C-642-00
Sentencia C-642/00
Sentencia
C-642/00
NOTA
DE RELATORIA: Esta sentencia C-642 del
31 de mayo de 2000, fue declarada nula mediante Auto de Sala Plena número 062 del
21 de junio de 2000, que aparece al final del texto y reemplazada por Sentencia
C-794 de 29 de junio de 2000
Referencia: expediente D-2687
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 25
de la Ley 99 de 1993
Actor: Fernando Matallana Usaquén
Magistrado Ponente:
Dr. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Santa
Fe de Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil (2000).
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución
Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto
2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en relación con la demanda de inconstitucionalidad que, en uso de su
derecho político, presentó el ciudadano Fernando Matallana Usaquén contra el
artículo 25 de la Ley 99 de 1993.
Esta Corte había proferido la Sentencia C-642 del 31 de mayo de 2000
(M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo), y mediante ella había resuelto la
controversia generada por el demandante.
No obstante, la Sala Plena de la Corporación, mediante auto del 21 de
junio de 2000 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo), decidió anular la
aludida providencia teniendo en cuenta que había sido votada sin la mayoría
exigida en el Decreto 2067 de 1991, en la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia y en el Reglamento de la Corporación.
En desarrollo de lo así dispuesto, la Sala Plena procede ahora a dictar
nueva Sentencia, mediante la cual decidirá de manera definitiva si lo impugnado
se aviene o no a la Constitución Política.
I.
TEXTO DE LA NORMA ACUSADA
A
continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso:
"LEY 99 DE 1993
(22 de diciembre)
"Por la cual se crea al Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación
del Medio Ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
DECRETA:
(...)
Artículo 25.-De la Asamblea Corporativa. Es el principal órgano de dirección de la corporación
y estará integrada por todos los representantes legales de las entidades
territoriales de su jurisdicción.
Los miembros de la asamblea corporativa de una
corporación autónoma regional tendrán en sus deliberaciones y decisiones un
derecho a voto proporcional a los aportes anuales de rentas o a los que por
cualquier causa o concepto hayan efectuado a la corporación, la entidad
territorial a la que representan, dentro del año anterior a la fecha de la
sesión correspondiente. Si tales aportes superan el 25% del total recibido por
la corporación, este derecho a voto se limitará al 25% de los derechos
representados en la asamblea.
Son funciones de la asamblea corporativa: a) Elegir el
consejo directivo de que tratan los literales d) y e) del artículo 26 de la
presente Ley; b) Designar el revisor fiscal o auditor interno de la
corporación; c) Conocer y aprobar el informe de gestión de la Administración;
d) Conocer y aprobar las cuentas de resultados de cada periodo anual; e)
Adoptar los estatutos de la corporación y las reformas que se le introduzcan y
someterlos a la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente, y f) Las demás
que le fijen los reglamentos”.
II.
LA DEMANDA
Considera  el actor  que  la
disposición  acusada  vulnera  los artículos 1, 287 -inciso 1- y  298 de la
Constitución Política.
La violación alegada se concreta, al
tenor  del libelo, en la consagración de un aporte económico como factor que,
en últimas -a juicio del accionante-, va a definir la proporción de la votación
a nivel interno de la asamblea corporativa en las corporaciones autónomas
regionales, ya que van a presentarse representantes legales de algunas
entidades territoriales con más posibilidades de elegir, ser elegidos y tomar
decisiones que otros.
Considera el impugnador que el inciso
segundo del artículo demandado viola el artículo 1 de la Constitución, toda vez
que los principios de autonomía y descentralización, orientadores de nuestro
Estado Social de Derecho, resultan vulnerados porque las deliberaciones y
decisiones de la asamblea corporativa están sometidas a la proporción del
aporte anual de rentas que la entidad territorial haya efectuado a la
Corporación Autónoma Regional durante el año inmediatamente anterior a la fecha
de la sesión correspondiente.
Por lo expuesto -afirma el demandante-
las que en realidad vienen a definir las políticas que deben desarrollar las
CAR no son todas las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, sino
algunas pocas, es decir, las que más aportes hayan efectuado.
De otro lado, en la demanda se tacha
como inconstitucional el inciso 3 del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, ya que,
en su concepto, no desarrolla la autonomía municipal y departamental, principio
que orienta varios preceptos de la Constitución, y que califica el actor como
de gran contenido ecológico.
Para el accionante, la toma de
decisiones en materia ambiental se debe ajustar a criterios democráticos,
pluralistas y ecológicos, sin afectar, por supuesto, el desarrollo sostenible
de nuestros recursos naturales, con el cual se garantizan los derechos de las
próximas generaciones.
III. INTERVENCIONES
La ciudadana María Idalid Moreno Ramírez, obrando en
nombre y representación del Ministerio del Medio Ambiente, ha presentado un
escrito destinado a exponer las razones que, a su juicio, ameritan la
declaración de exequibilidad de la norma acusada.
Solicita, en forma adicional, que la Corte se
pronuncie respecto de lo que ha de entenderse por la expresión “aporte”,
contenida en la norma demandada, y que explique las diferencias entre este
concepto y los demás ingresos que forman parte del patrimonio de las
corporaciones autónomas regionales.
En primer término señala que el principio de la autonomía,
que al decir del actor está violado, ha sido objeto de numerosos fallos
proferidos por esta Corporación, en los cuales se ha establecido que, si bien
orienta la gestión de las entidades territoriales, no es absoluto. Está
limitado, en criterio de la interviniente, a lo señalado en la Constitución
Política y en la ley.
Manifiesta la ciudadana Moreno Ramírez que el
legislador otorgó a la asamblea corporativa -entendida como el principal órgano
de dirección de las corporaciones autónomas regionales-, un tratamiento
jurídico similar al previsto por el Código de Comercio para las sociedades,
pero ajustando la capacidad de voto al 25% de los derechos representados en
ella.
Considera que, por lo expuesto, con la norma en vigor
se garantiza el principio de igualdad, ya que no sería equitativo que todos los
socios o miembros de la asamblea corporativa entraran a participar en la toma
de decisiones con un valor igual desde el punto de vista formal, mas no así
desde el material, en la medida en que no se reflejaría el mayor esfuerzo
económico que hacen algunos representantes de las entidades territoriales
integrantes de la Corporación Autónoma Regional.
A juicio de la representante del Ministerio del Medio
Ambiente, la distribución de los recursos que recibe la Corporación Autónoma
Regional redunda en beneficio de todas las entidades territoriales que integran
la respectiva región y no en la proporción de los aportes que cada una de éstas
desembolse. Es decir, que la inversión regional se hará teniendo como criterios
la problemática ambiental y las áreas de manejo especial que están a cargo de
la región.
Agrega que la propia Ley 99 de 1993 distingue, en el
artículo 46, entre los recursos propios, que forman parte del patrimonio y
renta de las Corporaciones, y los aportes que hacen las entidades territoriales
para entrar a participar activamente en las decisiones de la Asamblea
Corporativa, aspecto del que trata el artículo 25 acusado.
IV. CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador General de la Nación solicita a la Corte
declarar la constitucionalidad del artículo 25 de la Ley 99 de 1993, salvo el
inciso segundo, el cual, en su concepto, es inconstitucional.
Manifiesta que el legislador, en el inciso 2
demandado, sí cualifica el voto que se emita en el seno de la asamblea
corporativa, con base en la capacidad económica de las entidades territoriales
aportantes.
A juicio del Procurador General de la Nación,
otorgarle a las corporaciones autónomas regionales el mismo tratamiento
jurídico que el reconocido a una sociedad comercial, en la que la capacidad
decisoria depende del monto de los aportes de sus integrantes, es desconocer la
naturaleza de la misión que la Constitución Política les otorgó. Por lo tanto,
resulta incongruente que sea el criterio económico -y no el ecológico o
ambiental- el que determine la capacidad decisoria de sus integrantes.
Considera que dar mayor poder decisorio a los votos
que emitan dentro del organismo rector de la ecología en cada región aquellos
representantes de entidades territoriales que tengan mayor capacidad de aporte,
es imponer una visión localista o regionalista de orden presupuestal, a
realidades naturales que deben ser atendidas con criterios universales,
sistemáticos e integradores.
Manifiesta el Jefe del Ministerio Público que, con el
precepto objeto de proceso, resulta transgredido el artículo constitucional
según el cual la función administrativa está al servicio de los intereses
generales, y que es contrario a la primacía de la utilidad pública y a la
concepción de los aludidos recursos como patrimonio común.
Finalmente, afirma que el inciso 2 del artículo 25 de
la Ley 99 de 1993 acusado, desconoce el deber constitucional del Estado de
proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de
especial importancia ecológica, señalado en el artículo 89 de la Carta. En
igual sentido -termina diciendo- con el indicado acápite resulta violado el
contenido del artículo 80 de la Constitución, ya que auspicia la
elaboración de planes de manejo ajenos a la cuestión ambiental propiamente
dicha.
V.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
El
derecho al voto en las asambleas de las corporaciones autónomas regionales no
puede estar supeditado a un factor económico, pues se pondría en peligro el
interés general y el desarrollo sostenible como fines de la política de
protección al medio ambiente
Las
corporaciones autónomas regionales están previstas en el artículo 150, numeral
7, de la Constitución Política, a cuyo tenor deben ser establecidas de
conformidad con la reglamentación que expida el Congreso, "dentro de un
régimen de autonomía".
Es
claro que se trata de organismos independientes cuyas determinaciones deben ser
adoptadas en los términos de la ley, sin depender de otros entes y dentro de
una filosofía democrática y participativa, ya que las funciones que les han
sido confiadas son de interés público.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, a las corporaciones autónomas regionales se han encomendado,
entre otras, las siguientes responsabilidades: ejecutar las políticas, planes y
programas nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria del
Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Inversiones o por el
Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden regional que le hayan
sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción; ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazados por el Ministerio del Medio Ambiente; promover y desarrollar la
participación comunitaria en programas de protección ambiental, de desarrollo
sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales renovables; coordinar
el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de desarrollo
medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción
y, en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental
y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales; participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento
territorial, a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las
decisiones que se adopten; celebrar contratos y convenios con las entidades
territoriales, otras entidades públicos y privadas y con las entidades sin
ánimo de lucro cuyo objetivo sea la defensa y protección del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de mejor manera
alguna o algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de
funciones administrativas; fijar en el área de su jurisdicción, los límites
permisibles de emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias,
productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio
ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir, restringir o regular
la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias
causantes de degradación ambiental; ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables,
incluida la actividad portuaria con exclusión de las competencias atribuidas al
Ministerio del Medio Ambiente; ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables; ordenar y establecer las normas y directrices
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su
jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las políticas
nacionales; Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras autoridades,
en materia de medio ambiente y recursos naturales renovables, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, en cuanto no pugnen con las atribuidas por
la Constitución a las entidades territoriales, o sean contrarias a la Ley o a
las facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente.
Su
configuración está prevista en el artículo 23 de la misma Ley, según el cual
son entes corporativos de carácter público integrados por las entidades
territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica.
La
norma bajo examen determina que las asambleas de las corporaciones autónomas
regionales son los principales órganos de dirección de dichos entes, y que sus
miembros serán los representantes legales de las entidades territoriales de la
jurisdicción correspondiente. Además, otorga a aquéllos el derecho a voto
proporcional, según los aportes efectuados por la respectiva entidad
territorial. No obstante, fija un límite al valor de los votos, en tanto
dispone que si el aporte supera el 25% del total recibido por la corporación,
el derecho al voto será de ese porcentaje.
El
tercer inciso del precepto legal bajo examen señala funciones de la asamblea
corporativa, como son las de elegir a alcaldes y representantes del sector
privado para que hagan parte, junto con otros miembros, del Consejo Directivo;
designar al revisor fiscal o al auditor interno; conocer y aprobar el informe
de gestión y las cuentas de resultados; adoptar los estatutos y sus reformas, y
someterlos a la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente. Por último, la
norma hace referencia a las demás funciones que fijen los reglamentos.
Cabe
aclarar que los cargos expuestos por el demandante se dirigen a atacar
solamente el segundo inciso del artículo 25, y la función de elegir a los
alcaldes que harán parte del Consejo Directivo, contemplada en la primera frase
del inciso tercero de la citada norma.
Aunque
el actor no expone las razones por las cuales el inciso primero del artículo
acusado podría ser inexequible, la Sala estima necesario que el análisis de
constitucionalidad también recaiga sobre ese aparte, con el fin de lograr una
mejor comprensión de los preceptos normativos que sí son objeto de expresos
ataques, con los cuales aquél se encuentra claramente vinculado.
En
relación con el inciso tercero, esta Corporación se limitará a analizar la
constitucionalidad del primer aparte ya enunciado, y se abstendrá de proferir
fallo de fondo respecto de las demás funciones de las asambleas corporativas,
en tanto respecto de ellas existe inepta demanda por absoluta ausencia de
cargos.
En
primer lugar, debe decirse que la integración de las asambleas de las
corporaciones autónomas regionales no desconoce ningún precepto constitucional.
Por el contrario, la disposición acusada desarrolla los principios de descentralización
y de autonomía (artículos 1 y 150-7 C.P.), puesto que son los representantes
legales de los entes territoriales quienes van a adoptar las decisiones sobre
la administración de los recursos naturales renovables de zonas que constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica -según
los términos del artículo 23 de la misma Ley- y tomarán las medidas que
propendan al desarrollo sostenible.
Cabe
resaltar que las corporaciones autónomas regionales constituyen importante
desarrollo del conjunto de preceptos constitucionales orientados a la
protección del medio ambiente (entre otros, los artículos 8, 58, 79, 80, 81,
95-8, 268, 310, 330, 331, 333 y 334 ibídem) -"Constitución
Ecológica"-, y son, en cierta forma, un  reflejo más del cambio conceptual
de la relación del hombre con la naturaleza, la economía y el desarrollo, y de
la asunción de nuevas responsabilidades de la persona, la sociedad, el Estado y
la comunidad internacional respecto de las generaciones futuras[1].
Ahora
bien, esta Sala comparte el concepto del Procurador General de la Nación, en el
sentido de que el derecho al voto de los miembros de las asambleas corporativas
no debe ser proporcional al aporte efectuado por los entes territoriales. El
criterio eminentemente económico escogido por el legislador no goza de
justificación constitucional, puesto que dicho sistema de voto, proporcional a
los aportes anuales de rentas o a los que por cualquier causa o concepto hayan
efectuado a la Corporación, podría generar la adopción de medidas por parte de
su máximo órgano directivo que no necesariamente redunden en favor del interés
general (artículos 1, 79 y 209 de la Carta) sino de ciertas zonas dentro de la
respectiva región, o que no se ajusten al concepto de desarrollo sostenible
(artículo 80 ibídem), y que, por el contrario, sólo beneficien a los
entes territoriales que hayan aportado mayores recursos. Se discrimina así a
los entes territoriales con menor capacidad económica, pues éstos no podrán
participar en iguales condiciones en la toma de decisiones que afectan a la
región a la que pertenecen. Así las cosas, se declarará inexequible dicha
limitación, que vulnera el principio de igualdad (art. 13 C.P.) -también
aplicable a las entidades territoriales, todas las cuales, excepto en lo
relativo a la autorización otorgada a la ley para establecer categorías de
municipios (art. 320 C.P., que es específico), tienen la misma importancia y
los mismos derechos constitucionales, con independencia de su capacidad
económica- y el artículo 287 de la Constitución Política, que reconoce derechos
a las entidades territoriales, sin discriminación, específicamente en lo
relacionado con el ejercicio de las competencias que les correspondan (numeral
2).
No
es necesario resaltar que las corporaciones autónomas regionales no constituyen
cualquier tipo de empresa sino unidades de acción estatal concebidas para
lograr objetivos de beneficio colectivo.
Toda
empresa, como base del desarrollo, tiene a cargo una función social que implica
obligaciones y supone responsabilidades. Si ello es predicable de cualquier
unidad de explotación económica, con mayor razón lo es de entidades como las
corporaciones autónomas, las cuales superan el puro concepto empresarial que
les ha querido conferir la norma examinada.
Tales
entes se han previsto directamente por el Constituyente para una finalidad
superior que interesa, más que a sus accionistas, a toda la comunidad. Su
existencia y papel deben entenderse y hacerse efectivos a la luz de los
postulados del Estado Social de Derecho y no bajo una perspectiva capitalista.
Así,
en las corporaciones autónomas regionales no está de por medio el objetivo de
rendimiento de capitales aportados por las entidades que las conforman sino el
cumplimiento de una función constitucional de primer orden frente a la cual
cada uno de los componentes tiene idéntica posición y jerarquía, y por lo tanto
un solo voto cuando se trata de adoptar decisiones. El factor predominante en
cuanto a las mismas corresponde al principio democrático de la participación
(arts. 1 y 2 C.P.).
Ahora
bien, si a las corporaciones se ha encargado de la preservación del ambiente
sano, objetivo constitucional también prevalente, se desdibuja todavía más la
finalidad de predominio del poder de decisión en manos de quien haga mayores
aportes en dinero.
A
juicio de la Corte, lo que debe tener en cuenta cada corporación autónoma es el
logro de su objetivo básico -la preservación del medio ambiente-, en el cual
juegan factores muy diversos, no relacionados con el dominio financiero de
cualquiera de las entidades territoriales aportantes.
Por
supuesto,  es verdad que no todas las entidades que conforman una corporación
autónoma tienen los mismos ingresos, igual población ni idéntica extensión,
pero ello en modo alguno significa que las más grandes deban concentrar un
mayor poder decisorio, en detrimento de las medianas o pequeñas. Si deben
contribuir en mayor medida al sostenimiento y desarrollo del respectivo
organismo, ello se debe a que se encuentran también en mayor capacidad de
contaminación.
La
Corte entiende que, según el artículo 79 de la Constitución, del derecho a
gozar de un ambiente sano son titulares todas las personas y no solamente los
habitantes de las entidades territoriales más acaudaladas. El precepto
constitucional -que aparece entonces infringido por el artículo acusado-
dispone que la ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectar el ambiente.
Señala
también la Constitución, como deberes del Estado, el de proteger la diversidad
e integridad del ambiente, el de conservar las áreas de especial importancia
ecológica y el de fomentar la educación para el logro de estos fines.
El
Estado, según el artículo 80 de la Carta Política, planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución.
Además
-agrega- el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
De
acuerdo con el mandato constitucional, el Estado cooperará con otras naciones
en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
El
Estado cumple estas funciones a través del Ministerio del Medio Ambiente y de
las corporaciones autónomas regionales, según la Ley 99 de 1993, y para
alcanzar los propósitos fundamentales expuestos no pueden esos entes depender
simplemente de la decisión de quienes mayores aportes hayan efectuado al
constituirlos o reformarlos, ni dejar al libre albedrío de tales aportantes
-independientemente del interés general- la conducción de los destinos
colectivos, pues, como bien lo anota el Procurador General en su concepto, ello
podría significar -en contradicción con el mandato constitucional- que en la
elaboración, proyección y desarrollo de los planes y programas correspondientes
se impusieran directrices, metas o logros ajenos a la cuestión propiamente
ambiental.
No
se olvide, por otra parte, que se cumple una tarea administrativa y no
meramente empresarial o societaria, ni se pierda de vista -por tanto- que ella,
en los términos del artículo 209 de la Constitución, está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla, entre otros, con fundamento en el
principio de igualdad.
Es
necesario hacer énfasis en que el régimen de los votos de los miembros de las
asambleas corporativas no puede asimilarse al de las sociedades mercantiles,
pues es evidente que la naturaleza y los fines de las corporaciones autónomas
regionales y de las sociedades comerciales son bien diversos. Por tal motivo, los
representantes legales de las entidades territoriales no pueden ser vistos como
accionistas o socios capitalistas sino como entes que, en desarrollo de su
propia función constitucional, concurren a la configuración de un organismo
encargado de defender, en igualdad de condiciones, los intereses de todas ellas
y, sobre todo, los de sus habitantes, quienes, según el artículo 13 de la
Carta, no pueden ser tratados peyorativamente por pertenecer a departamentos y
municipios más pobres.
Se
declarará la inexequibilidad de los apartes normativos que plasman la aludida
regla discriminatoria.
Por
último, para la Corte carece de fundamento el cargo formulado contra la función
de la Asamblea consistente en nombrar a los alcaldes que harán parte del
Consejo Directivo de la respectiva Corporación Autónoma Regional. Entiende el
actor que con ello se limita arbitrariamente la posibilidad que tienen los
alcaldes de elegir sus propios representantes, interpretación desacertada,
puesto que debe recordarse que los miembros de la Asamblea Corporativa son
precisamente los representantes legales de los entes territoriales que
conforman la respectiva región.
En
mérito de lo expuesto, se declarará exequible la frase "elegir al Consejo
Directivo que tratan los literales d)..." del último inciso de la norma
objeto de juicio.
DECISION
Con
fundamento en las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional de la
República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y
surtidos los trámites que contempla el Decreto 2067 de 1991, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE el inciso
primero del artículo 25 de la Ley 99 de 1993.
Segundo.- En relación con el segundo inciso de la citada
disposición, se declara EXEQUIBLE la frase "Los miembros de la
Asamblea Corporativa de una Corporación Autónoma Regional tendrán en sus
deliberaciones y decisiones un derecho a voto...",  e INEXEQUIBLE el
resto del inciso, que prescribe: "...proporcional a los aportes anuales de
rentas o a los que por cualquier causa o concepto hayan efectuado a la
Corporación, la entidad territorial a la que representan, dentro del año
anterior a la fecha de la sesión correspondiente. Si tales aportes superan el
25% del total recibido por la Corporación, este derecho a voto se limitará al
25% de los derechos representados en la Asamblea".
Tercero.- Respecto del tercer inciso del artículo 25 de la Ley
99 de 1993, se declara EXEQUIBLE el aparte que establece como una de las
funciones de la Asamblea Corporativa : "a. Elegir el Consejo Directivo de
que tratan los literales d (...) del artículo 26 de la presente Ley".
En
relación con las demás funciones consignadas en dicho inciso, la Corte se
declara INHIBIDA para proferir fallo de mérito, por ineptitud de la
demanda.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la
Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL                                   ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ                                                   CARLOS
GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO                                     FABIO MORON DIAZ
Magistrado
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO
MESA                                                    ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Auto 062/00
Referencia: Nulidad de la Sentencia C-642/00
Magistrado Ponente:
Dr. José Gregorio Hernández Galindo
Santa
Fe de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil (2000).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial de la prevista en el artículo 49 del
Decreto 2067 de 1991, conoce de oficio acerca  de la posible nulidad de la
Sentencia C-642 del 31 de mayo de 2000, proferida por ella misma, y sobre el
particular ha proferido el siguiente
AUTO
I.
ANTECEDENTES
La
Sala Plena de la Corte Constitucional debía decidir, durante la sesión del 31
de mayo de 2000, sobre la ponencia presentada por el Magistrado José Gregorio
Hernández Galindo, también Ponente de la presente providencia, relativa al
expediente D-2687 (demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano
Fernando Matallana Usaquén contra el artículo 25 de la Ley 29 de 1993).
No
se encontraban presentes en la Sala, por hallarse en comisión oficial en el
exterior, los magistrados Alfredo Beltrán Sierra y Carlos Gaviria Díaz, de
suerte que la Sala sesionó con la presencia de los restantes siete miembros de
la Corte.
Cumplido
el debate, se produjo la votación, de la cual resultó lo siguiente: los
magistrados Alejandro Martínez Caballero, Antonio Barrera Carbonell, Fabio
Morón Díaz y José Gregorio Hernández Galindo apoyaron la ponencia presentada, y
los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, Vladimiro Naranjo Mesa y Alvaro Tafur
Galvis votaron negativamente.
La
Sala entendió aprobado el proyecto, se firmó la Sentencia, se notificó y se
divulgó.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION
Ha
sostenido esta Corporación en forma reiterada que toda decisión judicial que
viole el debido proceso, por desconocer el artículo 29 de la Constitución, debe
ser anulada.
Con
mayor razón ha de promoverse la estricta observancia del mencionado principio
cuando se trata de las providencias a cargo de la Corte Constitucional,
guardiana de la integridad y supremacía de la Carta, y particularmente las de
Sala Plena, que recaen, ni más ni menos, sobre las disposiciones integrantes
del orden jurídico legal, para definir si ellas se ajustan o no a los preceptos
y principio superiores.
Esta
Sala ha sido exigente en lo relacionado con la sujeción plena y exacta de sus
propias decisiones al debido proceso, y no ha vacilado en anular aquéllas que
por cualquier circunstancia lo hayan contravenido.
En
reciente providencia se manifestó:
"...el debido proceso garantizado en todas las
actuaciones judiciales (art. 29 C.P.), debe ser observado con mayor razón y de
modo más exigente en el seno de la Corte Constitucional, mucho más si se
recuerda que, justamente a través de los fallos de revisión  de tutelas, está
llamada a velar por la efectividad y certeza de los derechos fundamentales.
En ese orden de ideas, la propia Corte debe proceder
de oficio a declarar la nulidad de sus fallos, si al proferirlos han sido
desconocidas, así sea levemente, las garantías constitucionales. Ello otorga
certidumbre y confianza a la colectividad en el sentido de que el tribunal
encargado por excelencia de preservar la base del ordenamiento jurídico se
obliga a sí mismo de manera estricta y con todo rigor. (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Auto del 17 de mayo de 2000).
También
ha dicho la Corte que son anulables por la Plenaria sus decisiones cuando se ha
desconocido, en el momento de dictarlas, el debido proceso.
Elemento
esencial de la validez de las providencias que profiere cualquier corporación
judicial está constituido por la mayoría con la cual se adopten, pues si el
número de votos es insuficiente resultan quebrantadas las reglas propias del
juicio, y se lesiona el derecho de las partes e intervinientes.
En
el caso de los procesos de constitucionalidad, aunque es sabido que no hay
partes enfrentadas, esa lesión se produce, y en grado mayúsculo, en contra del
interés general, que no es otro que el de la efectividad y vigencia del
ordenamiento jurídico fundamental.
El
artículo 14 del Decreto 2067 de 1991 dispuso que las decisiones sobre la parte
resolutiva de las sentencias de la Corte Constitucional debían ser adoptadas
"por la mayoría de los miembros" de la misma, y que los considerandos
de la sentencia podían ser aprobados "por la mayoría de los
asistentes".
El
artículo 54 de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de
Justicia), declarada exequible por esta Corte mediante Sentencia C-037 del 5 de
febrero de 1996, estipuló lo siguiente:
"Todas las decisiones que las corporaciones
judiciales en Pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar,
requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto
de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección". (Subraya
la Corte).
El
artículo 3 del Reglamento de la Corporación dispone que "las decisiones de
la Corte, salvo lo dispuesto en la ley para determinados casos, se adoptarán
por mayoría absoluta". Y el 34, regla sexta (según recodificación
contenida en el Acuerdo Nº 05 de octubre 15 de 1992), dispone:
"Terminado el debate, se hará la votación,
primero sobre la parte resolutiva y después sobre la motiva o sobre las
conclusiones del informe.
La parte resolutiva requerirá para su aprobación la
mayoría absoluta de los votos de los magistrados. La parte motiva se podrá
aprobar por mayoría relativa. Para aprobar los informes de comisión y demás
documentos se requerirá mayoría absoluta".
La
norma aclara lo que se entiende por mayoría absoluta: "cualquier
número entero de votos superiores a la mitad del número de magistrados que
integran la Corte". Según la Ley 5 de 1992 y el artículo 44 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), la Corte
Constitucional está integrada por nueve miembros, luego en el entendido de las
disposiciones citadas, toda mayoría para la adopción de decisiones debe estar
compuesta por un número de votos mayor que el número entero que supere a la
mitad de nueve, es decir, se necesitan mínimo cinco votos para que una decisión
de esta Corte sea válidamente adoptada.
Surge
de lo anterior que las providencias proferidas con una mayoría inferior son
nulas, y así debe declararlo el Pleno de la Corporación.
Es
verdad que, según el artículo 54 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, ya citado, "Cuando quiera que el número de los magistrados que
deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o
recusación o por causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes
deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso,
para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces", de lo cual
deducen algunos que la mayoría debe computarse sobre los magistrados restantes,
siempre que no se disminuya el quórum (en el caso de la Corte Constitucional,
cinco miembros), y que sólo se requeriría la presencia de conjueces cuando tal
número mínimo de asistentes se disminuyera.
No
obstante, debe observarse que el aludido inciso del artículo 54 regula
situaciones muy específicas, cuales son las de los impedimentos o recusaciones
y la referente a las causales legales de separación del cargo.
Pero
lo más importante es que la regla aplicable directamente a la toma de
decisiones es la del primer inciso del mismo artículo, ya transcrita, que exige
el voto de la mayoría de los miembros de la Corporación.
Se
declarará la nulidad de la Sentencia y se dispondrá que el proyecto de fallo
vuelva a distribuirse entre todos los magistrados, para resolver sobre él en la
próxima Sala.
DECISION
En
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar la nulidad de la Sentencia
C-642 del 31 de mayo de 2000, proferida por la Sala Plena de la Corporación.
Segundo.- Por Secretaría, distribúyase de nuevo la ponencia
entre los magistrados, para su estudio y decisión en la Sala siguiente.
Tercero.-
La Secretaría dejará constancia
acerca de la presente providencia al pie del fallo anulado, y, junto con la
Relatoría de la Corte, tomará las medidas necesarias para que, al publicar
aquél, sea publicado, junto con él, este Auto y la nueva sentencia que se
dicte.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase,
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL                                   ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES
MUÑOZ                                                   CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO                                     FABIO MORON DIAZ
Magistrado                                                                                    Magistrado
VLADIMIRO NARANJO
MESA                                                    ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sobre las implicaciones de la "Constitución Ecológica",
ver Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-126 del 1 de abril de 1998.
M.P.: Alejandro Martínez Caballero.