T-378-15
Sentencia T-
Sentencia T-378/15
REGIMEN DE VISITAS DE PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD-Marco jurídico
Del contenido de las normas del Código Penitenciario y
Carcelario, se logra establecer, que si bien no se hace una distinción puntal
entre las visitas familiares y las visitas conyugales o íntimas, sí se puede
concluir que las visitas de familiares y amigos reciben un tratamiento
diferente e independiente de las íntimas, estableciendo incluso en el artículo
112A que debe haber dos momentos distintos cuando visitan a una persona privada
de la libertad sus familiares menores de edad y cuando se lleva a cabo la
visita íntima. Igualmente, de los dos artículos referenciados, se puede
concluir la importancia que la Ley 65 de 1993 le da al derecho a la familia,
materializada en la posibilidad de visitas que puede recibir con cierta
periodicidad una persona que cumple una pena en un Centro Penitenciario y
Carcelario.
DERECHO A LA VISITA INTIMA DE PERSONA
PRIVADA DE LA LIBERTAD-Características
(i) que los internos tienen derecho a esta visita una
vez por mes, aunque no se especifica la duración de la misma. (ii) que el
Reglamento General prevé el traslado del interno, sea este sindicado(a) o
condenado(a), a otro centro de reclusión cuando su cónyuge o compañero(a)
permanente esté también privado de la libertad, todo esto con el fin de llevar
a cabo su visita íntima. (iii) que el Director de cada establecimiento debe
verificar el estado civil de casado(a) o la condición de compañero(a)
permanente del visitante.
DERECHO A LA VISITA FAMILIAR DE PERSONA
PRIVADA DE LA LIBERTAD COMO MEDIO DE RESOCIALIZACION-Protección constitucional e internacional
La garantía de la visita familiar constituye en sí
misma un derecho de los reclusos en conexidad con el derecho fundamental a la
familia y a la intimidad. Adicionalmente, puede verse como un mecanismo de
resocialización que debe ser procurado por el Estado como parte del desarrollo
de los principios que infunden su política criminal y su sistema penal. La
garantía del derecho a la visita familiar es una herramienta para el
fortalecimiento de su vínculo que tiene efectos no solo en la resocialización,
sino también en la disciplina dentro de los centros penitenciarios.
DERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE PERSONA
PRIVADA DE LA LIBERTAD COMO MEDIO DE RESOCIALIZACION EN EL DERECHO
INTERNACIONAL Y DERECHO COMPARADO
DERECHO A LA VISITA FAMILIAR DE PERSONA
PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL DERECHO COMPARADO
DERECHO A LA VISITA FAMILIAR ENTRE PERSONAS
PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Requisitos
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA VISITA
FAMILIAR DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Vulneración por negar visita familiar bajo el
argumento de que su esposo(a) o compañero(a) permanente se encuentra también
privado de la libertad
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA VISITA
FAMILIAR DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Orden a establecimiento carcelario propicie y
garantice la visita familiar del accionante con su esposa o compañera
permanente en el mismo complejo penitenciario
Referencia:
Expediente T-4.825.680
Acción de tutela presentada por Román
Enrique Urrutia contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí –
EPC-COJAM - JAMUNDÍ.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil
quince (2015).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por las Magistradas María Victoria Calle Correa, Myriam
Ávila Roldán y el Magistrado Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en el artículo 241, numeral 9° de la Constitución Política y en los artículos
33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo proferido, en
primera instancia, por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Cali, el 16 de diciembre de 2014, el cual no fue impugnado, dentro del proceso
de tutela de Román Enrique Urrutia contra el Complejo Carcelario y
Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM - JAMUNDÍ.
El proceso de la referencia fue seleccionado para
revisión por la Sala de Selección Número Tres, mediante Auto proferido el veintisiete
(27) de marzo de dos mil quince (2015).
I. ANTECEDENTES
Román Enrique Urrutia presentó
acción de tutela contra el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí –
EPC-COJAM - JAMUNDÍ por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a
la igualdad, a la familia y a las visitas de las personas privadas de la
libertad, con fundamento en los siguientes:
1. Hechos
1.1
Mediante escrito de fecha 3 de octubre de 2014,
el accionante elevó derecho de petición de información dirigido al Director del
Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí –
EPC-COJAM – JAMUNDÍ, el cual fue recibido por las autoridades del Centro
penitenciario, según consta en el expediente, el 20 de octubre de 2014. (Folio
No. 6).
En el escrito, el señor Urrutia junto con otro interno que compartía
la misma situación que él, solicitaban al Director de la Cárcel que les
permitieran a todos aquellos que tienen a sus parejas privadas de la libertad
en esa misma cárcel, tener: “(…) cada mes cuatro (4) horas de visita,
divididas de la siguiente forma una hora de conyugal y tres (3) horas para
compartir con nuestra pareja en el patio de visitas (…) con el ánimo de
fortalecer nuestros lazos familiares de afecto, cariño y comprensión”.
(Folio No. 7).
En su derecho de petición, el accionante justificaba su petición en
los siguientes argumentos:
“2) A las internas he internos (sic) que tenemos nuestros esposos,
esposas privadas de la libertad en este complejo penitenciario Jamundi valle
(sic), solo se nos permite la visita conyugal cada mes una hora, tiempo que no
es suficiente para una relación de pareja, donde tiene que dialogarse,
situaciones personales tanto del interno como de la interna como de la familia.
|| 3) El tiempo de una hora para hablar y tener las relaciones íntimas con
nuestras parejas. Se nos esta (sic) vulnerando el derecho a la igualdad ya que
al resto de la población reclusa reciven (sic) visita cada quince (15) días y
el tiempo de la visita por lo general son de cuatro (4) horas cada quince días
donde pueden compartir con la familia o amistades, En (sic) nuestro caso de las
y los internos que tenemos esposa, esposo en los pabellones de cojam valle
(sic) solo senos (sic) permite la visita cada mes una hora”. (Folio No. 7).
1.2
El 27 de octubre de 2014, el Subdirector
encargado del BLOQUE II COJAM dio respuesta al derecho de petición presentado
por el señor Urrutia, mediante escrito de referencia 242-2 COJAM-SUBD-28395, en
el cual contestó de forma sucinta sin lugar a ninguna motivación adicional: “Con
el ánimo de brindar respuesta a lo de la referencia, me permito (sic)
informarle que ustedes gozan es de visita conyugal como se encuentra estipulado
y no visita familiar, por ello se les concede una hora para esta”. (Folio
No. 8).
1.3
Mediante escrito de fecha 26 de noviembre de
2014, el señor Román Enrique Urrutia presentó acción de tutela solicitando la
protección de sus derechos fundamentales vulnerados y amenazados por el Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM –
JAMUNDÍ, especialmente haciendo referencia a “(…) los derechos fundamentales a
la visita a los internos he internas (sic) que por sircunstancias (sic) de la
vida nos y se encuentran privadas de la libertad, en el Complejo penitenciario
Jamundi (sic)”. (Folio No. 1).
En la acción de tutela, el accionante reitera lo manifestado en el
derecho de petición presentado ante la Dirección de Centro penitenciario de
Jamundí, alegando que a los internos normalmente les llegan dos visitas en el
mes: una visita conyugal en la que tienen tres horas para compartir con sus
esposas o compañeras permanentes y una hora de intimidad, y una visita familiar
en la que pueden compartir cuatro horas con sus familiares y amigos. En
contraste, sostiene que “[e]n el caso concreto de las visitas conyugales de
los y las personas que nos encontramos privados de la libertad ambos, tanto el
hombre como la mujer nos encontramos purgando condena en el complejo
penitenciario Jamundi valle (sic), solo nos permiten en el mes una hora de
visita conyugal, nuestras esposas, o compañeras sentimentales, la guardia las
traen a la carrera de la cárcel de mujeres que queda frente a la cárcel de
hombres”. (Folios No. 1 y 2).
Destaca en su escrito el señor Urrutia, que si bien reconoce que las
personas que se encuentran, ambos en el caso de los esposos o compañeros
sentimentales, purgando una pena por haber cometido un error, eso no debe ser
motivo para desconocer que también son seres humanos y tienen derecho a gozar
de una familia y de la intimidad que enmarca la misma, aunque siendo consciente
de las circunstancias en las que se encuentran y las limitaciones que eso
implica.
Igualmente, recuerda que el Sistema Penitenciario en Colombia se
centra en la resocialización de los internos y en ese sentido, en la
construcción de un entorno que los prepare para la vida en libertad, de ahí que
los lazos  familiares resultan ser tan importantes en ese proceso. Considera
que las personas privadas de la libertad, no deben ser sometidas a situaciones
que hagan más gravosa su pena y que en ese sentido, una hora de visita conyugal
al mes, no es suficiente para estar con su pareja.
Como corolario de lo anterior, solicita el accionante que el Juez
Constitucional por medio del proceso de tutela, ordene “(…) a las
autoridades penitenciarias del complejo penitenciario (sic) Jamundi valle,
concedernos a los internos y internas (sic) que somos parejas y que nos
encontramos ambas privadas de la libertad cuatro horas de visitas en el mes una
vez”.
2. Traslado y contestación de la demanda
El 1º de diciembre de 2014, mediante oficio No. SCSA 00530, el
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Cali Valle, le corrió traslado de la acción de tutela
presentada por el señor Urrutia, a la Oficina Judicial de esa ciudad, con el
fin de que fuera sometida a reparto entre los jueces competentes. (Folio No.
9).
La acción de tutela fue admitida por el Juzgado Octavo  Administrativo
Oral del Circuito de Cali, a través de Auto Interlocutorio No. 1080 fechado 3
de diciembre de 2014, y se corrió traslado de la demanda a la entidad accionada
EPC – COJAM JAMUNDI; para que en un término de máximo 3 días contados a partir
de la notificación de dicho Auto, ejerciera su derecho de defensa e informara
al despacho todo lo que considerara contundente en relación con la demanda de
tutela. (Folio No. 12 y 13).
De los documentos que comprenden el acervo probatorio del expediente
de la acción de tutela, se puede concluir que el Complejo Carcelario y
Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, entidad accionada, no contestó
la tutela, ni ejerció su derecho a la defensa dentro del término otorgado por
el juzgado que conoció en primera instancia, ni tampoco aportó nuevos elementos
relevantes para resolver el amparo solicitado por el señor Urrutia.
3. Sentencia Objeto de Revisión
3.1. Sentencia de Primera Instancia –No se presentó
impugnación-
El 16 de diciembre de 2014 mediante Sentencia No. 245,
el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali NEGÓ la protección
de los derechos fundamentales invocados por el señor Román Enrique Urrutia “(…)
por cuanto de una parte se considera que la respuesta brindada por la entidad accionada
a su requerimiento y que fue allegada por el mismo accionante con la acción
tutelar, informa de manera clara por qué no es posible acceder a lo solicitado
por el actor tutelar y de otra parte el despacho no puede modificar el
reglamento interno de cada centro de reclusión que es el regula (sic) el tiempo
o duración de la visita conyugal¨.
La anterior decisión, no fue impugnada por el
accionante.
3.2. Pruebas Documentales
En el trámite de la acción
de tutela se aportaron, entre otras, las siguientes pruebas relevantes:
·
Derecho de petición
original del 3 de octubre de 2014, presentado por los señores Román Enrique
Urrutia y Reinaldo Montenegro Montenegro ante el Director del Complejo
Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ o quien hiciera
sus veces, radicado el 20 de octubre del mismo año. (Folios No. 5 y 6).
·
Respuesta al derecho de
petición, brindada por el Subdirector (e) Bloque II COJAM, el 27 de octubre de
2014. (Folio No. 8).
·
Oficio No. SCSA 00530
emitido el 1 de diciembre de 2014 por el Secretario del Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Cali Valle, dirigido a la Oficina Judicial de dicha ciudad, en la que le corren
traslado de los escritos de tutela enviados por internos del Complejo COJAM.
(Folio No. 9).
·
Acta Individual de
Reparto del 1 de diciembre de 2014, en la que se indica que la acción de tutela
instaurada por el señor Román Enrique Urrutia, le correspondió al Juzgado 8
Administrativo Oral de Cali. (Folio No. 10).
·
Copia del Auto
Interlocutorio No. 1080 del 3 de diciembre de 2014, emitido por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, en el que resolvió: 1) Avocar
conocimiento, 2) Admitir la acción de tutela del señor Román Enrique Urrutia
contra el Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ
y 3) Conceder al representante legal de la entidad accionada tres (3) días para
ejercer su derecho de defensa. (Folio No. 12).
3.3.
Actuaciones surtidas por la Sala de Revisión.
3.3.1. Solicitud de
pruebas mediante Auto
Mediante Auto del diecinueve
(19) de mayo de dos mil quince (2015), el Despacho del Magistrado Ponente, dados los hechos
y pretensiones referidos, consideró necesario:
“Primero.- DECRETAR como prueba que
dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
recepción de la presente providencia, el Director del Complejo Carcelario y
Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, remita a este Despacho:
- Copia completa del Reglamento Interno del
Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, vigente
hasta ésta fecha, indicando los cambios que ha sufrido desde su expedición en
lo que respecta al régimen de visitas.
- Escrito en el que explique en detalle en
qué consisten las visitas familiares, cuál es su régimen, que internos pueden
recibir ese tipo de visitas, cuáles son sus horarios y condiciones, la
diferencia entre las visitas familiares y  las conyugales o cualquier otro tipo
de visitas que pueden ser realizadas por miembros de una familia y más
específicamente entre esposos o compañeros permanentes.
- Escrito en el que el Director del
Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ  aclare,
si el horario de visitas establecido en la mañana de 7:00 a 11:00 am, y en la
tarde de 12:00 a las 16:00 corresponden a lapsos en los que se adelanta cada
una de las visitas, es decir 4 horas por persona privada de la libertad, o si
por el contrario, se trata de un espacio que se divide en periodos más pequeños
de visita, por ejemplo visitas de una hora por cada interno.
Todas las inquietudes antes planteadas,
podrán ser resueltas por el Director del Complejo de Jamundí en un solo texto
anexo a la Copia del Reglamento Interno del Penal, con el objetivo principal de
darle claridad a esta Corporación sobre el régimen de visitas aplicables a los
y las personas privadas de la libertad, en comparación con el aplicable a
parejas en donde los dos esposos se encuentran privados de la libertad, como es
el caso del accionante.
Segundo.- ADVERTIR al destinatario que deberá entregar en
forma eficaz e inmediata la información solicitada por esta Corporación, so
pena de quedar sometidos a las sanciones por desacato al cumplimiento de
decisiones judiciales previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991”.
3.3.2. Pruebas y respuestas allegadas en Sede de
Revisión
a.
Mediante escrito del 26
de mayo de 2015, con sello de gestión documental del 27 del mismo mes, el
Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí – COJAM, Teniente
Coronel Carlos Alberto Monroy Guevara, dio respuesta al Auto de Pruebas decretado
por el Magistrado Ponente, solicitando a la Corte Constitucional declarar
improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Román Enrique
Urrutia.
En el documento de respuesta, el Director del Centro
penitenciario hizo referencia a los artículos 37 y 38 del Reglamento Interno
del Penal, en el que se encuentra regulado el régimen de visitas tanto familiar
como conyugal. Así mismo, hizo referencia a las prácticas y usos que le han
venido dando los internos a esta última modalidad de visita y finalmente,
realizó algunas consideraciones sobre la necesidad de actualizar el reglamento
interno de la Cárcel de Jamundí, para ponerlo a tono con la Ley 1709 de 2014,
como le ha sido recomendado por la Oficina de Asesoría Jurídica.
b.
Como anexo a la carta
de respuesta enviada por el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario de
Jamundí – COJAM, se envió el Reglamento Interno del Centro. (48 Folios).
c.
También como anexo, se
envió copia de la comunicación enviada por la Jefe de la Oficina de Asesoría
Jurídica, en la que se hacen observaciones sobre las necesidades de adecuar el
Reglamento del Penal a la normatividad vigente y tener en cuenta que se
presentó el 20 de mayo de 2014, por parte de esa oficina, un nuevo proyecto de
Reglamento General.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro de la acción de
tutela de referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso
3°, y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, en concordancia con los
artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento a lo
dispuesto en el Auto del veintisiete (27) de marzo de dos mil quince  (2015),
expedido por la Sala de Selección número tres.
2. Problema jurídico y planteamiento del caso
De acuerdo con los argumentos planteados en la acción
de tutela bajo revisión, corresponde a esta Sala dar respuesta al siguiente
problema jurídico: ¿Vulneró el Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí
– EPC-COJAM – JAMUNDÍ los derechos fundamentales de un interno al que, teniendo
a su esposa o compañera permanente también recluida en la sección femenina de
la misma penitenciaría, les permite una hora de visita conyugal al mes pero les
niega la posibilidad de gozar de la visita familiar que sí les brinda, bajo
condiciones de normalidad, a los internos que no tienen a sus parejas también
privadas de la libertad?
Con ese fin, la Sala inicialmente planteará las
consideraciones generales que considera pertinentes para el análisis del caso
concreto. En primer lugar se desarrollará el contenido del régimen de visitas
en el ordenamiento jurídico colombiano. En segundo lugar, se realizará una
consideración sobre el derecho a la visita familiar como medio de
resocialización en el ordenamiento jurídico colombiano. Y en tercer lugar, se
dedicará un acápite al estudio de la protección a la vida familiar en personas
privadas de la libertad como herramienta de resocialización en el derecho
internacional y derecho comparado. Por último, se estudiará  el caso concreto.
3.
El Régimen de
Visitas en el ordenamiento jurídico colombiano
El régimen de visitas de las personas privadas de la
libertad se encuentra desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico en los
siguientes instrumentos: i) La Ley 65 de 1993 Por la cual se expide el
Código Penitenciario y Carcelario, la cual ha sido modificada recientemente
por le Ley 1709 de 2014; ii) el Acuerdo 011 de 1995 Por el cual se expide el
Reglamento General al cual se sujetarán los reglamentos internos de los
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios y; iii) el Reglamento Interno
desarrollado en cada uno de los Centros Penitenciarios y Carcelarias, que en el
caso concreto del Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM –
JAMUNDÍ, fue expedido el 1º de abril de 2011 y corresponde a la Resolución No.
391 del 1º de marzo de ese mismo año.
En primer lugar, el Código Penitenciario y Carcelario
contenido en la Ley 65 de 1993, desarrolla el régimen de visitas en su artículo
112 el cual fue modificado por la Ley 1709 de 2014 y el artículo 112A el cual
fue adicionado por esa misma Ley. De acuerdo con las dos normas específicas, se
dispone que:
“ARTÍCULO 112. RÉGIMEN DE VISITAS.
-modificado por el artículo 73 de la Ley 1709 de 2014-: Las personas
privadas de la libertad podrán recibir una visita cada siete (7) días
calendario, sin perjuicio de lo que dispongan los beneficios judiciales y
administrativos aplicables.
Para personas privadas de la libertad que
estén recluidas en un establecimiento carcelario distinto al arraigo familiar,
el Inpec podrá programar un día diferente al del inciso anterior para recibir
las visitas.
El ingreso de los visitantes se realizará
de conformidad con las exigencias de seguridad del respectivo establecimiento
penitenciario, sin que ello implique la vulneración de sus derechos
fundamentales. Las
requisas y demás medidas de seguridad que se adopten deben darse dentro de un
marco de respeto a la dignidad humana y a la integridad física.
Las requisas se realizarán en condiciones
de higiene y seguridad. El personal de guardia estará debidamente capacitado
para la correcta y razonable ejecución de registros y requisas. Para practicarlos
se designará a una persona del mismo sexo del de aquella que es objeto de
registro, se prohibirán las requisas al desnudo y las inspecciones intrusivas;
únicamente se permite el uso de medios electrónicos para este fin.
El horario, las condiciones, la frecuencia
y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por la
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Se concederá permiso de visita a todo
abogado que lo solicite, previa exhibición de su Tarjeta Profesional y si
mediare aceptación del interno.
Los condenados podrán igualmente recibir
visitas de los abogados autorizados por ellos. Las visitas de sus familiares
y amigos serán reguladas en el reglamento general, de acuerdo a lo previsto en
el presente artículo.
Los visitantes que observen conductas
indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del
régimen interno serán expulsados del establecimiento y se les prohibirán nuevas
visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la
reglamentación expedida por la Dirección General del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Los visitantes sorprendidos tratando de
ingresar al establecimiento penitenciario cualquier artículo expresamente
prohibido por los reglamentos tales como armas de cualquier índole, sustancias
psicoactivas ilícitas, medicamentos de control especial, bebidas alcohólicas, o
sumas de dinero, no serán autorizados para realizar la visita respectiva y
deberá ser prohibido su ingreso al establecimiento de reclusión por un periodo
de hasta un (1) año, dependiendo de la gravedad de la conducta. Lo anterior sin
perjuicio de las demás acciones legales pertinentes.
En casos excepcionales, el Director del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) podrá autorizar visita a
un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de
las razones que la motivaron y la concederá por el tiempo estrictamente
necesario para su cometido. Una vez realizada la visita, el Director del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (Inpec) informará de la misma al Ministro de
Justicia y del Derecho, indicando las razones para su concesión.
La visita íntima será regulada por el
reglamento general según principios de higiene y seguridad.
De toda visita realizada a un
establecimiento penitenciario o carcelario, sea a los internos o a los
funcionarios que allí laboran debe quedar registro escrito. El incumplimiento
de este precepto constituirá falta disciplinaria grave.
ARTÍCULO 112A. VISITA DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES. -adicionado por el artículo 74 de la Ley 1709 de 2014-: Las
personas privadas de la libertad podrán recibir visitas de niños, niñas o
adolescentes que sean familiares de estas en el primer grado de consanguinidad
o primero civil, por lo menos una vez al mes, sin que coincida con el mismo día
en el que se autorizan las visitas íntimas. Durante los días de visita de
niños, niñas o adolescentes se observarán mecanismos de seguridad especiales y
diferenciados para garantizar el respeto de sus derechos y libertades
fundamentales.
Los menores de 18 años deberán estar
acompañados durante la visita de su tutor o tutora o, en todo caso, de un
adulto responsable.
Los establecimientos de reclusión deberán
contar con lugares especiales para recibir las visitas de niños, niñas y
adolescentes, diferentes de las celdas y/o dormitorios, los cuales deben contar
con vigilancia permanente”.
(Negrilla fuera del texto original).
Del contenido de las normas del Código Penitenciario y
Carcelario, se logra establecer, que si bien no se hace una distinción puntal
entre las visitas familiares y las visitas conyugales o íntimas, sí se puede
concluir que las visitas de familiares y amigos reciben un tratamiento
diferente e independiente de las íntimas, estableciendo incluso en el artículo
112A que debe haber dos momentos distintos cuando visitan a una persona privada
de la libertad sus familiares menores de edad y cuando se lleva a cabo la
visita íntima.
Igualmente, de los dos artículos referenciados, se
puede concluir la importancia que la Ley 65 de 1993 le da al derecho a la
familia,  materializada en la posibilidad de visitas que puede recibir con
cierta periodicidad una persona que cumple una pena en un Centro Penitenciario
y Carcelario.
Finalmente, los artículos pertinentes de la Ley 65 de
1993, hace una remisión directa al Reglamento General, el cual se encuentra
consignado en el Acuerdo 011 de 1995, cuyos artículos pertinentes se citan a
continuación:
“ARTÍCULO 26. Visitas. Los directores de
los establecimientos determinarán, en el reglamento de régimen interno, los
horarios en que los internos puedan recibir visitas, así como las modalidades y
formas de comunicación, de conformidad con los siguientes parámetros:
1. Los días sábados se recibirán las
visitas masculinas, y los domingos las femeninas.
2. Cada interno tendrá derecho a recibir
dos grupos de visitas a la semana; un grupo el día sábado y un grupo el día
domingo, sin perjuicio de las regulaciones sobre visitas programadas.
3. Cada interno podrá recibir un número
de personas no superior a tres (3) en cada uno de esos días.
4. La visita se producirá en locutorios
acondicionados para tal efecto. En los lugares donde no existan los mismos, y
mientras se acondicionan, las visitas podrán recibirse en los pabellones. En
ningún caso las visitas ingresarán a los lugares destinados al alojamiento de
los internos, salvo los casos de visita íntima.
5. En el reglamento de régimen interno se
establecerá un horario de visitas por pabellones, de manera que en las horas de
la mañana se evacuen las visitas de la mitad de la población reclusa, y en las
horas de la tarde las de la otra mitad. La administración penitenciaria informará
a los internos y a los visitantes, el horario de visita de cada pabellón. A la
entrada del establecimiento se controlará el número de visitantes por interno.
(…)
ARTÍCULO 29. Visitas Íntimas. Previa
solicitud del interno o interna al director del centro de reclusión se
concederá a aquel una visita íntima al mes, siempre que se den los
requisitos señalados en el artículo siguiente:
Los visitantes y los visitados se someterán
a las condiciones de seguridad que establezca el establecimiento.
El reglamento de régimen interno
determinará el horario de tales visitas. Cada establecimiento procurará
habilitar un lugar especial para efectos de la visita íntima. Mientras se
adecuan tales lugares, ellas se podrán realizar en las celdas o dormitorios de
los internos.
Antes y después de practicarse la visita,
tanto el interno como el visitante serán objeto de una requisa que se
practicará de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 65 de
1993. De conformidad con el artículo 22 del presente reglamento, los visitantes
no podrán ingresar elemento alguno a la visita.
ARTÍCULO 30. Requisitos para Obtener el
Permiso de Visita Íntima.
1. Solicitud escrita del interno al
director del establecimiento en el cual indique el nombre, número de cédula de ciudadanía
y domicilio del cónyuge o compañero(a) permanente visitante.
2. Para personas sindicadas,
autorización del juez o fiscal. En caso de que la visita íntima requiera de
traslado de un interno a otro centro de reclusión donde se encuentre su cónyuge
o compañero(a), se hará constar este permiso que concede la autoridad judicial.
E1 director del establecimiento y el comandante de vigilancia dispondrán lo
necesario para garantizar la seguridad en el traslado, siempre y cuando ello
sea posible.
3. Para personas condenadas,
autorización del director regional. En caso de que se requiera traslado de
un interno a otro centro de reclusión, el director regional podrá conceder este
permiso, previo estudio de las circunstancias. El director del establecimiento
y el comandante de vigilancia dispondrán lo necesario para garantizar la
seguridad en el traslado.
4. El director de cada establecimiento
verificará el estado civil de casado(a) o la condición de compañero(a)
permanente del visitante.
Cada establecimiento penitenciario y
carcelario deberá establecer un registro con la información suministrada por el
interno acerca de la identidad del visitante, a efectos de controlar que la
visita se efectúe en todo caso por la persona autorizada”. (Negrilla fuera del
texto).
Nuevamente, como en el caso del Código Penitenciario y
Carcelario, el Reglamento General no clasifica las visitas entre familiares e
íntimas. Sin embargo, sí queda claro que esta última recibe un tratamiento
normativo especial, como es predecible por las particularidades propias de la
misma.
La Sala quisiera resaltar en este punto, tres
elementos de las visitas íntimas que serán relevantes para la resolución del
caso concreto: (i) que los internos tienen derecho a esta visita una vez por
mes, aunque no se especifica la duración de la misma. (ii) que el Reglamento
General prevé el traslado del interno, sea este sindicado(a) o condenado(a), a
otro centro de reclusión cuando su cónyuge o compañero(a) permanente esté también
privado de la libertad, todo esto con el fin de llevar a cabo su visita íntima.
(iii) que el Director de cada establecimiento debe verificar el estado civil de
casado(a) o la condición de compañero(a) permanente del visitante.
Considera la Sala oportuno destacar, que si bien se
deja claro el procedimiento que se debe adelantar para que dos esposos o
compañeros permanentes privados de la libertad puedan adelantar su visita
íntima, se guarda silencio frente a la posibilidad de que, bajo esas mismas  circunstancias,
se pueda adelantar la visita familiar.
Finalmente, el Reglamento de régimen interno del Complejo
Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, desarrolla en sus
artículo 37 y 38, lo correspondiente al régimen de visitas de los internos, en
los siguientes términos:
“ARTÍCULO 37. PARÁMETROS PARA RECIBIR
VISITAS A INTERNOS(AS) CONDENADOS(AS) Y SINDICADOS(AS). Los parámetros para
recibir visitas en el Complejo Carcelario y Penitenciario son los siguientes:
·     Dentro de los primeros ocho (8) días de
cada trimestre, el interno mediante escrito actualizará su registro de diez
(10) visitantes máximo según formato establecido, de los cuales podrá recibir
máximo tres (3) en cada jornada de visitas, relacionando el nombre y documento
de identidad de las personas en el turno que le corresponda dentro del horario
fijado.
·     Los(as) internos(as) podrán recibir visitas
cada quince (15) días, correspondiendo una quincena a visita familiar (con
ingreso de niños menores) y la otra para visita íntima, en ningún caso se
autoriza visita familiar e íntima en forma simultanea para el mismo interno(a). La visita de niños menores se realizará de
igual manera, con un familiar adulto como acompañante. Los hijos menores del
interno no tendrán restricción numérica para ingresar a la visita.
·     Los sindicados tienen derecho a recibir
visitas, autorizadas por fiscales y jueces competentes, de sus familiares y
amigos, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina establecidas en
este Complejo Carcelario y Penitenciario. El horario, las condiciones, la
frecuencia y las modalidades en que se lleven a  cabo las visitas serán
igualmente las reguladas por este Reglamento de régimen interno.
(…)
PARÁGRAFO 2. La visita íntima se
efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de Acuerdo 011 de
1995, en concordancia con el artículo 112 de la Ley 65 de 1993, una vez al
mes, en las celdas acondicionadas para tal fin, con una duración de Una (1)
hora, quedando sujeta al turno que le corresponda a cada pabellón.
En todo caso, el Director del Complejo
Carcelario y Penitenciario procurará siempre el bienestar del interno.
PARÁGRAFO 3. La visita íntima entre
internos, se efectuarán (sic) una vez al mes, el día viernes, en las celdas
acondicionadas para tal fin, con una duración de Una (1) hora, quedando
sujeta al turno que le corresponda a cada pabellón.
En todo caso, el Director del Complejo
Carcelario y Penitenciario procurará siempre el bienestar de los(as)
internos(as).
ARTÍCULO 38. LUGAR, TURNO Y HORARIO PARA
RECIBIR VISITAS GENERALES. Las visitas se producirán en las áreas
acondicionadas para tal efecto. El horario de visitas será a partir de las
07:00 horas hasta las 11:00 horas en la mañana y en las horas de la tarde a
partir de las 12:00 horas hasta las 16:00 horas, de acuerdo al cronograma
que para tal efecto expida la Dirección de Complejo Carcelario y Penitenciario.
En ningún caso, los visitantes ingresarán a las celdas ni a las áreas
restringidas”. (Negrilla
fuera del texto original).
En el desarrollo sobre las visitas llevado a cabo por
el Reglamento de régimen interno del Complejo Carcelario y Penitenciario  de
Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, la Sala identifica algunos elementos que
resultan relevantes para la resolución del caso concreto: (i) en primer lugar,
este reglamento hace una clara distinción entre la visita familiar y la visita
íntima, si bien no denomina a ésta visita conyugal, incluso estableciendo los
parámetros de coexistencia de las dos –alternándose cada una de estas
modalidades cada quince (15) días-. (ii) en segundo lugar, se deja claro que no
puede existir simultaneidad entre los dos tipos de visita. (iii) que la
periodicidad de la visita íntima es de una vez al mes y su duración de una hora.
(iv) y finalmente, establece la posibilidad de que se pueda realizar visita
íntima entre internos, los cuales no establece que necesariamente tengan que
ser cónyuges o compañeros permanentes, con las mismas condiciones que la visita
íntima regular, pero con la salvedad que debe ser los días viernes, es decir ni
Sábado ni Domingo que son los días establecidos por el artículo 26 del
Reglamento General como días de visita.
En cuanto a los horarios, de acuerdo con el Reglamento
del centro carcelario, las visitas se realizan en dos turnos por la mañana y
por la tarde, en un periodo que en ambos casos comprende cuatro horas.
4.
El derecho a la
visita familiar como medio de resocialización en el ordenamiento jurídico
colombiano
Las personas privadas de la libertad por cumplir
condenas penales, se encuentran en una especial sujeción al Estado, que implica
un mayor grado de protección de sus derechos en el marco del ejercicio de su deber
de garantía, como ha sido establecido por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional:
“Entre las consecuencias
jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de
sujeción están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos
fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, libre desarrollo de
la personalidad, educación, entre otros). (ii) La imposibilidad de limitar el
ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de
cultos, debido proceso, habeas data, entre otros). (iii) El deber positivo en
cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no
fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de
limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás,
debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la
que se encuentran los reclusos. (iv) la circunstancia especial de que ciertos
derechos, que en condiciones normales no son considerados como derechos
fundamentales, puedan tenerse como tales. (v) El deber positivo en cabeza del
Estado de asegurar todas las condiciones necesarias que permitan a su vez
condiciones adecuadas para la efectiva resocialización de los reclusos”.[1]
En el mismo sentido se han pronunciado los órganos del
Sistema Interamericano de Derechos Humanos –Comisión Interamericana y Corte
Interamericana-, reiterando el papel especial de garante que cumple el Estado
frente a las personas privadas de la libertad, como consecuencia de la particular
relación de sujeción de éstos a las decisiones de las autoridades pública. Han  manifestado
dichos organismos que:
“48. En este sentido, la Corte
Interamericana ha establecido que, “de las obligaciones generales de respetar y
garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función
de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por
su condición personal o por la situación específica en que se encuentre”[2].
Tal es el caso de las personas privadas de libertad, las cuales mientras dure
el periodo de su detención o prisión están sujetas al control efectivo del
Estado.  ||  49. En efecto, el principal elemento que define la privación
de libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el
personal del establecimiento donde éste se encuentra recluido[3]. Es decir,
las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra
sujeta a su custodia. Este particular contexto de subordinación del recluso
frente al Estado –que constituye una relación jurídica de derecho público– se
encuadra dentro de la categoría ius administrativista conocida como relación de
sujeción especial, en virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una
persona,  se constituye en garante de todos aquellos derechos que no
quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad; y el
recluso, por su parte, queda sujeto a determinadas obligaciones legales y
reglamentarias que debe observar. || 50. Esta posición de garante en la que se
coloca el Estado es el fundamento de todas aquellas medidas, que de acuerdo con
el derecho internacional de los derechos humanos, aquel debe adoptar con el fin
de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad”.[4]
Derivado de ese deber reforzado del Estado por la
sujeción de los reclusos, las acciones públicas deben encaminarse a una
verdadera resocialización de aquellas personas que han sido condenadas a pena
privativa de la libertad, bajo una concepción humanista del sistema jurídico y
del ordenamiento penal, que se fundamenta en la dignidad humana,[5] reconocida como
inherente a toda persona con independencia de sus condiciones personales o
situación jurídica, y que sirve de sustento de una de las llamadas funciones de
la pena, lo cual implica que las autoridades del Estado y en particular, las
autoridades penitenciarias, estén en la obligación de desplegar una serie de
conductas necesarias e idóneas para garantizar el mayor nivel de
resocialización posible de los reclusos.[6]
Precisamente en relación con las funciones de la pena,
en Colombia, el sistema penal contempla que esta son: “prevención general,
retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al
condenado”. Expresando particularmente que: “La prevención especial y la
reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión”.[7]
En el informe final de la Comisión Asesora de Política
Criminal de junio de 2012 se estableció que “el momento de ejecución de las
penas privativas de la libertad debe estar orientado por un criterio de
maximización de la resocialización de la persona condenada, o al menos de
evitar que ésta tenga un impacto desocializador. (…) El régimen penitenciario
debe entonces ser compatible con la plena dignidad humana de las personas
privadas de la libertad y debe garantizar las condiciones materiales que hagan
posible su resocialización”.[8]
A pesar de ello, desde 1998 se declaró el estado de
cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario por problemas
estructurales entre los que se destacan el hacinamiento y las precarias
condiciones de existencia.[9]
Sin embargo, y en concordancia con los principios antes
mencionados del sistema penal colombiano y los estándares internacionales de
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, la
jurisprudencia de esta Corporación ha desarrollado algunas reglas específicas,
clasificando en tres tipos los derechos amparados a las personas en centros
penitenciarios:
“(i) aquellos derechos suspendidos como
consecuencia lógica y directa de la pena impuesta, lo cual se justifica
constitucional y legalmente por los fines de la sanción penal. Dentro de este
grupo encontramos derechos como la libre locomoción, y los derechos políticos
como el derecho al voto. (ii) los derechos intocables conformados por los
derechos fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran
intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser humano, son
ejemplo de éstos: los derechos a la vida y el derecho al debido proceso, y por
último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o limitados por la
especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido porque con ello se
pretende contribuir al proceso de resocialización del condenado y garantizar la
disciplina, seguridad y salubridad en las cárceles. Encontramos limitados los
derechos a la intimidad personal y familiar, de reunión, de asociación, libre
desarrollo de la personalidad, libertad de expresión, al trabajo y a la
educación. Respecto de los derechos fundamentales de los reclusos que admiten
restricción, es importante tener en cuenta que su limitación es
constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste a los principios de razonabilidad
y proporcionalidad”.[10]
Hasta el momento, la jurisprudencia constitucional
había desarrollado en el marco de las medidas de resocialización acciones
relacionadas con actividades de los reclusos como el trabajo, el deporte y la
educación al interior de centros penitenciarios.[11] Respecto del
régimen de visitas, la jurisprudencia de esta Corporación ha hecho un desarrollo
importante de criterios sobre la protección del derecho a la visita conyugal,
calificándola como un derecho fundamental por conexidad por su relación directa
con los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar y a los
derechos sexuales y reproductivos.[12]
Sin embargo, en el caso objeto de discusión en esta
oportunidad, el problema jurídico a resolver va más allá de la garantía de un
derecho en el marco de la detención y apunta al fortalecimiento del vínculo familiar
como mecanismo de resocialización, a la vez que protege el derecho a la
intimidad y vida familiar durante la detención misma. Al respecto ha  establecido
la jurisprudencia de esta Corporación que:
“Existe para la Corte una especial relación entre las
condiciones necesarias para mantener el contacto con la familia y los derechos
a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, a tener y conservar una
familia de que son titulares las personas privadas de la libertad. Situación
que cobra una especial dimensión una vez revisadas las características del
sistema progresivo penitenciario, la función resocializadora de la pena, y los
deberes de prestación que surgen para el Estado en el caso de las relaciones de
especial sujeción”.[13]
Lo cual fue reiterado por la Sentencia
T-274 de 2008 en los siguientes términos:
“(…) [E]sta Corporación ha entendido que las visitas a las
personas que se encuentran privadas de su libertad, particularmente, las
visitas íntimas o conyugales, constituyen un importante instrumento para
garantizar la función resocializadora de la pena y la finalidad del tratamiento
penitenciario[14].
Así, en criterio de la Corte, el Estado “[D]ebe propender por la presencia de
la familia en el proceso de resocialización del interno, la cual se relaciona
con otros derechos fundamentales del recluso, dentro de los que se cuenta la
posibilidad de mantener comunicación oral y escrita con las personas que se
encuentran fuera del penal, así como conservar una vida sexual activa, lo que a
la postre permitiría una reincorporación que genere un menor traumatismo al
ex-convicto.[15]”
En la Sentencia T-265 de 2011 se resalta nuevamente la
importancia del derecho a la unidad familiar de las personas privadas de la
libertad, lo que implica que el Estado debe atender a justificaciones
razonables y proporcionales para limitar su ejercicio. Sostiene esta Corporación
en la citada decisión, la cual se transcribe in extenso por su
relevancia:
“La Corte Constitucional ha señalado en reiterada
jurisprudencia que la
privación de la libertad implica la suspensión de algunos derechos, pero no la
restricción de los demás.[16] Por lo anterior, toda limitación de los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad debe ser proporcional a
la finalidad de la medida privativa de la misma.[17]
El derecho a la unidad familiar es parte
de las garantías que son limitadas cuando una persona es privada de la
libertad, pues por la misma restricción a tal derecho se reduce la posibilidad
del interno de compartir con su núcleo familiar.[18] Sin
embargo, esta limitación debe evitar los sufrimientos innecesarios y los daños irreparables a los internos y a sus familias,[19] pues no
solamente excede las finalidades de la pena, sino que también impide la
posterior reintegración a la sociedad de la persona privada de la libertad.
Un Estado Social de Derecho fundado en la
dignidad humana exige que las penas estén orientadas a la resocialización de
los condenados,[20]
lo cual implica deberes positivos en cabeza del Estado tendientes a facilitar
que el interno no pierda el contacto con la sociedad y con su familia.
Del mismo modo, las Reglas mínimas para el tratamiento de los
reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en
1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C
(XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, hacen
constantes referencias a la necesidad de contacto de la persona privada de la
libertad con su familia: la regla 37 señala que “Los reclusos estarán
autorizados para comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su
familiar y con amigos de buena reputación, tanto por correspondencia como
mediante visitas”, la regla 60 establece que “cada establecimiento
penitenciario deberá contar con la colaboración de trabajadores sociales
encargados de mantener y mejorar las relaciones del recluso con su familia”,
mientras que la regla 79 consagra categóricamente: “Se velará particularmente
por el mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su
familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes”
En este sentido, el contacto con la familia
es fundamental para la adecuada
resocialización de los internos.[21]
Por este motivo, el sistema penitenciario y carcelario propende por la
presencia de la familia en el proceso de resocialización del interno,
permitiendo al recluso mantener comunicación oral y escrita con las personas
que se encuentran fuera del penal, así como conservar una vida sexual activa,
de forma tal que, al momento de recobrar la libertad, la reincorporación se dé
en condiciones favorables para el mejor desarrollo de los fines de la familia y
los derechos de cada uno de sus integrantes.[22]
En consecuencia, toda limitación de la
unidad familiar del interno debe ser proporcional y razonable[23] y
estar acorde con los lineamientos del tratamiento penitenciario que tiendan a
la reintegración de la persona privada de la libertad”.[24]
En el mismo sentido, se pronunció el Tribunal Constitucional
colombiano, al analizar la vulneración del derecho fundamental a la unidad de
familia, el cual alegaban los accionantes se presentaba como consecuencia de la
Orden de traslado y la negativa de hacerlo, en el caso de personas que se
encontraban privadas de la libertad en Centros carcelarios ubicados a una
distancia considerables de sus familias. Sostuvo la Corte en esa oportunidad:
“En orden a fortalecer las relaciones
familiares y facilitar la integración del interno a su familia y a la sociedad
también se encuentran dentro del Código Penitenciario y Carcelario las
siguientes disposiciones: el artículo 151 sobre atención social; el artículo
153 acerca de la permanencia de los menores de dieciocho años en
establecimientos de reclusión; el artículo 157 que se refiere al Voluntariado
social; y el artículo 159 que establece el Servicio pospenitenciario.
De lo anterior se colige, que la garantía
de la unión familiar es un derecho de trascendental importancia para la
resocialización del interno, y para su realización efectiva se erigen una serie
de disposiciones legales en orden a proteger este importante derecho. Sin
embargo, todas estas medidas encaminadas al afianzamiento de las relaciones
familiares deben atender al acatamiento por parte del interno de las normas
disciplinarias y de seguridad establecidas para el efecto.
(…)
En la sentencia T- 844 del 24 de noviembre
de 2009, sobre la restricción del derecho a la unidad familiar se expuso que
“la jurisprudencia constitucional señala que dentro de las restricciones
legítimas de los derechos fundamentales que deben soportar los reclusos, se
encuentra la de la unidad familiar, como consecuencia misma del aislamiento
penitenciario” y agregó “Sin embargo, a pesar de encontrarse limitada esta
garantía, la misma no se suspende, y, por tanto, las restricciones deben ser
acordes con los fines de la pena, especialmente con su carácter resocializador.
En estos términos, la Corte ha ponderado el derecho de las autoridades
carcelarias con el derecho de los reclusos de mantener sus vínculos familiares,
por cuanto considera que la familia juega un papel preponderante en la
reincorporación social del delincuente.”[25] (Subraya fuera de
texto)
En definitiva, el derecho a la unidad
familiar se encuentra limitado en su ejercicio pero no suspendido para las
personas privadas de la libertad, y por regla general, la ley en consonancia
con los postulados constitucionales protege y adopta una serie de medidas para
que en efecto, el derecho a la unidad familiar sea real”.[26]
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha reiterado que las visitas familiares de los reclusos constituyen un
elemento esencial del derecho a la protección familiar, tanto de las personas
que se encuentran privadas de la libertad, como de sus parientes.[27]
Al respecto ha sostenido que, “en razón de las circunstancias excepcionales
que presenta el encarcelamiento, el Estado tiene la obligación de tomar medidas
conducentes a garantizar efectivamente el derecho de mantener y desarrollar las
relaciones familiares.  Por lo tanto, la necesidad de cualquier
medida que restrinja este derecho debe ajustarse a los requisitos ordinarios y
razonables del encarcelamiento”.[28]
En conclusión, considera la Sala en esta oportunidad,
que la garantía de la visita familiar constituye en sí misma un derecho de los
reclusos en conexidad con el derecho fundamental a la familia y a la intimidad.
Adicionalmente, puede verse como un mecanismo de resocialización que debe ser
procurado por el Estado como parte del desarrollo de los principios que
infunden su política criminal y su sistema penal.
La garantía del derecho a la visita familiar es una
herramienta para el fortalecimiento de su vínculo que tiene efectos no solo en
la resocialización, sino también en la disciplina dentro de los centros
penitenciarios.
5.
La protección a la vida familiar en personas privadas de la
libertad como herramienta de resocialización en el derecho internacional y
derecho comparado
El derecho a la intimidad, la vida familiar y la
integridad personal encuentran una relación especial que hace de su protección
un objeto ineludible en el marco de la situación de las personas privadas de la
libertad.  Los instrumentos
internacionales de protección de Derechos Humanos consagran el derecho a la
vida privada y la vida familiar. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos se consagran estos derechos en los artículos 17 y 23.2, en la
Convención Europea para la Protección de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales en los artículos 8 y 12 y en la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos en sus artículos 11 y 17.
A continuación se expondrán diversas normas que
desarrollan estos principios a través de recomendaciones e instrumentos
internacionales, seguidos del desarrollo jurisprudencial en las cortes
regionales de derechos humanos, finalmente, se expondrá su ejecución en el
derecho comparado.
5.1.
Reglas derivadas
de instrumentos no vinculantes
Hay instrumentos internacionales que pese a carecer de
obligatoriedad jurídica, como sí la tienen los tratados ratificados por
Colombia o fallos de cortes internacionales en donde se declara la responsabilidad
del país, fungen como criterios hermenéuticas para el desarrollo de estándares
y mecanismos de protección de los derechos humanos. Este tipo de instrumentos
tienen un valor que no se determina en función de la obligatoriedad de los
Estados sobre su cumplimiento, sino por su potencialidad  para expandir los
campos de protección de los derechos, y establecer mínimos que eventualmente
llegarán a generar un efecto vinculante.
En tal sentido, si bien no es una obligación para el
Estado aplicar todas las recomendaciones o instrumentos de esta categoría, por
su propia naturaleza técnica y concertada entre actores del derecho
internacional, aporta perspectivas que pueden enriquecer el deber de protección
del Estado tanto como operador judicial, como creador de normas y ejecutor de
política pública.
A continuación se presentan algunos instrumentos de
este tipo mediante los cuales se han establecido reglas para el tratamiento de
personas privadas de la libertad que ilustran parte de la práctica internacional
al respecto:
5.1.1.
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
Las Naciones Unidas han establecido desde 1955 una
serie de principios, reglas y observaciones sobre las condiciones de reclusión
y las medidas para regular las condiciones de las personas privadas de la
libertad y el propósito de resocialización que debe buscar la pena. Dentro de
ellas se destacan los deberes de proveer ayuda para las relaciones sociales y
ayuda post-penitenciaria, en los siguientes términos:
“79. Se velará particularmente por el
mantenimiento y el mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su
familia, cuando éstas sean convenientes para ambas partes.
80. Se tendrá debidamente en cuenta, desde
el principio del cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso después de
su liberación. Deberá alentarse al recluso para que mantenga o establezca
relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer los intereses
de su familia así como su propia readaptación social”.[29]
Debe resaltarse que en este contexto no
sólo se hace referencia a la protección de la persona privada de la libertad,
sino que se incluye como uno de sus principales intereses, el favorecimiento de
una estructura familiar y su capacidad de contribuir a la readaptación social.
5.1.2.
Reglas de Bangkok
En 2011 con miras a la protección e igual trato de la
Mujer, la Organización de Naciones Unidas creó las Reglas para el tratamiento
de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres
delincuentes (Reglas de Bangkok), que en similar sentido al marco general
establecido en 1955 establecen normas específicas sobre el contacto con el mundo
exterior, enfatizando en la necesidad e importancia del contacto con
familiares, con acceso equivalente al de los hombres a las visitas, alentando
las visitas con sus hijos. Algunas de las reglas más específicas son las
siguientes:
“Regla 26
Se alentará y facilitará por todos los
medios razonables el contacto de las reclusas con sus familiares, incluidos sus
hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos. Cuando sea posible,
se adoptarán medidas para reducir los problemas de las mujeres que se hallen
recluidas en instituciones lejanas de su hogar.
Regla 27
En caso de que se permitan las visitas
conyugales, las reclusas tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos de
sexo masculino.
Regla 28
Las visitas en que se lleve a niños se
realizarán en un entorno propicio, incluso por lo que atañe al comportamiento
del personal, y en ellas se deberá permitir el libre contacto entre la madre y
su hijo o sus hijos. De ser posible, se deberán alentar las visitas que
permitan una permanencia prolongada con ellos”.[30]
5.1.3.
Recomendación del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre las Reglas Penitenciarias Europeas
En el contexto regional Europeo, en 2006 el Consejo de
Ministros emitió una recomendación que contenía principios básicos sobre las
reglas de las prisiones en dicho continente, entre los cuales se puede destacar
que la detención debe orientarse a la reintegración en la sociedad libre de las
personas privadas de la libertad, y el régimen aplicable a las personas que han
sido condenadas y que debe estar diseñado para permitirles llegar a una vida
responsable y libre de acciones delictivas.[31]
Respecto de las visitas en particular, se estableció que deben permitir a los
reclusos mantener y desarrollar relaciones familiares en la manera más normal
posible.[32]
Puede evidenciarse el motivo común de esos tres
instrumentos internacionales con respecto a dos puntos en particular: (1) el
interés por la búsqueda de la resocialización de las personas cumpliendo penas
privativas de la libertad; y (2) la protección y fomento de los vínculos
familiares como herramienta de reinserción en la sociedad, con miras al momento
en el que los internos recuperen la libertad. Sin embargo, el alcance de estos
principios no se agota en las recomendaciones de organismos supranacionales. A
continuación se evidenciará el desarrollo de estos principios en los casos
concretos, a través de la jurisprudencia regional en materia de derechos
humanos.
Adicionalmente se puede evidenciar la práctica
jurídica internacional respecto del especial deber de respeto y protección de
las personas privadas de la libertad en materia de derechos humanos a través
del desarrollo de criterios por parte de cortes internacionales.
5.2.
Jurisprudencia
internacional en materia de derechos humanos
Con base en los deberes de protección y garantía de
los Estados respecto de los derechos contenidos en las Convenciones de Derechos
Humanos, las Cortes han hecho un desarrollo jurisprudencial importante en
materia de condiciones carcelarias tanto en Europa como en Latinoamérica, que
han tenido como consecuencia la modificación tanto de normas que regulan las
condiciones de centros penitenciarios, como las condiciones de los accionantes
ante dichas instancias.
5.2.1.
Corte Europea de Derechos Humanos
La línea jurisprudencial que ha desarrollado la Corte
Europea de Derechos Humanos ha apuntado hacia la protección de los derechos de
las personas privadas de la libertad, particularmente de aquellas medidas que
tienden a la reintegración una vez se recupere la libertad.
Este sistema de protección de los derechos humanos ha
conocido múltiples casos sobre la situación de las personas privadas de la
libertad cumpliendo penas de prisión perpetua y condenas a muerte. En el marco
de dichos escenarios, se encuentran decisiones del tribunal que propenden por
la humanización de la manera como se cumplen las penas y el énfasis que se ha
puesto en la resocialización como uno de los fines últimos del sistema penal.
En el caso Trosin vs. Ucrania el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos sostuvo de manera unánime que es parte esencial del
derecho a la vida familiar del recluso el mantener contacto con su familia
cercana, aclarando que las medidas para la protección deben ser determinadas
caso por caso.[33]
Ello ha sido coherente con el apoyo a medidas de
resocialización como permisos de libertad temporal para personas que estén
terminando de cumplir su condena. En el caso Mastromatteo vs. Italia en
el que una persona fue asesinada por alguien que estaba en ese permiso temporal
y se generó un gran debate sobre la utilidad de dichas medidas como mecanismos
de resocialización, la Corte Europea optó por una respuesta desde la dogmática
penal que buscaba la protección de la sociedad y la resocialización del
individuo, expresando que:
“Una de las funciones esenciales de una
condena penal es proteger a la sociedad, por ejemplo al prevenir al criminal de
reincidir y causar mayor daño. Al mismo tiempo la Corte reconoce el objetivo
legítimo de una política de reintegración social progresiva de personas
condenadas a pena de prisión. Desde esa perspectiva reconoce el mérito de las
medidas –como la libertad temporal- que permiten la reintegración social de
prisioneros aun cuando han sido procesados por crímenes violentos”.[34]
En múltiples casos relacionados con las condiciones de
detención de personas condenadas a cadena perpetua y pena de muerte ese
Tribunal consideró que hubo violaciones al derecho a la vida familiar debido a
las restricciones en frecuencia, duración y acompañamiento institucional en las
visitas de familiares que limitaba la posibilidad de contacto cercano con los
familiares.[35]
Las eventuales limitaciones a los derechos de visita debían corresponder a
medidas consagradas en la ley con un objetivo legítimo en una sociedad
democrática.[36]
El aporte del Sistema Europeo de Derechos Humanos
puede evidenciarse en los múltiples casos resueltos sobre las condiciones de
reclusos cumpliendo cadenas perpetuas o condenados a la pena de muerte. Sin
embargo, el avance en la política criminal, a través de la búsqueda de la
reintegración y el interés superior de la población, para protegerla de nuevos
hechos delictivos se han incorporado como elementos rectores de la protección de
las personas privadas de la libertad.
El deber de resocialización se ha convertido no sólo
en un mecanismo para lograr el bienestar de quien busca recuperar su libertad
tras cumplir una condena penal, sino para proteger a la sociedad de la
reincidencia en el delito. A través del fortalecimiento de lazos familiares y
comunitarios se busca la normalización de las relaciones interpersonales, que
preparen para la recuperación de la libertad.
5.2.2.
Corte Interamericana de Derechos Humanos
El desarrollo de la jurisprudencia en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos ha tenido un perfil radicalmente distinto
del europeo, principalmente por la escasez de medidas como la pena de muerte o
la prisión perpetua en los casos ante la Corte Interamericana.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana en
materia de detención se ha concentrado en el desarrollo de criterios para identificar
la detención arbitraria, y la protección de las condiciones de reclusión en
centros carcelarios. La práctica jurisprudencial del organismo se ha
concentrado en alertar a los Estados sobre las violaciones a los derechos
humanos que se generan como consecuencia de la precariedad de los sistemas
penitenciarios, reflejada en las difíciles condiciones de las personas que
cumplen sus condenas en diversos países de la región.
En cuanto a la visita familiar, la jurisprudencia de
la CorteIDH se ha enfocado en enlistarla como una de las garantías para el
trato digno de las personas cumpliendo condenas penales. En múltiples casos el
tribunal regional ha hecho hincapié en aquellos tratos que se consideran
crueles, inhumanos y degradantes, dentro de los que se incluyen aspectos
relacionados con las condiciones físicas de detención como el aislamiento, la
ausencia de luz o ventilación y otros aspectos en cuanto al contacto con el
exterior como el régimen de visitas y la comunicación.
En los casos Tibi vs. Ecuador,[37] Fermín Ramírez
vs. Guatemala,[38]
Cantoral Benavides vs. Perú,[39]
Loayza Tamayo vs. Perú,[40]
Lori Berenson vs. Perú,[41]
Raxcacó Reyes vs. Guatemala la Corte ha mantenido su postura frente a las
condiciones de detención, expresando que:
“[L]a incomunicación durante la detención,
la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de
comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural,
[...] las restricciones al régimen de visitas [...], constituyen formas de
tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la
Convención Americana”.
(Negrilla fuera del texto original).
Aun cuando la jurisprudencia interamericana no ha
tenido ocasión de tratar temas de fondo sobre la estructura de los sistemas
penales en la región, ha reconocido la importancia del derecho a la familia como
el  “elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado”,[42]
en contextos diversos en que se ha dado fractura de la estructura familiar que
impide un desarrollo de los hijos junto a sus padres.[43]
5.3.
La visita familiar en el derecho comparado
En diversos países se ha desarrollado el fortalecimiento de
vínculos familiares buscando la resocialización a través de visitas familiares
extendidas y hasta la posibilidad de visitas de fin de semana a sus respectivos
hogares por parte de las personas privadas de la libertad.
5.3.1.
Alemania
En Alemania se ha destacado la relación entre las
conexiones familiares y comunitarias fuertes en procesos exitosos de
reintegración, dentro de las medidas se destaca la posibilidad de visitas
extendidas a sus hogares o el inicio de búsqueda de empleo cuando está por
cumplirse la condena. El valor de estas medidas ha sido reconocido incluso a
través de decisiones de la Corte Constitucional alemana como mecanismos de
resocialización y reintegración.[44]
En el mismo sentido, en 2006 dicho tribunal declaró inconstitucional
la detención preventiva por considerar que:
“La detención preventiva sólo es
justificable si la legislatura, en el diseño de ella, tenga debidamente en
cuenta el carácter especial de la invasión que constituye y asegura que se
eviten nuevas cargas más allá de la privación de la libertad
"externa". Ello debe ser tenido en cuenta bajo una ejecución de la
pena orientada a la libertad que hace que el carácter meramente preventivo de
la medida plano para el detenido de manera preventiva y para el público
general. La privación de la libertad debe estar diseñada de tal manera que el
prospecto de recuperar la libertad determine visiblemente la práctica del
confinamiento.
(…)
El precepto de la resocialización, que está
basado en la imagen de la Ley Fundamental (Constitución Alemana) de una persona
capaz de auto determinarse, aplica igualmente para la ejecución de la una
sentencia de prisión y la ejecución de una detención preventiva”.[45]
En la ley sobre prisiones se ha concedido el derecho a
los reclusos de recibir visitas al menos una vez al mes por un tiempo mínimo de
4 horas, promoviendo que sean incluso más horas si tienen un efecto en la
reintegración.[46]
El Código Penal Alemán de 1977 establece como objetivo
de la ejecución de la pena privativa de la libertad que “al cumplir su
sentencia de prisión el recluso podrá en el futuro llegar a una vida en
responsabilidad social sin cometer ofensas criminales (objetivo del
tratamiento). La ejecución de la pena de prisión también servirá para proteger
el público en general de mayores ofensas criminales”.[47] En cuanto al
régimen carcelario se establece que:
1.
“La vida en los centros penitenciarios
debe aproximarse de la mayor manera posible a las condiciones generales de
vida.
2.
(…)
3.
El encarcelamiento deberá estar diseñado
para ayudar al recluso a reintegrarse a la vida en libertad”.[48]
Se garantiza el derecho a las visitas estableciendo
que:
“[D]eben ser permitidas si promueven el
tratamiento o integración del recluso, o si sirven para el manejo de asuntos
personales, legales o comerciales que no pueden ser manejados por el recluso
por escrito, resuelto por un tercero, o aplazado hasta el momento de la liberación
del recluso”.[49]
5.3.2.
Canadá: Private Family visiting
En el ordenamiento jurídico canadiense mediante
Directiva del Comisionado del Servicio Correccional de Canadá se ha regulado la
visita privada familiar con el propósito de desarrollar y mantener los lazos
con su comunidad y su familia, para lograr los objetivos del plan de corrección
y facilitar la adecuada reintegración que contribuya a la protección de la
sociedad. Están diseñadas para darse cada 120 días por términos de hasta 72
horas.[50]
5.3.3.
Dinamarca y Suecia
En estos dos países, existe un derecho a visita de 1 o
2 horas cada dos semanas con el fin de lograr la resocialización y tener una
interacción en la comunidad en la mayor medida posible. Hay evidencia de la práctica
de estos dos países desde 1972 sobre visitas conyugales y permisos para visitas
de los reclusos, incluso por parte de familiares que estuviesen bajo medidas de
libertad condicional. Adicionalmente, el régimen permite que  se concedan a los
internos permisos de 8 horas para ir a su hogar a visitar a su familia y
regresar.[51]
5.3.4.
Estados Unidos
En los Estados Unidos inicialmente se concedía el
derecho a la visita conyugal a los reclusos en seis Estados como motivación
para la buena conducta. Recientemente, se ha cambiado el propósito de este
beneficio, e incluso su denominación a Visitas Familiares Extendidas, que
tienen como objeto principal contribuir a la resocialización a través de la
preservación de la unidad familiar. Aun cuando no hay una regulación legal de
las visitas, estos beneficios han sido desarrollados por vía de directivas del
Departamento de Corrección.
En el Estado de Washington se ha creado una política
para la regulación de la visita familiar extendida en determinados reclusos con
el objeto de “(…) apoyar la construcción de relaciones importantes para la
resocialización de los agresores y proveer un incentivo para aquellos
cumpliendo condenas largas para que tengan buenas decisiones de comportamiento,
en consecuencia reduciendo las infracciones violentas. El Departamento reconoce
el impacto positivo del contacto entre agresores y sus familias para la
resocialización”.
La visita familiar extendida está definida como una
visita prolongada en un área segura designada, separada de la población de
reclusos. Los principales requisitos de acceso para estas visitas son:
1.
Cumplimiento de requisitos, especialmente
disciplinarios y el no estar sujeto a requerimientos de reclusión en alta
seguridad.
2.
Los hijos menores de edad deben participar
acompañados de un adulto miembro de su familia autorizado o del Departamento
del Niño.
3.
El cónyuge del recluso, el guardián legal de su
hijo o los padres deben participar.
Se ha permitido también la participación de otros
miembros del grupo familiar como hermanos, abuelos y nietos. Se ha expresado
que este tipo de visitas es un programa diferente al de las visitas conyugales
pues busca promover el acompañamiento de padres a sus hijos.
En el marco de los requisitos de los visitantes se
encuentra la prohibición de víctimas del recluso, personas bajo supervisión
criminal como en libertad condicional, ni reclusos de otros centros
penitenciarios hasta un año después de cumplida su condena. Adicionalmente se
prohíbe que dos reclusos participen en la misma visita o que se combinen entre
hermanos, padres o hijos. Estas visitas se pueden presentar cada 90 días.
5.4.
Estudios científicos
sobre el impacto de las relaciones familiares en la reinserción social de las
personas privadas de la libertad
A pesar de la evidencia en los esquemas nacionales e
internacionales de protección de los derechos humanos, y las regulaciones
penales sobre la  importancia de medidas como la visita familiar en el
cumplimiento de los objetivos del sistema penal, no sólo la ciencia jurídica se
ha ocupado del estudio del impacto del contacto familiar como herramienta para
la resocialización de las personas privadas de la libertad. Estudios
científicos enmarcados en otras disciplinas sobre la reforma en prisión,  han
encontrado que las personas privadas de la libertad que aprenden como reparar y
mantener sus relaciones familiares tienen índices bajos de reincidencia y menos
problemas disciplinarios en los centros donde se encuentran recluidos.[52]
Incluso, se ha demostrado que los reclusos con vínculos familiares fuertes son
menos propensos a aceptar normas y patrones de conducta que intentan imponer
criminales más crueles en las cárceles.
La psicología ha planteado la posibilidad de realizar
acompañamiento profesional a los reclusos en temas de protección de la familia,
que han arrojado resultados muy favorables. Algunos de ellos han indicado que:
“Las mejoras encontradas en los campos de
funcionamiento individual, familiar y parental sugieren que el impacto de la
Educación en Relaciones (interpersonales) en las cárceles se extiende más allá
de las relaciones de pareja y contribuye a una mejor calidad de vida en general
sobre los reclusos y sus familias”.[53]
Desde la sociología se ha estudiado también en el
proceso de transición entre la prisión y la comunidad un grupo de factores que
condicionan la efectividad del proceso de transición, que han llevado a la
implementación de programas como educación parental, terapia de pareja y
acompañamiento psicológico.  En ese contexto se ha determinado que los lazos
familiares fuertes durante el periodo de detención llevan a mejores resultados
en la etapa de regreso a la vida en comunidad al readquirir la libertad y deben
ser fomentadas las acciones encaminadas a la unión del grupo familiar.[54]
La educación para mejorar y fortalecer el contacto
familiar es una herramienta para lograr la rehabilitación y el cambio en
esquemas disfuncionales.[55]
Incluso se han hecho programas de educación familiar en el marco de las
cárceles para preparar a los reclusos y sus familias para procesos de
reintegración que estadísticamente han resultado exitosos.[56]
Múltiples estudios realizados en el siglo XX
demostraron una correlación entre la separación con ocasión de la detención en
un centro penitenciario con los resultados en las relaciones maritales, que
inhiben la participación de las personas detenidas en las dinámicas familiares
e incluso generan afectación en la capacidad de interactuar con otros miembros
de su familia. Al respecto se ha sugerido especial atención al efecto de la
separación marital en el desarrollo de las habilidades y relaciones entre
padres e hijos como consecuencia de la separación.[57]
De tal manera que se puede establecer un patrón común
en los resultados científicos derivados de estudios realizados con población
privada de la libertad, que refuerzan la importancia de la estructura familiar
como mecanismo de resocialización y que prepara al interno para el regreso a la
vida en comunidad.
6.
Análisis del
caso concreto
El señor Román Enrique Urrutia elevó derecho de
petición el 20 de octubre de 2014 ante el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ,
en el cual solicitaba que les permitiera tener a todos aquellos que tienen a
sus parejas privadas de la libertad en el mismo Centro, una visita de cuatro
(4) horas una vez por mes, divididas de la siguiente forma: una hora de
conyugal y tres (3) horas para compartir con su pareja en el patio de visitas,
con el ánimo de fortalecer sus lazos familiares de afecto, cariño y
comprensión.
El 27 de octubre de 2014, el Subdirector encargado del BLOQUE II
COJAM dio respuesta al derecho de petición presentado por el señor Urrutia, de
forma sucinta en los siguientes términos: “Con el ánimo de brindar respuesta
a lo de la referencia, me permito (sic) informarle que ustedes gozan es de
visita conyugal como se encuentra estipulado y no visita familiar, por ello se
les concede una hora para esta”.
Mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2014, el señor Román
Enrique Urrutia presentó acción de tutela solicitando la protección de sus
derechos fundamentales vulnerados y amenazados por el Complejo
Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, alegando que los
internos normalmente les llegan dos visitas en el mes: una visita conyugal en
la que tienen tres horas para compartir con sus esposas o compañeras
permanentes y una hora de intimidad, y una visita familiar en la que pueden
compartir cuatro horas con sus familiares y amigos. En contraste, sostiene que “[e]n
el caso concreto de las visitas conyugales de los y las personas que nos
encontramos privados de la libertad ambos, tanto el hombre como la mujer nos
encontramos purgando condena en el complejo penitenciario Jamundi valle (sic),
solo nos permiten en el mes una hora de visita conyugal, nuestras esposas, o
compañeras sentimentales, la guardia las traen a la carrera de la cárcel de
mujeres que queda frente a la cárcel de hombres”.
Por lo anterior, el accionante solicita, que en aras
de garantizar su derecho a la igualdad y a la protección de la familia, que el
Juez Constitucional ordene “(…) a las autoridades penitenciarias del
complejo penitenciario (sic) Jamundi valle, concedernos a los internos y
internas (sic) que somos parejas y que nos encontramos ambas privadas de la
libertad cuatro horas de visitas en el mes una vez”, que comprendan un
espacio para visita conyugal (una hora) y otro para visita familiar.
A la luz de los hechos planteados, le corresponderá a
la Sala entrar a establecer en sede de revisión si el Complejo Carcelario y
Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, vulneró los derechos
fundamentales de un interno al que, teniendo a su esposa o compañera permanente
también recluida en la sección femenina de la misma penitenciaría, les permite
una hora de visita conyugal al mes pero les niega la posibilidad de gozar de la
visita familiar, que si le brinda, en circunstancias normales, a los internos
que no tienen a sus parejas también privadas de la libertad.
Para dar respuesta al problema jurídico planteado por
el accionante, es necesario distinguir entre las visitas familiares y las
visitas íntimas o conyugales. Las diferencias entre las dos se encuentran
expuestas, como se identificó en el acápite correspondiente de las
consideraciones (Ver numeral 3), en el Reglamento del régimen interno del
Complejo Carcelario y Penitenciario accionado. De acuerdo con la disposición
pertinente del artículo 37 de dicho reglamento: “Los(as) internos(as) podrán
recibir visitas cada quince (15) días, correspondiendo una quincena a visita
familiar (con ingreso de niños menores) y la otra para visita íntima, en ningún
caso se autoriza visita familiar e íntima en forma simultanea para el mismo
interno(a) (…)”.
De lo anterior se desprenden tres conclusiones necesarias
para dar respuesta al caso concreto: (i) que efectivamente en el Centro
penitenciario accionado existen dos modalidades de visitas, la familiar y la
íntima. (ii) que los internos pueden gozar de las dos, una cada quince días y
(iii) que en ningún caso se pueden presentar los dos tipos de visita de forma
simultánea.
Ahora bien, en cuento a la normatividad que regula la
situación de esposos o compañeros permanentes, que se encuentran los dos
privados de la libertad, ni el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de
1993), ni el Reglamento General (Acuerdo 011 de 1995), ni el Reglamento de
régimen interno de EPC-COJAM – JAMUNDÍ, establecen una regulación especial para
el goce del derecho a las visitas familiares en el marco de esas condiciones
particulares (los dos esposos o compañeros privados de la libertad).
Por el contrario, el Reglamento General desarrollado a
través del Acuerdo 011 de 1995, sí contempla en su artículo 30 el ejercicio del
derecho a las visitas íntimas, cuando se trata de un interno que tenga a su
cónyuge o compañero permanente privado de la libertad en otro centro de
reclusión. Al respecto establece la norma citada: “En caso de que la visita
íntima requiera de traslado de un interno a otro centro de reclusión donde se
encuentre su cónyuge o compañero(a), se hará constar este permiso que concede
la autoridad judicial” o el director regional, según se trate de una
persona condenada o sindicada.
Encuentra la Sala que la interpretación realizada por las
autoridades del Complejo Carcelario y Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM –
JAMUNDÍ, considerando que en el escenario en que ambos esposos se encuentren
privados de la libertad, sólo tienen derecho a la visita íntima y no a la
visita familiar, vulnera el derecho a la igualdad de los internos que tienen a
su esposa o compañera permanente en otro centro de reclusión, o incluso, como
en el caso del accionante, en la sección femenina del mismo centro. No aprecia
la Sala ninguna justificación que lleve al tratamiento desigual de internos en
las mismas circunstancias del tutelante, lo que permite concluir que se trata
de una medida desproporcional y en ese sentido contraria al principio de
igualdad.
En segundo lugar, y teniendo como fundamento el
análisis realizado en las consideraciones de esta sentencia, es preciso
establecer que la garantía de la visita familiar constituye, como ha sido
reconocido que lo es la visita íntima, un derecho de las personas privadas de
la libertad que actúa en directa conexidad con la protección de la familia y a
la intimidad.
Finalmente, encuentra la Sala que el permitir a dos
internos ejercer su derecho a la visita familiar entre ellos, así como con sus
familiares y amigos que gozan de plena libertad, contribuye a la
resocialización de ellos, a la disciplina al interior de los Centros
penitenciarios, y a la posibilidad de evitar una vez se reintegren a la
cotidianidad del mundo exterior vuelvan a delinquir. Como ha sido reconocido
por la jurisprudencia de esta Corporación:
“Para la Corte, la importancia que reviste
la presencia activa de la familia durante el periodo en que se prolonga la
privación de la libertad de las personas condenadas es indudable. Sobradas
razones de índole jurídica (la familia es el núcleo básico de la sociedad),
psíquica (importancia anímica de la vigencia de los lazos de solidaridad) y afectiva
(satisfacción de necesidades sexuales y afectivas esenciales) así lo indican.
La veracidad de esta premisa se refuerza con el argumento normativo que se
desprende del sistema progresivo penitenciario, que cuenta entre sus
presupuestos el de la presencia activa de la familia en el proceso de
resocialización del interno (art., 143 de ley 65 de 1993)”.
Con base en lo anteriormente expuesto, encuentra la
Sala que al negarle la posibilidad a un interno(a) de gozar su derecho a la
visita familiar, bajo el  argumento de que su esposo(a) o compañero(a)
permanente se encuentra también privado de la libertad, desconoce sus derechos
a la igualdad, a la protección a la familia y a la intimidad.
Siendo conscientes que como lo ha manifestado en su
jurisprudencia la Corte Constitucional, el derecho a la unidad familiar de los
internos no se encuentra suspendido aunque sí limitado[58], para ejercer su
derecho a la visita familiar se deberán cumplir los siguientes requisitos y
condiciones:
1.
La visita familiar
entre internos, sólo se permite entre cónyuges o compañeros permanentes, o
personas en primer grado de consanguinidad o afinidad, calidad que, de
conformidad con lo establecido por el numeral 4º del artículo 30 del Acuerdo
011 de 1995, debe ser verificada por el director del establecimiento. Se
entiende que el accionante cumple con este requisito, toda vez que tanto en el
derecho de petición como en la acción de tutela se refiere a su esposa y ese
hecho no fue desmentido por las autoridades del Penal teniendo la oportunidad
para haberlo hecho.
2.
La visita familiar
deberá ser solicitada de forma expresa ante el Director de Complejo Carcelario
por los dos cónyuges o compañeros permanentes.
3.
De conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento de régimen interno del Complejo Carcelario y
Penitenciario  de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, en el inciso tercero de su
artículo 37, en ningún caso se autoriza visita familiar e íntima en forma
simultanea para el mismo interno(a); así mismo lo dispone el artículo 112ª del
Código Penitenciario y Carcelario.
4.
El Director del
Complejo Carcelario y Penitenciario procurará siempre el bienestar del interno,
lo que implica poner todos los medios a su alcance para que los internos que
sean cónyuges o compañeros pertinentes puedan gozar de su derecho a la visita
familiar. Esto sin perjuicio de las restricciones que se puedan presentar y que
han sido consideradas en la Ley 65 de 1993, el Acuerdo 011 de 1995 y el Reglamento
de régimen interno del establecimiento accionado (v.gr. razones de seguridad).
5.
Las condiciones de
lugar, turno y horario de la visita familiar entre internos que sean cónyuges o
compañeros permanentes, serán las correspondientes a las visitas generales
reguladas en el artículo 38 del Reglamento de régimen interno del Complejo
Carcelario y Penitenciario  accionado.
Las subreglas establecidas por la Corte en esta
oportunidad, implican que la Sala no podrá acceder a la solicitud del
accionante de reconocerle cuatro (4) horas de visita una vez al mes, divididas
en una hora de visita conyugal y tres (3) horas de visita familiar en patio. Lo
anterior, en virtud de la tercera disposición que hace referencia a la
prohibición de que la visita familiar y la íntima se lleven a cabo de forma
simultánea.
No obstante lo anterior, con el fin de garantizar los
derechos del accionante, la Sala le permitirá gozar, como lo hacen los demás
internos, la posibilidad de recibir visitas de su cónyuge o compañero
permanente también privado de la libertad, cada quince (15) días,
correspondiendo una quincena a visita familiar y la otra a la visita íntima.
Con base en los argumentos antes planteados, la Sala
de Revisión encuentra que la decisión del  Complejo Carcelario y Penitenciario
de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ de negar el goce del derecho a la visita
familiar, a internos que siendo cónyuges o compañeros permanentes se encuentran
ambos privados de la libertad, bajo el argumento de que ellos sólo tienen
derecho a la visita íntima, constituye una vulneración a la igualdad, al
derecho a la protección de la familia y a la intimidad del señor Román Enrique
Urrutia.
En ese orden de ideas, la Sala procederá a REVOCAR la
decisión adoptada el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado Octavo Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Cali, en la cual se resolvió NEGAR la protección
de los derechos fundamentales invocados por el señor Román Enrique Urrutia. En
su lugar CONCEDERÁ el amparo de sus derechos a la igualdad, a la protección a
la familia y a la intimidad.
Como consecuencia de lo anterior, ORDENARÁ al
establecimiento accionado, que permita al señor Urrutia, gozar de su derecho a
la visita familiar con su esposa o compañera permanente, quien también se
encuentra recluida en el mismo complejo penitenciario, siguiendo los
lineamientos establecidos en la parte motiva de esta Sentencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la decisión adoptada el 3 de diciembre de 2014 por el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, en la cual se resolvió NEGAR
la protección de los derechos fundamentales invocados por el señor Román
Enrique Urrutia. En su lugar CONCEDER el amparo de sus derechos a la
igualdad, a la protección a la familia y a la intimidad.
Segundo.- ORDENAR al Director del Complejo Carcelario y Penitenciario
de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, Teniente Coronel Carlos Alberto Monroy
Guevara, o quien haga sus veces, que garantice y propicie al señor  Román
Enrique Urrutia, la realización de su derecho a la visita familiar con su
esposa o compañera permanente, quien también se encuentra recluida en el mismo
complejo penitenciario, siguiendo los lineamientos establecidos en la parte
motiva de esta Sentencia.
Tercero.- PREVENIR a las autoridades del Complejo Carcelario y
Penitenciario de Jamundí – EPC-COJAM – JAMUNDÍ, sobre la imposibilidad de
limitar el ejercicio de los derechos fundamentales de los reclusos, imponiendo
criterios sospechosos de discriminación como el aplicado en este caso.
Cuarto.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de
la Corte Constitucional y cúmplase.
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (e)
Con aclaración de voto
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN
DE VOTO DE LA MAGISTRADA (E) MYRIAM ÁVILA ROLDÁN A LA SENTENCIA T-378 DE 2015
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA VISITA
FAMILIAR DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD-Vulneración al supeditar la visita familiar al
cumplimiento de requisitos (Aclaración de voto)
DERECHO A LA VISITA FAMILIAR DE PERSONA
PRIVADA DE LA LIBERTAD-Requisitos
obedecen a aspectos operativos y no pueden ser tomados como “subreglas
jurisprudenciales” (Aclaración de voto)
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Sala Octava de Revisión, procedo a aclarar mi voto en el
asunto de la referencia.
1. Acompaño la Sentencia T-378 de 2015, en
tanto revocó el fallo objeto de revisión y protegió, en su lugar, los derechos
fundamentales que el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí le vulneró
el señor Román Enrique Urrutia al impedirle disfrutar de la visita familiar en
las condiciones en que las demás personas recluidas en dicho establecimiento
disfrutan de ese derecho.
2. Pese a esto, me veo en la necesidad de
aclarar mi posición con respecto a los “requisitos y condiciones” a los que,
según el fallo, debería supeditarse el ejercicio de la visita familiar de
aquellos internos que, como el señor Urrutia, tienen a su pareja recluida en el
mismo centro penitenciario y carcelario.
3. La sentencia, en efecto, indica en su
página 43 que la visita familiar “entre internos” debe supeditarse al
cumplimiento de cinco condiciones contempladas en la Ley 65 de 1993, el Acuerdo
011 de 1995 y el reglamento interno de la entidad accionada en este caso. De
conformidad con lo allí dispuesto, dice el fallo, la visita familiar i) solo se
permite entre cónyuges o compañeros permanentes o personas en primer grado de
consanguinidad o afinidad, lo cual debe ser verificado por el director del
establecimiento; ii) debe ser solicitada de forma expresa ante el director del
complejo carcelario por los dos cónyuges o compañeros permanentes; iii) no
puede llevarse a cabo de forma simultánea con la visita íntima y iv) debe
realizarse en las condiciones de lugar, turno y horario previstas para las
visitas generales en el reglamento interno del centro penitenciario accionado.
Además, la sentencia advierte que v) el director del complejo penitenciario y
carcelario deberá poner todos los medios a su alcance para que aquellos que
sean cónyuges o compañeros permanentes puedan gozar de su derecho a la visita
familiar.
4. En su momento, advertí a la Sala que no
compartía la decisión de supeditar la garantía del derecho a la visita familiar
del accionante al cumplimiento de unas pautas específicas, como si su situación
fuera diferente a la de los demás internos que se encuentran recluidos en el
Centro Penitenciario y Carcelario de Jamundí. Tal condicionamiento, precisé
entonces, contradice el mensaje que pretende enviar la sentencia, pues no
resulta claro que se proteja el derecho a la igualdad del actor distinguiendo
su situación de la de aquellos internos cuya pareja no está recluida, como, de
hecho, lo hizo el establecimiento accionado.
5. Sobre ese supuesto, y en el contexto
del amparo concedido, sugerí impartir una orden encaminada a garantizar que el
señor Urrutia disfrute de su derecho a la visita familiar en las mismas
condiciones en las que los demás internos que no tienen a sus parejas recluidas
en el Complejo Penitenciario accionado disfrutan de este derecho. La mayoría,
sin embargo, optó por condicionar el ejercicio de la visita familiar del
accionante a los “lineamientos” contemplados en la parte motiva de la Sentencia
T-378 de 2015, reproduciendo el trato diferenciado que pretendió reprochar en
este caso.
6. Finalmente, es preciso aclarar que las
pautas a las que alude la sentencia tienen que ver con aspectos operativos de
la visita que no buscan nada distinto que hacer efectivo el traslado de los
reclusos hasta el lugar en el que esta habrá de realizarse. Dado que tales
pautas remiten en su mayoría a aspectos regulados en el reglamento interno del
centro penitenciario accionado, no pueden ser tomadas como “subreglas
jurisprudenciales” para la garantía del derecho a la visita familiar, como,
equivocadamente, pretende presentarlas la sentencia.
Son estas, en suma, las razones que sustentan mi aclaración de
voto.
MYRIAM ÁVILA ROLDÁN
Magistrada (E)
[1] Corte Constitucional de Colombia.
Sentencia T-
1190 de 2003
[2] 7 Corte I.D.H., Caso Vélez Loor
Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 98; Corte I.D.H., Caso de la
Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C
No. 140, párr. 111; Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Algodonero”)
Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16
de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 243.
[3] ONU, Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias, Informe presentado al Consejo de Derechos Humanos,
A/HRC/10/21, adoptado el 16 de febrero de 2009, Cap. III: Consideraciones
temáticas, párr. 46.
[4] Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas
Privadas de la Libertad en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 diciembre 2011. Párr. 48 a 50. En el mismo
sentido se pronunció recientemente la CorteIDH en el caso Díaz Peña Vs.
Venezuela, Sentencia de 26 de junio de 2012: “Como responsable de los
establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una posición especial
de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia”.
[5] A nivel internacional,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado esa humanización
del sistema penal, en particular haciendo referencia a las personas privadas de
la libertad como el Principio, universalmente reconocido, del Trato Humano, a
la luz del cual las personas privadas de la libertad tienen derecho a un trato
humano mientras se encuentren bajo custodia del Estado.
[6] Sentencia  T- 1190 de 2003.
[7] Código Penal. Ley 599
de 2000. Artículos 4 y 5
[8] Comisión Asesora de Política
Criminal. Informe final: Diagnóstico y Propuesta de Lineamientos de Política
Criminal para el Estado Colombiano. Junio de 2012. Párr. 27. Pág. 22
[9] Sentencia T- 153 de 1998.
[10] Sentencia T- 815 de 2013.
[11] Ver Sentencia T-266 de 2013.
[12] Sentencia T- 474 de 2012.
[13] Sentencia T-1190 de 2003. Este
punto fue reiterado por la Sentencia T-894 de 2007 y T-274 de 2008, en los
siguientes términos: “
[14] Al respecto, se pueden
consultar las sentencias: T-566 de 2007, T-537 de 2007, T-599 de 2006, T-1204
de 2003, T-605 de 1997, T-277 de 1994, T-222 de 1993.
[15] Sentencia T-894 de
2007, M.P. Clara Inés Vargas.
[16] T – 966 de 2000,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T – 851 de 2004,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T – 566 de 2007,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-479 de 2010,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez; C-461 de 2011,
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[17] Sentencia T-966 de 2000,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; Sentencia
T-851 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[18] Cfr. Sentencia T-1096 de 2005,
M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[19] Sentencia T-566 de 2007,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[20] Sentencias de la Corte
Constitucional: C-144
de 1997, M.P. Alejandro
Martínez Caballero; C - 839 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-806 de 2002,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1303 de 2005,
M.P. Jaime Córdoba Treviño.
[21] Sentencia T-566 de 2007,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-894 de 2007,
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[22] Sentencia T- 537 de 2007,
M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En similar sentido, T-599 de 2006,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[23] Sentencia T-596 de 1992,
M.P. Ciro Angarita Barón.
[24] Sentencia T-566 de 2007,
M.P. Clara Inés
Vargas Hernández
[25] Sentencia T-844 de 2009.
[26] Sentencia T-374 de
2011.
[27] Ver CIDH, Informe Sobre los Derechos
Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31
diciembre 2011.
Párr. 576.
[28] CIDH, Informe No. 67/06, Caso
12.476, Fondo, Oscar Elías Biscet y otros, Cuba, 21 de octubre de 2006, párr.
237; CIDH, Informe No. 38/96, Caso 10.506, Fondo, X y Y, Argentina, 15 de
octubre de 1996, párr. 97 y 98. Referenciadas en: CIDH, Informe Sobre los Derechos
Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31
diciembre 2011.
Párrs. 576 y ss.
[29] Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en
Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de
1977
[30] Asamblea General de Naciones
Unidas. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de
Bangkok). A/RES/65/229
[31] Consejo de Ministros de Europa.
Recomendación Rec (2006)2 sobre Reglas de Prisiones Europeas. Adoptado por el
Comité de Ministros  el 11 de enero de 2006. Principios 6 y 10.2
[32] Ibid. Principio 24.4.
[33] TEDH. Trosin vs. Ucrania. App. no.
39758/05. 23 de febrero de 2012
[34] TEDH. Mastromatteo vs. Italia.
Sala Plena. App. no. 37703/97, 2002.
[35]TEDH. Poltoratskiy vs. Ucrania.
Sección Cuarta.  App. No. 38812/97. Ucrania. 29 de Abril de 2003.
[36] TEDH. Kuznetsov vs. Ucrania.
Sección Cuarta. App. No. 39042/97. 29 de abril de 2003
[37] Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004.
Serie C No. 114. Párr. 150.
[38] Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs.
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005.
Serie C No. 126. Párr.118
[39] Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo.
Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. Párr. 89.
[40] Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo.
Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33.Párr. 58
[41] Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119. Párr. 102. Ver también
Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123. Párr. 96
[42] Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y
Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248.Para. 225
[43] Corte IDH. Caso De la Masacre de
las Dos Erres Vs. Guatemala.
Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No.
211. Para. 116.
Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del
Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17para. 66
[44] Véase Frieder Dünkel,
“German Prison Law and Human Rights”; Frieder Dünkel and Dieter Rossner, “Germany,”
in Imprisonment Today and Tomorrow (2001), edited by Dirk van Zyl Smit and
Frieder Dünkel, 288-350. 59 Dirk van Zyl Smit and Sonja Snacken, Principles of
European Prison Law and Policy, 78.
[45] Corte Constitucional
de Alemania. Sentencia de 4 de mayo de 2011. 2 BvR 2365/09
[46] Congreso de la República Federal
de Alemania. Ley concerniente a la ejecución de penas de prisión. Medidas de
rehabilitación y prevención que involucran privación de la libertad. Marzo de
1976.
[47] Código Penal Alemán,
16 de marzo de 1976.
(Gaceta de la Ley Federal. Parte I p. 581, 2088) Art. 2
[48] Ibid. Art. 3
[49] Ibid. 24
[50] Comisionado del Servicio
Correccional de Canadá. Directiva 559 de 13 de junio de 2012.
[51] David A. Ward, Inmate
Rights and Prison Reform in Sweden and Denmark, 63 J. Crim. L. Criminology
& Police Sci. 240 (1972)
Ver también Penal and Penitenciary
Foundation. Prison policy, prison regime and Prisoner’s rights in Denmark.
John Pratt. Scandinavian
Exceptionalism in an era of penal excess.  BRIT. J. CRIMINOL. (2008) 48, 119 –
137
[52] Berg, N.T., &
Huebner, B.N. Reentry and the ties that biend: An examination of social ties,
employment and recidivism. Justice Quarterly, (2011) 28 (2), 382-410
Houser, J. Grossman, J. &
Macdonald, D. Impact of family reunion program on institutional discipline.
Journal of Offender Counseling Services Rehabilitation, 8 (27-36). (1984)
Kemp, G.C. Glaser, B.A., Page, R.
& Horne, A.M. Influence of family support on men in a minimum security
detention center. Journal of Addictions and Offender Counseling, 12 (2), 34-46.
(1992)
Luab, J.H., & Sampson, R.J.
Turning points in the life course: Why change matters in the study of crime.
Criminology, 31 (3), 301-325. (1993)
Visher, C.A., & Travis, J.
Transitions from prison to community: Understanding individual pathways. Annual
Review of Sociology, 29 (1), 89-113. (2003)
[53] Kate Taylor Harcourt,
Francesca Adler-Baeder. Documenting Program Outcomes of Relationship Education
with Incarcerated Adults. Journal of Human Sciences and Extensions. Vol. 3. No.
1, 2015. P. 110- 124.
[54] Hristy A. Visher and
Jeremy Travis. Transitions from Prisons to Community: Understanding individual
pathways. Annuel Review of Sociology. 2003. 29:89- 113
[55] Daniel J. Bayse, Scott M. Allgood, Paul H.
Van Wyk. Family Life Education: An Effective Tool for Prisoner
Rehabilitation. Family Relations. Vol. 40, No. 3. (Jul., 1991)
[56] Joshua C. Cochran. The
ties that bind or the ties that break: Examining the relationship between visitation
and prisoner misconduct. Journal of Criminal Justice. 40 (2012)433-440
[57] Michael Massoglia, Brianna Remster, Ryan D. King. Stigma or separation?
Understanding the Incarceration-Divorce relationship. Social Forces. Vol. 90. No. 1, Sept.
2011. pp. 133-155
[58] Ver Sentencia T-374 de
2011.