T-087-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-087/12
CARACTER VINCULANTE DE LAS RECOMENDACIONES DEL
COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para resolver derechos litigiosos
TRABAJADORES QUE PARTICIPARON EN HUELGA EN
ECOPETROL
REQUISITO DE INMEDIATEZ PARA EL PAGO DE
ACREENCIAS LABORALES-Reiteración
de jurisprudencia
COMPETENCIA TERRRITORIAL EN ACCIONES DE TUTELA-Entidades que tienen múltiples sedes en el
territorio nacional
Un juez que advierta su incompetencia
territorial, bien porque la vulneración o amenaza de derechos fundamentales no
ocurrió dentro de su jurisdicción, o bien porque los efectos de la misma no se
producen o repercuten allí, debe declararla y enviar directamente la solicitud
de amparo al juez que considere competente, no debiendo conocer del caso.
DECLARATORIA DE NULIDAD DE RESOLUCION DEL
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL-Caso en que excluyó del Sistema Jurídico la ilegalidad
de huelga/ACCION DE TUTELA-Improcedencia para obtener reintegro y pago de prestaciones
En ese entendido, la sentencia del Consejo
de Estado, tal como se extrae de la parte resolutoria de la misma, implica una
nulidad simple de la Resolución del Ministerio de la Protección Social, que excluyó del sistema jurídico la declaratoria de ilegalidad de la
huelga, contribuyendo así al cumplimiento de las obligaciones internacionales
del Estado colombiano; sin embargo, todos aquellos que pretendan alguna
reparación al considerar sus despidos ilegales deben perseguirlo, de ser
posible, por las vías regulares, sin olvidar que las situaciones jurídicas
consolidadas hacen más difícil esa pretensión, respecto de quiénes, por el
contrario, tengan reclamaciones o pleitos pendientes. Por ende, mal puede
pretenderse un reintegro automático, en virtud de la declaratoria simple de
nulidad de la citada Resolución del Ministerio de la Protección Social. En los asuntos bajo análisis, al haber ocurrido los despidos más de 7 años
atrás, no es posible buscar por vía de tutela el reintegro laboral, menos aún
cuando, como se ha explicado reiteradamente en esta sentencia, los demandantes
llegaron a acuerdos con ECOPETROL, los cuales tampoco fueron impugnados en su
debido tiempo ni por las acciones pertinentes. Así mismo, tampoco se está
frente a eventuales perjuicios irremediables, pues no fueron explicitadas
circunstancias urgentes o inminentes que debieran ser superadas por vía de
tutela y que tuvieren un nexo causal con los despidos. No se hace referencia,
por ejemplo, a graves estados de salud, o desatención a niños, o ausencia de
medios económicos de subsistencia, que implicaren afectación al mínimo vital;
por el contrario, los ex empleados que percibieron indemnización tuvieron un
tiempo extenso para manifestar su hipotético apremio, y quienes reciben pensión
de jubilación vitalicia, acompañada de los beneficios consecuenciales (por
ejemplo, cubrimiento propio y familiar en salud, educación, etc.), tienen esas
necesidades básicas cubiertas. Finalmente, se observa que la carga de
argumentación o prueba del quebrantamiento a los derechos y libertades
sindicales de los actores, quedó desvirtuada al explicarse detalladamente que
el CLS de la OIT, en su momento avaló los acuerdos a que llegaron los
trabajadores y ECOPETROL, que ampara a los aquí accionantes, situación que no
fue rebatida por ninguna de las partes, reiterándose que las Recomendaciones
del CLS, son vinculantes y exigibles integralmente, de buena fe, para todas las
partes.
EXHORTACION AL CONGRESO-Actualización de la legislación laboral
particularmente el literal h del artículo 430 del CST
Será exhortado el Congreso de la República para que en desarrollo del artículo 56 de la Constitución Política expida la ley que conduzca a actualizar
la legislación laboral, particularmente el literal h) del artículo 430 del
Código Sustantivo del Trabajo, de manera acorde a los dictados constitucionales
y a los convenios internacionales del trabajo que formen parte del bloque de
constitucionalidad, según ya fue dispuesto en la precitada sentencia T-171 de
marzo 14 de 2011.
Referencia: expedientes T-3195272
y T-3197224, acumulados
Acciones de tutela instauradas por
Oscar Manuel Monsalve Jaimes y otros (expediente T-3195272), Gabriel Alvis
Ulloque y otros (expediente T-3197224), contra ECOPETROL S. A.
Procedencia: Tribunal Superior de
Cúcuta, Sala Laboral.
Magistrado Ponente:
NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de
febrero de dos mil doce (2012)
La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub y Humberto Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En la revisión de los fallos
dictados en segunda instancia por el
Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral, dentro de las acciones de tutela incoadas por Oscar Manuel Mosalve Jaimes y otros
(expediente T-3195272) y Gabriel Alvis Ulloque y otros (expediente T- 3197224),
contra la Empresa Colombiana de Petróleos, S. A., en adelante ECOPETROL.
Los respectivos expedientes llegaron a la Corte Constitucional por remisión que efectuó el citado Tribunal, en virtud de lo ordenado
por los artículos 86 inciso 2° de la Constitución Política, y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991.
La Sala de Selección N° 9 de la Corte, mediante auto de septiembre 29 de 2011,
eligió para efectos de su revisión los expedientes T-3195272, T-3196343 y
T-3197224, disponiendo en el numeral décimo de dicha providencia, acumularlos
por presentar unidad de materia, para que fueran fallados conjuntamente.
La Sala
Sexta de Revisión mediante auto
de enero 31 de 2012, después de haber revisado en detalle los expedientes, dispuso desacumular el
T-3196343, de los T-3195272 y
T-3197224 acumulados, ya que no se daban las condiciones para propiciar su
decisión en la misma sentencia.
I. ANTECEDENTES
Oscar Manuel Monsalve Jaimes y
otros, y Gabriel Alvis Ulloque y otros instauraron sendas acciones de tutela
contra ECOPETROL, aduciendo violación de sus derechos fundamentales a la vida,
la familia, la igualdad, la libre asociación, la organización sindical, la
estabilidad en el empleo, la seguridad social, la huelga, la protección al
conflicto colectivo, al trabajo y al debido proceso, por los hechos narrados a
continuación.
A. HECHOS Y RELATOS EFECTUADOS EN LAS DEMANDAS
Cuadro 1. Especificación de los demandantes
Expediente
DEMANDANTES
T-3195272
Oscar Manuel Monsalve Jaimes,
Mayra Alejandra Joya Bueno, John Harvey Vega Fonnegra.
T-3197224
Gabriel Alvis Ulloque, Álvaro
Gómez Lizarazo, Fernando Tapias Ayala, Abelardo Gamarra Fonseca, Adalberto
Pérez Hernández, Alfonso Rafael Dovale Flórez, Alfredo Cabarcas Martínez,
Alirio Acevedo Rueda, Álvaro Meléndez Arroyo, Álvaro Remolina Gutiérrez, Álvaro
Rueda Duque, Ángel María Rueda Garzón, Ángela Fiallo Marín, Arnulfo Núñez
Herrera, Carlos Arturo Montesinos Quiñones, Carlos Eduardo Oviedo Barrios,
Carmen Elena Mármol Vásquez, Cristóbal Salas Angulo, Danilo Marín Sánchez
Chaparro, Donaldo de Jesús Alvarino Pinto, Elvia Vesga Rodríguez, Fernando
Duarte Franco, Fernando Jiménez Chaparro, Francisco Antonio Sepúlveda Gamboa,
Gabriel Arturo Sepúlveda Cáceres, Gladys Suárez Vertel, Guillermo de Jesús
Duque Pedrozo, Guillermo Eduardo Lastre Castillo, Guillermo Hernando Medina
Bello, Gustavo Martínez Afanador, Héctor Carrillo Villamizar, Héctor Miguel
Mesa Pulido, Heladio de Jesús Rincón Valeta, Hely Eduardo Estupiñán Angarita,
Henry Valero Rincón, Hermes Francisco Montiel Puche, Hernando Hernández
Pardo, Idael Betancourt Parra, Jaime Villadiego Hernández, José Antonio
Meneses Becerra, José Vicente Morales Rojas, Ladislao Rodríguez Rojas, Ludyz
Esther Torres Arias, Luis Alberto Ramos Arenilla, Luis Alberto Serrano
Cifuentes, Luis Carlos Castillo Santos, Luis Carlos Cepeda Rueda, Luis Carlos
Zapata Araque, Luis Ernesto Molina Velázquez, Manuel del Cristo Pianeta
Matute, Manuel Francisco Palomino Martínez, María Luisa Niño de Prada, Mario
García Ochoa, Miguel Antonio Gómez Calderón, Orlando Moreno Páez, Orlando Robles
Álvarez, Oscar Carrillo Gómez, Pablo Ascenio Flórez, Pedro Elías Herrera
Ramírez, Pedro Julián Cote Parra, Pedro Manuel Pacheco Barrios, Rafael
Enrique Torres Noguera, Ramiro Medina, Raúl Alberto Gómez Buitrago, Reynaldo
Rey Coronel, Roberto Guerrero Ramírez, Roberto Plata Dueñas, Rómulo Navarro
García, Salomón Ayala Vásquez, Sergio Díaz Rubio, Víctor Julio Bayona
Arévalo, Víctor Manuel Flórez, Yomber Sierra Ospina, Jairo Alberto Suárez
Murcia y José Ramiro Luna Martínez.
1. Expedientes T-3195272 y T-3197224
Contexto
1.1. Explicaron los accionantes que fueron
trabajadores despedidos de ECOPETROL por haber participado en actividades
sindicales, lo cual consideran violatorio de la Constitución Política y de los convenios internacionales ratificados por Colombia.
1.2. En 2004, en el marco de un proceso de
negociación colectiva y después de haber agotado la etapa de arreglo directo
con ECOPETROL, los trabajadores de esa empresa, avalados por las autoridades
sindicales, “en una gesta patriótica y por la defensa de los bienes públicos
nacionales” y “por la defensa de ECOPETROL”, entraron en huelga de
36 días de duración.
1.3. Estando en pleno desarrollo, la huelga
fue declarada ilegal por el entonces Ministerio de la Protección Social, mediante Resolución N° 01116 de abril 22 de 2004; con tal fundamento, se
produjo el despido de 248 trabajadores, al haber sido disciplinados bajo el
procedimiento pactado en la convención colectiva de trabajo, sin aplicárseles
el previsto en la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, que era
obligatorio en esos casos.
1.4. Para el levantamiento de la huelga,
ECOPETROL, el Gobierno Nacional y el sindicato Unión Sindical Obrera, en
adelante USO, llegaron en mayo 26 de 2004 al “acuerdo trabajadores
despedidos del conflicto colectivo de trabajo 2002 -2004”, pactando la conformación de un Tribunal de Arbitramento para decidir en derecho la
situación de los trabajadores despedidos.
1.5. El Tribual de Arbitramento, a través de
laudo arbitral proferido en enero 21 de 2005, ordenó el reintegro de “un centenar”
de trabajadores con el propósito de aplicarles el Código Disciplinario Único,
el pago de pensiones a algunos trabajadores que cumplieran los requisitos, el
pago de pensiones proporcionales a otros y el pago de indemnizaciones a quienes
estaban vinculados con contrato a término fijo. Sin embargo, indicaron los
accionantes que una vez culminados los procesos disciplinarios, “más de la
mitad de los trabajadores” fueron destituidos e inhabilitados por 10 y 20
años para el ejercicio de cargos públicos.
1.6. Consideraron los trabajadores que con las
destituciones e inhabilidades se produjo “una muerte laboral” y “se
criminalizó la huelga”, en contravía de los derechos obtenidos por las “revoluciones
liberales”, consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre el tema sindical.
1.7. Según los accionantes, se dio una
indebida interpretación del artículo 56 de la Constitución Política[1], en concordancia con el
literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo[2], en adelante CST, pues
se limitó desproporcionadamente el derecho general a la huelga, abriendo la
posibilidad para seguir los procesos disciplinarios realizados por ECOPETROL,
en los cuales se tipificó la conducta de los accionantes como abandono del
cargo y abandono de la función y del servicio, con el propósito de calificar la
falta como gravísima, para proceder a destituirlos e inhabilitarlos por un
lapso extendido, en perjuicio de los derechos y libertades sindicales.
1.8. Se indicó en las acciones de tutela que
el despido de los trabajadores de la empresa petrolera, propició
pronunciamientos de diferentes estamentos de la sociedad colombiana,
especialmente en el municipio de Barrancabermeja, para “frenar la oleada
antisindical y antilaboral”.
1.9. Igualmente, afirmaron que los hechos
fueron puestos en conocimiento del Comité Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, en adelante OIT, mediante queja radicada con el
número 2355. Una vez estudiada tal queja en esa instancia internacional, la OIT emitió pronunciamientos y recomendaciones para que la compañía petrolera cesara los
despidos y ordenara los reintegros de los trabajadores desvinculados desde 2004
hasta 2008.
Las primeras decisiones fueron notificadas en
julio 1° de 2005, por el Director General de la OIT al entonces Ministerio de la Protección Social y conocidas por ECOPETROL, empresa mixta vinculada al
Ministerio de Minas y Energía.
1.10. Indicaron los accionantes que en el
informe 337° de junio de 2005, el Comité de Libertad Sindical de la OIT realizó recomendaciones de carácter vinculante, en lo que respecta al despido de los 248
trabajadores tras la declaración de ilegalidad de la huelga, para lo cual
solicitó al gobierno colombiano “que vele por el cumplimiento de lo acordado
el 26 de mayo de 2004 para poner fin al conflicto, en particular en lo que
respecta al compromiso de la empresa de dejar sin efecto las acciones
administrativas de carácter laboral contra los trabajadores… teniendo en cuenta
que las sanciones de despidos aplicadas a los trabajadores tienen como origen
una legislación que plantea problemas de conformidad con los principios de
libertad sindical… y se examine la situación de los trabajadores despedidos”.
1.11. En respuesta al derecho de petición que la USO elevó ante el Gobierno Nacional para hacer cumplir las recomendaciones mencionadas, el
Ministerio de la Protección Social en octubre 7 de 2005, indicó: “la
recomendación formulada por el Comité de Libertad Sindical en el informe 337 de
junio de 2005 dentro del CASO 2355, informe en el cual expresamente se señala
que es PROVISIONAL. Así las cosas, de acuerdo a lo señalado por la Sentencia T-979/04 de la Corte Constitucional: ‘las recomendaciones provisionales del Comité
de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que no tienen el carácter de vinculante para el
Estado Colombiano por cuanto aún no han sido aprobadas por el Consejo de
Administración, tal como corresponde según la Constitución de la OIT’… En virtud de lo anterior, al no tener carácter vinculante la
recomendación no es de carácter obligatorio.”
1.12. Ante esta negativa del Gobierno Nacional
y de ECOPETROL, en la 297ª Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra,
noviembre de 2006), el Consejo de Administración de la OIT explicó que cuando el Comité de Libertad Sindical emite recomendaciones de carácter
provisional, es porque falta información del Gobierno o de los querellantes
respecto de algunos aspectos del caso, “sin embargo, entre todas las
cuestiones del caso, pueden haber algunas sobre las que no se requiera mayor
información, lo que permite al Comité expedirse sobre el fondo respecto de
éstas. Dichas recomendaciones ya pueden ser cumplidas por el Gobierno… el
Comité señala a la atención del Gobierno que el 337° informe del Comité de
Libertad Sindical, fue aprobado tanto respecto de las conclusiones
provisionales como definitivas por el Consejo de Administración en su 293ª
reunión de junio de 2005”.
1.13. Por lo anterior, los trabajadores
despedidos elevaron una nueva petición ante el Gobierno, por intermedio de la Comisión Colombiana de Juristas, solicitando el cumplimiento de las recomendaciones, empero
el Ministerio de la Protección Social adujo nuevamente que dichas
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, no eran vinculantes para la OIT y, por ende, tampoco lo eran para los Estados miembros.
1.14. Agregaron los demandantes que en el 355°
informe del Comité de Libertad Sindical, “aprobado por el Consejo de
Administración de la O.I.T. en Ginebra en el mes de noviembre de 2009”, se reiteraron las recomendaciones relativas a la declaración de ilegalidad de la huelga,
instando una vez más al Gobierno colombiano para que tome las medidas
necesarias a fin de definir las condiciones del ejercicio del derecho de huelga
en el sector petrolero, en razón a que dicho sector no puede ser considerado,
en estricto sentido, un servicio esencial, es decir, aquél cuya interrupción
pueda poner en peligro, la salud, la vida o la seguridad de la población y por
tanto, debe establecerse un mínimo de prestación del servicio compatible con la
huelga. En relación con el despido de algunos dirigentes sindicales sin haberse
respetado su fuero, el Comité pide al Gobierno y a las organizaciones
sindicales que se aclare si dichos trabajadores están cubiertos por el Acuerdo
celebrado entre la USO y ECOPETROL en agosto 22 de 2009.
1.15. Ante la presión internacional, el
Ministerio de la Protección Social en diciembre 10 de 2009 cambió su posición
inicial, señalando que la doctrina constitucional aplicable a los casos de
ECOPETROL es la señalada en la sentencia T-568 de agosto 10 de 1999, M. P. Carlos Gaviria Díaz, que avala la procedencia de la acción de tutela para definir los
eventos de reintegro de trabajadores que la OIT hubiere ordenando, esto ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo.
Particularidades y pretensiones
a. Expediente T-3195272
1. Oscar Manuel Monsalve Jaimes, Mayra
Alejandra Joya Bueno y John Harvey Vega Fonnegra, participaron en la citada
huelga de 2004, por lo cual recibieron respectivamente las cartas de
terminación unilateral de sus contratos en mayo 6, 11 y 13 de 2004, en las
cuales ECOPETROL alegó justa causa “por haber participado en la suspensión
colectiva de trabajo decretado por la USO”, y se les impuso sanción de
inhabilidad por 10 años en el ejercicio de cargos públicos (f. 180 cd. inicial
respectivo).
2. Mediante apoderado, los accionantes
indicaron que ECOPETROL, el Gobierno Nacional y la USO firmaron un acuerdo en mayo 26 de 2004, para terminar la huelga, en el cual se previó,
entre otras cuestiones, “un sistema de retiros forzados” que ofrecía
pensiones proporcionales, las cuales ellos aceptaron después de conciliación
ante la Oficina del Trabajo (f. 179 ib.).
3. Alegaron que, en sus asuntos, no se han
cumplido las recomendaciones expedidas por la OIT en el caso 2355, en la medida en que “los trabajadores despedidos solo se han reintegrado a través de
orden judicial de tutela, quedando algunos todavía sin ser reintegrados,…sin
embargo, el argumento de la O.I.T., sigue contundente, porque no es válido a la
luz de las normas internacionales, tener como motivo, el simple hecho de
participar en una huelga para justificar el despido de trabajadores directivos
sindicales y aforados…” (f. 182 ib.).
4. Además, indicaron que se les está
vulnerando el derecho a la igualdad, pues por diferentes motivos han sido
reintegrados “más de 190 trabajadores de los 248” que fueron despedidos con ocasión de la huelga de 2004, no habiendo justificación para el
trato desigual pues existen idénticas circunstancias de modo, tiempo y lugar
(f. 185 ib.).
5. Los accionantes adujeron haber sido
diligentes en la reclamación de sus derechos ante diferentes instancias “legales,
sociales, políticas de la sociedad civil y la institucionalidad… entre ellas la
justicia contenciosa administrativa, a fin de demandar la legalidad del acto
administrativo sancionatorio, resultando ineficaz” (f. 185 ib.), por lo
cual, la acción de tutela es el medio judicial de defensa más idóneo que les
queda.
Por lo anterior, los demandantes solicitaron
que ECOPETROL haga efectivos sus reintegros, a un cargo igual o superior al que
ocupaban, pagando los salarios y acreencias laborales indexadas dejadas de
percibir desde su despido, además de dejar sin efectos los fallos
disciplinarios producidos por ECOPETROL y la Procuraduría.
b. Expediente T-3197224
1. Mediante apoderado, afirmaron los actores
que la empresa petrolera “en su afán de desvincular material y definitivamente
a los trabajadores y dirigentes: forzó a conciliar”, ofreciendo pensionar a
más 100 trabajadores participantes en la huelga, por lo cual actualmente ellos
están en situación de “trabajadores despedidos – pensionados por ECOPETROL”
(f. 316 cd. inicial respectivo).
2. Se indicó que ECOPETROL “mal pensionó” a
los peticionarios, quienes reciben las mesadas más bajas de la nómina, como
resultado de la “animosidad patronal para golpear la estabilidad laboral”
de los actores y desestimular el sindicato de la USO.
3. Por ende, consideraron que se ha originado
una desigualdad salarial-pensional, ya que, de no haber sido por el “despido
ilegal e injusto”, ellos recibirían una pensión mayor.
4. Arguyeron que se les está vulnerando el
derecho a la igualdad, debido a que varios trabajadores de ECOPETROL, de los
248 despedidos en el 2004, fueron reintegrados a través de acciones de tutela
falladas por el Tribunal Superior de Cúcuta y el Juzgado 3° Laboral del
Circuito de la misma ciudad.
Por lo anterior, solicitaron al juez de tutela
amparar los derechos fundamentales y, en consecuencia, ordenar a ECOPETROL su
reintegro, liquidando y pagando todas las acreencias laborales indexadas. Así
mismo, dejar sin efectos las actas de conciliación firmadas entre ECOPETROL y
los actores, por ser contrarias a derecho y suscritas bajo presión, al igual
que los procesos disciplinarios producidos por los órganos de control interno
de ECOPETROL.
De no concederse el reintegro, pidieron al
juez reliquidar y reajustar el monto de sus pensiones como si hubiera operado
un reintegro automático, sin solución de continuidad desde el momento del
despido.
Cuadro 2. Derechos invocados y peticiones.
Exp.
Actores(as)
Derechos invocados
Petición
T-3195272
Oscar Manuel
Monsalve y otros
Vida, familia, igualdad, libre asociación,
organización sindical, estabilidad en el empleo, seguridad social, huelga y
protección al conflicto colectivo.
Reintegrarlos en un cargo igual o superior
al que ocupaban, pagando los salarios y acreencias laborales indexadas
dejadas de percibir desde su despido.
Dejar sin efectos los fallos disciplinarios
producidos por ECOPETROL y la Procuraduría contra ellos
T-3197224
Gabriel Alvis
Ulloque y otros
Vida, familia, igualdad, libre asociación,
organización sindical, estabilidad en el empleo, seguridad social, huelga y
protección al conflicto colectivo.
Reintegrarlos a sus lugares de trabajo,
liquidando y pagando todas las acreencias laborales.
Dejar sin efecto las actas de conciliación
que reconocen derechos de seguridad social.
En caso de no reintegrar, reliquidar y
reajustar las pensiones de los actores en el entendido que operó el reintegro
automático, sin solución de continuidad.
Dejar sin efectos los fallos disciplinarios
producidos por la oficina de control interno de la empresa.
B. DOCUMENTOS CUYA COPIA OBRA EN LOS
EXPEDIENTES
Obrantes en ambos expedientes
§  Sentencias proferidas por el Tribunal Superior de
Cúcuta, Sala Laboral, citadas como precedentes (fs. 14 a 61 exp. 1, y 183 a 203 exp. 2).
§  337° informe de junio de 2005, del Comité de Libertad
Sindical de la OIT (fs. 71 a 92 1 y 74 a 95 2 ib.).
§  Derecho de petición elevado por la USO al Gobierno Nacional, solicitando cumplir las recomendaciones dadas al Estado colombiano
respecto del caso 2355, de agosto 31 de 2005 (fs. 93 a 98 1 y 98 a 103 2 ib.).
§  Respuesta del Ministerio de la Protección Social a dicha reclamación, dada en junio 7 de 2005 (fs. 99 y 100 1 y 104 y 105 2
ib.).
§  Consulta elevada por un miembro de la Oficina de Control Disciplinario interno de ECOPETROL, a la Procuraduría General de la Nación, respecto de la aplicación del régimen disciplinario de los
trabajadores oficiales de esa empresa, en enero 23 de 2006 (fs. 101 y 102 1 y
106 y 107 2 ib.).
§  Respuesta dada por la Procuraduría a dicha consulta (fs. 103 a 107 1 y 108 a 112 2 ib.).
§  343° informe de noviembre de 2006, del Comité de
Libertad Sindical de la OIT (fs. 108 a 129 1 y 113 a 134 2 ib.).
§  Derecho de petición elevado en diciembre 28 de 2006 al
Gobierno Nacional, por la Comisión Colombiana de Juristas, solicitando cumplir las recomendaciones dadas al Estado colombiano en el caso 2355 (fs. 130 a 137 1 y 135 a 142 2 ib.).
§  Respuesta dada por el otrora Ministerio de la Protección Social a dicha reclamación, en enero 22 de 2007 (fs. 138 y 139 1 y 143 y 144 2
ib.).
§  Carta de la Central Unitaria de Trabajadores y otros, dirigida en enero 31 de 2007 al entonces Presidente
de la República, indicándole, entre otros puntos, el incumplimiento de los
compromisos pactados respecto de la huelga de 2004 (fs. 140 a 142 1 y 145 a 147 2 ib.).
§  Respuesta dada por la Directora de Relaciones Laborales y Desarrollo de ECOPETROL, por traslado hecho por la Presidencia de la República, a la anterior reclamación, en febrero 19 de 2007 (fs. 138 y 139
1 y 148 2 ib.).
§  Carta dirigida por el Presidente de la USO a la Directora del Departamento Internacional del Trabajo de la OIT, en la cual le informa sobre el incumplimiento que ECOPETROL ha dado al “acuerdo
trabajadores despedidos del conflicto colectivo de trabajo 2002-2004”, respecto de abstenerse de apelar decisiones judiciales y/o arbitrales favorables a los
trabajadores (fs. 144 y 145 1 y 149 y 150 2 ib.).
§  355° informe de noviembre de 2009, del Comité de
Libertad Sindical de la OIT (fs. 146 a 165 1 y 151 a 170 2 ib.).
§  Comunicación del antaño Ministerio de la Protección Social dirigida al Presidente de la USO (fs. 166 a 170 1 y 171 a 175 2 ib.).
§  “Acuerdo Trabajadores Despedidos Conflicto Colectivo
de Trabajo 2002-2004” firmado
en agosto 22 de 2009, por ECOPETROL y la USO (fs. 171 a 175 1 y 176 a 180 2 ib.).
1. Expediente T-3195272
§  Poder conferido por Oscar Manuel Monsalve Jaimes,
Mayra Alejandra Joya Bueno, John Harvey Vega Fonnegra (fs. 1 a 3 cd. inicial respectivo).
§  Certificación de la USO, en la cual se indica que Oscar Manuel Monsalve Jaimes era afiliado a ese sindicato desde abril 19 de 2004,
despedido en mayo 6 del mismo año sin ser reintegrado a la fecha (f. 4 ib.).
§  Terminación unilateral del contrato individual de
trabajo por justa causa, a partir de mayo 7 de 2004, por ECOPETROL a Oscar
Manuel Monsalve Jaimes (f. 5 ib.).
§  Certificación de la USO, en la cual se indica que Mayra Alejandra Joya Bueno, era afiliada a ese sindicato desde enero 21 de 2002
(f. 7 ib.).
§  Terminación unilateral del contrato individual de
trabajo por justa causa, a partir de mayo 12 de 2004, por ECOPETROL a Mayra
Alejandra Joya Bueno (f. 8 ib.).
§  Certificación de la USO, en la cual se indica que Jhon Harvey Vega Fonnegra, era afiliado a ese sindicato desde octubre 24 de 2000,
despedido en mayo 14 de 2004 sin ser reintegrado a la fecha (f. 9 ib.).
§  Terminación unilateral del contrato individual de
trabajo por justa causa, a partir de mayo 14 de 2004, por ECOPETROL a Jhon
Harvey Vega Fonnegra (f. 10 ib.).
2. Expediente T-3197224
§  Poderes conferidos por parte de los
accionantes identificados en el cuadro 1 (fs. 1 a 75 cd. inicial respectivo).
§  Acta de “Acuerdo Gobierno Nacional –
ECOPETROL S. A. – USO” de mayo 26 de 2004 (fs. 204 a 212 ib.).
§  Actas especiales de conciliación del entonces
Ministerio de la Protección Social, entre ECOPETROL y sus ex trabajadores,
reconociendo “pensión proporcional de jubilación de carácter vitalicio y
sustitutiva”, así:
Cuadro 3. Actas de conciliación.
Folios
Número y fecha de
acta
Ex trabajador
Monto de la
pensión
213 a 216
N° 688 de jun. 16/04
Pedro Julián Parra Cote
(auto)
217 a 219
N° 789 de jul. 15/04
Pedro Julián Parra Cote
$ 1.686.370
220 a 223
N° 733 de jul. 06/04
Abelardo Gamarra Fonseca
$ 1.179.294
224 a 227
N° 754 de jul. 12/04
Carlos Eduardo Oviedo Barrios
$ 1.133.575
228 a 231
N° 760 de jul. 12/04
Fernando Tapias Ayala
$ 1.268.466
232 a 235
N° 899 de sep. 16/04
Francisco A. Sepúlveda Gamboa
$ 1.072.621
236 a 239
N° 861 de ago. 25/04
Mario García Ochoa
$ 1.340.781
240 a 241
N° 794 de jul. 27/04
Heli Estupiñán Angarita
$ 1.423.651
242 a 245
N° 734 de jul. 06/04
Ángela María Rueda Garzón
$ 1.637.555
246 a 249
N° 764 de jul. 12/04
Guillermo de Jesús Duque Pedrozo
$ 1.493.739
254 a 257
N° 788 de jul. 14/04
Álvaro Gómez Lizarazo
$ 1.384.875
258 a 261
N° 011 de jun. 17/04
Hernando Hernández Pardo
$ 2.808.931
262 a264
N° 010 de jul. 12/04
Hernando Hernández Pardo
(auto)
265 a 268
N° 748 de jul. 12/04
Álvaro Meléndez Arroyo
$ 1.451.630
269 a 272
N° 726 de jul. 01/04
Danilo Marín Sánchez Chaparro
$ 1.683.810
273 a 276
N° 730 de jul. 06/04
Arnulfo Núñez Herrera
$ 1.427.734
277 a 280
N° 035 de jun. 18/04
Ladislao Rodríguez Rojas
$ 2.074.658
281 a 284
N° 1869, jul. 16/04
Álvaro Remolina Gutiérrez
$ 1.595.431
285 a 288
N° 818 de ago. 03/04
Luis Ernesto Molina Velásquez
$ 1.396.330
289 a 292
N° 768 de jul. 13/04
Luis Carlos Castillo Santos
$ 1.308.633
293 a 296
N° 799 de jul. 28/04
Pedro M. Pacheco Barrios
$ 1.196.967
297 a 300
N° (sin), jun. 23/04
Salomón Ayala Vásquez
$ 1.342.000
301 a 305
N° 1798, sep. 21/04
Oscar Carrillo Gómez
$ 1.622.510
306 a 309
N° 728 de jul.06/04
José Vicente Morales Rojas
$ 1.478.939
§  Fotografía impresa y recorte de periódico (no
se ve fecha ni el medio de donde se tomó, fs. 310 y 311 ib.).
C. ACTUACIÓN PROCESAL Y
RESPUESTA DE ECOPETROL
1. Expediente T-3195272
El Juzgado 3° Laboral del Circuito
de Cúcuta, mediante auto de mayo 12 de 2011, admitió la acción de tutela
ordenando notificar a la empresa demandada, para que informara sobre los hechos
materia de demanda y suministrara la información requerida mediante
cuestionario[3]
(f. 209 cd. inicial respectivo).
1.1. ECOPETROL, mediante escrito
presentado en mayo 11 de 2011, se opuso a la totalidad de las pretensiones de
los actores, indicando que la acción de tutela es improcedente, por cuanto “1)
hay cosa juzgada material; 2) desconoce el principio de inmediatez; 3) no
existe un perjuicio irremediable y; 4) hay prescripción del supuesto derecho
pretendido, lo que demuestra claramente que los accionantes están incurriendo
en uso abusivo de la misma” (f. 300 ib.).
Respecto de la pretensión de
reintegro, indicó el apoderado de la accionada, que de un lado, existe el medio
de defensa judicial idóneo al efecto, que es la acción de reintegro consagrada
en el CST, y de otro, que la garantía foral solo se predica de los miembros de
la junta directiva y subdirectivos de todo sindicato, federación o
confedereración de sindicatos, según lo disponen los artículos 406 y 407 del
CST; de esta forma, el reintegro solicitado para los ahora accionantes no es
procedente, ya que estos eran sindicalistas pero no directivos.
También explicó el apoderado que
el Juzgado 3° Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Cúcuta, carecen de
competencia territorial para conocer de la acción, debido a que los empleados
Monsalve Jaimes, Vega Fonnegra y Joya Bueno nunca laboraron allá; la relación
laboral, la terminación de los contratos y el pago de salarios e
indemnizaciones tuvieron lugar en Barrancabermeja, que es donde, a prevención,
deben conocer de esta acción de tutela.
Se resaltó que los derechos aquí
exigidos, como el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir desde
2004, están prescritos según las reglas del artículo 151 del Código Procesal
del Trabajo, en adelante CPT.
Solicitó al juez que vinculara a la Procuraduría Regional de Cúcuta, para que ejerciera vigilancia sobre el proceso, así como al
entonces Ministerio de la Protección Social como entidad que emitió la Resolución N° 01116 de 2004, mediante la cual fue declarada ilegal la huelga de 2004.
1.2. En escrito posterior, de mayo
23 de 2011, el apoderado de ECOPETROL anexó análisis adicionales respecto de
los actores Oscar Manuel Monsalve Jaimes y Mayra Alejandra Joya Bueno,
tendientes a demostrar que tenían contratos de trabajo a término fijo,
situación que implicaba un trato diferente.
Así lo determinó el Tribunal de
Arbitramento conformado por el Acuerdo de mayo 26 de 2004, que emitió el acta
067 de febrero 1° de 2005, para estudiar las solicitudes de corrección,
adición, aclaración y complementación, exhibidas por los apoderados de
ECOPETROL y USO, indicando que aquellos empleados despedidos que tuvieran
contrato a termino fijo, se les pagaría indemnización hasta el momento de
terminación del contrato, acta en la cual se lee (f. 323 ib.):
“Ordenar el pago de la
indemnización (con base en el último salario promedio devengado) acorde como se
enlista a continuación:
…   …   …
9. JOYA BUENO MAYRA ALEJANDRA:
INDEMNIZACIÓN MAYO 12 A JULIO 19 DE 2004.
10. MONSALVE OSCAR MANUEL:
INDEMNIZACIÓN MAYO 7 A NOVIEMBRE 17 DE 2004.
…   …   …”
Finalmente, resaltó el apoderado
que ECOPETROL liquidó y canceló oportunamente los valores correspondientes a
los trabajadores despedidos.
2. Expediente T-3197224
El Juzgado 3° Laboral del Circuito
de Cúcuta, mediante auto de junio 1° de 2011, admitió la acción de tutela
ordenando notificar a la empresa demandada, para que informara sobre los hechos
materia de discusión y suministrara la información requerida mediante
cuestionario, similar al ya relacionado (fs. 343 y 344 cd. inicial respectivo).
ECOPETROL, mediante escrito
presentado en junio 7 de 2011 por apoderada, expresó los siguientes argumentos
de defensa:
Existe irrebatible incompetencia
territorial del Juzgado 3° Laboral del Circuito de Cúcuta y del Tribunal
Superior de la misma ciudad, para conocer del presente caso, ya que como es
evidente en el escrito de tutela, los accionantes no viven en esa ciudad, ni en
municipios de ese Circuito Judicial; además, los actos demandados, como
terminación unilateral de los contratos, actas de conciliación y pago de
pensiones, tampoco ocurrieron allí. Así mismo, citó lo indicado por juzgados
laborales, civiles y de familia de Cúcuta, que se han declarado incompetentes
para conocer de estos procesos, por el factor territorial, atendiendo lo
preceptuado en el Decreto 2591 de 1991.
También se opone a la procedencia
de la acción de tutela, ya que el tema ha sido evaluado por la jurisdicción
laboral ordinaria y la constitucional, además de ser cosa juzgada para las
partes, gracias a las actas de conciliación firmadas entre los actores y
ECOPETROL. Al efecto, se anexó una tabla que contiene la información completa
de las actas de conciliación, los montos de las pensiones y la fecha de
reconocimiento de cada uno de los actores (fs. 362 a 365 ib.).
Se afirmó que dichas actas de
conciliación se llevaron a cabo, en virtud del cumplimiento del acuerdo de mayo
26 de 2004, entre la USO, el Gobierno Nacional y la empresa, de manera que los
ex trabajadores de ECOPETROL están queriendo generar “confusión con una
argumentación a todas luces fuera de contexto”, debido a que cada uno de
los trabajadores inscribió de manera individual su reclamación para pensiones
vitalicias de jubilación (f. 355 ib.).
Igualmente, argumentó que dichas
actas no están viciadas en el consentimiento, pues fueron suscritas ante la
autoridad competente (Ministerio de la Protección Social), “quien avaló y probó la autenticidad y legalidad del acuerdo
celebrado, imprimiéndole el efecto de cosa juzgada”; además, “en señal
de aprobación del acuerdo” los accionantes vienen percibiendo sus pensiones
sin objeción alguna desde hace 7 años, mientras ECOPETROL ha cumplido
cabalmente el pago de dichas mesadas y los beneficios respectivos, como el
servicio de salud y el plan educacional. Anotó, por lo demás, que en esa medida
no se supera el requisito de inmediatez.
Respecto a otra presunta
violación, explicó que no puede predicarse igualdad de trato ante desigualdad
de situaciones, pues los empleados reintegrados no se hallaban en similares
circunstancias que aquellos que recibieron pensión o indemnización; así se
aclaró en el citado acuerdo de mayo 26 de 2004 y en el Laudo Arbitral de enero
21 de 2005 del Tribunal de Arbitramento Voluntario.
Indicó que aunque las recomendaciones
de la OIT no son vinculantes, sobre ellas fue avalado el acuerdo de mayo 26 de
2004, por lo cual señala que no ha habido incumplimiento de las mismas.
Finalmente, advirtió que existe
temeridad en los casos de los actores Luis Carlos Zapata Araque y Jairo Alberto
Suárez Murcia, a cuyo nombre se habían intentado otras acciones.
D. DECISIONES OBJETO DE REVISIÓN
1. Expediente T-3195272
1.1. Sentencia de primera
instancia
El Juzgado 3° Laboral del Circuito
de Cúcuta, en sentencia de mayo 25 de 2011, amparó “los derechos
constitucionales fundamentales invocados” y ordenó “a ECOPETROL S. A.
que… disponga el reintegro de los señores OSCAR MANUEL MONSALVE JAIMES, MAYRA
ALEJANDRA JOYA BUENO Y JOHN HARVEY VEGA FONNEGRA, al mismo cargo o a otro de
igual o superior jerarquía y el pago a su favor de todos los salarios,
prestaciones sociales y demás derechos que legal y convencionalmente dejaron de
percibir, quedando entendido que… su contrato de trabajo se restablece (sic)
en las mismas condiciones que regían al momento del despido, incluida la no
solución de continuidad… y… que los procesos disciplinarios adelantados en su
contra (sic) quedan sin efecto alguno” (fs. 329 a 345 cd. inicial respectivo).
El Juez consideró que, si bien en
ocasiones anteriores ese despacho había declarado improcedentes acciones de
tutela de similares circunstancias, atendiendo los criterios de subsidiariedad
e inmediatez, con el material probatorio aportado se evidenció que existen
empleados en las mismas condiciones que los ahora actores, quienes han sido
reintegrados por vía tutelar, lo cual, en virtud del derecho a la igualdad,
merece una nueva consideración.
En cuanto a la falta de
competencia territorial propuesta por ECOPETROL, el Juzgado expresó que a pesar
de la competencia a prevención de los jueces con jurisdicción en el lugar donde
ocurrió la violación o amenaza del derecho fundamental, es imperioso resaltar
que no se  puede “desconocer la naturaleza jurídica de la entidad accionada,
que la hace única a nivel país por su misma organización (sic), y en ese
sentido válidamente se puede considerar que la vulneración como tal, se hace
extensiva a todo el territorio nacional…”.
Tampoco se configura cosa juzgada,
pues no se acreditó que existían acciones o decisiones que hubieran evaluado lo
que aquí se propone.
Respecto de la inmediatez, estaría
configurada su desatención, ya que se trata de trabajadores despedidos en 2004;
sin embargo, el acuerdo suscrito por ECOPETROL y USO, en agosto 22 de 2009,
incluyó a algunos trabajadores de los despedidos en 2004 y excluyó a otros,
entre ellos los ahora actores, por lo cual la inmediatez en este asunto habría
de ser constatada desde ese momento.
Al evaluar el fondo del asunto, el
Juzgado encontró consecuente estimar que hubo una violación al derecho a la
igualdad, ya que, la entidad accionada reconoció su responsabilidad en “el
despido que operó para cierto grupo de trabajadores, con ocasión del conflicto
colectivo de trabajo 2002-2004, pues de no tenerla, no se entiende por qué
aceptó realizar pago a ciertos trabajadores, favoreciendo a otro grupo… con el
reintegro y a otros con una nueva vinculación, lo que conlleva a pensar
entonces en el derecho que tienen igualmente los hoy accionantes a ser
reintegrados”.
1.2. Impugnación
El apoderado de ECOPETROL impugnó
la decisión, mediante escrito de junio 3 de 2011, con base en similares razones
a las expuestas en la respuesta de la acción, entre ellas, la incompetencia
territorial de los jueces y del Tribunal de Cúcuta, la existencia de otra vía
de defensa judicial para obtener el reintegro y el pago de acreencias laborales,
y la inexistencia de un perjuicio irremediable.
Así mismo, indicó que el Juez no
valoró ni estudió la totalidad de las pruebas aportadas y que la decisión
tomada muestra ausencia de conocimiento respecto de las particularidades del
conflicto colectivo de trabajo de ECOPETROL 2002-2004, que a continuación
expuso.
Aclaró que el despido del señor John
Harvey Vega Fonnegra, no ocurrió a raíz de la suspensión colectiva del
trabajo pues, como se indicó en la carta de terminación del contrato laboral,
fue desvinculado el 13 de mayo de 2004, por violación grave de las obligaciones
o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, causal consagrada en el
literal a), numeral 6° del artículo 7° del Decreto 2351 de 1965, ya que “se
abstuvo de asistir al programa de capacitación de refuerzo para la operación
del Plan Contingencia Laboral” y fue llamado a diligencia de descargos,
porque “como usuario del sistema SINOPER, y sin permiso alguno ni
autorización, borró desde su computador, aproximadamente ciento cuarenta y seis
(146) tiquetes de productos refinados y de GLP, entregados, recibidos y/o
despachados a clientes de ECOPETROL S. A., según relación adjunta,
descomponiendo así, la base central de datos y la información operacional
registrada los días 23, 24 y 25 de abril de 2004…” (fs. 374 y 375 ib.).
En esa medida, la pretensión de
reintegro de este trabajador desconoce las facultades claras y legales
consagradas en la legislación laboral, y viola la subsidiariedad y la
inmediatez de la acción de tutela.
En cuanto a los despidos de Oscar
Manuel Monsalve Jaimes y Mayra Alejandra Joya Bueno, suscitados en
el marco de la declaratoria de ilegalidad de la huelga de 2004, ellos adoptaron
el acuerdo de ECOPETROL, el Gobierno Nacional y la USO, de mayo 26 de 2004 y se sometieron al Tribunal de Arbitramento conformado al efecto, que
por el Laudo Arbitral de enero 21 de 2005, repercutió en el pago de
indemnizaciones por contratos a término fijo, con tránsito a cosa juzgada y
aval de la OIT, en el marco de la evaluación del caso 2355, como se desprende
del 337° informe del Comité de Libertad Sindical, cuando recomienda al Gobierno
“que vele por el cumplimiento de lo acordado el 26 de mayo de 2004 para
poner fin al conflicto” (f. 466 ib.).
En vista de lo anterior, argumentó
el apoderado que no puede ordenarse el reintegro de estos ex trabajadores,
cuando tomando apartes del laudo arbitral y de los informes emitidos por el
Comité de Libertad Sindical, se pretende inducir en error y, más aún, que se
pretermita la legalidad y la seguridad jurídica, que sus situaciones
particulares adquirieron hace más de seis años.
Finalmente, señaló que de lo
explicado se desprende que ECOPETROL no vulneró la igualdad de los actores,
derecho que solo se puede predicar ante situaciones fácticas idénticas y no
entre asuntos que tienen sus especificidades.
1.3. Sentencia de segunda
instancia
El Tribunal Superior de Cúcuta,
Sala Laboral, en fallo de julio 14 de 2011, confirmó la decisión precedente,
fundamentado en que i) la tutela procede al tratarse de empleados que piden el
reintegro en virtud de las recomendaciones de la OIT; ii) se supera el requisito de inmediatez, debido a que los actores han demostrado que no ha existido
inactividad entre el momento del despido y la presentación de esta acción; iii)
explicó que si bien esta Corte ha indicado que la competencia, a prevención, de
los jueces de tutela radica en el lugar donde ocurre la violación o amenaza al
derecho fundamental, también ha manifestado que pueden conocer los jueces del
lugar de la residencia del actor, y en este caso se desprende del acervo
probatorio que los accionantes “afirman residir en la ciudad de Cúcuta”
(sic); iv) por último, reiteró el carácter vinculante de las recomendaciones de
la OIT (fs. 65 a 79 cd. 2 respectivo).
2. Expediente T-3197224
2.1. Sentencia de primera
instancia
El Juzgado 3° Laboral del Circuito
de Cúcuta, mediante fallo de diciembre 15 de 2010, amparó los derechos de los
actores, ordenando a ECOPETROL que a través de la figura “de la ficción
legal”, los tenga por reintegrados, pagando “todos los salarios,
prestaciones sociales y demás derechos que legal y convencionalmente dejaron de
percibir desde la fecha de su despido” (fs. 392 a 414 cd. inicial respectivo).
Indicó que la acción es
procedente, debido a “que estamos ante un conflicto que carece de fundamento
normativo y de un procedimiento para su solución… ante lo cual, resulta válido
señalar que no cuentan los accionantes con el medio de defensa idóneo y
eficazmente alternativo”.
En torno a la incompetencia
territorial, también arguyó que la empresa, al tener sedes en todo el
territorio nacional, hace extensiva a él la vulneración de derechos y, por
ende, puede conocer cualquier juez de tutela que tenga jurisdicción en donde
ECOPETROL tenga una sede.
Respecto de la cosa juzgada, el
Juez afirmó que los efectos de las actas de conciliación son vinculantes “salvo
que advierta que se ha ejercido presión  sobre los trabajadores para que las
suscriban o que existe evidente adulteración respecto de su contenido”.
Sobre el caso concreto adicionó,
entre otros aspectos, que el acuerdo de mayo 26 de 2004 es contrario al derecho
a la igualdad, pues propició el reintegro solo de algunos empleados y, para el
momento de la conciliación, “la capacidad negociadora de los extrabajadores
se vio sustancialmente reducida”, haciendo posible establecer un trato
discriminatorio, contrario a la Constitución, por lo cual deben ampararse sus
derechos.
2.2. Impugnación
2.2.1. La apoderada de ECOPETROL
impugnó la sentencia, reafirmando los argumentos expuestos en la contestación
de la acción de tutela, advirtiendo además, que no es posible hablar de
igualdad entre las situaciones de los trabajadores que fueron reintegrados y
los peticionarios, pues a diferencia de éstos, aquellos “se encontraban sin
pensión, e inhabilitados y, otros tenían fallos judiciales y arbitrales en
curso; circunstancias que hacen improcedente el pretendido trato
discriminatorio” (fs. 422 a 450 ib.).
Respecto a “la ficción legal”,
señaló que se denomina así “al procedimiento de la técnica jurídica mediante
el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir
pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho, que deja de ser ficción
para conformar una persona jurídica”; es pues una figura del derecho
privado, regulada en el artículo 633 del Código Civil, que para su aplicación
debe encontrarse expresamente prevista.
Al no regir esta figura jurídica
en el derecho laboral, y no pudiéndose aplicar para un reintegro, “no es
procedente crear una ficción de este tipo mediante una sentencia de tutela y,
en consecuencia no es viable que el juez entienda por cierta una
reincorporación al servicio, que en realidad no puede darse, con la única
finalidad de proceder a reconocer unos salarios, reliquidación de prestaciones
sociales y de la pensión de jubilación”.
Por último, afirmó que en el caso
se configura un abuso del derecho por parte de los actores, convalidado por el
Juez de primera instancia, afectando injustificadamente el patrimonio del
Estado, al ser ECOPETROL una sociedad de economía mixta, de carácter comercial,
organizada bajo sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio
de Minas y Energía.
2.2.2. El apoderado de los
demandantes presentó escrito en el cual, entre otras consideraciones, pide
aclaración respecto de la expresión “ficción legal”, para que sea
entendida como un reintegro material y puro (fs. 451 a 458 ib.).
2.3. Sentencia de segunda
instancia
El Tribunal Superior de Cúcuta,
Sala Laboral, en agosto 9 de 2011, confirmó el fallo reseñado, estimando que la
acción es procedente para solicitar reintegros laborales cuando se trata de
cumplir recomendaciones de la OIT, además de superarse los requisitos de
inmediatez y de competencia territorial, por las razones anotadas en la
sentencia de primera instancia.
Respecto al tema de fondo,
reafirmó las consideraciones del a quo, al estimar que no son válidas ni
las actas de conciliación ni el despido, por lo cual los actores deben ser
reintegrados. Así mismo, revocó el fallo respecto de los peticionarios Luis
Carlos Zapata Araque y Jairo Alberto Suárez Murcia, sobre quienes ya se habían
dictado sentencias previamente.
Por último, afirmó en cuanto al
memorial presentado por el apoderado de los accionantes, que cualquier inconformidad
respecto del cumplimiento del fallo debe tramitarse por vía de incidente de
desacato (fs. 14 a 37 cd. 2 respectivo).
E. DOCUMENTOS ALLEGADOS EN SEDE
DE REVISIÓN
1. En enero 11 de 2012, fue
allegado documento suscrito por Jairo Alberto Suárez Murcia y Luis Carlos
Zapata Araque, solicitando a la Corte revisar el fallo del ad quem y tutelar
sus derechos, ordenando a ECOPETROL, entre otros puntos, efectuar el reintegro.
Así mismo, estos interesados piden tener en cuenta la existencia de “identidad
de causa y objeto respecto del expediente de tutela N° T-2785200”, revisado por la Corte Constitucional mediante fallo T-171 de marzo 14 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
2. Escrito de enero 20 de 2012,
presentado por el apoderado de los accionantes, en el cual “aporta nuevos
elementos y pruebas que ratifican la decisión favorable tomada por el Honorable
Tribunal Superior de Cúcuta a favor de trabajadores de ECOPETROL”,
explicando que una vez emitida la sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que en un proceso de nulidad simple
anuló la Resolución N° 01116 de abril 22 de 2004 emitida por el Ministerio de la Protección Social, que declaró la ilegalidad de la huelga de los trabajadores de ECOPETROL en
2004, quedando, según aseveró, clara la injusticia e ilegalidad de los despidos
efectuados en esa época, por lo cual debe declararse en Sede de Revisión un
hecho superado.
3. Cuaderno del Tribunal Superior
de Cúcuta, Sala Laboral, con el auto de noviembre 21 de 2011, que decidió una
petición de la parte actora.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Primera. Competencia
Esta corporación es competente
para examinar, en Sala de Revisión, las actuaciones referidas, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución, y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de
análisis
Esta Sala de Revisión deberá
determinar si ECOPETROL vulneró los derechos fundamentales a la vida, la
familia, la igualdad, la libertad de asociación, la organización sindical, la
estabilidad en el empleo, la seguridad social, la huelga y la protección al conflicto
colectivo de los peticionarios, al no reintegrarlos a sus puestos de trabajo,
presuntamente incumpliendo las Recomendaciones que el Comité de Libertad
Sindical de la OIT emitió en el caso 2355.
Para fallar es
primordial i) realizar una consideración previa sobre el carácter vinculante de
las recomendaciones del
Comité de Libertad Sindical de la OIT, aprobadas por el Consejo de
Administración;
aclarado ese punto, se analizará ii) la procedencia de la acción de tutela para
obtener el pago de derechos laborales litigiosos; ii) el requisito de
inmediatez; y iii) el factor de competencia territorial de los jueces de
tutela. Por último, se decidirán los casos concretos.
Tercera. El carácter vinculante de las
recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, aprobadas por el Consejo de Administración
3.1. Establecer la jerarquía
constitucional de los tratados, pactos y convenios internacionales que versen
sobre derechos humanos dentro del régimen interno, ha sido un asunto que desde
la expedición de dichos instrumentos y especialmente después de las guerras
mundiales, ha inquietado a los Estados.
Según Carlos Ayala Corao[4], el
constitucionalismo clásico previó la protección de los derechos humanos,
establecidos inicialmente en las declaraciones de independencia de las colonias
americanas y en las primeras enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos (1787) y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia (1789), dando lugar a la
afirmación del respeto estatal hacia los derechos del individuo e implementando
una forma de organización llamada Estado de Derecho, que privilegia el
principio de legalidad, “conforme al cual, el poder público únicamente tiene
asignado los poderes, las atribuciones o las competencias que expresamente
derivan del texto fundamental”. Esta idea iba ligada a la formación de los
Estados Nacionales, fundados en el reconocimiento de una soberanía absoluta,
conforme a la cual “en el ámbito interno, el Estado no reconoce ni iguales
ni superiores; y en el ámbito externo, sólo reconoce iguales pero no
superiores”[5].
Posteriormente, con el inicio del siglo
XX emerge una ola de renovación del constitucionalismo, que genera nuevas
visiones sobre los parámetros de organización estatal, ya que, además de los
clásicos derechos de libertad, igualdad ante la ley, seguridad personal y
propiedad, demandan protección estatal los llamados derechos económicos y
sociales, como los laborales, de educación, salud y vivienda, entre otros, que
imponen ciertas limitaciones a la dirección económica, surgiendo la
denominación de Estados Sociales.
Igualmente, se amplía el concepto de
democracia, incluyéndose en la carta de derechos ciudadanos, los políticos y de
participación directa en la decisión de asuntos públicos. Ese “movimiento en
torno a los derechos va acompañado de una superación del concepto mismo de
soberanía. Ésta va a ser relativizada, admitiéndose así límites al derecho
interno que van a derivar de los compromisos internacionales, y de principios
universales que van a ser aceptados por los Estados”[6].
Así, según el citado autor, el debate de
la jerarquía de los tratados sobre derechos humanos puede ser solucionado, sea
por el derecho internacional o por el interno; para aquél, todo Estado se halla
obligado al cumplimiento de los tratados, pactos o convenios realizados a nivel
internacional que versen sobre protección de derechos humanos, sin importar el
rango que éstos ostenten en el derecho interno.
Sin embargo, en el derecho interno dicho
escalafón debe ser determinado por la Constitución Nacional de cada Estado en un ejercicio de soberanía, siendo “por tanto, la Constitución la llamada a establecer el rango normativo de un tratado, pacto o convenio
internacional sobre derechos humanos, dentro del ordenamiento jurídico interno
o las fuentes del derecho estatal”[7].
3.2. Colombia ha solucionado este debate
en el ámbito interno, desde la Constitución Política de 1991, que en su artículo 93 instituyó el denominado bloque de constitucionalidad, que conlleva que “los
tratados y los convenios internacionales ratificados por el Congreso, que
reconocen los derechos humanos… prevalecen en el orden interno”.
Acerca de sí los convenios de la OIT son parte del bloque de constitucionalidad y, en tal medida, prevalecen en el orden
interno, esta Corte ha indicado en diversas ocasiones que efectivamente tienen
dicho carácter, en cuanto reconozcan derechos humanos en las relaciones de
trabajo.
En sentencia C-401 de abril 14 de 2005, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, se evaluó la constitucionalidad de la norma del CST (art.
19) que definía los convenios como norma de aplicación supletoria; esta Corte
indicó entonces que aquellos que versen sobre derechos humanos en el ámbito
laboral constituyen bloque de constitucionalidad, en sentido estricto:
“Los convenios de la OIT ratificados por Colombia son fuente principal y son aplicables directamente para resolver
las controversias. Además, es importante recalcar que los convenios que
integran el bloque de constitucionalidad en sentido lato orientan la
interpretación de la norma suprema, y que aquellos convenios que forman parte del
bloque de constitucionalidad en sentido estricto prevalecen en el orden
interno. Así habrán de valorarlos especialmente los jueces y los funcionarios
administrativos.
…   …   …
Es preciso distinguir
entre los convenios de la OIT, puesto que si bien todos los que han sido
‘debidamente ratificados’ por Colombia, ‘hacen parte de la legislación interna’
-es decir, son normas jurídicas principales y obligatorias para todos los
habitantes del territorio nacional, sin necesidad de que una ley posterior los
desarrolle en el derecho interno- no todos los convenios forman parte del
bloque de constitucionalidad, en razón a que algunos no reconocen ni regulan
derechos humanos, sino aspectos administrativos, estadísticos o de otra índole
no constitucional. Igualmente, es claro que algunos convenios deben
necesariamente formar parte del bloque de constitucionalidad, puesto que
protegen derechos humanos en el ámbito laboral.”
Esta posición fue ratificada por la Corte al tener como criterio de interpretación de la legislación interna el Convenio 87 de la OIT, que versa sobre los derechos de asociación y libertad sindical; en esa ocasión, en
sentencia C- 465 de mayo 14 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, se
expuso:
“Esta Corporación ha
manifestado que todos los convenios de la OIT que han sido debidamente ratificados forman parte de la legislación interna. Al mismo tiempo, la Corte ha expresado que distintos convenios de la OIT integran el bloque de constitucionalidad
y que la determinación del rango de cada uno de los convenios se hace caso por
caso a través de la jurisprudencia.
…   …   …
La Corte ha establecido que el Convenio 87 de la OIT forma parte del bloque de constitucionalidad, lo cual significa que sus normas
constituyen un parámetro para el juicio de constitucionalidad de las normas
legales. El Convenio 87, y los demás convenios de la OIT referidos al derecho de asociación sindical y a la libertad sindical que forman parte del
bloque de constitucionalidad, constituyen un parámetro complementario del
artículo 39 de la Constitución.”
También en el fallo C-466 de mayo 14 de 2008, M. P. Jaime Araújo Rentería, se explicitó que los tratados de la OIT que versan sobre libertad sindical, asociación sindical y negociación colectiva, son parte del bloque
superior:
“La jurisprudencia de
esta Corporación ha establecido (i) en primer lugar, que los convenios de la OIT hacen parte de la legislación interna, de conformidad con el inciso 4 del artículo 53 de la CN; (ii) en segundo lugar, que varios convenios de la OIT hacen parte del bloque de
constitucionalidad; (iii) en tercer lugar, ha realizado una distinción entre
los convenios de la OIT para señalar que alguno de ellos pertenecen al bloque
de constitucionalidad en sentido estricto (inciso 1 art. 93 CN) y en sentido
lato (inciso 2º CN)… (iv) en cuarto lugar, ha establecido la Corte que hacen parte del bloque de constitucionalidad aquellos convenios que la Corte misma determine que pertenecen al mismo, de conformidad con las materias de que traten.
(v) Finalmente, ha establecido la Corte que el carácter normativo obligatorio
de los convenios de la OIT ratificados por Colombia impide que sean
considerados como parámetros supletorios ante vacíos en las leyes, y que deben
ser aplicados por todas las autoridades y los particulares.
Así las cosas, esta
Corporación ha establecido expresamente que los convenios 87 y 98 de la OIT, hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En relación con el
convenio 154 de la OIT esta misma Corporación ha establecido su pertenencia al
bloque de constitucionalidad.”
3.3. Diáfano este panorama, es necesario
establecer si las recomendaciones emitidas por un órgano de la OIT, como el Comité de Libertad Sindical, son también de obligatorio cumplimiento para el
Estado colombiano, sobre lo cual la Sala de Revisión se remitirá más adelante a
lo señalado por esta corporación.
En primera medida, ha de indicarse que la OIT es una organización internacional de naturaleza tripartita (empleadores, trabajadores y
gobiernos), encargada de la elaboración y supervisión de las normas
internacionales del trabajo, cuyos objetivos primordiales son promover los derechos laborales,
fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y
fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. Está
conformada por tres órganos
principales: la Conferencia General, el Consejo de Administración y la Oficina del Trabajo[8].
La Conferencia General es la encargada de emitir la normatividad
internacional de trabajo, cumpliéndose esta función a través de la expedición
de a) Convenios Internacionales y/o b) Recomendaciones Generales. Ambos
instrumentos internacionales deben ser sometidos a la ratificación por parte de
los Estados Miembros, por medio de los procedimientos internos. En Colombia lo
es a través de leyes aprobatorias, emitidas por el Congreso, de manera que, en
todo caso, las Recomendaciones Generales expedidas por la Conferencia General serán vinculantes a partir de ser adoptadas mediante una ley nacional.
3.4. Ahora bien, la OIT tiene igualmente mecanismos de control, que ayudan a garantizar que los Estados
que hayan ratificado Convenios y/o Recomendaciones Generales, efectivamente los
cumplan, a saber[9]:
a. Los mecanismos
de control periódico, que realizan “el examen de los
informes sobre la aplicación por la ley y en la práctica que envían los Estados
Miembros, así como en las observaciones a ese respecto remitidas por las
organizaciones de trabajadores y de empleadores. Son: 1. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones 2. La Comisión Tripartita de Aplicación de Normas y
Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo 3. El impacto del sistema de revisión regular.”
b. Los procedimientos especiales,
que son: 1. Las reclamaciones que empleadores y trabajadores pueden elevar ante
el Consejo de Administración, por el incumplimiento de un convenio por parte de
un Estado Miembro. 2. Las quejas propuestas por los Estados Miembros, respecto
de incumplimientos de otros Estados Miembros. 3. El procedimiento especial de queja por
violación de la libertad sindical, ante el Comité de Libertad Sindical, en adelante, CLS.
La creación de dicho Comité
obedece a la necesidad de tener un mecanismo de control, especialmente de los
Convenios 87[10]
y 98[11]
de la OIT, con el objetivo de examinar las quejas que sobre las violaciones de
los derechos de libertad y de asociación sindical, que pudieran presentar los
gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
Con la entrada en
funcionamiento de ese Comité, se reguló su procedimiento y características,
indicándose, entre otros aspectos, que el CLS emite conclusiones y
recomendaciones contenidas en informes sobre libertad sindical, que pueden ser
provisionales, definitivos o que soliciten mantener informado al CLS, adoptados
por el Consejo de Administración de la OIT, con la intención de que en un
plazo razonable sean atendidas por el gobierno respectivo.
Así, si el gobierno no las atiende de
buena fe o las rechaza, el Consejo de Administración puede elevar solicitud a la Conferencia General, para que se tomen medidas a fin de lograr el cumplimiento.
3.5. Es preciso señalar que existe una
diferencia entre las Recomendaciones Generales que emite la Conferencia General de la OIT, como directrices de las políticas y las acciones que los
Estados Miembros pueden adoptar; y las Recomendaciones formuladas por un órgano
de control de la OIT, como el CLS, al interior de un proceso, en búsqueda de
solución en un caso concreto de presunta violación de derechos de libertad
sindical, dentro de un Estado Miembro en particular.
Lo anterior, porque según la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, estas últimas recomendaciones,
debidamente aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, contienen obligaciones expresas para el gobierno colombiano, de imperativo cumplimiento,
ya que al aprobar la Constitución de la OIT y los convenios respectivos a la
libertad sindical, se comprometió de buena fe[12]
a respetarlos.
3.6. Las sentencias de tutela que a
continuación serán citadas, resolvieron casos en los cuales algunos sindicatos
habían pedido el cumplimiento de recomendaciones emitidas por el CLS de la OIT.
Así, en sentencia T-568 de agosto 10 de 1999, M. P. Carlos Gaviria Díaz, esta Corte expresó: “… como se enunció anteriormente, el Comité de Libertad
Sindical es un órgano de control de la OIT; confronta las situaciones de hecho
que se le presentan o las normas internas de los Estados, con las normas
internacionales aplicables según los Tratados ratificados por los Estados
involucrados (en este caso, la Constitución de la OIT y los Convenios sobre libertad sindical); luego, formula recomendaciones y las somete al
Consejo de Administración,[13]
ya que éste es el órgano que puede emitir recomendaciones de carácter
vinculante según las normas que rigen la Organización.  En este caso, el Consejo recibió el informe del Comité y sus recomendaciones,
y encontró que el asunto no requería mayor investigación,[14] ni modificó los
textos que se le presentaron; antes bien, los asumió, los incorporó a las actas
de la reunión, y los publicó como parte de su informe oficial de esa sesión a
la comunidad de Estados miembros;[15]
por tanto, esta recomendación constituye una orden expresa vinculante para
el gobierno colombiano. Colombia está obligada, en virtud de su calidad de
Estado Parte del Tratado Constitutivo de la OIT, a acatar las recomendaciones del Consejo de Administración (arts. 24 y ss).” (No está en negrilla en el texto original).
Lo referido fue reiterado en sentencia
T-1211 de septiembre 18 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero,
reafirmando que “constituye jurisprudencia de la corporación la fuerza
vinculante de las Recomendaciones del mencionado Comité. Esto en virtud del
llamado bloque de constitucionalidad”.
Así mismo se reseñó, en sentencia T-603
de julio 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería, que las recomendaciones del
CLS de la OIT son vinculantes: “Colombia queda sujeta a
las obligaciones que adquiere en virtud de los tratados y convenios que celebra
y que son ratificados por el Congreso de la República. Los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y derecho de
sindicalización, aprobados por el Congreso de la República mediante las Leyes 26 y 27 de 1976, deben ser respetados y cumplidos por Colombia,
y obviamente sujetarse a lo que dispongan los órganos de Control de la Organización Internacional del Trabajo, a cuyas determinaciones también se sujetó, al hacer
parte del convenio constitutivo de dicha organización.”
En reciente pronunciamiento sobre el
tema, fallo T-171 de marzo 14 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, se reiteró que la Corte “ha
sido uniforme al considerar que las recomendaciones proferidas por el Comité de
Libertad Sindical de la OIT debidamente aprobadas por el Consejo de
Administración, tienen una orden expresa de carácter vinculante para el Estado
colombiano y por tanto es imperativo el acatamiento de lo allí ordenado. La
sustracción de su cumplimiento implica la violación de derechos fundamentales
alegados, además de desconocer el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que fija los alcances de los derechos fundamentales.”
Ha de indicarse que la regla seguida es
que el carácter vinculante se adquiere una vez que el informe del CLS haya sido
aprobado debidamente por el Consejo de Administración de la OIT; esto se refrenda con la sentencia T-979 de octubre 8 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño, que declaró improcedente una acción de tutela, en la cual se
solicitaba el cumplimiento de las referidas recomendaciones, pues “se fundamenta en recomendaciones
provisionales del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, que no tienen carácter vinculante para el Estado
colombiano por cuanto aún no han sido adoptadas por el Consejo de
Administración, tal como corresponde según la constitución de la OIT” (no está en negrilla en el texto
original).
3.7. Para finalizar esta reflexión acerca
de las Recomendaciones del CLS de la OIT, ha de indicarse que la exigencia del
cumplimiento de las obligaciones emanadas de allí, debe hacerse de forma
integral, es decir, las Recomendaciones no son escindibles ni aplicables
parcialmente. Lo anterior, en virtud a que éstas son equiparables a órdenes
emitidas por un ente competente, para la solución de un conflicto. En este
sentido, se resalta que es un principio general del derecho laboral, el de inescindibilidad,
que “implica la aplicación íntegra de un régimen o precepto, lo que supone
la imposibilidad de acogerse a una parte de ellos despreciando la otra, o
fundir normas o regímenes para obtener uno nuevo más favorable”[16].
Así mismo, se reafirma que la
exigibilidad de las recomendaciones del CLS, se debe dar en el marco de la
aplicación del principio de buena fe, tanto del gobierno como de los
trabajadores y de las empresas, por lo cual no es aceptable reclamación alguna
que, para procurar un bienestar particular, pretenda efectuarse con abuso de la
posición que cada parte ocupa.
Cuarta. Improcedencia general de la
acción de tutela para definir derechos litigiosos. Reiteración de
jurisprudencia
4.1.
Esta corporación ha reafirmado que, conforme al artículo 86 de la carta
política, la acción de tutela es un medio de protección de carácter residual
y subsidiario, que puede ser usado ante la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa de
lo invocado, o cuando existiéndolo, no resulte oportuno o se requiera
acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Por consiguiente, si hubiere otras instancias
judiciales que resultaren eficaces para alcanzar la protección que se reclama,
el interesado debe acudir a ellas, antes de pretender el amparo por vía de
tutela.
4.2. En otras palabras, la subsidiaridad implica
agotar previamente los medios de defensa legalmente disponibles al efecto[17], pues el amparo no
puede desplazar los medios específicos previstos en la respectiva regulación
común[18].
Como regla general, la solución de
controversias laborales tiene como vía principal e idónea la jurisdicción
laboral ordinaria o contenciosa administrativa, según el caso. Lo contrario,
alteraría el ordenamiento jurídico establecido, contribuyendo de paso a la “paulatina
sustitución de los mecanismos ordinarios de protección de derechos y de
solución de controversias, autorizando un uso indiscriminado e irresponsable de
la acción de tutela”[19],
situación que debe ser evitada principalmente por los jueces de tutela, al
revisar los requisitos de procedencia de las acciones.
4.3. Acerca de las excepciones, se ha dicho que la
idoneidad debe ser verificada por el juez, atendiendo las circunstancias
del caso y evaluando los siguientes elementos de juicio[20]:
“(a) el tipo de acreencia laboral; (b) la edad del demandante – a fin de
establecer si la persona puede esperar a que las vías judiciales ordinarias
funcionen…, su estado de salud –enfermedad grave o ausencia de ella –;(c) la
existencia de personas a su cargo; (d) la existencia de otros medios de
subsistencia. (e) La situación económica del demandante; (f) el monto de la
acreencia reclamada; (g) la carga de la argumentación o de la prueba que
sustenta la presunta afectación del derecho fundamental; (h) en particular del
derecho al mínimo vital, a la vida o la dignidad humana, entre otras razones.”
Respecto de la ocurrencia de perjuicio irremediable,
las características que según la Corte deben comprobarse son la inminencia, la
urgencia, la gravedad y el carácter impostergable del amparo que se reclama en
cada caso concreto.
4.4. Ahora bien,
resolviendo igualmente problemas jurídicos entre ECOPETROL y trabajadores que
solicitaban el pago de acreencias laborales, sin cumplir los requisitos de
procedencia, las sentencias T-746 de septiembre 22 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-969 de noviembre 29 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez; T-1033 de diciembre 14 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-1048 de diciembre 15 de 2010 y T-290 de abril 14 de 2011,
en estas dos M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, y T-784 de octubre 20 de 2011, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, concordaron al declarar la improcedencia de la acción tutela para
dirimir este tipo pretensiones.
En la precitada sentencia
T-1033 de 2010 se explicó:
“Desde este punto de vista, no es suficiente
pretextar la vulneración o amenaza de un derecho fundamental[21] para que se
legitime automáticamente la procedencia de la acción
constitucional, puesto que la tutela no puede utilizarse arbitrariamente, en
especial si los derechos involucrados en la situación jurídica que se analiza,
son objeto de debate legal y de contradicciones jurídicas relevantes entre las
partes, ya que ello exige la definición y evaluación sobre las cláusulas
contractuales o los acuerdos celebrados y la determinación del alcance de los
derechos sustanciales contenidos en dichos instrumentos. Sobre este punto la Corte ha considerado adicionalmente que ‘el alcance del amparo constitucional no puede
cobijar la definición de controversias jurídicas legalmente reguladas, como
serían las atinentes al reconocimiento de los derechos que se deriven de una
relación contractual, pues de un lado, estas controversias cuentan en el
ordenamiento jurídico con los mecanismos de solución pertinentes y, del otro,
su debate no es propiamente constitucional’[22].”[23]
En conclusión,
refiriéndose a la solución de controversias contractuales laborales o al pago
de acreencias de ese origen, la Corte ha reiterado sólida jurisprudencia,
reconociendo como regla general la prioridad de la vía común y la subsidiaridad
de la acción de tutela.
Quinta. Evaluación del
requisito de inmediatez para el pago de acreencias laborales. Reiteración de
jurisprudencia
5.1. El
principio de inmediatez apunta al tiempo dentro del cual es racional
ejercer la acción de tutela, para abordar oportunamente la eventual concesión
del amparo. De no cumplirse, es superfluo analizar las demás circunstancias de
las que dependería la prosperidad del amparo frente al caso concreto.
5.2. A partir de la declaración de inexequibilidad
del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991[24],
esta Corte tiene establecido que si bien puede ejercerse la acción de tutela en
cualquier momento, ello no significa que el amparo proceda con completa
independencia del transcurso del tiempo para presentar la petición.
Concretamente, la tutela deviene improcedente cuando la demanda se interpone
después de transcurrido un lapso irrazonablemente extenso, desde la fecha en
que sucedieron los hechos o viene presentándose la vulneración o el riesgo
contra derechos fundamentales.
Así, la jurisprudencia constitucional en
reiteradas ocasiones se ha pronunciado respecto al término prudencial que debe
existir entre el acaecer conculcador y la presentación de la demanda de tutela,
precisamente dirigida a subsanar o contrarrestar un quebrantamiento o peligro,
que nadie ha de soportar impávidamente si en realidad es grave e inminente.
5.3. Esta corporación ha llamado la atención
sobre el hecho de que, por disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela tenga por objeto procurar “la protección inmediata
de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública” (no está en negrilla en el texto original).
Es decir, que en vista de la gravedad de la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de las personas, se ofrece
una vía constitucional cuya potencialidad es considerablemente superior a la de
otros medios de defensa judicial, vía que la normatividad superior ha definido
de manera sencilla y clara como defensa eficaz, que justifica acudir pronto
a un procedimiento que, precisamente por ello, es preferente y sumario
(art. 86 Const.).
De tal manera, si entre la ocurrencia de la
alegada conculcación o amenaza contra derechos fundamentales y la presentación
de la acción de tutela transcurre un lapso inexplicablemente largo, es
entendible que se infiera una menor gravedad de la violación acusada, por lo
cual no es razonable brindar la protección que caracteriza este medio de
amparo, que ya no sería inmediato sino inoportuno.
5.4. A esta consideración, la Corte Constitucional ha añadido otras no menos importantes, como las relacionadas con la
seguridad jurídica, que reclama la pronta resolución definitiva de las situaciones
litigiosas y el interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente
afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional al
peticionario, cuando éste no la reclamó dentro de un término razonable.
5.5. Ahora bien, la Corte al evaluar casos en que empleados de ECOPETROL pidieron por vía de tutela el pago de
incrementos salariales según el IPC, con base en una convención colectiva,
concluyó que un interregno desproporcionadamente extenso entre la ocurrencia de
la supuesta vulneración o riesgo y la reclamación, quebranta el principio de
inmediatez. Así, en el fallo T-607 de junio 19 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se explicó:
“El silencio del actor durante estos años
demuestra que no se sintió vulnerado en sus garantías fundamentales y que -debe
suponerse- consideró que los demás beneficios convencionales compensaban esas
diferencias salariales que ahora pretende hacer aparecer como injustas. La
permanencia del sindicato, pese a las diferencias de incremento salarial,
indica que las medidas diferenciales no buscaban un efecto violatorio del
derecho de asociación sindical. Lo anterior encuentra refuerzo en el hecho de
que el sindicato no se disolvió y, por el contrario, mantuvo la fuerza
necesaria para obligar a la empresa a suscribir una nueva convención colectiva,
respecto de cuyo sistema de incrementos salariales el demandante no ofrece
ningún reparo.
Así las cosas, la Sala de Revisión no encuentra prueba alguna que permita indicar la diligencia de los
accionantes a efectos de obtener la protección de sus derechos, pues sólo hasta
el 2009 se decidieron a interponer la acción constitucional después de
transcurrir más de 3 y 5 años respectivamente, desde la fecha en que la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la legalidad del laudo arbitral y desde que se
celebró la convención colectiva antes referida.
Es por todo esto que, esta Sala considera
que la tutela no fue incoada dentro de un tiempo pertinente y prudencial, para
que el objeto mismo de la acción de tutela no se desnaturalizara y dado que los
accionantes incurrieron en un retraso bastante amplio para acudir a este
mecanismo judicial extraordinario de defensa, su procedencia resulta inviable.”
Esta posición ha sido corroborada en la
solución de casos posteriores, con supuestos fácticos análogos[25].
Sexta. Competencia territorial en acciones de tutela
Siguiendo lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 37
del Decreto 2591 de 1991 (“Son competentes para conocer de la acción de
tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar
donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la
solicitud”), esta corporación ha reiterado que uno de los factores que
pueden generar incompetencia para que un juez asuma el conocimiento de una
acción de tutela, es el territorial, siendo el otro (inciso 3° ib.) el atinente
a las solicitudes de amparo “contra la prensa y los demás medios de
comunicación”.
Así se ha pronunciado a través de gran cantidad de
autos mediante los cuales ha dirimido conflictos de competencia, reales o por
errónea interpretación de las reglas sobre reparto contenidas en el Decreto
1382 de 2000. Lo que ha repetido esta Corte, frente a lo primero, es que “no necesariamente el lugar donde
tenga su sede el ente que presuntamente ha violado derechos fundamentales,
coincide con el sitio de ocurrencia de la vulneración[26]; y, que
el conocimiento no siempre corresponde al juez con competencia donde se expidió
un acto violatorio, sino al del sitio donde se produzcan sus efectos, es decir,
del lugar donde se presentó, ocurrió o repercutió la vulneración que se busca
contrarrestar[27]” (auto 214 de octubre 5 de 2011, M. P. Juan Carlos Henao).
También se ha pronunciado la Corte Constitucional sobre la competencia territorial en acciones de tutela, respecto de
entidades que tienen múltiples sedes en el territorio nacional, aclarando que
independientemente de esa condición, se debe aplicar lo estatuido en el citado
artículo 37, pues “la
competencia, para conocer sobre las tutelas contra la Caja Nacional de Previsión Social, la tienen los jueces del Circuito, pero para efectos de
saber cuál juez del Circuito es el competente, es necesario atender lo
dispuesto por el primer inciso del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, que
señala: ‘Para los efectos
previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de
tutela, a prevención, los
jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare
la presentación de la solicitud o donde
se produjeren sus efectos’ (Negrillas
fuera de texto)” (auto
093 de mayo 17 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto).
Por ello, un juez que advierta su
incompetencia territorial, bien porque la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales no ocurrió dentro de su jurisdicción, o bien porque los efectos
de la misma no se producen o repercuten allí, debe declararla y enviar
directamente la solicitud de amparo al juez que considere competente, no
debiendo conocer del caso.
Séptima. Casos concretos
7.1. Consideración sobre las
recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, aprobadas por el Consejo de Administración en el caso 2355, por queja presentada contra
el gobierno colombiano.
El CLS al asumir la queja contra el
gobierno colombiano, se planteó dos temas, especialmente: la declaratoria de
ilegalidad de la huelga por parte de una autoridad administrativa, basada en la
calificación de servicio público esencial a la actividad petrolera; y el
despido de 248 trabajadores de la empresa, por participar en la huelga iniciada
en abril 22 de 2004.
Dentro del caso 2355 se han emitido 5
informes por parte del CLS, los 4 primeros provisionales, mientras en el último
el Comité pidió que se le mantenga informado de la evolución de la situación.
Todos estos informes fueron aprobados debidamente por el Consejo de
Administración de la OIT, así:
i) Informe provisional 337°, aprobado en
la sesión 293° de junio de 2005.
ii) Informe provisional 343°, aprobado en
la sesión 297° de noviembre de 2006.
iii) Informe provisional 348°, aprobado
en la sesión 300° de noviembre de 2007.
iv) Informe provisional 351°, aprobado en
la sesión 303° de noviembre de 2008.
v) Informe en el cual pide se le mantenga
informado de la evolución de la situación 355°, aprobado en la sesión 306° de
noviembre de 2009.
Lo anterior indica que todas las
recomendaciones dadas al gobierno colombiano, al interior de ese trámite, son
de obligatorio cumplimiento.
7.2. El primer asunto planteado en
la presente tutela se refiere específicamente al despido de los trabajadores de
ECOPETROL, a causa de su participación en la huelga; por ello, se evaluará lo
que el CLS recomendó en esos casos, para determinar si la empresa y el Gobierno
incumplieron las recomendaciones.
Recuérdese que los hoy accionantes son ex
trabajadores acogidos por el acuerdo de mayo 26 de 2004 y por el laudo arbitral
de enero 21 de 2005, que recibieron indemnizaciones porque sus contratos eran a
término fijo (expediente T-3195272), o se les reconoció pensión proporcional
vitalicia de jubilación, a partir de actas de conciliación (expediente
T-3197224).
7.3. Se pasará entonces a analizar los
informes del CLS de la OIT y sus respectivas recomendaciones, respecto de lo
alegado por la parte actora.
En el informe 337°, “el Comité
toma nota de que las organizaciones querellantes y el Gobierno informan que el
26 de mayo de 2004 se llegó a un acuerdo para levantar la huelga, y que en el
acta que se suscribió las partes acordaron: a) el cese de la suspensión
colectiva de trabajo y la reanudación de las labores; b) el cese por parte de
la empresa de la terminación de contratos de trabajo por justa causa y su
compromiso a dejar sin efecto las acciones administrativas de carácter laboral
que se hubieren iniciado y que no se hubieren notificado; y c) llevar a un
tribunal de arbitramento voluntario la situación de los 248 trabajadores
despedidos. El Comité toma nota de que el 21 de enero de 2005 el Tribunal de
Arbitramento constituido a tal efecto ordenó el reintegro pleno de dos de
los trabajadores, la terminación de contratos sin reintegro y sin
reconocimiento de indemnización de 33 trabajadores, el reintegro a fin de
aplicar el Código Disciplinario Único de 104 trabajadores y el pago de una
indemnización a 22 trabajadores (el resto de los trabajadores se acogió a la
pensión). En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que vele por el
cumplimiento de lo acordado el 26 de mayo de 2004, en particular en lo que
respecta al compromiso de la empresa ECOPETROL de dejar sin efecto las acciones
administrativas de carácter laboral contra los trabajadores que no se hubiesen
notificado. Asimismo, teniendo en cuenta que las sanciones de despido aplicadas
a los trabajadores tienen como origen una legislación que plantea problemas de
conformidad con los principios de la libertad sindical, el Comité pide al
Gobierno que tome medidas para que cuando — después del reintegro según el
fallo del Tribunal de Arbitramento Voluntario — se reexamine la situación de
los trabajadores despedidos, se tengan en cuenta los principios mencionados en
el presente caso y que no se le sancione por el sólo hecho de haber participado
en la huelga.” (No está en negrilla en el original.)
Nótese que en esta conclusión el Comité
avala el acuerdo celebrado entre las partes en mayo 26 de 2004, y exhorta al
Gobierno colombiano a velar por su cumplimiento, de donde se deduce que se
deben pagar las indemnizaciones y las pensiones, y no aplicar sanciones, por el
solo hecho de haber participado en la huelga de 2004, a los 104 trabajadores reintegrados mediante el laudo arbitral de enero 21 de 2005.
En esa ocasión el CLS recomendó, en torno
a este punto:
“c) en lo que respecta al despido de 248
trabajadores tras la declaración de ilegalidad de la huelga en la empresa
ECOPETROL S. A., el Comité pide al Gobierno que vele por el cumplimiento de lo
acordado el 26 de mayo de 2004 para poner fin al conflicto, en particular en lo
que respecta al compromiso de la empresa de dejar sin efecto las acciones
administrativas de carácter laboral contra los trabajadores que no se hubiesen
notificado.”
En nuevas reclamaciones, los querellantes
en el caso 2355 advirtieron que el Gobierno y el empleador estaban incumpliendo
lo indicado en las recomendaciones, ya que aunque los 104 trabajadores fueron
reintegrados, estaban siendo disciplinados, destituidos e inhabilitados.
Empero, nada se advierte sobre los demás trabajadores acogidos al Tribunal de
Arbitramento, que emitió el laudo de enero 21 de 2005.
Así, en el informe 343° del CLS la
recomendación respectiva fue:
“d) el Comité urge al Gobierno a que tome
medidas para que cesen los despidos de los 104 trabajadores que fueron
reintegrados en cumplimiento del fallo del Tribunal de Arbitramento Voluntario,
en el seno de la empresa ECOPETROL, S.A. como consecuencia de la huelga de 22
de abril de 2004 y que deje sin efecto los 11 despidos que ya han sido
pronunciados. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al
respecto;…”
Dentro del mismo informe 343°, se
efectuaron otras recomendaciones respecto de 11 dirigentes sindicales
despedidos y sobre nuevos alegatos presentados por SINDISPETROL, SINCOPETROL y
USO, que no mencionaron el Tribunal de Arbitramento Voluntario conformado por
el acuerdo de mayo 26 de 2004.
En el párrafo 307 del siguiente informe (348°),
el Comité concluyó (no está en  negrilla en el texto original): “A fin de
recapitular las circunstancias del presente caso, el Comité recuerda que según
los alegatos y las observaciones del Gobierno, el 22 de abril de 2004 la USO declaró una huelga en el seno de la empresa después de un conflicto de larga data
iniciado en diciembre de 2002 con la presentación de un pliego de peticiones
por parte de la USO y de la denuncia parcial de la convención colectiva por
parte de la empresa, que no pudieron ser negociados mediante acuerdo directo y
que dieron lugar al nombramiento de un Tribunal de Arbitramento Obligatorio.
Inconformes con dicha circunstancia, la USO declaró la mencionada huelga y en
la misma fecha el Ministerio de Protección Social declaró su ilegalidad. Entre
el 30 de abril y el 15 de mayo de 2004, la empresa ECOPETROL, S.A. dio por
terminados 248 contratos de trabajo. Los despidos afectaron a numerosos
sindicalistas y dirigentes sindicales. El 26 de mayo de 2004 se logró un
acuerdo para poner fin al conflicto que consistió, en particular en el
compromiso de la empresa de dejar sin efecto las acciones administrativas de
carácter laboral contra los trabajadores que no se hubiesen notificado de las
mismas y la constitución de un nuevo Tribunal de Arbitramento Voluntario para
que decida sobre los reclamos de los trabajadores. El mismo se constituyó el 12
de agosto de 2004 y dictó su laudo el 21 de enero de 2005. Según dicha
decisión definitiva se ordenó el reintegro de 104 trabajadores, la
indemnización sin reintegro de 22, la pensión de 87 y el despido de 33.
Según dicho laudo, ECOPETROL debía reintegrar a los trabajadores despedidos a
fin de determinar si se habían presentado las circunstancias para que se diera
por terminado el contrato de trabajo, esto es la participación en la huelga
declarada ilegal, y de ser así que podría proceder al despido nuevamente de los
trabajadores.”
Expresamente aludió a los 104 empleados
reintegrados y además de la mención a la decisión definitiva tomada por el
Tribunal de Arbitramento Voluntario, indicó: “c) el Comité urge al Gobierno
a que tome medidas para que cesen los despidos de los 104 trabajadores que fueron
reintegrados en cumplimiento del fallo del Tribunal de Arbitramento Voluntario,
en el seno de la empresa ECOPETROL S. A. como consecuencia de la huelga de 22
de abril de 2004 y que deje sin efecto los 37 despidos  e inhabilidades para
ejercer cargos públicos que ya han sido pronunciados y que no se proceda a los
45 despidos que ya han sido decididos.”
En informe posterior (351°) están
las recomendaciones que la actual parte actora cita fuera de contexto, sobre el
reintegro de los dirigentes sindicales de SINCOPETROL. El tenor literal es el
siguiente, en lo pertinente:
“b) el Comité urge una vez más al
Gobierno a que tome medidas para que cesen los efectos de la decisión de
despedir a los 104 trabajadores de ECOPETROL en virtud de su participación en
la huelga de 2004 y que lo mantenga informado sobre el resultado final de la
tutela incoada ante el Consejo de la Judicatura;
…   …   …
d) en lo que respecta a los alegatos
presentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de ECOPETROL
(SINCOPETROL) que se refieren al despido de los dirigentes sindicales Sres.
Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas
Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves
Acevedo, Genincer Parada torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño
Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán, Luis Alvarino,
Sergio Luis Peinado Barranco, Olga Lucía Amaya y Jaime Pachón Mejía en el marco
del cese de actividades del 22 de abril de 2004, el Comité pide al Gobierno que
realice sin demora  una investigación respecto de estos alegatos y si se
demuestra que efectivamente los dirigentes sindicales fueron despedidos sin el
correspondiente levantamiento del fuero sindical, tome medidas para el
inmediato reintegro de los mismos. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga
informado al respecto; …”
Finalmente, en el informe 355° del
CLS se mencionó: “En cuanto al literal b) de las recomendaciones, relativo
al despido de 104 trabajadores de ECOPETROL por haber participado en el cese de
actividades, el Comité toma nota con satisfacción del acuerdo celebrado entre la USO y ECOPETROL, comunicado en forma conjunta por las partes, en virtud del cual 17
trabajadores fueron reintegrados, 16 trabajadores fueron vinculados nuevamente
y la empresa contribuirá económicamente con la organización sindical para
brindar apoyo a los trabajadores que no fueron reintegrados o vinculados
nuevamente”, pero incluye unas recomendaciones diferentes a las finales
sobre el tema de los empleados acogidos en el Tribunal de Arbitramento.
La situación particular de cada uno de
los actores, al haber aceptado los acuerdos y los pagos, ya sea de las
indemnizaciones o de las pensiones, consolidaron su posición, más aún cuando no
se iniciaron acciones contra los actos de despido, ni contra los respectivos
acuerdos, ni se realizaron peticiones adicionales al CLS para que se
pronunciara sobre los mismos.
Ya se explicó que la aplicación de dichas
recomendaciones se debe hacer integralmente y respecto de las situaciones que
concretamente hubiere analizado el Comité en el caso 2355; se constató que si
bien se mencionó la situación de los actores, avaló los acuerdos realizados
entre ellos y la empresa, no pudiéndose, so pretexto del derecho a la igualdad,
pedir la aplicación de las recomendaciones a rajatabla, sin atender las
particularidades de cada caso, pues si bien la situación jurídica de base fue
la misma (huelga de 2004), hay connotaciones diferentes a partir de la
actuación de cada quien.
Así se entiende que la situación jurídica
de los accionantes fue avizorada por el CLS, pero sin que se produjeran al
respecto pronunciamientos adicionales a los que ya se reseñaron; en todo caso,
se concluye que respecto de los peticionarios el CLS no especificó reintegro
directo, como han pretendido los interesados.
7.4. El segundo asunto mencionado
en las demandas de tutela presentadas, es el incumplimiento de la obligación
emanada de la recomendación del CLS, respecto de la actualización de la
legislación laboral en torno a la regulación del derecho de huelga en el sector
petrolero.
Como puede constatarse, la Corte se pronunció acerca de tal punto en el precitado fallo T-171 de marzo 14 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio:
“Así entonces, tratándose de la prohibición de la
huelga en el servicio público de las actividades relacionadas con el sector del
petróleo a que se refiere el literal h) del artículo 430 del CST, subrogado por
el Decreto Especial 753 que data del año 1956, corresponde ahora al legislador
en los términos del artículo 56 del Ordenamiento Superior actualizar la
legislación laboral y en especial dicha disposición en conjunción con los
postulados de la Constitución de 1991 y los convenios internacionales del
trabajo que formen parte del bloque de constitucionalidad, de manera que se
establezca en ella la regulación de la huelga en el sector a partir de las
precisiones que correspondan en la definición o no de dichas actividades como
servicio público esencial. Por lo anterior, la Corte exhortará al Congreso de la República en el mismo sentido en que lo ha hecho en varias de sus
sentencias de constitucionalidad[28],
para que en forma inmediata expida dicha regulación acorde con los postulados
constitucionales.” (No
está en negrilla en el texto original.)
En tal medida, esta Sala reiterará lo
indicado en esa ocasión, exhortando por segunda vez al Congreso, para que
contribuya al cumplimiento de las obligaciones que a Colombia le corresponden
internacionalmente.
7.5. Ahora bien, como la citada sentencia
T-171 de 2011 versa sobre el mismo conflicto laboral y declaró como
hecho superado la situación propuesta en esa ocasión, se la quiere tomar como
precedente para los asuntos ahora bajo estudio, corresponde aclarar ciertas
particularidades, así:
En esa ocasión los accionantes y la
empresa ECOPETROL allegaron en sede de revisión, escritos en los cuales
conjuntamente solicitaron a la Corte “no pronunciarse de fondo sobre la Acción de Tutela de la referencia”,
teniendo en cuenta que en aquel asunto “se presenta un hecho superado que
hace innecesaria la revisión de la Sentencia proferida… toda vez que la empresa
en acatamiento del fallo, realizó el reintegro de los accionantes y en la
actualidad se presenta un clima de armonía y concordia laboral”.
La Corte, a pesar de haber realizado el respectivo estudio
sobre la procedencia de la acción y encontrar que la misma no cumplía los
requisitos para avanzar en el estudio constitucional del asunto, consideró “inconveniente
la revocatoria de la sentencia de segunda instancia”, pues sería invalidar
el acuerdo a que llegaron los 50 trabajadores y ECOPETROL; así, “la Sala Quinta de Revisión encuentra evidente que lo solicitado en la tutela ya fue realizado
por Ecopetrol S. A., toda vez que el reintegro de los 50 trabajadores ya se
produjo y en la actualidad se encuentran ‘laborando y aportando al cumplimiento
de los objetivos organizacionales fijados para el 2020’[29]. Explican que el
reintegro ha consolidado la paz laboral ‘(…) y conjuntamente se ha ido
desarrollando un programa y reincorporación de estos trabajadores a la vida
laboral, garantizando que los reintegros no perjudiquen la atmósfera laboral
existente’[30]”.
Sin embargo, en el estudio de los presentes asuntos,
ni ECOPETROL ni los ex trabajadores expusieron haber llegado a un acuerdo; por
el contrario, la empresa accionada ejerció sólidamente su defensa, alegando la
improcedencia de las acciones instauradas e indicando la existencia de cosa
juzgada en razón del Laudo Arbitral emitido en enero 21 de 2005 y no anulado,
que concedió indemnización a los accionantes del expediente T-3195272 (f. 323
cd. inicial respetivo); y de las actas de conciliación vigentes, aprobadas ante
autoridad competente, por medio de las cuales se concedió pensión de jubilación
vitalicia a los actores del expediente T-3197224 (fs. 362 a 365 cd. inicial respectivo), lo cual no fue controvertido durante más de 7 años.
Resáltese que, en esa medida, no puede
aducirse un precedente que no lo es en relación con el despido de trabajadores,
ni que frente a las presentes discrepancias pueda inferirse hecho superado.
7.6. En documento presentado por el apoderado de los
accionantes en febrero 3 de 2012, solicita que se profiera una definición de
hecho superado, en virtud de la sentencia de octubre 27 de 2011 del Consejo de
Estado, ya que ésta generó una nueva situación jurídica para los demandantes,
pues los actos de despido perderían fuerza ejecutoria gracias a la declaración
de nulidad simple de la Resolución N° 01116 de abril 22 de 2004 del Ministerio
de la Protección Social, determinada por la Sección Segunda, Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicha
corporación, pero es claro que tampoco de allí se desprende que el hecho esté
superado en ninguno de los casos que generan las pretensiones de tutela en este
proceso acumulado.
En primer lugar, si bien la fuerza ejecutoria
de los actos de despido pudiera perderse en virtud de lo dispuesto en el
numeral 2° del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, ello no basta
para determinar el reintegro automático por tutela a favor de los actores,
menos aún ante situaciones jurídicas que se consolidaron desde hace más de 7
años respecto de los aquí accionantes. Además, si por la ilegalidad de esos
despidos se pretendía un restablecimiento de los derechos, los actos debieron
atacarse en su momento ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por las
vías idóneas de defensa en búsqueda de las reparaciones a que hubiera lugar.
Aunado a lo anterior, en segundo lugar, es
imperioso advertir que la acción por medio de la cual se declaró la nulidad de
la precitada Resolución, es de simple nulidad. A este respecto, ha de
citarse lo indicado por esta Corte, en sentencia C-426 de mayo 29 de 2002, M. P. Rodrigo Escobar Gil, respecto de los efectos y las pretensiones que se pueden perseguir
por una acción de nulidad simple, en contraposición a una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, así (no está en negrilla en el texto
original):
“Teniendo en cuenta el objeto fundamental y las circunstancias de
orden legal que reglamentan y condicionan su ejercicio, es válido afirmar que
la acción de nulidad presenta las siguientes características: (i) se ejerce
exclusivamente en interés general con el fin de salvaguardar el orden jurídico
abstracto; (ii) por tratarse de una acción pública, la misma puede ser
promovida por cualquier persona; (iii) la ley no le fija término de caducidad
y, por tanto, es posible ejercerla en cualquier tiempo; (iv) procede contra
todos los actos administrativos siempre que, como se dijo, se persiga preservar
la legalidad en abstracto -la defensa de la Constitución, la ley o el reglamento-.
En lo que corresponde a la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, (i) ésta se ejerce no solo para garantizar la legalidad en
abstracto, sino también para obtener el reconocimiento de una situación
jurídica particular y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento
o reparación. (ii) A diferencia de la acción de nulidad, la misma sólo puede
ejercerse por quien demuestre un interés, esto es, por quien se considere
afectado en un derecho suyo amparado por un precepto legal. (iii) Igualmente,
tal y como se deduce de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 136 del
C.C.A, esta acción tiene un término de caducidad de cuatro meses, salvo que la
parte demandante sea una entidad pública, pues en ese caso la caducidad es de
dos años.
Cuando una persona con
interés directo pretenda demandar un acto de contenido particular y concreto,
podrá alternativamente acudir al contencioso de anulación por dos vías
distintas. Invocando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, caso
en el cual lo hace motivada por el interés particular de obtener el
restablecimiento del derecho o la reparación del daño antijurídico como
consecuencia de la declaratoria de la nulidad del acto. En la medida en que
esta acción no se intente o no se ejerza dentro de los cuatro meses de que habla
la ley, quien se considere directamente afectado o un tercero, podrán promover
la acción de simple nulidad en cualquier tiempo, pero única y exclusivamente
para solicitar de la autoridad judicial la nulidad del acto violador, dejando a
un lado la situación jurídica particular que en éste se regula, para entender
que actúan por razones de interés general: la de contribuir a la integridad
del orden jurídico y de garantizar el principio de legalidad frente a los
excesos en que pueda incurrir la Administración en el ejercicio del poder público. En estos casos, la competencia del juez contencioso administrativo se
encuentra limitada por la pretensión de nulidad del actor, de manera que, en
aplicación del principio dispositivo, aquél no podrá adoptar ninguna medida
orientada a la restitución de la situación jurídica particular vulnerada por el
acto.”
En ese entendido, la sentencia del
Consejo de Estado, tal como se extrae de la parte resolutoria de la misma,
implica una nulidad simple de la Resolución del Ministerio de la Protección Social, que excluyó del sistema jurídico la declaratoria de ilegalidad de la
huelga, contribuyendo así al cumplimiento de las obligaciones internacionales
del Estado colombiano; sin embargo, todos aquellos que pretendan alguna
reparación al considerar sus despidos ilegales deben perseguirlo, de ser
posible, por las vías regulares, sin olvidar que las situaciones jurídicas
consolidadas hacen más difícil esa pretensión, respecto de quiénes, por el
contrario, tengan reclamaciones o pleitos pendientes.
Por ende, mal puede pretenderse un
reintegro automático, en virtud de la declaratoria simple de nulidad de la
citada Resolución del Ministerio de la Protección Social.
7.7. Improcedencia de las acciones de
tutela revisadas
7.7.1. En ambos expedientes, observó esta
Sala de Revisión que el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Laboral, y el Juzgado 3° Laboral
de la misma ciudad, valoraron con ostensibles yerros las excepciones que hacen
procedente las acciones de tutela en esta clase de asuntos, cuando ninguna de
ellas se materializaba, realzándose palmariamente la desatención a los
principios de subsidiariedad e inmediatez.
Aunque en algunos casos específicos,
dentro de los cuales se encuentra la protección al fuero sindical, esta Corte
ha permitido el reintegro laboral por vía de tutela, para que ello proceda el interesado
debió accionar en un lapso razonable y demostrar que estaba aforado, no
encontrando efectividad en el proceso común.
En los asuntos bajo análisis, al haber
ocurrido los despidos más de 7 años atrás, no es posible buscar por vía de
tutela el reintegro laboral, menos aún cuando, como se ha explicado
reiteradamente en esta sentencia, los demandantes llegaron a acuerdos con
ECOPETROL, los cuales tampoco fueron impugnados en su debido tiempo ni por las
acciones pertinentes.
Así mismo, tampoco se está frente a
eventuales perjuicios irremediables, pues no fueron explicitadas circunstancias
urgentes o inminentes que debieran ser superadas por vía de tutela y que
tuvieren un nexo causal con los despidos. No se hace referencia, por ejemplo, a
graves estados de salud, o desatención a niños, o ausencia de medios económicos
de subsistencia, que implicaren afectación al mínimo vital; por el contrario,
los ex empleados que percibieron indemnización tuvieron un tiempo extenso para
manifestar su hipotético apremio, y quienes reciben pensión de jubilación
vitalicia, acompañada de los beneficios consecuenciales (por ejemplo,
cubrimiento propio y familiar en salud, educación, etc.), tienen esas
necesidades básicas cubiertas.
Finalmente, se observa que la carga de argumentación
o prueba del quebrantamiento a los derechos y libertades sindicales de los
actores, quedó desvirtuada al explicarse detalladamente que el CLS de la OIT, en su momento avaló los acuerdos a que llegaron los trabajadores y ECOPETROL, que ampara
a los aquí accionantes, situación que no fue rebatida por ninguna de las
partes, reiterándose que las Recomendaciones del CLS, son vinculantes y
exigibles integralmente, de buena fe, para todas las partes.
7.7.2. Atendiendo las particularidades
del asunto T-3195272, cabe indicar:
(i) La situación de Mayra Alejandra Joya
Bueno y de Oscar Manuel Monsalve Jaimes, fue resuelta por el Tribunal de
Arbitramento Voluntario conformado a partir del Acuerdo de mayo 26 de 2004
entre ECOPETROL y los ex empleados, avalado por el CLS de la OIT. Estos ex trabajadores recibieron indemnización, pues tenían contratos a término fijo, la
primera por el período entre mayo 12 y julio 19 de 2004, y el segundo entre
mayo 7 y noviembre 17 de 2004.
(ii) John Harvey Vega Fonnegra fue
despedido por justa causa, por
violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales del trabajador,
causal consagrada en el literal a) del numeral 6° del artículo 7° del Decreto
2351 de 1965, pues “se abstuvo de asistir al programa de capacitación de
refuerzo para la operación del Plan Contingencia Laboral” y fue llamado a
diligencia de descargos, porque se indicó que “como usuario del sistema
SINOPER, y sin permiso alguno ni autorización, borró desde su computador,
aproximadamente ciento cuarenta y seis (146) tiquetes de productos refinados y
de GLP, entregados, recibidos y/o despachados a clientes de ECOPETROL S. A.,
según relación adjunta, descomponiendo así, la base central de datos y la
información operacional registrada los días 23, 24 y 25 de abril de 2004…”
(fs. 374 y 375 ib.).
Si no estuvo de acuerdo con ese despido, pudo
rebatirlo debidamente ante la jurisdicción respectiva, no obrando prueba de que
así hubiere actuado, siendo improcedente la tutela para revivir términos o
suplir acciones que han debido incoarse con anterioridad.
7.7.3. Igualmente, en torno al expediente T-3197224,
obsérvese que ECOPETROL envió, de cada uno de los accionantes, prueba de las
actas de conciliación y los pagos y otros factores cubiertos desde hace 7 años
(carpetas 1 a 8 anexas al expediente), con lo cual se comprobó que todos los
actores son beneficiarios del Acuerdo de mayo 26 de 2004 y del Laudo Arbitral
de enero 21 de 2005, y que han recibido pensiones proporcionales, que oscilan
entre $1.072.621 y $2.425.658.
Con respecto de la alegada vulneración al
derecho a la igualdad, se advierte que si bien la situación de base es la misma
para todos los trabajadores despedidos como consecuencia de la huelga de 2004,
también es cierto que los empleados eligieron tomar caminos diferentes
(conciliación, jurisdicción contenciosa, queja ante el CLS, Tribunales de
Arbitramento, reintegros), por lo mismo, respecto de algunos, como es el caso
de los hoy peticionarios, existe una situación jurídica consolidada, que
difiere de otras.
7.8. Es de constatar, de otra
parte, la incompetencia territorial que desde un principio expusieron
los apoderados de ECOPETROL, para que los procesos no fueran conocidos por el
Juzgado 3° Laboral del Circuito de Cúcuta, despacho que incurrió en
protuberante error, al igual que su respectivo superior[31], al argüir que “desconocer
la naturaleza jurídica de la entidad accionada, que la hace única a nivel país
por su misma organización, y en ese sentido, válidamente se puede considerar
que la vulneración como tal, se hace extensiva a todo el territorio nacional… y
en tal sentido, atendiendo a que cada una de las sedes cumple prácticamente las
mismas funciones en relación con su objeto social, hace posible que la
jurisdicción donde se encuentren ubicadas sea de la misma forma competente para
conocer de las acciones de tutela que se susciten”.
Como se explicó en una
consideración precedente, la definición de la competencia por factor
territorial debe ser respetada, concebida como está en el Decreto 2591 de 1991,
mientras que el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de
los asuntos.
Considera esta Sala que
existió un deplorable desconocimiento de regulaciones claras sobre la
competencia, lo cual hace imperioso recordar que apartarse, con  una motivación vacua y ostensiblemente
acomodaticia de la interpretación sólida de la preceptiva vigente y de expresos
precedentes jurisprudenciales, transgrede la Constitución Política y las normas que la desarrollan, en reprochable actitud que genera
incertidumbre, desigualdad, violación a la seguridad jurídica y recelo contra
un sector de la administración de justicia.
Al analizar la exequibilidad del artículo 413
de la Ley 599 de 2000, que describe la conducta punible de prevaricato por
acción, en sentencia C-335 de abril 16 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, esta corporación explicó:
“Existen
casos en los cuales un servidor público incurre en el delito de prevaricato por
acción, no por desconocer simplemente la jurisprudencia sentada por una Alta
Corte, considerada ésta como una fuente autónoma del derecho, sino porque al
apartarse de aquélla se comete, a su vez, una infracción directa de preceptos
constitucionales o legales o de un acto administrativo de carácter general.
…   …   …
El delito de prevaricato por acción no se comete por
una simple disconformidad que se presente entre una providencia, resolución,
dictamen o concepto y la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes, a menos
que se trate de un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la
jurisprudencia sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de
preceptos constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter
general.”
7.9. En consecuencia, descartándose un
pronunciamiento de nulidad por incompetencia, en acatamiento de los principios
de prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia propios
de la acción de tutela, será revocado el fallo proferido en julio 14 de 2011
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó el adoptado
en mayo 25 del mismo año por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de dicha
ciudad, concediendo la tutela pedida contra ECOPETROL por los señores Oscar
Manuel Monsalve Jaimes y John Harvey Vega Fonnegra y la señora Mayra Alejandra
Joya Bueno, mediante apoderado (expediente T-3195272). En su lugar, será
declarada improcedente la acción de tutela incoada.
Así mismo, será revocado el fallo adoptado en
agosto 9 de 2011 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que
confirmó el proferido en diciembre 15 del 2010 por el Juzgado 3° Laboral del
Circuito de dicha ciudad, concediendo la tutela pedida contra ECOPETROL,
mediante apoderado, por los accionantes Gabriel Alvis Ulloque, Álvaro Gómez Lizarazo, Fernando Tapias Ayala,
Abelardo Gamarra Fonseca, Adalberto Pérez Hernández, Alfonso Rafael Dovale
Flórez, Alfredo Cabarcas Martínez, Alirio Acevedo Rueda, Álvaro Meléndez
Arroyo, Álvaro Remolina Gutiérrez, Álvaro Rueda Duque, Ángel María Rueda
Garzón, Ángela Fiallo Marín, Arnulfo Núñez Herrera, Carlos Arturo Montesinos
Quiñones, Carlos Eduardo Oviedo Barrios, Carmen Elena Mármol Vásquez, Cristóbal
Salas Angulo, Danilo Marín Sánchez Chaparro, Donaldo de Jesús Alvarino Pinto,
Elvia Vesga Rodríguez, Fernando Duarte Franco, Fernando Jiménez Chaparro,
Francisco Antonio Sepúlveda Gamboa, Gabriel Arturo Sepúlveda Cáceres, Gladys
Suárez Vertel, Guillermo de Jesús Duque Pedrozo, Guillermo Eduardo Lastre
Castillo, Guillermo Hernando Medina Bello, Gustavo Martínez Afanador, Héctor
Carrillo Villamizar, Héctor Miguel Mesa Pulido, Heladio de Jesús Rincón Valeta,
Hely Eduardo Estupiñán Angarita, Henry Valero Rincón, Hermes Francisco Montiel
Puche, Hernando Hernández Pardo, Idael Betancourt Parra, Jaime Villadiego
Hernández, José Antonio Meneses Becerra, José Vicente Morales Rojas, Ladislao
Rodríguez Rojas, Ludyz Esther Torres Arias, Luis Alberto Ramos Arenilla, Luis
Alberto Serrano Cifuentes, Luis Carlos Castillo Santos, Luis Carlos Cepeda
Rueda, Luis Carlos Zapata Araque, Luis Ernesto Molina Velázquez, Manuel del
Cristo Pianeta Matute, Manuel Francisco Palomino Martínez, María Luisa Niño de
Prada, Mario García Ochoa, Miguel Antonio Gómez Calderón, Orlando Moreno Páez,
Orlando Robles Álvarez, Oscar Carrillo Gómez, Pablo Ascenio Flórez, Pedro Elías
Herrera Ramírez, Pedro Julián Cote Parra, Pedro Manuel Pacheco Barrios, Rafael
Enrique Torres Noguera, Ramiro Medina, Raúl Alberto Gómez Buitrago, Reynaldo
Rey Coronel, Roberto Guerrero Ramírez, Roberto Plata Dueñas, Rómulo Navarro
García, Salomón Ayala Vásquez, Sergio Díaz Rubio, Víctor Julio Bayona Arévalo,
Víctor Manuel Flórez, Yomber Sierra Ospina, Jairo Alberto Suárez Murcia y José
Ramiro Luna Martínez (expediente T-3197224). En su lugar, será declarada
improcedente la acción de tutela.
7.10. Además, serán compulsadas copias de los
fallos de instancia dictados dentro de los procesos de radicación T-3195272 y
T-3197224 y de esta sentencia, con destino a la señora Fiscal General de la Nación, para que, si encuentra mérito, disponga las investigaciones que conduzcan a
esclarecer si en este asunto pudiere existir la consumación de conductas
punibles, por parte de los servidores judiciales respectivos y de quienes
dolosamente hubieren determinado su comportamiento, o fueren coautores,
cómplices o intervinientes, para lo cual tomará en consideración lo
anteriormente compulsado contra esos mismos despacho judiciales, en
cumplimiento de sentencias anteriores de la Corte Constitucional.
7.11. Por último, como ya se expresó, será
exhortado el Congreso de la República para que en desarrollo del artículo 56 de la Constitución Política expida la ley que conduzca a actualizar la legislación laboral,
particularmente el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del
Trabajo, de manera acorde a los dictados constitucionales y a los convenios
internacionales del trabajo que formen parte del bloque de constitucionalidad,
según ya fue dispuesto en la precitada sentencia T-171 de marzo 14 de 2011.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia de julio 14 de 2011 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó la dictada en mayo 25 del mismo
año por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de dicha ciudad, que concedió la
tutela pedida contra ECOPETROL por los señores Oscar Manuel Monsalve Jaimes y
John Harvey Vega Fonnegra y la señora Mayra Alejandra Joya Bueno, mediante
apoderado (expediente T-3195272). En su lugar, se dispone DECLARAR
IMPROCEDENTE dicha acción.
Segundo.- REVOCAR la sentencia de agosto 9 de 2011 proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, que confirmó la dictada en
diciembre 15 del 2010 por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de dicha ciudad,
que concedió la tutela pedida contra ECOPETROL por los accionantes Gabriel Alvis Ulloque, Álvaro Gómez Lizarazo,
Fernando Tapias Ayala, Abelardo Gamarra Fonseca, Adalberto Pérez Hernández,
Alfonso Rafael Dovale Flórez, Alfredo Cabarcas Martínez, Alirio Acevedo Rueda,
Álvaro Meléndez Arroyo, Álvaro Remolina Gutiérrez, Álvaro Rueda Duque, Ángel
María Rueda Garzón, Ángela Fiallo Marín, Arnulfo Núñez Herrera, Carlos Arturo
Montesinos Quiñones, Carlos Eduardo Oviedo Barrios, Carmen Elena Mármol
Vásquez, Cristóbal Salas Angulo, Danilo Marín Sánchez Chaparro, Donaldo de
Jesús Alvarino Pinto, Elvia Vesga Rodríguez, Fernando Duarte Franco, Fernando
Jiménez Chaparro, Francisco Antonio Sepúlveda Gamboa, Gabriel Arturo Sepúlveda
Cáceres, Gladys Suárez Vertel, Guillermo de Jesús Duque Pedrozo, Guillermo
Eduardo Lastre Castillo, Guillermo Hernando Medina Bello, Gustavo Martínez
Afanador, Héctor Carrillo Villamizar, Héctor Miguel Mesa Pulido, Heladio de
Jesús Rincón Valeta, Hely Eduardo Estupiñán Angarita, Henry Valero Rincón, Hermes
Francisco Montiel Puche, Hernando Hernández Pardo, Idael Betancourt Parra,
Jaime Villadiego Hernández, José Antonio Meneses Becerra, José Vicente Morales
Rojas, Ladislao Rodríguez Rojas, Ludyz Esther Torres Arias, Luis Alberto Ramos
Arenilla, Luis Alberto Serrano Cifuentes, Luis Carlos Castillo Santos, Luis
Carlos Cepeda Rueda, Luis Carlos Zapata Araque, Luis Ernesto Molina Velázquez,
Manuel del Cristo Pianeta Matute, Manuel Francisco Palomino Martínez, María
Luisa Niño de Prada, Mario García Ochoa, Miguel Antonio Gómez Calderón, Orlando
Moreno Páez, Orlando Robles Álvarez, Oscar Carrillo Gómez, Pablo Ascenio
Flórez, Pedro Elías Herrera Ramírez, Pedro Julián Cote Parra, Pedro Manuel
Pacheco Barrios, Rafael Enrique Torres Noguera, Ramiro Medina, Raúl Alberto
Gómez Buitrago, Reynaldo Rey Coronel, Roberto Guerrero Ramírez, Roberto Plata
Dueñas, Rómulo Navarro García, Salomón Ayala Vásquez, Sergio Díaz Rubio, Víctor
Julio Bayona Arévalo, Víctor Manuel Flórez, Yomber Sierra Ospina, Jairo Alberto
Suárez Murcia, José Ramiro Luna Martínez, mediante apoderado (expediente
T-3197224). En su lugar, se dispone DECLARAR IMPROCEDENTE dicha
acción.
Tercero.- COMPULSAR COPIAS de los fallos de instancia dictados dentro de
los procesos de radicación T-3195272 y T-3197224 y de esta
sentencia, con destino a la señora Fiscal General de la Nación, para que, si encuentra mérito, disponga las investigaciones que conduzcan a
esclarecer si en este asunto pudiere existir la consumación de conductas
punibles, por parte de los servidores judiciales respectivos y de quienes
dolosamente hubieren determinado su comportamiento, o fueren coautores,
cómplices o intervinientes para lo cual tomará en consideración lo
anteriormente compulsado contra esos mismos despacho judiciales, en
cumplimiento de sentencias anteriores de la Corte Constitucional.
Cuarto.- EXHORTAR al Congreso
de la República para que en desarrollo del artículo 56 de la Constitución Política expida la ley que conduzca a actualizar la legislación laboral,
particularmente el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del
Trabajo, de manera acorde a los dictados constitucionales y a los convenios
internacionales del trabajo que formen parte del bloque de constitucionalidad,
según ya fue dispuesto en la sentencia T-171 de marzo 14 de 2011 de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional.
Cópiese, notifíquese, comuníquese
y cúmplase.
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
Con aclaración
de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
A LA SENTENCIA T-087/12
Referencia: expedientes T-3195272 y T-3197224.
Acción de tutela instaurada por Oscar Manuel Monsalve Jaimes y otros,
Gabriel Alvis Ulloque y otros en contra de ECOPETROL.
Magistrado Ponente:
Nilson Pinilla
Pinilla
Con
el respeto acostumbrado haré una relación sucinta de las particularidades del
caso y de la sentencia en cuestión para, de manera subsiguiente, referir las
razones que justifican la suscripción de un salvamento de voto en relación con
la sentencia precitada.
i)
Contenido de la sentencia.
Todos los accionantes eran trabajadores de la empresa accionada,
vinculados al sindicato de la USO, que resultaron despedidos por haber
participado en una huelga declarada ilegal por el Ministerio de la Protección Social mediante resolución N° 01116 de 2004.  Ellos, entre otros varios
trabajadores, fueron disciplinados debido a su participación en la huelga, con
base en las normas contenidas en la convención colectiva vigente para el
momento, mas no en atención a las normas del Código Disciplinario Único.
A fin de resolver el conflicto, ECOPETROL, el Gobierno Nacional y la Unión Sindical Obrera llegaron en mayo de 2004 al “acuerdo trabajadores despedidos del conflicto
colectivo de trabajo 2002-2004”, en virtud del cual se determinó la
conformación de un Tribunal de Arbitramento. Así, mediante laudo arbitral
proferido en enero de 2005, el Tribunal dispuso: i) el otorgamiento de las respectivas
indemnizaciones a favor de determinados trabajadores, entre ellos dos de los
accionantes, debido a que su vinculación se había dado mediante contrato a
término fijo; ii) el reintegro de otros varios, a fin de que se les aplicara el
Código Disciplinario Único, a consecuencia de lo cual, luego más de la mitad
fueron destituidos e inhabilitados; y iii) la suscripción de actas de
conciliación por parte de otros empleados, en virtud de las cuales les fueron
reconocidas pensiones proporcionales
Dadas las anteriores determinaciones, el Comité de Libertad Sindical de
la OIT realizó una primera recomendación a la empresa accionada, por medio del
informe 337 de junio de 2005, mediante el cual se sostuvo que: “teniendo en
cuenta que las sanciones de despidos aplicadas a los trabajadores tienen como
origen una legislación que plantea problemas de conformidad con los principios
de libertad sindical –debido a que se tiene como servicio esencial el prestado
por ECOPETROL-…y se examine la situación de los trabajadores despedidos.”[32] Dicha
recomendación fue reiterada mediante cuatro informes más, igualmente firmados
por el Consejo de Administración de la OIT, por ende vinculantes.
Con base en ese panorama fáctico, los accionantes pretendían: i) el
reintegro y el pago de las prestaciones dejadas de percibir después del
despido; ii) que se  “dejar[an] sin efectos los fallos disciplinarios
producidos por ECOPETROL y  la Procuraduría”; iii) que se “dejar[an] sin
efecto las actas de conciliación que reconocen derecho de seguridad social”; y
iv) el reajuste de las pensiones reconocidas a consecuencia del laudo arbitral,
“en el entendido de que operó el reintegro automático, sin solución de
continuidad.”[33]
Así las cosas, el problema jurídico fue formulado en los siguientes
términos: “(…) ECOPETROL vulneró los derechos fundamentales a la vida, la
familia, la igualdad, la libertad de asociación, la organización sindical, la
estabilidad en el empleo (…) de los peticionarios, al no reintegrarlos a sus
puestos de trabajo, presuntamente incumpliendo las Recomendaciones que el
Comité de Libertad Sindical de la OIT emitió en el caso 2355.”[34]
A fin de resolver el asunto de la referencia, en la sentencia se
hicieron consideraciones en relación con los siguientes puntos: i) el carácter
vinculante de las recomendaciones del CLS, ii) la procedencia de la acción de
tutela para obtener el pago de derechos laborales litigiosos, iii) el requisito
de inmediatez y iv) el factor de competencia territorial de los jueces de
tutela.
En últimas, se resolvió declarar improcedentes las tutelas impetradas
debido a la inobservancia de los criterios de inmediatez y subsidiariedad. Y se
resolvió, además, compulsar copias de los fallos de instancia a la Fiscalía General de la Nación debido a que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta
y el Tribunal de Cúcuta decidieron atender los asuntos de la referencia, no
obstante carecer de competencia territorial.
ii)
Interpretación errónea de
las recomendaciones dispuestas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT
Si
bien comparto la decisión adoptada por la Sala, me aparto de lo afirmado en cuanto al alcance de las observaciones dadas por el Comité de Libertad Sindical
en relación con los casos referenciados, cuyos apartes principales fueron
transcritos en la sentencia en los siguientes términos:
“7.3. Se pasará entonces a analizar los
informes del CLS de la OIT y sus respectivas recomendaciones, respecto de lo
alegado por la parte actora.
En el informe 337°, “el Comité
toma nota de que las organizaciones querellantes y el Gobierno informan que el
26 de mayo de 2004 se llegó a un acuerdo para levantar la huelga, y que en el
acta que se suscribió las partes acordaron: a) el cese de la suspensión
colectiva de trabajo y la reanudación de las labores; b) el cese por parte de
la empresa de la terminación de contratos de trabajo por justa causa y su
compromiso a dejar sin efecto las acciones administrativas de carácter laboral
que se hubieren iniciado y que no se hubieren notificado; y c) llevar a un
tribunal de arbitramento voluntario la situación de los 248 trabajadores
despedidos. El Comité toma nota de que el 21 de enero de 2005 el Tribunal de
Arbitramento constituido a tal efecto ordenó el reintegro pleno de dos de
los trabajadores, la terminación de contratos sin reintegro y sin
reconocimiento de indemnización de 33 trabajadores, el reintegro a fin de
aplicar el Código Disciplinario Único de 104 trabajadores y el pago de una
indemnización a 22 trabajadores (el resto de los trabajadores se acogió a la
pensión). En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que vele por el
cumplimiento de lo acordado el 26 de mayo de 2004, en particular en lo que
respecta al compromiso de la empresa ECOPETROL de dejar sin efecto las acciones
administrativas de carácter laboral contra los trabajadores que no se hubiesen
notificado. Asimismo, teniendo en cuenta que las sanciones de despido
aplicadas a los trabajadores tienen como origen una legislación que plantea
problemas de conformidad con los principios de la libertad sindical, el Comité
pide al Gobierno que tome medidas para que cuando — después del reintegro según
el fallo del Tribunal de Arbitramento Voluntario — se reexamine la situación de
los trabajadores despedidos, se tengan en cuenta los principios mencionados en
el presente caso y que no se le sancione por el sólo hecho de haber participado
en la huelga.” (subrayas por fuera del texto original)
(…)
Así, en el informe 343° del CLS la
recomendación respectiva fue:
“d) el Comité urge al Gobierno a que
tome medidas para que cesen los despidos de los 104 trabajadores que fueron
reintegrados en cumplimiento del fallo del Tribunal de Arbitramento Voluntario,
en el seno de la empresa ECOPETROL, S.A. como consecuencia de la huelga de 22
de abril de 2004 y que deje sin efecto los 11 despidos que ya han sido
pronunciados. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado al respecto;…” (subrayas por fuera del texto original)
(…)
En el párrafo 307 del siguiente informe (348°),
el Comité concluyó (no está en  negrilla en el texto original): (…) “c) el
Comité urge al Gobierno a que tome medidas para que cesen los despidos de los
104 trabajadores que fueron reintegrados en cumplimiento del fallo del Tribunal
de Arbitramento Voluntario, en el seno de la empresa ECOPETROL S. A. como
consecuencia de la huelga de 22 de abril de 2004 y que deje sin efecto los 37
despidos  e inhabilidades para ejercer cargos públicos que ya han sido
pronunciados y que no se proceda a los 45 despidos que ya han sido decididos.
(…)
En informe posterior (351°) están
las recomendaciones que la actual parte actora cita fuera de contexto, sobre el
reintegro de los dirigentes sindicales de SINCOPETROL. El tenor literal es el
siguiente, en lo pertinente:
“b) el Comité urge una vez más al
Gobierno a que tome medidas para que cesen los efectos de la decisión de
despedir a los 104 trabajadores de ECOPETROL en virtud de su participación en
la huelga de 2004 y que lo mantenga informado sobre el resultado final de la
tutela incoada ante el Consejo de la Judicatura (…)”
A pesar de lo cual la Sala Sexta de Revisión interpretó que el Comité de Libertad Sindical no había hecho una
exhortación aplicable a la generalidad de los actores, desvinculados con motivo
de su participación en la huelga que tuvo lugar en 2004. Por el contrario se sostuvo:
“ya se explicó que la aplicación de dichas recomendaciones se debe hacer
integralmente y respecto de las situaciones que concretamente hubiere analizado
el Comité en el caso 2355; se constató que si bien se mencionó la situación de
los actores, avaló los acuerdos realizados entre ellos y la empresa, no
pudiéndose, so pretexto del derecho a la igualdad, pedir la aplicación de las
recomendaciones a rajatabla, sin atender las particularidades de cada caso,
pues si bien la situación jurídica de base fue la misma (huelga de 2004), hay
connotaciones diferentes a partir de la actuación de cada quien.”[35] (negrillas
por fuera del texto original)
Lo anterior resultó desacertado, debido a
que de acuerdo con los hechos descritos en la sentencia, todos los demandantes,
salvo uno en particular, fueron desvinculados a consecuencia de su
participación en la referida huelga[36];
en razón de lo cual se entenderían cobijados por las observaciones previstas
por el Comité en los diferentes informes suscritos respecto del caso 2355. En
sí, el Comité se oponía al sentido de ilegalidad atribuido a la huelga
promovida por los trabajadores de la USO, en el año 2004, y dado que
prácticamente todos los accionantes fueron despedidos debido a su intervención
en la misma, podían haberse beneficiado de las citadas recomendaciones.
De todas formas, la tutela no era el
mecanismo procedente para resolver tales conflictos, que tuvieron ocurrencia
bastante tiempo antes de la interposición del amparo y cuya definición es
materia que compete a la jurisdicción laboral ordinaria, de conformidad con el
artículo 2° del Código Procesal del Trabajo; razón por la cual comparto la
declaración de improcedencia, aunque aclaro mi voto.
Fecha
ut supra.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
[1] El artículo 56 de la Constitución Política dispone: “Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios
públicos esenciales definidos por el legislador.// La ley reglamentará este
derecho. …”
[2] El artículo 430 literal h) CST dispone: “Prohibición de huelga en los servicios públicos. De
conformidad con la Constitución… está prohibida la huelga en los servicios
públicos. // Para este efecto se considera como servicio público, toda
actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en
forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que
se realice por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas. //
Constituyen, por tanto, servicio público, entre otras, las siguientes
actividades: //… h) Las de explotación, refinación, transporte y distribución
de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal
de combustibles del país, a juicio del gobierno.…”
[3] “1. Cuál fue el número y la relación de
los trabajadores que fueron despedidos con ocasión de la huelga realizada el 22
de abril de 2004 en las dependencias de Barrancabermeja.
2. Cuál fue la razón de su despido….
3. Qué trabajadores de los que fueron
despedidos en la huelga, ya han sido reintegrados y cuál fue la razón y el
mecanismo llevado a cabo para su reintegro.
4. Qué recomendaciones ha impartido la Organización Internacional del Trabajo a esa entidad para que se dispusiera el reintegro de
trabajadores…
5. Qué trabajadores de los despedidos y en
especial los señores accionantes Oscar Manuel Monsalve…Mayra Alejandra Joya…
John Harvey Vega…,  tenían fuero sindical para la época en que se dispuso su
despido.”
[4]
Ayala Corao, Carlos. “La jerarquía constitucional de los tratados relativos
a los derechos humanos y sus consecuencias”, en “Derecho Internacional
de los Derechos Humanos”. Ediciones Instituto de Investigaciones Jurídicas
UNAM. México, 2002, págs. 37 a 90.
[5]
Ídem.
[6]
Ídem.
[7]
Ídem.
[8]
Artículo 2 de la Constitución de la OIT.
[9] Ver en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-supervisory-system-mechanism/lang--es/index.htm.
[10]
Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948, ratificado por Colombia
en noviembre 16 de 1976 (Ley 26 de dicho año).
[11]
Convenio sobre el Derecho de
Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949, ratificado por Colombia también en
noviembre 16 de 1976 (Ley 27 de dicho año).
[12]
El principio de buena fe en el derecho internacional, presupone que los Estados
que ratifican algún tratado internacional, lo cumplirán.
[13]
“Cfr. Supra 29.”
[14]
“En algunas ocasiones, cuando es necesario aclarar los hechos o investigar el
manejo de las normas internas de un Estado, se pasan los casos a las Comisiones
de Encuesta que se crean para este efecto.”
[15]
“309° Informe del Comité de Libertad Sindical. Oficina Internacional del
Trabajo, BOLETIN OFICIAL. Vol. LXXXI, 1998, Serie B, núm. 1.”
[16]
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, marzo 9 de 2000, C. P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, radicado 1.251.
[17]  Cfr. entre otras, T-441 de mayo 29 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, y T-742 de septiembre 12 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
[18]
Cfr. SU-622 de junio 14 de 2001, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[19]
T-304 de abril 28 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo.
[20]
Explicados en la sentencia T-1033 de diciembre 14 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[21]
“Sentencia T-1121 de 2003.”
[22] “Sentencia
T-605 de 1995.”
[23]
T-1033 de 2010 precitada.
[24] Cfr. C-543 de octubre 1° de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[25]
Cfr. T-279 de abril 19 y T-782 de septiembre 30, ambas de 2010 y M. P. Humberto
Antonio Sierra Porto; y T-675 agosto 31 de 2010, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26]
“Autos 125 de 2009, 095 de 2006 y
025 de 1997, entre muchos otros.”
[27]
“Ibídem.”
[28] “Así, en la sentencia C-474 de 1994, ya
citada, esta Corporación resolvió exhortar al Congreso para que expidiera una
regulación de la huelga en los servicios públicos especiales, como una medida
de protección del derecho de los trabajadores, al considerar que: “(…) no puede
esta Corporación ignorar que la falta de una regulación de la huelga acorde con
la Constitución puede ser un motivo de conflictividad social, puesto que, con
razón señala la vista fiscal que "el imperativo constitucional de ampliar
el derecho de huelga, a través de restringir el viejo concepto de servicio
público al de servicio público esencial, está llamado antes que nada a
favorecer la ampliación de la democracia económica y social de que habla la Constitución -y aun de la política-, mediante la reinstitucionalización del movimiento
sindical y huelguístico”.” Por su parte, en la sentencia C-075 de 1997, la Corte se abstuvo de analizar desde el punto de vista material si las actividades de las
plantas de leche, plazas de mercado y mataderos, junto con sus organismos de
distribución, eran servicios públicos esenciales. En cambio, optó por declarar
la inexequibilidad de la norma que prohibía la huelga en estos eventos, por
cuanto el Legislador, a pesar de los años transcurridos desde la expedición de la Constitución de 1991, todavía no había definido formalmente cuáles eran los servicios
públicos esenciales. Además, en esa ocasión la Corte reiteró su llamamiento al Congreso de la República para que reglamente el artículo 56 de la Constitución y determine en qué actividades no rige el derecho de huelga, por tratarse de
servicios  públicos esenciales. Más recientemente, en la Sentencia C-691 de 2008, la Corte al evidenciar también que el legislador no ha cumplido con
el mandato contenido en el artículo 56 Superior, después de la Constitución de 1991, exhortó ‘respetuosamente al Congreso para que lo desarrolle’.”
[29]
“Ver folio 4 del cuaderno 3.”
[30]
“Ver folio 4 del cuaderno 3.”
[31]
Es de destacar que el Magistrado Antonio José Acevedo Gómez salvó voto,
sustentando, sin ser atendido por sus colegas Félix María Galvis Ramírez
(ponente) y Fernando Castañeda Cantillo, la falta de competencia y la
improcedencia de la acción, que en esta sentencia reafirma la Corte Constitucional.
[32]
Página 4 de la sentencia.
[33]
Página 8 de la sentencia.
[34]
Página 18 de la sentencia.
[35]
Páginas 31 y 32 de la sentencia.
[36]
De acuerdo con el fundamento jurídico 7.7.2 de la sentencia: “(ii) John Harvey Vega Fonnegra fue despedido por justa causa,
por violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales del
trabajador, causal consagrada en el literal a) del numeral 6° del artículo 7°
del Decreto 2351 de 1965, pues “se abstuvo de asistir al programa de
capacitación de refuerzo para la operación del Plan Contingencia Laboral” y fue
llamado a diligencia de descargos, porque se indicó que “como usuario del
sistema SINOPER, y sin permiso alguno ni autorización, borró desde su
computador, aproximadamente ciento cuarenta y seis (146) tiquetes de productos
refinados y de GLP, entregados, recibidos y/o despachados a clientes de
ECOPETROL S. A., según relación adjunta, descomponiendo así, la base central de
datos y la información operacional registrada los días 23, 24 y 25 de abril de
2004…”