C-184-10
Sentencia C-184/10
Sentencia C-184/10
INHIBICION DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA-Ausencia de cargos
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos
Esta Corporación se ha referido
al asunto de los
requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad, recogidos en
el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. La
Corte ha explicado que la consagración de estos requisitos mínimos no puede
entenderse como una limitación a los derechos políticos del ciudadano, pues lo
que se persigue es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez
constitucional para que pueda proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un
fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho político. Esto
supone que el demandante cumpla con una carga mínima de comunicación y
argumentación que ilustre a la Corte sobre (i) su capacidad para interponer la
acción, (ii) cuál es la norma que se acusa, (iii) cuáles los preceptos
constitucionales que resultan vulnerados, (iv) el concepto o explicación de
dicha violación,  y (v) la razón por la cual la
Corte es competente para pronunciarse sobre la materia
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisito del concepto de violación implica
que las razones que se presenten sean claras, ciertas, específicas, pertinentes
y suficientes/CONCEPTO
DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Exigencias
La jurisprudencia ha agregado que el requisito
de exponer el concepto de la violación implica que las razones que se presenten
sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. La claridad
del cargo, ha dicho la Corte, “es el presupuesto básico del argumento, pues un
cargo confuso, ininteligible, impide conocer la intención de la demanda y el
alcance de la acusación”. La exigencia de claridad obliga entonces al
demandante a “seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al
lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que
se basa”. La certeza del cargo “hace alusión a que el mismo debe recaer
sobre una norma real, existente, no sobre una norma ficticia, supuesta por el
demandante, o sobre una norma distinta a la acusada, que no ha sido objeto de
censura o sobre una norma que no es objeto concreto de la demanda. La certeza
del cargo exige que la acusación recaiga sobre la hipótesis contenida en la
norma, no sobre una interpretación o una práctica de la autoridad encargada de
aplicarla. En suma, un cargo es cierto si permite la confrontación entre la
Constitución y la norma legal a partir de contenidos normativos verificables,
derivados del texto de las normas acusadas”. El requisito de especificidad
del cargo exige que el mismo sea concreto, por lo cual no son aceptables los
argumentos genéricos, vagos e imprecisos, que impiden confrontar las
disposiciones acusadas. En este sentido la
Corte ha explicado que “los cargos deben ser concretos porque deben permitir
el cotejo efectivo entre la norma legal y la constitucional”. El requisito de
la pertinencia de las razones “quiere decir que el reproche formulado
por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en
la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta
al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos
que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o
aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que
“el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que
está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como
podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”;
tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma.
Referencia: expediente D-7851
Demanda de inconstitucionalidad en
contra de los artículos 41 (parcial) de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la
Ley 962 de 2005, 44 (parcial) del Decreto ley 1295 de 1994 y 7° (parcial) de la
Ley 776 de 2002.
Actora: Lina Marcela Álvarez Villarreal.
Magistrado Ponente:
Dr. JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., diecisiete
(17) de marzo de dos mil diez (2010).
La Sala Plena de la
Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Mauricio González Cuervo -quien la preside-,
María Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto
Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en
cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991,
ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes,
1.
ANTECEDENTES
En ejercicio de la acción pública
de inconstitucionalidad, la ciudadana Lina Marcela Álvarez Villarreal demandó
los artículos 41 (parcial) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52
de la Ley 962 de 2005, 44 (parcial) del Decreto ley 1295 de 1994 y  7°
(parcial) de la Ley 776 de 2002.
2.
LA
DEMANDA
2.1.
NORMAS
DEMANDADAS
A continuación se
transcribe el texto de las disposiciones parcialmente demandadas, dentro del
cual se subrayan y resaltan los apartes acusados:
“Ley 962 de
2005
(julio 8)
Diario Oficial No. 46.023 de 6 de septiembre
de 2005
“por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites  y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos
(…)
“Artículo 52. DETERMINACIÓN DE LA
PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y GRADO DE INVALIDEZ. El artículo 41 de la
Ley 100 de 1993, quedará así:
“Artículo 41. El estado de invalidez será determinado de
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el
manual único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional,
vigente a la fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios
técnicos de evaluación, para calificar la imposibilidad que tenga el afectado
para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral”.
“Decreto 1295
de 1994
(junio 22)
Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de
1994
“Por el cual
se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales
“EL MINISTRO DE GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA,
DELEGATORIO DE FUNCIONES
PRESIDENCIALES,
otorgadas mediante el Decreto 1266
de 1994, en ejercicio de
las facultades extraordinarias
conferidas por el numeral 11
del artículo 139  de la
Ley 100 de 1993.
“DECRETO:
(…)
“Artículo 44. TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES. La
determinación de los grados de incapacidad permanente parcial, invalidez o
invalidez total, originadas por lesiones debidas a riesgos profesionales, se
hará de acuerdo con el “Manual de Invalidez” y la “Tabla de Valuación de
Incapacidades”.
“Esta Tabla deberá ser
revisada y actualizada por el gobierno nacional, cuando menos una vez cada
cinco años”.
“Ley 776 de
2002.
(Diciembre
12)
Diario Oficial
N. 45037  del 17 de diciembre  de 2002
“Por la cual
se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del
Sistema
General de Riesgos Profesionales.
EL CONGRESO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:
(…)
“Artículo 7. MONTO DE LA
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos
Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá
derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido,
a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no
inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro
(24) veces su salario base de liquidación.
“En aquellas patologías que
sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el
porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al
monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por
IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo
pago.
“El Gobierno Nacional
determinará, periódicamente, los criterios de ponderación y la tabla de
evaluación de incapacidades, para determinar la disminución en la capacidad
laboral. Hasta tanto se utilizará el Manual Único de Calificación de Invalidez
vigente a la fecha de la calificación”.
2.2.
LA DEMANDA
La actora sostiene que en el
presente caso no se presenta el fenómeno de la “cosa juzgada constitucional”,
pues si bien la Corte Constitucional en la sentencia C-452 de 2002[1]
asumió el estudio de constitucionalidad del artículo 44 del Decreto ley 1295 de
1994, norma que otra vez se demanda ahora, en esta nueva ocasión el objeto de
la controversia es sustancialmente distinto. Es decir, a juicio de la
demandante se está frente a un caso de “cosa juzgada constitucional
relativa”.
Aclarado lo anterior, señala la
demanda  que si bien la cláusula general de competencia legislativa otorgada al
Congreso de la República en el artículo 150 superior contempla algunas
excepciones, como la consagrada en el numeral 10° de la misma norma que permite
atribuir al Presidente de la
República facultades extraordinarias para legislar, ésta excepción no es
absoluta, pues este tipo de atribuciones “…no se podrán conferir para expedir
códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del
presente artículo, ni para decretar impuestos”.
Hecha la anterior precisión,
afirma la demanda que las normas acusadas son inconstitucionales por cuanto “a
partir de la promulgación de nuestra Constitución Política, la expedición de
Códigos en todos los ramos de la legislación y la reforma de sus disposiciones,
como es específicamente el Código Sustantivo del Trabajo, norma marco que rige
las relaciones laborales, habría de ser una competencia exclusiva del Congreso
Nacional, competencia que se entiende es de carácter indelegable”.  Concretamente
la inexequibilidad se produciría porque “mediante delegación expresa
que el Congreso de la República le hace al Gobierno Nacional en las diferentes
normas demandadas con el fin de reglamentar y expedir los nuevos Manuales de
Calificación de Invalidez con sus Tablas de Valuación, se está incumpliendo los
límites impuestos por el Constituyente, los cuales señalan la imposibilidad de
delegar en el Gobierno Nacional la expedición o modificación de códigos”.
Prosigue la acusación afirmando
que antes de que entraran en vigencia las normas demandadas y la actual
Constitución, las Tablas de Valuación que permitían establecer la pérdida de
capacidad laboral se encontraban contenidas en los artículos 209, 210 y 211 del
Código Sustantivo del Trabajo y en el Acuerdo 258 de 1967 del Instituto de
Seguros Sociales. El artículo 209 del mencionado Código en su parágrafo 2°
establecía: “Esta tabla podrá ser modificada o adicionada, en cualquier
tiempo por el Gobierno…”; no obstante, una vez entró en vigencia la nueva
Carta Fundamental, dicha facultad otorgada al Gobierno perdió sus efectos, en
virtud de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución;  pues como se anotó, el Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto
Código, sólo puede ser reformado por el Congreso de la
República.
Como soporte adicional de su
argumentación, la actora sustenta su tesis con base en la sentencia C-1155 de
2008[2],
que señala: “Específicamente en relación con la prohibición constitucional
de expedir códigos debe afirmarse que las facultades extraordinarias
pueden conferirse siempre y cuando la regla general de reserva de ley para la
expedición de códigos no se desconozca y resulte de las facultades conferidas
al Gobierno una reglamentación creada de manera completa, metódica, sistemática
y coordinada, las instituciones constitutivas de una rama del Derecho o la
modificación sustancial de un código porque en tal sentido, se incurrirá en la
violación de la reserva de ley ” . (Sub rayas fiera del original)
Por todo lo anterior, la actora
considera que en las normas que acusa se autorizó hacer una reforma esencial al
Código Sustantivo del Trabajo, ya que se permitió modificar de fondo las Tablas
de Valuación y los criterios para calificar la pérdida de la capacidad laboral;
y que en uso de dichas facultades otorgadas por el Congreso de la
República al Gobierno, los artículos 209, 210 y 211  del Código Sustantivo del
Trabajo fueron modificados sustancialmente.
Anota entonces la demanda que la
reglamentación de los grados de pérdida de la capacidad laboral constituye un
tema de gran relevancia en la relación que surge dentro de un contrato de
trabajo, ya que “hace referencia a una de las prestaciones comunes de los
empleadores y correlativamente a los derechos de los trabajadores”, asunto
sobre el cual existen dos convenios de la
OIT aprobados y debidamente ratificados por Colombia, cuales son el número 17 o
“Convenio sobre indemnización por accidentes de trabajo” y el número 18 o
“Convenio sobre indemnizaciones por enfermedades profesionales”. Así
pues, cualquier reforma normativa que trascienda estas importantes
disposiciones debe ser tramitada por el órgano legislativo.
Agrega la acusación que en virtud
de lo que permiten las normas acusadas, hoy en día “tenemos menos inválidos,
ya no por un proceso de prevención de la enfermedad o del accidente, sino por
mandato de un Manual y de tablas de valuación, expedidas por el Gobierno
Nacional, sin ningún control del Congreso de la
República”.
En otras palabras, dice la demanda
que con la facultad otorgada por el Congreso de la
República al Gobierno para que expida el Manual de Calificación de Invalidez y
las Tablas de Valuación, se modificó sustancialmente el contenido de los
artículos 209, 210 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo cual los
apartes de la normatividad demandada deben ser expulsados del ordenamiento
jurídico.
Tras estas declaraciones
generales, la demanda entra a explicar de manera específica el concepto de la
violación de los numerales 2° y 10° del artículo 150º de la
Constitución; para ello aduce que esta preceptiva superior, referida a la
función de “Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar
sus disposiciones” y a que  “Estas facultades no se podrán conferir para
expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral
20 del presente artículo, ni para decretar impuestos ””, fue
desconocida por las disposiciones acusadas, pues el Congreso de la
República delegó la facultad de expedir el Manual de Calificación de
Invalidez  y las Tablas de Valuación de Incapacidades al Gobierno, modificando
así la esencia de los artículos 209, 210 y 211 del Código Sustantivo del
Trabajo sin fijar límite alguno. Máxime, cuando con dicha reglamentación se
afecta el reconocimiento o la negación del derecho a la seguridad social.
Finalmente, para demostrar que con
el ejercicio de las facultades legislativas que fueron conferidas por las
normas acusadas al Gobierno, se permitió a éste entrar a determinar los
derechos laborales de los trabajadores que sufren accidentes o enfermedades,
la  demanda presenta un cuadro con varios ejemplos hipotéticos de traumas o
patologías que conducen a discapacidades severas, para hacer ver que, con la
reglamentación gubernamental que ha sido adoptada –Decretos 1836 de 1994, 692
de 1995 y 917 de 1999- ,  un mismo problema de salud que inicialmente daría
lugar a la calificación invalidez y al reconocimiento los derechos
subsiguientes, hoy en día no produciría tal declaración, con la consecuente
desprotección de los afectados.
3.
INTERVENCIONES DENTRO DEL PROCESO
3.1.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO
DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
La ciudadana Bertha Cecilia Ospina Giraldo, en
representación del Ministerio de la
Protección Social, intervino en forma oportuna dentro del proceso para
solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad de los apartes normativos
demandados, petición que apoyó con las siguientes razones:
Frente a la solicitud de inexequibilidad del artículo
44 del Decreto 1295 de 1994, del artículo 7° de la
Ley 776 de 2002 y del artículo 52 de la Ley 962 de 2005, referidos a la
facultad del Gobierno para reglamentar la tabla de valuaciones o manuales de
calificación de invalidez, sostiene el Ministerio que no vulneran la
Constitución, “porque los manuales son documentos técnicos, realizados por
grupos de expertos, con una alta calidad científica, los cuales por el
desarrollo científico requieren ser actualizados, y la facultad reglamentaria
le compete al Gobierno, y no al Congreso, por lo técnico, específico y la
dinámica de los manuales, los cuales requieren en el tiempo los ajustes
correspondientes, para lo cual el Gobierno es quien debe establecer dichos
manuales, conforme lo facultó el Honorable Congreso de la
República”.
Ahora bien, aduce la intervención que frente al tema
de la falta de competencia del Congreso para delegar la función de expedir y/o
modificar Códigos, prohibición que se alega fue desconocida por las normas
acusadas al conferirse en ellas al Gobierno la facultad para revisar las tablas
o los manuales de invalidez, olvida la demandante que el artículo 209 del
Código Sustantivo del Trabajo autoriza al Gobierno para modificar o adicionar
dicha tabla de valuaciones o manuales de calificación de invalidez, en
cualquier tiempo.
En virtud de lo anterior, sostiene el Ministerio de la
Protección Social  que no es posible predicar que dicha normativa sólo era
aplicable antes de entrar en vigencia la Constitución de 1991. Pues tal
competencia fue otorgada al Gobierno en el Código Sustantivo del Trabajo,
sumada a la facultad reglamentaria que tiene ordinariamente tiene el Gobierno,
de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política; ante lo cual no puede concluirse que el Código
Sustantivo del Trabajo está siendo modificado por el ejecutivo.
Con base en los anteriores argumentos, el Ministerio
de la Protección Social solicita a la
Corte Constitucional declarar exequible la disposición acusada.
3.2.
INTERVENCIÓN DEL INSTITUTO
DE SEGUROS SOCIALES -ISS-
También en forma oportuna intervino dentro del proceso
el ciudadano Edgar Mauricio Parra Bonilla, en representación del Instituto de
Seguros Sociales, quien se opuso a las pretensiones de la actora en la
siguiente forma:
Después de realizar un breve resumen de la demanda y
precisar el problema jurídico referido a si con la facultad otorgada al
Gobierno para expedir las tablas de valuación se transgredieron los numerales
2° y 10° del artículo 150 de la
Constitución Política, que otorgan al Congreso la facultad exclusiva e
indelegable de expedir Códigos y la de reformar su contenido, procedió la
intervención a desvirtuar dicha afirmación de la siguiente manera:
(i)
No es cierto que con las
facultades conferidas al Gobierno Nacional para expedir las mencionadas tablas
se desconozca la competencia exclusiva asignada al Congreso de reformar
códigos, pues el Gobierno en uso de sus facultades puede expedir dichas tablas;
y (ii), la Constitución ha incorporado una serie de garantías fundamentales al
señalar que Colombia es un Estado Social de Derecho, en virtud de lo cual todas
las actuaciones estatales y particulares giran en torno a la protección y
eficacia de estas garantías. Además el Estado Social de derecho entraña la
realización de la dignidad humana y exalta la importancia del derecho al
trabajo.
Después de realizar las anteriores consideraciones
generales, afirma la intervención que dentro de este marco constitucional se
estableció la seguridad social como un servicio público, y en desarrollo de su
contenido se expidió la Ley 100 de 1993.
Dice entonces el interviniente: “En consecuencia,
los individuos protegidos por éste especial sistema, obtienen su salvaguarda de
derechos basados en los lineamientos señalados en la
Constitución Política. Así entonces, el grupo de individuos discapacitados,
el grupo de individuos inválidos y la familia de aquel trabajador muerto por
las causas mencionadas, gozan de una especial protección constitucional”.
Para finalizar, sostiene que las tablas de valuación
se enmarcan dentro del Estado Social de Derecho como una muestra de protección
hacia las personas que son sujetos de especial protección por parte del Estado.
3.3.
INTERVENCIÓN DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
En forma oportuna, la ciudadana María Fernanda Canal
Acero, representando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, manifestó
oponerse a la prosperidad de la presente acción pública de inconstitucionalidad
y pidió que se mantengan las normas demandadas dentro del ordenamiento
jurídico.
Argumenta la interviniente que la demandante se limitó
a decir que las normas acusadas vulneraban los numerales 2° y 10° del artículo
150 de la
Constitución Política, sin explicar las razones que la condujeron a tal
conclusión. Al respecto, pone de presente que de conformidad con la
jurisprudencia sentada en la Sentencia C-938 de 2004[3], se exigen como
requisitos mínimos la claridad de la demanda, la especificidad de las razones
por las cuales se considera infringido el texto superior, y la pertinencia y la
suficiencia de los argumentos. Exigencias que no fueron satisfechas por la
actora, pues presentó razones vagas, imprecisas e indeterminadas en la
formulación de los cargos de inconstitucionalidad. Por lo anterior, estima que la
Corte debe inhibirse de proferir un fallo de fondo.
En relación con la acusación dirigida en contra del
artículo 41 de la Ley 100 de 1993, reformado por el artículo 52 de la
Ley 952 de 1995, y contra el artículo 7° de la
Ley 776 de 2002, encuentra la interviniente que “no es cierta la afirmación
de la demandante que las diferentes leyes acusadas, que contemplan: el Manual
Único de Calificación de Invalidez, la Tabla de Valuación de incapacidades, la
Determinación periódica de los criterios de ponderación  y la tabla de
evaluación de incapacidades, reforman el Código Sustantivo de Trabajo, porque
éstos no estaban contemplados en dicho código”. Es decir, que como el
Manual Único para la calificación de Invalidez no se encontraba en el Código
Sustantivo de Trabajo, el Gobierno Nacional no reformó dicha normativa al
expedirlo. Así, a juicio de la interviniente, la materia específica sobre el
estado de invalidez, las tablas de valuación y el monto de la incapacidad, no
son asuntos que puedan tenerse como un Código.
Y refiriéndose concretamente al artículo 44 de la
Ley 1295 de 1994, aquí demandado, sostiene el Ministerio de Hacienda que se
presenta el fenómeno de la cosa juzgada, pues en la
Sentencia C-452 de 2002[4]
dicha norma fue declarada exequible, sin que la
Corte hubiera limitado el alcance de su decisión a los cargos que entonces
fueron analizados.
Por lo anterior, debe la
Corte inhibirse de asumir el estudio de constitucionalidad, de conformidad con
el Decreto 2067 de 1991.
3.4
NUEVA INTERVENCIÓN
DEL INSTITUTO DE SEGUROS  SOCIALES
Obrando por fuera del término legalmente previsto,
intervino dentro el proceso el ciudadano Sergio Hernando Colmenares Porras, en
representación de la
Dirección Jurídica Nacional del Instituto de Seguros Sociales; solicita que
se declare la exequibilidad de las normas demandadas, con base en los
siguientes argumentos:
En primer lugar, a juicio del interviniente la
demandante interpreta erróneamente las normas demandadas , pues parte de una
premisa falsa, cual es que la potestad normativa en virtud de la cual el
Gobierno expidió las Tablas de Valuación y el Manual de Inválidez se
circunscribe dentro lo normado en el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución Política, cuando en verdad se trata de la facultad reglamentaria
otorgada al ejecutivo, de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 del
Texto Superior.
En segundo lugar, aduce que fue el propio legislador
quien expresamente “le impuso la carga al Ejecutivo de la expedición de los
criterios técnicos de la valuación de las incapacidades y de la determinación
de la pérdida de capacidad laboral”.  Y agrega que la misma Ley 100
de 1993, en su artículo 289, dejó sin efecto todas aquellas disposiciones que
contrariaran las nuevas normas aplicables al sistema de seguridad social, al
disponer su “derogatoria tácita”. En tal virtud, las normas del Código
Sustantivo del Trabajo que se referían a las funciones gubernamentales
relacionadas con la valuación de las incapacidades, deben entenderse derogadas
por dicha Ley.
Por las razones expuestas precedentemente, solicita
despachar desfavorablemente las pretensiones de la demanda.
4.
CONCEPTO DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, estando dentro el término legalmente
previsto emitió el concepto de su competencia en el cual pidió a la
Corte inhibirse para pronunciarse de fondo, lo cual sustentó con los
siguientes argumentos:
Dice la vista fiscal que si bien la acción pública de
inconstitucionalidad constituye el ejercicio de un derecho político de gran
trascendencia, reconocido a todos los ciudadanos, razón por la cual debe
realizarse un estudio flexible de los requisitos adjetivos y sustantivos
respectivos, ello no obsta para que el demandante cumpla con las exigencias
mínimas requeridas para su ejercicio.
En el presente caso, la vista fiscal considera que la
actora no cumplió con el lleno del tercer requisito señalado en el artículo 2°
del Decreto 2067 de 1991, referido a que el ciudadano exponga las razones o
motivos por las cuales considera que la norma acusada desconoce un postulado de
rango constitucional. Sobre el punto señala que “no se expone argumento
jurídico alguno que pueda desvirtuar o ponga en duda que tales decretos
no corresponden al desarrollo de la facultad reglamentaria que por mandato del
artículo 11 del artículo 189 Constitucional le corresponde al
Presidente, como tampoco da razones por las cuales no hace alusión en su
demanda al Decreto 917 de 1999 que contempla el manual único de calificación de
invalidez vigente”. (Subrayas propias del original).
Señala que lo anterior lleva a la conclusión de que la
actora basa su inconformidad en aspectos meramente subjetivos sobre los efectos
particulares que puede tener la normatividad gubernamental en situaciones
concretas, lo cual escapa al objeto y fin de la acción pública de
constitucionalidad.
Aduce que el desconocimiento del anterior requisito no
puede ser subsanado por la Corte, pues es una carga probatoria de carácter
sustancial en cabeza de la demandante, que la obligaba a formular por lo menos
un cargo de inexequibilidad en contra de la norma acusada.
Por lo expuesto, el señor Procurador solicita a la
Corte Constitucional “INHIBIRSE para pronunciarse de fondo sobre la
constitucionalidad de los artículos 41 (parcial) de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la
Ley 962 de 2005; 44 (parcial) del Decreto 1295 de 1994 y artículo 7° (parcial)
de la Ley 776 de 2002, parcialmente demandados, por ineptitud sustantiva de la
demanda”.
5.
CONSIDERACIONES DE LA
CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
5.1.
COMPETENCIA
De conformidad con lo prescrito por los numerales  4° y
5° del artículo 241 de la
Constitución Política, la
Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad
de las normas demandadas, por tratarse de dos leyes de la
República y de un decreto con fuerza de ley dictado por el Gobierno Nacional.
5.2.
EL PROBLEMA
JURÍDICO QUE PROPONE LA DEMANDA
De conformidad con la demanda, el problema jurídico
que tendría que ser resuelto por la Corte es el relativo a si las normas acusadas
son inconstitucionales por delegar en el Gobierno Nacional facultades
legislativas para modificar el Código Sustantivo del Trabajo, contra expresa
prohibición contenida en el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución, que proscribe conferir tal tipo de atribuciones legislativas
para “expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el
numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos”.
En efecto, conforme a la argumentación expuesta en la
demanda, antes de que entraran en vigencia las normas demandadas y la actual
Constitución, las tablas de valuación, con base en las cuales se establece la
pérdida de capacidad laboral, se encontraban contenidas y reglamentadas en los
artículos 209, 210 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo y en el Acuerdo 258
de 1967 del Instituto de Seguros Sociales[5].
Y si bien el mencionado artículo 209 permitía que el Gobierno modificara estas
tablas, una vez entró en vigencia la nueva Carta Fundamental dicha facultad
desapareció, por efectos de la prohibición relativa a que a través de
facultades extraordinarias se expidan o modifiquen códigos, contenida en el
citado numeral 10° del artículo 150 superior. Así las cosas, en cuanto las
disposiciones ahora acusadas permiten nuevamente al Gobierno modificar las
referidas tablas de valuación y los criterios para calificar la pérdida de la
capacidad laboral, resultan inconstitucionales por violación de los
numerales 2° y 10° del artículo 150º de la Constitución[6], pues su efecto
es autorizar al Gobierno para modificar los artículos 209, 210 y 211 del Código
Sustantivo del Trabajo.
Algunas intervenciones abogan por la
constitucionalidad de las normas acusadas, bajo varios argumentos, entre los
cuales sobresale aquel conforme al cual dichas
normas aluden a la facultad reglamentaria que tiene ordinariamente tiene el
Gobierno, de conformidad con el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política[7].
Otras intervenciones y la vista fiscal piden a la
Corte inhibirse de proferir un fallo de fondo, pues a su manera de ver la
demanda no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia
para que pueda considerarse sustancialmente apta para iniciar el estudio de
constitucionalidad de las normas acusadas. En este sentido, tanto el Ministerio
de Hacienda como el Instituto de Seguros Sociales, estiman que las razones en
que se fundamente la acusación no son ciertas, en cuanto parten de una
lectura errada de las normas acusadas.
Por su parte, el Ministerio Público también sostiene
que las razones de la violación no son suficientes ni pertinentes,
pues no se explica por qué los
decretos que está llamado a expedir el Gobierno en virtud de lo ordenado por
las normas acusadas, no corresponden al desarrollo de la facultad reglamentaria
que, por mandato del numeral 11 del artículo 189 superior, ordinariamente le
compete. En tal virtud, a juicio del señor procurador la acusación se
funda sólo en opiniones meramente subjetivas de la actora.
Así las cosas, antes de entrar a resolver el problema
jurídico que propone la demanda, la Sala considera que debe examinar si ella
puede considerarse apta para iniciar el estudio de constitucionalidad
propuesto.
5.3.
INEPTITUD
SUSTANCIAL DE LA DEMANDA
5.3.1.
En diversos
pronunciamientos[8],
pero especialmente el la Sentencia C-1052 de 2001[9], esta
Corporación se ha referido al asunto de los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad,
recogidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991[10]. La
Corte ha explicado que la consagración de estos requisitos mínimos no puede
entenderse como una limitación a los derechos políticos del ciudadano, pues lo
que se persigue es fijar unos elementos que informen adecuadamente al juez
constitucional para que pueda proferir un pronunciamiento de fondo, evitando un
fallo inhibitorio que torna inocuo el ejercicio de este derecho político. Esto
supone que el demandante cumpla con una carga mínima de comunicación y
argumentación que ilustre a la Corte sobre (i) su capacidad para interponer la
acción, (ii) cuál es la norma que se acusa, (iii) cuáles los preceptos
constitucionales que resultan vulnerados, (iv) el concepto o explicación de
dicha violación,  y (v) la razón por la cual la
Corte es competente para pronunciarse sobre la materia.[11]
Así pues, si bien el principio jurídico que domina el
tema de la admisibilidad de la demanda es el principio pro accione, ello
no significa que el actor no tenga que cumplir con una carga mínima que haga
posible el examen de constitucionalidad que solicita. Ciertamente, el principio
pro accione indica que, teniendo en cuenta que se trata de una acción
pública, es decir abierta a todos los ciudadanos, que no exige acreditar la
condición de abogado, “el rigor en el juicio que aplica la
Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación
tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda
habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda
y fallando de fondo”.[12]  No obstante, este principio de interpretación no exime del cumplimiento
de los mencionados requisitos, que enumera el artículo 2° del Decreto 2067 de
1991.
En relación con el requisito de las demandas de
inconstitucionalidad de expresar los motivos por las cuales los textos
constitucionales se estiman violados, exigido por el numeral 3° del artículo 2°
del Decreto 2067 de 1991, esta Corporación ha explicado que ello “supone la
exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de
una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto
de  la demanda”.[13]
La jurisprudencia ha agregado que el requisito de exponer el concepto de la
violación implica que las razones que se presenten sean claras, ciertas,
específicas, pertinentes y suficientes.[14]
La claridad del cargo, ha dicho la
Corte, “es el presupuesto básico del argumento, pues un cargo confuso,
ininteligible, impide conocer la intención de la demanda y el alcance de la
acusación”[15].
La exigencia de claridad obliga entonces al demandante a “seguir un hilo
conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de
su demanda y las justificaciones en las que se basa.”[16]
La certeza del cargo “hace alusión a
que el mismo debe recaer sobre una norma real, existente, no sobre una norma
ficticia, supuesta por el demandante[17],
o sobre una norma distinta a la acusada, que no ha sido objeto de censura o
sobre una norma que no es objeto concreto de la demanda[18]. La
certeza del cargo exige que la acusación recaiga sobre la hipótesis contenida
en la norma, no sobre una interpretación o una práctica de la autoridad
encargada de aplicarla. En suma, un cargo es cierto si permite la confrontación
entre la Constitución y la norma legal a partir de contenidos normativos
verificables, derivados del texto de las normas acusadas”.[19]
El requisito de especificidad del cargo exige
que el mismo sea concreto, por lo cual no son aceptables los argumentos
genéricos, vagos e imprecisos, que impiden confrontar las disposiciones
acusadas. En este sentido la Corte ha explicado que “los cargos deben ser concretos
porque deben permitir el cotejo efectivo entre la norma legal y la
constitucional[20]”.[21]
El requisito de la pertinencia de las
razones “quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser
de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido
de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En
este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir
de consideraciones puramente legales[22] y doctrinarias[23], o aquellos otros que se limitan a expresar
puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está
acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública
para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de
la disposición en un caso específico”[24]; tampoco prosperarán las acusaciones que
fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia[25], calificándola “de inocua, innecesaria, o
reiterativa”[26] a partir de una valoración parcial de sus
efectos.”[27]
Finalmente, la suficiencia de las
razones de la acusación significa que ellas deben exponer todos los
elementos de convicción que apoyen el alegato del demandante. En este sentido, la
Corte ha explicado que la suficiencia se entiende como la capacidad del
argumento para poner en duda la exequibilidad del precepto acusado[28],
en cuanto contiene “argumentos que, aunque no logren prime facie convencer
al magistrado de que la norma es contraria a la
Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la
norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a
desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y
hace necesario un pronunciamiento por parte de la
Corte Constitucional” .[29]
5.3.2.
En la presente
oportunidad, la Corte estima que tienen razón el señor Procurador y los
intervinientes que alertan sobre la ineptitud de la demanda por diversas
razones. Concretamente, la Sala percibe que las razones de la acusación no son ciertas
ni suficientes.
Tal como se dijo ad supra, el cargo central de
la demanda consiste en afirmar que en las normas acusadas se confirieron
facultades legislativas al Gobierno Nacional para modificar el Código
Sustantivo del Trabajo, concretamente en sus artículos 209, 210 y 211, lo cual
vulnera los numerales 2° y 10° del artículo 150 superior. Ciertamente, en
palabras de la misma demandante, las disposiciones acusadas, contenidas en dos
leyes de la República y en un Decreto ley, serían inconstitucionales porque en
ellas  “mediante delegación expresa que el Congreso de la
República le hace al Gobierno Nacional en las diferentes normas demandadas con
el fin de reglamentar y expedir los nuevos Manuales de Calificación de
Invalidez con sus Tablas de Valuación, se está incumpliendo los límites
impuestos por el Constituyente, los cuales señalan la imposibilidad de delegar
en el Gobierno Nacional la expedición o modificación de códigos”.
La Corte encuentra que la anterior acusación no es cierta,
es decir, que se funda en un alcance normativo que las disposiciones acusadas
no tienen. Además, percibe que las razones de la violación tampoco son suficientes.
5.3.2.1.
El motivo por el cual
los cargos de la demanda no son ciertos, radica en que las razones
presentadas para sustentarlos parten de una interpretación irrazonable de las
disposiciones acusadas, que muestra que el alcance regulador de las mismas no
puede ser el que les atribuye la actora.
En efecto, como se ha dicho, la
acusación central consiste en decir que en las normas demandadas el legislador
otorgó al ejecutivo facultades extraordinarias para modificar el Código
Sustantivo del Trabajo, justamente en sus artículos 209, 210 y 211. No
obstante, el Decreto ley 1295 de
1994, cuyo artículo 44 aquí se demanda parcialmente, y que fue la primera de
las normas acusadas en entrar en vigencia, derogó tácitamente  dichos artículos
209, 210 y 211 del Estatuto Laboral[30].
Así las cosas, carece de toda lógica suponer que al mismo tiempo que dicho
Decreto derogaba los mencionados artículos, también le estuviera dando
facultades al Gobierno para modificarlos.
Adicionalmente, los cargos de la
demanda no son suficientes, en cuanto no explican en modo alguno por qué
las normas acusadas no se refieren a la potestad reglamentaria ordinaria de
ejecutivo, que es lo que sugiere su tenor literal, y más bien le confieren
facultades extraordinarias al Presidente de la
República.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, en
la parte resolutiva de la presente decisión la
Corte emitirá un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda.
6.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la
Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declararse INHIBIDA respecto de la demanda de
la referencia, dirigida contra los artículos 41 (parcial) de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 52 de la
Ley 962 de 2005, 44 (parcial) del Decreto ley 1295 de 1994 y  7° (parcial) de la
Ley 776 de 2002.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrado
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] M.P. Jaime Araujo Rentería
[2] M.P. Jaime Araujo Rentería
[3] M.P. Jaime Araujo Rentería
[4] Ibídem.
[5] Los artículos 209, 210 y 211 del Código
Sustantivo del Trabajo fueron derogados por el Decreto ley 1295 de 1994, cuyo
artículo 44 (parcial) se demanda dentro de este proceso. Este artículo, según
se recuerda, prescribe que “la determinación de los grados de incapacidad
permanente parcial, invalidez o invalidez total, originadas por lesiones
debidas a riesgos profesionales, se hará acuerdo con el "Manual de
Invalidez" y la "Tabla de Valuación de Incapacidades".
Agrega la norma que “esta tabla deberá ser revisada y actualizada por el
gobierno nacional, cuando menos una vez cada cinco años”. (Esta última
expresión es demandada en este proceso).
El Decreto 1832 de 1994, reglamentario de la
Ley 100 de 1993, adoptó el Manual Único para la
Calificación de la Invalidez, el cual se aplica a todos los trabajadores de
los sectores público, oficial, semioficial, en todos los órdenes, y del sector
privado en general, para determinar la pérdida de la capacidad laboral de
cualquier origen, de conformidad con lo establecido por los artículos 38,
siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993 y 44 del Decreto-Ley 1295 de
1994
[6] C.P. ARTÍCULO 150. “Corresponde
al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
...
2. Expedir códigos en todos los ramos de la
legislación y reformar sus disposiciones.
...
10. Revestir, hasta por seis meses, al
Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando
la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades
deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá
la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.
El Congreso podrá, en todo tiempo y por
iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso
de facultades extraordinarias.
Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos,
leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente
artículo, ni para decretar impuestos.” (Negrillas fuera del original)
[7] C.P. ARTÍCULO 189:
“Corresponde al Presidente de la
República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad
Administrativa:
...
11. Ejercer la potestad reglamentaria,
mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para
la cumplida ejecución de las leyes”.
[8] Los lineamientos generales sobre la materia
han sido desarrollados, entre otras, en las sentencias C-131 de 1993 (M.P.
Alejandro Martínez Caballero); C-024 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero); C-504 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); C-609 de 1996
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa);  C-236 de 1997 (M.P. Antonio Barrera
Carbonell);  C-447 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); y C-1052 de
2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
[9] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[10] Decreto 2067 de 1991. Artículo
2º: “Las demandas en las acciones públicas de
inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán:
“1. El señalamiento de las normas acusadas
como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un
ejemplar de la publicación oficial de las mismas;
“2. El señalamiento de las normas
constitucionales que se consideren infringidas;
”3. Las razones por las cuales dichos textos
se estiman violados;
4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y
“5. La razón por la cual la
Corte es competente para conocer de la demanda.
[11] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[12] Sentencia C-480 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño
[13] Sentencia C-1052 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[14] Cfr. Sentencia C-1052 de 2001
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[15] Sentencia C-445 de 2009,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[16] Sentencia C-1052 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[17] Así, por ejemplo en la
Sentencia C-362 de 2001; M.P. Álvaro Tafur Gálvis, la
Corte también se inhibió de conocer la demanda contra Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del
estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como
corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se
plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra
ella”.
[18] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-1544 de 2000
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.  La
Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los
artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial
de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de
normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000
M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-1516 de 2000
M.P. Cristina Pardo Schlesinger, y C-1552 de 2000
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[19] Sentencia C-445 de 2009,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[20] Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia
de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de
inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la
violación. Cfr. los autos 097 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y 244
de 2001 (M.P. Jaime Cordoba Triviño) y las sentencias C-281 de 1994 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), C-519 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-013
de 2000 (M.P. Álvaro Tafur Gálvis), C-380 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo
Mesa), C-177 de 2001 (M.P. Fabio Morón Díaz), entre varios pronunciamientos.
[20] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-447 de 1997
M.P. Alejandro Martínez Caballero. La
[21] Sentencia C-445 de 2009,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[22] Cfr. la Sentencia C-447 de 1997.
[23] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-504 de 1993;
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y Carlos Gaviria Díaz. La
Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código
Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de
inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto,
carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La
doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No
existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la
creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por
excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en
el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de
constitucionalidad sobre extremos comparables”.  Así, la
Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se
apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las
normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la
Constitución.
[24] Cfr. Sentencia C-447 de 1997.
[25] Cfr. Corte Constitucional Sentencia C-269 de 1995
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.  Este fallo que se encargó de estudiar la
Demanda de inconstitucionalidad contra la
Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en
los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor,
puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.
[26] Son estos los términos descriptivos
utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos
impertinentes a consideración de la
Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la
C-090 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell), C-357 de 1997 (M.P. José
Gregorio Hernández Galindo), C, 374 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo) se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor
contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000 (M.P.
Alfredo Beltrán Sierra), C-040 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-645 de 2000
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-876 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez
Caballero), C-955 de 2000 (M.P. )C-1044 de 2000 (M.P. Fabio Morón Díaz), C-052
de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Gálvis), C-201 de 2001 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo).
[27] Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[28] Auto de inadmisión Expediente D-6359
[29] Sentencia C-1052 de 2001 Manuel José Cepeda Espinosa
[30] El artículo 98 del Decreto ley 1295 de 1994
dispone la derogación tácita de todas las normas incompatibles con dicho
Decreto, entre ellas los artículos 209,  210 y 211 del Código Sustantivo del
Trabajo.  Esta cláusula de derogatoria tácita fue declarada exequible por esta
Corporación en la Sentencia C-313 de 2007,
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en donde se dijo que la cláusula de
derogación se imponía “como requisito necesario para garantizar la
compatibilidad entre la legislación anterior y la entrante, sin que por tal
razón pueda decirse que en virtud de dicha disposición se han transformado
contenidos sistemáticos propios de un código”.