T-605-15
Sentencia T-605/15
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO-Reiteración de jurisprudencia
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
DEFECTO FACTICO-Dimensión positiva y dimensión negativa
La Corte ha identificado dos
dimensiones del defecto fáctico: una dimensión negativa y una positiva. La
primera tiene lugar cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, o simplemente omite su valoración, y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia demostrados clara
y objetivamente. La jurisprudencia es clara en manifestar que también se
configura cuando la ley le confiere el deber o facultad de decretar la prueba y
la autoridad no lo hace por razones que no resultarían justificadas. Esto se
funda en que la ley ha autorizado al juez a decretar pruebas de oficio cuando
existen dudas y hechos que aún no son claros e impiden adoptar una decisión
definitiva. La dimensión positiva, se presenta cuando el juez aprecia pruebas
esenciales y determinantes para la definición del caso, que no ha debido
admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas
(artículo 29 C. P.) o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista
material probatorio que respalde su decisión.
DERECHO A LA PENSION
DE SOBREVIVIENTES Y A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza jurídica
y función
DERECHO A LA PENSION
DE SOBREVIVIENTES-Convivencia
simultánea
DERECHO A LA PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Cónyuge y compañera permanente en proporción al tiempo de
convivencia
DERECHO A LA PENSION DE
SOBREVIVIENTES-Caso en que jueces omitieron decretar de oficio pruebas para
determinar convivencia simultánea del causante y omitieron analizar elementos
probatorios que fueron debidamente allegados al proceso
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que la Sala
Laboral incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por
sobreponer las normas procesales sobre la garantía de los derechos a la pensión
de sobrevivientes
ACCION DE TUTELA EN
MATERIA DE PENSION DE SOBREVIVIENTES CUANDO EXISTE CONVIVENCIA SIMULTANEA-Caso
en que dos compañeras permanentes tienen derecho a recibir en partes iguales la
pensión de sobrevivientes
Referencia: Expediente T-1.959.885.
Acción de tutela instaurada por la señora Delia Urueña Tovar,
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Procedencia: Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
Asunto: (i) Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
relación con el defecto fáctico, (ii) Derecho a la pensión de sobrevivientes en
caso de convivencia simultánea.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO.
Bogotá, D. C.,  veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince
(2015).
La Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio y por la Magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia proferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en
única instancia, dentro de la acción de tutela promovida por Delia Urueña Tovar
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
El asunto llegó a la
Corte Constitucional por solicitud realizada por el apoderado de la demandante,
según lo consagrado en el Auto 100 del 16 de abril de 2008 de esta Corporación.
Lo anterior, en consideración a que la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutela, mediante auto del 12 de
junio de 2008, rechazó la demanda de tutela impetrada por la señora Delia Urueña
Tovar, sin remitir el expediente junto con la decisión a la Corte
Constitucional para una eventual revisión.
ANTECEDENTES
La señora Delia Urueña Tovar, a través de apoderado, promovió
acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vida en
condiciones dignas, a la familia, a la igualdad y a la seguridad social, con
ocasión de la sentencia proferida por esa Corporación, el 31 de enero de 2008,
con base en los hechos que a continuación son resumidos.
A. Hechos y pretensiones
1. La señora Carmen Elina Cardozo Cruz
inició un proceso ordinario laboral ante el Juzgado Civil del Circuito de
Lérida (Tolima), contra la Compañía Agropecuaria e Industrial Pajonales S.A.,
en el que pretendía la declaración como compañera permanente del fallecido Juan
de Jesús Álvis Bocanegra, y en consecuencia el beneficio de la pensión de
sobreviviente.
Al referido proceso[1],
fue vinculada como litisconsorte necesaria, la señora Delia Urueña Tovar (aquí
demandante), quien manifestó su convivencia con el fallecido señor Juan de
Jesús Álvis Bocanegra, en unión marital de hecho y aportó como prueba la copia
auténtica de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué
que así lo declaró.
2. El Juzgado Civil del Circuito de Lérida
reconoció a la señora Carmen Elina Cardozo Cruz, como beneficiaria de la sustitución
pensional y advirtió que no podía tener en cuenta el fallo aportado por la
señora Delia Urueña Tovar, bajo el argumento de que fue presentado
extemporáneamente, teniendo en cuenta las oportunidades previstas en los
artículos 174 y 183 del Código de Procedimiento Civil[2].
Aunado
a lo anterior, al dar aplicación a las normas que regulan la sustitución
pensional, el Juzgado Civil del Circuito de Lérida señaló lo siguiente:
“Ahora
bien, en cuanto al derecho a la sustitución pensional se ha dicho que es una
especie de derecho al a seguridad social, que se adquiere cuando cumplen los
requisitos establecidos por la Ley, y que permite a una persona continuar
percibiendo la prestación económica del causante, pero no para considerarla
como pensionada.
Intratándose
(sic)
de los requisitos, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Ley 100 de
1993, sin tener en cuenta las modificaciones introducidas por la Ley 797 de
2003, las cuales no habían entrado en vigencia para la fecha de la muerte
del pensionado (23 de octubre de 2002)” (Negrillas propias).
Así,
finalizó manifestando que “No existe duda para el Juzgado de que quien tiene
derecho a la sustitución pensional es la señora CARMEN ELINA CARDOZO CRUZ, por
lo que así lo declarará, y se condenará en costas a la Corporación del valle
S.A. y a la señora DELIA URUEÑA TOVAR”.
3. Insatisfecha con la decisión, la señora
Delia Urueña la apeló y, en segunda instancia, la Sala de Decisión Laboral del
Tribunal Superior de Ibagué, en fallo del 25 de octubre de 2006, confirmó las
razones del a quo, indicando que la actividad probatoria
de la señora Delia Urueña Tovar fue “pobre” y, adicionalmente, que
durante el proceso de declaratoria de unión marital de hecho iniciado por ésta,
la señora Carmen Elina Cardozo Cruz no tuvo oportunidad de ejercer el derecho
de contradicción y de defensa.
Al
respecto, el Tribunal indicó:
“Ahora
bien, señala el recurrente que no competía al juez laboral declarar la calidad
de compañera permanente de la actora frente al causante Juan de Jesús Alvis
Bocanegra, siendo ello del resorte de los jueces de familia.
Al
respecto ha de indicarse que la controversia resuelta por el juez de primer
grado tiene relación directa con un derecho pensional reclamado por las señoras
Carmen Elina Cardozo y Delia Urueña Tovar frente al causante Juan de Jesús
Alvis Bocanegra y aunque su decisión implicó decidir quien ostentó la calidad
de compañera permanente de éste por lo menos durante los dos últimos años
anteriores a su muerte, en manera alguna ello equivale a declarar la existencia
de  la unión marital de hecho, pretensión propia del conocimiento de los jueces
de familia.
Si
lo planteado por la recurrente fuera acertado, habría que concluir siempre que
se presente una controversia de pensión de sobrevivientes, cuyo competente para
resolver es el juez laboral, éste se vería impedido para dictar sentencia
definitiva hasta tanto no exista una declaración judicial de un juez de familia
sobre la respectiva unión marital de hecho.
Es
de resaltar que la actividad probatoria de la señoras Delia Urueña Tovar en
este proceso fue pobre, pues no presentó testigo alguno que acreditara ante el
juez del conocimiento o ante esta Corporación, que hubiera convivido con el
causante ni siquiera al momento de su muerte.”
4. Inconforme con dicha providencia, la
señora Delia Urueña interpuso recurso extraordinario de casación, que fue
desestimado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el año 2008,
por falencias técnicas y sustanciales insubsanables en la formulación de la
demanda.
De forma muy
sucinta, los
cargos de la demanda de casación y la forma en que se desestimaron por la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, fueron los siguientes:
Primer
cargo
Este
cargo lo realizó con fundamento en la causal primera de casación laboral,
consagrada en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social, modificado por el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, y
consiste básicamente en señalar que la sentencia de segunda instancia es
violatoria de la Ley 54 de 1990.
La
tutelante expresó que no se tuvo en cuenta la sentencia proferida por el
Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, fechada el 1º de junio de 2004,
debidamente consultada ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de
Ibagué, en la que se declaró la existencia de la unión marital de hecho entre
Delia Urueña Tovar y Juan de Jesús Alvis  Bocanegra.
En
este sentido, consideró que la sentencia de segunda instancia es violatoria
del derecho sustancial y, además, incurrió en un error de hecho manifiesto,
al no apreciar el valor de dicha prueba, con la que se demuestra que
efectivamente Delia Urueña es la verdadera compañera permanente del
fallecido.
Segundo
cargo
Se
invocó con base en la causal segunda de casación, “por no estar la sentencia
en consonancia con las pretensiones de la demanda por Mínima Petita, toda vez
que se omitió decidir sobre la primera pretensión invocada en el Libelo
introductorio del Proceso”.
A
este cargo, agregó que “Al comparar las pretensiones de la demanda y la
Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de
Lérida – Tolima, se puede establecer con claridad meridiana, que la decisión
no contiene la declaración de la calidad de excompañera permanente del Señor
JUAN DE JESÚS ÁLVIS BOCANEGRA (q.e.p.d.), conforme fue pedido en el libelo
demandatorio, con el cual se configura un vicio de actividad o error in
procedendo, dando así origen a un fallo disonante o inconsonante (…)”.
4.1. La
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 31
de enero de 2008, al desatar el recurso extraordinario, advirtió que el primer
cargo, referido a la violación de la Ley 54 de 1990, no cumplió la exigencia de
consagrar el derecho subjetivo reclamado ni demostró que dicha disposición
constituyó el fundamento de la sentencia atacada. En cuanto al segundo cargo,
acerca de la incongruencia del fallo acusado con las pretensiones de la
demanda, estimó que los errores “in procedendo” no son causal denunciable
por esa vía, porque son argumentos propios de un alegato de instancia y sin
mérito para desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de que gozan las
decisiones judiciales adoptadas. Por estas razones, no casó la sentencia
proferida por el citado Tribunal.
Puntualmente,
lo primero que precisó dicha Sala es la labor que cumple en sede de casación,
aclarando que no es de su competencia juzgar el pleito a fin de resolver a cuál
de los litigantes le asiste razón, sino que  su tarea se limita a “enjuiciar
la sentencia con el objeto de establecer si el Juez de apelaciones al dictarla
observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente
dirimir el conflicto”.
Frente
al primer cargo, indicó que carece por completo de proposición jurídica, “porque
la disposición legal que cita como infringida, es decir el artículo 2º de la
Ley 54 de 1990, no cumple con la exigencia consagrada en el numeral 1º del
artículo 51 del D.E. 2651 de 1991, cual es la de señalar las normas de derecho
sustancial nacional, que constituyendo la base esencial del fallo impugnado o
habiendo debido serlo, a juicio del recurrente hayan sido violadas; ello en la
medida que aquella no consagra el derecho subjetivo reclamado, como es la
pensión de sobrevivientes, ni constituye el fundamento de la sentencia atacada”.
En este
sentido, señaló que el primer cargo omitió indicar si la violación de la ley se
dio por vía directa o indirecta, y la modalidad de la misma, es decir, si por
infracción directa, por aplicación indebida o por interpretación errónea, “que
es lo que le permite a la Corte efectuar la confrontación de la sentencia
acusada con el precepto legal denunciado, sin que le sea dable escoger a su
arbitrio entre los tres conceptos, dado el carácter dispositivo del recurso
extraordinario”.
Respecto
al segundo cargo, afirmó que esa causal de casación no es procedente en materia
laboral, “pues en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964, que modificó el
artículo 87 del C.P.L., se indican únicamente dos causales del recurso de
casación, que no son otras que: el ser la sentencia violatoria de la ley
sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación
errónea; o contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte
que apeló de la primera instancia, o de aquélla en cuyo favor se surtió la
consulta”.
De esta
forma, consideró que los errores in procedendo, como el planteado en el
cargo, no son denunciables en casación laboral.
Finalizó
anotando que la argumentación que contiene el ataque, “más que la
sustentación de un recurso de casación es un alegato de instancia, donde no se
lleva un orden lógico adecuado, que permita destruir con suficiente claridad la
presunción de legalidad y acierto de que gozan las decisiones judiciales, y por
tanto, en definitiva el censor no observó lo dispuesto en el artículo 91 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que reza: ‘El recurrente
deberá plantear sucintamente su demanda, sin extenderse en consideraciones jurídicas
como en los alegatos de instancia’”.
5. Por lo anterior, la señora Delia Urueña,
interpuso acción de tutela contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, al estimar que esa Corporación al no tener en cuenta la declaración
judicial de la unión marital de hecho, prueba que la legitimaba para interponer
el recurso de casación, vulneró sus derechos fundamentales a la familia, a la
seguridad social, a la igualdad y al debido proceso. En consecuencia, solicitó que
se declare que ella es compañera permanente del causante Juan de Jesús Álvis
Bocanegra y beneficiaria de la pensión de sobreviviente.
B. Decisión de única instancia
En providencia del 12 de junio de 2008, la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Tutela, rechazó la
demanda formulada por Delia Urueña Tovar, a través de apoderado, contra la Sala
de Casación Laboral, con ocasión de la sentencia del 31 de enero de 2008, por
considerar que las decisiones emitidas por el máximo órgano de la jurisdicción
ordinaria, debidamente ejecutoriadas y con tránsito a cosa juzgada, no pueden
ser objeto de revisión por parte de otra autoridad, “porque no existe
corporación, entidad o despacho que tenga jerarquía superior en esa área
funcional”. Estimó también que no había lugar a disponer la remisión de las
diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión, “en tanto
no se está profiriendo fallo de fondo”.
C. Actuaciones surtidas ante la Corte Constitucional
1. El 18 de julio de 2008, la Sala Séptima de Selección escogió el
expediente de la referencia para revisión y por reparto le correspondió al
entonces Magistrado Nilson Pinilla Pinilla. El proyecto propuesto no fue
acogido por los integrantes de la Sala de Revisión, por ello, el expediente fue
rotado y repartido al Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub como nuevo
ponente.
2. La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante
providencia T-893 del 30 de noviembre de 2011, resolvió i) revocar el fallo
proferido por la Sala de Casación, Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 12
de junio de 2008, que rechazó la acción de tutela, ii) dejar sin efecto las
sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia (31 de enero de 2008) y la de la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Ibagué (25 de octubre de 2006) del proceso ordinario
Laboral iniciado por Carmen Elina Cardozo en contra de Industrias Pajonales
S.A. y al cual fue vinculada como litisconsorte necesaria la señora Delia Urueña
Tovar, y iii) ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que
dicte una nueva sentencia, a favor de las señoras Carmen Elina Cardozo Cruz y
Delia Urueña Tovar en condición de compañeras permanentes del señor Juan de
Jesús Alvis Bocanegra en razón a la convivencia.
Trámite de nulidad de la sentencia T-893 de 2011
3. El 11 de junio de 2013, el apoderado de la Organización
Pajonales S.A. solicitó la nulidad de la sentencia T-893 de 2011, al considerar
que ni la empresa que representa ni la señora Carmen Elina Cardozo, quien ha
venido percibiendo la sustitución pensional, fueron notificados dentro del
proceso de tutela, tal y como lo señalaba el numeral 9º del artículo 140 del
Código de Procedimiento Civil.
El 24 de julio de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la nulidad, encontró
que la falta de vinculación de la Organización Pajonales S.A. afectó sus
intereses de manera directa, lo que constituyó una vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa. En consecuencia, declaró la
nulidad de la sentencia T-893 de 2011, y como medida cautelar ordenó a la
Organización Pajonales S.A. que continuara pagando la mesada pensional de
sobrevivientes por partes iguales a las señoras Delia Urueña Tovar y  Carmen
Elina Cardozo Cruz[3].
La declaratoria de nulidad contó con el salvamento de voto de la
Magistrada María Victoria Calle Correa, quien manifestó que no existió
vulneración alguna al derecho al debido proceso de la Organización Pajonales
S.A., en razón de su no vinculación al proceso de tutela, por cuanto en éste no
se discutía la existencia, el monto o la duración de la obligación pensional a
cargo de dicha entidad, sino únicamente quienes serían sus beneficiarios. Se
trataba, por tanto, de una controversia que tan sólo involucraba a las dos
compañeras permanentes del causante, sin concernir a quien en vida fuera su
empleador.
Actuaciones posteriores a la declaratoria de nulidad de la
sentencia T-893 de 2011
4. De igual modo, el 31 de octubre de 2014, el pleno de la
Corporación remitió el asunto para proferir una nueva sentencia de fondo, a la entonces
Sala
Sexta de Revisión, correspondiéndole la ponencia a la Magistrada Gloria Stella
Ortiz Delgado, quien la presidía[4].
5. En
mérito de lo anterior, la entonces Sala Sexta de Revisión, con auto del 26 de
noviembre de 2014, ordenó notificar y poner en conocimiento a la señora Carmen
Elina Cardozo Cruz, a la Organización Pajonales S.A., a la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué,
al Juzgado Civil del Circuito de Lérida (Tolima) y al Juzgado Tercero de
Familia de Ibagué. Además, les concedió el término de tres
(3) días para que ejercieran su derecho de defensa y contradicción[5].
6. No
obstante lo anterior, según informe del 10 de febrero de 2015, proferido por la
Secretaría General de esta Corporación, el auto del 26 de noviembre de 2014 fue
devuelto por la Oficina de Correo 472, lo que significa que la empresa
de correo certificado 472 Servicios Postales Nacionales S.A. no realizó la
entrega del oficio de notificación[6].
7. En
consecuencia, y a fin de garantizar los derechos al debido proceso y de
defensa, la Sala Quinta de Revisión[7] ordenó
requerir a la empresa de correo certificado, para que realizara
las gestiones necesarias de entrega del oficio de comunicación y notificación
del auto del 26 de noviembre de 2014 a la señora Carmen Elina Cardozo Cruz.
8.
Vencido el término otorgado, según informe de la Secretaría General de esta
Corporación, de fecha 2 de marzo de 2015, la mencionada empresa de correos,
informó que “mediante guía N° YGO74605154CO de febrero 26 de 2015, con los
correspondientes adjuntos, se logró evidenciar que la señora Carmen Elina
Cardozo Cruz, NO RESIDE en la dirección carrera 32 N° 51b -17 sur de la
ciudad de Bogotá”, lo que evidencia la imposibilidad de notificación[8].
9.
Por consiguiente, mediante auto del 10 de marzo de 2015 y por intermedio de
la Secretaría de esta Corporación, se ordenó el emplazamiento de la señora Carmen Elina
Cardozo Cruz,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 108 del Código General del Proceso,
para informarle: i) la existencia de la acción de tutela interpuesta por la
señora Delia Urueña Tovar contra la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, con la cual podría resultar afectada y, ii) que pudiese
ejercer su derecho de defensa y contradicción[9].
10.
No obstante lo anterior, el edicto emplazatorio no se publicó el día domingo
como lo ordena el artículo 108 del Código General del Proceso, sino el viernes
27 de marzo de 2015, en el diario El Tiempo[10].
En consecuencia, mediante auto del 27 de mayo de 2015, la Sala Quinta de
Revisión ordenó que por intermedio de la Secretaría de esta Corporación se
realizara nuevamente el emplazamiento[11].
11.
El
edicto emplazatorio fue publicado el 7 de junio de 2015, en el Diario El Tiempo[12].
Posteriormente, la Secretaría General de esta Corporación mediante oficio del
22 de julio de 2015, envió a este despacho constancia de fijación y desfijación
del edicto emplazatorio ordenado mediante auto del 27 de mayo de 2015, en la
que se indica que vencido el término conferido a la emplazada, ésta no
compareció[13].
12.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 108 del Código General del Proceso,
después de surtido el emplazamiento sin que la señora Carmen Elina Cardozo Cruz
hubiere comparecido, la Sala Quinta de Revisión mediante auto del 12 de agosto
de 2015, procedió al nombramiento de Curador ad-litem[14].
Respuesta
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[15]
13. Un
Magistrado de dicha Sala solicitó declarar improcedente la acción de tutela,
pues la sentencia de casación que se censura, se profirió con respeto a la
Constitución Política y a la ley laboral, sin que resulte arbitraria ni
desconocedora de derecho fundamental alguno.
Además,
la inconformidad de la demandante en el proceso ordinario que se definió con
efectos de cosa juzgada, no puede ahora ser confrontada mediante una acción de
amparo constitucional, que está destinada a proteger derechos fundamentales y
no a  controvertir decisiones judiciales con sentencia judicial en firme.
Respuesta
del apoderado de la señora Delia Urueña Tovar[16]
14. El
apoderado de la accionante indicó que “se han dado múltiples violaciones a
los derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social de mi
representada, tanto en la primera como en la segunda instancia, así como ante
la Corte Suprema de Justicia (Sala Laboral), tal como se encuentra reconocido por
la Corte Constitucional en el fallo promovido dentro de esta tutela, calendado
el 30 de noviembre de 2011, para que ahora se presente este incidente que es
ajeno a la voluntad de mi representada, que lleva esperando 12 años para que se
le administre pronta y cumplida justicia.”
Respuesta
de la Organización Pajonales S.A.[17]
15.
El Representante Legal de dicha organización se pronunció en la presente causa,
mediante escrito en el que sostuvo que su representada ha procedidido a pagar
compartidamente la totalidad  de la mesada pensional del señor Juan de Jesús
Alvis Bocanegra, incorporando a la señora Delia Urueña Tovar en nómina de
pensionados, para pagarle el 50% de la citada mesada.
No
obstante, solicitó a esta Corporación “declarar que el fallo de tutela
proferido dentro de la acción adelantada por la señora Delia Urueña Tovar
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, bajo el
radicado T-893-11, tiene efectos ex nunc, especialmente en lo relacionado con
el pago a su favor del 50% de la asignación mensual de jubilación que devengaba
el extinto Juan de Jesús Alvis Bocanegra, dada su condición de compañera
permanente del causante.”
De
forma subsidiaria, pidió dar aplicación al artículo 212 del Código Sustantivo
del Trabajo, el cual señala que en caso de que posteriormente aparezcan nuevos
beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación están
solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios en las cuotas
que les correspondan. Así las cosas, es la señora Carmen Elina Cardozo Cruz,
quien debe responder por las cuotas pensionales de la señora Delia Urueña
Tovar.
Respuesta
del Curador ad-litem[18]
16.
El 4 de septiembre de 2015, el doctor Carlos Alberto López Montes, quien fuera
designado como Curador ad-litem de la señora Carmen Elina Cardozo Cruz se
presentó en la Secretaría General de esta Corporación para asumir el cargo en
forma gratuita como defensor de oficio, según el numeral 7 del artículo 48 del
Código General del Proceso.
Posteriormente,
mediante comunicación del 7 de septiembre de 2015, se pronunció en el proceso
de la referencia y, específicamente, destacó lo siguiente:
“La pretensión de
la señora DELIA URUEÑA TOVAR, de que se le reconozca la pensión compartida, que
devengaba su esposo JUAN DE JESÚS ALVIS BOCANEGRA, manifiesto que me opongo a
ella, a pesar de que la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, provisionalmente,
declaró este derecho por partes iguales, esto, en razón del principio del
derecho, que reza: EL QUE ES PRIMERO EN EL TIEMPO, ES PRIMERO EN EL DERECHO, y
este fue reconocido a mi representada, por sentencia legalmente ejecutoriada en
un cien por ciento, por el Juzgado Civil del Circuito de Lérida Tolima, por
ello ha de mantenérsele este porcentaje inicialmente declarado, y restablecerle
los valores dejados de percibir.”
II. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Corresponde a la
Corte Constitucional analizar, en Sala de Revisión, el fallo proferido dentro
de la acción de tutela en referencia, con fundamento en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de análisis y problema jurídico
2. En el asunto de la referencia se presenta la siguiente
controversia: Por una parte, existe la pretensión de la señora Carmen Elina
Cardozo, quien reclama ante la empresa Pajonales S.A., el reconocimiento de la
pensión que percibía el causante Juan de Jesús Alvis, al ser su compañera
permanente. Por otro parte, la señora Delia Urueña Tovar (aquí demandante)
solicita la pensión ante la misma empresa, pues indica que acompañó al causante
durante sus últimos años de vida, en calidad de compañera permanente.
La referida controversia fue objeto de litigio laboral entre la
señora Carmen Elina como demandante, la empresa Pajonales S.A. como parte
demandada y Delia Urueña Tovar como litisconsorte necesaria, por su interés en
el pleito. En el proceso laboral,  la señora Carmen Elina Cardozo fue
reconocida como la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. Esa
decisión fue apelada por el apoderado judicial de Delia Urueña, bajo el
argumento de que nunca se demostró la legitimación como compañera permanente de
Carmen Elina, lo cual señaló sí ocurrió con ella, pues dicho estatus fue
declarado mediante sentencia judicial proferida por un juez de familia.
Adicionalmente, aseguró que la señora Carmen Elina tiene un matrimonio vigente
con un tercero, lo que impide que pueda gozar de pensión de sobrevivientes.
Al resolver la apelación, el Tribunal Superior de Ibagué negó las
pretensiones de la señora Delia Urueña, pues estimó que la señora Carmen Elina
fue quien mejor logró probar su calidad de compañera permanente. Contra dicha
decisión se interpuso recurso de casación, el cual no prosperó por la indebida
formulación técnica del mismo.
Por lo anterior, la accionante interpuso acción de tutela que
conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien
mediante auto del 12 de junio de 2008, rechazó la demanda.
En este punto, la Sala considera importante precisar que aun
cuando la acción de amparo únicamente se dirige contra el fallo de la Sala de
Casación Laboral que no casó la sentencia de segunda instancia dentro del
proceso ordinario laboral, el análisis de una posible vulneración de derechos
fundamentales estará dirigido a todos los fallos de instancia dentro del
proceso ordinario laboral, pues según lo indicado por la accionante, desde un
comienzo se presentaron errores en los mismos.
Con fundamento en lo anterior, se debe resolver el siguiente
problema jurídico:
¿Vulneraron
las instancias laborales ordinarias y extraordinarias los derechos al debido proceso, a la vida digna, a la
seguridad social y a la igualdad de la demandante, al negarse a
reconocerle la pensión de sobreviviente del señor Juan de Jesús Álvis
Bocanegra, a pesar de contar con una sentencia judicial proferida el 1º de
junio de 2004 por el Juzgado Tercero de Familia de Ibagué, que declaró la unión
marital de hecho entre ella y el causante?
Para
estos efectos, la Sala reiterará la doctrina en torno a los requisitos
generales y a las causales específicas para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Asimismo, estudiará la naturaleza
jurídica de la pensión de sobrevivientes, especialmente cuando hubo convivencia
simultánea entre el causante y las reclamantes, para luego entrar a examinar el
caso concreto.
Reglas
jurisprudenciales sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia.
3. El
artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como
mecanismo de protección de derechos fundamentales, cuando quiera que resulten
amenazados o vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública,
incluidas las autoridades judiciales.
En
desarrollo de este precepto, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991
previeron la posibilidad de que cuando los jueces emitieran decisiones que
vulneraran garantías fundamentales, las mismas fueran susceptibles de control
por vía de tutela. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-543
de 1992[19]
declaró la inexequibilidad de los referidos artículos. En ese fallo la
Corte precisó que permitir el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales, transgredía la autonomía y la independencia judicial y
contrariaba los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
4. No
obstante en tal declaración de inexequibilidad, esta Corporación también
estableció la doctrina de las vías de hecho, mediante la cual se plantea
que la acción de tutela sí puede ser invocada contra una providencia judicial,
cuando ésta es producto de una manifiesta situación de hecho, creada por actos
u omisiones de los jueces, que implica la trasgresión o amenaza de un derecho
fundamental.
En esa
medida, a partir de 1992 se permitió la procedencia de la acción de tutela para
atacar, por ejemplo, sentencias que se hubieran basado en normas inaplicables,
proferidas con carencia absoluta de competencia o bajo un procedimiento ajeno
al fijado por la legislación vigente. Tales vías de hecho fueron
identificándose caso a caso[20].
5. Más
adelante, esta Corte emitió la sentencia C-590 de 2005[21], en la que la
doctrina de las vías de hecho fue replanteada en los términos de los
avances jurisprudenciales que se dieron en ese interregno. En dicho fallo, la
Corte diferenció dos tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, así: i) requisitos generales de procedencia,
con naturaleza procesal y ii) causales específicas de procedibilidad, de
naturaleza sustantiva.
Requisitos
generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
6. La
Corte en la sentencia C-590 de 2005 buscó hacer compatible el control
por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los principios de cosa
juzgada, independencia y autonomía judicial y seguridad jurídica. Por ello
estableció diversas condiciones procesales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar
el estudio posterior de las denominadas causales específicas.
Tales condiciones
son:
i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado
todos los medios de defensa judiciales al alcance; iii) que se cumpla el
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la
misma sea decisiva en el proceso; v) que se identifiquen, de manera razonable,
los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales y vi) que no
se trate de una tutela contra otra tutela.
7.
Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia
constitucional,
esta Corte ha dicho que ello obedece al respeto por la órbita de acción tanto
de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones. Debe
el juez de tutela, por lo tanto, establecer clara y expresamente si el asunto
puesto a su consideración es realmente una cuestión de relevancia
constitucional, que afecte los derechos fundamentales de las partes.
8. El deber de
agotar todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance del afectado, guarda relación con la excepcionalidad y
subsidiariedad de la acción de tutela, pues de lo contrario ella se convertiría
en una alternativa adicional para las partes en el proceso. Esta exigencia trae
consigo la excepción consagrada en el artículo 86 Superior, que permite que esa
exigencia pueda flexibilizarse cuando se trata de evitar la consumación de
un perjuicio irremediable.
9. Adicionalmente,
el juez debe verificar que la acción de tutela se invoque en un término
razonable y proporcionado, contado a partir del hecho vulnerador, a fin de
cumplir el requisito de la inmediatez. De no ser así, se pondrían en
juego la seguridad jurídica y la institución de la cosa juzgada, pues las
decisiones judiciales estarían siempre pendientes de una eventual evaluación
constitucional.
10. Así mismo,
cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe haber sido decisiva
o determinante en la sentencia que se impugna y debe afectar los
derechos fundamentales del peticionario. Este requisito busca que sólo las
irregularidades verdaderamente violatorias de garantías fundamentales tengan
corrección por vía de acción de tutela, de manera que, se excluyan todas
aquellas que pudieron subsanarse durante el trámite, o que no se alegaron en el
proceso.
11. También se
exige que la parte accionante identifique razonablemente los hechos que
generaron la vulneración de derechos fundamentales. Este requisito pretende
que el actor ofrezca plena claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que se imputa a la decisión judicial. En este punto, es importante que
el juez de tutela verifique que los argumentos se hubieren planteado al
interior del proceso judicial, de haber sido esto posible.
12. La última
exigencia de naturaleza procesal que consagró la tipología propuesta en la C-590
de 2005, fue que la sentencia atacada no sea de tutela. Así se buscó
evitar la prolongación indefinida del debate constitucional, más aún cuando
todas las sentencias de tutela son sometidas a un proceso de selección ante
esta Corporación, trámite después del cual se tornan definitivas, salvo las
escogidas para revisión.
Causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales
13.
Ahora bien, frente a las causales específicas de procedibilidad,  esta Corporación ha emitido innumerables fallos[22]
en los cuales ha desarrollado jurisprudencialmente los parámetros a
partir de los cuales el operador jurídico pueda identificar aquellos escenarios
en los que la acción de tutela resulta procedente para controvertir los
posibles defectos de las decisiones judiciales, para con ello determinar
si hay o no lugar a la protección, excepcional y restrictiva, de los derechos
fundamentales por vía de la acción de tutela[23].
Así las cosas, la
jurisprudencia entendía que existían básicamente tres defectos, el sustantivo,
el procedimental y el fáctico; sin embargo, producto de una labor de
sistematización sobre la materia, en la sentencia C-590 de 2005 se indicó que puede configurarse una vía de hecho cuando se
presenta alguna de las siguientes causales:
·
Defecto
orgánico
que ocurre cuando el funcionario judicial que profirió la sentencia impugnada
carece, en forma absoluta, de competencia.
·
Defecto
procedimental absoluto que surge cuando el juez actuó totalmente al margen
del procedimiento previsto por la ley.
·
Defecto
fáctico que
se presenta cuando la decisión impugnada carece del apoyo probatorio que
permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión.
·
Defecto
material o sustantivo que tiene lugar cuando la decisión se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando existe una
contradicción evidente y grosera entre los fundamentos y la decisión.
·
El
error inducido que
acontece cuando la autoridad judicial fue objeto de engaños por parte de
terceros, que la condujeron a adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales.
·
Decisión
sin motivación que
presenta cuando la sentencia atacada carece de legitimación, debido a que el
servidor judicial incumplió su obligación de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos que la soportan.
·
Desconocimiento
del precedente
que se configura cuando por vía judicial se ha fijado un alcance sobre
determinado tema, y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial
establecida. En estos casos eventos, la acción de tutela busca garantizar la
eficacia jurídica del derecho fundamental a la igualdad.
·
Violación
directa de la Constitución que se deriva del principio de supremacía de la
Constitución, el cual reconoce a la Carta Política como documento plenamente
vinculante y con fuerza normativa.
14. En atención a
que el caso sub examine podría configurarse un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y un defecto fáctico, esta Sala efectuará una breve
caracterización de tales ítems, a fin de viabilizar el estudio del caso
concreto.
El
defecto procedimental absoluto en la modalidad de exceso ritual manifiesto como
causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
15. La jurisprudencia
constitucional[24]
ha caracterizado el defecto procedimental para señalar que este se configura
cuando el juzgador viola derechos fundamentales al negar el derecho sustancial[25], ya sea por no
aplicar la norma procesal acorde con el procedimiento de que se trate[26], o cuando
excede la aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho.[27]
En esos casos, el
funcionario aplica los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y, por esta vía sus actuaciones devienen en una denegación
de justicia[28],
causada por la aplicación de disposiciones procesales opuestas a la vigencia de
los derechos fundamentales[29],
por la exigencia irreflexiva del cumplimiento de requisitos formales[30] o por un
rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.[31] En estas
situaciones se presenta una violación de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.
Efectivamente, en
relación con el derecho al debido proceso, tal defecto se configura cuando el
funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea
porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa
sustancial de éste. En relación con el derecho de acceso a la administración de
justicia, el defecto se produce cuando, por un exceso ritual manifiesto, se
ponen trabas al acceso y se viola el principio de prevalencia del derecho
sustancial es decir convierte a los procedimientos en obstáculos para la
eficacia del derecho sustancial.[32]
La formulación del
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto contra providencias
judiciales tuvo como objetivo resolver la aparente tensión entre el derecho al
debido proceso (art. 29 C.P.) y la prevalencia del derecho sustancial (Art. 228
C.P.)[33].
En principio, estos dos mandatos son complementarios pero en ocasiones la
justicia material parecería subordinada a los procedimientos, no obstante, la
jurisprudencia de esta Corte ha señalado que las formalidades procedimentales
son un medio para la realización de los derechos sustantivos y no fines en sí
mismos.[34]
16.
Como puede observarse, tal defecto puede tener una estrecha relación con el
denominado defecto fáctico, que se refiere a la existencia de problemas de
hecho y de apreciación de pruebas que llevan a una conclusión errada al juez.
Las sentencias T-386 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla)[35] y T-637 de
2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez) estudiaron la interrelación de estos dos
defectos.[36] Adicionalmente,
también tiene conexión con problemas sustanciales vinculados con la aplicación
preferente de la Constitución cuando los requisitos y formalidades legales
amenazan la vigencia de los derechos constitucionales.[37]
La
jurisprudencia de esta
Corporación también ha señalado cuáles son los elementos que deben concurrir
para que se configure el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto:
“(i) que no haya
posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con
el carácter subsidiario de la acción de tutela;
(ii) que el
defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser
vulneratorio de los derechos fundamentales;
(iii) que la
irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso
específico; y
(iv) que como
consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales”.[38]
En el mismo
sentido, la sentencia T-1306 de 2001[39],
precisó:
“[…] si el derecho
procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho
sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle
prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular
quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las
normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva
realización del derecho material (art. 228).
De lo contrario se
estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es
aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la
verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de
la justicia material.” (Negrillas  fuera de texto original).
En ese sentido, la
valoración probatoria no puede negar la realidad que muestran las pruebas por
dar prevalencia a los trámites. Sobre los límites al ejercicio de valoración
probatoria de los jueces, la sentencia T-974 de 2003[40] dijo lo siguiente:
“Por
consiguiente, aun cuando los jueces gozan de libertad para valorar el material
probatorio con sujeción a la sana crítica, no pueden llegar al extremo de
desconocer la justicia material, bajo la suposición de un exceso ritual
probatorio contrario a la prevalencia del derecho sustancial (art. 228
C.P). Por ello, es su deber dar por probado un hecho o circunstancia cuando de
dicho material emerge clara y objetivamente su existencia.
(…) Cuando el
artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la
Administración de Justicia ‘prevalecerá el derecho sustancial’, está reconociendo
que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de
los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo y, por
consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en
relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el
derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.
(…)
Por tanto, se
incurre en una vía de hecho en la interpretación judicial cuando el juez adopta
una decisión en desmedro de los derechos sustantivos en litigio”.
Sobre esta
relación del exceso ritual manifiesto con el defecto fáctico y con las
potestades del juez en materia probatoria, la sentencia T-264 de 2009
consideró que cuando existan:
“en el expediente
serios elementos de juicio para generar en el juzgador la necesidad de
esclarecer algunos aspectos de la controversia y para concluir que, de no
ejercer actividades inquisitivas en búsqueda de la verdad, la sentencia
definitiva puede traducirse en una vulneración a los derechos constitucionales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la
peticionaria, y en un desconocimiento de la obligación de dar prevalencia al
derecho sustancial y evitar fallos inocuos, en tanto desinteresados por la
búsqueda de la verdad”.[41]
Resulta claro que,
cuando se aplican rigurosamente las normas procesales y con ello se anulan
derechos fundamentales, se configura un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto que hace procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, correspondiéndole entonces, al juez constitucional, inaplicar la
regla procesal en beneficio de las garantías constitucionales.
17. En la
reciente sentencia T-926 de 2014[42],
la Corte sostuvo acerca del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, que:
“(…) es
el resultado de una concepción del procedimiento como un obstáculo para el
derecho sustancial con la consecuente denegación de justicia. Aunque los jueces
gozan de una amplia libertad para valorar el acervo probatorio de conformidad
con las reglas de la sana crítica, la justicia material y la prevalencia del
derecho sustancial son guías para adelantar este proceso valorativo. En ese
sentido, no existen requisitos sacramentales inamovibles en materia probatoria
o procesal, pues el juez debe valorar si procede desechar la prueba o
decretarla de oficio, según se protejan de mejor manera los derechos
fundamentales, de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto.”
Como
puede observarse, este tipo de defecto procedimental se relaciona con el
defecto fáctico e incluso el sustantivo, ya que los yerros en la valoración de
las pruebas o las omisiones en su decreto inciden en la eficacia de las normas
sustanciales, las resultas del proceso y en la vigencia de los derechos
fundamentales involucrados.
El
defecto fáctico como causal de procedencia de la acción de tutela
18.
La jurisprudencia[43]
ha definido el defecto fáctico como aquel que tiene lugar “cuando
resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar
una determinada norma es absolutamente inadecuado (...)”[44].
Adicionalmente ha sostenido que la acción de tutela únicamente procede cuando
la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia es claramente
irrazonable y, por tanto, arbitraria[45].
Así, ha señalado que “el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser
de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia (...)”[46].
19. La
Corte ha identificado dos dimensiones del defecto fáctico: una dimensión
negativa y una positiva. [47]
La primera tiene lugar cuando el juez
niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, o simplemente omite su valoración[48], y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia demostrados clara y
objetivamente[49].
La
jurisprudencia es clara en manifestar que también se configura cuando la ley le
confiere el deber o facultad de decretar la prueba y la autoridad no lo hace
por razones que no resultarían justificadas. Esto se funda en que la ley ha
autorizado al juez a decretar pruebas de oficio[50] cuando existen dudas y
hechos que aún no son claros e impiden adoptar una decisión definitiva.
La
dimensión positiva, se presenta cuando el juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes para la definición del caso, que no ha debido admitir ni valorar
porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C. P.) o
cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material probatorio
que respalde su decisión.[51]
20.
Estas dimensiones del defecto fáctico deben ser interpretadas de conformidad
con la amplia independencia que tienen los jueces en materia de valoración
probatoria, la sentencia T-055 de 1997[52]
establece que:
“El campo en el que la independencia del juez se mantiene con
mayor vigor es el de la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el juez de la
causa es el que puede apreciar y valorar de la manera más certera el material
probatorio que obra dentro de un proceso. El es el que puede sopesar de la
mejor manera los testimonios, el que ha concurrido a las inspecciones
judiciales y el que conoce a las partes y a su entorno. Por eso, la regla
general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener aplicación en
situaciones extremas debe ser manejada de forma aún más restrictiva cuando se
trata de debates acerca de si el material probatorio fue valorado en la debida
forma. Solo excepcionalmente puede el juez constitucional entrar a decidir
sobre la significación y la jerarquización de las pruebas que obran en un
proceso determinado, puesto que él no ha participado de ninguna manera en la
práctica de las mismas.”
En
síntesis, las dimensiones positiva y negativa configuran, a su vez, distintas
modalidades de defecto fáctico, que han sido categorizadas así[53]: (i) por la
omisión en el decreto y la práctica de pruebas; (ii) por la no valoración del
acervo probatorio y (iii) por desconocimiento de las reglas de la sana crítica.
La sentencia
T-264 de 2009,[54]
se refirió al caso de un juez de segunda instancia que no decretó las pruebas
que según el material aportado por las partes, resultaban trascendentales en el
asunto debatido, lo que lo llevó a denegar la pretensión del accionante,
arguyendo que el interesado no había aportado las pruebas que reconocían el
parentesco que se quería acreditar.
21.  El juez
cuenta con un alto grado de libertad en el convencimiento que se forma a partir
de la valoración probatoria, pero a la vez tiene la responsabilidad de evaluar
con racionalidad y objetividad el material probatorio.
22. La
cualificación del defecto fáctico implica que el yerro debe ser relevante, no
solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también
respecto a la controversia jurídica bajo examen.[55] De tal suerte que:
“no
competente [sic] al juez constitucional remplazar al juzgador de instancia en
la valoración de las pruebas desconociendo la autonomía e independencia de éste
al igual que el principio del juez natural, ni realizar un examen del material
probatorio que resulta exhaustivo, en tanto, como lo señaló esta Corporación en
sentencia T-055 de 1997, ‘tratándose del análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia”[56].
23.
Adicionalmente, la parte actora tiene la carga de la prueba salvo excepciones,
pues se trata de cuestionar “una decisión de un juez que ha estado sometida a
todas las garantías constitucionales y legales existentes.”[57]
Pensión de
sobrevivientes en casos de convivencia simultánea
24. Según
el artículo 48[58]
de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público y un
derecho de carácter irrenunciable, el cual debe ser prestado por el Estado con
fundamento en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación. De igual forma, el Sistema General de
Seguridad Social Integral está conformado por los regímenes generales para
pensiones, salud, riesgos laborales y los servicios sociales complementarios
definidos en la Ley 100 de 1993[59],
que contiene una amplia gama de prestaciones asistenciales y económicas que
amparan los riesgos de vejez, invalidez, o muerte, así como también, el derecho
a la sustitución pensional, a la pensión de sobrevivientes y a la indemnización
sustitutiva, entre otras.
25.
Ahora bien, es  necesario referirse de manera particular a la pensión de
sobrevivientes y su diferencia con el derecho a la sustitución pensional.
Así, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, la primera consiste en la
garantía que le asiste al grupo familiar de una persona que fallece siendo
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para reclamar la
prestación que se causa precisamente con tal deceso. De otro lado, el derecho a
la sustitución pensional le asiste al grupo familiar del pensionado por vejez o
invalidez, para reclamar, ahora en su nombre, la prestación que recibía el
causante. En ambos casos, la prestación a la que tienen derecho los
beneficiarios del afiliado o del pensionado fallecido les permite “enfrentar
el posible desamparo al que se puedan someter por el deceso de la persona de la
cual dependían económicamente”[60].
En otras palabras,
esta Corporación ha dicho que la sustitución pensional es un derecho que
permite a una o varias personas entrar a gozar de los beneficios de una
prestación económica antes percibida por otra, lo cual no significa el
reconocimiento del derecho a la pensión sino la legitimación para reemplazar a
la persona que venía gozando de este derecho[61],
y la pensión de sobrevivientes, es aquella que “propende porque
la muerte del afiliado no trastoque las condiciones de quienes de él dependían”[62].
En conclusión, la
finalidad de la sustitución pensional y de la pensión de sobrevivientes, es que
los beneficiarios del apoyo del pensionado o afiliado fallecido puedan
continuar recibiendo los beneficios asistenciales y económicos que aquel les
proporcionaba, para que en su ausencia no se vean disminuidas sus condiciones
de vida.
26. Sobre la
naturaleza jurídica del derecho a la sustitución pensional, desde hace más de
una década, la Corte Constitucional ha manifestado que “el reconocimiento de
estas prestaciones constituye un derecho fundamental por su estrecha relación
con la garantía del mínimo vital”[63].
Por lo anterior, la negativa en reconocer el derecho a la sustitución pensional
o a la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios del apoyo del pensionado o
afiliado fallecido, constituye una vulneración a sus derechos fundamentales,
pues se afecta gravemente el mínimo vital.
Así, es
importante señalar sobre el asunto traído a colación en este acápite, que la
jurisprudencia constitucional ha sido clara también en reconocer que el derecho
a la sustitución pensional es de naturaleza fundamental, ello por estar
contenido dentro de valores tutelables como el derecho a la vida, a la
seguridad social, a la salud y al trabajo.
27.
Por su parte, la Ley 100 de 1993, estableció algunas disposiciones
generales sobre los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes y del derecho a la sustitución pensional, tanto en el régimen
de prima media con prestación definida[64],
como en el de ahorro individual con solidaridad[65]. También
mencionó quiénes son los beneficiarios de estas prestaciones en los artículos
47 y 74, respectivamente, de la siguiente manera:
“Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite.
En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause
por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
por lo menos desde el momento en que éste cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su muerte, y haya convivido
con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a su
muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el pensionado fallecido;
b) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de
18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus
estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte; y,
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras
subsistan las condiciones de invalidez;
c) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si
dependían económicamente de éste;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos
inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
e) A falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.
PARÁGRAFO. Para
efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o
el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil”[66].
En
todo caso, la mencionada ley no previó qué sucedería en el evento de
presentarse una convivencia simultánea entre cónyuges y compañeras (os)
permanentes o entre compañeras (os) permanentes, que se creyeran con derecho a
reclamar la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional.
Lo
anterior, debido a que puede suceder que el pensionado o afiliado que fallece
haya convivido los últimos años con una persona (compañera permanente) y tener
activo su vínculo matrimonial, ya que nunca realizó el divorcio o la cesación
de efectos civiles del matrimonio, lo que deja vigente el vínculo con su
cónyuge o esposa. Por ello, al momento de su muerte resultan dos personas que
van a solicitar la pensión de sobrevivientes, i) la compañera permanente por
haber convivido con el causante durante los últimos 5 años anteriores a su
fallecimiento y ii) la esposa por tener el vínculo matrimonial vigente con este
afiliado o pensionado.
28.
Para suplir el vacío, se expidió la Ley 797 de 2003, la cual modificó el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y en su artículo 13 dispuso la inclusión de
los eventos en que se presenta simultaneidad de personas con derecho al
beneficio pensional, de la siguiente manera:
“a.
En forma vitalicia el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha de fallecimiento del causante
tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se
cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el
causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco
(5) años continuos con anterioridad a su muerte”.
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a
percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes
del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo[67].
Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal
pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá
reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente (…)”
El
artículo 47 y otras disposiciones de la Ley 797 de 2003, fueron objeto de
demanda de inconstitucionalidad, entre otros cargos, porque se desconocía el
artículo 42 de la Constitución, “al exigirles a estos beneficiarios 5 años
de convivencia continua antes del fallecimiento del causante para que se le
reconozca el derecho”.
Esta
Corporación se pronunció al respecto mediante sentencia C-1094 de
2003[68],
donde la Sala Plena destacó que los requisitos previstos por la ley para poder
acceder a la pensión de sobrevivientes, pretenden proteger a los miembros del
grupo familiar del causante ante posibles reclamaciones ilegítimas por parte de
terceros que no tienen ningún derecho a recibirla legítimamente. Igualmente, señaló
que tales exigencias están dirigidas a “favorecer económicamente a
matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de
vida real y con vocación de permanencia”.
Posteriormente,
en la sentencia C-1035 de 2008[69],
la Corte conoció una nueva demanda contra el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
específicamente contra un aparte del inciso tercero del literal b) de ese artículo[70].
El primer cargo consistía en que la norma vulneraba el principio de igualdad
del artículo 13 de la Carta Política, por brindar una mayor protección al cónyuge
o esposo(a) que al compañero(a) permanente supérstite, sin que existiera una
justificación legal o constitucional para ese tratamiento preferencial.
Para resolver,
la Corte señaló que efectivamente existía un desconocimiento del principio de
igualdad, y señaló además que no estaba justificado, pues no sería lógico
argumentar que “para proteger la familia como núcleo esencial de la
sociedad” deban excluirse del ámbito de protección otros modelos (como la
unión marital de hecho) que la misma Carta ha considerado que también son
familia.
Por esa
razón, la Corte no encontró que la norma, al preferir el/la esposo(a) sobre
el/la compañero(a) permanente, buscara alcanzar un fin constitucionalmente
imperioso, motivo por el concluyó que dicho trato preferencial no es
constitucional, y en consecuencia declaró exequible de manera condicionada
dicha norma, entendiéndose que tanto compañero(a) como cónyuge concurren al
beneficio pensional en las mismas condiciones.
29.
En esa dirección, la Corte, en la sentencia T-551 de 2010[71],
revisó el caso de una mujer que solicitó ante la justicia ordinaria laboral el
reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de forma proporcional al
tiempo que convivió con el causante, reconocimiento que le había sido negado, debido
a que cuando éste falleció, no estaba vigente la normativa referente a la
convivencia simultánea.
Conforme
a la situación fáctica de dicho asunto, la accionante señaló que convivió con el
beneficiario de la pensión por un espacio de 28 años antes de su muerte, y que
dependía económicamente de él. De la misma manera, indicó que el juez laboral
que conoció del caso, otorgó la pensión a la cónyuge supérstite, bajo el
argumento de que el causante nunca tuvo la intención de formar una familia con
ella como compañera permanente, pues de lo contrario habría deshecho
formalmente el primer vínculo afectivo. Así, sostuvo que el juez decidió
aplicar el articulo 7º del Decreto 1889 de 1994, que reglamentó en lo
pertinente la Ley 100 de 1993, única norma vigente para el momento en que
falleció[72]
la persona que devengaba la pensión. El juez de segunda instancia tuvo igual
consideración al respecto y confirmó la sentencia de primera instancia.
A
juicio de la Corte, los argumentos de los jueces de instancia, desconocieron
directamente los postulados de la Constitución, puesto que si bien “se dio
una interpretación legal dentro de las varias interpretaciones posibles dentro
del ordenamiento jurídico, también lo es que dicha interpretación literal
contrarió derechos constitucionales como la igualdad y la seguridad social de
la compañera permanente… al desconocer la convivencia en más de dieciséis años
con ésta, otorgándole el 100% de la prestación económica a la señora…, cónyuge
supérstite”.
En
ese marco constitucional, esta Corporación destacó que aunque en el año 2001
hubiese ocurrido la muerte del pensionado sin que para esa época existiera una
regulación para los casos de convivencia simultánea entre la cónyuge y la
compañera permanente, “para el año 2009, fecha en la que se resolvió el
recurso de apelación del fallo que negó el pago en forma proporcional de la
pensión de sobrevivientes a la compañera permanente, ya se conocía la posición
de la Corte Constitucional al respecto [como el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, exequible condicionalmente mediante sentencia C-1038 de 2009]. Argumentos
que debieron tenerse en cuenta al momento de adoptar la decisión”.
Consecuentemente,
la Corte consideró que al estar probada la existencia de la convivencia
simultánea entre la cónyuge y la compañera, y que ante la evidente contrariedad
entre la norma pensional vigente para el año 2001 y los preceptos
constitucionales, debía armonizarse la interpretación del artículo 47 de la Ley
100 de 1993, con la Constitución.
Por
ese motivo, para garantizar los derechos fundamentales de la actora en su
calidad de compañera permanente, la Sala inaplicó el artículo 47 de la Ley 100
de 1993, y por ello acudió a “la excepción de inconstitucionalidad, con el
fin de evitar que dicha normatividad produzca efectos discriminatorios, la cual
otorga privilegios a la cónyuge y deja en una situación desfavorable a la
compañera permanente, quien pese a demostrar largos años de convivencia con el
causante, vio desconocidos sus derecho fundamentales a la seguridad social y a
la igualdad, los cuales quedaron anulados ante la falta de regulación de dicha
realidad sociológica para la época, pero que en la actualidad es plenamente
reconocida y protegida”.
Dichas
consideraciones son suficientes para destacar que la Corte Constitucional, con
base en un criterio de igualdad, ha reconocido que tanto la cónyuge como la
compañera permanente pueden reclamar, en proporciones iguales, el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes.
30.
En síntesis, de la normativa y jurisprudencia referidas, se pueden
identificar dos reglas generales aplicables a todos los casos de simultaneidad
de reclamaciones en materia de pensiones de sobrevivientes, y unas reglas
particulares dependiendo de cada situación. Las reglas generales son: (i) la
aplicación del criterio material para establecer al beneficiario, que será
quien haya convivido efectivamente con el causante hasta su muerte, (ii) la
obligación de suspender el pago de la pensión cuando exista controversia en la
reclamación hasta tanto la jurisdicción ordinaria resuelva el asunto[73].
De
otro lado, las situaciones que se pueden presentar son: (i) convivencia
simultánea del causante con su cónyuge y una –o más- compañeras permanentes,
caso en el cual la pensión se dividirá  entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el fallecido, (ii) convivencia simultánea del
fallecido con dos o más compañeras permanentes que se asimila a la situación
anterior, por lo que la pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al
tiempo de convivencia con el causante, (iii) convivencia únicamente con
compañero (a) permanente pero vínculo conyugal vigente, evento en el cual la
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido siempre que el cónyuge haya vivido durante cinco años o más con el
causante en cualquier tiempo.[74]
31. A partir de los antecedentes y las consideraciones expuestas,
procede esta Sala a efectuar el análisis de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra sentencia judicial. De superarse,
entrará al estudio de las causales de procedibilidad alegadas.
Caso concreto
Examen de requisitos
generales de procedencia
32. El presente asunto es
de relevancia constitucional, en tanto versa sobre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a
la igualdad y a la seguridad social de la accionante, quien al momento de
interponer el recurso de amparo contaba con 80 años de edad y dependía
económicamente del causante.
33. La accionante usó
todos los medios de defensa ordinarios que tuvo a su alcance. Así
mismo hizo uso del recurso extraordinario de casación.
34. La Sala encuentra que
se cumple el requisito de inmediatez, pues la sentencia
atacada fue proferida el 31 de enero de 2008, y la acción de tutela fue
interpuesta el 23 de mayo del mismo año.
35. La accionante en el
escrito de tutela identificó de manera razonable los hechos que considera
violatorios de sus derechos fundamentales, al explicar los argumentos por
los cuales encontró que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia vulneró sus derechos fundamentales.
36. Evidentemente no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de esa misma naturaleza, por lo
cual se superan todos los requisitos generales de procedencia.
Por todo lo anterior, la Sala
encuentra que esta acción de tutela es procedente, en esa medida, pasará a
verificar si se configuran las causales específicas; esto es, el defecto
fáctico y el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
Examen de las causales específicas de
procedibilidad
37. La
señora Delia Urueña Tovar estimó que la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Ibagué y el Juzgado Civil del Circuito de Lérida, con ocasión de las
decisiones judiciales proferidas, no le dieron valor probatorio a la declaración
judicial de la unión marital de hecho que sostenía con el señor Juan de Jesús
Álvis Bocanegra, y de esta manera obviaron el derecho sustancial para
privilegiar las formas procesales, lo que ocasionó el desconocimiento de la
calidad de compañera permanente y de su derecho a ser beneficiaria de la
pensión de sobreviviente.
En ese
marco, el debate se centra en la prueba aportada al proceso laboral y el valor
dado por los jueces a la misma. De esa forma, los cargos en los que pudieron
incurrir los jueces ordinarios, y la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia son el defecto fáctico y el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto.
Defecto
fáctico
38. El
Juez Civil del Circuito de Lérida sostuvo que los testimonios allegados por la
señora Carmen Elina Cruz constituían una prueba más que suficiente para
demostrar que ella había sido la compañera permanente de Juan de Jesús Álvis, a
diferencia de la nula actividad en este sentido de la señora Delia Urueña.
Igualmente, cuando fue presentada la sentencia proferida por un juez de familia
de Ibagué, que declaraba la existencia de la unión marital de hecho entre ésta
y el causante, adujo que su extemporaneidad hacía que no debiera ser tenida en
cuenta.
Específicamente, la
señora Carmen Elina Cardozo Cruz, el 27 de junio de 2003, interpuso demanda
ordinaria laboral contra Pajonales S.A., la cual fue admitida por ese juzgado
el 22 de julio del mismo año[75].
La demandante adjuntó, declaraciones extra-proceso[76] rendidas ante
notario con el fin de demostrar la convivencia que sostuvo con el causante.
Luego, en la audiencia de conciliación, Pajonales S.A. propuso como excepción
previa la vinculación al proceso de la señora Delia Urueña como litisconsorte
necesaria, frente a lo cual el juzgado ordenó su integración al proceso.
En efecto,
mediante apoderado judicial, la señora Delia Urueña se hizo presente en el
proceso, y anexó la prueba del vínculo matrimonial de la contraparte con una
persona distinta al causante y señaló que se reservaba el derecho de “presentar
oportunamente a este despacho la prueba de la declaratoria judicial de la unión
marital de hecho entre mi mandante, la señora (…) y el señor JUAN DE JESUS
ALVIS BOCANEGRA.”
En auto del 11 de
octubre de 2004, el juzgado recibió todas las pruebas decretadas y cerró la
etapa probatoria, fijando fecha para la audiencia de juzgamiento el 16 de
febrero de 2005. Con posterioridad a esta fecha, el apoderado de la señora
Delia Urueña, quien se había reservado la oportunidad para presentar más
adelante una prueba documental, allegó al proceso la copia auténtica de la
sentencia proferida el 1º de junio de 2004 por el Juzgado Tercero de Familia de
Ibagué, por medio de la cual se declara la existencia de la unión marital de
hecho entre la señora Delia Urueña Tovar y Juan de Jesús Álvis Bocanegra.
El 26 de febrero
de 2005, el Juzgado Civil del Circuito de Lérida profirió sentencia, mediante
la cual declaró que Carmen Elina Cardozo Cruz era la beneficiaria de la pensión
de sobrevivientes del fallecido Juan de Jesús Álvis Bocanegra. En criterio de
ese despacho, los testimonios recibidos coincidían en que no les constaban que
el causante sostuviera relaciones con otras mujeres.
De lo anterior, la
Sala observa que la decisión del Juzgado Civil del Circuito de Lérida se basó
únicamente en las pruebas testimoniales que el juzgado decretó en auto del 15
de junio de 2004, y que fueron solicitadas por la señora Carmen Elina.
39. Sobre este
punto, es importante recordar que conforme al artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil[77],
el juez tiene la facultad de decretar pruebas de oficio, bajo la consigna de
que todos los derechos relacionados con el proceso judicial deben ser leídos en
función de la garantía eficaz de los derechos sustanciales. En esa dirección,
una providencia judicial adolece de un defecto fáctico, si el juez está
obligado por la Constitución en el caso concreto a decretar pruebas de oficio
para garantizar el acceso a la justicia entendido como derecho a obtener una
decisión material de fondo, pero se abstiene de hacerlo aduciendo motivos
formales excesivos.[78]
En ese marco, en
virtud de la facultad otorgada por la ley y la obligación constitucional de los
jueces de garantizar los derechos de quienes acuden ante la justicia, el
Juzgado Civil del Circuito de Lérida debió decretar oficiosamente las pruebas
que considerara pertinentes para resolver la controversia y no fallar únicamente
con base en las testimoniales solicitadas por la parte demandante. Lo anterior,
ante la evidencia de hechos que necesariamente llevaban a pronunciarse sobre la
garantía de derechos sustanciales como el de la señora Delia Urueña, quien
además es una adulta mayor y alegó depender económicamente del causante.
Además, el juez de
primera instancia debió dar valor probatorio a los documentos aportados por la
empresa, entre los cuales se encontraban  declaraciones extrajuicio, de las
cuales era posible establecer serios indicios de la convivencia de Delia Urueña
con el causante. A su vez, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué
tampoco tuvo en cuenta el material probatorio del cual podía inferirse que
existió una convivencia simultánea, el cual era fundamental para resolver la
controversia.
Lo anterior es suficiente para destacar que el
apego irrestricto a los procedimientos por parte de los jueces no puede
desconocer los derechos fundamentales si hay libertad probatoria para demostrar
determinada circunstancia. En el caso de la convivencia simultánea, se
configura una violación al debido proceso, cuando se deja de apreciar una
prueba o se omite decretar otras que permiten acercarse a la convicción sobre
el hecho.
40.
En conclusión, tanto el juez de primera como el de segunda instancia,
incurrieron en un defecto fáctico, al no decretar de oficio pruebas que
consideraran necesarias para dirimir el conflicto puesto a consideración, aunado
a que omitieron analizar los elementos probatorios que debidamente fueron
allegados al proceso.
Violación de los derechos a la igualdad y a la
seguridad social
41. A juicio de la Sala, labor interpretativa de
los jueces de instancia, concretamente la del Juez Civil del Circuito de Lérida,
resulta vulneradora de los derechos a la igualdad y a la seguridad social de la
accionante.
Lo anterior, por cuanto el juez en mención
sostuvo que al estar acreditada la convivencia del causante con una compañera
permanente, no era probable que hubiese convivido con otra u otras personas en
forma simultánea. Tal afirmación no es de
recibo, pues el propio Legislador en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, reconoció
que es posible que exista convivencia simultánea en las relaciones de pareja, y
para el año 2005, momento en que se profirió el fallo, ya estaba vigente la
citada norma. En consecuencia, al desconocer la existencia de la convivencia
simultánea, es evidente que se vulneraron lo derechos fundamentales a la
igualdad y la seguridad social de la señora Delia Urueña.
Defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto
42. La Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no casó la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolima. Sus argumentos
se fundaron en problemas de técnica en la formulación de la demanda.
De lo expresado en las consideraciones generales sobre el
defecto por exceso ritual manifiesto, se percibe que la sentencia proferida
por  la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, se
fundó en argumentos que son el resultado
de la aplicación rigorista de las normas procesales que, a la vez, afecta
gravemente a los derechos fundamentales de la señora Delia Urueña Tovar.
Es para la Sala importante resaltar
que los criterios para determinar si se casa
o no una sentencia no pueden inadvertir la verdad material de un caso concreto,
puesto que “la casación se concibe con el propósito de garantizar la
justicia material y con ello hacer efectivo el principio de prevalencia del
derecho sustancial, artículo 228 Superior. Desde esta perspectiva, la casación
‘es una institución jurídica destinada a hacer efectivo del derecho material y
las garantías fundamentales de las personas que intervinieron en un proceso’”[79]
En esa dirección, la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, al resolver la demanda de casación interpuesta por la
accionante contra el fallo de segunda instancia dentro del proceso ordinario
laboral, incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por
darle prevalencia a rigurosidades procesales,  y expresar indiferencia al
derecho sustancial.
Por ello, ese pronunciamiento va en contravía de
lo dispuesto en el artículo 228 superior, que instituye al máximo nivel la
prevalencia del derecho sustancial y exige al juzgador la adopción de las
medidas conducentes y necesarias para arribar a una justa decisión de fondo.
Órdenes a proferir en el caso concreto
43. En presente
asunto, es claro que entre la señora Carmen Elina Cardozo y el señor Juan de
Jesús Álvis existió una relación de compromiso afectivo y apoyo mutuo,
situación probada por el juez de primera instancia en el proceso ordinario
laboral. Por otro lado, la Sala logró establecer que el mismo juez omitió
decretar pruebas de oficio para dirimir la controversia entre las litigantes,
quienes reclamaban la sustitución pensional. En esa dirección, declaró como
beneficiaria sólo a la señora Cardozo, desconociendo así los derechos fundamentales
a la igualdad y a la seguridad social de la señora Delia Urueña.
En
atención a lo expresado, la Sala observa que aun cuando en el proceso ordinario
laboral surgieron indicios que permitían inferir  la existencia de una
convivencia simultánea, dicha situación no se dilucidó respecto de la señora
Delia Urueña, ante la falta de valoración del material probatorio aportado por
las partes y por la omisión en el decreto de pruebas por parte del juez.
Al
respecto, es preciso recordar que el juez de primera instancia dio pleno valor
probatorio a los documentos aportados por la empresa Pajonales S.A., dentro de
los cuales se encontraban testimonios rendidos por allegados tanto de la señora
Carmen Elina como de Delia Urueña, quienes pretendían demostrar, en cada una,
la calidad de compañera permanente[80].
44. En
ese orden de ideas, y al haberse acreditado en el caso concreto una convivencia
simultánea, se resolverá el conflicto concediendo la prestación que devengaba
el fallecido Juan de Jesús Álvis Bocanegra, distribuída en partes iguales entre
la señora Carmen Elina Cardozo y Delia Urueña Tovar, con quienes convivió
varios años antes de su muerte, tuvo hijos y a quienes brindaba ayuda
económica.
En
consecuencia, la Sala revocará la sentencia de tutela proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 12 de junio de 2008 y, en
consecuencia, concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y a la igualdad de la señora Delia Urueña Tovar.
45. Ahora
bien, en vista de que la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no profirió una decisión de fondo, sino que para desestimar la demanda
de casación se basó en consideraciones procedimentales, concretamente de falta
de técnica, la Sala dejará sin efectos este fallo.
Adicionalmente,
revocará las sentencias proferidas por el Juzgado Civil del Circuito de Lérida
y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué. Por su parte, al tener en
cuenta que la providencia del Tribunal se pronunció de fondo sobre el asunto,
la Sala le ordenará la expedición de un nuevo pronunciamiento, conforme a los
lineamientos fijados en la presente decisión, donde se indique que las partes
en litigio tienen derecho a la pensión que en vida percibía el causante.
Asimismo, allí deberá deberá ordenar que la mitad de la mesada pensional se
pague a la señora Delia Urueña Tovar y la otra mitad a Carmen Elina Cruz.
III.-
DECISIÓN.
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.-
REVOCAR la sentencia
proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que
rechazó la acción de tutela presentada por la accionante contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
el 12 de junio de 2008. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y a la
igualdad de la señora Delia Urueña Tovar.
SEGUNDO.-
DEJAR
SIN EFECTOS las sentencias proferidas por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 31 de enero de 2008, y por la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, el 25 de octubre
de 2006, dentro del proceso ordinario laboral iniciado por la señora Carmen
Elina Cardozo, en contra de Industrias Pajonales S.A. y al cual fue vinculada
como litisconsorte necesaria la señora Delia Urueña Tovar.
TERCERO.- ORDENAR a la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que en un
término no superior a diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta sentencia, profiera un nueva sentencia, en la cual reconozca, con base en
las consideraciones señalados por la Sala Quinta, que:
i)
Previo a su fallecimiento, el señor Juan de Jesús Álvis Bocanegra convivió
tanto con Delia Urueña Tovar como con Carmen Elina Cardozo.
b)
Establecido lo anterior, procederá a indicar lo siguiente:
-
A favor de la señora Carmen Elina Cardozo Cruz, en su condición de compañera
permanente del causante, la empresa Pajonales S.A., deberá reconocer el 50% de
la asignación básica mensual de jubilación que devengaba el extinto Juan de
Jesús Álvis Bocanegra, desde la fecha de su muerte, 23 de octubre de 2002.
-
A favor de la señora Delia Urueña Tovar, en su condición de compañera
permanente del causante, la empresa Pajonales S.A. deberá reconocer el 50% de
la asignación mensual de jubilación que devengaba el extinto Juan de Jesús
Álvis Bocanegra.
CUARTO.-
Por Secretaría
General DEVOLVER el expediente
contentivo del proceso T-1.959.885, iniciado por Delia Urueña Tovar
contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de
Casación Penal de dicha Corporación.
QUINTO.-
Por
Secretaría LÍBRESE la comunicación prevista en el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En el expediente obra prueba del
proceso ordinario laboral iniciado por la señora Carmen Elina Cardozo Cruz en
contra de Pajonales S.A., conocido en primera instancia por el Juzgado Civil
del Circuito de Lérida (Tolima),  en segunda instancia por el Tribunal Superior
de Ibagué y en casación por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
[2] Art. 174 C. de P.C.: “NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda
decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente
allegadas al proceso.”
Art. 183, ibíd.: “OPORTUNIDADES
PROBATORIAS <Artículo modificado por el artículo
18 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para que sean
apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse
al proceso dentro de los <sic> términos y oportunidades señalados para
ello en este código.
Si se trata de prueba
documental o anticipada, también se apreciarán las que se acompañen a los escritos
de demanda o de excepciones o a sus respectivas contestaciones, o a aquellos en
que se promuevan incidentes o se les dé respuesta. El juez resolverá
expresamente sobre la admisión de dichas pruebas, cuando decida la solicitud de
las que pidan las partes en el proceso o incidente.
Cuando el proceso haya
pasado al despacho del juez para sentencia, las pruebas practicadas por
comisionado que lleguen posteriormente, serán tenidas en cuenta para la
decisión, siempre que se hubieren cumplido los requisitos legales para su
práctica y contradicción. En caso contrario, y cuando en la misma oportunidad
llegaren pruebas documentales cuyos originales o copias se hayan solicitado a
otras oficinas, el juez de primera instancia no las tendrá en cuenta, pero serán
consideradas por el superior. Este, de oficio o a petición de parte, ordenará
el trámite que falte a dichas pruebas. Si se trata de documentos, la parte
contraria a la que los adujo podrá tacharlos de falsos dentro del término de
ejecutoria del auto que admita la apelación.
PARÁGRAFO. En todos los procesos, las partes de común acuerdo
podrán antes de que se dicte sentencia de primera instancia, realizar los actos
probatorios previstos en los numerales 1, 2, 3, y 7 del artículo 21 del
Decreto 2651 de 1991 y adicionalmente podrán:
a) Presentar documento
en el cual consten los puntos y hechos objeto de una inspección judicial; en
este caso se incorporará al expediente y suplirá esta prueba. El escrito deberá
autenticarse como se dispone para la presentación de la demanda;
b) Solicitar, salvo que
alguna de las partes esté representada por curador ad lítem, que la inspección
judicial se practique por las personas que ellas determinen.”
[3] Auto 223 del 24 de julio de 2014. En esta providencia se decide: “PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de
la sentencia T-893 del 30 de noviembre de 2011, proferida por la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional.// SEGUNDO.- Por Secretaría General de la Corte
Constitucional, ORDENAR a la Organización Pajonales S.A.
(Carrera 5 # 29-35 Oficina 292, tel. 2656648, Ibagué, Tolima) que, a partir de
la notificación de esta providencia, CONTINÚE PAGANDO la mesada
pensional de sobrevivientes por partes iguales a favor de las señoras Delia
Urueña Tovar y Carmen Elina Cardozo Cruz, hasta tanto se emita una nueva
decisión de fondo por esta Corporación.”
[4] El 31 de octubre de 2014 el
expediente fue remitido, para ese entonces, a la Sala Sexta de Revisión. Al
respecto ver folio 45, cuaderno Corte.
[5] Folios 46 y 47, cuaderno Corte.
[6] Folios 76 y 77 ibíd.
[7] A partir del 21 de enero de 2015,
se reorganizaron las Salas de Revisión. Al respecto ver Auto Nº 1 de 2015.
[8] Folio 90 a 100 ibíd.
[9] Folios 112 y 113 ibíd.
[10] Folio 117 ibíd.
[11] Folios 120 a 122 ibíd.
[12] Folio 126 ibíd.
[13] Folio 130 ibíd.
[14] Folios 132 a 134 ibíd.
[15] El escrito del 4 de diciembre de 2014, suscrito por el Magistrado Carlos
Ernesto Molina Monsalve,
se encuentra visible en folios 56 y 57
ibíd.
[16] El escrito del 11 de diciembre de 2014, suscrito por el apoderado de la
señora Delia Urueña Tovar,
se encuentra visible en folios 58 a 60
ibíd.
[17] El escrito del 15 de diciembre de
2014, suscrito por al apoderado de la Organización Pajonales S.A., se encuentra
visible en folios 1 a 949 del cuaderno 2º.
[18] La comunicación del 7 de septiembre
de 2015, suscrita por el Curador ad-litem Carlos Alberto López montes, se
encuentra visible en folios 143 a 145.
[19] M. P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[20] Al respecto ver, entre otras, las
sentencias SU-159 de 2002 y T-522 de 2001, en ambas M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa; T-462 de 2003 y T-1031 de 2001, en ambas M. P. Eduardo Montealegre
Lynett y T-1625 de 2000, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[21] M. P. Jaime Córdoba Triviño. En
este fallo se declaró inexequible una expresión del artículo 185 de la Ley 906
de 2004, que impedía el ejercicio de cualquier acción, incluida la tutela,
contra las sentencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia.
[22] Ver entre muchas otras las
sentencias T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-612 de 2012, M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva; T-661 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-671 de 2010; , M. P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-217 de 2010, M. P. Gabriel Eduardo Martelo
Mendoza; T-949 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo; T-555 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-584
de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-796 de 2008, M. P. Clara
Inés Vargas Hernández; T-233
de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1027 de 2006, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-812 de 2005, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[23] T-419 de 2011, M. P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo; T-1257 de 2008, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[24] T-363 de 2013, M.P.
Luis Ernesto Vargas.
[25] Cfr. sentencias T-268 de 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-301 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub y T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[26] Cfr. sentencias T-389 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-1267 de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo y
T-386 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[27] Cfr. sentencias T-327 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-591 de 2011, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva y
T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[28] Sentencia T-1306 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[29] Cfr. sentencias T-386 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-429
de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-893 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[30] Cfr. sentencia T-892 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[31] Cfr. sentencias T-531 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, T-950 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-327
de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[32] Al respecto consultar la sentencia
T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Adicionalmente se pueden consultar las sentencias T-950 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio,
T-158 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla y
T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[33] T-363 de 2013.
[34] Cfr. sentencias T-104 de
2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-747 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
y T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[35] En esa oportunidad  la Corte
revisó la acción de tutela que interpuso una ciudadana contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien dentro de un proceso de reparación
administrativa incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
toda vez que estimó, al igual que el juzgado a-quo, que el registro
civil de nacimiento de un menor demandante, al haber sido aportados en copias
simples, carecían de valor probatorio y, por ende, no existía legitimación en
la causa para demandar. Esta Corporación tuteló el derecho al debido proceso y
dispuso que se dictara un nuevo fallo haciendo una adecuada valoración
probatoria.
[36] En la sentencia SU-817 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
sentencia SU-447 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,
Concretamente respecto al defecto fáctico por dimensión negativa, se han
identificado tres escenarios de ocurrencia (sentencias T-654 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa y
T-386 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, entre
otras): el primero, por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad
probatoria determinante en el desenlace del proceso; el segundo, por decidir
sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; y, el tercero, por no decretar pruebas de oficio en
los procedimientos en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a
hacerlo.
[37] Cfr. Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y
T-591 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[38] Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva. En igual
sentido consultar las sentencias C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-737 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[39] M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[40] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[41] “esta corporación
encontró razones suficientes para señalar que al juez civil le asiste el deber
de decretar pruebas de oficio, con el objetivo de dar prevalencia al derecho
sustancial en las actuaciones judiciales y de materializar el compromiso
constitucional que se tiene con la verdad y la justicia, y en consecuencia
ordenó  al juez natural decretar un nuevo período probatorio en donde haría uso
de sus facultades oficiosas.” Cita tomada de la sentencia T-264 de 2009.
[42] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[43] T-817 de 2012, M.P. Luis Ernesto
Vargas.
[44] Sentencia T 567 de 1998, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
[45] SU-195 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio.
[46] T- 567 de 1998, M.P. Humberto
Sierra Porto.
[47] SU-447 de 2011, M.P.
Mauricio González,  T-104
de 2014.
[48] SU-195 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio, Sentencia T-239 de
1996, M.P Vladimiro
Naranjo Mesa, Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[49] Sentencia T-576 de 1993, M.P. Jorge
Arango Mejía.
[50] Los artículos 180 del Código de Procedimiento Civil, 54 del
Código Procesal del Trabajo y 169 del Código Contencioso Administrativo
autorizan la práctica de pruebas de oficio. Obviamente
esta facultad dependerá de la autorización legal para el efecto, pues en el
caso, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 361 de la Ley 906 de 2004,
según el cual el juez penal de conocimiento no puede decretar pruebas de oficio
en la etapa de juzgamiento, no es posible exigirle al juez algo distinto a lo
expresamente permitido. En este aspecto, puede verse la sentencia C-396 de
2007. Esta nota corresponde a la nota 34 de la sentencia T-917 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
[51] Sentencia T-538 de 1994, M.P.
Eduardo Cifuentes Muñoz.
[52] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
[53] La línea jurisprudencial puede
verse en la sentencia T-620 de 2013,
M.P. Jorge Iván Palacio.
[54] M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.  En
ese caso la Corte tuteló los derechos fundamentales del accionante, al
considerar que el juez le dio prevalencia al derecho procedimental antes que al
sustancial, ya que solicitó la prueba del registro civil, aún existiendo
sentencias que demostraban que la peticionaria debió aportar a un proceso penal
las pruebas que hacían falta en el proceso de responsabilidad civil
extracontractual, lo cual es a todas luces contrario a los mandatos
constitucionales.
[55] T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56] Sentencia SU-447 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo, citada
por la sentencia T-213 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[57] Sentencia T-230 de 2007, M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[58] Artículo 48: “La
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a
los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.”
[59] Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.”
[60] Sentencia T-124 de 2012,
M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[61] Sentencia T- 431 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[62] Sentencia T- 957 de 2010,
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[63] Sentencia T-124 de 2012, M.P.
Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[64] Ver artículos 46 al 49 de la
Ley 100 de 1993.
[65] Ibíd.
[66] Artículos 47 y 74
de la Ley 100 de 1993.
[67] El aparte subrayado fue declarado
condicionalmente exequible, únicamente por los cargos analizados, por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-1035 de 2008,
M.P. Jaime Córdoba Triviño, “en el entendido de la esposa o el esposo serán
también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión
se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia  con el
fallecido”.
[68] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[69] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[70] “En caso de convivencia
simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no
existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero
hay una separación de hecho, compañera o compañero permanente podrá reclamar
una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido
superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra
cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad
conyugal vigente”.
[71] M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[72] 4 de abril de 2001.
[73] La Ley 1204 de 2008 estableció en
su artículo 6 que en caso de controversia suscitada entre los
beneficiarios por el derecho a acceder a la pensión de sustitución entre
cónyuges y compañera(o) permanente, la mitad del valor de la pensión que no
corresponda a los hijos, o el 100 % si no hay hijos reclamantes, quedará pendiente
de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción correspondiente
defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea cónyuge o
compañero(a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de convivencia
ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan.
[74] Sobre simultaneidad de
reclamaciones en materia de pensiones de sobrevivientes, ver las sentencias
T-136 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-030 de 2013, M.P. Nilson
Pinilla Pinilla, T-018 de 2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-002 de
2015, M.P. Mauricio González Cuervo, entre otras.
[75] Folios1º al 45 del cuaderno principal.
[76] Entre ellas están las de Fidel
Antonio Hernández Muñoz, Eliseo Carrillo Urueña, María Luisa Coronado, José
Basa Cáceres Rondón, Héctor Alirio
Trujillo e Isidro
Irreño Vargas (folios 24 a 34 cuaderno principal).
[77] Vigente al momento del trámite del
proceso ordinario laboral.
[78] Al respecto ver sentencia T-654 de 2009,
M.P. María Victoria Calle Correa.
[79] Al respecto ver sentencia C-372 de 2011,
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[80] Por ejemplo, Edgar Trujillo, quien
se identificó como residente de la Hacienda Pajonales, lugar donde trabajaba el
causante, manifestó ante la Notaría 2ª del Círculo de Ibagué lo siguiente:
“Que conocí de vista, trato y comunicación al señor JUAN DE JESUS ALVIS
BOCANEGRA, identificado con cédula de ciudadanía No. (…) desde el mes de Julio
de 1.978 porque fuimos compañeros de trabajo. Por ello tengo conocimiento que
el señor JUAN DE JESUS ALVIS BOCANEGRA, convivió en unión libre, permanente y
bajo el mismo techo durante más de cuarenta y cinco (45) años con la señora
DELIA URUEÑA TOVAR, identificada con cédula de ciudadanía (…), unión de la cual
procrearon una hija de nombre ESNEDA ALVIS URUEÑA, actualmente de 44 años de
edad. // Manifiesto además que muchas veces lo recogí de la residencia
de la señora DELIA, ubicada en la Calle 15ª No. 7-76 Centro donde también le
traía encomiendas enviadas por el señor JUAN DE JESUS (…)”. A su vez,  el
señor Rodolfo Morales Mercado declaró ante la Notaría 4ª del Círculo de Ibagué
que:
“Conocí de
vista, trato y comunicación durante unos cuarenta y cinco (45) años al señor
JUAN DE JESUS ALVIS BOCANEGRA, por haber estudiado y haber trabajado juntos en
la compañía antes SOCIEDAD AGROPUECUARIA DEL TOLIMA, hoy CORPORACIÓN FINANCIERA
DEL VALLE y por el conocimiento que tenía de él, me consta que tenía unión
marital de hecho con la señora DELIA URUEÑA TOVAR, desde el año 1955, de cuya
unión procrearon una hija de nombre ESNEDA ALVIS URUEÑA, actualmente de 44 años
de edad”.