C-183-99
Sentencia C-183/99
Sentencia C-183/99
EMBARGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DE
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO
La norma acusada no resulta inexequible por
la presunta violación del derecho a la igualdad  que se aduce por los
demandantes, dado que no existe ninguna discriminación con respecto a algunos
acreedores de funcionarios o empleados de la rama jurisdiccional, o del
Ministerio Público, pues a todos se les sitúa en píe de igualdad en relación
con sus deudores, en cuanto respecto de aquellos, se predica que ninguno puede
solicitar y obtener el decreto y la práctica del embargo de salarios y
prestaciones sociales de tales funcionarios, a menos que la acreencia debida lo
sea a una cooperativa o que se trate de obligaciones alimentarias conforme a lo
dispuesto por el artículo 411 del Código Civil, y el Decreto 2737 de 1989
(Código del Menor), casos estos en los cuales la embargabilidad queda limitada
a un cincuenta por ciento, como máximo. Por otra parte, tampoco se vulnera el
derecho a la igualdad si la norma acusada se contempla en relación con el
sujeto pasivo de las obligaciones civiles distintas a las ya mencionadas, pues
los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio
Público, en tal caso, quedan comprendidos, sin ninguna excepción, en lo
dispuesto en esa norma legal.
Referencia:  Expediente
D-2066
Acción pública de
inconstitucionalidad contra el artículo 35 del Decreto 546 de 1971, “Por el
cual se establece el Régimen de Seguridad y Protección Social de los
funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de
sus familiares”.
Actores: Humberto Rodríguez Arias y
Gildardo Muñoz Cardona.
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., según
consta en acta número       diecinueve (19) del veinticuatro (24) de marzo de
mil novecientos noventa y nueve (1999).
I.  ANTECEDENTES.-
1. Los ciudadanos Humberto Rodríguez Arias y Gildardo
Muñoz Cardona, en ejercicio del derecho que les confiere el artículo 40,
numeral 6º de la Constitución Nacional, y en armonía con lo preceptuado por el
artículo 241 numeral 4º de la misma, mediante demanda presentada el 20 de
agosto de 1998, solicitan a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad
del artículo 35 del Decreto 546 de 1971, “Por el cual se establece el Régimen
de Seguridad y Protección Social y de los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”, norma cuyo texto
se transcribe a continuación, subrayando la parte demandada:
“Decreto 546 de 1971
“Por el cual se establece el Régimen de
Seguridad Social y Protección Social y de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorga la Ley 16 de 1968,
y atendido el concepto de la Comisión Asesora establecida por el artículo 21 de
la misma ley,
DECRETA:
(…)
“Artículo 35.-  “Las prestaciones sociales
consagradas en este Decreto, o en otras disposiciones aplicables, son
irrenunciables. Con excepción de la pensión de invalidez, que es inembargable,
las demás, así como los sueldos, sólo podrán serlo hasta un cincuenta 50%
por ciento de su valor, siempre que sean en favor de cooperativas legalmente
autorizadas, o para cubrir pensiones alimenticias que se deben de conformidad
con las disposiciones civiles”.
2. La Corte Constitucional, mediante auto de 1º de junio
de 1998 admitió la demanda, ordenó la fijación en lista por el término de diez
(10) días para asegurar la intervención ciudadana de acuerdo con lo preceptuado
por los artículos 242, numeral 1º de la Constitución Nacional y 7º inciso
segundo del Decreto 2067 de 1991 y, en la misma providencia, se dispuso el
envío de la actuación al señor Procurador General de la Nación para que
rindiese el concepto correspondiente.  Además, se ordenó comunicar la
iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al señor Presidente
del Congreso Nacional y al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social y a la
Dirección de Administración Judicial.
3. Agotado el trámite establecido por el Decreto 2067 de
1991, se decide ahora por la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la
norma demandada.
II. LA DEMANDA.-
Los demandantes, luego de la transcripción de la norma
objeto de su acusación, manifiestan que ella quebranta el artículo 13 de la
Constitución Nacional, por cuanto establece para los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público una posición de privilegio
con respecto a los “demás empleados estatales y aun frente a los trabajadores
particulares”, pues impide a los acreedores de aquellos la efectividad de sus
créditos mediante el embargo de los salarios y prestaciones sociales, lo que sí
es posible cuando se trata de trabajadores públicos o de empleados oficiales, o
de trabajadores particulares dedicados a labores distintas.
Para corroborar su afirmación, citan el artículo 96
del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto-Ley 3135 de 1968, luego de
lo cual expresan que conforme a ese texto legal sí es permisible para los
empleados públicos y trabajadores oficiales el embargo de sus salarios en la
quinta parte de lo que se exceda del valor del respectivo salario mínimo legal
para la satisfacción por la vía ejecutiva de obligaciones distintas a las alimentarias,
razón por la que, según los actores, el artículo 35 del Decreto 546 de 1971, es
una norma que, resulta protectora de la irresponsabilidad en el cumplimiento de
las obligaciones civiles por parte de los funcionarios y empleados de la rama
judicial y del Ministerio Público, que es contraria al principio de la igualdad
que consagra el artículo 13 de la Constitución Nacional, ya que, repiten, ella
instituye “un trato discriminatorio y por demás odioso de los empleados
judiciales frente a las demás personas”.
III.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO.-
La doctora Mónica Fonseca Jaramillo, como apoderada
del Ministerio de Justicia y del Derecho, en escrito visible a folios 21 a 27
del cuaderno de la actuación, solicita a la Corte Constitucional la declaración
de exequibilidad del Decreto 546 de 1971.
Para el efecto, expresa que el artículo 48 de la
Constitución Nacional garantiza la irrenunciabilidad a la seguridad social, de
una parte; y, de otra, el artículo 53 de la Carta Política, consagra también
tal irrenunciabilidad en relación con los “beneficios mínimos establecidos en
normas laborales”, por lo que no es inexequible la prohibición de embargar la
pensión de invalidez.
Además, la prohibición de embargar los salarios a los
trabajadores en una determinada cantidad, constituye una garantía que reconoce
el legislador tanto para los trabajadores del sector público como para los del
sector privado, como medio de “no afectar su subsistencia y la de su familia”.
La efectividad de ese principio protector, se encuentra consagrada, entre otras
normas por lo preceptuado en la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 134, numeral 5
establece que las pensiones y demás prestaciones sociales sólo son embargables
para el pago de obligaciones alimenticias o de créditos a favor de
cooperativas, en la proporción que señale la ley, norma que guarda relación con
lo dispuesto por los artículos 155, 156 y 344 del Código Sustantivo del
Trabajo, y con lo que al respecto disponen los artículos 513, inciso 7 y 684
del Código de Procedimiento Civil.  Es decir, -continúa la interviniente-, la
norma acusada no es inexequible, ya que ella no creó una situación de
privilegio para los funcionarios y empleados de la rama judicial y del
Ministerio Público, por lo que, entonces, no es cierto que se quebrante el
derecho a la igualdad como lo sostienen los demandantes.
IV. CONCEPTO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.-
El señor Procurador General de la Nación en concepto
No. 1671 (folios 45 a 51), solicita a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad del artículo 35 del Decreto 546 de 1971, así como la del artículo
192 de la Ley 201 de 1991, que, aun cuando no fue demandada “reproduce el
mandato” de la norma acusada, en cuanto hace relación con los servidores de la
Procuraduría General de la Nación y que, por ello, constituye una unidad
normativa con el precepto cuya inexequibilidad impetra los actores que se
declare por la Corte Constitucional.
En su concepto, expresa el señor Procurador que la
norma acusada, “a diferencia de lo establecido en el Código Sustantivo del
Trabajo y en el Decreto 1848 de 1968” nada dice “en relación con los acreedores
del trabajador que no tienen derecho a exigir el pago de alimentos o no tienen
el carácter de cooperativas legalmente autorizadas”, lo que significa que,
entonces, “existe una omisión del legislador al no regular positivamente en la
norma acusada la situación de aquellos acreedores, que por carecer de la
condición de cooperativas o por no estar habilitados para cobrar alimentos, no
pueden hacer efectivos sus derechos y acreencias persiguiendo el salario de los
servidores de la rama jurisdiccional y el Ministerio Público, en las
condiciones establecidas en favor de los acreedores de los trabajadores
particulares y de los empleados oficiales”.  Esa omisión, a juicio del señor
Procurador General de la Nación, “se traduce en una flagrante infracción al
principio constitucional de la igualdad (artículo 13 C.P.), puesto que sin
fundamento en una justificación objetiva y razonable, se deja sin tutela los
intereses” de los demás acreedores, quienes “resultan de esta forma
discriminados al no poder contar con la remuneración de aquellos servidores
como garantía de sus derechos”.
En tal virtud, para subsanar la omisión del legislador
y eliminar ese “trato discriminatorio”, la Corte Constitucional puede proferir
en relación con la norma demandada “una sentencia integradora, en la cual se
proyecten los mandatos de la Constitución Política que pregonan como propósito
del Estado la efectividad de los derechos patrimoniales de las personas (C.P.
arts. 2, 4 y 58) así como el derecho a la igualdad (artículo 13 ibid)”.
Siendo ello así, concluye el señor Procurador General
de la Nación, que la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del
artículo 35 del Decreto 546 de 1971, y la del artículo 192 de la Ley 201 de
1995, habrá de hacerlo “en el entendido que estas normas no excluyen la
posibilidad de que el salario de los funcionarios de la rama jurisdiccional y
el Ministerio Público, también puede ser embargado hasta en una quinta parte de
lo que exceda el salario mínimo legal mensual, por parte de los acreedores que
no tengan el carácter de cooperativas legalmente autorizadas o de acreedores
alimentarios”.
V.-  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.-
1. Competencia.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 241
numeral 4º de la Constitución Nacional, es la Corte competente para conocer de
la presente demanda de inexequibilidad, por cuanto la norma demandada fue dictada
por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le fueron conferidas por la Ley 16 de 1968, es decir, que
ella forma parte de un Decreto-Ley.
2. Asunto materia de debate.
Como puede observarse, a la Corte corresponde,
en este caso, decidir si el artículo 35 del Decreto 546 de 1971, en cuanto
dispone que las prestaciones sociales de los funcionarios y empleados de la
Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, así como los sueldos por ellos
devengados, son embargables, “sólo” hasta el cincuenta por ciento de su valor
“siempre que sean autorizados en favor de cooperativas legalmente autorizadas,
o para cubrir pensiones alimenticias que se deben de conformidad con las
disposiciones civiles” es exequible , o si, por el contrario, es inexequible la
norma demandada por vulnerar, como lo sostienen los actores, el artículo 13 de
la Constitución Nacional, en razón de que impide a otros acreedores el embargo
de los salarios y prestaciones sociales aludidos, con lo que se establece una
discriminación contraria a la Carta Política.
3. Unidad normativa.-
Dado que el artículo 192 de la Ley 201 de
1995 “por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría
General de la Nación”, es de idéntico contenido normativo al artículo 35 del
Decreto-Ley 546 de 1971 que aquí se demanda, se impone entonces a la Corte
Constitucional considerar la exequibilidad o inexequibilidad de tales normas,
para decidirla en esta sentencia.
4. La exequibilidad de los artículos 35 del Decreto-Ley
546 de 1971 y 192 de la Ley 201 de 1995.
4.1. Cuestión previa.
Ante todo, ha de recordarse por la Corte
que, mediante Sentencia C-556 de 6 de diciembre de 1994, ésta Corporación
declaró exequible, en su integridad, el artículo 22 del Decreto-Ley 929 de 1976
“por el cual se establece el Régimen de Prestaciones Sociales de los
funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República y de sus
familiares”, cuyo texto es idéntico al de los artículos 35 del Decreto-Ley 546
de 1971 y 192 de la Ley 201 de 1995, sentencia aquella en la cual se expresó
por la Corte que la inembargabilidad de los sueldos de los funcionarios a que
la norma declarada inexequible se refiere, “antes que configurar una violación
del principio de igualdad, se constituye en una protección efectiva al
trabajador, al dejar incólume el valor de su fuerza laboral. Se busca -agregó
la Corte-, no sólo la subsistencia del trabajador, sino también la de su
familia, y así se cumple el sentido del artículo 13 superior, incisos segundo y
tercero, que señalan: …”. (Sentencia C-556 de 1994, magistrado ponente, doctor
Vladimiro Naranjo Mesa).
Además, por las mismas razones, se declaró
ajustada a la Constitución la inembargabilidad de “la pensión de invalidez”,
consagrada en la norma entonces acusada.
4.2. Siendo ello así, podría, en principio, llegar a
pensarse que habría cosa juzgada constitucional desde el punto de vista
material y que, por consiguiente, en este proceso habría de ordenarse estar a
lo resuelto en la Sentencia C-556 de 1994.
4.3. Con todo, dado que no existe ningún pronunciamiento
expreso sobre la exequibilidad o inexequibilidad del artículo 35 del
Decreto-Ley 546 de 1971, ni en relación con el artículo 192 de la Ley 201 de
1995, la Corte hará en esta sentencia un pronunciamiento sobre el particular,
por cuanto así lo exige la necesidad de seguridad jurídica para los asociados.
4.3.1. Como es suficientemente conocido, la consagración de
la igualdad como uno de los derechos fundamentales (artículo 13 C.N.), impone
protección de las autoridades a todas las personas, por una parte y, por otra,
que a situaciones iguales se den soluciones de la misma índole, principio que
ha de guardar armonía con el de la efectividad de los derechos  (artículo 2º
Constitución Nacional).
4.3.2. De la misma manera, ante la
obsolescencia e ineficacia  de la filosofía del individualismo jurídico que
inspiró la concepción del Estado durante el siglo diecinueve y que todavía
comparten algunos sectores, se impuso la teoría de que el Estado ha de orientar
su actividad en beneficio de las grandes mayorías para perseguir que, de esta
manera, se sustituya el antiguo concepto sobre la autoridad y la función que
ella desempeña, por la consagración positiva del Estado, no individualista,
sino Social de Derecho, razón ésta por la cual nuestra Carta Política en su
artículo 1º establece como principios esenciales en los que se funda ese estado
Social de Derecho “el respeto de la dignidad humana”, así como en “el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general”.
4.3.3. En ese orden de ideas, la Constitución Nacional, en su
artículo 25 impone como norma orientadora de la legislación laboral una
“especial protección al trabajo”, al igual que así lo había dispuesto el
artículo 17 de la Constitución anterior a raíz de la reforma constitucional del
año de 1936, inspirada en esa nueva concepción del Estado de carácter
solidarista, que tuvo como antecedentes inmediatos la Constitución Mexicana de
1917, la Weimar de 1919 y la Española de la República, de 1931, entre otras
fuentes.
4.3.4. Por ello, no resulta extraño a la legislación que se
dicten normas protectoras del salario de los trabajadores, las cuales, además,
encuentran  fundamento en el artículo 53 de la Carta Política, en el que se
dispone que son irrenunciables “los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales”, se establece la garantía de la seguridad social y se establecen
limitaciones a la contratación con los trabajadores, para que en ningún caso se
menoscaben la libertad, la dignidad humana, ni sus derechos fundamentales.
4.3.5. Dentro de la misma concepción del Estado Social de
Derecho, el salario cumple además una finalidad de subsistencia y bienestar no
sólo para el trabajador, sino para su familia, en el marco de lo señalado por
los artículos 42, 25 y 53 de la Constitución Nacional.
Precisamente, la Corte Constitucional en
Sentencia C-556 de 6 de diciembre de 1994, en la cual se declaró la
exequibilidad del artículo 22 del Decreto 929 de 1976, de contenido idéntico al
de la norma ahora demandada, pero en relación con los funcionarios y empleados
de la Contraloría General de la República, expresó que:
" Así las cosas, la inembargabilidad
del salario, en determinada Así las cosas proporción no es exclusivamente en
favor de los trabajadores, sino también de sus familias; y dicha protección no
es sólo para los empleados de la Contraloría, sino común a los trabajadores en
general, sean públicos o privados. Por ello carece de lógica el argumento del
actor, porque el beneficio de la inembargabilidad no cobija únicamente a los
empleados de la Contraloría -se repite-, ya que dicha disposición se encuentra
también en todos los estatutos que regulan la materia, tanto en el sector
público como en el privado, verbi gratia, artículos 154, 155 y
156 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados los dos primeros por la Ley
22 de 1984 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
La universalidad del texto acusado debe ser
interpretada de acuerdo con el artículo 17 del Decreto parcialmente acusado,
que señala :
"Artículo 17.-  En cuanto no se oponga
al texto y finalidad del presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de
1968 y normas que lo modifican y adicionan, serán aplicables a los empleados de
la Contraloría General de la República".
Por su parte el artículo 12 del Decreto 3135 de 1968,
señala lo siguiente:
"Artículo 12.- Deducciones y
retenciones. Los habilitados cajeros y pagadores no pueden deducir suma
alguna de los sueldos de los empleados y trabajadores sin mandamiento judicial
o sin orden escrita del trabajador, a menos que se trate de cuotas sindicales,
de previsión social, de cooperativas o de sanción disciplinaria conforme a los
reglamentos.
"No se puede cumplir la deducción
ordenada por el empleado o trabajador cuando afecte el salario mínimo legal o
la parte inembargable del salario.
"Es embargable hasta la mitad del
salario para el pago de las pensiones alimenticias de que trata el artículo 411
del Código Civil y de las demás obligaciones que para la protección de la mujer
o de los hijos establece la ley. En los demás  casos, sólo es embargable la
quinta parte del exceso del respectivo salario mínimo legal".
La norma bajo examen trata de dos
situaciones diferentes: Por una parte de la irrenunciabilidad de las
prestaciones sociales y por el otro regula lo relativo a la inembargabilidad de
la pensión de invalidez. El sentido que fluye de la disposición acusada  es que
las prestaciones sociales son irrenunciables, lo cual está de acuerdo con el
principio general de la irrenunciabilidad de los derechos laborales que son
ciertos e indiscutibles. En consecuencia, cuando el trabajador ha adquirido el
derecho, no puede renunciar  a su beneficio. Este principio que ya estaba
consagrado a nivel legal en la legislación laboral fue elevado a canon
constitucional  en 1991 en el artículo  53, el cual consagra entre los
principios mínimos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en el Estatuto
del Trabajo, que debe expedir el Congreso, el de la "irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos en normas generales". La pensión de
invalidez es inembargable en su totalidad; pero en cambio si son embargables
las demás prestaciones así como los sueldos en la proporción señalada por la
ley".  (Magistrado ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa), doctrina ésta
que, por ser pertinente, se reitera por esta Corporación.
4.3.6.  Bajo tales consideraciones, la
norma acusada no resulta inexequible por la presunta violación del derecho a la
igualdad  que se aduce por los demandantes, dado que no existe ninguna
discriminación con respecto a algunos acreedores de funcionarios o empleados de
la rama jurisdiccional, o del Ministerio Público, pues a todos se les sitúa en
píe de igualdad en relación con sus deudores, en cuanto respecto de aquellos,
se predica que ninguno puede solicitar y obtener el decreto y la práctica del
embargo de salarios y prestaciones sociales de tales funcionarios, a menos que
la acreencia debida lo sea a una cooperativa o que se trate de obligaciones
alimentarias conforme a lo dispuesto por el artículo 411 del Código Civil, y el
Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), casos estos en los cuales la
embargabilidad queda limitada a un cincuenta por ciento, como máximo.
Por otra parte, tampoco se vulnera el
derecho a la igualdad si la norma acusada se contempla en relación con el
sujeto pasivo de las obligaciones civiles distintas a las ya mencionadas, pues
los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional y del Ministerio
Público, en tal caso, quedan comprendidos, sin ninguna excepción, en lo
dispuesto en esa norma legal.
Es decir, que ni el artículo 35 del
Decreto-Ley 546 de 1971 ni el artículo 192 de la Ley 201 de 1995 que lo
reprodujo para los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de la
Nación, quebrantan el principio de la igualdad (artículo 13 Constitución
Nacional), pues les son aplicables, tanto a todos los acreedores de
obligaciones civiles que no sean cooperativas o alimentarios, como, también
cuando los deudores son funcionarios o empleados de la rama judicial o del
Ministerio Público.
4.3.7. Agrégase a lo anterior, que al legislador, dentro de
la potestad general de “hacer las leyes” que le asigna el artículo 150 de la
Constitución Nacional, le asiste la facultad de determinar la manera como se
hace efectiva la “especial protección al trabajo”, en este caso, al salario que
para sí y para sus familias devengan los funcionarios y empleados de la rama
jurisdiccional y del Ministerio Público con las limitaciones establecidas por
la propia ley, sin que ello signifique que, por no hacer extensivas esas disposiciones
al resto de trabajadores resulte, de suyo, inexequible la norma demandada.
4.3.8. Finalmente, ha de recordarse que, como ya se dijo,
esta Corte, mediante Sentencia C-556 de 1994, declaró exequible el artículo 22
del Decreto-Ley 929 de 1976, de idéntico contenido normativo al del artículo 35
del Decreto-Ley 546 de 1971 que ahora ocupa la atención de esta Corporación y
que guarda unidad normativa con el artículo 192 de la Ley 201 de 1995 como ya
se expresó, lo que, necesariamente lleva a concluír que no podría resultar
exequible la norma que se refiere a los empleados de la Contraloría General de
la República, e inexequible la misma, cuando se trata de los funcionarios y
empleados de la rama judicial y de la Procuraduría General de la Nación, pues,
como salta a la vista, a más de contradictorio, ello sí resultaría en un
desconocimiento flagrante del principio de la igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Nacional.
4.3.9.  Así las cosas, no encuentra la
Corte que el artículo 35 del Decreto-Ley 546 de 1971, ni el artículo 192 de la
Ley 201 de 1995 con el cual existe unidad normativa vulneren ninguna norma de
la Constitución Nacional, por lo cual se declarará su exequibilidad.
VI.  DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Decláranse EXEQUIBLES los artículos
35 del Decreto-Ley  546 de 1971 y 192 de la Ley 201 de 1995.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ
Magistrado
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Magistrada (E)
PABLO ENRIQUE LEAL RUIZ
Secretario General (E).