T-099-20
Sentencia T-099/20
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Desvinculación de supernumerarias
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Aplicación Ley 361/97
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Contenido y alcance
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Protección constitucional
EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS-Vinculación con la Administración Pública
CONTRATO REALIDAD Y PRINCIPIO DE PRIMACIA
DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN MATERIA LABORAL-Reiteración de jurisprudencia
PRINCIPIO DE PRIMACIA
DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMAS EN VINCULACION DE EMPLEADOS SUPERNUMERARIOS-Cuando una entidad
acude a esta modalidad con la finalidad de desarrollar funciones permanentes
del servicio desconoce los principios constitucionales
La vinculación de
empleados supernumerarios constituye un modo excepcional de contratación
laboral con la Administración Pública, toda vez que reviste un carácter
eminentemente temporal, por lo que esta Sala estima oportuno subrayar que
cuando la entidad acude a esta modalidad con la finalidad de desarrollar
funciones permanentes del servicio, como ocurrió en el presente caso, se
desfigura; y en consecuencia, se desconocen los principios constitucionales que
erigen la carrera administrativa, dejando abierta la posibilidad de
acudir  ante el juez para que de aplicación al principio de rango
constitucional  de prevalencia de realidad sobre las formalidades
estipuladas
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Orden de reintegrar, reconocer y pagar
salarios y prestaciones dejadas de percibir, al igual que pagar indemnización,
según ley 361/97
Referencia: expedientes acumulados T-7.381.710, T-7.381.713, T-7.392.437, T-7.392.494, T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.408.960, T-7.414.212, T-7.418.567, T-7.433.690 y T-7.601.200
Acciones
de tutela interpuestas por: Lidia Edith Parra, Yenny Lisbeth Nivia Duque,
Alicia Uribe Bermúdez, Gloria Janeth Flórez Sánchez, Ana Rosa Salamanca
Castillo, Elizabeth Molina Castellanos, Heydy Gutiérrez Solano, Elizabeth Mikulic
Rincón, María Consuelo Moncada Guzmán, Luz Mary Díaz Benítez y Rosalía Villamil
Alvarado contra el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y el Ministerio de
Defensa Nacional
Magistrada
Ponente:
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil
veinte (2020)
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por los
magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y Cristina Pardo
Schlesinger -quien la preside-, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los
artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la
siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de las providencias de
tutela emitidas por los despachos judiciales que a continuación se mencionan:
1. Fallo de segunda instancia del 11 de abril de
2019, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que
revocó la decisión del 27 de febrero de 2019, expedida por el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá, que concedía transitoriamente el amparo constitucional
de los derechos fundamentales invocados por Lidia Edith
Parra (T-7.381.710).
2. Sentencia de segunda instancia del 9 de abril de
2019, expedida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que
confirmó la providencia del 26 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado
Veintidós de Familia de Bogotá, que negaba la acción de tutela instaurada por Yenny Lisbeth Nivia Duque (T-7.381.713).
3. Sentencia de segunda instancia del 28 de marzo
de 2019, emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del
Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó parcialmente el fallo del 27 de
febrero de 2019, dictado por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de
Bogotá, que concedió el amparo constitucional deprecado por la accionante
Alicia Uribe Bermúdez (T-7.392.437).
4. Sentencia de segunda instancia del 4 de abril de 2019, expedida por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la sentencia del 26 de
febrero de 2019, emitida por
el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, la cual negó la acción de tutela invocada por Gloria Janeth Flórez Sánchez
(T-7.392.494).
5. Sentencia de segunda instancia del 15 de marzo
de 2019 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó
la sentencia de tutela de 26 de febrero de 2019, expedida por el Juzgado
Treinta y Cuatro Laboral de
Oralidad del Circuito de Bogotá, la cual amparaba los derechos fundamentales de Ana Rosa Salamanca
Castillo (T-7.396.197).
6. Sentencia de segunda instancia del 26 de abril
de 2019, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó
el fallo del 11 de marzo de 2019, emitido por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá,
el cual negó la acción de tutela instaurada por Elizabeth Molina Castellanos      (T-7.405.344).
7. Sentencia de primera y única instancia del 2 de abril de
2019, dictado por el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, que negó
la protección de los derechos fundamentales invocados por Heydy Gutiérrez
Solano (T-7.408.960).
8. Sentencia de segunda instancia del 8 de abril
de 2019, emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la cual
confirmó el fallo del 4 de marzo de 2019, proferido por el Juzgado Veintidós
Laboral del Circuito de Bogotá, que declaró improcedente la tutela que
solicitaba el amparo de los derechos fundamentales de Elizabeth Mikulic Rincón
(T-7.414.212).
9. Sentencia de segunda instancia del 8 de mayo de
2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó
el fallo del 9 de abril de 2019, dictado por el Juzgado Treinta Civil del
Circuito de Bogotá, que negó el amparo a los derechos fundamentales invocados
por María Consuelo Moncada Guzmán (T-7.418.567).
10. Sentencia de segunda instancia del 9 de abril
de 2019, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que
confirmó el fallo del 4 de marzo de 2019, emitido por el Juzgado Veintiocho Laboral
del Circuito de Bogotá, que había declarado improcedente la acción de tutela
que solicitaba el amparo de los derechos fundamentales de Luz Mary Díaz Benítez
(T-7.433.690).
11. Sentencia de segunda instancia del 13 de
agosto de 2019 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que
confirmó la sentencia del 5 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Treinta
y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, que declaró improcedente el amparo de
los derechos fundamentales de Rosalía Villamil Alvarado (T-7.601.200).
Conforme
a lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, el
artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 55 del Acuerdo 02 de 2015
(Reglamento Interno), mediante autos del 14 y 28 de junio de 2019, la Sala de Selección
de Tutelas No. 06, conformada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez
y Alberto Rojas Ríos, seleccionó y acumuló entre sí, para efectos de revisión, los expedientes: T-7.381.710, T-7.381.713, T-7.392.437, T-7.392.494, T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.408.960, T-7.414.212, T-7.418.567 y T-7.433.690,
por presentar unidad de materia para fallarlos en una sola providencia. En la
Sala de Selección No. 10, conformada por los magistrados Antonio José Lizarazo
Ocampo y Cristina Pardo Schlesinger se escogió el expediente T-7.601.200, que bajo
los mismos criterios, se integró a los anteriores.
De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591
de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la Sentencia correspondiente.
I. ANTECEDENTES
A.
Hechos,
pretensiones, pruebas y decisiones de instancias
1. La Sala Séptima de la Corte Constitucional examina
once (11) acciones de tutela, cuyos hechos, peticiones, respuestas, material
probatorio más relevante y decisiones de instancia se desarrollan detalladamente
en el anexo único que hace parte integral de la presente providencia. En
consideración a que, en todos los expedientes hay situaciones personales,
fácticas, administrativas y procesales similares, se presentará un resumen de
los elementos comunes a los casos con las respectivas decisiones de instancia.
1.1. En los meses de febrero[1] y abril[2]
de 2019, de manera independiente, cada una de las once accionantes acudieron a
la jurisdicción constitucional solicitando la protección de sus derechos
fundamentales al mínimo vital, salud, seguridad social y estabilidad laboral
reforzada, entre otros, los cuales fueron presuntamente conculcados por el
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, al finalizárseles el vínculo laboral,
en la modalidad de supernumerarias, a través de la Resolución No. 00508 del 1º
de octubre de 2018. Las demandantes basan su solicitud en los siguientes hechos
comunes:
1.2. Las accionantes, que oscilan entre los 34 y 56
años de edad[3], estuvieron vinculadas por
diferentes periodos de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2018[4], en los cargos de personal supernumerario
al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, ente que desempeña el rol de administrador de la Fábrica de
Confecciones de propiedad de la Policía Nacional. Durante su permanencia
estuvieron afiliadas a salud, a pensiones, y en riesgos laborales a la ARL AXA
Colpatria[5].
1.3. Manifestaron que, por ser trabajadoras
dedicadas al corte y confección de ropa, comenzaron a presentar dolencias
osteo-musculares en miembros superiores (dedos, manos, muñecas, codos y
hombro), tales como: Abducción dolorosa de hombro[6], Bursitis de hombro[7], Epicondilitis lateral
bilateral[8],
Epicondilitis medial bilateral[9],
Síndrome del manguito rotador[10],
Síndrome del túnel carpiano bilateral[11],
Tendinitis de flexoextensores bilateral, Tenosinovitis de flexoextensores de
carpo bilateral[12]
y Tenosinovitis de estiloides radial de Quervain[13], situaciones por las
que han estado incapacitadas, asistiendo a exámenes, terapias físicas y
controles médicos con especialista, algunas sometidas a procedimientos
quirúrgicos, otras con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral o en
proceso de calificación del mismo.
1.4. Afirmaron que, mediante dictámenes emitidos
por sus aseguradores en salud, en unos casos por AXA Colpatria y en algunos
otros por las juntas de calificación de invalidez (regional y nacional), sus
enfermedades fueron calificadas como laborales; en consecuencia de lo anterior,
reconocieron que la ARL y el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional adoptaron
las medidas necesarias para acatar las recomendaciones laborales, reubicando a
la mayoría de sus trabajadoras en otros cargos.
1.5. Indicaron que, durante los meses de enero y
febrero de 2019, dentro del proceso de incorporación del nuevo personal, entregaron
documentos, certificaciones y se practicaron exámenes médicos, los cuales eran
requeridos por la entidad accionada para el inicio de un nuevo ciclo; sin
embargo, fueron informadas que por falta de presupuesto  y por la falta de
suscripción de convenios interadministrativos no se les vincularía, pese a que
ellas notificaron sobre sus estados y condiciones de salud. Situación que se materializó
también para otras trabajadoras, pues no aparecieron en el listado de personas vinculadas
para febrero de 2019, truncando sus expectativas de ser nuevamente contratadas.
1.6. Sostuvieron que son personas enfermas,
desempleadas, con gastos, compromisos, deudas financieras, necesidades básicas
insatisfechas, que tienen a su cargo a su grupo familiar; y que temen, en razón
a sus cuadros de salud por las patologías que padecen, que los tratamientos
médicos se vean interrumpidos al ser desafiliadas del Sistema de Seguridad Social.
Asimismo, afirmaron que, debido a su edad y a sus capacidades laborales
disminuidas, les sería imposible acceder a otro empleo y desempeñarse en
cualquier otro puesto.
1.7. Debido a lo anotado, las accionantes
solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad
social y estabilidad laboral reforzada por el estado de indefensión y la
urgencia manifiesta en la que se encuentran, pidiendo además que se les
reintegre a sus cargos o a uno de mayor jerarquía con el pago de las
prestaciones dejadas de percibir.
1.8. Las decisiones de los jueces civiles,
laborales y de familia de primera instancia fueron disímiles, en razón a los
análisis particulares y la valoración de las pruebas que las accionantes
aportaron a los procesos, quienes, por su cuenta solicitaron la protección de
sus derechos fundamentales. Dentro de las diferentes providencias, la mayoría
de falladores negaron el amparo[14], algunos
jueces declararon improcedente la acción[15],
otro concedió el amparo transitorio mientras se acudía a la jurisdicción
contenciosa administrativa[16], y
en dos expedientes se concedieron un amparo definitivo[17].
1.9. Las sentencias de segunda instancia también
fueron heterogéneas, en la medida que las Salas de los Tribunales confirmaron los
fallos que negaron y declararon improcedente la tutela[18], otros revocaron para negar el amparo, o
para declarar la improcedencia por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad de la acción[19],
salvo en el expediente T-7.392.437, en el que la Sala Civil Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá confirmó el amparo
definitivo de una tutela.
II.
ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN
1. Mediante auto del 12 de septiembre de 2019[20], la magistrada sustanciadora consideró
necesario recaudar mayores elementos de pruebas para mejor proveer en los expedientes
seleccionados, por lo que ordenó:
“-Vincular al proceso al Ministerio de Defensa
Nacional, como quiera que dicha parte puede llegar a tener interés en las
decisiones que se puedan llegar a adoptar.
- Requerir al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional,
para que se sirva allegar las últimas resoluciones (actos administrativos) que vinculan o prorrogan
la vinculación de un personal al servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, en especial todas las correspondientes a la
vigencia 2019”.
2. A través del Informe de cumplimiento del 20 de
septiembre de 2019, la
Secretaría General de esta Corporación comunicó que, pese a haberse notificado
el referido auto mediante estado 590/19 y librado los oficios OPTB-2283 y OPTB-2284
del 16 de septiembre de 2019, no se recibió documentación alguna dentro del
término establecido[21].
3. No obstante lo anterior, se advirtió en los anexos del citado Informe,
que la dirección de correspondencia en el oficio OPTB-2284/19 dirigido al Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional[22] era errónea, ya que fue
enviada a la Calle 66A No. 43-18 en Bogotá y al revisar en los diferentes expedientes,
la dirección correcta es Carrera 66A No. 43-18 de la Ciudad; por lo que fue
necesario proferir un nuevo auto de requerimiento de fecha 2 de octubre de 2019.
4. En el término de traslado del auto en comento,
se allegó escrito de ocho de las accionantes[23]
poniendo en conocimiento que la entidad accionada continúa haciendo procesos de
selección de personal supernumerario, desvirtuándose lo anotado por el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, cuando se les había manifestado que por falta
de presupuesto y debido a la baja demanda de convenios interadministrativos no
podían contratarlas, denotando, según las demandantes, la intención de
quererlas desvincular definitivamente a pesar de sus enfermedades de origen
laboral[24].
5. En comunicación recibida el 9 de octubre de
2019, el Representante Legal de la entidad allegó las resoluciones 0068, 0090 y
0102, todas del mes de marzo de 2019, en las que se vinculaban desde el 04, 15
y 19 de marzo, respectivamente, hasta el 30 de junio de 2019, como personal
supernumerario al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de
la Policía a las accionantes: Lidia Edith Parra, Ana Rosa Salamanca y Alicia
Uribe Bermúdez, desconociéndose por parte de este Despacho, si estas personas
continuaban vinculadas a la entidad con posterioridad a esa fecha[25].
6. Así pues, mediante auto del 17 de octubre de
2019, en cumplimiento del artículo 64 del Reglamento Interno (Acuerdo 002 de
2015) se puso a disposición de todas las partes, la comunicación allegada por
la entidad accionada, sin que en el término dispuesto para ello se hubiera
recibido comunicación alguna[26].
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Sala
Séptima de Revisión es competente para revisar las sentencias de tutela dictadas
en los procesos de la referencia, según lo dispuesto por los artículos 86 y 241,
numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y
subsiguientes del Decreto 2591 de 1991, y en virtud de la selección y del reparto
verificado en la forma que establece el Reglamento Interno de la Corporación
(Acuerdo 02 de 2015).
2. Procedencia de la acción de tutela
2.1. Legitimidad de la acción
2.1.1.
Es el artículo 86 de la Constitución Política junto con el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 los que le permiten a cualquier persona, sin limitación
alguna, invocar la acción de tutela para que, mediante un trámite ágil y
expedito, soliciten la protección inmediata a sus derechos fundamentales,
cuando puedan verse vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de las
autoridades públicas o de particulares.
El
mismo artículo 10 del mentado decreto señala que en todo momento y lugar, el
mecanismo de amparo podrá ser ejercido por el titular de un derecho fundamental
amenazado o vulnerado e incluso a nombre de otro, cuando el individuo no esté
en la capacidad de acudir por sí mismo[27].
2.1.2. Para la presente ocasión, las
señoras Lilia Edith Parra (T-7.381.710); Yenny Lisbeth Nivia Duque
(T-7.381.713), Alicia Uribe Bermúdez                      (T-7.392.437), Gloria
Janeth Flórez Sánchez (T-7.392.494), Ana Rosa Salamanca Castillo (T-7.396.197),
Elizabeth Molina Castellanos (T-7.405.344), Heydy Gutiérrez Solano (T-7.408.960),
Elizabeth Mikulic Rincón (T-7.414.212), María Consuelo Moncada Guzmán (T-7.418.567),
Luz Mary Díaz Benítez (T-7.433.690) y Rosalia Villamil Alvarado (T-7.601.200) imploraron
la defensa de sus derechos fundamentales, acudiendo por sí mismas a la
jurisdicción constitucional, razón por la cual son sujetos legitimados para
actuar como accionantes al interior de cada uno de los procesos.
2.1.3. La legitimidad en la causa
por pasiva es definida como la condición del sujeto contra quien se encamina la
acción, de ser esa persona llamada a responder por la posible amenaza o
vulneración del derecho fundamental. La jurisprudencia constitucional[28]
en referencia al tema ha mencionado que:
“La legitimación por pasiva en
la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental. Es un presupuesto procesal que
exige que la persona contra quien se incoa la tutela sea la autoridad o el
particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el derecho
fundamental”.
De igual manera, del cumplimiento
del requisito procesal en mención, esta Corporación ha referido que:
“Se busca
entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base
en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan
perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones
inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo
constitucional por expreso mandato del parágrafo único del artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991”[29].
2.1.4. En este contexto, la Sala de Revisión al validar los casos objeto de
estudio, encuentra que los expedientes T-7.381.710, T-7.381.713,
T-7.392.437,               T-7.392.494,
T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.408.960, T-7.414.212, T-7.418.567,
T-7.433.690 y T-7.601.200 cumplen con el aludido requisito de procedibilidad, ya que en todos, el demandado es el mismo sujeto,
el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, establecimiento público del orden nacional,
adscrito al Ministerio de Defensa con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, quien es el llamado a responder por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al fungir como empleador de
las accionantes.
2.2.
Inmediatez
2.2.1. Frente al principio
de inmediatez, la Constitución Política no establece propiamente un término
perentorio para interponer la acción de tutela; es un concepto de origen y
desarrollo jurisprudencial, que debe ser examinado en cada caso concreto, pues
se ha determinado que es el período de tiempo prudencial desde que se presenta
la conducta que presuntamente vulnera los derechos del accionante y la fecha de
interposición de la acción. Periodo cuya razonabilidad es relativa a las
circunstancias particulares de cada caso[30].
2.2.2. En relación con lo
anotado, la sentencia T-332 de 2015[31] se pronunció sobre el
particular, así:
“El principio
de inmediatez constituye
un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que su
interposición debe ser oportuna y razonable con relación a la ocurrencia de los hechos que
originaron la afectación o amenaza de los derechos fundamentales invocados”.
2.2.3. Asimismo,
reviste gran importancia lo expresado en la sentencia T-022 de 2017[32],
que dice:
“La eficacia
de la acción de tutela frente a la protección de los derechos fundamentales se
encuentra relacionada directamente con la aplicación del principio de la
inmediatez, presupuesto sine qua non de procedencia de dicha acción,
dado que su objetivo primordial se encuentra orientado hacia la protección
actual, inmediata y efectiva de derechos fundamentales”.
2.2.4. En la
reciente sentencia T-091 de 2018[33], se recordaron unos criterios orientadores
que permiten al juez saber, en conjunto, si se cumple con el requisito
señalado, a saber:
“(i) la
situación personal del accionante, que puede hacer exagerada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un periodo corto; (ii) el instante en que
ocurre la transgresión, ya que pueden haber casos de violación continua de
derechos fundamentales; (iii) la naturaleza de la vulneración, pues la tardanza
en presentar la tutela puede ser parte del hecho que, a juicio del accionante,
vulnera sus derechos fundamentales; (iv) si se trata de tutela contra
providencia judicial, el análisis debe ser más estricto, y (v) los efectos de
la tutela en los derechos de terceros, quienes tienen la expectativa legítima
de que se proteja su seguridad jurídica”[34].
2.2.5. Así, la Sala encuentra demostrado
el requisito de la inmediatez, habida cuenta de que en el primer grupo de
tutelas seleccionadas por la Sala Sexta de Selección de 2019, transcurrieron
menos de seis meses, entre el 31 de diciembre de 2018, fecha en que finalizó la
relación laboral de las accionantes con el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional y las fechas de interposición de las tutelas, que se dieron entre el
14 y 27 de febrero de 2019.
En igual sentido, el último caso seleccionado
por la Sala Décima de Selección de 2019 se dio en un plazo razonable, pues
pasaron casi 4 meses, entre el 31 de diciembre de 2018, fecha de finalización
de la relación laboral con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y el 24 de
abril de 2019, fecha en que fue incoada la acción de  tutela
2.3. Subsidiariedad
2.3.1. En virtud a lo consagrado en el artículo 86 superior y el Decreto
2591 de 1991, una de las características propias de la acción de tutela es su carácter
residual y subsidiario. De otro lado, la acción puede proceder de forma excepcional
como mecanismo definitivo o transitorio, en función de las circunstancias
especialísimas del caso.
2.3.2.  La acción
de tutela debe utilizarse únicamente (i) cuando no haya un mecanismo judicial ordinario
que proteja adecuada y oportunamente los derechos fundamentales del interesado,
o (ii) cuando éste no cuenta con ninguna otra forma de defensa para la
protección de los derechos fundamentales invocados. En estos casos, la acción
de tutela procederá de forma definitiva[35].
2.3.3. Puede ocurrir también, que a pesar
de existir otro medio de defensa judicial, lo que se persigue con el mecanismo
de amparo, es evitar que se consume un perjuicio irremediable a los derechos
fundamentales del accionante; allí, es cuando la protección se otorga transitoriamente
entre la sentencia de tutela y la sentencia que profiera el juez ordinario o
contencioso administrativo, así se da una protección temporal. Para que la
tutela sea viable en la situación planteada, esta debe cumplir con los
siguientes aspectos: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii)
que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se
enfrenta la persona es grave; y (iv) que las actuaciones de protección han de
ser impostergables”[36].
2.3.4. Por lo tanto, es indispensable
verificar la procedencia del requisito en mención desde dos variables, la
primera de ellas, relacionada con la existencia o no de un medio de defensa
judicial y si éste es idóneo y eficaz; y una segunda, alusivo al carácter
residual y subsidiario del mecanismo de protección creado por la Carta Política[37].
2.3.5. En materia de reintegro y
pago de prestaciones sociales, es claro para la Corte que, al ser controversias
que tienen un escenario de debate natural en la jurisdicción ordinaria laboral
o contenciosa administrativa, según sea el caso, la acción de amparo se torna
en improcedente; por lo que le corresponde al sujeto acudir a esas vías como el
medio principal. Sin embargo, muy excepcionalmente puede proceder la tutela
para salvaguardar los derechos fundamentales de aquel sujeto que lo requiere y
“cuya protección es impostergable a la luz de los hechos del asunto objeto
de estudio; cuando las circunstancias particulares y específicas del caso
concreto, permiten concluir que los medios ordinarios para la defensa judicial
de los derechos no tienen vocación de protección efectiva de los mismos”[38].
2.3.6. De esta manera, tal como se
dijo en la sentencia T-201 de 2018[39], para establecer si se
supera el estudio de la subsidiariedad, la Sala debe examinar si las
pretensiones de las accionantes pueden ventilarse y fallarse en debida forma
por el medio idóneo establecido para tal fin o si, por las situaciones particulares
de quienes la ejercen, “acudir a ella lejos de proteger sus derechos,
posterga su ejercicio, al punto de vaciar las garantías ius fundamentales en
sus especiales circunstancias”[40]. En palabras de
la sentencia T-041 de 2019[41], debe disminuirse la
rigurosidad al hacer el examen de procedencia cuando de
los derechos de sujetos de especial protección constitucional o de personas que
se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta se trata, “pues
en estos casos el actor experimenta una dificultad objetiva y
constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le
imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[42].
2.3.7. En resumen, la regla
general para resolver el tipo de controversias puestas en conocimiento de la
Sala son los medios ordinarios que se establecen en la ley, pues allí existe un
escenario más amplio de debate probatorio donde el juez natural tiene más elementos
de juicio para decidir de fondo; sin embargo, debido a las condiciones
especiales de vulnerabilidad o circunstancias de debilidad manifiesta de la
persona, la jurisprudencia constitucional ha suavizado las reglas de
procedencia de la acción, en especial la de subsidiariedad. Bajo este
entendido, la tutela se convierte en la mejor herramienta para conjurar la
afectación de los derechos en cuestión[43].
2.3.8. Después
de analizar la figura de la subsidiariedad, la Sala evidencia patrones
similares en todos los casos acumulados, pues lo que motivó la interposición de
las tutelas fue la desvinculación ocurrida el 31 de diciembre de 2018, por la
ocurrencia del plazo establecido en la Resolución No. 00508 del 1º de octubre
de 2018, expedida por el Director General del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional; de igual modo, el cargo que ostentaban las accionantes dentro de la
línea de producción de la Fábrica de Confecciones de propiedad de la Policía
Nacional era afín a todas, para el cual se requieren ciertas habilidades y
destrezas manuales con el uso constante y repetitivo de ambos brazos en la
elaboración de uniformes, ropa militar y de otras prendas de uso exclusivo.
2.3.9. En el mismo sentido, la
edad de las accionantes llamó la atención, pues oscilan entre los 48 y 56 años,
salvo en el caso del expediente T-7.408.960, en donde la accionante tiene 34
años, con una pérdida de capacidad laboral por las enfermedades que fueron
calificadas en general como profesionales. Independientemente de que en algunos
de los expedientes todavía se encuentre en controversia el origen de las
enfermedades, la entidad accionada no cuestionó, en ningún momento, la
existencia de las mismas, y es que la mayoría de las patologías, como: Abducción dolorosa de hombro, Bursitis de hombro, Epicondilitis
lateral bilateral, Epicondilitis medial bilateral, Síndrome del manguito
rotador, Síndrome del túnel carpiano bilateral, Tendinitis de flexoextensores
bilateral, Tenosinovitis de flexoextensores de carpo bilateral y Tenosinovitis
de estiloides radial de Quervain, se descubrieron
o se desarrollaron durante la vinculación al Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional[44] y requieren de una
adecuada continuidad en el tratamiento médico requerido.
2.3.10. En esta medida, las accionantes
estimaron que sus patologías junto con la apremiante situación económica al
quedar sin el único ingreso para el sostenimiento de su familia compuesta por
hijos a su cargo,  las colocaban en una situación de debilidad manifiesta que
las llevó a interponer las respectivas acciones de tutela. Pues bien, en
atención a que se flexibilizó el análisis de procedencia por las razones
descritas, y al material probatorio allegado a cada uno de los expedientes,
para la Sala, son suficientes los motivos para considerar superado el análisis
de subsidiariedad en todos los expedientes. Así las
cosas, las solicitudes de tutela son procedentes y el juez constitucional está
llamado para conocer el fondo de la controversia planteada por aquellas.
3. Planteamiento del problema jurídico
De
conformidad con los hechos expuestos y acorde a los fallos emitidos por los
jueces de instancia, le corresponde a la Sala Séptima de Revisión resolver el
siguiente problema jurídico:
3.1. ¿El
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional vulneró el derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada, invocado por las accionantes[45], quienes se desempeñaron como personal al servicio de los procesos
productivos de la Fábrica
de Confecciones de la Policía Nacional, en calidad de supernumerarias, al
desvincularlas por la expiración del plazo estipulado en la Resolución No. 00508
del 1º de octubre de 2018, sin autorización del Ministerio del Trabajo, y a
pesar de las condiciones de salud en las que se encontraban?
3.2. Para
resolver el problema jurídico, la Sala procederá previamente a examinar (i) la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de
debilidad manifiesta por condiciones de salud. Reiteración jurisprudencial; (ii)
la vinculación de empleados supernumerarios en la Administración Pública y el principio
de la realidad sobre las formas. Reiteración jurisprudencial; y, en últimas, (iii)
realizará los análisis de
los casos en concreto.
4. La estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de debilidad
manifiesta por condiciones de salud. Reiteración jurisprudencial.
Marco normativo que origina el
concepto de la estabilidad laboral reforzada
4.1. El
artículo 13 de la Constitución Política resalta la igualdad de las personas
ante la ley, siendo deber del Estado propender por unas condiciones dignas para
que ese mandato sea realizable. Dice la Corte que: “el principio de
igualdad pasa de ser un simple concepto jurídico meramente formal, para
convertirse en un criterio dinámico, que debe interpretarse de conformidad con
las circunstancias particulares que rodean a cada persona, buscando con ello el
logro de una igualdad material y no formal”[46]. No
hay duda que dentro de éste enunciado tienen cabida los sujetos de especial
protección constitucional, que por sus condiciones de debilidad manifiesta sean
merecedores del resguardo que solicitan a través de la tutela[47].
4.2. Particularmente,
el artículo 53 superior promueve la protección integral a  la
estabilidad laboral de los trabajadores, reforzada en el caso del empleado que,
por su especial situación, llegue a padecer de las consecuencias negativas de
una desvinculación abusiva[48]. En ese sentido, la Corte desarrolló el concepto de igualdad en las
relaciones laborales, el cual consiste en que en atención al principio de
solidaridad, presente en toda relación laboral y en armonía con los mandatos
superiores, se permite a las partes aceptarse como sujetos de derechos
constitucionales que pretenden llevar un plan de vida con unos estándares
mínimos, en donde el Estado y la sociedad[49] deben contribuir, aún más, en los
casos de desigualdad, debilidad física o psíquica o por la falta de
oportunidades, que retardan o entorpecen el logro de aquellos objetivos[50].
4.3. De
manera enfática, el artículo 54 superior añade que es obligación estatal
y de los empleadores el capacitar y dotar de habilidades profesionales y
técnicas a quienes lo necesiten. Asimismo, el Estado debe facilitar la ubicación
laboral de los individuos en edad productiva y garantizar a las personas en
condición de discapacidad el derecho a un trabajo que reconozca sus
diversidades[51].
4.4. En
resumen, se le impone al Estado (i) una obligación de hacer
que consiste en “remover todos los obstáculos
que en el ámbito normativo, económico y social configuren efectivas
desigualdades de hecho que se opongan al pleno disfrute de los derechos de
estas personas”[52]; y otra, (ii) una obligación de no hacer evitando “adoptar o ejecutar medidas administrativas o legislativas que lesionen el
principio de igualdad de trato” [53]. A
lo anterior, también se le conoce con el nombre de acciones afirmativas[54].
4.5. La
jurisprudencia constitucional[55] indica que la garantía de la estabilidad laboral reforzada protege a mujeres embarazadas[56], a
personas con fuero sindical[57], a madres cabeza de familia y a
personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de
salud. Por la metodología propuesta en el problema jurídico a resolver, se
ahondará en ésta última categoría; por tanto, para este grupo específico, la
protección consiste en la seguridad de continuidad en el empleo, después de
descubierta la limitación física o psíquica, como una forma sui generis
de permanencia en el puesto, atendiendo a las especiales aptitudes del
individuo[58].
4.6. Bajo las anteriores premisas, el Legislador expidió la Ley 361 de 1997
“por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas
con limitación” que en su artículo 26[59] estableció la estabilidad laboral
reforzada para el trabajador en condición de discapacidad como un derecho
derivado del contrato de trabajo. La Corte describe la importancia de esta
norma con las siguientes palabras, así:
“Quien contrata la
prestación de un servicio personal, con o sin subordinación, debe tener
presente que adquiere con la persona que se lo presta una relación relevante a
la luz de la Constitución, pues adquiere el deber de actuar con solidaridad
cuando las circunstancias se lo requieran, y sus relaciones deben entonces
trascender el principio de utilidad que en general es válido observar en los
actos contractuales que desarrolle, y en las relaciones patrimoniales de
disposición de sus bienes económicos. Una persona en condiciones de salud que
interfiera en el desempeño regular de sus funciones se encuentra en condiciones
de debilidad manifiesta no solo porque esto puede exponerla a perder su
vínculo, como lo muestra la experiencia relacionada en la jurisprudencia
constitucional, sino además porque le dificulta la consecución de una nueva
ocupación con base en sus facultades, talentos y capacidades humanas, que le
depare los bienes suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, con lo
cual está en riesgo no solo su estabilidad y su dignidad, sino incluso su
propia subsistencia, y su seguridad social”[60].
Evolución jurisprudencial
4.7. Fue una demanda ciudadana
contra el último inciso del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 la que dio lugar
para que la Corte, con la expedición de la sentencia C-531 de 2000[61], declarara exequible la norma, bajo
el entendido que la desvinculación que realice la empresa no será eficaz, así ésta
haya efectuado el pago de la indemnización al trabajador en condición de
discapacidad, si con anterioridad no se agotó el trámite de obtención de la autorización ante la
Oficina de Trabajo. En este escenario, tal desembolso efectuado se constituye
en una sanción para el empleador, mas no en la posibilidad para éste de
despedir sin justa causa a un empleado en condición de discapacidad[62].
4.8. A partir de ese momento, esta alta Corporación ha conocido
una infinidad de casos, en donde se ha mantenido una línea pacífica, en torno a
la protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Así, por ejemplo,
en la sentencia T-1040 de 2001[63] se protegió a una mujer que fue
despedida sin justa causa por haber acumulado más de 180 días de incapacidad sin
haber sido declarada en condición de discapacidad, por una enfermedad que a
pesar de haber sido tratada, no se obtuvieron los resultados esperados al no
ser reubicada en otro cargo como lo había recomendado su médico tratante,
ordenándole al empleador el reintegro y la reubicación y capacitación en un
cargo acorde a sus condiciones actuales.
4.8.1. En otra sentencia, la T-519 de 2003[64],
se protegió el derecho a la estabilidad laboral reforzada de un empleado
vinculado mediante un contrato a término indefinido en una empresa de
comunicaciones, que adquirió una enfermedad laboral al estar expuesto continuamente
a los rayos solares, por lo que su médico tratante ordenó una reubicación
laboral en un cargo de oficina, por esta razón, al poco tiempo fue despedido
sin justa causa.
4.8.2. Con alguna similitud a los casos en estudio, la sentencia
T-198 de 2006[65] protegió el derecho a la estabilidad
laboral reforzada de un hombre que sufrió un accidente de trabajo y al cabo de
varias incapacidades posteriores al suceso, se le diagnosticó tendinitis de
extensores de muñeca postraumática y síndrome de túnel carpiano
moderado grado III –de origen laboral-, a lo
cual su médico hizo recomendaciones laborales que la empresa no acató, así como
tampoco la sugerencia de reubicarlo y procedió a despedirlo sin justa causa. En
este sentido, el fallo en comento, dijo que no era necesario que el accionante
tuviera calificación de pérdida de capacidad laboral para acceder a la protección
que brinda el último inciso del artículo 26 del a Ley 361 de 1997; así como
también diferenció los conceptos de invalidez con el de discapacidad, ya que no
son sinónimos[66].
4.8.3. En sentencia T-518 de 2008[67], de manera más precisa y clara, se
señaló que la protección a la estabilidad laboral reforzada también abarca a
personas en que se comprueba que su estado de salud influyó en su despido, y no
solamente a individuos con alguna discapacidad ya calificada. En aquel momento,
la Corte afirmó que: “el trabajador que en desarrollo
de la prestación de sus servicios ve menguados tanto su estado de salud como su
capacidad de trabajo, como consecuencia, por ejemplo, de un accidente de
trabajo o una enfermedad profesional, de forma tal que deba ser considerado
como una persona puesta en condiciones de debilidad manifiesta”[68].
4.8.4. Asimismo, en sentencia T-490 de 2010[69],
en uno de los casos acumulados, se protegió el derecho a la estabilidad laboral
reforzada de una enfermera que había adquirido una enfermedad profesional con
ocasión de un accidente de trabajo al caérsele una camilla de pacientes encima
de su hombro derecho, por lo cual la empresa no le renovó su contrato de
prestación de servicios interrumpiendo así, su tratamiento médico.
4.8.5. En la sentencia T-461 de 2012[70] se
conoció de la acción de tutela interpuesta por una empleada de un centro
hospitalario, vinculada por una Cooperativa de trabajo asociado, despedida tras
haber estado incapacitada por más de 180 días continuos por una patología común.
Para esa oportunidad se protegió el derecho a la estabilidad laboral reforzada
y el derecho a la seguridad social de la accionante[71].
4.9. Como se ha visto, la Corte Constitucional, en aras de garantizar los
derechos fundamentales de aquellas personas en similares circunstancias pero
bajo otras modalidades de contratación profirió la sentencia SU-049 de 2017[72],
en la que señaló que la estabilidad laboral reforzada, como forma de protección,
también se hace extensible a otras modalidades de vinculación, en especial, de los
contratos de prestación de servicios, específicamente llamándola estabilidad
ocupacional reforzada; es decir, a aquellos que no tienen naturaleza
laboral, yendo más allá al reiterar que, éste beneficio no requería que el
empleado tuviera una calificación de pérdida de capacidad laboral, en ninguna
de sus modalidades, ya fuera moderada, severa o profunda[73].
4.10. La justificación de la protección indicada sobrevino, porque en
desarrollo de la Ley 361 de 1997, se expidió el Decreto 2463 de 2001[74],
el cual delimitó el ámbito de protección de las personas en condición de
discapacidad, de acuerdo al porcentaje otorgado por la respectiva junta
calificadora de invalidez; así, una pérdida de capacidad entre el 15% y el 25%
se le llamaría moderada, la pérdida del 25% al 50% se le denominaría severa, y
a la pérdida mayor del 50% se le nombraría profunda. Clasificación que sirvió para
que se interpretara de manera restrictiva[75] y quedaran desprotegidas las
personas con una limitación en su capacidad de trabajo inferior al 15%; tal
como lo demostró la sentencia T-351 de 2003[76].
4.11. Más adelante, la sentencia C-200 de 2019 evidenció que la postura de
la Corte Suprema de Justicia, en relación con el derecho a la estabilidad
ocupacional reforzada, no es exclusiva de la Ley 361 de 1997, ni limitada a quienes
han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o
profunda. Por el contrario, se ha señalado: “que la garantía en mención es
predicable de todas las personas que tengan una afectación en su salud que les impida
o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones
regulares”[77].
4.12. No obstante, como ya se dijo, en garantía de los derechos
fundamentales, la Corte Constitucional otorgó a aquellos individuos en estado
de debilidad manifiesta que no tenían una calificación de pérdida de capacidad
laboral o que teniéndola, ésta no superaba el 15%, el beneficio de la
estabilidad laboral reforzada, basado en la valoración de las pruebas allegadas
al proceso que evidenciaran verdaderamente que su estado de salud afectaba desfavorablemente
la correcta ejecución de las actividades o funciones[78].
4.13. De acuerdo a lo anotado, en aquellos eventos en que se logre
demostrar probatoriamente que la merma en el estado de salud del trabajador estropea
el normal desempeño de sus funciones, y aún sin que medie un dictamen previo que acredite la
discapacidad, en virtud del beneficio de la estabilidad laboral reforzada por la
situación de debilidad manifiesta, el despido o desvinculación se convierte en
ineficaz cuando la razón obedezca a esas condiciones del trabajador[79].
4.14. En la práctica, la garantía de la que gozan los trabajadores a la
estabilidad laboral reforzada, cuando han logrado demostrar debidamente sus
circunstancias de debilidad manifiesta en razón a su estado de salud, cobija
dos aspectos: en primer lugar, la inequívoca restricción al patrón de finalizar
el vínculo contractual con ocasión de la discapacidad del colaborador sin
autorización del Ministerio del Trabajo; y por otro lado, la reubicación en
otro cargo de llegar a ser necesaria. Ahora, la protección otorgada por la
Constitución y la Ley no es absoluta, ya que el empleador puede obtener el
permiso ante la Oficina de Trabajo del modo establecido en el último inciso del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997; en consecuencia, en caso de verificarse el
cumplimiento de una causal objetiva de desvinculación, el retiro del trabajador
será legal[80].
4.15. En caso contrario, el mismo parágrafo referido trae una sanción para
el empleador, equivalente a 180 días del salario que deberá pagar al trabajador,
sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar,
puesto que carece de validez el despido o terminación del contrato por
motivos de salud, en el caso que no medie permiso previo del Inspector de Trabajo.
Lo anterior se da en virtud de la más
reciente jurisprudencia constitucional en la materia, pues la sentencia C-200
de 2019[81] declaró exequible el
numeral 15 del literal A) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, “en
el entendido de que el despido del trabajador de su empleo o terminación del
contrato por razón de su estado de salud, sin autorización del Ministerio del Trabajo,
no produce efectos jurídicos y solo es eficaz en la medida en que se obtenga la
respectiva autorización”[82].
4.16. En aras de que la protección aludida sea real y efectiva, la Corte
contempla revisar la condición del empleador y la flexibilidad de gestión de su
equipo de trabajo para efectuar el reintegro y/o la reubicación del empleado
protegido[83].
4.17. Acorde
con lo expuesto, se concluye que se ignoran los principios constitucionales de
igualdad y solidaridad, cuando se comprueba un manejo distinto o
discriminatorio hacia sujetos en condición de debilidad manifiesta por motivos
de salud y a las calificadas como personas en situación de discapacidad, sin
importar el porcentaje, y con independencia del vínculo contractual convenido
entre las partes, por no acudir al procedimiento establecido ante la Oficina de
Trabajo[84].
4.18. Por último, en atención a esas
condiciones de debilidad manifiesta, y a que algunos de esos trabajadores pueden tener un
dictamen definitivo de pérdida de capacidad laboral, o en otros eventos, que
todavía se encuentre en estudio el porcentaje de disminución de la capacidad de
trabajo y exista una expectativa legitima frente a la misma, en cuanto a que el
empleado pueda llegar a tener derecho a algunas prestaciones económicas a cargo
de la ARL, es necesario
indicar que a los empleadores les cabe un deber de colaboración y asistencia
para hacer el
acompañamiento ante esas eventuales reclamaciones de índole económico.
5. Vinculación de empleados supernumerarios en la Administración Pública y
el principio de la realidad sobre las formas. Reiteración jurisprudencial
Supernumerarios
5.1. La legislación establece
muy excepcionalmente una modalidad de contratación entre personas particulares
con el Estado, es así que el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, permite a
las entidades públicas vincular personal supernumerario en dos circunstancias:
a)     en el evento en que sea necesario suplir vacantes temporales de los
empleados públicos que se encuentren en licencia o en vacaciones y,
b)    en el caso de que sea necesario desarrollar actividades de carácter
transitorio[85].
5.2. En este
contexto, las tareas o actividades a desempeñar por dichos colaboradores de la
Administración son aquellas (i) que no pueden ser ejercidas por el empleado
público, por estar ausente (en licencia o vacaciones), o en razón a que (ii) no
son parte de sus funciones[86],
y no pueden ser cumplidas por los mismos funcionarios[87].
5.3. Es en la
sentencia C-401 de 1998[88],
donde la Corte reconoció la naturaleza y finalidad de esta figura de la
contratación pública al declarar la constitucionalidad del artículo 83 del
Decreto 1042 de 1978, en primer lugar, indicando que no choca con los derechos
de los empleados de carrera administrativa, diferenciándola además, de otra
modalidad de contratación que en principio podría confundirse, como lo es el
contrato de prestación de servicios profesionales; en esa ocasión el máximo
Tribunal aclaró:
“La vinculación de empleados supernumerarios para llevar a cabo
actividades meramente temporales, constituye un modo excepcional de vinculación
laboral con la Administración Pública. Difiere del contrato de prestación de
servicios profesionales, especialmente porque en este último, aunque puede
haber cierto grado de sujeción, no involucra el elemento de subordinación de
tipo laboral que se halla presente en el primero, y porque la vinculación de
personal supernumerario se lleva a cabo mediante resolución, en la cual deberá
expresarse el término durante el cual se prestarán los servicios y el salario
que se devengará (…). Se trata pues de una verdadera relación laboral regida
por normas de derecho administrativo, que en esencia es temporal”.
(s.f.d.t.)
5.4. Así las cosas,
cuando no se cumplen ninguno de los dos objetivos indicados, ignorando los
fines para los cuales fue instituida la figura del supernumerario, señala la
Corte, se transgreden los principios constitucionales de igualdad, moralidad,
eficacia, celeridad, entre otros; aclarando, que lo anterior es en relación con
el abuso o uso indebido de dicha modalidad de contratación, mas no en la misma
norma que lo permite[89].
5.5. Como consecuencia de lo anotado, si el interesado así lo dispone,
puede acudir a los mecanismos judiciales establecidos para tal fin, como lo es
la justicia ordinaria laboral o la contenciosa administrativa, según sea el
caso, y alegar el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas,
en los eventos en que la Administración utiliza esta figura para disfrazar una
verdadera relación laboral permanente, soslayándose de las verdaderas
obligaciones patronales derivadas de un vínculo que regula el Código Sustantivo
del Trabajo[90].
Principio de Primacía de la Realidad sobre Formalidades en Relaciones Laborales
5.6. De acuerdo con
la reciente sentencia C-200 de 2019[91],
los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo definen y establecen
los elementos esenciales de un contrato de trabajo o relación laboral,
respectivamente, así:
“Es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un
servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada
dependencia o subordinación de la segunda con una remuneración”.
Tiene como elementos esenciales,
los siguientes:
a. La actividad personal del
trabajador, realizada por sí mismo; b. La continuada subordinación o
dependencia del trabajador a su empleador, que faculta a éste para exigirle el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la
dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados
o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia
obliguen al país; y c. Un salario como retribución del servicio”.
5.7. A pesar de la
escasa jurisprudencia constitucional[92]
respecto de la estabilidad laboral reforzada en el marco de una contratación
bajo la figura del supernumerario regulada por el artículo 83 del Decreto 1042
de 1978, la cual fue declara exequible en sentencia de constitucionalidad C-401
de 1998[93],
en la que se determinó las consecuencias jurídicas en las que incurriría la
Administración Pública en el supuesto de que hubiere dado lugar a una
utilización indebida en los nombramientos de supernumerarios, es claro que la
protección debe proceder si se encuentra vulnerado un derecho fundamental.
5.8. En sentencia
T-765 de 2015[94],
en uno de los casos estudiados por la Corte, se protegió el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de una psicóloga contratada por una institución
pública dedicada a la protección infantil, bajo la modalidad de supernumeraria,
en la que llevaba aproximadamente 5 años, a quien le habían diagnosticado una
enfermedad mental que afectaba el cumplimiento de sus funciones, por lo que se
la reubicó por recomendación médica en un cargo afín a su condición de salud de
base; sin embargo, por esta razón, la entidad no prorrogó más su vinculación.
En esa oportunidad, la Corte reconoció la primacía de la realidad sobre las
formas, de la siguiente manera:
“Resulta
perfectamente aplicable en el caso de los supernumerarios que se encuentren en
estado de debilidad manifiesta en razón de sus condiciones de salud que se les
da por terminada su vinculación, bajo el argumento del cumplimiento del término
para el cual fueron vinculados. (…) En el evento en que la Administración
otorgue permanencia a un nombramiento de un supernumerario que se encuentre en
estado de debilidad manifiesta y posteriormente proceda a desvincularlo, se
presume que dicha decisión se adoptó como consecuencia de su estado de salud”
(s.f.d.t.).
5.9. En uno de los últimos pronunciamientos de esta corporación en materia
de personal supernumerario, en sentencia T-683 de 2016[95],
se amparó el derecho a la estabilidad laboral reforzada de un sujeto que fue
vinculado por dos años y medio bajo la modalidad de supernumerario en una
entidad del Estado, que durante su permanencia sufrió un accidente de trabajo y
que en cumplimiento de varias incapacidades sucesivas, su contrato no fue
prorrogado por la entidad. Para esa ocasión, ésta Corporación tuvo en cuenta
varios aspectos, si bien el conflicto “era susceptible de llevarse ante la
jurisdicción contencioso administrativa, dicha acción, no constituía un
mecanismo de defensa judicial eficaz e idóneo, si se tiene en cuenta: la
situación de desempleo del accionante, el aminoramiento de sus condiciones de
salud y su avanzada edad, 62 años”[96].
La providencia en comento también resaltó que acorde con la sentencia
C-401 de 1998 “resulta claro que la relación laboral celebrada entre el demandante
y la entidad accionada no era temporal sino permanente, si se tiene en cuenta
que de conformidad con lo probado en el plenario, existió una vinculación
sucesiva por periodos transitorios, reflejado en diferentes resoluciones y
en distintos periodos, en los que el demandante estuvo vinculado con la entidad
en la modalidad de supernumerario”[97].
5.10. Pues bien, con sustento en lo expuesto, en aras de garantizar el
derecho a la estabilidad laboral reforzada, en sentencia T-041 de 2019[98],
en la mayoría de los casos entonces estudiados la Corte estableció que se
violan los derechos fundamentales de los accionantes si se comprobaba las
siguientes situaciones: (i) un aminoramiento sustancial de la salud del trabajador
que le afecte el desarrollo normal de sus labores, debidamente conocido por su
patrono; (ii) que el despido se hiciera sin autorización del Ministerio del
Trabajo; y, (iii) que el empleador no logre desvirtuar la presunción de despido
discriminatorio[99].
5.11. En ese orden de ideas, advierte la jurisprudencia de este alto
Tribunal, que si se encuentran cumplidos los tres supuestos enunciados, hay una
incuestionable afectación en el derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada. En consecuencia, siguiendo la misma línea de la sentencia C-200 de
2019[100] y la ya mencionada T-041 de 2019[101],
es deber del operador judicial declarar: “(i) la ineficacia de la terminación o del despido laboral; ii) el
derecho a ser reintegrado a un cargo que ofrezca iguales o mejores condiciones que
las del cargo ocupado hasta su desvinculación, iii) a recibir, si es del caso,
inducción para cumplir con los roles del nuevo cargo y iv) el derecho a recibir
una indemnización equivalente a 180 días de salario”,
sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar,
de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo[102].
5.12. Al respecto, ya la sentencia SU-049 de 2017[103],
en la que se revisó la acción de tutela interpuesta por un hombre de 73 años, vinculado
bajo la modalidad de prestación de servicios para ejercer como conductor de
vehículos pesados, al que le fue terminado su contrato antes del término
pactado y sin la autorización de la Oficina de Trabajo, desconociendo que al
momento de finalizar la relación contractual el actor sufría una grave
afectación en su estado de salud como consecuencia de un accidente de origen
laboral, se adelantó a lo establecido posteriormente por la sentencia C-200 de
2019, pues ya indicaba que:
“El
hecho de que se trate de un contrato de prestación de servicios o una relación
laboral no es relevante, en cuanto a la protección de la estabilidad
ocupacional reforzada, ni lo es que el accionante carezca de una calificación
de pérdida de capacidad laboral que determine el grado de su situación de
discapacidad. En sus condiciones de salud tiene derecho a la estabilidad
ocupacional reforzada en virtud de la Constitución, y en concordancia con la
Ley 361 de 1997”.
5.13. Es pertinente
mencionar que en
el marco del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado
colombiano, se expidió por el Congreso de la República la Ley 1346 de 2009 aprobatoria de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad[104], que en su
artículo 27 numeral 1º literal a), expresa:
“Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados
Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso
para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando
medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: a)
Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las
cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de
selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción
profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables”.
5.14. En conclusión, siguiendo lo anotado por la sentencia T-041 de
2019, en la que se reiteró lo expuesto por la Corte al recordar los requisitos
para amparar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de sujetos en
circunstancias de debilidad manifiesta por razones de salud y en cumplimiento
de instrumentos internacionales, como se señaló en la novísima sentencia C-200
de 2019 que incluyó a las personas a las que se les concediera el mismo
derecho, pero que estuvieran bajo un contrato de prestación de servicios de por
medio, es dable por igual, la sanción de los 180 días de salario dispuesta en
el segundo inciso del artículo 26 de la Ley 361 de 1997[105].
6. Análisis de los casos concretos
6.1. Expediente T-7.381.710
6.1.1. Puntualmente se tiene que, la señora
Lidia Edith Parra de 48 años laboró para la entidad accionada del 7 de abril de
2014 al 31 de diciembre de 2018, bajo la modalidad de supernumeraria, suscribiéndose
en ese lapso doce resoluciones que la vinculaban como personal al servicio de
los procesos productivos en la Fábrica de Confecciones perteneciente a la Policía
Nacional y administrada por la entidad accionada. Asimismo, para el día 31 de
octubre de 2017, la EPS Famisanar dictaminó en primera oportunidad que la
enfermedad Síndrome del túnel carpiano bilateral padecida por la demandante, fue
de origen laboral, sin que hubiera una calificación de pérdida de capacidad
laboral, situación conocida por su ARL y por su empleador, quienes tomaron los
correctivos y ajustes necesarios para cumplir con las recomendaciones laborales
expedidas para tal fin.
6.1.2. Como quiera que la accionada conocía
de la situación médica de la señora Luz Edith Parra, y que la patología en
mención afectaba su rendimiento en el desarrollo de sus funciones, procedió a
desvincularla por el vencimiento del plazo pactado, de conformidad con la
Resolución No. 00508 del 1º de octubre de 2018. De esta manera, el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional expresamente señaló en la contestación de la demanda que
no acudió previamente a la Oficina de Trabajo para obtener el permiso que exige
el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. De igual manera, trasladó la carga de la
prueba a la accionante, para que probara que el despido había sido
discriminatorio, además de que a su parecer no cumplía con la condición de
persona en estado de debilidad manifiesta.
6.1.3. Acorde con lo ya mencionado en la
parte considerativa de la presente sentencia, en especial lo atinente al
principio de la primacía de la realidad sobre las formas, la vinculación a la
Administración Publica de trabajadores bajo la figura de supernumerarios es
excepcional en razón a su carácter netamente temporal; pues bien, en el
presente caso se evidenciaron doce resoluciones, que cobijaban casi la
totalidad de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, dejando únicamente el mes de
enero para que la entidad accionada tuviera presupuesto para proceder a la
contratación ininterrumpida de la trabajadora, de febrero a diciembre de la
respectiva anualidad[106].
6.2. Expediente T-7.381.713
6.2.1. La Sala
encuentra acreditado que la señora Yenny Lisbeth Nivia Duque de 49 años estuvo
vinculada laboralmente al servicio de la accionada del 1º de octubre de 2010 al
31 de diciembre de 2018, bajo la modalidad de supernumeraria, figura regulada
por el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, suscribiéndose en ese lapso un
total de dieciocho resoluciones, que la supeditaban como personal al servicio
de los procesos productivos en la Fábrica de Confecciones de la Policía
Nacional, administrada por la entidad accionada. De igual manera, el 30 de abril
de 2015, la EPS Famisanar, en Dictamen No. 38091, estableció en primera
oportunidad, que las enfermedades Epicondilitis medial y lateral bilateral, Tenosinovitis
de flexo-extensores del carpo bilateral y el Síndrome del túnel del carpo
derecho son de origen profesional, con una calificación de pérdida de capacidad
laboral del 12.13% otorgada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Bogotá, hecho reconocido por su ARL y por su empleador, quienes adoptaron
las recomendaciones médicas y efectuaron los ajustes necesarios para cumplir
con las recomendaciones del área de Medicina Laboral.
6.2.2. Al
igual que el anterior caso, la entidad accionada sin haber obtenido el permiso
del Ministerio del Trabajo, pese a ser consciente de la condición médica de la demandante,
y de que las patologías anotadas tenían un grado de incidencia en el normal rendimiento
y desarrollo de las actividades asignadas, la desvinculó por el vencimiento del
plazo estipulado, de conformidad con la Resolución No. 00508 del 1º de octubre
de 2018. Así pues, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional señaló textualmente
en la contestación de la demanda que (i) las actividades desempeñadas por la
accionante eran transitorias y de carácter temporal; además, (ii) endilgó en
cabeza de la demandante la obligación de probar la conexidad entre las
afectaciones en su salud con la terminación del vínculo, y (iii) indicó que la
limitación del 12.13% es baja y que no se encuentra relacionada en el artículo
7º del Decreto 2463 de 2001, pues en esa medida no está cobijada por la
protección de excepcional de la estabilidad laboral reforzada de la Ley 361 de
1997.
6.2.3. Acorde
con lo mencionado respecto del principio de la realidad sobre las formas de la
parte considerativa de la presente sentencia, la vinculación laboral de
personas a la Administración Publica bajo la figura de supernumerarios es muy excepcional
en razón a su carácter netamente temporal; de tal manera que en el presente asunto
se constataron dieciocho resoluciones, que cobijaban casi la totalidad de los
años 2011 a 2018, incluso en algunos se cobijaron algunos días de enero, en
donde la trabajadora laboró más de los once meses del año[107].
6.3. Expediente T-7.392.437
6.3.1. Acorde
con el material probatorio recaudado, esta Sala de Revisión constata que la
señora Alicia Uribe Bermúdez de 55 años de edad estuvo vinculada laboralmente
al servicio de la accionada desde el 21 de octubre de 2013 al 31 de diciembre
de 2018 (último año laborado de forma completa), bajo la modalidad de
supernumeraria, figura regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, suscribiéndose
en ese lapso al menos trece resoluciones, en las que se la asignaba como personal
al servicio de los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones de propiedad
de la Policía Nacional, y que por virtud de un antiguo contrato es administrada
por la entidad demandada.
6.3.2. Se destaca en este caso específico,
que la accionante ingresó a trabajar con dos enfermedades laborales: el
Síndrome del túnel carpiano bilateral y la Tendinitis de flexoextensores
bilateral, las cuales fueron calificadas en primera oportunidad por la EPS
Sanitas el 22 de diciembre de 2011 y aceptadas por su anterior ARL (Liberty
Seguros); sin que éstas fueran refutadas en traslado efectuado el 18 de
septiembre de 2015 a su última ARL AXA Colpatria[108].
Desde ese momento su empleador la ubicó en diferentes procesos dentro del área
de confección para cumplir con las recomendaciones del área de Salud Ocupacional.
6.3.3. Pese a conocer de primera mano el
estado de salud y las patologías profesionales de la accionante, procedió con la
desvinculación por el vencimiento del plazo estipulado, de conformidad con la
Resolución No. 00508 del 1º de octubre de 2018 sin haber obtenido el permiso
del Ministerio del Trabajo. En este escenario, el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional plasmó en la contestación de la demanda respecto de la demandante que (i)
las actividades desempeñadas eran de carácter transitorio y no podían ser
atendidas por el personal de planta; adicionalmente, (ii) debía probar la
supuesta discriminación por las afectaciones de salud que condujeron a la
finalización del contrato, y (iii) al no estar demostrada una condición de
discapacidad o limitación física que la legitimare para ejercer su derecho a la
estabilidad laboral reforzada, no estaba en una situación de debilidad
manifiesta.
6.4. Expediente T-7.392.494
6.4.1. Para el
caso en estudio, esta Sala verifica que la señora Gloria Janeth Flórez Sánchez
de 50 años laboró para la entidad accionada del 1º de julio de 2004 al 31 de
diciembre de 2018 (más de 13 años y fracción), bajo la modalidad de
supernumeraria, figura de la contratación pública regulada por el artículo 83
del Decreto 1042 de 1978, suscribiéndose no menos de treinta y una resoluciones,
que la supeditaban como personal al servicio de los procesos productivos en la
Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional, dada en administración a la
entidad accionada. Asimismo, el 19 de abril de 2018, la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, en Dictamen No. 51964547-1772, estableció en segunda
instancia, que la enfermedad Síndrome del manguito rotador derecho es de origen
laboral, sin pérdida de capacidad laboral, ya que esta calificación deberá
iniciarse ante la entidad respectiva, hecho que finalmente fue reconocido por
su ARL y por su empleador, quienes adoptaron las recomendaciones laborales[109].
6.4.2. Al
revisar el plenario, se obtiene que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
no acudió a solicitar el permiso a la Inspección de Trabajo, pese a conocer de
la patología de la tutelante, que de alguna manera tiene un efecto en la
adecuada realización de las tareas asignadas, desvinculándola por el
vencimiento del plazo estipulado, de conformidad con la Resolución No. 00508
del 1º de octubre de 2018 acto que prorrogaba el nombramiento de su personal
supernumerario por 3 meses, sin que luego hubiera una nueva Resolución de
vinculación. De esta manera, el ente accionado, señaló en la contestación de la
demanda que (i) las actividades desempeñadas por la accionante eran
transitorias al suscribirse un contrato en la modalidad de supernumerario; (ii)
le correspondía a la tutelante demostrar la conexidad entre las afectaciones en
su salud con la terminación del vínculo, pues por la enfermedad no tenía una
pérdida de capacidad laboral, y (iii) al no
establecerse un estado de discapacidad o limitación física, no estaba
legitimada para ejercer su derecho a la estabilidad laboral reforzada, máxime
si tampoco estaba una condición de debilidad manifiesta.
6.4.3. Como se
dijo en la parte considerativa de la presente sentencia, la contratación de
personas en la Administración Publica bajo la figura de supernumerario,
regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, es muy excepcional en
razón a su carácter netamente temporal, así, cualquier abuso o uso indebido de
esta modalidad desnaturaliza la razón por la cual fue concebida. De tal manera
que en el presente asunto, la Sala comprobó la suscripción de treinta y una resoluciones
a lo largo de 14 años y seis meses, incluso en algunos periodos (2006, 2013 y
2014), se alcanzó a cobijar más de los once meses del año[110].
6.5. Expediente T-7.396.197
6.5.1. En el
presente expediente se tiene que la señora Ana Rosa Salamanca Castillo de 53
años, laboró para la entidad accionada del 1º de febrero de 2005 al 31 de
diciembre de 2018 (aproximadamente 12 años[111])
incluida en por lo menos veintinueve resoluciones como supernumeraria, relación
laboral sui generis regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de
1978, que la vinculaban como personal al servicio de los procesos productivos
en la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional y administrada por el ente
demandado. Asimismo, en dictamen No. 51839189 del 12 de octubre de 2018, la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca determinó
en primera instancia que el Síndrome del túnel del carpo bilateral y la
Epicondilitis medial bilateral son patologías de origen laboral[112], sin porcentaje de pérdida de capacidad
laboral, aspecto que fue conocido por su ARL y por su empleador, quienes
adoptaron las recomendaciones laborales, optando por reubicar a la trabajadora[113].
6.5.2. Así las
cosas, se pudo corroborar que la entidad accionada no hizo el trámite de solicitud
del permiso requerido ante la Oficina de Trabajo, como lo prescribe la
normativa, pese a que era conocedora de la patología sufrida por la accionante,
la cual incidía en la correcta realización de las tareas encomendadas, procediendo
a la desvinculación por el cumplimiento del plazo pactado, de conformidad con
la Resolución No. 00508 del 1º de octubre de 2018, sin que luego hubiere una
nueva resolución de vinculación.
6.5.3. De esta
manera, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional manifestó al responder el
escrito de la demanda que (i) las funciones realizadas por la demandante eran de
naturaleza temporal, puesto que se celebró un contrato en la modalidad de
supernumerario; (ii) es a la tutelante a quien le corresponde probar que su
condición de salud tiene una conexión con la extinción del vínculo por
vencimiento del plazo estipulado, y (iii) al no
establecerse una condición de discapacidad o limitación física, no surge la legitimación
para ejercer el derecho a la estabilidad laboral reforzada, aunado a que
tampoco se evidenció una situación de debilidad manifiesta.
6.5.4. Al explicar el principio de la
realidad sobre las formas en el acápite 5º de la presente sentencia, se recordó
que la vinculación de trabajadores a la Administración Publica, haciendo uso de
la figura del supernumerario, regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de
1978, es bastante inusual en razón a su carácter netamente temporal o
transitorio; así pues, cuando sea evidente un abuso en su utilización o indebido
uso, se transfigura la razón por la cual se concibió esta modalidad de
contratación. Acorde con lo anterior, esta Sala verificó la suscripción de veintinueve
resoluciones a lo largo de 12 años, incluso en algunos años (2006, 2013 y
2014), se alcanzó a cobijar más de los once meses del año[114].
6.6. Expediente T-7.405.344
6.6.1. En el
expediente puesto en análisis se pudo corroborar que la señora Elizabeth Molina
Castellanos de 51 años estuvo al servicio de la entidad accionada entre el 1º
de octubre de 2010 y el 31 de diciembre de 2018, incluida en alrededor de dieciocho
resoluciones[115], en
calidad de supernumeraria, relación laboral de características muy especiales (contrato
reglamentado en el  Decreto 1042 de 1978), en la que la contrataban como
personal al servicio de los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones
de la Policía Nacional y cuya administración ejerce la entidad demandada. De
igual manera, en calificación de primera oportunidad, la EPS Famisanar mediante
Dictamen No. 4073518 del 09 de octubre de 2018 estableció que la Epicondilitis
medial y lateral bilateral, el Síndrome del manguito rotador y del túnel del
carpo derecho, con la Tenosinovitis del estiloides radial son enfermedades de origen
laboral[116],
sin porcentaje de pérdida de capacidad laboral, decisión que fue objetada por
su ARL, trasladándose el expediente a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez, situación que no interfería para que el empleador conociera de las
dolencias que afectaban a su trabajadora.
6.6.2. Del
mismo modo, esta Sala de Revisión verificó que el ente demandado no acudió al
trámite dispuesto por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 relacionado con la
autorización gestionada ante la Inspección de Trabajo, pese a que sabía de las
múltiples patologías padecidas por la demandante, que necesariamente
interferían con su adecuado desempeño en cumplimiento de sus funciones, aun
así, procedió a desvincularla por la expiración del plazo establecido, en
cumplimiento de la Resolución No. 00508 del 1º de octubre de 2018 expedido por
dicha entidad, sin que
luego hubiere una nueva resolución de vinculación.
6.6.3. En este escenario, la entidad
accionada enfatizó al responder el escrito de la demanda que (i) la accionante
había sido contratada como supernumeraria para satisfacer actividades puramente
transitorias que no podía atender el personal de planta; (ii) no se encuentra
en peligro el tratamiento médico de la exfuncionaria, ya que, si no tiene
capacidad económica puede acudir al régimen subsidiado en salud y acceder a los
servicios que requiera; y (iii) al no demostrase alguna limitación o alteración
grave en su salud que le impida ejercer alguna actividad económica no puede
inferirse una condición de discapacidad o limitación física, que legitime a la
actora para beneficiarse del derecho a la estabilidad laboral reforzada, como
tampoco, de una situación de debilidad manifiesta o acto discriminatorio al
momento de terminarse el vínculo laboral[117].
6.6.4. Respecto del principio de la
realidad sobre las formas explicado en el anterior acápite, se reiteró que la
contratación de supernumerarios en entidades públicas, es esporádica en razón a
su carácter transitorio o temporal; así pues, cuando se descubre un abuso en su
utilización o un indebido uso, esta figura pierde la razón de ser por la cual
fue concebida. Una vez revisado el expediente, esta Sala encontró la
suscripción de dieciocho resoluciones en 8 años aproximadamente, lo que refleja
una utilización excesiva para unas actividades, con apariencia de transitorias[118].
6.7. Expediente T-7.408.960
6.7.1. Para el
presente caso se tiene por probado que la señora Heydy Gutiérrez Solano de 34
años de edad laboró para la entidad accionada del 15 de julio de 2011 al 31 de
diciembre de 2018 (aproximadamente 7 años) reflejados en dieciocho resoluciones,
que la vinculaban como personal al servicio de los procesos productivos en la
Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional y administrada por el ente
demandado, en calidad de supernumeraria, relación laboral sui generis
regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978.
6.7.2. Asimismo,
en Dictamen No. 53041005-1398 del 3 de febrero de 2017, la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez determinó en segunda instancia, que la Bursitis de
hombro derecho y el Síndrome de Abducción dolorosa de hombro derecho son enfermedades
de origen profesional, con porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 5.28%[119] según concepto dado por la Junta Regional
de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, el cual se encuentra actualmente
en controversia. La condición médica de la tutelante fue ampliamente conocida por
su ARL AXA Colpatria y por su empleador, éste último quien adoptó las
recomendaciones laborales[120].
6.7.3. En el
mismo sentido, se pudo comprobar que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional no
acudió a pedir permiso ante el Ministerio del Trabajo, como lo ordena la
normatividad, máxime si era conocedor de las dolorosas patologías sufridas por
la accionante, que afectaba la correcta ejecución de sus funciones, procediendo
a la desvinculación por el cumplimiento del plazo pactado, de conformidad con
la Resolución No. 00508 del 1º de octubre de 2018, sin que luego hubiere una
nueva resolución de vinculación.
6.7.4. De esta
manera, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional manifestó en su respuesta a
la demanda que (i) las actividades desarrolladas por la tutelante eran transitorias,
puesto que se celebró un contrato en la que fungía como supernumeraria; (ii) la
accionante tiene el deber de acreditar que su estado de salud tiene una relación
con la finalización del vínculo por el acaecimiento de una causal objetiva, la
cual es el vencimiento del plazo estipulado, y (iii) al
no establecerse una condición de discapacidad o limitación física, la interesada
no está legitimada para reclamar la estabilidad laboral reforzada, sumado a que
tampoco se comprobó una situación de debilidad manifiesta.
6.7.5. En consideración al principio de la
realidad sobre las formas mencionado en líneas anteriores, se dijo que la
vinculación de trabajadores a la Administración Publica, bajo la modalidad del
supernumerario, regulada en el Decreto 1042 de 1978, es poco común en razón a
su carácter transitorio; así pues, cuando sea evidente un abuso en su
utilización o indebido uso, se desnaturaliza la esencia de esta modalidad de
contratación. Acorde con lo anterior, esta Sala verificó la suscripción de dieciocho
resoluciones en aproximadamente 8 años, incluso en los años 2013 y 2014, se laboraron
los doce meses del año[121].
6.8. Expediente T-7.414.212
6.8.1. Dentro
del expediente revisado se encontró que la señora Elizabeth Mikulic Rincón de
56 años de edad trabajó para el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional del 26
de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2018 (más de 10  años[122]) representados en veinticinco
resoluciones, que la vinculaban como personal al servicio de los procesos
productivos de la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional, administrada por
el ente demandado, en calidad de supernumeraria, relación laboral de
carácter muy especial, reglamentada por el artículo 83 del Decreto 1042 de
1978.
6.8.2. Por
otro lado, la EPS Medimás, el 29 de enero de 2018, calificó por primera vez el
origen de las enfermedades Síndrome del túnel carpiano bilateral y Dedo pulgar
bilateral en gatillo, como de origen laboral, sin porcentaje de pérdida de
capacidad laboral, sin tener certeza de que se encuentre en controversia. Aun
así, la especial situación ocupacional de la accionante fue de amplio
conocimiento, por su ARL AXA Colpatria y por su empleador, siendo éste último
quien adoptó las recomendaciones laborales[123].
6.8.3. De la
misma respuesta allegada, se desprende que la entidad accionada olvidó ir a la
Oficina de Trabajo para obtener el permiso que exige el artículo 26 de la Ley
361 de 1997 pues le constaba las afecciones en salud de la demandante, que incidían
en la correcta ejecución de sus labores, procediendo a separarla del cargo por
cumplimiento del plazo pactado, de conformidad con la Resolución No. 00508 del
1º de octubre de 2018, sin que luego hubiere una nueva resolución de
vinculación.
6.8.4. En
síntesis, el ente demandado, en su respuesta a la demanda dijo que (i) las funciones
por las que se contrató a la accionante eran transitorias, en la medida que
ostentaba la calidad de supernumeraria; (ii) la carga de la prueba consistente
en acreditar que el estado de salud tenía conexidad con la finalización del
vínculo por el acaecimiento de una causal objetiva, era de la actora, y (iii) al no establecerse una condición de discapacidad o limitación
física, la interesada no está legitimada para reclamar la estabilidad laboral
reforzada, sumado a que tampoco se comprobó una situación de debilidad
manifiesta.
6.8.5. En atención al principio de la
realidad sobre las formas, punto desarrollado en el acápite 5º de la presente
sentencia, se mencionó que la vinculación de personas en entidades de la
Administración Publica como numerarios, figura regulada en el artículo 83 del Decreto
1042 de 1978, es poco común en razón a su carácter temporal y transitorio; así,
cuando es evidente un abuso en su utilización, o haya un indebido uso, se
desnaturaliza la esencia de esta modalidad de contratación. Pues bien, esta
Sala constató un total de veinticinco resoluciones suscritas a lo largo de 10
años, incluso en los años 2004, 2013 y 2014, se laboraron casi los doce meses
del año[124].
6.9. Expediente T-7.418.567
6.9.1. En el
caso sub examine se tiene que la señora María Consuelo Moncada Guzmán de
55 años laboró para la entidad accionada del 26 de enero de 2004 al 31 de
diciembre de 2018 (13 años y 10 meses), suscribiéndose alrededor de treinta y cinco
resoluciones que la vinculaban como supernumeraria, forma sui generis de
contratación pública regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de
1978, al servicio de los procesos productivos en la Fábrica de Confecciones de
la Policía Nacional, administrada por el ente demandado. Ahora, la EPS Salud
Total, el 18 de octubre de 2018, en calificación de primera oportunidad,
estableció que el Síndrome del túnel carpiano izquierdo, y la Epicondilitis medial
y lateral bilateral son enfermedades de origen profesional, sin porcentaje de
pérdida de capacidad laboral, hecho conocido por su ARL[125] y por su empleador, quien adoptó las
recomendaciones laborales establecidas para tal fin[126].
6.9.2. En este
escenario, se pudo establecer que la entidad accionada no realizó el trámite de
solicitud del permiso requerido ante la Oficina de Trabajo, como lo manda la
normativa, pese a que conoció de las enfermedades de la demandante, la cual se
relacionaba con las actividades encomendadas, procediendo a la desvinculación
por el cumplimiento del plazo pactado, de conformidad con la Resolución No. 00508
del 1º de octubre de 2018, sin que luego hubiere una nueva resolución de
vinculación.
6.9.3. De esta
manera, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, manifestó al responder el
escrito de la demanda que (i) las funciones realizadas por la demandante eran
de naturaleza temporal, puesto que se celebró un contrato en la modalidad de
supernumerario; (ii) es a la tutelante a quien le corresponde probar que su
condición de salud tiene una conexión con la extinción del vínculo por
vencimiento del plazo estipulado, y (iii) al no
establecerse una condición de discapacidad o limitación física, no surge la
legitimación para ejercer el derecho a la estabilidad laboral reforzada, aunado
a que tampoco se evidenció una situación de debilidad manifiesta.
6.9.4. Como se
dijo en la parte considerativa de la presente sentencia, la contratación de
personas en la Administración Publica bajo la figura de supernumerario,
regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, es muy excepcional en
razón a su carácter netamente temporal, así, cualquier abuso o uso indebido de
esta modalidad desnaturaliza la razón por la cual fue concebida. En ese entendido,
para el presente caso la Sala evidenció la suscripción de treinta y cinco resoluciones
a lo largo de 15 años, incluso en los años 2004, 2006, 2013 y 2014 alcanzó a
cobijar alrededor de los doce meses de la respectiva anualidad[127].
6.10. Expediente T-7.433.690
6.10.1. Para el presente caso, se verificó
que la señora Luz Mary Díaz Benítez de 53 años estuvo vinculada con el ente
demandado del 1º de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2018 (8 años y 15
días), suscribiéndose diecinueve resoluciones que la vinculaban como supernumeraria
(forma sui generis de contratación pública regulada por el
artículo 83 del Decreto 1042 de 1978), al servicio de los procesos productivos
en la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional, administrada por la entidad
accionada. Además, el 9 de junio de 2017, la EPS Sanitas en calificación de
primera oportunidad determinó que el Síndrome del túnel carpiano bilateral es
una enfermedad de origen profesional, sin porcentaje de pérdida de capacidad
laboral, hecho reconocido por su ARL y por su empleador, quien adoptó las
recomendaciones laborales elaboradas para tal fin[128].
6.10.2. Así
las cosas, se pudo establecer que si bien, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
no se acercó a realizar el trámite de autorización requerido en el Ministerio
del Trabajo, como lo exige el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, sabiendo de
las enfermedades de la demandante, procedió a efectuar el retiro por el acaecimiento
del plazo pactado, conforme a la Resolución No. 00508 del 1º de octubre de
2018, sin que luego hubiere una nueva resolución de vinculación.
6.10.3. De
esta manera, la entidad demandada manifestó al descorrer el traslado de la demanda
que (i) las funciones ejecutadas por la demandante eran transitorias, puesto
que se celebró un contrato en la modalidad de supernumerario; (ii) es a la
tutelante a quien le corresponde probar que su condición de salud tiene una
conexión con la extinción del vínculo por vencimiento del plazo estipulado, y
(iii) al no establecerse una condición de discapacidad
o limitación física, no surge la legitimación para ejercer el derecho a la
estabilidad laboral reforzada, aunado a que tampoco se evidenció una situación
de debilidad manifiesta.
6.10.4. En consideración al principio de la
realidad sobre las formas mencionado en el acápite anterior, se dijo que la
vinculación de trabajadores a la Administración Publica, bajo la modalidad del
supernumerario, regulada en el Decreto 1042 de 1978, es poco común en razón a
su carácter transitorio; así pues, al ser evidente un abuso en su utilización o
indebido uso, se desnaturaliza la esencia de esta modalidad de contratación.
Acorde con lo anterior, esta Sala verificó la suscripción de diecinueve
resoluciones en aproximadamente 8 años, incluso el año 2018 se laboró de forma
completa[129].
6.11. Expediente T-7.601.200
6.11.1. Para el caso en estudio, esta Sala
de Revisión comprueba que la señora Rosalía Villamil Alvarado de 55 años laboró
para la entidad accionada del 2 de agosto del 2004 al 31 de diciembre de 2018
(más de 13 años y fracción), bajo la modalidad de supernumeraria, figura de la
contratación pública regulada por el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, suscribiéndose
no menos de treinta y tres resoluciones[130] que la
supeditaban como personal al servicio de los procesos productivos en la Fábrica
de Confecciones de la Policía Nacional, dada en administración a la entidad
accionada. Asimismo, el 3 de octubre de 2018, la EPS Compensar, en Dictamen No.
162638, estableció en primera instancia que la enfermedad Síndrome del túnel
del carpo bilateral es de origen profesional, sin pérdida de capacidad laboral,
hecho que fue conocido por su ARL y por su empleador[131].
6.11.2. Al
revisar el plenario, se obtiene que el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
no acudió a solicitar el permiso a la Inspección de Trabajo, pese a conocer de
la patología de la tutelante, que de alguna manera incidía en la adecuada
realización de las tareas asignadas, desvinculándola por vencimiento del plazo
estipulado, de conformidad con la Resolución No. 00508 del 1º de octubre de
2018 sin que luego hubiere una nueva resolución de vinculación.
6.11.3. De esta
manera, el ente accionado, señaló en la contestación de la demanda que (i) las
actividades desempeñadas por la accionante eran transitorias al suscribirse un
contrato en la modalidad de supernumerario; (ii) le corresponde a la tutelante
demostrar la conexidad entre las afectaciones en su salud con la terminación
del vínculo, pues por la enfermedad no tenía una pérdida de capacidad laboral,
y (iii) al no establecerse un estado de discapacidad o limitación física, no le
legitime para ejercer su derecho a la estabilidad laboral reforzada, máxime si
tampoco estaba una condición de debilidad manifiesta.
6.12. Conclusiones
6.12.1. Conforme
a lo expuesto en los anteriores casos, es claro que las accionantes padecen de
enfermedades adquiridas durante o con ocasión de su trabajo, hechos que no fueron
controvertidos por la accionada. Por otra parte, se evidenció un abuso o uso
indebido de la figura del supernumerario en todos los casos, por lo que la Sala
considera que se configura el principio de la realidad sobre las formas,
conllevando a que el cumplimiento del término para el cual fueron vinculadas no
fuese el verdadero motivo por el cual se les finalizó la relación contractual,
sino por el estado de salud de las trabajadoras, acorde con la presunción legal
que las ampara.
En este
sentido, la vinculación de empleados supernumerarios constituye un modo
excepcional de contratación laboral con la Administración Pública, toda vez que
reviste un carácter eminentemente temporal, por lo que esta Sala estima
oportuno subrayar que cuando la entidad acude a esta modalidad con la finalidad
de desarrollar funciones permanentes del servicio, como ocurrió en el presente
caso, se desfigura; y en consecuencia, se desconocen los principios
constitucionales que erigen la carrera administrativa, dejando abierta la
posibilidad de acudir  ante el juez para que de aplicación al principio de
rango constitucional  de prevalencia de realidad sobre las formalidades
estipuladas.
6.12.2. En la
parte de las consideraciones de esta providencia, se recordó la trascendencia que
tiene el derecho a la estabilidad laboral reforzada y los requisitos específicos
para la procedencia excepcional vía la acción de tutela orientada a la
protección de este derecho, atendiendo por supuesto, a que las demandantes son sujetos
de especial protección constitucional, en razón a sus condiciones de salud que
las colocan en un estado de debilidad manifiesta, que sumado a otros factores
como la edad, condiciones socioeconómicas e imposibilidad de acceder fácilmente
a otro empleo, hacen que su situación merezca toda la atención del juez
constitucional.
6.12.3. De
igual manera, en un Estado Social de Derecho no es admisible, bajo ninguna
circunstancia que una empresa y mucho menos que una entidad de carácter pública
aproveche toda la fuerza laboral de un trabajador hasta cuando su capacidad de
trabajo disminuya por adquirir una enfermedad profesional, momento en que es desechado
sin ninguna opción laboral y desprotegido.
6.12.4. Por
tal motivo, en la totalidad de los once casos, se considera que el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional vulneró el derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de las accionantes y, por tanto, la Sala revocará
las sentencias dictadas, en sede de instancia que negaron o declararon
improcedente los amparos solicitados por las señoras Lidia
Edith Parra, Yenny Lisbeth Nivia Duque, Gloria Janeth Flórez Sánchez, Ana Rosa
Salamanca Castillo, Elizabeth Molina Castellanos, Heydy Gutiérrez Solano,
Elizabeth Mikulic Rincón, María Consuelo Moncada Guzmán, Luz Mary Díaz Benítez
y Rosalía Villamil Alvarado. En su lugar, les
concederá la tutela por las razones expuestas. Solo en el caso de la demandante
Alicia Uribe Bermúdez (Expediente T-7.392.437), se confirmará el fallo
de instancia que protegió sus derechos.
6.12.5. Por todo lo anterior, se ordenará al
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional que en un plazo máximo de diez
(10) días calendario, contados a partir de la notificación de la presente
sentencia: (i) proceda a reintegrar (si ellas están de
acuerdo) a las accionantes: Lidia Edith Parra, Yenny Lisbeth Nivia Duque,
Gloria Janeth Flórez Sánchez, Ana Rosa Salamanca Castillo, Elizabeth Molina
Castellanos, Heydy Gutiérrez Solano, Elizabeth Mikulic Rincón, María Consuelo
Moncada Guzmán, Luz Mary Díaz Benítez y Rosalía Villamil Alvarado, a un cargo
igual o superior al que venían desempeñando cuando se les desvinculó, acorde
con su estado actual de salud. Vinculación que solo podrá terminarse de
mantenerse las condiciones de limitación en salud de las trabajadoras y la
imposibilidad de reubicación, previa autorización del Ministerio de Trabajo;
(ii) proceda a cancelar los salarios y prestaciones sociales
que legalmente le correspondan y de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social, desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga
efectivo el reintegro; (iii) proceda a cancelar la sanción establecida en
el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días
de salario; y, (iv) proceda a acompañar y asesorar a todas las accionantes en
la eventual reclamación ante la ARL AXA Colpatria por las eventuales
prestaciones de índole económico, tales como la indemnización por incapacidad
permanente parcial o la pensión de invalidez, que puedan surgir con ocasión de
las enfermedades profesionales debidamente dictaminadas y en firme en cada una
de ellas.
6.12.6.
Adicionalmente, (i) se exhortará al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, a  que realice un estudio acerca
de la viabilidad de creación de cargos de planta para el proceso productivo
desarrollado en la Fábrica de Confecciones de la Policía Nacional, y en caso de
ser viable, proceda a efectuarlo dentro de la vigencia correspondiente, y (ii)
se prevendrá al representante legal de la entidad accionada, para que en lo
sucesivo evite incurrir en conductas como las que generaron las demandas de
amparo en cuestión y adopte las medidas necesarias para que en adelante la
vinculación de supernumerarios se sujete al ordenamiento jurídico.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada para
decidir en  el presente asunto.
SEGUNDO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.381.710, el fallo de segunda instancia del 11 de abril de
2019, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que
revocó la decisión del 27 de febrero de 2019, expedida por el Juzgado
Veintiséis de Familia de Bogotá, la cual amparaba transitorio los derechos
fundamentales invocados por la accionante. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Lidia Edith Parra, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.381.713, la sentencia  de segunda instancia del 9 de abril de
2019, expedida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que
confirmó la providencia del 26 de febrero de 2019, proferida por el Juzgado
Veintidós de Familia de Bogotá, en la cual se negó el amparo solicitado por la
accionante. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora de Yenny Lisbeth Nivia Duque, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, por las razones expuestas en esta
providencia.
CUARTO.- CONFIRMAR, dentro del expediente T-7.392.437, el pronunciamiento de segunda instancia del
28 de marzo de 2019, emitido por la Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó parcialmente el fallo del
27 de febrero de 2019, dictado por el Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de
Bogotá, el cual concedió el amparo pedido por la accionante; en el sentido de
amparar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de Alicia
Uribe Bermúdez, pero por las razones expuestas en la presente providencia.
QUINTO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.392.494,
el fallo de segunda
instancia del 4 de abril de 2019, expedido por la Sala Civil del Tribunal
Superior de Bogotá, que confirmó la providencia del 26 de febrero de 2019,
emitida por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, la cual negó la
acción de tutela. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora Gloria Janeth Flórez Sánchez, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, por las
razones expuestas en la presente providencia.
SEXTO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.396.197,
la decisión de segunda
instancia del 15 de marzo de 2019 dictada por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, que revocó la sentencia de tutela de 26 de febrero de 2019,
expedida por el Juzgado Treinta y Cuatro Laboral de Oralidad del Circuito de
Bogotá, la cual tutelaba transitoriamente los derechos de la accionante. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora Ana Rosa Salamanca Castillo, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, por las razones
expuestas en la presente providencia.
SÉPTIMO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.405.344,
la providencia de segunda
instancia del 26 de abril de 2019, proferida por la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el pronunciamiento del 11 de marzo de
2019, emitido por el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, el cual negó la
acción de tutela instaurada por la accionante. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la señora Elizabeth
Molina Castellanos,
vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, por las razones expuestas en la presente
sentencia.
OCTAVO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.408.960,
el fallo de primera y única instancia del 2 de abril de 2019, dictado por el
Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá, que negó el ampara invocado
por la accionante. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora Heydy Gutiérrez Solano, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, por las razones
expuestas en la presente sentencia.
NOVENO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.414.212,
la decisión de segunda
instancia del 8 de abril de 2019, emitida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, confirmatoria del fallo del 4 de marzo de 2019, proferido
por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Bogotá, la cual declaraba
improcedente la acción de tutela interpuesta por la accionante. En su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora Elizabeth Mikulic Rincón, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, por las razones
expuestas en la presente sentencia.
DÉCIMO.-
REVOCAR, dentro del expediente T-7.418.567, la sentencia
de segunda instancia del 8 de mayo de 2019, proferida por la Sala Civil del
Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó el pronunciamiento del 9 de abril de
2019, dictado por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, en el cual
se negó el amparo invocado por la accionante. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada de la señora María
Consuelo Moncada Guzmán,
vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, por las razones expuestas en la presente
providencia.
DÉCIMO
PRIMERO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.433.690, la providencia de segunda instancia del 9 de abril de
2019, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que
confirmó el fallo del 4 de marzo de 2019, emitido por el Juzgado Veintiocho
Laboral del Circuito de Bogotá, el cual declaraba improcedente el amparo
solicitado por la accionante. En
su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora Luz Mary Díaz Benítez, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, pero por las
razones expuestas en la presente sentencia.
DÉCIMO
SEGUNDO.- REVOCAR, dentro del expediente T-7.601.200, la decisión de segunda instancia del 13 de agosto de
2019 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó
la sentencia del 5 de julio de 2019, proferida por el Juzgado Treinta y Seis
Laboral del Circuito de Bogotá, la cual declaraba improcedente el amparo
solicitado por la accionante. En
su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la señora Rosalía Villamil Alvarado, vulnerado por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, pero por las
razones expuestas en la presente providencia.
DÉCIMO
TERCERO.- Por Secretaría General, ORDENAR al Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, a través de
su representante legal, o quien haga sus veces, si aún no
lo ha hecho, en un plazo máximo de diez (10) días calendario, contados a partir
de la notificación de la presente sentencia:
(i) proceda
a reintegrar (si ellas están de acuerdo) a las accionantes: Lidia
Edith Parra, Yenny Lisbeth Nivia Duque, Gloria Janeth Flórez Sánchez, Ana Rosa
Salamanca Castillo, Elizabeth Molina Castellanos, Heydy Gutiérrez Solano,
Elizabeth Mikulic Rincón, María Consuelo Moncada Guzmán, Luz Mary Díaz Benítez
y Rosalía Villamil Alvarado, a un cargo igual o superior al que venían desempeñando
cuando se les desvinculó, acorde con su estado de salud actual. Vinculación que
solo podrá terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador y la imposibilidad de reubicación, previa autorización del
Ministerio de Trabajo;
(ii) proceda
a cancelar los salarios y prestaciones sociales que legalmente le
correspondan y de los aportes al Sistema General de Seguridad Social desde
cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga efectivo el
reintegro;
(iii) proceda a cancelar la sanción establecida en el inciso
segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de
salario; y
(iv) proceda a
acompañar y asesorar a todas las accionantes en la eventual reclamación ante la
ARL AXA Colpatria por las eventuales prestaciones de índole económico, tales
como la indemnización por incapacidad permanente parcial o la pensión de
invalidez, que puedan surgir con ocasión de las enfermedades profesionales
debidamente dictaminadas y en firme en cada una de ellas.
DÉCIMO
CUARTO.- Por Secretaría General, (i) EXHORTAR al Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, a que realice un estudio acerca de la viabilidad de creación de
cargos de planta para el proceso productivo desarrollado en la Fábrica de
Confecciones de la Policía Nacional, dentro de los 6 meses siguientes a la
notificación de la presente sentencia, y en caso de ser viable, proceda a
efectuarlo dentro de la vigencia correspondiente; y (ii) PREVENIR al
representante legal de la entidad accionada, para que en lo sucesivo evite
incurrir en conductas como las que generaron las demandas de amparo en cuestión
y adopte las medidas necesarias para que en adelante la vinculación de
supernumerarios se sujete al ordenamiento jurídico.
DÉCIMO
QUINTO.- Por
Secretaría General, REMITIR copias de esta sentencia a la Procuraduría
General de la Nación, para que en ejercicio  de sus competencias  conforme al
artículo 257 numerales 1, 2, 5 y 6 de la Constitución Política, vigile el
acatamiento de lo ordenado en esta decisión, así como la adecuada
implementación de la figura de supernumerarios al interior de la entidad
accionada.
DÉCIMO
SEXTO.- Por Secretaría
General líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591
de 1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SENTENCIA T – 099 DE 2020
ANEXO
ÚNICO
1.
Expediente
T-7.381.710
1.1. Solicitud y hechos
La señora Lidia Edith Parra, mediante escrito de
tutela presentado al Juzgado Veintiséis de Familia de Bogotá, solicitó la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y
estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulnerados por el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional, por su desvinculación del cargo que venía desempeñando,
efectuado mediante Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018. Basa su
demanda en los siguientes hechos:
1.1.1. La accionante de 48 años de edad[132], estuvo vinculada del 7 de abril de 2014 al
31 de diciembre de 2018, en el cargo de personal al servicio de los procesos
productivos del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, con lapsos de interrupción
en los meses de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 (tiempo en el cual, el
Ministerio de Defensa asignaba a la entidad accionada el presupuesto anual de
funcionamiento); durante su permanencia se hallaba afiliada en salud a la EPS
Famisanar, en pensiones a Protección S.A. y en riesgos laborales a la ARL AXA
Colpatria[133].
1.1.2. Manifestó que, debido al desarrollo de sus
actividades, a inicios del año 2017 comenzó a presentar dolencias
osteo-musculares en miembros superiores, con diagnóstico actual de “Síndrome
del túnel carpiano bilateral”, por lo que ha tenido que someterse a
exámenes, controles con ortopedia y traumatología, terapias, entre otras; con
una cirugía pendiente para tratar su patología[134].
1.1.3. Afirmó que, mediante Dictamen No. 4009766 del
31 de octubre de 2017, la EPS Famisanar calificó su enfermedad como laboral
consolidada el 10 de marzo de 2017, momento en el cual se conoció, a través del
examen de electromiografía, que la paciente cursaba con una “neuropatía por
atrapamiento del nervio mediano bilateral a través del túnel del carpo de
carácter moderado derecho y leve izquierdo”[135].
1.1.4. A consecuencia de lo anterior, informó que
la ARL AXA Colpatria, le generó unas recomendaciones laborales el 5 de febrero,
el 19 de junio y el 9 de octubre, todas del año 2018, las cuales fueron tenidas
en cuenta por su empleador, quien la trasladó del área de Corte al área de
Cambio y reprocesos de la línea[136].
1.1.5. Indicó que, mediante certificación del 24
de enero de 2019 expedida por el grupo de talento humano de la entidad donde
laboraba, se enteró que por falta de presupuesto se le desvinculó a partir del
31 de diciembre de 2018; no obstante,  haber iniciado un proceso de
incorporación en enero de 2019, donde no fue llamada ni tenida en cuenta para
ser contratada[137].
1.1.6. Sostuvo que por sus condiciones de salud,
es una persona enferma, desempleada, que vive con sus hijos y nietos en
vivienda familiar, sin ingresos adicionales al salario que percibía, motivo por
el que su calidad de vida se redujo notablemente[138].
1.1.7. En razón a lo anotado, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y
estabilidad laboral reforzada y por ende se ordene su reintegro al cargo que
ocupaba en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes de su
desvinculación, con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir[139].
1.2. Contestación de la Demanda
1.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NACIONAL[140]
1.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio
de la Policía indicó,  conforme al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la
Ley 498 de 1998, que la naturaleza jurídica de su entidad es la de un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la Policía Nacional[141].
1.2.1.2. Frente a los hechos plasmados en el
escrito de tutela, aclaró que la relación laboral se suscribió bajo la figura
del supernumerario por un periodo fijo, para el desarrollo de actividades en
los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones, a fin de satisfacer
necesidades transitorias imposibles de atender por el personal de planta; así,
la Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018, estableció la fecha de
terminación al prorrogar la vinculación del personal supernumerario hasta el 31
de diciembre de 2018. En relación con la enfermedad: “Síndrome del túnel
carpiano bilateral” de origen laboral, precisó que se dio sin pérdida de
capacidad laboral; entonces, el estado de salud de la actora, no le impedía ni
limitaba a trabajar, porque las recomendaciones laborales no le prohibían hacer
las actividades. En esa medida, al no demostrarse una condición de discapacidad
o limitación física, no puede invocarse la estabilidad laboral reforzada, pues
no hay una situación de debilidad manifiesta ni trato discriminatorio[142].
1.2.1.3. Por otro lado, reconoció que la
vinculación del personal supernumerario se supedita al presupuesto asignado por
el Ministerio de Hacienda y en atención  a las necesidades de la entidad, que
para el año 2019 se redujo significativamente con ocasión de la expedición de
la ley de financiamiento aprobada por el Congreso de la República; por tanto,
la entidad tuvo que hacer un recorte en las partidas presupuestales, afectando
también, la producción de la Fábrica de Confecciones por la disminución en la
suscripción de convenios interadministrativos para la elaboración de prendas[143].
1.2.1.4. Concluyó con la solicitud de declarar la
improcedencia de la acción, en cuanto existen otros mecanismos judiciales para
debatir la legalidad de la desvinculación; de esta manera, recuerda que la
tutela no se puede convertir en un mecanismo paralelo o complementario al
establecido por el sistema jurídico. En otras palabras, el mecanismo no procede
cuando hay un medio apto e idóneo para la defensa del derecho transgredido, en
suma, que en el presente caso no se cumple con el requisito de subsidiariedad.
Y tampoco, que la tutela procede como método de protección transitorio para
evitar un perjuicio irremediable, pues la accionante no acredita una urgencia
manifiesta[144].
1.2.1.5. Posterior a la respuesta brindada por la
entidad accionada, por petición expresa de la Juez de conocimiento[145], la Coordinadora del Grupo de Talento
Humano certificó que toda la relación laboral que mantuvo el empleador con la
accionante, se dio mediante resoluciones y como personal supernumerario[146].
1.3. Pruebas que obran en el expediente
1.3.1. Copia de certificaciones
laborales que constatan que en los periodos del 7 de abril al 31 de diciembre
de 2014, del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2015, del 1 de febrero al 31 de
diciembre de 2016, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de
febrero al 31 de diciembre de 2018, la accionante estuvo vinculada como supernumeraria
al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (folios 8, 9, 45 y 86).
1.3.2.
Copia de comunicación del 23 de mayo de 2017, del área de medicina laboral de
la EPS Famisanar dirigida al Fondo Rotatorio de la Policía, en la cual se
remiten las recomendaciones laborales de la usuaria Lidia Edith Parra, para su
correspondiente implementación en la empresa (folio 10).
1.3.3.
Copia de documentos relacionados con la autorización, valoración prequirúrgica,
consentimiento informado y programación de la cirugía de descomprensión del
túnel del carpo por neurólisis en mano derecha y reconstrucción de ligamentos
en mano derecha a realizarse por el doctor Jaime Ernesto Forigua, médico
ortopedista y traumatólogo (folios 15 a 22).
1.3.4.
Copia del Dictamen de calificación de origen de enfermedad No. 4009766 del 31
de octubre de 2017, elaborado por el Comité Interdisciplinario de Calificación
de la EPS Famisanar, por medio del cual se establece que el Síndrome del
Túnel Carpiano Bilateral es de origen laboral con fecha de evento del 10 de
marzo de 2017 (folios 23, 24, 50 a 52).
1.3.5.
Copias de actas de reubicación y compromiso y de socialización de
recomendaciones médico laborales de fechas: 7 de febrero de 2018 (vigencia de 3
meses), 28 de junio de 2018 (vigencia de 3 meses) y 14 de octubre de 2018
(vigencia de 6 meses) –esta última tiene una afirmación de la accionante, que
dado su evolución, su médico tratante sugirió aplazar la realización de la
cirugía-, que reflejan el conocimiento de la entidad accionada acerca de las
condiciones de salud de Lidia Edith Parra (folios 30, 31, 35, 36 y 38).
1.3.6.
Copia de evaluaciones de desempeño de los años 2017 y 2018 con calificaciones
de 84/100 y de 88/100, respectivamente (folios 46 a 49).
1.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
1.4.1.
Primera Instancia
1.4.1.1.
En sentencia del 27 de febrero de 2019, el Juzgado Veintiséis de Familia de
Bogotá concedió un amparo transitorio de los derechos fundamentales al mínimo
vital, seguridad social y vida en condiciones dignas de la accionante; en
consecuencia, ordenó a la accionada reintegrar a Lidia Edith Parra a un cargo
igual o equivalente al que venía desempeñando al momento de la desvinculación y
bajo la misma modalidad de nombramiento, hasta tanto la autoridad judicial
competente defina sobre la legalidad de la desvinculación laboral[147].
1.4.1.2.
Para sustentar la decisión, el juzgado evidenció que la accionada tuvo
conocimiento de la enfermedad que aquejaba a la actora desde el 23 de mayo de
2017 cuando la EPS Famisanar envió, por primera vez, las recomendaciones
laborales, tesis que se refuerza con las copias de los informes de aptitud
laboral de la ARL Colpatria, adjuntos a las actas de reubicación, compromiso y
de socialización de recomendaciones médico laborales. Así las cosas, continuó
el fallador, le asiste razón a la demandante en solicitar resguardo
constitucional ocasionado por el retiro del Fondo Rotatorio de la Policía por
vencimiento del término de la prórroga de su nombramiento como supernumeraria,
ya que se presentó en medio de una enfermedad de origen laboral que limitó su
estado de salud y afectó de forma negativa sus fuentes de ingresos; por tanto,
es manifiesto su estado de indefensión requiriéndose en este caso la
intervención del juez constitucional para que cese la vulneración[148].
1.4.2.
La impugnación
1.4.2.1.
Inconforme con la decisión, la entidad accionada mediante escrito radicado el 6
de marzo de 2019, impugnó el fallo, porque no se realizó un análisis en
contexto de la situación particular ni de los derechos fundamentales violados,
tampoco se profundizó sobre la naturaleza jurídica constitucional y legal de la
vinculación de los supernumerarios[149].
1.4.2.2.
Luego de hacer un recuento del trámite de la primera instancia y de afirmar que
el a quo valoró indebidamente situaciones de hecho al no tener en cuenta
todos los argumentos planteados en la contestación de la demanda, el ente
impugnante insistió en la improcedencia de la acción al existir otro medio de
defensa judicial, pues en su entender no se vislumbra una situación de extrema
gravedad que requiera una protección urgente y excepcional por vía de tutela[150].
1.4.2.3.
Para dar mayor solidez a lo planteado, se refirió a la acción de tutela en los
términos del artículo 86 de la Constitución Política, haciendo énfasis en su
carácter subsidiario y su procedencia excepcionalísima en los caso que se
quiera amparar transitoriamente un derecho fundamental a fin de evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable; al respecto, citó jurisprudencia constitucional[151] en la que concluyó que la vinculación de la
accionante con su representada finalizó por una causa objetiva establecida
previamente en la Resolución No. 0508 de 2018, y no en razón a las
restricciones médicas o condiciones de salud[152].
1.4.2.4.
En cuanto a la modalidad de vinculación, manifestó que es una figura que
constituye un modo excepcional de relación laboral con la Administración que
tiene como propósito desarrollar actividades meramente temporales[153] y que, por tanto, no aplica la
protección laboral reforzada al tratarse de una relación temporal. Agregó en
este sentido que, el vínculo de la señora Lidia Edith Parra se originó durante
el año 2018 como personal supernumerario para suplir funciones meramente
transitorias, por lo que mencionó el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978,
modificado por el Decreto 1680 de 1991, y la sentencia C-401 de 1998[154].
1.4.3.
Segunda Instancia
1.4.3.1.
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en providencia  del once
(11) de abril de dos mil diecinueve (2019) revocó la decisión proferida en
primera instancia, y en su lugar negó la tutela de los derechos fundamentales
invocados por la accionante[155]; para lo cual, esbozó dos
consideraciones.
1.4.3.1.1.
La primera, en caminada a indicar, acorde con la sentencia T-575 de 2008[156], que la accionante no cumplió con los
requisitos que la pongan en condición de debilidad manifiesta para gozar de la
estabilidad laboral reforzada, pues (i) no es menor de edad, (ii) no se
encuentra en estado de embarazo y (iii) no es una trabajadora discapacitada.
1.4.3.1.2.
La segunda, que la desvinculación obedeció a una causa objetiva contenida en la
Resolución No. 0508 de 2018, excluyendo la razón de discriminación por motivos
de salud, pues así se desprende de los conceptos médicos de AXA Colpatria,
donde se señala que la accionante es apta para realizar su trabajo sin ningún
tipo de restricciones[157].
1.4.3.2.
En esta medida, estableció que atendiendo el principio de subsidiariedad que
rige la tutela, la accionante puede acudir a la jurisdicción contenciosa
administrativa o laboral, según sea el caso, e impetrar la acción a que haya
lugar, para hacer valer los derechos que considera le asisten[158].
2.
Expediente
T-7.381.713
2.1.
Solicitud y hechos
La señora Yenny Lisbeth Nivia Duque, a través de
escrito de tutela repartido al Juzgado Veintidós de Familia de Bogotá, solicitó
la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social y
estabilidad laboral reforzada, presuntamente vulnerados por el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional (adscrito al Ministerio de Defensa Nacional), por la
desvinculación al cargo que venía desempeñando efectuado mediante Resolución
No. 0508 del 01 de octubre de 2018. Sustenta su demanda en los siguientes
hechos:
2.1.1. La accionante de 49 años de edad[159], manifestó que estuvo vinculada desde el 01
de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2018 (con periodos de interrupción en
los meses de enero de los años 2011 y 2017), a través de resoluciones,
renovadas año a año, como personal al servicio de los procesos productivos del
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, para desarrollar actividades en la
Fábrica de Confecciones en el cargo de operaria de máquinas; durante su
permanencia se hallaba afiliada en salud a la EPS Famisanar, en pensiones a
Colpensiones y en riesgos laborales a la ARL AXA Colpatria[160].
2.1.2. Afirmó que, en el desempeño de sus
funciones, a mediados del 2014 empezó a sufrir de serios quebrantos en salud,
con un diagnóstico actual de “Epicondilitis lateral bilateral, Epicondilitis
medial bilateral, Tenosinovitis de flexoextensores de carpo bilateral, Síndrome
del túnel del carpo derecho y Síndrome del manguito rotador bilateral”, por
lo que ha estado incapacitada y asistiendo a exámenes, controles con
especialista, terapias ocupacionales, entre otras; con una calificación de
pérdida de capacidad laboral del 12.13%[161].
2.1.3. Sostuvo que, a partir del año 2015, AXA
Colpatria le expidió conceptos médicos de aptitud laboral en los que se
indicaba ser apta con recomendaciones, sin embargo, éstas han aumentado, siendo
la última de ellas del 27 de septiembre de 2018 (vigencia 6 meses). Reconoció
que su empleador, acató y cumplió con las recomendaciones laborales
reubicándola en otro cargo[162].
2.1.4. En razón a sus dolencias físicas, mediante
Dictamen No. 38091 del 30 de abril de 2015[163], la EPS Famisanar calificó
sus enfermedades: Epicondilitis lateral bilateral, Epicondilitis medial
bilateral, Tenosinovitis de flexoextensores de carpo bilateral y Síndrome del
túnel del carpo derecho como de origen laboral, y el Síndrome del
manguito rotador bilateral de origen común. Acto seguido, su ARL
objetó la calificación, por lo que el asunto lo resolvió la Junta Regional de
Calificación Invalidez de Bogotá, en Dictamen No. 51997911 del 27 de enero de
2017[164], manteniendo la calificación inicial[165].
2.1.5. Como consecuencia de lo anterior, indicó
que AXA Colpatria notificó el 25 de abril de 2017 a su empleador la
calificación de pérdida de capacidad laboral del 12.13%[166];
adicionalmente el 10 de septiembre de 2018, su ARL calificó de origen laboral,
la patología de Tenosivotis de estiloides radial de Quervain, la cual se
encuentra en tratamiento.
2.1.6. Adujó que, verbalmente la entidad le
comunicó la terminación de la relación laboral al 31 de diciembre de 2018 por
la falta de presupuesto y porque la ley no los obliga a tener personas enfermas
en su empresa; a pesar de que manifestó que por su estado de salud no iba a
acceder al mercado laboral[167].
2.1.7. Refirió que es una persona enferma, desempleada,
que vive con su esposo y dos hijos de 19 y 16 años, que las fuentes de ingresos
se le redujeron a un salario mínimo mensual vigente que percibe su pareja, para
pagar arriendo, servicios, créditos y demás gastos. También, tiene pendiente la
calificación de la pérdida de capacidad laboral de la Tenosinovitis de
estiloides radial de Quervain, que por sus condiciones de salud se
encuentra en un estado de debilidad manifiesta[168].
2.1.8. En razón a lo anotado, por el estado de
desprotección y la urgencia manifiesta en la que se encuentra, la demandante
solicitó la protección transitoria de sus derechos fundamentales al mínimo
vital, a la salud, a la seguridad social, a la vida digna y a la estabilidad
laboral reforzada vulnerados por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional[169].
2.2. Contestación de la demanda
2.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NACIONAL[170]
2.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio
de la Policía indicó que su entidad, conforme al Decreto 2150 de 1994 y al
artículo 38 de la Ley 498 de 1998, es un establecimiento público del orden
nacional, adscrito al Ministerio de Defensa con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, que pertenece al sector descentralizado por
servicios, diferente a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa[171].
2.2.1.2. Frente a los hechos planteados en la
tutela por la accionante, aclaró que la relación laboral se suscribió, en
cumplimiento del artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, bajo la figura del
supernumerario, por un periodo fijo, para el desarrollo de actividades
relacionadas con los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones de
propiedad de la Policía Nacional, a fin de satisfacer necesidades transitorias
que no pueden ser atendidas por el personal de planta; así, en la Resolución
No. 0508 del 01 de octubre de 2018, se estableció la fecha de su terminación al
prorrogar la vinculación del personal supernumerario hasta el 31 de diciembre
de 2018 (causal objetiva de terminación donde nada tuvo que ver su estado o
condiciones de salud), liquidándosele la totalidad de las prestaciones sociales
a las que tenía derecho, sin considerarse en ningún momento que se tratase de
un contrato de trabajo[172].
2.2.1.3. En relación con las enfermedades de
origen laboral: Síndrome
del túnel carpiano, epicondilitis medial y epicondilitis lateral, calificadas el 25 de abril de 2017,
con un 12,13% de pérdida de capacidad laboral, manifestó que es una disminución
baja, que no se relaciona en los parámetros de severidad de las limitaciones
establecidas en el artículo 7º del Decreto 2463 de 2001 y en el  artículo 5º de
la Ley 361 de 1997, por lo tanto, no puede dársele a la demandante un
tratamiento excepcional para aplicarle la estabilidad laboral reforzada[173]. Asimismo, aseguró que, los conceptos médicos
de aptitud laboral emitidos por la ARL[174] indican que la señora Yenny
Lisbeth Nivia es apta con recomendaciones, entonces, nada le impide ejercer
otra actividad económica alternativa, porque al momento de su desvinculación no
estaba incapacitada; en resumen, la accionante al no demostrar una condición de
discapacidad o limitación física, no puede invocar la estabilidad laboral
reforzada, pues no hay una situación de debilidad manifiesta ni trato
discriminatorio que amerite su protección[175].
2.2.1.4. Por otro lado, aceptó que la
incorporación de los supernumerarios depende del presupuesto asignado por el
Ministerio de Hacienda y de la suscripción de convenios interadministrativos
para la fabricación de prendas con otras entidades del Estado[176].
Respecto de lo anterior, indicó que es de público conocimiento la reducción del
gasto para el presupuesto de 2019 de entidades del Gobierno Nacional en ciento
treinta mil millones de pesos ($130.000.000.000) hecha por la ley de
financiamiento, Ley 1940 de 2019[177].
2.2.1.5. Después de hacer referencia a los hechos
contentivos de la tutela, la entidad accionada, se refirió a las bondades de la
acción de amparo, como un mecanismo de protección de derechos fundamentales por
excelencia, para lo cual citó el artículo 86 superior. Paralelamente,
recordó acerca de la improcedencia de ésta cuando existe otro medio judicial
apto para la defensa del derecho violentado, pues en virtud del requisito de
subsidiariedad, al existir otro recurso, el juez constitucional no puede sustituir
las otras jurisdicciones para solucionar el conflicto por la terminación del
vínculo que tenía la accionante con el Fondo, ni para el reconocimiento y pago
de prestaciones sociales derivados de lo anterior; tampoco, como método de
protección transitorio para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que la
demandante no demuestra una situación de debilidad manifiesta[178].
2.2.1.6. Otro de los aspectos que pone en
consideración la accionada, al solicitar que se declare la improcedencia de la
acción, es que el escrito de tutela no contiene la firma de la accionante y no
obra en el expediente prueba que permita presumir su interés, afectando la
legitimación en la causa por activa y dando al traste con la petición de
protección; refirió que la Corte Constitucional en sentencia T-575 de 1997[179], estableció como requisito mínimo, la firma
del accionante para iniciar el proceso de tutela, máxime si no se tiene
constancia de que la persona no pueda firmar, en este sentido precisó que la
tutela debe rechazarse por falta de legitimación en la causa por activa[180].
2.3.
Pruebas que obran en el expediente
2.3.1.
Copia de certificaciones laborales expedidas por el empleador que prueban que
en los periodos del 01 de octubre de 2010 al 31 de diciembre de 2010, del 01 de
febrero al 31 de diciembre de 2011, del 01 de febrero al 31 de diciembre de
2012, del 21 de enero al 31 de diciembre de 2013, del 24 de enero al 31 de
diciembre de 2014, del 2 de febrero al 31 de diciembre de 2015, del 01 de
febrero al 31 de diciembre de 2016, del 01 de febrero al 31 de diciembre de
2017 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, la accionante estuvo
vinculada como personal supernumerario al Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional (folios 8 y 9).
2.3.2.
Copia de la historia clínica expedida por AXA Colpatria, que comprende
consultas médicas realizadas entre el 2 de junio de 2015 al 31 de octubre de
2018, que muestra que en consulta de seguimiento del 31 de octubre de 2018 le
dejaron a la demandante 16 terapias físicas, en curso (folios 10 al 31).
2.3.3.
Copia de la evolución por Terapia Física del 14 de enero de 2019 (fecha de la
última sesión) en donde se indica: “Plan tratamiento Manejo del dolor,
estiramientos, fortalecimiento, patrones funcionales, pinzas, agarres, manejo
de espasmos. Paciente refiere cita control el 17 de enero de 2019, pendiente
cita control Medicina Laboral” (folios 32 a 36 y 109 a 110).
2.3.4.
Copia de la evaluación de origen laboral de la enfermedad Tenosinovitis de
Estiloides Radial, realizada por AXA Colpatria del 10 de septiembre de 2018
(folios 39 y 40).
2.3.5.
Copia de notificación de calificación de pérdida de capacidad laboral del
12,13%, fechada el 25 de abril de 2017, de la ARL AXA Colpatria radicada al
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (folios 43 y 44).
2.3.6. Copia del Dictamen de
calificación de origen de enfermedad No. 38091 del 30 de abril de 2015,
elaborado por el Equipo Interdisciplinario de la EPS Famisanar, por medio del
cual se establece que la Epicondilitis lateral
bilateral, Epicondilitis media bilateral, Tenosinovitis de flexoextensores de
carpo bilateral y Síndrome del túnel del carpo derecho son patologías de
origen laboral, y el Síndrome del manguito rotador bilateral de origen
común (Folios 49 a 56).
2.3.7. Copia del Dictamen de
calificación de origen de la enfermedad, que resolvió en segunda instancia, la
Junta de Calificación de Invalidez de Bogotá; que mantuvo en firme lo
establecido por el calificador de primera instancia  (folios 57 a 59).
2.3.8.
Copias de Conceptos médicos de aptitud laboral emitidos por AXA Colpatria de
fechas: 13 de julio y 19 de octubre de 2015; 01 de junio y 29 de noviembre de
2017; 27 de febrero, 19 de junio y 27 de septiembre de 2018; los cuales
muestran el conocimiento de la entidad accionada acerca de las condiciones de
salud de Yenny Lisbeth Nivia Duque (folios 64 a 72).
2.3.9.
Copia incompleta de extracto de tarjeta de crédito con corte al 20 de noviembre
de 2018, que evidencia compras en su mayoría destinadas a mejoras al hogar y/o
otros productos, y vestuario y o calzado, con estado al día, y con un pago
mínimo de $205.421 (folio 75).
2.3.10. Copia de formato de
matrícula del 28 de enero de 2019, del menor Juan Andrés Nivia Hernández, para
el grado Noveno en el I.E.D. Colegio Instituto Técnico Industrial Piloto, del
que no se desprende pago alguno (folio 76).
2.3.11.
Copia de las evaluaciones de desempeño de los años 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 y 2018, las dos últimas con calificaciones de 93/100 y 83/100
(folios 149 a 160).
2.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
2.4.1.
Primera Instancia
2.4.1.1.
Mediante providencia del 26 de febrero de 2019, el Juzgado Veintidós de Familia
de Bogotá negó la acción de tutela instaurada por Yenny Lisbeth Nivia Duque
contra el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional; porque la accionante no
allegó la resolución, por medio de la cual se vinculaba al personal para el año
2019, acto que puede controvertirse a través de las acciones pertinentes,
específicamente, la accionante tiene los mecanismos jurídicos para debatir el
acto administrativo que la excluyó, ante los jueces de lo contencioso
administrativo[181].
2.4.1.2.
Conforme a las consideraciones efectuadas, aparte de señalarse la existencia de
otros mecanismos, el fallador de instancia sostuvo, que no puede invadir otras
jurisdicciones para adoptar las decisiones de competencia del juez natural, so
pena de violar el principio de autonomía funcional judicial del artículo 228 de
la Constitución Política, y menos cuando las partes, tampoco han agotado las
vías que tienen a su alcance[182].
2.4.1.3.
No obstante lo anterior, al realizarse el estudio de procedencia ante la
eventual existencia de un perjuicio irremediable, el operador judicial no
encontró acreditado los presupuestos para viabilizar tal amparo, en vista de
que la demandante (i) no demostró la vulneración de los derechos fundamentales,
ni emerge que la situación comprometa sus condiciones mínimas de vida, (ii) no
pertenece a la tercera edad, (iii) no acreditó  que padece graves quebrantos de
salud y tampoco reúne las condiciones de ser un sujeto de especial protección[183].
2.4.2.
La impugnación.
2.4.2.1.
Mediante escrito del 01 de marzo de 2019, la accionante impugnó el fallo que
negó la protección de sus derechos; inició con la exposición de la difícil
situación que padece por las enfermedades adquiridas en los 8 años que estuvo
prestando sus servicios, saliendo con una pérdida de capacidad laboral del
12.13%. De igual manera, expuso su precaria situación económica, ya que el
ingreso de su esposo es insuficiente para mantener su hogar conformado junto
con un menor de edad[184].
2.4.2.2.
Adicionalmente, manifestó ser una persona en estado de debilidad manifiesta en
razón a las enfermedades de origen laboral que sufre, en proceso de
calificación de la última enfermedad adquirida[185]
mientras estuvo vinculada con la accionada. Finalizó con la solicitud de que se
revoque el fallo y en su lugar se conceda la tutela en los términos planteados[186].
2.4.3.
Segunda Instancia
2.4.3.1.
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del nueve
(9) de abril de dos mil diecinueve (2019) confirmó el fallo del 26 de febrero
de 2019 proferido en primera instancia; por cuanto, la intención de la actora
con la tutela, era lograr el reintegro al puesto de trabajo donde laboró hasta
el 31 de diciembre de 2018, aduciendo ser sujeto de especial protección por
haber sufrido una disminución en su salud por las actividades desarrolladas[187].
2.4.3.2.
De acuerdo con lo anterior, el ad quem citó la sentencia T-575 de 2008[188], para ilustra sobre la improcedencia de la
acción cuando la accionante pretende el reintegro y dispone de otros mecanismos
de protección. Agregó que, tampoco acreditó las condiciones para beneficiarse
de la estabilidad laboral reforzada, pues (i) no es una menor de edad, (ii) no
se encuentra en estado de embarazo y (iii) no hay un estado de discapacidad.
Puntualmente, dentro de las pruebas aportadas al expediente no se evidenció
ningún soporte que recomendara que la extrabajadora dejara de ejercer labores o
suspendiera alguna actividad relacionada con el trabajo.
2.4.3.3.
Otro argumento esbozado por el Tribunal de conocimiento fue el que la
desvinculación obedeció a una causal objetiva contenida en la Resolución No.
0508 de 2018, prueba aportada por la entidad accionada, eliminando cualquier
sospecha de que la desvinculación obedeciera a razones de salud, poniendo de
presente que la contratación está condicionada al presupuesto dispuesto para
ello[189].
3.
Expediente
T-7.392.437
3.1.
Solicitud y hechos
La señora Alicia Uribe Bermúdez, en escrito de
tutela asignado al Juzgado Veintinueve Civil de Circuito de Bogotá, pidió la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, estabilidad laboral
reforzada y seguridad social, presuntamente vulnerados por el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional, a causa de su desvinculación al cargo de operaria de
máquinas de procesos productivos, efectuado mediante la Resolución No. 00508
del 01 de octubre de 2018. Basa sus pretensiones en los siguientes hechos:
3.1.1.
La accionante de 55 años de edad[190],
estuvo vinculada del 21 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2018
(laborando el último año completo), en el cargo de
operaria de máquinas de los procesos productivos del
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, y durante su permanencia se hallaba
afiliada en salud a la EPS Sanitas, en pensiones a la Administradora Colombiana
de Pensiones        -Colpensiones- y en riesgos laborales a la ARL AXA
Colpatria[191].
3.1.2. Manifestó que, comenzó a ser atendida en noviembre
de 2015 por el médico laboral de la ARL AXA Colpatria, toda vez que se afilió
el 18 de septiembre de 2015, con dos enfermedades diagnosticadas: Síndrome
del túnel carpiano bilateral y una Tendinitis de flexoextensores
bilateral, calificadas inicialmente por su EPS Sanitas el 22 de diciembre
de 2011, y luego, aceptadas por su ARL como patologías de origen profesional; desde ese momento, le han emitido continuamente recomendaciones laborales por el
término de 6 meses, las
cuales han sido debidamente comunicadas a su empleador, siendo renovadas hasta
el 10 de enero de 2019[192].
3.1.3. Afirmó que, si bien cumplió con las
recomendaciones dadas por el área de medicina laboral de su aseguradora, en
resumen, el haber seguido el tratamiento médico, el haber asistido a las
terapias físicas y el haber tomado los medicamentos prescritos, sus patologías
fueron empeorando, al punto que, requirió el 11 de octubre de 2018, una
intervención quirúrgica para liberar el túnel del carpo derecho, practicada por
el ortopedista Albert Krauth[193].
3.1.4. Sostuvo que, después de la cirugía
efectuada, el medicó especialista le dio una incapacidad por 30 días, los
cuales se prorrogaron por otro término igual, es decir que la incapacidad
definitiva por el procedimiento realizado fue de 60 días, finalizando el 10 de
diciembre de 2018; y el proceso de rehabilitación no ha concluido, pues el
mismo día que terminó las terapias físicas (29 de enero de 2019), el Dr.
Granados -medico laboral- le informó que aparecía desvinculada de la ARL AXA
Colpatria y de la EPS Sanitas, por tal motivo, no podía atenderla, ni emitirle
las recomendaciones laborales escritas; sin embargo, debía seguir
cumpliéndolas, ya fuera en el trabajo o en su hogar[194].
3.1.5. Adujo que, acudió con el coordinador de la
fábrica de confecciones en Bogotá, para indicarle sobre el proceso de
rehabilitación posoperatorio en el que se encontraba, pero éste le indicó que
por falta de presupuesto se le desvinculó a partir del 31 de diciembre de 2018,
y que “según criterio del abogado del Fondo, no tenían la obligación de
mantener la vinculación laboral a las empleadas que estén en proceso de ARL por
enfermedad laboral”[195].
3.1.6. Relató que es una persona separada hace 15
años, desempleada, sin ninguna fuente de ingreso, con obligaciones financieras
(créditos de consumo) y necesidades básicas insatisfechas, tales como
alimentación, salud, educación, vestuario, con un estado de salud disminuido en
razón a las patologías que padece, afectando su capacidad laboral para
desempeñarse en cualquier cargo, sin la posibilidad de pagar por su propia
cuenta la seguridad social para continuar recibiendo el tratamiento para sus
enfermedades[196].
3.1.7. En razón a lo anotado, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, estabilidad laboral
reforzada y seguridad social, en consecuencia, ordenar a la entidad accionada a
que la restituya al cargo o a uno mejor, reconociendo el pago de salarios
dejados de percibir desde la fecha de su vinculación, debido a su situación de
debilidad manifiesta[197].
3.2. Contestación de la Demanda
3.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NACIONAL[198]
3.2.1.1. A través del representante legal, la
entidad accionada señaló, conforme al artículo 2º del Decreto 2150 de 1994 y al
artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que la naturaleza jurídica de su entidad, es
la de un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de
Defensa con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
perteneciente al sector descentralizado por servicios, diferente a la
Institución de la Policía Nacional[199].
3.2.1.2. En relación a los hechos que motivaron la
colocación de la tutela, precisó  que el vínculo contractual se dio en amparo a
la modalidad de supernumerario por un periodo fijo, para el desarrollo de
actividades propias de los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones,
con el fin de atender necesidades temporales que el personal de planta no puede
hacer; así, en la Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018, desde un
inicio se fijó la fecha de terminación al extender la vinculación de los
supernumerarios hasta el 31 de diciembre de 2018, con la consecuente
liquidación de los emolumentos laborales a que tenía derecho[200].
3.2.1.3. Respecto de las patologías: “Síndrome
de túnel carpiano bilateral y la Tendinitis de flexoextensores bilateral”,
ambas de origen laboral, manifestó que el concepto médico laboral de AXA
Colpatria del 4 de abril de 2018, refiere que la accionante es “apta con
recomendaciones”; por lo tanto, la señora Alicia Uribe puede ejercer sus
labores sin impedimentos de salud, atendiendo que la empresa acató las
recomendaciones en acta de 23 de mayo de 2018, reubicándola en otro cargo. Así
las cosas, al no haber una condición discapacitante, no sería dable la estabilidad
laboral reforzada, pues no existe una situación de debilidad manifiesta ni
trato discriminatorio[201].
3.2.1.4. De la terminación del vínculo laboral con
la accionante, recalcó que ésta no obedeció a las restricciones médicas o
condiciones de salud, sino porque desde un inicio se estableció el término,
para el cumplimiento de funciones transitorias en la Fábrica de Confecciones de
la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional, mediante acto administrativo,
Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018[202].
3.2.1.5. Acerca de la contratación de
supernumerarios para la vigencia de 2019, sostuvo que el presupuesto asignado
por el Ministerio de Hacienda para dicha anualidad fue inferior, debido a los
recortes que hizo el Congreso de la República a la ley de financiamiento
presentada por el gobierno; por tanto, la entidad tuvo que disminuir las
partidas presupuestales, afectando también, la producción de la Fábrica de
Confecciones por la reducción en la suscripción de convenios
interadministrativos para la confección de prendas[203].
3.2.1.6. Después de referirse a los hechos que
dieron origen a la tutela, el apelante dedicó un capítulo completo al análisis
del texto constitucional de la acción de tutela (artículo 86 superior),
en especial, sobre la improcedencia de ésta por no cumplir el requisito de
subsidiariedad a falta de vulneración de un derecho fundamental y ante la
ausencia de un perjuicio irremediable. En resumen, indicó que el mecanismo de
protección no procede cuando hay un medio apto e idóneo para la defensa del
derecho transgredido, ni tampoco como método de protección transitorio por la
inexistencia de una urgencia manifiesta; así pues, solicitó declarar la
improcedencia de la acción, en cuanto existen otros mecanismos judiciales para
debatir la legalidad de la desvinculación[204].
3.2.2. EPS SANITAS
3.2.2.1. La Representante Legal para Temas de
Salud y Acciones de Tutelas de la EPS, de comienzo, indicó la presencia de una
falta de legitimación en la causa por pasiva en el caso concreto, ya que la
pretensión de la acción busca el reintegro laboral y su entidad no tiene
injerencia alguna en ello, puesto que no ha sido el empleador de la accionante[205].
3.2.2.2.
En cuanto a los hechos que motivaron la interposición de la acción, expresó que
el empleador Fondo Rotatorio de la Policía Nacional les reportó novedad laboral
de retiro el día 30 de enero de 2019, mediante planilla No. 8487197894; así, la
actora se encuentra en periodo de protección laboral hasta el 28 de febrero de
2019 con una antigüedad en el Sistema General de Seguridad Social de salud de
861 semanas. Adicionalmente, manifestó que el 22 de diciembre de 2011, la EPS
calificó como enfermedad profesional el Síndrome del túnel del carpo
bilateral y la Tendinitis de flexoextensores bilateral, decisión en firme
y aceptada por su actual ARL[206].
3.2.3.
ARL AXA COLPATRIA
3.2.3.1.
En igual sentido de la EPS, se expresó el Representante Legal de la ARL
vinculada, pues resulta claro que la pretensión de la accionante va encaminada
a lograr el reintegro a un cargo igual o de superior de un tercero ajeno a la
aseguradora; también indicó; que la última afiliación de la demandante iba del
21 de octubre de 2013 al 31 de diciembre de 2018, que en la actualidad no se
encuentra vigente. Como aspecto relevante indicó que el 18 de septiembre de
2015 le fueron diagnosticadas las mismas enfermedades que la EPS Sanitas
calificó el 22 de diciembre de 2011. Por lo anterior, solicitó la
desvinculación de su representada[207].
3.2.4.
COLPENSIONES
3.2.4.1. En resumen, la Dirección de Asuntos
Constitucionales, solicitó su desvinculación, ya que la prestación reclamada
vía constitucional le corresponde asumirla exclusivamente al empleador Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional. Por el contrario, aclaró que el marco de
competencias de Colpensiones es el asumir asuntos relativos a la Administración
del Régimen de prima media con Prestación Definida[208].
3.3. Pruebas que obran en el expediente
3.3.1.
Copia de la historia clínica de la accionante que comprende valoraciones del 3
de noviembre de 2015 al 4 de febrero de 2019, expedida por AXA Colpatria, la
cual muestra que el 31 de enero de 2019, el Dr. Granados consignó: “aparece
desvinculada de afiliación de ARL Colpatria, se le remite con su empresa para
saber estado de afiliación actual y con cual ARL. Al parecer no ha firmado a
hoy” (folios 9 al 21).
3.3.2. Copia de prórroga de
incapacidad emitida por AXA Colpatria del 09 de noviembre de 2018, en el que se
observa que la misma finalizaba al 09 de diciembre de 2018 por la patología de Síndrome
del túnel del carpo bilateral (Folio 22).
3.3.3.
Copia de las instrucciones de egreso a la cirugía de Liberación del nervio
del túnel del carpo de la mano derecha del 11 de octubre de 2018, a la que
fue sometida la accionante por sus patologías de origen laboral (folio 23).
3.3.4.
Copias de conceptos médicos de aptitud laboral del 02 de mayo de 2016, 28 de
noviembre de 2016, 21 de noviembre de 2017 y 04 de abril de 2018 de la ARL AXA
Colpatria con notas de: apto con recomendaciones (folios 24 a 27 y 48 a
49).
3.3.5.
Copia de estado de cuenta de crédito de consumo no. 33013229977 del Banco Caja
Social, con fecha de facturación 17 de enero de 2019, y con saldo de
$7.131.845,41 (folio 28)
3.3.6.
Copia de calendario de pagos del Banco Mundo Mujer de un crédito de consumo
identificado con el no. 4450324, desembolsado el 28 de junio de 2017 y con
fecha de pago de la última cuota el 17 de abril de 2019 por valor de
$281.685.oo (folio 29).
3.3.7.
Copia de certificados de evaluación de desempeño laboral de la actora, del año
2015 y 2018, con una calificación de 84/100 y de 74/100, respectivamente
(folios 50 y 51).
3.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
3.4.1.
Primera Instancia
3.4.1.1.
En sentencia del 27 de febrero de 2018 (sic), el Juzgado Veintinueve Civil del
Circuito de Bogotá concedió el amparo constitucional solicitado por la
accionante; en consecuencia, ordenó al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional,
en un plazo de 10 días, reintegrarla en un cargo igual o uno superior al que
venía desempeñando, previa valoración médica que indique la aptitud para
trabajar con las debidas recomendaciones laborales y bajo la modalidad que
se designa a los supernumerarios y/o provisionales. Vinculación que solo podrá
terminarse, de mantenerse las condiciones de limitación en salud del
trabajador, con la autorización del Ministerio del Trabajo[209].
3.4.1.2.
Adicionalmente, el juez de instancia advirtió a la accionante, que frente a la
reclamación del reconocimiento y pago de los demás derechos laborales que le pudieran
corresponder, deberá acudir a la jurisdicción contenciosa, por ser la
competente en tales asuntos[210].
3.4.1.3.
Para sustentar la decisión, se invocó la sentencia T-683 de 2016[211], que se transcribió in extenso, como
precedente jurisprudencial aplicado al caso, dada su gran similitud por las
circunstancias análogas de los accionantes; puesto que: “si bien la acción
de amparo no es, por regla general, el mecanismo adecuado para solicitar el
reintegro laboral, en algunos eventos, como por ejemplo cuando el titular del
derecho encuentre protección relativa a la estabilidad laboral reforzada, este
trámite se convierte, transitoria o definitivamente, en el mecanismo más
adecuado de protección del derecho. Al adquirir dicho alcance, sustituye los
mecanismos ordinarios y es posible solicitar el reintegro de las personas que
se enmarcan en tales condiciones por la vía de tutela”[212].
3.4.1.4.
Con lo anterior, concluyó que, la relación laboral entre supernumerario
y entidad pública no revestía un carácter temporal, porque las renovaciones
constantes permitían inferir la necesidad del ente de mantener en servicio a
ese tipo de trabajadores; por otro lado, la entidad accionada no disputó lo
relacionado con el estado de salud de la accionante, situación reconocida igualmente
por la EPS y por la ARL[213].
3.4.2.
La impugnación.
3.4.2.1.
El 4 de marzo de 2019, la entidad accionada mediante escrito de impugnación se
mostró inconforme con la sentencia arriba referida, “habida consideración
que no se realizó un análisis en contexto de la situación particular, ni
respecto de los derechos fundamentales deprecados, en espacial, en relación con
la naturaleza jurídica constitucional y legal de la vinculación de los
supernumerarios”[214].
3.4.2.2.
Utilizando el mismo formato y argumentos al del recurso de apelación que la
entidad accionada efectuó en el expediente T-7.381.710, reprochó del fallador
de primera instancia, el haber concedido la tutela para proteger el derecho al
mínimo vital, estabilidad laboral reforzada y seguridad social de la accionante
al suponer que ésta presentaba quebrantos de salud al momento de la terminación
del vínculo contractual sin la debida autorización del Ministerio del Trabajo[215].
3.4.2.3.
Indicó que, el a quo olvidó aspectos sustanciales tales como: (i) la
calidad de supernumeraria de la accionante, el cual impide referirse a un
despido injusto o a la necesidad de acudir a la autoridad de trabajo, y (ii) a
que la actora siempre estuvo en condiciones aptas para el desarrollo de sus
funciones con las recomendaciones laborales, sin que se vislumbrara un estado
de indefensión o debilidad que amerite la protección constitucional de una
estabilidad laboral reforzada[216].
3.4.2.4.
En esa medida, recordó el carácter subsidiario de la acción, cuando existe un
medio judicial apto para la defensa del derecho amenazado ante otro  juez,
quien es el llamado a resolver controversias en materia laboral, como las
alegadas por la demandante; y de la excepcionalísima procedencia al momento de
amparar transitoriamente un derecho fundamental, a fin de evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, en el caso de advertir una situación individual
de debilidad manifiesta demostrada y comprobable[217].
3.4.2.5.
Respecto de la figura del supernumerario, explicó que es un modo excepcional
de relación laboral con la Administración que tiene como propósito desarrollar
actividades meramente temporales[218] y que, por tanto, no
aplica la protección laboral reforzada al tratarse de una relación temporal,
para lo cual se escudó en las sentencias T-765 de 2015[219]
y C-401 de 1998[220]. Agregó que, el a quo
desconoció que la vinculación de la accionante durante la vigencia 2018, se dio
mediante un acto administrativo, en virtud del artículo 83 del Decreto 1042 de
1978 y el artículo 72 del Decreto 2701 de 1988, como personal supernumerario
para hacer las tareas que el personal de planta no puede realizar[221].
3.4.3.
Segunda Instancia
3.4.3.1. La Sala Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del
veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019) confirmó parcialmente el
fallo proferido en primera instancia, pues mantuvo el amparo constitucional y
la orden de reintegro; sin embargo, modificó el tercer numeral, que advertía a
la accionante dirigirse a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
lograr el reconocimiento  y pago de los otros derechos laborales. En su lugar
dispuso, que la accionada debía asumir las cotizaciones a salud, pensión y
riesgos profesionales, así como los salarios y prestaciones sociales dejados de
cancelar, como consecuencia de la no renovación del vínculo laboral hasta la
fecha de su reingreso a la entidad[222].
3.4.3.2. El Tribunal de Alzada,
en su decisión tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional consolidada en
la materia, en especial la sentencia SU-049 de 2017[223], al
enfatizar en el rango constitucional que ostenta la estabilidad laboral
reforzada al extenderse a todo tipo de contratación incluida la de
supernumerario, y a la protección de los trabajadores en situación de
discapacidad y/o debilidad manifiesta por razones de salud, ya que en ellos, el
análisis de subsidiariedad e inmediatez deben ser más flexibles[224].
3.4.3.3. Respecto del reconocimiento de
prestaciones sociales a través de la tutela, el ad quem reconoció que es
un tema que no ha sido pacifico al interior de la Corte, pero que se ha
decantado al cumplimiento de los siguientes requisitos: a) hay un sujeto de
especial protección constitucional, b) el medio de defensa ordinario es
ineficaz, c) se configura un perjuicio irremediable, d) el tipo de acreencia
laboral, e) el no pago de la acreencia afecta el derecho a la vida, al mínimo
vital, al trabajo o a la salud, f) el obligar a la persona a acudir a la
jurisdicción es una carga excesiva habiendo cumplido con los deberes de
diligencia. De esta manera al analizar el caso, encontró acreditados todos los
presupuestos mencionados para confirmar el fallo de primera instancia[225].
4.
Expediente T-7.392.494
4.1. Solicitud y hechos
La
señora Gloria Janeth Flórez Sánchez, mediante escrito de tutela que le
correspondió al Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, solicitó la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, salud, seguridad
social, vida digna y estabilidad laboral reforzada, presuntamente transgredidos
por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (adscrito al Ministerio de
Defensa Nacional), por la desvinculación al cargo que venía desempeñando con
ocasión de la expedición de la Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018.
Sustenta su demanda en los siguientes hechos:
4.1.1.
La accionante de 50 años de edad[226],
manifestó que estuvo vinculada desde el 01 de julio de 2004 al 31 de diciembre
de 2018 (con periodos de retiro en los meses de enero), mediante resoluciones
periódicas como personal al servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, para desarrollar actividades en la Fábrica de
Confecciones en el cargo de operaria de máquinas; durante su permanencia se
hallaba afiliada en salud a la EPS Salud Total, en pensiones a Colfondos y en
riesgos laborales a la ARL AXA Colpatria[227].
4.1.2.
Afirmó que, en el desempeño de sus funciones, en octubre de 2014 comenzó a
padecer quebrantos de salud, con un diagnóstico de “Síndrome de manguito
rotador derecho”, por lo que ha asistido a exámenes, ha tomado
medicamentos,  ha tenido controles con especialista, ha asistido a terapias
ocupacionales, hasta el 09 de agosto de 2016, día en que su EPS calificó su
patología como de origen laboral, remitiendo comunicación a su ARL[228],
quien al estar inconforme con lo decidido, remitieron el expediente a la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez, que en Dictamen No. 51964547-1772 del 25
de julio de 2018, se mantuvo la enfermedad como de origen profesional[229].
4.1.3.
Sostuvo que, a partir de ese momento, la ARL AXA Colpatria le había prestado
los servicios de salud, ordenándole terapias para su extremidad superior desde
el 15 de agosto de 2018; quedando a la espera de que le entreguen los
resultados de exámenes médicos formulados por su médico tratante[230].
4.1.4.
Adujó que, en el mes de enero, verbalmente la entidad le comunicó la
terminación de la relación laboral al 31 de diciembre de 2018 por tener un
presupuesto deficitario, a pesar de que recordó que su estado de salud le
impediría acceder al mercado laboral por las limitaciones en su hombro derecho,
ante lo cual le respondieron “que la ley no los obliga a tener personas
enfermas en su empresa”[231].
4.1.5.
Refirió que, sus condiciones de salud afectan la forma en que se desenvuelve
laboralmente, y el estar desempleada, ser viuda y madre cabeza de familia de
una menor de 12 años, sin ninguna fuente de ingreso, pues la única era el
salario que percibía, destinado a pagar la manutención de su hija, los servicios
públicos y demás gastos del hogar; hacen que su estado sea el de debilidad
manifiesta por el notorio acto discriminatorio adoptado por su empleador[232].
4.1.6.
Por todo lo anterior, y debido al estado de desprotección y la urgencia
manifiesta que arguye la accionante, solicitó la protección transitoria de sus
derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la
vida digna y a la estabilidad laboral reforzada vulnerados por el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional[233].
4.2. Contestación de la demanda
4.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NACIONAL[234]
4.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio
de la Policía, en respuesta a la tutela, separó en cuatro partes principales su
intervención; en la primera, explicó la naturaleza jurídica de la entidad[235]; en la segunda, se refirió a los hechos de
la tutela; en la tercera, analizó la improcedencia de la tutela; y en la
última, como pretensión principal pidió declarar la improcedencia de la acción
de tutela por no reunir los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley[236].
4.2.1.2. A propósito de los hechos referidos en la
acción, recordó que la vinculación entre el Fondo y la accionante fue en la
modalidad de supernumerario a tiempo determinado, para ejecutar actividades en
los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones de propiedad de la
Policía Nacional, con el fin de cumplir con las necesidades transitorias que no
pueden ser cubiertas por el personal de planta; así, la Resolución No. 0508 del
01 de octubre de 2018, estableció que la relación laboral culminaba el 31 de
diciembre de 2018. Respecto del “Síndrome del manguito rotador derecho”
coincidió con la accionante al indicar que, AXA Colpatria objetó la
calificación de la EPS Salud Total, y que mediante Dictamen del 30 de marzo de
2017, la Junta Regional de Calificación de invalidez de Bogotá y Cundinamarca
determinó que la enfermedad era de origen común y sin pérdida de capacidad
laboral; sin embargo, es mediante el Dictamen del 24 de abril de 2018, que la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez arrojó que la enfermedad padecida por la
accionante es de origen laboral y sin porcentaje de pérdida de capacidad[237].
4.2.1.3. De igual forma, insistió en que la
terminación  del vínculo contractual, no se dio en razón a las restricciones
médicas de la actora, sino porque desde un comienzo la Resolución No. 0508 de
2018 así lo definió. Asimismo aseguró que dado al presupuesto asignado por el
Ministerio de Hacienda y a las necesidades de la entidad, la contratación de los
supernumerarios disminuyó para la vigencia fiscal actual, debido a la
expedición de la ley de financiamiento presentada por el gobierno al Congreso
de la República y no obedeció a un despido masivo[238].
En cuanto a las aseveraciones personales y
familiares, manifestó no constarle, añadiendo que las restricciones laborales
no la inhabilitan para ejercer cualquier actividad económica, máxime si se
tiene en cuenta que se dieron sin pérdida de capacidad laboral[239].
4.2.1.4. En referencia a la solicitud de declarar
la improcedencia, sostuvo que en virtud del carácter subsidiario de la acción
de tutela, existen otros mecanismos judiciales para controvertir la legalidad
de la desvinculación; así pues,  la tutela no puede convertirse en un mecanismo
alterno al establecido por el ordenamiento legal; en otras palabras, el amparo
no procede cuando hay el medio apto e idóneo para declarar ineficaz la
terminación del vínculo a través de la jurisdicción contenciosa. Tampoco es
viable la protección transitoria, para evitar un perjuicio irremediable, pues
la accionante no acredita una urgencia manifiesta[240].
4.2.2. EPS SALUD TOTAL
4.2.2.1. A través del representante legal
suplente, la EPS vinculada señaló que la accionante estuvo afiliada como
cotizante a esa aseguradora y su estado actual es suspendido, reportando como
fecha de cierre del contrato con la empresa Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, el día 30 de diciembre de 2018. En relación a los hechos y a la
pretensión principal, aseguró que no se avizora ningún reproche o inconformidad
dirigido en contra de su representada; así mismo, alegó una falta de
legitimación por pasiva y solicitó declarar improcedente la tutela de la
demandante que cuenta con calificación de origen laboral en firme por la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez por el Síndrome del manguito rotador
derecho de origen laboral[241].
4.3.
Pruebas que obran en el expediente
4.3.1. Copia de certificación
laboral expedida el 12 de septiembre de 2018, que constata que la accionante se
encontraba vinculada al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, desde el 01 de
julio de 2004 al momento en que fue elaborada la certificación (folio 11).
4.3.2. Copia del Dictamen de
calificación de origen de enfermedad No. 51964547-1772 del 19 de abril de 2018,
emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, por medio del cual
se establece que el Síndrome de manguito rotador derecho, es una
patología de origen laboral (folios 12 a 18).
4.3.3.
Copia del concepto médico de aptitud laboral de AXA Colpatria del 25 de julio
de 2018 (vigencia 3 meses) con concepto: “Apta con recomendaciones”, en
el cual la entidad accionada adopta las recomendaciones laborales (folios 19).
4.3.4.
Copia de la calificación en primera oportunidad del 9 de agosto de 2016, emitida
por la EPS Salud Total, junto con la notificación a AXA Colpatria, en la que el
Síndrome del manguito rotador derecho se calificó como laboral y del concepto
de la ARL manifestando inconformidad del mismo (folios 20 a 29, 64 y 65).
4.3.5. Copia de bitácora de
sesiones de fisioterapia llevadas a cabo entre el 15 de agosto al 7 de
septiembre de 2018 por la ARL AXA Colpatria a la accionante, y copia de
solicitudes de servicios ambulatorios y medicamentos  del 25 de julio, del 7 de
septiembre y 16 de noviembre de 2018 (folios 30 a 33).
4.3.6.
Copia del registro civil de nacimiento de la menor KLPF nacida el 20 de
diciembre de 2006, hija de la accionante (folio 34).
4.3.7.
Copias de certificación escolar de la menor KLPF, de certificado de la
copropiedad Acacias II, de recibos de agua, luz y gas, que muestran los gastos
que debe sufragar la accionante (folios 36 a 40).
4.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
4.4.1.
Primera Instancia
4.4.1.1.
En sentencia del 26 de febrero de 2019, el Juzgado Doce Civil del Circuito de
Bogotá negó la acción de tutela instaurada por Gloria Janeth Flórez Sánchez, en
razón a que el reintegro que pretende, debe hacerlo a través del juez
competente dentro de un proceso ordinario. De allí que, la petente tampoco
cumplió con alguna de las tres circunstancias de la denominada estabilidad
laboral reforzada, pues no se trata de una menor de edad, mujer embarazada o
trabajadora discapacitada[242].
4.4.1.2.
Respecto del último tópico mencionado, el juez de instancia observó que no
existe prueba que determine que la demandante se encuentra con alguna
limitación que le impida ejercer una actividad laboral, porque no es suficiente
el solo estado de discapacidad sino que debe acompañarse de la prueba de que el
despido tuvo como causa dicha discapacidad. Y aún como mecanismo transitorio,
resulta improcedente la tutela, por cuanto la terminación de la obra o labor
contratada, no puede considerarse en sí misma, como un perjuicio
irremediable, pues no hay un grave e inminente detrimento a un derecho
fundamental[243].
4.4.2.
La impugnación.
4.4.2.1.
Mediante escrito radicado el 4 de marzo de 2019, la accionante impugnó la
providencia que negó la protección de sus derechos; por lo tanto, mostrando su
desacuerdo con el juez de circuito, indicó que la empresa continúa contratando
personal para desarrollar las mismas funciones que venía desempeñando como
operaria de máquinas de los procesos productivos. Otro argumento que esgrimió
la demandante, fue el relacionado con el vencimiento del término no significando
necesariamente una justa causa para terminar la relación laboral, sin que medie
autorización del Ministerio del Trabajo[244].
4.4.3.
Segunda Instancia
4.4.3.1.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del cuatro (4) de
abril de dos mil diecinueve (2019) confirmó la decisión del 26 de febrero de
2019 de primera instancia; por cuanto, la intención de la actora con la tutela,
es lograr el reintegro al puesto de trabajo donde laboró hasta el 31 de
diciembre de 2018 junto con el pago de prestaciones sociales y demás
emolumentos salariales, cuestionando la legalidad de la terminación de su
vinculación. De otra parte, atendiendo el principio de subsidiariedad, existen
mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico para dirimir la
controversia suscitada[245].
4.4.3.2.
Igualmente, cuestionó el material probatorio al no ser suficiente para
demostrar el estado de debilidad manifiesta que la accionante alegó, en
especial, las atinentes a su estado de salud, toda vez que no son indicativas
de un cuadro clínico riesgoso o apremiante que la situara en una situación de
discapacidad que ameritara acudir a la Inspección de trabajo para que
autorizara su desvinculación. En gracia a discusión, dejó abierta la
posibilidad, de las excepcionalísimas veces en que la Corte Constitucional ha
entrado a revisar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas,
en el caso de los supernumerarios, como ocurrió en la sentencia T-765 de 2015,
pero este caso no fue así[246].
5.
Expediente T-7.396.197
5.1. Solicitud y hechos
La señora Ana Rosalba Salamanca Castillo, en
tutela que por reparto correspondió al Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del
Circuito de Bogotá, solicitó la protección de los derechos fundamentales al
mínimo vital, salud, seguridad social y estabilidad laboral reforzada,
supuestamente vulnerados por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, al
separarla del cargo de operaria de máquinas en los procesos productivos de la
fábrica de confecciones, a través de la Resolución No. 0508 del 01 de octubre
de 2018. Sustenta su demanda en los siguientes hechos:
5.1.1. La accionante de 53 años de edad[247], laboró del 01 de febrero de 2005 al 31 de
diciembre de 2009, y luego del 15 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2018,
en el cargo de personal al servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, en la modalidad de supernumeraria, mediante
resoluciones administrativas que año a año la entidad accionada expedía;
durante el tiempo trabajado, estuvo afiliada en salud a la EPS Sanitas, en
pensiones a Porvenir S.A. y en riesgos laborales a la ARL AXA Colpatria[248].
5.1.2. Manifestó que, con ocasión de la ejecución
de sus actividades diarias, el 06 de enero de 2017 comenzó a sentir
sintomatología asociadas a: “Síndrome del túnel carpiano bilateral y
Epicondilitis medial bilateral” patologías diagnosticadas posteriormente;
por lo que ha sido sometida a exámenes, controles con especialistas, terapias
ocupacionales, estando incapacitada en diferentes ocasiones, y con proceso de
calificación de origen de la enfermedad pendiente[249].
5.1.3. Afirmó que, en Dictamen no. 144 del 03 de
marzo de 2018, la EPS Sanitas en calificación de primera oportunidad,
estableció el origen de sus enfermedades como laboral, decisión con la que no
estuvo de acuerdo AXA Colpatria por lo que se trasladó el expediente a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, quien determinó
que el origen de las patologías eran laborales, mediante Dictamen no. 51839189
del 12 de octubre de 2018. No obstante, la ARL mantuvo su desacuerdo con el
resultado, por lo que el historial médico fue enviado a la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez, previo pago de los honorarios correspondientes el 16
de noviembre de 2018, estando en trámite la valoración definitiva[250].
5.1.4. Informó, que en beneficio suyo, mientras se
dirime la controversia suscitada por el origen de las enfermedades y en
cumplimiento de la ley, la fisioterapeuta del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional y de AXA Colpatria generaron recomendaciones laborales el 13 de
octubre, 2 y 30 de noviembre de 2018, la última con la nota “apta con
recomendaciones” vigente hasta el 26 de enero de 2019, las que se pusieron
en práctica con la debida suscripción del acta de socialización y reubicación
en otro cargo[251].
5.1.5. Adujo que, se enteró verbalmente de su
desvinculación al 31 de diciembre de 2018, por falta de presupuesto asignado a
la entidad, pese a haber informado de su estado de salud, y de haber iniciado
un proceso de incorporación en enero de 2019, llevando la documentación
requerida y acudiendo a exámenes médicos, sin que haya sido contratada, puesto
que la empresa expidió un listado el 11 de febrero de 2019, sin que ella
apareciera en este[252].
5.1.6. Igualmente, sostuvo que su estado de salud
al afectar su capacidad de trabajo para conseguir un nuevo empleo, sumado al
estar desempleada, al vivir con su madre de 86 años e hija, al tener que
responder por los créditos pendientes con los bancos y demás gastos sin ninguna
fuente de ingreso, y al tener pendiente la calificación del origen de las
enfermedades y posterior evaluación de pérdida de capacidad laboral, la
convierten en una persona en situación de debilidad manifiesta que merece toda
la protección de sus derechos fundamentales[253].
5.1.7. Por todo lo expuesto, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud, seguridad
social y estabilidad laboral reforzada por el estado de indefensión y la
urgencia manifiesta en la que se encuentra[254].
5.2. Contestación de la Demanda
5.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA
NACIONAL[255]
5.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio
de la Policía, en escrito de contestación, dividió su intervención en cuatro
partes principales, en la primera, explicó la naturaleza jurídica de la entidad[256]; en la segunda, se refirió a los hechos de
la tutela; en la tercera, la dedicó a analizar la improcedencia de la tutela y
la última, utilizada para elevar la petición de improcedencia de la acción de
tutela por no reunir los requisitos exigidos por la constitución y la ley[257].
5.2.1.2. Frente a la situación fáctica alegada,
recalcó que la vinculación se hizo bajo la modalidad de supernumerario a
periodo fijo, para desempeñar funciones dentro de los procesos productivos de
la Fábrica de Confecciones administrada por la entidad accionada, a fin de
satisfacer necesidades transitorias que no pueden ser suplidas por la planta de
personal; así, la Resolución No. 508 del 01 de octubre de 2018, estableció que
la relación laboral finalizaba el 31 de diciembre de 2018. Respecto del “Síndrome
del túnel carpiano bilateral y la Epicondilitis medial bilateral” coincidió
con la accionante al indicar que, AXA Colpatria estuvo en desacuerdo con la
calificación de la EPS Sanitas y de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, por lo que el caso se encuentra en
apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez; de igual forma,
en lo relacionado con las actas de socialización de recomendaciones médicas del
numeral 1.4. del presente acápite, agregó que dichas recomendaciones no la
inhabilitan para ejercer actividades afines a su cotidianidad[258].
5.2.1.3. También, reconoció que en razón al
presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y a las necesidades de la
entidad, se condiciona la contratación de los supernumerarios; que en la
presente vigencia disminuyó considerablemente con la expedición de la ley de
financiamiento aprobada por el Gobierno Nacional; en consecuencia, la entidad
tuvo que disminuir partidas presupuestales, incluyendo la producción de la
Fábrica de Confecciones, dada la menor cantidad de convenios
interadministrativos suscritos para la confección de prendas y uniformes[259].
5.2.1.4. En referencia a la solicitud de declarar
la improcedencia de la acción, soslayó que existen otros mecanismos judiciales
para debatir la legalidad de la desvinculación. De esta manera, recuerda que la
tutela no se puede convertir en un mecanismo paralelo o complementario al
establecido por el sistema jurídico; en otras palabras, el amparo no procede
cuando hay un medio apto e idóneo para la defensa del derecho transgredido,
explicando que en el presente caso no se cumple con el requisito de
subsidiariedad. Tampoco, como método de protección transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, pues la accionante no acredita una urgencia manifiesta[260].
5.2.2. EPS SANITAS
5.2.2.1. La Representante Legal para Temas de Salud
y Acciones de Tutelas de la EPS, indicó que “las afirmaciones carecen de
cualquier sustento jurídico o fáctico que den cabida a tutelar el derecho que
alega el actor y que presuntamente se vulnera por su representada, toda vez
que, (…) la supuesta vulneración no encuentra su origen en alguna actuación u
omisión a mi exigible”; así, sostiene la falta de legitimación por pasiva
en el caso concreto, ya que lo pretendido por la accionante es el reintegro
laboral y su entidad no tiene injerencia alguna en ello, por no haber sido el
empleador de la accionante[261].
5.2.2.2. En cuanto a lo su competencia, expresó
que: (i) el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional reportó novedad laboral de
retiro de la accionante, el día 30 de enero de 2019, mediante planilla
8487197894; (ii) se llevó a cabo el trámite de pago de incapacidades médicas
entre septiembre y octubre de 2018 de las enfermedades, Síndrome del túnel
del carpo bilateral y Epicondilitis medial bilateral; y (iii) en
Dictamen No. 0144 del 3 de marzo de 2018 se hizo calificación en primera
oportunidad de las enfermedades ya mencionadas, objetado por Axa Colpatria[262].
5.2.3. ARL AXA COLPATRIA
5.2.3.1. En la misma línea de la EPS, el
Representante Legal de la ARL indicó que por la naturaleza de la pretensión
elevada por la peticionaria, encaminada a lograr el reintegro a un cargo igual
o de superior categoría y el pago de los salarios dejados de percibir, entre
otros aspectos, de un tercero ajeno, no es procedente hacer pronunciamiento
alguno por parte de esta Aseguradora; también aseguro que, la última afiliación
de la demandante con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, fue del 2 de
febrero de 2005 al 31 de diciembre de 2018, sin estar vigente a la fecha. Como
aspecto importante señaló que, le ha prestado a la actora todas las
prestaciones asistenciales y económicas que ha requerido y se encuentra en estado
abandono de tratamiento, pues no se ha vuelto a solicitar ninguna
prestación asistencial[263].
5.2.4. JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ
5.2.4.1. La Junta Nacional de Calificación de
Invalidez informó que, luego de revisar sus bases de datos, registros,
expedientes, apelaciones y solicitudes radicados ante ellos, no se encontró
registro de caso pendiente, calificación, apelación respecto de la accionante
Ana Rosalba Salamanca Castillo, proveniente de una junta de calificación
regional (de Bogotá y Cundinamarca) o de juzgado o de autoridad administrativa.
Asimismo, manifestó que como las pretensiones van dirigidas contra el Fondo
Rotatorio de la Policía y no contra su entidad, en aspectos en que no tienen
ninguna injerencia, la tutela debe declararse improcedente y consecuentemente
desvincularlos[264].
5.3. Pruebas que obran en el expediente
5.3.1.
Copia de certificaciones laborales que constatan que la accionante estuvo
vinculada al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, en periodos discontinuos[265] desde el 01 de febrero de 2005 al 31 de
diciembre de 2018 (folio 11 y 12).
5.3.2.
Copia del Dictamen de calificación de origen de enfermedad No. 51839189 12 de
octubre de 2018, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez
de Bogotá y Cundinamarca, por medio del cual se establece que el Síndrome
del túnel del carpo bilateral y la Epincondilitis medial bilateral,
son de origen profesional (folios 13 a 16).
5.3.3.
Copia del concepto de AXA Colpatria de fecha 22 de marzo de 2018, en relación
con el inconformiso suscitado por la calificación de origen establecida por la
EPS Sanitas (folios 17 a 21 y 157).
5.3.4.
Copia de notificación del Dictamen no. 144 del 03 de marzo de 2018, en que la
EPS Sanitas hace la calificación de origen de evento en primera oportunidad de
las enfermedades Síndrome del túnel del carpo bilateral y la Epincondilitis
medial bilateral, como de origen laboral (folio 23).
5.3.5.
Copia del comprobante de pago de los honorarios a la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez efectuado por AXA Colpatria, para que se resuelva en
última instancia, la controversia del origen de las enfermedades de la
accionante (folios 24y 25).
5.3.6.
Copias de actas de socialización de recomendaciones médico laborales de fechas:
13 de octubre de 2018, 02 de noviembre de 2018 (vigencia de 6 meses) y 30 de
noviembre de 2018 (vigencia hasta 26 de enero de 2019) que reflejan el
conocimiento de la entidad accionada acerca del estado de salud de la
accionante (folios 26 a 31 y 150 a 153).
5.3.7.
Copia de recibo de pago del mes de enero de 2019 del Fondo Nacional del Ahorro
con total a pagar de cero pesos de un crédito con sistema de amortización
cíclico decreciente, que al parecer se viene descontando contra el saldo de las
cesantías de la actora (folio 32).
5.3.8.
Copia de listados de personal para vinculación –febrero de 2019- de personal
nuevo citados a exámenes médicos, en el que aparece relacionada la demandante
(folios 33 a 36).
5.3.9.
Copia de la liquidación de prestaciones sociales efectuado el 31 de diciembre
de 2018 que incluye la indemnización de vacaciones, prima de servicios, entre
otros (folio 147).
5.3.10.
Copia de examen médico ocupacional de egreso satisfactorio con recomendaciones
(con énfasis osteomuscular) de fecha 20 de diciembre de 2018 (folio 148).
5.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
5.4.1.
Primera Instancia
5.4.1.1.
La sentencia del 26 de febrero de 2019 del Juzgado Treinta y Cuatro Laboral del
Circuito de Bogotá tuteló transitoriamente los derechos fundamentales al mínimo
vital, salud, seguridad social, vida digna y estabilidad laboral reforzada. En
ese sentido, ordenó a la entidad accionada reintegrar a la accionante a un
cargo igual o equivalente al que venía desempeñando cuando se le desvinculó,
acorde con su estado de salud; y a la accionante acudir dentro de los 4 meses
siguientes a la jurisdicción contenciosa para dirimir de forma definitiva la
controversia suscitada[266].
5.4.1.2.
El juez laboral, en consideración a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional[267] referente a la protección
laboral reforzada, indicó que en casos de discapacidad existe una limitación
contractual para el empleador, porque no se le permite llevar a cabo el despido
del trabajador que se encuentre inmerso en dicha circunstancia[268].
Del mismo modo, respecto de la procedencia de la tutela cuando lo que se
pretende es el reintegro del empleado, reconoció en principio, que el mecanismo
tutelar no es el medio idóneo, pues no cumple el principio de subsidiariedad;
no obstante, si la persona acredita alguna condición de debilidad manifiesta
por la disminución en su salud y el empleador no llevó al cabo el procedimiento
ante la autoridad administrativa, ese despido es ineficaz y sujeto de las
sanciones correspondientes[269].
5.4.1.3.
Conforme a lo expuesto, al juez de conocimiento no le quedó duda del
rompimiento del vínculo entre accionante y accionado acaecido el 31 de
diciembre de 2018, menos del proceso de calificación del origen de las
patologías, que ya surtieron el trámite ante la EPS y la Junta Regional de
Calificación de Invalidez, quedando pendiente la decisión de la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez; tampoco, del conocimiento del Fondo Rotatorio de
la Policía Nacional de las enfermedades de Ana Rosalba Salamanca, pues se
aportaron actas de socialización de recomendaciones laborales. En esas
condiciones, -sostuvo- que la desvinculación de la que fue objeto la
demandante, la redujo a una situación de vulnerabilidad y repercutió gravemente
en la obtención de medios económicos para garantizar su mínimo vital, teniendo
en cuenta que se finiquitó su vínculo laboral cuando estaban seriamente
afectadas sus condiciones médicas[270].
5.4.2.
La impugnación.
5.4.2.1.
La entidad accionada impugnó la providencia mediante escrito del 05 de marzo de
2019, porque “no se realizó un análisis en contexto de la situación
particular ni respecto de los derechos fundamentales deprecados, en especial,
de la naturaleza jurídica de la vinculación de los supernumerarios”[271]. Contrario a lo expuesto por el A quo,
se debió declarar la improcedencia de la acción al existir otro medio de
defensa judicial, en razón a que no se observa una situación de extrema
gravedad que requiera la protección urgente y excepcional vía tutela[272].
5.4.2.2.
Para erigir sus argumentos, mencionó algunas características de la tutela
ayudándose del texto constitucional –artículo 86-, refiriéndose al carácter
subsidiario, y a su procedencia excepcionalísima en los casos de proteger
transitoriamente un derecho fundamental, a fin de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; todo para concluir que la vinculación de la accionante
con su representada finalizó por el término dispuesto previamente en la
Resolución no. 0508 de 2018, y no en razón a las restricciones médicas y/o
condiciones de salud[273].
5.4.2.3.
Expreso que la figura del supernumerario constituye un modo excepcional de
vinculación con la Administración que tiene como propósito desarrollar
actividades netamente transitorias[274] y que, por tanto, no
involucra el elemento subordinación laboral que se halla en los contratos
laborales, que de aceptarlo, desnaturalizaría esta forma de contratación. En
consecuencia, al tratarse de una relación temporal, soslayó que, el vínculo de
la señora Ana Rosalba Salamanca se originó durante el año 2018 como personal
supernumerario para suplir funciones puramente temporales, por lo que mencionó
el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el Decreto 1680 de
1991, y la sentencia C-401 de 1998[275]. Sin embargo, el impugnante
no se pronunció sobre los demás periodos en que también la accionante estuvo
vinculada[276].
5.4.3.
Segunda Instancia
5.4.3.1.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del quince (15)
de marzo de dos mil diecinueve (2019) revocó el fallo proferido por el Juez
Treinta y Cuatro Laboral[277], absolviendo al Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional de las condenas impuestas en su contra. Tal
determinación sobrevino luego de encontrar que el medio idóneo es la acción en
lo contencioso administrativo, pues se descartó el amparo transitorio al no
evidenciarse con suficiente claridad que en el instante de la terminación de la
relación laboral, la accionante se encontrara en estado de debilidad manifiesta
padeciendo algún grado de discapacidad moderada, severa o profunda señaladas en
el Decreto 2463 de 2001[278].
5.4.3.2.
Para el Tribunal de alzada, la accionante puede acudir a la jurisdicción
contenciosa administrativa, ya que allí cuenta con etapas más amplias para
controvertir y demostrar el derecho que pretende, pues tampoco se encontró que
estuviera pendiente un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral
ni la existencia de una incapacidad laboral temporal, “por razón de las
patologías que le dictaminaron, como a errada conclusión arribo el a-quo”. Agregó
que en el concepto médico de aptitud laboral del 27 de noviembre de 2018, la
actora se encuentra “apta con recomendaciones”, sin que denote que ésta, por
motivo de sus patologías no pudiera desarrollar las actividades para las que
fue contratada[279].
6.
Expediente
T-7.405.344
6.1. Solicitud y hechos
La señora Elizabeth Molina Castellanos, en trámite
que conoció el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá, a través de la acción de
tutela, pidió la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital,
salud, seguridad social y trabajo, al parecer vulnerados por el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional, por la desvinculación en el cargo de operaria de
máquinas en los procesos productivos de la fábrica de confecciones, hecho que
se concretó con la Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018. Sustenta su
demanda en los siguientes hechos:
6.1.1. La accionante de 51 años de edad[280], ingresó a trabajar al Fondo Rotatorio de
la Policía Nacional el 01 de octubre de 2010 en el cargo de operaria de maquina
plana y hasta el 31 de diciembre de 2018, cuando finalizó el último contrato,
se desempeñó en varios puestos dentro de la línea de producción de la fábrica
de confecciones de propiedad de la Policía Nacional[281].
6.1.2. Manifestó que, con ocasión de la ejecución
de sus actividades repetitivas y constantes, entre los años 2014 y 2016 comenzó
a desarrollar diferentes enfermedades, que fueron atendidas por su EPS
Famisanar, hasta que el 09 de octubre de 2018, mediante Dictamen no. 4073518 su
aseguradora estableció que la Epicondilitis lateral bilateral, Epicondilitis
medial bilateral, Síndrome del túnel del carpo derecho, Síndrome de manguito
rotador derecho y Tenosivitis de estiloides radial bilateral, son de origen
laboral[282].
6.1.3. De la anterior postura, no estuvo de
acuerdo la ARL AXA Colpatria, que mediante comunicación del 23 de octubre de
2018, manifestó su inconformidad a la EPS Famisanar; en ese contexto, se
remitió el expediente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá y Cundinamarca, de la cual se está a la espera de la decisión que pueda
adoptar[283].
6.1.4. Señaló que, han trascurrido dos meses desde
su última vinculación y su empleador no le ha renovado el contrato, pese a
saber de sus patologías y de que se encuentra en curso el proceso de
calificación de origen de la enfermedad, y teme de que su tratamiento se pueda
ver interrumpido. Aseguró que actualmente permanece desempleada, y con dos
hijos mayores, uno de los cuales está dedicado al estudio, a quienes debe dar
alimento y techo, y responder por otras obligaciones que cubría con su salario.
6.1.5. Por todo lo anotado, solicitó la protección
de sus derechos constitucionales afectados y en consecuencia ordenar su
reintegro, con la consecuente renovación del contrato laboral y el pago de las
prestaciones sociales por el despido injusto al que fue sometida[284].
6.2. Contestación de la Demanda
6.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA[285]
6.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio
de la Policía, en escrito de contestación, dividió su intervención en cuatro
partes, en la primera, explicó la naturaleza jurídica de la entidad[286]; en la segunda, se refirió a los hechos de
la tutela; en la tercera, sustento la solicitud de la improcedencia de la
tutela que pediría en la última sección, por no reunir los requisitos exigidos
por la Constitución y la Ley[287].
6.2.1.2. En relación con los hechos narrados,
recalcó que la vinculación fue bajo la modalidad de supernumerario por un
tiempo determinado, para desempeñar funciones dentro de los procesos
productivos de la Fábrica de Confecciones administrada por la entidad
accionada, a fin de satisfacer necesidades transitorias que no pueden ser
suplidas por la planta de personal; así, la Resolución No. 0508 del 01 de
octubre de 2018, estableció que la relación laboral finalizaba el 31 de
diciembre de 2018[288].
6.2.1.3. En lo referente a las patologías: Epicondilitis lateral bilateral,
Epicondilitis medial bilateral, Síndrome del túnel der carpo derecho, Síndrome
de manguito rotador derecho y Tenosivitis de estiloides radial bilateral, manifestó que su origen es
incierto, pues la AXA Colpatria no estuvo de acuerdo con la calificación dada
por la EPS Famisanar, al considerar que son enfermedades de origen común, tema
que debe resolverlo la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y
Cundinamarca a donde se remitió el caso médico. Agregó que la continuidad del
tratamiento no se afecta, ya que en Colombia existe el régimen subsidiado en
salud para la población pobre o personas desempleadas[289].
6.2.1.4. Reconoció que el presupuesto asignado por
el Ministerio de Hacienda a la entidad y a las necesidades propias, es
insuficiente para mantener la contratación de los supernumerarios, y es que con
la expedición de la ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional
al Congreso de la República, su representada tuvo que disminuir el número de
trabajadoras asignadas a la producción de la Fábrica de Confecciones, por la
también menor cantidad de convenios interadministrativos suscritos para la
confección de prendas[290].
6.2.1.5. Agregó que el contenido de la hoja de
vida de la accionante que reposa en la entidad, indica que tiene hijos mayores
de edad y una sociedad conyugal vigente que implica que no es la única obligada
en aportar a la economía del hogar. De igual manera, hizo énfasis en que las
restricciones médicas no la inhabilitan para ejercer otra actividad porque el
resultado de la calificación de origen no arrojo una pérdida de capacidad
laboral o la imposibilidad para realizar labores[291].
6.2.1.6. Concluyó con la solicitud de declarar la
improcedencia de la acción, en la medida que existen otros mecanismos
judiciales para debatir la legalidad de la desvinculación alegada por la
accionante. De esta manera, recuerda que la tutela no se puede convertir en un
mecanismo paralelo, alterno o complementario al establecido por el sistema
jurídico; en otras palabras, el amparo no procede cuando hay un medio apto e
idóneo para la defensa del derecho violentado, explicando que en el presente
caso no se cumple con la subsidiariedad. Tampoco, es dable como método de
protección transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la accionante
no acredita una urgencia manifiesta[292].
6.2.2. EPS FAMISANAR
6.2.2.1.
Por apoderado general, la EPS respondió que en virtud de lo manifestado en
escrito tutelar no hay mención alguna sobre negación de servicios en salud por
parte de Famisanar SAS, de hecho, indica que la accionante presenta afiliación
activa como beneficiaria de su cónyuge, luego de que apareciera con novedad de
retiro del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional con planilla no. 8487197950.
Así las cosas, -continuó- el reproche es contra el empleador exclusivamente por
aspectos netamente laborales (presunto despido sin justa causa) haciendo
improcedente la tutela respecto de su representada, por lo que solicitó que se
declare la falta de legitimación por pasiva y se le desvincule del presente
tramite[293].
6.2.3. ARL AXA COLPATRIA
6.2.3.1. El Representante Legal de la ARL indicó
que por la naturaleza de la pretensión elevada por la peticionaria, de
pretender el reintegro a un cargo igual o de superior categoría y el pago de
los salarios dejados de percibir, entre otros, de un tercero ajeno, no es
procedente hacer pronunciamiento alguno por parte de su  Aseguradora; también
manifestó que, la última afiliación de la demandante se dio con la afiliación
que hiciera el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional del 01 de octubre de 2010
al 31 de diciembre de 2018, sin que esté vigente a la fecha. Por otro lado, en
su sistema se refleja enfermedad diagnosticada por la EPS el 9 de octubre de
2018, sin que se evidencie ninguna solicitud o prestación asistencial requerida
por la accionante a su entidad.
Finalizó, indicando que la ARL no ha vulnerado
derecho fundamental alguno, pues la solicitud del actor está encaminada al
reconocimiento de derechos emanados de una relación laboral, por lo que solicitó
su desvinculación[294].
6.3. Pruebas que obran en el expediente
6.3.1.
Copia del Dictamen no. 4073518 del 9 de octubre de 2018, por medio del cual la
EPS Famisanar calificó el origen de las enfermedades Epicondilitis lateral bilateral,
Epicondilitis medial bilateral, Síndrome del túnel der carpo derecho, Síndrome
de manguito rotador derecho y Tenosivitis de estiloides radial bilateral como de origen laboral; junto con la
notificación a las partes (folios 1 a 11 y 55).
6.3.2.
Copia de comunicaciones de la EPS Famisanar relacionadas con el desacuerdo de
la ARL AXA Colpatria contra el Dictamen de calificación de origen de la
enfermedad no. 4073518, junto a la solicitud, acreditando pago de honorarios
profesionales, para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá dirima la controversia en cuanto al origen de las patologías mencionadas
(folio 12, 13, 14 y 57).
6.3.3.
Copia de certificaciones laborales que constatan que la accionante estuvo
vinculada al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, desde el 01 de octubre del
2010 al 31 de diciembre de 2018 (folio 154 y 155).
6.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
6.4.1.
Primera Instancia
6.4.1.1.
En sentencia del 11 de marzo de 2019, el Juzgado Décimo de Familia de Bogotá
negó la acción de tutela instaurada por Elizabeth Molina Castellanos contra el
Fondo Rotatorio de la Policía; en ese sentido, desvinculó de las resultas del
proceso a la EPS Famisanar y a la ARL AXA Colpatria[295].
6.4.1.2.
El juez de familia, en atención a la sentencia T-201 de 2018, que trató el tema
de la estabilidad laboral reforzada y que trascribió in extenso, respecto del
caso en concreto, logró determinar que la Resolución No. 0508 del 01 de octubre
de 2018 vinculó a muchas personas, entre ellas a la accionante, como personal
al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional hasta el 31 de diciembre de 2018; y en el análisis de los parámetros
fijados por la Corte Constitucional, la accionante no es titular del referido
beneficio, pues no está amparada por fuero sindical, ni demostró su estado de
embarazo o tener condiciones de invalidez o de discapacidad[296].
6.4.1.3.
El fallador encontró que la demandante no fue despedida del cargo como lo
indicó en los hechos de la demanda, sino que como lo señala la resolución
citada, se encontraba bajo la modalidad de contrato laboral a término fijo que
finalizó el 31 de diciembre de 2018, denotando una causa objetiva de
terminación distinta al despido sin justa causa. Además no se estableció violación
al derecho fundamental a la seguridad social por lo certificado por la EPS
Famisanar[297].
6.4.2.
La impugnación.
6.4.2.1.
En escrito radicado el 20 de marzo de 2019, la accionante impugnó el fallo que
negó la protección de sus derechos, fundamentándose en la afectación al mínimo
vital y la estabilidad laboral reforzada, toda vez que para la demandante es
clara la vinculación laboral que había con la empresa, y en su sentir las
enfermedades desarrolladas, fueron producto del desempeño de sus labores por más
de 8 años, sin importar que se encuentra en debate ante la Junta Regional de
Invalidez de Bogotá y Cundinamarca la calificación de origen definitiva,
aspectos que le impiden conseguir un nuevo trabajo[298].
6.4.2.2.
También manifestó que, a través de su vinculación laboral obtiene su afiliación
al sistema de seguridad social en salud, para continuar con el tratamiento y
seguimiento a sus enfermedades; adicionalmente, consideró que con las pruebas
aportadas queda plenamente demostrado que su desvinculación obedeció a sus
enfermedades de origen laboral calificadas por la EPS Famisanar, hecho que
busca desconocer la ARL AXA Colpatria[299].
6.4.3.
Segunda Instancia
6.4.3.1.
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del veintiséis
(26) de abril de dos mil diecinueve (2019) confirmó el fallo proferido por la
Juez Décimo de Familia, disponiendo notificar a las partes de lo decidido. Como
pilares de la fundamentación, el fallador se ayudó de la sentencia T-306 de
2016[300], en la que reiteró que la estabilidad
laboral se dirige a tres casos en particular: a las mujeres embarazadas, a
menores de edad y a personas en condición de discapacidad, siendo este último
evento el que pretende hacer valer la accionante[301].
6.4.3.2.
Estableció, respecto del caso en concreto y con el material probatorio aportado
al proceso, el Tribunal no pudo concluir que las dolencias informadas por la
accionante, que en principio fueron dictaminadas por la EPS Famisanar de origen
laboral, de las cuales estuvo en desacuerdo la ARL AXA Colpatria, tengan la
connotación de “una incapacidad o pérdida total de capacidades que coloquen
a la accionante en situación de debilidad manifiesta, que permitan otorgarle
protección especial mediante la figura de estabilidad laboral reforzada”[302]. En suma, la Sala también denota la
existencia de una causal objetiva que conlleva a la desvinculación de la
actora, pues la contratación está condicionada al presupuesto destinado a ello;
así, como la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios, ya que no se
vislumbra una situación de evidente debilidad manifiesta en la que se encuentre
la accionante[303].
7.
Expediente
T-7.408.960
7.1.
Solicitud y hechos
La señora
Heydy Gutiérrez Solano, en escrito de tutela que correspondió al Juzgado
Veintitrés Civil de Circuito de Bogotá, solicitó la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, salud, vida digna
y seguridad social, presuntamente vulnerados por el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, a causa de su desvinculación al cargo de operaria de máquinas
de los procesos productivos, realizado mediante la Resolución No. 0508 del 01
de octubre de 2018. Solidifica sus pretensiones en los siguientes hechos:
7.1.1. La
accionante de 34 años de edad[304], estuvo vinculada del 15 de
julio de 2011 al 31 de diciembre de 2018 (laborando el último año completo), en
el cargo de operaria de
máquinas de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, y durante su permanencia se
hallaba afiliada en salud a la EPS Cruz Blanca, en pensiones a Porvenir, y en
riesgos laborales a AXA Colpatria[305].
7.1.2.
Manifestó que, desde el 22 de septiembre de 2016, comenzó a afectarse su salud
por las actividades laborales, con un diagnóstico actual de Abducción
dolorosa de hombro derecho y Bursitis de hombro derecho, por lo que se ha sometido a exámenes,
controles con especialista, tratamiento con medicamentos, terapias
ocupacionales, múltiples incapacidades médicas, y en proceso de terapias e
infiltraciones para su articulación[306].
7.1.3.
Afirmó que, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, el 3 de febrero de
2017, en Dictamen No. 53041005-1398 estableció que las enfermedades Abducción
dolorosa de hombro derecho y Bursitis de hombro derecho son de
origen laboral, por lo que el 04 de mayo de 2017, la ARL AXA Colpatria le
generó recomendaciones laborales, siendo acogidas por su empleador; de igual
manera, debido a su lesión, desde el 19 de abril de 2018, su caso se encuentra
en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral[307].
7.1.4. Adujo que se enteró verbalmente de su
desvinculación al 31 de diciembre de 2018, por falta de presupuesto asignado a
la entidad, pese a haber informado de su estado de salud, y de haber iniciado
un proceso de incorporación en enero de 2019, llevando documentación y
acudiendo a exámenes médicos, sin que haya sido contratada, puesto que la ley
no los obligaba a mantener personas enfermas en su empresa[308].
7.1.5.
Relató que, es madre cabeza de familia, con 3 hijos menores que se encuentran
estudiando, en la actualidad desempleada, sin ingresos adicionales al salario
que percibía, con créditos bancarios pendientes, con un estado de salud
disminuido y con pocas expectativas de conseguir otro empleo[309].
7.1.6. En
razón a lo anotado, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, salud y seguridad social, en
consecuencia, ordenar a la accionada a que la restituya al cargo o a uno mejor,
reconociendo el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de su
desvinculación, así como el de otros emolumentos laborales, debido a su
situación de debilidad manifiesta[310].
7.2.
Contestación de la Demanda
7.2.1.
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA[311]
7.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio de la Policía, en su
contestación, se refirió a cuatro ejes principales, en el primero, explicó la
naturaleza jurídica de la entidad[312]; en el segundo, se refirió a
los hechos de la tutela; en el tercero, sustentó la solicitud de la
improcedencia de la tutela que pediría en la última parte, por no reunir los
requisitos exigidos por la Constitución y la Ley[313].
7.2.1.2. De modo que, frente a los hechos
narrados, recalcó que la vinculación que se hizo con la accionante fue la de
supernumerario por un tiempo determinado, para el desarrollo de funciones
dentro de los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones administrada
por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, a fin de satisfacer necesidades
transitorias que no pueden ser suplidas por la planta de personal; así, la
Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018, estableció que la relación
laboral finalizaría el 31 de diciembre de 2018, tal como la de muchas otras[314].
7.2.1.3. En relación a los diagnósticos de: Abducción dolorosa de hombro derecho y Bursitis de hombro derecho, manifestó que el origen es laboral,
y desde el momento en que fueron notificados junto con la ARL AXA Colpatria,
han acompañado a la accionante y acatado las recomendaciones laborales, siendo
la última emitida de fecha 15 de agosto de 2018. Agregó que, la Junta Nacional
de Calificación de Invalidez, mediante oficio adiado el 16 de octubre de 2018,
notificó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 5.28%[315].
7.2.1.4. Reconoció que el presupuesto asignado por
el Ministerio de Hacienda a la entidad y a las necesidades propias, era
insuficiente para mantener la contratación de los supernumerarios, y es que con
la ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la
República, su representada tuvo que disminuir el número de trabajadores
asignados a la producción de la Fábrica de Confecciones, por la también menor
cantidad de convenios interadministrativos suscritos para la confección de
prendas[316].
7.2.1.5. Sostuvo que no le consta la  situación
personal y familiar de la actora. Sin embargo aclaró que las recomendaciones
médicas no la inhabilitan para ejercer otra actividad, porque dentro de las
sugerencias no hay alguna que prohíba o restrinja de manera expresa la
imposibilidad de realizar labores[317].
7.2.1.6. Concluyó con la solicitud de declarar la
improcedencia de la acción, en la medida que existen otros mecanismos
judiciales para debatir la legalidad de la desvinculación alegada por la
accionante. De esta manera, recordó que la tutela no se puede convertir en un
mecanismo paralelo, alterno o complementario al establecido por el sistema
jurídico; en otras palabras, el amparo no procede cuando hay un medio apto e
idóneo para la defensa del derecho violentado, explicando que en el presente
caso no se cumple con la subsidiariedad. Y tampoco, es dable como método de
protección transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la
accionante no acredita una urgencia manifiesta[318].
7.2.2. EPS
CRUZ BLANCA
7.2.2.1. Por intermedio de la Representante
Legal, la EPS indicó que no se encuentra legitimada en la causa para
pronunciarse sobre las pretensiones de la tutela por no estar relacionadas con
las actuaciones propias de la entidad aseguradora. No obstante, informó que la
accionante se encontraba cobijada por el beneficio de protección laboral[319]
hasta el 28 de febrero de 2019, puesto que su empleador la desafilio en enero
de 2019. Después de trascurrida la fecha, la usuaria puede acercarse a tramitar
su nueva afiliación como dependiente o independiente[320].
7.2.2.2. Por lo anterior, solicitó desvincular a
la EPS Cruz Blanca de la presente acción de tutela por cuanto se configura una
falta de legitimación en la causa por
pasiva[321].
7.2.3.
FONDO DE PENSIONES PORVENIR S.A.
7.2.3.1. La
Directora de Litigios de la entidad, informó que la afiliación de la accionante
se encuentra vigente con último pago de diciembre de 2018, siendo su más
reciente empleador el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional. Señaló que,
teniendo en cuenta lo solicitado por Heydy Gutiérrez Solano, acerca de que la
reintegren a su anterior trabajo y le reconozcan unas acreencias laborales, a
su representada no le asiste ninguna obligación jurídica exigible de responder
por ello; en consecuencia, solicitó que la desvincularan del trámite y que se
ordenara  a su empleador a reintegrarla en un cargo acorde a sus condiciones de
salud[322].
7.2.4. ARL
AXA COLPATRIA
7.2.4.1. A
través del Representante Legal, la ARL indicó que no se pronunciaría respecto
de lo pretendido por la accionante, de lograr el reintegro y el pago de
salarios dejados de percibir, pues es un tercero el llamado a garantizar esos
derechos. Por otro lado, manifestó que a la fecha, la demandante se encuentra
activa con afiliación al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional desde el 23 de
abril de 2004. También, que ha autorizado a la actora todas las prestaciones
asistenciales y económicas que ha requerido desde el 5 de mayo de 2017 hasta el
16 de enero de 2019, cuando se le entregaron los medicamentos: Acetaminofén +
cafeína 500/65mg, Diclofenalco gel 1%, entre otros, por tres meses[323].
7.2.4.2. Por
lo anterior, solicitó la desvinculación de su representada por cuanto no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante[324].
7.2.5.
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ[325]
7.2.5.1. El
Secretario Principal de la Sala de Decisión No. 2 de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca hizo un recuento del trámite
de calificación adelantado en el caso de la señora Heydy Gutiérrez Solano,
determinando que el 3 de febrero de 2017, los diagnósticos de Abducción
dolorosa de hombro derecho y Bursitis de hombro derecho son enfermedades  de
origen laboral; posteriormente, mediante dictamen No. 53041005-5944 del 25 de
septiembre de 2018 calificaron la pérdida de capacidad laboral en un 5.28%, con
fecha de estructuración del 29 de enero de 2018; finalmente, tanto la
accionante como el accionado estuvieron en desacuerdo con el porcentaje de
calificación por lo que interpusieron recurso de reposición que fue resuelto
en acta No. REP-10607-1 del 8 de febrero de 2019 confirmando el porcentaje
inicial, quedando pendiente el recurso de apelación remitido a la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez[326].
7.3.
Pruebas que obran en el expediente
7.3.1. Copia
de certificaciones laborales emitidas por el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, donde la accionante aparece vinculada del 15 de julio de 2010 al 31
de diciembre de 2018 (folios 12 y 13).
7.3.3. Copia del dictamen No.
53041005-1398, donde la Junta Nacional de Calificación de Invalidez determina
que las enfermedades Abducción dolorosa de hombro derecho y Bursitis de hombro
derecho son de origen laboral (folios 14 a 17).
7.3.4. Copias
de conceptos médicos de aptitud laboral del 4 de mayo de 2017, 18 de octubre de
2017, 22 de enero de 2018 y 16 de enero de 2019 y del  de la ARL con concepto
de: apto para desempeñar el cargo (folios 20 a 23).
7.3.5. Copia de la historia clínica de la
accionante, expedida por AXA Colpatria, que comprende valoraciones del 7 de
octubre de 2016 al 16 de enero de 2019, en esta última, la Dra. Sáenz de
Medicina laboral consignó: “se encuentra en manejo por fisiatría, ortopedia
y medicina laboral, en manejo analgésico, refiere mejoría posterior a la
realización de terapia física. Asiste el día de hoy, refiere que se le
vencieron las recomendaciones laborales, sin dolor en el momento” (folios
25 a 43).
7.3.6. Copia
de estado de crédito de consumo No. 30015235234 del Banco Caja Social, con
saldo al 6 de enero de 2019 de $4.256.938,32 (folio 59 a 61).
7.3.7. Copia
de listado del personal programado para exámenes médicos el día viernes 8 de
febrero de 2019 en el que aparece la accionante (folios 63 y 63).
7.3.8. Copia
de certificado de evaluación de desempeño laboral de la actora, del año 2018,
con una calificación de 85/100 (folio 98).
7.4.
Decisión Judicial objeto de revisión
7.4.1.
Primera Instancia
7.4.1.1. En
sentencia del 2 de abril de 2019, el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de
Bogotá negó la protección de los derechos fundamentales solicitados por Heydy
Gutiérrez Solano, en razón a que la vinculación del personal supernumerario es
temporal, por lo que insinuó que el reintegro que pretende debe hacerse a
través del juez competente dentro de un proceso ordinario[327].
7.4.1.2.
Respecto de la pérdida de capacidad permanente del 5,28%, citando
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, indicó que
ese porcentaje no cumple con los parámetros de severidad fijados por el
artículo 7º del Decreto 2463 de 2001 y de conformidad con el artículo 5 de la
Ley 361 de 1997, puesto que no alcanza al extremo mínimo del 15% el cual es
fijado para limitaciones moderadas y para su caso no opera las garantías de
asistencia y protección reguladas por la ley[328].
8.
Expediente
T-7.414.212
8.1.
Solicitud y hechos
La señora
Elizabeth Mikulic Rincón, en escrito de tutela repartido al Juzgado Veintidós
Laboral de Circuito de Bogotá, solicitó la protección de los derechos
fundamentales al mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, salud, vida digna
y seguridad social, presuntamente vulnerados por el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, a causa de su desvinculación al cargo de operaria de máquinas
de los procesos productivos, realizado mediante la Resolución No. 0508 del 01
de octubre de 2018. Sustenta sus peticiones en los siguientes hechos:
8.1.1. La
accionante de 56 años de edad[329], estuvo vinculada desde el
26 de enero  de 2004 al 31 de diciembre de 2004, y luego, 01 de octubre del 2008 al 31 de diciembre
de 2018, en el cargo
personal al servicio de
los procesos productivos
del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, y durante su permanencia se hallaba
afiliada en salud a la EPS Famisanar, en pensiones a Colpensiones, y en riesgos
laborales a la ARL AXA Colpatria[330].
8.1.2.
Manifestó que, desde el 29 de enero de 2018, comenzó a sufrir de quebrantos en
sus salud con ocasión del trabajo que desempeña, con un diagnóstico actual de Síndrome
del túnel carpiano bilateral, por lo que se ha sometido a exámenes, controles
con especialista, tratamiento con medicamentos, fisioterapias, múltiples
incapacidades médicas, y en proceso de autorización de más terapias y controles
para programación de cirugía[331].
8.1.3.
Aseguró que, la EPS calificó el origen de su enfermedad como laboral, estando a
la espera de que se le practique una cirugía y de que AXA Colpatria califique
su pérdida de capacidad laboral. Además, indicó que, desde el 03 de octubre de
2018 la misma ARL generó las últimas recomendaciones médicas acatadas por su
empleador procediendo a reubicarla en otra sección[332].
8.1.4. Afirmó que se enteró verbalmente de
su desvinculación al 31 de diciembre de 2018, por falta de presupuesto asignado
a la entidad, pese a haber informado de su estado de salud, y de haber iniciado
un proceso de incorporación en enero de 2019, llevando documentación y
acudiendo a exámenes médicos, sin que su nombre haya aparecido en el listado de
personas vinculadas[333].
8.1.5.
Relató que está desempleada, que vive con dos hijos menores que se encuentran
estudiando, sin ingresos adicionales al salario que percibía, con créditos
bancarios pendientes, con un estado de salud disminuido “y con un mundo
derrumbado ante las pocas expectativas de conseguir otro empleo”[334].
8.1.6. En
razón a lo anotado, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, estabilidad laboral reforzada, salud y seguridad social, en
consecuencia, ordenar a la accionada a que la restituya al cargo o a uno mejor,
reconociendo el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de su
desvinculación y de otras prestaciones salariales, debido a su situación de
debilidad manifiesta[335].
8.2. Contestación de la Demanda
8.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA[336]
8.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio
de la Policía, en escrito de contestación, separó su intervención en cuatro
acápites, en el primero, explicó la naturaleza jurídica de la entidad[337]; en el segundo, se refirió a los hechos de
la tutela; en el tercero, lo dedicó a analizar la improcedencia de la tutela y
el última utilizado para elevar la petición de improcedencia de la acción de
tutela por no reunir los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley[338].
8.2.1.2. Pues bien, frente a la situación fáctica
alegada, recalcó que la vinculación se hizo bajo la modalidad de supernumerario
a periodo fijo, para desempeñar funciones dentro de los procesos productivos de
la Fábrica de Confecciones administrada por la entidad accionada, a fin de
satisfacer necesidades transitorias que no pueden ser suplidas por la planta de
personal; así, la Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018, estableció que
la relación laboral finalizaba el 31 de diciembre de 2018. Precisó que, solo
estuvo vinculada del 26 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004,
volviéndose a contratar desde octubre de 2008 a diciembre de 2018, como es
sabido con la misma modalidad de supernumerario[339].
Respecto del “Síndrome del túnel carpiano
bilateral y Dedo en gatillo pulgar bilateral”, informó que, la EPS Medimás
notificó a la accionante de las patologías como de origen profesional sin
pérdida de capacidad laboral que la inhabilite para ejercer otras  actividades,
no obstante cumplir con las recomendaciones médicas emitidas por su ARL AXA
Colpatria. Adicionalmente sostuvo que no es cierto que la accionante tenga dos
hijos menores de edad, pues en su hoja de vida consta que lo que tiene, son dos
hijos mayores de edad y sociedad conyugal vigente[340].
8.2.1.3. También, reconoció que en razón al
presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y a las necesidades de la
entidad, se condiciona la contratación de los supernumerarios; que en la
presente vigencia disminuyó considerablemente con la expedición de la ley de
financiamiento, en consecuencia, a entidad tuvo que disminuir partidas
presupuestales, incluyendo la producción de la Fábrica de Confecciones, dada la
menor cantidad de convenios interadministrativos suscritos para la confección
de prendas[341].
8.2.1.4. Finalmente, en relación a la solicitud de
declarar la improcedencia de la acción, soslayó que existen otros mecanismos
judiciales para debatir la legalidad de la desvinculación. De esta manera,
recuerda que la tutela no se puede convertir en una herramienta paralela o
complementaria a lo establecido por el sistema jurídico; en otras palabras, el
amparo no procede cuando hay un medio apto e idóneo para la defensa del derecho
transgredido, explicando que en el presente caso no se cumple con el requisito
de subsidiariedad. Tampoco, como método de protección transitorio para evitar
un perjuicio irremediable, pues la accionante no acreditó una urgencia
manifiesta[342].
8.2.2. ARL AXA COLPATRIA
8.2.2.1. El Representante Legal de la ARL indicó
que por la naturaleza de la pretensión elevada por la peticionaria, encaminada
a lograr el reintegro a un cargo igual o de superior categoría y el pago de los
salarios dejados de percibir, entre otros aspectos de un tercero ajeno, no se
pronunciaría sobre el particular; también aseguro que, la última afiliación de
la demandante con el Fondo fue del 3 de febrero de 2004 al 31 de diciembre de
2018, sin estar vigente a la fecha. Como aspecto importante señaló que, le ha
prestado a la actora todas las prestaciones asistenciales y económicas que ha
requerido hasta el 8 de febrero de 2019. De esta manera, solicito su
desvinculación del trámite tutelar[343].
8.2.3. EPS FAMISANAR y MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL-POLICIA NACIONAL
8.2.3.1. Ninguna de las anteriores entidades se
manifestaron sobre la presente acción de tutela, habiendo sido notificadas en
debida forma[344].
8.3. Pruebas que obran en el expediente
8.3.1.
Copia de historia clínica laboral con fecha de última atención el 8 de febrero
de 2019, con nota de: “Posoperatorio de cirugía del túnel del carpo y
gatillo de la mano izquierda, aproximadamente 24 semanas. Refiere que ya realizó
las terapias (…) paciente desea operarse del lado derecho” (folios 8 a 16).
8.3.2.
Copias de conceptos médicos de aptitud laboral de fechas: 25 de junio y 03 de
octubre, de 2018 que reflejan el conocimiento de la entidad accionada acerca
del estado de salud de la accionante (folios 17, 18, 161 a 164).
8.3.3.
Copia de certificaciones laborales que constatan que la accionante estuvo
vinculada al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, en periodos discontinuos[345] desde el 01 de octubre de 2004 al 31 de diciembre
de 2018, para un total de 10 años y 5 meses, aproximadamente  (folio 25 y 26).
8.3.4.
Copia de pantallazo de correo con listado denominado “PERSONAL FACON” –febrero
de 2019- con instrucciones para vincular de nuevo al personal al servicio de
los procesos productivos, citados a exámenes médicos, en el que aparece
relacionada la demandante (folios 31 a 33).
8.3.5.
Copia de pago realizado en línea PSE por Mayra Lizabeth Castañeda por concepto
de derechos académicos por valor de $408.824; copia de carta de Banco Caja
Social del 29 de mayo de 2018, informando de la aprobación de un crédito pero
sin tener datos del valor del crédito ni de las cuotas a pagar, ni de fecha
cierta en que fuere desembolsado (Folios 34 a 36).
8.3.6.
Copia de las liquidaciones definitivas de las prestaciones sociales de los años
2004, 2008 a 2015 (Folios 120 a 127).
8.3.7.
Copia de las evaluaciones de desempeño semestrales llevadas a cabo entre junio
de 2010 a 31 de diciembre de 2018, último año en el que obtuvo una calificación
de 78/100 (Folios 128 a 142).
8.3.8.
Copia de formatos de retiro de los años 2015 a 2019 con tipo de retiro:
terminación de la vinculación; y exámenes de ingreso médico ocupacionales de
2010 a 2014, y 2018, éste último que indica: Apto para desempeñar el cargo con
restricciones que no intervienen con su trabajo (folios 143 a 146 y 147 a 157).
8.3.9.
Copia de registros civiles de nacimientos de los hijos de la accionante, uno
nacido el 11 de enero de 1993 y el otro el 18 de marzo de 2000, lo que indica
que actualmente tienen 27 y 18 años, respectivamente (folios 171 a 174).
8.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
8.4.1.
Primera Instancia
8.4.1.1.
La sentencia del 4 de marzo de 2019 del Juzgado Veintidós Laboral del Circuito
de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela impetrada por la señora
Elizabeth Mikulic Rincón. Dentro de las razones esgrimidas por el fallador, que
tuvieron como fundamento la sentencia SU-049 de 2017[346],
no encontró la gravedad del riesgo al que supuestamente se encuentra sometida
la accionante, porque no fue posible inferir que la terminación haya ocurrido
con ocasión del estado de salud de la accionante; así como tampoco, se pudo
concluir que para la fecha de terminación de la relación laboral hubieran
incapacidades médicas[347].
8.4.1.2.
El juez laboral optó por no desplazar los medios ordinarios legalmente
establecidos, pues a su juicio la intervención del juez constitucional no es
urgente e imperiosa, según las pruebas analizadas. De esta manera, la
accionante debe agotar el requisito de subsidiariedad de la acción y disponer
de los medios legales de defensa que tiene a su alcance[348].
8.4.2.
La impugnación.
8.4.2.1.
La accionante en su escrito, manifestó su inconformidad con la decisión del
juez de primera instancia, porque desconoce las recomendaciones laborales, la
historia clínica, los procedimientos médicos pendientes y el conocimiento pleno
que tenía el empleador respecto de sus condiciones de salud, al que no le
importó dar por terminada la relación contractual-laboral afectándole su vida
en condiciones dignas[349].
8.4.3.
Segunda Instancia
8.4.3.1.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del ocho (08) de
abril de dos mil diecinueve (2019) confirmó el fallo proferido por el Juez
Veintidós Laboral. La decisión se apoyó en la mayoría de los argumentos del
juez laboral, pues la accionante tiene a su alcance otro medio de defensa
judicial donde puede darse un amplio debate probatorio en el que se garantice
el principio de legalidad en abstracto; y tampoco se pudo visualizar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable con todas las características esbozadas
en la sentencia T-236 de 2016[350].
9.
Expediente
T-7.418.567
9.1.
Solicitud y hechos
La
señora María Consuelo Moncada Guzmán, mediante escrito de tutela que le correspondió al Juzgado Treinta Civil del Circuito
de Bogotá, solicitó la protección de los derechos fundamentales al mínimo
vital, seguridad social y estabilidad laboral reforzada, presuntamente
transgredidos por el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, por la
desvinculación al cargo que venía desempeñando con ocasión de la expedición de
la Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018. Sustenta su demanda en los
siguientes hechos:
9.1.1. La accionante de 55 años de edad[351], manifestó que estuvo vinculada desde el 26
de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2018, mediante resoluciones anuales como
personal al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, para desarrollar actividades en la Fábrica de Confecciones en
el cargo de operaria de máquinas; durante su permanencia fue afiliada a la EPS
Salud Total, a Colpensiones y a la ARL AXA Colpatria[352].
9.1.2. Afirmó que, desde hace 6 años, en
desarrollo de sus actividades, comenzó a padecer quebrantos en su salud, con un
diagnóstico de “Síndrome de túnel carpiano izquierdo, Epicondilitis medial
bilateral y Epicondilitis lateral bilateral”, por lo que fue sometida a
exámenes, controles con especialista, tratamiento con medicamentos, terapias
ocupacionales, y una cirugía en los dedos meñique y anular de ambas manos en
diciembre de 2013, y al parecer con evidencia de artrosis de cadera bilateral
con posible pinzamiento de cadera derecha; situación ampliamente conocida por
el ente accionado[353].
9.1.3. Adujó que, recibió un correo el 28 de enero
de 2019, donde le informaban del proceso a seguir para vincular al personal a
los procesos productivos, que sin embargo, luego de haber cumplido con todo lo
requerido, no apareció en el listado de personas a contratar. Ante dicha
situación se acercó a la entidad, y allí, el Mayor Edward Dávila le comunicó
que no la reintegraban por no tener presupuesto, a pesar de recordarle de su
estado de salud y proceso de calificación con la ARL[354].
9.1.4. Refirió que sus condiciones de salud
afectan su capacidad laboral, y el estar desempleada, con un esposo al que le
amputaron el índice derecho y perdida de movilidad de los 3-4-5 dedos
generándole un daño irremediable y la imposibilidad de trabajar, con tres hijas
y una nieta, sin el salario con el cual pagaba agua, teléfono, gas y un crédito
de Codensa y el tener pendiente la cirugía de cadera y la calificación de la
ARL; hacen que su estado sea de debilidad manifiesta por la desvinculación de
su empleador[355].
9.1.5. Por todo lo anterior, y debido al estado de
desprotección y la urgencia manifiesta que arguye la accionante, consideró que
se le están violando sus derechos fundamentales ya enunciados[356].
9.2. Contestación de la demanda
9.2.1.  FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA[357]
9.2.1.1. El Director General del Fondo Rotatorio
de la Policía, en intervención que separó en cuatro partes; (i) explicó la
naturaleza jurídica de la entidad[358]; (ii) se refirió a los
hechos de la tutela; (iii) analizó la improcedencia de la tutela; y (iv) como
pretensión principal pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela por
no reunir los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley[359].
9.2.1.2. De los hechos referidos en la acción,
recordó que la vinculación obedeció a la modalidad de supernumerario a un plazo
fijo, para ejecutar actividades en los procesos productivos de la Fábrica de
Confecciones de propiedad de la Policía Nacional, con el fin de cumplir con las
necesidades transitorias que no pueden ser cubiertas por el personal de planta;
así, la Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018, estableció que la
relación laboral culminaba el 31 de diciembre de 2018 pagándosele a la
accionante todas las prestaciones por la finalización del vínculo.
Respecto de las patologías que padece la actora,
sostuvo que se encuentran en controversia, pues el 19 de octubre de 2018, la
EPS Salud Total notificó que estas era de origen laboral, pero para la ARL AXA
Colpatria eran de origen común por lo que su caso se direccionó a la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, la cual está a
la espera de dirimir la controversia, exclusivamente sobre el origen de la
patología sin que a la fecha se haya evidenciado una pérdida de capacidad laboral[360].
9.2.1.3.
De igual forma, insistió en que la terminación del vínculo contractual, no se
dio en razón a las restricciones médicas de la actora, las cuales, en todo
caso, no la inhabilitan para ejercer otra alternativa económica, sino porque
desde un comienzo, la Resolución No. 0508 de 2018 así lo definió. Asimismo,
aseguró que dado al presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y a las
necesidades de la entidad, la contratación de los supernumerarios disminuyó
para la vigencia fiscal 2019, debido a la expedición de la Ley de
financiamiento presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República
y no por un supuesto despido masivo[361].
9.2.1.4. En cuanto a las aseveraciones de índole
personal y familiar, manifestó no constarle, añadiendo nuevamente que las
restricciones laborales no la inhabilitan para ejercer cualquier actividad
económica, máxime si se tiene en cuenta que se dieron sin pérdida de capacidad
laboral[362].
9.2.1.5. En referencia a la solicitud de declarar
la improcedencia, sostuvo que en virtud del carácter subsidiario de la acción
de tutela, existen otros mecanismos judiciales para controvertir la legalidad
de la desvinculación; así pues, la tutela no puede convertirse en un mecanismo
alterno al que establece el ordenamiento legal; en otras palabras, el amparo no
procede cuando hay el medio apto e idóneo para declarar ineficaz la terminación
del vínculo a través de la jurisdicción contenciosa. Tampoco es viable la
protección transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues la
accionante no acredita una urgencia manifiesta[363].
9.2.2. EPS SALUD TOTAL
9.2.2.1. A través del Administrador suplente, la
EPS informó que la accionante se encuentra en estado suspendida, por
terminación del contrato con el exempleador Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, el día 30 de diciembre de 2018. En relación a lo manifestado por la
demandante, aseguró desconocer tanto el reproche como lo pretendido a la
empresa en que laboró, recordando la obligación de la empresa en realizar el
examen de retiro a sus trabajadores; aun así, sostuvo que, tales pretensiones
escapan de su esfera de acción, alegando una falta de legitimación por pasiva y
en consecuencia, declarar improcedente la tutela[364].
9.2.3. ARL AXA COLPATRIA
9.2.3.1. AXA Colpatria, por intermedio de su
Representante Legal, indicó que por la pretensión elevada por la peticionaria,
de obtener el reintegro a un cargo igual o de superior categoría y el pago de
los salarios dejados de percibir, entre otros aspectos, no haría ningún
pronunciamiento, pues es un tercero el llamado a garantizar dichos derechos;
también aseguro que, la última afiliación de la demandante con el Fondo fue del
3 de febrero de 2004 al 31 de diciembre de 2018, sin estar vigente a la fecha.
También reseñó que, por la enfermedad diagnosticada el 18 de octubre de 2018 se
le ha prestado a la actora todas las prestaciones asistenciales y económicas
que ha requerido y se encuentra en: “abandono tratamiento”[365].
9.2.4. COLPENSIONES
9.2.4.1. Al igual que en las intervenciones de la
EPS y ARL, la Dirección de Asuntos Constitucionales de la entidad vinculada,
solicitó su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa
por pasiva, ya que la prestación reclamada vía constitucional es de carácter
laboral y le corresponde asumirlo únicamente al empleador: el Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional. Aprovechó para indicar que, Colpensiones solamente
puede asumir asuntos relativos a la Administración del Régimen de Prima Media
con Prestación Definida[366].
9.2.5.
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ[367]
9.2.5.1. El
Secretario Principal de la Sala de Decisión no. 2 de la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá rememoró el trámite de calificación
adelantado en el caso de la señora María Consuelo Moncada Guzmán, indicando
que: “la documentación NO se encontraba ajustada, por cuanto no había sido
aportada la controversia con radicado legible, notificación con radicado
legible a la paciente, razón por la cual se devolvió la documentación el 29 de
enero de 2019, (…) sin que a la fecha fuera regresado el expediente con los
requisitos señalados”. Adicionalmente, apuntó en relación con las
pretensiones, que el reintegro laboral es una circunstancia ajena a las
competencias de su representada, y por tal solicitó su desvinculación por no
haber vulnerado los derechos fundamentales de la accionante[368].
9.2.6.
Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud
9.2.6.1. En
resumen, la entidad encargada de administrar los recursos del sistema de seguridad
social en salud -ADRES-, aludió a la falta de legitimación en la causa por
pasiva y a la improcedencia de la acción de tutela, pues no fungió como
empleador de la accionante y por lo mismo no existen obligaciones ni derechos
recíprocos de índole laboral, para indicar que no hubo amanezca o vulneración
por acción o por omisión de los derechos fundamentales de la accionante[369].
9.3.
Pruebas que obran en el expediente
9.3.1.
Copia de soportes del accidente de trabajo ocurrido el 20 de noviembre de 2003
con amputación de índice derecho y perdido de movilidad del 3-4-5 dedo del
señor Luis Ariel Padilla, esposo de la accionante (folios 2 al 12).
9.3.2. Copia del trámite de la
calificación de origen en primera oportunidad de las enfermedades: Síndrome de túnel carpiano izquierdo, Epicondilitis medial
bilateral y Epicondilitis lateral bilateral,
realizado por la EPS Salud Total el 18 de octubre de 2018 y de la inconformidad
presentada por la ARL AXA Colpatria al mismo, por lo que la controversia seria
del conocimiento de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá
(folios 24 a 28, 172 a 174, 258 a 260, 335 y 336).
9.3.3.
Copia de la historia clínica de la accionante con última fecha de consulta por
control del 14 de marzo de 2018 junto con examen de electromiografía con
lectura anormal por neuropatía por atrapamiento del nervio mediano  a través
del carpo de carácter leve del 18 de mayo de 2017 (folios 29 a 36 y 337 a 344).
9.3.4.
Copia de actas de socialización y compromisos de recomendaciones  laborales,
siendo la última del 31 de julio de 2018, en donde la accionante solicita
reubicación laboral, pues se ha visto perjudicadas por los movimientos
repetitivos que debe hacer (folios 37 a 41, 176 a 184, 262 a 270 y 330 a 334).
9.3.5.
Copia de las certificaciones laborales expedidas por la entidad accionada, que
evidencian que la accionante se encontraba vinculada al Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional, desde el 26 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2018
(folios 85 y 86, 88, 175 y 261).
9.3.6.
Copia de información relacionada con el inicio del proceso de vinculación del
personal al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la
Policía en correo electrónico de la accionante junto con el listado de personas
que deben presentarse a exámenes (folios 100 a 102).
9.3.7.
Copia de recibos de servicios públicos y privados (energía, gas, agua,
telefonía móvil y televisión satelital) (folios 105 a 110).
9.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
9.4.1.
Primera Instancia
9.4.1.1.
En sentencia del 9 de abril de 2019, el Juzgado Treinta Civil del Circuito de
Bogotá negó el amparo invocado por María Consuelo Moncada Guzmán. Sostuvo que,
al tener en cuenta la narración fáctica y lo establecido por la sentencia T-320
de 2016 de la Corte Constitucional, en cuanto a la estabilidad laboral
reforzada, la accionante no logró demostrar la configuración de los supuestos
para su protección y amparo bajo la vía constitucional[370].
9.4.1.2.
De las razones que esgrimió el juez de instancia, una apuntó a que las
enfermedades padecidas por la accionante no la colocan como sujeto de especial
protección constitucional, pues no se trata de una afectación grave, y que
tampoco se encontró acreditado una pérdida de capacidad laboral; aunado a lo anterior,
el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional estuvo preocupado por la salud de la
señora María Consuelo reubicándola en otro lugar de trabajo, y no se demostró
nexo causal entre el estado de salud con la desvinculación, obedeciendo a una
causal objetiva de terminación plasmada en la Resolución de nombramiento[371].
9.4.1.3.
Otra consideración señaló que, no existió un perjuicio irremediable que
habilitara la sede constitucional, como para excusarse de no acudir a la vía
ordinaria con que cuenta a su disposición la demandante, pues si bien indicó de
las dolencias de su pareja sentimental, no probó el menoscabo que hiciera
imperiosa la intervención urgente del juez en su caso laboral[372].
9.4.2.
La impugnación.
9.4.2.1.
Mediante escrito radicado el 11 de abril de 2019, la accionante impugnó la
providencia que negó la protección de sus derechos, en consideración a su
estado de debilidad manifiesta y a la negligencia en el trámite de calificación
de origen de la enfermedad por parte de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá. Asimismo, recordó que su esposo es una persona
discapacitada del cual dependía económica de sus ingresos al tenerlo afiliado
en salud a la EPS Salud Total como beneficiario[373].
9.4.3.
Segunda Instancia
9.4.3.1.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en providencia del 8 de mayo de
2019 confirmó la decisión del 9 de abril de 2019 de primera instancia; por
cuanto, el fallador acertó al no dar la calidad a la accionante de sujeto de
especial protección constitucional por no cumplir con los presupuestos
jurisprudenciales y no acreditar un perjuicio irremediable, o la vulneración
misma de un derecho fundamental[374].
9.4.3.2.
También se refirió el Tribunal de Alzada a la sentencia de tutela de primera
instancia fallada por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá, que amparó
de manera transitoria los derechos fundamentales de Lidia Edith Parra, allegada
por la accionante en la apelación, precisando que a aquella se le calificó el
origen de sus patologías antes del vencimiento del contrato laboral,
circunstancia que no puede predicarse de la presente actuación, puesto que la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá devolvió el expediente
para que fuera subsanado, gestión de la que no se allegó prueba de cumplimiento.
A lo anterior se suma, la imposibilidad del juez constitucional de entrometerse
dentro de las competencias propias de las entidades e intervenir en el marco de
cumplimiento de la distribución y composición de la nómina estrechamente
relacionadas con la hacienda pública, creando una erogación pecuniaria sin
hallarse previamente amparada en una disponibilidad presupuestal, elementos que
escapan del margen del amparo constitucional[375].
10.
Expediente
T-7.433.690
La señora Luz
Mary Díaz Benítez, por escrito de tutela que fue repartido al Juzgado
Veintiocho Laboral de Circuito de Bogotá, solicitó la protección de los
derechos fundamentales al mínimo vital, estabilidad laboral reforzada,
igualdad, vida digna y seguridad social, presuntamente vulnerados por el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, a causa de su desvinculación al cargo de
operaria de máquinas de los procesos productivos, realizado mediante la
Resolución No. 0508 del 01 de octubre de 2018. Sustentó sus peticiones en los
siguientes hechos:
10.1.1. La
accionante de 53 años de edad[376], estuvo vinculada desde el
01 de septiembre de 2009 al 31 de diciembre de 2018, en el cargo operaria de
máquinas de los procesos
productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, a través de acto administrativo y bajo la
figura de supernumeraria. Durante su permanencia se hallaba afiliada en salud a
la EPS Sanitas y en riesgos laborales a la ARL AXA Colpatria[377].
10.1.2.
Manifestó que, comenzó a sentir molestias en sus manos por el gran esfuerzo
realizado por las funciones desempeñadas, las cuales fueron inicialmente
valoradas por su EPS Sanitas, que en dictamen no. 317-2017 del 9 de junio de
2017 refleja la calificación de origen en primera oportunidad, con
posterioridad reconocida por su ARL AXA Colpatria, quien determinó que sufría
de Síndrome de túnel carpiano bilateral de origen profesional; en
consecuencia, el 5 de septiembre de 2017 se sometió a un procedimiento llamado Descomprensión
de nervio de túnel del carpo con neurólisis y tenosinovectomia en dedos de
mano. Lo anterior le generó una serie de recomendaciones laborales que
debía acatar en cumplimiento de las tareas asignadas por su empleador[378].
10.1.3.
Señaló que con ocasión de un examen de ecografía de codo bilateral realizado el
22 de noviembre de 2018, encontraron en el codo derecho cambios inflamatorios
por tendinosis en la inserción del flexor, y en el codo izquierdo cambios de
tendinosis con ruptura parcial intrasubstancial.
10.1.4.
Explicó que agotó todo el proceso de vinculación de la anualidad 2019 acudiendo
a exámenes y presentando la documentación requerida exigida por la entidad
accionada, sin ser finalmente vinculada, pues en el listado de personas
admitidas no aparecía su nombre[379].
10.1.5. Puso
de presente su enfermedad laboral que la limita para conseguir un nuevo empleo
y la convierte en una persona en situación de vulnerabilidad, además del
impacto que le produjo la desvinculación, dificultando su subsistencia y
afectando sus derechos fundamentales; por lo que solicito el reintegro en un
cargo igual o de mejores condiciones con el pago de salarios y prestaciones
dejados de percibir[380].
10.2. Contestación de la Demanda
10.2.1. FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA[381]
10.2.1.1. En respuesta allegada, la entidad
accionada explicó la naturaleza jurídica que rige a su institución[382]; a renglón seguido, se refirió a los hechos
de demanda; y en últimas, analizó la figura de la improcedencia para justificar
la petición de improcedencia de la acción de tutela por no reunir los
requisitos exigidos por la constitución y la ley[383].
10.2.1.2. Bajo el esquema propuesto, frente a los
hechos que originaron la acción, recalcó que la vinculación se hizo bajo la
modalidad de supernumerario con extremos temporales de inicio y finalización
definidos, para desempeñar funciones dentro de los procesos productivos de la
Fábrica de Confecciones administrada por la entidad accionada, a fin de
satisfacer necesidades transitorias que no pueden ser suplidas por la planta de
personal; así, la accionante estuvo vinculada del 01 de enero al 31 de
diciembre, mediante las resoluciones 003, 297 y 508 de 2018, sin que se tratase
propiamente de un contrato laboral[384].
10.2.1.3. Respecto de la enfermedad de “Síndrome
del túnel carpiano bilateral, informó que la accionante presentó
concepto médico con recomendaciones laborales de su ARL, el 8 de febrero de
2018 con la observación de apta con recomendaciones para desempeñar las
funciones teniendo en cuenta que no tiene pérdida de capacidad laboral, aspecto
que no la limita para ejercer otro tipo de actividades, además de no haber
demostrado un nexo causal entre la terminación y sus afectaciones físicas[385].
10.2.1.4. Reconoció que en razón al presupuesto
asignado por el Ministerio de Hacienda y a las necesidades de la entidad, la
contratación de los supernumerarios, en la vigencia 2019 disminuyó por la
expedición de la ley de financiamiento, en consecuencia, la entidad tuvo que
afectar partidas presupuestales, incluyendo la producción de la Fábrica de
Confecciones, dada la menor cantidad de convenios interadministrativos
suscritos para la confección de prendas. Sostuvo que, de lo contrario, sin
contar con el presupuesto y la necesidad, vincular más personal del necesario,
se configuraría un detrimento patrimonial[386].
10.2.1.5. Finalmente, en relación a la solicitud
de declarar la improcedencia de la acción, soslayó que existen otros mecanismos
judiciales para debatir la legalidad de la desvinculación. De esta manera,
recordó que la tutela no se puede convertir en un mecanismo paralelo o complementario
al establecido por el sistema jurídico; en otras palabras, el amparo no procede
cuando hay un medio apto e idóneo para la defensa del derecho transgredido,
explicando que en el presente caso no se cumple con el requisito de
subsidiariedad. Tampoco, como método de protección transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, pues la accionante no acredita una urgencia manifiesta[387].
10.2.2. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
10.2.2.1. La entidad no se manifestó sobre la
presente acción de tutela, habiendo sido notificada en debida forma[388].
10.3. Pruebas que obran en el expediente
10.3.1.
Copia de soportes médicos de 2014 y 2015, que dieron pauta para la calificación
de origen en primera oportunidad realizada por la EPS Sanitas, entre los que se
encuentra análisis de puesto de trabajo realizado por la ARL AXA Colpatria
(folios 24 a 33).
10.3.2.
Copia de la notificación de la calificación de origen en primera oportunidad
del 9 de junio de 2017, en dictamen No. 317-2017, determinando que el Síndrome
del túnel del carpo bilateral es una enfermedad de origen laboral (folio
34).
10.3.3.
Copias del manejo que recibió por la especialidad de Terapia Ocupacional, de
agosto a noviembre de 2017 (folios 35 a 42).
10.3.4.
Copias de conceptos médicos de aptitud laboral y compromiso de fechas 9 de
febrero de 2017, 15 de agosto de 2017, 26 de octubre de 2017, 17 de noviembre
de 2017, 22 de octubre de 2018 y 9 de febrero de 2018 con vigencia hasta 31 de
agosto de 2018 (folios 43 a 54, 142 y 148).
10.3.5.
Copia incompleta del resultado del examen de ecografía bilateral realizada el
22 de noviembre de 2018, pero sin la interpretación del médico tratante para
establecer la posible patología (folio 54).
10.3.6.
Copia del examen médico ocupacional de retiro satisfactorio con recomendaciones
del 13 de diciembre de 2018 (folio 140 y 141).
10.3.7.
Copia de los formatos de evaluación de desempeño del 2017 con una valoración de 89/100, y de 2018 con una calificación de 75/100 (folios 143 a 147).
10.3.8.
Copia de certificaciones laborales que constatan que la accionante estuvo
vinculada al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, desde el 01 de septiembre
de 2009 al 31 de diciembre de 2018 (folios 61 y 62).
10.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
10.4.1.
Primera Instancia
10.4.1.1.
La sentencia del 4 de marzo de 2019 del Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito
de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela invocada por la señora Luz
Mary Díaz Benítez. En consideración, a que se trata de una controversia de
tinte laboral ya que la accionante cuestiona la legalidad de su despido y
solicita el reintegro, son aspectos que escapan de la órbita del juez
constitucional, y mencionó que aunque existen casos excepcionales cuando se
configura alguno de los requisitos establecidos por la Corte Constitucional,
este no era el caso pues no se acredita circunstancias especiales que vinculen
directamente ese derecho aspirado con una protección constitucional fundamental
e inaplazable con características de irreparable[389].
10.4.2.
La impugnación
10.4.2.1.
La accionante en su escrito, insistió en su condición de titular del derecho a
la estabilidad laboral reforzada y que debió mediar autorización de la oficina
de trabajo porque el empleador conocía de sus condiciones de salud  y aun así
optó por desvincularla. También esgrimió la tesis de la supremacía de la
realidad sobre las formas, por lo que solicito evaluar nuevamente su tutela[390].
10.4.3.
Segunda Instancia
10.4.3.1.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 9 de abril de
2019 confirmó el fallo proferido por el Juez 28 Laboral. La decisión se
sustentó en que el retiro del servicio de la actora fue razonable, por
vencimiento del plazo fijado mediante decisión administrativa, sin que se
evidencie utilización abusiva y arbitraria de una facultad legal para para
encubrir un trato discriminatorio relacionado con su estado de salud, pues al
momento del retiro no se encontraba incapacitada, sus sesiones de terapia
física habían finalizado en 2017 y la evidencia medico laboral no advierte que
sus condiciones  de salud que impidan o dificulten el desempeño laboral[391].
11. Expediente T-7.601.200
La señora
Rosalía Villamil Alvarado, en escrito de tutela que fue repartido al Juzgado
Treinta y Seis Laboral de Circuito de Bogotá, solicitó la protección de los
derechos fundamentales a la salud, mínimo vital, vida digna, seguridad social,
y cualquier otro que resulte probado, presuntamente infringidos por el Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, por su desvinculación al cargo de operaria de
máquinas de los procesos productivos, realizado mediante la Resolución No. 0508
del 01 de octubre de 2018. Sustentó sus peticiones en los siguientes hechos:
11.1.1. La
accionante de 55 años de edad[392], estuvo vinculada desde el 2
de agosto de 2004 al 31 de diciembre de 2018, como personal al servicio de los procesos productivos del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, por acto administrativo y bajo la figura de supernumeraria. Durante
ese tiempo, su empleador la mantuvo afiliada a la EPS Compensar, a Colpensiones
y a la ARL AXA Colpatria[393].
11.1.2.
Manifestó que, el informe de electromiografía del 11 de septiembre de 2017 dio
como resultado una “neuropatía por atrapamiento del nervio mediano
bilateral, al nivel del túnel del carpo, de carácter severo, mayor compromiso
en la derecha”, por lo que el 9 de octubre de 2018 su EPS notificó a las
partes interesadas el dictamen de calificación en primera oportunidad no.
162638, de la patología Síndrome del Túnel del Carpo Bilateral de origen laboral
en la señora Rosalía Villamil Alvarado, la cual fue aceptada por la ARL AXA
Colpatria[394].
11.1.3. Por
el diagnóstico anotado, la accionante rechazó el manejo quirúrgico, siendo las
infiltraciones y las terapias el tratamiento brindado, con una mejoría electrofisiológica,
ya que en el informe de electromiografía del 30 de noviembre de 2018, el
resultado fue: “neuropatía por atrapamiento del nervio mediano bilateral, al
nivel del túnel del carpo, de carácter moderado, mayor compromiso en la
izquierda”[395].
11.1.4.
Refirió que cumplió con el proceso de vinculación de la anualidad 2019
convocado por la accionada, acudiendo a exámenes y presentando la documentación
requerida para tal fin, sin ser vinculada, pues en un listado de personas
admitidas del 11 de febrero de 2019, no apareció su nombre[396].
11.1.5.
Aseguró que se encuentra desempleada y a la espera de que le realicen una
cirugía, pues es el sostén de su hogar compuesto por su esposo y tres hijos
adultos, que dependían de la única fuente de ingreso de su familia, era el
salario percibido del Fondo Rotatorio de la Policía[397].
11.1.6.
Indicó que el Fondo Rotatorio de la Policía no tramitó la autorización del
Ministerio del Trabajo para que su despido fuera legal, y que en la actualidad
cuenta con 1.402,29 semanas cotizadas en el régimen de prima media; por lo que
solicitó la protección transitoria de sus derechos fundamentales[398].
11.2.
Contestación de la Demanda
11.2.1.
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA[399]
11.2.1.1.
En respuesta allegada, la entidad accionada explicó la naturaleza jurídica
mandataria de su institución[400]; seguidamente, hizo
referencia a los hechos de la demanda; y en últimas, analizó la figura de la
improcedencia para justificar la petición de declarar improcedente la acción de
tutela por no reunir los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley[401].
11.2.1.2.
Si bien, el Representante Legal se refirió a cada uno de los más de 30 hechos
que originaron la acción, se rescata lo más relevante, así:
-
Recalcó que la
vinculación de la accionante se hizo bajo la modalidad de supernumerario con
una fecha de inicio y finalización, definidos en acto administrativo, para
desempeñar funciones en los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones,
a fin de satisfacer necesidades transitorias que no pueden ser suplidas por el
personal de planta; así, la demandante estuvo vinculada del 01 de febrero al 31
de diciembre de 2018, mediante las resoluciones 043, 297 y 508 del mismo año,
sin que se tratase propiamente de un contrato laboral[402].
- Señaló que la contratación de los
supernumerarios se afecta por dos factores (i) en razón al presupuesto asignado
por el Ministerio de Hacienda y, (ii) a las necesidades de la entidad, que a
consecuencia de la ley de financiamiento en la vigencia 2019 cayó, por lo que al
no contar con un presupuesto suficiente y sumado a la menor cantidad de
convenios interadministrativos suscritos para la confección de prendas y
uniformes, tuvieron que recurrir al recorte de personal supernumerario al
servicio de los procesos productivos de la Fábrica de Confecciones. Aseveró
que, de lo contrario, “sin contar con el presupuesto y la necesidad,
vincular más personal del necesario, configuraría un detrimento patrimonial
para la entidad[403].
- Respecto de la parte de salud,
refirió que la accionante goza de la prestación de los servicios de salud del
plan de beneficios hasta por tres meses, en virtud de la protección laboral.
Frente a la afirmación de dependencia del núcleo familiar, manifestó que cuenta
con tres hijos mayores, uno de ellos cotizando al régimen contributivo, quien
la puede afiliar como beneficiaria, o si es de su preferencia, puede afiliarse
al régimen subsidiado en salud para tener acceso a los servicios de salud;
finalizó indicando que no en todos los casos aplica la estabilidad laboral
reforzada, puesto que en ella no se debía contar con la autorización del
Ministerio del Trabajo[404].
11.2.1.3.
Para concluir, en relación a la solicitud de declarar la improcedencia de la
acción, reiteró que existen otros medios judiciales para debatir la legalidad
de la desvinculación. Así, recordó que la tutela no es un mecanismo paralelo o
complementario al establecido por el sistema jurídico; es decir que, el amparo
no procede cuando hay un medio apto e idóneo para la defensa de los derechos transgredidos,
señalando que en el presente caso no se cumple con el requisito de
subsidiariedad. Y que tampoco, es viable como método de protección transitorio
para evitar un perjuicio irremediable, pues la accionante no acreditó una
urgencia manifiesta[405].
11.2.2.
EPS Compensar[406]
11.2.2.1.
A través de apoderado general, la EPS Compensar informó que la accionante se
encuentra en estado retirado del Plan de Beneficios en Salud por la empresa
Fondo Rotatorio dela Policía, a partir del 01 de mayo de 2019 en calidad de
cotizante dependiente. Adicionalmente, manifestó que durante ese tiempo su
representada no dejo de prestar los servicios médicos requeridos por la usuaria[407].
11.2.2.2.
Por otro lado, explicó que el ortopedista del proceso de Medicina Laboral de la
EPS, el 7 de diciembre de 2017, remitió a la usuaria a calificación por la
patología del Síndrome de túnel del carpo bilateral, posiblemente adquirida con
ocasión de su trabajo, calificándose el 3 de octubre de 2018[408]
como enfermedad de origen laboral. Dado los anteriores argumentos, solicitó que
fuera desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la
pretensión no tiene naturaleza asistencial y se encamina a que se protejan los
derechos laborales con una renovación del contrato de prestación de servicios[409].
11.2.3.
ARL AXA Colpatria
11.2.3.1.
El Representante Legal de la ARL sostuvo que la vía de la tutela usada por la
accionante al pretender el reintegro laboral a un cargo similar o uno de mayor
jerarquía, el pago de salarios, entre otros aspectos, no es procedente. Además,
señaló que la peticionaria estuvo vinculada con ellos, hasta el 31 de diciembre
de 2018 por la empresa Fondo Rotatorio de la Policía, afiliación que ya no se
encuentra vigente; agregó que, han brindado toda la asistencia derivada de la
enfermedad laboral dictaminada el 3 de octubre de 2018 por la EPS Compensar, la
cual fue aceptada[410].
11.2.3.2.
De esa manera solicitan la desvinculación, pues la solicitud del actor se
encamina exclusivamente a obtener el reconocimiento de derechos derivados de
una relación laboral de su empleador, evento del que afirma, es ajeno a la
esfera de esta ARL[411].
11.3. Pruebas que obran en el expediente
11.3.1.
Copia de la certificación laboral expedida el 15 de febrero de 2019 por la
entidad accionada, que muestra que la accionante estuvo vinculada al Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional, desde el 2 de agosto de 2004 al 31 de
diciembre de 2018, por más de 13 años (folios 15 y 16).
11.3.2.
Copia de los exámenes de electromiografía realizados el 17 de septiembre de
2017 y el 30 de noviembre de 2018,  en la accionante (folios 25 y 26 y 42 y
43).
11.3.3.
Copia de estudio de puesto de trabajo realizado por la ARL AXA Colpatria en
julio de 2018, y copia de notificación y de dictamen para calificación de
origen de  enfermedad de la EPS Compensar del 3 de octubre de 2018, en la que
se indica que el Síndrome del Túnel carpiano bilateral es de origen laboral
(folios 30 a 40).
11.3.4.
Copia de correo electrónico con instrucciones del procedimiento de vinculación
para el personal al servicio de los procesos productivos que laboran en la
fábrica de confecciones enviado el 29 de enero de 2019 a la bandeja de entrada
de la accionante, con listado anexo que le indica fecha y hora de ingreso a las
instalaciones de la Institución (folios 46 a 48).
11.3.5.
Copia de soportes que indican del trámite de autorizaciones de servicios por
parte de la ARL AXA Colpatria de los meses de febrero y marzo de 2019 (folios
52 a 56, y 61 a 70).
11.3.6.
Copia de resumen de semanas cotizadas por empleador expedido por Colpensiones,
que evidencia que la accionante ha cotizado al Sistema General de Pensiones al
31 de diciembre de 2018, un total de 1402 semanas (folios 57 a 60).
11.3.7.
Copia del formato de evaluación de desempeño del 2018, donde la accionante
registra un puntaje de 89/100 (folio 125).
11.4.
Decisiones judiciales objeto de revisión
11.4.1.
Primera Instancia
11.4.1.1.
En providencia del 5 de julio de 2019, el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito
de Bogotá declaró improcedente la acción de tutela invocada por la señora
Rosalba Villamil Alvarado, al considerar que la controversia puede llevarse a
la justicia ordinaria para que tome una decisión en torno al reintegro de la
accionante, puesto que no logró demostrar la gravedad de la patología que la
aqueja, al punto que no hay un pronunciamiento sobre el porcentaje de pérdida
de capacidad laboral; adicional a que, los nombramientos como supernumeraria
se dieron mediante actos administrativos por periodos de tiempo determinado,
siendo el ultimo del 01 de octubre de 2018. Por lo tanto, continuó el fallador,
no puede concluirse que la no prórroga haya obedecido a una condición de salud
de la promotora, como tampoco explico de las razones por las cuales no se pudo
iniciar el trámite judicial, o por qué aquel no es eficaz o idóneo para la
protección de sus derechos[412].
11.4.2.
La impugnación
11.4.2.1.
La accionante en su escrito, manifestó que laboró para la entidad accionada por
más de 13 años continuos, poniendo en duda las supuestas actividades de
carácter transitorio alegadas en la contestación de la demanda. Por otro lado,
informó que durante el periodo de protección laboral fue operada de su mano con
una incapacidad de 60 días y a la espera de ser operada de su otra extremidad;
de esa manera, aseguró, nadie la contrataría en esas condiciones[413].
11.4.2.2.
Recalcó su condición de sujeto de especial protección por el estado de
debilidad manifiesta en que se encuentra, con ocasión de la enfermedad que
padece, recordando el trato discriminatorio al que fue sometida, pues el Fondo
Rotatorio de la Policía ha contratado más personal para la Fábrica de
Confecciones, y ella con más de 54 años y sin remuneración salarial no puede
someterse a los años que podría durar un proceso judicial en la jurisdicción
contenciosa o en la ordinaria laboral[414].
11.4.3.
Segunda Instancia
11.4.3.1.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 13 de agosto
de 2019 confirmó la providencia dictada por la Juez 36 Laboral del Circuito de
Bogotá. La decisión se sustentó en que el retiro del servicio de la actora fue
razonable, por vencimiento del plazo fijado mediante decisión administrativa,
sin que se evidencie utilización abusiva y arbitraria de una facultad legal
para para encubrir un trato discriminatorio relacionado con su estado de salud,
pues al momento del retiro no se encontraba incapacitada , sus sesiones de
terapia física habían finalizado en 2017 y la evidencia medico laboral no
advierte que sus condiciones  de salud que impidan o dificulten el desempeño
laboral[415].
12. Pruebas comunes a los expedientes
12.1.
Copia de las diferentes cédulas de ciudadanía de las trabajadoras, en donde se
puede evidenciar la edad de cada una de las once accionantes.
12.2.
Copia de la Resolución No. 003 del 01 de enero de 2018 “por la cual se
vincula a un personal al servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía” (Expedientes T-7.381.713, T-7.392.437, T-7.408.960
y T-7.601.200).
12.3.
Copia de la Resolución No. 00043 del 24 de enero de 2018 “por la cual se
vincula a un personal al servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía” (Expedientes T-7.381.710, T-7.392.494,
T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.414.212, T-7.418.567 y T-7.601.200).
12.4.
Copia de la Resolución No. 00297 del 22 de junio de 2018 “por la cual se
prorroga la vinculación a un personal al servicio de los procesos
productivos del Fondo Rotatorio de la Policía”.
12.5. Copia de
la Resolución No. 00508 del 01 de octubre de 2018 “por la cual se prorroga
la vinculación a un personal al servicio de los procesos productivos del Fondo
Rotatorio de la Policía”.
12.6. Copia de
formato “Cálculo para vinculación de personal del periodo comprendido entre
el 01 de enero al 30 de junio de 2018” en el que se establece un
presupuesto de $427.764.083.oo para 55 funcionarias durante los 6 meses, que
incluye sueldo básico, hora extra nocturna, recargo nocturno, auxilio de
transporte, subsidio de alimentación, pensiones, salud, ARL y parafiscales.
12.7. Copia de
las páginas 84, 85, 86 y 87 del Anexo del Decreto 2467 de 2018 “por el cual
se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2019, se
detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”.
12.8. Copias del (i) Contrato de
administración celebrado entre el Ministerio de Defensa y el Fondo Rotatorio de
la Policía Nacional suscrito el 29 de diciembre de 1983, (ii) Adición No. 01
del 13 de octubre de 1993, (iii) Prórroga No. 02 del 29 de diciembre de 2003,
(iv) Modificación del 29 de diciembre de 2008, (v) Aclaración del 22 de abril
de 2009 y, (vi) Prórroga No. 03 del 26 de diciembre de 2018 celebrado entre la
Dirección de la Policía Nacional y la entidad accionada.
[1] Expedientes T-7.381.710,
T-7.381.713, T-7.392.437, T-7.392.494, T-7.396.197, T-7.405.344, T-7.408.960,
T-7.414.212, T-7.418.567 y T-7.433.690.
[2] Expediente T-7.601.200.
[3] Conforme a la Información tomada de
los documentos de identidad que obran en cada uno de los 11 expedientes; expediente T-7.381.710 AC.
[4] Algunas acumulando más de
10 años al servicio de la entidad demandada como en los expedientes  T-7.392.494,
T-396.197, T-7.414.212, T-7.418.567 y T-7.601.200.
[5] En cada uno de los
expedientes reposan las pruebas que acreditan lo enunciado.
[6] En otras palabras, se define como aquel dolor
que se sitúa en la región del hombro y aparece con algunos movimientos
del brazo. Dicho dolor puede ser debido a lesiones propias de la articulación,
de los músculos o de los tendones y de los ligamentos que la componen.
[7] Una definición que trae la página web
de uno de los centros médicos más prestigiosos a nivel mundial, la Clínica de
Mayo, define esta enfermedad como un trastorno doloroso que afecta las pequeñas bolsas
rellenas de líquido (bolsas sinoviales) que proporcionan amortiguación a los
huesos, tendones y músculos alrededor de las articulaciones. La bursitis ocurre
cuando estas bolsas se inflaman.
[8] También conocida como codo de
tenista. Es
una enfermedad del codo provocada por el exceso de uso, se presenta como una
inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte
exterior del codo.
[9] La Guía medica –online- Medlineplus, la
define como una
molestia o dolor en la parte interna del antebrazo cerca del codo. Se le conoce
comúnmente como codo de golfista.
[10] De la misma fuente
anterior, ésta enfermedad se refiere a la irritación de los tendones que van
adheridos a los huesos de la articulación del hombro e inflamación de la bursa
(una capa normalmente lisa) que recubre dichos tendones.
[11] Es una afección
consistente en una presión excesiva en el nervio mediano. Este nervio en la
muñeca, permite la sensibilidad y el movimiento a partes de la mano. Entre los
síntomas sobresale entumecimiento, hormigueo, debilidad, o daño muscular en la
mano y dedos.
[12] Tanto en la tendinitis como en la
tenosinovitis de los flexores de los dedos, hay una inflamación de los tendones y las
vainas tendinosas de los dedos.
[13] Una de las fuentes ya
nombradas, la define como una inflamación dolorosa que afecta los tendones de
la muñeca del lado del pulgar. Si tienes tenosinovitis de Quervain,
probablemente sientas dolor al girar la muñeca, agarrar cualquier cosa o cerrar
el puño.
[14] En los expedientes
T-7.381.713, T-7.392.494, T-7.405.344, T-7.408.960 y T-7.418.567.
[15] En los expedientes
T-7.414.212, T-7.433.690 y T-7.601.200.
[16] En el expediente
T-7.381.710.
[17] En los expedientes
T-7.392.437 y T-7.396.197.
[18] En los expedientes T-7.381.713, T-7.392.494, T-7.405.344, T-7.408.960 y T-7.418.567; y T-7.414.212, T-7.433.690 y T-7.601.200.
[19] En los expedientes T-7.381.710 y
T-7.396.197.
[20] Folio 64, cuaderno constitucional, Expediente
T-7.381.710 AC.
[21] Folios 56 a 61 del
cuaderno constitucional del expediente T-7.381.710 AC.
[22] Dirección de la sede administrativa:
Carrera 66 A No. 43-18 Conmutador: 2200460. Bogotá.
[23] Se tratan de Lidia Edith Parra, Yenny
Lisbeth Nivia, Elizabeth Mikulic Rincón, María Consuelo Moncada, Luz Mary Díaz
Benítez, Gloria Janeth Flórez, Heydy Gutiérrez Solano y Elizabeth Molina
Castellanos.
[24] Folios 71 a 73 del cuaderno
constitucional del expediente T-7.381.710 (AC).
[25] Folios 75 a 81 del cuaderno constitucional
del expediente T-7.381.710 (AC).
[26] Folio 82 del cuaderno constitucional
del expediente T-7.381.710 (AC).
[27] El artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia señala que toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y en todo lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales (...).
Así mismo, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991 le
brinda la posibilidad de que una persona agencie derechos ajenos cuando el
titular de los mismos no está en posibilidad de ejercer su propia defensa.
[28] Corte Constitucional,
sentencia T-626 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa).
[29] Corte Constitucional, sentencia T-560
de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[30] Corte Constitucional, sentencias
SU-961 de 1999 (MP Vladimiro Naranjo Mesa); T-245 de 2015 (MP Martha Victoria
Sáchica Méndez); T-036 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[31] MP Alberto Rojas Ríos.
[32] MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[33] MP Carlos Libardo Bernal Pulido.
[34] Corte Constitucional, sentencia SU-391
de 2016 (MP Alejandro Linares Cantillo).
[35] Corte Constitucional, sentencias T-201
de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); y T-286 de 2019 (MP Cristina Pardo
Schlesinger).
[36] Corte Constitucional,
sentencias T-896 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa); y T-286 de 2019 (MP
Cristina Pardo Schlesinger).
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-286
de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[38] Corte Constitucional, Sentencias T-765
de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), SU-047 de 2017 (MP María Victoria
Calle Correa) y T-201 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado).
[39] MP Gloria Stella Ortiz Delgado.
[40] Ibídem.
[41] Corte Constitucional, Sentencia T-041
de 2019  (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[42] Corte Constitucional, Sentencias SU-049 de 2017 (MP María
Victoria Calle Correa) y T-287 de 2019 (MP Diana Constanza Fajardo Rivera).
[43] Ibídem.
[44] Salvo en el caso del expediente T-7.392.497, donde la
accionante ingresó al Fondo Rotatorio de la Policía Nacional con las
enfermedades Síndrome del túnel carpiano bilateral y tendinitis de
flexoextensores bilateral
[45] Lidia Edith Parra, Yenny
Lisbeth Nivia Duque, Alicia Uribe Bermúdez, Gloria Janeth Flórez Sánchez, Ana
Rosa Salamanca Castillo, Elizabeth Molina Castellanos, Heydy Gutiérrez Solano,
Elizabeth Mikulic Rincón, María Consuelo Moncada Guzmán, Luz Mary Díaz Benítez
Rosalia Villamil Alvarado.
[46] Corte Constitucional, sentencias T-765
de 2015 y T-683 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[47] Corte Constitucional, sentencia SU-040
de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[48] Ibídem.
[49] Ver artículos 47 de la Constitución
Política.
[50] Ibídem.
[51] Constitución Política, artículo 54.
[52] Corte Constitucional, sentencia T-1031 de 2005 (MP Humberto Sierra
Porto).
[53] Corte Constitucional, sentencias T-765
de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[54] La sentencia C-293 de 2010 (MP Nilson
Pinilla P.), que estudió la constitucionalidad de la Ley 1346 del julio 31 de
2009, “por medio de la cual se aprueba la ‘Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad’ adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006” trae una definición de lo que se entiende
por acciones afirmativas aludiendo “a todas aquellas medidas, políticas o
decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y
en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o
grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único
propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social”.
[55] Corte Constitucional, sentencias T-041
de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas); T-014 de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz
Delgado); T-331 de 2018 (MP Alberto Rojas Ríos); T-325 de 2018 (MP José
Fernando Reyes Cuartas); T-188 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa); T-368
de 2016 (MP Alberto Rojas Ríos); entre otras.
[56] Corte Constitucional, sentencia SU-075
de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado)
[57] Corte Constitucional,
sentencias T-029 de 2004 (MP. Álvaro Tafur Galvis); T-323 de 2005 (MP. Humberto
Sierra Porto); T-249 de 2008 (MP. Jaime Córdoba Triviño); T-043 de 2010 (MP.
Nilson Pinilla Pinilla. AV. Humberto Sierra Porto); T-220 de 2012 (MP. Mauricio
González Cuervo); T-056 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-123 de
2016 (MP. Luis Ernesto Vargas. SV. Luis Guillermo Guerrero).
[58] Corte Constitucional, sentencia SU-040
de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger) y T-765 de 2015 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo).
[59] El cual fue modificado por el artículo
137 del Decreto 019 de 2012 (conocido también como -Ley Antitrámites-).
[60] Corte Constitucional.
Sentencia SU-049 de 2017 (MP. María Victoria Calle Correa. SPV Alejandro
Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Stella Ortiz Delgado).
[61] MP Álvaro Tafur Galvis.
[62] Corte Constitucional, sentencias C-200
de 2019 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado); T-041 de 2019 (MP José Fernando Reyes
Cuartas); T-683 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); entre otras.
[63] MP Rodrigo Escobar Gil.
[64] MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[65] MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[66] Corte Constitucional, Sentencia T-041
de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas) en la que se reitera lo anotado por la
sentencia T-198 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra).
[67] MP Manuel José Cepeda Espinosa.
[68] Ibídem.
[69] MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[70] Citada en la sentencia T-041 de 2019 (MP José
Fernando Reyes Cuartas).
[71] Corte
Constitucional, sentencia T-461 de 2012.
[72] MP María Victoria Calle Correa.
[73] Corte Constitucional, Sentencia SU-049
de 2017 (MP María Victoria Calle Correa).
[74] Ver artículo 7º.
[75] Tal es el caso de la sentencia del 14
de octubre de 2015, expedida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia (MP Rigoberto Echeverry Bueno). Radicado No. 53083.
[76] MP: Rodrigo Escobar Gil.
[77] Corte Constitucional, sentencia C-200 de 2019 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[78] Corte Constitucional, sentencia
T-351 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil).
[79] Corte
Constitucional, sentencia SU-040 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[80] Corte Constitucional, sentencias T-765
de 2015 y T-683 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[81] MP Gloria Stella Ortiz Delgado (SV
Carlos Libardo Bernal Pulido, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo y Antonio José Lizarazo Ocampo).
[82] Ibídem.
[83] Corte Constitucional, sentencias T-765
de 2015 y T-683 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[84] La Sentencia T-040 de 2016, reconoció
que algunos miembros de la Corte Constitucional se han separado de la doctrina
reiterada por la mayoría de las Salas de Revisión, al entender que “es distinta
la protección dada a los sujetos discapacitados -que tienen una calificación-,
que a la garantía otorgada a las personas en condición de debilidad manifiesta,
quienes no han sido calificadas pero ven disminuido su estado de salud; tal
como ocurrió en la sentencia T-417 de 2010. De esta manera, (i) la estabilidad
reforzada del primer grupo se otorga en aplicación de la Ley 361 de 1997 y por
tanto, ante el despido de una persona calificada como discapacitada sin la
autorización de la autoridad laboral competente, procede el pago de la
indemnización prevista en la Ley y el reintegro correspondiente. (ii) Respecto
del segundo grupo, su protección se desprende de la Constitución misma, por
ello, al comprobarse el despido de una persona en debilidad manifiesta no es
procedente el pago de una indemnización sino simplemente el reintegro, teniendo
en cuenta que la sanción se genera por la presunción contenida en la ley”.
Discusión que finalizó la sentencia SU-049 de 2017 (MP: María Victoria Calle
Correa. en la que se concluyó que “5.14. Una vez las personas contraen una
enfermedad, o presentan por cualquier causa (accidente de trabajo o común) una
afectación médica de sus funciones, que les impida o dificulte sustancialmente
el desempeño de sus labores en condiciones regulares, se ha constatado de
manera objetiva que experimentan una situación constitucional de debilidad
manifiesta, y se exponen a la discriminación. La Constitución prevé contra
prácticas de esta naturaleza, que degradan al ser humano a la condición de un
bien económico, medidas de protección, conforme a la Ley 361 de 1997. En
consecuencia, los contratantes y empleadores deben contar, en estos casos, con
una autorización de la oficina del Trabajo, que certifique la concurrencia de
una causa constitucionalmente justificable de finalización del vínculo. De lo
contrario procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación del
contrato, sino además el reintegro o la renovación del mismo, así como la
indemnización de 180 días de remuneración salarial o sus equivalentes. || 5.15.
Esta protección, por lo demás, no aplica únicamente a las relaciones laborales
de carácter dependiente, sino que se extiende a los contratos de prestación de
servicios independientes propiamente dichos (…)”.
[85] Corte Constitucional, sentencias C-401
de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa) y C-422 de 2012 (MP Mauricio González
Cuervo).
[86] Artículo 6º de
la Constitución Política de Colombia.
[87] Corte Constitucional, sentencias T-765
de 2015 y T-683 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[88] MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[89] Corte Constitucional, sentencias C-401 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo
Mesa).
[90] Corte
Constitucional, sentencias T-765 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y
sentencia SU-040 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[91] MP Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[92] De hecho, la
sentencia C-200 de 2019, cuando analiza la línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional en relación a esta cuestión, los escenarios constitucionales en
los que se ha aplicado el derecho fundamental a la estabilidad ocupacional
reforzada son: 1. “Contratos de trabajo con mujer en estado de embarazo. 2. Contratos
de prestación de servicios con mujer en estado de embarazo. 3. Contratos de
obra o labor. 4. Contratos con empresas de servicios temporales. 5. Contrato
realidad. 6. Contratos de prestación de servicios”.
[93] MP Vladimiro
Naranjo Mesa.
[94] MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[95] MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[96] Ibídem.
[97] Ibídem.
[98] MP José
Fernando Reyes Cuartas.
[99] Ibídem.
[100] MP Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[101] MP José
Fernando Reyes Cuartas.
[102] Corte
Constitucional, sentencia T-041 de 2019 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[103] MP María
Victoria Calle Correa.
[104] Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.
[105] Corte Constitucional, sentencia C-200 de 2019 (MP Gloria
Stella Ortiz Delgado).
[106] Folio 86 del cuaderno 1 del expediente T-7.381.710.
[107] Folio 8 del cuadernos 1del expediente T-7.381.713.
[108] Folio 21 del cuaderno 1 del expediente T-7.392.437.
[109] Folio 19 del cuaderno 1 del expediente T-7.392.494.
[110] Folio 11 del cuaderno 1 del expediente T-7.392.494
[111] Entre el 1º de enero de 2010 al 14 de julio de 2011 la
actora no tuvo ninguna vinculación con la entidad.
[112] Acorde
con lo que obra en el expediente, la controversia sobre el origen de las
enfermedades continúa en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez,
aspecto que en nada interfiere con el asunto en estudio.
[113] Folios 19 a 21 del cuaderno 1 del expediente T-7.396.197.
[114] Folio 11 del cuaderno 1 del expediente T-7.396.197.
[115] Folios 154 y 155 del cuaderno 1 del expediente T-7.405.344.
[116] Folio 3
del cuaderno 1 del expediente T-7.405.344.
[117] Folios 156 y 157 del cuaderno 1 del expediente T-7.405.344.
[118] Folios 154 y 155 del cuaderno 1 del expediente T-7.405.344..
[119] Folio 27 del cuaderno 1 del expediente T-7.408.960.
[120] Folio 105 del cuaderno 1 del expediente T-7.408.960.
[121] Folio 12 del cuaderno 1 del expediente T-7.408.960.
[122] Del 1º de enero de 2005 al 30 de septiembre de 2008, la
accionante no tuvo vinculación laboral alguna con la entidad accionada.
[123] Folio 17 del cuaderno 1 del expediente T-7.414.212.
[124] Folio 26 del cuaderno 1 del expediente T-7.414.212.
[125] Acorde con lo que obra en el expediente, la controversia
sobre el origen de las enfermedades continúa en la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez de Bogotá, aspecto que no incide con el asunto objeto
de estudio.
[126] Folios 85 y 86 del cuaderno 1 del expediente T-7.418.567.
[127] Folios 85 y 86 del cuaderno 1 del expediente T-7.392.494
[128] Folios 61 y 62 del cuaderno 1 del expediente T-7.433.690.
[129] Ibidem.
[130] Folios 15 y 16 del cuaderno 1 del expediente T-7.601.200.
[131] Folios 34 a 40 del cuaderno 1 del expediente T-7.601.200.
[132] Información tomada del documento de
identidad a folio 7 del cuaderno 1
del expediente T-7.381.710.
[133] Folio 1 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710.
[134] Ibídem.
[135] Folio 23 del cuaderno 1 del expedienteT-7.381.710
[136] Folios 29, 33 y 37 del
cuaderno 1 del expediente T-7.381.710
[137] Folios 1 y 9 del cuaderno 1
del expediente T-7.381.710.
[138] Folio 1 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710.
[139] Ibídem.
[140] El Juzgado Veintiséis de Familia de
Bogotá, por medio de auto del 14 de febrero de 2019, admitió la tutela y ordenó
notificar a la entidad accionada para que en el término de 1 día rindiera un
informe detallado indicando lo referente a la desvinculación de la accionante,
el proceso de la nueva vinculación (…) y demás circunstancias relevantes.
[141] Folio 79 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710.
[142] Folios 79 y 80 del cuaderno 1
del expediente T-7.381.710.
[143] Folio 80 del cuaderno 1 del expediente T-7.381.710.
[144] Folio 81 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710.
[145] A folio 85 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710, obra auto del 26 de febrero de 2019.
[146] Folio 86 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710.
[147] Folio 89 del cuaderno 1 del expediente T-7.381.710.
[148] Ibídem.
[149] Folio 92 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710.
[150] Ibídem.
[151] Sentencias T-912 de 2006 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa); SU-544 de 2001 (MP Eduardo Montealegre Linett).
[152] Folio 94 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.710.
[153] Ibídem.
[154] MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[155] Folio 15 del cuaderno 2 del
expediente T-7.381.710.
[156] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[157] Folio 14 del cuaderno 2 del
expediente T-7.381.710.
[158] Folio 15 del cuaderno 2 del
expediente T-7.381.710.
[159] Información tomada del documento de
identidad, obrante a folio 7 del
cuaderno 1 del expediente T-7.381.713.
[160] Folio 1 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[161] Ibídem.
[162] Ibídem.
[163] Folios 49 a 56 del cuaderno 1
del expediente T-7.381.713.
[164] Folios 57 a 59 del cuaderno 1 del expediente T-7.381.713.
[165] Ibídem.
[166] Folios 43 y 44 del cuaderno 1
del expediente T-7.381.713.
[167] Folio 1 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[168] Ibídem.
[169] Folio 2 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[170] El Juzgado Veintidós de Familia de
Bogotá, por medio de auto del 18 de febrero de 2019, admitió la tutela y ordenó
notificar a la entidad accionada mediante correo electrónico para que en el
término de 48 horas rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
2591 de 1991.
[171] Folio 92 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[172] Folio 92 y 148 del cuaderno 1
del expediente T-7.381.713.
[173] Folio 93 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[174] Algunos de ellos de fechas: 1º de junio de 2017, 29
de noviembre de 2017, 27 de mayo de 2018 y 19 de junio de 2018.
[175] Ibídem.
[176] Ibídem.
[177] Folio 94 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[178] Folios 94 y 95 del cuaderno 1
del expediente T-7.381.713.
[179] MP José Gregorio Hernández
Galindo.
[180] Folio 98 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[181] Folio 239 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[182] Folio 238 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[183] Ibídem.
[184] Folio 242 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[185] Tenosinovitis de estiloides
radial (Quervain).
[186] Folio 242 del cuaderno 1 del
expediente T-7.381.713.
[187] Folio 36 del cuaderno 2 del
expediente T-7.381.713.
[188] MP Nilson Pinilla Pinilla.
[189] Folio 35 y 36 del cuaderno 2
del expediente T-7.381.713.
[190] Información tomada del documento de
identidad a folio 8 del cuaderno 1
del expediente T-7.392.437.
[191] Folio 1 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[192] Ibídem.
[193] Folio 2 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[194] Ibídem.
[195] Folios 2 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[196] Folios 2 y 3 del cuaderno 1
del expediente T-7.392.437.
[197] Folio 6 del cuaderno 1 del expediente T-7.392.437.
[198] El Juzgado Veintinueve Civil del
Circuito de Bogotá, por medio de auto del 14 de febrero de 2019, admitió la
tutela, vinculó al trámite al Ministerio de Trabajo, EPS Sanitas, ARL AXA
Colpatria y a Colpensiones, y ordenó notificar a cada una de las entidades
(accionada y vinculadas) para que en el plazo de un día rindiera un informe
respecto de lo que les conste  de los hechos indicados en la queja.
[199] Folio 40 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[200] Ibídem.
[201] Folios 40 y 41 del cuaderno 1
del expediente T-7.392.437.
[202] Folio 41 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[203] Ibídem.
[204] Folio 45 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[205] Folios 106 a 113 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.437.
[206] Ibídem.
[207] Folios 114 y 115 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.437.
[208] Folios 116 y 117 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.437.
[209] Folio 128 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[210] Ibídem.
[211] MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[212] Folio 121 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[213] Folio 121 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[214] Folio 131 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[215] Ibídem.
[216] Ibídem.
[217] Folio 132 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[218] Folio 133 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[219] MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[220] MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[221] Folio 134 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.437.
[222] Folio 10 del cuaderno 2 del
expediente T-7.392.437.
[223] MP María Victoria Calle
Correa.
[224] Folio 7 del cuaderno 2 del expediente T-7.392.437.
[225] Ibídem.
[226] Información tomada del documento de identidad,
obrante a folio 1 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.494.
[227] Folio 42 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.494.
[228] Ibídem.
[229] Ibídem.
[230] Ibídem.
[231] Ibídem.
[232] Folio 43 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.494.
[233] Ibídem.
[234] El Juzgado Doce Civil del Circuito de
Bogotá, por medio de auto del 18 de febrero de 2019, admitió la tutela, acto
seguido se dispuso a vincular al trámite a EPS Salud Total, ARL AXA Colpatria,
Colfondos S.A. y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez;
posteriormente ordenó notificar a cada una de las entidades para que en un
plazo de un día se pronunciaran sobre todos y cada uno de los hechos materia de
la acción.
[235] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la institución de la Policía Nacional.
[236] Folios 149 154 del cuaderno 1
del expediente T-7.392.494.
[237] Folios 149 y 150 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.494.
[238] Folios 150 del cuaderno 1 del
expediente T-7.392.494.
[239] Ibídem.
[240] Folios 72 a 75 del cuaderno 1
del expediente T-7.392.494.
[241] Folios 157 a 169 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.494.
[242] Folios 171 a 175 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.494.
[243] Folios 174 y 175 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.494.
[244] Folios 184 y 185 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.494.
[245] Folios 3 a 13 del cuaderno 1
del expediente T-7.392.494
[246] Folios 8 a 10 del cuaderno 1
del expediente T-7.392.494.
[247] Información tomada del documento de
identidad visible a folio 1 del
cuaderno 1 del expediente T-7.396.197.
[248] Folio 37 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[249] Ibídem.
[250] Folios 14 a 16, 24, 25 y 37
del cuaderno 1 del expediente T-7.396.197.
[251] Folios 26 a 31 del cuaderno 1
del expediente T-7.396.197.
[252] Folios 34 y 37 del cuaderno 1
del expediente T-7.396.197.
[253] Ibídem.
[254] Folio 38 del cuaderno 1 del expediente T-7.396.197.
[255] El Juzgado Treinta y Cuatro Laboral
del Circuito de Bogotá, por medio de auto del 19 de febrero de 2019, avocó
conocimiento de la acción, luego, vinculó al trámite a EPS Sanitas, ARL AXA
Colpatria, Porvenir S.A. y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y
finalmente, ordenó notificar a cada una de las entidades (tanto a la accionada
como a los entes vinculados) para que en el plazo de 48 horas se pronunciaran
sobre los hechos que sustentan la presente tutela aportando toda la
documentación que consideren necesaria.
[256] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la institución de la Policía Nacional.
[257] Folios 70 a 76 del cuaderno 1
del expediente T-7.396.197.
[258] Folio 71 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[259] Folio 71 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[260] Folios 72 a 75 del cuaderno 1
del expediente T-7.396.197.
[261] Folios 58 a 60 del cuaderno 1
del expediente T-7.396.197.
[262] Ibídem.
[263] Folio 63 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[264] Folios 176 y 177 del cuaderno
1 del expediente T-7.392.437.
[265] La accionante estuvo desvinculada los meses de noviembre y diciembre de
2007, un mes y 4 días del 2008, enero de 2009, todo el año 2010, y 8 meses del
2011.
[266] Folio 182 del cuaderno 1 del expediente T-7.396.197.
[267] Se citaron las sentencias
T-317 de 2017 (MP Antonio José Lizarazo Ocampo), T-372 de 2017 (MP Iván Humberto
Escrucería Mayolo), SU-049 de 2017 (MP María Victoria Calle Correa), entre
otras.
[268] Folios 179 y 180 del cuaderno
1 del expediente T-7.396.197.
[269] Folio 181 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[270] Folios 181 y 182 del cuaderno
1 del expediente T-7.396.197.
[271] Folio 190 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[272] Ibídem.
[273] Folio 192 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[274] Folio 193 del cuaderno 1 del
expediente T-7.396.197.
[275] MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[276] Ibídem.
[277] Folio 8 del cuaderno 2 del
expediente T-7.396.197.
[278] Folios 7 y 8 del cuaderno 2
del expediente T-7.396.197.
[279] Folio 8 del cuaderno 2 del
expediente T-7.396.197.
[280] Información tomada del documento de
identidad visible a folio 15 del
cuaderno 1 del expediente T-7.405.344.
[281] Folio 16 del cuaderno 1 del
expediente T-7.405.344.
[282] Folio 17 del cuaderno 1 del
expediente T-7.405.344.
[283] Ibídem.
[284] Folio 46 del cuaderno 1 del
expediente T-7.405.344
[285] El Juzgado Décimo de Familia de
Bogotá, por medio de auto del 27 de febrero de 2019, avocó conocimiento de la
acción, luego, vinculó al trámite a la EPS Famisanar y la ARL AXA Colpatria,
ordenándoles a cada una de las entidades (tanto a la accionada como a los entes
vinculados) para que en el plazo de dos días rindan un informe escrito sobre lo
aducido por la accionante adjuntando las pruebas de rigor.
[286] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la institución de la Policía Nacional.
[287] Folios 156 a 162 del cuaderno
1 del expediente T-7.405.344.
[288] Folio 156 del cuaderno 1 del
expediente T-7.405.344.
[289] Folio 157 del cuaderno 1 del
expediente T-7.405.344.
[290] Ibídem.
[291] Folio 158 del cuaderno 1 del
expediente T-7.405.344.
[292] Folios 159 y 160 del cuaderno
1 del expediente T-7.405.344.
[293] Folios 163 a 168 y 191 a 199
del cuaderno 1 del expediente T-7.405.344.
[294] Folio 158 del cuaderno 1 del
expediente T-7.405.344.
[295] Folio 205 y 206 del cuaderno 1 del expediente T-7.405.344.
[296] Folios 204 y 205 del cuaderno 1 del expediente T-7.405.344.
[297] Ibídem.
[298] Folios 213, 214 y 215 del
cuaderno 1 de expediente T 7.405.344.
[299] Folio 217 del cuaderno 1 de
expediente T 7.405.344.
[300] MP Alberto Rojas Ríos.
[301] Folio 8 del cuaderno 2 del
expediente T-7.405.344.
[302] Ibídem.
[303] Folio 9 del cuaderno 2 del
expediente T-7.405.344
[304] Información tomada del documento de
identidad a folio 8 del cuaderno 1
del expediente T-7.408.960.
[305] Folio 60 del cuaderno 1 del
expediente T-7.408.960.
[306] Ibídem.
[307] Ibídem.
[308] Ibídem.
[309] Ibídem.
[310] Folio 70 del cuaderno 1 del expediente T-7.408.960.
[311] El Juzgado Veintitrés Civil del
Circuito de Bogotá, por medio de auto del 20 de febrero de 2019, admitió la
tutela, vinculó a EPS Cruz Blanca, Porvenir S.A. y a la ARL AXA Colpatria, y
ordenó notificar a cada una de las entidades para que en el plazo de un día
rindiera un informe detallado sobre los hechos que motivan la presente acción.
[312] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, diferente a
la institución de la Policía Nacional.
[313] Folios 182 a 188 del cuaderno
1 del expediente T-7.408.960.
[314] Folio 182 del cuaderno 1 del
expediente T-7.408.960.
[315] Folio 183 del cuaderno 1 del
expediente T-7.408.960.
[316] Ibídem.
[317] Ibídem.
[318] Folios 182 a 188 del cuaderno
1 del expediente T-7.408.960.
[319] El Artículo 2.1.8.1 del Decreto Único 780 de 2016, establece el
periodo de protección laboral cuando “el empleador reporte la novedad de
terminación del vínculo laboral o cuando el trabajador independiente pierda las
condiciones para continuar como cotizante y reporte la novedad, el cotizante y
su núcleo familiar gozarán del período de protección laboral hasta por uno (1)
o tres (3) meses más contados a partir del día siguiente al vencimiento del
período o días por los cuales se efectuó la última cotización”.
[320] Folios 88 a 90 del cuaderno 1
del expediente T-7.408.960.
[321] Ibídem.
[322] Folios 94 a 97 del cuaderno 1
del expediente T-7.408.960.
[323] Folios 198 a 200 del cuaderno
1 del expediente T-7.408.960.
[324] Folio 200 del cuaderno 1 del
expediente T-7.408.960.
[325] Al tramitar la apelación de la sentencia del 01 de marzo de 2019,
proferida por el Jugado 23 civil circuito de Bogotá, en providencia del 26 de marzo de 2019, el
Tribunal Superior de Bogotá decretó la nulidad de oficio de lo actuado, y en
consecuencia ordenó vincular al trámite a la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bogotá.
[326] Folios 232 y 233 del cuaderno
1 del expediente T-7.408.960.
[327] Folios 234 a 237 del cuaderno
1 del expediente T-7.408.960.
[328] Ibídem.
[329] Información tomada del documento de
identidad a folio 7 del cuaderno 1
del expediente T-7.414.212.
[330] Folio 1 del cuaderno 1 del
expediente T-7.414.212.
[331] Ibídem.
[332] Ibídem.
[333] Ibídem.
[334] Ibídem.
[335] Folio 5 del cuaderno 1 del expediente T-7.414.212.
[336] El Juzgado Veintidós Laboral del
Circuito de Bogotá, por medio de auto del 20 de febrero de 2019, admitió la
tutela, acto seguido, vinculó al trámite a la ARL AXA Colpatria y a la EPS Famisanar,
para finalmente ordenar que se notifique a cada una de las entidades (tanto a
la accionada como a los entes vinculados) para que en el plazo de 48 horas se
pronuncien sobre los hechos en los términos del artículo 19 del Decreto 2591 de
1991.
[337] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la institución de la Policía Nacional.
[338] Folios 40 a 47 del cuaderno 1
del expediente T-7.414.212.
[339] Folio 40 del cuaderno 1 del
expediente T-7.414.212
[340] Folios 41 y 42 del cuaderno 1
del expediente T-7.414.212.
[341] Ibídem.
[342] Folios 43 a 47 del cuaderno 1
del expediente T-7.414.212.
[343] Folios 197 a 200 del cuaderno
1 del expediente T-7.414.212.
[344] Folio 203 del cuaderno 1 del
expediente T-7.414.212.
[345] La accionante estuvo desvinculada 23 días del mes de enero de 2006, el
mes de enero de 2007, los meses de noviembre y diciembre de 2007, un mes y 4
días del 2008, enero de 2009, el año 2010, 8 meses del 2011, enero de 2012, 20
días de enero de 2013, 23 días de 2014, enero de 2016, enero de 2017 y enero de
2018.
[346] MP. María Victoria Calle
Correa
[347] Folios 202 a 209 del cuaderno
1 del expediente T-7.414.212.
[348] Folio 208 del cuaderno 1 del
expediente T-7.414.212.
[349] Folios 211 y 212 del
cuade5rno 1 del expediente T-7.414.212.
[350] Folio 11 del cuaderno 2 del
expediente T-7.414.212.
[351] Información tomada del documento de
identidad, obrante a folio 1 del
cuaderno 1 del expediente T-7.418.567.
[352] Folio 110 del cuaderno 1 del
expediente T-7.418.567.
[353] Ibídem.
[354] Ibídem.
[355] Ibídem.
[356] Ibídem.
[357] El Juzgado Treinta  Civil del Circuito
de Bogotá, por medio de auto del 15 de febrero de 2019, admitió la tutela, y
vinculó a la EPS Salud Total, ARL AXA Colpatria, Colpensiones, AXA Colpatria,
Policía Nacional, Ministerio de Defensa y al ADRES para que en un plazo de un
día se pronunciaran sobre todos y cada uno de los hechos materia de la acción.
[358] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la institución de la Policía Nacional.
[359] Folios 199 a 204 del cuaderno
1 del expediente T-7.418.567.
[360] Ibídem.
[361] Folio 200 del cuaderno 1 del
expediente T-7.418.567.
[362] Ibídem.
[363] Folios 201 al 203 del
cuaderno 1 del expediente T-7.418.567.
[364] Folios 308 al 314 del
cuaderno 1 del expediente T-7.418.567.
[365] Folio 300 del cuaderno 1 del
expediente T-7.418.567.
[366] Folios 316 y 317 del cuaderno
1 del expediente T-7.418.567.
[367] Al tramitar la apelación propuesta por la accionante a la sentencia del
26 de febrero de 2019, proferida por el Jugado 30 Civil Circuito de Bogotá, en auto del 29 de marzo de 2019, el Tribunal
Superior de Bogotá decretó la nulidad de oficio de lo actuado, y en
consecuencia ordenó al a quo vincular al trámite constitucional, a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá.
[368] Folios 377 y 378 del cuaderno
1 del expediente T-7.418.567.
[369] Folios 397 a 402 del cuaderno
1 del expediente T-7.418.567.
[370] Folios 407 a 409 del cuaderno
1 del expediente T-7.418.567.
[371] Ibídem.
[372] Ibídem.
[373] Folios 457 y 458 del cuaderno
1 del expediente T-7.418.567.
[374] Folios 3 a 6 del cuaderno 3
del expediente T-7.418.567.
[375] Ibídem.
[376] Información tomada del documento de
identidad a folio 63 del cuaderno 1
del expediente T-7.433.690.
[377] Folios 1 y 2 del cuaderno 1
del expediente T-7.433.690.
[378] Folios 3 y 4 del cuaderno 1
del expediente T-7.433.690.
[379] Folio 5 del cuaderno 1 del
expediente T-7.433.690.
[380] Folios 6 y 23 del cuaderno 1
del expediente T-7.433.690.
[381] El Juzgado Veintiocho Laboral del
Circuito de Bogotá, por medio de auto del 22 de febrero de 2019, admitió la
tutela en contra del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y del Ministerio de
Defensa Nacional para que en el plazo de 48 horas se pronuncien sobre los
hechos en los términos del artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
[382] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la institución de la Policía Nacional.
[383] Folios 71 a 76 del cuaderno 1
del expediente T-7.433.690.
[384] Folio 71 del cuaderno 1 del
expediente T-7.433.690.
[385] Folio 72 del cuaderno 1 del
expediente T-7.433.690.
[386] Ibídem.
[387] Folios 73 a 75 del cuaderno 1
del expediente T-7.433.690.
[388] Folio 69 del cuaderno 1 del
expediente T-7.433.690.
[389] Folios 167 a 173 del cuaderno
1 del expediente T-7.433.690.
[390] Folios 175 a 178 del cuaderno
1 del expediente T-7.433.690.
[391] Folios 3 a 11 del cuaderno 2
del expediente T-7.433.690.
[392] Información tomada del documento de
identidad a folio 14 del cuaderno 1
del expediente T-7.601.200.
[393] Folios 1 y 2 del cuaderno 1
del expediente T-7.601.200.
[394] Folios 30 a 33 del cuaderno 1
del expediente T-7.601.200.
[395] Folios 42 y 43 del cuaderno 1
del expediente T-7.601.200.
[396] Folio 2 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200.
[397] Folio 3 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200.
[398] Ibídem.
[399] El Juzgado Treinta y Seis Laboral del
Circuito de Bogotá, por medio de auto del 24 de abril de 2019, admitió la
tutela en contra del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional para que en el
plazo de dos días ejerza el derecho de contradicción y defensa, remitiendo un
informe detallado sobre los hechos de la demanda.
[400] Indicó, conforme
al Decreto 2150 de 1994 y al artículo 38 de la Ley 498 de 1998, que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio,
diferente a la institución de la Policía Nacional.
[401] Folios 78 a 84 del cuaderno 1
del expediente T-7.601.200.
[402] Folio 78 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200.
[403] Folio 79 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200
[404] Folio 79 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200.
[405] Folios 81 a 84 del cuaderno 1
del expediente T-7.601.200.
[406] La Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, al
darle trámite a la apelación de la sentencia del 08 de mayo de 2019, proferida
por el Jugado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, que declaró improcedente el
amparo, en providencia del 14 de
junio de 2019, declaró la nulidad de todo lo actuado, y en consecuencia ordenó
la vinculación al proceso de la EPS Compensar y de la ARL AXA Colpatria.
[407] Folio 306 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200.
[408] Acto que fue notificado a las
partes el 9 de octubre de 2018.
[409] Folios 306 y 307 del cuaderno
1 del expediente T-7.601.200.
[410] Folio 324 del cuaderno 1 del expediente
T-7.601.200.
[411] Folio 325 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200.
[412] Folios 333 a 336 del cuaderno
1 del expediente T-7.601.200.
[413] Folios 353 a 356 del cuaderno
1 del expediente T-7.601.200.
[414] Folio 357 del cuaderno 1 del
expediente T-7.601.200.
[415] Folios 3 a 11 del cuaderno 2
del expediente T-7.433.690.