T-904-13
Sentencia T-904/13
Sentencia T-904/13
ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS
DE COMUNICACION-Excepciones al deber de solicitar previa rectificación
RECTIFICACION PREVIA NO
EXIGIBLE COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD EN CASO DE INFORMACION VERDADERA
VIOLATORIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD
Cuando la tutela se dirige
contra medios de comunicación con el fin de solicitar la rectificación de
informaciones inexactas o erróneas, el agraviado debe dirigirse al medio de
comunicación para solicitar la rectificación de la información publicada antes
de acudir a la acción de tutela. Sin embargo, tal condición de procedibilidad
sólo es exigible cuando el afectado cuestione la exactitud o veracidad de la
información publicada por el medio, más no cuando el motivo de reproche
consiste en la divulgación de información que, aun siendo verdadera, pertenece
al ámbito protegido por el derecho a la intimidad. En aplicación de este
criterio, la Corte ha admitido la acción de tutela contra medios de
comunicación, pese a no existir solicitud de rectificación previa, para amparar
el derecho a la intimidad personal y familiar. aunque plantear la inconformidad
a los medios accionados antes de acudir a la acción de tutela habría sido
deseable, pues les habría permitido a estos tomar correctivos para preservar
los derechos de los menores, evitando así que la controversia escalara a los
estrados judiciales, lo cierto es que, de acuerdo con la jurisprudencia constante
de esta Corporación, en el presente caso no era preciso exigir la solicitud de
rectificación previa como condición de procedibilidad de la acción de tutela.
Esto último por cuanto (i) la accionante no cuestiona la veracidad o la
exactitud de la información difundida por los medios, con lo cual no se está
ante el supuesto previsto en el numeral 7º del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991 para que se active esta condición específica de procedibilidad de la
tutela; (ii) lo que pretende la accionante es obtener una protección judicial
para poner fin a la afectación de derechos fundamentales que, a juicio de la
accionante, se deriva de la difusión de la imagen y otros datos de los menores
en cuyo nombre se interpone esta solicitud de amparo.
LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHOS
DE MENORES DE EDAD-Tensión entre el ejercicio de información y opinión,
referida a la conducta de servidores públicos y los derechos del menor
DERECHO A LA LIBERTAD DE
EXPRESION, INFORMACION Y OPINION-Protección constitucional
La Corte ha establecido que la llamada libertad de
expresión constituye una categoría genérica que agrupa un haz de derechos y
libertades diversos, entre los cuales se destacan, por su importancia para el
presente análisis, la libertad de opinión (también llamada “libertad de
expresión en sentido estricto”), que comprende la libertad para expresar y
difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación de fronteras
y por cualquier medio de expresión; la libertad de información que protege la
libertad de buscar, transmitir y recibir información veraz e imparcial sobre
hechos, ideas y opiniones de toda índole. Tanto la libertad de opinión como la
de información, pueden ser ejercidas por cualquier persona y a través de
cualquier medio de expresión, pero cuando se ejercen a través de los medios
masivos de comunicación se incorporan al contenido de la libertad de prensa,
que incluye además de las libertades para difundir información y opiniones a
través de los medios de comunicación, el derecho a fundar y mantener en
funcionamiento tales medios. La especial protección de estas libertades se
refuerza con la prohibición de censura, cuyo contenido ha sido cualificado y
precisado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
DERECHO A LA LIBERTAD DE
INFORMACION Y OPINION-Diferencias
El Tribunal Constitucional ha llamado la atención sobre
las diferencias entre las libertades de opinión y de información, en tanto cada
una recae sobre un objeto diverso y, por tal razón, está sometida a límites
también diferenciables.  Mientras la libertad de opinión (o libertad de
expresión en sentido estricto) protege “la transmisión de pensamientos,
opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa”, la libertad
de información ampara “la comunicación de versiones sobre hechos, eventos,
acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general
situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo”.
Esto determina que la libertad de opinión tenga por objeto proteger aquellas
formas de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del
emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre
determinados hechos, situaciones o personas.  Entretanto, la libertad de
información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la
finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido. Por tal razón, en este
último caso se exige que la información transmitida sea veraz e imparcial, esto
es, que las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en
lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los
cuales un mismo hecho puede ser contemplado.  Tal exigencia, está ligada a un
aspecto fundamental, y es que en el caso de la libertad de información no sólo
está involucrado el derecho de quien transmite, sino el de los receptores de la
información, los cuales, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20
constitucional, tienen derecho a que se proteja la veracidad e imparcialidad de
la información que reciben. Esta distinción entre la información sobre hechos y
su valoración no sólo ha sido empleada para distinguir el ámbito protegido por
las libertades de información y opinión, respectivamente, sino también para
circunscribir el alcance del derecho a la rectificación, que procede respecto
de informaciones inexactas o erróneas, más no respecto de las opiniones, las
cuales pueden ser controvertidas a través del ejercicio de la réplica.
LIBERTAD DE EXPRESION STRICTO
SENSO Y LIBERTAD DE INFORMACION-Derecho constitucional de doble vía
Si bien todo ejercicio
comunicativo, cualquiera sea su contenido, valor y forma de expresión, está
prima facie amparado por la libertad de expresión, se ha reconocido que ciertos
discursos son merecedores de especial protección constitucional, debido a su
importancia para promover la participación ciudadana, el debate y el control de
los asuntos públicos.  Así, los discursos políticos, que comprenden no sólo
aquellos de contenido electoral sino toda expresión relacionada con el gobierno
de la polis y, en particular, las críticas hacia el Estado y los funcionarios
públicos, son objeto de especial consideración y cualquier intento de
restricción es vista con sospecha, debido a que: (i) a través de ellos no sólo
se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión,
sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles se confiere a
ésta una posición preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de
discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las democracias más
vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social, político o económico
pueden llegar a ser afectados por tales formas de expresión y, en consecuencia,
verse tentados a movilizar su poder para censurar dichas manifestaciones y
reprimir a sus autores. El carácter de derecho de “doble vía” que se predica de
la libertad de expresión cobra todo su sentido en presencia de este tipo de
discursos, pues en tales casos la libertad de expresión no sólo ampara el
derecho de quienes transmiten información y opiniones críticas sobre los
gobernantes y funcionarios públicos, sino también, y muy especialmente, el
derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a estos discursos.
DERECHO A LA LIBERTAD DE
EXPRESION DE FUNCIONARIOS PUBLICOS-Jurisprudencia constitucional
DERECHO
A LA LIBERTAD DE EXPRESION-Solo puede
ser limitado para efectos de preservar derechos constitucionales fundamentales
El respeto a los derechos de los demás constituye una de
las finalidades que legitiman el establecimiento de límites a la libertad de
expresión. Este es un terreno de frecuente colisión, debido a que la
información y opiniones que despiertan interés suelen estar referidas, de
manera directa o tangencial, a lo que otras personas hacen o dicen. Hablar o
expresar de algún modo información o juicios críticos sobre otras personas en
muchos casos compromete la intimidad, la propia imagen o el buen nombre de
aquellos a quienes se alude, o incluso de terceros que pueden verse afectados
con la divulgación de hechos y opiniones que conciernen a sus seres más
próximos.  Aunque en cada caso concreto otros derechos pueden llegar a ser
afectados como consecuencia de la divulgación de la vida privada, la imagen o
la afectación al buen nombre, son estos los que de manera directa entran en
tensión con la libertad de expresión y los que conforman una especie de barrera
de protección que las personas oponen como defensa de lo que otros,
especialmente la prensa, comunica sobre ellas.
DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN
NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Límites
DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN
NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Tensión y
prevalencia
DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL
Y FAMILIAR-Dimensiones
La jurisprudencia constitucional se ha valido de diversos
criterios para determinar cuáles ámbitos de la vida de las personas están
protegidos por el derecho a la intimidad.  Así, respecto de la información que
queda al amparo de este derecho, la Corte ha establecido que: “salvo las
excepciones previstas en la Constitución y la ley, que obliguen a las personas
a revelar cierta información a partir de su reconocimiento o valoración como de
importancia o relevancia pública; el resto de los datos que correspondan al
dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos que el mismo
individuo decida revelar autónomamente su acceso al público”. Adicionalmente,
para graduar el nivel de protección del derecho “a ser dejado solo” y a no ser
objeto de injerencias ajenas, en función de los espacios los que las personas
desarrollan sus actividades, la Corte se ha valido de la doctrina del Tribunal
Constitucional alemán que distingue tres (3) ámbitos: (i) la esfera más íntima,
que corresponde a los pensamientos o
sentimientos más personales que un individuo sólo ha expresado a través de
medios muy confidenciales, como cartas o diarios estrictamente privados, ámbito
dentro del cual la garantía de la intimidad es casi absoluta, de suerte que
sólo situaciones o intereses excepcionalmente importantes justifican una
intromisión; (ii) la esfera privada en sentido amplio, que corresponde a la
vida en ámbitos usualmente considerados reservados, como la casa o el ambiente
familiar de las personas, en donde también hay una intensa protección
constitucional, pero hay mayores posibilidades de injerencia ajena legítima;
(iii) la esfera social, que corresponde a las características propias de una
persona en sus relaciones de trabajo o más públicas, en donde la protección
constitucional a la intimidad es mucho menor, aun cuando no desaparece, pues de
esta mayor exposición a los demás no se infiere que los medios de comunicación
estén autorizados para indagar, informar y opinar sobre todo lo que una persona
hace por fuera de su casa, sin violar su intimidad.
LIBERTAD DE EXPRESION FRENTE AL
DERECHO A LA PROPIA IMAGEN
El ejercicio de la libertad de expresión también suele
colisionar con el derecho a la propia imagen, entendido como el derecho de
todas las personas a decidir sí y bajo qué condiciones otros pueden captar,
publicar, reproducir o comercializar su imagen. Al respecto la Corte ha
reiterado que: “‘una consideración elemental de respeto a la persona y a su
dignidad impiden que las características externas que conforman su fisonomía o
impronta y que la identifican más que cualquiera otro signo externo en su
concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación
de terceros’, por lo cual, ‘con las limitaciones legítimas deducibles de las
exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás
intereses públicos superiores, toda persona tiene derecho a su propia imagen,
de donde resulta que sin su consentimiento, ésta no pueda ser injustamente
apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro’".
Adicionalmente, cuando la imagen muestra a la persona en espacios o en
desarrollo de actividades propias de la intimidad, la difusión sin previa
autorización también vulnera el derecho a la intimidad.
DERECHO AL BUEN NOMBRE-Concepto
La Corte ha definido el derecho al buen nombre como “la
reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se
configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de
expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”,
señalando además que “(e)ste derecho de la personalidad es uno de los más
valiosos elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco de la
dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado,
como por la sociedad”.  A la vez, ha precisado que “este derecho está atado a
todos los actos o hechos que una persona realice y por las cuales la sociedad
hace un juicio de valor sobre sus virtudes y defectos”, razón por la cual el
buen nombre depende ante todo de la conducta del propio sujeto y, como
consecuencia de ella, de la valoración social que merezca dicha conducta.
DERECHOS A LA INTIMIDAD, BUEN
NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Protección
LIBERTAD DE EXPRESION Y
DERECHOS DE MENORES DE EDAD-Ponderación
LIBERTAD DE EXPRESION E
INFORMACION DERIVADOS DE LA PROTECCION PREFERENTE DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
A LA INTIMIDAD, TRANQUILIDAD, DESARROLLO ARMONICO, BUEN NOMBRE Y HONRA
El interés superior del niño, antes que un argumento para
negar la existencia de conflictos entre los derechos de los menores y los
derechos de los demás, ha de operar como un estándar normativo que asegura que,
en la resolución razonada de tales conflictos, los derechos de los miembros más
jóvenes de la sociedad han de tener especial consideración.  Esto supone que,
en presencia de casos difíciles, el interés superior del menor se traduce en un
criterio que debe incorporarse en la ponderación y en una exigente carga de
argumentación. Tal es, por otra parte, la manera en que el criterio de
prevalencia de los derechos de los niños, consagrado en el artículo 44
constitucional, ha sido interpretado y aplicado por la jurisprudencia
constitucional, particularmente en los casos donde se enfrentan libertad de
prensa y derechos de los menores. La Corte ha abordado esta tensión en dos (2)
grupos de casos: (i) situaciones en las que los contenidos emitidos por los
medios de comunicación colisionan con los derechos de menores de edad que son
receptores de la información; (ii) eventos en que los menores son sometidos a
exposición mediática por la prensa.
Referencia: Expediente T-3982238
Acción de tutela presentada por Sandra
Morelli Rico en representación de su hijo GBM, con la coadyuvancia de Jorge
Enrique Cruz Feliciano en representación de su hijo CACP, Mario Fernando Albán
Díaz del Castillo en representación de su hijo MAR y Andrés Collazos Vaccaro y
Martha Lucía Sánchez Blanco en representación de su hijo JPCS, contra Iván
Serrano (reportero de Noticias Uno), Cecilia Orozco Tascón (periodista de El
Espectador) y Canal Uno – Noticias Uno – La Red Independiente.
Magistrada Ponente:
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil trece (2013).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados María Victoria Calle Correa, Mauricio González
Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, en ejercicio de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de los fallos proferidos, en
primera instancia, por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá (Piloto de la
Oralidad) el veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013), y en segunda
instancia, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el cinco (5) de junio de dos mil trece (2013), dentro de la acción de
tutela promovida por Sandra Morelli Rico en representación de su hijo GBM,
Jorge Enrique Cruz Feliciano en representación de su hijo CACP, Mario Fernando
Albán Díaz del Castillo en representación de su hijo MAR y Andrés Collazos
Vaccaro y Martha Lucía Sánchez Blanco en representación de su hijo JPCS, contra
Iván Serrano, en calidad de reportero de Noticias Uno), Cecilia Orozco Tascón,
periodista de El Espectador y Canal Uno – Noticias Uno – La Red Independiente.
El expediente de la referencia fue escogido para revisión
mediante Auto del treinta (30) de julio de dos mil trece (2013), proferido por la
Sala de Selección Número Siete.
I.  ANTECEDENTES
Sandra Morelli Rico en representación del menor GBM, con la
coadyuvancia de Jorge Enrique Cruz Feliciano en representación del menor CACP,
Mario Fernando Albán Díaz del Castillo en representación del menor MAR y Andrés
Collazos Vaccaro y Martha Lucía Sánchez Blanco en representación del menor
JPCS, interpusieron acción de tutela contra Iván Serrano (reportero de Noticias
Uno), Cecilia Orozco Tascón (periodista de El Espectador) y Canal Uno –
Noticias Uno – La Red Independiente.  Solicitan la protección de los derechos
fundamentales a la seguridad e integridad física, en conexidad con el derecho a
la vida, imagen, intimidad, buen nombre, derecho a la recreación, deporte y
esparcimiento, libre desarrollo de la personalidad y desarrollo del proceso
educativo de los menores en nombre de quienes se interpone la tutela y de los propios
accionantes.
Hechos:
1. La señora Sandra Morelli Rico se desempeña como
Contralora General de la República desde el 1 de septiembre de 2010.
2. El primero (1º) de noviembre de dos mil doce (2012) la
señora Olga Elena Arismendy Arredondo, en calidad de administradora del
Edificio Parquesol Propiedad Horizontal, interpuso una querella ante la
Inspección de Policía de Chapinero en la cual solicita que se ordene a la
señora Sandra Morelli Rico tomar las medidas necesarias para controlar los
ruidos producidos por sus mascotas y por los juegos que su hijo menor, en
compañía de sus amigos y escoltas, realizan en la cancha de fútbol construida
en la azotea de su residencia, los cuales, según afirma la querellante,
perturban la tranquilidad, el descanso y el sueño de los residentes del
Edificio Parquesol.  Sostiene además, que en el año dos mil siete (2007)
interpusieron una querella contra la madre de la señora Morelli Rico, debido al
ruido que producían sus mascotas, pero ésta fue resuelta de manera
desfavorable; que desde el veintiocho (28) de mayo de  dos mil doce (2012) se
han dirigido en reiteradas ocasiones a la señora Morelli para solicitarle
controlar los ruidos procedentes de su vivienda, pero que ante la falta de
respuesta, no encuentran otra opción que interponer otra querella y difundirla
en los medios para que le hagan seguimiento.[1]
3. Entre el catorce (14) y el dieciséis (16) de noviembre de
dos mil doce (2012) el periódico El Tiempo informó sobre la querella
presentada por los vecinos de la Contralora, debido a los ruidos que producen
sus mascotas y al peloteo de una cancha de fútbol construida en el techo de su
vivienda, en la que juegan el hijo de la funcionaria y sus escoltas. La
información se acompañó de una galería de fotos de la vivienda y de la
respuesta enviada por la señora Morelli Rico a este medio de comunicación sobre
las quejas de sus vecinos.[2]
4. El veinte (20) de enero de dos mil trece (2013) se
divulgó en el noticiero de televisión Noticias Uno un video en el que se
registra la imagen de los menores GBM, CACP, MAR y JPCS mientras jugaban en la
cancha de fútbol construida en la azotea de la vivienda del primero, al igual
que la imagen de uno de los escoltas del menor GBM y las placas del vehículo en
el que se moviliza.  Las imágenes difundidas por Noticias Uno ilustraban la
denuncia formulada por algunos residentes del edificio Parquesol, quienes se
reclaman afectados por el excesivo ruido procedente de la casa de su vecina
Sandra Morelli Rico y por su no comparecencia a la audiencia de conciliación
convocada dentro de la querella policial interpuesta por los primeros. Con
posterioridad a la divulgación de las imágenes, la periodista Cecilia Orozco
Tascón publicó dos (2) columnas de prensa en el diario El Espectador, los días veintidós
(22) y veintinueve (29) de enero de dos mil trece (2013), en las que critica el
manejo dado por la señora Morelli Rico a los cuestionamientos de la prensa y a
los reclamos de sus vecinos.  En la primera de estas columnas, se mencionan los
ruidos producidos por “el pequeño hijo de la Contralora y sus compañeros de
juego” como una de las causas de las reiteradas quejas de sus vecinos.
5. A raíz de la difusión del video en Noticias Uno y la
publicación de las columnas de la periodista Cecilia Orozco Tascón, la señora
Morelli Rico, con la coadyuvancia de los padres de los menores CACP, MAR y
JPCS, interpuso acción de tutela para solicitar el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad e integridad física, en conexidad con el derecho a
la vida, imagen, intimidad, buen nombre, derecho a la recreación, deporte y
esparcimiento, libre desarrollo de la personalidad y desarrollo del proceso
educativo de los menores en nombre de quienes se interpone la tutela. Afirma
que Noticias Uno en ningún momento solicitó la autorización de los padres para
difundir las imágenes de sus hijos menores, con las cuales se puso en riesgo
especialmente al niño GBM, pues se revelaron detalles del interior de la vivienda,
las placas del vehículo en que se desplaza, así como la identidad gráfica del
menor y del escolta encargado de su seguridad.
A través de este mecanismo de defensa judicial la accionante
y los coadyuvantes solicitan se ordene a los periodistas y medios de
comunicación accionados abstenerse de publicar, comentar, hacer reportajes o
divulgar imágenes que atenten contra los derechos fundamentales de los menores
GBM, CACP, MAR y JPCS; deshabilitar el vínculo que permite acceder al video en
el que se publicaron las imágenes objeto de controversia y expedir un
comunicado público ofreciendo disculpas a los menores cuyos derechos fueron
afectados por la difusión de las imágenes y la publicación de las columnas de
prensa.
La actora explica que no solicita que los medios de
comunicación rectifiquen la información publicada, pues ello “no
retrotraería los daños ya causados a los menores de edad y a mi propia persona”.
Lo que pide es que cesen las reiteradas agresiones y “la afectación a
nuestro buen nombre y honra”. Por ello, estima que en este caso la
solicitud previa de rectificación no es necesaria para que proceda la tutela.[3]
Respuesta de las personas y entidades demandadas
6. El señor Santiago Díaz Castro, en calidad de
representante legal de Comunican S.A., sociedad editora del periódico El
Espectador, dió respuesta a los argumentos expuestos en la acción de tutela en
los siguientes términos:[4]  Sostiene en primer lugar,
la improcedencia de vincular como demandado al periódico El Espectador, toda
vez que este no realiza ninguna actividad de control editorial previo respecto
de las columnas publicadas en la sección de opinión, ya que ello supondría una
intromisión en la libertad de expresión y cercenaría la pluralidad de criterios
en sus páginas.  En segundo lugar, afirma que los accionantes no solicitaron
rectificación ante El Espectador o ante la columnista Cecilia Orozco Tascón, en
relación con las columnas periodísticas objeto de controversia.  Al no existir
una petición formal de rectificación, no concurre uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de medios de comunicación.  En
tercer lugar, sostiene que las opiniones expresadas por la periodista Orozco
Tascón en sus columnas “Unos igualados ante la Contralora” y “Sin
justicia pero con derechos”, están basados en hechos ciertos y
verificables, razón por la cual la columnista actuó dentro del ámbito constitucionalmente
protegido por la libertad de opinión.  Finalmente, sostiene que al amparo de lo
establecido en los artículos 20 y 73 constitucionales, no es factible obligar a
un medio de comunicación, como lo pretenden los accionantes, a que “se
abstenga, hacia el futuro, de publicar hechos noticiosos que inmiscuyan directa
o indirectamente a un funcionario público”; tampoco se puede forzar a un
medio a ofrecer disculpas a personas que ni siquiera fueron mencionadas en las
columnas de opinión redactadas por un tercero, como ocurre con las columnas de
la periodista Orozco Tascón, en las que no se mencionan los nombres de GBM, CACP,
MAR y JPCS.
7. Por su parte, el abogado José de Jesús García Riveros,
obrando como apoderado de los demandados Iván Serrano Almeyda, Cecilia Orozco
Tascón y  NTC Nacional de Televisión y Telecomunicaciones S.A., presentó un
escrito en el que se opuso a las pretensiones de la acción de tutela.[5]
En primer lugar, sostuvo que la demanda tiene un vicio de incongruencia, por
cuanto se dirige, entre otros, contra el periodista Iván Serrano Almeyda, pero
las pretensiones están encaminadas a obtener un fallo en contra de Noticias Uno
– La Red Independiente y del diario El Espectador – Cecilia Orozco, sin
formular pretensión alguna respecto del periodista Serrano Almeyda.
Respecto de la nota audiovisual publicada en Noticias Uno,
enfatizó en que ella fue elaborada siguiendo las más estrictas normas del periodismo,
pues se limitó a informar de los hechos relativos a las quejas formuladas por
ciudadanos de la tercera edad, vecinos de la señora Sandra Morelli Rico, y del
incumplimiento de esta servidora pública a las citaciones de la Inspección de
Policía a la que acudieron sus vecinos para dirimir la controversia suscitada
por los ruidos provenientes de su domicilio.  En relación con las imágenes
difundidas, el apoderado explica que ellas corresponden a la edición de la
grabación que fue efectuada por los vecinos, “teniendo el cuidado de no
incluir imágenes que pudieran permitir la identificación de éste menor de edad,
ni de ninguno de los otros coadyuvantes de esta acción de tutela”.  Señala
que tampoco fue mencionado el nombre de ninguno de los menores de edad, ni se
dijo que el carro, que aparece en las imágenes incidentales de la historia,
fuera del esquema de seguridad del niño.
Finalmente, en relación con las columnas de la periodista
Cecilia Orozco Tascón, señala que en ellas tampoco se identifica al menor ni
con ellas se ha afectado su buen nombre y su derecho a la vida.  Sostiene que “ha
sido la misma accionante quien ha identificado a su hijo cuyo nombre no ha sido
mencionado en las notas periodísticas; siendo ella misma quien en su demanda lo
está identificando por su nombre y apellidos”.
Con fundamento en estas consideraciones, el apoderado de los
demandados concluye afirmando que la acción de tutela es temeraria, pues a
través de ella “la señora Contralora pretende ejercer una retaliación contra
los medios de comunicación y especialmente contra la Directora de Noticias Uno
por sus opiniones críticas, ocultando sus actuaciones bajo el manto de los
derechos de su menor hijo y de sus coadyuvantes”. Asimismo, adhiere a la
respuesta dada por Comunican S.A., en el sentido de que los accionantes no
cumplieron con el requisito de acreditar una solicitud previa de rectificación,
faltando así uno de los requisitos procesales necesarios para emitir un
pronunciamiento de fondo.
Intervenciones de la Procuraduría General de la Nación y
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
8. La abogada Ilva Miriam Hoyos Castañeda, Procuradora
Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la
Familia intervino en el proceso para pedir que se mantenga en reserva la
identidad de los menores de edad involucrados en la presente controversia, se
expida copia del expediente y se le comuniquen las decisiones adoptadas en el
proceso; así mismo, presentó un escrito en el que coadyuvó las pretensiones de
los demandantes.[6]  A su vez, la abogada
Shirley Rincón Baquero, en calidad de Defensora de Familia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, solicitó ser vinculada al proceso para
adelantar su labor de procurar la defensa de los derechos de los niños.[7]
Trámite de la tutela en primera instancia
9. En auto del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013),
el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá (Piloto de la Oralidad) inadmitió a
trámite la acción de tutela y otorgó un término de un (1) día para que los
coadyuvantes expusieran los hechos y elevaran las pretensiones pertinentes con
relación a cada uno de sus hijos menores, se prestara el juramento exigido por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y se suministrara la dirección donde
reciben notificaciones los coadyuvantes y los entes accionados.[8]
En respuesta, los coadyuvantes presentaron un escrito en el que suscribieron,
esta vez en nombre de sus hijos CACP, MAR y JPCS, los hechos y pretensiones
formuladas en la demanda de tutela.
10. Una vez subsanadas las falencias de la demanda y surtido
el trámite correspondiente, el cinco (5) de marzo de dos mil trece (2013) el
Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá (Piloto de la Oralidad) profirió
sentencia de primera instancia, tutelando el derecho a la intimidad personal del
menor GBM, quien actúa representado por la señora María Sandra Morelli Rico[9].
El juez consideró que en el presente caso la solicitud previa de rectificación
no constituía un requisito de procedibilidad de la tutela, por cuanto el amparo
no tiene como fin la corrección de errores o desequilibrios en la información
presentada por los medios, sino impedir que continúe la vulneración de derechos
fundamentales que se origina en la divulgación de elementos propios de la vida
íntima de las personas.
Sostuvo que si bien el cargo de Contralora General de la
República convierte a la señora Morelli Rico en un personaje público y, por
tanto, objeto de especial atención por parte de los medios de comunicación, tal
circunstancia no autoriza a los medios para auscultar la vida privada de su
hijo menor.
Asimismo, encontró probada la vulneración del derecho
fundamental a la intimidad del menor GBM, pues tanto en la noticia emitida el veinte
(20) de enero de dos mil trece (2013), como en la columna publicada el veintitrés
(23) de enero, se invadió el fuero interno del menor, al mostrarlo realizando
actividades al interior de su casa y citarlo como una de las personas que
generan ruidos y alteran la tranquilidad de sus vecinos.  Consideró, que si
bien es cierto, que en el reportaje y las columnas periodísticas objeto de
controversia no se menciona el nombre del menor, la alusión a su parentesco con
la Contralora y las imágenes de su rostro, permiten identificarlo plenamente.
En consecuencia, se ordenó a los periodistas y medios de
comunicación accionados abstenerse de publicar, comentar, hacer reportajes o
divulgar imágenes que atenten contra el derecho a la intimidad del niño GBM;
asimismo, emitir un comunicado público en el mismo horario en que se divulgó la
noticia y en la misma sección donde se publicó la columna, ofreciendo disculpas
al citado menor.  Por otra parte, se ordenó al Canal Uno, Noticias Uno La Red
Independiente, deshabilitar el link que permite acceder a los videos donde se
muestra al menor jugando en una cancha de fútbol, y al diario el Espectador
excluir de la columna publicada el veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013)
la expresión “y los que hacen el pequeño hijo de la contralora y sus
compañeros de juego en una cancha que ella le mandó instalar al niño en la
azotea de la casa”.  Finalmente, por no existir prueba de su afectación, se
denegó el amparo respecto de los demás derechos fundamentales invocados en la
demanda, al igual que las pretensiones formuladas por los coadyuvantes.[10]
Impugnaciones
11. En escrito radicado el ocho (8) de marzo de dos mil
trece (2013), el apoderado de los demandados Iván Serrano Almeyda, Cecilia
Orozco Tascón y  NTC Nacional de Televisión y Telecomunicaciones S.A.,
interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, en el
que sostiene que no se vulneró el derecho a la intimidad del menor, por cuanto
los hechos de la querella interpuesta por los vecinos de la señora Morelli
Rico, originada en los ruidos excesivos procedentes de su residencia, algunos
de ellos producidos por el hijo de la querellada, ya eran de conocimiento
público antes de que se publicaran la nota de prensa y las columnas de opinión
que dieron lugar a la interposición de esta acción de tutela, a raíz de una
noticia en el mismo sentido publicada en el diario El Tiempo.  Sostiene además,
que no es cierto que en el video difundido por Noticias Uno pueda identificarse
con facilidad al menor GBM, como tampoco que se halla informado sobre la
ubicación exacta de la vivienda de la señora Morelli Rico, información que, por
lo demás, ya había trascendido a la opinión pública debido al registro en los
medios de comunicación de las actividades sociales de la Contralora.[11]
12. Con posterioridad los abogados que asumieron la representación
de los demandados[12], presentaron escrito de
impugnación el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013)  argumentando la
especial protección reconocida a la libertad de expresión en el derecho
internacional de los derechos humanos; el mayor umbral de tolerancia a la
crítica y a la circulación de informaciones que puedan afectar a los
funcionarios públicos; la especial protección de las libertades de información
y expresión de los periodistas en razón de la función que cumplen los medios de
comunicación en un sistema democrático; finalmente, los criterios definidos por
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer
bajo qué condiciones procede correr el “velo de intimidad” a que toda persona
tiene derecho: (i) cuando el titular del derecho lo ha corrido por su propia voluntad;
(ii) cuando la publicación de la información reviste un interés público
superior al interés que acompaña la defensa de la privacidad.
Sobre esta base, sostuvieron que la accionante sabía que
efectivamente varios medios de comunicación publicaron anteriores imágenes e
información suministrada por ella misma, sobre el lugar de su residencia y el
nombre de su hijo, pero decidió escoger unas que aparecieron meses después en
Noticias Uno para invocar la protección del derecho a la intimidad de su hijo
menor. Reconocen que si bien en las fotografías publicadas en otros medios no
aparecen niños, sostiene que tampoco en las imágenes transmitidas en Noticias
Uno se identifica a ninguno de ellos, pues el medio tuvo la precaución de
editar el material entregado por los vecinos del sector, para suprimir aquellas
imágenes que pusieran en evidencia a los menores.  Señalan igualmente que, la
labor de los periodistas y medios de comunicación demandados se limitó a poner
en evidencia el manejo dado por esta funcionaria al conflicto con sus vecinos,
información que reviste interés público en tanto son indicadoras de una
especial actitud ante la ciudadanía.
13. A su vez, el representante legal de la sociedad editora
del periódico El Espectador, en escrito radicado el ocho (8) de marzo de dos
mil trece (2013), impugnó la decisión de primera instancia, señalando que la
prohibición de “…publicar, comentar, hacer reportajes o divulgar imágenes
que atenten contra el derecho a la intimidad del niño GBM”, impuesta en la
sentencia, constituye un acto de censura previa.  Sostuvo además, que no
resulta lógico ordenar a El Espectador ofrecer disculpas al menor, dado que
este diario no tuvo injerencia alguna en la opinión emitida por la columnista
respecto de los hechos objeto de controversia. Finalmente, negó que la alusión
al “pequeño hijo de la contralora y sus compañeros de juego”, en la
columna titulada “Unos igualados ante la Contralora”, tuviera la
potencialidad de afectar el derecho a la intimidad del menor GBM, por cuanto la
querella promovida por los vecinos de la señora Morelli, que involucraba las
actividades lúdicas de su hijo, ya era un hecho de público conocimiento.  Por
tanto, solicitó revocar las órdenes impartidas en la sentencia de primera
instancia en lo que respecta al diario El Espectador.[13]
14. Por su parte, el diecinueve (19) de marzo de dos mil
trece (2013), la señora Morelli Rico presentó un escrito en el que, además de
controvertir los argumentos expuestos por los demandados en sus memoriales de
impugnación, controvierte la decisión del juez de primera instancia de
limitarse a tutelar el derecho a la intimidad del menor GBM, sin considerar que
con la divulgación de los datos sobre su vida privada también se afectaba su
derecho a la seguridad, en conexidad con la vida.  Asimismo, solicita que el
amparo se extienda a los demás menores, CACP, MAR y JPCS, cuyos derechos
también fueron afectados por la actuación de los demandados.  Finaliza su
escrito de impugnación solicitando que la orden impartida en la tutela, en el
sentido de “abstenerse de publicar, comentar, hacer reportajes o divulgar
imágenes que atenten contra el derecho a la intimidad del niño GBM”, no
vincule sólo a los demandados sino que además incluya “a todos aquellos que
puedan afectar no solo el derecho de intimidad que reconoció el a-quo sino los
demás derechos que no encuentran justificación dentro de la providencia
aludida, y sobre todo, de las demás personas o medios de comunicación que
podrán afectar dentro de los lineamientos del presente fallo, los accionantes”.
Para justificar la solicitud de extender los efectos del fallo, se refiere a
la columna publicada por Cecilia Orozco el cinco (5) de marzo de dos mil trece
(2013), titulada “Un DAS masivo”, así como a las críticas de las que ha
sido objeto en las redes sociales la decisión de tutela de primera instancia, a
la que califican como “un atropello judicial propiciado por la Contralora”
y en las cuales se mantiene la afectación del buen nombre del menor GBM.[14]
Nulidad del fallo de primera instancia y orden de
vincular a terceros con interés legítimo
15. En auto proferido el cinco (5) de abril de dos mil trece
(2013), la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá decretó de oficio la
nulidad del fallo de primera instancia,  y ordenó vincular al trámite procesal
a los residentes del edificio Parquesol, contiguo a la vivienda de la señora
Morelli Rico.  Señaló que, si bien la tutela estaba encaminada a proteger los
derechos fundamentales de los menores frente a la exposición de la que fueron
objeto en los medios de comunicación, el contexto evidencia la posible
afectación de otros derechos fundamentales de las personas residentes en el
edificio, siendo necesario establecer si allí habitan otros niños y demás
sujetos de especial protección[15].
Corrección del trámite y nueva decisión de primera instancia[16]
16. Una vez vinculados al proceso, algunos de los residentes
del edificio Parquesol manifestaron no conocer ni haber sido afectados por los
hechos objeto de esta acción de tutela;[17] otros afirmaron tener
conocimiento de las molestias ocasionadas a los residentes de otros
apartamentos, pero no ser afectados directos por la situación.[18]
Finalmente, varios de los residentes indicaron que se han visto afectados por
los ruidos que generan las mascotas así como por el peloteo y los gritos que
emiten el hijo de la accionante y sus compañeros de juego, los cuales son
constantes durante el día y se prolongan durante las horas de la noche,
afectando así la realización de sus actividades diurnas y su descanso nocturno.[19]
Una de las residentes, integrante del consejo de administración del edificio
Parquesol, aportó prueba de las múltiples comunicaciones enviadas a la señora
Morelli Rico en las que le solicitan controlar los ruidos provenientes de su
residencia, señalando que no han recibido respuesta alguna a sus reclamos.
Asimismo, detalla el resultado de las dos querellas policiales que han sido
interpuestas con el propósito de poner fin a la situación y las certificaciones
expedidas por la Curaduría Segunda de Bogotá en las que se informa que la
construcción de una cancha deportiva descubierta sobre techo está prohibida
para los predios del sector.[20] Finalmente, los
residentes que se han visto afectados coinciden en señalar que los ruidos
provenientes de la vivienda de la señora Morelli han disminuido
significativamente tras la publicación de las notas y columnas de prensa en las
que se denunciaba la situación.
17. Tras rehacer la actuación procesal en el sentido
indicado por el superior, el veinticuatro (24) de abril de  dos mil trece (2013)
el Juzgado 32 Civil de Circuito (Piloto de la Oralidad) profirió un nuevo fallo
de primera instancia, en el que reitera la decisión de tutelar el derecho a la
intimidad personal del menor GBM, denegar el amparo respecto de los demás
derechos invocados en la demanda, así como las pretensiones formuladas por los
coadyuvantes de la acción de tutela.  En consecuencia, se reiteran las órdenes
concretas impartidas en la decisión inicial, dirigidas a los periodistas y
medios de comunicación accionados, en el sentido de abstenerse de publicar,
comentar, hacer reportajes o divulgar imágenes que atenten contra el derecho a
la intimidad del niño GBM; asimismo, emitir un comunicado público en el mismo
horario en que se divulgó la noticia y en la misma sección donde se publicó la
columna, ofreciendo disculpas al citado menor.  Por otra parte, se ordenó al
Canal Uno, Noticias Uno La Red Independiente, deshabilitar el link que permite
acceder a los videos donde se muestra al menor jugando en una cancha de futbol,
y al diario el Espectador excluir de la columna publicada el veintitrés (23) de
enero de dos mil trece (2013) la expresión “y los que hacen el pequeño hijo
de la contralora y sus compañeros de juego en una cancha que ella le mandó
instalar al niño en la azotea de la casa”.
Asimismo, en este fallo se niegan las pretensiones de amparo
formuladas por los residentes del edificio Parquesol que se han visto afectados
por los ruidos provenientes de la residencia de la señora Morelli Rico.  En
relación con a esto último, se argumenta que, en virtud del carácter
subsidiario de la acción de tutela, no corresponde al juez constitucional
pronunciarse respecto de una controversia que en principio corresponde decidir
a las autoridades de policía, razón por la cual es preciso aguardar los
resultados de la querella que en la actualidad se adelanta ante la Inspección
de Policía de Chapinero.
Tal decisión fue impugnada por el representante legal de la
sociedad editora del Diario El Espectador,[21] así como por la señora
Sandra Morelli Rico,[22] quienes en  esta ocasión
reiteraron los argumentos presentados en contra de la sentencia inicial de
primera instancia que fue objeto de anulación.
Decisión de segunda instancia[23]
18. En sentencia del cinco (5) de junio de dos mil trece (2013),
la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá confirmó en su integridad la
decisión de primera instancia.  Para respaldar su decisión sostuvo que la
tensión planteada entre el derecho de los niños a la intimidad y el derecho a
la información “es más aparente que real”, pues en el presente caso “el
de información (…) debe indefectiblemente ceder ante los derechos privilegiados
que desde la misma Constitución Política (artículo 44) se consagran en favor de
los menores”. Señaló que, conforme a lo establecido en el artículo 47,
numeral 8º, de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia),
se establece una prohibición para los medios de comunicación de divulgar datos
que permitan la identificación de los menores sin contar con la autorización de
sus padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  Sobre
esta base, sostuvo que la difusión de las imágenes del menor jugando en la
azotea de su vivienda y en las que se revelan datos como la camioneta en la que
se desplaza con su escolta, acompañada de la mención en la columna de opinión
del “pequeño hijo de la Contralora” como una de las personas que genera
ruidos que alteran la tranquilidad de sus vecinos, constituyó una intromisión
indebida en su derecho a la intimidad, en tanto no medió su autorización, ni la
de su progenitora.
Sin embargo, el Tribunal explica que la anterior conclusión
no obsta para que los vecinos afectados por el comportamiento de estos menores,
utilicen los registros visuales y auditivos de lo que sucede en la cancha de su
vecina para interponer las acciones legales en defensa de sus derechos
fundamentales.  Igualmente señala que el amparo del derecho a la intimidad del
menor GBM no implica reconocer que sus derechos son absolutos e intocables,
pues encuentran su límite en el respeto a los terceros que están siendo
afectados con su proceder, señalando al respecto que “no hay peor injusticia
que pretender sacar el máximo y desmedido provecho de un derecho”. Asimismo,
sostiene que compete a los padres fijar directrices para la educación de sus
hijos, para hacerlos ciudadanos de bien y respetuosos de los derechos de los
demás; en su defecto, corresponde intervenir al Instituto de Bienestar
Familiar, a través del uso de las herramientas legales con las que cuenta, “para
enderezar el rumbo de quien en su entorno no reciba una correcta orientación
enfilada al respeto de los derechos fundamentales de sus semejantes”.
Actuaciones practicadas en sede de revisión
19. Mediante Auto del diez (10) de octubre de dos mil trece
(2013), el despacho solicitó a la Inspección de Policía de Chapinero certificar
si en la actualidad se adelanta ante esta dependencia una querella de policía
promovida por los residentes del Edificio ParqueSol contra la señora María
Sandra Morelli Rico.  En caso afirmativo, indicar el estado actual de su
trámite y enviar copia del expediente respectivo.
20. En oficio del dieciocho (18) de octubre de dos mil trece
(2013), la Inspección Segunda de Policía de Chapinero certificó que la querella
del asunto se encuentra en trámite y que la próxima diligencia está programada
para el veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013).  Anexa copia del
expediente de la querella en el que constan las siguientes actuaciones y
pruebas relevantes:
- Para los días siete (7) de diciembre de dos mil doce (2012)
y dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013) se programaron sendas
audiencias de conciliación en la Alcaldía Local de Chapinero – Secretaría Local
de Inspecciones, que no se llevaron a cabo debido a que no compareció la
querellada, aun cuando a la segunda de ellas asistió su apoderado.[24]
- Una vez sometida a reparto, el cinco (5) de febrero de dos
mil trece (2013) la Inspección Dos “A” Distrital de Policía avocó conocimiento,
citó a descargos a la parte querellada, ordenó la práctica de una inspección
ocular, al igual que la realización de visitas por parte de funcionarios del
Hospital de Chapinero y de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de
que emitan concepto técnico sobre la tenencia de animales y los niveles de
presión sonora y posibles fuentes de perturbación.[25]
- El apoderado de la señora Morelli Rico solicitó la nulidad
del procedimiento, debido a que la querella no se dirige contra la propietaria
del inmueble y de las mascotas, señora Teresa Rico de Morelli, sino contra su
hija, quien no tiene poder de disposición sobre dichos bienes.[26]
- Por su parte, la señora Teresa Rico de Morelli presentó un
escrito en el que se pronuncia sobre las pretensiones de los querellantes,
señalando que no es posible llegar a una conciliación, por cuanto se basan en
premisas falsas. Explica que desde el inicio de la construcción del edificio
Parquesol tuvo inconvenientes por los ruidos generados por dicha construcción y
la afectación de su inmueble, los cuales le llevaron a interponer en su momento
una querella policial y una acción de tutela que fue fallada a su favor.  Desde
entonces, los moradores del edificio han interpuesto querellas policiales en
más de cinco (5) oportunidades, en las que se quejan de los supuestos ruidos
que proceden de su residencia, ninguna de las cuales ha prosperado.  Explica
que desde dos mil diez (2010) fue designada por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial como tenedora de la guacamaya mencionada en
la querella, pero desde el quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012) la
entregó de manera voluntaria a la Subdirección de Desarrollo Ambiental
Sostenible de la CAR.  Afirma que ante las quejas de sus vecinos por el ladrido
de los perros, los trasladó a otro sitio dentro del mismo predio, pero ahora
los vecinos se quejan por el eco que se produce en su nuevo lugar de
habitación. Niega que se haya construido una cancha con un sistema de
iluminación especial, pues lo único que se hizo fue extender una especie de
césped sintético alrededor de unas mallas, con el fin de que sus descendientes
pudieran adelantar allí actividades de recreación, debido a las medidas de
seguridad a las que está sometido uno de sus nietos; actividades que se
prolongan, a lo sumo, hasta las ocho (8) de la noche y se realizan de manera
esporádica. Sostiene que los residentes del edificio Parquesol escuchan con
facilidad los ruidos provenientes de su casa debido a que dicha edificación fue
construida sin muro medianero y tiene una inclinación que invade en
aproximadamente 16 cm el inmueble de su propiedad.[27]
- La diligencia de inspección ocular se realizó los días nueve
(9) y veintiocho (28) de mayo de dos mil trece (2013).  Entre otros hechos, se
constató la presencia de cinco (5) caninos, que no emitieron ladridos durante
la diligencia, y se intentó de nuevo llegar a un acuerdo conciliatorio, lo cual
no fue posible.[28]  El veinticinco (25) de
julio de dos mil trece (2013) se continuó con la diligencia de inspección
ocular y descargos en la residencia de la querellada; en ella se negó la
solicitud de nulidad planteada por los apoderados de la señora Sandra Morelli
Rico y se decidió vincular también como querellada a la señora Teresa Rico de
Morelli, quien estaba presente en la diligencia y rindió descargos. También se
constató que con posterioridad a la primera diligencia de inspección ocular fue
instalada una malla de protección en la cancha, para evitar que el balón golpee
el muro del edificio Parquesol. Por su parte, la querellante se ratificó en
todos los hechos planteados en el escrito de querella, salvo el último, donde
manifestaban su intención de acudir a los medios de comunicación para que
hicieran seguimiento a la situación. Dijo que no se ratificaba en este punto de
la querella, como muestra del ánimo de solucionar el conflicto con su vecina,
sin importar si tiene un cargo público. Finalmente, las partes aportaron y
solicitaron pruebas.[29]
- Entre las pruebas aportadas se encuentran certificaciones
de las curadurías urbanas cuarta y segunda, respectivamente, en las que se
señala que la construcción de una cancha deportiva (sin cubrir), en el predio
de la querellada, se encuentra prohibida de acuerdo con la normatividad sobre
usos del suelo[30]; certificación del
asesor de obras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la que indica que en visita
de verificación efectuada a la casa ubicada en la carrera 16 No. 86ª-91 se
constató que el muro colindante del edificio está ocupando el espacio de la
casa, lo que daría lugar a una querella por perturbación a la propiedad o a una
demanda judicial de deslinde y amojonamiento[31]; certificado expedido
por el Gerente del Hospital de Chapinero en el que se exponen los resultados de
la visita efectuada al inmueble ubicado en la carrera 16 No. 86ª-91, donde se
constató la presencia de seis (6) perros en buenas condiciones y se emite
certificado favorable para la tenencia de animales[32].
- Para el veintiséis (26) de septiembre de dos mil trece (2013)
se programó una diligencia destinada a la práctica de pruebas, que fue aplazada
por solicitud del apoderado de la señora Morelli Rico.  Se fijó el veintiocho (28)
de noviembre del mismo año como nueva fecha para su realización.[33]
- A la fecha no se han efectuado las visitas  solicitadas a la
Secretaría Distrital de Ambiente para verificar la perturbación auditiva
denunciadas por los residentes del edificio Parquesol y, en caso de existir,
determinar la manera de controlarla.[34]
21. El quince (15) de octubre de dos mil trece (2013), el
coordinador legal de la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, pidió intervenir
en el proceso como coadyuvante, para lo cual solicitó copias del expediente.  Mediante
auto del doce (12) de noviembre, la Sala Primera de Revisión accedió a lo
solicitado, advirtiendo sobre las restricciones para divulgar los datos
personales de los menores de edad involucrados en esta acción de tutela.
22. El seis (6) de diciembre de dos mil trece (2013), la
Fundación para la Libertad de Prensa presentó un escrito en el que solicita
negar las pretensiones elevadas por la actora.  Para ello, la entidad
interviniente pone de manifiesto, en primer lugar, que la información divulgada
por los periodistas y medios demandados atañe a una funcionaria pública; en
segundo lugar, que el análisis efectuado por los jueces de instancia no consulta
los estándares internacionales y constitucionales en materia de restricciones a
la libertad de expresión; finalmente, sostiene que las medidas de protección
adoptadas por los jueces de instancia constituyen una afectación
desproporcionada de la libertad de prensa.[35]
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala es competente para revisar el fallo de tutela de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
Problemas jurídicos a resolver y metodología de decisión
2. A partir del recuento de los hechos del caso, la Sala
evidencia de forma preliminar que es posible identificar tres (3) situaciones
que involucran la eventual afectación de derechos fundamentales, las cuales,
aunque resultan diferenciables, guardan una estrecha relación entre sí y tienen
repercusión directa sobre la controversia planteada por los demandantes en la
presente acción de tutela.
En primer lugar, se constata la existencia de un conflicto
vecinal entre algunos de los residentes del edificio Parquesol y los moradores
de la vivienda que habita la señora Morelli Rico. Los primeros se quejan de los
ruidos, a su juicio excesivos, que producen las mascotas y las actividades
lúdicas que realiza el hijo de la accionante y sus compañeros de juego en la cancha
construida en la azotea de la vivienda, los cuales perturban la tranquilidad,
el descanso y el sueño de los habitantes del edificio contiguo. Por su parte,
la accionante y su madre señalan que las molestias de los vecinos son el
resultado del incumplimiento de las normas urbanísticas en la construcción del
mencionado edificio, que no cuenta con un muro medianero que aísle los ruidos y
además presenta una inclinación que invade en 16 c.m. el inmueble donde habita
la familia Morelli Rico. En ocasiones anteriores los residentes del edificio
Parquesol han interpuesto otras querellas de policía con resultado desfavorable
a sus pretensiones[36], razón por la cual en
noviembre de dos mil doce (2012) intentaron una nueva querella que aún se
encuentra en trámite.  Hasta aquí, el conflicto involucra una colisión entre
los derechos fundamentales a la intimidad familiar de los residentes del
edificio Parquesol, que denuncian la penetración en sus hogares de ruidos
procedentes de la casa vecina, y el derecho que igualmente asiste a la
accionante y a su familia de disfrutar de la compañía de sus mascotas, así como
de los derechos al deporte y a la recreación de su hijo menor.
Como se ve, en lo que atañe a este primer conflicto, hay un
proceso iniciado por los vecinos de la tutelante, quienes instauraron una
querella que corre paralelo a esta tutela. Los residentes del edificio
Parquesol, además, presentaron denuncias sobre los mismos hechos ante los
medios de comunicación. Tiene lugar entonces la segunda situación conflictiva,
a raíz de la información difundida por varios medios de comunicación, entre
ellos los demandados en esta acción de tutela, sobre las quejas formuladas por
los vecinos de la señora Morelli Rico y su no comparecencia a las audiencias de
conciliación a las que fue citada dentro del trámite de la querella policial
antes mencionada.  Asimismo, la periodista Cecilia Orozco Tascón se refirió al
tema en dos (2) columnas de opinión en las que critica la actitud asumida por la
Contralora frente a las quejas de sus vecinos. Se plantea así una tensión entre
la libertad de los periodistas y medios de comunicación para informar y opinar
sobre hechos que involucran a funcionarios públicos y el derecho de estos
últimos a su intimidad y a su buen nombre.
Por último, en el cubrimiento de esta información uno de los
medios accionados (Noticias Uno) divulgó un video en el que se captan imágenes
de un grupo de menores mientras juegan en la cancha de fútbol construida en la
azotea de la vivienda en que reside la señora Morelli Rico, así como la imagen
de uno de los escoltas del menor GBM y del vehículo en el que se transporta. Entretanto,
la columnista Orozco Tascón mencionó los ruidos producidos por el “pequeño hijo
de la contralora y sus compañeros de juego” como una de las razones de la
incomodidad de los residentes en el edificio contiguo. En este caso se plantea
una tensión entre la libertad informativa y de opinión de los medios de
comunicación para dar a conocer y criticar actuaciones de funcionarios públicos,
en aquellos casos en los que la noticia involucra a menores de edad y, de otro
lado, la protección de la intimidad, la propia imagen y otros derechos
fundamentales de estos menores, que pueden verse afectados por su exposición mediática.
Aunque la controversia planteada por la accionante se concentra
en el último de los escenarios de conflicto mencionados, es evidente la
relación que guarda con los dos anteriores. Así se advierte en el propio
escrito de tutela, donde si bien las pretensiones se dirigen exclusivamente a
solicitar el amparo de los derechos fundamentales de los menores, en algunos
pasajes de la argumentación la señora Morelli Rico se refiere a la afectación
de sus propios derechos como consecuencia de la divulgación del reportaje de Noticias
Uno y las columnas de opinión de la periodista Cecilia Orozco Tascón.  De otro
lado, la relación entre la difusión de las imágenes y la referencia a los
menores en los medios de comunicación con el conflicto vecinal que dio origen a
la intervención de la prensa fue puesta de manifiesto por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá, al declarar la nulidad de lo actuado en primera
instancia en este trámite de tutela para ordenar la vinculación de los residentes
del edificio Parquesol, por considerar que también estaba en juego la posible
afectación de sus derechos fundamentales.
3. En este orden de ideas, la decisión del presente caso
requiere abordar las siguientes cuestiones:
3.1. De manera preliminar, y debido a que existe
controversia entre las partes respecto a la necesidad de solicitar
rectificación al medio de comunicación antes de acudir a la acción de tutela,
corresponde a la Sala establecer si en el presente caso procedía acudir
directamente a la acción de tutela contra periodistas y medios de comunicación,
sin antes solicitar la rectificación respecto de la información divulgada.
Para dar respuesta a esta cuestión se hará referencia a la doctrina fijada por
esta Corporación sobre las condiciones especiales de procedibilidad de la
tutela contra medios de comunicación, a fin de establecer si han sido
satisfechas en el presente caso.
3.2. De encontrar que tales condiciones fueron satisfechas, corresponde
a la Sala establecer si el cubrimiento de la información y las opiniones
emitidas por los periodistas y medios accionados a propósito del conflicto
vecinal entre la señora Morelli y los residentes del edificio Parquesol implicó
una vulneración de los derechos fundamentales de los menores en cuyo nombre se
interpone esta acción de tutela. Sin embargo, dado que la presentación de los
hechos tuvo lugar a través de registros distintos (televisión y prensa escrita)
y respondió a finalidades diversas (informativa y de opinión), es preciso
formular y dar respuesta de manera separada a los siguientes problemas
jurídicos:
¿Vulneró el noticiero Noticias Uno
los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen de los
menores GBM,  CACP, MAR y JPCS por difundir, sin la autorización de sus padres,
imágenes captadas mientras aquellos jugaban en la cancha construida en la
azotea de la vivienda del menor GBM, así como la imagen de uno de sus escoltas
y del vehículo en el que se transporta este menor, en un reportaje donde se
informa sobre las molestias de los vecinos de la señora Sandra Morelli Rico,
madre del menor GBM, a raíz de los ruidos provenientes de su vivienda y por la no
comparecencia de esta funcionaria a las audiencias de conciliación a las que
fue citada dentro del trámite de la querella policial interpuesta por sus
vecinos?
¿Vulneró la periodista Cecilia
Orozco Tascón los derechos fundamentales a la intimidad personal de los menores
GBM,  CACP, MAR y JPCS por referirse a los ruidos que, según ella, hacen “el
pequeño hijo de la contralora y sus compañeros de juego en una cancha que ella
le mandó instalar al niño en la azotea de la casa” en una columna de
opinión, publicada en el periódico El Espectador, en la que critica a la señora
Morelli Rico por la actitud asumida ante la querella interpuesta por sus
vecinos?
3.3. Por último corresponde definir si la controversia vecinal
entre algunos residentes del edificio Parquesol y los moradores de la vivienda
que habita la señora Morelli Rico, puede ser resuelta por la Corte
Constitucional, teniendo en cuenta que simultáneamente está en curso una
querella interpuesta por los primeros ante las autoridades de policía, en la
cual se ventila un asunto relacionado con la problemática central de esta
sentencia, pero que en las dos instancias de este proceso no se discutió ni
consideró.
Cuestión previa. Condiciones de procedibilidad de la
acción de tutela contra medios de comunicación. Excepciones al deber de
solicitar previa rectificación
4. Aunque en principio la acción de tutela procede contra
actos u omisiones de las autoridades públicas, también se admite su ejercicio
frente a particulares en las hipótesis previstas en el artículo 42 del Decreto
2591 de 1991; todas ellas tienen en común situaciones de asimetría de poder
entre quien solicita el amparo y la persona o entidad privada a la que se acusa
de amenazar o vulnerar derechos fundamentales.
Tal es el caso de los conflictos que tienen lugar entre los
individuos y los medios de comunicación, debido al impacto social del que disponen
estos últimos, que viene dado por su capacidad de difusión masiva de contenidos
capaces de influir en la formación de las creencias y opiniones de las
personas. De ahí que, en este tipo de relaciones, la Corte ha establecido que
se presume la indefensión del particular frente al medio de comunicación, a fin
de que aquel pueda hacer uso de la acción de tutela para hacer valer sus
derechos fundamentales[37].
5. A su vez, cuando la tutela se dirige contra medios de
comunicación con el fin de solicitar la rectificación de informaciones
inexactas o erróneas, el agraviado debe dirigirse al medio de comunicación para
solicitar la rectificación de la información publicada antes de acudir a la
acción de tutela. Esta condición específica de procedibilidad, prevista en el
artículo 42, numeral 7º, del Decreto 2591 de 1991, además de desarrollar el
carácter subsidiario de esta garantía constitucional, tiene por objeto dar
oportunidad al medio sobre cuya información hay inconformidad, para que
rectifique o aclare.[38] Al respecto, la Corte ha
sostenido que: “(e)n este como en otros campos, es preciso partir de la base
de la buena fe y, siendo posible que el medio de comunicación no hubiese tenido
intención o voluntad de agravio, es menester que se le permita corregir lo
dicho o escrito antes de plantearle un conflicto judicial”[39].
Sin embargo, tal condición de procedibilidad sólo es
exigible cuando el afectado cuestione la exactitud o veracidad de la
información publicada por el medio, más no cuando el motivo de reproche
consiste en la divulgación de información que, aun siendo verdadera, pertenece
al ámbito protegido por el derecho a la intimidad. A este respecto, se ha
establecido que: “(…) tratándose del derecho a la intimidad, en principio no
puede hablarse de rectificación pues la lesión se produce aunque los hechos
sean exactos, salvo que, además de invadirse la esfera íntima de la persona o
la familia, se están transmitiendo o publicando datos que riñan con la verdad”.[40]
6. En aplicación de este criterio, la Corte ha admitido la
acción de tutela contra medios de comunicación, pese a no existir solicitud de
rectificación previa, para amparar el derecho a la intimidad personal y
familiar del cantante Rafael Orozco y su familia, vulnerada por la divulgación
en periódicos de circulación local y nacional de fotografías y datos íntimos de
la vida personal y familiar del personaje[41]; también en casos en los
que la prensa escrita efectuó un cubrimiento sensacionalista de la muerte
violenta y el suicidio de personas[42],  o reveló detalles
íntimos de la familia de una menor que había sido víctima de una agresión
sexual.[43] En estos casos la Corte
consideró que, por tratarse de violaciones al derecho a la intimidad personal y
familiar que no es posible retrotraer de otra manera, no hay lugar a exigir la
solicitud de rectificación previa. Sin embargo, en un evento en el que además
de la protección de la intimidad, se cuestionaba la veracidad de la información
publicada y, debido a esto, se reclamaba la afectación del buen nombre y la
honra, no se concedió el amparo de estos últimos derechos por cuando no se
solicitó previa y directamente la rectificación de la información publicada.[44]
En una decisión más reciente, la Corte sostuvo que no se
requería la rectificación previa, pese a que la actora así lo había intentado, en
un caso en el que aquella había accedido a ser entrevistada en el año mil
novecientos noventa y seis (1996), a condición de que se mantuviera reservada
su identidad. Aunque la entrevista fue publicada inicialmente respetando las
condiciones convenidas, años después fue difundida dentro de un documental
producido por el canal Caracol sin reservar la identidad de la accionante, lo
cual le causó un perjuicio irreparable, por cuanto sus hijos y personas
cercanas se enteraron de que en el pasado ella se ganaba la vida como
trabajadora sexual, lo que generó igualmente la ruptura de su vínculo
matrimonial.[45] Sobre la exigencia de
rectificación se dijo en esta sentencia:
“(C)asos en los cuales no se
trata  de rectificar la información considerada en sí misma, sino de pedir la
protección judicial para que no continúe la lesión a derechos fundamentales que
se ha producido por la manera como la información, aun siendo verdadera, ha
sido presentada, no exigen el requisito de rectificación para acceder al
mecanismo de amparo. Así, acontece, por ejemplo, cuando se divulgan elementos
propios de la vida íntima de las personas; cuando un determinado contexto
informativo, pese a estar basado en hechos ciertos induce a que los receptores
de la noticia por razón de la forma como ella es presentada, lleguen a
conclusiones que impliquen daño a la honra, la fama o el buen nombre de los
involucrados en aquéllas, o cuando hay simultáneamente una versión inexacta de
los hechos y un quebranto directo del derecho a la intimidad de la persona, o
bien, se atenta contra la dignidad humana.”
Verificación de las condiciones generales y específicas
de procedibilidad en el caso concreto
7. En esta oportunidad, la señora Morelli Rico y las demás
personas que coadyuvan su solicitud de amparo acudieron de manera directa a la
acción de tutela, sin dirigirse antes a los periodistas y medios de
comunicación accionados en procura de una rectificación.  Por su parte, los
demandados coinciden en oponerse a la procedencia de esta acción de tutela
argumentando que no se agotó la condición establecida en el artículo 42,
numeral 7º, del Decreto 2591 de 1991.
La Sala encuentra que en el presente caso no se controvierte
la veracidad ni la exactitud de la información difundida por Noticias Uno y por
la periodista Cecilia Orozco Tascón, relativa a las actividades lúdicas que el
hijo de la señora Morelli Rico realiza con sus compañeros de juego e
integrantes de su cuerpo de seguridad en la cancha construida para el efecto en
la azotea de su vivienda y las quejas expuestas por los vecinos por el ruido
que estas producen. Lo que se reprocha es, por un lado, que Noticias Uno haya
difundido imágenes que ilustran tales juegos, captadas y divulgadas sin
autorización, en las cuales se aprecia la fisonomía de los menores y otros
datos cuya difusión pública, a juicio de la accionante, lesiona los derechos a
la intimidad, el buen nombre y la propia imagen de dichos menores y,
particularmente, podría poner en riesgo la seguridad, integridad física y otros
derechos del menor GBM; de otro lado, se reprocha a la periodista Cecilia
Orozco por referirse a tales juegos en las columnas de opinión en las que
critica el manejo dado por la señora Morelli Rico a la querella formulada por
sus vecinos.  La pretensión de la accionante no es, por tanto, que se
rectifique la información publicada, sino que cese su difusión para así detener
la afectación de los derechos que estima conculcados.
Por tal motivo, aunque plantear
la inconformidad a los medios accionados antes de acudir a la acción de tutela
habría sido deseable, pues les habría permitido a estos tomar correctivos para
preservar los derechos de los menores, evitando así que la controversia
escalara a los estrados judiciales, lo cierto es que, de acuerdo con la
jurisprudencia constante de esta Corporación, en el presente caso no era
preciso exigir la solicitud de rectificación previa como condición de procedibilidad
de la acción de tutela. Esto último por cuanto (i) la accionante no cuestiona
la veracidad o la exactitud de la información difundida por los medios, con lo
cual no se está ante el supuesto previsto en el numeral 7º del artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991 para que se active esta condición específica de
procedibilidad de la tutela; (ii) lo que pretende la accionante es obtener una
protección judicial para poner fin a la afectación de derechos fundamentales
que, a juicio de la accionante, se deriva de la difusión de la imagen y otros
datos de los menores en cuyo nombre se interpone esta solicitud de amparo.
8. Por otra parte, se encuentran
acreditados los requisitos generales de procedibilidad, en tanto: la accionante
reclama la protección de los derechos fundamentales a la intimidad, la
propia imagen, el buen nombre, entre otros, de los menores en cuyo nombre se
solicita este amparo constitucional. Se cumple con el requisito de la inmediatez,
pues transcurrió menos de un (1) mes entre la publicación de los datos objeto
de controversia y la interposición del amparo constitucional. También se
satisface el requisito de subsidiariedad, ya que el recurso ante la
jurisdicción civil no garantizaba una protección oportuna de los derechos que,
a juicio de la accionante, estaban siendo vulnerados o amenazados como
consecuencia de la difusión de esta información y, adicionalmente, como lo ha
señalado la Corte en anteriores ocasiones, pese al carácter subsidiario de la
acción de tutela, su procedencia en caso de afectaciones a derechos
fundamentales generadas a raíz de la divulgación de información y opiniones en
los medios de comunicación, no está supeditada al previo agotamiento de los
mecanismos civiles o penales de defensa judicial.[46]
Igualmente existe legitimación por pasiva, por cuanto la acción de
tutela se dirige contra los periodistas y medios de comunicación responsables
de la elaboración y difusión de la información que, a juicio de la accionante,
es lesiva de los derechos fundamentales de los menores en cuyo nombre se
interpone este amparo.
Finalmente, también se cumple el
requisito de legitimación por activa, por cuanto la accionante, Sandra
Morelli Rico, demanda en calidad de representante legal del menor GBM.  Dado
que los representantes legales de los menores CACP, MAR y JPCS han intervenido
en calidad de coadyuvantes y no de demandantes, se plantea la cuestión de si la
señora Morelli Rico está legitimada por activa para solicitar que el amparo que
solicita para su hijo se extienda a los demás menores. La respuesta a esta
pregunta es sin duda afirmativa, toda vez que el artículo 44 de la Constitución
habilita a todas las personas para exigir de la autoridad competente el
cumplimiento de los derechos de los niños. En desarrollo de este precepto
constitucional, el artículo 11 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la
Adolescencia), establece que “cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños,
las niñas y los adolescentes”, salvo en los eventos en que existan normas
procesales especiales sobre legitimidad en la causa para interponer las
acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de
edad.  Dado que esta última situación no se presenta en el caso de la acción de
tutela, procede la aplicación de la regla general que habilita a cualquier
persona para actuar como agente oficioso en procura de asegurar el cumplimiento
y restablecimiento de los derechos de los menores de edad; máxime en el
presente juicio, en el que los padres de los menores CACP, MAR y JPCS acuden al
proceso para coadyuvar las pretensiones de la accionante.
Así las cosas, una vez verificado
el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de esta acción de tutela, corresponde
a la Corte examinar el fondo de la controversia planteada en esta ocasión.
Primera cuestión sustantiva. La
tensión entre el ejercicio de las libertades de información y opinión, referida
a la conducta de servidores públicos, y los derechos fundamentales de los
menores de edad
9. La accionante afirma que la
divulgación de la imagen y otros datos que permitían identificar al menor GBM y
a sus compañeros de juego, efectuada por Noticias Uno sin previa autorización,
y la referencia que hiciera la columnista Cecilia Orozco Tascón a las molestias
ocasionadas a los vecinos por las actividades lúdicas desarrolladas por
aquellos, implicó una vulneración de los derechos a la intimidad, el buen
nombre, la propia imagen y la recreación de los menores involucrados.  Sostiene
además que la divulgación de la imagen del menor GBM y de integrantes de su
cuerpo de seguridad, de la placa del vehículo en el que se moviliza, de la
ubicación y del interior de la vivienda en la que reside, constituye una
amenaza para la seguridad, integridad física y otros derechos de su hijo GBM,
quien está expuesto a mayores riesgos y a particulares restricciones en los
espacios en los que puede llevar a cabo actividades recreativas, debido al
cargo de Contralora General de la República que ostenta su progenitora.
Por su parte, los periodistas y
medios de comunicación demandados argumentan que su proceder está amparado por
las libertades de información y opinión, las cuales son merecedoras de especial
protección constitucional, en particular cuando tienen por objeto informar
sobre la conducta de servidores públicos, lo que ocurría en este caso pues con
la información divulgada se pretendía dar a conocer las quejas de los vecinos
de la señora Morelli Rico, actual Contralora General de la República, debido a
los ruidos provenientes de su vivienda y su no comparecencia a las audiencias
de conciliación a las que fue citada dentro de la querella policial interpuesta
en procura de resolver este conflicto. Sostienen que el cubrimiento de esta
información, de indudable interés general, implicaba hacer alusión a las
actividades recreativas del hijo menor de la accionante y sus compañeros de
juego, por cuanto constituían uno de los motivos de queja de los vecinos y que
el material audiovisual fue editado de modo tal que no fuera reconocible la
identidad de los menores. Destacan además que la información objeto de controversia
ya había sido puesta en conocimiento de la opinión pública por otros medios de
comunicación e incluso por la propia accionante, por lo cual su difusión no
afectaba la intimidad ni los demás derechos invocados por la señora Morelli
Rico.  Por todo ello, aseveran que el ejercicio de esta acción constitucional,
antes que pretender la protección de los derechos de los menores, constituye
una forma de retaliación por las opiniones críticas de Noticias Uno y de la
periodista Orozco Tascón.
10. Para resolver la tensión que se plantea en el presente
caso, la Sala reiterará su doctrina sobre el ámbito constitucionalmente
protegido por la libertad de expresión, así como los criterios empleados para
resolver las tensiones que se presentan, por un lado, con los derechos a la
intimidad y al buen nombre de los personajes públicos y, de otro lado, con la
protección de los derechos de los menores de edad.  Con fundamento en tales
consideraciones, se procederá a la decisión del caso concreto.
Protección constitucional de la libertad de expresión.
Reiteración de jurisprudencia.
11. El derecho a la libertad de expresión está consagrado en
el artículo 20 de la Constitución en los siguientes términos:
“Se garantiza a toda persona
la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura”.
Por su parte, el artículo 73 de la Carta Política se refiere
a la especial protección conferida a la actividad periodística, con el fin de
garantizar su libertad e independencia profesional.
12. Como lo ha reiterado esta Corporación, las anteriores
disposiciones deben interpretarse de conformidad con las regulaciones
contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos que integran el
bloque de constitucionalidad, en todas las cuales se reconoce una amplia
protección a la libertad de expresión y se definen con mayor precisión sus
contenidos normativos.  Tal es el caso del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (arts. 19[47] y 20[48])
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13)[49],
entre otras.[50]
13. Sobre esta base, la Corte ha establecido que la llamada libertad
de expresión constituye una categoría genérica que agrupa un haz de
derechos y libertades diversos, entre los cuales se destacan, por su
importancia para el presente análisis, la libertad de opinión (también
llamada “libertad de expresión en sentido estricto”), que comprende la libertad
para expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones e ideas, sin
limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión; la libertad de
información que protege la libertad de buscar, transmitir y recibir
información veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole.[51]
Tanto la libertad de opinión como la de información, pueden ser ejercidas por
cualquier persona y a través de cualquier medio de expresión, pero cuando se
ejercen a través de los medios masivos de comunicación se incorporan al
contenido de la libertad de prensa, que incluye además de las libertades
para difundir información y opiniones a través de los medios de comunicación,
el derecho a fundar y mantener en funcionamiento tales medios. La especial
protección de estas libertades se refuerza con la prohibición de censura,
cuyo contenido ha sido cualificado y precisado en el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
14. El Tribunal Constitucional ha llamado la atención sobre
las diferencias entre las libertades de opinión y de información, en tanto cada
una recae sobre un objeto diverso y, por tal razón, está sometida a límites
también diferenciables.  Mientras la libertad de opinión (o libertad de
expresión en sentido estricto) protege “la transmisión de pensamientos,
opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa”, la
libertad de información ampara “la comunicación de versiones sobre hechos,
eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en
general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está
ocurriendo”.[52]
Esto determina que la libertad de opinión tenga por objeto
proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la expresión de
la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones
personales sobre determinados hechos, situaciones o personas.  Entretanto, la
libertad de información protege aquellas formas de comunicación en las que
prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido. Por tal
razón, en este último caso se exige que la información transmitida sea veraz
e imparcial, esto es, que las versiones sobre los hechos o
acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas
perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
contemplado.  Tal exigencia, está ligada a un aspecto fundamental, y es que en
el caso de la libertad de información no sólo está involucrado el derecho de
quien transmite, sino el de los receptores de la información, los cuales, de
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20 constitucional, tienen derecho a que
se proteja la veracidad e imparcialidad de la información que reciben.
Esta distinción entre la información sobre hechos y su
valoración no sólo ha sido empleada para distinguir el ámbito protegido por las
libertades de información y opinión, respectivamente, sino también para
circunscribir el alcance del derecho a la rectificación, que procede
respecto de informaciones inexactas o erróneas, más no respecto de las
opiniones, las cuales pueden ser controvertidas a través del ejercicio de la
réplica.[53]
Pero al mismo tiempo, esta Corporación ha reconocido que no
es posible establecer una distinción tajante entre actos comunicativos que
constituyan instancias de ejercicio de la libertad de opinión o de información,
respectivamente, en tanto “toda opinión lleva, de forma más o menos
explícita, un contenido informativo, y toda información, un contenido
valorativo de opinión, sin el cual la información ni siquiera se justifica como
actividad social”.[54] En consecuencia, aunque
se admite que la libertad de opinión no está sujeta los límites
constitucionales que recaen sobre quienes se dedican a informar, pues por
definición, no se puede reclamar veracidad e imparcialidad de los juicios de
valor, lo que sí se exige a quienes expresan sus opiniones, máxime cuando lo
hacen a través de medios masivos de comunicación, es que se aseguren de la
veracidad de los hechos sobre los que aquellas se fundan y rectifiquen en caso
de que hayan basado sus opiniones en informaciones inexactas o erróneas.[55]
Igualmente, a quienes se dedican a la actividad informativa les es exigible que
presenten la información de modo tal que los receptores puedan distinguir entre
la descripción de los hechos y su valoración por parte del comunicador.
15. La libertad de expresión, en todas sus manifestaciones, se
considera digna de ser protegida no sólo por su valor intrínseco, sino debido a
que constituye un medio para el logro de otras finalidades valiosas.  Así, la
libre circulación de ideas y opiniones favorece la búsqueda del conocimiento y es
condición de existencia de una sociedad pluralista donde puedan coexistir
diversas concepciones sobre lo correcto, lo bueno y lo bello; en segundo lugar,
la libre expresión de pensamientos, opiniones y puntos de vista permite el
desarrollo de la autonomía individual, al hacer posible que todas las personas
puedan tener voz y someterse, ante todo, a su propio criterio al momento de
decidir aquello que comunican a otros. Pero es sin duda, el estrecho vínculo
entre libertad de expresión y democracia, el argumento que con mayor fuerza y
frecuencia se esgrime para justificar la especial protección que se otorga a
este derecho en el constitucionalismo contemporáneo.[56]
En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
ha sostenido que: “Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en
todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia
empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se
empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo
fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.”[57].
En particular, sobre la función de control al poder, la Corte
Constitucional ha señalado que:
“La libertad de expresión permite que las personas
protesten de forma pacífica frente a las actuaciones arbitrarias,
inconvenientes o abusivas del Estado. Tal actitud contribuye a disuadir a los
gobernantes de conductas contrarias al bien común. Una sociedad democrática,
respetuosa del principio de la libertad de expresión, permite a los ciudadanos
que se expresan poner sobre aviso al resto de la comunidad acerca de aquellas
actuaciones estatales que sean reprochables e inaceptables. Además, la
probabilidad de que un abuso sea conocido, divulgado y criticado desestimula a
quienes ejercen algún poder de incurrir en excesos o atropellos.”[58]
Y aun cuando, en un sistema democrático, esta labor de
control y fiscalización de quienes ejercen el poder puede ser llevada a cabo,
en principio, por cualquier ciudadano, se ha reconocido el rol preponderante de
“guardián de lo público” que le compete a la prensa y en el cual radica una de
las principales razones que ameritan la especial protección conferida a la
actividad periodística y a los medios de comunicación.  La Corte ha sostenido
que, además de ser una vía para ejercer eficazmente la libertad de expresión,
los medios de comunicación cumplen funciones de primer orden dentro de una
democracia “debido a que la información de las personas y la observación
crítica de la gestión de las autoridades son el sustrato indispensable de una
participación ciudadana efectiva”[59].
16. Si bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera sea su contenido,
valor y forma de expresión, está prima facie amparado por la libertad de
expresión, se ha reconocido que ciertos discursos son merecedores de especial
protección constitucional, debido a su importancia para promover la
participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos públicos.  Así,
los discursos políticos, que comprenden no sólo aquellos de contenido electoral
sino toda expresión relacionada con el gobierno de la polis y, en
particular, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos, son
objeto de especial consideración y cualquier intento de restricción es vista
con sospecha, debido a que: (i) a través de ellos no sólo se manifiesta el
estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión, sino que se realizan
todas las demás finalidades por las cuáles se confiere a ésta una posición
preferente en los estados constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen
ser los más amenazados, incluso en las democracias más vigorosas, por cuanto
quienes detentan mayor poder social, político o económico pueden llegar a ser
afectados por tales formas de expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar
su poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus autores.[60]
El carácter de derecho de “doble vía” que se predica de la
libertad de expresión cobra todo su sentido en presencia de este tipo de
discursos, pues en tales casos la libertad de expresión no sólo ampara el
derecho de quienes transmiten información y opiniones críticas sobre los
gobernantes y funcionarios públicos, sino también, y muy especialmente, el
derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a estos discursos. Así lo
destacó esta Corporación en la sentencia T-391 de 2007 cuando, citando la
decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Busuioc v.
Moldavia, sostuvo que “el rol esencial de la prensa en tanto guardián de lo
público en sociedades democráticas implica que, cuandoquiera que existan
circunstancias objetivas que lleven a sospechar de la conducta ilegal de
servidores públicos, la prensa debe ser libre de informar, en forma responsable
y acorde con sus obligaciones y deberes, sobre dichas circunstancias al
público, y el público tiene derecho a ser informado sobre ellas”.
La especial importancia y potencial riesgo de amenaza que
recae sobre los discursos que tienen por objeto la crítica de los funcionarios
públicos, ha llevado a considerar que, en principio, cualquier intento de
restricción, previa o posterior, de estas modalidades de expresión constituye
censura y a estimar como violatorias de la libertad de expresión el
establecimiento y aplicación de leyes que penalizan la crítica de los
funcionarios públicos – conocidas como “leyes de desacato” - o la condena a
cuantiosas indemnizaciones civiles por el ejercicio de estas modalidades de
discurso.[61]
17. La protección de la crítica a los funcionarios públicos
no implica, sin embargo, que en estos ámbitos la libertad de expresión esté
desprovista de limitaciones. Aquella se traduce en la reducción del margen del
que disponen las autoridades para establecer límites a este tipo de discursos y
en la imposición de cargas argumentativas y probatorias reforzadas para efectos
de justificar eventuales restricciones.[62]
Siguiendo los criterios establecidos en los instrumentos
internacionales de protección de derechos humanos[63],
la jurisprudencia constitucional ha sostenido que toda limitación a la libertad
de expresión, máxime cuando recae sobre discursos especialmente protegidos, se
presume sospechosa y, por tanto, ha de estar sometida a un juicio estricto de
constitucionalidad, el cual impone verificar que la restricción que pretende
imponerse: (1) esté prevista en la ley; (2) persiga el logro de ciertas
finalidades imperiosas, que han de estar relacionadas con el respeto a los
derechos de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral públicas; (3) sea necesaria para el logro de
dichas finalidades; (4) no imponga una restricción desproporcionada en el
ejercicio de la libertad de expresión. Adicionalmente, es preciso verificar que
(5) la medida restrictiva sea posterior y no previa a la expresión objeto del
límite, como también, el que (6) no constituya censura en ninguna de sus
formas, lo que incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido
de la expresión que se limita.[64]
Los derechos fundamentales de los demás como límite a la
libertad de expresión. Reiteración de jurisprudencia.
18. Como se expuso, el respeto a los derechos de los demás
constituye una de las finalidades que legitiman el establecimiento de límites a
la libertad de expresión. Este es un terreno de frecuente colisión, debido a
que la información y opiniones que despiertan interés suelen estar referidas,
de manera directa o tangencial, a lo que otras personas hacen o dicen. Hablar o
expresar de algún modo información o juicios críticos sobre otras personas en
muchos casos compromete la intimidad, la propia imagen o el buen nombre de
aquellos a quienes se alude, o incluso de terceros que pueden verse afectados
con la divulgación de hechos y opiniones que conciernen a sus seres más
próximos.  Aunque en cada caso concreto otros derechos pueden llegar a ser
afectados como consecuencia de la divulgación de la vida privada, la imagen o
la afectación al buen nombre, son estos los que de manera directa entran en
tensión con la libertad de expresión y los que conforman una especie de barrera
de protección que las personas oponen como defensa de lo que otros,
especialmente la prensa, comunica sobre ellas.
19. El derecho a la intimidad personal y familiar protege
aquellos ámbitos vitales que una persona elige mantener bajo la esfera privada
y, por tanto, a resguardo de los demás. Comprende, por tanto, el derecho a
tener “control sobre la información que nos concierne (…), sobre cuándo
y quién puede percibir diferentes aspectos de nuestra persona”, así como
la  posibilidad de disponer de “un espacio intangible, inmune a las
intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a
escuchar o a ver lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser
escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto”[65]
La jurisprudencia constitucional se ha valido de diversos
criterios para determinar cuáles ámbitos de la vida de las personas están
protegidos por el derecho a la intimidad.  Así, respecto de la información que
queda al amparo de este derecho, la Corte ha establecido que: “salvo las
excepciones previstas en la Constitución y la ley, que obliguen a las personas
a revelar cierta información a partir de su reconocimiento o valoración como de
importancia o relevancia pública; el resto de los datos que correspondan al
dominio personal de un sujeto no pueden ser divulgados, a menos que el mismo
individuo decida revelar autónomamente su acceso al público”.[66]
Adicionalmente, para graduar el nivel de protección del
derecho “a ser dejado solo” y a no ser objeto de injerencias ajenas, en función
de los espacios los que las personas desarrollan sus actividades, la Corte se
ha valido de la doctrina del Tribunal Constitucional alemán que distingue tres
(3) ámbitos: (i) la esfera más íntima, que corresponde a los pensamientos o sentimientos más personales que un
individuo sólo ha expresado a través de medios muy confidenciales, como cartas
o diarios estrictamente privados, ámbito dentro del cual la garantía de la
intimidad es casi absoluta, de suerte que sólo situaciones o intereses
excepcionalmente importantes justifican una intromisión; (ii) la esfera
privada en sentido amplio, que corresponde a la vida en ámbitos usualmente
considerados reservados, como la casa o el ambiente familiar de las personas,
en donde también hay una intensa protección constitucional, pero hay mayores
posibilidades de injerencia ajena legítima; (iii) la esfera social, que
corresponde a las características propias de una persona en sus relaciones de
trabajo o más públicas, en donde la protección constitucional a la intimidad es
mucho menor, aun cuando no desaparece, pues de esta mayor exposición a los
demás no se infiere que los medios de comunicación estén autorizados para indagar,
informar y opinar sobre todo lo que una persona hace por fuera de su casa, sin
violar su intimidad.[67]
20. El ejercicio de la libertad de expresión también suele
colisionar con el derecho a la propia imagen, entendido como el derecho
de todas las personas a decidir sí y bajo qué condiciones otros pueden captar,
publicar, reproducir o comercializar su imagen. Al respecto la Corte ha
reiterado que: “‘una consideración elemental de respeto a la persona y a su
dignidad impiden que las características externas que conforman su fisonomía o
impronta y que la identifican más que cualquiera otro signo externo en su
concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación
de terceros’, por lo cual, ‘con las limitaciones legítimas deducibles de las
exigencias de la sociabilidad humana, la búsqueda del conocimiento y demás
intereses públicos superiores, toda persona tiene derecho a su propia imagen,
de donde resulta que sin su consentimiento, ésta no pueda ser injustamente
apropiada, publicada, expuesta, reproducida o comercializada por otro’"[68].
Adicionalmente, cuando la imagen muestra a la persona en espacios o en
desarrollo de actividades propias de la intimidad, la difusión sin previa
autorización también vulnera el derecho a la intimidad.[69]
21. Finalmente, la divulgación de información y opiniones
por parte de los medios de comunicación suele generar tensiones con los derechos
al buen nombre y a la honra de las personas que estiman afectada su
reputación y estima social como consecuencia del actuar de los medios.[70]
La Corte ha definido el derecho al buen nombre como “la reputación, o el
concepto que de una persona tienen los demás y que se configura como derecho
frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o
injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas”, señalando además que “(e)ste
derecho de la personalidad es uno de los más valiosos elementos del patrimonio
moral y social y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”.[71]
A la vez, ha precisado que “este derecho está atado a todos los actos o
hechos que una persona realice y por las cuales la sociedad hace un juicio de
valor sobre sus virtudes y defectos”, razón por la cual el buen nombre
depende ante todo de la conducta del propio sujeto y, como consecuencia de ella,
de la valoración social que merezca dicha conducta.[72]
Esta Corporación ha señalado que las afectaciones del
derecho al buen nombre se originan en la difusión de afirmaciones,
informaciones o imputaciones falsas o erróneas respecto de las personas, que no
tienen fundamento en su propia conducta pública y que afectan su renombre e
imagen ante la sociedad: “se atenta contra este derecho cuando, sin
justificación ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan
entre el público -bien en forma directa y personal, ya a través de los medios
de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas o especies que
distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que, por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio y la confianza de los que disfruta en el
entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la
opinión general para desdibujar su imagen”.[73]
En estrecha relación con el
buen nombre se encuentra el derecho a la honra, entendida ésta como “la
estimación o deferencia  con la  que cada persona  debe ser tenida  por los
demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su
dignidad humana”.  De este derecho hacen parte “tanto la estimación que
cada individuo hace de sí mismo, como, desde una perspectiva externa, el
reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada persona”, por lo
cual “para que pueda tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos
factores debe apreciarse de manera conjunta”.[74]
Al mismo tiempo, la Corte ha precisado que: “no todo concepto o expresión
mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación
deshonrosa.  Esta debe generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su
gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le pueda causar
al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una polémica
pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del
margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho. Por
esta razón, la labor del Juez en cada caso concreto, tomando en consideración
los elementos de juicio existentes y el grado de proporcionalidad de la ofensa,
es la de determinar si ocurrió una verdadera amenaza o vulneración del derecho
en comento”.[75]
22. Toda persona tiene derecho
a reclamar la protección de los derechos que estime afectados por la
divulgación de informaciones y juicios críticos respecto de ellos en los medios
de comunicación.  Asimismo, todo individuo sin importar su condición, ha de
contar con un núcleo irreductible de protección de sus derechos a la intimidad,
propia imagen, buen nombre y honra, que le permita ponerse a salvo de las
intromisiones y críticas de los demás.
No obstante lo anterior, se ha
admitido que el umbral de protección de estos derechos se reduce en relación
con los personajes públicos y, dentro de estos, de manera especial para los
altos funcionarios del Estado, pues en razón del rol que desempeñan han de
estar dispuestos a someterse al escrutinio de su vida pública y de aquellos
aspectos de su vida privada sobre los cuales asiste a la ciudadanía un legítimo
derecho a conocer y debatir, por estar referidos (i) a las funciones que esa
persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii)
a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada
en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la
competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones.[76]
De otro lado, existe un amplio
consenso, plasmado en diversos instrumentos normativos[77],
en torno a la prevalencia del interés superior y de los derechos fundamentales
de los menores de edad, a partir del cual se admite que, cuando están en juego
la intimidad, la propia imagen y el buen nombre de niños, niñas y adolescentes,
el umbral de garantía de sus derechos debe ser reforzado.
Libertad de expresión y derechos de los menores de edad
23. Además de las disposiciones
de la constitución y de los tratados del bloque de constitucionalidad que
reconocen a todas las personas los derechos a la intimidad, propia imagen y
buen nombre, tratándose de menores de edad es preciso tener en cuenta
regulaciones específicas, como la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño[78], cuyo artículo 16
establece que: “1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y reputación.// 2. El niño tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias y ataques”.
Por su parte, el Código de la
Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en su artículo 33 dispone que: “Los
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la intimidad personal,
mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida
privada, la de su familia, domicilio y correspondencia.  Así mismo, serán
protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su
dignidad”.
Entretanto, en el artículo 47 del
mismo Código se establecen las responsabilidades especiales de los medios de
comunicación en la protección de los derechos de los menores de edad, entre las
cuales se destaca, por su relevancia para el presente caso, la prevista en el
numeral 8º, donde se ordena: “Abstenerse de entrevistar, dar el nombre,
divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de
niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de
hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a
establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su
familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será
necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar”.[79]
24. Cuando los derechos de los menores de edad colisionan con
la libertad de expresión se produce un conflicto entre derechos que gozan de
especial protección constitucional. En estos casos, se ha establecido que, en
atención a los mandatos que ordenan dar prevalencia a los derechos de los niños
y al interés superior del menor, la libertad de expresión debe ceder ante la
protección de los derechos de los miembros más jóvenes de la sociedad.[80]
Sin embargo, de ello no se sigue que en tales eventos el
conflicto entre los derechos de los menores y los derechos a opinar y a
transmitir y recibir información veraz e imparcial sea sólo aparente y que
indefectiblemente estos deban ceder ante los derechos privilegiados de los
menores de edad, como lo afirma el Tribunal que resolvió en segunda instancia
la tutela objeto de revisión.  No es admisible entender los mandatos que
ordenan dar prevalencia al interés superior y a los derechos fundamentales de
los menores de edad como una regla que en abstracto pueda dirimir los
conflictos que se plantean entre los derechos de los menores y los derechos de
las demás personas, sin atender a las particularidades de cada caso concreto y
excluyendo, en consecuencia, la necesidad de llevar a cabo una ponderación.
Tal interpretación se opone, por un lado, a las directrices
propuestas por los organismos internacionales de protección de los derechos de
los niños para fijar el alcance del “interés superior del menor”,  sobre el
cual se fundamenta el criterio de prevalencia de los derechos de los niños
consagrado en el artículo 44 CP.  De otra parte, contraría la manera en que la
jurisprudencia de la Corte ha entendido y aplicado este precepto
constitucional.
25. En la Observación General No. 14 del Comité de los
Derechos del Niño, este órgano se ocupa de definir el alcance e implicaciones
del derecho del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial.[81]  En ella se explica que
el “interés superior del niño” es un concepto triple que involucra: (i) un derecho
sustantivo del niño a que su interés superior sea una consideración
primordial a tener en cuenta en la toma de decisiones que afecten a un niño o
grupo de niños en concreto, o a los niños en general; (ii) un principio
interpretativo, según el cual si una disposición jurídica admite más de una
interpretación, habrá de elegirse aquella que satisfaga de manera más efectiva
el interés superior del niño; (iii)  una norma de procedimiento que
ordena implementar mecanismos y garantías procedimentales en los procesos de
adopción de decisiones que afecten a un niño o grupo de niños en concreto, o a
los niños en general.
Tras destacar la complejidad de este concepto, y la
necesidad de dotarlo de contenido en cada caso,[82]
el Comité excluye de manera expresa que el interés superior del menor, previsto
en el artículo 3.1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pueda
ser entendido en el sentido de negar los conflictos que pueden llegar a
plantearse con los derechos de otras personas, sin efectuar la necesaria
ponderación y armonización de los derechos en juego en cada caso concreto:
“39.      Sin embargo, puesto que el
artículo 3, párrafo 1, abarca una amplia variedad de situaciones, el Comité
reconoce la necesidad de cierto grado de flexibilidad en su aplicación. El
interés superior del niño, una vez evaluado y determinado, puede entrar en
conflicto con otros intereses o derechos (por ejemplo, los de otros niños, el
público o los padres). Los posibles conflictos entre el interés superior de un
niño, desde un punto de vista individual, y los de un grupo de niños o los de
los niños en general tienen que resolverse caso por caso, sopesando
cuidadosamente los intereses de todas las partes y encontrando un compromiso
adecuado. Lo mismo debe hacerse si entran en conflicto con el interés superior
del niño los derechos de otras personas. Si no es posible armonizarlos, las
autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y
sopesar los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el
derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial
significa que los intereses del niño tienen máxima prioridad y no son una de
tantas consideraciones. Por tanto, se debe conceder más importancia a lo que
sea mejor para el niño.”
El Comité de los Derechos del Niño admite que en algunos
eventos la decisión adoptada en casos de conflicto puede diferir de la opinión
del niño (que debe en todo caso ser considerada para dotar de contenido a esta
noción)[83] o no atender a su
interés superior. Sin embargo, ello no implica que se trate de un precepto
vacío de contenido, pues en todo caso impone una exigente carga de
argumentación:
“97.      A fin de demostrar que se
ha respetado el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y
constituya una consideración primordial, cualquier decisión sobre el niño o los
niños debe estar motivada, justificada y explicada. En la motivación se debe
señalar explícitamente todas las circunstancias de hecho referentes al niño,
los elementos que se han considerado pertinentes para la evaluación de su
interés superior, el contenido de los elementos en ese caso en concreto y la
manera en que se han ponderado para determinar el interés superior del niño. Si
la decisión difiere de la opinión del niño, se deberá exponer con claridad la
razón por la que se ha tomado. Si, excepcionalmente, la solución elegida no
atiende al interés superior del niño, se deben indicar los motivos a los que
obedece para demostrar que el interés superior del niño fue una consideración
primordial, a pesar del resultado. No basta con afirmar en términos generales,
que hubo otras consideraciones que prevalecieron frente al interés superior del
niño; se deben detallar de forma explícita todas las consideraciones
relacionadas con el caso en cuestión y se deben explicar los motivos por los
que tuvieron más peso en ese caso en particular.  En la fundamentación también
se debe explicar, de forma verosímil, el motivo por el que el interés superior
del niño no era suficientemente importante como para imponerse a otras
consideraciones. Es preciso tener en cuenta las circunstancias en que el
interés superior del niño debe ser la consideración primordial (véase más
arriba el párrafo 38).”[84]
En definitiva, de acuerdo con las pautas establecidas por el
Comité de los Derechos del Niño, el interés superior del niño, antes que un
argumento para negar la existencia de conflictos entre los derechos de los
menores y los derechos de los demás, ha de operar como un estándar normativo
que asegura que, en la resolución razonada de tales conflictos, los derechos de
los miembros más jóvenes de la sociedad han de tener especial consideración.
Esto supone que, en presencia de casos difíciles, el interés superior del menor
se traduce en un criterio que debe incorporarse en la ponderación y en una exigente
carga de argumentación.
26. Tal es, por otra parte, la
manera en que el criterio de prevalencia de los derechos de los niños,
consagrado en el artículo 44 constitucional, ha sido interpretado y aplicado por
la jurisprudencia constitucional, particularmente en los casos donde se
enfrentan libertad de prensa y derechos de los menores.
La Corte ha abordado esta tensión en dos (2) grupos de
casos: (i) situaciones en las que los contenidos emitidos por los medios de
comunicación colisionan con los derechos de menores de edad que son receptores
de la información; (ii) eventos en que los menores son sometidos a exposición
mediática por la prensa.
Conflictos entre libertad de expresión y derechos de los
menores que forman parte de la audiencia de los medios de comunicación
27. En relación con este primer grupo de casos, en la
sentencia T-321 de 1993[85], se declaró improcedente
el amparo interpuesto por una madre de familia contra Inravisión, donde
solicitaba la suspensión de varias novelas y programas de televisión, cuyo
contenido de violencia y sexo consideró que causaba un grave daño a sus hijos
menores de edad.  En esta decisión la Corte sostuvo que, además de no estar
probado el daño causado a los menores, aun en el evento de que fuera probado,
no podría el juez de tutela ordenar que se varíe la programación de televisión,
pues ello supondría un acto de censura constitucionalmente proscrito. Lo
procedente, señaló el Tribunal, es que la accionante tome medidas para evitar
que sus hijos vean los programas que ella juzga inconvenientes.
28. En la sentencia T-505 de 2000[86]
se concedió la tutela interpuesta por Caracol Televisión contra la Comisión
Nacional de Televisión, debido a que esta entidad ordenó retirar del aire el
programa “María C. Contigo”, que se emitía en la franja familiar, porque su
contenido lesionaba los derechos de los niños.  Luego de reiterar la
prevalencia de los derechos de los niños frente a la libertad de información, la
Corte consideró que la decisión de la Comisión Nacional de Televisión
constituía un acto de censura y ordenó que el programa censurado debía volver a
transmitirse, aunque para proteger los derechos de los niños determinó que, de
conservar su actual formato, debía ser trasladado a la franja de adultos.
29. Este precedente se consolida en la sentencia T-391 de
2007[87], que otorga la tutela formulada
por la cadena radial RCN en contra de la decisión del Consejo de Estado que le
ordenó adecuar el contenido y el lenguaje empleado en el programa “El Mañanero
de la Mega” y contra la sanción que, en cumplimiento de esta sentencia, le
fuera impuesta a la cadena radial por el Ministerio de Comunicaciones. Tales
decisiones invocaban, como argumento principal, la protección de los derechos
de los menores de edad que formaban parte de la audiencia de este programa
radial, los cuales estaban siendo afectados por la procacidad de los temas y
del lenguaje sexualmente explícito utilizado por sus presentadores. En esta
ocasión, la Corte hizo explícita la regla de decisión aplicada en los casos
anteriores al señalar que:
“(E)l carácter
prevaleciente de los derechos de los menores de edad no otorga a las autoridades
completa discrecionalidad para limitar la libertad de expresión a su agrado;
las limitaciones establecidas para proteger a los menores de edad también deben
cumplir con la totalidad de las condiciones constitucionales que se explican en
el presente capítulo, y no pueden invocarse como un comodín para limitar la
libertad de expresión cada vez que se anticipe que quizás algún niño sea
receptor de la información, las opiniones y las imágenes divulgadas por un
medio masivo de comunicación.  Se debe recordar que en este tipo de casos, el
juez constitucional ha de garantizar que, por virtud de la protección de los
derechos de los niños, no se termine restringiendo indebidamente la libertad de
expresión.”
En aplicación de este criterio, la Corte Constitucional
sostuvo que la orden impartida por el Consejo de Estado y la consiguiente
sanción impuesta por el Ministerio de Comunicaciones a la cadena radial RCN
constituyeron actos de censura, en tanto no se cumplieron los exigentes
requisitos constitucionales que justifican la restricción de la libertad de
expresión, toda vez que: el fundamento legal que sustentaba la limitación al
lenguaje empleado en la radio no cumplía con los requisitos de claridad, precisión
y taxatividad; asimismo, no se demostró la presencia predominante de niños en
la audiencia, ni el daño que estos han sufrido o pudieran sufrir como
consecuencia del lenguaje empleado en el programa radial.  No obstante ello, se
ordenó a RCN poner en  marcha un proceso de autorregulación respetuoso de los
derechos de los menores de edad que pudieran formar parte de su audiencia.
30. De lo expuesto se infiere que, al decidir casos en los
que la libertad de expresión se enfrenta a derechos de los menores receptores
de la información transmitida por los medios, este Tribunal ha insistido que no
basta con invocar la prevalencia en abstracto de los derechos de los niños para
justificar, con base en ellos, restricciones a la libertad de expresión.  Para
ser admisibles, tales restricciones deben cumplir con la totalidad de los
requisitos ya señalados en el numeral 17 de la parte motiva de esta
providencia.  En ninguno de los casos examinados, la Corte consideró acreditadas
las condiciones que justificaran restringir la libertad de expresión en aras de
proteger los derechos de la audiencia más joven, por lo que otorgó prevalencia
a la primera.
Conflictos entre libertad de expresión y derechos de menores
cuya información personal y familiar es divulgada por los medios
31. En relación con este segundo grupo de casos, se aprecia
un patrón decisorio en el que se confiere primacía efectiva a los derechos a la
intimidad personal y familiar de los menores. En uno de los pronunciamientos
iniciales sobre el tema, en la sentencia T-611 de 1992[88],
la Corte concedió la tutela interpuesta por la esposa del cantante Rafael
Orozco, en nombre propio y de sus hijas menores, en la que solicitaba el amparo
de su intimidad familiar, vulnerado por la divulgación en periódicos de
circulación local y nacional de fotografías y datos íntimos de la vida personal
y familiar del personaje.  Entre las consideraciones del fallo, se alude a la
especial consideración que merece el derecho a la intimidad familiar de las
hijas menores del personaje.  Lo propio ocurre en la sentencia T-293 de 1994[89],
donde se protege el derecho a la intimidad personal y familiar de dos (2)
menores de edad, que interpusieron acción de tutela contra su madre a raíz de
la publicación de un libro de su autoría en el que revelaba aspectos íntimos  y
traumáticos relacionados con la vida familiar de las menores. En consecuencia, la
Corte ordenó a la demandada abstenerse de publicar la obra en Colombia.
32. Entretanto, en la sentencia T-496 de 2009[90],
se concede la acción de tutela interpuesta por la abuela de una menor de edad
en contra de los periódicos Diario del Huila y la Nación, a raíz del
cubrimiento dado por estos medios al abuso sexual del que presuntamente fue
víctima la niña por parte de su abuelo, revelando detalles grotescos de lo
ocurrido, así como otros datos sensibles de la vida familiar de la menor.  La
Corte consideró que los medios de comunicación vulneraron de manera flagrante
el derecho a la intimidad de la niña, así como la prohibición establecida en el
artículo 47 numeral 8º del Código de Infancia y Adolescencia, al revelar
información de una niña que había sido víctima de un delito.
33. Aunque los casos examinados en este segundo grupo
guardan mayor proximidad con el que ocupa a la Corte en esta ocasión, por
tratarse de situaciones en las que se divulga, sin autorización, información
relativa a la vida privada de los menores, en ellos está ausente un elemento
que cobra importancia decisiva en la resolución de la presente controversia.  Se
trata del hecho de que, en esta ocasión, la publicación de imágenes y otra
información que se estima lesiva de los derechos a la intimidad, propia imagen
y buen nombre de los menores de edad, entre otros, tiene lugar en el contexto
de un reportaje televisivo donde se informa sobre la conducta de una alta
funcionaria del Estado y de la publicación de columnas de opinión, basadas en
estos hechos, en las que se formulan críticas en su contra.  La especificidad
de este caso, consiste por tanto, en que aquí los derechos de los menores de
edad colisionan con las libertades de información y de opinión, ejercidas por
la prensa, a propósito de la publicación de discursos merecedores de especial
protección constitucional, en tanto tienen por objeto la información y la
crítica de funcionarios públicos.
34. En el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina se
abordan algunos aspectos de esta tensión.  El conflicto resuelto por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en sentencia del  veintinueve (29) de
noviembre de dos mil once (2011), tuvo su origen en la publicación de dos (2)
reportajes en una revista de amplia circulación en la Argentina, en los que se
informaba de la existencia de un hijo no reconocido por el señor Carlos Menem, surgido
de una relación extramatrimonial con una diputada provincial; la disposición de
cuantiosas sumas de dinero y de regalos costosos hacia el menor y su madre por
parte del entonces Presidente de la Nación; la presunta existencia de gestiones
y favores económicos y políticos al entonces esposo de la madre del menor. Los
reportajes estaban acompañados de fotografías en las que el entonces Presidente
aparecía junto al menor y su madre. El señor Menem demandó civilmente a los periodistas
Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico, alegando la violación de su derecho a la
intimidad, a raíz de lo cual estos fueron condenados a pagar una cuantiosa
indemnización.
En la sentencia que decide el caso, la Corte Interamericana
declaró que el Estado había violado el derecho a la libertad de expresión de
los periodistas toda vez que la información difundida no representaba una
injerencia arbitraria en la vida privada del señor Menem. Para fundamentar esta
conclusión tuvo en cuenta que: (i) la información se refería al funcionario
público electo de más alto rango del país; (ii) aun cuando aludía a aspectos de
la vida privada y de las relaciones familiares del señor Menem, dicha
información tenía relevancia pública, por estar relacionada con la integridad y
el cumplimiento de los deberes legales a cargo de este funcionario; (iii) al
momento de ser difundidos por la revista Noticias, los hechos ya se encontraban
en el dominio público, pues antes habían sido divulgados por otros medios, sin
que para entonces el señor Menem se hubiera interesado en disponer medidas de
resguardo de su vida privada o en evitar la difusión pública que luego objetó
respecto de la revista Noticias; (iv) las fotografías que ilustran los
reportajes estaban fundamentalmente dirigidas a apoyar la credibilidad de la nota
escrita, fueron tomadas con el consentimiento del mandatario y en ellas la
imagen del niño aparece distorsionada, de modo tal que no podía ser reconocido.
A la vista de estas circunstancias, la Corte Interamericana  sostuvo que la
sanción civil impuesta a los periodistas constituyó una afectación de su
derecho a ejercer la actividad periodística, amparada por la libertad de
expresión, por cuanto excluyó toda consideración y ponderación en el caso
concreto de los aspectos de interés público de la información y además
resultaba innecesaria para proteger el derecho a la vida privada.
35. En reiterados pronunciamientos, la Sala Plena de esta
Corporación ha destacado la relevancia de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto constituye una pauta
hermenéutica para interpretar el alcance de la Convención Americana de
Derechos Humanos, y por ende de los propios derechos constitucionales, al estar
aquella integrada al bloque de constitucionalidad, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 93 CP.[91] Así las cosas, la Sala
estima pertinente integrar al presente análisis los criterios de decisión
empleados por la Corte Interamericana para conciliar la tensión entre libertad
de expresión y derecho a la protección de la vida privada, cuando la
publicación de información sobre funcionarios públicos involucra la difusión de
imágenes y otros aspectos de la vida privada de menores de edad.
36. Como resultado de este análisis se tiene que la
prevalencia del interés superior y de los derechos de los niños no implica que
estos desplacen, sin más, las razones a favor de la protección de la libertad
de expresión. Supone, en cambio, la exigencia de establecer una rigurosa carga
de justificar la eventual limitación de los derechos de los miembros más
jóvenes de la sociedad y de conferirles un elevado peso en la ponderación que
integra el juicio estricto de constitucionalidad que, en todo caso, debe
efectuarse cuando estén en juego restricciones a la libertad de expresión.
Este juicio requiere verificar que la restricción, para ser
válida, ha de: (1) estar prevista en la ley; (2) perseguir el logro una
finalidad imperiosa, lo que siempre ocurrirá cuando se oriente a la protección
de derechos fundamentales de los menores; (3) ser necesaria para el logro de
dicha finalidad; (4) no imponga una restricción desproporcionada en el
ejercicio de la libertad de expresión.  Adicionalmente, es preciso verificar
que (5) la medida restrictiva sea posterior y no previa a la expresión objeto
del límite, como también, el que (6) no constituya censura en ninguna de sus
formas, lo que incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido
de la expresión que se limita.
37. Para determinar la proporcionalidad de las restricciones
a la libertad de expresión es preciso tener en cuenta los siguientes criterios
de ponderación:
a. La relevancia de la información, que viene dada no
sólo por la entidad pública o privada de los datos, sino atendiendo a si estos
se refieren a un particular, a una figura pública o a un funcionario público;
tratándose de estos últimos (en especial si se trata de altos dignatarios o de
funcionarios elegidos popularmente), se consideran de relevancia pública
aquellos aspectos de la vida privada que aluden (i) a las funciones que esa
persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii)
a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada
en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la
competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones.
b. El contexto en el que se difunde la información,
considerando más intensa la afectación de la libertad de expresión cuando los
datos de cuya restricción se trata constituyen un elemento central e
inseparable de la información sobre aspectos de relevancia pública; máxime
cuando aquella se inserta en un discurso que goza de especial protección
constitucional.
c. La evaluación del daño generado por la difusión de la
información, de modo tal que este decrece cuando dicha información ya
estaba en el dominio público o cuando se consintió de manera explícita o
implícita en su divulgación.
Con fundamento en estas consideraciones, a continuación se
dará respuesta a los problemas jurídicos planteados por la primera de las
cuestiones sustantivas objeto de controversia.
Examen del caso concreto
38. En el presente caso, la accionante sostiene que la
vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, propia imagen, buen
nombre y recreación de los menores en cuyo nombre se interpone la tutela se
origina en dos publicaciones: (i) La divulgación por parte de Noticias Uno – La
Red Independiente, en la emisión del veinte (20) de enero de dos mil trece (2013),
de imágenes y otros datos que facilitan la identificación y, a juicio de la
actora, ponen en riesgo la seguridad e integridad física de su hijo GBM, las
cuales fueron tomadas y difundidas sin contar con la debida autorización.
Algunas de estas imágenes fueron captadas mientras el niño jugaba en la cancha
construida en la azotea de su vivienda con otros menores, que en el escrito de
tutela se identifican como CACP, MAR y JPCS, y con algunos adultos integrantes
del cuerpo de seguridad del primero; otras muestran a uno de los escoltas del
menor, las placas del vehículo en el que este se moviliza e imágenes de la
vivienda en donde reside. (ii) La publicación en el diario El Espectador de
sendas columnas de prensa, los días veintidós (22) y veintinueve (29) de enero
de dos mil trece (2013), escritas por Cecilia Orozco Tascón, en las que se formulan
críticas a la respuesta dada por la señora Morelli a las quejas de sus vecinos
por el ruido, a su juicio excesivo, que producen las mascotas y los juegos del
pequeño hijo de la Contralora, y por la no comparecencia de esta funcionaria a
las audiencias de conciliación a las que fue citada dentro del trámite de la
querella policial interpuesta por sus vecinos.  En el presente caso no están en
juego la veracidad o imparcialidad de la información publicada, aspecto que no
fue controvertido por la accionante, sino que en ella se haga alusión a
aspectos de su vida privada y se muestren imágenes de los menores GBM, CACP,
MAR y JPCS.
Los demandados sostienen que
ambas publicaciones están amparadas por la libertad de expresión y tenían la
finalidad de dar a conocer la conducta de la señora Morelli en relación al
manejo dado al conflicto con sus vecinos, lo que constituye una información de
interés general teniendo en cuenta que se trata de una alta funcionaria del
Estado. Afirman que el cubrimiento de estos hechos requería informar sobre las
actividades recreativas del hijo menor de la accionante y sus compañeros de
juego, por tratarse de uno de los motivos de queja de los vecinos; que el
material audiovisual suministrado por estos últimos fue editado para que no
fuera reconocible la identidad de los menores. Señalan que, con anterioridad,
otros medios de comunicación habían divulgado esta información, y que la propia
accionante había revelado detalles sobre la identidad de su hijo y su lugar de
residencia, razón por la cual la difusión de estos datos no afectaba la
intimidad ni los demás derechos invocados por la señora Morelli Rico.
Las sentencias objeto de revisión coinciden en señalar que,
en el presente caso, tuvo lugar una afectación del derecho a la intimidad de
GBM. Como consecuencia de ello, ordenaron al Canal Uno, Noticias Uno La Red
Independiente, deshabilitar el link que permite acceder a los videos donde se
muestra al menor jugando en una cancha de fútbol, y al diario el Espectador
excluir de la columna publicada el veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013)
la expresión “y los que hacen el pequeño hijo de la contralora y sus
compañeros de juego en una cancha que ella le mandó instalar al niño en la
azotea de la casa”.  Asimismo, ordenaron a los periodistas y medios de
comunicación accionados abstenerse de publicar, comentar, hacer reportajes o
divulgar imágenes que atenten contra el derecho a la intimidad de GBM, y que a
través de un comunicado público emitido en el mismo horario en que se divulgó
la noticia y en la misma sección donde se publicó la columna, ofrezcan
disculpas al citado menor.  Finalmente, estimaron que no existía afectación de
los restantes derechos fundamentales invocados por la accionante, como tampoco
de los derechos de los menores CACP, MAR y JPCS.
40. La Sala considera que, si bien las publicaciones objeto
de controversia se refieren a unos mismos hechos, cada una de ellas respondió a
finalidades diversas (informativa y de opinión) y tuvo lugar a través de
registros distintos (televisión y prensa escrita), lo que a su vez determinó
que la información relativa a los menores se presentara de formas distintas y
con un alcance también diferenciado. Ello amerita examinar de manera
independiente la tensión que se plantea entre la libertad de expresión y los
derechos de los menores a propósito del video emitido por Noticias Uno – La Red
Independiente y, de otro lado, las columnas publicadas en el diario El
Espectador.
El video difundido por Noticias Uno – La Red
Independiente
41. En la emisión del  veinte (20) de enero de dos mil trece
(2013) se difundió una nota de 2:16 minutos de duración, presentada por el
periodista Iván Serrano, en la que se informó de la inasistencia de la
Contralora a la audiencia de conciliación que, por segunda vez, fue convocada
dentro del trámite de la querella policial interpuesta por sus vecinos, los
residentes del edificio Parquesol; también se informa que, según afirma el
apoderado de la señora Morelli Rico, están analizando la posibilidad de
presentar una demanda en contra de los vecinos, porque el edificio en el que
residen invade parte de la vivienda que habita la señora Morelli.
Como respaldo de esta información, entre el minuto 0:18 y
0:36 se presenta un fragmento de la entrevista realizada a una de las
residentes del edificio, donde afirma que ella y su esposo padecen problemas de
salud; entre el minuto 0:49 y 0:56 el apoderado de la señora Morelli explica
que ella no es la dueña de la vivienda ni de las mascotas; entre el minuto 1:00
y 1:08 la administradora del edificio Parquesol explica que si bien la señora
Morelli Rico no es la propietaria de la residencia, el Inspector de Policía
consideró que ello no es un obstáculo para que se admita la querella; entre el
minuto 1:12 a 1:47, el apoderado de la accionante explica que con este proceso sólo
pretenden victimizarla y hacer un escándalo en los medios; señala además que no
es cierto que en la vivienda se produzcan ruidos que alteren la tranquilidad de
los vecinos ni que el hijo de la accionante juegue al fútbol con sus escoltas.  Es
en este punto de la noticia, donde entre el minuto 1:34 a 1.38 y luego entre el
minuto 1:48 a 1:58, se proyectan unas tomas, captadas desde el edificio vecino,
en las que se aprecia la cancha construida en la azotea de la vivienda donde
reside la señora Morelli y en las que aparecen cinco (5) menores jugando al
fútbol durante el día y, en una de las tomas, captada en horas de la noche,
aparece uno de los menores captados en la toma anterior menor jugando al lado
de un adulto; según afirma el autor de la nota, el niño que aparece en esta
imagen es el hijo de la señora Morelli y el adulto es uno de sus escoltas.
Para corroborar lo anterior, entre el minuto 1:59 y 2:01 se proyecta una imagen
en la que aparece en primer plano el escolta captado en la toma anterior, junto
con las placas y algunos elementos que permiten identificar el vehículo que,
según afirma la accionante, está destinado a transportar al menor GBM.  Finalmente,
entre el minuto 2:02 y 2:09, el autor de la nota informa que la señora Morelli
estaría analizando la posibilidad de demandar a los vecinos por invadir su
predio y, a continuación, entre el minuto 2:10 y 2:14, el apoderado de la
accionante afirma que podría solicitarse la demolición del edificio o bien una
indemnización.
42. La apreciación de estas imágenes y del contexto en el
que fueron emitidas permite a la Sala concluir que: (i) ellas acompañan un
reportaje cuyo objeto principal es informar, y emitir un juicio crítico, sobre
la actitud asumida por la Contralora frente a la querella policial interpuesta
por sus vecinos a raíz de los ruidos producidos por las mascotas y los juegos
del hijo de la accionante. (ii) Las imágenes objeto de controversia,
proyectadas entre los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 1:58 (donde se muestra a
cinco menores jugando al fútbol durante el día y luego a uno de estos jugando
en horas de la noche con un adulto) y 1:59 a 2:01 (en la que aparecen el adulto
y el vehículo), están dirigidas a confrontar lo dicho por el abogado de la
señora Morelli Rico, en el sentido de que no es cierto que se produzcan ruidos
excesivos ni que el menor juegue al fútbol en compañía de sus escoltas.
La Corte constata que los rostros de los menores no aparecen
en primer plano, ni se muestran tampoco con suficiente nitidez. En esto, el
medio de comunicación obró en la orientación correcta, de tratar de proteger al
máximo los derechos fundamentales de los menores de edad. No obstante, en
criterio de la Sala, las medidas tomadas no fueron suficientes. En las imágenes
difundidas se proyectan aspectos de su fisonomía que permitirían su
identificación, al menos, por quienes forman parte de su entorno social y
familiar. De hecho, la fisonomía de uno de los niños se repite en las tomas
captadas durante el día y la noche y, al proyectar esta última, el autor de la
nota señala que se trata del hijo de la señora Sandra Morelli Rico. Las
imágenes difundidas en los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 1:58 muestran a estos
menores de edad mientras realizaban una actividad lúdica en un espacio que no
era público, por estar ubicado dentro de una vivienda. Al tratarse de un
espacio descubierto, las actividades que allí tenían lugar podían ser apreciadas
desde los inmuebles vecinos, pero eso no las convertía en escenarios públicos. Estas
imágenes fueron captadas sin autorización de los menores o de sus padres, de
acuerdo con lo afirmado por la accionante y los demás coadyuvantes, sin que tal
afirmación fuera controvertida por los demandados. La imagen proyectada entre
el minuto 1:59 a 2:01 muestra en primer plano, y con total nitidez, a un adulto,
que el autor de la nota identifica como uno de los escoltas del cuerpo de
seguridad asignado a la señora Morelli, junto a un vehículo cuyas placas y
parte trasera se aprecia de manera clara, el cual, según afirma la accionante,
está destinado al transporte de su hijo.
La Sala encuentra que la difusión de las imágenes
proyectadas entre el minuto 1:34 a 1:38 y 1:48 a 2:01 del reportaje emitido por
Noticias Uno invaden entonces la intimidad y afectan el derecho a la propia
imagen no solo del niño GBM, sino de los demás menores de edad que aparecen en
dichas tomas. Sin autorización suya ni la de sus padres, dichos registros
fueron mostrados al público, y en ellos aparecen jugando en un recinto que sin
embargo no era abierto al escrutinio público. Es verdad que el espacio donde
desarrollaban dicha actividad, la cancha construida en la azotea de la vivienda
de la accionante, es abierto y está expuesto a la mirada de los vecinos; sin
embargo, no por ello pierde su carácter de sitio dentro del cual las personas,
si bien cuentan con la posibilidad de ser observadas y escuchadas por quienes
están próximos al lugar en el que habitan, en todo caso tienen derecho a que su
imagen y los detalles de las actividades que realizan en su hogar no sea
expuesta a la mirada del gran público. Esta conclusión es aún más categórica
tratándose de personas que no gozan de notoriedad pública u ocupan cargos de
tal naturaleza y, por tanto, no ven reducido el umbral de protección de su
derecho a la intimidad.  Pero lo es todavía más tratándose de menores de edad,
por el especial compromiso que tienen la familia, la sociedad y el Estado de
garantizar las condiciones requeridas para su desarrollo integral y el
ejercicio pleno de sus derechos; entre tales condiciones y derechos está el
poder desarrollar sus actividades cotidianas sin verse expuestos a la mirada y
al juicio del público, debido a los particulares efectos nocivos que, en su
caso, puede llegar a desencadenar la exposición mediática.
43. Es cierto, como afirman los demandados, que los rostros
de los menores no se proyectan con nitidez y que, al compararlas con el
material audiovisual suministrado por los vecinos (que sirve como base al
reportaje), se advierte que el medio responsable de la difusión se ocupó de
editar las imágenes, suprimiendo tomas en las que podía apreciarse con claridad
el rostro de los menores. La Corte toma ese hecho en consideración, y lo valora
para efectos de la decisión que habrá de tomar en la parte resolutiva de esta
providencia, pues esta intervención del medio de comunicación revela una
preocupación suya por ejercer de manera responsable sus libertades
constitucionales. Sin embargo, a pesar de ese intento de ajustar la publicación
a los estándares derivados de los derechos fundamentales de los menores de
edad, la Sala observa que en el reportaje publicado es posible apreciar rasgos
de su fisonomía que, al ser expuestos al público, facilitan la identificación
de estos menores, al menos, para las personas cercanas a su entorno social y
familiar. Por otra parte, la imagen de uno de ellos se repite en una toma
posterior, donde aparece sin otros niños que lo acompañen, mientras el autor de
la nota lo identifica como el hijo de la Contralora; además, en la imagen
proyectada a continuación se aprecian datos adicionales, que posibilitan aún
más la identificación del niño GBM, como la imagen de uno de los escoltas que
lo acompaña, la imagen de la parte trasera del vehículo en el que se moviliza y
de la fachada de la vivienda donde habita.
44. Finalmente, es verdad que la información presentada por
Noticias Uno – La Red Independiente, sobre la querella policial interpuesta por
los vecinos de la Contralora ya había sido puesta en conocimiento del público
por el periódico el Tiempo, que en su edición del catorce (14) de noviembre
difundió una noticia titulada “Contralora Morelli, en líos con sus vecinos
por sus mascotas”, en la que se informa que “el ruido de las mascotas de
la funcionaria – cinco perros y una guacamaya – sumadas al peloteo en una
cancha de fútbol construida en el techo de su vivienda, aledaña al parque El
Virrey, fueron las causas para que la administradora del edificio Parquesol,
que colinda con la casa de Morelli, instaurara una querella contra la
Contralora General de la Nación”.  También se da cuenta de la versión de una
de las vecinas, quien afirma que: “en el campo de fútbol no solo juega el
hijo de la funcionaria sino también sus escoltas, quienes gritan en la noche”; [92]
esta noticia se acompaña de una galería de fotos en las que se aprecia la
fachada de la vivienda, imágenes de la cancha de fútbol y del patio donde
permanecen las mascotas.[93] Asimismo, en la edición
del dieciséis (16) de noviembre de dos mil doce (2012), este diario publicó
apartes de la respuesta enviada por la señora Morelli Rico, con ocasión de la
información difundida en la edición del catorce (14) de noviembre, acompañada
de una fotografía que muestra los exteriores de la vivienda donde reside la
accionante, incluyendo la cancha de fútbol donde fueron captadas las imágenes
difundidas por Noticias Uno – La Red Independiente, y su proximidad con los
apartamentos ubicados en uno de los costados del edificio Parquesol.[94]
Lo anterior evidencia que, antes de la emisión de Noticias
Uno – La Red Independiente, del día veinte (20) de enero de dos mil trece (2013),
algunos de los datos allí difundidos ya habían sido dados a conocer a la
opinión.  Es el caso de: (i) la existencia de la querella policial en contra de
la señora Morelli Rico, interpuesta por la administración del edificio
Parquesol; (ii) la existencia de una cancha de fútbol construida en la azotea
de la vivienda de la accionante, donde su hijo juega en horas de la noche en
compañía de sus escoltas; (iii) la relación entre la querella policial y el
peloteo producido por los juegos del menor; (iv) la ubicación de la vivienda
donde reside la funcionaria, en compañía de su hijo, su madre y sus mascotas;
(v) la imagen de la fachada de la vivienda y su proximidad al edificio
Parquesol.
No obstante, entre el cubrimiento dado a estos hechos por el
diario El Tiempo y por Noticias Uno – La Red Independiente media una diferencia
relevante y es que el primero no utilizó imágenes de los menores de edad, ni
datos o información que condujera a su identificación, ni tampoco elementos
informativos relativos a otros residentes en la vivienda para respaldar la publicación,
limitándose a mostrar fotografías de las zonas exteriores de la residencia,
entre ellas el campo de fútbol, y de las mascotas que allí permanecen. De este
modo, la previa difusión en el Diario El Tiempo de algunos elementos
informativos posteriormente divulgados en Noticias Uno – La Red Independiente,
aunque es relevante para otros fines, no atenúa ni elimina la afectación de los
derechos a la intimidad y a la propia imagen de los menores cuya protección se
solicita a través de esta tutela.
45. Acreditada, por tanto, la afectación de los derechos a
la intimidad y propia imagen de los niños GBM, CACP, MAR y JPCS, se evidencia
una colisión con el ejercicio de la libertad de prensa, en su faceta de
libertad informativa, que prima facie ampara el ejercicio periodístico
de Noticias Uno – La Red Independiente.  Este último tenía por objeto informar
sobre la conducta de una alta servidora del Estado -  la Contralora General de la
República - que si bien no guardaba relación directa con el ejercicio de sus
funciones sino con aspectos de su vida privada, era de relevancia pública por
cuanto con ella se ponía de manifiesto un posible incumplimiento de sus deberes
ciudadanos. Como ya se expresó en el numeral 16 de esta providencia, y lo
reiteró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Fontevecchia
y D’Amico vs. Argentina[95], este tipo de
discursos se consideran merecedores de especial protección constitucional, pues
a través de ellos la prensa cumple con su misión de estimular el debate público
sobre la conducta de los altos servidores del Estado que, en razón de sus
funciones, han de ser merecedores de la confianza ciudadana.  Esta función constituye
una de las razones que confiere a la libertad de prensa un lugar preferente en
el sistema de libertades. De ahí que, en el presente caso, en virtud del
carácter de “doble vía” que ostenta la libertad de información, no sólo esté en
juego el derecho de los periodistas y del medio de comunicación a difundir la
información objeto de controversia, sino el derecho del público a tener libre
acceso a aquellos aspectos de la noticia referidos de manera directa al
cumplimiento de los deberes ciudadanos de la aludida funcionaria.
46. Los jueces de instancia basaron su decisión en el
carácter prevalente de los derechos de los niños sin tomar en consideración si el
ejercicio periodístico de Noticias Uno – La Red Independiente era también
merecedor de especial protección constitucional. De tal suerte que decidieron
el conflicto, calificado en la sentencia de segunda instancia como “más
aparente que real”, a favor del derecho del menor GBM y, como objeto
material de protección, ordenaron deshabilitar el link que permitía el acceso
público al video que contenía el reportaje que originalmente fue difundido por
este medio de comunicación en su emisión del veinte (20) de enero de dos mil
trece (2013).
Sin embargo, al fundamentar esta decisión, los jueces pasaron
por alto el precedente fijado por esta Corporación, según el cual toda
restricción de la libertad de expresión, incluso aquellas que se orientan a
proteger los derechos de los menores, debe reunir las siguientes condiciones: (1)
estar prevista de manera precisa y taxativa por la ley; (2) perseguir el logro
una finalidad imperiosa, lo que siempre ocurrirá cuando se oriente a la
protección de derechos fundamentales de los menores; (3) ser necesaria para el
logro de dicha finalidad; (4) no imponer una restricción desproporcionada en el
ejercicio de la libertad de expresión. Adicionalmente, es preciso verificar que
(5) la medida restrictiva sea posterior y no previa a la expresión objeto del
límite, como también, el que (6) no constituya censura en ninguna de sus
formas, lo que incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido
de la expresión que se limita. Así las cosas, corresponde a la Sala examinar si
la orden proferida por los jueces de instancia, de impedir la difusión pública
de la totalidad de la nota periodística de Noticias Uno – La Red Independiente
que permanecía disponible en el sitio web de este noticiero, satisface las condiciones
de validez que debe reunir toda medida orientada a limitar la libertad de
expresión.
47. La primera de estas condiciones, que la restricción
esté prevista en la ley, tiene la implicación esencial de que exige fundar
la restricción a la libertad de expresión en una norma expedida por un
organismo plural y deliberativo, electo democráticamente. No obstante, esto no
significa que en todos los casos tenga que estar prevista necesariamente en una
ley en sentido formal, pues también es legítimo que en determinadas
hipótesis la restricción se funde en un texto constitucional, que reúna también
esas características. Ahora bien, en todo caso debe tenerse en cuenta que las limitaciones
al ejercicio de esta libertad no son siempre igual de intensas, y que a mayor
nivel de intensidad en la interferencia del derecho fundamental se elevan a su
turno las exigencias de legalidad. Con lo cual, para efectuar intervenciones
legítimas comparativamente intensas en el ejercicio de la libertad de expresión,
se requiere no sólo que las mismas se encuentren previstas en la ley, sino además
que estén contempladas en ella de manera precisa y taxativa (es lo que ocurre,
por ejemplo, cuando se trate de una sanción de orden penal, o de una limitación
de alcance general a los medios de comunicación).[96]
En este caso, en vista de que no se está en un escenario
sancionatorio, ni en un contexto en el cual quepa hablar de limitaciones con
alcance general a la libertad de prensa, ni tampoco en un espacio en el cual se
someta a control o se demande una restricción intensa a la libertad de
expresión, la Corte considera que la interferencia solicitada se funda en las
normas contempladas por los artículos 15 y 44 de la Constitución, y el artículo
47 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en su
numeral 8º. Este último ordena a los medios de comunicación:
“Abstenerse de entrevistar,
dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la
identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores
o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el
derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o
la de su familia si esta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia,
será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar”.
Esta disposición incorpora tres (3) contenidos normativos:
(i) la prohibición de entrevistar, dar el nombre o divulgar datos que puedan
conducir a la identificación de menores de edad que tengan la calidad de
víctimas, autores o testigos de hechos delictivos; (ii) una excepción a la
prohibición anterior, en aquellos casos en que la divulgación de esta
información se requiera para hacer efectivo el derecho del menor víctima del
delito a que se establezca su identidad y la de su familia; (iii) el
establecimiento de una condición en cuya virtud, “en cualquier otra
circunstancia”, en la cual esté comprometido el goce efectivo de derechos
fundamentales de los menores de edad, sólo podrán publicarse entrevistas,
nombres o datos que puedan conducir a la identificación del menor de edad si se
cuenta con la previa autorización de sus padres o, en su defecto, del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Aunque las imágenes divulgadas de los menores no permiten
identificar de manera clara su fisonomía, la exposición de las figuras de los
niños GBM, CACP, MAR y JPCS y de otros datos adicionales que eventualmente
facilitaban la identificación de GBM se enmarca en esta última hipótesis, razón
por la cual los periodistas y el medio de comunicación accionado debieron
obtener la autorización de los padres de los menores antes de difundir imágenes
u otros datos de los niños.
Sin embargo, en este punto es necesario introducir dos (2)
precisiones: la primera, es que la mencionada norma legal sólo autoriza la
restricción de aquellas partes del reportaje en las que efectivamente se difunden
imágenes u otros datos que facilitan la identificación de los menores GBM,
CACP, MAR y JPCS, lo que en el presente caso tiene lugar entre el minuto 1:34 a
1:38 y 1:48 a 2:01, respectivamente, del reportaje emitido por Noticias Uno – La
Red Independiente.  Estas tomas, que suman un total de 17 segundos, forman
parte de una pieza informativa cuya duración total es de 2 minutos y 16
segundos, en los que, con excepción de las aludidas imágenes, se exponen otros
contenidos donde no se menciona ni se difunde dato alguno relacionado con los
menores, sino que se refieren a: la situación de salud de una de las familias
residentes en el edificio contiguo a la vivienda de la accionante, la
entrevista con la administradora del edificio Parquesol, la versión del abogado
que representa a la señora Morelli y la información sobre la inasistencia de la
accionante a la segunda audiencia de conciliación convocada dentro del trámite
de la querella que se adelanta en la Inspección de Policía de Chapinero.  En
consecuencia, la prohibición de emitir los demás contenidos del video que
contiene el reportaje de Noticias Uno – La Red Independiente no estaría
cubierta por la restricción que impone el numeral 8º del artículo 47 del Código
de la Infancia y la Adolescencia, que en el presente caso sólo autorizaría a
limitar la divulgación de las imágenes proyectadas entre los minutos 1:34 a
1:38 y 1:48 a 2:01, respectivamente. En segundo lugar, la existencia de una
norma legal que, de manera precisa y taxativa, autorice la restricción de un
determinado contenido informativo es condición necesaria, pero no suficiente,
para que tal restricción resulte constitucionalmente admisible.  Esto último
sólo ocurrirá cuando se verifiquen las restantes condiciones que habilitan el
establecimiento de límites a la libertad de expresión.
48. La segunda condición, esto es, que la limitación persiga
una finalidad imperiosa, también se cumple en el presente caso, pues una
de las consecuencias normativas que se derivan de la cláusula constitucional de
prevalencia de los derechos de los niños (art. 44 CP.) es que su protección ha
de ser tenida como una finalidad prioritaria de la sociedad. En este caso, la
restricción de las imágenes correspondientes a los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a
2:01, respectivamente, del reportaje de Noticias Uno – La Red Independiente, persigue
el propósito de proteger la intimidad y el derecho a la propia imagen de los
menores GBM, CACP, MAR y JPCS, a quienes asiste el derecho a no ser objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada y a que su imagen no se
difunda sin consentimiento suyo o de sus representantes legales.
49. En tercer lugar, para ser válida, la restricción a la
libertad informativa debe ser necesaria para proteger la intimidad y el
derecho a la propia imagen de los menores en cuyo nombre se interpone esta
tutela. La restricción no será necesaria si existen otras medidas que permitan
proteger los derechos de los niños con  un  menor sacrificio para la libertad
de información.  Ello requiere comparar la medida enjuiciada con otros medios
alternativos, desde la doble perspectiva de su idoneidad equivalente para
proteger los derechos y su menor lesividad para la libertad de información.
La medida ordenada en las decisiones objeto de revisión
consistió en prohibir la difusión, en su totalidad, del reportaje de Noticias
Uno – La Red Independiente. Como ya se indicó, la norma legal que habilita
restringir la libertad de información en casos como el presente, sólo
autorizaría limitar la difusión de las imágenes proyectadas en los minutos 1:34
a 1:38 y 1:48 a 2:01, respectivamente, razón por la cual la prohibición de
divulgar el resto de los contenidos informativos del reportaje, impuesta por los
jueces de instancia, no superó ni siquiera el primero de los requisitos a los
que se sujeta toda limitación a la libertad de dar y recibir información.  Pero
además de carecer de cobertura legal, la supresión total del reportaje
constituye una medida innecesaria, toda vez que la finalidad de protección de
los derechos de los menores bien puede alcanzarse eliminando la difusión de las
imágenes correspondientes a las fracciones de tiempo antes señaladas, en donde
se expone la figura de los menores GBM, CACP, MAR y JPCS, en forma tal que,
aunque no pueden identificarse plenamente en su fisonomía, eventualmente
facilitan la identificación del menor GBM, y que fueron captadas y difundidas
sin autorización de sus representantes legales.
Si bien es cierto, al analizar el papel que desempeñan estas
imágenes dentro del reportaje objeto de controversia se tiene que, en relación
con las proyectadas en los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 2:01, su finalidad es respaldar
la veracidad de las quejas de los vecinos sobre el ruido que al parecer
producen los juegos que tienen lugar en la cancha de fútbol, que estos se
realizan en horas de la noche y que en ellos participan integrantes del cuerpo
de seguridad del hijo de la señora Morelli; al mismo tiempo, con ellas se
pretende confrontar las declaraciones del abogado de la accionante, en las que
niega que lo anterior sea cierto. Sin embargo, la presentación de las imágenes
objeto de controversia tampoco resulta necesaria para que el medio de
comunicación alcance el propósito al que estaban destinadas, toda vez que para
ello bien puede valerse de otro tipo de soportes visuales que permitan mantener
a salvo la identidad e intimidad de los menores sin sacrificar, a su vez, la
finalidad informativa del reportaje.
50. La falta de necesidad de la restricción a la libertad
informativa ordenada en las sentencias que se revisan permitiría concluir en
este punto el análisis. Sin embargo, por estar en juego derechos de menores de
edad, cuya consideración, como quedó establecido en el numeral 25 de esta
providencia, impone una carga argumentativa especialmente rigurosa, la Sala
estima pertinente avanzar en el examen de los demás requisitos de validez para ofrecer
razones suficientes que justifiquen la decisión que se adoptará al respecto.
51. Si, en gracia de discusión, la supresión total del
reportaje fuera considerada una medida necesaria para proteger los derechos a
la intimidad y a la propia imagen de los menores, aún sería preciso enjuiciar
su proporcionalidad en sentido estricto. Ello implica efectuar una
ponderación en la que se consideren (i) el peso abstracto de los bienes
en conflicto; (ii) la evaluación de la gravedad de la intervención en
cada uno de ellos, y (iii) la certeza de que se verán lesionados a
partir de la información empírica disponible.[97]
En el presente caso se enfrentan derechos que ostentan la
máxima importancia material en nuestro orden constitucional, como son los
derechos a la intimidad y a la propia imagen de los menores GBM, CACP, MAR y
JPCS, amparados por una cláusula explícita de prevalencia (art. 44 CP.) que se
traduce, además de otorgar a su protección el carácter de finalidad imperiosa,
en el reconocimiento de un elevado peso abstracto en la ponderación que puede,
incluso, superar, a la posición preferente reconocida a la libertad de
información.
Sin embargo, para justificar la prevalencia en el caso
concreto es preciso aún considerar la gravedad y el grado de certeza de la
afectación que, para la libertad de expresión se deriva de la supresión total
del video difundido por Noticias Uno, ordenada por los jueces de instancia; por
otro lado, la intensidad con la que se afectan los derechos de los menores que
fueron objeto de exposición mediática en este reportaje.  Con fundamento en los
criterios específicos de ponderación a tener en cuenta en casos que involucran
restricciones a la libertad de expresión,[98] es preciso concluir que
la libertad informativa resulta afectada con la prohibición de difundir la
totalidad del reportaje, por cuanto su contenido es de relevancia pública, en
tanto da a conocer una denuncia ciudadana que atañe a una servidora del Estado,
a través de la cual la prensa ejercita su función de control sobre quienes
detentan mayor poder político y social.[99]
Entretanto, para valorar la afectación en concreto de los
derechos a la intimidad y a la propia imagen de los menores en cuyo nombre se
solicita el amparo, ha de tenerse en cuenta que, si bien la exposición
mediática de la figura de los niños sin consentimiento de sus padres comporta
una conducta irregular por parte del medio de comunicación accionado que merece
ser reprochada, la difusión del reportaje, en sí mismo, no generaba afectación
de otros derechos fundamentales de estos menores, ni existen pruebas de que su
divulgación les haya causado daño psíquico o emocional, o que haya afectado de
algún modo su vida en sociedad. La publicación efectuada por Noticias Uno no tuvo
ni el propósito ni la consecuencia objetiva de afectar el derecho al buen
nombre de los niños, pues en modo alguno el sentido del reportaje se orientaba
a censurarles por realizar una actividad recreativa propia de su edad y a la
cual tienen pleno derecho, siempre que se efectúe dentro del límite que impone
el respeto por los derechos ajenos.  Su exclusiva finalidad consistía en cuestionar
la actitud asumida por la señora Morelli Rico frente a dichos reclamos y la
inasistencia a las audiencias de conciliación programadas para tratar de poner
fin al conflicto. Por otra parte, los demás elementos informativos de la
noticia - diferentes a la difusión de la imagen de los niños y otros datos
sensibles del hijo de la accionante - como son los relativos a la existencia de
la querella y a que uno de sus motivos consistía en el ruido que producen el
hijo de la accionante y sus amigos cuando juegan al fútbol en la azotea de la
residencia de la familia Morelli, ya estaban en el dominio público para la
época en que se proyectó el reportaje de Noticias Uno – La Red Independiente y
con posterioridad fueron divulgados en un reportaje autorizado por la
accionante.[100]
En definitiva, aun cuando en abstracto pueda afirmarse que
los derechos de los menores ostentan un peso mayor que el conferido a la
libertad de información, al verificar el grado de afectación en concreto y la
certeza de su lesión, en el presenta caso la prohibición de difundir la
totalidad del reportaje emitido por Noticias Uno, ordenada por los jueces de
instancia, impone una restricción desproporcionada de la libertad de expresión,
comoquiera que el sacrificio para la libertad de información es mayor que la
protección que de ella se deriva para los derechos de los menores, la cual, en
todo caso, podía llevarse a cabo a través de mecanismos que no implicaran la
supresión definitiva de una pieza informativa que el público tiene derecho a
conocer, pues para ello, bastaba la supresión de las imágenes en las que se
exponía la fisonomía de los niños y se daban a conocer otros datos sensibles
del hijo de la accionante para de ser el caso, remplazarlas por otro tipo de
apoyos visuales que, sin afectar los derechos a la intimidad y a la propia
imagen, permitieran al medio accionado satisfacer su propósito informativo.
52. Por las razones expuestas, la Sala concluye que, en el
reportaje objeto de controversia, Noticias Uno – La Red Independiente excedió
el ámbito constitucionalmente protegido por la libertad de información al
difundir, entre los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 2:01, respectivamente,  imágenes
en las que se aprecian rasgos de la fisonomía de los niños GBM, CACP, MAR y
JPCS y, adicionalmente, otros datos que pueden facilitar la identificación de
GBM, sin contar para ello con la autorización de sus padres. La amplia libertad
reconocida a los medios de comunicación para informar y juzgar la conducta de
los funcionarios públicos tiene un claro límite en la prohibición de afectar la
intimidad, la propia imagen y otros derechos de los menores de edad.  En estos
casos, la prensa debe cuidarse de no exponer a los menores, a quienes asiste el
derecho de mantenerse al margen de la mirada y del juicio público, incluso
cuando el asunto de que se trate sea de aquellos que la ciudadanía tiene
derecho a conocer. Son los servidores públicos, en especial los altos
funcionarios del Estado, quienes están sujetos a un especial escrutinio por
parte de la ciudadanía y de los medios; no lo están, en cambio, sus familiares,
menos aún cuando estos son menores de edad, pues estos conservan íntegro su
derecho al anonimato, a crecer como cualquier otro niño y no ser objeto de
injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada.
Si el medio de comunicación juzgaba indispensable, para
cumplir con su finalidad informativa, ilustrar las actividades lúdicas que
tienen lugar en la cancha de fútbol construida en la azotea de la vivienda de
la accionante, estaba en la obligación de adoptar las máximas precauciones para
no revelar la imagen ni otros datos que facilitaran la identificación de los
menores que tomaban parte en estos juegos. Por lo tanto, la Corte ordenará al
medio de comunicación accionado que en el futuro se abstenga de difundir
imágenes u otros datos que faciliten la identificación de menores de edad, sin
cumplir con el mandato establecido en el numeral 8º del artículo 47 del Código
de la Infancia y la Adolescencia.
En conclusión, la Sala encuentra que en el presente caso la
medida de protección ordenada por los jueces de instancia, además de carecer de
cobertura legal suficiente, resultaba innecesaria y desproporcionada en orden a
proteger los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los menores en
cuyo nombre se solicita el amparo.  Para lograr esta finalidad, bastaba con
ordenar a Noticias Uno – La Red Independiente suprimir las imágenes
correspondientes a los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 2:01 del reportaje para, de
ser el caso, remplazarlas por otro tipo de recursos visuales que permitieran
satisfacer la finalidad informativa buscada con dichas secuencias sin implicar
una exposición mediática de las figuras de los menores GBM, CACP, MAR y JPCS.  En
consecuencia, se modificará la orden impartida a este respecto en las
sentencias objeto de revisión.[101]
Las columnas de prensa publicadas en El Espectador
53. La segunda causa de afectación de los derechos de los
menores a la que se refiere la accionante es la publicación en El Espectador de
dos (2) columnas de prensa de la periodista Cecilia Orozco Tascón. En la
primera de ellas, titulada “Unos igualados ante la contralora”
(publicada el 22 de enero de 2013), critica la respuesta dada por la Contralora
a la querella interpuesta por sus vecinos y su inasistencia a las dos (2)
audiencias de conciliación a las que fue citada por la Inspección de Policía de
Chapinero.  Dentro de los hechos narrados en la columna, se menciona que:
“El 1º de noviembre de 2012,
trece propietarios de los catorce que tiene el edificio contiguo a la casa de
Sandra Morelli, desesperados por la falta de sueño y descanso, decidieron acudir
a la comisaría de su localidad para entablar una queja por los ruidos diurnos y
nocturnos de cinco perros y una guacamaya, y los que hacen el pequeño hijo
de la contralora y sus compañeros de juego en una cancha que ella le mandó a instalar
al niño en la azotea de la casa.” (subrayas añadidas)
La segunda, que lleva por título “Sin justicia pero con
derechos” (publicada el 29 de enero de 2013), cuestiona la cordura de la funcionaria
a raíz de las reacciones descomedidas frente a los cuestionamientos formulados
a su gestión por algunos comentaristas, frente a los vecinos que se querellaron
en su contra y frente a la reportera de El Tiempo que dio por primera vez
noticia de dicha querella.  En esta ocasión, no se hace mención alguna del hijo
de la accionante, pero se alude al conflicto de la Contralora con sus vecinos
en los términos siguientes: “La doctora Morelli tiene obligaciones., En el
marco de la Constitución ella es igual a sus vecinos, seres anónimos pero
protegidos por la Carta y a quienes pretende tumbarles el edificio porque le
solicitaron silencio en horas de descanso”.
54. Los jueces de instancia coincidieron en afirmar que la
alusión al “pequeño hijo de la contralora y sus compañeros de juego”,
contenida en la primera de las columnas de opinión objeto de controversia,
vulneró el derecho a la intimidad del menor GBM, al ser mencionado como una de
las personas que generan ruidos diurnos y nocturnos que irrumpen la
tranquilidad de los vecinos. En consecuencia, ordenaron excluir de su texto la
frase “y los que hacen el pequeño hijo de la contralora y sus compañeros de
juego en una cancha que ella le mandó a instalar al niño en la azotea de la
casa”. Sin embargo, al igual que ocurrió con la orden de impedir la
difusión del video de Noticias Uno – La Red Independiente, tampoco en este caso
cumplieron con la carga de justificar, con razones suficientes, la validez de
la restricción a la libertad de expresión que con ella se imponía.
55. Como ya se examinó, la primera condición que debe
satisfacer toda restricción a la libertad de expresión, incluso cuando tiene
por finalidad proteger los derechos fundamentales de menores de edad, es estar
respaldada en una norma legal que defina de manera clara y taxativa el motivo
de la restricción.  En las sentencias objeto de revisión, el juez de primera
instancia ofrece como única razón para respaldar la orden de editar la columna
de prensa el que dicha publicación invadió el fuero interno del menor “al
citarlo como una de las personas que generan ruidos diurnos y nocturnos que
irrumpen la tranquilidad de los vecinos”.  Por su parte, el Tribunal que
decidió la acción de tutela en segunda instancia, entiende que tanto el video
emitido por Noticias Uno – La Red Independiente, como la alusión al “pequeño
hijo de la Contralora” en la columna de prensa publicada en El Espectador,
desconocieron prohibición establecida en el artículo 47, numeral 8º, del Código
de la Infancia y la Adolescencia.
Sin embargo, al volver sobre el contenido de esta
disposición se encuentra que en sus dos primeras hipótesis se refiere a
situaciones en las que el menor ha sido víctima, testigo o autor de un delito.
La tercera hipótesis prevista en la disposición, más próxima al asunto que se
debate, regula las demás situaciones en las que no está en juego la comisión de
un hecho punible, condicionando en estos casos la divulgación de entrevistas,
nombres o datos que identifiquen o puedan conducir a identificar a los niños,
niñas o adolescentes, a obtener el previo consentimiento de sus padres o,
en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La alusión al hijo de la accionante y a sus compañeros de
juego que se hace en la columna objeto de controversia no se ajusta a ninguna o
ninguno de los supuestos regulados en la norma, en tanto no suministra datos
que identifiquen o puedan conducir a la identificación de estos menores.  En
ella no se ofrece ningún contenido informativo adicional respecto del que ya
estaba en conocimiento del público, al haber sido publicado en el diario El
Tiempo en su edición del catorce (14) de noviembre de  dos mil doce (2012)
(nota que aún circula en la internet)[102], en donde se informa
que “el ruido de las mascotas de la funcionaria – cinco perros y una
guacamaya – sumadas al peloteo en una cancha de fútbol construida en el techo
de su vivienda, aledaña al parque El Virrey, fueron las causas para que la
administradora del edificio Parquesol, que colinda con la casa de Morelli,
instaurara una querella contra la Contralora General de la Nación”. Tampoco
al que circuló con posterioridad a la publicación de la columna, en un
reportaje de la revista Jet – Set donde se dice que:“(l)os vecinos del
sector se han quejado y hasta le interpusieron una querella por el ruido que
hacen sus perros, una guacamaya y el niño cuando juega fútbol en uno de los
jardines de la residencia”.[103]  A juicio de
esta Sala, no se aprecia ninguna diferencia entre estas expresiones y las que
los jueces de instancia ordenaron suprimir de la columna de la periodista Orozco
Tascón.  Ni en aquellas ni en ésta, se ofrecen testimonios del menor o se
suministran datos personales que faciliten su identificación, lo que las sitúa
por fuera del ámbito de la prohibición contenida en el numeral 8º del artículo
47 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Tan sólo se menciona un hecho,
cuya veracidad no es cuestionada por la accionante, y es que los juegos del
menor han dado lugar a las quejas de sus vecinos.
56. Pero de nuevo, si en gracia de discusión se admitiera
que la restricción a la libertad de opinión impuesta en las sentencias que se
revisan tuviera respaldo en una norma legal, en todo caso la eliminación de la
frase cuestionada no sería una medida idónea para contribuir a la imperiosa finalidad
de proteger la intimidad del menor GBM.  Como ya se expresó, los hechos que
menciona la periodista Orozco Tascón en su columna de opinión, y sobre los
cuales fundamenta sus críticas a la Contralora, eran y siguen siendo de
conocimiento público a través de los otros medios de comunicación que, con
diversos propósitos informativos, se han referido a ellos y algunos de los
cuales han contado, incluso, con la autorización de la madre del menor GBM.
57. La falta de idoneidad de la medida ordenada por los
jueces de instancia impide continuar con el examen de su necesidad, pues
el presupuesto de este análisis es que la medida objeto de controversia tenga
aptitud para lograr la finalidad de protección que con ella se busca.  De otro
modo, carece de sentido compararla con otros medios a fin de establecer si
estos resultan igualmente idóneos y menos lesivos que el medio
enjuiciado; por definición, el primero de estos parámetros de comparación
requiere la idoneidad del medio sometido a examen.  Asimismo, la falta de
adecuación de la medida ordenada impide evaluar su proporcionalidad en
sentido estricto pues también esta requiere que de su adopción se derive
algún beneficio para el principio que suministra razones a favor de su
constitucionalidad.
58. Adicionalmente, debe considerarse que, si bien es cierto
que la columnista Orozco Tascón hace un juicio severo de la Contralora que
toma, como base, entre otros, el hecho descrito en la frase cuestionada, para la
Sala es claro que las críticas no se orientan a descalificar al menor GBM y a
sus amigos por jugar al fútbol sino a su madre por desatender los reclamos de
sus vecinos.  No hay ningún elemento en las columnas de prensa examinadas en
los que se reproche a estos niños por realizar una actividad recreativa que no
sólo forma parte de la cotidianidad de los niños de la edad del hijo de la
accionante, sino que además goza de especial protección constitucional (art. 44
CP), en tanto se ejerza dentro de los límites impuestos por el respeto a los
derechos de los demás.  Por tanto, cualquier juicio crítico y afectación al
buen nombre se dirige en exclusiva contra la alta funcionaria por el manejo
dado al conflicto con sus vecinos.
En este orden de ideas, el contexto en el que se inserta la
expresión objeto de controversia es el de un discurso que goza de especial protección
constitucional al amparo de la libertad de opinión, en tanto se orienta a
estimular un debate público sobre la conducta de una alta servidora del Estado.
Como lo ha reiterado esta Corporación, la libertad de opinión tiene por objeto proteger
la expresión de la subjetividad de quien toma la palabra o se vale de otro tipo
de lenguaje para dar a conocer sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones
personales sobre determinados hechos, situaciones o personas.  Los únicos
límites que en democracia cabe imponer a las personas que expresan su opinión,
máxime cuando esta puede afectar la reputación de otros, son, en primer lugar,
que quienes opinan basen sus juicios sobre hechos ciertos o sobre cuya
veracidad puedan dar pruebas; adicionalmente, que sus opiniones no estén
dirigidas a incitar a la violencia contra las personas que son blanco de sus
críticas.  A este respecto, la Corte ha precisado que “(n)o se
restringe la opinión negativa contra algunas personas, sino el hecho de que se
utilice la opinión como arma para generar una conducta violenta en contra de la
víctima. Es decir, se trata de situaciones en las cuales se hace un uso de la
libertad de opinión incompatible con la democracia, la cual procura la solución
dialogal de los conflictos sociales”.[104] A juicio de la
Sala, ninguno de estos límites han sido transgredidos en el presente caso, pues
las opiniones expresadas por la columnista Orozco Tascón se fundamentan en
hechos cuya veracidad no ha sido cuestionada y las críticas que en ellas se formulan
se basan en la opinión personal de la columnista.
59. Por las razones expuestas, la Corte concluye que la
referencia al pequeño hijo de la Contralora y a sus compañeros de juego en una
de las columnas de opinión objeto de controversia no vulneró el derecho a la
intimidad personal ni otros derechos fundamentales de los menores GBM,  CACP,
MAR y JPCS, por cuanto el hecho mencionado ya había sido puesto en conocimiento
del público por otros medios de comunicación y, con posterioridad, en un
reportaje publicado con el consentimiento de la accionante y respecto del cual
los padres de los demás menores en cuyo nombre se ejercita esta acción no han
manifestado oposición.  En consecuencia, se revocará la orden proferida por el
juez de primera instancia, y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior
de Bogotá en segunda instancia, que ordenó eliminar la frase “y los que
hacen el pequeño hijo de la contralora y sus compañeros de juego en una cancha
que ella le mandó a instalar al niño en la azotea de la casa”, de la
columna titulada “Unos igualados ante la Contralora”, publicada en El
Espectador por la periodista Cecilia Orozco Tascón.
Segunda cuestión sustantiva. La tensión entre los
derechos a la recreación y al libre desarrollo de la personalidad y el derecho
a la intimidad de los vecinos, con ocasión de las molestias generadas por el
ruido.
60. Además del conflicto entre los derechos de los menores
en cuyo nombre se interpuso esta tutela y la libertad de los medios para
informar y opinar sobre las conductas de altos servidores del Estado, la
presente causa involucra un conflicto adicional que, además de guardar estrecha
relación con el primero, también implica una tensión entre derechos
fundamentales que, en caso de estar dadas las condiciones de procededibilidad
de la tutela, habilitan la intervención del juez constitucional.
Se trata del conflicto entre algunos de los residentes del
edificio Parquesol, quienes afirman que los ruidos, a su juicio excesivos, que
producen las mascotas y las actividades lúdicas que realiza el hijo de la
accionante y sus compañeros de juego en la cancha construida en la azotea de la
vivienda, perturban sus derechos a la tranquilidad, el descanso y el sueño.  De
otro lado, la accionante y su madre afirman que las molestias de los vecinos no
son ocasionadas por el exceso de ruido que se produce en su residencia, sino
que son  resultado del incumplimiento de las normas urbanísticas en la
construcción del edificio Parquesol, que no cuenta con un muro medianero que aísle
los ruidos y además presenta una inclinación que invade en 16 c.m. el inmueble
donde habita la accionante y su familia. Cabe señalar, adicionalmente, que las
actividades denunciadas por los vecinos como generadoras de ruido excesivo
están prima facie amparadas por los derechos al deporte y a la
recreación, así como por el libre desarrollo de la personalidad que, entre
otras muchas posiciones, ampara el derecho de las personas a disfrutar de la
compañía de sus mascotas.
61. Aunque en principio esta controversia constitucional se
limitó al primero de los conflictos analizados, la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá declaró la nulidad del trámite surtido en primera instancia
y ordenó vincular a los residentes del edificio Parquesol en la presente causa,
por cuanto de los hechos narrados y pruebas obrantes en el expediente se
advertía que les asistía un interés directo en la decisión adoptada en esta
acción de tutela, al igual que la posible afectación de los derechos de las
personas que allí habitan, en particular de los menores de edad u otros sujetos
de especial protección constitucional.
62. Tras su vinculación al proceso, algunos de los moradores
del edificio contiguo a la vivienda de la accionante manifestaron no conocer ni
haber sido afectados por los hechos objeto de esta acción de tutela;[105]
otros afirmaron tener conocimiento de las molestias ocasionadas a los
residentes de otros apartamentos, pero no ser afectados directos por la
situación.[106] Por último, varios de
los residentes indicaron que se han visto afectados por los ruidos que generan
las mascotas así como por el peloteo y los gritos que emiten el hijo de la
accionante y sus compañeros de juego, los cuales son constantes durante el día
y se prolongan durante las horas de la noche, afectando así la realización de
sus actividades diurnas y su descanso nocturno.[107]
La señora Andrea D’Costa Martínez, propietaria y residente
en el apartamento 301 e integrante del consejo de administración del edificio
Parquesol, aportó prueba de las múltiples comunicaciones enviadas a la señora
Morelli Rico en las que le solicitan controlar los ruidos provenientes de su
residencia, señalando que no han recibido respuesta alguna a sus reclamos.
Asimismo, detalla el resultado de las dos (2) querellas policiales que han sido
interpuestas con el propósito de poner fin a la situación y las certificaciones
expedidas por la Curaduría Segunda de Bogotá en las que se informa que la
construcción de una cancha deportiva descubierta sobre techo está prohibida
para los predios del sector.[108]
63. Queda establecido entonces que solo algunos de los
moradores del edificio Parquesol se reclaman afectados por los ruidos producidos
por las mascotas y por los juegos que tienen lugar en la cancha construida en
la azotea de la vivienda de la señora Morelli Rico.  Se trata, en concreto, de
los propietarios y/o residentes de los apartamentos 301, 302, 402, 501, 602 y
701, quienes demandan la protección de sus derechos fundamentales a la
tranquilidad y al descanso. También se constata que entre las personas
afectadas se encuentra una menor de edad, residente en el apartamento 602,
según lo afirmado por su padre, el señor Ricardo Uribe. Así las cosas, corresponde
examinar, en primer lugar, si la calidad en que fueron vinculados los
residentes del edificio Parquesol a este juicio de tutela le permite a la Corte
decidir sobre las pretensiones de amparo que formulan en contra de la señora
Sandra Morelli Rico.  De ser el caso, es preciso establecer en segundo lugar, si
se reúnen las condiciones de procedibilidad que habilitan a la jurisdicción
constitucional para pronunciarse respecto de esta solicitud de amparo.  En caso
afirmativo, se deberá determinar si en el presente caso se vulneran los
derechos fundamentales de algunos de los residentes del edificio Parquesol
debido a los ruidos producidos por las mascotas y los juegos que tienen lugar
en la cancha construida en la azotea de la vivienda donde reside la accionante.
Legitimación de los residentes del edificio Parquesol
para solicitar la protección de sus derechos fundamentales en este juicio de
tutela
64.
En la sentencia T-269 de 2012[109] la Corte reiteró que
los sujetos procesales en la acción de tutela son: “(i) el actor o los
actores, que son titulares de los derechos fundamentales presuntamente
afectados o amenazados por las conductas que se debaten dentro del proceso,
(ii) los sujetos legitimados para fungir como agentes oficiosos de los derechos
de personas que no están en condiciones de hacerlo por sí mismas, (iii) las
personas o autoridades públicas contra quienes se dirige la acción de tutela, y
(iv) los terceros que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso”.
Asimismo,
señaló que según lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, los
sujetos procesales con interés legítimo en el resultado de la acción de tutela pueden
intervenir “como coadyuvantes del actor o de la persona o autoridad pública
contra quien se hubiera hecho la solicitud”.  De tal suerte que en
principio, “no les es posible intervenir para presentar sus propias
pretensiones, cuando quiera que ellas sean totalmente ajenas al contenido del
proceso que ha sido delimitado –al menos en principio-, por las peticiones
hechas por quien promueve la demanda y los argumentos presentados en ejercicio
del derecho de contradicción”. Sin embargo, a renglón seguido se advierte
que:
“1.5
En el trámite de las acciones de tutela esta delimitación del papel de los
terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de
lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicitó
el amparo y que luego es vinculada a su trámite, bien por solicitud de las
partes o por decisión oficiosa del juez, puede advertir que su interés no se
reduce al resultado del proceso, sino que también es titular de los derechos
que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud
de los mismos hechos más o menos delimitados desde la instauración de la
tutela, y porque es la misma persona o autoridad pública accionada quien con su
conducta ha generado esta situación presentada al juez de tutela.
En estos casos, el juez de
tutela está facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda
actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte
dentro del proceso, dejando así de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que
en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien
promovió la acción de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad
de partes del mismo.”
65. La decisión de vincular a los residentes del edificio
Parquesol al presente juicio de tutela estuvo sustentada en la posible
afectación de sus derechos fundamentales, así como en la existencia, dentro de
los moradores de este conjunto residencial, de menores de edad y otros sujetos
de especial protección constitucional. Como quedó establecido, la controversia
que plantea la accionante en contra de los periodistas y medios de comunicación
demandados guarda relación directa con el conflicto que, a su vez, enfrenta a
la señora Morelli Rico con sus vecinos del edificio Parquesol, quienes
acudieron a los medios de comunicación para dar publicidad a la querella
policial en la que solicitan se protejan sus derechos a la tranquilidad, el
sueño y el descanso.  En este contexto, es claro que la vinculación de estos
últimos no estaba limitada a coadyuvar las pretensiones de las partes, sino
permitirles la defensa de los derechos fundamentales que estiman afectados por
los ruidos procedentes de la vivienda de la accionante. La Sala entiende que,
ante los indicios de posible afectación del derecho a la tranquilidad, el
descanso y el sueño de los menores de edad y otros sujetos de especial
protección constitucional que pudieran residir en el edificio Parquesol, el
juez de instancia ejerció su facultad oficiosa de vincularlos al proceso, en
atención a los principios de informalidad y prevalencia del derecho sustancial,
para permitirles agenciar sus propias pretensiones y, de este modo, contar con
elementos de juicio que le permitieran establecer si existía o no afectación de
sus derechos fundamentales.
66. Esta facultad de vinculación oficiosa de personas,
cuando existan indicios de la afectación de sus derechos fundamentales, se
torna imperiosa cuando está en juego la protección de derechos de menores de
edad, como ocurre en este caso con la menor de edad que habita en el
apartamento 602 del citado conjunto residencial.  Así las cosas, la Sala estima
que, en caso de concurrir las demás condiciones de procedibilidad, está
habilitada para pronunciarse sobre las pretensiones de amparo formuladas por
algunos de los residentes del edificio Parquesol.
Examen de procedibilidad de las pretensiones de amparo
formuladas por los vecinos de la accionante
67. Dado que la pretensión de amparo que formulan algunos de
los residentes del edificio Parquesol se dirige contra la señora Sandra Morelli
Rico, no en razón del ejercicio de sus funciones públicas, sino en calidad de
ciudadana particular, es preciso verificar si concurre alguna de las
situaciones que habilitan la interposición de tutela contra particulares,
previstas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
En reiterada jurisprudencia, esta Corte ha señalado que se
presenta una situación de indefensión que habilita la interposición de la
tutela en aquellos casos en que los solicitantes pretenden el amparo de su
derecho fundamental a la intimidad familiar, cuando esta es perturbada por
ruidos producidos por sus vecinos y se ha intentado, sin éxito, obtener la
protección de las autoridades administrativas y de policía.  Al respecto, en la
sentencia T-210 de 1994,[110] la Corte sostuvo que: “la
inactividad y la ineficiencia de las autoridades públicas en el cumplimiento de
sus deberes constitucionales y legales, coloca a las personas, huérfanas de su
protección, a merced de los particulares que, por esta circunstancia, ven
aumentado su poder social y su esfera de acción, con manifiesto riesgo para los
derechos fundamentales de otras personas”. Esta regla de decisión ha sido empleada
de manera constante y pacífica para admitir a trámite tutelas interpuestas
contra particulares en razón de ruidos provenientes de establecimientos
comerciales,[111] iglesias,[112]
centrales telefónicas,[113] terminales de buses en
vías públicas de zonas residenciales,[114] cuartos de máquinas de
ascensores,[115] construcción de
edificios,[116] criaderos de animales[117]
y factorías instaladas en viviendas o locales ubicados en zonas residenciales.[118]
68. De otro lado, y en atención al carácter subsidiario de
la acción de tutela, es preciso señalar lo siguiente. En la presente
controversia, algunos residentes del edificio Parquesol se han dirigido
directamente a la accionante para solicitarle “controlar los ladridos y
chillidos de sus perros”,[119] y asimismo, al menos en
dos (2) ocasiones, la última de ellas el primero (1) de noviembre de dos mil
doce (2012), le han pedido a la Inspección de Policía que intervenga a fin de
que sean adoptadas las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la
tranquilidad, el descanso y el sueño.[120] Sobre este punto la
Sala advierte que la jurisprudencia ha admitido tutelas en hipótesis de
afectaciones a derechos fundamentales derivadas de perturbaciones sonoras. Ha
sostenido, al respecto, que la tutela es el medio adecuado para proteger los
derechos en esas circunstancias, y que los procesos policivos, lo mismo que
otras vías judiciales, como las acciones populares y de cumplimiento, no
ofrecen una protección efectiva y oportuna en este tipo de situaciones.[121]
Estos puntos fueron reiterados en la sentencia T-525 de 2008[122],
para afirmar la procedencia de la tutela interpuesta contra una congregación
religiosa cuyos ritos excedían los niveles de ruido permitidos:
“(…) la jurisprudencia
constitucional ha sido constante en considerar que en tales casos puede llegar
a ser pertinente el amparo de los derechos a la intimidad y la tranquilidad por
vía de tutela, toda vez que los afectados no cuentan con otro medio de defensa
judicial para la adecuada protección de sus derechos, en la medida en que los
medios de defensa tienden a ser de carácter preferentemente administrativo y no
judicial. El trámite policivo, de hecho, como medio de protección alegable, no
ha sido considerado por la jurisprudencia como una acción suficiente para
suscitar la improcedencia de la acción de  tutela en estos casos, porque como
es sabido, el único mecanismo de defensa que puede desplazar el amparo es aquel
que siendo judicial y no de otra índole, tiene una idoneidad semejante a la
acción constitucional para asegurar la efectiva protección de los derechos
fundamentales.
En el mismo sentido, las
acciones populares permiten el amparo  de derechos colectivos, pero ceden en
procedencia a la acción de tutela, cuando se da la afectación de un derecho
fundamental. Igual ocurre con las acciones de cumplimiento, dado que si los derechos
que se alegan vulnerados no  pueden  ser efectivamente protegidos por el simple
cumplimiento de normas, la acción de cumplimiento no puede desvirtuar tampoco
la protección constitucional que ofrece la tutela”.
69. En esta ocasión, sin embargo, la Corte se encuentra ante
una hipótesis singular, difícilmente asimilable a las que ha estudiado la
jurisprudencia. En efecto, se enfrenta ante una controversia (i) que se conecta
con el asunto que está en curso ante las autoridades de policía,[123]
(ii) que lo está precisamente porque los supuestos afectados así lo decidieron
libremente, (iii) y que en las instancias del proceso de tutela bajo revisión no
fue considerada, en la dimensión en la cual la Sala estima que debería serlo
por el juez constitucional. Si bien esto no conduce, por supuesto, a sustraer
definitivamente el conflicto del ámbito de la acción de tutela, sí implica, por
las particularidades que rodean el asunto, un deber el juez de obrar con
especial cautela al decidir si atrae para sí la potestad de resolver la
controversia. En su decisión tendría que tener en cuenta los siguientes
aspectos.
- En primer término, debería precaver lo necesario para
poner fin a ese otro procedimiento, lo cual por principio tendría que estar aparejado
de una vinculación procesal a la autoridad que lo adelanta, para asegurar un
cubrimiento judicial suficiente del debido proceso y del litigio
constitucional.
- En segundo lugar, tendría además que estar claro que la
totalidad de quienes iniciaron el proceso policivo se encuentra de acuerdo con
la sustracción de la competencia a la autoridad administrativa, para
trasladarla al proceso de tutela, y con las implicaciones que esto supone para
los presuntos afectados en cuanto al carácter definitivo que tiene la cosa
juzgada constitucional.
- Esto es aún más importante, cuando quien atrae para sí la
competencia es la Corte Constitucional, debido a que esa actuación significa que
sus alegaciones y puntos de vista no surtirían el trámite regular al cual se
someten las controversias de tutela, el cual se compone –si hay recurso de
apelación- de dos instancias, y de una eventual y posterior revisión por parte
de la Corte (CP arts 86 y 241 num 9).
- Como habría que justificar, por lo demás, esa sustracción
de la competencia a una autoridad que la tiene porque la ley se la ha conferido
y los interesados la han activado, se requeriría previamente demostrar su
incapacidad institucional para proteger eficaz e integralmente los derechos
fundamentales.
- Esto, por cierto, tendría sentido si se infiere a partir
de los hechos que hay indicios de una interferencia en el goce efectivo de los
derechos fundamentales.
70. Con fundamento en estas consideraciones, la Corte juzga
que no están dadas todas las condiciones para atraer hacia este proceso
constitucional la competencia, que tienen actualmente las autoridades policía,
de resolver el conflicto referido. En especial, advierte que por una parte no
hay de por medio elementos suficientes para calificar el grado de eficacia e
integralidad que pueda tener el proceso policivo en curso, para proteger los
derechos fundamentales supuestamente comprometidos. En el proceso tampoco hay
elementos para concluir que ante las autoridades de policía estén en riesgo los
derechos fundamentales de las partes del conflicto. Con lo cual, desaparecen
entonces las razones para resolver el conflicto entre la tutelante y los
vecinos del edificio Parquesol. En este contexto, lo más adecuado a la luz de la
Constitución es respetar el espacio institucional, que ha sido escogido por
quienes dicen estar siendo afectados. Esta conclusión no va en contravía de sus
derechos fundamentales. Al contrario, está pensada justamente para que los
reclamos elevados en función de estos últimos reciban, como es debido de
acuerdo con la Constitución, un tratamiento inicial en el escenario elegido por
sus titulares, y luego un espacio más amplio de tutela, en el cual exista la
oportunidad de contar con dos instancias y, además de ello, una eventual
revisión de parte de esta Corte. Por ende, la Sala se abstendrá de abordar el fondo
de esta controversia.
71. Con todo, la Corte advierte tanto a la accionante como a
los vecinos del edificio Parquesol, sobre la importancia de procurar una
solución dialogada de sus diferencias y mantener una relación basada en el
respeto por los derechos de las personas próximas.  En un caso como éste, donde
de manera especial está en juego la protección de derechos fundamentales de
menores de edad, tanto los del hijo del accionante y sus compañeros de juego,
como de la menor residente en el edificio contiguo, es preciso recordar que el compromiso
de la sociedad con sus miembros más jóvenes incluye el aseguramiento de las
condiciones que garanticen su desarrollo armónico e integral, el ejercicio
pleno de sus derechos y el respeto de su dignidad humana (art. 44 CP).
Asegurar estas condiciones implica, entre otras altas exigencias, preservar
para ellos el legado constitucional de respeto a los derechos y libertades que
debe enmarcar la convivencia de todos los miembros de la sociedad, pues también
es interés de los miembros más jóvenes de esta sociedad el crecer y llegar a la
madurez en una sociedad que conserva y amplía los espacios para permitir un
pleno desarrollo humano a todos sus integrantes.
Conclusiones y órdenes a impartir
72. Por lo expuesto, se confirmará parcialmente la decisión
adoptada por el juez de segunda instancia, que a su vez ratificó el fallo que
en primera instancia tuteló el derecho a la intimidad del menor GBM.  Sin
embargo, el amparo se extenderá, además de a la intimidad, al derecho a la
propia imagen, tanto del menor GBM como de CACP, MAR y JPCS, por cuanto también
su imagen fue divulgada sin la correspondiente autorización.  Asimismo, se
confirma la decisión de negar el amparo de los demás derechos invocados por la
accionante, por cuanto no se acreditó su afectación en el caso concreto.
No obstante, la Sala modificará las órdenes impartidas por
los jueces de instancia, toda vez que, según quedó establecido, la vulneración
de los derechos a la intimidad y a la propia imagen se derivó únicamente de la
publicación en Noticias Uno de las imágenes de los menores que jugaban en la
cancha de fútbol construida en la azotea de la vivienda en que reside la señora
Morelli Rico y del vehículo en el que es transportado el menor GBM.  Por el
contrario, el contenido de las columnas de opinión publicadas por la periodista
Orozco Tascón y, en particular, la alusión que hace en una de ellas a los
juegos del pequeño hijo de la Contralora, forman parte del ámbito protegido por
la libertad de opinión, por las razones expresadas en esta providencia, sin que
pueda predicarse de ellas una afectación del derecho a la intimidad del menor
GBM ni de sus compañeros de juego.
En consecuencia, se revocará la orden impartida en el
numeral 4º de la parte resolutiva de la sentencia proferida en primera
instancia por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá, y confirmada en
segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el
sentido de ordenar al diario El Espectador, excluir de la columna publicada el veintitrés
(23) de enero de dos mil trece (2013), que se puede consultar por internet, la
frase “y los que hacen el pequeño hijo de la contralora y sus compañeros de
juego en una cancha que ella le mandó instalar al niño en la azotea de la
casa”.
Asimismo, en cuanto a la orden impartida en el numeral 3º de
la sentencia de primera instancia, igualmente confirmada por el Tribunal ad-quem,
se revocará también y en su lugar se ordenará suprimir las imágenes presentadas
en los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 2:01 del video.[124]
En cualquier caso, la prohibición de difundir al público las imágenes objeto de
controversia no obsta para que los residentes del edificio Parquesol que se
reclaman afectados por las actividades recreativas que se llevan a cabo en la
casa de la accionante, puedan interponer las acciones legales correspondientes
y aportar como prueba el material fílmico del que Noticias Uno obtuvo aquellas
secuencias.
En relación con la orden contenida en el numeral 2º de la
sentencia de primera instancia, que fuera confirmada en segunda instancia,[125]
esta será revocada. Por una parte, debido a que, al estar formulada en términos
absolutos, indeterminados y al tener carácter previo, admite ser interpretada
como una prohibición categórica de divulgar información relativa a una persona
en particular, contrariando así la prohibición de censura previa establecida en
los artículos 20 Superior y 13.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.   Por otra parte, la Corte también considera que debe revocarse lo relativo
al ofrecimiento de disculpas públicas por parte de los periodistas Iván
Serrano, Cecilia Orozco Tascón, en calidad de directora de Noticias Uno – La
Red Independiente, por la publicación de las imágenes difundidas en la emisión
del veinte (20) de enero de dos mil trece (2013), con infracción de lo
dispuesto en el mencionado precepto legal. La Sala estima que es suficiente, para
remediar la violación de los derechos fundamentales constatada en esta sentencia,
ordenar la supresión de las imágenes en los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 2:01
del video.
III. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- CONFIRMAR
PARCIALMENTE la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
que a su vez confirmó en su integridad el fallo de primera instancia proferido
por el Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá.  En consecuencia, tutelar los
derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen de GBM, CACP, MAR y
JPCS, vulnerados por Noticias Uno – La Red Independiente al difundir, sin el
consentimiento de sus padres, imágenes de estos menores de edad, al igual que
otros datos que facilitan la identificación de GBM, en la emisión del veinte (20)
de enero de dos mil trece (2013).
Segundo.-
REVOCAR las órdenes impartidas en los numerales 2º,[126]
3º[127] y 4º[128]
de la sentencia que resolvió la presente acción de tutela en primera instancia,
las que a su vez fueron confirmadas por el fallo de segunda instancia.
Tercero.- ORDENAR a Noticias Uno – La Red
Independiente suprimir las imágenes presentadas en los minutos 1:34 a 1:38 y
1:48 a 2:01 del reportaje emitido el veinte (20) de enero de dos mil trece (2013),
en los que se da a conocer la figura de GBM, CACP, MAR y JPCS, así como otros
datos que eventualmente podrían facilitar la identificación del menor GBM,
tales como la imagen de uno de los miembros del personal de seguridad y las
placas del vehículo en el que se moviliza.
Cuarto.- Por Secretaría General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Folios 1-3, cuaderno 4.
[2] Folios 25 a 32, cuaderno 2.
[3] Folio 21, cuaderno 1.
[4] Folios 72-79, cuaderno 1.
[5] Folios 52-64, 80-83,
cuaderno 1.
[6] Folios 39-41, 66,
100-115, cuaderno 1; folios 2-3, 54-69, cuaderno 2.
[7] Folios 85-86, cuaderno 1.
[8] Folio 27, cuaderno 1.
[9] Folios 87-98, cuaderno 1.
[10] Folios 87-98, cuaderno
1.
[11] Folios 132-137, cuaderno
1.
[12] Folios 14-16, cuaderno
2.
[13] Folios 138-143, cuaderno
1.
[14] Folios 4-12, cuaderno 2.
[15] Folios 130-133, cuaderno
2.
[16] Folios 299-314, cuaderno
1.
[17] Folios 200, 203, 204,
205, 206, 210, 214, cuaderno 1.
[18] Folios 246 y 252,
cuaderno 1.
[19] Folios 201, 202, 207,
208-209, 215, cuaderno 1.
[20] Folios 217-241, cuaderno
1.
[21] Escrito radicado el 3 de
mayo de 2013, folios 353-358, cuaderno 1.
[22]
[23] Folios 12-27, cuaderno
3.
[24] Folios
22, 24 y 27, cuaderno 4.
[25] Folio
34, cuaderno 4.
[26] Folios
37 a 40, 47-48, cuaderno 4.
[27] Folios
51-57, cuaderno 4.
[28] Folios
78-83, cuaderno 4.
[29] Folios
89-98, cuaderno 4.
[30] Folios
29 y 104, cuaderno 4.
[31] Folio
105, cuaderno 4.
[32] Folio
109, cuaderno 4.
[33] Folios
113-120, cuaderno 4.
[34] Folios
112 y 120, cuaderno 4.
[35] El escrito fue
presentado extemporáneamente (Folios 33 a 46, cuaderno principal).
[36] Mientras
la señora Olga Elena Arismendy Arredondo, administradora del edificio
Parquesol, se refiere a una querella anterior, interpuesta en el año 2007
contra Teresa Rico de Morelli, esta última afirma que sus vecinos han
interpuesto querellas en más de cinco oportunidades. Folios 2 y 52, cuaderno 4.
[37] Sentencias T-611 de 1992
(MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-605 de 1998 (MP. Antonio Barrera
Carbonell), T-634 de 2001 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-218 de 2009 (MP.
Mauricio González Cuervo).
[38] El Decreto 2591 de 1991
establece en su artículo 42: “La acción de tutela procederá contra acciones u
omisiones de los particulares en los siguientes casos: (…) 7. Cuando se
solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se
deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y
de la rectificación solicitada, que no fue publicada en condiciones que
aseguren la eficacia de la misma”.
[39] Sentencia T-512 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández
Galindo), declaró improcedente la tutela interpuesta por Iván Urdinola contra
diversos medios de comunicación que publicaron informaciones que lo vinculaban
a la realización de hechos delictivos respecto de los cuales no existía condena
judicial en su contra, debido a que el accionante no solicitó previamente la
rectificación al medio de comunicación. Criterio reiterado en las sentencias
T-094 de 2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis), para desestimar el amparo solicitado
contra el programa Séptimo Día por un médico que había sido acusado por este
medio de estafar a sus pacientes.  La Corte reafirmó que la procedencia del
amparo dependía de que el afectado hubiese acudido previamente al medio para
solicitar rectificación.
[40] T-512 de 1992 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo).
[41] T-611 de 1992 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo).
[42] Sentencias T-259 de 1994
(MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-036 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil).
[43] Sentencia T-496 de 2009
(MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[44]  Así ocurrió en la sentencia T-036 de 2002 (MP.
Rodrigo Escobar Gil), donde se decide la tutela interpuesta por una ciudadana
en contra de el diario “El Espacio”, por la divulgación de información relativa
al suicidio de su hijo, en la que se afirmaba que este pertenecía a una secta
satánica.  La información fue obtenida por dos periodistas que entrevistaron a
la familia, haciéndose pasar por investigadores de la Fiscalía.  El diario se opuso a las pretensiones argumentando, entre otras, que no se había
solicitado previa rectificación. La Corte sostuvo que cuando se ha producido
una violación al derecho a la intimidad personal y familiar que no es posible
retrotraer de otra manera, no hay lugar a exigir la solicitud de rectificación
previa para que proceda la acción de tutela.  En consecuencia, concedió el
amparo del derecho a la intimidad, condenó en abstracto al medio demandado al
pago de perjuicios y le ordenó abstenerse en el futuro de publicar información
que afectara la intimidad de las personas.  Sin embargo, no concedió el amparo
de los derechos al buen nombre y a la honra, por cuando no se había solicitado
antes al periódico la rectificación de la información publicada.
[45] T-439 de 2009 (MP. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
[46] Así
lo ha establecido la Corte, entre otras, en la sentencia T-088 de 2013 (MP.
Mauricio González Cuervo), donde se resuelve el amparo interpuesto por la
comunidad de un resguardo indígena en contra de El Tiempo, debido a la
publicación de una noticia en la que se acusaba a la población indígena de la
región de favorecer la adquisición irregular de predios por parte de la
guerrilla. En esta decisión se afirma que, cuando está en juego la afectación
del derecho al buen nombre por parte de los medios de comunicación, no era
preciso agotar previamente los mecanismos ordinarios de defensa judicial: “para su protección se puede actuar
directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a través de
la acción de tutela […] Tal protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada
por otros medios de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no
obstante que una determinada conducta no constituya delito si implique una
lesión de los bienes jurídicos protegidos”.
[47] “Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a
causa de sus opiniones. // 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de
expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. // 3. El ejercicio del derecho previsto en el
párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por
consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin
embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: (a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; (b) La protección
de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”
[48] “Artículo 20. 1.
Toda propaganda a favor de la guerra estará prohibida por la ley. // 2. Toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.”
[49] “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de
Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en
el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas. // 3. No se puede restringir el derecho
de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación
de ideas y opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por
la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos
para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo
establecido en el inciso 2. // 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda
en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los
de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
[50] Así lo ha establecido,
entre otras, en las sentencias T-1319 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes) y
T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil).
[51] En la sentencia T-391 de
2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil), con ocasión de
la tutela interpuesta contra el programa radial “El Mañanero de la Mega” por considerar que sus contenidos procaces afectaban los derechos de los niños, la Corte efectuó un análisis pormenorizado de los contenidos normativos, fundamentos y límites a
la libertad de expresión. El siguiente recuento sigue de cerca dicho análisis,
actualizado con referencias jurisprudenciales más recientes que desarrollan
aspectos pertinentes para la decisión del presente caso.
[52] Sentencia
T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil),
tutela contra el programa “El Mañanero de la Mega”.
[53] Sentencias
SU-056 de 1995 (MP. Antonio Barrera Carbonell), en la que se resuelve la tutela
interpuesta a raíz de la publicación del libro “La Bruja” del periodista Germán Castro Caicedo; SU-1721 de 2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis), en la
que se concede parcialmente la tutela interpuesta contra el columnista Roberto
Posada García-Peña por la publicación de una columna en las que formula
acusaciones contra el Director de la Aeronáutica Civil; T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil),
tutela contra el programa “El Mañanero de la Mega”.
[54] Balaguer
Callejón, María Luisa. El derecho fundamental al honor, Madrid, Tecnos,
1992, citado en la sentencia SU-1723 de 2000 (MP. Alejandro Martínez Caballero)
en la que se resuelve de manera desfavorable la tutela interpuesta por el
cantante Diomedez Díaz a raíz de la transmisión de una serie de televisión
basada en el libro “El Cacique y la Reina”, donde se mencionan los hechos que
rodearon la muerte de una joven y la investigación penal en la que se vio
involucrado el demandante.
[55] Al
respecto ver sentencias T-602 de 1995 (MP. Carlos Gaviria Díaz), SU-1721 de
2000 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-1198 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil) y
T-218 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo), en las cuales se reitera el deber
de los comentaristas deportivos y de los columnistas de prensa de rectificar
sólo cuando sus opiniones estén sustentadas en informaciones inexactas o
contrarias a la verdad.
[56] La
sentencia C-650 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) ofrece una bien lograda
exposición de las funciones que desempeña la libertad de expresión en una
sociedad democrática, al señalar que aquella: (i)  permite
buscar la verdad y desarrollar el conocimiento; (ii) hace posible el principio
de autogobierno y (iii) promueve la autonomía personal; (iv)
previene abusos de poder y (v) constituye una “válvula de escape”
que promueve la confrontación pacífica de las decisiones estatales o sociales
que no se compartan, lo que favorece la resolución racional y pacífica de los
conflictos, como resultado del debate público y no de la confrontación
violenta.
[57] Corte Interamericana de
Derechos Humanos, caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, sentencia del 2 de
julio de 2004.
[58] Sentencia
C-650 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se declaran
parcialmente fundadas las objeciones de inconstitucionalidad propuestas por el
Presidente a un proyecto de ley en el que se exigía la certificación de títulos
de idoneidad para el ejercicio de la actividad periodística, reiterando de este
modo la titularidad universal de la libertad de expresión.
[59]  Sentencia T-602 de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Esta función de los medios de comunicación como guardianes de lo público es
reiterada, entre otras, en las sentencias C-650 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y
T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil).
[60] En la ya citada
sentencia C-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar
Gil), la Corte efectuó una
detallada presentación de las razones y de los antecedentes que, en el derecho
local y comparado, justifican la especial protección constitucional de los
discursos políticos y, en particular, de los que tienen por objeto la crítica
de los poderes y funcionarios públicos. En la sentencia T-218 de 2009 (MP.
Mauricio González Cuervo) se sintetizan algunos leading cases en la
jurisprudencia comparada.
[61] Al respecto, en la
sentencia del caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina (29 de noviembre
de 2011), en la que declaró responsable al Estado de la violación del derecho a
la libertad de expresión por la sanción civil impuesta a periodistas que
publicaron un reportaje sobre el hijo extramatrimonial no reconocido del
presidente Menem, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que: “el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces
tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión
que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida
personal y familiar de quien denuncia o, como en el presente caso, publica
información sobre un funcionario público, con el resultado evidente y
disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales
críticos de la actuación de un servidor público”.
[62] Sentencia
T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil).
[63] En particular en el
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo
13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en los cuales se señala que
toda limitación a la libertad de expresión ha de estar expresamente fijada por
la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás o b) la protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.
[64] Sentencias
T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil); C-442
de 2009 (MP. Humberto Sierra Porto).
[65] Esta
caracterización ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias T-552 de 1997 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa),
T-787 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), C-540 de 2012 (MP. Jorge Iván Palacio,
SPV y AV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV y AV María Victoria Calle Correa,
SPV Mauricio González Cuervo, AV. Adriana Guillén, SPV Jorge Iván Palacio, SPV,
Nilson Pinilla, SPV y AV Jorge Ignacio Pretelt, SPV y AV Luis Ernesto Vargas
Silva)
[66] Sentencia T-787
de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), donde se concede la tutela interpuesta por
una docente contra uno de sus colegas, que realizó y divulgó una caricatura en
la que revela y se mofa de aspectos de la vida privada de la accionante.
[67]  En la sentencia C-505 de 1999 (MP. Alejandro Martínez Caballero), la Corte empleó esta distinción para graduar el nivel de protección de la inviolabilidad del
domicilio, a partir de lo cual declara exequibles las normas del Estatuto
Tributario que autorizan a la DIAN para ordenar, mediante resolución motivada,
el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de
servicios y demás locales de los contribuyentes. Por su parte, en la sentencia
T-787 de 2004 (MP. Rodrigo Escobar Gil), la Corte reformuló esta clasificación para diferenciar cuatro ámbitos de protección de la intimidad: personal, familiar, social y gremial. La primera ampara el
derecho del individuo de ser dejado sólo y de poder guardar silencio, es decir,
de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el hecho de
ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos íntimos de su vida.  La
segunda, responde al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar, una de
cuyas principales manifestaciones es el derecho a no declarar contra sí mismo o
contra sus parientes más próximos.  La tercera, involucra las relaciones del
individuo en un entorno social determinado, tales como el ámbito laboral o
académico, espacio en el cual se reduce, más no desaparece, el nivel de
protección de la intimidad.  Finalmente, la intimidad gremial se relaciona
estrechamente con las libertades económicas e involucra la posibilidad de
reservarse -conforme a derecho- la explotación de cierta información, siendo,
sin lugar a dudas, uno de sus mas importantes exponentes, el derecho a la
propiedad intelectual (C.P. art. 61).
[68] Sentencia T-439 de 2009
(MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), citando las sentencias T-471 de 1999 (MP.
José Gregorio Hernández Galindo) y T-090 de 1996 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[69] Sentencia T-439 de 2009
(MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[70] La
constitución consagra el derecho al buen nombre (art. 15) y a la honra (art.
21), estableciendo además un mandato específico para las autoridades de
proteger la “vida, honra y bienes” de todas  las personas residentes en
Colombia. A su vez, otros instrumentos internacionales de protección de
Derechos Humanos, tales como la Declaración Americana e Derechos y Deberes del
Hombre (art. 5), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 12) el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 11 y 14), consagran el derecho de las
personas a recibir la protección de las autoridades frente a los ataques contra
su honra y su reputación.
[71] Definición
establecida en la sentencia C-489 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil, AV. Manuel
José Cepeda Espinosa) y reiterada luego, entre otras, en las sentencias T-040
de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), T-088 de 2013 (MP. Mauricio González
Cuervo).
[72] Criterio reiterado,
entre otras, en las sentencias C-063 de
1994 (MP. Alejandro Martínez Caballero), SU-056 de
1995 (MP. Antonio Barrera Carbonell), T-411 de 1995 (MP.
Alejandro Martínez Caballero), C-392 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-040 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-088 de 2013
(MP. Mauricio González Cuervo).
[73] Sentencia T-228
de 1994 (MP. José Gregorio Hernández Galindo). Criterio reiterado, entre otras,
en las sentencias T-494 de 2002
(MP. Jaime Córdoba Triviño), T-040 de 2005 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa) y T-088 de 2013 (MP. Mauricio González Cuervo).
[74] Sentencia C-489 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil, AV. Manuel José Cepeda
Espinosa)
[75] Sentencias T-603 de 1992 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez), T-040 de 2005 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-088 de 2013
(MP. Mauricio González Cuervo).
[76] En el caso Fontevecchia
y D’Amico vs. Argentina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sistematizó de este modo los criterios para
evaluar la relevancia pública de información atinente a la vida privada de
altos funcionarios del Estado; los mismos que fueron empleados en la sentencia
proferida en este asunto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (29 de noviembre de 2011), para considerar que la información sobre aspectos de la vida
privada del Presidente Menem era de relevancia pública por cuanto se refería,
entre otros, al incumplimiento del deber legal de reconocer a un hijo.
[77] El
artículo 44 de la Constitución dispone, en su inciso final, que “los derechos
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. El artículo 3.1
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Ley 12 de 1991)
establece que: “En
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño”. En el mismo sentido, el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) consagra en su artículo 8º el principio del
interés superior de los niños, niñas y adolescentes, entendido como “el
imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción
integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales,
prevalentes e interdependientes”. En el artículo 9º del mismo estatuto se
establece el principio de prevalencia de sus derechos, según el cual “(e)n
todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza
que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes,
prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus
derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.// En caso de
conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o
disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del
niño, niña o adolescente”.
[78] Aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 e
incorporada al derecho colombiano mediante la Ley 12 de 1991.
[79] En
la sentencia C-442 de 2009 (MP. Humberto Sierra Porto) se examinó la
constitucionalidad de varios apartes normativos del Código de la Infancia y la Adolescencia, entre ellos del parágrafo del artículo 47, según el cual “(l)os medios de comunicación serán responsables
por la violación de las disposiciones previstas en este artículo. El Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar podrá hacerse parte en los procesos que por
tales violaciones se adelanten contra los medios”. La Corte concluyó que existía una omisión
legislativa absoluta, en tanto no se ha establecido un procedimiento para hacer
efectiva la responsabilidad de los medios de comunicación por la infracción de
los deberes previstos en los numerales 5, 6, 7 y 8 del artículo 47,
relacionados con la divulgación de información relativa a menores de edad o que
puede lesionar sus derechos. En consecuencia, exhortó al Congreso de la República para regular el tema de forma integral y en el menor tiempo posible.
[80] Así lo ha declarado la Corte, entre otras, en las sentencias T-611 de 1992 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo
Escobar Gil), C-442 de 2009 (MP. Humberto Sierra Porto), T-496 de 2009 (MP.
Nilson Pinilla Pinilla).
[81] La Observación General No. 14 fue aprobada por el
Comité de los Derechos del Niño en su 62º período de sesiones (14 de enero a 1
de febrero de 2013).
[82] Observación
General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño, párrafos 32 a 34.
[83] Observación
General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño, párrafos 53 y 54.
[84] El párrafo 38 de la Observación General No. 14, al que se remite en la cita, dispone:  “38. Con respecto a la adopción (art. 21), el derecho del interés
superior se refuerza aún más; no es simplemente "una consideración primordial",
sino "la consideración primordial".  En efecto, el interés
superior del niño debe ser el factor determinante al tomar una decisión
relacionada con la adopción, pero también relacionadas con otras cuestiones”.
[85] MP. Carlos Gaviria Díaz.
[86] MP.
José Gregorio Hernández Galindo.
[87] MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar Gil.
[88] MP. José Gregorio
Hernández Galindo.
[89] MP. José Gregorio
Hernández Galindo.
[90] MP. Nilson Pinilla
Pinilla.
[91] Tal
es el caso, entre otras, de las sentencias C-010 de 2000 (MP. Alejandro
Martínez) y C-442 de 2011 (MP. Humberto Sierra Porto, SV. Juan Carlos Henao
Pérez, SV. María Victoria Calle Correa), se ha empleado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar el alcance de la libertad de
expresión.
[92] Folios 25 a 26, cuaderno 2.
[93] Folios 27 a 31, cuaderno 2.
[94] Folio 32, cuaderno 2.
[95] Examinada
en el numeral 34 de la parte motiva de esta providencia.
[96] Sobre la taxatividad de
la restricción legal, en casos de sanciones penales, puede verse la sentencia
de la Corte IDH. Caso
Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de
2008 Serie C No. 177. Respecto de la precisión de la interferencia legal, en
hipótesis de limitaciones con alcance general, dirigidas a un medio de
comunicación, se puede ver la sentencia T-391 de 2007 (MP Manuel José Cepeda).
[97] La Corte ha empleado estos criterios para orientar
la ponderación que tiene lugar en el juicio de proporcionalidad en sentido
estricto, entre otras, en las sentencias T-119 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva), C-879 de 2011 (MP. Humberto Sierra Porto), T-282 de 2011 (MP. Luis
Ernesto Vargas), T-617 de 2010 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva), C-575 de 2009
(MP. Humberto Sierra Porto, SV. Nilson Pinilla Pinilla, SV. Mauricio González
Cuervo, SV. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), C-154 de 2007 (MP. Marco Gerardo
Monroy Cabra, AV. Jaime Araujo Rentería).
[98] A los
que se hizo alusión en el numeral 37 de la parte resolutiva de esta
providencia.
[99] A este respecto, la Corte Constitucional ha señalado que: “Del reconocimiento de que los
medios cumplen en este campo una función importantísima para la vigencia del
sistema democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en la
tarea de supervisión de las entidades estatales - y de los poderes privados. Si
se impusieran fuertes restricciones sobre la prensa en estas áreas se
perjudicaría en medida notable su capacidad de vigilancia sobre el correcto
desempeño de estos poderes. No desconoce la Corte que la referida amplitud de la libertad de prensa en estos campos puede llegar a afectar los derechos de las
personas que se desempeñan en posiciones de notoriedad e interés público. No
obstante, en principio habrá de responderse que estas personas, al aceptar su
situación social, han consentido tácitamente en una cierta restricción de esos
derechos. En efecto, su papel de figuras públicas los convierte en objeto del
interés general, por lo cual es de esperar que tanto sus actividades públicas
como su vida privada sean observadas de manera minuciosa por parte de la
sociedad”. Sentencia T-066 de 1998 (MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz), reiterada en la T-437 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas
Hernández).
[100] En
un reportaje publicado en la revista Jet-Set (edición del 27 de marzo a 9 de
abril del 2013), titulado “La casa de la Contralora”, se afirma que: “(l)os vecinos del sector se han quejado y hasta le
interpusieron una querella por el ruido que hacen sus perros, una guacamaya y
el niño cuando juega fútbol en uno de los jardines de la residencia”. Folio
90 vto., cuaderno 2.
[101] En cualquier caso, como
ya lo aclaró el Tribunal ad-quem, la prohibición de difundir al público
las imágenes objeto de controversia no obsta para que los residentes del
edificio Parquesol que se reclaman afectados por las actividades recreativas
del hijo de la accionante, puedan interponer las acciones legales
correspondientes y aportar como prueba el material fílmico del que Noticias Uno
obtuvo las secuencias proyectadas en los minutos 1:34 a 1:38 y 1:48 a 1:58 del
reportaje.
[102] Folio
25, cuaderno 2. La versión digital se encuentra en: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12379621.html, consultada el 2 de noviembre de 2013.
[103] Folio
90 vto., cuaderno 2.
[104] Sentencia
T-1319 de 2001 (MP. Rodrigo Uprimny Yepes), en la que se resuelve la tutela interpuesta por el Director Técnico de un
equipo de fútbol contra el periodista deportivo Iván Mejía, por las críticas
que este último ha formulado en contra de su gestión, que el accionante
consideraba lesivas de sus derechos a la honra, buen nombre e integridad
personal, en tanto con ellas incitaba a los hinchas del equipo a que lo
agredan.  La Corte negó la tutela por considerar que las opiniones del
periodista se enmarcaban dentro del ámbito constitucionalmente protegido por la
libertad de opinión y porque no se había establecido una relación entre las
críticas del periodista y las agresiones verbales por parte de la afición de
las que había sido objeto el accionante.
[105] Es el caso de la señora
Gabriela Bucher Balcázar, quien actualmente reside en el apartamento 401 (folio
200),  Paula Henríquez y Roberto Romero León, apartamento 502 (folios 203 y
206), Miriam Santamaría Fernández e Ignacio Martín Cerón, apartamento 802
(folios 204 y 205), Sila Louzada Filgueiras Junior y Miguel Alberto Lamberti,
apartamento 702 (folios 210 a 212),  Gonzalo Devia Rojas, Clara Mesa G., Sergio
Devia M. y Catalina Devia M., apartamento 601 (folio 214). Todos los folios
citados son del cuaderno 1.
[106] Así lo expresan
Patricia D’Costa Martínez, a través de su apoderada Andrea D’Costa Martínez,
propietaria del apartamento 401 en el que no reside (folio 246) y Nubia
Cárdenas, apartamento 202, (folio 252). Los folios citados corresponden al
cuaderno 1.
[107] Tal
es el caso de Andrea D’Costa Martínez, apartamento 301 (folios 217 a 241), Gustavo Adolfo Torres Duarte y Martha Regina Benavides Becquis, propietarios del
apartamento 302 (folio 201), Claudia P. Rodríguez Torres,
apartamento 701 (folio 202), Marcela Vélez de Garaud y Alexandra Garaud Vélez,
apartamento 501 (folio 207), Ricardo Uribe, apartamento 602, quien manifestó
además que los ruidos procedentes de la vivienda contigua afectaban el derecho
a la tranquilidad de su hija menor de edad (folios 208 a 209), Ana Pastora Agudelo Garcés y León Darío Peláez, apartamento 402 (folio 215). Todos los
folios citados corresponden al cuaderno 1.
[108] Folios 217 a 241, cuaderno 1.
[109] MP. Luis Ernesto Vargas
Silva. En esta sentencia la Corte resolvió la tutela interpuesta por la Unión Temporal Desarrollo Vial Valle del Cauca contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca que resolvió de manera desfavorable una acción de
reparación directa. El juez que decidió la tutela en primera instancia vinculó
a la Aseguradora Confianza, por haber sido llamada en garantía dentro de la
acción de reparación directa.  La Aseguradora aprovechó su intervención para solicitar la protección de su derecho al debido proceso, que estimó vulnerado
por la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca dentro del trámite de la
reparación directa.  En esta ocasión la Corte denegó la pretensión del interviniente por considerar que, tratándose de tutela contra providencias
judiciales, los terceros deben limitarse a coadyuvar las pretensiones de una de
las partes, sin que sea admisible que invoquen la protección de sus propios
derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó el
amparo.  Sin embargo admitió que, de manera excepcional y cuando el amparo no
se dirija contra una providencia judicial, es posible que el juez de tutela
vincule a otras personas, no en calidad de terceros coadyuvantes, sino para que
agencien sus propios derechos.
[110] MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz. En esta sentencia la Corte concede la tutela solicitada por varios
vecinos de una congregación religiosa que habían acudido previamente a las
autoridades administrativas y de policía buscando poner fin a la grave
perturbación de la tranquilidad del vecindario causada por el ruido producido
por el grupo religioso durante el ejercicio de su culto. Luego de varios meses
de trámite, la Inspección de Policía se declaró incompetente para decidir el
asunto, mientras que la Secretaría de Gobierno impuso una sanción de multa de
un salario mínimo mensual, que no fue idónea para evitar que continuara la
perturbación sonora.
[111] Al respecto ver
sentencias T-357 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero), T-428 de 1995 (MP.
Alejandro Martínez Caballero), T-575 de 1995 (MP. Fabio Morón Díaz), T-198 de
1996 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa), T-203 de 1997 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz)
y T-394 de 1997 (MP. José Gregorio Hernández Galindo), T-1270 de 2005 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[112] Es el caso de las
sentencias T-210 de 1994 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-465 de 1994 (MP. José
Gregorio Hernández Galindo), T-454 de 1995 (MP. Alejandro Martínez Caballero),
T-630 de 1998 (MP. Antonio Barrera Carbonell), T-1666 de 2000 (MP. Carlos
Gaviria Díaz), T-1692 de 2000 (MP. Jairo Charry Rivas), T-1033 de 2001 (MP.
Marco Gerardo Monroy Cabra), T-222 de 2002 (MP. Clara Inés Vargas Hernández),
T-1205 de 2003 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-528 de 2008 (MP. Mauricio
González Cuervo).
[113] T-459 de 1998 (MP.
Vladimiro Naranjo Mesa).
[114] T-437 de 2002 (MP.
Manuel José Cepeda Espinosa).
[115] T-1015 de 2004 (MP.
Clara Inés Vargas Hernández).
[116] T-1185 de 2005 (MP.
Alfredo Beltrán Sierra).
[117] T-622 de 1995 (MP.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-214 de 1998 (MP. Fabio Morón Díaz).
[118] Al respecto ver
sentencias T-025 de 1994 (MP. Jorge Arango Mejía), T-028 de 1994 (MP. Vladimiro
Naranjo Mesa), T-460 de 1996 (MP. Antonio Barrera Carbonell), T-022 de 1997
(MP. Fabio Morón Díaz), T-099 de 1998 (MP. José Gregorio Hernández Galindo),
T-589 de 1998 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[119] Ver folios 229 a 236, cuaderno 1, donde constan las comunicaciones en tal sentido enviadas por la señora Andrea
D’Acosta y otros residentes del edificio Parquesol, los días 2 de mayo, 28 de
mayo, 3 de julio, 18 de julio, 13 de agosto y 22 de octubre de 2012.
[120] Según la versión de Olga Elena Arismendy Arredondo, administradora del edificio
Parquesol, se han interpuesto dos querellas de policía: la primera en 2007,
dirigida contra la señora Teresa Rico de Morelli, fue resuelta de manera
desfavorable con el argumento de que los perros de la entonces querellada “tenían
el derecho de chillar y ladrar todo lo que quisieran porque el esposo de la
señora se había muerto y los perros estaban en duelo” (folio 238, cuaderno
1); la segunda querella, actualmente en curso, se interpuso el 1 de noviembre
de 2012 y fue dirigida en contra de la accionante.  Entretanto, de acuerdo con
la señora Teresa Rico de Morelli, sus vecinos han interpuesto querellas en más
de cinco oportunidades, las cuales nunca han prosperado. Folios 2 y 52,
cuaderno 4.
[121] T-1666 de 2000 (MP.
Carlos Gaviria Díaz). En esta sentencia resolvió de manera favorable la tutela
interpuesta por una pareja de ancianos que reclamaba por la afectación de sus
derechos fundamentales a la intimidad y a la salud, debido a que el tañido de
las campanas de un templo católico situado en frente de su residencia excedía
los máximos niveles de ruido permitidos en el sector. Aunque previamente
acudieron a las autoridades de policía, estas se habían rehusado a practicar la
medición de la contaminación auditiva pretextando mal tiempo y, en razón de
ello, negaron la solicitud de protección.
[122] MP. Mauricio González
Cuervo.
[123] En contraste, por
ejemplo en la sentencia T-1666 de 2000 (MP. Carlos Gaviria Díaz), la Corte resolvió favorablemente la tutela, debido precisamente a que previamente acudieron a
las autoridades de policía, y a que estas se habían rehusado a practicar la
medición de la contaminación auditiva pretextando mal tiempo y, en razón de
ello, negado la solicitud de protección. En la sentencia T-525 de 2008 (MP
Mauricio González Cuervo), la Corte por su parte abordaba un caso en el cual no
se habían siquiera iniciado procesos policivos, aun cuando se había presentado
un derecho de petición al alcalde de la entidad territorial.
[124] El numeral 3° decía: “Tercero:
ORDENAR al Canal Uno Noticias Uno la Red Independiente que dentro de las cuarenta y ocho siguientes contados a partir de la
notificación de este fallo, deshabilite del link que aparece en la página http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/01/20/noticias,
los videos donde se muestra al menor jugando en un cancha de futbol”.
[125] En la que se ordena “a
los periodistas Iván Serrano y Cecilia Orozco Tascón y a los medios de
comunicación Canal Uno Noticias Uno La Red Independiente y al diario El Espectador, abstenerse de publicar, comentar, hacer
reportajes o divulgar imágenes que atenten contra el derecho a la intimidad del
niño GBM y que a través de comunicado público emitido en el mismo horario en
que se divulgó la noticia y en sección igual donde se editó la columna,
ofrezcan disculpas al citado menor”.
[126] En el cual se dispuso: “Segundo:
ORDENAR a los periodistas Iván Serrano y Cecilia Orozco Tascón y a los medios
de comunicación Canal Uno Noticias Uno La Red Independiente y al diario el Espectador, abstenerse de publicar, comentar, hacer
reportajes o divulgar imágenes que atenten contra el derecho a la intimidad del
niño GBM y que a través de comunicado público emitido en el mismo horario en
que se divulgó la noticia y en sección igual donde se editó la columna,
ofrezcan disculpas al citado menor”.
[127] En el cual se resolvió:
“Tercero: ORDENAR al Canal Uno Noticias Uno la Red Independiente que dentro de las cuarenta y ocho siguientes contados a partir de la
notificación de este fallo, deshabilite del link que aparece en la página http://noticiasunolaredindependiente.com/2013/01/20/noticias,
los videos donde se muestra al menor jugando en un cancha de futbol”.
[128] Que estableció lo siguiente: “Cuarto: ORDENAR
al diario el Espectador, que dentro de las cuarenta y ocho siguientes contados
a partir de la notificación de este fallo, excluya de la columna publicada el
23 de enero de 2013, que se puede consultar por internet, la frase “y los que
hacen el pequeño hijo de la contralora y sus compañeros de juego en una cancha
que ella le mandó a instalar al niño en la azotea de la casa””.