T-658-14
Sentencia T-658/14
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Subsidiariedad
e inmediatez como requisitos genéricos de procedencia
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DEFECTO
SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRONEA O IRRAZONABLE DE LA NORMA-Hipótesis en las
cuales puede incurrir la autoridad judicial
ACCION DE TUTELA
CONTRA INTERPRETACIONES JUDICIALES-Procedencia excepcional
La jurisprudencia constitucional ha
señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencias cuando se reprochan
interpretaciones judiciales, a saber: (i) el juez constitucional no
puede suplantar al juez ordinario; (ii) el juez de conocimiento tiene
amplia libertad interpretativa en materia de valoración probatoria conforme al
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy artículo 176 del Código
General del Proceso, y en el análisis y determinación de los efectos de las
disposiciones normativas aplicables al caso concreto; (iii) la
discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la arbitrariedad judicial
y, (iv) las interpretaciones razonables y proporcionadas del juez de
conocimiento deben primar sobre las que consideraría viables el juez de tutela.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no vulneración al
debido proceso dentro proceso ordinario laboral, por cuanto la interpretación
discutida obedece a argumentos razonables
Referencia: expedientes
T-4330329,              T-4330400,
T-4330436 y T-4338102
Acciones
de tutela presentadas por Termotasajero SA ESP, contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y otros despachos judiciales
Magistrada
Ponente:
MARÍA
VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C.,
cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014)
La Sala Primera
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada María
Victoria Calle Correa y los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis
Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de
revisión de los fallos proferidos en el expediente T-4330329, en primera
instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el dos
(2) de octubre de dos mil trece (2013) y, en segunda instancia, por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia, el veinte (20) de marzo de dos mil catorce
(2014), dentro del proceso de tutela iniciado por Termotasajero SA ESP, contra
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta. En el expediente T-4330400,
los fallos proferidos, en primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, el cuatro (4) de octubre de dos mil trece (2013)
y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, el veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014), dentro del proceso
de tutela iniciado por Termotasajero SA ESP, contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del
Circuito de Cúcuta. En el expediente T-4330436, los fallos proferidos, en
primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013) y, en segunda
instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
veinticinco (25) de marzo de dos mil catorce (2014), dentro del proceso de
tutela iniciado por Termotasajero SA ESP, contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito
de Cúcuta. Y en el expediente T-4338102, los fallos proferidos, en
primera instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, el cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013) y, en segunda
instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
primero (01) de abril de dos mil catorce (2014), dentro de los procesos de
tutela iniciados por Termotasajero SA ESP, contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Cúcuta.
Los procesos de
la referencia fueron seleccionados para revisión y acumulados por la Sala de
Selección de Tutelas Número Cinco, mediante auto proferido el quince (15) de mayo
de dos mil catorce (2014), por presentar unidad de materia.
I.
ANTECEDENTES
Expediente T-4330329
1.
Demanda y solicitud
José Miguel
Arango Isaza, en su condición de apoderado especial de la Sociedad
Termotasajero SA ESP (en adelante Termotasajero), interpuso acción de tutela
contra la Sala laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Cúcuta, solicitando el amparo de los derechos
fundamentales de su representada al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados por los despachos
judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario laboral[1] adelantado
por el señor Jairo Alonso Figueroa Gómez en contra de Termotasajero SA ESP. En
consecuencia, peticionó que se deje sin efecto la sentencia del diecinueve (19)
de diciembre de dos mil once (2011), por interpretar en forma ilegal la
convención colectiva de trabajo, al dar al artículo 478 del Código Sustantivo
del Trabajo un alcance que no tiene y desconocer la jurisprudencia sostenida en
forma pacífica por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia; además, por
no resolver la excepción previa de pleito pendiente que en su momento fuera
interpuesta por la demandada dentro de la oportunidad procesal. En su defecto,
solicita se ordene “rehacer el trámite a partir del momento en que se
vulneró el derecho al debido proceso, esto es, […] desde cuando se abstuvieron
de resolver acerca de la excepción propuesta (hoy cosa juzgada)” y que se
ordene dar respuesta a dicha excepción[2].
El apoderado judicial de la accionante
fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:
1.1. El señor Jairo Alonso Figueroa
Gómez[3]
interpuso demanda ordinaria laboral contra Termotasajero,
solicitando el reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de
trabajo en su condición de personal de planta, como son los reajustes a los
salarios fijados por el ordenamiento legal y/o convencional[4], desde el 1
de marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la sentencia proferida
por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá del treinta y uno
(31) de mayo de dos mil siete (2007)[5].
1.2. Señaló que mediante sentencia del
quince (15) de abril de dos mil once (2011), el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Cúcuta absolvió a la Empresa y declaró que no había lugar a
pronunciarse acerca de las excepciones propuestas por el apoderado de la
demandada, entre ellas, la excepción previa de pleito pendiente[6].
1.3. Planteó que apelada la anterior
decisión por parte de Jairo Alonso Figueroa Gómez, mediante providencia del
diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011), la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta decidió revocar la sentencia del Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Cúcuta, disponiendo, en su lugar, el reconocimiento y
pago de los incrementos dando cumplimiento a lo acordado en la convención
colectiva, sin que se resolviera nada acerca de la excepción previa de pleito
pendiente[7].
Precisó que si bien la Empresa interpuso recurso de casación contra la
sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, el mismo fue
negado por auto del dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012)[8].
1.4. En este marco, interpuso acción de
tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, bajo las siguiente consideraciones: (i)
desconocimiento de los artículos 29 y 230 de la Constitución Política; (ii)
existencia de vía de hecho derivada de la indebida interpretación del artículo
20 de la convención colectiva de trabajo, dado que la misma ya no se encontraba
vigente[9],
y (iii) existencia de vía de hecho derivada de la no resolución de la
excepción previa de pleito pendiente que fuera interpuesta por Termotasajero
dentro de la oportunidad procesal[10].
2. Respuesta de
los despachos accionados
Mediante auto del veintiséis (26) de
septiembre de dos mil trece (2013) la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las
autoridades accionadas e informar a los demás intervinientes en el proceso
ordinario laboral, incluyendo al señor Jairo Alonso Figueroa Gómez, con el fin
de que ejercieran su derecho de defensa[11].
Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento.
3. Decisión del
juez de tutela de primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del dos (2) de octubre de dos mil trece
(2013)[12],
tuteló el derecho fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al
Tribunal Superior de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones
adelantadas dentro del proceso ordinario instaurado por [Jairo Alonso Figueroa
Gómez][13]
a partir de la sentencia del [19] de diciembre de 2011, que ordenó el
reconocimiento y pago de los incrementos solicitados por el demandante, toda
vez que se dio un alcance que no tenía a la convención colectiva de trabajo,
incurriendo así en violación al debido proceso”[14].
4. Impugnación
El señor Jairo Alonso Figueroa Gómez, interviniente
con interés dentro del trámite de tutela, impugnó la decisión de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del dos (2) de octubre de dos
mil trece (2013)[15].
5. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil
catorce (2014)[16],
confirmó el fallo recurrido, al considerar que el Tribunal Superior de Cúcuta
con la decisión emitida el diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011),
vulneró el debido proceso reclamado por Termotasajero, “al darle al artículo
20 de la convención colectiva un alcance que en realidad no tenía, lo cual
condujo a ordenar y reconocer los incrementos deprecados dentro del proceso
ordinario laboral promovido por Jairo Alonso Figueroa Gómez, cuando del
articulado se infiere que los incentivos económicos fueron pactados únicamente
para los años 2000 y 2001”.[17]
Expediente T-4330400
1.
Demanda y solicitud
José Miguel
Arango Isaza, en su condición de apoderado especial de Termotasajero, interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y el
Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario laboral[18] adelantado
por la señora Nancy Yaneth Jaimes Rivera en contra de Termotasajero SA ESP[19].
El apoderado judicial de la accionante
fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:
1.1. La señora Nancy Yaneth Jaimes
Rivera[20]
interpuso demanda ordinaria laboral contra Termotasajero,
solicitando el reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de
trabajo en su condición de personal de planta, como son los reajustes a los
salarios fijados por el ordenamiento legal y/o convencional, desde el 1 de
marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la sentencia proferida
por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá del treinta y uno
(31) de mayo de dos mil siete (2007).[21]
1.2. Señaló que el proceso le
correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta.  Además, que
mediante sentencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012), el
Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción y condenó a la sociedad demandada a
reconocer y pagar las sumas pretendidas, salvo aquellas que fueran anteriores
al treinta (30) de enero de dos mil cuatro (2004), sobre las cuales ya habría
operado el fenómeno de la prescripción. En relación con la excepción de pleito
pendiente alegada por la demandada, negó su prosperidad al considerar que “[…]
las pretensiones del proceso que cursó en el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Bogotá, estaban amparadas en el Acuerdo Marco Intersectorial, en
tanto que las pretensiones del presente proceso, tiene[n] su fundamento en el
artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo…”.[22]
1.3. Planteó que apelada la anterior
decisión, mediante providencia del veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012),
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta adicionó el fallo proferido por
el juez de primera instancia, disponiendo que Termotasajero “reconozca y
pague a la señora [Nancy Yaneth] las diferencias originadas en los reajustes
que le corresponden […] por concepto de salarios (30 días y día 31) y horas
extras laboradas en jornada diurna, nocturna, días festivos, dominicales y el
recargo por trabajo en días domingos, […], que estos y los demás conceptos
especificados en dicho ordinal deberán ser indexados para el momento de su pago…”[23]. Precisó que
si bien la Empresa interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, el mismo fue negado por auto del trece
(13) de agosto de dos mil doce (2012).[24]
1.4. En este marco, interpuso acción de
tutela contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de
Descongestión del Circuito de Cúcuta, bajo las mismas consideraciones que
fueron planteadas en el acápite correspondiente al expediente T-4330329
(numeral 1.4.). Pero, en lo que hace referencia a la excepción previa de pleito
pendiente propuesta por Termotasajero en el proceso ordinario laboral
adelantado por Nancy Yaneth, planteó que el reclamo se debe no a su falta de
decisión sino a que se le dio “un trámite contrario a la ley, y al no
declararla no obstante estar acreditados los requisitos para ello”.[25]
2. Respuesta de
los despachos accionados
Mediante auto del veinticinco (25) de noviembre
de dos mil trece (2013) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia admitió la acción de tutela, y corrió traslado a los despachos
accionados y ordenó informar a la señora Nancy Yaneth Jaimes Rivera acerca del
amparo interpuesto, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa[26]. Sin
embargo, no hubo ningún pronunciamiento.
3. Decisión del
juez de tutela de primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil
trece (2013)[27],
tuteló el derecho fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al
Tribunal Superior de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones
adelantadas dentro del proceso ordinario instaurado por Nancy Yaneth Jaimes
Rivera, a partir de la sentencia del 22 de junio de 2012, que adicionó la
sentencia proferida por el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del
Circuito de Cúcuta y confirmó en lo demás la sentencia impugnada y rehaga la
actuación de conformidad con los lineamientos […] señalados, toda vez que se
dio un alcance que no tenía a la convención colectiva de trabajo, incurriendo
así en violación al debido proceso”.[28]
4. Impugnación
La señora Nancy Yaneth Jaimes Rivera,
interviniente con interés dentro del trámite de tutela, impugnó la decisión de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del cuatro (4) de
diciembre de dos mil trece (2013).[29]
5. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil
catorce (2014)[30],
confirmó el fallo recurrido, al considerar que “la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cúcuta le otorgó un alcance equívoco al artículo 20 de la Convención
Colectiva, lo cual generó el reconocimiento de las pretensiones reclamadas por
Nancy Yaneth Jaimes Rivera, desconociendo que los aumentos salariales a que se
hacía estaban determinados para los años 2000 y 2001, y no hasta el año 2007
como lo entiende la demandante”.[31]
Expediente T-4330436
1.
Demanda y solicitud
José Miguel
Arango Isaza, en su condición de apoderado especial de Termotasajero, interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y el
Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario
laboral[32]
adelantado por el señor Inocencio Cogollos Zárate en contra de Termotasajero[33].
El apoderado judicial de la accionante
fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:
1.1. El señor Inocencio Cogollos Zárate[34] interpuso
demanda ordinaria laboral contra Termotasajero, solicitando el
reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de trabajo en su
condición de personal de planta, como son los reajustes a los salarios fijados
por el ordenamiento legal y/o convencional, desde el 1 de marzo de 2002 hasta
el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá del treinta y uno (31) de mayo de
dos mil siete (2007)[35].
1.2. Señaló que el proceso le
correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta.  Además, que
mediante sentencia del trece (13) de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado
Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción y condenó a la sociedad demandada a
reconocer y pagar las sumas pretendidas, salvo aquellas que fueran anteriores
al 30 de enero de 2004, sobre las cuales ya habría operado el fenómeno de la
prescripción.  Además, declaró no probada la excepción de pleito pendiente
alegada por la demandada[36].
1.3. Planteó que apelada la anterior
decisión, mediante providencia del primero (01) de junio de dos mil doce
(2012), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta adicionó el fallo
proferido por el juez de primera instancia, disponiendo que Termotasajero “reconozca
y pague al señor [Inocencio Cogollo Zárate] las diferencias originadas en los
reajustes que le corresponden […] por concepto de salarios (30 días y día 31) y
horas extras laboradas en jornada diurna, nocturna, días festivos, dominicales
y el recargo por trabajo en días domingos, […], que estos y los demás conceptos
especificados en dicho ordinal deberán ser indexados para el momento de su pago…”[37]. Precisó que
si bien interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Cúcuta, el mismo fue negado por auto del seis (6) de diciembre
de dos mil doce (2012)[38].
1.4. En este marco, interpuso acción de
tutela contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de
Descongestión del Circuito de Cúcuta, bajo las mismas consideraciones que
fueron planteadas en el acápite correspondiente al expediente T-4330329
(numeral 1.4.). Pero, en lo que hace referencia a la excepción previa de pleito
pendiente propuesta por Termotasajero en el proceso ordinario laboral
adelantado por el señor Cogollos Zárate, señaló que el reclamo se debe no a su
falta de decisión sino a que se le dio “un trámite contrario a la ley, y al
no declararla no obstante estar acreditados los requisitos para ello”[39].
2. Respuesta de
los despachos accionados
Mediante auto del veintisiete (27) de
noviembre de dos mil trece (2013) la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia admitió la acción de tutela, y corrió traslado a los
despachos accionados con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y vinculó
a la actuación a los intervinientes dentro del proceso controvertido, por tener
interés en la acción constitucional, entre ellos, el señor Inocencio Cogollos
Zárate[40].
Sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento.
3. Decisión del
juez de tutela de primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil
trece (2013)[41],
tuteló el derecho fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al
Tribunal Superior de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones
adelantadas dentro del proceso ordinario instaurado por Inocencio Cogollos
Zárate […], a partir de la providencia del 1° de junio de 2012, que adicionó y
dispuso el reconocimiento y pago de los incrementos solicitados…”.[42]
4. Impugnación
El señor Inocencio Cogollos Zárate,
interviniente con interés dentro del trámite de tutela, impugnó la decisión de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del cuatro (4) de
diciembre de dos mil trece (2013).[43]
5. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del veinticinco (25) de marzo de dos mil
catorce (2014)[44],
confirmó el fallo impugnado, al considerar que “no era dable del juez
ordinario laboral en segunda instancia haber concedido las pretensiones de
Inocencio Cogollo Zárate, al imponer los aumentos salariales contenidos en la
convención de trabajo, los cuales estaban específicamente determinados para el
año 2000 y 2001, es decir, tan solo para un período de dos años, […] en virtud
del artículo 20 de la convención…”[45].
Expediente T-4338102
1.
Demanda y solicitud
José Miguel
Arango Isaza, en su condición de apoderado especial de Termotasajero, interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario
laboral[46]
adelantado por el señor Henry Alberto López Arguelles en contra de Termotasajero.[47]
El apoderado judicial de la accionante
fundamentó su solicitud de tutela en los siguientes hechos relevantes:
1.1. El señor Henry Alberto López
Arguelles[48]
interpuso demanda ordinaria laboral contra Termotasajero,
solicitando el reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de
trabajo en su condición de personal de planta, como son los reajustes a los
salarios fijados por el ordenamiento legal y/o convencional, desde el 1 de
marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la sentencia proferida
por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá del treinta y uno
(31) de mayo de dos mil siete (2007).[49]
1.2. Señaló que la actuación le
correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, el cual mediante
auto del veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), resolvió declarar probada
la excepción de pleito pendiente propuesta por la sociedad demandada y,
consecuencialmente, dar por terminado el proceso seguido por Henry Alberto
López contra Termotasajero[50].
Esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Cúcuta al considerar
que “en el proceso tramitado en Bogotá la fuente normativa era el Acuerdo
Marco Intersectorial[51],
mientras que el proceso adelantado por el Juzgado Segundo tenía como fuente la
Convención Colectiva de Trabajo”.[52]
1.3. Planteó que como consecuencia de lo
anterior, el proceso continuó ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, el
cual a través de sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil once
(2011) ordenó a la Empresa realizar el reajuste salarial de acuerdo a lo
convenido en el artículo 20 de la convención colectiva.[53]
1.4. Apelada la anterior decisión, narró
que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta mediante providencia del veintiocho
(28) de febrero de dos mil doce (2012), entre otras órdenes, modificó el
ordinal primero de la sentencia del juez de primera instancia “en cuanto al
reajuste salarial ordenado el cual quedará comprendido desde el 29 de enero de
2004 hasta el 31 de mayo de 2007 y no como había señalado el A-quo por estar
prescrito lo reclamado con fecha anterior a ese lapso”[54]. Precisó que si bien
interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta, el mismo fue negado por auto del diez (10) de agosto
de dos mil doce (2012).[55]
1.5. En este marco, interpuso acción de
tutela contra la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, bajo las mismas consideraciones que
fueron planteadas en el acápite correspondiente al expediente T-4330329
(numeral 1.4.).  Pero, en lo que hace referencia a la excepción previa de
pleito pendiente propuesta por Termotasajero en el proceso ordinario laboral
adelantado por el señor López Arguelles, señaló que el reclamo se debe a “que
no se configuraba la excepción [indicada], dando a la convención colectiva la
naturaleza de fuente normativa, la cual no tiene, de conformidad con la
jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia”.[56]
2. Respuesta de
los despachos accionados
Mediante auto del veintisiete (27) de
noviembre de dos mil trece (2013) la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia admitió la acción de tutela y corrió traslado a las
autoridades accionadas y a las partes y terceros involucrados en el proceso
ordinario laboral promovido por Henry Alberto López Arguelles contra
Termotasajero, para que se pronuncien sobre los hechos materia de petición.[57] Sin embargo,
no hubo ningún pronunciamiento.
3. Decisión del
juez de tutela de primera instancia
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del cuatro (4) de diciembre de dos mil
trece (2013)[58],
concedió el derecho fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al
Tribunal Superior de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones
adelantadas dentro del proceso ordinario instaurado por Henry Alberto López
Arguelles contra la sociedad accionante, a partir de la providencia del 28 de febrero
de 2012, que confirmó el reconocimiento y pago de los incrementos solicitados
por el señor López Arguelles…”[59].
4. Impugnación
El señor Henry Alberto López Arguelles,
interviniente con interés dentro del trámite de tutela, impugnó la decisión de
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia del cuatro (4) de
diciembre de dos mil trece (2013)[60].
5. Decisión del juez de tutela de
segunda instancia
La Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia mediante sentencia del primero (01) de abril de dos mil
catorce (2014)[61],
confirmó el fallo impugnado.[62]
6. Actuaciones en sede de revisión
La Sala de Revisión para efectos de
adoptar una decisión informada en el asunto de la referencia, en atención a que
la discusión planteada en las tutelas presentadas por la Empresa accionante
contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y los otros despachos
judiciales, se centra en el alcance que se le dio al artículo 20 de la
convención colectiva de trabajo de Termotasajero, en el que se reguló lo
referente al aumento del salario básico de los trabajadores; requirió al apoderado
de la Sociedad el envío de copia de la convención colectiva de trabajo vigente,
con la constancia de depósito de la misma ante el Ministerio de Trabajo, y de
la denuncia realizada por la Empresa al artículo 20 de la convención, si la
hubiere. En respuesta a la anterior solicitud, fue allegada la siguiente
información relevante:
6.1. Fotocopia de la convención
colectiva de trabajo suscrita entre Termotasajero SA ESP y sus trabajadores[63].
6.2. Fotocopia de la constancia de
depósito de la convención colectiva de trabajo, 2000-2002, vigencia primero (01)
de marzo de dos mil (2000) al veintiocho (28) de febrero de dos mil dos (2002),
firmada el veintiséis (26) de diciembre de dos mil (2000), depositada el
veintiocho (28) de febrero del mismo año, expedida por la coordinadora general
del Grupo de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social[64].
6.3. Fotocopia de la constancia de
denuncia de la convención colectiva de trabajo celebrada entre Termotasajero y
Sintraelecol, del veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014),
presentada por Natalia González Alarcón en calidad de representante legal de la
Empresa, ante la Dirección Territorial de Cundinamarca del Ministerio de
Trabajo[65].
Esta certificación va acompañado de una carta en donde se lee: “[…] por
medio del presente escrito me permito adjuntar por triplicado la denuncia de la
Convención Colectiva de Trabajo vigente hasta el 28 de Febrero de 2014…” y el
documento de la denuncia parcial de la convención “que rige las relaciones
entre [la Empresa] y sus trabajadores, la cual se encuentra vigente hasta el 28
de Febrero de 2014”, en donde aparece el artículo 20, referente al aumento
del salario básico, como una de las cláusulas denunciadas.[66]
6.4. Fotocopia de las constancias de
denuncia de la convención colectiva de trabajo celebrada entre Termotasajero y
Sintraelecol, de fechas veintisiete (27) de agosto de dos mil trece (2013)[67]; veintisiete
(27) de febrero de dos mil trece (2013)[68];
veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012)[69]; veintiocho (28) de
febrero de dos mil doce (2012)[70];
veintiocho (28) de febrero de dos mil once (2011)[71]; veintiséis (26) de
agosto de dos mil diez (2010)[72];
veinticuatro (24) de febrero de dos mil diez (2010)[73]; veinticuatro (24) de agosto
de dos mil nueve (2009)[74];
dos (02) de marzo de dos mil nueve (2009)[75];
veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008)[76]; veintiocho (28) de
febrero de dos mil ocho (2008)[77];
veintisiete (27) de agosto de dos mil siete (2007)[78]; veintiséis (26) de
febrero de dos mil siete (2007)[79];
veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006)[80]; veinticuatro (24) de agosto
de dos mil seis (2006)[81];
veintiséis (26) de agosto de dos mil cinco (2005)[82], y veintiocho (28) de febrero
de dos mil cinco (2005)[83].
En ninguna de ellas se denuncia el artículo 20 de la convención.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1. Competencia
La Sala Primera es competente para
revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral
9°, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y
36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Presentación del caso y planteamiento
del problema jurídico
El apoderado de
la Sociedad Termotasajero interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cúcuta y otros despachos judiciales, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
accionados dentro de los procesos ordinarios laborales adelantados por los
señores Jairo Alonso Figueroa Gómez, Nancy Yaneth Jaimes Rivera, Inocencio
Cogollos Zárate y Henry Alberto López Arguelles contra de Termotasajero. El
reclamo constitucional se fundamentó en que las autoridades judiciales
interpretaron, supuestamente, en forma ilegal la convención colectiva de
trabajo, al dar al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo un alcance
que no tiene y desconocer la jurisprudencia sostenida en forma pacífica por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia[84],
además, por no decidir la excepción previa de pleito pendiente que en su
momento fuera interpuesta por la demandada dentro de la oportunidad procesal, o
no darla por probada[85].
De acuerdo con estos hechos, corresponde
a la Sala Primera de Revisión resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulneraron
el Tribunal
Superior de Cúcuta y los demás despachos judiciales demandados, los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Termotasajero, por haber interpretado, supuestamente, de manera ilegal
la convención colectiva de trabajo, al dar al artículo 478 del Código
Sustantivo del Trabajo un alcance que no tiene y desconocer la jurisprudencia
sostenida en forma pacífica por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, además, por no decidir o no dar por probada, la excepción previa de
pleito pendiente que fuera interpuesta oportunamente por la demandada dentro de
los procesos laborales referidos?
Para desarrollar
el anterior interrogante, la Sala procederá a (i) reiterar la
jurisprudencia en relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) recordar el defecto sustantivo, especialmente, en lo
que hace referencia a la interpretación de las disposiciones jurídicas; (iii)
recordar la jurisprudencia constitucional en relación con la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra interpretaciones judiciales; (vi)
constatar, en los casos concretos, el cumplimiento de los requisitos formales
de procedibilidad de la acción de tutela, y (v) analizar la institución
de la denuncia de la convención colectiva en el contexto de la legislación
nacional. Finalmente,
(iv) resolverá los
casos concretos.
3. Procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.1. La Corte
Constitucional como intérprete autorizada de la Constitución Política y
guardiana de su integridad, ha desarrollado una doctrina bien definida sobre la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Esta línea se basa en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre dos elementos
fundamentales del orden constitucional, de un lado, la primacía de los derechos
fundamentales y, de otro, el respeto por los principios de autonomía e
independencia judicial[86].
3.2. Para lograr
este adecuado equilibrio, en primer lugar, la Corte ha partido de los
principios generales de procedencia de la acción, subsidiariedad e inmediatez,
haciéndolos particularmente exigentes en el caso de que se pretenda
controvertir una providencia judicial; en segundo lugar, ha ido determinando
los eventos en los cuales es posible que una providencia judicial vulnere los
derechos fundamentales, con el fin de evitar acusaciones infundadas y mantener
un nivel adecuado de coherencia y entendimiento entre los diversos operadores
judiciales. Por último, ha acentuado constantemente que la acción de tutela
solo procede cuando se encuentre acreditada la amenaza o violación de un
derecho fundamental.
3.3. A
continuación, se reiterará brevemente la jurisprudencia de la Corporación,
sistematizada por la Sala Plena en la decisión de constitucionalidad C-590 de
2005[87]:
3.3.1. La tutela
contra sentencias judiciales es procedente, tanto desde un punto de vista
literal e histórico[88],
como desde una interpretación sistemática del bloque de constitucionalidad[89] e, incluso,
a partir de la ratio decidendi[90]
de la sentencia C-543 de  1992[91],
siempre que se presenten los eventos ampliamente desarrollados por la
jurisprudencia constitucional.
3.3.2. Así, al
estudiar la procedencia de la acción, el juez debe constatar que se cumplen los
siguientes requisitos formales, que no son más que los requisitos generales de
procedibilidad de la acción, adecuados a la especificidad de las providencias
judiciales[92]:
(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga evidente
relevancia constitucional[93];
(ii) que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios, antes de acudir al juez de tutela[94]; (iii) que la
petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de
razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una
irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales; (v) que el actor
identifique, de forma razonable, los hechos que generan la violación y que esta
haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido
posible, y (vi) que el fallo impugnado no sea de tutela[95].
3.4. Además de
la verificación de los requisitos generales, para que proceda la acción de
tutela contra una decisión judicial es necesario acreditar la existencia de
alguna o algunas de las causales de procedibilidad ampliamente elaboradas por
la jurisprudencia constitucional[96],
a saber: defecto orgánico[97],
sustantivo[98],
procedimental[99]
o fáctico[100];
error inducido[101];
decisión sin motivación[102];
desconocimiento del precedente constitucional[103], y violación directa de
la Constitución[104].
3.5. Acerca de
la determinación de los vicios o defectos, es claro para la Corte que no existe
un límite indivisible entre ellos, pues resulta evidente que la aplicación de
una norma inconstitucional o el desconocimiento del precedente constitucional,
pueden implicar, a su vez, el desconocimiento de los procedimientos legales o,
que la falta de apreciación de una prueba, pueda producir una aplicación
indebida o la falta de aplicación de disposiciones normativas relevantes para
la solución de un caso específico[105].
No sobra señalar
que el criterio sostenido en la ratio decidendi de la sentencia C-543 de
1992 se mantiene incólume, esto es, la preservación de la supremacía de los
derechos fundamentales, a través de un entendimiento sustancial de los
principios de seguridad jurídica e independencia judicial[106]. Por ello, el ámbito
material de procedencia de la acción de tutela es la vulneración grave a un
derecho fundamental y el ámbito funcional del estudio, se restringe a los
asuntos de evidente relevancia constitucional.
3.6. De acuerdo
con las consideraciones precedentes, para determinar la procedencia de la
acción de tutela en contra de una providencia judicial debe verificarse la
concurrencia de dos situaciones: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad, y (ii) la existencia de alguna o algunas de
las causales establecidas por la Corporación para hacer admisible el amparo
material[107].
4. Defecto
sustantivo por interpretación errónea.  Breve caracterización
4.1. Esta Corporación ha caracterizado
el defecto sustantivo como la existencia de una falencia o yerro en una
providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de
las normas jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez[108]. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que
obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales. En tal
sentido, expresó la Corte en sentencia T-462 de 2003[109]:
“[…] una
providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma
aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador[110],
(ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente[111] (interpretación contra legem)
o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[112]
(irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador
desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción
constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa
juzgada respectiva
”.
En similar sentido, en las sentencias
T-018 de 2008[113]
y T-757 de 2009[114],
la Corte Constitucional ha explicado que los siguientes supuestos pueden dar
lugar a un defecto sustantivo:
“3.2.1. Ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[115],
bien sea, por ejemplo  (i) porque ha sido derogada y ya no produce ningún
efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque ella es claramente
inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es
inconstitucional[116],
(iv) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional[117] o, (v)
porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”[118].
4.2. Por lo
tanto, la
acción de tutela es procedente para controvertir la interpretación de las
normas efectuada por el juez natural del conflicto, si la opción hermenéutica
escogida por el juez natural resulta insostenible desde el punto de vista
constitucional por (i) entrar en conflicto con normas constitucionales; (ii)
ser irrazonable, pues la arbitrariedad es incompatible con el respeto por el
debido proceso, o (iii) devenir desproporcionada, al lesionar
excesivamente los intereses de una de las partes, siempre que esta afectación
ostente relevancia constitucional.
4.3. En relación con el defecto
sustantivo por interpretación errónea de las disposiciones jurídicas[119],
debe advertirse que es un supuesto particularmente restringido de procedencia
de la tutela.  De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la
interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial. En efecto, en
la tarea de aplicación de las normas, el juez se enfrenta a diversas
posibilidades hermenéuticas que derivan de la interpretación de las
disposiciones normativas, y no corresponde al juez constitucional señalar cuál
es la “correcta”, o la más conveniente para la resolución de un caso específico,
porque con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, el
funcionario judicial al administrar justicia goza de una libertad
interpretativa, producto del respeto de la independencia y la autonomía
judicial, que lo ponen a salvo de injerencias indebidas que afecten su
imparcialidad y la sujeción al orden jurídico, y que únicamente encuentran
límite en la desviación caprichosa y arbitraria de la ley[120].
5. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra interpretaciones judiciales
5.1. La jurisprudencia constitucional y
la doctrina especializada han sostenido en forma pacífica que el ejercicio de
la función judicial no solo implica la aplicación silogística de reglas
normativas para casos concretos que restringen claramente la libertad de
apreciación del juez, sino también la interpretación de disposiciones de
obligatorio cumplimiento que, por la complejidad propia del lenguaje, su
ambigüedad o simplemente por su textura abierta, exigen que el aplicador
jurídico amplíe el texto normativo y señale el alcance o sentido concreto del
mismo. Es por eso que, al momento de atribuir el significado a la disposición
normativa, puede verse que la función judicial se desarrolla en varios
momentos, algunos de los cuales en los que la valoración del juez es
determinante para la decisión y su entendimiento, resultan indispensables para
concretar el carácter democrático y pluralista del Estado social de derecho, en
que él se enmarca.
Precisamente porque se reconoce la
especialidad de la función judicial y la importancia que ella tiene para
concretar los valores y principios que la Constitución proclama, los artículos
228 y 230 consagraron la autonomía e independencia judicial –que se resumen en
que únicamente está sometido al imperio de la ley– como garantías institucionales
que se deben preservar para efectos de articular correctamente el principio de
separación de poderes, además, como medios para lograr los fines superiores de
“garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución” (artículo 2 CP).  De este modo, es claro que a pesar de
que el ejercicio judicial es reglado y está sometido al imperio de la ley y la
Constitución, también es evidente que la norma superior reconoció que existen
situaciones en las que el juez debe gozar de un margen de discrecionalidad
importante para apreciar el derecho aplicable al caso, para lo cual debe ser independiente
y autónomo[121].
Pero, incluso, también como una forma de
garantizar la efectiva concreción del Estado social de derecho, el
Constituyente consideró importante preservar y promover el principio de
separación de jurisdicciones en aras de garantizar la especialidad y la
solvencia en los distintos temas que se someten al análisis judicial. Por esta
razón, el Título VIII de la Constitución organizó a la Rama Judicial en
jurisdicciones y, como órganos de cierre, ubicó a la Corte Suprema de Justicia
en la jurisdicción ordinaria, al Consejo de Estado en la jurisdicción
contencioso administrativa y a la Corte Constitucional en la jurisdicción
constitucional.
Puede concluirse, entonces, que un juez
competente para resolver una controversia sometida a su decisión es libre y
autónomo para aplicar la Constitución y la ley, pero bajo ningún punto lo será
para apartarse de ellas ni para aplicar reglas que no se deriven de las mismas.
De hecho, no hay más riesgo de socavar un Estado social de derecho que un juez
arbitrario, por lo que también deberá existir un instrumento judicial idóneo
para combatir el capricho judicial y la arbitrariedad, imponer la aplicación de
la Constitución y restablecer los derechos afectados[122].
5.2. De este modo, para efectos de
armonizar las garantías constitucionales de independencia y autonomía judicial,
eficacia de los derechos fundamentales y supremacía constitucional, que
resultan tan importantes para la estructura del Estado social de derecho, sin
que se sacrifiquen unas a costa de las otras, la jurisprudencia constitucional
ha señalado algunas premisas con base en las cuales debe analizarse la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias cuando se
reprochan interpretaciones judiciales, a saber: (i) el juez
constitucional no puede suplantar al juez ordinario; (ii) el juez de
conocimiento tiene amplia libertad interpretativa en materia de valoración
probatoria conforme al artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, hoy
artículo 176 del Código General del Proceso[123],
y en el análisis y determinación de los efectos de las disposiciones normativas
aplicables al caso concreto[124];
(iii) la discrecionalidad judicial nunca puede confundirse con la
arbitrariedad judicial y, (iv) las interpretaciones razonables y
proporcionadas del juez de conocimiento deben primar sobre las que consideraría
viables el juez de tutela[125].
En este orden de ideas, en la sentencia
SU-120 de 2003[126]
la Corte Constitucional señaló que una decisión judicial constituye un defecto
sustantivo por interpretación judicial, cuando: “el juez elige la norma
aplicable o determina su manera de aplicación (i) contraviniendo o haciendo
caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales[127],
(ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados[128], (iii) sin respetar
el principio de igualdad[129],
y (iv) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio[130]”.
Ahora bien, a partir de una descripción
en sentido negativo, también la jurisprudencia constitucional ha dejado en
claro que no constituye un defecto sustantivo por interpretación judicial[131],
cuando se trata de (i) la simple divergencia sobre la apreciación
normativa[132];
(ii) la contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial[133]; (iii)
una interpretación que no resulta irrazonable, no pugna con la lógica jurídica,
ni es abiertamente contraria a la disposición analizada[134], y (iv) discutir
una lectura normativa que no comparte[135],
porque para ese efecto debe acudirse a los mecanismos de defensa judicial ordinarios
y extraordinarios y no a la acción de tutela, pues no se trata de una tercera
instancia.
5.3. En síntesis, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la protección de los derechos fundamentales por
vía de tutela cuando estos resultan afectados por la interpretación judicial de
pruebas o de normas jurídicas debe ser excepcionalísima, y únicamente procede
cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por
lo que en caso de que existan distintas interpretaciones razonables debe
prevalecer la del juez de conocimiento en aras de preservar los principios de
independencia, autonomía y especialidad de la labor judicial.
6. Constatación
de los requisitos formales de procedibilidad de la acción de tutela en los casos
concretos
6.1. Antes de asumir el estudio de fondo
del problema jurídico que plantea la presente solicitud de amparo, debe la Sala
verificar el cumplimiento de los requisitos formales de procedibilidad de la
acción.
6.1.1. La Relevancia constitucional
del asunto bajo examen.  Observa la Sala que la tutela se orienta a
desentrañar si las decisiones tomadas por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cúcuta y los demás despachos accionados, mediante las
cuales se concedieron las pretensiones ordinarias laborales de Jairo Alonso
Figueroa Gómez, Nancy Yaneth Jaimes Rivera, Inocencio Cogollos Zárate y Henry
Alberto López Arguelles, de reconocimiento y pago de los incrementos salariales
solicitados con fundamento en el artículo 20 de la convención colectiva de
trabajo de Termotasajero, (i) vulneraron los derechos fundamentales de
la accionante al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política,
respectivamente, por haber interpretado presuntamente en forma ilegal la
convención colectiva de trabajo, al dar al artículo 478 del Código Sustantivo
del Trabajo un alcance que no tiene y desconocer la jurisprudencia sostenida en
forma pacífica por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, además, por
no decidir o no declarar probada la excepción previa de pleito pendiente que
fuera interpuesta oportunamente por la demandada dentro de los procesos
laborales referidos. O, por el contrario, (ii) si las decisiones se
ampararon en el ordenamiento legal y convencional vigente y, en razón de ello,
no son caprichosas ni arbitrarias.  En tal sentido, el amparo solicitado le
plantea a la Sala un problema relacionado con el alcance del principio de
autonomía e independencia judicial, que se relaciona directamente con las
garantías de los artículos 29 (debido proceso), 86 (acción de tutela) y 228 (prevalencia
del derecho sustancial) de la misma. Así las cosas el asunto es de relevancia constitucional.
6.1.2. El agotamiento de los
mecanismos ordinarios al alcance de la actora. En relación con el
agotamiento de los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez
constitucional, la Sala encuentra que Termotasajero acudió a los mecanismos que
tenía a su disposición para discutir la inconformidad con las decisiones de los
despachos accionados dentro de los procesos ordinarios laborales, en lo que
tiene que ver con la interpretación que le dieron al artículo 20 de la
convención colectiva de trabajo. Veamos:
En el expediente T-4330329: Termotasajero
luego de que tuvo conocimiento de la sentencia del diecinueve (19) de diciembre
de dos mil once (2011), emanada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta, proferida dentro del proceso ordinario laboral radicado 200900374, mediante
la cual se concedió el reconocimiento y pago de los incrementos salariales
solicitados por Jairo Alonso Figueroa Gómez, desde el 29 de enero de 2004 hasta
el 31 de mayo de 2007, en cumplimiento de lo acordado en la convención
colectiva de trabajo; interpuso recurso de casación contra dicha providencia,
el cual fue negado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta, por auto del dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012)[136]. A
continuación, la Empresa accionada presentó, en su orden, los recursos de
reposición y queja, los que fueron despachados desfavorablemente, el primero,
mediante auto del mismo Tribunal del veintidós (22) de mayo de dos mil doce
(2012)[137]
y, el segundo, a través de auto emanado de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, el veinticuatro (24) de julio de dos mil trece
(2013)[138].
Posterior a ello, interpuso la acción de tutela el veinticuatro (24) de
septiembre de dos mil trece (2013).
En el expediente T-4330400: Termotasajero
luego de conocer la sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012), proferida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, dentro del proceso
ordinario laboral radicado 200900207, a través de la cual se concedió el
reconocimiento y pago de los incrementos salariales solicitados por Nancy
Yaneth Jaimes Rivera, en cumplimiento de lo acordado en la convención colectiva
de trabajo; interpuso recurso de casación contra dicha providencia, el cual fue
negado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, por auto del trece (13) de agosto de dos mil doce (2012)[139]. En
término, la Empresa presentó, en su orden, los recursos de reposición y queja,
los cuales fueron despachados desfavorablemente, el primero, mediante auto del mismo
Tribunal del catorce (14) de septiembre de dos mil doce (2012)[140] y, el segundo, a través
de auto emanado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
el veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013)[141]. Seguidamente presentó
la acción de amparo el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).
En el expediente T-4330436: la
apoderada de la sociedad Termotasajero, una vez conocida la sentencia del primero (01)
de junio de dos mil doce (2012), proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 200900205, a
través de la cual se concedió el reconocimiento y pago de los incrementos
salariales solicitados por Inocencio Cogollos Zárate, con fundamento en la
convención colectiva de trabajo, interpuso recurso de casación contra dicha
providencia, el cual fue negado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, por auto del seis (06) de diciembre de dos mil
doce (2012)[142].
Acto seguido, la accionada presentó, en su orden, los recursos de reposición y
queja, los que fueron despachados desfavorablemente, el primero, mediante auto
del mismo Tribunal del catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012)[143] y,
el segundo, a través de auto emanado de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013)[144]. Posterior
a ello, interpuso la acción constitucional el veinte (20) de noviembre de dos
mil trece (2013).
En el expediente T-4338102: la Empresa
accionada luego de conocer la sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos
mil doce (2012), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta,
dentro del proceso ordinario laboral radicado 200900294, a través de la cual se
concedió el reconocimiento y pago de los incrementos salariales solicitados por
Henry Alberto López Arguelles, con fundamento en la convención colectiva de
trabajo, interpuso recurso de casación contra dicha decisión, el cual fue
negado por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, por auto del diez (10) de agosto de dos mil doce (2012)[145]. A
continuación, Termotasajero instauró, en su orden, los recursos de reposición y
queja, los cuales fueron despachados desfavorablemente, el primero, mediante
auto del mismo Tribunal del catorce (14) de septiembre de dos mil doce (2012)[146] y,
el segundo, a través de auto emanado de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el veinticuatro (24) de julio de dos mil trece (2013)[147]. El
paso siguiente fue la interposición de la acción de tutela el veinte (20) de
noviembre de dos mil trece (2013).
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el asunto
relacionado con la falta de decisión de la excepción previa de pleito
pendiente que fuera interpuesta por la Empresa accionante en el proceso
ordinario laboral de Jairo Alonso Figueroa Gómez (expediente T-4330329),
pues según afirmó en la ciudad de Bogotá cursaba un proceso ordinario con el
mismo objeto y entre las mismas partes[148];
la Sala encuentra lo siguiente:
La demanda laboral ordinaria interpuesta
por algunos trabajadores de Termotasajero, entre ellos, Jairo Alonso Figueroa
Gómez, Nancy Yaneth Jaimes Rivera, Inocencio Cogollos Zárate y Henry Alberto
López Arguelles, contra Termotasajero, se fundamentó en el acuerdo marco
sectorial suscrito por el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y Sintraelecol[149]. Ello es confirmado en
la sentencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009) expedida por
el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, a través de
la cual se absolvió a la Empresa demandada al declarar probada la excepción de
“inexistencia de obligación”.  En las consideraciones de dicha
providencia, se lee: “Una lectura al libelo genitor permite concluir al
rompe con la improsperidad de las pretensiones hoy exoneradas.  En efecto, a
juicio de esta operadora jurídica, resulta demasiado discutible pretender, como
en efecto lo hace el apoderado judicial del demandante, que el denominado
“Acuerdo Marco Sectorial”, obrante a folios 201 a 202, tenga la fuerza
suficiente para obligar a una empresa que en su momento no aparece suscribiéndolo.
Más aún, cuando la naturaleza del citado documento no resulta ser equiparable a
una Convención Colectiva como al parecer es entendido por los actores”[150].  Esta
decisión fue confirmada por la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Bogotá el veintiséis (26) de marzo de dos mil diez (2010)[151].
A diferencia de lo anterior, la demanda
ordinaria laboral presentada por Jairo Alonso Figueroa Gómez contra
Termotasajero, y que fue tramitada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Cúcuta bajo el radicado 03742009, pretendió el reconocimiento de “todos
los derechos que emanan como persona de planta, con un contrato laboral de
trabajo, como son los reajustes a los salarios fijados por el ordenamiento
legal y/o convencional, al mínimo vital y móvil, reafirmados en la sentencia
del Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá D.C. del 31 de mayo
de 2007”[152].
Dicha sentencia de tutela tuvo como fundamento la convención colectiva de
trabajo, específicamente la cláusula contenida en el artículo 20 relativa al
aumento del salario básico.
Efectivamente, mediante fallo del quince
(15) de abril de dos mil once (2011), el Juzgado Tercero Laboral del Circuito
de Cúcuta absolvió a la Empresa y declaró que no había lugar a pronunciarse
acerca de las excepciones propuestas por el apoderado de la demandada, entre
ellas, la excepción previa de pleito pendiente[153], decisión esta que no
fue impugnada por la Empresa. Sin embargo, el demandante, señor Figueroa
Gómez, si interpuso el recurso de apelación. Mediante sentencia del diecinueve
(19) de diciembre de dos mil once (2011), la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta decidió revocar la providencia del Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Cúcuta, disponiendo, en su lugar, el reconocimiento y pago de los
incrementos en cumplimiento de lo acordado en la convención colectiva, sin que
resolviera nada acerca de la excepción previa de pleito pendiente[154]. Como
se indicó en renglones anteriores, la Empresa interpuso recurso de casación
contra la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, el
mismo que fue negado por auto del dieciséis (16) de marzo de dos mil doce
(2012)[155].
En el caso concreto que la Sala analiza,
si bien constata que la sentencia no se pronunció sobre la excepción de pleito
pendiente, la omisión procesal no puede ser subsanada por la vía de la tutela,
como si esta acción pudiera constituirse en una tercera instancia.  La Empresa desconoce
la subsidiaridad porque: (i) no controvirtió la decisión de tramitar
como de fondo la excepción propuesta[156]; (ii) al
momento de proferirse el fallo de primera instancia y descartarse expresamente
por el juez el análisis del pleito pendiente (así se constata en la parte
resolutiva[157]),
no se controvirtió dicha decisión, ni se adhirió a la apelación existente; (iii)
la propia actora invoca en la demanda que la irregularidad alegada constituye
una nulidad insubsanable, la cual no fue planteada ante los jueces competentes,
e (iv) incluso antes de que se fallara por el a quo, la excepción
planteada ya se habría transformado en una de cosa juzgada, y resulta
contrario al principio de disponibilidad procesal y buena fe que no haya sido
planteada ante los jueces laborales, como era su deber, y se busque, ahora, su
reconocimiento a través del amparo constitucional.
Como se planteó con anterioridad, la acción
de tutela solo procede cuando no existe otro medio de defensa judicial, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues no
está diseñada para sustituir ni reemplazar los mecanismos ordinarios o
extraordinarios de defensa judicial. En razón de ello, la Sala declarará la
improcedencia de la presente acción de tutela para controvertir el defecto
procedimental planteado por Termotasajero.
En relación con el proceso de Henry
Alberto López Arguelles (expediente T-4338102), en donde el reclamo esbozado
por el apoderado de Termotasajero no versó sobre la falta de decisión de la
excepción de pleito pendiente propuesta, ni en el trámite dado, sino en el
sentido de la decisión, la Sala recuerda que la jurisprudencia constitucional
ha respetado la interpretación judicial realizada por los jueces naturales, y
solo ha admitido la procedencia de la tutela cuando la aplicación de la norma
legal se basa en una “interpretación ostensible y abiertamente contraria”
de la disposición normativa[158].
Sin embargo, teniendo en consideración que la Empresa accionante agotó el
recurso que tenía a su alcance para controvertir la hipótesis planteada, el
asunto en cuestión será retomado cuando se aborde el estudio de fondo.
6.1.3. La incidencia directa de una
irregularidad procesal en la decisión impugnada.  Ahora bien,
en los procesos ordinarios laborales adelantados por Nancy Yaneth Jaimes Rivera
(expediente T-4330400) e Inocencio Cogollos Zárate (expediente T-4330436),
se observa que la excepción previa de pleito pendiente alegada por la Empresa
si fue objeto de decisión pero bajo la categoría de excepción de fondo, por no
disponer en la respectiva audiencia pública de conciliación y/o primera de
trámite, de las pruebas que acreditaban su configuración. En este orden de
ideas, la Sala debe analizar si el defecto advertido por la accionante pudo
tener impacto directo en las decisiones judiciales que, supuestamente,
comprometen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.  Veamos:
Expediente T-4330400. A través del
auto del primero (01) de septiembre de dos mil once (2011)[159], el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito precisó que “[r]evisado el escrito de contestación a la
demanda vemos que se proponen como excepciones la de Pleito pendiente entre las
mismas partes y sobre el mismo asunto, como previa y se aportan documentos en
fotocopia simple y como de fondo inexistencia de la obligación y cobro de lo no
debido y Prescripción, las cuales se califican como de mérito o fondo, anotando
que la excepción de pleito pendiente requiere del recaudo de pruebas y en este
momento el Despacho no puede darle el carácter de excepción dilatoria en razón
a que deben reunirse los elementos probatorios necesarios para establecer la
identidad de causa en las dos demandas…”[160].
La sentencia del Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión de Circuito de Cúcuta
del veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012), le dedica un acápite a
la decisión de la excepción de pleito pendiente, señalando: “[…] se ha de
tener en cuenta que la Sala Laboral de nuestro Tribunal Superior en un asunto
similar al sub lite, y en donde era accionada la aquí demandada en donde
consideró la Sala, que las pretensiones del proceso que cursó en el Juzgado
Laboral del Circuito de Bogotá, estaban [amparadas] en el Acuerdo Marco
Sectorial en tanto que las pretensiones del presente proceso tiene[n] su
fundamento en el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo (C.C.T.), es
decir la causa petendi diverge en ambos asuntos”[161]. Con
fundamento en lo anterior, decidió declarar no probada la excepción de pleito
pendiente propuesta por Termotasajero[162],
disposición esta que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Cúcuta el veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012)[163].
Expediente T-4330436. Mediante
sentencia del trece (13) de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Laboral
Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, procedió a resolver la
excepción de pleito pendiente propuesta por Termotasajero, “habida cuenta
que en la primera audiencia de trámite el Juzgado de conocimiento dispuso darle
el carácter de fondo al medio exceptivo”[164].
En este orden de ideas, declaró no probada dicha excepción, considerando que “la
Sala laboral de nuestro Tribunal Superior, en un asunto similar al sub lite, y
en donde era accionada la aquí demandada, en donde consideró la Sala, que las
pretensiones del proceso que cursó en el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Bogotá, estaban amparadas en el Acuerdo Marco Sectorial, en tanto que las
pretensiones del presente proceso, tiene[n] su fundamento en el artículo 20 de
la Convención Colectiva de Trabajo (C.C.T.), es decir, la “causa petendi”
diverge en ambos asuntos”[165].
Esta decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta
el primero (01) de junio de dos mil doce (2012)[166].
En los asuntos anteriormente señalados,
la Empresa accionante controvierte (i) el trámite que se le dio a las
excepciones previas de pleito pendiente propuestas en los procesos ordinarios
laborales, y (ii) el hecho de que hayan sido declaradas no probadas por
los operadores judiciales.
En relación con el primer punto, y
conforme a los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, cuando se plantea una
irregularidad procesal esta debe tener incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. En los casos concretos, la
Sala observa que el trámite dado a las excepciones previas de pleito pendiente,
al ser decididas como de fondo en las audiencias de juzgamiento, no tuvo un
impacto directo en las decisiones judiciales controvertidas por Termotasajero al
considerar que afectan sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En efecto, para decidir dichas excepciones los
jueces de primera instancia se apoyaron en las pruebas documentales que
acreditaban que los procesos ordinarios laborales adelantados en Bogotá y en
Cúcuta no versaban sobre las mismas pretensiones, pues, los primeros, se
fundamentaban en el acuerdo marco sectorial ya referido, y, los segundos, en la
convención colectiva de trabajo, y de haber tenido oportunamente las pruebas en
las audiencias respectivas, y haberse decidido bajo la ritualidad de una
excepción previa, igual habría sido el sentido de las decisiones, pues los
hechos planteados que se entendían fundantes de las excepciones de pleito
pendiente, no lograron demostrarse, por ende, no tenían la potencialidad de
ponerle fin a los procesos.
En el segundo aspecto, esto es, el que
hace referencia a que se hayan declarado no probadas las excepciones de
pleito pendiente, la Sala observa que no le asiste razón a Termotasajero,
pues cuando no se logra demostrar que los procesos que avanzan paralelamente,
aunque con diferentes ritmos, versan sobre idénticos elementos de la
pretensión, es decir, sujetos, objeto y causa, no puede esperarse que se
desencadene un resultado diferente a la continuación del trámite procesal hasta
que se resuelva definitivamente el litigio.
Es importante tener presente que en el
proceso laboral el juez asume la dirección del mismo y debe adoptar las medidas
necesarias para garantizar la agilidad y rapidez en su trámite, sin que ello
vaya en contravía del respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio
entre las partes[167].
En los casos concretos la Sala encuentra que antes los jueces de instancia
redundaron en garantías, toda vez que ampliaron la posibilidad de probar los
hechos que  configuraban las excepciones previas de pleito pendiente al
observar la insuficiencia de las pruebas aportadas por Termotasajero.  Ello,
igualmente, es coherente con el principio de primacía del derecho sustancial
sobre el procesal, conforme lo dispone el artículo 228 de la Constitución
Política. Así las cosas, igualmente declarará la improcedencia de la presente
acción de tutela para controvertir el defecto procedimental alegado[168].
6.1.4. Satisfacción del requisito de
inmediatez.  En cuanto al requisito de inmediatez, se constata su cumplimiento
debido a que no transcurrieron más de dos meses entre la expedición del auto de
obedecimiento a lo resuelto por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
dentro del trámite de los recursos de queja instaurados por la apoderada
judicial de Termotasajero, y la fecha de interposición de las diferentes
acciones de tutela. Por ende, las demandas fueron interpuestas dentro de un
término razonable, una vez quedó confirmada la presunta violación de los
derechos constitucionales de la empresa Termotasajero.
6.1.5. La identificación razonable de
los hechos y derechos presuntamente vulnerados, y su alegación en el proceso
judicial.  Los antecedentes de la demanda dan cuenta de que la Empresa accionante
señala como fuente de la vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, principalmente, las decisiones
tomadas por los jueces naturales tutelados debido a que interpretaron la
convención colectiva de trabajo, supuestamente, en forma ilegal, al dar al
artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo un alcance que no tiene y
desconocer la jurisprudencia sostenida en forma pacífica por la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia. Dentro de los procesos laborales tal situación
fue alegada y se intentó impugnar las decisiones por la vía de la casación. Por
tanto, se encuentra igualmente satisfecho este requisito.
6.1.6. No se trata de una tutela
contra tutela.  Como se indicó, en este caso se impugnan las decisiones
proferidas por los despachos accionados tomadas en el marco de los procesos
ordinarios laborales.
6.2. Teniendo en
cuenta que en el asunto objeto de estudio la accionante reprocha la decisión
tomada por los despachos judiciales demandados aduciendo, entre otras razones,
que se fundamentaron en una interpretación supuestamente ilegal del artículo 20
de la convención colectiva de Termotasajero, al dar al artículo 478 del Código
Sustantivo de Trabajo un alcance que no tiene; la Sala
concretará el estudio de fondo al defecto sustantivo derivado de la
interpretación errónea[169].
7. La vigencia de
la convención colectiva de trabajo en el contexto de la legislación nacional
En
razón de la importancia que tiene para la solución de
los casos
concretos el tema relacionado con la vigencia de la
convención colectiva de trabajo en el contexto de la legislación nacional, la
Sala hará una breve referencia a la institución jurídica de la
convención colectiva, así como al plazo, la denuncia y la
prórroga automática.
7.1. Convención
colectiva de trabajo. El legislador define en el artículo 467 del Código
Sustantivo de Trabajo la convención colectiva de trabajo como “la que se
celebra entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales, por una
parte, y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por
la otra, para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo
durante su vigencia”.
De
la definición legal se deduce que la convención colectiva es
un acuerdo bilateral que regula las condiciones de trabajo, usualmente buscando
mejorar el catálogo de derechos y garantías mínimas que las normas jurídicas
les reconocen a todos los trabajadores[170].
De ahí que la convención colectiva tenga un carácter esencialmente normativo,
tal como la ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia, pues contiene las
disposiciones instituidas para regular las relaciones de trabajo en la empresa.
Así, en la convención colectiva se establecen en forma general y abstracta las
estipulaciones que rigen las condiciones de los contratos de trabajo, las
obligaciones del empleador frente a cada uno de sus trabajadores, como también
las obligaciones que el empleador en forma común adquiere respecto a la
generalidad de los trabajadores.
El
contenido de la convención colectiva es regulado en el artículo 468 del Código
Sustantivo del Trabajo, al determinar que “[a]demás de las estipulaciones
que las partes acuerden en relación con las condiciones generales del trabajo,
en la convención colectiva se indicará la empresa o establecimiento, industria
y oficios que comprenda, el lugar o lugares en donde ha de regir, la fecha en
que entrará en vigor, el plazo o duración y las causas y modalidades de su
prórroga, su desahucio o denuncia, y la responsabilidad que su incumplimiento
entrañe”.
En
la convención colectiva debe expresarse la voluntad de las partes por medio de
las  formalidades  determinadas en el artículo 469 del Código Sustantivo del
Trabajo, a saber: “La convención colectiva debe celebrarse por escrito y se
extenderá en tantos ejemplares cuantas sean las partes y uno más, que se
depositará necesariamente en el departamento nacional de trabajo, a más tardar
dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma. Sin el cumplimiento
de todos estos requisitos la convención no produce ningún efecto”.
De
la norma transcrita se infiere que la convención produce efectos jurídicos,
siempre y cuando conste por escrito y una copia del documento sea depositada en
el Ministerio de Trabajo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su
firma. El legislador, al exigir que se presente por escrito y se surta el
“necesario” depósito de la convención, la está revistiendo de las formalidades
propias de un acto solemne, en el sentido que si no se cumple con las mismas,
el acto jurídico laboral (convención colectiva) carece de efecto alguno en lo
que se refiere a terceros y a las mismas partes.
Por su parte, la
Corporación en la sentencia C-009 de 1994[171]
se refirió a la finalidad de las convenciones colectivas del trabajo, así:
“La finalidad de
la convención colectiva de trabajo, según la norma transcrita, es la de “fijar
las condiciones que regirán los contratos de trabajo”, lo cual revela el
carácter normativo que la doctrina y la jurisprudencia le reconocen.
“El elemento
normativo de la convención se traduce en una serie de disposiciones, con
vocación de permanencia en el tiempo, instituidas para regular las relaciones
de trabajo individual en la empresa; en virtud de dichas disposiciones se
establecen anticipadamente y en forma abstracta las estipulaciones que regirán
las condiciones individuales para la prestación de los servicios, esto es, los
contratos individuales de trabajo. Las cláusulas convencionales de tipo
normativo constituyen derecho objetivo, se incorporan al contenido mismo de los
contratos de trabajo y, en tal virtud, contienen las obligaciones concretas del
patrono frente a cada uno de los trabajadores, como también, las obligaciones
que de modo general adquiere el patrono frente a la generalidad de los
trabajadores, vgr., las que fijan la jornada de trabajo, los descansos, los
salarios, prestaciones sociales, el régimen disciplinario, o las que establecen
servicios comunes para todos los trabajadores en el campo de la seguridad
social, cultural o recreacional.
“Se distingue
igualmente en la convención colectiva, por la doctrina y la jurisprudencia, el
denominado elemento obligatorio o aspecto obligacional, que está conformado por
aquellas cláusulas que señalan deberes u obligaciones recíprocos de las partes,
destinadas a asegurar la efectividad de las normas convencionales, como son,
por ejemplo, las cláusulas que establecen las comisiones o tribunales de
conciliación y arbitraje, las que fijan sanciones por la violación de las
estipulaciones que constituyen la parte normativa[172], o las que establecen
mecanismos para garantizar la libertad sindical.
“Finalmente se
destacan en la convención, las regulaciones de orden económico, que atañen a
las cargas económicas que para la empresa representan las diferentes
estipulaciones de la convención, frente a los trabajadores en particular o ante
la organización sindical”[173].
En cuanto a los
límites de la convención colectiva de trabajo, es claro que ella no puede
menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores,
conforme lo prescribe el inciso final del artículo 53 de la Constitución
Política. La ley, con sujeción a los principios fundamentales que debe contener
el Estatuto del Trabajo, regula lo concerniente a su ejercicio, en especial, la
forma en que debe celebrarse, a quiénes se aplica, a su extensión a otros
trabajadores por ley o acto gubernamental, a su plazo, revisión, denuncia y
prórroga automática (artículos 467 y ss. CST)[174]. Aspecto
central en el presente proceso lo constituyen estos tres últimos puntos, esto
es, el plazo, la denuncia de la convención colectiva y su prórroga automática.
7.2. Plazo de la
convención colectiva de trabajo. Conforme al artículo 477
del Código Sustantivo del Trabajo, “[c]uando la duración de la convención
colectiva no haya sido expresamente estipulada o no resulte de la naturaleza de
la obra o trabajo, se presume celebrada por términos sucesivos de seis (6) en
seis (6) meses”.
7.3. Denuncia
de la convención colectiva de trabajo. La denuncia de la convención
colectiva de trabajo es definida por la ley como la manifestación escrita,
procedente de cualquiera de las partes o de ambas, que expresa la voluntad de
dar por terminada la convención colectiva de trabajo (artículo 479 CST). Esta declaración,
para que sea válida, debe ser presentada dentro de los sesenta (60) días
anteriores a la expiración del término de la convención colectiva (artículo 478
CST), por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar, y en su defecto,
ante el alcalde. El respectivo funcionario debe posteriormente cumplir con el
procedimiento legal dispuesto para el trámite de la denuncia, esto es, colocar
la nota de presentación que señale el lugar, fecha y hora de la misma y luego
entregar el original de la denuncia al destinatario y sus copias las reservará
para la instancia pública de trabajo y para el propio denunciante de la
convención. El artículo 14 del Decreto 616 de 1954[175], que modificó el
artículo 479 del Código Sustantivo del Trabajo, vino a garantizar la vigencia
de la convención colectiva denunciada hasta tanto se firme una nueva, dando así
estabilidad al acuerdo colectivo entre empleador y trabajadores.
En cuanto a los
titulares del derecho a la denuncia, se deriva de los artículos 478 y 479 del
Código Sustantivo del Trabajo que son las dos partes de la relación laboral, es
decir, tanto los trabajadores como el empleador.
La legislación y
la doctrina diferencian entre las instituciones de la revisión y la denuncia de
la convención colectiva de trabajo. Con la primera, se introduce la teoría de
la imprevisión al ámbito laboral, con lo que se permite a las partes pedir la
revisión de la convención colectiva cuando sobrevienen “imprevisibles y
graves alteraciones de la normalidad económica” (artículo 480 CST), que
hacen excesivamente oneroso e incluso imposible continuar con la operación de
la empresa. En este evento, se ha entendido que la revisión no puede afectar
toda la convención sino solo las cláusulas de contenido económico que dieron
lugar al desequilibro que se pretende corregir, bien sea mediante el acuerdo de
las partes o mediante la intervención del juez laboral. La denuncia de la
convención, por el contrario, no responde a condiciones imprevisibles, y es
regulada legalmente como una facultad que pueden ejercer las partes
contratantes para manifestar su inconformidad con la convención colectiva de
trabajo vigente, sin que aquella sea suficiente para afectar la continuidad de
la misma mientras se firma una nueva[176].
En relación con
los efectos de la denuncia de la convención colectiva de trabajo, dado que la
legislación laboral no regula detalladamente el tema y estos pueden versar,
entre otros aspectos, sobre la modificación del plazo de la convención, las
facultades de las partes en la etapa de arreglo directo o las competencias de
los árbitros según se trate del arbitramento obligatorio o el voluntario, la
Corte en la sentencia C-1050 de 2001[177]
precisó el tema en el siguiente sentido:
“Como
ha quedado expuesto atrás, el Código Sustantivo del Trabajo al consagrar la
institución de la denuncia de la convención colectiva (art. 478 y 479 C.S.T.)
no hace mención explícita de todos sus efectos jurídicos. El legislador no
determinó, por ejemplo, qué alcances jurídicos tiene la denuncia en la etapa de
arreglo directo o cuál es su incidencia sobre las facultades de negociación del
empleador o de los trabajadores; tampoco se refirió a los efectos de la
denuncia sobre las competencias de los árbitros que mediante laudos arbitrales
ponen fin al conflicto colectivo de trabajo. || […].
“[…] en lo que
respecta a los efectos de la denuncia sobre la convención colectiva denunciada,
la norma demandada expresamente señala: || “Formulada así la denuncia de la
convención colectiva, ésta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva
convención.”
“De tal manera
que los efectos de la denuncia sobre la convención denunciada son limitados:
primero, no le resta eficacia jurídica a lo pactado, ya que la convención
continua vigente; segundo, la vigencia de la convención denunciada no tiene
término legal fijo; tercero, la continuidad de la convención está supeditada a
que se firme una nueva convención, lo cual supone un nuevo acuerdo entre las
partes en lugar de la imposición unilateral de condiciones laborales diferentes”.
7.4. Prórroga
automática de la convención colectiva de trabajo. El artículo 478 del
Código Sustantivo del Trabajo, establece que “[a] menos que se hayan pactado
normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60)
días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, las partes o
una de ellas no hubieren hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de
darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos
sucesivos de seis en seis meses, que se contarán desde la fecha señalada para
su terminación” (negrillas fueras de texto).
En este orden de
ideas, el legislador regula el término de duración y la continuidad de la convención
colectiva de trabajo mediante la presunción de iure consistente en su
prórroga automática en caso de no presentarse denuncia de la misma dentro del
plazo establecido para ello por la convención o, en su defecto, por la ley. Así
las cosas, la convención que termina por cumplimiento de su término se mantiene
vigente por voluntad de la ley.
Con base en lo
anterior, la Sala entra a estudiar los casos sometidos a su decisión.
8. Análisis de los
casos concretos
8.1. Un punto común en todas las
demandas interpuestas por Termotasajero, es que las decisiones adoptadas por
los despachos judiciales demandados se fundamentaron en una interpretación ilegal
del artículo 20 de la convención colectiva celebrada entre Termotasajero y
Sintraelecol el veintiséis (26) de diciembre de dos mil (2000), por considerar
que debía seguir aplicándose indefinidamente y, con ello, dar al artículo 478
del Código Sustantivo de Trabajo un alcance que no tiene. Según afirmación del
apoderado judicial de la Empresa, el artículo 20 de la convención colectiva de
trabajo vigente para el período 2000-2002, fijaba un aumento del salario básico
para los años 2000 y 2001, no siendo la voluntad de las partes la de establecer
una vigencia indefinida para esta cláusula como erróneamente lo interpretaron
los operadores judiciales demandados[178].
8.2. El artículo 20 de la convención
colectiva de trabajo pactada entre la Empresa y sus trabajadores, consagra:
“Aumento de
salario básico.- Termotasajero S.A. E.S.P. aumentará los salarios básicos de
sus trabajadores en un porcentaje equivalente al nueve por ciento (9%) a partir
del primero (1°) de marzo de 2000.  A partir del 1° de enero de 2001, la asignación
básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios al
consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores. Los reajustes
cobijarán al personal que se encuentre de vacaciones. || Parágrafo 1°.
Termotasajero S.A. E.S.P. no hará aumentos personales discriminatorios
distintos de los pactados en esta Convención. || Parágrafo 2°. Termotasajero
S.A. E.S.P. reconoce la incidencia de este aumento en las prestaciones sociales
de que gozan los trabajadores. || Parágrafo 3°. Termotasajero S.A. E.S.P.
incorporará a la presente Convención Colectiva de Trabajo, el esquema de
Escalafón con sus respectivos salarios. || [Gráfica de salarios]. || Parágrafo
Adicional. Beneficio por Acuerdo Nacional Los trabajadores de Termotasajero S.A.
E.S.P. recibirán por una sola vez, dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento de las respectivas Convenciones Colectivas, la suma de Ciento
Treinta y Un Mil pesos moneda legal colombiana ($131.000.00), la cual no tendrá
incidencia laboral, ni prestacional”.[179]
8.3. Como ya fue
señalado por la Sala, conforme al artículo 479 del Código Sustantivo del
Trabajo, la
denuncia de la convención colectiva de trabajo es la manifestación escrita,
procedente de cualquiera de las partes o de ambas, que expresa la voluntad de
dar por terminada la convención colectiva de trabajo.  Esta
declaración, en relación con el artículo 20 de la convención[180], aparece realizada por
parte de la sociedad Termotasajero, en la Dirección Territorial de Cundinamarca
del Ministerio de Trabajo, el veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce
(2014)[181],
y va acompañada de una carta suscrita por la representante legal de la Empresa,
en donde se lee: “[…] por medio del presente escrito me permito adjuntar por
triplicado la denuncia de la Convención Colectiva de Trabajo vigente hasta el
28 de Febrero de 2014…”, y del documento de la denuncia parcial de la
convención “que rige las relaciones entre [la Empresa] y sus trabajadores,
la cual se encuentra vigente hasta el 28 de Febrero de 2014”, en donde se
explicita el artículo 20 referente al aumento del salario básico, como una de
las cláusulas denunciadas[182].
Allí se expresa el fundamento de dicha denuncia en el siguiente sentido:
“Es importante
dejar sentados los parámetros y la esquematización de los salarios en la
Compañía en concordancia con la actualización que se pretende efectuar del artículo
2 de la Convención[183],
a efectos de materializar los postulados de igualdad en el empleo y la
remuneración.  La adecuada redacción del esquema de salarios, escalafones e
incrementos en la Compañía se constituye en la piedra angular de la ecuación
económica de la misma, re[s]pecto de la cual los empleados juegan un papel
fundamental.  La Convención en este aspecto debe tener una redacción pensada
más hacia futuro y conforme a la realidad luego de más de diez (10) años de
ejecución de la convención para garantizar la sostenibilidad económica de
la [compañía] en el mediano y largo plazo, esto en búsqueda de mejorar
continuamente el clima laboral y equidad en la remuneración.  De aquí la
importancia de la denuncia en este punto” (negrillas fuera de texto)[184].
Hay varios
hechos que resaltan: la Empresa (i) afirma que la convención
colectiva de trabajo ha estado vigente hasta el veintiocho (28) de febrero de dos
mil catorce (2014), y (ii) denuncia el artículo 20 de la misma en el
esquema de incrementos, entre otros conceptos, por considerar que “debe
tener una redacción pensada más hacia futuro y conforme a la realidad luego de
más de diez (10) años de ejecución de la convención para garantizar la
sostenibilidad económica de la [Empresa] en el mediano y largo plazo”.  En
conclusión, y teniendo en cuenta que una convención colectiva de trabajo denunciada
sigue vigente hasta tanto no se firme una nueva, y ello no ha pasado según la
prueba acopiada en el trámite de las tutelas objeto de estudio, (iii) el
artículo 20 de dicho documento convencional estaba vigente para la época de los
hechos.
8.4. Como ya fue planteado por la Sala,
para que una providencia pueda ser acusada de tener un defecto sustantivo, es
necesario que el funcionario judicial aplique una norma inexistente o
absolutamente impertinente o profiera una decisión que carece de fundamento
jurídico; aplique una norma abiertamente inconstitucional, o interprete en
forma contraevidente, irrazonable o desproporcionada la norma aplicable.  Como
el apoderado de Termotasajero planteó en los escritos de tutela que los
operadores judiciales interpretaron en forma ilegal la convención colectiva de
trabajo, al dar al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo un alcance
que no tiene y desconocer la jurisprudencia sostenida en forma pacífica por la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia[185],
la Sala debe pronunciarse acerca de este punto.
Constituye un defecto material o
sustantivo la decisión judicial que se funda en una interpretación indebida de
una disposición legal. Al respecto, la Corte ha señalado con claridad que prima
facie, los debates sobre la adecuada interpretación de un texto legal o
reglamentario no pueden dar origen a la acción de tutela contra una providencia
judicial.  En su criterio, los principios de independencia y autonomía
funcional de los jueces consagrados en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política, les confiere a estos funcionarios la facultad de
escoger, entre las diversas opciones hermenéuticas de una disposición, la que
consideren más ajustada al ordenamiento jurídico en su conjunto.  En aplicación
de esta teoría, la Corte ha negado múltiples solicitudes de tutela, pues, a su
juicio, la procedencia de la tutela en estas circunstancias equivaldría a
convertir al juez constitucional en una instancia más del proceso.  En este
sentido, la Sala Quinta de Revisión señaló:
“Sólo las
actuaciones judiciales que realmente contengan una decisión arbitraria, con
evidente, directa e importante repercusión en el proceso, en perjuicio de los
derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de ataque en sede
constitucional. No así las decisiones que estén sustentadas en un determinado
criterio jurídico, que pueda ser admisible a la luz del ordenamiento, o
interpretación de las normas aplicables, pues de lo contrario se estaría
atentando contra el principio de la autonomía judicial”[186].
Así las cosas, la Sala recalca la
prudencia y deferencia del juez de tutela hacia las opciones valorativas del
juez natural de cada trámite. Las alternativas que acoge, tanto en materia de
interpretación y aplicación de la ley como de determinación de las hipótesis
fácticas, no solo están cubiertas por la independencia y autonomía del
funcionario, sino que se presumen correctas y constitucionales.
8.5. A partir de la exposición
precedente, no puede afirmarse que los funcionarios judiciales tutelados hayan
interpretado el Código Sustantivo del Trabajo y la convención colectiva de
manera irrazonable, cuando en su actuación ejercieron su independencia y autonomía
judicial y procuraron que su entendimiento de la ley redundara en el goce
efectivo de los derechos constitucionales y, en especial, del artículo 53 Superior[187]. En
la indicada norma, el Constituyente consagró derechos mínimos de los
trabajadores, es decir, derechos inalienables, que no pueden disminuirse,
renunciarse, ni es factible transigir sobre ellos; que se imponen inclusive al
legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos.
Entre tales derechos se encuentra el que
surge de la aplicación del principio de favorabilidad, que la Constitución
entiende como la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.  Siendo
la ley una de esas fuentes, su interpretación, cuando se presenta la hipótesis
de la cual parte la norma –la duda–, no puede ser ninguna diferente de la que
más favorezca al trabajador. Ella es obligatoria, preeminente e ineludible para
el juez.
Como lo expone la Sala Quinta de
Revisión en la sentencia T-001 de 1999[188],
“allí la autonomía judicial para interpretar los mandatos legales pasa a ser
muy relativa: el juez puede interpretar la ley que aplica, pero no le es dable
hacerlo en contra del trabajador, esto es, seleccionando entre dos o más
entendimientos posibles aquel que ostensiblemente lo desfavorece o perjudica.
Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida
sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por
lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que
para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger
con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la Constitución lo ha
hecho por él y de manera imperativa y prevalente”.
Al respecto, no vacila la Corte en
afirmar que toda transgresión a esta regla superior en el curso de un proceso
judicial constituye un defecto sustantivo e implica el desconocimiento
flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en especial el del
debido proceso (artículo 29 CP).  Ya lo dijo la Corte en Sala Plena y lo
reitera esta Sala sin ambages en la presente oportunidad:
“[…] considera
la Corte que la “condición más beneficiosa” para el trabajador, se encuentra
plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad
que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también
legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más
ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o
interpretarla. En nuestro Ordenamiento Superior el principio de favorabilidad se
halla regulado en los siguientes términos: “situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho”, precepto que debe incluirse en el estatuto del trabajo
que expida el Congreso.
“De conformidad
con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en
distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva,
etc.), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas
escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador.  La
favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas
de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino
también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la
norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está
permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera,
pues se estaría convirtiendo en legislador. (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz)”
(negrillas fuera de texto).
Además de lo anterior, debe tenerse en
cuenta que el inciso final del artículo 1 de la convención colectiva de
trabajo, reza: “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las
normas de trabajo vigente, prevalecerá la más favorable al trabajador. La norma
que se adopte debe aplicarse en su integridad”[189].
En el caso objeto de controversia, no
hay duda alguna en el sentido de que la interpretación favorable a los
trabajadores era la que partía de la vigencia del artículo 20 de la convención
colectiva de Termotasajero, para reconocer, con fundamento en dicha cláusula,
los incrementos salariales en los términos que fueron descritos por los jueces
de instancia.  Lo anterior, por cuanto (i) operó la prórroga automática
de la convención colectiva, por períodos sucesivos de seis en seis meses,
conforme al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a que
ninguna de las partes manifestó por escrito su expresa voluntad de darla por
terminada dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la
expiración de su término, es decir, el veintiocho de febrero de dos mil dos
(2002)[190];
(ii) la misma Empresa señaló que la convención ha
estado vigente hasta el veintiocho (28) de febrero de dos mil catorce (2014)[191], y (iii)
se denunció el artículo 20 de la misma, en el esquema de incrementos, el
veintisiete (27) de febrero de dos mil catorce (2014), sin embargo, hasta hoy no
se ha firmado una nueva cláusula al respecto.  Se concluye, entonces, que (iv)
para la época de los hechos que fueron objeto de controversia en los procesos
ordinarios laborales adelantados por los trabajadores, el artículo 20 de dicho instrumento
convencional se encontraba vigente.
8.6. A partir de estas premisas, la Sala
considera que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en un
defecto sustantivo derivado de la interpretación contraevidente,
irrazonable o desproporcionada del artículo 20 de la convención colectiva de
trabajo suscrita entre Termotasajero y Sintraelecol, a la luz del artículo 478
del Código Sustantivo del Trabajo.  Al contrario, encuentra que la
interpretación es razonable, entendiendo que lo razonable está
condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.
8.7. Teniendo en cuenta los anteriores
argumentos, pasa la Sala a hacer el estudio de cada uno de los casos.
8.7.1. Expediente T-4330329
Termotasajero
interpuso acción de tutela contra la Sala laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario
laboral[192]
adelantado por Jairo Alonso Figueroa Gómez en su contra, en donde solicitaba el
reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de trabajo en su
condición de personal de planta, como son los reajustes a los salarios fijados
por el ordenamiento legal y/o convencional[193],
desde el 1 de marzo de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la
sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de
Bogotá del treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007)[194].
Mediante la sentencia del quince (15) de
abril de dos mil once (2011), el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta
absolvió a la Empresa[195],
pero, apelada la anterior decisión por parte del señor Figueroa Gómez, a través
de la providencia del diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011), la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta decidió revocar la sentencia del juez
de primera instancia, disponiendo, en su lugar, el reconocimiento y pago de los
incrementos solicitados dando cumplimiento a lo acordado en la convención
colectiva[196].
En el caso objeto de estudio, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, concedió la
pretensión de incremento salarial solicitada por Jairo Alonso Figueroa Gómez,
considerando que la cláusula contenida en el inciso primero del artículo 20 de
la convención colectiva celebrada entre Termotasajero y Sintraelecol, se
encontraba vigente, toda vez que (i) señala que “A partir del 1° de
enero de 2001, la asignación básica se incrementará en el porcentaje de
variación del índice de precios al consumidor año completo…”, y (ii)
no fija una fecha de cierre que permita determinar un plazo concreto hasta el
cual debe ser aplicada la voluntad de las partes en relación con el aumento del
salario básico. Además, (iii) entendiendo que había operado la prórroga
automática de la convención colectiva, por períodos sucesivos de seis en seis
meses, conforme al artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a que
ninguna de las partes manifestó por escrito su expresa voluntad de darla por
terminada dentro de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la
expiración de su término, es decir, el veintiocho de febrero de dos mil dos
(2002)[197].
En este marco, Termotasajero interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta y el
Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, argumentando la existencia de una
vía de hecho derivada de la indebida interpretación del artículo 20 de la
convención colectiva de trabajo, dado que la misma ya no se encontraba vigente[198].  La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del
dos (2) de octubre de dos mil trece (2013)[199],
tuteló el derecho fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al
Tribunal Superior de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones
adelantadas dentro del proceso ordinario instaurado por [Jairo Alonso Figueroa
Gómez][200]
a partir de la sentencia del [19] de diciembre de 2011, que ordenó el
reconocimiento y pago de los incrementos solicitados por el demandante, toda
vez que se dio un alcance que no tenía a la convención colectiva de trabajo,
incurriendo así en violación al debido proceso”[201].  Esta decisión fue
confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
mediante sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014)[202], al
considerar que el Tribunal Superior de Cúcuta con la decisión emitida el diecinueve
(19) de diciembre de dos mil once (2011), vulneró el debido proceso reclamado
por Termotasajero, “al darle al artículo 20 de la convención colectiva un
alcance que en realidad no tenía, lo cual condujo a ordenar y reconocer los
incrementos deprecados dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jairo
Alonso Figueroa Gómez, cuando del articulado se infiere que los incentivos
económicos fueron pactados únicamente para los años 2000 y 2001”[203].
En el presente asunto encuentra la Sala
que la interpretación del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo
suscrita entre Termotasajero y Sintraelecol, a la luz del artículo 478 del
Código Sustantivo del Trabajo, y que fuera realizada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, es razonable y
no constituye una violación flagrante ni grosera de la Constitución.  Es
razonable en el sentido que hace una hermenéutica correcta de las disposiciones
legales y convencionales, en coherencia con la protección de los derechos del
trabajador Jairo Alonso Figueroa Gómez y la aplicación del principio de
favorabilidad conforme al artículo 53 Superior.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia se involucró en la interpretación de las normas que
correspondía al juez natural, y la Sala de Casación Penal del mencionado órgano
de cierre avaló esa intromisión.  Al hacerlo, impusieron su criterio sobre el de
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, lo que implicó que se restara
eficacia a las conclusiones a las que arribó el juez de instancia y se
desconociera que él era el intérprete autorizado.  En este orden de ideas, el
juez constitucional invadió el ámbito funcional del juez competente, sin
reparar en el hecho de que el operador judicial, con apoyo en las pruebas
recaudadas, arribó a una conclusión que (i) no puede ser calificada de contraevidente,
irrazonable o desproporcionada; (ii) fue sustentada fáctica y jurídicamente,
y (iii) no agravia los derechos fundamentales de la parte que no fue favorecida
con la sentencia.
Estima la Sala, por tanto, que la decisión
atacada no envuelve un defecto sustantivo, toda vez que la interpretación
discutida obedece a un juicio que descansa en argumentos razonables que no
pugnan con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la normativa
aplicable al caso debatido.  Lo anterior, es coherente con artículo 61 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que establece la libre
formación del convencimiento en el sentido de que “[e]l Juez no estará
sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la
crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y
a la conducta procesal observada por las partes”.
En atención a lo anterior, la Sala de
Revisión concluye que la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, en el marco del proceso ordinario laboral adelantado
por Jairo Alonso Figueroa Gómez[204],
no
vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Termotasajero, en razón de la interpretación dada al artículo 20 de
la convención colectiva, en aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo
del Trabajo, toda vez que esta es razonable y no constituye una violación
flagrante ni grosera de la Constitución.
En consecuencia, la Sala revocará las
sentencias del veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014) proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del dos (2) de
octubre de dos mil trece (2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se tuteló el derecho fundamental
al debido proceso de Termotasajero.  En su lugar, negará el amparo solicitado
por las razones expuestas en esta providencia.
8.7.2. Expediente T-4330400
Termotasajero
interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y
el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario
laboral[205]
adelantado por la señora Nancy Yaneth Jaimes Rivera en su contra, en donde
solicitaba el
reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de trabajo en su
condición de personal de planta, como son los reajustes a los salarios fijados
por el ordenamiento legal y/o convencional, desde el 1 de marzo de 2002 hasta
el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá del treinta y uno (31) de mayo de
dos mil siete (2007)[206].
Mediante sentencia del veinticuatro (24)
de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión
del Circuito de Cúcuta condenó a la sociedad demandada a reconocer y pagar las
sumas pretendidas, salvo aquellas que fueran anteriores al treinta (30) de
enero de dos mil cuatro (2004), sobre las cuales ya habría operado el fenómeno
de la prescripción[207].
En el trámite de la apelación, la anterior decisión fue adicionada por la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta a través de la providencia del
veintidós (22) de junio de dos mil doce (2012), en la que se dispuso que
Termotasajero “reconozca y pague a la señora [Nancy Yaneth] las diferencias
originadas en los reajustes que le corresponden […] por concepto de salarios
(30 días y día 31) y horas extras laboradas en jornada diurna, nocturna, días
festivos, dominicales y el recargo por trabajo en días domingos, […], que estos
y los demás conceptos especificados en dicho ordinal deberán ser indexados para
el momento de su pago…”[208].
En el caso objeto de estudio, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, concedió la pretensión
de incremento salarial solicitada por Nancy Yaneth Jaimes Rivera, considerando
que la cláusula contenida en el inciso primero del artículo 20 de la convención
colectiva celebrada entre Termotasajero y Sintraelecol, se encontraba vigente,
toda vez que (i) señala que “A partir del 1° de enero de 2001, la
asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de
precios al consumidor año completo…”, y (ii) no fija una fecha de
cierre que permita determinar un plazo concreto hasta el cual debe ser aplicada
la voluntad de las partes en relación con el aumento del salario básico.
Además, (iii) entendiendo que había operado la prórroga automática de la
convención colectiva, por períodos sucesivos de seis en seis meses, conforme al
artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a que ninguna de las
partes manifestó por escrito su expresa voluntad de darla por terminada dentro
de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su
término, es decir, el veintiocho de febrero de dos mil dos (2002)[209].
En este marco, la Empresa interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta
y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, argumentando
la existencia de una vía de hecho derivada de la indebida interpretación del
artículo 20 de la convención colectiva de trabajo, dado que la misma ya no se
encontraba vigente[210].
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia
del cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013)[211], tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al Tribunal Superior
de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones adelantadas dentro del
proceso ordinario instaurado por Nancy Yaneth Jaimes Rivera, a partir de la
sentencia del 22 de junio de 2012, que adicionó la sentencia proferida por el
Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta y confirmó en
lo demás la sentencia impugnada y rehaga la actuación de conformidad con los
lineamientos […] señalados, toda vez que se dio un alcance que no tenía a la
convención colectiva de trabajo, incurriendo así en violación al debido proceso”[212].  Esta
decisión fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia a través de la providencia del veinte (20) de marzo de dos mil catorce
(2014)[213],
al considerar que “la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta le otorgó
un alcance equívoco al artículo 20 de la Convención Colectiva, lo cual generó
el reconocimiento de las pretensiones reclamadas por Nancy Yaneth Jaimes
Rivera, desconociendo que los aumentos salariales a que se hacía estaban
determinados para los años 2000 y 2001, y no hasta el año 2007 como lo entiende
la demandante”[214].
En el presente asunto encuentra la Sala
que la interpretación del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo
suscrita entre Termotasajero y Sintraelecol, a la luz del artículo 478 del
Código Sustantivo del Trabajo, y que fuera realizada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado
Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de la misma ciudad, es razonable y
no constituye una violación flagrante ni grosera de la Constitución.  Es
razonable en el sentido que hace una hermenéutica correcta de las disposiciones
legales y convencionales, en coherencia con la protección de los derechos de la
trabajadora Nancy Yaneth Jaimes Rivera y la aplicación del principio de
favorabilidad conforme al artículo 53 Superior.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia se involucró en la interpretación de las normas que
correspondía a los jueces de instancia, y la Sala de Casación Penal del
mencionado órgano de cierre avaló esa intromisión.  Al hacerlo, impusieron su
criterio sobre el de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del
Circuito de la misma ciudad, lo que implicó que
se restara eficacia a las conclusiones a las que arribaron los operadores
judiciales naturales y se desconociera que ellos eran los intérpretes
autorizados.  En este orden de ideas, el juez constitucional invadió el ámbito
funcional de los órganos competentes, sin reparar en el hecho de que estos, con
apoyo en las pruebas recaudadas, arribaron a una conclusión que (i) no
puede ser calificada de contraevidente, irrazonable o desproporcionada; (ii)
fue sustentada fáctica y jurídicamente, y (iii) no agravia los derechos
fundamentales de la parte que no fue favorecida con la sentencia.
Estima la Sala, por tanto, que la
decisión atacada no envuelve un defecto sustantivo, toda vez que la
interpretación discutida obedece a un juicio que descansa en argumentos
razonables que no pugnan con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a
la normativa aplicable al caso debatido.  Lo anterior, es coherente con artículo
61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que establece la
libre formación del convencimiento en el sentido de que “[e]l Juez no estará
sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la
crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y
a la conducta procesal observada por las partes”.
En atención a lo anterior, la Sala de
Revisión concluye que la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del
Circuito de la misma ciudad, en el marco del proceso ordinario
laboral adelantado por la señora Nancy Yaneth Jaimes Rivera[215], no
vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Termotasajero, en razón de la interpretación dada al artículo 20 de
la convención colectiva, en aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo
del Trabajo, toda vez que esta es razonable y no constituye una violación
flagrante ni grosera de la Constitución.
En consecuencia, la Sala revocará las
sentencias del veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014) proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del cuatro (4) de
diciembre de dos mil trece (2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, por medio de las cuales se tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de Termotasajero. En su lugar, negará el amparo
solicitado por las razones expuestas en esta providencia.
8.7.3. Expediente T-4330436
Termotasajero
interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y
el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, solicitando el
amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario
laboral[216]
adelantado por el señor Inocencio Cogollos Zárate en su contra, en donde
solicitaba el
reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de trabajo en su
condición de personal de planta, como son los reajustes a los salarios fijados
por el ordenamiento legal y/o convencional, desde el 1 de marzo de 2002 hasta
el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá del treinta y uno (31) de mayo de
dos mil siete (2007)[217].
A través de la sentencia del trece (13)
de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión
del Circuito de Cúcuta declaró probada parcialmente la excepción de
prescripción y condenó a la sociedad demandada a reconocer y pagar las sumas
pretendidas, salvo aquellas que fueran anteriores al treinta (30) de enero de
dos mil cuatro (2004), sobre las cuales ya habría operado el fenómeno de la
prescripción[218].
Apelada la anterior decisión, mediante providencia del primero (01) de
junio de dos mil doce (2012), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta
adicionó la condena proferida por el juez de primera instancia, disponiendo que
Termotasajero “reconozca y pague al señor [Inocencio Cogollo Zárate] las
diferencias originadas en los reajustes que le corresponden […] por concepto de
salarios (30 días y día 31) y horas extras laboradas en jornada diurna,
nocturna, días festivos, dominicales y el recargo por trabajo en días domingos,
[…], que estos y los demás conceptos especificados en dicho ordinal deberán ser
indexados para el momento de su pago…”.[219]
En el caso objeto de estudio, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, concedió la pretensión
de incremento salarial solicitada por Inocencio Cogollos Zárate, considerando
que la cláusula contenida en el inciso primero del artículo 20 de la convención
colectiva celebrada entre Termotasajero y Sintraelecol, se encontraba vigente,
toda vez que (i) señala que “A partir del 1° de enero de 2001, la
asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios
al consumidor año completo…”, y (ii) no fija una fecha de cierre que
permita determinar un plazo concreto hasta el cual debe ser aplicada la
voluntad de las partes en relación con el aumento del salario básico. Además, (iii)
entendiendo que había operado la prórroga automática de la convención
colectiva, por períodos sucesivos de seis en seis meses, conforme al artículo
478 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a que ninguna de las partes
manifestó por escrito su expresa voluntad de darla por terminada dentro de los
sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su término, es
decir, el veintiocho de febrero de dos mil dos (2002)[220].
En este marco, Termotasajero interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de la misma
ciudad,
argumentando la existencia de una vía de hecho derivada de la indebida
interpretación del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo, dado que
la misma ya no se encontraba vigente[221].
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia
del cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013)[222], tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al Tribunal Superior
de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones adelantadas dentro del
proceso ordinario instaurado por Inocencio Cogollos Zárate […], a partir de la
providencia del 1° de junio de 2012, que adicionó y dispuso el reconocimiento y
pago de los incrementos solicitados…”[223].
Este fallo fue confirmado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia mediante sentencia del veinticinco (25) de marzo de dos mil catorce
(2014)[224],
al estimar que “no era dable del juez ordinario laboral en segunda instancia
haber concedido las pretensiones de Inocencio Cogollo Zárate, al imponer los
aumentos salariales contenidos en la convención de trabajo, los cuales estaban
específicamente determinados para el año 2000 y 2001, es decir, tan solo para
un período de dos años, […] en virtud del artículo 20 de la convención…”[225].
En el presente asunto encuentra la Sala
que la interpretación del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo
suscrita entre Termotasajero y Sintraelecol, a la luz del artículo 478 del Código
Sustantivo del Trabajo, y que fuera realizada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado
Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de la misma ciudad, es razonable y
no constituye una violación flagrante ni grosera de la Constitución.  Es
razonable en el sentido que hace una hermenéutica correcta de las disposiciones
legales y convencionales, en coherencia con la protección de los derechos del
trabajador Inocencio Cogollos Zárate y la aplicación del principio de
favorabilidad conforme al artículo 53 Superior.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia se involucró en la interpretación de las normas que
correspondía a los jueces de instancia, y la Sala de Casación Penal del
mencionado órgano de cierre avaló esa intromisión.  Al hacerlo, impusieron su
criterio sobre el de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del
Circuito de la misma ciudad, lo que implicó que se restara eficacia
a las conclusiones a las que arribaron los operadores judiciales naturales y se
desconociera que ellos eran los intérpretes autorizados.  En este orden de
ideas, el juez constitucional invadió el ámbito funcional de los órganos
competentes, sin reparar en el hecho de que estos, con apoyo en las pruebas
recaudadas, arribaron a una conclusión que (i) no puede ser calificada
de contraevidente, irrazonable o desproporcionada; (ii) fue sustentada
fáctica y jurídicamente, y (iii) no agravia los derechos fundamentales
de la parte que no fue favorecida con la sentencia.
Estima la Sala, por tanto, que la
decisión atacada no envuelve un defecto sustantivo, toda vez que la
interpretación discutida obedece a un juicio que descansa en argumentos razonables
que no pugnan con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a la
normativa aplicable al caso debatido.  Lo anterior, es coherente con artículo
61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que establece la
libre formación del convencimiento en el sentido de que “[e]l Juez no estará
sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su
convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la
crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y
a la conducta procesal observada por las partes”.
En atención a lo anterior, la Sala de
Revisión concluye que la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del
Circuito de la misma ciudad, en el marco del proceso ordinario
laboral adelantado por el señor Inocencio Cogollos Zárate[226], no
vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Termotasajero, en razón de la interpretación dada al artículo 20 de
la convención colectiva, en aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo
del Trabajo, toda vez que esta es razonable y no constituye una violación
flagrante ni grosera de la Constitución.
En consecuencia, la Sala revocará las
sentencias del veinticinco (25) de marzo de dos mil catorce (2014) proferida
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del cuatro (4)
de diciembre de dos mil trece (2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de Termotasajero. En su lugar, negará el amparo
solicitado por las razones expuestas en esta providencia.
8.7.4. Expediente T-4338102
Termotasajero interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma
ciudad, solicitando
el amparo de los derechos fundamentales de su representada al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los
despachos judiciales al proferir sus decisiones dentro del proceso ordinario
laboral[227]
adelantado por el señor Henry Alberto López Arguelles en su contra, en donde
solicitaba el
reconocimiento de todos los derechos derivados del contrato de trabajo en su
condición de personal de planta, como son los reajustes a los salarios fijados
por el ordenamiento legal y/o convencional, desde el 1 de marzo de 2002 hasta
el 31 de mayo de 2007, reafirmados en la sentencia proferida por el Juzgado
Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá del treinta y uno (31) de mayo de
dos mil siete (2007)[228].
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito
de Cúcuta, mediante auto del veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011),
resolvió declarar probada la excepción de pleito pendiente propuesta por la
sociedad demandada y, consecuencialmente, dar por terminado el proceso seguido
por Henry Alberto López contra Termotasajero[229].
Esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Cúcuta.  Como
consecuencia de lo anterior, el proceso continuó ante el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito, el cual a través de sentencia del veintiséis (26) de
octubre de dos mil once (2011) ordenó a la Empresa realizar el reajuste
salarial de acuerdo a lo convenido en el artículo 20 de la convención colectiva[230].
Apelada la anterior decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta
mediante providencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012),
entre otras órdenes, modificó el ordinal primero de la sentencia del juez de
primera instancia “en cuanto al reajuste salarial ordenado el cual quedará
comprendido desde el 29 de enero de 2004 hasta el 31 de mayo de 2007 y no como
había señalado el A-quo por estar prescrito lo reclamado con fecha anterior a
ese lapso”[231].
En el caso objeto de estudio, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, concedió la pretensión
de incremento salarial solicitada por Inocencio Cogollos Zárate, considerando
que la cláusula contenida en el inciso primero del artículo 20 de la convención
colectiva celebrada entre Termotasajero y Sintraelecol, se encontraba vigente,
toda vez que (i) señala que “A partir del 1° de enero de 2001, la
asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de
precios al consumidor año completo…”, y (ii) no fija una fecha de
cierre que permita determinar un plazo concreto hasta el cual debe ser aplicada
la voluntad de las partes en relación con el aumento del salario básico.
Además, (iii) entendiendo que había operado la prórroga automática de la
convención colectiva, por períodos sucesivos de seis en seis meses, conforme al
artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, debido a que ninguna de las
partes manifestó por escrito su expresa voluntad de darla por terminada dentro
de los sesenta (60) días inmediatamente anteriores a la expiración de su
término, es decir, el veintiocho de febrero de dos mil dos (2002)[232].
En este marco, Termotasajero interpuso
acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la
misma ciudad,
argumentando la existencia de una vía de hecho derivada de la indebida
interpretación del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo, dado que
la misma ya no se encontraba vigente[233].
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia
del cuatro (4) de diciembre de dos mil trece (2013)[234], concedió el derecho
fundamental al debido proceso de Termotasajero, y ordenó al Tribunal Superior
de Cúcuta que “[…] deje sin efecto las actuaciones adelantadas dentro del
proceso ordinario instaurado por Henry Alberto López Arguelles contra la
sociedad accionante, a partir de la providencia del 28 de febrero de 2012, que
confirmó el reconocimiento y pago de los incrementos solicitados por el señor
López Arguelles…”[235].
Esta decisión fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema
de Justicia a través de la sentencia del primero (01) de abril de dos mil
catorce (2014)[236].
En el presente asunto encuentra la Sala
que la interpretación del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo
suscrita entre Termotasajero y Sintraelecol, a la luz del artículo 478 del
Código Sustantivo del Trabajo, y que fuera realizada por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado
Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad, es razonable y
no constituye una violación flagrante ni grosera de la Constitución.  Es
razonable en el sentido que hace una hermenéutica correcta de las disposiciones
legales y convencionales, en coherencia con la protección de los derechos del
trabajador Henry Alberto López Arguelles y la aplicación del principio de
favorabilidad conforme al artículo 53 Superior.
La Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia se involucró en la interpretación de las normas que
correspondía a los jueces de instancia, y la Sala de Casación Penal del
mencionado órgano de cierre avaló esa intromisión.  Al hacerlo, impusieron su
criterio sobre el de la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma
ciudad, lo que implicó
que se restara eficacia a las conclusiones a las que arribaron los operadores
judiciales naturales y se desconociera que ellos eran los intérpretes
autorizados. En este orden de ideas, el juez constitucional invadió el ámbito
funcional de los órganos competentes, sin reparar en el hecho de que estos, con
apoyo en las pruebas recaudadas, arribaron a una conclusión que (i) no
puede ser calificada de contraevidente, irrazonable o desproporcionada; (ii)
fue sustentada fáctica y jurídicamente, y (iii) no agravia los derechos
fundamentales de la parte que no fue favorecida con la sentencia.
Estima la Sala, por tanto, que la
decisión atacada no envuelve un defecto sustantivo, toda vez que la
interpretación discutida obedece a un juicio que descansa en argumentos
razonables que no pugnan con la lógica jurídica, ni es abiertamente contraria a
la normativa aplicable al caso debatido.  Lo anterior, es coherente con
artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que
establece la libre formación del convencimiento en el sentido de que “[e]l
Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que
informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes
del pleito y a la conducta procesal observada por las partes”.
En atención a lo anterior, la Sala de
Revisión concluye que la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cúcuta y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma
ciudad,
en
el marco del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Henry Alberto
López Arguelles[237],
no
vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Termotasajero, en razón de la interpretación dada al artículo 20 de
la convención colectiva, en aplicación del artículo 478 del Código Sustantivo
del Trabajo, toda vez que esta es razonable y no constituye una violación
flagrante ni grosera de la Constitución.
Igual entendimiento tiene en relación
con el reclamo planteado por la Empresa accionante, de configurarse un defecto
sustantivo en razón del sentido de la decisión dado a la excepción de pleito
pendiente propuesta por Termotasajero en el trámite del proceso de Henry
Alberto López Arguelles.
En el asunto en cuestión, mediante auto del
veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011), el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Cúcuta, resolvió declarar probada la excepción de pleito
pendiente propuesta por la sociedad demandada y, consecuencialmente, dar por
terminado el proceso seguido por Henry Alberto López contra Termotasajero[238].
Esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Cúcuta al considerar que
“en el proceso tramitado en Bogotá la fuente normativa era el Acuerdo Marco
Intersectorial, mientras que el proceso adelantado por el Juzgado Segundo tenía
como fuente la Convención Colectiva de Trabajo”[239].
En este punto, reitera la Sala que la jurisprudencia
constitucional ha respetado la interpretación judicial realizada por los jueces
de instancia, y solo ha admitido la procedencia de la tutela cuando la
aplicación de la norma legal se basa en una “interpretación ostensible y
abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable”[240]. Aspecto este que no
observa en esta oportunidad, pues después de estudiar los elementos probatorios
obrantes en el expediente y que fueron precisados con anterioridad, coincide
con la conclusión a la que arribó la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta.
En consecuencia, la Sala revocará las
sentencias del primero (01) de abril de dos mil catorce (2014) proferida por la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del cuatro (4) de
diciembre de dos mil trece (2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, por medio de las cuales se tuteló el derecho
fundamental al debido proceso de Termotasajero.  En su lugar, negará el amparo
solicitado por las razones expuestas en esta providencia.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- (Expediente
T-4330329).  DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por
Termotasajero SA ESP, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, para
controvertir el asunto relacionado con la falta de decisión de la excepción
previa de pleito pendiente propuesta por la Empresa en el proceso ordinario
laboral adelantado por Jairo Alonso Figueroa Gómez, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente sentencia.
Segundo.- (Expediente
T-4330329). REVOCAR las sentencias
del veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014) proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del dos (2) de octubre de dos
mil trece (2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante las cuales se tuteló el derecho fundamental al debido
proceso de Termotasajero.  En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por
la Empresa por las razones expuestas en esta providencia.
Tercero.- (Expediente
T-4330400). DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Termotasajero
SA ESP, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Laboral
Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, para controvertir el asunto
relacionado con el trámite dado a la excepción previa de pleito pendiente
planteada por la Empresa en el proceso ordinario laboral adelantado por Nancy
Yaneth Jaimes Rivera, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente sentencia.
Cuarto.- (Expediente
T-4330400). REVOCAR las sentencias
del veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014) proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y del cuatro (4) de diciembre
de dos mil trece (2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, por medio de las cuales se tuteló el derecho fundamental
al debido proceso de Termotasajero.  En su lugar, NEGAR el amparo
solicitado por las razones expuestas en esta providencia.
Quinto.- (Expediente
T-4330436).  DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Termotasajero
SA ESP, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cúcuta, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Laboral
Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, para controvertir el asunto
relacionado con el trámite dado a la excepción previa de pleito pendiente
planteada por Termotasajero SA ESP en el proceso ordinario laboral adelantado
por Inocencio Cogollos Zárate, por las razones expuestas en la parte motiva de
la presente sentencia.
Sexto.- (Expediente
T-4330436). REVOCAR las sentencias del veinticinco
(25) de marzo de dos mil catorce (2014) proferida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, y del cuatro (4) de diciembre de dos mil trece
(2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
mediante las cuales se tuteló el derecho fundamental al debido proceso de
Termotasajero.  En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por las razones
expuestas en esta providencia.
Séptimo.- (Expediente
T-4338102).  REVOCAR las sentencias del primero (01)
de abril de dos mil catorce (2014) proferida por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia, y del cuatro (4) de diciembre de dos mil trece
(2013) emanada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
por medio de las cuales se tuteló el derecho fundamental al debido proceso de
Termotasajero.  En su lugar, NEGAR el amparo solicitado por las razones
expuestas en esta providencia.
Octavo.-
LÍBRESE
por Secretaría General las comunicaciones de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANDRES MUTIS
VANEGAS
Secretario
General (E)
[1] Proceso
radicado 540003105003-200900374.
[2] La
demanda de tutela obra a folios 1 al 45 del cuaderno principal.  En adelante,
cuando se haga referencia a un folio se entenderá que corresponde al cuaderno
principal a menos que se diga otra cosa.
[3] En
los antecedentes de la providencia del diecinueve (19) de diciembre de dos mil
once (2011), de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, se afirma que
el señor Jairo Alonso Figueroa Gómez, trabaja en Termotasajero desde el 10 de
marzo de 1985 de manera continua e ininterrumpida, y que está afiliado a
Sintraelecol (folio 166).
[4] En parte,
amparaba sus reclamos en la Convención Colectiva de Trabajo de Termotasajero SA
ESP, que estableció en su artículo 20: “Aumento de salario básico.-
Termotasajero S.A. E.S.P. aumentará los salarios básicos de sus trabajadores en
un porcentaje equivalente al nueve por ciento (9%) a partir del primero (1°) de
marzo de 2000.  A partir del 1° de enero de 2001, la asignación básica se
incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor
año completo, para los doce (12) meses anteriores.  Los reajustes cobijarán al
personal que se encuentre de vacaciones. || Parágrafo 1°. Termotasajero S.A.
E.S.P. no hará aumentos personales discriminatorios distintos de los pactados
en esta Convención. || Parágrafo 2°. Termotasajero S.A. E.S.P. reconoce la
incidencia de este aumento en las prestaciones sociales de que gozan los
trabajadores. || Parágrafo 3°. Termotasajero S.A. E.S.P. incorporará a la
presente Convención Colectiva de Trabajo, el esquema de Escalafón con sus
respectivos salarios…”.
[5] Folios 8 al 10.
En
el marco de una acción de tutela promovida por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Electricidad de Colombia, Sintraelecol, contra
Termotasajero, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007), el
Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, juez de segunda
instancia en dicho trámite, revocó la decisión proferida por el Juez Primero
Civil Municipal de Bogotá el veinte (20) de abril de dos mil siete (2007) y
otorgó el mecanismo transitorio del amparo de los derechos fundamentales a la
subsistencia y al mínimo vital y móvil de los trabajadores afiliados a
Sintraelecol, y ordenó a Termotasajero “que en el perentorio e improrrogable
término de ocho (8) días, y con la plena observancia de lo determinado en la
parte motiva, […] proceda a INDEXAR y pagarle a sus trabajadores acá
representados por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD EN COLOMBIA
SINTRAELECOL lo correspondiente a su remuneración salarial…” (folio 95).
Precisando “[…] que debe ocurrir la compensación como producto de la indexación
efectuada del salario congelado desde su causación con posterioridad al mes de
febrero de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007 y la liquidación que reporten los valores
pagados como salario congelado pero también traídos a valor presente desde
cuando ocurriera su pago hasta el 31 de mayo de 2007, para entonces proseguir
simplemente el salario ya indexado cada vez que se siga causando” (folio 94
reverso).  La sentencia en cita obra a folios 91 (reverso) al 95.
[6] La providencia
judicial obra a folios 152 al 164.  En relación con la excepción previa de
pleito pendiente, afirmó el apoderado judicial de Termotasajero en el escrito
de tutela, que en la instancia procesal se propuso dicha excepción en razón a
que “[e]l fundamento de la demanda fue nuevamente el reconocimiento del derecho
al aumento salarial a partir de la existencia del Acuerdo Marco Sectorial y la
consagración en la convención colectiva de Termotasajero, del referido artículo
20. || En otras palabras: lo que se pretendió, también en este caso, fue el
reconocimiento de que el aumento pactado en el artículo 20 de la Convención,
debía aplicarse indefinidamente a partir del año 2002, a pesar de haber perdido
su vigencia”; asunto este que venía siendo objeto de discusión en otro proceso
ordinario laboral adelantado por algunos trabajadores de Termotasajero, entre ellos,
el señor Figueroa Gómez, que culminó con la sentencia de la Sala Laboral de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá del veintiséis (26) de marzo de
dos mil diez (2010) (folios 76 al 81), a través de la cual se confirmó la
sentencia de primera instancia del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Descongestión de Bogotá del veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009)
(folios 72, reverso, al 75), mediante la cual se denegaron las pretensiones de
la demanda (folios 50 al 59).
[7] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 165 al
188. En la parte motiva de la sentencia se lee: “En cuanto a la interpretación
[del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo] TERMOTASAJERO S.A.
E.S.P. refiere que los aumentos a los que se hace referencia tan sólo incluían
los años 2000 y 2001, y no los años subsiguientes. || […] estima la Sala que
cuando el texto convencional dispone que “A partir del 1° de enero de 2001,
la asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice
de precios al consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores”,
la misma ha de interpretarse en el sentido que el 1° de enero de 2001
constituye la base inicial desde la cual se aplicará el mencionado incremento
al salario de los trabajadores sin imponer una fecha límite respecto del mismo,
y por cuanto el inciso final del artículo 1° del pacto colectivo señala que “En
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente,
prevalecerá la más favorable al trabajador.  La norma que se adopte debe
aplicarse en su integridad”, ha de entenderse que el aparte en discusión
del artículo 20 de la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el
futuro pues no cerró su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque
conforme al principio de la ultractividad, las cláusulas normativas del
convenio han prorrogado sus consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor
un nuevo pacto colectivo, yendo lo anterior en consonancia con lo establecido
en el artículo 478 del C.S.T. que dispone la prórroga automática de las
convenciones y la presunción en cuanto a la Ultractividad Exlege, es
decir, que a menos que se hayan pactado normas diferentes, lo dispuesto en el
estatuto de los trabajadores mantendrá en vigor todo su contenido normativo”
(folios 179 y 180).  El magistrado Antonio José Acevedo Gómez presentó
salvamento de voto a la anterior decisión (folios 190 al 195).
[8] El
auto que niega la concesión del recurso de casación interpuesto por la Empresa
demandada obra a folios 197 al 202.  A continuación Termotasajero interpuso los
recursos de reposición y queja, este último despachado desfavorablemente al
declarar “bien denegado el recurso extraordinario de casación…” (folios 208 al
217).
[9] Afirmó
que “[l]a interpretación del Tribunal desconoce la que sobre el particular ha
hecho la C.S.J. al igual que los principios de interpretación aplicables…”.
Cita las siguientes decisiones emanadas de dicha Corporación: sentencia del 22
de septiembre de 2009, proceso radicado 38537; sentencia del 7 de octubre de
2008, proceso radicado 34234, y sentencia del 5 de febrero de 2009, proceso
radicado 33971.  Asimismo, expuso: “[…] debe tenerse en cuenta que el
[T]ribunal Superior de Bogotá, al resolver sobre procesos idénticos a aquel que
aquí se cuestiona [Rad. 2009-31101], consideró, como en efecto lo ordena la
ley, que no había lugar a los incrementos porque dicha cláusula Convencional ya
se encontraba agotada.  […] || Esta argumentación sirvió para negar idénticas
pretensiones en los siguientes procesos que, en segunda instancia, fueron
conocidos por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral…”.
En este punto, cita los procesos adelantados por William Alberto Quintero
(radicado 2009-311) y Martín Alfonso Zambrano (radicado 2009-296) contra
Termotasajero (folios 26 al 33).
[10] Al
respecto señaló: “[…] la sociedad que represento, al contestar la demanda,
propuso la excepción de pleito pendiente, pues en la ciudad de Bogotá cursaba
un proceso ordinario con el mismo objeto y entre las mismas partes.  Sin
embargo, ésta nunca fue resuelta. Al proferirse la sentencia de primera
instancia, se afirma que no hay lugar a pronunciarse sobre las excepciones
propuestas (tanto previas como de mérito) debido al resultado del proceso. ||
El Tribunal demandado revocó la providencia y condenó a mi representada, pero tampoco
se pronunció sobre las excepciones planteadas, como era su obligación.  En lo
que se refiere a las previas, éstas tampoco fueron consideradas en la sentencia
de segunda instancia, lo que condujo a la vulneración del derecho de defensa
que a continuación se analiza.  || La falta de estudio y definición sobre las
excepciones, especialmente las previas, implicó una violación del derecho de
defensa del cual es titular mi representada, pues una de las garantías propias
de su ejercicio, radica en el estudio oportuno de los medios exceptivos, máxime
si, como en el caso de las previas, éstas tienen como propósito evitar el
trámite del proceso” (folios 33 y 34).
[11] Folios
2 y 3 del cuaderno dos.
[12] MP.
Carlos Ernesto Molina Monsalve, radicado No. 33920 (folios 13 al 22 del
cuaderno dos).
[13] A
través de auto del doce
(12) de febrero de dos mil catorce (2014), acta No. 4, bajo la radicación No.
33920, se corrige el fallo de tutela del dos (2) de octubre de dos mil trece
(2013), en cuanto al nombre del demandante del proceso ordinario laboral, señor
Jairo Alonso Figueroa Gómez, que había quedado errado en dicha providencia.
[14] La
Corporación sustentó su decisión en un pronunciamiento similar al que se le
sometió a consideración, del 6 de febrero de 2013, bajo el radicado 31400, y
que se ha reiterado entre otras, en las sentencias del 8 de mayo y del 31 de
julio de 2013, en los procesos radicados 32324 y 33198, respectivamente, y, más
recientemente, en el fallo STL3179 del 17 de septiembre de 2013. En el primero
de los mencionados fallos, se señala: “[…] el anterior marco legislativo [se
hace referencia a los artículos 477, 478 y 479 del Código Sustantivo del
Trabajo] permitirá, en términos generales, afirmar que una convención
denunciada debidamente, continúa rigiendo las relaciones entre empleadores
hasta que una nueva la remplace.  Empero, dentro de las cláusulas normativas
puede haber algunas a las que las partes le han señalado un preciso término de
duración o de vigencia. Tal ocurre, generalmente, con las relativas a los
aumentos salariales que son fijados para cada año de vigencia del acuerdo colectivo.
Y cuando las partes celebrantes así lo disponen, esas cláusulas pierden
validez, pues se les señaló un término de vigencia por las mismas partes, que
no es posible comprender dentro de la nueva vigencia que le señala la ley en
torno a la prórroga automática o cuando sucede el fenómeno de la denuncia. ||
Para ahondar en lo anterior, debe igualmente recordarse que en casos en los que
las cláusulas de aumentos de salarios han perdido su vigencia, en un nuevo
conflicto colectivo de trabajo se les permite a los árbitros, cuando la
solución del conflicto llegue a esa instancia, imponer aumentos de salarios
retrospectivos, justamente para disminuir los efectos de no aumentos de salario
durante períodos largos que son propios de esa conflictividad.  Pero esa
situación, es propia de la dinámica de los conflictos colectivos de trabajo
que, en principio, debe ser respetada por los jueces para atenerse al claro y
expreso querer de los contratantes. || En esas condiciones, es palmar que el
Tribunal Superior de Cúcuta quebrantó el debido proceso que le asiste a la
accionada.  Y como de otro lado se observa que no existe norma legal que ordene
un incremento salarial general para trabajadores del sector privado que
devenguen un salario superior al mínimo, no resultaba posible imponer o
aplicar, como lo hizo el Tribunal, unos aumentos convencionales de salarios que
tenían claramente determinada su vigencia, a años posteriores a los de dicha
vigencia”.  La magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón presentó salvamento de
voto a la anterior decisión (folios 54 al 58 del cuaderno dos), en el sentido
de que no es viable imponer a los tribunales la interpretación de las cláusulas
convencionales con fundamento en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social.  La misma magistrada, presentó conjuntamente con
Clara Cecilia Dueñas Quevedo salvamento de voto, argumentando: (i) que
la sentencia controvertida, en la que se resolvió entre otros puntos, lo
relacionado con la excepción de pleito pendiente propuesta por la accionada,
resuelve una queja constitucional que carece de inmediatez, y (ii) “que
no es admisible que la acción de tutela se convierta en un mecanismo a partir
del cual se imponga un criterio interpretativo a los juzgadores de instancia
cuando, como en este asunto, su determinación se funda en una hermenéutica que
se aleja del capricho y la arbitrariedad, pues ello terminaría lesionando
principios superiores” (folios 80 al 84 del cuaderno dos).
[15] Folios
34 al 38 del cuaderno dos. Presentó en su
escrito los siguientes argumentos: (i) La Corporación debió respaldar la
sentencia emitida por el Tribunal accionado y no amparar la supuesta
vulneración del debido proceso, toda vez que la entidad continuará
desconociendo sus derechos salariales y prestacionales, los cuales mantuvo
congelados durante más de 5 años. (ii) La sociedad accionante alegó una
presunta vía de hecho tras argumentar que hubo una errada interpretación del
artículo 20 de la convención colectiva, en el entendido de no estar vigente y
ser contraria a la Constitución y la ley.  Sin embargo, aquella denunció el
acuerdo colectivo cada seis meses, lo cual significa que ha sido prorrogada en
el espacio y en el tiempo. (iii) Precisa que si en gracia de discusión
se aceptara lo expuesto por el Tribunal Superior de Cúcuta, en cuanto a que no
existe norma legal que disponga un incremento salarial para los trabajadores
del sector privado, si la hay a nivel constitucional, y consiste en el derecho
fundamental al mínimo vital y móvil que fue reconocido por el Juzgado Treinta y
Cuatro Civil del Circuito de Bogotá. (iv) Explica su criterio en
relación con la interpretación del artículo 20 de la convención colectiva, en
el sentido de que el término “a partir” debe entenderse hacia el futuro y no
con la óptica con la cual la parte actora pretende inducir en error a los
falladores.  Precisa que dicha expresión le dio intemporalidad al acuerdo. (v)
Plantea que la posición jurídica por medio de la cual se reconocen diferencias
salariales y prestacionales fue adoptada por diferentes operadores judiciales
mediante múltiples fallos.
[16] MP
Luis Guillermo Salazar Otero, radicado No. 71561 (folios 8 al 20 del cuaderno
tres).
[17] Folio 16 del
cuaderno tres.
[18] Proceso
radicado 54001315004-200900207.
[19] Folios 1 al 45.
En el escrito de tutela, repite el sentido de las pretensiones realizadas en el
expediente radicado T-4330329, pero vinculadas con el proceso radicado 540013105004-200900207,
adelantado por la señora Nancy Yaneth Jaimes Rivera.  En todo caso, solicita
que se
deje sin efecto la sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil doce
(2012), por interpretar en forma ilegal la Convención Colectiva de Trabajo,
dándole al artículo 478 del C.S.T., un alcance que no tiene, y desconociendo la
Jurisprudencia sostenida en forma pacífica por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia” (folio 2). Además, por “darle a la excepción de pleito
pendiente un trámite contrario a la ley, y al no declararla no obstante estar
acreditados los requisitos para ello” (folio 3).
[20] En
los antecedentes de la sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil
doce (2012), de la Sala de Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta se
afirma que la señora Nancy Yaneth Jaimes Rivera, laboró en Termotasajero desde
el 1° de junio de 1988 hasta el 10 de noviembre de 2007, de manera continua e
ininterrumpida, y que estuvo afiliada a Sintraelecol (folio 166).
[21] Esta sentencia
fue referenciada en renglones anteriores, y en el expediente obra a folios 91
(reverso) al 95.
[22] La providencial
judicial obra a folios 151 al 160. El apoderado judicial de Termotasajero, en
el escrito de tutela, cuando hace referencia a los hechos relacionados con la
demanda presentada por Nancy Yaneth Jaimes y otros contra Termotasajero, que
culminó con la sentencia de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal
Superior de Bogotá del veintiséis (26) de marzo de dos mil diez (2010),
anteriormente referida (folios 76 al 81), reconoce que las “pretensiones se
sustentaron en la existencia del denominado ACUERDO MARCO INTERSECTORIAL para
las empresas del sector eléctrico”, en donde se consagró una cláusula de
aumento de salario básico, que fue incluida en la convención colectiva de
trabajo de Termotasajero en el artículo 20 (folio 4).
[23] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 165 al
187. En relación con la vigencia de la convención colectiva de trabajo, el
Tribunal señaló: “[…] considera la Sala que bien se haya denunciado o no la
Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el 1° de marzo de 2000 y el 28 de
febrero de 2002 en TERMOTASAJERO S.A. E.P.S., lo cierto es que el numeral 2 del
artículo 478 del CST dispone que la misma se mantiene vigente hasta tanto se
firme una nueva, lo cual no ha ocurrido en este caso pues los trabajadores no
han presentado nuevo pliego de peticiones para dar origen al conflicto
colectivo. || Más aún, si la organización sindical denunció la Convención
Colectiva por fuera de los sesenta días anteriores a su vencimiento, dicha
denuncia no produce los efectos jurídicos enunciados en las normas anotadas”
(folio 177). Frente a la interpretación que debe dársele al artículo 20 de la
convención, y que la Empresa accionante fija tan solo en los años 2000 y 2001,
señaló: “[…] estima la Sala que cuando el texto convencional citado dispone que
“A partir del 1° de enero de 2001, la asignación básica se incrementará en
el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor año completo,
para los doce (12) meses anteriores”, la misma ha de interpretarse en el
sentido que el 1° de enero de 2001 constituye la base inicial desde la cual se
aplicará el mencionado incremento al salario de los trabajadores sin imponer
una fecha límite respecto del mismo, y por cuanto el inciso final del artículo
1° del pacto colectivo señala que “En caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de las normas de trabajo vigente, prevalecerá la más favorable al
trabajador…”, ha de entenderse que el aparte en discusión del artículo 20
de la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el futuro pues no
cerró su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque conforme al
principio de la ultractividad, las cláusulas normativas del convenio han
prorrogado sus consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor un nuevo
pacto colectivo, yendo lo anterior en consonancia con lo establecido en el
artículo 478 del CST que dispone la prórroga automática de las convenciones y
la presunción en cuanto a la Ultractividad Exlege, es decir, que
a menos que se hayan pactado normas diferentes, lo dispuesto en el estatuto de
los trabajadores mantendrá en vigor todo su contenido normativo” (cursivas
originales) (folios 178 y 179). El magistrado Antonio José Acevedo presentó
salvamento de voto a la anterior decisión (folios 188 al 194), en el sentido
que, a su parecer, el incremento convenido para el año 2001 sí tenía una fecha
límite, la del 28 de febrero de 2002, que fue pactada como de terminación de
dicha vigencia según el artículo 7 de la convención.
[24] El
auto que niega la concesión del recurso de casación interpuesto por la Empresa
demandada obra a folios 196 al 201. A continuación la apoderada de la Empresa
accionante, interpuso los recursos de reposición y queja, este último
despachado desfavorablemente al declarar “bien denegado el recurso
extraordinario de casación…” (folio 208).
[25] Folio
3.
[26] Folios
2 y 3 del cuaderno dos.
[27] MP
Carlos Ernesto Molina Monsalve, radicado No. 34620 (folios 13 al 23 del
cuaderno dos).
[28] De nuevo la
Corporación sustentó su decisión en un pronunciamiento similar al que se le
sometió a consideración, del 6 de febrero de 2013, bajo el radicado 31400, y
que se ha reiterado entre otras, en las sentencias del 8 de mayo y del 31 de
julio de 2013, en los procesos radicados 32324 y 33198, respectivamente, y, más
recientemente, en el fallo STL3179 del 17 de septiembre de 2013. En síntesis,
consideró que el Tribunal accionado vulneró el debido proceso al dar a la
convención colectiva de trabajo un alcance que en realidad no tenía, derivado
del reconocimiento de unos aumentos convencionales de salarios que no tenían
claramente determinada su vigencia, y menos aun cuando no existe norma legal
que ordene un incremento salarial general para trabajadores del sector privado
que devenguen un salario superior al mínimo. Las magistradas Elsy del Pilar
Cuello Calderón y Clara Cecilia Dueñas Quevedo presentaron salvamento de voto a
la anterior decisión (folios 40 al 44 del cuaderno dos).
[29] Folios
33 al 38 del cuaderno dos. Concreta su reclamo al hecho de que la Empresa no
agotó los otros mecanismos de defensa judicial que tenía a su disposición.
Sostuvo: “[…] pretender a través de la tutela, sortear el demandante su propia
inactividad en el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial,
pues resulta, que en el presente asunto, se resolvió lo pertinente contra el
auto que denegó el recurso de casación por parte del Tribunal…”, y agregó: “[…]
la sentencia que declaró favorablemente su derecho fue atacada por vía de
Casación; el Magistrado de conocimiento, denegó este recurso extraordinario;
pero la empresa, no utilizó los recursos de los cuales podía hacerse valer, en
relación a esa negativa, para ser más precisos, el Recurso de Reposición y en
subsidio el de Queja…”.
[30] MP
Eyder Patiño Cabrera, radicado No. 72450 (folios 3 al 11 del cuaderno
tres).
[31] Folio 9 del
cuaderno tres. La providencia precisó que “no le asiste razón a la impugnante
respecto al motivo de su inconformidad, toda vez que la empresa accionante
interpuso el recurso del cual se extraña, pues frente al auto que denegó el
recurso de casación incoó el recurso de queja ante la Sala de Casación Laboral
de esta Corporación el cual le fue denegado en auto del 24 de junio de 2013”
(folio 9 del cuaderno tres).
[32] Proceso
radicado 540013105004-200900205.
[33] Folios 1 al 45.
En el escrito de tutela, repite el sentido de las pretensiones realizadas en el
expediente radicado T-4330329, pero vinculadas con el proceso radicado 540013105004-200900205,
adelantado por el señor Inocencio Cogollos Zárate.  En todo caso, solicita que se deje sin
efecto la sentencia del primero (1°) de junio de dos mil doce (2012), por haber
interpretado en forma ilegal la convención colectiva de trabajo, dándole al
artículo 478 del CST un alcance que no tiene y desconocer la jurisprudencia
sostenida en forma pacífica por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia. Además, por darle a la excepción de pleito pendiente un trámite
contrario a la ley, y no declararla no obstante estar acreditados los
requisitos para ello (folios 2 y 3).
[34] En
los antecedentes de la sentencia del primero (1°) de junio de dos mil
doce (2012), emanada de la sala laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, se
afirma que el señor Inocencio Cogollos Zárate ingresó a laborar en Termotasajero
desde el 14 de diciembre de 1988, de manera continua e ininterrumpida hasta el
31 de enero de 2009, y que estuvo afiliado a Sintraelecol (folio 169).
[35] Esta sentencia
fue referenciada en renglones anteriores, y en el expediente obra a folios 91
(reverso) al 95.
[36] La providencial
judicial obra a folios 153 al 162.
[37] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 168 al
189. El magistrado Antonio José Acevedo Gómez presentó salvamento de voto a la
anterior decisión (folios 190 al 196), conforme al argumento planteado con
anterioridad.
[38] El
auto que niega la concesión del recurso de casación interpuesto por la Empresa
demandada obra a folios 198 al 205. A continuación la apoderada de la Empresa
accionante, interpuso los recursos de reposición y queja, este último
despachado desfavorablemente al declarar “bien denegado el recurso
extraordinario de casación…” (folio 214).
[39] Folio
3.
[40] Folios
2 y 3 del cuaderno dos.
[41] MP
Rigoberto Echeverri Bueno, radicado No. 34624 (folios 13 al 21 del cuaderno
dos).
[42] En esta
oportunidad también la Corporación consideró que el Tribunal
accionado quebrantó el debido proceso que le asiste a Termotasajero,
precisando: “Y como de otro lado se observa que no existe norma legal que
ordene un incremento salarial general para trabajadores del sector privado que
devenguen un salario superior al mínimo, no resultaba posible imponer o
aplicar, como lo hizo el Tribunal, unos aumentos convencionales de salarios que
tenían claramente determinada su vigencia, a años posteriores a los de dicha
vigencia” (folio 19 del cuaderno dos).  Las magistradas Clara Cecilia Dueñas
Quevedo y Elsy del Pilar Cuello Calderón presentaron sendos salvamento de voto
(folios 22 al 25 y 26 al 30, respectivamente).
[43] Folios
38 al 41 del cuaderno dos. Planteó los mismos argumentos que se expusieron con
anterioridad al hablar del recurso interpuesto por la señora Nancy Yaneth
Jaimes Rivera (ver nota de pie de página 28).
[44] MP
Eugenio Fernández Carlier, radicado No. 72476 (folios 3 al 12 del cuaderno
tres).
[45] Folios 9 y 10
del cuaderno tres.
[46] Proceso
radicado 540013105002-200900294.
[47] Folios 1 al 45.
En el escrito de tutela, repite el sentido de las pretensiones realizadas en el
expediente radicado T-4330329, pero vinculadas con el proceso radicado 540013105002-200900294,
iniciado por el señor Henry Alberto López Arguelles.  En todo caso, solicita
que se
deje sin efecto la sentencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil doce
(2012), porque se interpretó en forma ilegal la convención colectiva de
trabajo, al darle al artículo 478 del CST un alcance que no tiene y desconocer
la jurisprudencia sostenida en forma pacífica por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia. Además, por declarar “que no se configuraba la excepción
de pleito pendiente, dando a la convención colectiva la naturaleza de fuente
normativa, la cual no tiene…” (folios 2 y 3).
[48] En
los antecedentes de la providencia del veintiocho (28) de febrero de dos mil
doce (2012), de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, se afirma que
el señor Henry Alberto López Arguelles ingresó a laborar en Termotasajero desde
el 1° de abril de 2001 de manera continua e ininterrumpida hasta la fecha, y
que está afiliado a Sintraelecol (folio 166).
[49] Esta sentencia
fue referenciada en renglones anteriores, y en el expediente obra a folios 91
(reverso) al 95.
[50] La providencial
judicial obra a folios 149 al 150, y da cuenta de la continuación de la primera
audiencia de trámite. En los considerandos se lee: “En el caso que nos ocupa,
debe decirse que para la fecha de presentación de la demanda y la contestación
de la misma, oportunidad en la que se propone la excepción a que nos hemos
venido refiriendo, ya un despacho judicial estaba [conociendo] sobre la
solicitud de un reajuste con fundamento en el IPC, de ahí que era al juzgado en
mención a quien le corresponde efectuar los pronunciamientos[s], sin que se
pueda pretender que sobre el mimo tema, valga decir la aplicación del IPC, se
puedan estar presentando reiteradas demandas. || Como entre una y otra de las de4mandas
instauradas por el accionante, existe identidad de pretensión referente al
reajuste salarial, del cual se derivan como consecuencia os reajustes
prestacionales y de horas extras que se reclaman, debe decirse que se
encuentra[n] acreditados los supuestos de hecho que nos llevan a declarar la
prosperidad de la excepción propuesta, lo cual se dirá en la parte resolutiva,
al tiempo que se dará por terminado el presente proceso…” (folios 149 y 150).
[51] El apoderado
judicial de Termotasajero, en el escrito de tutela hace referencia a la
existencia de un acuerdo marco intersectorial para las empresas del sector
eléctrico en donde se consagró una cláusula de aumento de salario básico, que
fue sustento de la demanda presentada por Henry Alberto López Arguelles y otros
contra Termotasajero (folio 4).
[52] Folio
13.
[53] El
fallo obra a folios 154 al 159.  El artículo primero del resuelve señala:
“ORDENAR a la Sociedad TERMOTASAJEROS.A., a efectuar al Señor HENRY ALBERTO
LOPEZ ARGUELLES, el reajuste salarial reclamado por los periodos comprendidos
entre el 1 de marzo del 2002 hasta el 31 de mayo de 2007 con base en lo
dispuesto en el artículo 20 de la Convención Colectiva suscrita por la empresa
con la organización sindical denominada SINTRAELECOL el 26 de diciembre de
2000…” (folio 159).
[54] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 160 al
182. En los considerandos, se lee: “[…] estima la Sala que cuando el texto
convencional citado dispone que “A partir del 1° de enero de 2001, la
asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de
precios al consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores”,
la misma ha de interpretarse en el sentido que el 1° de enero de 2001
constituye la base inicial desde la cual se aplicará el mencionado incremento
al salario de los trabajadores sin imponer una fecha límite respecto del mismo,
y por cuanto el inciso final del artículo 1° del pacto colectivo señala que “En
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente,
prevalecerá la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe
aplicarse en su integridad”, ha de entenderse que el aparte en discusión
del artículo 20 de la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el
futuro pues no cerró su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque
conforme al principio de la ultractividad, las cláusulas normativas del
convenio han prorrogado sus consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor
un nuevo pacto colectivo, yendo lo anterior en consonancia con lo establecido
en el artículo 478 del C.S.T., que dispone la prórroga automática de las
convenciones y la presunción en cuanto a la Ultractividad Exlege, es
decir, que a menos que se hayan pactado normas diferentes, lo dispuesto en el
estatuto de los trabajadores mantendrá en vigor todo su contenido normativo”
(cursivas originales) (folio 174). El magistrado Antonio José Acevedo Gómez
presentó salvamento de voto a la anterior decisión (folios 190 al 196),
conforme al argumento planteado con anterioridad.
[55] El
auto que niega la concesión del recurso de casación interpuesto por la Empresa
demandada obra a folios 184 al 188. A continuación la apoderada de la Empresa
accionante, interpuso los recursos de reposición y queja, este último
despachado desfavorablemente al declarar “bien denegado el recurso
extraordinario de casación…” (folio 194).
[56] Folio
3.
[57] Folios
2 y 3 del cuaderno dos.
[58] MP.
Jorge Mauricio Burgos Ruiz, radicado No. 34622 (folios 12 al 22 del cuaderno
dos).
[59] Las
magistradas Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Elsy del Pilar Cuello Calderón
presentaron salvamento de voto conjunto a la anterior decisión (folios 37 al
41).
[60] Folios
30 al 33 del cuaderno dos. Planteó los mismos argumentos que se expusieron con
anterioridad al hablar del recurso interpuesto por la señora Nancy Yaneth
Jaimes Rivera (ver nota de pie de página 28).
[61] MP.
Eugenio Fernández Carlier, radicado No. 72603 (folios 4 al 14 del cuaderno
tres).
[62] Folios 9 y 10
del cuaderno tres.  En la sentencia se afirmó que “ya la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas, había sentado
su posición frente al caso de TERMOTASAJERO y el alcance extralegal que se le
dio a la convención colectiva para efectos de ampliar el término pactado para
el aumento salarial.  Para el efecto se pueden encontrar, entre otras, las
sentencia SCJ STP, 14 de May 2013, Rad. 66880 y SCJ STP, 13 Ago 2013, Rad.
67838”.
[63] Folios
22 al 65 del cuaderno de revisión del expediente 4330329.
[64] Folio
21 ibíd.
[65] Folio
66 ibíd.
[66] Folios
67 al 74 ibíd. En este documento, fechado el veintiocho (28) de febrero de dos
mil catorce (2014), además del artículo 20 se denuncian los artículos 1, 2, 4,
8, 9, 22, 23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68  de la
convención. El fundamento de la denuncia del artículo 20 de la convención, es
el siguiente: “Es importante dejar sentados los parámetros y la esquematización
de los salarios en la Compañía en concordancia con la actualización que se
pretende efectuar del artículo 2 de la Convención, a efectos de materializar
los postulados de igualdad en el empleo y la remuneración.  La adecuada
redacción del esquema de salarios, escalafones e incrementos en la Compañía se
constituye en la piedra angular de la ecuación económica de la misma,
re[s]pecto de la cual los empleados juegan un papel fundamental.  La Convención
en este aspecto debe tener una redacción pensada más hacia futuro y conforme a
la realidad luego de más de diez (10) años de ejecución de la convención para
garantizar la sostenibilidad económica de la com[p]añía en el mediano y largo
plazo, esto en búsqueda de mejorar continuamente el clima laboral y equidad en
la remuneración.  De aquí la importancia de la denuncia en este punto” (folio
71 ibíd.)
[67] Folios
75 al 82 ibíd.  En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[68] Folios
83 al 90 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22, 23,
25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[69] Folios
91 al 98 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22, 23,
25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[70] Folios
99 al 105 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[71] Folios
106 al 112 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[72] Folios
113 al 119 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[73] Folios
120 al 126 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[74] Folios
127 al 133 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[75] Folios
137 al 139 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[76] Folios
140 al 146 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención.
[77] Folios
147 al 153 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención de la
convención.
[78] Folios
154 al 160 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención de la
convención.
[79] Folios
161 al 167 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención de la
convención.
[80] Folios
168 al 173 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención de la
convención.
[81] Folios
175 al 180 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 45, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la convención de la
convención.
[82] Folios
181 al 187 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 25, 35, 39, 45, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la
convención de la convención.
[83] Folios
188 al 192 ibíd. En este documento se denuncian los artículos 2, 4, 8, 9, 22,
23, 24, 25, 35, 35, 39, 45, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 63, 64, 65 y 68 de la
convención de la convención.
[84] Folios
26 al 37 de las demandas.
[85] Folios 38 al 42
de las demandas.
[86] Al respecto,
ver las sentencias T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003
y T-949 2003 (todas ellas del MP Eduardo Montealegre Lynett), C-590 de 2005 (MP
Jaime Córdoba Triviño. Unánime) y T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño).
Entre muchas otras, la posición fijada ha sido reiterada en las sentencias
T-743 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva) y T-451 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[87] MP Jaime
Córdoba Triviño.  Se trata de una exposición sintetizada de la sentencia C-590
de 2005.
[88] “En la citada
norma superior (artículo 86 CP) es evidente que el constituyente no realizó
distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de
excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de
protección de los derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma
superior indicada se habla de “cualquier” autoridad pública.  Siendo ello así,
la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación del
ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y, específicamente,
contra las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana
tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir
decisiones que se tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el
estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales”.  Cfr.
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[89] “La procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales está legitimada no sólo por
la Carta Política sino también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y por la Convención Americana de Derechos Humanos”. Ibídem.
[90] Sobre
los conceptos de ratio decidendi y obiter dicta, consultar la
sentencia SU-047 de 1999  (MP Carlos Gaviria Díaz).
[91] MP José
Gregorio Hernández Galindo (SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y
Alejandro Martínez Caballero). “Al proferir la Sentencia C-593-92, la decisión
de la Corte no fue excluir la tutela contra decisiones judiciales”. Cfr.
sentencia C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[92] Se reitera, se
sigue la exposición de la sentencia C-590 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño).
[93] Ver sentencia
T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y C-590 de 2005 (MP. Jaime
Córdoba Triviño).
[94] Sobre el
agotamiento de recursos o principio de residualidad y su relación con el
principio de subsidiariedad cuando se ejerce la acción de tutela para
controvertir un fallo judicial, ver sentencia T-1049 de 2008 (MP. Jaime Córdoba
Triviño).
[95] Esta regla se
desprende de la función unificadora de la Corte Constitucional, ejercida a
través de sus Salas de Selección. Así, debe entenderse que si un proceso no fue
seleccionado por la Corte para su revisión, se encuentra acorde con los
derechos fundamentales.
[96] Es importante
precisar que esta línea jurisprudencial se conoció inicialmente bajo el
concepto de “vía de hecho”. Sin embargo, con el propósito de superar una
percepción restringida de esta figura que había permitido su asociación siempre
con el capricho y la arbitrariedad judicial, la Corporación sustituyó la
expresión de vía de hecho por la de “causales de procedibilidad de la acción de
tutela contra decisiones judiciales” que responde mejor a su realidad
constitucional.  La sentencia C-590 de 2005 da cuenta de esta evolución,
señalando que cuando se está ante la acción de tutela contra providencias
judiciales es más adecuado hablar de “causales genéricas de procedibilidad de
la acción”, que de vía de hecho.
[97] El defecto
orgánico hace referencia a la carencia absoluta de competencia por parte del
funcionario que dicta la sentencia.
[98] El defecto
sustantivo se configura cuando se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión (ver sentencia C-590 de
2005); igualmente, los fallos T-079 de 1993 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz) y
T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[99] El defecto
procedimental absoluto se presenta cuando el funcionario judicial se aparta por
completo del procedimiento legalmente establecido. Al respecto, ver sentencias
T-008 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), T-937 de 2001 (MP Manuel José
Cepeda), SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán
Sierra, Rodrigo Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería), T-996 de 2003 (MP  Clara
Inés Vargas Hernández), T-196 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-937 de 2001
(MP Manuel José Cepeda).
[100] El defecto
fáctico está referido a la producción, validez o apreciación del material
probatorio. En razón al principio de independencia judicial, el campo de
intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente
restringido.
[101] El error
inducido, también conocido como vía de hecho por consecuencia, hace referencia
al evento en el cual, a pesar de una actuación razonable y ajustada a derecho
por parte del funcionario judicial, se produce una decisión violatoria de
derechos fundamentales, bien sea porque el funcionario es víctima de engaño,
por fallas estructurales de la Administración de Justicia o por ausencia de
colaboración entre los órganos del poder público. Ver, principalmente, las
sentencias SU-014 de 2001 (MP Martha Victoria Sáchica Hernández), T-1180 de
2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) y SU-846 de 2000 (MP Alfredo Beltrán Sierra;
SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Naranjo Mesa; AV Álvaro Tafur Galvis).
[102] La decisión sin
motivación se configura en una de las causales de procedibilidad de la acción
de tutela, en tanto la motivación es un deber de los funcionarios judiciales,
así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento democrático. Ver sentencia
T-114 de 2002 (MP Eduardo Montealegre Lynett).
[103] Conforme a la
sentencia T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), el desconocimiento del
precedente constitucional “[se presenta cuando] la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una
ley limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime) y SU-168 de 1999 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
Unánime).
[104] La violación
directa de la Constitución se presenta cuando el juez le da un alcance a una disposición
normativa abiertamente contrario a la Constitución.  Al respecto, ver
sentencias T-1625 de 2000 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), SU-1184 de 2001
(MP Eduardo Montealegre Lynett) y T-1031 de 2001 (MP Eduardo Montealegre
Lynett).  Asimismo, cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a
pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso. Ver, sentencia T-522 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).
[105] Ver
sentencia T-701 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).
[106] Es decir, que
las sentencias judiciales deben tener un mínimo de justicia material,
representado en el respeto por los derechos fundamentales.
[107] Ver sentencias
C-590 de 2005 y T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño). En el mismo sentido,
la sentencia T-701 de 2004 (MP Rodrigo Uprimny Yepes).
[108] El
defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela
ha sido ampliamente estudiado por la Corte.  Para una exposición completa del
tema, ver las sentencias C-590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño. Unánime),
T-462 de 2003 (MP
Eduardo Montealegre Lynett), T-018 de 2008 (MP Jaime Córdoba
Triviño) y T-757
de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[109] MP. Eduardo
Montealegre Lynett.
[110] Cfr.
sentencia T-573 de 1997 (MP Jorge Arango Mejía).
[111] Cfr.
sentencia T-567 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz).
[112] Cfr.
sentencia T-001 de 1999 (MP
José Gregorio Hernández Galindo).
[113] MP. Jaime
Córdoba Triviño.
[114] MP.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[115]
Sobre el particular, además de la sentencia T-231 de 1994 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), pueden consultarse, entre varias, las sentencias T-008 de
1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-984 de 1999 (MP. Alfredo Beltrán
Sierra).
[116] Cfr.
la sentencia SU-1722 de 2000 (MP. Jairo Charry Rivas). Tal es el caso, por
ejemplo, de todas las decisiones judiciales en las que se viola el principio de
“no reformatio in pejus”.
[117] Cfr.
la sentencia C-984 de 1999 (MP. Alfredo Beltrán Sierra).
[118]
Sentencia SU-159
de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa; SV. Alfredo Beltrán Sierra, Rodrigo
Escobar Gil y Jaime Araujo Rentería).
[119] En
este aparte, la Sala seguirá el esquema expositivo de la sentencia T-1031 de
2001 (MP. Eduardo Montealegre Lynett).  En este caso, un miembro de un grupo
armado al margen de la ley que se hallaba fuera del país, ofreció colaboración
a la Fiscalía General de la Nación a cambio de los beneficios previstos por la
ley para este tipo de asuntos. La Fiscalía consideró que no podrían otorgarse
tales beneficios sino una vez se entregara a la justicia. La interpretación fue
considerada irrazonable, pues no existía norma que prohibiera otorgar los
beneficios en las condiciones descritas. La Sala de Revisión recalcó que los
jueces son independientes, pero que su independencia no es absoluta. La falta
de una razón jurídica para negar una interpretación penal más favorable, fue
considerada suficiente para otorgar el amparo.
[120] Así lo expresó
la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1031 de 2001 (MP. Eduardo
Montealegre Lynett): “Para la realización de este ejercicio hermenéutico, el
juez ha de estar rodeado de algunas garantías, que corresponden a su
independencia (pretensión de neutralidad y ausencia de inherencias horizontales
–frente a las otras ramas del poder–) y autonomía (ausencia de inherencias
verticales –libertad frente al superior–), que han tenido consagración constitucional
apropiada”.
[121] Ver la
sentencia T-1263
de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Mauricio González Cuervo; AV.
Nilson Pinilla Pinilla).
[122] Ibídem. En este
sentido, la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1031 de 2001 (MP.
Eduardo Montealegre Lynett), señaló: “La “efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución”, constituyen el parámetro de
la actuación legítima de los poderes públicos.  ||  Así las cosas, resulta
evidente que la labor de los jueces al interpretar el derecho para aplicarlo al
caso concreto, si bien supone que sea realizada de manera autónoma, no puede
convertirse en patente de corzo para aplicar cualquier interpretación posible.
El sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las
interpretaciones posibles, de suerte que resulta relativamente sencillo
distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho
requerimiento”.
[123] El artículo 176
del Código General del Proceso, establece: “Apreciación de las pruebas. Las
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia o validez de ciertos actos. ||  El juez expondrá siempre
razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
[124] La
sentencia T-588 de 2005 (MP. Jaime Córdoba Triviño), explicó al respecto: “[…] no es posible
cuestionar, por vía de tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el
juez constitucional consideran que la valoración probatoria o la interpretación
de las disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es
necesario que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez
ordinario sean equivocadas en forma evidente y burda para que pueda proceder el
amparo constitucional.  Cualquier tesis distinta implicaría no sólo desconocer
la autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y
valorar las pruebas (CP. art. 230) sino que además desconocería la separación
funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria”.
[125] En
este sentido, pueden verse las sentencias T-066 de 2005 (MP Rodrigo Escobar
Gil), T-345 de 2005 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-588 de 2005 (MP. Jaime Córdoba
Triviño), T-070
de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-028 de 2008 (MP. Rodrigo Escobar Gil),
T-1263
de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Mauricio González Cuervo; AV.
Nilson Pinilla Pinilla),
T-661 de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio.  AV. Nilson Pinilla Pinilla),
entre otras.
[126] MP.
Álvaro Tafur Galvis.
[127] Sobre la
posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias
a la Constitución, y en relación con la procedencia de la acción de tutela en
los casos en que la interpretación que el juez hace de una norma contraría un
criterio hermenéutico establecido por esta Corporación, ver las sentencias
T-001 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-522 de 2001 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-842 de 2001 (MP. Álvaro Tafur Galvis), entre
otras.
[128] La Corte se ha
referido a los casos en que la interpretación judicial resulta contra evidente
o irracional, entre otras, en las sentencias T-1017 de 1999 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz) y T-1072 de 2000 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[129] Sobre las
decisiones proferidas en contravención del principio de igualdad se pueden
consultar, entre otras, las sentencias T-123 de 1995 (MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-008 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-321 de 1998 (MP. Alfredo
Beltrán Sierra), SU-1300 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-068 de
2001 (MP. Álvaro Tafur Galvis) y T-1306 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra).
[130] La
jurisprudencia constitucional tiene definido que el derecho procesal no puede
ser un obstáculo para la efectiva realización del derecho sustantivo, entre
otras, en las sentencias C-596 de 2000 (MP. Antonio Barrera Carbonell) y T-1306
de 2001(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).
[131] Ver la
sentencia T-1263 de 2008 (MP. Marco Gerardo Monroy
Cabra. SV. Mauricio González Cuervo; AV. Nilson Pinilla Pinilla), entre otras.
[132] La sentencia
T-565 de 2006 (MP. Rodrigo Escobar Gil), señaló: “[…] siempre que la
interpretación normativa que los operadores jurídicos hagan de un texto legal
permanezca dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable, la mera
divergencia interpretativa con el criterio del fallador no constituye una
irregularidad que haga procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales”.
[133] Al
respecto, la sentencia T-1001 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil), reiterada en
la sentencia T-565 de 2006 del mismo ponente, explicó: “En materia de
interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de
hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la
actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de
que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades
judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico
a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la
compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad,
de una vía de derecho distinta que, en consecuencia, no es posible acomodar
dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el
principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste,
tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del
derecho”.
[134] Es
clara la sentencia T-1036 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynett), al afirmar:
“[…] las divergencias en la interpretación de las normas legales, en principio,
no son materia que pueda ser objeto de acción de tutela, sobre todo en
presencia de recursos ordinarios, diseñados precisamente para lograr ‘la
superación de las diferencias de interpretación de las normas y promover, a su
vez, la unificación de criterios entre los funcionarios judiciales, con vista a
una aplicación uniforme de la ley’. Por lo tanto, cuando la labor
interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y
razonada, no es susceptible de ser ‘cuestionada, ni menos de ser calificada
como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque
una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del
mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, ésta será improcedente’
[…]. En suma, el juez de tutela no puede controvertir la interpretación que de
las situaciones de hecho o de derecho realice el juez de la causa en el
respectivo proceso, salvo que esta hermenéutica sea arbitraria e irrazonable y,
por ende, vulnere los derechos fundamentales de la persona que acude a la
acción de tutela”.
[135] En la
sentencia T-955 de 2006 (MP. Jaime Araujo Rentería), la Sala Primera de
Revisión concluyó lo siguiente: “[…] la labor adelantada por el Tribunal hace
parte de su función interpretativa de las normas, y que la decisión que
profirió en el presente caso no surge subjetiva o irrazonable, por el simple
hecho de que el accionante no comparta la forma en que dicho tribunal aplicó
las normas pertinentes en su caso. || Ciertamente en materia de interpretación
judicial, es claro que los criterios para definir la existencia de una vía de
hecho se circunscriben a la actuación arbitraria que adelante el juez, y que
por ello sea abiertamente contraria al derecho, lo cual no se aprecia en el
presente caso”.
[136] Copia del
escrito de interposición del recurso de casación obra a folio
196 y el
auto que niega su concesión, aparece a folios 197 al 202. La negativa se
fundamenta en que no se alcanza la cuantía exigida por el artículo 43 de la Ley
712 de 2001 –vigente para la fecha en que se profirió la sentencia de segunda
instancia– para hacer viable el recurso de casación, pues no supera los sesenta
y cuatro millones doscientos setenta y dos mil pesos ($64.272.000) requeridos,
pues el total de la condena asciende a la suma de treinta y seis millones
quinientos treinta y dos mil ochocientos ochenta y tres pesos con noventa y
siete centavos ($36.532.883,97).
[137] Copia
ilegible del escrito del recurso de reposición se encuentra en el folio 203 y
el auto que le da respuesta, a folios 204 al 206.
[138] A
folios 208 al 217 aparece el auto que resuelve el recurso de queja, el cual
declara bien denegado el recurso extraordinario de casación porque la parte
accionada no tiene interés jurídico para recurrir (MP. Rigoberto Echeverri
Bueno, radicación No. 56939, acta No. 22).
[139] Copia del
escrito de interposición del recurso de casación obra a folio
195 y el
auto que niega su concesión, aparece a folios 196 al 201.  La negativa se
fundamenta en que no se alcanza el monto exigido por la ley para la viabilidad
del recurso extraordinario de casación, pues no supera los sesenta y ocho
millones cuatro mil pesos ($68.004.000) requeridos, pues el total de la condena
asciende a la suma aproximada de dieciocho millones setecientos sesenta y dos
mil quinientos setenta y cuatro pesos con treinta y seis centavos
($18.762.574,36).
[140] Copia
del escrito del recurso de reposición se encuentra en el folio 202 y el auto
que le da respuesta, a folios 203 al 206.
[141] A
folio 208 se observa el auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil trece
(2013), de obedecimiento a lo resuelto dentro del recurso de queja radicado
bajo el No. 59692, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en donde se indica que se resolvió declarar bien denegado el recurso
de casación formulado por la apoderada de la parte demandada.
[142] Copia del
escrito de interposición del recurso de casación obra a folio
197 y el
auto que niega su concesión, se observa a folios 198 al 206. La negativa se
fundamenta en que Termotasajero debe asumir el pago aproximado de treinta y
tres millones quinientos once mil quinientos treinta y dos pesos con dieciséis
centavos ($33.511.532,16), suma que no alcanza, aun cuando se le sume el
porcentaje correspondiente como consecuencia de los aportes de salud y pensión,
el monto exigido por la ley para la viabilidad del recurso de casación de
sesenta y ocho millones cuatro mil pesos ($68.004.000).
[143] Copia
del escrito del recurso de reposición se encuentra en el folio 207 y el auto
que le da respuesta, a folios 208 al 210.
[144] A
folio 214 se observa el auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil trece
(2013), de obedecimiento a lo resuelto dentro del recurso de queja radicado
bajo el No. 60330, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en donde se indica que se resolvió declarar bien denegado el recurso
de casación formulado por la apoderada de la parte demandada.
[145] Copia del
escrito de interposición del recurso de casación obra a folio
183 y el
auto que niega su concesión, se observa a folios 184 al 188. La negativa se
fundamenta en que Termotasajero debe asumir el pago aproximado de treinta y
tres millones seiscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos
($33.688.433), valor que inclusive si se le adiciona el 20% correspondiente al
porcentaje que debe asumir el empleador como consecuencia de los aportes en
salud y pensión, no alcanza el monto exigido por la ley para la viabilidad del
recurso de casación de sesenta y ocho millones cuatro mil pesos ($68.004.000).
[146] Copia
del escrito del recurso de reposición se encuentra en el folio 189 y el auto
que le da respuesta, a folios 190 al 192.
[147] A
folio 194 obra el auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013),
de obedecimiento a lo resuelto dentro del recurso de queja radicado bajo el No.
59685, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
donde se indica que se resolvió declarar bien denegado el recurso de casación
formulado por la apoderada de la parte demandada.
[148] Afirmó el
apoderado judicial de Termotasajero en el escrito de tutela, que en la
instancia procesal se propuso dicha excepción el razón a que “[e]l fundamento
de la demanda fue nuevamente el reconocimiento del derecho al aumento salarial
a partir de la existencia del Acuerdo Marco Sectorial y la consagración en la
convención colectiva de Termotasajero, del referido artículo 20. || En otras
palabras: lo que se pretendió, también en este caso, fue el reconocimiento de
que el aumento pactado en el artículo 20 de la Convención, debía aplicarse
indefinidamente a partir del año 2002, a pesar de haber perdido su vigencia”.
[149] La
demanda obra a folios 50 al 59 del cuaderno principal de todos los expedientes.
Las pretensiones consistían en la condena a Termotasajero a reconocer y
cancelar a los trabajadores el aumento indexado del salario a partir del 1° de
marzo de 2002, más los intereses de mora por el no pago oportuno de esos
aumentos salariales.
[150] Folio
74 del cuaderno principal de todos los expedientes.
[151] Folios
76 al 81 del cuaderno principal de todos los expedientes.
[152] La
demanda obra a folios 125 al 132 del cuaderno principal del expediente
T-4330329. En el marco de una acción de tutela promovida por Sintraelecol contra
Termotasajero, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007), el
Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, juez de segunda
instancia en dicho trámite, revocó la decisión proferida por el Juez Primero
Civil Municipal de Bogotá el veinte (20) de abril de dos mil siete (2007) y
otorgó el mecanismo transitorio del amparo de los derechos fundamentales a la
subsistencia y al mínimo vital y móvil de los trabajadores afiliados a
Sintraelecol, y ordenó a Termotasajero que proceda a indexar y pagarles lo
correspondiente a su remuneración salarial, desde su causación con
posterioridad al mes de febrero de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007. La
sentencia se encuentra en los folios 91 (reverso) al 95 del cuaderno principal
del expediente.
[153] La providencia
judicial obra a folios 152 al 164. En la audiencia de conciliación y/o primera
de trámite realizada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el
veinticinco (25) de noviembre de dos mil nueve (2009), se resolvió tomar como
de fondo la excepción previa de pleito pendiente propuesta por la Empresa y se
dispuso que fuera decidida junto con las demás al momento de dictarse la
correspondiente sentencia.  Esta decisión fue notificada por estrados en el
curso de la audiencia y frente a ella no observa la Sala que haya sido
interpuesto algún recurso (folios 146 al 149 del cuaderno principal del
expediente T-4330329).
[154] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 165 al
188.
[155] El
auto que niega la concesión del recurso de casación interpuesto por la Empresa
demandada obra a folios 197 al 202.
[156] Se reitera que
en la audiencia de conciliación y/o primera de trámite realizada por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el veinticinco (25) de noviembre de dos
mil nueve (2009), se resolvió tomar como de fondo la excepción previa de pleito
pendiente propuesta por la Empresa y se dispuso que fuera decidida junto con
las demás al momento de dictarse la correspondiente sentencia. Esta decisión
fue notificada por estrados en el curso de la audiencia y frente a ella no
observa la Sala que haya sido interpuesto algún recurso (folios 146 al 149 del
cuaderno principal del expediente T-4330329).
[157] La providencia
judicial obra a folios 152 al 164 del cuaderno principal del expediente
T-4330329.
[158] Ver las
sentencias SU-692 de 1999, T-382 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y T-668 de
2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En esta última providencia, correspondió
a la Sala Sexta de Decisión dilucidar si se incurrió en vía de hecho por parte
del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta y de la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Santa Marta, al acoger tales funcionarios la excepción
previa de pleito pendiente planteada por INVIAS. En esa oportunidad consideró:
“Un problema de interpretación no puede confundirse con un defecto sustantivo,
cuando no se aprecia, como en el presente caso que hubiere un burdo
comportamiento del juzgador. Si por el contrario, la interpretación judicial
dada es razonable, no puede el juez de tutela enjuiciar el pronunciamiento
porque la tutela no es un recurso, ni es una tercera instancia. || Por
consiguiente, no se ha violado el debido proceso; debe respetarse, por estar en
firme y no haberse incurrido en vía de hecho, la decisión que se ha tomado en las
dos instancias de la jurisdicción ordinaria que aceptaron la excepción de
pleito pendiente. Inclusive la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Santa Marta, mediante providencia de 19 de septiembre  de 2002, hizo un prolijo
examen respecto a la existencia de la excepción de pleito pendiente, lo cual
indica que en ningún instante se le afectó el debido proceso al demandante. ||
Por las razones anteriores han de confirmarse los fallos de tutela  materia de
revisión en el presente caso”.
[159] Obrante
a folios 146 al 148 del cuaderno principal del expediente T-4330400. El auto da
cuenta de la audiencia pública de conciliación y/o primera de trámite.
[160] Folios
146 y 147 ibíd. Esta decisión fue notificada por estrados en la audiencia de
trámite. Seguidamente, la apoderada judicial de Termotasajero presenta recurso
de reposición y en subsidio de apelación contra la misma, “como quiera que la
excepción previa de pleito pendiente planteada en la contestación de la demanda
[…], por su naturaleza no se puede resolver como de fondo…” (folio 147 ibíd.).
A continuación decide el Despacho no reponer la decisión y conceder la
apelación.  Plantea: “[…] considera que no presenta elementos nuevos, la señora
apoderada recurrente, para reponer la decisión adoptada, puesto que no podemos
aseverar que estamos frente a los mismos hechos y pretensiones, en tal virtud
tampoco puede hablarse con absoluta propiedad de un pleito pendiente…” (folio
148 ibíd.). No se aportan pruebas que ayuden a identificar el desenlace del
recurso de apelación.
[161] Folios
156 al 157 ibíd.  El documento anexo presenta algunas palabras ilegibles.
[162] Folio
160 ibíd.
[163] Folio
186 ibíd.
[164] En el
auto del veintidós (22) de julio de dos mil once (2011), el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito, en la audiencia pública de conciliación y/o trámite,
precisó que “[r]evisado el escrito de contestación a la demanda vemos que se
proponen como excepciones la de Pleito pendiente entre las mismas partes y
sobre el mismo asunto, como previa y se aportan documentos en fotocopia simple
y como de fondo Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido y
Prescripción, las cuales se califican como de mérito o fondo, anotando que la
excepción de pleito pendiente requiere del recaudo de pruebas y en este momento
el Despacho no puede darle el carácter de excepción dilatoria en razón a que
deben reunirse los elementos probatorios necesarios para establecer la
identidad de causa en las dos demandas, tanto la que se tramita en este Juzgado
como la que ya obtuvo sentencia en el Juzgado de Bogotá, por lo que a la excepción
de pleito pendiente se le da el carácter de fondo y se resolverán al momento de
dictar sentencia” (folios 145 al 147 del cuaderno principal del expediente
T-4330436). Esta decisión fue notificada por estrados en la audiencia de
trámite. Seguidamente, la apoderada judicial de Termotasajero presenta recurso
de reposición y en subsidio de apelación contra la misma, “como quiera que la
excepción previa de pleito pendiente planteada en la contestación de la demanda
[…], por su naturaleza no se puede resolver como de fondo…” (folio 146 ibíd.).
A continuación decide el Despacho no reponer la decisión y conceder la
apelación.  Plantea: “[…] considera que no presenta elementos nuevos, la señora
apoderada recurrente, para reponer la decisión adoptada, puesto que no podemos
aseverar que estamos frente a los mismos hechos y pretensiones, en tal virtud
tampoco puede hablarse con absoluta propiedad de un pleito pendiente…” (folio
147 ibíd.). En el auto del dieciséis (16) de noviembre de dos mil once (2011),
que da cuenta de la continuación de la tercera audiencia de trámite, se
refiere: “Obrante a folios 346 a 354, se encuentra lo remitido del Tribunal con
respecto al recurso de apelación, por lo cual el despacho dispone Obedecer y
Cumplir lo resuelto por el tribunal y seguir el trámite del proceso” (folio 152
ibíd.).
[165] Folio
158 del cuaderno principal del expediente T-4330436.
[166] Folio
189 ibíd.
[167] Artículo 48 del
Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 7 de
la Ley 1149 de 2007.
[168] Ha
expresado la Corporación que la configuración de algún vicio procesal que no
tenga un efecto determinante en la providencia judicial que afecta los derechos
sustanciales de las partes, no puede servir de pretexto para impugnar, mediante
la acción de tutela, esta última decisión. En la sentencia T-008 de 1998 (MP
Eduardo Cifuentes Muñoz), la Sala tercera de Revisión señaló: “Para que la
acción de tutela proceda contra una decisión judicial, se requiere que el acto,
además de ser considerado una vía de hecho, lesione o amenace lesionar un
derecho fundamental. Ciertamente, puede suceder que en un proceso se produzca
una vía de hecho como consecuencia de una alteración mayúscula del orden
jurídico que, no obstante, no amenaza o lesiona derecho fundamental alguno. En
estas circunstancias, pese a la alteración del orden jurídico, la tutela no
puede proceder. La Corte se ha pronunciado en este sentido al afirmar que la
vía de hecho se configura si y sólo si se produce una operación material o un
acto que superan el simple ámbito de la decisión y que afecta un derecho
constitucional fundamental [sentencia T-055 de 1994, MP Eduardo Cifuentes
Muñoz]”.
[169] En
este tema se siguen de cerca las sentencias T-1263 de 2008
(MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. SV. Mauricio González Cuervo; AV. Nilson
Pinilla Pinilla) y T-661
de 2011 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio. AV. Nilson Pinilla Pinilla). En la
primera providencia, correspondió a la Sala Quinta de Revisión resolver si la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia incurrió en una vía de
hecho al haber admitido y tramitado una demanda de casación formulada dos meses
y medio después de la notificación por edicto de la sentencia reprochada y, de
todos modos, antes de 30 días de la notificación personal a la parte que acude
al recurso extraordinario. Para ese efecto, analizó la imposibilidad de acudir
a esta acción constitucional para definir interpretaciones razonables de la ley
aplicable al caso. Por su parte, en la sentencia T-661 de 2011 le correspondió
a la misma Sala resolver si la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia incurrió en una causal de procedibidad de la acción de tutela al haber
casado, supuestamente de manera errónea, una  sentencia del Tribunal Superior
de Ibagué, dictada en el marco de un proceso laboral de reintegro de unos
trabajadores que alegaban ser beneficiarios de las convenciones
colectivas que fueron suscritas con el sindicato del cual hacían parte. De igual
forma, la Sala analizó la imposibilidad de acudir a esta acción constitucional
para definir interpretaciones razonables de la ley aplicable al caso.
[170] Sobre este
particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia de 24 de agosto de 2000 (Rad. 14489),  sostuvo: “[...] Es sabido que
el objeto de las convenciones colectivas es regular las condiciones de trabajo
dentro de la empresa durante su vigencia, generalmente persiguiendo superar el
mínimo de los derechos instituidos para los trabajadores en la ley...”.
Al respecto, también puede consultarse la sentencia T-661 de 2011 (MP. Jorge
Iván Palacio Palacio. AV. Nilson Pinilla Pinilla), ya referida.
[171] MP. Antonio
Barrera Carbonell (unánime).
[172] En cuanto al
contenido de la convención el art. 468 del CST, se refiere a un aspecto de
fondo, como es “la responsabilidad que su incumplimiento entrañe”.
[173] Ver sentencia
C-009 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell. Unánime). Mediante esta decisión
la Corte declaró exequible la expresión “durante su vigencia” contenida en el
artículo 467 del CST –relativo a la definición de la convención colectiva de
trabajo y su función de fijar las condiciones que rigen los contratos de
trabajo durante su vigencia– para lo cual se ocupó, entre otros, de los
alcances del derecho a la negociación colectiva, del derecho a la asociación
sindical, de la convención colectiva de trabajo, de la teoría de la imprevisión
en materia del derecho laboral colectivo y de los derechos adquiridos de los
trabajadores. Dicho estudio fue reiterado en la sentencia C-1050 de 2001 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime), a través de la cual se declaró exequible
el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo, adoptado como legislación
permanente por el artículo 1º de la Ley 141 de 1961.
[174] Sobre la
naturaleza jurídica de la convención colectiva de trabajo, la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, así como de la Corte Constitucional ha sido
profusa. Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional C-009 de
1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell) y las sentencias de la Sala de Casación
Laboral, Sección Primera, del 1 de junio de 1983 y de la Sala de Casación
Laboral, Sección Segunda, del 7 de abril de 1995, MP. Rafael Méndez Arango.
[175] Por el cual se
modifican los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo.
[176] Se
sigue de cerca la sentencia
C-1050 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Unánime), ya referida.
[177] MP. Manuel José
Cepeda Espinosa (unánime).
[178] Folios
23 al 25 y 33 de los expedientes.
[179] El
texto se toma textual de las demandas presentadas por el apoderado de
Termotasajero (folios 5 y 6 de los cuadernos principales).
[180] El apoderado
judicial de Termotasajero allegó fotocopia de las constancias de denuncia de
otros artículos diferentes al 20 de la convención colectiva de trabajo
celebrada entre Termotasajero y Sintraelecol, de fechas veintisiete (27) de
agosto de dos mil trece (2013); veintisiete (27) de febrero de dos mil trece
(2013); veintisiete (27) de agosto de dos mil doce (2012); veintiocho (28) de
febrero de dos mil doce (2012); veintiocho (28) de febrero de dos mil once
(2011); veintiséis (26) de agosto de dos mil diez (2010); veinticuatro (24) de
febrero de dos mil diez (2010); veinticuatro (24) de agosto de dos mil nueve
(2009); dos (02) de marzo de dos mil nueve (2009); veintisiete (27) de agosto
de dos mil ocho (2008); veintiocho (28) de febrero de dos mil ocho (2008);
veintisiete (27) de agosto de dos mil siete (2007); veintiséis (26) de febrero
de dos mil siete (2007); veinticuatro (24) de agosto de dos mil seis (2006);
veintiocho (28) de febrero de dos mil seis (2006); veintiséis (26) de agosto de
dos mil cinco (2005), y veintiocho (28) de febrero de dos mil cinco (2005).
Folios 75 al 1992 del cuaderno de revisión del expediente 4330329.
[181] Folio
66 del cuaderno de revisión del expediente T-4330329.
[182] Folios
67 al 74 ibíd.
[183] Esta
cláusula hace referencia al campo de aplicación de la convención colectiva de
trabajo (folio 22 ibíd.).
[184] Folio
71 ibíd.
[185] Cita
las siguientes decisiones emanadas de dicha Corporación: sentencia del 22 de
septiembre de 2009, proceso radicado 38537; sentencia del 7 de octubre de 2008,
proceso radicado 34234, y sentencia del 5 de febrero de 2009, proceso radicado
33971.  Asimismo, expuso: “[…] debe tenerse en cuenta que el [T]ribunal
Superior de Bogotá, al resolver sobre procesos idénticos a [los] que aquí se
cuestiona[n], consideró, como en efecto lo ordena la ley, que no había lugar a
los incrementos porque dicha cláusula Convencional ya se encontraba agotada.
[…] || Esta argumentación sirvió para negar idénticas pretensiones en los
siguientes procesos que, en segunda instancia, fueron conocidos por el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral…”. En este punto, cita los
procesos adelantados por William Alberto Quintero (radicado 2009-311) y Martín
Alfonso Zambrano (radicado 2009-296) contra Termotasajero (folios 26 al 33 del
cuaderno principal del expediente T-4330329).
[186] Ver la
sentencia T-100 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). Bajo esta misma
línea argumentativa, la sentencia T-173 de 1993 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo), señaló: “Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del
ordenamiento jurídico las convierte –pese a su forma– en verdaderas vías de
hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para
los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el
ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la
intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez.
La doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una
diáfana distinción entre las providencias judiciales –que son invulnerables a
la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función
judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los
medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico– y las
vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien
debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la
inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función,
para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas. La violación
flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda
cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada
mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos
contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al
alcance del afectado para la defensa de su derecho. El objeto de la acción y de
la orden judicial que puede impartirse no toca con la cuestión litigiosa que se
debate en el proceso, sino que se circunscribe al acto encubierto mediante el
cual se viola o amenaza un derecho fundamental”.
[187] Incluso,
en la sentencia T-001 de 1999 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), señaló una
Sala de Revisión que “[e]s evidente que dentro de ese concepto constitucional
de autonomía, que impide al juez de tutela ingresar en el terreno propio
del examen que únicamente atañe al juez competente ordinario, éste goza de
independencia cuando, en el ámbito de sus atribuciones, interpreta las
disposiciones legales que le corresponde aplicar. Por ese motivo, no cabe
tampoco proceso disciplinario alguno que busque responsabilizarlo por el
entendimiento que, dentro de su competencia y autonomía, haya dado a
determinado precepto” (negrillas originales).
[188] MP.
José Gregorio Hernández Galindo.  En esa oportunidad la Sala Quinta de Revisión
revocó las sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá y la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, en un proceso laboral adelantado por un trabajador
que gozaba de fuero sindical contra Foncolpuertos, y concedió la tutela
impetrada, al considerar que “[c]omo consecuencia de la interpretación del
Tribunal, desfavorable para el trabajador, se aplicaron erróneamente las normas
procesales y, por tanto, fueron desconocidas las reglas que gobiernan el
juicio, vulnerando el derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.P.),
negando a la persona el derecho de acceso a la administración de justicia (art.
229 C.P.) y haciendo prevalecer sobre el Derecho sustancial un necio concepto
formal acerca de la contabilización del término de prescripción, con lo cual
fueron violados los artículos 53 y 228 de la Carta. || Esto ha repercutido,
además, en que no se ha podido establecer judicialmente si fueron vulneradas o
no las disposiciones legales sobre fuero sindical, haciendo nugatoria para el
actor la garantía consagrada en el artículo 39 de la Carta Política…”.
[189] Folio
22 del cuaderno de revisión del expediente T-4430329.
[190] Esta
fecha se toma de la copia de la convención colectiva aportada por el apoderado
de Termotasajero, en cuyo artículo 7 se indica: “Vigencia de la Convención.- La
presente Convención Colectiva de Trabajo regirá las relaciones laborales y
económicas entre Termotasajero S.A. E.S.P. y sus trabajadores, a partir del
primero (1°) de marzo de 2000 hasta el 28 de febrero de 2002” (folio 23 del
cuaderno de revisión del expediente T-4330329).
[191] Folio
66 del cuaderno de revisión del expediente T-4330329.
[192] Proceso
radicado 540003105003-200900374.
[193] En parte,
amparaba sus reclamos en la Convención Colectiva de Trabajo de Termotasajero SA
ESP, que estableció en su artículo 20: “Aumento de salario básico.-
Termotasajero S.A. E.S.P. aumentará los salarios básicos de sus trabajadores en
un porcentaje equivalente al nueve por ciento (9%) a partir del primero (1°) de
marzo de 2000.  A partir del 1° de enero de 2001, la asignación básica se
incrementará en el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor
año completo, para los doce (12) meses anteriores.  Los reajustes cobijarán al
personal que se encuentre de vacaciones. || Parágrafo 1°. Termotasajero S.A.
E.S.P. no hará aumentos personales discriminatorios distintos de los pactados
en esta Convención. || Parágrafo 2°. Termotasajero S.A. E.S.P. reconoce la
incidencia de este aumento en las prestaciones sociales de que gozan los
trabajadores. || Parágrafo 3°. Termotasajero S.A. E.S.P. incorporará a la
presente Convención Colectiva de Trabajo, el esquema de Escalafón con sus
respectivos salarios…”.
[194] Folios 8 al 10.
En
el marco de una acción de tutela promovida por el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Electricidad de Colombia, Sintraelecol, contra
Termotasajero, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil siete (2007), el
Juzgado Treinta y Cuatro Civil del Circuito de Bogotá, juez de segunda
instancia en dicho trámite, revocó la decisión proferida por el Juez Primero Civil
Municipal de Bogotá el veinte (20) de abril de dos mil siete (2007) y otorgó el
mecanismo transitorio del amparo de los derechos fundamentales a la
subsistencia y al mínimo vital y móvil de los trabajadores afiliados a
Sintraelecol, y ordenó a Termotasajero “que en el perentorio e improrrogable
término de ocho (8) días, y con la plena observancia de lo determinado en la
parte motiva, […] proceda a INDEXAR y pagarle a sus trabajadores acá
representados por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD EN COLOMBIA
SINTRAELECOL lo correspondiente a su remuneración salarial…” (folio 95).
Precisando “[…] que debe ocurrir la compensación como producto de la indexación
efectuada del salario congelado desde su causación con posterioridad al mes de
febrero de 2002 hasta el 31 de mayo de 2007 y la liquidación que reporten los
valores pagados como salario congelado pero también traídos a valor presente
desde cuando ocurriera su pago hasta el 31 de mayo de 2007, para entonces
proseguir simplemente el salario ya indexado cada vez que se siga causando”
(folio 94 reverso).  La sentencia en cita obra a folios 91 (reverso) al 95.
[195] La providencial
judicial obra a folios 152 al 164.
[196] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 165 al
188. En la parte motiva de la sentencia se lee: “En cuanto a la interpretación
[del artículo 20 de la convención colectiva de trabajo] TERMOTASAJERO S.A.
E.S.P. refiere que los aumentos a los que se hace referencia tan sólo incluían
los años 2000 y 2001, y no los años subsiguientes. || […] estima la Sala que
cuando el texto convencional dispone que “A partir del 1° de enero de 2001,
la asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de
precios al consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores”,
la misma ha de interpretarse en el sentido que el 1° de enero de 2001
constituye la base inicial desde la cual se aplicará el mencionado incremento
al salario de los trabajadores sin imponer una fecha límite respecto del mismo,
y por cuanto el inciso final del artículo 1° del pacto colectivo señala que “En
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente,
prevalecerá la más favorable al trabajador.  La norma que se adopte debe
aplicarse en su integridad”, ha de entenderse que el aparte en discusión
del artículo 20 de la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el
futuro pues no cerró su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque
conforme al principio de la ultractividad, las cláusulas normativas del
convenio han prorrogado sus consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor
un nuevo pacto colectivo, yendo lo anterior en consonancia con lo establecido
en el artículo 478 del C.S.T. que dispone la prórroga automática de las
convenciones y la presunción en cuanto a la Ultractividad Exlege, es
decir, que a menos que se hayan pactado normas diferentes, lo dispuesto en el
estatuto de los trabajadores mantendrá en vigor todo su contenido normativo”
(folios 179 y 180).  El magistrado Antonio José Acevedo Gómez presentó
salvamento de voto a la anterior decisión (folios 190 al 195).
[197] Esta
fecha se toma de la copia de la convención colectiva aportada por el apoderado
de Termotasajero, en cuyo artículo 7 se indica: “Vigencia de la Convención.- La
presente Convención Colectiva de Trabajo regirá las relaciones laborales y
económicas entre Termotasajero S.A. E.S.P. y sus trabajadores, a partir del
primero (1°) de marzo de 2000 hasta el 28 de febrero de 2002” (folio 23 del
cuaderno de revisión del expediente T-4330329).
[198] Afirmó
que “[l]a interpretación del Tribunal desconoce la que sobre el particular ha
hecho la C.S.J. al igual que los principios de interpretación aplicables…”. Cita
las siguientes decisiones emanadas de dicha Corporación: sentencia del 22 de
septiembre de 2009, proceso radicado 38537; sentencia del 7 de octubre de 2008,
proceso radicado 34234, y sentencia del 5 de febrero de 2009, proceso radicado
33971.  Asimismo, expuso: “[…] debe tenerse en cuenta que el [T]ribunal
Superior de Bogotá, al resolver sobre procesos idénticos a aquel que aquí se
cuestiona [Rad. 2009-31101], consideró, como en efecto lo ordena la ley, que no
había lugar a los incrementos porque dicha cláusula Convencional ya se
encontraba agotada.  […] || Esta argumentación sirvió para negar idénticas
pretensiones en los siguientes procesos que, en segunda instancia, fueron
conocidos por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Descongestión Laboral…”.
En este punto, cita los procesos adelantados por William Alberto Quintero
(radicado 2009-311) y Martín Alfonso Zambrano (radicado 2009-296) contra
Termotasajero (folios 26 al 33).
[199] MP
Carlos Ernesto Molina Monsalve, radicado No. 33920 (folios 13 al 22 del
cuaderno dos).
[200] A
través de auto del doce
(12) de febrero de dos mil catorce (2014), acta No. 4, bajo la radicación No.
33920, se corrige el fallo de tutela del dos (2) de octubre de dos mil trece
(2013), en cuanto al nombre del demandante del proceso ordinario laboral, señor
Jairo Alonso Figueroa Gómez, que había quedado errado en dicha providencia.
[201] La
Corporación sustentó su decisión en un pronunciamiento similar al que se le
sometió a consideración, del 6 de febrero de 2013, bajo el radicado 31400, y
que se ha reiterado entre otras, en las sentencias del 8 de mayo y del 31 de
julio de 2013, en los procesos radicados 32324 y 33198, respectivamente, y, más
recientemente, en el fallo STL3179 del 17 de septiembre de 2013. En el primero
de los mencionados fallos, se señala: “[…] es palmar que el Tribunal Superior
de Cúcuta quebrantó el debido proceso que le asiste a la accionada.  Y como de
otro lado se observa que no existe norma legal que ordene un incremento
salarial general para trabajadores del sector privado que devenguen un salario
superior al mínimo, no resultaba posible imponer o aplicar, como lo hizo el
Tribunal, unos aumentos convencionales de salarios que tenían claramente
determinada su vigencia, a años posteriores a los de dicha vigencia”.  La
magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón presentó salvamento de voto a la
anterior decisión (folios 54 al 58 del cuaderno dos), en el sentido de que no
es viable imponer a los tribunales la interpretación de las cláusulas
convencionales con fundamento en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social.  La misma magistrada, presentó conjuntamente con Clara
Cecilia Dueñas Quevedo salvamento de voto, argumentando: (i) que la
sentencia controvertida, en la que se resolvió entre otros puntos, lo
relacionado con la excepción de pleito pendiente propuesta por la accionada,
resuelve una queja constitucional que carece de inmediatez, y (ii) “que
no es admisible que la acción de tutela se convierta en un mecanismo a partir
del cual se imponga un criterio interpretativo a los juzgadores de instancia
cuando, como en este asunto, su determinación se funda en una hermenéutica que
se aleja del capricho y la arbitrariedad, pues ello terminaría lesionando
principios superiores” (folios 80 al 84 del cuaderno dos).
[202] MP
Luis Guillermo Salazar Otero, radicado No. 71561 (folios 8 al 20 del cuaderno
tres).
[203] Folio 16 del
cuaderno tres.
[204] Proceso
radicado 540003105003-200900374.
[205] Proceso
radicado 54001315004-200900207.
[206] Esta sentencia
fue referenciada en renglones anteriores, y en el expediente obra a folios 91
(reverso) al 95.
[207] La providencial
judicial obra a folios 151 al 160.  El documento aportado no es legible, sin
embargo algunos pasajes de la providencia pueden leerse.  A folio 158 se
indica: “Lo anterior permite que se materialicen los Principios del Derecho
Laboral como son el de PROTECCIÓN AL TRABAJADOR y el de PROGRESIVIDAD
tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores.  Y desde esa
perspectiva se tienen que el TRABAJADOR COMO MÍNIMO TIENE DERECHO AL IPC por lo
que no se puede desconocer lo pactado en la Convención Colectiva de Trabajo en
donde se dispuso el aumento reclamado el que no puede ser desconocido por la
empleadora demandada.  || Diferencia que debiera ser reconocida durante el
periodo que va del 1° de marzo de 2002 al 31 de mayo de 2007 […] sin embargo se
tiene que la parte demandada ha propuesto la excepción de PRESCRIPCIÓN”.  Esta
decisión se apoya en el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cúcuta dentro del proceso adelantado por Carlos Alberto Villamizar contra
Termotasajero, bajo el radicado No. 13.946, fechada el dieciocho (18) de
noviembre de dos mil once (2011).
[208] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 165 al
187. En relación con la vigencia de la convención colectiva de trabajo, el
Tribunal señaló: “[…] considera la Sala que bien se haya denunciado o no la
Convención Colectiva de Trabajo vigente entre el 1° de marzo de 2000 y el 28 de
febrero de 2002 en TERMOTASAJERO S.A. E.P.S., lo cierto es que el numeral 2 del
artículo 478 del CST dispone que la misma se mantiene vigente hasta tanto se
firme una nueva, lo cual no ha ocurrido en este caso pues los trabajadores no
han presentado nuevo pliego de peticiones para dar origen al conflicto
colectivo. || Más aún, si la organización sindical denunció la Convención
Colectiva por fuera de los sesenta días anteriores a su vencimiento, dicha
denuncia no produce los efectos jurídicos enunciados en las normas anotadas”
(folio 177). Frente a la interpretación que debe dársele al artículo 20 de la
convención, y que la Empresa accionante fija tan solo en los años 2000 y 2001,
señaló: “[…] estima la Sala que cuando el texto convencional citado dispone que
“A partir del 1° de enero de 2001, la asignación básica se incrementará en
el porcentaje de variación del índice de precios al consumidor año completo,
para los doce (12) meses anteriores”, la misma ha de interpretarse en el
sentido que el 1° de enero de 2001 constituye la base inicial desde la cual se
aplicará el mencionado incremento al salario de los trabajadores sin imponer
una fecha límite respecto del mismo, y por cuanto el inciso final del artículo
1° del pacto colectivo señala que “En caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de las normas de trabajo vigente, prevalecerá la más favorable al
trabajador…”, ha de entenderse que el aparte en discusión del artículo 20
de la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el futuro pues no
cerró su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque conforme al
principio de la ultractividad, las cláusulas normativas del convenio han
prorrogado sus consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor un nuevo
pacto colectivo, yendo lo anterior en consonancia con lo establecido en el
artículo 478 del CST que dispone la prórroga automática de las convenciones y
la presunción en cuanto a la Ultractividad Exlege, es decir, que
a menos que se hayan pactado normas diferentes, lo dispuesto en el estatuto de
los trabajadores mantendrá en vigor todo su contenido normativo” (cursivas
originales) (folios 178 y 179). El magistrado Antonio José Acevedo presentó
salvamento de voto a la anterior decisión (folios 188 al 194), en el sentido
que, a su parecer, el incremento convenido para el año 2001 sí tenía una fecha
límite, la del 28 de febrero de 2002, que fue pactada como de terminación de
dicha vigencia según el artículo 7 de la convención.
[209] Esta
fecha se toma de la copia de la convención colectiva aportada por el apoderado
de Termotasajero, en cuyo artículo 7 se indica: “Vigencia de la Convención.- La
presente Convención Colectiva de Trabajo regirá las relaciones laborales y
económicas entre Termotasajero S.A. E.S.P. y sus trabajadores, a partir del
primero (1°) de marzo de 2000 hasta el 28 de febrero de 2002” (folio 23 del
cuaderno de revisión del expediente T-4330329).
[210] Folio
3.
[211] MP.
Carlos Ernesto Molina Monsalve, radicado No. 34620 (folios 13 al 23 del
cuaderno dos).
[212] De nuevo la
Corporación sustentó su decisión en un pronunciamiento similar al que se le
sometió a consideración, del 6 de febrero de 2013, bajo el radicado 31400, y
que se ha reiterado entre otras, en las sentencias del 8 de mayo y del 31 de
julio de 2013, en los procesos radicados 32324 y 33198, respectivamente, y, más
recientemente, en el fallo STL3179 del 17 de septiembre de 2013. En síntesis,
consideró que el Tribunal accionado vulneró el debido proceso al dar a la
convención colectiva de trabajo un alcance que en realidad no tenía, derivado
del reconocimiento de unos aumentos convencionales de salarios que no tenían
claramente determinada su vigencia, y menos aun cuando no existe norma legal
que ordene un incremento salarial general para trabajadores del sector privado
que devenguen un salario superior al mínimo. Las magistradas Elsy del Pilar
Cuello Calderón y Clara Cecilia Dueñas Quevedo presentaron salvamento de voto a
la anterior decisión (folios 40 al 44 del cuaderno dos).
[213] MP.
Eyder Patiño Cabrera, radicado No. 72450 (folios 3 al 11 del cuaderno
tres).
[214] Folio 9 del
cuaderno tres. La providencia precisó que “no le asiste razón a la impugnante
respecto al motivo de su inconformidad, toda vez que la empresa accionante
interpuso el recurso del cual se extraña, pues frente al auto que denegó el
recurso de casación incoó el recurso de queja ante la Sala de Casación Laboral
de esta Corporación el cual le fue denegado en auto del 24 de junio de 2013”
(folio 9 del cuaderno tres).
[215] Proceso
radicado 54001315004-200900207.
[216] Proceso
radicado 540013105004-200900205.
[217] Esta sentencia
fue referenciada en renglones anteriores, y en el expediente obra a folios 91
(reverso) al 95.
[218] La providencial
judicial obra a folios 153 al 162. Esta decisión se apoya en el fallo de la
Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta dentro del proceso adelantado por
Carlos Alberto Villamizar contra Termotasajero, bajo el radicado No. 13.946,
fechada el dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011). La sentencia en
el artículo tercero, condenó a Termotasajero a reconocer y pagar al señor
Cogollo Zárate, las diferencias originadas en los reajustes que le corresponden
por concepto de salarios, así como los derivados de la prima de vacaciones,
prima de servicios legal y convencional, prima de carestía, prima de antigüedad
y desgaste físico, cesantías e intereses a las cesantías causadas desde el 30 de
enero de 2004 hasta el 31 de mayo de 2007, debidamente indexados a la fecha de
la cancelación (folio 162).
[219] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 168 al
189. El magistrado Antonio José Acevedo Gómez presentó salvamento de voto a la
anterior decisión (folios 190 al 196), conforme al argumento planteado con
anterioridad.
[220] Esta
fecha se toma de la copia de la convención colectiva aportada por el apoderado
de Termotasajero, en cuyo artículo 7 se indica: “Vigencia de la Convención.- La
presente Convención Colectiva de Trabajo regirá las relaciones laborales y
económicas entre Termotasajero S.A. E.S.P. y sus trabajadores, a partir del
primero (1°) de marzo de 2000 hasta el 28 de febrero de 2002” (folio 23 del
cuaderno de revisión del expediente T-4330329).
[221] Folio
3.
[222] MP.
Rigoberto Echeverri Bueno, radicado No. 34624 (folios 13 al 21 del cuaderno
dos).
[223] En esta
oportunidad también la Corporación consideró que el Tribunal
accionado quebrantó el debido proceso que le asiste a Termotasajero,
precisando: “Y como de otro lado se observa que no existe norma legal que
ordene un incremento salarial general para trabajadores del sector privado que
devenguen un salario superior al mínimo, no resultaba posible imponer o
aplicar, como lo hizo el Tribunal, unos aumentos convencionales de salarios que
tenían claramente determinada su vigencia, a años posteriores a los de dicha
vigencia” (folio 19 del cuaderno dos).  Las magistradas Clara Cecilia Dueñas
Quevedo y Elsy del Pilar Cuello Calderón presentaron sendos salvamento de voto
(folios 22 al 25 y 26 al 30, respectivamente).
[224] MP.
Eugenio Fernández Carlier, radicado No. 72476 (folios 3 al 12 del cuaderno
tres).
[225] Folios 9 y 10
del cuaderno tres.
[226] Proceso
radicado 540013105004-200900205.
[227] Proceso
radicado 540013105002-200900294.
[228] Esta sentencia
fue referenciada en renglones anteriores, y en el expediente obra a folios 91
(reverso) al 95.
[229] Folios 149 y
150.
[230] El
fallo obra a folios 154 al 159.  El artículo primero del resuelve señala:
“ORDENAR a la Sociedad TERMOTASAJEROS.A., a efectuar al Señor HENRY ALBERTO
LOPEZ ARGUELLES, el reajuste salarial reclamado por los periodos comprendidos
entre el 1 de marzo del 2002 hasta el 31 de mayo de 2007 con base en lo
dispuesto en el artículo 20 de la Convención Colectiva suscrita por la empresa
con la organización sindical denominada SINTRAELECOL el 26 de diciembre de
2000…” (folio 159).
[231] La sentencia,
con ponencia del magistrado Fernando Castañeda Cantillo, obra a folios 160 al
182. En los considerandos, se lee: “[…] estima la Sala que cuando el texto
convencional citado dispone que “A partir del 1° de enero de 2001, la
asignación básica se incrementará en el porcentaje de variación del índice de
precios al consumidor año completo, para los doce (12) meses anteriores”,
la misma ha de interpretarse en el sentido que el 1° de enero de 2001
constituye la base inicial desde la cual se aplicará el mencionado incremento
al salario de los trabajadores sin imponer una fecha límite respecto del mismo,
y por cuanto el inciso final del artículo 1° del pacto colectivo señala que “En
caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de trabajo vigente,
prevalecerá la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe
aplicarse en su integridad”, ha de entenderse que el aparte en discusión
del artículo 20 de la C.C.T., ha mantenido su vigencia y sus efectos para el
futuro pues no cerró su aplicación para un determinado lapso, y más aún porque
conforme al principio de la ultractividad, las cláusulas normativas del
convenio han prorrogado sus consecuencias en razón a que no ha entrado en vigor
un nuevo pacto colectivo, yendo lo anterior en consonancia con lo establecido
en el artículo 478 del C.S.T., que dispone la prórroga automática de las
convenciones y la presunción en cuanto a la Ultractividad Exlege, es
decir, que a menos que se hayan pactado normas diferentes, lo dispuesto en el
estatuto de los trabajadores mantendrá en vigor todo su contenido normativo”
(cursivas originales) (folio 174). El magistrado Antonio José Acevedo Gómez
presentó salvamento de voto a la anterior decisión (folios 190 al 196),
conforme al argumento planteado con anterioridad.
[232] Esta
fecha se toma de la copia de la convención colectiva aportada por el apoderado
de Termotasajero, en cuyo artículo 7 se indica: “Vigencia de la Convención.- La
presente Convención Colectiva de Trabajo regirá las relaciones laborales y
económicas entre Termotasajero S.A. E.S.P. y sus trabajadores, a partir del
primero (1°) de marzo de 2000 hasta el 28 de febrero de 2002” (folio 23 del
cuaderno de revisión del expediente T-4330329).
[233] Folio
3.
[234] MP.
Jorge Mauricio Burgos Ruiz, radicado No. 34622 (folios 12 al 22 del cuaderno
dos).
[235] Las
magistradas Clara Cecilia Dueñas Quevedo y Elsy del Pilar Cuello Calderón
presentaron salvamento de voto conjunto a la anterior decisión (folios 37 al
41).
[236] MP.
Eugenio Fernández Carlier, radicado No. 72603 (folios 4 al 14 del cuaderno
tres).
En
la sentencia se afirmó que “ya la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en Sala de Decisión de Tutelas, había sentado su posición frente al
caso de TERMOTASAJERO y el alcance extralegal que se le dio a la convención
colectiva para efectos de ampliar el término pactado para el aumento salarial.
Para el efecto se pueden encontrar, entre otras, las sentencia SCJ STP, 14 de
May 2013, Rad. 66880 y SCJ STP, 13 Ago 2013, Rad. 67838” (folios 9 y 10 del
cuaderno tres).
[237] Proceso
radicado 540013105002-200900294.
[238] La providencial
judicial obra a folios 149 al 150 del cuaderno principal del expediente T-4338102,
y da cuenta de la continuación de la primera audiencia de trámite.
[239] Folio
13 ibíd.
[240] Ver las
sentencias SU-692 de 1999, T-382 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y T-668 de
2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra).