T-088-17
Sentencia T-088/17
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre
procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
DESCONOCIMIENTO
DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
PRECEDENTE
JUDICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL-Alcance y carácter vinculante
VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
REGIMEN DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993-Reiteración de jurisprudencia
PENSION DE VEJEZ
BAJO EL REGIMEN CONTEMPLADO EN EL ACUERDO 049 DE 1990-Posibilidad de
acumular tiempos de servicios prestados en entidades públicas cotizados en
cajas o fondos de previsión social con los aportes realizados al ISS
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del
precedente constitucional que señala la viabilidad jurídica de la acumulación
de los tiempos cotizados al ISS y a otras instituciones del SGSS, para efectos
de reconocimiento de la pensión vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990
El cómputo de las
semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993
precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los
trabajadores para acceder a la pensión de vejez. Para efecto del reconocimiento
de la pensión de vejez, es posible acumular los tiempos de servicios cotizados
a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización
efectuadas al Instituto de Seguros Sociales.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por violación de la
Constitución por cuanto Tribunal desconoció los derechos a la seguridad social
y principio de favorabilidad, al revocar providencia que había ordenado a
Colpensiones reconocimiento y pago de pensión de vejez
DERECHO AL
DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a
Colpensiones reconocer pensión de vejez conforme al régimen previsto en el
Acuerdo 049 de 1990
Referencia: expediente T-5784056
Acción de tutela
instaurada por Demóstenes Durán Arriola contra la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.
Magistrada
Ponente:
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Bogotá,
D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Primera de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa,
y los Magistrados Alejandro Linares Cantillo y Luis Guillermo Guerrero Pérez,
en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
En
el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos, en primera
instancia, por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el tres
(3) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y, en segunda instancia, por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el treinta y uno (31) de agosto
de dos mil dieciséis (2016), dentro de la acción de tutela promovida por Demóstenes
Durán Arriola contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla.
El
expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto del siete
(7) de octubre de dos mil dieciséis (2016), proferido por la Sala de Selección
Número Diez[1].
I.
ANTECEDENTES
El
señor Demóstenes Durán Arriola instauró demanda ordinaria laboral contra la
Administradora Colombiana de Pensiones –en adelante Colpensiones-, para obtener
el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, que le había sido negada
mediante acto administrativo.  En primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Barranquilla accedió a sus pretensiones y ordenó el
reconocimiento y pago de la prestación económica reclamada, en su condición de
beneficiario del régimen de transición, acogiendo el precedente jurisprudencial
expuesto
en la sentencia SU-769 de 2014[2]
de la Corte Constitucional, que permitía acumular los tiempos de cotización en
entidades públicas efectuados en cajas o fondos de previsión social, con los
aportes realizados al ISS, para efectos pensionales.  Apelada esta
decisión por la entidad accionada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla la revocó, al considerar que las semanas
exigidas para el otorgamiento de la pensión de vejez en el acuerdo 049 de
1990, son únicamente aquellas efectivamente cotizadas al ISS, porque en la
precitada norma no existe una disposición que permita adicionar a las semanas
cotizadas a ese Instituto, el tiempo servido en el sector público y cotizado en
Cajas, acogiendo el criterio desarrollado por la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia[3]
y desconociendo el precedente constitucional.  En este orden de ideas, negó la
pensión de vejez al demandante al considerar que no cumplía con las semanas de
cotización exigidas en el acuerdo mencionado para el reconocimiento pensional.
Por
lo expuesto, el actor interpuso la presente acción de tutela contra esa última
decisión, argumentando
que
se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna
y al mínimo vital, por desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional que señala la aplicación del principio de la condición más
favorable en materia pensional y por violación directa de la Constitución, al
vulnerar su derecho a la seguridad social y principio de favorabilidad, previstos
en los artículos 48 y 53 Superior.
Con
el fin de presentar los antecedentes de forma precisa, inicialmente la Sala
hará referencia a las circunstancias fácticas y jurídicas del proceso ordinario
laboral surtido ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla,
que dio lugar a la sentencia acusada por el accionante, y a continuación se
presentarán los fundamentos de la acción de tutela incoada y las decisiones de
los jueces constitucionales de instancia objeto de revisión.
1. Hechos que dieron origen al proceso ordinario laboral:
1.1.
El señor Demóstenes Durán Arriola, de setenta y un (71)
años de edad actualmente[4], manifestó que laboró en el sector público (Ministerio de Trabajo), desde el primero
(1°) de marzo de mil novecientos setenta y cuatro (1974) hasta el veintinueve
(29) de abril de mil novecientos noventa y tres (1993)[5]. En ese periodo, cotizó al
Sistema General de Pensiones un total de novecientas ochenta y cinco (985)
semanas, a través de la Caja Nacional de Previsión Social, en adelante CAJANAL
E.I.C.E.
1.2.
Posteriormente, se
afilió voluntariamente al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) como
trabajador independiente, por intermedio del Consorcio Prosperar, mediante el
régimen previsto en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, cotizando allí un
total de treinta (30) semanas.
1.3.
Indicó que es
beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993, porque al momento de la entrada en vigencia de dicha norma[6] contaba con más de cuarenta
(40) años de edad, razón por la cual la norma aplicable para examinar su
solicitud pensional es el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el
Decreto 758 del mismo año.
1.4.
Señaló que el día
veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008)[7],
solicitó al ISS Seccional Atlántico, hoy Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones), el reconocimiento y pago de su pensión de vejez.
1.5.
En respuesta a su
solicitud, mediante Resolución Nº 011229 del veinticuatro (24) de junio de dos
mil ocho (2008), dicha entidad negó tanto la pensión de vejez como la de
jubilación por aportes.  En sus consideraciones, argumentó que el señor
Demóstenes Durán era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 y, que para la fecha de la solicitud del reconocimiento
pensional, contaba con más de sesenta (60) años de edad y un total de mil
quince (1.015) semanas efectivas de cotización, descritas así: novecientas
ochenta y cinco (985)[8] semanas
cotizadas a Cajanal como servidor público y treinta (30) semanas cotizadas al
ISS como independiente.
Respecto al análisis sobre el cumplimento de los requisitos
establecidos en cada uno de los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, el
ISS sostuvo:
-
Que el actor no cumplía
con los requisitos previstos para acceder a la pensión de jubilación por
aportes a la luz del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, al no acreditar veinte (20)
años de servicios al sector público,  dado que solo contaba con diecinueve (19)
años, un (1) mes y veintinueve (29) días de cotización como servidor público.
-
Asimismo, que no se
acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 33 de la
Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que exigía
para ser beneficiario de la pensión de vejez, sesenta (60) años de edad para
los hombres y un mínimo de mil ciento veinticinco (1.125) semanas de cotización
para el año dos mil ocho (2008). Lo anterior, porque el actor superaba el requisito
de la edad, pero no el de semanas de cotización, ya que solo cotizó mil quince
(1.015) semanas, sumando el tiempo de cotización como servidor público y
trabajador independiente.
1.6.
En consecuencia, a
través de la Resolución Nº 001058 de 2009 del veintiocho (28) de enero de dos
mil nueve (2009)[9],
le concedió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en cuantía
única de ciento treinta y cinco mil ciento treinta y tres pesos ($135.133),
liquidada sobre la base de treinta (30)  semanas (las cotizadas al ISS), con un
ingreso base de liquidación de $154.438[10].
1.7.
Ante la negativa de
la  entidad, el señor Durán Arriola instauró demanda ordinaria
laboral en contra de Colpensiones (antes ISS), a través de apoderado judicial, el día dieciocho (18) de junio
de dos mil catorce (2014)[11], para solicitar la
aplicación de la condición más beneficiosa en materia pensional y obtener la
prestación económica que reclamaba. El
asunto correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de
Barranquilla, que la admitió, mediante auto del dieciséis (16) de julio de dos
mil catorce (2014).
Como
pretensiones, el demandante solicitó declarar: (i) que era afiliado voluntario o facultativo, como trabajador
independiente del extinto ISS Seccional Atlántico (hoy Colpensiones), (ii) que
le era aplicable el principio constitucional de la condición más beneficiosa en
pensiones prevista en el artículo 53 de la CP. (iii) Como consecuencia de ello
solicitó ordenar a Colpensiones el reconocimiento y pago de: (a) una pensión de
vejez por el monto de un salario mínimo legal vigente, junto con (b) los
respectivos retroactivos pensionales, intereses moratorios, indexación
monetaria y agencias en derecho, que haya lugar.
Señaló que: “el principio constitucional de la condición más
beneficiosa señalado en el Art. 53 de nuestra carta política, supone que las
leyes, normas laborales, contratos laborales, carecen de eficacia legal
cuando desmejoran la situación jurídica del trabajador con relación a otras
disposiciones legales que regulan la misma materia”[12],
y que en ese orden de ideas, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada
por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, norma bajo la cual se examinó el
otorgamiento de su prestación no era la norma más favorable para estudiar su
caso concreto. Consideró que el Instituto debió aplicar el régimen de seguridad
social anterior, previsto en el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado
por el Decreto 758 del mismo año, que le era más favorable a sus intereses
porque únicamente exigía para el otorgamiento de la pensión de vejez, acreditar
mil (1000) semanas de cotización en cualquier tiempo y tener más de sesenta
(60) años de edad, cuyos requisitos tenía acreditados.
1.8. A su turno, mediante apoderado judicial, Colpensiones contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones del demandante por considerar que el
peticionario no acreditó el cumplimiento del requisito de veinte (20) años de
servicio en el sector público, según lo exige la Ley 33 de 1985 para el
otorgamiento de la pensión de vejez. Como excepciones de mérito propuso: cobro
de lo no debido, excepción en la causa para demandar, prescripción y la
innominada o genérica que se llegare a probar.
2. Sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Barranquilla
En audiencia pública surtida el día trece (13) de febrero de dos mil
quince (2015), el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla resolvió
en primera instancia el proceso ordinario laboral promovido por el actor,
accediendo a sus pretensiones[13]. Entre otras
decisiones, condenó a Colpensiones al reconocimiento y pago de su pensión de
vejez, efectiva a partir del día diecinueve (19) de junio de dos mil once
(2011), a razón de catorce (14) mesadas anuales indexadas. Así mismo, autorizó
a la entidad accionada para efectuar el descuento de los montos efectivamente pagados
por concepto de indemnización sustitutiva de vejez.
A
juicio del juzgador, el demandante es beneficiario del régimen de transición
porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con más de
cuarenta (40) años de edad, y por ello, se le debe aplicar el régimen pensional
anterior previsto en el Acuerdo 049 de 1990.  Argumentó que siguiendo el
precedente jurisprudencial expuesto en la sentencia SU-769 de 2014[14] de la
Corte Constitucional, es posible acumular los tiempos de cotización en
entidades públicas efectuados en cajas o fondos de previsión social, con los aportes
realizados al ISS, para efectos pensionales, en aplicación del Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
Agregó
que el artículo 12 del Acuerdo en mención, no exige como requisitos para la
concesión de la pensión de vejez que las cotizaciones se realicen exclusivamente
al Instituto de Seguro Social, pues únicamente se debe acreditar el
cumplimiento de sesenta (60) años de edad para los hombres y cincuenta y cinco
(55) años de edad para las mujeres y quinientas (500) semanas de cotización
efectuadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de
la edad mínima, o mil (1.000) semanas de cotización, en cualquier tiempo.
3.
Sentencia de segunda instancia proferida la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla (decisión contra la cual se promueve la
acción de tutela)
Inconforme con la anterior decisión, Colpensiones la apeló. La Sala Primera
de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla;  en audiencia celebrada el día veintiuno (21) de agosto de dos
mil quince (2015)[15], a la cual no
asistió ninguna de las partes interesadas en la litis, se resolvió revocar la
providencia apelada, y en su lugar, absolver a la entidad accionada de todos
los cargos de la demanda.
Indicó que en el proceso laboral quedaron suficientemente probados los
siguientes hechos: (i) Que el demandante es beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque a primero
(1º) de abril de 1994 contaba con más de cuarenta (40) años de edad. (ii) Que
según lo certificó Cajanal, el accionante acreditó novecientas ochenta y cinco
(985) semanas de cotización en el sector público. (iii) Que según lo certificó
el ISS, el actor cotizó treinta (30) semanas, como trabajador independiente.
Consideró que el problema jurídico a dilucidar consistía en determinar
si era viable jurídicamente computar los aportes realizados por el actor a
Cajanal durante el tiempo servido en el sector público (985 semanas) con el
tiempo cotizado ante el ISS como trabajador independiente (30) semanas, para
efectos del reconocimiento de su pensión de vejez.
Concluyó que el número de semanas exigido en el acuerdo 049 de 1990,
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, debe entenderse como aquellas
efectivamente cotizadas al ISS, porque la norma citada no contiene una
disposición que permita adicionar a las semanas cotizadas en el ISS, el tiempo
servido en el sector público, acogiendo el criterio desarrollado por la
sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de fecha cinco
(05) de noviembre de dos mil catorce (2014)[16]. En la sentencia se
dijo, que no se seguía en este caso el precedente jurisprudencial expuesto en
la sentencia SU-769 de 2014 de la Corte Constitucional y adoptar el criterio
definido por la Corte Suprema de Justicia, porque esta Corporación es su
superior jerárquico y funcional, resultando vinculantes sus pronunciamientos.
En este sentido consideró que al acreditarse únicamente treinta (30)
semanas de cotización ante el ISS, (y ante la imposibilidad de la acumulación
de sus demás cotizaciones) el demandante no cumplía con los requisitos para
acceder a la pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990, porque no cumplió con el requisito de haber cotizado ante esa entidad mil
(1000) semanas en cualquier tiempo, o quinientas (500) semanas en los últimos
veinte años anteriores al cumplimiento de la edad.
4. De la acción de tutela promovida por Demóstenes Durán Arriola contra
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla
4.1.
Escrito de tutela y solicitud
El
veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016)[17], el señor Demóstenes
Durán Arriola, a través de apoderado, interpuso acción de tutela[18] contra la
sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015) proferida por
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por
considerar que esta decisión vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad
social, vida digna y mínimo vital, al revocar la providencia judicial que había
ordenado el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, bajo el argumento de no contar con las
semanas de cotización requeridas, porque en concepto de la Corporación no existe
una disposición normativa que permitiera computar para efectos pensionales las
semanas cotizadas al ISS con el tiempo servido en el sector público y cotizado
en Cajanal, en aplicación del Decreto 758 de 1990.
Consideró
que esta decisión incurrió
en una violación directa de la Constitución, al vulnerar su derecho a la
seguridad social y principio de favorabilidad, previstos en los artículos 48 y
53 Superior, y asimismo,
desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación
SU-769 de 2014[19],
proferida por la Corte Constitucional, que sostuvo que “para obtener la
pensión de vejez en virtud del Acuerdo 049 del 90 es posible acumular tiempo de
servicio tanto del sector público cotizados a cajas o fondos de previsión
social, como del sector privado cotizado al ISS, esto por cuanto dicha
disposición no exige que las cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente
al seguro social(…) la aplicación de estos principios implica que la entidad o
autoridad responsable deberá acumular los tiempos cotizados a entidades
públicas para contabilizar las semanas requeridas, atendiendo dos razones, la falta
de aplicación de la norma prevista en el artículo 36 de la Ley 100 del 93,
haría nugatorio los beneficios que se derivan del régimen de transición y en
consecuencia del régimen anterior al cual se encuentra afiliado el
peticionario, y dos, el artículo 12 del mencionado acuerdo no exige que las
cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva al ISS”.
Argumentó
que con base en el precitado precedente constitucional, el fallador de primera
instancia acumuló las semanas de cotización del actor al ISS (30 semanas) con las
cotizadas al sector público (958 semanas), con las cuales se obtenía un total
de mil quince (1.015) semanas de cotización que superaban las mil semanas
exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, modificado por el Decreto 758 del mismo
año, las que, junto con el requisito de edad que se encontraba acreditado, le
hacían acreedor a su pensión de vejez.
Agregó
que en el caso objeto de estudio se cumplen la totalidad de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
y se configuran los requisitos específicos de desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. En consecuencia, solicitó al Juez
constitucional, dejar sin efectos la providencia judicial adversa a sus
pretensiones y que en su lugar, se profiera nueva sentencia que confirme la
providencia emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla,
que había ordenado el reconocimiento y pago de su pensión de vejez bajo el régimen
de transición previsto en el en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993,  con la aplicación del régimen pensional
anterior (Acuerdo 049 de 1990), permitiendo para este efecto la suma de las
semanas de cotización efectuadas como servidor público y como trabajador
independiente.
4.2. Respuesta de las entidades accionadas
En
el auto admisorio de la acción de tutela, de fecha veintiséis (26) de julio de
dos mil dieciséis (2016)[20],
se ordenó notificar de la solicitud de amparo a la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, y vincular de manera oficiosa
al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y a la Administradora
Colombiana de Pensiones –Colpensiones.  Vencido el término del traslado,
ninguna de las tres (3) entidades contestaron la tutela[21].
4.3. Decisión del Juez de tutela en primera instancia
La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia
del tres (3) de agosto de dos mil dieciséis (2016)[22], declaró
improcedente la tutela, considerando que el accionante no acreditó el
cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Primero, porque
el interesado no agotó todos los medios de defensa judicial ordinarios con los
que contaba, señalando que “la parte actora debió acudir al recurso
extraordinario de casación para formular allí sus inconformidades respecto de
la decisión del Tribunal, a efectos de que fuera el juez natural quien
definiera sobre tal discrepancia”[23].
Segundo, porque el actor dejó vencer en silencio los once (11) meses que
transcurrieron entre la expedición de la providencia contraria a sus
pretensiones y la interposición del amparo tutelar, lo que a juicio de la Sala
denota la extemporaneidad de la solicitud de amparo[24].
4.4. Impugnación
Inconforme
con la anterior decisión, el señor Demóstenes Durán la impugnó[25], a través
de su apoderado judicial[26].
Respecto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad señaló que es cierto
que no se ejercitó el recurso extraordinario de Casación contra la decisión del
Tribunal que se demanda por vía de tutela, porque este mecanismo no constituía
una alternativa idónea para amparar sus derechos fundamentales porque la
posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema resultaba contraria a sus pretensiones,
ya que precisamente basándose en un fallo de esta Corporación, en segunda
instancia su pretensión había sido negada.
Sin
embargo, sostuvo que en diversas sentencias[27]
la Corte Constitucional ha señalado que cuando se trata de examinar el amparo
tutelar de un sujeto de especial protección constitucional -como es el caso-,
cuya afectación de derechos fundamentales ha permanecido en el tiempo, la
solicitud de amparo es procedente, y se relativizan las exigencias en el
cumplimiento de los requisitos, aun habiendo transcurrido un extenso lapso de
tiempo entre la situación que dio origen a la transgresión alegada y la
presentación de la acción.
4.5.
Decisión del juez de tutela en segunda instancia
Ante
la impugnación planteada por el actor, la Sala de Decisión de Tutelas Nº uno (1)
adscrita a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la
confirmó[28].
Consideró el fallador que no se encuentra acreditado el cumplimiento del
principio de subsidiariedad, porque el actor debió plantear sus reparos través
del recurso extraordinario de casación, del cual no hizo uso, por lo que perdió
la oportunidad procesal idónea para discutir lo pretendido, de tal suerte que
no puede la acción de tutela suplantar los mecanismos de defensa judicial ordinarios
que tenía al alcance el interesado.
5. Pruebas relevantes que obran en el expediente de tutela
Con
la acción de tutela, el actor aportó los siguientes documentos:
(i)
Poder del accionante otorgado al abogado Blasco
Ibáñez Jimeno, que lo faculta para la interposición y trámite de Acción de
Tutela contra la sentencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil quince
(2015) proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla[29].
(ii)
Poder del accionante otorgado al abogado
Alberto Núñez Mercado, que lo faculta para la interposición y trámite de un
proceso Ordinario Laboral de Mayor Cuantía contra la Administradora Colombiana
de Pensiones (Colpensiones)[30].
(iii)
Demanda ordinaria laboral instaurada por el
accionante contra Colpensiones, por intermedio de apoderado[31].
(iv)
Resolución Nº 001058 del veintiocho (28) de
enero del dos mil nueve (2009), expedida por el ISS Seccional Atlántico, mediante
la cual se le concede una indemnización sustitutiva de pensión vejez al
accionante, en cuantía de ciento treinta y cinco mil ciento treinta y tres
pesos ($135.133)[32].
(v)
Resolución Nº 011229 del veinticuatro (24) de
junio de dos mil ocho (2008) por medio de la cual el ISS negó la pensión de
jubilación por aportes y de vejez al accionante[33].
(vi)
Resolución Nº PAP 044530 del diecisiete (17) de
marzo de dos mil once (2011), mediante la cual CAJANAL E.I.C.E. en liquidación,
le negó al accionante le indemnización sustitutiva de pensión de vejez[34].
(vii)
Registro Civil de Nacimiento NUIP 450605, del
señor Demóstenes Durán Arriola, en el que consta que nació el día cinco (5) de
junio de mil novecientos cuarenta y cinco (1945)[35].
(viii)
Auto admisorio de la demanda ordinaria laboral
presentada por Demóstenes Durán contra Colpensiones, de fecha dieciséis (16) de
julio de dos mil catorce (2014), expedida por el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Barranquilla[36].
(ix)
Notificación por aviso expedida por el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, mediante el cual notificó la
providencia anterior al accionado Colpensiones de fecha cinco (5) de agosto de
dos mil catorce (2014)[37].
(x)
Contestación de la demanda, presentada por Lorena
Patricia Miranda Pérez, en su calidad de apoderada judicial externa de
Colpensiones, mediante la cual, se pronunció frente a los hechos, se opuso a
las pretensiones, y presentó excepciones de mérito, junto con el poder a ella
conferido[38].
(xi)
Autos de fechas ocho (8) de septiembre y trece
(13) de noviembre de dos mil catorce (2014), mediante los cuales, el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla convocó para audiencia obligatoria
de conciliación y segunda audiencia de trámite, respectivamente, dentro del
proceso ordinario laboral seguido por el señor Demóstenes Durán Arriola contra
Colpensiones[39].
(xii)
Reporte de semanas cotizadas en pensiones por
el afiliado Demóstenes Durán, expedida por la Administradora Colombiana de
Pensiones – COLPENSIONES, que certificó un total de treinta (30) semanas de
cotización en los periodos comprendidos entre el primero (1º) de septiembre de
dos mil siete (2007) y el treinta y uno (31) de enero de dos mil ocho (2008); y
el primero (1º) de febrero de dos mil ocho (2008) y el treinta y uno (31) de
marzo de dos mil ocho (2008)[40].
(xiii)
Sentencia de fecha trece (13) de febrero de dos
mil quince (2015) proferida en audiencia por el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Barranquilla, en la cual se declararon no probadas las excepciones
de cobro de lo no debido y falta de causa para demandar; y probada parcialmente
la excepción de prescripción; y en consecuencia, se condenó a Colpensiones al
reconocimiento y pago de una pensión de vejez al señor Demóstenes Durán Arriola
a partir del diecinueve (19) de junio de dos mil once (2011), a razón de
catorce (14) mesadas anuales, indexadas, con el reconocimiento de un
retroactivo pensional hasta el treinta y uno (31) de enero de dos mil quince
(2015) por valor de veintinueve millones cuatrocientos dieciocho mil quinientos
noventa pesos ($29.418.590)[41].
(xiv)
Sentencia de segunda instancia proferida en
audiencia, por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la cual se revocó en todas sus
partes la sentencia apelada de fecha trece (13) de febrero de dos mil quince
(2015), proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla.
En su lugar, se absolvió a Colpensiones de todos los cargos de la demanda[42].
II. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar los
fallos de tutela proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento
en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo
241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y
36 del Decreto 2591 de 1991[43].
2.
Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico
El
señor Demóstenes Durán Arriola, instauró demanda ordinaria laboral contra la
Administradora Colombiana de Pensiones –en adelante Colpensiones-, para obtener
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, que le había sido negada
mediante acto administrativo.  En primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Barranquilla, accedió a sus pretensiones y ordenó el
reconocimiento y pago de la prestación económica reclamada, en su condición de
beneficiario del régimen de transición, acogiendo el precedente jurisprudencial
expuesto
en la sentencia SU-769 de 2014[44]
de la Corte Constitucional, que permitía acumular los tiempos de cotización en
entidades públicas efectuados en cajas o fondos de previsión social, con los
aportes realizados al ISS, para efectos pensionales.   Apelada esta
decisión por la entidad accionada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla ordenó revocar la providencia de primera
instancia, al considerar que las semanas exigidas para el otorgamiento de la
pensión de vejez en el acuerdo 049 de  1990, son únicamente aquellas
efectivamente cotizadas al ISS, porque en la precitada norma no existe una disposición
que permita adicionar las semanas cotizadas a ese Instituto, el tiempo servido
en el sector público, acogiendo el criterio desarrollado por la sentencia de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de fecha cinco (05) de noviembre
de dos mil catorce (2014)[45]
y desconociendo el precedente constitucional.  En este orden de ideas, negó la
pensión de vejez al demandante al considerar que no cumplía con los requisitos
de semanas de cotización exigidos en el Acuerdo mencionado para el
reconocimiento pensional.
El
señor Demóstenes Durán, interpuso la presente acción de tutela contra esa
última decisión argumentando
que
se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna
y al mínimo vital, por desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional que señala la aplicación del principio de la condición más
favorable en materia pensional y por violación directa de la Constitución, al
vulnerar su derecho a la seguridad social y principio de favorabilidad,
previsto en los artículos 48 y 53 Superior.
Teniendo en cuenta los hechos expuestos, la argumentación presentada
por el apoderado judicial del actor en el escrito de tutela e impugnación y el
fundamento de las decisiones proferidas por los jueces de tutela de ambas
instancias, le corresponde a la Sala de Revisión determinar si ¿la providencia
de la autoridad judicial accionada, proferida en el marco de un proceso
ordinario laboral, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso (examinado
de manera oficiosa), a la seguridad social, a la vida digna y al
mínimo vital
del accionante, por desconocimiento del precedente constitucional que señala la
aplicación del principio de la condición más favorable en materia pensional y violación a la
Constitución, bajo el argumento de que las semanas exigidas para el
otorgamiento de la pensión de vejez en el Acuerdo 049 de 1990, son únicamente
aquellas efectivamente cotizadas al ISS, pues en la precitada norma y en el
precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no se
permite acumular las semanas cotizadas al ISS, con las cotizaciones efectuadas
a una Caja o Fondo de Previsión Social, desconociendo además que
efectivamente la persona si cotizó el tiempo requerido si se suman los aportes
hechos a otras entidades que antes de entrar en vigencia el Sistema General de
Pensiones, legalmente prestaban este servicio?
Para
resolver el problema jurídico planteado la Sala abordará, en este orden, la
siguiente temática: (i) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales: requisitos generales y específicos de procedibilidad;
(ii) Desconocimiento del precedente constitucional y violación a la
Constitución como causales de procedencia específicas de la acción de tutela contra
providencias judiciales; (iii) el régimen de transición contemplado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (iv) el reconocimiento de la pensión de
vejez bajo el régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 y la jurisprudencia
constitucional en torno a la posibilidad de acumular tiempos de servicios en
entidades públicas cotizados en Cajas o Fondos de Previsión Social, con los
aportes realizados al Instituto de Seguros Sociales. Con base en ello, (v) se
resolverá el caso concreto.
3.
Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales:
requisitos generales y específicos de procedibilidad. Reiteración de
jurisprudencia[46]
El
artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como
mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública,
incluidas las autoridades judiciales.
En
desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991
previeron la posibilidad de demandar por vía de tutela, aquellas decisiones
judiciales emitidas por autoridades que vulneraran garantías fundamentales, con
el fin de salvaguardar, por una parte, los principios de cosa juzgada,
autonomía e independencia judicial y por la otra, la supremacía de la
Constitución y efectividad de los derechos de los ciudadanos[47]. Esta regla se
deriva del texto de la Constitución, en concordancia con la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos[48] aprobada
mediante la Ley 16 de 1972 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos[49] aprobado
mediante la Ley 74 de 1968, que reconocen que toda persona podrá hacer uso de
mecanismos judiciales ágiles y efectivos que los amparen contra la violación de
sus derechos, así fueren causados por quienes actúan “en ejercicio de sus
funciones oficiales”.
Sin
embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992[50] declaró
la inexequibilidad de los precitados artículos del Decreto 2591 de 1991. En esa
decisión, esta Corporación aclaró que permitir el ejercicio de la acción de
tutela contra providencias judiciales como regla general, violaba la autonomía
y la independencia judicial y transgredía los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.   Además, señaló que las decisiones de las autoridades
judiciales:
(i) son el escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos
fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es
garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y
(iii) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e
independencia de los jueces[51].
En este sentido, aclaró la Corte en la
sentencia de constitucionalidad citada, que en principio, el amparo no procede
contra providencias judiciales, pero excepcionalmente, es posible interponerlo
como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial, cuando se
vislumbre la violación o amenaza de un derecho fundamental en la actuación
judicial. Esta excepción, se presentaba en aquellos casos en los cuales las
decisiones de la administración de justicia incurrían en una desviación tan
ostensible que el acto proferido no merecía la denominación de providencia
judicial, pues había sido despojada de dicha calidad al comportar una grave
violación a la Carta Política y, en especial, a los bienes jurídicos más
preciados del ser humano (derechos fundamentales)[52].     Estas
circunstancias fueron denominadas por la jurisprudencia como “vías de hecho”.
En esa medida, a partir de 1992 la Corte
Constitucional permitió la procedencia de la acción de tutela para atacar, por
ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables, proferidas
con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno al fijado
por la legislación vigente. Tales vías de hecho, fueron identificándose
caso a caso[53].
Posteriormente,
la Corte delimitó una
serie de requisitos de procedibilidad de carácter general y unas causales
específicas para examinar las acciones de tutela instauradas contra providencias
judiciales[54],
al advertir que tanto las causales citadas como el concepto de “vía de hecho”,
resultaban insuficientes e inadecuados para abarcar todos los supuestos en
que un fallo judicial resulta incompatible con la eficacia de los derechos
fundamentales[55].
Así, la sentencia SU-014 de 2001[56],
concluyó que un fallo judicial puede violar tales derechos por la incidencia de
órganos estatales que impiden una clara determinación de los hechos del caso.
Posteriormente,
en la sentencia C-590 de 2005[57],
la Sala Plena sistematizó la jurisprudencia desarrollada desde el año 1992 en
la materia, precisando el fundamento normativo de la tutela contra providencia
judicial, así como los requisitos formales y los supuestos sustanciales o
causales de procedencia de la tutela dirigida a controvertir providencias
judiciales, indicando además, que estas decisiones contribuyen a la unificación
de la jurisprudencia nacional en materia de derechos fundamentales[58], dada la
indeterminación característica de las cláusulas de derecho fundamental[59] y la
obligación de las autoridades judiciales de aplicarlos directamente en todo
tipo de procesos en virtud del carácter normativo de la Constitución Política.
En este sentido, la tutela contra providencias judiciales permite que el órgano
de cierre de la jurisdicción reduzca la dispersión interpretativa y contribuya
de esa forma a la realización del principio de igualdad en la aplicación de los
derechos constitucionales[60].
Así,
en este último fallo la Corte determinó que el funcionario judicial que conoce
del amparo debe constatar las siguientes condiciones genéricas de
procedibilidad[61]:
(i) que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional, esto es, que afecte los derechos fundamentales
de las partes[62]; (ii) que el
actor haya agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance del afectado. Esto guarda
relación con la excepcionalidad y subsidiariedad de la acción de tutela, pues
de lo contrario ella se convertiría en una nueva instancia para las partes en
el proceso. Esta exigencia trae consigo la excepción consagrada en el artículo
86 Superior, que permite que esa exigencia pueda flexibilizarse cuando se trata
de evitar la consumación de un perjuicio irremediable. (iii) que la
petición cumpla con el requisito de inmediatez: el juez debe
verificar que la acción de tutela se invoque en un término razonable y
proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador. De no ser así, se
pondrían en juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada,
pues las decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional;
(iv) que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta
debe haber sido decisiva o determinante en la sentencia que se impugna y debe
afectar los derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca que
sólo las irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales
tengan corrección por vía de acción de tutela, de manera que, se excluyan todas
aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el
proceso;
(v) que el actor identifique, razonablemente los hechos que generaron
la vulneración de derechos fundamentales y que la haya alegado en el proceso
judicial respectivo, si ello era posible. Este requisito pretende que el
actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que se imputa a la decisión judicial; (vi) que el fallo impugnado
no sea de tutela[63].
Así
se buscó evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún
cuando todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección
ante esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas, salvo
las escogidas para revisión. (Negrilla fuera del texto).
Igualmente,
en dicha sentencia de constitucionalidad se precisó que si en un caso concreto
se encuentran cumplidos los anteriores requisitos genéricos, será necesario
entonces acreditar, además, que se ha configurado alguno de los siguientes
defectos específicos[64]:
·
Defecto
orgánico[65] que
ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada
carece, en forma absoluta, de competencia.
·
Defecto
procedimental absoluto[66] que
surge cuando el juez actuó totalmente al margen del procedimiento previsto por
la ley.
·
Defecto
fáctico[67] que se
presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita
aplicar la norma en que se sustenta la decisión.
·
Defecto
material o sustantivo[68] que
tiene lugar cuando la decisión se toma con fundamento en normas inexistentes o
inconstitucionales, o cuando existe una contradicción evidente y grosera entre los
fundamentos y la decisión.
·
El
error inducido[69] que
acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de
terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales.
·
Decisión
sin motivación[70] que
presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el
servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos que la soportan.
·
Desconocimiento
del precedente[71] que se
configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre determinado
tema, y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial
establecida. En estos eventos, la acción de tutela busca garantizar la eficacia
jurídica del derecho fundamental a la igualdad.
·
Violación
directa de la Constitución[72] que se
deriva del principio de supremacía de la Constitución, el cual reconoce a la
Carta Política como documento plenamente vinculante y con fuerza normativa.
Con
todo, debe advertirse que estas causales no suponen fundamentos para iniciar
una controversia sobre la corrección de los fallos judiciales desde el punto de
vista legal, sino un mecanismo para controvertir la validez constitucional de
una providencia, pues la tutela sólo prospera en caso de que se acredite la
violación o amenaza a los derechos fundamentales. Por ello, es requisito sine
qua non de procedencia de la acción que se demuestre la necesidad de una
intervención del juez constitucional para proteger esos derechos. Las causales
de procedencia son únicamente los cauces argumentativos para sustentar esa
violación.
En
síntesis, por regla general, debido a la necesidad de salvaguardar el valor de
la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, la acción de tutela no
procede contra providencias judiciales. No obstante, excepcionalmente se ha
admite esa posibilidad cuando se acredita que concurren tres condiciones: (i)
el cumplimiento de los requisitos formales o generales de procedibilidad, (ii)
la existencia de alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la
Corporación para hacer procedente el amparo material y, (iii) la necesidad de
intervención del juez de tutela para la protección de los derechos
fundamentales[73].
En atención a que en el caso sub
examine se alega las causales especiales referentes al desconocimiento del
precedente y violación a la Constitución, esta Sala efectuará una breve
caracterización de esos ítems, a fin de viabilizar el estudio del caso
concreto.
4. Desconocimiento del precedente constitucional y
violación a la Constitución como causales de procedencia específicas de la
acción de tutela contra providencias judiciales
4.1.
Desconocimiento del precedente
constitucional:
El precedente es
conocido como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”[74].
La relevancia de respetar el precedente atiende a razones de diversa índole,
que en todo caso se complementan.
La primera razón, se
basa en la necesidad de salvaguardar los principios de buena fe y seguridad
jurídica y de proteger el derecho a la igualdad de las personas que acuden a la
administración de justicia, porque desconocer los pronunciamientos anteriores
en casos similares al analizado, implicaría la transgresión de tales
principios.  La segunda,  consiste en reconocer el carácter vinculante de las
decisiones judiciales, especialmente aquellas que son proferidas por órganos encargados
de unificar jurisprudencia, con lo cual, en últimas, se le otorga al precedente
la categoría de fuente de derecho aplicable al caso concreto.
En la sentencia T-292
de 2006[75]
esta Corporación determinó los parámetros para definir si un
caso era o no aplicable como precedente, para lo cual deben verificarse los
siguientes criterios: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior
se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al
propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables
a los resueltos anteriormente”. (Negrilla fuera del texto)
De no comprobarse la
presencia de estos tres elementos esenciales, no es posible establecer que un
conjunto de sentencias anteriores constituye precedente aplicable al caso
concreto, por lo cual al juez no le es exigible dar aplicación al mismo.
Sin embargo, una vez
acreditados los tres criterios citados, que definen a una sentencia o a un
grupo de éstas como precedente, puede una autoridad judicial apartarse del
precedente, siempre y cuando: “i) haga referencia al precedente que va a
inaplicar y ii) ofrezca una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, que dé cuenta de las razones de porque se aparta de la regla
jurisprudencial previa”[76].
Así se protege el carácter dinámico del derecho y la autonomía e independencia
de que gozan los jueces.  Si no lo hace, incurre en la causal de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, referente
al desconocimiento del precedente judicial, por la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a
la administración de justicia.
Por otra parte, el Tribunal
Constitucional se ha ocupado de definir dos clases de
precedentes, el horizontal y el vertical. En esa medida, el horizontal
hace referencia al respeto que un juez debe tener sobre sus propias decisiones
y sobre las tomadas por jueces de igual jerarquía, mientras que el vertical
apunta al acatamiento de los fallos dictados por las instancias superiores en
cada jurisdicción, encargadas de unificar la jurisprudencia[77].
Cuando el precedente proviene de los altos tribunales de justicia en el país[78]
adquiere un carácter ordenador y unificador que busca materializar los
principios de primacía
de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido proceso,
y contribuye como técnica judicial para mantener la coherencia del ordenamiento[79].
En la práctica jurídica
actual, las instancias de unificación de jurisprudencia son necesarias debido a
que el derecho es aplicado e interpretado de diversas formas por cada operador
jurídico, lo que puede conllevar a ambigüedades, vacíos o interpretaciones
contrarias que pueden vulnerar los derechos fundamentales de los usuarios de la
administración de justicia. Por ello, es primordial que existan órganos que
permitan disciplinar y delimitar los alcances que los jueces dan a cada caso
concreto, con el fin de respetar el derecho a la igualdad.
El carácter vinculante,
obligatorio y de fuente de derecho de la jurisprudencia emanada de las Altas Cortes,
en sus jurisdicciones y específicamente de la Corte Constitucional en todo el
ordenamiento jurídico, fue ampliamente reconocido en la sentencia C-816
de 2011[80], así:
“La
fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de su
definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición
que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas
jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente
dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden
específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la
interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de
igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones
judiciales superiores”. (Negrilla fuera del texto)
Los artículos 234, 237 y 241 Superior, señalan
a su vez que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional son i) el “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”,
ii) el “tribunal supremo de lo contencioso administrativo”, y iii)
la encargada de la “guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución”, respectivamente.
En síntesis, los órganos judiciales de
cierre cumplen el papel fundamental de unificar la jurisprudencia, con base en
los fundamentos constitucionales invocados de igualdad, buena fe, seguridad
jurídica y necesidad de coherencia del orden jurídico.
4.2
. Violación a la Constitución:
Ahora
bien, la Sala se ocupará de presentar la causal de procedencia específica de la
acción de tutela contra providencias judiciales relativa a la violación a la
Constitución.   Este
defecto se
origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades de velar por el
cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales”.
La
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa de la Constitución, en principio fue considerada como un defecto
sustantivo[81].
Posteriormente,
en la Sentencia T-949 de 2003[82]
se determinó como una causal específica de procedibilidad de la acción de
tutela de carácter independiente y autónomo[83]. Esta
interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005[84] ya
citada, en la que la Corte incluyó definitivamente la violación directa de la
Constitución como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, dado que:“(…) la violación directa de la
Constitución opera en dos circunstancias: uno (i), cuando
se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución”.
La jurisprudencia constitucional también ha
sostenido que procede
la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en aquellos casos en los cuales:
“(a)
en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional, (b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y (c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución. En el segundo caso, el juez debe tener en cuenta
en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es
norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad”[85].
Esto
es, que el carácter superior de la Constitución y la aplicación
directa de sus mandatos y prohibiciones, son vinculantes para los funcionarios
judiciales, y su desconocimiento, hace procedente el amparo tutelar.
5.
El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
5.1.
El artículo 48 de la Constitución Política consagra la seguridad social
como un servicio público de carácter obligatorio y un derecho fundamental
irrenunciable, el cual debe prestarse en los términos que establezca la ley. En
desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley 100 de
1993[86],
estableciendo el Sistema de Seguridad Social Integral, dentro del cual se
encuentra el Sistema General de Pensiones que tiene por objeto garantizar a la
población una protección frente a las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte.
La
creación de este sistema pretendió integrar en uno sólo los distintos regímenes
pensionales que coexistían en Colombia y que eran administrados por distintas
entidades de seguridad social. Esta situación implicó la modificación de las
condiciones para acceder a la pensión de vejez de las personas que hasta la
entrada en vigencia del sistema se encontraban afiliadas a otros regímenes. Por
lo anterior, y ante la necesidad de proteger las expectativas legítimas de
algunos de estos afiliados con base en los requisitos que hasta la fecha los
estaban rigiendo, el legislador fijó un régimen de transición que les permitió mantenerse
en el marco normativo pensional al cual estaban afiliados al momento de entrar
en vigor la Ley 100 de 1993[87], para efectos del
reconocimiento de la pensión de vejez[88].
5.2.
El régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993[89] prevé como
beneficio para acceder a la prestación social que la edad, el tiempo de
servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la misma sean los
establecidos en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado el trabajador,
según el principio de favorabilidad siempre que al
momento de entrar en vigencia el sistema (1 de abril de 1994) acredite tener treinta y cinco (35) años o más de edad si es
mujer o cuarenta (40) o más años de edad si es hombre, o quince (15) o más años
de servicios cotizados. Es decir, no se requiere cumplir simultáneamente el
requisito de edad y el de tiempo de servicios cotizados, sino tan solo uno de
ellos, pues la redacción disyuntiva de la norma así lo sugiere[90].
Este régimen de transición fue modificado por
medio del parágrafo 4 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
2005[91],
el cual estableció que su aplicación no sería indefinida. En tal acto se
dispuso que estaría vigente hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil
diez (2010), y como medida para proteger las expectativas legítimas de quienes
estuvieran próximos a pensionarse, consagró que las personas que cumplieran con
los requisitos para beneficiarse del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y que al momento de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005
(25 de julio de 2005) tuvieran cotizadas al menos setecientas cincuenta (750)
semanas, o su equivalente en tiempo de servicios, tendrían derecho a
beneficiarse de dicho régimen hasta el año dos mil catorce (2014).
5.3. En este orden de
ideas, las personas que cumplan con los requisitos necesarios para estar en el
régimen de transición, están en pleno derecho de exigir que se les aplique el
régimen anterior al que se encontraban afiliados y así determinar las
condiciones legales que deben cumplir en el mismo para acceder a la pensión. De
esta manera, una vez reunidos los presupuestos exigidos para ser beneficiario
del régimen de transición, las condiciones allí exigidas no pueden ser
cambiadas de manera caprichosa y arbitraria, pues ello iría en contravía
directa del alcance que la jurisprudencia constitucional le ha otorgado al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993[92].
6. El reconocimiento de la pensión de vejez
bajo el régimen contemplado en el Acuerdo 049 de 1990 y la posibilidad de acumular tiempos de
servicios en entidades públicas cotizados en Cajas o Fondos de Previsión Social
con los aportes realizados al ISS para efectos de acceder a dicha prestación
económica
El
Acuerdo 049 del 1° de febrero de 1990, “Por el cual se expide el Reglamento
General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte”, emitido
por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y aprobado por el
Decreto Reglamentario 758 del mismo año, era uno de los regímenes existentes
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Como
requisitos para acceder a la pensión de vejez, el artículo doce (12) de la
mencionada norma, señaló los siguientes: (i)  para los hombres, tener sesenta
(60) o más años de edad, y para las mujeres, haber cumplido cincuenta y cinco
(55) o más años de edad, (ii) acreditar un mínimo de quinientas (500) semanas
de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima, o haber acreditado un número de mil (1.000)
semanas de cotización en cualquier tiempo.
No
obstante, como algunas personas no contaban con ese número de semanas de
cotización al Seguro Social, pero si con semanas de cotización a cajas o fondos
de previsión fruto de su trabajo en entidades públicas, para acreditar este
requisito, solicitaba la acumulación de semanas de cotización en entidades
públicas y privadas, lo que produjo una gran controversia sobre el análisis de
la interpretación de la norma que fue conocida por la jurisprudencia
constitucional, de la cual surgieron dos corrientes: la que sostenía que no era
posible tal acumulación, y la que la permitía para efectos pensionales.
La
primera de ellas, fue sostenida por el Instituto de Seguros Sociales, al
argumentar que los beneficiarios del régimen de transición deben haber cotizado
todo el tiempo de servicios exigido por la ley exclusivamente a esa entidad,
sin que sea posible acumular las semanas aportadas a otros fondos o cajas de
previsión social, públicas o privadas. Estos argumentos fueron resumidos en la
sentencia T-201 2012[93],
así:
(i)
El
Acuerdo 049 de 1990 “fue expedido por el Consejo Nacional de Seguros
Sociales Obligatorios, para regulación exclusiva de las prestaciones
reconocidas por ese Instituto”;
(ii)
En
el referido Acuerdo no se contempla la posibilidad de acumular semanas
cotizadas a otras entidades, “pues para ello existían otros regímenes, como
la Ley 71 de 1988, que estableció la pensión por aportes (exigiendo para ello
20 años de aportes y las edades de 55 o 60 años, según se ha indicado en razón
al sexo)”; y
(iii)
El
requisito contenido en el literal “b” del artículo 12 del acuerdo, esto es, 500
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad
para pensionarse, “fue en su momento un tipo de transición, para que los
empleadores privados afiliaran a sus trabajadores más antiguos, a quienes no se
había concedido pensión, a fin de que cotizaran en el ISS, por lo menos 10
años, y se les fuera concedida una pensión de jubilación”[94].
En
virtud de esta interpretación, el interesado en la acumulación de tiempos de
servicio tanto del sector público como del privado, perdería los beneficios del
régimen de transición en tanto para ello debería acogerse en su integridad a lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, normatividad que sí permite ese tipo de
acumulación.
La
segunda corriente que surgió sobre la interpretación en la aplicación del
mencionado artículo 12, fue analizada por esta Corporación en las sentencias T-090
de 2009[95],
T-398 de 2009[96],
T-583 de 2010[97],
T-760 de 2010[98],
T-334 de 2011[99],
T-559 de 2011[100],
T-100 de 2012[101],
T-360 de 2012[102],
T-063 de 2013[103],
T-593 de 2013[104],
entre otras, en las que se sostiene que:
(i)
Del
tenor literal de la norma no se desprende que el número de semanas de
cotización requeridas lo sean las aportadas exclusivamente al ISS;
(ii)
El
régimen de transición se circunscribe a tres ítems -edad, tiempo de servicios o
número de semanas cotizadas, y monto de la pensión-, dentro de los cuales no se
encuentran las reglas para el cómputo de las semanas cotizadas, lo cual sugiere
que deben ser aplicadas las del sistema  general de pensiones.
Bajo
esta interpretación, para obtener la pensión de vejez en virtud del artículo 12
del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular tiempos de servicios tanto del
sector público cotizados a cajas o fondos de previsión social, como del sector
privado cotizados al Instituto de Seguros Sociales. Esto, por cuanto dicha
disposición no exige que las cotizaciones hayan sido efectuadas exclusivamente
al seguro social y porque la aplicación del régimen de transición solamente se
limita a los tres ítems previamente señalados, donde no se encuentra aquel
referente al cómputo de las semanas, requisito que debe ser determinado según
lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
Ahora
bien, teniendo en cuenta que ambas interpretaciones son razonables y
concurrentes, esta corporación, en Sentencia SU-769 de 2014[105] decidió
acoger la segunda de ellas apoyada en el principio de favorabilidad en
materia laboral, en virtud del cual, de acuerdo con los artículos 53 de la
Carta y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, en caso de duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales del derecho el operador jurídico,
judicial o administrativo, debe optar por la situación que resulte más
favorable al trabajador[106].
Esa
posición, ha sido reiterada en diferentes sentencias del Tribunal
Constitucional, según la cual, en aplicación al principio de favorabilidad en
materia laboral, para el reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen
del Acuerdo 049 de 1990, es posible acumular las semanas de cotización en
entidades públicas, con los aportes realizados al Instituto de Seguros Sociales.
En
la sentencia T-334 de 201[107],
señaló lo siguiente:
“El
principio opera (i) cuando existe controversia respecto de la aplicación de dos
normas; y también, (ii) cuando existen escenarios en los cuales una norma
admite diversas interpretaciones. (…) Profundizando en el último escenario
propuesto, cuando una norma admite varias interpretaciones, ha dicho esta
corporación que para la aplicación de la favorabilidad, deben presentarse,
además, dos elementos, a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad
de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad
argumentativa y solidez jurídica que una u otra interpretación tengan; y, (ii)
la efectiva concurrencia de las interpretaciones en juego para el caso
concreto, es decir, deben ser aplicables a los supuestos fácticos concretos de
las disposiciones normativas en conflicto”[108].
Particularmente,
sobre el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990, la aplicación de este
principio implica que la entidad o autoridad responsable deberá acumular los
tiempos cotizados a entidades públicas para contabilizar las semanas
requeridas, atendiendo dos razones: (i) la falta de aplicación de las normas
previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 harían nugatorios los
beneficios que se derivan del régimen de transición y, en consecuencia, del
régimen anterior al cual se encuentra afiliado el peticionario; y (ii) el
artículo 12 del mencionado acuerdo no exige que las cotizaciones se hayan efectuado
de manera exclusiva al Instituto de Seguros Sociales[109].
En
sentencia T-090 de 2009[110],
la Corte conoció de un caso en el cual el ISS le negó la pensión de vejez a una
persona que acreditaba un total de 1007 semanas sumando el tiempo
laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS. Lo anterior, por cuanto
no le alcanzaban para acceder a la prestación en virtud de lo consagrado en el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que, para ese momento, exigía un total de 1075
semanas.  En esa providencia, la Corte concedió el amparo al analizar las dos
interpretaciones que surgen de la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y
considerar que la primera de ellas perjudicaba al peticionario porque implicaba
la pérdida de los beneficios del régimen de transición, ya que debía regirse de
forma integral por la Ley 100 de 1993. En cambio, al aplicar la interpretación
más favorable, se tenía que él accionante cumplía con los requisitos descritos
en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, “ya
que (i) cuenta con 62 años de edad y (ii) según la resolución 000133 del 19 de
febrero de 2008, emanada del ISS, ‘sumando el tiempo laborado a entidades del Estado y el cotizado al ISS,
el recurrente acredita un total de 7050 días que equivalen a 1007 semanas”[111].
Por
su parte, en la sentencia T-398 de 2009[112] esta
corporación estudió un caso similar, donde una ciudadana solicitó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, que fue negada por el ISS bajo el
argumento de que las 1.001 semanas de cotización que tenía acreditadas, habían
sido efectuadas al ISS y a diferentes entidades de previsión del sector público,
con lo cual, no acreditaba las 1050 semanas que para la fecha exigía la Ley
797 de 2003. La entidad efectuó el estudio a la luz del Acuerdo 049 de 1990 y
determinó que tampoco acreditaba lo allí exigido, porque no cumplía con el
requisito de tiempo con exclusividad al ISS.   A juicio de la Corte la
justificación de la entidad accionada no era de recibo, razón por la cual
ordenó al ISS reconocer y pagar la pensión solicitada, toda vez que: “el
artículo 12 del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las
cotizaciones se efectúen de manera exclusiva al  fondo del Instituto de
Seguros Sociales. Por lo que dicha resolución incurre en un error al
interpretar una norma de manera distinta a lo que realmente establecido por
ella”. (Subrayado original).
Posteriormente,
en la sentencia T-583 de 2010[113]
esta Corporación ordenó revocar el acto administrativo expedido por el ISS,
mediante el cual negó la pensión de vejez a una persona de 74 años, que en toda
su vida laboral cotizó un total de 1032 semanas al ISS y a diferentes
entidades estatales, aduciendo que no acreditaba las 1050 semanas que para la
fecha exigía la Ley 797 de 2003. Adicionalmente, dicha entidad señaló que el
Acuerdo 049 de 1990 solo era aplicable a asegurados que durante toda la vida
laboral hubieran cotizado a ese Instituto.  De igual forma, consideró la Corte
que el ISS decidió aplicar el régimen menos favorable para el actor e incurrió
en un error interpretativo, en tanto el artículo 12 de dicho acuerdo en ninguno
de sus apartes exige que las cotizaciones se efectúen de manera exclusiva y
permanente al fondo de esa entidad. Por lo anterior,  ordenó a la accionada
expedir un nuevo acto administrativo dando aplicación a las consideraciones
previstas en dicho fallo.
En
la sentencia T-760 de 2010[114],
la Corte ordenó al ISS reconocer y pagar la pensión de vejez de una persona de
75 años de edad a quien le fue negada dicha prestación por considerar que las 1074
semanas que habían sido cotizadas tanto al sector público como al ISS, no
le alcanzaban para completar el número exigido en el sistema general de
pensiones. Además, esa entidad concluyó que la situación del peticionario no se
acomodaba a ninguno de los regímenes anteriores a la expedición de la Ley 100
de 1993, y especialmente respecto del Acuerdo 049 de 1990, aseveró que el mismo
no permitía sumar tiempos públicos con las semanas cotizadas al ISS. Para dar
solución al caso concreto la Corte explicó: “es posible computar las semanas
que cotizó una persona en el sector público antes de entrar en vigencia la ley
100 de 1993 con las que cotizó como empleado del sector privado en cualquier
tiempo”.
Similar
argumentación fue utilizada en la sentencia T-334 de 2011[115], al
examinar el caso de una señora que cotizó un total de 1000 semanas en el
sector público y en el privado, y a pesar de ello el ISS negó el reconocimiento
de la pensión de vejez aduciendo que no acreditaba las 1100 semanas que para la
fecha exigía la Ley 797 de 2003. La entidad señaló que si bien la peticionaria era
beneficiaria del régimen de transición y le era aplicable el Acuerdo 049 de
1990, sus cotizaciones no se hicieron exclusivamente al Seguro Social, por lo
que tampoco cumplía con los requisitos allí establecidos. De la misma forma la
Corte consideró que se habían vulnerado los derechos fundamentales a la
seguridad social y mínimo vital de la accionante, y en consecuencia, ordenó al
ISS reconocer y pagar la pensión solicitada.
En
la sentencia T-559 de 2011[116],
la Corte concedió el amparo solicitado por dos personas, una con un total de 1008
semanas cotizadas en toda su vida laboral y la otra con un total de 1010
semanas, a quienes el ISS había negado el reconocimiento de la pensión de vejez
por tratarse de cotizaciones que no fueron realizadas exclusivamente a esa
entidad.
Posteriormente,
la Corte se pronunció sobre el caso de una señora de 77 años que laboró 405
semanas como servidor público y cotizó 596 semanas al Instituto de Seguros
Sociales, para un total de 1001, a quien le fue negada la pensión de
vejez por no ser posible, según esa entidad, acumular tiempos de servicio bajo
el régimen contenido en el Acuerdo 049 de 1990. Así, mediante la sentencia T-100
de 2012, ordenó al ISS iniciar todos los trámites correspondientes para que
le fuera reconocida la pensión de vejez a la accionante, teniendo en cuenta los
tiempos cotizados al ISS y a otras cajas o fondos.
A
la misma conclusión se llegó en la sentencia T-360 de 2012[117], al
conceder el reconocimiento de la pensión de vejez de una persona que cotizó un
total de 1012 semanas por tiempos de servicio prestados a Edatel ESP y a
distintos empleadores privados, porque no acreditaba el número exigido en la
Ley 797 de 2003, que para ese momento era de 1175 semanas. Además, la entidad
consideró que tampoco cumplía los requisitos contenidos en el Acuerdo 049 de
1990, porque el mismo solo era aplicable cuando las cotizaciones fuesen
realizadas de manera exclusiva al ISS.
Esta
corporación llegó a la misma conclusión en la sentencia T-596 de 2013[118], donde
conoció diferentes casos acumulados mediante los cuales los accionantes
solicitaban el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Entre ellos se
destaca el de un ciudadano que en toda su vida laboral cotizó 1037
semanas al ISS y al sector público, a quien la Sala Quinta de Descongestión
Laboral del Tribunal Superior de Medellín le negó dicha prestación por no
cumplir con los requisitos fijados en el Acuerdo 049 de 1990, en tanto solo
contaba con 604 semanas cotizadas al ISS de las cuales 216 correspondían a los
20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida. Por lo anterior, revocó
la sentencia del Tribunal y ordenó proferir una nueva providencia conforme lo
dispuesto en esa decisión.
En
la sentencia de unificación SU-769 de 2014[119],
se analizó el caso de un adulto mayor, a quien en un proceso ordinario laboral
se le negó la acumulación del tiempo laborado en el sector público como
Secretario de Tránsito del Municipio de Bello, bajo el argumento de que la
única normatividad que permite acumular tiempo laborado al servicio del Estado
y no aportado a ninguna Caja de Previsión, con los periodos cotizados al Seguro
Social, es el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 , que modificó el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993.  Allí, la Corte recopiló y unificó la jurisprudencia
constitucional sobre la materia expedida hasta la fecha y amparó los derechos
fundamentales del actor bajo el entendido que la citada normatividad no
prohibía la mencionada acumulación, por tanto debían ser tenidos en cuenta para
efectos de reconocimiento pensional tanto los tiempos cotizados al ISS como los
cotizados a una Caja como servidor público.
Bajo estas consideraciones
se analizará el caso concreto.
7. Caso concreto
El
señor Demóstenes Durán Arriola, instauró demanda ordinaria laboral contra la
Administradora Colombiana de Pensiones –en adelante Colpensiones-, para obtener
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, que le había sido negada
mediante acto administrativo.  En primera instancia, el Juzgado Cuarto Laboral
del Circuito de Barranquilla, accedió a sus pretensiones y ordenó el
reconocimiento y pago de la prestación económica reclamada, en su condición de
beneficiario del régimen de transición, acogiendo el precedente jurisprudencial
expuesto
en la sentencia SU-769 de 2014[120]
de la Corte Constitucional, que permitía acumular los tiempos de cotización en
entidades públicas efectuados en cajas o fondos de previsión social, con los
aportes realizados al ISS, para efectos pensionales. Apelada esta
decisión por la entidad accionada, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla ordenó revocar la providencia de primera
instancia, al considerar que las semanas exigidas para el otorgamiento de la
pensión de vejez en el acuerdo 049 de  1990, son únicamente aquellas
efectivamente cotizadas al ISS, porque en la precitada norma no existe una
disposición que permita adicionara las semanas cotizadas a ese Instituto, el
tiempo servido en el sector público, acogiendo el criterio desarrollado por la
sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de fecha cinco
(05) de noviembre de dos mil catorce (2014)[121] y desconociendo el precedente
constitucional.  En este orden de ideas, negó la pensión de vejez al demandante
al considerar que no cumplía con los requisitos de semanas de cotización
exigidos en el Acuerdo mencionado para el reconocimiento pensional.
El
señor Demóstenes Durán, interpuso la presente acción de tutela contra esa
última decisión argumentando
que
se vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna
y al mínimo vital, por desconocimiento del precedente de la Corte
Constitucional que señala la aplicación del principio de la condición más
favorable en materia pensional y por violación directa de la Constitución, al
vulnerar su derecho a la seguridad social y principio de favorabilidad,
previsto en los artículos 48 y 53 Superior.
Teniendo en cuenta los hechos expuestos, la argumentación
presentada por el apoderado judicial del actor en el escrito de tutela e
impugnación y el fundamento de las decisiones proferidas por los jueces de
tutela de ambas instancias, el problema jurídico analizado por la Sala en la
presente providencia consiste en determinar si la providencia judicial emitida
por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, proferida en el marco de un proceso ordinario laboral seguido por
el actor contra Colpensiones, vulneró los derechos fundamentales del señor
Durán Arriola por desconocimiento del precedente constitucional que señala la
aplicación del principio de la condición más favorable en materia pensional y violación a la
Constitución, bajo el argumento de que las semanas exigidas para el
otorgamiento de la pensión de vejez en el Acuerdo 049 de 1990, son únicamente
aquellas efectivamente cotizadas al ISS, porque en la norma citada y según el
precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, no es
posible acumular las semanas cotizadas al ISS.
Con el fin de resolver el interrogante planteado, la Sala
examinará si la acción de tutela es procedente para controvertir la providencia
judicial acusada; y posteriormente, de cumplirse los requisitos generales de
procedibilidad, verificará si efectivamente con la sentencia controvertida se
incurrió en algún defecto constitucionalmente relevante.
7.1. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad para tutelas contra providencias judiciales:
De
conformidad con la jurisprudencia expuesta en la parte considerativa de esta
sentencia, la acción de tutela, por regla general, no procede contra decisiones
de autoridades judiciales, salvo cuando sean acreditadas las causales generales
que le permiten al juez constitucional asumir su conocimiento. En el caso que
ahora se estudia, la Sala encuentra que la tutela interpuesta por el señor Durán
Arriola cumple con esos requisitos de procedibilidad, como se pasa a exponer:
7.1.1.
Relevancia constitucional de asunto. El presente caso cumple con este requisito.
En primer lugar, porque la discusión se circunscribe a la posible vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, vida digna y
seguridad social, con ocasión de la decisión proferida en
un proceso ordinario laboral promovido por el accionante contra Colpensiones y
respecto de las cuales, se alega un defecto por un  posible
desconocimiento del precedente judicial constitucional y violación a la
Constitución, los cuales presuntamente conllevarían a la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
En
segundo lugar, por la disparidad de posiciones existentes en las Altas Cortes, sobre
la posibilidad de acumular tiempos de servicios cotizados, con los aportes
efectuados al ISS, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez bajo
los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, específicamente, sobre el requisito enunciado
en el literal “b” del artículo 12 de dicha norma, que exige contar con 1000
semanas de cotización en cualquier tiempo.
Se
trata de una persona de la tercera edad, (71 años), que reclama el
reconocimiento de su pensión para tratar de acceder a una vida digna.
7.1.2. Agotamiento de los recursos judiciales.
El accionante solicitó su pensión de vejez ante el
Instituto de Seguros Sociales y debido la negativa de esta entidad acudió a la
jurisdicción ordinaria laboral, donde el proceso resultó favorable a sus
pretensiones, en primera instancia y desfavorable a las mismas en segunda.
Sea lo primero advertir respecto a la presunta
improcedencia de la presente acción en razón a no haberse interpuesto el
recurso extraordinario de casación, que esta corporación reiteradamente ha
manifestado que, si bien es cierto la tutela es un medio de defensa al que solo
se debe acudir “cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial” (art. 86 Superior), también lo es que tal mecanismo tiene
que ser apto, expedito y oportuno, lo que notoriamente no ocurre con la
Casación Laboral, debido a que la posición de la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia a este respecto ha sido reiterada en cuanto a la
negativa de acumular las cotizaciones que como en este caso se hicieron al ISS
y a Cajanal en virtud de la vinculación al servicio público.
Asimismo,
la Sala considera que el asunto objeto de estudio se enmarca dentro los casos
excepcionales en los que, según la jurisprudencia de esta Corporación, no se
exige el agotamiento de los recursos extraordinarios, como se explica a
continuación.
La
Corte Constitucional ha sostenido que se exige a los accionantes hacer uso del
recurso extraordinario de Casación, siempre que sea procedente y no resulte una
carga procesal desproporcionada. En caso contrario, es posible que las personas
presenten la acción de tutela sin haber acudido a ese recurso, pues este medio
no sería idóneo ni eficaz para la protección de sus derechos y, en cambio, sí
supondría un desgaste de tiempo y recursos. La Sala aclara que esta es una
posibilidad excepcional, y que existen reglas jurisprudenciales plenamente
definidas que determinan su aplicabilidad.
En
efecto, la sentencia T-886 de 2013[122], estableció que
la acción de tutela es procedente aunque no se haya interpuesto el recurso de
casación cuando: “a) éste resulta ser una carga desproporcionada dadas las
condiciones materiales de existencia y el asunto a tratar. Así, se consideró
procedente la acción de tutela para quienes pretendían la indexación de la
primera mesada pensional otorgada antes de 1991, en razón a la condición de
especial vulnerabilidad en que se encontraban los accionantes y porque el
recurso de casación era ineficaz dado la reiterada negativa a su reconocimiento
por parte de la Sala de Casación Laboral[123]; “b) es
evidente la violación de los derechos fundamentales y una decisión de
improcedencia haría que prevaleciera lo formal frente a lo sustancial”.
El
caso del señor Demóstenes Durán Arriola puede enmarcarse en la primera
excepción puesto que aun cuando el actor podía acudir a la Casación, la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no era
favorable a la interpretación del principio de condición más beneficiosa. A
través de la acción de tutela, solicitó la acumulación de semanas de cotización
efectuadas a cajas o fondos de previsión y al ISS, para efectos de
reconocimiento de pensión de vejez a la luz del acuerdo 049 de 1990, pero la
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema en vigor al momento en
que debía acudir al Recurso Extraordinario –y cuya jurisprudencia fue utilizada
por la autoridad accionada para revocar su reconocimiento pensional- era
contraria a sus pretensiones, razón por la cual, resultaba razonable inferir
que su solicitud hubiera sido negada, en tanto que la tesis del Tribunal de
Casación no permitía la precitada acumulación.
Además, la
jurisprudencia constitucional ha aceptado que en los casos en los que la
persona solicitante del derecho pensional es un sujeto de especial protección
constitucional – como es el caso, dado que es un adulto mayor de 71 años-, las
vías alternativas se tornan ineficaces, porque los tiempos de espera a los
cuales tienen que verse sometidos puedan agravar las circunstancias de
debilidad manifiesta en las que se encuentran[124].
Como
resultado, todo análisis de procedibilidad que se haga sobre la presente acción
de tutela, debe ser menos estricto teniendo en cuenta que el accionante no puede
soportar las cargas y los tiempos procesales característicos de los medios
ordinarios de defensa judicial de la misma manera que el resto de la sociedad.
7.1.3.
Principio de inmediatez. Sobre este requisito la Corte ha sostenido que
teniendo en cuenta que la acción de tutela pretende dar protección inmediata
ante la vulneración o amenaza de los derechos, debe ser en un tiempo razonable,
contado desde que acaecieron los hechos causantes de la trasgresión o desde que
la persona sienta amenazados sus derechos. La razonabilidad del plazo está
determinada por la finalidad de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso
concreto[125].
La
importancia de esta exigencia radica en lo siguiente: (i) garantiza una
protección urgente de los derechos fundamentales presuntamente amenazados o
vulnerados; (ii) evita una lesión desproporcionada a atribuciones jurídicas de
terceros; (iii) resguarda la seguridad jurídica; y (iv) desestima las
solicitudes negligentes[126].
En lo que respecta a la inmediatez, la
Sala no comparte de la posición asumida por la autoridad judicial de instancia,
que consideró que no se cumplía con dicho requisito. Se observa que el
accionante radicó la acción de tutela el día veintidós (22) de julio de dos mil
dieciséis (2016)[127],
y la sentencia de la cual deriva su vulneración de derechos, esto es, la
sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Barranquilla, fue proferida el día veintiuno (21) de agosto de dos
mil quince (2015)[128],
esto es, once (11) meses atrás.
En principio se podría pensar que ese
lapso de tiempo desvirtúa el cumplimiento del requisito de inmediatez. Sin
embargo, esta Corporación en Sentencia T-037 de 2013[129] señaló
que su valoración se relativiza o se vuelve menos estricta bajo ciertas
circunstancias específicas del caso concreto, que podrían justificar la
inactividad de los ciudadanos para interponer el amparo, en un periodo de tiempo
determinado. Estas circunstancias, fueron resumidas por este alto Tribunal,
así:
“(i) La existencia de razones que
justifiquen la inactividad del actor en la interposición de la acción. (ii) La
permanencia en el tiempo de la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del accionante, esto es, que como consecuencia de la afectación
de sus derechos, su situación desfavorable continúa y es actual. (iii) La carga
de la interposición de la acción de tutela resulta desproporcionada, dada la
situación de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante; por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros”[130].
En
el caso bajo examen se cumplen a cabalidad los presupuestos presentados por la
jurisprudencia constitucional para acreditar el requisito de inmediatez, pese a
que transcurrió un tiempo considerable entre la vulneración de los derechos del
actor y la interposición de la acción de tutela.  Lo anterior, porque: (i) Se
trata de una acción de tutela interpuesta por una persona de setenta y un (71)
años de edad, quien por tanto, es sujeto de especial protección constitucional.
(ii) Como consecuencia de la negativa tanto del ISS como de la autoridad
judicial de segunda instancia en el proceso ordinario laboral, no ha podido
acceder a su pensión de vejez, la cual, ha dicho esta Corporación, es el fruto
de años de trabajo y su esencia es garantizar la congrua subsistencia de
quienes por su edad, no pueden procurarse sus ingresos por sí mismos. La
situación económica del actor quien ha señalado que no cuenta con ningún otro
ingreso para su subsistencia. La ausencia del reconocimiento pensional, vulnera
los derechos a la vida digna, seguridad social y mínimo vital.  (iii) la
vulneración de los derechos del actor es actual, y perdura en el tiempo.  Por
lo anterior se considera que se supera el requisito de inmediatez, necesario
para la procedibilidad de la acción.
7.1.4.
En caso de tratarse de una irregularidad
procesal, es necesario que ésta tenga incidencia directa en la decisión que
resulta vulneratoria de los derechos fundamentales. Este requisito no es
aplicable al asunto bajo estudio ya que las anomalías que se alegan son de
carácter sustantivo.
7.1.5.
Identificación de los hechos que generan
la violación y que ellos hayan sido alegados en el proceso judicial, en caso de
haber sido posible. El
accionante puso de presente no solo en el escrito tutelar, sino también dentro
del proceso ordinario laboral, la afectación de sus derechos fundamentales a la
vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, ante la aplicación de una
norma que, en su parecer, resultó injustificadamente regresiva, con
desconocimiento del precedente jurisprudencial y contraria a la Constitución.
7.1.6.
El fallo controvertido no es una
sentencia de tutela.
Como se ha indicado, las providencias que se censuran hicieron parte de un
proceso ordinario laboral.
Una
vez definidos los puntos que hacen procedente la acción de tutela, entra la
Sala al análisis de los requisitos especiales de procedibilidad contra
providencias judiciales, específicamente los de desconocimiento del precedente
y violación a la Constitución, como causales alegadas por el accionante.
7.2.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, incurrió en los defectos de violación a la
Constitución y desconocimiento del precedente, dentro del proceso ordinario
laboral adelantado por el señor Demóstenes Durán Arriola contra Colpensiones
La
Corte considera que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, al revocar la sentencia del Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Barranquilla, violó la Constitución y desconoció el
precedente jurisprudencial,  por darle aplicación a un régimen más gravoso y
desfavorable para el actor y argumentar que la normatividad no permite sumar el
tiempo cotizado por el actor ante CAJANAL con las semanas cotizadas al ISS. La
Sala llega a la anterior conclusión luego de realizar el siguiente análisis:
El
actor interpuso la presente acción de tutela contra esa decisión, argumentando que se vulneraron
sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo
vital, por desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional que señala
la aplicación del principio de la condición más favorable en materia pensional
y por violación directa de la Constitución, al vulnerar su derecho a la
seguridad social y principio de favorabilidad, previstos en los artículos 48 y
53 Superior.
Aplicando
la jurisprudencia citada en las consideraciones de la presente providencia, se
puede concluir, que los argumentos esbozados por la autoridad judicial
accionada desconocieron los múltiples pronunciamientos de este Tribunal
constitucional que señalan la viabilidad jurídica de la acumulación de los
tiempos cotizados al ISS y a otras instituciones del Sistema General de
Seguridad Social en pensiones, para efectos de reconocimiento de la pensión
vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990.  Específicamente, el desconocimiento por
parte del Tribunal de Barranquilla, del precedente jurisprudencial contenido en
la Sentencia SU-769 de 2014 de esta Corporación, vulneró los derechos
fundamentales del actor, dado el carácter “vinculante, obligatorio y de
fuente del derecho de la jurisprudencia emanada de las Altas Cortes, en sus
jurisdicciones, pero específicamente de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento
jurídico”[131].
Además,
en la sentencia SU-769 de 2014[132],
se determinaron las reglas aplicables para definir este asunto. Al respecto
cabe anotar que el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 no exigía que las
semanas cotizadas para efectos de la pensión de vejez, fueran cotizadas exclusivamente
al ISS, sino que las mismas podían acumularse con las cotizadas ante otras
cajas o fondos. Darle una interpretación diferente al contenido de dicha norma,
resulta regresiva y contraria a la Constitución. (ii) Que esta ratio
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso:
Tanto en la mencionada sentencia como en la presente, se trata de una acción de
tutela contra providencia judicial emitida en el curso de procesos ordinarios
laborales, que negaron la pensión de vejez a adultos mayores que tenían
acreditado los requisitos tanto de edad como de semanas de cotización exigidos
por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a la pensión de vejez,
pero que sus cotizaciones no habían sido efectuadas exclusivamente al ISS, sino
algunas de ellas habían sido realizadas a tal instituto, y las restantes se
habían cotizado a Cajanal o Cajas Territoriales  dentro de sus actividades
laborales como servidores públicos.
Por
tanto, la autoridad judicial accionada, si debía aplicar el precedente
jurisprudencial constitucional citado, pues le era vinculante, y correspondía a
un pronunciamiento de unificación esta Corporación, como órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional encargado de la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, aplicable a todas las jurisdicciones. Quien interpreta con
autoridad cual es la lectura conforme a la Constitución, de un texto cuyo
contenido genera diversas interpretaciones.
Finalmente,
se considera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla,
desconoció los derechos
a la seguridad social y principio de favorabilidad, previstos en los artículos
48 y 53 Superior, al
revocar la providencia judicial que le había ordenado a Colpensiones el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez del accionante.
Se
encuentra acreditado que el actor tiene setenta y un (71) años de edad
actualmente[133],
y aunque ha cotizado mil quince (1.015)
semanas la entidad demandada le revocó la sentencia que ordenó su
reconocimiento pensional por considerar, que pese al número de semanas de
cotización reconocidas, éstas no fueron cotizadas de manera exclusiva ante el
ISS –hoy Colpensiones- razón por la cual consideró que su situación no se ajusta
al régimen de transición previsto en la ley 100 de 1993 y consiguientemente, a
ninguno de los regímenes pensionales anteriores a esta ley.
En
efecto, en la Resolución Nº 011229 del
veinticuatro (24) de junio de dos mil ocho (2008)[134], el ISS
estableció que el actor cotizó al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, un total de mil quince (1.015)
semanas, de las cuales 985 fueron cotizadas a Cajanal como funcionario público
al servicio del Ministerio del Trabajo y 30 semanas fueron cotizadas al ISS en
su calidad de trabajador independiente y que era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  Las dos
instancias del proceso ordinario laboral coincidieron con el accionante en
estos tres aspectos: la edad del actor, las semanas cotizadas y el hecho de ser
beneficiario del régimen de transición.  El asunto sometido a debate era si era
viable o no acumular los tiempos de cotización efectuados ante el ISS y ante
Cajas o Fondos, para efectos de la pensión de vejez a la luz del acuerdo 049 de
1990.
La
entidad afirma que revisados los regímenes contemplados en el artículo 1° de la
ley 33 de 1985 (pensión de jubilación por aportes), y el artículo 33 de la Ley
100 de 1993 modificado por el artículo 9º de la ley 797 de 2003 (pensión de
vejez), el accionante no cumplía con la totalidad de los requisitos de ninguno
de estos regímenes dado que pese a superar el requisito de la edad, no acreditó
los veinte (20) años de servicios al sector
público, ni las mil ciento veinticinco (1.125) semanas de cotización para el
año dos mil ocho (2008),  por lo que se negó la pensión al actor.
Encuentra
la Sala que no le asiste razón al ISS- para negar el reconocimiento de la
pensión de vejez al accionante, ni a la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla para revocar la providencial judicial que
ordenó el reconocimiento de la pretendida prestación económica, debido a que
los requisitos exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990  únicamente
exigían sesenta (60) o más años de edad si se es varón y un mínimo de mil
(1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. Las dos
condiciones para acceder a este derecho, a saber, la edad (cumplió 60 años el 5
de junio de 2005)[135]
y el tiempo (contaba con 1.015 semanas cotizadas)[136], se encontraban
acreditadas.
Además, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido expresamente que  (i) “el artículo 12
del Decreto 758 de 1990 en ninguno de sus apartes exige que las cotizaciones se
efectúen de manera exclusiva al  fondo del Instituto de Seguros Sociales”[137]
por lo que se incurre en un error al interpretar esta norma de manera
distinta al texto de la disposición, y (ii) en virtud del principio
hermenéutico de interpretación más favorable a los intereses del trabajador, es
posible computar las semanas que cotizó una persona en el sector público antes
de entrar de vigencia la ley 100 de 1993 con las que cotizó como empleado del
sector privado o trabajador independiente en cualquier tiempo[138]. Además,
porque en reiterada jurisprudencia de esta Corporación, se sostiene que las
personas cotizan el número de semanas exigidas y cumplen los requisitos de la
legislación ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y no ante
las entidades específicas que lo componen. Desconocer lo anterior implica
vulnerar los derechos fundamentales del accionante, especialmente su debido
proceso, al aplicar una norma que no le era favorable, y darle una
interpretación errónea a la norma que si le otorgaba el beneficio, transgrediendo
con ello el principio de favorabilidad.
En este
caso, concluye la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional que el
Instituto de Seguros Sociales sí vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida digna, a la seguridad social[139] y al
mínimo vital del señor Demóstenes Durán Arriola, al ordenar la revocatoria de
la providencia judicial que ordenó el reconocimiento y pago de su pensión de
vejez, por la inaplicación del precedente jurisprudencial que le era favorable
(Sentencia SU-769 de 2014) y por violación a la Constitución por desconocimiento
del principio de favorabilidad, al aplicar un precedente jurisprudencial que
era contrario a sus intereses (el de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia), y que le impidió acceder a su derecho a la pensión de vejez, sin el
cual, su vida digna, mínimo vital y derecho a la seguridad social se han visto
afectados. En este orden de ideas, se ordenará REVOCAR las sentencias de tutela
proferidas el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016) por la
Sala de Decisión de Tutelas N° Uno adscrita a la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la sentencia proferida el tres
(3) de agosto del mismo año por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, mediante las cuales se declaró improcedente el amparo tutelar. En
su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
al mínimo vital, a la vida digna y a la seguridad social del señor Demóstenes
Durán Arriola, en
los términos expuestos en esta providencia.
Asimismo, se
ordenará DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el veintiuno (21) de agosto
de dos mil quince (2015) por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que a su vez revocó la
sentencia proferida el trece (13) de febrero del mismo año por el Juzgado
Cuarto Laboral del Circuito Judicial de Barranquilla, que había ordenado el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez al señor Demóstenes Durán Arriola.
Como
consecuencia de lo anterior la Sala ordenará, dejando en firme la providencia
de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito Judicial de
Barranquilla, reconocer y pagar la pensión de vejez al señor Demóstenes Durán
Arriola a partir del 19 de junio de 2011[140], con el descuento a que
haya lugar por el reconocimiento de la indemnización sustitutiva[141],
tal como lo dispuso el Juez A quo dentro del proceso ordinario.
8.
Conclusiones.
El cómputo de las
semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993
precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes
regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con
diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los
trabajadores para acceder a la pensión de vejez.
De
conformidad con los precedentes jurisprudenciales mencionados en la parte
considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de la pensión
de vejez, es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o
fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuadas al
Instituto de Seguros Sociales.
Esta
es la lectura conforme a la Constitución que debe dársele al artículo 12 del Acuerdo
049 de 1990, la que además se ajusta a los principios de favorabilidad y pro
homine, y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad
social, tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron
acreditadas 1000 semanas en cualquier tiempo, sino también para los eventos en
los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años
anteriores al cumplimiento de la edad requerida.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE:
Primero.-
REVOCAR las
sentencias de tutela proferidas el treinta y uno (31) de agosto de dos mil
dieciséis (2016) por la Sala de Decisión de Tutelas N° Uno adscrita a la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que a su vez confirmó la
sentencia proferida el tres (3) de agosto del mismo año por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante las cuales se declaró
improcedente el amparo tutelar. En su lugar, CONCEDER el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la vida digna y a
la seguridad social del señor Demóstenes Durán Arriola, en los términos
expuestos en esta providencia.
Segundo.- DEJAR
SIN EFECTOS la
sentencia proferida el veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015) por la
Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, que a su vez revocó la sentencia proferida el trece (13) de
febrero del mismo año por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Judicial de
Barranquilla, que había ordenado el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez al señor Demóstenes Durán Arriola.
Tercero.-
ORDENAR
a COLPENSIONES que dentro
de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación de esta sentencia,
reconozca y pague al señor Demóstenes Durán Arriola, la pensión de vejez a que
tiene derecho desde el 19 de junio de 2011, tal como lo ordenó el Juzgado
Cuarto del Circuito Judicial de Barranquilla en fallo que se deja en firme,
descontando la suma a que haya lugar en virtud del reconocimiento que se había
efectuado al actor por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez.
Cuarto.- LÍBRESE
por
Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto ley
2591 de 1991.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con salvamento de voto
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] La Sala de Selección Número Diez estuvo integrada por
los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Luis Ernesto Vargas Silva.
[2] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[3] Sentencia de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil
catorce (2014). Radicación Nº 44.901. M.P. Clara Cecilia Dueñas.
[4] A folio
38 del cuaderno principal obra copia del Registro Civil de Nacimiento del actor
NUIP 450605 mediante el cual se acredita que el señor Demóstenes Durán Arriola
nació el día cinco (5) de junio de mil novecientos cuarenta y cinco (1945).
[5] Folio
2. En adelante, siempre que se haga
referencia a un folio se entenderá que el mismo hace parte del cuaderno
principal, a menos que se realice indicación en contrario.
[6] Fecha de entrada en vigencia de la ley: Primero (1º) de abril de mil novecientos
noventa y cuatro (1994).
[7] Folio
2.
[8] O lo que es
igual, 6.899 días equivalentes a 19 años, 1 mes y 29 días.
[9] Folio
32.
[10] Folio
32.
[11] Folio
2.
[12] Folio
24.
[13] Folio
55 y CD anexo que contiene la grabación audiovisual de la audiencia.
[14] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[15] Folio 62 y CD anexo que contiene la grabación
audiovisual de la audiencia de segunda instancia.
[16] Radicación Nº 44.901. M.P. Clara Cecilia Dueñas.
[17] Folio
1. Cuaderno Sala de Casación Laboral. Corte Suprema de Justicia.
[18] Folios
1-20. Cuaderno Sala de Casación Laboral. Corte Suprema de Justicia.
[19] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[20] Folio
2. Cuaderno Sala de Casación Laboral. Corte Suprema de Justicia.
[21] Folio
18. Ibídem.
[22] Folios
19-23. Ibídem.
[23] Folio
21. Cuaderno Dos. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.
[24] Folios
19 al 23. Ibídem.
[25] Folios
3-16. Cuaderno Tres. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[26] Folio
34. Ibídem.
[27] En
apoyo de sus argumentos, el accionante citó las sentencias: SU-961 de 1999
(M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), T-1110 de 2005 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto), T-588 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-996A de 2006 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa), T-910 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-905
de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), T-158 de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto), T-051 de 2006 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-760 de
2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-627 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas
Hernández), T-331 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-037 de 2013 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio).
[28] Folios
18-26. Cuaderno Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
[29] Folio
21.
[30] Folio
22.
[31] Folios
23-31.
[32] Folio
32.
[33] Folios
33-34.
[34] Folios
35-37.
[35] Folio
38.
[36] Folio
40.
[37] Folio
41.
[38] Folios
42-49.
[39] Folio
50.
[40] Folio
54.
[41] Folio
55 y CD anexo que contiene la grabación audiovisual de la audiencia respectiva.
[42] Folio
62 y CD anexo que contiene la grabación audiovisual de la audiencia respectiva.
[43] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[44] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[45] Radicación Nº 44.901. M.P. Clara Cecilia Dueñas.
[46] La base
argumentativa y jurisprudencial expuesta en este capítulo hace parte de las sentencias SU-917 de 2010 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; SVP Nilson Pinilla Pinilla); SU-195 de 2012 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio; SVP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y SU-515 de 2013 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio; AV Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo
Guerrero Pérez; SV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
y Nilson Pinilla Pinilla) y mantiene la postura reciente y uniforme de esta corporación
en la materia.
[47] La Sala efectuará una breve exposición sobre esta
materia, a partir del recorrido que va desde la sentencia de la  Sala Plena
C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo; SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero) hasta la sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[48] También llamada Pacto de San José de Costa Rica.  “Artículo
25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se
comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que
interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial,
y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”. (Subrayado fuera de
texto).
[49] “Artículo
2. (…)  3. Cada uno de los
Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por
personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad
competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las
posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.(Subrayado fuera
de texto).
[50] M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[51] Ver, entre otras, las sentencias T-381 de 2004 (M.P.
Jaime Araújo Rentería), T-565 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-1112 de
2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[52] Sentencia T-265 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
[53] Al respecto ver, entre otras, las sentencias SU-159
de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-462 de
2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre Lynett y T-1625 de
2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez (e).
[54] Es de anotar que la jurisprudencia en torno a las
vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la
providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento
de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo “vía de hecho” por
el de “causal específica de procedibilidad”. (Sentencias T-774 de 2004 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa) y T-453 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa), entre otras).
[55] El abandono del concepto “vía de hecho” por el de
“causales de procedencia de la acción de tutela” se comenzó a proponer en las
sentencias T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-771 de 2003, T-949 de 2003 (Todas
con ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, y T-701 de 2004 (M.P.
Rodrigo Uprimny Yepes).
[56] Sobre ese fallo se efectuarán consideraciones
adicionales en el siguiente acápite de esta providencia.
[57] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[58] Sobre la función de la Corte en el ejercicio de la
revisión de fallos de tutela, ver la sentencia C-018 de 1993 (M.P. Alejandro
Martínez Caballero) y los autos A-034 de 1996 (M.P. José Gregorio Hernández
Galindo) y A-220 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[59] Sobre la estructura de los derechos fundamentales,
resultan especialmente ilustrativas las sentencias T-576 de 2008 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto) y T-760 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
relativas al carácter fundamental del derecho a la salud.
[60] Sobre la importancia de la unificación de la
jurisprudencia constitucional y su relación con el principio de igualdad, ver
sentencias y T-566 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-836 de 2001 (M.P.
Rodrigo Escobar Gil; AV Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy
Cabra; SV Alfredo Beltrán Sierra, Álvaro Tafur Galvis y Jaime Araujo Rentería;
SPV Clara Inés Vargas Hernández) y T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa).
[61] Siempre, siguiendo la exposición de la sentencia
C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[62] Ver sentencias T-173 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[63] Esta regla se desprende de la función unificadora de
la Corte Constitucional, ejercida a través de sus Salas de Selección. Así, debe
entenderse que si un proceso no fue seleccionado por la Corte para su revisión,
se encuentra acorde con los derechos fundamentales.
[64] La Sala continúa la exposición en torno a lo
dispuesto en sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[65] Hace referencia a la carencia absoluta de competencia
por parte del funcionario que dicta la sentencia.
[66] El defecto procedimental absoluto se presenta cuando
el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido. Al respecto, ver sentencias T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz), T-937 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), SU-159 de 2002 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa), T-196 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) y T-264
de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[67] Referido a la producción, validez o apreciación del
material probatorio. En razón a la independencia judicial, el campo de
intervención del juez de tutela por defecto fáctico es supremamente
restringido.
[68] Cuando se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o en los fallos que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. (Ver, Sentencia C-590 de
2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño); igualmente, los fallos T-008 de 1998 y T-079
de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[69] También conocido como “vía de hecho por
consecuencia”, hace referencia al evento en el cual, a pesar de una actuación
razonable y ajustada a derecho por parte del funcionario judicial, se produce
una decisión violatoria de derechos fundamentales, bien sea porque el
funcionario es víctima de engaño, por fallas estructurales de la Administración
de Justicia o por ausencia de colaboración entre los órganos del poder público.
Ver, principalmente, sentencias SU-014 de 2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez (e), T-1180 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-590 de 2009
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[70] En tanto la motivación es un deber de los
funcionarios judiciales, así como su fuente de legitimidad en un ordenamiento
democrático. Ver sentencia T-114 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[71] “Se presenta cuando la Corte Constitucional establece
el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance”. Ver sentencias SU-640 de 1998 (M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-168 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[72] Cuando el juez da un alcance a una disposición
normativa abiertamente contrario a la Constitución, sentencias T-1625 de 2000
(M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez (e), SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett) y T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), o
cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser
evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso. Ver
sentencia T-522 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[73] Sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
y T-701 de 2004 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes).
[74] Cfr., sobre la definición de
precedente, las sentencias C-104 de 1993 y
SU-047 de 1999 en ambas M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[75] Reiterada en muchas oportunidades. Cfr., T-794 de
2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-1033 de 2012 (M.P. Mauricio González
Cuervo) y T-285 de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), entre otras.
[76] Cfr., T-082 de 2011 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub), T-794 de 2011 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y C-634 de 2011 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva). En esta última, dicho en otras palabras se explica:
“La Corte también refirió al grado de vinculación para las autoridades
judiciales del precedente jurisprudencial emitido por las altas cortes.
Resulta válido que dichas autoridades, merced de la autonomía que les reconoce
la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente, pero
en cualquier caso esa opción argumentativa está sometida a estrictos
requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se
aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio
judicial; y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa
que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores
constitucionales.  Esta opción, aceptada por la jurisprudencia de este
Tribunal, está sustentada en reconocer que el sistema jurídico colombiano
responde a una tradición de derecho legislado, la cual matiza, aunque no
elimina, el carácter vinculante del precedente, lo que no sucede con otros
modelos propios del derecho consuetudinario, donde el precedente es
obligatorio, basado en el principio del stare decisis”.
[77] Sentencia SU-053 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado).
[78] Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.
[79] Cfr. T-292 de 2006 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa): “En
este sentido, la vinculación de los jueces a los precedentes constitucionales
resulta especialmente relevante para la unidad y armonía del ordenamiento como
conjunto, precisamente porque al ser las normas de la Carta de textura abierta,
acoger la interpretación autorizada del Tribunal constituye una exigencia
inevitable”.
[80] M. P. Mauricio González Cuervo. Cfr. 5.4.2. Fuerza vinculante de la  jurisprudencia de
los órganos judiciales de cierre de las jurisdicciones -jurisprudencia
constitucional-.
[81] Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[82] M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[83]Ver también la Sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo
Montealegre Lynett).
[84] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[85]Sentencia T-809 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao
Pérez). Esta causal de procedibilidad también ha sido aplicada en las sentencias
T-747 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-555 de 2009 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva) y T-071 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub),
entre otras.
[86] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”.
[87] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”.
[88] En sentencia C-789 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil)
tras analizarse la constitucionalidad del artículo 36, incisos 4 y 5 de la Ley
100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones”, se definió al régimen de transición como “un
mecanismo de protección para que los cambios producidos por un tránsito
legislativo no afecten desmesuradamente a quienes, si bien no han adquirido el
derecho a la pensión, por no haber cumplido los requisitos para ello, tienen
una expectativa legítima de adquirir ese derecho, por estar próximos a cumplir
los requisitos para pensionares, en el momento del tránsito legislativo”.
[89] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”.
[90] Ley 100 de 1993, artículo 36. “Régimen de transición. La edad para acceder a la
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el
tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión
de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más
años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados,
será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente
ley”.
[91] “Por el cual se adiciona el artículo 48 de la
Constitución Política”.
[92] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”.
[93] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[94] Sentencia
T-201 de 2012 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[95] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[96] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[97] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[98] M.P. María Victoria Calle Correa.
[99] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[100] M.P. Nilson Pinilla Pinilla; SV Humberto Antonio
Sierra Porto.
[101] M.P. Mauricio González Cuervo.
[102] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[103] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; SVP Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.
[104] M.P. Mauricio González Cuervo.
[105] M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[106] Sentencias T-090 de 2009 (M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto; SV Jaime Araujo Rentería), T-334 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla
Pinilla) y T-559 de 2011 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla; SV Humberto Antonio
Sierra Porto).
[107] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[108] Cfr. Sentencias T-545 de 2004 (M.P. Eduardo Montealegre
Lynett), T-248 de 2008 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-090 de 2009 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto; SV Jaime Araujo Rentería), entre otras.
[109] Entre otras, ver sentencias T-714 de 2011 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva), T-476 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-596
de 2013 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[110] M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto.
[111] Para la Corte, “[e]sta interpretación es apoyada por
una interpretación finalista e histórica pues, como arriba se señaló, la
ley 100 de 1993 buscó crear un sistema integral de seguridad social que
permitiera acumular semanas o tiempos de trabajo laborados frente a
distintos patronos, públicos o privados, para que los(as) trabajadores(as)
tuvieran posibilidades reales de cumplir con el número de semanas
necesarias para acceder a la pensión de vejez, lo que antes se dificultaba
de forma injusta por las limitaciones a la acumulación pues aunque las personas
trabajaban durante un tiempo para una empresa privada o entidad pública si
cambiaban de empleador éste tiempo no les servía para obtener su pensión de
vejez. Adicionalmente, esta interpretación encuentra fundamento en la
filosofía que inspira el derecho a la pensión de vejez que estriba en que ‘el
trabajo continuado durante largos años sea la base para disfrutar el descanso
en condiciones dignas, cuando la disminución de la capacidad laboral es
evidente”.
[112] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[113] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[114] M.P. María Victoria Calle Correa.
[115] M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[116] M.P. Nilson Pinilla Pinilla; SV Humberto Antonio Sierra
Porto.
[117] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[118] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[119] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[120] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[121] Radicación Nº 44.901. M.P. Clara Cecilia Dueñas.
[122] M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[123] Sentencia T-259
de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[124] En la T-569 de 2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez), se manifestó que: “Dentro del asunto que le interesa a esta
Corporación, ha dicho la jurisprudencia que cuando quien acude a las vías
constitucionales para solicitar se ampare su derecho a la seguridad social, se
encuentra dentro del grupo de personas a quienes la Constitución les brinda una
especial protección, como son, los ancianos, los niños, las mujeres
embarazadas, las madres o padres cabeza de familia o las personas que padecen
algún tipo de  discapacidad física o mental, el estudio de procedibilidad de la
acción de tutela debe realizarse con un criterio más amplio”.
[125] Cfr. Sentencias SU-961 de 1999 (M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa) y SU-339 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; AV María
Victoria Calle Correa y Jorge Iván Palacio Palacio).
[126] Sentencia
SU-515 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; AV Mauricio González Cuervo y
Luis Guillermo Guerrero Pérez; SV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo y Nilson Pinilla Pinilla).
[127] Folio
1.
[128] Folio
62.
[129] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[130] Confrontar sentencia
T-627 de 2007 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
[131] Sentencia
C-816 de 2022 (M.P. Mauricio González Cuervo).
[132] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[133] A folio
38 del cuaderno principal obra copia del Registro Civil de Nacimiento del actor
NUIP 450605 mediante el cual se acredita que el señor Demóstenes Durán Arriola
nació el día cinco (5) de junio de mil novecientos cuarenta y cinco (1945).
[134] Folios 33-34.
[135] A folio
38 del cuaderno principal obra copia del Registro Civil de Nacimiento del actor
NUIP 450605 mediante el cual se acredita que el señor Demóstenes Durán Arriola
nació el día cinco (5) de junio de mil novecientos cuarenta y cinco (1945).
[136] Folios 33-34.
[137] Sentencia T-398 de 2.009 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este caso el Instituto de Seguros Sociales,
negó la pensión a una persona que reclamaba su derecho a ella, por considerar
que no reunía el número de semanas mínimas requeridas. La entidad demandada
consideraba en aquella oportunidad, que si bien es cierto, la accionante se
encontraba dentro del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, no
podía finalmente dársele aplicación a dicha norma, porque conforme lo previsto
por el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del
mismo año, el requisito de las mil (1000) semanas cotizadas, debía entenderse
cumplido, sólo si dicho número de cotizaciones había sido efectuado ante el
Seguro Social y no ante otra entidad. La Corte Constitucional contrario a este
argumento, revocó la decisión de la entidad demandada y concedió el derecho a
la pensión, con base, entre otras, en la consideración expuesta en la cita.
[138] Al respecto ver las sentencias
T-090 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-702 de 2009 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
[139] Dentro del ordenamiento jurídico colombiano el derecho
a la seguridad social ha sido concebido como un servicio público de carácter
obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en observancia a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad. Constitución Política. Artículo 48, inciso 1°: “La Seguridad
Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley”.
[140] Con fundamento en los requisitos previstos en el
Decreto 758 de 1990 para adquirir el derecho a la pensión (art. 12), 60 años de
edad y 1000 semanas de cotización, la prestación se causó el 01 de abril de
2008, fecha en la que, contando con los 60 años de edad (05 de junio de 2006),
efectuó la última cotización al ISS. No obstante, el Juzgado A quo dentro del
proceso ordinario declaró la prescripción extintiva trienal de las mesadas
pensionales, teniendo en cuenta que la demanda se incoó el 18 de junio de 2014.
[141] Al accionante se le había reconocido indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez, que es incompatible con la prestación que
aquí se está reconociendo, mediante la Resolución No. 001058 de 28 de enero de
2008 (fl. 32). La suma que se le reconoció en dicho acto se ordenó descontar
del retroactivo pensional.