T-467-20
Sentencia T-467/20
Referencia: Expediente T-7.744.420.
Acción de tutela instaurada por Guillermo Rodríguez
Rodríguez contra la Procuraduría General de la Nación.
Procedencia: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Asunto: Carencia actual de objeto por circunstancia
sobreviniente. Pronunciamiento de la Corte con fines pedagógicos y para
garantizar la supremacía constitucional. Improcedencia de la acción de tutela
por falta de subsidiariedad. Importancia constitucional de las inhabilidades en
el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Advertencia a la Procuraduría
General de la Nación.
Magistrada Sustanciadora:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veinte
(2020).
La Sala Sexta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José Fernando Reyes Cuartas y
las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y Gloria Stella Ortiz Delgado, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del
fallo de segunda instancia emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de octubre de 2019, que confirmó la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, el 9 de
septiembre 2019, que declaró improcedente la acción de tutela formulada por Guillermo Rodríguez Rodríguez en contra de la
Procuraduría General de la Nación.
El asunto llegó a la Corte
Constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, por remisión que efectuó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El 14 de febrero de 2020, la
Sala de Selección de Tutelas Número Dos de esta Corporación escogió el presente
caso para su revisión.
I. ANTECEDENTES
El 27 de agosto de 2019, Guillermo Rodríguez Rodríguez formuló acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación. Invocó el amparo de sus derechos al trabajo, al habeas
data, a la igualdad, a la paz, a la dignidad humana, al mínimo vital, al
debido proceso y “al cumplimiento y acatamiento de orden judicial”.
A. Hechos y pretensiones
1. El 22 de agosto de 2007, el Juzgado Penal
del Circuito de Granada (Meta) profirió sentencia condenatoria en contra del
actor por hallarlo responsable penalmente como determinador del delito de
homicidio agravado. Le fue impuesta la pena principal de 25 años de prisión y
la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo
tiempo. Ese despacho negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena
y la prisión domiciliaria[1].
2. El
tutelante expresó que, el 15 de junio de 2017, el Juzgado 13 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le concedió la libertad transitoria y
anticipada. El 22 de marzo de 2018, mediante Auto Interlocutorio No. 0332, ese
despacho declaró la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el
ejercicio de derechos y funciones públicas impuesta al actor. Precisó que el
peticionario “Puede ser empleado público, trabajador oficial o contratista
del Estado, en virtud de la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación”.
Finalmente, ordenó comunicar la decisión a la Secretaría de la Jurisdicción
Especial para la Paz -JEP- y al Sistema de Información de Registro de Sanciones
y Causas de Inhabilitación -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación[2].
La
autoridad judicial consideró que el solicitante fue beneficiario de la Ley 1820
de 2016 y de sus decretos reglamentarios. Refirió que, al tener la libertad transitoria,
condicionada y anticipada desde el 17 de junio de 2017, podía ser nombrado como
empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado. Por lo anterior,
resolvió que la pena accesoria debía suspenderse mientras la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- resuelve
de fondo su situación[3].
3.
Indicó que el mencionado juzgado profirió el Auto interlocutorio 0940 del 10 de
agosto de 2018. Esa providencia declaró desiertos los recursos de reposición y
de apelación presentados por el Ministerio Público contra la decisión del 22 de
marzo de 2018. En consecuencia, mantuvo incólume la declaratoria de suspensión
de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas impuesta al tutelante[4].
4.
Expuso que en el certificado de antecedentes que expide la Procuraduría General
de la Nación figura la anotación de inhabilidad para desempeñar cargos públicos
hasta el 8 de octubre de 2023. Informó que presentó 2 peticiones a esa entidad para
que actualizara la información personal en el SIRI con base en las providencias
proferidas por el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Bogotá. La autoridad negó sus solicitudes. Particularmente, refirió que
mediante Oficio No. CGS 939 MIB del 11 de abril de 2018[5], la institución manifestó lo siguiente:
“(…)
aun es visible en su certificado una inhabilidad para desempeñar cargos
públicos, que finalizará el 08/10/23, ya que su duración es de 10 años y se
cuentan a partir de la fecha de ejecutoria. Al respecto, es pertinente aclarar
que esta inhabilidad no fue impuesta como sanción por el juez, dentro del
proceso penal que se adelantó en su contra, pues se genera automáticamente
producto del quantum punitivo impuesto en la sanción penal, que recordemos en
el caso concreto, fue de veinticinco (25) años, razón por la cual se cumplen
los requisitos objetivos señalados en el Artículo 38, numeral 1 de la Ley 734
de 2002: haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro
años, y que haya sido por la comisión de un delito doloso.”[6]
De
igual manera, manifestó que mediante oficio del 13 de agosto de 2019, la
entidad le indicó que acusaba recibo de las providencias judiciales expedidas
en el marco de la ejecución de la pena y que, además, las sanciones vigentes
figuran en el certificado ordinario de antecedentes. De igual manera, las
sanciones intemporales están inscritas en el certificado especial para cargos
públicos especiales.
5. Según el actor, la Procuraduría General de la Nación
vulneró sus derechos al trabajo, al habeas data, a la igualdad, a la
paz, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso y “al
cumplimiento y acatamiento de orden judicial”. Insistió en que la inhabilidad
que aparece vigente en los certificados ordinario y especial le impide
vincularse laboralmente a entidades públicas o privadas. Esta situación,
presuntamente, le afecta la subsistencia propia y la de su familia[7]. Finalmente, solicitó una medida provisional
para que en 24 horas se ordene la actualización de la información sobre su
inhabilidad, contenida en los certificados expedidos por la accionada.
B. Actuaciones en sede de
tutela
La Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá avocó conocimiento
de la acción de tutela mediante Auto del 27 de agosto de 2019[8]. En esa providencia, vinculó al Juzgado
13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá y al Centro de
Servicios Administrativos de la misma ciudad. Además, negó la medida
provisional, al considerar que el peticionario no acreditó la configuración de
un perjuicio inminente[9].
Intervención
del Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
La
autoridad judicial relató las actuaciones procesales adelantadas y aseguró que
“(…) desconoce el tratamiento que sobre el particular le la (sic) la
Procuraduría General de la Nación a las decisiones judiciales, como la aquí
referida (…)”[10].
Intervención
de la Procuraduría General de la Nación
La
entidad accionada señaló que la anotación consignada en el certificado de
antecedentes del demandante se sustenta en el numeral
1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002[11], el cual establece que: “(…) también constituyen
inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del
fallo, las siguientes: 1. (…) haber sido condenado a pena privativa de
la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los diez años
anteriores, salvo que se trate de delito político (…)”. En este sentido, explicó que se trata de una
restricción legal que impide a la persona gozar de ciertos derechos y no de una
pena o sanción impuesta por el juez o la Procuraduría[12].
Asimismo,
adujo que no desconoció los derechos fundamentales invocados porque la
información que consta en el certificado es veraz y comprobable y, además, se
actualiza de conformidad con los reportes de la autoridad judicial. Agregó que
los datos sobre antecedentes o inhabilidades sólo son exigibles para acceder al
empleo público, por lo que dicha información no constituye un obstáculo para
trabajar en el sector privado[13].
Intervención
del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá
La
entidad hizo un recuento de las actuaciones procesales adelantadas. Adicionalmente,
manifestó que comunicó de forma oportuna a la Procuraduría la decisión del 22
de marzo de 2018, dictada por el juez de ejecución de penas que conoce de la
situación del actor. Por esta razón, corresponde al ente de control actualizar
las bases de datos respectivas[14].
C. Decisiones objeto de revisión
Fallo de tutela de primera instancia
Mediante
fallo del 9 de septiembre de 2019[15], la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá declaró improcedente el amparo. Consideró que la inhabilidad es una
consecuencia de lo previsto en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de
2002. Al respecto, resaltó que el actor fue condenado a 25 años de prisión y
que la inhabilidad estaría vigente hasta el 8 de octubre de 2023. Esto último,
en razón a que el fallo condenatorio cobró ejecutoria el 9 de octubre de 2013.
Agregó
que la suspensión de la pena accesoria no incide en el dato negativo reprochado
por el actor. De hecho, las decisiones judiciales relacionadas con el
cumplimiento o la extinción de la condena no rehabilitan ni extinguen los
efectos de la inhabilidad. Lo anterior, por cuanto se trata de una restricción
legal que limita el acceso al empleo público y que no está condicionada al
control de los jueces de conocimiento o de ejecución[16]. Por último, indicó que el peticionario
no demostró que dicha circunstancia hubiese truncado una posible vinculación
con el sector privado, escenario en el cual se encuentra plenamente habilitado
para trabajar[17].
Impugnación
El 13 de septiembre de 2019, el señor Guillermo Rodríguez
Rodríguez impugnó la decisión de instancia. Argumentó que el a quo
efectuó una interpretación errónea del artículo 122 de la Constitución. Resaltó
que, con base en dicha
norma, el juzgado de ejecución: (i) declaró la
suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas; ii) precisó que el actor podría desempeñarse como
empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado; y, iii) ordenó
comunicar la decisión a la Procuraduría.
Por otro lado, el tutelante cuestionó la afirmación según la cual la
inhabilidad es una consecuencia de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo
38 de la Ley 734 de 2002. A su juicio, tal interpretación desconoce el alcance
del artículo 122 Superior. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se
ordenara a la Procuraduría actualizar el SIRI con base en lo decidido por el Juzgado
13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Fallo de tutela de segunda instancia
En sentencia del 29
de octubre de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia. En
concreto, consideró que la decisión del juez de ejecución está supeditada a la
inhabilidad derivada de la sentencia condenatoria. De otra parte, agregó
que la vigencia del reporte negativo responde a lo dispuesto en el numeral 1º
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Con fundamento en lo anterior, precisó
que:
“(…)
aunque la entidad encausada se negó a remover dicha inhabilidad de su base
de datos, ello no implica desconocer la orden del juez de ejecución de penas
pues, se insiste, ese funcionario en ningún momento se refirió a la causal
objetiva establecida en el artículo 38 del Código Disciplinario Único, sino a
la pena accesoria impuesta en la sentencia condenatoria.
En
todo caso, el ciudadano Rodríguez Rodríguez tiene la posibilidad de solicitar a
la Procuraduría General de la Nación la remoción del reporte negativo con
fundamento en el artículo transcrito, para que esta entidad tenga la
oportunidad de analizar dicho pedimento a la luz del artículo 122 de la Carta
Política.”[18]
D. Actuaciones en sede de revisión
Con ocasión de la emergencia de salud
pública generada por la pandemia que provocó el COVID-19, mediante Acuerdo
PCSJA20-11517 del 15 de marzo de 2020[19] el Consejo Superior de la Judicatura
suspendió los términos judiciales en todo el país. Esta medida cobijó a las
Altas Cortes[20] y, específicamente, a los trámites de
revisión eventual de tutelas en la Corte Constitucional[21]. La suspensión inicialmente fue prevista
entre el 16 y el 20 de marzo del presente año. Sin embargo, fue prorrogada
hasta el 30 de julio de 2020 en forma sucesiva e ininterrumpida, mediante
posteriores acuerdos adoptados por esa misma institución[22].
Levantada la suspensión de términos, el 3
de agosto de 2020, tras consultar el certificado de antecedentes del señor
Guillermo Rodríguez Rodríguez en la base de datos de la Procuraduría, el
despacho de la Magistrada Sustanciadora constató que tenía inscrita la
inhabilidad objeto de reproche, y que su vigencia se extendía hasta el 8 de octubre
de 2023.
Para efectos de adoptar una decisión en
el asunto de la referencia, ese mismo día, la Magistrada Ponente decretó
pruebas de oficio. Particularmente, solicitó información a (i) Guillermo
Rodríguez Rodríguez[23]; (ii) a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la JEP[24]; y (iii) al Juzgado 13 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá[25].
Intervención de Guillermo Rodríguez
Rodríguez
Mediante escrito enviado por correo
electrónico el 11 de agosto de 2020, el tutelante indicó que la JEP aún no ha resuelto su situación
jurídica. Esta situación, a su juicio, obedece a un criterio de priorización de
casos. Agregó que:
“(…) nunca he pedido la suspensión de la
inhabilidad a esa instancia (JEP), por cuanto considero que la información
suministrada por el Juzgado 13 EPMS y la misma ley en referencia (1820 de
2016), dan el suficiente sustento jurídico para que se tenga en cuenta mi
solicitud reiterativa ante la Procuraduría, además, doy por hecho, la fluida
comunicación entre las instituciones para la definición de asuntos del mismo
carácter.”
Finalmente, insistió en su petición a la
Corte de conceder el amparo pretendido, a efectos de facilitar su inserción
laboral en el sector privado.
Intervención de la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz
Mediante correo electrónico del 13 de
agosto de 2020, ese despacho judicial informó lo siguiente:
- En fallo del 22 de agosto de 2007, el Juzgado Penal
del Circuito de Granada, Meta, declaró penalmente responsable al Mayor
Guillermo Rodríguez Rodríguez, adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 42
de la División Séptima del Ejército Nacional, por la comisión del delito de
homicidio agravado en calidad de determinador. Por lo anterior, le impuso la pena
principal de 25 años y la accesoria de interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo tiempo. El 14 de diciembre de 2012, la Sala de Decisión
Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio confirmó la decisión.
- El 1º de septiembre de 2014, el Juzgado 13 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá asumió el seguimiento de la
sentencia. Luego, el 15 de junio de 2017, concedió al actor el beneficio de
libertad transitoria, condicionada y anticipada. El 22 de mayo de 2018, declaró
la suspensión de la pena accesoria.
- El 4 de mayo de 2018, el peticionario solicitó al
juez de ejecución autorización para viajar a República Dominicana el 9 de mayo
siguiente. Lo anterior, con la finalidad de suscribir un contrato laboral con
la Corporación de las Américas de ese país. La autoridad judicial remitió la
petición a la Secretaría Ejecutiva de la JEP, mediante auto del día 8 de ese
mismo mes y año.
- El asunto fue repartido el 5 de septiembre de 2018 a
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Mediante la Resolución No. 2471
del 11 de diciembre siguiente, negó el permiso solicitado. Al respecto, expuso
que el peticionario no cumplió los requisitos establecidos en el artículo 3º de
la Resolución No. 011 de 2018. En particular, no indicó los datos de contacto,
el tiempo de permanencia ni la fecha de regreso. Tampoco anexó copias del documento de identificación
para viajar, de la reserva del viaje ni del contrato que firmaría. Además, no
suscribió el compromiso de presentación personal luego de su retorno al país.
Finalmente, resaltó que la solicitud no fue presentada con la antelación
exigida, esto es, 10 días hábiles antes del viaje.
- A través de la Resolución No. 3013 del 12 de agosto
de 2020, la misma Sala aceptó el sometimiento del actor a la JEP y remitió la
actuación a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas. En cuanto al registro de antecedentes
penales y disciplinarios, resaltó que los hechos están relacionados con la
ejecución extrajudicial de un miembro de la población civil. Agregó que la
conducta corresponde a un delito de lesa humanidad. Por tal razón, el
tratamiento penal especial y diferenciado relacionado con las inhabilidades fue
materializado con la siguiente orden:
“se deberá comunicar a la Procuraduría
General de la Nación a fin de qué se produzcan los efectos administrativos
contenidos en el parágrafo del artículo 122 de la Constitución Política, los
cuales son (i) que mientras un miembro de la fuerza pública, que se haya
sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz, no se encuentra privado de la
libertad, podrá ser empleado público, trabajador oficial, o contratista del
Estado, salvo en los supuestos de prohibición de reincorporación al servicio
activo previstos en la Ley 1820 de 2016 y (ii) que en virtud del principio de
no repetición, el Estado colombiano garantiza que las personas que hayan sido
sancionadas por graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al
derecho internacional humanitario no podrán hacer parte de los organismos de
seguridad de defensa del Estado, Rama Judicial ni órganos de control.
34. De acuerdo con lo anterior, la
norma en ningún momento establece que se deban eliminar la totalidad de los
antecedentes disciplinarios, sino que se debe hacer una anotación en el
registro para que los miembros de la fuerza pública que se sometan a la
JEP y se encuentren en libertad, puedan ejercer como empleados públicos,
trabajadores oficiales o contratistas del Estado”. (Énfasis agregado)
En esta línea, indicó que el artículo 51[26] de la Ley 1957 de 2019[27] establece algunos supuestos que prohíben
el reintegro al servicio activo de aquellos miembros de la Fuerza Pública que
gocen de la libertad transitoria, condicionada y anticipada. Asimismo, reiteró
que la intención del artículo 122 Superior no es eliminar la totalidad de antecedentes
de los comparecientes, más aún cuando se trata de un beneficio transitorio.
Insistió en que existen medidas estatales que
garantizan el principio de no repetición. Por ejemplo, aquellas de carácter
administrativo que impiden que los perpetradores de violaciones de derechos
humanos obstaculicen la transición a la democracia o reincidan en la comisión
de crímenes. Estos instrumentos son conocidos por la doctrina internacional
como “purgas o
lustraciones” y
consisten en apartar de cargos o posiciones de poder y jerarquía estatal a
quienes hayan ejecutado estos actos. A partir de lo anterior, refirió que:
“(…) ninguna norma habilita que se borre la
totalidad de los registros de los antecedentes disciplinarios.
Por el contrario, medidas de carácter transitorio y preventivo como la
prohibición establecida en el parágrafo primero del artículo 51 de la Ley 1820
de 2016, o de carácter definitivo como la inhabilidad general establecida en el
último inciso del parágrafo del artículo 122 de la Norma Superior para ocupar
cargos en determinados organismos estatales de seguridad, defensa, justicia o
control y vigilancia, tienen como objeto garantizar la transición pacífica y
estabilidad democrática de las sociedades que se encuentran en escenarios de
posconflicto”. (Énfasis agregado)
Por último, esa Sala reiteró la solicitud a la
Procuraduría de actualizar los antecedentes penales y disciplinarios del señor
Guillermo Rodríguez Rodríguez e incluir una anotación que aclare lo siguiente:
“(…) que conforme al artículo 122 de
la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o
contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del beneficio
de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder ejercer
libremente una profesión, arte u oficio sin perjuicio de la prohibición de
pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama judicial
o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo prevista en la
Ley 1957 de 2019 para las situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en
relación exclusiva con el proceso de radicación 8386-13 a cargo del Juzgado
Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, sin
perjuicio del carácter transitorio del beneficio concedido, dado que aún no se
profiere la resolución definitiva de la situación jurídica”. (Énfasis
agregado)
Primera intervención de la Procuraduría General de la
Nación
El 26 de agosto de 2020, la Procuraduría informó vía correo electrónico que, actualmente,
Guillermo Rodríguez Rodríguez no presenta ninguna anotación visible en el SIRI.
Esto se debe a que el antecedente cumplió los cinco años de permanencia,
exigidos por el inciso 3º del artículo 174 de la Ley 734 de 2002[28]. En este sentido, insistió en que el
certificado se encuentra actualizado:
“(…) con la decisión judicial de Acta Transitoria
Condicionada y Anticipada (Art. 51 Ley 1820 de 2016) y la Habilitación para ser
empleado público, trabajador oficial y contratista del Estado de conformidad
con artículo 2° del Acto Legislativo 01 de 2017 parágrafo ART. 122 Constitución
Política de Colombia, decisión proferida por el Juzgado 13 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., y la información que se visualiza
en el mismo, se funda en razones jurídicas y fácticas que motivan el estado del
certificado”.
Con fundamento en lo anterior, solicitó su
desvinculación del trámite de amparo, toda vez que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por el actor.
Actuaciones adicionales en sede de revisión
El 30 de agosto de 2020, el despacho de
la Magistrada Sustanciadora consultó nuevamente el certificado de antecedentes
del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, a través de la base de datos de la
Procuraduría, y constató que no tiene inscrita la inhabilidad derivada del
numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ni ninguna otra.
En virtud de lo anterior, consideró
necesario decretar pruebas adicionales con el propósito de esclarecer los
hechos que motivaron la solicitud de amparo y aquellos acaecidos durante el
trámite de revisión. Por consiguiente, mediante Auto del 31 de agosto de 2020,
la Sala Sexta de Revisión solicitó a la Procuraduría explicar las razones por
las cuales (i) eliminó del
certificado de antecedentes del peticionario la inhabilidad prevista en el
numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002; y (ii) no ha efectuado la
anotación en el SIRI ordenada por la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP, en el numeral sexto de la Resolución No. 3013 del 12 de
agosto de 2020.
También requirió al Juzgado 13 de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá para que, en cumplimiento de lo ordenado en el
Auto del 3 de agosto de 2020, remitiera copia de la providencia mediante la
cual concedió al tutelante la libertad transitoria, condicionada y anticipada.
Adicionalmente, le solicitó informar si ordenó a la Procuraduría eliminar todas
las inhabilidades del actor. Asimismo, decretó la suspensión de términos para fallar
el asunto por 8 días.
Intervención del Juzgado 13 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá
Mediante correo electrónico del 8 de
septiembre de 2020, la autoridad judicial remitió copia del Auto interlocutorio
No. 0559 de 2017, en el cual concedió al tutelante el beneficio de libertad
transitoria, condicionada y anticipada. Lo anterior, al encontrar acreditados
los requisitos exigidos por el artículo 52[29] de la Ley 1820 de 2016, toda vez que (i)
existía un nexo entre la conducta punible y el conflicto armado; (ii) el
peticionario estaba privado de la libertad hace más de cinco años; y (iii)
manifestó su voluntad de someterse a la JEP.
Con todo, el juzgado advirtió que el
señor Rodríguez no había suscrito formalmente el acta de sometimiento ante la
Secretaría Ejecutiva de la referida jurisdicción, no se había comprometido a
contribuir a la verdad, a la no repetición y a la reparación de las víctimas, y
tampoco a atender los requerimientos de las autoridades. Por consiguiente,
aclaró que el beneficio se haría efectivo una vez el peticionario cumpliera con
lo anterior.
Segunda intervención de la Procuraduría
General de la Nación
El 15 de septiembre de 2020, la Sala
requirió a la Procuraduría General de la Nación para que cumpliera la orden
contenida en el Auto del 31 de agosto de 2020, relacionada con los motivos para
eliminar el registro de inhabilidades del actor. De igual manera, ordenó
suspender los términos para fallar el presente asunto durante 8 días.
Ese mismo día, la mencionada entidad
remitió a la Corte un documento, vía correo electrónico, en el que indicó lo
siguiente:
“(…) la inhabilidad para desempeñar
cargos públicos con fundamento en el numeral 1º del artículo 38 de la ley 734
de 2002, para el 18 de agosto hogaño fue desactivada del certificado de
antecedentes del señor GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, con ocasión al beneficio
jurídico de HABILITADO (A) PARA SER EMPLEADO (A) PÚBLICO, TRABAJADOR (A)
OFICIAL Y CONTRATISTA DEL ESTADO. ARTÍCULO 2º. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017
PARÁGRAFO RT. 122 CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA, concedido por el
Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., y
reportado ante esta Entidad con radicado Sigdea E-2020-412206 del 14 de agosto
del año en curso por la Secretaría Judicial-Sala de Definición de Situaciones
jurídica (sic)-SEJEP-, a través de la Resolución No. 3013 del 12 de agosto de
2020.”
Intervención del Centro de Servicios de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
El 22 de septiembre de 2020, ese despacho
remitió un correo electrónico en el que refirió las actuaciones realizadas en
el expediente del actor y manifestó que la competencia para resolver las
peticiones del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez es de la Jurisdicción
Especial para la Paz. En tal sentido, refirió que no desconoció los derechos invocados
por el accionante debido a que sus funciones están relacionadas con la gestión
de la correspondencia y demás documentos dirigidos y proferidos por los
juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Con base en lo anterior,
solicitó la desvinculación del trámite de amparo.
Tercera intervención de la Procuraduría
General de la Nación
Mediante correo electrónico del 23 de
septiembre de 2020, esa entidad expresó que, el 18 de agosto de 2020, la
inhabilidad para “Desempeñar Cargos Públicos con fundamento en el numeral 1º
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, fue desactivada mas no cancelada, del
certificado de antecedentes judiciales del señor GUILLERMO RONDRIGUEZ RODRIGIEZ”.
Tal decisión, según la institución, fue
adoptada con ocasión al beneficio jurídico de “HABILITADO (A) PARA SER
EMPLEADO (A) PÚBLICO, TRABAJADOR (A) OFICIAL Y CONTRATISTA DEL ESTADO. ARTÍCULO
2º. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 PARÁGRAFO ART. 122 CONSTITUCIÓN POLÍTICA
COLOMBIA”. Bajo ese entendido, la entidad precisó que aquel permite “(…)
que las inhabilidades legales como las que nos ocupa en el caso sub-examine, no
se reflejen en el certificado como medida transitoria y preventiva.”
De igual manera, manifestó que cumplió
con lo ordenado en el numeral 6º de la Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020
de la siguiente manera:
“(…) registrando en el sistema SIRI,
soporte del certificado de antecedentes, las anotaciones relativas a: LIBERTAD
TRANSITORIA CONDICIONADA Y ANTICIPADA (ART.51.LEY 1820 DE 2016), Y
HABILITADO(A) PARA SER EMPLEADO(A) PÚBLICO, TRABAJADOR OFICIAL Y CONTRATISTA
DEL ESTADO. ARTÍCULO 2º. ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017 PARÁGRAFO ART. 122
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.”
Finalmente, presentó el siguiente cuadro
denominado “Consulta de eventos SIRI-caso Guillermo Rodriguez Rodríguez –
antecedente SIRI 200814702”:
El 24 de septiembre de 2020, el despacho
de la Magistrada Sustanciadora accedió nuevamente al certificado de
antecedentes del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez, a través de la base de
datos de la Procuraduría, y constató que no tiene inscrita la inhabilidad
derivada del numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ni ninguna otra.
Ese documento expresó lo siguiente:
“La
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema
de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a)
GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número
(…): NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES”
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. En virtud de las disposiciones contenidas
en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política de 1991, así como en
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión es
competente para decidir sobre el expediente de la referencia.
Asunto objeto de revisión
2. El
actor pretende la protección de sus derechos al trabajo, al habeas data,
a la paz, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso y “al
cumplimiento y acatamiento de orden judicial”, supuestamente vulnerados por
la Procuraduría General de la Nación. Aduce que esa entidad se negó a eliminar
del registro de antecedentes disciplinarios la inhabilidad derivada del numeral
1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Para el peticionario, dicha
pretensión se sustenta en que, el 15 de junio de 2017, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá le concedió la libertad transitoria, condicionada y
anticipada. Luego, mediante Auto No. 0332 del 22 de marzo de 2018, declaró la
suspensión de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas. Además, ordenó comunicar la decisión a la Secretaría de
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Procuraduría[30]. Las anteriores decisiones fueron
sustentadas en su calidad de beneficiario de la Ley 1820 de 2016[31] y de sus decretos reglamentarios[32]. Por su parte, la Procuraduría sostuvo,
en un primer momento, que la anotación corresponde a la inhabilidad para
desempeñar cargos públicos contenida en el numeral 1º de la Ley 734 de 2002 y
no es una sanción impuesta por el juez de conocimiento. En tal sentido, su
vigencia finalizaría el 8 de octubre de 2023.
En sede
de revisión, la Corte constató que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas
de la Jurisdicción Especial para la Paz profirió la Resolución 3013 del 12 de
agosto de 2020. En esa decisión, la autoridad judicial aceptó el sometimiento del actor a la JEP
y remitió la actuación a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad
y de Determinación de los Hechos y Conductas. En cuanto al registro de
antecedentes penales y disciplinarios, resaltó que los hechos están
relacionados con una ejecución extrajudicial de un miembro de la población
civil. Agregó que la conducta corresponde a un delito de lesa humanidad. Por
tal razón, las normas constitucionales y legales no establecen que deba
eliminarse la totalidad de antecedentes. Bajo ese entendido, solicitó a la
Procuraduría actualizar los antecedentes penales y disciplinarios del señor
Guillermo Rodríguez Rodríguez e incluir una anotación que aclare:
“(…) que conforme al artículo 122 de
la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o
contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder
ejercer libremente una profesión, arte u oficio sin perjuicio de la prohibición
de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama
judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo
prevista en la Ley 1957 de 2019 para las situaciones en ella señaladas. Lo
anterior, en relación exclusiva con el proceso de radicación 8386-13 a cargo
del Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, sin
perjuicio del carácter transitorio del beneficio concedido, dado que aún no se
profiere la resolución definitiva de la situación jurídica”. (Énfasis
agregado)
La
Procuraduría General de la Nación informó a la Sala que en el certificado de
antecedentes del actor no figuraba la inhabilidad del numeral 1º del artículo
38 de la Ley 734 de 2002, pues aquella fue suspendida mas no cancelada, con
base en dos argumentos: i) el antecedente cumplió los 5 años de permanencia
exigidos por el inciso 3º del artículo 174 de la Ley 734 de 2002; y, ii) el
cumplimiento de la Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020, proferida por la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
Cuestión
previa. Carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente
3. De
manera preliminar, la Sala debe verificar si en este caso operó el fenómeno de
la carencia actual de objeto en atención a la decisión judicial proferida por
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP y la actuación de la
Procuraduría General de la Nación tendiente a su cumplimiento.
4. La
Sala considera que la Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020, proferida por
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP configuró el fenómeno
de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente. En efecto, esa
autoridad judicial resolvió, en el marco de sus competencias, el sometimiento
del actor a esa jurisdicción y los efectos de dicha actuación sobre sus
inhabilidades. No obstante, la Corte hará un pronunciamiento, en términos de
pedagogía constitucional y con la finalidad de garantizar la supremacía de la
Carta, sobre la falta de subsidiariedad de la acción de tutela en el presente
asunto y la actuación de la Procuraduría General de la Nación que, en
cumplimiento de la providencia de la JEP, desactivó del certificado de
antecedentes todas las inhabilidades y restricciones para el acceso a cargos
públicos del peticionario.
5. Bajo
esa perspectiva, la Sala abordará los siguientes temas: i) la carencia actual
de objeto por situación sobreviniente, su configuración en el presente asunto y
la facultad de la Corte para pronunciarse en este caso. En tal sentido, ii)
expondrá la falta de subsidiariedad del amparo de la referencia. Finalmente,
iii) analizará la actuación de la Procuraduría General de la Nación en relación
con la desactivación de las inhabilidades del certificado de antecedentes del
actor. Para tal efecto, estudiará los siguientes aspectos: a) la importancia
constitucional de las inhabilidades y la función de registro que realiza la
Procuraduría General de la Nación; b) los beneficios y el tratamiento de las
inhabilidades para los miembros de la Fuerza Pública que se someten a la
Jurisdicción Especial para la Paz; y, c) el alcance de la Resolución 3013 del
12 de agosto de 2020 proferida por la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP.
La
carencia actual de objeto y sus categorías[33]
6. Esta Corporación ha reiterado que el objeto de la
acción de tutela es la garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo,
durante el proceso de amparo pueden presentarse distintas circunstancias que
permitan inferir que la vulneración o amenaza invocada cesó porque: (i) se
conjuró el daño alegado; (ii) se satisfizo el derecho fundamental
afectado; o (iii) se presentó la inocuidad de las pretensiones de la solicitud
de amparo[34].
Las situaciones descritas generan la extinción del
objeto jurídico de la tutela, por lo que cualquier orden de protección
proferida por el juez caería en el vacío[35]. Este fenómeno ha sido denominado “carencia
actual de objeto”, el cual se presenta por la ocurrencia, respectivamente,
de (i) un hecho superado; (ii) un daño consumado; o (iii) cualquier otra
situación que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de tutela[36].
De este modo, la eliminación de la causa de la
interposición de la solicitud de amparo, que al mismo tiempo es el fundamento
de la intervención del juez constitucional, anula la vocación protectora que le
es inherente a la acción de tutela. Por ende, cualquier intervención respecto
de las solicitudes de quien formula la acción no tendría efecto alguno y “caería
en el vacío”.
7. El hecho superado se
configura cuando, en el trámite constitucional, las acciones u omisiones que
amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de la
pretensión perseguida a través de la acción de tutela. Bajo estas
circunstancias, la orden que debe impartir el juez pierde su razón de ser
porque el derecho ya no se encuentra en riesgo[37].
En este sentido, la jurisprudencia de
esta Corporación ha incluido el hecho superado dentro del contexto de la
satisfacción de lo pedido en la acción de tutela. Lo anterior permite suponer que la obtención de las pretensiones
devino de una conducta positiva por parte de la persona o entidad demandada,
orientada a garantizar los derechos del accionante[38].
8. El daño consumado corresponde a la situación en la que se
afectan de manera definitiva los derechos del actor antes de que el juez
constitucional logre pronunciarse sobre la petición de amparo. Es decir, cuando
ocurre el daño
que se pretendía evitar con la acción de tutela. En este escenario la parte
accionada no redirigió su conducta para el restablecimiento de los derechos y
cuando, en efecto, se constata la afectación denunciada, ya no es posible
conjurarla[39].
9. La situación sobreviniente se
presenta ante cualquier
otra circunstancia que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela. La Corte ha manifestado que “(…)
es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de
un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto”[40].
La Sentencia SU-522 de 2019[41] precisó que es una categoría reconocida tanto por la
Sala Plena[42]  como por las distintas Salas de Revisión[43]. Por su amplitud, permite analizar casos
que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. De forma ilustrativa, la jurisprudencia ha declarado la carencia
actual de objeto por hecho sobreviniente en los siguientes eventos: (i) el actor es quien asume la carga que
no le correspondía para superar la situación vulneradora[44]; (ii) un tercero –distinto al accionante y
a la entidad demandada- ha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga
en lo fundamental[45]; (iii) es imposible proferir alguna orden
por razones que no son atribuibles a la entidad demandada[46]; o (iv) el actor simplemente pierde
interés en el objeto original de la litis[47].
El deber de pronunciamiento del juez de
tutela ante la configuración de la carencia actual de objeto
10. El acaecimiento de la carencia actual de objeto genera
que la acción de amparo pierda su razón de ser. Sin embargo, es posible que, en
esta circunstancia, el juez de tutela adelante el estudio del asunto sometido a
su conocimiento y, de ser necesario, adopte medidas adicionales según el caso
concreto. La Sentencia SU-522 de 2019[48] unificó las diferentes posturas de las
Salas de Revisión sobre el deber de pronunciamiento del juez de tutela ante la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, daño
consumado o situación sobreviniente. En aquella oportunidad, la Corte precisó
que solo está obligada a hacer un análisis de fondo cuando se presenta un daño
consumado. En los demás supuestos, podrá estudiar la utilidad de un
pronunciamiento adicional según las particularidades del expediente[49].
11. Dicha postura interpreta de mejor forma la competencia
del juez de tutela con base en el Decreto 2591 de 1991[50]. No obstante, la Corte advirtió que la
jurisdicción constitucional no es un órgano consultivo o garante del
cumplimiento de las decisiones de otras jurisdicciones, obligado a emitir
conceptos en todos los casos, incluidos aquellos que son hipotéticos, puestos a
su consideración. Adicionalmente, reiteró que el juez de tutela puede “(…) hacer un análisis posterior de lo ocurrido
y de los derechos involucrados.”[51]
12. En esta oportunidad, la Sala reitera las siguientes
subreglas, fijadas en la Sentencia SU-522 de 2019[52], que orientan el deber de pronunciamiento del juez de
tutela en los eventos de carencia actual de objeto:
12.1. Ante el daño consumado: el juez de tutela
debe emitir un pronunciamiento de fondo en el que precise si se presentó o no
la vulneración de los derechos fundamentales que dio origen al amparo. En estos
casos, podrá considerar medidas adicionales como [53]: a) advertir a la autoridad o particular
responsable para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela[54]; b) informar al actor/a o a sus familiares
sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede acudir para la
reparación del daño[55]; c) compulsar copias del expediente a las
autoridades competentes[56]; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan[57].
12.2. En el evento de hecho superado o circunstancia
sobreviniente: no es perentorio que el juez de amparo se pronuncie de
fondo. Sin embargo, podrá hacerlo, y en especial la Corte en sede de revisión,
cuando sea necesario[58]: a) llamar la atención sobre la falta de
conformidad constitucional de la situación que originó la tutela y tomar
medidas para que los hechos vulneradores no se repitan[59]; b) advertir la inconveniencia de su
repetición, so pena de las sanciones pertinentes[60]; c) corregir las decisiones judiciales de
instancia[61]; o d) avanzar en la comprensión de un
derecho fundamental[62].
13. Adicionalmente, la Sala considera que el juez de
tutela debe pronunciarse sobre aspectos del amparo que permitan realizar
pedagogía constitucional o en aquellos eventos que atentan contra la supremacía
de la Carta. Por ejemplo,
la Sentencia T-366 de 2015[63] estudió la vulneración del derecho
fundamental al habeas
data, derivada de la
conducta de una central de riesgo que publicó en sus bases de datos la
suspensión de los derechos políticos. En el curso del proceso, la entidad
accionada eliminó el dato negativo de sus reportes, por lo que la Corte
concluyó que se configuró la carencia actual de objeto. Con todo, en ejercicio
de la función de pedagogía constitucional y en aras de garantizar la supremacía
de la Carta, advirtió que el accionante tenía una orden de captura vigente en
su contra y, en consecuencia, ordenó remitir los documentos respectivos a la
Registraduría Nacional del Estado Civil para que la entidad, en el marco de sus
competencias, valorara esta información y estableciera la procedencia de la
actualización del estado de vigencia del documento de identidad del actor.
14. En suma, la carencia actual de objeto genera la
extinción del objeto jurídico de la tutela e implica que cualquier orden
proferida por el juez caería en el vacío. Esta figura puede generarse por: i)
el hecho superado; ii) el daño consumado; y, iii) la situación sobreviniente.
En el daño consumado, surge para el juez de tutela el deber de pronunciarse de
fondo y, si es del caso, adoptar medidas correctivas. En el caso del hecho
superado y la situación sobreviniente, el juez podrá examinar el asunto con la
finalidad de verificar la conformidad constitucional de la situación que dio
origen al amparo, avanzar en la compresión de un derecho fundamental, realizar
la función de pedagogía constitucional y garantizar la supremacía de la Carta,
entre otros. En estos eventos, también puede proferir remedios adicionales.
La configuración de carencia actual de
objeto por circunstancia sobreviniente en el presente asunto
15. A juicio de la Sala, en este asunto operó el fenómeno
de la carencia actual de objeto por una circunstancia sobreviniente. En efecto,
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales, profirió la Resolución 3013 del 12 de
agosto de 2020. Esa decisión se pronunció en relación con la situación
particular del actor que, como miembro de la Fuerza Pública, se sometió a la
JEP. En especial, la providencia resolvió sobre los beneficios jurídicos del
peticionario y el tratamiento de la inhabilidad para ejercer cargos públicos
con fundamento en el artículo 122 superior y la Ley 1820 de 2016.
16. Para la Sala es evidente que esa decisión judicial
satisfizo las pretensiones invocadas en el amparo. En efecto, el 22 de agosto de 2007, el actor fue
hallado responsable por el
delito de homicidio agravado en calidad de determinador y condenado a la pena principal de 25
años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones
públicas por el mismo tiempo[64]. Entre 2017 y 2018, fue beneficiario de la libertad
transitoria condicionada y anticipada, así como de la suspensión de la pena
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas,
mediante decisiones judiciales proferidas por el Juzgado 13 de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. El actor refirió que en el certificado
de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación se encontraba vigente,
hasta el 8 de octubre de 2023, la inhabilidad consagrada en el numeral 1º del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Por tal razón, promovió la acción de tutela contra
esa entidad porque considera que dicha actuación desconoce sus derechos al trabajo, al habeas
data, a la igualdad, a la paz, a la dignidad humana, al mínimo vital, al
debido proceso y “(…) al cumplimiento y acatamiento de orden judicial”.
17. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la
JEP, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profirió la
Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020. Esa decisión aceptó el sometimiento del actor a la JEP y remitió la
actuación a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de
Determinación de los Hechos y Conductas. En cuanto al registro de antecedentes
penales y disciplinarios, refirió que los hechos están relacionados con una
ejecución extrajudicial de un miembro de la población civil. Agregó que la
conducta corresponde a un delito de lesa humanidad y que, por tal razón, las
normas constitucionales y legales no establecen que deba eliminarse la
totalidad de antecedentes disciplinarios. Bajo ese entendido, solicitó a la Procuraduría
actualizar los antecedentes penales y disciplinarios del señor Guillermo
Rodríguez Rodríguez e incluir una anotación que aclare:
“(…) que conforme al artículo 122 de
la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o contratista
del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del beneficio de
libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder ejercer
libremente una profesión, arte u oficio sin perjuicio de la prohibición de
pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama judicial
o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo prevista en la
Ley 1957 de 2019 para las situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en
relación exclusiva con el proceso de radicación 8386-13 a cargo del Juzgado
Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, sin perjuicio del
carácter transitorio del beneficio concedido, dado que aún no se profiere la
resolución definitiva de la situación jurídica”.
18. La
Sala considera que las peticiones del actor relacionadas con los beneficios del
sometimiento a la JEP y el tratamiento de la inhabilidad que figuraba en el
certificado fueron satisfechas por la Resolución 3013 de 2020 de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. De esta forma, se trató de una
providencia judicial proferida por la autoridad competente para conocer el
asunto y que, además, resolvió de fondo la situación que dio origen al amparo.
Bajo esta perspectiva, solicitó a la Procuraduría actualizar los antecedentes
penales y disciplinarios e incluir una anotación en la que indique que,
conforme al artículo 122 Superior, podrá ser empleado público y ejercer
libremente una profesión, arte u oficio, sin perjuicio de la prohibición de
pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial
o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo.
19. Conforme
a lo expuesto, el objeto de la tutela fue resuelto por un despacho judicial que
no estuvo vinculado al presente trámite, lo que configura la carencia actual de
objeto por circunstancia sobreviniente. Con base en lo anterior, la Sala
confirmará la decisión de instancia que declaró improcedente el amparo. No
obstante, para efectos de pedagogía constitucional y garantizar la supremacía
de la Carta, la Sala realizará un pronunciamiento sobre los siguientes
aspectos: i) la falta de subsidiariedad del amparo; y, ii) la actuación de la
Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la decisión de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
Examen de procedencia de la acción de tutela
La legitimación en la causa
20. La legitimación en la causa configura un
presupuesto del proceso que permite la constitución de una relación jurídico
procesal válida. Es decir, se trata de condiciones que deben existir para que
pueda proferirse cualquier decisión sobre la demanda[65].
Para esta Corporación, la legitimación en la causa es
un presupuesto de la sentencia de fondo porque le permite al juez pronunciarse
sobre las pretensiones del actor y las razones de la oposición del demandado,
mediante una decisión judicial favorable o desfavorable a cualquiera de las
partes. Conforme a lo expuesto, es un requisito que se refiere a una calidad
subjetiva en relación con el interés sustancial de quienes participan en el
proceso[66].
Legitimación por activa
21. El artículo 10º del Decreto 2591 de 1991
regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma en
cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre
propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado
judicial; iv) mediante agente oficioso; o v) por el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales.
22. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala
encuentra que el señor Guillermo Rodríguez Rodríguez es mayor de edad, actúa en
nombre propio y acusa la presunta vulneración de sus derechos al trabajo, al habeas data, a la
igualdad, a la paz, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso y
“(…) al cumplimiento y acatamiento de orden judicial”. Por lo tanto, está acreditado el requisito
de legitimación en la causa por activa.
Legitimación
por pasiva
23. La legitimación en la causa por pasiva
dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de quien es
el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, una vez se
acredite la misma en el proceso[67].
Conforme a los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991,
la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y contra particulares.
En el presente asunto, la solicitud de amparo se dirigió contra la Procuraduría
General de la Nación. Se trata de una entidad pública a la que se le endilga la
afectación de derechos fundamentales cuya protección se reclama en este proceso.
Por tal razón, está legitimada en la causa por pasiva para actuar en este
proceso según los artículos 86 superior y 42 del Decreto 2591 de 1991[68].
Inmediatez
24. Esta Corporación ha reiterado que uno de
los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la
inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo puede formularse
en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad[69], su
interposición debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo[70].
Lo anterior, debido a que su finalidad es la protección inmediata y urgente de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
25. La Sala considera que este requisito se
cumple en el presente asunto porque la acción de tutela fue presentada el 27 de
agosto de 2019, esto es, menos de 15 días después de la última respuesta
presentada por la Procuraduría General de la Nación sobre la vigencia de las
inhabilidades del actor en el certificado de antecedentes, del 13 del mismo mes
y año. Para la Sala, este periodo de tiempo es prudencial y razonable, lo que
acredita el presupuesto de inmediatez.
El principio de subsidiariedad como
requisito de procedencia de la acción de tutela[71]
26. El principio de subsidiariedad de la acción
de tutela se encuentra consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución. De igual manera el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece
que la solicitud de amparo será improcedente “Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
Esta Corporación ha decantado desde sus
inicios la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, en especial, cuando
se emplea para asuntos que deben ser resueltos en escenarios judiciales
ordinarios[72].
En Sentencia C-590 de 2005[73],
la Corte manifestó que tal principio implica el agotamiento de todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable. De esta manera, el mencionado presupuesto establece un deber del
actor de desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
La inobservancia de esta carga procesal
instituiría al amparo constitucional como un mecanismo de protección
alternativo, que vaciaría las competencias de las distintas autoridades
judiciales que ejercen función jurisdiccional en sus distintos ámbitos de
conocimiento. En tal sentido, concentraría en la jurisdicción constitucional
todas las decisiones que les son inherentes a aquellas y se desbordarían las
funciones que la Constitución le otorgó a esta última[74].
27.  En ese orden de ideas, la acción de tutela
no puede tenerse como un mecanismo alternativo, adicional o complementario al
proceso que adelanta el juez ordinario competente. Lo anterior significa que el
juez de amparo no puede reemplazar en sus competencias y procedimientos a los
funcionarios especiales que conocen de los asuntos que las partes le someten a
su consideración[75].
Sin embargo, aunque no se hayan agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, la acción de tutela procederá siempre y cuando se acredite la
existencia de un perjuicio irremediable.
28.  Las características del principio de
subsidiariedad, que fundamentan la regla general de improcedencia de la acción
de tutela para debatir asuntos de conocimiento de funcionarios judiciales,
fueron discernidas por la Corte en Sentencia T-103 de 2014[76]
al señalar la falta de competencia del juez constitucional cuando: “(i)
el asunto está en trámite; (ii) no se han agotado los medios de defensa
judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el
ordenamiento jurídico.”
Así las cosas, la primera característica
del principio de subsidiariedad que genera la improcedencia de la acción de
tutela es la vigencia del proceso jurisdiccional en el que se han producido las
supuestas vulneraciones alegadas.
29.  Sobre este punto, la Sala reitera la Sentencia
SU-599 de 1999[77]
que manifestó que la acción de tutela no puede convertirse en un
instrumento adicional o supletorio al cual se pueda acudir cuando no se
ejercieron los medios ordinarios de defensa dentro de la oportunidad legal, o cuando
se formularon de manera extemporánea o para obtener un pronunciamiento más
rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias de la respectiva
jurisdicción.
Por tal razón, el amparo constitucional
debe ceder ante el mecanismo ordinario de defensa dispuesto en el sistema
normativo. En ese sentido, la acción de tutela no puede desplazar los recursos
ordinarios y extraordinarios que están al alcance del actor, en especial cuando
el proceso judicial está en curso, pues la vulneración de los derechos
fundamentales invocada puede ser conjurada mediante los instrumentos procesales
dispuestos para tal fin por la legislación[78].
La Sentencia T-113 de 2013[79]
manifestó que el análisis del requisito de subsidiariedad puede hacerse a
partir de dos escenarios: i) que el proceso haya concluido; o ii) que el
proceso judicial se encuentre en curso. En este último evento la intervención
del juez de tutela está, en principio, restringida, pues el amparo
constitucional no es un mecanismo procedimental alternativo o paralelo. Sin
embargo, puede ser utilizado como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de los derechos
fundamentales.
Por su parte, la Sentencia T-211
de 2013[80]
reiteró que las etapas, los recursos y los procedimientos de un diseño procesal
específico, son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales, particularmente
de las garantías del debido proceso. En ese sentido, el medio judicial por
excelencia para la preservación de los derechos es el proceso. Se trata de un
escenario en el que el afectado cuenta con todas las herramientas necesarias
para corregir, durante su trámite, las irregularidades procesales que puedan
afectar el derecho al debido proceso de ese extremo de la litis.
30.  El perjuicio irremediable ha sido definido
por esta Corporación como aquella afectación que, una vez acaecida, impide que
las cosas regresen a su estado anterior. En efecto, la Sentencia
T-458 de 1994[81],
expresó que:
“(…) la
irremediabilidad del perjuicio, implica que las cosas no puedan retornar a su
estado anterior, y que sólo pueda ser invocada para solicitar al juez la
concesión de la tutela como "mecanismo transitorio" y no como fallo
definitivo, ya que éste se reserva a la decisión del juez o tribunal competente.
Es decir, se trata de un remedio temporal frente a una actuación
arbitraria de autoridad pública, mientras se resuelve de fondo el asunto por el
juez competente.”
La Sentencia T-956 de 2014[82],
reiteró las características del perjuicio irremediable de ser inminente,
urgente, grave, e impostergable. En efecto, en esa oportunidad manifestó:
“(…) el perjuicio irremediable reviste
carácter de: inminente, es decir, está por suceder; se requieren medidas
urgentes para conjurarlo; es grave, puesto que puede trascendente al haber
jurídico de una persona; y exige una respuesta impostergable, que asegure la
debida protección de los derechos comprometidos[83].”
El principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la
Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sobre
el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que “(…) permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y
recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y
prevalentes para la salvaguarda de los derechos”[84]. Es
ese reconocimiento el que obliga a los asociados a
incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la
situación que estimen lesiva de sus derechos.
La acción de tutela era improcedente por incumplir con
el requisito de subsidiariedad
31. El
amparo de la referencia no cumple con el requisito de subsidiariedad porque el
actor cuenta con otro mecanismo judicial ordinario para la protección de sus
derechos y la tutela fue utilizada como mecanismo alterno y paralelo al trámite
judicial que adelantaba la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la
JEP. La Sala arriba a esta conclusión por dos razones: i) la eliminación del
registro de la inhabilidad contenida en el inciso 1º del artículo 38 de la Ley
734 de 2002 y que se reflejaba en el certificado de antecedentes, con ocasión
del sometimiento del actor a la JEP, era un asunto de competencia de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción. En tal sentido, el
ordenamiento jurídico ha dispuesto un procedimiento específico para atender
esos requerimientos; y, ii) para el momento de la interposición de la acción de
tutela el 27 de agosto de 2019, la JEP ya tenía conocimiento de la situación
jurídica del actor y estaba en curso el trámite judicial para resolver su
sometimiento a esa jurisdicción. A continuación, la Corte desarrollará brevemente
los mencionados argumentos.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la
JEP era la competente para conocer la petición del actor
32. La
competencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para conocer el
sometimiento de los miembros de la Fuerza Pública a esa jurisdicción y resolver
sobre los tratamientos penales especiales diferenciados está contenida en las
siguientes normas:
i)
Los artículos 5º,
6º, 7º, 21 y 23 transitorios del Acto Legislativo 01 de 2017. Estas disposiciones definen los
siguientes aspectos: a) el régimen, los objetivos, la aplicación y la
competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz; b) la competencia
prevalente del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición (SIVJRNR) sobre las actuaciones penales,
disciplinarias o administrativas originadas en conductas cometidas con ocasión,
por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al
absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas; c) la consagración de
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas como integrante de la
Jurisdicción Especial para la Paz; d) el tratamiento simétrico en algunos
aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo
de los miembros de la Fuerza Pública que se sometan a la jurisdicción; y, e) la
competencia de esa jurisdicción para conocer de las conductas ejecutadas por
los mencionados sujetos.
ii)
Los artículos 2,
9, 44, 51 y 52 de la Ley 1820 de 2016[85]. Estas normas regulan los asuntos que se
describen a continuación: a) los tratamientos penales especiales diferenciados,
simétricos, equitativos, equilibrados y simultáneos para agentes del Estado que
hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por
causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado;
b) la competencia de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para
conceder a los agentes del Estado la renuncia a la persecución penal como
mecanismo de tratamiento penal especial diferenciado; y, c) el régimen de
libertad transitoria condicionada y anticipada y sus beneficiarios.
iii)
Los artículos 43,
51 y 84 de la Ley 1957 de 2019[86]: que definen la competencia y las
funciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para aplicar
tratamientos penales especiales y diferenciados a los miembros de la Fuerza
Pública que se someten a la jurisdicción. Uno de los beneficios del SIVJRNR es
la libertad transitoria condicionada y anticipada. Se aplica a los agentes del
Estado que, al momento de la vigencia de la ley, estén detenidos o condenados y
que manifiesten o acepten su sometimiento a la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas.
33. La
Sentencia T-341 de 2019[87]
precisó que, cuando un miembro de la Fuerza Pública comparece ante la JEP[88], puede
acudir directamente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas “(…) con el objeto de solicitarle, en el marco del trámite
de definición de su situación jurídica, que se pronuncie sobre su pretensión de
suspensión del componente sancionatorio relativo a la interdicción de derechos
y funciones públicas (…)”.
En ese escenario “(…) puede interponer los recursos de reposición y en
subsidio de apelación contra la resolución que emita la precitada Sala, acorde
con los lineamientos formulados en los artículos 49 de la Ley 1820 de 2016[89], 12 y
siguientes de la Ley 1922 de 2018[90]
y 144 de la Ley 1957 de 2019[91].”
Bajo ese entendido, la providencia en cita concluyó
que:
“(…) el componente de justicia del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición-SIVJRNR- cuenta con
órganos y recursos internos idóneos y específicos -mecanismos de defensa
judicial- a los cuales puede recurrirse para cuestionar los alcances, límites y
efectos de los beneficios jurídico-penales que se otorgan a quienes comparecen
a la Jurisdicción Especial para la Paz, incluyendo las condiciones y criterios
de acceso, permanencia y renuncia a los tratamientos penales especiales
diferenciados para miembros de la Fuerza Pública. Por manera que, al poderse
adelantar una actuación o procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la
Paz con todas las formalidades y garantías, el debate del presente asunto
escapa al resorte competencial propio de la acción de tutela, el cual está
marcado por la informalidad y la subsidiariedad.”
34. El
análisis que antecede demuestra que la Sala de Situaciones Jurídicas de la JEP
es la competente para conocer el sometimiento del actor a esa jurisdicción como
miembro de la Fuerza Pública y resolver sobre el tratamiento penal especial
diferenciado derivado de aquel. En particular, respecto de sus efectos en las
inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos derivadas de la sentencia
condenatoria y la aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución.
De igual manera, esa Corporación, mediante Resolución 3013 del 12 de agosto de
2020, definió su competencia para resolver la situación jurídica del
demandante. En efecto, esa providencia indicó que, con fundamento en el
artículo transitorio 23 del Acto Legislativo 01 de 2017 que regula la
competencia de la JEP para conocer los comportamientos ejecutados por los
miembros de la Fuerza Pública, “(…) las circunstancias fácticas en que
incurrieron las graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones
al Derecho Internacional Humanitario por las cuales esta siendo procesado el
solicitante acaecieron por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta
con el conflicto armado.”[92]
En relación con la calificación propia de los hechos que sustentan el
sometimiento del actor a esa jurisdicción, la mencionada Sala expresó lo
siguiente:
“(…) este despacho concluye prima facie, que los hechos por los que
fue condenado el peticionario, si bien se han adecuado al delito de homicidio
agravado, resultan más relacionados con un homicidio en persona protegida, dada
la forma en que acaecieron, pues se advierte que (i) se pretendió simular un
enfrentamiento con miembros de las FARC que (ii) sospechosamente tuvo como
única víctima al señor Nicasio Fajardo Triana, sin que se lograra probar su
pertenencia al grupo guerrillero, lo que implica que era un miembro de la
población civil.
30. En este sentido, los hechos descritos constituyen
una violación del reconocimiento general del derecho a la vida consagrado en la
Declaración Universal de Derechos humanos (artículo3), en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4) y en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (artículos 6, 1, párrafo 2 del artículo 4 y los
artículos 14 y 15)”[93]
35. Con
fundamento en lo expuesto, esa autoridad judicial aceptó el sometimiento del Mayor
Guillermo Rodríguez Rodríguez respecto del proceso No. 8386-13 supervisado por
el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá[94].
36. En
suma, la Sala considera que la autoridad judicial competente para conocer el
tratamiento penal especial y diferenciado del actor como miembro de la Fuerza
Pública, así como los beneficios derivados de su sometimiento a la JEP, era la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción. A
continuación, la Sala verificará que, para el momento en que fue presentada la
tutela, ese despacho judicial conocía el sometimiento del peticionario a esa
jurisdicción y estaba a la espera de una decisión sobre su aceptación y la
concesión de los beneficios.
La JEP ya conocía la situación jurídica del actor al
momento de formular el amparo
37. La
Resolución 3013 de 2020, referenciada previamente, hace un detallado recuento
de las actuaciones judiciales surtidas en el marco del sometimiento del actor a
esa jurisdicción. A continuación, la Sala expondrá las más relevantes:
Fecha
Despacho judicial
Actuación
22 de agosto de 2007
Juzgado Penal del Circuito de Granada
Sentencia condenatoria. Homicidio agravado en
calidad de determinador. Pena principal de 25 años y la accesoria de
interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo.
14 de diciembre de 2012
Sala de Decisión Penal de Descongestión del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Villavicencio
Confirmó íntegramente la sentencia de primera
instancia.
2 de septiembre de 2014
Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá
Asumió el seguimiento de la condena.
15 de junio de 2017
Concedió el beneficio de libertad transitoria,
condicionada y anticipada.
8 de mayo de 2018
Remitió a la JEP solicitud de autorización para
salir del país presentada por el actor.
22 de mayo de 2018
Declaró la suspensión de la pena accesoria de
inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas impuesta en la
sentencia condenatoria.
5 de septiembre de 2018
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la
JEP
Reparto del asunto.
18 de septiembre de 2018
Resolución 1347 de 2018, asumió el conocimiento de
la solicitud del actor.
11 de diciembre de 2018
Resolución 2471 de 2018, negó el permiso de salida
del país.
12 de agosto de 2020
Aceptación sometimiento del actor a la JEP.
38. Conforme
a lo expuesto, desde el 5 de septiembre de 2018 le fue repartido el asunto a la
Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Lo anterior, con la
finalidad de resolver las peticiones relacionadas con los beneficios derivados
del tratamiento penal especial diferenciado del actor. En tal sentido, para el
momento en que fue presentada la acción de tutela, el 27 de agosto de 2019, esa
jurisdicción adelantaba el estudio judicial de la situación del peticionario.
39. Durante
el trámite de revisión, el despacho de la Magistrada Sustanciadora ofició al
Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para que
informara si había ordenado a la Procuraduría eliminar las inhabilidades del
actor. Esa autoridad eludió precisar el requerimiento de la Corte. Para tal
efecto, la Sala llama la atención a la importancia constitucional que reviste
la actuación de las autoridades judiciales en el marco del SIVJRNR y el impacto que tiene su labor en
el desarrollo propio de las funciones de la administración de justicia y las
entidades del Estado al igual que en la afectación de derechos de terceros, en
este caso particular, de las víctimas.
La magistrada sustanciadora también oficio al peticionario para que
indicara su situación jurídica ante la JEP y, en especial, si había solicitado
beneficios relacionados con el registro de inhabilidades. A través de una
respuesta imprecisa y evasiva, el tutelante indicó que esa jurisdicción no había
resuelto su situación jurídica, pues aquella respondía a criterios de
priorización que no reunía su caso. De todas maneras, resaltó que no había
solicitado la suspensión de la inhabilidad porque la decisión del Juzgado 13 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad era suficiente para que la
Procuraduría actualizara el registro de sanciones e inhabilidades. Lo expuesto
demuestra que, para el momento en que fue interpuesta la tutela, el caso del
actor estaba en conocimiento de la JEP y no solicitó ante esa jurisdicción la
aplicación de beneficios relacionados con la vigencia de sus inhabilidades.
40. En
suma, la Sala concluye que el amparo de la referencia era improcedente por
falta de subsidiariedad. En efecto, el actor tenía a su disposición medios
judiciales ordinarios para la protección de sus derechos. La decisión sobre el
tratamiento penal especial y diferenciado del compareciente, producto de su
sometimiento a la JEP, era de competencia de la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción. Además, para el momento en que fue
interpuesta la tutela, esa Corporación ya conocía la situación jurídica del peticionario.
De igual manera, aquel admitió su comparecencia ante esa instancia judicial y
que, además, no solicitó ante esa jurisdicción la aplicación de beneficios
relacionados con el ingreso a la función pública. Durante el trámite de
revisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se pronunció sobre el
sometimiento del peticionario a la JEP y sus inhabilidades para el ejercicio de
cargos públicos.
41. En
ese caso, es evidente que el solicitante utilizó el amparo constitucional como
un mecanismo paralelo al trámite judicial que estaba en curso ante la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Además, la intención del actor
era obtener una decisión judicial más rápida sin el agotamiento de las
instancias ordinarias de esa jurisdicción, en atención a los plazos procesales
cortos que orientan la acción de tutela. En efecto, aquel resaltó que su caso
no estaba priorizado para estudio y resolución por parte de la JEP. Finalmente,
no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención urgente e impostergable del juez de tutela. Con fundamento en lo
expuesto, el amparo formulado era improcedente por carecer de subsidiariedad. A
continuación, la Sala analizará la forma en la que la Procuraduría cumplió la
decisión de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP sobre las
inhabilidades del actor y establecerá si aquella garantiza la supremacía de la
Carta.
Análisis de la actuación de la Procuraduría General de
la Nación en cumplimiento de la decisión de la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la JEP
42. La
Sala advierte que el presente análisis de ninguna manera constituye una forma
de seguimiento o verificación de cumplimiento de las decisiones proferidas por
órganos de la JEP. El presente estudio se limita a garantizar la supremacía de
la Constitución en la manera en que la Procuraduría cumplió la orden contenida
en la Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020, proferida por la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. En efecto, llama la atención que
el certificado ordinario de antecedentes, del 24 de septiembre de 2020, da
cuenta que el peticionario no registra sanciones ni inhabilidades vigentes. La
entidad informó a la Corte que dicha situación se debía a las siguientes
razones: i) el antecedente
cumplió los 5 años de permanencia exigidos por el inciso 3º del artículo 174 de
la Ley 734 de 2002; y, ii) el acatamiento de la orden proferida por la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas. En este último caso, precisó que la
inhabilidad para desempeñar cargos públicos contenida en el numeral 1º de artículo
38 de la Ley 734 de 2002 “(…) fue desactivada mas no cancelada, del
certificado de antecedentes (…) con ocasión al beneficio jurídico”, en los
términos del artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2017 que adicionó un
parágrafo al artículo 122 de la Constitución.
43. Para
la Sala, la actuación descrita desconoció los principios constitucionales que
fundamentan las inhabilidades para el ejercicio de función pública. Además,
vulneró el parágrafo del artículo 122 de la Carta y, en especial, las
restricciones para el acceso a determinados cargos del Estado, como instrumento
de protección de los derechos de las víctimas y expresión de la garantía de no
repetición. Lo anterior, porque la entidad accionada se apartó del contenido y
alcance de la decisión adoptada por la Sala de Decisión de Situaciones
Jurídicas de la JEP.
Para tal efecto, la Corte abordará los siguientes temas: a) la
importancia constitucional de las inhabilidades y la función de registro que
realiza la Procuraduría General de la Nación; b) el tratamiento de las
inhabilidades para los miembros de la Fuerza Pública que se someten a la
Jurisdicción Especial para la Paz con base en el parágrafo del artículo 122 de
la Constitución; y, c) el alcance de la Resolución 3013 del 12 de agosto de
2020, proferida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
La naturaleza y el alcance del derecho fundamental
a la participación política. El derecho de acceso al ejercicio de funciones públicas como expresión
del principio de participación democrática[95]
44. La Constitución de 1991, tras haber consagrado el
principio de democracia participativa, amplió el espectro de intervención de
los ciudadanos en los asuntos públicos, con la finalidad de recuperar los
vínculos de confianza y de actividad política con el Estado[96]. Bajo esa perspectiva,
la Carta estableció nuevas opciones y posibilidades para que las personas
puedan tomar parte en las decisiones y en los procesos políticos de la
sociedad, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 2º superior[97].
Conforme a lo anterior, el principio de participación
democrática no se reduce únicamente a un nuevo modelo de adopción de
decisiones, sino que implica la redefinición de las dinámicas de comportamiento
social y político. Su fundamento axial es el pluralismo, la tolerancia, la
protección de los derechos y de las libertades y la responsabilidad de los
ciudadanos en la determinación del destino colectivo[98]. Se trata de la
estructuración de nuevos escenarios en los que el ciudadano no agota su rol
político en movilización para votaciones periódicas, sino que el Constituyente
propició nuevos escenarios de injerencia social y política, caracterizados por
mayores espacios de deliberación y de decisión, sobre temas que le afectan o en
los que tiene interés.
45.  En suma, un sistema democrático basado en el
principio de la participación: i) inspira el nuevo marco de la estructura
constitucional del Estado; ii) implica la ampliación cuantitativa de
oportunidades reales de injerencia ciudadana; y, iii) genera la recomposición
cualitativa de las dinámicas sociales y públicas, puesto que su espectro
trasciende lo político electoral hacia los planos individual, económico y
colectivo[99].
46.  La mencionada concepción de democracia participativa
se materializa con la consagración constitucional de los derechos políticos. Esta
Corte los ha concebido como los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos
para incidir sobre la estructura y el proceso decisional en el cual tienen
interés en participar[100]. De esta manera, se trata de “(…) titularidades
de las que se desprenden los mecanismos por medio de los cuales la ciudadanía
se ejerce.”[101]
47.  Esta Corte ha expresado que los derechos políticos
pueden clasificarse de múltiples formas; en el caso particular de la
participación, aquellos pueden ser: i) de participación directa (iniciativa
legislativa, referendos, entre otros); ii) de acceso a la función pública; y,
iii) derecho al sufragio, tanto en su dimensión activa como pasiva[102].
De esta suerte, conforme al artículo 40 de la Carta,
entre otros, las personas tienen la posibilidad de participar en la
conformación, el ejercicio y el control del poder político, para lo cual pueden: i) elegir y ser elegidos; ii) tomar parte
en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática; iii) constituir partidos, movimientos y agrupaciones
políticas sin ninguna limitación; iv) interponer acciones públicas en defensa
de la Constitución y la ley; y, v) acceder al desempeño de funciones y cargos
públicos, entre otros.
48.  De otra parte, para este Tribunal la participación
política y sus formas de concreción configuran un derecho con naturaleza
fundamental[103]. En efecto, la Sentencia C-329 de 2003[104] expresó que la participación configura en
el ordenamiento constitucional un principio y fin del Estado, que influye no
solo dogmáticamente sino también en las relaciones concretas entre las
autoridades y los ciudadanos en sus diversas órbitas como la económica, la
política o la administrativa. Por tal razón, el Constituyente dedicó un
artículo especial a los derechos políticos, particularmente, a sus formas de
ejercicio, lo que torna innegable su relevancia superior.
49.
Una de las principales
expresiones de los derechos de participación en la conformación, el ejercicio y
el control del poder político es la posibilidad de acceder a cargos o a
funciones públicas, conforme al numeral 7º del artículo 40 de la Constitución. El
derecho de acceso a cargos públicos ha sido entendido por la Corte como la
protección del ciudadano contra las decisiones estatales que de manera
arbitraria: i) le impiden el ingreso a un cargo público; ii) lo desvinculan del
mismo; y, iii) una vez encuentra empleo, le obstaculizan injustificadamente
cumplir con sus funciones[105].
50.
En conclusión, una de las
principales expresiones de la democracia participativa es el derecho de acceso
a cargos públicos, que protege al ciudadano de las decisiones estatales que, de
manera injustificada y arbitraria, obstaculicen la posibilidad de ingresar y
mantenerse en el ejercicio de cargos o de funciones públicas.
Limitaciones
y restricciones al ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos
51.
El derecho de ingreso a la función pública no reviste naturaleza
de absoluto. Está condicionado al cumplimento de los requisitos consagrados por
la Constitución y a la configuración que del mismo haga el Legislador para
efectos del acceso, la permanencia, el ascenso, el ejercicio y el retiro de la
función pública. Estas regulaciones tienen la finalidad de garantizar el
interés general, la igualdad y los principios de la función pública.
52. La función pública comporta la realización de
esfuerzos y actividades que deben asumir los órganos del Estado para asegurar
el cumplimiento de sus fines[106], orientados a la atención y la
satisfacción de los intereses generales de la comunidad[107]. Esta labor debe cumplirse bajo estrictos
criterios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, conforme lo establecen los artículos 1º y 209 Superiores. Este
concepto delimita el ejercicio del derecho fundamental a participar en la
conformación y control del poder político, consagrado en el artículo 40 de la
Carta, que tiene como una de sus expresiones el acceso al desempeño de
funciones y a cargos públicos[108].
En ese orden
de ideas, el establecimiento de condiciones para el ejercicio del derecho de
acceso a cargos públicos propende por el equilibrio de los siguientes principios
de la función pública: i) el derecho a la igualdad de oportunidades para
participar en la conformación del poder político (Art. 40 C.P.); y ii) la
búsqueda de la eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y
eficacia de la Administración[109].
El régimen de inhabilidades para el acceso
al desempeño de funciones públicas
53. Como se advirtió previamente, el mencionado derecho no
es absoluto, la Constitución y el Legislador pueden establecer condiciones,
limitaciones y prohibiciones para su ejercicio. La finalidad de dichas restricciones
es la de procurar la realización del interés general y de los principios que
gobiernan el cumplimiento de la función pública[110]. Dentro de las mencionadas circunstancias,
se encuentran las inhabilidades. Aquellas son entendidas como las reglas y
exigencias que deben observarse para el acceso y ejercicio de funciones
públicas[111].
54.  Desde sus inicios, la Corte ha considerado las
inhabilidades como aquellas situaciones creadas por la Constitución o la ley
que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo
público. Tienen como objetivo lograr la moralización, idoneidad, probidad e
imparcialidad de quienes van a ingresar a cargos del Estado[112].
En otras palabras, son circunstancias consagradas en
el ordenamiento jurídico que concurren en quienes aspiran a ingresar al
servicio público y les impide cumplir con dicho propósito. En particular, por
el conflicto que se generaría entre sus intereses personales y los intereses
públicos[113]. Es decir, se trata de una limitación
justificada en términos constitucionales al derecho de acceder a cargos
públicos, ya que persigue la defensa y la garantía del interés general, la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo[114]. Además, asegura que la persona que
resulte elegida tenga “(…) un comportamiento acorde con los supremos
intereses que les corresponde gestionar a quienes se encuentren al servicio del
Estado[115].”[116]
En la Sentencia C-257 de 2013[117], la Corte expresó que el ordenamiento
jurídico ha configurado un régimen de inhabilidades, que busca impedir o
limitar el ejercicio de la función pública a ciudadanos que “(…) no observen
las condiciones establecidas para asegurar la idoneidad y la probidad de quien
aspira ingresar a un cargo público”. De igual forma, persigue evitar
cualquier tipo de injerencia indebida en la gestión de los asuntos públicos.
55.  El Consejo de Estado entiende las
inhabilidades como aquellas circunstancias personales negativas o situaciones
prohibitivas existentes o sobrevenidas consagradas en la Carta y en la ley, que
condicionan el ingreso o la permanencia en el ejercicio de la función pública
debido a la falta de calidades, cualidades de idoneidad o de moralidad para
desarrollar ciertas actividades o adoptar determinadas decisiones. Estas
restricciones protegen los principios y valores que gobiernan el ejercicio de
la función pública y en especial, evitan que exista aprovechamiento del cargo,
la posición o el poder para favorecer intereses propios o de terceros[118].
Según esa Corporación, se trata de “(…)
impedimentos de origen político, ético, o moral, para ser elegido o nombrado,
en determinado cargo, pero que provienen de circunstancias externas, tales como
el parentesco, los antecedentes, el ejercicio de otras actividades”[119], entre otras.
56.  En conclusión, para este Tribunal las inhabilidades
son circunstancias negativas que buscan asegurar que, quienes aspiran a acceder
al ejercicio de la función pública, ostenten ciertas cualidades o condiciones
que aseguren su gestión con observancia de criterios de igualdad, eficiencia,
moralidad e imparcialidad y que, además, garanticen la prevalencia de los
intereses generales de la comunidad sobre los personales[120].
Clases de inhabilidades
57.  La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado distintos tipos de inhabilidades, pues aquellas pueden ser: i)
generales, porque operan para toda clase de servidores públicos; ii)
específicas, ya que fueron establecidas para una determinada rama del poder,
entidad, o cargo; iii) temporales, en el sentido de que tienen límite en el
tiempo; iv) permanentes; v) absolutas; y, vi) relativas, entre otras[121]. De igual manera, en razón a su naturaleza
y finalidad, la Corte ha manifestado que en el ordenamiento jurídico se han
previsto dos grandes clases de inhabilidades[122]:
i) Las relacionadas directamente con la potestad
sancionatoria del Estado y se aplican en el marco del derecho penal,
disciplinario, contravencional, correccional y de punición por indignidad política[123]. En estos eventos, una vez se incurra en
la conducta que la ley considera reprochable, el Estado impone la sanción
correspondiente y adiciona una más, la inhabilidad, que le impide al individuo
investigado ejercer una determinada actividad pública[124].
ii) Aquellas restricciones que no tienen
origen sancionador ni están relacionadas con delitos o faltas, sino que
“(…) corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general
y obedecen a la efectividad de principios, derechos y valores constitucionales,
como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, eficacia,
transparencia o sigilo profesional, entre otros postulados”[125].
Conforme a lo anterior, se trata de
limitaciones que impiden a determinados individuos ejercer actividades específicas,
debido a la oposición entre sus beneficios personales y el interés general[126]. La restricción se impone como una
garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán
el desempeño del empleo o función, de protección del interés general y de la
idoneidad, probidad, imparcialidad, trasparencia, confianza y moralidad del
aspirante[127].
Un ejemplo de esta inhabilidad es la
consagrada en el inciso 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002. Aquella se
refiere a una situación objetiva derivada de haber sido condenado a pena
privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los
diez años anteriores, salvo que se trate de delito político.
58.  De acuerdo con lo expuesto, la
jurisprudencia de este Tribunal ha identificado variadas clases de
inhabilidades, las cuales pueden ser comunes o específicas, temporales o
permanentes, absolutas o relativas, entre otras. Adicionalmente, también ha
precisado que las mencionadas restricciones pueden tener: i) naturaleza
sancionatoria, es decir, cuando provienen del ejercicio del derecho punitivo
del Estado; o ii) un origen distinto porque se estructuran a partir de
elementos objetivos atribuibles al candidato a ocupar el cargo público y hacen
incompatible su ejercicio con la satisfacción del interés general.
La función de la Procuraduría General de la Nación de
registrar los antecedentes disciplinarios en el registro unificado de sanciones[128]
59. De conformidad con el artículo 277 de la Constitución
Política, numerales 1° y 6°, la Procuraduría General de la Nación tiene como
función la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes, las
decisiones judiciales y los actos administrativos, así como de la conducta
oficial de quienes desempeñen funciones públicas. En concordancia con
estos mandatos, el Legislador ha dispuesto diversas medidas para operativizar
el desempeño de esta competencia[129].
60. En particular, la Procuraduría tiene la función de
registrar los antecedentes disciplinarios de los servidores públicos. Dicha
atribución está prevista en el artículo 174 del Código Disciplinario Único[130]. Esa norma dispone la existencia de un
registro unificado de sanciones e informaciones negativas a cargo de esa entidad.
La referida base de datos contiene las sanciones penales y disciplinarias, las
inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de
los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de
investidura y de las condenas penales proferidas contra servidores,
exservidores públicos y particulares.
61. Para la Sala, se trata de un instrumento que garantiza
el principio de publicidad en el acceso al ejercicio de cargos públicos. Es una
herramienta que permite conocer de manera oportuna las restricciones, limitaciones
y prohibiciones de quienes aspiran a acceder al ejercicio de la función
pública. En otras palabras, permite verificar las cualidades, las condiciones y
la idoneidad de las personas en el ejercicio de sus derechos de participación
política. Lo anterior, con la finalidad de asegurar que la gestión pública se
desarrolle con base en los principios de igualdad, eficiencia, moralidad,
imparcialidad y, además, el interés general.
62. Adicionalmente, el ejercicio de esta atribución, por
parte de la Procuraduría, debe garantizar el derecho de habeas data. En
efecto, la Sentencia C-1066 de 2002[131], condicionó la exequibilidad[132] del artículo 174 del Código Disciplinario
Único. La Corte consideró que los
principios derivados del derecho al hábeas data son aplicables a la
información recogida en el registro unificado de antecedentes disciplinarios de
la Procuraduría General de la Nación. Igualmente, concluyó que dicho registro está circunscrito a las limitaciones que impone este
derecho fundamental, por lo
que debe someterse a un término de caducidad razonable. De este modo, los
servidores públicos y los particulares que han ejercido funciones públicas no
quedan sujetos indefinidamente a los efectos negativos de dicho registro. En
consecuencia,
“(…) la certificación de
antecedentes debe contener las providencias ejecutoriadas que hayan impuesto
sanciones dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición, aunque la
duración de las mismas sea inferior o sea instantánea. También contendrá las
sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes al momento en que ella se
expida, aunque hayan transcurrido más de cinco (5) años o sean inhabilidades
intemporales como, por ejemplo, la prevista en el Art. 122 de la Constitución
Política”[133]. (Énfasis agregado)
63. En sede de revisión, la Corte ha reiterado que, en el
ejercicio de la función de registro de los certificados disciplinarios, la
Procuraduría General de la Nación tiene la obligación de garantizar el derecho
al habeas data de los ciudadanos con base en la Ley Estatutaria 1581 de
2012. Por tanto, debe respetar el acceso, inclusión, exclusión, corrección,
adición, actualización y certificación de los datos, de conformidad con los
principios que regulan el proceso de administración de datos personales.
En tal sentido, la Sentencia T-699 de
2014[134] analizó una acción de tutela formulada
contra la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se eliminaran las
anotaciones relativas a las inhabilidades para el ejercicio de derechos y
funciones públicas y para contratar con el Estado. Aquellas permanecían
registradas en el certificado de antecedentes expedido por la entidad
accionada, a pesar de que el juzgado de ejecución de penas respectivo había
comunicado la extinción de la pena. En dicha oportunidad, la Corte consideró
que no se vulneraron los derechos fundamentales al trabajo ni al habeas
data (en su modalidad de derecho al olvido) del actor, en tanto no había
operado la caducidad del dato negativo en la base de datos[135].
Finalmente, la Sentencia T-036 de 2016[136] estudió el caso de un ciudadano que
reclamaba por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, originada
en la omisión de la Procuraduría de actualizar y corregir el certificado de
antecedentes disciplinarios. La Sala recordó que los certificados de
antecedentes expedidos por la Procuraduría General de la Nación deben
satisfacer los presupuestos de veracidad e integridad. En tal sentido, aunque
en el caso concreto se configuró la carencia actual de objeto, concluyó que la
autoridad disciplinaria (i) no verificó la veracidad de la información que
estaba vinculada a la cédula de ciudadanía del actor, quien en su calidad de
titular del dato estaba facultado para solicitar su exclusión; y (ii) omitió
divulgar la información completa, porque no incluyó la identidad de las
autoridades judiciales que ordenaron el registro de las anotaciones en la base
de datos. Este aspecto le impidió al actor acceder a los mecanismos judiciales
para controvertir las sentencias condenatorias.
64. En suma, la jurisprudencia constitucional ha precisado
que la función de la Procuraduría General de la Nación de registrar los
antecedentes disciplinarios en el registro unificado de sanciones debe regirse
por los principios aplicables a la protección del derecho fundamental al habeas
data.
El alcance del parágrafo del artículo 122 de la
Constitución
65. El artículo
2º del Acto Legislativo 01 de 2017 adicionó un parágrafo al artículo 122 de la
Constitución. Dicha disposición contempla una serie de instrumentos que
permiten la reincorporación en el marco del sistema de justicia transicional.
En particular, autoriza a los miembros de grupos armados organizados al margen
de la ley a ser empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas del
Estado, cuando no estén efectivamente privados de la libertad. No obstante, tal
habilitación se encuentra sujeta a condiciones específicas, por ejemplo, que
hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan desmovilizado
individualmente.
66. De igual manera, el parágrafo del artículo 122[137] Constitucional establece que la
autorización mencionada también aplica a los miembros de la Fuerza Pública que
se sometan a la JEP. Aquellos podrán desempeñarse como empleados públicos, trabajadores oficiales
o contratistas del Estado, cuando no estén privados de la libertad. Lo
anterior, sin perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo
prevista en la Ley 1820 de 2016.
La Sentencia
C-674 de 2017[138], resaltó que el parágrafo adicionado “(…)
promueve la reincorporación como vía para alcanzar la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera” y es, además, “una aplicación específica del
derecho a participar en la conformación del poder político en su modalidad de
ocupar cargos públicos (CP art. 40.7)”. Igualmente, es un desarrollo del
Capítulo 3º del Acuerdo Final, en el cual “se alude al proceso de reincorporación a
la vida civil de los integrantes de las FARC, a través del desenvolvimiento de
actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias”.
Por otro lado, la Corte precisó que el inciso tercero de dicha
norma establece una excepción a la habilitación general consagrada en los dos
primeros, en tanto “(…) las personas sancionadas por graves violaciones de derechos
humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario, no pueden
ser hacer parte de ningún organismo de seguridad, ni de defensa del Estado, ni
de la Rama Judicial, ni de los órganos de control, a modo de lo que califica
una ‘garantía de no repetición’”.
67. En suma, la norma descrita contiene una serie de
reglas orientadas a la reincorporación de los miembros de la Fuerza Pública que
se someten a la JEP. Sin embargo, también contiene restricciones que protegen
los derechos de las víctimas y en especial, la garantía de no repetición. En
tal sentido, podrán ser
empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no
estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en
cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta. Lo anterior, sin
perjuicio de la prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en
la Ley 1820 de 2016 para las situaciones en ella señaladas. De igual manera, quienes sean sancionados por graves
violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional
humanitario, no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, de defensa
del Estado, de la Rama Judicial o de órganos de control.
Aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución por parte
de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP
68. A
continuación, la Sala referirá brevemente algunos pronunciamientos de la Sala
de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP que han aplicado la regla
contenida en el parágrafo del artículo 122 superior. En especial, se han
ocupado de precisar la forma en que la Procuraduría debe actualizar el registro
de las inhabilidades de los miembros de la Fuerza Pública que comparecen ante
esa jurisdicción:
- Resolución 2501 de 13 de diciembre de 2018: Sobre la aplicación del artículo 122 de la
Constitución Política, modificado por el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de
2017, a un miembro de la Fuerza Pública, ese despacho consideró lo siguiente:
“(…) la Sala encuentra que existe una norma de carácter constitucional
que expresamente habilita a los miembros de la fuerza pública que hayan sido
beneficiados con libertad transitoria, condicionada y anticipada a la luz de la
Ley 1820 de 2016, la suspensión de la orden de captura o la revocatoria o
sustitución de la medida de aseguramiento conforme al Decreto 706 de 2017, a
vincularse contractual o laboralmente con el Estado, la cual opera de iure una
vez sea concedida la libertad.
Lo
anterior sin perjuicio de dos excepciones; i) una prohibición para pertenecer a
organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos
de control para aquellas personas que hayan sido sancionadas por graves
violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario y ii) una
segunda prohibición para reintegrar a los miembros de la fuerza pública
condenados o sancionados al servicio activo, conforme al parágrafo segundo del
artículo 51 de la Ley 1820 de 2016.”
Sobre la orden dirigida a la Procuraduría, indicó que:
“Por lo anterior, se concluye que es una obligación
del Ministerio Público actualizar la base de datos de antecedentes penales y
disciplinarios de las personas que cumplan los requisitos exigidos por la
Constitución, por lo que se solicitará a la Procuraduría General de la Nación
que haga lo propio con el certificado de antecedentes del compareciente (…),  en
el sentido de incluir una anotación que aclare que conforme al artículo 122
de la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial
o contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder
ejercer libremente una profesión, arte u oficio sin perjuicio de la prohibición
de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016 para las
situaciones en ella señaladas.”
(Énfasis agregado)
- Resolución 1050 del 20 de marzo de 2019: Sobre la aplicación del parágrafo del
artículo 122 de la Constitución a un miembro de la Fuerza Pública y la orden a
la Procuraduría, precisó lo siguiente:
“Adicionalmente, se ordenará a la
Procuraduría General de la Nación incluya una anotación en el certificado de
antecedentes (…) en el que aclare que conforme al artículo 122 de la
Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o
contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder
ejercer libremente una profesión, arte u oficio, sin perjuicio de la
prohibición de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a
la rama judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo
prevista en la Ley 1820 de 2016 para las
situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 2° del
Acto Legislativo 01 de 2017, que establece la obligación del Ministerio Público
de actualizar la base de datos de antecedentes penales y disciplinarios de las
personas.” (Énfasis
agregado)
- Resolución 1170 del 29 de marzo de 2019: Esta providencia, reiteró la fórmula de
decisión de la siguiente manera:
“Adicionalmente, se solicitará a la
Procuraduría General de la Nación que incluya una anotación en el certificado
de antecedentes de (…) en la que aclare que conforme al artículo 122 de la
Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o
contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder
ejercer libremente una profesión, arte u oficio, sin perjuicio de la
prohibición de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a
la rama judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo
prevista en la Ley 1820 de 2016 para las
situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 2° del
Acto Legislativo 01 de 2017, que establece la obligación del Ministerio Público
de actualizar la base de datos de antecedentes penales y disciplinarios de las
personas.” (Énfasis
agregado)
69. En
suma, la JEP, en aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución,
no ha ordenado la eliminación o desactivación de las inhabilidades de los
comparecientes que se acogen a esa jurisdicción. Las decisiones han
materializado los contenidos superiores a través de la solicitud a la
Procuraduría para que incluya una anotación en el certificado de antecedentes
que aclare que el compareciente podrá ser empleado público, trabajador oficial
o contratista del Estado por su sometimiento a la JEP. También, dicho registro debe
advertir la prohibición para pertenecer a organismos de seguridad, de defensa
del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control y de reincorporación al
servicio activo prevista en la Ley 1820 de 2016. A continuación, la Sala referirá
brevemente la orden proferida por la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP en la Resolución 3013 de 2020.
El alcance de la Resolución 3013 de 2020 de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP
70. Ese
despacho de la JEP resolvió sobre el registro de antecedentes penales y
disciplinarios del actor. Para tal efecto, indicó que los hechos se encuentran
relacionados con una ejecución extrajudicial de un miembro de la población
civil. Esa conducta configura un delito de lesa humanidad[139]. Con base en lo anterior y “(…) por la gravedad que reviste la
conducta punible cometida por el compareciente y a causa del otorgamiento de la
libertad transitoria, condicionada y anticipada”, esa autoridad ordenó comunicar a la Procuraduría la
producción de los efectos administrativos contenidos en el parágrafo del
artículo 122 de la Constitución. En tal sentido, manifestó que el compareciente
podrá ser empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, salvo
en los supuestos de prohibición de reincorporación al servicio activo previstos
en la Ley 1820 de 2016. Adicionalmente, el Estado debe garantizar el principio
de no repetición, por lo que las personas que hayan sido sancionadas por graves
violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional
humanitario no podrán hacer parte de los organismos de seguridad o de defensa
del Estado, Rama Judicial, ni de órganos de control[140].
La autoridad judicial insistió en que “(…) la norma en ningún momento establece que se
deban eliminar la totalidad de los antecedentes disciplinarios, sino que se
debe hacer una anotación en el registro para que los miembros de la fuerza
pública que se sometan a la JEP y se encuentren en libertad, puedan ejercer como
empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado.”[141] Lo anterior, con la advertencia de las
restricciones y limitaciones derivadas de la condición de miembro de la Fuerza
Pública y la gravedad de la conducta desplegada. En ese mismo sentido, precisó lo siguiente:
“(…) se debe resaltar que los parágrafos
primero y segundo del artículo 51 de la Ley 1957 de 2019, establecen de forma
especial algunos supuestos bajo los cuales está prohibido el reintegro a
las funciones del servicio activo de los miembros de la fuerza pública a los
que se les haya concedido la LTCA, lo cual evidencia que la intención de la
norma no es eliminar la totalidad de los antecedentes de los comparecientes” (Énfasis agregado)
Para la JEP, las prohibiciones y restricciones al ejercicio de
funciones públicas obedecen a los principios y finalidades propias de la justicia
transicional y del SIVJRNR y, en particular, se derivan del “(…) deber del Estado de prevenir la comisión de
nuevas violaciones a los derechos humanos a través de la garantía de no
repetición, y además como una medida de protección a las víctimas.”[142] Bajo tal perspectiva, manifestó:
“(…) entre las medidas estatales que tienen como objeto
garantizar el principio de no repetición se encuentran algunas de carácter
administrativo que tienen como fin impedir que quienes en el pasado hayan
perpetrado violaciones a los derechos humanos puedan obstaculizar el proceso de
transición a la democracia o reincidir en la comisión de crímenes. Estas
medidas han sido denominadas por la doctrina internacional como purgas o
lustraciones, cuya característica es la separación de los cargos o posiciones
de poder y jerarquía estatal de quienes hayan participado en la comisión de
violaciones de derechos humanos.
De conformidad con lo anterior, es evidente que ninguna norma habilita
que se borre la totalidad de los registros de los antecedentes disciplinarios.
Por el contrario, medidas de carácter transitorio y preventivo como la
prohibición establecida en el parágrafo primero del artículo 51 de la Ley 1820
de 2016, o de carácter definitivo como la inhabilidad general establecida en el
último inciso del parágrafo del artículo 122 de la Norma Superior para ocupar
cargos en determinados organismos estatales de seguridad, defensa, justicia o
control y vigilancia, tienen como objeto garantizar la transición pacífica y
estabilidad democrática de las sociedades que se encuentran en escenarios de
posconflicto.”[143]
Con base en lo anterior, el despacho judicial solicitó a la
Procuraduría General de la Nación lo siguiente:
“(…) actualizar
la base de datos de antecedentes penales y disciplinarios del mayor GUILLERMO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, (…) , en el sentido de incluir una anotación que aclare
que conforme al artículo 122 de la Constitución Política este podrá ser
empleado público, trabajador oficial o contratista del Estado, dado su
sometimiento a la JEP y la concesión del beneficio de libertad transitoria,
condicionada y anticipada, además de poder ejercer libremente una profesión,
arte u oficio sin perjuicio de la prohibición de pertenecer a organismos de
seguridad, de defensa del Estado, a la rama judicial o a órganos de control y
de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1957 de 2019 para las
situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en relación exclusiva con el
proceso de radicación 8386-13 a cargo del Juzgado Trece de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá, sin perjuicio del carácter transitorio del
beneficio concedido, dado que aún no se profiere la resolución definitiva de la
situación jurídica.”
(Énfasis agregado)
71. En
suma, el órgano de la JEP reiteró la regla de aplicación del parágrafo del
artículo 122 de la Constitución, en el siguiente sentido: i) no ordenó que
fueran borradas, suspendidas, desactivadas o canceladas la totalidad de
inhabilidades del actor; ii) solicitó a la Procuraduría incluir una anotación en
el registro de antecedentes que aclare la posibilidad del compareciente de ser empleado
público, trabajador oficial o contratista del Estado. Además, indicó que dicha
entidad debía informar sobre la prohibición de pertenecer a organismos de
seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control y
de reincorporación al servicio activo. Esta actuación iii) garantiza el
principio de no repetición y es una medida de protección de las víctimas, pues
separa de los cargos o posiciones de poder y jerarquía estatal a quienes
participaron en la comisión de violaciones de derechos humanos. Seguidamente,
la Sala verificará la actuación de la Procuraduría General de la Nación en el
cumplimiento de la orden proferida por la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP. La Corte insiste en que este análisis no pretende que la
Corte funja como órgano encargado de verificar el cumplimiento de las
decisiones de esa jurisdicción. En tal sentido, se limita a examinar la gestión
de la entidad accionada en el marco del respeto por los postulados superiores.
La Procuraduría no garantizó la supremacía de la
Constitución
72. El
objeto que dio origen a la presente solicitud de amparo fue la anotación consignada en el certificado
de antecedentes del demandante. Ese registro daba cuenta de la inhabilidad
basada en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734
de 2002[144], el cual establece que: “(…) también
constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la
ejecutoria del fallo, las siguientes: 1. (…) haber sido condenado a pena
privativa de la libertad mayor de cuatro años por delito doloso dentro de los
diez años anteriores, salvo que se trate de delito político (…)”.
Aquella estaría vigente hasta el 8 de octubre de 2023 y obedecía a la sanción
penal de 25 años por el delito de homicidio agravado en calidad de
determinador.
Durante el trámite de revisión, la Sala verificó que el registro de
antecedentes del actor no reflejaba ninguna inhabilidad activa. Además, tampoco
contenía la anotación en los términos del parágrafo del artículo 122 de la
Constitución. La Procuraduría informó que dicha actuación obedecía a que el
antecedente registrado cumplió los 5 años de permanencia exigidos por el inciso
3º del artículo 174 de la Ley 734 de 2002[145]. De igual manera, refirió que las
inhabilidades fueron desactivadas, mas no canceladas, en cumplimiento de la
Resolución 3013 de 2020, proferida por la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP.
73. Para
la Sala esta actuación no garantizó la supremacía de la Constitución por las
siguientes razones:
73.1. El parágrafo del artículo 122 superior y demás normas
concordantes no autorizan eliminar, suprimir, suspender o desactivar la
totalidad de inhabilidades del actor. El sometimiento del peticionario a
esa jurisdicción permitió la aplicación de un tratamiento penal especial
diferenciado basado en dicha norma. En tal sentido, el compareciente quedó
habilitado para acceder a la función pública con dos prohibiciones: i) el
reintegro a la Fuerza Pública; y, ii) la pertenencia a organismos de seguridad,
de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control.
Bajo ese entendimiento, en la Resolución 3013 de 2020, la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP solicitó a la Procuraduría “(…) actualizar
la base de datos de antecedentes penales y disciplinarios del mayor GUILLERMO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, (…) en el sentido de incluir una anotación que aclare que
conforme al artículo 122 de la Constitución Política (…)”. De ninguna
manera, ordenó desactivar las inhabilidades previas del actor en el documento
público de consulta, como es el registro de antecedentes. Por el contrario, le
ordenó a esa entidad incluir una anotación en la que aclarara que el tutelante
puede ser empleado público o contratista del Estado, salvo en los casos
expresamente prohibidos por el Constituyente. Estas circunstancias fueron
inobservadas por la Procuraduría al desactivar las inhabilidades del actor y
abstenerse de incluir la anotación de la aplicación del parágrafo del artículo
122 de la Carta en el certificado de antecedentes, en el sentido de la
habilitación para acceder a la función pública y la prohibición constitucional
de: i) el reintegro a la Fuerza Pública; y ii) la pertenencia a organismos de
seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control. Adicionalmente,
esa entidad debe garantizar la información veraz sobre la identidad de las
autoridades judiciales que ordenaron el registro de las anotaciones en el
certificado de antecedentes del actor.
73.2. La actuación de la Procuraduría vulneró los derechos de las
víctimas y la garantía de no repetición. La ausencia de registro de las
inhabilidades del actor, de la habilitación excepcional para ser empleado
público y de la prohibición constitucional para i) el reintegro a la Fuerza
Pública; y ii) la pertenencia a organismos de seguridad, de defensa del Estado,
a la Rama Judicial o a órganos de control, desconoció el derecho de las
víctimas y la garantía de no repetición como eje central del sistema de
justicia transicional.
Si bien la Procuraduría guardó en sus archivos internos el registro de
todas las actuaciones judiciales del actor que han restringido sus derechos
políticos, aquella actuación no garantiza la publicidad del registro de
inhabilidades y las prohibiciones expresas contenidas en la Constitución para
el acceso del actor a la función pública. En efecto, el certificado de
antecedentes es un documento idóneo y público de consulta para efectos del
ejercicio de la función pública. En este caso particular, refleja información
inexacta, puesto que indica que el tutelante no tiene activa ninguna inhabilidad.
Esta situación genera un déficit de protección intolerable en términos
constitucionales para las víctimas, en especial para la garantía de no
repetición. En efecto, no existe registro de acceso general y público que dé
cuenta de las inhabilidades del accionante y que advierta las prohibiciones
constitucionales para que sea reintegrado a la Fuerza Pública o acceda a
cualquiera de los cargos expresamente restringidos por la Carta.
73.3. Desconoció los principios que orientan el acceso a la función
pública. Como se expuso previamente, las inhabilidades cumplen una
importante función constitucional, relacionada con restricciones justificadas y
proporcionadas para la vinculación de las personas al servicio del Estado. La
actuación de la Procuraduría, al desactivar las inhabilidades del actor y no incluir
la anotación ordenada por la JEP sobre la posibilidad de ser empleado público y
las prohibiciones constitucionales, impide conocer las condiciones y
restricciones del accionante para el acceso al servicio del Estado. Esta
situación desconoce los
principios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad y, además, la
garantía de la prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los
personales porque la información reportada por la Procuraduría en el
certificado de antecedentes no refleja la situación jurídica actual del actor,
derivada de la sentencia penal ejecutoriada en el 2013, el sometimiento a la
JEP y la aplicación del parágrafo del artículo 122 de la Constitución y demás
normas concordantes. En particular, la prohibición de i) el reintegro a la Fuerza Pública; y
ii) la pertenencia a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama
Judicial o a órganos de control.
73.4. En este caso no era aplicable el término de 5 años contenido
en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002. En efecto, aquella disposición se
refiere al registro de sentencias y demás decisiones que contienen la sanción
de inhabilidad. Bajo ese entendido, el registro debe contener las inhabilidades
vigentes del actor. Para el momento de la presente decisión, se encuentra
vigente la consagrada en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002,
en atención a la sentencia penal por el delito de homicidio agravado, que
impuso una pena de 25 años de prisión. Esta situación desconoce la finalidad
constitucional de las inhabilidades relacionada con los principios que orientan
el acceso a la función pública.
73.5. La Procuraduría desconoció los principios que orientan el
habeas data. En efecto, la información contenida en el certificado sobre la
ausencia de inhabilidades vigentes para el actor es inexacta y no garantiza el
acceso público al dato sobre las restricciones del actor para acceder a la
función pública. Tampoco permite identificar a las autoridades judiciales que
ordenaron el registro de las anotaciones en el certificado de antecedentes del
actor.
Decisiones que adoptará la Sala en el
presente asunto
74. De
acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del juez de segunda
instancia que declaró improcedente el amparo, pero por la ocurrencia de la
carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente y, además, por la
falta de subsidiariedad de la solicitud de amparo.
75. Adicionalmente,
la Sala considera necesario garantizar la supremacía de la Constitución en el
presente asunto. En tal sentido, advertirá a la Procuraduría General de la
Nación sobre el cumplimiento de la orden contenida en el numeral 6º de la
Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020, proferida por la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas de la JEP. Esa decisión no ordenó desactivar las
inhabilidades del actor y, por el contrario, consagró lo siguiente:
“(…) incluir una anotación que aclare que conforme al artículo 122
de la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial
o contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder ejercer
libremente una profesión, arte u oficio sin perjuicio de la prohibición de
pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama judicial
o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo prevista en la
Ley 1957 de 2019 para las situaciones en ella señaladas. Lo anterior, en
relación exclusiva con el proceso de radicación 8386-13 a cargo del Juzgado
Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, sin perjuicio del
carácter transitorio del beneficio concedido, dado que aún no se profiere la
resolución definitiva de la situación jurídica.”
Conclusiones
76. La
Sala decidió sobre una acción de tutela formulada por Guillermo Rodríguez
Rodríguez contra la Procuraduría General de la Nación. El actor alegó la
supuesta vulneración de sus derechos al trabajo, al habeas data, a la igualdad, a la
paz, a la dignidad humana, al mínimo vital, al debido proceso y “al
cumplimiento y acatamiento de orden judicial”.
En el presente asunto, la Corte verificó la configuración de la
carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente. En efecto, durante
el trámite de revisión, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la
JEP profirió la Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020. Esa providencia resolvió
el sometimiento del actor a esa jurisdicción. En particular, decidió sobre el
tratamiento penal especial y diferenciado y la aplicación del parágrafo del
artículo 122 de la Constitución. En tal sentido, le ordenó a la Procuraduría
incluir una anotación en el registro de antecedentes que diera cuenta de la
posibilidad de ser empleado público, salvo la prohibición expresa del i) reintegro
a la Fuerza Pública; y ii) la pertenencia a organismos de seguridad, de defensa
del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control.
77. No
obstante, la Sala encontró necesario pronunciarse en este asunto para efectos
de pedagogía constitucional y garantizar la supremacía de la Constitución. En esa
labor, evidenció la falta de subsidiariedad del amparo, puesto que el actor
contaba con otros medios judiciales ordinarios ante la Jurisdicción Especial
para la Paz para la protección de sus derechos y utilizó la acción de tutela
como mecanismo alternativo para obtener una respuesta judicial más rápida.
Adicionalmente, verificó que la Procuraduría desactivó las inhabilidades del
actor y no registró en el certificado de antecedentes la anotación ordenada por
la JEP, relacionada con la posibilidad de acceder a la función pública y la
prohibición para el reintegro al servicio activo y la pertenencia a organismos
de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control.
Esta situación desconoció postulados superiores relacionados con el contenido
del parágrafo del artículo 122 de la Carta, los derechos de las víctimas y la
garantía de no repetición, el ejercicio de la función pública y la protección
del principio de habeas data.
78. De
acuerdo con lo anterior, la Corte adoptará las siguientes medidas: i) confirmará
la decisión de segunda instancia que declaró improcedente el amparo, pero por
la configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia
sobreviniente y la falta de subsidiariedad; y ii) advertirá a la Procuraduría sobre
el cumplimiento de la orden contenida el numeral 6º de la Resolución 3013 del
12 de agosto de 2020, proferida por la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP. Esa decisión no ordenó desactivar las inhabilidades del
actor, sino que solicitó a esa entidad hacer una anotación sobre la posibilidad
de que el compareciente acceda al servicio público, salvo las prohibiciones
constitucionales relacionadas con i) el reintegro a la Fuerza Pública; y ii) la
pertenencia a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la Rama Judicial
o a órganos de control. La entidad, debe garantizar la información sobre la
identidad de las autoridades judiciales que ordenaron el registro de las
anotaciones en el certificado de antecedentes del actor.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 29 de octubre de 2019, emitida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que a su vez, confirmó el fallo del 9 de septiembre de 2019, proferido por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, que declaró
improcedente el amparo. Lo anterior, con base en las consideraciones de esta
decisión relacionadas con la configuración de la carencia actual de objeto por
circunstancia sobreviniente y la falta de subsidiariedad de la acción de tutela.
SEGUNDO.- ADVERTIR
a la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la orden contenida en el numeral 6º la
Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020, proferida por la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas de la JEP. Esa decisión no ordenó desactivar las inhabilidades
precedentes y, por el contrario, consagró lo siguiente:
“(…) incluir una anotación que aclare que conforme al artículo 122
de la Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial
o contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder
ejercer libremente una profesión, arte u oficio sin perjuicio de la prohibición
de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama
judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo
prevista en la Ley 1957 de 2019 para las situaciones en ella señaladas. Lo
anterior, en relación exclusiva con el proceso de radicación 8386-13 a cargo
del Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, sin
perjuicio del carácter transitorio del beneficio concedido, dado que aún no se
profiere la resolución definitiva de la situación jurídica.”
TERCERO.- Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaría General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
A LA
SENTENCIA T-467/20
Acción de
tutela presentada por Guillermo Rodríguez Rodríguez contra la Procuraduría
General de la Nación.
Magistrada
ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Con el acostumbrado respeto por las
decisiones de la Corte Constitucional, presento aclaración de voto a la
sentencia proferida en el asunto de la referencia.
1. Guillermo Rodríguez Rodríguez, en su
condición de Mayor del Ejército Nacional, fue condenado el 22 de agosto de 2007
por el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta), por el delito de homicidio
agravado. Se le impuso una pena de 25 años de prisión, la accesoria de
interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo
lapso y se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la
prisión domiciliaria. Finalmente, el 15 de junio de 2017, el Juzgado 13 de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá le concedió la libertad transitoria,
condicionada y anticipada, con fundamento en la Ley 1820 de 2016.
El 22 de marzo de 2018, este último
despacho declaró la suspensión de la pena accesoria mientras la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) resolvía de fondo su situación, y ordenó comunicar la decisión a ese
ente y al Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de
Inhabilitación (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación. Ello, en la
medida en que al ser beneficiario de la Ley 1820 de 2016 y contar con libertad
transitoria, condicionada y anticipada, podía ser nombrado como empleado
público, trabajador oficial o contratista del Estado.
2. El actor promovió acción de tutela
contra la Procuraduría General de la Nación, argumentando que a pesar de la
decisión del Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá,
en el certificado de antecedentes que expide la Procuraduría figuraba la
anotación de inhabilidad para desempeñar cargos públicos hasta el 8 de octubre
de 2023. Igualmente señaló que había presentado dos peticiones a esa entidad
para que actualizara la información en el SIRI con base en la providencia del
juzgado, pero esta negó las solicitudes.
A través del amparo solicitó entonces la protección
de sus derechos al trabajo, habeas data, igualdad, paz, dignidad humana,
mínimo vital, debido proceso y cumplimiento de una orden judicial, ya que la
inhabilidad que aparece vigente en el certificado le impide vincularse
laboralmente a entidades públicas o privadas.
3. En sentencia del 9 de septiembre de
2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente el
amparo. Sostuvo que la inhabilidad es una consecuencia del numeral 1º del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002 y como el accionante fue condenado a 25 años
de prisión, ella estaría vigente hasta el 8 de octubre de 2023, pues el fallo
condenatorio cobró ejecutoria el 9 de octubre de 2013. Señaló además que la
suspensión de la pena accesoria no incide en el dato negativo, pues es una
restricción legal que limita el acceso al empleo público y que no está
condicionada al control de los jueces de conocimiento o de ejecución de penas.
Dicha decisión fue confirmada el 29 de octubre de 2019 por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia.
4. En la sentencia T-467 de 2020, la Sala Sexta
de Revisión verificó la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente en vista
de que durante el trámite de revisión, la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP profirió la Resolución 3013 del 12 de agosto de 2020 en la
que resolvió el sometimiento del actor a esa jurisdicción. En esa providencia
se pronunció sobre el tratamiento penal especial y diferenciado y la aplicación
del parágrafo del artículo 122 superior. Con fundamento en ello, le ordenó a la
Procuraduría incluir una anotación en el registro de antecedentes que diera
cuenta de la posibilidad de ser empleado público, salvo la prohibición expresa
de: i) el reintegro a la Fuerza Pública y ii) la pertenencia a organismos de seguridad, de defensa
del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control.
A pesar de la carencia de objeto, por pedagogía
constitucional y a efecto de garantizar la supremacía de la Constitución, el
fallo T-467 se pronunció en torno a la procedencia de la acción. Al respecto,
encontró que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, puesto que el actor
contaba con otros medios judiciales ordinarios para la protección de sus
derechos y se comprobó que utilizó la acción de tutela como mecanismo
alternativo para obtener una respuesta judicial más rápida. También verificó
que la Procuraduría desactivó las inhabilidades del actor y no registró en el
certificado de antecedentes la anotación ordenada por la JEP en lo atinente a
la posibilidad de acceder a la función pública y la prohibición para el
reintegro al servicio activo y la pertenencia a organismos de seguridad, de
defensa del Estado, a la Rama Judicial o a órganos de control.
Al advertir que esta última situación desconoció
postulados superiores relacionados con el contenido del parágrafo del artículo
122 constitucional, los derechos de las víctimas y la garantía de no
repetición, el ejercicio de la función pública y la protección del principio de
habeas data, confirmó la decisión de segunda instancia, que declaró
improcedente el amparo. Sin embargo, especificó que lo hizo por la
configuración de la carencia actual de objeto por circunstancia sobreviniente y
por la ausencia del requisito de subsidiariedad. Asimismo, advirtió a la
Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la orden emitida por
la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.
5. El fundamento de la aclaración de
voto que presento, radica principalmente en el análisis de fondo que se realiza
en el fallo de la Corte, no obstante haberse declarado la improcedencia de la
acción por el no cumplimiento del requisito de subsidiariedad y, comprobarse
que, en efecto, el accionante cuenta con otros mecanismos judiciales de defensa
para hacer valer sus derechos, particularmente al interior del trámite penal
que se adelanta.
Si bien considero que la Corporación
cuenta con la facultad de pronunciarse sobre la vulneración de derechos cuando
se encuentra frente a la carencia actual
de objeto por circunstancia sobreviniente[146],
no ocurre lo mismo cuando la acción de tutela se declara improcedente por no
cumplir una de las exigencias de procedibilidad entre las que se encuentra la
subsidiariedad.
Si
tal requisito implica que la acción de
tutela, como se expuso en la sentencia[147] en
la que aclaro el voto, no puede tenerse
como un mecanismo alternativo, adicional o complementario al proceso que
adelanta el juez ordinario competente y por tanto el juez de amparo no puede
reemplazar en sus competencias y procedimientos a los funcionarios especiales
que conocen de los asuntos que las partes le someten a su consideración; estimo que resulta contradictorio declarar la
improcedencia de la acción y al mismo tiempo emitir un pronunciamiento de
fondo.
El fallo deja claro que la presente acción
de tutela no acreditaba el requisito de subsidiariedad[148] y aún así efectuó un pronunciamiento de fondo, al punto que
abordó tópicos como: i) el conocimiento que tenía la JEP de la situación
jurídica del actor al momento de formular el amparo, ii) la actuación de
la Procuraduría en cumplimiento de la decisión de la JEP, iii) el
derecho a la participación política y el ejercicio de funciones públicas, iv)
las limitaciones y restricciones del derecho de acceso a cargos públicos, v)
el régimen de inhabilidades para el acceso al desempeño de funciones
públicas, vi) las clases de inhabilidades, vii) la función de la
Procuraduría General de la Nación de registrar los antecedentes disciplinarios
en el registro unificado de sanciones, viii) el alcance del parágrafo
del artículo 122 constitucional, y, por último, ix) la aplicación en el
caso concreto de los alcances del parágrafo del artículo 122 superior y de la
Resolución 3013 de 2020 emitida por la Sala de Definición de Situaciones
Jurídicas de la JEP.
Con base en lo anterior determinó que, en
el caso concreto, la Procuraduría no respetó la supremacía de la Constitución,
en la medida en que el
parágrafo del artículo 122 referido y demás normas concordantes no autorizaban
eliminar, suprimir, suspender o desactivar la totalidad de las inhabilidades
del actor. Así, halló que la ausencia de registro de las inhabilidades del
accionante vulneró los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición,
y desconoció los principios que orientan el acceso a la función pública y el
derecho al habeas data. En tal virtud, consideró necesario que para
garantizar la supremacía de la Constitución debía advertir a la Procuraduría
General de la Nación sobre el cumplimiento de la orden contenida en el numeral
6º de la Resolución 3013 de 2020, proferida por la Sala de Definición de
Situaciones Jurídicas de la JEP.
En mi criterio, lo anterior resulta
contradictorio al desarrollar la pedagogía constitucional, que necesariamente
implica un estudio de fondo del asunto, pese a encontrar que la acción de
tutela es improcedente. Precisamente porque la consecuencia que se sigue de la
improcedencia del amparo es que el juez de tutela no puede efectuar un análisis
de fondo.
6. Por otra parte, aunque la sentencia
refiere que el examen realizado de ninguna manera constituye una forma de seguimiento
o verificación de cumplimiento de las decisiones proferidas por órganos de la
JEP[149],
lo cierto es que sí lo hace, al punto que en la parte resolutiva del fallo
incluye una advertencia sobre el particular.
Si bien no se trata de una orden sino de una
mera advertencia, estimo que esta resulta vinculante, en la medida en que la
dirige hacia la accionada, esto es, la Procuraduría General de la Nación, y lo hace sobre el cumplimiento
de la orden contenida el numeral 6º de la Resolución 3013 de 2020, proferida
por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Ello bajo el
entendido de que esa decisión no ordenó desactivar las inhabilidades del actor,
sino que solicitó a esa entidad hacer una anotación sobre la posibilidad de que
el compareciente acceda al servicio público, salvo las prohibiciones
constitucionales relacionadas con: i) el reintegro a la Fuerza Pública y
ii) la pertenencia a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a
la Rama Judicial o a órganos de control.
La advertencia realizada, envuelve, de un
lado, un pronunciamiento sobre el cumplimiento de dicha orden, y del otro, una
intromisión en una labor que puede cumplir la JEP al interior del trámite que
cursa en esa jurisdicción.
Determinar la vulneración de la
Constitución y los derechos de las víctimas, y especificar la forma en la que
debe actuar la Procuraduría en este evento, implica, en mi criterio, un pronunciamiento en torno al cumplimiento
de lo dispuesto en la Resolución 3013 de 2020 emitida por la Sala de Definición
de Situaciones Jurídicas de la JEP. Esta, de acuerdo con lo obrante en las
diligencias, se trata de una actuación judicial que: i) surgió con
posterioridad a la interposición de la acción, ii) no fue motivo de la
misma y iii) no fue objeto de discusión en sede de revisión.
7. En efecto, la Resolución 3013 del 12 de
agosto de 2020, constituye un pronunciamiento judicial en virtud de lo
dispuesto en los artículos 5, 6 y 21 transitorios del Acto Legislativo 01 de
2017, del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de
una Paz Estable y Duradera, punto 5.1.2. numerales 32 y 50, de los artículos 2,
9, 44, 51 y 52 de la Ley 1820 de 2016 y de los artículos 51 y 84 de la Ley 1957
de 2019, que modifica la situación jurídica del actor al aceptar su
sometimiento a la JEP[150].
Lo anterior denota que no es del resorte de
la acción de tutela la verificación del cumplimiento de la solicitud que
realizó la JEP a la Procuraduría de hacer una anotación en el Sistema de
Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilitación (SIRI), ya que
para ello existen otros mecanismos que pueden activarse[151]. Maxime si
se tiene en cuenta que apenas comienza el trámite del actor ante la JEP con la
remisión de la actuación a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad
y Determinación de los Hechos y Conductas. Es decir, se trata de un proceso
judicial que se encuentra en curso y en el que el beneficio concedido (la
libertad transitoria, condicionada y anticipada y lo que se deriva de ella) es
transitorio, “dado que aún no se profiere la resolución definitiva de la
situación jurídica”[152].
Entonces, el cumplimiento de la Resolución
3013 de 2020 sobre el que se pronuncia el fallo y que amerita la advertencia a
la Procuraduría en la parte resolutiva del mismo, constituye una nueva
actuación judicial que todavía está en curso y contra la que proceden los
recursos correspondientes[153].
Ello confirma, precisamente, la improcedencia de la acción de tutela por falta
de subsidiariedad, pues el actor debía esperar que se definiera su situación
jurídica ante la JEP.
Con todo, estimo que una cosa es hacer
pedagogía constitucional sobre la vulneración que se advirtió en un momento a
partir de la causal sobreviniente, y otra muy distinta es ampliar el objeto de
la acción y del pronunciamiento de la Corte a actuaciones que escapan de ese
objeto inicial. A efectos de lograr esto último, se requería superar el
argumento de improcedencia de la acción en el que recaba el fallo y que al no
darse por cumplido, imposibilitaba el análisis realizado.
En los anteriores términos aclaro mi voto
con respecto a la decisión adoptada en la sentencia T-467 de 2020.
Fecha ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Folio 12 cuaderno principal.
[2] Folios 12-16 cuaderno principal.
[3] Folio 15 cuaderno principal.
[4] Folios 17-19 cuaderno principal.
[5] Folios 21-23 cuaderno principal.
[6] Folio 22 cuaderno principal.
[7] Folio 3 cuaderno principal.
[8]
Folio 26 cuaderno principal.
[9]
Folios 31-35 cuaderno principal.
[10] Folios 44-45 cuaderno principal.
[11] “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
[12] Folio 55 cuaderno principal.
[13] Folio 56 cuaderno principal.
[14] Folio 65 cuaderno principal.
[15] Folios 67-82 cuaderno principal.
[16] Folio 78 cuaderno principal.
[17] Folio 80 cuaderno principal.
[18] Folio 12 cuaderno de impugnación.
[19] Artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-11517 del Consejo Superior de la
Judicatura: “Suspender los términos judiciales en todo el país a partir del
16 y hasta el 20 de marzo de 2020, excepto en los despachos judiciales que cumplen
la función de control de garantías y los despachos penales de conocimiento que
tengan programadas audiencias con persona privada de la libertad, las cuales se
podrán realizar virtualmente. Igualmente se exceptúa el trámite de acciones de
tutela”.
[20] Artículo 1º, inciso 1º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de
2020 del Consejo Superior de la Judicatura: “Suspensión de términos.
Mantener las medidas de suspensión de términos procesales en los juzgados,
tribunales y Altas Cortes, entre el 16 y el 20 de marzo. Se exceptúan las
acciones de tutela y los habeas corpus”.
[21] Artículo 1º del Acuerdo PCSJA20-11519 del 16 de marzo de 2020 del
Consejo Superior de la Judicatura: “Se suspenden los términos de la revisión
eventual de tutelas en la Corte Constitucional del 17 al 20 de marzo de 2020.
// Parágrafo. Los despachos judiciales no remitirán los expedientes de acciones
de tutela a la Corte Constitucional hasta tanto se levanten las medidas
adoptadas”.
[22] Acuerdos PCSJA20-11521 del 19 de marzo, PCSJA20-11521 del 22 de
marzo, PCSJA20-11532 del 11 de abril y PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020,
PCSJA20-11567 de 2020 y PCSJA20-11581 del 27 de junio de 2020.
[23] La solicitud de la Corte fue la siguiente:
“(…) indique cuál
es su situación actual ante la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP. En tal
sentido, deberá precisar si ha solicitado ante esa autoridad judicial la
eliminación del registro de la inhabilidad contenida en el numeral 1º del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002. En caso afirmativo, expondrá si su petición
fue resuelta o no, para lo cual remitirá copia digitalizada de las actuaciones
surtidas.”
[24] En particular, se le pidió informar: “(…) el estado actual del proceso de
definición de situación jurídica y de supervisión de la libertad transitoria y
anticipada del señor Guillermo Rodríguez Rodríguez identificado con cédula
91.250. 492. También indicará si el actor ha solicitado la eliminación del
registro de la inhabilidad contenida en el numeral 1º del artículo 38 de la Ley
734 de 2002 y, en caso afirmativo, manifestará si ha resuelto dicha petición.
Finalmente, deberá remitir copia íntegra y digitalizada del expediente.
Adicionalmente, deberá indicar si el beneficio de libertad transitoria y
anticipada contenido en la Ley 1820 de 2016 cobija la inaplicación o
suspensión, en los términos del artículo 31 de la Ley 1957 de 2019, de la
inhabilidad para desempeñar cargos públicos contenida en el numeral 1º del
artículo 38 de la Ley 734 de 2002.”
[25] Específicamente, se le solicitó remitir: “(…) copia digitalizada de la providencia del 15 de junio
de 2017, mediante la cual concedió la libertad transitoria y anticipada al
señor Guillermo Rodríguez Rodríguez.”
[26] “(…) Parágrafo 1o. Para el caso de los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, la libertad transitoria
condicionada y anticipada implica el levantamiento de la suspensión del
ejercicio de funciones y atribuciones, salvo que el procedimiento o sentencia
que les afecte sea relativo a homicidio, tráfico de armas, concierto para
delinquir o los demás delitos del artículo 45 de la presente ley. En todo caso,
el levantamiento de la suspensión del ejercicio de funciones y atribuciones no
procede para quienes se encuentren investigados por delitos con una pena mínima
privativa de la libertad de cinco (5) o más años. Para todos los efectos de
administración de personal en la Fuerza Pública la libertad transitoria
condicionada y anticipada tendrá las mismas consecuencias que la libertad
provisional, salvo que se trate de homicidio, tráfico de armas, concierto para
delinquir o los demás delitos del artículo 45 de la presente ley o de los
delitos con una pena mínima privativa de la libertad de cinco (5) o más años.
// Los miembros de la Fuerza Pública investigados de que trata el presente
parágrafo, una vez levantada la suspensión de funciones y atribuciones y cuando
la Jurisdicción Especial para la Paz haya declarado su competencia para conocer
del caso, tendrán derecho a que se compute para efecto de la asignación de
retiro el tiempo que estuvieron privados efectivamente de la libertad con
anterioridad a la entrada en funcionamiento de la JEP. Lo anterior, siempre y
cuando hayan seguido efectuando sus respectivos aportes, sin que ello implique
un reconocimiento para efecto de la liquidación de las demás prestaciones. // Parágrafo
2o. En ningún caso los condenados y/o sancionados serán reintegrados al
servicio activo”.
[27] “Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción
Especial para la Paz”.
[28] La norma dispone lo siguiente: “Artículo 174. Registro de
sanciones. (…) La certificación de antecedentes deberá contener las
anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a
sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento (…)”.
[29] “Artículo 52. De los beneficiarios de la libertad
transitoria condicionada y anticipada. Se entenderán sujetos beneficiarios de
la libertad transitoria condicionada y anticipada aquellos agentes del Estado
que cumplan los siguientes requisitos: // 1. Que estén condenados o procesados
por haber cometido conductas punibles por causa, con ocasión, o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado interno. // 2. Que no se trate de
delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de
rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras
formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento
forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el
Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad
un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme a lo establecido para las
sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz. // 3. Que
solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema
de la Jurisdicción Especial para la Paz. // 4. Que se comprometa, una vez entre
a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación
inmaterial de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos
del sistema. // Parágrafo 1o. Para efectos de los numerales anteriores
el interesado suscribirá un acta donde conste su compromiso de sometimiento a
la Jurisdicción Especial para la Paz, así como la obligación de informar todo
cambio de residencia, no salir del país sin previa autorización de la misma y
quedar a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz (…)”.
[30] Folios 12-16 cuaderno principal.
[31] “Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre
amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”.
[32] Folio 15 cuaderno principal.
[33] En el presente acápite, se reiteran las consideraciones contenidas
en la Sentencias T-253 de 2020, con ponencia de la Magistrada Sustanciadora.
[34] Sentencia T-308 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[35] Sentencia T-533 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[36] Esta clasificación fue adoptada en la Sentencia T-283 de 2016, M.P.
Gloria Stella Ortiz Delgado. Entre los supuestos que la jurisprudencia
constitucional ha identificado como otras hipótesis en las que se configura la
carencia actual de objeto se encuentran: (i) el acaecimiento de una situación
o hecho sobreviniente (Sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo
Rivera); (ii) la sustracción de materia (Sentencia T-419 de 2017, M.P.
Diana Fajardo Rivera); y (iii) la pérdida de interés en la pretensión
(Sentencia T-472 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo).
[37] Sentencia T-311 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Igualmente, “esta Corporación ha señalado que a pesar de la verificación del
hecho superado el juez de tutela puede adelantar el estudio del asunto sometido
a su conocimiento y verificar si, de acuerdo con las particularidades del caso,
procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados. En ese
análisis es posible efectuar: (i) observaciones sobre los hechos estudiados;
(ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; (iii) el
reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no
repetición; y (iv) adoptar medidas de protección objetiva” (Sentencia T-236
de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[38] Sentencia T-529 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
[39] En esta hipótesis, a pesar de la improcedencia de la acción, el
juez también puede pronunciarse de fondo con el propósito de: (i) valorar si la
afectación tiene un sentido objetivo e involucra la competencia del juez
constitucional, en especial, la de la Corte Constitucional cuya función
principal es interpretar normas y definir los núcleos o los contenidos de
derechos fundamentales; (ii) disponer correctivos frente a personas que puedan
estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional;
(iii) compulsar copias para la investigación de las actuaciones irregulares
advertidas y (iv) diseñar medidas de reparación si lo estima conveniente
(Sentencia T-236 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[40] Sentencia T-585 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[41] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[42] Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[43] Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481
de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero;
T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto
Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-009 de 2019.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
[44] Por ejemplo, cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva
demora en el suministro del medicamento que solicitó vía tutela, decide asumir
su costo y procurárselos por sus propios medios. Sentencia T-481 de 2016. M.P.
Alberto Rojas Ríos. Son también los casos en los que las accionantes, ante las
trabas y demoras injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria
al embarazo, en establecimientos particulares (Ver T-585 de 2010. M.P. Humberto
Sierra Porto y T-988 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto)
[45] En Sentencia T-025 de 2019. M.P. Alberto Rojas Ríos, un inmigrante
venezolano, portador de VIH, solicitó a la Secretaría de Salud de Santa Marta
entrega de unos medicamentos indispensables para el tratamiento de su
enfermedad. En el trascurso del proceso de tutela, el accionante logró
regularizar su situación en el país y acceder al régimen contributivo en salud.
Fue entonces EPS Sanitas la que hizo entrega de los medicamentos solicitados
inicialmente en la tutela. Ver también T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
[46] Son casos relacionados, por lo general, con el fallecimiento del
accionante. En Sentencia T-401 de 2018. M.P. José Antonio Lizarazo Ocampo, la
Sala conoció una demanda para que se reconociera la pensión de invalidez. Sin
embargo, en sede de revisión se constató el fallecimiento del demandante, “circunstancia
que no necesariamente puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las
entidades demandadas, y que imposibilita conceder el amparo solicitado”.
Ver también T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
[47] En Sentencia T-200 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, la Sala
evidenció que “como consecuencia del trámite de su pensión de invalidez,
desaparece el interés en lo pretendido mediante la tutela relativo a que se
ordene nuevamente su traslado como docente al municipio de Arjona o a uno
cercano a la ciudad de Cartagena, y por ende cualquier orden emitida en este
sentido por la Corte caería al vacío”. Ver también T-319 de 2017. M.P. Luis
Guillermo Guerrero.
[48] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[49] “No obstante lo anterior, es pertinente agregar que esta
Corporación ha indicado que (i) si bien no resulta viable emitir la
orden de protección que se solicitaba en la acción de tutela, es perentorio un
pronunciamiento de fondo sobre el asunto, precisando si se presentó o no la
vulneración que dio origen a la presentación de la acción de tutela, en los
casos en que la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción (en
primera instancia, segunda instancia o en el trámite de revisión ante la Corte
Constitucional), o cuando -bajo ciertas circunstancias- se impone la necesidad
del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el asunto (art. 25 del
Decreto 2591 de 1991), o por la necesidad de disponer correctivos frente a
personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial
protección constitucional; y (ii) no es perentorio en los casos de hecho
superado o acaecimiento de una situación sobreviniente, salvo cuando
sea evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de
una forma diferente (pese a no tomar una decisión en concreto, ni impartir
orden alguna), “para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su
ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes, si así lo considera”, tal como lo prescribe el artículo
24 del Decreto 2591 de 1991”. Sentencia T-205A de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo.
[50] Artículos 6º, 23, 24, 25, 26, 28.
[51] Sentencia SU-522 de 2019 M.P. Diana
Fajardo Rivera.
[52] M.P. Diana Fajardo Rivera.
[53] Sentencia T-495 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[54] Ver las sentencias T-428 de 1998. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa;
T-803 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-198 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta
Gómez.
[55] Ver Sentencia T-576 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto.
[56] Así se hizo en las sentencias T-496 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T-980 de 2004 M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-662 de 2005. M.P. Álvaro
Tafur Galvis; T-808 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[57] Sentencia T-576 de 2008. M.P. Humberto Sierra Porto.
[58] Este no es un listado cerrado y dependiendo de las particularidades
del caso pueden ser necesarios otro tipo de pronunciamientos. Por ejemplo, en
Sentencia T-038 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger, luego de advertir un
hecho sobreviniente, la Sala se abstuvo de referirse sobre el objeto de la
tutela, pero sí reprochó la actitud del juez de instancia que no fue diligente
para surtir la notificación de la entidad demandada, incumpliendo así “sus
deberes como rector del proceso”.
[59] Ver las sentencias T-387 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado;
T-039 de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
[60] Ver las sentencias T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo; T-236 de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-038 de 2019. M.P.
Cristina Pardo Schlesinger; T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[61] Sentencias T-842 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-155 de
2017. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[62] Sentencias T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo y
T-152 de 2019. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
[63] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[64] Folio 12 cuaderno principal.
[65]Vescoví, E. Teoría General del Proceso. Temis, 1984, pág. 93.
[66]Sentencias T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-1191 de
2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-799 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva, reiteradas en la sentencia T-770 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo.
[67] Ver sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de
2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas
con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[68] Decreto 2591 de 1991. Artículo 42: “Procedencia. La acción de
tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes
casos: (…)
2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la
solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para
proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la
autonomía.”
[69]Sentencia T-805 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre
otras.
[70]Sentencia T-834 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-887 de
2009 M.P. Mauricio González Cuervo.
[71] Estas consideraciones fueron tomadas de
la Sentencia SU-041 de 2018 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[72] Ver entre otras sentencias C-543 de 1992 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo; SU-622 de 2001 M.P. Jaime Araujo Rentería, reiteradas en
sentencia T-103 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[73] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[74] Al respecto ver la sentencia SU-298 de 2015 M.P Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[75] Sentencias SU-026 de 2012 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto;
SU-424 de 2012 Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, reiteradas en sentencia T-103
de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[76] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[77] M.P. Álvaro Tafur Galvis, reiterada en sentencia T886 de 2001 M.P.
Eduardo Montealegre Lyneth. En aquella oportunidad este Tribunal afirmó que: “En
el presente caso se observa que está en trámite el recurso de casación
interpuesto por el demandante en contra de la sentencia del Tribunal Nacional.
Es reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que la
tutela únicamente procede contra actuaciones judiciales cuando el afectado ha
agotado todos los medios de defensa judicial a su alcance”
[78] Sentencia T-1035 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[79] Ibidem.
[80] M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[81] M.P. Jorge Arango Mejía.
[82] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83] Ver, entre otras, las sentencias T-225 de 1993 y T-808 de 2010,
reiterado en sentencia T-230 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, entre
otras.
[84] Sentencia T-603 de 2015 (M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado); Sentencia T-580 de 2006
(M. P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[85] Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y
tratamientos penales especiales y otras disposiciones.
[86] Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción
Especial para la Paz.
[87] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[88] Consultar los artículos 4 y 5 de la Ley 1922
del 18 de julio de 2018 “Por medio del cual se adoptan unas reglas de
procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz”.
[89] “Artículo 49. Recursos contra las
resoluciones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Las resoluciones adoptadas
por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrán ser recurridas en
reposición ante la misma Sala, y en apelación ante la Sección de Apelaciones
del Tribunal para la Paz únicamente           a solicitud del
destinatario de la resolución”. En la Sentencia C-007 de 2018, esta Corporación declaró la
exequibilidad del mentado artículo, con excepción de la expresión “únicamente”,
por ser contraria al orden constitucional, ya que, entre otras razones, le
corresponde al Legislador, en cumplimiento de la cláusula general de
competencia y de los mandatos constitucionales referidos a la satisfacción de
los derechos a las víctimas, regular la manera como debe ser ejercido el
derecho a la defensa contra cada tipo de resoluciones adoptadas por la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas.
[90] Sobre el trámite del recurso de reposición
contra todas las resoluciones que emitan las Salas y Secciones de la
Jurisdicción Especial para la Paz y la procedencia del recurso de apelación.
[91] “Artículo 144. Recursos de reposición y
apelación. Las resoluciones de las Salas y Secciones de la JEP podrán ser
recurridas en reposición ante la Sala o Sección que las haya proferido y en
apelación ante la Sección de Apelaciones del Tribunal, a solicitud del destinatario
de la resolución o sentencia y de las víctimas con interés directo y legítimo o
sus representantes”. Precepto declarado exequible en la Sentencia
C-080        de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[92] Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. Resolución 3013 de 2020. Fund. 28.
[93] Ibidem. Fund. 29-30
[94] Ibidem. Fund. 31.
[95] Capitulo desarrollado con base en las
consideraciones de las Sentencias C-101 de 2018 y SU-115 de 2019, ambas con
ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.
[96] Sentencia T-637 de 2001 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.
[97] Sentencia T-1337 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes
[98] Sentencia C-180 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[99] Sentencia C-180 de 1994 M.P. Hernando Herrera Vergara,
[100] Sentencia T-066 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[101] Picado, Sonia. 2007. Derechos
Políticos como Derechos Humanos. En Tratado de derecho electoral
comparado de América Latina — 2ª ed. — México: FCE, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg, International
IDEA, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Federal
Electoral, 2007. Pág. 48. Citado en la sentencia T-066 de 2015 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[102] T-066 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[103] Sentencia C-089A de 1994 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[104] M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[105] C-176 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[106] Sentencias C-631 de 1996 y C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrero
Carbonell.
[107] Sentencia C-209 de 2009 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[108] Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
[109] Sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[110] Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos, ver también sentencia
C-028 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[111] Sentencia C-209 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[112] Sentencia C-046 de 1993 M.P. Carlos Gaviria Diaz, reiterado en
sentencia C-558 de 1994 del mismo ponente.
[113] Sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[114] Sentencia C-348 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[115]Consultar las Sentencias C-558 de 1994, C-509 de 1994 y C-311 de
2004.
[116] Sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[117] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[118]Consejo De Estado, Sala Plena De Lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de febrero de 2011, Exp.
11001031500020100099000 PI. C.P. Ruth Stella Correa Palacio
[119] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia de 12 de octubre de 2001. Exp. 2721 C.P. Roberto Medina
López.
[120] Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P.
José Gregorio Hernández Galindo.
[121] Sentencia C-546 de 1993 M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[122] Al respecto también ver la sentencia SU-950de 2014 M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[123] Sentencia C-348 de 2004 M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada en
sentencia C-325 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[124] Sentencia C-028 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[125] Ibidem.
[126] Sentencia C-028 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[127] Ibidem.
[128] Las consideraciones que se presentan en este acápite se retoman
parcialmente de la Sentencia T-036 de 2016 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[129] El artículo 1º de la Ley 190 de 1995 establece que toda persona que
fuere nombrada para ocupar un cargo o empleo público o pretenda celebrar un
contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar, al
momento de su posesión o de la firma del contrato, el certificado de
antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.
[130] Es importante precisar que el artículo 238 de la Ley 1952 de 2019
(Código General Disciplinario) regula lo correspondiente al registro de
sanciones disciplinarias en este nuevo estatuto.
[131] M.P. Jaime Araujo Rentería.
[132] La Corte estimó que la norma demandada resultaba exequible “en
el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha
disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones
o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento”.
[133] Sentencia C-1066 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[134] M.P. Mauricio González Cuervo.
[135] Sobre el particular, la referida providencia consideró que “[n]o
se vulnera el derecho fundamental al habeas data cuando en la base de datos de
la Procuraduría General reposa la inhabilidad para contratar con el Estado
-diferente a la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas-
contenida en el artículo 8º literal (d) de la Ley 80 de 1993, cuyo término de
aplicación es de 5 años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la
providencia que impuso la pena acorde con el ordinal 1o. del artículo 8o. de la
Ley 80 de 1993”.
[136] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[137] “Artículo 122. (…) Parágrafo. Los miembros de los
grupos armados organizados al margen de la ley condenados por delitos cometidos
por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto
armado, que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Gobierno o se hayan
desmovilizado individualmente, siempre que hayan dejado las armas, se hayan
acogido al marco de justicia transicional aplicable en cada caso, entre estos
la Jurisdicción Especial para la Paz en los términos de este acto legislativo y
no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores al acuerdo de paz o a
su desmovilización, estarán habilitados para ser designados como empleados
públicos o trabajadores oficiales cuando no estén efectivamente privados de su
libertad, bien sea de manera preventiva o en cumplimiento de la sanción que les
haya sido impuesta y para celebrar personalmente, o por interpuesta persona,
contratos con el Estado. Las personas a las que se refiere el presente artículo
no quedarán inhabilitadas para el ejercicio de una profesión, arte u oficio. //
La anterior disposición aplicará igualmente a los miembros de la Fuerza Pública
que se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz, quienes podrán ser
empleados públicos, trabajadores oficiales o contratistas del Estado, cuando no
estén efectivamente privados de su libertad, bien sea de manera preventiva o en
cumplimiento de la sanción que les haya sido impuesta, sin perjuicio de la
prohibición de reincorporación al servicio activo prevista en la Ley 1820 de
2016 para las situaciones en ella señaladas. // Como aporte a las garantías de
no repetición, el Estado colombiano garantizará que los hechos que ocurrieron
en el pasado no se repitan, y para ello implementará las medidas referidas en
el Acuerdo General de Paz en esta materia. Quienes sean sancionados por graves
violaciones de derechos humanos o graves infracciones al derecho Internacional
Humanitario, no podrán hacer parte de ningún organismo de seguridad, defensa
del Estado, Rama Judicial ni órganos de control”.
[138] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[139] Resolución 3013 de 2020. Fundamento
jurídico 32.
[140] Ibidem. Fundamento jurídico 33.
[141] Ibidem. Fundamento jurídico 34.
[142] Ibidem. Fundamento jurídico 36.
[143] Ibidem. Fundamentos jurídicos 38-39.
[144] “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
[145] La norma dispone lo siguiente: “Artículo 174. Registro de
sanciones. (…) La certificación de antecedentes deberá contener las
anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a
sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento (…)”.
[146] En este sentido se puede revisar la sentencia SU-522 de 2019, que
reiteró las sentencias T-205 A de 2018 y T-155 de 2017, entre otras.
[147] Folio 25 del fallo.
[148] Al señalar que “(…) el actor
cuenta con otro mecanismo judicial ordinario para la protección de sus derechos
y la tutela fue utilizada como mecanismo alterno y paralelo al trámite judicial
que adelantaba la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP. La
Sala arriba a esta conclusión por dos razones: i) la eliminación del registro
de la inhabilidad contenida en el inciso 1º del artículo 38 de la Ley 734 de
2002 y que se reflejaba en el certificado de antecedentes, con ocasión del
sometimiento del actor a la JEP, era un asunto de competencia de la Sala de
Definición de Situaciones Jurídicas de esa jurisdicción. En tal sentido, el
ordenamiento jurídico ha dispuesto un procedimiento específico para atender
esos requerimientos; y, ii) para el momento de la interposición de la acción de
tutela el 27 de agosto de 2019, la JEP ya tenía conocimiento de la situación
jurídica del actor y estaba en curso el trámite judicial para resolver su
sometimiento a esa jurisdicción. A continuación, la Corte desarrollará
brevemente los mencionados argumentos”. Cfr. Folio
27 de la sentencia.
[149] Fundamento jurídico 42 (fl. 33).
[150] De acuerdo con la actuación judicial que
conoció la Corte, dicha resolución fue emitida cuando el trámite de tutela se encontraba
en sede de revisión, y a partir de la concesión de la libertad para un miembro
de las fuerzas militares, por un delito de homicidio agravado por una ejecución
extrajudicial de un miembro de la población civil, en cumplimiento de lo
dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 51 de la Ley Estatutaria 1957 de 2019,
se comunicó tal decisión a la Procuraduría General de la Nación para que
actualizara el registro en sus bases de datos. En esa providencia aclaró lo
siguiente:“De conformidad con lo anterior, es evidente que ninguna norma
habilita que se borre la totalidad de los registros de los antecedentes
disciplinarios. Por el contrario, medidas de carácter transitorio y preventivo
como la prohibición establecida en el parágrafo primero del artículo 51 de la
Ley 1820 de 2016, o de carácter definitivo como la inhabilidad general
establecida en el último inciso del parágrafo del artículo 122 de la Norma
Superior para ocupar cargos en determinados organismos estatales de seguridad,
defensa, justicia o control y vigilancia, tienen como objeto garantizar la
transición pacífica y estabilidad democrática de las sociedades que se
encuentran en escenarios de posconflicto. En consecuencia, se solicitará
a la Procuraduría General de la Nación actualizar la base de datos de
antecedentes penales y disciplinarios del mayor GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.250.492 de Bucaramanga, en el
sentido de incluir una anotación que aclare que conforme al artículo 122 de la
Constitución Política este podrá ser empleado público, trabajador oficial o
contratista del Estado, dado su sometimiento a la JEP y la concesión del
beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, además de poder
ejercer libremente una profesión, arte u oficio sin perjuicio de la prohibición
de pertenecer a organismos de seguridad, de defensa del Estado, a la rama
judicial o a órganos de control y de reincorporación al servicio activo
prevista en la Ley 1957 de 2019 para las situaciones en ella señaladas. Lo
anterior, en relación exclusiva con el proceso de radicación 8386-13 a cargo
del Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, sin
perjuicio del carácter transitorio del beneficio concedido, dado que aún no se
profiere la resolución definitiva de la situación jurídica”. Cfr. Resolución
3013 de 2018, pgs. 17 y 18.
[151] En el numeral 5º de la parte resolutiva de la Resolución 3013 se
ordena “al delegado del Ministerio Público para la JEP que, con fundamento
en el inciso 2° del artículo transitorio 12 del Acto Legislativo 01 de 2017
asuma la defensa de los derechos fundamentales de las víctimas, mientras son
ubicadas para que manifiesten si es su voluntad intervenir en la actuación”.
[152] Resolución 3013 de 2020, pg. 18.
[153] El numeral séptimo de la parte resolutiva de la Resolución 3013
dispone: “Contra esta providencia proceden los recursos de reposición y
apelación conforme al artículo 144 de la Ley 1957 de 2019 y 12 y 13 de la Ley
1922 de 2018”.