T-081-00
Sentencia T-081/00
Sentencia
T-081/00
ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional pago de acreencias
laborales
Referencia:
expedientes T-214.303, T-225.311 y T-226.383 (acumulados)
Acción de tutela
instaurada por José Eduardo Chávez Meza y otros.
Magistrado Ponente:
Dr ALEJANDRO
MARTÍNEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá,
primero (1) de febrero de dos mil (2000)
La Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro
Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa, en ejercicio de
sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el
proceso de revisión de los fallos adoptados dentro de las acciones de tutela
instauradas, individualmente, por José Eduardo Chávez Meza, Nelsy Danila
Fonseca Mercado y Blanca Flor Rivera González.
I. HECHOS Y
SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN
1.1. Expediente T-214.303.
José
Eduardo Chavez Meza interpone acción de tutela en contra del Departamento de
Nariño, para quien trabaja desde hace varios años. Afirma el actor que “por
negligencia e ineptitud” del gobernador, no recibe los pagos de su salarios
correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1998, enero y febrero
de 1999 y la prima de navidad de 1998. Agrega, que su salario es el único
sustento con que cuenta para su subsistencia y el de toda su familia, por lo
que considera vulnerados los artículos 25 y 53 de la Carta. Por ello, solicita
al juez de tutela que ordene el pago inmediato de las acreencias adeudadas y la
cancelación puntual de sus futuros sueldos.
Del
presente asunto conoció en primera y única instancia, el Tribunal
Administrativo de Nariño, quien mediante sentencia del 25 de marzo de 1999,
negó las pretensiones del accionante. Según su criterio, el gobernador no
vulnera derechos fundamentales, pues “por lo sucedido en otros casos, deducimos
que el presupuesto está agotado y que no existe disponibilidad” para el pago de
salarios, por lo que “debe primar el principio de razonabilidad y realidad por
la cual atraviesa el país y en particular los entes territoriales”.
El
A quo explica que el Estatuto Orgánico del Presupuesto señala trámites y
procedimientos para conseguir los recursos para el pago de salarios de los
trabajadores al servicio del Estado, los cuales deben seguirse estrictamente
por el gobernador, por lo que “el juez de tutela no puede ordenar que el
encargado del gasto público viole la ley”. Por estas razones, el Tribunal concluye
que “lo máximo que puede hacer el juez de tutela, en casos como el presente, es
ordenar que el funcionario administrativo contra quien se dirige la acción,
adelante todas las gestiones a su alcance para que se hagan las apropiaciones
presupuestales correspondientes”. Por consiguiente, el juez de tutela niega la
solicitud, pero dispone que la autoridad administrativa actúe en el sentido
indicado.
1.2. Expediente T-225.311
Nelsy
Danila Fonseca Mercado presentó acción de tutela contra el Municipio de Plato
(Magdalena). La accionante labora actualmente como docente al servicio de la
entidad demandada, pero no ha recibido el pago de sus salarios correspondientes
a los meses comprendidos entre julio de 1998 a febrero de 1999. Igualmente, no
le han pagado las primas de vacaciones de 1997 y 1998, y la prima de navidad de
1998. Por estas razones, considera transgredidos sus derechos al trabajo, al
pago oportuno de sus salarios y los derechos de los niños de sus tres hijos.
Por ello, solicita que el juez de tutela ordene la cancelación de las
acreencias laborales.
El
Juzgado Único Promiscuo de Familia de Plato, conoció en primera instancia la
presente tutela, y mediante sentencia del 18 de marzo de 1999 negó la
protección solicitada. Según su criterio, la Alcaldía no transgrede el derecho
al trabajo de la accionante, “ya que no se le ha despedido, ni se le ha
impedido el acceso al trabajo, antes por el contrario, viene desarrollando su
actividad docente sin que se le impida su libre ejercicio por parte de la administración”.
Así
mismo, el A quo considera que, por regla general, la acción de tutela no
procede para la liquidación y pago de las obligaciones laborales. No obstante,
cuando se afecta el mínimo vital es posible proteger inmediatamente los
derechos fundamentales vulnerados. Sin embargo, la accionante “no se encuentra
en situación apremiante que ponga en peligro inminente la vida de ella o de su
familia, ya que como ella misma lo manifiesta, vive en casa propia, su cónyuge
posee un vehículo que le produce ingresos que permiten la subsistencia de ella
y la de su familia; además de que sus hijos estudian en universidades de
carácter privado, no han interrumpido sus estudios”.
En
segunda instancia, conoció la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de
Santa Marta, quien mediante sentencia del 19 de mayo de 1999, confirmó la
decisión impugnada. A su juicio, la acreencia laboral de la accionante debe
cobrarse en un proceso ejecutivo laboral, pues no existe prueba de la
vulneración de su mínimo vital.
1.3. Expediente T-226.383
La
señora Blanca Flor Rivera González presentó acción de tutela contra la
Fundación San Juan de Dios, con sede en Santa Fe de Bogotá. La actora afirma
que labora en la entidad accionada desde hace varios años, pero que, a la fecha
de presentación de la tutela (24 de marzo de 1999), no ha recibido el pago de
su salario correspondiente al mes de febrero de 1999. Posteriormente, la actora
informa que el 30 de marzo de 1999, recibió el salario de febrero, pero que la
mora reiterada en sus pagos afecta sus derechos fundamentales, pues los
compromisos económicos que adquirió como cabeza de familia de tres hijos y de
una nieta, la colocan en una posición “desesperada”.
Dentro
del proceso de tutela intervino la representante legal de la Fundación accionada,
quien puso en consideración del juez de tutela la difícil situación económica
por la que atraviesa el hospital. En efecto, la demandada afirmó que al entrar
en vigencia la Constitución de 1991, las transferencias que el gobierno
nacional realizaba a esta entidad privada, debieron suspenderse por expresa
prohibición superior, por lo que el hospital entró en una profunda crisis
económica que impiden cumplir oportunamente los compromisos económicos. Por esa
razón, la mayoría de los ingresos de la Fundación están embargados por
diferentes juzgados que tramitan procesos ejecutivos en contra de la entidad,
lo cual dificulta el pago oportuno de las deudas laborales.
No
obstante, la accionada comunicó que, aunque tardíamente, los pagos se realizan,
pues el mes de enero de 1999 fue cancelado el 26 de febrero del mismo año y, el
mes de febrero se pagó el 30 de marzo de 1999.
Del
presente asunto conoció en primera instancia el Juzgado 32 Civil Municipal de
Bogotá, quien mediante sentencia del 14 de abril de 1999 negó el amparo
solicitado. A su juicio, el mecanismo judicial idóneo para discutir el pago del
salario de la accionante es el proceso ejecutivo laboral. Así mismo, el juzgado
afirma que “no entiende porque se acude ahora a la acción de tutela para procurar
el remedio a una situación que desde hace un buen tiempo se debió poner en
conocimiento de las autoridades de su competencia para su protección, y no
pretender en esta sede salvar la tolerancia y negligencia frente a la situación
que se califica de injusta y reprochable”
Mediante
sentencia del 20 de mayo de 1999, proferida por el Juzgado 20 Civil del
Circuito de Bogotá, el juez de segunda instancia decidió confirmar el fallo
apelado. Según su parecer, en el presente asunto no existe vulneración de
derechos fundamentales, pues lo que se discute son derechos de rango legal que
deben resolverse en la jurisdicción ordinaria laboral.
II. TRAMITE EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
Los
expedientes de la referencia fueron repartidos individualmente por la Sala de
Selección a la Sala Séptima de Revisión, quien mediante autos del 17 y 24 de
septiembre del año en curso, resolvió acumular a la acción de tutela T-214.303,
los expedientes T-224.092,
T-224.739, T-226.241, T-226.274, T-226.383, T-227.553 y T-225.311, como quiera
que esas acciones “pretenden la protección de los mismos derechos
constitucionales y plantean similares problemas jurídicos para resolver”. Por
consiguiente, los expedientes acumulados deberán fallarse en esta misma
sentencia.
De
otra parte, la Sala Séptima de Revisión consideró que, en desarrollo de lo
dispuesto por el artículo 54A del Reglamento de la Corte Constitucional, el
presente proceso debía remitirse para estudio y decisión de la Sala Plena. Así,
en sala del 29 de septiembre de 1999 se dispuso que aquel debía suspenderse en
espera de fallos que unifiquen jurisprudencia en torno al tema que se discute.
Posteriormente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, por decisión del 19 de enero del año
en curso, resolvió remitir los expedientes que tuviesen relación con la mora
patronal en el pago de salarios, esto es, los expedientes T-214.303, T-225.311 y T-226.383,
(acumulados), a la Sala Sexta de Revisión,
pues debía reiterar la doctrina señalada por esta Corporación en la sentencia
SU-995 del nueve de diciembre de 1999. Por esta razón, el Magistrado Ponente
debió desacumular el presente proceso de otros expedientes y asumir el
conocimiento del presente asunto.
Por
todo lo anterior, la presente decisión se tramitará nuevamente en la Sala de
Revisión, quien de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 86 y 241 de la
Carta, y en concordancia con el Decreto 2591 de 1991, es competente para
decidir los procesos acumulados de la referencia.
III. PRACTICA DE PRUEBAS EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
Para
analizar el estado de las cuentas por pagar, la idoneidad de la acción de
tutela en los casos sometidos a estudio de la Corte y las causas de la endémica
mora patronal en el pago de salarios, la Sala Séptima de Revisión, en auto del
10 de agosto de 1999, ordenó la práctica de inspecciones judiciales en la
Gobernación de Nariño y en las entidades encargadas de tramitar el pago de los
salarios en ese Departamento. Lo anterior, por cuanto el número de acciones de
tutela que se dirigen en contra de esa entidad territorial por los mismos
hechos y derechos vulnerados, es bastante significativo. Las diligencias de
inspección judicial se practicaron los días 13 y 14 de septiembre de 1999, en
la Gobernación y en el Fondo Territorial de Pensiones de Nariño.
3.1.En
esas diligencias se constató lo siguiente, en relación con el trámite de las
acciones de tutela:
-
En el período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 1999, la
Gobernación de Nariño ha relacionado 318 acciones de tutela para el pago de
salarios de sus funcionarios.
-
Un alto porcentaje de las acciones de tutela son concedidas, por ende los
jueces constitucionales ordenan al gobernador adelantar diligencias pertinentes
y realizar los pagos de las acreencias laborales en mora. Sin embargo, la
Gobernación informó que se ha “cumplido el pago a 826 [tutelas] de pensionados
y, de activos se han pagado 10 acciones de tutela de las 318 radicadas, esas
tutelas pagadas fueron radicadas el 6 de abril. Vale la pena aclarar que
anteriormente se pagaron 227 tutelas, que no hacen parte de las 318. El resto
no han sido cumplidas.”.
-
La Gobernación de Nariño informó que “ningún incidente de desacato ha
prosperado en la jurisdicción de este departamento, ni contra el gobernador ni
contra el tesorero”.
-
Como consecuencia del inmenso volumen de acreencias laborales, la Gobernación
de Nariño diseñó un sistema de pago cronológico de las acciones de tutela. Sin
embargo, en ocasiones se da prioridad a algunos pagos, por lo que se lleva un
fólder con “peticiones escritas para prioridades”. El personal que atendió la
diligencia de inspección judicial informó que la preferencia depende de
“peticiones de los mismos juzgados que ordenan pago por prelación, de
peticiones del Defensor del Pueblo, derechos de petición para cubrir
obligaciones de vivienda y no por orden de tutela”. Por lo tanto, se evidencia
que la preferencia no se establece necesariamente por la existencia de una
orden judicial, pues las “acciones de tutela no producen efectos prácticos en
el pago oportuno de las acreencias, por cuanto el pago se cumple en estricto
orden cronológico de acuerdo con su radicación”.
3.2.
De otra parte, en relación con la situación económica del Departamento de
Nariño, las pruebas practicadas también permiten evidenciar lo siguiente:
-
La Contadora General del Departamento de Nariño informó que el índice de
endeudamiento de la entidad territorial es del 124.78%. Igualmente, comunicó
que el departamento tiene un déficit anual acumulado, lo cual hace muy grave la
situación económica del mismo. En efecto, durante el primer semestre de 1999 se
presentó un déficit de 18.776.903.061 pesos, lo cual se debe sumar al déficit
del año de 1998, cuyo valor ascendió a 7.013.874.882 pesos. Así mismo, se
informa que “el resultado de los flujos diarios de efectivo en lo transcurrido
del primer semestre del año en curso [1999], el ochenta y dos por ciento (82%)
de los recursos que ingresaron efectivamente a la Tesorería General del
Departamento se destinaron para la cancelación de nómina del personal, tutelas
interpuestas por el personal, tanto activo como jubilados, para el pago de las
prestaciones sociales y todo lo referente a salud.”
-
La Dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
manifestó, a la Gobernación de Nariño, que “la entidad no cuenta con capacidad
de endeudamiento. Los indicadores intereses/ ahorro operacional y saldo deuda/
ingresos corrientes se ubican en el 529% y 14% respectivamente”
-
De otra parte, la Tesorería del Departamento de Nariño informó que a todos los
trabajadores de esa entidad se les adeudan los salarios a partir del mes de
marzo del presente año. Así mismo, se constató que “existen cuentas de cobro
que se pagan cumplidamente, pero que no corresponden a salarios sino a
prestación de servicios varios, como es el caso de la cuenta de cobro por
prestación de servicios por asesoría económica al doctor Sergio Castro Gaviria,
que corresponde a los meses de junio a julio, la cual fue decretada mediante
Resolución 1625 del 2 de agosto del año en curso y se pagó mediante cheque 3789
del Banco de Colombia, el día 6 de agosto de 1999…”
-
Por su parte, el Secretario Privado del Departamento de Nariño informó que como
consecuencia de la difícil situación económica de esa entidad territorial, el
gobernador ha realizado varias gestiones tendientes a recuperar la capacidad de
pago y cumplir con los compromisos laborales con los trabajadores y con los
pensionados del departamento. Dentro de las gestiones más sobresalientes se
encuentran las siguientes:
“solicitud (desde el mes de febrero a marzo de 1997) al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para recibir apoyo financiero que le permitiera
pagar oportunamente los salarios, tanto a los empleados activos como a los
jubilados. Frente a esa petición el gobierno nacional le sugirió que se llevara
a cabo una reestructuración administrativa con el fin de disminuir en un
porcentaje considerable la burocracia existente… El gobernador acogió esta
sugerencia y procedió a contratar una empresa que tuviera la experiencia y el
perfil técnico profesional en la elaboración del PRET (Plan de Reforma
Económico Territorial), para lo cual se recibieron algunas propuestas, se conformó
una comisión de estudio y ésta seleccionó a la firma ESFINGE LTDA… para
adelantar el estudio de la reforma administrativa y saneamiento fiscal del
departamento. Y, éste fue presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público… Se espera que con la aprobación del estudio y al reducirse los costos
de la nómina, el departamento pueda recuperar su capacidad económica y atender
en forma oportuna sus obligaciones laborales. Otra medida que adoptó el señor
gobernador fue la suspensión de las obligaciones con el sector bancario, es
decir el pago de las cuotas por concepto de créditos que se habían otorgado al
departamento, que ascendía a una suma de 800 millones de pesos mensuales… Otra
estrategia fue la de identificar los activos fijos para poderlos vender y así
obtener algunos recursos que permitan ser destinados al pago de las mesadas
adeudadas, tanto a los empleados del sector central como a los pensionados…
Otra gestión que ha desarrollado el señor gobernador es la de solicitar apoyo
financiero para el pago de la nómina de 452 docentes departamentales y 156
administrativos ante el Gobierno Nacional… se firmó un convenio de desempeño,
mediante el cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, le otorga al
departamento un crédito de tesorería, por un valor aproximado de 6.000 millones
de pesos, destinados a cancelar los salarios adeudados a este sector desde el
mes de enero del presente año… Con las entidades bancarias se está en un
proceso de renegociación de la deuda, con el fin de evitar acciones de tipo
jurídico en el momento en el que el departamento llegue a cristalizar la venta
de sus activos fijos. En el momento el departamento no tiene embargado ningún
bien”
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Asuntos bajo revisión
1.
Dos trabajadores de entidades públicas y una empleada de una entidad privada
consideran que el incumplimiento reiterado en los pagos correspondientes a
salarios y prestaciones sociales vulnera sus derechos fundamentales al trabajo
en condiciones dignas y justas. Así mismo, los accionantes manifiestan que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo para la defensa de los derechos
constitucionales infringidos. Por su parte, los jueces de tutela opinan que si
bien la omisión de los accionados vulnera derechos fundamentales, el carácter
subsidiario de la acción de tutela la hace improcedente, como quiera que la vía
judicial idónea es el proceso ejecutivo laboral.
2.
Por lo tanto, el problema jurídico que esta Sala debe resolver se refiere a si
el incumplimiento en el pago de salarios constituye una vulneración de derechos
fundamentales que deben protegerse a través de un mecanismo judicial residual,
como es la acción de tutela. Para ello, esta providencia reiterará su doctrina
en torno a este tema, principalmente insistirá en la jurisprudencia unificada
en la sentencia SU-995 de 1999.
Procedencia excepcional de la acción de tutela para el pago de salarios
3.
De la amplia jurisprudencia constitucional en relación con el tema sometido a
consideración de esta Sala, es posible deducir los siguientes parámetros:
a)
El derecho de los trabajadores al pago oportuno de los salarios no sólo es una
garantía constitucional (art. 53) sino que es un derecho fundamental, como
quiera que deriva directamente de los derechos a la vida, salud y al trabajo.
Sentencias T-089 de 1999, T-211, T-213 de 1998, T-234 de 1997 y T-426 de 1992.
b)
Para la protección judicial del derecho al pago oportuno, el concepto de
salario debe entenderse en un sentido genérico, pues lo integran “todas las
sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador,
sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o
las partes contratantes”[1]. Por consiguiente, también se constituye en
fundamental el derecho al pago cumplido de primas, vacaciones, cesantías, horas
extras, entre otras.
c)
Por regla general, el derecho al pago oportuno del salario debe reclamarse ante
la jurisdicción laboral. Sin embargo, excepcionalmente este derecho puede
protegerse por medio de la acción de tutela, pues “la no cancelación de los
salarios a un trabajador por parte de su empleador, configura un perjuicio
irremediable que, como se ha anotado, pone en peligro el derecho fundamental a
la subsistencia”[2]. Sentencias T-144 de 1999, T-210 de 1998,
T-01 de 1997, T-527 de 1997, T-063 de 1995.
d)
En ningún caso, procede la acción de tutela para el reconocimiento, liquidación
o reliquidación de obligaciones laborales. Por lo tanto, la tutela sólo puede
proteger el derecho al pago oportuno del salario cierto e indiscutible.
Sentencia T-01 de 1997 y SU-995 de 1999.
e)
La acción de tutela procede sólo para proteger el mínimo vital del accionante,
esto es, “para evitar que el trabajador sufra una situación crítica económica y
psicológica”[3]. Sentencias SU-342 de 1995, T-019 de 1997,
T-081 de 1997, T-261 de 1997.
f)
El concepto de mínimo vital del trabajador no debe confundirse con la noción de
salario mínimo, como quiera que la “garantía de percibir los salarios y las
demás acreencias laborales, se asienta en una valoración cualitativa, antes que
en una consideración meramente cuantitativa”[4]. De ahí pues, que la
valoración del mínimo vital corresponde a las condiciones especiales de cada
caso concreto y no al monto de las sumas adeudadas o a “una valoración numérica
de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer para subsistir, sino con
la apreciación material del valor de su trabajo”. Puede consultarse también la
sentencia T-220 de 1998.
g)
En aquellos casos en los que el trabajador cumple con los requisitos legalmente
establecidos para declarar renta y complementarios, el juez de tutela podrá
evaluar el tiempo en que la mora patronal no le cause un perjuicio
irremediable. (Sentencia SU-995 de 1999)
h)
El accionante debe probar el mínimo vital, pero el juez podrá valorar las
condiciones con base en la buena fe, que deberá presumirse (C.P. art. 83).
Sentencia SU-995 de 1999.
i)
La situación económica del empleador, sea este público o privado, no es un
motivo justificado para incumplir el deber legal y constitucional de pagar
oportunamente los salarios de los trabajadores. No obstante, si la deudora es
una entidad pública, la orden del juez de tutela “deberá ser que, en un término
razonable fijado por el juez, se cree una partida presupuestal, si no
existiere, o se realicen las operaciones necesarias para obtener los fondos,
bajo el entendido de que los créditos laborales vinculados al mínimo vital,
gozan de prelación constitucional”[5]. Sentencias T-015 de 1995, T-146 de 1996,
T-220 de 1998
j)
La orden que imparte el juez de tutela para proteger el derecho fundamental al
pago oportuno de los salarios podrá extenderse a la totalidad de las sumas
debidas. En otras palabras, el juez podrá ordenar el pago de las sumas causadas
y la cancelación oportuna de los salarios futuros.
4.
Con base en las anteriores premisas, esta Sala entra a analizar los casos
concretos. Pues bien, a las fechas de interposición de las acciones de tutela,
los tres actores estaban vinculados laboralmente con entidades cuya mora en el
pago de los salarios está comprobada en el expediente. En efecto, las entidades
demandadas sostienen que el incumplimiento en los pagos se origina en la
difícil situación económica que atraviesan las dos entidades públicas y la
entidad privada. No obstante, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
esa justificación no es admisible, como quiera que el derecho al pago oportuno
de los salarios es un derecho fundamental que debe ser protegido con carácter
urgente. Así mismo, está probado que la mora en el pago de los salarios de los
actores causa un grave perjuicio que afecta no sólo a los trabajadores sino
también a sus familias.
De
igual manera, los actores sostienen que la conducta omisiva de los demandados
afecta el mínimo vital, pues los ingresos salariales constituyen la fuente
principal de subsistencia personal y de su familia (principalmente de los
hijos). Sin embargo, resulta pertinente aclarar que no son de recibo los
argumentos expuestos por el Juzgado Único Promiscuo de Familia de Plato, según
los cuales la actora no puede predicar la protección de su mínimo vital, como
quiera que “vive en casa propia, su cónyuge posee un vehículo que le produce
ingresos que permiten la subsistencia de ella y la de su familia; además de que
sus hijos estudian en universidades de carácter privado, no han interrumpido
sus estudios”. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el
concepto de mínimo vital no “se agota en la satisfacción de las necesidades de
mera subsistencia biológica del individuo, pues debe permitir el ejercicio y
realización de los valores y propósitos de vida individual…” (sentencia SU-995
de 1999). Por lo tanto, el concepto de mínimo vital no puede identificarse con
valores económicos objetivos sino que depende de las condiciones subjetivas del
trabajador. Vemos pues, que la docente al servicio del municipio de Plato,
tiene compromisos económicos personales y familiares y, un nivel de vida que
requiere del pago oportuno de su salario.
5.
Por todo lo expuesto, la Sala concluye que las acciones de tutela objeto de
estudio deben prosperar, para lo cual se ordenará el pago de la totalidad de
las sumas adeudadas al momento de presentar la tutela y, se ordenará garantizar
la oportuna cancelación de los salarios futuros, siempre y cuando aquellos
continúen siendo parte del mínimo vital de los trabajadores. Por consiguiente,
se recuerda que no es indispensable la nueva presentación de una acción de
tutela para el pago oportuno de los salarios.
No
obstante lo anterior, es preciso aclarar que las autoridades administrativas
deberán adelantar las diligencias pertinentes para garantizar la existencia de
las partidas presupuestales correspondientes, dentro del término perentorio de
3 meses. De igual manera, los ordenadores del gasto deberán garantizar que los
pagos que se originan en las obligaciones laborales sean prioritarios y
prevalentes respecto de otros pagos.
6.
De otra parte, la Sala tomará especiales medidas en relación con la situación endémica
del Departamento de Nariño, pues el inmenso número de acciones de tutela que
deben interponer los trabajadores y pensionados de la entidad territorial y, el
engorroso trámite administrativo a que se someten los trabajadores que obtienen
la protección tutelar, retarda el cumplimento de las ordenes judiciales y
afecta el derecho al pago oportuno de los salarios de los trabajadores. Por lo
tanto, se oficiará al Procurador General de la Nación para que, si lo estima
pertinente, designe funcionarios que vigilen la transparencia en el
cumplimiento de los fallos de tutela y la claridad de la asignación de los
recursos. Para ello, se remitirá copia de esta sentencia y de las pruebas que
se aportaron en las diligencias de inspección judicial que se practicaron por
la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, al Procurador General de la
Nación.
Deber judicial de verificar el cumplimiento de la acción de tutela
7.
Finalmente, esta Sala insiste en que la protección de los derechos
fundamentales en la Carta de 1991 no es retórica, pues por el contrario, el
artículo 2º superior consagra como uno de los fines esenciales del Estado, el
de garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos
consagrados en la Constitución, el cual debe irradiar todo el ordenamiento
jurídico. Para ello, fue concebida la acción de tutela como un instrumento
necesario para exigir de manera perentoria la efectividad de los derechos
fundamentales, lo que, al mismo tiempo, implica un deber de máxima diligencia de las autoridades administrativas para el
cumplimiento de los fallos y un deber judicial de hacer efectiva la orden
impuesta para defender la Constitución. Por lo tanto, corresponderá a los
jueces de tutela de primera instancia (art. 36 y 52 Decreto 2591 de 1991)
verificar y exigir el estricto cumplimiento de esta sentencia, por lo que
aquellos mantienen la competencia hasta tanto el fallo se cumpla en su
integridad.
Así
mismo, la Sala recuerda que, de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2591 de
1991, los jueces de tutela disponen de un mecanismo expedito para asegurar el
cumplimiento de la orden proferida por el juez constitucional. En efecto, la
norma en cita señala:
“Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del
agravio deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez
se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir
y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas
otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no
hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las
medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia”
V. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Nariño, el 25 de
marzo de 1999, y en su lugar CONCEDER la tutela para la
protección de los derechos fundamentales de José Eduardo Chávez Meza. En
consecuencia, ORDENAR al Gobernador de Nariño proceder a cancelar
los salarios atrasados -si todavía no lo hubiere hecho- siempre y cuando exista
partida presupuestal disponible, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de este fallo. En caso de que no exista la
respectiva partida, deberá realizar las operaciones presupuestales para
garantizar el pago de los salarios debidos. Dichas gestiones no podrán exceder
el término perentorio de tres meses.
Segundo. REVOCAR
los fallos proferidos por el Juzgado Único
Promiscuo de Familia de Plato, el 18
de marzo de 1999; y por la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Santa
Marta, el 19 de mayo de 1999. En su lugar, CONCEDER la tutela
para la protección de los derechos fundamentales de Nelsy Danila Fonseca
Mercado. En consecuencia, ORDENAR al Alcalde de Plato proceder a
cancelar los salarios atrasados -si todavía no lo hubiere hecho- siempre y
cuando exista partida presupuestal disponible, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de este fallo. En caso de que no exista
la respectiva partida, deberá realizar las operaciones presupuestales para
garantizar el pago de los salarios debidos. Dichas gestiones no podrán exceder
el término perentorio de tres meses.
Tercero. REVOCAR
los fallos proferidos por el Juzgado 32
Civil Municipal de Bogotá, el 14 de
abril de 1999; y por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, el 20 de mayo
de 1999. En su lugar, CONCEDER la tutela para la protección de
los derechos fundamentales de Blanca Flor Rivera González. En consecuencia, ORDENAR
a la representante legal de la Fundación San Juan de Dios, con sede en Santa Fe de Bogotá, para que
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del
presente fallo, proceda a cancelar los salarios atrasados de la accionante. -si
todavía no lo hubiere hecho-
Cuarto.- PREVENIR
a las autoridades demandadas para que se apresten a cumplir lo señalado en
este fallo, so pena de incurrir en desacato, y para que en lo sucesivo no
repita la omisión que dio origen a la presente acción.
Quinto. REMITIR al
Procurador General de la Nación, las copias señaladas en el numeral sexto de la
parte motiva de la presente sentencia, para los fines allí señalados.
Sexto. LÍBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[2] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[3] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos
Gaviria Díaz.
[4] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos
Gaviria Díaz
[5] Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos
Gaviria Díaz