T-276-08
República de Colombia
Sentencia T-276/08
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO-Inoponibilidad
del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad en los casos en
que se han variado las condiciones iniciales del crédito de pesos a UVR
ACCION DE TUTELA CONTRA EL FONDO NACIONAL
DEL AHORRO-Procedencia por
violación al debido proceso y principio de la buena fe al variar
unilateralmente las condiciones del contrato de mutuo para la adquisición de
vivienda
FONDO NACIONAL DEL AHORRO-Vulneración de derechos al modificar el
crédito de pesos a UVR sin información y aceptación previa del titular
FONDO NACIONAL DEL AHORRO-Deber de informar a usuarios la
redenominación de créditos hipotecarios
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Evolución
jurisprudencial
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas y especiales de procedibilidad
VIA DE HECHO POR CONSECUENCIA-Vulneración del derecho de defensa
atribuible a un particular
NOTIFICACION Y DERECHO DE DEFENSA-Finalidad/NOTIFICACION PERSONAL-Medio
de comunicación procesal más idóneo
DEBIDO PROCESO-Vulneración por falta de notificación
Referencia: expediente T-1.619.256
Accionante: Eleazar Falla López
Demandado: Fondo Nacional del Ahorro y
Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (Valle).
Magistrado Ponente:
Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil ocho
(2008).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo y Marco
Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
en el proceso de revisión de los fallos proferidos por
el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali (Valle) y la Sala Civil del Tribunal
Superior del Circuito Judicial de Cali (Valle), dentro de la acción de tutela
instaurada por Eleazar Falla López, contra el Fondo Nacional del Ahorro
(F.N.A.) y el Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (Valle).
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. Manifiesta el actor a través de apoderado
judicial que a finales del año 1997 adquirió un préstamo en pesos para vivienda
de interés social, que está representado en el apartamento 1-201 del conjunto T
de Torres de Comfandi, ubicado en la calle 55 No. 1-94 de la ciudad de Cali
(Valle), que se identifica con la matrícula No. 370-578036, el cual se
encuentra gravado con patrimonio de familia a favor de su esposa y de su menor
hija.
1.2. El crédito citado, originó la suscripción de un
contrato de mutuo caracterizado por ser un préstamo en pesos por la suma de
$16´416.696.oo, con un plazo de 15 años, pagaderos en 180 cuotas mensuales
fijadas por el Fondo Nacional del Ahorro, incrementándola anualmente en un 20%.
La primera cuota se estableció aproximadamente en $120.000.oo. Los intereses
del capital se calcularían con base en el índice de     precios al consumidor
(I.P.C.), más el margen de rentabilidad, se fijó inicialmente el interés en el
21% efectivo anual, capitalizables. Se pactaron los intereses de mora
equivalentes al interés corriente, incrementado en un 50%, capitalizable. De
igual forma, se pignoraron las cesantías y se acordó que el F.N.A., las
aplicaría al pago de cuotas anticipadas.
1.3. Recientemente se percató al verificar los recibos
de pago que mensualmente recibe en su residencia en la ciudad de Ibagué, que de
manera abrupta e inconsulta el Fondo Nacional del Ahorro, modificó
unilateralmente las condiciones estipuladas en el acuerdo inicial (contrato de
mutuo), de tal forma que varió el régimen de pago de pesos y lo reliquidó a UVR
(Unidades de Valor Real); aumentó el plazo para pagar, así, de 15 años, pasó a
30 años, o lo que es igual, de 180 cuotas mensuales, pasó a 360 cuotas mensuales;
el valor de la cuota mensual se triplicó, pasó de $120.000.oo, a $360.000.oo;
el monto del capital desembolsado de $16´416.696.oo, aumentó a $40´000.000.oo;
estableció las tasas de interés de plazo y de mora en 9.5% y 14.25%
capitalizables; no aplica la totalidad de los pagos al crédito, como tampoco
las cesantías para cubrir cuotas futuras como se estableció en el contrato de
mutuo inicial.
1.4. Este cambio unilateral, abrupto y significativo
de las condiciones iniciales reguladas en el contrato de mutuo por parte del
Fondo Nacional del Ahorro lo ha llevado a la imposibilidad de efectuar los
pagos y por consiguiente a perder su vivienda que se encuentra hipotecada a
favor de la entidad citada, situación que se agravó en razón a su condición actual
de desempleado.
1.5. Hace poco tiempo se enteró de la existencia de un
proceso ejecutivo hipotecario iniciado a instancia de la entidad antes aludida,
del cual está conociendo el Juzgado 21 Civil Municipal de la ciudad de Cali
(Valle) y que se encuentra para diligencia de remate que se fijó para el día 12
de octubre de 2006. Proceso que se está surtiendo, pese al conocimiento que
tiene la judicatura de los cambios unilaterales que realizó la entidad
ejecutante a las condiciones originales del crédito, razón por la cual no debió
haberse iniciado, ni proseguido el mismo, pues lo indicado es que el Fondo
Nacional del Ahorro acuda judicialmente para que se autorice variar las
condiciones pactadas en el contrato de mutuo.
1.6.- El juzgado de conocimiento del aludido proceso
ejecutivo no tiene competencia ni jurisdicción para definir el mismo, en razón
a que los actos contenidos en la Escritura Pública No. 5186 del 31 de diciembre
de 1997, de la Notaría 2ª de Cali, se suscribieron por el Fondo Nacional del Ahorro
en su calidad de entidad pública (Establecimiento Público), según lo regulado
en los artículos 1º y 2º de la Ley 80 de 1993. En tal virtud su actividad
contractual se cataloga como estatal, luego entonces, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 75 ibídem, “el juez competente para conocer
de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de
ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso
administrativa”.
1.7.- El proceso ejecutivo se ha adelantado a sus espaldas,
pues no se notificó en debida forma del mandamiento de pago, en razón a que la
demandante aportó como dirección para notificaciones la del sitio en el cual se
encuentra ubicado el inmueble en la ciudad de Cali (Valle), cuando lo cierto es
que desde el año 2001 no reside en esa ciudad, sino en Ibagué (Tolima), cambio
de dirección que le fue informada al Fondo Nacional del Ahorro inmediatamente
sucedió. Por ello, la notificación y el aviso al
que se refieren los artículos 315 y 320, del Código de Procedimiento Civil, no
fueron recibidos por los demandados, sino por terceras personas, según consta
en el expediente.
1.8.- Que tanto en el mes de junio como en agosto del
año 2004, envió sendas peticiones al Fondo Nacional del Ahorro, recordando los
pagos que ha realizado durante la vigencia del crédito, tendiente a que se
hagan las correcciones por concepto de deudas, en razón a que sus cuentas
aparecen al día. Solicitudes que no han sido atendidas adecuadamente.
2. Fundamentos de la acción y pretensiones
El accionante considera violados sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, contradicción, defensa y vivienda
digna, por la actuación, a su juicio, irregular, tanto del Fondo Nacional del
Ahorro, como del Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (Valle). La primera
entidad, al cambiar de manera unilateral su crédito hipotecario de pesos a UVR
y con ello vulnerar el principio de la buena fe y el respeto por los actos
propios y la segunda, en esas condiciones, dar trámite al proceso ejecutivo
hipotecario, sin tener competencia para hacerlo, además de notificar
indebidamente el mandamiento de pago a los demandados, sin dársele la
oportunidad de comparecer al proceso.
Solicita en consecuencia se ordene al Fondo Nacional
del Ahorro volver las cosas a su estado original tal como se pactó en el
contrato de mutuo, esto es, no aumentar el plazo, ni la cuota, ni el saldo de
la obligación, se mantenga el crédito en pesos abonando a capital los dineros
que se le han cancelado. De igual forma, se prohíba a esta entidad la
capitalización de intereses tanto corrientes como de mora y se ordene que
solamente podrá aplicar al crédito el factor de corrección monetaria calculado
con base en el IPC, según se pactó inicialmente, así como, brindar una
información clara, cierta, comprensible y oportuna sobre el comportamiento del
crédito desde su otorgamiento, teniendo en cuenta todos los pagos que el deudor
ha efectuado, los que deberá aplicar al crédito conforme lo contempla el
contrato de mutuo.
Finalmente, pide se ordene la cesación del proceso
ejecutivo hipotecario que se está tramitando en el Juzgado 21 Civil Municipal
de Cali y se levanten las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
3. Oposición a la demanda de tutela
3.1.- Fondo Nacional del Ahorro
En escrito presentado ante el Juez del conocimiento,
el Fondo Nacional del Ahorro, por intermedio de su apoderada especial, se opuso
a las pretensiones de la tutela con los siguientes argumentos:
3.1.1- El Fondo Nacional del Ahorro le otorgó al
accionante un crédito por valor de $16´416.696.oo, tal como consta en la
escritura pública que contiene el contrato de mutuo civil garantizado con
hipoteca, que se desembolsó en el año 1997, cuyas condiciones pactadas eran la
aplicación de un sistema en pesos denominado “Gradiante Geométrico Escalonado”,
el cual presentaba cuotas crecientes en pesos.
3.1.2.- Dentro del contrato de mutuo suscrito entre
las partes, se pactó que las tasas de interés o las condiciones económicas de
la entidad se podían modificar por la Junta Directiva del Fondo Nacional del
Ahorro, a fin de adecuarlas a la normatividad.
3.1.3.- Al entrar en vigencia la Ley 546 de 1999, el
FNA presentó el sistema “Gradiante Geométrico Escalonado” a la Superintendencia
Bancaria para su aprobación, pero debido a la capitalización de intereses, la
citada entidad no lo aprobó.
3.1.4.- Luego de un análisis exhaustivo de los
resultados de las liquidaciones en diferentes sistemas de amortización, el FNA
tuvo que redenominar los créditos de sus afiliados, de pesos a UVR, aplicando
el sistema denominado Cíclico Decreciente en U.V.R., que era el que más se
ajustaba a las necesidades económicas de los afiliados, lo que no se hizo de
manera caprichosa, sino como resultado de un estudio financiero complejo que
favoreciera los intereses de los mismos, pues mantener el crédito en pesos,
implicaba que a partir del ajuste del sistema a la Ley 546 de 1999, el valor de
las cuotas en pesos resultaba tan alta que superaba el 30% del ingreso básico
del afiliado, lo que no era permitido por la ley y el crédito automáticamente
quedaba en mora.
3.1.5.- Por lo anterior, a mediados del año 2000, la
entidad empezó a realizar los ajustes financieros respectivos y se le hizo
saber al accionante mediante el envío mensual de la factura sobre las
condiciones de amortización del crédito, intereses, cuotas en mora, saldo,
entre otros. De igual forma, la Presidencia del Fondo le envió la comunicación
No. 088137 del 15 de agosto de 2002, en la que se le explicaron las razones y
la justificación para redenominar su sistema de amortización.
3.1.6.- El cambio fue realizado por la entidad, con
base en la facultad otorgada dentro del contrato de mutuo donde en uno de los
parágrafos se acordó que el Fondo podrá “variar las condiciones de amortización
del crédito, modificando como consecuencia de ello el valor de las cuotas
mensuales a fin de adecuarlas a las nuevas condiciones, decisión que será
comunicada al deudor por cualquier medio”. Así, la forma de comunicación
directa entre la entidad y el deudor es la factura que mes a mes se le envía
indicando el número del crédito, con lo cual el afiliado inmediatamente se
enteró del cambio de amortización realizado y que le era permitido de
conformidad con lo estipulado por la voluntad de las partes dentro del contrato
de mutuo.
3.1.7.- Ha indicado la jurisprudencia que el
otorgamiento de créditos por las entidades financieras para la adquisición y
conservación de vivienda, mediante contratos de mutuo con garantía hipotecaria,
no se rigen de manera absoluta por el principio de la autonomía de la voluntad
sin limitación alguna, pues ellos son contratos que han de obedecer a la
intervención del Estado, en aras del interés público y las finalidades sociales
que restringen la autonomía de la voluntad. Por esta razón el FNA, transformó
los créditos de vivienda de sus afiliados de pesos a UVR, por voluntad de la
ley y no por decisión adoptada con base en la posición dominante, como se ha
malinterpretado de manera generalizada.
3.1.8.- En el presente caso no se cumple con los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, esto es, la subsidiariedad
e inmediatez. De un lado, se trata de una controversia contractual de tipo
civil, en consecuencia el accionante cuenta con otros medios de defensa judicial
para buscar la protección de los derechos que considera se le están vulnerando
por parte de la entidad al redenominar su crédito hipotecario de pesos a UVR,
que en su sentir cambia las condiciones del contrato, cual sería exponer su
defensa en el proceso ejecutivo hipotecario que actualmente se adelanta en su
contra. Tampoco se evidencia la  necesidad de conjurar un perjuicio
irremediable que haga viable la tutela como mecanismo transitorio. De otro
lado, la actuación que a juicio del actor vulneró sus derechos, tuvo ocurrencia
hace más de cuatro años y no se evidencia que actualmente se le esté generando
algún perjuicio.
3.2.- Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali
(Valle)
El Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali (Valle)
admitió la acción de tutela a través de providencia del 6 de septiembre de
2006, y ordenó la notificación al titular del Juzgado Veintiuno Civil Municipal
de Cali (Valle), diligencia que se surtió el día 7 de septiembre de 2006[1], sin que aparezca en el expediente respuesta a esta acción
constitucional.
4. Pruebas relevantes que obran en el expediente
- En cuatro (4) cuadernos de 265, 25, 123 y 60 folios
respectivamente, obra la actuación surtida hasta el momento de proferir esta
sentencia, incluyendo copia del proceso ejecutivo hipotecario.
- En el cuaderno 1, escrito de tutela y copia del
proceso Ejecutivo Mixto con garantía hipotecaria de menor cuantía en contra de
Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría.
- A folios 78 a 85 del cuaderno 1, copia de la demanda
ejecutiva laboral incoada por la apoderada especial del Fondo Nacional del
Ahorro, en contra de Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría en la que
se indica como lugar de notificación a los demandados “CALLE 55 No. 1-44
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE COMFANDI – ETAPA V APARTAMENTO 201 – BLOQUE 1 –
CONJUNTO T DE LA CIUDAD DE CALI”.
- A folios 89 a 91 del cuaderno 1, copia del
mandamiento de pago de fecha 5 de marzo de 2004, proferido por el Juzgado 21
Civil Municipal de Cali (Valle), en contra de los demandados.
- A folio 92, copia de la citación para diligencia de
notificación personal del anterior proveído, dirigido a la “CALLE 55 No.
1-44 Apt. 201 Bloque 1 Conjunto T Conjunto Residencial Torres de Comfandi Etapa
V”, de la ciudad de Cali (Valle).
- A folio 100, copia del aviso de fecha 21 de mayo de
2004, por medio del cual la Secretaria del Juzgado 21 Civil Municipal de Cali,
avisa a los demandados que deben comparecer al juzgado a notificarse de la
providencia del 5 de marzo de 2004, proferido dentro del proceso ejecutivo
mixto de menor cuantía que se sigue en su contra. Se les advierte que “la
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la
entrega del presente aviso en la dirección en que se entregó la comunicación de
fecha de ABRIL 23 DEL 2003 tal y como lo dispone el artículo 320 del Código de Procedimiento
Civil”. En la parte inferior del mismo, firma recibido “INQUILINO Carlos
Alberto Mora...”.
- Folios 102 a 106, copia de la sentencia del 17 de
marzo de 2005, por medio de la cual, se ordena el remate, previo avalúo de los
bienes embargados o que se llegaren a embargar dentro del proceso.
- A folios 108 y 109, copia de la liquidación de las
costas por parte de la Secretaría del Juzgado, a cargo de la parte demandada,
así como el traslado de la misma a las partes por el término de tres (3) días,
y, copia de la providencia por medio de la cual se aprueba la liquidación de
las costas.
- Folios 110 a 113, copia del avalúo del inmueble
presentado al juzgado por la parte demandante y traslado del mismo a la parte
demandada.
- A folio 116, copia del oficio de fecha 10 de agosto
de 2001, suscrito por el señor Eleazar Falla López, dirigido al Fondo Nacional
del Ahorro, en el que requiere un estado de la cuenta de su crédito, además
manifiesta que “cualquier información como también los cobros mensuales se
remitan a partir de la fecha a la siguiente dirección: cra 9 No. 36-40 Torre
Brasil segundo piso Unidad Residencial el cafetal Ibagué Tolima, Teléfonos
2657093 – 2657080”.
- A folio 117, copia del recibo de pago No.
20060614670, expedido por el Fondo Nacional del Ahorro al señor Eleazar Falla
López, dirigido a la Cra 9 # 36-40 de la ciudad de Ibagué (Tolima).
- A folios 176 y 177, oficio de fecha agosto 15 de
2002, suscrito por el  Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, dirigida al
señor Eleazar Falla López, a la cra 9 # 36-40 de Ibagué (Tolima), en el cual se
le informa sobre la redenominación de su obligación en UVR.
- A folios 228 a 230, en cumplimiento del fallo de
tutela proferido por el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali (Valle), oficio suscrito
por el Coordinador del Grupo de Análisis y Recaudo del Fondo Nacional del
Ahorro,  le explica al tutelante el resultado de la liquidación de la
obligación de pesos a UVR y se le requiere para que en el término de 7 días
hábiles, exprese de manera clara el sistema de amortización que desea
establecer para su crédito, con el fin de darle cumplimiento en su totalidad a
lo ordenado por el juez constitucional.
- A
folios 259 a 261, oficio suscrito por Eleazar Falla López, dirigido al Fondo
Nacional del Ahorro en el que manifiesta que no está de acuerdo en la forma
cómo esta entidad pretende cumplir lo ordenado por el juez de tutela, pues le
envió unos documentos que no son claros, en donde insiste en redefinir la
obligación en UVR, capitaliza intereses y amplía el plazo a 30 años.
5. Pruebas practicadas por la Sala Cuarta de Revisión
de la Corte Constitucional
Mediante providencia del doce (12) de octubre de 2007,
la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación, resolvió oficiar por intermedio
de la Secretaría General al Juez 21 Civil Municipal de Cali (Valle), para que
en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este proveído, remitiera
a la Corte Constitucional el original del expediente que contiene el proceso
ejecutivo hipotecario, adelantado por el Fondo Nacional del Ahorro en contra
del señor Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría. De la misma manera,
dentro del término señalado, se le solicitó certificar sobre el estado actual
del proceso aludido y, en especial, sobre la adopción y práctica de las medidas
cautelares.
Se ordenó igualmente, oficiar al representante legal
del Fondo Nacional del Ahorro, para que dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la notificación de esta providencia, informe a la Sala de
Revisión: (i) si el FNA modificó las condiciones del crédito otorgado al actor
y, en caso afirmativo, señale las razones de esa modificación, el sentido de la
misma y la fecha en que se produjo; (ii) cómo fue enterado el señor Falla López
de la variación de las condiciones de su crédito, si se le envió comunicación
y, en caso afirmativo, cuándo, a qué dirección, cuál es el contenido específico
de la misma y por qué medio fue enviada; (iii) si en consecuencia de la
modificación de las condiciones del crédito se produjo un aumento en el monto
de las cuotas mensuales que el actor debe cancelar y, en caso afirmativo,
precise la diferencia e informe al respecto, y, (iv) allegue los documentos en
los cuales tengan fundamento las respuestas dadas a los interrogantes formulados,
y, ponga en conocimiento de la Sala, cualquier otra información que considere
pertinente a los efectos de dictar sentencia de revisión de los fallos
proferidos por los jueces de instancia en la tutela referida.
5.1.- Respuesta del Fondo Nacional del Ahorro al
requerimiento de la Sala Cuarta de Revisión
A través de oficio, recibido en la Secretaría General
de esta Corporación el 19 de octubre de 2007, la apoderada especial del Fondo
Nacional del Ahorro, adjunta memorando GAR 882 de la División de Cartera, Grupo
Análisis y Recaudo de esa entidad, con el cual se da respuesta “a cada uno
de los interrogantes planteados”[2]. De igual forma, anexó copia de la
comunicación P-088137; Acuerdos 995 y 996 y la Ley 546 de 1999.
Lo expuesto en el citado memorando se puede sintetizar
así: (i) al actor se le desembolsó un crédito hipotecario el 16 de febrero de
1998 por la suma de $16´416.687, para ser cancelado en 180 cuotas, y a una tasa
de interés del IPC más 9.50, y un incremento anual de cuota del 20%; (ii)
basados en los requerimientos hechos por la Superintendencia Bancaria, hoy
Superintendencia Financiera, fue necesario modificar las condiciones del
crédito con fundamento en lo estipulado en la Ley 546 de 1999 que entró a regir
el 31 de diciembre de 1999; (iii) el periodo de adecuación de la ley de
vivienda para el crédito del actor, comprende desde el 31 de diciembre de 1999,
hasta el 31 de julio de 2002, fecha en la cual fue redenominado el sistema de
amortización cíclico decreciente en UVR, sistema adoptado por el Fondo Nacional
del Ahorro, a través de los acuerdos 995 y 996 de noviembre de 2001; (iv) el
ejercicio de adecuar el crédito a los parámetros establecidos en la ley 546
consistió básicamente en eliminar la capitalización de intereses generada hasta
julio 31 de 2002, separando el componente inflacionario (IPC), de la tasa de
interés que hasta entonces se venía liquidando. El resultado de dicha operación
permite establecer la tasa real de interés corriente fija, para el caso 9.50%
EA; (v) en cumplimiento del fallo de tutela, hoy en día ese crédito se liquida
en las condiciones originalmente pactadas; (vi) al señor Falla López, se le
informó de la variación de las condiciones de su crédito hipotecario mediante
el oficio No. P088137 del 15 de agosto de 2002, enviado a la cra 9ª No. 36-40
en la ciudad de Ibagué (Tolima), dirección aportada por el afiliado y que
reposa en la base de datos de la entidad; dicho oficio fue enviado por medio
del servicio del correo Adpostal, y, (vii) al reliquidar de pesos a UVR, la
cuota a pagar por el actor, pasó de $207.628.oo a $224.237.08., es decir, se
incrementó en un 8%.
5.2.- Respuesta del Juzgado 21 Civil Municipal de Cali
(Valle) al requerimiento de la Sala Cuarta de Revisión
Mediante oficio No. 093 del 16 de enero de 2008,
remitido vía fax a esta Corporación el día 25 del mes y año antes indicado, el
Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (Valle), respondió al requerimiento de la
Sala Cuarta de Revisión, de la siguiente manera: (i) la demanda ejecutiva mixta
de menor cuantía interpuesta por el Fondo Nacional del Ahorro, en contra de
Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría, se encuentra radicada en ese
despacho judicial desde el 02 de octubre de 2003; (ii) el día 05 de marzo de
2004, se libró mandamiento de pago y en esa misma fecha se decretaron medidas
cautelares, entre ellas, se ordenó el embargo y secuestro del inmueble
distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 370-578036, así como el embargo y
secuestro de las sumas de dinero que posean los demandados en los Bancos y
Corporaciones; (iii) el 7 de junio de 2004 “existe constancia del envío y
recibo del aviso, por lo tanto, se tuvo como notificados por aviso a los
demandados”; (iv) el día 17 de marzo de 2005, se profirió sentencia a través de
la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución; (v) se liquidaron las
costas el día 8 de septiembre de 2005 y luego se ordenó la aprobación y
liquidación de las mismas; (vi) el día 31 de marzo de 2006, se llevó a cabo
diligencia de de secuestro sobre el inmueble previamente embargado; (vii) el
día 4 de abril de 2006, la parte actora presentó avalúo del inmueble, del cual
se corrió traslado al demandado el 6 de junio de 2006; (viii) se aprobó
dictamen pericial y se señaló fecha para la diligencia de remate; (ix) se
aprobó la liquidación del crédito el 01 de septiembre de 2006; (x) la parte
demandada presentó escrito que contiene incidente de nulidad, y, (xi) la
demandada presentó acción de tutela de la cual conoció el Juzgado Quince Civil
del Circuito, quien posteriormente ordenó se diera por terminado el proceso,
orden que se cumplió el 02 de octubre de 2006. Apelada tal decisión por el
demandado en la acción de tutela, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali,
a través de providencia del 22 de noviembre de 2006, declaró la nulidad de todo
lo actuado a partir de la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo y a
su vez ordenó rehacer la actuación.
De la misma manera, con fecha 18 de febrero del
presente año, la Secretaría General de esta Corporación hizo llegar al
Magistrado Sustanciador de esta providencia, el original del proceso ejecutivo
mixto de menor cuantía, cuyo envío se había solicitado al juzgado de
conocimiento a través de Auto del 12 de octubre de 2007.
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN
1. Primera instancia
El Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali – Valle del
Cauca- resolvió no tutelar el derecho al debido proceso invocado por el
accionante en contra del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de esa misma ciudad.
Tuteló el derecho fundamental al debido proceso en contra del Fondo Nacional
del Ahorro, al considerar que esta entidad, varió de manera unilateral las
condiciones iniciales que se pactaron en el contrato de mutuo con el deudor del
crédito hipotecario, sin que exista en el expediente del proceso ejecutivo, ni
en el que contiene la acción de tutela, prueba que demuestre que dicha entidad
le envió comunicación al deudor, respecto del cambio en las condiciones del
crédito.
Como consecuencia de lo anterior, ordenó al Fondo
Nacional del Ahorro que dentro del término de cinco (5) días, restablezca el
crédito en pesos y en el plazo indicado, según lo pactado inicialmente con el
demandante. Una vez cumplido lo anterior, en el término de quince (15) días
verifique si dicho crédito cumple o no con la prohibición de capitalización de
intereses. En caso de que se constate que el crédito del tutelante resulta
contrario a lo que ha establecido la Corte Constitucional en dicho sentido y
con las normas legales vigentes, el Fondo Nacional del Ahorro, deberá, dentro
del mismo plazo, brindar información clara, cierta, comprensible y oportuna al
señor Falla López respecto de dicha condición, de forma tal que conozca cómo
opera el crédito, la composición de las cuotas, el comportamiento del mismo y
cuál va a ser el procedimiento a seguir por parte del Fondo Nacional del Ahorro
para ajustar su crédito a la prohibición de capitalización de intereses; en el
evento en que sea necesario modificar las condiciones  inicialmente pactadas en
cuanto al plazo o monto de las cuotas que en pesos adquirió el demandante y que
debe continuar en pesos, será necesario contar con su consentimiento, y, en
caso contrario, se mantendrán las condiciones inicialmente pactadas, sin
perjuicio de que el Fondo Nacional del Ahorro pueda acudir ante el juez
competente para dirimir la controversia contractual.
De la misma forma, ordenó al Juzgado 21 Civil
Municipal de Cali (Valle), declarar terminado el proceso ejecutivo hipotecario
adelantado por el Fondo Nacional del Ahorro en contra del señor Falla López y
Rocío Cárdenas Santamaría.
2. Impugnación
La demandada impugnó la decisión anterior, utilizando
como fundamento razones similares a la respuesta a la acción de tutela,
agregando que el Fondo Nacional del Ahorro no vulneró el derecho de petición al
actor, toda vez que por la Presidencia de esa entidad, se le informó de manera
clara, completa, comprensible y precisa las condiciones del crédito e
igualmente le solicitó acercarse o comunicarse a la entidad para que
manifestara si estaba o no de acuerdo con el sistema escogido y en su defecto
informara a la entidad cuál sistema escogía, sin que se hubiere recibido
comunicación alguna.
3. Segunda instancia
La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali (Valle),
revocó el numeral primero y los dos titulados “tercero” de la parte resolutiva
de la sentencia impugnada. En su lugar, declaró sin valor y eficacia lo actuado
a partir de la sentencia 0086 del 17 de marzo de 2005, proferida por el Juez 21
Civil Municipal de Cali en el proceso ejecutivo propuesto por el Fondo Nacional
del Ahorro en contra del señor Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría,
incluyendo ésta. Aclaró que la ineficacia no cobija los actos procesales
relacionados con las medidas cautelares.
Se ordenó al señor Juez 21 Civil Municipal de Cali –
Valle- rehacer la actuación invalidada y al momento de proferir una nueva
sentencia tenga en cuenta, que el crédito se otorgó en pesos y es voluntad del
adquirente que así se mantenga; que “ha de darse aplicación a la LV y la DC
sobre reliquidación del crédito, intereses a cobrar y en general a las
disposiciones que  lo regulan”. En todo lo demás se confirmó el fallo
recurrido.
Sostuvo el Tribunal que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional es clara en establecer que cuando el Fondo Nacional del Ahorro
de forma unilateral e inconsulta modifica los créditos de vivienda otorgados a
sus deudores, afecta de manera flagrante el debido proceso de sus asociados;
abusa de su posición dominante, pues la modificación de las condiciones de los
créditos deben ser consultadas con el deudor dentro del marco del respeto al
debido proceso administrativo, más aún cuando existen diversas opciones que
permiten mantener los créditos en pesos.
Se encuentra igualmente vulnerado el debido proceso al
adelantarse la ejecución hasta llegar a sentencia que ordena la venta del bien
hipotecado para pagar la obligación expresada en UVR, sin que el juez de
conocimiento haya tomado medida alguna para sanear esta lesión al derecho
fundamental.
No obstante, la decisión adoptada por el a-quo
de ordenar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario es innecesaria y
desproporcionada. No tiene utilidad práctica afectar toda la actuación procesal
que se viene adelantando desde el 29 de agosto de 2003, cuando se ha asegurado
a las partes del proceso la posibilidad de esgrimir sus respectivos argumentos
y oposiciones, y, existe la posibilidad de sanear las irregularidades al
proferir una nueva sentencia por parte del juez de la ejecución en la que se
garantice no solamente el debido proceso administrativo, frente a la actuación
inconsulta del Fondo Nacional del Ahorro, sino para garantizar que el crédito
sea reliquidado conforme lo ordenan la ley de vivienda y la doctrina
constitucional, en la medida en que la premisa fáctica se subsuma en estas
fuentes formales del derecho.
De esta forma, el juez de la ejecución, como director
del proceso y con fundamento en los poderes que la ley le otorga, antes que
decida en la sentencia lo que es legal y justo,  debe tomar las medidas
necesarias – como lo serían pruebas de oficio si las requiere- para que el
crédito del demandante sea expresado en pesos, no conlleve capitalización de
intereses y si los hubo, se le devuelvan los pagos inconstitucionales que por
este concepto hizo, además que, no se efectúe con tasas de interés superiores a
las autorizadas legalmente.
En este orden, como a partir del momento en que se
deba proferir la sentencia se pueden garantizar los derechos del demandante de
tutela, no hay lugar a declarar terminado el proceso, sino invalidar todo lo
actuado a partir de aquella y ordenarle al juez que, previa utilización de los
poderes de instrucción (si lo estima necesario), profiera una nueva sentencia,
esta vez, garantizando plenamente los derechos de los deudores, y en general de
todos los intervinientes en el proceso.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala de la Corte Constitucional es competente
para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto
2591 de 1991.
2. Problemas Jurídicos
De acuerdo a las circunstancias que motivaron la
presente acción de tutela, así como las decisiones proferidas por los jueces de
instancia, le corresponde a esta Sala de Revisión establecer si con la
actuación del Fondo Nacional del Ahorro, consistente en variar unilateralmente
las condiciones iniciales de un crédito hipotecario otorgado inicialmente en
pesos y a un plazo de 15 (quince) años, y cambiarlo a Unidades de Valor Real
(UVR) y a un plazo mayor (30 -treinta años- ), vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor, en especial el debido proceso, así como
los principios de buena fe y respeto por los actos propios, cuando la variación
de las condiciones iniciales, se realizó sin que mediara su consentimiento, y
con la finalidad de adecuar la obligación adquirida, a la Ley 546 de 1999 y a
las circulares de la Superintendencia Bancaria (Hoy Superintendencia
Financiera).
De la misma manera se debe verificar si el Juzgado 21
Civil Municipal de Cali (Valle), al notificar el mandamiento de pago en el
proceso ejecutivo hipotecario seguido por el Fondo Nacional del Ahorro en
contra del señor Falla López, a la dirección indicada en la demanda por la
apoderada de la citada entidad, que no correspondía con la de residencia del
ejecutado, vulneró el debido proceso y los derechos de contradicción y defensa
que le asisten.
3.-
Metodología a seguir para resolver los problemas jurídicos planteados
Con el fin de
resolver los problemas jurídicos planteados, esta Sala de Revisión, reiterará
la jurisprudencia constitucional sobre los siguientes temas: (i) las
modificaciones unilaterales realizadas por el Fondo Nacional de Ahorro,
respecto del sistema de amortización y el tiempo de cancelación del crédito, no
solamente desconocen los principios de la buena fe y confianza legítima, sino
que vulneran el derecho fundamental al debido proceso; (ii) procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y, (iii) importancia de las
notificaciones judiciales en relación con el derecho de defensa y el principio
de publicidad de los actos procesales.
No obstante lo
anterior, previamente al análisis de los temas que permiten resolver el fondo
del asunto, se debe analizar si en los casos en los cuales se censura la
actuación del Fondo Nacional del Ahorro, es oponible el principio de
inmediatez, y si el actor cuenta con otro medio de defensa para hacer valer sus
derechos frente a la actuación de esta entidad, tal como se expuso en la
respuesta a la acción de tutela que ahora ocupa esta revisión.
Solamente de
cumplirse en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela, se abordará el fondo del asunto.
Debe aclararse
que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en contra del
Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (Valle), se analizarán en su momento cuando
se aborde el tema de la tutela contra providencias judiciales.
4.-
Inoponibilidad del principio de inmediatez como requisito de procedibilidad de
la acción de tutela en los casos en los que el Fondo Nacional del Ahorro ha
variado las condiciones iniciales del crédito, de pesos a UVR. Reiteración de
Jurisprudencia
La jurisprudencia
de esta Corporación se ha referido a la inoponibilidad del principio de
inmediatez como requisito de procedibilidad de la acción de tutela en los casos
en los cuales se reprocha la actuación del Fondo Nacional del Ahorro,
consistente en la variación unilateral de las condiciones iniciales del
crédito, de pesos a Unidades de Valor Real UVR, al sostener que, el tiempo
transcurrido desde la modificación al contrato de mutuo no subsana la violación
al debido proceso[3]. Se ha manifestado igualmente, que el
hecho de que el actor haya continuado pagando las cuotas no significa de manera
alguna que hubiera aceptado tácitamente la variación unilateral en las
condiciones del crédito. El continuar cancelando las cuotas bajo el nuevo
sistema de amortización, aún persistiendo la vulneración del derecho al debido
proceso, era la alternativa menos gravosa a su interés de acceder a una
vivienda. Es por ello que no puede hablarse de un desinterés del actor frente a
las modificaciones contractuales, sino del desconocimiento de sus derechos por
parte de la entidad financiera[4].
La jurisprudencia
aludida es aplicable al caso bajo estudio en la medida en que de la respuesta a
la acción de tutela dada por el Fondo Nacional del Ahorro[5], así como al requerimiento realizado por la Sala
Cuarta de Revisión, se infiere que esta entidad modificó unilateralmente el
sistema de amortización del crédito del actor de pesos a UVR, así como el plazo
pactado para el pago de la obligación, de 15 (quince) años, lo pasó a 30
(treinta) años a mediados del año 2002, y la acción de tutela se instauró el
día 5 de septiembre de 2006[6], esto es, más de 4 años después. Actuación
de la entidad demandada que vulnera el debido proceso, que el simple paso del
tiempo no subsana.
De la misma
forma, el actor siguió cancelando las cuotas aproximadamente hasta el mes de
julio de 2003[7], las cuales según lo anotó, después de la
variación del sistema de amortización no pudo seguir pagando, en razón, a su
precaria situación económica. No obstante, la circunstancia de haber seguido
cancelando las cuotas después a la variación del sistema de amortización – por
espacio de un año-, no implica la aceptación tácita del actor por el nuevo
sistema. Tampoco la no cancelación de las cuotas desde esa fecha puede tenerse
por un total desinterés frente a las modificaciones contractuales, pues las
mismas implicaron la vulneración del debido proceso por parte del Fondo
Nacional del Ahorro.
5.- Inexistencia de otro medio de defensa
judicial cuando el Fondo Nacional del Ahorro ha variado las condiciones
iniciales del crédito al pasarlas de pesos a UVR
De manera
reiterada, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la acción de
tutela es un medio de defensa judicial, cuya característica principal es la de
ser subsidiario y residual, mediante el cual se busca proteger los derechos
constitucionales fundamentales. Precisamente este carácter, implica que si el
interesado tiene a su disposición otro medio de defensa, la tutela no opera
como medio sustituto o alterno, ni puede desplazar a los jueces ordinarios en el
ejercicio propio de sus funciones[8], salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable[9], según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución, en
concordancia con lo establecido en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
2591 de 1991[10].
En este orden, si está previsto en el ordenamiento
jurídico otro medio de defensa (ante la propia administración, o judicial) para
lograr el amparo pretendido, la tutela no puede desplazarlo, pues al hacerlo
implicaría una intromisión indebida en las competencias que el legislador ha
establecido, o bien en cabeza de la propia administración o de los jueces
ordinarios o especiales. Sin embargo, no basta con la existencia de otro medio
de defensa, sino que el mismo debe ser eficaz e idóneo para deparar protección
cierta, efectiva y concreta del derecho constitucional fundamental vulnerado o
amenazado, circunstancia que deberá ser apreciada por el juez en cada caso
concreto. La forma en que han sido desconocidos o puesto en peligro tales
derechos, permite establecer la idoneidad del medio de defensa[11].
En otras palabras, dicho medio de defensa debe tener la virtualidad de ser
suficiente para restablecer el derecho fundamental amenazado o vulnerado[12].
En síntesis, como regla general la acción de tutela es
procedente ante la inexistencia de otro medio de defensa, o cuando existiendo,
el mismo no resulta idóneo para resolver el caso concreto, eventos en los
cuales la tutela procede ante la imposibilidad material de buscar protección
real y cierta por otra vía; en tal virtud, el amparo constitucional se brinda
como mecanismo principal, salvo cuando se pretenda evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos
temporales, esto es, sólo hasta el momento en que la autoridad competente
resuelva de forma definitiva el asunto.
En casos como el
analizado, ha sostenido esta Corporación que la acción de tutela es procedente,
habida cuenta que no puede obligarse al deudor hipotecario a iniciar un proceso
tendiente a establecer cuáles eran las condiciones pactadas inicialmente,
cuando no intervino en la modificación de las mismas, pues es el Fondo Nacional
del Ahorro el interesado en el asunto[13]. Variación unilateral de las condiciones del contrato de mutuo para
adquisición de vivienda (aumento excesivo en el plazo estipulado o en la cuota
mensual) que vulnera el derecho fundamental al debido proceso y el principio de
buena fe[14].
Una vez verificados los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela en contra del Fondo Nacional del Ahorro, se analizarán
los temas propuestos, que permiten definir el fondo del asunto.
6.- Las modificaciones unilaterales realizadas por el
Fondo Nacional de Ahorro, respecto del sistema de amortización y el tiempo de
cancelación del crédito, no solamente atentan contra los actos propios,
desconoce los principios de la buena fe y confianza legítima sino que vulnera
el derecho fundamental al debido proceso. Reiteración de jurisprudencia
Con ocasión de la revisión de las decisiones de
instancia proferidas por los jueces de tutela, en múltiples oportunidades, esta
Corporación se ha pronunciado sobre la actuación del Fondo Nacional del Ahorro
que en el marco de la Ley 546 de 1999 ha modificado unilateralmente las
condiciones iniciales estipuladas en los contratos de mutuo[15], para adquisición de vivienda, lo que ha permitido, consolidar la
jurisprudencia aplicable cuando se presenten casos similares. Sobre el
particular se han establecido las siguientes reglas[16]:
“(i) Los acreedores financieros, en
razón de la posición dominante en la que se encuentran frente a los deudores
hipotecarios, tienen el deber de informar previamente y de manera clara,
precisa y comprensible sobre cualquier tipo de cambio a realizarse sobre un
crédito de vivienda, a fin de que el deudor cuente con la oportunidad de
ejercer sus derechos frente a la eventual modificación.
(ii) De no contar con el consentimiento del
deudor para efectuar el cambio sobre las condiciones en que fue pactado el
crédito inicialmente, a la entidad financiera acreedora corresponde acudir ante
el juez competente para que sea éste quien solucione la controversia planteada,
sin que, de ninguna manera, le resulte válido definirla a favor de sus propios
intereses.
(iii) La pretermisión del procedimiento de
información del deudor hipotecario, por parte de la entidad acreedora, a fin de
obtener su consentimiento previo para modificar el crédito, afecta los
principios de la confianza legítima y la buena fe, como quiera que la
suscripción de un contrato permite a las partes confiar en que el mismo se
cumplirá tal y como fue pactado y que no sufrirá alteraciones provenientes de
ninguna de las partes.
(iv) Así mismo, las modificaciones
unilaterales que recaigan sobre las condiciones iniciales en que haya sido
pactado un crédito de vivienda configuran una clara violación del derecho al
debido proceso, por desconocimiento del debido respeto al acto propio.”[17]
En este orden, incorporado al principio de
la buena fe regulado en el artículo 83 supralegal, se encuentra el que nadie
puede ir en contra de sus propios actos[18]; circunstancia que no solamente se contrae
al nacimiento de la obligación, sino que sus efectos se despliegan en el tiempo
hasta la extinción de la misma. Así, debe mantenerse en el futuro la palabra
inicialmente comprometida, pues de su cumplimiento depende en gran medida la
seriedad del procedimiento, la credibilidad entre las partes y el efecto
vinculante  de sus actos. De tal suerte que ante cambios inconsultos de las
cláusulas contractuales por iniciativa de una de las partes, es necesario
proteger la confianza legítima de las personas que han adquirido créditos de
vivienda, en razón a su convicción de que, en principio, la relación contractual
no podía ser modificada unilateralmente[19].
Según lo ha sostenido esta Corporación, no
es suficiente con la notificación que hace la entidad financiera al deudor
hipotecario en la que le informa datos como, el cambio de las condiciones del
contrato de mutuo e indicarle la redenominación que ha sufrido la obligación
adquirida, el nuevo sistema de amortización y la extensión de los plazos, pues
la falta de consentimiento del deudor vulnera principios como la buena fe y la
confianza legítima, así como el derecho fundamental al debido proceso.
De tal manera que lo indicado para las
entidades financieras, en cumplimiento del principio de publicidad, es que
informen al obligado con antelación, de forma clara, precisa y comprensible,
sobre la variación de las condiciones iniciales del contrato de mutuo, que son
necesarias para adaptar la obligación a las nuevas condiciones legales, para
que de esta manera el deudor pueda manifestar su anuencia, o por el contrario
oponerse a la decisión adoptada, presentando reclamos o los recursos a los que
haya lugar, es decir, debe permitírsele interactuar en la toma de la decisión.
En todo caso de no contarse con la
aquiescencia del deudor para proceder a las modificaciones en el contrato de
mutuo, la entidad financiera cuenta con la posibilidad de acudir judicialmente
para que se dirima la litis contractual[20]
7.- Procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, tanto en
materia de control abstracto de constitucionalidad, como en la revisión de las
decisiones judiciales proferidas por los jueces de instancia, ha sido enfática
en señalar el carácter eminentemente subsidiario y excepcional de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales[21].
En tal virtud, la acción de tutela sólo es procedente frente a situaciones
contra las cuales no exista otro medio de defensa tendiente a proteger los
derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados, o cuando
existiendo, no tenga la eficacia del amparo constitucional, lo que abre paso a
su utilización como mecanismo transitorio para precaver la ocurrencia de un
perjuicio irremediable[22].
Ha sostenido igualmente esta Corporación que las
providencias judiciales en todos los niveles se encuentran soportadas en los
principios de autonomía, independencia, acceso a la justicia y legalidad, y en
esencia, dirigidas a que los ciudadanos puedan reivindicar sus derechos
constitucionales y legales, siguiendo los parámetros establecidos por el
legislador, lo que a la postre las hace inmodificables en pro de la seguridad
jurídica y del respeto de la separación de poderes[23]. Sin embargo, debido al carácter
normativo, de supremacía de las normas constitucionales (art. 4 C.P) y de
primacía de los derechos fundamentales (arts 5 y 86 C.P.), la acción de tutela
procede excepcionalmente contra las acciones u omisiones en que incurren los
jueces al administrar justicia cuando son desconocidos los derechos
constitucionales fundamentales [24].
La posición anterior fue sostenida por la Corte
Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, en la cual, si bien se declararon
inexequibles los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, al considerarse
que desconocían las reglas de competencia establecidas por la Constitución
Política y afectaban el principio de seguridad jurídica, en su ratio
decidendi se indicó que en circunstancias excepcionales, la acción de
tutela procedía contra actuaciones judiciales cuando las mismas constituían
vías de hecho.
En la sentencia antes aludida se sostuvo que por vía
de tutela puede ordenarse al juez que ha incurrido en una dilación
injustificada en adoptar decisiones a su cargo que proceda a resolver o que sea
diligente en los términos judiciales. De igual forma se expresó que tampoco “
riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante
actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se
desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está
constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo
efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y
queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente
(artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991).  En
hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra  la seguridad
jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que
persigue la justicia.” (Resaltado fuera de texto).
A partir de ese momento, hasta la actualidad,
atendiendo a la fuerza vinculante erga omnes[25],
de los fallos de constitucionalidad, las distintas salas de revisión de esta
Corporación han aplicado a los casos concretos el precedente jurisprudencial de
la Sala Plena vertido en la sentencia C-543 de 1992[26],
con el fin de conjurar la vulneración abierta y ostensible de los derechos
constitucionales fundamentales a través de acciones u omisiones de los
operadores jurídicos, sin que exista otro medio de defensa eficaz al alcance
del afectado. Es decir, el amparo constitucional en estos casos se convierte en
el medio idóneo y eficaz a través del cual se adoptan las medidas necesarias
para restablecer los derechos fundamentales amenazados o vulnerados mediante
una decisión judicial[27], o en su caso puede
proponerse como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio
irremediable. En estos casos, la tutela busca armonizar la decisión judicial
que vulnera derechos, con la normatividad constitucional, al aplicar de forma
directa los lineamientos superiores y la preeminencia de los derechos en el
ordenamiento jurídico, en caso de que ello sea pertinente[28].
Las llamadas doctrinal y jurisprudencialmente “vías de
hecho” o defectos en que pueden incurrir los jueces al adoptar sus decisiones,
ahora se conocen técnicamente como causales de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales. Concepto que según la jurisprudencia de esta
Corporación, se  ajusta mejor a la figura aludida y a su evolución[29].
Dentro de las citadas causales encontramos unas genéricas o previas y otras
específicas.
Las causales genéricas o previas, buscan asegurar la aplicación
subsidiaria del amparo constitucional como medio de protección de derechos
constitucionales fundamentales. En la sentencia C-590 de 2005, M.P., Jaime
Córdoba Triviño, se sintetizaron de la siguiente forma:
(i)
Que la cuestión
discutida resulte de evidente relevancia constitucional que afecta derechos
fundamentales de las partes, pues el juez de tutela no puede entrar en el
análisis de situaciones que no tengan una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que deben ser resueltos por
otras jurisdicciones.
(ii)
Que se hayan agotado
los otros medios –ordinarios y extraordinarios- de defensa que se encuentren al
alcance de la persona afectada, a no ser que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable. Esta exigencia busca
precaver que la acción de tutela no se convierta en una instancia más en el
trámite jurisdiccional, ni en un medio de defensa alterno a los diseñados por
el legislador tendiente a hacer eficaces los derechos, menos aún, puede
utilizarse para revivir términos procesales, o solucionar errores derivados de
la negligencia o falta de actividad o corregir oportunidades vencidas en los
procesos judiciales[30]. Así, el agotamiento de los recursos o
medios ordinarios de defensa judicial, se exige no solamente a los ciudadanos
frente a sus propios asuntos procesales, sino que se convierte igualmente en un
requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como medio de
defensa, salvo que se impongan razones extraordinarias no imputables a quien
alega la vulneración, o se le haya privado de la posibilidad de utilizar los
medios ordinarios de defensa dentro de un proceso judicial, circunstancia que
deberá acreditarse en cada caso[31];
(iii)
Que se cumpla con el
principio de inmediatez o solicitud de protección constitucional dentro de un
término prudente y razonable a la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales.  Lo anotado significa que no puede proceder una acción de tutela
contra providencias judiciales, en donde el paso del tiempo, desnaturalice la
garantía de protección inmediata de este medio de defensa judicial, o cuando el
control constitucional sobre la actividad de la judicatura, por el paso del
tiempo, resulte manifiestamente desproporcionada[32]. Es decir, no puede permitirse que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, con
el sacrificio de los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, con la
consecuente incertidumbre que se cierne sobre las providencias judiciales como
instituciones legítimas de resolución de conflictos;
(iv)
Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales invocados. No obstante, si la irregularidad lesiona gravemente
los derechos fundamentales, como ocurre en los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de
tales derechos se origina independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ende hay lugar a la anulación del juicio[33];
(v)
Que  la parte actora
identifique claramente los hechos que generaron la vulneración, así como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que ello hubiere sido posible, y,
(vi)
Que no se trate de
sentencias de tutela, habida cuenta que la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, máxime cuando todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
esta Corporación, en virtud del cual las decisiones judiciales no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
Además de los requisitos generales expuestos, para que
proceda la acción de tutela contra una providencia judicial, es imprescindible
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad,
las que deben demostrarse plenamente y que se centran en los defectos o vicios
concretos en los que incurren los jueces en las actuaciones judiciales, que
lesionan derechos fundamentales de los asociados. Así, debe presentarse alguna
de las siguientes circunstancias: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico,
(iii) defecto orgánico, (iv) defecto procedimental, (iv) vía de hecho por
consecuencia, (v) decisión sin motivación, (vi) desconocimiento del precedente
y (vii) violación directa de la Constitución.
En la sentencia T-1020 de 2007, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, se precisaron cada uno de los defectos en los que pueden
incurrir los jueces en sus actuaciones, los cuales se describieron de la
siguiente manera:
“(i)        Cuando se
produzca un defecto sustantivo. Este supuesto ocurre en los casos en que
la decisión controvertida se basa en una norma indiscutiblemente inaplicable,[34]
ya sea porque la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, es
inconstitucional o, porque su contenido no tiene conexidad con los presupuestos
de hecho a los  que se ha aplicado.[35]
También puede darse en casos de error grave en la interpretación de la
disposición o por desconocimiento de fallos con efectos erga omnes respecto de
tales normas,[36] que
determinen su sentido constitucional.
En varios fallos
anteriores, la Corte ha delimitado el campo de aplicación de esta figura,
señalando por ejemplo que se presenta “cuando en una providencia se desconocen
las normas que son evidentemente aplicables al caso, cuando se realiza una
interpretación de la normatividad  que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica y cuando omite la aplicación de una regla definida por
una sentencia con efecto erga omnes. En suma, el defecto sustantivo se
configura cuando la interpretación y aplicación de la normatividad al caso
concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad y
razonabilidad que orientan al sistema jurídico”[37].
En la sentencia SU-159 de
2002 se sintetizaron con mayor precisión los rasgos fundamentales de esta
figura, así:
“La Corte Constitucional ha
señalado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo que convierte en vía de
hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto[38],
bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad[39],
(iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[40],
(iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[41]
o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a
la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador.”
Más recientemente, en la
sentencia T-462 de 2003, la Corte explicó que “una providencia judicial adolece
de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente
inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio
margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se
ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.[42]
(ii) Cuando la providencia
presente un defecto fáctico, es decir, cuando resulte indudable que el
juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el
supuesto legal en el que se sustenta la decisión[43].
En otras palabras, cuando el juez no cuente con el apoyo probatorio necesario
para emplear el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión o,
teniéndolo, le resta valor o le da un alcance no previsto en la ley[44].
Esta circunstancia puede darse, por ejemplo, cuando se omite la práctica o el
decreto de pruebas, o cuando se presenta una indebida valoración de las mismas
o cuando una prueba es nula de pleno derecho[45].
(iii) Otra de las causales
de procedibilidad, es el llamado defecto orgánico, que tiene lugar
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece
absolutamente de competencia para ello, conforme a la ley.
(iv)
Finalmente, el defecto procedimental acaece, cuando el juez de instancia
actúa completamente ajeno al procedimiento establecido[46],
es decir, se aparta de manera manifiesta de su obligación de cumplir con las
“formas propias de cada  juicio”[47], lo
que implica una amenaza o una vulneración, según el caso, a los  derechos
fundamentales[48] de
los interesados.
También pueden darse, además de las
anteriores causales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, otras adicionales[49] que
pueden describirse de la siguiente forma:
(v)          La llamada  vía de hecho por
consecuencia, que ocurre cuando el defecto en la providencia judicial es
producto especialmente de la inducción al error de que es víctima el juez de la
causa, por una circunstancia estructural de la administración de justicia.[50]
(vi) Cuando la providencia judicial tiene
problemas graves relacionados con una insuficiente sustentación o justificación
de la actuación;[51] o
(vii) Cuando se desconoce el precedente
judicial, en particular el de la Corte Constitucional.[52]
(viii) Por último, también puede proceder
la tutela, cuando el funcionario judicial incurre en una violación directa de
la Carta al fundar su decisión en una interpretación normativa contraria a la
Constitución[53] o
cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante
una violación manifiesta de la norma superior, siempre que se presente
solicitud expresa de su declaración, por alguna de las partes en el proceso.[54]
La sentencia
T-842 de 2001 (MP. Álvaro Tafur Galvis), recoge las causales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales aquí descritas, así:
“(…)
mediante doctrina constitucional de obligatorio cumplimiento[55] [La Corte] tiene
previsto que cuando las actuaciones y decisiones judiciales i) se
fundamenten en normas derogadas, o declaradas inexequibles[56], ii) apliquen
directamente disposiciones constitucionales apartándose de las pautas de
obligatorio cumplimiento fijadas por esta Corte como su interprete autorizado[57] iii) den a la
norma en la que se basan un sentido o entendimiento contrario a aquel que
permitió que la disposición permaneciera en el ordenamiento jurídico[58] iv) carezcan
de sustento probatorio, ya sea porque los hechos no fueron probados, las
pruebas regularmente aportadas se dejaron de valorar, o la valoración de las
mismas fue subjetiva o caprichosa[59],
v) desconozcan las reglas sobre competencia, o se profieran
pretermitiendo el trámite previsto[60],
y vi) se aparten de criterios adoptados por el mismo funcionario ante
situaciones similares o idénticas[61]
constituyen vías de hecho susceptibles de ser infirmadas por el juez
constitucional en trámite de tutela”.
En el mismo sentido, en la sentencia T-949
de 2003 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), se sintetizaron como causales de
procedibilidad de la acción de tutela frente a providencias judiciales, las
siguientes:
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de
fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los
derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación
de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente
admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la
configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya
constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente
reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o
procedimental; (ii) defecto fáctico;  (iii) error inducido;  (iv) decisión sin
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la
Constitución.”[62]”.
No obstante
lo anotado, no basta simplemente con que se presente alguna de las
circunstancias antes descritas para que proceda la tutela contra providencias
judiciales. Se exige que la conducta del operador jurídico sea arbitraria con
la consecuente vulneración grave de derechos fundamentales de alguna de las
partes. De igual forma se debe establecer si la presunta afectación puede
superarse por los medios ordinarios instituidos en el respectivo proceso con
miras al restablecimiento de los derechos conculcados, salvo que tales recursos
o medios de defensa, no sean suficientemente eficaces para deparar una protección
expedita e integral, en caso de que el requerimiento sea inmediato e
impostergable, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[63].
En lo que a
las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales se refiere, merece especial atención la vía de hecho por
consecuencia, en la medida en que la claridad y precisión que se tenga de la
doctrina constitucional sobre esta clase de defecto judicial permite definir el
caso concreto, claro está, previa la verificación de los requisitos generales
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, razón por la
cual, esta Sala de Revisión reiterará la jurisprudencia sobre este tema.
En efecto, la
jurisprudencia de esta Corporación en múltiples providencias[64] ha señalado que la vía de hecho por consecuencia, se estructura
cuando la providencia judicial está soportada en hechos o en situaciones
jurídicas adelantadas por autoridades distintas a quien las profiere y que
están afectadas de irregularidades que vulneran de manera grave e injusta
derechos o garantías fundamentales. De esta forma, no obstante a que la
decisión judicial se ha adoptado siguiendo la normatividad aplicable y dentro
de una valoración juiciosa del acervo probatorio, el defecto de esta actuación
se origina en la negligencia de otras instancias públicas que estando obligadas
a colaborar con la administración de justicia, por acción u omisión no lo hacen
en la debida forma.
En otros
términos, pese a que la actuación judicial es arbitraria o manifiestamente
contraria a derecho, puede darse el caso en que tal irregularidad, no se
atribuya directamente al juez de la causa, “sino a la acción u omisión de
otras autoridades publicas -en la mayoría de los casos administrativas- que
debiendo colaborar armónicamente en la función de administrar justicia, con su
conducta negligente inducen en error al operador jurídico y permiten que a
través de la decisión se afecten en forma grave los derechos y garantías
constitucionales de quienes intervienen en la actuación judicial”[65].
Precisamente,
sobre el asunto analizado, en la sentencia T-086 de 2007, con ponencia del
Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, se manifestó:
“La vía de hecho por consecuencia se da cuando el
defecto en la providencia judicial es producto de la inducción al error de que
es víctima el juez de la causa[66]. En este
caso, si bien el defecto no es atribuible al funcionario judicial, la actuación
final resulta  equivocada[67]. En la
sentencia T-705 de 2002[68], la Corte
precisó que la vía de hecho por consecuencia se configura cuando especialmente,
cuando la decisión judicial “(i) se bas[a] en la apreciación de hechos o
situaciones jurídica, en cuya determinación los órganos competentes hayan
violado derechos constitucionales, y (ii) que tenga como conse­cuencia un
perjuicio iusfundamental”.
De manera
excepcional se ha aceptado que este defecto de la providencia judicial, puede
originarse en la conducta negligente  de un particular, en los casos en que
legalmente se les haya atribuido determinada carga procesal o la asunción de
una función pública, y su incumplimiento e inobservancia hace incurrir al juez
en error, con afectación grave de derechos y garantías iusfundamentales[69].
Sobre el tema, en la sentencia T-640 de 2005, M.P.
Rodrigo Escobar Gil, se sostuvo lo siguiente:
“La posibilidad de que excepcionalmente se
declare la existencia de una vía de hecho por consecuencia a partir de la
actuación de un particular, encuentra fundamento en el propio artículo 86 de la
Carta, en cuanto este admite que se promueva la acción de tutela contra
particulares en situaciones específicas como son: (i) que el particular se
encuentre encargado de la prestación de un servicio público o de una función
pública, (ii) que el solicitante se halle en estado de indefensión o
subordinación respecto de aquél, (iii) y que con su conducta se afecte grave y
directamente un interés colectivo.
En consecuencia, resulta válido pensar que,
frente a decisiones judiciales, la vía de hecho por consecuencia se configura
no solo por la acción u omisión de una autoridad pública, sino también de un
particular a quien se le haya asignado el cumplimiento de un deber legal o la
prestación de una función pública, situación que debe ser apreciada y valorada
por el juez constitucional frente a cada situación particular y concreta. Por
fuera de tales supuestos, es decir, en los demás casos en que un particular
induzca al juez en error, lo dijo esta Corporación, “no procede la tutela por
cuanto no se estaría en alguna de las situaciones en las cuales procede la
tutela por acción de los particulares”[70]”.
De acuerdo a
la jurisprudencia glosada, cuando terceras personas, dentro de las cuales se
encuentran autoridades públicas o particulares que presten un servicio público
o cuando legalmente se les haya atribuido determinada carga procesal, por
negligencia o por el incumplimiento de sus obligaciones, inducen a que el juez
incurra en un error, aunque la violación de derechos fundamentales contenida no
es atribuible a quien profirió la decisión judicial, la misma resulta
abiertamente inconstitucional[71].
8.-
Importancia de las notificaciones judiciales en relación con el derecho de
defensa y el principio de publicidad de los actos procesales
Reiteradamente esta Corporación ha sostenido que
dentro de las garantías incorporadas al debido proceso como derecho fundamental
se encuentra la obligación que tienen tanto la administración como los
funcionarios judiciales de respetar y aplicar los procedimientos establecidos
en el ordenamiento jurídico y en especial el derecho a ser oído y vencido en
juicio, que implica en consecuencia, la oportunidad que tienen las personas de
ejercer los derechos de contradicción y defensa[72].
Así, el
derecho de defensa, se garantiza, no solamente a través de la vinculación que
hacen  los funcionarios a las personas que deben intervenir como parte  en el
proceso, sino permitiéndoles efectivamente alegar y probar dentro del mismo los
hechos y circunstancias que sean necesarias para su defensa, dentro de las
cuales se incluyen aquellas orientadas  justamente a poner de presente la
afectación del citado derecho fundamental, por ineficacia o indebida
notificación sustancial o procesal[73].
El
Constituyente delegó en el legislativo la competencia de regular a través de
leyes, la oportunidad y los diversos medios procesales que permiten la
vinculación de las personas al proceso, con la finalidad de que ejerzan
cabalmente  el derecho de audiencia bilateral y contradicción. Como regla
general, la vinculación al proceso se realiza mediante la notificación, que se
constituye en el acto a través del cual los sujetos procesales se enteran del
contenido de las providencias judiciales que se emiten dentro del proceso[74]. De allí que en
cualquier clase de proceso, la notificación como acto de comunicación procesal,
en el que además se concreta el principio de publicidad, es de la mayor
importancia, al permitir la vinculación de los interesados y asegurar la
contradicción y conocimiento de las decisiones adoptadas por los jueces. Sólo
de esta manera se tiene la posibilidad de aportar, solicitar práctica de
pruebas, controvertir las que se alleguen en contra, la de utilizar los
recursos procedentes, la de estar asistido técnicamente en todo momento y la de
impugnar a sentencia de condena, según se desprende del artículo  29
constitucional.
En este
orden, existe una relación de causalidad entre el derecho de defensa y la
notificación de las providencias judiciales, pues solamente éstas últimas,
están llamadas a producir efectos, en la medida en que hayan sido puestas en
conocimiento de quienes puedan verse afectados por las mismas[75].
La
legislación procesal consagra diversas maneras de comunicación de los actos
adoptados por el juez, en las cuales la notificación personal se reconoce como
principal (artículo 314 del C.P.C.), y como subsidiarias las restantes formas
de notificar, esto es, por aviso (art. 325), por estado (art. 321), por edicto
(art. 323), por estrado (art. 325) y por conducta concluyente (art. 330).
Por su parte,
la notificación personal, según lo ha destacado la jurisprudencia de esta
Corte, es el medio de comunicación procesal más idóneo y efectivo, en razón a
que asegura plenamente el derecho a ser oído en juicio, con las debidas
garantías y dentro de los términos o plazos legales establecidos.
Siguiendo los
anteriores lineamientos, el artículo 314 del Código de Procedimiento Civil
(modificado por el D.E. 2282/89, art. 1º num. 143), dispone que deberán
notificarse personalmente al demandado o a su representante o apoderado
judicial, “el auto que confiere el traslado de la demanda o que libra
mandamiento ejecutivo, y en general la de la primera providencia que se dicte
en el proceso”.
En todo caso, la carga de vincular al
proceso a quien ha sido demandado, está directamente en cabeza del juez de
conocimiento, pues es la autoridad encargada de impulsar esta clase de
actuaciones. De manera indirecta, recae en la parte demandante, quien deberá
actuar en forma diligente, leal, atendiendo al principio de buena fe (art. 83
C.P.), tendiente a que se integre debidamente el contradictorio, garantizando
así el debido proceso.
En lo que respecta a  la vinculación del demandado al
proceso y sobre la responsabilidad del juez y de la parte demandante en que esta
finalidad se logre, esta Corporación en la sentencia T-640 de 2005, M.P.
Rodrigo Escobar Gil, sostuvo:
“En esa orientación, conforme al principio
constitucional que garantiza a toda persona “el derecho a un debido proceso
público sin dilaciones injustificadas” (C.P. art. 29), son los artículos 75,
313, 314, 315 y 319 del Código de Procedimiento Civil, los que se ocupan de
regular el tema de la vinculación del demandado al proceso y la responsabilidad
que en ese aspecto le atañen al juez y a la parte demandante. Así, tales normas
disponen: (i) que las providencias judiciales se harán conocer a las partes e
interesados por medio de las notificaciones, (ii) que se debe notificar
personalmente al demandado, a su representante o apoderado la primera providencia
que se dicte en todo proceso y que ella se pondrá en conocimiento del
interesado en cualquier día y hora, hábil o no, (iii) que la demanda deberá
contener el lugar de domicilio o en su defecto el de residencia del demandado,
y si se ignora se deberá indicar esa circunstancia bajo la gravedad del
juramento, y (iv) que la notificación personal se efectuará en la dirección que
le hubiere sido informada al juez como lugar de habitación o trabajo de quien
deba ser notificado personalmente.
En concordancia con el criterio expresado,
ha dicho la Corte que al juez, como supremo director del proceso, le
corresponde buscar la verdad real de los hechos y para lograr ese propósito,
entre otros aspectos, es su deber integrar en debida forma el contradictorio.
Concretamente, señaló sobre el particular:
Los deberes del juez tienden a
que éste cumpla su misión de verdadero director del proceso, busque la verdad
real, decretando oficiosamente las pruebas necesarias para la verificación de
los hechos objeto del proceso, castigue la deslealtad y la mala fe, integre el
contradictorio, evite las sentencias inhibitorias mediante la analogía, las
costumbres y los principios generales de derecho procesal, y evite la morosidad
en la decisión, todo lo cual hace que si se cumplen tales deberes, se habrá
cumplido el objeto primordial del proceso, que es la debida aplicación de la
justicia y la búsqueda de la verdad. (Sentencia C-874 de 2003, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra).
Respecto al papel que cumple la parte
demandante en la integración del contradictorio, dijo esta Corporación:
Al interpretarse sistemáticamente este
artículo y el artículo 320 del mismo estatuto, se aprecia un diseño por
completo distinto del procedimiento. De estas disposiciones fluye que el juez,
en efecto, únicamente está obligado a notificar en las direcciones que el
demandante (o su apoderado) indiquen. Lo anterior, por cuanto a éstos les
corresponde la carga de informar sobre todos los lugares donde el demandado o
los demandados pudieran ser ubicados, so pena de las sanciones definidas en el
artículo 319. El legislador ha querido, por lo tanto, privilegiar el principio
de lealtad por encima de otros principios. La existencia de un mecanismo
preciso, concebido para sancionar al demandante que procede de manera desleal,
implica que el demandado no queda indefenso frente al procedimiento y tiene
oportunidad para lograr el equilibrio procesal requerido para que el proceso
pueda calificarse de debido. Es decir, para que el proceso sea en si mismo
constitucionalmente admisible. (Sentencia T-685 de 2003, M.P. Eduardo
Montealegre Lynet).
Adicionalmente, es menester destacar que el
compromiso del demandante en el trámite de vinculación del demandado al
proceso, se ve claramente reflejado en las sanciones que prevé la ley “en caso
de juramento falso”; es decir, cuando la parte demandante no suministra la
información sobre la localización del demandado, a pesar de tener conocimiento
de ella. Al respecto, el artículo 319 del C.P.C. dispone que si se comprueba
que el demandante, su representante o apoderado conocían el lugar donde hubiera
podido encontrarse el demandado, se les impondrá a éstos una multa de hasta
veinte salarios mínimos, sin perjuicio de que proceda la declaratoria de
nulidad del proceso, en todo o en parte, de conformidad con lo previsto en los
numerales 8° y 9° del artículo 140 del mismo ordenamiento, que al respecto
prescriben:
“El proceso es nulo en todo o en parte, en
los siguientes casos:
8. Cuando no se practica en legal forma la
notificación al demandado o a su representante, o al apoderado de aquél, o de
éste, según el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento
ejecutivo, o su corrección o adición.
9. Cuando no se practica en legal forma la
notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así
lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los caso de
ley.”
De acuerdo a lo expuesto, es de vital importancia
vincular al proceso al demandado en cumplimiento de la garantía constitucional
del debido proceso, de tal suerte que pueda ejercer la contradicción y defensa
que le asisten. Derechos cuya eficacia depende, no solo del compromiso
diligente del juez como director del proceso tendiente a asegurar una recta y
cumplida administración de justicia, sino de la parte demandante, quien debe actuar
con lealtad y buena fe en el cumplimiento de la carga procesal de indicar el
lugar o lugares en los cuales puede ser ubicado el demandado, so pena, de
incurrir en las sanciones reguladas en el estatuto procesal  civil, y en su
caso, de viciar de nulidad la actuación, por indebida notificación al demandado
del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su corrección o
adición.
9.-
Análisis en el caso concreto, de los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales
De conformidad con la jurisprudencia constitucional
que se expuso en el acápite distinguido con el número 7, en el caso concreto,
es preciso determinar si se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, así: (i) que la cuestión debatida
resulte de evidente relevancia constitucional que afecta derechos fundamentales
de las partes; (ii)  que se hayan agotado los medios de defensa (ordinarios y
extraordinarios) disponibles por el ordenamiento jurídico para tal efecto,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable o que
se haya privado de la posibilidad de utilizarlos, circunstancia que deberá
probarse en cada caso, y, (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez en
la presentación de la acción de tutela; (iv) si se trata de una irregularidad
procesal, la misma debe tener una incidencia decisiva o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecte derechos fundamentales de las partes; (v)
que se identifiquen claramente los hechos que generaron la vulneración, así
como los derechos vulnerados y que tal vulneración se haya alegado en el
proceso judicial, siempre que haya sido posible, y, (vi) que no se trate de una
tutela contra tutela.
De acuerdo a las pruebas que obran en el expediente de
tutela, el Fondo Nacional del Ahorro, por intermedio de apoderado, inició
proceso ejecutivo mixto de menor cuantía con garantía hipotecaria, en contra de
Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría, en el que se indicó como lugar
de notificación de la demanda la calle 55 No. 1-44, conjunto residencial Torres
de Comfandi, etapa V, apartamento 201, Bloque I, conjunto T, de la ciudad de
Cali (Valle)[76]. Proceso del cual conoció el Juzgado 21
Civil Municipal de Cali, y con fecha 5 de marzo de 2004, profirió mandamiento
de pago, y se citó en la dirección antes anotada, a  diligencia de notificación
personal a los demandados[77]. Ante su no comparecencia, se notificó por
aviso en la dirección antes referida[78], cuando lo cierto es que, mediante oficio
recibido en el Fondo Nacional del Ahorro el día 10 de agosto de 2001, el señor
Falla López hizo saber a dicha entidad que cualquier información así como los
cobros mensuales, se remitieran a partir de la fecha, a la cra 9 No. 36-40,
Torre Brasil, piso 2º, Unidad Residencial el Cafetal, de Ibagué (Tolima),
teléfonos 2657093 y 2657080[79]; dirección en la que efectivamente, a
partir de esa fecha, se empezaron a recibir las facturas de pago de las cuotas
mensuales de la obligación hipotecaria[80]. A esa misma dirección, la entidad
tutelada remitió un oficio al actor en el cual le informaba sobre la
readecuación del sistema de amortización de su crédito, según lo afirmó la
apoderada del Fondo Nacional del Ahorro[81].
Es decir, pese a que la entidad demandada contaba con
la nueva dirección de los obligados, su apoderada judicial, indicó en la
demanda una dirección distinta para efectos de la notificación del mandamiento
ejecutivo, lo que obstaculizó la posibilidad de conocer oportunamente que en su
contra se había iniciado un proceso con la finalidad de obtener judicialmente
el recaudo de la obligación. Una vez el actor tuvo noticia de este hecho, a
través de apoderado  judicial[82], inició incidente de nulidad que fue
radicado en el Juzgado Veintiuno Civil Municipal el día 06 de septiembre de
2006[83], sin que aparezca en el expediente prueba
de su trámite y decisión, lo que puede explicarse, debido a que con fecha 25 de
septiembre de ese mismo año, el Juzgado Quince Civil del
Circuito de Cali, decidió tutelar el derecho al debido proceso invocado  por el
señor Falla López en contra del Fondo Nacional del Ahorro y en consecuencia,
ordenó la terminación del proceso ejecutivo hipotecario que se tramitaba en su
contra. Decisión a la que se dio cumplimiento mediante providencia del 02 de
octubre de 2006[84].
De acuerdo a lo expuesto, para esta Sala es claro que,
(i) el asunto debatido tiene relevancia constitucional, pues está referido a
los derechos de contradicción y defensa como garantías que hacen parte del
debido proceso (art. 29 C.P); (ii) como consecuencia de la indebida
notificación del mandamiento ejecutivo al demandado, a éste no le fue posible
utilizar los medios de defensa que tenía a su alcance para buscar la
reivindicación de sus derechos en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario
surtido en el despacho judicial tutelado. Además, como se vio, propuesto el incidente
de nulidad, este no fue decidido en razón a que seguidamente en cumplimiento de
la orden adoptada por el juez de tutela se dio por terminado el proceso
ejecutivo hipotecario. Tampoco puede afirmarse válidamente que el actor puede
acudir al recurso extraordinario de Revisión regulado en el artículo 379 del
C.P.C., pues el hacerlo, implicaría invocar la causal dispuesta en el numeral
7º del artículo 380 ibídem, la cual no tendría vocación de prosperidad,
en razón a que en estricto sentido, en el caso analizado, no se presentó falta
de notificación o emplazamiento, pues dichas actuaciones se surtieron según los
términos de ley, pero de manera irregular, por un  hecho no imputable al juez
de conocimiento[85]; (iii) de igual manera, se encuentra
acreditado el principio de inmediatez, en la medida en que tan pronto el actor
se percató del proceso ejecutivo en su contra sin que se le hubiera dado la
oportunidad de exponer las razones de su defensa, inició acción de tutela que
fue decidida favorablemente; (iv) efectivamente
se trata de una irregularidad procesal, que se concreta en no dar cumplimiento
a lo regulado en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, es decir,
notificar personalmente al demandado el auto de mandamiento ejecutivo, para que
pudiera ejercer los derechos de contradicción y defensa dentro del proceso que
se surte en su contra; (v) en el escrito que contiene la demanda de tutela, el
actor identificó claramente los hechos que generaron la vulneración, es decir,
la indebida notificación del mandamiento ejecutivo, así como los derechos
vulnerados con tal actuar, esto es, la contradicción y defensa que hacen parte
integral del debido proceso (art. 29 C.P.), irregularidad, que imposibilitó al
actor poder exponer las razones de su defensa en el proceso ejecutivo que se
tramitó en su contra, y, (vi) no se trata de una tutela contra tutela, sino del
amparo constitucional contra la actuación judicial del Juzgado Veintiuno Civil
Municipal de Cali en el proceso ejecutivo tramitado a instancia del Fondo
Nacional del Ahorro en contra del señor Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas
Santamaría.
Por lo expuesto, a juicio de esta Sala de Revisión, en
el caso bajo examen, el amparo constitucional era el único medio de defensa
judicial viable con el que contaba el actor para buscar la reivindicación de  los
derechos fundamentales invocados.
Una vez verificados por esta Sala de Revisión los
requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra la actuación
administrativa surtida por el Fondo Nacional del Ahorro, y en contra de la
actuación judicial adoptada por el Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (Valle),
y constatado que este medio de defensa judicial procede como mecanismo
principal, se deberá establecer, en el caso concreto, si se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el tutelante.
10. Caso Concreto
De las pruebas que obran en el expediente de tutela y
de las recaudas por la Sala Cuarta de Revisión de esta Corte, se infiere lo
siguiente:
Según escritura pública No. 5186[86], del 31 de diciembre de 1997, comfandi en calidad de vendedor y
Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría, en calidad de compradores,
celebraron contrato de compraventa, por medio del cual el primero se
comprometió con los segundos a transferir a título de venta real y enajenación
perpetua, el derecho de dominio y la posesión material sobre un apartamento
ubicado en el segundo piso del Bloque I de la Urbanización Conjunto Residencial
Torres de Comfandi, Etapa V, Conjunto T, distinguido con el número 201, ubicado
en la ciudad de Cali (Valle).
Como precio de la compraventa del inmueble, se pactó
la suma de $20´700.000.oo, que por tratarse de una vivienda de interés social,
los compradores se comprometieron a cancelar $809.000.oo, con el producto de
las cesantías parciales que giró el Fondo Nacional del Ahorro contra la promesa
de compraventa; $3´636.482.oo., que correspondía al 100% del subsidio de
vivienda de interés social que giró la Caja de Compensación Familiar del Valle
del Cauca “COMFAMILIAR ANDI” mediante  adjudicación del 31 de mayo de 1997, y,
la suma de $16´254.155.oo, con el producto de un préstamo a desembolsar por el
Fondo Nacional del Ahorro, garantizado con hipoteca.
En el contrato de mutuo, los compradores se
comprometieron a cancelar la última suma de dinero aludida, en el término de
quince (15) años y en ciento ochenta (180) cuotas mensuales sucesivas, que se
incrementarían en un 20% anual, a pagar la primera de ellas, dentro de los
sesenta (60) días calendario siguientes al desembolso del crédito. Se estipuló
una tasa de interés variable inicial del 29%, efectivo anual, tomando en cuenta
el IPC, y, un interés moratorio, equivalente al interés corriente pactado,
incrementado en un 50%. Como garantía del crédito se constituyó hipoteca
abierta en primer grado a favor del Fondo Nacional del Ahorro por la suma de
$16´416.696.oo, sobre el inmueble mencionado en párrafos anteriores.
A través de oficio de fecha 10 de agosto de 2001, con
recibido de su destinatario en la misma fecha, el señor Eleazar Falla López,
informó al Fondo Nacional del Ahorro de su cambio de dirección con la finalidad
que la factura de cobro mensual de las cuotas de amortización del crédito, se
le enviaran a la Cra 9ª No. 36-40, Torre Brasil, piso 2º, Unidad Residencial el
Cafetal de la ciudad de Ibagué Tolima[87].
El día 31 de julio de 2002, el Fondo Nacional del
Ahorro, en aplicación de los acuerdos 995 y 996 de noviembre de 2001,
redenominó el sistema de amortización del crédito otorgado al señor Falla
López, al pasarlo de pesos al denominado “Cuota Decreciente Mensualmente en
UVR, Cíclica por Periodos Anuales”, con el consiguiente aumento del plazo de
amortización, de 15 a 30 años[88]. Modificación de las condiciones iniciales
del crédito de la cual afirmó la apoderada del Fondo Nacional del Ahorro[89], le fue enviada información a los obligados[90]; documento en cuyo encabezado aparece la
dirección que el deudor había aportado de la ciudad de Ibagué (Tolima), que es
la que reposa en la base de datos del Fondo Nacional del Ahorro[91].
Debido a la mora en el pago en las cuotas de amortización
del crédito en que incurrieron los deudores (enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio de 2003)[92], a través de apoderado judicial, el Fondo
Nacional del Ahorro inició proceso ejecutivo mixto de menor cuantía con la
finalidad de obtener el recaudo del crédito. Proceso del que conoció el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle), el cual, mediante providencia
interlocutoria del 5 de marzo de 2004, profirió mandamiento de pago que fue
notificado según las previsiones establecidas en el artículo 505 del Código de
Procedimiento Civil[93], esto es, se citó para diligencia de
notificación personal a los ejecutados, a la calle 55 No. 1-44, Apto 201,
Torres de Comfandi Etapa V, de la ciudad de Cali (Valle), dirección que había
sido indicada en la demanda por la apoderada de la entidad ejecutante[94]; ante su no comparecencia, se procedió a la notificación por aviso[95].
En el trámite del proceso ejecutivo, igualmente se
decretaron medidas cautelares de embargo y secuestro del bien, así como de las
sumas de dinero que los demandados posean en los Bancos y Corporaciones, luego
se profirió sentencia ordenando seguir adelante con la ejecución y se señaló
fecha y hora para la diligencia de remate[96].
Una  vez el señor Falla López se enteró de la demanda
ejecutiva en su contra, mediante apoderado judicial, instauró incidente de
nulidad tendiente a que se dejara sin efectos lo actuado, pues a su juicio, esa
diligencia no se realizó en debida forma, lo que imposibilitó el ejercicio de
su  derecho a la defensa. Incidente que según las pruebas obrantes, no se
tramitó y decidió, debido a que seguidamente el juzgado de conocimiento,
declaró la terminación del proceso ejecutivo, en cumplimiento de la orden
impartida por el juez Quince Civil del Circuito de Cali (Valle) al decidir en
primera instancia la acción de tutela incoada por el señor Falla López[97].
La tutela instaurada se dirigió en contra del Fondo
Nacional del Ahorro, así como del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali
(Valle). Los argumentos de la acción constitucional en contra de la primera
entidad se centran en señalar que el cambio unilateral de las condiciones
iniciales del crédito, constituye una actuación contraria a los principios de
la buena fe y del respeto por sus propios actos, con la consecuente vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. El reproche en contra de la segunda
entidad lo hace recaer en la indebida notificación del mandamiento de pago en
el proceso ejecutivo hipotecario que se le siguió, al notificarse dicho
proveído, a la dirección que el demandante indicó en la demanda, la cual no
corresponde con su lugar de residencia, pese a que la entidad ejecutante,
conocía previamente de la nueva dirección por información suministrada
directamente por el actor de forma escrita, actuación que imposibilitó el
ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa y consecuencialmente
vulneró el debido proceso.
La referida acción constitucional fue repartida el día
5 de septiembre de 2006 al Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali (Valle).
Admitida y notificada la acción de tutela a los demandados, el Fondo Nacional
del Ahorro solicitó la declaratoria de improcedencia de la misma, habida cuenta
que la variación de las condiciones iniciales del crédito obedeció al
cumplimiento de lo establecido en la ley de vivienda (546 de 1999) y a las
directivas de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera),
así como de lo regulado en el propio contrato de mutuo, situación que le fue
informada por escrito al obligado. Además, señaló que al actor tiene a su
disposición otro medio de defensa judicial para hacer valer su derecho, así
como, no se cumple con el principio de inmediatez, pues entre el momento en que
se realizó la modificación del sistema de amortización del crédito (año 2002),
y la instauración de la acción de tutela pasaron más de cuatro años, lo que
desvirtúa la tutela como medio de protección inmediata de derechos
fundamentales.
En el expediente, no aparece respuesta a la acción de
tutela por parte del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle).
El Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali (Valle),
como juez de primera instancia, decidió tutelar el derecho al debido proceso,
invocado por el actor, en contra del Fondo Nacional del Ahorro, al encontrar
que esa entidad había variado de manera inconsulta las condiciones inicialmente
pactadas en el contrato de mutuo con el deudor del crédito hipotecario, sin que
obre en el expediente prueba que demuestre la información que al respecto se le
envió al obligado. No tuteló el derecho al debido proceso invocado como
vulnerado por la actuación del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali. En
consecuencia, se ordenó al Fondo Nacional del Ahorro dentro de los 5 días
siguientes, restablecer el crédito en pesos y en el plazo pactado inicialmente.
Además, que dentro de los 15 días siguientes debe verificar si el crédito
cumple o no con la prohibición de capitalización de intereses. En caso de que
el crédito resulte contrario a lo establecido por la doctrina constitucional y
a las normas legales vigentes, dentro del mismo plazo, deberá brindar al
tutelante, información clara, cierta, comprensible y oportuna, de tal forma que
conozca con suficiencia el procedimiento a adoptar para que el crédito se
ajuste a la prohibición de capitalización de intereses. En caso de que sea
necesario modificar las condiciones pactadas inicialmente, en cuanto al plazo o
monto de las cuotas que en pesos adquirió el obligado y que debe continuar en
pesos, será necesario contar con su consentimiento, en caso contrario, se
mantendrán las condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio de que el Fondo
pueda acudir al juez competente para dirimir la controversia contractual.
No obstante a que negó la tutela del derecho
fundamental al debido proceso invocado por el actor en contra del Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali, ordenó a ese despacho judicial “declarar
terminado el proceso hipotecario” seguido por el Fondo Nacional del Ahorro en
contra de Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría[98].
Impugnado el fallo anterior, la Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, confirmó la decisión adoptada
en contra del Fondo Nacional del Ahorro, al encontrar vulnerado el derecho al
debido proceso, no obstante revocó la orden impartida en contra de esa entidad.
De la misma manera, revocó la decisión de no tutelar
el derecho al debido proceso del cual solicitó protección el actor en contra
del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, así como la orden que se impartió
en contra de ese despacho judicial en el sentido de terminar el proceso
ejecutivo hipotecario, adelantado por el Fondo Nacional del Ahorro en contra
del tutelante. En su lugar, al encontrar vulnerado el debido proceso, declaró
sin valor y eficacia lo actuado por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de
Cali, a partir de la sentencia 0086 del 17 de marzo de 2005 proferida en el
citado proceso ejecutivo, incluyendo el propio fallo, con la aclaración que la
ineficacia no cobija los actos procesales relacionados con las medidas
cautelares.
Para el ad-quem, la orden de terminación del
proceso ejecutivo hipotecario es innecesaria y desproporcionada, pues no tiene
utilidad practica afectar toda la actuación procesal que se viene adelantando
desde el 29 de agosto de 2003, cuando a las partes se les ha asegurado en el
proceso  la posibilidad de esgrimir sus respectivos argumentos y oposiciones,
y, existe la posibilidad de sanear las irregularidades al proferir una nueva
sentencia, en la que además de garantizarse el debido proceso administrativo,
frente a la actuación inconsulta del Fondo Nacional del Ahorro, se garantice
que el crédito de vivienda se reliquide de acuerdo a la ley de vivienda y a la
doctrina constitucional.
10.1.- Ordenes proferidas por los jueces de instancia
en contra del Fondo Nacional del Ahorro
Esta Sala de Revisión comparte la protección del  derecho
al debido proceso adoptada por los jueces de instancia, en contra del Fondo
Nacional del Ahorro al modificar de manera unilateral e inconsulta las
condiciones iniciales del crédito hipotecario, específicamente la orden
impartida por el juez de primera instancia, pues la misma se ajusta a los
lineamientos constitucionales y a la jurisprudencia reiterada que sobre el tema
ha proferido esta Corporación.
En efecto, analizadas las pruebas que obran en el
expediente y las recopiladas por la Sala Cuarta de Revisión de esta Corte, en
las  mismas se aprecia claramente que las condiciones actuales del crédito
hipotecario son diametralmente distintas a las pactadas  inicialmente por las
partes. Así, se varió el sistema de amortización del crédito en pesos o “Gradiente
Geométrico Escalonado” al denominado “Cuota Decreciente Mensualmente en UVR,
Cíclica por periodos Anuales” y por consiguiente aumentó el plazo de
cancelación de la obligación, de 15, pasó a 30 años. Modificación que el Fondo
Nacional del Ahorro realizó de manera unilateral, abusando de su posición
dominante, sin consultar con el deudor según los lineamientos de la
jurisprudencia constitucional, con la consecuente afectación del derecho al
debido proceso que le asiste.
En este orden, la comunicación que la apoderada del
Fondo Nacional del Ahorro, afirma, le fue enviada el día 15 de agosto de 2002
al actor, en la que se le hacía saber sobre la modificación que sufrió su
crédito, así como los datos que aparecían en la factura de cobro mensual, no eran
suficientes para obtener su anuencia, o interactuar en la toma de la decisión,
pues en estos documentos no se dispuso un procedimiento que le permitiera
presentar reclamos, solicitar o presentar pruebas o en su caso, interponer
recursos, tal como lo ha señalado en distintas oportunidades esta Corporación,
en el sentido de que las entidades financieras para tomar la decisión de
modificar el sistema de amortización de un crédito, deben sujetarse a lo
dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, esto es, proceder a
informar a los deudores de vivienda el procedimiento de reliquidación y de
redenominación y permitir frente a dicho cambio el ejercicio del derecho de
defensa.
Lo anterior, se encuentra soportado, además, en el
principio de la buena fe, habida cuenta que si el Fondo Nacional del Ahorro
otorga unos créditos para adquisición de vivienda, fundado en las condiciones
económicas de sus afiliados, no es razonable que las mismas, sean modificadas
de manera unilateral e impuestas otras que no están de acuerdo con la realidad
económica del deudor que es precisamente el origen de los préstamos que hace el
Fondo Nacional del Ahorro.
De esta manera, no pueden aceptarse los argumentos
esgrimidos por el despacho judicial de segunda instancia al considerar que en
el trámite del proceso ejecutivo hipotecario podía garantizarse el derecho al
debido proceso administrativo que le asiste al actor, vulnerado por el Fondo
Nacional del Ahorro, sin necesidad de retrotraer lo actuado,  si se tiene en
cuenta que (i) la citada entidad al variar unilateralmente las condiciones
iniciales del crédito, no le dio la posibilidad al accionante de ejercer sus
derechos de contradicción y defensa, y, (ii) como se verá con detalle
enseguida, tampoco le fue posible el ejercicio de tales derechos en el proceso
ejecutivo hipotecario que se siguió en su contra, por la indebida notificación
del mandamiento de pago.
10.2.- Ordenes proferidas por los despachos judiciales
de instancia en contra del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle)
A juicio de esta Sala de Revisión, la orden
que impartió el juez de tutela de primera instancia al Juzgado Veintiuno Civil
Municipal de Cali (Valle), es incongruente,  en la medida en que consideró que
no debía tutelarse el derecho fundamental al debido proceso en contra de este
despacho judicial y sin embargo, le ordenó dar por terminado el proceso
ejecutivo hipotecario mixto que estaba en trámite en contra del actor.
Si bien fue acertada la decisión del
despacho judicial de segunda instancia de revocar y en su lugar amparar el
derecho al debido proceso vulnerado por la entidad judicial tutelada, no lo
fue, respecto de declarar sin valor  y eficacia lo actuado sólo a partir de la
sentencia del 17 de marzo de 2005, incluyendo ésta, en la que se ordenó el
remate del bien, previo avalúo, proferida por el juez de la ejecución, ni la
orden de rehacer la actuación invalidada y la de proferir una nueva sentencia
en la que se tenga en cuenta que el crédito se otorgó en pesos y la voluntad
del deudor es que así se mantenga y que se dé aplicación a la ley de vivienda y
a la doctrina constitucional sobre la reliquidación del crédito.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el
juzgador partió de la base de que en el proceso ejecutivo seguido en contra del
actor se le había asegurado la posibilidad de exponer sus argumentos y
oposiciones, cuando en la práctica esta circunstancia no sucedió, en razón a la
indebida notificación del mandamiento ejecutivo, razón por la cual, en
principio, debió invalidarse la actuación judicial, desde ese mismo acto.
En efecto, acatando lo ordenado por el Juez
Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle), en la providencia del cinco (5) de
marzo de dos mil cuatro (2004), se citó al señor Eleazar Falla López y Rocío
Cárdenas Santamaría, para diligencia de notificación personal del mandamiento
ejecutivo proferido en el proceso ejecutivo seguido en su contra por el Fondo
Nacional del Ahorro. Actuación que se surtió en la dirección consignada por la
parte demandante, el día 23 de abril de 2004 en la calle 55 No. 1-44 Apto 201,
Bloque 1, Conjunto Residencial, Torres de Comfandi, Etapa V, de la ciudad de
Cali (Valle), en la que firmó como empleado responsable “ERIDA ISAURA PEÑA
VALENCIA”, sin que aparezca firmado el citatorio por parte  de los
demandados[99]. La aludida citación fue enviada
igualmente por el servicio postal el día 23 de abril de 2004[100]. Ante la no comparecencia de los demandados, se procedió a notificar
por aviso el día 21 de mayo de 2004, con la advertencia que la notificación  “se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del presente
aviso en la dirección en que se entregó la comunicación de fecha ABRIL 23 DEL
2003 (sic) tal y como lo dispone el artículo 320 del Código de Procedimiento
Civil”[101]. Documento que fue remitido, además, por
el servicio postal el día 07 de junio de 2004[102].
Como se puede observar, la notificación del
mandamiento de pago se llevó a cabo el día 23 de abril de 2004 por parte del
juzgado de conocimiento a la dirección indicada en la demanda por la apoderada
de la entidad ejecutante, pese a que desde el día 10 de agosto de 2001, el
Fondo Nacional del Ahorro conocía por información escrita que hizo llegar el
señor Falla López, de su nueva dirección en la carrera 9 No. 36-40, Torre
Brasil, Segundo Piso, Unidad Residencial el Cafetal, de la ciudad de Ibagué
(Tolima)[103]. Cambio de dirección que se vio reflejado
en los recibos de pago de la cuota mensual del crédito[104] y además confirmada por la apoderada del
Fondo Nacional del Ahorro en la contestación de la acción de tutela, en la que
sostuvo que la variación de las condiciones del crédito que realizó esa entidad
en el año 2002[105], fue puesta en conocimiento del obligado
mediante oficio “P.088137” a la dirección antes aludida, que es la que aparece
en la base de datos. Información que por demás, esa misma entidad a través de
su apoderada especial,  reiteró el día 19 de octubre de 2007 en respuesta al
requerimiento de la Sala Cuarta de Revisión de esta Corte[106].
Es evidente entonces que la actuación
adelantada por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle), está
incursa en un grave defecto, más conocido por la doctrina constitucional como
“vía de hecho por consecuencia”, que imposibilitó el ejercicio del derecho de
contradicción y defensa del ejecutado. Irregularidad que no es imputable al
juez de conocimiento, habida cuenta que fue inducido en error por la apoderada
judicial de la entidad ejecutante, pues la notificación del mandamiento de
pago, proferido dentro del proceso ejecutivo, se notificó a una dirección
distinta al lugar de residencia del señor Falla López y que fue proporcionada
en la demanda por la apoderada del Fondo Nacional del Ahorro, no obstante a que
en la base de datos de la entidad aparecía la dirección actualizada, para los
efectos pertinentes.
Como quedó consignado en el apartado 8 de
las consideraciones de esta providencia, el defecto en  la actuación judicial
conocida como vía de hecho por consecuencia, se configura cuando la decisión se
basa en hechos o situaciones jurídicas irregulares adelantadas por terceras
personas, (dentro de las cuales se encuentran autoridades públicas o
particulares que prestan un servicio público o cuando legalmente se les haya
atribuido determinada carga procesal), por ende, no atribuibles a la autoridad
que tiene a su cargo la dirección del proceso, pero que afecta de manera grave
e injusta derechos o garantías fundamentales. En estos casos, aun cuando el
devenir procesal se haya ajustado a la normatividad aplicable, así como ocurrió
en el caso objeto de estudio, la vía de hecho se origina en actuaciones de
terceros que estando obligados a colaborar con la administración de justicia,
por acción u omisión no lo hacen de manera diligente y efectiva, razón por la
cual, la actuación adelantada deviene en inconstitucional.
En este orden de ideas, la vinculación del
señor Falla López al proceso ejecutivo hipotecario, que debía hacer el Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle), con el fin de que ejerciera su
derecho de audiencia bilateral y contradicción, no se llevó a cabo según los
lineamientos constitucionales y legales, por un error del despacho judicial de
conocimiento en que fue inducido por la apoderada de la entidad ejecutante,
originada en el incumplimiento de la carga procesal de indicar el verdadero
lugar de domicilio o residencia del demandado, atendiendo los principios de
buena fe y lealtad procesal, con la consecuente afectación grave de derechos y
garantías fundamentales, como son la contradicción y defensa que hacen parte
integral del debido proceso, razón por la cual, en aplicación de lo regulado en
el numeral 8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, procede la declaratoria
de nulidad de lo actuado a partir del momento en que se incurrió en la
irregularidad, es decir, desde la propia notificación del mandamiento
ejecutivo, incluida tal actuación, por no haberse practicado en legal forma.
Es importante recordar que según lo
regulado en el artículo 83 de la Constitución Política, las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante éstas. En atención a este postulado y a la carga procesal que tiene el
demandante de indicar en la demanda el lugar de domicilio, residencia,
habitación o de trabajo de la parte demandada, se entiende que la suministrada
al proceso es verdadera. En este supuesto, bajo la convicción errada de que la
información allegada al proceso ejecutivo hipotecario por la apoderada del
Fondo Nacional del Ahorro, el Juez Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle),
procedió a notificar al señor Falla López de la iniciación del proceso en el
lugar en el que desde hacía cerca de tres años no habitaba, con los resultados
negativos ya conocidos, e ignorando que previamente la ejecutante había sido
informada sobre el cambio de dirección del ejecutado, con lo que se evidencia
el actuar de mala fe y falto a la verdad, con el que actuó la apoderada de la
demandada, lo que indujo al juez de la ejecución en un error, que trajo como
consecuencia la vulneración de los derechos del actor al debido proceso y a la
defensa.
En las condiciones anteriores, la tutela en
contra la actuación del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle), está
llamada a prosperar, máxime cuando dentro del mismo proceso, el ejecutado no
tuvo la posibilidad de ejercer los derechos de contradicción y defensa como
garantías que integran el debido proceso (art. 29 C.P.).
Es importante precisar que el amparo al debido proceso
administrativo y la consecuente orden a impartir al Fondo Nacional del Ahorro,
no tiene ninguna incidencia en el trámite del proceso ejecutivo hipotecario,
pues la variación de las condiciones iniciales del crédito, de pesos a UVR que
realizó el Fondo Nacional del Ahorro, en principio, no modifica las
características  propias del título base de la ejecución, esto es, la de ser
claro, expreso y exigible (art. 488 C.P.C.), siempre que las tuvieran antes de
la reliquidación y redenominación que sobre ella se surtiera por ministerio de
la ley[107], dada su equivalencia en UVR, previa
reliquidación del crédito en los términos previstos legalmente. En otras
palabras, la redenominación de los créditos y la adecuación de los títulos
valores a la nueva unidad de valor no desvirtúa el carácter ejecutivo de los
mismos, ni afecta la claridad de las obligaciones crediticias que en ellos se
contienen.
De esta forma, el defecto en el que se incurrió en el
proceso ejecutivo no fue consecuencia de la vulneración del debido proceso por
parte del Fondo Nacional del Ahorro al modificar de manera unilateral e
inconsulta las condiciones iniciales del crédito contenidas en el contrato de
mutuo, sino de la irregularidad en la actuación judicial, se reitera,  por la
indebida notificación del mandamiento de pago, no imputable al juez de
conocimiento.
Finalmente, debe reiterarse, esta Sala de
Revisión comparte la posición adoptada por la Sala Civil del Tribunal Superior
de Cali, respecto de la protección al debido proceso invocado por el actor en
contra del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, pero no la motivación del
fallo y la orden que profirió en la parte resolutiva del mismo.
Por lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión
de esta Corte, revocará el fallo de fecha 26 de febrero de 2007 en sus
numerales primero (literales a) y b)) y segundo, proferido por la Sala Civil
del Tribunal Superior de Cali (Valle), en su lugar tutelará el derecho
fundamental al debido proceso vulnerado, tanto por el Fondo Nacional del Ahorro
al modificar las condiciones iniciales del contrato de muto del crédito
hipotecario a cargo del actor, así como por el Juzgado Veintiuno Civil
Municipal de Cali (Valle), por indebida notificación del mandamiento de pago en
el proceso ejecutivo hipotecario que se le siguió.
Se dejará sin efectos la actuación
judicial, desde la citación para diligencia de notificación personal tramitada
dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el Fondo Nacional del
Ahorro, en contra del señor Eleazar Falla López, que se llevó a cabo el día 23
de abril de 2004.
En consecuencia de lo anterior, se ordenará
al Fondo Nacional del Ahorro, que si aún no lo ha hecho, proceda de la
siguiente manera:
a)
Que en el término de cinco (5) días a partir de la notificación de la presente
sentencia el Fondo Nacional del Ahorro restablezca el crédito en pesos y en el
plazo indicado, según lo pactado inicialmente con el demandante.
b)
Una vez cumplido lo anterior, ordenar que el Fondo Nacional del Ahorro,
dentro de los quince (15) días siguientes, suministre al señor Eleazar Falla
López, información clara, completa y comprensible del estado del crédito y del
comportamiento del mismo de llegarse a convenir en su modificación, con miras a
adecuarlo a los lineamientos legales y jurisprudenciales en la materia.
c)
En el evento en que sea necesario modificar las condiciones inicialmente
pactadas del crédito en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en pesos
adquirió el demandante y que debe continuar en pesos, será necesario contar con
su consentimiento o aquiescencia, y, en caso contrario, se mantendrán las
condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio de que el Fondo Nacional del
Ahorro, pueda acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia
contractual.
De la misma forma, se ordenará al Juzgado
Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle) que dentro de las cuarenta y ocho
(48) siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a dar aplicación
a lo regulado en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, esto es,
notifique en debida forma el mandamiento ejecutivo proferido dentro del proceso
ejecutivo que se está tramitando en contra del actor.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos que se había ordenado
mediante Auto del doce (12) de octubre de dos mil siete (2007), proferido por
la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación.
Segundo.- REVOCAR el fallo del 26 de febrero de 2007, proferido por
la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali (Valle), en sus numerales primero
(literales a) y b)) y segundo, en su lugar, TUTELAR el derecho
fundamental al debido proceso que le asiste al señor Eleazar Falla López,
vulnerado, tanto por el Fondo Nacional del Ahorro al modificar unilateralmente
las condiciones iniciales del crédito hipotecario a cargo del actor, como por
el Juzgado veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle), por indebida notificación
del mandamiento de pago en el proceso ejecutivo que se le siguió.
Tercero.- DEJAR SIN EFECTO la actuación judicial adelantada por el
Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali (Valle) dentro del proceso Ejecutivo
Mixto de Menor Cuantía, instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro contra
Eleazar Falla López, a partir de las diligencias efectuadas para la
notificación del Auto de Mandamiento Ejecutivo, incluyendo éstas.
Cuarto.- Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al
Fondo Nacional del Ahorro, que si aún no lo ha hecho, proceda de la siguiente
manera:
a)
Que en el término de cinco (5) días a partir de la notificación de la presente
sentencia el Fondo Nacional del Ahorro restablezca el crédito en pesos y en el
plazo indicado, según lo pactado inicialmente con el demandante.
b)
Una vez cumplido lo anterior, ordenar que el Fondo Nacional del Ahorro,
dentro de los quince (15) días siguientes, suministre al señor Eleazar Falla
López, información clara, completa y comprensible del estado del crédito y del
comportamiento del mismo de llegarse a convenir en su modificación, con miras a
adecuarlo a los lineamientos legales y jurisprudenciales en la materia.
c)
En el evento en que sea necesario modificar las condiciones inicialmente
pactadas del crédito en cuanto al plazo o monto de las cuotas que en pesos
adquirió el demandante y que debe continuar en pesos, será necesario contar con
su consentimiento o aquiescencia, y, en caso contrario, se mantendrán las
condiciones inicialmente pactadas, sin perjuicio de que el Fondo Nacional del
Ahorro, pueda acudir ante el Juez competente para dirimir la controversia
contractual.
Quinto.- ORDENAR al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de
Cali (Valle) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del presente proveído, reponga la actuación declarada sin efecto,
y realice la notificación en la dirección suministrada por el señor Falla López
en su escrito del 10 de agosto de 2001, si no ha suministrado una nueva, y a
disponer todo lo pertinente para el cumplimiento de la presente sentencia.
Sexto.- Por Secretaría, devuélvase al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali
(Valle) el expediente original que contiene el proceso ejecutivo hipotecario
mixto iniciado por el Fondo Nacional en contra de Eleazar Falla López y Rocío
Cárdenas Santamaría.
Por Secretaría General, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado Ponente
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] A folio
122 del cuaderno No. 1. obra la notificación en cuya parte inferior aparece una
firma encima del sello del Juzgado 21 Civil Municipal de Cali (Valle).
[2] Folio
34 del cuaderno No. 4.
[3] En la
sentencia T-419 de 2006, la variación en las condiciones del crédito al
tutelante se habían surtido en el año 2002.
[4] Ver entre
otras, las sentencias T-419 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño y T-1063 de
2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[5] Folios
212 a 216 del cuaderno No. 1.
[6] Folio
119 del cuaderno 1, en el que obra el acta individual de reparto de la acción
de tutela.
[7] A
folio 117 del cuaderno No. 1, aparece el recibo de pago No. 20060614670, con
fecha de corte 14-06-2006, en el que se indican 33 cuotas en mora.
[8] Al
respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-469 de 2000, T-585
de 2002 y T-1250 de 2005.
[9] Según la
doctrina constitucional, para que se esté en presencia de un perjuicio
irremediable deben cumplirse los siguientes requisitos[9]: (i) el perjuicio debe ser
inminente, es decir, que ocurra necesariamente si no se da la protección
judicial transitoria; (ii) las medidas a tomar para conjurar el perjuicio deben
ser urgentes; (iii) el daño o menoscabo debe ser de tal gravedad, que una vez
producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (iv) la
urgencia y la gravedad deben conducir a que la tutela sea impostergable. Al
respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: ST-225/93
(MP. Vladimiro
Naranjo Mesa); T-056/94. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-208/95. MP. Alejandro
Martínez Caballero; T-476/96. MP. Fabio Morón Díaz; T-093/97. MP. José Gregorio
Hernández Galindo y T-1063 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[10] El numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, establece como una de las causales de improcedencia de la acción de
tutela: “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.
[11] Corte Constitucional.
Sentencia SU-544-01, MP. Eduardo Montealegre Lynett. Reiterada, entre otras, en
Sentencia T-1225 de 2004  MP. Álvaro Tafur Galvis y T-1063 de 2006, M.P. Clara
Inés Vargas Hernández.
[12] Sobre
el tema pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-469 de 2000, T-585 de
2002 y T-1250 de 2005.
[13] Sentencia
T-1250 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Gálvis.
[14] Sobre
el tema, puede consultarse, entre otras, las sentencias T-269 y T-1063 de 2006.
M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[15] Al respecto, pueden
consultarse las sentencias T-822/03; T-357/04; T-793/04; T-212/05; T-611/05;
T-626/05; T-652/05; T-1092/05; y T-1250/05.
[16] Sentencia
T-207 de 2006, reiterada en la sentencia T-419 de 2006.
[17] Sentencia
T-207/06
[18] Sentencia
T-793 de 2004.
[19] Sentencias
T-391 de 2006 y T-141 de 2007.
[20] Sentencia
T-419 de 2006.
[21] Consultar al
respecto, entre otras, las sentencias C-543 de 1992, MP. José
Gregorio Hernández Galindo;  T-079 de 1993, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-231
de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-329 de 1996, MP. José Gregorio
Hernández Galindo; T-483 de 1997, MP. Vladimiro Naranjo Mesa; T-008 de 1998,
MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-567 de 1998, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-458 de 1998, MP. José Gregorio Hernández Galindo; SU-047 de 1999, MP. Carlos Gaviria
Díaz y Alejandro Martínez Caballero; T-1031 de 2001, MP. Eduardo Montealegre
Lynett; SU-622 de 2001, MP. Jaime Araujo Rentería; SU-1299 de 2001, MP. Manuel
José Cepeda Espinosa; SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa; T-108 de
2003, MP. Álvaro Tafur Galvis; T-088 de 2003, MP. Clara Inés Vargas; T-116 de
2003, MP. Clara Inés Vargas; T-201 de 2003, MP. Rodrigo Escobar Gil; T-382 de
2003, MP. Clara Inés Vargas; T-441 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett;
T-001 de 2004, MP. Alfredo Beltrán Sierra; T-057 de 2004, MP. Manuel José
Cepeda Espinosa; T-240, MP. Jaime Córdoba Triviño; T-289 de 2005 MP. Marco
Gerardo Monroy Cabra  y  T-489 de 2005, MP. Álvaro Tafur
Galvis.
[22]
Corte Constitucional. Sentencia T-698 de 2004, MP. Rodrigo Uprimny Yepes y
T-1020 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[23] Sentencias
T-509 de 2003 y T-1020 de 2007.
[24]  Entre
otras ver la sentencia T-1223 de 2001, MP. Álvaro Tafur Galvis.
[25] AL
respecto, puede consultarse la sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba
Treviño.
[26] Sentencia
SU-1184 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[27]
Corte Constitucional. Sentencia T-327 de 1994, MP. Vladimiro Naranjo Mesa y
T-1020 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[28] Corte
Constitucional Sentencia SU-1185 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, reiterada em
la sentencia T-1020 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[29] Ver
entre otras las siguientes sentencias, T-774 de 2004 Manuel José Cepeda
Espinosa y T-200 de 2004, MP. Clara Inés Vargas.
[30] Sentencias
T-200 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-1020 de 2007. M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[31] Sentencia
T-1020 de 2007. M.P. Manuel  José Cepeda Espinosa.
[32] Sentencia
T-698 de 2004. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
[33] Sentencia
C-591 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[34]
Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004, MP.  Manuel José Cepeda
Espinosa.
[35] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001, MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[36]
Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Ver también T-047 de 2005, MP. Clara Inés Vargas.
[37]  Sentencia
T-1143 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[38] Sobre el
particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994, pueden consultarse,
entre varias, las sentencias T-008 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-984
de 1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[39] Cfr.
sentencia T-522 de 2001 MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Para la Corte “es
evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente la Carta Política si
se aplica una disposición cuyo contenido normativo es precisamente, y
solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a los sindicados
porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”, razón por la cual
el juez, al constatar su existencia, tendría que haber aplicado la excepción de
inconstitucionalidad.
[40] Cfr. sentencia
SU-1722 de 2000 MP. Jairo Charry Rivas. Tal es el caso por ejemplo de todas las
decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in
pejus”.
[41] Cfr, por
ejemplo, las sentencias T-804 de 1999 MP. Antonio Barrera Carbonell y C-984 de
1999 MP. Alfredo Beltrán Sierra.
[42] Sentencia T-462 de 2003
MP. Eduardo Montealegre Lynnet.
[43] Corte
Constitucional. Sentencia T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[44] Corte
Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil.
[45] Corte
Constitucional. Sentencia T-462 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett y
Sentencia T-047 de 2005, MP. Clara Inés Vargas.
[46]
Corte Constitucional. Sentencia T-774 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
[47] Corte Constitucional. Sentencia SU-1185 de 2001, MP. Rodrigo
Escobar Gil.
[48]
Corte Constitucional. Sentencia T-231 de 1994, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[49]
Corte Constitucional. Sentencias T-462 de 2003 y T-441 de 2003, MP. Eduardo
Montealegre Lynett y T-047 de 2005, MP. Clara Inés Vargas, y T-949 de 2003, MP.
Eduardo Montealegre Lynett, entre otras.
[50] Ver entre otras
las Sentencias SU-014 de 2001, MP. Martha Sáchica Méndez. En ella se estudió el
caso de  una persona privada de la libertad y recluida en un centro
penitenciario, que es considerada indebidamente persona ausente en otro proceso
que se investiga en su contra porque no se pudo surtir su notificación personal
por estar precisamente privada de la libertad y  en poder del Estado. Resulta ser
una vía de hecho por consecuencia, en la medida en que el juzgado actuó de
conformidad con la ley, pero el aparato general del Estado lo indujo a error,
porque la información sobre el sindicado no estaba al día y los organismos de
seguridad responsables no le informaron que el sindicado estaba privado de la
libertad. Ver además T-407 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil;  T-1180 de
2001.MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[51] Corte
Constitucional. Sentencia T-114 de 2002, MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[52] Ver Sentencias
T-292 de 2006, MP. Manuel José Cepeda Espinos; SU-640 de 1998, MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz y T-462 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett. Nótese que si
el precedente que se desconoce tiene que ver con decisiones erga omnes,
puede hablarse eventualmente de un defecto sustantivo.
[53] Sentencias
SU-1184 de 2001, MP. Eduardo Montealegre Lynett, T-1625 de 2000 y T-1031 de
2001MP.Eduardo Montealegre Lynett.
[54] Ver entre otras
las Sentencias SU-1184 de 2001, MP. Eduardo Montealegre Lynett; T-1625 de
2000; T-522 de 2001;  T-047 de 2005, MP. Clara Inés Vargas.
[55] Ver entre otras
las sentencias C-131 de 1993 y C-083 de 1995,, MP. Carlos Gaviria Díaz, C-036
de 1996, MP. Vladimiro Naranjo Mesa. En la sentencia T-292 de 2006, MP. Manuel
José Cepeda Espinosa, puede encontrarse una reseña histórica y un análisis
sobre los fundamentos de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional.
[56] Tienen el
carácter de cosa juzgada erga omnes la parte resolutiva de las
sentencias proferidas en los juicios de constitucionalidad, la motivación de
los mismos que guarde con lo resuelto unidad de sentido y los apartes que la
Corte, en la misma decisión indique. Entre otras sentencias C-131 de 1993 M. P.
Alejandro Martínez Caballero; C-083 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz y T-522 de
2001, MP. Manuel José Cepeda  Espinosa.
[57] Sentencias
C-083 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz y T-739 de 2001.
[58] Ver, entre
otras, las sentencias C-542 de 1992, C-473 y 496 de 1994, C-083 de 1995 y 739
de 2001.
[59] Sentencias
T-442 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell; T-329 de 1996, MP. José Gregorio
Hernández Galindo y SU-477 de 1997, MP. Jorge Arango Mejía, entre otras.
[60] Sentencia T-008
de 1998, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[61] Ver T-123 de
1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-321 de 1998, MP. Alfredo Beltrán Sierra y
T-068 de 2001, MP. Álvaro Tafur Galvis.
[62] Corte
Constitucional, sentencia T-949 de 2003, MP. Eduardo Montealegre Lynett. En
este caso la Corte decidió que “(…) la infracción del deber de identificar
correctamente la persona sometida al proceso penal, sumada a la desafortunada
suplantación, constituye un claro defecto fáctico, lo que implica que está
satisfecho el requisito de procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.”
[63] Sentencia
T-640 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[64] Sobre
el tema, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: T-SU-014
de 2001. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-1216 de 2005. M.P. Humberto
Sierra Porto, T-1180 de 2001. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-233 de 2005.
M.P. Jaime Araújo Rentería, y, T-086 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[65] Sentencia T-852 de 2002,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[66] Ver entre otras
las Sentencias SU-014 de 2001 M.P. Martha Sáchica Méndez;  T-407 de 2001 M.P.
Rodrigo Escobar Gil;  T-1180 de 2001.M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[67]  Corte
Constitucional. Sentencia T- 1285 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas.
[68] M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa.
[69] Sentencia
T-640 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[70] Sentencia T-492
de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[71] Sentencia
SU-014 de 2001.
[72] Sentencias
T-1185 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-214 de 1994, M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[73] Sentencia
T-640 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[74] Sentencia
C-648-01 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[75] Sentencia
T-640 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[76] Folios
78 a 85 del cuaderno 1.
[77] Folios
89 a 91 del cuaderno 1.
[78] Folio
100 del cuaderno 1.
[79] Folio
116 del cuaderno 1.
[80] Folio
117 del cuaderno1.
[81] Folio
177 del cuaderno 1.
[82] A
folio 89 del expediente original del proceso ejecutivo hipotecario mixto,
seguido por el Fondo Nacional del Ahorro en contra de Eleazar Falla López y
Rocío Cárdenas Santamaría, obra poder que se le otorgó el día 06 de septiembre
de 2006 al abogado Rodrigo Velasco, para que actuara en el mismo.
[83] Folios
90 a 103 del expediente original del proceso ejecutivo seguido por el Fondo
Nacional del Ahorro en contra de Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas
Santamaría.
[84] Folio
114 del expediente original del proceso ejecutivo hipotecario mixto seguido en
contra Eleazar Falla López y Rocío Cárdenas Santamaría.
[85] En
similar sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia T-640 de 2005,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[86] Folios
33 a 54 del cuaderno 1. del expediente de tutela.
[87] Folio
116 del cuaderno 1.
[88] En la
página 231 del cuaderno 1, obra liquidación en el sistema Cíclico Decreciente
en Unidades de Valor Real (UVR), en el que se lee: “AÑO TERMINACION 2028” y el
crédito se desembolsó en el año 1998.
[89] Folios
215 y 216 del cuaderno 1, en el cual obra la respuesta a la acción de tutela.
[90] Según
se afirmó en la contestación de la acción de tutela que obra a folios 121 a 218
del cuaderno 1.
[91] En la
respuesta al requerimiento de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte
Constitucional que obra a folios 34 al 36, suscrito por la doctora María Zenaida
Mora Yate, apoderada especial del Fondo Nacional del Ahorro, se sostuvo: “b) Al
señor Eleazar Falla López, se le informó de dicha variación de las condiciones
de su crédito hipotecario mediante oficio No. P 088137 del 15 de agosto de
2002, enviado a la carrera 9 No. 36-40 en la ciudad de Ibagué (Tolima),
dirección aportada por el afiliado y que reposa en la base de datos de la
entidad: dicho oficio fue enviado por medio del servicio del correo Adpostal”.
[92] Según
consta a folios 80 y 81 de la demanda ejecutiva mixta de menor cuantía seguida
en contra del actor.
[93]
Al respecto, establece el C.P.C.: “El mandamiento ejecutivo se notificará en la forma indicada
en los artículos 315 a 3202532 y 330.
El mandamiento ejecutivo no es apelable;
el auto que lo niegue total o parcialmente, lo será en el efecto suspensivo; y
el que por vía de reposición lo revoque, en el diferido.
Cuando se revoque el mandamiento ejecutivo se condenará al
ejecutante en costas y perjuicios”.
[94] Folios
92 y 96 del cuaderno 1.
[95] Folios
97 y 98 del cuaderno 1.
[96] Según
lo informó el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, en el requerimiento
realizado por la Sala Cuarta de Revisión de esta Corte. Folios 62 y 63 del
cuaderno 4 del expediente de tutela.
[97] Folio
115 del expediente original del proceso ejecutivo hipotecario seguido por el
Fondo Nacional del Ahorro en contra del actor.
[98] Folio
205 del cuaderno 1.
[99] Folio
92 del cuaderno 1.
[100] Folio
96 del cuaderno 1.
[101] Folio
97 del cuaderno 1.
[102] Folio
100 del cuaderno 1.
[103] Folio
116 del cuaderno 1.
[104] Folio
117 del cuaderno 1.
[105] Folios
215 y 216 del cuaderno 1.
[106] Folios
34 a 36 del cuaderno 4.
[107] Corte
Constitucional, Sentencia T-212 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.