T-344-20
Sentencia T-344/20
Referencia:
Expedientes T-7.127.827 y T-7.404.113
Demandantes: Esperanza Cometa y
Luz Consuelo Lucas Romero
Demandados: Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali
y Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali; Juzgado Veintiuno Civil
Municipal de Bogotá y Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Bogotá.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de
dos mil veinte (2020)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo,
Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente,
SENTENCIA
En el trámite de revisión de las
decisiones judiciales proferidas por el Juzgado
Diecisiete Civil del Circuito de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de la misma ciudad, dentro del
expediente T-7.127.827; y por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá
y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad,
dentro del expediente             T-7.404.113.
I. ANTECEDENTES
1. Selección y acumulación de expedientes
De
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 55 del Reglamento Interno de la
corporación, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno[1], por Auto del 21 de enero de 2019, notificado el 1º de
febrero siguiente, seleccionó el expediente T-7.127.827, con base en el
criterio subjetivo de urgencia de proteger el derecho fundamental a vivir
libre de violencia de género institucional, y asignó su estudio a la Sala
Tercera de Revisión.
A
su turno, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis[2],
mediante Auto del 28 de junio de 2019, notificado el 15 de julio siguiente,
seleccionó, conforme al criterio subjetivo de necesidad de materializar un
enfoque diferencial, el expediente T-7.404.113.
Tras
advertir que el expediente T-7.404.113 guardaba identidad de supuestos fácticos
y jurídicos con el expediente T-7.127.827,
pues en ambos casos se cuestionaba la
falta de aplicación del enfoque de género en las decisiones judiciales
adoptadas en la jurisdicción ordinaria civil, en la misma providencia se ordenó su acumulación para que fueran
decididos conjuntamente.
De
esta manera, procede la Sala Tercera de Revisión a dictar sentencia en los
procesos T-7.127.827 y T-7.404.113 acumulados.
2.                Relación
de hechos relevantes, pretensiones, respuesta a las acciones de tutela y
decisiones de instancia objeto de revisión
2.1. Expediente T-7.127.827
2.1.1. Hechos relevantes y pretensiones
El
27 de agosto de 2018, la ciudadana Esperanza Cometa, actuando en nombre propio,
promovió acción de tutela en contra de los Juzgados Veintiuno Civil Municipal y
Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, en procura de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados
como consecuencia de las providencias judiciales proferidas en el marco de un
proceso ejecutivo singular de menor cuantía iniciado en contra suya por su
excompañero permanente, en el que el título base de la ejecución (acta de
conciliación), a su juicio, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 640
de 2001 para su validez, toda vez que la obligación allí contenida estuvo
precedida de actos constitutivos de violencia intrafamiliar. Los presupuestos
fácticos que respaldan la solicitud de amparo son los siguientes:
2.1.1.1. Esperanza Cometa y Elmer Antonio Certuche convivieron
de manera permanente y singular desde el mes de agosto de 2005, conformando así
una unión marital de hecho[3].
Fruto de esa relación nació el menor Álvaro José Certuche Cometa, de 13 años de
edad. En la actualidad, Esperanza Cometa deriva su sustento de realizar oficios
varios en una tienda de comestibles.
2.1.1.2. El 20 de diciembre de 2009, formuló denuncia penal en
contra de su compañero permanente por el delito de violencia intrafamiliar,
luego de que aquel la agrediera verbal y físicamente ocasionándole lesiones con
un palo de escoba. Por este hecho fue remitida al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien determinó una incapacidad definitiva
de 12 días sin secuelas médico legales[4]
y recomendó: “valoración por Psicología y Trabajo Social en el ICBF para
análisis e intervención de los factores de riesgo asociados a la violencia
familiar y aspectos legales y de protección en relación con la pareja y los
hijos en común. Se debe garantizar la seguridad de la lesionada y los hijos en
común”[5].
2.1.1.3. En la misma fecha, la Fiscalía General de la Nación
solicitó al comandante de la estación de policía La Flora de la ciudad de Cali,
adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad
personal y familiar de la accionante[6].
2.1.1.4. Ante un nuevo episodio de violencia doméstica
ocurrido el 5 de enero de 2010, la actora, mediante apoderado, instauró una
segunda denuncia en contra de Elmer Antonio Certuche, cuyo conocimiento asumió
la Fiscalía 57 Local de la Cali. En esa oportunidad, relató que, a raíz de su
primera denuncia y luego de que aquel fuera citado en la estación de policía en
el marco de la medida de protección otorgada en favor suyo, incrementaron los
actos de violencia física y psicológica hacia ella, siendo golpeada nuevamente,
a tal punto que tuvo que intervenir la Policía Nacional y proceder al arresto
de su agresor[7].
Mencionó, además, que este ha optado por autolesionarse para, después,
denunciarla por violencia intrafamiliar, a manera de estrategia para justificar
su conducta.
2.1.1.5. Con posterioridad a este evento, se llevó a cabo en
el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad
de San Buenaventura de Cali audiencia de conciliación entre Esperanza Cometa y
Elmer Antonio Certuche, por solicitud de este último. A la diligencia acudieron
las partes involucradas con su respectivo apoderado y el acuerdo logrado entre
ellas quedó consignado en el acta núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010[8].
2.1.1.6. De acuerdo con lo señalado en la citada acta, el
conciliador dio apertura a la audiencia, informándole a los asistentes sobre el
significado de la conciliación y sus alcances legales y, acto seguido, le indicó
a la parte convocada los hechos y pretensiones motivo de la solicitud. Al
respecto, expuso, entre otras cuestiones: (i) que la relación de
convivencia de la pareja se había deteriorado a causa del maltrato del que ha
sido objeto el señor Certuche por parte de Esperanza Cometa; (ii) que,
desde el nacimiento de su hijo, es él quien ha estado a cargo de su bienestar,
proporcionándole alimentación, vestido, educación y cuidado personal; (iii)
que el trabajo de Esperanza Cometa –en una tienda vendiendo comestibles– no le
permite asumir el cuidado del menor y ha generado en ella conductas violentas,
pues lo grita frecuentemente cada vez que aquel se antoja de un dulce o una
galleta; (iv) que Esperanza Cometa presenta consumo patológico de
bebidas alcohólicas y un cuadro de desequilibrio emocional que ha
derivado igualmente en maltrato hacia el menor; (v) que, por estas
razones, solicita que se le otorgue su cuidado y custodia personal, así como el
pago de una cuota alimentaria y una prima anual a cargo de la madre.
2.1.1.7. Seguidamente, se menciona en el acta que se le
concedió el uso de la palabra a Esperanza Cometa y a su apoderada para que se
pronunciaran en relación con estas afirmaciones. Sin embargo, dentro del
documento no existe registro alguno de su intervención. Así, entonces, la
audiencia finalizó con el acuerdo logrado entre las partes y que se transcribe,
textualmente, a continuación:
“1. Los señores ESPERANZA COMETA y ELMER ANTONIO
CERTUCHE aceptan que entre ellos nació y está vigente una sociedad marital de
hecho, nacida en el mes de agosto del año 2005.
2. Que en este acto acuerdan poner fin a la unión
marital de hecho y en [sic] procederán a liquidar la sociedad patrimonial que
nació como consecuencia de la citada unión marital.
3. Que con relación al menor ÁLVARO JOSÉ CERTUCHE
COMETA, los padres acuerdan, que la custodia y el cuidado personal, estará en
cabeza de ESPERANZA COMETA, quien permitirá que sea visitado por el señor ELMER
ANTONIO CERTUCHE, cuando desee y pasará cada quince días en forma alternada,
con cada padre los fines de semana, desde el día sábado en horas de la mañana
hasta el domingo, entre seis y siete de la noche o el día lunes si fuere festivo,
comprometiéndose el padre a devolverlo cuando salga con él.
4. Que con respecto a los alimentos, vestido,
educación, salud, las partes acuerdan que el señor ELMER ANTONIO CERTUCHE,
pagará la salud, pensión del colegio, matrícula, el transporte, los libros y
útiles escolares y uniformes. La señora ESPERANZA COMETA, correrá con los
gastos de vivienda y alimentación del menor.
5. Para liquidar la sociedad patrimonial de hecho, las
partes señores ESPERANZA COMETA y ELMER ANTONIO CERTUCHE, acuerdan que por todo
concepto la señora ESPERANZA COMETA le pagará en la ciudad de CALI, al señor
ELMER la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000), en dos cuotas
la primera de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000), el día
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 el saldo de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($17.500.000) el día 30 de septiembre del año TREINTA DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2012 [sic], reconociendo un INTERES [sic] MENSUAL DEL UNO POR CIENTO
(1%), pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada período mensual, a
partir del mes de octubre del año 2011. Los señores ESPERANZA COMETA y ELMER
ANTONIO CERTUCHE, renuncian a cualquier reclamación posterior por este
concepto.
6. Las partes acuerdan que el señor ELMER ANTONIO
CERTUCHE desalojará la casa donde habita la pareja, a más tardar el día 30 de
octubre del año 2010, comprometiéndose ambos a respetarse y a no agredirse ni
verbal ni físicamente.
7. La señora ESPERANZA COMETA, se compromete a
desistir de la totalidad de las acciones penales y policivas que haya
interpuesto.”
2.1.1.8.
Posteriormente, debido a un incidente ocasionado por la violación del acuerdo
de desalojo al que se había comprometido el señor Certuche, las partes en
conflicto sometieron a consideración de un juez de paz sus diferencias y, en
audiencia de conciliación celebrada el 22 de marzo de 2011, suscribieron un
nuevo acuerdo en el que aquel cedió, en favor de su hijo menor de edad, el
50% de los derechos adquiridos del inmueble identificado con número
de matrícula inmobiliaria 370-351177 de propiedad de la accionante, según
escritura de compraventa núm. 1979 del 24 de noviembre de 2005. El referido
acuerdo fue protocolizado mediante escritura pública núm. 1.523 del 2 de junio
de 2011, otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de Cali[9].
2.1.1.9. El
11 de enero de 2012, Elmer Antonio Certuche inició proceso ejecutivo singular
de menor cuantía en contra de Esperanza Cometa, con el fin de que se librara
mandamiento de pago a su favor por la suma de diecisiete millones quinientos
mil pesos ($17.500.000), referente a la primera cuota del acuerdo económico
consignado en el acta núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010, suscrita en el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad de
San Buenaventura de Cali. Ello, en razón a que la demandada no había cumplido
con el pago de dicha obligación dentro del plazo convenido.
2.1.1.10. El
conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Veintiuno Civil Municipal
de Cali. Tras encontrar que el documento presentado como base de la acción
ejecutiva reunía las formalidades exigidas en el artículo 1° de la Ley 640 de
2001[10],
ese despacho, por Auto 174 del 17 de enero de 2012, libró el mandamiento de
pago requerido, concediendo a la parte demandada el término de cinco días para
pagar la suma adeudada y, de diez días, para proponer excepciones, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 498 y 509 del Código de Procedimiento Civil[11].
2.1.1.11.
Notificado el mandamiento ejecutivo y dentro del término de traslado para
proponer excepciones, la actora –sin estar asistida por un abogado–[12],
presentó el 9 de mayo de 2012 un escrito al despacho en el que narró los
episodios de violencia intrafamiliar de los que había sido víctima por parte
del demandante durante los cinco años en los que convivieron en unión marital
de hecho y, en particular, se refirió al evento sucedido el 22 de marzo de
2011, cuando aquel ingresó de manera violenta a su vivienda infringiendo el
acuerdo consignado en el título base de la ejecución[13]. El
mencionado escrito refiere textualmente lo siguiente:
“El 22 de marzo de 2011 en las horas de la maña [sic]
siendo como aproximadamente como hacia las diez de la mañana me encontraba
trabajando en la tienda cuando arrimo [sic] la señora María Isabel que en mi
casa se encontraba el señor Certuche con una señora y con todas las cosas, yo
me asuste [sic] y de manera inmediata me traslade [sic] a la casa, cuando
llegue [sic] me llevé la sorpresa de que habían abierto la casa […] no acepto
de ninguna manera la desecion [sic] de su despacho, quiero presentarle mis
disculpas por los terminos [sic] que quisad [sic] no cumple [sic] con los
establecidos en los codigos [sic], pero desafortunadamente esta es la situacion
[sic] precaria que el señor certuche me a [sic] dejado […] si bien es cierto no
es de su competencia conocer mi trascendencia de violencia con el señor
certuche y el estado de violencia intrafamiliar y el desamparo de las
autoridades competentes y todo por carecer de recursos economicos [sic] para un
abogado, de lo cual he aprendido de una manera a otra a defenderme y contestar
estas serie de demandas interpuestas por el señor certuche. Por tal razon [sic]
le presento mis disculpas y a continuacion [sic] expongo en mis propias
palabras el cual no es prosedente [sic] la presente demanda […].”
2.1.1.12. No obstante lo anterior, comoquiera que lo presentó
sin estar asistida por un abogado, mediante auto interlocutorio núm. 1862 del 21 de junio de 2012 el operador judicial adoptó las
siguientes medidas[14]:
(i) ordenó seguir adelante la ejecución en los términos señalados en el
mandamiento de pago; (ii) decretó el avalúo y remate de los bienes que
fuesen embargados a la accionante para que con el producto de su venta se
cancelara la obligación objeto de recaudo; (iii) solicitó a las partes
que presentaran la liquidación del crédito; y (iv) condenó en costas a
la demandada por la suma de $920.000. El referido memorial no fue tenido en
cuenta por ese despacho antes de ordenar seguir adelante la ejecución porque,
como se anotó, lo presentó sin estar asistida por un abogado.
2.1.1.13.
Más adelante, en cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos PSAA13-9962 y
PSAA 13-9984 del 31 de julio y 6 de septiembre de 2013, respectivamente,
expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, el referido proceso fue
trasladado y asignado al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali.
2.1.1.14. El 27 de julio de 2017, Elmer Antonio Certuche cedió los
derechos del crédito contenido en el Acta núm. 00409 del 27 de septiembre de
2010 a favor de Javier Chates Segura[15],
negocio que fue aceptado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de
Cali en providencia del 2 de agosto de 2017[16].
2.1.1.15. El 6 de diciembre de 2017, a través de una acción de tutela
promovida en contra del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, la actora
cuestionó que ese operador judicial le hubiese otorgado mérito ejecutivo al
acta de conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010, a pesar de que
esta había sido suscrita por quien no tenía la calidad de conciliador. En sentencia del 12 de enero de 2018, el Juzgado Dieciocho
Civil del Circuito de Cali denegó por improcedente el amparo invocado, tras
advertir que dicha irregularidad nunca fue alegada dentro del proceso
ejecutivo, pues la demandada no agotó ninguno de los medios ordinarios de
defensa que tenía a su disposición, y que, en todo caso, las pruebas aportadas
al proceso daban cuenta de que la persona que actuó como conciliador se
encontraba debidamente autorizada para ejercer como tal. Impugnado dicho fallo,
la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
decidió confirmarlo, mediante providencia del 14 de febrero de 2018[17].
2.1.1.16.
Antes de conocer la decisión de segunda instancia, la accionante, actuando por
sí misma, solicitó ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali
la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago, con fundamento
en que el acta de conciliación presentada como base de recaudo carecía de
mérito ejecutivo por no reunir las condiciones previstas en el artículo 1° de
la Ley 640 de 2001[18].
Dicho incidente fue rechazado de plano por medio del Auto 1944 del 18 de julio
de 2018, en consideración a que se fundó en hechos que pudieron alegarse como
excepciones previas o en el recurso de reposición en contra del mandamiento de
pago, actos procesales que no fueron agotados por la parte demandada[19].
2.1.1.17.
Manifiesta la actora que, debido a su escasa formación académica y a la falta
de diligencia de su apoderado, no contó con las garantías para ejercer de
manera adecuada la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo,
situación que devino en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia.
2.1.1.18. A
su juicio, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, al reconocerle mérito
ejecutivo al acta de conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010, incurrió
en un defecto sustantivo, toda vez que no verificó que el acuerdo
cumpliera con las formalidades establecidas en los artículos 1.5 y 40 de la Ley
640 de 2001, esto es, que indicara claramente la cuantía, modo, tiempo y lugar
de cumplimiento de la obligación pactada, ya que si bien es cierto que se
obligó a pagar una determinada suma de dinero, también lo es que “este pago
estaba sujeto a la liquidación de la sociedad patrimonial que no se efectuó
dentro del acuerdo conciliatorio ni a la fecha por ningún otro medio legal”.
Con todo, puso de presente que, a pesar de la irregularidad del acta, se vio
obligada a firmarla “por no seguir siendo víctima de la violencia familiar
que ejercía para ese entonces mi compañero y padre de mi hijo”.
2.1.1.19. En consecuencia, a través de la presente acción de tutela,
solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y de acceso a la administración de justicia, de suerte que se deje sin
efectos el mandamiento de pago ordenado mediante Auto 174 del 17 de enero de
2012 y, en su lugar, se dicte una nueva providencia que tenga en cuenta las
circunstancias de todo orden que antecedieron la suscripción del título base de
la ejecución, especialmente, su calidad de víctima de violencia intrafamiliar.
2.1.2. Trámite procesal y
respuesta a la acción de tutela
El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, por
auto interlocutorio núm. 826 del 29 de agosto de 2018, asumió la competencia
del asunto y notificó de la presentación de la demanda al Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Cali y al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de la
misma ciudad, vinculando, simultáneamente, al ciudadano Elmer Antonio Certuche,
en calidad de demandante dentro del proceso ejecutivo y tercero con interés
legítimo. No obstante, es preciso anotar que únicamente atendieron este
requerimiento las autoridades judiciales demandadas, quienes se pronunciaron
acerca de los hechos y las pretensiones formuladas por la parte actora.
2.1.2.1. Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali
El
Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, por intermedio de la juez que
adelantó el trámite inicial del proceso ejecutivo que aquí se discute, propuso
que se declara la improcedencia de la acción de tutela, con fundamento en dos
argumentos centrales: en primer lugar, porque ninguna anomalía o irregularidad
del acta de conciliación fue conocida por ese despacho durante el transcurso
del proceso, debido a que la accionante no agotó los medios de impugnación que
tenía a su alcance para controvertir el mandamiento de pago ordenado por auto
del 17 de enero de 2012; y, en segundo lugar, porque tardó más de seis años en
plantear su inconformidad con dicha decisión, lo que implica que la demanda de
amparo no satisface el requisito de inmediatez.
Con
todo, destacó que el título base de la ejecución contenía una obligación clara,
expresa y exigible, e informó que el proceso estuvo a su cargo hasta el 13 de
mayo de 2014, fecha en la que el expediente fue remitido por competencia a los
Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Cali.
2.1.2.2. Juzgado Octavo
Civil Municipal de Ejecución de Cali
El
Juzgado Octavo Municipal de Ejecución de Cali, despacho que tiene actualmente
asignada la competencia del proceso en cuestión, se pronunció en la presente
causa señalando que, en diferentes oportunidades y bajo los mecanismos
dispuestos en la ley, le ha hecho saber a la actora que no es el momento
procesal oportuno para ejercer su derecho a la defensa y, puso de presente que,
a través de otra acción de tutela, formuló la misma pretensión encaminada a
dejar sin efectos la providencia mediante la cual se libró mandamiento
ejecutivo.
2.1.3. Decisiones
judiciales que se revisan
2.1.3.1. Primera
instancia
El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, en
sentencia del 11 de septiembre de 2018, resolvió negar por improcedente la
acción de tutela, tras evidenciar que aquella desconocía los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, toda vez que su ejercicio se efectuó seis años
después de proferido el mandamiento de pago, sin que la accionante hubiese
agotado los medios de defensa que tenía a su disposición ni justificado su
inactividad procesal durante ese tiempo.
2.1.3.2. Impugnación
La
anterior decisión fue impugnada
oportunamente por la parte actora, quien ratificó lo manifestado en su escrito
introductorio y, agregó, como respuesta a las consideraciones expuestas por el
juez a-quo, que su inactividad no obedeció a la falta de interés en el
proceso, sino a que no tuvo una adecuada defensa técnica, pues a pesar de
haberle otorgado poder a un abogado, el 8 de febrero de 2013, para que
ejerciera su representación judicial, este no advirtió las deficiencias del
título ejecutivo ni interpuso los recursos legales para objetarlo. No obstante,
afirmó que, cuando aún no contaba con apoderado, le hizo llegar un escrito al
juez en el que narró su condición de víctima de violencia intrafamiliar y que
esta circunstancia la había obligado a firmar el acta de conciliación,
convencida de que así cesaría el maltrato del que venía siendo objeto por parte
de su compañero permanente y demandante en el proceso ejecutivo. Sin embargo,
resaltó que dicho memorial no fue valorado como oposición al mandamiento de
pago, dado que lo presentó fuera del término establecido en la ley.
Sobre
esa base, hizo hincapié en que, pese al prolongado lapso para acudir al amparo
constitucional, la vulneración de sus derechos fundamentales se mantiene
vigente y se agrava con el paso del tiempo, pues ya se ordenó el remate del
único bien inmueble que posee y donde vive con su hijo menor de edad, situación
que la reduce a un estado de indefensión y vulnerabilidad que amerita una
interpretación flexible del requisito de inmediatez.
2.1.3.3. Segunda
instancia
Al resolver la impugnación, la Sala de Decisión Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en providencia del 23 de
octubre de 2018, confirmó en su integridad la decisión de primer grado, con
fundamento en las mismas consideraciones vertidas en aquella oportunidad.
2.2.
Expediente T-7.404.113
2.2.1. Hechos relevantes y pretensiones
El
29 de marzo de 2019, Luz Consuelo Lucas Romero, obrando en nombre propio,
acudió a la acción de tutela, reclamando la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente transgredidos
por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, al haber librado
mandamiento de pago en su contra y ordenado seguir adelante la ejecución, sin
permitirle ser oída en el proceso para exponer los hechos de violencia
intrafamiliar que la forzaron a contraer la obligación respaldada en el título
base de recaudo. Los hechos y fundamentos que sustentan dicha solicitud son los
que a continuación se exponen:
2.2.1.1. Luz Consuelo Lucas Romero es una mujer de 60 años de
edad, dedicada a las labores de cuidado del hogar, actividad que ejerce
paralelamente con el oficio de costurera, siendo este la fuente de su sustento.
En la actualidad, se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social
en Salud en el régimen subsidiado[20].
2.2.1.2. Manifiesta la accionante que, durante veinte años,
convivió en unión marital de hecho con Miguel Ángel Vargas Sierra y que,
producto de esa relación, nacieron sus hijos Miguel Darío y Ronaldo Vargas
Lucas, ambos mayores de edad en este momento.
2.2.1.3.
Afirma que, mientras convivió con el
padre de sus hijos, en repetidas ocasiones fue víctima de maltrato físico,
psicológico y económico e, incluso, de acceso carnal violento, pues él, además
de insultarla y golpearla, la obligaba a mantener relaciones sexuales,
amenazándola con la idea de que, si no lo hacía, no aportaría para el sostenimiento
del hogar ni para sus necesidades personales[21].
2.2.1.4. Estos episodios de violencia doméstica se encuentran
documentados en las distintas denuncias que, por violencia intrafamiliar y
acceso carnal violento, formuló ante la Fiscalía General de la Nación[22]
y la Comisaría Quinta de Familia de Usme[23] entre los años 2009 y 2017. Sin
embargo, hasta el momento las únicas acciones adelantadas en favor de la
accionante han sido dos medidas de protección[24] ordenadas por la Comisaría Quinta
de Familia de Usme, la última de estas consistente en una orden de desalojo
impuesta a su entonces compañero permanente el 15 de abril de 2015, confirmada
por el Juzgado Quinto de Familia de Descongestión de Bogotá en providencia del
5 de junio de 2015[25],
pero que solo se hizo efectiva el 20 de octubre del mismo año, ante la negativa
de aquel de abandonar la vivienda que compartían.
2.2.1.5.
El 25 de septiembre de 2015, mientras
Miguel Ángel Vargas Sierra se rehusaba a
acatar la orden de desalojo, la pareja suscribió un documento privado en
el que se estipuló lo siguiente[26]:
“[…]
Durante el tiempo que estuvimos viviendo en unión
libre, compramos una casa ubicada en la calle 76ª Sur No. 1-42 barrio los
Olivares zona quinta (5°) Usme, de la ciudad de Bogotá D.C., inscrito al folio
de matrícula inmobiliaria No. 50S-1140028 a nombre de la señora LUZ CONSUELO
LUCAS ROMERO.
Que de común acuerdo la señora LUZ CONSUELO LUCAS
ROMERO, le pagará al señor MIGUEL ÁNGEL VARGAS SIERRA, la suma de DIEZ
MILLONES DE PESOS ($10.000.000), los cuales los cancelara (sic) en el
termino (sic) de dos años; que le suscribirá cuatro letras de cambio cada una
por una valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000),
cancelando la primera el día 30 de abril de 2016, la segunda el día 30 de
diciembre de 2016, la tercera el día 30 de agosto de 2017 y la última el día 30
de diciembre de 2017.
El señor MIGUEL ÁNGEL VARGAS SIERRA, se
compromete a vivir en lugar diferente al de la residencia actual.
[…]” (Negrillas
propias del texto).
2.2.1.6.
En cumplimiento del anterior acuerdo,
la accionante firmó las cuatro letras de cambio por la suma pactada y,
posteriormente, el beneficiario endosó uno de estos títulos –el que tenía como
fecha límite de pago el 30 de abril de 2016– al abogado Enrique Pinto Ortiz[27].
2.2.1.7.
El 12 de julio de 2016, Enrique
Pinto Ortiz instauró demanda ejecutiva de mínima cuantía en contra de Luz Consuelo Lucas Romero, a fin de que se librara
mandamiento pago a su favor por la suma de dos millones quinientos mil pesos
($2.500.000), teniendo como título base de la ejecución la letra de cambio
firmada por la demandada el 25 de septiembre de 2015, para ser cancelada el 30
de abril de 2016.
2.2.1.8.
En proveído del 15 de julio de 2016,
el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá libró mandamiento de pago por la
suma acordada en el documento aportado como título ejecutivo más los intereses
moratorios, desde que se hizo exigible la obligación hasta el pago total de la
deuda.
2.2.1.9. Una vez notificada de esta decisión, la demandada
solicitó amparo de pobreza, manifestando que no contaba con recursos económicos
para contratar los servicios profesionales de un abogado que la asistiera en el
proceso. En consecuencia, por Auto del 29 de junio de 2017, el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Bogotá accedió a lo pretendido y, en la misma
providencia, designó como su apoderada a la abogada Rosa María Cuesta Vanegas,
quien tomó posesión del cargo el 31 de julio de 2017.
2.2.1.10.
Sin embargo, de acuerdo con lo
señalado por la actora, dicha servidora no formuló ninguna excepción, ni
interpuso recurso de reposición en contra del mandamiento ejecutivo. Por esta
razón, el 5 de septiembre de 2017, el despacho accionado ordenó seguir adelante
la ejecución, practicar la liquidación del crédito y, por último, decretar el
avalúo y remate del bien inmueble de propiedad de la ejecutada.
2.2.1.11. El 1° de febrero de 2019, la demandada, actuando en
causa propia, solicitó la condonación de los intereses estipulados en la
liquidación del crédito y, asimismo, que se asignara fecha y hora para la
celebración de una audiencia de conciliación, a fin de llegar a un acuerdo de
pago. Para tal efecto, allegó dos recibos de consignación de depósitos
judiciales por la suma de novecientos cincuenta mil pesos ($950.000) que
realizó como abono a la obligación. En providencia del 7 de febrero de 2019, el
Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá resolvió no acceder a dicha
petición, toda vez que ya se había dictado auto que ordenaba seguir adelante la
ejecución y, por consiguiente, no era ese el momento procesal oportuno para
ello.
2.2.1.12. Así, entonces, inconforme con todo lo actuado
a partir del mandamiento de pago, la actora promovió la presente acción de
tutela, reclamando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Para tal efecto,
apeló a la falta de defensa técnica, pues, concedido el amparo de pobreza,
alegó que este nunca se materializó en garantía de sus intereses, ya que la
apoderada designada para ejercer su representación judicial asumió una actitud
poco diligente, lo que la redujo a un estado de desigualdad procesal frente a
su contraparte, quien es abogado de profesión.
2.2.1.13. Aseveró, asimismo, que es una persona con escasa
instrucción y que no conoce los procedimientos que se siguen ante las
autoridades judiciales, por lo que, al no haber tenido la oportunidad de ser
oída en el proceso, le fue imposible manifestar que, al momento de contraer la
obligación ejecutada, su consentimiento se encontraba viciado por fuerza y
dolo. En su demanda de amparo, la actora se refiere a esta situación, en los
siguientes términos:
“[E]stas letras de cambio fueron firmadas por un hecho
externo que genero (sic) en mi un temor de tal naturaleza, que me obligo (sic)
a asumir una obligación que no tengo con el señor Miguel Ángel Vargas Sierra,
para que me dejara de violar y se fuera de mi casa, no tengo conocimiento de
las oportunidades procesales para dar a conocer estos hechos, oportunidades
procesales que ya se vencieron.”
2.2.1.14.
Con la finalidad de que se protejan
los derechos fundamentales que estima conculcados, solicita, entonces, que se
deje sin efectos el mandamiento ejecutivo que se libró mediante Auto del 15 de
julio de 2016, así como toda la actuación subsiguiente para, de esa manera, “tener
la oportunidad de excepcionar, contando con la asesoría de un miembro activo de
consultorio jurídico, concedido por el amparo de pobreza”.
2.2.2. Trámite procesal y
respuesta a la acción de tutela
El Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá, por
Auto del 1º de abril de 2019, admitió la demanda de tutela y notificó de su
presentación al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, al tiempo que
vinculó a los ciudadanos Miguel Ángel Vargas Sierra y Enrique Pinto Ortiz, como
terceros interesados en las resultas del proceso, para que se pronunciaran en
relación con los hechos y las pretensiones formuladas por la parte actora. No
obstante, es preciso anotar que únicamente atendió este requerimiento el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Bogotá.
2.2.2.1. Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá
Luego
de realizar un recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso
ejecutivo en discusión, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá propuso
que se desestimara el amparo invocado, tras concluir que a la actora se le
habían brindado todas las garantías para el ejercicio de su derecho a la
defensa, sin que se hubiese configurado irregularidad procesal alguna, y que su
inconformidad obedecía, en todo caso, a circunstancias de orden familiar ajenas
a ese despacho.
Adicionalmente,
informó que el proceso había sido trasladado a los Juzgados Civiles Municipales
de Ejecución de Bogotá, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo
PCSJA17-10678, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, pero que
desconocía a que despacho le había correspondido su conocimiento.
2.2.3. Decisiones judiciales que se revisan
2.2.3.1. Primera instancia
El
Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de
Bogotá, en sentencia del 8 de abril de 2019, denegó la protección
constitucional impetrada por Luz Consuelo Lucas Romero, destacando que la
actuación desplegada por la autoridad judicial accionada, lejos de vulnerar su
derecho fundamental al debido proceso, hizo efectivas sus garantías procesales,
al concederle el amparo de pobreza solicitado y proceder a designarle una
profesional del derecho para que asumiera su representación judicial, por lo
que ningún defecto puede atribuirse a ese operador de justicia que amerite la
intervención del juez constitucional.
2.2.3.2. Impugnación
Inconforme
con la anterior decisión, la accionante decidió impugnarla. En su
correspondiente escrito, además de ratificar lo expuesto inicialmente, sostuvo
que si bien es cierto que se le designó una apoderada para que actuara en su
representación, también lo es que aquella mantuvo una actitud pasiva dentro del
proceso y no interpuso recurso alguno en contra del mandamiento ejecutivo,
oportunidad procesal idónea para poner en conocimiento del juez los hechos de
violencia intrafamiliar e intimidación que perturbaron la libre expresión de su
consentimiento al momento de firmar las letras de cambio.
2.2.3.3. Segunda instancia
La
Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
providencia del 2 de mayo de 2019, confirmó en su integridad el fallo de primer
grado, con base en similares argumentos a los allí expuestos y, añadió, que a
pesar de estar asistida por una profesional del derecho, la accionante pudo
haber intervenido, por sí misma, en defensa de sus derechos e intereses, ya que
se trataba de un proceso de mínima cuantía, omisión que la deslegitima para
promover el amparo constitucional.
II. ACTUACIONES
ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.  Intervención Amicus curiae de la Defensoría del
Pueblo dentro del expediente T-7.127.827 (Esperanza Cometa)
Paula
Robledo Silva, defensora delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la
Defensoría del Pueblo, intervino dentro del proceso de la referencia para
expresar su concepto en relación con la problemática constitucional planteada y
solicitarle a la Corte la adopción de varias medidas orientadas a salvaguardar
los derechos fundamentales de la parte accionante.
Luego
de realizar algunas consideraciones generales acerca de la obligación del
Estado de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, no solo
atendiendo a su condición de sujeto de especial protección constitucional,
sino, también, en respuesta a los compromisos internaciones adquiridos en
materia de protección de los derechos humanos, subrayó que tal obligación recae
sobre todas las autoridades públicas, comprendidas dentro de estas a las
autoridades jurisdiccionales.
En
ese sentido, señaló que “la actividad de los jueces y tribunales debe ir
encaminada a la eliminación de la discriminación contra las mujeres, por lo que
es necesario adoptar las medidas que resulten adecuadas para garantizar la
efectividad material de los derechos de esta población históricamente marginada
dentro del proceso, con el fin de que aquellas conductas que tradicionalmente
les han afectado no impidan o hagan nugatorio el ejercicio de sus derechos”.
Bajo
ese entendido, llamó la atención sobre la necesaria incorporación de la
perspectiva de género por parte de todas las autoridades jurisdiccionales, con
independencia de su jerarquía o especialidad, como una forma de eliminar
aquellas prácticas que permiten o refuerzan escenarios de discriminación por
razones de género y dificultan el acceso de las mujeres a la administración de
justicia en condiciones de igualdad, precisando que dicho enfoque debe
aplicarse no solo a las decisiones judiciales, sino también al trámite de los
procesos en los que sea parte una mujer, de manera que la dimensión formal de
las normas que los rigen no pueda constituir un elemento legitimador de la
vulneración de sus derechos.
Por
otra parte, y en lo que respecta a los mecanismos alternativos de solución de
conflictos, la interviniente aseveró que, dado que estos constituyen un
escenario paralelo al judicial y, por consiguiente, son otra forma de hacer
efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia, no pueden
resultar aislados o exceptuados del cumplimiento de la obligación de incorporar
el enfoque de género en su desarrollo. Así, entonces, “debe entenderse que
aquellas instituciones o personas que fungen como mediadoras, conciliadoras,
amigables componedores, etc., deben involucrar al ejercicio de su actividad la
garantía plena de los derechos de las mujeres, con el fin de evitar que tales
escenarios resulten propicios o favorables a la revictimización de las mujeres
víctimas de violencia basada en género”.
Con
fundamento en lo anterior, sostuvo que, en el caso particular de Esperanza
Cometa, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali incurrió en graves
deficiencias al momento de aplicar la normatividad procesal que rige a los
juicios ejecutivos, pues al valorar de forma rígida las pruebas y escritos
obrantes en el expediente, “omitió tomar en consideración algunas
circunstancias advertidas dentro del proceso que permitían evidenciar un
escenario de anormalidad y desigualdad entre las partes, derivado de posibles
actos de violencia basada en género en contra de la accionante por parte del
señor Certuche”.
Al
respecto, puso de presente, por ejemplo, que el acta de conciliación aportada
como título ejecutivo contenía un elemento que permitía sospechar la existencia
de una relación asimétrica entre los firmantes, pues en esta solo se recogió el
relato expuesto por Elmer Antonio Certuche, y se excluyó cualquier
pronunciamiento de la accionante tendiente a desvirtuar los señalamientos que
aquel hizo en su contra.
Este
elemento, sumado al hecho de que, mediante escrito del 9 de mayo de 2012, la
actora puso en conocimiento del juzgado el escenario de violencia que padecía
por cuenta del maltrato físico y psicológico ocasionado por su excompañero,
constituían, entonces, indicios suficientes para tomar acciones dirigidas a
establecer si la suscripción del acta de conciliación estuvo afectada por un
vicio del consentimiento derivado del temor y la coacción que, como
consecuencia de ese contexto de violencia, pudo llevarla a asumir una
obligación dineraria sin contraprestación alguna al momento de acordar la
disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho.
Sin
embargo, al no haber tomado en consideración tales aspectos por ceñirse a la
ritualidad procesal establecida en materia ejecutiva, para la delegada de la
Defensoría del Pueblo, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a una vida libre de violencia de
Esperanza Cometa. Reiteró que, dada la existencia de elementos de juicio que
permitían sospechar una asimetría entre las partes, derivada del ejercicio de
una o varias formas de violencia contra la mujer, el análisis realizado por ese
despacho “debió ser más riguroso y tener en cuenta la posición de debilidad
en la que, al parecer, se encontraba la señora Cometa”.
En
igual sentido se pronunció respecto del trámite adelantado por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Universidad de San Buenaventura de Cali. En su criterio, “resulta
inaceptable que los actos de violencia denunciados por la accionante de forma
previa al desarrollo del trámite conciliatorio no hayan sido tendidos en cuenta
para afectos de establecer su condición de víctima, pero sí fuesen tomados en
consideración para señalar dentro del acuerdo que la señora Cometa ‘se
compromete a desistir de la totalidad de las acciones penales y policivas que
haya interpuesto’”. Lo anterior, desconoce que “en el ordenamiento
jurídico colombiano el delito de violencia intrafamiliar no es querellable,
razón por la cual todo compromiso adquirido en tal sentido tiene un objeto
ilícito”.
De
otro lado, apuntó que el conciliador designado para adelantar la audiencia “no
podía limitarse al cumplimiento meramente formal de los requisitos establecidos
en la Ley 640 de 2001, en relación con el desarrollo del trámite conciliatorio,
sino que debió dar aplicación a lo establecido en el artículo 32 Ibidem,
disposición que señala que los conciliadores de centros de conciliación podrán
solicitar al juez competente la toma de medidas provisionales que resulten
necesarias para la protección de los derechos de los integrantes de la familia
en caso de riesgo o violencia familiar, o de amenaza o violación de los
derechos fundamentales constitucionales de la familia o sus integrantes”.
Sobre
esa base, concluyó que dicho trámite “se adelantó sin el lleno de las
exigencias legales y constitucionalmente exigibles en defensa de los derechos
de las mujeres víctimas de violencia basada en género, teniendo tales omisiones
una incidencia en la vulneración de los derechos de la señora Cometa y, por
tanto, en la validez jurídica del Acta de Conciliación No. 00409 del 27 de
septiembre de 2010”.
De
acuerdo con las anteriores consideraciones, solicitó a la Corte Constitucional:
(a) pronunciarse sobre la obligación constitucional de incorporar
el enfoque de género en el desarrollo de los mecanismos alternativos de
solución de controversias; (b) amparar los derechos fundamentales
al debido proceso y a una vida libre de violencia de Esperanza Cometa; (c)
declarar la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo
seguido en su contra; (d) declarar la inexistencia del
acta de conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010, en atención a que
la audiencia que concluyó con su suscripción se adelantó sin el cumplimiento de
las exigencias constitucionales y legales en materia protección de la mujer
víctima de violencia de género; (e) ordenar al Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad de San
Buenaventura de Cali, adelantar nuevamente el trámite conciliatorio con
incorporación de la perspectiva de género y garantizando la plena efectividad
de los derechos de la accionante; (f) ordenar al Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad de San
Buenaventura de Cali, capacitar a sus conciliadores, árbitros y amigables
componedores en temas de género, a fin de evitar que se sigan vulnerando los
derechos fundamentales de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que
acuden a los mecanismos alternativos de solución de controversias; (g) ordenar
al Ministerio de Justicia y del Derecho que, en la capacitación como
conciliadores que realiza a las abogadas y abogados del país, se incluyan
módulos obligatorios sobre protección de los derechos de las mujeres, enfoque
de género y lineamientos de la Ley 1257 de 2008; (h) ordenar a las
autoridades competentes investigar los actos de violencia basada en género
posiblemente cometidos en contra de la accionante y adoptar las medidas de
protección que sean necesarias para mitigar sus efectos; y, finalmente, (i)
ordenar a quien corresponda, la prestación de servicios de asistencia
psicológica y jurídica que la demandante requiera.
2.  Elementos probatorios e información recabada
Una vez efectuado el examen preliminar de los
documentos que reposan en cada uno de los expedientes sometidos a revisión, el
magistrado sustanciador estimó necesario recaudar algunas pruebas para
verificar los supuestos de hecho que sirvieron de fundamento a las acciones de
tutela y, de esta manera, reunir mayores elementos de juicio a fin de
pronunciarse de fondo en relación con la controversia constitucional planteada.
2.1.
Expediente T-7.127.827
(Esperanza Cometa)
Por
Auto del 10 de mayo de 2019[28],
se ofició (i) al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali para
que informara el estado actual del proceso ejecutivo singular adelantado en
contra de Esperanza Cometa y, a su vez, remitiera el respectivo expediente en
calidad de préstamo o en copia; (ii) al Juzgado Dieciocho Civil del
Circuito de Cali para que remitiera el expediente T-6.763.660,
correspondiente a la primera acción de tutela promovida por Esperanza Cometa; (iii)
al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Universidad San Buenaventura de Cali para que remitiera copia legible del
acta de conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010; y (iv) a
la Notaría Quinta del Círculo de Cali para que remitiera copia de la
escritura pública núm. 1523, en la que se protocolizó el acuerdo suscrito por
Esperanza Cometa y Elmer Antonio Certuche el 22 de marzo de 2011.
El
28 de mayo de 2019, la Secretaría General de esta corporación puso a
disposición del magistrado sustanciador la siguiente información allegada en
cumplimiento de lo ordenado en el anterior proveído[29]: (i)
oficio del 16 de mayo de 2019, mediante el cual el Juzgado Octavo Civil
Municipal de Ejecución de Cali informó que, el 24 de
agosto de 2017, se llevó a cabo la diligencia de remate del bien
inmueble de propiedad de Esperanza Cometa, siendo adjudicado al
demandante cesionario, Javier Chates Segura[30]; así
como copia digital del expediente ejecutivo solicitado en el que se observa que: (a) por Auto núm. 3172 del 15 de noviembre de 2017 se
aprobó la adjudicación en remate[31],
(b) el 5 de marzo de 2018 se inscribió en la Oficina de Instrumentos Públicos
de Cali el auto aprobatorio de la adjudicación en remate[32],(c) el 16 de marzo de 2018 se protocolizó, mediante
escritura pública, el acta de remate y el auto que lo aprobó[33] y (d) el 14 de marzo de 2019 se adelantó la diligencia
de entrega del inmueble[34];
(ii) oficio del 16 de mayo de 2019, firmado por el secretario del
Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali, por medio del cual remitió copia
digital del expediente de tutela T-6.763.660[35]; (iii) oficio del 24 de
mayo de 2019, suscrito por la directora del Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la Universidad San Buenaventura de Cali, a través del
cual envió copia simple del acta de conciliación núm. 00409 del 27 de
septiembre de 2010[36];
y (iv) oficio del 23 de mayo de 2019, mediante el cual la Notaría Quinta
del Círculo de Cali remitió copia simple de la escritura pública núm. 1523 con
sus respectivos anexos[37].
2.2.
Expediente T-7.404.113 (Luz
Consuelo Lucas Romero)
Por
Auto del 22 de julio de 2019, se ofició (i) al Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Bogotá para que informara el estado actual del proceso
ejecutivo singular adelantado en contra de Luz Consuelo Lucas Romero y, a su
vez, remitiera el respectivo expediente en calidad de préstamo o en copia; (ii)
a la Comisaría Quinta de Familia de la localidad de Usme de la ciudad de
Bogotá para que informara el trámite dado a las denuncias formuladas, desde
el año 2009, por Luz Consuelo Lucas Romero, con indicación de las medidas
adoptadas, su estado actual y si tenía conocimiento de nuevos hechos de
violencia intrafamiliar que la víctima hubiese informado recientemente; y (iii)
al Centro de Atención Penal Integral a Víctimas de la Fiscalía General de la
Nación (CAPIV) para que informara el estado actual de las denuncias que,
por el delito de violencia intrafamiliar, ha formulado la accionante en contra
de Miguel Ángel Vargas Sierra, con indicación de las acciones adelantadas por
esa autoridad dentro de la investigación penal de estos hechos.
Vencido
el término probatorio, el 31 de julio de 2019 la Secretaría General de esta
corporación puso a disposición del magistrado sustanciador la siguiente
información allegada en cumplimiento de lo ordenado en el anterior proveído: (i)
oficio del 26 de julio de 2019, remitido, vía correo electrónico, por el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, mediante el cual comunicó que el
proceso ejecutivo en cuestión había sido trasladado a la Oficina de Ejecución
Civil de Bogotá el 13 de marzo de 2019 y que, por tanto, procedía a remitir el
requerimiento de la Corte a esa dependencia[38]; y (ii) oficio del 29 de
julio de 2019, por medio del cual la Oficina de Ejecución Civil de Bogotá
informó que el proceso se encontraba en etapa de ejecución de la sentencia
proferida el 5 de septiembre de 2017, y remitió en calidad de préstamo el
original del expediente ejecutivo[39].
Después,
la Secretaría General de esta corporación, en comunicación del 1° de agosto de
2019, remitió al despacho del magistrado sustanciador oficio del 31 de julio
anterior, suscrito por el fiscal coordinador del Centro de Atención Penal
Integral a Víctimas (CAPIV), en el que, dando respuesta al Auto del 22 de
julio de 2019, indicó que la denuncia presentada por la actora el 12 de junio
de 2017 se encontraba asignada a la Fiscalía 308 de la Casa de Justicia de
Ciudad Bolívar, por lo que le correría traslado del requerimiento de la Corte
para que emitiera la contestación correspondiente[40].
Adicionalmente,
la Secretaría General de esta corporación, en comunicación del 2 de agosto de
2019, remitió al despacho del magistrado sustanciador dos oficios: (i)
el primero, suscrito el 31 de julio de 2019 por la Oficina de Ejecución
Civil de Bogotá, en el que aclaró que el conocimiento del proceso ejecutivo
seguido en contra de Luz Consuelo Lucas Romero le correspondió por reparto al Juzgado
Once Civil Municipal de Ejecución de Bogotá[41]; y (ii) el
segundo, radicado el 2 de agosto de 2019 por la Fiscalía 308 de la Casa de
Justicia de Ciudad Bolívar, en el que informó que, recibida la denuncia
presentada por la ciudadana Luz Consuelo Lucas Romero el 12 de junio de 2017,
remitió las diligencias a la Oficina de Asignaciones de la Unidad de Armonía y
Unidad Familiar CAVIF, siendo asignadas a la Fiscalía 334 de la Unidad de
Violencia Intrafamiliar, quien, a su vez, el 4 de octubre de 2017 trasladó las
diligencias a la Oficina de Asignaciones Locales, a fin de que fueran sometidas
a reparto y se continuara con la investigación penal en contra de Miguel Ángel
Vargas Sierra por el delito de injuria y no por el punible de violencia
intrafamiliar, dado que, para el momento de los hechos, la denunciante y el
indiciado no residían bajo el mismo techo. Indicó, asimismo, que el 30
de octubre de 2017 se adelantó audiencia de conciliación a la que únicamente
asistió la denunciante, quien manifestó que “desistía de toda acción penal
en contra del señor Miguel Ángel Vargas Sierra por el delito de INJURIA,
quedando las diligencias inactivas por extinción de la acción penal por
desistimiento el día 30 de octubre de 2017”[42].
Finalmente,
el 28 de agosto de 2019, la Secretaría General puso a disposición del despacho
del magistrado sustanciador la respuesta emitida por la Comisaría Quinta de Familia de la localidad de Usme. En su correspondiente escrito, dicha autoridad
informó que a Luz Consuelo Lucas Romero se le otorgaron dos medidas de
protección por violencia intrafamiliar en los años 2009 y 2015, procediendo a
remitir, en archivo digital, copia del expediente en el que reposan estas
diligencias.
3.  Vinculación de terceros con interés legítimo
Con
el propósito de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de
terceros con interés en el trámite de revisión de las acciones de tutela de la
referencia, la Sala Tercera de Revisión estimó imperativo proceder a la
vinculación oficiosa de los actuales titulares de los derechos en litigio
dentro de los respectivos procesos ejecutivos.
De
esta manera, por Auto del 22 de julio de 2019, se ordenó la vinculación del
ciudadano Javier Chates Segura, en calidad de cesionario de los derechos
litigiosos de Elmer Antonio Certuche
dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra de Esperanza Cometa
(T-7.127.827), y del ciudadano Enrique Pinto Ortiz, en calidad de
demandante dentro del proceso ejecutivo seguido en contra de Luz Consuelo Lucas
Romero (T-7.404.113).
Posteriormente,
en atención a lo informado por la Oficina de Ejecución Civil de Bogotá el 31 de
julio de 2019, mediante Auto del 12 de agosto de 2019 se ordenó la vinculación
del Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Bogotá, por ser la
autoridad judicial que actualmente tiene asignado el conocimiento del proceso
ejecutivo en el que actúa como demandada Luz Consuelo Lucas Romero
(T-7.404.113)
A
todos se les remitió copia de la demanda de tutela y sus anexos, del auto
admisorio, así como de las decisiones judiciales de instancia, a fin de que, en
el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación de dicha
providencia, se pronunciaran respeto de los hechos y las pretensiones que aquí
se plantean. Sin embargo, vencido el plazo otorgado, los sujetos vinculados
guardaron silencio.
4.  Solicitud de medida provisional
Mediante
escrito radicado en la Secretaría General de esta corporación el 15 de julio de
2019, Luz Consuelo Lucas Romero, accionante dentro del proceso de tutela T-7.404.113, intervino en el trámite de revisión para
solicitar que se adoptara una medida provisional consistente en la suspensión
del proceso ejecutivo adelantado en contra suya, alegando el inminente riesgo
de remate de su única vivienda, la cual es objeto de una medida de embargo y
secuestro decretada por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá.
Advirtió que, en caso de ordenarse el remate de su vivienda, cualquier decisión
que eventualmente llegase a amparar sus derechos fundamentales resultaría
inocua, causándosele un perjuicio irremediable.
Evaluada
la anterior solicitud y con base en lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto
2591 de 1991, por Auto 440 del 12 de agosto de 2019 la Sala Tercera de Revisión
dispuso, como medida provisional, la suspensión inmediata del referido proceso
ejecutivo, hasta tanto se dictara la presente sentencia.
No
obstante, en relación con el expediente T-7.127.827, se abstuvo de adoptar la
misma medida, toda vez que, conforme a la respuesta emitida por el Juzgado
Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali al auto de pruebas del 10 de mayo
de 2019, pudo establecerse que el 21 de agosto de 2017 se llevó a cabo el
remate del bien inmueble de propiedad de Esperanza Cometa y, el 14 de marzo de
2019, se adelantó la diligencia de entrega al correspondiente adjudicatario.
5.  Invitación a autoridades, organismos e instituciones
académicas
Con
el objeto de fortalecer el contenido de la presente decisión, la Sala Tercera
de Revisión, por Auto del 16 de octubre de 2019, consideró oportuno invitar a
la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; al Viceministerio de
Promoción de la Justicia-Área de Fortalecimiento de la Justicia con Enfoque de
Género; a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial; a la organización
ONU Mujeres en Colombia, a la organización Women’s Link Worldwide Colombia; a
la Corporación Sisma Mujer; al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad (Dejusticia); al Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad
Nacional de Colombia y al Centro Interdisciplinario de estudios sobre Género,
Equidad y Desarrollo de la Universidad de los Andes para que, si
resultaba de su interés, en el término de diez (10) días hábiles contados a partir
de la notificación de dicho proveído, intervinieran desde su experticia
institucional y académica en las acciones de tutela que se revisan y, de esta
manera, contribuyeran a enriquecer el debate en torno a la problemática
relacionada con el deber de aplicación del enfoque diferencial con perspectiva
de género en la actividad jurisdiccional y, particularmente, en la especialidad
civil, y a resolver el interrogante acerca de si este deber se predica
igualmente de quienes transitoriamente administran justicia, como es el caso de
los conciliadores[43].
Sin embargo, planteada esta cuestión únicamente expresó su concepto el
Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Viceministerio de Promoción
de la Justicia[44].
5.1.
Ministerio de Justicia y
del Derecho
Juanita
López Patrón, en calidad de viceministra de Promoción de la Justicia del
Ministerio de Justicia y del Derecho, intervino en los asuntos que se revisan
mediante escrito del 7 de noviembre de 2019, en el que sentó la posición de esa
cartera en relación con la aplicación del enfoque de género en la jurisdicción
civil y en la conciliación extrajudicial en derecho.
En
sus consideraciones iniciales, hizo referencia a las obligaciones del Estado
frente a la garantía de los derechos de las mujeres por mandato constitucional
(art. 13, 40, 42 y 43) y, en atención a las disposiciones contenidas en varios
instrumentos internacionales de importante relevancia, tales como: la Declaración
Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer; la Recomendación general núm. 33 del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que advierte sobre la
necesidad de incorporar la perspectiva de género en el trámite de todos los
procesos y decisiones judiciales para garantizar el acceso a la administración
de justicia de las mujeres; la Declaración y Programa de Acción de Viena
(OHCHR); la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer; la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de
Belem do Pará); la Cuarta conferencia mundial sobre la mujer (Plataforma
y Plan de Acción de Beijing); las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a
la justicia de personas en condición de vulnerabilidad; y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Seguidamente,
abordó la cuestión acerca de la perspectiva de género en la administración de
justicia y, en particular, en la actuación judicial. Citando a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala,
expuso que la perspectiva de género es “una categoría de análisis que
sostiene que las diferencias entre hombres y mujeres se explican a partir de
las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas,
históricamente creadas para determinar la vida de hombres y mujeres a partir de
su sexo biológico”.
Asimismo,
que “este criterio de análisis es necesario para identificar y reconocer la
situación de desventaja que han vivido y siguen viviendo las mujeres, y que se
ha naturalizado, así como para entender que la violencia contra la mujer es una
manifestación tanto de la desigualdad histórica de las relaciones de poder
entre hombres y mujeres como de la discriminación contra ellas”. Se trata de
una herramienta que, a su juicio, “permite alertar las diferentes situaciones de
discriminación, violencia, y desigualdad que viven principalmente las mujeres;
analizar sus necesidades concretas; adoptar posiciones reflexivas frente a
estas situaciones; e impulsar transformaciones que conlleven la promoción,
protección y garantía de sus derechos”.
Con
apoyo en pronunciamientos de la Cumbre Judicial Iberoamericana, afirmó que “incorporar
la perspectiva de género en la función judicial implica hacer realidad el
derecho a la igualdad, respondiendo a la obligación constitucional y convencional
de combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para
garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones
asimétricas de poder”.
Conforme
a lo anterior, sostuvo que todos los servidores judiciales deben juzgar con
perspectiva de género y esta debe ser aplicada “aun cuando las partes
involucradas en un caso no la hayan contemplado en sus alegaciones en el curso
del proceso”. En su criterio, “los jueces están llamados a ejercer un
papel protagónico, capaz de descifrar los perfiles de conflictividad que
subyacen a los problemas jurídicos bajo su conocimiento, para efectos de tomar
decisiones que, lejos de perpetuarlos, ayuden a resolverlos definitivamente,
utilizando la perspectiva de género como herramienta hermenéutica para
identificar y revertir las desigualdades y violencias contra la mujer”.
En
ese entendido, consideró que “aplicar la perspectiva de género no es una
opción, sino un deber de los jueces para dar cumplimiento a la garantía de los
derechos humanos de las mujeres, en especial, del derecho a la igualdad y no
discriminación”. Bajo esa óptica, están llamados “a aplicar fórmulas de
solución integral que atiendan a las diferencias de sexo-género entre las
partes enfrentadas y las dinámicas históricas que las condicionan, por medio de
la transversalización del enfoque de género (gender mainstreaming), con énfasis
en aquellas que afectan directamente a las mujeres, para concluir en una
decisión razonablemente motivada que visibilice, erradique y repare las
desigualdades y desventajas que las afectan, como una forma de dignificarlas,
reivindicando la plena igualdad entre hombres y mujeres”.
Por
otra parte, y en lo concerniente a los mecanismos alternativos de solución de
controversias, particularmente, a la conciliación extrajudicial en derecho, el
ministerio definió este instrumento como “un negocio jurídico
plurivoluntario, mediante el cual las partes emiten sus declaraciones de
voluntad ante el conciliador, quien ejercer transitoriamente funciones jurisdiccionales,
y mediante las cuales solucionan un conflicto; es por tanto un negocio jurídico
de autorregulación de intereses que consta por escrito en un documento de
carácter público que la ley ha denominado acta de conciliación”.
Conforme
a lo señalado, precisó que “si bien la conciliación es una figura revestida
de cierta flexibilidad y en la cual hay una decisión autocompositiva, no por
ello debe considerarse que su desarrollo implica que el conciliador no
despliegue su actuar para salvaguardar los derechos de las partes en conflicto”.
Por el contrario, “es deber del conciliador velar porque no se menoscaben
los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e
intransigibles”.
En
ese sentido, explicó que “el conciliador no solo debe abordar el problema
jurídico generador del trámite conciliatorio, sino que ineludiblemente está
llamado a entablar un diálogo con las partes que permita conocer las razones
por las cuales se pone en marcha este mecanismo […], las particularidades del conflicto,
la exploración de las circunstancias de vida de las partes, como insumo para
poder proponer fórmulas de arreglo que orienten y faciliten el diálogo y, ante
todo, la existencia de una situación de poder que pueda dar lugar a una
voluntad mermada en un escenario de desigualdad y vulneración”.
Particularmente,
en asuntos de familia, subrayó que “el conciliador tiene un deber adicional
direccionado a identificar si entre las partes existe algún antecedente de
violencia, comoquiera que vincular a la víctima a un escenario de confrontación
con su agresor es una abierta revictimización”, de ahí que, en la Sentencia
C-1195 de 2001, la Corte Constitucional haya establecido que en eventos de
violencia intrafamiliar no es obligatoria la comparecencia de la víctima a la
audiencia.
De
igual manera, destacó que “el conciliador no debe únicamente evaluar que el
acuerdo se ciña a lo estipulado en la norma, sino que debe también identificar
que pueda ser, en efecto, cumplible y que su cumplimiento no implique la
desprotección de las partes, aspecto que cobra especial valía cuando el acuerdo
tiene impacto directo en las condiciones de bienestar de los niños, niñas y
adolescentes que integran el núcleo familiar”.
En
ese orden de ideas, concluyó que “la conciliación no puede quedar aislada o
exceptuada del cumplimiento de la obligación constitucional y convencional de
incorporar el enfoque de género en la administración de justicia” y, aclaró
que, dentro de los contenidos mínimos del programa de formación de
conciliadores, “se incluyó un componente de diversidad y diferencia en el
análisis y solución de conflictos en el módulo de entrenamiento, lo que permite
colegir que la perspectiva de género está inmersa en la cualificación académica
de los conciliadores”.
Por
último, y en relación con el expediente        T-7.127.827 (Esperanza Cometa),
llamó la atención sobre el hecho de que se hubiese avalado que una de las
partes renunciara a las acciones instauradas ante las autoridades competentes
en búsqueda de protección y acceso a la justicia frente a hechos de violencia
intrafamiliar. En este caso, no solo cuestionó la legalidad de dicha cláusula,
sino que, además, hizo hincapié en que la actitud del conciliador “denota
tolerancia a la violencia basada en género y la presencia de prejuicios en
quien, tristemente y en tanto gestor de justicia, debe arropar a la víctima y
no reforzar su desprotección”.
III.    CONSIDERACIONES
1. Aclaración previa
En
la presente providencia el uso de los sustantivos masculinos genéricos se
entiende que incluye en su referencia, en condiciones de plena igualdad y
equidad, a hombres y mujeres sin distinción de sexo. Por esta razón, siguiendo
las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE) en materia de uso del
lenguaje inclusivo[45],
en el texto de esta sentencia se prescindirá de la doble mención del género por
considerarse innecesaria.
2.      Competencia
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente
para revisar las decisiones proferidas dentro de las acciones de tutela de la
referencia, con arreglo a lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9º,
de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del
Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento de lo decidido por la Sala de Selección
Número Uno y la Sala de Selección Número Seis, mediante Autos del 21 de enero y
28 de junio de 2019, respectivamente.
3.      Legitimación en la causa por activa y por
pasiva
3.1. Tal como lo prevé el artículo 86 de la
Constitución, la acción de tutela es un instrumento de defensa judicial al que
puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de las autoridades públicas y,
excepcionalmente, de los particulares, en aquellos casos previstos en la ley[46].
3.2. En desarrollo del citado mandato superior, el
Decreto 2591 de 1991[47],
en el artículo 10, definió los titulares de dicha acción[48],
quienes podrán impetrar el amparo constitucional, (i) bien sea en forma
directa (el interesado por sí mismo); (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas); (iii) mediante apoderado judicial
(abogado titulado con poder judicial o mandato expreso); (iv) a través
de agente oficioso (cuando el titular del derecho no esté en condiciones de
promover su propia defensa); o (v) por conducto tanto del defensor del
pueblo como de los personeros municipales (facultados para intervenir en representación
de terceras personas, siempre que el titular de los derechos haya autorizado
expresamente su mediación o se adviertan situaciones de desamparo e
indefensión)[49].
3.3. Así entonces, frente al asunto sub judice,
se tiene que Esperanza Cometa y Luz Consuelo Lucas Romero se encuentran
legitimadas por activa para promover el amparo constitucional, comoquiera que
actúan, por sí mismas, en defensa de sus derechos fundamentales presuntamente
quebrantados como consecuencia de las decisiones judiciales adoptadas en
procesos ejecutivos adelantados en su contra.
3.4. Por otro lado, en lo atinente al extremo pasivo, conviene indicar que,
en plena correspondencia con los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991[50],
la legitimación en la causa precisa del cumplimiento de dos requisitos. El
primero de ellos, que se trate de uno de los sujetos frente a los cuales
proceda la acción de tutela y, el segundo, que la conducta que genera la
vulneración o amenaza del derecho se pueda vincular, directa o indirectamente,
con su acción u omisión.
3.5. En esta oportunidad, los Juzgados Veintiuno Civil
Municipal de Cali y Octavo Civil Municipal de Ejecución de la misma ciudad
(T-7-127.827); así como los Juzgados Veintiuno Civil Municipal de Bogotá y Once
Civil Municipal de Ejecución de la misma ciudad (T-7.404.113) están legitimados
como parte pasiva, dada su calidad de autoridades públicas, y en la medida en
que se les atribuye, en razón de sus decisiones, el desconocimiento de las
prerrogativas iusfundamentales invocadas por las accionantes.
4. Presentación y delimitación del asunto
4.1.
Salvo algunas diferencias mínimas, son aspectos comunes a las demandas de
tutela que se revisan el haber sido promovidas por mujeres víctimas de
violencia física y psicológica –e incluso sexual– ejercida por sus excompañeros
permanentes, conforme se advierte de las denuncias que, con ocasión de estos
hechos, formularon en repetidas ocasiones ante distintas autoridades judiciales
y administrativas, así como de las medidas de protección otorgadas en su favor.
Según el relato expuesto por cada una de ellas, debido a los constantes
episodios de violencia doméstica de que eran objeto por parte de sus parejas,
convinieron con estas poner fin a la relación marital y, con ese objeto,
suscribieron un acuerdo económico en virtud del cual, ellos se comprometían a
abandonar la vivienda familiar a cambio de una determinada suma de dinero[51]
que equivaldría a sus derechos patrimoniales sobre el inmueble cuyo registro de
propiedad figura a nombre de las accionantes. Dicho acuerdo quedó formalizado
en un acta de conciliación (T-7.127.827) y en cuatro letras de cambio
(T-7.404.113).
4.2.
Comoquiera que, vencido el plazo convenido, no reunieron el dinero para
satisfacer dicha obligación, pues son mujeres de escasos recursos económicos
que derivan su sustento de realizar labores informales, los acreedores de tales
obligaciones decidieron promover procesos ejecutivos en su contra. En el caso
de Esperanza Cometa (T-7.127.827), la demanda la instauró su entonces compañero
permanente, Elmer Antonio Certuche y, en el caso de Luz Consuelo Lucas Romero
(T-7.404.113), quien inició el proceso fue la persona en favor de la cual su
excompañero permanente endosó una de las letras de cambio, Enrique Pinto Ortiz.
4.3.
Tras determinar que los documentos presentados como base de la acción ejecutiva
constituían prueba de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de las
demandadas, los respectivos jueces civiles que conocieron de estos asuntos
libraron mandamiento de pago y, posteriormente, ordenaron seguir adelante la
ejecución, decretando el embargo y secuestro del único bien inmueble de su
propiedad, según el procedimiento establecido para este tipo de juicios.
4.4.
Inconformes con esta actuación, Esperanza Cometa y Luz Consuelo Lucas Romero
acudieron por separado a la acción de tutela, reclamando la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia. En términos generales, manifestaron que
los operadores de justicia incurrieron en graves deficiencias al evaluar los
requisitos del título ejecutivo, toda vez que asumieron que los documentos
aportados por los demandantes contenían una obligación ejecutable, sin valorar
su calidad de víctimas de violencia intrafamiliar y que esa circunstancia
afectó su voluntad al momento de acceder a los acuerdos económicos respaldados
en tales documentos. Asimismo, coincidieron en señalar que no tuvieron la
oportunidad de ser oídas dentro del proceso para hacer valer sus derechos e
intereses, debido a que no contaron con una defensa técnica, pues sus
apoderados se abstuvieron de formular recurso alguno contra el mandamiento de
pago o de proponer excepciones y, por ende, tampoco advirtieron al juez sobre
los hechos de violencia intrafamiliar que antecedieron a la suscripción del
título.
4.5.
A pesar de esto último, está acreditado que, por lo menos en el caso de
Esperanza Cometa, la accionante allegó un escrito al Juzgado Veintiuno Civil
Municipal de Cali informando sobre los actos de violencia física y psicológica
que padeció durante el tiempo que convivió con el ejecutante. Sin embargo,
dicho memorial no fue tenido en cuenta por ese despacho antes de ordenar seguir
adelante la ejecución porque lo presentó sin estar asistida por un abogado.
4.6.
Con fundamento en lo anterior, ambas ciudadanas solicitaron que, como medida de
protección de sus garantías iusfundamentales, se dejara sin efectos todo
lo actuado a partir del mandamiento de pago y, en consecuencia, que se ordenara
reiniciar la actuación valorando su calidad de víctimas de violencia
intrafamiliar y las circunstancias de todo orden que las forzaron a contraer
las obligaciones objeto de la acción ejecutiva. Para ello, Esperanza Cometa
invocó la configuración de un defecto sustantivo, derivado de la falta
de verificación de las formalidades que debía contener el acta de conciliación
para que prestara mérito ejecutivo, según lo dispuesto en los artículos 1.5. y
40 de la Ley 640 de 2001. Entre tanto, Luz Consuelo Lucas Romero cuestionó la
orden de mandamiento de pago en los términos antes referidos, pero no alegó la
existencia de un defecto material específico atribuible a dicha decisión.
4.7.
Finalmente, las demandas de amparo fueron denegadas por los respectivos jueces
de tutela, tras concluir, en líneas generales, que las accionantes contaron con
todas las garantías para el ejercicio de su derecho a la defensa, por lo que,
si no hicieron uso de los medios de impugnación que tenían a su alcance para
controvertir las decisiones que les resultaron adversas, tal deficiencia no
podía trasladarse a las autoridades judiciales de conocimiento, quienes
actuaron dentro del marco jurídico aplicable a los procesos de ejecución. En el
caso particular de Esperanza Cometa, se dijo, además, que la acción de tutela
no cumplía con el requisito de inmediatez porque había sido instaurada seis
años después de proferido el mandamiento de pago.
4.8.
De esta breve presentación de los casos que se revisan, la Sala observa
que, aun cuando las accionantes no lo refirieron expresamente en sus
alegaciones, la problemática de índole constitucional que subyace a cada una de
las acciones de tutela está relacionada con la falta de aplicación del
enfoque diferencial con perspectiva de género por parte de los
jueces de la especialidad civil que tramitaron los procesos ejecutivos en
discusión. Ello, en la medida en que, en el análisis de la cuestión litigiosa,
no advirtieron que una de las partes de la relación procesal se encontraba en
aparente situación de desigualdad o asimetría frente a la contraparte, dada su
condición de mujer y víctima de violencia intrafamiliar.
4.9.
De igual manera, es menester poner de relieve que esta omisión no solo pudo
llegar a comprometer los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia que invocan las
accionantes, sino, también, su derecho a una vida libre de violencia,
garantía que se deriva de la consagración constitucional de la igualdad
entre mujeres y hombres, así como del mandato superior de no discriminación por
razones de género (arts. 13 y 43 CP.).
4.10.
En ese contexto y dentro del ámbito de
competencia del juez constitucional para delimitar el objeto de la controversia[52],
es preciso establecer que las decisiones judiciales censuradas, además de un defecto
sustantivo              ­–como lo plantea Esperanza Cometa–, podrían
adolecer de otros defectos materiales que esta Sala de Revisión identifica
como: (i) desconocimiento del precedente constitucional en
materia de incorporación de la perspectiva de género como categoría de análisis
en la actividad judicial; (ii) fáctico por ausencia de valoración
de elementos de juicio relevantes allegados al proceso; (iii) procedimental
por exceso ritual manifiesto y por ausencia de defensa técnica en
atención a la observancia estricta de las reglas de procedimiento  frente a
casos que involucran a sujetos de especial vulnerabilidad y a las aparentes
deficiencias en la gestión adelantada por las apoderadas de las accionantes y (iv)
violación directa de la constitución por desconocimiento de los artículos
13, 42 y 43 de la Constitución Política relacionados con el derecho de toda
mujer a una vida libre de violencia de género. La enunciación de estos
defectos, valga aclarar, no supone una especie de prejuzgamiento por parte de
esta corporación, antes bien, sirven al propósito de fijar con precisión los
cargos que serán objeto de estudio en la presente providencia, conforme a los
alegatos expuestos en las solicitudes de tutela y las intervenciones realizadas
en sede de revisión por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y
del Derecho.
5. Planteamiento del problema jurídico y esquema de
solución
5.1. Fijados los límites del presente asunto, el problema
jurídico que le corresponde resolver a
esta Sala de Revisión pasa por verificar, previamente, la acreditación de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
5.2.
De superarse satisfactoriamente este examen, se proseguirá con el estudio de
fondo de la controversia, la cual consiste en determinar si los operadores de
justicia accionados, en el marco de los defectos identificados anteriormente,
vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a una vida libre violencia de
Esperanza Cometa y Luz Consuelo Lucas Romero, al no incorporar la perspectiva
de género en el trámite de los procesos de ejecución adelantados en contra de
estas y, en consecuencia, haber librado mandamiento de pago sin reparar, en el
análisis de los aspectos de admisibilidad del título ejecutivo, que las
demandadas eran mujeres víctimas de violencia intrafamiliar cometida por los
beneficiarios originales de las obligaciones ejecutadas.
5.3.
De igual forma y en atención al llamado hecho por la Defensoría del Pueblo,
habrá de establecerse si en el trámite de los mecanismos alternativos de
solución de controversias y, específicamente, en la conciliación extrajudicial
en derecho, los conciliadores, en tanto particulares investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia, están obligados a
incorporar la perspectiva de género al trámite conciliatorio cuando, en
desarrollo de la audiencia, se enfrentan a situaciones de conflicto que
involucran relaciones asimétricas de poder o escenarios de violencia contra la
mujer.
5.4. Con tales objetivos, se expondrá, una vez más, la
doctrina reiterada en la jurisprudencia de esta corporación acerca de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
y, en particular, la relacionada con: (i) la configuración de los
defectos sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y ausencia de
defensa técnica, y fáctico; (ii) el desconocimiento del precedente
constitucional; y (iii) la violación directa de la Constitución, como
causales específicas de procedibilidad.
5.5. Seguidamente, se abordarán algunos temas de
especial interés referentes a (i) la violencia de género contra la
mujer: origen, definición y caracterización; (ii) la protección integral
de los derechos de la mujer a la igualdad, a la no discriminación y a una vida
libre de cualquier tipo de violencia: marco constitucional de protección, marco
jurídico internacional y marco legislativo nacional; (iii) las barreras
que enfrentan las mujeres para el acceso a la administración de justicia;
(iv) la perspectiva de género como categoría de análisis en la
actividad jurisdiccional: una forma de mejorar el acceso de las mujeres a la
administración de justicia; (v) la jurisprudencia constitucional en
relación con la obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en la
administración de justicia; (vi) los criterios de equidad para una
administración de justicia con perspectiva de género: preguntas clave para
establecer cuándo aplicar el enfoque diferencial; y (vii) el deber de
los conciliadores en derecho de incorporar la perspectiva de género en el
ejercicio la función de administrar justicia de manera transitoria, para,
finalmente, resolver los casos concretos.
6.     Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[53]
6.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de
la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo sumario,
preferente y subsidiario de defensa judicial cuya finalidad es la protección de
los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley.
6.2. Tal y como se indicó en la Sentencia C-543 de
1992, por regla general, la acción de tutela es improcedente cuando mediante
ella se pretenden cuestionar providencias judiciales, debido a la prevalencia
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial,
y a la garantía procesal de la cosa juzgada. Sobre el particular, en dicha
providencia la Corte sostuvo que:
“La acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que
cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando
ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse
adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del
artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho”.[54]
6.3.
Sin embargo, en esa misma oportunidad también se estableció que “de
conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe
duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función
de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los
particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de
la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen
derechos fundamentales […]”[55]. De modo que, si bien se entendió
que, en principio, la acción de tutela no procedía contra providencias
judiciales, se dijo que, excepcionalmente, su ejercicio era viable como
mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial cuando de la actuación
judicial se advirtiera la violación o amenaza de un derecho fundamental.
6.4.
A partir de lo allí decidido, la jurisprudencia constitucional desarrolló el
criterio conforme al cual, el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, se configuraba cuando la
actuación judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto
proferido no merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido
despojada de dicha calidad. En desarrollo de lo expuesto, se determinó que el
ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que, cobijadas, en
principio, por el manto del ejercicio autónomo de la función judicial,
comportaban una violación protuberante de la Constitución y, en especial, de
los bienes jurídicos más preciados para el hombre (derechos fundamentales).
Esta figura se denominó inicialmente “vía de hecho” y su posterior
desarrollo llevó a determinar la existencia de varios tipos de vicios o
defectos, entre los cuales se encuentran el sustantivo, el orgánico,
el fáctico y el procedimental.
6.5.
Con posterioridad, la Corte, en la Sentencia C-590 de 2005[56], si
bien afirmó, como regla general, la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, con el fin de resguardar el valor de la cosa juzgada,
la garantía de la seguridad jurídica y los principios constitucionales de
autonomía e independencia judicial también aceptó, en concordancia con la
jurisprudencia proferida hasta ese momento, que en circunstancias excepcionales
sí era procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se
verificaba la vulneración de derechos fundamentales y se acreditaba el
cumplimiento de ciertos requisitos que demarcaban el límite entre la protección
de los citados bienes jurídicos y los principios y valores constitucionales que
resguardan el ejercicio legítimo de la función judicial. Dichos requisitos
fueron divididos en dos categorías, siendo unos generales, referidos a
la procedencia de la acción de tutela y los otros específicos, atinentes
a la tipificación de las situaciones que conducen al desconocimiento de
derechos fundamentales, especialmente el derecho al debido proceso.
6.6.
En cuanto se refiere a los requisitos generales, la Corte ha
identificado que son aquellos cuyo cumplimiento se debe verificar antes de
entrar en el estudio del fondo del asunto, pues habilitan la procedencia del
amparo constitucional. Tales requisitos son:
(i) que el caso sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; (ii) que el actor haya agotado todos los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios procedentes antes de acudir al juez de
tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de
acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso
de tratarse de una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en
la decisión y resulte lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el
actor identifique, de forma razonable, los hechos que generaron la violación y
que esta haya sido alegada en el proceso judicial de haber sido posible; y (vi)
que el fallo censurado no se trate de una acción de tutela.[57]
6.7.
En lo relacionado con los requisitos específicos, estos fueron
unificados en las denominadas causales de
procedencia, a partir del reconocimiento de los siguientes defectos o vicios
materiales: orgánico[58],
sustantivo[59],
procedimental[60],
fáctico[61],
error inducido[62],
decisión sin motivación[63],
desconocimiento del precedente constitucional[64] y violación
directa a la Constitución.
6.8.
En suma, ha de concluirse que la acción de tutela, como mecanismo de protección
de los derechos constitucionales fundamentales, procede, excepcionalmente, para
controvertir el sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i)
se cumplan todos los requisitos generales de procedencia; (ii) se
advierta que la providencia cuestionada incurrió en una o varias de las
causales específicas; y (iii) se determine que el vicio o defecto es de
tal trascendencia que conlleva la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales.
6.9. Ahora bien, teniendo como fondo las recién
apuntadas reglas de naturaleza procesal y de conformidad con lo planteado en el
acápite de delimitación del problema jurídico, inicia esta Sala por verificar
si, en esta oportunidad, las acciones de tutela superan el examen de los
requisitos generales antes mencionados.
7.
Verificación del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales
Conforme a las consideraciones precedentes, encuentra
la Sala que en los asuntos sometidos a revisión se cumplen en su totalidad los
requisitos generales de procedencia que habilitan su estudio de fondo, como
pasa a demostrarse enseguida:
7.1. Que la controversia planteada sea
constitucionalmente relevante. La Corte Constitucional ha establecido que
un asunto tiene relevancia constitucional si se evidencia, de manera clara y
expresa, que la causa que origina la acción de tutela conlleva el desconocimiento
de derechos fundamentales, principios o garantías superiores, y no que se trate
de una cuestión de mera legalidad que sea de competencia exclusiva del juez
ordinario[65].
Este requisito, en esencia, persigue tres finalidades: (i) preservar la
competencia e independencia de los jueces pertenecientes a la justicia ordinaria;
(ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones que
tienen una clara y marcada importancia constitucional; e (iii) impedir
que el amparo constitucional se convierta en una especie de tercera instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales[66].
En el presente juicio, la cuestión que se debate
trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia
constitucional, comoquiera que no solo persigue la efectiva protección de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a una vida libre de violencia de dos mujeres que
han asegurado haber sido objeto de maltrato físico y psicológico por parte de
sus compañeros sentimentales, sino que, además, la problemática suscitada
involucra el deber de aplicación de la perspectiva de género en la actividad
jurisdiccional y, específicamente, en la especialidad civil, cuando se adviertan
situaciones que involucren relaciones de poder asimétricas o patrones
estereotipados de género, aspectos que, al parecer, fueron omitidos por los
operadores de justicia que asumieron el conocimiento de los procesos ejecutivos
en cuestión.
Asimismo, la controversia planteada resulta
constitucionalmente relevante, en la medida en que sería la primera vez que
esta corporación tendría oportunidad de pronunciarse acerca de si la
perspectiva de género como categoría de análisis en la actividad judicial debe ser
igualmente aplicada por los conciliadores en derecho, quienes, por expreso
mandato constitucional[67],
están investidos transitoriamente de la función de administrar justicia.
7.2. Que previamente se hayan agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, a menos que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. Frente a esta particular exigencia, la Corte ha señalado, grosso
modo, que tiene por finalidad evitar el vaciamiento de las competencias de
las distintas autoridades jurisdiccionales y el desborde institucional[68].
Sin embargo, admite ciertas excepciones, a saber: (i) aquellos casos en
los cuales la persona cuyos derechos son probablemente vulnerados dejó de
acceder a los mecanismos ordinarios o extraordinarios de defensa por razones
ajenas a su voluntad[69];
(ii) cuando los defectos específicos no tengan cabida dentro de las
causales de revisión[70];
y (iii) siempre que se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio iusfundamental
irremediable[71].
En los asuntos que se revisan, la Sala encuentra que,
aun cuando el mandamiento ejecutivo no es susceptible de apelación[72],
contra este cabe la posibilidad de proponer excepciones previas por vía del
recurso de reposición[73]
e, igualmente, pueden formularse excepciones de fondo o de mérito dentro de los
10 días siguientes a la notificación de la providencia[74]. Sin
embargo, está acreditado que los apoderados de Esperanza Cometa y Luz Consuelo
Lucas Romero no agotaron ninguno de tales mecanismos, omisión que, prima
facie, daría lugar a que el amparo deprecado fuese desestimado.
A pesar de esto último, conviene poner de presente que
la ausencia de defensa técnica[75]
es justamente uno de los reproches en los que se fundan las acciones de tutela
revisadas, pues, según lo manifiestan las actoras, sus apoderados cumplieron un
papel simplemente formal y no gestionaron de manera real y efectiva la defensa
de sus intereses dentro de los respectivos procesos de ejecución, en franco
detrimento de sus garantías fundamentales. Esta es una acusación que la Sala no
puede evaluar desde ya, sino que requiere de un examen singular que habrá de
desarrollarse más adelante cuando se aborde el análisis de la posible
configuración de un defecto procedimental absoluto.
De cualquier modo, tampoco puede perderse de vista el
interés que mostraron las accionantes en asumir la defensa de sus derechos, a
pesar de las limitaciones que generaba en ellas la escasez de recursos
económicos y la falta de instrucción académica. Es de anotar, por ejemplo, que
Esperanza Cometa presentó un escrito que no fue tenido en cuenta como oposición
al mandamiento de pago por haberlo hecho sin la intervención de su abogada,
pues no estaba autorizada para litigar en causa propia por tratarse de un
proceso de menor cuantía[76].
Asimismo, intentó, por vía del incidente de nulidad, dejar sin efectos todo lo
actuado a partir del mandamiento de pago, pero igualmente fue desestimada esta
pretensión[77].
Por su parte, Luz Consuelo Lucas Romero radicó memorial suscrito por ella misma
en el que solicitó la condonación de intereses. Sin embargo, el juez rechazó
esta solicitud por haber sido presentada con posterioridad al auto que ordenó
seguir adelante la ejecución[78].
Así las cosas, dado que, en la presente
causa, la imposibilidad de agotar todos los medios ordinarios de defensa
obedeció a circunstancias ajenas a la voluntad de las accionantes derivadas de
la falta de defensa técnica y de su situación de debilidad manifiesta, y que,
actualmente, no cuentan con otro mecanismo distinto a la acción de tutela para
conjurar la afectación que ello pudo generar en sus derechos fundamentales, la
Sala estima satisfecho este requisito general de procedencia.
7.3. Que la acción de tutela cumpla con el
requisito de la inmediatez. Conforme a esta exigencia, para que proceda la
acción de tutela contra providencias judiciales es menester que la demanda sea
promovida de manera oportuna, esto es, dentro de un término razonable y
proporcional al de la ocurrencia del hecho que originó la vulneración alegada.
A fin de determinar la razonabilidad de plazo, la Corte ha fijado algunos
criterios orientativos que han de ser
examinados por el juez de tutela en relación con las particularidades de cada
caso concreto, entre los que se cuentan:“(i) la diligencia del
interesado en la defensa de sus derechos; (ii) la eventual afectación de
derechos de terceros; (iii) la estabilidad jurídica; (iv) la complejidad del
conflicto; (v) el equilibrio de las cargas procesales y (vi) la existencia de
circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta”[79].
Bajo los anteriores parámetros, se tiene que las
acciones de tutela acumuladas satisfacen el requisito de inmediatez, toda vez
que fueron instauradas de manera oportuna, esto es, aproximadamente dos meses
después de haber quedado en firme el Auto 1944 del 18 de julio de 2018 que rechazó
de plano el incidente de nulidad de lo actuado dentro del expediente
T-7.127.827; y la providencia del 7 de febrero de 2019 que negó la solicitud de condonación de intereses
dentro del expediente T-7.404.113. Ello, comoquiera que las demandas se radicaron
el 27 de agosto de 2018 y el 29 de marzo de 2019, respectivamente, según se
indicó al inicio de esta providencia.
A
esa compresión llega la Sala, tras entender que la vulneración alegada en estos asuntos no solo tendría
origen en el mandamiento ejecutivo librado mediante providencias del 17 de
enero de 2012 (T-7.127.827) y del 15 de julio de 2016  (T-7.404.113), sino que
se predicaría de toda la actuación desplegada en estos procesos, pues en
ninguna de las etapas y decisiones allí proferidas los jueces de instancia
repararon en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el análisis
de la cuestión litigiosa, de suerte que aún permanece tal omisión[80].
7.4. Efecto determinante de la irregularidad
procesal. Cuando se trate de una irregularidad procesal, es indispensable
que el vicio alegado incida de tal forma en la decisión final, que de no
haberse presentado o haberse corregido a tiempo, esta habría variado
sustancialmente[81].
De acuerdo con tal planteamiento, es menester advertir que si las autoridades
judiciales censuradas hubiesen abordado la litis de manera diferenciada,
incorporado la perspectiva de género como categoría de análisis de la cuestión
jurídica a resolver, posiblemente habría variado el alcance de lo decidido,
pues su convencimiento no solo estaría formado a partir de las alegaciones de
una de las partes –el ejecutante–, sino que incluiría, además, el contexto de
violencia contra la mujer que envolvía a las demandadas y sus particulares
condiciones de vulnerabilidad, escenario de valoración que fue sustraído de
plano. Asimismo, la alegada ausencia de defensa técnica pudo haber sido un
obstáculo insalvable para que las accionantes informaran oportunamente sobre su
particular situación de vulnerabilidad, impugnaran las decisiones que les
resultaban adversas y aportaran las pruebas que consideraran conducentes para
hacer valer sus derechos e intereses, todo lo cual habría tenido, también, un
efecto decisivo en la solución finalmente adoptada.
7.5. Que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración alegada como los
derechos presuntamente trasgredidos, y que ello lo hubiese alegado dentro del
proceso judicial, siempre que fuese posible. Por oposición a la
informalidad que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se invoca
contra providencias judiciales, es necesario que quien reclama la protección
constitucional mencione los derechos afectados, identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación alegada y demuestre de qué forma aquella
se aparta del ámbito del derecho o incurre en una actuación abusiva contraria
al orden jurídico, debiendo haber planteado el punto de manera previa en el
respectivo proceso.
Conforme a ese entendimiento, se tiene que, en el caso
concreto, Esperanza Cometa y Luz Consuelo Lucas Romero supieron identificar en sus respectivas demandas los hechos que, a su
juicio, generaron la vulneración alegada y los derechos fundamentales que
estimaban transgredidos a causa de las decisiones adoptadas por los Juzgados
Veintiuno Civil Municipal de Cali y Veintiuno Civil Municipal de Bogotá,
respectivamente. Además, durante el curso del proceso ejecutivo, la primera de
ellas invocó su condición de víctima de violencia intrafamiliar para que dicha
circunstancia fuera objeto de valoración y, la segunda, si bien es cierto que
no planteó esta cuestión –estando en posibilidad de intervenir por sí misma
tratándose de un proceso de mínima cuantía–, también lo es que no tuvo
oportunidad de hacerlo, debido a la conducta aparentemente negligente de la
apoderada que le fue designada en virtud del amparo de pobreza.
7.6. Que el amparo no se dirija contra
sentencias de tutela. Por último, dado que se ha mencionado con suficiencia
que las decisiones judiciales que se cuestionan corresponden a aquellas
proferidas dentro de procesos de ejecución, es palmario que el amparo
constitucional no gira en torno a una sentencia de tutela.
Al acreditarse, entonces, el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pasará la Sala de Revisión a efectuar una breve caracterización de
cada una de las causales específicas de procedencia o defectos materiales
identificados en el apartado de esta sentencia relativo a la delimitación del
problema jurídico (cf. párr. 4.4).
8.       El defecto sustantivo como causal específica de
procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[82]
8.1. Como ya tuvo la oportunidad de exponerse, una de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales es el defecto sustantivo que esta corporación ha
caracterizado, en términos generales, como la existencia de una falencia o yerro en una
providencia judicial que tiene origen en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido a conocimiento del
juez.
8.2. Sin
embargo, para que esa falencia o yerro de lugar a la procedencia del amparo
constitucional, debe evidenciarse una irregularidad de tal entidad que
indiscutiblemente lleve a que se profiera una decisión que obstaculice o
lesione la efectividad de prerrogativas iusfundamentales.
8.3. A partir de tales premisas, por ejemplo, en la
Sentencia SU-195 de 2012[83],
el pleno de la Corte Constitucional identificó, por un lado, que, en un sentido
amplio, se está en presencia de un defecto sustantivo cuando la autoridad
judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la
norma adecuada u opta por una interpretación que contraría los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica. Por otro lado, explicó que, en un sentido
estricto, la configuración de este defecto puede presentarse en las
siguientes circunstancias: (i) el fundamento de la decisión judicial es una norma que no es
aplicable al caso concreto por impertinente o porque ha sido derogada, es
inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados
por el legislador; (ii) cuando no se hace una interpretación razonable
de la norma; (iii) cuando el juez se aparta del alcance de la norma
definido en sentencias con efectos erga omnes; (iv) cuando la
disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; (v)
cuando el ordenamiento otorga poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición; (vi) cuando la decisión se funda en una
interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras
disposiciones aplicables al caso; (vii) cuando se afectan derechos
fundamentales debido a que el operador judicial sustenta o justifica de manera
insuficiente su actuación; (viii) cuando se desconoce el precedente
judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación; (ix) cuando
el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad siempre que
se solicite su declaración por alguna de las partes del proceso.
8.4. En otra sentencia de unificación, la Corte
definió al defecto sustantivo como una circunstancia que determina la carencia
de validez constitucional de las providencias judiciales y que tiene lugar cada
vez que la autoridad judicial desconoce normas de rango legal o infralegal
aplicables a un asunto determinado, “ya sea por absoluta inadvertencia, por
su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el
desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con efectos erga omnes
cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la
cosa juzgada”[84].
En otras palabras, una providencia judicial incurre en un defecto sustantivo:
“(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o
no tenida en cuenta por el fallador,
(ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de
la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,
(ii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga
omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la
norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.”
8.5.
De conformidad, entonces, con la jurisprudencia constitucional, el defecto
sustantivo se concreta en el momento en que el operador judicial desborda los
límites que la Constitución y la ley le reconocen, al fundar su decisión en una
disposición jurídica evidentemente inaplicable al caso concreto. También puede
darse por una interpretación contraevidente de la regla finalmente aplicable, o
cuando se desconoce su alcance y con ello se vulneran derechos fundamentales.
9.     El defecto procedimental como causal específica de
procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales: modalidades de configuración por exceso
ritual manifiesto y ausencia de defensa técnica. Reiteración de
jurisprudencia[85]
9.1. Esta causal de procedibilidad encuentra
fundamento en los artículos 29 y 228 Superiores[86], y se
presenta cuando el juez ha actuado completamente al margen del procedimiento
establecido, es decir, cuando se aparta abierta e injustificadamente de la
normatividad procesal que es aplicable al caso concreto. Esto último, conduce
al desconocimiento absoluto de las formas propias de cada juicio (i)
porque el funcionario judicial sigue un trámite por completo ajeno al
pertinente o (ii) porque pretermite etapas o fases sustanciales del
procedimiento en detrimento del derecho de defensa y contradicción de una de
las partes del proceso. Inclusive, por vía excepcional, la jurisprudencia
constitucional también ha determinado que el defecto procedimental puede
originarse (iii) por exceso ritual manifiesto[87]
y (iv) por ausencia de defensa técnica[88].
9.2. En lo que respecta al defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, esta corporación ha sostenido que la
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio no puede servir
al propósito de hacer que las ritualidades procesales se conviertan en un fin
en sí mismas, ya que la prevalencia del derecho sustancial impone que los
procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de los derechos
subjetivos de las partes y demás intervinientes en el proceso.
9.3. En ese sentido, “una providencia judicial
incurre en el defecto procedimental cuando el juez que la profiere desconoce,
de manera absoluta, las formas del juicio, pero también cuando el fallador se
atiene de modo tan estricto a las formalidades previstas, al punto de generar
un ‘exceso ritual manifiesto’ que, aun cuando acoplado a las exigencias
previstas en la ley procesal, tiene como consecuencia el desconocimiento de
derechos constitucionales que, en tales condiciones, resultan sacrificados en
aras de otorgarle plena satisfacción a requisitos de índole
formal”[89].
9.4. La jurisprudencia constitucional ha caracterizado
el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como aquel que se
presenta cuando el operador judicial utiliza o concibe los procedimientos como
un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y, de esa manera, sus
actuaciones devienen en una denegación de justicia causada: (i) por
disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de los derechos
constitucionales fundamentales en un caso concreto; (ii) por la
exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales que, en
determinadas circunstancias, constituyen cargas imposibles de cumplir para las
partes y (iii) por un rigorismo procedimental en la apreciación de las
pruebas[90].
9.5. Particularmente, en materia probatoria, la Corte
ha indicado que, si bien es cierto que los jueces gozan de libertad para
valorar las pruebas dentro del marco de la sana crítica, también lo es que “no
pueden desconocer la justicia material por un exceso ritual probatorio que se
oponga a la prevalencia del derecho sustancial”[91] y que “el
sistema de libre apreciación es proporcional, mientras no sacrifique derechos
constitucionales más importantes”[92].
9.6. En esos términos, “el defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto se presenta porque el juez no acata el mandato de
dar prevalencia al derecho sustancial y se configura en íntima relación con
problemas de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas (defecto
fáctico), y con problemas sustanciales relacionados con la aplicación
preferente de la Constitución cuando los requisitos legales amenazan la
vigencia de los derechos constitucionales”[93].
9.7. De igual manera, se configura un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto “cuando existiendo incertidumbre
sobre unos determinados hechos que se estiman definitivos para la decisión
judicial y cuya ocurrencia se infiere razonablemente del acervo probatorio, [el
juez] omite decretar, de forma oficiosa, las pruebas que podrían conducir a su
demostración”[94].
Frente a esta hipótesis, ha dicho Corte, “procede la tutela del derecho
constitucional de acceso a la administración de justicia y la orden de reabrir
el debate probatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el respectivo código
adjetivo, para que el juez de la causa, con audiencia de las partes, ejerza sus
deberes inquisitivos”[95].
9.8. Por otro lado, dentro de las garantías que
conforman el núcleo esencial del debido proceso se encuentran el derecho a la
defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados
para ser oído y obtener una decisión favorable[96]. Justamente, respecto de este
último, el inciso cuarto del artículo 29 Superior consagra que “quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado
escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”. Es
conveniente precisar que, aunque dicha disposición alude al proceso penal, lo
cierto es que el derecho a la defensa se extiende a todo tipo de actuaciones
judiciales y administrativas[97].
9.9.
Sobre esa base, la Corte ha explicado que el derecho a la defensa comprende dos modalidades, a saber: (i) la
defensa material, que es aquella que puede direccionar por sí mismo el
interesado o implicado[98]; y, (ii) la defensa
técnica, vista como la que ejerce en nombre de aquel un profesional del
derecho legalmente autorizado [99]. En este sentido, la defensa
técnica se materializa con el nombramiento de un abogado de confianza o
mediante la designación de un defensor nombrado por el Estado, de quien se
exige en todos los casos y en consideración a su habilidad para utilizar con
propiedad los medios e instrumentos de defensa previamente instituidos,
adelantar una actuación diligente y eficaz, dirigida a asegurar no solo el respeto
por las garantías sustanciales y procesales de su representado, sino, también,
que las decisiones proferidas en el curso del proceso se encuentren ajustadas a
la Constitución y a la ley.
9.10. En relación con
esto último, es menester destacar que la defensa técnica de carácter oficioso es uno de los instrumentos con que cuenta el Estado
para hacer efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia,
también conocido como derecho a la tutela judicial efectiva[100],
especialmente, respecto de aquellos sujetos que no se encuentran en capacidad
de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia
subsistencia. Este imperativo constitucional se logra a través del amparo de
pobreza, figura regulada en los artículos 151 a 158 del Código General del
Proceso.
9.11. Ahora bien, en punto a los presupuestos materiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte ha
advertido que no toda falla o deficiencia en la defensa técnica constituye
violación del debido proceso[101]. Por esta razón, tras una labor
de caracterización de aquellos escenarios en los que resulta imperiosa la
intervención del juez constitucional, ha establecido que solo se entiende
trasgredido el núcleo esencial de esta garantía fundamental cuando concurren
las siguientes cuatro situaciones: (i) que sea evidente que el defensor
cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una
estrategia procesal o jurídica; (ii) que las mencionadas deficiencias no
le sean imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir
la acción de la justicia; (iii) que la falta de defensa técnica revista
tal trascendencia o magnitud que pueda tener un efecto decisivo en la decisión
judicial, susceptible de enmarcarse en un defecto sustantivo, fáctico, orgánico
o procedimental; y que, como consecuencia de todo lo anterior, (iv) se produzca
la vulneración ulterior de los derechos fundamentales del afectado[102].
9.12. En cualquier caso, bien sea que el defecto
procedimental se derive de un exceso ritual manifiesto o de la ausencia de
defensa técnica, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales en el marco de esta causal específica se sujeta al concurso
simultáneo de las siguientes circunstancias: (i) que no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con
el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal
sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de
vulnerar los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya
sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiese sido imposible, de
acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la situación
irregular no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que como
consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales[103].
10.
El defecto fáctico por
ausencia de valoración probatoria como causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración jurisprudencial[104]
10.1.
Tal y como se indicó en precedencia, el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se encuentra estrechamente relacionado con problemas de
hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y, por tanto, se estructura
en concurrencia con un defecto fáctico. A este respecto, cabe precisar
que entre uno u otro defecto material “no existe un límite indivisible, pues
tan solo representan una metodología empleada por el juez constitucional para
facilitar el estudio de la alegación iusfundamental formulada en el
escenario de la acción de tutela contra providencias judiciales”[105].
10.2.
En ese contexto, el defecto fáctico es aquel que “surge cuando el juez
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión”[106].
Se configura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión
atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
10.3.
Sobre esa base, la Corte ha explicado que las deficiencias probatorias pueden
generarse como consecuencia de: (i) una omisión judicial, como puede ser
la falta de práctica y decreto de pruebas conducentes al caso debatido,
presentándose una insuficiencia probatoria. Así como, cuando sin una razón
válida, se da por no probado un hecho que emerge claramente; o (ii) por vía de
una acción positiva, como puede ser la errada interpretación de las
pruebas allegadas al proceso, o la valoración de pruebas que son nulas de pleno
derecho o que son totalmente inconducentes al caso concreto, presentándose, en
el primer caso, un defecto por interpretación errónea y, en el segundo, un
defecto por ineptitud e ilegalidad de la prueba.[107]
10.4.
A su vez, dichas situaciones que configuran deficiencias probatorias han sido
enmarcadas por la jurisprudencia constitucional bajo distintas modalidades, a
saber: (i) defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de
pruebas[108];
(ii) defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio[109];
y (iii) defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
(desconocimiento de las reglas de la sana crítica)[110].[111]
10.5.
Con todo, para que la acción de tutela resulte procedente ante la advertencia
de un defecto fáctico, “[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe
ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia”[112].
11.
El desconocimiento del
precedente constitucional como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias. Reiteración
de jurisprudencia
11.1.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, la función judicial ha de ejercerse en cumplimiento de los principios
de independencia y autonomía. No obstante, la Corte ha reconocido el carácter
vinculante del precedente, por virtud de la garantía de la seguridad jurídica,
la coherencia y razonabilidad del sistema jurídico, la protección del derecho a
la igualdad y la salvaguarda de la buena fe y la confianza legítima[113].
Lo anterior, se explica en la medida en que en los Estados democráticos los
ciudadanos esperan que, ante la existencia de asuntos análogos en sus hechos
relevantes, los jueces de la República otorguen decisiones igualmente
similares.[114]
11.2.
El precedente judicial ha sido definido en la jurisprudencia
constitucional como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un
caso determinado que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe considerarse por las autoridades judiciales al momento de
emitir un fallo”[115].
11.3.
Bajo esa óptica, no cualquier pronunciamiento antecedente que recaiga sobre una
materia específica constituye un precedente[116]. La Corte ha precisado que, para
que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, deba aplicarse a un
caso concreto se requiere: “i) que en
la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver;
ii) que esta ratio resuelva un problema
jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos
del caso sean equiparables a
los resueltos anteriormente”[117].
11.4.
Conforme a esa noción, la
responsabilidad de ser consistentes en las decisiones judiciales, de manera tal
que se respeten los precedentes, compete entonces no solo a los jueces o
tribunales frente a sus propias providencias, (precedente horizontal), sino a
los falladores de instancia en relación con las decisiones de sus superiores
jerárquicos (precedente vertical).
11.5.
En lo que respecta al precedente vertical, la Corte ha sido
particularmente restrictiva en la posibilidad que tienen los jueces de inferior
jerarquía de apartarse de las subreglas expuestas por las altas cortes,
en atención al papel constitucional y legal que cumplen los órganos de cierre,
a partir del reconocimiento de su potestad de unificar o revisar la
jurisprudencia en los asuntos sometidos previamente a su conocimiento. En las
anotadas circunstancias, adquiere especial resonancia el precedente
constitucional que corresponde a las decisiones adoptadas por la Corte
Constitucional como intérprete autorizado de la Carta Política, tanto en sede
de control abstracto como concreto de constitucionalidad.
11.6.
En ese entendido, esta corporación ha explicado que se desconoce el precedente
constitucional, entre otros eventos: (i) cuando se contraría la ratio
decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (ii) cuando se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de
tutela, bien de aquellas proferidas por la Sala Plena (SU), ora por las
distintas Salas de Revisión (T) [118]. Frente a las decisiones
adoptadas por estas últimas, el desconocimiento del precedente solo se
configura cuando los fallos inadvertidos constituyan jurisprudencia en vigor[119],
esto es, “[…] un conjunto de sentencias que comparten una misma
interpretación judicial sobre una norma o principio que se aplica a unos hechos
similares y que resuelve un problema jurídico igual.”[120]
En esta hipótesis, la Corte ha insistido en que para que pueda hablarse de
jurisprudencia en vigor debe existir un conjunto amplio y reiterado de
pronunciamientos de diversas salas de revisión.
11.7.
Como consecuencia de lo anterior, si los jueces pretenden excepcionar o dejar
de aplicar un precedente constitucional, (i) no solo deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de seguir la jurisprudencia
en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial, (ii) sino que,
además, deben demostrar que la interpretación alternativa que se ofrece
desarrolla y amplía de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección. En ese sentido, resultan
totalmente contrarias al debido proceso, (i) el incumplimiento de una
carga mínima de argumentación que, a partir del principio de razón suficiente,
justifique apartarse del precedente; así como (ii) la simple omisión o
negativa del juez en su aplicación, a partir de un erróneo entendimiento de la
autonomía que le reconoce el texto superior.
11.8.
Con todo, es menester precisar que, tratándose de sentencias de
constitucionalidad en las que la Corte Constitucional, como interprete último
de la Constitución, ha definido el sentido y alcance de una disposición normativa,
contrario a lo que ocurre con las sentencias de tutela, por ninguna razón los
operadores jurídicos pueden apartarse de estos precedentes, pues estarían
dejando de aplicar la Constitución y, especialmente, el artículo 230, que
obliga a que los jueces en sus providencias se sometan al imperio de la ley,
entendida en sentido amplio, es decir, junto a la interpretación que de esta ha
hecho la propia Corte.
12.
La violación directa de la
constitución como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Reiteración de jurisprudencia[121]
12.1.
La violación directa de la Constitución encuentra claro fundamento de principio
en el actual modelo del ordenamiento constitucional colombiano que reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contiene mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. De esta manera, al ser la propia
Constitución una norma directamente aplicable, es decir, al tener sus
disposiciones valor normativo vinculante, resulta evidente que una decisión
judicial pueda cuestionarse por medio de la acción de tutela cuando desconoce o
aplica indebida e irrazonablemente los postulados de índole superior que rigen
una materia[122].
12.2.
Esto último, quiere decir que dicho defecto se configura cuando el juez
ordinario profiere una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque:
(i) no aplica una disposición de carácter iusfundamental
a un caso concreto[123]; o bien porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de
la Constitución[124].
12.3.
De acuerdo con lo anotado, frente al primer evento, la Corte ha dispuesto que
procede la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución: (i) cuando en la solución del caso se dejó
de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente
constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata;[125] y (iii) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución[126].
12.4.
Para el segundo evento, en cambio, la jurisprudencia ha sostenido que el juez
debe tener en cuenta en sus fallos que, según lo previsto en el artículo 4
Superior, la Constitución es norma de normas, por lo que en cualquier caso en
que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una disposición normativa que es
incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales, por vía del ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad[127].
13.
La violencia de género contra
la mujer: origen, definición y caracterización
13.1.    El origen de la violencia de género
13.1.1.
Históricamente la mujer ha estado en situación de desigualdad con respecto al
hombre[128].
Esto se debe a una estructura y organización de la sociedad basada en estereotipos
de género que han provocado una enorme brecha entre los sexos.
13.1.2.
El término estereotipo hace referencia a una visión generalizada o
preconcepción concerniente a los atributos, las características o roles de los
miembros de un grupo social que hace innecesaria cualquier consideración de sus
necesidades, aptitudes y preferencias individuales[129].
Cuando estas ideas preconcebidas aluden a la construcción o comprensión de las
mujeres y los hombres en razón de la diferencia entre sus funciones físicas,
biológicas, sexuales y sociales, se les denomina estereotipos de género.
13.1.3.
Género no es sinónimo de sexo. La noción de género, como categoría central
de la teoría feminista[130],
surge a partir de la idea de que lo “femenino” y lo “masculino” no son hechos
naturales o biológicos, sino construcciones culturales[131]. La
escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, en su obra El segundo sexo,
analizó, desde un punto de vista filosófico-biológico, cómo en la mujer se
genera una alteridad respecto del hombre que no tiene ninguna justificación
biológica[132].
Su conclusión es que no hay nada natural que explique la subordinación o
discriminación de la mujer, y ese pensamiento se incardinó en su consigna: “No
se nace mujer, se llega a serlo”, con la que quiso significar que la mujer
es considerada como tal no por el sexo que tiene al nacer, sino por el rol
asociado a este[133].
13.1.4.
Desde esa perspectiva, los estereotipos de género per se no son
necesariamente problemáticos, sino cuando operan para ignorar las características,
habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales, de forma tal
que se niegan a las personas sus derechos y libertades fundamentales, y se
crean jerarquías de género[134].
Para el caso de la mujer, gracias a las representaciones estereotípicas que
tradicionalmente se le han asignado, aquella ha sido devaluada a roles serviles
con características y atributos inferiores como recientemente lo reafirmó el
pleno de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-080 de 2020[135].
13.1.5.
Esta jerarquización de los géneros, en la que el masculino es el dominante y el
femenino el subordinado, es la base fundamental de lo que se ha denominado como
patriarcado[136],
entendido justamente como el “dominio sistémico de los hombres sobre las
mujeres” [137].
Se trata, por ende, de un sistema de dominación ideológica que obstaculiza e
impide la igualdad entre los sexos[138].
13.1.6.
Ahora bien, la liberación de determinados aspectos de la vida de la mujer
facilitada, en parte, por el Estado Social de Derecho, y que se traduce, por
ejemplo, en la posibilidad del divorcio, la independencia económica, una mayor
formación académica o el acceso a los anticonceptivos, ha significado en la
actualidad fuertes limitaciones al modelo de organización imperante. Sin
embargo, la estereotipación de la mujer fomentada por los vestigios de este
sistema es precisamente lo que, aún hoy en día, da cabida a la violencia de
género como forma específica de violencia contra la mujer[139],
a manera de respuesta a su progresiva autonomía.
13.2.    ¿Qué significa la violencia de género?
13.2.1.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas –en adelante ONU–, en
el marco de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
proclamada el 20 de diciembre de 1993, definió por primera vez la violencia de
género como: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada”[140].
13.2.2.
Por su parte, en la jurisprudencia constitucional, la violencia de género se
perfila como aquella violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo y
que hunde sus raíces en las relaciones de género dominantes en una sociedad
como resultado de un notorio e histórico desequilibrio de poder[141].
13.2.3.
Para una mayor comprensión del concepto, en la Sentencia SU-080 de 2020[142]
la Corte subrayó que este tipo de violencia posee tres características propias que la
diferencian de otras formas de violencia[143], a saber: “a)
El sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce: la ejercen los
hombres sobre las mujeres. b) La causa de esta violencia: se basa en la
desigualdad histórica y universal, que ha situado en una posición de
subordinación a las mujeres respecto a los hombres. c) La generalidad de los
ámbitos en que se ejerce: todos los ámbitos de la vida, ya que la desigualdad
se cristaliza en la pareja, familia, trabajo, economía, cultura política,
religión, etc.”[144].
13.3.    La violencia de género en el ámbito
de la pareja
13.3.1.
Aunque resulte paradójico, el mayor peligro que pueden enfrentar las mujeres
está en sus propios hogares[145].
Allí, la violencia
encuentra un escenario favorable para su ocurrencia, como consecuencia del
manto de reserva que socialmente cobija a las relaciones familiares[146],
lo que explica, a su vez, que sea poco conocida y denunciada ante las
autoridades.
13.3.2. Desde sus primeros pronunciamientos, la Corte
Constitucional advirtió sobre este fenómeno al señalar que “las mujeres
están también sometidas a una violencia, si se quiere, más silenciosa y oculta,
pero no por ello menos grave: las agresiones en el ámbito doméstico y en las
relaciones de pareja, las cuales son no sólo formas prohibidas de
discriminación por razón del sexo (CP. art. 13) sino que pueden llegar a ser de
tal intensidad y generar tal dolor y sufrimiento, que configuran verdaderas
torturas o, al menos, tratos crueles, prohibidos por la Constitución (CP. arts.
12, y 42) y por el derecho internacional de los derechos humanos”[147].
13.3.3. Particularmente, la
violencia de pareja[148]
es considerada el tipo más común de violencia contra la mujer –afectando al
30% de las mujeres en todo el mundo–, según informes de la Organización Mundial
de la Salud (OMS)[149].
En Colombia, el panorama no es menos alarmante. De acuerdo con el último
boletín epidemiológico emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, solo entre enero y febrero de 2019, diariamente 100 mujeres
fueron violentadas por su pareja o expareja[150].
13.3.4.
Durante el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno nacional
como medida para contener la propagación del COVID-19, la línea telefónica
oficial de orientación a mujeres víctimas de violencias (línea 155) registró un
incremento del 169.75% en el número de llamadas recibidas entre el 25 de marzo
y el 14 de mayo de 2020, siendo la violencia intrafamiliar el mayor tipo de
violencia reportado en un 74.55% de casos[151]. Por su parte, el más reciente
informe del Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses reveló que, en el período comprendido entre el 25 de marzo
y el 25 de agosto de 2020, un total de 8562 mujeres fueron víctimas de
violencia de pareja[152].
13.3.5.
Esta forma de violencia ocurre en todos los entornos y grupos socioeconómicos,
religiosos y culturales, y se manifiesta de distintas maneras a través de: (i)
la violencia física, que es toda acción voluntariamente realizada
que provoca o puede provocar daño o lesiones físicas. Al constituir una forma
de humillación, también configura un maltrato psicológico; (ii) la violencia
psicológica, que se refiere a conductas que producen desvaloración o
sufrimiento moral. Puede comprender insultos, amenazas, gritos, humillaciones
en público, privaciones de la libertad, etc., que minan la autoestima de la
víctima y le generan desconcierto e inseguridad; (iii) la violencia
sexual, que consiste en cualquier actividad sexual no deseada y forzada
en contra de la voluntad de la mujer, mediante fuerza física o bajo amenaza
directa o indirecta, ante el temor a represalias. Su repercusión incluye tanto
daños físicos como psicológicos de gravedad variable; y (iv) la violencia
económica, que se vincula al uso del poder económico del hombre para
controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, y se presenta bajo
una apariencia de colaboración en la que aquel se muestra como proveedor por
excelencia. Bajo esta apariencia, el hombre le impide a la mujer participar de
las decisiones económicas del hogar y le impone la obligación de rendirle
cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente, le prohíbe estudiar o trabajar para
evitar que la mujer logre su independencia económica y, de esa manera, se
sienta en necesidad de mantenerse en la relación. Por otra parte, cuando ocurre
la ruptura de la pareja, la violencia económica se manifiesta en mayores
beneficios económicos para el hombre, mientras que la mujer termina “comprando
su libertad” para evitar pleitos dispendiosos[153].
13.3.6.
Por último, es menester destacar que, con frecuencia, coexisten varios de estos
tipos de violencia. Así, por ejemplo, la violencia física de pareja va a
acompañada a menudo de violencia sexual y generalmente de maltrato emocional[154].
De este modo, cuanto más grave sea la agresión, mayores serán sus repercusiones
en la salud física y mental de la mujer, de ahí que se le haya reconocido como “un
problema de salud mundial de proporciones epidémicas”[155].
14.       La protección integral de los derechos de la mujer a
la igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de cualquier tipo de
violencia en el orden interno e internacional
14.1.    Marco constitucional de protección
14.1.1.
La Constitución Política de 1991 significó un cambio trascendental en relación
con el estatus y los derechos de las mujeres en la sociedad colombiana y en sus
relaciones con el Estado[156].
14.1.2. El artículo 13 superior, en su inciso primero, recoge
el principio general según el cual “[T]odas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”[157]. En la
jurisprudencia constitucional a estas categorías se les ha denominado “criterios
sospechosos de discriminación”[158].
14.1.3.
Sin embargo, consciente de la desigualdad histórica de la mujer, por primera
vez el constituyente de 1991 optó por reconocer expresamente que “la mujer y
el hombre tienen iguales derechos y oportunidades”, y que “la mujer no
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”. Adicionalmente,
dispuso que el Estado le otorgase especial asistencia durante el embarazo y
después del parto, con la opción de recibir un subsidio alimentario si para
entonces estuviese desempleada o desamparada, así como un apoyo especial a la
mujer cabeza de familia (art. 43 CP.).
14.1.4.
De igual forma, elevó a rango superior la garantía de su adecuada y efectiva
participación en los niveles decisorios de la administración pública (art. 40
CP.), condenó cualquier forma de violencia en la familia (art. 42 CP.) y
promovió que en el Estatuto del Trabajo se incluyera la protección especial a
la mujer y a la maternidad (art. 53 CP.).
14.1.5. De esta manera, es claro que el constituyente dejó
expresa su voluntad de reconocer y enaltecer los derechos de las mujeres y de
vigorizar en gran medida su salvaguarda, protegiéndolos de una manera efectiva
y reforzada.
14.1.6.
Así, entonces, al ordenar la realización de la igualdad de derechos y
oportunidades entre la mujer y el hombre, y proscribir toda forma
de discriminación contra la mujer, rechaza, asimismo, la violencia a la que históricamente
ha sido sometida, pues no hay que olvidar que la discriminación contra la mujer
también es considerada una forma de violencia.
14.1.7. A pesar de lo anterior, la violencia y la
discriminación siguen siendo uno de los más graves obstáculos que enfrentan las
mujeres para el goce efectivo de sus derechos fundamentales y para la plena
vigencia práctica de los principios y valores proclamados por la Constitución[159].
14.1.8. Desde esa perspectiva, la regulación constitucional
de la igualdad como respuesta a las exigencias del Estado Social de Derecho
impone justamente que los postulados superiores que la consagran no constituyan
meras aspiraciones programáticas, sino que se materialicen en acciones
afirmativas que vinculen a todos los poderes públicos en la erradicación y
sanción del arraigado fenómeno de la violencia contra la mujer. En esta labor
de hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la
mujer, la administración de justicia juega un papel fundamental, como más
adelante pasará a verse.
14.2.    Marco jurídico internacional
14.2.1. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por
la sociedad civil y los movimientos feministas durante la segunda mitad del
siglo XX, se obtuvo que la problemática en torno a la violencia de género y a
la necesidad de su erradicación fuera visibilizada por la comunidad
internacional, llegando a ocupar un lugar destacado en la agenda de diversos
organismos internacionales de los que el Estado colombiano hace parte.
14.2.2. En la actualidad, son varios los instrumentos
jurídicos[160] que, en el plano internacional y
regional, reconocen que la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y de sus libertades fundamentales, e imponen
específicas obligaciones a los Estados en materia de prevención, erradicación y
sanción de tales conductas. Algunos de los instrumentos más relevantes en estos
ámbitos son: en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), (i)
la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW por sus
siglas en inglés, adoptada por la Asamblea General el 18 de diciembre de
1979[161];
y (ii) la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra de
la Mujer, adoptada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993. En
el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacan: (iii)
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada el 22 de
noviembre de 1969[162],
y (iv) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”,
adoptada el 9 de junio de 1994[163].
A estos instrumentos se suman los documentos
firmados por los delegados de los países signatarios en las conferencias
mundiales, los cuales son fundamentales para la protección y garantía de los
derechos de las mujeres, ya que constituyen un marco esencial de referencia
para la interpretación de los derechos contenidos en los propios tratados
internacionales[164].
14.2.3. Particularmente, la CEDAW (1979) marcó
un hito en la historia jurídica de las mujeres hacia la igualdad, al punto de
ser considerada la carta internacional de los derechos de la mujer[165].
La universalidad es un rasgo fundamental de este instrumento, ya que abarca
todos los ámbitos en los que pueda existir discriminación contra la mujer.
Reconoce que la violencia de género “es una forma de discriminación que
inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en
pie de igualdad con el hombre”[166]
y, para tal efecto, señala, que la expresión “discriminación contra la mujer”
denota “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas de política, económica, social, cultural y civil o
en cualquier otra esfera” (art. 2).
14.2.4. La Convención convoca a los gobiernos a
legislar para hacer realidad la igualdad de género y, también, señala que estos
son responsables no solo de adoptar leyes adecuadas, sino de velar por sus
efectos y porque no se discrimine a las mujeres. Especialmente, obliga a los
Estados partes a tomar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones
socioculturales de conducta de hombres y mujeres y, en esa medida, eliminar "los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres" (art. 5).
14.2.5.
Por su parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (1993), complemento de la CEDAW y antesala de la Convención de
Belém do Pará, posee tres notas características que la posicionan como un
instrumento de elevada trascendencia. En primer lugar, (i) fue el
primero a nivel internacional que abordó de forma explícita la violencia contra
la mujer, situándola directamente en el marco de los derechos humanos. En
segundo lugar, (ii) no solo reconoce la violencia física, sexual y
psicológica a la que se ven expuestas las mujeres, sino, además, la “amenaza”
de dicha violencia, y la aborda tanto en el ámbito privado o familiar como en
el ámbito público. En tercer lugar, (iii) resalta que la violencia
contra la mujer está determinada por el género, al definirla como “todo acto
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
14.2.6.
Finalmente, la Convención de Belém do Pará (1994)
constituye el primer tratado que tiene como propósito específico erradicar toda
forma de violencia de género contra la mujer, esto es, no solo aquella que
ocurre en el ámbito público, sino incluso en la esfera privada y doméstica. Por
esta razón, desde su preámbulo se advierte que “la violencia contra la mujer
es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. En sus
primeras disposiciones, se precisan los alcances de la noción de violencia
empleada por el Convenio. Así, el artículo 1º define la violencia contra la
mujer como toda acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como privado; el artículo 2º precisa que se incluye en tal
definición no solo la violencia más abierta y pública, como aquella que ocurre
visiblemente en los lugares de trabajo o que es perpetrada y tolerada en forma
clara por agentes del Estado, sino también  la violencia doméstica y
conyugal, que comprende, entre otros, los casos de violación, maltrato y abuso
sexual ocurridos en ese ámbito.
14.2.7.
El artículo 7º consagra los compromisos que adquieren los Estados al vincularse
al tratado[167]. Conforme a ello, señala algunas obligaciones inmediatas, pues establece que
los Estados no solo condenan todas las formas de violencia contra la mujer sino
que, además, con el fin de prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia, convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, ocho específicas medidas: (i) abstenerse de cualquier acción
o práctica de la violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus
funcionarios, agentes e instituciones se comportan de conformidad con esta
obligación; (ii) actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer; (iii) incluir
en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como
las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer; (iv) adoptar medidas jurídicas para
conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o
poner en peligro la vida de la mujer; (v) modificar o abolir leyes y
reglamentos vigentes, prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la
persistencia o la tolerancia a la violencia contra la mujer; (vi) establecer
procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a
violencia, que incluyan, entre otras medidas de protección, un juicio oportuno
y el acceso efectivo a tales procedimientos; (vii) establecer
mecanismos judiciales y administrativos que garanticen el acceso efectivo a
medidas de reparación del daño u otros medios de compensación; y (viii)
adoptar disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para
hacer efectiva la Convención.
14.3.    Marco legislativo nacional
14.3.1. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos
13, 42 y 43 de la Constitución Política y en cumplimiento de los estándares
internacionales jurídicamente vinculantes para el Estado colombiano, el Congreso de la República ha expedido una
serie de normas encaminadas a la prevención, sanción y erradicación de la
violencia contra la mujer. Algunos de los más importantes desarrollos
legislativos en la materia son:
·       Ley 294 de 1996,
“por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y
se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
intrafamiliar”. Con esta ley se inicia el proceso legislativo para
responder a los compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco
de la Convención de Belém do Pará. Tiene por
objeto desarrollar el inciso quinto del artículo 42 de la Constitución
Política, “mediante un tratamiento integral de las diferentes modalidades de
violencia en la familia, a efecto de asegurar a ésta su armonía y unidad”
(art. 1). Para su interpretación y aplicación consagra, entre otros principios:
la primacía de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la familia
como institución básica de la sociedad (art. 3, lit. a); que toda forma de
violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y, por
lo tanto, será prevenida, corregida y sancionada por las autoridades públicas
(art. 3, lit. b); la oportuna y eficaz protección a aquellas personas que en el
contexto de la familia sean o puedan llegar a ser víctimas, en cualquier forma,
de daño físico o síquico, amenaza, maltrato, agravio, ofensa, tortura o
ultraje, por causa del comportamiento de otro integrante de la unidad familiar
(art. 3, lit. c) y la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la
mujer (art. 3, lit. d).
·       Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman
los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan
otras disposiciones”. De esta norma es importante resaltar, como avances en
la garantía y restablecimiento de los derechos de las mujeres, seis elementos:
primero, define específicamente el daño y el sufrimiento psicológico, físico,
sexual y patrimonial que sufren las mujeres como consecuencia de la violencia;
segundo, establece sanciones directas contra los agresores como la prohibición
de aproximarse o comunicarse con la víctima durante un período determinado;
tercero, define y sanciona el acoso sexual; cuarto, incorpora la violencia
sexual en el contexto de la violencia intrafamiliar y agrava los delitos contra
la libertad e integridad sexual cuando se cometen con la intención de generar
control social, temor u obediencia en la comunidad; quinto, establece que las
medidas de protección y los agravantes de las conductas penales deben aplicarse
también a quienes cohabiten o hayan cohabitado; y sexto, garantiza el
derecho de la víctima a no ser confrontada con su agresor en cualquier de los
espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de
otro tipo.
·       Ley 1542 de 2012, “por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley
906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”. Esta ley da un salto cualitativo al garantizar la protección y
diligencia de las autoridades en la investigación de los delitos de violencia
contra la mujer y eliminar el carácter de querellables y desistibles de los
delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria tipificados en
los artículos 229 y 233 del Código Penal. Además, en el parágrafo del artículo
3º, establece que en todos los casos en que se tenga conocimiento de la
comisión de conductas relacionadas con presuntos delitos de violencia contra la
mujer, las autoridades judiciales investigarán de oficio en cumplimiento de la
obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
sancionar la violencia contra las mujeres consagrada en el artículo 7, literal
b, de la Convención de Belém do Pará.
·       Ley 1639 de 2013, “por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la
integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113
de la Ley 599 de 2000”. Este ordenamiento tiene por objeto fortalecer las
medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de
crímenes con ácido, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen
daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Además de
modificar normas de tipo penal, garantiza a las víctimas de este crimen atroz
mecanismos para proporcionar ocupación laboral o su continuidad laboral, según
el caso (art. 4).
·       Ley 1761 de 2015, “por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito
autónomo y se dictan otras disposiciones”, llamada también ley Rosa Elvira
Cely. Tiene por objetivo tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para
garantizar la investigación y sanción de las formas de violencia contra la
mujer por motivos de género, prevenir y erradicar dichas conductas y adoptar
estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su
desarrollo integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y
no discriminación. Como elemento novedoso a destacar, ordena incluir la perspectiva
de género en la educación preescolar, básica y media (art. 10), así como en la
formación de algunos servidores públicos (art, 11), en los siguientes términos:
“los servidores públicos de la Rama Ejecutiva o Judicial en cualquiera de
los órdenes que tengan funciones o competencias en la prevención,
investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de
violencia contra las mujeres, deberán recibir formación en género, Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en los procesos de inducción y
reinducción en los que deban participar, de acuerdo con las normas que regulen
sus respectivos empleos”.
15.       Las barreras que enfrentan las mujeres para el acceso
a la administración de justicia
15.1.
El derecho de acceso a la administración de justicia, llamado también derecho a
la tutela judicial efectiva, es un imperativo constitucional derivado de los
artículos 13, 29 y 229 de la Carta Política. Conforme al alcance definido por la
Corte Constitucional, se trata de una garantía iusfundamental que
comprende no solo la posibilidad de cualquier persona de acceder a un juez o
tribunal imparcial para dirimir una determinada controversia jurídica, sino,
además, la de obtener una decisión oportuna y de fondo que resuelva sobre sus
pretensiones, y que la sentencia que se profiera se cumpla de manera efectiva[168].
15.2.
Sin embargo, factores económicos, geográficos, sociales y culturales afectan de
manera diferenciada a mujeres y hombres, confirmando que en la mayoría de los
casos las primeras se encuentran en situación de desventaja cuando acceden a la
administración de justicia, pese a la existencia de instrumentos jurídicos
nacionales e internacionales que reconocen su derecho a disponer de recursos
judiciales idóneos y efectivos. Algunos de estos factores son: (i) la falta de información sobre sus
derechos; (ii) el desconocimiento de los procedimientos judiciales; (iii)
la escasez de recursos económicos, (iv) las barreras idiomáticas,
especialmente en el caso de las mujeres indígenas, entre otras dificultades
estructurales[169].
15.3.
La discriminación en razón del género también es otro factor que limita el
acceso efectivo de las mujeres al sistema de justicia. Como ha tenido
oportunidad de señalarlo esta corporación, en ocasiones, aquellas también son
víctimas de prejuicios y estereotipos dentro del mismo sistema que sesgan la
toma de decisiones al fallar, pues “los jueces, además de reconocer derechos, también
pueden confirmar patrones de desigualdad y discriminación”[170], lo que resulta en un mal manejo de
los procedimientos y en su consecuente revictimización[171].
15.4.
Es menester recordar que los estereotipos de género son la base de la
discriminación contra las mujeres. Su presencia en los sistemas de justicia
tiene consecuencias perjudiciales para los derechos de las mujeres,
particularmente para las víctimas de diferentes formas de violencia, de ahí la
importancia de su erradicación en la interpretación y aplicación de las normas
por parte de los operadores jurídicos.
15.5.
La Relatoría sobre los Derechos Humanos de la Mujer de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre “El acceso a la
justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas”[172],
citado en la Sentencia T-338 de 2018[173], reveló que:
“Además de las deficiencias en materia de investigación,
la CIDH observa con preocupación la ineficacia de los sistemas de justicia para
juzgar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres. La Comisión ha
constatado que ciertos patrones socioculturales discriminatorios influyen en
las actuaciones de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial,
lo que se traduce en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias
condenatorias que no corresponden al número elevado de denuncias y a la
prevalencia del problema. La CIDH ha podido verificar que la violencia y la
discriminación contra las mujeres todavía son hechos aceptados en las
sociedades americanas, lo cual se ve reflejado en la respuesta de los
funcionarios de la administración de la justicia hacia las mujeres víctimas de
violencia y en el tratamiento de los casos. Existe asimismo una tendencia a
considerar los casos de violencia contra las mujeres como conflictos
domésticos, privados y no prioritarios que deben ser resueltos sin la
intervención del Estado” […].
15.6.
Así las cosas, aunque la Corte ha reconocido los esfuerzos de la judicatura
para conjurar los escenarios de violencia y discriminación que afectan a las
mujeres, la práctica demuestra que estos no han sido suficientes[174].
Se requiere corregir la visión tradicional del derecho a través de marcos
interpretativos que ofrezcan a los operadores de justicia visiones más amplias
y estructurales de esta problemática, a fin de que puedan brindar soluciones
integrales que, desde la práctica judicial, contribuyan a reconfigurar patrones
culturales discriminatorios.
16.       La perspectiva de género como categoría de análisis en
la actividad jurisdiccional: una forma de mejorar el acceso de las mujeres a la
administración de justicia
16.1.
Como se anticipó líneas atrás, la Constitución y la ley, en armonía con los
diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos suscritos por
Colombia, imponen al Estado asumir, como propios y prioritarios, específicos
deberes en materia de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra
la mujer. Esta obligación vincula a todas las ramas del poder público y,
especialmente, a la Rama Judicial, en tanto constituye la primera línea de
defensa que tienen las mujeres para la protección de sus derechos y libertades
fundamentales, de ahí la importancia de su respuesta efectiva ante la posible
limitación o violación de tales garantías[175].
16.2.
Incorporar la perspectiva o enfoque de género en la administración de
justicia significa, entonces, hacer efectivo el derecho a la igualdad de las
mujeres en respuesta a la obligación constitucional, convencional y legal de
combatir la discriminación por medio del quehacer jurisdiccional para
garantizar su acceso al sistema de justicia y remediar, en un caso concreto,
situaciones asimétricas de poder, lo que exige, a su vez, un ejercicio de
deconstrucción de la forma de interpretar y aplicar el derecho.
16.3.
El concepto de perspectiva de género no es novedoso. Su origen se remonta a la
Cuarta Conferencia sobre la Mujer (Beijing, 1995), en la que se acordó la
introducción de una “perspectiva de género” en todas las políticas públicas,
procesos de planificación y adopción de decisiones de los gobiernos
participantes como forma de combatir la desigualdad de género[176].
16.4.
De acuerdo con la definición contenida en el documento denominado “Modelo de
incorporación de la perspectiva género en las sentencias”[177],
desarrollado por la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Género y
Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana[178], la
perspectiva de género:
“Es un instrumento de análisis de las relaciones
sociales que refuerza la idea de la igualdad y no discriminación. Es un
concepto relacional que obedece no a la diferencia sexual, sino a las atribuciones,
ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen a partir de
esa diferencia sexual.”
16.5.
En sentido similar, el “Glosario de Género” elaborado por el Instituto Nacional
de Mujeres de México (INMUJERES)[179],
señala que la perspectiva de género:
“Hace alusión a una herramienta conceptual que busca
mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su
determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas
a los seres humanos. Mirar o analizar una situación desde la perspectiva de
género, permite entonces entender que la vida de mujeres y hombres puede
modificarse en la medida en que no está ‘naturalmente’ determinada. Esta
perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres
como la de los hombres y las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque
cuestiona los estereotipos con los que somos educados y abre la posibilidad de
elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos.”
16.6.
En el ordenamiento jurídico interno, el concepto de perspectiva de género se
introdujo con la Ley 1098 de 2006, “por la cual se expide el Código de la
Infancia y la Adolescencia”. Conforme a su artículo 12:
“Artículo 12. Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las
diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las
personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia
y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación
de este código, en todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las
niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad.”
16.7.
Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en la herramienta
llamada “Cartilla de Género”[180],
sostiene que:
“La perspectiva de género, se refiere al análisis de
las dinámicas que existen en la sociedad frente a los roles que se desempeñan y
que han sido asignados tanto a hombres como mujeres, y cómo estos influyen en
el acceso de hombres y mujeres a bienes, servicios, derechos, e incluso a la
justicia. Con la aplicación de esta perspectiva se busca evidenciar cuáles son
las construcciones sociales que rodean al género masculino y femenino, al igual
que analizar las desigualdades entre estos. En algunas ocasiones, mediante ésta
se pretende el desarrollo de políticas que, reconociendo las diferencias entre
hombres y mujeres, [impulsen] mecanismos que permitan tanto a hombres y mujeres
acceder a los mismos beneficios, bienes, oportunidades, entre otros.”
16.8.
En armonía con estos desarrollos conceptuales, la Corte entiende que, en el
ejercicio de la función de administrar justicia, la perspectiva de género es un
criterio hermenéutico que deben emplear todos los operadores jurídicos, con
independencia de su jerarquía o especialidad, para la resolución del litigio
que se le plantea en cualquier caso en el que exista sospecha de relaciones
asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados de género. Consiste en
integrar los principios de igualdad y de no discriminación en la interpretación
y aplicación de las normas, a fin de garantizar la mayor protección de los
derechos humanos, en especial, los de las víctimas y, en esa medida, ofrecer
soluciones equitativas ante situaciones de desequilibrio estructural. Al
tratarse de una obligación a cargo de los servidores judiciales, esta
herramienta ha de ser aplicada aun cuando las partes no la hayan contemplado en
sus alegaciones, y no solo al momento de dictar sentencia, sino en cualquiera
de las etapas del proceso.
16.9.
Particularmente, en asuntos que involucren formas de violencia contra la mujer,
dicha labor exige de quienes tienen asignada la función de administrar
justicia: (i) comprender adecuadamente el fenómeno de la violencia
contra la mujer; (ii) analizar el contexto generalizado de violencia
contra la mujer; (iii) identificar las relaciones de poder desiguales
entre géneros; (iv) identificar factores adicionales de discriminación
en la vida de las mujeres –interseccionalidad–, (v) utilizar un
lenguaje no sexista; (vi) despojarse de prejuicios y estereotipos de
género; y (vii) conocer y aplicar, junto con la Constitución, la ley y
la jurisprudencia, los estándares internaciones relacionados con la protección
de los derechos de la mujer que integran el bloque de constitucionalidad[181].
17.       La jurisprudencia constitucional en relación con la
obligatoriedad de aplicar la perspectiva de género en la administración de
justicia
17.1.
Desde sus primeros años, la
Corte Constitucional ha reconocido la desigualdad histórica de la mujer y ha
reflexionado en torno al fenómeno estructural de la discriminación en razón del
género. Conforme a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos
13, 42 y 43 superiores, y en armonía con los distintos instrumentos
internacionales que refuerzan la obligación del Estado de prevenir, erradicar y
sancionar cualquier forma de violencia o discriminación contra la mujer, ha
construido una doctrina pacífica acerca del deber de todos los operadores
jurídicos de impartir justicia con perspectiva de género siempre que, en el
ejercicio de la función jurisdiccional, se vean enfrentados a casos en los que
exista sospecha de situaciones asimétricas de poder entre las partes o de actos
constitutivos de violencia de género[182].
17.2. Así, por ejemplo, en la
Sentencia T-878 de 2014[183], la Sala Quinta de Revisión
instó a la Fiscalía 17 Local de Cartagena para que desarchivara una
investigación penal por el delito de violencia intrafamiliar, tras constatar
que la orden de archivo de las diligencias por falta de antijuridicidad
material de la conducta se había adoptado sin una perspectiva de género, pues
el funcionario judicial no analizó el contexto generalizado de violencia que
rodeaba a la víctima al momento de concluir que los golpes que le propinó su
pareja no generaban afectación sobre el bien jurídico tutelado. En esa
oportunidad, la Sala identificó cuatro fallas de la administración de justicia
frente al deber de diligencia en la investigación de casos de violencia de
género, a saber: (i) omisión de toda actividad investigativa o la
realización de investigaciones aparentes; (ii) falta de exhaustividad en
el análisis de la prueba recogida o revictimización en la recolección de
pruebas; (iii) utilización de estereotipos de género en la toma de
decisiones; y (iv) afectación de los derechos de las víctimas[184].
17.3. En la Sentencia T-967 de 2014[185],
cuyos fundamentos jurídicos fueron reiterados en la Sentencia T-338 de 2018[186],
la Sala Sexta de Revisión determinó que en los procesos de naturaleza civil y
de familia la perspectiva de género también debe guiar la actuación de los
operadores de justicia en caso de conflicto entre los derechos del presunto
agresor y los derechos de una víctima de violencia de género. Ello, a propósito
de una acción de tutela promovida por una mujer afectada psicológicamente por
el maltrato de su esposo en la que cuestionaba la decisión del Juzgado Cuarto
de Familia de Bogotá que no halló configurada la causal de divorcio relativa a “ultrajes,
tratos crueles y maltratamientos de obra”, con fundamento en una visión
normalizadora de los conflictos de pareja. La
importancia de esta sentencia, en la que se ordena dejar sin efectos el fallo
censurado, estriba en reconocer, en primer lugar, que “bajo una perspectiva
de género, una víctima de violencia en Colombia no llega en
igualdad de armas a un proceso civil o de familia”; en segundo lugar, que
la violencia psicológica dentro del hogar “tiene una dificultad probatoria
muy alta si se verifica desde los parámetros convencionales del derecho
procesal”, por lo que es necesario flexibilizar los medios de prueba; y, en
tercer lugar, que “en ningún caso los derechos del agresor pueden ser
valorados judicialmente por encima de los derechos humanos de la mujer a su
integridad física y mental y a vivir libre de cualquier tipo de violencia”[187].
17.4. Con posterioridad, en la Sentencia T-012 de
2016[188],
al conocer de un asunto relacionado igualmente con un proceso de divorcio, en
el que, a diferencia del anterior, la Sala Civil del Tribunal Superior de
Bogotá sí encontró acreditada la causal de “ultrajes, tratos crueles y
maltratamientos de obra”, pero le negó a la víctima el derecho a recibir
alimentos, argumentando que la violencia entre los esposos había sido
recíproca, la Sala Novena de Revisión cuestionó la falta de incorporación de la
perspectiva de género en la interpretación y aplicación del artículo 411 del
Código Civil, así como en el ejercicio de valoración probatoria realizado por
el tribunal, que redundó en la vulneración de los derechos fundamentales de la
accionante, pues al determinar la concurrencia de culpas, la autoridad judicial
no reparó en el hecho de que el cónyuge culpable del divorcio había sido
condenado penalmente por el delito de violencia intrafamiliar.
17.5. En esa oportunidad, la Corte reiteró que a todos
los operadores de justicia les asiste el deber constitucional y convencional de
resolver casos que involucren escenarios de violencia contra la mujer aplicando
criterios diferenciados de género y, bajo esa premisa, fijó como reglas para
hacer efectiva esta labor, las siguientes:
“(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de
garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar
los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas
de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que
las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y, como tal, se
justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en
estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de
cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres;
(v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación,
privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas
resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de
las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las
actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las
posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar
las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres.”
17.6. Del mismo modo, en la Sentencia T-145 de 2017[189],
la Sala Primera de Revisión censuró la actuación del Juzgado Sexto de Familia
de Bogotá que, en el grado jurisdiccional de consulta de una medida de
protección otorgada a una víctima de violencia intrafamiliar, revocó la orden
de desalojo del agresor, debido a su condición de adulto mayor. Ello, no obstante
que se encontraba suficientemente demostrado que aquel representaba un riesgo
inminente para su vida y su integridad personal. En esta decisión la Corte
sostuvo que:
“[L]a perspectiva de género debe orientar siempre las
actuaciones de los operadores de justicia armonizando los principios
constitucionales y la especial protección otorgada a la mujer cuando es víctima
de cualquier tipo de violencia  o discriminación, sin que ello conduzca a
la pérdida de imparcialidad del juez, al desconocimiento del mandato de valorar
el conjunto de pruebas recaudadas conforme a las reglas de la sana crítica y a
omitir la presunción de inocencia predicable respecto del presunto agresor. Se
trata de adoptar decisiones judiciales apoyadas en un marco normativo más amplio
en materia de protección de derechos de los grupos más vulnerables a fin de que
tengan un impacto visible y positivo en su vida y en general en la sociedad.
[…]
Asumir tal perspectiva, no es una
generosidad o discrecionalidad del juez constitucional. Se trata de un
desarrollo de la legislación internacional, razón por la que resulta perentorio
que todas las autoridades judiciales fallen los casos de violencia de género, a
partir de las obligaciones surgidas del derecho internacional de los derechos
de las mujeres.”
17.7.
En la Sentencia T-462 de 2018[190], al pronunciarse sobre una
demanda de tutela en la que se cuestionaban las decisiones adoptadas en el
marco de una medida de protección por violencia intrafamiliar y en un proceso
de reglamentación de visitas, la Sala Cuarta de Revisión llamó la atención
sobre prácticas institucionales que confirman patrones de desigualdad, discriminación
y violencia contra la mujer, especialmente, cuando las autoridades
jurisdiccionales evalúan los elementos de prueba sin un enfoque o perspectiva
de género y, por lo mismo, incurren en actos de revictimización. De acuerdo con
esa comprensión, expresó que:
“[…] los operadores judiciales, en tanto garantes de
la investigación, sanción y reparación de la violencia en contra de la mujer
deben ser especialmente sensibles a la realidad y a la protección reforzada que
las víctimas requieren. Esto para garantizar, a nivel individual, el acceso a
la justicia y, a nivel social, que se reconozca que la violencia no es una
práctica permitida por el Estado, de forma que otras mujeres denuncien y se den
pasos hacia el objetivo de lograr una igualdad real. Así mismo, deberá
prevalecer el principio de imparcialidad en sus actuaciones, lo que exige
-en los casos de violencia contra las mujeres- que el operador sea sensible a
un enfoque de género, de forma que no se naturalicen ni perpetúen estereotipos
que impiden a la mujer acceder en igualdad de condiciones a los procesos
administrativos y judiciales para su protección.”
Y, en lo concerniente a las funciones jurisdiccionales de las
Comisarías de Familia, dejó por sentado que “sus decisiones deben atender i) la
perspectiva de género y el contexto de violencia estructural contra las
mujeres, ii) las garantías señaladas en la Ley 1257 de 2008 y en
otras normas sobre violencia de género, iii) los compromisos
internacionales de protección reforzada de la mujer víctima de agresiones,
y iv) la jurisprudencia constitucional sobre las distintas formas que
puede adoptar la violencia y la necesidad de que las medidas la aborden de
forma idónea, el plazo de resolución del proceso, el acceso a la información, y
la imparcialidad y ausencia de estereotipos de género de los funcionarios
encargados de la atención, entre otros”.
17.8.
Acogiendo la línea decisoria de los pronunciamientos anteriores, en la
Sentencia T-093 de 2019[191],
frente a una controversia civil relacionada con un proceso de restitución de
inmueble arrendado en el que, sin una mínima perspectiva de género, se ordenó
el desalojo de la demandada, a pesar de que esta había alegado en oposición que
no tenía una relación contractual con el demandado, sino una unión marital de
hecho, la Sala Novena de Revisión recordó que:
“[…] el derecho fundamental a una
vida libre de violencia implica, desde su dimensión positiva, el deber judicial
de aplicar el enfoque diferencial con perspectiva de género en todos aquellos
casos en los cuales se tenga sospecha de una posible situación de violencia de
género. Esta obligación a su vez, vincula a todas las jurisdicciones y en todos
los procesos. Esto no significa, sin embargo, que el juez falle a favor de una
mujer por el hecho de serlo, sino que tiene que desplegar todas las acciones
tendientes a comprobar la existencia de una forma de violencia, como la
doméstica en el presente caso. Asimismo, la dimensión positiva implica el deber
judicial de no caer en razonamientos estereotipados.
[…]
Cuando se está ante una posible situación de violencia
contra la mujer, el juez ordinario debe desplegar toda actividad investigativa
en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres, así
como analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones
sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se
reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y
como tal, se justifica un trato diferencial. Igualmente el juez debe
flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación,
privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas
resulten insuficientes. Si el juez desconoce alguno de estos deberes, puede
configurarse una causal concreta del defecto fáctico.”
17.9.
Finalmente, en la reciente Sentencia SU-080 de 2020[192],
la Sala Plena de esta corporación, desde una perspectiva de género, admitió la
posibilidad de que, en el trámite de un proceso de divorcio, cuando esté
demostrada la causal de “ultrajes, tratos crueles y maltratamientos de obra”,
pueda ordenarse la reparación integral de la mujer víctima de violencia
intrafamiliar, a pesar de la inexistencia de fundamento legal expreso. Para tal
efecto, en los fundamentos jurídicos de la sentencia, la Corte destacó la
importancia de aplicar la perspectiva de género, como herramienta analítica y
comprensiva de una protección multinivel, para adoptar soluciones integrales
frente a casos de violencia intrafamiliar, puntualizando que:
“[…] analizar con perspectiva de
género los casos concretos donde son parte mujeres afectadas o víctimas [de
violencia]: i) no implica una actuación parcializada del juez en su favor;
reclama, al contrario, su independencia
e imparcialidad y ii) ello comporta la
necesidad de que su juicio no perpetúe estereotipos de género
discriminatorios, y; iii) en tal sentido,
la actuación del juez al analizar una problemática como la de la violencia
contra la mujer, exige un abordaje multinivel, pues, el conjunto de documentos internacionales que
han visibilizado la temática en cuestión -constituyan o no bloque de constitucionalidad-
son referentes necesarios al construir una interpretación ‘pro
fémina’, esto es, una consideración del caso
concreto que involucre el espectro sociológico o de contexto que describe el
calamitoso estado de cosas, en punto de la discriminación ejercida sobre la
mujer. Se trata por tanto de, utilizar las fuentes del derecho internacional de
los derechos humanos junto con el derecho interno, para buscar la
interpretación más favorable a la mujer víctima.”
18.       Criterios de equidad para una administración de
justicia con perspectiva de género:  preguntas clave para establecer cuándo
aplicar el enfoque diferencial
18.1. En el año
2008, el Consejo Superior de la Judicatura fijó la política de igualdad y no
discriminación con enfoque de género de la Rama Judicial y, de esta forma, creó
la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, en adelante CNGR, y los
Comités Seccionales de Género[193].
Particularmente, la CNGR es la encargada de orientar e impulsar el desarrollo
de la equidad de género y de adelantar acciones dirigidas a garantizar la
igualdad y la no discriminación de las mujeres en el acceso a la administración
de justicia y en los cargos de la judicatura. Su labor se centra en los
siguientes ejes estratégicos: (i) incluir la perspectiva de género en la
actuación y la formación judicial; (ii) promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y la no discriminación de género en las
decisiones judiciales, en el servicio público de la administración de justicia
y en el funcionamiento interno de la Rama Judicial; (iii) integrar la
perspectiva de género y el principio de no discriminación a la misión, la
visión y los objetivos de las cuatro altas corporaciones, así como a los
procesos de planificación estratégica y los planes operativos anuales; e (iv)
implementar acciones con el fin de eliminar las desigualdades existentes entre
los servidores y las servidoras judiciales.
18.2. En
desarrollo de estas políticas, la CNGR elaboró el documento titulado: “Criterios
de equidad para una administración de justicia con perspectiva de género” (2016)[194],
herramienta que sirve de guía a los servidores judiciales de cualquier
jurisdicción y especialidad en la tarea de incorporar la perspectiva de género
en el ejercicio de la función de administrar justicia y, de esa manera,
garantizar decisiones más equitativas.
18.3. El documento
se encuentra organizado en tres partes: la primera, aborda los criterios
orientadores para determinar si se está ante un caso en el que deba aplicarse
la perspectiva de género; la segunda, se ocupa de los criterios orientadores en
relación con el procedimiento judicial y, la tercera, desarrolla los criterios
sustantivos de la decisión judicial. Del contenido de la primera parte de esta
guía cabe destacar la inclusión de un listado de diez preguntas clave
que el servidor judicial puede hacerse para establecer si, en un caso concreto,
debe aplicar la perspectiva de género como método analítico de la cuestión jurídica
a resolver.
18.4. A
continuación, se trascribe íntegramente el contenido del mencionado listado,
por tratarse de una herramienta pedagógica de gran utilidad en la búsqueda de
hacer efectivos los principios de igualdad y de no discriminación a través del
quehacer jurisdiccional.
PREGUNTAS CLAVE PARA ESTABLECER SI SE ESTÁ FRENTE A
UN CASO EN EL QUE DEBA APLICARSE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
¿Quién hace qué?
Para
determinar en cada caso, quién es la víctima y quién es el
agresor; o quién es el demandante o el demandado; o quien o quienes
sienten que tienen un derecho vulnerado y quién es el señalado
como responsable. Es importante precisar lo mejor posible, entre otras cosas,
si se trata de hombre o mujer, de niños o niñas, de indígenas
o afrodescendientes; si tienen o no discapacidad; si están o no en
condición de desplazamiento o de indefensión o vulnerabilidad.
¿Cómo, con qué?
Para
establecer elementos sobre el acceso a recursos y posibilidades con los que
cuenta cada una de las partes. Inclusive para el acceso a la justicia.
¿Quién es dueño de qué?
La
titularidad de los bienes en disputa, la propiedad en sí misma,
constituye un elemento de poder para quien la ostenta. En conflictos de
pareja; en los casos de desplazamiento o des- pojo de tierras, el tema de la
propiedad es crucial, dado que no siempre es claro el elemento de la
titularidad formal y es preciso acudir a diferentes mecanismos de prueba para
garantizar de manera efectiva los derechos a quien teniéndolos, no siempre
los puede de manera adecuada demostrar.
¿Quién es responsable de qué?
Quién
está obligado a prevenir, a proteger, a hacer o no hacer algo en
relación con los derechos de alguien. Quién es señalado como
actor de una conducta antijurídica en el ámbito público o privado
que afecta los derechos.
¿Quién tiene derecho a qué?
Es
preciso establecer en la reclamación, demanda o denuncia, de qué
derechos se trata y quién es el titular de estos. Se trata de reconocer
quién tiene derecho a qué y no de dadivas o favores. El
reconocimiento del derecho dignifica.
¿Quién controla qué?
En
las relaciones el elemento de control es constituyente del ejercicio del
poder. En las relaciones de pareja por ejemplo el control puede ser un
determinante de violencia generalmente invisible: control del dinero, de la
movilidad, de la comunicación.
¿Quién decide qué?
El
poder para decidir está estrechamente asociado tanto a la
participación, a la ciudadanía y a la democracia como a la autoridad y a la
rendición de cuentas.
De otra parte, las relaciones de pareja tienen múltiples implicaciones
cotidianas que pueden generar conflicto o violencia: en el manejo del dinero,
la crianza de los hijos, la autonomía personal y hasta en los derechos
sexuales y reproductivos.
¿Quién recibe qué?
Desde
un criterio de equidad en la distribución de beneficios, es menester observar
que reciba más quien tiene menos y me- nos quien tiene más.
¿Por qué? Cuál es la base de la
situación?
Sin
duda, algo que contribuye a abordar de manera integral un hecho, es ponerlo
en contexto y realizar un análisis de la situación teniendo en cuenta las
reglas, normas y costumbres; inclusive la historia puede ayudar a explicar
ciertas prácticas o comportamientos que en algún momento era permitido pero
que actualmente la ley proscribe o viceversa, por ejemplo en 1932 la ley
reconoció la capacidad de las mujeres casadas para administrar tanto
los bienes propios, como los adquiridos en vigencia de la sociedad conyugal;
antes en materia patrimonial estaban totalmente sometidas a la potestad del
marido.
Fuente: Gender Mainstreaming: Taking Action, Getting
Results. Module 1: Understanding Gender Concepts and Key Issues. UNFPA, UNFPA, INSTRAW, New York 2010.
19.       Los conciliadores en derecho, en su rol de
administradores de justicia con carácter transitorio, también están obligados a
incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones
19.1.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, por
regla general, la función de administrar justicia está confiada a la Corte
Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, a la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a la
Fiscalía General de la Nación, a los tribunales y a los jueces, así como a la
justicia penal militar. El Congreso de la República también ejerce determinadas
funciones judiciales en los términos señalados en los artículos 174 y 175
superiores.
19.2.
Sin embargo, conforme al mismo canon constitucional, excepcionalmente la ley
podrá atribuir funciones jurisdiccionales en materias precisas a determinadas
autoridades administrativas, salvo en lo concerniente a la instrucción de
sumarios y el juzgamiento de delitos. De igual
manera, permite extender transitoriamente la potestad de administrar justicia a
los particulares en calidad de conciliadores o de árbitros habilitados
por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos
que establezca la ley.
19.3. En este último mandato imperativo radica el origen de
los denominados mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que
operan como herramientas para modernizar el sistema tradicional de justicia,
con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos diversas formas de solucionar sus
controversias, por sí mismos o con la ayuda de un tercero, sin tener que acudir
a los estrados judiciales.
19.4.
La conciliación es uno de estos instrumentos diseñados por el legislador como
opción alternativa para la solución pacífica de las diferencias entre las
personas. La Ley 446 de 1998[195],
en su artículo 64, la define como “un mecanismo de resolución de conflictos
a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de
sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado
conciliador”. Cuando la conciliación se realiza a través de conciliadores
adscritos a centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones
conciliatorias recibe el nombre de conciliación extrajudicial en derecho[196].
19.5.
Por su parte, en la jurisprudencia constitucional la conciliación se ha
entendido como “un procedimiento por el cual un número determinado de
individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen
para componerla con la intervención de un tercero neutral -conciliador- quién,
además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e
imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo
es obligatorio y definitivo para las partes que concilian”[197].
19.6 Según la propia esencia de esta figura, el
conciliador cumple una labor de mediación activa que lo habilita para proponer
fórmulas de arreglo que las partes pueden o no aceptar, y avalar o no el
acuerdo al que eventualmente lleguen, pero en ningún caso queda facultado para
entrar a dirimir la controversia o a decidir sobre las cuestiones en disputa[198].
19.7.
A propósito de las características fundamentales del mecanismo conciliatorio y
del rol que desempeña el conciliador como administrador de justicia, esta
corporación, en la Sentencia C-893 de 2001[199], explicó que:
1)
“La conciliación es un
mecanismo de acceso a la administración de justicia. Y lo es porque, como se
desprende de sus características propias, el acuerdo al que se llega entre las
partes resuelve de manera definitiva el conflicto que las enfrenta, evitando
que las mismas acudan ante el juez para que éste decida la controversia.
Independiente del fracaso o del éxito de la audiencia, la conciliación permite
el acercamiento de las partes en un encuentro que tiende hacia la realización
de la justicia, no como imposición judicial, sino como búsqueda autónoma de los
asociados.
2)
La conciliación es un
mecanismo alternativo de solución de conflictos que puede realizarse por fuera
del proceso judicial o en el curso del mismo. Puede
ser voluntaria, u obligatoria como requisito para iniciar un proceso. Puede
llevarse a cabo por un tercero independiente o por una institución como un
centro de conciliación. […] Conciliación hay en las distintas ramas del derecho
como civil, comercial, laboral, contencioso administrativo y en ciertos
aspectos del proceso penal.
3)
Es una forma de resolver
los conflictos con la intervención de un tercero que al obrar como incitador
permite que ambas partes ganen mediante la solución del mismo, evitado los
costos de un proceso judicial.
4)
La función del
conciliador es la de administrar justicia de manera transitoria, mediante
habilitación de las partes, en los términos que determine la ley.
[…]
5)    Es un acto jurisdiccional, porque la decisión final,
que el conciliador avala mediante un acta de conciliación, tiene la fuerza
vinculante de una sentencia judicial (rei iudicata) y presta mérito
ejecutivo (art. 66, Ley 446 de 1998).
6)    La conciliación es un mecanismo excepcional,
porque dependiendo de la naturaleza jurídica del interés afectado, sólo algunos
de los asuntos que podrían ser sometidos a una decisión jurisdiccional, pueden
llevarse ante una audiencia de conciliación. En general, son susceptible de
conciliación los conflictos jurídicos que surgen en relación con derechos
disponibles y por parte de sujetos capaces de disponer.
[…]
7)
Finalmente, por definición
la conciliación es un sistema voluntario, privado y bilateral de resolución de
conflictos, mediante el cual las partes acuerdan espontáneamente la designación
de un conciliador que las invita a que expongan sus puntos de vista y
diriman su controversia. La intervención incitante del tercero
conciliador no altera la naturaleza consensual de la composición que las
partes voluntariamente concluyen, sino que la facilita y la estimula.”
19.8.
En cuanto hace a esta última característica, la Sala estima necesario precisar
que, si bien es cierto que la conciliación es una figura revestida de cierta
flexibilidad en la que prevalece la autonomía de la voluntad de las partes en
la solución de sus discrepancias, no por ello puede admitirse que, durante el
desarrollo de la audiencia, el conciliador no despliegue todo su actuar en
procura de asegurar la protección de sus derechos fundamentales. Tal y como
esta Corte lo ha advertido, “[e]l acto de conciliar no puede ser de una
manera única, rígida e inflexible, porque lo que importa realmente es el fin
que persigue. Es un acto que admite múltiples formas de realización. Se
permiten todos los medios para conciliar, mientras no vulneren el derecho de
nadie, y, por sobre todo, mientras no se desconozca el derecho de defensa”[200].
19.9.
Esta afirmación se refuerza con lo establecido en la Ley 640 de 2001, “por
la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras
disposiciones”, en cuyo artículo 8º, relativo a las obligaciones del
conciliador, prescribe lo siguiente:
“ARTICULO 8. OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR. El conciliador tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto
en esta ley.
2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban
asistir a la audiencia.
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto,
alcance y límites de la conciliación.
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de
arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia.
5. Formular propuestas de arreglo.
6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación.
7. Registrar el acta de la audiencia de conciliación
de conformidad con lo previsto en esta ley.
Parágrafo. Es
deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e
indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.” (negrilla
fuera de texto)
19.10.
De manera puntual, en el trámite conciliatorio sobre asuntos de familia, a los
mencionados deberes se suma otro direccionado a indagar si entre las partes
existe algún antecedente de violencia intrafamiliar que no se haya advertido
desde el momento de la solicitud de la audiencia. Ello, comoquiera que, de
presentarse tal circunstancia, no es obligatorio que la víctima asista a la
diligencia de conciliación, según quedó establecido en la Sentencia C-1195 de
2001[201].
19.11.
Para cumplir con esta labor, el conciliador debe poner en práctica todas las
habilidades y técnicas aprendidas durante su proceso de formación y, sobre
todo, tener una visión genero-sensitiva de los asuntos de familia que le
permita identificar con acierto el verdadero conflicto que subyace entre las
partes, el cual no en todos los casos coincide con el planteado al inicio por
el convocante.
19.12. Una vez que el conciliador ha logrado identificar
algún escenario de violencia entre los intervinientes, tiene el deber
correlativo de informarle a la víctima sobre el derecho que le asiste a no ser
confrontada con su victimario, a fin de asegurar que no se menoscaben sus
garantías fundamentales y evitar su revictimización.
19.13. Fue tal la importancia que el legislador le otorgó a
la conciliación en asuntos de familiar frente a contextos de violencia
intrafamiliar que, en el artículo 32 de la Ley 640 de 2001, facultó a los
conciliadores para solicitar la adopción de medidas provisionales ante el juez
competente “en caso de riesgo o violencia familiar, o de amenaza o violación
de los derechos fundamentales constitucionales de la familia o de sus
integrantes”[202].
19.14.
Por otra parte, en el evento en que las partes en conflicto logren llegar a un
acuerdo para zanjar sus diferencias, el conciliador debe verificar que lo
pactado por estas se pueda cumplir y que ello no desborde el ordenamiento
jurídico, es decir, que no se desconozcan derechos ciertos e indiscutibles.
19.15. Al respecto, es menester señalar que una conciliación
exitosa tiene los mismos efectos de un contrato de transacción, de un
allanamiento o de un desistimiento. Ello implica que la manifestación de
voluntad debe ser libre, consciente y espontánea, lo que exige que esté libre
de error, fuerza o dolo [vicios del consentimiento]; el objeto debe ser lícito;
la causa debe ser lícita; la manifestación de voluntad debe provenir de una
persona capaz o de su representante; y, en los casos que se requiera, se debe
verificar que esté presente la formalidad habilitante[203].
19.16. En ese orden de ideas, para esta Sala de Revisión no
cabe duda que en el marco de las funciones jurisdiccionales transitorias que
les son propias, los conciliadores en derecho, al igual que los jueces y demás
autoridades del Estado que tienen asignadas funciones judiciales, no pueden
actuar al margen de la aplicación de la perspectiva de género y, menos aún, en
temas relacionados con asuntos de familia, pues, como se ha dicho, en el hogar
es donde lamentablemente la violencia contra la mujer encuentra el escenario
propicio para su ocurrencia.
19.17. Antes bien, los conciliadores están compelidos a
incorporar la perspectiva de género en su labor de mediación porque es
precisamente esta herramienta analítica la que les permite, por ejemplo, (i)
identificar antecedentes de violencia entre las partes para impedir que una
mujer víctima de violencia de pareja sea confrontada con su agresor; (ii)
advertir vicios del consentimiento en la formación de su voluntad al momento de
suscribir el acuerdo conciliatorio; (iii) improbar aquellos convenios en
los que la víctima haya renunciado a derechos ciertos e indiscutibles; o (iv)
entender que no se puede privilegiar la unidad familiar por encima de la
protección de los derechos de sus integrantes a vivir libres de violencia y
discriminación, en este caso, de las mujeres.
19.18. Por lo tanto, desatender esta obligación implica no
solo desconocer el mandato constitucional y convencional de garantizar el
derecho a la igualdad y a la no discriminación en el acceso a la administración
de justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, sino incurrir en
actos de revictimización institucional que, ciertamente, obedecen a la falta de
sensibilidad del conciliador frente a su problemática individual. Lo anterior,
sin perder de vista que abstenerse de aplicar el enfoque diferencial genera,
además, nuevas controversias jurídicas que se suman a la violación de los
derechos de las mujeres y facilitan perpetuar su condición de vulnerabilidad.
20.  Análisis de los casos concretos
20.1.     Cuestión preliminar: carencia actual de objeto por
daño consumado en el expediente T-7.127.827
De acuerdo con su diseño constitucional, el objetivo
ínsito de la acción de tutela es la protección efectiva, cierta e inmediata de
los derechos fundamentales, cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de
las autoridades públicas y de los particulares, en los casos específicamente
previstos por el legislador[204].
Sobre esa base, es doctrina reiterada de esta
corporación que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea
superada, en el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o
cuando se ha producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del
amparo constitucional, la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es
decir, cae en el vacío[205],
pues cualquier orden que pusiese proferir el operador judicial para
salvaguardar las garantías constitucionales en riesgo no tendría ningún efecto
útil[206].
A la primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional le ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.
Adicionalmente, la Corte también ha establecido que existen
situaciones en las que la carencia actual de objeto no necesariamente se deriva
de la existencia de un hecho superado o de un daño consumado,
sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior a la
solicitud de tutela (hecho sobreviniente)[207], como, por
ejemplo, la muerte del titular de los derechos fundamentales cuyo amparo se
procura sin que tal evento esté relacionado con el motivo de la solicitud. En
estos casos, se ha dicho que la decisión que pudiere proferir el juez de tutela
resultaría igualmente inane por sustracción de materia.
Con todo, cierto es que la carencia actual de objeto –por daño consumado, hecho superado o
cualquier otra razón que haga anodina la orden de tutela– no excluye la
posibilidad de emitir un pronunciamiento de fondo sobre la existencia o no de
la vulneración alegada[208];
de prevenir a quien se acuse de incurrir en ciertas conductas para que evite,
en el futuro, realizar acciones que puedan afectar derechos fundamentales[209];
o de adoptar medidas de reparación, si fuere el caso, salvo la hipótesis de
daño consumado con anterioridad a la presentación de la demanda, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.4 del Decreto 2591 de 1991.
A propósito del daño consumado, es menester poner de
presente que, aunque ya no sea posible otorgar la protección constitucional
reclamada, el juez constitucional conserva la competencia para tomar acciones
tendientes a evitar que las circunstancias que dieron lugar a su configuración
se repitan. Por esta razón, en la Sentencia SU-274 de 2019, el pleno de esta
corporación precisó que, frente a dicha hipótesis, aquel debe:
“i) decidir de fondo en la parte
resolutiva de la sentencia sobre la configuración del daño consumado lo que
supone un análisis y determinación sobre la ocurrencia o no de una vulneración
de derechos fundamentales; ii) realizar una advertencia ‘a la
autoridad pública [o particular] para que en ningún caso vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito a la tutela (…)’ de acuerdo con
el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991; iii) si lo considera
necesario, dependiendo del caso concreto, ordenar compulsar copias del
expediente de tutela a las autoridades correspondientes con el fin de que
investiguen y sancionen la conducta que produjo el daño; iv) informar
al demandante y/o a sus familiares de las acciones jurídicas existentes en el
ordenamiento jurídico que pueden utilizar para obtener la reparación del daño”.
Tal y como se mencionó en los
antecedentes de esta sentencia, con posterioridad al Auto núm. 1862 del 21 de
junio de 2012 que ordenó seguir adelante la ejecución y, a su vez, decretó el
avalúo y remate de la vivienda de Esperanza Cometa[210],
Elmer Antonio Certuche cedió, el 27 de julio de 2017, los derechos del crédito
contenido en el acta de conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010 a
favor de Javier Chates Segura, negocio que fue aceptado por el Juzgado Octavo
Civil Municipal de Ejecución de Cali en providencia del 2 de agosto siguiente[211].
De acuerdo con la información obtenida en sede de
revisión[212],
se tiene acreditado que: (i) el 24 de agosto de 2017 se llevó a cabo la
diligencia de remate del referido inmueble, siendo adjudicado al demandante
cesionario, Javier Chates Segura, en su calidad
de único postor; (ii) por Auto núm. 3172 del 15 de noviembre de 2017 se
le impartió aprobación a dicho acto jurídico; (iii) el 5 de marzo de
2018 se inscribió en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cali el auto
aprobatorio del remate en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria; (iv)
el 16 de marzo de 2018 se protocolizó mediante escritura pública el acta de
remate y el auto que lo aprobó y, finalmente, (iv) el 14 de marzo de
2019 se adelantó la diligencia de entrega del bien rematado.
Como puede apreciarse, un tercero
ajeno a las vicisitudes de la relación material de base adquirió de buena fe un
crédito que contaba no solo con mandamiento ejecutivo, sino también con orden
de remate del bien previamente embargado, cinco años después de que hubiese
quedado en firme dicha medida. De este modo, se produce en el proceso una
ruptura con la relación primigenia que hace que a Javier Chates Segura no le
sean oponibles los argumentos que, en principio, sí lo eran para la expareja de
la actora.
La jurisprudencia constitucional, con
apoyo en la doctrina especializada, ha sostenido que el conjunto de
providencias judiciales proferidas con ocasión de la diligencia de remate “constituyen
un acto jurídico complejo, que desde una perspectiva sustancial configura un
modo especial de adquirir el dominio”[213]. Por
esta razón, “cuando el remate se decreta, se realiza, es aprobado y dicho
auto aprobatorio queda en firme, puede hablarse propiamente de la adquisición
del derecho de dominio por el rematante”[214].
A su turno, con la inscripción del
auto aprobatorio del remate en el registro de instrumentos públicos (art. 530-3
del CPC), se entiende perfeccionada la tradición del derecho de dominio del
bien objeto de adjudicación y, en consecuencia, surge para el tercero
adquirente de buena fe un interés jurídico protegible que no puede ser
desconocido[215].
Al respecto, es menester recordar, a
título ilustrativo, que en el caso particular de los procesos ejecutivos
hipotecarios con sistema de financiamiento UPAC[216],
esta corporación subrayó que la protección constitucional solo era posible
mientras no se hubiesen consolidado derechos de terceros de buena fe por medio
del registro público del auto aprobatorio del remate. Ello, en el entendido de
que “una vez realizado el
registro […] ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros de buena fe
que el juez constitucional no puede desconocer”[217].
En el presente asunto, la Sala
observa que, el 5 de marzo de 2018, se inscribió en la Oficina de Instrumentos
Públicos de Cali el auto aprobatorio de la adjudicación en remate a Javier
Chates Segura del bien inmueble embargado a Esperanza Cometa, consolidándose
así un derecho en cabeza de un tercero que se presume adquirido de buena fe.
De esta manera, para el momento en el
que la actora acudió a la acción de tutela el 27 de agosto de 2018, con la pretensión
de que se dejara sin efectos todo lo actuado en el proceso ejecutivo a partir
del auto de mandamiento de pago, ya se había hecho efectiva la transferencia de
dominio de dicho inmueble e, incluso, al poco tiempo de haber sido seleccionado
el expediente para revisión, se produjo su entrega material en diligencia
adelantada el 14 de marzo de 2019.
Lo anterior, lleva a la Corte a
concluir que se ha configurado la carencia actual de objeto por daño consumado,
toda vez que, en las condiciones anotadas, no es posible adoptar una decisión
que logre restablecer el goce efectivo de los derechos fundamentales que la
actora estima quebrantados –si hubiese lugar a ello–, sin que por esa vía se
desconozcan los derechos adquiridos de forma legítima por un tercero de buena
fe.
Sin embargo, como ya se señaló, dicha
circunstancia no le impide al juez constitucional pronunciarse de fondo para
verificar si se presentó o no la vulneración alegada y, en esa medida, adoptar
los correctivos que considere necesarios, a fin de evitar que hechos como los
que dieron lugar al amparo deprecado se repitan.
En tal virtud, a continuación la Sala
procederá a determinar si el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a una
vida libre de violencia de Esperanza Cometa, al librar  mandamiento de pago y,
posteriormente, decretar el embargo y secuestro de su vivienda dentro del
proceso ejecutivo instaurado en contra suya por quien fue su compañero
permanente, no obstante que el acta de conciliación aportada como base de la
acción ejecutiva, al parecer, no reunía el requisito relativo a la indicación
de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de la obligación (Ley 640
de 2001, art. 1.5) y, por consiguiente, no cumplía con la exigencia de contener
una obligación clara, expresa y exigible.
De igual manera, habrá de establecer si los yerros atribuidos
a las decisiones judiciales censuradas se deriva, asimismo, de la falta de
aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de las
normas sustantivas y procesales, así como en el ejercicio de valoración
probatoria, dado que, según el relato expuesto por la accionante, el juez de
conocimiento ignoró la violencia de pareja a la que fue sometida durante los
años que convivió con el demandante inicial y que fue determinante al momento
de suscribir el acuerdo conciliatorio.
20.2.     En la actuación adelantada por los Juzgados Veintiuno
Civil Municipal y Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali, dentro del
expediente T-7.127.827, concurren defectos materiales por desconocimiento del
precedente constitucional, violación directa de la Constitución, y de carácter
sustantivo, fáctico y procedimental.
20.2.1.      Del desconocimiento del precedente constitucional en
materia de integración de la perspectiva de género en la administración de
justicia
Tal como se advertía en los capítulos 15 y 16 de esta
providencia, la perspectiva de género es, en esencia, una herramienta analítica
y comprensiva de una protección multinivel que deben emplear todos los
operadores de justicia en aquellos casos en los que se tenga sospecha de
situaciones asimétricas de poder entre las partes o de actos constitutivos de
violencia de género. Cumplir con esta
obligación no significa que el juez tenga que favorecer los intereses de una
mujer por el hecho de serlo, sino que ha de abordar la cuestión de derecho que se
le ha planteado con un enfoque diferencial que involucre el aspecto sociológico
o de contexto que subyace al problema en torno a la violencia y a la
discriminación contra la mujer, a fin de brindar soluciones equitativas ante
situaciones de desequilibrio estructural.
En reiterados pronunciamientos, esta corporación ha
hecho énfasis en que la aplicación de la perspectiva de género no está sujeta a
la liberalidad del operador jurídico. Por el contrario, se trata de una
exigencia que encuentra claro fundamento en los mandatos constitucionales de
igualdad y de no discriminación por razones de género, y en el conjunto de
normas de derecho internacional que vinculan a todas las autoridades del Estado
y, especialmente, a la rama judicial, con el compromiso de prevenir, erradicar
y sancionar cualquier forma de violencia o discriminación contra la mujer.
Esta regla de derecho establecida en un grupo
significativo de decisiones proferidas por distintas Salas de Revisión de la
Corte Constitucional y, recientemente, por la Sala Plena, en casos que
involucraban escenarios de violencia contra la mujer que no fueron valorados
por los jueces de conocimiento en el trámite de procesos de naturaleza penal,
civil y de familia, constituye entonces precedente vinculante para todas las
autoridades judiciales y, en consecuencia, su desconocimiento configura una
causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
De acuerdo con los anteriores planteamientos, la Sala
encuentra que, en el presente caso, se configura un defecto material por
desconocimiento del precedente constitucional en materia de integración de la
perspectiva de género en la administración de justicia. Ello, toda vez que,
durante el desarrollo del proceso ejecutivo seguido en contra de Esperanza
Cometa, en ningún momento los jueces que tuvieron a su cargo el conocimiento
del asunto, tanto en su fase inicial como en la de ejecución del fallo,
repararon en el análisis de la cuestión litigiosa que la parte ejecutada era un
mujer víctima de violencia intrafamiliar ocasionada por quien fungía como
demandante en ejecución, y que esa situación pudo afectar su voluntad al
momento de optar por asumir la obligación objeto de recaudo.
Tanto la demanda como el documento base de la acción
ejecutiva, esto es, el acta de conciliación suscrita ante el Centro de
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad de San
Buenaventura de Cali entre Esperanza Cometa y Elmer Antonio Certuche, contenían
elementos que permitían inferir la existencia de una relación de asimetría
entre los firmantes, lo que era presupuesto determinante para introducir la
perspectiva de género.
En efecto, un primer elemento indicativo de que la
problemática planteada podía tratarse de un asunto de género era el hecho de
que la demanda ejecutiva estuviese dirigida contra una mujer y que el
ejecutante fuese su antiguo compañero permanente y padre de su hijo.
Un segundo elemento a considerar era la naturaleza de
los hechos y derechos en disputa que emergía del contenido del acta de
conciliación aportada como título ejecutivo. De una simple lectura de este
documento podía apreciarse la existencia de actos constitutivos de violencia
intrafamiliar originados, presuntamente, por la actitud violenta y el “desequilibrio
emocional” de Esperanza Cometa, según el relato expuesto por Elmer Antonio
Certuche. Asimismo, resultaba extraño ­–pero evidente– que únicamente se habían
recogido las aseveraciones de este último, sin la más mínima referencia a los
alegatos expuestos por Esperanza Cometa. Y por si lo anterior no fuera
suficiente, en la mencionada acta se indicaba que Esperanza Cometa había
entablado acciones penales y policivas en contra de Elmer Antonio Certuche, de
las que se comprometía a desistir en virtud de acuerdo logrado entre las
partes.
Un tercer elemento indicativo y, quizá, el más
significativo, es que Esperanza Cometa presentó
un escrito ante el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali en el que narró
los episodios de violencia de género de los que había sido víctima por parte
del demandante en ejecución durante los cinco años en los que convivieron en
unión marital de hecho y las razones que la llevaron a suscribir el acuerdo
conciliatorio.
A pesar de todos estos elementos que permitían
identificar la existencia de una situación de desequilibrio estructural entre
las partes producto de la violencia física y psicológica que una de ellas
ejercía sobre la otra, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali y,
posteriormente, el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de
la misma ciudad,  prefirieron abordar la cuestión litigiosa siguiendo los
parámetros convencionales del derecho antes que analizarla bajo un enfoque
diferencial con perspectiva de género que tuviese en cuenta las circunstancias
particulares de Esperanza Cometa y los factores que limitaron su acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad, por ejemplo, antes de
librar mandamiento de pago y ordenar seguir adelante la ejecución.
Con este proceder desconocieron, sin ninguna
justificación, la jurisprudencia constitucional en vigor relativa al deber de
introducir la perspectiva de género como herramienta analítica para impartir
justicia y asegurar la mayor protección de los derechos de la mujer a la
igualdad, a la no discriminación y a una vida libre de violencia frente a
situaciones fácticas de estas características, y que se funda en la premisa
conforme a la cual, una víctima de violencia de género no llega en igualdad de
armas a un proceso de naturaleza civil o de familia, por lo que es imperativo
brindarle un tratamiento diferenciado en atención a sus particulares
condiciones de vulnerabilidad.
20.2.2.      De la violación directa de la Constitución
Además del desconocimiento del precedente
constitucional, las autoridades judiciales censuradas también incurrieron en
violación directa de la Constitución, pues, según se mencionó ya, la
perspectiva de género, como método para impartir justicia y remediar en un caso
concreto situaciones asimétricas de poder, responde a la obligación
constitucional y convencional de hacer efectivo el principio de igualdad y de
no discriminación a través del quehacer jurisdiccional.
Es
necesario recordar que el artículo 13 de la Constitución Política consagra el
derecho a la igualdad ante la ley de todas las personas; dispone que recibirán
la misma protección y trato por parte de las autoridades, y que gozarán de
iguales derechos, libertades y oportunidades sin discriminación con base en
criterios de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica; el artículo 42 condena cualquier forma de violencia en
la familia; mientras que el artículo 43 reconoce expresamente que la mujer y el
hombre tienen iguales derechos y oportunidades, y proscribe cualquier forma de
discriminación contra la mujer.
Estas
disposiciones constitucionales, interpretadas conforme a los instrumentos
internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, en virtud de lo
previsto en el segundo inciso del artículo 93 de la Carta, en particular, la
CEDAW (1993) y la Convención de Belém do Para (1994), normas que propenden por
la erradicación de toda forma de violencia o discriminación contra la mujer,
son de aplicación directa por las autoridades judiciales y, en determinados
eventos, por los particulares.
En
consecuencia, cuando en el ejercicio de la función de administrar justicia un
operador jurídico deja de aplicar estos mandatos constitucionales al momento de
decidir sobre una controversia en la que esté involucrada una mujer víctima de
cualquier tipo de violencia incurre en violación directa de la Constitución y,
por lo mismo, en omisión de su deber de integral la perspectiva de género, pues
es en el ordenamiento constitucional donde esta herramienta encuentra su
fundamento esencial.
En
el presente caso, la Sala evidencia que en todas las etapas del proceso
ejecutivo adelantado en contra de Esperanza Cometa se ignoró el contexto de
violencia de género en el que se originó la obligación ejecutada. A pesar de lo
informado por la actora, no se advierte que los jueces que asumieron el
conocimiento de este trámite se hayan detenido a analizar su situación
particular de vulnerabilidad como lo demandan los artículos 13, 42 y 43
superiores. En ese orden de ideas, resta concluir que su actuación se
desarrolló al margen de los dictados de la Constitución.
20.2.3.
Del defecto
sustantivo
En
su demanda de tutela, Esperanza Cometa alegó que el Juzgado Veintiuno Civil
Municipal de Cali, al reconocerle mérito ejecutivo al acta de conciliación núm.
00409 del 27 de septiembre de 2010, incurrió en un defecto sustantivo,
toda vez que no verificó que el acuerdo cumpliera con las formalidades
establecidas en los artículos 1.5 y 40 de la Ley 640 de 2001, esto es, que
indicara claramente la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de la
obligación pactada, ya que si bien es cierto que se obligó a pagar una
determinada suma de dinero, también lo es que “este pago estaba sujeto a la
liquidación de la sociedad patrimonial que no se efectuó dentro del acuerdo
conciliatorio ni a la fecha por ningún otro medio legal”.
Al
respecto, es menester recordar que el acuerdo logrado entre las partes quedó
consignado en los siguientes términos:
“[…]
5. Para liquidar la sociedad patrimonial de hecho, las
partes señores ESPERANZA COMETA y ELMER ANTONIO CERTUCHE, acuerdan que por todo
concepto la señora ESPERANZA COMETA le pagará en la ciudad de CALI, al señor
ELMER la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000), en dos cuotas
la primera de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000), el día
TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 el saldo de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS ($17.500.000) el día 30 de septiembre del año TREINTA DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO 2012 [sic], reconociendo un INTERES [sic] MENSUAL DEL UNO POR CIENTO
(1%), pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada período mensual, a
partir del mes de octubre del año 2011. Los señores ESPERANZA COMETA y ELMER
ANTONIO CERTUCHE, renuncian a cualquier reclamación posterior por este
concepto.
[…]”
Para
la Sala, una simple lectura de este acuerdo deja en evidencia que el documento
aportado como título ejecutivo no reunía las condiciones necesarias para que la
obligación allí contenida fuese demandada en ejecución, por las siguientes
razones:
El
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil ­–estatuto procesal en vigencia
del cual se tramitó el proceso en cuestión– señala que:
“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del
deudor o de su acusante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen
de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva
conforme a la ley […].”
A
su turno, el artículo 497 del mismo ordenamiento dispone que:
“Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada
del documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere
procedente, o en la que aquél considere legal […]”.
Por
otra parte, el artículo 1º de la Ley 640 de 2001, por la cual se modifican
normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones,
establece que el acta de conciliación debe contener lo siguiente:
“1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación.
2. Identificación del Conciliador.
3. Identificación de las personas citadas con
señalamiento expreso de las que asisten a la audiencia.
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la
conciliación.
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de
la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas.”
Entre
tanto, el artículo 40 de la misma ley, al referirse a la conciliación como
requisito de procedibilidad en temas de familia, señala que esta deberá
intentarse antes de acudir a la jurisdicción, entre otros, en el siguiente
asunto:
“3. Declaración de la unión marital de hecho, su
disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial.”
Posteriormente, el artículo 51 de la Ley 1395 de 2010, por
la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial, dispuso
adicionar un parágrafo al artículo 1º de la Ley 640 de 2001, en el sentido de
hacer explícito que:
“En ningún caso, las actas de
conciliación requerirán ser elevadas a escritura pública.”
Con la entrada en vigencia del artículo 90 del Decreto ley 19
de 2012 ­–ley anti trámites­– se reafirmó que las actas de conciliación no
requieren ser elevadas a escritura pública. Sin embargo, también se precisó
que:
“Cuando las partes en el Acta de la
Conciliación extrajudicial a que se refiere la Ley 640 de 2001, acuerdan
transferir, disponer gravar, limitar, afectar o desafectar derechos de
propiedad o reales sobre bienes inmuebles, el cumplimiento de lo pactado se
hará mediante documento público suscrito por el conciliador y por las partes
conciliadoras. Lo mismo sucederá, si el bien es mueble y la ley requiere
para los efectos antes mencionados, el otorgamiento de escritura pública. El
Notario velará porque se presenten los documentos fiscales que señala la ley y
demás requisitos legales.”
Con respecto al alcance de esta disposición normativa,
en la Sentencia C-634 de 2012, la Corte explicó que aquella hace referencia a
dos documentos distintos: el acta de conciliación y el documento de
cumplimiento de lo acordado. El primero es el que contiene el acuerdo al
que llegan las partes sobre la transferencia, disposición, gravamen,
limitación, afectación o desafectación de derechos reales sobre bienes
inmuebles; el segundo, es el documento posterior que suscriben el conciliador y
las partes para el cumplimiento de lo convenido en el primero, el cual es considerado
por la ley un documento público siempre y cuando cumpla con dicha formalidad.
Sobre esa base, la Sala Plena precisó que ni el acta de conciliación ni el
documento de cumplimiento de lo acodado deben elevarse a escritura pública.
Conforme a lo expuesto, resulta incuestionable la
posibilidad de declarar la existencia de la sociedad patrimonial[218]
entre compañeros permanentes y de convenir su disolución y liquidación,
mediante acta suscrita en un centro de conciliación legalmente reconocido. Sin
embargo, en este último caso es necesario distinguir entre el acuerdo de
voluntades tendiente a disolver y liquidar la sociedad patrimonial, y la
liquidación propiamente dicha, la cual, por mandato expreso del artículo 7 de
la Ley 54 de 1990, debe tramitarse por el procedimiento establecido en el
título XXX del Código de Procedimiento Civil –hoy, sección tercera, título II,
artículo 523 del Código General del Proceso–. Ello, sin perjuicio de que los
compañeros permanentes, siendo capaces civilmente y estando de acuerdo,
liquiden la sociedad patrimonial por sí mismos ante notario público.
A lo anterior, cabe agregar que, cuando se trate de
convenios sobre la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, se
requiere el cumplimiento de todos los requisitos de validez que gobiernan los
actos y declaraciones de voluntad previstos en el artículo 1502 del Código
Civil.
En el asunto que se revisa, la Sala observa que,
contrario a lo que se indica en el acta de conciliación aportada como base de
la acción ejecutiva, el acuerdo económico pactado entre Esperanza Cometa y
Elmer Antonio Certuche, en el que la primera aceptó pagarle a este último la
suma total de $35.000.000, dividida en dos cuotas de $17.500.000, no
corresponde a la liquidación de la sociedad patrimonial existente entre ellos y
previamente declarada en la misma diligencia.
Aunque la liquidación de la sociedad patrimonial entre
compañeros permanentes puede convenirse ante el conciliador y quedar
plasmada en la respectiva acta, está sometida a las formalidades que establece
la ley y debe contener, como mínimo, la identificación de los bienes que al
momento de la disolución conforman el haber de la sociedad (arts. 1795 del Código
Civil), es decir, un inventario de los activos con su valor estimado, y la
relación de los pasivos para, finalmente, determinar el patrimonio líquido a
repartir entre los compañeros (art. 1821 del Código Civil).
Sin embargo, revisado el contenido de la cuestionada
acta en ninguno de sus apartes se hace siquiera mención sobre algún bien que se
esté liquidando y, menos aún, sobre su valor estimado, luego no es posible
establecer cuál es el objeto real del acuerdo económico convenido. En esas
condiciones, no le cabe duda a esta Sala que, cuando menos, se trataría de una
obligación que no es clara, expresa ni exigible y, por consiguiente, no presta
mérito ejecutivo.
Adicionalmente, bajo una perspectiva de género, podría
llegarse a determinar que dicho negocio jurídico, aparentemente encaminado a
liquidar la sociedad patrimonial existente entre Esperanza Cometa y Elmer
Antonio Certuche, carece de validez, puesto que, como lo asegura la actora y
según se encuentra demostrado con las denuncias instauradas por ella ante la
Fiscalía General de la Nación y las medidas de protección que le fueron
otorgadas[219],
se vio forzada a firmar el acuerdo conciliatorio para no seguir siendo víctima
de la violencia física y psicológica que, para ese entonces, ejercía sobre ella
el señor Certuche, razón por la cual su voluntad estaría afectada por un vicio
del consentimiento o, incluso, la fuerza física anularía tal consentimiento[220].
Así las cosas, comoquiera que el Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Cali, al aplicar el artículo 497 del Código de Procedimiento
Civil y, en consecuencia, librar mandamiento de pago en contra de Esperanza
Cometa, no verificó que el documento allegado como título ejecutivo reuniera
las condiciones exigidas en los artículos 488 del CPC y 1.5 de la Ley 640 de
2001, incurrió en un defecto sustantivo, pues la naturaleza interlocutoria del
auto de mandamiento de pago no le impedía desestimar el acta de conciliación
por ausencia de algún requisito sustancial para su validez y efectividad
inmediata.
20.2.4.
De los defectos
fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto
El anterior razonamiento revela, asimismo, la
configuración de un defecto fáctico en su dimensión negativa en concurrencia
con un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que, a
pesar de la existencia de elementos de juicio que advertían sobre la violencia
de género padecida por Esperanza Cometa y de irregularidades en el título
ejecutivo, los operadores de justicia accionados omitieron valorarlas para, en
cambio, concentrar su actividad en la aplicación irrestricta de la formalidad
procesal que rige a los juicios ejecutivos sin una mínima perspectiva de
género.
Un primer elemento de prueba es el acta de
conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010 aportada como documento
base de la acción ejecutiva. Según se anotó en precedencia, esta contenía
elementos sospechosos que no solo eran indicativos de presuntas irregularidades
en su constitución, sino que, además, evidenciaban un escenario de violencia
intrafamiliar entre las partes. Sin embargo, al no introducir la perspectiva de
género en la valoración probatoria de este documento, el Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Cali no se percató de dicha situación ni, menos aún,
desplegó sus deberes oficiosos en procura de esclarecer el objeto real de la
obligación adquirida por Esperanza Cometa y si esta se adecuaba a las
exigencias sustanciales previstas en el artículo 488 CPC para que fuese
ejecutable.
Un segundo elemento de prueba es el escrito que la
accionante radicó ante el Juzgado Veintiuno
Civil Municipal de Cali el 9 de mayo de 2012, en el que narró su condición de
pobreza y los constantes episodios de violencia de pareja a los que era
sometida por parte de Elmer Antonio Certuche, e informó sobre un nuevo acuerdo
conciliatorio elevado a escritura pública el 2 de junio de 2011, por medio del
cual aquel cedió, en favor de su hijo menor de edad, el 50% de los derechos que
tuviese sobre la vivienda de propiedad de la actora. En sustento de sus
afirmaciones, adjuntó al escrito copia de la querella policiva[221]
formulada en contra del ejecutante, el 23 de julio de 2009, por actos de
amenaza, hostigamiento, insulto y perturbación a la tranquilidad; así como
copia de la escritura pública núm. 1523 del 2 de junio de 2011, otorgada en la
Notaría Quinta del Círculo de Cali.
Particularmente, en el primero de los referidos
documentos de soporte, Esperanza Cometa afirmó lo siguiente:
“La verdad es que cada que tenemos algún problema el
[sic] me grita palabras groseras, tira las cosas delante del niño, trata de
tirarme patadas, son constantes las amenazas, no me deja hablar y tengo que
quedarme callada y dejar que el [sic] diga y haga lo que quiera, en varias
ocasiones me ha manifestado que si no le lavo la ropa me tengo que atener a las
consecuencias.”
Sin embargo, con apego irreflexivo a la normatividad
procesal, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali no valoró ninguno de
estos elementos de prueba allegados al proceso, en razón a que la actora
carecía de derecho de postulación. En consecuencia, aplicando lo dispuesto en
el artículo 507 del mismo estatuto procesal, ordenó seguir adelante la
ejecución, y decretó el avalúo y remate de la vivienda donde aquella residía
con su hijo menor de edad.
Olvidó ese operador jurídico que, en los procesos
ejecutivos, cuando el juez encuentre probados los hechos que constituyen una
excepción de fondo o de mérito, deberá reconocerla de oficio[222], salvo
las de nulidad relativa, prescripción y compensación que deberán alegarse en la
contestación de la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del CPC[223].
Lo anterior, no solo denota la falta de sensibilidad
del juez frente a la evidente situación de vulnerabilidad de una mujer de
escasos recursos económicos y víctima de violencia de género, sino también, el
absoluto desconocimiento de la obligación de introducir la perspectiva de
género en la apreciación del acervo probatorio y, en esa medida, aplicar de
manera preferente la Constitución para hacer prevalecer el derecho sustancial
ante la amenaza cierta de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no
discriminación y a una vida libre de violencia de Esperanza Cometa.
Igual consideración merece la actuación adelantada por
el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali, pues al resolver el
incidente de nulidad de lo actuado por carencia de los requisitos de validez
del título ejecutivo, lo rechazó de plano, con sustento en que la solicitud se
fundaba en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas o en el
recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Para tal efecto, dio
estricta aplicación al artículo 143 del CPC[224], sin tener presente que el
objetivo de los procedimientos es la efectividad de los derechos sustanciales[225]
y, por consiguiente, no puede renunciar a la verdad objetiva para privilegiar
la aplicación rigurosa de las formalidades procesales.
20.2.5.      Del defecto procedimental por ausencia de defensa
técnica
Dentro de sus alegatos iniciales, Esperanza Cometa
sostuvo que, debido a la carencia de recursos económicos, a su escasa formación
académica y a la falta de diligencia de su apoderado, no contó con las
garantías para ejercer de manera oportuna y adecuada la defensa de sus
intereses dentro del proceso ejecutivo. Puntualmente, señaló que, a pesar de
haberle otorgado poder a una abogada para que ejerciera su representación
judicial, esta no advirtió las deficiencias del título ejecutivo ni interpuso
los recursos legales para objetarlo, situación que devino en la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia.
Una vez revisado el contenido del expediente ejecutivo
allegado como prueba al presente trámite, encuentra la Corte que, en efecto, la
accionante no contó con la garantía constitucional de una adecuada defensa técnica
dentro del proceso seguido en su contra. Sin embargo, es menester precisar que,
en principio, ello no obedece a una acción poco diligente de su apoderada, sino
a graves errores cometidos por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali
derivados de una actuación al margen del procedimiento establecido y,
nuevamente, por la falta de aplicación de la perspectiva de género en la
interpretación y aplicación de las reglas que rigen este tipo juicios.
Notificada por aviso del auto de mandamiento ejecutivo
el 3 de mayo de 2012, Esperanza Cometa acudió personalmente al Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali el 9 de mayo de 2012 para radicar un escrito
en el que, como ya se ha mencionado con suficiencia, se opuso a las
pretensiones del ejecutante y narró la violencia que aquel ejercía sobre ella,
pero, además, manifestó expresamente que carecía de recursos económicos para
contratar los servicios profesionales de un abogado. En lo pertinente, el
referido escrito dice textualmente lo siguiente:
“[…] no acepto de ninguna manera la desecion [sic] de
su despacho, quiero presentarle mis disculpas por los terminos [sic] que quisad
[sic] no cumple [sic] con los establecidos en los codigos [sic], pero
desafortunadamente esta es la situacion [sic] precaria que el señor certuche me
a [sic] dejado […] si bien es cierto no es de su competencia conocer mi
trascendencia de violencia con el señor certuche y el estado de violencia
intrafamiliar y el desamparo de las autoridades competentes y todo por carecer
de recursos economicos [sic] para un abogado, de lo cual he aprendido de una
manera a otra a defenderme y contestar estas serie de demandas interpuestas por
el señor certuche. Por tal razon [sic] le presento mis disculpas y a
continuacion [sic] expongo en mis propias palabras el cual no es prosedente
[sic] la presente demanda […].”
Lo anterior, permite a esta Sala de Revisión advertir:
(i) que la accionante se opuso oportunamente al mandamiento ejecutivo,
dentro de término de 10 días siguientes a la notificación de la providencia,
conforme a lo previsto en el artículo 509 del CPC; (ii) que dicha
oposición la formuló mediante escrito radicado personalmente en el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali; y (iii) que en el mismo documento afirmó que
no contaba con recursos económicos para contratar a un profesional del derecho
que asumirá su representación judicial, por lo que ella misma se disponía a
contestar la demanda.
En vista de que el Decreto 196 de 1971, en su artículo
28, no autoriza que en los procesos de menor cuantía se pueda litigar en causa
propia sin ser profesional del derecho, y que la accionante declaró que no
podía contratar la asistencia de un abogado a causa de su precaria situación
económica, la autoridad judicial accionada ha debido concederle el amparo de
pobreza de que trata el artículo 160 y siguientes del CPC[226], aun
cuando no lo hubiese solicitado expresamente como lo exige la norma. Ello, a
partir de una interpretación razonable del contenido de aquel documento que,
desde una perspectiva de género, le asegurara su acceso efectivo a la
administración de justicia en condiciones de igualdad.
En cambio, al ignorar sus alegatos y no proceder a
designarle un apoderado que asumiera su representación judicial, el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali quebrantó desde el comienzo sus derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a
la defensa técnica, pues ordenó seguir adelante la ejecución hasta decretar el
remate del bien embargado y proferir condena en costas, pretermitiendo su
intervención durante el curso del proceso y dejándola en absoluta desigualdad
frente a su contraparte.
Por otro lado, si bien es cierto que, el 8 de febrero
de 2013, Esperanza Cometa le otorgó poder a la abogada María Angélica Guarín
para que asumiera su representación, también lo es que ello no remedia el
defecto procedimental por ausencia de defensa técnica que se configuró desde la
notificación por aviso del auto de mandamiento de pago del 17 de enero de 2012,
pues es más que evidente que nunca tuvo oportunidad de proponer excepción
alguna contra aquella providencia. Aun así, la actuación de dicha profesional
tampoco resultó lo suficientemente diligente, al punto que admite serios repartos,
si se tiene en cuenta que, por ejemplo: (i) no objetó la liquidación del
crédito, el avalúo catastral ni la actualización del crédito presentada por el
apoderado de la parte ejecutante; (ii) tampoco se opuso a la cesión de
derechos efectuada por Elmer Antonio Certuche; y (iii) no interpuso
recurso alguno contra el auto que fijó fecha para la diligencia de remate ni
contra el auto que le impartió aprobación. En cambio, (iv) recurrió en
reposición la providencia que ordenó la entrega del bien objeto de remate, pero
no expresó las razones que sustentaban el recurso, lo que generó su rechazo de
plano; (v) solicitó en sendas oportunidades la suspensión del proceso
aduciendo que padecía bursitis de rodilla, peticiones que fueron
rechazadas por no constituir enfermedad grave; (vi) formuló varios
incidentes de nulidad que igualmente resultaron rechazados de plano por
fundarse en causales distintas a las determinadas en la ley; y (vii)
promovió dos acciones de tutela en las que cuestionó la cesión del crédito y
solicitó la suspensión de la diligencia de remate, que terminaron siendo
declaradas improcedentes por no haber agotado los medios ordinarios de defensa
que tenía a su disposición.
20.2.6.
Decisiones a adoptar
en el expediente T-7.127. 827
En ese orden de ideas, y conforme a lo expresado en el
apartado 19.1 de esta providencia, la Sala de Revisión habrá de revocar la sentencia del 23 de octubre
de 2018, proferida por Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, en la que se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 11 de
septiembre de 2018 por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali que, en su momento, declaró
la improcedencia del amparo constitucional invocado y, en su lugar, declarará
la carencia actual de objeto por daño consumado.
Dado que se
ha logrado constatar que, durante el trámite del proceso ejecutivo en cuestión,
se presentaron diversas irregularidades por desconocimiento del precedente
constitucional, violación directa de la constitución, así como defectos de
carácter sustantivo, fáctico y procedimental, que implicaron la afectación de
los derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a una vida libre
de violencia de
Esperanza Cometa, se ordenará compulsar copias del expediente
T-7.127.827, incluido este fallo, con destino a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca para
que, en el marco de sus competencias, adelante la investigación a que haya
lugar por la actuación de los jueces civiles que tuvieron a su cargo el
conocimiento del referido proceso ejecutivo y de la abogada María
Angélica Guarín, quien fungió como apoderada de la accionante.
Asimismo, se
ordenará compulsar copias del expediente T-7.127.827, incluido este fallo, con
destino a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus
competencias, investigue la actuación del abogado y conciliador en derecho Juan
Ramón Barberena Hidalgo dentro del presente asunto.
Adicionalmente,
se remitirá copia de esta sentencia con destino al Ministerio de
Justicia y del Derecho para que, en el marco de su función de control,
inspección y vigilancia de los centros de conciliación, y en ejercicio de las
facultades conferidas en el capítulo IX del Decreto 1829 de 2013, adelante las
acciones a que haya lugar para verificar el cumplimiento de las obligaciones
legales y reglamentarias a cargo del Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la Universidad de San Buenaventura de Cali.
Por último,
se instará al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en uso de
las facultades legales conferidas por el artículo 49 del Decreto 1829 de 2013,
incluya, dentro los contenidos mínimos del programa de formación en
conciliación extrajudicial en derecho, un eje temático especifico en materia de
gestión de conflictos relacionados con formas de violencia contra la mujer e
introducción de la perspectiva de género en la función de administrar justicia,
en el que se tengan en cuenta los fundamentos jurídicos de la presente
providencia.
20.3.
En la actuación
adelantada por los Juzgados Veintiuno Civil Municipal y Once Civil Municipal de
Ejecución de Bogotá, dentro del expediente T-7.404.113, se configura un defecto
procedimental absoluto por ausencia de defensa técnica
Como
se expuso en los antecedentes de esta providencia, mientras se encontraba en
firme una orden de desalojo impuesta por la Comisaría Quinta de Familia de Usme
como medida de protección en favor de Luz Consuelo Lucas Romero y en contra de
su compañero permanente, Miguel Ángel Vargas Sierra, por actos constitutivos de
violencia intrafamiliar, la pareja suscribió un documento privado, el 25 de
septiembre de 2015, en el que acordaron lo siguiente: (i) que entre
ellos existió una unión marital de hecho por espacio de veinte años y que,
durante ese tiempo, adquirieron un inmueble que se encontraba registrado a
nombre de Luz Consuelo Lucas Romero; (ii) que Luz Consuelo Lucas Romero
le pagaría a Miguel Ángel Vargas Sierra la suma de $10.000.000 en un plazo de
dos años, para lo cual le firmaría cuatro letras de cambio, cada una por un
valor de $2.500.000; (iii) que Miguel Ángel Vargas Sierra se comprometía
a vivir en un lugar diferente al de la residencia de su compañera.
En
cumplimiento de lo convenido, Luz
Consuelo Lucas Romero firmó las cuatro letras de cambio en los términos
pactados y, posteriormente, Miguel Ángel Vargas Sierra endosó uno de estos
títulos al abogado Enrique Pinto Ortiz. Con base en dicho documento, este
último inició proceso ejecutivo de mínima cuantía en contra de aquella.
Notificada
personalmente del auto de mandamiento de pago proferido el 15 de julio de 2016,
la actora manifestó que no se hallaba en capacidad de atender los gastos del
proceso debido a la carencia de recursos económicos, por lo que solicitó que se
le concediera el amparo de pobreza de conformidad con lo dispuesto en el art.
151 y sigs. del Código General del Proceso. El 29 de junio de 2017, el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Bogotá accedió a dicha petición y, en
consecuencia, designó a la abogada Rosa María Cuesta Vanegas para que asumiera
su representación judicial.
A
través de la presente acción de tutela, la accionante alega que su apoderada no
formuló ninguna excepción ni interpuso recurso de reposición en contra del
mandamiento de pago, razón por la cual, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de
Bogotá ordenó seguir adelante la ejecución hasta decretar el remate y avalúo
del inmueble donde actualmente reside, sin que hubiese tenido oportunidad de
ser oída en el proceso para exponer los hechos de violencia intrafamiliar que
la forzaron a contraer la obligación ejecutada y que, por tanto, le restaban
validez a la letra de cambio aportada como título ejecutivo.
Con
la finalidad de que se protejan sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso, solicita,
entonces, que se deje sin efectos todo lo actuado a partir del auto de
mandamiento de pago para, de esa manera, “tener la oportunidad de excepcionar, contando con la asesoría de un
miembro activo de consultorio jurídico, concedido por el amparo de pobreza”.
Como
se puede apreciar, a diferencia del caso analizado en precedencia, la vulneración
iusfundamental que en esta oportunidad se alega no está asociada a
deficiencias sustanciales derivadas de la falta de incorporación de la
perspectiva de género, pues la misma accionante reconoce que, debido a la labor
negligente de su apoderada –en quien confiaba que haría una buena gestión de
sus intereses– no puso en conocimiento de la judicatura los hechos de violencia
intrafamiliar que la forzaron a suscribir el título ejecutivo dentro del
término legal correspondiente. Aunado a lo anterior, se tiene que, revisado el
expediente ejecutivo, no existe allí ningún documento o actuación de cuyo
contenido el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá hubiese podido inferir
o, cuando menos, sospechar la violencia de género que padecía la demandada. En
tal sentido, no se puede atribuir a ese operador judicial la configuración de
un defecto material de dicha naturaleza.
Por
el contrario, lo que sí evidencia la Corte es que, en efecto, existieron graves
deficiencias en la defensa
técnica proveída a la accionante que le impidieron su acceso a la
administración de justicia en condiciones de igualdad, frustrando así sus
oportunidades de defensa y contradicción dentro del proceso.
Ciertamente,
se encuentra acreditado que, una vez que Luz Consuelo Lucas Romero solicitó el
amparo de pobreza, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, en
providencia del 29 de junio de 2017, designó como su apoderada a la abogada
Rosa María Cuesta Vanegas, quien tomó posesión del cargo el 31 de julio
siguiente.
Sin
embargo, después de asumir la representación judicial de los intereses de la
actora, dicha servidora no se opuso al mandamiento ejecutivo por ningún medio
exceptivo ni a través del recurso de reposición. Más bien, adoptó una posición
puramente formal, dejando vencer los términos para desestimar las pretensiones
del demandante, de suerte que solo concurrió al proceso más de un año después,
el 2 de agosto de 2018, para presentar la liquidación del crédito por la suma
de $4.292.435, cuando ya se había ordenado seguir adelante la ejecución y
decretado el avalúo y remate del bien embargado.
En
lo que respecta a dicha liquidación, se observa que la abogada Rosa María
Cuesta Vanegas ni siquiera tuvo en cuenta, en la estimación total del crédito,
el abono que hizo la demandada por la suma de $700.000, falencia que vino a
corregir de oficio el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, mediante
providencia del 23 de agosto de 2018, reduciendo el monto de lo adeudado a la
suma de $3.408.195.
Con
posterioridad a esta actuación, no advierte la Sala que la mencionada abogada
hubiese realizado algún otro acto en defensa de los intereses de su
representada. En contraste, la accionante intervino en tres oportunidades
dentro del proceso para allegar comprobantes de depósitos judiciales, que
fueron aceptados por el juez, y solicitar la condonación de intereses, después
de percatarse de la falta de gestión de aquella.
Frente
a esto último, es importante precisar que no podía exigírsele a la actora que,
dentro de los términos legales, informara al juzgado sobre las condiciones
particulares en las que contrajo la obligación objeto de recaudo, aun cuando
formalmente se encontraba en posibilidad de hacerlo por tratarse de un proceso
de mínima cuantía. Ello, en razón a que fue, precisamente, por su comprobada
escases de recursos económicos y falta de instrucción en asuntos legales que le
fue designada una abogada para que asumiera su representación judicial y, en
esa medida, era esta profesional la primera obligada a alegar en su defensa
dicha circunstancia dentro de la oportunidad procesal correspondiente.
En este orden de ideas, siendo que el derecho a la defensa es
una de las garantías esenciales del debido proceso y que, según ha quedado
demostrado, (i) la apoderada de la accionante asumió una actitud pasiva y
negligente, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o
jurídica; (ii) que las comprobadas deficiencias en la actuación de dicha
profesional de ningún modo le son imputables a la actora, ya que obedecen
exclusivamente al incumplimiento de sus deberes legales y profesionales; (iii)
que la falta de defensa técnica fue de trascendencia tal que implicó para la
accionante no haber podido alegar, en el momento procesal oportuno, el
escenario de violencia física, psicológica y sexual que la forzó a contraer la
obligación ejecutada, lo que fue decisivo para que se decretara el avalúo y
remate de su única vivienda; (iv) y que, como consecuencia de todo lo anterior,
se vulneraron sus derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y al debido proceso, la Sala concluye que, en el
presente caso, también se configura un defecto procedimental por ausencia de
defensa técnica.
20.3.1.
Decisiones
a adoptar en el expediente T-7.404.113
La Sala de
Revisión habrá de revocar la sentencia del 2 de mayo de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá, en la que se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 8
de abril de 2019 por el Juzgado Dieciséis
Civil del Circuito de Bogotá que, en su momento, denegó el amparo constitucional invocado y,
en su lugar, concederá la protección de los derechos fundamentales al acceso
efectivo a la administración de justicia, a la igualdad y al debido proceso de Luz
Consuelo Lucas Romero.
En tal
virtud, se dejarán sin efectos las decisiones judiciales proferidas con
posterioridad a la providencia del 29 de junio de 2017 que concedió el amparo
de pobreza a Luz Consuelo Lucas Romero, para que el Juzgado Once Civil Municipal
de Ejecución de Bogotá rehaga la actuación procesal, previa la designación de
un nuevo apoderado judicial que asuma la defensa eficiente y diligente de Luz Consuelo Lucas Romero.
Para tal
efecto, se levantará la medida provisional decretada por esta Sala de Revisión,
mediante Auto 440 del 12 de agosto de 2019, en el que se ordenó al Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Bogotá
suspender el proceso ejecutivo de mínima cuantía promovido por Enrique Pinto Ortiz
en contra de Luz Consuelo Lucas Romero, e identificado con número de radicado 11001400302120160059400.
Se
advertirá al Juzgado Once Civil Municipal
de Ejecución de Bogotá que, al reiniciar el trámite del proceso
ejecutivo núm. 11001400302120160059400, y durante el desarrollo de todas sus etapas, deberá
administrar justicia con perspectiva de género, alejado de razonamientos
estereotipados como aquel según el cual, la violencia de pareja pertenece al
ámbito privado de las partes y, por consiguiente, resulta ajena a la naturaleza
del proceso ejecutivo (cf. párr. 2.2.2.1).
Adicionalmente,
se ordenará compulsar copias del expediente T-7.404.113, incluido este fallo, con destino a la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá para que, en el marco de sus competencias, adelante la investigación
disciplinaria a que haya lugar en contra de la abogada Rosa María Cuesta
Vanegas por el
incumplimiento de sus deberes profesionales dentro del presente asunto.
Por
último, se instará a la Fiscalía 334 de la
Unidad de Violencia Intrafamiliar de Bogotá para que determine si con el
componente fáctico identificado en la sentencia y con base en la perspectiva de
genero hay lugar o no ha desarchivar la investigación penal en contra de Miguel
Ángel Vargas Sierra por los hechos de violencia de genero narrados por Luz
Consuelo Lucas Romero.
IV.    DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos decretada en los expedientes T-7.127.827 y
T-7.404.113.
SEGUNDO. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia del 23 de octubre
de 2018, proferida por Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali, en la que se confirmó el fallo de primera instancia dictado el 11 de
septiembre de 2018 por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali que, en su momento, declaró
la improcedencia del amparo constitucional invocado dentro del expediente T-7.127.827.
En su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por daño consumado
dentro de dicho asunto.
TERCERO. Por Secretaría General, COMPULSAR COPIAS del expediente T-7.127.827,
incluido este fallo, con destino a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca para que, en el marco de
sus competencias, adelante la investigación a que haya lugar por la actuación
de los jueces civiles que tuvieron a su cargo el conocimiento del proceso
ejecutivo seguido en contra de Esperanza Cometa, y de la abogada María
Angélica Guarín, quien fungió como su apoderada judicial.
CUARTO. Por
Secretaría General, COMPULSAR COPIAS del expediente      T-7.127.827,
incluido este fallo, con destino a la Procuraduría General de la Nación para
que, en el marco de sus competencias, investigue la actuación del abogado y
conciliador en derecho Juan Ramón Barberena Hidalgo dentro del presente asunto.
QUINTO. Por
Secretaría General, REMITIR copia de esta sentencia con destino al
Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en el marco de su función de
control, inspección y vigilancia de los centros de conciliación, y en ejercicio
de las facultades conferidas en el capítulo IX del Decreto 1829 de 2013,
adelante las acciones a que haya lugar para verificar el cumplimiento de las
obligaciones legales y reglamentarias a cargo del Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad de San Buenaventura de Cali.
SEXTO. INSTAR
al Ministerio de Justicia y del Derecho para que, en uso de las
facultades legales conferidas por el artículo 49 del Decreto 1829 de 2013,
incluya, dentro los contenidos mínimos del programa de formación en
conciliación extrajudicial en derecho, un eje temático especifico en materia de
gestión de conflictos relacionados con formas de violencia contra la mujer e
introducción de la perspectiva de género en la función de administrar justicia,
en el que se tengan en cuenta los fundamentos jurídicos de la presente
providencia.
SÉPTIMO.
REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia del 2
de mayo de 2019, proferida por la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la que se
confirmó el fallo de primera instancia dictado el 8 de abril de 2019 por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá que, en su
momento, denegó el amparo constitucional invocado dentro del expediente T-7.404.113.
En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al
acceso efectivo a la administración de justicia, a la igualdad y al debido
proceso de Luz Consuelo Lucas Romero.
OCTAVO. DEJAR
SIN EFECTOS las decisiones judiciales proferidas a partir de la providencia
del 29 de junio de 2017 que concedió el amparo de pobreza a Luz Consuelo Lucas
Romero, para que el Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Bogotá rehaga
la actuación procesal, previa la designación de un nuevo apoderado judicial que
asuma la defensa eficiente y diligente de Luz
Consuelo Lucas Romero.
NOVENO.
LEVANTAR la medida provisional decreta por esta Sala de Revisión, mediante
Auto 440 del 12 de agosto de 2019, en el que se ordenó al Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Bogotá
suspender el proceso ejecutivo de mínima cuantía promovido por Enrique Pinto
Ortiz en contra de Luz Consuelo Lucas Romero, e identificado con número de
radicado 11001400302120160059400.
DÉCIMO.
ADVERTIR al Juzgado Once Civil Municipal
de Ejecución de Bogotá que, al reiniciar el trámite del proceso
ejecutivo núm. 11001400302120160059400, y durante el desarrollo de todas sus etapas, deberá
administrar justicia con perspectiva de género, alejado de razonamientos
estereotipados como aquel según el cual, la violencia de pareja pertenece al
ámbito privado de las partes y, por consiguiente, resulta ajena a la naturaleza
del proceso ejecutivo.
UNDÉCIMO. Por Secretaría General, COMPULSAR COPIAS del expediente
T-7.404.113, incluido este fallo, con destino a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que, en el
marco de sus competencias, adelante la investigación disciplinaria a que haya
lugar en contra de la abogada Rosa María Cuesta Vanegas por el incumplimiento de sus
deberes profesionales dentro de este asunto.
DUODÉCIMO. INSTAR a la Fiscalía 334 de la Unidad de Violencia Intrafamiliar
de Bogotá para que determine si con el componente fáctico identificado en la
sentencia y con base en la perspectiva de género hay lugar o no ha desarchivar la
investigación penal en contra de Miguel Ángel Vargas Sierra por los hechos de
violencia de genero narrados por Luz Consuelo Lucas Romero.
DECIMOTERCERO. Por Secretaría
General, DEVOLVER el expediente       T-6.763.660, correspondiente a la
primera acción de tutela promovida por Esperanza Cometa, al Juzgado Dieciocho
Civil del Circuito de Cali.
DECIMOCUARTO. LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí indicados.
Cópiese,
notifíquese y cúmplase,
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
Con salvamento parcial de
voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL
MAGISTRADO
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
A LA SENTENCIA T-344/20
Referencia: Expedientes T-7.127.827 y T-7.404.113
Acción de tutela promovida por Esperanza
Cometa y Luz Consuelo Lucas Romero en contra del Juzgado Veintiuno Civil
Municipal de Cali y Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali;
Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá y Juzgado Once Civil Municipal de
Ejecución de Bogotá.
Con el debido respeto por las decisiones de la
mayoría, expongo a continuación las razones que me llevaron a salvar
parcialmente el voto en relación con lo decidido por la Sala Tercera de
Revisión en el asunto de la referencia.
1.
La
presente providencia analizó dos casos de mujeres que se vieron en la necesidad
de suscribir acuerdos con sus ex parejas (acta de conciliación en el primer
expediente y una serie de letras de cambio en el segundo), con el fin de que
estos desalojaran sus viviendas y cesaran los actos de violencia física y
sexual en su contra. Ante el incumplimiento en el pago de las sumas pactadas,
sus agresores iniciaron procesos ejecutivos y, como medida cautelar, les fueron
embargadas sus casas.
2.
Específicamente,
en el primer caso, Esperanza Cometa manifestó al juez ordinario, en el término
de ejecutoria del mandamiento de pago, que el acta de conciliación firmada en
el Centro de Conciliación de la Universidad de San Buenaventura de Cali estuvo
precedida de actos de violencia. Además, que su ex compañero no había cumplido
con su obligación de desalojar la casa, cesar los actos de violencia y liquidar
la sociedad conyugal. También que no contaba con recursos para contratar un
abogado y que había sido desamparada por las autoridades ante las cuales
denunció los hechos de violencia. El juzgado ordenó seguir con la ejecución,
porque el memorial no fue presentado por abogado, como lo exige la norma para
procesos de menor cuantía. Presentó una tutela inicial cuestionando la validez
del acta de conciliación, así como incidente de nulidad en contra del
mandamiento de pago. Ambos fueron negados por falta de subsidiariedad y porque
se trataba de objeciones que debieron formularse como excepciones previas. En
la tutela revisada por la Corte indicó que la decisión de reconocerle mérito
ejecutivo al acta de conciliación incurrió en un defecto sustantivo, pues la
entrega del dinero estaba condicionada a la liquidación de la sociedad
conyugal, que nunca ocurrió y porque fue firmada para terminar los actos de
violencia. Pidió que se restablecieran sus derechos al debido proceso, a la
defensa y al acceso a la administración de justicia, y se ordenara al juez de
ejecución dictar un nuevo auto que tuviera en cuenta las circunstancias que
antecedieron la suscripción del título valor, especialmente, su calidad de
víctima de violencia.
3.
En el
segundo caso, Luz Consuelo Lucas manifestó al juez ordinario, en el término de
ejecutoria del mandamiento de pago, que no contaba con recursos económicos para
contratar a un abogado. Le fue concedido el amparo de pobreza y fue designada
una abogada para que la representara. Esta no adelantó ninguna actuación y el
juzgado ordenó seguir la ejecución y decretó el avalúo y remate del bien.
Actuando en causa propia, la accionante pidió la condonación de intereses y la
celebración de una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo de pago.
Esta última solicitud fue negada, puesto que se había ordenado seguir adelante
con el proceso. En la tutela estudiada en esta ocasión, pidió que se ampararan
sus derechos a la igualdad y al debido proceso. Consideró que no contó con
defensa técnica, porque la abogada fue poco diligente, causando un estado de
desigualdad procesal e impidiéndole ser oída dentro del proceso, especialmente
para manifestar que su consentimiento al firmar las letras de cambio estaba
viciado por los hechos de violencia.
4.
En
sede de revisión, se evidenció que los acreedores iniciales habían cedido el
crédito y endosado el título a terceras personas, en cada caso, quienes
siguieron la ejecución. Además, que en el primer caso se había adjudicado y
entregado el bien al cesionario del crédito y en el segundo se adelantaba la
ejecución del mandamiento, previa al remate del bien. Como medida provisional,
en este último se ordenó la suspensión del proceso ejecutivo mientras se
decidía la tutela.
5.  La Sala Tercera de
Revisión decidió declarar la carencia de objeto en el primer caso. Consideró
que se consumó el daño que la actora buscaba evitar, puesto que el bien fue
rematado y entregado al cesionario del crédito. Sostuvo que con la inscripción
en la Oficina de Instrumentos Públicos del auto aprobatorio del remate surgió
para el tercero, “ajeno a las vicisitudes de la relación material de base”, un
interés jurídico que no puede ser desconocido. No obstante, analizó el fondo
del asunto y advirtió que se había vulnerado su derecho al debido proceso
durante el desarrollo del proceso ejecutivo, así:
i)
La
falta de integración de la perspectiva de género en la administración de
justicia configuró
un defecto
material por desconocimiento del precedente constitucional y una violación
directa de la Constitución. Una lectura detenida del acta de conciliación
permitía establecer que la violencia sufrida condujo a la mujer a contraer la
obligación, para que esta cesara definitivamente. Circunstancia que fue
manifestada en el memorial presentado de cara al mandamiento de pago y que
debió ser analizada por el juez ejecutivo.
ii)
La
falta de verificación de los requisitos del título valor exigidos en los
artículos 488 del CPC y 1.5 de la Ley 640 de 2001 configuró un defecto
sustantivo. En el acta de conciliación, la obligación de pagar la suma de
dinero a su ex compañero estaba sujeta a la liquidación de la sociedad
conyugal, la cual nunca fue realizada. Tampoco se tuvo en cuenta que el acta
pudo ser suscrita con su voluntad afectada por un vicio del consentimiento.
iii)
La
aplicación irrestricta de la formalidad procesal configuró un defecto fáctico y
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. El juez accionado no
tuvo en cuenta el memorial presentado por carecer del derecho de postulación,
no declaró de oficio la existencia de excepciones de fondo como indica el artículo
306 del CPC y negó el incidente de nulidad porque se trataba de cuestiones que
tuvieron que ser expuestas como excepciones previas o en el recurso de
apelación contra el mandamiento de pago.
iv)
La
negativa a concederle el amparo de pobreza que era requerido por la accionante
por su precaria situación económica, aunque no fue pedido expresamente,
configuró un defecto procedimental por ausencia de defensa técnica. Aunque ella
contrató los servicios de una abogada cuando había avanzado el proceso, esta no
realizó ninguna actuación para defender sus derechos.
6.
Con
base en ello, compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca para que investigara la
actuación de los jueces civiles y de la apoderada de la
accionante. También a la Procuraduría General de la Nación para que
hiciera lo propio respecto del conciliador en derecho que condujo la audiencia
en la que se suscribió el acta objeto de ejecución. Además, remitió copia de la
providencia al Ministerio de Justicia y del Derecho para que verificara el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del Centro de Conciliación de la
Universidad de San Buenaventura de Cali y lo instó a incluir dentro de los
contenidos del programa de formación en conciliación un eje temático
relacionado con la perspectiva de género en la función de administrar justicia.
7.
En el
segundo caso, dejó sin efectos las providencias proferidas con posterioridad a
la que concedió el amparo de pobreza. Encontró que la apoderada designada por
el juzgado no realizó ninguna actividad para asegurar su defensa: no se opuso
al mandamiento de pago a través de excepciones ni recursos y solo concurrió a
presentar la liquidación de crédito, sin descontar lo abonado por la actora. La
falta de defensa técnica condujo a que esta no alegara, en el momento procesal
oportuno, que la violencia física, psicológica y sexual la forzó a contraer la obligación
ejecutada, lo que a su vez condujo a que se ordenara el remate de su casa. Advirtió
al juez civil que, al reiniciar el trámite de ejecución, debía atender la
perspectiva de género. Además, compulsó copias a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para que
investigara la conducta de la abogada e instó a la Fiscalía que conoció de la
denuncia penal por violencia intrafamiliar, para que determinara si había lugar
al desarchivo de la investigación.
8.
El
anterior recuento de la sentencia permite ilustrar los asuntos que condujeron a
mi disenso, consistentes en i) la declaratoria de la consumación del daño, al
preferir la protección del interés del tercero cesionario del crédito, sin
analizar las particularidades del juicio ejecutivo en el caso de Esperanza
Cometa, y ii) la falta de un remedio efectivo a la vulneración de sus derechos
fundamentales. También cuestiono iii) la pertinencia de la aclaración relativa
al uso del lenguaje inclusivo.
9.  La mayoría consideró que
la inscripción del auto aprobatorio del remate en el registro consolidaba el
derecho del tercero cesionario del crédito, situación que el juez de tutela no
podía desconocer y que cerraba la puerta a retrotraer la actuación judicial.
Esta regla fue formulada por primera vez en la SU-813 de 2007 para determinar
la procedencia de una acción de tutela que cuestiona las actuaciones dentro de
un proceso ejecutivo con título hipotecario, derivado de créditos en UPAC[227].
10.
Esa
regla resulta aplicable a todas las tutelas que controvierten decisiones
tomadas dentro de procesos ejecutivos, porque busca un equilibrio entre los
derechos al debido proceso y a la vivienda de los demandados, y los mismos
derechos de quien adquirió de buena fe un inmueble en remate. No obstante, una
lectura en conjunto de la jurisprudencia de la Corte permite inferir que no
puede ser aplicada sin atender el contexto particular de cada persona.
11.
En un
primer momento, al conocer del caso de una persona desplazada que dejó de
cumplir con sus obligaciones, ponderó entre la protección de la buena fe de los
terceros que adquieren los bienes rematados y el principio de solidaridad que
deben atender los acreedores de las personas que han sido desplazadas. Concluyó
que una vez inscrito el auto aprobatorio del remate, no era posible anular el
trámite ejecutivo y que le correspondía al Estado, a través de sus políticas
públicas, proteger a las víctimas[228]. Posteriormente, en el caso de
una familia cuyo padre fue objeto de desaparición en el conflicto armado[229]
y en el de una mujer cabeza de familia que tenía a su cargo un hijo con
discapacidad[230], declaró la improcedencia, pero,
atendiendo sus condiciones de vulnerabilidad, también analizó el fondo de los
asuntos y negó el amparo al considerar que las accionantes no habían sido diligentes
en los procesos civiles y que los jueces habían actuado de forma razonable[231].
12.
De ahí
que la sentencia debió tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló el
proceso judicial en contra de Esperanza Cometa, al momento de analizar la
configuración del daño consumado. Específicamente, debió estudiar las
condiciones en las cuales el cesionario que adquirió el bien dentro del remate
compareció en el juicio. Se tiene que mediante auto de 17 de enero de 2012 se
libró mandamiento de pago, que el 9 de mayo del mismo año la accionante allegó
memorial en el que narró los hechos de violencia que la obligaron a firmar el
acta de conciliación y solo hasta el 27 de julio de 2017, se produjo la cesión
de derechos de crédito. Así, el cesionario tuvo acceso al expediente y pudo
notar que el título valor base de la ejecución podría estar viciado. Una vez
establecida esta situación, la Sala podría haber adoptado la fórmula propuesta
en la SU-813 de 2007 citada para los casos en los que la inscripción del auto
aprobatorio del remate ocurrió mientras se surtía la revisión por la Corte, a
saber:
“En el evento de
que durante el trámite de la presente tutela se hubiere registrado el auto
aprobatorio del remate, el juez civil ordenará la cancelación de este registro
y el reembolso del dinero al rematante, a cargo de la entidad ejecutante.
Cumplido lo anterior, en caso de que se hubiere efectuado la entrega del
inmueble, dispondrá la restitución del mismo al deudor”.
13.
Adoptar
una orden en ese sentido habría desvirtuado la consumación del daño, puesto que
la accionante habría mantenido la propiedad de su casa y el adquirente habría
recuperado lo invertido en razón de la cesión. También habría evitado que la
actora tenga que acudir ante la jurisdicción contencioso administrativo para
reclamar la reparación del daño causado por la actividad judicial.  Una
solución en ese sentido era necesaria para reparar el abandono de todas las
autoridades públicas que no evitaron que los hechos de violencia intrafamiliar
siguieran sucediendo, como lo denunció Esperanza Cometa en el memorial que le
presentó al juez ejecutivo en los siguientes términos:
“si bien es cierto
no es de su competencia conocer mi trascendencia de violencia con el señor
Certuche y el estado de violencia intrafamiliar y el desamparo de las
autoridades competentes y todo por carecer de recursos economicos [sic] para un
abogado, de lo cual he aprendido de una manera a otra a defenderme y contestar
estas serie de demandas interpuestas por el señor certuche. Por tal razon [sic]
le presento mis disculpas y a continuacion [sic] expongo en mis propias
palabras el cual no es prosedente [sic] la presente demanda […].”
14.
La
sentencia es precisa en establecer la protección integral que deben recibir las
mujeres que han sufrido violencia, las barreras que estas enfrentan para
acceder a la administración de justicia, la perspectiva de género como
obligación en la actividad jurisdiccional y en la actividad de los
conciliadores en derecho. Sin embargo, esas consideraciones no se trasladaron a
la decisión del caso mencionado, por cuanto no condujeron a un remedio efectivo
para restablecer las irregularidades cometidas durante el proceso de
conciliación y el proceso ejecutivo.
15.
Las
medidas de compulsa de copias para la investigación de los jueces, de la
apoderada y del centro de conciliación, así como de capacitación de los
conciliadores no son suficientes para enmendar la vulneración de derechos que
la misma sentencia advirtió en varios párrafos. En esta oportunidad le
correspondía a la Corte evidenciar que el Estado había ejercido violencia
institucional en contra de Esperanza Cometa, al avalar el acta de conciliación
obtenida bajo fuerza y darle plenos efectos, al no permitirle ser oída dentro
del proceso por razones meramente formales y al no brindarle la posibilidad de
ser asistida por un abogado. A mi juicio, la decisión de la mayoría de no
restarle efecto al acta de conciliación y mantener el juicio ejecutivo
contribuye al desamparo de la mujer que sufrió la violencia.
16.
Finalmente,
cuestiono la inclusión de la aclaración sobre el uso de los sustantivos
masculinos genéricos a lo largo de la sentencia, debido a que ella no era
necesaria para la resolución de los casos. Además, desconoce que la misma Corte
ha indicado que el lenguaje jurídico tiene un efecto simbólico y puede reflejar
situaciones de inclusión y exclusión[232]. El empleo del masculino con
valor genérico como regla en la jurisprudencia constitucional requiere de un
análisis detallado y argumentado, teniendo en cuenta que, además de la postura
de la Real Academia de la Lengua, existen llamados a un cambio progresivo en el
uso del lenguaje, de forma que se visibilice el rol de las mujeres[233].
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
[1] Integrada por los magistrados
Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas.
[2] Integrada por los magistrados Luis
Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos.
[3] Ver folio 2 del cuaderno núm. 1
del expediente.
[4] En el respectivo informe médico
legal emitido el 21 de diciembre de 2009, se indica lo siguiente: “1.
Equimosis violácea con forma de halo, que mide 5 por 1 cm, con área central
normocrómica, ubicada en cara posterior del tercio distal del brazo derecho. 2.
Equimosis violácea con forma de halo, que mide 3 por 1 cm, con área central
normocrómica, ubicada en dorso de la mano izquierda a nivel del quinto
metacarpiano. No crepito ni movilidad ósea anormal a este nivel”.
[5] Ver folios 21 a 22 del cuaderno de
pruebas.
[6] Ver folio 24 del cuaderno de
pruebas.
[7] Ver folios 25 a 28 del cuaderno de
pruebas.
[8]
Acta de conciliación visible a folios 108 a 111 del cuaderno de pruebas.
[9]
Escritura pública y anexos visibles a folios 87 a 94 del cuaderno de pruebas.
[10]
“Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras
disposiciones”.
[11]
Norma vigente para el momento de la presentación de la demanda.
[12]
La accionante otorgó poder a la abogada María Angélica Guarín solo hasta el 8
de febrero de 2013 (folio 62 del expediente ejecutivo).
[13]
Ver folios 21 a 23 del cuaderno principal.
[14]
Ver folios 13 a 16 del cuaderno principal.
[15]
Ver folio 82 del expediente ejecutivo.
[16]
Ver folio 88 del expediente ejecutivo.
[17]
Ver folios 24 a 26 del cuaderno principal.
[18]
Ver folios 27 a 32 del cuaderno principal.
[19]
Ver folios 33 a 35 del cuaderno principal.
[20]
Información obtenida de la Base de Datos Única de Afiliados de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES). Fecha de consulta: 8 de marzo de 2020.
[21]
Ver folios 17 y 43 del cuaderno de pruebas.
[22]
Ver folios 11 a 20 del cuaderno de pruebas.
[23]
Ver folios 36 a 45 del cuaderno de pruebas.
[24]
La primera medida de protección le fue otorgada a la accionante el 3 de junio
de 2009.
[25]
Ver folios 25 y 26 del cuaderno de pruebas.
[26]
Ver folio 1 del cuaderno principal.
[27]
Ver folio 31 del cuaderno principal.
[28]
Adicionalmente, dispuso la suspensión de términos del proceso a partir de la
fecha y hasta por treinta (30) días más, contados desde el momento en el que
las pruebas decretadas y recaudadas fueran puestas a disposición del magistrado
sustanciador.
[29]
Recaudadas las pruebas solicitadas, estas quedaron a disposición de las partes
y terceros con interés por el término de tres (3) días en la Secretaría General
de la Corte.
[30]
Ver folio 76 del cuaderno de pruebas.
[31]
Ver folio 101 del expediente digital.
[32]
Ver folio 103 del expediente digital.
[33]
Ver folios 76 a 83 del expediente digital.
[34]
Ver folios 112 a 113 del expediente digital.
[35]
Ver folio 77 del cuaderno de pruebas.
[36]
Ver folios 108 a 111 del cuaderno de pruebas.
[37]
Ver folios 86 a 94 del cuaderno de pruebas.
[38]
Ver folios 139 a 141 del cuaderno de pruebas.
[39]
Ver folio 147 del cuaderno de pruebas.
[40]
Ver folio 152 del cuaderno de pruebas.
[41]
Ver folio 162 del cuaderno de pruebas.
[42]
Ver folios 154 a 161 del cuaderno de pruebas.
[43]
Adicionalmente, en la misma providencia dispuso suspender los términos del
proceso a partir de la fecha y hasta por un (1) mes más, contado desde el momento
en el que las respectivas intervenciones fueran puestas a disposición del
magistrado sustanciador.
[44] A
través de correo electrónico remitido a la Secretaría General de la corporación
el 19 de noviembre de 2019, el Observatorio de Asuntos de Género de la
Universidad Nacional de Colombia comunicó que dicha dependencia únicamente
atiende necesidades propias del alma mater en la implementación de medidas para
fomentar una cultura institucional de equidad de género en la universidad. Por
esta razón, se abstuvo de pronunciarse en relación con lo solicitado.
[45]
Real Academia Española, Libro de estilo de la justicia, Madrid: RAE,
2017. Pág. 49.
[46] Consultar, entre otras, las Sentencias T-819 de 2001,
T-531 de 2002, T-711 de 2003, T-212 de 2009, T-778 de 2010, T-495 de 2013,
T-561 de 2013, T-679 de 2013, T-470 de 2014, T-540 de 2015, T-361 de 2017,
T-307 de 2018 y T-455 de 2019.
[47] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Carta Política”.
[48] Interesa poner de presente que la jurisprudencia
constitucional se ha encargado de puntualizar, en relación con la figura de la
acción de tutela, que si bien es cierto que la informalidad es una de
sus notas características, cuyo fundamento justamente reside en la aplicación
del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
procesales, ello no es óbice para que la misma se someta a unos requisitos
mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra el concerniente a
la debida acreditación de la legitimación   por activa -o la titularidad-
para promover el recurso de amparo constitucional. Consultar, entre otras, las
Sentencias T-464A de 2006, T-493 de 2007 y C-483 de 2008.
[49] El
artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 dispone expresamente que “El defensor del
pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados,
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo
solicite o que este en situación de desamparo e indefensión”.
[50]
Mientras el artículo 5º del referido decreto prevé que “la acción de tutela
procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2º de esta disposición (…)”, el artículo 13 ejusdem, por su
parte, establece que “la acción de tutela se dirigirá contra la autoridad
pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el
derecho fundamental (…)”.
[51] En el
expediente T-7.127.827 la suma dinero acordada fue de $35.000.000, pagaderos en
dos cuotas de $17.500.000 cada una. En el expediente T-7.404.113, la suma de
dinero acordada fue de $10.000.000, pagaderos en cuatro cuotas de $2.500.000
cada una.
[52] De
conformidad con los principios de efectividad de los derechos fundamentales y
de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela, el juez
constitucional está facultado para esclarecer las acciones u omisiones que han
dado origen a la demanda de amparo, así como para determinar, realmente, qué
norma constitucional fue infringida y cuál es la pretensión que se busca
realizar por vía de este mecanismo excepcional. Estas facultades extra y
ultra petita, ha dicho la Corte, amplían el margen de acción del juez en
relación con: (i) hechos no expuestos, (ii) derechos no invocados y (iii)
pretensiones no propuestas. Al respecto, se pueden consultar, entre otras, las Sentencias
T-594 de 1999, T-360 de 2011, SU-195 de 2012, T-160 de 2013, T-620 de 2013,
SU-515 de 2013, T-730 de 2015, T-156 de 2017 y T-093 de 2019.
[53] Acápite
elaborado tomando como referencia la base argumentativa contenida en las Sentencias
T-557 de 2017 y T-455 de 2019, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[54]
Sentencia C-543 de 1992.
[55]
Ídem.
[56] En esta
oportunidad, la Corte estudió la constitucionalidad de la norma que proscribía
cualquier acción contra la sentencia que resolviera el recurso extraordinario
de casación en materia penal.
[57]
Sentencias T-396 de 2014 y T-270 de 2017.
[58]
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia
impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello (Sentencia C-590 de
2005).
[59]
Aquellos casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales, no se hace uso de una norma que claramente aplicaba al caso
o que presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión (Sentencia C-590 de 2005).
[60]
Se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido. (Sentencia C-590 de 2005).
[61]
Surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión (Sentencia C-590 de 2005).
[62]
Se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esa circunstancia condujo a la toma de una decisión que afecta
derechos fundamentales (Sentencia C-590 de 2005).
[63]
Se traduce en el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que
allí reposa la legitimidad de su decisión funcional. (Sentencia C-590 de 2005).
[64]
Se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance (Sentencia C-590 de 2005).
[65]
Sentencias C-590 de 2005, T-270 de 2015, SU-394 de 2016, T-458 de 2016, SU-041
de 2018 y T-248 de 2018.
[66]
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-406 de 2014 y T-248 de 2018.
[67]
Constitución Política, art. 116.
[68]
Sentencia SU-024 de 2018.
[69]
Sentencia SU-394 de 2016.
[70]
Sentencia SU-395 de 2017.
[71]
Sentencias T-504 de 2000, T-645 de 2015 y T-060 de 2016.
[72]
Artículo 505 del Código de Procedimiento Civil/artículo 438 del Código General
del Proceso.
[73]
Artículos 348 y 497 del Código de Procedimiento Civil/artículos 430 y 438 del
Código General del Proceso.
[74]
Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil/artículo 442 del Código General
del Proceso.
[75] La
jurisprudencia constitucional ha considerado como elementos que configuran la
ausencia de defensa técnica, los siguientes: (i) que sea evidente
que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier
vinculación a una estrategia procesal o jurídica; (ii) que las
deficiencias en la defensa no le hubiesen sido imputables al procesado o
hubiesen tenido como causa evadir la acción de la justicia; (iii) que
la  falta de defensa revista tal trascendencia y magnitud que sea
determinante de la decisión judicial, de manera tal que pueda configurase uno
de los defectos sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental; y (iv) que
aparezca una vulneración palmaria de las garantías del procesado (Sentencia
T-385 de 2018).
[76]
Ver párrafo 2.1.1.11. del epígrafe de hechos relevantes y pretensiones.
[77]
Ver párrafo 2.1.1.16. del epígrafe de hechos relevantes y pretensiones.
[78]
Ver párrafo 2.2.1.11. del epígrafe de hechos relevantes y pretensiones.
[79]
Sentencia SU-217 de 2017.
[80] En Sentencia
T-686 de 2017, la Corte se pronunció en sentido similar del siguiente modo: “la
Sala considera que la vulneración alegada en la acción de la referencia no solo
se generó con ocasión del auto proferido el 19 de septiembre de 2006, mediante
el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil
revocó el auto del 1 de noviembre de 2005 proferido por el Juzgado Diecisiete
Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar, reconoció que el conocimiento del
proceso de rendición provocada de cuentas en contra de la Secretaría Distrital
del Hábitat correspondía a la Jurisdicción Ordinaria en lo Civil, pues (i)
dicha vulneración se habría mantenido constante, en la medida en que se predica
de todo el proceso de rendición provocada de cuentas y solo habría culminado
con la sentencia, su aclaración y las negativas de nulidad” […].
[81]
Sentencia T-022 de 2016.
[82]
Caracterización elaborada tomando como referencia la base argumentativa
contenida en las Sentencias         SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de
2016 y SU-395 de 2017.
[83] MP.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[84]
SU-918 de 2013.
[85] Caracterización
elaborada tomando como referencia la base argumentativa contenida en las Sentencias
T-395 de 2010, C-166 de 2017, T-270 de 2017 y T-455 de 2019.
[86] La
primera de las disposiciones citadas se ocupa del derecho fundamental al debido
proceso y de la obligación de observar las formas propias de cada juicio,
mientras que la segunda establece el derecho de acceso a la administración de
justicia y, en particular, la prevalencia del derecho sustancial en toda clase de actuaciones judiciales.
[87]
Sentencia T-1045 de 2012.
[88]
Sentencia T-395 de 2010.
[89]
Sentencias T-531 de 2010 y T-247 de 2016.
[90]
Sentencia T-264 de 2009, reiterada, entre otras, en las Sentencias T-531 de
2010, T-637 de 2010, T-363 de 2013, T-926 de 2014, T-398 de 2015 y T-605 de
2015.
[91] Ibidem.
[92] Ibidem.
[93]
Ibidem.
[94]
Sentencia T-363 de 2013.
[95]
Sentencia T-591 de 2011.
[96]
Sentencia C-341 de 2014.
[97]
Sentencia C-166 de 2017.
[98]
Sobre este concepto se pueden consultar, entre otras, las Sentencias C-069 de
2009, C-127 de 2011 y C-594 de 2014
[99]
Ibidem.
[100] En la Sentencia
C-426 de 2002, la Corte sostuvo el derecho a la tutela judicial efectiva “se
traduce en la posibilidad, reconocida a todas las personas residentes en
Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y
tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y
por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos
y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes”. En esa medida, el derecho a la tutela judicial
efectiva halla plena correspondencia con el derecho a la defensa técnica como
garantía de acceso en igualdad de condiciones a los procedimientos judiciales.
[101]
Sentencias T-395 de 2010 y T-674 de 2013.
[102] Una
explicación detallada de las cuatro situaciones que configuran la ausencia de
defensa técnica se encuentra contenida en la Sentencia T-395 de 2010.
[103]
Sentencia T-455 de 2019.
[104]
Caracterización tomada de la Sentencia T-270 de 2017, MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[105]
Sentencia T-591 de 2011.
[106]
Sentencia C-590 de 2005.
[107]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-117 de 2013, T-271 de 2013, T-620 de
2013 y SU-625 de 2015.
[108] Esta circunstancia se
presenta cuando el funcionario judicial excluye el decreto y la práctica de
pruebas, lo cual impide la debida conducción al proceso de hechos que son
indispensables para el análisis y solución del asunto jurídico bajo revisión.
[109] Esta situación sobreviene
cuando el juez no realiza el análisis y valoración de elementos probatorios que
reposan en el proceso, debido a que no los advierte o sencillamente no los
tiene en cuenta para efectos de fundamentar su decisión, los cuales, de haberse
contemplado, habrían cambiado sustancialmente la solución del asunto jurídico
debatido.
[110] Se presenta cuando el
funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por
completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene
de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva.
[111]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-902 de
2005, T- 458 de 2007 y T-620 de 2013.
[112]
Sentencia T-442 de 1994 reiterada, entre otras, en las Sentencias T-781 de 2011
y T-104 de 2014.
[113]
Sentencias T-123 de 1995, T-566 de 1998, T-522 de 2001, T-468 de 2003, T-838 de
2007, T-109 de 2009, C-539 de 2011, C-634 de 2011 y SU-556 de 2014.
[114]
Sentencia C-634 de 2011.
[115]
Sentencia SU-053 de 2015.
[116]
Sentencias T-292 de 2006 y SU-449 de 2016.
[117] Auto
186 de 2017. Al respecto, se pueden consultar, igualmente, las Sentencias T-158 de 2006, T-292 de 2006, T-812 de 2006, T-355 de 2007, T-970 de
2012, T-102 de 2014, T-360 de 2014, T-410 de 2014, SU-298 de 2015, T-309 de
2015, SU-449 de 2016 y SU-113 de 2018.
[118]
Sentencia SU-037 de 2019.
[119]
Sentencias T-1092 de 2007, T-597 de 2014 y SU-037 de 2019.
[120]
Sentencia SU-230 de 2015 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[121]
Caracterización tomada de la Sentencia SU-395 de 2017, MP. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
[122]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-310 de 2009 y T-555 de 2009.
[123] En la Sentencia
C-590 de 2002, la Corte señaló que se deja de aplicar una disposición iusfundamental
en los casos en que, “… si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
[124] En la Sentencia
C-590 de 2005, se reconoció autonomía a esta causal de procedibilidad de la
acción de tutela, y se establecieron algunos criterios para su aplicación.
[125]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-765 de 1998 y T-001 de 1999. Los
derechos de aplicación inmediata están consagrados en el artículo 85 de la
Const. que establece que los derechos de aplicación inmediata son el derecho a
la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la personalidad jurídica,
intimidad, al buen nombre, la honra, al libre desarrollo de la personalidad,
libertad, de conciencia, de cultos, expresión, de petición, a la libertad de
escoger profesión u oficio, a la libertad personal, a la libre circulación, al
debido proceso, al habeas corpus y a la segunda instancia en materia penal, a
la inviolabilidad del domicilio, a la no incriminación, de reunión, de
asociación y los derechos políticos.
[126]
Consultar, entre otras, las Sentencias T-199 de 2005, T-590 de 2009 y T-809 de
2010.
[127]
Consultar, entre otras, la Sentencia T-522 de 2001.
[128]
Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 48/104 del 20 de diciembre
de 1993, expedida en el marco de la Declaración sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer.
[129] Cook, Rebeca J. y Cusack, Simone, Gender Stereotyping:
Transnational Legal Perspectives, University of Pennsylvania Press, 2009,
pág. 15. Traducido al español por Profamilia, 2010.
[130] La
catedrática y magistrada del Tribunal Constitucional de España, María Luisa
Balaguer, sostiene que el término “feminismo” es polisémico y designa una
realidad muy plural: se habla de teoría feminista para designar en general
cualquier planteamiento teórico que reivindique la igualdad para la mujer. El
término “feminismo” ha adquirido por lo tanto una amplitud que hace necesario
desde el derecho dotar de sentido al término para, entre otras cosas, intentar
despojarlo de esa carga peyorativa con la que determinadas concepciones
sociales pretenden privarlo de valor.
[131]
Varela, Nuria, Feminismo para principiantes, Barcelona, Penguin Random
House, 2019, pág. 232.
[132]
Balaguer, María Luisa, Mujer y Constitución: la construcción jurídica del
género, Madrid, Anaya, 2005, pág. 39.
[133]
Cernuda-Canelles, Gemma, Atrapados en el feminismo: repensar el feminismo
para una sociedad mejor, Madrid, Urano, 2019, pág. 24.
[134] Cook,
Rebeca J. y Cusack, Simone, op. cit., pág. 23.
[135] En
este pronunciamiento, la Sala Plena afirmó que “[l]as discusiones
contemporáneas se han esforzado en demostrar cómo es posible encontrar una
serie de estereotipos que asignan roles preferentemente domésticos a la mujer,
lo que a su vez ha servido para explicar la generación de variados tipos de
violencia y discriminación al interior de la organización familiar. Ello
precisamente ha sido reconocido por el derecho internacional al destacar, entre
otras cosas que los fundamentos de protección de los Estados, parten de
reconocer las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y
mujeres”.
[136] C.
Molina Petit (Dialéctica feminista de la ilustración) atribuye la
incorporación del término “patriarcado” a la teoría feminista impulsada por la
autora K. Millet (Política sexual), quien lo utilizó en 1960 para
evidenciar el poder de los hombres sobre las mujeres en la sociedad. A partir
de esa fecha, el término se muestra útil para designar de forma genérica el
poder de sumisión que sufren las mujeres. Tomado de Balaguer, María Luisa,
op. cit., pág. 23.
[137]
McCabe, Jess, 50 conceptos sobre feminismo, Barcelona, Blume, 2019, pág.
78.
[138]
Balaguer, María Luisa, op. cit., pág. 24.
[139] Ibidem.,
pág. 172
[140]
Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1286
[141]
Sentencia T-878 de 2014, reiterada en las Sentencias T-093 de 2019 y SU-020 de
2020.
[142] MP.
José Fernando Reyes Cuartas.
[143] Al
respecto, es necesario distinguir, por ejemplo, entre la violencia doméstica
y de la violencia de género, pues, a pesar de que se les suele utilizar
indistintamente, cada una de estas formas de violencia posee un significado
propio. Por violencia doméstica se entiende aquella que se desarrolla en el
seno de las familias, de los hogares, y que puede ser tanto ejercida como
padecida por cualquiera de sus miembros. La violencia de género, en cambio, se
refiere a las agresiones perpetuadas por los varones en contra las mujeres como
fórmula para ejercer su control, mantenerlas en la obediencia y en el rol
tradicional.
[144]
Sentencia SU-080 de 2020.
[145] Según
un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito en el año 2018, de las casi 87.000 mujeres reportadas como víctimas de
homicidio doloso en todo el mundo durante el 2017, alrededor del 34% fueron
asesinadas por su pareja y el 24% por un familiar. Fuente: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf
En Colombia, de acuerdo con
datos de la DIJIN, en el 2018 el número de feminicidios aumentó
un 14% en comparación con el año anterior. Y, según el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, cada dos días y medio una mujer es
asesinada por su pareja o su expareja. Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/25n-en-colombia-una-mujer-es-asesinada-cada-tres-dias-por-su-pareja-o-expareja-articulo-892796
[146]
Sentencia SU-080 de 2020.
[147]
Sentencia C-408 de 1996.
[148] La OMS
entiende la violencia de pareja como “cualquier comportamiento, dentro de
una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, psíquico o sexual a
los miembros de la relación”. Fuente: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98816/WHO_RHR_12.36_spa.pdf;jsessionid=4666AC3939DBA638F0D40E6E6B8C43DD?sequence=1
[149]
Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e
Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo
Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Estimaciones mundiales y
regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la
violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud.
[150]
Disponible en: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/355927/ViolenciaMujer_EneFeb.pdf/f32dc467-e05b-0a5f-c54f-fe9448073151
[151]
Corporación Sisma Mujer. En tiempos de pandemia tampoco es hora de callar
las violencias contra las mujeres. Boletín Número 21 del 25 de mayo de
2020. Disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2020/09/25-05-2020-Bolet%C3%ADn-Sisma-Mujer-25-de-mayo-de-2020-.pdf
[152]
Esta cifra solo corresponde a los casos denunciados durante el aislamiento
preventivo obligatorio. Fuente: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/522189/Informe_INML_Mar25_Ago25_2020.pdf/b3498ba5-dc76-b31e-7191-29a1aee20db0
[153] Sobre
el particular, se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-012 de 2016 y
T-093 de 2019.
[154] Heise
L, Garcia Moreno C, La violencia en la pareja. Informe mundial sobre la
violencia y la salud. Publicación Científica y Técnica No. 588, Washington,
D.C., Organización Panamericana de la Salud, 2003, pág. 95 a 131.
[155]
Informe publicado por OMS en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica (2013), op.
cit. Asimismo, un estudio realizado por el Banco Mundial en el año 2018
reveló que “la violencia de género es una epidemia mundial que pone en
peligro la vida de mujeres y niñas y que tiene gran variedad de consecuencias
negativas, no solo para ellas, sino también para sus hijos e hijas y las
comunidades en que viven. Acabar con este flagelo es esencial para el
desarrollo del capital humano de las mujeres y para dar rienda suelta a todo lo
que pueden aportar para el crecimiento económico”.
[156] Una
breve reseña sobre la situación histórica de la mujer en Colombia antes de la
Constitución de 1991 se encuentra consignada en la Sentencia C-371 de 2000.
[157] Al
respecto, la Corte ha explicado que “[l]a Constitución concibe la igualdad
como un principio y un derecho. Como principio, implica un deber de obligatorio
cumplimiento para todas las autoridades y, en especial, para el legislador
cuando configura el derecho y fija las directrices necesarias para estructurar
las políticas públicas porque es una regla de justicia elemental y se proyecta
para definir la forma de Estado. Como derecho, la igualdad es un derecho
subjetivo que se concreta en deberes de abstención como la prohibición de la
discriminación y en obligaciones de acción como la consagración de tratos
favorables para grupos que se encuentran en situaciones de debilidad
manifiesta. La correcta aplicación del derecho a la igualdad no sólo supone la
igualdad de trato respecto de los privilegios, oportunidades y cargas entre los
iguales, sino también el tratamiento desigual entre supuestos disímiles. Es
claro que la Constitución no prohíbe el trato desigual sino el trato
discriminatorio porque de hecho el trato distinto puede ser obligatorio para
ciertos supuestos, siendo el trato discriminatorio aquel que establece diferencias
sin justificación constitucionalmente válida.” (Sentencia C-862 de 2008).
[158]
Sentencia C-101 de 2005.
[159]
Sentencia C-408 de 1996.
[160] Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966); Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); Protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos                  –Protocolo de San
Salvador– (1988); Recomendación general No. 19, adoptada por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1992); Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (1989); Protocolo facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer ­–Plataforma y Plan de Acción de Beijing–
(1998); Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas sobre la delincuencia organizada transnacional (2000); y las
Resoluciones 1325 de 2000, 1612 de 2005, 1820 de 2008, 1888 de 2009, 1889 de
2009, 1960 de 2010, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
[161]
Aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 51 de 1981.
[162]
Aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 16 de 1972.
[163]
Aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 248 de 1995.
[164] Las
Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer,
que se celebraron en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985)
y Beijing (1995). Esta última marcó un importante punto de inflexión para la
agenda mundial de igualdad de género. Como consecuencia, la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing adoptada de forma unánime por 189 países,
incluido Colombia, constituye un programa de acción en favor del empoderamiento
de la mujer. Esto viene a significar la introducción de una perspectiva de
género en la actividad política que revise, tanto en las medidas propiamente
políticas como en las legislativas o administrativas, el impacto que producen
respecto de la igualdad entre mujeres y hombres. La propuesta de Beijing,
conocida como mainstreaming o transversalidad, surgió para acelerar el
camino igualitario entre sexos, tras la demostrada inutilidad de las
herramientas legislativas tradicionales, petrificadas en un concepto de
igualdad formal o simulada, sin correspondencia material o real.
[165] ONU
Mujeres, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la mujer, México, 2011.
[166] Las
Recomendaciones Generales 12 y 19 del Comité CEDAW desarrollan el concepto de
violencia contenido en la CEDAW, haciendo énfasis en la importancia de entender
la violencia como una forma de discriminación que sufren las mujeres y, por lo
tanto, como un hecho prohibido por dicha convención.
[167] Estos
compromisos son expresiones específicas y un poco más detalladas de los deberes
de respeto y garantía de los derechos humanos de la mujer contenidos en la
Convención Americana.
[168]
Consultar, entre otras, las Sentencias C-1195 de 2001, C-426 de 2002, C-086 de
2016 y C-031 de 2019
[169]
Información obtenida del informe titulado “El acceso a la justicia para las
mujeres víctimas de la violencia en las Américas”, elaborado por la
Relatoría sobre los Derechos Humanos de la Mujer de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.cidh.org/women/Acceso07/cap2.htm
[170]
Sentencia T-012 de 2016.
[171] En la
Sentencia T-967 de 2014, la Corte sostuvo que “una
de las mayores limitaciones que las mujeres encuentran para denunciar la
violencia, en especial la psicológica, tiene que ver con los altos niveles
de impunidad y conductas discriminatorias contra las mujeres por parte de los
mismos operadores de justicia, debido a que se promueve la tolerancia
social de la violencia y la ineficacia de la administración de justicia frente
a estos casos”.
[172]
Disponible en: http://www.cidh.org/women/Acceso07/cap2.htm
[173] MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado
[174] Sobre
el particular se pueden consultar, entre otras, las Sentencias T-878 de 2014,
T-967 de 2014, T-012 de 2016 y T-338 de 2018.
[175]
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informe titulado: Acceso
a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas,
Washington D.C., 2007, pág. 3.
[176]
Poyatos, Gloria, Juzgar con perspectiva de género: una metodología
vinculante de justicia equitativa, Universidad de Murcia, iQual. Revista de
Género e Igualdad, 2019, pág. 2.
[177]
Documento aprobado y divulgado durante la segunda ronda de talleres de la XVIII
Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Bogotá D.C. (Colombia) los días 27
a 29 de mayo de 2015.
[178] La
Cumbre Judicial Iberoamericana es una estructura de cooperación, concertación e
intercambio de experiencias, que se articula a través de las máximas instancias
de los Poderes Judiciales de la región Iberoamericana. Esta integrada por 22
países latinoamericanos, incluido Colombia, y España. Su principal objetivo es “la
adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la
existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado
que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al
fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático”.
Fuente: http://www.cumbrejudicial.org/institucional/quienes-somos
[179] Es la entidad del Gobierno federal de México encargada de coordinar el
cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva para la erradicación
de la violencia contra las mujeres. Su objetivo es promover y fomentar
las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades
y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres
y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social
del país. Fuente: https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos
[180]
Disponible en: https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Conexión/CajaHerramientas/genero/Cartilla%20Género%20final.pdf
[181]
Herramienta para la Incorporación de los Derechos Humanos y la Perspectiva de
Género en la elaboración de sentencias relativas a delitos de feminicidio y
otras formas de violencia contra la mujer, Guatemala, 2015. Documento elaborado
por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Guatemala (OACNUDH).
[182]
Al respecto, pueden consultarse las Sentencias T-878 de 2014, T-967 de 2014,
SU-659 de 2015, T-012 de 2016, T-271 de 2016, T-145 de 2017, T-095 de 2018,
T-311 de 2018, T-338 de 2018, T-462 de 2018, T-093 de 2019, T-366 de 2019 y
SU-080 de 2020.
[183] MP.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[184] Dichas deficiencias han sido igualmente advertidas en las Sentencias
T-012 de 2016, T-271 de 2016 y T-093 de 2019.
[185] MP.
Gloria Stella Ortiz Delgado.
[186]
MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[187] Estas
premisas han sido reiteradas en las Sentencias T-271 de 2016, T-145 de 2017,
T-338 de 2018 y T-093 de 2019.
[188]
MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[189]
MP. María Victoria Calle Correa.
[190]
MP. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[191]
MP. Alberto Rojas Ríos.
[192]
MP. José Fernando Reyes Cuartas.
[193] Ver
Acuerdos PSAA08-4552 del 20 de febrero de 2008, PSAA12-9743 del 30 de octubre
de 2012 y PCSJA17-10661 del 4 de abril de 2017.
[194] El
contenido de esta herramienta se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.mdgfund.org/sites/default/files/GEN_ESTUDIO_Colombia_criterios%20equidad%20para%20el%20sector%20Justicia.pdf
[195]  “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas
del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento
Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se
modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan
otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”.
[196]
Ley 640 de 2001, art. 3.
[197]
Sentencias C-893 de 2011 y C-598 de 2011.
[198]
Sentencia C-713 de 2008.
[199]
MP. Clara Inés Vargas Hernández.
[200]
Sentencia T-197 de 1995.
[201] En la Sentencia C-1195 de 2001, la Corte se pronunció sobre la
conciliación prejudicial obligatoria en materia de familia, regulada en los
artículos 35, 36 y 40 de la Ley 640 de 2001, y declaró su exequibilidad,
condicionada, “bajo el entendido que cuando hubiere violencia
intrafamiliar la víctima no estará obligada a asistir a la audiencia de
conciliación y podrá manifestarlo así al juez competente, si opta por acudir
directamente a la jurisdicción del Estado”.
[202]
Ley 640 de 2001, artículo 32.
[203]
Sentencia T-320 de 2012.
[204]
Sentencias T-082 de 2015, T-484 de 2016, T-189 de 2018 y T-031 de 2020.
[205]
Sentencias T-496 de 2003, T-309
de 2006, T-855 de 2007, T-159 de 2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017, T-657 de
2017, T-189 de 2018 y T-038 de 2019.
[206] Sentencias
T-316A de 2013, T-722 de 2013, T-867 de 2013 y T-356 de 2015, T-484 de 2016,
T-087 de 2017, T-692 de 2017, T-070 de 2018, T-085 de 2018 y T-031 de 2020.
[207] Sentencias
T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016, T-205A de 2018,
T-038 de 2019 y T-031 de 2020.
[208]
Sentencias T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-316A de 2013,
T-484 de 2016, T-419 de 2017, T-038 de 2019, T-180 de 2019, SU-274 de 2019 y
T-031 de 2020.
[209]
Decreto 2591 de 1991, artículo 24.
[210]
Ver párrafo 2.1.1.12 del apartado de hechos relevantes y pretensiones.
[211]
Ver párrafo 2.1.1.14 del apartado de hechos relevantes y pretensiones.
[212]
Ver párrafo 2.1 del apartado de elementos probatorios e información recabada.
[213]
Sentencia T-659 de 2006
[214]
Ibidem.
[215]
Sentencia T-516 de 2012.
[216] Sobre
el particular se puede consultar, entre otras, las Sentencias SU-813 de 2007,
T-845 de 2007, T-1026 de 2007, T-1240 de 2008, T-328 de 2008, T-877 de 2010,
T-107 de 2012, SU-787 de 2012, T-881 de 2013,     T-265 de 2015 y T-031 de 2016
[217]
Sentencia SU-813 de 2007, reiterada en la Sentencia T-031 de 2016.
[218] Al
respecto, es importante recordar que la sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes se conforma con los bienes producidos o adquiridos como producto
del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos durante la vigencia de la unión
marital de hecho. En consecuencia, supone que tales bienes o rentas sean
devengados desde el momento en que se inició la unión marital y excluye los
bienes adquiridos a título gratuito, en cualquier tiempo, así como los habidos
a título oneroso antes de iniciarse dicha unión.
[219]
Ver notas al pie núm. 22 y 23.
[220]
Sentencia C-345 de 2017.
[221]
Ver folio 48 del expediente ejecutivo.
[222] Las
excepciones de fondo o de mérito consisten en todo hecho que pueda desconocer
la existencia de la obligación o declararla extinguida si alguna vez existió.
Están comprendidas dentro de estas, las siguientes: error, fuerza, dolo,
nulidad, simulación, etc.
[223] “Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una
excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de
prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la
contestación de la demanda”.
[224] “[…]
El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que
se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo, en hechos que
pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro
incidente de nulidad, o que se proponga después de saneada”.
[225]
Artículo 4º del Código de Procedimiento Civil.
[226] “ARTÍCULO 160.  PROCEDENCIA.  Se concederá el amparo de
pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin
menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a
quienes por ley debe alimento salvo cuando pretenda a hacer valer un derecho
adquirido por cesión”.
[227] Sentencias SU-813, T-845, y T-1026 de
2007, T-1240 y T-328 de 2008, T-877 de 2010, T-107 de 2012,
T-881 de 2013,  T-265 de 2015 y T-031 de 2016, entre otras.
[228]
Sentencia T-448 de 2010.
[229]
Sentencia T-031 de 2016.
[230]
Sentencia T-516 de 2012.
[231]
Lo mismo sucedió en el estudio de la sentencia T-732 de 2017.
[232]
Sentencia C-804 de 2006.
[233]
Unesco, Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje.