C-027-96
Salvamento de voto a la Sentencia No. C-027/96
Sentencia No.
C-027/96
CONMOCION
INTERIOR-Concepto de grave
perturbación
No hay duda pues,
que la gravedad y la perturbación a que hace alusión el artículo 213 de la
Carta Política, se refiere a una situación que amenace y ponga en inminente
peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia
ciudadana, conforme a los razonamientos expresados por la Corte Constitucional
acerca de los conceptos enunciados.
CONMOCION
INTERIOR-Requisitos para
que se pueda declarar
Para que se pueda
declarar válidamente la conmoción interior, deben reunirse los siguientes
requisitos, a saber: que la perturbación del orden público sea grave; que sea
inminente; que sus efectos cobijen a todo el territorio o parte del mismo; que
se atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la
convivencia ciudadana; y que la grave perturbación del orden público sea
coyuntural y sobreviniente, de manera que no pueda ser conjurada por el
Gobierno mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de
Policía.
PROTECCION A LA
VIDA, HONRA, BIENES Y CREENCIAS
La Corte
Constitucional, conciente de la realidad de la situación que vive el país, ha
estimado oportuno resaltar la obligación que tienen las autoridades de la
República con competencia constitucional para proteger a las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares conforme al mandato contenido en el artículo segundo de
la Carta Fundamental, con la finalidad de defender la independencia nacional y
mantener la integridad territorial, capaz de asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo.
VIOLENCIA
ENDEMICA-Improcedencia de
aducirla como causa de conmoción interior
Las razones
esgrimidas por el Gobierno Nacional en el considerando mencionado, no sirven de
fundamento jurídico para una declaratoria de exequibilidad por no contrariar
los preceptos consignados en las normas superiores y en especial en el artículo
213 de la Constitución Política, que exige la presencia de hechos nuevos,
transitorios y de contenido excepcional. La situación que ha afectado al país
en dicha oportunidad, no resulta de los hechos de violencia arraigada desde
hace varios años bajo la perspectiva de hechos endémicos y permanentes, sino de
la actividad terrorista desplegada contra la estabilidad institucional y la
convivencia ciudadana, como lo demuestra la irrupción repentina concretada en
los asesinatos referidos.
ESTADOS DE
EXCEPCION-Límites
Los Estados de
Excepción no pueden en ningún momento ignorar los principios democráticos
reconocidos universalmente, ni siquiera en épocas de anormalidad, los decretos
legislativos dictados en desarrollo de la conmoción interior deben someterse a
las siguientes limitaciones constitucionales: 1) solamente pueden referirse a
materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere
determinado su declaratoria; 2) no podrán suspenderse los derechos humanos ni
las libertades fundamentales; 3) no podrá interrumpirse el normal
funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado; 4)
las facultades adquiridas por el Presidente deben ser las estrictamente
necesarias para conjurar la situación de anormalidad; 5) deben respetarse las
reglas del Derecho Internacional Humanitario y las garantías consignadas en los
tratados internacionales y en la ley estatutaria que regula la materia; 6) las
medidas adoptadas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos; y 7) el
régimen de excepción debe ser eminentemente temporal.
Ref.: Expediente
No. R.E.-074
Revisión
constitucional del Decreto No. 1900 del 2 de noviembre de 1995, expedido por el
Presidente de la República de Colombia, “Por el cual se declara el Estado de
Conmoción Interior".
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO
HERRERA VERGARA
Santa Fé de Bogotá,
D.C., Enero veintinueve (29) de mil novecientos noventa y seis (1996)
I.      ANTECEDENTES.
En cumplimiento de
lo previsto en el artículo 214 numeral 6o. de la Constitución Política de
Colombia, el Gobierno Nacional, por conducto del Secretario Jurídico de la
Presidencia de la República remitió a esta Corporación al día siguiente de su
expedición, copia del decreto legislativo No. 1900 del dos (2) de noviembre de
1995 "Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior”, para
efectos de su revisión constitucional, de conformidad con lo previsto en el
artículo 241 numeral 7o. de la Carta Fundamental.
Avocado el
conocimiento por el Magistrado Sustanciador, éste ordenó mediante providencia
de noviembre ocho (8) de 1995, oficiar a los Ministros del Interior, de Defensa
Nacional y de Justicia y del Derecho, a fin de que enviaran con destino al
proceso de la referencia, los informes relacionados  con los hechos de
violencia que en diferentes regiones del país se han producido con
posterioridad al 16 de agosto de 1995, “atribuidos a organizaciones criminales
y terroristas, y que perturban en forma grave y ostensible el orden público”,
de que da cuenta el mismo decreto.
Igualmente, se
solicitó al señor Ministro de Justicia y del Derecho que remitiera con destino
al mismo proceso, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la
comunicación de dicho proveído, copia de los antecedentes, informes y estudios
que justificaron la declaratoria de conmoción interior de que trata el Decreto
1900 del 2 de noviembre de 1995.
Vencido el período
probatorio respectivo, se ordenó dar traslado del expediente al Procurador
General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor dentro del término
legal correspondiente.
Agotados los
trámites respectivos, procede la Corte a examinar la constitucionalidad del
decreto sometido a su revisión.
II.     TEXTO
DEL DECRETO No. 1900 de 1995.
El contenido del
decreto enviado para revisión de esta Corporación, y sobre el cual se pronunciará
la Corte, es el que se transcribe a continuación, tomado íntegramente del texto
remitido por el Secretario General de la Presidencia de la República:
“DECRETO No. 1900 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1995
Por el cual se declara el Estado de
Conmoción Interior
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo
213 de la Constitución Política de Colombia
C O N S I D E R A N D O
Que, en los
términos del artículo 213 de la Constitución Política de Colombia, el
Presidente de la República, frente a determinadas situaciones de grave
perturbación del orden público, está autorizado para declarar el Estado de
Conmoción Interior en todo o en parte del territorio nacional.
Que,  con
posterioridad al 16 de agosto de 1995, se han producido hechos de violencia en
diferentes regiones del país, atribuídos a organizaciones criminales y
terroristas, que perturban en forma grave y ostensible el orden público.
Que, como última
manifestación de tales hechos, en el día de hoy ha sido asesinado el connotado
dirigente político, exdesignado y expresidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, doctor ALVARO GOMEZ HURTADO.
Que lo ocurrido
en esta oportunidad ha hecho evidente el peligro que entrañan las amenazas que
se han proferido contra diversas personalidades de la vida pública nacional,
con el propósito de coaccionar a las autoridades.
Que estos hechos
son expresión inequívoca, tanto de la existencia como de los propósitos de
distintos aparatos de fuerza, cuya inmensa capacidad de desestabilización
atenta -por sí misma y de manera inminente- contra la seguridad del Estado, la
estabilidad de las instituciones legítimamente constituídas y la convivencia
ciudadana.
Que las
atribuciones ordinarias de las autoridades de policía no resultan suficientes
para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos criminales y terroristas y para
conjurar la situación de grave perturbación mencionada, por lo cual se hace
indispensable adoptar medidas de excepción.
D E C R E T A
ARTICULO
PRIMERO.- Declarar
el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional, por el término
de noventa (90) días, contados a partir de la vigencia del presente decreto.
ARTICULO
SEGUNDO.- El
presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 2
DE NOVIEMBRE DE 1995”.
HORACIO SERPA URIBE
Ministro del Interior
CAMILO REYES RODRIGUEZ
ViceMinistro de Relaciones Exteriores
Encargado de las
Funciones del Despacho del Ministro de
Relaciones Exteriores
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Ministro de Justicia y del Derecho
GUILLERMO PERRY RUBIO
Ministro de Hacienda y Crédito Público
JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO
Ministro de Defensa Nacional
GUSTAVO CASTRO GUERRERO
Ministro de Agricultura
RODRIGO MARIN BERNAL
Ministro de Desarrollo Económico
LUIS ARMANDO GALVIS VALLES
ViceMinistro de Minas Encargado de las
Funciones del Despacho del Ministro de
Minas y Energía
DANIEL MAZUERA GOMEZ
Ministro de Comercio Exterior
MARIA EMMA MEJIA VELEZ
Ministra de Educación Nacional
CECILIA LOPEZ MONTAÑO
Ministra del Medio Ambiente
MARIA SOL NAVIA VELASCO
Ministra de Trabajo y Seguridad Social
AUGUSTO GALAN SARMIENTO
Ministro de Salud
ARMANDO BENEDETTI JIMENO
Ministro de Comunicaciones
JUAN GOMEZ MARTINEZ
Ministro de Transporte
III.    PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Los Ministros del
Interior, de Justicia y del Derecho y el Asesor Jurídico del Despacho del
Ministro de Defensa Nacional, dieron respuesta al requerimiento que por auto
del 8 de noviembre del mismo año les hizo el Magistrado Sustanciador, en
relación con los hechos de violencia que “con posterioridad al 16 de agosto de
1995, se han producido en diferentes regiones del país, atribuidos a
organizaciones criminales y terroristas, que perturban en forma grave y
ostensible el orden público”, con los cuales justifican la declaratoria de
conmoción interior como medida excepcional.
Teniendo en cuenta
la trascendencia de los hechos narrados para los efectos de adoptar la decisión
pertinente, se transcribe en su integridad dicho documento:
“Entre los
principales hechos de violencia a que se refiere la petición, según información
suministrada por el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el Departamento
Administrativo de Seguridad, encontramos los siguientes:
17 DE AGOSTO: En el sitio Alto El Chocó, jurisdicción
municipal de Marinilla (Antioquia), subversivos del ELN, realizaron un retén
por espacio de dos horas, lanzando consignas alusivas a dicha agrupación y
arengando en contra del Gobierno Nacional. En la acción los subversivos
hurtaron dos (2) vehículos. Este mismo día en la zona rural de los Municipios
de Pequé (Antioquia) y Junín (Cundinamarca), subversivos de las FARC, causaron
la muerte con arma de fuego a cuatro campesinos. Finalmente, en el perímetro
urbano del Municipio de La Jagua Ibirico (Cesar), subversivos del ELN causaron
la muerte con arma de fuego a un campesino.
19 DE AGOSTO: En el corregimiento Churidó Pueblo,
jurisdicción municipal de Apartadó (Antioquia), al parecer integrantes de las
Milicias Bolivarianas, causaron la muerte a Iván Alberto Romaña Flores, Ever
Valencia (ex-Concejal del Municipio de Apartadó), Blas Romana Valencia (padre
de los anteriores), integrantes del Partido Político Esperanza Paz y Libertad y
a Rafael Galarza dirigente de Sintrainagro. Estas personas fueron degolladas y
presentaron heridas con arma de fuego. Este mismo día en la vía Apartadó-Turbo
(Antioquia), a la altura del Corregimiento Nueva Colonia, en la Finca Mapaná,
al parecer integrantes de las Milicias Bolivarianas, causaron la muerte con
arma de fuego a seis (6) integrantes del Partido Político Esperanza, Paz y
Libertad; igualmente fueron incineradas las empacadoras y oficinas de la
mencionada finca.
Igualmente, en la
Vereda San Francisco, jurisdicción municipal de Junín (Cundinamarca), fueron
hallados los cadáveres de cuatro (4) personas, los cuales presentaban heridas
producidas con arma de fuego.
20 DE AGOSTO: En la vía Cúcuta-Ocaña (N. Santander), a
la altura del sitio Media Libra, subversivos del ELN incineraron dos busetas
afiliadas a la empresa Copetrán, causando pérdidas materiales por cuantía de 50
millones de pesos.
21 DE AGOSTO: En la vereda Santa Ageda, jurisdicción
municipal de Peque (Antioquia), insurgentes de las FARC causaron la muerte con
arma de fuego a tres (3) agricultores.
22 DE AGOSTO: En la vereda La Betulia, Corregimiento
Altamira, jurisdicción municipal de La Vega (Cauca), subversivos del ELN,
causaron la muerte con arma de fuego a dos (2) agricultores, los cuales habían
sido sacados de sus residencias el día anterior.
23 DE AGOSTO: En la vereda La Honda, jurisdicción
municipal de Granada (Antioquia), tropas del Batallón de Contraguerrillas No.
42, en operaciones de registro y control de área sostuvieron contacto armado
con insurgentes de la Cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN, en momentos en
que los subversivos realizaban un retén en la vía. En la acción los subversivos
asesinaron a una persona.
24 DE AGOSTO: En la hacienda Las Melenas, Corregimiento
Cañito, jurisdicción municipal de San Onofre (Sucre), insurgentes de las FARC y
el ELN procedieron a incinerar las viviendas de la mencionada hacienda y un
vehículo; igualmente dieron muerte a 11 semovientes vacunos y porcinos.
26 DE AGOSTO: En diferentes sitios de la ciudad de
Santafé de Bogotá fue distribuido un comunicado de las FARC-EP, en donde daban
a conocer a la opinión pública diferentes puntos de vista con respecto a las
operaciones que se vienen adelantando contra la subversión por parte de la
fuerza pública; igualmente el comunicado instaba a la ciudadanía a rechazar
todo apoyo por parte de los uniformados.
27 DE AGOSTO: En el barrio Casa Blanca del Municipio de
Chigorodó (Antioquia), subversivos de las Milicias Bolivarianas de las FARC,
causaron la muerte a dos personas, una de ellas rector del Instituto IDEM.
28 DE AGOSTO: En el Barrio Villa Javier (Santafé de
Bogotá), sede de la ANUC, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta,
causaron la muerte con arma de fuego a William Gustavo Jaimes Torres,
Presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
En la Vereda
Paraguas, Corregimiento El Jordán, jurisdicción municipal de San Carlos
(Antioquia), subversivos del ELN realizaron un retén e incineraron un buldózer
de la firma contratista Vicon, igualmente hurtaron una camioneta y una
volqueta.
En la vía que del
municipio de Carmen de Bolívar conduce al Corregimiento El Salao (Bolívar),
subversivos del XXXVII frente de las FARC, atacaron con armas de fuego y
granadas de fragmentación una patrulla del Batallón de Infantería de Marina,
resultando muertos nueve (9) infantes de marina y dos particulares.
29 DE AGOSTO: En la Finca Los Cunas, kilómetro 10,
Corregimiento Zungo, jurisdicción municipal de Carepa (Antioquia), subversivos
del V frente de las FARC, causaron la muerte con arma de fuego a diez y seis
(16) personas pertenecientes al partido Político Esperanza, Paz y Libertad.
30 DE AGOSTO: En el sitio Monterrey, jurisdicción
municipal de San Alberto (Cesar), subversivos del EPL portando armas de fuego
interceptaron e incineraron tres (3) camiones.
En el
Departamento de Norte de Santander, en las instalaciones de la SIJIN que se
encuentra en construcción, subversivos que operan en la región activaron dos
(2) artefactos de regular poder explosivo, causando daños materiales por
cuantía sin establecer. Los subversivos una vez cometido el ilícito huyeron en
un campero el cual fue destruído parcialmente con una granada de fragmentación;
posteriormente, abordaron un taxi que estrellaron contra un muro y en cuyo
interior fue hallada munición.
En zona urbana
del Municipio de Remedios (Antioquia), subversivos del ELN causaron la muerte a
un soldado adscrito al Batallón Bomboná del Municipio de Segovia y lesionaron a
dos (2) particulares.
31 DE AGOSTO: En el perímetro urbano del Municipio de
Pajarito (Boyacá), subversivos que operan en la región hostigaron con armas de
fuego las instalaciones de la Base del Ejército que opera en el SENA,
resultando lesionado un (1) soldado adscrito a la VI Brigada.
1 DE
SEPTIEMBRE: En la
Finca la Venezolana, jurisdicción municipal de Aguachica (Cesar), en momentos
en que personal del grupo UNASE del Ejército, realizaba labores de inteligencia
en el sector, fueron emboscados por subversivos que operan en la región y
secuestrados cuatro (4) miembros adscritos a la Fuerza de Tarea No. 27 del
Ejército.
2 DE
SEPTIEMBRE: Entre
los corregimientos de Santa Rita y Puerto Giraldo (Atlántico), subversivos del
XXXV Frente de las FARC, interceptaron e incineraron dos buses.
En el sitio Los
Lagos, jurisdicción municipal de San Vicente del Caguán (Caquetá), al parecer
subversivos que operan en la región activaron un artefacto explosivo contra una
patrulla del Ejército, resultando muertos cuatro (4) soldados y lesionados
cinco (5) más.
3 DE
SEPTIEMBRE: En el
sitio el Roble, jurisdicción municipal de Anorí (Antioquia), subversivos del
ELN secuestraron a un (1) agente adscrito a la Estación Anorí.
4 DE
SEPTIEMBRE: En zona
rural del Municipio El Roble fue hallado el cadáver de un (1) agente que había
sido secuestrado el día anterior, por subversivos que operan en la región, el
cual presentaba varias heridas producidas con arma de fuego.
En el sector de
Pueblo Seco, jurisdicción municipal de Arauquita (Arauca), personal del
Ejército adscrito al Batallón Contraguerrillas No. 16 se enfrentó con
subversivos del X Frente de las FARC, resultando lesionados dos (2) soldados
voluntarios.
5 DE
SEPTIEMBRE: En el
sitio Puente Buey, jurisdicción municipal de Sonsón (Antioquia), subversivos de
la Columna Carlos Alirio Buitrago interceptaron e incineraron tres (3) buses
afiliados a la Empresa SOTRANSSODA.
Mediante labores
de inteligencia se tuvo conocimiento de que los Comandos de las FARC y el ELN,
a través de las Milicias Bolivarianas y Populares, respectivamente, ordenaron
una operación denominada AVISPA, consistente en asesinar a miembros de la
fuerza pública y cuerpos de seguridad del Estado, al parecer como retaliación
por el pago de recompensas que ofrece el Gobierno Nacional por cabecillas de
agrupaciones subversivas. Según el plan, por cada miembro asesinado, el
miliciano o guerrillero recibiría la suma de un millón de pesos ($1.000.000).
6 DE
SEPTIEMBRE: En
Ibagué (Tolima), desconocidos activaron un artefacto explosivo de regular
poder, causando daños materiales a dos (2) vehículos y lesionada una señora. En
forma simultánea en las instalaciones del Centro Comercial Combeima hizo
explosión otro artefacto de características similares, el cual no causó daños
materiales al centro comercial. Posteriormente unidades de la Policía hallaron
en el citado lugar varios panfletos alusivos a la UC-ELN.
Subversivos del
XXXVII Frente de las FARC, portando armas de fuego y explosivos, incursionaron
en el Corregimiento El Salao, jurisdicción municipal de Carmen de Bolivar
(Bolivar), atacando las instalaciones de la Estación de Policía y causando
lesiones a tres (3) agentes.
7 DE
SEPTIEMBRE: En el
sitio Cantayuz, jurisdicción municipal de Cisneros (Antioquia), subversivos del
ELN interceptaron un (1) bus afiliado a la Empresa Rápido Ochoa, los cuales
después de hacer bajar a sus ocupantes, procedieron a incendiarlo.
10 DE
SEPTIEMBRE: En la
Plaza de Mercado del Municipio Floridablanca (Santander), subversivos de las
FARC, distribuyeron volantes, haciendo recomendaciones a la población civil
para que no colaboraran con la Fuerza Pública.
11 DE
SEPTIEMBRE: En
jurisdicción municipal de Cáceres (Antioquia), subversivos del ELN asesinaron
al Rector de la Escuela El Silencio, a quien señalaron como informante de la
Fuerza Pública.
En jurisdicción
de Acacías (Meta), en enfrentamiento con subversivos que operan en la región,
resultaron lesionados cuatro (4) soldados.
En jurisdicción
municipal de Convención (N. Santander), subversivos del ELN interceptaron una
ambulancia del Corregimiento San Pablo, asesinando a cuatro (4) personas.
12 DE
SEPTIEMBRE: En
jurisdicción municipal de Peque (Antioquia), subversivos de las FARC causaron
la muerte con arma de fuego a un (1) comerciante.
13 DE
SEPTIEMBRE: En el
Corregimiento Orihueva, jurisdicción municipal de Ciénaga (Magdalena),
subversivos de las FARC ingresaron en la Finca La Sircacia, hurtando cinco (5)
escopetas e incinerando dos (2) compresores y un (1) tanque para combustible
con capacidad de quinientos (500) galones.
15 DE
SEPTIEMBRE: En
jurisdicción municipal de Puracé (Cauca), en enfrentamiento con subversivos del
bloque sur de las FARC, resultaron muertos tres (3) soldados y lesionados cinco
(5) soldados más.
En la Inspección
Los Pozos, jurisdicción municipal de San Vicente del Gaguán (Caquetá),
subversivos de las FARC emboscaron una patrulla del Ejército, resultando
muertos dos (2) soldados y, lesionados un (1) suboficial y nueve (9) soldados
más.
16 DE
SEPTIEMBRE: En
jurisdicción municipal de Ciénaga (Magdalena), subversivos de las FARC,
incineraron un (1) tractocamión afiliado a la Empresa Carbón del Magdalena. En
esta misma fecha, en la Vereda Las Faldas, jurisdicción de Peque (Antioquia),
las FARC causaron la muerte a un (1) agricultor.
18 DE
SEPTIEMBRE: En la
vereda El Cedro, Ovejas (Sucre), en enfrentamiento con subversivos de las FARC,
resultó muerto un (1) infante y herido otro más, adscritos al Batallón de
Infantería No. 5.
Subversivos de la
V cuadrilla del EPL, incursionaron en el Corregimiento Pueblo Bello, San Pedro
de Uraba (Antioquia), incendiando la gallera y causando la muerte a dos (2)
hermanos.
En jurisdicción
municipal de Salgar (Antioquia), fue herido con arma de fuego un (1) agente de
policía por subversivos del ELN, que momentos antes habían asaltado la estación
de servicio de donde hurtaron un millón doscientos mil pesos ($1.200.000).
19 DE
SEPTIEMBRE: En la
vía San Martín-Granada, subversivos del XXVI Frente de las FARC secuestraron a
tres (3) agentes. Posteriormente en el sitio Trocha La Camachera, fueron
hallados los cadáveres de dos (2) de ellos, el otro logró huir de los
subversivos.
20 DE
SEPTIEMBRE: En el
sitio Bajo Oso, jurisdicción municipal de Apartadó (Antioquia), subversivos del
V Frente de las FARC interceptaron e incineraron un (1) bus de la Empresa
Transportes Urabá. Los insurgentes luego de incinerar el mencionado automotor,
procedieron a causar la muerte con arma de fuego a veinticuatro (24) personas
más, militantes y simpatizantes del Movimiento Político Esperanza, Paz y
Libertad.
21 DE
SEPTIEMBRE: En el
Corregimiento Aragón, jurisdicción municipal de Santa Rosa de Osos (Antioquia),
subversivos del XXXVI Frente de las FARC, secuestraron a la Inspectora y un
estilista del citado municipio.
En el perímetro
urbano del Municipio de Miraflores (Guaviare), en enfrentamiento con
subversivos del I Frente de las FARC, resultó herido un (1) soldado.
22 DE
SEPTIEMBRE: En el
Corregimiento Aragón, jurisdicción municipal de Santa Rosa de Osos (Antioquia),
subversivos del XXXVI Frente de las FARC, dejaron en libertad a la Inspectora
del mencionado corregimiento, secuestrada el 22-09-95.
23 DE
SEPTIEMBRE: En
jurisdicción de Tibú (N. Santander), subversivos del ELN inmovilizaron un bus
de la Empresa Transportes Santander, dando muerte a un pasajero.
24 DE
SEPTIEMBRE: En el
Corregimiento Norean, jurisdicción de Aguachica (Cesar), subversivos que operan
en la región, causaron la muerte con arma de fuego a la Inspectora de la vereda
La Morena.
25 DE
SEPTIEMBRE: En la
Inspección El Dorado, jurisdicción de Albania (Caquetá), subversivos de las
FARC, asesinaron a un soldado; así mismo, en zona rural del municipio de San
Pedro de Urabá (Antioquia), en enfrentamiento con subversivos de las FARC,
resultó herido un soldado.
27 DE
SEPTIEMBRE: En el
municipio de Miraflores (Guaviare), cuando unidades de Antinarcóticos de la
Policía y el Ejército, realizaban labores de fumigación de cultivos de coca,
subversivos de las FARC derribaron un avión, falleciendo el piloto; de igual
forma, resultó averiado otro avión; el mismo día, en la vereda Brillantina,
jurisdicción de Vegachí (Antioquia), subversivos del ELN, asesinaron un
agricultor.
28 DE SEPTIEMBRE:
En la vereda
Florida, jurisdicción de Aguazul (Casanare), subversivos de las FARC asesinaron
a un soldado; el mismo día en jurisdicción de Aguachica (Cesar), el ELN asesinó
a otro soldado más.
29 DE
SEPTIEMBRE: En la
vereda La Sombra, jurisdicción de San Vicente del Caguán (Caquetá), en
enfrentamiento con subversivos del ELN, resultó muerto un soldado y heridos
tres soldados más.
30 DE
SEPTIEMBRE: En
Anolaima (Cundinamarca), en una finca de su propiedad, subversivos de las FARC,
asesinaron al exparlamentario Raimundo Sojo Zambrano (DAS). En la vía
Ubalá-Gachalá (Cundinamarca), a la altura de la vereda La Florida, subversivos
que operan en la región, secuestraron a un ganadero de la zona.
1 DE OCTUBRE: En el municipio Calamar, en enfrentamiento
con subversivos de las FARC, resultaron muertos dos soldados y heridos 7
soldados más. Así mismo, subversivos que operan en la región, hostigaron la
Estación de Policía del Municipio de Simití (Bolivar), resultando muerto un
agente.
2 DE OCTUBRE: Subversivos que operan en la región,
hostigaron las instalaciones del Comando de Policía del municipio La Sierra
(Cundinamarca), hirieron a un oficial y causando daños materiales a las
instalaciones; así mismo, en la vereda Alto Quinchana (Risaralda), subversivos de
las FARC, asesinaron a dos personas, entre ellas a un menor y lesionaron a otra
persona.
3 DE OCTUBRE: En el municipio de Segovia (Antioquia),
subversivos del ELN, asesinaron a un agricultor, desertor de la mencionada
organización y a un hijo suyo.
4 DE OCTUBRE: En el municipio de Vegachí (Antioquia),
subversivos del ELN, secuestraron a un conductor; así mismo, en Necoclí
(Antioquia), subversivos de las FARC y el EPL, incursionaron en el
Corregimiento El Totumo, asesinando a un campesino e incinerando las
instalaciones de la Estación de Policía.
5 DE OCTUBRE: En el sitio Marmajitos, jurisdicción de
Segovia (Antioquia), subversivos del ELN atacaron una patrulla del Ejército,
resultando heridos un suboficial y dos soldados. En la reacción, se logró
aprehender a un subversivo.
6 DE OCTUBRE: En la vía Cali-Yumbo (Valle), subversivos
de las FARC, dejaron abandonado un vehículo que contenía 20 kilos de dinamita,
el cual hizo explosión, resultando heridos 3 soldados y 6 particulares, entre
ellos 3 menores. En el lugar fueron hallados 80 volantes alusivos al Frente
Manuel Cepeda Vargas, Bloque Occidente de las FARC-EP.
7 DE OCTUBRE: En la vía Bucaramanga-Barrancabermeja
(Santander) subversivos que operan en la región, incineraron un tractomula en
la vereda Alto Seco, jurisdicción de San Andrés de Cuerquia (Antioquia); así
mismo, subversivos de las FARC, asesinaron a un agricultor.
Así mismo,
subversivos de las FARC, en la inspección Río Chiquito, jurisdicción de Aguazul
(Cesar), secuestraron a un ganadero.
8 DE OCTUBRE: Subversivos de las FARC hostigaron la
Estación de Policía del municipio de Támara (Casanare), resultando herido un
agente. Así mismo, en la cancha de fútbol del municipio de Hacaría (N. de
Santander), el EPL activó una bomba panfletaria, en cuyo texto critican a la
población civil por prestar colaboración a las Fuerzas Militares y de Policía.
9 DE OCTUBRE: En el cerro de Los Andes, jurisdicción de
Corinto (Cauca), en enfrentamiento con subversivos que operan en la región,
resultaron muertos un oficial y un suboficial y un subversivo y capturándose
otro más. El mismo día, en Paz de Ariporo (Casanare), subversivos de las FARC
asesinaron a un agente. Así mismo, en la vía Ovejas (Sucre) -Carmen de Bolivar
(Bolivar), subversivos que operan en la región, incineraron un bus de la
Empresa Expreso Brasilia.
10 DE OCTUBRE:
En la ciudad de
Cali (Valle), subversivos del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, Bloque
occidente de las FARC-EP, activaron dos artefactos explosivos, los cuales
contenían varios panfletos de la mencionada agrupación denominada
“Resistencia”, donde dan a conocer varios puntos en contra del Gobierno
Nacional con respecto a la situación política que se vive en la actualidad.
Simultáneamente, en otro sector de la ciudad, fue lanzada una bomba
panfletaria, la cual no hizo explosión; así mismo, los insurgentes hostigaron
con arma de fuego por espacio de 30 minutos las instalaciones del Escuadrón de
Carabineros, sin que se presentara novedad en el personal uniformado;
posteriormente, los insurgentes interceptaron e incineraron un vehículo. El
mismo día, en la Ciénaga (Magdalena), las FARC asesinaron a una persona, la
cual se encontraba secuestrada desde el 07 de los corrientes. Por otra parte,
en San Diego (Cesar), subversivos del ELN secuestraron a un comerciante. El
mismo día en el corregimiento Diana, jurisdicción municipal de Florida (Valle),
fue liberado un comerciante quien había sido secuestrado el 28-11-94; según
versiones de la víctima, estaba en poder del VI Frente de las FARC.
11 DE OCTUBRE:
En la ciudad de
Santafé de Bogotá, subversivos del ELN, activaron un artefacto explosivo en una
de las instalaciones de Pizzerías DOMO.
12 DE OCTUBRE:
En la vereda
Brillantina, jurisdicción de Vegachí (Antioquia), subversivos de la UC-ELN,
causaron la muerte a un ex-soldado profesional; así mismo, subversivos de la
cuadrilla José David Suárez del ELN, incursionaron en las instalaciones de la
compañía Western Atlas, al servicio de la multinacional British Petroleum
Company, de Aguazul (Casanare), procediendo a incinerar dos compresores
avaluados en 120.000 dolares; de igual forma, hurtaron un radio Yaesu; por
último, reunieron a los trabajadores a quienes les impartieron consignas. Así
mismo, en la vereda Alto Orú, jurisdicción municipal de Tibú (N. Santander),
subversivos del ELN atacaron un helicóptero de Helicol, el cual transportaba
personal del Ejército para la seguridad de empleados de Ecopetrol, resultando
heridos dos soldados.
13 DE OCTUBRE:
En jurisdicción
municipal de Caucasia (Antioquia), subversivos de las FARC secuestraron a una
persona. Así mismo, en la vereda San Antonio del municipio de Jamundí (Valle),
en enfrentamiento entre unidades del Ejército y subversivos de la XXX cuadrilla
de las FARC, resultó herido un soldado.
14 DE OCTUBRE:
En Villa del
Rosario (N. de Santander), subversivos del ELN incineraron dos busetas.
15 DE OCTUBRE:
Subversivos de las
FARC, incursionaron en la inspección Chuscales, jurisdicción municipal de Junín
(Cundinamarca), inmovilizando por espacio de una hora un bus de la empresa
Valle de Tenza, indagando a los pasajeros sobre su procedencia y oficio que
cumplían. El mismo día, en zona rural del municipio de Concordia (Antioquia),
subversivos de las FARC, dejaron en libertad a un comerciante, secuestrado el
26-07-95, en la misma jurisdicción.
16 DE OCTUBRE:
Subversivos de los
Frentes IX y XLVII de las FARC, incursionaron el corregimiento Pueblo Nuevo,
jurisdicción municipal de Pensilvania (Caldas), atacando las instalaciones de
la Estación de Policía, causando la muerte a un agente y a un particular; el
día siguiente en el sitio Partidas de la misma jurisdicción cuando se dirigían
a prestar apoyo fue emboscada una patrulla de reacción del municipio de
Villanueva (Guajira), veinte subversivos del ELN activaron cargas explosivas en
el inmueble, causando daños materiales aproximadamente por 20 millones de
pesos. El mismo día, en la vía que de Ovejas (Sucre) conduce al Carmen de
Bolívar, subversivos que operan en la región incineraron dos vehículos.
17 DE OCTUBRE:
En el municipio de
Sonsón (Antioquia), en momentos que se movilizaban en una motocicleta,
subversivos de las FARC asesinaron a un agente e hirieron a otro más. Así
mismo, en el municipio de Bello (Antioquia), en el Batallón Pedro Nel Ospina,
desconocidos que se movilizaban en un automóvil lanzaron tres morteros,
resultando muerto un soldado.
18 DE OCTUBRE:
En la avenida las
Américas con carrera 50, en el sector de Puente Aranda, frente al batallón
Baraya, desconocidos activaron un artefacto explosivo compuesto por tres (3)
kilos de dinamita y metralla; la onda explosiva alcanzó a la buseta de placas
SDC-623, afiliada a la empresa Transportes Rápido Pensilvania, dejando como
saldo un muerto y nueve heridos. La carga explosiva al parecer, estaba dirigida
a un camión del Ejército que pasaba por el lugar realizando el relevo del
personal que labora en la Fiscalía General de la Nación.
19 DE OCTUBRE:
Subversivos del
XIII Frente de las FARC, incursionaron en el municipio de Mongua atacando con
armas de fuego las instalaciones de la estación de policía por espacio de una
hora, causando daños en la fachada del inmueble; en otro hecho ocurrido en
Medellín, subversivos de las FARC interceptaron la buseta de placas TAA-994
afiliada a la empresa Cooperativa Nacional de Transportadores, quienes después
de bajar a los pasajeros procedieron a incendiar el vehículo; posteriormente,
dentro de las instalaciones de la Universidad de Antioquia, fue hallado e
incautado un artefacto explosivo compuesto por 250 gramos de dinamita con
sistema ineléctrico, cuatro baterías de 1.5 voltios, una grabadora, un
megáfono, un reloj y una bandera de Colombia con el emblema de las FARC.
En el municipio
de Caicedo (Antioquia), subversivos del Frente XXXIV de las FARC asesinaron al
agricultor John Jairo Sierra Sánchez. Por otro lado, en Remedios (Antioquia),
en enfrentamientos con subversivos de la cuadrilla Maria Cano del ELN, resultó
herido un soldado adscrito al batallón de contraguerrillas No. 14.
20 DE OCTUBRE:
En la carrera 52
con 53A de Itaguí (Antioquia), en Confama, desconocidos activaron un artefacto
compuesto por pólvora negra, clorato de potasio, azufre y carbón vegetal, el
cual al hacer explosión esparció varios panfletos alusivos a las FARC.
Por otro lado, en
Mesetas (Meta), subversivos que operan en la región emboscaron una patrulla del
ejército perteneciente al batallón 21 resultando muerto un soldado y cuatro
heridos. De igual forma, se encuentran desaparecidos un subteniente, un cabo y
tres soldados.
En la avenida 4a.
Oeste con calle 19 de Cali (Valle), desconocidos activaron un artefacto
explosivo esparciendo varios panfletos alusivos al grupo Alvaro Fayad y Jaime
Bateman Cayón, disidentes del M-19.
21 DE OCTUBRE:
En la zona céntrica
de Cali (Valle), desconocidos activaron varios artefactos explosivos lanzando
panfletos alusivos al movimiento urbano Manuel Cepeda Vargas del bloque
occidente de las FARC. De igual forma, en el sector de Laureles, Medellín
(Antioquia), desconocidos activaron un artefacto que al hacer explosión,
esparció varios panfletos alusivos a las FARC.
En Caicedo
(Antioquia), subversivos del XXXIV Frente de las FARC asesinaron al agricultor
Jesús Antonio Hernández Benítez.
En Mesetas
(Meta), fueron hallados los cadáveres de un Subteniente, un Cabo y tres
Soldados, adscritos al batallón 21, quienes se encontraban desaparecidos desde
el 20-10-95, durante la emboscada al cerro Girasol, efectuada por el Frente XI
de las FARC. Los cuerpos presentaban signos de tortura y varios impactos de
arma de fuego; a los soldados les hurtaron los uniformes y sus armas de
dotación.
En San Francisco
(Antioquia), subversivos que operan en la región causaron la muerte a dos
soldados adscritos al batallón contraguerrilla No. 24 a quienes les hurtaron
dos rifles galil con sus respectivos proveedores.
En jurisdicción
municipal de Codazzi (Cesar), subversivos de las FARC obstaculizaron la vía por
espacio de 25 minutos y lanzaron consignas en contra del Gobierno Nacional; de
igual forma, procedieron a incinerar dos tractomulas de la Empresa Extra Rápido
Caribe.
22 DE OCTUBRE:
En el barrio Simón
Bolívar de Salgar (Antioquia), subversivos de la cuadrilla Ché Guevara del ELN
atacaron con armas de fuego y granadas a una patrulla de la policía resultando
muertos dos agentes y heridos otros cinco. En Tomichaque (Guaviare),
subversivos que operan en la región atacaron con armas de fuego el avión turbo
trush de la Policía Nacional en momentos que realizaba labores de aspersión
aérea.
23 DE OCTUBRE:
En Sesquilé
(Cundinamarca), subversivos de las FARC que operan en esa región, incursionaron
en el peaje El Roble, hurtando la suma de diez millones de pesos en efectivo y
la escopeta de dotación del vigilante.
En el barrio
Palmar de Barrancabermeja (Santander), subversivos que operan en la región,
atacaron con armas de fuego una patrulla de la policía que se movilizaba por el
sector resultando muerto un agente y otro herido, a los cuales les fueron
hurtados los revólveres de dotación.
24 DE OCTUBRE:
En Pelaya (Cesar),
subversivos de las FARC que operan en la región, liberaron a Luis Rafael
Teherán Ochoa, sindicado de violación de la Ley 30 del 86, quien era conducido
a la cárcel de Chiriguaná por un agente de policía al cual le hurtaron el
revólver de dotación, un par de esposas y 18 cartuchos calibre 38. Por otra
parte, en San Pedro de Urabá (Antioquia), subversivos del V Frente de las FARC,
secuestraron dos campesinos. En Ciénaga (Magdalena) subversivos del ELN
secuestraron a Gustavo Saavedra Guevara, administrador de una finca.
En el
corregimiento de El Retiro, jurisdicción municipal de El Pajarito (Boyacá),
subversivos del 56 Frente de las FARC, emboscaron una patrulla del ejército
adscrita al batallón de contraguerrilla No. 25, resultando heridos tres soldados,
de igual forma se encuentran desaparecidos un cabo y cuatro soldados.
25 DE OCTUBRE:
En jurisdicción de
Peque (Antioquia), subversivos del V Frente de las FARC asesinaron con arma de
fuego al agricultor Ramón Emilio Cano. De igual forma en el municipio de El
Zulia (Norte de Santander), subversivos del ELN asesinaron a tres agricultores
y a una persona sin identificar.
En el municipio
de Fundación (Magdalena), subversivos del ELN atacaron con armas de fuego la
estación de policía por espacio de cinco horas, causando daños a la antena del
equipo de radio y a la fachada del inmueble.
En Barrancas
(Guajira), subversivos pertenecientes a la cuadrilla Luciano Ariza del ELN
secuestraron a Luis Solano Urrutia, gerente de la empresa Transportes El Sol.
Por su parte, subversivos del XXXIV Frente de las FARC que operan en Urao
(Antioquia), asesinaron al comerciante Jose Angel Vargas Moreno. De igual forma
fue secuestrado en el municipio de Córdova (Bolivar) por subversivos del XXXVII
Frente de las FARC, el ganadero Wiston Villamil Ochoa.
28 DE OCTUBRE:
En otro acto
terrorista subversivos del ELN interceptaron e incineraron un bus de la empresa
Cootracosta en la vía Villanueva-San Juan en el departamento de la Guajira. Por
su parte, subversivos del VI Frente de las FARC incursionaron en el municipio
de Toribío (Cauca), atacando la Estación de Policía y la Caja Agraria, causando
considerables daños materiales por cuantía sin establecer; posteriormente, en
momentos en que se disponía a aterrizar en el mencionado municipio un
helicóptero artillado de la Policía Nacional, subversivos dispararon contra la
aeronave, resultando lesionado un agente y averías en el aparato.
30 DE OCTUBRE:
En la vereda El
Triunfo, jurisdicción municipal de Curumaní (Cesar), subversivos de la
cuadrilla Camilo Torres del UC-ELN, interceptaron e incineraron un camión de
propiedad de la empresa Techín; igualmente, los insurgentes procedieron a
secuestrar a tres señores, empleados de la citada compañía. Posteriormente, en operativo
realizado por el Ejército se logró la captura de dos sujetos quienes hacían
parte del mencionado grupo subversivo. De otro lado en el municipio de Hacaría
(N. Santander), unidades de la Policía aprehendieron a tres (3) insurgentes a
quienes se les incautó material de guerra.
En el sitio La
Primavera, jurisdicción municipal de Maceo (Antioquia), subversivos que operan
en la región atacaron una patrulla de la Policía, resultando muerto un agente.
Los citados uniformados se movilizaban en dos vehículos de la Alcaldía Local,
con el fin de verificar un caso de atraco.
En el municipio
de Toribío (Cauca), subversivos del VI Frente de las FARC, atacaron con armas
de fuego un helicóptero, donde se movilizaba el Comandante de la Tercera
Brigada, logrando hacer cinco (5) impactos en la aeronave.
31 DE OCTUBRE:
En el sitio La
Ladrillera, jurisdicción municipal de Urumita (Guajira), subversivos de la
cuadrilla Luciano Ariza del ELN, atacaron una patrulla del cuerpo Elite Rural
de la Policía que se movilizaban en un vehículo, resultando lesionados cuatro
(4) agentes.
2 DE
NOVIEMBRE: En la
puerta principal de la Universidad Sergio Arboleda, en Santafé de Bogotá,
desconocidos atacaron con arma de fuego al doctor Alvaro Gómez Hurtado, quien
fue llevado herido a la Clínica Country donde falleció cuando recibía atención
médica; de igual forma resultó muerto su asesor y un escolta”.
Así mismo y dentro
del término legal, el señor Ministro de Justicia y del Derecho remitió con
destino al proceso, los siguientes documentos:
a) Análisis de la situación subversiva hecha
por el Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento D-2, fechado 3 de
noviembre de 1995;
b) Apreciación del orden público enviada por
el Director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-;
c) Dos (2) casetes que contienen grabaciones
relacionadas con los atentados en contra de los doctores Antonio José Cancino y
Alvaro Gómez Hurtado (q.e.p.d.), en los cuales se consignan expresiones que
configuran amenazas inminentes de muerte contra altas personalidades del
Gobierno y de la vida pública nacional, y además se anuncian por parte de
quienes se atribuyen estas acciones delincuenciales, actos de terrorismo
atentatorios de la convivencia ciudadana en el país.
IV.      INTERVENCIONES.
Dentro del término
de fijación en lista, se presentaron varios escritos, destinados unos a
defender y otros a impugnar la constitucionalidad del Decreto Legislativo No.
1900 de 1995, en la forma que se detalla a continuación.
A.       Intervención de Autoridad Pública.
Los Ministros del
Interior, de Justicia y del Derecho, de Defensa Nacional y el Secretario
Jurídico de la Presidencia de la República, presentaron escrito conjunto
defendiendo la exequibilidad del Decreto 1900 de 1995.
Se refieren en
primer lugar, a los supuestos constitucionales de la declaración del Estado de
Conmoción Interior, respecto de los cuales indican:
“1. La grave
perturbación del orden público.
Según se infiere
del conjunto de esa información -que reposa en el expediente- existe una
inequívoca intención de las organizaciones criminales de generar un clima de
inestabilidad y de coaccionar a las autoridades, cuestionando -en forma
claramente contraria a derecho- el ejercicio legítimo de sus funciones.
Del análisis que
el Gobierno ha realizado de la situación fáctica descrita, según se indicó en
el informe que se rindió al Congreso de la República (en cumplimiento de lo
dispuesto en el cuarto inciso del artículo 213 de la Constitución Política),
resulta claro que, en este caso, “...los elementos distintos y excepcionales
que los hechos descritos revelan de manera sobreviniente al Gobierno, son la
actual y desmesurada capacidad bélica, no sólo de los grupos tradicionales de
la subversión sino de los nacientes que ya han hecho sentir su fuerza
intimidatoria y los objetivos inmediatos, acompañados de una nueva estrategia
basada en blancos de especial importancia y de gran capacidad de
desestabilización...”.
(...)
Dentro del margen
de apreciación que corresponde al Presidente de la República en relación con
situaciones como la que ahora nos ocupa, y con base en la ponderación de los
diferentes elementos que la conforman, se consideró que, en el caso presente,
nos encontrábamos frente a una grave perturbación del orden público.
En efecto, según
se indicó también en el informe al Congreso ya mencionado, “... las
organizaciones criminales -a la par con su franco fortalecimiento militar-
tienen claras y muy concretas intenciones expansivas e intimidatorias que
desconocen el orden jurídico y la legitimidad de las instituciones y pretenden
coaccionar de manera cruenta a las autoridades”.
Dicha conclusión
no es únicamente el resultado del simple análisis del conjunto de hechos de
violencia de cuya existencia da cuenta la información incorporada al
expediente. Se trata -principalmente- de la ponderación de una recrudecida
actividad terrorista respaldada por un muy considerable poder económico de las
organizaciones criminales, la cual, entre otros propósitos y según ya se señaló
en este escrito, persigue el de coaccionar a las autoridades y cuestionar así
ilegalmente el ejercicio legítimo de sus funciones.
Indudablemente
pues, el país se encuentra en un período particularmente agudo y grave en
cuanto a su situación de orden público, la cual debe ser abordada de inmediato
con precisos mecanismos excepcionales sólo utilizables a través de la
competencia que otorga al Presidente de la República la declaratoria de
Conmoción Interior.
2. El atentado
inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la
convivencia ciudadana.
Según se indicó
en el acápite inmediatamente anterior, a juicio del Gobierno la recrudecida
actividad terrorista desplegada por las organizaciones criminales y su claro
propósito de coacción, ha determinado una grave perturbación del orden público.
....
Así, resulta
indudable que la estabilidad institucional y la seguridad del Estado se ve
claramente comprometida en situaciones como la que estamos presenciando en la
actualidad. En efecto, no hay instancia del Estado que esté en capacidad de
cumplir su misión constitucional sin interferencias indebidas, mientras que el
normal ejercicio de sus funciones genere constantes reacciones violentas o
graves amenazas; mientras que el cuestionamiento de sus actuaciones ocurra a
través de la ciega e ilegítima utilización de la fuerza.
La anterior
consideración no varía si la referimos a la convivencia ciudadana. En especial,
porque para cumplir sus propósitos desestabilizadores y de coacción, las
organizaciones criminales han acudido a la perpetración de acciones terroristas
que afectan necesariamente el normal devenir de la vida en comunidad, así como
a la realización de atentados directos contra la integridad de las personas.
3. La
insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía.
Si bien las
atribuciones ordinarias de las autoridades de policía podrían ser útiles para
hacerle frente a algunos de los hechos o situaciones que generan la
perturbación, es incuestionable también que ellas -por sí solas- resultan
claramente insuficientes para conjurarla de manera global.
...
Se trata en suma,
de medidas urgentes, algunas de ellas de carácter eminentemente transitorio,
otras que podrían incluso llegar a convertirse en legislación permanente, pero
todas ellas indispensables para la conservación del orden público.
Apreciaciones
finales.
....
A juicio del
Gobierno, la difícil situación de orden público que se ha analizado y ponderado
con ocasión de la expedición del decreto 1900, exigió la utilización del
instrumento excepcional de la Conmoción Interior.
...
No se trata
solamente de un problema cuantitativo referido al número de actos
delincuenciales verificados dentro de un determinado período de tiempo. Se
trata, adicional y principalmente, de un problema cualitativo referido a los
propósitos que las organizaciones criminales persiguen con su accionar:
desestabilizar y coaccionar.
El Gobierno ha
juzgado, pues, como necesaria e inaplazable la utilización de medidas
extraordinarias tanto para conjurar la situación de perturbación actual, así
como para prevenir su extensión y consolidación”.
B.     Intervenciones Ciudadanas.
Dentro del término
de fijación en lista se presentaron los siguientes escritos, que se resumen a
continuación:
1. El ciudadano Pedro Pablo Camargo
impugna el decreto bajo estudio, solicitando que sea declarado inexequible, con
fundamento en los artículos 213 de la Carta Política, 34 y siguientes de la Ley
137 de 1994 -que regulan los estados de excepción en Colombia-, así como en el
artículo 13 Superior -que garantiza el derecho a la igualdad- y en los
artículos 4o. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que
solo permiten adoptar medidas extraordinarias ante situaciones
"excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación."
En apoyo de su
apreciación, estima que la implantación del Estado de Conmoción Interior no es
de carácter discrecional y no puede ignorar la existencia real de los hechos
que dan base a sus calificaciones, tal como lo ha dejado en claro la
jurisprudencia de esta Corporación. A su juicio, de la simple lectura del
decreto, resulta claro que no se dan los presupuestos del artículo 213
constitucional, ya que el Gobierno Nacional no demuestra aquellas
circunstancias extraordinarias que hagan imposible el mantenimiento de la
normalidad mediante los poderes ordinarios del Estado.
Según afirma, el
Gobierno no relata cuáles son los hechos de violencia de carácter
extraordinario que han venido sucediendo en diferentes regiones del país, los
cuales atribuye sin pruebas a organizaciones criminales y terroristas a las que
tampoco identifica. Igualmente, no demuestra que esos hechos sean de tal
magnitud que no puedan ser conjurados mediante el uso de las atribuciones
ordinarias de las autoridades de policía.
Para el
interviniente, si bien el día en que fue decretada la conmoción interior, fue
asesinado el doctor Alvaro Gómez Hurtado, este hecho no generó siquiera
insurrección popular ni una asonada general contra el régimen, así como tampoco
incendios, saqueos, motines o revueltas. En su sentir, no se puede comparar
este asesinato con el de Jorge Eliécer Gaitán ni con el del Primer Ministro de
Israel, Yitzhak Rabin.
A su juicio, si bien
este hecho es repudiable, no es excepcional dentro de la violencia que en
Colombia impera y que también ha cobrado la vida en los últimos años de
numerosos dirigentes políticos y por lo tanto no justifica la declaratoria de
este estado de excepción, sino más bien, demuestra la "incuria" del
Gobierno para proteger a los colombianos, y aún más si se tiene en cuenta que
el Dr. Gómez no era al morir un alto funcionario, sino un eminente ciudadano,
por lo cual la negligencia del Estado en el cumplimiento de sus deberes no
puede ser utilizada para declarar la conmoción interior.
Por otra parte,
señala que tampoco constituye justificación a la declaratoria de conmoción
interior, las amenazas que contra diversas personalidades de la vida pública
nacional se han venido efectuando, ya que el Gobierno Nacional no puede argumentar
que tiene que acudir a los poderes de la conmoción al no poder cumplir con esa
obligación tutelar que la Constitución le impone en su artículo segundo.
Estima el
interviniente, que el decreto bajo estudio vulnera el derecho a la igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Carta, ya que hace una "tajante"
división entre "personalidades de la vida pública nacional" que
merecen la preocupación y protección del Estado y el resto de las personas
amenazadas entre quienes se hallan disidentes, opositores, etc., que no merecen
dicha preocupación y mucho menos su protección.
Con ello se
demuestra que la conmoción ha sido declarada para proteger a personalidades de
la vida pública nacional, pero no al resto de los ciudadanos, lo cual también
atenta contra el artículo 14 de la Ley 137 de 1994.
2. El ciudadano Jorge Humberto Romero
Monastoque, presenta escrito solicitando a la Corte declararse inhibida
para revisar el presente decreto, por falta de competencia, bajo las siguientes
consideraciones:
De conformidad con
la Constitución Política, no cabe duda que corresponde al Presidente de la
República analizar los hechos, determinando si tienen el carácter de
sobrevinientes o excepcionales y si han producido una desestabilización de las
instituciones o del orden jurídico para acudir a la declaratoria de un estado
de conmoción limitado en el tiempo, con la posibilidad de ser prorrogado con el
concepto favorable del Senado de la República, evento en el cual el control
político de esta determinación corresponderá a esa cámara legislativa y no a la
Corte Constitucional.
Para el
interviniente, el constituyente le atribuyó la facultad indelegable al
Presidente de la República para valorar objetiva y subjetivamente los factores
determinantes de la declaratoria de la conmoción interior, por lo cual el
decreto que configura la situación de perturbación del orden público no está
bajo el control de la Corte Constitucional. Reitera que el constituyente no
confirió a esta alta Corporación, competencia para revisar el decreto mediante
el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior, cuya valoración es del
resorte del Presidente de la República.
3. Los ciudadanos Augusto Ibañez Guzmán,
Miguel Fernando Córdoba Angulo y Ricardo Rendón Gaviria presentaron escrito
en el que, al analizar los hechos de violencia localizados en diversas regiones
del país, concluyen que el Gobierno es absolutamente consciente de que existe
una continuidad ininterrumpida de actos de violencia que perturba en forma
grave el orden público; pero también les resulta claro que el único hecho que
se sale de la anormalidad permanente y que en su criterio es la causa
generadora del estado de conmoción, es el asesinato del Dr. Gómez Hurtado.
Indican que en modo
alguno desconocen la trascendencia del acto, pero consideran que el mecanismo
extraordinario de excepción no es la solución para conjurar la grave
perturbación; a su juicio, la declaratoria de conmoción tiene por objeto
solucionar uno de los innumerables conflictos generadores de desestabilización
social, pero no para conjurar una crisis arraigada de una sociedad tan violenta
como la nuestra.
Para los
intervinientes, la situación fáctica antes del 16 de agosto y después de esta
fecha, es la misma: las masacres, los asaltos, la muerte de miembros de la
fuerza pública y las desapariciones son permanentes, con lo cual se llega a la
penosa conclusión de que las medidas de excepción no se podrían aplicar y no
quedaría otra solución que permanecer en estado de conmoción.
Según expresan, el
estado de indefensión de la población civil no puede ser tratado a través de
decretos de conmoción como los que se pretenden adoptar, ya que el conflicto
armado interno es de grandes proporciones y obliga a reflexionar sobre la
aplicación del artículo 93 de la Constitución que consagra la prevalencia en el
orden interno de los tratados y convenios internacionales ratificados por el
Congreso y que reconocen los derechos humanos.
Finalmente, estiman
que como la aplicación del principio del “IUS COGENS” es parcial, los otros
problemas de la delincuencia común organizada se deben solucionar a través de
la aplicación de las normas penales cuya finalidad no es otra que sancionar a
quienes lesionen o pongan en peligro los bienes jurídicos. Afirman que el
problema coyuntural está dado por la aplicación de una normatividad ineficaz,
creada para la solución de casos particulares.
4. Por su parte, el ciudadano José Manuel
Barreto presentó escrito  solicitando a la Corte la declaratoria de
inexequibilidad del decreto bajo estudio, con fundamento en los siguientes
planteamientos:
Los hechos aludidos
por el Gobierno como causa de la conmoción interior, carecen del carácter de
excepcionales, ya que si bien es lamentable el asesinato del Dr. Gómez, este
solo hecho no origina una extraordinaria alteración del orden público que
justifique la declaratoria del estado de excepción.
En su sentir, la
situación actual es básicamente igual a la que en los meses anteriores fuera
aducida como causal de la declaratoria de la última conmoción interior hallada
inexequible. Resulta claro, señala, que si bien fue trascendente el papel que
en la vida política nacional desempeñó el Dr. Gómez, también lo es que en el
momento de su muerte no ostentaba una investidura que permitiera predicar que el
asesinato estuviese dirigido contra las instituciones del Estado. Su muerte
constituye un hecho grave, pero no es uno nuevo dentro de la desafortunada
página de violencia que afecta a los colombianos.
5. Los miembros de la Corporación
Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", presentaron escrito
impugnando el Decreto 1900 de 1995, en el que manifiestan su preocupación de
que se retorne al Estado de Sitio permanente que generó en el pasado, gobiernos
despóticos y dictaduras.
A su juicio, si bien
el Estado detenta el poder represivo para contener fenómenos como la
delincuencia organizada o la subversión, esa represión debe ser legítima y
partir del marco constitucional y legal previamente definido, ya que de ello
depende la seguridad de los asociados, la confianza en las instituciones y el
respeto de las autoridades.
Fundamentándose en
la sentencia C-179 de 1994 emanada de esta Corporación, indican que la relación
entre el Estado de derecho y los estados de excepción debe darse de tal manera
que estos últimos no terminen derogando el primero y se conviertan en un
instrumento para el ejercicio arbitrario del poder, con lo cual se estaría
desconociendo la naturaleza de esa facultad excepcional.
De conformidad con
la finalidad del estado de conmoción interior -que no es otra que restablecer
la normalidad en un corto plazo, utilizando recursos extraordinarios para poner
fin a una situación excepcional y crítica que amenaza las instituciones o la
convivencia ciudadana-, estiman que no resulta idónea para solucionar problemas
que el Gobierno de manera arbitraria argumenta como generadores de perturbación
del orden público.
Para los
intervinientes, el objetivo de la conmoción interior no se cumple, ya que si
bien el asesinato del Dr. Gómez es un hecho grave que se agota en el mismo
instante de su ocurrencia, el papel del Estado es buscar los culpables y
sancionarlos.
En su criterio, no
resulta serio mostrar cifras de criminalidad en Colombia para justificar
deponer el Estado de Derecho, no en aras de defenderlo sino de gobernar por vía
excepcional, sacrificando instituciones que deben ser inalienables. Así, el
poder para que no se convierta en arbitrario, debe someterse a la Constitución
y a la ley, de manera que éstas no queden al servicio amañado de quien detenta
el poder para salir airosos de crisis connaturales a una democracia.
Manifiestan que los
hechos que fundamentan la Conmoción, deben ser reales, nuevos e inminentes, “y
los 66 hechos de violencia ocurridos entre el 16 de agosto y el 2 de noviembre
del año en curso, hacen parte de hechos endémicos tomados en cuenta por esta
Corporación con anterioridad al decreto de la anterior conmoción. La Corte ya
le ha señalado al Gobierno la vía para conjurar esta crisis, cual es, los
mecanismos ordinarios de que dispone”.
Según afirman,
hablar de normalidad en Colombia es difícil, ya que el país soporta
históricamente un estado de anormalidad en lo político, en lo económico y en lo
social, por lo cual “se debe gobernar bajo esa realidad y no puede hacerse
delincuente o subvertor del Estado de derecho, de la Constitución y la Ley para
someter a los asociados a esa institucionalidad”.
Por otra parte,
estiman que la declaratoria del estado de conmoción, viola la Constitución, por
no existir los hechos fácticos que lleven a concluir que se está frente a una
situación excepcional que lo amerite.
Al analizar los
poderes ordinarios con que cuenta el Estado para contrarrestar los hechos
aducidos por el Gobierno, consideran los intervinientes que el decreto alude al
accionar de grupos criminales y terroristas, sin que defina cada una de estas
organizaciones, lo cual resulta indispensable para demostrar que la supuesta
perturbación no puede ser conjurada mediante el uso de las atribuciones
ordinarias.
Finalmente,
sostienen que la declaratoria de la conmoción es violatoria del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de
Derechos Humanos, ya que no cumple con las garantías y principios mínimos que
la doctrina internacional ha establecido para determinar si el uso de los
estados de excepción se ajusta a los pactos que obligan en este caso al Estado
Colombiano.
6. El ciudadano Pablo Bustos Sánchez
en su calidad de vocero del Comité "Todos por la Paz", presentó
escrito en el que solicita a la Corte declarar inexequible el decreto en
revisión, por considerarlo violatorio del artículo 213 de la Carta Suprema y de
los artículos 36 y siguientes de la Ley 137 de 1994, así como del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos
Humanos, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Después de
manifestar algunas opiniones en torno al asesinato del Dr. Alvaro Gómez
Hurtado, el interviniente estima que resulta una antinomia jurídica el que se
decrete la conmoción interior sin existir la base objetiva de violencia
desbordada, distinta de la que venía haciendo presencia de tiempo atrás y que
ameritó la inconstitucionalidad de la anterior declaratoria de conmoción
interior, pese a que las circunstancias de entonces se revelaban mas críticas
que las actuales, en las que un hecho aislado aunque letal, mal puede hacer
incurrir en yerro a la Corte.
Según expresa, no ha
ocurrido “un estruendo social del Estado Colombiano o un terremoto de sus
instituciones” que permita atribuirles el carácter de graves e inminentes, y no
porque los hechos que se mencionan como fundamentos oficiales de la
declaratoria no revistan gravedad, sino porque su fuerza e importancia no
devienen en "virulencia que de suyo socaven la base del Estado”.
Después de recordar
algunos apartes de los planteamientos esbozados por el mismo Alvaro Gómez antes
de su muerte acerca de la situación actual del régimen imperante en Colombia,
indica que los aparatos políticos del poder estatal y el ejecutivo en
particular, no advierten ni emplean los mecanismos ordinarios para el
restablecimiento del orden público, ni para conjurar las causas estructurales
del mismo, por lo cual acuden a los estados de excepción, que son precisamente
intocables en un estado de derecho.
Concluye que el
considerando segundo relativo a la muerte del Dr. Gómez, queda descalificado y
en torno a los hechos acaecidos después del 16 de agosto, sostiene que ellos
tampoco revisten mayor gravedad nacional que los sucedidos con anterioridad a
la misma fecha, de modo que si al ejecutivo no le asistía razón para declarar
el estado de excepción para esta última fecha, mucho menos la tenía para el 2
de noviembre de 1995.
V.  CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El señor Procurador
General de la Nación, doctor Orlando Vásquez Velásquez, mediante oficio número
822 del 5 de diciembre de 1995, remitió a esta Corporación el concepto de rigor
dentro del término legal y en el proceso de la referencia, solicitando declarar
la exequibilidad del Decreto No. 1900 del 2 de noviembre de 1995. Fundamenta su
solicitud en los siguientes considerandos:
En primer lugar,
expresa que el mencionado decreto cumple con los requerimientos formales
exigidos por el artículo 213 de la Constitución: es decir, se consignan las
razones que dieron lugar a la declaratoria, lleva la firma del Presidente de la
República y de sus Ministros y el período para el cual se declaró, se ajusta al
término límite permitido por el precepto mencionado.
Una vez verificados
los presupuestos de forma, entra a examinar la constitucionalidad material del
decreto sometido a revisión.
Señala el Agente del
Ministerio Público, que cuando se trata del margen de apreciación y
discrecionalidad en los Estados de Excepción, la Corte Constitucional debe
interpretar el conjunto de normas que el Estatuto Fundamental dedica a tales
Estados, en el sentido de límite y freno al abuso de la discrecionalidad. Pero
de igual forma, ese conjunto normativo con las limitaciones que le son propias,
confieren al Presidente un innegable margen de discreción en lo que hace al
ejercicio de los poderes excepcionales derivados de los estados de anormalidad,
pero no por ello subjetivo y desregulado.
Y agrega que un
juicio de existencia sobre el presupuesto objetivo de una declaratoria de
conmoción interior en cuanto está ligada a conceptos complejos que envuelven
criterios de valoración -gravedad, inminencia y entidad excepcional-, debe
necesariamente comportar un margen de discreta apreciación por el Presidente,
“que de todas maneras, no es en modo alguno discrecional, pues no puede ignorar
la existencia real de los hechos que dan base a sus calificaciones, ni
sustraerse a un escrutinio lógico y racional del nexo de probabilidad que pueda
enlazarse a sus manifestaciones y previsiones, así como de la misma congruencia
de su argumentación a la luz de las circunstancias cuya existencia se proclama”
(Gaceta Constitucional. Tomo I, página 111).
Expresa el Jefe del
Ministerio Público, que con base en el escenario descrito, los gobiernos sin
excepción cuando asumen poderes reconocidos en la propia Carta Constitucional,
no sólo para el ejercicio normal de su actividad, sino aún en los eventos de
extrema gravedad para salvaguardar la subsistencia de sus instituciones
legítimas, deben desarrollar una acción gubernamental reglada, es decir,
condicionada por un marco de referencia establecido y para las coyunturas de
excepción, particularmente “por el identificado como el bloque de
constitucionalidad, aparejado por el efecto político-pedagógico propio de las
sentencias del Juez de la Carta”.
Con fundamento en lo
anterior, el Jefe del Ministerio Público examina lo que denomina “Presupuesto
objetivo de la declaratoria de conmoción interior”, respecto del cual señala
que con fundamento en el artículo 213 de la Carta Política, las exigencias
materiales allí previstas, cuya discrecionalidad razonable corresponde
determinar al Presidente de la República, deben ser verificadas por la Corte
Constitucional para efectos del control material y por el Congreso para el
control político.
Examinadas las
circunstancias esgrimidas por el Gobierno Nacional para la expedición del
Decreto 1900 de 1995, estima el Jefe del Ministerio Público, que “el Presidente
no se encontraba ante cualquier gravedad del orden público, ni ante desórdenes
normales de cualquier sociedad. Era evidente que la seguridad y el orden
público estaban puestos en peligro y que ello ameritaba su control con el instituto
excepcional del estado de excepción”.
Así pues, considera
que el decreto materia de revisión constitucional, fue expedido conforme a las
exigencias requeridas por la Constitución, ya que se estaba evidentemente ante
una grave perturbación del orden público, atentatoria de manera inminente
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia
ciudadana y que no podía ser conjurada mediante el uso de las atribuciones
ordinarias de las autoridades de Policía.
Concluye el señor Procurador,
manifestando que “la competencia del Gobierno, de acuerdo con la finalidad
atribuída a los Estados de Excepción en el seno de la filosofía liberal
clásica, debe ser para adecuarse a la Carta, restauratoria del statu quo
vigente hasta el momento y no configurativa del mañana, es decir, los medios de
excepción deben orientarse a conjurar una crisis coyuntural y no a diseñar el
futuro”.
VI.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
COMPETENCIA
De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 241 numeral 7o. de la Carta Política, en
concordancia con el artículo 214 numeral 6o. del mismo Estatuto Superior,
corresponde a la Corte Constitucional decidir sobre la constitucionalidad del
Decreto No. 1900 del 2 de noviembre de 1995, por ser este de carácter
legislativo, expedido el Presidente de la República, mediante el cual se
declara la Conmoción Interior (artículo 213 CP.).
Según lo ha venido
sosteniendo de manera reiterada esta Corporación al examinar los decretos
legislativos en virtud de los cuales se declara el Estado de Conmoción Interior[1], corresponde a la Corte
el control constitucional del decreto declaratorio de la conmoción interior no
sólo por su aspecto formal, sino igualmente por su contenido material, “pues el
control constitucional para que sea efectivo tiene que ser integral”.
A este respecto, se
expresó en sentencias números C-004 de 1992 y C-300 de 1994 (MP. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz), cuya jurisprudencia ahora se reitera, lo siguiente:
“2. El numeral
7o. del artículo 241 de la Constitución Nacional, al asignar a la Corte
Constitucional la función de "decidir definitivamente sobre la
constitucionalidad de los Decretos Legislativos que dicte el Gobierno con
fundamento en los artículos 212, 213, 215 de la Constitución" no excluye a
los que declaran uno de tales estado de excepción ni circunscribe dicha
competencia a los decretos que se dicten en desarrollo de la misma. Como se ve,
no hace excepción alguna al respecto.
Por tanto, el
decreto que declara el estado de excepción queda, por razón de su propia
denominación, comprendido en el alcance de dicho precepto y, como tal, está
sujeto al control jurisdiccional de la Corte como quiera que el tenor literal
de la norma en comento es claro al indicar que todos ellos son objeto de
control.
3. Repárese
además que el susodicho precepto tampoco distingue entre un control por vicios
de forma y control por vicios materiales o de contenido, por lo cual ni al
intérprete ni al juez les es dable hacer esa distinción. De otro lado el
parágrafo del artículo 215, que reitera la sujeción de dichos actos al control
jurisdiccional constitucional, no distingue entre esas categorías. Ello es cierto
ahora, y también lo era a la luz de la Constitución anterior.
4. Pero sobre
todo, el ejercicio de un control integral sobre los actos de los poderes
constituídos asegura la primacía de la Constitución como Norma de Normas que
manda la regla 4a. del Estatuto Máximo y la misión confiada a su guardiana de
preservar su "supremacía e integridad" por el constituyente en el
artículo 215 superior”.
Igualmente, en
sentencia No. C-466 de 1995, MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz, se señaló:
“d. Deber de
la Corte de examinar el contenido material del decreto sujeto a revisión.
De acuerdo con la
doctrina sostenida por esta Corporación en la sentencia C-04 de 1992 y
reiterada en el fallo C-300 de 1994, es deber de la Corte examinar el decreto
declaratorio de la conmoción interior no sólo por su aspecto formal sino
también por el aspecto material, pues el control constitucional para que sea
efectivo tiene que ser integral.
En efecto, dijo
la Corte: “el ejercicio de un control integral sobre los actos de los poderes
constituidos asegura la primacía de la Constitución como Norma de Normas que
manda la regla 4a. del Estatuto Máximo y la misión confiada a su guardiana de
preservar su “supremacía e integridad” por el constituyente en el artículo 215
superior... Dicho de otro modo, si la Corte elude el control material de los
decretos que declaran un estado de excepción, ello significaría que las
facultades del Presidente de la República en esta materia serían
supraconstitucionales. Y más aún: que esta Corte podría tolerar la actividad
inconstitucional del Ejecutivo renunciando así a su deber de restablecer el
imperio del Estatuto Supremo”.
“La voluntad del
constituyente a este respecto, se pone así mismo de resalto, si se armoniza el
precepto mencionado, con la expresión inequívoca empleada en la primera parte
del artículo 241 en comento, según la cual a la Corte le corresponde la guarda
de la “integridad” y de la “supremacía” de la Constitución. No cabe duda que si
un acto del Ejecutivo -como sería el caso del decreto que constituye el
supuesto hipotético materia de esta glosa-, pudiera por razón de su motivación
violar impunemente la Constitución del Estado, ya no estaría la Corte
defendiendo la “integridad” de la misma sino apenas una parte de ella”.
“Por lo expuesto,
el control jurídico constitucional debe ser integral y no parcial o limitado a
uno solo de los aspectos de la institución, cual es el mero procedimiento
formal como quiera que la defensa atribuida a esta Corte por las normas
aludidas, no se contrae a una parte de la Constitución sino que se refiere a
toda ella”[2].
Por consiguiente,
acatando la jurisprudencia mencionada, la Corte considera que no es procedente
la declaratoria de inhibición que en tal sentido se hizo por el ciudadano JORGE
HUMBERTO ROMERO MONASTOQUE dentro del proceso de la referencia.
Con el objeto de
examinar y decidir la constitucionalidad del decreto materia de revisión, se
procede entonces por la Corte, a ejercer el control constitucional del mismo,
de conformidad con lo establecido en los artículos 214 numeral 6o. y 241
numeral 7o. de la Carta Política.
Primera.    Examen
de los Requisitos Formales.
Encuentra la Corte
Constitucional, que el Decreto No. 1900 del 2 de noviembre de 1995, “por el
cual se declara el Estado de Conmoción Interior”, cumple con los requisitos de
forma previstos en los artículos 213 y 214 de la Carta Política, por cuanto:
a) El decreto legislativo materia de revisión
lleva la firma del Presidente de la República y de todos sus ministros.
b) La declaratoria de conmoción interior está
motivada en la parte relacionada con los considerandos del Decreto 1900 de
1995. En este sentido, cabe destacar que allí se indican las razones que dieron
lugar a ella, por lo que en sentir de la Corporación, se tiene por satisfecho
este requisito.
c) El período para el cual se declaró la
conmoción, se ajusta al término señalado por el artículo 213 de la Carta
Fundamental, en virtud del cual “se podrá declarar el Estado de Conmoción
Interior por término no mayor de noventa días”. Así, el artículo 1o. del
Decreto 1900 de 1995 dispone que se declara dicho Estado “por el término de
noventa (90) días, contados a partir de la vigencia del presente decreto”, es
decir, desde el día dos (2) de noviembre de 1995.
Segunda.   De
las causas que motivaron la expedición del Decreto 1900 del 2 de noviembre de
1995.
1. De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 213 de la Constitución Política, el Presidente de la República con la
firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior,
“en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente
contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia
ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones
ordinarias de las autoridades de Policía”.
Y agrega la misma
disposición, que “mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades
estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir
la extensión de sus efectos”.
2.- Del contenido del Decreto legislativo No.
1900 del 2 de noviembre de 1995, “por el cual se declara el Estado de Conmoción
Interior” y de las pruebas que obran en el expediente, se infiere que las
situaciones que motivaron la grave y ostensible perturbación del orden público
fueron los hechos de violencia producidos en diferentes regiones del país
atribuidos a organizaciones criminales y terroristas -ocurridos entre el 16 de
agosto de 1995 y el 2 de noviembre del mismo año-, además del repudiable
asesinato del dirigente político, doctor ALVARO GOMEZ HURTADO, así como las
amenazas que se han proferido contra diversas personalidades de la vida pública
nacional, con el propósito de coaccionar a las autoridades.
Hechos que a juicio
del Gobierno, “son expresión inequívoca de la existencia de distintos aparatos
de fuerza, cuya inmensa capacidad de desestabilización atenta por sí misma y en
forma inminente contra la seguridad del Estado, la estabilidad de las
instituciones legítimamente constituidas y la convivencia ciudadana”, con lo
que, al no ser lo suficientemente idóneas las atribuciones ordinarias de las
autoridades de policía para prevenir la ocurrencia de ‘nuevos hechos’
criminales y terroristas y para conjurar dicha situación de grave perturbación,
se hace indispensable adoptar medidas de excepción.
3.- Las situaciones descritas para justificar
la declaratoria de conmoción interior, se encuentran respaldadas con las
pruebas remitidas dentro del término legal, por el Gobierno Nacional y que
reposan dentro del expediente, las que procederá a examinar la Corte a fin de
determinar si los hechos relacionados, son constitutivos de “una grave
perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la
estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana”,
y si por lo tanto, ameritan el uso excepcional de las medidas consagradas para
el estado de conmoción interior, o si por el contrario, podían ser conjuradas
mediante las atribuciones ordinarias de policía.
Determinación
de lo que configura una “grave perturbación del orden público”.
Conviene recordar lo
que ya ha señalado la Sala Plena de la Corte Constitucional en relación con el
presupuesto para que se configure “una grave perturbación del orden público que
atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad
del Estado o la convivencia ciudadana”:
“Es evidente que
las normas dictadas al amparo de uno cualquiera de los estados de excepción
están signadas por el fin que las justifica: remover una situación
anómala, perturbadora de la vida comunitaria, situación que se asume
transitoria y que, en consecuencia, transfiere ese carácter a la legalidad que
la regula. Por eso, en el caso de la conmoción interna, que es la que
está en juego en el asunto que nos ocupa, las reglas dictadas durante su
vigencia desaparecen del ordenamiento por el solo hecho de restablecerse la
normalidad.
Es claro que
entre el régimen de normalidad y el de excepción existen diferencias notables,
pues de no ser así carecería de sentido tal previsión de uno y otro, según las
circunstancias fácticas prevalecientes. Tales diferencias pueden reducirse
finalmente a ésta: el de normalidad es un régimen de plenitud de garantías y el
de excepción un régimen restrictivo.
(....)
Desde luego, la
Corte no es adversa, por principio, al instituto de la conmoción;
reconoce en él un instrumento útil para atender a situaciones excepcionales,
pero, justamente por eso, considera que el uso que de él debe hacerse ha de ser
rigurosamente ceñido a las exigencias del artículo 213, para no
incurrir en los desbordamientos que determinaron la abolición del antiguo
estado de sitio. En consecuencia, no vacilará esta Corporación en avalarlo,
cuando ocurran las situaciones que no sólo lo justifican sino que lo hacen
necesario.
(....)
Un hecho análogo,
en el orden interno, sería un alzamiento intempestivo dirigido a subvertir el
orden institucional, con virtualidad suficiente para poner en crisis la
estabilidad del Estado, es decir, encaminado a desdibujar su identidad. En ese
caso, las potestades extraordinarias y el régimen restrictivo de
libertades estarían justificados por tratarse de hechos sobrevinientes,
coyunturales, súbitos y muy probablemente intempestivos, que exigirían,
en aras de su superación, el sacrificio transitorio del régimen de plenitud de
derechos. Lo mismo podría decirse de hechos crónicos que repentinamente
revistieran grados de intensidad inusitados, bien, difusos en todo el
territorio nacional o localizados en una determinada zona, que podrían
justificar, en este último caso, una declaración de conmoción circunscrita al
área afectada” (negrillas y subrayas fuera de texto)(Sentencia No. C-466 de
1995. MP. Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Así mismo, ya ha
anotado esta Corporación en la referida sentencia, al examinar la
constitucionalidad del Decreto legislativo No. 1370 de 1995, que compete al
Presidente de la República como responsable de la conservación y mantenimiento
del orden público, determinar frente a qué circunstancias perturbadoras del
mismo es pertinente acudir a la declaratoria del estado de conmoción interior,
como también dictar aquellas normas destinadas a lograr su restablecimiento o
impedir la extensión de sus efectos.
No obstante, como se
expresó en la misma sentencia, así como en la No. C-300 de 1994, el Presidente
de la República no goza en desarrollo de dichas atribuciones, de una discrecionalidad
absoluta. Al respecto, se indicó:
“Un juicio
de existencia sobre el presupuesto objetivo de una eventual declaratoria, en
cuanto está ligado a conceptos complejos que envuelven criterios de valoración
no estrictamente técnicos -como gravedad, inminencia, amenaza-, debe
necesariamente comportar un margen de discreta apreciación por parte del
Presidente que, de todas maneras, no es en modo alguno discrecional, no
puede ignorar la existencia real de los hechos que dan base a sus calificaciones,
ni sustraerse a un escrutinio lógico y racional del nexo de probabilidad que
pueda enlazarse a sus manifestaciones y previsiones, así como de la misma
congruencia de su argumentación a la luz de circunstancias cuya existencia se
proclama”.
No hay duda pues,
que la gravedad y la perturbación a que hace alusión el artículo 213 de la
Carta Política, se refiere a una situación que amenace y ponga en inminente
peligro la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia
ciudadana, conforme a los razonamientos expresados por la Corte Constitucional
acerca de los conceptos enunciados.
Por ello, para que
se pueda declarar válidamente la conmoción interior, deben reunirse los
siguientes requisitos, a saber: que la perturbación del orden público sea
grave; que sea inminente; que sus efectos cobijen a todo el territorio o parte
del mismo; que se atente contra la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado o la convivencia ciudadana; y que la grave perturbación del orden
público sea coyuntural y sobreviniente, de manera que no pueda ser conjurada
por el Gobierno mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las
autoridades de Policía.
Así pues, el plano
de anormalidad excepcional o de grave alteración del orden público, se genera
frente a factores extraordinarios de perturbación, de carácter transitorio,
pues de lo contrario, al prolongarse indefinidamente en el tiempo, aún a pesar
de su gravedad, se constituirán en permanentes y endémicos.
Esta situación
extraordinaria de perturbación del orden público es la que debe dar lugar a la
adopción de medidas excepcionales tendentes al restablecimiento de la
normalidad. De este  modo, el objetivo fundamental de éstas, lo constituye la
adopción de normas encaminadas a conjurar las causas de la perturbación del
orden público y a impedir la extensión de sus efectos.
A lo anterior, cabe
agregar que de acuerdo con el precepto constitucional citado, la perturbación
debe acarrear un peligro inminente contra la seguridad del Estado, la
estabilidad institucional o la convivencia ciudadana, que justifique la
declaratoria del Estado de conmoción interior y el uso de facultades
excepcionales, lo que impone además de la apreciación subjetiva, dentro del
grado de discrecionalidad relativa a que se ha hecho referencia, la valoración
objetiva de los hechos coyunturales y súbitos, que ocasionan la grave
perturbación del orden público.
Cabe recordar, como
bien lo dispone el artículo 2o. de la Ley 137 de 1994 -estatutaria de los
estados de excepción-, que las facultades excepcionales con que cuenta el
Gobierno “sólo podrán ser utilizadas cuando circunstancias extraordinarias
hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes
ordinarios del Estado”.
Como lo anotó esta
Corporación en la sentencia No. C-466 de 1995:
“La situación de
crónica perturbación del orden público, puede alimentar tesis extremas
-conmoción interior permanente o conmoción interior sólo cuando el fenómeno
adquiera una intensidad intolerable-, que sacrifican el ordenamiento
constitucional y que, por consiguiente, la Corte no comparte. De ahí que se
exija como condición necesaria para declarar la conmoción interior,
aparte del factor de turbación del orden público, que éste no pueda ser
conjurado mediante el eficiente y oportuno ejercicio de las facultades
ordinarias. Los hechos y problemas que por naturaleza demandan
soluciones materiales y jurídicas permanentes, deben ser enfrentados a través
de los mecanismos de la normalidad. Y sólo cuando éstos se revelen inidóneos
para enfrentar hechos sobrevinientes, resulta justificado apelar a las
competencias extraordinarias derivadas del estado de excepción” (negrillas y
subrayas fuera de texto).
*
Examen de las causas que motivaron la declaratoria de Conmoción Interior.
Analizados los
presupuestos constitucionales y legales requeridos para la declaratoria de
conmoción interior, procede la Corte a examinar si los hechos invocados por el
Gobierno Nacional como justificativos para la expedición del Decreto
Legislativo No. 1900 de 1995, atentan y perturban en forma grave el orden
público.
A este respecto, es
pertinente reiterar -como ya lo hizo esta Corporación al examinar el Decreto
Legislativo No. 1370 de 1995-, que “no son hechos endémicos los que exige la
Constitución para que el estado de conmoción proceda. A éstos hay que atender
de manera permanente, usando los mecanismos ordinarios de que el Gobierno dispone.
Los que justifican el estado de conmoción interior deben ser de otra
clase: coyunturales, transitorios, posibles de ser contrarrestados con medidas
que tengan esas mismas connotaciones” (negrillas y subrayas fuera de
texto).
Ahora bien, como ya
se dijo, el Gobierno Nacional fundamentó la declaratoria de conmoción interior,
en los siguientes considerandos:
“Que, con
posterioridad al 16 de agosto de 1995, se han producido hechos de violencia en
diferentes regiones del país, atribuidos a organizaciones criminales y
terroristas, que perturban en forma grave y ostensible el orden público.
Que, como
última manifestación de tales hechos, en el día de hoy ha sido asesinado el
connotado dirigente político, exdesignado y expresidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, doctor ALVARO GOMEZ HURTADO”.
Que lo ocurrido
en esta oportunidad ha hecho evidente el peligro que entrañan las amenazas que
se han proferido contra diversas personalidades de la vida pública nacional,
con el propósito de coaccionar a las autoridades.
Que estos hechos
son expresión inequívoca, tanto de la existencia como de los propósitos de
distintos aparatos de fuerza, cuya inmensa capacidad de desestabilización
atenta -por sí misma y de manera inminente- contra la seguridad del Estado, la
estabilidad de las instituciones legítimamente constituidas y la convivencia
ciudadana” (negrillas y subrayas fuera de texto).
A juicio de la
Corte, los hechos aducidos por el Gobierno Nacional como perturbadores en forma
grave del orden público, que tienen mayor relevancia, son los siguientes:
“19 DE AGOSTO: En el corregimiento Churidó Pueblo,
jurisdicción municipal de Apartadó (Antioquia), al parecer integrantes de las
Milicias Bolivarianas, causaron la muerte a Iván Alberto Romaña Flores,
Ever Valencia (ex-Concejal del Municipio de Apartadó), Blas Romana Valencia
(padre de los anteriores), integrantes del Partido Político Esperanza Paz y
Libertad y a Rafael Galarza dirigente de Sintrainagro. Estas personas fueron
degolladas y presentaron heridas con arma de fuego. Este mismo
día en la vía Apartadó-Turbo (Antioquia), a la altura del Corregimiento
Nueva Colonia, en la Finca Mapaná, al parecer integrantes de las Milicias
Bolivarianas, causaron la muerte con arma de fuego a seis (6)
integrantes del Partido Político Esperanza, Paz y Libertad; igualmente
fueron incineradas las empacadoras y oficinas de la mencionada finca.
....
28 DE AGOSTO: En el Barrio Villa Javier (Santafé de
Bogotá), sede de la ANUC, desconocidos que se movilizaban en una motocicleta,
causaron la muerte con arma de fuego a William Gustavo Jaimes Torres, Presidente
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.
En la vía que del
municipio de Carmen de Bolívar conduce al Corregimiento El Salao (Bolívar),
subversivos del XXXVII frente de las FARC, atacaron con armas de fuego y
granadas de fragmentación una patrulla del Batallón de Infantería de Marina,
resultando muertos nueve (9) infantes de marina y dos particulares.
29 DE AGOSTO: En la Finca Los Cunas, kilómetro 10, Corregimiento
Zungo, jurisdicción municipal de Carepa (Antioquia), subversivos del V
frente de las FARC, causaron la muerte con arma de fuego a diez y seis (16)
personas pertenecientes al partido Político Esperanza, Paz y Libertad.
...
2 DE
SEPTIEMBRE: En el
sitio Los Lagos, jurisdicción municipal de San Vicente del Caguán (Caquetá), al
parecer subversivos que operan en la región activaron un artefacto
explosivo contra una patrulla del Ejército, resultando muertos cuatro (4)
soldados y lesionados cinco (5) más.
....
15 DE
SEPTIEMBRE: En
jurisdicción municipal de Puracé (Cauca), en enfrentamiento con subversivos del
bloque sur de las FARC, resultaron muertos tres (3) soldados y lesionados
cinco (5) soldados más.
En la Inspección
Los Pozos, jurisdicción municipal de San Vicente del Gaguán (Caquetá), subversivos
de las FARC emboscaron una patrulla del Ejército, resultando muertos dos (2)
soldados y, lesionados un (1) suboficial y nueve (9) soldados más.
....
20 DE
SEPTIEMBRE: En el
sitio Bajo Oso, jurisdicción municipal de Apartadó (Antioquia), subversivos del
V Frente de las FARC interceptaron e incineraron un (1) bus de la Empresa
Transportes Urabá. Los insurgentes luego de incinerar el mencionado automotor,
procedieron a causar la muerte con arma de fuego a veinticuatro (24) personas
más, militantes y simpatizantes del Movimiento Político Esperanza, Paz y
Libertad.
....
27 DE
SEPTIEMBRE: En el municipio de Miraflores (Guaviare), cuando unidades de
Antinarcóticos de la Policía y el Ejército, realizaban labores de fumigación de
cultivos de coca, subversivos de las FARC derribaron un avión, falleciendo el piloto;
de igual forma, resultó averiado otro avión; el mismo día, en la vereda Brillantina,
jurisdicción de Vegachí (Antioquia), subversivos del ELN, asesinaron un
agricultor.
....
30 DE
SEPTIEMBRE: En
Anolaima (Cundinamarca), en una finca de su propiedad, subversivos de las
FARC, asesinaron al exparlamentario Raimundo Sojo Zambrano (DAS). En la
vía Ubalá-Gachalá (Cundinamarca), a la altura de la vereda La Florida,
subversivos que operan en la región, secuestraron a un ganadero de la zona.
...
6 DE OCTUBRE: En la vía Cali-Yumbo (Valle), subversivos
de las FARC, dejaron abandonado un vehículo que contenía 20 kilos de dinamita,
el cual hizo explosión, resultando heridos 3 soldados y 6 particulares, entre
ellos 3 menores. En el lugar fueron hallados 80 volantes alusivos al
Frente Manuel Cepeda Vargas, Bloque Occidente de las FARC-EP.
....
18 DE OCTUBRE:
En la avenida las
Américas con carrera 50, en el sector de Puente Aranda, frente al batallón
Baraya, desconocidos activaron un artefacto explosivo compuesto por tres
(3) kilos de dinamita y metralla; la onda explosiva alcanzó a la buseta
de placas SDC-623, afiliada a la empresa Transportes Rápido Pensilvania, dejando
como saldo un muerto y nueve heridos.
....
22 DE OCTUBRE:
En el barrio Simón
Bolívar de Salgar (Antioquia), subversivos de la cuadrilla Ché Guevara del ELN
atacaron con armas de fuego y granadas a una patrulla de la policía resultando
muertos dos agentes y heridos otros cinco. En Tomichaque (Guaviare),
subversivos que operan en la región atacaron con armas de fuego el avión turbo
trush de la Policía Nacional en momentos que realizaba labores de aspersión
aérea.
....
2 DE
NOVIEMBRE: En la
puerta principal de la Universidad Sergio Arboleda, en Santafé de Bogotá, desconocidos
atacaron con arma de fuego al doctor Alvaro Gómez Hurtado, quien fue llevado
herido a la Clínica Country donde falleció cuando recibía atención
médica; de igual forma resultó muerto su asesor y un escolta” (negrillas y
subrayas fuera de texto).
En el decreto
materia de revisión, se resalta como uno de los considerandos más
significativos, que: “lo ocurrido en esta oportunidad ha hecho evidente el
peligro que entrañan las amenazas que se han proferido contra diversas
personalidades de la vida pública nacional, con el propósito de coaccionar a
las autoridades”.
*
Valoración de los hechos aducidos por el Gobierno para la declaratoria de
Conmoción Interior.
Dentro de los graves
problemas por los que atraviesa y aquejan al país, cuya atención merece ser
prioritaria y urgente para su erradicación efectiva, como es el anhelo de las
personas en general, se encuentran la violencia, la corrupción, el narcotráfico
y el terrorismo, cuyos flagelos han venido produciendo el estremecimiento de la
sociedad y generando la angustia e incertidumbre de los ciudadanos, pues es
natural que estos hechos delictuosos y repudiables que atentan de manera
directa contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la
convivencia ciudadana, ocasionan una gran desilusión dentro de ella, al ver que
con agobiante periodicidad, en lugar de obtenerse realmente la extinción de sus
efectos a través de las medidas adoptadas por las autoridades de la República,
se fortalecen los factores determinantes de la perturbación del orden público.
Con inusitada
frecuencia, los medios de comunicación han venido registrando dolorosos hechos
de violencia y corrupción, aleves emboscadas de soldados y policías, matanzas
de humildes campesinos y niños desprotegidos e indefensos, dentro de un
significativo y preocupante incremento de terrorismo, secuestro y corrupción.
Frente a ello, no
solamente el Gobierno mediante el uso de instrumentos excepcionales, utilizados
en otras oportunidades, sino el mismo Congreso a través de la adopción de leyes
que por esencia tienen carácter permanente, han expedido disposiciones
tendentes a contrarrestar los brotes delincuenciales mencionados, sin que pueda
establecerse en forma evidente, y no obstante la acción de las autoridades, que
los resultados hayan sido eficaces para conjurar las causas de la perturbación,
con la inminente amenaza contra la estabilidad institucional y la soberanía del
Estado, que generan dichas circunstancias.
La Corte
Constitucional, conciente de la realidad de la situación que vive el país, ha
estimado oportuno resaltar la obligación que tienen las autoridades de la
República con competencia constitucional para proteger a las personas
residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y creencias y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares conforme al mandato contenido en el artículo segundo de
la Carta Fundamental, con la finalidad de defender la independencia nacional y
mantener la integridad territorial, capaz de asegurar la convivencia pacífica y
la vigencia de un orden justo.
Ya la Corporación ha
tenido oportunidad de señalar, y ahora lo reitera, por constituír
jurisprudencia de la misma, que “la existencia de fenómenos delincuenciales de
ocurrencia diaria, tales como atracos callejeros, el hurto de vehículos, la
piratería terrestre, los abusos sexuales, o de ocurrencia frecuente como las
masacres, los ataques de grupos subversivos y paramilitares contra personal
civil y la fuerza pública, la toma de poblaciones, el secuestro, el
narcotráfico, etc., son hechos notorios que vienen azotando a la sociedad desde
tiempo atrás, causando intranquilidad, zozobra y desconcierto entre la
ciudadanía, sin que hasta la fecha estos acontecimientos se hayan podido
contrarrestar con acciones eficaces, ni el Gobierno haya hecho uso de los
mecanismos ordinarios de que dispone, para atender al progresivo deterioro de
la situación de orden público, como si su actitud debiera consistir en esperar
que la acumulación de males se hiciera insoportable, para tratarlos con medidas
de excepción, bajo la vigencia de un régimen restrictivo de libertades”
(sentencia No. C-466 de octubre 18 de 1995).
Frente a la anterior
determinación y en concordancia con lo ya expresado por la Corte sobre esta
situación, se tiene que no son de recibo igualmente en esta oportunidad, los
hechos consignados en el segundo aparte de los considerandos justificativos del
decreto materia de revisión, según el cual “con posterioridad al 16 de agosto
de 1995, se han producido hechos de violencia en diferentes regiones del país,
atribuidos a organizaciones criminales y terroristas, que perturban en forma
grave y ostensible el orden público”, cuyas pruebas se encuentran aportadas al
proceso, ya que ellos son constitutivos de las mismas situaciones que vienen ocurriendo
desde hace años, y por tanto no tienen el carácter de coyunturales,
transitorios ni excepcionales que deban y puedan ser conjurados mediante
medidas de excepción, sino que de acuerdo a la jurisprudencia de la
Corporación, “constituyen patologías arraigadas que merecen tratamiento
distinto por medio de los mecanismos ordinarios con que cuenta el Estado para
sortear problemas funcionales y estructurales normales”.
En consecuencia,
desde esta perspectiva, las razones esgrimidas por el Gobierno Nacional en el
considerando mencionado, no sirven de fundamento jurídico para una declaratoria
de exequibilidad por no contrariar los preceptos consignados en las normas
superiores y en especial en el artículo 213 de la Constitución Política, que
exige la presencia de hechos nuevos, transitorios y de contenido excepcional.
Consecuente
igualmente con el criterio de la Corporación, según el cual la Corte no es
adversa por principio al instituto de la conmoción, como un instrumento útil
para la atención de situaciones excepcionales, ceñido a las exigencias del
precepto superior mencionado y de que no vacilaría en avalarlo cuando ocurran
otras situaciones que justifiquen la declaratoria del estado de conmoción
interior y lo hagan necesario (sentencia No. C-466 de 1995, MP. Dr. Carlos
Gaviria Díaz), procede la Corporación a examinar los demás considerandos del
decreto sometido al control constitucional, los cuales conviene transcribir
nuevamente:
“Que, como última
manifestación de tales hechos, en el día de hoy ha sido asesinado el connotado
dirigente político, exdesignado y expresidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, doctor ALVARO GOMEZ HURTADO.
Que lo ocurrido
en esta oportunidad ha hecho evidente el peligro que entrañan las amenazas que
se han proferido contra diversas personalidades de la vida pública nacional,
con el propósito de coaccionar a las autoridades”.
Estima la Corte que
al tenor del artículo 213 de la Carta Política, no se requiere únicamente que
se configuren los hechos coyunturales o excepcionales para que sea procedente
la declaratoria de conmoción, sino que también la medida excepcional se hace
útil y propicia para prevenir y evitar la ocurrencia de nuevos hechos que son
atentatorios en forma inminente de la estabilidad institucional, la seguridad
del Estado y la convivencia ciudadana, los cuales desde luego no pueden ser
conjurados mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de
policía, sino que requieren la adopción de medidas eficaces, vigorosas y
enérgicas por parte de quien tiene la facultad constitucional de conservar en
todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
Como ya se ha
expuesto, como hechos nuevos, además del ignominioso y vil asesinato del
ex-designado y ex-presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor
Alvaro Gómez Hurtado, así como del doctor Jose Raimundo Sojo Zambrano y del
atentado perpetrado al doctor Antonio Jose Cancino, obran como prueba en el
expediente, remitida por el Gobierno Nacional a través de los Ministros del
Interior, de Justicia y del Derecho y de Defensa Nacional, los casetes que
contienen grabaciones relacionadas con amenazas de atentados criminales contra
personalidades de la vida pública nacional por parte de grupos señalados en los
mismos, con fines terroristas.
No hay duda para la
Corte, que el asesinato del dirigente político, doctor Alvaro Gómez Hurtado,
constituyó un hecho sobreviniente, súbito, coyuntural y transitorio, con un
altísimo grado de incidencia en la vida ordinaria de la comunidad. Es innegable
que frente a este hecho nuevo, inusitado, inhabitual y repentino, la ciudadanía
se conmovió y repudió públicamente el ignominioso crimen de una de las figuras
más representativas de la sociedad colombiana, cuyo impacto produjo la natural
reacción de los sectores cívicos, gremiales y políticos del país, quienes
clamaban por una enérgica y decidida actuación de las autoridades
gubernamentales, a fin de que se adoptaran en forma apremiante medidas
excepcionales para impedir la extensión de un hecho coyuntural, que
indiscutiblemente atentaba de manera inminente y grave contra la convivencia y
tranquilidad ciudadana y generaba el malestar colectivo.
A lo anterior deben
agregarse desde luego, las amenazas que se cernían contra personalidades del
país que fueron consignadas en el mismo día en que se produjo el horrendo
crimen perpetrado intempestivamente en la persona del doctor Alvaro Gómez
Hurtado, y para la fecha en que se declaró la conmoción interior por parte del
Gobierno Nacional, que obran como elementos probatorios, los cuales en forma
complementaria a juicio de la Corte, implican una situación que atenta de
manera inminente y grave contra la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado y la misma convivencia ciudadana.
De lo anterior se
desprende que para la fecha en que se declaró la conmoción interior en el país
-2 de noviembre de 1995-, se vivía, como se ha expuesto, además de la situación
crónica ya conocida, una singularmente crítica, derivada de los hechos
sobrevinientes descritos, con respecto a los cuales los poderes ordinarios de
policía elevados a la categoría de permanente no le daban al Gobierno Nacional
la suficiente eficacia y seguridad para conjurar la misma, dados los factores
de grave pertubación reinante, con brotes de terrorismo creciente.
No hay que olvidar
acerca de estas situaciones de anormalidad, lo expresado por la Corte
Constitucional en sentencia No. C-004 de mayo 7 de 1992, MP. Dr. Eduardo
Cifuentes Muñoz, en los siguientes apartes que se reiteran igualmente en esta
oportunidad:
“16. El ámbito de
las instituciones de la anormalidad se reserva para aquellas perturbaciones que
pueden poner en peligro elementos y condiciones esenciales del sistema económico,
político, social o del medio ambiente, más allá de lo que resulte ser en un
momento dado su rango normal de existencia o funcionamiento y que tengan la
posibilidad de  amenazar con superar un límite crítico. la función de los
gobernantes es la de crear condiciones para vivir en la normalidad y controlar
que las tensiones no rebasen los márgenes normales, actuando en todo caso
cuando todavía se dispone de una capacidad de respuesta antes de que una de
ellas llegue al punto crítico y la sociedad y sus instituciones se expongan al
colapso”.
Lo anterior guarda
relación con lo expresado en la sentencia No. C-466 de 1995 ya transcrita,
según la cual, aparte del factor de turbación del orden público, se exige que
“este no pueda ser conjurado mediante el eficiente y oportuno ejercicio de las
facultades ordinarias”, como ocurre en el caso subexamine, en que a juicio de
la Corte, los mecanismos de normalidad no son los idóneos para enfrentar hechos
sobrevinientes, razón por la cual, al tenor de la jurisprudencia mencionada,
resulta justificado apelar a las competencias extraordinarias derivadas del
estado de excepción.
En este orden de
ideas, estima la Corporación que los nuevos hechos narrados en este acápite sí
tienen el carácter de sobrevinientes, coyunturales y transitorios, los cuales
ameritaban la declaratoria de conmoción interior, por lo que es procedente y
razonable permitir que el Gobierno pueda hacer uso en forma responsable, de los
instrumentos excepcionales requeridos y estrictamente necesarios para conjurar
las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos, por
tratarse de una situación completamente diferente a la contemplada en la pasada
conmoción interior, declarada inexequible por esta Corte, ante la ausencia de
los elementos configurativos del estado de excepción.
Es natural que
frente a los hechos graves acontecidos, las atribuciones ordinarias no
resultaban suficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos encaminados
a la desestabilización de las instituciones legítimamente constituídas, por
parte de la acción de organizaciones delincuenciales que persiguen la
desprotección del Estado y el entorpecimiento de la acción estatal, con claras
intenciones que desconocen el orden jurídico y la legitimidad de las instituciones
y pretenden coaccionar de manera directa a las autoridades.
De este modo, la
situación que ha afectado al país en dicha oportunidad, no resulta de los
hechos de violencia arraigada desde hace varios años bajo la perspectiva de
hechos endémicos y permanentes, sino de la actividad terrorista desplegada
contra la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana, como lo
demuestra la irrupción repentina concretada en los asesinatos del exdesignado
doctor Alvaro Gómez Hurtado, del exparlamentario Jose Raimundo Sojo Zambrano y
el atentado en la persona del doctor Antonio Jose Cancino, además de las
persistentes amenazas a que se ha hecho referencia contra personalidades del
país.
Frente a las
evidencias de los hechos expuestos, que se constituyen en una grave amenaza del
orden institucional, la Corte ha encontrado procedente la adopción de medidas
excepcionales en esta oportunidad, por estimar que se ha hecho uso adecuado del
discreto margen de apreciación que en esta materia debe reconocersele al
Presidente de la República, a fin de evitar la desarticulación del Estado.
No hay que olvidar,
que dentro de las funciones primordiales que tiene el Presidente de la
República para mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo, se encuentra la de “conservar en todo
el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” (artículo
189 numeral 4o. de la CP.), sin que, desde luego dicha potestad pueda ser
considerada como absolutamente discrecional, de acuerdo con el criterio
jurisprudencial conocido, expresado por esta Corporación en esta misma
providencia.
Desde luego que,
como lo señala el mismo artículo 213 de la Carta Fundamental, las facultades
adquiridas por el Gobierno Nacional mediante la declaración del estado de
conmoción interior, no tienen carácter ilimitado. Ellas deben ser las
“estrictamente necesarias” para conjurar las causas de perturbación e impedir
la extensión de sus efectos, de manera que las que se ejerzan con fines o
propósitos diferentes a los que se relacionan con éstas, no resultan ajustadas
al ordenamiento constitucional.
De igual forma y
como quiera que los Estados de Excepción no pueden en ningún momento ignorar
los principios democráticos reconocidos universalmente, ni siquiera en épocas
de anormalidad, los decretos legislativos dictados en desarrollo de la
conmoción interior deben someterse a las siguientes limitaciones
constitucionales: 1) solamente pueden referirse a materias que tengan relación
directa y específica con la situación que hubiere determinado su declaratoria;
2) no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales;
3) no podrá interrumpirse el normal funcionamiento de las ramas del poder
público ni de los órganos del Estado; 4) las facultades adquiridas por el
Presidente deben ser las estrictamente necesarias para conjurar la situación de
anormalidad; 5) deben respetarse las reglas del Derecho Internacional
Humanitario y las garantías consignadas en los tratados internacionales y en la
ley estatutaria que regula la materia; 6) las medidas adoptadas deben ser
proporcionales a la gravedad de los hechos; y 7) el régimen de excepción debe
ser eminentemente temporal.
Desde luego que,
según el mandato constitucional consagrado en el artículo 241 numeral 7o., la
Corte Constitucional debe ejercer en su oportunidad el control constitucional
que le corresponde con respecto a los decretos legislativos dictados con
fundamento en la declaratoria de conmoción interior, sin perjuicio de la responsabilidad
del Presidente y los ministros por el abuso que hubieren cometido en el
ejercicio de las facultades mencionadas.
Solamente, en razón
de los graves hechos calificados en esta providencia como coyunturales,
sobrevinientes, transitorios y excepcionales, los cuales a juicio de la Corte
son atentatorios de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la
convivencia ciudadana, lo que hace necesaria y procedente la utilización de
medidas extraordinarias encaminadas a conjurar las causas de la perturbación e
impedir la extensión de sus efectos, habrá de declararse exequible el Decreto
Legislativo No. 1900 de Noviembre dos (2) de 1995, expedido por el Presidente
de la República, por medio del cual se decretó el Estado de Conmoción Interior
en todo el territorio nacional.
VII.    DECISION.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor
Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el
Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar exequible
el Decreto Legislativo No. 1900 de Noviembre dos (2) de 1995, “Por el cual se
declara el Estado de Conmoción Interior”, por las razones consignadas en esta
providencia, salvo en lo concerniente al considerando 2o. del decreto materia
de revisión.
Cópiese, comuníquese, notifíquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el
expediente.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
HERNANDO
HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Aclaración de
voto a la Sentencia No. C-027/96
CONMOCION
INTERIOR-Declaración no
sujeta a control de constitucionalidad/GUERRA EXTERIOR-Declaración no
sujeta a control de constitucionalidad (Aclaración de voto)
La Corte
Constitucional carece de facultades para hacer el examen de fondo de la
declaración del Estado de Conmoción Interior. La declaración del Estado de
Conmoción Interior, lo mismo que la del Esttado de Guerra Exterior, no requiere
decreto alguno: es solamente una declaración con la firma del Presidente y de
todos sus ministros. Tal declaración no está sujeta al control judicial de la
Corte Constitucional, pero sí al control político que ejerce el Congreso de la
Republica.
CONMOCION
INTERIOR-Declaración
sujeta a control político del Congreso (Aclaración de voto)
El examen de la
Corte Constitucional sobre la declaración del Estado de Conmoción Interior, no
previsto por la Constitución y extraño a este proceso, podría originar
conflictos. Porque, ¿qué acontecería si la Corte Constitucional dijera que es
ajustada a la Constitución la declaración del Estado de Conmoción Interior, y
el Congreso determinara, de conformidad con el numeral 5 del artículo 214, en
concordancia con el inciso cuarto del 213, que no se habían dado las causas o
las circunstancias correspondientes? ¿Y qué sucedería en caso contrario, cuando
la Corte determinara que es inexequible la declaración y el Congreso dijera que
sí estaban dadas las circunstancias para hacerla? Además, ¿qué sentido tiene el
control político del Congreso cuando ya se ha hecho el control judicial por la
Corte? ¿Cuál prevalece?
Con todo respeto,
expreso las siguientes razones, que aclaran mi voto afirmativo al adoptarse la
sentencia de la referencia.
Primera.-  Al salvar el voto en la sentencia C-466 de
octubre 18 de 1995, que declaró inexequible el decreto 1370 del 16 de agosto de
1995, por el cual se había declarado el estado de conmoción interior, expresé:
"Séptima.-
El Presidente de la República, como responsable del orden público, es el único
facultado para decidir si las circunstancias permiten decretar el Estado de
Conmoción Interior por "grave perturbación del orden público".
"La Corte
Constitucional, en la sentencia del 7 de mayo de 1992, estableció la doctrina
de que sus facultades le permiten hacer el examen de fondo del decreto que
declara el estado de conmoción interior, para concluír si existe o no la
"grave perturbación del orden público que atente de manera inminente
contra  la estabilidad institucional".
"Esas
facultades, sin embargo, deben ejercerse con prudencia, para que no conduzcan a
dos resultados incompatibles con la Constitución: el primero, privar al
Presidente de la República de las facultades que el artículo 213 le confiere, y
que le permiten cumplir el deber de "conservar en todo el territorio el
orden público y restablecerlo donde fuere turbado"; el segundo, el
convertir a la Corte Constitucional en responsable del restablecimiento del
orden público, responsabilidad que la Constitución no le ha impuesto.
"Por lo
anterior, como lo sostuve en el debate que culminó con la adopción de la
sentencia C-466 de 1995, solamente en casos extremos de mal uso del artículo
213 de la Constitución, puede la Corte Constitucional declarar que no existe la
grave perturbación.  Fue eso lo que aconteció cuando la Corte, por medio de la
sentencia C-300 de julio 1o. de 1994, declaró inexequible el decreto 874 del
1o. de mayo de 1994.
"Ahora se ha
incurrido en la insensatez de sostener que para que exista la "grave
perturbación" faltan unos centenares o millares de asesinatos. Que tampoco
bastan los millares de secuestros y de extorsiones, ni la continua destrucción
de oleoductos y los ataques a los poblados inermes.
"Si la
jurisprudencia de la Corte sobre el examen material del decreto que declara la
conmoción interior, conduce a estas interpretaciones absurdas, habrá que
revisarla.  De lo contrario persistirá el riesgo de que la Corte, en el futuro,
usurpe nuevamente la competencia que la Constitución asignó al Presidente de la
República en relación con el orden público."
Como se ve, propuse,
como ya lo había hecho en el debate que culminó con la adopción de la sentencia
de inexequibilidad, el cambio de la jurisprudencia de la Corte.
Segunda.-  Desde el día de ese salvamento de voto, he
seguido reflexionando sobre este asunto y he llegado a la conclusión de que
la Corte Constitucional carece de facultades para hacer el examen de fondo de
la declaración del Estado de Conmoción Interior, por estos motivos:
Si se lee el
artículo 213, se encuentra que no determina que el Estado de Conmoción
Interior se declare por medio de un decreto. En efecto:
En el inciso primero
se dice que "el Presidente de la República, con la firma de todos los
ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior"; en el segundo,
"mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades..."; en
el cuarto se establece la reunión del Congreso, dentro de los tres días
siguientes " a la declaratoria (sic) o prórroga del Estado de
Conmoción", y lo relativo al informe "sobre las razones que
determinaron la declaración".
Como se ve, en los
cuatro incisos no se menciona la palabra decreto. Por el contrario, en
el inciso tercero se establece que "Los decretos legislativos que
dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el Estado de
Conmoción y dejarán de regir tan pronto se declare restablecido el orden
público". (negrilla fuera del texto). ¿A qué decretos se refiere este
inciso? A los contemplados en el artículo 214, a los que se dictan después de
la declaración de la Conmoción Interior. ¿Por qué? Porque solamente estos decretos
pueden referirse a "materias que tengan relación directa y específica con
la situación que hubiere determinado la declaratoria (sic) del Estado de
Excepción"; y solamente estos decretos podrían, abusivamente, suspender
los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por lo anterior, el
numeral 6 del artículo 214 dispone que "El Gobierno enviará a la Corte
Constitucional al día siguiente a su expedición, los decretos legislativos que
dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para
que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad". Esas facultades
son las que adquiere el Gobierno en virtud de la declaración del Estado de
Conmoción Interior (inciso segundo del artículo 213).
Téngase en cuenta
que el numeral 7 del artículo 241 asigna a la Corte Constitucional la función
de "Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los decretos
legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y
215 de la Constitución". No se le atribuye el control sobre la declaración
de los estados de excepción.
Téngase en cuenta
que la declaración no es más que eso: una declaración, que no va más
allá, y que, por lo mismo, no puede afectar ningún derecho
fundamental. Dicho en términos sencillos, es apenas una puerta que se abre.
Una vez abierta la puerta, el Gobierno puede trasponer el umbral y dictar decretos
legislativos, o no hacerlo, según las circunstancias.  Esos decretos
legislativos sí pueden vulnerar los derechos fundamentales, o no tener
relación directa y específica con la situación que determinó la declaración del
Estado de Excepción. Por esto, están sujetos al control de la Corte
Constitucional.
Obsérvese, en este
mismo orden de ideas, que el numeral 5 del artículo 214 establece la responsabilidad
del Presidente y de sus ministros "cuando declaren los estados de
excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción
interior"; y establece, a renglón seguido, la responsabilidad "por
cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que
se refieren los artículos anteriores". Es claro que si la declaración de
conmoción o de guerra exterior, se hiciera por medio de un decreto
legislativo, esta norma se referiría solamente a tales decretos y no
a la declaración en sí.
De todo lo cual se
concluye que la declaración del Estado de Conmoción Interior, lo mismo que
la del Estado de Guerra Exterior, no requiere decreto alguno: es solamente una
declaración con la firma del Presidente y de todos sus ministros.  Tal declaración
no está sujeta al control judicial de la Corte Constitucional, pero sí al
control político que ejerce el Congreso de la República, como se verá.
Tercera.-  El
control político del Congreso de la República sobre la declaración del Estado
de Conmoción Interior.
Según el inciso
primero del artículo 114, "Corresponde al Congreso de la República
reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el
gobierno y la administración".
En ejercicio de ese
control político el Congreso analiza la declaración o la prórroga del Estado de
Conmoción. Por ello, dispone el inciso cuarto del artículo 213 de la
Constitución:
"Dentro de los
tres días siguientes a la declaratoria (sic) o prórroga del  Estado de Conmoción,
el Congreso se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones
constitucionales y legales. El Presidente le pasará inmediatamente un informe
motivado sobre las razones que determinaron la declaración". Ese informe
permite al Congreso, eventualmente, establecer la responsabilidad a que se
refiere el numeral 5 del artículo 214 de la Constitución.
Ya se ve por qué el
examen de la Corte Constitucional sobre la declaración del Estado de Conmoción
Interior, no previsto por la Constitución y extraño a este proceso, podría
originar conflictos. Porque, ¿qué acontecería si la Corte Constitucional dijera
que es ajustada a la Constitución la declaración del Estado de Conmoción
Interior, y el Congreso determinara, de conformidad con el numeral 5 del artículo
214, en concordancia con el inciso cuarto del 213, que no se habían dado las
causas o las circunstancias correspondientes? ¿Y qué sucedería en caso
contrario, cuando la Corte determinara que es inexequible la declaración y el
Congreso dijera que sí estaban dadas las circunstancias para hacerla?
Además, ¿qué sentido
tiene el control político del Congreso cuando ya se ha hecho el control
judicial por la Corte? ¿Cuál prevalece?
Cuarta.- El numeral 4 del artículo 189 de la
Constitución impone al Presidente de la República la obligación de
"Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde
fuere turbado".
El control
judicial de la declaración de Conmoción Interior por la Corte Constitucional,
hace que esta última comparta en la práctica la obligación que la Constitución
impone solamente al Presidente de la República.
Por eso, si el
Congreso, en cualquier momento, quisiera, en ejercicio del control político,
analizar cómo ha cumplido el Presidente la obligación que le impone el numeral
4 del artículo 189, él podría eludir su responsabilidad con el argumento de que
la Corte Constitucional, al determinar la inexequibilidad de la declaración del
Estado de Conmoción Interior, le ha impedido cumplirla.
Quinta.-  Por todo lo expuesto, digo ahora, sin
vacilaciones ni reservas, que la Corte Constitucional acertará si en el futuro
modifica su jurisprudencia y decide que la declaración del Estado de Conmoción
Interior no es un decreto legislativo y que, por lo mismo, no está sujeta al
control de la misma Corte, sino del Congreso, en ejercicio del control político
que a éste compete.
En estos términos
rectifico la posición que asumí al votarse la sentencia C-300 de julio 1o. de
1994, que declaró inexequible el decreto 874 del 1o. de mayo de 1994, que había
declarado el Estado de Conmoción Interior.
Sexta.-  Aclaro este voto así,  porque creo, como es
ostensible, que justificándose ahora la declaración, como se justificó la del
16 de agosto de 1995, la Corte no ha debido entrar en el análisis de fondo de
la misma.  Y ni siquiera en su análisis formal, pues no le está atribuída esa
competencia. Y tal análisis correspondería al Congreso, en ejercicio del
control político.
Bogotá, enero 29 de
1996
JORGE ARANGO MEJIA
Salvamento de
voto a la Sentencia No. C-027/96
CONMOCION
INTERIOR-Hechos invocados
(Salvamento de voto)
Para el Gobierno,
los hechos mismos demuestran, sin el más mínimo análisis y sin la menor duda,
que obran en el país unos aparatos de fuerza que tienen por finalidad la
desestabilización pública, sin que las atribuciones ordinarias de las
autoridades de policía resulten suficientes "para prevenir la ocurrencia
de nuevos hechos criminales y terroristas", por lo cual "se hace
indispensable adoptar las medidas de excepción". Pero en modo alguno
aparece acreditado ni en el Decreto ni en las pruebas que eso, asumido por el
Ejecutivo como incontrovertible, haya sido así. Y la Corte Constitucional lo
acepta sin reparos, pese al inmediato antecedente jurisprudencial.
Ref.: R.E.-074
Declaración de la
Conmoción Interior
Santa Fe de Bogotá,
D.C., veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996).
Los suscritos
magistrados nos apartamos de la decisión adoptada por la Corte.
Consideramos que en
esta oportunidad se daban las mismas razones invocadas por la Corporación al
declarar inexequible el Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995 (Sentencia C-466
del 18 de octubre de 1995. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz) y, por lo tanto,
también el Decreto 1900 del 2 de noviembre de 1995 ha debido ser declarado
inconstitucional.
A nuestro juicio,
como lo había señalado la Corte Constitucional en la aludida providencia, el
Estado de Conmoción Interior es excepcionalísimo y únicamente tiene cabida
cuando objetivamente se configuren las situaciones previstas por el artículo
213 de la Constitución Política, es decir, cuando los hechos aducidos por el
Gobierno configuren una "grave perturbación del orden público que atente
de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del
Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el
uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía". Eso
resulta del claro texto constitucional y de la naturaleza extraordinaria de la
Institución, en especial si se recuerda que en la Carta de 1991 se buscó
erradicar la vieja práctica de los gobiernos que había convertido el antiguo
Estado de Sitio en institución de normal y permanente aplicación.
Se trata -es
necesario decirlo una vez más- de circunstancias cuya gravedad debe ser probada
de manera fehaciente ante el organismo a cuyo cargo está el control de
constitucionalidad, que desbordan la capacidad de respuesta del Estado con base
en las facultades normales de las que dispone. Estas deben ser agotadas y
halladas insuficientes para conjurar la crisis y sólo entonces puede ser
declarado el Estado de Conmoción Interior.
También ha de
resaltarse que la perturbación, para ser aceptable como causa de la apelación
al Estado excepcional, debe atentar de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad estatal o la convivencia ciudadana.
Lo
"inminente", en términos del Diccionario de la Real Academia Española
de la Lengua, es algo "que amenaza o está para suceder prontamente".
La inminencia de
ruptura del orden institucional tiene que ser establecida sin duda por el
Gobierno antes de declarar el Estado de Conmoción Interior y la Corte
Constitucional debe verificar si se presenta en el caso concreto. Sólo sobre
esta base tiene sustento la exequibilidad del decreto respectivo.
Recuérdese lo dicho
por la Corte respecto de la Conmoción Interior que antecedió a la que ahora se
juzga:
"El contraste
con la hipótesis del estado de Guerra Exterior, prevista en el artículo 212,
puede ser esclarecedor: se trata, en ese caso, de una agresión externa súbita,
atentatoria de la soberanía estatal, que exige la disposición de mecanismos
extraordinarios para conjurar hechos completamente nuevos en la realidad
social, y sólo cuando éstos sean conjurados cesa el estado de excepción.
Un hecho análogo, en
el orden interno, sería un alzamiento intempestivo dirigido a subvertir el
orden institucional, con virtualidad suficiente para poner en crisis la
estabilidad del Estado, es decir, encaminado a desdibujar su identidad. En ese
caso, las potestades extraordinarias y el régimen restrictivo de libertades
estarían justificados por tratarse de hechos sobrevinientes, coyunturales,
súbitos y muy probablemente imprevistos, que exigirían, en aras de su superación,
el sacrificio transitorio del régimen de plenitud de derechos. Lo mismo podría
decirse de hechos crónicos que repentinamente revistieran grados de
intensidad inusitados, bien, difusos en todo el territorio nacional o
localizados en una determinada zona, que podrían justificar, en este último
caso, una declaración de conmoción circunscrita al área afectada".
(...)
"La
circunstancia de que el Constituyente del 91, hubiera limitado la vigencia
temporal del estado de conmoción interna, es claramente indicativa de una
voluntad dirigida a que nuestros males endémicos no fueran justificativos de un
eterno régimen de libertades menguadas. El mensaje implícito en la nueva Carta
no puede ser más claro: a los males que se han hecho permanentes, hay que atacarlos
con políticas igualmente estables, de largo aliento, cuidadosamente pensadas y
diseñadas. Y las medidas de vocación transitoria hay que reservarlas para
situaciones de ese mismo sello. No puede el Gobernante trocar su condición de
estadista que ataca las causas, por la de escamoteador de enfermedades que
trata sólo los síntomas y con medios terapéuticos heroicos que en vez de
conjurar el pathos más bien lo potencian". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-466 del 18 de octubre de 1995. M.P.:
Dr. Carlos Gaviria Díaz).
Los suscritos
magistrados seguimos pensando que lo allí señalado por la Corte corresponde al
auténtico sentido de la excepcional institución objeto de proceso y creemos,
por tanto, que la providencia de la cual discrepamos implica un lamentable
retroceso de la doctrina constitucional.
La parte motiva del
Decreto materia de examen funda la Conmoción Interior en "hechos de
violencia" producidos en diferentes regiones del país "con
posterioridad al 16 de agosto de 1995" -fecha en que se declaró la
precedente Conmoción Interior-; subraya que, como última manifestación de tales
hechos, fue asesinado el doctor Alvaro Gómez Hurtado y que lo ocurrido en ese
momento "ha hecho evidente el peligro que entrañan las amenazas que se han
proferido contra diversas personalidades de la vida pública nacional, con el
propósito de coaccionar a las autoridades".
Los mismos hechos,
agrega el Decreto, "son expresión inequívoca, tanto de la existencia como
de los propósitos de distintos aparatos de fuerza, cuya inmensa capacidad de
desestabilización atenta -por sí misma y de manera inminente- contra la
seguridad del Estado, la estabilidad de las instituciones legítimamente
constituídas y la convivencia ciudadana".
Como puede
observarse, el Ejecutivo hace una referencia vaga e indeterminada a hechos de
perturbación del orden público acontecidos después del 16 de agosto de 1995 y,
por ende, bajo el Estado de Conmoción Interior, que, según considera, son de
por sí "expresión inequívoca" de que existen aparatos de fuerza con
propósitos y capacidades de desestabilización.
Se tiene, entonces,
que,  para el Gobierno, los hechos mismos -sin decir cuáles son, excepto en el
caso del crimen cometido en la persona del doctor Alvaro Gómez Hurtado-
demuestran, sin el más mínimo análisis y sin la menor duda, que obran en el
país unos aparatos de fuerza que tienen por finalidad la desestabilización
pública, sin que las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía
resulten suficientes "para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos
criminales y terroristas", por lo cual "se hace indispensable adoptar
las medidas de excepción". Pero en modo alguno aparece acreditado ni en el
Decreto ni en las pruebas que eso, asumido por el Ejecutivo como incontrovertible,
haya sido así. Y la Corte Constitucional lo acepta sin reparos, pese al
inmediato antecedente jurisprudencial.
A nadie se oculta
que el asesinato del doctor Gómez Hurtado constituyó un hecho grave que, por
sus características sorpresivas, por la cobardía de los atacantes y por las
altas calidades de la víctima, causó perplejidad en la sociedad e inmenso dolor
colectivo.
Pero tampoco puede
desconocerse la circunstancia -que se hizo apreciable desde el momento en que
se conoció la noticia, durante todo el día siguiente y a lo largo de los días
posteriores, incluído el del funeral- de que los seguidores del líder político
sacrificado y en general el pueblo colombiano reaccionaron ante el crimen con
indignación pero con serenidad. Como consecuencia del hecho no se presentó en
Santa Fe de Bogotá ni en lugar alguno del país atentado al orden público,
manifestación tumultuosa amenazante, peligro inminente para la estabilidad
institucional ni para la tranquilidad pública, ni mucho menos para la
convivencia ciudadana.
Ocurrió sí que el
Ejecutivo, valiéndose del fenómeno sicológico colectivo propiciado por el
magnicidio, apeló de nuevo al expediente de asumir los poderes excepcionales
que días atrás había perdido como consecuencia de la declaración de
inexequibilidad del Estado de Conmoción puesto en vigencia el 16 de agosto.
Si, como resulta de
la Constitución, el propósito esencial de la Conmoción Interior consiste en el
restablecimiento de la normalidad y es evidente -porque así lo demuestran los
hechos concretos- que a raíz de la muerte del doctor Gómez no hubo una
situación del orden público que se perfilara como inmanejable con apoyo en las
atribuciones ordinarias del Ejecutivo y la Policía, no tenía razón de ser la
declaración del Estado de Conmoción Interior.
El material
probatorio aportado al proceso no mostró que existiera un plan en marcha para
atentar contra la seguridad del Estado ni una situación grave del orden público
que no pudiera ser controlada por los medios ordinarios. Allí estriba nuestra
discrepancia con la mayoría, pues el análisis de las pruebas aceptado por la
Corte nos parece demasiado laxo en relación con los acontecimientos alegados
por el Gobierno, en abierto e inexplicable contraste con la clara y terminante
posición observada por la Corporación apenas tres meses antes, visto que el
panorama del orden público no había sufrido cambio significativo alguno y
descartado que el asesinato del doctor Gómez hubiera generado una situación
incontrolable para el sistema jurídico ordinario.
CARLOS GAVIRIA
DÍAZ            JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado                                               Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
Fecha ut supra.
[1]
Cfr. Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencias Nos. C-004 de 1992, C-300 de
1994 y C-466 de 1995.
[2]
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-004 de 1992.  MP. Eduardo Cifuente
Muñoz.