos eventos en los que, a pesar de la existencia de mecanismos
ordinarios de protección, resulta admisible acudir directamente a la acción de
tutela, los cuales han sido sintetizados de la siguiente manera: (i)
cuando se acredita que a través de estos es imposible obtener un amparo
integral de los derechos fundamentales del actor, esto es, en los eventos en
los que el mecanismo existente carece de la idoneidad y/o eficacia
necesaria para otorgar la protección de él requerida, y, por tanto, resulta
indispensable un pronunciamiento por parte del juez constitucional que resuelva
en forma definitiva la litis planteada; y (ii) cuando se
evidencia que la protección a través de los procedimientos ordinarios no
resulta lo suficientemente expedita como para impedir la configuración de un perjuicio
de carácter irremediable, evento en el cual el juez de la acción de amparo
se encuentra compelido a proferir una orden que permita la protección
provisional de los derechos del actor, mientras sus pretensiones se resuelven
ante el juez natural.
Sobre el primero de los eventos
anteriormente mencionados, esta Corporación indicó en Sentencia SU-772 de 2014,
que para determinar la idoneidad y/o eficacia del mecanismo ordinario es
necesario que el juez constitucional valore:
“i)
que el tiempo de trámite no sea desproporcionado frente a las consecuencias de
la decisión (…); ii) que las exigencias procesales no sean excesivas, dada la
situación en que se encuentra el afectado (…); iii) que el remedio que puede
ordenar el juez no sea adecuado para satisfacer el derecho de que se trate, por
ejemplo, cuando el juez no pueda ordenar medidas de restablecimiento del
derecho; y iv) cuando el otro mecanismo no permita atender las particularidades
de los sujetos, como cuando la resolución del problema (…) dependa
estrictamente de criterios legales ajenos a las condiciones particulares y especiales
de vulnerabilidad en que se encuentre una persona.”
Por ello, se ha considerado que no basta
con verificar la existencia formal de mecanismos ordinarios de protección, sino
que se debe valorar, en el caso en concreto, su eficacia, esto es, la posibilidad
de que este medio de protección garantice una respuesta pronta que no implique
un desgaste y demora desproporcionada en los intereses de la actor (numerales
(i) y (ii) del aparte anteriormente referido), y/o idoneidad, que refiere tanto
a la capacidad con que cuenta el medio de protección para lograr la efectiva
satisfacción del derecho afectado, como al reconocimiento de las especiales
condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden a él (numerales (iii) y (iv).
Respecto del segundo de ellos, la
jurisprudencia de esta Corte ha establecido ciertos criterios con base en los
cuales es posible determinar la ocurrencia o no de un perjuicio que pueda
tildarse de irremediable. Entre ellos se encuentran: que (i) se esté
ante un daño inminente o próximo a suceder, lo que exige un grado
suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii)
de ocurrir, no existiría forma de repararlo, esto es, que resulta irreparable;
(iii) debe ser grave y que, por tanto, apareje la afectación de
un bien susceptible de determinación jurídica que se estima como altamente
significativo para la persona; (iv) se requieran medidas urgentes
para superar la condición de amenaza en la que se encuentra, las cuales deben
ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben
considerar las circunstancias particulares del caso; y (v) las medidas
de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben
responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación
del daño irreparable.[13]
En consecuencia, esta Corporación ha
reconocido que, en estos dos eventos, en los que las circunstancias
particulares del caso constituyen un factor determinante, es posible que la
acción de tutela pueda entrar a otorgar directamente el amparo pretendido, ya
sea de manera transitoria o definitiva, a pesar de existir mecanismos
ordinarios de protección a los que sea posible acudir.
3.2.
Para abordar el
estudio de procedencia antedicho, la Sala dividirá el análisis a realizar en las
dos pretensiones que se derivaron del caso, estas son: (i) la formulada
por el accionante en relación con la protección de su derecho fundamental a la
propiedad privada y libre disposición de sus bienes; y (ii) la inferida
por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot en relación con la
presunta vulneración del derecho a la salud de la población del municipio de
Girardot y sus municipios aledaños.
3.2.1. En relación con
la pretensión invocada por el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Arias, la Sala
evidencia que, como lo reconocieron los jueces de instancia, ésta comprende la
existencia de un problema familiar y societario que escapa por completo al
ámbito de competencias del juez constitucional, como se explicará a
continuación.
Como primera
medida, se destaca es que la pretensión carece de relevancia constitucional,
pues lo que se busca por el actor es que la administración departamental
accionada le permita, a la empresa a la que le arrendó un bien inmueble,
prestar servicios de salud en el municipio de Girardot, autorización que le es
negada con ocasión a la existencia de otra IPS registrada en la ubicación en la
que se pretende obtener la autorización.
Así, se tiene
que el debate suscitado es eminentemente legal y, en realidad, no comporta la
vulneración de derecho fundamental alguno, pues ni siquiera se expone por el
actor cómo la negativa de la accionada a autorizar el funcionamiento de una
sociedad como Institución Prestadora de Servicios en salud, tiene la
virtualidad de desconocer su derecho a la propiedad. Es de aclarar que, indistintamente
de (i) quién sea el propietario del inmueble y (ii) a qué
sociedad le fue arrendado éste, lo cierto es que la administración
departamental únicamente verificó la existencia previa de otra IPS en ese lugar;
la cual lógicamente debe ser clausurada antes de poder habilitar una nueva.
Ahora bien, se
destaca que si bien el actor pregona la protección de “sus” derechos
fundamentales individuales como propietario de un bien inmueble, lo cierto es
que la pretensión que invoca no tiene la virtualidad de contribuir a la
salvaguarda de estos derechos, pues, en realidad:
-
La conducta
reprochada no desconoce su poder de libre disposición sobre el bien inmueble en
cuestión y, en consecuencia, lo pretendido no contribuye de manera alguna a la
superación de la presunta afectación. Así, se observa que el actor no está
impedido de manera alguna, para arrendar, vender o, en general, disponer de su
inmueble, pues la accionada lo único que restringe es el hecho de que, en ese
terreno, se habilite el funcionamiento de una nueva IPS hasta tanto se resuelva
la situación jurídica de aquella que se encontraba previamente ubicada en esa
locación.
-
De accederse a sus
peticiones el resultado no tendría la vocación de salvaguardar algún interés
jurídico de raigambre ius-fundamental del que sea titular, sino que se terminaría
beneficiando los intereses de la sociedad Junical Medical SAS, quien es el
verdadero interesado en obtener la autorización de prestación de servicios en
salud (entidad que, vale aclarar, ya cuenta con una decisión de tutela que
resolvió declarar la improcedencia del amparo solicitado y, respecto de la
cual, en razón a que las condiciones de hecho no han cambiado, cualquier
pronunciamiento que esta Corte pueda hacer sobre su situación jurídica,
desconocería los efectos de cosa juzgada de estas decisiones).
De otro lado, es
necesario poner de presente que si, en gracia de discusión, se aceptara la
tesis del actor de que la conducta reprochada en efecto tiene la posibilidad de
vulnerar sus derechos fundamentales, lo cierto es que, para controvertir esta
decisión, cuenta con numerosos mecanismos judiciales de defensa a los que puede
acudir, sin que se acredite por su parte porqué éstos carecen de la idoneidad y
eficacia que estima es requerida y que habilitaría el excepcional proceder del
juez constitucional.
Así, (i) en
relación con la conducta de la administración departamental, el actor cuenta
con la posibilidad de acudir a un trámite contencioso administrativo en virtud
del cual puede controvertir la presunta actuación irregular, e incluso, si lo
estima necesario, solicitar la adopción de medidas cautelares; y, (ii)
en lo relativo a la oposición realizada por el ciudadano Mayid Alfonso Castillo
Melo, debe ventilar sus inconformidades al interior de los tres procesos
societarios que se están desarrollando en la jurisdicción ordinaria, sin que,
como se indicó anteriormente, corresponda al juez constitucional irrumpir en
las competencias del juez natural de estas causas.
De
esta manera, la Sala evidencia que, a pesar de que el actor cuenta con
numerosos mecanismos ordinarios que le permitirían obtener protección que
reclama en relación con las conductas que considera afectan sus derechos
fundamentales, lo cierto es que (i) no ha acudido a ellos, o estos se encuentran
en trámite, y (ii) no demostró cómo éstos a) podrían carecer de
la idoneidad y la eficacia que es requerida, o b) que acudir a estos
mecanismos lo sometería a la inminente materialización de un perjuicio de
carácter irremediable (en los términos de la jurisprudencia de esta Corporación).
En consecuencia,
como quiera que se encuentran insatisfechos dos de los requisitos de
procedencia requeridos, la Sala se abstendrá de evaluar la configuración de los
demás, pues de lo expuesto no resta más que concluir que la pretensión invocada
por el accionante es efectivamente improcedente y, por ello, se confirmarán las
decisiones de instancia en lo que a esto respecta.
3.2.2. En lo atinente
a la presunta vulneración ius-fundamental al derecho a la salud de los
habitantes de Girardot y sus municipios aledaños, resulta importante poner de
presente que ésta se constituye en una pretensión que fue abordada por el Ad-Quem
bajo el presunto amparo de las facultades ultra y extra petita
con las que cuenta el juez constitucional, pues se trata de un asunto que
escapa a lo pedido inicialmente e, incluso, a los sujetos involucrados en la
solicitud de amparo incoada.
Sobre este
excepcional tipo de atribuciones, la Corte Constitucional, en Sentencia de Unificación
192 de 2012[14], recordó que se
constituyen en la facultad con la que cuenta el juez de tutela para conceder,
en un caso en concreto, protección en relación con situaciones o derechos
fundamentales que no fueron alegados en la acción, siempre y cuando ello se
haga con el objetivo de (i) dar primacía a la efectividad de estos
derechos, (ii) garantizar que prime la justicia material frente a una
concepción formal de la misma, que desconozca la realidad de la población y, (iii)
materializar así, los postulados del Estado Social de Derecho[15].
No obstante lo
anterior, estas facultades no deben ser comprendidas como omnímodas o
irrestrictas, pues su ejercicio presupone una actitud mesurada y responsable
por parte del juez constitucional, en virtud de la cual deben estar única y concretamente
dirigidas a obtener la protección de los derechos fundamentales de una persona,
cuando se estime que estos ha sido evidentemente afectados con ocasión al
contexto fáctico puesto de presente en el trámite de tutela. Ello, so pena de
irrumpir en el debido proceso de la contraparte, quien se podría ver
sorprendido por decisiones que nada tienen que ver con el litigio planteado.
Es decir, a
pesar de que el ejercicio de las facultades ultra y extra petita
implica, por definición, que las autoridades judiciales se encuentran en la
capacidad, y el deber, de tener en consideración elementos de juicio,
situaciones de hecho e incluso pretensiones que no fueron invocadas por las
partes, con el objetivo de dictar medidas que permitan el restablecimiento de
derechos que puedan encontrarse desconocidos, ello no significa que el juez
pueda arbitrariamente abordar asuntos que no se deriven razonablemente
de los hechos y situaciones puestas de presente en la acción de tutela.
En este sentido,
si bien el ejercicio de las facultades en comentarios (i) ha sido
reconocido por esta Corporación como una obligación por parte del juez
constitucional cuandoquiera que evidencie que existen derechos fundamentales
que han sido desconocidos, lo cierto es que (ii) requiere de una
correspondiente carga argumentativa que demuestre fehacientemente la necesidad
de la intervención del juez de tutela y la claridad de la vulneración que será
amparada.
Así, como quiera
que se trata de atribuciones que presuponen una absoluta certeza y claridad en
relación con la vulneración y la procedencia de la protección a otorgar, deben
ser entendidas como excepcionales, más aún dentro de un proceso como el de
tutela que, de por sí, ya cuenta con muchas restricciones para su procedencia.
Al respecto, la
Sala evidencia que el análisis realizado y la presunta vulneración ius-fundamental
declarada en la sentencia de segunda instancia, no solo distan
significativamente de los términos en los que se planteó el amparo, sino que
retiran por completo de su estudio al accionante y sus pretensiones, para crear
de plano una nueva acción de tutela en virtud de la cual, el Ad-Quem,
terminó por desbordar absolutamente sus competencias y afectó principios como
el debido proceso de las partes y la seguridad jurídica en general, pues, como
se abordará más adelante, cambió la naturaleza de la protección a otorgar, con
el fin de dictar ordenes flagrantemente improcedentes.
Para la Sala, los
requisitos referidos en la parte considerativa de esta decisión relativos a la
procedencia de la acción de tutela tampoco se encuentran acreditados en razón a
que, a partir del análisis del material probatorio recaudado, no fue posible a
esta Corporación individualizar una afectación real y concreta sobre el derecho
fundamental a la salud de un sujeto o grupo de sujetos concreto e identificable
y sobre los que eventualmente pudiera (i) concederse un amparo de tutela
y (ii) radicar la titularidad de la protección a otorgar.
Al respecto es
menester poner de presente que si bien tanto el Ad-Quem, como varias de
las entidades vinculadas, manifestaron la importancia de que el municipio de
Girardot cuente con una IPS de Nivel IV, lo cierto es que nunca se identificó
por parte de estas, ni fue posible evidenciar del material probatorio recaudado
y obrante en el expediente, cómo la ausencia de dicha institución podría llegar
a afectar realmente el derecho fundamental a la salud de alguna persona en
concreto o de un conjunto de personas identificable. Esto es, no es posible
individualizar ¿qué personas podrían llegar a encontrar sus derechos afectados
con el cierre de la Nueva Clínica San Sebastián?, ni ¿de qué manera lo serían?
Así, el juez de
segunda instancia únicamente hizo referencia a que resulta indispensable que
exista, al interior del municipio de Girardot, una IPS que atienda las afectaciones
en salud de Nivel IV para que sea posible garantizar la efectividad del derecho
a la salud de su “población”, pero se abstuvo de identificar a quienes podrían
ver afectados su derecho con la clausura temporal de la Nueva Clínica San
Sebastián.
Resulta
pertinente recordar que si bien el juzgado argumentó que mantener incólume el
acto administrativo cuestionado implicaría la vulneración del derecho fundamental
a la salud de la “población”, lo cierto es que éste fundó su conclusión en
consideraciones generales que carecen de asidero fáctico y probatorio y que,
adicionalmente, parten de la errada premisa de que la única forma a través de
la cual se puede garantizar el derecho a la salud en el municipio es a través
de la presencia de una IPS que preste servicios de Nivel IV; desconociendo que
los servicios de más alta complejidad, como lo pusieron de presente varias de
las entidades vinculadas, pueden ser garantizados por las IPS’s de otros
municipios sin que necesariamente se vea afectada la prestación del
servicio requerido.
Así, a pesar de
que, como lo manifestó la secretaría de salud accionada e incluso dos de las
EPS vinculadas, tras la clausura temporal de la Nueva Clínica San Sebastián no
se podrán practicar procedimientos de Nivel IV en el municipio de Girardot, lo
cierto es que todos los servicios requeridos por los ciudadanos están y
seguirán siendo garantizados a partir de remisiones a otras IPS’s en distintos
municipios del país, sin que se encuentre acreditado en el expediente que
alguna persona en concreto pueda ver afectados sus derechos con ocasión a la
implementación de este tipo de remisiones.
Por lo anterior,
era necesario que, para efectos de concretar una eventual vulneración a un
derecho fundamental, el juez verificara que la afectación que consideró se daba
en la “población” de Girardot, se estableciera en cabeza de los diversos
ciudadanos que la conforman, individualmente considerados.
Como se ha
venido sosteniendo hasta ahora, la Sala considera que no está demostrado, ni
siquiera de manera insipiente, cómo la situación fáctica puesta de presente
podría desconocer la continuidad de la prestación de los servicios de salud de
algún habitante, en concreto, del municipio o causar que alguna persona se
pueda quedar sin la efectiva prestación de un servicio médico que sea requerido.
En ese sentido, se estima que el juez de segunda instancia realizó una
valoración en abstracto del contexto en estudio que es propia de otro tipo de
autoridad judicial y confundió la naturaleza de los derechos en discusión, pues
dictó medidas desprendidas de la realidad procesal fijada en el expediente y
que, por tanto, desnaturalizan la acción de amparo, pues no tienden por
garantizar un derecho individual fundamental.
En ese contexto,
se evidencia que las medidas adoptadas por el juez de segunda instancia
plantean asuntos de conveniencia y que buscan imponer una determinada manera de
entender lo que se constituye como la adecuada prestación del servicio público
de salud. En ese sentido, el Ad-Quem, bajo el pretexto de amparar
derechos fundamentales de sujetos que se abstuvo de determinar, terminó por
inmiscuirse en asuntos propios de una faceta colectiva del derecho a la salud y
que escapan al marco de su competencia excepcional.
Es de destacar
que si bien varias entidades locales manifestaron en su contestación a la
presente acción de tutela que para la correcta prestación del servicio de salud
es importante que exista una IPS que preste los servicios de Nivel IV, lo
cierto es que dichas consideraciones están dirigidas a promover una forma específica
en la que es posible prestar el servicio público de salud y no necesariamente
permiten evidenciar la vulneración de algún derecho fundamental, como mal
concluye el juez de instancia.
Así, como se
indicó en la parte considerativa de esta decisión, para que sea procedente la
excepcional intervención del juez constitucional, es necesario que exista un sujeto
o grupo de sujetos que encuentren sus derechos fundamentales efectivamente
vulnerados o en riesgo, sin que resulte admisible que la acción de tutela pueda
llegar a ser usada para suplantar a otras autoridades administrativas o
judiciales y determinar, con base en criterios de conveniencia (diferentes al
criterio de protección ius-fundamental usado por esta Corporación en las
decisiones en que se ha reconocido la existencia de un Estado de Cosas
Inconstitucional), las políticas públicas que considera deben ser adoptadas
ante una situación particular.
Se destaca que,
en relación con el amparo de derechos colectivos (en este caso, facetas
colectivas de un derecho fundamental) la Corte se ha pronunciado en el sentido
de establecer ciertas reglas o requisitos que deben verificarse para hacer
procedente la intervención del juez constitucional en la materia[16], las cuales,
para la Sala, resulta claro que no se encuentran acreditados en el caso en
concreto; pues, como se expresó con anterioridad, no solo resulta imposible
determinar un titular de los derechos subjetivos a amparar, sino que se carece
de certeza en relación con la existencia de un riesgo o afectación a algún un
derecho fundamental en concreto.
Por lo expuesto,
se evidencia que el ejercicio realizado por parte del Ad-Quem de las
facultades ultra y extra petita con que cuenta, resultó ilegítimo
e irregular, pues, como se indicó en precedencia, el juzgador se abstuvo de
concretar una vulneración ius-fundamental específica que pudiera ser
establecida en cabeza de un sujeto o grupo de ellos en concreto y, por tanto,
el amparo otorgado, lejos de ser evidente, se configura como improcedente también
en relación con esta pretensión.
Como
consecuencia de lo anterior, se evidencia que lejos de propugnar por el ideal
de justicia material que justifica el ejercicio de estas competencias
excepcionales (facultades ultra y extra petita), el juez de
segunda instancia terminó por adoptar una decisión que desconoció
desproporcionadamente el principio de congruencia que debe permear todas las
decisiones judiciales[17]; el cual, si
bien en materia de acciones de tutela tiene un alcance flexible, ello no quiere
decir que los jueces de amparo de derechos se encuentren habilitados para hacer
un uso arbitrario de sus atribuciones y, en consecuencia, puedan proferir una
decisión que sorprenda a las partes (por escapar por completo del contexto
fáctico que se infiere razonablemente de la acción y que le dio sustento).
Así, se
evidencia que la decisión objeto de revisión terminó por alterar la naturaleza
del amparo pretendido e, incluso, de la acción en virtud de la cual ejercía sus
competencias y, de esta manera, incurrió en una irregularidad que, incluso, de
no haber sido identificada en sede de revisión, tiene la suficiente entidad y
gravedad como para derivar en la declaratoria de nulidad de la decisión, tal y
como ha sido declarado por esta Corte en múltiples ocasiones similares a la
analizada[18].
En concordancia
con lo anterior, resulta inadmisible que el juez de segunda instancia, a motu
proprio, se adjudicara la potestad de agenciar los intereses que, en su
criterio, eran de la población de Girardot, en cuanto, en su decisión,
únicamente hizo referencia a materias de conveniencia en relación con la
importancia de que los servicios médicos se brinden en ese municipio y no en
otro, sin que fuera posible concretar la posible vulneración de algún derecho
de raigambre fundamental en cabeza de algún sujeto particular o, al menos,
individualizable. Así, el pronunciamiento del juez, en vez de enfocarse en la
efectiva garantía de un derecho fundamental, fundó su decisión en su percepción
propia de cómo debía ser prestado el servicio público de salud en el Municipio
y, con ocasión a ello, intervino en asuntos relacionados con la esfera
colectiva de este derecho, desconociendo de esta manera la naturaleza de la
acción de tutela en la que funda su competencia.
Adicionalmente,
se evidencia que, a pesar de lo anteriormente descrito, el Juez Primero Civil
del Circuito de Girardot, si bien decidió “negar” el amparo pretendido por el
actor, terminó por acceder completamente a sus pretensiones bajo el argumento
de proteger a la “Población de Girardot”, sin que, del expediente, fuera
posible concretar que (i) existiera alguna afectación en relación con la
cual fuera necesario otorgar algún tipo de protección, o (ii) la
presunta afectación estuviera en cabeza de algún sujeto o grupo de sujetos
identificable.
Así, con esta
decisión no solo desconoció que la acción de tutela no es procedente ante la
inexistencia de una vulneración ius-fundamental concreta e
individualizable en un sujeto o grupo de sujetos de derechos, sino que,
adicionalmente, favoreció subrepticiamente los intereses del accionante y de la
empresa Junical Medical SAS.
Con todo, se
estima pertinente aclarar que, con las consideraciones precedentes, no se
pretende desconocer la eventual afectación que se pueda generar a la salud de algún
habitante del municipio, pues, en el presente caso, únicamente se concluye que no
están dados los elementos fácticos ni jurídicos para poder llegar a la
conclusión de que, en efecto, se vulneró algún derecho fundamental y que esta
situación amerita la excepcional intervención del juez constitucional.
3.3. Ahora bien, a
pesar de que ya se concluyó que la acción de tutela objeto de estudio es
improcedente, la Sala estima pertinente realizar unas consideraciones
adicionales en relación con la situación fáctica y jurídica en comentarios, así
como sobre las decisiones judiciales objeto de revisión.
Sobre el
particular es de aclarar que, del estudio del expediente se evidencia que
existen numerosas irregularidades en el manejo y administración de la IPS Nueva
Clínica San Sebastián, a partir de las cuales se logra observar que (i)
no solamente se está afectando la normal prestación del servicio de salud en
los municipios en que ésta genera su influencia, sino que, adicionalmente, (ii)
con ocasión a estas irregularidades se pueden llegar a haber afectado los
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues se tiene que, al
interior de la superintendencia de Sociedades, se han adelantado procesos por
la presunta apropiación irregular por parte del accionante de los recursos con
que funcionaba esta clínica, por concepto de más de 100.000 millones de pesos,
y que esta situación llevó a que la sociedad que la administraba,
inevitablemente tuviera que ser declarada sin la “estabilidad financiera”
requerida para seguir funcionando.
Es de destacar
que si bien, como lo dijo el juez de segunda instancia, las decisiones de los
tres procesos que se cursan en contra del actor actualmente no se encuentran en
firme[19], lo cierto es
que esta situación no lo habilitaba para pretender desconocer el conjunto de
los elementos probatorios que tenía a su disposición y en virtud de los cuales es
necesario concluir que existe un riesgo muy alto de que estén de por medio
múltiples responsabilidades civiles y penales entre las partes de este proceso,
las cuales, con su obrar, no solo se abstuvo de denunciar, sino que,
adicionalmente, promovió, al favorecer a uno de los extremos procesales en
controversia y, en específico, a aquella que cuenta con una triple presunción
en contra por haber sido condenado por parte de tres jueces diferentes al
interior de tres trámites judiciales independientes.
Por lo anterior,
se concluye que una decisión como la adoptada por el Juez Primero Civil del
Circuito de Girardot (la cual, como se ha expresado hasta ahora, resulta
abiertamente infundada e irregular) tuvo la virtualidad de poner en riesgo (i)
la salud de la población de Girardot (en contra de lo que afirma pretendía),
pues implicó a) deshabilitar una IPS que ha prestado sus servicios en el
municipio por más de 30 años y b) habilitar a una sociedad que, en
principio, no tiene ninguna relación con el litigio objeto de estudio, y sin
que, para crear esta nueva IPS, se haya podido verificar la totalidad de los
requisitos establecidos por la Ley para el efecto; (ii) los recursos del
SGSSS, pues, como se indicó con anterioridad, se desconoce si los recursos
objeto de los procesos judiciales en trámite, y respecto de los cuales se
configuró una presunta apropiación ilegal, involucraban recursos o dineros del
sistema de salud pública; y (iii) la institucionalidad de la justicia,
pues, como juez constitucional, no solo interfirió en una controversia que
escapaba el marco de sus competencias, sino que usó su atribución para
interferir en un conflicto que, en principio, podría considerarse como
eminentemente privado, favoreciendo injustificadamente a una de las partes de
la controversia.
La Sala
considera que incluso, si en gracia de discusión se aceptara que existió alguna
vulneración a los derechos de la “población” de Girardot, el Ad-Quem perfectamente
pudo haber adoptado medidas institucionales que dieran cuenta de la complicada
situación jurídica que envuelve a las partes y poner los problemas de
prestación del servicio de salud en conocimiento de la Superintendencia
Nacional de Salud, para que, en ejercicio de sus competencias legales ejerza
sus funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar su adecuada
prestación del servicio de salud; absteniéndose de, como lo hizo, inaplicar la
totalidad del ordenamiento jurídico para tomar una medida que, como se dijo, no
solamente genera el efecto contrario al pretendido, sino que favorece
indebidamente a particulares.
Así, incluso si
se considerara indispensable para la garantía del derecho fundamental a la
salud de los ciudadanos de Girardot el que exista una IPS de nivel IV, lo
cierto es que ello no habilitaba al juez constitucional para favorecer
arbitrariamente a una de las partes en conflicto, pues no existía argumento alguno
que permitiera favorecer a uno en relación con el otro.
En consonancia
con lo expuesto, vale la pena recalcar que cuandoquiera que la Corte
Constitucional evidencie un accionar irregular del talante anteriormente
referido, tiene como deber garantizar la protección del ordenamiento jurídico
superior y, así, evitar que la acción de tutela se use como un medio para evadir
la institucionalidad y avalar actuaciones que pongan en riesgo el sistema de
salud de los colombianos.
Por
todo lo anterior, la Sala estima necesario compulsar copias del presente
trámite de tutela a:
-
La Fiscalía
General de la Nación, para que, en desarrollo de sus competencias,
verifique si en los hechos que enmarcan el caso objeto de estudio, se
materializó alguna conducta que pueda ser considerada como delictiva y adelante
las gestiones correspondientes.
-
La Superintendencia
Nacional de Salud, de forma que, tras analizar las condiciones del caso,
verifique, entre otras cosas, si se configuró alguna de las infracciones
establecidas en el artículo 130 de la Ley 1438 de 2011 e investigue si existió una malversación de los dineros
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Lo anterior, de forma que, de
ser necesario ejerza sus facultades de inspección, vigilancia y control (en los
términos de la Ley 1122 de 2007) para asegurar la adecuada prestación del
servicio público de salud en el Municipio de Girardot.
-
El Consejo
Superior de la Judicatura, con el objetivo de que analice la eventual
responsabilidad disciplinaria del Juez Primero Civil Circuito de Girardot con
ocasión a las irregularidades evidenciadas en las decisiones que adoptó dentro
del trámite de la acción de tutela objeto de estudio, en específico, el Auto del 11 de julio de 2019, por medio
del cual dictó una medida cautelar y la Sentencia del 08 de octubre de 2019.
Por lo expuesto, y como producto de las
especiales condiciones que circunscriben el caso en concreto, la Sala decide REVOCAR
PARCIALMENTE la sentencia proferida en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, del ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019), en lo relativo
al amparo otorgado al derecho fundamental a la salud de la “Población de
Girardot y demás municipios que se suplen de dicho servicio público en esta
ciudad” y, en su lugar, declarar la improcedencia de la totalidad de la
acción de tutela incoada.
Sobre el
particular, es preciso aclara que, en igual medida, se revoca la medida
cautelar adoptada por el Ad-Quem y, en virtud de la cual, se ordenó a la
Secretaría Departamental de Salud decretar el cierre de la habilitación de
funcionamiento de Médicos Asociados SA y se autorizó iniciar el trámite de
habilitación para Junical Medical SAS.
Adicionalmente, y con ocasión a las
consideraciones realizadas en el numeral 3.3. del acápite denominado como “análisis
preliminar” de esta decisión, COMPULSAR COPIAS del expediente T-7.732.378 a: (i) la Fiscalía General de la Nación, (ii) la
Superintendencia Nacional de Salud y (iii) al Consejo Superior de la
Judicatura, para que, investiguen, en el marco de sus competencias, los hechos
que dieron lugar a la presentación de la acción de amparo objeto de estudio y a
las decisiones adoptadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot,
de forma que determinen la configuración de posibles a) conductas
delictivas, b) incumplimientos a las obligaciones de las IPS’s que
ameritan el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control o c)
faltas disciplinarias.
Síntesis:
Corresponde a la Sala Novena de Revisión
de Tutelas dar solución a la situación jurídica propuesta por el ciudadano
Mayid Alfonso Castillo Arias en virtud de la cual considera vulnerados sus
derechos fundamentales a la propiedad y a la libre disposición de sus bienes,
con ocasión a la negativa de la Secretaría Departamental de Salud de
Cundinamarca de (i) retirar la autorización de funcionamiento otorgada a
Médicos Asociados SA como gestor de la Nueva Clínica San Sebastián que está
registrada en un predio que afirma es de su propiedad, y (ii) otorgar a
la sociedad Junical Medical SAS la habilitación de funcionamiento como IPS,
pues a ella le arrendó un inmueble con ese objetivo.
Al respecto, se destaca que si bien,
tanto los jueces de instancia, como esta Corporación, concluyen que la
pretensión incoada es improcedente, pues el actor cuenta con otros medios de
defensa judicial a los que puede acudir, lo cierto es que el juez de segunda
instancia, esto es, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot,
consideró necesario realizar un pronunciamiento ultra y extra petita
en el sentido de amparar los derechos fundamentales de la “población” de
Girardot y sus municipios aledaños, por considerar que es necesario que exista
una IPS que preste los servicios de alta complejidad en el territorio. Por lo
anterior, ordenó a la secretaría de salud accionada proceder a materializar las
pretensiones formuladas por el accionante, estas son, (i) retirar la
autorización de funcionamiento de la Médicos Asociados SA y (ii) otorgársela
a Junical Medical SAS.
Sobre
el particular, la Sala Novena de Revisión encuentra que el amparo concedido por
este juez también resultaba improcedente y, por tanto, se configuró en uso
ilegítimo de las facultades ultra y extra petita con las que
cuenta el juez constitucional, el cual derivó en una afectación
desproporcionada sobre el principio de congruencia que debe permear toda
decisión judicial, en cuanto esta protección fue otorgada en relación con un
grupo población indeterminable y no se sustentó en una vulneración ius-fundamental
concreta, sino que, por el contrario, se basó en consideraciones de
conveniencia en relación con la manera en que consideró óptimo que se preste el
servicio de salud en el municipio.
En ese sentido, la Sala Novena de
revisión de la Corte Constitucional decide REVOCAR PARCIALMENTE la
decisión de segunda instancia, en el sentido de DECLARAR IMPROCEDENTE la
totalidad de la acción de tutela formulada por el ciudadano Mayid Alfonso
Castillo Arias en contra de la Secretaría Departamental de Salud de
Cundinamarca y el ciudadano Mayid Alfonso Castillo Melo.
Adicionalmente, la Sala evidencia que del
material probatorio obrante en el expediente y, a partir del trámite otorgado
al mismo, se materializaron múltiples irregularidades que ameritan ser
investigadas por parte de las autoridades competentes.
Entre otras:
i)
Se evidencia un uso arbitrario de las facultades ultra
y extra petita con que cuenta el juez constitucional, para conceder un
amparo sin un sujeto activo determinado y que carecía de una vulneración
concreta,
ii)
A pesar de que el Ad-Quem reconoció que el
litigió escapa a las competencias del juez de tutela, accedió a la totalidad de
las pretensiones planteadas de manera subrepticia y protegió los intereses
económicos de particulares que no tienen relación alguna con el presunto amparo
otorgado;
iii)
Se desconoció la existencia de múltiples
pronunciamientos judiciales que, si bien no están en firme, sí han puesto de
presente la posible apropiación irregular de más de 100 mil millones de pesos
por parte del accionante de los recursos de una clínica (respecto de los cuales
se desconoce si estos correspondían al sistema de salud o no). Cuestión que no
solo fue omitida deliberadamente por el juez de amparo, sino que fue avalada
por el mismo al acceder subrepticiamente a todas las pretensiones.
Por lo anterior, se decide compulsar
copias del expediente a: (i) la Fiscalía General de la Nación; (ii)
la Superintendencia Nacional de Salud; y (iii) el Consejo Superior de la
Judicatura, para que adelanten las investigaciones que correspondan de
conformidad con sus competencias.
IV. DECISIÓN
Con fundamento en las consideraciones
expuestas, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia
proferida en segunda instancia por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Girardot, del ocho (8) de octubre de dos mil
diecinueve (2019), en lo relativo al amparo otorgado al derecho
fundamental a la salud de la “Población de Girardot y demás municipios que
se suplen de dicho servicio público en esta ciudad” y, en su lugar,
declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada.
SEGUNDO.- REVOCAR el Auto del 11 de julio de 2019 en virtud del cual el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, dictó medidas cautelares.
TERCERO.- COMPULSAR COPIAS del expediente T-7.732.378 al
Consejo Superior de la Judicatura, para que, investiguen, en el marco de sus
competencias, los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de
amparo objeto de estudio y las decisiones adoptadas por el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Girardot.
CUARTO.- Por
Secretaría General de esta Corporación, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese, Notifíquese, Cúmplase y
Archívese.
ALBERTO ROJAS
RÍOS
Magistrado
RICHARD RAMÍREZ
GRISALES (e)
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
Con aclaración de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
DIANA FAJARDO RIVERA
A LA SENTENCIA T-371/20
Referencia:
Expediente T-7.732.378
Acción
de tutela formulada por Mayid Alfonso Castillo Arias contra la Secretaría de
Salud del Departamento de Cundinamarca y el ciudadano Mayid Alfonso Castillo
Melo.
Con
el respecto acostumbrado, me permito aclarar el voto en la presente
oportunidad. Aunque estoy de acuerdo con la decisión de la Sentencia T-371 de
2020,[20]
considero importante hacer algunas precisiones frente al análisis que la
providencia realizó sobre el requisito de relevancia constitucional.
La
Sala Novena de Revisión estudió la acción de tutela instaurada por Mayid
Alfonso Castillo Arias contra la Secretaría de Salud del Departamento de
Cundinamarca y el señor Mayid Alfonso Castillo Melo, mediante la cual pretendía
que se ordenara a la referida Secretaría de Salud eliminar del Registro Único
de Entidades Prestadoras de Salud -REPS- a Médicos Asociados S.A., y habilitar
el funcionamiento de la clínica en cabeza de la empresa Junical Medical S.A.S.
La
Sala resolvió declarar la improcedencia de esta acción. Sin embargo, también
sostuvo que, en el caso objeto de análisis, debía estudiarse la relevancia
constitucional, como un requisito de procedibilidad adicional a los que
normalmente ha empleado la jurisprudencia constitucional (legitimación,
inmediatez y subsidiariedad). Esto con fundamento en que “esta Corte ha
aceptado en su jurisprudencia que la acción de tutela, como mecanismo de
protección ius fundamental, únicamente procede ante la afectación o vulneración
de un derecho de esta categoría, de forma que cualquier conflicto que implique
una controversia por el desconocimiento o errónea aplicación de una norma de
rango reglamentario o legal, escapa a su competencia.”[21]
Aplicando
estas consideraciones al caso concreto, la Sala sostuvo que “la pretensión
carece de relevancia constitucional, pues lo que se busca por el actor es que
la administración departamental accionada le permita, a la empresa a la que le
arrendó un bien inmueble, prestar servicios de salud en el municipio de
Girardot (…) Así, se tiene que el debate suscitado es eminentemente legal y, en
realidad, no comporta la vulneración de derecho fundamental alguno (…).”[22]
Al
respecto, aclaro que, a mi juicio, en la Sentencia T-371 de 2020 no se debió
añadir como requisito de procedencia el de la relevancia constitucional. Esto
con fundamento en que dicho presupuesto se ha estudiado específicamente para
casos de tutela contra providencia judicial, como se observa en la Sentencia
C-590 de 2005,[23]
pero no para todos los procesos de tutela. Así, es claro que la Sala Plena no
ha extendido, de forma general, la aplicación del requisito de relevancia
constitucional al universo de acciones de tutela. Por el contrario,
tradicionalmente se ha indicado que los requisitos de procedencia del mecanismo
de amparo que se dirige en contra de una entidad pública o particulares, como
sucede en este caso, son solamente la legitimación en la causa, la inmediatez y
la subsidiariedad, y no se le suma la relevancia constitucional.[24]
Además,
si se observa la fundamentación de la sentencia que aquí se aclara, se
encuentra que, aunque se indica que “esta Corte ha aceptado en su
jurisprudencia” el mencionado requisito de relevancia constitucional, lo
cierto es que no se señaló sustento jurisprudencial alguno para tal afirmación.
En consecuencia, considero que la introducción de esta nueva exigencia
representa un cambio no autorizado en la jurisprudencia que, además, trasgrede
la naturaleza garantista e informal de la acción de tutela.
Aunado
a lo anterior, en la sentencia se indicó que la relevancia constitucional
consiste en que la acción de tutela sólo procede ante la afectación de un
derecho fundamental y, por tanto, no puede invocarse para resolver
controversias de “rango reglamentario o legal”. No comparto tal
afirmación, debido a que desconoce que las facetas de “rango reglamentario o
legal” son las que, en algunos casos, materializan los derechos contenidos
en la Constitución y, de hecho, son escenarios en los que existe mayor
posibilidad de que se afecten los derechos fundamentales. Por tanto, considero
que es confuso y no es pertinente hacer una distinción tajante y definitiva
entre las facetas constitucionales de los derechos fundamentales y las
disposiciones de rango reglamentario o legal.
En
efecto, no es razonable señalar, sin más, que las fases de desarrollo de las
garantías contenidas en el texto superior carezcan de importancia para el juez
constitucional, pues ello desatiende la efectividad de los derechos como un fin
esencial del Estado (Art. 2 de la CP) y la primacía de los mismos como cláusula
imperativa (Art. 5 de la CP). A lo que, por supuesto, los jueces de tutela se
encuentran vinculados, por ser los primeros llamados a procurar la salvaguarda
de la integridad de la Constitución y la vigencia de los derechos
fundamentales, por vía del control concreto de constitucionalidad.
De
este modo, pretender una lectura fracturada del ordenamiento jurídico, a partir
de la cual la Constitución Política está tajantemente separada de la ley y las
demás normas de inferior categoría, no sólo es contraria al ordenamiento -por
desconocer el mandato de supremacía al que ya me he referido-, sino sobre todo
representativo de una abierta regresión en la concepción del derecho, con la
que se ignoran los procesos de transformación de los sistemas normativos
dirigidos a su constitucionalización, lo cual presupone, entre otras
cuestiones, la garantía jurisdiccional de la Carta,[25] que en
el caso colombiano se ha materializado, en buena parte, por vía de la acción de
tutela.
Esta
misma postura la he explicado en mis salvamentos de voto a las sentencias T-422
y T-248 de 2018,[26]
en las que, a pesar de tratarse de tutelas contra providencia judicial, se
utilizó el mismo argumento de la presente sentencia que no comparto, relativo a
que la relevancia constitucional exige diferenciar entre controversias frente a
derechos fundamentales y controversias de rango reglamentario o legal.
De
igual forma, en mi aclaración de voto a la SU-599 de 2019[27] advertí
mi preocupación sobre esta exigencia de la relevancia constitucional, debido a
que genera el riesgo de que se realicen pronunciamientos de fondo, a manera de
prejuzgamiento, en una fase del proceso que no es adecuada para ello. Por
tanto, el mencionado presupuesto se podría usar indebidamente para convalidar,
de ante mano y sin mayor análisis, el accionar del demandado.
En
estos términos dejo consignada mi aclaración de voto, con el fin de hacer un
llamado a considerar que la introducción de más requisitos procedimentales,
como en este caso sucede con la relevancia constitucional”, erosiona la
eficacia y el garantismo con la que originalmente fue prevista la acción de
tutela.
Fecha
ut supra
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
[1] La ciudadana Carolina Castillo Perdomo.
[2] En primera instancia, el Juzgado Primero
Civil Municipal de Girardot, mediante Sentencia del 12 de febrero de 2019 y en
segunda instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, a través
de decisión del 19 de marzo de 2019.
[3] Mediante Comunicación CR 2019558015.
[4] Se aclara que, si bien no se indica por
la Secretaría que pasó con esta medida cautelar, se observa que la Sentencia
del Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, mediante Sentencia del 19
de marzo de 2019, a pesar de haber confirmado la negativa del amparo
solicitado, se abstuvo de pronunciarse en relación con la medida cautelar por
el dictada.
[5] Coadyuvado mediante escrito del 15 de
julio de 2019, radicado por la ciudadana Viviana Eleonora Castillo Melo, en su
condición de accionista de Médicos Asociados SA.
[6] Sobre el particular, la ciudadana allegó
copia del Acta de la decisión como anexo a su escrito.
[7]
Numeral 2 del acápite de las consideraciones.
[8]
Ver, entre otras, las Sentencias T-951 de 2005, T-185 de 2013 y SU- 168 de 2017.
[9] Ver, entre otras, la Sentencia T-095 de
2016.
[10] Ver Auto 197 de 2009.
[11] Adicionalmente, sobre este tema, ver las
sentencias C-590 de 2005 y T-370 de 2015.
[12] Ver Sentencias: T- 328 de 2004, T-158 de 2006 y T-488 de
2015.
[13] Ver, entre otras, las Sentencias: T-225 de 1993, T-293 de 2011,
T-956 de 2013 y T-030 de 2015.
[14] Reiterado en, entre otras, la Sentencia T-065 de 2018.
[15] A manera de ejemplo se recuerda que, en ejercicio de estas
facultades, la Corte: (i) ha amparado los derechos de personas que no
eran parte de la acción, pero que se estimaron igualmente desconocidos con
ocasión a situación fáctica descrita (T-534-17: en la que se valoró la eventual
vulneración de los derechos del hijo del actor con ocasión a la conducta que se
estimó era vulneradora de los derechos); (ii) se ha pronunciado en
relación con pretensiones que no fueron solicitadas en el escrito de tutela,
pero que, evidenció, eran la mejor forma de garantizar los derechos alegados
como vulnerados (T-065-18): en ella se concedió el suministro del servicio de
cuidador a una persona que, a pesar de que no lo había pedido, se evidenció le
permitiría hacer efectivos los derechos alegados como desconocidos; y (iii)
ha protegido derechos fundamentales que no fueron invocados por el actor como
desconocidos, pues observó, a partir de la situación fáctica descrita, que
también habían sido desconocidos (T-533-08: en esta decisión se estudió la
situación de una persona que alegaba la vulneración de su derecho de petición
con ocasión a un problema en su afiliación al SGSSS, no obstante la Corte
consideró que si bien el derecho alegado como vulnerado no había sido realmente
afectado, de los hechos expuestos era posible inferir que sí se había
materializado el desconocimiento del derecho a la seguridad social del actor.
[16] En la Sentencia T-341 de 2016 se compilaron los
siguientes: “(i) que exista conexidad entre la vulneración del derecho
colectivo y la violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que
el daño o amenaza del mencionado derecho sea consecuencia inmediata y directa
de la perturbación del derecho colectivo; (ii) el demandante debe ser la
persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción
de tutela es de carácter subjetivo; (iii) la vulneración o la amenaza del
derecho fundamental debe estar plenamente acreditada; (iv) la orden judicial
que se imparta en estos casos debe orientarse al restablecimiento del derecho
de carácter fundamental y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado,
pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente un derecho de esa
naturaleza”; (v) adicionalmente, es necesario la comprobación de la falta de
idoneidad de la acción popular en el caso concreto.”
[17] Sobre el particular esta Corte, en Auto
170 de 2009 y Sentencia T-455 de 2016, expresó la congruencia se constituye en
una garantía del debido proceso de las partes en virtud de la cual debe existir
una relación de causalidad entre los supuestos fácticos que circunscriben la
acción y la decisión adoptada.
[18] Ver, entre otros, los Autos 170 de 2009 y 362 de 2017.
[19] Pues, a pesar de que en todos ha sido condenado, se está
surtiendo el trámite de los recursos de apelación y el extraordinario de
casación.
[20] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[21] Pág. 28 de la sentencia.
[22] Pág. 31 de la sentencia.
[23]  M.P.
Jaime Córdoba Triviño. En dicha sentencia se decidió: “Declarar INEXEQUIBLE
la expresión “ni acción”, que hace parte del artículo 185 de la Ley 906 de
2004.”
[24] Ello se puede verificar, entre otras, en sentencias como la SU-184 de
2019. M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-631 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
y la SU-427 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[25] Al respecto ver, entre otras, la
Sentencia C-332 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo). Sobre este
mismo tema ver: GUASTINI, Riccardo. La “constitucionalización” del
ordenamiento jurídico: el caso italiano. Traducción del italiano de José María
Lujambio. 1998.
[26] Ambas sentencias con ponencia del
magistrado Carlos Bernal Pulido.
[27] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.