T-680-13
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-680/13
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Valoración cuidadosa por el juez cuando se interpone
duplicidad de acciones de tutela para proteger derecho a la salud
La
Corte ha señalado que cuando un juez constitucional tiene noticia de que un
usuario del sistema de salud presenta una tutela con identidad de partes y de
pretensiones de una acción anterior, tiene el deber de verificar si la
situación de salud del peticionario ha variado entre el momento en que presentó
la primera y el instante que interpuso la segunda, teniendo en cuenta
circunstancias relevantes como el cambio de edad, la evolución de las
enfermedades y la prescripción reiterada de un servicio médico. Además, el
funcionario, al conocer el nuevo amparo debe verificar si al momento de
resolverse el precedente, se dio respuesta a cada una de las peticiones del
actor, es decir que exista un pronunciamiento concreto sobre las solicitudes
que presuntamente se vuelven a poner a consideración del aparato
jurisdiccional.
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos
ACCION DE TUTELA PARA ORDENAR SUMINISTRO DE
TRATAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS O MEDICAMENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Reglas de procedencia y acceso a los servicios de
salud
A
manera de excepción, este Tribunal ha sostenido que los usuarios del sistema de
salud pueden acudir a la acción de tutela cuando la EPS a la que se encuentran
afiliados, les ha negado el suministro de medicamentos, insumos o servicios que
se encuentran por fuera del plan obligatorio de salud (POS), siempre que
acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos: “(i) que la falta del
servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad
personal de quien lo requiere; (ii) que el servicio no puede ser sustituido por
otro que se encuentre incluido en el plan obligatorio; (iii) que el interesado
no puede directamente costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de
garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a
cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie;
(iv) que el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está
solicitándolo.”
PLAN DE BENEFICIOS UNIFICADO EN SALUD-Regulado por el Acuerdo 029 de 2011/ACUERDO 029/11-Definió,
aclaró y actualizó integralmente el POS del Sistema General de Seguridad Social
en Salud
DERECHO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD QUE SE REQUIERE
CON NECESIDAD-Suministro de pañales
para persona en situación de discapacidad
JUEZ DE TUTELA Y PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD EN SALUD-Se debe garantizar el acceso al resto de servicios
médicos que sean necesarios para concluir tratamiento
Teniendo en cuenta las actuaciones reiteradas de las
prestadoras de servicios de salud orientadas a desconocer la jurisprudencia
constitucional, esta Colegiatura ha señalado que es posible para el juez de
tutela decretar el tratamiento integral cuando se demuestre que la EPS ha
actuado de manera negligente, incumpliendo sus compromisos constitucionales y
legales. Sin embargo, dicha orden debe estar acompañada de ciertas indicaciones
que la hagan determinable, debido a que no es posible reconocer prestaciones
futuras e inciertas y no se puede desconocer la buena fe que se presume de los
particulares.
SUMINISTRO DE PAÑALES EXCLUIDOS DEL POS-Presupuestos jurisprudenciales
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA-Orden a EPS suministro de pañales de manera
provisional, condicionado a valoración médica donde se confirme la
imposibilidad de controlar esfínteres
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA
TERCERA EDAD-Orden a EPS autorice
entrega de pañales desechables, podrá repetir ante el Fosyga
DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA DE LA
TERCERA EDAD-Orden a EPS autorice entrega
de medicamentos, pañales desechables y garantice servicio de enfermería 12
horas al día
Referencia: expedientes
(i) T-3.892.812, (ii) T-3.894.924, (iii) T-3.898.371, (iv) T-3.900.481, (v) T-3.907.753
y (vi) T-3.911.329 (acumulados).
Acciones de tutela instauradas por: (i) Miriam Zapata
Herrera, en representación de Ramiro Alberto Zapata Herrera, contra de Nueva
EPS; (ii) Fabio Nelson Peña Linares, en representación de Rosalba Linares
Garzón, contra Capital Salud EPS-S; (iii) Mariella Arboleda Tovar, en
representación de Romelia Tovar Rivera contra Sura EPS; (iv) Zaida Milena Corzo
Alvarado, en representación de Blanca Marina Alvarado de Corzo, contra Nueva
EPS; (v) Gloria Nancy Pérez Acevedo, en representación de Mary de Jesús Acevedo
Carmona, contra Cosmitet Ltda.; (vi) Tulia María Cubides Roncancio contra
Famisanar EPS.
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Bogotá,
D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013).
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos de tutela dados dentro de los procesos de
tutela de la referencia[1].
I.
ANTECEDENTES
Los
peticionarios, obrando en nombre propio o en el de algún familiar, instauraron
acciones de tutela contra las entidades encargadas de garantizarles el acceso a
los servicios de salud, por la presunta vulneración a sus derechos
fundamentales a la vida digna, a la salud, a la integridad personal y a la
seguridad social.
(i) Expediente T-3.892.812
1.
Hechos y pretensiones
El
señor Ramiro Alberto Zapata Herrera, de 44 años, padece de esquizofrenia
paranoide, temblor esencial y retraso mental severo, que le han suscitado pérdida
de control de esfínteres[2].
Su hermana, la señora Miriam Zapata Herrera, en su calidad de curadora general
legítima[3],
presentó acción de tutela con el fin de que se ordene a Nueva EPS[4]: (a) la
entrega de los pañales necesarios para facilitar el tratamiento de las enfermedades
de su pariente; y (b) la atención integral que requiere para llevar una vida
digna.
La
accionante indicó que acudió ante la EPS demandada para solicitarle el
suministro de los pañales, obteniendo respuesta verbal negativa, basada en que
la entrega de dichos insumos no se encuentra dentro del plan obligatorio de salud
(en adelante POS). Asimismo, la actora comentó que no se halla en las
condiciones económicas de sufragar los gastos de las enfermedades de su
hermano, los cuales cada día incrementan debido su evolución.
Igualmente,
la peticionaria puso de presente que, a principios del año 2012, instauró una
acción de tutela solicitando la entrega de unos medicamentos e insumos que necesitaba
su pariente. Sin embargo, explicó que en aquella oportunidad los jueces de
instancia omitieron pronunciarse sobre el suministro de pañales[5].
2.
Contestación de la tutela
Por
su parte, Nueva EPS solicitó denegar el amparo[6],
argumentando que la demandante no anexó formula médica en la que conste que el
señor Ramiro Alberto Zapata Herrera necesita usar pañales, como tampoco allegó
documento que acredite radicación de solicitud al respecto ante el Comité
Técnico Científico. A la par, arguyó que la accionante ya había instaurado una
acción de tutela con identidad de partes, objeto y causa, por lo que el
presente amparo no es procedente al haberse configurado el fenómeno denominado
cosa juzgada constitucional.
Finalmente,
la accionada pidió que en caso de accederse a las pretensiones de la parte
demandante, se autorice el recobro al Fosyga de los medicamentos, insumos y
servicios excluidos del POS.
3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Tanto
el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de
Conocimiento de Medellín[7]
como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad[8]
denegaron el amparo, al estimar que la actora había incurrido en temeridad. En
efecto, explicaron que Mirian Zapata Hernández había instaurado una acción de
tutela en representación de su hermano Alberto en enero de 2012 contra Nueva
EPS, la cual presentaba identidad de objeto y causa. Asimismo, señalaron que no
existía un motivo válido que ameritara interponerla nuevamente, y que las
pretensiones del actor fueron atendidas y solucionadas debidamente en la
sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por el Juzgado Trece Penal del Circuito
de Medellín.
(ii) Expediente T-3.894.924
1.
Hechos y pretensiones
La
señora Rosalba Linares Garzón, de 65 años, padece de artritis degenerativa,
osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, enfermedades que le han
generado una pérdida de capacidad física del 80%[9].
Su hijo, el señor Fabio Nelson Peña Linares, actuando en calidad de agente
oficioso, presentó acción de tutela con el fin de que se ordene a Capital Salud
EPS-S[10]:
(a) la autorización inmediata del suministro de pañales y de los medicamentos
esenciales para tratar las enfermedades de su ascendiente; (b) la prestación de
los servicios de enfermería (24 horas), de terapias físicas y de médico en casa;
y (c) la atención integral que requiere para llevar una vida digna.
El
actor afirmó que le solicitaron al especialista tratante que expidiera las
autorizaciones correspondientes para acceder a los medicamentos, servicios e
insumos necesarios para el tratamiento de su progenitora; sin embargo, sostuvo que
el galeno les informó que por cuestiones administrativas no le era posible
emitir una orden en ese sentido. Asimismo, expresó que su madre se encuentra
postrada en una cama desde hace 5 años, dificultándose su cuidado y limpieza,
dado que debe ausentarse para trabajar y obtener el sustento familiar diario.
Al
respecto, el peticionario mencionó que convive únicamente con su progenitora y que
obtienen sus ingresos de su labor como albañil y de un subsidio mensual que
recibe la señora Rosalba Linares Garzón, equivalente a $80.000, los cuales no son
suficientes para pagar una persona que les colabore, máxime cuando las visitas
médicas domiciliarias y las terapias son programadas esporádicamente.
2.
Contestación de la tutela
Por
su parte, Capital Salud EPS solicitó denegar el amparo[11], afirmando que ha
prestado la atención medica que requiere la señora Rosalba Linares Garzón. En
efecto, adujó que el servicio de terapias en casa se ha prestado en los meses
de febrero y noviembre de 2012, así como el de medicina general domiciliaria
mediante la visita realizada en diciembre del mismo año. A la par, explicó que
le ha suministrado los medicamentos recomendados por el galeno tratante, los
cuales son tramadol en gotas y acetaminofén.
Igualmente,
argumentó que el demandante no anexó formula médica, diferente a las ya
autorizadas, en la que conste que se necesita el suministro de pañales, el
servicio de enfermería (24 horas), terapias físicas y los medicamentos
esenciales para tratar las enfermedades, como tampoco allegó documento que
acredite la radicación de solicitud al respecto ante el Comité Técnico Científico.
La
Secretaría de Salud de Bogotá, vinculada al proceso, pidió declarar
improcedente el amparo en su contra, toda vez que cualquier responsabilidad
sobre la prestación del servicio médico a Rosalba Linares Garzón es de la EPS
demandada[12].
3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Mediante
sentencia del 7 de marzo de 2013[13],
el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá
denegó el amparo solicitado, al estimar que no obraba en dentro del plenario
orden médica que acredite la necesidad del suministro de pañales, del servicio
de enfermería y de la entrega de medicamentos pretendidos.
4.
Actuaciones en sede de revisión
El
6 de agosto de 2013, Fabio Nelson Peña Linares allegó al proceso copia de dos
órdenes médicas. En la primera, el doctor cirujano Ryan Murillo[14], adscrito a Asistirte,
indicó que la señora Rosalba Linares Garzón requiere de terapias físicas
domiciliarias, de médico en casa y del servicio de enfermería para administrar
medicamentos, cambios de pañal y aseo, por presentar riesgo de escaras por
decúbito prolongado. En la segunda, el galeno Efrén Alexander Escobar[15], vinculado a
Asemedis S.A.S, prescribe a la progenitora del actor los siguientes
medicamentos: enalapril (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg), tramadol en gotas,
calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y prednisolona (5 mg). Asimismo, el
accionante remitió copia de una petición dirigida a Capital Salud EPS-S, en el
cual solicita la prestación integral de los procedimientos y servicios de salud
que requiere su ascendiente[16].
(iii) Expediente T-3.898.371
1.
Hechos y pretensiones
La
señora Romelia Tovar Rivera, de 98 años, debido a su avanzada edad, se
encuentra postrada en cama desde hace 10 años, por lo que se le dificulta
realizar sus necesidades fisiológicas, pues debe valerse de la ayuda de alguna
persona, y su piel se escara[17].
Su familiar Mariella Arboleda Tovar, actuando como agente oficiosa, presentó
acción de tutela con el fin de que se le ordene a Sura EPS[18]: (a) la autorización
inmediata del suministro de pañales, pañitos húmedos, crema humectante y el
servicio de enfermería (24 horas) que requiere su pariente; y (b) la atención
integral que necesita para llevar una vida digna[19].
La
accionante afirmó que le solicitaron al especialista tratante que expidiera las
autorizaciones correspondientes para acceder a los mencionados servicios e
insumos; y que no obstante, el galeno les informó que por razones administrativas
no le era posible emitir una orden en ese sentido. Asimismo, expresó que al
encontrase su familiar postrada en cama, se dificulta su cuidado y limpieza,
dado que no siempre están personas disponibles para ayudarla.
2.
Contestación de la tutela
Por
su parte, Sura EPS solicitó denegar el amparo[20],
argumentando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de Romelia Tovar
Rivera, toda vez que le ha entregado todos los medicamentos que le han sido
ordenados por los médicos tratantes; para probar sus afirmaciones anexó copia
de un oficio donde se certifican el suministro de los mismos.
Por
último, la accionada pidió que en caso de accederse a las pretensiones de la
parte activa, se autorice el recobro al Fosyga de los medicamentos, insumos y
servicios excluidos del POS.
3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
A
través de sentencia del 4 de febrero de 2013[21],
el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Bogotá denegó el amparo solicitado, al estimar que no obraba dentro del
plenario orden médica u otro elemento de juicio que acredite la necesidad del
suministro de pañales, servicio de enfermería y demás insumos. Además,
consideró que la EPS demandada le ha entregado a la señora Romelia Tovar Rivera
todos los medicamentos que le ha formulado el galeno tratante, por lo que se
desvirtuaba la vulneración de sus derechos fundamentales.
4.
Actuaciones en sede de revisión
Seleccionado
el expediente, el Despacho procedió a comunicarse con el número telefónico de
contacto de la parte demandante, en el cual Mariella Arboleda Tovar indicó que
Romelia Tovar Rivera había fallecido[22];
dicha información fue confirmada por el grupo de atención e información
ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes certificaron
que la cédula de ciudadanía 29.057.844, asignada a la representada, fue
cancelada por muerte a través de la Resolución No. 3394 de 2013, según la
novedad comunicada por la Notaría 11 del Circuito de Cali[23].
(iv) Expediente T-3.900.481
1.
Hechos y pretensiones
La
señora Blanca Marina Alvarado de Corzo, de 60 años, padece de enfermedad
cerebrovascular no especificada, diabetes y hemiplejía derecha, no controlando
esfínteres, siendo necesario practicarle una gastrostomía para facilitar su
alimentación y movilizándose a través de silla de ruedas[24]. Su hija, Zaida Milena
Corzo Alvarado, actuando en calidad de agente oficioso, presentó acción de
tutela con el fin de que se ordene a Nueva EPS[25]:
(a) la autorización inmediata del suministro de pañales, el servicio de
enfermería (24 horas), suplemento alimenticio, silla de ruedas permanente,
tirillas para glucometría, lancetas, jeringas de insulina y demás medicamentos
necesarios para tratar las enfermedades que sufre su progenitora; (b) la
atención integral que requiere para llevar una vida digna; y (c) la exoneración
de pago de cuotas moderadoras y de copagos.
La
accionante afirmó que acudió ante la EPS pretendiendo la entrega de insumos y
medicamentos, obteniendo respuesta negativa, bajo el argumento de que no se
encontraban dentro del POS. Asimismo, la peticionaria explicó que su familia es
de escasos recursos, y que no cuentan con la posibilidad de acceder a los
servicios mínimos que necesita su madre para desarrollar una existencia
conforme a los postulados propios de la dignidad humana.
2.
Contestación de la tutela
Por
su parte, Nueva EPS solicitó denegar el amparo[26],
argumentando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de Blanca Marina
Alvarado de Corzo, toda vez que le ha entregado todos los medicamentos y
servicios que le han sido ordenados por sus médicos tratantes, y que en
relación con los insumos solicitados, en especial los pañales, no se encuentran
dentro del POS, ya que son considerados implementos de aseo. Además, arguyó que
el cobro de cuotas moderadoras es admisible al tenor de la normatividad
contendida en el Acuerdo 260 de 2004.
Igualmente,
la accionada pidió que en caso de accederse a las pretensiones de la peticionaria,
se autorice el recobro al Fosyga de los medicamentos, insumos y servicios
excluidos del POS.
3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
A
través de sentencia del 30 de octubre de 2012[27],
el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de Bucaramanga denegó el
amparo solicitado, al estimar que la EPS ha autorizado los medicamentos y
servicios ordenados por el galeno tratante, información que confirmó al
comunicarse con el número de contacto de la demandante.
En
efecto, mediante llamada realizada el 29 de octubre de 2012, estableció que a
la señora Blanca Marina le han prestado los servicios requeridos y que no hay
orden pendiente por autorizar; sin embargo, la parte accionante adujó que sólo
era necesario continuar con la acción de tutela para que le fueran suministrados
los pañales requeridos[28].
Al respecto, el despacho judicial explicó que no era posible ordenar su
entrega, a pesar de la negativa de la accionada, ya que no obraba orden del
especialista respectivo que justificara su necesidad.
(v) Expediente T-3.907.753
1.
Hechos y pretensiones
La
señora Mary de Jesús Acevedo Carmona, de 66 años, padece de síndrome de
inmovilidad (paraplejía) y desnutrición severa, por lo que no puede realizar
sus necesidades fisiológicas de manera autónoma, pues debe valerse de la ayuda
de algún familiar y su piel se escara[29].
Su hija, Gloria Nancy Pérez Acevedo, en su calidad de curadora general legítima[30], presentó
acción de tutela con el fin de que se ordene a Cosmitet Ltda.[31]: (a) el suministro del
suplemento alimenticio Glucerna; (b) la entrega de pañales, silla de ruedas, guantes
y cremas para las escaras; (c) el servicio de trasporte entre Anserma y
Manizales para asistir a las citas médicas programadas; y (d) la atención
integral que requiere su madre para llevar una vida digna.
La
accionante indicó que acudieron ante la demandada en busca de la satisfacción
de sus peticiones, obteniendo como respuesta que dichos medicamentos, insumos y
servicios no se encontraban dentro de su plan de salud. A la par, comentó que
no cuenta con los recursos económicos para suplir los gastos que conlleva las
enfermedades de su progenitora, viéndose afectados sus derechos, en especial el
acceso a condiciones dignas de vida.
2.
Contestación de la tutela
Por
su parte, Cosmitet Ltda. solicitó denegar el amparo[32], argumentando que no ha
vulnerado los derechos fundamentales de Mary de Jesús Acevedo Carmona, toda vez
que la entrega de glucerna y demás insumos no se encuentra contemplada dentro
del pliego de condiciones para la contratación de los servicios de salud de la
convocatoria pública perteneciente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, por lo que no es posible su suministro.
3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Tanto
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Anserma[33] como el Juzgado
Promiscuo de Familia del mismo municipio[34]
accedieron parcialmente a las pretensiones del amparo, pues ordenaron el
suministro del suplemento alimenticio y el trasporte a las citas médicas. Sin
embargo, no decretaron la entrega de los pañales, de la silla de ruedas, de los
guantes y de la crema para las escaras.
El
sustento de las decisiones fue que sólo es posible ordenar el suministro de los
medicamentos y servicios que sean ordenados por el médico tratante, es decir,
que no era dada al juez de tutela la facultad de decretar la entrega de insumos
de los cuales no obre prueba científica de su necesidad.
(vi) Expediente T-3.911.329
1.
Hechos y pretensiones
La
señora Tulia María Cubides Roncancio, de 81 años, fue intervenida
quirúrgicamente debido a los problemas de cadera que padece, por lo que no
puede realizar sus necesidades fisiológicas de manera independiente, pues debe
valerse de la ayuda de algún pariente[35].
En vista de lo anterior, presentó acción de tutela pretendiendo que se ordene a
Famisanar EPS: (a) la autorización inmediata del suministro de pañales,
medicamentos y terapias; (b) la prestación de los servicios de enfermería (24
horas) y de trasporte; (c) la atención integral que requiere para llevar una
vida digna.
En
efecto, la actora afirmó que debido a su avanzada edad y a la cirugía, se
encuentra postrada en cama, sin poder desplazarse por sus propios medios, por
lo que es auxiliada por sus hermanos, quienes a su vez son de la tercera edad.
En ese orden, manifestó que necesita la atención de un profesional de la salud,
ya que no cuenta con familiares que puedan ayudarla a realizar sus necesidades
fisiológicas y le suministren los medicamentos correspondientes. Asimismo, la peticionaria
expresó que no cuenta con los recursos necesarios para adquirir los pañales y
demás medicamentos.
2.
Contestación de la tutela
Famisanar
EPS solicitó denegar el amparo pretendido[36],
toda vez que ha autorizado todos los procedimientos, servicios y medicamentos
ordenados por el médico tratante a Tulia María Cubides Roncancio, por lo que no
existe acción u omisión con la que haya vulnerado sus derechos fundamentales.
Sin
embargo, la accionada pidió que en caso de accederse a las pretensiones de la actora,
se autorice el recobro al Fosyga de los medicamentos, insumos y servicios
excluidos del POS.
3.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Mediante
Sentencia del 16 de abril de 2013[37],
el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá denegó el amparo solicitado,
al considerar que la empresa demandada le ha suministrado a la actora los
servicios médicos necesarios para recuperar su salud y que no obra orden del
especialista tratante donde se indique la necesidad de autorizar los insumos y
servicios pretendidos.
4.
Actuaciones en sede de revisión
Seleccionado
el expediente, el Despacho procedió a comunicarse con el número telefónico de
contacto de la parte activa, donde el señor Eduardo Cubides, hermano de la
accionante, indicó que Tulia María Cubides Roncancio había fallecido el 7 de
abril de 2013, información que fue confirmada por el grupo de atención e
información ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes
certificaron que la cédula de ciudadanía 20.043.584 asignada a la demandante
fue cancelada por muerte a través de la Resolución No. 3727 de 2013[38].
IV.
CONSIDERACIONES y fundamentos
1. Competencia
Esta
Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de los
expedientes de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la
Constitución Política[39].
2.
Procedencia de la acción de tutela
Previo
al estudio del caso planteado, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de las acciones de tutela, que al tenor del Artículo
86 de la Carta y del Decreto 2591 de 1991[40],
se sintetizan en existencia de legitimación por activa y por pasiva; afectación
de derechos fundamentales; instauración del amparo de manera oportuna
(inmediatez); agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo que
se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable o que tales vías sean
inexistentes o ineficaces (subsidiariedad); y ausencia de duplicidad en la
presentación de recursos de tutela, presupuestos que a continuación serán estudiados
por la Sala.
2.1.
Legitimación por activa
2.1.1.
El Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[41]
señala que la acción de tutela podrá ser ejercida directamente por la persona
que considere vulnerados sus derechos fundamentales o a través de su representante. Asimismo, indica que es posible agenciar derechos ajenos cuando su
titular no esté en condiciones de promover su propia defensa.
2.1.2.
En los casos en estudio, Tulia María Cubides Roncancio[42] actúa de manera directa
en busca de la protección de sus prerrogativas fundamentales, los derechos de Ramiro
Alberto Zapata Herrera[43]
y Mary de Jesús Acevedo Carmona[44]
fueron procurados por sus curadores legítimos y los intereses de Rosalba Linares
Garzón[45],
Romelia Tovar Rivera[46]
y Blanca Marina Alvarado de Corzo[47]
fueron agenciados por sus familiares, debido a que no se encuentran en
capacidad de hacerlo a raíz de sus enfermedades.
2.2.
Legitimación por pasiva
Nueva
EPS[48],
Capital Salud EPS-S[49],
Sura EPS[50],
Cosmitet Ltda.[51]
y Famisanar EPS[52],
son personas jurídicas que prestan servicios de salud, por lo cual, la acción
de tutela procede en su contra, al tenor del Numeral 2° del Artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991[53].
2.3.
Afectación de derechos fundamentales
2.3.1.
La acción de tutela tiene como objeto la protección de derechos fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados[54]. De lo anterior se
desprende que no es viable el recurso de amparo: (i) cuando no tenga como
pretensión principal la defensa de garantías fundamentales; o (ii) cuando la
acción u omisión que atenta contra las mismas no sea actual, es decir, el
amparo carezca de objeto.
2.3.2. En relación con la segunda situación, esta
Corporación ha sostenido que cuando hechos sobrevinientes a la instauración de
la acción de tutela, alteran de manera significativa el supuesto fáctico sobre
el que se estructuró el reclamo constitucional, al punto que desaparece todo o
parte principal de su fundamento empírico, decae la necesidad de protección
actual e inmediata que subyace a la esencia del amparo. A este fenómeno la
Corte lo ha denominado como carencia actual del objeto, el cual se presenta de
diferentes maneras, destacándose el hecho superado y el daño consumado.
2.3.3. Ahora bien, como se reseñó, Romelia Tovar Rivera[55]
y Tulia María Cubides Roncancio[56]
fallecieron durante el trámite del proceso constitucional, lo cual podría hacer
inferir que sus casos no ameritarían pronunciamiento alguno por parte de esta
Corporación. En efecto, la muerte durante
el trámite de amparo de la persona que acudió a la jurisdicción para solicitar
la protección de sus derechos fundamentales, en principio, permite al juez de
tutela proferir una decisión desestimatoria de la solicitud de protección, dado
que no tendría sentido proteger derechos si su titular ya no existe.
2.3.4. No obstante, la Corte Constitucional ha sostenido que la muerte
del peticionario durante el trámite de la acción, no la exime de emitir un
pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, porque si bien a causa del
fallecimiento del actor esta Corporación queda impedida para impartir contra el
tutelado la orden a que hace referencia el Artículo 86 Superior, ello no la
priva del deber de resolver sobre el fondo del asunto sometido a su estudio,
dado que el Parágrafo del Artículo 29 del Decreto 2591 de 1991[57] prohíbe la emisión de
fallos inhibitorios en materia de tutela, máxime cuando las funciones de esta
Colegiatura exceden a las que cumple ordinariamente un tribunal de instancia[58].
2.3.5. Por lo anterior, ha de tenerse en cuenta que Romelia Tovar Rivera y Tulia María Cubides Roncancio se encontraban en situaciones similares a las de los
demás accionantes, por lo cual, las consideraciones que se hagan en esta
providencia respecto a los otros casos que serán estudiados de fondo, servirán,
a mero título ilustrativo, para determinar de qué manera los jueces de
instancia debieron solucionar los problemas jurídicos que les fueron planteados.
En ese orden, la Sala revocará las sentencias de instancia de los procesos (iii) T-3.898.371 y (vi) T-3.911.329, y
en su lugar declarará la existencia de carencia actual de objeto, debido al
fallecimiento de las accionantes.
2.4.
Inmediatez
2.4.1.
El Artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está
prevista para la “protección inmediata” de los derechos fundamentales que
se consideren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los términos previstos en la ley. De
esta manera, el ordenamiento constitucional busca asegurar que el amparo sea
utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la
intervención del juez de tutela.
2.4.2.
En los asuntos bajo revisión, comoquiera que a la fecha de la presentación de
los recursos de amparo, a la los accionantes, según sus afirmaciones, no se les
ha autorizado y entregado los medicamentos, insumos y/o servicios requeridos
para el tratamiento de sus enfermedades, por lo que la posible vulneración a
sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna y a la seguridad social,
resulta actual, cumpliéndose de esta manera el presupuesto de inmediatez.
2.5.
Subsidiariedad
2.5.1.
El Artículo 86 de la Carta establece que la acción de tutela “sólo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. En materia de seguridad social en salud, las leyes 1122 de
2007[59]
y 1438 de 2011[60]
confirieron a la Superintendencia Nacional de Salud potestades jurisdiccionales
para resolver, con las facultades propias de un juez, algunas controversias
entre las empresas promotoras (o entidades que se les asimilen) y sus usuarios.
2.5.2.
Así por ejemplo, el Artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, señala que
la Superintendencia Nacional de Salud
podrá conocer y fallar en derecho de manera definitiva los asuntos relacionados
con la “cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del
plan obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las entidades
promotoras de salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace
la salud del usuario”. Igualmente, es competente para decidir “sobre las
prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para
atender las condiciones particulares del individuo”.
2.5.3.
Este procedimiento judicial inicia con la presentación de una solicitud
informal, sin necesidad de apoderado, en la cual se deben sintetizar los hechos
que originan el conflicto, la petición a resolver y el lugar de notificación de
las partes. Dentro de los 10 días siguientes a la radicación del oficio se
dicta fallo, el cual puede ser impugnado dentro de los 3 días siguientes. El
trámite debe llevarse a cabo con arreglo a los principios de publicidad,
prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia,
garantizando debidamente el derecho al debido proceso de los intervinientes.
2.5.4.
Ahora, si bien el procedimiento judicial ante la Superintendencia de Salud es
idóneo y eficaz, por lo cual la tutela no sería la acción procedente en estos
casos, salvo que se configurara un perjuicio irremediable, esta Sala de
Revisión ha sostenido que resulta desproporcionado señalar que dicho mecanismo
es preferente sobre el recurso constitucional, pues cuando se evidencien
circunstancias de las cuales se desprenda que se encuentran en riesgo la vida,
la salud o la integridad de la personas, las dos vías judiciales tienen
vocación de prosperar, porque de lo contrario se estaría desconociendo la
teleología de ambos instrumentos, los cuales buscan otorgarle a los ciudadanos
una protección inmediata cuando sus derechos fundamentales están siendo
desconocidos[61].
2.5.5.
En los casos en estudio, esta Corporación considera que las acciones de tutela
presentadas son procedentes, puesto que pretenden la protección de derechos
fundamentales que se encuentran en riesgo y porque fue el mecanismo judicial
que los accionantes eligieron para obtener su protección.
2.5.6.
Igualmente, la Corte resalta que remitir en sede de revisión los asuntos en
examen a la Superintendencia de Salud desconocería que del análisis de los elementos
de juicio obrantes en los expedientes, se desprende la urgencia con la que se
requiere el amparo de los derechos, puesto que los actores son personas que presentan
diversas enfermedades, las cuales los incapacitan para valerse por si mismos; para
ilustrar, el señor Ramiro Alberto Zapata Herrera[62] padece de esquizofrenia
paranoide, temblor esencial y retraso mental severo, Rosalba Linares Garzón[63] sufre de
artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión esencial,
enfermedades que le han generado una pérdida de capacidad física del 80%[64], Blanca
Marina Alvarado de Corzo[65]
debido a sus  problemas cardiovasculares, de diabetes y hemiplejía, no controla
esfínteres[66]
y Mary de Jesús Acevedo Carmona[67]
pretende sobrellevar de manera digna el síndrome de inmovilidad (paraplejía)
que la aqueja.
2.6.
Duplicidad en la presentación de acciones de tutela
2.6.1.
Corresponde a la Corte determinar si en el caso (i) T-3.892.812 existe cosa
juzgada constitucional y/o temeridad, teniendo en cuenta que los jueces de
instancia negaron el amparo, al considerar que el accionante había instaurado
una acción de tutela previa contra Nueva EPS por los mismos hechos y
pretensiones en enero de 2012, la cual fue resuelta mediante la sentencia
proferida el 26 del mismo mes y año por el Juzgado Trece Penal del Circuito de
Medellín.
2.6.2.
Al respecto, la Corte ha señalado que cuando un juez constitucional tiene
noticia de que un usuario del sistema de salud presenta una tutela con
identidad de partes y de pretensiones de una acción anterior, tiene el deber de
verificar si la situación de salud del peticionario ha variado entre el momento
en que presentó la primera y el instante que interpuso la segunda, teniendo en
cuenta circunstancias relevantes como el cambio de edad, la evolución de las
enfermedades y la prescripción reiterada de un servicio médico. Además, el
funcionario, al conocer el nuevo amparo debe verificar si al momento de
resolverse el precedente, se dio respuesta a cada una de las peticiones del
actor, es decir que exista un pronunciamiento concreto sobre las solicitudes
que presuntamente se vuelven a poner a consideración del aparato jurisdiccional[68].
2.6.3.
Luego de verificar la existencia o no de tales circunstancias, le corresponde al
despacho determinar si sobre el caso en concreto existe cosa juzgada
constitucional y si se configura una posible actuación temeraria por parte del
demandante, para lo cual debe tenerse en cuenta que cuando se promueven
sucesivas o múltiples solicitudes de tutela en procesos que versen sobre un
mismo asunto, se generan las siguientes consecuencias:
“i) que exista cosa juzgada y
temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acción de
tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de la igual
naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii)
otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico,
cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada
que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada
de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un
recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente
temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala
fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que
se ha aludido, sin que ninguna haya  hecho tránsito a cosa juzgada.” [69]
2.6.4.
Descendiendo al caso del señor Ramiro Alberto Zapata Herrera, la Corte descarta
la existencia de duplicidad en la presentación de la acción de tutela, puesto
que del examen de la sentencia proferida por el Juzgado 13 Penal del Circuito
de Medellín en enero de 2012, se observa que en el resuelve se declaró la carencia
actual de objeto por hecho superado en relación con el suministro de medicamentos,
no haciéndose mención a la entrega de pañales ni a la solicitud de tratamiento
integral, por lo que, como lo señaló la curadora del accionante, no existió un
pronunciamiento de fondo sobre tales peticiones, desvirtuándose la existencia
de cosa juzgada y de temeridad. Por lo anterior, la Sala resolverá de fondo el
caso (i) T-3.892.812.
3.
Esquema de resolución
Dado
que la Corte Constitucional en numerosas ocasiones se ha pronunciado sobre
casos similares a los estudiados en esta oportunidad, es decir, en asuntos en
los cuales los accionante solicitan el suministro de medicamentes, insumos, en
especial la entrega de pañales, y demás servicios médicos denegados por sus EPS
por no encontrarse dentro del plan obligatorio de salud, la Sala en aplicación
del Artículo 35 del Decreto 2591 de 1991[70],
justificará brevemente la presente providencia, puesto que se limitará a
reiterar y aplicar las reglas jurisprudenciales establecidas al respecto.
4.
Requisitos establecidos por la Corte Constitucional para solicitar mediante
tutela un tratamiento médico o insumo excluido de la regulación legal y
reglamentaria del derecho a la salud.
4.1.
La Ley 100 de 1993[71]
constituye el marco legal dentro del cual se han desarrollado los derechos de
los afiliados al régimen de salud y las reglas conforme a las que ellos tienen
acceso a un conjunto de prestaciones concretas a cargo de las entidades que lo
conforman, las cuales se encuentran específicamente listadas en el Plan
Obligatorio de Salud –POS.
4.2.
A partir del 1 de julio de 2012, y con independencia de si el usuario está
afiliado al régimen de salud contributivo o al subsidiado, hoy en día el POS
está unificado y definido en el Acuerdo 029 de 2011 de la Comisión de
Regulación en Salud, CRES, y en sus dos documentos anexos.
4.3. Tal y como lo ha indicado la Corte Constitucional, los usuarios tienen
derecho a exigir la realización de los procedimientos y la entrega de los
medicamentos que se encuentran incluidos en ese plan:
“Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza
de derecho fundamental, de manera autónoma, el derecho a recibir la atención de
salud definidas en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado –Ley 100 de 1993 y sus normas
complementarias -, así como respecto de los elementos derivados de las
obligaciones básicas definidas en la Observación General Nº 14. Lo anterior por
cuanto se han definido los contenidos precisos del derecho, de manera que
existe un derecho subjetivo claro a favor de quienes pertenecen a cada uno de
los subsistemas –contributivo, subsidiado, etc.”[72]
4.4.
En ese sentido, el acceso a cualquier servicio, procedimiento o medicamento que
se encuentre previsto en el POS, debe estar garantizado por el sistema a sus
afiliados, de tal suerte que su negación por parte de la respectiva EPS
comporta una vulneración del derecho a la salud, y, en esa medida, la acción de
tutela es procedente en estos casos.
4.5.
Conforme a esa misma normatividad, existen algunos otros servicios,
procedimientos y medicamentos que han sido excluidos del POS como consecuencia
de las limitaciones de los recursos del sistema de seguridad social en salud.
Sobre este particular, esta Corporación ha señalado que dichas exclusiones son
admisibles, puesto que tienen como propósito salvaguardar la sostenibilidad
económica del propio sistema. Así, este Tribunal ha sostenido que “la existencia de exclusiones y limitaciones al Plan
Obligatorio de Salud (POS) es también compatible con la Constitución, ya que
representa un mecanismo para asegurar el equilibrio financiero del sistema de
salud, teniendo en cuenta que los  recursos económicos para las prestaciones
sanitarias no son infinitos (…).”[73]
4.6.
De ahí que el principio general aplicable en estos casos, es que cuando una
persona requiere de un servicio, procedimiento o medicamento que esté excluido
del plan obligatorio de salud, debe adquirirlo por su propia cuenta y asumiendo
directamente su costo. Sin embargo, esta regla no es absoluta, pues esta
Colegiatura ha indicado que “en
determinados casos concretos, la aplicación rígida y absoluta de las
exclusiones y limitaciones previstas por el POS puede vulnerar derechos
fundamentales, y por eso esta Corporación ha inaplicado la reglamentación que
excluye el tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea
suministrado, y evitar, de ese modo, que una reglamentación legal o
administrativa impida el goce efectivo de garantías constitucionales y de los
derechos fundamentales a la vida y  a la integridad de las personas.” [74]
4.7.
Así, a manera de excepción, este Tribunal ha sostenido que los usuarios del
sistema de salud pueden acudir a la acción de tutela cuando la EPS a la que se
encuentran afiliados, les ha negado el suministro de medicamentos, insumos o
servicios que se encuentran por fuera del plan obligatorio de salud (POS),
siempre que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:
“(i) que la
falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la
integridad personal de quien lo requiere;
(ii) que el servicio no puede ser sustituido por otro
que se encuentre incluido en el plan obligatorio;
(iii) que el interesado no puede directamente
costearlo, ni las sumas que la entidad encargada de garantizar la prestación
del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al
servicio por otro plan distinto que lo beneficie;
(iv) que el servicio médico ha sido ordenado por un
médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio
a quien está solicitándolo.”[75]
4.8.
Ahora bien, en cuanto los pañales desechables y los demás insumos que
generalmente se solicitan para el tratamiento de pacientes que no tienen
control de esfínteres, ni movilidad, tales como sillas de ruedas, pañitos
húmedos, gasas, cremas antipañalitis, etc., los cuales están excluidos del plan
obligatorio de salud, la Corte ha indicado que la determinación sobre si hay o
no lugar a su suministro exige de la verificación del cumplimiento de dichos
requisitos. No obstante, en aquellos asuntos en los que no existe orden del médico
tratante que prescriba su uso, esta Corporación ha sostenido que habrá lugar a
ordenar su entrega cuando quiera que sea posible concluir que existe una relación
directa entre la dolencia y los elementos solicitados, bien por lo que consta
en la historia clínica sobre este particular o bien por las propias condiciones
del afectado[76].
4.9.
En otro modo, es procedente ordenar por la vía de tutela el suministro de tales
elementos siempre que, además de la afectación de los derechos fundamentales
del paciente, sea evidente que existe una relación directa y de necesidad entre
la dolencia y lo pedido, es decir que se pueda inferir razonablemente que una
persona que padece cierta enfermedad requiere, para llevar una vida en
condiciones dignas, la entrega de determinados insumos. Así pues, se trata de
que las circunstancias fácticas y médicas permitan concluir forzosamente que,
en realidad, el afectado necesita de la provisión de los componentes
solicitados[77].
4.10.
Al respecto, esta Colegiatura ha considerado que la negativa de las empresas
prestadoras de servicios de salud de suministrar los pañales desechables,
pañitos húmedos y cremas antipañalitis a los afiliados que por diversos
padecimientos no controlan sus esfínteres, “vuelve indigna la existencia
humana ya que no les permite gozar de la óptima calidad de vida que merece y,
por consiguiente, les impide desarrollarse plenamente[78]. La
inhabilidad para controlar los esfínteres impide al afiliado llevar una vida
normal en el desempeño de sus actividades diarias, a menos que se le
proporcione en alguna medida, las condiciones que le faciliten vivir con la
dignidad que demanda la existencia del ser.”[79]
4.11.
De igual manera, en casos en los cuales no existe orden médica y del estudio de
los elementos de juicio obrantes en el expediente no se desprende con certeza
la necesidad de un determinado insumo o medicamento, pero si se evidencia que
la empresa prestadora del servicio de salud no ha actuado con la debida
diligencia, este Tribunal ha determinado que tal situación desconoce el derecho
al diagnostico, el cual se define como la garantía que tiene el paciente de “exigir
de las entidades prestadoras de salud la realización de los procedimientos que
resulten precisos con el objetivo de establecer la naturaleza de su dolencia
para que, de esa manera, el médico cuente con un panorama de plena certeza
sobre la patología y determine ‘las prescripciones más adecuadas’ que permitan
conseguir la recuperación de la salud, o en aquellos eventos en que dicho
resultado no sea posible debido a la gravedad de la dolencia, asegurar la
estabilidad del estado de salud del afectado.”[80]
4.12.
En tales eventos, es decir, cuando se evidencia la vulneración del derecho al
diagnóstico, el juez constitucional no se encuentra en la obligación  de
ordenar directamente la entrega del medicamento o insumo, pero si debe conminar
a la entidad prestadora de salud para que establezca, dentro de los parámetros
médicos posibles, la enfermedad que padece el afiliado y el tratamiento más
adecuado para sobrellevarla[81].
4.13.
De similar forma, en relación con la capacidad económica, la Corte ha sostenido
que en la medida que las EPS tienen en sus archivos, información referente a la
situación financiera de sus afiliados, están posibilitadas para controvertir
los alegatos formuladas por los accionantes, por lo cual, su inactividad al
respecto, hace que las afirmaciones presentadas al respecto  se tengan como
prueba suficiente para presumir la ausencia de recursos necesarios para
adquirir los medicamentos, insumos o servicios por cuenta propia[82].
4.14.
Ahora bien, al ser dichas reglas jurisprudenciales excepciones derivadas del
precedente general, el cual a su vez es una limitación a la regla legal que
señala que los medicamentos excluidos del Plan Obligatorio de Salud deben ser
cubiertos por el paciente, deben ser interpretadas de manera restrictiva,
máxime cuando se basan en presunciones.
4.15.
Al respecto, la Sala advierte que la aplicación de dichas presunciones admite
prueba en contrario, por lo que las empresas promotoras de salud pueden
desvirtuar que los padecimientos de un paciente tienen relación con los insumos
que solicita o que no cuenta con los recursos económicos para adquirirlos. No
obstante, esta Colegiatura es consciente que dado el trámite sumario de la acción
de tutela, muchas veces no es posible para la parte demandada descreditar tales
suposiciones, en parte, porque dicha figura es aplicada en la sentencia y sólo
es conocida hasta el momento de su notificación, por lo que podría llegarse a argumentar
que se vería afectado el derecho al debido proceso de la parte accionada.
4.16.
Sin embargo, la Corte aclara que dicha posición no es acertada, pues el sujeto
procesal que se ve afectado por la presunción puede desvirtuarla impugnando el
fallo o en sede de revisión ante esta Corporación. Asimismo, en casos en los
cuales la presunción es aplicada por este Tribunal, se han propuesto medidas
para permitir que las EPS tengan la oportunidad de suspender la entrega de los
insumos ordenados siempre que se acrediten una serie de requisitos que permitan
inferir que la situación de vulnerabilidad de los derechos ha sido subsanada.
4.17.
Así por ejemplo, en la Sentencia T-089 de 2013[83],
la  Corte ordenó a la demandada que en
el término de 48 horas suministrara los pañales desechables que requería la
actora, en la cantidad adecuada para que
llevara su vida diaria con dignidad; sin embargo, se aclaró que la continuidad
de dicha protección se encontraba condicionada a que se confirmara médicamente
la imposibilidad de la peticionaria de controlar sus esfínteres de acuerdo con
la valoración médica que efectuara la accionada para el efecto, debiendo en
todo caso ser aprobada por el juez de primera instancia, la interrupción o cese
del suministro.
4.18. En ese orden, esta Corporación ha entendido que
dado el fin de la acción de tutela de proteger los derechos fundamentales y
atendiendo a su carácter informal, es posible ordenar el suministro de
medicamentos, insumos y servicios médicos sin contarse con una orden médica del
especialista tratante, presumiéndose la relación entre las enfermedades y los
elementos pedidos. Así como, teniendo como cierta la incapacidad económica para
adquirirlos, cuando el actor afirme que no cuenta con los recursos para el
efecto. Pero la aplicación de dichas presunciones, permite que sean
desvirtuadas, ya sea ante el juez de segunda instancia, ante la Corte en sede
de revisión o ante el funcionario judicial de primera grado al conocer del
cumplimiento del fallo.
4.19. Esta última hipótesis se presenta cuando un fallo de
segunda instancia no seleccionado para revisión o uno proferido por esta
Colegiatura concede el suministro de una serie de insumos, y su cumplimiento
puede tornarse lesivo para la otra parte, por cuanto: (i) ya no se necesita más
del mismo según las indicaciones del médico tratante o (ii) la persona cuenta
con los recursos económicos para adquirirlos. Tal facultad de intervención
encuentra sustento en el Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que señala que el
juez que conoce del cumplimiento del amparo “mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el
derecho o eliminadas las causas de la amenaza”. Sobre este aspecto, la Corte considera que dicha competencia
no desconoce la inmodificabilidad de los fallos de tutela, pues lo que se
verifica es el cumplimiento del mismo, es decir que la obligación de hacer o
dar sujeta a una condición se haya agotado por la ausencia de los supuestos que
dieron lugar a su origen.
4.20. No obstante, la Sala esclarece que esta posición de
ninguna manera es una licencia para las prestadoras del servicio de salud para
suspender el suministro del insumo autorizado por el fallo de tutela, por
cuanto para proceder de tal manera deben acudir ante el juez comisionado para
el cumplimiento de la sentencia, que en la mayoría de ocasiones es el de
primera instancia. En esos casos el funcionario judicial debe verificar que
efectivamente las presunciones que sustentaron el fallo son desvirtuadas de
manera cierta por la demandada.
4.21. Para ilustrar, la presunción de la relación de la
enfermedad con los insumos solicitados debe desvirtuarse con sendos informes
médicos suscritos por el galeno tratante, los cuales deben estar respaldados
por exámenes clínicos y ser acordes con la lex artis de la rama de la
medicina respectiva. Igualmente, para desvirtuar la presunción sobre la
capacidad económica puede acreditarse que los ingresos de la persona son altos
frente al costo del elemento ordenado por el juez constitucional, en estos
eventos debe tenerse en cuenta el derecho al mínimo vital de la persona,
entendido no como una cifra determinada de ingreso, sino en relación con su
estándar de vida.
4.22. En síntesis, las presunciones aplicadas en materia
de suministro de pañales y diferentes insumos ordenados para el tratamiento de
personas que padecen enfermedades que le impiden controlar sus esfínteres o las
reduce a postración, pueden ser desvirtuadas ante el juez encargado de
verificar el cumplimiento de las providencias correspondientes, siempre que se
presente plena prueba que desacredite la veracidad de las conclusiones
adoptadas, en ese sentido, resulta fundamental para el funcionario
jurisdiccional observar los precedentes de la Corte al respecto, so pena de
incurrir en un defecto, que permita la procedencia de la acción de tutela
contra dicha decisión[84].
4.23.
Por otra parte, esta Corporación ha considerado que dichas reglas
jurisprudenciales son aplicables a los regímenes de excepción contemplados en
el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, entre los cuales, se encuentra el de “los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, en la
medida en que la Corte ha asimilado el POS, al Plan de Beneficios y Coberturas.
En efecto, por vía analógica, la Corte ha sostenido que a los afiliados que
pertenecen a los diversos regímenes exceptuados en materia de salud, habida
cuenta que si requieren con necesidad un servicio y les es imposible costearlo
directamente, es deber del prestador de salud extender excepcionalmente el plan
de coberturas y beneficios en procura de garantizar el más alto nivel de salud
y de calidad de vida que se le pueda prestar al afiliado o a sus beneficiarios[85].
4.24.
Por otra parte, teniendo en cuenta las actuaciones reiteradas de las
prestadoras de servicios de salud orientadas a desconocer la jurisprudencia
constitucional, esta Colegiatura ha señalado que es posible para el juez de
tutela decretar el tratamiento integral cuando se demuestre que la EPS ha
actuado de manera negligente, incumpliendo sus compromisos constitucionales y
legales[86].
Sin embargo, dicha orden debe estar acompañada de ciertas indicaciones que la
hagan determinable, debido a que no es posible reconocer prestaciones futuras e
inciertas y no se puede desconocer la buena fe que se presume de los
particulares[87].
4.25.
En resumen, de presentarse los presupuestos jurisprudenciales anteriormente
mencionados, la entidad prestadora de servicios de salud deberá proporcionar el
servicio, procedimiento o medicamento que requiere el paciente[88], con independencia de
que el financiamiento del mismo no recaiga directamente sobre ella y de que,
por tal razón, esté habilitada para recobrar lo que corresponda ante el Fosyga,
la entidad territorial o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio de acuerdo con la normatividad aplicable a cada caso.
5.
Casos concretos
5.1.
Los accionantes, representados por familiares, solicitan la autorización de
medicamentos, insumos y/o servicios, (i) incluidos[89] y (ii) excluidos[90] del POS, por
parte de las empresas de salud a las cuales se encuentran afiliados con el fin
de tratar las enfermedades que padecen. Asimismo, pretenden que se (iii) decrete
el tratamiento integral[91].
Por su parte las instituciones demandadas sostienen que han cumplido con sus
obligaciones legales, puesto que han suministrado lo prescrito por los médicos
tratantes, siempre y cuando se encuentre dentro del plan obligatorio de salud,
por lo que piden que en caso de accederse a las pretensiones de los demandantes
se (iv) autorice el recobro correspondiente[92].
En ese orden, la Sala advierte que existen cuatro clases de pretensiones, las
cuales se solucionaran de manera conjunta, sin desconocer las particularidades
de cada caso.
5.2.
Negativa por parte de la EPS de suministrar medicamentos y servicios prescritos
por el médico tratante incluidos en el POS.
Caso
(ii) T-3.894.924
5.2.1.
La señora Rosalba Linares Garzón, de 65 años, padece de artritis degenerativa,
osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, enfermedades que le han
generado una pérdida de capacidad física del 80%, su hijo, actuado como agente
oficioso, solicita que se ordene a Capital Salud EPS-S la entrega de los
siguientes medicamentos enalapril (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg),
tramadol en gotas, calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y prednisolona (5
mg). Igualmente, pide que se autoricen los servicios de médico domiciliario, de
terapias físicas y de enfermera 24 horas.
5.2.2.
La EPS-S demanda pretende que se deniegue el amparo, argumentando que ha
prestado la atención medica requerida por la paciente. Así, adujó que el
servicio de terapias en casa se ha realizado en los meses de febrero y
noviembre de 2012, así como el de medicina general domiciliaria mediante la
visita de diciembre del mismo año. A la par, explicó que le ha suministrado los
medicamentos recomendados por el galeno tratante, los cuales son tramadol en gotas
y acetaminofén.
5.2.3.
Igualmente, señaló que el demandante no anexó formula médica, diferente a las
ya autorizadas, en la que conste que se necesita el suministro de pañales, el
servicio de enfermería (24 horas), las terapias físicas y los medicamentos
esenciales para tratar las enfermedades de su progenitora, como tampoco allegó
documento que acredite la radicación de solicitud al respecto ante el Comité
Técnico Científico. Estos argumentos fueron acogidos por el juez de instancia
quien no accedió a las solicitudes de la tutela.
5.2.4.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las empresas prestadoras del servicio de
salud se encuentran en la obligación de suministrar los medicamentos y
servicios establecidos en el POS, la Sala revocará la sentencia de instancia,
concederá el amparo y ordenará a Capital Salud EPS-S que suministre a Rosalba
Linares Garzón los siguientes medicamentos: enalapril (20 mg), ácido
acetilsalicílico (100 mg), calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y
prednisolona (5 mg); y que le preste el servicio de enfermería 12 horas al día[93], dado que se
encuentran incluidos en el plan obligatorio, fueron prescritos por los médicos
tratantes y no han sido autorizados por la demandada a pesar de que fue
requerida por el accionante, a través de la petición elevada el 24 de junio de
2013.[94]
5.2.5.
En efecto, en los folios 7 a 9 del cuaderno de revisión obran las
prescripciones médicas respectivas, suscritas por los galenos tratantes Ryan
Murillo Sandoval y Efrén Alexander Escobar. Además, en los anexos 1 y 2 del
Acuerdo 029 de 2011, se hallan tales medicamentos y dicho servicio, bajo los
siguientes códigos:
CÓDIGO (ATC)
DESCRIPCIÓN CÓDIGO ATC
PRINCIPIO ACTIVO
CONCENTRACIÓN
C09AA02
ENALAPRIL
ENALAPRIL MALEATO
20 mg
C09AA02
ENALAPRIL
ENALAPRIL MALEATO
20 mg
B01AC06
N02BA01
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
ACETÍL SALICÍLICO ÁCIDO
100 mg
A11CC04
CALCITRIOL
CALCITRIOL
0,25 mcg
A06AB02
BISACODILO
BISACODILO
5 mg
H02AB06
H02AB07
PREDNISOLONA
PREDNISOLONA
5 mg
CUPS
DESCRIPCIÓN
NIVEL
890105
ATENCION [VISITA] DOMICILIARIA, POR ENFERMERIA
1
5.2.6.
Finalmente, en relación con el suministro de tramadol en gotas y los servicios
de médico domiciliario y terapias físicas en casa, la Sala encuentra que los
mismos han sido autorizados por la demandada, como consta en la constatación de
la tutela. No obstante, este Tribunal con el objetivo de hacer efectivo el principio
de continuidad en materia de salud y al examinar la conducta desplegada por
Capital Salud EPS-S frente a la situación médica de la señora Rosalba Linares
Garzón, le advertirá que deberá garantizar
de manera eficiente y con la debida
periodicidad la prestación de dichos servicios y la entrega de tal medicamento,
so pena de hacerse acreedora a las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de
1991.
5.3.
Negativa por parte de la EPS de suministrar medicamentos y servicios no
incluidos en el POS.
Los
accionantes solicitan el suministro de insumos que no se encuentran dentro del
POS, como lo son pañales desechables, silla de ruedas, guantes y cremas
antipañalitis, los cuales son necesitados para el tratamiento de diversas
enfermedades que padecen sus familiares. Así, para determinar la posibilidad de
ordenar su suministro, la Sala verificará el cumplimiento de los requisitos
jurisprudenciales mencionados previamente:
5.3.1.
Que la falta del servicio médico vulnere o amenace los derechos a la vida y
a la integridad personal de quien lo requiere.
En
lo que tiene que ver con estos asuntos y vistas las circunstancias de los casos
analizados, la Sala encuentra que de ser ciertas las afirmaciones de los
actores en torno a sus padecimientos, los insumos solicitados permitirían
reforzar la protección de su derecho fundamental a la vida digna, pues, en
principio, la entrega de los elementos pretendidos parece adecuada para mejorar
la convalecencia de las enfermedades que los aquejan.
En
efecto, la pertinencia del suministro de pañales se evidencia indispensable en
los casos del señor Ramiro Alberto Zapata Herrera[95], quien padece de
esquizofrenia paranoide, temblor esencial y retraso mental severo, que le han
suscitado pérdida de control de esfínteres[96];
de Rosalba Linares Garzón[97]
que sufre de artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión
esencial, enfermedades que le han generado una pérdida de capacidad física del
80%[98];
y de Blanca Marina Alvarado de Corzo[99]
debido a sus  problemas cardiovasculares, de diabetes y hemiplejía, tampoco
controlando esfínteres[100].
Asimismo,
para la Corte resulta claro que la entrega de pañales, de la silla de ruedas,
de guantes y de crema para las escaras, permitirían a la señora Mary de Jesús
Acevedo Carmona[101],
de 66 años, sobrellevar de manera digna el síndrome de inmovilidad (paraplejía)
y la desnutrición severa que padece, máxime cuando no puede realizar sus
necesidades fisiológicas de manera autónoma, debiéndose valerse de la ayuda de
algún familiar[102].
En
consecuencia, esta Corporación tendrá como acreditado el cumplimiento de este
requisito en los asuntos examinados y procederá al estudio de los demás
presupuestos.
5.3.2.
Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que se encuentre incluido
en el plan obligatorio.
De
acuerdo con el texto del Acuerdo 29 de 2011 y de sus dos anexos, el suministro
de pañales desechables[103],
de silla de ruedas[104],
de guantes[105]
y de cremas para las escaras[106],
no cuentan con artículos sustitutos que sí estén incluidos en el POS y que
puedan remplazarlos funcionalmente. Así, este requisito también se encuentra
cumplido en todos los casos examinados.
5.3.3.
Que el interesado no pueda directamente costear el valor de los insumos o
acceder a ellos por otro plan distinto que lo beneficie.
En
los casos estudiados las personas que pretenden la protección de sus derechos fundamentales
padecen de graves enfermedades, que le impiden per se trabajar, y por
ende generar los ingresos necesarios para sobrevivir y más aún para adquirir
los insumos solicitados, máxime cuando se requieren de manera periódica, como
los pañales, guantes y cremas para las escaras.
Así
por ejemplo, Ramiro Alberto Zapata Herrera[107]
debido a la esquizofrenia paranoide y al retraso mental severo que padece fue
declarado interdicto[108].
A la par, la artritis degenerativa, la osteoporosis generalizada y la
hipertensión esencial que sufre Rosalba Linares Garzón[109] le han generado una
pérdida de capacidad física del 80%. De igual manera, Blanca Marina Alvarado de
Corzo[110]
padece hemiplejía y Mary de Jesús Acevedo Carmona[111] de paraplejía.
Por
otra parte, los curadores legítimos y los agentes oficios afirman que no poseen
los ingresos económicos suficientes para adquirir los elementos que necesitan
sus familiares para llevar una subsistencia digna, situación que se ve agravada
si se tiene en cuenta que los mismos implican un gasto permanente y continuo. Concretamente,
Miriam Zapata Herrera[112],
Zaida Milena Corzo Alvarado[113]
y Gloria Nancy Pérez Acevedo[114]
afirmaron que sus núcleos familiares no cuentan con la capacidad para
brindarles a sus parientes la ayuda económica que requieren para tratar sus
padecimientos; circunstancia similar a la descrita por Fabio Nelson Peña
Linares[115],
quien además explicó que el subsidio que recibe su progenitora por $80.000 y lo
que obtiene como fruto de su trabajo de albañil, no le alcanzan para suplir las
necesidades que origina los padecimientos de su madre.
Al
respecto, la Corte estima que si bien no obran pruebas en el expediente sobre
la capacidad económica de los demandantes y de sus familias, tampoco existe
pronunciamiento al respecto por parte de las demandas que desvirtúe sus aseveraciones,
por lo que se tendrán por ciertas, teniendo en cuenta que  esta
Corporación ha establecido que en la medida que las EPS tienen en sus
archivos, información referente a la situación financiera de sus afiliados,
están posibilitadas para controvertir los alegatos formuladas por los
accionantes, por lo cual, su inactividad al respecto, hace que “las
afirmaciones presentadas se tengan como prueba suficiente.”[116]  En ese sentido, este requisito se encuentra
satisfecho.
No
obstante, si bien se invirtió la carga de la prueba, presumiéndose la
incapacidad económica de los peticionarios y de sus familias, en la parte
resolutiva este Tribunal le advertirá a las EPS que llegaren a ser condenadas
que los suministros de insumos decretados tendrán efectos hasta que su núcleo
familiar se encuentre en la capacidad económica de adquirirlos conforme a los
lineamientos señalados en la parte considerativa de esta providencia. Sin
embargo, para proceder con la interrupción o cese de la provisión de tales
elementos, la prestadora de salud deberá contar con la anuencia del juez de
primera instancia según lo dispuesto por el inciso 4° del Artículo 27 del
Decreto 2591 de 1991, que señala que dicho funcionario judicial “mantendrá
la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o
eliminadas las causas de la amenaza.”
5.3.4.
Que el servicio médico haya sido ordenado por un médico adscrito a la
entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está
solicitándolo.
En
los asuntos examinados no obra prescripción del suministro de pañales emitida
por parte de un médico adscrito a las demandadas. No obstante, la Corte
evidencia una serie de elementos de juicio que le permiten determinar que los
accionantes necesitan la entrega de los mismos, como lo son las enfermedades
que padecen, las presuntas afirmaciones de los galenos de que no formulan el
suministro de dichos insumos por cuestiones administrativas, posibles
referencias a que se requieren en las historias clínicas y las respuestas de
las EPS, quienes no niegan que sean útiles para los actores, sino que se
limitan a indicar que son elementos de aseo excluidos del POS.
Para
ilustrar, es evidente que Blanca Marina Alvarado de Corzo[117] y Mary de Jesús Acevedo
Carmona[118]
requieren de los pañales, debido a que padecen de hemiplejía y paraplejía
respectivamente, estando limitadas para realizar sus necesidades fisiológicas,
según consta en la historia medicas obrantes en los expedientes[119].
Circunstancia, similar a la de Rosalba Linares Garzón[120], quien sufre de varias
enfermedades que le originaron una pérdida de capacidad física del 80%,
encontrándose postrada en cama; en relación con este último caso, la Sala
advierte que en la orden clínica del servicio de enfermería se indicó que una
de las razones por las que se prescribe es para efectuar los cambios de
pañales, situación que permite inferir su necesidad, máxime cuando su hijo afirmó
que los galenos tratantes señalan no poder prescribir los insumos debido a
cuestiones administrativas internas.
En
ese orden de ideas, esta Corporación revocará[121] o confirmará
parcialmente[122],
según sea el caso, las sentencias de instancia, concederá los amparos
deprecados y decretará el suministro de los insumos requeridos, dentro de las
72 horas siguientes a la notificación de la presente providencia. No obstante,
debido a que no obra orden médica que indique la cantidad y características de los
pañales y de los demás insumos, la Sala ordenará a las demandadas que, dentro
del mismo término, valoren a sus afiliados por intermedio de un médico que
determine su modo de uso y sus particularidades.
Ahora
bien, en el caso del Ramiro Alberto Zapata Herrera[123], la Sala encuentra que no
existe orden médica que prescriba el suministro de pañales. A la par, la Corte
no evidencia que de las enfermedades que padece resulte imperioso el uso de los
mismos, por lo cual tutelará su derecho al diagnóstico con el objetivo de que:
(i) se verifiquen las afirmaciones de la representante del actor, quien afirmó
que su hermano no controla esfínteres, y (ii) se adopten las medidas adecuadas
para el tratamiento de sus padecimientos. Para el efecto, se revocarán las
sentencias de instancia y se le ordenará a Nueva EPS que, dentro del término de
15 días, realice los exámenes diagnósticos pertinentes para: (i) determinar la
necesidad de la entrega de los pañales pretendidos y (ii) establecer el
tratamiento médico a seguir. Mientras tanto, será su obligación suministrar los
mismos, a manera de medida provisional.
Finalmente,
la Sala advertirá que las órdenes decretadas tendrán efectos hasta que persistan
los supuestos de hecho que dieron origen a la tutela de los derechos
fundamentales, en todo caso cualquier interrupción de los insumos decretados
deberá estar sustentada en razones científicas, las cuales tendrán que ser
expuestas ante el juez de primera instancia, quien será el encargado de
suspender o no la provisión de los mencionados insumos.
5.4.
Solicitud de tratamiento integral
En
los casos examinados en los apartes anteriores se observa que las empresas
promotoras de salud demandadas han desconocido la jurisprudencia
constitucional, obligando a sus afiliados a acudir a la acción de tutela con el
fin de obtener el suministro de medicamentos, insumos y/o servicios que
requieren para tratar sus enfermedades. En ese orden, la Corte considera
pertinente decretar el tratamiento integral en los asuntos (i) T-3.892.812,
(ii) T-3.894.924, (iv) T-3.900.481 y (vi) T-3.911.329; no
obstante, con el objetivo de hacer determinable la orden y no desconocer la
buena fe que debe presumirse de las actuaciones futuras de las accionadas, se
especificará que el mismo se entenderá concedido en torno a los padecimientos alegados
dentro de los procesos en estudio y estará limitado a las sugerencias del
medico tratante.
5.5.
Solicitud de recobro por el suministro de medicamentos e insumos excluidos del
plan obligatorio de salud
Teniendo
en cuenta que se ordenará el suministro de insumos que no se encuentran dentro
del plan obligatorio de salud, ni dentro del contrato celebrado entre Cosmitet
Ltda. y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Corte
advertirá a las entidades prestadoras del servicio de salud demandadas[124] que
están facultadas para recobrar los valores que correspondan ante el Fosyga, la
entidad territorial correspondiente o el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, conforme a la reglamentación vigente.
V.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR las sentencias proferidas por
el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín, el 18 de enero de 2013
y por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
la misma ciudad, el 4 de marzo de 2013; y en su lugar CONCEDER el amparo
del derecho al diagnóstico (T-3.892.812).
SEGUNDO.-
ORDENAR a Nueva EPS, por conducto de su representante legal o
quien haga sus veces, que en el término de quince (15) días, contados a partir
de la notificación de esta providencia, le sean realizados a Ramiro Alberto
Zapata Herrera los exámenes diagnósticos pertinentes para: (i) determinar si no
controla esfínteres y por ende si se hace necesario el uso pañales desechables;
(ii) establecer el tratamiento médico para sus enfermedades. Mientras tanto,
será obligación de la demandada suministrar los mismos, a manera de medida
provisional (T-3.892.812).
TERCERO.-
ORDENAR a Nueva EPS, por conducto de
su representante legal o quien haga sus veces, que le suministre el tratamiento
integral en salud que requiera Ramiro Alberto Zapata Herrera, para su completa
recuperación y/o estabilización de las enfermedades denominadas esquizofrenia paranoide,
temblor esencial y retraso mental severo, según las indicaciones del médico
tratante (T-3.892.812).
CUARTO.-
REVOCAR la sentencia proferida el 7
de marzo de 2013, por el Juzgado Treinta y Uno Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Bogotá; y en su lugar CONCEDER el amparo solicitado
(T-3.894.924).
QUINTO.-
ORDENAR a Capital Salud EPS-S, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de
esta providencia, se autorice y entregue a Rosalba Linares Garzón los
siguientes medicamentos enalapril (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg),
calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y prednisolona (5 mg); al igual que garantice
la prestación del servicio de enfermería domiciliaria 12 horas al día, conforme
a las prescripciones médicas respectivas (T-3.894.924).
SEXTO.-
ORDENAR a Capital Salud EPS-S, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de
setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, le sean entregados a Rosalba Linares Garzón los pañales
desechables que ha solicitado. Para estos efectos, la paciente deberá ser
valorada en ese mismo término por un médico que determine el número de pañales
desechables que requiere, así como las características que éstos deben cumplir (T-3.894.924).
SÉPTIMO.-
ADVERTIR a Capital Salud EPS-S, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que deberá
garantizar de manera eficiente y con la debida periodicidad el suministro de
tramadol en gotas y los servicios de médico domiciliario y terapias físicas en
casa a Rosalba Linares Garzón, so pena de hacerse acreedora a las sanciones
contempladas en el Decreto 2591 de 1991 (T-3.894.924).
OCTAVO.-
ORDENAR a Capital Salud EPS-S, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que le suministre el
tratamiento integral en salud que requiera Rosalba Linares Garzón, para su
completa recuperación y/o estabilización de las enfermedades denominadas
artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, según
las indicaciones del médico tratante (T-3.894.924).
NOVENO.-
REVOCAR la sentencia proferida el 4
de febrero de 2013, por el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Bogotá; y en su lugar DECLARAR la existencia de
carencia actual de objeto, debido al fallecimiento de la accionante, la señora Mariella
Arboleda Tovar  (T-3.898.371).
DÉCIMO.-
REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento
de Bucaramanga, el 30 de octubre de 2012; y en su lugar CONCEDER el
amparo solicitado (T-3.900.481).
DÉCIMO
PRIMERO.- ORDENAR a Nueva EPS, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de
setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación de esta
providencia, le sean entregados a Blanca Marina Alvarado de Corzo los pañales
desechables que ha solicitado. Para estos efectos, la paciente deberá ser
valorada en ese mismo término por un médico que determine el número de pañales
desechables que requiere, así como las características que éstos deben cumplir (T-3.900.481).
DÉCIMO
SEGUNDO.- ORDENAR a Nueva EPS, por
conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que le suministre el
tratamiento integral en salud que requiera Blanca Marina Alvarado de Corzo,
para su completa recuperación y/o estabilización de los padecimientos
denominados enfermedad cerebrovascular no especificada, diabetes y hemiplejía
derecha, según las indicaciones del médico tratante (T-3.900.481).
DÉCIMO
TERCERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE las
sentencias proferidas por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Anserma, el 5 de marzo de 2013 y por el Juzgado
Promiscuo de Familia del mismo municipio, el 10 de abril de 2013, que
concedieron el amparo solicitado en relación con el suministro del suministro
del suplemento alimenticio y del trasporte a las citas médicas (T-3.907.753).
DÉCIMO
CUARTO.- MODIFICAR las providencias
reseñadas en el numeral anterior, en el sentido de ORDENAR a Cosmitet
Ltda., por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el
término de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación de
esta providencia, le sean entregados a Mary de Jesús Acevedo Carmona los
pañales desechables, la silla de ruedas, los guantes y la crema para las
escaras que ha solicitado. Para estos efectos, la paciente deberá ser valorada
en ese mismo término por un médico que determine el número de pañales
desechables que requiere y sus características, así como las particulares de
los demás insumos necesitados (T-3.907.753).
DÉCIMO
QUINTO.- ORDENAR a Cosmitet Ltda.,
por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que le
suministre el tratamiento integral en salud que requiera Mary de Jesús Acevedo
Carmona, para su completa recuperación y/o estabilización de las enfermedades
denominadas síndrome de inmovilidad (paraplejía) y desnutrición severa, según
las indicaciones del médico tratante (T-3.907.753).
DÉCIMO
SEXTO.- REVOCAR la sentencia
proferida el 16 de abril de 2013, por el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de
Bogotá; y en su lugar DECLARAR la existencia de carencia actual de
objeto, debido al fallecimiento de la accionante, la señora Tulia María Cubides
Roncancio (T-3.911.329).
DÉCIMO
SÉPTIMO.- ADVERTIR a los
representantes legales de Nueva EPS (T-3.892.812 y T-3.900.481), Capital Salud
EPS-S (T-3.894.924) y Cosmitet Ltda. (T-3.907.753), que cuentan con la facultad para recobrar los valores
correspondientes a las prestaciones que no estaban legalmente obligadas a
asumir ante el Fosyga, la entidad territorial correspondiente o el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a la reglamentación
vigente.
DÉCIMO
OCTAVO.- ADVERTIR a las EPS
demandadas que los suministros de insumos decretados tendrán efectos hasta que
(i) la persona requiera de ellos según el concepto del médico tratante o (ii)
su núcleo familiar se encuentre en la capacidad económica de adquirirlos
conforme a los lineamientos señalados en la parte considerativa de esta
providencia. Así, para proceder con la interrupción o cese de la provisión de
los mismos, deberá contarse con la anuencia del juez de primera instancia según
lo dispuesto por el inciso 4° del Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que
señala que dicho funcionario judicial “mantendrá la competencia hasta que
esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la
amenaza.”
DÉCIMO
NOVENO.- Por Secretaría General, LÍBRENSE
las comunicaciones a que se refiere el Artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Los expedientes de la referencia fueron seleccionados y acumulados
para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco, mediante Auto
del 28 de mayo de 2013.
[2] Según las afirmaciones de la accionante visibles en los folios 1 a 5. (Para esta providencia, en adelante, cuando se haga referencia a un
folio, se entenderá que hace parte del cuaderno principal del expediente
correspondiente al caso analizado, a menos que se diga expresamente otra cosa).
[3] Al respecto, se pueden ver las providencias que declararon la
interdicción de Ramiro Alberto Zapata Herrera (Folios 18 a 31).
[4] Folios 1 a 5.
[5] La demandante anexa copia de la acción de tutela presentada en enero
de 2012 y de la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Trece
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento el 26 del mismo mes y año, en
la que se declaró la existencia de carencia actual de objeto por hecho
superado, en tanto la EPS demandada le había suministrado los medicamentos que
necesitaba el señor Ramiro Alberto Zapata Herrera (Folios 32 a 38).
[6] Folios 61 a 72.
[7] Mediante Sentencia del 18 de enero de 2013 (Folios 73 a 77).
[8] A través de providencia del 4 de marzo de 2013 (Folio 95 a 102).
[9] Según la historia médica visible en los folios 10 a 13.
[10] Folios 1 a 6 y 37 a 38.
[11] Folios 20 a 24.
[12] Folios 35 a 36.
[13] Folios 39 a 43.
[14] Médico tratante de la señora Rosalba Linares Garzón.
[15] Médico domiciliario asignado a la accionante por la EPS-S demandada.
[16] Folios 6 a 10 del cuaderno de revisión.
[17] Según las afirmaciones de la accionante visibles en los folios 1 a 6 y 24.
[18] Folios 1 a 6.
[19] Si bien en el escrito de tutela la actora había solicitado una
serie de medicamentos, posteriormente en un documento allegado el 28 de enero
de 2013 aclaró que los mismos sí habían sido entregados por la demandada (Folio
24).
[20] Folios 25 a 40.
[21] Folios 41 a 45.
[22] La comunicación telefónica se realizó el día 5 de agosto de 2013 a las 8:58 A.M.
[23] Folio 10 del cuaderno de revisión.
[24] Según la historia médica y fórmulas visibles en los folios 6 a 47.
[25] Folios 1 a 5.
[26] Folios 54 a 64.
[27] Folios 66 a 74.
[28] Según constancia secretarial fechada el 29 de octubre de 2012 (Folio
65).
[29] Según la historia médica visible en los Folios 7 a 10.
[30] Como consta en el Auto del 6 de marzo de 2012, proferido por e Juzgado
Promiscuo de Familia de Anserma visible en el folio 6.
[31] Folios 1 a 5.
[32] Folios 25 a 27.
[33] Mediante sentencia del 5 de marzo de 2013 (Folios 29 a 36).
[34] A través de providencia del 10 de abril de 2013 (Folio 51 a 55).
[35] Folios 1 a 15.
[36] Folios 19 a 30.
[37] Folios 32 a 39.
[38] Folio 11 del cuaderno revisión.
[39] “Artículo 86. (…) El fallo, que será de
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión (…).” // “Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá
las siguientes funciones: (…) 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos
constitucionales (…).”
[40] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en
el artículo 86 de la Constitución Política.”
[41] “Artículo
10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
// También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.”
[42] Caso (vi) T-3.911.329.
[43] Caso (i) T-3.892.812.
[44] Caso (v) T-3.907.753.
[45] Caso (ii) T-3.894.924.
[46] Caso (iii) T-3.898.371.
[47] Caso (iv) T-3.900.481.
[48] Casos (i) T-3.892.812 y (iv) T-3.900.481.
[49] Caso (ii) T-3.894.924.
[50] Caso (iii) T-3.898.371.
[51] Caso (v) T-3.907.753.
[52] Caso (vi) T-3.911.329.
[53] “Artículo 42. Procedencia. La acción de
tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes
casos: (…) 2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté
encargado de la prestación del servicio público de salud (…).”
[54] Artículo 1° del Decreto 2591 de 1991.
[55] Caso (iii) T-3.898.371.
[56] Caso (vi) T-3.911.329.
[57] “Parágrafo. El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio.”
[58] Al respecto, en la Sentencia T-428 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) se precisó que “el propósito de la Corte Constitucional al revisar los fallos de tutela, además de resolver el caso concreto, es
decantar los criterios interpretativos de las normas jurídicas, buscando
establecer las reglas jurisprudenciales vinculantes que los jueces individuales
o colegiados de tutela han de aplicar en casos futuros en aras de garantizar
los principios de igualdad de trato jurídico, seguridad jurídica y confianza
legítima al interior de la jurisdicción constitucional, clarificando y
delimitando, en últimas, el ámbito normativo de los derechos fundamentales en
el Estado social de derecho, a lo cual se llega por vía de la revisión de casos
ejemplares o ilustrativos.”
[59] “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”
[60] “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad
Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”
[61] Al respecto, ver la sentencia T-316A de 2013 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[62] Caso
(i) T-3.892.812.
[63] Caso (ii) T-3.894.924.
[64] Según la historia médica visible en los folios 10 a 13.
[65] Caso (iv) T-3.900.481.
[66] Según la historia médica y fórmulas visibles en los
folios 6 a 47.
[67] Caso
(v) T-3.907.753.
[68] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias
T-752 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-380 de 2013 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez).
[69] Sentencia T-185 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[70] “Artículo 35. Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen
el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance
general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán
ser brevemente justificadas (…).”
[71] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones.”
[72] Sentencia T-859 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[73] Sentencia T-1204 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). Ver
entre otras, las Sentencias SU-819 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), SU-480
de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-883 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba
Treviño).
[74] Sentencia T-883 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[75] Sentencia T-760 de 2008 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[76] Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias
T-749 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-160 de 2011 (M.P. Humberto
Sierra Porto), T-212 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), T-320 de 2011
(M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-752 de 2012 (M.P. María Victoria Calle
Correa) y T-033 de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[77] En conclusión, habrá lugar a ordenar la entrega de insumos no POS sin
prescripción médica, cuando quiera que sea posible deducir que existe una
relación de necesidad y no solo de simple contribución u opción, entre la
dolencia y los elementos solicitados.
[78] Sentencia T-099 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán
Sierra).
[79] Sentencia T-664 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[80] Sentencia T-1181 de 2003 (M.P. Jaime Araujo
Rentería).
[81] Sentencia T-089 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[82] Sentencia T-815 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[83] M.P. Mauricio González Cuervo.
[84] La Corte ha considerado que las providencias que se profieran en el
cumplimiento de sentencias de tutela son susceptibles de control por vía de
amparo, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos para el efecto por la jurisprudencia constitucional, en tanto son
decisiones judiciales. Sobre el tema se puede consultar, entre otras, la Sentencia T-123 de 2010 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[85] Sentencia T-834 de 2011 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[86] Sentencia T-316A de 2013 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[87] En este sentido, la Corte en Sentencia T-365 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo) sostuvo: “(…) la
protección de este derecho conlleva para el juez constitucional la necesidad de
hacer determinable la orden en el evento de conceder el amparo, por ejemplo,
(i) mediante descripción clara de una(s) determinada(s) patología(s) o
condición de salud diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el
reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el
diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro criterio razonable.”
[88] En ese sentido, esta Corporación ha concluido que “toda
persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiere (i)
cuando los mismos se encuentran previstos en el Plan Obligatorio de Salud, o
(ii) cuando su exigibilidad responde al principio de necesidad y la persona que
lo solicita no está en capacidad de asumir su pago. Esto ocurre, por ejemplo,
cuando el servicio requerido no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de
Salud, o cuando se tiene que hacer un copago o una cuota moderadora.” Sentencia
T-815 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[89] Caso (ii) T-3.894.924.
[90] Casos (i) T-3.892.812, (ii) T-3.894.924, (iv) T-3.900.481 y (v)
T-3.907.753.
[91] Casos (i) T-3.892.812, (ii) T-3.894.924, (iv) T-3.900.481 y (v)
T-3.907.753.
[92] Casos (i) T-3.892.812, (ii) T-3.894.924, (iv) T-3.900.481 y (v)
T-3.907.753.
[93] Si bien el accionante en la acción de tutela solicita la autorización
del servicio de enfermería por 24 horas, en las órdenes médicas allegadas por
el actor en sede de revisión, se observa que la prescripción médica señala que
dicho servicio sólo es necesario por 12 horas (Folio 7).
[94] Folio 10 del cuaderno de revisión.
[95] Caso
(i) T-3.892.812.
[96] Según las afirmaciones de su curadora, las cuales
parcialmente son respaldadas en la historia médica visible en los Folios 6 a 13.
[97] Caso (ii) T-3.894.924.
[98] Según la historia médica visible en los folios 10 a 13.
[99] Caso (iv) T-3.900.481.
[100] Según la historia médica y fórmulas visibles en los
folios 6 a 47.
[101] Caso
(v) T-3.907.753.
[102] Según la historia médica visible en los Folios 7 a 10.
[103] Casos (i) T-3.892.812, (ii) T-3.894.924, (iv) T-3.900.481
y (v) T-3.907.753.
[104] Caso (v) T-3.907.753.
[105] Caso (v) T-3.907.753.
[106] Caso (v) T-3.907.753.
[107] Caso
(i) T-3.892.812.
[108] Al respecto, se pueden ver las providencias que declararon la
interdicción de Ramiro Alberto Zapata Herrera (Folios 18 a 31).
[109] Caso (ii) T-3.894.924.
[110] Caso (iv) T-3.900.481.
[111] Caso (v) T-3.907.753.
[112] Caso
(i) T-3.892.812.
[113] Caso (iv) T-3.900.481.
[114] Caso (v) T-3.907.753.
[115] Caso (ii) T-3.894.924.
[116] Sentencia T-815 de 2012 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
[117] Caso (iv) T-3.900.481.
[118] Caso (v) T-3.907.753.
[119] Folios 6 a 47 del expediente T-3.900.481 y 1 a 15 del expediente T-3.907.753.
[120] Caso (ii) T-3.894.924.
[121] Casos (ii) T-3.894.924 y  (iv) T-3.900.481.
[122] Caso (v) T-3.907.753.
[123] Caso
(i) T-3.892.812.
[124] Nueva EPS (T-3.892.812), Capital Salud EPS-S (T-3.894.924), Nueva EPS
(T-3.900.481) y Cosmitet Ltda. (T-3.907.753).