T-064-06
Sentencia T-1079/03
Sentencia
T-064/06
ACCION DE TUTELA-Improcedencia general
para resolver controversias laborales
La Corte
Constitucional ha sido consistente en sus pronunciamientos cuando determina que
la acción de tutela no es mecanismo procedente para resolver conflictos entre
patronos y trabajadores, salvo en los casos en que se evidencie un perjuicio
irremediable, resultado de la real violación de un derecho fundamental del
actor o en los que no hay medio judicial idóneo para defender los derechos
fundamentales de la persona afectada, toda vez, que existen normalmente vías
judiciales aptas para la protección de los derechos violados o amenazados,
instituidas en el ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral, como la
encargada que es de proferir los fallos de mérito sobre el particular. Así, es
como no se ha admitido la utilización de este medio para el reconocimiento de
derechos laborales de origen puramente legal, sino que, excepcionalmente, le ha
dado prosperidad a la acción de tutela por la necesidad de garantizar la
efectividad de derechos constitucionales fundamentales, como en el caso de que
esté de por medio el mínimo vital o necesidades básicas inaplazables,
especialmente de personas cuya protección constitucional por mandato de la
Carta Suprema deba ser prioritaria, o que por situaciones objetivas especiales,
la jurisprudencia les haya reconocido la necesidad de protección a través de
esta vía
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL TRABAJADOR-Pago oportuno de aportes por empleador
DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Fundamental por conexidad con la vida la
dignidad humana y la integridad física
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Alcance
PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD-Cobija
por igual tanto en régimen contributivo como subsidiado
La garantía
constitucional de la continuidad en la prestación del servicio público de
salud, cobija por igual, tanto a los afiliados al sistema en el régimen
contributivo como en el  subsidiado y a la población vinculada, pues ésta no
pude quedar al margen de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social
en Salud; así, habiéndose iniciado para cualquier persona una prestación médica
por parte del Estado, cuando persista la necesidad de ese tratamiento,
necesidad evaluada bajo los parámetros que se han expuesto, deberá proseguirse
con la atención médica ofrecida en un principio por la entidad respectiva,
garantizando que los medicamentos, exámenes y procedimientos médicos que el
paciente requiera le sean suministrados, de manera integral y sin restricción
alguna
ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD-Continuidad en la prestación de servicios de salud
Esta
Corporación la Corporación ha concluido que está a cargo de las entidades
promotoras de salud -EPS- y demás instituciones que deben suministrar el
servicio público de salud, preservar la garantía de la continuidad en su
prestación, como postulado constitucional, por lo que, ninguna discusión de
índole contractual, económica  o administrativa justifica la negativa de las
mismas a seguir proporcionando un  tratamiento necesario que se encuentre en
curso; y en consecuencia, por estos obstáculos, no puede ser interrumpido el
servicio, so pena de que la conducta contraria de estas entidades, ocasione
que  derechos fundamentales de los usuarios del sistema se vean afectados,
resultando por tanto violatoria de los mismos y por ende censurable por el juez
constitucional. Así, en cada caso, deberá
establecerse si los motivos en los que la EPS ha fundado su decisión de
interrumpir el servicio, son constitucionalmente aceptables
CONTRATO DE TRABAJO-Terminación por
parte de la empresa empleadora
no faculta en todos los casos para suspender en forma automática servicios de
salud
El Estado la
obligación constitucional de prestar el servicio de salud a toda la población,
bien sea de manera directa o a través de las entidades pertenecientes al
sistema, tratándose de pacientes que estaban afiliados a una EPS por la
relación laboral y venían recibiendo de ésta un servicio de salud específico
del cual depende su vida o su integridad, pero que han sido desvinculados
laboralmente, estas entidades deberán continuar la prestación del servicio de
salud necesario, en forma oportuna e integral, dirigido a alcanzar la mejoría o
alivio de sus padecimientos, hasta tanto la entidad obligada a continuar con la
atención, efectivamente asuma su obligación; esto operará, continúen o no los
pacientes afiliados al sistema, porque será extensivo a las personas que por
defecto se tengan  como vinculadas al mismo; y será responsabilidad de esas
entidades, que en forma diligente y oportuna informen, instruyan y acompañen al
paciente, de ser necesario, en los trámites que deba efectuar para el cambio de
entidad. Pues, si bien las entidades promotoras de salud actúan sobre el
sustento de la permanencia de un trabajador en el empleo y en el sistema de
salud, porque las proyecciones de viabilidad y desarrollo del mismo se hacen
sobre la base de que por cada afiliado y por cada beneficiario se compensa a
una EPS en el monto de una Unidad de Pago por Capitación, la vida o la
integridad de una persona enferma no puede quedar desprotegidas debido a que la
compensación proveniente de los aportes ya no opere para continuar financiando
el servicio y, habida cuenta que las empresas conservarán su facultad de
repetir por los gastos asumidos que le sean ajenos
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD EN SALUD-Finalidad
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL-Hipótesis en que puede encontrarse un ex
trabajador respecto del sistema de salud
Las distintas
hipótesis en que puede encontrarse un ex trabajador respecto del sistema de
salud las diferentes condiciones en que se le continuará prestando la atención
para garantizarle el goce efectivo de los derechos fundamentales que pueden
verse afectados por la interrupción en la prestación del servicio a causa de la
desvinculación laboral, se sintetizan así: (i) si la persona continúa afiliada
al sistema como cotizante o beneficiario, puede ser a la misma EPS o a otra
diferente; en el primer caso, como es obvio no se presenta  ningún
inconveniente para continuar con la prestación del servicio; pero en el segundo
caso, “la EPS que venía prestando el servicio sí debe asumir la carga de
garantizar la continuidad del servicio de salud específico que se esté
prestando, cuando de él dependa la vida o integridad de una persona, hasta
tanto la nueva EPS lo asuma. No obstante, es deber de la primera EPS encargarse
de tomar las medidas necesarias para que, en el menor tiempo posible, la nueva
EPS asuma sus responsabilidades”; (ii) si la persona pasa a estar vinculada al
Sistema de Salud, a través del régimen subsidiado, por encontrarse en situación
económica que le da derecho a ello, “En tal caso, la EPS que venía prestando el
servicio asume el deber de garantizar la continuidad de la prestación de éste,
hasta tanto la ARS correspondiente, o la entidad territorial correspondiente,
según sea el tratamiento que se requiera, asuma la prestación del mismo”; (iii)
si la persona tiene recursos económicos suficientes para seguir costeando el
tratamiento que se le viene prestando, tiene derecho a que se le garantice la
continuidad del servicio, pero “deberá asumir el costo del mismo”; y,  (iv) si
la persona está por fuera de los regímenes contributivo y subsidiado, por
defecto, se encuentra en el régimen vinculado; la obligación es de la EPS que
venía prestando el servicio de salud específico, “La EPS debe garantizar la
continuidad del servicio de salud para proteger los derechos del paciente,
hasta tanto la nueva entidad encargada de prestar el servicio en cuestión asuma
sus obligaciones legales y los continúe efectivamente prestando. La EPS y las
entidades territoriales correspondientes son responsables, en sus respectivas
órbitas de acción, de que el traslado del paciente de la EPS a la nueva entidad
sea lo más cuidadoso posible y no conlleve afectación alguna de la vida o
integridad del paciente puesto que sus derechos constitucionales prevalecen,
razón por la cual el servicio médico específico no puede ser interrumpido”.
Como se observa, en todas las anteriores eventualidades se estableció un límite
temporal a la obligación de las EPS, lo cual así se expresó en esa sentencia en
los siguientes términos: “3.4.2. La obligación de garantizar la continuidad del
servicio de salud es de carácter estrictamente temporal,.. [...]que debe ser
transferida según los trámites legales establecidos para ello, a la nueva entidad
que según las reglas del Sistema, tiene el deber de asumirlo”.
DERECHO A LA CONTINUIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD Y PRINCIPIO DE
ATENCION INTEGRAL EN SALUD-Obligatoriedad
ACCION DE TUTELA-Improcedencia reembolso de dineros por
asunción de costo de medicamento
Referencia: expediente  T-1201296
Acción de tutela instaurada por David Rocha Caballero, contra,
Empresa “Transportes Urbanos Dorada Ltda.”
Magistrada Ponente:
Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos
mil seis (2006)
La Sala Novena
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Clara Inés Vargas Hernández, Jaime Araújo Rentería y Alfredo Beltrán
Sierra, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere
la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos
por los Juzgados Segundo Civil Municipal de La Dorada, Caldas y, Primero Civil
del Circuito de la misma ciudad, en el trámite de la acción de tutela instaurada
por David Rocha Caballero, contra la Empresa “Transportes Urbanos Dorada Ltda.”
de la ciudad de La Dorada, Caldas.
I.  ANTECEDENTES.
El  señor David Rocha Caballero,
interpuso acción de tutela en contra de la Empresa “Transportes Urbanos Dorada
Ltda.”, de la que fuera empleado, por considerar que le ha violado sus derechos
a la vida, a la integridad física, a la salud, a la igualdad y al trabajo,
cuando deja de cancelar por él los aportes al servicio de salud después de
haberlo despedido, impidiendo por ello que la EPS Saludcoop a la que estaba
afiliado, continuara prestándole la atención médica de que requiere en razón a
un accidente de trabajo que sufriera estando al servicio de la accionada y por
el que, según prescripción médica, requiere nuevamente de una cirugía y de los
exámenes respectivos para la valoración de anestesia.  Estima ante su mal
estado de salud, que por la falta de continuidad en la atención médica se ponen
en peligro inminente sus derechos a la salud, a la vida y a la integridad
física y acude a este mecanismo de protección, con fundamento en los
siguientes,
1.- Hechos y Pretensiones:
Manifiesta el accionante que desde el mes
de septiembre del año 1996, prestó sus servicios como conductor para la empresa
demandada, cuya razón social era “Urbanos Arco Iris” y ahora “Urbanos Dorada
Ltda..” y que desde esa fecha, se encontraba afiliado como cotizante a la EPS
Saludcoop.
Asegura que estando al servicio  de la
misma, sufrió un accidente en su pie derecho que dice, no fue reportado por la
empleadora  a la Administradora de Riesgos Profesionales como accidente de
trabajo. Que por las lesiones ocasionadas, el 24 de noviembre de 2004 se le
realizó una cirugía plástica con injertos, debiendo acudir a controles
periódicos cada 15 días en la ciudad de Bogotá,  durante los cuales, el 26 de
mayo de 2005, se le ordenó  la práctica de una nueva cirugía porque los
injertos efectuados no mejoraron su estado sino que, afirma, empeoraron su
salud.
Sostiene que la demandada ignoró su
situación de salud cuando lo despidió de su trabajo el 1º de marzo de 2005,
dejando de pagar los aportes a la EPS y ordenando su retiro del sistema como
afiliado a su cargo; lo que ocasionó, que arguyendo esa razón, la entidad
prestadora de salud se abstuviera de dar continuidad a su tratamiento médico y
concretamente, que el 5 de julio de 2005, le negara la autorización para la
nueva cirugía prescrita por los médicos tratantes y para la práctica de los exámenes
previos a la misma.
Igualmente asevera, que por su estado de
salud no puede caminar, que debe estar postrado en una cama y que en razón de
la enfermedad que padece, nadie le quiere dar trabajo; y alega, que por su
situación de desempleado no tiene recursos económicos propios y no cuenta con
ningún apoyo para sufragar los gastos de los medicamentos que le formula el
ortopedista, ni los exámenes y cirugía prescritos, que consisten en : (i)
exámenes de laboratorio: “CH, TP, LCPTT y Glicemia”; (ii) cirugía de “injerto
de piel en área especial, incluye cara, cuello, genitales, planta de pie y
zonas de flexión no incluyendo dedos” .
En ese orden de ideas, solicita se le
proteja el derecho a la salud en conexidad con los fundamentales invocados, y
en tal medida, se ordene a la demandada, “me siga cancelando el derecho a la
salud, hasta tanto no se me evalúe y se me califique la invalidez y la pérdida
de capacidad laboral, como también se ordene se me suministre el medicamento
Hebermin Crema con factor de crecimiento ya que me ha tocado prestar dinero
para comprarlo...”, invocando para ello, la función del Estado Social de
Derecho, el principio de prevalencia del derecho sustancial y pronunciamientos
jurisprudenciales[1],
de los que entiende, ante el estado de salud en que se encontraba, con una
cirugía pendiente, la razón del despido de la empresa no es suficientemente
válida para que deje de prestársele la atención médica que requiere como
persona gravemente enferma que es.
2. Actuación
en el juzgado de primera instancia.
El Juzgado Segundo Municipal de La Dorada al asumir el conocimiento
de la anterior demanda de tutela, en el Auto en que se dispone admitir el
trámite[2],
ordena oficiar a la empresa accionada para que explique porqué razón y desde
qué momento no volvió a consignar los aportes de salud del demandante y
solicitar por el mismo medio a la EPS Saludcoop las explicaciones sobre las
razones que tuvo para no seguir suministrando el servicio de la salud al
accionante. En razón a ello, se libran sendas comunicaciones de notificación de
existencia del trámite y requerimiento a la accionada y de solicitud de
información a la segunda,[3]
en virtud de las cuales reciben las siguientes respuestas:
2.1. De la
empresa demandada.
El señor Edwin
Alexander Ramos García en condición de gerente general de la empresa “Transportes
Urbanos Dorada Ltda.”, informa que el accionante laboró para ellos desde el 23
de abril de 2003 al 01 de abril de 2005, cuando fue retirado por terminación
unilateral del contrato de trabajo producida con base en las causales de  los
artículos 62 y literal a) numeral 2 del artículo 63 del Código Sustantivo del
Trabajo, hecho por el cuál, éste interpuso en contra de la empresa que
representa acción de tutela que le fuera negada por el Juzgado Tercero Penal
Municipal de esa ciudad. Adjunta copia del fallo respectivo e igualmente anexa
copia del contrato de trabajo, de la comunicación de terminación, liquidación
de prestaciones y orden de pago de cesantías[4].
2.2. De
Saludcoop EPS.
En comunicación
que reposa a folio 50, la empresa prestadora de salud da respuesta puntal al
requerimiento de información que le hiciera el juzgado, manifestando que al
señor David Rocha Caballero, identificado con la cédula de ciudadanía No.
10.170.17, estuvo afiliado a esa E.P.S. como cotizante, hasta el 30 de marzo de
2005 bajo la razón social “Urbanos Dorada”, fecha en que fue retirado por su
empleador por autoliquidación y por tanto, no recibe a través de esa empresa
los servicios contemplados en el POS; pero advierte que, Saludcoop EPS le
suministró todos los medicamentos y en general, todos los tratamientos médicos
que requirió durante el tiempo que permaneció estuvo afiliado.
Con posterioridad, una vez proferido el fallo de primera instancia y
dentro del término de impugnación del mismo, funge como parte en la actuación
asumiendo la condición de accionada y procede a ejercer su derecho de defensa
dando contestación a la demanda interpuesta, exponiendo los argumentos que se
resumen a continuación:
Manifiesta inicialmente,
que  el accionante[5]
“se encuentra afiliado al sistema de seguridad social en salud en el régimen
contributivo a través de Saludcoop en calidad de cotizante dependiente desde el
4/6/2003. Se encuentra al día en pagos y cuenta con 93 semanas de
cotización al sistema”. No obstante, a párrafo seguido consigna que: “actualmente
se encuentra desafiliado de Saludcoop EPS por la empresa Transportes
Urbanos de la Dorada en fecha 05/04/05 cancelo el mes de abril y realizó
novedad de retiro para el usuario en mención. Es decir fue retirado por su
empleador desde el día 3/31/2005”[6].
( Subrayas fuera de texto).
Luego, procede a oponerse a la prosperidad de la acción interpuesta
y concretamente a que se le obligue a dar continuidad en la prestación del
servicio de salud al accionante, argumentando: (i) la existencia de otro medio
de defensa para el demandante que desplaza la utilización de este mecanismo,
como es la actuación ante la jurisdicción laboral por competencia asignada por
la Ley 362 de 1997 para decidir los conflictos entre las entidades de seguridad
social y sus afiliados y las normas pertinentes de los Decretos 1222 y 1259 de
1994 sobre la solución a los conflictos relacionados con las preexistencias,
exclusiones y periodos mínimos de cotización a cargo  de la Superintendencia
Nacional de Salud, por lo que en su concepto, se deben respetar las
competencias de las diferentes autoridades; (ii) inexistencia de violación o
amenaza a derechos fundamentales por las actuaciones de Saludcoop EPS, lo que
dice, hace igualmente improcedente la acción de tutela porque en su sentir, su
comportamiento es una conducta legítima en contra de la cual no procede acción
de tutela, toda vez que, se ajusta en estricto orden a la legislación de la
materia, habida cuenta que el accionante ya no se encuentra afiliado a esa
empresa, como prerrequisito para  tener la obligación de atenderlo, ya que el
retiro trae como consecuencia la exclusión del Sistema General de Seguridad
Social en Salud; (iii) porque lo perseguido por el actor es la consecución de
un factor económico, por lo que en nada se desmedra ni se pone en peligro su
derecho fundamental a la vida y con ello, sí se atenta contra el equilibrio
financiero del sistema de seguridad social en salud, por tratarse de los gastos
de atención a una persona que no aporta al mismo y eso rompería la compensación
entre la EPS y el Estado; (iv) finalmente, porque el accionante puede acudir al
régimen subsidiado en salud, demostrando ante el Sisben su incapacidad
económica para pertenecer al régimen contributivo; argumento éste bajo el cual,
solicita al juzgado la convocatoria a la presente actuación del Sisben o de la
entidad del Estado respectiva, para que efectúe dicha afiliación  y así se le
brinden al accionante los servicios de salud de acuerdo con lo que establece la
Ley.
II.
DECISIONES  OBJETO DE REVISIÓN.
1.  Sentencia
de primera instancia[7].
Mediante sentencia del 22 de julio de
2005, el Juzgado Segundo Civil Municipal de la Dorada niega el amparo
constitucional solicitado, al encontrar improcedente la acción de tutela en
este caso porque, en su consideración, existía para el accionante otro medio
para la defensa judicial de sus derechos que ha debido utilizar y no lo hizo,
contrariando así la subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela como
mecanismo de protección de los derechos ya que, para el fallador, es
irrefutable que lo reclamado por el demandante, como es el que la accionada
“Urbanos Dorada” continúe efectuando los aportes en salud mientras se  le
califica su estado de invalidez y se le declara en estado de incapacidad
laboral, así  como el suministro del medicamento Hebermin Crema, puede ser
alcanzado por otro medio judicial cuya competencia corresponde a la
jurisdicción laboral, porque en la actualidad no labora para la empresa
accionada. Sustenta igualmente su apreciación, en el fallo de tutela aportado
por el ex – empleador, en que se le negó al mismo accionante el amparo
solicitado en esa oportunidad, por tratarse  también de reclamaciones de tipo
laboral.
1.1.  Impugnación[8].
El actor inconforme con la anterior decisión,
impugna el fallo al estimar que no se sentenció de acuerdo con lo expuesto en
la demanda de tutela, sino con base en lo atinente a acreencias laborales; que
el padecimiento que afectó su salud se produjo estando vigente el contrato de
trabajo con la empresa Transportes Urbanos La Dorada Ltda., y que por ello,
debe ordenársele que continúe con el pago de sus aportes hasta que solucione su
problema, porque a causa de ese accidente se encontraba en tratamiento médico
por parte de Saludcoop EPS, dentro del cual, tenía pendiente la cirugía a que
se hizo referencia en los hechos, sobre  la que estima que de no practicársele,
le puede causar otra lesión más grave en su pie afectado, como un cáncer o una
cangrena (sic); y en desacuerdo con las afirmaciones de la EPS acerca de
haberle suministrado todos los medicamentos que requirió durante el periodo en
que estuvo afiliado, aporta algunas facturas de los gastos en medicinas que
dice debió asumir de su peculio, solicitando se le ordene a esta entidad su
reembolso, pues estima que en su caso se cumplieron las exigencias de la
jurisprudencia constitucional para que  las EPS tengan la obligación de
suministrar a sus afiliados medicamentos excluidos del plan obligatorio de
salud. De igual forma, solicita se ordene que por parte de un especialista en
ortopedia se dictamine sobre su lesión, reiterando la solicitud de que se de
prevalencia  a su derecho a la vida, que ve claramente amenazado, sobre los
preceptos inferiores que le sean incompatibles.
Por otra parte, como se advirtiera, es
durante esta etapa que la EPS Saludcoop asumiendo la calidad de accionada, da
la respuesta ya relacionada a las pretensiones de la presente acción de tutela.
2.  Sentencia de Segunda Instancia[9].
El Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada,
Caldas, decide la impugnación presentada por el accionante
confirmando el fallo proferido en primera instancia, mediante providencia del 6
de septiembre de 2005, considerando acertados los fundamentos con que el a-quo
determinó la improcedencia de la acción por existir otro mecanismo judicial de
defensa, que estima idóneo para ello y, porque efectuada la confrontación
fáctica del caso, no se evidenciaron los presupuestos jurisprudenciales
establecidos para determinar la existencia de un perjuicio irremediable a los
derechos fundamentales del actor, que prohijara el amparo de tutela como
mecanismo transitorio de protección; y agrega que por ello, no era admisible la
utilización de esta vía, pues resultaría alternativa, paralela o acumulativa a
las ordinariamente establecidas para reclamación, contrariándose así los
fundamentos con que fue instituida la acción en el artículo 86 de la
Constitución, como mecanismo protector y no declarativo de derechos. Así, afirma
que si el accionante considera que fue injustamente despedido, debe acudir en
reclamación a un proceso ordinario laboral y advierte al demandante, que como
ya había instaurado acción de tutela por aspectos relacionados con esta
materia, en la que fue enterado que la tutela no es la vía indicada para
efectivizar derechos laborales, su nueva utilización puede tornarse en actuar
temerario, por el que podría estar incurso en las sanciones correspondientes.
Acoge además en sus planteamientos de decisión, los argumentos de la
accionada Saludcoop EPS, relativos a la alternativa del accionante para
inscribirse en el régimen subsidiado de salud previa admisión en el Sisben,
donde deberá acreditar las condiciones necesarias para el efecto.
III.- PRUEBAS.
De las pruebas obrantes en el expediente, se relacionan como
relevantes las siguientes:
3.1 -  Documentos aportados al proceso
por el accionante:
-
A partir del folio 4[10], obran fotocopias de
la “Evolución Historia Clínica General” de David Rocha C, c.c. 10.170.171, en
Saludcoop EPS, cuyos registros en su mayoría son ilegibles, junto con otros
documentos donde  en el denominado “ Referencia de pacientes”, para el
07/07/2004, en el resumen se anota como impresión diagnóstica “úlcera
crónica pos traumática cuello de pie izq. con osteomielitis astrágalo” y
como “justificación de la referencia del paciente” “colgajo libre....(ilegible)
....Clínica San Rafael”.
-
Dentro de los documentos antes referidos, se
encuentra el estudio de RX de tobillo[11]
efectuado el 31 de agosto de 2004 en que se registra: “Se aprecia fractura
antigua del tercio distal de la tibia con formación de callo hipertrófico y
fragmento óseo hacia la pared interna espicular. Irregularidad del calcáneo, de
la articulación astrágalo calcánea con espolón calcáneo y calcificación del
tendón de teaquiles(sic)”. Igualmente, reposan la solicitud respectiva y
posterior autorización / remisión de la EPS mencionada, para que en la Clínica
San Rafael de Bogotá se le suministre control por ortopedia al paciente[12].
-
En varios folios que corresponden al “Registro
consulta externa de evolución” del Hospital Universitario Clínica San Rafael[13], en la parte relativa
a la “Descripción de la anormalidad” y “Plan terapéutico”, puede leerse que la
lesión en el cuello del pie de David Rocha, para el 14/10/2004 era de 12 x 8
cmts. con tejido de granulación escaso y pálido, para el  28/10/ 2004, era de
10 x 6 cmts., y se registran ordenes de dos curaciones diarias y constancia de
solicitud a EPS de autorización  para “injerto de piel....(ilegible)”[14].
-
A folio 15, reposa una autorización de Saludcoop
EPS del 26/052005, para la práctica de cirugía plástica al accionante en
condición de cotizante, en la IPS Saludcoop cud casa de especialistas 103, que contiene igualmente la remisión a esa.
-
Los documentos siguientes, corresponden a las
solicitudes de servicios  efectuadas  por la “Corporación IPS Saludcoop
Cundinamarca” el 05/07/05, para que se le efectúen al paciente los exámenes de
laboratorio “CH,
TP-LCPTT, Glicemia” , para “Interconsulta- Anestesia” y de “Sala de cirugía” para el procedimiento:
“injerto de piel en área especial, incluye cara,
cuello, genitales, planta de pie, zonas de flexión (no incluye dedos)”[15].
- Se
aportaron varias facturas de compra venta de medicamentos[16]
3.2. La accionada Transportes Urbanos la Dorada Ltda., allega
fotocopia simple de:
- La sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de la Dorada el 19 de mayo de 2005, dentro de la acción
de tutela instaurada por David Rocha Caballero  en su contra[17], en la que se registran como hechos el no pago de la liquidación y
prestaciones sociales al día siguiente de haber sido
despedido, invocando como derechos agraviados el debido proceso, defensa,
igualdad y mínimo vital. La decisión en comento niega la acción interpuesta al
considerar, en síntesis, que si bien es contra un particular frente al que el
actor podría tener relación de subordinación, no existe
en éste el elemento de indefensión  que le impida la utilización de los
mecanismos ordinarios de reclamación laboral ante la jurisdicción de ese ramo;
porque no se evidenció la vulneración de los derechos invocados ni la presencia de un perjuicio irremediable y, porque los hechos
relacionados con el despido injusto expuestos por el mismo, son extraños a la
actuación en tutela, porque deben ser sometidos a la valoración de la justicia
laboral.
-  Del contrato de trabajo, notificación de
su terminación, liquidación de prestaciones y orden de pago de cesantías al
accionante.[18]
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.
Competencia.
Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y demás disposiciones pertinentes y
por la escogencia del caso por la Sala de Selección No. 10, del 14 de octubre
de 2005.
2. Problema
Jurídico.
De acuerdo con
lo debatido en el presente caso, la Sala de Revisión entra a  resolver
en primer lugar, si la acción de tutela es mecanismo procedente para definir la
legalidad de la terminación unilateral de la relación contractual laboral por
parte del empleador cuando el trabajador se encuentra en tratamiento médico
específico, y por tanto para decidir sobre la obligación de aquel de continuar
o no efectuando los aportes al sistema de seguridad social en salud por el ex–empleado
y, en segundo término, si con la terminación del contrato de trabajo por parte
de la empresa empleadora, se faculta a la Entidad Prestadora de Salud a la que
el trabajador venía afiliado, para que en todos los eventos, en razón de la
desafiliación laboral, le suspenda los servicios médicos específicos que
requiere y le viene suministrando, cuando el ex trabajador no se ha afiliado
nuevamente al régimen de seguridad social en salud. Para el efecto, se
reiterará la jurisprudencia alusiva a estos temas, que en forma precisa ha
expuesto la Corporación.
3. Improcedencia general de la acción de tutela para dirimir
controversias laborales.
La Corte
Constitucional ha sido consistente en sus pronunciamientos cuando determina que
la acción de tutela no es mecanismo procedente para resolver conflictos entre
patronos y trabajadores, salvo en los casos en que se evidencie un perjuicio
irremediable, resultado de la real violación de un derecho fundamental del
actor o en los que no hay medio judicial idóneo para defender los derechos
fundamentales de la persona afectada, toda vez, que existen normalmente vías
judiciales aptas para la protección de los derechos violados o amenazados,
instituidas en el ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral, como la
encargada que es de proferir los fallos de mérito sobre el particular[19].
Así, es como no
se ha admitido la utilización de este medio para el reconocimiento de derechos
laborales de origen puramente legal, sino que, excepcionalmente, le ha dado
prosperidad a la acción de tutela por la necesidad de garantizar la efectividad
de derechos constitucionales fundamentales, como en el caso de que esté de por
medio el mínimo vital o necesidades básicas inaplazables, especialmente de
personas cuya protección constitucional por mandato de la Carta Suprema deba
ser prioritaria, o que por situaciones objetivas especiales, la jurisprudencia
les haya reconocido la necesidad de protección a través de esta vía[20]. Ha dicho la
Corte:
“Las acciones laborales no siempre son suficientes para salvaguardar
los derechos constitucionales fundamentales que pueden resultar violados por
actos contrarios a la normatividad integrante de la legislación del trabajo
pero que ante todo desconocen el Ordenamiento Fundamental y los tratados
internacionales sobre derechos humanos, y en esos eventos, dejando a salvo la
plena competencia de los jueces laborales para resolver acerca de los asuntos
que les corresponden, es posible tutelar los derechos de orden constitucional
respecto de cuya efectividad no resulta idóneo el medio judicial ordinario. Hay
una diferencia de objeto entre la defensa y exigibilidad, por la vía judicial,
de los derechos laborales de origen puramente legal y la efectividad de los
derechos constitucionales fundamentales cuando de manera directa son afectados
por conductas u omisiones respecto de las cuales no es suficiente el poder de
decisión de los jueces ordinarios a la luz de las leyes que aplican, y aunque
ellos también están obligados a plasmar en sus sentencias los postulados
constitucionales, resulta evidente que si la materia misma del proceso
ordinario no cobija el motivo de la violación constitucional, la mayor amplitud
en el objeto de la demanda instaurada abre paso a la competencia del juez
constitucional en lo específicamente relativo a la protección de los derechos
fundamentales. Por eso, no obstante que el amparo constitucional es
improcedente en principio cuando existe otro medio judicial de defensa, no duda
esta Corte en reiterar los criterios que sobre efectividad del mecanismo
judicial alternativo ha venido plasmando la jurisprudencia, según los cuales si
aquél no es idóneo para la finalidad de preservación cierta y real de los
derechos fundamentales afectados, en cotejo directo con la Constitución Política,
aunque existan formalmente, no desplazan a la acción de tutela”.[21]
En este
contexto, la Corte en la sentencia T-679 de 2001[22],
formuló unas condiciones para la procedencia excepcional de la tutela sobre
controversias laborales en los siguientes términos:
“Esta Corporación ha considerado que en ciertas circunstancias
excepcionales es posible acudir al amparo constitucional para resolver esta
clase de conflictos. Así, la Corte ha señalado que una controversia laboral
puede someterse a juicio de tutela, desplazando el medio ordinario de defensa
cuando se reúnan las siguientes condiciones: (1) que el problema que se debate
sea de naturaleza constitucional, es decir, que pueda implicar la violación de
derechos fundamentales de alguna de las partes de la relación laboral, puesto
que si lo que se discute es la violación de derechos de rango legal o
convencional, su conocimiento corresponderá exclusivamente al juez laboral; (2)
que la vulneración del derecho fundamental se encuentre probada o no sea
indispensable un amplio y detallado análisis probatorio, ya que si para la
solución del asunto es necesaria una amplia controversia judicial, el
interesado debe acudir a la jurisdicción ordinaria pues dicho debate escapa de
las atribuciones del juez constitucional y (3) que el mecanismo alternativo de
defensa sea insuficiente para proteger íntegramente los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados y no resulte adecuado para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable de carácter iusfundamental.”
Ahora bien, en el campo de las relaciones laborales, nuestro
ordenamiento jurídico contempla una serie de obligaciones al empleador sobre la
seguridad social integral del trabajador, cuyo cumplimiento, es de evaluación,
determinación y decisión funcional por parte de la jurisdicción ordinaria
laboral, de acuerdo con lo establecido constitucional y legalmente en materia
de competencias. Es así como sobre los asuntos de que conoce la jurisdicción
ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, en lo que atañe
a esta actuación, dispone el Código Sustantivo del Trabajo :
” Articulo 2º—Modificado Ley  712 de
2001, art. 2º. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus
especialidades laboral y de seguridad social conoce de:
1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente
en el contrato de trabajo.
2. [...] 3. [...]
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social
integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los
empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea
la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se
controviertan.
5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y
del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.
6. [...] 7.  [...] 8.[...] 9.[...]”
Como se observa, dentro de estos asuntos indudablemente se
encuentran contenidos todos los relativos a las afiliaciones, aportes, riesgos
profesionales, enfermedades, accidentes que puedan ocurrir a las personas
vinculadas por contrato de trabajo como consecuencia de la labor que
desarrollan, que entre otros ocupan la atención en esta actuación; y en esa
medida, la solución a sus controversias, de acuerdo con lo indicado, está
establecida legalmente para ser decidida en forma primaria por esa
jurisdicción.
Atendiendo a las
consideraciones precedentes, significa lo anterior que solamente ante la
comprobación de una evidente vulneración o amenaza de derechos fundamentales o
de garantías constitucionales en razón de la relación laboral, para cuya
efectiva protección o restablecimiento, el mecanismo de defensa establecido en
el procedimiento ordinario que la legislación procesal laboral tiene previsto
para tal fin sea insuficiente, puede emerger la acción de tutela como  medio
judicial  para el logro de ese objetivo. En consecuencia, quien estime
vulnerados sus derechos laborales por un despido o por las consecuencias del
mismo, debe acudir ante el juez laboral para que sea éste, quien con pleno
respeto de las garantías constitucionales, de ambas partes, mediante el proceso
correspondiente, determine la legalidad o ilegalidad del despido, y para que,
en éste ultimo caso, conmine al empleador infractor al restablecimiento de las
condiciones laborales del trabajador que sean pertinentes; pues siendo éstos
pronunciamientos de exclusiva competencia de esa rama, a través de la acción de
tutela no podrán ser ordinariamente emitidos ya que, contra derecho,
injustificadamente, se estaría invadiendo esa órbita de conocimiento.
4.- Derecho a la salud y a la seguridad social. Fundamentales cuando
están en conexidad con la vida, dignidad humana e integridad física.
La Corte ha
explicado en forma insistente que el derecho a la salud cuenta con elementos
que permiten darle dos connotaciones a su naturaleza[23]: la de ser un
componente o  predicado inmediato del derecho a la vida, que implica un estado
completo de bienestar físico, mental y social, el cual es variable y
susceptible de afectaciones múltiples que inciden en mayor o menor medida en la
vida del individuo[24]
y de otra parte, el ser un derecho de reconocimiento constitucional, según se
sienta en el artículo 49 de la Carta Política, que en principio no es derecho
fundamental autónomo[25],
pues su efectividad se encuentra ligada a la existencia de regulaciones para la
prestación del servicio por parte del Estado, lo que hace que corresponda a un
derecho de carácter prestacional. Pero igualmente, se ha reconocido que puede
adoptar la calidad de derecho fundamental por conexidad, merced a su relación
inescindible con el derecho a la vida y a la integridad física, lo que sucede,
cuando es necesario garantizar estos últimos a través de la recuperación del
primero[26]
y por la garantía constitucional del Estado social de derecho, al disfrute de
unas condiciones dignas mínimas de orden vital[27].
Con relación a la seguridad social, se instituye en el artículo 48 Superior
como un servicio público de carácter obligatorio a cargo del Estado y como
derecho irrenunciable de todos los habitantes, que debe ser desarrollado en la
ley; considerándose por ello jurisprudencialmente, como un derecho de
naturaleza prestacional. Pero cuando la falta de su prestación tiene incidencia
directa en  un derecho de jerarquía fundamental,  adquiere esta categoría por
conexidad.
También la
Corporación ha sostenido que el derecho a la salud en conexión con el derecho a
la vida, no solo debe ampararse cuando se está frente a un peligro de muerte, o
de perder una función orgánica de manera definitiva, sino cuando está
comprometida la situación existencial de la vida humana en condiciones de plena
dignidad[28]. Esta relación jurisprudencial de la salud
con el derecho a la vida digna, se ha expresado en múltiples pronunciamientos
de la Corte, entre otros, en los siguientes términos:
“(...) El ser
humano, ha dicho la jurisprudencia, necesita mantener ciertos niveles de salud
para sobrevivir y desempeñarse, de modo que, cuando la presencia de ciertas
anomalías en la salud, aun cuando no tenga el carácter de enfermedad, afectan
esos niveles, poniendo en peligro la dignidad personal, resulta válido pensar
que el paciente tiene derecho, a abrigar esperanzas de recuperación, a procurar
alivio a sus dolencias, a buscar, por los medios posibles, la posibilidad de
una vida, que no obstante las dolencias, pueda llevarse con dignidad.”[29]
“El derecho constitucional fundamental a la vida no significa, en
manera alguna, la posibilidad de existir de cualquier manera, sino la
posibilidad de tener una existencia digna. Así, no solamente el que la persona
sea puesta al borde de la muerte amenaza el derecho a la vida, sino que, aunque
tal circunstancia sea lejana, también lo amenaza el hecho de que su titular sea
sometido a una existencia indigna, indeseable, dolorosa, etc. El dolor es, sin
lugar a dudas, una de aquellas circunstancias que hacen indigna la existencia y
si insistimos en que el derecho a la vida debe entenderse a la luz del artículo
1° de la Constitución Política, que funda esta República unitaria en "el
respeto de la dignidad humana", aunque su padecimiento no ponga a quien lo
sufre al filo de la muerte, hay violación de dicha garantía fundamental cuando
nada se hace para superarlo, siendo ello posible.”[30]
Es entonces el enlace que surge entre el hecho de la falta o
deficiencia en la prestación de los servicios de la salud y a la seguridad
social y el riesgo o afectación  que ello ocasiona sobre derechos fundamentales
como el derecho a la vida, a la integridad física o al principio que impone el
respeto por la dignidad de la persona humana, lo que hace que esos derechos
prestacionales  adquieran por conexidad la categoría de fundamentales y así,
sea procedente la acción de tutela para prodigar su amparo[31]. Y en este contexto,
ha definido la Corte, que la atención y el tratamiento a que tienen derecho los
pertenecientes al sistema de seguridad social en salud cuyo estado de
enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones
dignas, son integrales, es decir, deben contener todo cuidado, suministro de
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes
para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el
médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la
salud del paciente[32]
o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores
condiciones.
5.  Principio de continuidad
en la prestación del servicio público de
salud.
Se sostiene en la jurisprudencia constitucional que, al ser la
prestación de los servicios públicos uno de los fines primordiales del Estado,
entre los principios que la rigen, está el de “continuidad”, que se deriva del
propio texto constitucional y de la ley, cuando se impone la eficiencia como
una de sus principales características y a la cual, se encuentra ese ligado. Se
ha indicado en este sentido que, “(…) del propio texto constitucional se extrae
la prestación eficiente del servicio público. Eficiencia que se traduce en la
continuidad, regularidad y calidad del mismo”, y que el artículo 1º del
Decreto 753 de 1956 define el servicio público como “ toda actividad
organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular
y continua de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice
por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas” [33]; por lo que se
estableció que: “El servicio público responde por definición a una necesidad
de interés general; ahora bien, la satisfacción del interés general no podría
ser discontinua; toda interrupción puede ocasionar problemas graves para la
vida colectiva. La prestación del servicio público no puede tolerar
interrupciones.”[34]
La atención de la salud es un servicio público a cargo del Estado,
conforme lo dispone el artículo 49 Superior, por lo que participa de los
principios que rigen su prestación; y ha sido calificado legalmente y
jurisprudencialmente como esencial[35],
con lo que se determina que no puede ser suspendido sin justificación
constitucionalmente admisible; así en éste, la continuidad implica que debe
darse el servicio de manera ininterrumpida, constante y permanente, dada la
necesidad que del mismo tiene el conglomerado social[36]. Al respecto se ha
manifestado por la Corporación que:
“La jurisprudencia constitucional se ha encargado de concretar el
contenido y alcance del derecho de los ciudadanos a no sufrir interrupciones
abruptas y sin justificación constitucionalmente admisible de los tratamientos
en salud que reciben. Los criterios que informan el deber de las E.P.S de
garantizar la continuidad de las intervenciones médicas ya iniciadas son: (i)
las prestaciones en salud, como servicio público esencial, deben ofrecerse de
manera eficaz, regular, continua y de calidad, (ii) las entidades que tiene a
su cargo la prestación de este servicio deben abstenerse de realizar
actuaciones y de omitir las obligaciones que supongan la interrupción
injustificada de los tratamientos, (iii) los conflictos contractuales o
administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la
empresa, no constituyen justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a
la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados.”[37]
A este respecto, igualmente por la Corte se ha desarrollado el criterio
de la “necesidad” del tratamiento o medicamento, como pauta para establecer
cuándo resulta inadmisible que se suspenda el servicio público de seguridad
social en salud, lo cual ha indicado en los siguientes términos:
“Por necesarios, en el ámbito de la salud, deben tenerse
aquellos tratamientos o medicamentos que de ser suspendidos implicarían la
grave y directa afectación de su derecho a la vida, a la dignidad o a la
integridad física. En este sentido, no sólo aquellos casos en donde la
suspensión del servicio ocasione la muerte o la disminución de la salud o la
afectación de la integridad física debe considerarse que se está frente a una
prestación asistencial de carácter necesario. La jurisprudencia ha fijado casos
en los que desmejorar inmediata y gravemente las condiciones de una vida digna
ha dado lugar a que se ordene continuar con el servicio.”[38]
Por lo anterior,
la Corporación ha concluido que está a cargo de las entidades promotoras de
salud -EPS- y demás instituciones que deben suministrar el servicio público de
salud, preservar la garantía de la continuidad en su prestación, como postulado
constitucional, por lo que, ninguna discusión de índole contractual, económica
o administrativa justifica la negativa de las mismas a seguir proporcionando
un  tratamiento necesario que se encuentre en curso; y en consecuencia, por
estos obstáculos, no puede ser interrumpido el servicio, so pena de que la
conducta contraria de estas entidades, ocasione que  derechos fundamentales de
los usuarios del sistema se vean afectados, resultando por tanto violatoria de
los mismos y por ende censurable por el juez constitucional [39]. Así, en cada caso, deberá establecerse si los motivos en los que la EPS
ha fundado su decisión de interrumpir el servicio, son
constitucionalmente aceptables[40].
Es de anotar que
frente a la carga de continuidad, a efectos de mantener
la viabilidad del sistema de seguridad social en salud, la jurisprudencia ha
reconocido que persiste para esas entidades la facultad de ejercer los
mecanismos que el ordenamiento jurídico les suministra para el cobro o recobro
de los gastos en que incurran y no estuviesen obligadas a asumir. Al punto,
debe tenerse en cuenta igualmente, que la obligatoriedad en la continuidad del
servicio, no implica la definición de quién soporta la carga del mismo, lo que
la Corte ha manifestado así:
“El hecho de
que se ordene continuar prestando el servicio médico, de ninguna manera implica
algún tipo de definición del problema econó­mico de a quién corresponde
finalmente asumir el costo. Como se indicó, el principio de continuidad permite
separar los dos debates, de forma tal que se garantice el goce efectivo de los
derechos, sin que éstos dependan de finiquitar las otras discusiones. La
jurisprudencia ha señalado que ordenar a una EPS que se preste un servicio de
salud en razón al principio de continuidad, no implica resolver la cuestión de
quién es el responsable de costearlo.[41]”
Por otra parte,
debe advertirse que la garantía constitucional de la continuidad en la
prestación del servicio público de salud, cobija por igual, tanto a los
afiliados al sistema en el régimen contributivo como en el  subsidiado y a la
población vinculada, pues ésta no pude quedar al margen de la cobertura del
Sistema General de Seguridad Social en Salud[42];
así, habiéndose iniciado para cualquier persona una prestación médica por parte
del Estado, cuando persista la necesidad de ese tratamiento, necesidad evaluada
bajo los parámetros que se han expuesto, deberá proseguirse con la atención
médica ofrecida en un principio por la entidad respectiva, garantizando que los
medicamentos, exámenes y procedimientos médicos que el paciente requiera le
sean suministrados, de manera integral y sin restricción alguna[43].
6.-  La terminación del contrato de trabajo, no faculta a las
E.P.S., para suspender en todos los casos, los servicios médicos necesarios que
se venían prestado a quien estaba afiliado.
La Corte al efectuar el estudio de constitucionalidad del artículo 43 de la Ley 789 de 2002[44],
- norma que en suma dispone la obligatoriedad que tienen las entidades
promotoras de salud de continuar con la prestación del servicio al trabajador
que esté afiliado, aunque el empleador se encuentre en mora de girar los
aportes-, abordó y definió de manera específica el tema de la continuidad en la
prestación del servicio de salud por parte de la EPS a que venía afiliado un
trabajador, respecto del cual, se dejen de efectuar los aportes en salud,
contemplando las distintas situaciones fácticas que pueden surgir. Se
identificó dentro de estos casos, la terminación de la relación laboral,
incluyéndose por tanto en la decisión adoptada, que fue declarar exequible la
norma acusada[45]
en el entendido de que  “en ningún caso[46]
se podrá interrumpir el servicio de salud específico que se venía prestando,
cuando de él depende la vida o la integridad de la persona, hasta tanto la
amenaza cese u otra entidad asuma el servicio”[47].
Para el efecto, se determinó como condicionante de la constitucionalidad del
precepto evaluado, el sentido de las normas constitucionales que consagran el
derecho a la vida y a la salud y de la jurisprudencia constitucional al
respecto, para garantizar el goce efectivo de los derechos mencionados,
e igualmente, se atendieron como fundamentos el principio de continuidad del
servicio público de salud, el principio de solidaridad, así como la distinción
que debe hacerse entre las relaciones de la EPS con el empleador y las de ésta
con el empleado[48].
Tuvo en cuenta entonces la Corte, las consideraciones que ha expuesto a través
de sus pronunciamientos sobre la finalidad de los principios y en especial el
de la solidaridad tratándose de seguridad social,  que desde la sentencia T-005
de 1995[49]
ha expresado así:
“Los principios sirven para
sustentar soluciones a los problemas de sopesamiento de intereses y valores, de
tal manera que la decisión final no habría sido la misma de no existir dicho
principio. La solidaridad es un principio que no puede ser entendido a
cabalidad con independencia del concepto de efectividad de los derechos
fundamentales. En efecto, ambos postulados constitucionales obran en aquellas
circunstancias en las cuales la aplicación del sistema legal de derechos y
obligaciones resulta disfuncional en relación con la protección de los derechos
fundamentales. Dicho en otros términos, el estricto seguimiento de las prescripciones
legales no siempre conduce a los objetivos propuestos por el sistema. La
efectividad del derecho, entendida como correspondencia entre la conducta y el
contenido normativo, no siempre trae consigo la eficacia del derecho, entendida
como correspondencia entre objetivos y resultados. En el Estado social de
derecho no basta con que las normas se cumplan; es necesario, además, que su
cumplimiento coincida con la realización de principios y valores
constitucionales.
El principio de
solidaridad permite que el derecho a la seguridad social se realice, si es
necesario, a través de la exigencia de una prestación adicional por parte de
entidades que han cumplido con todas las obligaciones previstas en la
legislación competente. El principio aludido impone un compromiso sustancial
del Estado y de los empleadores, en la protección efectiva de los derechos
fundamentales de los trabajadores y de sus familiares.”
En el fallo de constitucionalidad referido, indicó  la Corporación:
“3.3.5. En conclusión, la jurisprudencia constitucional con base en
el principio de continuidad del servicio público de salud y en la distinción
que existe entre la relación de la EPS con el empleador y la relación de la EPS
con el empleado, ha garantizado que una persona continúe recibiendo un servicio
médico específico (tratamiento o medicamento) que sea necesario para proteger
principalmente sus derechos a la vida y a la integridad. La protección efectiva
de estos derechos fundamentales lleva al juez de tutela a impedir que por
controversias de índole contractual, económico o administrativo, se permita a
una entidad incumplir la responsabilidad social que tiene para con la comunidad
en general, y con sus afiliados y beneficiarios en particular.
[...]
3.4. Dentro del
sentido de las normas constitucionales que consagran el derecho a la vida y a
la salud y de la jurisprudencia constitucional al respecto, la Corte
Constitucional debe entonces condicionar la exequibilidad de la norma para
garantizar el goce efectivo de los derechos invocados.
3.4.1. En
efecto, si la persona deja de tener una relación laboral, deja de cotizar al
régimen contributivo del Sistema de Salud y no se encuentra vinculada de
ninguna otra forma a dicho régimen, pero estaba recibiendo un servicio
específico de salud, se pueden distinguir dos situaciones posibles: (a) que la
vida y la integridad de la persona dependan del servicio médico específico que
se está recibiendo y (b) los demás casos. En la primera situación,
constitucionalmente no es admisible que se interrumpa el servicio de salud
específico que se venía prestando, pues, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, ello implicaría sacrificar el goce efectivo de los derechos a
la vida y a la integridad de una persona. Son entonces las EPS que prestaban en
cada caso específico el servicio requerido las que deben garantizar, en primera
instancia, que la prestación del mismo no se suspenda; en segunda instancia, la
obligación de garantizar la continuidad en la prestación del servicio será
responsabilidad de la entidad o las entidades a las cuales les corresponda
seguir atendiendo a la persona, dependiendo de la situación jurídica y
económica en la que ésta se encuentre.  [...]
Sin embargo, como se trata de un servicio que no se encuentre
presupuestado dentro de los recursos que recibe la EPS correspondiente a cada
uno de sus afiliados, ni siquiera parcialmente, es preciso señalar que los
dineros no deben ser asumidos por la cuentas de compensación. Si el paciente
ha sido desvinculado laboralmente, por ejemplo, el servicio de salud específico
que venía recibiendo, y del cual depende su vida o su integridad, debe
continuar prestándose en virtud del principio de solidaridad, el cual
impide que la vida o la integridad de una persona gravemente enferma quede desprotegida
debido a que la compensación proveniente de los aportes ya no opera para
continuar financiando el servicio. Por eso, si el paciente no cuenta con los
medios para sufragar la continuidad del servicio específico, cuando la EPS
repita contra el Fosyga, es el sistema de solidaridad, de la cuenta
correspondiente, el que habrá de responder por todos los costos y de manera
oportuna aplicando las reglas sobre el derecho de petición y haciendo el
giro efectivo dentro de un plazo razonable necesario para hacer las
verificaciones del caso”.(Subrayas fuera de texto).
Y así, de la jurisprudencia al fallar casos concretos se compilaron
en ese pronunciamiento las situaciones de prohibición a las EPS de suspender
los tratamientos o medicamentos necesarios para salvaguardar la vida:
“Una EPS no puede suspender un tratamiento o un medicamento
necesario para salvaguardar la vida y la integridad de un paciente, invocando,
entre otras, las siguientes razones: (i) porque la persona encargada de hacer
los aportes dejó de pagarlos; (ii) porque el paciente ya no esta inscrito en
la EPS correspondiente, en razón a que fue desvinculado de su lugar de trabajo;
(iii) porque la persona perdió la calidad que lo hacia beneficiario (iv) porque
la EPS considera que la persona nunca reunió los requisitos para haber sido
inscrita, a pesar de ya haberla afiliado; (v) porque el afiliado se acaba de
trasladar de otra EPS y su empleador no ha hecho aún aportes a la nueva
entidad; o (vi) porque se trata de un servicio específico que no se había
prestado antes al paciente, pero que hace parte integral de un tratamiento que
se le viene prestando”.(Resalta la Sala).
Como se advirtió, en la sentencia en mención se identificaron las
distintas hipótesis en que puede encontrarse un ex trabajador respecto del
sistema de salud y se precisaron las diferentes condiciones en que se le
continuará prestando la atención para garantizarle el goce efectivo de los
derechos fundamentales que pueden verse afectados por la interrupción en la
prestación del servicio a causa de la desvinculación laboral, que en lo
pertinente para información y solución del caso en estudio, se sintetiza así:
(i) si la persona continúa afiliada al sistema como cotizante o beneficiario,
puede ser a la misma EPS o a otra diferente; en el primer caso, como es obvio
no se presenta  ningún inconveniente para continuar con la prestación del
servicio; pero en el segundo caso, “la EPS que venía prestando el servicio
sí debe asumir la carga de garantizar la continuidad del servicio de salud
específico que se esté prestando, cuando de él dependa la vida o integridad de
una persona, hasta tanto la nueva EPS lo asuma. No obstante, es deber de la
primera EPS encargarse de tomar las medidas necesarias para que, en el menor
tiempo posible, la nueva EPS asuma sus responsabilidades”; (ii) si la
persona pasa a estar vinculada al Sistema de Salud, a través del régimen
subsidiado, por encontrarse en situación económica que le da derecho a ello, “En
tal caso, la EPS que venía prestando el servicio asume el deber de garantizar
la continuidad de la prestación de éste, hasta tanto la ARS correspondiente, o
la entidad territorial correspondiente, según sea el tratamiento que se
requiera, asuma la prestación del mismo”; (iii) si la persona tiene
recursos económicos suficientes para seguir costeando el tratamiento que se le
viene prestando, tiene derecho a que se le garantice la continuidad del
servicio, pero “deberá asumir el costo del mismo”; y,  (iv) si la
persona está por fuera de los regímenes contributivo y subsidiado, por defecto,
se encuentra en el régimen vinculado; la obligación es de la EPS que venía
prestando el servicio de salud específico, “La EPS debe garantizar la
continuidad del servicio de salud para proteger los derechos del paciente,
hasta tanto la nueva entidad encargada de prestar el servicio en cuestión asuma
sus obligaciones legales y los continúe efectivamente prestando. La EPS y las
entidades territoriales correspondientes son responsables, en sus respectivas
órbitas de acción, de que el traslado del paciente de la EPS a la nueva entidad
sea lo más cuidadoso posible y no conlleve afectación alguna de la vida o
integridad del paciente puesto que sus derechos constitucionales prevalecen,
razón por la cual el servicio médico específico no puede ser interrumpido”.
Como se observa, en todas las anteriores eventualidades se estableció un límite
temporal a la obligación de las EPS, lo cual así se expresó en esa sentencia en
los siguientes términos: “3.4.2. La obligación de garantizar la continuidad
del servicio de salud es de carácter estrictamente temporal,.. [...]que debe
ser transferida según los trámites legales establecidos para ello, a la nueva
entidad que según las reglas del Sistema, tiene el deber de asumirlo”.
Corolario de lo anterior es que, como existe para el Estado la
obligación constitucional de prestar el servicio de salud a toda la población,
bien sea de manera directa o a través de las entidades pertenecientes al
sistema, tratándose de pacientes que estaban afiliados a una EPS por la
relación laboral y venían recibiendo de ésta un servicio de salud específico
del cual depende su vida o su integridad, pero que han sido desvinculados
laboralmente, estas entidades deberán continuar la prestación del servicio de
salud necesario, en forma oportuna e integral, dirigido a alcanzar la mejoría o
alivio de sus padecimientos, hasta tanto la entidad obligada a continuar con la
atención, efectivamente asuma su obligación; esto operará, continúen o no los
pacientes afiliados al sistema, porque será extensivo a las personas que por
defecto se tengan  como vinculadas al mismo; y será responsabilidad de esas
entidades, que en forma diligente y oportuna informen, instruyan y acompañen al
paciente, de ser necesario, en los trámites que deba efectuar para el cambio de
entidad. Pues, si bien las entidades promotoras de salud actúan sobre el
sustento de la permanencia de un trabajador en el empleo y en el sistema de
salud, porque las proyecciones de viabilidad y desarrollo del mismo se hacen
sobre la base de que por cada afiliado y por cada beneficiario se compensa a
una EPS en el monto de una Unidad de Pago por Capitación, la vida o la integridad de una persona enferma no puede quedar
desprotegidas debido a que la compensación proveniente de los aportes ya no
opere para continuar financiando el servicio y, habida cuenta que las empresas conservarán
su facultad de repetir por los gastos asumidos que le sean ajenos[50].
7.- Caso
concreto.
El señor David Rocha Caballero instauró acción de tutela en contra
de la empresa “Transportes Urbanos La Dorada Ltda.”, para reclamar que la
misma, como empleador que dio por terminado unilateralmente su contrato de
trabajo, siguiera efectuando a su nombre los aportes de ley por salud y hasta
tanto no se califique su estado de invalidez e incapacidad laboral, para que la
EPS Saludcoop le siga prestando la atención médica específica que requiere y
que le fue suspendida por esa entidad cuando se le había ordenado una nueva
cirugía, en razón a la desvinculación laboral. Posteriormente, en la
impugnación a la decisión de primera instancia, negando que la atención de la
EPS haya sido completa como esa lo afirma, solicitará que se ordene a Saludcoop
EPS que le devuelva los dineros que ha gastado en la compra de medicamentos que
le han prescrito los médicos tratantes y que ésta no le ha suministrado.
Las accionadas, con distintos argumentos, se oponen a la prosperidad
de la tutela alegando básicamente la existencia de otro
medio de defensa para el demandante que desplaza la utilización de este
mecanismo, alegando que es a la jurisdicción laboral a la que compete decidir
los conflictos de esa naturaleza y, que la solución a los relacionados con las
preexistencias, exclusiones y periodos mínimos de cotización está a cargo  de
la Superintendencia Nacional de Salud, conforme a lo dispuesto por los Decretos
1222 y 1259 de 1994. “Transportes Urbanos La Dorada
Ltda.”, alega haber hecho uso de la facultad que los artículos 62 y 63 del
Código Sustantivo del trabajo confieren a los empleadores para dar por
terminado el contrato de trabajo por justa causa y haber agotado en forma
debida el procedimiento para el despido, acreditando haber cancelado al
accionante la liquidación de prestaciones correspondiente; además, soportó su
respuesta en los fundamentos con que se negó al accionante otra acción de
tutela que en forma fallida intentó en su contra para que le pagara las
prestaciones sociales. Y, la EPS Saludcoop, justifica la no continuidad en la
prestación del servicio al accionante, en la desafiliación del sistema que
hiciera por autoliquidación la empleadora.
Los falladores de instancia  son acordes en manifestar que la
solución a la situación demandada corresponde a la jurisdicción laboral y en
consecuencia, que al existir mecanismo judicial ordinario de defensa que
consideraron  idóneo para el efecto, la acción de tutela no es procedente y por
tanto se niega el amparo deprecado. El ad-quem además, llama la atención al
actor sobre una posible acción temeraria de su parte, toda vez que considera
que en su actuación anterior por esta vía, se le advirtió que la tutela no era
mecanismo para dirimir conflictos laborales y aún así promovió la nueva
reclamación en esa materia por este medio.
7.1.- Consideración previa. Integración del contradictorio.
La Sala de
Revisión observa en el presente caso, que la acción  interpuesta se dirigió
únicamente en contra de la empresa empleadora, a quien por tal circunstancia,
como parte le fue notificada la admisión de la misma de conformidad con
lo previsto por el artículo 5º del Decreto  306 de 1992[51], de acuerdo con la
comunicación obrante a folio 33, previa consideración del a-quo de que se
cumplía con las exigencias del inciso segundo del numeral primero del artículo
1º del Decreto 1382 de 2000 para la procedencia de la acción de tutela en
contra de particulares. Al punto, se expresa la conformidad de la Corporación
con la admisión del trámite, por ajustarse a los criterios jurisprudencialmente
establecidos para el efecto.
No obstante, al ser la finalidad ulterior de lo pretendido por el
accionante la continuidad en la prestación del servicio de salud que se le
venía suministrando, lo cual evidentemente estaba a cargo de una entidad
perteneciente al sistema de seguridad social en salud y por ende, era sujeto
distinto de la demandada y a quien la decisión a que se llegara podría
comprometer, en este caso la EPS Saludcoop, el juez de primera instancia debió
llamarla como parte pasiva al proceso y en tal condición, notificarle  la
actuación en debida forma y no limitarse a requerir de ella, como “prueba”,
según lo determinó en el auto admisorio, respuesta puntual a un cuestionario
sobre los hechos[52].
La anterior circunstancia,
en principio, podría configurar una indebida integración del contradictorio,
causal de nulidad de lo actuado[53],
pero ya la Corte ha indicado en múltiples eventos, que esta la nulidad es
saneable si, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 del Código de
Procedimiento Civil, los afectados se allanan y permiten la continuación del
trámite procesal. En el sub - lite se tiene que, si bien Saludcoop EPS en un
principio acudió a la actuación simplemente respondiendo el requerimiento
específico hecho por el juzgado, en el término de impugnación de la decisión de
tutela, a motuo propio interviene en la actuación fungiendo como parte
accionada, en un claro ejercicio del derecho que confiere el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991[54],
solicitando la negación del amparo constitucional pedido, sin alegar la nulidad
y permitiendo la continuación del trámite procesal, subsanando con ello la
irregularidad.
De esta forma, debe tenerse
por integrado el contradictorio en la actuación, no sin antes advertir a los
falladores de instancia, sobre la ineludible obligación que tienen de observar
el debido proceso, pues de la censurable omisión del juez de primera instancia
tampoco se percató el ad-quem.
7.2.- Solución al caso debatido.
Consta en la actuación que el accionante David Rocha Caballero
suscribió un contrato de trabajo a término indefinido con la empresa
“Transportes Urbanos Ltda.” el 23 de abril de 2003[55], de cuya terminación
unilateral por el empleador, invocando los artículos 62 y 63 del Código
Sustantivo del Trabajo y con efectividad  a partir del día 30 de marzo de 2005,
fue notificado el empleado mismo día[56].
Igualmente, que en razón de esta relación laboral participó en el sistema de
seguridad social en salud como cotizante afiliado a la EPS Saludcoop desde el día
4 de junio de 2003, hasta el 30 de marzo de 2005, fecha en que por
autoliquidación, fue desafiliado por el empleador[57].
Igualmente, se acreditó en
el proceso, con registros de la “Evolución Historia Clínica General” de
Saludcoop EPS y documentos a ella anexos que, al menos desde el día 7 de julio
de agosto de 2004, el accionante es médicamente atendido por cuenta de la
entidad mencionada, con diagnóstico de: “úlcera crónica pos traumática
cuello de pie izq. con osteomielitis astrágalo”[58]  y que presenta una “fractura
antigua del tercio distal de la tibia con formación de callo hipertrófico y
fragmento óseo hacia la pared interna espicular. Irregularidad del calcáneo, de
la articulación astrágalo calcánea con espolón calcáneo y calcificación del
tendón de teaquiles[59]”,
por lo que ha venido proporcionándosele tratamiento de ortopedia y cirugías de
injerto de piel[60],
prescribiéndose por los facultativos, una nueva intervención quirúrgica de
injerto de piel, que por su descripción, ya no solo involucra el área  del
cuello del pie, donde fue la lesión inicial[61],
para lo cual, era necesaria la realización de exámenes previos para la
valoración anestésica del paciente. Es de advertir que, aunque a folio 15
aparece el formato de autorización de servicios No. 0000000042644 del
26/05/2005 expedido por Saludcoop EPS para efectuar al accionante como
“afiliado cotizante” el procedimiento de “cirugía plástica” de “úlcera del
miembro inferior” con remisión para el efecto a la “IPS Saludcoop cud casa de
especialistas 103”, por la interposición de la acción de tutela con
posterioridad a esa fecha y las respuestas dadas en el curso del proceso por la
EPS, la operación no se realizó, siendo la razón para ello, la desafiliación del
paciente, como lo ha reconocido esta accionada.
Ante la situación fáctica que se ha reseñado, pasa la Sala a
pronunciarse sobre las pretensiones del accionante, así:
7.2.1. Frente  a lo reclamado de la
empresa empleadora “Transportes Urbanos La Dorada
Ltda.”, no prospera la tutela interpuesta por tratarse de controversias de
carácter laboral, que corresponde dirimir a la jurisdicción laboral ordinaria.
Sin lugar a dudas, los cargos de violación a sus derechos que el
actor hace a esta accionada, corresponden a situaciones
atinentes a la relación laboral que sostenían, si se tiene en cuenta que:
(i) Al acusarle de haber
omitido dar aviso a la Administradora de Riesgos Profesionales del accidente
que sufrió y que ha ocasionado su estado actual de enfermedad,
aunque no lo exprese en la demanda, buscaba poner en evidencia su sentir, de
que si así lo hubiera hecho la empresa, posiblemente la atención a su problema
de salud – que es lo que en últimas pretende- estaría a cargo de esa entidad;
pero este hecho, únicamente plantea para este proceso,
el eventual incumplimiento de una obligación del empleador que se encuentra
expresamente establecida en la legislación laboral[62], por lo que tal situación, como se advirtiera en las
consideraciones expuestas en este fallo, debe ser de conocimiento de la
justicia laboral ya que no comporta los elementos que se han resaltado por la
jurisprudencia de la Corte para que la acción de tutela
desplace el mecanismo judicial ordinario de reclamación, toda vez que por si
misma, en este caso, esa posible omisión no pone en riesgo derechos
fundamentales del accionante que en su momento fue atendido médicamente por la
EPS.
(ii) En igual forma, como de acuerdo con los argumentos jurisprudenciales expuestos,
no es del resorte del juez constitucional la valoración y decisión de las
circunstancias que hacen o no admisibles las causales que justifican la
terminación unilateral de un contrato de trabajo, no es
procedente definir por esta vía si el estado de salud del accionante debió ser
considerado o no por el empleador al momento del despido; pues ya se estableció
en las citadas consideraciones que solo a la jurisdicción laboral le está
encomendada en el ordenamiento jurídico, de forma
privativa, conocer de tales controversias, siendo únicamente admisible un
pronunciamiento al respecto a través de la tutela, en las excepcionales
circunstancias que se reseñaron en las reflexiones precedentes, primordialmente porque se establece la insuficiencia o falta de
idoneidad del medio judicial ordinario para contrarrestar un riesgo inminente a
derechos fundamentales, evidenciado para el caso concreto; pues, esto es lo
que  impone la intervención del juez constitucional
para su protección, bajo el entendido de que su evaluación se dirigirá a
demostrar esta situación de repercusión constitucional, lo que en forma alguna
implica la calificación misma de las causales laborales de despido. En este
orden de ideas,  si el accionante considera injustas,
inoportunas o en fin, no ajustadas a derecho las razones por las que el
empleador le terminó su contrato unilateralmente, está en libertad de hacer la
reclamación ante la justicia laboral si de acuerdo con las disposiciones que la rigen, ello es procedente.
Así las cosas, como la
relación laboral entre “Transportes Urbanos  La Dorada Ltda.” y David Rocha Caballero se encuentra formalmente terminada, no
pueden imponerse al empleador cargas que solamente surgen cuando el contrato de
trabajo está vigente. Por tanto, al no existir fundamento legal que lo
soporte,  no se despachará favorablemente la petición
de ordenar a esta accionada que continúe realizando aportes en salud por quien
ya no es su empleado.
7.2.2.- La EPS Saludcoop, está en la
obligación de continuar con el tratamiento médico iniciado al paciente David
Rocha Caballero, en razón de su lesión en la extremidad
inferior, aunque éste fue desafiliado del sistema de seguridad social en salud
por “Transportes Urbanos  La Dorada Ltda.” como empleador, por terminación de
la relación laboral entre ellos.
Ciertamente,
este es uno de los casos en que se dan los presupuestos
indicados en los precedentes jurisprudenciales invocados en las
consideraciones, para que la entidad promotora de salud a la que venía afiliado
el trabajador, tenga la obligación de continuar con la prestación del servicio a pesar de que no se efectúen las cotizaciones por el paciente, ya
que la persona está por fuera de los regímenes
contributivo y subsidiado, y por defecto, se encuentra en el régimen vinculado.
Como se
advirtiera, en la actuación se estableció que el accionante
al ser despedido por el empleador fue desafiliado del sistema de salud por el
mismo, sin que al momento en que instaura esta acción, hubiera vuelto a
inscribirse como afiliado bajo alguno de los regímenes; pero como por ello no
puede excluirse de la obligatoria protección estatal en
salud, pertenecerá al sistema en calidad de vinculado y así,  las implicaciones
de tal condición, en últimas solamente revierten en el Sistema de Seguridad
Social en Salud, donde se debe definir, de acuerdo con la normatividad pertinente, en quién y cómo recaen las cargas que impone la
asistencia.
Se evidenció
igualmente que estando afiliado a esa entidad, tuvo un percance en su salud
respecto del cual, no obstante haberse dado tratamiento médico por la EPS, ha
tenido un proceso degenerativo que en la actualidad, de
acuerdo con las prescripciones de los facultativos tratantes, requiere de una
nueva cirugía plástica para injertarle los tejidos que ha perdido en la
evolución de la misma; estado que sin lugar a dudas  ni mayores abstracciones, es un indicativo pleno del compromiso de la
integridad física y de la vida en condiciones dignas del petente;  por lo que,
como se ha recalcado en la jurisprudencia, no puede ser sometido a continuar
con los padecimientos que lo ocasionan, anteponiendo
como razón, el que por disposiciones legales o reglamentarias la atención de
las EPS solo se presta cuando existe la contraprestación del aporte, pues son
derechos sublimes los que están siendo afectados y su protección prima por
encima de cualquier otra consideración normativa.
Así, emerge en
este caso indiscutiblemente la relación inescindible entre los derechos
prestacionales a la salud y seguridad social con los fundamentales a la
integridad personal y a la vida digna, que exige la jurisprudencia
constitucional para inaplicar disposiciones de rango inferior a los postulados
constitucionales; y en aras de la preservación de las garantías y derechos
superiores, la protección constitucional debe hacerse efectiva disponiendo las
medidas que se requieran para que el paciente no se
quede sin la atención en salud, que en este caso es
necesaria, porque cuenta
con los elementos indicados en la jurisprudencia reiterada en esta providencia
para el efecto, y que conforme a lo considerado por la misma vía
interpretativa, está  a cargo de la EPS Saludcoop que lo venía atendiendo,
hasta tanto no pase a ser prestado el servicio en forma
cierta por el nuevo ente que le corresponda de acuerdo con la normatividad
respectiva.
La obligación de continuar con la atención médica, implica
igualmente para la EPS que esta sea integral, es decir, que bajo ninguna
circunstancia puede abstraerse de proporcionar los exámenes, valoraciones,
medicamentos y tratamientos que sean médicamente prescritos como necesarios
para atender la situación del paciente, así como  deberá instruirle en los
trámites que debe abordar para alcanzar su afiliación al sistema a través del
régimen subsidiado, teniendo en cuenta que alega incapacidad económica para
seguir siendo del régimen contributivo; y si es el caso, también deberá
coadyuvar sus peticiones para procurar prioridad en la clasificación en el
Sisben que se requiere para el efecto.
Por todo lo anterior, para el caso, no puede pretenderse que la
atención a la salud se brinde después de agotado el trámite a través de un juez
laboral o de una actuación administrativa frente a la Superintendencia Nacional
de Salud, como lo expone la EPS, porque la afectación lesiva a los derechos
fundamentales es real y actual y cualquiera sea el proceso que se aborde para
conseguir la prestación del servicio, no contrarrestaría de manera oportuna y
eficaz esa vulneración, debido al tiempo considerable que demandan  esas
actuaciones y a la incertidumbre misma de la decisión; y así ésta le fuera
favorable desde el inicio, la atención resultaría extemporánea al tutelante, lo
cual de plano no garantiza la protección de los derechos fundamentales del
accionante.[63]
Siendo así, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, Saludcoop EPS deberá autorizar
al accionante tanto la realización de los exámenes de “CH, TP, ECTPP y
Glicemia” ordenados por los facultativos tratantes para la valoración por
anestesia, así como la práctica de la cirugía de “ injerto de piel en área
especial, incluye cara, cuello, genitales, planta de pie, zonas de flexión (no
incluye dedos)”, que de acuerdo con los mismos dictámenes médicos ha sido
dispuesta; al igual que deberá proporcionarle la atención integral en salud que
requiera el paciente en razón de la enfermedad de que se da cuenta en esta
actuación, lo que significa que además, deberá suministrarle todos los
medicamentos y realizarle los exámenes y procedimientos que se requieran  según
lo prescriban los médicos.
Saludcoop EPS, de acuerdo con las disposiciones pertinentes, tendrá
derecho a que por el Estado se le retribuyan los gastos asumidos en la atención
del paciente desde que formalmente fue desafiliado de esa entidad, a fin de no
afectar el equilibrio económico a que tiene derecho en el sistema de seguridad
social en salud.
Por otra parte, en cuanto al reembolso de gastos por medicamentos
que solicita el accionante en contra de la EPS, constituye una pretensión de
contenido netamente económico, que por tal, no es viable solventar a través de
la acción de tutela como en forma consistente lo ha sostenido la jurisprudencia
y por tanto, sin mayores consideraciones, éste se constituye en suficiente
argumento para no acceder a esta petición, máxime si se tiene en cuenta que
además, es una reclamación presentada en forma tardía en la actuación, pues
solo fue esbozada en la impugnación del fallo de primera instancia y está
fundada en hechos distintos a los de la acción original, de los cuales no se
dio cuenta  en el libelo respectivo, en el que ni siquiera se demandó
directamente a la EPS que con posterioridad asumiera la condición de accionada
y por lo que ésta no tuvo oportunidad procesal de controvertirlos; y admitirlos
por la sola enunciación del petente, configuraría una abierta violación al
derecho de defensa de Saludcoop EPS y del debido proceso, por decir lo menos.
7.3.- Conclusión.
Como  en los fallos de instancia no se tuvo en cuenta que el
presente caso no solo se trataba de una reclamación de índole laboral, sino
que, como se evidenció en la Revisión, con la interrupción o suspensión en la
prestación de los servicios de salud al accionante se le están vulnerando los
derechos fundamentales a la integridad personal y a llevar una vida en
condiciones dignas al accionante, si bien la negación que sentenciaron en lo
atinente a la relación laboral con el empleador por tal motivo fue acertada, su
pronunciamiento fue insuficiente porque debió prodigarse el amparo
constitucional al derecho a la salud en conexidad con los derechos
fundamentales mencionados, para que, no obstante el estado de desafiliación, se
garantizara la continuidad en la atención a la salud del demandante por parte
de la EPS que lo venía atendiendo, de acuerdo con lo que ha establecido la
jurisprudencia constitucional sobre el tema y la cual están en la obligación de
acatar. Por tanto, dichos pronunciamientos deben ser modificados para conceder
la protección anunciada, ordenando la continuidad en la prestación del servicio
de salud a cargo de la EPS Saludcoop, en la forma y condiciones que se
indicaron en el punto que precede, quedando esa entidad facultada para repetir
contra el Fondo de Solidaridad y Garantías, el reembolso de los gastos en que
incurra por la atención del accionante, desde su desafiliación hasta que la
nueva entidad de salud contratada por las entidad territorial respectiva, se
haga cargo de ella, pues  es al Estado a quien a través de la subcuenta
respectiva, corresponde financiar los servicios asistenciales prestados a la
población vinculada, no amparada por los beneficios de los regímenes contributivo
y subsidiado del sistema general de seguridad social en salud. No se accederá
al reintegro de los valores que el demandante reclama  de la EPS Saludcoop, por
compra de medicamentos, por las razones esgrimidas en el punto respectivo.
V. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero:
MODIFICAR la sentencia proferida el 6 de septiembre
de 2005 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la Dorada Caldas, que
confirmó el fallo emitido por el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma
ciudad el 22 de julio del  mismo año, en la acción de tutela instaurada por el
señor David Rocha Caballero contra la empresa “Transportes Urbanos La Dorada
Ltda.”, en el sentido de declarar que si bien la acción en contra de esta
accionada es improcedente, SE CONCEDE el amparo tutelar al derecho a la
salud en conexidad con los derechos a la integridad personal y a la vida en
condiciones dignas del señor David Rocha Caballero, para hacerse efectivo por
la accionada Saludcoop EPS, en razón a lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO- ORDENAR, en consecuencia a la EPS Saludcoop
que, continúe prestando en forma integral, la atención médica específica que
venía suministrando al señor David Rocha Caballero para tratar la afección de
su extremidad inferior, hasta tanto no pase a ser prestado el servicio de salud
en forma cierta por el nuevo ente que le corresponda, de acuerdo con la
normatividad respectiva. La obligación por tanto, incluye proporcionarle todos
los exámenes, valoraciones, medicamentos y tratamientos que sean médicamente
prescritos como necesarios para atender la situación específica del paciente.
Igualmente, deberá instruirle en los trámites que debe abordar para alcanzar su
afiliación al sistema a través del régimen subsidiado, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: La EPS Saludcoop, a más tardar
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo, deberá autorizar al accionante tanto la realización de los
exámenes de “CH, TP, ECTPP y Glicemia” ordenados por los facultativos
tratantes para la valoración por anestesia, como la práctica de la cirugía de “
injerto de piel en área especial, incluye cara, cuello, genitales, planta de
pie, zonas de flexión (no incluye dedos)”, que de acuerdo con los mismos
dictámenes médicos ha sido dispuesta.
CUARTO: NEGAR
por improcedente la
solicitud de reintegro de los valores que el demandante reclama de la EPS
Saludcoop por compra de medicamentos, por las razones esgrimidas en el punto
respectivo.
QUINTO: Declarar que la EPS Saludcoop tiene
derecho a repetir contra el Fondo de Solidaridad y Garantías (FOSYGA), para que
se le reembolse el valor de los servicios de salud que preste al tutelante en
cumplimiento de este fallo.
SEXTO: Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME
ARAUJO RENTERÍA
Magistrado
ALFREDO
BELTRÁN SIERRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Cita de la Corte
Constitucional, las sentencias  T-645 y T-723 de 1998, SU- 562 de 1999,y T 378
de 2000.
[2] A folio 32 del
cuaderno de primera instancia.
[3] Folios 33 y 34
ib., respectivamente.
[4] Folios 35 y
siguientes ib.
[5] En el memorial con
constancia de recibido el 01 de agosto de 2005, obrante a  folio 71 cuaderno de
primera instancia.
[6] A folio 69 ib.
[7] Folio 51.
[8] Folio 67
[10] Cuaderno de primera
instancia.
[11] A folio 27,
solicitado por Saludcoop el 2004/07/07
[12] Del 3 de septiembre
de 2004, a folio 21.
[13] Folios 7 a 10
[14] Folio 9
[15] Folios 16 a 18
[16] Folios 28 y 62 a 66
cuaderno de primera instancia.
[17] Folio 36 y ss.
[18] Folios 45 a 49.
[19] Ver entre otras,
las sentencias SU- 667 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-446 de 2001,
M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[20] Cfr. entre otras, sentencias
T-925 de 2004, T-952 de 2003, M.P.,  Álvaro
Tafur Galvis; T-788 de 2003 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] Sentencia SU- 667
de 1998, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[22] Sala séptima de revisión con ponencia del magistrado
Eduardo Montealegre Lynett.
[23] En la sentencia
T-484 de 1992, M. P. Fabio Morón Díaz, esta Corte precisó: “El derecho a la
salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que pueden
agruparse en dos grandes bloques:  el primero, que lo identifica como un
predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar contra la
salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida.  Por estos
aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental.  El segundo
bloque de elementos, sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial,
ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado Social de Derecho,
en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas. La frontera entre
el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre
todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, pero en principio, puede
afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con
la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo conservan esta
naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control
de tutela”. En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias SU-039 de
1998; SU- 819 de 1999;  T-1104 de 2000; T- 689 de 2001.
[24] Ver Sentencias T-597 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-645
de 1998 M.P., Fabio Morón Díaz.
[25] Ver sentencias T-395 de 1998, T-076 de1999 y T-231de
1999,  M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-090 de 2003 M.P., Clara Inés Vargas
Hernández, entre muchas otras.
[26] Esta línea jurisprudencial se ha seguido de manera
reiterada en múltiples pronunciamientos de la Corporación, entre los cuales se
enuncian para su confrontación, las sentencias T-494 de 1993 M.P,. Vladimiro
Naranjo Mesa; T-271de 1995 M.P., Alejandro Martínez Caballero, T- 927 de 2004, T- 510, T- 616 y T- 618 de 2005 M.P.,
Álvaro Tafur Galvis; T- 681, T-828 de 2005 M.P.,  Humberto Antonio Sierra
Porto; T- 581, T- 738 de 2004, T-940 de 2005 M.P., Clara Inés Vargas Hernández.
[27] Sentencia T-732 de 1998 M.P., Fabio Morón Díaz.
[28] Ver Sentencia T-271 de 1995 M.P, .Alejandro Martínez
Caballero
[29] Sentencia T-1344 de 2001, M.P.,  Álvaro Tafur Galvis.
[30] Sentencia T-010 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
En el mismo sentido, Cfr. entre otras sentencias T-119 y T-579 de 2000.
[31] Ver sentencias T-491 de 1992, M.P., Eduardo Cifuentes
Muñoz,  SU-039 de 1998, M.P., Hernando Herrera Vergara, entre muchas otras.
[32] En este sentido se ha pronunciado la Corporación,
entre otras, en la sentencia T-136 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[33] Sentencia
T-406 de 1993, M.P., Alejandro Martínez Caballero.
[34] Ibídem.
[35] Ley 100  de 1993, artículo 2º. La Sala Plena de la
Corte Constitucional ha señalado que “(…) el Sistema General de Salud creado
por el constituyente de 1991 y desarrollado por el legislador en 1993, se
estableció con el objetivo esencial de proteger la salud como derecho y
servicio público esencial  de todos los habitantes en Colombia”.
[36] Esta línea jurisprudencial se ha seguido en múltiples
pronunciamientos entre los que se citan para su confrontación las sentencias,
T-965 de2005 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-656 de 2005 M.P., Clara Inés Vargas
Hernández; T- 777 de 2004, T-1210 de 2003 y  T-170 de
2002 M.P., Manuel José Cepeda Espinosa
[37] Sentencia T-1198 de 2003, M.P., Eduardo Montealegre
Lynett.
[38] Sentencia T-170 de 2002, M.P., Manuel José Cepeda
Espinosa, reiterando la línea jurisprudencial establecida desde la sentencia T-406 de 1993.
[39] En este sentido se han expresado las conclusiones
sobre el tema en los fallos más recientes de la Corte, como en las sentencias
T- 224 y T-656 de 2005 con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas
Hernández, T-  270 y T-508 de 2005 M.P., Álvaro Tafur Galvis.
[40] En la sentencia C-800 de 2003, se recordó que la
Corte ha enunciado algunas situaciones que hacen constitucionalmente admisible
la interrupción del servicio de salud, entre las cuales se pueden mencionar por ejemplo, cuando el tratamiento fue eficaz
y cesó el peligro para la vida y la integridad, en conexidad con la salud, pues
el principio de continuidad del servicio público no exige que se siga un
tratamiento inocuo ni tampoco ordena que pasados varios meses de haberse
terminado un tratamiento por una enfermedad se inicie uno nuevo y distinto por
otra enfermedad diferente. No obstante recalcó que deberá estudiarse cada
situación en concreto y que, “en todo caso, cuando constitucional y legalmente
no corresponda a una EPS continuar un tratamiento médico, lo que se decida al
respecto ha de ser producto de un debido proceso básico (artículo 29, C.P.),
precepto desarrollado por el legislador al impedir categóricamente a las EPS
desafiliar de forma unilateral y caprichosamente a una persona”.
[41] Cfr. sentencias T-829 de 1999, M.P. Carlos Gaviria
Díaz; T-170 de 2002, M.P., Manuel José Cepeda y T-974 de 2000, M.P. Alejandro
Martínez Caballero Espinosa. En la sentencia SU-819 de 1999, M.P, Álvaro Tafur
Galvis, la Corte Constitucional recoge y unifica su jurisprudencia al respecto.
Y en la sentencia C-800 de 2003, la Corte estableció que: “Ahora bien, en los casos en que las EPS
deban seguir atendiendo a una persona, a pesar de que ésta ya no cotiza para el
régimen contributivo, se generarán unos costos que no encuentran respaldo
financiero en el régimen contributivo. La jurisprudencia de esta Corte ya ha
reiterado que es el Estado, por intermedio del Fondo de solidaridad y garantía
(Fosyga) del Ministerio de Protección Social, quien debe responder
oportunamente a las peticiones mediante las cuales una EPS repita para asegurar
la sostenibilidad del sistema.
[42] El
Sistema de Salud se rige, entre otros, por el principio de universalidad, de
conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política y 2º de la Ley 100
de 1993, definido como “la garantía de la
protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las
etapas de la vida”.
[43] Cfr. Sentencia T-1167 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
[44] Sentencia C-800 de 2003, M.P., Manuel José Cepeda
Espinosa. El texto del mencionado artículo es del siguiente tenor : “Artículo
43. Aportes a la seguridad social. Estando vigente la relación laboral no se
podrá desafiliar al trabajador ni a sus beneficiarios de los servicios de
salud, cuando hubiera mediado la correspondiente retención de los recursos por
parte del empleador y no hubiera procedido a su giro a la entidad promotora de
salud. Los servicios continuarán siendo prestados por la entidad promotora de
salud a la que el trabajador esté afiliado hasta por un período máximo de seis
(6) meses verificada la mora, sin perjuicio de la responsabilidad del
empleador, conforme las disposiciones legales.
La
empresa promotora de salud respectiva, cobrará al empleador las cotizaciones en
mora con los recargos y demás sanciones establecidos en la ley”.
[45] Salvo
la expresión “hasta por un período de seis (6) meses verificada la mora”, que
fue declarada inexequible.
[46] Es
de anotar que no obstante esta expresión, en ese pronunciamiento, la Corte efectuó
la siguiente advertencia : “Es preciso señalar que la protección que aquí se
reconoce, cobija tan sólo el caso del empleado que asume la carga que le
corresponde con el sistema de salud. No ampara los eventos en que el trabajador
tan sólo permanece afiliado temporalmente a una EPS en razón a encontrarse en
alguno de los casos contemplados anteriormente en el aparte 3.4.2 de esta
sentencia.”
[47] Ver punto 3.4.3. de ese fallo.
[48] En la sentencia C-177 de 1998, M.P., Alejandro
Martínez Caballero, la Corte indicó al respecto que “(…) las relaciones
jurídicas que surgen entre el empleador y la entidad de seguridad social son
jurídicamente separables de aquellas que se derivan del vínculo entre el
trabajador y los entes que administran los recursos destinados a la prestación
de los servicios de salud, puesto que aun en caso en que se imponga una sanción
por omisión y que se logre el pago de la cotización, el derecho del trabajador
no se agota sino que es indispensable que se garantice la efectividad del mismo
(C.P. artículo 2º)”.
[49] M.P., Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en otras en
la sentencia T- 526 de 1995 M.P., Fabio Morón Díaz
[50] Postulados expuestos en la sentencia C-800 de 2003 en
cita.
[51] Decreto
306 de 1992. “ART. 5º—De la notificación de las providencias a las partes.
De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las
providencias que se dicten en el trámite de una acción de tutela se deberán
notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes
la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o
autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela de
conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991”.(Subrayas fuera de
texto)
[52] Ver comunicación que reposa a folio 34 del cuaderno
de primera instancia.
[53] Código
de Procedimiento Civil “ART. 140 Causales de nulidad. El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: [...]
9. Cuando no se practica en legal forma la
notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquéllas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así
lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público en los casos de
ley”.
[54] Decreto 2591 de 1991. “Artículo
13. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
[55] Folio 49 cuaderno
de primera instancia.
[56] Folio 47 ibídem.
[57] Folios 69 y 50 ib.
[58] Folios 6 y 15
[59] Estudio de RX a
folio 27.
[60] Ver autorización,
del 28/10/ 2004, folio 9.
[61] En la orden médica
respectiva, folios 16-18,  se consigna: “ injerto de piel en área especial,
incluye cara, cuello, genitales, planta de pie, zonas de flexión (no incluye
dedos)”
[62] Al punto es pertinente citar los siguientes artículos
del Código Sustantivo del Trabajo en los que se establecen obligaciones
correlativas al patrón y empleado acerca de los accidentes de trabajo, por lo
que, la evaluación de su cumplimiento, es competencia de la jurisdicción
laboral: “ART. 220.—Aviso al juez sobre la ocurrencia del accidente. 1. Para
los efectos de informaciones en la controversia a que pueda dar lugar el
accidente, cualesquiera que sean sus consecuencias, el patrono debe dar un
aviso suscrito por él o por quien lo represente al juez del trabajo del lugar,
o en su defecto al juez municipal, donde conste el día, hora y lugar del
accidente, cómo se produjo, quiénes lo presenciaron, el nombre de la víctima,
el salario que devengaba el día del accidente, y la descripción de la lesión o
perturbación, firmada por el facultativo que asista al trabajador.
2.
La información de que trata este artículo debe darse dentro de los ocho (8)
días siguientes al de la ocurrencia del accidente”. “ART. 221.—Aviso que debe
dar el accidentado. Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo está en
la obligación de dar inmediatamente aviso al patrono o a su representante. El
patrono no es responsable de la agravación que se presente en las lesiones o
perturbaciones por razón de no haber dado el trabajador este aviso o haberlo
demorado sin justa causa.”
[63] En este mismo sentido, la Corte Constitucional se
pronunció en la sentencia  T- 1079 de 2003 M.P., Álvaro Tafur Galvis, al
reconocer en la tutela el mecanismo pertinente para amparar el derecho a la
salud en conexidad con la vida digna e integridad personal en el caso de un ex
empleado respecto de quien se dejaron de pagar los aportes en salud por
terminación de la relación respectiva; la Corte consideró en esa oportunidad
que dicha terminación contractual no faculta a la EPS a suspender
inmediatamente servicios, sino que ésta continúa en la obligación de seguirlos
prestando cuando ha iniciado un tratamiento específico, hasta cuando la nueva
entidad que deba hacerse cargo del paciente, asuma realmente su atención.