C-071-03
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-071/03
SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA-Control
formal
SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA-Control
material
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Objetivo/PROTOCOLO
SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA-Fines y justificaciones
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Adopción de
mecanismos para garantizar su protección resultan acordes con la Constitución
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Disposiciones
generales sobre forma de aplicación e interpretación
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Criterio de
precaución
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Ambito
material de aplicación
ACUERDO FUNDAMENTADO PREVIO-Procedimiento simplificado
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Faculta a
las partes para que concierten acuerdos bilaterales , regionales o
multilaterales relativos a los movimientos fronterizos de organismos vivos
modificados
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Faculta a
los Estados partes para celebrar acuerdos con otros Estados en tanto sean
compatibles con el objeto del protocolo
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Evaluación y
gestión de riesgo derivados de los movimientos transfronterizos de los
organismos vivos modificados
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Medidas de
prevención y emergencia en caso de movimientos transfronterizos involuntarios
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Autoridades
competentes para la ejecución
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Creación del
centro de intercambio de información facilita al Estado colombiano el acceso a
la información para la efectiva aplicación del Protocolo
CENTRO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION SOBRE
SEGURIDAD DE BIOTECNOLOGÍA-Mecanismos
de cooperación
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA-Reglas respecto del manejo de información
confidencial
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Medidas
tendientes a prevenir y a penalizar movimientos transfronterizos ilícitos
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Señalamiento de conductas que deben ser
penalizadas y no están establecidas en el Protocolo
PROTOCOLO SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA-Remisión a
las normas sobre diversidad biológica
Referencia: expediente LAT-222
Revisión constitucional de la Ley 740 del
24 de mayo de 2002 “Por medio de la cual se aprueba el “PROTOCOLO DE
CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D.C.,  cuatro (4) de febrero de dos
mil tres (2003).
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y
trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
El Gobierno Nacional, por conducto de la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, allegó a esta
Corporación, el día 30 de mayo de 2002, fotocopia auténtica de la Ley 740 del
24 de mayo del año 2002 por medio de la cual se aprobó el “PROTOCOLO DE
CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”.
Mediante auto del 28 de junio de 2002, con
el objeto de ejercer el control de constitucionalidad que el numeral décimo del
artículo 241 de la Constitución Política ordena, se asumió el examen del
protocolo bajo estudio y de la Ley 740 de 2002 que lo aprueba. En la misma
providencia, se decretaron las pruebas pertinentes, se fijó en lista la norma
objeto de examen, para asegurar la participación ciudadana, y se corrió el
traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera el concepto de
rigor. Así mismo, se comunicó la iniciación del presente proceso al Presidente
de la República, al Presidente del Congreso y a los Ministros de Relaciones
Exteriores, de Salud y de Medio Ambiente para que conceptuaran sobre la
constitucionalidad del protocolo y de su ley aprobatoria, de estimarlo
oportuno.
De manera que, luego de surtidos los
trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, y una
vez recibido el concepto del Ministerio Público, esta Corporación se pronuncia
respecto de la constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen y
de su ley aprobatoria.
II.      TEXTO DE LAS
NORMAS QUE SE REVISAN
A continuación se transcribe el texto de la Ley 661 de
2001, tomado de la copia auténtica que remitió el Gobierno Nacional:
“LEY No. 740
24 MAYO 2002
Por medio de la cual se aprueba “EL
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE
LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de
dos mil (2000).
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “PROTOCOLO DE
CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000),
que a la letra dice:
(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia
del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).
«PROTOCOLO
DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD
DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO
SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA
Las Partes en el presente Protocolo,
Siendo Partes en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, en lo sucesivo “el Convenio”,
Recordando los párrafos 3 y 4 del artículo
19 y el inciso g del artículo 8° y el artículo 17 del Convenio,
Recordando también la decisión II/5 de la
Conferencia de las Partes en el Convenio, de 17 de noviembre de 1995, relativa
a la elaboración de un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, centrado
específicamente en el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos
vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, que establezca en particular, para su examen,
procedimientos adecuados para un acuerdo fundamentado previo,
Reafirmando el enfoque de precaución que
figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo,
Conscientes de la rápida expansión de la
biotecnología moderna y de la creciente preocupación pública sobre sus posibles
efectos adversos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana,
Reconociendo que la biotecnología moderna
tiene grandes posibilidades de contribuir al bienestar humano si se desarrolla
y utiliza con medidas de seguridad adecuadas para el medio ambiente y la salud
humana,
Reconociendo también la crucial importancia
que tienen para la humanidad los centros de origen y los centros de diversidad
genética,
Teniendo en cuenta la reducida capacidad de
muchos países, en especial los países en desarrollo, para controlar la
naturaleza y la magnitud de los riesgos conocidos y potenciales derivados de
los organismos vivos modificados,
Reconociendo que los acuerdos relativos al
comercio y al medio ambiente deben apoyarse mutuamente con miras a lograr el
desarrollo sostenible,
Destacando que el presente Protocolo no
podrá interpretarse en el sentido de que modifica los derechos y las
obligaciones de una Parte con arreglo a otros acuerdos internacionales ya en
vigor,
En el entendimiento de que los párrafos
anteriores no tienen por objeto subordinar el presente Protocolo a otros
acuerdos internacionales,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo
1
Objetivo.
De conformidad con el enfoque de precaución
que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, el objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar
un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación
y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la
biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los
movimientos transfronterizos.
Artículo
2
Disposiciones generales.
1. Cada Parte tomará las medidas
legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias y convenientes para
cumplir sus obligaciones dimanantes del presente Protocolo.
2. Las Partes velarán porque el desarrollo,
la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la
liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de forma
que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana.
3.  El presente Protocolo no afectará en
modo alguno a la soberanía de los Estados sobre su mar territorial establecida
de acuerdo con el derecho internacional, ni a los derechos soberanos ni la
jurisdicción de los Estados sobre sus zonas económicas exclusivas y sus
plataformas continentales de conformidad con el derecho internacional, ni al
ejercicio por los buques y las aeronaves de todos los Estados de los derechos y
las libertades de navegación establecidos en el derecho internacional y recogidos
en los instrumentos internacionales pertinentes.
4. Ninguna disposición del presente
Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una Parte a
adoptar medidas más estrictas para proteger la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica que las establecidas en el Protocolo,
siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y las disposiciones
del presente Protocolo y conformes con las demás obligaciones de esa Parte
dimanantes del derecho internacional.
5. Se alienta a las Partes a tener en
cuenta, según proceda, los conocimientos especializados, los instrumentos
disponibles, y la labor emprendida en los foros internacionales competentes en
la esfera de los riesgos para la salud humana.
Artículo
3
Términos utilizados.
A los fines del presente Protocolo:
a) Por “Conferencia de las Partes” se
entiende la Conferencia de las Partes en el Convenio;
b) Por “uso confinado”, se entiende
cualquier operación, llevada a cabo dentro de un local, instalación u otra
estructura física, que entrañe la manipulación de organismos vivos modificados
controlados por medidas específicas que limiten de forma efectiva su contacto
con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio;
c) Por “exportación” se entiende el
movimiento transfronterizo intencional desde una Parte a otra Parte;
d) Por “exportador”, se entiende cualquier
persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción de la Parte de exportación
que organice la exportación de un organismo vivo modificado;
e) Por “importación” se entiende el
movimiento transfronterizo intencional a una Parte desde otra Parte;
f) Por “importador” se entiende cualquier
persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción de la Parte de importación
que organice la importación de un organismo vivo modificado;
g) Por “organismo vivo modificado” se
entiende cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material
genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología
moderna;
h) Por “organismo vivo” se entiende
cualquier entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético,
incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides;
i) Por “biotecnología moderna” se entiende
la aplicación de:
a) Técnicas in vitro de ácido
nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante y la
inyección directa de ácido nucleico en células u orgánulos, o
b) La fusión de células más allá de la
familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la
reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la
reproducción y selección tradicional;
j) Por “organización regional de
integración económica” se entiende una organización constituida por Estados
soberanos de una región determinada, a la cual los Estados miembros han
transferido la competencia en relación con los asuntos regidos por el presente
Protocolo y que está debidamente autorizada, de conformidad con sus
procedimientos internos, a firmarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o
adherirse a él;
k) Por “movimiento transfronterizo” se
entiende el movimiento de un organismo vivo modificado de una Parte a otra
Parte, con la excepción de que a los fines de los artículos 17 y 24 el
movimiento transfronterizo incluye también el movimiento entre Partes y los
Estados que no son Partes.
Artículo
4
Ambito.
El presente Protocolo se aplicará al
movimiento transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de
todos los organismos vivos modificados que puedan tener efectos adversos para
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
Artículo
5
Productos farmacéuticos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 4° y sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de someter
todos los organismos vivos modificados a una evaluación del riesgo antes de
adoptar una decisión sobre su importación, el presente Protocolo no se aplicará
al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados que son productos
farmacéuticos destinados a los seres humanos que ya están contemplados en otros
acuerdos u organizaciones internacionales pertinentes.
Artículo
6
Tránsito y uso confinado.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 4° y sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de tránsito de
reglamentar el transporte de organismos vivos modificados a través de su
territorio y de comunicar al Centro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología, cualquier decisión de dicha Parte, con sujeción
al párrafo 3 del artículo 2°, relativa al tránsito a través de su territorio de
un organismo vivo modificado específico las disposiciones del presente
Protocolo en relación con el procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se
aplicarán a los organismos vivos modificados en tránsito.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 4° y sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de someter
todos los organismos vivos modificados a una evaluación del riesgo con
antelación a la adopción de decisiones sobre la importación y de establecer
normas para el uso confinado dentro de su jurisdicción, las disposiciones del
presente Protocolo respecto del procedimiento de acuerdo fundamentado previo no
se aplicarán al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados
destinados a uso confinado realizado de conformidad con las normas de la Parte
de importación.
Artículo
7
Aplicación del procedimiento de acuerdo fundamentado previo.
1. Con sujeción a lo dispuesto en los
artículos 5° y 6°, el procedimiento de acuerdo fundamentado previo que figura
en los artículos 8° a 10 y 12, se aplicará antes del primer movimiento
transfronterizo intencional de un organismo vivo modificado destinado a la
introducción deliberada en el medio ambiente de la Parte de importación.
2. La “introducción deliberada en el medio
ambiente” a que se hace referencia en el párrafo 1 supra no se refiere a
los organismos vivos modificados que esté previsto utilizar directamente como
alimento humano o animal o para procesamiento.
3. El artículo 11 será aplicable antes del
primer movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados destinados a
su uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.
4. El procedimiento de acuerdo fundamentado
previo no se aplicará al movimiento transfronterizo intencional de los
organismos vivos modificados incluidos en una decisión adoptada por la
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente
Protocolo en la que se declare que no es probable que tengan efectos adversos
para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
Artículo
8
Notificación.
1. La Parte de exportación notificará, o
requerirá al exportador que garantice la notificación por escrito, a la
autoridad nacional competente de la Parte de importación antes del movimiento
transfronterizo intencional de un organismo vivo modificado contemplado en el
párrafo 1 del artículo 7°. La notificación contendrá, como mínimo, la
información especificada en el anexo I.
2. La Parte de exportación velará porque la
exactitud de la información facilitada por el exportador sea una prescripción
legal.
Artículo
9
Acuse de recibo de la notificación
1. La Parte de importación deberá acusar
recibo de la notificación, por escrito, al notificador en un plazo de noventa
días desde su recibo.
2. En el acuse de recibo deberá hacerse
constar:
a) La fecha en que se recibió la
notificación;
b) Si la notificación contiene, prima
facie, la información especificada en el artículo 8°;
c) Si se debe proceder con arreglo al marco
reglamentario nacional de la Parte de importación o con arreglo al
procedimiento establecido en el artículo 10.
3. El marco reglamentario nacional a que se
hace referencia en el inciso c) del párrafo 2 supra habrá de ser
compatible con el presente Protocolo.
4. La ausencia de acuse de recibo de la
notificación por la Parte de importación no se interpretará como su
consentimiento a un movimiento transfronterizo intencional.
Artículo
10
Procedimiento de adopción de decisiones.
1. Las decisiones que adopte la Parte de
importación deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 15.
2. La Parte de importación, dentro del
plazo a que se hace referencia en el artículo 9°, comunicará al notificador,
por escrito, si el movimiento transfronterizo intencional puede realizarse:
a) Unicamente después de que la Parte de
importación haya otorgado su consentimiento por escrito, o
b) Transcurridos al menos 90 días sin que
se haya recibido consentimiento por escrito.
3. La Parte de importación, en un plazo de
270 días a partir del acuse de recibo de la notificación, comunicará al
notificador y al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, por escrito, la decisión a que se hac e referencia en el inciso
a) del párrafo 2 supra de:
a) Aprobar la importación, con o sin
condiciones, incluida la forma en que la decisión se aplicará a importaciones
posteriores del mismo organismo vivo modificado;
b) Prohibir la importación;
c) Solicitar información adicional
pertinente con arreglo a su marco reglamentario nacional o al anexo I. Al
calcular el plazo en que la Parte de importación ha de responder, no se contará
el número de días en que la Parte de importación haya estado a la espera de la
información adicional pertinente, o
d) Comunicar al notificador que el plazo
especificado en el presente párrafo se ha prorrogado por un período de tiempo
determinado.
4. Salvo en el caso del consentimiento
incondicional, en la decisión adoptada en virtud del párrafo 3 supra se
habrán de estipular las razones sobre las que se basa.
5. El hecho de que la Parte de importación
no comunique su decisión en el plazo de 270 días desde la recepción de la
notificación no se interpretará como su consentimiento a un movimiento
transfronterizo intencional.
6. El hecho de que no se tenga certeza
científica por falta de información o conocimientos científicos pertinentes
suficientes sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo
vivo modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica en la Parte de importación, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, no impedirá a la Parte de importación, a fin de evitar o
reducir al mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según
proceda, en relación con la importación del organismo vivo modificado de que se
trate como se indica en el párrafo 3 supra.
7. La Conferencia de las Partes que actúe
como reunión de las Partes decidirá, en su primera reunión, acerca de los
procedimientos y mecanismos adecuados para facilitar la adopción de decisiones
por las Partes de importación.
Artículo
11
Procedimiento para organismos vivos modificados destinados para uso
directo como alimento humano o animal o para procesamiento.
1. Una Parte que haya adoptado una decisión
definitiva en relación con el uso nacional, incluida su colocación en el
mercado, de un organismo vivo modificado que puede ser objeto de un movimiento
transfronterizo para uso directo como alimento humano o animal o para
procesamiento, informará al respecto a todas las Partes, por conducto del
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, en un
plazo de 15 días. Esa información deberá incluir, como mínimo, la especificada
en el anexo II. La Parte suministrará una copia impresa de la información al
centro focal de cada Parte que haya informado por adelantado a la secretaría,
que no tiene acceso al Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad
de la Biotecnología. Esa disposición no se aplicará a las decisiones
relacionadas con ensayos prácticos.
2. La Parte a que se hace referencia en el
párrafo 1 supra al adoptar una decisión se asegurará de que existe una
prescripción legal que estipule el grado de precisión de la información que
debe proporcionar el solicitante.
3. Una Parte podrá solicitar información
adicional del organismo gubernamental especificado en el inciso b) del anexo
II.
4. Una Parte podrá adoptar una decisión
sobre la importación de organismos vivos modificados destinados para uso
directo como alimento humano o animal o para procesamiento con arreglo a su
marco reglamentario nacional que sea compatible con el objetivo del presente
Protocolo.
5. Las Partes pondrán a disposición del
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología
ejemplares de las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables a
la importación de organismos vivos modificados destinados para uso directo como
alimento humano o animal, o para procesamiento, en caso de que existan.
6. Una Parte que sea país en desarrollo o
una Parte que sea país con economía en transición podrá declarar, en ausencia
del marco reglamentario nacional a que se hace referencia en el párrafo 4 supra
y en el ejercicio de su jurisdicción interna, por conducto del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, que su decisión
anterior a la primera importación de un organismo vivo modificado destinada
para uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, sobre la
cual ha suministrado información con arreglo al párrafo 1 supra, se
adoptará de conformidad con lo siguiente:
a) Una evaluación del riesgo realizada de
conformidad con el Anexo III, y
b) Una decisión adoptada en plazos
predecibles que no excedan los doscientos setenta días.
7. El hecho de que una Parte no haya
comunicado su decisión conforme al párrafo 6 supra no se entenderá como
su consentimiento o negativa a la importación de un organismo vivo modificado
destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento a
menos que esa Parte especifique otra cosa.
8. El hecho de que no se tenga certeza
científica por falta de información y conocimientos pertinentes suficientes
sobre la magnitud de los posibles efectos adversos de un organismo vivo
modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica en la Parte de importación, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, no impedirá a esa Parte, a fin de evitar o reducir al
mínimo esos posibles efectos adversos, adoptar una decisión, según proceda, en
relación con la importación de ese organismo vivo modificado destinado para uso
directo como alimento humano o animal o para procesamiento.
9. Una Parte podrá manifestar su necesidad
de asistencia financiera y técnica y de creación de capacidad en relación con
organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o
animal o para procesamiento. Las Partes cooperarán para satisfacer esas
necesidades de conformidad con los artículos 22 y 28.
Artículo
12
Revisión de las decisiones.
1. Una Parte de importación podrá en
cualquier momento, sobre la base de nueva información científica acerca de los
posibles efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana,
revisar y modificar una decisión sobre un movimiento transfronterizo
intencional.
En ese caso, esa Parte, en el plazo de 30
días, informará al respecto a cualquier notificador que haya notificado
previamente movimientos del organismo vivo modificado a que se hace referencia
en esa decisión y al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, y expondrá los motivos por los que ha adoptado esa decisión.
2. Una Parte de exportación o un
notificador podrá solicitar a la Parte de importación que revise una decisión
adoptada en virtud del artículo 10 con respecto de esa Parte o exportador,
cuando la Parte de exportación o el notificador considere que:
a) Se ha producido un cambio en las
circunstancias que puede influir en el resultado de la evaluación del riesgo en
que se basó la decisión, o
b) Se dispone de una nueva información
científica o técnica pertinente.
3. La Parte de importación responderá por
escrito a esas solicitudes en un plazo de 90 días y expondrá los motivos por
los que ha adoptado esa decisión.
4. La Parte de importación podrá, a su
discreción, requerir una evaluación del riesgo para importaciones
subsiguientes.
Artículo
13
Procedimiento simplificado.
1. Una Parte de importación podrá, siempre
que se apliquen medidas adecuadas para velar por la seguridad del movimiento
transfronterizo intencional de organismos vivos modificados de conformidad con
los objetivos del presente Protocolo, especificar con antelación al Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología de:
a) Los casos en que los movimientos
transfronterizos intencionales a esa Parte pueden efectuarse al mismo tiempo
que se notifica el movimiento a la Parte de importación, y
b) Las importaciones a esa Parte de
organismos vivos modificados que pueden quedar e xentos del procedimiento de
acuerdo fundamentado previo.
Las notificaciones que se realicen con
arreglo al inciso a) supra podrán aplicarse a movimientos ulteriores
similares a la misma Parte.
2. La información relativa a un movimiento
transfronterizo intencional que debe facilitarse en las notificaciones a que se
hace referencia en el inciso a) del párrafo 1 supra será la información
especificada en el anexo I.
Artículo
14
Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales.
1. Las Partes podrán concertar acuerdos y
arreglos bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los movimientos
transfronterizos intencionales de organismos vivos modificados, siempre que
esos acuerdos y arreglos sean compatibles con el objetivo del presente
Protocolo y no constituyan una reducción del nivel de protección establecido
por el Protocolo.
2. Las Partes se notificarán entre sí, por
conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, los acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales
que hayan concertado antes o después de la fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo.
3. Las disposiciones del presente Protocolo
no afectarán a los movimientos transfronterizos intencionales que se realicen
de conformidad con esos acuerdos y arreglos entre las Partes en esos acuerdos o
arreglos.
4. Las Partes podrán determinar que sus
reglamentos nacionales se aplicarán a importaciones concretas y notificarán su
decisión al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología.
Artículo
15
Evaluación del riesgo.
1. Las evaluaciones del riesgo que se
realicen en virtud del presente Protocolo se llevarán a cabo con arreglo a
procedimientos científicos sólidos, de conformidad con el anexo III y teniendo
en cuenta las técnicas reconocidas de evaluación del riesgo. Esas evaluaciones
del riesgo se basarán como mínimo en la información facilitada de conformidad
con el artículo 8° y otras pruebas científicas disponibles para determinar y
evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados para
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
2. La Parte de importación velará porque se
realicen evaluaciones del riesgo para adoptar decisiones en virtud del artículo
10. La Parte de importación podrá requerir al exportador que realice la
evaluación del riesgo.
3. El notificador deberá hacerse cargo de
los costos de la evaluación del riesgo si así lo requiere la Parte de
importación.
Artículo
16
Gestión del riesgo
1. Las Partes, teniendo en cuenta el inciso
g) del artículo 8° del Convenio, establecerán y mantendrán mecanismos, medidas
y estrategias adecuadas para regular, gestionar y controlar los riesgos
determinados con arreglo a las disposiciones sobre evaluación del riesgo del
presente Protocolo relacionados con la utilización, la manipulación y el
movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados.
2. Se impondrán medidas basadas en la
evaluación del riesgo en la medida necesaria para evitar efectos adversos de
los organismos vivos modificados en la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la
salud humana, en el territorio de la Parte de importación.
3. Cada Parte tomará las medidas oportunas
para prevenir los movimientos transfronterizos involuntarios de organismos
vivos modificados, incluidas medidas como la exigencia de que se realice una
evaluación del riesgo antes de la primera liberación de un organismo vivo
modificado.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 2 supra, cada Parte tratará de asegurar que cualquier organismo
vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, haya pasado por un
período de observación apropiado a su ciclo vital o a su tiempo de generación
antes de que se le dé su uso previsto.
5. Las Partes cooperarán con miras a:
a) Determinar los organismos vivos
modificados o los rasgos específicos de organismos vivos modificados que puedan
tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana, y
b) Adoptar las medidas adecuadas para el
tratamiento de esos organismos vivos modificados o rasgos específicos.
Artículo
17
Movimientos transfronterizos involuntarios
y medidas de emergencia.
1. Cada Parte adoptará las medidas
adecuadas para notificar a los Estados afectados o que puedan resultar
afectados, al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología y, cuando proceda, a las organizaciones internacionales
pertinentes, cuando tenga conocimiento de una situación dentro de su jurisdicción
que haya dado lugar a una liberación que conduzca o pueda conducir a un
movimiento transfronterizo involuntario de un organismo vivo modificado que sea
probable que tenga efectos adversos significativos para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta
los riesgos para la salud humana en esos Estados. La notificación se enviará
tan pronto como la Parte tenga conocimiento de esa situación.
2. Cada Parte pondrá a disposición del
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, a más
tardar en la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para esa Parte,
los detalles pertinentes del punto de contacto, a fines de recibir
notificaciones según lo dispuesto en el presente artículo.
3. Cualquier notificación enviada en virtud
de lo dispuesto en el párrafo 1 supra deberá incluir:
a) Información disponible pertinente sobre
las cantidades estimadas y las características y/o rasgos importantes del
organismo vivo modificado;
b) Información sobre las circunstancias y
la fecha estimada de la liberación, así como el uso del organismo vivo
modificado en la Parte de origen;
c) Cualquier información disponible sobre
los posibles efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana, así como información disponible acerca de las posibles medidas de
gestión del riesgo;
d) Cualquier otra información pertinente, y
e) Un punto de contacto para obtener
información adicional.
4. Para reducir al mínimo cualquier efecto
adverso significativo para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana, cada Parte en cuya jurisdicción haya ocurrido la liberación del
organismo vivo modificado a que se hace referencia en el párrafo 1 supra
entablará inmediatamente consultas con los Estados afectados o que puedan
resultar afectados para que éstos puedan determinar las respuestas apropiadas y
poner en marcha las actividades necesarias, incluidas medidas de emergencia.
Artículo
18
Manipulación, transporte, envasado e identificación.
1. Para evitar efectos adversos para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana, las Partes adoptarán las
medidas necesarias para requerir que los organismos vivos modificados objeto de
movimientos transfronterizos intencionales contemplados en el presente
Protocolo sean manipulados, envasados y transportados en condiciones de
seguridad, teniendo en cuenta las normas y los estándares internacionales
pertinentes.
2. Cada Parte adoptará las medidas para
requerir que la documentación que acompaña a:
a) Organismos vivos modificados destinados
a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, identifica
claramente que “pueden llegar a contener” organismos vivos modificados y que no
están destinados para su introducción intencional en el medio, así como un
punto de contacto para solicitar información adicional. La Conferencia de las
Partes, en su calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo,
adoptará una decisión acerca de los requisitos pormenorizados para este fin,
con inclusión de la especificación de su identidad y cualquier identificación
exclusiva, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor del
presente Protocolo;
b) Organismos vivos modificados destinados
para uso confinado los identifica claramente como organismos vivos modificados;
especifica los requisitos para su manipulación; el punto de contacto para
obtener información adicional, incluido el nombre y las señas de la persona y
la institución a que se envían los organismos vivos modificados, y
c) Organismos vivos modificados destinados
a su introducción intencional en el medio ambiente de la Parte de importación y
cualesquiera otros organismos vivos modificados contemplados en el Protocolo
los identifica claramente como organismos vivos modificados; especifica la
identidad y los rasgos/características pertinentes, los requisitos para su
manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros, el punto de contacto
para obtener información adicional y, según proceda, el nombre y la dirección
del importador y el exportador; y contiene una declaración de que el movimiento
se efectúa de conformidad con las disposiciones del presente Protocolo
aplicables al exportador.
3. La Conferencia de las Partes que actúa
como reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará la necesidad de
elaborar normas, y modalidades para ello, en relación con las prácticas de
identificación, manipulación, envasado y transporte en consulta con otros
órganos internacionales pertinentes.
Artículo
19
Autoridades nacionales competentes y centros
focales nacionales.
1. Cada Parte designará un centro focal
nacional que será responsable del enlace con la secretaría en su nombre. Cada
Parte también designará una o más autoridades nacionales competentes que se
encargarán de las funciones administrativas requeridas por el presente
Protocolo y estarán facultadas para actuar en su nombre en relación con esas
funciones. Una Parte podrá designar a una sola entidad para cumplir las
funciones de centro focal y autoridad nacional competente.
2. Cada Parte comunicará a la secretaría, a
más tardar en la fecha de entrada en vigor del Protocolo para esa Parte, los
nombres y direcciones de su centro focal y de su autoridad o autoridades
nacionales competentes. Si una Parte designara más de una autoridad nacional
competente, comunicará a la secretaría, junto con la notificación
correspondiente, información sobre las responsabilidades respectivas de esas
autoridades. En los casos en que corresponda, en esa información se deberá
especificar, como mínimo, qué autoridad competente es responsable para cada
tipo de organismo vivo modificado. Cada Parte comunicará de inmediato a la
secretaría cualquier cambio en la designación de su centro focal nacional, o en
los nombres y direcciones o en las responsabilidades de su autoridad o
autoridades nacionales competentes.
3. La secretaría comunicará de inmediato a
las Partes las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2 supra y
difundirá asimismo esa información a través del Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
Artículo
20
Intercambio de Información y el Centro de Intercambio
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
1. Queda establecido un Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología como parte del
mecanismo de facilitación a que se hace referencia en el párrafo 3 del artículo
18 del Convenio, con el fin de:
a) Facilitar el intercambio de información
y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación con los
organismos vivos modificados, y
b) Prestar asistencia a las Partes en la
aplicación del Protocolo, teniendo presentes las necesidades especiales de los
países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, y de los países con economías en transición,
así como de los países que son centros de origen y centros de diversidad
genética.
2. El Centro de Intercambio de Información
sobre Seguridad de la Biotecnología será un medio para difundir información a
efectos del párrafo 1 supra. Facilitará el acceso a la información de
interés para la aplicación del Protocolo proporcionada por las Partes. También
facilitará el acceso, cuando sea posible, a otros mecanismos internacionales de
intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología.
3. Sin perjuicio de la protección de la
información confidencial, cada Parte proporcionará al Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología cualquier información que haya
que facilitar al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología en virtud del presente Protocolo y también información sobre:
a) Leyes, reglamentos y directrices
nacionales existentes para la aplicación del Protocolo, así como la información
requerida por las Partes para el procedimiento de acuerdo fundamentado previo;
b) Acuerdos y arreglos bilaterales,
regionales y multilaterales;
c) Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo
o exámenes ambientales de organismos vivos modificados que se hayan realizado
como consecuencia de su proceso reglamentario y de conformidad con el artículo
15, incluida, cuando proceda, información pertinente sobre productos derivados
de los organismos vivos modificados, es decir , materiales procesados que
tienen su origen en un organismo vivo modificado, que contengan combinaciones
nuevas detectables de material genético replicable que se hayan obtenido
mediante la aplicación de la biotecnología moderna;
d) Sus decisiones definitivas acerca de la
importación o liberación de organismos vivos modificados, y
e) Los informes que se le hayan presentado
en virtud del artículo 33, incluidos los informes sobre la aplicación del
procedimiento de acuerdo fundamentado previo.
4. La Conferencia de las Partes que actúa
como reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su primera reunión,
examinará las modalidades de funcionamiento del Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología, incluidos los informes sobre
sus actividades, adoptará decisiones respecto de esas modalidades y las
mantendrá en examen en lo sucesivo.
Artículo
21
Información confidencial.
1. La Parte de importación permitirá al
notificador determinar qué información presentada en virtud de los
procedimientos establecidos en el presente Protocolo o requerida por la Parte
de importación como parte del procedimiento de acuerdo fundamentado previo
establecido en el Protocolo debe tratarse como información confidencial. En
esos casos, cuando se solicite, deberán exponerse las razones que justifiquen
ese tratamiento.
2. La Parte de importación entablará
consultas con el notificador si estima que la información clasificada como
confidencial por el notificador no merece ese tratamiento y comunicará su
decisión al notificador antes de divulgar la información, explicando, cuando se
solicite, sus motivos y dando una oportunidad para la celebración de consultas
y la revisión interna de la decisión antes de divulgar la información.
3. Cada Parte protegerá la información
confidencial recibida en el marco del presente Protocolo, incluida la
información confidencial que reciba en el contexto del procedimiento de acuerdo
fundamentado previo establecido en el Protocolo. Cada Parte se asegurará de que
dispone de procedimientos para proteger esa información y protegerá la
confidencialidad de esa información en una forma no menos favorable que la
aplicable a la información confidencial relacionada con los organismos vivos
modificados producidos internamente.
4. La Parte de importación no utilizará
dicha información con fines comerciales, salvo que cuente con el consentimiento
escrito del notificador.
5. Si un notificador retirase o hubiese
retirado una notificación, la Parte de importación deberá respetar la
confidencialidad de toda la información comercial e industrial clasificada como
confidencial, incluida la información sobre la investigación y el desarrollo,
así como la información acerca de cuya confidencialidad la Parte y el
notificador estén en desacuerdo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo 5 supra no se considerará confidencial la información siguiente:
a) El nombre y la dirección del
notificador;
b) Una descripción general del organismo u
organismos vivos modificados;
c) Un resumen de la evaluación del riesgo
de los efectos para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana, y
d) Los métodos y planes de respuesta en
caso de emergencia.
Artículo
22
Creación de capacidad.
1. Las Partes cooperarán en el desarrollo
y/o el fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad institucional en
materia de seguridad de la biotecnología, incluida la biotecnología en la
medida en que es necesaria para la seguridad de la biotecnología, con miras a
la aplicación eficaz del presente Protocolo en las Partes que son países en
desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, y las Partes que son países con economías en
transición, a través de las instituciones y organizaciones mundiales,
regionales, subregionales y nacionales existentes y, cuando proceda, mediante
la facilitación de la participación del sector privado.
2. A los efectos de aplicar el párrafo 1 supra,
en relación con la cooperación para las actividades de creación de capacidad en
materia de seguridad de la biotecnología, se tendrán plenamente en cuenta las
necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, de
recursos financieros y acceso a tecnología y a conocimientos especializados, y
su transferencia, de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio. La cooperación en la esfera de la creación de capacidad incluirá,
teniendo en cuenta las distintas situaciones, la capacidad y necesidades de
cada Parte, la capacitación científica y técnica en el manejo adecuado y seguro
de la biotecnología y en el uso de la evaluación del riesgo y de la gestión del
riesgo para seguridad de la biotecnología, y el fomento de la capacidad
tecnológica e institucional en materia de seguridad de la biotecnología.
También se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de las Partes con
economías en transición para esa creación de capacidad en seguridad de la
biotecnología.
Artículo
23
Concienciación y participación del público.
1. Las Partes:
a) Fomentarán y facilitarán la
concienciación, edu cación y participación del público relativas a la seguridad
de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos
modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con otros Estados y
órganos internacionales;
b) Procurarán asegurar que la
concienciación y educación del público incluya el acceso a la información sobre
organismos vivos modificados identificados de conformidad con el presente
Protocolo que puedan ser importados.
2. Las Partes, de conformidad con sus leyes
y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el
proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados
y darán a conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la
información confidencial según lo dispuesto en el artículo 21.
3. Cada Parte velará porque su población
conozca el modo de acceder al Centro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología.
Artículo
24
Estados que no son Partes.
1. Los movimientos transfronterizos de
organismos vivos modificados entre Partes y Estados que no son Partes deberán
ser compatibles con el objetivo del presente Protocolo. Las Partes podrán
concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales con
Estados que no son Partes en relación con esos movimientos transfronterizos.
2. Las  Partes alentarán a los Estados que
no son Partes a que se adhieran al Protocolo y a que aporten al Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología información
pertinente sobre los organismos vivos modificados liberados o introducidos en
zonas dentro de su jurisdicción nacional o transportados fuera de ella.
Artículo
25
Movimientos transfronterizos ilícitos.
1. Cada Parte adoptará las medidas
nacionales adecuadas encaminadas a prevenir y, si procede, penalizar los
movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados realizados en
contravención de las medidas nacionales que rigen la aplicación del presente
Protocolo. Esos movimientos se considerarán movimientos transfronterizos
ilícitos.
2. En caso de que se produzca un movimiento
transfronterizo ilícito, la Parte afectada podrá exigir a la Parte de origen
que retire a sus expensas el organismo vivo modificado de que se trate
repatriándolo o destruyéndolo, según proceda.
3. Cada Parte pondrá a disposición del
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología
información sobre los casos de movimientos transfronterizos ilícitos en esa
Parte.
Artículo
26
Consideraciones socioeconómicas.
1. Las Partes, al adoptar una decisión
sobre la importación con arreglo a las medidas nacionales que rigen la
aplicación del presente Protocolo, podrán tener en cuenta, de forma compatible
con sus obligaciones internacionales, las consideraciones socioeconómicas
resultantes de los efectos de los organismos vivos modificados para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
especialmente en relación con el valor que la diversidad biológica tiene para
las comunidades indígenas y locales.
2. Se alienta a las Partes a cooperar en la
esfera del intercambio de información e investigación sobre los efectos socioeconómicos
de los organismos vivos modificados, especialmente en las comunidades indígenas
y locales.
Artículo
27
Responsabilidad y compensación.
La Conferencia de las Partes que actúe como
reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará, en su primera reunión,
un proceso en relación con la elaboración apropiada de normas y procedimientos
internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación por daños
resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos
modificados, para lo que se analizarán y se tendrán debidamente en cuenta los
procesos en curso en el ámbito del derecho internacional sobre esas esferas, y
tratará de completar ese proceso en un plazo de cuatro años.
Artículo
28
Mecanismo financiero y recursos financieros.
1. Al examinar los recursos financieros
para la aplicación del Protocolo, las Partes tendrán en cuenta las
disposiciones del artículo 20 del Convenio.
2. El mecanismo financiero establecido en
virtud del artículo 21 del Convenio será, por conducto de la estructura
institucional a la que se confíe su funcionamiento, el mecanismo financiero del
presente Protocolo.
3. En lo relativo a la creación de
capacidad a que se hace referencia en el artículo 22 del presente Protocolo, la
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente
Protocolo, al proporcionar orientaciones en relación con el mecanismo
financiero a que se hace referencia en el párrafo 2 supra para su examen
por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad de re cursos
financieros de las Partes que son países en desarrollo, en particular los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
4. En el contexto del párrafo 1 supra,
las Partes también tendrán en cuenta las necesidades de las Partes que son
países en desarrollo, especialmente de los países menos adelantados y de los
pequeños Estados insulares en desarrollo, así como de las Partes que son países
con economías en transición, en sus esfuerzos por determinar y satisfacer sus
requisitos de creación de capacidad para la aplicación del presente Protocolo.
5. Las orientaciones que se proporcionen al
mecanismo financiero del Convenio en las decisiones pertinentes de la
Conferencia de las Partes, incluidas aquellas convenidas con anterioridad a la
adopción del presente Protocolo, se aplicarán, mutatis mutandis, a las
disposiciones del presente artículo.
6. Las Partes que son países desarrollados
podrán también suministrar recursos financieros y tecnológicos para la
aplicación de las disposiciones del presente Protocolo por conductos
bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países en
desarrollo y países con economías en transición podrán acceder a esos recursos.
Artículo
29
Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Partes en el presente Protocolo.
1. La Conferencia de las Partes actuará
como reunión de las Partes en el presente Protocolo.
2. Las Partes en el Convenio que no sean
Partes en el presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en
las deliberaciones de las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúe
como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de
las Partes actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, las
decisiones adoptadas en virtud del presente Protocolo solo serán adoptadas por
las Partes en éste.
3. Cuando la Conferencia de las Partes
actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo, los miembros de la
Mesa de la Conferencia de las Partes que representen a Partes en el Convenio
que, en ese momento, no sean Partes en el presente Protocolo, serán
reemplazados por miembros que serán elegidos por y de entre las Partes en el
presente Protocolo.
4. La Conferencia de las Partes que actúe
como reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará periódicamente la
aplicación del presente Protocolo y adoptará, con arreglo a su mandato, las
decisiones que sean necesarias para promover su aplicación efectiva. La
Conferencia de las Partes desempeñará las funciones que se le asignen en el
presente Protocolo y deberá:
a) Formular recomendaciones sobre los
asuntos que se consideren necesarios para la aplicación del presente Protocolo;
b) Establecer los órganos subsidiari os que
se estimen necesarios para la aplicación del presente Protocolo;
c) Recabar y utilizar, cuando proceda, los
servicios, la cooperación y la información que puedan proporcionar las
organizaciones internacionales y órganos no gubernamentales e
intergubernamentales competentes;
d) Establecer la forma y la periodicidad
para transmitir la información que deba presentarse de conformidad con el
artículo 33 del presente Protocolo y examinar esa información, así como los
informes presentados por los órganos subsidiarios;
e) Examinar y aprobar, cuando proceda, las
enmiendas al presente Protocolo y sus anexos, así como a otros anexos
adicionales del presente Protocolo, que se consideren necesarias para la
aplicación del presente Protocolo;
f) Desempeñar las demás funciones que sean
necesarias para la aplicación del presente Protocolo.
5. El reglamento de la Conferencia de las
Partes y el reglamento financiero del Convenio se aplicarán mutatis mutandis
al presente Protocolo, a menos que se decida otra cosa por consenso en la
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente
Protocolo.
6. La primera reunión de la Conferencia de
las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo será
convocada por la secretaría, conjuntamente con la primera reunión de la
Conferencia de las Partes que se prevea celebrar después de la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo. Las sucesivas reuniones ordinarias de la
Conferencia de las Partes que actúe como reunión de la Conferencia de las
Partes en el presente Protocolo se celebrarán conjuntamente con las reuniones
ordinarias de la Conferencia de las Partes, a menos que la Conferencia de las
Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo decida
otra cosa.
7. Las reuniones extraordinarias de la
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente
Protocolo se celebrarán cuando lo estime necesario la Conferencia de las Partes
que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, o cuando lo
solicite por escrito una Parte, siempre que, dentro de los seis meses
siguientes a la fecha en que la secretaría haya comunicado a las Partes la
solicitud, ésta cuente con el apoyo de al menos un tercio de las Partes.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos
especializados y el Organismo Internacional de Energía Atómica, así como los
Estados que sean miembros u observadores de esas organizaciones que no sean
Partes en el Convenio, podrán estar representados en calidad de observadores en
las reuniones de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las
Partes en el presente Protocolo. Todo órgano u organismo, ya sea nacional o
internacional, gubernamental o no gubernamental con competencias en los asuntos
contemplados en el presente Protocolo y que haya comunicado a la secretaría su
interés por estar representado en calidad de observador en una reunión de la
Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente
Protocolo, podrá aceptarse como tal, a no ser que se oponga a ello al menos un
tercio de las Partes presentes. Salvo que se disponga otra cosa en el presente
artículo, la aceptación y participaci ón de observadores se regirá por el
reglamento a que se hace referencia en el párrafo 5 supra.
Artículo
30
Organos subsidiarios.
1. Cualquier órgano subsidiario establecido
por el Convenio o en virtud de éste podrá, cuando así lo decida la reunión de
la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el
presente Protocolo, prestar servicios al Protocolo, en cuyo caso, la reunión de
las Partes especificará las funciones que haya de desempeñar ese órgano.
2. Las Partes en el Convenio que no sean
Partes en el presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en
los debates de las reuniones de los órganos subsidiarios del presente Protocolo.
Cuando un órgano subsidiario del Convenio actúe como órgano subsidiario del
presente Protocolo, las decisiones relativas a éste sólo serán adoptadas por
las Partes en el Protocolo.
3. Cuando un órgano subsidiario del
Convenio desempeñe sus funciones en relación con cuestiones relativas al
presente Protocolo, los miembros de la Mesa de ese órgano subsidiario que
representen a Partes en el Convenio que, en ese momento, no sean Partes en el
Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán elegidos por y de entre
las Partes en el Protocolo.
Artículo
31
Secretaría.
1. La secretaría establecida en virtud del
artículo 24 del Convenio actuará como secretaría del presente Protocolo.
2. El párrafo 1 del artículo 24 del
Convenio, relativo a las funciones de la secretaría, se aplicará mutatis
mutandis al presente Protocolo.
3. En la medida en que puedan
diferenciarse, los gastos de los servicios de secretaría para el Protocolo
serán sufragados por las Partes en éste.
La Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo decidirá, en su primera reunión,
acerca de los arreglos presupuestarios necesarios con ese fin.
Artículo
32
Relación con el convenio.
Salvo que en el presente Protocolo se
disponga otra cosa, las disposiciones del Convenio relativas a sus protocolos
se aplicarán al presente Protocolo.
Artículo
33
Vigilancia y presentación de informes.
Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus
obligaciones con arreglo al presente Protocolo e informará a la Conferencia de
las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, con
la periodicidad que ésta determine, acerca de las medidas que hubieren adoptado
para la aplicación del Protocolo.
Artículo
34
Cumplimiento.
La Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su primera reunión,
examinará y aprobará mecanismos institucionales y procedimientos de cooperación
para promover el cumplimiento con las disposiciones del presente Protocolo y
para tratar los casos de incumplimiento. En esos procedimientos y mecanismos se
incluirán disposiciones para prestar asesoramiento o ayuda, según proceda.
Dichos procedimientos y mecanismos se establecerán sin perjuicio de los
procedimientos y mecanismos de solución de controversias establecidos en el
artículo 27 del Convenio y serán distintos de ellos.
Artículo
35
Evaluación y revisión.
La Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo llevará a cabo, cinco años
después de la entrada en vigor del presente Protocolo, y en lo sucesivo al
menos cada cinco años, una evaluación de la eficacia del Protocolo, incluida
una evaluación de sus procedimientos y anexos.
Artículo
36
Firma.
El presente Protocolo estará abierto a la
firma de los Estados y de las organizaciones regionales de integración
económica en la oficina de las Naciones Unidas en Nairobi del 15 al 26 de mayo
de 2000 y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 5 de junio de
2000 al 4 de junio de 2001.
Artículo
37
Entrada en vigor.
1. El presente Protocolo entrará en vigor
el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya sido depositado el
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
por los Estados u organizaciones regionales de integración económica que sean
Partes en el Convenio.
2. El presente Protocolo entrará en vigor
para cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o que se adhiera a él después
de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 1 supra, el
nonagésimo día contado a partir de la fecha en que dicho Estado u organización
regional de integración económica haya depositado su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en la fecha en que el
Convenio entre en vigor para ese Estado u organización regional de integración
económica, si esa segunda fecha fuera posterior.
3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 supra,
los instrumentos depositados por una organización regional de integración
económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados
miembros de esa organización.
Artículo
38
Reservas.
No se podrán formular reservas al presente
Protocolo.
Artículo
39
Denuncia.
1. En cualquier momento después de dos años
contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para
una Parte, esa Parte podrá denunciar el Protocolo mediante notificación por
escrito al Depositario.
2. La denuncia será efectiva después de un
año contado a partir de la fecha en que el Depositario haya recibido la
notificación, o en una fecha posterior que se haya especificado en la
notificación de la denuncia.
Artículo
40
Textos auténticos.
El original del presente Protocolo, cuyos
textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
En testimonio de lo cual, los infrascritos,
debidamente autorizados a ese efecto, firman el presente Protocolo.
Hecho en Montreal el veintinueve de enero
de dos mil.
Anexo I
INFORMACION REQUERIDA EN LA S
NOTIFICACIONES
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 8°, 10 Y 13
a) Nombre, dirección e información de
contacto del exportador;
b) Nombre, dirección e información de
contacto del importador;
c) Nombre e identidad del organismo vivo
modificado, así como la clasificación nacional, si la hubiera, del nivel de
seguridad de la biotecnología, del organismo vivo modificado en el Estado de
exportación;
d) Fecha o fechas previstas del movimiento
transfronterizo, si se conocen;
e) Situación taxonómica, nombre común,
lugar de recolección o adquisición y características del organismo receptor o
los organismos parentales que guarden relación con la seguridad de la
biotecnología;
f) Centros de origen y centros de
diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor y/o de los
organismos parentales y descripción de los hábitats en que los organismos
pueden persistir o proliferar;
g) Situación taxonómica, nombre común,
lugar de recolección o adquisición y características del organismo u organismos
donantes que guarden relación con la seguridad de la biotecnología;
h) Descripción del ácido nucleico o la
modificación introducidos, la técnica utilizada, y las características
resultantes del organismo vivo modificado;
i) Uso previsto del organismo vivo
modificado o sus productos, por ejemplo, materiales procesados que tengan su origen
en organismos vivos modificados, que contengan combinaciones nuevas detectables
de material genético replicable que se hayan obtenido mediante el uso de la
biotecnología moderna;
j) Cantidad o volumen del organismo vivo
modificado que vayan a transferirse;
k) Un informe sobre la evaluación del
riesgo conocido y disponible que se haya realizado con arreglo al anexo III;
l) Métodos sugeridos para la manipulación,
el almacenamiento, el transporte y la utilización seguros, incluido el
envasado, el etiquetado, la documentación, los procedimientos de eliminación y
en caso de emergencia, según proceda;
m) Situación reglamentaria del organismo
vivo modificado de que se trate en el Estado de exportación (por ejemplo, si
está prohibido en el Estado de exportación, si está sujeto a otras
restricciones, o si se ha aprobado para su liberación general) y, si el
organismo vivo modificado está prohibido en el Estado de exportación, los
motivos de esa prohibición;
n) El resultado y el propósito de cualquier
notificación a otros gobiernos por el exportador en relación con el organismo
vivo modificado que se pretende transferir;
o) Una declaración de que los datos
incluidos en la información arriba mencionada son correctos.
Anexo
II
INFORMACION
REQUERIDA EN RELACION CON LOS ORGA-NISMOS
VIVOS MODIFICADOS DESTINADOS A USO DIRECTO COMO ALIMENTO HUMANOO ANIMAL
O PARAPROCESAMIENTO CON ARREGLO AL ARTICULO 11
a) El nombre y las señas del solicitante de
una decisión para uso nacional;
b) El nombre y las señas de la autoridad encargada
de la decisión;
c) El nombre y la identidad del organismo
vivo modificado;
d) La descripción de la modificación del
gen, la técnica utilizada y las características resultantes del organismo vivo
modificado;
e) Cualquier identificación exclusiva del
organismo vivo modificado;
f) La situación taxonómica, el nombre
común, el lugar de recolección o adquisición y las características del
organismo receptor o de los organismos parentales que guarden relación con la
seguridad de la biotecnología;
g) Centros de origen y centros de
diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor y/o los organismos
parentales y descripción de los hábitats en que los organismos pueden persistir
o proliferar;
h) La situación taxonómica, el nombre
común, el lugar de recolección o adquisición y las características del
organismo donante u organismos que guarden relación con la seguridad de la
biotecnología;
i) Los usos aprobados del organismo vivo
modificado;
j) Un informe sobre la evaluación del
riesgo con arreglo al anexo III;
k) Métodos sugeridos para la manipulación,
el almacenamiento, el transporte y la utilización seguros, incluidos el
envasado, el etiquetado, la documentación, los procedimientos de eliminación y
en caso de emergencia, según proceda.
Anexo III
EVALUACION DEL RIESGO
Objetivo
1. El objetivo de la evaluación del riesgo,
en el marco del presente Protocolo, es determinar y evaluar los posibles
efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica en el proba ble medio
receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
Uso de la evaluación del riesgo
2. Las autoridades competentes utilizarán
la evaluación del riesgo para entre otras cosas, adoptar decisiones
fundamentadas en relación con los organismos vivos modificados.
Principios generales
3. La evaluación del riesgo deberá
realizarse de forma transparente y científicamente competente, y al realizarla
deberán tenerse en cuenta el asesoramiento de los expertos y las directrices
elaboradas por las organizaciones internacionales pertinentes.
4. La falta de conocimientos científicos o
de consenso científico no se interpretarán necesariamente como indicadores de
un determinado nivel de riesgo, de la ausencia de riesgo, o de la existencia de
un riesgo aceptable.
5. Los riesgos relacionados con los
organismos vivos modificados o sus productos, por ejemplo, materiales
procesados que tengan su origen en organismos vivos modificados, que contengan
combinaciones nuevas detectables de material genético replicable que se hayan
obtenido mediante el uso de la biotecnología moderna, deberán tenerse en cuenta
en el contexto de los riesgos planteados por los receptores no modificados o
por los organismos parentales en el probable medio receptor.
6. La evaluación del riesgo deberá
realizarse caso por caso. La naturaleza y el nivel de detalle de la información
requerida puede variar de un caso a otro, dependiendo del organismo vivo
modificado de que se trate, su uso previsto y el probable medio receptor.
Metodología
7. El proceso de evaluación del riesgo
puede dar origen, por una parte, a la necesidad de obtener más información
acerca de aspectos concretos, que podrán determinarse y solicitarse durante el
proceso de evaluación, y por otra parte, a que la información sobre otros
aspectos pueda carecer de interés en algunos casos.
8. Para cumplir sus objetivos, la
evaluación del riesgo entraña, según proceda, las siguientes etapas:
a) Una identificación de cualquier
característica genotípica y fenotípica nueva relacionada con el organismo vivo
modificado que pueda tener efectos adversos en la diversidad biológica y en el
probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana;
b) Una evaluación de la probabilidad de que
esos efectos adversos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo
de exposición del probable medio receptor al organismo vivo modificado;
c) Una evaluación de las consecuencias si
esos efectos adversos ocurriesen realmente;
d) Una estimación del riesgo general
planteado por el organismo vivo modificad o basada en la evaluación de la
probabilidad de que los efectos adversos determinados ocurran realmente y las
consecuencias en ese caso;
e) Una recomendación sobre si los riesgos
son aceptables o gestionables o no, incluida, cuando sea necesaria, la
determinación de estrategias para gestionar esos riesgos, y
f) Cuando haya incertidumbre acerca del
nivel de riesgo, se podrá tratar de subsanar esa incertidumbre solicitando
información adicional sobre las cuestiones concretas motivo de preocupación, o
poniendo en práctica estrategias de gestión del riesgo apropiadas y/o vigilando
al organismo vivo modificado en el medio receptor.
Aspectos que es necesario tener en cuenta
9. Según el caso, en la evaluación del
riesgo se tienen en cuenta los datos técnicos y científicos pertinentes sobre
las características de los siguientes elementos:
a) Organismo receptor u
organismos_parentales. Las características biológicas del organismo receptor o
de los organismos parentales, incluida información sobre la situación
taxonómica, el nombre común, el origen, los centros de origen y los centros de
diversidad genética, si se conocen, y una descripción del hábitat en que los
organismos pueden persistir o proliferar;
b) Organismo u organismos donantes.
Situación taxonómica y nombre común, fuente y características biológicas
pertinentes de los organismos donantes;
c) Vector. Características del vector,
incluida su identidad, si la tuviera, su fuente de origen y el área de
distribución de sus huéspedes;
d) Inserto o insertos y/o características
de la modificación. Características genéticas del ácido nucleico insertado y de
la función que especifica, y/o características de la modificación introducida;
e) Organismo vivo modificado. Identidad del
organismo vivo modificado y diferencias entre las características biológicas
del organismo vivo modificado y las del organismo receptor o de los organismos
parentales;
f) Detección e identificación del organismo
vivo modificado. Métodos sugeridos de detección e identificación y su
especificidad, sensibilidad y fiabilidad;
g) Información sobre el uso previsto.
Información acerca del uso previsto del organismo vivo o modificado, incluido
un uso nuevo o distinto comparado con los del organismo receptor o los
organismos parentales, y
h) Medio receptor. Información sobre la
ubicación y las características geográficas, climáticas y ecológicas, incluida
información pertinente sobre la diversidad biológica y los centros de origen
del probable medio receptor».
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 29 de noviembre de 2000
APROBADO, SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL
HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA
ARANGO
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
(FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Apruébase el “PROTOCOLO DE CARTAGENA
SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA”,
hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000).
ARTÍCULO SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD
DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA”, hecho en
Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000), que por el
artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en
que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO TERCERO. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA
REPÚBLICA,
CARLOS GARCÍA ORJUELA.
EL SECRETARIO GENERAL (E.) DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA,
LUIS FRANCISCO BOADA GÓMEZ.
EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE
REPRESENTANTES,
GUILLERMO GAVIRIA ZAPATA.
EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE
CÁMARA DE REPRESENTANTES,
ANGELINO LIZCANO RIVERA.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
EJECÚTESE, previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a los 24 de mayo de
2002.
ANDRES PASTRANA ARANGO
EL  MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES,
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO.
LA VICEMINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE,
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE,
CLAUDIA MARTÍNEZ ZULETA.”
III.    PRUEBAS DECRETADAS
Para efectos del presente estudio se ofició a los Ministros
de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, para que remitieran a esta
Corporación los antecedentes del Protocolo materia de revisión, como también
sus consideraciones respecto de la constitucionalidad del mismo. Así mismo, se
ofició a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes y a los Secretarios de las Comisiones Segundas Constitucionales
Permanentes de dichas Corporaciones, a fin de que enviaran copia de las Gacetas
del Congreso donde se publicaron el proyecto que culminó con la expedición de
la Ley 740 del 24 de mayo de 2002 y las ponencias e informes de ponencia para
los respectivos debates constitucionales; además, para que certificarán
respecto del desarrollo de los debates que se llevaron a cabo para la discusión
y aprobación del referido proyecto, especificando la fecha en la cual fue
aprobado, el quórum y la votación finalmente obtenida.
Sobre el material probatorio recaudado se
hará referencia en las consideraciones que fundamentarán la parte resolutiva de
esta providencia.
De otro lado, con el fin de aportar mayores
elementos de juicio para la presente decisión, mediante providencia del 1 de
agosto de 2002, el Magistrado Sustanciador resolvió ordenar que se invitara al
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional para que rindiera su
concepto sobre la materia del instrumento objeto de revisión. No obstante, la
mencionada institución guardó silencio.
IV.    INTERVENCION DE AUTORIDADES PUBLICAS
De acuerdo con los escritos que obran en el
expediente, intervinieron el Ministerio de Relaciones Exteriores y el
Ministerio de Comercio Exterior, en los términos que se resumen a continuación:
1.
Ministerio del
Medio Ambiente
La Jefe de la Oficina Jurídica del
Ministerio referido, allegó al proceso un detallado informe de los antecedentes
para la celebración del Protocolo que se estudia y su concepto sobre la
constitucionalidad del mismo, tal y como le fuera solicitado, los cuales se
resumen a continuación.
Respecto de los antecedentes para la celebración
del instrumento, señala que el mismo constituye una respuesta a los avances
científicos en el campo de la biotecnología, que posibilitan la utilización y
modificación genética de sistemas biológicos y organismos vivos, mediante
aplicaciones tecnológicas, y a la necesidad puesta de presente en el Convenio
de Diversidad Biológica de 1992[1]
de adoptar un protocolo jurídicamente vinculante que regule procedimientos en
el campo de la transferencia, manejo y uso de Organismos Vivos Modificados que
puedan tener un efecto adverso en la biodiversidad y sus componentes –artículo
19.3.del Convenio-.
Luego de detallar del proceso de
negociación llevado a cabo entre los países que suscribieron el protocolo y
describir los asuntos que suscitaron mayor discusión, destaca el liderazgo que
mantuvo el Estado Colombiano para la celebración del Protocolo, sobre todo en
el último tramo de su negociación, y manifiesta que el mismo constituye un hito
en la historia de las negociaciones internacionales en materia ambiental.
De otro lado, para justificar la
constitucionalidad del instrumento bajo examen transcribe la exposición de
motivos presentada ante el Congreso para la aprobación del proyecto de ley que
culminó con la expedición de la Ley 740 de 2002, aprobatoria del Protocolo bajo
examen – folios 206 a 218 del expediente -.[2]
Igualmente, señala que el Protocolo de
Cartagena encuentra su sustento constitucional en los artículos 8º, 79 y 81 de
la Constitución. Afirma que el instrumento propende por la protección de los
recursos naturales del Estado colombiano, pues constituye una herramienta
efectiva que permite controlar la importación, exportación y manipulación
genética de seres vivos, que en un momento dado pueda afectar los recursos
naturales del país –artículo 8 C.P.-.
En ese sentido, también corresponde a la
obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente
y garantizar a todas las personas el goce de un ambiente sano –artículo 79
C.P.-. Señala que con base en tales obligaciones, el Estado ha celebrado otros
instrumentos internacionales que tienen por objeto la protección del medio
ambiente como: el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de
la capa ozono, con sus enmiendas de Londres en 1990 –Ley 29 de 1992-, el
Convenio Internacional sobre protección biológica –Ley 162 de 1994-, y el
Convenio 170 y la Recomendación 177 de la O.I.T. sobre seguridad en la
utilización de los productos químicos en el trabajo, adoptados en la reunión de
la Organización de 1990 –Ley 55 de 1993-.
Finalmente, manifiesta que con la
aprobación del Protocolo se da cumplimiento a la obligación del Estado de
regular el ingreso y salida del país de los recursos genéticos y su utilización
de acuerdo con el interés nacional –artículo 81 C.P.-.
2.
Ministerio de
Relaciones Exteriores
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio en referencia manifestó sobre los antecedentes del instrumento que
se examina que el Protocolo de Cartagena fue firmado a nombre de la República
de Colombia por el Ministro del Medio Ambiente, quien contaba para el efecto
con los Plenos Poderes otorgados por el Presidente de la República, refrendados
por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, el 15 de mayo de 2000.
Así mismo, advierte que el Protocolo da
cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 19-3 del Convenio de
Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, que entró
en vigor para Colombia desde el 26 de febrero de 1995, y que obliga a las
partes a estudiar la necesidad y las modalidades de un protocolo que establezca
procedimientos adecuados, incluido, en particular, el consentimiento
fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y
utilización de cualesquiera organismos vivos modificados, resultantes de la
biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, cuestión que es materia del
Protocolo que se examina.
Respecto de las razones que justifican la
constitucionalidad del Protocolo de Cartagena y de su ley aprobatoria, mediante
apoderado judicial para el efecto, el Ministerio en referencia manifiesta que
el instrumento es un acuerdo multilateral ambiental cuyo objetivo es garantizar
un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación
y utilización de organismos vivos modificados, específicamente, en lo relativo
a los requisitos y procedimientos necesarios para su importación y exportación.
Ello, por cuanto los avances de la
biotecnología moderna, a través del desarrollo de la ingeniería genética
–utilización de nuevas técnicas de recombinación de ADN, anticuerpos
monoclonales y nuevos métodos de cultivo de células y tejidos-, causan una
serie de repercusiones que oscilan entre la posibilidad de garantizar la
seguridad alimentaria y acabar con la hambruna del mundo y la posibilidad de
que se afecten los ecosistemas, la biodiversidad y la salud humana.
De otro lado, respecto del trámite que
siguió la aprobación del Protocolo y de la Ley 740 de 2002, el interviniente
manifiesta que el instrumento fue suscrito en Montreal, el 29 de enero de 2000,
y que el 29 de noviembre de ese mismo año, el Presidente de la República le
impartió su aprobación ejecutiva con el propósito de someterlo a la aprobación
del Congreso de la República. Para el efecto, indica que los Ministros de
Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente presentaron el Proyecto de Ley
aprobatoria del Protocolo, que finalmente se convirtió en Ley de la República
el 24 de mayo de 2002, una vez fue sancionado por el Jefe del Ejecutivo.
Finalmente, como razones de orden material
que justifican la constitucionalidad del Protocolo, manifiesta que el mismo
desarrolla principios constitucionales tendientes a lograr la conservación del
medio ambiente y el desarrollo técnico y económico, buscando una armonización
entre el comercio y el medio ambiente para que se apoyen mutuamente con miras a
lograr un desarrollo sostenible.
Afirma que la aprobación del instrumento
cumplió con los mandatos de los artículos 150, numeral 16, y 189, numeral 2, de
la Constitución, por cuanto el Gobierno y el Congreso de la República
ejercieron sus facultades para obligar internacionalmente al Estado colombiano,
en el caso específico, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional.
Igualmente, por medio del tratado, se
permite al Estado el desarrollo de la biotecnología y el manejo y control de
los avances que surjan en la materia, haciendo frente a la creciente
preocupación de la opinión pública respecto de los posibles efectos contra la
diversidad biológica.
Por otra parte, señala que el Protocolo es
desarrollo de los artículos 80 y 226 de la Constitución, dado que a través del
control transfronterizo de cualesquiera organismos vivos modificados, busca la
protección y la preservación de los recursos naturales y la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y
ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Así
mismo, constituye una realización del deber de las personas de proteger los
recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano,
para cuyo cumplimiento deben tomarse medidas como las contenidas en el
Protocolo objeto de revisión –artículo 95 C.P.-.
Finalmente, señala que el Protocolo es
respetuoso de las normas constitucionales que orientan el ejercicio de las
relaciones internacionales –artículos 9º y 227 C.P.-, pues su contenido observa
la soberanía nacional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos y los
principios del derecho internacional aceptados por Colombia, como quiera que
constituye, además, un complemento necesario de los Convenios suscritos por el
Estado sobre el tema, armonizando la Constitución con los diferentes
instrumentos internacionales que se encuentran vigentes.
V.      CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACION.
El Procurador General de la Nación, mediante concepto No.
3012, recibido en la Secretaría de la Corte el 13 de septiembre del año 2002,
solicita a esta Corporación declarar la constitucionalidad del Protocolo en estudio
y de su Ley aprobatoria.
Inicialmente, respecto de la suscripción
del Protocolo y la representación del Estado colombiano para el efecto,
manifiesta que el instrumento fue firmado por el Ministro del Medio Ambiente de
ese entonces, de acuerdo con los plenos poderes conferidos por el Presidente de
la República, refrendados por el Ministro de Relaciones Exteriores, el 15 de
mayo de 2000, por lo que su suscripción no requirió de confirmación adicional
por parte del Jefe del Estado.
De otro lado, con base en las pruebas
obrantes en el expediente, afirma que el trámite de aprobación de la Ley 740 de
2002 por medio de la cual se aprobó el instrumento objeto de revisión, cumplió
con las exigencias constitucionales y legales y, por ese aspecto, no tiene reparo
alguno de inconstitucionalidad.
El Jefe del Ministerio Público inicia el
examen del contenido material del Protocolo de Cartagena, realizando una
descripción sucinta del contenido del mismo y señala que éste coincide en su
totalidad con la Constitución, toda vez que lo allí acordado constituye un
cabal desarrollo de las normas constitucionales que guardan relación con las
materias por él tratadas.
Se explica manifestando que la
biotecnología, como aplicación directa de la tecnología para seleccionar o
desarrollar nuevas propiedades, genéticamente heredables, en organismos o sus
procesos celulares, además de generar nuevos productos y servicios, otorga la
posibilidad de obtener una mayor calidad de alimentos, mas sanos y a precios
más razonables, permitiendo enfrentar el aumento explosivo de la población
mundial y desarrollar nuevos productos agropecuarios, ampliando así la oferta
de los mercados.
No obstante, advierte que su uso
indiscriminado puede resultar atentatorio de la esencia del ser humano, como
quiera que a través del conocimiento del ADN y de su funcionamiento, los
científicos pueden desarrollar metodologías para modificar las instrucciones
contenidas en los genes, induciendo a las células que constituyen los
organismos vivos a producir nuevas sustancias químicas y a desarrollar nuevos
procesos, incluso permitiendo la creación de seres vivos. Tales capacidades,
dice, pueden producir efectos nocivos y distorsionados en la ética social y en
la salud de los individuos, por lo que resulta necesaria la regulación de la
inclusión de organismos vivos genéticamente modificados, para proteger la
diversidad biológica, a través de mecanismos de cooperación internacional que
controlen los excesos en la manipulación de seres vivos.
En ese sentido, destaca que los artículos
1º, 2º y 4º del Protocolo, al disponer que las Partes deben velar porque el
desarrollo, la manipulación, el transporte, la transferencia y la liberación de
organismos vivos modificados se realicen de forma que no se afecte la
diversidad biológica o se ponga en riesgo la salud humana, armonizan con el
inciso 2º del artículo 79 de la Constitución que le asigna al Estado la
obligación de proteger la diversidad e integridad del ambiente.
Manifiesta que los artículos 8º, 9º, 10,
11, 15, 16 y 18 del instrumento que establecen los procedimientos para la
notificación y toma de decisiones, la evaluación de riesgos y la manipulación,
transporte, envasado e identificación, observan el artículo 81 de la
Constitución que impone al Estado el deber de regular el ingreso y salida del
país de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés
nacional, como quiera que fijan parámetros para la debida manipulación de
organismos vivos modificados que aseguren la preservación de la diversidad biológica
y el principio de seguridad alimentaria contenido en el artículo 65 de la
Constitución que obliga el Estado a promover la investigación y transferencia
de tecnología para la producción de alimentos.
Así mismo, el artículo 14 del Protocolo
establece la cooperación bilateral, regional y multilateral relativa a los
movimientos transfronterizos intencionales de organismos vivos modificados y
los artículos 20, 21 y 22 del mismo instrumento tratan del intercambio de
información y fortalecimiento de la capacidad de los Estados en relación con la
seguridad de la biotecnología en beneficio de la diversidad biológica,
cuestiones que constituye un cabal desarrollo de la orientación de la política
exterior del Estado hacía la integración latinoamericana y del caribe, de
conformidad con el artículo 9º de la Constitución.
Igualmente señala que el numeral 3 del
artículo 2º del Protocolo en estudio, al disponer que los Estados Partes
cumplan las obligaciones que allí se imponen de conformidad con los principios
de igualdad soberana e igualdad entre los Estados y de no intervención en los
asuntos internos, desarrolla la previsión constitucional de que las relaciones
exteriores del Estado se fundamenten en la soberanía nacional y en el respeto a
la autodeterminación de los pueblos –artículo 9 inc. 1 C.P.-.
Finalmente, manifiesta que el artículo 25
del instrumento bajo examen, adoptado con el fin de perseguir judicialmente las
actividades ilícitas allí descritas, al señalar que cada parte adoptará medidas
nacionales encaminadas a prevenir y penalizar los movimientos transfronterizos
de organismos vivos modificados realizados en contravención de las medidas
nacionales que rigen la aplicación del protocolo, es compatible con las normas
de la Constitución que velan por la aplicación de la justicia a todos quienes
infrinjan las disposiciones constitucionales y legales –artículos 228 a 230
C.P.-.
VI.    CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
1.      Competencia.
En los términos del numeral 10 del artículo
241 de la Carta Política y del artículo 44 del Decreto 2067 de 1991, la Corte
Constitucional es competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la
exequibilidad del “PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA
BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el
veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)” y su ley aprobatoria, la Ley
740 del 24 de mayo de 2002.
2.      Examen formal del “PROTOCOLO DE CARTAGENA
SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA,
hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil dos (2000)” y de
su ley aprobatoria
La Corte ha afirmado en forma reiterada que el control
de constitucionalidad que ejerce respecto de los Tratados y de sus leyes
aprobatorias, comprende la totalidad del contenido de dichos actos jurídicos,
es decir, en sus aspectos formales como de fondo.
Así mismo, ha señalado que la verificación de los
aspectos formales comprende la de la representación del Estado colombiano para
la suscripción del respectivo instrumento, su aprobación ejecutiva y el trámite
legislativo de la ley aprobatoria a cargo del Congreso de la República, sobre
el cabe señalar que corresponde al trámite de una ley ordinaria, como quiera
que la Constitución no previó para el efecto uno especial, salvo la necesidad
de que el mismo sea iniciado en el Senado de la República –artículo 154 inc.
final C.P.-.
2.1.   La representación del Estado colombiano para la
suscripción del Protocolo
El “PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD
DE LA BIOTECNOLOGIA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en
Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”, fue suscrito por
el Ministro del Medio Ambiente de ese entonces, doctor Juan Mayr Maldonado, a
quien para el efecto le fueron conferidos plenos poderes por el señor
Presidente de la República Andrés Pastrana Arango el 15 de mayo de 2000, tal y
como consta en la certificación remitida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, que obra a folios 236 a 238 del expediente.
En tal virtud, la Corte concluye que el
doctor Mayr Maldonado tenía la capacidad para obligar al Estado colombiano
mediante la suscripción del Protocolo objeto de revisión, en concordancia con
el literal a) del numeral 1º del artículo 7 de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados.[3]
2.2.   Aprobación ejecutiva del Protocolo
De conformidad con la copia auténtica del
texto de la ley que se revisa, la Corte verifica que el Presidente de la
República, doctor Andrés Pastrana Arango, impartió la correspondiente
aprobación ejecutiva al Protocolo objeto del presente proceso, el 29 de
noviembre de 2000, y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la
República para su correspondiente trámite legislativo.
2.3.   Trámite legislativo para la expedición de la
Ley 596 de 2000
Con fundamento en las certificaciones remitidas a la
Corte por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como en
los antecedentes legislativos y en las actas publicadas en las Gacetas del
Congreso de la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa
Corporación para la expedición de la Ley 740 de 2002, fue el siguiente:
2.3.1. Los Ministros de Relaciones Exteriores y del Medio Ambiente radicaron
ante la Secretaría General del Senado de la República, el 20 de marzo de 2001,
el proyecto de ley aprobatoria y su correspondiente exposición de motivos, el
cual fue radicado con el número 164 de 2001 y fue repartido a la Comisión
Segunda Constitucional Permanente. Fue publicado en la Gaceta del Congreso No.
90 del 27 de marzo de 2001, páginas 12 a 24. –folios 206 a 218 del
expediente-.
2.3.2.
El informe de ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, presentado por el Senador elegido para el efecto,
Rafael Orduz Medina, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 295 del 13 de
junio de 2001, páginas 4 a 6. –folios 222 a 224 del expediente-.
2.3.3. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por unanimidad, el 19 de
junio de 2001, con un quorum deliberatorio y decisorio de 10 de los 13
senadores integrantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, según
consta en el Acta No. 29 de la mencionada fecha, cuya copia fue aportada al
expediente por el Secretario de dicha célula legislativa, mediante oficio del
10 de julio de 2002.-folios 144 a 146 del expediente-.
2.3.4. El mismo Senador Orduz Medina fue designado para rendir el informe de
ponencia del proyecto de ley en segundo debate ante la Plenaria del Senado de
la República, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 432 del 31 de
agosto de 2001, páginas 9 a 11. –folios 326 a 328 del expediente-.
2.3.5. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la plenaria del
Senado el día 20 de noviembre de 2001, por la totalidad de los 89 senadores que
asistieron a dicha sesión, de los 102 que componen dicha Cámara, según consta
en el Acta 18 de la mencionada fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
611 del 30 de noviembre de 2001, página 23. –folio 316 del expediente-.
2.3.6. El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de Representantes y,
radicado bajo el número 175 de 2002, fue repartido a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente, en donde se designó como ponente a la Representante
María Eugenía Jaramillo Hurtado, quien rindió el informe de ponencia respectivo
para primer debate en dicha célula legislativa, el cual fue publicado en la
Gaceta del Congreso 33 del 12 de febrero de 2002, páginas 1 a 5.-folios 64 a
68 del expediente-.
2.3.7. En la mencionada Comisión, la ponencia fue discutida y aprobada por la
totalidad de los 18 miembros asistentes a la sesión del 3 de abril de 2002,
según lo certificó el Secretario General de la Comisión Segunda de Relaciones
Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en el
oficio CSCP3.2 ·43/02, del 8 de julio de 2002. –folio 51 del expediente-.
2.3.8. La ponencia para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de
Representantes, presentada por la Representante Jaramillo Hurtado, fue
publicada en la Gaceta del Congreso No. 123 del 16 de abril de 2002, páginas 9
a12. –folios 60 a 63 del expediente-.
2.3.9. La anterior ponencia fue discutida y aprobada por la mayoría de los
presentes, 144 Representantes, en la sesión de la Plenaria de la Cámara de
Representantes, del 23 de abril de 2002, según consta en el Acta No. 193,
publicada en la Gaceta del Congreso No. 194 del miércoles 29 de mayo de 2002. –folios
404 del expediente-.
2.3.10. La ley así aprobada, fue sancionada por el Presidente de la República,
doctor Andrés Pastrana Arango, con el número 740, el 24 de mayo de 2002, y fue
remitida por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a esta
Corporación, que la recibió en su Secretaría, dentro de los 6 días siguientes,
el 30 de mayo de 2002, es decir, dentro del término previsto para el efecto en
el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución.
Por consiguiente, la Corte observa que no existe
ningún vicio en el trámite dado a la Ley 740 de 2002, de conformidad con los
requisitos establecidos en los artículos 154, 157, 158 y 160, 164 y 165 la
Constitución Política y, en consecuencia, por aspectos de forma deberá
declararse constitucional.
3.     Análisis
material del “PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA DEL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29)
de enero de dos mil (2000)” y de su ley aprobatoria
3.1.   Descripción del contenido de las
normas que se revisan
El texto del Protocolo que se revisa está
compuesto por un cuerpo de 40 artículos, con su correspondiente preámbulo, y de
3 anexos, tendientes a dotar de operatividad a algunas de las disposiciones
establecidas en el instrumento.
Tal como lo manifiesta su preámbulo, el
Protocolo constituye un desarrollo de algunas previsiones hechas en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica de 1992 y es fruto de la decisión tomada por las
Partes de dicho Convenio, en Conferencia celebrada el 17  de noviembre de 1995,
de elaborar un protocolo sobre seguridad de la biotecnología, centrado
específicamente en el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos
vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener
efectos adversos para la conservación  y la utilización sostenible de la
diversidad biológica, que establezca en particular, para su examen,
procedimientos adecuados para un “acuerdo fundamentado previo”, concepto que se
explica posteriormente.
Así mismo, de conformidad con dicho
acápite, para la adopción del Protocolo se tuvieron en cuenta la rápida
expansión de la biotecnología moderna y la creciente preocupación de la opinión
pública sobre sus posibles efectos adversos en la diversidad biológica y la
salud humana, así como las grandes posibilidades de contribuir al bienestar
humano y la reducida capacidad de los países en desarrollo para controlar la
naturaleza y la magnitud de los riesgos conocidos y potenciales derivados de
los organismos vivos modificados.
El Preámbulo reafirma  así  mismo el
“enfoque de precaución” que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo[4];
el apoyo mutuo que debe existir entre los acuerdos sobre el comercio y el medio
ambiente para lograr un desarrollo sostenible; la necesidad de que el Protocolo
se interprete en el sentido de que no modifica los derechos y las obligaciones
de una Parte con arreglo a otros acuerdos internacionales ya en vigor, y el
entendimiento de que  la mención que se hace al respecto no significa la
subordinación del Protocolo sub examine  a otros acuerdos internacionales.
Bajo tales conceptos, el artículo 1º del
Instrumento sujeto a examen señala que su objetivo es, de conformidad con el
“criterio de precaución” aludido, contribuir a garantizar un nivel adecuado de
protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras
de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que
puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la
salud humana, centrándose concretamente en los movimientos fronterizos.
Por su parte, el artículo 2º establece
algunas disposiciones generales, relativas a la obligación de las Partes de
tomar las medidas tendientes al cumplimiento del Protocolo; de velar por que el
tratamiento  de cualesquiera organismo vivo modificado se realice  de forma que
se eviten o reduzcan  los riesgos para la diversidad biológica, así como para
la salud humana; la no afectación, por las disposiciones del Protocolo, de la
soberanía de las Partes sobre su mar territorial, zonas económicas exclusivas o
plataformas continentales, reconocida por los tratados internacionales, ni el
derecho del mar de conformidad con el derecho internacional; así como el
entendimiento de que las medidas adoptadas en el instrumento no impiden a cada
Estado parte la adopción de otras más estrictas y compatibles para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.
El artículo 3º establece algunas
definiciones para los fines del protocolo, de términos utilizados en él, tales
como “organismo vivo modificado”, “organismo vivo”, “biotecnología moderna” y
“movimiento transfronterizo”, entre otros.
El artículo 4º define el ámbito de
aplicación del Protocolo en el movimiento transfronterizo, el tránsito, la
manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados que
puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la
salud humana. Y el artículo siguiente, excluye de dicho ámbito el movimiento
transfronterizo de organismos vivos modificados que son productos farmacéuticos
destinados a los seres humanos ya contemplados en otros acuerdos u
organizaciones internacionales pertinentes, sin perjuicios del derecho de las
Partes de someter todos los organismos vivos modificados a una evaluación del
riesgo antes de adoptar una decisión sobre su importación.
Así mismo, el artículo 6º excluye de la
aplicación de las medidas establecidas en el Protocolo sobre el acuerdo
fundamentado previo, a los organismos vivos modificados en tránsito y a los
organismos vivos modificados destinados a uso confinado, sin perjuicio del
derecho de las Partes a reglamentar el transporte de organismos vivos
modificados a través de su territorio o de establecer normas para el uso
confinado dentro de su jurisdicción.
De otro lado, los artículos 7 a 12 del
Protocolo regulan los aspectos relativos al “Procedimiento de Acuerdo
Fundamentado Previo”, en el que deben basarse los movimientos transfronterizos
de organismos vivos modificados, del cual debe destacarse la posibilidad de las
partes de hacer respetar sus normas internas respecto del tráfico de los
mismos, la necesaria manifestación del consentimiento de las Partes para su
realización con base en los correspondientes conocimientos científicos y la
observancia del principio de precaución. Así mismo, el artículo 13 del Instrumento
prevé la forma como puede simplificarse dicho procedimiento.
El artículo 14 prevé la posibilidad de que
las Partes concierten acuerdos o arreglos bilaterales, regionales y
multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos intencionales de organismos
vivos modificados, y el procedimiento para su celebración, siempre que dichos
acuerdos sean compatibles con el objeto del Instrumento que se examina.
Los artículos 15 y 16 establecen
previsiones sobre la forma como deben evaluarse los riesgos que acarrean los
movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, sobre la base del
conocimiento científico, y la forma en que debe gestionarse dicho riesgo con el
objeto de controlar los mismos, así como medidas tendientes a asegurar su
disminución.
El artículo 17 señala las medidas que deben
adoptarse por las Partes, dirigidas a superar la emergencia que pueda
producirse por la ocurrencia de movimientos transfronterizos involuntarios de
un organismo vivo modificado y la forma de adoptarlas.
El artículo 18 prevé algunas medidas
tendientes a garantizar que los organismos vivos modificados objeto de
movimientos transfronterizos intencionales sean manipulados, envasados y
transportados en condiciones de seguridad, de conformidad con las normas y
estándares internacionales pertinentes.
El artículo 19 obliga a las Partes a
determinar un Centro Focal Nacional, que actúe como contacto con las demás
Partes, y la designación de las autoridades nacionales competentes, con el
objeto de coordinar la actuación que realicen en el marco de la aplicación del
Protocolo.
El artículo 20 del Instrumento establece un
Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de Biotecnología, como
facilitador del intercambio de información y experiencia científica, técnica,
ambiental y jurídica en relación con los organismos vivos modificados y como
proveedor de asistencia a las Partes del Protocolo, teniendo en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo, los menos adelantados, los pequeños
Estados insulares en desarrollo, los países con economías en transición y
aquellos que son centros de origen y centros de diversidad genética. No
obstante, el artículo 21 prevé la forma como puede determinarse que cierta
información tenga carácter confidencial, la conducta que deben asumir las
Partes respecto del manejo de dicha información y la determinación de la
información que, en ningún caso, puede considerarse confidencial.
El artículo 22 prevé la obligación de las
Partes de cooperar en el desarrollo y fortalecimiento de los recursos humanos y
la capacidad institucional en materia de biotecnología y seguridad de la
biotecnología, con miras a la aplicación eficaz del Protocolo en los Estados en
vías de desarrollo, a través de las instituciones y organizaciones mundiales,
regionales, subregionales y nacionales existentes, e incluso, mediante la
facilitación de la participación del sector privado, teniendo en cuenta las
necesidades de los países con más poco desarrollo.
El artículo 23 establece la obligación de
las Partes de fomentar y facilitar la educación y participación del público
sobre la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los
organismos vivos modificados. Igualmente, el deber de asegurar el acceso del
público a la información sobre los mismos y el deber de celebrar consultas con
el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos
vivos modificados y de dar a conocer los resultados de dichas decisiones,
respetando la confidencialidad de la información.
El artículo 24 prevé la posibilidad de las
Partes de celebrar acuerdos con Estados que no lo son para el movimiento
transfronterizo de organismos vivos modificados, siempre que los mismos sean
compatibles con el objeto del Protocolo que se examina.
El artículo 25 dispone que las Partes tomen
las medidas tendientes a prevenir y penalizar los movimientos transfronterizos
ilícitos de organismos vivos modificados y prevé la posibilidad de que la Parte
afectada con dicho movimiento exija a la Parte de origen que retire a sus
expensas el organismo vivo modificado repatriándolo o destruyéndolo.
El artículo 26 prevé la posibilidad que
tienen las Partes, al tomar una decisión sobre la importación, de tomar en
cuenta las consideraciones socieconómicas resultantes de los efectos de los
organismos vivos modificados para la conservación de la biodiversidad, en
especial, respecto del valor que ésta tiene para las comunidades indígenas y
locales.
El artículo 27 del Instrumento que se
revisa prevé la necesidad de que la Conferencia de las Partes establezca “un
proceso” en relación con la elaboración apropiada de normas y procedimientos
internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación por daños
resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos
modificados, en un plazo máximo de 4 años, teniendo en cuenta las formas de los
procesos que al respecto se siguen en el derecho internacional.
El artículo 28 establece la forma de financiación
de la aplicación del Protocolo y remite a las normas  que sobre el mismo  tema
estableció el Convenio sobre la Diversidad Biológica  de 1992 en sus artículos
20 y 21.
Los artículo 29 a 31 establecen los órganos
creados con el fin de hacer operativo el Protocolo, a saber la Conferencia de
las Partes que actúa  como reunión de las partes  en el protocolo,  los órganos
subsidiarios y la secretaria, así como las funciones de los mismos.
El artículo 32 del Protocolo establece que
a él son aplicables las disposiciones de la Convención de la Diversidad
Biológica de 1992, relativas a sus protocolos.
Los artículos 33 a 35 contienen
disposiciones relativas a la vigilancia, presentación de informes, verificación
de cumplimiento, evaluación y revisión del Protocolo, a cargo de las Partes y
de los órganos que el mismo crea.
Finalmente, los artículos 36 a 40 del
Instrumento establecen lo relativo a la firma, entrada en vigor, la prohibición
de realizar reservas, denuncia y textos auténticos.
De otro lado, el Anexo I del Protocolo se
refiere a la información requerida en las notificaciones que se llevan a cabo
en el Procedimiento de Acuerdo Fundamentado Previo, de conformidad con los
artículos 8, 10 y 13 del Protocolo. El Anexo II contiene la información
requerida en relación con los organismos vivos modificados destinados a uso
directo como alimento humano o animal o para procesamiento, con arreglo al
artículo 11. El Anexo III, por su parte trae disposiciones varias respecto del
objetivo, uso, principios generales, metodología y aspectos a tener en cuenta,
de la evaluación del riesgo a que se refiere el protocolo.
Finalmente, debe señalarse que la Ley 740
de 2002, objeto de revisión, consta de 3 artículos que se limitan a dar
aprobación al Protocolo bajo examen y a señalar que éste obligara al Estado a
partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del
mismo.
3.2.   Constitucionalidad del Acuerdo
El examen de constitucionalidad se
realizará, en primer lugar, referido a la compatibilidad de los objetivos y
fundamentos del Protocolo con la Constitución Política, como quiera que los
mismos coinciden con el régimen constitucional relativo a la protección de la
diversidad biológica y a las relaciones internacionales del Estado, y en
segundo lugar, en relación con la constitucionalidad de las obligaciones que el
Protocolo le impone al Estado colombiano con el objeto de asegurar el
cumplimiento y realización de los fines que el Instrumento se propone.
3.2.1.  Régimen constitucional
relativo a la protección de la diversidad biológica
La Constitución de 1991 contiene numerosas
disposiciones relativas a la preservación y conservación del ambiente y a la
salvaguarda de los elementos naturales que pertenecen al Estado Colombiano y
que resultan indispensables para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad
de vida de sus habitantes. El ordenamiento superior establece en este sentido
los derechos de las personas a disfrutar de un ambiente sano, así como los
deberes que les incumben respecto del mismo; igualmente, diferentes deberes del
Estado relativos a la necesidad de garantizar dichos derechos, que se
manifiestan en diversos campos de la actuación del aparato estatal y de los
particulares.[5]
De otro lado, el tema ecológico ha sido
objeto de variados pronunciamientos de la Corte, a través de fallos de
constitucionalidad y de tutela, en los que ha delineado la protección
constitucional del derecho a gozar de un ambiente sano y los deberes que le
corresponden al Estado para garantizar el mismo, de forma que opere como recurso
necesario para lograr el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de
los coasociados –artículo 2º C.P.- [6].
Ahora bien, en relación con la diversidad
biológica[7],
la Constitución contiene diferentes disposiciones con el fin de asegurar su
preservación. En efecto, el artículo 8º de la Constitución prevé la obligación
de las autoridades públicas y de los particulares de proteger la riqueza
cultural y natural de la Nación, el artículo 79 establece el deber del Estado
de proteger la diversidad e integridad del ambiente y de conservar las áreas de
especial importancia ecológica, el artículo 81 consagra la responsabilidad que
le corresponde al Estado respecto del ingreso al país y salida de él de los
recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional y los
artículos 65 y 71 obligan al Estado a promover la investigación y transferencia
de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen
agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen
y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales.
Al respecto, debe destacarse que el deber
de procurar la conservación de la biodiversidad, no solamente se manifiesta en
la preservación de la variedad que se encuentra en aquellas zonas que, por su
fragilidad, son objeto de protección, sino que dicha obligación debe ser
reflejada mediante las actuaciones del Estado en todos los niveles del
desarrollo, esto es, en los planos político, económico, social y
administrativo.[8]
En ese sentido, el Estado cumple su función
cuando desarrolla medidas que tiendan al cumplimiento de las obligaciones antes
mencionadas. Dentro de ellas  se cuenta  la celebración de tratados
internacionales que permitan que el Estado cuente con los instrumentos
necesarios para proteger su diversidad, dentro de reglas claras que supongan
tanto el ejercicio de su soberanía, como la internacionalización de las
relaciones ecológicas –artículos 9º y 226 C.P.-. así como  las condiciones
especiales que presenta Colombia, en cuanto a su nivel de biodiversidad, que le
imponen al Estado la necesidad de adoptar instrumentos que permitan su debida
explotación, dentro del marco de su autonomía y del mejor aprovechamiento con
miras al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.[9]
Finalmente debe resaltarse, para efectos
del análisis que aquí se efectúa, el especial interés que el Constituyente
manifestó, respecto de la preservación del potencial genético y de la
utilización del mismo. En efecto, como se advirtió, de conformidad con el
artículo 81 Constitucional, al Estado le corresponde regular el ingreso al país
y salida de él de los recursos genéticos, y su utilización de acuerdo al
interés nacional. La Corte ha reconocido esa necesidad y el deber de asegurar
que se de un buen uso a la biodiversidad genética. Sobre el particular expresó
en  la Sentencia C-519 de 1994 los siguiente:
“Pero si bien Colombia cuenta con una
diversidad biológica de indiscutida magnitud, quizás el aspecto que mayor
preocupación debe suscitar por parte de las autoridades y de los asociados es
el del potencial genético con que cuenta nuestro país. En nuestro territorio se
encuentra una variedad de genes y un material germoplástico de dimensiones económicas
y tecnológicas incalculables, pues su adecuada utilización constituye, sin
lugar a dudas, fundamento de un futuro alentador en campos como la medicina, la
agricultura y la industria. Sin embargo, el conocimiento y el acceso de estos
recursos requiere de enormes apoyos científicos y financieros que países como
Colombia no se encuentra en capacidad de sufragar. Por ello, es de la mayor
conveniencia que el Estado sea consciente de la necesidad de, por una parte,
determinar las áreas de especial importancia ecológica y velar por su
protección y, por la otra, de ser cuidadoso al negociar con países
industrializados la explotación económica de ese material genético, pues tales
acuerdos deben acarrear para nuestro país no sólo beneficios económicos sino, lo
que es de mayor interés, preparación e información científica y tecnológica que
permita en un futuro, no sólo adelantar nuestras propias investigaciones en
estos asuntos, sino también contar con información permanente respecto de los
avances científicos que se hayan logrado con base en recursos genéticos
extraídos del territorio colombiano.”
3.2.2. Constitucionalidad
del objetivo y fines del Protocolo y de las justificaciones tenidas en cuenta
para su suscripción
Como se advirtió, el Protocolo que se estudia
surgió de la necesidad prevista por las Partes en la Convención de la
Diversidad Biológica de 1992, de concertar un instrumento jurídico relativo a
la seguridad de la biotecnología moderna, especialmente, tratándose de la
movilización entre los países de organismos vivos modificados a través de la
ingeniería genética, en razón al latente peligro que por su incorporación en
los ecosistemas representan para la diversidad biológica y la salud humana.
En efecto, el instrumento busca la adopción
de mecanismos que disminuyan los riesgos que tal movilización supone, sin
desconocer la conveniencia que para el bienestar de la humanidad constituye la
biotecnología moderna como fuente de bienestar general, entre otros, en el
campo de la alimentación y en la provisión de distintos bienes y servicios.
Igualmente, de conformidad con su
preámbulo, debe destacarse la manifestación de la voluntad de cooperación con
los países menos desarrollados para que puedan beneficiarse de los avances
científicos en materia de biotecnología moderna, dada su reducida capacidad
para controlar la naturaleza, pues además, una gran parte de ellos son
considerados fuente importante de diversidad biológica.
En ese sentido, también se resalta que el
instrumento se propone la adecuación de mecanismos para reglamentar la
movilización de los organismos vivos modificados, bajo la premisa de la
reciprocidad, materializada en acuerdos fundamentados científicamente con
anterioridad a la ejecución de dicha movilización.
Al respecto, cabe afirmar que tales fines y
justificaciones, previstos tanto en el Preámbulo y el artículo 1º del
Protocolo, como en la generalidad de las demás normas del Instrumento, de las
que se hará un examen específico en el acápite siguiente de esta Sentencia, se
avienen a la Constitución en tanto permiten que el Estado colombiano participe
en forma activa del bienestar que generan los avances biotecnológicos, pero de
manera en que se proteja la diversa riqueza biológica de que goza el país, la
cual fue reconocida por el constituyente a través de la adopción de diferentes
normas que garantizan su protección.[10]
Específicamente, la participación del
Estado colombiano en instrumentos como el que corresponde examinar a la Corte,
realiza los preceptos constitucionales en los cuales el Constituyente
estableció una protección a la riqueza que supone la diversidad biológica con
que cuenta el país, labor por la que todas las autoridades deben propender, más
aún tratándose de las relaciones internacionales, dado el valor que
comparativamente tienen nuestros ecosistemas con los de los demás Estados[11].
En efecto, la Constitución establece
claramente el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente y fomentar la educación para estos fines             –artículo 79
C.P.-; así mismo, la obligación de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados –artículo 80 C.P.-; y además, la carga de regular el ingreso
y salida del país de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con
el interés nacional. De otro lado, la Carta dispone la cooperación del Estado
colombiano con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas –artículo 80 inc. 3- y el deber de propender por la
internacionalización de las relaciones ecológicas, sobre bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional –artículo 226 C.P.-.
Así mismo, respecto de la materia a que se
refiere el Protocolo bajo examen, esto es la seguridad que debe observarse en
las aplicaciones de la biotecnología, la Corte ha reconocido que la adopción de
medidas dirigidas a garantizarla resultan acordes con la Constitución, en
consideración a los riesgos que dicha tecnología supone y a los variados
beneficios que comporta, tal y como se reconoce en el siguiente aparte de la
Sentencia C-137 de 1996[12]:
“9. De igual
modo, de la normatividad constitucional reseñada, relativa a la protección y
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, se desprende que la
formulación de políticas y, en especial, la fijación de las reglas de seguridad
atinentes a las condiciones de explotación y aprovechamiento de estos bienes en
territorio colombiano y a su control y vigilancia, son competencia del Estado colombiano.
El fundamento de esta competencia radica en el hecho de que la preservación del
medio ambiente constituye una responsabilidad inherente a la soberanía del
Estado. En efecto, el mandato constitucional en materia de protección
ambiental, que recae sobre los poderes públicos les impide despojarse de sus
atribuciones de control y vigilancia en materia de recursos naturales, dentro
de los que se encuentran los recursos biológicos y genéticos.
Desde esta perspectiva, las
relaciones internacionales que establezca el país, en cuanto fundadas en la
soberanía nacional (C.P. artículo 9), deben ser respetuosas de los recursos
naturales y deben propender a su conservación y mantenimiento. Por estos
motivos, si una norma de derecho internacional implica, en cualquier forma, que
el Estado colombiano enajene o pierda sus facultades de regulación sobre la
explotación y el aprovechamiento de sus recursos naturales, será contraria a
las disposiciones constitucionales. Si lo anterior es predicable de cualquier
tipo de recurso natural, cobra mayor fuerza en tratándose de los recursos
genéticos que, como ya se anotó, constituyen la base de la biotecnología y de
la ingeniería genética. En efecto, la Carta es explícita al determinar - en el
inciso 2° del artículo 81 - que "El Estado regulará, el ingreso al
país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de
acuerdo con el interés nacional" (se subraya).
Si bien para la Corte no pasa
desapercibida la importancia fundamental de la biotecnología y de la ingeniería
genética como factores esenciales en el logro del desarrollo y el bienestar de
la humanidad, la competitividad de las economías y el aumento de la
productividad económica, la Corporación tampoco desconoce el riesgo que entraña
la manipulación de la diversidad biológica y la interacción de los diversos
factores ambientales y biológicos que implica la investigación en asuntos
relacionados con dichos ámbitos. Por ello, se impone la obligación estatal de
garantizar y observar estrictas normas de seguridad, que tiendan a la
protección de la vida, la salud y la alimentación de las personas. Lo anterior
surge con claridad de los mandatos contenidos en los artículos 2, 49, 65 y,
especialmente, en el ya mencionado artículo 81 de la Constitución Política.
En particular, resulta
fundamental, en este punto, resaltar los efectos de la investigación genética y
biotecnológica sobre la biodiversidad y la producción de alimentos. El material
biológico o genético puede sufrir mutaciones durante el proceso de investigación
hasta el punto de crear nuevas especies, altamente destructivas o
perjudiciales, que pongan en peligro la integridad de otros recursos biológicos
y genéticos, así como la conservación de las culturas tradicionales, la salud e
incluso la vida de los habitantes. Por estos motivos,  las condiciones de
seguridad en la manipulación de este tipo de material son uno de los aspectos
claves que la Corte debe tener en cuenta al momento de revisar la
constitucionalidad del Tratado sub-examine. Los parámetros que la Constitución
impone para la fijación de normas mínimas de bioseguridad por parte de las
autoridades competentes - y que no pueden ser desconocidos por ninguna norma de
derecho internacional -, se encuentran en las disposiciones que hacen recaer,
en cabeza del Estado, la promoción de la salud de todos los colombianos (C.P.,
artículo 49), la obligación de proteger los recursos naturales y el medio
ambiente (C.P., artículo 8°), la especial protección a la producción
alimentaria (C.P., artículo 65) y el monopolio regulatorio en materia de
recursos genéticos (C.P., artículo 81).”
De ese modo, el Protocolo bajo estudio,
como quiera que propende por la adopción de mecanismos que garanticen la
protección de la diversidad biológica y la conservación de los ecosistemas,
resulta concordante con la Constitución que, como se vio, también establece
instrumentos y principios tendientes a garantizar dicha protección.
Otro tanto cabe decir respecto de la
importancia que se da en el Protocolo en estudio a la preservación de la vida
del ser humano, pues uno de los fines de los mecanismos de seguridad que el
instrumento prevé, es el de contrarrestar los eventuales riesgos que se derivan
de la movilización de los organismos vivos modificados, en su salud. En efecto,
el Estado no solamente está obligado a garantizar el derecho a la vida de las
personas –artículo 11 C.P.-, sino que las autoridades deben garantizar su
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud
–artículo 49 C.P.-, garantía que se aumenta si el Estado colombiano tiene una
debida participación en los avances que cada día se producen en la
biotecnología de una forma lo más segura posible.
De otro lado, la posibilidad de que el
Estado colombiano participe de los avances científicos de la biotecnología de
una forma segura, resulta acorde con el deber constitucional que tiene, de
proteger especialmente a la producción de alimentos y de promover la
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos
y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la
productividad –artículo 65 C.P.-. Así mismo, el Protocolo en estudio otorga la
oportunidad de participar de los avances a que se llegue en otras materias a
las que puede aplicarse la biotecnología, tales como la salud, la actividad
agropecuaria y, en general, en la calidad de vida de los asociados, promoviendo
así el goce de los derechos de las personas –artículo 2º C.P.-.
El Protocolo objeto de estudio resulta
acorde igualmente con la Constitución, en el propósito de promover la
cooperación entre las Partes para que los países menos desarrollados aumenten y
fortalezcan su capacidad para disminuir los riesgos derivados de los organismos
vivos modificados, toda vez que tal previsión beneficia directamente la
situación de países que como Colombia, pese a contar con una riqueza biológica
importante, no cuentan con los recursos económicos, técnicos y científicos
necesarios para su explotación de una forma segura y su consiguiente
preservación.
Así mismo porque los mecanismos previstos
en el Protocolo para el logro de sus objetivos, como el “Procedimiento de
Acuerdo Fundamentado Previo”, al que se hará referencia posteriormente, se
desarrollan bajo la consideración de la situación de dichos países, aumentando
su posibilidad de relacionarse en forma más justa e igualitaria, lo que resulta
acorde con los principios de soberanía nacional, respeto a la autodeterminación
de los pueblos, equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, sobre los cuales
deben construirse las relaciones internacionales del Estado –artículos 9º y 226
C.P.-.
En consecuencia, los fines propuestos por
el Protocolo resultan acordes con la Constitución, pues además de corresponder
a fines similares a los propuestos en ésta, constituyen una base normativa para
su efectiva realización.
3.2.3. Constitucionalidad de las demás
normas del Instrumento
3.2.3.1.       Disposiciones generales,
definiciones y ámbito material de aplicación del Protocolo
El artículo 2º trae algunas disposiciones
generales sobre la forma como debe aplicarse e interpretarse el Protocolo
objeto de estudio. En efecto, se prevé la obligación de las Partes de adoptar
las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo para cumplir los compromisos
establecidos en el instrumento; la no afectación de la soberanía de las Partes
sobre su mar territorial, zonas económicas exclusivas, plataformas
continentales y el respeto de la libertad de navegación de acuerdo con los
tratados internacionales;  así como  la posibilidad que tienen los Estados de
establecer medidas más estrictas para proteger su biodiversidad, siempre que
sean compatibles con el Protocolo. Al respecto debe decirse que todas son
medidas que resultan coherentes con el objetivo del tratado y necesarias para
su correcta aplicación, además de respetar los principios constitucionales que
gobiernan las relaciones internacionales del Estado –artículos 9º y 226 C.P.-,
por lo que no se encuentra reparo alguno de constitucionalidad sobre las
mismas.
Cabe destacar en este artículo la
consagración del principio según el cual, las Partes deben velar por que el
desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y
la liberación de cualesquiera organismos vivos modificados se realicen de forma
que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana.
Dicha obligación desarrolla, no sobra
reiterar, el principio internacional del Derecho Ambiental conocido como
“criterio de precaución”, según el cual, cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces  en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente, lo cual es completamente
compatible con el deber constitucional de prevenir y controlar los factores del
deterioro del ambiente, los ecosistemas y la diversidad biológica (art. 80
C.P.).
Con el único objeto de facilitar su
interpretación y aplicación, el artículo 3º del Protocolo trae algunas
definiciones sobre los términos utilizados en el instrumento, respecto de los
cuales no advierte la Corte ninguna razón de inconstitucionalidad.
Así mismo, los artículos 4º, 5º y 6º
definen el ámbito material de aplicación del Protocolo que por corresponder
estrictamente al objeto del mismo, deben ser declaradas constitucionales. Cabe
destacar que cuando dichos artículos excluyen de la aplicación del tratado
ciertos eventos como los correspondientes a organismos vivos modificados que
son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos o los que únicamente
se encuentran en tránsito o para uso confinado, dejan a salvo la soberanía de
los Estados para que dispongan la regulación que se debe aplicar dentro de su
territorio en estos casos de acuerdo con sus normas nacionales y con  los
tratados internacionales que hayan suscrito, lo cual resulta concordante con
los principios constitucionales y de derecho internacional reconocidos por
Colombia de reciprocidad y soberanía que deben orientar las relaciones
internacionales del Estado colombiano –artículo 9º y 226 C.P.-.
3.2.3.2.       Procedimiento de Acuerdo
Fundamentado Previo, Procedimiento  Simplificado.
Los artículos 7º a 12 del Protocolo objeto
de examen, reglamentan el mecanismo ideado por el Protocolo tendiente a
materializar los objetivos que se proponen con su suscripción, esto es, el
“Acuerdo Fundamentado Previo”.
En efecto, dicho “Acuerdo Fundamentado
Previo”  es el procedimiento (art 7 del Protocolo) que se establece  para los
movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, y que deben
aplicar “la Parte de exportación” y  “la Parte de importación” del material a
movilizar; procedimiento que prevé  los requisitos de información, notificación
y decisión que una y otra  Parte debe aplicar para efectuar los movimientos a
que se refiere el Protocolo.
Procedimiento que  para el caso del
movimiento de organismos vivos  modificados destinados  para uso directo como alimento
humano o animal o para procesamiento tendrá unas características más exigentes
(art.11 del Protocolo) .
Es decir  que la expresión “acuerdo
fundamentado previo” , no  se está refiriendo  a la celebración de acuerdos
entre el Estado de importación y el Estado de exportación para desarrollar el
Protocolo[13],
sino que se refiere es al procedimiento que el Protocolo subexamine establece
para que se manifieste la aceptación por un país Parte en el Protocolo de la
posibilidad de que ingrese a su territorio un organismo vivo modificado, así
como la del país exportador  de efectuar la exportación de dicho organismo.
Para el efecto  “la Parte de exportación”
que pretenda efectuar un movimiento transfronterizo de un organismo vivo
modificado, deberá notificar (arts 8  y 9 del Protocolo) tal intención  a la
“Parte de importación”, la  que, luego de evaluar el riesgo para su ecosistema
de dicho movimiento (art. 15 del Protocolo)  decidirá  y comunicará (art. 10
del Protocolo) a la Parte de exportación, si acepta o no el ingreso a su
territorio  de dicho organismo.
Cabe resaltar que en dicho procedimiento se
establece (at. 12 del Protocolo)  la posibilidad para “la Parte de
Importación”, es decir el país que ha aceptado el ingreso a su territorio de
determinado organismo vivo modificado,  de revisar y modificar  su decisión  en
cualquier momento, sobre la base de nueva información científica acerca de los
posibles efectos adversos para la conservación y utilización  sostenible de la
diversidad biológica  y los riesgos para la salud humana.
Sobre la misma base de la decisión soberana
del Estado respectivo el artículo 13, prevé la posibilidad de simplificar los
procedimientos  aludidos  cuando así lo manifieste “La Parte de importación”
ante el Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología. En ese caso el movimiento transfronterizo de un organismo vivo
modificado podrá efectuarse al mismo tiempo que se notifica  a “la Parte de
importación”, de la misma manera que dichos movimientos podrán quedar exentos
del procedimiento de acuerdo fundamentado previo, si así lo decide el Estado
referido.
Es decir que los artículos  a que se ha
hecho referencia  aseguran la soberanía  de los  Estados Parte con el objeto de
salvaguardar sus intereses, como quiera que las reglas previstas sugieren, la
adopción de decisiones autónomas, así como  la necesidad de una adecuada
información para proceder a la exportación o importación de organismos vivos
modificados, información que tiene que ver no solamente con la forma de
realización del transporte, sino con los aspectos técnicos y científicos que
aseguren un consentimiento de los países debidamente informado. Y además, la
posibilidad de revisar las decisiones que se adopten sobre la base de nueva
información científica acerca de los posibles efectos adversos para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y la
preservación de la salud humana.
De modo que dichas disposiciones son
armónicas con los principios que por mandato constitucional deben orientar las
relaciones del Estado colombiano, como los de soberanía nacional,
autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional
reconocidos por Colombia, que garantizan que el desarrollo de las relaciones
internacionales se lleve a cabo sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional –artículo 226 C.P.-.
Dichas consideraciones  deben predicarse
igualmente de la previsión contenida en el numeral 4 del artículo  7 del
protocolo  según la cual  el procedimiento de acuerdo fundamentado previo  no
se aplicará al  movimiento  transfronterizo internacional  de los organismos
vivos modificados  incluidos en una decisión adoptada  por la Conferencia de
las Partes que actúa  como reunión de las partes del Protocolo sub examine, en
la que se declare  que no es probable que  tengan efectos  adversos para la
conservación  y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana..
Decisión que se adoptaría  por la
Conferencia de las Partes aludida que integra  necesariamente Colombia como
Parte del Protocolo, lo que presupone  su consentimiento al respecto.
La Corte llama la atención sobre el hecho
de que  en el caso de que dicha decisión resulte adoptada sin el voto favorable
de Colombia, (bajo el supuesto de que el reglamento de la Conferencia de las
Partes adoptado por consenso  según el artículo 29 del Protocolo[14], permitiera la
posibilidad de que las decisiones de dicha Conferencia se adopten con una
mayoría determinada y no por unanimidad)   nada impide que  el Estado
Colombiano establezca  para  los organismos vivos modificados  incluidos en la
decisión a que alude dicho numeral 4 del artículo 7 del Protocolo las medidas
previas a su importación que estime pertinentes para proteger la  conservación
y la utilización sostenible de  la diversidad biológica  en su territorio y en
particular  a que efectúe una  evaluación de riesgo de los mismos  antes de
adoptar una decisión sobre dicha importación.
Una interpretación sistemática del
protocolo y en particular de los artículos 2-numeral  cuarto[15],  4, 5 y 6[16]  del Protocolo, llevan
a la Corte en efecto a esa conclusión, que se desprende claramente del texto
del tratado, sin que  sea  necesario  por tanto que el Estado colombiano
efectué al respecto una declaración interpretativa, como si ha sido el caso en
relación con otros instrumentos internacionales[17]  .
Finalmente, la Corte llama la atención,
acerca  de la posibilidad que tiene el Estado Colombiano de efectuar, en
ausencia de  marco reglamentario nacional para el efecto, la declaración a que
alude  el  numeral 6  del artículo 11 del protocolo[18] sub examine, declaración
que no plantea ninguna dificultad de orden constitucional y que podrá hacerse
de acuerdo con la evaluación que haga el Gobierno  de su conveniencia para la
mejor  defensa de la biodiversidad biológica  y  de los intereses del Estado
Colombiano.
3.2.3.3.  Acuerdos Bilaterales, regionales
y multilaterales
El artículo 14 que prevé la posibilidad de
que las partes concierten acuerdos o arreglos bilaterales, regionales y
multilaterales relativos a los movimientos transfronterizos de organismos vivos
modificados, siempre que no sean contrarios a los principios establecidos en el
Protocolo; al tiempo que  el artículo 24 que establece la posibilidad de que
los Estados Partes del Protocolo celebren acuerdos con otros Estados que no son
partes en el mismo, en tanto sean compatibles con el objeto del mismo
Protocolo.
Al respecto  cabe precisar que en la medida
en que dichos  acuerdos no pueden considerarse como acuerdos complementarios o
de desarrollo del Protocolo sub examine  y que pueden dar  origen a obligaciones
nuevas para el  Estado colombiano,  de conformidad
con la Constitución, deben ser sometidos a la aprobación del Congreso, al
control automático de constitucionalidad y demás reglas del derecho
internacional en materia de tratados[19].
3.2.3.4.  Evaluación y gestión del riesgo,
medidas de prevención y de emergencia
Los artículos 15 y 16 del Protocolo regulan
lo relativo a los procedimientos que deben adoptarse para la evaluación y la
gestión de los riesgos que se derivan de los movimientos transfronterizos de
los organismos vivos modificados. El artículo 17 prevé las medias de
emergencia  a adoptar en caso de movimientos transfronterizos involuntarios que
puedan llegar a presentarse, al tiempo que el artículo 18 prevé medidas
específicas para garantizar que la manipulación, envase y transporte de los
organismos vivos modificados se realice en condiciones de seguridad y de
conformidad con las normas y estándares internacionales establecidos para el
efecto.
Sobre este último aspecto  cabe destacar
que el artículo 18 establece para la Conferencia de las Partes  la obligación
de adoptar en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del
Protocolo,   una decisión acerca de los requisitos pormenorizados que debe
cumplir la documentación que acompaña a los organismos vivos modificados
destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento,
en la que se identifique claramente que “pueden llegar a contener” organismos
vivos modificados y que no están destinados para su introducción intencional en
el medio, así como un punto de contacto para solicitar información adicional.
Todos estos artículos, que constituyen un
desarrollo concreto de los objetivos del Protocolo, hacen énfasis en la
obligación de los Estados Parte  de tomar medidas preventivas y de seguridad
oportunas, de acuerdo con la información científica  existente. Para el efecto
contarán con  el apoyo del Centro de Intercambio de Información  sobre
seguridad de la Biotecnología, al que deberá notificarse toda situación de
emergencia, así como a los Estados que puedan resultar afectados.
Dichas disposiciones se avienen a la
Constitución en tanto constituyen mecanismos preventivos de los posibles daños
que se causen a los recursos naturales, de conformidad con la obligación de
prevención que al respecto le impone el artículo 80 constitucional al Estado
colombiano.
3.2.3.5 Autoridades  nacionales
competentes,  centros focales nacionales y  Centro de Intercambio de
Información  sobre seguridad de la Biotecnología
los artículos  19 y 20 del Protocolo
señalan  respectivamente el deber para los  Estados Parte  de designar la
autoridad nacional competente para la ejecución del Protocolo, así como la
creación del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de
Biotecnología, normas que  dan operatividad al Protocolo sub examine y que no
plantean  ninguna dificultad de orden constitucional.
El intercambio de información, sin
perjuicio de la protección de  la información confidencial  a que se hará
referencia más adelante, constituye en efecto un instrumento indispensable para
el cumplimiento de los objetivos del Protocolo que se examina.
La Corte llama la atención  sobre el hecho
de que  la creación del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de
Biotecnología facilita al Estado colombiano el acceso a la información
necesaria para la efectiva  aplicación del Protocolo y el control de su
ejecución, lo que debe redundar en la protección de la biodiversidad colombiana
y la preservación de la salud de sus asociados, y debe permitir que el Estado
colombiano ejerza sus derechos de una forma autónoma y soberana y sobre bases
de conveniencia nacional –artículos 9º y 226 C.P.-.
Ello en particular, como quiera que se
establece específicamente para dicho Centro la obligación de asistencia a los
países menos desarrollados que, como Colombia, no tienen la infraestructura
técnica y científica para garantizar plenamente la protección de su  Medio
Ambiente y la explotación efectiva y sostenible de sus recursos naturales.
3.2.3.6.       Mecanismos de cooperación
Cabe resaltar que  la creación del Centro
de Intercambio de Información sobre Seguridad de Biotecnología   se ve
complementada con el deber de cooperación entre las Partes, que se establece en
el artículo 22 del Protocolo, para el desarrollo y fortalecimiento de los
recursos humanos y la capacidad institucional en materia de biotecnología y
seguridad de la biotecnología a favor de aquellos Estados que, como el
colombiano, son centros de origen y de diversidad genética, pero que carecen de
los recursos suficientes para su explotación y preservación, respondiéndose así
al deber del Estado de proteger sus recursos y al desarrollo de la calidad de
vida de sus coasociados –artículo 2º C.P.-.
En ese mismo sentido, debe destacarse la
previsión del artículo 23 de obligar a los Estados Partes de fomentar y
facilitar la educación y participación del público sobre la seguridad de la
transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados,
y de asegurar el acceso del público a dicha información, pues dicho deber
corresponde al fin del Estado de asegurar que las personas puedan participar de
las decisiones que los afectan y corresponde a la obligación del Estado de
difundir la conciencia ecológica. artículos 2º, 79 y 80 C.P.-.
Por otra parte, la Corte resalta el
contenido del artículo 26 del Protocolo que considera la posibilidad de las
Partes de consultar las consideraciones socioeconómicas sobre los efectos de
los organismos vivos modificados, al momento de tomar alguna decisión respecto
de la importación de los mismos y, en especial, respecto del valor que las
comunidades indígenas y locales otorgan a la conservación de la biodiversidad.
Tal previsión se dirige al cumplimiento de los fines del Estado de propender
por un orden económico y social justo y resulta especialmente compatible con el
deber de consultar con las comunidades indígenas las decisiones que tengan que
ver con la explotación de los recursos naturales en sus territorios –artículo
2º y 330 C.P.-.
3.2.3.7.          Información confidencial
El artículo 21 del Protocolo establece
reglas en relación con el manejo de la información confidencial que sea
presentada por un Estado Parte   en virtud  de los procedimientos establecidos
en el Protocolo  o requerida por la Parte de Importación  dentro del
procedimiento de acuerdo fundamentado previo regulado en dicho instrumento.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha
entendido que el manejo de información derivada de la aplicación de
instrumentos internacionales está sujeta a los límites que imponen la materia
de los mismos, la salvaguarda de la seguridad nacional  y el respeto de los
derechos de los residentes en el territorio que puedan verse afectados por el
uso indebido de esa información confidencial, tal y como lo pone de manifiesto
el siguiente aparte de la Sentencia C-328 de 2000 en la que se declaró la
exequibilidad  de la ley 525 de 1999 “Por medio de la cual se aprueba la
“Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción",
hecho en París el trece (13) de enero de mil novecientos noventa y tres
(1993)”.
“La Corte considera que, si bien la
definición de los secretos de Estado es asunto de resorte del legislador y que,
por lo mismo, puede autorizar su divulgación parcial -como lo es permitir que
otro Estado posea dicha información-, esta posibilidad únicamente puede
permitirse si con ello no se afecta la seguridad nacional.  De otra parte, y en
relación con la información secreta de propiedad particular, el Estado
colombiano no puede soslayar su deber de proteger dicha información, exigible
en virtud del artículo 15 de la Carta y de acuerdos internacionales que obligan
al país.  Por lo tanto, la Corte estima que la posibilidad de que otros Estados
mantengan información confidencial de origen privado únicamente puede admitirse
bajo el entendido de que su utilización se limite a los estrictos términos de
la presente Convención. Así mismo, entiende que cualquier uso incompatible con
la Convención de la información confidencial, sea de origen estatal o privado,
deberá ser resarcido en términos compatibles con el Derecho Internacional. Por
lo expuesto, el estado colombiano tiene la obligación de proteger ante las
instancias internacionales los intereses de los residentes en el territorio,
afectados por la tenencia y uso indebidos de información confidencial, por
fuera de los términos del presente tratado, incluyendo las acciones judiciales
pertinentes[20].
En el presente caso la Corte considera
pertinente hacer las mismas precisiones sobre el manejo de dicha información
confidencial y la obligación del Estado de proteger ante las instancias
internacionales los intereses de los residentes en el territorio, afectados por
la tenencia y uso indebidos de información confidencial, por fuera de los
términos del Protocolo sub examine.
3.2.3.8.     Movimientos transfronterizos ilícitos
El artículo 25 prevé la obligación de los
Estados de adoptar medidas tendientes a prevenir y a penalizar, en caso de que
proceda, el movimiento de los organismos vivos modificados que se hace
contraviniendo las normas legales de los países, es decir, en forma ilícita y
prevé la posibilidad de que la Parte afectada exija de la Parte de origen el
retiro a sus expensas de los mismos.
Tales medidas resultan efectivas para
proteger la biodiversidad de que goza el Estado colombiano y salvaguardan los
intereses nacionales, tal y como lo ordenan los preceptos constitucionales
relativos a la preservación del medio ambiente, en especial, la obligación del
Estado de exigir la reparación de los daños causados al medio ambiente
–artículo 80 C.P.-, y la forma como deben conducirse las relaciones
internacionales.
Cabe recordar al respecto que en la
sentencia C-176/94 la Corte se pronunció sobre la asunción del Estado
colombiano de la obligación de sancionar ciertas conductas. En dicha
oportunidad señaló:
"Para la Corte es claro que la
Convención de Viena como tal no consagra ningún delito sino que establece la
obligación de los Estados de definirlos, conforme a su derecho interno. Por
eso, esta sentencia declara la constitucionalidad de la obligación
internacional adquirida por Colombia de tipificar como punibles ciertas
conductas. Pero es obvio que al definir en concreto los delitos, el Estado
colombiano deberá respetar el principio de legalidad, en particular cuando se
establezcan las sanciones previstas por los literales b y c del numeral 4 de
este artículo. Por consiguiente y por la misma razón, la declaratoria de
constitucionalidad de la posibilidad de tipificar los delitos que la Corte
efectúa con respecto a los numerales y literales anteriormente señalados del artículo
3º no obsta para que en un futuro, cuando el Estado colombiano efectivamente
defina tales delitos, esta Corte pueda revisar la conformidad de los mismos
frente a la Constitución, si tales normas son eventualmente acusadas ante esta
Corporación. "[21]
En la presente oportunidad, evidentemente
el protocolo  no establece los tipos penales que debe adoptar Colombia, sino
que le deja al legislador un razonable margen para señalar las conductas específicas
que deben ser penalizadas. Ello implica un reconocimiento expreso a la fuerza
vinculante de la Constitución en el orden interno, aspecto que la Corte no
pueda más que destacar[22].
3.2.3.9.   Proceso para la elaboración  de
normas y procedimientos internacionales
El artículo 27 señala que la Conferencia de
las Partes que actúa como reunión de las Partes del Protocolo adoptará, en su
primera reunión, “un proceso” en relación con la elaboración apropiada de
normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y
compensación por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de
organismos vivos modificados, para lo que se analizarán y se tendrán
debidamente en cuenta los procesos en curso en el ámbito del derecho
internacional sobre esas esferas, y tratará de completar ese proceso en un
plazo de cuatro años.
El señalamiento de dicho proceso y la
fijación de un plazo para el efecto en nada plantean dificultades de orden constitucional.
Cabe precisar  sin embargo que la
determinación de normas y procedimientos  internacionales en relación con la
responsabilidad y compensación por daños resultantes de los movimientos
transfronterizos de organismos vivos modificados, deberá ser objeto de un
instrumento internacional específico que no puede considerarse como un simple
acuerdo complementario o de desarrollo del Protocolo sub exámine[23].  ya que evidentemente  puede dar  origen a
obligaciones nuevas para el  Estado colombiano, no previstas en el Protocolo
aludido  ni en el Convenio sobre la diversidad biológica, por lo que deberá ser sometido a la aprobación del Congreso, al
control automático de constitucionalidad y demás reglas del derecho
internacional en materia de tratados.
3.2.3.10.    Órganos del Protocolo,
financiación, verificación del cumplimiento del mismo y remisión a las normas
del Convenio sobre la Diversidad Biológica en materia de protocolos.
Respecto de los artículos 28 a 31 y 33 a
35 del Protocolo, relativos a los organismos que se crean para su
funcionamiento y las funciones que se les encargan, la forma de financiar su
puesta en práctica y la forma de verificar el cumplimiento de las obligaciones
que allí se imponen, las cuales remiten en numerosos  aspectos a las
disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992  declarado
exequible por la Corte en la Sentencia C-519/94, debe decirse que corresponden
a medidas dirigidas a garantizar el adecuado funcionamiento del Protocolo por
lo que no se encuentran reparos en su constitucionalidad, debiéndose señalar que
garantizan que el Estado colombiano tenga la posibilidad de participar en la
puesta en práctica de los mecanismos de protección que se establecen –artículo
226 C.P.-.
Sobre la remisión que se hace en el
artículo 32 a las disposiciones de la Convención sobre Diversidad Biológica de
1992 que regulan lo relativo a sus Protocolos, como el que actualmente se
estudia, debe decirse que el mismo, al ser integrado al ordenamiento mediante
la Ley 162 de 1994 se encuentra vigente y fue declarado acorde con la Constitución
por la Corte, por lo que no se encuentra reparo de constitucionalidad alguno.[24]
3.2.3.11 .    Firma, entrada en vigor,
prohibición de reservas, denuncia y textos auténticos
Finalmente, respecto de los artículos 36 a
40 del Protocolo, relativos a la firma, entrada en vigor,  denuncia y textos
auténticos, debe decirse que corresponden a las previsiones que en materia de
los tratados se dispusieron en la Convención de Viena de 1969, aprobado por la
Ley 32 de 1985, por lo que no resultan contrarios a la Constitución.
Al respecto no sobra precisar que el Protocolo
bajo examen señala en el artículo 38  la prohibición de hacer reservas,
prohibición  que no plantea  desde el punto de vista constitucional ninguna
dificultad.
En efecto,
respecto de la constitucionalidad de la prohibición de hacer reservas en instrumentos
internacionales, la Corte ha señalado lo siguiente:
“De
conformidad con el artículo 2o., literal d) la Convención de Viena de 1969, la
reserva es un derecho de los Estados que se ejerce mediante la declaración
unilateral que hacen al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al
adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de
ciertas disposiciones del tratado. Así mismo, esa Convención, y la posterior de
Viena de 1986, establecen como sus límites, los siguientes eventos: "a)
que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que
únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la
reserva de que se trate; c) que, en los casos no previstos en los apartados a)
y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado"
(art. 19).
“Lo expuesto lleva a concluir que, como lo
dijo ya esta Corte[25],
la reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de
los acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento
internacional o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su
prohibición no apareja una violación de los derechos de los Estados que
intervienen en su formación o posteriormente se adhieren a él, ni un
desconocimiento a los principios de soberanía nacional y autodeterminación de
los pueblos para llevar a cabo sus relaciones exteriores.”[26]
3.2.3.12.     Anexos
En relación con los Anexos del Protocolo
objeto de estudio, debe decirse que los números I y II, definen específicamente
la información requerida para las notificaciones de conformidad con los
artículos 8º, 10 y 13 del Protocolo objeto de revisión y la requerida en relación
con los organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento
humano, animal o para procesamiento de conformidad con el artículo 11 del
Protocolo.
La Corte considera que la información que
allí se exige, respecto de las partes que intervienen en el movimiento
transfronterizo, las características técnicas del organismo vivo modificado y
los datos respecto de las consecuencias que en los ecosistemas de recibo genera
la transferencia, resulta pertinente para efectos de dar debido cumplimiento al
Protocolo en estudio y provee de seguridad la ejecución del mismo, en razón de
la cual, no se advierten reparos de constitucionalidad.
Por su parte, en relación con el anexo III,
que establece el objetivo, el uso, los principios generales, la metodología y
los aspectos a tener en cuenta para la evaluación del riesgo, contiene
disposiciones que son compatibles con el deber del Estado de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados –artículo 80, inciso 2, C.P.-. En
efecto, la aplicación de los principios y metodología establecidos en el
referido Anexo no solamente asegura que el Estado colombiano pueda determinar y
evaluar los posibles efectos adversos de los organismos vivos modificados en la
conservación y utilización sostenible de su diversidad biológica y en la salud
humana, sino que también le permite discutir dichos efectos en condiciones de
igualdad y reciprocidad, pudiendo dar cumplimiento al Protocolo de una manera
fundamentada y debidamente informada, todo lo cual concuerda con los preceptos
constitucionales respecto de la diversidad biológica y las relaciones
internacionales.
3.3.   Constitucionalidad material de la
Ley 740 de 2002
Como se advirtió, el contenido de la Ley
740 de 2002 se limita a aprobar el Protocolo de Cartagena, a determinar que las
obligaciones que de él dimanan para el Estado colombiano comenzarán a regir
desde que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo y señalar
que la vigencia de la ley comienza a regir a partir de su publicación, de modo
que no existen reparos sobre la constitucionalidad de su contenido.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de
la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “PROTOCOLO DE
CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA, hecho en Montreal el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000)”.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 740 de 2002.
Tercero.- Ordenar la comunicación de la presente sentencia al
Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los
fines contemplados en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución
Política.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Presidente
JAIME ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] Aprobado mediante la Ley 165 de 1994. Sentencia C-519 de 1994.
[2] Gaceta del Congreso No. 90 del 27 de marzo de 2001, páginas 12 a
24.
[3]
Aprobada mediante la ley 32 de 1985. “Artículo 7. Plenos poderes. 1. Para la
adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a un Estado:
a) si se
presentan los adecuados plenos poderes, o
b) si se
deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras
circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona
representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de
plenos poderes. (…)”.
[4] Principio 15     Con el fin de proteger
el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces  en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente”  Declaración de Rio sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo  junio de 1992.
[5] Las disposiciones que se refieren al
ambiente son, entre otros, el Preámbulo; los Arts. 8o., 49, 58, 63, 67, 79, 80,
81,  215, 226, 268-7, 277-4, 282, 289, 300-2, 310, 313-9, 317, 330-5, 331, 333,
334, 339, 340 y 366.
[6] T-411/92, T-415/92, T-428/92, T-528/92,
T-536/92, T-028/93, T-067/93, T-163/93, T-251/93, T-254/93, T-380/93, T-471/93,
T-469/93, T-014/94, T-028/94, entre otras.
[7] El Convenio sobre Diversidad Biológica,
define a la diversidad biológica como “la variabilidad de organismos vivos de
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y
marinos y otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos de los que forman
parte; comprende la diversidad dentro de cada especia, entre las especies y de
los ecosistemas”. Otras acepciones del mismo término, fueron tenidas en cuenta
en la Sentencia C-519 de 1994.
[8]“ Si bien la importancia de la discusión
relacionada con la biodiversidad se centra en aquellas áreas de reconocida
variedad -y la mayoría de las veces de gran fragilidad- ecológica, esta Corte
es consciente de que las medidas administrativas, políticas y económicas que se
tomen al respecto no deben cobijar exclusivamente estas situaciones. En otras
palabras, al ser la humanidad -presente y futura- el sujeto jurídicamente
interesado y, por ende, responsable por la conservación y preservación de un
ambiente sano, entonces las decisiones que adopte deben estar encaminadas a la
protección de esos intereses en todos los niveles del desarrollo. De ahí que,
por ejemplo, sea necesario plantear la necesidad de buscar medidas de amparo
para la biodiversidad agrícola, de forma tal que los recursos genéticos que se
encuentren y se desarrollen en los países, puedan ser aprovechados en forma
responsable para contribuir al problema del hambre y de la nutrición por el que
pasan hoy en día la mayoría de las naciones del mundo.”
[9] Al respecto, ver las Sentencias C-519/94
y C-137/96.
[10] “Esta Corporación es consciente de que si
bien la protección  jurídica del derecho a gozar un ambiente sano es uno de los
pilares esenciales del desarrollo social, la Constitución se ocupó también de
regular otros temas de orden ecológico como es el caso de la biodiversidad, de
la conservación de áreas naturales de especial importancia, del desarrollo
sostenible, de la calidad de vida y de la educación y la ética ambiental, los
cuales constituyen, de igual forma, el estandarte mínimo para la necesaria
convivencia de los asociados dentro de un marco de bienestar general.”
Sentencia C-519 de 1994
[11] Al respecto, ver la Sentencia C-519 de
199, por medio de la cual se declaró la constitucionalidad del Convenio sobre
Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 y de su ley
aprobatoria.
[12] Por medio de la cual se revisó la constitucionalidad del Estatuto
del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, hecho en
Madrid el 13 de septiembre de 1983 y su ley aprobatoria.
[13] Ver las Sentencia C-363/00 M.P. Alvaro
Tafur Galvis, C-1439/00 M.P. Marta Sáchica Mendes  C-303/01 M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, C-862/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En las que esta Corporación se ha pronunciado  sobre la
validez de los acuerdos internacionales que desarrollan tratados públicos.
[14] Artículo que remite a su vez en este
aspecto al reglamento  de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre
Diversidad Biológica de 1992. Convenio que no sobre precisar es el que
desarrolla, en uno  de sus aspectos, el Protocolo sub examine.
[15]  Numeral que  señala dentro de las normas
generales del tratado  el principio de que “Ninguna disposición del presente
Protocolo se interpretará en un sentido que restrinja el derecho de una Parte a
adoptar medidas más estrictas para proteger la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica que las establecidas en el Protocolo,
siempre que esas medidas sean compatibles con el objetivo y las disposiciones
del presente Protocolo y conformes con las demás obligaciones de esa Parte
dimanantes del derecho internacional.
[16] Artículos  que fijan el ámbito de
aplicación del tratado y de los que se desprende que sus normas se establecen “sin
menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de someter todos los organismos
vivos modificados a una evaluación del riesgo con antelación a la adopción de
decisiones sobre la importación que del mismo se haga”  a su territorio.
[17] Las declaraciones que, dentro de la órbita de sus
competencias como director de las relaciones internacionales, el Presidente de
la República puede realizar respecto de la forma correcta de interpretar las
normas de un instrumento internacional para que armonicen con los postulados
constitucionales no constituyen reservas a los mismos, ni mucho menos su
inconstitucionalidad. Dichas declaraciones únicamente tienen como finalidad que
las obligaciones que se derivan de la celebración de dichos instrumentos, sobre
las cuales pueden caber interpretaciones que contraríen la Constitución, sean
compatibles con sus mandatos, de modo que si existe una precepto en un tratado
o una convención cuya interpretación pueda desconocer la soberanía del Estado
Colombiano, corresponde realizar las declaraciones pertinentes con el objeto
preservar el ordenamiento jurídico constitucional.
La Corporación, en la
Sentencia C-578 de 2002 mediante la cual se declaró la exequibilidad del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de la Ley 742 de 2002,
aprobatoria del mismo, al determinar cuales eran las materias sobre las cuales
le correspondía al Presidente de la República realizar las correspondientes
declaraciones respecto de la interpretación de algunas de las normas de dicho
Tratado, explicó los efectos y la finalidad de las mismas, dentro del marco
constitucional:
“la Corte señala las materias respecto de las cuales
procede, sin que ello contraríe el Estatuto, que el Presidente de la República,
en el ámbito de sus atribuciones, declare cuáles son las interpretaciones de
algunos apartes del mismo que armonizan plenamente la Constitución con el
Estatuto de Roma. Dicho señalamiento por la Corte en ningún caso supone que
existe una inconstitucionalidad parcial del Estatuto. Esta determinación
obedece al cumplimiento del principio fundamental según el cual todas las
autoridades tienen como finalidad asegurar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículo 2 C.N.), así como
al propósito de concretar el mandato de colaboración armónica entre los órganos
que integran las ramas del poder público, dentro del respeto a las órbitas de
competencia de cada uno, en este caso, de la Corte Constitucional a la cual se
le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Carta y del
Presidente de la República al cual se le ha atribuido la dirección de las
relaciones internacionales de Colombia (artículo 113 C.N).
[18] Artículo 11 Procedimiento para organismos vivos
modificados destinados para uso directo como alimento humano o animal o para
procesamiento.
(…)
4. Una Parte podrá adoptar una decisión sobre la
importación de organismos vivos modificados destinados para uso directo como
alimento humano o animal o para procesamiento con arreglo a su marco
reglamentario nacional que sea compatible con el objetivo del presente
Protocolo.
(…)
6. Una Parte que sea país en desarrollo o una Parte
que sea país con economía en transición podrá declarar, en ausencia del marco
reglamentario nacional a que se hace referencia en el párrafo 4 supra y
en el ejercicio de su jurisdicción interna, por conducto del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, que su decisión
anterior a la primera importación de un organismo vivo modificado destinada
para uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, sobre la
cual ha suministrado información con arreglo al párrafo 1 supra, se
adoptará de conformidad con lo siguiente:
a) Una evaluación del riesgo realizada de conformidad
con el Anexo III, y
b) Una decisión adoptada en plazos predecibles que no
excedan los doscientos setenta días.
7. El hecho de que una Parte no haya
comunicado su decisión conforme al párrafo 6 supra no se entenderá como
su consentimiento o negativa a la importación de un organismo vivo modificado
destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento a
menos que esa Parte especifique otra cosa.
[19] Ver al respecto las sentencias C-363/00
M.P. Alvaro Tafur Galvis, C-1439/00 M.P. Marta Sáchica Mendes  C-303/01 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, C-862/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[20] Sentencia C-328/00 M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz
[21] Sentencia C-176/94 M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[22] Ver Sentencia C-328/00 M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz .
[23] Ver al respecto las sentencias C-363/00
M.P. Alvaro Tafur Galvis, C-1439/00 M.P. Marta Sáchica Mendes  C-303/01 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, C-862/01 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[24] Convención sobre la Diversidad Biológica de
1992: (…)
ARTÍCULO 28. ADOPCIÓN DE PROTOCOLOS.
1. Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y
adopción de protocolos del presente Convenio.
2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la
Conferencia de las Partes.
3. La Secretaría comunicará a las Partes Contratantes el
texto de cualquier protocolo propuesto por lo menos seis meses antes de
celebrarse esa reunión.
ARTÍCULO 29. ENMIENDAS AL CONVENIO O LOS PROTOCOLOS.
1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer
enmiendas al presente Convenio. Cualquiera de las Partes en un protocolo podrá
proponer enmiendas a ese protocolo.
2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una
reunión de la Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier protocolo se
aprobarán en una reunión de las Partes en el protocolo de que se trate.
El texto de cualquier enmienda propuesta al presente
Convenio o a cualquier protocolo, salvo si en tal protocolo se dispone otra
cosa, será comunicado a las Partes en el instrumento de que se trate por la
Secretaría, por lo menos seis meses antes de la reunión en que se proponga su
adopción. La Secretaría comunicará también las enmiendas propuestas a los
signatarios del presente Convenio para su información.
3. Las Partes Contratantes harán todo lo posible por llegar
a un acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente
Convenio o a cualquier protocolo. Una vez agotados todos los esfuerzos por
lograr un consenso sin que se haya llegado a un acuerdo, la enmienda se
adoptará, como último recurso, por mayoría de dos tercios de las Partes
Contratantes en el instrumento de que se trate, presentes y votantes en la
reunión, y será presentada a todas las Partes Contratantes por el Depositario
para su ratificación, aceptación o aprobación.
4. La ratificación, aceptación o aprobación de las
enmiendas serán notificadas al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas
de conformidad con el párrafo 3 de este artículo entrarán en vigor, respecto de
las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo día después de la fecha del
depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación por dos
tercios, como mínimo, de las Partes Contratantes en el presente Convenio o de
las Partes en el protocolo de que se trate, salvo si en este último se dispone
otra cosa. De allí en adelante, las enmiendas entrarán en vigor respecto de
cualquier otra Parte, el nonagésimo día después de la fecha en que esa Parte
haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de las
enmiendas.
5. A los efectos de este artículo, por "Partes
presentes y votantes" se entiende las Partes que estén presentes y emitan
un voto afirmativo o negativo.
ARTÍCULO 30. ADOPCIÓN Y ENMIENDA DE ANEXOS.
1. Los anexos del presente Convenio o de cualquier
protocolo formarán Parte integrante del Convenio o de dicho protocolo, según
proceda, y, a menos que se disponga expresamente otra cosa, se entenderá que
toda referencia al presente Convenio o sus protocolos atañe al mismo tiempo a
cualquiera de los anexos. Esos anexos tratarán exclusivamente de cuestiones de
procedimiento, científicas, técnicas y administrativas.
2. Salvo si se dispone otra cosa en cualquiera de los
protocolos respecto de sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor
de anexos adicionales al presente Convenio o de anexos de un protocolo se
seguirá el siguiente procedimiento:
a) Los anexos del presente Convenio y de cualquier
protocolo se propondrán y adoptarán según el procedimiento prescrito en el
artículo 29;
b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del
presente Convenio o un anexo de cualquiera de los protocolos en que sea Parte,
lo notificará por escrito al Depositario dentro del año siguiente a la fecha de
la comunicación de la adopción por el Depositario. El Depositario comunicará
sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida. Una Parte podrá
en cualquier momento retirar una declaración anterior de objeción, y en tal
caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha Parte, con sujeción a lo
dispuesto en el apartado c) del presente artículo;
c) Al vencer el plazo de un año contado desde la fecha de
la comunicación de la adopción por el Depositario, el anexo entrará en vigor
para todas las Partes en el presente Convenio o en el protocolo de que se trate
que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto en el
apartado b) de este párrafo.
3. La propuesta, adopción y entrada en vigor de enmiendas a
los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo estarán sujetas al
mismo procedimiento aplicado en el caso de la propuesta, adopción y entrada en
vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo.
4. Cuando un
nuevo anexo o una enmienda a un anexo se relacione con una enmienda al presente
Convenio o a cualquier protocolo, el nuevo anexo o el anexo modificado no
entrará en vigor hasta que entre en vigor la enmienda al Convenio o al
protocolo de que se trate.
ARTÍCULO 32. RELACIÓN ENTRE EL PRESENTE CONVENIO Y SUS
PROTOCOLOS.
1. Un Estado o una organización de integración económica
regional no podrá ser Parte en un protocolo a menos que sea, o se haga al mismo
tiempo. Parte Contratante en el presente Convenio.
2. Las decisiones
relativas a cualquier protocolo sólo podrán ser adoptadas por las partes en el
Protocolo de que se trate. Cualquier Parte Contratante que no haya ratificado,
aceptado o aprobado un protocolo podrá participar como observadora en cualquier
reunión de las Partes en ese protocolo.
ARTÍCULO 33. FIRMA. El presente Convenio estará abierto a la firma en Río de
Janeiro para todos los Estados y para cualquier organización de integración
económica regional desde el 5 de junio de 1992 hasta el 14 de junio de 1992, y
en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, desde el 15 de junio de 1992
hasta el 4 de junio de 1993.
ARTÍCULO 34. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O
APROBACIÓN.
1.. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán
sujetos a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados y por las
organizaciones de integración económica regional. Los instrumentos de
ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Depositario.
2. Toda organización de las que se mencionan en el párrafo
1 de este artículo que pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio o
en cualquier protocolo, sin que sean Partes Contratantes en ellos sus Estados
Miembros, quedará vinculada por todas las obligaciones contraídas en virtud del
Convenio o del protocolo, según corresponda. En el caso de dichas
organizaciones, cuando uno o varios de sus Estados miembros sean Partes
Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente, la
organización y sus Estados miembros decidirán acerca de sus responsabilidades
respectivas en cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud
del Convenio o del protocolo, según corresponda. En tales casos, la
organización y los Estados Miembros no estarán facultados para ejercer
concurrentemente los derechos previstos en el presente Convenio o en el
protocolo pertinente.
3. En sus instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación, las organizaciones mencionadas en el párrafo 1 de este artículo
declararán el ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas
por el presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones
también informarán al Depositario sobre cualquier modificación pertinente del
ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 35. ADHESIÓN.
1. El presente Convenio y cualquier protocolo estarán
abiertos a la adhesión de los Estados y de las organizaciones de integración
económica regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma
del Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesión se
depositarán en poder del Depositario.
2. En sus instrumentos de adhesión, las organizaciones a que
se hace referencia en el párrafo 1 de este artículo declararán el ámbito de su
competencia con respecto a las materias reguladas por el presente Convenio o
por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también informarán al
Depositario sobre cualquier modificación pertinente del ámbito de su
competencia.
3. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 34 se
aplicarán a las organizaciones de integración económica regional que se
adhieran al presente Convenio o a cualquier protocolo.
ARTÍCULO 36. ENTRADA EN VIGOR.
1. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo día
después de la fecha en que haya sido depositado el trigésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
2. Todo protocolo entrará en vigor el nonagésimo día
después de la fecha en que haya sido depositado el número de instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión estipulado en dicho protocolo.
3. Respecto de cada parte Contratante que ratifique, acepte
o apruebe el presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido
depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, el Convenio entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en
que dicha parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
4. Todo protocolo, salvo que en él se disponga otra cosa,
entrará en vigor para la Parte Contratante que lo ratifique, acepte o apruebe o
que se adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en
el párrafo 2 de este artículo el nonagésimo día después de la fecha en que
dicha parte Contratante deposite su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, o en la fecha en que el presente Convenio entre en vigor
para esa parte Contratante, si esta segunda fecha fuere posterior.
5. A los efectos de los párrafos 1 y 2
de este artículo, los instrumentos depositados por una organización de
integración económica regional no se considerarán adicionales a los depositados
por los Estados Miembros de tal organización.
[25] Sentencia C-154 de 1999 M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
[26] Sentencia C-991 de 2000 M.P. Alvaro Tafur
Galvis.  En el mismo sentido ver la Sentencia C-916/01 M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa  S.V. Magistrados Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra,
Rodrigo Escobar Gil, Clara Inés Vargas Hernández