T-479-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-479/14
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
INVALIDEZ-Procedencia excepcional
La
Corte Constitucional ha indicado que cuando se presenta una tutela para la
protección de un derecho fundamental, basada en el reconocimiento de una
pensión, sea ésta de vejez, sobrevivientes o invalidez, es preciso establecer
si en el caso concreto, existe un medio de defensa judicial eficaz para
proteger las garantías constitucionales del interesado. Asimismo, ha
considerado que hay especiales condiciones que deben ser analizadas en cada
caso concreto, para determinar la procedencia de la acción, por ejemplo: que la
persona interesada sea sujeto de especial protección constitucional, como
sucede con las personas de la tercera edad; o a quienes por sus condiciones de
vulnerabilidad económica, de salud o familiares, no les es exigible acudir a
otra vía judicial para solicitar la protección de su derecho, habida cuenta del
tratamiento preferencial que su condición exige.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE
INVALIDEZ-Elementos fundamentales
Cuando
la reclamación pensional se concreta en el reconocimiento de una pensión
por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que se trata de
un derecho fundamental per se, susceptible de protección por vía del
amparo constitucional, particularmente por coincidir dos elementos
fundamentales: (i) por una parte, la calidad del sujeto que la reclama. Es
claro que las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta
de una persona declarada inválida, hacen necesaria la inmediata protección del
derecho a la pensión de invalidez, asegurando de esa manera la garantía y
respeto de derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad
física y el mínimo vital entre otros; (ii) En segundo lugar, porque la
importancia de tal  reconocimiento radica en el hecho de que en la gran
mayoría de los casos, esta prestación se constituye en el único sustento
económico con el que contaría la persona  y su grupo familiar dependiente
para sobrellevar  su existencia en condiciones más dignas y justas.
PROTECCION CONSTITUCIONAL ESPECIAL DE PERSONAS
PORTADORAS DE VIH/SIDA/ACCION DE
TUTELA PARA EL RECONOCIMIENTOS DE PENSION DE INVALIDEZ A ENFERMO DE VIH/SIDA
Debido
a la gravedad de la enfermedad, su carácter progresivo y el agravante de que no
ha sido posible encontrar una cura.
DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSION DE INVALIDEZ-Normas y jurisprudencia constitucional/DECLARATORIA
DE INEXEQUIBILIDAD-Para el requisito de fidelidad de cotización al sistema
pensional/PENSION DE INVALIDEZ-Reiteración de jurisprudencia sobre
únicos requisitos exigibles
PENSION DE INVALIDEZ-Estructuración retroactiva del estado de invalidez
para personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas
En
aquellos casos en los que se deba establecer la fecha de estructuración de la
pérdida de la capacidad laboral de una persona que sufra una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, que no le impida ejercer actividades
laborales remuneradas durante ciertos períodos de tiempo, la entidad encargada
del reconocimiento pensional debe tener en cuenta que la fecha de estructuración
corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y
mentales en tal grado, que le impida continuar con las labores que le permitan
satisfacer sus necesidades mínimas. En todo caso, cuando se acredite que la
fecha de estructuración de la invalidez de las personas que padecen una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita, fue establecida desconociendo el
momento en el cual la pérdida de la capacidad laboral del afiliado fue
permanente y definitiva, y por esto no fueron reconocidas las semanas cotizadas
al sistema, el interesado tiene derecho a que tales semanas sean contabilizadas
para el reconocimiento de su pensión de invalidez. Pues al tratarse de personas
que pierden de forma paulatina su capacidad laboral, las cotizaciones realizadas
con posterioridad a la fecha de estructuración deben ser tenidas en cuenta por
el fondo encargado del reconocimiento pensional, en tanto la persona mantuvo su
capacidad de trabajo y continuó aportando al sistema, hasta que su incapacidad
se vuelve total.
Referencia: expedientes acumulados         T-4255281,
T-4262812, T-4263974,           T-4270826
Expediente T-4255281. Acción de tutela presentada por Blanca Nancy Hidalgo Nieto, contra
Colpensiones.
Expediente T-4262812. Acción de tutela presentada por Julián  contra Colpensiones.
Expediente T-4263974. Acción de tutela presentada por Alirio Durán contra Colpensiones.
Expediente T-4270826. Acción de tutela presentada por Andrés  contra Colpensiones.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014)
La Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados María Victoria Calle
Correa, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos proferidos por los despachos judiciales
que a continuación se mencionan:
1. Expediente T-4255281. En
primera instancia, por el Juzgado Sexto de Familia de Medellín el veintitrés
(23) de octubre de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia por la Sala
Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín el dieciséis
(16) de diciembre de dos mil trece (2013), en el trámite de la acción de tutela
instaurada por Blanca Nancy Hidalgo Nieto, en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
2.
Expediente T-4262812. En primera instancia, por el Juzgado Treinta y Uno Penal
del Circuito de Conocimiento de Bogotá el veintiocho (28) de enero de dos mil
catorce (2014), en el trámite de la acción de tutela instaurada por Julián, en contra
de la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
3.
Expediente T-4263974. En primera instancia, por el Juzgado Sexto Laboral del
Circuito de Bucaramanga el veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014) en el
trámite de la acción de tutela instaurada por Alirio Durán, en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.
4.
Expediente T-4270826. En primera instancia, por el Juzgado Quince Penal del
Circuito de Medellín el veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013),
en el trámite de la acción de tutela instaurada por Andrés, en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Los
expedientes de la referencia fueron seleccionados para revisión y acumulados
entre sí, por la Sala de Selección Número Tres (3), mediante auto proferido el dieciocho
(18) de marzo de dos mil catorce (2014).
I.
ANTECEDENTES
Los
peticionarios de los procesos que se estudian en la presente sentencia interpusieron
acciones de tutela contra Colpensiones, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, al habérseles negado el
reconocimiento de la pensión de invalidez, bajo el argumento de que con base en
la fecha de estructuración, éstos no cumplían con el requisito de haber
cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores
a la estructuración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley
100 de 1993, modificada por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003.
Los expedientes T-4262812 y T-4270826, hacen
referencia a información que puede afectar el derecho
a la intimidad de los actores, razón por la cual la Sala decidió cambiar sus
nombres por los nombres Julián, y Andrés, respectivamente.
La
Sala Primera de Revisión advierte que durante el término de traslado de las
acciones de la referencia, pese a haber sido notificada la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, esta entidad guardó silencio sobre los
hechos y las pretensiones incoadas por cada uno de los accionantes.
A continuación se hará una exposición detallada
de cada uno de los procesos de la referencia.
1.
Caso de Blanca Nancy Hidalgo
contra Colpensiones expediente
T-4255281
1.1.
Hechos
1.1.1.
La señora Blanca Nancy Hidalgo es una persona de cincuenta y ocho (58) años de
edad,[1]
que desde el primero (1°) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)
se afilió como independiente al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, hasta
el treinta y uno (31) de julio de dos mil once (2011), completando un total de seiscientas
cincuenta y un (651) semanas cotizadas.[2]
1.1.2.
En declaración rendida por la peticionaria el veintiocho de mayo de dos mil
catorce (2014), manifestó que hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil
once (2011) realizó aportes al sistema, por cuanto desde esa época su situación
económica se dificultó al estar cada vez más enferma por la pérdida progresiva
de la visión.[3]
1.1.3.
Debido al estado de salud de la peticionaria, solicitó ante el ISS que le fuera
calificada la disminución de su capacidad laboral. El dieciséis (16) de mayo de
dos mil once (2011), la Vicepresidencia de Pensiones del ISS profirió dictamen en
donde determinó una pérdida de la capacidad laboral de la accionante del (55.40%),
con fecha de estructuración del doce (12) de septiembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998).[4]
1.1.4.
La accionante manifestó que en su historia clínica no hay ninguna anotación que
indique que el doce (12) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho
(1998), ella presentara alguna afectación en su salud, concretamente, en su
visión, para que fuera tal fecha la escogida para estructurar la invalidez.
1.1.5.
Adicionalmente, la señora Hidalgo indicó que los momentos en los cuales
presentó complicaciones de salud por manifestaciones de sus problemas de su
visión fueron: (i) el doce (12) de marzo de mil novecientos noventa y nueve
(1999), cuando reportó “agudeza visual de cuenta dedos a 30 cms por ambos
ojos y con nota de oftalmología en la que se reporta ceguera legal”,[5] (ii) el
cuatro (4) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), cuando se le
diagnosticó agudeza visual de 20/400, y (iii) el veintisiete (27) de junio de
dos mil uno (2001), cuando se le definió que tenía “agudeza visual por ojo
derecho de manos a 30 cms”.[6]
Sin embargo, expresó que estos padecimientos le permitieron continuar cotizando
como independiente hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil once (2011).
1.1.6.
El veintiocho (28) de junio de dos mil once (2011), Blanca Nancy Hidalgo
solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de
origen común, sin embargo, mediante la resolución GNR 211220 del veintiuno (21)
de agosto de dos mil trece (2013) le fue negada la prestación económica, al
considerar que la peticionaria no cumple con el requisito establecido en el artículo
39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003,
consistente en haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez.[7]
1.1.7.
Ante la decisión de Colpensiones de negarle el reconocimiento pensional, la
accionante solicitó al juez de tutela la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, así como el reconocimiento
definitivo de la pensión de invalidez.
1.2. Sentencia de
primera instancia
En
providencia del veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado
Sexto de Familia de Medellín negó la protección de los derechos fundamentales
de la accionante, al considerar que la peticionaria no interpuso ningún recurso
en contra del dictamen de pérdida de capacidad laboral, pese a no estar de
acuerdo con el mismo. Concluyó que la señora Hidalgo contaba con otros
mecanismos de defensa para hacer valer sus derechos pensionales y no puede el
juez de tutela entrometerse en asuntos que no son de su competencia.
1.3.
Impugnación
El
apoderado de Blanca Nancy Hidalgo impugnó la sentencia de primera instancia. En
su concepto, Colpensiones está actuando de manera arbitraria en tanto la
peticionaria cumple con los requisitos para que le sea reconocida la pensión de
invalidez.
1.4.
Sentencia de segunda instancia
La
Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín, mediante
providencia del dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013), confirmó
la sentencia recurrida, aclarando que la accionante “no agotó los medios
legales con que contaba y que eran eficaces frente a su inconformidad con la
fecha de estructuración de su discapacidad, además porque no cumple con los
requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993 artículo 39”.[8]
2.
Caso de Julián contra Colpensiones expediente T-4262812
2.1.
Hechos
2.1.1.
El señor Julián es una persona de cuarenta (40) años de edad,[9] que desde el tres (3) de
julio de mil novecientos noventa y siete (1997) empezó a cotizar al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil
once (2011), completando un total de doscientas treinta y ocho (238) semanas.[10]
2.1.2.
El seis (6) de septiembre de dos mil once (2011), la Vicepresidencia de
Pensiones del ISS profirió dictamen en donde determinó una pérdida de la
capacidad laboral del accionante del (67.20%), con fecha de estructuración del veinticuatro
(24) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), debido a que padece
VIH SIDA.[11]
2.1.3.
Manifestó el actor que desde el año dos mil once (2011) debido a su difícil
situación de salud, se ve obligado a tomar muchos medicamentos que le generan
debilidad, indisposición, pérdida del apetito, entre otros síntomas, que le
impiden desempeñarse laboralmente. Dando lugar a que dependa económicamente de
la caridad de sus familiares.[12]
2.1.4.
El veintiuno (21) de febrero de dos mil trece (2013), el señor Julián  solicitó
ante Colpensiones el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de origen
común. Sin embargo, mediante la resolución GNR 6011del dieciséis (16) de noviembre
de dos mil doce (2012),[13]
le fue negada dicha prestación al considerar que no cumplía con el requisito
establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, que exige haber cotizado
por lo cincuenta (50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores al
momento en que se produzca la invalidez.
2.1.5.
Decisión que fue recurrida por el peticionario y mediante resolución VPB 3742
del veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013),[14] fue confirmada por Colpensiones
tras considerar que “el asegurado no cumple con el requisito de las 26
semanas de cotización con anterioridad a la fecha de estructuración, y así
mismo se evidencia que el primer aporte realizado al Régimen de Prima media
corresponde al periodo de febrero de 1996, motivo por el cual no hay lugar al
reconocimiento de la pensión de invalidez solicitada”.
2.1.6.
Ante la decisión de Colpensiones de negarle el reconocimiento pensional, el
peticionario solicitó al juez de tutela el reconocimiento definitivo de la
pensión de invalidez, para garantizar sus derechos fundamentales a la seguridad
social y al mínimo vital, teniendo en cuenta que es un sujeto de especial
protección constitucional considerando la situación de vulnerabilidad en que se
encuentra por padecer VIH SIDA.
2.2.
Decisión objeto de revisión
El
Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, mediante
fallo del veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta, tras considerar que el accionante
podía acudir a la vía judicial ordinaria para resolver en esa sede sus
pretensiones.
3.
Caso de Alirio Durán contra Colpensiones expediente T-4263974
3.1.
Hechos
3.1.1.
El señor Alirio Durán es una persona de cincuenta y tres (53) años de edad,[15] que desde mil
novecientos noventa y cuatro (1994) se afilió al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones, completando un total de trescientas ocho (308) semanas cotizadas.
[16] El
veintiocho (28) de agosto de dos mil seis (2006)  sufrió un accidente cerebro
vascular que le dejó como secuela una parálisis corporal.[17]
3.1.2.
Por lo anterior, el accionante en principio fue calificado por la
Vicepresidencia de Pensiones del ISS, con una pérdida de la capacidad laboral del
accionante (67.3%), con fecha de estructuración del veintisiete (27) de febrero
de dos mil siete (2007), por medio del dictamen No. 48-07.
3.1.3.
Con base en tal dictamen, el veinte (20) de junio de dos mil siete (2007), el
señor Alirio Durán solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago de su pensión
de invalidez, sin embargo, mediante la Resolución No. 7656 del dos mil siete (2007),[18] le fue
negada la prestación económica. Lo anterior, al considerar que (i) no cumplía
con los requisitos establecidos en los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 y 1º
de la Ley 860 de 2003, esto es haber cotizado cincuenta
(50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración, pues solo tenía treinta y tres (33) semanas en los
tres (3) años inmediatamente anteriores; y, (ii) su fidelidad al sistema
no fue del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha en que por primera vez se calificó su estado de
invalidez.
3.1.4.
No obstante, en el expediente reposa otra calificación realizada cuatro (4) años
después del primer dictamen. En esta nueva calificación, la Vicepresidencia de
Pensiones del ISS el siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), determinó
una pérdida de la capacidad laboral del accionante del (69.19%), con fecha de
estructuración del treinta (30) de agosto de dos mil seis (2006).[19]
3.1.5.
Ante la decisión de Colpensiones de negarle el reconocimiento pensional, el señor
Alirio Durán solicitó al juez de tutela el reconocimiento definitivo de la
pensión de invalidez, con el fin de que le sea garantizado el goce efectivo de
su derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad social.
3.2.
Decisión objeto de revisión
El
Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, en sentencia del veinte (20)
de enero de dos mil catorce (2014), declaró improcedente la acción de tutela.
Para tal efecto, señaló que el peticionario puede acudir a la jurisdicción ordinaria
en su competencia laboral para solicitar el reconocimiento de la pensión de
invalidez.
4.
Caso de Andrés contra Colpensiones expediente T-4273974
4.1.
Hechos
4.1.1. Andrés es
una persona de cuarenta y cuatro (44) años de edad,[20] que desde el seis (6) de
julio del dos mil (2000) se afilió al Sistema de Seguridad Social en Pensiones,
hasta el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013), completando un total de
doscientas veintinueve (229) semanas cotizadas.[21]
4.1.2.
El veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), la Vicepresidencia de
Pensiones del ISS profirió dictamen en donde determinó una pérdida de la
capacidad laboral del accionante del (70.50%), con fecha de estructuración del siete
(7) de junio de dos mil (2000), debido a que padece VIH SIDA.[22]
4.1.3.
El veintiséis (26) de octubre de dos mil doce (2012), el peticionario solicitó
ante el ISS el reconocimiento y pago de su pensión de invalidez de origen común.
Sin embargo, mediante la resolución No. 15321 del cuatro (4) de diciembre de dos
mil doce (2012) le fue negada la prestación económica al considerar que el
peticionario no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003,
al no tener semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de estructuración. Contra
tal decisión, el accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación,
argumentando que para el reconocimiento pensional se deben tener en cuenta las
semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración.
4.1.4.
Por medio de la resolución VPB 2315 del dieciséis (16) de julio de dos mil
trece (2013),[23]
Colpensiones confirmó la resolución apelada tras considerar que Andrés no
cumple con los requisitos establecidos en los artículos 38 y 39 de la Ley 100
de 1993, modificados por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, pues no cuenta
con las cincuenta (50) semanas cotizadas al sistema en los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, y los aportes
efectuados con posterioridad a tal fecha no pueden contabilizarse para efectos
del reconocimiento pensional.
4.1.5.
Con base en los hechos narrados, el peticionario solicitó al juez de tutela el
reconocimiento de la pensión de invalidez, en aras de garantizar sus derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, teniendo en cuenta que
es un sujeto de especial protección constitucional considerando la  situación
de vulnerabilidad en que se encuentra por padecer VIH SIDA.
4.2.
Decisión objeto de revisión
El
Juzgado Quince Penal del Circuito de Medellín, mediante sentencia del
veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), negó la protección de
los derechos fundamentales del peticionario, al considerar que es el Juez
Laboral el llamado a resolver esta controversia y no el juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta
Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos
dentro de los procesos de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 86 y 241, numeral 9º, de la
Constitución, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto
2591 de 1991.
2.
Planteamiento de los casos y problema jurídico
2.1.
Los accionantes consideran que Colpensiones vulneró sus derechos fundamentales
al mínimo vital y a la seguridad social al no reconocerles el derecho a la
pensión de invalidez, a pesar de que se les dictaminara una pérdida de la capacidad
laboral superior al (50%), bajo el argumento de que no cotizaron las semanas exigidas
con anterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, de acuerdo con
lo estipulado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993. Por su parte, Colpensiones
guardó silencio en todas las acciones de tutela de la referencia a pesar de que
fue notificado de las mismas.
2.2.
Distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional han sostenido que la
fecha de estructuración fijada en el dictamen médico de pérdida de capacidad
laboral, debe coincidir con el momento en que la persona calificada pierde,
efectivamente, las condiciones físicas y mentales que le permiten continuar
trabajando y proveyéndose el sustento económico para suplir sus necesidades
básicas. [24]
En el caso de las enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, en
que la capacidad laboral se pierde de forma progresiva, la fecha de
estructuración debe ser aquella en la cual hay una pérdida permanente y
definitiva, de modo tal que no se fije la fecha arbitrariamente y, por el
contrario, esta atienda a las circunstancias de salud del calificado, a partir
de las cuales se estima que no está en capacidad de continuar laborando.
2.3.
Teniendo en cuenta estas consideraciones y los hechos que fundamentan las
acciones de tutela de la referencia, la Sala Primera de Revisión estima que se
pueden extraer dos problemas jurídicos: uno común a tres (3) de los cuatro (4)
casos y otro relativo al caso del señor Alirio Durán. Esto es así, porque en
este último asunto se negó el reconocimiento a la pensión de invalidez, por no
cumplir con el requisito de fidelidad con el sistema.
2.3.1.
¿Vulnera un fondo de pensiones (Colpensiones) el derecho fundamental al mínimo
vital y a la seguridad social de unos afiliados (Blanca Nancy Hidalgo, Julián y Andrés) por negarles el reconocimiento
de la pensión de invalidez, argumentando que no cotizaron las semanas
requeridas antes de la fecha de estructuración de la invalidez, con fundamento
en un dictamen de pérdida de capacidad laboral en el cual no se valoraron todas
los circunstancias fácticas indispensables para determinar el momento de
pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral de los
interesados?
2.3.2.
¿Vulnera un fondo de pensiones
(Colpensiones) el derecho fundamental al mínimo vital y a la seguridad social
de un afiliado (Alirio Durán) al negarle
el reconocimiento de la pensión de invalidez, porque el actor no cumplió el requisito de fidelidad
contenido en la versión original del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, el cual
fue declarado inexequible con posterioridad a la fecha de estructuración de
invalidez del usuario?
2.4. Para efectos de
resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala,       (i)
estudiará la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se busca el
reconocimiento y pago de un derecho pensional; luego, (ii) se hará una breve
reseña de las normas y la jurisprudencia constitucional sobre
el reconocimiento de la pensión de invalidez; posteriormente, (iii) se
analizará el tema de la estructuración en forma retroactiva del estado de
invalidez de personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas. Finalmente, (iv) se analizará cada uno de los casos sometidos a
consideración de la Sala.
2.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela para reclamar el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez
3.1. El artículo
86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”. En consecuencia, la procedibilidad de la tutela
estará supeditada a que el actor no cuente con otro medio de defensa judicial;
que el medio existente no sea idóneo o eficaz para la defensa de los derechos
cuyo amparo se pretende, o, finalmente que se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela se concede de manera
transitoria, mientras se resuelve en forma definitiva el respectivo asunto por
la vía judicial ordinaria.
3.2. Bajo estas consideraciones, esta Corporación ha
sido enfática en establecer que, en principio, la acción de tutela no es el
mecanismo judicial idóneo para resolver las controversias relacionadas con el
reconocimiento de derechos pensionales, toda vez que la competencia prevalente
para resolver este tipo de conflictos ha sido asignada a la jurisdicción
ordinaria en su competencia laboral, o a la jurisdicción contencioso
administrativa, según el caso.[25]
Sin embargo, la Corte Constitucional ha indicado que
cuando se presenta una tutela para la protección de un derecho fundamental,
basada en el reconocimiento de una pensión, sea ésta de vejez, sobrevivientes o
invalidez, es preciso establecer si en el caso concreto, existe un medio de
defensa judicial eficaz para proteger las garantías constitucionales del
interesado. Asimismo, ha considerado que hay especiales condiciones que deben
ser analizadas en cada caso concreto, para determinar la procedencia de la
acción, por ejemplo: que la persona interesada sea sujeto de especial
protección constitucional, como sucede con las personas de la tercera edad; o a
quienes por sus condiciones de vulnerabilidad económica, de salud o familiares,
no les es exigible acudir a otra vía judicial para solicitar la protección de
su derecho, habida cuenta del tratamiento preferencial que su condición exige.
Al respecto ha indicado:
“[C]uando la
reclamación pensional se concreta en el reconocimiento de una pensión por
invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que se trata de un
derecho fundamental per se, susceptible de protección por vía del amparo
constitucional, particularmente por coincidir dos elementos fundamentales: (i)
por una parte, la calidad del sujeto que la reclama. Es claro que las
circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta de una persona
declarada inválida, hacen necesaria la inmediata protección del derecho a la
pensión de invalidez, asegurando de esa manera la garantía y respeto de
derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el
mínimo vital entre otros; (ii) En segundo lugar, porque la importancia de
tal  reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos,
esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que
contaría la persona  y su grupo familiar dependiente para sobrellevar
su existencia en condiciones más dignas y justas”.[26]
3.3.
En los casos objeto de estudio, los accionantes disponen, en principio, de
otros mecanismos de defensa judicial para solicitar el reconocimiento y pago de
su pensión de invalidez ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la Sala
Primera de Revisión considera que estos mecanismos no revelan la idoneidad suficiente
para la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social de los peticionarios, pues las circunstancias personales de cada uno, hace que
requieran la protección inmediata de esos derechos.
3.4.
Con base en los hechos narrados y de la información obrante en los expedientes,
la Sala advierte que en los asuntos analizados en esta ocasión, los accionantes
reúnen unas características personales similares y especiales que a la luz de los
postulados constitucionales tornan la acción de tutela como el mecanismo
judicial idóneo para buscar la defensa de sus derechos fundamentales. Se trata
de personas que se encuentran gravemente enfermas, que dependen de terceros
para realizar la mayoría de sus actividades cotidianas, que no cuentan con
ingresos económicos suficientes para suplir sus necesidades esenciales y no
tienen expectativas de recibir otros ingresos distintos a los que podrían
percibir por concepto de la pensión de invalidez, debido al alto porcentaje de
pérdida de su capacidad laboral.
Además,
en el caso de los señores Julián y Andrés hay una particularidad relevante, consistente
en que ambos padecen VIH SIDA. Por lo que debe tenerse en cuenta que al
tratarse de personas con este padecimiento, son acreedoras de una protección
constitucional reforzada, “debido a la gravedad de la enfermedad, su
carácter progresivo y el agravante de que no ha sido posible encontrar una
cura”.[27]
Esta protección especial se ve reflejada en la procedencia de la acción de
tutela de manera directa y definitiva para el reconocimiento de la pensión de
invalidez.[28]
De
esta manera, lo que se busca con las acciones interpuestas es proteger el
derecho que le asiste a los accionantes de gozar de un ingreso mensual
autónomo, acorde con la noción de dignidad humana, que les permita
fundamentalmente, cubrir sus necesidades más básicas y el acceso a los
servicios de salud indispensables para el tratamiento de la patología que
padecen. Estas circunstancias permiten a la Sala concluir que las acciones objeto
de análisis cumplen con el requisito de subsidiariedad, siendo necesario un pronunciamiento
inmediato sobre la protección de los derechos fundamentales de estos sujetos
que, adicionalmente, son titulares de una especial protección constitucional
debido a la disminución en su capacidad física.
4.
Régimen jurídico de la pensión de invalidez de origen común
4.1. La pensión
de invalidez puede generarse por enfermedades o accidentes de riesgo común o de
origen profesional.[29]
En lo que guarda relación con la pensión de invalidez por riesgo común, ésta
exige además de la pérdida de la capacidad laboral certificada por cualquiera
de las entidades competentes,[30]
el cumplimiento de los requisitos establecidos por el legislador en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual el afiliado para poder
acceder a la pensión de invalidez debe reunir los siguientes requisitos:
“a. Que el afiliado se encuentre
cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas,
al momento de producirse el estado de invalidez.
“b. Que habiendo dejado de cotizar al
sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas
del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de
invalidez”.
Sin embargo, esta norma fue modificada
por la Ley 860 de 2003,[31]
que en su artículo 1° estableció:
“Tendrá derecho a la pensión de invalidez
el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea
declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
“1. Invalidez causada por enfermedad: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
“2. Invalidez causada por accidente: Que
haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años
inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad de
cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del
tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y
la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.
4.2. La Corte Constitucional en la sentencia C-428 de 2009,[32] al estudiar la constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 860 de 2003,
determinó que el requisito de fidelidad introducido por esta Ley evidenciaba
una regresividad en el sistema pensional. La Sala Plena de la Corte
Constitucional consideró que al confrontar los textos normativos del artículo
39 de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas en los numerales
1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, el Legislador agregó un
requisito de acceso al beneficio pensional más gravoso para el cotizante, al
exigir la demostración de su fidelidad con el sistema, exigiendo cotizaciones
mínimas del (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez. Al respecto esta Corporación indicó:
“El establecimiento de una exigencia
adicional de fidelidad, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, aparece, prima
facie, como una medida regresiva en materia de seguridad social al hacer más
riguroso el acceso a la pensión de invalidez. En este caso no hay población
beneficiada por la norma como en el requisito de las semanas mínimas de
cotización, y no se advierte una conexión entre el fin previsto en la norma -la
promoción de la cultura de la afiliación a la seguridad social y el control de
los fraudes- con los efectos producidos por la misma”.
En virtud de lo anterior, esta Corporación concluyó
que el requisito de fidelidad permitía apreciar una regresividad en el sistema
pensional colombiano, razón por la cual declaró inexequible la expresión “y
su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte
(20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.[33]
4.3. Los
efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la sentencia C-428 de 2009
cobija aquellas situaciones en las cuales la fecha de estructuración de la
invalidez del afiliado es posterior a la de expedición de la sentencia, esto
es, el primero (1) de julio de dos mil nueve (2009), pues las situaciones en
las cuales la fecha de estructuración es anterior, deberán regirse bajo los
requisitos exigidos por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 en su versión
original.
Sin
embargo, en reiteradas sentencias de tutela, diferentes Salas de Revisión han
sostenido que los efectos de la sentencia C-428 de 2009 también son aplicables
a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad parcial,
por cuanto el texto del artículo 1 de la Ley 860 de 2003, en su redacción
original, y en cuanto al requisito de fidelidad, es contrario al principio de
progresividad del Sistema de Seguridad Social, y lo que hizo el estudio de
constitucionalidad fue “corregir una situación que desde siempre fue contraria
al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y que, por
consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter irregular de una disposición
que desde antes estaba en contra de la Constitución”.[34]
Igualmente, en la sentencia T-822 de 2009,[35] al estudiar
el caso de un persona con (59.54%) de pérdida de la capacidad laboral por
padecer cáncer de colon y fecha de estructuración de la invalidez el veintisiete
(27) de noviembre de dos mil siete (2007), a quien el ISS le negó el derecho a
la pensión de invalidez por no cumplir con el requisito de fidelidad del
artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Esta Corporación reiteró, que la sentencia
C-428 de 2009 corrigió una situación que desde siempre fue inconstitucional,
por lo tanto, el pronunciamiento contenido en la misma providencia, tiene un
efecto declarativo y no constitutivo.
Además, agregó que por la vigencia del principio pro homine, el juez constitucional
debía proferir la interpretación más garantista del derecho a la pensión de
invalidez de los afiliados  “[…] de manera que también en este caso se
estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y
exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la
Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los
derechos”. Así, en ambas oportunidades esta Corporación concluyó que tendrá
derecho a acceder a la pensión de invalidez el afiliado (i) que tenga una
pérdida de capacidad laboral superior al 50% y (ii) que haya cotizado como
mínimo cincuenta (50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez.
Por su parte, en la sentencia T-924 de 2009,[36] la Sala
Novena estudió el caso de una persona con pérdida de capacidad laboral del (61.23%
y fecha de estructuración de invalidez el tres (3) de octubre de dos mil siete
(2007), a quien, inicialmente, se le negó el derecho a la pensión por no
cumplir el requisito de fidelidad del artículo 1º de la Ley 860 de 2003. En
esta sentencia la Corte consideró:
“[L]a
reclamación que por vía de tutela hizo la accionante en procura de la
protección de sus derechos fundamentales, en especial en lo atinente al
reconocimiento de su pensión de invalidez, y cuyo amparo solo se podía alcanzar
por vía de la mencionada excepción de  inconstitucionalidad, ahora, se puede
reclamar con la seguridad de que tal prestación sería reconocida con el
cumplimiento de los únicos requisitos exigidos para tal efecto: (i) una pérdida
de capacidad laboral superior al 50%, y (ii) haber cotizado cuando menos 50
semanas en los tres últimos años anteriores a la estructuración de la
invalidez”.
4.4. La
Sala concluye que cuando la fecha de estructuración de la invalidez es previa a
la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 1 de la Ley 860 de
2003, para acceder al reconocimiento pensional, el interesado sólo debe
acreditar el cumplimiento de dos (2) requisitos: (i) ser inválido, es decir, tener
una pérdida de capacidad laboral superior al (50%), y (ii) haber cotizado como
mínimo cincuenta (50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a
la fecha de estructuración de la invalidez. Y en ese mismo sentido, resulta
inadmisible que el fondo de pensiones niegue el acceso a la pensión de
invalidez a una persona, al exigir requisitos que por demás resultan
inconstitucionales, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación y las
normas vigentes sobre la materia.
5.
En el caso de las enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, la fecha
de estructuración de la invalidez debe ser aquella en la cual hay una pérdida permanente
y definitiva de la capacidad laboral, de forma tal que no se fije la fecha arbitrariamente
5.1. Como se dijo en el acápite anterior, respecto de
las contingencias derivadas de la invalidez por riesgo común, el sistema
general de pensiones consagró el reconocimiento de la pensión de invalidez para
aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 39 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, a
saber; (i) ser una persona inválida, es decir, sufrir una pérdida de la capacidad
laboral igual o superior al (50%), y (ii) haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres (3) años
anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.
5.2. Sobre el segundo requisito, esta Corporación ha
señalado que las personas cuya pérdida de la capacidad laboral es producto del
padecimiento de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, tienen
derecho a que la fecha de estructuración de la invalidez se fije en relación
con el momento en que se pierde efectivamente la capacidad laboral. Entendiendo
la pérdida de la capacidad como la incapacidad de seguir ofreciendo la fuerza
de trabajo en el mercado laboral y, en consecuencia, la imposibilidad de
proveerse autónomamente un sustento económico, así como de continuar efectuando
cotizaciones al sistema general de seguridad social.
Ha entendido la Corporación que por tratarse de
enfermedades cuyos efectos se manifiestan de forma progresiva, la capacidad
para trabajar va perdiéndose poco a poco y, por ello, a pesar del deterioro de
la salud y de lo que señala el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, la
persona mantiene su capacidad productiva y continúa cotizando a la seguridad
social, hasta un momento en que debido a que su condición de salud se agrava,
no puede hacerlo más.
5.3. Es necesario analizar entonces, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional respecto de aquellos supuestos en los que la causa
de la invalidez se deriva de una enfermedad crónica, degenerativa o congénita,
en los que la fecha de estructuración se establece en un momento anterior al
dictamen, pues en algunos casos, se ha determinado que ese dictamen vulnera el
derecho a la seguridad social de los afiliados al sistema. Es así como la fecha
en la cual se pierde la capacidad para trabajar puede ser diferente a la de la estructuración
de la invalidez que indica el dictamen, cuando para establecerla no se han
tomado en cuenta todas las circunstancias fácticas que indican el momento en
que hubo una pérdida permanente y definitiva.[37]
5.3.1. En la sentencia T-699A de 2007[38] la Sala Cuarta de
Revisión conoció del caso de una persona que sufría de VIH Sida, a quien el
cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004) le fue diagnosticada una pérdida
de la capacidad laboral del cincuenta y tres punto veinticinco por ciento (53.25%),
con fecha de estructuración el veinticuatro (24) de julio de dos mil tres (2003).
Con fundamento en la anterior calificación, el
accionante solicitó a la entidad responsable que le reconociera la pensión de
invalidez. En comunicación del trece (13) de abril de dos mil cuatro (2004), el
Fondo respondió negativamente la solicitud, argumentando que no cumplía con el
requisito previsto en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 1 de la Ley 860 de 2003, de haber cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez.
En una segunda calificación se señaló
que la pérdida de la capacidad laboral del peticionario era de sesenta y un
punto cero cinco por ciento (61.05%), con la fecha de estructuración
establecida en el primer dictamen. En el dictamen final, expedido por la Junta
Nacional de Calificación, se estableció que la fecha de estructuración
correspondía al cinco (5) de junio de dos mil tres (2003). Pero la solicitud de
reconocimiento de la pensión fue nuevamente negada, por cuanto la entidad
insistió en que la persona no reunía las semanas mínimas de cotización. A
propósito de esta situación, la Sala se pronunció en el siguiente sentido:
“[E]n razón del carácter progresivo y degenerativo de la
enfermedad, pueden darse casos, como el presente, en los que, no obstante que
de manera retroactiva se fije una determinada fecha de estructuración de la
invalidez, la persona haya conservado capacidades funcionales, y, de hecho,
haya continuado con su vinculación laboral y realizado los correspondientes
aportes al sistema de seguridad social hasta el momento en el que se le
practicó el examen de calificación de la invalidez. Así pues, el hecho de que
la estructuración sea fijada en una fecha anterior al momento en que se pudo
verificar la condición de inválido por medio de la calificación de la junta,
puede conllevar a que el solicitante de la pensión acumule cotizaciones durante
un periodo posterior a la fecha en la que, según los dictámenes médicos, se
había estructurado la invalidez, y durante el cual se contaba con las
capacidades físicas para continuar trabajando y no existía un dictamen en el
que constara la condición de invalidez.
“En consecuencia, se presenta
una dificultad en la contabilización de las semanas de cotización necesarias
para acceder a la pensión, toda vez que, si bien la ley señala que tal
requisito debe verificarse a la fecha de estructuración, en atención a las
condiciones especiales de esta enfermedad, puede ocurrir que, no obstante que
haya algunas manifestaciones clínicas, el portador esté en la capacidad de
continuar trabajando, y de hecho siga realizando los aportes al sistema por un
largo periodo, y, solo tiempo después, ante el progreso de la enfermedad y la
gravedad del estado de salud, se vea en la necesidad de solicitar la pensión de
invalidez, por lo que al someterse a la calificación de la junta se certifica
el estado de invalidez y se fija una fecha de estructuración hacia atrás. Así
las cosas, no resulta consecuente que el sistema se beneficie de los aportes
hechos con posterioridad a la estructuración para, luego, no tener en cuenta
este periodo al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el reconocimiento de la pensión.
“En este contexto, debe
tenerse en cuenta que, dado que la pensión de invalidez tiene la finalidad de
sustituir los emolumentos dejados de percibir, el solicitante solo tendría
interés y necesidad en reclamarla cuando sus condiciones de salud le impidan
continuar laborando y por tanto percibiendo ingresos. Así, cabría cuestionarse
si es procedente que la respectiva A.F.P. desconozca las cotizaciones
realizadas desde la fecha de estructuración hasta el momento de la
calificación, cuando efectivamente se pudo establecer el estado de invalidez”.
5.3.2. En la sentencia T-710 de 2009[39]
la Sala Primera de Revisión conoció el
caso de un hombre que sufría de VIH Sida, quien cotizó antes y después de la
fecha de estructuración de la invalidez. Dijo la Corporación que en aplicación
del principio de solidaridad, el fondo de pensiones debía contabilizar las
semanas que fueron cotizadas por el peticionario después de la fecha de estructuración
de la invalidez, pues a pesar de que médicamente se estableció que la persona
había perdido la capacidad laboral, el hecho de continuar cotizando al sistema
mostraba que la mantenía sus facultades físicas y mentales. Sostuvo en concreto
la Sala:
“[C]on todo, a pesar del carácter progresivo y degenerativo de la enfermedad
que padece el señor XXX, se advierte que éste pudo conservar sus capacidades
funcionales y continuó trabajando y aportando al sistema de seguridad social
por dos años y cuatro meses después de la fecha señalada como de estructuración de la invalidez, bajo
la vigencia de la Ley 860 de 2003. Lo anterior demuestra que a pesar de las
manifestaciones clínicas del actor, éste se mantuvo activo laboralmente,
cotizando a la seguridad social y solo ante el progreso de la enfermedad, se
vio en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez y de someterse a la
calificación de su pérdida de capacidad laboral. Y fue en este momento, 11 de
octubre de 2006, cuando el fondo de pensiones fija una fecha de estructuración
anterior, de la que desprende el no reconocimiento de pensión de invalidez
solicitada”.
5.3.3. Asimismo,
en la sentencia T-561 de 2010[40]
la Sala Sexta de Revisión analizó una acción de tutela, en la cual se debatía
si resultaba procedente reconocer la pensión de invalidez para garantizar los
derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de una persona
que había perdido su capacidad laboral, porque se había agravado su diagnóstico
de esquizofrenia esquizo-afectiva. La peticionaria solicitó al Seguro Social,
en el año dos mil cuatro (2004), después de cotizar durante dos (2) décadas, el
reconocimiento de la pensión de invalidez cuando su condición se agravó. Sin
embargo, la entidad fijó como fecha de estructuración aquella en la cual la
actora había pasado por una situación clínica compleja en mil novecientos
ochenta y tres (1983). En esta oportunidad, la Corte determinó que debía
considerarse como fecha de estructuración, el día en que se realizó el dictamen
de la Junta de Calificación de Invalidez. Al respecto la Sala advirtió:
“En efecto, el proceso de aseguramiento de los riesgos
de invalidez, vejez o muerte exige el cumplimiento de algunos requisitos, pero
el sistema no puede desconocer las circunstancias particulares de un caso como
el que se revisa, para negar el reconocimiento de una pensión por invalidez,
cuando está demostrado más que suficientemente que la interesada pudo cotizar a
pensiones hasta el año 2004, muy a pesar de la supuesta condición de invalidez
que se habría estructurado desde 1983. Por tal motivo, entiende la Sala que
sólo en el año de 2004 se consolida en la accionante una verdadera situación de
invalidez, por lo que serán las normas y las situaciones fácticas de ese
momento las que en efecto han de ser tenidas en cuenta para una adecuada
valoración y calificación de su invalidez y del efectivo cumplimiento o no de
la condición de persona inválida”.
5.3.4. En el mismo sentido, en la sentencia T-103 de
2011[41]
la Sala Sexta de Revisión estudió el caso de una persona diabética, con pérdida
de la capacidad laboral superior al sesenta por ciento (60%), a la que se le
negó el derecho a la pensión de invalidez por no haber cotizado cincuenta (50)
semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la
invalidez. La fecha de estructuración se fijó en un momento muy anterior (año
2002) a aquel en que se originó la situación que le impidió al actor continuar
trabajando, es decir, cuando sufrió la amputación de su pie derecho en el año dos
mil ocho (2008). Se sostuvo al respecto:
“[H]a resaltado esta Corporación que: “una
persona es inválida cuando no puede seguir ofreciendo su fuerza laboral, por la
disminución sustancial de sus capacidades físicas e intelectuales para
desarrollar una actividad laboralmente remunerada”. Igualmente […] la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia advirtió que una persona es
declarada inválida “desde el día en que le sea imposible procurarse los medios
económicos de subsistencia (Casación de 17 de agosto de 1954, citada en
Constaín, Miguel Antonio. Jurisprudencia del Trabajo volumen II, edit. Temis,
Bogotá 1967. Pág. 725). También esa Corte expresó: “como la invalidez es un
estado que tiene relación directa con el individuo y con la sociedad en la cual
se desenvuelve, el criterio de evaluación debe tener patrones científicos que
midan hasta qué punto el trabajador queda afectado para desempeñar la labor de
acuerdo con las características del mercado laboral.” (Sala de Casación Laboral
sentencia 17187 de noviembre 27 de 2001 MP Germán Valdés Sánchez).” Y concluyó:
“[s]e colige de lo expuesto que un elemento definidor del estado de invalidez,
es el hecho de que la persona por sí misma no puede procurarse los medios para
una vida digna y decorosa, medios que se adquieren normalmente de una actividad
laboral remunerada; presumiéndose, en principio, que el momento clave de la
estructuración de la invalidez está íntimamente ligado con aquel en que la
persona no pudo seguir laborando como consecuencia de condiciones físicas o
mentales”.
Agregó la Sala que si bien en los años anteriores a la
amputación de su pie, el actor había sufrido deterioro de su salud, tal
situación no se constituía en el momento de pérdida de la capacidad laboral,
porque a pesar de ello el tutelante continuó desempeñándose como empleado
agropecuario. Se sostuvo que la entidad accionada desconoció el derecho
fundamental al mínimo vital del peticionario al negarle el reconocimiento del
derecho a la pensión de invalidez sobre la base de una fecha de estructuración
establecida sin sustento en el desarrollo de su enfermedad, resultando este
proceder también violatorio del principio de favorabilidad en materia de
seguridad social por cuanto desconocía cinco (5) años de cotizaciones que
efectuó el actor al Sistema General de Pensiones. En consecuencia, ordenó al
fondo de pensiones que reconociera al tutelante la pensión de invalidez tomando
como fecha de la estructuración la fecha de amputación de su pie derecho,
momento a partir del cual no pudo continuar laborando.
5.3.5. También, en la sentencia T-671 de
2011[42]
la Sala Octava de Revisión amparó el
derecho a la pensión de invalidez de una persona que fue calificada con el sesenta
y cuatro punto sesenta y cuatro por ciento (64.64%)  de pérdida de la capacidad
laboral y la fecha de estructuración de esa invalidez se fijó para el trece (13) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981),
momento en el que le fue diagnosticada por primera vez la enfermedad que
padecía y que fue la causa de su invalidez, y no el día en que perdió de forma
definitiva y permanente. La entidad de pensiones responsable negó el derecho a
la pensión porque en los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración
de la invalidez la persona no registró semanas cotizadas. Al respecto dijo la
Corporación que:
“[C]omo la referida
resolución tomó como fecha de estructuración de la invalidez el momento en que
se manifestó por primera vez la enfermedad de la agenciada, y esto constituye
una afrenta al derecho a la seguridad social de aquella, esta Sala tomará, de
acuerdo con los lineamientos expuestos en el acápite sexto de esta providencia,
el 27 de febrero de 2007 como fecha de estructuración de la invalidez, dado que
este fue el día en que el galeno de medicina laboral del ISS la determinó”.
En la sentencia citada, la Sala constató que era una
práctica de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, señalar como
fecha de estructuración de la invalidez el momento en que se diagnosticó la
enfermedad o aparecieron los primeros síntomas de la misma, lo cual se consideró
como una violación del derecho fundamental a la seguridad social por varias
razones. En primer lugar, porque en las enfermedades crónicas o degenerativas,
la pérdida de la capacidad laboral es gradual, por lo que las personas, en
ocasiones, pueden seguir trabajando y cotizando al sistema. En segundo lugar, porque
no se tienen en cuenta los aportes realizados por el trabajador con
posterioridad a la fecha de estructuración. Y en tercer lugar, porque se desconoce
el Decreto 917 de 1999,[43] el cual define esta fecha como aquella “en que se
genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente
y definitiva”. Al resolver el caso concreto en la sentencia citada, se
sostuvo que el considerar como fecha de estructuración de la invalidez, el día
que el Seguro Social calificó por primera vez la enfermedad, “constituye una
afrenta al derecho a la seguridad social de la peticionaria”.
5.3.6. En igual sentido se pronunció la Sala Primera
de Revisión en la sentencia T-209 de 2012.[44]
En el caso concreto se tomó como referencia para establecer la fecha de
estructuración de la invalidez la de la última cotización realizada por el
actor al sistema de pensiones. Se trató del caso de una persona que padecía de artrosis
severa e insuficiencia renal crónica y fue calificada con pérdida de la capacidad
laboral del setenta y seis punto veinticinco por ciento (76.25%), con
estructuración el diez (10) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986),
sin que para esa época estuviera impedido para seguir laborando. Indicó:
“[L]a invalidez de una persona se determina cuando no
puede seguir ofreciendo su fuerza laboral por la disminución sustancial de sus
capacidades físicas, intelectuales o ambas, para desarrollar una actividad,
situación que le impide seguir cotizando al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones. En el presente caso es claro que la invalidez del actor no se
configuró en el año de 1986, tal como lo establece el ISS, ya que éste continuó
laborando y realizando los respectivos aportes al Sistema, por lo que se
desvirtúa la presunta invalidez que lo afectó durante todo el tiempo en que
efectuó tales aportes, esto es, hasta el año 2011 cuando su estado de salud le
impidió continuar laborando”.[45]
Precisó la Sala que una entidad administradora de
pensiones vulnera las garantías constitucionales de una persona que sufre una
enfermedad crónica, degenerativa o congénita, especialmente su derecho
al mínimo vital, cuando niega el reconocimiento de la pensión de invalidez sin
antes verificar que la fecha de estructuración de la invalidez coincida con el
momento en que la persona efectivamente deja de ser apta para continuar en el
mercado laboral.
5.4. En este orden de ideas, la Corte ha sostenido que
un fondo de pensiones debe tener en cuenta las cotizaciones realizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez. Esta postura parte
de la consideración de que, aunque la fecha de estructuración se haya fijado en
un momento determinado, en ciertos casos es posible que con posterioridad a esa
fecha, la persona conserve una capacidad laboral residual que, sin que se
advierta ánimo de defraudar al sistema de pensiones, le haya permitido seguir
trabajando y cotizando hasta que llega a un punto en que la incapacidad se
vuelve total.
5.5. En suma, esta Corporación, dependiendo del caso
concreto, ha admitido como fecha de estructuración de la invalidez (i) un
momento posterior al definido en el dictamen médico de pérdida de capacidad
laboral, y (ii) un momento anterior al definido en el mismo dictamen. Ambas
situaciones tienen fundamento en la concepción constitucional de la invalidez,
que, como ya se advirtió, se explica como la imposibilidad de la persona para
continuar proveyendo el sustento económico que le garantice su mínimo vital, y
la subsecuente afiliación a la seguridad social. Así las cosas, para establecer
el momento en que se pierde efectivamente la capacidad laboral cuando se trata
de personas que padecen enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, el
dictamen de pérdida de capacidad laboral debe incorporar las razones objetivas
de dicha pérdida, y en ocasiones, el contenido del dictamen se debe armonizar
con el momento en que el estado de invalidez se exteriorizó, de forma tal que
le impidió al usuario continuar realizando una labor o actividad económica para
su sustento y el de su familia.[46]
6. Expediente T-4255281.
Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social de Blanca Nancy Hidalgo al negar el reconocimiento de la
pensión de invalidez, sin antes haber valorado que después de la fecha en que
se fijó la estructuración de la invalidez la peticionaria aún conservaba su
capacidad laboral y continuó haciendo sus respectivos aportes al sistema
6.1. La señora Blanca Nancy Hidalgo cotizó al sistema general
de pensiones desde el primero (1°) de septiembre de mil novecientos noventa y
ocho (1998), hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil once (2011), completando
un total de seiscientas cincuenta y una (651) semanas.[47] Expuso que
dejó de cotizar al sistema debido a la difícil situación de salud en que se
encontraba, pues el alto porcentaje de pérdida de la visión le impide
desarrollar la mayoría de las actividades cotidianas y proveerse su propio
sustento. Por este motivo, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la
pensión de invalidez con fundamento en el dictamen emitido el dieciséis (16) de
mayo de dos mil once (2011) por la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, en el
cual se determinó que tenía una pérdida de la capacidad laboral del (55.40%),
estructurada el doce (12) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).[48]
La entidad accionada negó dicha petición argumentando que la señora Hidalgo no
cumplía el requisito de haber cotizado veintiséis (26) semanas en el año
inmediatamente anterior al momento en que se produjo la invalidez.[49]
6.2. En
el caso objeto de estudio, la fecha de estructuración que se determinó en el
dictamen de pérdida de la capacidad laboral fue el doce (12) de septiembre de
mil novecientos noventa y ocho (1998). Sin embargo, la peticionaria considera
que tal fecha no fue un momento determinante en la pérdida de su capacidad
laboral, pues si bien tuvo épocas en las cuales su salud se encontraba muy
delicada, como por ejemplo, el doce (12) de marzo de mil novecientos noventa y
nueve (1999), en la cual reportó “agudeza visual de cuenta dedos a 30 cms
por ambos ojos y con nota de oftalmología en la que se reporta ceguera legal”,[50]
el cuatro (4) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), en la cual
reportó agudeza visual de 20/400, y el veintisiete (27) de junio de dos mil uno
(2001), cuando se le diagnosticó “agudeza visual por ojo derecho de manos a
30 cms”,[51]
esto no le impidió seguir cotizando al sistema de seguridad social en pensiones.
Por esto, afirma que en el mes de mayo de dos mil once
(2011),[52]
cuando se vio en la imposibilidad de continuar trabajando y llevando una vida
autónoma, debido a la paulatina pérdida de la visión, solicitó a la Junta
médica de calificación de invalidez, que le determinaran la pérdida de la
capacidad laboral. Pues, por el alto grado de pérdida de la visión
empezó a depender de la caridad de su familia para la satisfacción de sus
necesidades básicas y a dificultársele realizar las cotizaciones al sistema general
de seguridad social en pensiones.[53]
6.3.
Sin desconocer el dictamen médico en el que se fijó a la accionante su pérdida
de capacidad laboral, la Sala considera que dicha fecha de estructuración, como
acertadamente lo indicó la accionante, no coincide con el momento en que perdió
la capacidad para trabajar debido al progreso de su enfermedad y la posibilidad
de sostenerse autónomamente, pues si bien desde el doce (12) de marzo de mil
novecientos noventa y nueve (1999) comenzaron algunas manifestaciones clínicas de sus problemas de visión,
(i) la accionante cotizó al sistema hasta el año dos mil once (2011), esto es,
durante doce (12) años más; adicionalmente, (ii) en la información contenida en la historia clínica de la señora
Hidalgo, no aparece referenciado el doce (12) de septiembre de mil novecientos
noventa y ocho (1998) como un momento determinante en la enfermedad de la
accionante, es más, ni siquiera hay alguna constancia en la cual se verifique
que ese día la peticionaria presentó molestias en sus ojos, que dieran lugar a
una pérdida del (50%) o más de su capacidad. Por el contrario consta lo
siguiente:
“Historia
Clínica Completa: Paciente con antecedente de visión subnormal en ambos
ojos, con historia de oftalmología desde el 4 de agosto de 1999 que reporta
agudeza visual 20/400. Epicrisis o resumen de historia clínica: por ojo
izquierdo en fecha de 27/3/99 se reporta agudeza visual de cuenta dedos a 30
CMS por ambos ojos y con nota de oftalmología en la que se reporta ceguera
legal”.[54]
6.4. Como quedó consignado en las consideraciones que
fundamentan esta providencia, en aquellos casos en los que se deba establecer
la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de una persona
que sufra una enfermedad que implique una pérdida paulatina de sus condiciones
y destrezas físicas, mentales y sociales, que no le impida ejercer actividades
laborales remuneradas durante ciertos períodos de tiempo, la entidad encargada
de realizar el dictamen de pérdida de la capacidad laboral deberá tener en
cuenta que la fecha de estructuración corresponde a aquella en que el afiliado
pierde efectivamente su capacidad de forma permanente y definitiva, de
tal forma que le impide desarrollar cualquier actividad económicamente
productiva.[55]
6.5. A diferencia de las consideraciones realizadas
por Colpensiones al negar la petición, y reiterando lo sostenido por esta
Corporación en la sentencia T-671 de 2011,[56]
en la cual se dijo que la fecha del accidente o del primer diagnóstico de una
enfermedad no siempre coincide con la de la pérdida de capacidad laboral. En
este asunto, el día en que a la peticionaria se le diagnosticó su problema de
visión no coincide con la fecha en que se produce la pérdida definitiva y total
de la capacidad para trabajar.
En
el dictamen proferido por la Vicepresidencia de Pensiones del ISS el dieciséis
(16) de mayo de dos mil once (2011), se determinó una pérdida de la capacidad
laboral de la accionante del (55.40%), con fecha de estructuración del doce
(12) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998).[57] Momento en el cual se le
realizó el primer diagnóstico de la enfermedad a la actora y no al momento en
que perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva, tanto es así,
que continuó aportando al sistema de seguridad social hasta el treinta y uno
(31) de julio de dos mil once (2011), completando un total de ciento cincuenta  y
cuatro punto veintinueve (154.29) semanas cotizadas.[58]
6.6. Con fundamento en lo expuesto y en aplicación de
la jurisprudencia mencionada, la Sala de Revisión concluye que Colpensiones
vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de la
señora Blanca Nancy Hidalgo, al hacer el estudio sobre el cumplimiento de los
requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de invalidez, toda vez
que desconoció que la fecha en que la Vicepresidencia de Pensiones del ISS fijó
la estructuración de su pérdida de la capacidad laboral, esta no había perdido
en forma permanente y definitiva su capacidad de trabajo, pues, la
disminución paulatina de la visión,[59]
implica una pérdida de la capacidad laboral progresiva. Prueba de ello es, como se indicó en el párrafo
precedente, que continuó cotizando al sistema doce (12) años más con
posterioridad a la fecha en que se afirma se estructuró su invalidez, cotizando un total de seiscientas cincuenta y una (651)
semanas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo
39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003,[60]
la accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez pues presenta
una pérdida de su capacidad laboral del (55.40%), y ciento cincuenta  y cuatro punto veintinueve (154.29)
semanas cotizadas, durante los
últimos tres (3) años.[61]
Cotizaciones que deben tenerse en cuenta pese a que se realizaron con
posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez, porque aunque se
fijo en una fecha determinada, en este caso la accionante conservó su capacidad
laboral residual que le permitió seguir laborando y cotizando al sistema, hasta
llegar al momento en que la enfermedad le impidió seguir laborando.
6.7. Por lo expuesto, en la parte resolutiva
de este fallo se revocará la sentencia proferida por la Sala Segunda de Decisión de Familia del Tribunal
Superior de Medellín, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013),
que confirmó el fallo
proferido por el Juzgado Sexto de Familia
de Medellín el veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013), en el cual
se negó el amparo solicitado por la peticionaria, tras considerar que la señora
Hidalgo contaba con otros mecanismos de defensa para hacer valer sus derechos
pensionales. En su lugar, se
tutelarán los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de
la señora Blanca Nancy Hidalgo, y se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que dentro de los quince (15) días hábiles
contados a partir de la notificación de
la presente providencia, reconozca y pague en forma definitiva la pensión de
invalidez a favor de la señora Blanca Nancy Hidalgo Nieto.
7. Expediente T-4262812.
Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social del señor Julián
al negar el reconocimiento de la pensión de invalidez, sin antes haber valorado
que después de la fecha en que se fijó la estructuración de la invalidez el
peticionario aún conservaba su capacidad laboral
y continuó haciendo sus respectivos aportes al sistema.
7.1.
El señor Julián cotizó al Sistema General de Pensiones desde el tres (3) de
julio de mil novecientos noventa y siete (1997), hasta el treinta (30) de
noviembre de dos mil once (2011), completando un total de doscientas treinta y
ocho (238) semanas.[62]
Expuso que desde finales del año dos mil once (2011) dejó de cotizar a
pensiones, por el delicado estado de salud que atravesaba debido a que padece VIH
SIDA C3. Por esto, el peticionario solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en el dictamen emitido
el seis (6) de septiembre de dos mil once (2011) por la Vicepresidencia de
Pensiones del ISS, en el cual se determinó una pérdida de la capacidad laboral
del (67.20%), estructurada el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos
noventa y cuatro (1994).
Sin
embargo, la entidad accionada mediante la resolución GNR 6011 del dieciséis (16)
de noviembre de dos mil doce (2012), negó la prestación solicitada tras
considerar que el peticionario no cumplía con el requisito establecido en el
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 860
de 2003. Esta decisión fue confirmada por medio de la resolución VPB 3742 del veinte
(20) de agosto de dos mil trece (2013).[63]
7.2.
Como quedó consignado en las consideraciones que fundamentan esta providencia, en
aquellos casos en los que se deba establecer la fecha de estructuración de la
pérdida de la capacidad laboral de una persona que sufra una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, entre las que se encuentra el SIDA, que no
le impida ejercer actividades laborales remuneradas durante ciertos períodos de
tiempo, la entidad encargada de realizar el dictamen de pérdida de la capacidad
laboral deberá tener en cuenta que la fecha de estructuración corresponde a
aquella en que el afiliado ve disminuidas sus destrezas físicas y mentales de
forma permanente y definitiva, en tal grado que le imposibilita
desarrollar cualquier actividad económicamente productiva.
7.3.
En el caso objeto de estudio, la fecha de estructuración de pérdida de la
capacidad laboral fue establecida el veinticuatro (24) de junio de mil
novecientos noventa y cuatro (1994). Sin embargo, el accionante considera que aunque desde tal fecha presentó las
primeras manifestaciones de su enfermedad, mantuvo la capacidad para continuar llevando
una vida autónoma, trabajando y realizando los aportes correspondientes al
sistema durante catorce (14) años; y, solo ante el progreso de la enfermedad y
la gravedad de su estado de salud, se vio en la necesidad de que le fuera
calificada su pérdida de la capacidad laboral.
La
Sala encuentra que el seis (6) de septiembre de dos mil once (2011), fecha en
la cual fue expedido el dictamen, es el momento en el cual el actor, no pudo
continuar realizando labores lucrativas que le permitieran la satisfacción de
su mínimo vital.
Esta
Corporación ha señalado que el momento relevante en la estructuración de la
invalidez de las personas que sufren enfermedades crónicas, degenerativas o
congénitas, es aquél en que la persona pierde más del (50%) de su capacidad
laboral, pues la capacidad laboral en este tipo de enfermedades no se presenta
inmediatamente, sino de forma paulatina.
7.4. Con fundamento en lo expuesto y en
aplicación de la jurisprudencia mencionada en el acápite cinco (5) de esta
providencia, la Sala de Revisión concluye que Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Julián al hacer
el estudio sobre el cumplimiento de los requisitos legales para el
reconocimiento de la pensión, pues desconoció que al ser la fecha de estructuración
de invalidez del actor anterior a la pérdida definitiva y total de su capacidad
laboral, la entidad accionada debía tener en cuenta para determinar el derecho
a la pensión, las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de
estructuración y hasta la fecha en que se efectuó el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral. Prueba de ello es que, desde el año mil novecientos noventa
y siete (1997) hasta noviembre de dos mil
once (2011) cotizó al sistema un total de doscientas treinta y ocho (238) semanas.[64] Aunque desde el año mil novecientos noventa
y cuatro (1994)  le fue diagnosticado VIH Sida y desde tal fecha viene presentando algunas
complicaciones en su estado de salud, fue en el año dos mil once (2011) que no
pudo continuar laborando y aportando al sistema y, a partir de tal fecha se vio
en la necesidad de solicitar la pensión de invalidez.
Aplicando lo expuesto al asunto objeto de estudio la
Sala advierte que el señor Julián si cumplía con las cincuenta (50) semanas
cotizadas durante los tres (3) años anteriores a la pérdida definitiva de sus
destrezas físicas y mentales.
Además, como lo indicó esta Corporación en
la sentencia T-699A de 2007,[65] T-710 de
2009,[66]
T-509 de 2010,[67]
T-671 de 2011,[68]
entre otras, no resulta
consecuente que el sistema se beneficie de los aportes hechos con posterioridad
a la fecha de estructuración para, con posterioridad, no tener en cuenta este
periodo de cotizaciones al momento de verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez. Respecto
de las personas que padecen VIH Sida, la Sala Segunda de Revisión indicó:
“[E]l juez constitucional no debe olvidar la especial
condición de vulnerabilidad del sujeto que reclama la protección de sus
derechos, y del enorme esfuerzo que, en no pocos casos, estas personas hacen al
insistir en seguir cotizando al SGSS, a pesar del avance progresivo de la
enfermedad y del inevitable cese de su actividad laboral ante el contundente
deterioro de su salud, lo que los obliga en ese momento, a solicitar la pensión
de invalidez y someterse a una calificación. En estos eventos, la Corte
constitucional ha considerado que no tener en cuenta los aportes hechos con
posterioridad a la determinación de la invalidez y permitir que el sistema se
beneficie de dichas cotizaciones, resulta contrario a los lineamientos
constitucionales”.[69]
7.5. Por tal
razón, la Sala considera que
el estudio sobre el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la
pensión de invalidez por parte del peticionario debe hacerse a partir del seis (6) de septiembre de dos mil once (2011), fecha
en que se realizó el dictamen,
ya que su pérdida de productividad y
fuerza laboral ocurrió de forma gradual y no desde el momento en que se le
diagnosticó la enfermedad. El
señor Julián tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de
acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, pues (i) presenta una pérdida de su
capacidad laboral del (67.20%), y (ii) en los (3) tres años anteriores a la
fecha en que perdió de forma permanente y definitiva su capacidad
laboral, el accionante cotizó ciento treinta y siete (137) semanas.[70]
Por lo expuesto, en la parte resolutiva de
esta sentencia, se revocará la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Treinta y Uno (31) Penal del Circuito de
Conocimiento de Bogotá el veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014),
en el cual se declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital del señor Julián , y se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que dentro de los
quince (15) días hábiles, contados
a partir de la notificación de la presente sentencia, reconozca y pague en
forma definitiva la pensión de invalidez a favor del señor Julián, tomando como
fecha de estructuración de la invalidez el seis (6) de septiembre de dos mil
once (2011), fecha en la cual se llevó a cabo el dictamen de pérdida de la
capacidad laboral.
8. Expediente
T-4263974. Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital y a
la seguridad social de Alirio Durán al negar el reconocimiento de la pensión de
invalidez, bajo el argumento de que su fidelidad con el
sistema no fue del (20%) en el tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20)
años de edad y la fecha en que por primera vez se calificó su estado de
invalidez.
8.1. El señor Alirio Durán estuvo afiliado al sistema general
de pensiones durante doce (12) años,[71]
completando un total de trecientas ocho (308) semanas cotizadas.[72]
Expuso, que dejó de cotizar al sistema después de un accidente cerebro vascular
ocurrido el veintiocho (28) de agosto de dos mil seis (2006), que le dejó como
secuela una parálisis corporal. Esta situación le impide participar del mercado
laboral y, por ende, proveerse autónomamente los recursos necesarios para
llevar una vida digna y atender sus requerimientos de salud.[73]
8.2.
El veinte (20) de junio de dos mil siete (2007), el accionante solicitó a
Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en el
dictamen emitido el nueve (9) de marzo de dos mil siete (2007), por la
Vicepresidencia de Pensiones del ISS, en el cual se había determinado que el
accionante tenía una pérdida de la capacidad laboral del (67.3%) estructurada
el veintisiete (27) de febrero de dos mil siete (2007).[74] Mediante resolución No.
7656 del 2007,[75]
la entidad accionada negó la prestación económica al considerar que el señor
Alirio Durán no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la
Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 860 de 2003, pues
solo contaba con treinta y tres (33) semanas en los tres (3) años
inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez[76] y acreditó
un (0%) de fidelidad con el sistema en el tiempo transcurrido entre el momento
en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha en que por primera vez se
calificó su estado de invalidez.
Sin embargo, en el expediente reposa otra calificación realizada el siete (7) de diciembre
de dos mil once (2011), esto es, cuatro (4) años después del primer dictamen. En
esta, la Vicepresidencia de Pensiones del ISS determinó que el señor Durán
tenía una pérdida de la capacidad laboral del (69.19%), con fecha de
estructuración del treinta (30) de agosto de dos mil seis (2006), esto es dos
(2) días después del accidente cerebro vascular.[77]
8.3.
Con base en los hechos reseñados, la Sala advierte que Colpensiones negó la
pensión de invalidez al señor Alirio Durán en el año dos mil siete (2007) fundamentándose
en un requisito inconstitucional, como lo es la fidelidad con el sistema. Por
esto, es pertinente reiterar que tal requisito no puede exigirse por parte de
las entidades encargadas del reconocimiento y pago de pensiones para poder
acceder a la pensión de invalidez, toda vez que este fue declarado inexequible
por esta Corporación en la sentencia C-428 de 2009.[78] Y, como se indicó en las
consideraciones de esta providencia, las diferentes Salas de Revisión han sostenido,
que los efectos de dicho fallo también son aplicables a situaciones
consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 1
de la Ley 860 de 2003, pues se concluyó que en su redacción original, el
requisito de fidelidad desde siempre fue inconstitucional, por lo que el
pronunciamiento de la Corte tiene un efecto declarativo y no constitutivo.
De
lo anterior, puede colegirse que al accionante se le negó la posibilidad que
desde el año dos mil siete (2007) se le hubiera realizado un estudio ajustado
al ordenamiento jurídico y a la normativa vigente para determinar el
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión. Actuación que
vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del
señor Alirio Durán.
8.4.
En este caso ninguna de las partes aportó al proceso la información requerida
para adoptar una decisión respecto del reconocimiento de la pensión de invalidez,[79] tales como: copia
de la historia laboral, copia de la historia clínica del peticionario, entre
otros; que permitieran a la Sala conocer con exactitud la fecha de afiliación y
desafiliación del accionante al sistema, así como el número de semanas
efectivamente cotizadas, la entidad accionada deberá establecer cuál es realmente
la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral del
accionante, teniendo en cuenta que se profirió el dictamen No. 048-07 del nueve
(9) marzo de dos mil siete (2007) y el dictamen No. 8962 del siete (7) de diciembre de dos mil once (2011), con respecto al mismo caso, y que entre estos hay
una marcada diferencia en la fecha de estructuración de la invalidez.[80]
Entonces,
con base en la fecha de estructuración que se establezca, la cual deberá
obedecer a la pérdida permanente y definitiva de la capacidad laboral del
accionante, Colpensiones debe verificar el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, a saber: (i) ser una persona
invalida, es decir, sufrir una pérdida de la capacidad laboral igual o superior
al 50%, y (ii) haber cotizado cincuenta
(50) semanas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración de la invalidez.
Dada
la importancia de contabilizar las semanas efectivamente cotizadas al sistema y
la fecha en que las mismas se efectuaron en aras de proteger la estabilidad
financiera del sistema de seguridad social en pensiones, resulta pertinente que
el conteo de las semanas de cotización sea verificado con base en los datos que
aparecen en la historia de afiliación del accionante.
8.5.
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia
por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bucaramanga, el veinte (20) de
enero de dos mil catorce (2014), en la que declaró improcedente la acción de
tutela interpuesta por el señor Alirio Durán. En su lugar, se concederá la
tutela a los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del
accionante, y se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones que, de conformidad con el artículo 39 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, profiera un nuevo acto administrativo en el que resuelva la
solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Alirio Durán,
sin tener en cuenta el requisito de fidelidad de cotización con el sistema, tal
como fue expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
9.
Expediente T-4273974. Colpensiones vulneró los derechos fundamentales al mínimo
vital y a la seguridad social de Andrés  al negar el reconocimiento de
la pensión de invalidez, sin antes haber valorado que después de la fecha en
que se fijó la estructuración de la invalidez el peticionario aún conservaba su
capacidad laboral y continuó haciendo sus respectivos aportes al Sistema.
9.1.
El señor Andrés  cotizó al sistema general de pensiones, desde el seis (6) de
julio de dos mil (2000) hasta el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013),
completando un total de doscientas veintinueve (229) semanas cotizadas.[81] El actor
expuso que debido al delicado estado de salud en que se encuentra como
consecuencia del VIH SIDA que padece, “no puede trabajar ni
desarrollar ninguna actividad que implique esfuerzo”.[82]
El
peticionario, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de
invalidez con fundamento en el dictamen emitido el veintiuno (21) de junio de dos
mil doce (2012) por la Vicepresidencia de Pensiones del ISS, en el cual se
determinó que tenía una pérdida de la capacidad laboral del (70.50%),
estructurada el siete (7) de junio de dos mil (2000).[83] Mediante resolución No.
15321 del cuatro (4) de diciembre de dos mil doce (2012), Colpensiones negó la
prestación económica al considerar que el peticionario no cumplía con los
requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de
la Ley 860 de 2003.  Esta decisión fue confirmada por medio de la resolución
VPB 2315 del dieciséis (16) de julio de dos mil trece (2013),[84] en la cual la entidad
agregó que los aporte efectuados con posterioridad a la fecha de estructuración
no pueden contabilizarse para efectos del reconocimiento pensional.
9.2.
Esta Corporación ha señalado que el momento relevante en la estructuración de
la invalidez de las personas que sufren enfermedades crónicas, degenerativas
o congénitas, es aquél en que la persona pierde más del (50%)  de su
capacidad laboral, pues la pérdida de la capacidad en este tipo de enfermedades
no se presenta inmediatamente, sino de forma paulatina.
9.3.
En el caso objeto de estudio, la Sala encuentra que el veintiuno (21) de junio
de dos mil doce (2012), fecha
en la que se realizó el dictamen, es un
momento determinante para la evaluación de la pérdida de la capacidad laboral
del señor Palacio, porque (i) a partir de ese momento, según afirmó, no pudo
continuar realizando labores lucrativas que le permitieran la satisfacción de
su mínimo vital; (ii) la jurisprudencia constitucional presume que una persona
que tiene una disminución física o mental deja de cotizar al sistema con
fundamento en que el deterioro de la salud lo obliga a salir del mercado
laboral, del cual obtenía los recursos para realizar los aportes en salud y
pensiones; y, (iii) la fecha del siete (7) de junio de dos mil (2000) no
coincide con el momento en el cual la salud del accionante le impidió seguir
trabajando (concepción constitucional de la invalidez), sino con la fecha en la
cual fue diagnosticada la enfermedad y aunque desde entonces venían presentándose algunas manifestaciones
clínicas de su enfermedad, hasta el año dos mil doce (2012) dejó de laborar y
aportar al sistema, y, a partir de tal fecha, ante el progreso de la enfermedad
y la gravedad de su estado de salud, se vio en la necesidad de solicitar la
pensión de invalidez.
9.4. Con fundamento en lo expuesto y en
aplicación de la jurisprudencia reseñada en el acápite 5 de esta providencia,
la Sala de Revisión concluye que Colpensiones vulneró los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Andrés. En
tanto, al hacer el estudio sobre el cumplimiento de los requisitos legales para
el reconocimiento de la pensión de invalidez, desconoció que sí cumplía con las
cincuenta (50) semanas cotizadas durante los tres (3) años anteriores a la pérdida
definitiva de su capacidad laboral, en tanto en la fecha en que la entidad
accionada estructuró la pérdida de su capacidad laboral, el peticionario aún no
había perdido en forma permanente y definitiva la misma y continuó
cotizando al sistema hasta el treinta
(30) de abril de dos mil trece (2013), para un total de doscientas veintinueve
(229) semanas cotizadas.[85]
De lo que se desprende que
aunque desde el año dos mil (2000) le fue diagnosticado VIH Sida,[86]
y desde tal fecha viene
presentando algunas complicaciones en su estado de salud, se desempeñó
laboralmente hasta el año dos mil doce (2012), y, solo a partir del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), ante el progreso de la enfermedad y la
gravedad del estado de salud, se vio en la necesidad de solicitar el estudio de
su pérdida de la capacidad laboral.
Lo anterior, debido a que la entidad accionada debía
tener en cuenta para determinar el derecho a la pensión, las semanas cotizadas
con posterioridad a la fecha de estructuración y analizando el cumplimiento de
los requisitos para acceder a la pensión de invalidez con base en la fecha del
dictamen de pérdida de la capacidad laboral.
Además, como se indicó anteriormente, en las
sentencias T-699A de 2007,[87] T-710 de
2009,[88]
T-509 de 2010,[89]
T-671 de 2011,[90]
diferentes Salas de Revisión han sostenido que no resulta consecuente que el sistema se beneficie de
los aportes hechos con posterioridad a la fecha de estructuración, para después,
no tener en cuenta este periodo de cotizaciones al momento de verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de
invalidez.
9.5. En esta medida, la Sala Primera de Revisión considera
que Colpensiones debe contabilizar las
semanas que fueron cotizadas después de la fecha de estructuración de la
invalidez. Por tal razón, el
estudio sobre el cumplimiento de los requisitos legales para obtener la pensión
de invalidez por parte del peticionario debe hacerse a partir del veintiuno
(21) de junio de dos mil doce (2012), fecha en la que se calificó la pérdida de
la capacidad laboral del señor Andrés, ya
que el menoscabo de su productividad y fuerza laboral ocurrió de forma gradual
y no desde el momento en que se le diagnosticó la enfermedad.
En esta medida, es palmario que el señor Andrés tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de acuerdo con lo
establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993,[91] pues (i)
presenta una pérdida de su capacidad laboral del 70.5%, y (ii) en los
tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha en que perdió de forma permanente
y definitiva su capacidad laboral, había cotizado sesenta y cuatro (64)
semanas.[92]
9.6. Por lo expuesto, en la parte resolutiva de esta
sentencia, se revocará la sentencia proferida por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Medellín, el
veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), en la cual se negó la
acción de tutela, al considerar que es el Juez Laboral el llamado a resolver
esta controversia y no el juez constitucional. En su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital del señor Andrés, y se ordenará a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que dentro de los quince (15)
días hábiles, contados a partir de la
notificación de la presente sentencia, reconozca y pague en forma definitiva la
pensión de invalidez a favor del señor Andrés.
10. Conclusión
10.1. En aquellos casos en los que se deba establecer
la fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral de una persona
que sufra una enfermedad crónica, degenerativa o congénita, que no le impida
ejercer actividades laborales remuneradas durante ciertos períodos de tiempo,
la entidad encargada del reconocimiento pensional debe tener en cuenta que la
fecha de estructuración corresponde a aquella en que el afiliado ve disminuidas
sus destrezas físicas y mentales en tal grado, que le impida continuar con las
labores que le permitan satisfacer sus necesidades mínimas.
10.2. En todo caso, cuando se acredite que la fecha de
estructuración de la invalidez de las personas que padecen una enfermedad
crónica, degenerativa o congénita, fue establecida desconociendo el momento en
el cual la pérdida de la capacidad laboral del afiliado fue permanente y
definitiva, y por esto no fueron reconocidas las semanas cotizadas al sistema,
el interesado tiene derecho a que tales semanas sean contabilizadas para el
reconocimiento de su pensión de invalidez. Pues al tratarse de personas que pierden
de forma paulatina su capacidad laboral, las cotizaciones realizadas con
posterioridad a la fecha de estructuración deben ser tenidas en cuenta por el
fondo encargado del reconocimiento pensional, en tanto la persona mantuvo su capacidad
de trabajo y continuó aportando al sistema, hasta que su incapacidad se vuelve
total.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.-
REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Segunda de
Decisión de Familia del Tribunal Superior de Medellín el dieciséis (16) de
diciembre de dos mil trece (2013), que a su vez confirmó la providencia del
veintitrés (23) de octubre de dos mil trece (2013) expedida por el Juzgado
Sexto de Familia de Medellín, en la cual se negó el amparo solicitado y, en su
lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital de la señora Blanca Nancy Hidalgo Nieto.
Segundo.-
ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES, que en un término de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la notificación de la presente sentencia, reconozca y pague en forma
definitiva la pensión de invalidez a favor de la señora Blanca Nancy Hidalgo
Nieto.
Tercero.-
REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá el
veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014), en la cual se declaró
improcedente la acción de tutela y, en su lugar, TUTELAR los  derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital del señor Julián.
Cuarto.-
ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que en un término de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
reconozca y pague en forma definitiva la pensión de invalidez a favor del señor
Julián.
Quinto.-
REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Sexto Laboral de Bucaramanga, el veinte (20) de enero de dos mil
catorce (2014), en la cual se declaró improcedente la acción de tutela y, en su
lugar, TUTELAR los  derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital del señor Alirio Durán.
Sexto.-
ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que en un término de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
profiera un nuevo acto administrativo en el que resuelva la solicitud de
reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Alirio Durán, sin tener en
cuenta el requisito de fidelidad de cotización con el Sistema, tal como fue
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
Séptimo.-
REVOCAR la sentencia proferida por el
Juzgado Quince Penal del Circuito de Medellín, el veintisiete (27) de noviembre
de dos mil trece (2013), en la cual se declaró improcedente la acción de tutela
y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social
y al mínimo vital del señor Andrés.
Octavo.-
ORDENAR a la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que en un término de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia,
reconozca y pague en forma definitiva la pensión de invalidez a favor del señor
Andrés.
Noveno.-
Líbrese por Secretaría General la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZALEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PEREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1]
Cédula de Ciudadanía de Blanca Nancy Hidalgo Nieto No. 25.077.554, en la cual
se puede constatar que nació el cinco (5) de marzo de mil novecientos cincuenta
y seis (1956) (folio 30).
[2]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en la cual consta que la señora
Blanca Nancy Hidalgo se afilió al sistema el primero (1) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998) y cotizó hasta el treinta y uno (31) de julio
de dos mil once (2011), para un total de seiscientas cincuenta y una (651)
semanas (folios 23 a 26 del cuaderno principal). En adelante siempre que se cite
un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se
diga expresamente otra cosa.
[3] A
folio 68 cuaderno de revisión, obra copia de la declaración rendida por Blanca
Nancy Hidalgo ante la Notaría quince (15) de Medellín, en la cual declaró “que
en la actualidad viv[e] en el barrio Belencito corazón […] estrato 1, de la
Ciudad de Medellín, en una casita de tablas, propia. Allí viv[e] con su
compañero permanente de 90 años de edad, quien actualmente sufre de la próstata
y se encuentra reducido a una cama. Declar[ó] que [se] encuentra muy enferma,
[su] visión es cada vez menor, est[á] desempleada y vive de la ayuda de las
personas de buen corazón”.
[4]
Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral No. 3129 del dieciséis (16) de
mayo de dos mil once (2011), en el cual consta que con base en la historia
clínica de la peticionaria se realizó la calificación de pérdida de la
capacidad laboral indicando lo siguiente: “paciente con antecedente de visión
subnormal en ambos ojos, con historia de oftalmología desde el 4 de agosto de
1999 que reporta agudeza visual 20/400. Epicrisis o resumen de historia
clínica: por ojo izquierdo en fecha de 27/3/99 se reporta agudeza visual de
cuenta dedos a 30 CMS por ambos ojos y con nota de oftalmología en la que se
reporta ceguera legal” (folios 27 al 28).
[5]
Folio 3.
[6] Ibídem.
[7]
Folios 21 al 22.
[8]
Folio 7 del cuaderno 2.
[9]
Cédula de Ciudadanía de Julián, donde consta que nació el diez (10) de
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro (1974). En adelante siempre que
se cite un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos
que se diga expresamente otra cosa.
[10]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en la cual consta que el señor Julián
se afilió al sistema el tres (3) de julio de mil novecientos noventa y siete
(1997) y cotizó doscientas treinta y ocho (238) semanas (folio 11 del cuaderno
de revisión).
[11]
Dictamen de pérdida de la capacidad laboral No. 6366 del seis (6) de septiembre
de dos mil once (2011), en el cual consta que la información utilizada para
fundamentar la calificación de la invalidez del señor Julián fue su historia
clínica. en esta se indicó lo siguiente: “antecedente de VIH C3 que requirió
hospitalización el 24/06/94 por síndrome de desgaste, candidiasis, condiloma
anal, linfadenopatía generalizada herpes Zoster, diarrea crónica, inició
tratamiento antirretroviral. Epicrisis o resumen de Historia clínica: desde
entonces hospitalizado en varias ocasiones” (folio 28).
[12]
Historia Clínica de Julián , en la cual se indica que es un “paciente de 26
años que ingresa al programa de promoción y control de ETS-VIH/SIDA del
Instituto de Seguro Social, el día 6 de julio de 1998; con Western positivo de
junio de 1998, con los siguientes diagnósticos de ingreso: infección por VIH,
condiloma anal, linfadenopatía generalizada” actualmente  cursa con infección
por estadio C3, según clasificación internacional del CDC de atlanta de 1993,
enfermedad crónica letal de carácter irreversible, pronóstico reservado y sin
posibilidad de rehabilitación en el momento” (folios 16 al  28).
[13] “Por
la cual se niega una pensión de invalidez” (folio 19).
[14] “Por
la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 6011 del
16 de noviembre de 2012”  (folios 24 al 25).
[15]
Según el Dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por el ISS el siete
(7) de diciembre de dos mil once (2011), el señor Alirio Durán nació el siete (7)
de abril de mil novecientos sesenta y uno (1961) (folio 7).
[16] En
la resolución No 07656 de 2007 “Por la cual se resuelve una solicitud de
prestaciones económicas en el sistema general de pensiones-Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida”, se señaló que el accionante “cotizó
de forma ininterrumpida un total de 308 semanas, de las cuales 33 semanas se
cotizaron en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración” (folio 5).
[17]
Folio 8.
[18] “Por
la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el sistema
general de pensiones-Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida”
(folio 5).
[19]
Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral No. 8962 del siete (7) de
diciembre de dos mil once (2011) (folio 7).
[20]
Cédula de Ciudadanía de Andrés  No. 71.877.094, en la cual se puede constatar
que nació el once (11) de noviembre de mil novecientos setenta (1970) (folio
25).
[21]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en el cual consta que Andrés  se
afilió al sistema el seis (6) de julio de dos mil (2000) y la última cotización
efectuada fue el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) (folios 11 al
14).
[22]
Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral No. 3774 del veintiuno (21) de
junio de dos mil doce (2012), en el cual consta que para fundamentar la
calificación de la pérdida de la capacidad laboral del accionante, el ISS se
basó en su historia clínica, en la cual se indica que padece VIH-Sida estadio
C3 desde el siete (7) de junio de dos mil (2000) (folio 24).
[23] “Por
la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 15321
del 4 de diciembre de 2012” (folios 9 al 10).
[24] Ver por ejemplo
las sentencia T-699A de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-710 de 2009 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-561 de 2010 (MP Nilson Pinilla
Pinilla), T-103
de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao
Pérez),
T-671 de 2011 (MP Humberto Antonio
Sierra Porto), T-209 de 2012 (MP María Victoria Calle
Correa), T-022 de 2013 (MP María Victoria Calle
Correa), T-143
de 2013 (MP María Victoria Calle Correa),
T-103 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla).
[25] De conformidad
con el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se
reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, la
acción de tutela será improcedente en aquellos casos en que existan otros
medios de defensa judicial al alcance del accionante. Ello significa que
existiendo tales medios, corresponde al actor agotarlos antes de acudir la vía
constitucional; a esto se refiere el carácter subsidiario de la acción de
tutela.
[26] Sentencia T-533 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva). En esta sentencia, se estudió una acción de tutela instaurada por una
persona calificada con un (58.54%) de pérdida de la capacidad laboral con fecha
de estructuración del ocho (8) de septiembre de dos mil cinco (2005), a quien
el Instituto de Seguros Sociales le negó el reconocimiento de su derecho a la
pensión de invalidez argumentando que no cumplió con el requisito de fidelidad
al Sistema. La Corte, consideró que la acción de tutela era procedente porque
con ella se pretendía proteger el derecho al mínimo vital de un sujeto de
especial protección constitucional, afirmación que no fue desvirtuada por la
entidad accionada.
[27] Al
respecto, se puede revisar, entre otras, la sentencia T-077 de 2008 (MP Rodrigo
Escobar Gil). En esa oportunidad se estudió la acción de tutela interpuesta por
una persona enferma de SIDA, que perdió el (72.85%) de su capacidad laboral
como consecuencia de su enfermedad. Por lo anterior, el actor solicitó el
reconocimiento de la pensión de invalidez a la AFP a la que se encontraba
afiliado, entidad que le negó la prestación reclamada argumentando que no
contaba con las semanas de cotización necesarias para obtener el derecho y que
no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema. Luego de hacer un estudio
sobre la protección constitucional especial de las personas enfermas de SIDA,
la Corte concluyó que el actor tenía derecho al reconocimiento del derecho,
porque la fecha en que se estructuró su enfermedad era suficientemente cercana
al momento en que se modificaron los requisitos para obtener la pensión de
invalidez, y el actor cumplía con los requisitos para obtener el derecho con
fundamento en la normatividad anterior. En consecuencia, consideró que la
decisión de negarle el reconocimiento del derecho al actor resultaba “desproporcionado
y contrario a la Constitución, particularmente al mandato de progresividad de
los derechos económicos, sociales y culturales”. En consecuencia, tuteló
los derechos del actor y ordenó el reconocimiento de la pensión de invalidez.
[28] Sentencia
T-077 de 2008 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[29] El
artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social como un
servicio público de carácter obligatorio y un derecho fundamental
irrenunciable, el cual debe prestarse en los términos que establezca la ley. En
desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley 100 de
1993, mediante la cual se creo el sistema de seguridad social integral, que a
su vez comprende el sistema general de pensiones que tiene por objeto
garantizar a la población el amparo frente a las contingencias derivadas de la
vejez, la invalidez y la muerte. En relación con la pensión de invalidez, el
sistema general de pensiones consagró el reconocimiento de esta prestación a
aquellas personas que hubieran cotizado al sistema o se encontraren realizando
aportes y, eventualmente, sufrieran una pérdida en su capacidad laboral. Lo
que se buscó con dicha norma, fue precisamente garantizar el acceso de aquellas
personas disminuidas en su capacidad laboral, a una fuente de ingresos que les
permitiera solventar sus necesidades vitales, ante la imposibilidad de obtener
por sus propios medios y en forma autónoma, una solución económica para
satisfacerlas.
[30] Ley
100 de 1993, artículo 38: “Estado de invalidez. Para los
efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por
cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente,
hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”.
[31] “Por la cual se reforman algunas
disposiciones del Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y
se dictan otras disposiciones”.
[32] Sentencia C-428
de 2009 (MP
Mauricio González Cuervo; SPV María Victoria Calle Correa, Jorge
Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva). En esta sentencia, se
estudió la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 y se
decidió: “Primero. Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del  artículo 1º de la
Ley 860 de 2003, salvo la expresión “y su fidelidad de cotización para con el
sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre
el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera
calificación del estado de invalidez”, la cual se declarará INEXEQUIBLE. Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE el numeral 2º del  artículo 1º de la Ley 860 de 2003, salvo
la expresión “y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de
invalidez”, la cual se declara INEXEQUIBLE.”  No se presentaron cargos de
inconstitucionalidad contra los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo.
[33] En
todo caso, es preciso señalar que antes de proferirse la sentencia C-428 de
2009, la jurisprudencia de esta Corporación había inaplicado el requisito de
fidelidad al sistema en el control de constitucionalidad concreto realizado por
diversas salas de revisión, doctrina que resultaba vinculante para los jueces
de tutela, y que, con posteridad al citado fallo, diferentes salas de revisión
han sostenido que los efectos de la sentencia son aplicables a situaciones en
las cuales la fecha de estructuración de la invalidez es anterior a la
declaratoria de inexequibilidad parcial, por cuanto el texto del artículo 1º de
la Ley 860 de 2003, en su redacción original, y respecto al requisito de
fidelidad, es contrario al principio de progresividad del Sistema de Seguridad
Social, y lo que hizo el estudio de constitucionalidad fue “corregir una
situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad
social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter
irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la
Constitución”.
[34] Sentencia
T-609 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). En esta sentencia, la Corte
estudió el caso de una persona a quien se le había calificado con un porcentaje
de pérdida de capacidad laboral superior al (50%), con fecha de estructuración
anterior a la declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad al
sistema por parte de la Corte Constitucional, a quien le fue negada la pensión
de invalidez por no cumplir con dicho requisito. La Corte resolvió tutelar los
derechos fundamentales del actor y ordenó al Instituto de Seguros Sociales que
le reconociera su pensión de invalidez, porque consideró que el requisito de
fidelidad al sistema no puede ser exigido a los afiliados que solicitaran el
reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en las
sentencias T-822 de 2009 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-846 de 2009 (MP Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-924 de 2009 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio), T-266 de 2010 (MP Juan
Carlos Henao Pérez), T-615 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-113 de
2010 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T- 064 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[35] MP.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[36] MP.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[37] El artículo 3° del Decreto 917 de 1999 “Por el cual se modifica el Decreto 692 de 1995” establece: “Fecha de estructuración o
declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en
que se genera en el individuo una pérdida en su
capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier
contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los
exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o
corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha
persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las
prestaciones derivadas de la invalidez.”
[38] MP Rodrigo Escobar Gil. En el caso concreto la Sala Cuarta de
Revisión concedió el amparo aplicando la excepción de inconstitucionalidad del
artículo 1° de la Ley 860 de 2003 que para la fecha no había sido declarado
exequible por esta Corporación, en cuanto al número mínimo de semanas exigidas
por la norma reformatoria de la Ley 100 de 1993. Consideró la Sala que por
aplicación del principio de progresividad, el actor tenía derecho a que se
exigiera el cumplimiento de las semanas mínimas de cotización que exigía la
norma en vigencia de la cual el actor efectúo el mayor número de semanas al
sistema (Ley 100 de 1993). En esta medida, la Corte advirtió que el accionante
reunía los requisitos para acceder a la pensión de invalidez conforme a la Ley
860 de 2003, por cuanto después de efectuada la calificación, él continúo
cotizando al sistema general de pensiones, y que esas semanas, conforme a las
consideraciones esbozadas, no podían ser desconocidas. Dijo al respecto la
Sala: “[R]esulta desproporcionado y contrario a la Constitución,
particularmente al mandato de progresividad de los derechos económicos,
sociales y culturales, la aplicación rigurosa de la Ley 860 de 2003 a una
persona que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta en razón de
la grave enfermedad que padece, que hubiese cumplido los requisitos del régimen
anterior en el cual venía cotizando (Ley 100 de 1993) para acceder a la pensión
de invalidez y que, en todo caso, después de la fecha de estructuración de la
invalidez, y hasta cuando la misma fue calificada, aproximadamente 6 meses
después, continuó ejerciendo la actividad laboral y cotizando al sistema, de
modo que a la fecha de calificación de la invalidez ya contaba con más de las
50 semanas de aportes exigidas por la normatividad vigente a ese momento”.
[39] MP Juan Carlos Henao Pérez. En esta
ocasión la Corte Constitucional tuteló los
derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la dignidad humana y al
mínimo vital del señor XXX. En consecuencia, ordenó a la entidad accionada
iniciar el trámite pertinente para reconocer y pagar al accionante la pensión
de invalidez respectiva atendiendo la fecha en que solicitó el reconocimiento.
[40] MP
Humberto Antonio Sierra Porto.
[41] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[42] MP
Humberto Antonio Sierra Porto.
[43] “Por el cual se
modifica el Decreto 692 de 1995”.
[44] MP
María Victoria Calle Correa.
[45] Ver
también la sentencia T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez) en la que se
toma la fecha de estructuración de la invalidez en relación al último aporte
efectuado al Sistema de Pensiones.
[46]
Corte Constitucional, sentencias T-699A de 2007
(MP Rodrigo Escobar Gil), T-710 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-561
de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-103 de
2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-671 de 2011 (MP Humberto Antonio Sierra
Porto), T-420 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-427 de 2012 y
T-022 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa).
[47]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en la cual consta que la señora
Blanca Nancy Hidalgo se afilió al sistema el primero (1) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998) y cotizó hasta el treinta y uno (31) de julio
de dos mil once (2011), para un total de seiscientas cincuenta y una (651)
semanas (folios 23 a 26).
[48]
Folios 27 al 28.
[49] A
folios 21 al 22, obra la resolución GNR 211220 del veintiuno (21) de agosto de dos
mil trece (2013) “por la cual se niega una pensión de invalidez”.
[50]
Folio 3.
[51] Ibídem.
[52]
Folio 2.
[53] En
declaración rendida por la peticionaria, manifestó que su cónyuge es una
persona de noventa (90) años de edad que tiene problemas de próstata y
actualmente se encuentra postrado en la cama (folio 68 del cuaderno de revisión).
[54]
Folios 27 al 28.
[55] En
la sentencia T-428 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), a propósito del
caso de una mujer que sostenía que la fecha de estructuración de su invalidez
se presentó en un momento anterior (año 2007) al fijado en el dictamen de
pérdida de la capacidad laboral (año 2009), por cuanto el que ella consideraba
determinante para la estructuración de su invalidez, guardaba relación con la
pérdida de la facultad para caminar (la accionante sufría de esclerosis), la
Sala Primera de Revisión dijo: “(…) tampoco hay certeza de que su invalidez se hubiera estructurado el 17
de diciembre de 2009, como se afirma en el dictamen de pérdida de capacidad
laboral proferido por Seguros Alfa S.A., ya que la invalidez a esa fecha
corresponde al 66.3%. Por lo tanto, la señora López pudo haber perdido más del
50% de su capacidad laboral en una fecha anterior a ese dictamen, debido a que
la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa. Así, la fecha relevante
para establecer si la actora tiene derecho a la pensión de invalidez no es
aquella en que perdió el 66.3%, sino la fecha en que perdió más del 50% de su
capacidad laboral, ya que es a partir de ese momento en el que se debe contabilizar
los tres años en los cuales se debieron aportar más de 50 semanas. Por lo
anterior, aunque la Sala no encuentra evidencia suficiente para establecer la
fecha en que la actora perdió en forma permanente y definitiva su capacidad
laboral, lo que le impide proteger en forma permanente sus derechos al mínimo
vital y a la seguridad social, sí tiene razones para suponer que la tutelante
pudo haber perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50% antes
del 17 de diciembre de 2009”.
[56] MP
Humberto Antonio Sierra.
[57]
Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral No. 3129 del dieciséis (16) de
mayo de dos mil once (2011), en el cual consta que con base en la historia
clínica de la peticionaria se realizó la calificación de pérdida de la
capacidad laboral indicando lo siguiente: “paciente con antecedente de visión
subnormal en ambos ojos, con historia de oftalmología desde el 4 de agosto de
1999 que reporta agudeza visual 20/400. Epicrisis o resumen de historia
clínica: por ojo izquierdo en fecha de 27/3/99 se reporta agudeza visual de
cuenta dedos a 30 CMS por ambos ojos y con nota de oftalmología en la que se
reporta ceguera legal” (folios 27 al 28).
[58]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en la cual consta que la señora
Blanca Nancy Hidalgo se afilió al sistema el primero (1) de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho (1998) y cotizó hasta el treinta y uno (31) de julio
de dos mil once (2011), para un total de seiscientas cincuenta y una (651)
semanas (folios 23 a 26 del cuaderno principal). En adelante siempre que se
cite un folio se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que
se diga expresamente otra cosa.
[59] A
folios 69 al 91 cuaderno de revisión, obra copia de la historia clínica de la
señora Blanca Nancy Hidalgo Nieto.
[60] Ley
100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones”. Artículo 39. “Requisitos para obtener la
pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones: || 1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. […].”
[61]
Folio 22.
[62]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en la cual consta que el señor Julián
se afilió al sistema el tres (3) de julio de mil novecientos noventa y siete
(1997) y cotizó doscientas treinta y ocho (238) semanas (folio 11 del cuaderno
de revisión).
[63] “Por
la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 6011 del
16 de noviembre de 2012” (folios 24 a 25).
[64]
folio 11 del cuaderno de revisión.
[65] MP
Rodrigo Escobar Gil.
[66] MP
Juan Carlos Henao Pérez.
[67] MP
Mauricio González Cuervo.
[68] MP
Humberto Sierra Porto.
[69] Sentencia T-509 de 2010 (MP Mauricio
González Cuervo). En esta oportunidad la Sala Segunda de Revisión estudió la
acción de tutela interpuesta por un ciudadano en contra del ISS. El accionante
señaló que comenzó a cotizar a pensiones a través del Instituto de Seguros
Sociales –ISS, desde el nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y dos
(1992) y el veintisiete (27) de marzo de mil novecientos noventa y seis
(1996),
la dependencia de Medicina Laboral de la
EPS del ISS, emitió el dictamen médico No. 413, en el que determinó que el
accionante presentaba una pérdida de capacidad laboral del sesenta por ciento
(60%), con fecha de estructuración el diez (10) de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro (1994). Con este dictamen, el accionante elevó una petición el
diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996) al ISS,
solicitando el reconocimiento de la respectiva pensión de invalidez. Sin
embargo, mediante Resolución No. 016284 del doce (12) de septiembre de ese
mismo año, el Jefe del Departamento de Atención al Pensionado, negó el
reconocimiento pensional solicitado, argumentando que en tanto la invalidez se
había estructurado el diez (10) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), a la luz de lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 758 de
1990), norma aplicable al caso concreto, el accionante tan solo había cotizado sesenta
y siete (67) semanas en los seis (6) años anteriores a la estructuración de su
invalidez, no reuniendo las ciento cincuenta (150) semanas que exigía la norma,
e incluso, no cumpliendo tampoco con las trescientas (300) semanas en cualquier
época anterior a dicha invalidez[5]. De
igual formal, se negó la indemnización sustitutiva al no reunir las cien (100)
semanas, que para el efecto exigía el referido decreto.
En esta ocasión, la Corte insistió en que “la jurisprudencia constitucional ha sido muy clara en indicar
que la situación de las personas afectadas por VIH-SIDA es particularmente
especial por dos (2) razones: en primer lugar, por la progresividad y el nivel
de afectación que tiene esta enfermedad en la salud y calidad de vida de quien
la padece, y en segundo lugar, por la capacidad de que esta enfermedad genere
un rechazo familiar o social”. En esta medida, amparó los derechos
fundamentales del accionante, y ordenó al ISS iniciar todas las actuaciones
tendientes a reconocer y pagar la pensión de invalidez.
[70]
Folios 11 al 17 del cuaderno de revisión.
[71]  En
el dictamen médico laboral la Vicepresidencia de Pensiones del ISS indicó que
el accionante lleva doce (12) años afiliado al ISS (folio 4).
[72] En
la resolución No 07656 de 2007 “Por la cual se resuelve una solicitud de
prestaciones económicas en el sistema general de pensiones-Régimen Solidario de
Prima Media con Prestación Definida”, se señaló que el accionante “cotizó
de forma ininterrumpida un total de 308 semanas, de las cuales 33 semanas se
cotizaron en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de
estructuración” (folio 5).
[73]
Folio 2.
[74]
Folios 27 al 28.
[75] “Por
la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el sistema
general de pensiones-Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida”
(folio 5).
[76]
Según consta en la información contenida en la resolución No. 07656 de 2007,
expedida por el ISS, el accionante (folios 4 a 7).
[77]
Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral (folio 7).
[78] MP
Mauricio González Cuervo; SPV María Victoria Calle Correa, Jorge
Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva.
[79]
Mediante auto de pruebas del diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014)
proferido por la Sala Primera de Revisión, se solicitó al señor Alirio Durán y
a Colpensiones allegar información pertinente para poder tomar una decisión en
el caso objeto de análisis: “Séptimo.- Por la
Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR
al
señor Alirio Duran (expediente T-4263974), para
que en el término de cinco (5) días hábiles contados a
partir de la comunicación del presente Auto, REMITA a esta Corporación:
(i) Copia
de la historia clínica donde conste con claridad como ha sido la evolución de
su estado de salud desde el momento en que tuvo el accidente cerebro vascular el
28 de agosto de 2006. (ii) Copia de los documentos donde consten las
actuaciones surtidas desde el año 2007 hasta el año 2014, relativas a la
solicitud pensional y a su pérdida de la capacidad laboral. (iii) Allegar
información en la cual conste cual es su situación económica y habitacional
actual, por quienes está conformado su núcleo familiar. Indicar de donde deriva
sus ingresos económicos”. Y  “Noveno.-
Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, OFICIAR
a
Colpensiones,
para
que en el término de cinco (5) días hábiles contados a
partir de la comunicación del presente Auto, REMITA a esta Corporación:
[…]  (ii)
Copia de la historia laboral del señor Alirio Duran (expediente T-4263974)”.
Vencido el término de recepción de pruebas no se recibió en esta Corporación la
información solicitada.
[80]
Folios 4 y 7.
[81]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en la cual consta que Andrés se
afilió al sistema el seis (6) de julio de dos mil (2000) y actualmente se
encuentra cotizando al sistema (folios 11 al 14).
[82]
Folio 8.
[83]
Dictamen sobre pérdida de la capacidad laboral No. 3774 del veintiuno (21) de
junio de dos mil doce (2012), en el cual consta que para fundamentar la
calificación de la pérdida de la capacidad laboral la entidad accionada se basó
en la historia clínica allegada por el peticionario en la cual se indica que
padece VIH-SIDA estadio C3, desde el siete (7) de junio de dos mil (2000)
(folio 24).
[84] “Por
la cual se resuelve un recurso de apelación en contra de la resolución 15321
del 4 de diciembre de 2012” (folios 9 al 10).
[85]
Reporte de semanas cotizadas en pensiones, en el cual consta que Andrés se
afilió al sistema el seis (6) de julio de dos mil (2000) y la última cotización
efectuada fue el treinta (30) de abril de dos mil trece (2013) (folios 11 al
14).
[86] En
el dictamen sobre la determinación de pérdida de la capacidad laboral, el ISS
señaló que desde el siete (7) de julio de dos mil (2000) el peticionario se
encuentra en el estadio C3 de la enfermedad.
[87] MP
Rodrigo Escobar Gil.
[88] MP
Juan Carlos Henao Pérez.
[89] MP
Mauricio González Cuervo.
[90] MP
Humberto Antonio Sierra Porto.
[91] Ley
100 de 1993, “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y
se dictan otras disposiciones”. Artículo 39. “Requisitos para obtener la
pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al
sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado
inválido y acredite las siguientes condiciones: || 1. Invalidez causada por
enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres
(3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración. […].”
[92]
Folio 11.