T-301-19
Sentencia T-301/19
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
TERMINO
DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-No puede
aplicarse de manera absoluta
En virtud del principio de seguridad
jurídica y de la prevalencia del interés general el término de caducidad del
medio de control de reparación directa es de 2 años. Por regla general, el
momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la
ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del
daño. Sin embargo, en aplicación de reglas y principios constitucionales, se ha
comprendido que dicho conteo no puede aplicarse de manera inflexible o rígida,
pues en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso, pueden
admitirse ciertas flexibilizaciones, necesarias para garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las
víctimas.
ACCION
DE REPETICION-Contabilización de término de caducidad
Respecto a los hechos que generan efectos
perjudiciales inmediatos e inmodificables -aquellos cuyas consecuencias se
vislumbran al instante, con rapidez y dejan secuelas permanentes- la contabilización
del término de caducidad de la acción se inicia el día siguiente al hecho que
lo genera, al tenor de lo dispuesto en el literal i), numeral 2 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011. Por el contrario, al tratarse de casos relacionados
con daños que sólo se conocen de forma certera y concreta con el discurrir del
tiempo -y con posterioridad al hecho generador-, esta circunstancia impone, en
aras de la justicia, que se deba contar el término de caducidad a partir del
conocimiento que el afectado tuvo del daño.
Referencia: Expediente T-6.976.576
Acción de tutela
presentada por Joaquín Francisco González Rodríguez, por conducto de apoderada
judicial, contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Valledupar -Cesar- y el Tribunal Administrativo del Cesar[1]
Magistrada
Ponente:
DIANA FAJARDO
RIVERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil
diecinueve (2019)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los
magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alejandro Linares Cantillo, en
ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo dictado,
en instancia, por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, el 9 de agosto de 2018, dentro de la acción de tutela promovida
por Joaquín Francisco González Rodríguez, por conducto de apoderada judicial,
contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar -Cesar- y el Tribunal Administrativo del César, con vinculación
oficiosa del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar y de la
esposa, hijos y hermanos del tutelante[2].
I. ANTECEDENTES
El 29 de mayo de 2018, el señor Joaquín
Francisco González Rodríguez, por conducto de apoderada judicial, presentó
acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Valledupar -Cesar- y el Tribunal Administrativo del Cesar, con el
fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y el principio de favorabilidad. En su
criterio, tales garantías básicas fueron vulneradas por las autoridades
judiciales accionadas al decretar la caducidad del medio de control de
reparación directa que inició en contra del Instituto Municipal de Deportes y
Recreación de Valledupar, por haber sufrido un accidente laboral del que se
desprendieron la “pérdida y evisceración del globo ocular derecho”[3] y secuelas de
naturaleza psicológica -trastorno depresivo de adaptación-, estas
últimas, desarrolladas y conocidas, con posterioridad a la ocurrencia del
acontecimiento dañoso, generándole dificultades para desenvolverse en su vida
cotidiana.
A. Hechos anteriores al proceso
judicial administrativo
1.1. El señor Joaquín Francisco González Rodríguez
tiene 62 años de edad[4]
y estuvo vinculado laboralmente con el Instituto Municipal de Deportes y
Recreación de Valledupar. El 29 de septiembre de 2012, mientras cumplía labores
de recuperación y limpieza de los parques locales, un cuerpo extraño fue expulsado
de la guadañadora que estaba empleando para atender sus funciones y le impactó
directamente en el ojo derecho[5].
En virtud de ello, fue inmediatamente trasladado al servicio de urgencias de la
Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar y, ante la gravedad de lo
ocurrido, el 3 de octubre siguiente fue intervenido quirúrgicamente en un
centro médico de Barranquilla por presentar proceso infeccioso denominado endoftalmitis
purulenta, que desencadenó en la “pérdida y evisceración del globo
ocular derecho”[6].
1.2. El 16 de octubre de 2014, la Junta
Regional de Calificación de Invalidez emitió dictamen médico diagnosticándole “herida
penetrante del globo ocular con cuerpo extraño”[7], calificándolo con una
pérdida de capacidad laboral permanente parcial del 34.86%, derivada de un accidente
de trabajo y fecha de estructuración el 29 de abril de 2014[8]. Contra dicho concepto
presentó recurso de apelación al estimar que la autoridad médica no evaluó las
consecuencias psicológicas que también se derivaron del episodio sufrido y que
le generaron progresivamente dificultades para laborar e interactuar en
sociedad, problemas en su vida de relación y adversidades en “el disfrute de
los espacios públicos por temor a la burla”[9].
1.3. El 17 de septiembre de 2015, la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez modificó el porcentaje de su pérdida de
capacidad laboral y dictaminó que correspondía a 38.36%, al evidenciar la presencia
de una “herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño”[10] y, además, “otros
episodios depresivos”[11]
derivados del accidente laboral, que le generaron al paciente síntomas
recurrentes de ansiedad y depresión, disminución de equilibrio e insomnio,
requiriendo, por consiguiente, de tratamiento farmacológico[12]. De acuerdo con la
autoridad laboral, “al revisar la Historia clínica documentada se encuentra
que hay sustento para calificar por el capítulo XII un trastorno depresivo de
adaptación que es secundario a su patología de base por pérdida del ojo derecho
en Accidente de Trabajo según las notas de evolución por psiquiatría desde el
año 2014”[13].
B. Medio de control de reparación
directa
1.4. Con fundamento en lo anterior, el 10
de octubre de 2016, el ciudadano presentó acción de reparación directa en
contra del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar[14], argumentando haber
sufrido un accidente de trabajo que le dificultó “el aprovechamiento de los
espacios de interacción laboral y familiar [y menoscabó] su seguridad a
nivel íntimo y general”[15].
De ahí que la entidad pública fuera responsable administrativa y
patrimonialmente de “todos los perjuicios materiales, psicológicos, daños a
la vida [de] relación y [quebrantos] morales”[16] generados por el suceso
dañoso que desencadenó en la pérdida de su ojo derecho. La demanda fue admitida
el 17 de noviembre de 2016 y, en el marco de la contestación, el ente demandado
propuso como excepción previa la caducidad de la acción[17].
1.5. El 22 de febrero de 2018, el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar -Cesar-, en
aplicación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011[18], declaró probada la
caducidad y dispuso la terminación del proceso[19].
En su criterio, el actor “tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho [el]
29 de septiembre de 2012 y desde ahí era consciente de su limitación no solo
para desempeñarse normalmente en la vida laboral sino cotidiana”[20]. Por ello, el cómputo de
dos años, para acudir al medio de control, inició el día siguiente, esto es, el
30 de septiembre de 2012, y culminó el 30 de septiembre de 2014, pese a lo cual
fue impulsado en el año 2016[21].
Además, el ciudadano presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 7 de
septiembre de 2015, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad, por lo
que el término legal establecido no alcanzó siquiera a ser suspendido[22]. Aclaró que no había
lugar a la aplicación de los principios pro damnato y pro actione,
a fin de flexibilizar el conteo del término, pues no existió duda sobre el “cumplimiento
de los requisitos o presupuestos de la demanda o del medio de control”[23].
1.6. Contra la anterior determinación el
peticionario presentó recurso de apelación y, el 22 de marzo de 2018, el
Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión aduciendo que si bien “el
daño padecido por el actor el día 29 de septiembre de 2012, no se puede
calificar como instantáneo, sino como de tracto sucesivo en tanto la lesión
inicial no dio lugar a la pérdida del globo ocular derecho, sino la infección
posterior denominada endolfalmitis (sic) purulenta [es] claro que
para efectos de la contabilización del término de caducidad, es la fecha de la
cirugía la que debe tomarse en cuenta. Se precisa que si bien existen secuelas
psicológicas que se derivaron de la limitación física que produjo la lesión,
esta apenas constituye una manifestación más del daño, más no su
materialización a parte de ella. En consecuencia, si se tiene en cuenta que el
3 de octubre de 2012 [se] practicó la cirugía de [evisceración]
de globo ocular derecho con [ímplante] “SOD” [el] término de
caducidad vencía el 3 de octubre de 2014, no obstante lo cual la demanda fue
presentada el 10 de octubre de 2016”[24].
C. La acción de tutela que origina
este proceso
1.7. En criterio del tutelante, el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar -Cesar-
incurrió en un defecto fáctico, por cuanto aplicó taxativamente lo dispuesto en
el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 sin valorar integral y objetivamente los
dictámenes médicos obrantes en el proceso, que evidenciaban la causación de
padecimientos que “no eran [inmediatos al] accidente laboral”[25]. En concreto, los daños
psicofísicos que solo fueron cognoscibles con el concepto de la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, que advirtió expresamente de su existencia y, en
razón de ello, modificó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, aumentando
la calificación inicialmente prevista[26].
Por ello, el término de caducidad debía contabilizarse a partir de tal momento
y no de manera previa.
1.8. Desde su óptica, también desconoció el
precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en la materia, según el
cual el inicio del término para ejercer el medio de control de reparación
directa debe contarse “de acuerdo al conocimiento del daño causado por el
hecho generador”[27].
Así, cuando se trate de lesiones que se agravan con el tiempo o cuyas
repercusiones se manifiestan de manera externa hasta una ulterior oportunidad,
la acción no puede rechazarse porque “el conocimiento o manifestación de
tales daños no concurra con su origen”[28].
En estos supuestos, en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial,
el conteo para la debida interposición del medio judicial debe iniciar a partir
de la fecha en la que la persona tuvo conocimiento efectivo del daño causado,
ya que “lo que no se conoce solo existe para el sujeto cuando lo advierte o
se pone de manifiesto”[29].
En esta ocasión, tal presupuesto se configuró cuando la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez le dictaminó un trastorno depresivo de adaptación, secundario
a su patología por pérdida del ojo derecho, es decir, el 17 de septiembre de 2015,
con lo cual el término de presentación de la acción venció el 17 de septiembre
de 2017[30].
1.9. Por su parte, explicó que el Tribunal
Administrativo del Cesar, aunque reconoció la presencia de un daño de tipo
psicológico que surgió con posterioridad al accidente laboral sufrido en el año
2012, consideró erradamente que “las secuelas [de tal naturaleza]
derivadas de la limitación física de la lesión, apenas [constituían] una
manifestación del daño, más no su materialización”[31], es decir, se erigían
en una simple extensión del perjuicio inicial. De esta manera, desconoció
abiertamente que “a pesar [de] que el daño psicológico fuera una
manifestación del daño inicial, no puede entenderse que se manifestó en la
misma fecha de los hechos que dieron origen al accidente, porque este daño no
fue inmediato, fue de carácter progresivo y solo fue conocido [con]
valoración posterior como manifestación de afectación psicológica, de magnitud
suficiente para aumentar la calificación de pérdida de capacidad laboral”[32].
1.10. En atención a lo dicho, el actor
acudió al mecanismo de amparo en procura de lograr la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y el principio de favorabilidad. Advirtió que, a la fecha, permanece
desempleado y que en su caso se cumplen “las condiciones establecidas por la
jurisprudencia para efectuar la reclamación del daño en los eventos en que este
no concurra con su origen”[33].
Ello por cuanto está probada la presencia de una lesión psicológica que se
concretó en la “pérdida de comunicación, falta de interacción social y
laboral, problemas de sueño y disfunción eréctil, [repercusiones] que se
manifestaron de forma posterior [al accidente laboral acaecido]”[34]. Por virtud de ello,
solicitó la revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades
accionadas, que declararon probada la excepción de caducidad propuesta.
D. Trámite de la tutela en
las instancias
1.11. Mediante Auto del 21 de
junio de 2018, el Consejo de Estado, Sección Quinta, asumió el conocimiento de
la solicitud de amparo, ordenó correr traslado a los demandados y dispuso la
vinculación al trámite del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de
Valledupar -Cesar-[35].
Posteriormente, a través de Auto del 19 de julio, vinculó a la esposa del señor
Joaquín Francisco González Rodríguez, a sus hijos (en total 7) y hermanos (8 en
conjunto) por cuanto fungieron como parte demandante dentro del medio de control
de reparación directa, ostentando así la calidad de terceros con interés
directo en la actuación constitucional[36].
En el término de traslado los convocados rindieron informe de la siguiente
manera:
1.12. El 29 de junio de 2018, el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar -Cesar- se
pronunció sobre los hechos objeto de controversia y reiteró in extenso
los argumentos que empleó para declarar la caducidad del medio de control de
reparación directa[37].
Hizo referencia expresa a una Sentencia de tutela proferida por el Consejo de
Estado, el 3 de mayo de 2018[38],
en la cual, al decidirse un caso similar al presente, según afirmó, se
consideró que “el cómputo de la caducidad puede ser flexible, siempre y
cuando las manifestaciones externas del daño se evidencien con posterioridad al
mismo. En caso contrario [tal y como ocurría en la presente oportunidad]
se deberá presentar la demanda dentro de los dos años posteriores a la
ocurrencia de los hechos [en tanto regla general en la materia], y
dentro del trámite procesal se determinará la cuantía de los perjuicios”[39]. Advirtió que la
acción de amparo no es una instancia adicional a los trámites administrativos y
que las decisiones allí adoptadas deben ser “obedecidas y cumplidas sin
dilación alguna, es decir, no le es dable al juez de primera instancia
cuestionar los pronunciamientos de su superior”[40], en este caso del
Tribunal Administrativo del Cesar.
1.13. En la misma fecha, el Tribunal
Administrativo del Cesar contestó al requerimiento judicial solicitando negar
el amparo, por la inexistencia
de vulneración de los derechos fundamentales invocados[41]. Señaló que en el caso
concreto se podían identificar tres presupuestos para el conteo del término de
caducidad del medio de control: (i) el día de la ocurrencia del accidente
laboral -29 de septiembre de 2012-; (ii) cuando el accionante fue intervenido
quirúrgicamente -3 de octubre de 2012- ante el cuadro infeccioso de endoftalmitis
purulenta, y (iii) la valoración de pérdida de capacidad laboral por
parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la que, sostuvo, se
constató la presencia de una afección psicológica derivada del acontecimiento dañoso.
Este último supuesto, aclaró, pudo haberse tenido en cuenta “en aras de
garantizar el derecho del actor de acceso material a la administración de
Justicia, y la aplicación de los principios pro damato y pro actione”[42]. Sin embargo, reiteró
que, el daño padecido por el ciudadano en el año 2012 no podía calificarse de instantáneo
sino de tracto sucesivo “en tanto la lesión inicial no dio lugar a la
pérdida del globo ocular derecho, sino la infección posterior de la epicrisis
anexada a la demanda, por lo que fue claro que para efectos de la
contabilización del término de caducidad [debía tomarse como referente] la
fecha de la cirugía [precisando] la Corporación, que si bien existían
secuelas psicológicas que se derivaron de la limitación física que le produjo
la lesión, esta apenas constituía una manifestación más del daño, más no su
materialización o parte de ella”[43].
1.14. El Instituto Municipal de Deportes y
Recreación de Valledupar y los terceros vinculados al trámite de tutela guardaron
silencio.
1.15. El 9 de agosto de 2018, el Consejo de
Estado, Sección Quinta negó las pretensiones del accionante, al estimar que, en
aplicación directa del artículo 164 del CPCA, no se configuró vulneración alguna
del debido proceso pues el Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad respecto
de quien se evaluó el reproche, “determinó, razonablemente, con los
elementos allegados al proceso, que el término de caducidad no se podía iniciar
a contabilizar desde el 29 de septiembre de 2012, día del accidente, sino desde
el 3 de octubre siguiente, cuando se le practicó [al ciudadano] la
cirugía que le extirpó el ojo derecho; motivo por el cual, para el 7 de [septiembre]
de 2015, fecha de solicitud de la conciliación prejudicial y el 10 de octubre
de 2016, calenda de presentación de la demanda, el fenómeno jurídico de la
caducidad de la acción ya había operado desde octubre de 2014”[44]. Precisó que las
secuelas psicológicas derivadas de la limitación física constituían una
manifestación más del daño, motivo por el cual no era posible contabilizar el
término de caducidad tomando como referente la definición de la pérdida de
capacidad laboral por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez
pues, en todo caso, la lesión antijurídica alegada se concretó y fue conocida
por el accionante al momento de ser intervenido quirúrgicamente[45]. Concluyó que no era
dable invadir la autonomía del juez natural y sustituir de manera arbitraria el
juicio valorativo acertadamente realizado.
E. Trámite de la tutela en
sede de revisión
1.16. Mediante Auto del 18 de diciembre de
2018, suscrito por la ponente, se solicitó al Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Valledupar -Cesar- la remisión del expediente en
el que se tramitó el medio de control de reparación directa, iniciado por el
señor Joaquín Francisco González Rodríguez contra el Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Valledupar -Cesar-. Al no obtener respuesta alguna, se
hizo necesario suspender los términos del proceso e insistir en el
requerimiento probatorio, por medio de Auto del 21 de enero de 2019[46]. El 26 de febrero
siguiente, el expediente administrativo fue allegado al Despacho[47].
iI. Consideraciones y fundamentos
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro
del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
86, inciso 3, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia
con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del asunto
objeto de revisión y formulación del problema jurídico
2.1. La presente acción de tutela se
origina en las decisiones judiciales de las autoridades demandadas que
declararon la caducidad del medio de control de reparación directa iniciado por
el señor Joaquín Francisco González Rodríguez contra el Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Valledupar, como consecuencia del accidente laboral
sufrido el 29 de septiembre de 2012. Para adelantar el análisis correspondiente,
son relevantes las siguientes fechas:
Fecha
Evento
laboral
29 de septiembre de 2012
Cirugía
de evisceración de globo ocular derecho
3 de octubre de 2012
Dictamen
de la Junta Regional
16 de octubre de 2014 (reconoce la
generación del daño físico en el actor)
Dictamen
de la Junta Nacional
17 de septiembre de 2015 (reconoce la
generación del daño psicológico en el actor)
Presentación
del medio de control
10 de octubre de 2016
El debate central de esta tutela recayó en
si efectivamente operó el fenómeno procesal de la caducidad de la acción. Para
el actor, el instante que marca el inicio de la configuración de la caducidad
es cuando tiene plena certeza de todos los daños causados por el accidente de
trabajo, esto es, el 17 de septiembre de 2015. En contraste, para las
autoridades demandadas la ocurrencia del accidente laboral, el 29 de septiembre
de 2012, o la evidencia principal del daño causado -sin considerar la
agravación en otras facetas-, el 3 de octubre de 2012, es el momento definitivo
que debe considerarse para tener en cuenta si se ejerce o no en tiempo el
derecho de acción.
2.2. En el escenario esbozado, como el
amparo se dirige directamente contra decisiones proferidas por autoridades
judiciales en ejercicio de su función jurisdiccional, se precisa analizar si la
acción constitucional es procedente formalmente, por satisfacer los requisitos
que para el efecto han sido sistematizados a partir de la Sentencia C-590 de
2005[48].
De superarse tal examen, a la Sala Segunda de Revisión le corresponde asumir el
siguiente problema jurídico: ¿incurrieron las autoridades judiciales
demandadas en defecto fáctico y/o desconocimiento del precedente y, por lo
tanto, lesionaron los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del accionante, al aplicar la figura de la caducidad
del medio de control de reparación directa a partir del día del accidente de
trabajo[49]
o de aquél en el que perdió el ojo[50],
sin valorar que solo tuvo la certeza de la totalidad de los efectos
negativos del accidente de trabajo con posterioridad, al conocer del daño
psicológico, y, por lo tanto, constituirse este último momento en el
determinante para estudiar el fenómeno extintivo del derecho de acción?
2.3. Para resolver el asunto, la Sala: (i)
reiterará la jurisprudencia sobre las condiciones generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, y (ii) analizará su
cumplimiento en el caso concreto. De sobrepasarse tal estudio, abordará su
procedencia material. Para tal efecto, (iii) reiterará la jurisprudencia sobre
las causales específicas de procedencia de la acción pertinentes para resolver
el asunto; (iv) se referirá a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado sobre el término de caducidad del medio de control de
reparación directa; y, por último, (v) decidirá sobre la viabilidad de acceder
a la protección invocada en esta oportunidad.
3. Procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia[51]
3.1. La consolidada y actualmente pacífica
línea jurisprudencial construida por esta Corporación, en torno a los mandatos
derivados de los artículos 86 y 229 de la Constitución Política y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos[52],
indica que las decisiones de los jueces de la República, en ejercicio de la
función jurisdiccional, pueden ser excepcionalmente cuestionadas a través de la
acción de tutela[53].
Esta postura no ha sido ajena a intensos debates destinados a su comprensión y
delimitación, -propios de la puesta en marcha de una institución novedosa y de
tal trascendencia para el afianzamiento de la tradición constitucional
colombiana a partir de la Carta Política de 1991-, con el objeto de preservar
su carácter subsidiario y de garantizar el equilibrio entre los principios de
seguridad jurídica, cosa juzgada e independencia y autonomía judicial, por un
lado; y la supremacía constitucional y eficacia de los derechos fundamentales,
por el otro. Las sentencias C-543 de 1992[54]
y C-590 de 2005[55]
se constituyen en decisiones hito en esta evolución, y la segunda es,
actualmente, el principal referente de la posición jurisprudencial de la Corte
Constitucional al respecto. Allí se sistematizaron los supuestos explorados por
la jurisprudencia bajo las denominadas condiciones genéricas y específicas de
procedibilidad de la acción de amparo contra providencias judiciales[56].
3.2. Por los primeros supuestos, el
pronunciamiento en referencia consideró los siguientes: (i) que el asunto
sometido a conocimiento del juez tenga relevancia constitucional; (ii) el actor
haya agotado antes de acudir a la acción de tutela, los recursos ordinarios y
extraordinarios previstos por el legislador para la defensa de sus derechos,
sin perjuicio de que la intervención del juez constitucional se solicite con la
pretensión de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) la
satisfacción del requisito de inmediatez, en términos de razonabilidad y
proporcionalidad; (iv) que cuando se invoca una irregularidad procesal, ésta
tenga incidencia definitiva o determinante en la decisión judicial que se
cuestiona; (v) la identificación razonable, por la persona interesada, de los
hechos que generan la lesión y los derechos quebrantados, y que, de haber sido
posible, haya invocado dichos argumentos en el proceso judicial; y, (vi) que no
se trate de sentencias proferidas en sede de tutela. Sobre estos
requerimientos, que se dirigen en su mayoría a preservar el carácter residual
del mecanismo de amparo, caben dos precisiones. La primera tiene que ver con el
hecho de que la carga argumentativa de quien acude a la tutela para cuestionar
una providencia judicial, interpretada al amparo del principio de informalidad
propio de este mecanismo[57],
se acentúa un poco cuando el reparo se efectúa frente a decisiones de altas
cortes[58];
la segunda, se refiere a la improcedencia de la acción de tutela contra
decisiones de tutela, en los términos referidos por la Corte en la Sentencia
SU-627 de 2015[59],
y contra providencias del Consejo de Estado que resuelvan una demanda de
nulidad por inconstitucionalidad, según lo considerado en la Sentencia SU-391
de 2016[60].
3.3. En cuanto a las causales específicas
de procedibilidad, la sentencia C-590 de 2005 se refirió a los siguientes
defectos: (i) orgánico, (ii) procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv)
material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii)
desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa a la Constitución
Política. Su configuración, ha precisado esta Corporación, no parte de una
visión fragmentaria o parcelada de cada uno de ellos, dado que es viable que
una misma situación dé lugar a que concurran y que, ante dicha comprobación, se
imponga un amparo por parte del juez constitucional[61].
4.
Verificación de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
el caso en concreto
4.1. Legitimación en la causa -por
activa y por pasiva-. Al tenor de lo previsto en el artículo 86.1 de la
Carta Política, concordante con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[62],
la acción de tutela es un mecanismo judicial de defensa puesto a
disposición de quien considera que sus derechos fundamentales se encuentran
amenazados o vulnerados, con el objeto de reclamar, por sí mismo o por quien
actúe a su nombre[63],
que se respete su posición por parte de quien está en el deber correlativo de
protección, bien sea una autoridad pública o bien un particular, bajo las
condiciones previstas por la Constitución y la Ley. Por lo anterior, de acuerdo
a la jurisprudencia de esta Corte, la procedencia formal del amparo presupone
la satisfacción de la legitimación para solicitar (por activa) y para ser
convocado (por pasiva). El análisis de esta relación sustancial implica
determinar la vocación, en quien la promueve, de ostentar la titularidad de una
posición de derecho; y, del otro lado, la vocación, en quien es llamado al
trámite, de intervenir para su satisfacción.
Trasladando lo anterior a la solicitud que
estudia la Sala, se concluye que quien invoca la acción es quien se considera
directamente afectado con las decisiones judiciales que declararon probada la
caducidad del medio de control de reparación directa, promovido contra el
Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar -Cesar-. Por su
parte, la acción se invoca contra las autoridades públicas, jueces de la
República, que adoptaron la decisión de poner fin al proceso administrativo y
se inhibieron de emitir un pronunciamiento de fondo con fundamento en un
argumento sustancial de tiempo. En los anteriores términos, se satisface el
requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva.
4.2. Relevancia constitucional. Este
presupuesto exige evidenciar que la cuestión debatida sea de orden
constitucional, por tener incidencia en la eficacia de los derechos
fundamentales[64].
En este escenario, sin la pretensión de anticipar una conclusión sobre la
vulneración o amenaza efectiva de un derecho pues no sería propio del análisis
formal de procedencia, es indudable que el asunto planteado por el accionante
reviste dicha importancia, dado que involucra la posición de la misma
Constitución Política dentro del sistema jurídico y varios bienes fundamentales.
En concreto, el peticionario solicita la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia así como el principio de favorabilidad que,
presuntamente, fueron desconocidos al privársele de la posibilidad de discutir
de fondo un conflicto de naturaleza administrativa indemnizatoria, con
fundamento en un argumento de tiempo que, considera, debe ser valorado bajo la
aplicación de unos parámetros sustanciales, objeto de interpretación por parte
de la Corte Constitucional, en sede de control abstracto, e inclusive del
Consejo de Estado. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, las autoridades
judiciales demandadas se apartaron principalmente de lo considerado por este
Tribunal en la materia y no realizaron una adecuada valoración de los elementos
probatorios a su alcance -que evidenciaban las verdaderas afecciones derivadas
del accidente laboral sufrido- lo que condujo a que se pusiera fin, anticipadamente,
al medio de control impulsado.
4.3. Agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios.  En el presente asunto, se satisface este
presupuesto en razón a que el accionante agotó todos los medios de defensa
judicial que tenía a su alcance. Así, la decisión administrativa que declaró
probada, en primera instancia, la excepción de caducidad del medio de control
de reparación directa fue apelada y no existe ningún otro mecanismo del que
pueda hacer uso para cuestionar tal determinación de dar por configurado el
fenómeno procesal lo que, en últimas, impidió un pronunciamiento de fondo sobre
la presunta responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión al daño alegado
por el actor. En gracia de discusión podría pensarse que el ciudadano cuenta
con el recurso extraordinario de revisión para atacar las decisiones que
resultaron contrarias a sus intereses. No obstante, la pretensión que se
formula en esta oportunidad no está comprendida en ninguno de los supuestos
expresamente consagrados en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de
2011[65],
lo que desvirtúa de plano la idoneidad y eficacia de este mecanismo para
resolver el requerimiento que plantea la presente solicitud de amparo.
4.4. Inmediatez. De la configuración
de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata de los
bienes fundamentales, la Corte ha concluido que, sin pretender la fijación de
un término de caducidad, su interposición debe efectuarse dentro un plazo razonable,
en relación con la complejidad del asunto y la situación particular del actor;
y proporcionado, frente a los principios de cosa juzgada, estabilidad jurídica
e intereses de terceros que podrían verse afectados por la decisión.
En este caso, la última actuación dentro del medio de control de
reparación directa correspondió a la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, el 22 de marzo de 2018. Por su parte, la acción de
tutela se interpuso por el señor Joaquín Francisco González Rodríguez el 29 de
mayo siguiente, esto es, transcurrido un término de 2 meses y 7 días, que se
considera razonable y proporcionado.
4.5. Identificación razonable de hechos
y derechos quebrantados. Atendiendo a la carga especial que recae sobre
quien invoca una solicitud de amparo contra autoridad judicial, por sus
providencias, también se concluye que en este caso se satisface el requisito,
dado que el actor explica los motivos que lo llevan a solicitar la protección
constitucional, enfocando su línea de defensa en el hecho de que las
autoridades judiciales demandadas incurrieron, al parecer, en la configuración
de un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente jurisprudencial,
principalmente de la Corte Constitucional, con su decisión de declarar probada
la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa -al no
haber cumplido, en apariencia, con la carga de ejercer la acción en tiempo-.
Dicha situación generó, desde su óptica, una vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y del principio de
favorabilidad. Igualmente, observa la Sala que en el trámite de la reparación
directa el tutelante debatió sobre la caducidad de la acción y puso de presente
la necesidad de tener en cuenta las particularidades de los hechos, con el fin
de tomar como punto de inicio del conteo de la caducidad una fecha posterior a
aquella en la que ocurrió el hecho dañoso.
4.6. En la medida en que el actor no sustenta su petición de amparo
en un presunto vicio de orden procedimental, pues solo dirige su reclamo al
contenido de la decisión sustancial que puso fin a un proceso administrativo
sin efectuar consideración alguna sobre el fondo de la reclamación judicial y,
además, no discute la lesión de sus derechos a través de fallos de tutela o de
nulidad por inconstitucionalidad, no hay lugar a analizar estos requisitos.
4.7. En conclusión, la Sala encuentra que
en esta oportunidad se satisfacen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial y, en consecuencia, continuará con
el estudio propuesto (numeral 2.3., supra).
5. Estudio
de la procedencia específica de la acción de tutela invocada por el señor Joaquín
Francisco González Rodríguez
5.1. Caracterización de los defectos
relevantes para la resolución de este caso: fáctico y desconocimiento del
precedente
5.1.1. Defecto fáctico - Breve
caracterización[66]
Al referirse a este tipo de defecto, esta Corporación ha indicado
que se configura cuando el apoyo probatorio en el cual
se basa el juzgador para resolver un caso es absolutamente inadecuado[67]. Si bien la valoración
de las pruebas corresponde al juez, en ejercicio de los principios de autonomía
e independencia judicial, de su papel como director del proceso, de los
principios de inmediación y de apreciación racional de la prueba, este amplio
margen de evaluación está sujeto a la Constitución y a la Ley[68]. Por esa razón, debe
realizarse conforme a unos criterios objetivos, racionales y rigurosos[69], de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, los parámetros de la lógica, de la ciencia y de la
experiencia[70].
En la práctica judicial, la Corte ha
encontrado tres hipótesis en las cuales se configura el defecto fáctico: (i)
cuando existe una omisión en el decreto y en la práctica de pruebas que eran
necesarias en el proceso; (ii) cuando se hace una valoración defectuosa o
contraevidente de las pruebas existentes; y (iii) cuando no se valora en su
integridad el acervo probatorio[71].
Estas hipótesis pueden configurarse por conductas omisivas o activas, dando
lugar a las dos dimensiones del defecto fáctico, la negativa (u “omisiva”) y la
positiva (o “por acción”)[72].
La primera se presenta cuando el juez se niega a dar por probado un hecho que
aparece en el proceso, sea porque (i) niega, ignora o no valora las pruebas
solicitadas; o (ii) a pesar de poder decretar las mismas, no lo hace por
razones injustificadas. La segunda se presenta cuando, a pesar de que la prueba
sí obra en el proceso, el juez (i) hace una errónea interpretación de ella, al
atribuirle la capacidad de probar un hecho que no aparece en el proceso o al
estudiarla de manera incompleta; (ii) valora pruebas ineptas o ilegales; o
(iii) valora pruebas indebidamente practicadas o recaudadas[73].
No obstante, no
se trata de cualquier yerro; debe satisfacer los requisitos de (i) irrazonabilidad,
que quiere decir que el error sea ostensible, flagrante y manifiesto; y (ii) trascendencia,
que implica que el error alegado tenga ‘incidencia directa’, ‘transcendencia
fundamental’ o ‘repercusión sustancial’ en la decisión judicial adoptada, esto
es, que de no haberse presentado, la decisión hubiera sido distinta[74]. De esta manera, las divergencias subjetivas de la apreciación
probatoria no configuran un defecto fáctico pues, frente a interpretaciones
diversas y razonables, el juez natural debe determinar, conforme con los
criterios señalados, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto[75]. En consecuencia, el
juez de tutela debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial[76],
y debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas
por el juez natural goza de razonabilidad y legitimidad[77]. En ese sentido, el juez
de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez natural que ordinariamente conoce de un asunto[78], su intervención debe
ser restringida[79].
5.1.2. Desconocimiento del precedente -
Breve caracterización[80]
Este defecto fue referido por la Corte Constitucional
en la Sentencia C-590 de 2005[81]
a través del siguiente ejemplo: “cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado”. La relevancia del respeto
por el precedente dentro del ordenamiento jurídico se afinca en principios
tales como la seguridad jurídica, a través de la predictibilidad de las
decisiones judiciales, la igualdad, en virtud del cual situaciones similares -en
lo importante- deben recibir idéntica respuesta y por
razones de “disciplina judicial”, en la medida en que es necesario un mínimo de
coherencia en el sistema de justicia. Su alcance
ha sido precisado, entre otras, en la Sentencia SU-432 de 2015[82] en la
que, acogiendo lo sostenido en la providencia T-292 de 2006[83], la
Sala Plena de la Corte Constitucional expresó que: “[e]l precedente judicial
es concebido como una sentencia previa que resulta relevante para la solución
de un nuevo caso bajo examen judicial, debido a que contiene un pronunciamiento
sobre un problema jurídico basado en hechos similares, desde un punto de vista
jurídicamente relevante, al que debe resolver el juez. Como los supuestos de
hecho similares deben recibir un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior”.
También ha advertido esta Corporación que
la fijación de una regla de decisión previa, con efectos vinculantes para el
caso posterior, exige la diferenciación entre aquello que efectivamente tuvo
incidencia en el pronunciamiento anterior, ratio decidendi y, por lo
tanto, posee fuerza normativa a futuro, de aquello sin la trascendencia suficiente
para ello, considerado doctrinalmente como obiter dicta. En este
escenario, la vinculación implica que el juez que considere necesario apartarse
del precedente, asuma la carga argumentativa requerida para el efecto[84]. Así, como se afirmó
en la providencia SU-432 de 2015, el respeto por el precedente comprende “tanto
su seguimiento como su abandono justificado”, en este último caso
con transparencia y suficiencia, demostrando de esta manera que
la interpretación alternativa brindada al asunto aporta un mejor desarrollo a
los derechos y principios constitucionales que se encuentran en tensión[85].
6.  El término de caducidad del medio de control de reparación
directa
6.1. Decisiones de la Corte Constitucional
en sede de control concreto sobre el término de caducidad del medio de control
de reparación directa
6.1.1. El artículo 90 de la Carta Política
contempla expresamente el deber de reparación en cabeza del Estado y establece
que deberá responder “patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial
de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. En
desarrollo directo de este mandato, el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- consagró en su artículo
164, numeral 2, ordinal i) el medio de control de reparación directa, como un mecanismo
para obtener la indemnización de los daños antijurídicos derivados de las
acciones u omisiones de las autoridades públicas. Dicha disposición también dispuso
como término para ejercer el derecho de acción, so pena de que opere el
fenómeno de la caducidad, 2 años, contados a partir del día siguiente “al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia”[86].
Sobre el establecimiento de términos de caducidad en las acciones
judiciales, esta Corporación ha considerado precisamente que “en lugar de
coartar el acceso a la administración de justicia, lo concretiza y viabiliza.
Establecer acciones ilimitadas y sin términos de caducidad, conduciría a una
paralización de la administración de justicia, e impediría su funcionamiento.
Conduciría a que el Estado no pueda resolver los conflictos sociales”[87]. Por
ello, la caducidad se ha entendido, por regla general, como la extinción del
derecho a la acción judicial por el transcurso del tiempo. De manera que si el
sujeto procesal deja, por su inactividad o negligencia, transcurrir los plazos
fijados por la Ley en forma objetiva sin presentar la demanda correspondiente o
impulsar el litigio, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que
pueda alegar excusa alguna para revivirlos[88].
En estas condiciones, se ha considerado que la fijación de un límite temporal
específico para la presentación del medio de reparación directa, no tiene por
objeto coartar el derecho de las víctimas de acceder a la administración de
justicia para obtener, si es del caso, el resarcimiento de los daños
antijurídicos causados[89].
Se trata de cargas procesales y obligaciones impuestas a los usuarios del
sistema de justicia, (i) orientadas a garantizar un funcionamiento eficiente y
ordenado de las instituciones que lo conforman, esto es un deber de
colaboración con la justicia, como una función pública -artículo 228 C.P.- y
(ii) fundadas en la necesidad del conglomerado social de obtener seguridad y
certeza jurídica para evitar la paralización del tráfico judicial y garantizar
de esta manera la prevalencia del interés general[90]. Justamente,
el derecho de acceso a la administración de justicia sufriría grave distorsión
en su verdadero significado si “pudiera concebirse como una posibilidad
ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie”[91].
6.1.2. Con todo, la jurisprudencia
constitucional ha comprendido que si bien la caducidad debe entenderse como una
sanción, en los eventos en que determinadas acciones no se ejercen en un
término específico, o como la carga procesal para que el ciudadano reclame del
Estado determinado derecho dentro del plazo fijado por la Ley, tal figura no
puede interpretarse de forma irrazonable. Entendiendo ello, en algunos casos ha
flexibilizado el estándar de aplicación del término, a partir, esencialmente, de
las circunstancias particulares del asunto objeto de análisis. Lo anterior ha
tenido lugar, principalmente, en temas relacionados con la responsabilidad estatal
por falla en el servicio de vigilancia y protección -afecciones en la salud-, en
cuyo escenario de discusión se ha previsto que “el término de caducidad no
puede aplicarse de manera absoluta, sino atendiendo a las particularidades del
caso, ya que existe la posibilidad de que el afectado conozca o identifique el
perjuicio en un momento posterior a aquel en que ocurrió, motivo por el cual,
le corresponde al juez efectuar una interpretación que garantice los derechos
fundamentales de las víctimas del daño antijurídico”[92]. En estos supuestos,
los afectados ven usualmente constreñido su derecho a demandar “por virtud
de las circunstancias oscuras que rodean los hechos en que se produjo el daño”[93]. A continuación, la
Sala hará un recuento de algunos de los precedentes constitucionales más
relevantes que se han proferido en relación con la posibilidad de
flexibilización del término de caducidad en tratándose del ejercicio del medio
de control de reparación directa.
6.1.2.1. En la providencia T-075 de 2014[94], la Sala Segunda de
Revisión se refirió a un caso de falla del servicio médico de un menor de edad,
imputable al Instituto de Seguros Sociales -ISS- como consecuencia de un mal
diagnóstico médico y de la dilación en la entrega de un medicamento prescrito[95]. Tras analizar el
asunto, se determinó que el
Tribunal Administrativo del Tolima, autoridad ordinaria que conoció del medio
de control de reparación directa[96], incurrió en un defecto sustantivo al aplicar el
plazo sin acudir a principios constitucionales[97], desconociendo la jurisprudencia del
Consejo de Estado sobre caducidad de responsabilidad médico sanitaria,
especialmente por la expectativa de recuperación que le brindaba el servicio médico al paciente[98], y sin valorar
las pruebas obrantes en el proceso que impedían determinar una fecha exacta en
la cual se había producido el daño alegado o este efectivamente resultaba
cognoscible[99]. Para la Sala, una “visión razonable
de las circunstancias” permitía comprender que el plazo de caducidad debía contabilizarse, como lo invocaba la
parte accionante, desde cuando se conoció la generación de secuelas
irreversibles para la salud del menor y se le calificó por el mismo Instituto
de Seguros Sociales -el 1 de julio de 2003- una pérdida de capacidad laboral
del 72.5% y no, como lo hizo el juez ordinario, desde el momento en que se
diagnosticó su dolencia -hemartrosis en la rodilla derecha-, hecho que se
presentó desde el año 2000[100].
Lo anterior, bajo el razonamiento de que, conforme a las pruebas existentes en
el proceso, “los daños sufridos [fueron] de tracto sucesivo”,
pues se produjeron de manera paulatina, extendiéndose, inclusive, a los
tobillos y al codo del niño[101].
Con base en estas
consideraciones, se entendió que en la acción impulsada no operó el fenómeno de
la caducidad[102], destacando que la conducta de los
demandantes no fue negligente, descuidada o desplegada con desidia, pues no
conocían de manera definitiva el daño sufrido por el menor, a causa de la falla
en la prestación del servicio médico. Por ende, se concedió el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia, dejándose sin efectos la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, que declaró probada la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa, para que, en su lugar, se
pronunciara de fondo sobre la presunta responsabilidad médica en la que había
incurrido el ISS[103].
6.1.2.2. En la Sentencia SU-659 de 2015[104], la Sala Plena fijó parámetros para comprender cómo, excepcionalmente, puede flexibilizarse el conteo del término legal
de la caducidad del medio de control de reparación directa. En esta ocasión, se
analizó el caso de una familia que demandó la reparación de los daños causados
por el acceso carnal violento y posterior homicidio del que fue víctima su
menor hija -de 9 años de edad- al interior de un CAI de Policía; hechos en los
que resultó inicialmente involucrado su padre por lo que los demandantes solo
pudieron ejercer el derecho de acción[105]
cuando aquel fue absuelto de toda responsabilidad -lo cual ocurrió el 13 de
octubre de 1995-[106].
En un primer momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las
pretensiones de la demanda[107].
No obstante, en segunda instancia, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró
la caducidad de la acción, excepto en relación con el padre de la niña, para
quien consideró el término debía contarse desde cuando fue desvinculado de toda
responsabilidad penal. Indicó que respecto de los demás demandantes, el término
comenzó a transcurrir desde el día de los hechos -28 de febrero de 1993-, por
cuanto, en este instante, tuvieron efectivo conocimiento de la violación y
posterior muerte de la menor, que los mismos ocurrieron al interior de una estación
de policía y que de lo sucedido se sindicó inmediatamente a un policía vinculado
a la entidad demandada.
La Sala Plena retomó las subreglas
jurisprudenciales que sobre la materia ha establecido el Consejo de Estado y
señaló que, en aplicación del principio pro damnato o favor victimae
-que favorece el estudio de fondo del resarcimiento al daño antijurídico
sufrido por una víctima- y teniendo en cuenta que el fundamento de la acción de
reparación directa es el daño, en la aplicación del término de caducidad se debe
observar que: “a) ante la duda sobre el inicio del término de caducidad, la
corporación judicial está [obligada] a interpretar las ambigüedades y
vacíos de la ley en concordancia con los principios superiores del
ordenamiento, entre ellos, los de garantía del acceso a la justicia y
reparación integral de la víctima b) el momento en que las víctimas adquieren
información relevante sobre la posible participación de agentes del Estado en
la causación de los hechos dañosos; c) la oportunidad en que se conozca el
daño, porque hay eventos en los cuales el perjuicio se manifiesta en un momento
posterior; d)  la fecha en el (sic) cual se configura o consolida el daño,
porque en algunos casos la ocurrencia del hecho, la omisión u operación
administrativa no coinciden con la consolidación del daño o se trata de daños
permanentes, de tracto sucesivo o que se agravan con el tiempo; y e) frente a
conductas constitutivas de violaciones a los derechos humanos, no debe
aplicarse el término del artículo 136, numeral 8 de la C.C.A., en cumplimiento
de los compromisos internacionales”[108].
Siguiendo esta línea, en el caso concreto,
se advirtió que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por no haber acogido una interpretación sobre el término de
caducidad del medio de control con un enfoque constitucional y tomando en
consideración las especiales circunstancias que ofrecía el asunto. Una
actuación en ese sentido hubiera permitido concluir que la regla general de los
2 años para que operara la caducidad, contados desde el día siguiente a la
ocurrencia del hecho causante del daño, “no es absoluta, ni el punto de
inicio inmodificable”[109]
pues existen circunstancias, como en el presente asunto, que ponen en evidencia
la imposibilidad real del ciudadano de ejercer la acción. Bajo estas premisas, el
término de caducidad debía empezar a correr, en virtud del principio de igualdad[110], desde cuando todos los
accionantes tuvieron total certeza de la configuración del daño antijurídico
atribuible al Estado, incluido, por supuesto, el Agente responsable del mismo, pues
durante el tiempo en el que el señalado penalmente fue el progenitor de la
menor, ninguno de los sujetos procesales legitimados estuvo en condiciones de
demandar administrativamente[111].
Con fundamento en lo anterior, se concluyó que la fecha a partir de la cual se
debió contabilizar la caducidad de la acción era el 14 de octubre de 1995, tal
como lo hizo, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
hecho que implicaba reconocer que al momento de promoverse la acción
administrativa no había caducado, por lo que el Consejo de Estado estaba en la
obligación de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de los accionantes[112]. En consecuencia, se
concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y debida diligencia, y se dispuso dejar
sin efectos la decisión proferida por la autoridad judicial accionada para que,
en su lugar, emitiera una sentencia de fondo.
6.1.2.3. Recientemente, la Sala Octava de
Revisión se pronunció sobre la materia en la Sentencia T-334 de 2018[113]. En esta oportunidad,
un patrullero de la Policía Nacional formuló acción de reparación directa -el
25 de febrero de 2015-, a fin de obtener el resarcimiento de los daños
ocasionados como consecuencia del accidente de tránsito que sufrió el 19 de
diciembre de 2010 mientras se movilizaba en una patrulla de la institución y
del cual, adujo, tuvo certeza de las lesiones físicas y psicológicas padecidas cuando
fue expedido el dictamen de pérdida de capacidad laboral por parte del Grupo
Médico Laboral Regional 1 de la Policía Nacional, el 14 de febrero de 2014, que
le asignó una pérdida de capacidad laboral del 32.13%[114]. El Juzgado Tercero
Administrativo de Oralidad de Medellín declaró probada la excepción de
caducidad de la acción y, en consecuencia, dio por finalizado el proceso al
afirmar que el inicio del término de 2 años era el del accidente[115]. Esta decisión fue
apelada y confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia[116].
La Sala de revisión advirtió que, en los
casos de reparación directa, “la adecuación de los supuestos fácticos a los
presupuestos legales previstos en la norma no puede tornarse en un ejercicio
exegético e irreflexivo, sino que exige el estudio crítico de las
circunstancias particulares que rodean cada caso, porque si bien la afectación
puede aparentar cierta obviedad sobre la manifestación del daño, lo cierto es
que pueden existir hechos posteriores que resultan determinantes a efectos de
establecer con certeza su ocurrencia”. En esta línea de argumentación precisó
que, en el caso sub examine, el estudio de los elementos probatorios
aportados al plenario permitía identificar que la manifestación del perjuicio
invocado había tenido dos momentos: el primero, asociado a la ocurrencia del
hecho dañoso (el accidente de tránsito sufrido) y, el segundo, con el dictamen
médico que le otorgó consciencia al actor de la certeza del daño antijurídico
configurado, esto es, le permitió identificar verdaderamente la consolidación
del perjuicio y dimensionar la gravedad de las lesiones sufridas (menoscabo en
su salud)[117];
siendo este último momento el definitivo para iniciar el conteo de la caducidad
de la acción reparatoria[118].
A una interpretación de esta naturaleza,
explicó, podía arribar el Tribunal accionado si hubiera aplicado el principio in
dubio pro damnato y las subreglas jurisprudenciales establecidas en
la Sentencia SU-659 de 2015[119].
Así, resaltó que el Tribunal accionado incurrió en un
defecto sustantivo, pues su deber como autoridad judicial comprendía “valorar todos los elementos que reposan en el expediente a
efecto de determinar el momento a partir del cual debe contabilizarse el
término de la caducidad de la acción de reparación directa, porque es posible
que la víctima haya sufrido una lesión evidente, pero que con posterioridad, por
la actuación de un tercero especializado, se tenga certeza de la configuración
y de la magnitud o gravedad del daño, otorgándole a los afectados el
convencimiento necesario para solicitar una reclamación”[120].
Sobre estas premisas recalcó que al actor no le era exigible, como lo pretendía
la autoridad judicial demandada, la identificación del daño en el mismo momento
en que ocurrió, a partir de la presunción de que el daño es cierto
porque la lesión es evidente[121].
Ello supone “una carga procesal muy alta para las víctimas, quienes no
necesariamente están en condiciones de cumplirla, ya que dicha suposición
implica que razonen no solo como profesionales del derecho sino de la medicina,
más tratándose de daños síquicos como pérdida de la memoria, que si bien fue
leve, lo cierto es que junto con las otras lesiones, dio lugar a una pérdida de
la capacidad laboral del 32.13%. Asimismo, significaría que los particulares
deben ejercer una autoridad que no tienen, al calificarse a sí mismos las
lesiones sufridas y cuantificar su magnitud”. Dicha exigencia basada en una
presunción, señaló, corresponde a una interpretación de la norma que además de
ser exegética y restrictiva no se ajusta a la Constitución, concretamente, a
los principios pro homine y buena fe, y a los derechos al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y a obtener una reparación integral[122]. En estas
condiciones, se concedió el amparo y, en consecuencia, se dejó sin efectos el
fallo objeto de cuestionamiento, ordenándole al Tribunal accionado pronunciarse
nuevamente sobre el recurso de apelación formulado por
la parte actora, teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en la
providencia.
6.2. Decisiones del Consejo de Estado
sobre el término de caducidad del medio de control de reparación directa
6.2.1. La jurisprudencia
Contencioso Administrativa ha establecido que la caducidad se edifica como
garantía de la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos
eventos en los cuales debe determinarse el tiempo específico dentro del que ha
de ponerse en funcionamiento el aparato de justicia en ejercicio de las
acciones judiciales[123].
Ha resaltado que la referida figura no admite suspensión, salvo que se presente
una solicitud de conciliación extrajudicial en derecho -al tenor de lo
dispuesto por las Leyes 640 de 2001[124],
1285 de 2009[125]
y el Decreto 1716 de 2009[126],
tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio
por el juez[127].
En los casos de reparación directa, especialmente por afecciones a la salud, ha
señalado que la regla general de la caducidad es la establecida en el artículo 164, numeral 2, ordinal i) de la Ley 1437 de 2011[128], esto es, dos años contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. No obstante, la Sección
Tercera del Consejo de Estado ha admitido flexibilizaciones al estándar de
iniciación del término de caducidad y, en razón de la equidad y de la justicia,
ha comprendido que hay eventos en los cuales es necesario apreciar las particularidades
del caso concreto y efectuar una lectura sistemática de las pruebas del proceso,
en lugar de inferir, sin más, que el legitimado para actuar obró
negligentemente y perdió la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para lograr
que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado[129].
La tarea de precisar estos aspectos constituye el norte de la
exposición en los siguientes párrafos.
6.2.1.1. La regla general de cuándo debe iniciar el conteo del
término de caducidad se ha predicado esencialmente frente a la ocurrencia de lesiones
evidentes, escenario en el cual ha operado una especie de presunción,
pues por la naturaleza de la afectación se ha entendido que la víctima conoció
del daño en el mismo momento de su ocurrencia[130].
En el Auto del 4 de noviembre de 2015[131] se concluyó que el
término de caducidad de la acción de reparación directa empezó a correr al día
siguiente de los hechos (accidente de tránsito), porque en ese momento se
conoció del perjuicio por parte del afectado, toda vez que las lesiones
sufridas fueron instantáneas, denotándose así la concreción cierta del daño (en
la demanda se manifestó que el lesionado sufrió múltiples fracturas en la
nariz, maxilar superior y la columna a la altura del cuello en las cervicales
C4 y C5) y no a partir del dictamen de pérdida de la capacidad laboral, como lo
pretendía el demandante. En palabras de la Corporación: “[a]hora bien, la
Sala en reiteradas ocasiones se ha pronunciado respecto de la manera de
contabilizar el término de caducidad en aquellos casos relacionados con
lesiones personales y se ha precisado que, no se trata de una regla general
absoluta que se aplique en todos los casos de lesiones, puesto que, se debe
analizar con detenimiento en cada caso en particular, la diferencia de la
certeza del daño y la magnitud del mismo, ya que la legitimación para accionar
surge de la primera, a pesar de que sea posible que en el curso del proceso se
establezca la segunda. En ese contexto y de conformidad con el artículo 164 del
C.P.A.C.A., en este caso el término de caducidad de la acción corrió entre el
14 de marzo de 2011 y el 14 de marzo de 2013 y comoquiera que la demanda se
presentó el 4 de febrero de 2015, resulta evidente que el ejercicio del derecho
de acción fue abiertamente extemporáneo”[132].
En la Sentencia del 5 de diciembre de 2016[133] se abordó el caso de
un soldado que resultó lesionado como consecuencia de la explosión de una mina
antipersona durante una operación de desminado (en el Departamento de Bolívar).
Acerca del cómputo de la caducidad se señaló que, “[l]a Sala difiere de la
apreciación de la parte actora sobre la concreción del daño en el momento en
que conoció el porcentaje de pérdida de capacidad laboral pues, si bien en
específicos casos la jurisprudencia del Consejo de Estado ha flexibilizado el
cómputo del término de caducidad, debido a que por las particularidades del
caso la parte no pudo tener conocimiento efectivo del daño de manera simultánea
con la ocurrencia del hecho que lo causó, en el presente caso no puede
predicarse el desconocimiento del daño al momento de su causación, pues se
trató de un accidente que causó lesiones evidentes en el instante mismo de su
ocurrencia”. Y agrego, “la calificación del porcentaje de disminución de
capacidad laboral constituye la valoración de la magnitud del daño y sus
secuelas, pero no la concreción del mismo, por lo que este hecho no tiene la
vocación de modificar la fecha a partir de la cual debe iniciar el cómputo del
término de caducidad, pues el daño, consistente en las lesiones sufridas por el
soldado se concretó en el momento mismo de la explosión de la mina
antipersonal, situación de la cual el demandante tuvo conocimiento desde el
momento de su ocurrencia”[134].
En este orden de ideas, el conteo legal tuvo como punto de partida el 21 de
junio de 1990, cuando se produjo la explosión, lo que quiere decir que el
fenómeno procesal de la caducidad se configuró el 22 de junio de 1992 y la
acción fue impulsada el 5 de diciembre de 2003, es decir, extemporáneamente.
6.2.1.2. En otras oportunidades, la Sección Tercera ha reconocido que
hay eventos en los que el inicio del conteo del término de caducidad no es
claro de identificar, dado que el conocimiento del daño no coincide con el
momento de ocurrencia del hecho dañoso porque, por ejemplo, se manifiesta o se
hace visible en un momento posterior[135].
En estos casos, en los que surgen dificultades para la determinación del
menoscabo, en aplicación del principio pro danmatum y teniendo en cuenta
que el fundamento de la acción de reparación directa es el daño, el término de
caducidad debe iniciar en el momento en el cual se tenga certeza por parte del
afectado de la manifestación del daño antijurídico o de su real entidad[136]. En Sentencia del 24
de marzo de 2011[137]
se abordó un caso de reparación directa contra el ISS por una falla en el
servicio médico originada en un “olvido” quirúrgico[138].
En aquella oportunidad, se estableció que, a la luz del artículo 136 del
entonces Código Contencioso Administrativo, el cómputo de la caducidad empezaba
a contar, por regla general, desde el día siguiente al suceso o el fenómeno que
generó el daño, sin que pudiera confundirse el hecho con las secuelas o los
efectos de éste[139].
Con todo, se resaltó que es diferente el término en el que empieza a correr la
caducidad cuando el demandante tiene conocimiento del daño mucho tiempo después
de la ocurrencia del hecho o de la omisión administrativa, razón por la cual en
estos eventos “en aplicación del principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal (artículo 228
C.P.), el conteo debe iniciarse a partir de la fecha en que la persona -o
personas- tuvieron conocimiento del daño; una interpretación contraria
supondría cercenar el mencionado derecho fundamental, así como el derecho de
acción, y el supuesto lógico de que lo que no se conoce sólo existe para el
sujeto cuando lo advierte o se pone de manifiesto”[140]. Bajo estas premisas,
se concluyó que, en esta ocasión, aunque el hecho dañoso (deficiente intervención
quirúrgica por parte del ISS) tuvo lugar en el año de 1990, el conteo para la
interposición de la acción debía iniciar desde cuando efectivamente le fue
extraído al demandante el cuerpo extraño de su humanidad, esto es, en 1994, pues
fue en ese momento cuando tuvo real consciencia de la magnitud del perjuicio
sufrido sobre su salud.
Siguiendo la línea, en Sentencia del 26 de julio de 2011[141],
se estudió un caso en el que el Tribunal Administrativo del Cauca decretó la
caducidad de la acción de reparación directa ejercida contra un Hospital en Norte de Santander como consecuencia de una falla en el
tratamiento del parto de una madre, que conllevó a que se diagnosticara a su menor
hijo con parálisis cerebral infantil. En esta ocasión, los demandantes alegaron
que el término de caducidad de la acción de reparación directa debió contarse a
partir del momento en que se diagnosticó la enfermedad del menor y no desde el
nacimiento. Sin embargo, el Consejo de Estado decidió confirmar la decisión de
declarar la caducidad pues, reiterando la jurisprudencia de la Sección
Tercera, concluyó que el término de caducidad puede variar dependiendo del
momento en que se conozca con certeza que se manifestó un daño. En estos
términos, explicó: “en los casos en los que no se puede
determinar con exactitud el hecho dañino, el término de caducidad debe ser
computado a partir del momento en que se tenga pleno conocimiento de la lesión
a un bien o interés jurídico, y principalmente, desde que se tiene certeza de
la entidad del mismo. Si bien, en algunos eventos, se conoce el hecho que
produjo el daño, lo cierto es que no siempre se tiene conciencia de la relación
entre ambos, lo que le imposibilita al interesado establecer una conexión entre
el daño y su causa. En este orden de ideas, también es de trascendencia,
para efectos de la caducidad en casos dudosos, la entidad y configuración
completa del daño, como factor determinante para que el interesado decida
acudir a la Administración de Justicia en búsqueda de la reparación” (subrayas fuera del texto
original)[142].
6.2.1.3. Siguiendo de cerca el presupuesto del conocimiento del daño,
el Consejo de Estado ha considerado que existen eventos en los que la certeza del mismo solo puede concretarse en el momento en
el que se realiza la calificación por pérdida de la capacidad laboral,
presupuesto que determina, en consecuencia, el inicio del conteo del término de
caducidad[143].
En la Sentencia del 7 de julio de 2011[144], se contabilizó el
término de la caducidad a partir de la expedición del acta de la Junta Médica Laboral
y no desde el hecho dañoso (cuando el soldado, por una broma de sus compañeros,
se cayó de la cama, afectándose la movilidad de la rodilla izquierda)[145]. Al respecto, se
señaló: “[e]n el asunto puesto a consideración de la Sala, y luego de
efectuar una lectura sistemática de los supuestos fácticos relatados en la
demanda, se infiere que el daño por cuya indemnización reclama el actor, si
bien pudo tener como antecedentes los diferentes episodios que se presentaron
entre los días 20 de octubre de 1996 y el 4 de abril de 1997, lo cierto es que
fue a partir de la valoración y clasificación de las lesiones evaluadas por la
Junta Médica Laboral contenida en el acta número 2827 registrada en la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional de fecha 14 de julio de 1997 y
notificada al interesado el mismo día, fecha en la cual el actor tuvo
conocimiento del daño o por lo menos pudo tener certeza sobre su
existencia, daño que a la postre conllevo a la desvinculación del servicio
dadas las deterioradas condiciones de salud, las cuales no presentaba
cuando ingresó a prestar servicio militar obligatorio”[146]. En este orden
de ideas, se estimó que la demanda había sido presentada por la parte actora el
6 de julio de 1999, y como el acta de la Junta Médico Laboral se notificó al
interesado el 14 de julio de 1997, forzoso resultaba concluir que la acción
administrativa había sido ejercida dentro del término de caducidad previsto en
la Ley para tal efecto[147].
6.2.1.4. También se ha advertido por la
Corporación que el cómputo del término de caducidad puede
variar de acuerdo con la naturaleza del daño, pues una cosa es reclamar la
indemnización de perjuicios porque el daño proviene de un acontecimiento de agotamiento instantáneo, por la
existencia de pluralidad de hechos dañosos y, otra muy
distinta es la agravación de los efectos del mismo daño -efectos del
daño se agravan con el tiempo-, contextos en los cuales las circunstancias de
cada caso, con efectos en el ámbito de la contabilización del término de
caducidad de la acción, deben ser evaluadas de manera particular[148]. En estos
supuestos, “ha de tenerse cuidado de no confundir la
producción de daños sucesivos con el agravamiento de los efectos de un mismo
daño (sentencia de 2 de
junio de 2005, exp: AG-25000-23-26-000-2000-00008-02) pues en este último evento el término para ejercitar la acción debe
empezar a contarse desde el acaecimiento del hecho que le dio origen, y no así
cuando los daños se producen de manera paulatina como efecto de sucesivos
hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para
reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada
uno de los daños derivados de esos sucesivos eventos”[149]. En estas condiciones, se ha previsto que para la solución de los
casos difíciles “como los de los daños que se agravan con el tiempo,
o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de
hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el
término de caducidad de la acción de tal manera que si bien dé aplicación a la
norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no
omita por razones formales la reparación de los daños que la merecen”[150].
Por ejemplo, en la Sentencia del 11 de abril de 2012[151],
se estudió un caso de falla del servicio médico asistencial como consecuencia
de una deficiente atención (la prestación tardó más de lo médicamente
permisible) por parte del Instituto de Seguros Sociales al momento del parto de
una madre, situación que ocasionó que su hija naciera con “graves e irreversibles daños cerebrales”.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que conoció
del medio de control de reparación directa, estimó que aunque la mala praxis
tuvo lugar el 18 de
octubre de 1985, el momento desde el cual se adquirió certeza del daño
ocasionado a la menor fue el 31 de agosto de 1994, fecha en la cual el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses rindió su peritaje,
concluyendo que la causa del retraso mental profundo era posiblemente adquirida[152].
Así, la demanda interpuesta el 28 de agosto de 1996 fue
en tiempo y el instituto demandado administrativamente responsable. En esta
oportunidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado resaltó que en los casos en los que se
estudia la responsabilidad por quebrantos en la corporalidad de las personas,
el plazo para accionar no se ve modificado por exámenes médicos que se realicen
de manera posterior, sino que, por el contrario, siempre será el momento en el
que se haga evidente el daño, el que determine el inicio del plazo procesal.
Así, en el caso concreto se indicó que “[s]i
bien es cierto que con posterioridad se efectuó un dictamen médico legal a la
menor en virtud del trámite de una acción de tutela, de fecha 31 de agosto de
1994, no es menos cierto que el término de caducidad no puede quedar sometido a
eventuales exámenes médicos para establecer el estado actual de salud de un
paciente; lo anterior en virtud de que, tal como se señaló anteriormente,
cuando se pretende derivar responsabilidad al Estado por daños que continúan de
forma indefinida en el tiempo, el hecho de que los efectos del daño se
extiendan después de su consolidación no puede evitar que el término de
caducidad comience a correr, pues si ello fuera así la acción nunca caducaría.
De modo tal que mal haría en sostenerse que por el sólo hecho de que se
hubieren elaborado nuevos exámenes médicos, se hubiere ampliado el correspondiente
término de caducidad”. Sobre lo anterior, se estableció que al no existir
pruebas que determinaran que al momento del parto los padres de la menor conocían
de la enfermedad padecida, debía tomarse como fecha de inicio del cómputo del
término de la caducidad el 18 de febrero de 1986, instante en el que tuvieron
certeza del daño pues la niña fue llevada al ISS al no presentar movimientos,
indicándoseles que presentaba parálisis cerebral. Al tomarse este punto de
partida para el conteo de la acción resultaba evidente que había operado la
caducidad, declarándose, en consecuencia, la ocurrencia del fenómeno[153].
6.3. Regla de decisión: en virtud
del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es de 2 años.
Por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término
es el de la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene
conocimiento del daño. Sin embargo, en aplicación de reglas y principios constitucionales,
se ha comprendido que dicho conteo no puede aplicarse de manera inflexible
o rígida, pues en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso,
pueden admitirse ciertas flexibilizaciones, necesarias para garantizar el
acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación integral de las
víctimas. Ello sucede, principalmente, en afecciones al derecho a la salud en
las que es probable que el afectado conozca o identifique
con certeza la configuración o manifestación del daño, su gravedad, magnitud o
sus efectos en un momento posterior a aquél en el que se produjo la acción u omisión
administrativa, caso en el cual le corresponde al operador judicial efectuar
una interpretación razonable del instante a partir del cual debe iniciarse la
contabilización del término de la caducidad de la acción, labor que debe ir
necesariamente acompañada de un examen crítico y detallado de los elementos
probatorios obrantes en el proceso. Con todo, el plazo legal establecido puede
suspenderse en virtud de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
-en tanto requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción- y su
aplicación se excepciona frente a conductas constitutivas de violaciones a los
derechos humanos, en cumplimiento de los compromisos internacionales.
7. Resolución del caso concreto
7.1. El señor Joaquín Francisco González
Rodríguez presentó acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Valledupar -Cesar- y el Tribunal Administrativo
del Cesar por considerar que incurrieron en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, al declarar la caducidad del
medio de control de reparación directa que inició en contra del Instituto
Municipal de Deportes y Recreación de Valledupar por la pérdida y
evisceración del globo ocular derecho.
En criterio de la parte accionante, los
jueces ordinarios efectuaron una interpretación irrazonable del conteo del
término de caducidad, toda vez que el conocimiento del daño no surgió al
momento del accidente laboral ni al de la realización de la cirugía de
evisceración del ojo derecho, como lo estimaron erróneamente las autoridades
judiciales, sino a partir de cuando adquirió firmeza el
dictamen de pérdida de capacidad laboral, esto es, cuando
se calificó de manera definitiva por parte de la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez del Cesar la magnitud del perjuicio originado en su salud, en
concreto, la presencia de lesiones psicológicas derivadas del siniestro. En
consecuencia, sostiene, en este momento se identificó verdaderamente la
consolidación del daño sufrido y se dimensionó la gravedad de las lesiones cuya indemnización reclama.
Así las cosas, explicó que la fecha que debía servir de parámetro para la contabilización del
término de caducidad correspondía al día 17 de septiembre de 2015, de donde se deducía
que la demanda debió presentarse a más tardar el 17 de septiembre de 2017 y
ello se dio con la anticipación requerida, en concreto, el 10 de octubre de
2016[154].
De acuerdo con estas consideraciones, la
Sala se enfrenta a una solicitud de amparo contra autoridades judiciales, por
sus providencias, por lo que le corresponde analizar la posible violación de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y el principio de favorabilidad, alegada por la parte accionante, a
partir del contenido de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar, entendiendo que dicha decisión es la que actualmente se encuentra debidamente
ejecutoriada y en firme.
7.2. Sentencia
del Tribunal Administrativo del Cesar[155]
Mediante providencia del 22 de marzo de
2018, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión proferida por
el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar
-Cesar-, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa incoado por el señor Joaquín Francisco González Rodríguez. El
argumento del juez de primera instancia consistió en que la certeza del daño se
tuvo de manera instantánea por parte del afectado en la fecha que sufrió el
accidente laboral, esto es, el 29 de septiembre de 2012, por lo tanto, el conteo
del término legal de dos años empezó al día siguiente y la acción fue
presentada hasta el año 2016, por fuera del plazo legal[156]. El Tribunal arribó a
la misma postura, aunque su razonamiento fue diverso. Siguiendo la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, señaló que en
eventos como el analizado, donde los daños solo pueden conocerse de forma
certera y concreta con el pasar del tiempo y con posterioridad al hecho
generador, el término de caducidad se debía contar a partir del conocimiento
que el afectado tuvo o debió tener del daño[157].
Explicó que la Corporación de lo Contencioso Administrativo ha señalado expresamente
que la identificación de la época en que se configura el daño es una cuestión que
ha sido objeto de intensas discusiones, toda vez que no todos los daños se
constatan de la misma forma en relación con el tiempo; en efecto, hay algunos,
cuya ocurrencia se verifica en un preciso momento, y otros, que se extienden y
se prologan en el tiempo. En desarrollo de lo anterior, la doctrina ha
diferenciado entre el daño instantáneo o inmediato y aquel que es continuado o
de tracto sucesivo.
Por el primero, indicó, se entiende aquél
que es susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo y que, si
bien produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, existe de
manera concreta y real a partir del momento en el que se produce. Respecto a
los hechos que generan efectos perjudiciales inmediatos e inmodificables
-aquellos cuyas consecuencias se vislumbran al instante, con rapidez y dejan
secuelas permanentes- la contabilización del término de caducidad de la acción se
inicia el día siguiente al hecho que lo genera, al tenor de lo dispuesto en el
literal i), numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Por el
contrario, al tratarse de casos relacionados con daños que sólo se conocen de
forma certera y concreta con el discurrir del tiempo -y con posterioridad al
hecho generador-, esta circunstancia impone, en aras de la justicia, que se deba
contar el término de caducidad a partir del conocimiento que el afectado tuvo
del daño. Siguiendo esta línea de argumentación advirtió que, en el asunto bajo
examen los hechos presentaban unas condiciones particulares que permitían
identificar tres momentos diferentes de referente para el conteo del término de
caducidad del medio de control, a saber: (i) el día de ocurrencia del accidente
laboral, esto es, el 29 de septiembre de 2012, momento en el que el actor debió
ser atendido por urgencias, realizándosele el procedimiento de lavado, limpieza
y sepsis de la herida, con colocación de parche; (ii) la fecha en la que se le
practicó la cirugía de evisceración del globo ocular derecho con implante “SOD”,
la cual se llevó a cabo el 3 de octubre de 2012 y que fue ordenada ante el
cuadro de endoftalmitis purulenta constatado en el paciente y (iii) la realización
de la valoración de pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez del Cesar que, en su criterio, determinó la
presencia de lesiones físicas (pérdida de ojo derecho y pérdida de visión en
ojo izquierdo) y, además, psicológicas que ameritaron tratamiento y medicación
psiquiátrica para el actor por cuadro de depresión severa e insomnio.
Aclaró el Tribunal que ante las dos
primeras hipótesis, la caducidad había operado. No obstante, con la pretensión
de valorar el momento del conteo legal de la caducidad sugerido por el actor podía,
en principio, considerarse el tercer supuesto. Empero, dadas las circunstancias
generales del caso, estimó que, no podía desatenderse que “el daño padecido
por el actor el día 29 de septiembre de 2012, no se puede calificar como
instantáneo, sino como de tracto sucesivo en tanto la lesión inicial no dio
lugar a la pérdida del globo ocular derecho, sino la infección posterior denominada
endolftalmitis (sic) purulenta, según se desprende de los apartes de la epicris
anexada a la demanda, por lo que es claro que para efectos de la
contabilización del término de caducidad, es la fecha de la cirugía la que debe
tomarse en cuenta. Se precisa que si bien existen secuelas psicológicas que se
derivaron de la limitación física que produjo la lesión, esta apenas constituye
una manifestación más del daño, más no su materialización a parte de ella. En
consecuencia, si se tiene en cuenta que el 3 de octubre de 2012 [se] practicó
la cirugía de [evisceración] de globo ocular derecho con [implante]
“SOD”, es claro que el término de caducidad vencía el 3 de octubre de 2014, no
obstante lo cual la demanda fue presentada el 10 de octubre de 2016, cuando
éste ya se encontraba vencido. Ahora, aun si se tomara como fecha de referencia
la de la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial (7 de [septiembre]
de 2015), también debe incluir que el plazo ya se encontraba vencido”[158].
7.3. Para la Sala, el Tribunal
Administrativo del Cesar realizó una interpretación razonable y ajustada a la
Constitución del precedente jurisprudencial sobre la aplicación del término de
caducidad del medio de control de reparación directa y efectuó una valoración
adecuada de los elementos probatorios obrantes en el proceso, que le
permitieron definir el momento a partir del cual debía iniciarse el conteo del
plazo legal en el asunto en particular. En efecto, al analizar la providencia
cuestionada se tiene que la autoridad judicial siguió de cerca los lineamientos
que la Corte Constitucional ha trazado en la materia sin desconocer, además, la
postura que el Consejo de Estado ha establecido sobre el criterio del conocimiento
del daño, en tanto parámetro que determina la contabilización de la
caducidad de la acción reparatoria. Como se mencionó con anterioridad (numeral
6, supra), con base en el criterio de cognoscibilidad se presume que se conoce
el daño cuando este ocurre, es decir, opera una presunción de concurrencia de
la consciencia del daño, con su producción. No obstante, existen eventos en los
que la acción u omisión administrativa no determina el conocimiento inmediato
del daño para la persona afectada, circunstancia que, a la postre, viene a
establecerse o a manifestarse con posterioridad, en cuyo caso el término de
caducidad debe contarse “a partir de dicha existencia o manifestación
fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción
reparatoria”[159].
Estas flexibilizaciones a la regla general del
conteo de la caducidad ocurren principalmente cuando se estudia la
responsabilidad por quebrantos en la corporalidad de las personas, eventos en
los cuales la oportunidad para accionar o la determinación del inicio del plazo
procesal se ve definido necesariamente por el momento en el que se torna
evidente el conocimiento del daño o surge la certeza de su configuración para
quien lo padece.
En aplicación directa de estas reglas de decisión, el
Tribunal accionado consideró que aunque el hecho dañoso
-accidente laboral- se presentó el 29 de septiembre de 2012, fue solamente
hasta una ulterior oportunidad que las repercusiones o efectos del mismo se
manifestaron de manera externa y perceptible para el señor Joaquín Francisco González
Rodríguez. En particular, consideró que, a partir de la historia clínica
presente en el expediente, el daño derivado del suceso tomó forma únicamente,
esto es, se hizo cognoscible o evidente para el accionante, cuando se le
practicó la cirugía de evisceración del globo ocular derecho con implante
SOD, debido a la presencia de un proceso ocular infeccioso que terminó por
afectar gravemente el funcionamiento del órgano. Con la realización del
procedimiento médico el ciudadano tuvo pleno convencimiento sobre la concreción
y magnitud de las lesiones causadas en su salud, es decir, fue consciente que
las complicaciones originadas en su visión, como consecuencia del impacto inicial
de un cuerpo extraño, condujeron a la extracción y consecuente pérdida de su ojo
derecho.
Desde la óptica de la autoridad judicial,
existió en ese momento una certeza plena de que se había propiciado o
configurado un daño -irreversible- en su humanidad, dimensionando su
trascendencia y, por consiguiente, que era procedente iniciar un trámite legal,
si así era su intención, para buscar una indemnización por parte del Estado. En
esta línea, juzgó que el inicio de la caducidad de la acción reparatoria debía
contarse desde el día en que se realizó tal procedimiento quirúrgico, esto es, el
3 de octubre de 2012, con lo cual el plazo legal vencía el 3 de octubre de 2014,
pese a lo cual la demanda fue presentada el 10 de octubre de 2016, es decir, de
manera extemporánea. En relación con dicha contabilización, la autoridad
judicial accionada, siguiendo la línea del Consejo de Estado, analizó la figura
de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, a fin de que procediera
una extensión del término para acudir a la jurisdicción administrativa. Con
todo, encontró que la conciliación no tuvo la virtualidad de suspender el plazo
legal, porque fue presentada transcurridos los 2 años de conocerse el daño[160].
7.4. Para la Sala, la conclusión de la
autoridad judicial demandada, al hacer una lectura integral de las pruebas
obrantes en el expediente del medio de control de reparación directa, es
acertada. Así, no es objeto de discusión que el día 29 de septiembre de 2012, el
señor Joaquín Francisco fue impactado por un cuerpo extraño en su ojo derecho,
mientras cumplía labores de campo al servicio del Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Valledupar. En virtud de lo ocurrido, fue
inmediatamente trasladado al servicio de urgencias de la Clínica Laura Daniela
de la ciudad de Valledupar donde fue atendido, estabilizado y advertido de la
presencia de una infección en la cavidad ocular, que debía ser tratada con
medicamentos de amplio espectro ante la alta probabilidad de que se le originaran
secuelas cerebrales[161].
En razón de ello, fue remitido al Centro Oftalmológico Carriazo en Barranquilla,
donde se le diagnosticó “herida penetrante del globo ocular con cuerpo
extraño”[162]
y se le explicó “el mal pronóstico anatómico y visual”[163]. El 1 de octubre se
le practicó un procedimiento quirúrgico sobre la región ocular consistente en
la exploración e inyección “intravítreo de antibióticos+ toma de cultivos”[164], evidenciándose  que
la herida del paciente se encontraba cubierta por “material purulento”[165], por lo que se le
realizó un lavado, se suturó la herida y se le fijó un parche de protección. El
2 de octubre siguiente se determinó la presencia de un proceso ocular
infeccioso, denominado “endoftalmitis purulenta”[166], que generó infiltración
en la “cornea y cámara vítrea”[167],
hecho que le impidió al actor percibir en condiciones de normalidad la luz.
Ante este panorama, el personal médico le explicó al ciudadano lo agresivo de
la infección que presentaba, así como las altas posibilidades de que esta
condujera a la “evisceración”[168],
es decir, a la extracción necesaria del contenido intraocular. Ante el
escenario, el 3 de octubre de 2012, bajo consentimiento informado, se le
realizó efectivamente al actor la cirugía de evisceración del globo ocular
derecho con implante SOD[169],
es decir, le fue vaciado el contenido ocular y reemplazado por una prótesis, y
el diagnóstico final: “ceguera de un ojo”[170]. El 16 de octubre de
2014 fue valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar
que determinó la presencia de daños físicos y el 17 de septiembre de 2015 por
la Junta Nacional que apreció la existencia de secuelas psicológicas.
Una lectura sistemática de los supuestos
fácticos descritos permite extraer las siguientes
consideraciones. Para la Sala, es claro que el resultado evidente del hecho
dañoso o el daño principal que se busca reparar mediante el medio de control de
reparación directa es la pérdida y evisceración del globo ocular derecho
del señor González Rodríguez[171].
Dicho daño alegado por el accionante no fue causado de manera inmediata al
momento del acaecimiento del accidente laboral pues, de acuerdo con las pruebas
del expediente administrativo, fue el proceso infeccioso que presentó con posterioridad
al suceso inicial, el que le propició la pérdida del ojo derecho, motivo por el
cual debió ser sometido a una cirugía en la que fue imperioso extraerle el
contenido intraocular afectado, so pena de que se originaran potenciales daños
cerebrales. Tal procedimiento quirúrgico fue realizado el día 3 de octubre de
2012, momento en el cual el accionante adquirió plena certeza de la
configuración del daño padecido en su salud, entendiendo que en dicha
intervención médica se materializó la pérdida ocular, es decir, se concretó la
lesión antijurídica alegada y se hicieron cognoscibles y perceptibles para él
las consecuencias adversas definitivas que le originó el impacto de un cuerpo
extraño en su sistema óptico mientras se encontraba laborando[172]. En esa fecha se hizo
visible la magnitud y gravedad del menoscabo causado en su humanidad o por lo
menos pudo tener conciencia sobre su existencia y surgió, por consiguiente, la
razón jurídica para demandar patrimonialmente al Estado, si esa era su
intención. Dicho en otras palabras, la práctica de la cirugía hizo que
necesariamente el daño que se reclama se hiciera evidente para la víctima, pues
fue el momento a partir del cual adquirió un conocimiento cierto sobre la
naturaleza de la lesión que sufrió así como sobre sus repercusiones y, en
general, de los perjuicios que sobre el desarrollo de su vida cotidiana aquella
podría acarrearle[173].
La Sala no puede desconocer, en este punto,
como también lo hizo adecuadamente el Tribunal
accionado, que la pérdida de un ojo es un acontecimiento dañoso que puede
generar secuelas psicológicas adversas en quien lo padece. No obstante, la
percepción del actor en el sentido de que la valoración posterior de dichas
lesiones por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determinó
el inicio del conteo del término de caducidad no es acertada. Se reitera que la
calificación del porcentaje de disminución de capacidad laboral constituye la
cuantificación de la magnitud del daño sufrido y sus secuelas, pero no la
concreción del mismo, por lo que este hecho no tiene, en este caso, la vocación
de modificar la fecha a partir de la cual debe iniciar el cómputo del término
de caducidad, instituido para evitar, en consideración del interés general, la
incertidumbre que podría generarse por el eventual deber del Estado de reparar
el patrimonio de un particular afectado por una acción u omisión suya[174]. No puede olvidarse
tampoco que las lesiones psicológicas derivadas de la limitación física -en
tanto manifestación concreta del daño- se erigieron simplemente en secuelas
adicionales del menoscabo alegado o en una consecuencia posterior y sucesiva de
la lesión presuntamente antijurídica.
De acuerdo con la postura del Consejo de
Estado, el término de caducidad no puede quedar sometido a la realización de
eventuales dictámenes médicos, cuando se tiene certeza de un daño, para
establecer el estado actual de salud de un paciente; lo anterior en virtud de
que, como se señaló anteriormente, cuando se pretende derivar responsabilidad
al Estado por daños que continúan de forma indefinida en el tiempo, el hecho de
que los efectos de este se extiendan después de su consolidación, no puede
evitar que el término de caducidad comience a correr, pues de ser ello así la
acción nunca caducaría. Precisamente, las normas sobre caducidad “tienen
su fundamento en los principios de preclusión y de seguridad jurídica, en el
sentido de imponer un límite temporal para el acceso a la administración de
justicia y por otra parte, impedir que las situaciones permanezcan [prolongada
e ilimitadamente] en el tiempo sin ser definidas por quien debe hacerlo”[175]. En
definitiva, no puede admitirse como presupuesto del
conteo legal el dictamen proferido el 17 de septiembre
de 2015, como lo solicitó el actor, pues resulta claro que tal concepto médico
no le brindó el conocimiento necesario para accionar, dado que la consciencia
sobre la concreción de la lesión antijurídica alegada, así como de sus efectos,
la adquirió, como se dijo, desde el momento en que se le practicó la cirugía[176].
No se demostró en el caso particular la
concurrencia de circunstancias específicas de las que se pueda desprender una
falta de certeza de consolidación del daño por parte del accionante una vez le
fue realizado el procedimiento médico, es decir, no hay prueba de que por alguna
razón el daño, identificado éste por la misma parte demandante como el
menoscabo en la salud, hubiese permanecido de alguna manera oculto o imperceptible
para el peticionario una vez se le practicó la evisceración de su ojo derecho y
que, por consiguiente, la manifestación de su existencia tan solo pudo ser exteriorizable
hasta una ulterior oportunidad, en este caso, con el dictamen de la Junta
Nacional, el cual, a la postre, se constituyó en un elemento de prueba
relevante para efectos de la tasación de perjuicios más no en el habilitante
necesario del conocimiento del daño que se reclama. Con ello, se reitera que la
interpretación y valoración realizada por el Tribunal Administrativo del Cesar en
torno al momento a partir del cual debía iniciar el conteo de la caducidad fue
razonable y ajustada a las circunstancias específicas del caso.
7.5. En suma, la Sala
estima que en esta oportunidad no se vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y el principio de
favorabilidad del señor Joaquín Francisco González Rodríguez, por cuanto el
Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial que conoció del medio de
control de reparación directa en segunda instancia, realizó una interpretación adecuada de la jurisprudencia vigente relacionada con
el término de caducidad de la acción para reclamar el resarcimiento de daños antijurídicos
originados en la salud de las personas. En particular, la autoridad competente (i)
aplicó el precedente judicial en vigor, que ha señalado
la posibilidad de realizar el cómputo del término de caducidad a partir de una
fecha posterior a la de la ocurrencia de los hechos dañosos, y (ii) respetando
la aplicación de la norma legal - literal i) del numeral 2 del artículo 164 de
la Ley 1437 de 2011, la cual está prevista como garantía de la seguridad
jurídica, señaló las razones por las cuales, en el caso concreto, conforme al análisis
razonable de los elementos probatorios obrantes en el proceso, debía iniciarse
la contabilización del término desde el momento en que la manifestación del
daño se hizo evidente para el accionante, lo cual ocurrió con el procedimiento
quirúrgico de extracción de su ojo derecho. De modo que,
en estas condiciones, no se advierte configurado alguno de los defectos
invocados por la parte actora, pues no se evidencia de su parte una actuación
arbitraria, caprichosa ni violatoria de preceptos constitucionales por lo que
resulta preciso confirmar la decisión de instancia que negó el amparo invocado.
III. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
Una autoridad
judicial no incurre en defecto fáctico ni en desconocimiento del precedente
judicial cuando, en el marco del medio de control de reparación directa, declara
la caducidad de la acción aplicando la jurisprudencia vigente en la materia, que
admite la iniciación del conteo del término de caducidad a partir de cuando el
daño objeto de reclamo se hizo cognoscible o evidente para quien lo padece -lo
cual puede suceder en una ulterior oportunidad a la ocurrencia del hecho que lo
produjo- y efectúa una valoración razonable de las pruebas que demuestran que
la lesión antijurídica primigenia y definitiva -pérdida del ojo- se concretó y
fue conocida por el demandante con posterioridad al accidente laboral que
sufrió, en concreto, al momento de ser intervenido quirúrgicamente, pues fue
cuando se le extrajo la cavidad ocular derecha y se le implantó una prótesis de
reemplazo. Esta circunstancia le permitió al ciudadano adquirir el conocimiento
necesario para accionar contra el Estado, si era su intención alegar un daño
antijurídico, dentro de los plazos fijados por la Ley, pese a lo cual acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo de manera extemporánea.
IV.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para decidir
el presente asunto.
Segundo.- CONFIRMAR la sentencia de instancia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, el 9 de agosto de 2018, que negó la acción de tutela presentada
por el señor Joaquín Francisco Gonzalez Rodríguez, por las razones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.
Tercero.- LIBRAR las comunicaciones -por la Secretaría General de
la Corte Constitucional-, así como DISPONER las
notificaciones a las partes- a través del juez de tutela de instancia-,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA
FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Con vinculación oficiosa del Instituto Municipal de
Deportes y Recreación de Valledupar -Cesar-, y de la esposa, hijos y hermanos
del tutelante, en calidad de terceros con intereses directo en el asunto.
[2] El expediente de la referencia fue seleccionado para
revisión por medio de Auto del 28 de septiembre de 2018, proferido por la Sala
de Selección Número Nueve, integrada por los magistrados Cristina Pardo
Schlesinger y Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[3] Folios
2 y 15. En adelante, siempre
que se haga mención a un folio del expediente se entenderá que hace parte del
cuaderno principal, a menos que se diga expresamente otra cosa.
[4] El
accionante nació el 4 de enero de 1957 (folio 22).
[5] De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, “al
realizar labores de recuperación del parque los algarrobillos en la ciudad de
Valledupar con una guadañadora a motor que le había sido entregada al señor
González Rodríguez tropezó con un objeto desconocido, fraccionándolo en partes
las cuales fueron desplazadas por el aire a gran velocidad, teniendo una de
ellas destino final en su ojo derecho”. En virtud del accidente laboral el
actor fue llevado a la Clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, lugar
donde fue atendido y comunicado de la presencia de una infección en la cavidad
ocular que debía ser tratada con medicamentos de amplio espectro. En razón de
ello fue remitido al Centro Oftalmológico Carriazo en Barranquilla donde se le
practicó una cirugía de evisceración de globo ocular derecho ante la
probabilidad de que se originaran secuelas cerebrales. El acontecimiento
presentado fue puesto en conocimiento inmediato de la ARL con el objeto de
solicitar la realización de las evaluaciones correspondientes (folios 15 y 17).
[6] Folios
2 y 15.
[7] Folio
22.
[8] Folios
22 al 24.
[9] Para
sustentar la apelación en contra del dictamen médico proferido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, el accionante adujo lo
siguiente: “Si bien se [me] asignó un porcentaje del 34.86% de
pérdida de capacidad laboral, por parte de la junta de calificación regional de
invalidez, el resultado del mismo se debió más a elementos técnicos que a un
juicio respecto de la salud y la enfermedad que se me diagnostica, más aun no
solo de las consecuencias de salud sino que igual me afecta siquicamente (sic),
por cuanto [no puedo desarrollar mis actividades] no solo laborales,
sino sociales y familiares, la deficiencia, discapacidad y minusvalía, que se [determinó]
en esa oportunidad, dejo de lado el elemento de la perturbación en la
realización diaria de mis labores”. Y agregó: “Por ello se hace
imperioso que el porcentaje asignado por ustedes responda al real padecimiento
de la enfermedad ya señalada y padecida, atendiendo a la sintomatología de la
misma, su evolución, características, repercusiones físicas y mentales para
poder desarrollar [mis] labores, más aun, cuando después de la
intervención quirúrgica a la que fui sometido, hasta en el mismo desarrollo de
mi vivir diario”. Ello por cuanto, adujo, la ausencia de visión afecta directamente
la libertad de locomoción de las personas (folios 3, 25 y 26).
[10] Folio 27.
[11] Folio 27.
[12] En el dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del
Cesar se indicó lo siguiente: “Descripción moderada historia clínica:
paciente con antecedente de trastorno depresivo mayor y trastorno de estrés
postraumático quien presenta síntomas de ansiedad y depresión, disminución de
equilibrio, insomnio con pobre respuesta con fluoxetina” (folios 27 al 29).
[13] El concepto continua advirtiendo: “por
lo que se califica con la tabla 12 4.5. y 10.00% en la deficiencia. También se
asigna la discapacidad de situación “tolerancia al estrés en el trabajo con
0.3% que no fue calificada. Los demás ítems se encuentran bien calificados y no
se modifican” (folio 29).
[14] Este hecho se desprende del contenido del Acta No. 067 de la audiencia
inicial celebrada en el marco del medio de control de reparación directa, el 22
de febrero de 2018, y de la afirmación realizada por el accionante en su
escrito de tutela (folios 3 y 13 y folio 281 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa).
[15] Folio 3.
[16] Folio 15.
[17] Folio 13.
[18] Numeral 2 literal (i) del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, de
acuerdo con el cual: “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda
deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de
haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia” (subrayas fuera del texto
original).
[19] Para adoptar esta decisión, el Despacho hizo referencia, entre otras, a
la Sentencia del 11 de mayo de 2000 del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente: 12000. C.P. María
Elena Giraldo Gómez; Auto del 26 de marzo de 2007 del Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente: 33372. C.P. Ruth
Stella Correa Palacio; Sentencia
del 24 de marzo de 2011 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Expediente: 20836. C.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 10 de
marzo de 2016 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, Expediente: 11001-03-15-000-2015-02978-00 (AC). C.P. María
Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 21 de julio de 2016 del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C.P.
William Hernández Gómez; Sentencia del 28 de julio de 2016 del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Expediente:
11001-03-15-000-2016-01783-00 (AC). C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sentencia del 24 de mayo de 2017 del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, Expediente: 41203. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Sentencia del 27 de noviembre de 2017 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Expediente: 51415. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
[20] En palabras del Juzgado accionado: “Si para el caso, por la gravedad
de la lesión es cuando es socorrido por sus compañeros y trasladado hasta la
Clínica Laura Daniela en Valledupar y posteriormente a la ciudad de
Barranquilla en donde le practican una cirugía de “evisceración de globo ocular
derecho”, por cuanto le colocan en conocimiento que la infección en el cuerpo
ocular amenazaba con avanzar al cerebro. Por lo que tener un ojo ciego es un
daño que se hace cognoscible por quien lo padece instantáneamente”. Aclaró
que un panorama distinto es cuando se trata de hechos que se producen
progresivamente, concretamente cuando se presenta producción paulatina de daños
en los cuales el término de caducidad corre de manera independiente para cada
uno de los perjuicios derivados de los diferentes eventos sucesivos, supuesto
que no encuadraba en el presente asunto y advirtió que no podía confundirse la
producción de daños sucesivos con el agravamiento de sus efectos ya que en el
último caso el termino empezaba a contabilizarse desde la producción del hecho
que le dio origen (folios 17 y 18).
[21] De acuerdo con el Juzgado accionado, por regla general, para intentar el medio de
control de reparación directa se consagra un término de dos años contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia del hecho dañoso. Vencido dicho
periodo opera el fenómeno de la caducidad la que, sin embargo, puede
suspenderse por virtud de la presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho (artículo 21 de la Ley 640 de 2001). Con todo, hay
casos especiales en los que las repercusiones de la lesión sufrida por la
persona se manifiestan progresivamente y son perceptibles con el paso del
tiempo por lo que en estos eventos el conteo del término admite
flexibilizaciones. Indicó que
siguiendo lo dispuesto por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
Sentencia del 11 de mayo de 2000, C.P. María Elena Giraldo Gómez, Radicado
12200: “[P]ara intentar el medio de control de reparación directa, la ley
consagra un término de dos años contados desde el día siguiente al acaecimiento
del daño por el cual se demanda la indemnización, vencido éste no será posible
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, porque
habrá operado el fenómeno de la caducidad. Excepcionalmente la Corporación ha
admitido una morigeración respecto de la caducidad señalando que en precisos
eventos, es posible que si el hecho dañoso pudo haberse presentado en un
momento determinado, solamente hasta una ulterior oportunidad sus repercusiones
se manifestaron de manera externa y perceptible para el afectado, es decir, a
partir de cuándo el daño se hizo cognoscible para quien lo padeció”. Aclaró
que ello sucede, por ejemplo, en el caso de las lesiones sufridas por soldados
conscriptos cuya magnitud se conoce con posterioridad al hecho que ocasionó el
daño y cuya incidencia y concreción se viene, a la postre, a establecer con el
dictamen de pérdida de capacidad laboral proferido por la Junta Médico Laboral.
También tiene lugar en materia médico sanitaria en donde el inicio del conteo
de la caducidad puede depender (i) del momento en que la persona tuvo
conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica se haya
concretado en un día distinto o años atrás de la fecha en que se estableció la
existencia de la lesión antijurídica o (ii) cuando existe un tratamiento médico
que se prolonga en el tiempo y respecto del cual se le genera al paciente una
expectativa de recuperación en cuyo caso es determinante el momento en que se
emite el diagnóstico definitivo del paciente. Entonces, si el paciente padece
el daño y, por lo tanto, conoce el hecho o la omisión y el daño antijurídico
pero no ha sido expedido un diagnostico concluyente sino que, por el contrario,
es parcial o temporal no es posible radicar en cabeza de la persona el deber de
demandar o accionar puesto que no conoce, hasta el momento, las condiciones de
la lesión, esto es, si es definitiva, temporal, parcial, total, reversible o
irreversible, etc. Precisó que ninguno de estos supuestos se configuraba en el
caso del accionante (folios 14, 16 y 17).
[22] En palabras de la autoridad judicial accionada: “Tan consciente del daño
es la parte actora que presenta la solicitud de conciliación extrajudicial para
agotar el requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación
el 07 de septiembre de 2015, es decir, cuando ni siquiera la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez había emitido el dictamen, exactamente diez (10) días
antes. Como quiera [que]  la solicitud de conciliación extrajudicial se
presentó solo hasta el 07 de septiembre de 2015 tal como consta a folio 19 del
expediente, según la constancia expedida por la Procuraduría 47 Judicial II
Administrativa de Valledupar, el término de caducidad no alcanzó ni siquiera a
ser suspendido por lo que ya había operado dicho fenómeno” (folio 18).
[23] Folio 18.
[24] En este punto, el Tribunal advirtió que
aunque se hubiese tomado como fecha de referencia la de la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial -7 de septiembre de 2015-, el fenómeno
de la caducidad ya había operado para entonces -3 de octubre de 2014- (folio 21). Para fundamentar su posición, la
autoridad judicial citó la Sentencia del 26 de marzo de 2009 del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Expediente: 1134-07. C.P. Gerardo Arenas Monsalve y la Sentencia del 25 de
agosto de 2011 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Expediente: 203169. C.P. Hernán Andrade Rincón.
[25] Folio 4.
[26] En los términos del actor: “En este
orden desprecia el honorable despacho la documentación aportada con la
interposición de la demanda donde se evidencian daños posteriores generados con
ocasión a los hechos iniciales y que solo fueron conocidos por la parte
demandante y reconocidos por la junta médica nacional de manera posterior a los
[supuestos] generadores de la acción. No es dado por ende evadir a
conveniencia el estudio del acervo probatorio entregado para la efectiva
reclamación del derecho y apartarse del deber jurídico del [análisis]
objetivo de la prueba” (folio 6).
[27] Folio 5.
[28] Sentencia T-075 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[29] Folio 5.
[30] De acuerdo con la parte accionante, el Juzgado accionado fundamentó su
decisión en 3 precedentes del Consejo de Estado (fallos
19001-23-31-000-2006-00844-01; 11001-03-15-000-2016-01783-00 y el último de
fecha 21 de julio de 2016 de la Sección Segunda, sin especificar número de
radicado) que, en su criterio, no presentan identidad fáctica con su particular
situación por lo que no resultan directamente aplicables al asunto objeto de
debate.
[31] Folio 6.
[32] Folio 7.
[33] Folio 5.
[34] En palabras del accionante: “No puede entonces el despacho restarle independencia al
daño psicológico sufrido toda vez que a pesar de que el origen del mismo esté
relacionado con el daño inicial, este tiene una identidad propia, a tal punto
de que sus efectos se generan en la psiquis del paciente ocasionando daños
diferentes a la pérdida del globo ocular tal como lo estableció la valoración
médica y que se manifestaron en la pérdida de comunicación, falta de
interacción social y laboral, problemas de sueño y disfunción eréctil,
problemas que se manifestaron de forma posterior” (folio 7).
[35] Inicialmente la acción de
tutela fue repartida al Tribunal Administrativo del Cesar quien mediante Auto
del 30 de mayo de 2018 dispuso la remisión del asunto al Consejo de Estado ya
que en su calidad de ente accionado, dentro del trámite objeto de estudio, mal
podría asumir la competencia para conocer de la presente solicitud de amparo
(folios 32 al 42 y 51).
[36] Folios 55 al 65.
[37] Folios 47 al 50.
[38] Consejero Ponente Gabriel Valbuena
Hernández. El Juzgado accionado no hizo referencia a datos adicionales de la
ponencia mencionada.
[39] Folios 49 y 50.
[40] Folio 50.
[41] Folios 43 al 45.
[42] Folio 44.
[43] Folios 44 y 45.
[44] Folio 74.
[45] En palabras de la autoridad judicial de
instancia: “Por otro lado, el Tribunal Administrativo del Cesar también
precisó que las secuelas psicológicas que se derivaron de la limitación física
que produjo la lesión, esta (sic) apenas constituye una manifestación
más del daño, más no su materialización a parte de ella, motivo por el que, no
se podía contabilizar la caducidad como lo pretendía la apoderada de la (sic)
tutelante, a partir del día siguiente de la fecha de definición de la
pérdida de capacidad laboral de aquel, pues como se evidenció el daño
antijurídico alegado, se concretó y fue conocido por el accionante el día de la
evisceración de su globo ocular derecho, esto es el 3 de octubre de 2012, como
consecuencia de la lesión sufrida el 29 de septiembre de ese año” (folio
74).
[46] Folios 20 al 29 del cuaderno de Revisión.
[47] Folios 30 y 31 del cuaderno de Revisión.
[48] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[49] Según el Juez de Primera Instancia dentro
del trámite ordinario.
[50] Acorde con lo sostenido por el Juez de
Segunda Instancia del proceso judicial administrativo.
[51] Las consideraciones que se expondrán a
continuación fueron expresamente plasmadas en la Sentencia SU-086 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[52] Que prevé la garantía del recurso judicial
efectivo e integra el bloque de constitucionalidad, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 93.1 de la Constitución Política.
[53] La acción de tutela contra providencias judiciales no puede
ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional desplace al juez
ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho
legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como funcionario
de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la solicitud de amparo es la
vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos
fundamentales y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. En otras palabras, “se trata de una garantía excepcional,
subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando todos los recursos anteriores han
fallado, que a las personas sometidas a un proceso judicial no les violen sus
derechos constitucionales fundamentales. No se trata entonces de garantizar la
adecuada aplicación del resto de las normas que integran el sistema jurídico o
de los derechos que tienen origen en la ley”. Ver Sentencia C-590 de
2005. M.P Jaime Córdoba Triviño.
[54] M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Desde la sentencia C-543 de 1992, que declaró la
inconstitucionalidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, fue
claro para el escenario jurídico los retos justificatorios de la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales, con miras a evitar que su ejercicio
significara la creación de una instancia en la que se reabrieran debates de
orden legal, zanjados por funcionarios competentes a lo largo de los trámites
diseñados por el legislador bajo el pilar del debido proceso. Las
consideraciones de la Sala en aquella oportunidad, sin embargo, permitieron
afincar la tesis de que aquellos pronunciamientos que fueran el resultado de
actuaciones caprichosas y arbitrarias no podían ser protegidos bajo el
manto del derecho y que, por lo tanto, solo en este caso y con el objeto de
garantizar los derechos constitucionales desconocidos era viable la petición de
amparo, bajo el concepto de vía de hecho (siguiendo para el efecto lo considerado por la Sala
Plena de la Corporación en la Sentencia SU-432 de 2015. M.P. María Victoria
Calle Correa, los defectos que inicialmente tuvieron cabida bajo el concepto de
vía de hecho fueron: sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y orgánico).
[55] M.P. Jaime Córdoba Triviño. En esta providencia la Corte resolvió una
demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 185 (parcial) de la Ley 906
de 2004, según el cual contra las sentencias de casación proferidas por la
Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Penal- no procedía acción alguna,
salvo la de revisión. La Sala resolvió declarar la inexequibilidad de la
expresión “ni acción” contenida en dicho enunciado, por considerar que:
“… es claro
para esta Corporación que una ley ordinaria no puede modificar o suprimir la
Constitución Política y con mayor razón uno de los mecanismos de protección de
los derechos fundamentales en ella consagrados; que la acción de tutela procede
contra decisiones judiciales en los casos en que esta Corporación ha
establecido y con cumplimiento de los presupuestos generales y específicos ya
indicados; que al proferir la Sentencia C-543-92, la decisión de la Corte no
fue excluir la tutela contra decisiones judiciales; que la procedencia de la
acción de tutela contra tales decisiones está legitimada no sólo por la Carta Política
sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por
la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto instrumentos de derecho
internacional público que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que
vinculan al Estado colombiano, y que los argumentos expuestos contra la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son infundados
y, por lo mismo, fácilmente rebatibles”.  En dicho fallo, se reconoció paulatinamente la
urgencia de intervenir en situaciones que, aunque no se ajustaran a la clásica
doctrina surgida a partir de la providencia C-543 de 1992, eran expresión de la
violación de derechos fundamentales.
[56] Siguiendo lo expuesto en la Sentencia SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle
Correa, esta variación en la concepción de la procedencia se empezó a proponer
en las sentencias T-441 de 2003; T-462 de 2003 y T-949 de 2003. M.P. Eduardo
Montealegre Lynett, y T-701 de 2004. M.P. (e) Rodrigo Uprimny Yepes.
[57] Recientemente en la Sentencia SU-056 de
2018. M.P. Carlos Bernal Pulido, reiterando lo considerado en la providencia
T-317 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sostuvo que: “… Con todo, la naturaleza de la
acción de tutela es esencialmente informal y por ende, aún en los casos de
tutela en contra de providencia judicial, no le es dable al juez someter la
demanda a un excesivo formalismo que resulte en un límite para la protección de
los derechos fundamentales de quien la interpone. // 64.  Por
consiguiente, esta Corte ha sido enfática en señalar que la interpretación de
la demanda no puede hacerse en una forma tan rigurosa que le impida a los
accionantes el uso de la tutela para conseguir la protección de sus derechos
fundamentales”.
[58] En la Sentencia SU-050 de 2018. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger, se sostuvo: “… esta Corporación ha reiterado que la
tutela contra providencias judiciales de altas Corporaciones es más
restrictiva. En ese sentido ha señalado que solo es procedente cuando es
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte Constitucional o cuando
se genera una anomalía de tal entidad que es necesaria la intervención del juez
constitucional”. Para el efecto
reiteró lo sostenido en las providencias SU-917 de 2010. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, SU-573 de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y SU-050 de
2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Esta conclusión se funda en el rol de las
Altas Corporaciones, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, sobre los
temas de su propia competencia, y en la especialidad y condición de los jueces
que ponen término a procesos que también están diseñados para la garantía de
los derechos constitucionales.
[59] M.P. Mauricio González Cuervo. En términos
generales, en esta decisión se sostuvo que la tutela es improcedente, sin
excepción, contra las decisiones proferidas por las salas de revisión o por la
Sala Plena de la Corte Constitucional; y que, con el cumplimiento de requisitos
particulares, es viable contra decisiones de tutela proferidas por otros jueces
cuando exista fraude.
[60] M.P. Alejandro Linares Cantillo. Tesis
reiterada recientemente en la Sentencia SU-004 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
[61] Al respecto, en la referida Sentencia
SU-432 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa, siguiendo la Sentencia T-701
de 2004. M.P. (e) Rodrigo Uprimny Yepes, se sostuvo: “… es importante señalar que, en relación con las
causales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, la Corte ha
manifestado que no existe un límite indivisible entre estas, pues a manera de
ilustración, resulta claro que la aplicación de una norma inconstitucional o el
desconocimiento del precedente constitucional pueden derivar en un irrespeto
por los procedimientos legales; o, que la falta de apreciación de una prueba
puede producir una aplicación indebida o la falta de aplicación de
disposiciones normativas relevantes para la solución de un caso específico”.
[62] “Por el cual se reglamenta la acción de
tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[63] Según el artículo 10 de Decreto 2591 de
1991, la acción puede invocarse por el titular del derecho de manera directa, o
a través de representante o apoderado; por agente oficioso, o a través del
Defensor del Pueblo o los personeros municipales.
[64] Su trascendencia deriva de que, atendiendo
a lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la Carta Política, la primacía y el
deber de protección de tales bienes justifican la existencia misma del Estado,
bajo la configuración de un sistema jurídico que como sello identitario ha
reconocido la supremacía constitucional (art. 4 ibídem).
[65] De acuerdo con el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, son causales de
revisión las siguientes: “1. Haberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2.
Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento
de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso
y contra la que no procede recurso de apelación. 6. Aparecer, después de
dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para
reclamar. 7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder
esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las
causales legales para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior
que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue
dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.
[66] Las consideraciones que se expondrán a
continuación fueron expresamente plasmadas en la Sentencia T-221 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[67] Sentencias SU-195 de 2012.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; SU-416 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-565
de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[68] Sentencias SU-565 de 2015.
M.P. Mauricio González Cuervo y T-625 de 2016. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[69] Sentencias SU-074 de 2014.
M.P. Mauricio González Cuervo y SU-490 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[70] Sentencias T-352 de 2012.
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y SU-770 de 2014. M.P. Mauricio González
Cuervo.
[71] Sentencias SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González
Cuervo y T-612 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[72] Sentencias SU-416 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-489 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[73] Sentencias T-352 de 2012. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub y SU-565 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
[74] Sentencias T-118A de 2013. M.P. Mauricio González
Cuervo; SU-198 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; SU-565 de 2015. M.P.
Mauricio González Cuervo y SU-490 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[75] Sentencias SU-198 de 2013.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y SU-489 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[76] Sentencia T-612 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[77] Sentencias SU-198 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva y SU-490 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[78] Sentencias SU-416 de 2015.
M.P. Alberto Rojas Ríos y T-612 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[79] Sentencias T-214 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-118A de
2013. M.P. Mauricio González Cuervo; SU-198 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-265 de
2014. M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SU-448 de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SU-489 de 2016. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-625 de 2016. M.P. María Victoria Calle Correa y
T-453 de 2017. M.P. Diana Fajardo Rivera.
[80] Las consideraciones que se expondrán a
continuación fueron expresamente plasmadas en la Sentencia SU-086 de 2018. M.P.
Diana Fajardo Rivera.
[81] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[82] M.P. María Victoria Calle Correa.
[83] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[84] Entendiendo lo anterior, sólo cuando un
juez se aísla o se aparta de un precedente establecido y plenamente aplicable a
determinada situación jurídica, sin cumplir con la carga de justificación
razonable “incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, referente al desconocimiento del precedente
judicial. Debido a que, con ese actuar, vulnera los derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a la administración
de justicia”, lo que da lugar a la protección mediante el mecanismo
constitucional. Al respecto, ver la Sentencia T-296 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[85] Sobre el particular, en la Sentencia C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se dijo
lo siguiente: “Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que
les reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del
precedente, pero en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las
cuales se [apartan] de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto
de escrutinio judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación
alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y
valores constitucionales. Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de
este Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano
responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no
elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros
modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es
obligatorio, basado en el principio del stare decisis”.
[86] La referida
disposición prevé expresamente que tratándose del resarcimiento derivado del
delito de desaparición forzada, dicho término se contará “a partir de la
fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con
tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos
que dieron lugar a la desaparición”.
[87] Sentencia SU-659 de 2015. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
[88] En la Sentencia C-115 de 1998. M.P.
Hernando Herrera Vergara, se indicó que la caducidad es el fenecimiento de un término
perentorio fijado por la Ley para el ejercicio de ciertas acciones, cuando una
autoridad pública lesiona un derecho particular, por medio de un acto, hecho,
omisión u operación administrativa. En concreto, advirtió: “la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado
determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado
en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que
quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus
derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
[89] En la Sentencia C-115 de 1998. M.P.
Hernando Herrera Vergara, la Sala Plena de esta Corporación declaró exequible la expresión “La de reparación directa
caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa”, contenida en
el inciso cuarto del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, “Por el cual se
reforma el Código Contencioso Administrativo”. Para esta Corporación dicho terminó no
implica violar el derecho de las víctimas al acceso a la administración de
justicia para buscar la reparación de perjuicios, y tiene fundamento en las
cargas procesales y las obligaciones impuestas a los ciudadanos sobre el deber
de colaboración con la justicia. En palabras de la Sala, “La posibilidad de ejercer
la acción de reparación directa en cualquier tiempo, como lo pretende el actor,
no sólo vulneraría los derechos al debido proceso y a la pronta administración
de justicia, sino la seguridad y certeza jurídicas en que se fundamenta el
Estado de derecho. Por consiguiente, el término de caducidad fijado en la norma
acusada para la acción de reparación directa, no quebranta el ordenamiento
constitucional, pues el legislador al fijarlo ejerció las competencias
conferidas por la Constitución, sin quebrantar con ello derecho fundamental
alguno”.
[90] Sentencia T-334 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
[91] Sentencia C-351 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara. Allí se continuo
advirtiendo: “Semejante concepción conduciría a la
parálisis absoluta del aparato encargado de administrar justicia.
Implícitamente supondría además la exoneración del individuo de toda ética de
compromiso con la buena marcha de la justicia, y con su prestación recta y
eficaz. Y, en fin, el sacrificio de la colectividad, al prevalecer el interés
particular sobre el general. En suma, esa concepción impediría su
funcionamiento eficaz, y conduciría a la imposibilidad de que el Estado
brindara a los ciudadanos reales posibilidades de resolución de sus conflictos.
Todo lo cual sí resultaría francamente contrario a la Carta”.
[92] Sentencia T-334 de 2018. M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
[93] Sentencia SU-659 de 2015. M.P. Alberto
Rojas Ríos.
[94] M.P. Mauricio González Cuervo.
[95] De acuerdo con los hechos de la tutela, el
menor fue diagnosticado desde que tenía 9 meses con la enfermedad de hemofilia
tipo A por parte de médicos del ISS. Los padres del niño, tomando como
recomendación el concepto de la Liga Colombiana de Hemofílicos, le realizaron
un examen de titulación del factor de coagulación en el Hospital Militar de
Bogotá que arrojó como resultado “hemofilia tipo B severo con factor de
coagulación en el factor IX” y, como consecuencia de ello, se le ordenó
suministrar el “factor IX liofilizado”. Por lo anterior, los familiares
solicitaron al ISS reemplazar el medicamento con el que venía siendo tratado el
menor por aquel recomendado por la Liga Colombiana. El mencionado medicamento
no fue suministrado de manera oportuna por la entidad lo cual generó en muchas
ocasiones sangrado en la rodilla derecha del menor, situación que llevó a que
se le desencadenara una enfermedad denominada “hemartrosis” que conllevó
posteriormente a la realización de un procedimiento quirúrgico denominado
“sinevectomía” en el año 2000.
[96] El Tribunal concluyó que la acción había
caducado -en aplicación directa del artículo 136 del entonces Código
Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984)- pues consideró que los
demandantes conocieron del acaecimiento del hecho que originó el daño desde el
año 2000, fecha a partir de la cual surgió la hemartrosis en la rodilla derecha
e interpusieron la acción de reparación directa hasta el 9 de septiembre de
2004.
[97] Por ejemplo, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas, la
calidad de sujeto de especial protección constitucional del accionante (menor
de edad), el principio de equidad, el carácter fundamental del derecho a la
salud y la aplicación del principio pro damnatum.
[98] La Sala enfatizó que la determinación del momento en el cual se debía
contabilizar el término de caducidad de la acción reparatoria, podía
encuadrarse dentro de las excepciones establecidas por la jurisprudencia
contencioso administrativa para las fallas en la prestación de servicios
médicos. Así, el término de caducidad, en estos casos, tenía dos excepciones
para su contabilización: “(i) empieza a contarse a partir del momento en que
la persona tenga conocimiento del daño [por ejemplo, en ciertos eventos el
daño puede manifestarse tiempo después de la ocurrencia del hecho o la omisión
de la administración que causó el perjuicio o],  (ii) cuando hay un
tratamiento médico que se presta continuamente y el cual genera al paciente una
expectativa de recuperación así el paciente tenga conocimiento del daño, el
servicio médico brinda posibilidades de recuperación, razón por la cual, en
estos casos, la caducidad se contabilizará desde el momento en que se otorgue
un diagnóstico definitivo del paciente, “entonces, si el paciente padece el
daño y, por lo tanto, conoce el hecho o la omisión y el daño antijurídico, pero
no ha sido expedido un diagnóstico concluyente, sino que, por el contrario es
parcial o temporal, no es posible radicar en cabeza de la persona el deber de
demandar o accionar puesto que no conoce, hasta el momento, las condiciones de
la lesión, esto es, si es definitiva, temporal, parcial, total, reversible o
irreversible, etc”.
[99] En este punto, advirtió que el desconocimiento
del daño no podía atribuirse a la negligencia de los accionantes (padres del
menor), sino a las particularidades de la enfermedad padecida por su hijo, por
lo cual no era dable contabilizar el plazo de la caducidad desde el diagnóstico
de la dolencia detectada. En
efecto, para la Sala Segunda de Revisión, en el caso concreto, “a pesar que
desde 1999 los demandantes conocían sobre el problema de rodilla del menor Luis
Alberto y la negligencia del ISS perduraba al no suministrar oportunamente el
medicamento prescrito y requerido con necesidad; al mismo tiempo que
garantizaba una expectativa de recuperación o una posibilidad de mejoría en el
paciente, según pruebas que constan en el expediente de reparación directa, el
menor sufrió mayores impactos en la capacidad de desenvolverse por sí mismo, a
partir del año 2002 . Además, en el registro de atención hospitalaria del ISS,
se constata que para junio de 2002, el menor no había recibido el medicamento
factor IX, desde enero de 2002, teniendo en cuenta lo anterior, a partir de
este año se generaron mayores repercusiones en [el] estado de salud de
Luis Alberto, pues la dilación en el suministro del medicamento prescrito, “se
verá reflejado en el retardo de la mejoría de su cuadro clínico ya que se busca
evitar las hemorragias y disminuir la intensidad de las mismas, esto conlleva a
un deterioro crónico de la articulación afectada y a una artrosis de la misma”.
[100] De acuerdo con los fundamentos de la acción de tutela, los actores
consideraron que el Tribunal accionado había incurrido en un defecto sustantivo
al contabilizar erróneamente el término de caducidad, “pues debió valorar
que el día siguiente del “acaecimiento
del hecho” o el momento a partir del cual tuvieron conocimiento de que el
perjuicio fue irreversible, debe contarse desde que los actores se enteraron de
la pérdida de capacidad laboral y no a partir del momento en que le fue
diagnosticado hemartrosis en la rodilla derecha”.
[101] Sobre el particular, se dijo lo siguiente:
“La jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que, cuando el hecho
causante del daño no coincida temporalmente con que el afectado lo haya
conocido, en virtud del principio pro accione conduce al juez a computar el
plazo de caducidad a partir del momento en el cual el demandante conoció la
existencia del daño por la razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un
interés actual para acudir a la jurisdicción a reclamar la reparación del daño.
Porque, cuando el daño se produce de forma paulatina como efecto de sucesivos
hechos u omisiones, o causas dañosas diversas, en cuyo caso el término para
reclamar la indemnización de perjuicios corre de manera independiente para cada
uno de los daños derivados de sucesivos eventos”.
[102] La demanda se presentó el 9 de septiembre
de 2004, es decir, un año y dos meses después de que conocieron del diagnóstico
definitivo del daño, el 1 de julio de 2003, y el término de caducidad operaba
en el año 2005.
[103] En una línea similar a la
expuesta, la Sala Sexta de Revisión se pronunció en la Sentencia T-528 de 2016.
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Allí se estudió una acción de tutela como
consecuencia del hecho de haberse decretado la caducidad del medio de control
de reparación directa impulsado ante un mal procedimiento quirúrgico que
desencadenó en la muerte del paciente (falla en el servicio médico). Las
autoridades judiciales que conocieron del asunto, estimaron que el término de
caducidad de dos años debía contarse a partir del día siguiente al de la
ocurrencia del hecho dañoso (muerte) y no como lo pretendía la parte demandante
(madre de la persona fallecida) con posterioridad a este momento cuando, en su
criterio, conoció de los hechos y omisiones que realmente causaron el daño
antijurídico (cuando efectivamente le fue entregada copia de la historia clínica
de su hijo). La Sala concedió el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia tras advertir que se había
incurrido en un defecto sustantivo por no haberse aplicado, a la
contabilización del plazo, un enfoque constitucional fundado en la salvaguarda
de los derechos fundamentales y tomando en cuenta las especiales circunstancias
que rodearon el caso concreto. En particular, por haberse inobservado las
disposiciones de estirpe constitucional al escoger entre las diferentes
interpretaciones posibles que ofrecía la norma (artículo 164 del CPCA antes
artículo 136 del CCA), la menos favorable y razonable para la accionante en el
caso en concreto. En palabras de la Sala: “La jurisprudencia contencioso
administrativa ha enfatizado que el momento a partir del cual debe contarse la
caducidad de la acción de reparación directa en materia médico sanitaria es, en
principio, el mismo establecido en la norma aplicable. No obstante lo anterior,
la caducidad debe contabilizarse excepcionalmente, desde otros momentos, si el
hecho no ha sido visible, razón por la cual el afectado no conoce los daños que
acarreó el hecho o; en eventos en los cuales un tratamiento médico se prolonga
en el tiempo, lo cual genera en el paciente una expectativa de recuperación o;
cuando el hecho o la omisión administrativa se extiende en el tiempo y con ello
el daño es perceptible solo en un período posterior o; cuando no se tiene
claridad entre (sic) de los hechos que ocasionaron el daño”.
[104] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[105]  En un primer momento, el padre y abuelo de
la menor iniciaron, el 7 de octubre de 1996, acción de reparación directa ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 6 de agosto de 1997 la madre de
la menor; sus tíos y abuelos maternos demandaron la reparación directa ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Posteriormente estos procesos fueron
acumulados, por Auto del 9 de septiembre de 1999, y tramitados bajo un mismo
asunto.
[106] El 13 de mayo de 1996, esto es, pasados
tres años del desarrollo del proceso penal, se determinó que el autor del
crimen fue el Agente en servicio Diego Fernando Valencia Blandón por lo que el
Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del 13 de mayo de
1996, lo declaró responsable de la comisión de los delitos de homicidio
agravado en concurso con acceso carnal violento en la niña Sandra Catalina
Vásquez Guzmán y lo condenó a 45 años de prisión; decisión confirmada por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, el 15 de julio de 1996. En sentencia
del 14 de marzo de 2001, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió
no casar la sentencia de segunda instancia, y dejo en firme la condena contra
Valencia Blandón.
[107] El Tribunal declaró que la excepción de
caducidad -propuesta por la parte demandada- no estaba llamada a prosperar
porque era improcedente aplicar estricta y literalmente el artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo por la forma en que se desarrollaron los
hechos. Para la Corporación judicial estaba oculto y era confuso el responsable
de la agresión a la menor, por lo cual existió una imposibilidad ética de
formular la demanda contra el Estado. El hecho de que el primer sindicado fuera
el padre de la menor, impedía acudir a la jurisdicción. El conocimiento
necesario para accionar solo emergió cuando el citado ciudadano fue
desvinculado del proceso penal, es decir, a partir del 13 de octubre de 1995,
fecha desde la cual debía contabilizarse el término de caducidad. Fue a partir
de aquel momento que se tuvo la real vocación jurídica para demandar.
[108] Dicha disposición estaba contenida en el
entonces Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984) y consagraba
que la reparación directa caducaba “al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa”. Fue derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, a partir
del 2 de julio de 2012.
[109] En palabras de la Sala Plena, “La regla
anterior no es absoluta, ni el punto de inicio inmodificable, porque admite
excepciones basadas en el reconocimiento de situaciones particulares frente a
las cuales es necesario que, aplicando el artículo 228 de la Constitución, la
judicatura garantice el derecho de acceso a la administración de justicia y el
debido proceso, de modo que las víctimas cuenten con el lapso de 2 años, para
ejercer la acción. Término que no debe comprender el período en el cual los
familiares de la menor no estaban en condiciones de iniciar el proceso, bien
porque no conociera el daño, o se ignorara la participación de un agente del
Estado en su producción”.
[110] Sobre el particular, la Sala Plena resaltó:
“La sentencia de 15 de febrero de 2012, ocasionó un trato discriminatorio
entre el padre, y la madre, así como los tíos, tía, abuelo y abuela. A juicio
de esta Corporación, tanto la acción de reparación directa iniciada por Pedro
Gustavo Vásquez, como la incoada por su madre y los restantes familiares,
estaban atravesadas por las mismas circunstancias. Si el término de
prescripción de la caducidad debía contabilizarse a partir, del 14 de octubre
de 1995, porque aquel fue el día siguiente a la fecha de desvinculación de
Pedro Gustavo Vásquez del proceso penal, esta circunstancia es igualmente
extensible a la madre y sus otros familiares. Solo desde esta fecha, existía
providencia judicial que permitía al núcleo familiar de la menor, conocer que
fue un agente estatal el responsable de la agresión a la menor Sandra Catalina”.
[111] De acuerdo con esta Corporación, “En
este orden de ideas, una interpretación del numeral 8º del artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo, acorde con la salvaguarda de los derechos
fundamentales, apuntaba a que no podía exigírsele a la madre y sus demás
familiares, iniciar la acción de reparación directa, cuando el señalado
penalmente era el padre de la menor. Esto implicaba que la familia debía
aceptar y validar que el responsable de la tragedia que vivió la menor, fue su
propio padre. Dicha hipótesis, sin duda agudiza el drama, tanto del padre
inocente, como de la madre, quien además de asumir la muerte de su hija, debía
compartir la posición que el responsable era su cónyuge”. Y agregó: “La
Sra. Sandra Janneth no demandó administrativamente al Estado, hasta que no se
resolvió favorablemente la situación jurídica de Pedro Gustavo Vásquez, ya que
rechazó la hipótesis de que aquél fuera responsable”.
[112] Se recuerda que el padre y abuelo de la
menor iniciaron, el 7 de octubre de 1996, acción de reparación directa y el 6
de agosto de 1997 la madre de la menor, sus tíos y abuelos maternos demandaron
al Estado. En el año 1999 ambos asuntos fueron acumulados para fallarse en uno
solo. De acuerdo con lo dicho, el término de caducidad vencía el 14 de octubre
de 1997.
[113] M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[114] La autoridad laboral determinó como lesiones o secuelas sufridas: (i)
cicatriz traumática en cuero cabelludo secundaria a trauma craneocefálico con
leves secuelas en memoria; (ii) fractura rama iliopubica derecha no reciente
consolidada sinuvitis cadera izquierda no reciente sin secuelas funcionales;
(iii) bursitis hombro derecho no reciente sin secuelas funcionales; y (iv)
trauma craneocefálico con leves secuelas en memoria.
[115] El Ministerio de Defensa Nacional y la
Aseguradora La Previsora S.A. propusieron la excepción de caducidad de la
acción al considerar que la demanda se había interpuesto después de 2 años de
ocurridos los hechos.
[116] En efecto, el Tribunal accionado estimó que
si la ocurrencia del daño -consolidación y conocimiento del perjuicio- tuvo
lugar el 19 de diciembre de 2010, la caducidad de la acción operó el 20 de
diciembre de 2012, sin que los interesados iniciaran la actuación judicial,
pues solo hasta el 15 de diciembre de 2014, presentaron la solicitud de
conciliación prejudicial que se llevó a cabo el 25 de febrero de 2015 y la
demanda se radicó el 6 de marzo de ese año, cuando ya era extemporánea.
[117] En este punto se advirtió que la calificación de pérdida de capacidad
laboral, más que un trámite administrativo que permite cuantificar las lesiones
para efectos de una reubicación o un retiro definitivo del servicio, es la
oportunidad para que profesionales de distintas disciplinas estudien la
situación particular de una persona y determinen el estado de salud en que se
encuentra.
[118] En palabras de la Sala: “Así las cosas,
es en ese momento -el 14 de febrero de 2014- en que la parte actora tuvo
consciencia de la certeza del daño, pese a que este ocurrió en un momento
anterior con el accidente de tránsito -el 19 de diciembre de 2010-, por lo que
mal podían las autoridades judiciales que en sede ordinaria conocieron de la
acción de reparación directa, exigirle haberla iniciado dentro de los dos (2)
años siguientes al hecho, pues es evidente que en esa época no conocía de la
gravedad del perjuicio ocasionado presuntamente por un agente estatal”. De
acuerdo con ello, si el conteo del término de caducidad inició el día siguiente
a la fecha del dictamen de pérdida de capacidad laboral -14 de febrero de
2014-, la acción de reparación directa caducaba el 15 de febrero de 2016 y esta
fue presentada por el accionante el 25 de febrero de 2015.
[119] M.P. Alberto Rojas Ríos.
[120] De acuerdo con la Sala Octava de Revisión: “La jurisprudencia de la
Corte [e incluso del Consejo de Estado] ha admitido la flexibilización
de la regla legal, en circunstancias puntuales, cuando se tiene certeza del
daño en un momento posterior a aquel en que ocurrió, evento en el que encaja el
asunto sub examine, toda vez que la parte actora conocía de las lesiones
sufridas por Arley Orlando Torres Chuquen, sin embargo, fue hasta la
notificación del dictamen de pérdida de la capacidad laboral cuando
dimensionaron su trascendencia, razón por la cual, el término de caducidad debe
a (sic) contabilizarse desde entonces”.
[121] En este punto, se resaltó que: “De
acuerdo con lo expuesto, la Sala Octava de Revisión concluye que la postura
reiterada del Consejo de Estado acerca de la contabilización de los términos de
caducidad cuando se trata de lesiones evidentes, no se ajusta a una lectura
constitucional de la norma ni responde a los principios de equidad, pro homine
y reparación integral, al ser exegética y restrictiva, y no admitir que existan
casos en los que el conjunto de sucesos (el hecho dañoso y su calificación posterior)
son los que llevan a que exista certeza de que el daño existió”.
[122] De acuerdo con la Sala: “Así las cosas, una lectura constitucional de
la normativa aplicable y bajo el rasero de la jurisprudencia de unificación, la
Corte encuentra que la aplicación de dicha presunción en el caso bajo estudio,
coartó la posibilidad de que la parte actora le presentara a un juez su caso y,
que este, con base en las pruebas obrantes en el proceso, determinara si hay
lugar a que le indemnizaran el perjuicio sufrido”.
[123] Dicho término está edificado sobre el
beneficio de señalar un plazo objetivo, invariable, para que quien considere
ser titular de un derecho opte por accionar o no. Ver Sentencia del 2 de mayo
de 2016 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Expediente: 40061. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
[124] “Por la cual se modifican
normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”.
[125] “Por medio de la cual se
reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la
Administración de Justicia”.
[126] “Por el cual se reglamenta el artículo
13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo
V de la Ley 640 de 2001”.
[127] Se trata de una figura de orden público lo que explica su carácter
irrenunciable y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez
cuando se verifique su ocurrencia. Ver Sentencia del 26 de marzo de 2009 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, Expediente: 1134-07. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
[128] “Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[129] Como se indicó en la Sentencia T-075 de 2014. M.P.
Mauricio González Cuervo: “hay casos en
los cuales el hecho no ha sido visible razón por la cual el afectado no conoce
los daños que acarreó el hecho o, eventos en los cuales un tratamiento médico
se prolonga en el tiempo, lo cual genera en el paciente una expectativa de
recuperación o, podría decirse que el hecho o la omisión administrativa se
extiende en el tiempo y con ello el daño es perceptible solo tiempo después; y
por lo tanto el término de caducidad debe contabilizarse excepcionalmente”. Más adelante, en la Sentencia T-334 de 2018. M.P.
José Fernando Reyes Cuartas se dijo puntualmente: “la postura del Consejo de Estado sobre la materia no ha
sido pacífica ni unificada, al admitir que existen casos en que la lectura
sistemática de los hechos y las pruebas, dan lugar a que la víctima tenga
certeza del daño en un momento posterior a la fecha en que se causó, contando a
partir de este el término de caducidad”.
[130] Al respecto, puede consultarse la Sentencia
del 23 de mayo de 2012 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Expediente: 23703. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Allí, se
estudió la situación de un ex miembro de la Policía Nacional que demandó, en
reparación directa, a la Nación -Ministerio de Defensa Nacional-. Lo anterior
por una falla en el servicio que tuvo origen en un accidente ocurrido en una
estación de policía, el 16 de abril de 1996, como consecuencia del cual se le
generaron lesiones físicas y psicológicas. En esta oportunidad, se decidió
declarar la caducidad de la acción puesto que se constató que el demandante
había iniciado el proceso en el año 2000, casi dos años después de que el Área
de Medicina Laboral de la Policía le determinara una pérdida de capacidad
laboral del 100%. Así, se determinó que el término de caducidad de la acción
administrativa empieza a contarse desde la ocurrencia del hecho o eventualmente
de cuando el paciente tiene conocimiento de ello, empero en el caso concreto,
el demandante tuvo consciencia del daño desde el mismo día en que ocurrió el
accidente y éste le produjo las aludidas lesiones y no desde que la Junta
Médica determinó la magnitud del perjuicio sufrido, pues “se tiene certeza
de que el conocimiento del daño se produjo de manera simultánea con la
producción del mismo”. También puede verse la Sentencia del 24 de mayo de
2017 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, Expediente: 41203. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Allí, se estudió el caso de un soldado que resultó herido con la explosión de
una mina antipersona e inició la acción de reparación directa después de que se
le efectuó el dictamen de pérdida de la capacidad laboral -cuando ya habían
transcurrido más de 2 años desde el hecho dañoso (2 de agosto de 2006)-,
aduciendo que fue en ese momento en el que se enteró de la magnitud del
perjuicio. El Consejo de Estado concluyó que hizo ejercicio del medio de
control resarcitorio cuando había expirado el término legal para hacerlo, toda
vez que el perjuicio acaeció el día que el reclamante sufrió las lesiones
(herida abierta con fractura de calcio del pie derecho, el 10 de octubre de
2003), momento en el que tuvo conocimiento pleno del daño. Así, siguiendo de
cerca las consideraciones de una decisión del 14 de abril de 2010 (Expediente:
19154) dijo lo siguiente: “No comparte la Sala las apreciaciones hechas por
la parte demandante, en relación a que la acción no podía instaurarse hasta
tanto se conociera la magnitud del daño y las lesiones definitivas – secuelas –
causadas con el hecho generador del mismo, toda vez que la conclusión, a la que
se llegó con la valoración realizada por la junta médico laboral, fue
únicamente respecto de las consecuencias de una lesión que había sido causada
con anterioridad. De otro lado, si bien se ha puntualizado en específicas
oportunidades que por regla general el conteo del término de caducidad de la
acción de reparación directa, empieza a correr a partir de la ocurrencia del
hecho y no desde la cesación de sus efectos perjudiciales, lo cierto es que
cuando no puede conocerse, en ese momento su existencia o realidad, debe
tenerse en cuenta la fecha en la que se le determina y el paciente tiene
conocimiento de ello; no obstante lo anterior, en el asunto sub examine, no se
puede predicar esta última hipótesis, pues la parte demandante tuvo pleno
conocimiento del daño en el instante en que sufrió el accidente; por lo tanto,
la expedición del acta de la Junta Médica y la cesación de la prestación del
servicio médico, no altera en modo alguno el cómputo de caducidad, por cuanto
de los supuestos fácticos planteados en la demanda, se tiene certeza que el
conocimiento del daño se produjo de manera simultánea con la producción del
mismo”. Recientemente en la Sentencia
del 28 de febrero de 2019 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Expediente: 44126. C.P. María
Adriana Marín, se dijo que la contabilización del término de caducidad iniciaba
a partir del día siguiente al momento en el que el miembro de la Policía
Nacional falleció en ejercicio de sus funciones (hecho dañoso) por ser este el
instante en el que la manifestación del daño, cuya indemnización se reclamaba,
se hizo evidente.
[131] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Expediente: 55362. C.P. Hernán
Andrade Rincón.
[132] Al respecto se
puede consultar, por ejemplo, el Auto del 19 de julio de 2006 del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente:
28836. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
[133] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Expediente: 41616. C.P. Ramiro
Pazos Guerrero.
[134] Advirtió entonces que, “el término para
ejercer acción de reparación directa por las lesiones sufridas por Brocardo de
Jesús Ruiz Morales, con ocasión de la explosión de una mina antipersonal, el 21
de junio de 1990, venció el 22 de junio de 1992, por lo que se concluye que
para la fecha en la cual se presentó la demanda, a saber, 5 de diciembre del
2003, había operado el fenómeno de caducidad”.
[135] Al respecto, puede consultarse la Sentencia del 11 de mayo de 2000 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Expediente: 12200. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Allí se dijo puntualmente
que la norma de caducidad “entendida de manera racional debe interpretarse
en el sentido de que no basta con la realización pura y simple del hecho
causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado,
lo cual en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Sin embargo, cuando
la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro
actione debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del
momento en el cual el demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la
sencilla razón de que sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para
acudir a la jurisdicción”.
[136] Al respecto pueden verse: Sentencia del 27 de noviembre de 2006 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Expediente: 15583. C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Sentencia del 15 de octubre de
2008 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Expediente: 18586. C.P. Enrique Gil Botero y Sentencia del 2 de mayo
de 2016 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Expediente: 40061. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Recientemente, la Sección Tercera del
Consejo de Estado se pronunció sobre la materia en la Sentencia del 14 de
febrero de 2019, Expediente: 45810. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera a
propósito del caso de un miembro del Ejército Nacional que demandó, en
reparación directa, a la Nación -Ministerio de Defensa Nacional- por los
perjuicios de naturaleza psicológica que adquirió en la prestación del servicio
activo. Allí se dijo que el conocimiento del daño por parte del afectado tuvo
lugar cuando el paciente fue hospitalizado para tratar los síntomas de su
enfermedad y se le brindó un diagnostico concreto (retardo mental leve) y no,
como lo aducía el demandante, cuando se profirió el dictamen por la Junta
Médico Laboral en la que únicamente se cuantificó el porcentaje de pérdida de
capacidad laboral. Al tomar como punto de partida tal presupuesto se encontró
que el fenómeno de la caducidad ya había operado en el caso concreto.
[137] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Expediente: 20836. C.P. Enrique Gil Botero.
[138] Por “olvido” quirúrgico se entiende
aquellos casos en los que con motivo de una intervención quirúrgica, se dejan
olvidados dentro del cuerpo del paciente instrumentos o materiales utilizados
por los profesionales intervinientes, vgr: pinzas, agujas y más comúnmente
gasas o compresas. Estos casos son bastante frecuentes y generalmente le
ocasionan daños al paciente quien necesariamente debe someterse al menos a una
nueva intervención con el sólo objeto de la extracción del material olvidado.
Sobre el particular, consultar el siguiente portal web: http://www.medicolegal.com.co/articulo/subtema/447.
[139] En palabras de la Corporación, “es
posible que, en específicas ocasiones, el daño se prolongue en el tiempo, con
posterioridad al momento de acaecimiento de los hechos dañosos que sirven de
fundamento de la acción, sin embargo, lo cierto es que ello no puede significar
que el término de caducidad se postergue de manera indefinida, por cuanto la norma
no consagra dicho supuesto. Es decir, la disposición no establece que el
cómputo de la caducidad empieza a correr en el momento en que el daño se
concreta por completo, sino que por el contrario determina que el mismo debe
empezar a partir del día siguiente al hecho que le sirve de basamento a la
pretensión, esto es, la fecha en que acaece el suceso o fenómeno que genera el
daño, de no ser así se confundiría a aquél con las secuelas o efectos del mismo”.
[140] Se precisó,
además, que en los eventos de reparación directa por fallas en
el servicio médico-sanitario, la regla general es la establecida en la
normatividad mencionada, sin embargo, existen dos supuestos en los cuales el
conteo de la caducidad se debe flexibilizar; a saber: “i) hasta tanto la persona
no tenga conocimiento del daño, al margen de que el hecho o la omisión médica
se haya concretado en un día distinto o años atrás del momento en que se
establece la existencia de la lesión antijurídica y ii) cuando existe un
tratamiento médico que se prolonga en el tiempo y respecto del cual se le
genera al paciente una expectativa de recuperación”. Se advirtió que: “En
el segundo escenario el paciente tiene pleno conocimiento del daño pero el
servicio médico le brinda esperanzas de recuperación al someterlo a un
tratamiento que se prolonga en el tiempo. En este tipo de circunstancias, el
conteo de la caducidad no inicia hasta tanto no se haya proferido el
diagnóstico definitivo del paciente”.
[141] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Expediente: 40255. C.P. Enrique
Gil Botero.
[142] En esta línea, puede verse la Sentencia del
29 de enero de 2004 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Expediente: 18273. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. En
esta ocasión se conoció de un caso de reparación directa iniciado
por una ciudadana contra la Nación -Ministerio de Salud- en razón a los daños
padecidos por ella y sus familiares como consecuencia de una transfusión de
sangre contaminada con SIDA en una clínica privada cuya licencia para funcionar
como banco de sangre fue autorizada por la entidad pública demandada. En
concreto, la señora fue sometida a una transfusión en el año 1989, de una
sangre proveniente de un laboratorio médico, que en el año 1993 fue cuestionado
en los medios de comunicación porque expendía sangre infectada con VIH, momento
en el cual la demandante se sometió a una prueba que dio como resultado VIH
POSITIVO. En esta oportunidad, se reiteró que la caducidad debía contarse desde
el momento en el cual la afectada tuvo conocimiento de que padecía la
enfermedad y no desde el momento de la transfusión pues cuando no puede
conocerse el daño, ni las consecuencias del hecho o la omisión administrativa,
“debe tenerse en cuenta la fecha en la que se determina que el perjuicio de
que se trata es irreversible y el paciente tiene conocimiento de ello. Con
mayor razón, entonces, debe entenderse que el término de caducidad no puede
comenzar a contarse desde una fecha anterior a aquélla en que el daño ha sido
efectivamente advertido” (subrayas fuera del texto original).
Igualmente, puede consultarse la Sentencia del 7 de octubre de 2009 del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente:
18373. CP. Ruth Stella Correa Palacio en la que se advirtió que: “según la
demanda, la causa del daño neurológico sufrido por el menor, se produjo como
consecuencia de la atención médica que se le brindó en el Hospital de Tumaco
con ocasión de su ingreso a ese centro asistencial, el 30 de agosto de 1992, y
que ese daño se hizo evidente trece días después de esa fecha, cuando el menor
salió del estado de coma”. Es decir en ese momento se tuvo certeza de la
causación del menoscabo en su salud y, por ende, fue determinante para definir
el plazo de inicio de presentación de la correspondiente demanda. También, el
Auto del 10 de marzo de 2011 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Expediente: 20109. C.P. Hernán
Andrade Rincón. Allí, se estudió el caso de una familia que alegaba la
presencia de filtraciones de agua en la estructura de su inmueble originadas
por la construcción de la vía sobre la que se encontraba la propiedad sin que
esta contara con sistema de alcantarillado (este hecho ocasionó que
presentaran, inclusive, problemas de salud). Se estableció puntualmente que
pueden darse eventos “en los cuales la manifestación o conocimiento del daño
no coincida con el acaecimiento mismo del hecho que le dio origen, resultando
–en consecuencia- ajeno a un principio de justicia que, por esa circunstancia,
que no depende ciertamente del afectado por el hecho dañoso, [no pueda]
obtener la protección judicial correspondiente”. En esta línea, el derecho
a reclamar un perjuicio sólo se manifiesta a partir del momento en que éste
surge (en este caso, la magnitud del daño fue evidenciada cuando en el
Departamento del Cauca se produjo una fuerte ola invernal que afectó gravemente
las viviendas), pues es razonable considerar que en ciertos eventos el daño se
exteriorice tiempo después de la ocurrencia del hecho o de la omisión de la
administración que causó el perjuicio invocado. Así, la caducidad “deberá
contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es
la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”.
[143] Esto ocurre principalmente en el caso
específico de las lesiones sufridas por los soldados conscriptos en ejercicio
de la prestación del servicio activo. En este punto, vale la pena señalar que
la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que el tratamiento más
favorable en cuanto al cómputo del término de caducidad de la acción de
reparación directa, en tratándose de soldados conscriptos, obedece a que la
Corporación distingue entre la responsabilidad aplicable a la administración
por daños sufridos en ejercicio del servicio militar obligatorio -y con ocasión
del mismo-, de la que surge de aquellos daños padecidos por un integrante de
las Fuerzas Armadas incorporado voluntariamente al servicio. Dicha distinción
está justificada porque mientras que en el primer caso la prestación del
servicio militar es impuesta a algunos ciudadanos por el ordenamiento jurídico,
en la segunda eventualidad la persona ingresa al servicio por iniciativa
propia, con lo que asume los riesgos inherentes que implica el desempeño de la
carrera militar. Lo anterior implica que las personas que prestan servicio
militar obligatorio, sólo están obligadas a soportar las cargas que son
inherentes a éste, tales como la restricción a los derechos fundamentales de
libertad y locomoción, pero no los riesgos anormales o excepcionales. En
contraste, quienes prestan el servicio en forma voluntaria, asumen todos
aquellos riesgos que naturalmente están relacionados con el desempeño de las
actividades de la milicia. Al respecto puede verse, por ejemplo, la Sentencia
del 2 de mayo de 2016 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Expediente: 40061. C.P. Danilo
Rojas Betancourth y la Sentencia del 12 de abril de 2018 del Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Expediente:
11001-03-15-000-2017-01737-01(AC). C.P. Milton Chaves García.
[144] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Expediente: 22462. C.P. Gladys
Agudelo Ordoñez.
[145] De acuerdo con lo relatado por la parte
demandante: “Durante la jornada militar, debido a los pesados ejercicios de
instrucción y a peligrosas bromas que le impusieron, en distintos episodios,
como por ejemplo cuando el 20 de octubre de 1996 a eso de las 9:00 horas, se le
ordenó al personal pasar a pernoctar en el alojamiento, encontró un falso
tendido de tablas en su cama en la que dejaron sólo dos, una en cada extremo
para sostener el colchón, por cuyo motivo al disponerse a dormir se precipitó
al piso, causándose una grave lesión en la rodilla izquierda a la cual se
resistió, después, el 4 de abril de 1997, al chocar en el desarrollo del
encuentro con otro soldado”.
[146] La Sección Tercera del Consejo de Estado ha
establecido que para el caso específico de las lesiones de los soldados
conscriptos “no es posible atar la ejecutoria de la calificación de la
pérdida de capacidad laboral establecida en el acta de la Junta Médico Laboral
con la certeza del daño, porque el conocimiento de los efectos del hecho dañoso
[lesiones], en sí mismo, se conoce desde que la institución determina los
síntomas, enfermedades y diagnósticos que generaron para la salud del
conscripto las lesiones que padeció [justamente, mediante la expedición del
acta], sin perjuicio, de que puedan ser modificadas con posterioridad”. Y
agregó: “Si la Sección Tercera del Consejo de Estado al crear una excepción
vía jurisprudencial determinó que era la notificación del acta de la Junta
Médico Laboral el momento a partir del cual se debía empezar a contabilizar el
término de caducidad para reclamar los perjuicios causados con las lesiones que
sufren soldados conscriptos, cuyas consecuencias se conocen con posterioridad
al hecho dañoso, al juez constitucional no le es dado hacer interpretaciones
extensivas a la que indica la simple lectura de “acta de la Junta Médico
Laboral”, una decisión en sentido contrario conllevaría a crear una nueva regla
para efecto de computar el término de caducidad que no previó en su momento la
jurisprudencia especializada”. Con todo, se ha advertido que la
modificación del acta de la Junta Médico Laboral por parte del Tribunal de
Revisión Militar y de la Policía puede constituir el elemento relevante para
efectos de la tasación de perjuicios, del quantum, en los casos en los
que sea probada la responsabilidad administrativa, pero la existencia de un
daño se conoce desde el momento en que se establecen las consecuencias de la
lesión, con independencia de que el porcentaje de la pérdida de capacidad varié
o incluso los diagnósticos allí establecidos.
[147] Así se advirtió: “Contrario a lo
expuesto por el Tribunal, el cómputo de la caducidad ha de contarse partir del
14 de julio de 1997, y no a partir de los días 20 de octubre de 1996 o 4 de
abril de 1997, pues como se señaló en precedencia, estas fechas sólo refieren
los antecedentes de la lesión, pero el conocimiento del daño sólo pudo
presentarse a partir de la fecha en la cual se notificó el Acta de la Junta
Médica Laboral”.
[148] Al respecto, puede verse el Auto del 18 de
febrero de 2010 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Expediente: 17542. C.P. Mauricio Fajardo Gómez y la Sentencia del 2 de mayo de 2016 del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B, Expediente: 40061. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
[149] Aparte citado en la Sentencia del 2 de mayo
de 2016 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Expediente: 40061. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Allí, se resolvió, en segunda instancia, sobre el ejercicio
de una acción de reparación directa impulsada por un miembro de la Fuerza
Pública que invocaba la indemnización de perjuicios por las lesiones físicas
sufridas y respecto de las cuales adujo tener certeza cuando se le practicó el
examen médico para efectos de continuar en el Ejército como profesional, hecho
que acaeció finalizando la prestación del servicio militar obligatorio (el demandante sufrió de una acentuada
escoliosis dorsolumbar en la concavidad izquierda). En esta oportunidad, la Sección insistió en que la
regla general del conteo de la caducidad no resulta aplicable a todos los
casos, dado que algunas circunstancias específicas en la producción del daño
hacen que su manifestación a quien lo sufre no sea concurrente con el hecho que
lo generó. En el asunto
concreto, se estableció que sólo el 31 de
marzo de 2004, a raíz de la expedición de los resultados de la radiografía
practicada, el ciudadano pudo conocer con precisión cuál era la lesión que le
aquejaba por lo que a partir del día siguiente comenzó a correr el término de
caducidad para que ejerciera la acción de reparación directa. De esta forma,
habida cuenta de que la demanda se radicó el 24 de octubre de 2005, su
presentación fue oportuna. Esta providencia fue reiterada en la Sentencia del
14 de marzo de 2019 del Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Expediente:
11001-03-15-000-2018-04735-00 (AC). C.P. Milton Chaves García. Allí, se recordó que “la Sección Tercera del Consejo de Estado ha manifestado
que para contar la caducidad de la acción cuando se demandan los daños
derivados de una afectación corporal, no basta con tener en cuenta la fecha en
la que se produjo la misma, sino que es preciso determinar el momento en el
cual la víctima tuvo conocimiento completo e informado de su naturaleza,
su irreversibilidad y de las repercusiones que podría generarle en su vida cotidiana”.
[150] Aparte citado en la Sentencia del 11 de abril de 2012 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Expediente: 20134. C.P. Mauricio
Fajardo Gómez donde haciendo referencia a una providencia del año 2000, se
dijo: “Debe agregarse a lo anterior que, el hecho de que los efectos del
daño se extiendan en el tiempo no puede evitar que el término de caducidad
comience a correr, ya que en los casos en que los perjuicios tuvieran carácter
permanente, la acción no caducaría jamás. Así lo indicó la Sala en sentencia
del 18 de octubre de 2000: “Debe advertirse, por otra parte, que el término de
caducidad empieza a correr a partir de la ocurrencia del hecho y no desde la
cesación de sus efectos perjudiciales, como parecen entenderlo el a quo y la
representante del Ministerio Público. Así, el hecho de que los efectos del daño
se extiendan indefinidamente después de su consolidación no puede evitar que el
término de caducidad comience a correr. Si ello fuera así, en los casos en que
los perjuicios tuvieran carácter permanente, la acción no caducaría jamás. Así
lo advirtió esta Sala en sentencia del 26 de abril de 1984, en la que se
expresó, además, que la acción nace cuando se inicia la producción del daño o
cuando éste se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término indicado
en la ley, aunque todavía subsistan sus efectos”. Dicha argumentación
también fue referida en la Sentencia del 28 de febrero de 2019 del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Expediente: 44126. C.P. María Adriana Marín, reseñada líneas arriba.
[151] Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, Expediente: 20134. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Esta sentencia fue reiterada
en la providencia del 14 de marzo de 2019 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, Expediente: 11001-03-15-000-2018-04735-00 (AC).
C.P. Milton Chaves García.
[152] El Tribunal refirió que antes de la fecha mencionada, si bien se tenía
conocimiento del estado de la menor no se había determinado si la causa era
congénita o adquirida.
[153] Se recuerda que la acción administrativa fue impulsada el 28 de agosto
de 1996.
[154] En palabras de la parte demandante: “Es
claro que la excepción planteada no está llamada a prosperar debido a que pese
a que el momento de acaecimiento de los hechos fuera en el año 2012, solo hasta
el año 2015 se tuvo pleno conocimiento del daño a través de la calificación de
la pérdida de la capacidad laboral por parte de la junta médica nacional. Así
teniendo en cuenta que el conocimiento pleno del daño es el presupuesto
principal para la procedencia de la acción reparatoria y la estructuración
correcta de las pretensiones y tasación de perjuicios, no podemos apartarnos de
[los] hechos de que estas condiciones se cumplieron con la notificación
de la calificación de limitación física en porcentaje de 38% expedida por el órgano
correspondiente” (folio 376 del
expediente contentivo del medio de control de reparación directa).
[155] Folios 295 al 301 del expediente contentivo del medio de control de
reparación directa.
[156] Se reitera que el Juzgado accionado consideró que: “Si para el caso,
por la gravedad de la lesión es cuando es socorrido por sus compañeros y
trasladado hasta la Clínica Laura Daniela en Valledupar y posteriormente a la
ciudad de Barranquilla en donde le practican una cirugía de “evisceración de
globo ocular derecho”, por cuanto le colocan en conocimiento que la infección
en el cuerpo ocular amenazaba con avanzar al cerebro. Por lo que tener un ojo
ciego es un daño que se hace cognoscible por quien lo padece instantáneamente”.
[157] Para fundamentar esta postura, el Tribunal Administrativo del Cesar citó
la Sentencia del 26 de marzo de 2009 del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Expediente: 1134-07.
C.P. Gerardo Arenas Monsalve y la Sentencia del 25 de agosto de 2011 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Expediente: 203169. C.P. Hernán Andrade Rincón (folio 298 del expediente
contentivo del medio de control de reparación directa).
[158] Folio 300 del expediente contentivo del medio de control de reparación
directa.
[159] Auto del 10 de marzo de 2011 del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Expediente: 20109. C.P. Hernán Andrade Rincón.
[160] La solicitud de conciliación extrajudicial
en derecho se presentó por la parte demandante el 7 de septiembre de 2015; el
14 de septiembre siguiente fue admitida por la Procuraduría 47 Judicial II
Administrativa de Valledupar -Cesar- y el 18 de noviembre de 2015 se declaró
fallida la audiencia de conciliación convocada ante la ausencia de la parte
demandada, dándose por terminado el procedimiento extrajudicial. El 24 de
noviembre siguiente se expidió constancia del agotamiento del requisito de
procedibilidad para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
(folios 19 al 25 del expediente contentivo del medio de control de reparación
directa).
[161] Folio 3 del expediente contentivo del medio
de control de reparación directa.
[162] Folio 29 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa.
[163] Folio 29 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa.
[164] Folio 30 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa.
[165] Folio 31 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa.
[166] Folio 32 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa.
[167] Folio 33 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa.
[168] Folio 33 del expediente contentivo del
medio de control de reparación directa.
[169] De acuerdo con el contenido del dictamen de
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez del Cesar, emitido el 17 de
septiembre de 2015, dicha cirugía consiste en “vaciar el contenido ocular y [reemplazarlo]
por una prótesis. Posteriormente se debe colocar un conformador y una prótesis
externa para rehabilitación estética. Usualmente se realiza bajo anestesia
general. Se recomienda venir acompañado. Tiempos aproximados: Prequirúrgico: 10
minutos. Quirúrgico: 30 minutos. Recuperación: 20 minutos” (folios 47 y 54
del expediente contentivo del medio de control de reparación directa).
[170] En ese momento se le explicó al paciente y
a sus familiares que debía asistir a control en 2 semanas y luego al mes de
haber sido operado y se le advirtió que si para entonces la evolución
postoperatoria era adecuada sería remitido al ocularista para iniciar el
proceso de la adaptación de la prótesis ocular implantada (folio 35 del
expediente contentivo del medio de control de reparación directa).
[171] Así se extrae expresamente del contenido de la demanda de reparación
directa cuando se advierte: “Primera. Que se declare al Instituto Municipal
de Deportes y Recreación de Valledupar -INDUPAL- es (sic) administrativa y
civilmente responsable, de la perdida (sic) y eviceracion (sic) del globo
ocular derecho del señor Joaquín Francisco González Rodríguez, en hechos
ocurridos el día 29 de septiembre de 2012, en jurisdicción del municipio de
Valledupar y de todos los perjuicios materiales, psicológicos, daños a la vida [de]
relación, de los perjuicios morales ocasionados aquí a los demandantes” (folio
1 del expediente contentivo del medio de control de reparación directa).
[172] Tal como lo señaló la parte accionante: “Afirma
mi cliente que esta cirugía realizada con ocasión al accidente laboral, generó
la pérdida del globo ocular derecho de mi poderdante, generando a su vez
afectación psicológica y mental que derivo en fallos en el desempeño físico y
emocional de mi cliente afectando gravemente su desarrollo personal en su
entorno laboral y familiar” (folio 3 del expediente contentivo del medio de
control de reparación directa).
[173] En los términos de la parte actora: “la
visión es un órgano de mucho cuidado, que afecta directamente [el]
derecho de locomoción, situación que afecta su desarrollo social y personal”
(folio 41 del expediente contentivo del medio de control de reparación
directa).
[174] Sentencia C-832 de 2001. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
[175] Sentencia del 14 de marzo de 2019 del
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Expediente: 11001-03-15-000-2019-00410-00(AC). C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
[176] La misma parte demandante reconoció esta
situación cuando advirtió lo siguiente: “Puede entenderse entonces de que el
afectado por el accidente pudo superar a nivel psicológico cualquier trauma
generado con ocasión al mismo, pero no fue así, este daño fue presentándose de
manera progresiva he (sic) independiente, afectando la psiquis del accidentando
y ocasionando un daño cuya magnitud solo fuera conocida por parte de (sic)
afectado el día de la notificación de la calificación de la junta médica
nacional” (folio 7).