T-022-02
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-022/02
VIA DE HECHO EN
PROCESO PENAL-Condena de
reparación de perjuicios a persona que no fue vinculada al proceso
Constituye vía de hecho condenar a quien
no se le ha dado la oportunidad de defenderse. El actor fue condenado sin
haberle concedido tal oportunidad, como quiera que los accionados no observaron
el procedimiento legal para que el auto admisorio de la demanda se pueda tener
como legalmente conocido, sino que decidieron conforme su propio
convencimiento, y éste proceder en materia de notificaciones resulta, a todas
luces inaceptable.
TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE-Debe ser vinculado al proceso para que
pueda ejercer derecho de defensa
Sin lugar a dudas la sentencia proferida
por la Juez quebrantó las garantías constitucionales del actor, porque le
impuso una condena, sin haberlo notificado de su vinculación como tercero
civilmente responsable, de manera que no tuvo la oportunidad de oponerse a la
pretensión, de pedir pruebas, de contradecir las contrarias y de alegar en su
defensa.
Referencia:
expediente T-319.687
Acción de tutela
instaurada por Hermann Federico González Hurtado contra el Fiscal 94 Seccional
de la Unidad Tercera de Vida Grupo Uno de Bogotá, el Juzgado 8 Penal del
Circuito de Bogotá y la Sala Penal Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá, D.C.,
veinticuatro (24) de enero de dos mil dos (2002).
La Sala Octava
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Jaime
Araujo Rentería, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio
de su competencia constitucional y legal, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de
revisión de las decisiones tomadas por la Sala Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por Hermann Federico
González Hurtado contra el Fiscal 94 Seccional de la Unidad Tercera de Vida
Grupo Uno de Bogotá, el Juzgado 8 Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad.
I.
ANTECEDENTES
El señor Hermann Federico González Hurtado instauró
acción de tutela contra la Fiscalía 94 de la Unidad Tercera de Vida Grupo Uno,
el Juzgado 8 Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, porque, al decir del actor, los accionados
quebrantaron su derecho fundamental al debido proceso al condenarlo como
civilmente responsable, dentro del proceso penal seguido en contra de Edgar
José González Méndez, por el accidente de tránsito en el que perdió la vida el
señor José Drigelio Ausique Pulido, sin haberlo notificado de su vinculación a
la causa, como tercero civilmente responsable.
1. Hechos
De conformidad con
lo relatado por las partes, y de acuerdo con las pruebas aportadas al
expediente, se pueden tener como ciertos los siguientes hechos:
- El 4 de septiembre de 1994 falleció, a causa de las
heridas recibidas en accidente de tránsito, por un vehículo que se dio a la fuga,
el señor José Drigelio Ausique Pulido.
- El 7 del mismo mes y año la Fiscalía 94 Seccional
de la Unidad Tercera de Vida de Bogotá, abrió investigación para el
esclarecimiento de los hechos y determinación de los presuntos responsables. Y,
el 14 de octubre de 1994, la antes nombrada, vinculó al proceso en calidad de
sindicado al señor Edgar José González Méndez, en su condición de conductor del
vehículo Mazda 323 de placas AQI-437.
- El doctor Carlos Fernando Osorio Bustos, quien se
identificó como “(..)abogado de confianza de don
Hermann Federico González Hurtado (..)”, en ejercicio del derecho fundamental de petición,
informó al DAS, División de Policía judicial, Delitos contra la Vida, el 19 de
septiembre de 1994, que su agenciado se encontraba fuera del país, pero que a
su regreso “(..) estará atendiendo gentilmente la
citación que le han formulado y brindando a Vds. (sic), la colaboración del
caso.”
- La señora María del Carmen Forero Malagón, a nombre
propio y como representante legal de sus hijos menores Wisller Bladimir y
Giovanny Ausique Forero, por intermedio de apoderado, presentó demanda de
constitución de parte civil contra Edgar José González Méndez, la que fue
admitida el 22 de noviembre de 1994.
- Mediante escrito que obra a folio 160 del cuaderno
principal, el apoderado del Sindicado aportó a la investigación penal, “ (..) con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos (..)”, copia autentica del pasaporte del señor
Hermann Federico González Hurtado en el que figura que éste salió del país el
25 de julio de 1994 y que regresó el 23 de octubre del mismo año, además de
diversos documentos que dan cuenta de que González Hurtado fue sometido a un
tratamiento contra el cáncer, en los Estado Unidos de América, durante tal
lapso.
- Mediante providencia fechada el 7 de marzo de 1995,
la Fiscalía accionada negó las medidas de embargo y secuestro del automotor
causante del accidente, que había sido pedida por el representante de los
afectados, por no ser el vehículo de propiedad del Sindicado.
- El 13 de junio de 1997, a solicitud del apoderado
de la parte civil, el actor fue vinculado al proceso en calidad de tercero
civilmente responsable, por ser el propietario del vehículo Mazda 323 de placas
AQI-437 causante del accidente. Y con el propósito de notificarlo de tal
providencia se le envió un telegrama al inmueble de la Calle 122 N° 9-25 de
Bogotá. Procedimiento que se repitió, durante la etapa de investigación, a fin
de notificarlo de algunas de las decisiones tomadas.
- El apoderado del Sindicado impugnó la providencia
que vinculó al proceso a González Hurtado, para el efecto adujo que, no
obstante la relación de parentesco existente entre el antes nombrado y el
procesado, por ser éste hijo de aquel, el actor no se encontraba obligado a
responder por la conducta de González Méndez, dada la mayoría de edad del
infractor.
- El Fiscal Delegado ante el Tribunal, quien resolvió
la alzada, el 26 de agosto de 1995, confirmó la providencia impugnada al
encontrarla conforme a las previsiones del artículo 155 del Código de
Procedimiento Penal, entonces vigente.
- Mediante oficio 6222 de 1995, la Fiscalía General
de La Nación, Unidad Primera de Vida, informó a la Secretaría de Transito y
Transporte de Bogotá “(..)que el vehículo de placas
AQI- 437 se encuentra involucrado en un accidente de tránsito dentro del
proceso de la referencia (..)”.
- El apoderado de la parte civil, solicitó al Fiscal
–folio 272- y luego al Juez de la causa –folio 362- notificar personalmente al
actor de su vinculación al proceso en calidad de tercero civilmente
responsable, y, de no ser posible tal notificación, disponer su emplazamiento
en los términos del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.
- En providencia fechada el 26 de junio de 1996, el
Juzgado del conocimiento sin ordenar la notificación personal del actor,
dispuso su emplazamiento, trámite que tampoco se realizó.
- El 30 de abril de 1997 el Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Bogotá, dictó sentencia condenatoria en contra de Edgar José
González Méndez por el punible de homicidio en la persona de José Drigelio
Ausique Pulido. Así mismo, dispuso:
“Tercero:
CONDENAR CIVILMENTE a EDGAR JOSE GONZALEZ MENDEZ y HERMAN FEDERICO GONZALEZ
HURTADO, para que cancelen por concepto de daños materiales y perjuicio moral,
las sumas equivalentes a QUINIENTOS (500) y DOSCIENTOS (200) GRAMOS ORO,
respectivamente, contando con el término improrrogable de seis (6) meses.”
Decisión que fue precedida, entre otras, por las
siguientes consideraciones:
“Los perjuicios
causados por la infracción hacen referencia tanto a los materiales (daño
emergente y lucro cesante), como a los perjuicios morales, siendo el primero de
ellos considerado por el perito nombrado para el efecto, según dictamen que a
folios 421 a 423 obra, en la suma de $66.190.075.oo, la que a pesar de
ajustarse a la prueba allegada por la parte interesada, se entiende excesiva,
razón por la cual se apartará este Despacho de dicho dictamen, para acogerse a
los lineamientos del artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, tasándose
prudencialmente, no solo en el emolumento dedicado a atender las consecuencias
del hecho (daño emergente), sino el beneficio o ingreso dejado de percibir por
la victima de acuerdo a su actividad laboral (lucro cesante) en la suma
equivalente a QUINIENTOS (500) GRAMOS ORO. Además se (sic) estimarse por el
dolor, las consecuencias psicológicas, personales e individuales que la pérdida
de un ser querido ocasionan (perjuicio moral) corresponderá al equivalente a
DOSCIENTOS (200) GRAMOS ORO.
En conclusión,
deberá el sentenciado EDGAR JOSE GONZALEZ MENDEZ, al igual que el señor HERMAN
FEDERICO GONZALEZ HURTADO, quien fue vinculado como TERCERO CIVILMENTE
RESPONSABLE, cancelar los montos que por concepto de daños materiales y
perjuicio moral se tasaron, para lo cual se otorgará el término de seis (6)
meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia.”
- El apoderado de la parte civil impugnó la anterior
decisión, como quiera que consideró que González Méndez debía ser condenado a
responder por los perjuicios causados atendiendo a la tasación que de los
mismos hiciera el perito designado para el efecto. Y la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá modificó en éste sentido la decisión, como quiera que dispuso
que debía cancelarse, por concepto de perjuicios, la suma de $66.190.075.oo
2. La Demanda
El señor Hermann Federico González Hurtado
invoca la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el que
considera que fue violado por la Fiscalía 94 Grupo Uno de Vida, por la Juez
Octava Penal del Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá, al condenarlo a responder por los daños y perjuicios causados por
Edgar José González Méndez, sin haberle notificado la providencia que lo
vinculó como tercero civilmente responsable.
Afirma que a tiempo del in suceso, en el
que perdió la vida José Drigelio Ausique Pulido y resultó involucrado su hijo,
se encontraba fuera del país por razones de salud.
Reconoce ser propietario del vehículo Mazda
de placa AQI-437, causante del accidente, pero insiste en que su hijo tomó el
automóvil sin su autorización, toda vez que “ (..) por iniciativa propia
sustrajo las llaves del carro y lo sacó sin permiso. Obviamente, como estaba en
los Estados Unidos, yo no tenía control sobre el uso que se le estaba dando al
vehículo. Yo pensaba que estaría parqueado en el  garaje, pero lamentablemente,
como ocurrió, éste se vio involucrado en un accidente (..)”.
Sostiene que “(..) por mi delicado
estado de salud, nunca fui informado de dicho in suceso, nunca tuve
conocimiento de las investigaciones que se adelantaban en Colombia, siendo
ignorante absoluto de tales pesquisas.”.
Alega que, no obstante aparecer en el
expediente una misiva dirigida por la Fiscalía a él, con el propósito de
informarle sobre la providencia que lo vinculó al proceso, y otras similares
con el objeto de notificarlos de otras decisiones, para la época en que se
enviaron tales comunicaciones, el ya no residía en la dirección a la que éstas
fueron dirigidas “(..) Calle 122 # 9 - 25, debido a que desde enero de 1995
me fui a vivir con mi señora a la calle 125 No 12-10 Apto 801 (..)”
- Rechaza la intervención del doctor CARLOS
FERNANDO OSORIO, a su nombre, afirmando que “(..)NUNCA, HASTA LA FECHA,
HABÍA CONOCIDO AL MENCIONADO ABOGADO. NUNCA CONTRATE LOS SERVICIOS DE DICHO
SEÑOR. NUNCA LE OTORGUE PODER ESPECIAL NI GENERAL PARA ATENDER MIS ASUNTOS (..)
Apréciese que en todos los memoriales presentados por el señor CARLOS FERNANDO
OSORIO BUSTOS, se anuncia como defensor de mi hijo EDGAR JOSÉ GONZÁLEZ MÉNDEZ,
NUNCA ACTÚO EN MI NOMBRE…”
3. Posición de
los accionados
La doctora Bertha
Cecilia Contreras Lozano, en su calidad de Juez Octava Penal del Circuito de
Bogotá, informa al A-quo, en respuesta a su oficio 11001-11-04-00, que
el actor fue vinculado por la Fiscalía como tercero civilmente responsable por
el homicidio de Ausique Pulido mediante providencia de 13 de junio de 1995, y
que, debido a que no fue posible notificarlo personalmente, no obstante haberle
enviado telegrama para lograr su comparecencia, se lo notificó por estado.
4. Pruebas
obrantes dentro del expediente
4.1. El accionante
aportó los siguientes documentos:
- En 570 folios, fotocopia de la causa criminal
adelantada contra Edgar José González Hurtado por el accidente de tránsito en
el que perdió la vida José Drigelio Ausique Pulido.
- En 1 folio, “Certificado
de Libertad y Tradición de Matrícula Inmobiliaria Núm. 50N-20206735”, expedido
el 7 de enero de 2000, correspondiente al inmueble ubicado en la calle 122 Núm.
9-25 de Bogotá, en el que figura como propietaria del inmueble la Sociedad
Constructores Latinoamericanos Ltda., desde el 15 de diciembre de 1994, por
haberlo adquirido de Hernan (sic) González Hurtado a título de compraventa en
los términos de la Escritura Pública 6685 otorgada en la Notaría 23 de Bogotá
(folio 14 cuaderno de tutela).
- En 1 folio,
certificación emitida por el administrador del Conjunto Residencial Torres de
Multicentro, que da cuenta de que el “(..) señor Herman (sic) González
Hurtado habita en el apartamento 801-2 de este copnjunto (sic) Residencial
desde el 28 de enero de 1995 (..)” (folio 15 idem).
5. Las decisiones que se revisan
5.1. Sentencia de primera instancia
La Sala Penal del H. Tribunal Superior de
Bogotá, a quien correspondió en primera instancia el conocimiento del asunto de
la referencia, concedió la protección al debido proceso invocada por el señor
Hermann Federico González Hurtado.
Para el efecto considera que le asiste
razón al actor como quiera que i) de conformidad con el artículo 155 del Código
de Procedimiento Penal, entonces vigente, “No podrá ser condenado en
perjuicios – el tercero -, cuando no se haya notificado debidamente y se le
haya permitido controvertir las pruebas en su contra”, ii) la acción que se
ejerce contra el tercero civilmente responsable pretende hacer efectiva una
obligación civil, fundada en la responsabilidad por el daño de las cosas, iii)
el tercero civilmente responsable debe ser notificado personalmente, sobre su
vinculación, en los términos del Estatuto Procesal Civil, iv) la demanda de
constitución de parte civil sólo se dirigió contra el procesado Edgar José
González Méndez, v) la Fiscalía accionada no podía vincular al tercero,
mediando un simple escrito de la parte civil, vi) no era procedente conceder el
recurso de apelación de la providencia que ordenó la vinculación del actor,
porque quien lo interpuso no tenía poder para representar al afectado, vii) la
Fiscalía accionada hizo caso omiso de las reiteradas solicitudes del
representante de la parte civil, para que se notifique al actor y tal
irregularidad continuó y se agravó en la etapa de juzgamiento, habida cuenta
que la Jueza accionada no realizó ningún esfuerzo para notificarlo y, no
obstante, lo condenó a responder por los perjuicios, y viii) la Sala accionada
también obró, indebidamente, en cuanto confirmó tal condena.
En consecuencia decreta la nulidad de lo actuado en
la causa seguida contra Edgar José González Méndez, por el accidente de
tránsito en que perdió la vida José Drigelio Ausique Pulido, en todo lo
concerniente a la vinculación del actor como tercero civilmente responsable,
incluyendo la condena proferida en su contra.
5.2. Impugnación
En escrito presentado conjuntamente, los Magistrados
integrantes de la Sala accionada y la Jueza Octava Penal del Circuito de
Bogotá, impugnaron la decisión de amparo, argumentando que según el Código de
Procedimiento Penal la notificación personal del tercero civilmente responsable
no es obligatoria, y que el vinculado, no obstante la falta de notificación,
conocía de la existencia del proceso, como quiera que i) es el padre del
procesado, ii) es el propietario del vehículo causante del accidente, iii) el
profesional del derecho que intervino en su nombre, aunque sin poder para
representarlo, conoció de su vinculación por haber actuado en la causa como
defensor y haber impugnado dicha providencia, v) el 15 de junio de 1995 se le
envió al actor un telegrama a la calle 122 No. 9-25 de esta ciudad, dirección
suministrada por su hijo en la indagatoria, quien para esa época era soltero,
vi) en el expediente figuran otros telegramas enviados a la misma dirección.
Agregan
que el Estado no puede validar la conducta de quien sabiendo que ha sido
vinculado a un proceso no comparece a responder por sus actos, y que tampoco se
le puede exigir, al ente estatal, que destine un equipo de “(..) inteligencia
y (..) contrainteligencia para localizarlos en el lugar que elijan con
el fin de ocultarse ante el proceso (..)”.
Aducen que no se puede calificar a la
vinculación y posterior condena del tercero civilmente responsable, en la causa
seguida contra Edgar José González por el homicidio de José Drigelio Ausique
Pulido, como vía de hecho, porque para el efecto los accionados obraron
conforme a la convicción de que el padre del acusado conocía de su vinculación
a tal causa y que los fiscales y los jueces, en todas las jerarquías,
singulares o colegiados, deciden conforme a sus convicciones.
A su vez, la Juez Octava Penal del
Circuito, con el propósito de recordar al fallador que el accionante cuenta con
un medio de defensa idóneo para proteger su derecho presuntamente vulnerado,
como quiera que puede invocar la causal de nulidad prevista en el artículo
140.9 del Código de Procedimiento Civil, adiciona en tal sentido el escrito de
impugnación.
5.3. Segunda Instancia
La Sala de Casación Penal de la H. Corte
Suprema de Justicia revocó la sentencia impugnada.
Para el efecto trae a colación varias
decisiones en las que dicha Corporación ha reiterado la improcedencia general
de la acción de tutela para infirmar decisiones judiciales, al igual que la
sentencia C-543 de 1992, de esta Corporación, también relativa al tema.
Señala que la tutela no es un instrumento
adicional de control de la actividad judicial, y, haciendo alusión al artículo
140 del Código de Procedimiento Civil, aduce que el accionante cuenta con
eficaces y apropiados recursos para hacer efectivo su derecho presuntamente
violado, ante la jurisdicción civil.
Para corroborar su afirmación, aduce que el
actor debe alegar la nulidad de su vinculación en las oportunidades previstas
en los artículos 337 –entrega de bienes y personas- y 339 –derecho de
retención- del Código de Procedimiento Civil, que también puede proponerla como
excepción, en el proceso que se adelante en su contra para la ejecución de la
sentencia –artículo 509 C. de P.C.-, o que puede demandar en revisión.
Anota que ningún reparo se le puede
endilgar a la falta de notificación de las diversas decisiones adoptadas por
los accionados, en la medida en que no se ha controvertido, en sí misma, la
decisión de vincular al actor como tercero civilmente responsable.
6. Trámite en
sede de revisión
Mediante decisión
visible a folio 147 del cuaderno de tutela, la Sala Novena de Revisión se
abstuvo de realizar la revisión ordenada por la Sala de Selección, dada la
existencia de la causal de nulidad por indebida notificación.
De tal suerte que
devolvió el expediente al Juez de Primera Instancia con el fin de que éste
pusiera en conocimiento de los afectados la nulidad observada y para que, de
ser procedente, se pronunciara sobre la misma.
La señora María del
Carmen Forero de Malagón, a nombre propio y como representante legal de los
menores Wisller Bladimir y Helber Giovanny Ausique Forero solicitó al fallador
de instancia proceder a declarar la nulidad de lo actuado, para poder
intervenir en defensa de sus intereses y de los que representa, de tal manera
que, aunque algunos de los afectados una vez notificados guardaron silencio
–Fiscal 94-, y otros ratificaron lo actuado –Magistrados accionados -, el Juez
de Primera instancia procedió de conformidad y ordenó rehacer la actuación.
Cumplido lo
ordenado, esta Sala procede a decidir como corresponde.
II.      CONSIDERACIONES
Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La Corte
Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las
anteriores providencias, en desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con
los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del
5 de julio de 2000, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Siete
de esta Corporación.
2.      Problema
jurídico
Corresponde a la
Sala decidir si el Fiscal 94 de la Unidad Tercera de Vida Grupo Uno, la Juez
Octava Penal del Circuito y los Magistrados de la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, presidida por el doctor Lucas Quevedo Díaz quebrantaron la
garantía constitucional de debido proceso del señor Hermann Federico González
Hurtado, al condenarlo como tercero civilmente responsable de los daños
causados a la señora María del Carmen Forero de Malagón y a sus hijos menores,
por el accidente de tránsito en que perdió la vida su esposo y padre, José
Drigelio Ausique Pulido, sin haberlo notificado personalmente de la providencia
que lo vinculó a tal causa.
Previamente, habida
cuenta de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, como también de su naturaleza subsidiaria y residual[1], cabe precisar, si el
ordenamiento jurídico tiene prevista otra vía para que el actor invoque la
protección constitucional que pretende, porque la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia revocó la decisión de primera instancia fundada en algunas
específicas oportunidades que, a su juicio, concede el Estatuto Procesal Civil
para propender al restablecimiento de los derechos fundamentales de quienes han
sido condenados en una causa criminal, como terceros civilmente responsables -
artículo 86 C.P.-
3. El juez civil
carece de competencia para infirmar las sentencias proferidas en causa
criminal, así la pretensión apunte a aspectos civiles de la decisión
Considera la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia que el actor puede obtener de la justicia
civil el restablecimiento de sus garantías constitucionales quebrantadas, por
cuanto el Código de Procedimiento Civil tiene prevista la nulidad por indebida
notificación, regula la entrega de bienes como medida de ejecución de las
sentencias, la oposición a tal entrega y el derecho a ejercer la retención; y
concede al ejecutado la oportunidad de excepcionar.
Esta Sala discrepa
de la anterior posición, porque la señora María del Carmen Forero de Malagón,
con el propósito de obtener la reparación del daño que González Méndez le
ocasionó a ella y a sus hijos, eligió la vía del proceso penal –artículos 43
D.l. 2700 de 1991 y 45 Ley 600 de 2000-, de tal suerte que proferida por la
justicia penal la condena esperada, la competencia del juez civil se restringe
a hacerla efectiva –artículo 58 ídem-[2],
ciñéndose, para el efecto, a los imperativos de la sentencia que le corresponde
ejecutar.
Distinto sería si,
no obstante la vinculación de González Hurtado, las sentencias de primera y
segunda instancia se hubieran manifestado sobre su condena, o lo hubiesen
absuelto por falta de notificación, porque así la afectada podría conminarlo a
responder promoviendo en su contra un proceso ordinario de responsabilidad
civil extracontractual, por el hecho de las cosas –artículo 2341 y ss C.C.-[3].
Pero tal
procedimiento, mientras González Hurtado figure como obligado no resulta
posible, porque la sentencia que condenó al actor, como tercero civilmente
responsable y a González Méndez, por ser el autor de la infracción, a
cancelarle a la señora Forero Malagón la suma de $66.190.075.oo, a título de
indemnización, tiene autoridad de cosa juzgada, tanto sobre el procedimiento
que, eventualmente, puede propender por su ejecución, como respecto de aquel
que pretendiese constituir la obligación, de manera que, contrario a lo
sostenido por el Ad- quem, el juez civil no puede permitir discusiones
sobre la condena, por más inconstitucional que le parezca ejecutar a quien no
tuvo la oportunidad de defenderse.
Ahora bien, podría
argüirse que la autoridad de la cosa juzgada de las sentencias penales no se
ejercen sobre lo civil, sino en lo relativo a la existencia de la infracción,
la calificación de la conducta y la imposición de la pena, por ser éstos los
asuntos atinentes al daño de competencia exclusiva del juez penal, pero, cabe
precisar, que en el caso sub examine fueron tramitadas y decididas las
dos acciones, a que puede dar lugar un hecho punible, la penal y la civil, de
manera que el imperativo de la cosa juzgada las cobija a ambas.
También puede
considerarse que la condena proferida en contra del señor Herman Federico
González Hurtado, como tercero civilmente responsable de los daños causados,
por el accidente de tránsito en el que perdió la vida el señor Ausique Pulido,
es una decisión puramente civil, en cuanto no constituye una pena, sino la
condena a la reparación de un perjuicio; afirmación cierta que no priva a la
decisión en su contra de la definición que la asiste, como quiera que la
sentencia definió el origen de la prestación, el objeto de la obligación, los
sujetos activos y pasivos de la misma, y la oportunidad para su cumplimiento,
con suficiente autoridad –artículos 43 a 65 Decreto 2700 de 1991[4]-
Además, al parecer
de la Sala, el juez constitucional no podía supeditar el restablecimiento de
los derechos fundamentales del actor, a que la perjudicada iniciara un proceso
en su contra, porque, además de que ésta alternativa –como se dijo- no puede
tener tal alcance, se estaría sujetando tal restablecimiento a la voluntad e
interés del contrario, a quien le corresponde proceder con lealtad, pero nunca
abogar por la defensa de los derechos que, precisamente, están en contradicción
con los propios –artículo 95 C.P.-[5].
Finalmente, debe
hacerse referencia al recurso de revisión, en razón de que la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia lo relaciona como una de las vías que el actor puede
intentar para restablecer su derecho fundamental conculcado, al haber sido
condenado por los accionados sin sujeción al artículo 29 constitucional, para
precisar que en ninguna de las causales previstas en los artículos 232 del
Decreto ley 2700 de 1991, y 220 de la Ley 600 de 2000, tiene cabida la
situación que aqueja al actor. Y, que tampoco podría el afectado instaurar una demanda
con miras a que el juez civil revise la condena al pago de perjuicios que le
fue impuesta, habida cuenta que como la revisión propende por sustituir una
sentencia debidamente ejecutoriada por otra, debe intentarse ante la misma
jurisdicción que la profirió, circunstancia que descarta, de antemano, que una
sentencia dictada por la justicia penal pueda ser infirmada por el juez civil y
por las causales previstas en el artículo 380 del Estatuto Procesal Civil[6].
4. Los accionados
quebrantaron la garantía constitucional del debido proceso del actor
En reciente decisión
esta misma Sala, respecto del derecho a la defensa del tercero civilmente
responsable, en un proceso penal, puntualizó:
“El derecho de
defensa significa la plena posibilidad de controvertir las pruebas allegadas en
contra, la de traer al proceso y lograr que sean decretadas, practicadas y
tenidas en cuenta las existentes a favor o neutralizan lo acreditado por quien
acusa; la de ejercer los recursos legales; la de ser técnicamente asistido en
todo momento y la de impugnar la sentencia condenatoria. Por lo tanto este
derecho lleva intrínseco y hace extensivo a cada una de las actuaciones
judiciales y administrativas la obligación para que los jueces y funcionarios
convoquen real y oportunamente a las partes involucradas en sus decisiones, las
escuchen, les permitan presentar pruebas y contradecir las contrarias, y
presentar alegatos en igualdad de condiciones que a los otros sujetos
procesales.
La notificación,
como medio de conocimiento oficial y cierto sobre la existencia del proceso,
inclusive en sus etapas preliminares es requisito sine qua non para la validez
de la actuación correspondiente, si falta, todo lo que se haya llevado a cabo
es nulo, incluida la sentencia condenatoria. Es claro que estando no solamente
de por medio el derecho a la libertad sino la presunción de inocencia, que
requiere ser desvirtuada del motivo quiere decir entonces que las medidas
dirigidas a hacer efectiva la condena a la reparación de perjuicios por el daño
causado mediante una infracción a la ley penal, no pueden afectar a quienes no
fueron previamente obligados a la prestación, ya sea porque siendo sindicados
fueron absueltos, o porque, en su condición de terceros civilmente
responsables, no fueron vinculados al proceso[7].
Porque, sin
discutir la marcada relación que existe entre la infracción a la ley penal y la
obligación de reparar el daño causado[8],
no debe perderse de vista que la iniciación de la acción penal no supone el
comienzo de la acción civil y que la aceptación de esta última no implica la
vinculación al proceso del tercero civilmente responsable –artículos 44 y 45
ídem-, habida cuenta que mientras la acción penal se origina en la realización
del hecho punible –a la cual el Estado no puede renunciar-, la acción civil
requiere de la presentación de una demanda, y la vinculación del tercero
civilmente responsable exige, además de la plena identificación del implicado,
la mención de lo que de él se pretende y el fundamento de pedir que la acompaña
–porque el perjudicado puede prescindir de obtener el resarcimiento del daño, u
optar por perseguirlo mediante un proceso civil-[9].
No obstante,
el apoderado de la señora Forero de Malagón, como bien lo anotó el Juez de
Primera Instancia, no dirigió la demanda de constitución de parte civil contra
el actor , como quiera que su pretensión de reparación en esta oportunidad se
circunscribió al Sindicado –folios 78, 79 y 80 anexo 1-, y habiendo podido
reformar el libelo –artículo 89 C. de P. C.- no lo hizo, simplemente presentó
un escrito solicitando, entre otras peticiones, la vinculación del propietario
del vehículo.
Ahora bien, la
providencia que accedió a la vinculación del actor a petición de la Parte
Civil, ordenó a la Secretaría del despacho proceder a “(..)
requerir al demandante para que allegue copia de la demanda y anexos para ser
entregado al demandado o a su representante legal” -muy seguramente con el objeto de correr traslado al
tercero de las pretensiones del demandante- pero la funcionaria obligada no
adelantó tal diligencia, sino que se limitó a comunicarle al actor, mediante
telegrama, tanto la mencionada providencia, como algunas de las dictadas con
posterioridad, a la dirección que el Sindicado suministró en su versión libre,
como la de su residencia y la de sus padres –folios 46 a 50 y 234 a 237 anexo
1-.
Es más,
ninguna orden emitieron los accionados respecto de la notificación personal del
actor, aunque el emplazamiento fue ordenado no se adelantaron los trámites para
realizarlo y el antes nombrado no obró durante el trámite del proceso en
consuno con su vinculación –artículo 330 C. de P.C.- de tal suerte que no es
dable inferir su conocimiento y, así estuviere incurso su hijo en la
infracción, no puede ser compelido a responder por la condena[10].
Lo anterior,
porque la notificación del auto admisorio de la demanda, con la entrega al
demandado de la copia del libelo para efectos del traslado, con el rigorismo
exigido por los artículos 314 a 318 del Código de Procedimiento Civil, viene a
ser la condición sine qua non para que el demandado, en acción civil de
reconocimiento de perjuicios, cualquiera fuere la vía elegida para lograrlo, adquiera
conocimiento cierto de las pretensiones del demandante, de los hechos alegados
y de las pruebas pedidas y, así mismo, se encuentre en igualdad de condiciones
que su contradictor, para enfrentar la contienda. Por ello la Sala Penal de la
Corte Suprema de justicia ha sostenido que la notificación personal del tercero
civilmente responsable no puede realizarse por estado, en razón de que ésta
forma de notificación requiere que el vinculado haya adquirido previamente el
carácter de sujeto procesal, mediante la notificación personal y si ésta no es
posible, a causa del emplazamiento. Dice así la decisión[11]:
“El segundo
inciso del artículo 44 del Código de Procedimiento Penal establece que los
llamados a responder de acuerdo con la ley sustancial, como es el caso del
tercero civilmente responsable, deben ser notificados personalmente del auto
admisorio de la demanda.  Eso significa que para la vinculación al proceso de
dicho sujeto procesal no basta el proferimiento de la decisión ordenándola,
sino que se hace indispensable notificársela en la forma anotada.  A partir de
que esto último suceda adquiere la calidad de parte y naturalmente puede
intervenir en el proceso para ejercer el derecho de controversia.
Si la ley impone
la notificación personal al tercero vinculado, eso significa que el funcionario
judicial debe proceder a citarlo a través de un medio expedito para el fin
indicado en el artículo 189 del Código de Procedimiento Penal.  Obviamente a
condición de que su dirección sea conocida.  Y si citada la persona se niega a
concurrir impidiendo de tal manera la notificación personal, el mecanismo
supletorio de ésta –a falta de norma en el Código de Procedimiento Penal que lo
consagre—es, por virtud del principio de integración, el previsto en el
artículo 320 del Código de Procedimiento Civil.   Y se aplicará el 318 del
mismo Código en el evento señalado en el primer inciso de la norma, es decir
cuando el interesado en la notificación personal exprese “…que ignora la
habitación y el lugar de trabajo de quien debe ser notificado personalmente y
que éste no figura en el directorio telefónico, o que se encuentra ausente y no
conoce su paradero…”.
En los dos casos
la vinculación del tercero responsable finalmente se logra, si no concurre a la
notificación personal, con la designación de un abogado de oficio para que lo
represente y con quien quedan garantizados sus derechos de parte.
Está de acuerdo
la Sala con la idea de que la notificación por estado no suple la personal
dispuesta por la ley para la vinculación del tercero.  Aunque el artículo 190
del Código de Procedimiento Penal establece la notificación por estado en
aquellos casos en que no fuere posible la notificación personal, dicha
hipótesis opera frente a los sujetos procesales y es claro que para el momento
que se examina dicha calidad todavía no ha sido adquirida por la persona
natural o jurídica cuya vinculación al proceso ha sido ordenada.
De allí que
por muy firme que parezca la convicción de los accionados sobre el conocimiento
que puede haber tenido el actor de su vinculación a la causa, dado que el
causante del accidente fue su hijo, los hijos solteros, ordinariamente, residen
con sus padres, el vehículo involucrado en el ilícito es de su propiedad, y el
abogado defensor había intercedido en su causa, como el procedimiento que se ha
debido seguir para tener por cierto tal convencimiento no se cumplió, los
accionados quebrantaron el derecho de defensa del actor y la providencia debe
infirmarse.
Porque
constituye vía de hecho condenar a quien no se le ha dado la oportunidad de
defenderse, y en la causa seguida contra Edgar José González Méndez, por el
accidente de tránsito en el que perdió la vida Jose Drigelio Ausique Pulido,
Hermann Federico González Hurtado fue condenado sin haberle concedido tal
oportunidad, como quiera que los accionados no observaron el procedimiento
legal para que el auto admisorio de la demanda se pueda tener como legalmente
conocido, sino que decidieron conforme su propio convencimiento, y éste
proceder en materia de notificaciones resulta, a todas luces inaceptable.
Lo anterior,
porque puede suceder que los convocados a un proceso adquieran, por fuera del
mismo, el conocimiento de que son requeridos que, en algunos casos, dada la
cercanía de las partes en conflicto, puede llegar inclusive a suministrar mayor
información que la que brinda el trámite legal establecido para el efecto, pero
dado que el juzgador debe asegurar la intervención del vinculado, tiene que
tener certeza, y no únicamente convicción de que la notificación se produjo,
porque lo cierto admite ser verificado y es oponible al obligado, en tanto lo
simplemente intuido, debe quedarse en el fuero interno del juzgador.
5.      Corresponde
al Juez accionado tomar las medidas necesarias para restablecer la garantía
constitucional del debido proceso que le quebrantó al actor
Sin lugar a dudas la
sentencia proferida por la Juez Octava Penal del Circuito de Bogotá, como
quiera que condenó al actor a cancelarle a la señora María del Carmen Forero de
Malagón, a nombre propio y como representante de sus hijos Wisller Bladimir y
Helbert Giovanny, la suma de $66.190.075 en un término de seis meses, quebrantó
las garantías constitucionales del actor, porque le impuso una condena, sin
haberlo notificado de su vinculación como tercero civilmente responsable, de
manera que no tuvo la oportunidad de oponerse a la pretensión, de pedir
pruebas, de contradecir las contrarias y de alegar en su defensa.
Lo anterior porque,
así a los accionados les asista la convicción de que el señor González Hurtado
había sido informado de su vinculación, por ser el padre del Sindicado y
propietario del vehículo, tal convencimiento no puede producir los efectos
propios de la notificación personal -artículo 44 del Decreto ley 2700 de 1991,
artículo 69 Ley 600 de 2000- y tampoco los excusa se su deber de garantizar la
total sujeción del procedimiento a los mandatos constitucionales –artículo 29
constitucional.
En consecuencia la
Sala revocará las decisiones de primera y de segunda instancia que se revisan
para, en lugar de ésta última, conceder al actor la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, y en lugar de la primera, disponer que sea el
Juez Octavo Penal del Circuito de Bogotá quien deje sin valor ni efecto la
condena proferida contra el actor en el numeral Tercero de la sentencia dictada
por el mismo, el 30 de octubre de 1997, dentro de la causa seguida contra Edgar
José González Pulido, por el accidente de tránsito en el que perdió la vida el
señor José Drigelio Ausique Pulido[12].
III.    DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E:
Primero.- REVOCAR los fallos proferidos en
segunda y en primera instancia por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia y por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de
abril y el 14 de febrero del año en curso respectivamente, y, en su lugar, CONCEDER
la protección invocada por Hermann Federico González Hurtado contra el
Fiscal 94 del Grupo Uno de Vida, la Juez Octava Penal del Circuito de Bogotá y
la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Segundo. En consecuencia ordenar al Juez Octavo Penal del Circuito de Bogotá, que,
en las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de esta providencia, proceda
a dictar la providencia que deje sin valor ni efecto la condena proferida en
contra del actor, en el numeral 3 de la sentencia proferida el 30 de octubre de
1997, dentro del proceso por Homicidio en accidente de tránsito, seguido contra
Edgar José González Méndez.
Tercero.- Por Secretaría, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1.991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
CLARA INES VARGAS
HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que la presunción de
legalidad que ampara y hace obligatorias las decisiones judiciales hace de la
acción de tutela un mecanismo absolutamente excepcional, fundado en la
arbitrariedad de la decisión cuestionada, motivada en el absoluto
desconocimiento de la normatividad –consultar entre otras T-073 y 453 de 1997,
343 de 1998, 057 de 1999-.
[2] La
ejecución de la sentencia que ordena el pago de perjuicios se rige actualmente
por el artículo 58 de la Ley 600 de 2000.
[3] Evento en que, tal
como lo prevé el artículo 59 de la Ley 600 de 2000, no se puede entrar a
discutir la responsabilidad del causante del accidente, en razón de que la
misma se encuentra definida.
[4] Artículos
45 a 73 Ley 600 de 2000.
[5] En igual sentido
T-799 de 2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[6] Sobre el
recurso de revisión se puede consultar entre otras C-739 de 2001.
[7] “Están
solidariamente obligados a reparar el daño, resarcir los perjuicios causados
por el hecho punible y restituir el enriquecimiento ilícito las personas que
resulten responsables penalmente, quienes de acuerdo a la ley sustancial deban
reparar el daño y aquellas que se hubieren beneficiado de dicho
enriquecimiento.
Quienes sean
llamados a responder de acuerdo con la ley sustancial deberán ser notificados
personalmente del auto admisorio de la demanda, tendrán el carácter de sujetos
procesales e intervendrán en el proceso penal para controvertir las pruebas de
las que se derive su responsabilidad.” artículo 44 D.L. 2700 de 1991-. En igual
sentido artículos 69 y 72, 140 y141 Ley 600 de 2000.
[8] Los
artículos 55 y 56 del D. l. 2700 de 1991obligan al funcionario a liquidar en el
proceso penal los perjuicios causados con la infracción, siempre que no se haya
promovido la acción civil de manera independiente. En igual sentido artículo 56
Ley 600 de 2000.
[9] Sentencia T-799 de
2001 M.P. Alvaro Tafur Galvis
[10] Esta
Corporación, al declarar la exequibilidad de los artículos 154 y 155 del
Decreto 2700 de 1991 relativos a la oportunidad de vinculación y facultades del
tercero civilmente responsable, dejó en claro que el derecho de éste de
intervenir en el trámite incidental de la liquidación de perjuicios supone que
durante el curso del proceso tuvo el carácter de sujeto procesal, no solo
porque fue vinculado y notificado sino además porque “pudo debatir
plenamente y a la luz de la normatividad sustancial que regula su situación
jurídica, el compromiso civil que le cabe por el hecho de otro”., Sentencia
C-541 de 1992 M. P. Fabio Morón Díaz.
[11] Sentencia
12963, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal M. P. Carlos Eduardo
Mejía Escobar. En igual sentido sentencia de casación de junio 22 de 1994,
radicación 8400, M.P. doctor Edgar Saavedra Rojas, proceso 10260 sentencia de
17 de 06 de 1997, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[12] La jurisprudencia de esta Corporación ha
sido reiterativa al indicar que se configura via de hecho, entre otros eventos,
cuando la decisión judicial que se revisa quebranta la garantía constitucional
del debido proceso –consultar entre otras sentencias T-231/94 y T-008 de 1998
M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz-.