T-974-06
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NOTA DE LA RELATORIA: LA SENTENCIA T-974 DE 2006 FUE ANULADA MEDIANTE AUTO
015 DE 2007 Y REEMPLAZADA CON LA SENTENCIA T-132 DE 2007
Sentencia T-974/06
ACTO ADMINISTRATIVO-Deber de motivar la desvinculación de
funcionario que ejerce en provisionalidad cargo de carrera administrativa
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Procedencia
excepcional por existir perjuicio irremediable
DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE
DEFENSA-Vulneración
por no motivar la desvinculación de funcionaria que ejerce en provisionalidad
cargo de carrera administrativa
EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN
CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Características de acto administrativo de desvinculación
Para que un acto administrativo de
desvinculación se considere motivado es forzoso explicar de manera clara,
detallada y precisa cuáles son las razones por las cuales se prescindirá de los
servicios del funcionario en cuestión. No basta, por tanto, llenar páginas con
información, doctrina o jurisprudencia que poco o nada se relacionan con el
asunto en particular y luego en uno o dos párrafos decir que “por los motivos
expresados” se procederá a desvincular al funcionario.
PRINCIPIO DE PUBLICIDAD DE ACTUACION
ADMINISTRATIVA-Motivación
acto administrativo de desvinculación de empleado nombrado en provisionalidad
en cargo de carrera
ACTO ADMINISTRATIVO-Motivación
El requisito de la motivación se orienta,
por lo demás, a satisfacer exigencias características de un gobierno
democrático. De un lado, la obligación de rendir cuentas respecto de las
actuaciones efectuadas. En otras palabras: la necesidad de explicar a los
administrados porqué se ha obrado de una determinada manera, tal como lo
disponen los artículos 123 y 109 de la Constitución Nacional: “(...)Los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”. “La
función administrativa está al servicio de los intereses generales (...)”]. De
otro lado, se liga con el compromiso de “administrar bien”, esto es, de cumplir
con un grupo de tareas que garanticen un “examen acucioso de los fundamentos de
las decisiones que [se] proyecta[n], previniendo, de esta manera, que se
adopten decisiones estudiadas de manera insuficiente o de dudosa justificación”
ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO
DE DESVINCULACION-No
existe mecanismo alternativo de defensa judicial orientado a obtener motivación
Referencia: expediente T-1412144
Acción de tutela instaurada por Jaime Parra
Sánchez contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre
de dos mil seis (2006).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional integrada por los magistrados Clara Inés Vargas Hernández,
Álvaro Tafur Galvis y Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º, de la Constitución Política y
en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
adoptado por el Tribunal Administrativo de Santander.
I. ANTECEDENTES.
El ciudadano Jaime Parra Sánchez instauró
acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial
por considerar vulnerados sus derechos constitucionales fundamentales a la
vida, al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud con fundamento en los
hechos que se sintetizan a continuación.
Hechos.
1.- Afirma el peticionario que fue nombrado
en el cargo de Profesor Universitario Grado 14 de la Oficina Seccional de
Control Interno del Distrito Judicial de San Gil el día 1º de julio de 1994 por
la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander.
2.- Expresa que el día 4 de junio de 1998
fue nombrado mediante Resolución No. 63 emitida por la dirección Ejecutiva
Seccional de la Rama Judicial del Distrito de Bucaramanga para el cargo de
Profesional Universitario Grado 20 en la Oficina de Apoyo Judicial del
Municipio de San Gil.
3.- Aduce que el día 3 de agosto de 1998 la
misma Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial del Distrito de
Bucaramanga por medio de Resolución número 75 lo nombró en provisionalidad a
partir del 4 de agosto de ese mismo año para desempeñar el cargo de Profesional
Universitario Grado 20 en la Oficina de Apoyo Judicial de San Gil.
4.- Señala que de acuerdo con la estructura
diseñada por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa de la
Dirección de Administración de la Carrera Judicial, el cargo para el cual fue
nombrado en provisionalidad ha sido reconocido como de carrera administrativa
aún cuando ha venido siendo proveído de manera provisional. Insiste en que ese
cargo no puede equipararse desde ningún punto de vista a “aquellos
denominados de libre nombramiento y remoción.”
5.- Manifiesta que por medio de
convocatoria proveniente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura – contenida en el Acuerdo No. 345 de 1998 – con fundamento en la
cual se pretendía conformar el registro de elegibles para los cargos de
empleados de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, se efectuó
con posterioridad el correspondiente concurso de méritos del cual hizo parte y
quedó clasificado para el cargo de Profesional Universitario Grado 20.
6.- Indica que durante el desempeño de su
actividad laboral al frente del cargo para el cual fue nombrado, jamás le fue
adelantado en su contra proceso disciplinario alguno. Añade, que, muy por el
contrario, el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga por lo menos en dos ocasiones lo designó para tal ocupación en
calidad de encargado, hechos estos, que tuvieron lugar para el mes de enero de
2000 y para el mes de enero de 2001.
7.- Dice que el día 27 de febrero de 2006
el Director Ejecutivo de la Rama Judicial, Seccional Bucaramanga, mediante
Resolución No. 000046 lo declaró insubsistente del cargo que ocupaba en
provisionalidad como Profesional Universitario Grado 20 en la Oficina de Apoyo
Judicial de San Gil sin que el acto administrativo mediante el cual se lo
declaró insubsistente contara con motivación alguna.
8.- Narra que para el día 27 de febrero de
2006 fue retirado de la E. P. S. SaludCoop por carecer de capacidad de pago. A
partir de esa fecha, agrega, quedó totalmente desprotegido en lo
correspondiente al régimen de salud. Esto, alega, ha traído como consecuencia
directa e inmediata la suspensión del tratamiento que recibía diariamente por
parte de la E. P. S. necesario para tratar enfermedades como HIPERTENSIÓN
ARTERIAL CRÓNICA y DIABETES MELLITUS. Aduce que con esto su salud se ve ante un
riesgo inmediato de sufrir daño irreversible e irreparable.
9.- Asevera que en vista de “sus
condiciones actuales y críticas de salud y en razón de [encontrarse desempleado
le es] imposible responder por sus subsistencia y tratamiento médico [pues] no
cuenta con los medios económicos suficientes para atender los elevados costos
que dichos tratamientos médicos demandan por su naturaleza.”
10.- Relata que tiene dos hijos quienes a
la fecha de su retiro recibían de sus ingresos salariales la suma de $
709.585.oo para su manutención. Añade que también asumía los costos educativos
universitarios de su hijo que ascienden a una suma de $ 3.084.036.oo
semestrales por concepto de matrícula financiera pues cursa estudios superiores
en la Universidad Santo Tomás.
11.- Declara que en el momento mismo de su
desvinculación tenía a su cargo obligaciones para con su hogar conformado por
su compañera – que se encuentra desempleada – y su hija de dos años de edad.
12.- Asegura que tiene a su cargo una
obligación con el BANCO GRANAHORRAR (SAN GIL) actualmente BANCO BBVA por
concepto de adquisición de un inmueble cuyo saldo se encuentra estimado en la
suma de $12.170.000.oo. Esta obligación demanda por su parte el pago de cuotas
mensuales que ascienden a la cantidad de $347.000.oo. Tampoco se encuentra en
capacidad de cancelar el impuesto predial del mencionado inmueble cuyo monto
fue determinado en la suma de $257.993.oo. Adeuda, por lo demás a la entidad
bancaria GRAN BANCO BANCAFE la suma de $757.000.oo por concepto de manejo de
Tarjeta de Crédito.
13.- Informa, finalmente, que no posee
ningún otro tipo de ingreso que le permita el sostenimiento, razón por la cual
se afectan de manera directa sus derechos constitucionales fundamentales a la
salud, al mínimo vital así como los de las personas que tiene a su cargo. Indica
que fuera de los derechos mencionados también se desconoció su derecho a la
garantía del debido proceso por cuanto se le impidió contradecir e impugnar el
acto mediante el cual fue desvinculado de manera que se lesionó su derecho de
defensa en contravía de lo dispuesto por el artículo 29 superior en el que
expresamente se preceptúa que “el debido proceso se aplicará a toda clase de
actuaciones judiciales y administrativas.”
Solicitud de tutela.
14.- El actor solicitó que se tutelaran los
derechos invocados y, en consecuencia, se concediera el amparo como mecanismo
transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable. Exigió, del mismo modo,
que se ordenara a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que lo
reintegrara en forma inmediata al cargo de Profesional Universitario Grado 20,
en la Oficina de Apoyo Judicial de San Gil, con efectos desde su
desvinculación.
Pruebas.
15.- En el expediente constan las
siguientes pruebas:
- Copia de la Resolución No. 000046 de
enero 27 de 2006 mediante la cual se decide declarar insubsistente el
nombramiento del señor Jaime Parra Sánchez como Profesional Universitario Grado
20 de la Oficina de apoyo en San Gil y notificación de la misma (a folios
12-14)
- Copia del acta de posesión donde se
nombra al señor Jaime Parra Sánchez en el cargo de Profesional Universitario
Grado 14 en la Oficina de Control Interno del Distrito Judicial de San Gil (a
folio 15)
- Copia de de la Resolución no. 75 de
agosto 3 de 1998 y del acta de posesión del cargo (a folio 17)
- Copia de la Resolución No. 63 de agosto 4
de 1998 y acta de posesión del cargo (a folio 16 )
- Copia de la constancia de ocupación en
calidad de encargo, cuando el señor Parra Sánchez se desempeñó en el cargo de
director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga (a folio
20)
- Copia del Oficio 02517 del Consejo
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa de puntajes de prueba de
conocimiento y aptitudes del concurso de méritos para los cargos de empleado de
carrera de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial (a folios 21-23
)
- Registros civiles de nacimiento de los
hijos del señor
Jaime Parra Sánchez (a folios 24-26 )
- Acta extra proceso de manifestación de
unión marital de hecho (a folio 27)
- Copia de las consignaciones que realizó
el señor Jaime Parra Sánchez en el Banco BBVA respecto del crédito que soportó
por compra de vivienda desde el año 2000 (a folio)
- Copia de la certificación de la Clínica
Santa Cruz de la Loma (San Gil) por medio de la cual se deja constancia de los
tratamientos que se seguían a favor del señor Jaime Parra Sánchez para control
de la diabetes y de la tensión arterial, junto con la historia clínica (a
folios 32-34)
- Copia de la certificación donde consta
haber sido retirado el señor Jaime Parra Sánchez de la E. P. S. SaludCoop (a
folio 31)
- Copia de la Resolución No. 001714 en la
cual se autoriza al señor Jaime Parra Sánchez hacer el retiro de su auxilio de
cesantías (a folios 35-36)
- Copia de las dos últimas nóminas mediante
las que se deja constancia de los descuentos que se le hacían al señor Jaime
Parra Sánchez correspondientes a la cuota de alimentos a favor de sus tres
hijos por la suma de $709.585.oo mensuales (a folios 37-38)
- Copia del recibo de matrícula del primer
semestre académico del 2006 cursado por el hijo del señor Jaime Parra Sánchez
cancelado a la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Bucaramanga (a folio 39)
- Copia de la certificación de la entidad
crediticia GRAN BANCO BANCAFE, respecto de lo adeudado por manejo de la tarjeta
de crédito, por la suma de $757.000.oo (a folio 40)
- Copia de los diferentes recibos de
servicios públicos de la casa habitada por el señor Jaime Parra Sánchez, así
como copia del recibo pendiente por canelar el impuesto predial de dicho
inmueble (a folios 41-43)
Intervención de la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Rama Judicial Asesoría Jurídica.
16.- El ciudadano Jorge Eduardo Vesga
Carreño intervino en su calidad de Director Ejecutivo Seccional de la Administración
Judicial de Bucaramanga. Luego de explicar la delimitación funcional y el
alcance de las competencias y la jerarquía organizacional de la Rama Judicial y
de precisar que de conformidad con el Título VIII, Capítulo 7, de la
Constitución el Consejo Superior de la Judicatura así como la Dirección
Ejecutiva y sus Seccionales de Administración de Justicia forman parte de la
Rama Judicial; después de indicar que, según el artículo 257 numeral 2
superior, dentro de las funciones de estas dependencias se encuentran las de “crear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Administración de Justicia” y
de especificar que estas competencias le corresponden en forma genérica
a la Administración de Justicia así como de señalar que, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, el Consejo
Superior de la Judicatura (su Dirección Ejecutiva y sus Direcciones
Seccionales) también comprende dentro de sus funciones las de “crear,
suprimir, fusionar y trasladar cargos en la rama Judicial”, procedió el
señor Vesga Carreño a establecer que una vez determinada la existencia de
Direcciones Seccionales - la cual es precedida por el Director Seccional de la
Rama Judicial - le corresponde a esta dependencia ejercer su jurisdicción de
acuerdo con las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo
Nacional de la Administración Judicial y ejercer entre otras las siguientes
funciones: “nombrar y remover a los empleados del consejo seccional de la
judicatura, excepto los que sean de libre nombramiento y remoción de cada
magistrado y aquellos cuyo nombramiento corresponda a una sala.”
A renglón seguido, consideró pertinente el
señor Vesga Carreño referirse a la clasificación de los empleos y, en ese orden
de ideas, estimó necesario indicar las características de los cargos de libre
nombramiento y remoción, los cargos de carrera y del encargo[1].
De inmediato, afirmó que:
“las instituciones legales de
‘provisionalidad’ y de ‘encargo’ en el sistema del Decreto Ley 025 de 1987 no
son estatutariamente elementos de la carrera judicial, porque para el criterio
de legislador de entonces, uno es el ingreso al servicio de la función pública
en la administración de justicia, para lo cual no es requisito irreductible
(sic) pertenecer a la carrera judicial, tanto que se puedan (sic) desempeñar
cargos del escalafón sin pertenecer a él; y otro diferente el ‘ingreso a la
carrera judicial’.
Estimó que lo aseverado con antelación
servía para:
“dejar claro desde ya, que el señor JAIME
PARRA SÁNCHEZ no desempeñó funciones en cargo de libre nombramiento y remoción,
sino se desempeñaba en provisionalidad y por no estar provisto el cargo, en un
concurso de méritos, se asemeja al de libre nombramiento y remoción.”
Añadió, a continuación, que:
“Siguiendo con las disposiciones
normativas, para el empleado público, la cesación definitiva de la funciones,
es decir, para que se produzca el retiro del servicio, según el artículo 149 de
la ley estatutaria será entre otras: la Declaración de insubsistencia. (…) / el
Consejo de Estado en su jurisprudencia ha dicho que la insubsistencia, aunque
no constituye sanción alguna, es una figura a la que se recurre cuando la
autoridad nominadora considera que la permanencia del empleado no favorece el
buen servicio, fin primordial de la función pública, y el acto que la contiene
lleva implícita la presunción de legalidad, que puede ser naturalmente
desvirtuable mediante prueba en contrario. / Que sea de insistir las reiteradas
providencias del Consejo de Estado, en las que se ha señalado que si el
funcionario o empleado no se encuentra inscrito en carrera, se encuentra
nombrado en provisionalidad  y no ha participado en concurso, su condición se
asimila a la de un funcionario de libre nombramiento y remoción, y bajo el
criterio del mejoramiento del servicio puede ser declarado insubsistente en
ejercicio de la acción propia discrecional del Director Ejecutivo.”
Con arreglo a lo anterior, manifestó que:
“La decisión de declarar insubsistente al
Doctor JAIME PARRA SÁNCHEZ (…) obedece a mejorar el servicio y a la buena
marcha de la administración”
Concluyó finalmente diciendo que, por las
razones expuestas, la entidad no había vulnerado los derechos constitucionales
fundamentales del peticionario pues se trata de un funcionario de libre
nombramiento y remoción y en tales casos – de conformidad con jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional (SU-250 de 1998 y del Consejo de Estado)
el acto administrativo por medio del cual se efectúa la desvinculación no
requiere ser motivado. No obstante lo anterior, expresó la entidad, que la
resolución había sido motivada – y obedecía a defender el mejoramiento del
servicio y la buena marcha de la administración - de modo que no se infringió
derecho alguno. No se desconoció tampoco el derecho al debido proceso, toda vez
que en la Resolución mediante la cual se desvinculó al señor Parra Sánchez, así
como en la diligencia de notificación personal de la misma, se le ofreció al
actor la oportunidad de recurrir el acto administrativo, así como lo prevé el
artículo 51 del C. C. A. De esa forma, garantizó la entidad el derecho de
contradicción del peticionario, quien al guardar silencio durante el lapso
fijado por la Ley para recurrir el acto, validó la actuación de la entidad.
Luego de estos pronunciamientos, pasó la entidad a citar doctrina y
jurisprudencia en apoyo de su punto de vista (a folios 64-70)
Sentencia objeto de revisión.
Tribunal Administrativo de Santander.
17.- Mediante providencia fechada el día 28
de junio de 2006 este Tribunal resolvió rechazar por improcedente la acción de
tutela. Consideró que existía otra vía judicial y no se estructuraba, además,
perjuicio irremediable.
Revisión por la Corte Constitucional.
18.- Remitido el expediente a esta
Corporación, mediante providencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil
seis (2006), la Sala de Selección número ocho dispuso su revisión por la Corte
Constitucional.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.
1.- Esta Corte es competente para revisar
el presente de tutela de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241
de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y las demás disposiciones
pertinentes.
Presentación del caso y problemas jurídicos
objeto de estudio.
2.- El peticionario, Jaime Parra Sánchez,
instauró acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial,
Seccional Bucaramanga, por considerar que esta entidad desconoció sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y al mínimo vital al haber
proferido la Resolución No. 000046 del día 27 de febrero de 2006 mediante la
cual se lo declaró insubsistente sin que, a su juicio, existieran razones para
ello. Solicita que se conceda la acción de tutela como mecanismo transitorio a
fin de evitar un perjuicio irremediable y exige, que se ordene a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial el reintegro en forma inmediata al cargo
de Profesional Universitario Grado 20, en la Oficina de Apoyo Judicial de San
Gil, con efectos desde su desvinculación.
La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial,
Seccional Bucaramanga, estima, por su parte, que no ha desconocido los derechos
constitucionales fundamentales del señor Parra Sánchez. Alega que el puesto
desempeñado por el actor era de libre nombramiento y remoción, de modo que no
requería motivación alguna para efectos de la declaratoria de insubsistencia.
Subraya, en todo caso, que la resolución mediante la cual el peticionario fue
declarado insubsistente estaba debidamente motivada, de ahí que no pudiera
alegarse vulneración del derecho constitucional fundamental a la garantía del
debido proceso. Añade, además, que en el acto administrativo por medio del cual
se desvinculó al peticionario así como en documento que lo notificó, se
establecía la existencia de recursos para controvertir el acto administrativo
de conformidad con el artículo 51 del C. C. A. y el señor Parra Sánchez guardó
silencio.
El Tribunal Administrativo de Santander
negó el amparo por considerarlo improcedente toda vez que, a juicio de la
Corporación, existe otra vía judicial y no se presenta perjuicio irremediable.
3.- De acuerdo con lo expuesto, le
corresponde a la Sala establecer (i) si la Dirección Ejecutiva de la Rama
Judicial, Seccional Bucaramanga, desconoció el derecho constitucional
fundamental a la garantía del debido proceso cuando declaró insubsistente a una
persona nombrada en provisionalidad en un cargo de carrera, sin mediar
motivación. En caso afirmativo, (ii) si la acción de tutela es el mecanismo
idóneo para reestablecer los derechos que el actor considera vulnerados.
A fin de resolver las cuestiones
planteadas, estima la Sala pertinente (i) reiterar su jurisprudencia respecto
de la obligación de motivar el acto por medio del cual se declara insubsistente
un funcionario que desempeña en provisionalidad un cargo de carrera (ii)
establecer si en el caso concreto procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
El acto por medio del cual se desvincula a una persona de un cargo
de carrera para el cual fue nombrado en provisionalidad debe ser motivado.
Reiteración de jurisprudencia.
4.- La necesidad de expresar las razones
con fundamento en las cuales se declara insubsistente a un funcionario nombrado
en provisionalidad para desempeñar un cargo de carrera, ha sido un asunto sobre
el cual la Corte Constitucional se ha pronunciado de manera insistente y
reiterada. Ha subrayado este Tribunal que - fuera de las actuaciones
expresamente exceptuadas por la Ley - todo acto administrativo debe ser
motivado, al menos, de manera sumaria[2]. Ha dicho, en este orden
de ideas, que una de las consecuencias del Estado social de derecho se
manifiesta, justamente, en la obligación de motivar los actos administrativos
pues sólo así los jueces, en el instante en que deben realizar su control, puedan
verificar si dichos actos se ajustan o no a los preceptos establecidos en el
ordenamiento jurídico. De lo contrario, se presenta la desviación de poder
prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo y, en tal
sentido, se configura una causal autónoma de nulidad del acto administrativo
que no contenga la motivación[3].
5.- El Tribunal Constitucional colombiano
ha subrayado también cómo la motivación de los actos administrativos es
indispensable para garantizar el derecho constitucional fundamental a la
garantía del debido proceso y se relaciona estrechamente con la publicidad de
los actos. Una actuación secreta o reservada impide ejercer el derecho de
contradicción. Salvo las excepciones previstas por la Ley, el retiro debe ser
siempre motivado.
En efecto, la Legislación prevé que en
ciertos casos no se requiere la motivación. Esto sucede, por ejemplo, cuando
quien se desvincula del servicio es un empleado de libre nombramiento y
remoción. Ha manifestado la Corte Constitucional que al “tratarse de
personas que ejercen funciones de confianza, dirección o manejo, la permanencia
en sus cargos depende, en principio, de la discrecionalidad del nominador[4].”
Este tipo de empleos suponen la existencia de estrechos lazos de confianza de
modo que “el cabal desempeño de la labor asignada debe responder a las
exigencias discrecionales del nominador y estar sometida a su permanente
vigilancia y evaluación[5].”
6.- Bajo estas circunstancias, el nominador
goza de un margen amplio de discrecionalidad que no puede, desde luego, derivar
en actuación arbitraria o desproporcionada pero tampoco exige para que proceda
el retiro que el acto de desvinculación deba ser motivado. Ha sostenido la
Corporación en numerosas ocasiones que, “la falta de motivación del acto que
desvincula a una persona que ocupe un cargo de libre nombramiento y remoción no
es contrario a la Constitución[6].” Ha
recalcado, además, que la no motivación de esos actos constituye “una
excepción al principio general de publicidad, sin que ello vulnere derecho
fundamental alguno[7].”
7.- Cosa distinta ocurre con los cargos de
carrera. Las personas que acceden a estos cargos deben reunir un conjunto de
condiciones de mérito y sólo cuando demuestran que cumplen con los requisitos
para acceder pueden ocupar un puesto de carrera. La provisión de estos cargos
se somete, por consiguiente, a los procesos de selección y a los concursos
públicos que determine la ley. De ahí, que quienes ejercen cargos de carrera
gocen de mayor estabilidad y su desvinculación únicamente proceda por razones
disciplinarias, por calificación insatisfactoria de labores o por otra causal
previamente determinada por la Ley[8]. La
Legislación exige que el acto mediante el cual se desvincula a un empleado o
funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa deba ser motivado.
La legislación ha previsto que los cargos de carrera
pueden proveerse en provisionalidad cuando se presentan vacancias definitivas o
temporales “mientras éstos se proveen en propiedad conforme a las
formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia
temporal”[9]. En numerosas
ocasiones[10] y recientemente en la
sentencia T- 222 de 2005 la Corte Constitucional ha dicho que:
“pese al carácter eminentemente transitorio
de este tipo de nombramientos, las personas que ocupan un cargo de carrera en
provisionalidad gozan de cierta estabilidad laboral, pues su desvinculación no
puede hacerse de manera discrecional como está permitido para los cargos de
libre nombramiento y remoción. En tal sentido esta Corporación ha reiterado que
‘el nombramiento en provisionalidad de servidores públicos para cargos de
carrera administrativa, como es el caso, no convierte el cargo en uno de libre
nombramiento y remoción. Por ello, el nominador no puede desvincular al
empleado con la misma discrecionalidad con que puede hacerlo sobre uno de libre
nombramiento y remoción, a menos que exista justa causa para ello’. Así pues,
ha precisado que procede la desvinculación como consecuencia de una falta
disciplinaria o porque se convoque a concurso para llenar la plaza de manera
definitiva, con quien obtuvo el primer lugar[11] .”
8.- Los actos por medio de los cuales se
desvincula a una funcionaria o a un funcionario nombrado en provisionalidad
para ejercer un cargo de carrera deben ser motivados, pues, de lo contrario, se
incurre en desconocimiento del derecho constitucional fundamental a la garantía
del debido proceso. Esto lo subraya la Corte Constitucional en la sentencia de
Sala Plena SU- 250 de 1998 cuando establece[12] que la
motivación es un requisito indispensable para que pueda operar en debida forma
el control sobre los actos administrativos. La falta de motivación, a juicio
del Tribunal Constitucional, obstruye el acceso a la justicia en contravía con
lo dispuesto por el artículo 229 superior. Cuando se retira a una persona del
cargo sin mediar motivación se pone a la o al afectado en situación de
indefensión y se desconocen, de paso, sus derechos derivados del artículo 29 de
la Constitución Nacional que incluyen: el “derecho a ser oído y a disponer
de todas las posibilidades de oposición y defensa en juicio, de acuerdo con el
clásico principio audiatur et altera pars, ya que de no ser así, se produciría
la indefensión.”
Pone énfasis la Sala Plena en que la
garantía consignada en el artículo 29 superior abarca el principio medular de
la contradicción “de modo que los contendientes, en posición de igualdad,
dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimaren
conveniente con vistas al reconocimiento judicial de sus tesis.” Agrega la
Sala, más adelante, que “[n]o es lógico ni justo que al afectado por un acto
administrativo de desvinculación (salvo en los casos de libre nombramiento y
remoción) no se le indica el motivo del retiro para que se defienda del en
señalamiento que se le hace.”
9.- No sobra recordar en este lugar que de
acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
para que un acto administrativo de desvinculación se considere motivado es
forzoso explicar de manera clara, detallada y precisa cuáles son las razones
por las cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión. No
basta, por tanto, llenar páginas con información, doctrina o jurisprudencia que
poco o nada se relacionan con el asunto en particular y luego en uno o dos
párrafos decir que “por los motivos expresados” se procederá a desvincular al
funcionario.
Es necesario reparar una vez más en el
sentido y en el alcance que tiene la motivación para quienes serán
desvinculados de un cargo al que la Ley le confiere características de
estabilidad, justamente por cuanto quienes los ocupan – así sea de modo
temporal - cumplen con los méritos exigidos para tales efectos. El papel
relevante de la motivación de los actos administrativos por medio de los cuales
se procede a desvincular funcionarios que ocupan de modo permanente o
transitorio un cargo de carrera ha sido destacada por la jurisprudencia
constitucional en múltiples ocasiones y más recientemente en la sentencia T-552
de 2005.
En esa oportunidad indicó la Corte cómo el
artículo 209 superior determina el principio de publicidad de las actuaciones
que se adelantan ante la administración pública. Existe como se indicó un nexo
estrecho entre la exigencia de motivar los actos administrativos de
desvinculación de cargos de carrera – hayan sido estos ocupados de manera
permanente o pasajera – y el principio de publicidad. En tal sentido, expresó
la Corte,
“el deber de motivar tales actos representa
una carga que el derecho constitucional y administrativo contemporáneo impone a
la administración, según la cual ésta se encuentra obligada a exponer las
razones de hecho y de derecho que determinan su actuar en determinado sentido.
Así, el deber de motivar los actos administrativos, salvo excepciones precisas,
se revela como un límite a la discrecionalidad de la administración.”
En este orden
de ideas, los motivos del acto administrativo, comúnmente llamados
“considerandos”, deberán dar cuenta de las razones de hecho, precisamente
circunstanciadas, y de derecho, que sustenten de manera suficiente la adopción
de determinada decisión por parte de la administración pública, así como el
razonamiento causal entre las razones expuestas y la decisión adoptada.”
10.- El
requisito de la motivación se orienta, por lo demás, a satisfacer exigencias
características de un gobierno democrático. De un lado, la obligación de rendir
cuentas respecto de las actuaciones efectuadas. En otras palabras: la necesidad
de explicar a los administrados porqué se ha obrado de una determinada manera,
tal como lo disponen los artículos 123 y 109 de la Constitución Nacional: “(...)Los
servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad”. “La función
administrativa está al servicio de los intereses generales (...)”]. De otro
lado, se liga con el compromiso de “administrar bien”, esto es, de cumplir con
un grupo de tareas que garanticen un “examen acucioso de los fundamentos de
las decisiones que [se] proyecta[n], previniendo, de esta manera, que se
adopten decisiones estudiadas de manera insuficiente o de dudosa justificación[13].”
Por último, se conecta con la necesidad de facilitar el control de las
actuaciones de la administración:
“así, el
conocimiento de los motivos por los cuales la administración ha adoptado
determinada decisión permite a los interesados apreciar las razones de las
decisiones que los afectan y, eventualmente, interponer los recursos
administrativos o instaurar las acciones judiciales a que haya lugar,
garantizando, de esta manera, el ejercicio del derecho de defensa. En el mismo
sentido, facilita la tarea del juez administrativo en el “instante que pase a
ejercer el control jurídico sobre dicho acto, constatando si se ajusta al orden
jurídico y si corresponde a los fines señalados en el mismo[14].”
11.- De lo expuesto se deriva la importancia que la jurisprudencia
constitucional le ha conferido, en general, a la necesidad de motivar los actos
administrativos y, en particular, a los actos orientados a desvincular
funcionarios que ocupan cargos de carrera, cuestión que se extiende también a
los procesos de desvinculación de personas que ocupan tales cargos en
provisionalidad. De manera repetida ha establecido la Corte Constitucional que
la acción tutela constituye una vía idónea para ordenar la motivación del acto
administrativo mediante el cual se declara insubsistente una funcionario nombrado
en provisionalidad para desempeñar un cargo de carrera, lo anterior con el
propósito de garantizar el derecho constitucional fundamental a la garantía del
debido proceso.
Caso concreto
12.- En el caso concreto, se tiene que el actor fue nombrado en provisionalidad
mediante Resolución para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Grado
20 en la Oficina de Apoyo Judicial de San Gil. Indica el peticionario cómo
según la estructura diseñada por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala
Administrativa de la Dirección de Administración de la Carrera Judicial, el
cargo para el cual fue nombrado ha sido reconocido como de carrera
administrativa. Insiste, por lo demás, que el hecho de haber sido nominado en
provisionalidad para desempeñar el mencionado cargo no lo convierte por esa
razón en funcionario de libre nombramiento y remoción, de manera que su
desvinculación ha debido esta precedida de la respectiva motivación, algo que,
a su juicio no sucedió de manera que se vulneró su derecho constitucional fundamental
al debido proceso y de paso otros derechos como el derecho al trabajo, a la
salud y al mínimo vital.
13.- La entidad demandada, por su parte,
admite que el señor Jaime Parra Ramírez desempeñó un cargo de carrera en
provisionalidad y acepta también que el actor de la presente tutela no era
funcionario de libre nombramiento y remoción. No obstante lo anterior, se apoya
en la jurisprudencia del Consejo de Estado para indicar que la declaratoria de
insubsistencia no configura sanción alguna y procede en aquellos casos en los
que el “empleado no favorece el buen servicio, fin primordial de la función
pública, y el acto que la contiene lleva implícita la presunción de legalidad,
que puede ser naturalmente desvirtuable mediante prueba en contrario.”
Más adelante agrega, de modo que contradice
lo afirmado con antelación, que de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado los cargos de carrera provistos de manera provisional por
funcionarios que no han participado en concurso se equiparan a cargos de libre
nombramiento y remoción y la declaratoria de insubsistencia procede, por
consiguiente, sin que sea indispensable la motivación del acto. A renglón
seguido agrega, sin embargo, que pese a no existir obligación de motivar el
acto por medio del cual se desvincula al peticionario, éste fue motivado de la
siguiente manera:
“La decisión de declarar insubsistente al
Doctor JAIME PARRA SÁNCHEZ (…) obedece a mejorar el servicio y a la buena
marcha de la administración”
14.- Considera la Sala que en el caso bajo
examen no puede equipararse el cargo ejercido por el peticionario a uno de
libre nombramiento y remoción. El peticionario fue nombrado en provisionalidad
para desempeñar un cargo de carrera - Profesional Universitario Grado 20 en la
Oficina de Apoyo Judicial de San Gil -, y, como se indicó más arriba, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado en numerosas
oportunidades la necesidad de motivar lo actos mediante los cuales se
desvincula a un funcionario nombrado en provisionalidad para desempeñar un
cargo de carrera.
Tampoco estima la Sala que las razones
contenidas en el acto por medio del cual se declara insubsistente al señor
Parra Sánchez puedan hacerse equiparables a una motivación. La entidad
demandada se limitó a llenar sendas páginas con doctrina y jurisprudencia y tan
sólo en la parte resolutiva mencionó que el señor Parra Sánchez se declararía
insubsistente por motivos de mejorar el servicio y la buena marcha de la
administración. En ningún lugar de la resolución se pueden encontrar motivos –
serios, claros, detallados y precisos – que expliquen porqué la permanencia del
señor Parra Sánchez en el cargo de Profesional Universitario Grado 20 en la
Oficina de Apoyo Judicial contribuye a desmejorar el servicio y la buena marcha
de la administración.
Como se indicó más arriba, es
característico de gobierno democrático ofrecer explicaciones – jurídicas y
fácticas – sobre las actuaciones adelantadas por la administración. La
administración debe aclarar de modo detallado los fundamentos en que se
sustentan sus decisiones. Se señaló, además, que una de las finalidades de la
motivación consiste en brindarle la oportunidad a la persona que será
desvinculada de ejercer su derecho de contradicción y radica, por ende, en garantizar
su derecho constitucional fundamental al debido proceso. Esto a todas luces no
sucedió en el caso del señor Parra Sánchez.
15.- La parte demandada sostiene que tanto
en la Resolución con fundamento en la cual se declara insubsistente al señor
Parra Sánchez así como en el escrito de notificación, se establecía la
existencia de recursos para impugnar el acto y alega, además, que el
peticionario hizo caso omiso de tal posibilidad y guardó silencio. Opina la
Sala que tampoco le asiste razón a la entidad demandada en este aspecto, toda
vez que al no encontrarse en la resolución una verdadera motivación no era
factible para el actor ejercer su derecho de defensa.
16.- En líneas precedentes se explicó que
la acción de tutela es el mecanismo idóneo para exigir la motivación de un acto
administrativo, pues esta constituye una petición autónoma. Por las razones
expresadas, procederá la Sala a amparar el derecho constitucional fundamental a
la garantía del debido proceso del señor Jaime Parra Sánchez. En consecuencia,
declarará la nulidad de la Resolución No. 000046 emitida el día 27 de febrero
de 2006 por parte del Director Ejecutivo de la Rama Judicial, Seccional
Bucaramanga, y ordenará a la entidad demandada que expida un nuevo acto
administrativo en el cual se motive la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento del señor Jaime Parra Sánchez de modo que este último tenga la
posibilidad de controvertir el acto de desvinculación ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo.
17.- Ahora bien, respecto de la solicitud
de reintegro y, en tal sentido, en relación con la petición para que se le
conceda al actor el amparo en tanto protección transitoria para evitar un
perjuicio irremediable – en su caso, para prevenir la vulneración de sus
derechos constitucionales fundamentales al trabajo, a la salud y al mínimo
vital – estima la Sala que en el asunto bajo examen no se cumple con los
requisitos por las razones que expresará a continuación.
Cierto es que en varias oportunidades la
Corte Constitucional ha concedido la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar perjuicio irremediable, pero en todos estos casos se ha
tratado de personas que por una u otra razón se ven colocadas en situación de
vulnerabilidad evidente. En relación con lo anterior, es preciso recodar que la
Corte Constitucional ha sido insistente en afirmar que para que proceda la
acción de tutela como mecanismo transitorio es necesario demostrar que, en
efecto, se trata de evitar un perjuicio irremediable. En esa línea de argumentación,
ha dicho la Corte que se considera irremediable el perjuicio cuando “la
lesión y amenaza de los derechos fundamentales invocados sea real, ‘no se trata
de la simple posibilidad de lesión, sino de la posibilidad de sufrir un mal
irreparable y grave de manera injustificada. La amenaza requiere de un mínimo
de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del
daño o menoscabo material o moral’”[15].
18.- No cree la Sala que en esta
oportunidad se esté ante un sujeto de especial protección constitucional como
si lo ha estado el Tribunal Constitucional colombiano en otras ocasiones cuando
ha tenido que enfrentar, por ejemplo, la situación de madres cabeza de familia
que por razones económicas se encontraban en circunstancias de debilidad
manifiesta[16]. Como puede deducirse a
partir de un examen detallado del acervo probatorio, las circunstancias que
rodean el caso bajo examen son distintas y no ameritan la procedencia de la
acción de tutela como mecanismo transitorio por cuanto no se vislumbra un
perjuicio irremediable[17].
19.- Cierto es que en el caso concreto no
se cumplen los requisitos para conceder la tutela de manera transitoria. Ahora
bien, por las razones expuestas en esta sentencia y, especialmente, en los
fundamentos jurídicos 7 y siguientes, la Sala procederá a ordenar que el señor
Parra Sánchez sea reintegrado al cargo que desempeñaba como Profesional
Universitario Grado 20 en la Oficina de Apoyo Judicial y, que sea mantenido en ese
cargo, hasta tanto no se motive en debida forma el acto de desvinculación y se
decidan las acciones que puede ejercer el peticionario contra el acto de
desvinculación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Santander el día 28 de junio de 2006 mediante el cual se negó
por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Parra
Sánchez. En su lugar CONCEDER la protección del derecho al debido
proceso del peticionario.
Segundo.- ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Rama Judicial que en el término de 48 horas, contadas a partir de la
notificación de la presente providencia, proceda a reintegrar al señor Jaime
Parra Sánchez en el cargo de Profesional Universitario Grado 20 en la Oficina
de Apoyo Judicial de San Gil hasta tanto la Dirección no motive el acto de
desvinculación en el sentido establecido en la presenten sentencia y hasta
tanto no se hayan resuelto las acciones que contra el acto de desvinculación
tiene el señor Parra Sánchez ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Tercero.- ADVERTIR al señor Jaime Parra Sánchez que contra el
acto administrativo que, en cumplimiento de esta providencia, profiera la
Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial, deberá ejercer las acciones
contenciosas administrativas pertinentes. Para tales efectos, los términos
comenzarán a contarse a partir de la notificación del acto administrativo que
se expida.
Cuarto.- ORDENAR que por Secretaría General se de
cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese
en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
ÁLVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
Auto 015/07
ACCION DE TUTELA CONTRA DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL-Declaración
de insubsistencia en cargo de provisionalidad como profesional universitario
ACCION DE TUTELA CONTRA DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL-Incongruencia
parcial entre partes motiva y resolutiva de la sentencia T-974/06 por error en
el texto
DERECHO AL DEBIDO PROCESO-Vulneración por falta de congruencia
parcial entre partes motiva y resolutiva de fallo de tutela
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Vulneración del debido proceso por falta
de congruencia entre partes motiva y resolutiva de la sentencia T-974/06
Referencia: nulidad de la sentencia T-974
de 2006.
Expediente T-1412144
Acción de tutela instaurada por Jaime Parra
Sánchez contra la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.
Bogotá D.C.,
veintinueve ( 29 ) de enero de dos mil siete ( 2007 ).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto,
quien la preside, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO.
1. El señor Jaime Parra Sánchez instauró acción de tutela contra la
Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial, por cuanto mediante
resolución núm. 000046 del 27 de febrero de 2006 fue declarado insubsistente
del cargo que ocupaba en provisionalidad como profesional universitario grado
20 en la Oficina de Apoyo Judicial de San Gil “sin que el acto
administrativo mediante el cual se lo declaró insubsistente contara con
motivación alguna”.
2. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del
28 de junio de 2006 decidió rechazar por improcedente la acción, por estimar
que existía otra vía judicial y que además no se estructuraba un perjuicio
irremediable.
3. La Sala Séptima de Revisión, mediante sentencia T- 974 de 2006,
decidió   ( i ) revocar la sentencia de tutela proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander; ( ii ) amparar el derecho al debido proceso del
peticionario; ( iii ) ordenarle a la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama
Judicial que en el término de 48 horas, contadas a  partir de la notificación
de la providencia, procediera a reintegrar al señor Jaime Parra Sánchez en el
cargo de Profesional Universitario Grado 20 en la Oficina de Apoyo Judicial de
San Gil hasta tanto la Dirección no motivara el acto de desvinculación y no se
hubiesen resuelto las acciones que contra el acto de desvinculación tiene el
señor Parra Sánchez ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y
( iv ) advirtió al peticionario que, contra el acto administrativo que en
cumplimiento del fallo fuera proferido por la accionada, “podía” ejercer las
acciones contenciosas administrativas pertinentes.
4. Ahora bien, la Sala advierte que se incurrió en un motivo de incongruencia
parcial entre las partes motiva y  resolutiva de la sentencia T- 974 de 2006,
originado por un error en el texto que le fue sometido a su consideración.  En
efecto, en la parte resolutiva de la citada providencia, en su segundo numeral,
se declara lo siguiente:
“ORDENAR a la Dirección Ejecutiva
Seccional de la Rama Judicial que en el término de 48 horas, contadas a  partir
de la notificación de la presente providencia, proceda a reintegrar al señor
Jaime Parra Sánchez en el cargo de Profesional Universitario Grado 20 en la
Oficina de Apoyo Judicial de San Gil hasta tanto la Dirección no motive el acto
de desvinculación en el sentido establecido en la presente sentencia y hasta
tanto no se hayan resuelto las acciones que contra el acto de desvinculación
tiene el señor Parra Sánchez ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por el contrario, en la parte motiva de la sentencia T- 974 de 2006,
se hacen las siguientes consideraciones:
“17. Ahora bien, respecto de la solicitud de reintegro y, en tal
sentido, en relación con la petición para que se le conceda al actor el amparo
en tanto protección transitoria para evitar un perjuicio irremediable  - en su
caso, para prevenir la vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al trabajo, a la salud y al mínimo vital -  estima la Sala que en
el asunto bajo examen no se cumple con los requisitos por las razones que
expresará a continuación.
“Cierto es que en varias oportunidades la Corte Constitucional ha
concedido la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar perjuicio
irremediable, pero en todos estos casos se ha tratado de personas que por una u
otra razón se ven colocadas en situación de vulnerabilidad evidente. En
relación con lo anterior, es preciso recordar que la Corte Constitucional ha
sido insistente en afirmar que para que proceda la acción de tutela como
mecanismo transitorio es necesario demostrar que, en efecto, se trata de evitar
un perjuicio irremediable…”
“18. No cree la Sala que en esta oportunidad se esté ante un sujeto
de especial protección constitucional como sí lo ha estado el Tribunal
Constitucional colombiano en otras ocasiones cuando ha tenido que enfrentar,
por ejemplo, la situación de madres cabeza de familia que por razones
económicas se encontraban en circunstancias de debilidad manifiesta. Como puede
deducirse a partir de un examen detallado del acervo probatorio, las
circunstancias que rodean el caso bajo examen son distintas y no ameritan la
procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio por cuanto no se
vislumbra un perjuicio irremediable”.
5. Adviértase entonces que mientras en la parte motiva de la
sentencia se afirma categóricamente la improcedencia de la solicitud de
reintegro al cargo, incluso como mecanismo transitorio, en la parte resolutiva
aquél se ordenó “hasta tanto no se hayan resuelto las acciones que contra el
acto de desvinculación tiene el señor Parra Sánchez ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”.
6. La falta de congruencia parcial entre las partes motiva y
resolutiva de un fallo de tutela constituye una vulneración al derecho
fundamental al debido proceso, y por ende, debe ser declarada de oficio por la
Sala de Revisión. En efecto, en diversos pronunciamientos, la Corte ha
advertido que la ausencia de correspondencia entre las partes motiva y
resolutiva de un fallo de tutela constituye una vulneración al artículo 29
Superior.[18]
7. De conformidad con certificación del 26 de enero de 2007,
expedida por la Dra. Digna María Guerra Picón, Secretaria del Tribunal
Administrativo de Santander “la acción de tutela radicado No. 2006-2053
adelantada por el señor JAIME PARRA SÁNCHEZ contra DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL fue recibida procedente de esa H. Corporación el
22 de enero de 2007, fue ingresada al Despacho del H. Magistrado Ponente Dr.
RAFAEL GUTIÉRREZ SOLANO el 23 de enero siguiente y se encuentra el expediente
en el Despacho sin que hasta la fecha se hubiera realizado notificación alguna
de la sentencia ( T-974 ) o del auto de obedecer y cumplir lo dispuesto por el
superior”, es decir, el contenido de la sentencia T- 974 de 2006 aún no ha
sido notificado a las partes, con lo cual no se está ante una decisión en firme
que haya hecho tránsito a cosa juzgada.
RESUELVE
Primero. Declarar la NULIDAD  de la
sentencia T- 974 de 2006, proferida por la Sala Séptima de Revisión el 24 de
noviembre de 2006, por vulneración del artículo 29 Superior. En consecuencia,
deberá ser adoptada una nueva providencia que reemplace a la anterior.
Segundo. ORDENAR que por Secretaría
General de la Corte se solicite a la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Santander, remitir inmediatamente al Despacho el expediente T- 1.412.144.
Notifíquese y cúmplase,
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1] “Son de libre nombramiento y remoción los cargos de
magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; los cargos de los
despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a
la presidencia y vicepresidencia de estas corporaciones; los de secretarios de
esas corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los
tribunales; los cargos de vicefiscal general de la Nación, secretario general,
directores nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del
despacho del Fiscal General, del vicefiscal y de la secretaría general, y los
de fiscales delegados ante la Corte suprema de Justicia. Estos cargos no
requieren confirmación./Son de carrera los cargos de magistrado de los
tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso
administrativos de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la
judicatura; de los fiscales no previstos en los incisos anteriores; juez de la
República, y los demás cargos de empelados de la rama judicial
(subrayado fuera de texto).”/ 1.-
En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan
superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de carrera, o
se trate de traslado en los términos del artículo siguiente. / 2.- En
provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia
definitiva, hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente
previsto, que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal,
cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior a un mes./
Cuando el cargo sea de carrera, inmediatamente se produzca la vacante el
nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o seccional
de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de
candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo.” / En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el
Consejo de Estado, la Corte Constitucional o el Consejo Superior de la
Judicatura o los tribunales, la designación se hará directamente por la
respectiva corporación. / 3.- En encargo. El nominador, cuando las necesidades
del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable
hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad.
Vencido el término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad,
según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.”
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-371 de 1999.
[3]
Corte Constitucional. Sentencia SU-250 de 1998.
[4] Así lo expresó en la sentencias C-514 de 1994, en la
SU 250 de 1998 y en la sentencia C-292 de 2001.
[5]
Ver Corte Constitucional. Sentencias C-195 de 1994, C-368 de 1999, C-599 de
2000, C-392 y C-1146 y C-392 de 2001.
[6]
Corte Constitucional. Sentencia T-222 de 2005.
[7]
Corte Constitucional. Sentencia T-610 de 2003.
[8]
Corte Constitucional. Sentencias T-800 de 1998, T-884 de 2002, T- 572 de 2003 y
T- 1206 de 2004.
[9]
Corte Constitucional. Sentencia T- 1206 de 2004.
[10]
Corte Constitucional. Sentencias T-800 de 1998, C-734 de 2000, T-884 de 2002 y
T-519 y T-610 de 2003.
[11]
Ver sentencia T- 800 de 1998.  En el mismo sentido, pueden consultarse las
sentencias T-884 de 2002 y T-610 de 2003.
[12] En aquella ocasión le correspondió a la Sala Plena
pronunciarse sobre el caso de una persona nombrada en interinidad para
desempeñar el cargo de notaria y fue desvinculada sin mediar motivación alguna.
[13]
Sentencia T-552 de 2005.
[14]
Ibíd..
[15] Corte Constitucional. Sentencia T-222 de 2005. En
este mismo sentido, también las sentencias C-531 de 1993, T-348 de 1997, T-823
de 1999 y T-1211 de 2000.
[16] Corte Constitucional. Sentencias T-800 de 1998, T-884
de 2002 y T-597 de 2004.
[17] Respecto de los casos en que la Corte ha considerado
procedente conceder el amparo para evitar un perjuicio irremediable consultar
también: Corte constitucional. Sentencias T- 610, T-752, T-885 y T-1011 de
2003, T- 597 y T-951 de 2004.
[18] Entre otros, A- 011 de 1998, A- 050 de 2000, A- 032
de 2002 y A- 039 de 2002.