T-377-20
Sentencia
T–377/20
Referencia:
Expedientes T-7628981 y                 T-7641689 (acumulados).
Asunto:
Acción de tutela instaurada por Jaime López Guerra contra
la Administradora Colombiana de Pensiones[1],
y por Héctor Armando Yunda Vargas contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.
Magistrado
Ponente:
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ.
Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre de
dos mil veinte (2020).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 33 y siguientes del Decreto
2591 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos
proferidos dentro del proceso de tutela de la referencia[2].
I. ANTECEDENTES
1. Expediente T-7628981
1.1. Hechos
1.1.1. El señor Jaime
López Guerra nació el 4 de septiembre de 1935, y en su historia laboral
cuenta con periodos laborados en distintas entidades del sector público que no
fueron cotizados al Instituto de Seguros Sociales[3] (hoy
Colpensiones), así como con cotizaciones al ISS producto
de un vínculo laboral con la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
1.1.2. Mediante
las resoluciones número GNR 174801 del 8 julio de 2013, GNR 77341 del 13 de
marzo de 2015 y GNR 393471 del 29 de diciembre de 2016, la entidad demandada
negó la pensión de vejez al actor. En el último acto administrativo, tal y como
lo prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para los beneficiarios del
régimen de transición, Colpensiones estudió la solicitud pensional bajo los
regímenes anteriores a dicha ley y desestimó el reconocimiento de la prestación
argumentando: (i) que si bien la Ley 71 de 1988 permite sumar las semanas
cotizadas al ISS y a otras cajas pensionales para acceder a la pensión siempre
que el tiempo de servicio equivalga a 20 años de aportes, el actor solo acreditó
un total de 968 semanas cotizadas; (ii) que la Ley
33 de 1985 reconoce la pensión a los empleados públicos y trabajadores
oficiales que hubieren servido 20 años, pero el demandante solo registró “777
semanas cotizadas al servicio estatal”; y (iii) que, en todo caso, “el
Decreto 758 de 1990 no permite acumular los tiempos de servicio cotizados a
cajas pensionales diferentes al ISS, (…) y desestima las cotizaciones
efectuadas a otras cajas o fondos [de] pensiones”[4].
1.1.3. El 16 de enero
de 2019, el demandante solicitó la corrección de su historia laboral, pues, de
acuerdo con las cuentas que hizo y los soportes que anexó, consideró que
lograba sobrepasar las 1000 semanas de cotización. En consecuencia, también
pidió que, luego de la corrección, se ordenara el reconocimiento de la pensión[5].
1.1.4. Mediante oficio
fechado el 31 de mayo de 2019, Colpensiones informó al actor los resultados de
la actualización de su historia laboral, pero no se pronunció frente a la
solicitud de la prestación pensional. Ahora bien, del Reporte de Semanas
Cotizadas en Pensiones[6]
actualizado al 30 de mayo de 2019, se extraen los siguientes datos:
Periodos laborados en el sector
público y no cotizados al ISS
Periodos laborados cotizados al
ISS
Extremos temporales
Total semanas reportadas sin
simultaneidad[7]
Extremos temporales
Total semanas cotizadas
18/05/1959 al 18/01/1983
877.43
28/07/1988 al 27/11/1994
191.71
De esta manera, tal y como se expresó en
dicho reporte, el demandante acredita 1069.14 semanas al sumar aquellas
cotizadas al ISS con las que se reportaron sin simultaneidad en el sector público.
En otras palabras, aunque en diciembre de 2016 Colpensiones reportó 968 semanas
cotizadas, luego de la actualización de la historia laboral que hizo en mayo de
2019, reconoció un total de 1069.14.
1.2. Solicitud de amparo constitucional
Mediante acción de tutela interpuesta el
10 de junio de 2019, el peticionario solicitó la salvaguarda de sus derechos a
la seguridad social y al mínimo vital y, en consecuencia, el reconocimiento de
la pensión junto con el pago de las acreencias que se deriven de ello, pues
anotó que, conforme obra en el Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones que se
actualizó el 30 de mayo de 2019, cuenta con más de los 20 años o las 1000
semanas de cotización que la Resolución GNR 393471 del 29 de diciembre de 2016 desconoció.
1.3. Traslado de la demanda
En
auto fechado el 10 de junio de 2019, el Juzgado 45 Penal del Circuito
de Bogotá con Función de Conocimiento admitió la acción de amparo y ofició a Colpensiones
para que se pronunciara frente a los hechos y las pretensiones de la demanda.
No obstante, la entidad guardó silencio.
1.4. Decisiones de instancia
1.4.1. En sentencia del 21 de junio de
2019, el Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento
estimó que el actor pudo dirigirse ante el juez laboral o contencioso
administrativo con el fin de que su inconformidad fuese desatada. Por ende,
consideró que el tutelante debe acudir “a la jurisdicción correspondiente
para que estudie la solicitud y determine si tiene o no el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión”[8].
En consecuencia, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el
señor López Guerra.
1.4.2. El actor impugnó aquel fallo
reiterando los argumentos expuestos en la solicitud de amparo y, en sede de
segunda instancia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, mediante sentencia del 21 de agosto de 2019, advirtió que
el demandante no probó la afectación que le genera la ausencia de la pensión
solicitada, ni la incapacidad de asumir sus gastos básicos. Además, sostuvo que
el peticionario no desplegó todas las actividades administrativas y judiciales
tendientes lograr el reconocimiento de la prestación pensional solicitada. Por
estas razones, confirmó la decisión del a quo.
1.5. Intervención ante la Corte
Constitucional
1.5.1. Durante el trámite de revisión,
Colpensiones allegó un escrito en el que consideró que el amparo invocado tiene
por objeto que se declare el reconocimiento de la pensión de jubilación
contemplada en la Ley 71 de 1988 y, en esa medida, estimó que Colpensiones no
estaría legitimada en la causa por pasiva, pues, a su juicio, el Fondo
Pensional de la Universidad Nacional debería efectuar el estudio de la
solicitud, ya que el actor solo cotizó al ISS alrededor de tres años, mientras
que a la extinta Caja de Previsión Social de dicha Universidad lo hizo
aproximadamente por catorce años y, según el artículo 10 del Decreto 2709 de
1994[9], si el
tiempo de aportes a la
última entidad de previsión a la que se efectuaron las cotización no supera
seis años, la pensión será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la
cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes.
Con base en lo anterior solicitó su
desvinculación, pero también pidió la nulidad de todo lo actuado, inclusive
desde el auto admisorio, al indicar que el juez de instancia no integró en
debida forma el contradictorio por no vincular a aquel fondo pensional.
1.5.2. En cuanto a las cotizaciones,
ratificó que se efectuaron aportes al ISS por 191.71 semanas. Sin
embargo, informó que, luego de la verificación más reciente de la
historia laboral, el accionante acreditó 956 semanas en tiempo laborado
al sector público. Por ende, el reporte de periodos laborados en el
sector público sin simultaneidad pasó de 877.43 a 956
semanas.
2. Expediente T-7641689
2.1. Hechos
2.1.1. El señor Héctor
Armando Yunda Vargas nació el 13 de
marzo de 1948[10],
es un paciente crónico con diabetes tipo II, e informó que si bien los ingresos
para asegurar su subsistencia los obtiene como “conductor esporádico de un
vehículo de servicio público”[11],
ya no está en condiciones para seguir laborando y, en esa medida, no tendrá
recursos económicos para sufragar su sostenimiento[12].
Previendo aquello, el 11 de abril de 2016 solicitó a Colpensiones el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez.
2.1.2. Mediante la
Resolución número VPB 36333 del 19 de septiembre de 2016[13],
Colpensiones negó la solicitud pensional, pues advirtió que, si bien el
tutelante es beneficiario del régimen de transición[14],
no cumple con las 1000 semanas de cotización que el Acuerdo 049 de
1990[15]
exige para
reconocer esa prestación. Ello, ya que la entidad solo tuvo en cuenta las
cotizaciones al ISS que, como se verá, ascienden a 439 semanas.
2.1.3. Según consta en
la misma resolución, el actor cuenta con las cotizaciones al ISS
y los periodos de servicio público no cotizados al Instituto de
Seguros Sociales, que a continuación se detallan:
Extremos
temporales
Periodos laborados en el sector
público y no cotizados al ISS
Periodos laborados cotizados al
ISS
03/04/1967 al 15/02/2004
Total semanas reportadas
Total semanas cotizadas
578
439
En consecuencia, el demandante acredita 1017
semanas (19
años y 8 meses) luego de sumar aquellas cotizadas al ISS y las
que se reportaron en el sector público[16].
2.1.4. El 18 de
octubre de 2016, el accionante presentó demanda ordinaria laboral, pues
consideró que, al ser beneficiario del régimen de transición establecido en la
Ley 100 de 1993, su solicitud pensional se podía estudiar bajo los requisitos
exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, sumando las semanas cotizadas al ISS y el
tiempo que fue servidor público. Por esta razón, solicitó el reconocimiento de
la pensión de vejez a partir del 13 de marzo de 2008 —fecha en la que, conforme lo exige el citado acuerdo, cumplió 60
años—, así como el pago de los intereses
moratorios sobre el valor de las mesadas pensionales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
2.1.5. En aquel
proceso, tanto el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de
Bogotá, mediante sentencia del 7 de febrero de 2019, como la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en sentencia del 23
de abril de 2019, negaron la pretensión principal del actor, pues consideraron
que, de acuerdo con la posición reiterada por la Sala de Casación Laboral[17], para
acreditar las 1000 semanas que exige el Acuerdo 049 de 1990, no es
posible sumar tiempos públicos y privados, en la medida que dicha
norma no contempla la acumulación de periodos servidos al sector público con
semanas cotizadas al ISS[18].
2.2. Solicitud de amparo constitucional
Mediante acción de tutela interpuesta el
19 de junio de 2019, el demandante sostuvo que las sentencias dictadas en el
proceso ordinario laboral desconocieron el precedente constitucional sobre “la
acumulación de tiempos en el sector oficial y privado para optar por el
reconocimiento pensional”[19].
Por esta razón, solicitó la salvaguarda de sus derechos a la seguridad social y
al mínimo vital y, principalmente, que se deje sin efectos las sentencias dictadas
en el proceso ordinario laboral, y se ordene proferir una providencia en la que
su solicitud pensional se estudie bajo los requisitos exigidos en el Acuerdo
049 de
1990, teniendo en cuenta las semanas cotizadas al ISS y el tiempo de servicio
laborado en el sector público.
2.3. Contestación de la demanda
2.3.1.
En auto fechado el 20 de junio de 2019, la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia admitió la acción de amparo y corrió traslado a
Colpensiones y a las autoridades judiciales que decidieron la demanda ordinaria
laboral para que se pronunciaran frente a los hechos y las pretensiones de la
demanda.
2.3.2. Así, mientras el tribunal
accionado guardó silencio, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de
Bogotá envió a la Corte Suprema de Justicia, en calidad de préstamo, el
expediente del proceso ordinario y, en relación con los hechos controvertidos
en la demanda de tutela, afirmó que se atiene a las actuaciones procesales que
reposan dentro de aquel expediente, pues sostuvo que no vulneró ningún derecho
fundamental del actor en el trámite judicial ordinario.
2.3.3. Por su parte, Colpensiones consideró
que la acción de tutela interpuesta por el señor Yunda Vargas es improcedente,
debido a que el mecanismo de amparo no puede constituirse en una tercera
instancia para analizar el litigio objeto de debate, so pena de desconocer los principios
de seguridad jurídica, certeza y legalidad.
2.4. Decisiones de instancia
2.4.1. En sentencia del 3 de julio de
2019, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de
tutela, pues advirtió que, en el marco del trámite judicial objeto de esta
controversia, el demandante no formuló el recurso extraordinario de casación, “llamado
a ser activado contra la sentencia de segundo grado dictada dentro de un
proceso ordinario laboral, (…) máxime si se tiene en cuenta que, según lo ha
sostenido [el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria] en forma
reiterada, (…) para determinar la viabilidad en la concesión y admisión
del recurso extraordinario, debe tenerse lo que le fue desfavorable hasta la
fecha de la sentencia de segunda instancia y tratándose de pensiones, adicionalmente
se debe mirar la incidencia futura, tomando como referente la vida probable o
esperanza de vida del interesado, en este caso de Héctor Armando Yunda Vargas”[20].
2.4.2. El actor impugnó aquel fallo,
pues argumentó que la exigencia de la interposición del recurso de casación era
infundada, en consideración a que no es un medio idóneo para resolver su
solicitud, debido a la congestión que se presenta en la Corte Suprema de
Justicia. En este sentido, retomó lo expuesto en el escrito de tutela, en el
que afirmó que dicha congestión demoraría indefinidamente la resolución de su
caso y tornaría inocuo el eventual reconocimiento de la pensión de vejez, pues
por su avanzada edad tal vez no la disfrutaría.
2.4.3. Luego, en sentencia del 3 de
septiembre de 2019, la Sala de Decisión Penal No. 1 de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia, pues, al
igual que el a quo, advirtió que el demandante no promovió el recurso
extraordinario de casación, ni adujo razones físicas o psíquicas que hubieren
imposibilitado su interposición, más allá de la congestión judicial a la que aludió
y que, por si sola, no constituye una afirmación que justifique la
interposición de la tutela, pues carece de asidero probatorio y el actor
tampoco explicó argumentos para arribar a esa conclusión.
2.5. Intervención ante la Corte
Constitucional
2.5.1. Colpensiones envió un oficio al
magistrado ponente durante el trámite de revisión. En el documento informó que,
para consolidar en debida forma la historia laboral del accionante en
Colpensiones, la entidad se encuentra adelantado todas las gestiones
encaminadas a solicitar a la AFP Porvenir el traslado de los aportes realizados
por el tutelante a dicha administradora, correspondientes a los periodos
comprendidos entre agosto de 1999 y febrero de 2000, así como aquellos
efectuados entre abril del mismo año y agosto de 2002.
Con fundamento en dicha novedad,
solicitó, por un lado, vincular a Porvenir, como quiera que, a su juicio, dicha
entidad podría verse afectada con la decisión adoptada en el trámite
constitucional o, en su defecto, estudiar la posible nulidad en razón de dicha
omisión en la integración del contradictorio durante el trámite de tutela.
2.5.2. Finalmente, consideró que era
necesario unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto a la exigencia
del ejercicio subsidiario de la acción de tutela en el reconocimiento de la
pensión de vejez acumulando tiempos públicos y privados para dar aplicación al
Decreto 758 de 1990, pues adujo que en las sentencias SU-005 de 2018[21] y
SU-556 de 2019[22]
se encontró que las salas de revisión de la Corte Constitucional estaban
interpretando de manera distinta los parámetros jurisprudenciales en materia de
procedencia del mecanismo de amparo, ya que mientras algunas flexibilizaban el
criterio de subsidiariedad, otras daban una aplicación estricta del mismo. Por
esta razón, solicitó extender los criterios de procedibilidad de la acción de
tutela, como sucedió en aquellos fallos de unificación, pero en esta
oportunidad para los casos en que se estudie la posibilidad de acumular el
número de semanas cotizadas al I.S.S. con el tiempo de servicio laborado en el
sector público, para efectos de evaluar el reconocimiento
de la pensión de vejez bajo el Decreto 758 de 1990.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1.       Competencia
Esta Sala es competente para revisar las
decisiones proferidas dentro de los expedientes de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política[23].
2. Delimitación de los casos y planteamiento
del problema jurídico constitucional
2.1. Frente al primer caso, y con base
en los antecedentes expuestos en esta providencia, la Sala advierte que Colpensiones,
a partir de lo dispuesto en el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, estudió la solicitud pensional del señor López
Guerra
bajo
los regímenes anteriores a dicha ley y desestimó el reconocimiento de la
prestación argumentando que si bien la Ley 71 de 1988 permite sumar las semanas
cotizadas al ISS y a otras cajas pensionales para acceder a la pensión siempre
que el tiempo de servicio equivalga a 20 años de aportes, el actor solo
acreditó 968 semanas cotizadas.
Sin embargo, posteriormente el demandante
solicitó la corrección de su historia laboral, cuyo resultado arrojó que cuenta
con 877.43 semanas reportadas sin simultaneidad
correspondientes a periodos laborados en el sector público no cotizados al ISS, así
como con 191.71 semanas cotizadas al ISS. Por esta razón, aunque inicialmente
Colpensiones reportó 968 semanas de cotización, luego de la actualización de la
historia laboral advirtió un total de 1069.14 semanas, al sumar aquellas
cotizadas al ISS con las que se reportaron en el sector público.
Ahora bien, en sede de revisión
Colpensiones ratificó que se efectuaron aportes al ISS por 191.71 semanas. No
obstante, informó que, luego de la verificación más reciente de la
historia laboral, el accionante acreditó 956 semanas en tiempo laborado
al sector público[24].
En consecuencia, si se suman ambos conceptos, el peticionario acumularía un
total de 1147.71 semanas.
Dicho escenario dejaría sin fundamento
la decisión en virtud de la cual Colpensiones negó la prestación pensional,
pues aunque el actor no laboró durante veinte años o más para
entidades del Estado y, por tanto, no podría obtener la prestación a la que
alude la Ley
33 de 1985, sí cuenta con más de los 20 años de cotización que la
Resolución GNR 393471 del 29 de diciembre de 2016 extrañó para conceder la
prestación con base en la Ley 71 de 1988, sumando las semanas cotizadas al ISS
con los periodos laborados en el sector público no cotizados al Instituto de
Seguros Sociales.
Con todo, en el mismo acto
administrativo la entidad también negó la pensión argumentando que, en todo
caso, bajo el Acuerdo 049 de 1990 el accionante tampoco tendría derecho a la
prestación, pues “el Decreto 758 de 1990 no permite acumular los tiempos de
servicio cotizados a cajas pensionales diferentes al ISS, (…) y desestima las
cotizaciones efectuadas a otras cajas o fondos [de] pensiones”[25].
En este orden ideas, y como quiera que, al
ser acreedor del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la solicitud pensional
del actor se puede estudiar a la luz de la Ley 71 de 1988 o, en su defecto,
bajo el Acuerdo 049 de 1990 (tal y como Colpensiones lo hizo en su momento),
esta Sala, en virtud del principio de favorabilidad consagrado en el artículo
53 superior, debe abordar el análisis del caso con base en la normatividad más
favorable para el accionante, que, en el sub judice, resultaría ser el
Acuerdo 049 de 1990, pues mientras el monto de la pensión de jubilación a la
que alude la Ley 71 de 1988 es “equivalente al 75% del salario base de
liquidación”[26],
si el peticionario llega a obtener la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo
049 la tasa de remplazo sería del 81%[27]
y, en lo demás, ambos escenarios se regirían por las disposiciones de la Ley
100 de 1993, ya
que el beneficio otorgado por la transición consiste en la aplicación
ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario,
pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o
cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación.
Además,
aunque el Sistema General
de Pensiones entró en vigencia el 1º de abril de 1994 y el actor cumplió 60 años el 4 de
septiembre de 1995, fecha en la que, como se vio, tenía más de las 1000 semanas
de cotización igualmente exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para
que el actor, a partir de dicho momento (los 60 años), hubiese causado la
pensión de vejez, la Sala advierte que en el sub judice tampoco
procedería reconocer dicha prestación con base en la Ley 100 de 1993, pues esa
misma normatividad otorga al tutelante un beneficio cuya aplicación, en comparación
con la disposiciones de dicha ley, también resultaría más favorable, esto es,
pensionarse con el monto de la pensión de vejez establecido en el Acuerdo 049
de 1990 por ser acreedor del régimen de transición. En concreto, mientras que bajo
el Acuerdo 049 el monto de la pensión correspondería —como
se vio—
al 81% del ingreso base de liquidación, a la luz de la Ley 100 de 1993 esa tasa
de remplazo solo ascendería al 69%[28].
Por
lo anterior, en caso de que se supere el examen de procedencia de la acción de
tutela, la Sala deberá resolver si dentro del ordenamiento jurídico
existe alguna respuesta desde la perspectiva
constitucional,
o una interpretación normativa a la luz de los principios consagrados en la
Carta Política, que, con fundamento en el régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993, hagan posible que los tiempos laborados para el Estado,
cotizados o no, se computen para acceder a la pensión de vejez del Acuerdo 049
de 1990.
2.2.
Un problema similar se debe resolver en el expediente T-7.641.689, pues en este
asunto la
Sala analizará si la acción de tutela procede contra las sentencias
cuestionadas por el peticionario y si estas desconocieron el precedente
constitucional sobre la materia subrayada en el numeral 2.1. supra, dado
que en el proceso ordinario laboral las autoridades judiciales negaron la
pretensión principal del actor considerando que no es posible sumar tiempos públicos
y privados para acreditar las 1000 semanas que el Acuerdo 049 de 1990 exige con
el fin de reconocer la pensión de vejez, en la medida
que dicha norma, según los operadores jurídicos, no contempla la acumulación de
periodos servidos al sector público con semanas cotizadas al ISS[29].
2.3. No obstante, antes de analizar
aquello la Sala deberá determinar
si para los
casos objeto de estudio cabe
extender
los criterios de procedencia definidos en las sentencias SU-005 de 2018[30] y
SU-556 de 2019[31],
tal y como Colpensiones lo solicitó.
2.4.
Así pues, para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala, en
primer lugar, abordará el carácter subsidiario de la acción de tutela, luego se referirá a la posibilidad de acumular el tiempo de servicio al Estado
con los períodos cotizados al ISS para acceder, bajo el régimen
de transición previsto en la Ley 100 de 1993, a la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990. Por último, estudiará
la procedencia de la tutela en cada uno de los casos acumulados y, si se supera
dicho examen, analizará en ambos el fondo del asunto.
3. Carácter subsidiario de la acción de
tutela
3.1.
La acción de tutela procede en los casos en que no existen otros medios de
defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales presuntamente
menoscabados, o en los que aun existiendo, estos no resultan idóneos o eficaces
para garantizar tales prerrogativas, o no cuentan con la potencialidad para
evitar un perjuicio irremediable[32].
Así entonces, cuando hay un mecanismo de defensa judicial alternativo pero
acaece el primer evento, el amparo constitucional se tornaría definitivo; y por
el contrario, si se presenta el segundo escenario, la eventual protección sería
transitoria y estaría condicionada a que el peticionario inicie la acción
judicial correspondiente dentro de un término de cuatro meses, so pena de que
caduquen los efectos del fallo de tutela.
3.2.
En lineamiento con lo dicho, la jurisprudencia constitucional ha advertido que,
por regla general, los conflictos relacionados con el reconocimiento y pago de
prestaciones sociales deben ser desatados, dependiendo el asunto, por la
jurisdicción ordinaria o de lo contencioso administrativo, salvo que se den los
eventos antes señalados, es decir, que en el caso concreto dichas vías no sean
idóneas, se tornen ineficaces o se configure un perjuicio irremediable.
3.3. Ello quiere decir que cuando los asuntos versan sobre el
reconocimiento y pago de pensiones, la acción de tutela, en principio, es
improcedente, puesto que, por un lado, la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, entre otros, los procesos “relativos
a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado,
y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por
una persona de derecho público”[33]
y, por el otro, el numeral
4° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[34] le asigna
a la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad
social, el conocimiento de las controversias relativas al sistema de seguridad
social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios,
los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de
responsabilidad médica y los relacionados con contratos.
3.4. Así entonces, no resultaría de recibo, prima facie, que
habiendo otro medio de defensa judicial para resolver el debate planteado, la
acción de tutela desplace la competencia del juez natural, pues con ello se
desconocería el carácter subsidiario del mecanismo de amparo y, en
consecuencia, la jurisdicción constitucional terminaría por asumir, de manera
principal, el conocimiento de asuntos propios del juez ordinario.
3.5.
Con todo, esta corporación también ha justificado la procedencia excepcional de
la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones pensionales y, en
esos escenarios, ha evaluado la eficacia de los medios de defensa judicial en
la consecución de la garantía de los derechos a la seguridad social, al mínimo
vital y a la vida digna de las personas, con base en el estudio de ciertas circunstancias
especiales, o en el tipo de controversia planteada.
Esto,
a su vez, ha llevado a que la Corte defina reglas jurisprudenciales en materia
de procedencia de la acción de tutela, algunas de ellas relacionadas con el
reconocimiento de prestaciones pensionales específicas, y otras con el acto que
se impugna en sede de tutela, o con ciertas características del sujeto que
formula el amparo.
Para
ello ha distinguido, por un lado, circunstancias fácticas especiales que rodeen
el caso, como cuando el accionante supera el promedio de vida al nacer de los
colombianos, o como cuando mediante el amparo constitucional se cuestiona una
providencia judicial (indistintamente se trate de un tema relacionado con acreencias
del sistema de seguridad social, o no), y por otro, debates de tipo pensional
dependiendo la prestación o el conflicto suscitado. A continuación, la Sala se
referirá a cinco escenarios en los que se han fijado algunas reglas:
3.5.1.
En temas en los que esta corporación ha tenido la oportunidad de conocer
tutelas formuladas por la UGPP contra distintas autoridades judiciales con
ocasión de procesos finalizados años atrás, en los que incluso CAJANAL fungió
como parte y, supuestamente, un operado jurídico reconoció prestaciones
pensionales contrariando los requisitos establecidos en la ley y en las
convenciones colectivas de trabajo, o incurriendo en un abuso del derecho, la
Corte, tal y como lo explicó en la sentencia SU-427 de 2016[35], adujo que
la UGPP cuenta con un medio de defensa judicial, distinto a la tutela, para
dirimir los conflictos que propone y controvertir las sentencias proferidas por
las autoridades judiciales accionadas, a través de las cuales se hubiere
efectuado el reconocimiento de las prestaciones pensionales discutidas.
Sin
embargo, en dicha sentencia la Corte consideró que “la afectación del erario
público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del
derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas
del Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a
la seguridad social de los colombianos, por lo que en casos de graves
cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que impone el pago de
prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será viable con el fin de verificar
la configuración de la irregularidad advertida y adoptar las medidas
respectivas” [36].
Por
lo anterior, esta corporación concluyó que, ante la existencia de un medio
judicial alternativo,
en principio
las acciones de tutela interpuestas por la UGPP contra providencias judiciales
en las que presuntamente se incurrió en un abuso del derecho en el
reconocimiento y/o liquidación de una prestación periódica son improcedentes, “salvo en aquellos casos en los
que de manera palmaria se evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad”[37].
3.5.2.
En la sentencia SU-005 de 2018[38],
la Corte también definió en qué supuestos la
acción de tutela es subsidiaria ante la posible ineficacia del medio judicial
ordinario para solicitar el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes
con base en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, pues
advirtió que la práctica en virtud de la cual algunas salas de revisión han utilizado diversos criterios para valorar la
eficacia de los medios judiciales ordinarios se ha extendido a los supuestos en
los que se solicita el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, como
medio para la garantía de ciertos derechos fundamentales, en particular, el
mínimo vital y la seguridad social.
Por ende, y dado que en este tipo de
asuntos formalmente existe otro medio de defensa judicial, la sala plena estimó
necesario determinar su eficacia atendiendo las circunstancias en que se
encuentre el solicitante. Puntualmente, la Corte adujo que, con el fin de
valorar la eficacia en concreto de aquel mecanismo, unificaría su
jurisprudencia “en aquellos asuntos en los que el problema jurídico
sustancial del caso sea relativo al estudio del principio de la condición más
beneficiosa, para efectos del reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes”[39]
(subrayas fuera del texto original).
En estos términos, concluyó que la
satisfacción del requisito de subsidiariedad le impone al juez constitucional
verificar que, en esos casos, el accionante acredite cinco condiciones, cada
una necesaria y en conjunto suficientes, a saber: (i) su pertenencia a un
grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios
supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza
extrema, cabeza de familia o desplazamiento; (ii) que la falta de
reconocimiento de la prestación derive en la afectación de sus necesidades
básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones
dignas; (iii) que hubiese dependido económicamente del causante; (iv) que
el causante hubiese estado en una situación de imposibilidad de cotizar las
semanas requeridas por el Sistema General de Pensiones al momento previo a la
estructuración del siniestro; y (v) haber adelantado una actuación
diligente ante las autoridades administrativas y/o judiciales orientadas al
reconocimiento pensional.
3.5.3.
En la sentencia SU-556 de 2019[40],
la sala plena definió en qué eventos la acción
de tutela es subsidiaria para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez, en aplicación del principio de la condición más
beneficiosa. Esto, pues advirtió que el parámetro con base en el cual el juez constitucional debe ser más flexible al estudiar la
procedibilidad cuando el actor es un sujeto de especial protección, o cuando se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta, ha sido interpretado
de manera disímil por las distintas salas de revisión.
Por tanto, para la Corte esa diversidad de criterios
jurisprudenciales podía dar lugar a la resolución incoherente de casos
semejantes, en contradicción con la garantía de igualdad y seguridad jurídica.
En consecuencias, y dado que en “la sentencia SU-442 de 2016 no previó
parámetros homologables para valorar la exigencia de subsidiariedad de la
acción de tutela en este tipo de asuntos”[41],
es decir, en los que se discute el alcance del principio de la condición más
beneficiosa para efectuar el reconocimiento de pensiones de invalidez, la sala
plena estimó necesaria su unificación.
Así
entonces, sostuvo que en esos casos el ejercicio subsidiario de la acción de tutela se
satisface si se acreditan cuatro condiciones, cada una necesaria y en
conjunto suficientes, a saber: (i) que el accionante, además de ser
una persona en situación de invalidez[, pertenezca a un grupo de especial
protección constitucional o se encuentre en una situación de riesgo derivada
de, entre otras, condiciones como el
analfabetismo, la vejez, la pobreza
extrema, ser cabeza de familia, el desplazamiento, o el
padecimiento de una enfermedad crónica, catastrófica, congénita o
degenerativa; (ii) que se pueda inferir  razonablemente que la carencia del
reconocimiento de la pensión de invalidez afecta directamente la satisfacción
de las necesidades básicas del accionante, esto es, su mínimo vital y, en
consecuencia, una vida en condiciones dignas; (iii) que se valoren como
razonables los argumentos que proponga el accionante para justificar su
imposibilidad de haber cotizado las semanas previstas por las disposiciones
vigente al momento de la estructuración de la invalidez; y (iv) que se pueda
comprobar una actuación diligente del accionante para solicitar el
reconocimiento de la pensión de invalidez.
3.5.4.
En casos en los que el tutelante que pretenda el reconocimiento de la
prestación concebida para asegurar el riesgo de vejez supera la esperanza de vida[42], la Corte ha entendido que la
duración de un proceso judicial podría restringir de una forma
significativa el goce y disfrute de la pensión que reclama, pues quien sobrepasa la esperanza de vida tiene menores
probabilidades de esperar la definición de un trámite judicial, toda vez que la
fecha de cualquier decisión que se tome ya estaría rebasando aquel promedio.
Por ello, esta corporación ha considerado que someter a una
persona que supera la esperanza de vida al nacer de los colombianos[43]
a un proceso jurisdiccional resulta excesivamente gravoso cuando se trata de
garantías fundamentales que inciden de forma directa en su mínimo vital y la
vida en condiciones digna, por cuanto “los medios de defensa judicial
ordinarios pierden eficacia pues podrían transcurrir de forma paralela a la
etapa final del ciclo vital del peticionario y, eventualmente, terminar
demasiado tarde para el amparo de los derechos fundamentales bajo amenaza o
violación.”[44].
Dicho de otro modo, “cuando una persona sobrepasa el
promedio de vida de los colombianos (…) por su avanzada edad [es dable
suponer que], ya su existencia se habría extinguido para la fecha de una
decisión dentro de un proceso judicial ordinario”[45]. En
consecuencia, este tribunal “ha encontrado que exigir a alguien que supera
la expectativa de vida acudir a la administración de justicia por la vía
ordinaria, es desproporcionado, pues llevarlo a plantear sus argumentos en un
proceso ordinario, supone someterlo a una espera que puede no tener resultado
porque la persona puede fallecer antes de que el debate concluya[46]”[47].
Ahora bien, aunque se puede predicar una ineficacia de los
medios ordinarios de defensa judicial en personas que alcanzan o superan la
esperanza de vida al nacer, ello no quiere decir
que, en los escenarios distintos a ese,
las características propias de los procesos en la jurisdicción ordinaria
laboral los torne, per se, ineficaces para cualquier individuo, pues una
conclusión en este sentido llevaría a pensar que todo tipo de conflicto
judicial debe ser abordado a través de la acción de tutela, ya que este
mecanismo de amparo constitucional es un procedimiento que debe resolverse de
forma preferente y sumaria, pues así lo dispone el artículo 86 superior[48].
3.5.5.
En cuanto a la interposición de la acción de tutela contra providencias
judiciales también hay unas reglas de procedibilidad especiales definidas por la
jurisprudencia constitucional, sobre la base de que, por regla general, el
recurso de amparo no procede contra las mismas, ya que: (i) estas son el
escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es
garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y
(iii) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e
independencia de los jueces[49].
No
obstante, este tribunal también ha estimado que “de conformidad con el
concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces
tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia
y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el
Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de
actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…)”[50].
Por tal motivo, si bien se ha entendido que, en principio, la acción de amparo
constitucional no procede contra providencias judiciales, también se ha
sostenido que, excepcionalmente, su ejercicio es viable como mecanismo
subsidiario y preferente de defensa judicial cuando la actuación judicial
incurra en una irregularidad que implique violación del debido proceso y
provoque la vulneración o amenaza de un derecho fundamental.
Así,
en un comienzo la Corte Constitucional sostuvo que la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales se configuraba cuando la actuación
judicial incurría en una desviación lo suficientemente caprichosa, arbitraria y
de tal magnitud que el acto proferido terminaba por constituir, no una
providencia en sentido material, sino una “vía de hecho”. Al respecto,
esta Corporación reiteró que el ordenamiento jurídico no podía amparar
situaciones que, cobijadas por el manto del ejercicio autónomo de la función
judicial, comportaban una violación protuberante de la Carta Política y, en
especial, de los derechos fundamentales[51].
Sin
embargo, posteriormente la evolución de dicho concepto llevó a incluir
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que
aún comprendían el desconocimiento de garantías fundamentales a partir de
irregularidades que implican violación del debido proceso. Por esta razón, para resolver
las tutelas instauradas contra providencias judiciales la
jurisprudencia constitucional[52] construyó una serie de
requisitos de procedibilidad de carácter general, que
habilitan la interposición de la acción, así como unas causales específicas,
que hacen referencia a la prosperidad misma del amparo una vez interpuesto. De esa forma,
siempre que concurran todas las causales genéricas de procedibilidad, y por lo
menos una de las específicas, la tutela debe recuperar y garantizar el orden
jurídico y el goce efectivo de los derechos fundamentales vulnerados o
amenazados.
3.5.5.1.
Para ello, primero que todo el juez constitucional tiene que realizar un
análisis con el fin de establecer si en el caso concreto se encuentran
acreditadas las siguientes causales genéricas de procedencia de la acción de
tutela contra la decisión judicial cuestionada:
“a.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional a
la luz de la protección de los derechos fundamentales de las partes. Exigencia
que busca evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento apto para
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
b.
Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial existentes para dirimir la controversia, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c.
Que la acción de tutela sea interpuesta en un término razonable a partir del
momento en que se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental,
cumpliendo con el denominado requisito de la inmediatez. Lo anterior, con el
objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, tan
caros en nuestro sistema jurídico.
d.
[Cuando se trate de una irregularidad procesal] [q]ue la [misma]
tenga
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los
derechos fundamentales del actor.
e.
Que la parte actora haya advertido tal vulneración de sus derechos
fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere
sido posible.
f.
Que no se trate de sentencias proferidas en el trámite de una acción de tutela.
De forma tal, que se evite que las controversias relativas a la protección de
los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.”[53].
Ahora bien, si del examen
realizado por el juez de tutela se encuentran satisfechos los citados
requisitos genéricos, posteriormente se debe estudiar si en la providencia
judicial cuestionada se configuran una o varias de las causales específicas de procedibilidad[54] para que prospere la tutela interpuesta; motivo por
el cual, enseguida la Sala se referirá a la forma en la que ha sido
representada, puntualmente, aquella que el accionante alegó dentro del
expediente T-7.641.689.
3.5.5.2.
Caracterización del desconocimiento del precedente constitucional
El precedente constitucional, por una
parte, asegura la coherencia del sistema judicial, pues permite determinar de
manera anticipada y con plena certeza la solución aplicada a un determinado
problema jurídico, de manera que los sujetos están llamados a ajustar su actuar
a las normas y reglas que los regulan, en concordancia con la interpretación
que se ha determinado acorde y compatible con el contenido de la Carta
Política; y por otra, garantiza la igualdad formal y la igualdad ante la ley, a
través de la uniformidad en la aplicación del derecho[55], pues “casos
iguales deben ser resueltos de la misma forma”[56].
Dicha importancia da lugar a que el desconocimiento
del precedente constitucional, como causal específica de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, se configure cuando el juez ordinario
desconozca o limite “el alcance dado por esta Corte a un derecho
fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado”[57].
Con
base en lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos
y el alcance para que esta causal prospere. Así pues, en relación con
los requisitos, ha explicado, primero, que debe existir un “conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver”[58], bien sea varias sentencias de tutela, una sentencia
de unificación o una de constitucionalidad que, como se dijo, sean anteriores a
la decisión en la que se deba aplicar el precedente en cuestión; y, segundo,
que dicho precedente, respecto del caso concreto objeto de análisis, debe tener
(a) un problema jurídico semejante, así como (b) unos supuestos
fácticos y aspectos normativos análogos[59].
Esto último quiere
decir que el
operador jurídico puede separarse de un precedente si, como motivo para justificar
su inaplicación en un caso concreto, advierte un cambio de legislación o un
escenario fáctico distinto. En otras palabras, debe “probar la
diversidad de los supuestos fácticos o de las circunstancias de hecho que
conlleven a otorgar un tratamiento desigual y/o la existencia de una nueva
legislación que modifique las consecuencias jurídicas aplicables al caso
controvertido”[60].
En cuanto al alcance de esta causal, se ha establecido
que “la
jurisprudencia de la Corte Constitucional puede ser desconocida de cuatro
formas: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas
inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones
legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la
Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de
constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos
fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela”[61].
3.6.
Con fundamento en lo explicado, la Sala advierte que en los
casos objeto de estudio no
cabe que se extiendan
los criterios de procedencia definidos en las sentencias
SU-005 de 2018[62]
y SU-556 de 2019[63],
por dos razones:
3.6.1. En primer lugar, aquellas providencias
unificaron la jurisprudencia en relación con la subsidiariedad de la acción de
tutela para definir asuntos en los que el problema jurídico sustancial del caso
era el relativo al estudio del principio de la condición más beneficiosa,
para efectos de evaluar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y de
la pensión de invalidez. Ofendida
Sin embargo, en los procesos objeto de
acumulación en esta oportunidad el problema jurídico sustancial es distinto,
pues los accionantes pretenden el reconocimiento de una prestación que asegura un
riesgo diferente, y para ello no invocan la aplicación del principio de la
condición más beneficiosa, toda vez que, con el fin de proteger las
expectativas de los afiliados para acceder a la pensión de vejez, el legislador
estableció un régimen general de transición en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, cuyo alcance luego se extendió en virtud del Acto Legislativo 01 de
2005. Pero, en cambio, no previó un régimen semejante para las prestaciones de
invalidez y sobrevivientes, como tampoco lo hizo después al modificar las
exigencias para su acceso con las leyes 797 y 860 de 2003.
Por
esta razón, la Sala, en vez de pronunciarse sobre el alcance del principio de
la condición más beneficiosa, se referirá a la posibilidad de que, con
fundamento en el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, los períodos cotizados al ISS se puedan sumar con los
tiempos laborados para el Estado, con el fin de acceder a la pensión de vejez del
Acuerdo 049 de 1990.
3.6.2. En segundo lugar, los casos
acumulados en esta oportunidad contienen circunstancias fácticas que se subsumen
dentro de otras de las hipótesis o escenarios particulares en los que la
jurisprudencia constitucional ha definido reglas especiales en materia de
procedencia.
Puntualmente,
mientras en el expediente T-7.628.981 el actor cuenta con 84 años
y, por tanto, este hace parte de los casos en lo que la Corte ha valorado la
procedencia de la tutela teniendo en cuenta que, quien pretende el
reconocimiento de la prestación concebida para asegurar el riesgo de vejez, supera
la esperanza de vida al nacer de los hombres
colombianos; en el T-7.641.689 la procedencia del amparo se debe
valorar a la luz de los requisitos genéricos y de las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues el
demandante, a través de este mecanismo constitucional, cuestionó sentencias
dictadas en un proceso ordinario laboral.
4. Posibilidad de acumular las semanas
cotizadas al I.S.S. con el tiempo de servicio laborado en el sector público
para acceder, bajo el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, a
la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990
4.1.
Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993[64] existieron
normas que regularon la posibilidad de acumular el tiempo de servicio a diferentes
empleadores, públicos y privados, con las cotizaciones hechas al ISS y a cajas
de previsión públicas o privadas, para reunir el número de semanas necesarias
que permitirían al trabajador acceder a una pensión de vejez.
4.2. Así por ejemplo, en la sentencia
C-012 de 1994[65]
esta Corte explicó que, con la Ley 71 de 1988[66], las
personas que laboraron como servidores públicos, pero que también se
desempeñaron en algún momento como empleados privados, pudieron acumular el tiempo servido al
Estado y cotizado a instituciones oficiales de previsión social, con el tiempo
laborado a particulares y respecto del cual se realizaron aportes al ISS[67]. No
obstante, seguía siendo imposible acumular el tiempo trabajado con el Estado,
en virtud del cual no se había hecho ninguna cotización, y el tiempo de trabajo
con empleadores privados cotizado al ISS.
4.3. Debido a la
imposibilidad de acumular tiempo laborado con distintos empleadores, y a la
dificultad que ello generaba para acceder a la pensión de vejez,  la Ley 100 de
1993, con base en los principios constitucionales de universalidad, eficiencia
y solidaridad que rigen la seguridad social, estableció un sistema integral y
general de pensiones que permite la acumulación de todas las semanas laboradas[68]
y genera relaciones recíprocas entre las distintas entidades administradoras de
pensiones, con el fin de aumentar la eficiencia del manejo de la seguridad
social y ampliar su cobertura.
4.4. En lineamiento con lo dicho, esta
Corte ha resuelto casos[69] en los que,
si bien los accionantes eran beneficiarios del régimen de transición que
introdujo la Ley 100 de 1993[70],
no podían obtener la pensión de vejez, por cuanto, según el régimen anterior
aplicable, no reunían los requisitos para acceder la prestación, especialmente
debido a la imposibilidad de acumular los tiempos de servicio a empleadores
públicos y privados, con tiempos cotizados a diferentes cajas de previsión o al
ISS.
4.5. Así por ejemplo, en la sentencia
T-090 de 2009[71]
esta Corporación señaló que a partir de la aplicación, entre otros, del
principio constitucional de favorabilidad[72] y de una interpretación amplia del
alcance y aplicación del régimen de transición, es permitido “acumular tiempo de servicio a
entidades estatales y cotizaciones al ISS para reunir el número de semanas
necesarias con el fin de obtener la pensión de vejez” prevista en el
Acuerdo 049 de 1990.
4.5.1. En aquella oportunidad la Sala
Octava de Revisión anotó que la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de los afiliados surgía
de la existencia de dos interpretaciones acerca de la posibilidad de acumular
el tiempo laborado en el sector público sin cotización al I.S.S. con las
semanas en el sector privado cotizadas a dicha entidad, para obtener el
tiempo requerido y poder acceder a la pensión de vejez cuando se es
beneficiario del régimen de transición. Puntualmente, la Sala explicó lo
siguiente:
“una
de las interpretaciones señala que el acuerdo 49 de 1990, norma que el actor
pretende le sea aplicada en virtud del régimen de transición, nada dice acerca
de la acumulación antes explicada, razón por la cual, si el peticionario desea
que se le haga esta sumatoria, debe acogerse a los artículos de la ley 100 de
1993 que regulan los requisitos de la pensión de vejez, disposición que sí
permite expresamente la acumulación que solicita (artículo 33, parágrafo 1).
Tal conclusión es apoyada por el tenor literal del parágrafo 1 del artículo 33,
que prescribe que las acumulaciones que prevé son sólo para efectos del cómputo
de las semanas a que se refiere el artículo 33, lo que excluiría estas
sumatorias para cualquier otra norma, en este caso, para el acuerdo 49 de 1990”.
Respecto a esta hipótesis, se dijo que
al ser aplicada al caso concreto provocaba que el actor perdiera los beneficios
del régimen de transición, pues para poder efectuar la acumulación o la
sumatoria de aportes debería regirse de forma integral por la Ley 100 de 1993
al momento de pretender el reconocimiento de la pensión de vejez.
4.5.2. En relación con la segunda
interpretación, señaló que esta se fundamenta “en el tenor literal del artículo
36 de la ley 100 de 1993 que regula el régimen de transición del cual es
beneficiario el actor. Esta disposición señala que las personas que cumplan con
las condiciones descritas en la norma[73] podrán
adquirir la pensión de vejez con los requisitos de (i) edad, (ii) tiempo de
servicios o número de semanas cotizadas y (iii) monto de la pensión de
vejez establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, y
que las demás condiciones y requisitos de pensión serán los consagrados en el sistema
general de pensiones, es decir, en la ley 100 de 1993. En este orden de ideas,
por expresa disposición legal, el régimen de transición se circunscribe a tres
ítems, dentro de los cuales no se encuentran las reglas para el cómputo de las
semanas cotizadas, por lo tanto, deben ser aplicadas las del sistema general de
pensiones, que se encuentran en el parágrafo 1 del artículo 33, norma que
permite expresamente la acumulación solicitada por el actor.”[74].
4.5.3. Así entonces, se observó que
producto de la segunda interpretación el accionante podría conservar los
beneficios del régimen de transición y también tendría derecho a la acumulación
de tiempo solicitada, con el fin de acreditar el número de semanas de
cotización exigidas para acceder a la pensión de vejez prevista en el Acuerdo
049 de 1990. Al respecto, la Sala expresó lo siguiente:
“(…)
La primera interpretación descrita perjudica al peticionario pues conlleva la
pérdida de los beneficios del régimen de transición. En efecto, el acuerdo 49
de 1990 le permite pensionarse con 1000 semanas de cotización en cualquier
tiempo, mientras que la ley 100 de 1993, tal como fue modificada por la ley 797
de 2003, le exige un número de semanas de cotización mayor para reconocerle el
derecho a la pensión de vejez, número que, además, se incrementa cada año. Dice
el artículo 33 de la ley 100 de 1993 que se necesitarán 1000 semanas de
cotización en cualquier tiempo para acceder a la pensión de vejez, pero que a
partir del 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y
a partir del 1 de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a
1300 semanas en el año 2015. En conclusión, para el 2006, año en el cual el
actor cumplió la edad requerida para pensionarse (60 años), el acuerdo 49 de
1990 le pide sólo 1000 semanas de cotización mientras que la ley 100 de 1993 le
exige 1075.
En
este orden de ideas es claro que la interpretación más favorable para el señor
Poveda es la segunda, pues con ella conserva los beneficios del régimen de transición,
que le permite pensionarse con 1000 semanas de cotización de conformidad con el
artículo 12 de acuerdo 49 de 1990, y tiene derecho a que se le efectúe la
acumulación que solicita con el fin de cumplir con el número de semanas
cotizadas.
(…)
El ISS debió, en virtud del principio constitucional de favorabilidad laboral,
aplicar la interpretación más favorable al señor Poveda y no aquella que
resultaba desfavorable a sus intereses, razón por la cual vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social (…).”[75]
4.5.4.
Igualmente, en aquella sentencia se destacó que la interpretación acogida,
además de proteger los derechos fundamentales del accionante, no contrariaba la
sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, pues el parágrafo
1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 dispone que, en estos eventos, el
empleador o la caja de previsión, según sea el caso, debe trasladar con base en
el cálculo actuarial que se realice para el efecto, la suma correspondiente al
tiempo laborado por el trabajador, el cual estará representado por un bono o título
pensional.
4.6.
Más adelante, en la sentencia SU-769 de 2014[76]
la Corte conoció una tutela promovida contra las autoridades judiciales que, en
un proceso ordinario laboral, negaron el reconocimiento de la pensión de vejez
al accionante, por considerar que el Acuerdo 049
de 1990 no permite acumular tiempos públicos y privados para el reconocimiento
de la pensión de vejez.
4.6.1. En dicha ocasión, además de
agotar el examen de procedencia, la Sala Plena planteó dos problemas jurídicos,
a saber: “¿[e]s posible o no acumular tiempos de servicios prestados
en entidades públicas cuando no hubieren sido efectuados los aportes a alguna
Caja o Fondo de Previsión Social o cuando no fueron cotizados al Instituto de
Seguros Sociales, con las semanas efectivamente cotizadas a ese instituto?”;
y en caso de ser posible “¿tal acumulación da lugar al reconocimiento de la
pensión de vejez de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 12 del
Acuerdo 049 de 2012?”.
4.6.2.
Para responder esos cuestionamientos, la Corte sostuvo, en primer lugar,  que
del tenor literal del mencionado artículo 12 no se desprende
que el número de semanas de cotización requeridas sean las aportadas
exclusivamente al ISS; y, en segunda medida, que el régimen de transición se
circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios o número de semanas
cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se encuentran las
reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere que deben ser
aplicadas las del sistema  general de pensiones, que
—como se vio—
sí permiten la acumulación conforme consta en el literal f) del artículo
13 y en el parágrafo 1° del  artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
4.6.3.
Ello implica, a juicio de la Corte, que la entidad o autoridad responsable deba
acumular los tiempos cotizados a entidades públicas para contabilizar las
semanas requeridas, toda vez que la falta de aplicación de las normas previstas
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 harían nugatorios los beneficios que se
derivan del régimen de transición y, en consecuencia, del régimen anterior al
cual se encontraba afiliado el peticionario, que si es el establecido en el
Acuerdo 049 de 1990, además se debe tener en cuenta que, como se dijo, no exige
que las cotizaciones se hubiesen efectuado de manera exclusiva al ISS.
4.6.4. Según la Sala Plena, dicha
interpretación, además, atiende a una la línea jurisprudencial pacífica,
uniforme y reiterada “en lo que se refiere a la posibilidad de acumular
tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social o que en todo
caso fueron laborados en el sector público y debieron ser cotizados, con las
semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales, para efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez”[77].
En concreto, advirtió que en todas las providencias
reseñadas[78] las
salas de revisión encontraron que, en aplicación del principio de favorabilidad
en la interpretación y aplicación de las normas en materia laboral, resultaba
más beneficioso para los trabajadores asumir tal postura. Además, reiteró que “de
aceptar una interpretación contraria, la misma iría en contravía de los
postulados constitucionales y jurisprudenciales, si se tiene en cuenta
que la mentada norma en ninguno de sus apartes menciona la imposibilidad de
realizar tal acumulación”[79].
4.6.4. En este sentido, también
consideró preciso aclarar que la misma regla jurisprudencial aplica cuando
dicha acumulación se pretende sobre las semanas laboradas en el sector público,
pero respecto de las cuales el empleador no efectuó ninguna cotización o no
realizó el correspondiente descuento. Esto, “por cuanto antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, en los casos de los empleados en entidades
públicas, eran estas las que asumían la carga pensional y exoneraban a los
trabajadores del pago de las prestaciones”[80].
4.6.5. En suma, el pleno de la Corte
advirtió que “para el reconocimiento de la pensión de vejez de los
beneficiarios del régimen de transición, a quienes se les apliquen los requisitos
contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la
acumulación de los tiempos en cajas o fondos de previsión social cotizados o
que debieron ser cotizados por las entidades públicas, con aquellos aportes
realizados al seguro social. Lo anterior, porque indistintamente de haberse
realizado o no los aportes, es la entidad pública para la cual laboró el
trabajador la encargada de asumir el pago de los mismos”[81].
4.7. Con fundamento en lo expuesto, esta
Sala concluye que es una obligación del ISS, hoy Colpensiones, acumular el
tiempo de servicio en el sector público para efectos de verificar el
reconocimiento de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049 de 1990,
siempre que el afiliado sea beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 de 1993. Esta obligación se cimenta en el principio constitucional
de favorabilidad y en la aplicación directa de dicho régimen. El
desconocimiento de lo anterior supondría una vulneración de derechos para el
afiliado, más allá del deber que existe de trasladar la respectiva cuota parte
pensional para mantener la sostenibilidad financiera del sistema[82].
5.
Casos en concreto
5.1. T-7.628.981
5.1.1. Análisis de procedencia
(i)
Legitimación por activa
Teniendo en cuenta, por un lado, que la tutela puede ser
ejercida por cualquiera persona vulnerada o amenazada en sus derechos
fundamentales, quien, según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[83],
deberá actuar por sí misma o a través de representante y, por otro, que el
señor Jaime López Guerra consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social y, en esa medida, es
titular de las mismos e interpuso directamente la acción de amparo, la Sala
advierte que el actor está legitimado en la causa para reclamar la protección
de aquellos derechos.
(ii) Legitimación por pasiva
Conforme lo establece el artículo 5 del Decreto
2591 de 1991, este mecanismo constitucional procede, entre
otras circunstancias, contra las acciones u omisiones de las autoridades
públicas.
Así entonces, dado que Colpensiones es una empresa industrial y comercial del
Estado organizada como entidad financiera de carácter especial y vinculada al
Ministerio del Trabajo, que hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene
por objeto, principalmente, la administración estatal del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, dicha entidad es susceptible de
ser demandada en sede de tutela y, en efecto, la acción procede en su contra.
(iii) Inmediatez
En
este caso la Sala advierte que existe un término razonable entre la conducta
que desencadenó el presunto menoscabo de los derechos alegados y la
interposición del amparo, por la siguiente razón:
El
16
de enero de 2019 el demandante solicitó a Colpensiones que corrigiera su
historia laboral y, después de ello, que reconociera la pensión. Sin embargo, mediante
oficio calendado el 31 de mayo la entidad informó al actor los resultados de la
actualización de su historia laboral, pero no se pronunció frente a la
solicitud de la prestación pensional. En vista de ello, el 10 de junio el señor
López Guerra interpuso la acción de tutela.
Así las cosas, hay una
proximidad temporal notoria entre la conducta que motivó la interposición del
amparo y su activación, pues transcurrieron tan
solo diez días para que el demandante acudiera a la jurisdicción
constitucional desde la fecha de aquel oficio.
(iv)
Subsidiariedad
El
señor Jaime López Guerra, nacido el 4 de septiembre de 1935,
tiene 84 años de edad y,
por tanto, superó la esperanza de vida al nacer
de los hombres colombianos, estimada para el quinquenio 2015-2020 en 73.08
años[84].
Por ello, someter a una persona que superó ostensiblemente la
esperanza de vida a un proceso judicial ordinario, con las complejidades
propias de este, resulta excesivamente gravoso, y con mayor razón si se trata
de garantías fundamentales que inciden de forma directa en las condiciones
elementales de vida del sujeto, y que de no ser reconocidas perjudican sus
derechos al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas[85].
Esto, por cuanto, como se dijo, “los datos estadísticos indican que
los medios de defensa judicial ordinarios pierden eficacia pues podrían
transcurrir de forma paralela a la etapa final del ciclo vital del peticionario
y, eventualmente, terminar demasiado tarde para el amparo de los derechos
fundamentales bajo amenaza o violación.”[86].
En
este sentido, dado que el señor López Guerra pretende el reconocimiento de la
prestación concebida para asegurar el riesgo de vejez y, a su vez, supera la
esperanza de vida, la duración del proceso
ordinario laboral podría restringir de una forma significativa el goce y
disfrute de la pensión que reclama, pues al sobrepasar
dicho promedio tiene menores probabilidades de esperar la definición del trámite
judicial, toda vez que la fecha de cualquier decisión que se tome ya estaría
rebasando el mismo.
Además, conforme se infiere de los antecedentes, la Sala
advierte que desde el año 2013 el actor viene adelantado ante Colpensiones una
actuación diligente orientada al reconocimiento pensional y, en este punto, exigirle que
acuda a un medio judicial alternativo resultaría desproporcionado, pues pedirle
que plantee sus argumentos en un proceso ordinario supone, a sus 84 años de
edad, someterlo a una espera que incluso hoy día ya rebasa en más de diez años la
esperanza de vida al nacer de los hombres colombianos. En consecuencia, someter a este individuo a un trámite
judicial no resultaría muy eficaz, teniendo en cuenta que lo que se pretende
asegurar con la prestación que pretende no es el ocaso de la vida, sino una
fuente que supla el ingreso producto de la fuerza de trabajo de las personas
que, en razón de la vejez, salen del mercado laboral, no sin antes lograr un
ahorro para asegurarse contra dicho riesgo, en los términos previstos por la
ley.
En este orden de ideas, la probabilidad
de que, mientras culmine un trámite judicial, se llegue a consumar el daño
generado al actor por la supuesta vulneración alegada, es cada vez más
inminente y, por tanto, la acción de tutela, a estas alturas, es el mecanismo
judicial procedente para resolver el debate sobre el reconocimiento del derecho
a la pensión. Esto, se repite, justamente con
fundamento en que el tutelante ya sobrepasó por mucho la esperanza de vida al
nacer de los colombianos, y hace más de siete años, mediante actuaciones
encaminadas a corregir y actualizar su historia laboral con el fin de acreditar
el número mínimo de semanas exigidas para acceder a la pensión, está intentado
consolidar el cómputo de dicho tiempo en sede administrativa.
5.1.2. Análisis de fondo
5.1.2.1. El señor Jaime López Guerra tenía
58 años de edad y más de 15 años de servicios cuando entró en vigencia el
Sistema General de Pensiones (1° de abril de 1994), motivo por el cual es
beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, no
perdió sus prerrogativas y, además, tuvo la oportunidad de acreditar los
requisitos del régimen anterior hasta   el año 2014, pues tenía cotizadas más
750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del
Acto Legislativo 01 de 2005. En consecuencia,
el
accionante se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 758 de
1990, por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990.
5.1.2.2. Ahora bien, si el beneficiario del
régimen de transición tiene derecho a que el ISS (hoy Colpensiones) también sume el tiempo de servicio al Estado,
independientemente si este fue cotizado o no, para efectos de computar el
número de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, el señor López
Guerra cumpliría los requisitos que para acceder a la pensión de vejez
prevista en dicho régimen.
Esto, ya que el artículo 12 del citado acuerdo dispone que
los hombres de 60 años de edad que acrediten 1000 semanas de cotización
sufragadas en cualquier tiempo tendrán derecho a la pensión de vejez y, en el
caso concreto, el demandante tiene 84 años de edad y cuenta con un total de 1147.71
semanas,
distribuidas
así: 956
semanas laboradas en el sector público sin cotización al I.S.S, y 191.71 semanas
cotizadas al I.S.S. producto del vínculo laboral con una universidad privada.
5.1.2.3. Además, la Sala considera
que el hecho de que en este trámite no se hubiese vinculado al Fondo
Pensional de la Universidad Nacional, ni a las cajas de previsión donde se
realizaron los aportes correspondientes a los días laborados por el actor en el
sector público, no significa que el contradictorio se hubiere integrado en
indebida forma, o que se hubiese violado el derecho de defensa de alguna parte,
ni que el juez constitucional se deba abstener de conceder el amparo, toda vez
que, como se vio, la
interpretación acogida, además de proteger los derechos fundamentales del
accionante, no contraría la sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones ni la normatividad aplicable a las entidades involucradas en el pago
de esta prestación, pues el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993
dispone que, en todo caso, el cómputo de las semanas “será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional”.
Por tanto, no hace falta vincular al
proceso de tutela a todas esas entidades o a todos los empleadores para que Colpensiones
y aquellos otros actores adelanten las acciones correspondientes para
materializar el cumplimiento del deber legal en virtud del cual el empleador o
a la caja de previsión tienen que, con base en el cálculo actuarial, trasladar
la suma correspondiente para mantener la sostenibilidad financiera del sistema.
Sin embargo, lo anterior no obsta para
que, antes de reconocer,
liquidar y pagar la prestación, Colpensiones escuche al Fondo Pensional de la
Universidad Nacional y a otras entidades públicas o privadas de previsión
social que estén obligadas a trasladar los respectivos aportes a Colpensiones,
pues de todos
modos en el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 se establece que
el cómputo de las semanas es procedente siempre que el empleador o la caja,
según el caso, trasladen la suma correspondiente del trabajador que se afilie a
satisfacción de la entidad administradora.
5.1.2.4. Con fundamento en lo
anterior, la Sala ordenará a Colpensiones, dado que es responsable de la
administración del régimen de prima media[87]
y
del pago de la prestación que se decretará en esta sentencia, que, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la presente providencia, inicie el trámite de reconocimiento,
liquidación y pago de la pensión de vejez a la que tiene derecho el señor Jaime
López Guerra de acuerdo con los beneficios del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 y las disposiciones aplicables del Acuerdo 049 de 1990 en los
términos explicados en este fallo, y sin perjuicio de que antes pueda
escuchar al Fondo Pensional de la Universidad Nacional y a otras entidades
públicas o privadas de previsión social que estén obligadas a trasladar los
respectivos aportes a Colpensiones en aras de que el traslado de las sumas para
hacer el cómputo de semanas y reconocer el derecho se haga conforme lo indica
el parágrafo
1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Además,
como quiera que: (i) el derecho pensional no
prescribe pero este fenómeno jurídico sí afecta las mesadas causadas no
reclamadas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad; (ii) el actor tiene 84 años de edad y, por tanto, superó en más de una década la esperanza de vida al nacer de los hombres
colombianos, estimada para el quinquenio 2015-2020 en 73.08 años; (iii)
por esta razón la probabilidad de que, mientras culmine un trámite judicial, se
llegue a consumar el daño generado al actor por la vulneración alegada es cada
vez más inminente y, por tanto, la acción de tutela, a estas alturas, es el
mecanismo judicial procedente para resolver el debate sobre el reconocimiento
del derecho a la pensión; y (v) en
todo caso con el reconocimiento, mediante esta sentencia, del derecho a la
pensión se garantiza la protección inmediata del mínimo vital y la subsistencia
del demandante, sólo se ordenará el
pago del retroactivo desde los tres años anteriores contados a partir de la
presente providencia, sin perjuicio de que el tutelante pueda pretender y reclamar el pago de las anteriores si
consideran que les asiste el derecho a las mismas.
5.2. T-7.641.689
5.2.1. Teniendo en cuenta que el señor
Héctor Armando Yunda pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal accionado, la Sala, en primer lugar, debe estudiar si los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales están acreditados, tal y como se explicará a
continuación.
(i)
Relevancia constitucional.
El
conflicto que se debe dirimir en esta ocasión tiene relevancia constitucional, pues
se pretende la protección inmediata de los derechos a la
seguridad social y al mínimo vital como consecuencia, primero, de que la
sentencia judicial cuestionada, según el actor, inobservó un precedente
constitucional[88]
que, con base en el principio de favorabilidad previsto en el artículo 53
superior, define la posibilidad de computar semanas de servicios al sector
público con periodos cotizados al ISS para asegurar el acceso a una prestación
que el Sistema de Seguridad Social Integral prevé para asegurar la vejez, y
segundo, de la situación de debilidad manifiesta y disminución física en la que
se encuentra el demandante, toda vez  que tiene 72 de edad, es
un paciente crónico con diabetes tipo II e informó que, si bien los ingresos
para asegurar su subsistencia los obtiene como “conductor esporádico de un
vehículo de servicio público”[89],
ya no está en condiciones para seguir laborando y, en esa medida, no tendrá
recursos económicos para sufragar su sostenimiento[90].
(ii)
El agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios.
La
Sala advierte que al interior del proceso ordinario laboral adelantado por el
actor no existe un mecanismo de defensa judicial que permita la salvaguarda de
los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pues el accionante agotó
el recurso de apelación y, teniendo en cuenta el fundamento del tutelante para
cuestionar la sentencia proferida por el tribunal demandado, ninguna de las causales
por las cuales procede el recurso de casación en materia laboral[91] se
concretarían en este caso, ya que, más allá del presunto desconocimiento del
precedente constitucional, a) el actor no adujo que las providencias
reprochadas hubiesen incurrido en falta de apreciación o apreciación errónea de
un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección
judicial; b) el fallo del tribunal no contuvo una decisión que hubiese
tornado más gravosa la situación del demandante; y c) el peticionario
tampoco sostuvo que las providencias cuestionadas hubiesen violado la ley sustancial
por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, pues,
contrario a ello, las autoridades judiciales que fallaron el proceso ordinario consideraron
que, de acuerdo con la posición reiterada por la Sala de Casación Laboral[92], para
acreditar las 1000 semanas que el Acuerdo 049 de 1990 exige no es posible sumar
tiempos públicos
y privados, en la medida que dicha norma no contempla la acumulación de
periodos servidos al sector público con semanas cotizadas al ISS[93].
Por
otro lado, si bien el hecho de que la Corte Suprema de Justicia sostenga una
interpretación distinta a la que acoge la Corte Constitucional no es razón
suficiente para sostener que era prescindible emplear la casación, pues ello
implicaría desconocer la autonomía funcional del órgano de cierre de la
jurisdicción ordinaria, de todas formas hubiese sido poco probable que, en caso
de que se hubiere activado la competencia de la Sala de Casación Laboral, el
actor hubiese podido obtener el amparo que invocó, pues precisamente lo que el
demandante pretendía, sin argumentos que aportaran elementos de juicio nuevos,
es que el tribunal accionado se apartara del
precedente que la Sala de Casación Laboral reiteró y ratificó incluso después
de que la Corte Constitucional profiriera la sentencia SU-769 de 2014[94], en virtud
de la cual, con base en el principio de favorabilidad, esta corporación
prefirió la interpretación ampliamente expuesta en las consideraciones de esta
sentencia, más allá de la razonabilidad de la postura de la Corte Suprema de
Justicia.
Finalmente,
respecto del recurso extraordinario de revisión en materia laboral, cabe
aclarar, por un lado, que este fue instituido a partir de las leyes 712 de 2001
(arts. 30 y 31) y 797 de 2003 (art. 20) como un mecanismo delimitado por unas
causales y bajo unas condiciones establecidas en las citadas normas, y por
otro, que, de acuerdo con lo alegado por la accionante y las particularidades
del caso, la objeción del tutelante no se subsumiría dentro de las hipótesis
planteadas en esas normas y, por tanto, ninguna causal se concretaría, ya que
el reparo del actor no alude a que: a) se hayan declarado falsos por
la justicia penal documentos que fueron decisivos para el pronunciamiento de la
sentencia reprochada; b) la sentencia se haya cimentado en declaraciones
de personas que fueron condenadas por falsos testimonios en razón de ellas; c)
la decisión haya sido determinada por un hecho delictivo del juez, decidido por
la justicia penal; o d) su apoderado judicial hubiese incurrido en el
delito de infidelidad de los deberes profesionales en su perjuicio.
En conclusión, la razón
por la cual en este caso se satisface el cumplimiento de la subsidiariedad es,
en realidad, el hecho de que en el proceso ordinario laboral adelantado por el
actor no existe un mecanismo de defensa judicial que permita la salvaguarda de
los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, pues el accionante agotó
el recurso de apelación y, teniendo en cuenta el fundamento del tutelante para
cuestionar la sentencia proferida por el tribunal demandado, ninguna de las
causales por las cuales procede el recurso de casación o de revisión en materia
laboral se concretarían en este caso, ya que, más allá del presunto
desconocimiento del precedente constitucional, esta hipótesis no se subsume
dentro de ninguna de aquellas causales.
(iii) Inmediatez.
El demandante acudió a la acción de tutela en un término
razonable a partir del hecho que originó la presunta vulneración, ya que hay
bastante proximidad temporal entre el supuesto menoscabo de sus derechos
fundamentales y el mecanismo de amparo interpuesto, pues solo trascurrieron
alrededor de dos meses entre uno y otro evento,
en la medida que la providencia judicial del tribunal accionado se dictó en
audiencia celebrada el 23 de abril de 2019, y el escrito de tutela se radicó el
19 de junio del mismo año.
(iv)
De igual manera, se observa que el peticionario, primero, identificó razonable y
claramente el supuesto menoscabo de sus derechos, traducido en el defecto que
endilgó a la providencia judicial cuestionada y, segundo, desde el inicio del  trámite
laboral exigió lo que a la postre fundamentó la interposición de la tutela,
pues justamente interpuso la demanda ordinaria laboral
considerando que, al ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, su solicitud pensional se podía estudiar bajo los requisitos exigidos
por el Acuerdo 049 de
1990, sumando las semanas cotizadas al ISS y el tiempo como servidor público.
(v) Por otro lado, la sentencia objeto de reproche no
corresponde a un fallo de tutela y, finalmente, el demandante no argumentó que
en el trámite cursado en la jurisdicción ordinaria laboral hubiese sobrevenido
alguna irregularidad de carácter eminentemente procesal.
5.2.2. Ahora bien, frente a la existencia de la causal específica
de procedibilidad invocada, la Sala advierte que, en efecto, las sentencias
dictadas en el proceso ordinario incurrieron en un desconocimiento del
precedente constitucional, por las siguientes razones:
(i) Hay un conjunto de providencias proferidas por distintas salas
de revisión[95],
así como una sentencia de unificación[96], previas a las decisiones
judiciales reprochadas por el actor que, respecto del sub judice, tienen
a) un problema jurídico semejante y b) unos supuestos fácticos y
aspectos normativos análogos, pues analizaron casos en los que se ha evaluado
la posibilidad de
que los tiempos laborados para el Estado, cotizados o no, se acumulen con los
aportes al I.S.S. para acceder, bajo el régimen de transición previsto en la
Ley 100 de 1993, a la pensión de vejez del
Acuerdo 049 de 1990.
(ii)
Las providencias cuestionadas por el actor, al considerar que no es posible sumar
tiempos públicos
y privados con el fin de acreditar las 1000 semanas exigidas por el Acuerdo 049
de
1990 para reconocer la pensión de vejez a un beneficiario del régimen de
transición
bajo el argumento de que dicha norma no contempla la
acumulación de periodos servidos al sector público con semanas cotizadas al ISS,
desconocieron
el alcance del derecho fundamental a la seguridad social fijado
por esta Corte a través de la ratio decidendi de aquel cúmulo de
sentencias de tutela, en virtud de las cuales precisamente se concluyó que “para
el reconocimiento de la pensión de vejez de los beneficiarios del régimen de
transición, a quienes se les apliquen los requisitos contenidos en el artículo
12 del Acuerdo 049 de 1990, es posible realizar la acumulación de los tiempos
en cajas o fondos de previsión social cotizados o que debieron ser cotizados
por las entidades públicas, con aquellos aportes realizados al seguro social”[97].
5.2.3. En consecuencia, la Sala dejará sin efectos las sentencias
proferidas en el trámite ordinario laboral. Es decir, la providencia dictada el 7 de
febrero de 2019
por el
Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, así como el fallo proferido
el 23 de abril de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad.
5.2.4. Ahora bien, con el fin de no
dilatar el reconocimiento de la prestación que permita garantizar el
mínimo vital y la subsistencia del accionante, es decir, un hombre que tiene 72
de edad, es
paciente crónico con diabetes tipo II e informó que, si bien los ingresos para
asegurar su subsistencia los obtiene como “conductor esporádico de un
vehículo de servicio público”[98],
ya no está en condiciones para seguir laborando y, en esa medida, no tendrá
recursos económicos para sufragar su sostenimiento, esta Sala, a la luz de la jurisprudencia constitucional pacífica y reiterada
en torno al asunto objeto de discusión, ordenará a Colpensiones, dado
que es responsable del
pago de la prestación que se decretará en esta sentencia, que, dentro de los treinta días siguientes a la
notificación de la presente providencia, inicie el trámite de reconocimiento,
liquidación y pago de la pensión de vejez a la que tiene derecho el señor
Héctor Armando Yunda Vargas de acuerdo con los beneficios del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones aplicables del Acuerdo 049
de 1990, por las siguientes razones:
(i) El señor Yunda
Vargas
tenía 46 años de edad y más de 15 años de servicios cuando entró en
vigencia el Sistema General de Pensiones (1° de abril de 1994), motivo por el
cual es beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de
1993, no perdió sus prerrogativas y, además, tuvo la oportunidad de acreditar
los requisitos del régimen anterior hasta el año 2014, pues tenía cotizadas más
750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del
Acto Legislativo 01 de 2005. En consecuencia,
el
accionante se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Decreto 758 de
1990, por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990.
(ii) Si el beneficiario del régimen de
transición tiene derecho a que el ISS (hoy Colpensiones) también sume el tiempo de servicio al Estado, independientemente si
este fue cotizado o no, para efectos de computar el número de semanas exigidas
por el Acuerdo 049 de 1990, el señor Héctor Yunda cumpliría
los requisitos para acceder a la pensión de vejez prevista en dicho régimen.
Esto, ya que el artículo 12 del citado acuerdo dispone que
los hombres de 60 años de edad que acrediten 1000 semanas de cotización
sufragadas en cualquier tiempo tendrán derecho a la pensión de vejez y, en el
caso concreto, el demandante tiene 72 años de edad y cuenta con un total de 1017
semanas,
distribuidas así: 578 semanas laboradas en el sector público sin
cotización al I.S.S, y 439 semanas cotizadas al I.S.S.
5.2.5. Además, la
Sala considera que el hecho de que en este trámite no se hubiese vinculado a
Porvenir,
ni a las cajas de previsión donde se realizaron los aportes correspondientes a
los días laborados por el actor en el sector público, no significa que el
contradictorio se hubiere integrado en indebida forma, o que se hubiese violado
el derecho de defensa de alguna parte, ni que el juez constitucional se deba
abstener de conceder el amparo, toda vez que, como se vio, la
interpretación acogida, además de proteger los derechos fundamentales del
accionante, no contraría la sostenibilidad financiera del Sistema General de
Pensiones ni la normatividad aplicable a las entidades involucradas en el pago
de esta prestación, pues el parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993
dispone que, en todo caso, el cómputo de las semanas “será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional”.
Por tanto, no hace falta vincular al proceso
de tutela a todas esas entidades o a todos los empleadores para que
Colpensiones y aquellos otros actores adelanten las acciones correspondientes
para materializar el cumplimiento del deber legal en virtud del cual el
empleador o a la caja de previsión tienen que, con base en el cálculo
actuarial, trasladar la suma correspondiente para mantener la sostenibilidad
financiera del sistema.
Sin embargo, lo anterior no obsta para
que, antes de reconocer,
liquidar y pagar la prestación, Colpensiones escuche a Porvenir y a otras
entidades públicas o privadas de previsión social que estén obligadas a
trasladarle los respectivos aportes, pues de todos modos en el parágrafo 1°
del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 se establece que el cómputo de las semanas
es procedente siempre que el empleador o la caja, según el caso, trasladen la
suma correspondiente del trabajador que se afilie a satisfacción de la entidad
administradora.
5.2.6. Finalmente,
como quiera que: (i) el derecho pensional no
prescribe pero este fenómeno jurídico sí afecta las mesadas causadas no
reclamadas dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad; (ii) la
Sala dejará sin efectos las sentencias proferidas en el trámite ordinario
laboral en el que se debatió la prestación pensional pretendida por el tutelante y, con el fin de no dilatar su
reconocimiento, ordenará iniciar el
trámite de liquidación y pago de la pensión de vejez; (iii) el actor tiene 72 años de edad y, por tanto, está próximo a superar la
esperanza de vida al nacer de los hombres colombianos, estimada para el
quinquenio 2015-2020 en 73.08 años; (iv) el peticionario es paciente crónico con diabetes tipo II e informó que, si bien los
ingresos para asegurar su subsistencia los obtiene como “conductor
esporádico de un vehículo de servicio público”[99],
ya no está en condiciones para seguir laborando; y (v) en todo caso con el reconocimiento,
mediante esta sentencia, del derecho a la pensión se garantiza la protección
inmediata del mínimo vital y la subsistencia
del accionante, sólo se ordenará el
pago del retroactivo de las mesadas pensionales desde los tres años anteriores
contados a partir de la presente providencia, sin perjuicio de que el tutelante
pueda pretender y reclamar el pago de las
anteriores si consideran que les asiste el derecho a las mismas.
Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará parcialmente los
fallos de tutela, en tanto concederá el amparo
constitucional invocado por el señor Jaime López Guerra para obtener el
reconocimiento de la prestación solicitada.
III.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala Tercera de Revisión de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución Política,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR
el
fallo de
tutela proferido el 21 de agosto de 2019 por la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
el cual se confirmó la sentencia dictada el 21 de junio de
2019
por el Juzgado
45 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, y
en su lugar CONCEDER el amparo invocado por el señor Jaime
López Guerra dentro del expediente T-7.628.981.
SEGUNDO.-
ORDENAR a Colpensiones que, dentro
de los treinta días siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie
el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez a la
que tiene derecho el señor Jaime López Guerra de acuerdo con los beneficios del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones aplicables del
Acuerdo 049 de 1990 en los términos explicados en este fallo, así como del
retroactivo de las mesadas pensionales causadas
dentro de los tres años previos a la fecha de la presente sentencia, y
sin perjuicio de que antes se vincule y escuche al Fondo
Pensional de la Universidad Nacional y a otras entidades públicas o privadas de
previsión social que estén obligadas a trasladar los respectivos aportes a
Colpensiones en aras de que el traslado de las sumas para hacer el cómputo de
semanas y el reconocimiento del derecho se ejecute conforme lo indica el parágrafo 1° del
artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
TERCERO.
- REVOCAR
el
fallo de
tutela proferido el 3 de septiembre de 2019 por la
Sala de Decisión Penal No. 1 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante
el cual se confirmó la sentencia dictada el 3 de julio de
2019
por la
Sala Laboral de la misma corporación, y en su lugar CONCEDER el
amparo invocado por el señor Héctor Armando Yunda Vargas dentro
del expediente T-7.641.689.
CUARTO.
- DEJAR SIN EFECTOS
las sentencias proferidas en el trámite
ordinario laboral que el señor Héctor Armando Yunda Vargas promovió y
que motivaron la interposición de la acción de tutela contenida en el
expediente T-7.628.981. Es
decir, la providencia dictada
el 7
de febrero de 2019
por el
Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, así como el fallo proferido
el 23 de abril de 2019 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad.
QUINTO.
- ORDENAR a Colpensiones que, dentro
de los treinta días siguientes a la notificación de la presente providencia, inicie
el trámite de reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez a la
que tiene derecho el señor Héctor Armando Yunda Vargas de acuerdo con los
beneficios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones
aplicables del Acuerdo 049 de 1990 en los términos explicados en este fallo,
así como del retroactivo de las mesadas pensionales causadas
dentro de los tres años previos a la fecha de la presente sentencia, y
sin perjuicio de que antes se vincule y escuche a Porvenir y a
otras entidades públicas o privadas de previsión social que estén obligadas a
trasladar los respectivos aportes a Colpensiones en aras de que el traslado de
las sumas para hacer el cómputo de semanas y el reconocimiento del derecho se ejecute
conforme lo indica el parágrafo
1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
SEXTO. - LIBRAR, por medio de la
Secretaría General, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, con el fin de que la autoridad judicial de primera
instancia notifique la sentencia de esta Corte a las partes.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1]
En adelante, Colpensiones.
[2] Mediante
auto del 30 de octubre de 2019, la Sala de Selección de Tutelas Número Diez
seleccionó y acumuló los expedientes de la referencia que, de acuerdo con el
sorteo realizado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional, se repartieron al magistrado
ponente.
[3]
En adelante, este sustantivo propio también se podrá encontrar
escrito con su sigla: ISS.
[4]
Folio 17 del cuaderno 1.
[5]
Folio 21 del cuaderno 1.
[6]
La copia de este documento obra entre los folios 11 y 14 del cuaderno 1.
[7] Esto quiere decir que de la suma del total de semanas reportadas se
restaron aquellos periodos laborados en los que el actor “prestó servicios
para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo” (folio 11 del
cuaderno 1).
[8]
Folio 38 del cuaderno 1.
[9] Decreto 2709 de 1994 “por el cual se reglamenta el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988”. Artículo 10. “Entidad de
previsión pagadora. La pensión de jubilación por aportes será reconocida y
pagada por la última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes,
siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya
sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la pensión de jubilación por
aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya
efectuado el mayor tiempo de aportes”.
[10]
Folios 16 del cuaderno 1.
[11]
Folio 15 del cuaderno 1
[12]
Folio 54 del cuaderno 2.
[13]
Folios del 18 al 23 del cuaderno 1.
[14]
Para justificar dicha afirmación, Colpensiones sostuvo que,
verificada la historia laboral del actor, se constató que al 1° de abril de
1994 tenía “46 años de edad y 822 semanas de cotización” (folio 21 del
cuaderno 1).
[15]Artículo 12 del
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año: “Tendrán
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisito:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o
más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de
cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al
cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil
(1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
[16]
Folios 19, 21 y 46 del cuaderno 1.
[17] Puntualmente, las autoridades judiciales citaron las siguientes
providencias: SL 44901 del 5 de noviembre de 2014, M.P. Clara Cecilia Dueñas
Quevedo; SL13260 del 30 de septiembre de 2015, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno;
SL 54226 del 20 de octubre de 2015, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas; y
SL16810 del 26 de octubre de 2016, M.P. Gerardo Botero Zuluaga (que a su vez
citó a las “sentencias CSJ SL 16104-2014 – CSJ SL 16086-2015 y CSJ SL
11241-2016”).
[18]
Al respecto, se pueden consultar los discos compactos A y B,
anexos en el cuaderno de revisión, después de los minutos 9:15 y 4:20,
respectivamente.
[19] Folio 6 del cuaderno 1. // En concreto, el actor sostuvo que esta
Corte ha tratado dicho tema en diferentes fallos de tutela, como por ejemplo en
la sentencia T-360 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, que a su vez citó
las siguientes providencias: T-090 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
T-398 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-583 de 2010, M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; T-760 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa; T-093 de
2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva ; T-334 de 2011, M.P. Nilson Pinilla
Pinilla; T-559 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla;  y T-714 de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[20] Folio 26 del
cuaderno 2.
[21]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[22]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[23]
Artículo 86. “(…) El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá
impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la
Corte Constitucional para su eventual revisión (…).” // “Artículo 241.
A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que
determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela
de los derechos constitucionales (…).”.
[24] Por ende, el reporte de periodos laborados en el sector público sin
simultaneidad pasó de 877.43
a —como
se dijo— 956 semanas.
[25]
Folio 17 del cuaderno 1.
[26] Artículo 8 del Decreto 2709 de 1994, “por el cual se
reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988”.
[27] Conforme
lo dispone el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, las pensiones de vejez se
integran a) con una cuantía básica igual al 45% del salario mensual base;
y b) con aumentos equivalentes al 3% del mismo salario mensual de
base por cada 50 semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con
posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización. // Así, debido a que:
(i) según esa norma el monto de la pensión de quienes haya cotizado más de
1100 semanas pero menos de 1150 se integra con una cuantía igual al 81% del
ingreso base de liquidación (IBL); y (ii) la última
información allegada por Colpensiones indica que el actor acumula 1147.71
semanas si se suman aquellas cotizadas al ISS con las que se reportaron sin
simultaneidad en el sector público, la tasa de remplazo con base en la cual se
deba reconocer la pensión en caso que el actor tenga derecho, sería del 81% del
(IBL).
[28] Debido
a que: (i) según el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, el monto mensual
de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de
cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, pero por
cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este
porcentaje se incrementará en un 2%; y (ii) la última
información allegada por Colpensiones indica que el actor acumuló, hasta el año
1994, 1147.71
semanas si se suman aquellas cotizadas al ISS con las que se reportaron sin
simultaneidad en el sector público, la tasa de remplazo con base en la cual se
tendría que reconocer la pensión bajo la Ley 100  de 1993 sería del 69% del
IBL.
[29]
Al respecto, se pueden consultar los discos compactos A y B,
anexos en el cuaderno de revisión, después de los minutos 9:15 y 4:20,
respectivamente.
[30]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[31]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[32] Tal y como
lo ha sostenido esta Corporación, el perjuicio irremediable “se configura
cuando existe el riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido
por el orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un
menoscabo. En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe
requerir medidas urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de
los hechos exige la inmediatez de la medida de protección”. (T-493 de 2013,
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). Al respecto ver, entre otras, las
sentencias T-708 de 2009, M.P. Juan Carlos Henao Pérez; T-595 de 2011,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; y SU-189 de 2012,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[33] Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, “por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
[34] “Artículo 2. Competencia general. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de
seguridad social conoce de: (…) 4. Las controversias relativas a la prestación
de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados,
beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o
prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con
contratos (….)”. // Asimismo, el artículo 11 de dicho Código le otorga competencia al juez laboral del
circuito para conocer los conflictos que se susciten contra las entidades que
conforman el sistema de seguridad social. De igual forma, los artículos 70 y
siguientes desarrollan el proceso ordinario, en el cual los interesados tienen
la oportunidad de manifestar sus inconformidades frente a las decisiones
adoptadas por las administradoras de pensiones, conciliar, presentar alegatos,
solicitar o controvertir pruebas si lo consideran necesario e interponer los
recursos judiciales correspondientes.
[35] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[36] Sentencia
SU-427 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[37]
Ibidem.
[38]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[39]
Sentencia SU-005 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[40]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[41]
Sentencia SU-556 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
[42] Según el DANE, la esperanza de vida “corresponde al número promedio de años que viviría una
persona, siempre y cuando se mantengan las tendencias de mortalidad existentes
en un determinado período”.
Disponible en:https://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=853&Itemid=28&phpMyAdmin=3om27vamm65hhkhrtgc8rrn2g4.
[43] Dicho dato
se establece conforme a las estadísticas recopiladas por el DANE. Esta entidad
emitió el documento titulado “Proyecciones
de Población 2005-2020. Colombia. Tablas abreviadas de mortalidad nacionales y
departamentales 1985-2020”, según el cual durante el periodo comprendido
entre 2015 y 2020 la esperanza de vida al nacer para los hombres en Colombia
está estimada en los 73.08 años de edad, mientras que para las mujeres en 79.39
años.
[44] Sentencia
T-981 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[45] Sentencia
T-086 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[46] Sentencias T-056 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
T-456 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-1116 de 2000 M.P. Alejandro
Martínez Caballero, T-849 de 2009 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-300 de
2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47]
Sentencia T-339 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[48] Constitución
Política, artículo 86. “Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública (…)”.rez.
[49] Sobre
el particular, la sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo, explicó que: “la acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.
Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que
su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección,
precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera
ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de
sus derechos esenciales. // Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha
tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se
ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al
trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la
Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra
posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un
pronunciamiento definitorio del derecho.” // Ver, entre otras, las
sentencias T-381 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería; T-565 de 2006, M.P.
Rodrigo Escobar Gil; y T-1112 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
[50]
Sentencia C-543 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[51]
Sentencia T-265 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[52] Cfr. Sentencias
T-774 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y T-453 de 2005, M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa; entre otras.
[53] Sentencia SU-026 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, que a su vez
reiteró la sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[54] En
la sentencia C-590 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, la Corte individualizó
las causales específicas de la siguiente manera: “a. Defecto orgánico, que
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. // b. Defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen
del procedimiento establecido. // c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión. // d. Defecto material o sustantivo, como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión. // f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales. // g. Decisión sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. //
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado. // i. Violación directa de la Constitución”.
[55] En relación con este punto, la
Corte ha sostenido que: “[t]éngase en cuenta que la aplicación uniforme de
la doctrina constitucional, no solamente se exige de las autoridades
jurisdiccionales, sino que la misma obliga a todas las autoridades públicas y a
los particulares en cuanto sus actuaciones deben ajustarse a los principios de
igualdad de trato y de buena fe. En efecto, es razonable requerir de éstos un
comportamiento reiterado, en casos similares, cuando se encuentren en posición
de definir el contenido y ejercicio de los derechos fundamentales de las
personas. // Por ello, las pautas doctrinales expuestas por esta Corporación en
relación con los derechos fundamentales, se convierten en umbrales de
comportamiento exigibles tanto para las autoridades públicas como para los
particulares. Con todo, dicha exigencia se subordina a la existencia de
circunstancias o patrones comunes o similares a partir de los cuales no se
puedan predicar razones suficientes que permitan otorgar un tratamiento
desigual. / /De contera que, la carga argumentativa se encuentra inclinada a
favor del principio de igualdad, es decir, se exige la aplicación de la misma
doctrina constitucional ante la igualdad de hechos o circunstancias. Sin
embargo, quien pretende su inaplicación debe demostrar un principio de razón
suficiente que justifique la variación en el pronunciamiento”. Sentencia
T-1025 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[56] Sentencia
C-335 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[57] Sentencia SU-026 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[58] Sentencia
T-217 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
[59] Sentencia
C-335 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[60]
Sentencia T-468 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[61]
Sentencia T-1092 de 2007
M.P. Humberto Sierra Porto. Cfr. T-597 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[62]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[63]
M.P. Carlos Bernal Pulido.
[64] “Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
[65]
M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[66]
“Por la cual se expiden normas sobre pensiones y
se dictan otras disposiciones.”
[67] En dicha sentencia se explicó que “a través del inciso 1° del
artículo 7° de la ley 71 de 1988 se consagró para "los empleados oficiales
y trabajadores" el derecho a la pensión de jubilación con 60 años o más de
edad, si es varón, y 55 años o más de edad, si es mujer, cuando se acrediten
aportes durante 20 años, a diferentes entidades de previsión social y al ISS.
Pero con anterioridad, los regímenes jurídicos sobre pensiones no permitían
obtener el derecho a la pensión de jubilación en las condiciones descritas en
la norma; es decir, no era posible acumular el tiempo servido en entidades
oficiales, afiliadas a instituciones de previsión social oficiales y a las cuales
se habían hecho aportes, con el tiempo servido a patronos particulares,
afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, y al cual,
igualmente se había aportado (…).”.
[68] Concretamente, el artículo 13 de
la Ley 100 de 1993, al señalar las características del Sistema General de
Pensiones, dispuso que para el reconocimiento de las pensiones “se
tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la
vigencia de [dicha] ley, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier
caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio
como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el
tiempo de servicio”. En ese sentido, según el parágrafo 1° del artículo 33
de la Ley 100 de 1993, el cómputo de las semanas exigidas para obtener la
pensión de vejez  tendrá en cuenta: “a) El número de semanas
cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los
tiempos servidos en regímenes exceptuados; c) El tiempo de servicio como
trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la
Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y
pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara
vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; d) El tiempo de servicios como
trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren
afiliado al trabajador; e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales
del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y
pago de la pensión. // En los
casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente
siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en
el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a
satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un
bono o título pensional. (…)”.
[69] Ver, entre
otras, las Sentencias T-090 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-063 de 2013, T-493 de 2013 y T-729 de 2014,
todas con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[70] En efecto, la Ley 100 de 1993 consagró un régimen de
transición para salvaguardar las expectativas legítimas que tenían los
afiliados al régimen de prima media que al momento de entrar en vigencia el
sistema general estaban próximos a adquirir su pensión de vejez. Este sistema
de transición está dirigido a mantener la edad, el tiempo de servicio y el
monto de la pensión de vejez establecidos en el régimen pensional anterior,
para aquellos afiliados que al 1° de abril de 1994 acrediten por lo menos uno
de los siguientes requisitos: (i) mujeres con 35 o más años de edad; (ii)
hombres con 40 o más años de edad; (iii) hombres y mujeres que
independientemente de la edad tengan quince 15 años o más de servicios
cotizados. // Asimismo, en el Acto Legislativo
01 de 2005 se estableció un límite temporal al régimen de transición conforme
al cual éste “no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al
menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho
régimen hasta el año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las
personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas
que desarrollen dicho régimen”. // Finalmente, respecto del grupo de beneficiarios del régimen de
transición, es necesario resaltar lo planteado en la sentencia SU-130 de 2013,
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, así: “Los trabajadores que al momento
de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad
si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, pierden los
beneficios del régimen de transición, en cualquiera de los siguientes eventos:
(i) cuando el afiliado inicialmente y de manera voluntaria decide acogerse
definitivamente al régimen de ahorro individual con solidaridad o (ii) cuando
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decide
trasladarse al de prima media con prestación definida .// En estos términos una
primera conclusión se impone: los sujetos del régimen de transición, bien por
edad o por tiempo de servicios cotizados, pueden elegir libremente el régimen
pensional a cual desean afiliarse e incluso tienen la posibilidad de
trasladarse entre uno y otro, pero en el caso de los beneficiarios del régimen
de transición por cumplir el requisito de edad, la escogencia del régimen de
ahorro individual o el traslado que hagan al mismo, trae como consecuencia
ineludible la pérdida de los beneficios del régimen de transición. En este
caso, para efectos de adquirir el derecho a la pensión de vejez, los afiliados
deberán necesariamente cumplir los requisitos previstos en el Ley 100/93 y no
podrán hacerlo de acuerdo con las normas anteriores que los cobijaban, aun
cuando les resulte más favorable”.
[71]
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[72] Artículo
53 de la Constitución. “El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos
fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo;
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la
maternidad y al trabajador menor de edad (…)”.
[73] Personas que al 1 de abril de 1994 tuviesen 35 años o
más de edad si son mujeres o 40 años de edad o más si son hombres, ó 15 años o
más de servicios cotizados.
[74] “Esta interpretación es apoyada por una
interpretación finalista e histórica pues, como arriba se señaló, la ley 100 de
1993 buscó crear un sistema integral de seguridad social que permitiera
acumular semanas o tiempos de trabajo laborados frente a distintos patronos,
públicos o privados, para que los(as) trabajadores(as) tuvieran posibilidades
reales de cumplir con el número de semanas necesarias para acceder a la pensión
de vejez, lo que antes se dificultaba de forma injusta por las limitaciones a
la acumulación pues aunque las personas trabajaban durante un tiempo para una
empresa privada o entidad pública si cambiaban de empleador éste tiempo no les
servía para obtener su pensión de vejez. // Adicionalmente, esta interpretación
encuentra fundamento en la filosofía que inspira el derecho a la pensión de
vejez que estriba en que el trabajo continuado durante largos años sea la base
para disfrutar el descanso en condiciones dignas, cuando la disminución de la
capacidad laboral es evidente”. (Sentencia
T-090 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto).
[75]
Ibidem.
[76]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[77]
Sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[78] Es decir,
las sentencias: T-090 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-398 de 2009, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub;T-583 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-760 de 2010, M.P. María
Victoria Calle Correa; T-093 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-334 de 2011, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla; T-559 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-637 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-100 de
2012, M.P. Mauricio González Cuervo; T-360 de 2012, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-063 de
2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-145 de 2013, M.P. M.P. María Victoria Calle Correa; T-518 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y T-596 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[79]
Sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[80]
Ibidem.
[81]
Ibidem.
[82]
Cfr. Sentencias T-063 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez; y T-493 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[83] Artículo 10 del
Decreto 2591 de 1992. “Legitimidad e interés. La acción de
tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. //
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el
Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”.
[84] Fuente:
DANE. “Proyecciones de Población 2005-2020.
Colombia. Tablas abreviadas de mortalidad nacionales y departamentales 1985-2020”.
Documento disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8Tablasvida1985_2020.pdf.
[85] Al respecto ver
las sentencias T-771 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-380 de 2011,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-431 de 2011
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-659 de 2011,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-981 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[86] Sentencia
T-981 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[87] Decretos 1211, 1212 y 1213 de 2012.
[88] Referente
al debido proceso constitucional, la sentencia T-061 de 2007 expresó lo
siguiente: “En palabras de la
Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN -, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En
criterio de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural
[sobre este derecho y su configuración
constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001];
el derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que
incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o
principio de legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. En una decisión posterior [sentencia T-685 de 2003, M.P. Eduardo Montealgre Lynett] la
Corte Constitucional precisó el alcance del debido proceso constitucional e[n]
el siguiente sentido: // De ello se sigue que, salvo desvíos absolutamente
caprichosos y arbitrarios –inobservancia de precedentes o decisiones
carentes de justificación o motivación jurídica-, sólo serán objeto de
revisión aquellas decisiones judiciales que no consulten los elementos del
debido proceso constitucional y, en particular, que conduzcan a la inexistencia
de defensa y contradicción dentro del proceso. Es decir, aquellas decisiones
que anulen o restrinjan, de manera grave, el equilibrio procesal entre las
partes; lo anterior equivale a decir que el juez de tutela debe proteger a la
parte procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del juez
ordinario”. (negrillas dentro del texto y subrayado fuera del texto).
[89]
Folio 15 del cuaderno 1
[90]
Folio 54 del cuaderno 2.
[91]
Cfr. Artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social.
[92] Puntualmente, las autoridades judiciales citaron las siguientes providencias:
SL 44901 del 5 de noviembre de 2014, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo; SL13260
del 30 de septiembre de 2015, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno; SL 54226 del 20
de octubre de 2015, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas; y SL16810 del 26 de
octubre de 2016, M.P. Gerardo Botero Zuluaga (que a su vez citó a las “sentencias
CSJ SL 16104-2014 – CSJ SL 16086-2015 y CSJ SL 11241-2016”).
[93]
Al respecto, se pueden consultar los discos compactos A y B,
anexos en el cuaderno de revisión, después de los minutos 9:15 y 4:20,
respectivamente.
[94]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[95] Entre
otras, las siguientes sentencias: T-090 de 2009,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-398 de 2009, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub;T-583 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-760 de 2010, M.P. María
Victoria Calle Correa; T-093 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-334 de 2011, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla; T-559 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-637 de 2011,
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-100 de
2012, M.P. Mauricio González Cuervo; T-360 de 2012, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; T-063 de
2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-145 de 2013, M.P. M.P. María Victoria Calle Correa; T-518 de 2013, M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, T-596 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-729 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[96]
Es decir, la sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
[97]
Ibidem.
[98]
Folio 15 del cuaderno 1
[99]
Folio 15 del cuaderno 1