C-911-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-911/13
FAMILIARES
EN PRIMER GRADO CIVIL DE MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA QUE HAYAN PERDIDO LA
VIDA EN DESARROLLO DE ACTOS DE SERVICIO, EN RELACION CON EL MISMO O FUERA DE EL-Reconocimiento
como víctimas
El inciso
5º, en la expresión que se demanda, señala que se tendrán como víctimas, “al
cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad”, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida
en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él,
como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos
armados organizados al margen de la ley. De manera que se excluye de la
condición de víctima directa a los familiares en primer grado civil. La Sala
considera que la expresión acusada vulnera los artículos 5, 13 y 42 de la Carta
Política. En efecto, no existe justificación constitucionalmente válida para
presumir el daño y reconocer como víctimas solo a los familiares en primer
grado de consanguinidad de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido
la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera
de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los
grupos armados organizados al margen de la ley, y simultáneamente excluir de
esa misma condición a los familiares en primer grado civil (adoptantes o
adoptivos). Esta exclusión resulta incompatible con los preceptos superiores
señalados, que consagran la igualdad familiar y la prohibición de
discriminación por motivos de origen familiar, ya que establece consecuencias
jurídicas distintas para dos sujetos que están en la misma posición relevante:
los familiares en primer grado de consanguinidad y los familiares en primer
grado civil. A juicio de la Sala no existe ninguna justificación para
establecer un tratamiento asimétrico entre unos y otros, cuando es claro que la
Constitución reconoce los mismos derechos a los lazos de consanguinidad y de
parentesco civil, al menos en el primer grado. Con todo, la Corte advierte que
esta exclusión parece más el resultado de una omisión inconsciente del
legislador en el caso de los familiares de los miembros de la fuerza pública,
antes que una decisión deliberada y abiertamente discriminatoria, lo cual se
explica al menos por dos razones. De un lado, porque el inciso segundo del
mismo artículo sí incluyó a los familiares en primer grado civil en los casos
de muerte o desaparecimiento; y de otro, porque en regulaciones similares, como
la ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”, también se reconoce como víctima a los familiares en
primer grado civil, lo que sugiere la intención de garantizar sus derechos en
condiciones de igualdad. Ahora bien, para superar esa situación contraria a los
mandatos constitucionales, no debe declararse la inexequibilidad de la norma
por cuanto ello conduciría a una situación aún más gravosa en detrimento de los
derechos de los familiares por consanguinidad. Lo que técnicamente debe hacer la
Corte es fijar su correcto entendimiento, a través de un fallo de
constitucionalidad condicionada, con el fin de que se entienda que también se
tendrán como víctimas a los familiares en primer grado civil de los miembros de
la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del
servicio, en relación con el mismo o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por grupos al margen de la ley.
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD­Requisitos
DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes
PRINCIPIO
PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Alcance/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE
INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación/DEMANDA
DE INCONSTITUCIONALIDAD-Examen no puede convertirse en un método de
apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho ciudadano
FAMILIARES EN PRIMER GRADO CIVIL DE MIEMBROS
DE LA FUERZA PUBLICA EN LEY DE JUSTICIA Y PAZ DEBEN SER TENIDOS COMO VICTIMAS-Inexistencia
de cosa juzgada constitucional en relación con la sentencia C-370 de 2006
VICTIMA-Jurisprudencia constitucional
VICTIMA-Instrumentos internacionales
VICTIMA-Alcance
VICTIMA-Concepto en la jurisprudencia
de la Corte Constitucional
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS DE DELITOS-Jurisprudencia constitucional
DERECHOS DE
LAS VICTIMAS DE DELITOS-Fundamento constitucional
Esta
reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la Constitución,
se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i) En el mandato
de que  los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii)
en el hecho de que el Constituyente hubiese otorgado rango  constitucional, a
los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las
autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el
goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la
protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv)  en el principio de
dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga
justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que
promueve la participación,  de donde deviene que la intervención de las
víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones
de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a
la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar
con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los
derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias
planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido
proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de
mecanismos para el arreglo de controversias.
DERECHOS DE LAS
VICTIMAS DE DELITOS-Resarcimiento integral
del perjuicio causado bajo postulados mínimos
El
reconocimiento de una persona como víctima es de enorme relevancia por cuanto
le hace titular de ciertos derechos, de alcance y naturaleza compleja,
encaminados todos al resarcimiento integral del perjuicio causado, bajo los
siguientes postulados mínimos: (i) Concepción amplia de los derechos de las
víctimas. Hace referencia a que las garantías no se encuentran restringidas a
una reparación simplemente económica, sino que la misma comprende otros
elementos como los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación
integral, las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. Se
entiende, además, que los afectados tienen el derecho a ser tratados con
dignidad y a participar en las decisiones que los afectan haciendo uso de
mecanismos efectivos de tutela judicial. (ii) Existencia de deberes
correlativos de las autoridades públicas, cuyas actuaciones estarán orientadas
al pleno restablecimiento de los derechos vulnerados. (iii) Interdependencia y
autonomía de las garantías, lo cual supone que la víctima puede estar
interesada en exigir la protección de todos sus derechos o solo de algunos; por
ejemplo, en conocer la verdad u obtener justicia, dejando de lado una
indemnización económica. (iv) La condición de víctima requiere la existencia de
un daño real, concreto y específico, derivado de la comisión de un hecho
delictivo, que legitima a la persona afectada para reclamar sus derechos y
garantías.
VICTIMAS DE
DELITOS-Personas que se tienen por tales
La Corte Constitucional ha
señalado que debe tenerse como víctima o perjudicado de un delito penal a la
persona ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la
naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó.
VICTIMA-Reconocimiento/DAÑO-Definición/DAÑO-Concepto
amplio y comprehensivo
De los criterios relevantes para afirmar que alguien es una víctima,
“el concepto de daño es el más significativo de todos”. Esto se explica por
cuanto de acreditar su ocurrencia depende que se reconozca a una persona como
víctima, se la legitime para intervenir en los procesos administrativos y
judiciales, y se le confieran los derechos a la verdad, justicia, reparación
integral, medidas de satisfacción y garantías de no repetición a que hubiere
lugar. En relación con ese elemento la Corte ha indicado que el daño sufrido no
necesariamente ha de tener carácter patrimonial, aunque sí debe ser real, concreto
y específico, lo cual comprende todos aquellos eventos aceptados como fuente
generadora de responsabilidad. Ahora bien, es importante destacar que el
concepto de daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos
fenómenos usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre
ellos el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas
formas, el daño en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia
económica que hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así
como todas las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como
por la jurisprudencia, ahora o en el futuro. Según encuentra la Corte, la
noción de daño comprende entonces incluso eventos en los que un determinado
sujeto resulta personalmente afectado como resultado de hechos u acciones que
directamente hubieren recaído sobre otras personas, lo que claramente permite
que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente
lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una
situación desfavorable, jurídicamente relevante.
PRESUNCION DE DAÑO POR VINCULOS DE CONSANGUINIDAD Y DE
PARENTESCO CIVIL-Mismo trato
normativo
FAMILIARES TAMBIEN PUEDEN TENER CALIDAD DE VICTIMAS
DIRECTAS-Jurisprudencia
constitucional
DERECHOS A
FAVOR DE LAS VICTIMAS-Grados de parentesco para su reclamación
DERECHOS DE LAS VICTIMAS-Parámetros y criterios trazados por el Legislador
FAMILIA-Núcleo
esencial de la sociedad
FAMILIA-Concepto/FAMILIA
EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Reconocimiento político y
jurídico
No son pocas las ocasiones en
las que la Corte se ha ocupado de destacar la importancia de la familia como
fundamento y presupuesto de la organización social y del Estado. Siendo la
familia la primera institución social, que antecede incluso a la sociedad y la
organización estatal, ha sido definida como una comunidad de personas unida por
parentesco mediante vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en
el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de
vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos,
que por su importancia representa la piedra angular dentro de la organización
política estatal.
TRATO
DIFERENCIAL POR ORIGEN FAMILIAR-Prohibición al legislador
LEY DE
JUSTICIA Y PAZ-Propósito
La ley 975 de 2005 tuvo como
propósito central facilitar los procesos de paz y la reintegración a la vida
civil de los actores desmovilizados, garantizando al mismo tiempo los derechos
de las víctimas. En tal sentido, reconoció que es una obligación del Estado
asegurar a las víctimas el acceso efectivo a la administración de justicia y
por esa vía asegurar sus derechos (i) a recibir un trato humano digno, (ii) a
la protección de su intimidad y garantía de seguridad, la de sus familiares y
testigos a favor, cuando quiera que resulten amenazadas, (iii) a una pronta e
integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del
delito , (iv) a ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas, (v) a
recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos
establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para
la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman
las circunstancias del delito del cual han sido víctimas.   (vi) a ser
informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a
interponer los recursos cuando hubiere lugar, (vii) a ser asistidas durante el
juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata
la ley, (viii) a recibir asistencia integral para su recuperación y (ix) a ser
asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no
conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los
sentidos.
VICTIMAS-Definición
en ley de justicia y paz
VICTIMAS EN
LEY DE JUSTICIA Y PAZ-Exclusión de familiares que no tienen primer grado de
consanguinidad con la víctima directa es inconstitucional
Referencia: expediente
D-9689
Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 2º (parcial) de la ley 1592 de 2012, “por
medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual
se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.
Accionante:
Ana Paola
Diazgranados Iglesias
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá D.C., tres
(3) de diciembre de dos mil trece (2013).
La Sala Plena
de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones
constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto ley
2067 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
En ejercicio
de la acción pública consagrada en el artículo 241-4 de la Constitución, la
ciudadana Ana Paola Diazgranados Iglesias demanda el artículo 2º (parcial) de
la ley 1592 de 2012, “por medio de la cual se introducen modificaciones a la
Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.
Mediante Auto
del 11 de junio de 2013 el magistrado sustanciador admitió la demanda, dispuso
su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al señor Procurador
General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la
misma providencia ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la
República, al Presidente del Congreso, a los ministerios de Interior, de
Hacienda y Crédito Público, de Justicia, de Defensa, y de Agricultura y
Desarrollo Rural; e invitó a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, así como a las facultades de Derecho de las universidades Externado,
Javeriana, del Rosario, Santo Tomás y Sergio Arboleda, para que intervinieran
impugnando o defendiendo la norma parcialmente acusada.
Cumplidos los
trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el
decreto ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la
referencia.
II. NORMA DEMANDADA
A
continuación se transcribe la norma impugnada y se subrayan los apartes
acusados, de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial 48.633 de 3 de
diciembre de 2012:
“LEY
1592 de 2012
(Diciembre
3)
Por
medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual
se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios’ y se dictan otras disposiciones.
EL
CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
(…)
“ARTÍCULO
2o. Modifíquese el artículo 5o de la Ley 975 de 2005, el cual
quedará así:
ARTÍCULO
5o. Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se
entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido
daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen
algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o
auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus
derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que
hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley.
También se
tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
La
condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique,
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente,
se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido
lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad
física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos
fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos
armados organizados al margen de la ley.
Así mismo,
se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y
familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la
fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio,
en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos
ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la
ley.
También
serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como
consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por
miembros de grupos armados organizados al margen de la Ley”.
III. LA DEMANDA
La ciudadana
considera que la expresión acusada del artículo 2º de la ley 1592 de 2012, que
modificó el artículo 5º de la ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz), desconoce
los artículos 5º, 13 y 42 de la Carta Política en tanto excluye como víctimas a
los familiares de los miembros de la fuerza pública que se encuentran en primer
grado de parentesco civil (por adopción).
En primer
lugar, recuerda que la familia debe ser protegida por la sociedad y el Estado
como institución básica de la sociedad, “caracterizada no solo por la
sumatoria de individuos que con lazos congénitos o civiles se asocian”,
sino por ser una “unión afectiva que involucra la búsqueda y realización de
la felicidad para el ser humano”. Sin embargo, sostiene, la norma impugnada
no reconoce el derecho a la reparación integral que como integrantes de la
familia tienen los hijos adoptivos y los padres adoptantes de los
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos
del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen
de la ley, lo cual vulnera el artículo 5º de la Constitución.
En segundo
lugar, considera que también se desconoce el derecho a la igualdad (art. 13
CP). Opina que el Estado no puede discriminar a un grupo de personas en razón
de su parentesco, excluyéndolas de su condición de víctimas del conflicto
armado interno cuando han sufrido graves violaciones a sus derechos y garantías,
como ocurre en este caso con los familiares en primer grado civil, esto es, por
adopción. Según sus palabras, la “desigualdad denunciada es palmaria, dado
que para los familiares de personas distintas a los miembros de la fuerza
pública, entiéndase civiles, sí son amparados por la normativa legal incluidos
los familiares en primer grado civil”. Con esta exclusión, añade, se “vulneran
los derechos a los padres, madres adoptantes e hijos adoptivos de los miembros
de la fuerza pública al no haber sido incluidos en la definición de víctimas
que hizo el legislador en el artículo sub examine”, omisión que representa
una grave afrenta para un grupo de personas que han sufrido daños por la
pérdida de sus seres queridos. Así, advierte que se ha tratado de manera desigual
a personas que están en la misma situación de vulnerabilidad y hacen parte del
mismo núcleo social amparado constitucionalmente (la familia).
En tercer
lugar, la demandante alega la vulneración del artículo 42 superior, en cuanto a
la protección a la familia en condiciones de igualdad. Refiere que la norma
constitucional señala de manera expresa que “los hijos habidos en el
matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia
científica, tienen iguales derechos y deberes”. Con fundamento en ella
asegura que la norma incurre en una grave omisión que recae sobre las personas
situadas en el primer grado de parentesco civil, sin que exista justificación
alguna para esa exclusión en el caso de los familiares de miembros de la fuerza
pública.
Concluye que
si la Constitución reconoce la igualdad en la familia, conformada por vínculos “naturales
o jurídicos”, así como la igualdad de derechos de los hijos legítimos,
extramatrimoniales y adoptivos, entonces no es permitido al Legislador hacer
ningún tipo de exclusión de las personas entrelazadas por vínculos de
parentesco civil, es decir, los que surgen en virtud de la adopción.
IV. INTERVENCIONES
1.- Ministerio
del Interior
El apoderado del Ministerio del Interior solicita a la Corte declarar exequibles
los apartes acusados.
De manera preliminar afirma que “las exposiciones del demandante no
corresponden al sentido de objetividad de la norma cuestionada, sino a
evaluaciones personales”, por lo que el cargo formulado “no se ciñe con
precisión a la ineludible certeza que ha destacado la jurisprudencia
constitucional”. Añade que no se ha integrado la proposición jurídica
completa, por cuanto la acusación recae sobre expresiones o palabras que
carecen de sentido y son consideradas de manera aislada, lo que conduce a la
declaratoria de exequibilidad (sic) de las normas acusadas.
Opina que la Corte debe tener en cuenta varias decisiones previas en las
que se ha pronunciado en relación con las víctimas del conflicto armado
interno, de las cuales hace extensas transcripciones, para concluir que el
Congreso goza de amplia autonomía normativa en la materia.
2.- Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La delegada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicita a la
Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud
sustancial de la demanda o, en su lugar, declarar la exequibilidad
condicionada de la expresión impugnada, “en el entendido que también se
tendrá como víctimas a los padres adoptantes y los hijos adoptivos de los
miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos
del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los
actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados organizados al margen
de la ley”.
En cuanto a lo primero, considera que los cargos de la demanda no cumplen
con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia para poder dar un
pronunciamiento de fondo, ya que las afirmaciones de la ciudadana son
abstractas y no explican de qué manera la norma acusada vulnera los artículos
constitucionales que enuncia, incumpliéndose el requisito de especificidad.
Explica que los cargos por violación de los artículos 5º y 42 de la
Constitución se acompañan de una breve explicación de la importancia del
concepto de familia para predicar luego la inexequibilidad de la norma acusada,
sin que exista un vínculo lógico entre las razones invocadas y la conclusión.
Respecto de la presunta vulneración del principio de igualdad (art. 13
CP), recuerda que la técnica argumentativa requerida por la Corte
Constitucional exige que se demuestre con suficiencia que el trato diferenciado
establecido por el Legislador es desproporcionado, irrazonable e injustificado,
lo cual no ocurre en esta oportunidad y conduce a un fallo inhibitorio.
Sin embargo, considera que si la Sala decide abordar un análisis de fondo
el aparte acusado debe interpretarse en concordancia con las diferentes normas
que establecen los derechos y obligaciones de los padres adoptantes y de los
hijos adoptivos, y su semejanza con la relación que existe entre padres e hijos
de sangre. En este sentido, señala que la disposición acusada resulta
constitucional “si se interpreta teniendo en cuenta la igualdad de derechos
que existe entre los derechos de los hijos nacidos en el matrimonio o fuera de
él y los hijos adoptivos”.
3.- Ministerio de Defensa Nacional
La apoderada especial del Ministerio de Defensa pide a la Corte declarar exequible
la norma parcialmente impugnada.
Comienza por dar cuenta de la fuerza vinculante de los tratados de
derechos humanos y del deber de todos los actores armados –no solo los agentes
estatales- de respetar el derecho internacional humanitario, en particular en
relación con la protección a las víctimas y a quienes no hacen parte del
conflicto.
Luego de referirse a las obligaciones internacionales del Estado y los
derechos a la verdad, justicia y reparación, la interviniente se detiene a
examinar el concepto de víctima del conflicto armado. Apoyada en el artículo 3º
de la ley 1448 de 2011, precisa que se excluyen las víctimas de actos de
delincuencia común; asimismo, pone de presente que la Corte Constitucional ha
considerado compatible con el derecho a la igualad que se hayan adoptado
medidas legislativas especiales a favor de las víctimas del conflicto armado
(Sentencias C-052, C-250 y C-253A de 2012), aunque debe hacerse una lectura
amplia de ese concepto que no se agota en la ocurrencia de confrontaciones armadas.
No obstante, al abordar el análisis de los cargos de inconstitucionalidad
la interviniente del Ministerio de Defensa se refiere a asuntos completamente
ajenos a la demanda de la referencia.
4.-Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El jefe de la oficina Asesora Jurídica del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar solicita proferir un fallo inhibitorio;
subsidiariamente pide a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia C-370
de 2006.
Como cuestión previa estima necesario que la Corte determine “si para
la presente acción pública el demandante (sic) adecuó sus argumentos a los
requisitos esenciales señalados por su jurisprudencia, que le permitan realizar
el análisis de constitucionalidad respectivo”, aun cuando no ofrece reparos
concretos a la formulación de los cargos de la demanda.
Advierte que puede haber operado la cosa juzgada constitucional por
cuanto en la sentencia C-370 de 2006 la Corte declaró la exequibilidad
condicionada del artículo 5º de la ley 975 de 2005 (presunción de víctima de
los familiares en primer grado de consanguinidad y civil), en el entendido que
dicha presunción no excluye a otros familiares que hubieren sufrido un daño como
consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por
miembros de grupos armados al margen de la ley.
Finalmente, se refiere a la igualdad de derechos y obligaciones entre los
hijos (legítimos, extramatrimoniales y adoptivos), de modo que no puede haber
ningún tipo de discriminación por razón del origen familiar o de cualquier otra
circunstancia. Con base en lo anterior, encuentra que la norma cuestionada “no
puede ser interpretada de manera literal y exegética, sino que debe partirse de
un estudio sistemático de las normas que regulan la materia (…), lo que hace
claro inferir que los familiares en primer grado civil de los miembros de la
fuerza pública que resulten víctimas de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley se encuentran en igualdad de condiciones frente a otra
clase de vínculos familiares y, en este sentido, pueden llegar a considerarse
víctimas”.
5.- Universidad Sergio Arboleda
La Universidad Sergio Arboleda considera que la Corte debe declarar la exequibilidad
condicionada de la norma, “en el entendido de que el aparte demandado
incluye también a los hijos adoptivos como víctimas”.
Destaca la importancia de la familia como núcleo fundamental de la
sociedad, piedra angular dentro de la organización política estatal e
institución constitucionalmente protegida. En virtud de ello, continúa, la
jurisprudencia ha reconocido la igualdad material entre los hijos, sean estos
matrimoniales, naturales o adoptivos, es decir, con independencia de cómo se
establezca la filiación en cada caso.
En su concepto, la demandante tiene razón al reprochar el tratamiento
diferente consagrado en el artículo 2 de la ley 1592 de 2012, porque mientras
el inciso segundo reconoce la condición de víctima, entre otros, al familiar en
“primer grado de consanguinidad” y “primero civil de la víctima directa”,
el inciso quinto limita esa condición a los familiares en “primer grado de
consanguinidad” de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la
vida en desarrollo de actos del servicio, excluyéndose entonces el vínculo
civil. Según sus palabras, “tal diferencia podría generar una omisión
legislativa relativa, que deba ser corregida por la Corte Constitucional mediante
un pronunciamiento de exequibilidad condicionado”.
Aclara que tanto en ámbitos nacionales como internacionales la víctima es
identificada como aquella que “ha sufrido un daño directo como consecuencia
de la comisión de un crimen (ya sea este de naturaleza internacional o no)”,
que no necesariamente debe ser patrimonial.
Se pregunta luego si los familiares de la víctima directa también pueden
ser reconocidos como víctimas, y concluye que efectivamente así lo ha aceptado
tanto el legislador como la jurisprudencia constitucional, esta última
advirtiendo que no es necesario distinguir, al menos para reconocer esa
condición, el grado de relación o parentesco. Recuerda que en la Sentencia
C-370 de 2006 la Corte debatió un problema de similar naturaleza al que ahora
se examina, cuando aclaró que la condición de víctima no se puede restringir
únicamente a los familiares para quienes se establecía una presunción. Es así
como concluye que “las diferencias establecidas por el Legislador, entre el
inciso segundo y el quinto del artículo de la ley 1592 de 2012, no tienen una
razón o fundamento constitucionalmente válido; al contrario, tal diferencia limita
los derechos de algunos familiares (por ejemplo los hijos adoptivos) que, al
sufrir un daño con ocasión de la muerte de un miembro de la Fuerza Pública en
el ejercicio de sus funciones, vería limitado su derecho sin justificación
alguna”, lo que está prohibido por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, rechaza la existencia de cosa juzgada constitucional. Al
respecto explica que si bien en la Sentencia C-370 de 2006 se analizó una norma
de similar contenido, no solo se trata de regulaciones diferentes, sino que los
cargos entonces formulados fueron diferentes a los que ahora se estudian.
6.- Universidad Santo Tomás de Bogotá
Los intervinientes de la Universidad Santo Tomás de Bogotá consideran que
la Corte debe declarar exequible condicionado el artículo 2º, inciso 5º
(parcial) de la ley 1592 de 2012, “bajo el entendido de que la norma acusada
no establece restricciones de ningún tipo para que los familiares, incluidos
hijos e hijas, padres y madres adoptivos, puedan acceder a una reparación
integral y ser reconocidos igualmente como víctimas”.
Sostienen que el problema planteado a la Corte gira alrededor de la no
inclusión explícita del parentesco civil de los miembros de la fuerza pública
que hubieren sido afectados por el accionar de algún grupo al margen de la ley.
Apelando a las reglas de interpretación previstas en los artículos 28 y
30 del código civil, relativos a la interpretación gramatical y por contexto,
consideran que una lectura armónica de la norma acusada no puede conducir a que
se excluya la condición de víctima de algunas personas que hubieren sufrido un
daño, como ocurriría con los hijos e hijas o padres y madres adoptantes y adoptivos
de los miembros de la fuerza pública a los que se refiere el inciso
parcialmente demandado.
Con fundamento en algunos precedentes jurisprudenciales sostienen que una
interpretación sistemática, de prevalencia de los derechos fundamentales y de prohibición
de discriminación, “es la que conduce al reconocimiento como víctimas no
solamente de los familiares en los grados y niveles que se han consagrado
expresamente, sino que también serán reconocidos como víctimas los familiares
de la víctima directa, tanto para los miembros de la fuerza pública como para
aquellos y aquellas que no lo son, siempre y cuando acrediten haber sufrido o
estén padeciendo los daños concretos generados por la acción delictiva”.
7.- Intervención ciudadana
Los ciudadanos Edgar Augusto Gómez Camargo, Jeimy Johana Bejarano
Bejarano y Bregeeth Yuliana Barreto Rojas solicitan a la Corte declarar inexequible
la norma parcialmente acusada.
Comparten los fundamentos de la demanda e insisten en la importancia de
garantizar los mismos derechos a los diferentes tipos de familia que reconoce la
Constitución. En esa medida, opinan que al establecerse un concepto de víctima
tan restrictivo en el aparte demandado se está dejando de lado no solo la
protección de padres adoptantes e hijos adoptivos que pudieran tener la
condición de víctima, sino también otro tipo de vínculos familiares (tíos,
sobrinos, abuelos, nietos), generándose un trato injustificado que desprotege
la institución familiar y por ende resulta discriminatorio.
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
El Procurador
General de la Nación, mediante concepto 5604, radicado el 15 de julio de 2013,
solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse sobre las
expresiones demandadas del artículo 2º de la ley 1592 de 2012; subsidiariamente
pide que se declare la exequibilidad condicionada, “señalando que debe
entenderse que el mismo en todo caso no excluye del concepto de víctima a los
parientes en primer grado civil del miembro de la fuerza pública que haya
perdido la vida, en armonía con lo ya dispuesto en los incisos  2º y 6º del
mismo artículo”.
En su sentir, si
bien es cierto que el aparte acusado no consagra expresamente a los familiares
de la fuerza pública con parentesco civil, en todo caso no se cumplen los
requisitos mínimos que justifiquen un pronunciamiento de fondo. Explica que la
demandante ha hecho una lectura parcial del artículo 2º de la ley 1592 de 2012,
cuyo inciso final dispone que “También serán víctimas los demás familiares
que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta
violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados
al margen de la Ley”. Por esta vía, continúa el jefe del Ministerio
Público, la norma incluye como víctimas a todos los familiares de los miembros
de la fuerza pública, incluidos aquellos con parentesco civil, lo cual
desvirtúa la omisión legislativa relativa que cuestiona la accionante. Con base
en ello encuentra que las razones de inconstitucionalidad no son ciertas, ni
suficientes, y por lo tanto la Corte debe declararse inhibida.
En todo caso,
advierte que si la Corte encuentra que la norma puede dar lugar a una
interpretación en otro sentido, “a todas luces inconstitucional”, sería
necesario condicionar su constitucionalidad con el fin de excluirla del
ordenamiento jurídico.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.- Competencia
De
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la
Constitución, la Corte es competente para conocer el asunto de la referencia ya
que se trata de una demanda interpuesta contra una norma que hace parte de una
ley de la República, en este caso la ley 1592 de 2012, “por medio de la cual
se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la cual se dictan
disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados
al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la
paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se
dictan otras disposiciones”.
2.- Asuntos procesales previos
Para abordar un
análisis de fondo es necesario examinar previamente dos cuestiones de orden
procesal que han sido planteadas por algunos intervinientes. En primer lugar,
corresponde a la Corte determinar si la demanda es apta; en segundo lugar, debe
definir si ha operado el fenómeno de cosa juzgada constitucional.
2.1.- Aptitud de la demanda
2.1.1.- El
artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen
procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte
Constitucional”, establece los requisitos mínimos que deben cumplir las
demandas de inconstitucionalidad, a saber: (i) señalar las disposiciones
acusadas; (ii) indicar las normas superiores que se consideran infringidas;
(iii) exponer las razones por las cuales –presuntamente- se desconoce el
ordenamiento constitucional; (iv) reseñar –si es el caso- el trámite exigido
para la aprobación de la norma impugnada y la manera como fue desconocido; y
(v) explicar por qué la Corte es competente para conocer del asunto.
Con relación al tercer requisito, esto es, al cargo o concepto de la
violación, la Corte Constitucional ha sido constante en advertir que a pesar de
la informalidad que caracteriza la acción, los ciudadanos tienen la obligación
de exponer de manera coherente los motivos por los cuales consideran que se ha
desconocido el ordenamiento constitucional. Esto significa que deben proponer
una acusación fundada en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y
suficientes[1].
En concordancia
con lo anterior, la jurisprudencia ha destacado la relevancia del principio pro
actione, según el cual “el examen de los requisitos adjetivos de
la demanda no debe ser sometido a un riguroso escrutinio y se debe preferir una
decisión de fondo antes que una inhibitoria, de manera que se privilegie la
efectividad de los derechos de participación ciudadana y de acceso al recurso
judicial efectivo ante esta Corte”[2].
2.1.2.- En esta
oportunidad la accionante invoca la vulneración de los artículos 5º, 13 y 42 de
la Carta Política, en lo relativo a la protección a la familia en condiciones
de igualdad y la prohibición de discriminación por razones de parentesco civil.
En síntesis, cuestiona que la norma no haya reconocido como víctimas a los
familiares por vínculos civiles (por adopción) de los miembros de la fuerza
pública que hayan perdido la vida en actos del servicio, en relación con el
mismo o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por miembros de
grupos armados al margen de la ley.
Para algunos
intervinientes la demanda no satisface el requisito de certeza[3], ya que la
ciudadana ha fundado su acusación a partir de una interpretación subjetiva,
aislada y descontextualizada. Opinan que una lectura integral y sistemática del
artículo demandado, en especial de los incisos 2º y 5º, permite concluir que
todos los familiares de los miembros de la fuerza pública -incluidos los padres
y madres adoptantes e hijos e hijas adoptivas-, tienen la condición de víctima
cuando acrediten el daño causado.
2.1.3.- La
Corte no comparte la posición de esos intervinientes. Por el contrario,
considera que la demanda satisface los requisitos formales previstos en el
Decreto 2067 de 1991, según las exigencias trazadas por la jurisprudencia para
la formulación de un cargo apto. En efecto, además de haber indicado cuál es la
norma acusada, la ciudadana explicó, con sencillez pero con claridad y
suficiencia argumentativas, las razones por las cuales en su sentir se vulneran
los artículos artículos 5º, 13 y 42 de la Carta Política.
La acusación
es clara por cuanto permite discernir sin dificultad cuál es el reparo
central, a tal punto que todos los intervinientes comprendieron el sentido de
la acusación y se pronunciaron sobre el fondo de la controversia planteada,
incluso quienes reclaman un fallo inhibitorio. También se cumple el requisito
de especificidad, en la medida en que se individualizan los cargos y de
cada uno de ellos se hace una exposición independiente.
El requisito
de pertinencia se acredita por cuanto las razones en las que se funda la
demanda son todas de orden constitucional. Adicionalmente, a pesar de la sencillez
de la acusación la misma es suficiente, en tanto plantea una
problemática relevante de la cual surgen dudas acerca de la validez
constitucional de las expresiones impugnadas.
Por último,
en cuanto al requisito de certeza, la Sala considera que se cumple a
cabalidad ya que la demanda recae sobre una proposición jurídica real y
existente: la norma que reconoce como víctimas al cónyuge, compañero o
compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad de los miembros
de la fuerza pública fallecidos en las condiciones allí descritas, pero que al
mismo tiempo excluye de dicha condición a los familiares en primer grado de
parentesco civil o por adopción.
2.1.4.- El
Ministerio Público anota que el inciso 2º del artículo acusado reconoce como
víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, así como al “familiar
en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando
a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Con base en
ello afirma que  los familiares de los miembros de la fuerza pública en primer
grado civil ya han quedado incluidos en su condición de víctimas.
Sin embargo,
examinado el contenido de la norma la Sala observa que esa afirmación no es
exacta por cuanto el inciso 2º regula la situación genérica de los familiares
de víctimas directas, mientras que el inciso 5º (acusado) consagra reglas
especiales diferentes: la presunción del daño sufrido por los familiares de los
miembros de la fuerza pública fallecidos y su  reconocimiento automático como
víctimas.
De otra parte, es
cierto que el inciso final del artículo atribuye la calidad de víctimas a “los
demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier
otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados organizados al margen de la Ley”. Empero, dicha norma no consagra
la presunción que sí prevé el inciso acusado para los familiares en primer
grado de consanguinidad, de manera que los “demás familiares” tienen la
carga de demostrar la existencia del daño para tener la condición de víctimas,
según fue advertido por esta corporación en la Sentencia C-370 de 2006, de la
que se harán luego algunas precisiones adicionales.
En este orden de
ideas, el reproche formulado por la ciudadana es apto en la medida en que
cuestiona el tratamiento diferente que la norma da a los familiares de los
miembros de la fuerza pública, según tengan un vínculo de consanguinidad (donde
opera la presunción del daño y el reconocimiento automático como víctimas), o
civil (en cuyo caso habrá de demostrarse el daño para reclamar esa condición).
Tratamiento que considera contrario a la protección a la familia en condiciones
de igualdad y a la prohibición de discriminación por motivos de parentesco.
Por lo tanto,
la Sala concluye que desde esta perspectiva la demanda cumple los requisitos
para abordar un examen de fondo.
2.2.- Inexistencia de cosa juzgada constitucional
2.2.1.- Como
quiera que en la sentencia C-370 de 2006 la Corte se pronunció en relación con
el artículo 5º de la ley 975 de 2005, que luego fue modificada por el artículo
2º de la ley 1592 de 2012 (ahora acusado), es necesario determinar si ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. La Sala comienza por
presentar en un cuadro comparativo el contenido literal de esas dos
disposiciones y subraya los apartes demandados en cada oportunidad:
Ley
975 de 2005
“por
la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para
acuerdos humanitarios”.
Ley
1592 de 2012
“por
medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘por la
cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a
la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para
acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.
ARTÍCULO 5º. Definición de víctima. Para los efectos de la
presente ley se entiende por víctima la persona que individual o
colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial
(visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo
de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones
que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por miembros de
grupos armados organizados al margen de la ley.
También se
tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o
estuviere desaparecida.
La condición de
víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda,
procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la
relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente, se
considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan
sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo
de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún
miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Así mismo, se
tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y
familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan
perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el
mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún
miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.
“ARTÍCULO
2º. Modifíquese el artículo 5o de la Ley 975 de 2005, el cual quedará
así:
ARTÍCULO 5º. Definición de víctima. Para los efectos de la
presente ley se entiende por víctima la persona que individual o
colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o
sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia
de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
También se
tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar
en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa,
cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
La condición de
víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda,
procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la
relación familiar existente entre el autor y la víctima.
Igualmente, se
considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan
sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo
de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún
miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Así mismo, se
tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente
y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en
desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él,
como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos
armados organizados al margen de la ley.
También serán
víctimas los demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia
de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros
de grupos armados organizados al margen de la Ley”*.
* El último
inciso fue añadido por la ley 1592 de 2012.
2.2.2.- En su
momento los ciudadanos demandaron el artículo 5º de la ley 975 de 2005 (ley de
justicia y paz), por considerar que desconocía el preámbulo y los artículos 2,
5, 9, 93 y 213 superiores. Sostuvieron que la norma excluía injustificadamente
a algunas personas que habían sufrido daños, como los hermanos u otros
familiares distintos al primer grado de consanguinidad, quienes también
deberían contar con un recurso judicial efectivo para reclamar la satisfacción
de sus derechos. La acusación fue reseñada en los siguientes términos:
“6.2.4.2.2. Para los actores, la definición del concepto de víctima
consagrada en estos artículos es restrictiva pues excluye a personas que han
sufrido daños y que tienen derecho a un recurso judicial para reclamar ante las
autoridades la satisfacción de sus derechos. Al respecto señalan que “los
hermanos de una persona desaparecida forzadamente o asesinada, u otros
familiares que no estén en primer grado de consanguinidad, no tendrían derecho
a reclamar una reparación. Tratándose de un
miembro de la fuerza pública que haya sido asesinado en el marco del conflicto
armado, sólo serán víctimas el ‘cónyuge, compañero o compañera permanente y
familiares en primer grado de consanguinidad’. En cuanto a la rehabilitación,
la ley prevé que únicamente la víctima directa y los familiares en primer grado
de consanguinidad recibirán atención médica y psicológica”.
6.2.4.2.3. Indican que en contraste con estas disposiciones, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso “19 comerciantes
vs. Colombia” del 5 de julio de 2004, así como en la sentencia del caso “Myrna
Mack Chang vs. Guatemala” del 25 de noviembre de 2003, consideró que los
hermanos de las víctimas directas también son víctimas y deben ser reparados;
lo que es más, en la primera de estas sentencias consideró a un primo de la
víctima como afectado y titular del derecho a la reparación.
6.2.4.2.4. Por lo tanto, afirman que la limitación del concepto de
víctima, y por ende de la obligación de reparación, es inconstitucional y
contrario a la regulación internacional de la materia: “Al restringir el
concepto de víctimas por debajo de los parámetros definidos por la normatividad
y la jurisprudencia nacional e internacional en la materia, la ley 975 contradice
la Constitución de manera múltiple, tanto en relación con el preámbulo, como
con el artículo 2, el 5, el 9, el 93 y el 213.2, entre otros”. (Resaltado fuera de texto)
En su estudio la
Corte destacó la necesidad de una lectura integral del artículo impugnado[4]. Luego hizo
una detallada síntesis de los fundamentos normativos y de la jurisprudencia
constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia.
Con base en ello concluyó que, aun cuando era razonable que el Legislador
estableciera presunciones para aliviar la carga probatoria de algunos
familiares, la limitación arbitraria del universo de personas con capacidad de
acudir a las autoridades judiciales desconocía los derechos a la igualdad,
acceso a la administración de justicia, debido proceso y a un recurso judicial
efectivo (artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución y artículos 8 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos). En consecuencia, limitando el
alcance de la cosa juzgada a los cargos examinados, declaró la exequibilidad
condicionada de la norma en los siguientes términos:
“Quinto.- Declarar EXEQUIBLES, por
los cargos examinados, los incisos segundo y
quinto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, en el entendido que la presunción
allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que hubieren
sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la
ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley”.
(Resaltado fuera de texto)
2.2.3.- Con
posterioridad el Congreso aprobó la ley 1592 de 2012, cuyo artículo 2º mantuvo
el contenido inicial del artículo 5º  la ley 975 de 2005, e introdujo un último
inciso en el que simplemente plasmó como ley el condicionamiento de la
sentencia C-370 de 2006, en el entendido que la presunción allí prevista no
excluía como víctima a otros familiares cuando acreditaren haber sufrido un
daño[5].
2.2.4.- Como
puede notarse, en la sentencia C-370 de 2006 la Corte no examinó ni se
pronunció sobre el cargo que ahora se formula, relativo a la protección a la
familia en condiciones de igualdad y a la prohibición de discriminación por
razones de parentesco civil (artículos 5, 13 y 42 superiores). De manera que no
existe cosa juzgada constitucional, obviamente sin perjuicio de que algunas de las
consideraciones allí plasmadas sean relevantes en el examen de
constitucionalidad.
En este orden de
ideas, la aptitud de la demanda y la inexistencia de cosa juzgada habilitan a la
Corte para emitir un pronunciamiento de fondo.
3.- Problema jurídico a resolver
De acuerdo
con los antecedentes reseñados, corresponde a la Corte determinar si vulnera
los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución una norma que presume el daño, y a
partir de ello reconoce como víctimas a los familiares en primer grado de
consanguinidad de los miembros de la fuerza pública fallecidos a consecuencia
de actos delictivos ejecutados por miembros de grupos armados al margen de la
ley, pero al mismo tiempo excluye a los familiares en primer grado civil (por
adopción), de quienes no presume el daño ni les reconoce la misma calidad de víctimas.
A fin de
dilucidar esta controversia la Sala se referirá a dos aspectos centrales: (i)
el concepto de víctima y su alcance en la jurisprudencia constitucional; (ii)
la presunción del daño y la prohibición de tratamientos discriminatorios. Seguidamente
(iii) abordará el análisis de la norma parcialmente acusada.
4.- El concepto de víctima y su alcance en la
jurisprudencia constitucional
La condición de “víctima” y sus
derechos ha sido desarrollada en la jurisprudencia de este tribunal a partir de
una lectura integral y sistemática del texto de la Constitución, de los
tratados que se integran a ella por la vía del bloque de constitucionalidad -en
armonía con los pronunciamientos de sus intérpretes autorizados- y de las
directrices fijadas en otros instrumentos internacionales de derechos humanos y
derecho internacional humanitario[6].
Las sentencias C-370 de 2006, C-250 de 2012 y SU-254 de 2013, a las cuales se hace remisión directa, condensan los principales lineamientos decantados por la
Corte en cuanto tiene que ver con las víctimas y sus derechos constitucionales.
Del ámbito internacional se
destaca la Convención Americana sobre Derechos Humanos[7], cuyo artículo 25 consagra el derecho de toda persona a un
recurso efectivo ante los jueces, que la ampare contra los actos violatorios de
sus derechos fundamentales[8]; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos[9],
que en similares términos reconoce
el derecho a un recurso efectivo cuando los derechos allí reconocidos hayan
sido vulnerados[10]; el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional[11]; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes[12]; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura[13]; la Convención Interamericana
sobre desaparición forzada de personas[14]; la Convención para
la prevención y la sanción del delito de genocidio[15],
entre otros[16].
Algunos instrumentos hacen
alusión expresa al concepto de “víctima” y a los derechos inherentes a
su reconocimiento. No obstante, solo dos de ellos incluyen definiciones
puntuales, utilizadas por la jurisprudencia constitucional como criterio
orientador para delimitar su alcance[17].
De un lado, (i) las “Reglas de
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional”[18], que consideran como víctimas “a las
personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión
de algún crimen de la competencia de la Corte” (regla 85). De otro, (ii) el
“Conjunto de principios y directrices básicas sobre
el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves de derecho
internacional humanitario”[19]. En él se define a la víctima como “toda
persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o menoscabo
sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario”. Seguidamente agrega que, “cuando
corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término ‘víctima’
también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la
víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para
prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.
(Resaltado fuera de texto).
Es importante mencionar que en el
texto de la Carta Política no existe una definición que precise qué debe
entenderse por víctima, o cuáles características o circunstancias sirven para
determinar tal condición:
“En torno a
este aspecto observa la Corte que pese a la mención de las víctimas en el texto
constitucional, y a la gran importancia reconocida a sus derechos tanto en
nuestra carta política como en varios instrumentos internacionales relevantes,
ninguno de esos textos contiene referencias ni criterios que para este caso
resulten de obligatoria aplicación, a partir de los cuales pueda determinarse
quiénes son víctimas frente a eventos concretos”[20].
Ante esta circunstancia los
derechos de las víctimas, en particular de quienes han sufrido de manera
individual o colectiva las consecuencias del conflicto armado interno, se han
vinculado directamente al contenido de los artículos 1, 2, 29, 93, 229 y 250 de
la Constitución. Al respecto la Corte ha sostenido lo siguiente:
“Esta
reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la
Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales: (i)
En el mandato de que  los derechos y deberes se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el Constituyente hubiese
otorgado rango  constitucional, a los derechos de las víctimas (Art. 250 num. 6
y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en
particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los
residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (Art. 2° CP);
(iv)  en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué
ocurrió, y a que se haga justicia (Art.1° CP); (v) en el principio del Estado
Social de Derecho que promueve la participación,  de donde deviene que la
intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse
exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera
preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual
se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos
para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución
de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial
y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto
del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente
de mecanismos para el arreglo de controversias”[21].
El reconocimiento de una persona
como víctima es de enorme relevancia por cuanto le hace titular de ciertos derechos,
de alcance y naturaleza compleja, encaminados todos al resarcimiento integral
del perjuicio causado, bajo los siguientes postulados mínimos[22]:
(i) Concepción amplia de los
derechos de las víctimas. Hace referencia a que las garantías no se encuentran
restringidas a una reparación simplemente económica, sino que la misma
comprende otros elementos como los derechos a la verdad, a la justicia, a la
reparación integral, las medidas de satisfacción y las garantías de no
repetición. Se entiende, además, que los afectados tienen el derecho a ser
tratados con dignidad y a participar en las decisiones que los afectan haciendo
uso de mecanismos efectivos de tutela judicial.
(ii) Existencia de deberes
correlativos de las autoridades públicas, cuyas actuaciones estarán orientadas
al pleno restablecimiento de los derechos vulnerados.
(iii) Interdependencia y
autonomía de las garantías, lo cual supone que la víctima puede estar
interesada en exigir la protección de todos sus derechos o solo de algunos; por
ejemplo, en conocer la verdad u obtener justicia, dejando de lado una
indemnización económica.
(iv) La condición de víctima
requiere la existencia de un daño real, concreto y específico, derivado de la
comisión de un hecho delictivo, que legitima a la persona afectada para
reclamar sus derechos y garantías.
Con el propósito de garantizar el
reconocimiento y los derechos mínimos de quienes se han visto afectados por la
comisión de hechos delictivos, y lograr un acople con la Constitución de
acuerdo con los estándares internacionales y las decisiones de sus intérpretes
autorizados, la Corte ha venido fijando algunos criterios que permiten
identificar a una persona como víctima y en virtud de ello reconocerle los
derechos inherentes a su condición. Así, en sentido amplio una víctima es toda
persona que “ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea
la naturaleza de éste y el delito que lo ocasionó”. Definición que
obviamente comprende a los familiares, siempre y cuando de ellos sea predicable
la existencia de un daño con las características anotadas[23].
Sin embargo, esta es solo una
aproximación general por cuanto existen diversos factores que también son
relevantes para definir tal condición. Variables como los hechos acaecidos, el
daño sufrido, la afectación directa o indirecta, la época de los sucesos o el
vínculo de parentesco, son algunos de los que pueden tener incidencia llegado
el momento de individualizar a una persona para reconocerle o no la condición
de víctima de un delito o de una violación a sus derechos humanos o al derecho
internacional humanitario[24].
5.- La presunción de daño por vínculos de
consanguinidad y de parentesco civil debe recibir el mismo trato normativo
De los criterios relevantes para
afirmar que alguien es una víctima, “el concepto de daño es el más
significativo de todos”[25].
Esto se explica por cuanto de acreditar su ocurrencia depende que se reconozca
a una persona como víctima, se la legitime para intervenir en los procesos
administrativos y judiciales, y se le confieran los derechos a la verdad,
justicia, reparación integral, medidas de satisfacción y garantías de no
repetición a que hubiere lugar.
En relación con ese elemento la
Corte ha indicado que el daño sufrido no necesariamente ha de tener carácter
patrimonial, aunque sí debe ser real, concreto y específico[26], lo cual comprende todos
aquellos eventos aceptados como fuente generadora de responsabilidad:
“Ahora bien, es importante destacar que el concepto de
daño es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos
usualmente aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el
daño emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño
en la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que
hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas
las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la
jurisprudencia, ahora o en el futuro.
Según encuentra la Corte, la noción de daño comprende
entonces incluso eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente
afectado como resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído
sobre otras personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como
víctimas a los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa
de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente
relevante”[27].
Desde la Sentencia C-370 de 2006,
justamente cuando se analizó el alcance del artículo 5º de la ley 975 de 2005,
este tribunal dejó claro que los familiares también pueden tener la calidad de
víctimas directas en la medida en que hayan sufrido un daño como consecuencia
de un hecho punible.
En aquella oportunidad se
encontró justificado que el Legislador hubiera decidido establecer presunciones
de daño con el propósito de aliviar la carga probatoria de ciertos familiares,
“como lo hizo en los incisos 2 y 5 del artículo 5 de la ley acusada”,
aun cuando advirtió que no de todos debe presumirse ese daño.
Sin embargo, la Corte consideró
que  la limitación arbitraria del universo de personas con capacidad de acudir
a las autoridades judiciales para la satisfacción de sus derechos, diferente a
los familiares más próximos, desconocía la igualdad, el acceso a la
administración de justicia, el debido proceso y el derecho a un recurso
judicial efectivo (artículos 1, 2, 29 y 229 de la Constitución y artículos 8 y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Por ello, condicionó la
constitucionalidad de la norma para permitirles demostrar el daño sufrido y ser
reconocidas como víctimas. Al respecto sostuvo lo siguiente:
“6.2.4.2.14.
En suma, según el derecho constitucional, interpretado a la luz del bloque de
constitucionalidad, los familiares  de las personas que han sufrido violaciones
directas a sus derechos humanos tienen derecho a presentarse ante las
autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y específico sufrido
con ocasión de las actividades delictivas, se les permita solicitar la garantía
de los derechos que les han sido vulnerados. Esto no significa que el Estado
está obligado a presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima
directa. Tampoco significa que todos los familiares tengan exactamente los
mismos derechos. Lo que sin embargo si se deriva de las normas y la
jurisprudencia citada, es que la ley no puede impedir el acceso de los familiares
de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las autoridades encargadas
de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar la violación.
6.2.4.2.15. Por
las razones expuestas, la Corte considera que viola el derecho a la igualdad
y los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a
un recurso judicial efectivo las disposiciones de la Ley demandada que excluyen
a los familiares que no tienen primer grado de consanguinidad con la víctima
directa, de la posibilidad de que, a través de la demostración del daño
real, concreto y específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas
de que trata la ley demandada, puedan ser reconocidos como víctimas para los efectos
de la mencionada Ley. También viola tales derechos excluir a los familiares de
las víctimas directas cuando éstas no hayan muerto o desaparecido. Tales
exclusiones son constitucionalmente inadmisibles, lo cual no dista para que
el legislador alivie la carga probatoria de ciertos familiares de víctimas
directas estableciendo presunciones como lo hizo en los incisos 2 y 5 del
artículo 5 de la ley acusada.
6.2.4.2.16.
En consecuencia, la Corte procederá a declarar exequibles, por los cargos
examinados,  los incisos  segundo y quinto del artículo 5º, en el entendido que
la presunción allí establecida no excluye como víctima a otros familiares que
hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria
de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley
(…)”. (Resaltado fuera de texto)
Una presunción en términos similares fue consagrada en el artículo 3º
de la ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan
otras disposiciones”[28].
De acuerdo con esa norma, también son víctimas el cónyuge, compañero o
compañera permanente, parejas del mismo sexo y “familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima desaparecida, cuando a esta se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida” (inciso 2º).
En la Sentencia C-052 de 2012 la Corte analizó la constitucionalidad de
dicho precepto, acusado de vulnerar la igualdad por excluir como víctimas a
otros familiares. La corporación comenzó por explicar que ese inciso se limita
a consagrar una suerte de presunción de daño en los eventos allí descritos, porque
existe un vínculo de parentesco próximo donde la gravedad de los hechos y la
cercanía relevan a los familiares de la carga de demostrar el perjuicio causado:
“En suma, al
comparar las distintas situaciones reguladas por los incisos 1° y 2° del
artículo 3° en comento, encuentra la Corte que en realidad ambas reglas
conducen a un mismo resultado, la consideración como víctimas, y con ello, el
acceso a los beneficios desarrollados por la Ley 1448 de 2011, aunque por
distintos caminos, puesto que en el primero de ellos se requiere la
acreditación de un daño sufrido por la presunta víctima como consecuencia
de los hechos allí referidos, mientras que en el segundo, en lugar de ello,
se exige la existencia de un determinado parentesco, así como la circunstancia
de que a la llamada víctima directa se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida, lo que, según entendió el legislador, permite presumir la
ocurrencia de daño”. (Resaltado fuera de texto)
La Sala
concluyó que la norma no desconocía el derecho a la igualdad porque se estaban
regulando consecuencias jurídicas diferentes a partir de supuestos fácticos
también diferentes. Consideró razonable la decisión del Legislador, en el
sentido de consagrar la presunción del daño solo respecto de los familiares más
cercanos, precisando que los demás familiares pueden reclamar su condición de
víctimas aun cuando tienen la carga de acreditar cuál fue el daño sufrido. En
palabras de la Corte:
“Establecido
que los dos requisitos contemplados en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley
1448 de 2011, pese a trazar una ruta parcialmente diferente a la prevista en el
inciso 1° de la misma norma, no resultan violatorios del derecho a la igualdad,
la Sala estima necesario efectuar una breve precisión adicional frente a un
aspecto aún no analizado de la argumentación esgrimida por el actor en su
demanda, en procura de demostrar la validez del cargo formulado.
En efecto,
encuentra la Corte que al demandar la frase “primer grado de consanguinidad,
primero civil”, el actor cuestionó no únicamente el hecho de que exista una
forma alternativa para ser reconocido como víctima, sino también la
circunstancia de que se hubiera limitado la posibilidad de acceder a este
mecanismo sólo a los parientes más cercanos, esto es, a los padres o hijos
(según el caso) de la denominada víctima directa.
En relación
con este tema debe anotarse que a partir de las consideraciones contenidas en
los acápites anteriores, resulta claro para la Corte que una delimitación de
este tipo sin duda cabe dentro de lo que para el caso debía ser el margen de
configuración normativa del legislador en relación con el tema. Por esta razón,
se considera adecuado que el Congreso de la República, en cuanto autor de la
norma analizada, haya decidido libremente el grado de parentesco dentro del
cual se reconocerán, a partir de este mecanismo, los derechos que esta norma ha
desarrollado en favor de las víctimas.
Sin perjuicio
de ello, encuentra además la Corte que la regla trazada por el legislador en
este punto resulta razonable en cuanto a su contenido, pues la presunción de
daño que según lo explicado estaría envuelta en esta regla, resultaría fundada
frente a los parientes más próximos, pero no necesariamente frente a otros
menos cercanos, quienes en todo caso tendrán la posibilidad de reclamar los
derechos a que hubiere lugar por la vía del mecanismo previsto en el inciso 1°
de este artículo 3°, si en su caso concurren los supuestos para ello.
Como
resultado de lo brevemente expuesto, concluye la Sala que tampoco por este
aspecto resulta inconstitucional la restricción contenida en el inciso 2°
parcialmente demandado, en el sentido de que la calidad de víctimas conforme a
esa regla sólo se predique de los parientes en primer grado de consanguinidad y
primero civil”.
En todo caso, con el fin de evitar interpretaciones contrarias a la
Constitución, la Corte impuso un condicionamiento a la norma, en el entendido
que “también son víctimas aquellas personas que hubieren sufrido un daño, en
los términos del inciso primero de dicho artículo”.
En síntesis, es
constitucionalmente válido que, para efecto del reconocimiento como víctima, el
Legislador establezca presunciones de daño teniendo en cuenta el vínculo o
grado de parentesco con una persona que ha sufrido una lesión como consecuencia
de un hecho punible. Esta es una opción legítima encaminada a aliviar la carga
probatoria de aquellos familiares que, debido a los lazos de cercanía que los
unen con la víctima directa, por lo general sufren de manera más intensa el
dolor, la aflicción y el daño causado a aquella. Pero lo que no puede hacer el
Legislador es establecer reglas discriminatorias al momento de fijar dichas
presunciones porque, como insistentemente ha explicado la Corte, “no
se ajustan a la Constitución las regulaciones que restringen de manera excesiva
la condición de víctima y que excluyan categorías de perjudicados sin
fundamento en criterios constitucionalmente legítimos”[29].
Una de esas prohibiciones es,
precisamente, la que se deriva de establecer tratamientos diferenciales entre
el parentesco en primer grado por consanguinidad y en primer grado civil, que para
efecto del reconocimiento como victimas resulta discriminatoria y contraria al
mandato de protección a la familia en condiciones de igualdad, según las voces
de los artículos 5º, 13 y 42 de la Carta Política. En efecto, de acuerdo con el
artículo 5º, el Estado reconoce, “sin discriminación alguna”,  la
primacía inalienable de los derechos de la persona “y ampara a la familia
como institución básica de la sociedad”. El artículo 13 consagra el derecho
a la igualdad de todas las personas ante la ley y la prohibición de
discriminación, entre otros, por motivos de “origen familiar”. En
concordancia con ello, el artículo 42 es categórico en definir a la familia
como “el núcleo fundamental de la sociedad”, constituida por vínculos
naturales o jurídicos, bajo la premisa de la voluntad responsable de
conformarla. Esta última norma también estipula el derecho a la igualdad entre
los hijos que hacen parte de una familia, sin importar que su origen sea la
consanguinidad o el parentesco civil (por adopción). Al respecto dispone lo
siguiente
“Artículo
42.- La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por
vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer
de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
(…)
Los hijos
habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley
reglamentará la progenitura responsable. (…)”. (Resaltado fuera de texto)
No son pocas las ocasiones en las
que la Corte se ha ocupado de destacar la importancia de la familia como
fundamento y presupuesto de la organización social y del Estado[30]. Siendo la familia la primera
institución social, que antecede incluso a la sociedad y la organización
estatal[31],
ha sido definida como una comunidad de personas unida por parentesco mediante
vínculos naturales o jurídicos, “que funda su existencia en el amor, el
respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de
destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos”,
que por su importancia representa la “piedra angular dentro de la
organización política estatal”[32].
La Corte Constitucional ya ha
tenido ocasión de pronunciarse acerca de la prohibición al Legislador para
adoptar reglas de trato diferencial teniendo en cuenta el origen familiar, al
menos en el caso de los parientes más cercanos. En este sentido, por ejemplo,
en la Sentencia C-1287 de 2001 la corporación tuvo que analizar el alcance de
las normas que regulan la excepción al deber de declarar contra sí mismo y
contra familiares cercanos. En aquella oportunidad explicó cómo, aun cuando el
artículo 33 de la Constitución exceptúa esa obligación en el caso de los “parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”,
una hermenéutica integral y sistemática de la Constitución, que tome en cuenta
el principio de igualdad y la prohibición de discriminación en virtud del
origen familiar (artículos 5º, 13 y 42), conduce a concluir que la excepción al
deber de declarar se extiende también para comprender a los parientes adoptivos
hasta el cuarto grado, como en efecto fue declarado. Entre otras
consideraciones la Corte expuso las siguientes:
“La
hermenéutica de la anterior disposición [art. 42 CP] lleva a concluir que el
constituyente quiso expresamente otorgar reconocimiento jurídico a la familia
que proviene de la adopción, y ubicarla en un pie de igualdad respecto de
la familia que se constituye a partir del matrimonio o de la unión libre entre
compañeros permanentes, por lo cual rechazó las diferencias de trato fundadas
en el origen familiar. Los antecedentes de la disposición, en la Asamblea
Constituyente, no permiten arribar a una conclusión diferente: (…)
La
armonización de los distintos principios constitucionales que están en juego en
este caso, en el momento de aplicar las normas acusadas implica
necesariamente hacer operantes los principios de igualdad, no discriminación
por el origen familiar, dignidad, libertad de conciencia y respeto a la
intimidad y unidad familiar. Por lo tanto tales normas no pueden ser
interpretadas únicamente a la luz de la restricción que para los hijos
adoptivos establece la regla del artículo 33 superior. Esta restricción del
alcance de la excepción al deber de colaborar con la recta administración de justicia,
que obliga a declarar en contra de ciertos parientes muy próximos, si se aplica
sin equilibrarla con la regla que fija el artículo 42 de la Carta, conduce a
una restricción desproporcionada del derecho a la igualdad y a la dignidad de
los hijos adoptivos, y cercena la protección a la intimidad y unidad familiar
por la que propende también la Constitución. Por eso los hijos adoptivos deben
ser llamados a declarar contra sus parientes más próximos en las mismas
condiciones en que son llamadas las demás categorías de hijos. Esto, sin duda,
significa un recorte de la obligación de colaborar con la administración de
justicia, pero este sacrificio de tal deber constitucional, (aceptado por las
normas superiores en relación con las demás categorías de hijos), se revela
menos lesivo de derechos y principios fundamentales, que el de la aplicación
imponderada de la regla contenida en el artículo 33 en relación con los hijos
adoptivos.
(…)
Visto lo
anterior, la Corte entiende que el artículo 33 de la Constitución, debe ser
interpretado en armonía con el valor y principio de igualdad, concretamente en
cuanto tiene el alcance de proscribir las diferencias de trato por el origen
familiar (artículo 42 C.P). Así, su lectura literal debe complementarse con
la prohibición referida, de donde se deduce que, para efectos de aplicar las
normas acusadas que lo reproducen, es menester extender el alcance de la
excepción al deber de declarar, de manera que cobije a los parientes adoptivos
hasta el cuarto grado. Esta interpretación armónica de las normas superiores,
tiene en  consideración del carácter fundamental y de aplicación inmediata que
tiene el derecho que reconoce el inciso 4° del artículo 42 de la Constitución
Política (derecho a la igualdad en el ámbito de las relaciones familiares).
Como tal, la efectiva aplicación de tal derecho no está condicionada a la
intervención del legislador”. (Resaltado fuera de texto)
Con fundamento en lo anterior,
para la Sala es claro que la familia que surge por vínculos civiles (por
adopción) se encuentra en pie de igualdad con la que surge de vínculos de
consanguinidad. En esa medida, al menos en lo que se refiere a los familiares
más cercanos, es decir, en primer grado, no es válido que el Legislador
establezca tratamientos diferenciales que resulten favorables solamente para
los familiares que tienen un vínculo de sangre y excluyan a los que tienen
origen por adopción.
6.- Constitucionalidad condicionada de la
expresión acusada
El artículo 2º de la ley 1562 de
2012, que modificó el artículo 5 de la ley 975 de 2005, acoge una definición de
víctima y las condiciones generales para acreditarla en el marco del proceso de
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional (ley de
justicia y paz).
La ley 975 de 2005 tuvo como
propósito central facilitar los procesos de paz y la reintegración a la vida
civil de los actores desmovilizados, garantizando al mismo tiempo los derechos
de las víctimas. En tal sentido, reconoció que es una obligación del Estado
asegurar a las víctimas el acceso efectivo a la administración de justicia y
por esa vía asegurar sus derechos “(i) a recibir un trato humano digno, (ii) a
la protección de su intimidad y garantía de seguridad, la de sus familiares y
testigos a favor, cuando quiera que resulten amenazadas, (iii) a una pronta e
integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del
delito , (iv) a ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas, (v) a
recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos
establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para
la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman
las circunstancias del delito del cual han sido víctimas.   (vi) a ser
informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a
interponer los recursos cuando hubiere lugar, (vii) a ser asistidas durante el
juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata
la ley, (viii) a recibir asistencia integral para su recuperación y (ix) a ser
asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no
conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los
sentidos”[33].
El artículo 5º de la ley 975 de
2005 señaló que es víctima a toda persona que individual o colectivamente haya
sufrido un daño directo, como lesiones personales que ocasionen discapacidad
física, psíquica o sensorial, sufrimiento emocional, pérdida financiera o en
general afectación de sus derechos fundamentales. Daños que deberán ser el
resultado de acciones penales, realizados por miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley.
El inciso 2º reconoció como
víctima directa al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiar de la
víctima directa en primer grado de consanguinidad o primero civil, cuando se le
hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.
Por su parte el inciso 5º, en la
expresión que se demanda, señala que se tendrán como víctimas, “al
cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad”, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la
vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de
él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos
armados organizados al margen de la ley. De manera que se excluye de la
condición de víctima directa a los familiares en primer grado civil.
La norma consagra una suerte de “presunción
de daño” en el caso de los familiares allí indicados, a quienes releva de
una carga probatoria que sí deben cumplir los demás familiares cuando pretendan
constituirse como víctima para reclamar como tales sus derechos a la verdad,
justicia, reparación integral, medidas de satisfacción y garantías de no
repetición. Al respecto la Corte ha considerado que esta clase de presunciones
es constitucionalmente válida, en la medida en que por lo general los
familiares más cercanos de una persona también sufren de manera intensa el
dolor, la aflicción y el daño causado a aquélla; y por lo tanto pueden ser
reconocidas como víctimas directas de un hecho punible sin necesidad de acopiar
otros elementos probatorios que den cuenta del daño infringido.
Sin embargo, lo que se cuestiona
en esta oportunidad no es la presunción que se consagra, sino la exclusión que
de ella hace la norma respecto de los familiares en primer grado civil, es
decir, de los que surgen en virtud de lazos de adopción.
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, la Sala considera que
la expresión acusada vulnera los artículos 5, 13 y 42 de la Carta Política. En
efecto, no existe justificación constitucionalmente válida para presumir el
daño y reconocer como víctimas solo a los familiares en primer grado de
consanguinidad de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida
en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él,
como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos
armados organizados al margen de la ley, y simultáneamente excluir de esa misma
condición a los familiares en primer grado civil (adoptantes o adoptivos).
Esta exclusión
resulta incompatible con los preceptos superiores señalados, que consagran la
igualdad familiar y la prohibición de discriminación por motivos de origen
familiar, ya que establece consecuencias jurídicas distintas para dos sujetos
que están en la misma posición relevante: los familiares en primer grado de
consanguinidad y los familiares en primer grado civil. A juicio de la Sala no
existe ninguna justificación para establecer un tratamiento asimétrico entre unos
y otros, cuando es claro que la Constitución reconoce los mismos derechos a los
lazos de consanguinidad y de parentesco civil, al menos en el primer grado.
Con todo, la
Corte advierte que esta exclusión parece más el resultado de una omisión
inconsciente del legislador en el caso de los familiares de los miembros de la
fuerza pública, antes que una decisión deliberada y abiertamente
discriminatoria, lo cual se explica al menos por dos razones. De un lado,
porque el inciso segundo del mismo artículo sí incluyó a los familiares en
primer grado civil en los casos de muerte o desaparecimiento[34]; y de otro, porque en regulaciones
similares, como la ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”[35],
también se reconoce como víctima a los familiares en primer grado civil, lo que
sugiere la intención de garantizar sus derechos en condiciones de igualdad.
Ahora bien, para
superar esa situación contraria a los mandatos constitucionales, no debe
declararse la inexequibilidad de la norma por cuanto ello conduciría a una
situación aún más gravosa en detrimento de los derechos de los familiares por
consanguinidad. Lo que técnicamente debe hacer la Corte es fijar su correcto
entendimiento, a través de un fallo de constitucionalidad condicionada, con el
fin de que se entienda que también se tendrán como víctimas a los familiares en
primer grado civil de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la
vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo o fuera de
él, como consecuencia de los actos ejecutados por grupos al margen de la ley.
VII.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y
por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar, por
los cargos analizados, la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la expresión “al
cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de
consanguinidad”, del inciso quinto del artículo 2º de la ley 1592 de 2012,
en el entendido que también se tendrán como víctimas a los familiares en primer
grado civil de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en
desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como
consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
Notifíquese, comuníquese y
cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE
CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON ELÍAS PINILLA
PINILLA
Magistrado
Con aclaración de
voto
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS
SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias  C-236 de 1997, C-447 y
C-542 de 1997, C-519 de 1998, C-986 de 1999, C-013 de 2000, C-1052, C-1256 de
2001, C-1294 de 2001, C-918 de 2002, C-389 de 2002, C-1200 de 2003, C-229 de
2003, C-048 de 2004, C-569 de 2004, C-1236 de 2005, C-1260 de 2005, C-180 de
2006, C-721 de 2006, C-402 de 2007, C-666 de 2007, C-922 de 2007, C-292 de
2008, C-1087 de 2008, C-372 de 2009, C-025 de 2010, C-102 de 2010, C-028 de
2011, C-029 de 2011, C-101 de 2011 y C-1021 de 2012, entre muchas otras.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C-508 de 2008. Ver también las
Sentencias C-451 de 2005, C-480 de 2003 y C-1052 de 2001, entre otras.
[3] “Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de
inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre
una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida
por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo
caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción
pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto
constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir
de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere,
entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes,
que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la
inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se
desprenden”. Sentencia C-1052 de 2001.
[4] De acuerdo con la Corte:
“6.2.4.2.5.
Para analizar este cargo específico no es posible juzgar aisladamente las
expresiones acusadas. En efecto, estas se inscriben en incisos en los cuales se
enuncian elementos atinentes a la definición de víctima, elementos que rebasan
el del parentesco. El cabal entendimiento de lo acusado exige hacer una
integración normativa con todo el inciso correspondiente, es decir, los incisos
2 y 5 del artículo 5.
6.2.4.2.6.
Los demandantes consideran que las disposiciones demandadas establecen una
restricción al limitar a los parientes en primer grado de consanguinidad el
derecho a ser reconocidos como víctimas para los efectos de la Ley que se estudia. Al estudiar las expresiones demandadas partiendo de todo el inciso en el
cual se inscriben, la Corte encuentra que las mismas establecen una presunción
a favor de los parientes en primer grado de consanguinidad y primero civil de
la víctima directa. En efecto, tales incisos empiezan diciendo que “también se
tendrá por víctima” o “asimismo”. La cuestión entonces reside en determinar si
tales disposiciones pueden dar lugar a la exclusión del reconocimiento de la
calidad de víctimas de otros familiares (como los hermanos, abuelos o nietos)
que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier conducta violatoria
de la ley penal cometida por miembros de grupos armados ilegales que decidan
someterse a la Ley estudiada”.
[5] El inciso añadido fue el siguiente: “(…) También serán víctimas los
demás familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier
otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos
armados organizados al margen de la Ley”.
[6] Cfr., Corte Constitucional, Sentencias C-228 de 2002, C-578 de
2002, C-580 de 2002, C-875 de 2002, C-370 de 2006, C-454 de 2006, C-516 de
2007, C-1199 de 2008, C-936 de 2010, C-771 de 2011, C-052 de 2012, C-250 de
2012, C-609 de 2012 y SU-254 de 2013, entre muchas otras.
[7] Aprobada en el ordenamiento interno mediante la Ley 16 de 1972.
[8] “Artículo 25.  Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales”.
[9] Aprobada en el ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968.
[10] “Artículo 2. (…) 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o
libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida
por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”.
[11] Adoptado el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia
Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el
establecimiento de una Corte Penal Internacional". Aprobado en el derecho
interno mediante la ley742 de 2002 y declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-578 de 2002.
[12] Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984 y en el derecho interno mediante la ley 70 de 1986.
[13] Aprobada por la Asamblea General de las Organización de Estados Americanos en 1985 y en el derecho interno mediante la ley 406 de 1997.
Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-351 de 1998.
[14] Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos  en 1994
y en el derecho interno mediante la ley 707 de 2001. Declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-580 de 2002.
[15] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones unidas en diciembre
de 1948, y aprobada en el derecho interno mediante la Ley 28 de 1959.
[16] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.
[17] Cfr., Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012.
[18] Aprobadas por la Asamblea de los Estados Partes en septiembre de 2002,
en la ciudad de Nueva York.
[19] Adoptado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante Resolución 2005/35 del 19 de
abril de 2005.
[20] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012.
[21] Corte Constitucional, Sentencia C-454 de 2006.
[22] Cfr., Sentencias C-228 de 2002 y C-516 de 2007.
[23] Corte Constitucional, Sentencia C-370 de 2006.
[24] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012.
[25] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012.
[26] Corte Constitucional, Sentencias C-370 de 2006 y C-250 de 2012,
entre muchas otras.
[27] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012.
[28] “ARTÍCULO 3°.VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de
esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno.
También son
víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A
falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de
consanguinidad ascendente.
De la misma
forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición
de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda,
procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que
pueda existir entre el autor y la víctima”.
[29] Corte Constitucional, Sentencia C-052 de 2012.
[30] Cfr., entre muchas otras, las Sentencias T-278 de 1994, C-371 de 1994,
C-289 de 2000, C-533 de 2000, C-600 de 2000, C-814 de 2001, C-1287 de 2001,
C-271 de 2003, C-310 de 2004, C-857 de 2008,  y, por todas, ver la Sentencia C-577 de 2011.
[31] Corte Constitucional, Sentencia T-278 de 1994.
[32] Corte Constitucional, Sentencia C-271 de 2003.
[33] Corte Constitucional, Sentencia C-609 de 2012.
[34] “ARTÍCULO 5º.- Definición de víctima. (…) También se tendrá por
víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer
grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a
esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. (…)”.
[35] “ARTÍCULO 3°.VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de
esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno.
También son
víctimas el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y
familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A
falta de estas, lo serán los que se encuentren en el segundo grado de
consanguinidad ascendente.
De la misma
forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización.
La condición
de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda,
procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que
pueda existir entre el autor y la víctima”.