T-083-18
Sentencia T-083/18
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Configuración y características
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que puede presentarse a partir de dos
eventos que a su vez sugieren consecuencias distintas: hecho superado y daño
consumado
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Configuración
El
daño consumado se configura cuando la vulneración o la amenaza del derecho
fundamental produjo el perjuicio que se pretendía evitar con la acción de
tutela. En otras palabras, no se produjo una reparación o satisfacción de la
pretensión de protección del derecho fundamental, sino que, debido a la falta
de garantía se ocasionó el daño que se buscaba evitar con la intervención del
juez de tutela.
CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO-Obligaciones del
juez de tutela cuando el daño se produce durante el trámite de la solicitud de
amparo constitucional
Cuando
aquel se produce durante el trámite de la solicitud de amparo constitucional,
el juez de tutela debe: i) pronunciarse de fondo; ii) advertir a las
autoridades para que no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
dieron lugar a la lesión; iii) informar al actor a sus familiares sobre las
acciones jurídicas con las que cuentan para obtener la reparación del daño; iv)
ordenar la compulsa de copias a las autoridades competentes; y v) proteger la
dimensión objetiva de los derechos fundamentales invocados.
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR DAÑO CONSUMADO-Persona de la que se solicitaba el traslado de lugar de
reclusión para que concurriera a audiencias de juicio oral se encuentra en
libertad
CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
POR DAÑO CONSUMADO Inexistencia en relación con petición implícita de protección
constitucional de derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, a la
justicia y a la reparación, presuntamente vulnerados por la suspensión con
supuestos fines dilatorios de audiencias judiciales
PRINCIPIO DE
INMEDIATEZ EN ACCION DE TUTELA-Reglas generales
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD DE LA
ACCION DE TUTELA-Juez debe verificar si ante la existencia de otro medio de
defensa judicial, éste es eficaz e idóneo
ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD-Flexibilidad en caso de sujetos de especial protección
constitucional
VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO-Procedencia de tutela por ser sujetos de especial
protección constitucional
ACCION DE TUTELA PARA CUESTIONAR
ACCIONES U OMISIONES DE AUTORIDADES E INTERVINIENTES EN PROCESO JUDICIAL EN
CURSO-Procedencia excepcional
La acción de tutela para cuestionar acciones u omisiones de las
autoridades y demás intervinientes en un proceso judicial en curso, en
principio, resulta improcedente en atención al principio de subsidiariedad,
puesto que el actor cuenta con la posibilidad de ventilar, mediante el
ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios, las presuntas
irregularidades en el escenario dispuesto por el Legislador para tales fines,
como es el trámite jurisdiccional que aún no ha culminado. Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en estas
especiales circunstancias cuando: i) se han agotado los mecanismos ordinarios y
extraordinarios dispuestos para garantizar los derechos fundamentales del
peticionario; o ii) no obstante contar con medios judiciales consagrados por el
Legislador, los mismos no resultan idóneos ni eficaces para conjurar el
desconocimiento de los derechos.
CONCEPTO
DE VICTIMA EN EL CONFLICTO ARMADO-Evolución
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO-Alcance del concepto
contenido en la Ley 1448 de 2011
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Aspectos característicos de su definición
CONCEPTO
DE VICTIMA EN EL CONFLICTO ARMADO-Jurisprudencia
constitucional
DEFINICION
DE VICTIMA DE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES O DEL HOMICIDIO EN PERSONAS
PROTEGIDAS
EJECUCIONES
EXTRAJUDICIALES-Dinámica fáctica conforme Misión
Colombia
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Marco normativo internacional
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Marco
normativo nacional
En el derecho interno las ejecuciones extrajudiciales no están
tipificadas, por lo que la adecuación penal de la conducta se realiza como
homicidio en persona protegida. En efecto, el delito de homicidio en persona protegida se
encuentra consagrado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, de la siguiente
manera: “Artículo 135. Homicidio en persona protegida.  Adicionado por el art. 27, Ley 1257 de 2008. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado,
ocasione la muerte de persona protegida conforme a los Convenios
Internacionales sobre Derecho Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá
en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20)
años. Parágrafo. Para los efectos de este artículo y las demás normas del
presente título se entiende por personas protegidas conforme al derecho
internacional humanitario: 1. Los integrantes de la población civil. 2. Las
personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte
adversa. 3. Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate. 4. El
personal sanitario o religioso. 5. Los periodistas en misión o corresponsales
de guerra acreditados. 6. Los combatientes que hayan depuesto las armas por
captura, rendición u otra causa análoga. 7. Quienes antes del comienzo de las
hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados. 8. Cualquier otra
persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV
de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que
llegaren a ratificarse.”
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Jurisprudencia constitucional
Para
la Corte, esta modalidad de crimen ha sido comúnmente denominada en el país con
la expresión de “falsos
positivos”, para referirse a la ejecución de civiles por parte de
miembros de la fuerza pública y que son presentados como insurgentes muertos en
combate.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES-Características
CENTRO DE MEMORIA HISTORICA-Aspectos característicos de la situación de las
víctimas de ejecuciones extrajudiciales
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, A LA JUSTICIA Y A LA
REPARACION INTEGRAL EN EL MARCO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS-Contenido y alcance
DERECHOS DE LAS VICTIMAS A LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION-Contenido y alcance en la Constitución Política y
Jurisprudencia constitucional
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Atención y asistencia integral
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Deberes de las autoridades para su atención
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Uno de los principales deberes de las autoridades
es el de proporcionar información a la víctima de todos los aspectos jurídicos,
asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su caso
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito
declarativo y no constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para
acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Inscripción en el
Registro Único de Víctimas como derecho fundamental de la población desplazada
al reconocimiento de su especial condición
REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Importancia/REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Beneficiarios/REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Reglas jurisprudenciales
para inscripción
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Alcance
constitucional
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Jurisprudencia
constitucional
DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO-Proceso penal acusatorio como garantía
PROCESO
PENAL CON TENDENCIA ACUSATORIA-Principios
orientadores
PROCESO
PENAL-Distinción entre las etapas de
investigación y acusación y la etapa de juzgamiento
PROCESO
PENAL-Participantes
PROCESO
PENAL-Poderes de quienes participan
PROCESO
PENAL-Roles de los sujetos que participan
PROCESO
PENAL-Derechos de las víctimas
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO DE
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Vulneración por cuanto duración de
proceso penal en caso de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” ha
sido irrazonable por razones de suspensión y aplazamientos de audiencias
DERECHO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO DE
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Vulneración por cuanto no se cumplió de
manera eficiente con los deberes relacionados con el descubrimiento integral de
los elementos materiales probatorios en proceso penal en caso de ejecuciones
extrajudiciales o “falsos positivos”
Referencia: Expediente T- 6.148.654
Acción de tutela
instaurada por Cielo Patricia Sánchez Pucceti contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y otros.
Asunto: Derechos fundamentales de las
víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. El proceso penal como
expresión del derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. El derecho de
las víctimas del conflicto armado a la atención integral
Magistrada
Sustanciadora
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá
D.C., cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el Magistrado José
Fernando Reyes Cuartas y por las Magistradas Cristina Pardo Schlesinger y
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de
revisión de la providencia dictada el seis (6) de septiembre de 2017, por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro
del expediente de tutela T-6.148.654, promovida por Cielo Patricia Sánchez
Pucceti contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC y otros.
El expediente fue
remitido inicialmente a esta Corporación mediante oficio número 445 del diecinueve
(19) de enero de 2017, por la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bucaramanga, en cumplimiento de los artículos 86 de la
Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección
Número Cinco de la Corte, mediante auto del treinta (30) de mayo de 2017,
resolvió seleccionar el asunto de la referencia para su revisión.
Posteriormente,
una vez fue rehecha la actuación con ocasión de la declaratoria de nulidad
contenida en el Auto número 400 del tres (3) de agosto del 2017, esa misma
funcionaria envío las piezas procesales de la referencia al despacho de la
Magistrada Sustanciadora, a través del oficio número 13362 del veinticinco (25)
de septiembre de 2017, para adelantar la revisión del presente asunto conforme
al auto del treinta (30) de mayo de 2017, proferido por la Sala de Selección
Número Cinco de la Corte.
ANTECEDENTES
La accionante formuló acción de tutela en contra
de las entidades demandadas por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a las
“garantías procesales”,  dentro de la causa número
54498-60-01-135-20028-00115-00, que se adelanta en el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga contra varios miembros de la fuerza
pública por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida
y concierto para delinquir. La peticionaria es la madre de una de las tres (3)
víctimas, el joven Rafael Andrés Plata Sánchez, y alega la violación de sus
derechos por la omisión de traslado del procesado Willington Ortiz Pineda a las
audiencias judiciales.
En ese sentido, solicitó que se ordene a
los accionados el traslado inmediato del mencionado acusado al Centro de
Reclusión Militar de la Quinta Brigada en Bucaramanga, con la finalidad de
asegurar su comparecencia al proceso y su trámite en debida forma, es decir,
sin dilaciones ni suspensiones de las audiencias, con la finalidad de obtener
una sentencia de fondo en su contra.
Hechos relevantes
1. La actora expresó
ser la madre de Rafael Andrés Plata Sánchez uno de los jóvenes que
presuntamente fueron ejecutados extrajudicialmente en el municipio de Hacarí
(Norte de Santander) por miembros del Batallón de Infantería 15 “General
Francisco de Paula Santander” el veinticinco (25) de agosto de 2008.
2. La Fiscalía 56 de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Cúcuta
asumió inicialmente la investigación de estos hechos. Posteriormente, dichas
actuaciones fueron asumidas por la Fiscalía 67 Especializada de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Bucaramanga.
3. El dos (2) de
abril de 2014, el Juzgado Octavo Penal Municipal de Bucaramanga con función de
Control de Garantías, ordenó la captura de los militares que integraban la
compañía militar que supuestamente realizó las ejecuciones extrajudiciales y en
mayo de ese mismo año se celebraron las audiencias de legalización de las
detenciones realizadas.
4. El proceso penal
es conocido por el Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito de
Bucaramanga, bajo el radicado 54498-60-01-135-2008-00115-00. El escrito de
acusación fue presentado por la Fiscalía el veintinueve (29) de agosto de 2014
y el quince (15) de octubre del mismo año se realizó la audiencia de
formulación de acusación.
5. La actora declaró
que en el proceso penal se han presentado maniobras dilatorias que han generado
la suspensión de varias audiencias, entre las que se cuentan la inasistencia del
procesado Hugo Ordoñez a las diligencias fijadas para el veintisiete (27) de
abril de 2015 y trece (13) de enero de 2016. De igual manera, expone la
inasistencia del acusado Willington Ortiz a las audiencias fijadas para el diez
(10) y el once (11) de octubre de 2016.
De igual manera,
presentó la relación de actuaciones surtidas en el proceso, las cuales se
sintetizan de la siguiente manera:
Fecha
de la diligencia
Actuaciones
21 de noviembre
de 2014
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: el juzgado deja constancia de la imposibilidad de
realizar la audiencia preparatoria fijada para los días 18, 19 y 21 de
noviembre, por cuenta del paro judicial, y recordó que había una solicitud de
aplazamiento de la Dra. Ivonne Ríos García. Se fijó fecha para audiencia el 29
de diciembre de 2014 y 8 y 9 de enero de 2015.
29 de diciembre
de 2014
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: el 29 de diciembre de 2014 se instaló la audiencia
preparatoria y se verificó la ausencia del abogado defensor Mauricio
Gordillo, quien manifestó vía telefónica que se encontraba fuera de la ciudad
en cumplimiento de otros compromisos. Se fija nueva fecha para el 8 y 9 de
enero de 2015.
8 de enero de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: se instala la diligencia, pero la defensa alega
que el descubrimiento probatorio se realizó de manera incompleta, por lo que
se suspende la misma y se fija para el 30 de enero y el 13 de febrero de
2015.
30 de enero de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: se suspende por la falta de traslado del procesado
Hugo Ordoñez. Se fija nueva fecha para el 13 de febrero de 2015.
13 de febrero de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: se suspende por solicitud de aplazamiento del
abogado defensor Yecid (sic) Pérez.
6 de abril de
2015
Aplazamiento de
audiencia preparatoria: se suspende porque no se hacen presentes los acusados
que están en libertad, y no se produce el traslado de aquellos que están
privados de la libertad.
Renuncia el
abogado Yecid Pérez y el procesado Willington Ortiz le confiere poder a la
abogada Ivonne Ríos.
Renuncia el
apoderado del señor Nelson Darío Lizarazo y se le informa que se asignó un
abogado de la defensoría pública que no se hizo presente. Se fija nueva
fecha.
27 de abril de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: no se realiza por la inasistencia del procesado
Hugo Ordóñez.
11 de mayo de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: suspendida por solicitud de los abogados defensores
Fernando Vargas y Luisa Anaya.
12 de mayo de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: suspendida por solicitud de los abogados
defensores Fernando Vargas y Luisa Argeny Anaya Parra.
3 de junio de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: suspendida por la ausencia de los abogados
defensores Ivonne Ríos y Fernando Vargas.
4 de junio de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud de la abogada Ivonne Ríos
7 de julio de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud del abogado Gabriel Beltrán.
23 de julio de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud del abogado Gabriel Beltrán.
24 de julio de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud del abogado Gabriel Beltrán.
18 de agosto de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud del abogado Fernando Vargas.
19 de agosto de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud del abogado Fernando Vargas.
16 de septiembre
de 2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud del abogado Gabriel Beltrán.
17 de septiembre
de 2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria por solicitud del abogado Gabriel Beltrán.
19 de octubre de
2015
Se instala la
audiencia, pero se suspende porque la abogada Ivonne Ríos se retira del
recinto y no regresa.
20 de octubre de
2015
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria porque la abogada Ivonne Ríos no se presenta.
La abogada Luisa
Anaya solicita la suspensión de la audiencia para que los procesados tomen
alimentos. En la tarde no comparece el apoderado Mauricio Gordillo y se
suspende la diligencia.
3 de diciembre
de 2015
El abogado
defensor Gabriel Beltrán solicita la nulidad de todo lo actuado.
13 de enero de
2016
Aplazamiento de
la audiencia preparatoria: no se realiza por la inasistencia del procesado
Hugo Ordoñez y su apoderado.
26 de enero de
2016
Se celebra la
audiencia y el juez decreta pruebas. Contra esa medida se presenta recurso de
apelación por parte del Ministerio Público, el abogado Fernando Vargas y los
representes de las víctimas.
25 de agosto de
2016
No se realiza
audiencia por solicitud del apoderado Fernando Vargas.
22 y 23 de septiembre
de 2016
No se realiza
audiencia porque el procesado Yefri Coronel cambio de apoderado.
10 y 11 de
octubre de 2016
No se realiza
audiencia porque no se trasladó al procesado Willington Ortiz.
La ciudadana
atribuye dichas actuaciones a la defensa de los acusados y a las entidades accionadas,
puesto que estas últimas presuntamente no han realizado los traslados de los
capturados para que comparezcan ante el juzgado de conocimiento.
6. Expuso que un
juez de control de garantías de Bogotá ordenó la libertad del procesado Hugo
Andrés Ordoñez, con fundamento en el vencimiento de términos. Alegó que esta
audiencia no fue notificada a la víctima ni a sus representantes.
7. Manifestó que el
veintiséis (26) de octubre de 2016, se celebró ante el Juzgado 21 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías, audiencia de solicitud de
libertad del procesado Willington Ortiz Pineda, la cual fue negada por falta de
acreditación de los requisitos legales para su concesión. Adujo que durante el
trámite de la diligencia les informaron que el procesado no podría ser
trasladado por parte del INPEC y del Centro de Reclusión Militar EJUPA del
Batallón La Popa de Valledupar, a la ciudad de Bucaramanga para la celebración
de la audiencia de instalación del juicio programada por el Juzgado Tercero
Penal Especializado del Circuito de Bucaramanga, para los días primero (1°) y
dos (2) de noviembre de 2016.
8. La señora Cielo
Patricia explicó que el procesado Willington Ortiz se encontraba recluido en el
Centro de Reclusión Militar de la Quinta Brigada de Bucaramanga, y no obstante
existir cupos carcelarios, fue trasladado sin razón al Centro de Reclusión
Militar EJUPA en la ciudad de Valledupar, lo que ha generado la dilación del
proceso, porque las entidades accionadas no han cumplido con su obligación de
trasladar al procesado a las audiencias programadas por el juzgado de
conocimiento.
9. La accionante
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
verdad, a la justicia y a la reparación integral, y a sus garantías procesales.
Por tal razón, pretende que el juez de tutela ordene trasladar inmediatamente
al señor Willington Ortiz Pineda al Centro de Reclusión Militar de la Quinta
Brigada en Bucaramanga, con la finalidad de asegurar su comparecencia al
proceso adelantado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
esa misma ciudad, radicado bajo el número 54498-60-01-135-2008-0015-00.
Trámite de la
acción de tutela
Primera instancia
La Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga conoció de la acción de
tutela en primera instancia. Esa Corporación avocó conocimiento mediante auto
del dos (2) de noviembre de 2016, en el que ordenó vincular al director general
del INPEC, al Ministro de Defensa, al Comandante del Ejército Nacional, a los
directores de los centros de reclusión militar EJUPA Batallón la Popa de
Valledupar y Quinta Brigada de Bucaramanga, al Juez Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga y al interno Willington Ortiz Pineda. Ese despacho
judicial remitió los oficios número 14852 al 14858[1], mediante los
cuales comunicó el inicio del trámite de la solicitud de amparo.
Respuestas de las
entidades accionadas
Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC[2]
Presentó por
correo electrónico escrito de contestación de la tutela el ocho (8) de
noviembre de 2016, ante el juez de primera instancia, en el que manifestó la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la accionante por
parte de esa entidad. Adicionalmente expresó que, en relación con la pretensión
de la asignación de cupo en el Centro de Reclusión para miembros de las fuerzas
militares, no le corresponde a esta institución acceder a lo solicitado.
Manifestó que el
señor Willington Ortiz Pineda se encuentra recluido actualmente en EJUPA BAS 10
de Valledupar, César, establecimiento que no es competencia del INPEC, por lo
que ese requerimiento debe ser atendido por el Centro de Reclusión Militar de
la Quinta Brigada en Bucaramanga, ya que el procesado no se encuentra en un
establecimiento carcelario “del INPEC”.
Batallón de ASPC
No. 5 “MERCEDES ABREGO”[3]
Radicó por correo
electrónico contestación a la solicitud de amparo el nueve (9) de noviembre de
2016, en la que adujo que el señor Willington Ortiz Pineda no ha estado interno
en el centro de reclusión militar de Bucaramanga. En ese sentido, su ingreso ha
sido en condición de “transeúnte”, siempre bajo la custodia del centro
de reclusión militar EJUPA del Batallón la Popa en Valledupar, durante los días
de realización de las audiencias judiciales, como ocurrió el primero (1°) y el
dos (2) de noviembre del 2016.
De otra parte,
expuso que no es cierto que cuenten con cupos para recibir al mencionado
procesado, pues se encuentran con problemas de hacinamiento y de infraestructura,
producida por las recientes lluvias y por la antigüedad de las instalaciones.
Además, dijo que
es un centro de reclusión de unidad táctica que no se encuentra avalado por el
INPEC y que debido a ello no cuentan con presupuesto propio. En la actualidad
tienen 48 sindicados en sus instalaciones, no obstante, las mismas están
adecuadas para albergar 25 internos, por lo que las personas privadas de la
libertad deben ser trasladadas a un centro de reclusión militar avalado por el
INPEC.
Centro de
reclusión Militar EJUPA[4]
Radicó escrito por
correo electrónico el diez (10) de noviembre de 2016, ante el juez de primera
instancia, en el que manifestó:
i) El señor
Willington Ortiz Pineda fue trasladado a ese centro militar de reclusión EJUPA
Valledupar el dieciséis (16) de marzo de 2016, mediante resolución de traslado
del INPEC No. 901025, en razón a que el interno es miembro del ejército de
grado soldado profesional, razón por la cual debía estar recluido en
instalaciones militares y no en una cárcel civil como en la que se encontraba
(La Modelo).
ii) El procesado no
acudió a las audiencias programadas para los días diez (10) y once (11) de
octubre de 2016, porque no fue trasladado conforme al radiograma No.
201650607285830, debido a que, no obstante haber solicitado al INPEC los
respectivos pasajes, el tres (3) de octubre de 2016, esa entidad informó que: “con
respecto a las solicitudes de tiquetes que hacen para el interno ORTIZ
WILLINGTONG (sic) en la ruta Valledupar Bucaramanga – Valledupar para el día 09
al 12 de octubre de 2016 allegado a este (sic) oficina el día veintisiete (27)
de septiembre de 2016, les informó que consultado el sistema de reservas de la
agencia de viajes, SUBATOURS S.A.S no hay disponibilidad aérea para trasladar
el interno por ninguna aerolínea”[5].
iii) El juzgado de
conocimiento fijó audiencias con el interno Ortiz para los días primero (1°) y
dos (2) de noviembre de 2016, por lo que solicitaron al INPEC y a la aerolínea
designada para tales fines la expedición de los correspondientes tiquetes
aéreos, quienes informaron que no existía disponibilidad para esas fechas.
Expresó que debido
al “llamado reiterativo” del juez de conocimiento para la presentación a
audiencia del militar recluido en ese centro, se realizó el transporte
terrestre del mismo para el cumplimiento de la diligencia judicial, la cual fue
suspendida por la inasistencia de uno de los apoderados de los procesados.
iv) El encausado
privado de la libertad nunca ha estado recluido en el centro militar de la
Quinta Brigada de Bucaramanga, por el contrario, estuvo interno en la cárcel La
Modelo, de la cual fue trasladado directamente a EJUPA, centro de reclusión más
próximo a la ciudad de Bucaramanga, puesto que el que se encuentra ubicado en
esa ciudad es un centro de reclusión militar de unidad táctica.
v) El traslado de
los reclusos de un centro carcelario a otro es una función del INPEC y de la
Dirección de Centros de Reclusión Militar.
vi) El INPEC es la
entidad encargada de disponer los recursos para el traslado del personal
militar privado de la libertad a los diversos requerimientos judiciales. De
esta manera, los centros de reclusión militar una vez son notificados de la
necesidad de comparecencia del interno a una diligencia judicial, solicitan y
envían los documentos soporte al INPEC para que disponga los tiquetes
requeridos para el traslado del procesado y su custodio.
Dirección de
Centros de Reclusión Militar del Ejército[6]
Presentó
intervención vía correo electrónico el once (11) de noviembre de 2016, en la
que expuso lo siguiente[7]:
i) Conforme al
artículo 27 de la Ley 65 de 1993, el INPEC expidió la Resolución No. 007540 del
veintitrés (23) de junio de 2010, mediante la cual estableció los centros de
reclusión destinados para miembros de la fuerza pública, en los que se
encuentra el centro de reclusión militar EJUPA, ubicado en el Batallón de apoyo
y Servicios para el Combate No. 10 “Cacique Upar” en Valledupar, Cesar,
sitio de reclusión del señor Willington Ortiz Pineda.
ii) El militar
procesado fue trasladado del “Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Bucaramanga”[8], el día quince
(15) de marzo de 2015, al centro de reclusión militar EJUPA.
iii) El interno no
pudo ser trasladado a las audiencias programadas por el Juzgado Tercero Penal
Especializado del Circuito de Bucaramanga para los días diez (10) y once (11)
de octubre de 2016, debido a que el INPEC informó que no existía disponibilidad
de tiquetes aéreos.
De igual manera,
según la Directiva Permanente 013 del catorce (14) de noviembre de 2013, las
erogaciones de los pasajes aéreos por concepto de remisiones y traslados de
militares privados de la libertad, son asumidas por el INPEC. Estas solicitudes
son enviadas a esa entidad con una antelación de quince (15) días hábiles a la fecha
de la diligencia judicial, puesto que el INPEC “(…) expide tiquetes
aéreos únicamente para el personal privado de la libertad los días lunes y
jueves”.
iv) El interno Ortiz
compareció a la audiencia programada por el juzgado de conocimiento el día primero
(1°) de noviembre de 2016, pero la misma fue cancelada. Lo anterior, según la
entidad, demuestra el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad
judicial.
v) El procesado no
puede ser trasladado al centro de reclusión militar de Bucaramanga, puesto que
esas instalaciones no cuentan con el aval del INPEC.
Decisión de única
instancia
La Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
mediante fallo del diecisiete (17) de noviembre de 2016[9], resolvió negar
por improcedente el amparo de los derechos fundamentales invocados, con
fundamento en que la simple dilación de la actuación procesal no implica para
la accionante el desconocimiento de sus garantías fundamentales, puesto que
goza de herramientas jurídicas suficientes ante el juez de conocimiento o las
autoridades carcelarias[10].
El
trámite de selección y las actuaciones en sede de revisión
1. El expediente fue
remitido a esta Corporación mediante oficio número 445 del diecinueve (19) de
enero de 2017, de la Secretaría de la Sala de Decisión Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga[11]. La Sala de
Selección Número Cinco de la Corte Constitucional, mediante auto del treinta
(30) de mayo de 2017, resolvió seleccionar para su revisión el asunto de la
referencia con base en el criterio objetivo con la finalidad de aclarar el
contenido de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados[12].
2. El despacho de la Magistrada Sustanciadora profirió
el auto del cuatro (4) de mayo de 2017, mediante el cual resolvió, entre otras
cosas, ordenar la notificación al Juzgado Tercero Penal Especializado del
Circuito de Bucaramanga del auto del dos (2) de noviembre de 2016, por medio
del cual se admitió a trámite la presente solicitud de amparo y vincular al
trámite de la referencia a la Fiscalía 67 Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Bucaramanga, así como el decreto oficioso
de pruebas.
En
esa providencia se advirtió que estas entidades tenían la posibilidad de solicitar
la nulidad de todo lo actuado conforme al artículo 137 del Código General del
Proceso, para lograr concurrir al trámite de instancias, o de proseguir con el
procedimiento constitucional que se adelanta en el estado en que se encontrara.
Para tales efectos, podían ejercer, en sede de revisión su derecho de defensa y
contradicción dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de ese
auto, término durante el cual tenían la oportunidad de pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones de la solicitud de amparo, así como sobre las
intervenciones de las partes. De igual manera, en caso de abstenerse de hacer
pronunciamiento alguno, la nulidad quedaría saneada y el trámite proseguiría.
3. La mencionada providencia fue
notificada por estado número 401 del siete (7) de julio de 2017. La Secretaría
General de la Corte remitió al Juzgado Tercero Penal Especializado del Circuito
de Bucaramanga el oficio número OPT-A-1278/2017 del siete (7) de julio de 2017,
mediante el cual le comunicaba lo resuelto en el auto mencionado previamente.
De igual manera, remitió a la Fiscalía 67 Especializada de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Bucaramanga el oficio número OPT-A-1279
del siete (7) de julio de 2017.
El informe secretarial del veinticinco
(25) de julio de 2017[13]
da cuenta que el oficio OPT-A-1278/2017, dirigido al Juzgado Tercero Penal
Especializado del Circuito de Bucaramanga fue recibido por ese despacho
judicial el trece (13) de julio de 2017. De igual manera, en esa misma fecha,
ese juzgado radicó vía correo electrónico, escrito mediante el cual solicitó la
nulidad de todo lo actuado por la falta de notificación del auto dos (2) de
noviembre de 2016, que admitió a trámite la presente solicitud de amparo, con
fundamento en el artículo 137 del Código General del Proceso.
4. Esta Sala, mediante Auto número
400 del tres (3) de agosto de 2017, decretó la nulidad de todo lo actuado en el
expediente de la referencia y ordenó su remisión a la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, para que ese despacho
rehiciera la actuación procesal.
5. La Secretaría General de la Corte
informó el veintisiete (27) de noviembre de 2017, que la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga remitió el expediente de
la referencia al despacho de la magistrada sustanciadora para su revisión.
6. Al revisar el contenido del
expediente remitido por el mencionado Tribunal, se observaron las siguientes
actuaciones:
6.1
Esa
instancia judicial, mediante auto del veintiocho (28) de agosto de 2017,
ordenó: i) reiniciar el trámite de la acción de tutela; ii) vincular al Fiscal
Sesenta y Siete (67) Especializado de Derechos Humanos y de Derecho
Internacional Humanitario de Bucaramanga; y iii) reiterar la comunicación de
vinculación al Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.
6.2
La
Secretaría General de la Corte, mediante oficio número A-1837/2017 del
veintiocho (28) de agosto de 2017, remitió al Tribunal de instancia los
siguientes documentos:
i. Oficio No. 8200-DICUV-1629 del
veintisiete (27) de julio de 2017, suscrito por el Director de Custodia y
Vigilancia del INPEC, mediante el cual dio respuesta al auto del cuatro (4) de
julio de 2017.
ii. Oficio No. OF.2412 F-67 DECVDH del
veintiséis (26) de julio de 2017, firmado por el Fiscal 67 Especializado DNFE
DH-DIH de Bucaramanga, en el que indicó, entre otros aspectos, lo que a
continuación se expone:
a. La investigación penal se adelanta
en contra de las siguientes personas:
- Hugo Andrés Ordoñez González
- Martín Rodríguez González
- Daniel Fernando Estepa Becerra
- Nelson Darío Castellanos Lizarazo
- Jaider Sanguino Sarabia
- Raúl Antonio Duran Acevedo
- Alfonso Cubides
- Edson Pérez Rodríguez
- Manuel Ríos Moreno
- Willington Ortiz Pineda
- Yefry Danilo Coronel
b. Describió el procedimiento que se
dio al interior de esa institución para adelantar la respectiva investigación.
c. Expresó que la audiencia
preparatoria y demás audiencias han sido aplazadas mediante maniobras
dilatorias por parte de los abogados defensores y porque el INPEC no realizó
los respectivos traslados de los internos.
6.3
Contestación
de la acción de tutela presentada por el Comandante del Batallón ASPC No. 5 “Mercedes
Abrego”, el treinta (30) de agosto de 2017, vía correo electrónico.
6.4
Contestación
de la solicitud de amparo presentada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento, del primero (1º) de
septiembre de 2017, en la que expresó:
a. Ante ese despacho
se adelanta el juicio oral en contra de Hugo Andrés Ordoñez González,
Willington Ortiz Pineda, Manuel Ríos Moreno, Nelson Darío Castellanos Lizarazo,
Daniel Fernando Estepa Becerra, Alfonso Cubides, Jaider Sanguino Sarabia,
Martín Rodríguez González, Raúl Antonio Duran Salcedo y Yefri Danilo Coronel, por
las conductas punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida
y concierto para delinquir agravado, cuyas presuntas víctimas fueron Carlos
Mauricio Novoa Vega y Rafael Andrés Plata Sánchez.
b. Las actuaciones
surtidas en el proceso han sido las siguientes:
Fecha de la
diligencia
Actuación
21 de mayo de
2014
Se realizó la
audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición
de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario del
indiciado Willington Ortiz Pineda ante el Juzgado Segundo Municipal de
Control de Garantías ambulante de Bucaramanga.
5 de septiembre
de 2014
Se allegó por
reparto el escrito de acusación presentado en contra de Willington Ortiz
Pineda y otros siete (7) imputados. Se fijó como fecha de formulación de
acusación el quince (15) de octubre de 2014.
15 de octubre de
2014
Se realizó la
audiencia de formulación de acusación, se fijó como fecha para la audiencia
preparatoria los días 18, 19 y 21 de noviembre de 2014 a partir de las 2:00
p.m.
18, 19 y 21 de
noviembre de 2014
No se realizó la
audiencia preparatoria en razón a paro judicial y a la solicitud de
aplazamiento “(…) de parte de una abogada defensora”. Se fijó fecha para las
diligencias los días 29 de diciembre de 2014 y 8 y 9 de enero de 2015.
29 de diciembre
de 2014
No se realizó la
audiencia por la ausencia de un abogado defensor.
8 de enero de
2015
Se dio inicio a
la audiencia preparatoria, pero se suspendió para “(…) concretar el
descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía.”
9 de enero de
2015
Se suspendió la
audiencia por solicitud de aplazamiento de la Fiscalía y la defensa. Se fijó
nueva fecha para el 30 de enero y el 13 de febrero de 2015.
30 de enero de
2015
No se realizó la
audiencia por la imposibilidad de traslado de un procesado privado de la
libertad.
13 de febrero de
2015
No se realizó la
audiencia por solicitud de aplazamiento de un abogado defensor. Se fijó nueva
fecha para los días 6, 7 y 27 de abril y 11 y 12 de mayo de 2015.
6 y 7 de abril
de 2015
No se continuó
con la audiencia preparatoria por renuncia de un abogado defensor y solicitud
de tiempo presentada por un procesado para designar defensor de confianza.
27 de abril de
2015
No se continuó
con la audiencia por incumplimiento en la remisión de un procesado privado de
la libertad.
11 de mayo de
2015
Se suspendió la
audiencia por petición de dos abogados defensores y por tal razón se cancela
la diligencia programada para el día siguiente. Se fijó nueva fecha para los
días 3 y 4 de junio de 2015.
3 de junio de
2015
No se continuó
con la audiencia por la inasistencia de dos abogados defensores.
4 de junio de
2015
Por petición de
la defensa se decretó la conexidad con el CUI: 544986000000201400003 y se
suspendió la audiencia con el propósito de vincular las nuevas partes
procesales. Se fijó como nueva fecha los días 7, 23 y 24 de julio de 2015.
7 de julio de
2015
Se aplazó la
audiencia por solicitud de un abogado defensor.
23 de julio de
2015
Se aplazó la
diligencia a solicitud de un abogado defensor. Se fijó nueva fecha para el 18
y 19 de agosto, y el 16 y 17 de septiembre de 2015.
18 y 19 de
agosto de 2015
Se aplazó la
audiencia a solicitud de un abogado defensor.
16 y 17 de
septiembre de 2015
No se realizó
por la inasistencia de un abogado defensor. Se fijó nueva fecha para el 19 y
20 de octubre de 2015.
19 de octubre de
2015
Se continuó con
la audiencia preparatoria, sin embargo, una abogada defensora no realiza su
enunciación probatoria, por lo que se suspende la audiencia.
20 de octubre de
2015
Se suspendió la
audiencia por “(…) causa atribuible a un abogado defensor”. Se fijó
nuevamente fecha para diligencia el 24 de noviembre y el 3 de diciembre de
2015.
24 de noviembre
de 2015
Se suspendió la
diligencia a solicitud de la defensa.
3 de diciembre
de 2015
Se suspendió la
diligencia para el decreto probatorio y se fijó nueva fecha para el 13 de
enero de 2016.
13 de enero de
2016
No se realizó la
audiencia por inasistencia de una abogada defensora. Se fijó nueva fecha para
el 26 de enero de 2016
26 de enero de
2016
Se profirió auto
de pruebas, sobre el que se formularon los recursos ordinarios por los
sujetos procesales, incluido un abogado defensor. Se conceden en efecto
suspensivo ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga.
25 de julio de
2016
Se resolvieron
los recursos de apelación por parte del superior.
1 de agosto de
2016
Se fijó fecha
para audiencia de juicio oral los días 25 de agosto, 22 y 23 de septiembre,
10 y 11 de octubre, y 01 y 02 de noviembre de 2016.
25 de agosto de
2016
No se realizó la
audiencia por solicitud de aplazamiento de un defensor.
22 y 23 de
septiembre de 2016
No se realizó la
audiencia por solicitud de un abogado defensor.
10 y 11 de
octubre de 2016
No se realizó la
audiencia por el incumplimiento de traslado del procesado Willington Ortiz
Pineda, privado de la libertad en el CRM de Valledupar.
1 y 2 de
noviembre de 2016
No se realizó la
diligencia por solicitud de aplazamiento de un abogado defensor. Se fijó nueva
fecha para los días 23 a 26 de enero y 14 a 16 de febrero de 2017.
23 al 26 de
enero de 2017
Se suspendió la
audiencia por solicitud de un abogado defensor.
14 al 16 de
febrero de 2017
Se instala la
audiencia de juicio oral, la Fiscalía presentó la teoría del caso y comenzó
el recaudo probatorio.
28 de abril de
2017
Continuó el
recaudo probatorio de la Fiscalía.
22 de mayo de
2017
No se realizó la
audiencia por “cruce de diligencias por parte del despacho”
23 de mayo de
2017
Se suspendió la
audiencia por solicitud de la Fiscalía.
26 y 27 de julio
de 2017
Se suspendió la
audiencia por solicitud de la Fiscalía debido al incumplimiento de la Policía
Nacional en la conducción de un testigo.
29 de agosto de
2017
No se realizó la
audiencia por el incumplimiento de la conducción de un testigo de la
Fiscalía.
30 de agosto de
2017
Se continuó con
el juicio oral. Se ratificaron las fechas del 18 y 19 de septiembre de 2017.
c. Los procesados
que están privados de la libertad son: i) Yefri Danilo Coronel y Manuel Ríos
Moreno, internos en el CRM de la Quinta Brigada de Bucaramanga; ii) Martín
Rodríguez González, recluido en el Batallón de Infantería No. 13 Custodio
Rovira de Pamplona (N.S.); y iii) Willington Ortiz Pineda, internado en el
Establecimiento Militar Carcelario de Mediana Seguridad – EJUPA Valledupar.
d. La presencia de
los procesados y la celeridad de la actuación dependen de que se garantice que
la medida de aseguramiento referida se cumpla en un centro de reclusión de esta
ciudad, no solo respecto del procesado Willington Ortiz Pineda sino también de
Martín Rodríguez González, pues la suspensión de las audiencias se debe al
incumplimiento de los traslados.
Sentencia
de única instancia proferida con ocasión de la declaratoria de nulidad
7. La Sala Penal del
Tribunal Superior de Bucaramanga, una vez rehízo la actuación procesal con
ocasión de la nulidad resuelta por la Corte, mediante sentencia del seis (6) de
septiembre de 2017, resolvió declarar improcedente el amparo solicitado por la
accionante con fundamento en que no concurre una situación que amerite la
intervención del juez constitucional.
Para ese despacho,
la simple dilación de la actuación constituye para la demandante “(…) un
obstáculo previsible y regular que no implica – per se- el desconocimiento de
sus garantías fundamentales como perjudicada, pues lo cierto es que goza de
herramientas jurídicas suficientes ante el juez de conocimiento o las
autoridades carcelarias para que sean superados plenamente sus percances.”
Finalmente, consideró
que el proceso penal sigue su curso y por ende “(…) la accionante contando
con la asesoría de su abogado – esencial desde la audiencia preparatoria-
dispondrá de acciones y recursos para controvertir cualquier determinación
contraria a sus intereses, lo cual descarta de plano una vulneración
trascedente de su derecho al debido proceso”.
Nuevas actuaciones
en sede de revisión
8. Este despacho, mediante auto del
dieciocho (18) de diciembre de 2017, decretó pruebas de oficio, con la
finalidad de esclarecer los hechos en los que se funda la solicitud de amparo
de la referencia, en especial aquellos sobre: i) las supuestas dilaciones
injustificadas del proceso penal adelantado en el Juzgado Tercero Penal
Especializado del Circuito de Bucaramanga, a juicio de la accionante, producidas
por los abogados defensores y por algunos funcionarios judiciales; ii) la
presunta renuencia para el traslado de los procesados a las diligencias
judiciales programadas por el juez de conocimiento; y iii) las medidas de ordenación,
de instrucción y disciplinarias que el despacho judicial que conoce de la causa
penal ha implementado para garantizar la celeridad del proceso.
Por
tal razón, a través de la Secretaría General de esta Corporación se ofició al
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, para que en el
término improrrogable de tres (3) días, remitiera con destino a este expediente
los documentos e información sobre los siguientes aspectos:
i) Copia íntegra del expediente penal
radicado bajo el número 54498-60-01-135-2008-00115-00, adelantado contra los
miembros del Batallón de Infantería 15 “General Francisco de Paula Santander”,
por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
concierto para delinquir, la cual también debía incluir los documentos
electrónicos, auditivos y audiovisuales que hagan parte del mismo.
ii) Certificación de cada uno de los
procesados en la mencionada causa, su información personal y profesional, su
situación jurídica y en caso de encontrarse privados de la libertad, el nivel
de seguridad ordenado para el cumplimento de dicha medida.
iii) Certificación de los procesados que se
encuentran en libertad, la autoridad judicial que la ordenó y las razones que
sustentan dicha decisión. Específicamente, en relación con los señores Hugo
Andrés Ordóñez y Willington Ortiz, debía indicar el número de solicitudes de
libertad presentadas por su defensa, la autoridad judicial que decretó la
libertad del señor Ordóñez, la fecha de celebración de la audiencia y las
razones que sustentaron la mencionada decisión.
iv) Información sobre los apoderados
judiciales que atienden la defensa de los procesados. Particularmente debía
indicar los nombres de los profesionales del derecho que han asumido su
representación judicial desde el año 2014 hasta la fecha y sus lugares de
notificación. De igual manera, las actuaciones judiciales desplegadas por cada
uno de ellos, especialmente aquellas que hayan generado suspensiones de
audiencias en el proceso, las razones presentadas ante el juez de conocimiento
para el aplazamiento de las mismas y las justificaciones presentadas para
sustentar su inasistencia.
La
anterior información también debía suministrarse en relación con los fiscales
delegados que han actuado en el proceso.
Por
Secretaría General de la Corte se ofició a la Fiscalía 67 Especializada de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bucaramanga, para que
en el término improrrogable de tres (3) días, remitiera con destino a este
expediente información sobre los funcionarios que han intervenido en el proceso
penal radicado bajo el número 54498-60-01-135-2008-00115-00, adelantado contra
los miembros del Batallón de Infantería 15 “General Francisco de Paula
Santander”, por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona
protegida y concierto para delinquir.
De
igual manera, debía exponer las actuaciones realizadas dentro del proceso, las
solicitudes para el aplazamiento de audiencias y las razones que las sustentan,
las inasistencias a las mismas y las justificaciones presentadas ante el juez
de conocimiento.
De
otra parte, por Secretaría General de este Tribunal, se ofició al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Dirección de Centros de
Reclusión Militar del Ejército, y a los directores de los centros de reclusión
militar “EJUPA” Batallón la Popa de Valledupar y Quinta Brigada de Bucaramanga,
para que en el término improrrogable de tres (3) días, remitieran con destino a
este expediente información sobre los siguientes aspectos:
i) Certificaran si, tal como lo expuso el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, los procesados
Yefri Danilo Coronel y Manuel Ríos Moreno se encuentran privados de la libertad
en el CRM de la Quinta Brigada en la ciudad de Bucaramanga. En caso afirmativo,
debía expresar la autoridad que ordenó el cumplimiento de la mencionada medida
de aseguramiento en dichas instalaciones y el tiempo de reclusión de las
mencionadas personas en ese lugar.
ii) Conforme a lo anterior, ¿por qué el procesado
Willington Ortiz no podía ser internado en el centro de reclusión militar de la
Quinta Brigada de Bucaramanga?
iii) ¿Qué nivel de seguridad tiene el centro
de reclusión militar del Batallón la Popa de Valledupar?
iv) ¿El centro de reclusión militar del
Batallón la Popa de Valledupar cuenta con los medios tecnológicos para
adelantar audiencias judiciales virtuales? En caso afirmativo, debía expresar
si el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga le había
solicitado su gestión para adelantar audiencias judiciales virtuales con el
procesado Willington Ortiz.
Adicionalmente,
por Secretaría General de la Corte, se ofició al Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga, para que en el término improrrogable de
tres (3) días, remitiera con destino a este expediente información sobre los
siguientes aspectos:
i. Los funcionarios que han sido titulares
de ese despacho desde el año 2014 a la fecha y que han conocido el proceso
radicado bajo el número 54498-60-01-135-2008-00115-00, adelantado contra los
miembros del Batallón de Infantería 15 “General Francisco de Paula Santander”,
por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
concierto para delinquir.
ii. ¿Cuáles han sido las medidas de
ordenación, de instrucción y disciplinarias adoptadas por ese despacho para
garantizar el principio de celeridad del proceso, específicamente para evitar
la dilación del mismo por la suspensión de audiencias?
iii. ¿Cuenta con los medios tecnológicos
necesarios para realizar audiencias judiciales con los procesados que están
internados en centros de reclusión ubicados en otras ciudades del país? En caso
afirmativo, ¿ha solicitado a las autoridades penitenciarias y militares las
gestiones necesarias para realizar audiencias judiciales virtuales con el
procesado Willington Ortiz?
Si
la respuesta a la pregunta previamente formulada era negativa, debía explicar
por qué no ha utilizado dichos instrumentos tecnológicos.
9. El diecisiete (17) de enero de 2018, la
Procuradora 170 Judicial II Penal, remitió por correo electrónico a la
Secretaría General de este Tribunal, una relación de sus actuaciones en
cumplimiento de la labor de acompañamiento del acatamiento de las órdenes
proferidas en el auto del dieciocho (18) de diciembre de 2017.
10. La doctora Diana Lucia Urrea Benítez, en
calidad de Jueza encargada del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado
de Bucaramanga Con Funciones de Conocimiento remitió por correo electrónico,
recibido en este despacho, el veinticinco (25) de enero de 2018[14], un informe
mediante el cual daba cumplimiento a la orden contenida en el auto de pruebas
decretado por la Magistrada Ponente. De dicho documento se destaca la siguiente
información:
10.1
Se
remitió el expediente radicado con el número CUI 544986001135200800115 que
contiene 1377 folios. Sin embargo, no se allegaron copias de los medios
magnéticos “(…) como quiera que no cuenta este Despacho con los dvds
necesarios para el efecto, atendiendo el escaso suministro de este tipo de
elementos por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional (sic).”
10.2
El
titular del despacho judicial accionado es Hernán Suarez Delgado.
10.3
El
Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de control de Garantías de
Bucaramanga, el diez (10) de noviembre de 2017, resolvió sustituirle a los
procesados Yefri Danilo Coronel, Manuel Ríos Moreno, Martín Rodríguez González
y Willington Ortiz Pineda, la medida de aseguramiento por una no privativa de
la libertad.
10.4
El
diecinueve (19) y el veinte (20) de diciembre de 2017, se accedió a la solicitud
de aplazamiento de la audiencia del juicio oral presentada por una abogada
defensora. Se fijó como nuevas fechas para la continuación de la diligencia el
veintiocho (28) de febrero y primero (1º) de marzo de 2018.
10.5
Actúan
como defensores de los acusados los abogados: i) Luisa Argeny Anaya Parra; ii)
Fernando Antonio Vargas Quemba; e, iii) Ivonne Marcela Ríos García.
Adicionalmente, interviene como acusador la Fiscalía 67 de la Unidad
Especializada en DH-DIH, cuyo titular es el señor Fiscal Carlos Jesús León
Franco. Finalmente, en representación del Ministerio Público-Agencia Especial,
se desempeña la doctora Nidian de la Merced Guevara, como Procuradora No. 170
Judicial Penal II.
10.6
Ante
la inasistencia de las partes procesales y de los intervinientes, así como del
incumplimiento en la remisión de los procesados, “(…) en su oportunidad y en
múltiples ocasiones se han ordenados requerimientos con fines de justificación
y compulsa de copias para investigación disciplinaria (sic).”
10.7
La
realización de audiencias virtuales está condicionada a:
“(…)
la disponibilidad que para el efecto detente el Centro de Servicios Judiciales
del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga, el cual solamente cuenta con una
sala de audiencias para ser utilizada por todos los juzgados penales del
Distrito y un equipo de cómputo y proyección para ser trasladado a la sala de
audiencias del Despacho requirente.
Cabe
destacar que en varias ocasiones se han realizado las audiencias bajo esta
modalidad dentro de este proceso penal.”
11. El Director de Centros de Reclusión
Militar del Ejército, remitió por Correo electrónico recibido en el despacho de
la suscrita magistrada sustanciadora el veinticuatro (24) de enero del 2018, el
oficio número 20183630101171 MDN-CGFM-COEJC-SEJEM-GEMGF-COPER-DICER, del
veintidós (22) del mismo mes y año, en el que indicó:
11.1
El
señor Yefri Danilo Coronel permaneció privado de la libertad en el Batallón
ASPC No. 5 “Mercedes Abrego” de la ciudad de Bucaramanga desde el
treinta (30) de julio de 2014 hasta el primero (1º) de diciembre de 2017.
Por
su parte, el procesado Manuel Ríos Moreno esa recluido en el Batallón ASPC No.
“Mercedes Abrego” en la ciudad de Bucaramanga, desde el nueve (9) de
marzo de 2016, en cumplimiento de la orden de tutela proferida por el Juzgado
Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras.
11.2
El
señor Willington Ortiz no tiene medida de aseguramiento desde el veintinueve
(29) de diciembre de 2017. La razón por la cual no fue internado en el centro
de Reclusión Militar Batallón ASPC No. 5 “Mercedes Abrego” radicó en
que:
“(…)
por pertenecer estos CRM-UT orgánicamente a los Batallones, todo su
funcionamiento logístico, administrativo, presupuestal y operativo, está
directamente ligado a este, es decir, en el caso de recibir al procesado en una
Unidad Táctica, no se contaría con la disponibilidad presupuestal para
garantizar todo lo relacionado con su privación de la libertad, como es,
alimentación, remisiones hospitalarias y judiciales cuando así se requiera,
vulnerándose con ellos sus derechos fundamentales, pues al ser el mencionado
procesado un Soldado Profesional retirado, el INPEC es la entidad encargada de
garantizarle estos derechos.”
11.3
Las
nueve (9) cárceles y penitenciarías a cargo del Ejército Nacional cuentan con
los medios audiovisuales y tecnológicos para realizar audiencias virtuales con
la población privada de la libertad cuando así lo requiera la autoridad
judicial, “(…) sin embargo para el presente caso, conforme a la información
suministrada por la Cárcel y Penitenciaria para Miembros de la Fuerza Pública
de Alta y Mediana Seguridad del Ejercito Nacional “CPAMSEJUPA”, el
Establecimiento no ha sido requerido por la autoridad judicial competente para
la realización de audiencia virtual (…).”
12. El Director (E) del Centro de Reclusión
Militar de Valledupar, mediante oficio No. 0088 del dieciocho (18) de enero de
2018, remitido por correo electrónico a la Secretaría General de la Corte,
expresó que el señor Willington Ortiz no se encuentra privado de la libertad en
esa Cárcel, puesto que el juez competente concedió dicho beneficio por
vencimiento de términos.
13. La Procuradora 170 Judicial II Penal,
mediante correo electrónico del veinticinco (25) de enero de 2018, recibido en
la Secretaría General de la Corte, presentó documentos anexos en cumplimiento
de la función de acompañamiento al auto de pruebas. Entre los mencionados
escritos se encuentran los siguientes:
13.1
Copia
de la respuesta del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga del veinticuatro (24) de enero de 2018, y;
13.2
El
oficio No. 143 F-90 DECVDH suscrito por el Fiscal 90 Especializado DFNE DH-DIH,
en el que le informó a esa funcionaria que:
“A
la fecha y de acuerdo con el análisis juicioso que ya han hecho en más de
cuatro ocasiones durante este año los Jueces de Garantía de la ciudad de
Bucaramanga, a la fiscalía se le pueden imputar solo dos aplazamientos y por
parte de la defensa se han evidenciado múltiples dilaciones y aplazamientos.
(…)
La
defensa en varias ocasiones ha sido exhortada a actuar de manera leal con la
judicatura, e incluso, han sido objeto del compulso (sic) de copias por los
constantes aplazamientos injustificados.
Para
el ente acusador y en consonancia con el conteo de términos que ya se ha
realizado en varias audiencias durante este años (sic), hasta el mes de abril
de 2015 solo han transcurridos 63 días imputables al Estado, dado que a partir
de mes de mayo de 2015, todos los aplazamientos de la audiencia preparatoria se
ocasionaron por solicitud de la defensa o por su inasistencia a las
audiencias.”[15]
14. La Procuradora 170 Judicial II
Penal, remitió a la Secretaría General de la Corte, vía correo electrónico una
serie de documentos, entre los que se encuentra el oficio del dieciocho (18) de
enero de 2018, suscrito por el director del centro de reclusión militar de
Valledupar, y la orden de libertad a favor de Willington Ortiz Pineda, del diez
(10) de diciembre de 2017, proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga[16].
15. El Fiscal 90 Especializado de
Derechos Humanos y DIH radicó ante la Secretaría General de la Corte, un
escrito en el que expresó:
“(…) dicho
proceso se recibió de la Fiscalía 56 DH CUCUTA quien la tuvo por 5 años, este
despacho recibió dicha investigación y en el término de tres meses se hizo
imputación de cargos y capturas, posteriormente se presentó escrito de
acusación y a la fecha nos encontramos en juicio oral.
Los continuos
aplazamientos son de parte de la bancada de la defensa en su totalidad como se
logra comprobar del auto respectivo, la fiscalía solo a (sic) aplazado no la
audiencia (sic) sino la continuación de la misma en una oportunidad por cuanto
la policía nacional no había cumplido con el traslado de un testigo.”[17]
16. Con fundamento en la información
incompleta presentada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado
de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento y la imposibilidad de conocer el
contenido y desarrollo de las audiencias judiciales por la ausencia de recursos
administrativos para otorgar copias de piezas procesales, conforme a lo
ordenado en el auto del dieciocho (18) de diciembre de 2017, proferido por esta
Sala de Revisión; y además, con la finalidad de esclarecer los hechos en los
que se funda la solicitud de amparo de la referencia, la Sala Sexta de
Revisión, mediante auto del treinta (30) de enero de 2018, ordenó la práctica
de las siguientes pruebas:
16.1
La
inspección judicial al expediente radicado con el número CUI
544986001135200800115, que contiene el proceso penal adelantado en contra de
Hugo Andrés Ordoñez González, Willington Ortiz Pineda, Manuel Ríos Moreno,
Nelson Darío Castellanos Lizarazo, Daniel Fernando Estepa Becerra, Alfonso
Cubides, Jaider Sanguino Sarabia, Martín Rodríguez González, Raúl Antonio Duran
Salcedo y Yefri Danilo Coronel, por la conductas punibles de desaparición
forzada, homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado,
cuyas víctimas son Carlos Mauricio Nova Vega, Rafael Andrés Plata Sánchez y una
tercera víctima sin identificar, del cual conoce actualmente el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga con Funciones de Conocimiento.
La
inspección judicial se realizó el día doce (12) de febrero de 2018, en las
instalaciones del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga con funciones de conocimiento, ubicado en la oficina 359 del
Palacio de Justicia de esa misma ciudad.
16.2
La
práctica de declaraciones de los siguientes funcionarios: i) Hernán Suarez
Delgado en su calidad de titular del despacho judicial accionado; y ii) Diana
Lucia Urrea Benítez, en su condición de jueza encargada del despacho accionado.
De igual forma, se tomó la declaración de parte de la señora Cielo Patricia
Sánchez Puccetti en su condición de accionante dentro del proceso de la
referencia.
16.3
Por
último, por Secretaría General de la Corte Constitucional, se ordenó oficiar al
Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bucaramanga,
para que, en el término improrrogable de tres (3) días, indicara con destino al
presente expediente la siguiente información:
a. Cuáles son los medios tecnológicos
que dispone para realizar audiencias judiciales virtuales, cuya celebración sea
solicitada por los juzgados penales de Bucaramanga.
b. El procedimiento para adelantar
audiencias virtuales, específicamente las gestiones que debe realizar el
despacho judicial que las solicita y las que realizan con los establecimientos
penitenciarios donde se encuentran recluidos los procesados, particularmente
los Centros de Reclusión Militar del Ejército.
c. Si el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga con Función de Conocimiento ha solicitado la sala
de audiencias para realizar diligencias judiciales virtuales dentro del
expediente radicado con el número CUI 544986001135200800115, que contiene el
proceso penal adelantado en contra de Hugo Andrés Ordoñez González, Willington
Ortiz Pineda, Manuel Ríos Moreno, Nelson Darío Castellanos Lizarazo, Daniel
Fernando Estepa Becerra, Alfonso Cubides, Jaider Sanguino Sarabia, Martín
Rodríguez González, Raúl Antonio Duran Salcedo y Yefri Danilo Coronel, por la
conductas punibles de desaparición forzada, homicidio en persona protegida y
concierto para delinquir agravado, cuyas víctimas son Carlos Mauricio Nova Vega
y Rafael Andrés Plata Sánchez.
En
caso afirmativo, debía indicar: i) la fecha de celebración de la audiencia; ii)
el objeto de la misma; y, iii) los procesados y los centros de reclusión con
los cuales se hace el enlace tecnológico.
17. La Secretaría General de la Corte
informó, que recibió el treinta y uno (31) de enero del presente año, el oficio
del veinticuatro (24) de enero de 2018, suscrito por la doctora Diana Lucia
Urrea Benítez Jueza (E) Tercera Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga
con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, en el que además adjuntó copia
íntegra del expediente No. CUI: 544986001135200800115. Lo anterior en 7 folios
con seis (6) cuadernos.
18. El comandante del Batallón de ASPC
No. 5 “Mercedes Abrego”, remitió a la Secretaría General de la Corte vía
correo electrónico, el seis (6) de febrero de 2018, el oficio
00507/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV02-BR05-BASPC5-CDO, del veintinueve (29) de
enero del presente año, en el que expresó[18]:
18.1
El
señor Yefri Danilo Coronel estaba internado en el Centro de Reclusión Militar
Palonegro de la Quinta Brigada – Batallón de ASPC No. 5 Mercedes Abrego desde
el treinta (30) de julio de 2014. Actualmente se encuentra en libertad según lo
ordenado por el Juzgado Noveno Penal con función de control de garantías de
Bucaramanga, en audiencia del 10 de noviembre de 2017, puesto que ordenó la
sustitución de la medida privativa de la libertad.
18.2
Manuel
Ríos Moreno ingresó al Batallón de ASPC No.5 Mercedes Abrego el siete (7) de
marzo de 2016. Actualmente se encuentra en libertad, conforme a la decisión del
Juzgado Noveno Penal con función de control de garantías, del diez (10) de
noviembre de 2017.
18.3
En
relación con las razones por las cuales el señor Willington Ortiz no puede ser
internado en el centro de reclusión militar de la Quinta Brigada, expresó que
desconoce los motivos por los cuales las autoridades competentes no ordenaron
su reclusión en ese establecimiento militar.
18.4
Consideró
guardar silencio frente a los ítems III y IIII (sic).
19. La Procuradora 170 Judicial II
Penal, mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría General de la Corte
el seis (6) de febrero de 2018, remitió el oficio No. PJP 170-032 de la misma
fecha, en el que hizo un resumen de las actuaciones surtidas en el expediente
de la referencia hasta ese momento.
Expresó que en el presente asunto se
configuró la carencia actual de objeto porque:
“(…)
la pretensión de la tutela que nos ocupa, es que se ordene trasladar al señor
WILLINTON ORTIZ PINEDA al centro de Reclusión Militar de la Quinta Brigada de
Bucaramanga, con la finalidad de asegurar su comparecencia al proceso y en la
actualidad en virtud de la decisión del Juzgado Noveno Penal Municipal con
función de control de garantías de Bucaramanga, el antes mencionado se
encuentra en libertad, lo que torna improcedente la acción de tutela.”[19]
No obstante, manifestó que:
“(…)
atendiendo a que proceso penal (sic) antes referido ha tenido múltiples
aplazamientos atribuibles a la defensa, conforme se constata de la carpeta y
del informe enviado a la H. Corte Constitucional por parte del Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga. Igualmente, atendiendo el
largo periodo de tiempo que el proceso lleva en la etapa de juicio, ha
generado libertades por vencimiento de términos; Por (sic) lo anterior y
con el objeto de garantizar el debido proceso, la celeridad de un juicio oral
sin dilaciones injustificadas, los principios de inmediación y concentración y
las garantías de las víctimas a la justicia, verdad y reparación, se solicita a
la Honorable Corte Constitucional que realice los requerimientos a que haya
lugar, al juez de conocimiento, para que entre otros mecanismos haga uso de las
facultades disciplinarias con que cuenta dentro del proceso penal; Igualmente
(sic) se requiera a las partes para evitar el continuo aplazamiento de las
audiencias.”[20] (Negrillas fuera
de texto)
20. Esa misma funcionaria, radicó ante
la Secretaría General de la Corte, el seis (6) de febrero de 2018, un documento
dirigido al centro de servicios judiciales del sistema penal acusatorio de
Bucaramanga, en el que le solicita información sobre el cumplimiento de la
orden contenida en el auto del treinta (30) de enero de 2018[21].
21. El doce (12) de febrero de 2018,
se realizaron las diligencias ordenadas en el auto del treinta (30) de enero
del presente año y fueron presididas personalmente por la Magistrada
Sustanciadora. A continuación, se presenta un resumen de la práctica de las
declaraciones y de la inspección judicial.
- La declaración de la señora
Cielo Patricia Sánchez Puccetti: expresó que es la madre de Rafael
Andrés Plata y que adelanta un proceso penal en contra de los miembros de la
fuerza pública por su muerte[22]. Adujo que en
desarrollo de las audiencias dentro de la causa penal, los abogados defensores
han solicitado en múltiples oportunidades la suspensión de las diligencias por distintos
factores, bien porque no tienen esquemas de seguridad o porque padecen de
quebrantos de salud, incluso en desarrollo de las mismas[23].
Manifestó que era clara la intención de
dilatar el proceso para que los encausados obtuvieran la libertad como
efectivamente ocurrió. A esta situación también contribuyó el INPEC, quien se
negó a trasladar a los internos a Bucaramanga y no realizó las gestiones
necesarias para que acudieran oportunamente a las audiencias[24].
Declaró que su fuente de sustento lo
deriva de la venta de envueltos de mazorca, ponqués y cualquier clase de
comida, la cual ofrece a funcionarios de la Fiscalía entre otros. Adicionalmente,
expuso que vive sola y no recibe ayuda de nadie[25].
Puntualizó que con la acción de tutela
pretende impedir los aplazamientos de las audiencias, porque lo que le sucedió
a su hijo es un crimen de lesa humanidad y no quiere que los autores del mismo
se burlen de las víctimas y de la justicia[26]. Además, señaló
su preocupación con: i) la libertad de la que gozan los procesados, porque
según ella no había vencimiento de términos; y, ii) las solicitudes que han
presentado para ser incluidos en la Justicia Especial para la Paz-JEP[27].
- La Declaración
del juez Hernán Suarez Delgado[28]: explicó que el
proceso penal adelantado por el homicidio del hijo de la accionante es complejo
por el volumen de procesados, de defensores, por las remisiones y traslados de
los encausados y por el poco manejo del sistema oral por parte del Fiscal que
adelanta la acción penal. Expresó que, en una ocasión ese funcionario dejó las
copias del proceso en una fotocopiadora y no llevó un registro de quien las
recibió ni del contenido de las mismas. De esta situación se valen los abogados
defensores para alegar dificultades en el descubrimiento de los elementos
materiales probatorios de la Fiscalía, lo que afecta el normal trámite de las
audiencias[29].
Adujo
que en ese despacho cursan un promedio de 110 a 120 procesos que se adelantan
con las formalidades de la Ley 906 de 2004, mientras que aquellos expedientes
sustanciados por los ritos de la Ley 600 de 2000 ascienden a 35 y 40
aproximadamente[30].
Expuso que las diligencias se han
suspendido por múltiples factores, en su mayoría por solicitudes de los
abogados defensores. Las ausencias que han justificado fueron admitidas,
mientras que aquellas que no fueron sustentadas han fundamentado la compulsa de
copias para investigaciones disciplinarias. Los defensores han procurado que
los términos se extiendan[31].
Informó que la Fiscalía no radicó la
solicitud de prórroga de la detención con fundamento de las Leyes 1786 y 1760
de 2016, lo que hubiese permitido que los procesados continuaran privados de la
libertad[32].
Manifestó que no tiene forma de conocer el
resultado de las compulsas de copia que ha ordenado en el proceso penal. De
igual forma, que la única herramienta con la que cuenta para evitar la
suspensión de audiencias es el arresto, sin embargo, aquella resulta
inaplicable en la práctica porque es difícil encontrar al defensor que no
asiste a la audiencia porque puede haber viajado y encontrarse fuera de la
ciudad[33].
Precisó que en su experiencia el proceso
penal del cual conoce puede terminar en aproximadamente seis (6) meses. Finalmente,
dijo que el proceso penal acusatorio tiene fallas estructurales que permiten
que los procesados lleguen a la etapa del juicio oral en libertad[34].
- Declaración de la
jueza encargada Diana Lucia Urrea Benítez[35]: manifestó que su
vinculación al despacho se dio desde el año 2010 en diferentes cargos: i)
oficial mayor; ii) auxiliar judicial II, y iii) en ocasiones como jueza
encargada en los periodos de vacaciones del titular. Expuso que las audiencias
se han suspendido por las solicitudes de los abogados defensores, por problemas
en los traslados de los procesados y por la complejidad misma de esa causa
penal. Sin embargo, durante el trámite no observó ninguna maniobra dilatoria
por parte de los apoderados[36].
La
realización de audiencias virtuales está condicionada a la disponibilidad de la
sala o de los elementos de que dispone el centro de servicios del Palacio de
Justicia de Bucaramanga. El despacho en ocasiones realizó audiencias virtuales,
especialmente con un testigo que estaba recluido en Pamplona[37].
- La diligencia de
inspección judicial al expediente[38]: la
Magistrada Sustanciadora realizó la revisión de las siguientes piezas
procesales que componen el expediente escritural del proceso penal:
- Cuaderno 1: que
inicia la foliatura en el número 1 y termina en el número 215
- Cuaderno 2: que
inicia la foliatura en el número 1 y termina en el número 254.
- Cuaderno 3:
inicia la foliatura en el número 1 y termina en el número 73.
- Cuaderno 4:
inicia la foliatura en el número 1 y termina en el número 328
- Cuaderno 5:
inicia la foliatura en el número 1 y termina en el número 355.
- Cuaderno 6:
inicia la foliatura en el número 1 y termina en el número 188.
Conforme a lo expuesto, se
analizaron cada una de las audiencias, especialmente las que fueron
suspendidas, las razones por las cuales fueron aplazadas, las justificaciones
de inasistencia de los apoderados y las decisiones que adoptó el despacho
accionado frente a las mismas.
De esta manera, inicialmente se
constató que en tres (3) oportunidades ordenó la compulsa de copias, como pasa
a verse a continuación:
-
Auto del diez (10) de junio de 2015: resolvió compulsar copias ante la Sala
Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander con fundamento
en la falta de justificación de la inasistencia de la abogada Ivonne Marcela Ríos
García a las audiencias programadas para los días cuatro (4) y cinco (5) de
junio de 2015[39].
La compulsa de
copias fue cumplida mediante oficio del doce (12) de junio de 2015, suscrito
por la oficial mayor del despacho accionado[40].
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, mediante oficio número 2820 del treinta y uno (31) de agosto de
2015, le informó al juzgado demandado que mediante auto se ordenó convocar a
las partes para celebrar audiencia de pruebas y de calificación provisional,
dentro del proceso adelantado en contra de la abogada Ivonne Marcela Ríos
García[41].
-
En la audiencia celebrada el veinte (20) de octubre de 2015, el Juez Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga ordenó la compulsa de copias
para investigación disciplinaria en contra del abogado Mauricio Arbes Gordillo
Triviño[42].
No obstante, no se encontró la pieza procesal que diera cumplimiento a la
mencionada orden.
-
En la audiencia del diez (10) de octubre de 2016, el juez ordenó la compulsa de
copias para que investigaran disciplinariamente a los funcionarios del CRM de
Valledupar y del INPEC por la falta de traslado a la diligencia del interno
Willington Ortiz[43].
De igual manera, no se evidenció en el expediente el cumplimiento de esta
orden.
En desarrollo de la inspección
judicial, se tomaron registros fotográficos de las siguientes piezas procesales
las cuales hacen parte integral del expediente de la referencia y se relacionan
a continuación:
- Cuaderno 5:
folios 148 (foliado en bolígrafo), 149 (foliado en bolígrafo), 150 (escrito en
lápiz), 151 (doble foliatura, tachada en bolígrafo, escrito en lápiz), 152 (doble foliatura,
tachada en bolígrafo, escrito en lápiz), 153 (doble foliatura, tachada en
bolígrafo, escrito en lápiz), 154 (doble foliatura, tachada en bolígrafo,
escrito en lápiz), 155 (escrito en lápiz), 156 (escrito en
lápiz), 157 (escrito
en lápiz), 158 (escrito en lápiz), 159 (doble foliatura, tachada
en bolígrafo, escrito en lápiz).
- Cuaderno 5: foliatura no consecutiva (fls.
219 a 201, fls. 218 a 226) y repetición de números de folios (fl. 218)
- Cuaderno 6 fls. 138, 139.
En
desarrollo de la diligencia, la auxiliar judicial II hizo entrega de nueve (9)
discos compactos que, según afirma, contiene las audiencias celebradas en el
proceso penal y 4 desarrolladas ante los jueces de control de garantías y
segundas instancias.
22. Este despacho, mediante auto del
dieciséis (16) de febrero de 2018, decretó de oficio las siguientes pruebas:
22.1
Oficiar
a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura
de Santander para que remitiera con destino al expediente la siguiente
información:
i) El estado actual del proceso
disciplinario adelantado contra Ivonne Marcela Ríos García, con fundamento en
la compulsa de copias ordenada mediante auto del doce (12) de junio de 2015,
proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga, dentro del proceso penal radicado CUI 544986001135200800115. En
caso de que se haya proferido decisión de fondo, debía remitir copia de la
misma con destino al expediente de la referencia.
ii) Si el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga remitió a ese Tribunal las piezas procesales
pertinentes para dar cumplimiento a la compulsa de copias ordenadas en contra
de Mauricio Arbes Gordillo Triviño, conforme a la decisión proferida en
audiencia del veinte (20) de octubre de 2015, dentro del proceso penal radicado
CUI 544986001135200800115. En caso afirmativo, debía indicar el estado actual
del proceso y remitir copias de las decisiones de fondo que hayan sido
dictadas.
22.2
Oficiar
a la Procuraduría General de la Nación, para que informara si el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga remitió a esa entidad las
piezas procesales pertinentes para dar cumplimiento a la compulsa de copias
ordenadas en contra de los efectivos del Centro de Reclusión Militar de
Valledupar y del INPEC, conforme a la orden proferida en la audiencia del diez
(10) de octubre de 2016, dentro del proceso penal radicado CUI
544986001135200800115. En caso afirmativo, debía indicar el estado actual del
proceso y remitir copias de las decisiones de fondo que hayan sido dictadas.
22.3
Oficiar
al Fiscal vinculado, para que con destino al expediente remitiera la siguiente
información:
i) Si dentro del proceso que cursa en el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, con el
radicado CUI 544986001135200800115, procedía la prórroga de la medida de
aseguramiento privativa de la libertad de los procesados que se encontraban
cobijados por la misma, conforme a lo establecido en las Leyes 1760 de 2015 y
1786 de 2016.
ii) El Juez Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga en la declaración del doce (12) de febrero de
2018, manifestó que usted como fiscal del caso no solicitó la prórroga de la
detención preventiva de los procesados, dentro de la causa penal que cursa en
ese despacho. Con base en lo anterior, debía exponer las razones por las cuales
no se surtió dicha actuación.
22.4
Oficiar
a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que
informe cual es el promedio de duración de un proceso penal regido por la Ley
906 de 2004, en el que concurren 10 procesados. A tal efecto, debía indicar de
manera particular el promedio de duración de cada una de las etapas procesales
que lo componen.
23. Durante el término otorgado se
recibieron las siguientes comunicaciones:
24. La unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, radicó ante la Secretaría
de esta Corporación el veintiuno (21) de febrero de 2018, el oficio UDAEO18-256
de la misma fecha, mediante el cual informó que en el año 2015 esa Corporación
adelantó un estudio para conocer los tiempos empleados en la resolución de
problemas judiciales en las distintas especialidades y niveles de competencia,
los cuales fueron plasmados en un documento denominado “RESULTADOS DEL
ESTUDIO DE TIEMPOS PROCESALES TOMO I”.
De
esta suerte, frente a la duración de los procesos penales tramitados bajo la
Ley 906 de 2004, el referido estudio indicó frente al particular:
1. Tiempos procesales legales en
sistema oral – Ley 906 de 2004
Tiempos procesales legales Ley 906 de
2004 por fases
Investigación
Juicio
Decisión
Segunda instancia
528 días hábiles (en caso de concurso y
pluralidad de imputados hasta tres (3) años y cinco (5) en delitos
competencia de jueces especializados)
880 días corrientes.
90 días hábiles (120 para eventos de
concurso y multiplicidad de imputados)
150 días corrientes
15 días hábiles
25 días corrientes
35 días hábiles
58 días corrientes
Investigación
Juicio
Decisión
Segunda instancia
= (Escrito de acusación – Noticia
Criminal)
= (Finalización de la audiencia del
juicio oral – escrito de acusación)
= (Finalización de audiencia de lectura
de fallo – finalización de la audiencia de juicio oral)
= (Sentencia 2ª instancia – finalización
de audiencia de lectura de fallo)
2. Comparativo global promedio de
tiempos legales y reales en oralidad. Ley 906 de 2004
Comparativo promedio de tiempos legales
con tiempos reales
Especialidad
Tipo de proceso
Estudio 2015 tiempo procesal legal
Estudio 2015 Tiempo procesal real en
días hábiles
Estudio 2015 tiempo procesal real en
días calendario
Penal
Oral
105
169.2
282.2
3. Duración de la primera instancia
Para
el estudio de los tiempos procesales en el proceso oral, en la especialidad
penal, se consideraron los procesos que registraron información desde la
formulación de la acusación (radicación del escrito) hasta la finalización de
la audiencia de lectura del fallo.
Tiempo procesal Real: Variación según
región
Región
Tiempo procesal real promedio en días
calendario
Andina
268.6
Bogotá
244.1
Norte
167.1
Oriente
358.7
Pacífica
376.2
Total promedio
282.2
De
esta manera, esa entidad expresó que la duración promedio es de 282.2 días
corrientes que equivalen a 169.2 días hábiles, lo que indican que requirieron
1.5 veces más del término legal.
4. Tiempos procesales reales por fases
Con
el objetivo de unificar las fases que integran este estudio, se entenderá por
investigación la etapa que comprende desde la noticia criminal hasta el escrito
de acusación con la que se da inicio a la siguiente fase, el juicio, al tenor
de lo dispuesto en los artículos 200 y 336 de la Ley 906 de 2004.
Tiempo procesal real promedio Fase de
Investigación. Variación por Región
Región
Tiempo procesal promedio en días
calendario
Andina
124.8
Bogotá
129.9
Norte
68.9
Oriente
130.6
Pacífica
330.0
Total
257
Tiempo procesal real promedio Fase de
juicio
Región
Tiempo procesal promedio en días
calendario
Andina
262.5
Bogotá
271.6
Norte
145.3
Oriente
486.4
Pacífica
316.8
Total
293.7
Finalmente,
esa entidad expresó que la información suministrada registra un promedio de
duración del proceso penal adelantado bajo lineamientos de la Ley 906 de 2004,
sin especificar duración con las singularidades expresadas por la Corte, puesto
que el mismo se adelantó con fundamento en una metodología y acopio de datos
que permitió establecer el valor de la producción diaria por tipo de despacho
judicial, mediante un estudio de tiempos procesales y estimación del costo
asociado al tiempo procesal.
25. Procuradora 170 Judicial II Penal:
remitió la siguiente información relevante:
i) La solicitud del Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga del veintisiete (27) de febrero
de 2018, dirigida al Procurador General de la Nación para la apertura de
investigación disciplinaria en contra de quienes fungen o fungían para
la fecha del diez (10) de octubre de 2016, como director del CRM de Valledupar
y Director General del INPEC, en atención al incumplimiento en la remisión del
procesado Willington Ortiz Pineda a audiencia del juicio oral programada en la
citada fecha dentro de la actuación penal CUI 544986001135200800115[44].
ii) El inicio de la vigilancia
judicial administrativa al proceso que cursa en el Juzgado Tercero
Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, por parte del Consejo Seccional
de la Judicatura de Santander, con fundamento en el numeral 6º del artículo 101
de la Ley 270 de 1996. La mencionada actuación le correspondió por reparto al
Magistrado Jorge Francisco Chacón Navas. Ese despacho remitió al juzgado
accionado el oficio No. 458 del veintidós (22) de febrero de 2018, a través del
cual le concedía un término improrrogable de dos (2) días para que rindiera un
informe sobre el proceso penal que dio lugar a la acción de tutela de la
referencia[45].
iii) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Seccional Santander[46],
mediante oficio No. 4163 AJPA del veintiocho (28) de febrero de 2018, informó
que remitió copia íntegra del proceso adelantado en contra de la abogada Ivonne
Marcela Ríos García. Indicó que solo hasta ese momento pudo dar respuesta a la
orden de la Corte porque el proceso se encuentra en el archivo general de
Bucaramanga.
Adicionalmente, no encontró resultados en
el Sistema Siglo XXI sobre la compulsa de copias en contra de Mauricio Arbes
Gordillo.
26. El Fiscal 90 Especializado
UNDH y DIH Carlos Jesús León Franco, presentó ante la Secretaría de la
Corte el dos (2) de marzo de 2018, escrito mediante el cual transcribió el
contenido del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, y manifestó:
“De conformidad
con la norma serían dos años los cuales aún no se habían cumplido. A esa fecha
(sic).
2. Pese a ello se
solicitó la prorroga dentro del término legal audiencia (sic) que no se pudo
llevar a cabo por cuanto no asistieron ni los procesados ni los defensores como
consta en las actas.”[47]
27.  La Procuraduría Regional César,
mediante oficio PRC No. 0622 del primero (1º) de marzo de 2018, radicado ante
la Secretaría General de la Corte el cinco (5) de ese mismo mes y año, informó
que “(…) no se evidencia que se haya radicado en esta procuraduría regional
del cesar (sic) las piezas procesales pertinentes para dar cumplimiento a la
compulsa de copias ordenadas por el juzgado tercero penal del circuito
especializado (sic) de Bucaramanga en contra de efectivos del centro de
reclusión militar de Valledupar y del INPEC dentro del expediente penal CUI
544986001135200800115.”[48]
28. La Oficina Jurídica de la
Procuraduría General de la Nación radicó el nueve (9) de marzo de 2018,
vía correo electrónico, un documento en el que expresó que el ocho (8) de marzo
de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga,
por medio del Oficio No. 906-J39CEB-2018-046, solicitó dar apertura a una
investigación disciplinaria en contra de quienes fungían el diez (10) de
octubre de 2016 como Director del Centro de Reclusión Militar de Valledupar y
el INPEC, por un presunto incumplimiento de una orden emitida en el proceso
penal radicado con el número 544986001135200800115.
29. El Procurador
Regional de Santander presentó el trece (13) de marzo de 2018, el oficio
número 1965 del nueve (9) de ese mismo mes y año, en que expresó que, revisados
los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación, no se
encontró registro de entrada de correspondencia, con ocasión de la presunta
remisión de copias ordenada en la audiencia del diez (10) de octubre de 2016,
dentro del proceso penal CUI 54498600113500800115, que cursa en el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga[49].
30. La Asistente de la Fiscalía
90 Especializada CVDH radicó el catorce (14) de marzo de 2018, vía
correo electrónico, el oficio número 1006 de esa misma fecha, en el que
expresó: i) esa entidad “(…) efectivamente solicitó prórroga de la Medida de
Aseguramiento dentro de la investigación que se adelanta bajo el radicado
544986001135200800115”; ii) el Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Bucaramanga, programó audiencia de solicitud de prórroga
de medida de aseguramiento para el día diez (10) de julio de 2017; iii) la
audiencia fue instalada, pero no se pudo realizar debido a la inasistencia de
los apoderados de la defensa; y iv) dicha petición no se presenta ante el
juzgado de conocimiento[50].
31. La Procuradora 170 Judicial
II Penal, remitió el quince (15) de marzo de 2018, por correo
electrónico, el oficio número 339 del catorce (14) de ese mismo mes y año, del
Centro de Servicios de los Juzgados de Bucaramanga Pertenecientes al Sistema
Penal Acusatorio de Bucaramanga, en el que manifestó: i) El sistema acusatorio
penal de esa ciudad cuenta con dos (2) salas virtuales para el uso específico
de los Juzgado Penales Municipales con Función de Conocimiento y Función de
Control de Garantías, y para los Juzgados Penales del Circuito y Especializados
con Función de Conocimientos; ii) los despachos deben realizar por escrito y
con suficiente antelación, la correspondiente planilla de la audiencia y la
información del despacho o entidad con la que se realizara el enlace virtual;
iii) el Juzgado accionado solicitó apoyo tecnológico en las siguientes oportunidades:
quince (15) de febrero, veintiocho (28) de abril y el veintiséis (26) de
octubre, todas en el año 2017[51].
Esta Sala de
Revisión, con la finalidad de conocer la situación personal, económica y social
de la actora y su núcleo familiar, con fundamento en los principios de
informalidad y celeridad que orientan el trámite procesal de la acción de
tutela, accedió el veinte (20) de febrero de 2018, a las bases de datos que
contienen información pública y oficial sobre los usuarios del Sistema General
de Seguridad Social y del puntaje del SISBEN, específicamente la Base de Datos
Única de Afiliación al Sistema de Seguridad Social, gestionada por la
Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud
-ADRES, y el SISBEN. En tal sentido pudo establecer que la accionante se
encuentra actualmente afiliada a la Cooperativa de salud y desarrollo integral
Zona Suroriental de Cartagena Ltda. – Coosalud E.S.S, en el régimen subsidiado
como cabeza de familia. Adicionalmente, cuenta con un puntaje de SISBEN del
21.98.
I. CONSIDERACIONES
Competencia
1. Esta Sala de Revisión de la Corte
Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida dentro de la
acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9
de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cuestión previa. Análisis de la carencia
actual de objeto en este asunto
2. La actora
interpuso acción de tutela contra las entidades accionadas y aquellas
vinculadas en el presente trámite por la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral y a
las “garantías procesales”, por la omisión de traslado del procesado
Willington Ortiz Pineda a las audiencias judiciales en el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Bucaramanga, dentro de la causa No.
54498-60-01-135-20028-00115-00, en la que se le investiga, junto a otros
miembros de la fuerza pública, por los delitos de desaparición forzada,
homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, con ocasión de la
muerte de su hijo Rafael Andrés Plata Sánchez y de otros dos (2) jóvenes.
Expuso que en el proceso se han presentado
maniobras dilatorias tanto por los acusados como por sus abogados defensores,
lo que ha ocasionado suspensiones e interrupciones de las audiencias judiciales
desde el año 2014 hasta el momento de la presentación de la solicitud de amparo
y es el sustento de múltiples solicitudes de libertad por parte de los
apoderados de los procesados.
Específicamente, hizo referencia a la
inasistencia del procesado Willington Ortiz a las audiencias programadas para
los días diez (10) y dieciséis (16) de octubre de 2016, debido a la falta de
traslado desde su sitio de reclusión en Valledupar hasta la sede del juzgado de
conocimiento en la ciudad de Bucaramanga, por parte de las autoridades
carcelarias.
De esta forma, su pretensión estaba
dirigida a ordenar a los accionados el traslado inmediato del mencionado
acusado al Centro de Reclusión Militar de la Quinta Brigada en Bucaramanga, con
la finalidad de asegurar su comparecencia al proceso, puesto que se habían
programado audiencias para el primero (1º) y dos (2) de noviembre de 2016, y
podría generarse una nueva suspensión por la falta de remisión del encausado
para el cumplimiento de la diligencia judicial.
De otra parte, la actora expuso en su
declaración del doce (12) de febrero de 2018, que era clara la intención de los
abogados defensores de dilatar el proceso mediante la suspensión de las audiencias,
para que los acusados obtuvieran la libertad como efectivamente ocurrió. Según
la accionante, a esta situación también contribuyó el INPEC, quien se negó a
trasladar a los internos a Bucaramanga y no realizó las gestiones necesarias
para que acudieran oportunamente a las audiencias[52].
Por tal razón, precisó que su petición a
la Corte era la de evitar más suspensiones e interrupciones de las audiencias
judiciales y que en consecuencia se garantice el respeto a su condición de
víctima y su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia[53].
3. Durante el trámite de revisión de
la acción de tutela de la referencia, se constató la siguiente información en
relación con los acusados que en aquel momento se encontraban privados de la
libertad:
i) Los procesados en la causa de la
cual conoce el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga
son Hugo Andrés Ordoñez González, Willington Ortiz Pineda, Manuel Ríos Moreno,
Nelson Darío Castellanos Lizarazo, Daniel Fernando Estepa Becerra, Alfonso
Cubides, Jaider Sanguino Sarabia, Martín Rodríguez González, Raúl Antonio Duran
Salcedo y Yefri Danilo Coronel.
ii) Para el momento de la presentación
del amparo constitucional los procesados que estaban privados de la libertad
eran: i) Yefri Danilo Coronel y Manuel Ríos Moreno, internos en el CRM de la
Quinta Brigada de Bucaramanga; ii) Martín Rodríguez González, recluido en el
Batallón de Infantería No. 13 Custodio Rovira de Pamplona (N.S.); y iii)
Willington Ortiz Pineda, internado en el Establecimiento Militar Carcelario de
Mediana Seguridad – EJUPA Valledupar.
iii) Los mencionados procesados se
encuentran actualmente en libertad con fundamento en la decisión del diez (10)
de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Bucaramanga.
Conforme a lo expuesto, antes de
adelantar el estudio del asunto de la referencia, la Sala debe ocuparse del
análisis de la posible configuración de la carencia actual de objeto por daño
consumado, por cuanto la pretensión contenida en el escrito de tutela se
fundaba en el traslado del procesado Willington Ortiz a un centro de reclusión
militar en la ciudad de Bucaramanga y en la actualidad él ya se encuentra en
libertad, lo que podría tornar improcedente la acción de tutela, tal como lo
expresó la Procuradora 170 Judicial II Penal.
Daño consumado
durante el trámite de la acción de tutela. Determinación del alcance de los
derechos fundamentales cuya protección se solicita y facultades del juez
constitucional
4. La Corte, en
reiterados pronunciamientos, ha sostenido que el objeto de la acción de tutela
es la garantía de los derechos fundamentales. Sin embargo, durante el proceso
de amparo pueden presentarse circunstancias que permitan inferir que las
vulneraciones o amenazas invocadas cesaron porque: i) se conjuró el daño
alegado; ii) se satisfizo el derecho fundamental afectado; o iii) se presentó
la inocuidad de las pretensiones de la solicitud de amparo[54]. Estas situaciones generan la
extinción del objeto jurídico del amparo, por lo que cualquier orden de
protección proferida por el juez en este momento procesal, caería en el vacío y
dejaría de tener sentido[55].
Este fenómeno ha sido denominado “carencia actual de objeto”, el cual se
presenta por la ocurrencia de hecho superado o daño consumado[56].
El daño consumado se configura
cuando la vulneración o la amenaza del derecho fundamental produjo el perjuicio
que se pretendía evitar con la acción de tutela[57]. En otras
palabras, no se produjo una reparación o satisfacción de la pretensión de
protección del derecho fundamental, sino que, debido a la falta de garantía se
ocasionó el daño que se buscaba evitar con la intervención del juez de tutela[58].
Esta Corporación ha indicado que,
si el daño se produce durante el trámite de la acción de tutela, se configura
la carencia actual de objeto y no resulta viable emitir la orden de protección
que fue solicitada, por lo que el juez constitucional está en la obligación de[59]:
i) Pronunciarse de
fondo en la parte motiva de la sentencia sobre la presencia del daño consumado
y sobre la vulneración de los derechos fundamentales invocados en la demanda.
ii) Realizar una
advertencia “(…) a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a
incurrir en las acciones y omisiones que dieron mérito para conceder la tutela
(…)” de acuerdo a lo consagrado en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991[60].
iii) Informar al actor
o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que puede
acudir para la reparación del daño.
iv) De ser
procedente, la orden de compulsar copias del expediente a las autoridades que
considere obligadas a investigar la conducta de los accionados cuya acción y
omisión causó el mencionado daño.
v) La protección de
la dimensión objetiva de los derechos fundamentales invocados.
En suma, el fenómeno del daño
consumado surge cuando se ocasionó la lesión que se pretendía evitar con la
orden de protección del juez de tutela, puesto que no se reparó o se hizo cesar
oportunamente la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado.
Cuando aquel se produce durante el
trámite de la solicitud de amparo constitucional, el juez de tutela debe: i)
pronunciarse de fondo; ii) advertir a las autoridades para que no vuelva a
incurrir en las acciones u omisiones que dieron lugar a la lesión; iii)
informar al actor a sus familiares sobre las acciones jurídicas con las que
cuentan para obtener la reparación del daño; iv) ordenar la compulsa de copias
a las autoridades competentes; y v) proteger la dimensión objetiva de los derechos
fundamentales invocados.
5. De acuerdo a lo
anterior, la Sala considera que el caso bajo estudio se orienta bajo dos
pretensiones claramente identificables: i) de una parte, la petición
expresa de traslado de uno de los procesados que en aquel momento se
encontraba interno en un centro de reclusión militar de Valledupar hacia un
establecimiento similar ubicado en la ciudad de Bucaramanga para que concurra a
las audiencias de juicio oral; y ii) de otra, una solicitud implícita
de protección constitucional que subyace y es transversal al texto de tutela y
además, fue ratificada por la accionante en su declaración rendida ante esta
Corporación, en el sentido de que se evite la suspensión con fines dilatorios
del proceso que cursa en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga, para que logre hacerse justicia y se sancione penalmente a los
responsables de la ejecución extrajudicial de su hijo.
Sobre la petición expresa
de traslado del acusado Willington Ortiz Pineda del centro de reclusión militar
de Valledupar hacia uno de similares características ubicado en la ciudad de
Bucaramanga, acaeció el fenómeno de la carencia actual de objeto por daño
consumado, puesto que esa persona fue puesta en libertad mediante decisión del
diez (10) de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Noveno Penal Municipal
con Función de Garantías de Bucaramanga y cualquier decisión de protección que
se adopte al respecto por parte del juez de tutela carecería de eficacia
material. Sin embargo, ese hecho no impide un pronunciamiento de fondo en este
asunto y la adopción de las medidas de garantía de la dimensión objetiva de los
derechos, porque, como se advirtió previamente, la lesión o la amenaza que se
pretendía evitar con la orden de protección del juez se produjo, debido a que
no se hizo cesar de manera oportuna la vulneración o la amenaza de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
No obstante, dicho fenómeno no se
configuró en relación con la pretensión implícita de protección
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la verdad, a
la justicia y a la reparación, presuntamente vulnerados por la suspensión con
supuestos fines dilatorios de las audiencias judiciales que se adelantan desde
el año 2014 hasta la fecha en el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga, dentro de la causa No.
54498-60-01-135-20028-00115-00, en la que se investiga a miembros de la fuerza
pública por los delitos de desaparición forzada, homicidio en persona protegida
y concierto para delinquir, con ocasión de la muerte de su hijo Rafael Andrés
Plata Sánchez y de otros dos (2) jóvenes. Por esta razón, en este caso las
vulneraciones a los derechos de la actora no han cesado y tienen vocación de
actualidad, por lo que, frente a la situación descrita no acaeció el fenómeno
de la carencia actual de objeto por daño consumado, lo que habilita a la Corte
a continuar con la revisión del asunto de la referencia.
En efecto, este Tribunal en la sentencia
C-483 de 2008[61]
expresó que, con fundamento en los principio de oficiosidad y de informalidad,
el juez de tutela cuenta con amplias atribuciones (facultades y poderes) para
asumir un papel activo en el proceso para establecer los hechos que dieron
origen a la presentación de la solicitud de amparo, y sobre los cuales recae la
decisión de fondo que pueda proferirse en ese determinado asunto.
En
consecuencia, la Sala debe ocuparse del estudio de los requisitos generales de
procedibilidad y su demostración en la solicitud de amparo de la referencia. A
tal efecto, analizará en conjunto si en el presente asunto se cumplen los
presupuestos necesarios de procedencia de esta acción, como son: i)
legitimación por activa; ii) legitimación por pasiva; iii) inmediatez; y, iv)
subsidiariedad, para que, una vez se verifique su acreditación, si es del caso,
plantee el respectivo problema jurídico de fondo que permita realizar el examen
de las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocadas en el
escrito de tutela.
Examen de procedencia de la acción de
tutela
La legitimación en la causa
6. La legitimación en la causa
configura un presupuesto del proceso que permite la constitución de una
relación jurídico procesal válida. Es decir, se trata de condiciones que deben
existir para que pueda proferirse una decisión cualquiera sobre la demanda[62].
Para
esta Corporación, la legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque le permite al juez pronunciarse sobre las pretensiones del
actor y las razones de la oposición del demandado, mediante una decisión
judicial favorable o desfavorable a cualquiera de las partes. Conforme a lo
expuesto, es un requisito que se refiere a una calidad subjetiva en relación
con el interés sustancial de quienes participan en el proceso[63].
Legitimación por
activa
7. El artículo 10º del Decreto 2591 de
1991, regula la legitimación para el ejercicio de la acción de tutela. La norma
en cita establece que la solicitud de amparo puede ser presentada: i) a nombre
propio; ii) a través de representante legal; iii) por medio de apoderado
judicial; o iv) mediante agente oficioso.
De acuerdo con lo expuesto, esta
Sala encuentra que la señora Cielo Patricia Sánchez Pucceti presentó la
solicitud de amparo a nombre propio, en su condición de mayor de edad y expresó
la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades
accionadas, lo que acredita la satisfacción del requisito de legitimación en la
causa por activa.
Legitimación
por pasiva
8. La legitimación
en la causa por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la
capacidad legal de quien es el destinatario de la acción de tutela para ser
demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, una vez se acredite la misma en el proceso[64]. Conforme
a los artículos 86 de la Constitución y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela procede contra cualquier autoridad y frente a particulares.
9. La solicitud de
amparo se dirigió inicialmente contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – en adelante INPEC-, sin embargo, durante el trámite de la misma,
fueron vinculados: i) el director general del INPEC; ii) el Ministro de
Defensa; iii) el Comandante del Ejército Nacional; iv) los directores de los
centros de reclusión militar EJUPA Batallón la Popa de Valledupar y Quinta
Brigada de Bucaramanga; v) el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga; y, vi) el interno Willington Ortiz Pineda[65].
Por su parte, la Fiscalía 67
Especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de
Bucaramanga, fue vinculada al trámite de tutela en sede de revisión mediante
auto del cuatro (4) de mayo de 2017, proferido por el despacho de la Magistrada
Sustanciadora[66].
Finalmente, también está vinculada
al presente trámite, en calidad de acompañante y garante del cumplimiento de
las órdenes proferidas por la Corte, la Procuradora 170 Judicial II Penal,
quien además ejerce una agencia especial en el proceso penal mencionado
previamente.
10. Con base en lo anterior, la Sala considera que en
este asunto las autoridades accionadas y vinculadas al trámite de amparo están
legitimadas en la causa por pasiva, puesto que con sus acciones u omisiones
presuntamente han desconocido los derechos fundamentales invocados por la actora.
Inmediatez
11. Esta Corporación
ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de
tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud de amparo
puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de caducidad[67],
su interposición debe hacerse dentro un plazo razonable, oportuno y justo[68],
debido a que su finalidad es la protección inmediata y urgente de los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados.
No
obstante, existen eventos en los que prima facie puede considerarse que
la acción de tutela carece de inmediatez y en consecuencia es improcedente,
pues ha transcurrido demasiado tiempo entre la vulneración de los derechos
fundamentales y la presentación de la solicitud de amparo. En estos casos, el
análisis de procedibilidad excepcional de la petición de protección
constitucional se torna más estricto y está condicionado a la verificación de
los siguientes presupuestos[69]:
i) la existencia de razones válidas y justificadas de la inactividad procesal,
como podrían ser la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la
incapacidad o imposibilidad del actor para formular la solicitud de amparo en
un término razonable y la ocurrencia de un hecho nuevo[70], entre
otros; ii) cuando la vulneración de los derechos fundamentales es continua y
actual; y, iii) la carga de la interposición de la solicitud de amparo en un
determinado plazo resulta, de una parte, desproporcionada debido a la situación
de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante, y de otra,
contraria a la obligación de trato preferente conforme al artículo 13 Superior.
12. Ahora bien, la Sala considera que
este requisito se cumple en el presente asunto porque la acción de tutela fue
presentada el veintiocho (28) de octubre de 2016, es decir, antes de la
celebración de las audiencias programadas para los días primero (1º) y dos (2)
de noviembre de 2016. De igual forma, el proceso penal aún está vigente y
continúa su trámite por lo que las vulneraciones a los derechos fundamentales
tienen vocación de actualidad.
Subsidiariedad
13. El inciso 4º del artículo 86
Superior consagra el principio de subsidiariedad como requisito de procedencia
de la acción de tutela y establece que “[e]sta acción sólo procederá cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Del mismo modo, el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991, prevé que el amparo constitucional será improcedente,
cuando existan otros medios de defensa judicial eficaces para resolver la
situación particular en la que se encuentre el solicitante.
La procedibilidad de la acción de
tutela se sujeta a las siguientes reglas: (i) procede como mecanismo
transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de
defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a
la especial situación del peticionario[71]; (ii) procede la tutela
como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto
para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las
especiales circunstancias del caso que se estudia[72]. Además,
(iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren
especial protección constitucional, como los niños y niñas, las mujeres
cabeza de familia, las víctimas del conflicto armado, las
personas en condición de discapacidad, las personas de la tercera edad, entre
otros, el examen de procedencia de la acción de tutela es menos estricto, a
través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[73].
14. En el presente asunto, el juez de
instancia consideró que el amparo era improcedente en atención a que no
concurre una situación que amerite la intervención del juez constitucional,
debido a que la simple dilación de la actuación configura para la accionante un
obstáculo previsible y regular, y además, cuenta con las herramientas jurídicas
suficientes ante el juez de conocimiento o las autoridades carcelarias para que
sean atendidos sus requerimientos.
La Sala no comparte las razones expuestas
por el juez de instancia que sustentaron la declaratoria de improcedencia de la
petición de amparo, en atención a lo siguiente: el objeto de la tutela de la
referencia no es una decisión judicial, por lo que no le son exigibles las
cargas argumentativas para esta clase de casos, sino que versa sobre las
acciones u omisiones de autoridades judiciales y administrativas y de
particulares que han afectado el normal desarrollo de un proceso penal que
actualmente está en trámite.
El ejercicio de la acción de tutela en
contra de acciones u omisiones de autoridades y demás intervinientes en el
marco de un proceso judicial en curso, está regido por el principio de
subsidiariedad, lo cual, prima facie¸ genera la improcedencia del amparo
por encontrarse vigente el trámite jurisdiccional dispuesto por el Legislador
para tal fin.
La Corte ha establecido en términos
generales que la acción de tutela no puede convertirse en un instrumento
adicional o supletorio al cual se pueda acudir cuando no se ejercieron los
medios ordinarios de defensa de manera oportuna o para tratar de obtener un
pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las etapas o instancias
respectivas del proceso que aún está en trámite. Lo anterior en razón a que su
naturaleza es subsidiaria y residual, por lo que solo opera cuando no existe
otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir aquel no
es idóneo ni eficaz, o se invoca como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable[74].
Esta Corporación en sentencia T-211 de
2013[75],
adujo que:
“(…)
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el
primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso.
Es en este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de
instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por
excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes”
(negrillas del original). Por tanto, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el
amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento
jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir
durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle.”[76] (Lo énfasis
agregado)
15. En suma, la
acción de tutela para cuestionar acciones u omisiones de las autoridades y
demás intervinientes en un proceso judicial en curso, en principio, resulta
improcedente en atención al principio de subsidiariedad, puesto que el actor
cuenta con la posibilidad de ventilar, mediante el ejercicio de los mecanismos
ordinarios y extraordinarios, las presuntas irregularidades en el escenario
dispuesto por el Legislador para tales fines, como es el trámite jurisdiccional
que aún no ha culminado.
Sin embargo, el amparo constitucional es
procedente en estas especiales circunstancias cuando: i) se han agotado los
mecanismos ordinarios y extraordinarios dispuestos para garantizar los derechos
fundamentales del peticionario; o ii) no obstante contar con medios judiciales
consagrados por el Legislador, los mismos no resultan idóneos ni eficaces para
conjurar el desconocimiento de los derechos.
16. En el presente
asunto, la Sala considera que se cumple el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela como mecanismo definitivo, con fundamento en que:
i) La accionante es
madre cabeza de familia, está afiliada al régimen subsidiado de salud, tiene un
puntaje de SISBEN del 21.98 y es víctima del conflicto armado, tal y como se
verificará más adelante;
ii) Si bien el
proceso penal está vigente y en curso, por lo que en principio la actora cuenta
con medios ordinarios y extraordinarios al interior del mismo para conjurar las
vulneraciones acusadas, es claro que en el presente asunto las instancias
procesales en las que puede participar la víctima en el trámite penal no han
resultado idóneas ni eficaces. En efecto, no obstante haber solicitado en múltiples
ocasiones la intervención del juez para garantizar el traslado de los
procesados y evitar maniobras dilatorias por parte de los apoderados de los
acusados, sus peticiones no han sido atendidas y se han generado múltiples suspensiones
e interrupciones de las audiencias judiciales programadas por el despacho
accionado, que han impedido la finalización del juicio como etapa determinante
para el resultado del proceso penal.
La situación puede
verse con mayor claridad con la simple relación de las actuaciones más
relevantes de las víctimas en el proceso penal analizado:
a) La solicitud de
las víctimas al juez para que se garantice el traslado de los procesados
realizada en la audiencia del seis (6) de abril de 2015 (folio 141 carpeta 2)[77];
b) La oposición de
los representantes de las víctimas a la suspensión de la audiencia preparatoria
y la concesión de tres (3) o cuatro (4) meses para estructurar la teoría del
caso, propuesta por varios apoderados de los procesados, realizada en la
audiencia del once (11) de mayo de 2015, la cual no evitó la suspensión de la
diligencia y la concesión de un término de veinticinco (25) días para que los
abogados prepararan sus argumentos (folios 155-157 carpeta 2);
c) El apoyo de las
víctimas a la ruptura procesal propuesta por el juez en la audiencia del veinte
(20) de octubre de 2015, debido a la inasistencia de una de las apoderadas a la
audiencia, la cual no fue decretada porque la abogada ausente se presentó
minutos después a la diligencia (folios 71-72 carpeta 4);
d) Las víctimas
denuncian la dilación del proceso ante la segunda instancia (folio 241-244
carpeta 4);
e) La solicitud de
información sobre el traslado de Willington Ortiz y su remisión a Bucaramanga
en audiencia del veintiséis (26) de octubre de 2016 (folio 74 carpeta 5);
f) La solicitud de
traslado de Willington Ortiz a Bucaramanga en la audiencia del primero (1º) de
noviembre de 2016 (folio 85 carpeta 5).
Pese a lo anterior, no se
produjeron los traslados oportunos de los procesados privados de la libertad a
algunas audiencias y no se remitió a Willington Ortiz al centro de reclusión
militar de Bucaramanga. Además, se han presentado múltiples suspensiones e
interrupciones de audiencias judiciales, principalmente por los apoderados de
la defensa y la Fiscalía, las cuales han sido denunciadas por las víctimas como
dilatorias.
Dichas intervenciones se han
producido en el marco del proceso judicial que está en curso y en las
oportunidades legales que tienen las víctimas para hacer valer sus derechos,
sin embargo, no han sido idóneas ni eficaces para contener las vulneraciones a
los derechos fundamentales invocadas por la accionante, puesto que las
suspensiones y aplazamientos de las audiencias se han producido durante el trámite
de la causa penal y han afectado su normal desarrollo, por lo que en este caso,
procede la acción de tutela como mecanismo de protección definitivo.
Problema jurídico
17. Conforme
a la demanda, las contestaciones de las autoridades accionadas y las pruebas
que obran en el expediente, para la Sala los problemas jurídicos que debe
resolver en el presente asunto son los siguientes:
i)
¿Las suspensiones y aplazamientos de audiencias judiciales en un proceso penal
que juzga a miembros de la fuerza pública por el delito de homicidio en persona
protegida, desconocen los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto
a la verdad, a la justicia y la reparación integral, en especial el derecho de
acceso a un recurso judicial efectivo? y,
ii) Adicionalmente, en atención a la especial situación de
vulnerabilidad de la accionante, la Sala debe establecer ¿si las autoridades
que concurren en el proceso penal tienen el deber constitucional y legal de
garantizar el derecho a la información de las víctimas del conflicto,
especialmente en relación con aquellas medidas administrativas y judiciales de
atención y de reparación integral?
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala de
Revisión abordará previamente el estudio de los siguientes asuntos: i) el concepto de
víctima del conflicto armado; ii) el contenido y alcance de los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparación; iii) el derecho de atención integral
de las víctimas y los deberes de las autoridades para su atención; iv) el
derecho fundamental de acceso a un recurso judicial efectivo; y v) finalmente
resolverá el caso concreto.
El
concepto de víctima del conflicto
18. La intensidad y la complejidad del
conflicto armado en el país han generado esfuerzos institucionales para lograr
una adecuada identificación de las víctimas del mismo. Por tal razón, en una
fase inicial de la regulación sobre esta materia, el Presidente de la República
en uso de las facultades legislativas que le otorga el artículo 213 de la
Constitución, expidió el Decreto 444 de 1993[78], que definió como víctimas
“(…) aquellas personas que sufren directamente perjuicios por razón de los
atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos que afecten
en forma indiscriminada a la población.”
Por
su parte, el artículo 18 de la Ley 104 de 1993[79], estableció que:
“(…)
se entiende por víctimas aquellas personas que sufren perjuicios por razón de
los atentados terroristas cometidos con bombas o artefactos explosivos, ataques
guerrilleros y combates que afecten en forma indiscriminada a la población y
masacres realizadas en forma discriminada por motivos ideológicos o políticos
contra un grupo de población civil en el marco del conflicto armado interno.”
De igual manera, el artículo 15 de la Ley 418 de 1997[80],
consagraba que:
“(…)
se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la
población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su
integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas,
combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado
interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1o. de la Ley 387 de 1997.
Así
mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor de
edad que tome parte en las hostilidades.”
Posteriormente,
fue promulgada la Ley 1448 de 2011[81],
con la finalidad de establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, con el
objetivo de beneficiar a las víctimas identificadas por ese mismo cuerpo
normativo y hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, a la justicia y
a la reparación con la garantía de no repetición, de tal manera que se
reconozca su condición de víctimas y se dignifique mediante la materialización
de sus derechos constitucionales[82].
Conforme a lo anterior, esta norma constituye un amplio y comprehensivo
desarrollo normativo sobre los derechos de las víctimas[83].
El
artículo 3º de la citada ley consagró que:
“Se consideran
víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno.
<Apartes
subrayados CONDICIONADLMENTE exequibles> También son víctimas el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.
De la misma forma,
se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño al intervenir
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
La condición de
víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda,
procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que
pueda existir entre el autor y la víctima.”
Esta
disposición ha sido objeto de análisis por parte de esta Corte en varias
oportunidades, la cual ha definido los principales rasgos sobre su alcance y su
contenido, específicamente en materia de identificación de las víctimas a
partir de su conceptualización.
En
la sentencia C-052 de 2012[84]
este Tribunal enfatizó que en la Carta existen algunas referencias a la
condición de víctimas[85]
con el propósito de consagrar garantías y salvaguardas a aquel grupo, sin que se
hubiese incluido su definición. Por su parte, en el ámbito del derecho
internacional de los derechos humanos, el término de víctimas ha sido
ampliamente referido y aplicado por varios tratados y documentos foráneos[86].
Por esa razón, en la citada providencia, la Corte consideró que la
conceptualización del término víctima puede encontrarse en las Reglas de
Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, aprobados en
septiembre de 2002 por la Asamblea de los Estados Partes en Nueva York[87],
y en el Conjunto de principios y directrices básicas sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves de derecho internacional humanitario,
adoptado en 2005 por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas[88].
No obstante, advirtió que estos dos documentos no tienen la naturaleza de
tratado y no hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Por
tal motivo, en la mencionada sentencia, este Tribunal consideró que la Ley 1448
de 2011, adoptó como su eje fundamental el concepto de daño, que determina la
noción de víctima. De esta manera, se trata de una decisión de amplio espectro,
que permite considerar de manera clara y suficiente la situación de quienes han
resultado afectados directamente por el conflicto, así como, de los familiares
más cercanos que han sufrido alguna clase de perjuicio con ocasión del
conflicto armado[89],
sin que para tales fines se requiera la individualización, aprehensión,
procesamiento o condena del autor de la conducta punible.
En
las sentencias C-253A[90]
y C-781[91]
ambas del año 2012, este Tribunal expresó que el concepto de víctimas contenido
en la Ley 1448 de 2011, tenía una naturaleza operativa, es decir, no definía su
condición fáctica, puesto que lo pretendido era determinar su marco de
aplicación y el universo de destinatarios de las medidas especiales de protección
consagradas en el citado ordenamiento[92].
En
este último evento, la Corte en sentencia C-781 de 2012[93], precisó
que la expresión “con ocasión del conflicto armado” no implica una
lectura restrictiva del concepto “conflicto armado”, por lo que aquella
tiene un sentido amplio que no se limita a las situaciones de confrontación
armada o a actividades de determinados actores armados o en ciertas zonas
geográficas.
De
esta suerte, el artículo 3º de la mencionada ley contiene una serie de reglas y
definiciones, que permiten identificar a las personas que se consideran
víctimas para efectos de dicho ordenamiento a quienes: i) individual o
colectivamente hayan sufrido un daño; ii) por hechos ocurridos a partir del
primero (1º) de enero de 1985; iii) como consecuencia de infracciones al
derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiesta a las
normas internacionales de derechos humanos; iv) las cuales hayan ocurrido con
ocasión del conflicto armado[94].
Por
consiguiente, la condición de víctima la adquieren los familiares más cercanos
que han sufrido alguna clase de perjuicio[95] con ocasión del daño
derivado del conflicto armado, sin que para tales fines se requiera la
individualización, aprehensión, procesamiento o condena del autor de la conducta
punible.
El
entendimiento de la condición de víctima que ha hecho la ley y la
jurisprudencia de la Corte basado en el daño, ha tenido como finalidad abarcar
en la mayor medida posible los impactos y perjuicios devastadores del conflicto
armado tanto para los afectados directos como para los sobrevivientes[96].
19. En suma, la noción de víctima del
conflicto armado ha intentado ser definida en distintos cuerpos normativos. La
Ley 1448 de 2011, contiene una serie de esfuerzos institucionales para la efectivización
de los derechos constitucionales de las personas que han resultado afectadas
por el conflicto en Colombia.
El
daño de las víctimas de la guerra es multidimensional, porque no solo abarca su
cuerpo o posesiones materiales, sino que también se extiende a su psiquis y se
expresa en emociones de profundo miedo, de nostalgia por la pérdida de seres
queridos, de sentimientos de odio profundo y de rabia, de culpa y de vergüenza
entre otros[97].
Estos
daños psicológicos y emocionales en las víctimas en la mayoría de veces se
quedan en su vida privada, lo que les impide asumirlos públicamente como
secuelas de la guerra y de los actos que cometieron los grupos armados. De esta
forma, el dolor las desubica en su relación con el mundo y les impide interpretar
su experiencia de una manera ponderada y razonable, incluso aunque pasen los
años, por lo que tienden al encierro, al aislamiento, al silencio, las
pesadillas, el insomnio, la depresión, el descuido físico personal, el
deterioro de la autoestima, las enfermedades diversas y los pensamientos e
imágenes intrusivas que invaden la memoria[98]. Los daños producidos por
la guerra también se proyectan en la esfera sociocultural de las víctimas,
específicamente por la imposición de nuevos órdenes sociales basados en valores
autoritarios[99].
La
definición de víctima de las ejecuciones extrajudiciales o del homicidio en
persona protegida
20. Dentro de la complejidad del conflicto
armado en Colombia se sitúa la demostrada, por jueces y magistrados colombianos
e interamericanos, participación activa de funcionarios y agentes del Estado en
la violación de los derechos humanos de la población civil. Una de sus
principales expresiones han sido las denominadas comúnmente “ejecuciones
extrajudiciales” o, como se conoce en el derecho interno, el homicidio en
persona protegida.
La
Corte ha expresado que estas conductas atentan contra los derechos humanos,
especialmente el derecho a la vida, entendidos como intereses esenciales de la
humanidad, fundados en la dignidad de la persona y protegidos frente al Estado,
tanto en sus dimensiones negativas como positivas. Estos principios, irradian
el ordenamiento constitucional y configuran la base ética de nuestro orden
Superior[100].
De
esta manera, emergen deberes específicos para todas las ramas del poder público
de promoción, de respeto y de garantía de los derechos humanos, por lo que
actuar en contradicción de dichos postulados desconoce los axiomas que orientan
el ejercicio de sus funciones y en últimas, la razón misma que da sentido a la
existencia del Estado.
21. Las “ejecuciones extrajudiciales”
o “sumarias” o “arbitrarias” o también como se les conoce
coloquialmente “falsos positivos”, configuran una “(…) serie de
ejecuciones ilegales de civiles manipuladas por las fuerzas de seguridad para
que parezcan bajas legitimas de guerrilleros o delincuentes ocurridos en
combates.”[101]
El
Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,
Misión Colombia, expuso la dinámica fáctica de esta clase de crímenes mediante
la identificación de los principales rasgos de las conductas, los cuales se
sintetizan a continuación[102]:
i) Un “reclutador” pagado (que puede
ser un civil, un miembro desmovilizado de un grupo armado o un exmilitar) atrae
a las víctimas civiles a un lugar apartado, mediante la promesa de un trabajo. Una
vez allí, las víctimas son asesinadas por miembros de las fuerzas armadas, a
veces pocos días u horas después de haber sido vistos por última vez por sus
familiares.
En
otras ocasiones, las víctimas son sacadas arbitrariamente de sus hogares o
retenidas en controles de las autoridades. Finalmente, también pueden ser
identificadas por “informantes” como guerrilleros o delincuentes a
cambio de una recompensa en dinero.
ii) Producido el asesinato, los autores organizan
un montaje de la escena con tal grado de habilidad para que parezca una baja
ocurrida en combate, mediante la colocación y disparo de armas en manos de las
víctimas y cambio de sus ropas por indumentaria de combate u otras prendas
asociadas con los guerrilleros, entre otros.
iii) Las víctimas son presentadas por los
militares y anunciadas a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en
combate.
iv) Se realiza la inhumación de los cuerpos
sin identificación (N.N) en fosas comunes
22. Para esta Corporación, las ejecuciones
extrajudiciales se enmarcan dentro del desconocimiento del deber estatal de
proteger el derecho a la vida estructurado a partir del derecho internacional
de los derechos humanos. Entre los instrumentos internacionales más relevantes
se encuentran los siguientes: i) el artículo 3º de la Declaración Universal de
Derechos Humanos[103];
ii) el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[104];
y, iii) el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[105].
23. El Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas ha expresado al respecto que:
“La protección
contra la privación arbitraria de la vida que se requiere de forma explícita en
la tercera frase del párrafo 1 del artículo 6 [del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos] es de importancia capital. - El Comité considera que los
Estados Partes no sólo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos
criminales que entrañen la privación de la vida, -sino también evitar que sus
propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria.  La privación de la
vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. Por
consiguiente, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las
circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a una
persona”[106]
Por
su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos-en adelante Corte IDH- en
el caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala
consideró que: “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo
goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.
De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido”[107]
En
el mismo sentido, la Corte IDH en el caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri vs Perú, expresó:
“Sobre
el particular, la Corte ha señalado que cuando existe un patrón de violaciones
a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales impulsadas o
toleradas por el Estado, contrarias al jus cogens, se genera un clima
incompatible con una efectiva protección del derecho a la vida (…) Los Estados
tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se
requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en
particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.”[108]
24. De otra parte, en el derecho interno las
ejecuciones extrajudiciales no están tipificadas, por lo que la adecuación
penal de la conducta se realiza como homicidio en persona protegida.
En
efecto, el delito de homicidio en persona protegida se encuentra consagrado en
el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, de la siguiente manera:
“Artículo 135. Homicidio
en persona protegida.  Adicionado por el art. 27, Ley 1257 de
2008.
El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ocasione la muerte de
persona protegida conforme a los Convenios Internacionales sobre Derecho
Humanitario ratificados por Colombia, incurrirá en prisión de treinta (30) a
cuarenta (40) años, multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
Parágrafo. Para los efectos
de este artículo y las demás normas del presente título se entiende por
personas protegidas conforme al derecho internacional humanitario:
1. Los integrantes
de la población civil.
2. Las personas
que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa.
3. Los heridos,
enfermos o náufragos puestos fuera de combate.
4. El personal
sanitario o religioso.
5. Los periodistas
en misión o corresponsales de guerra acreditados.
6. Los
combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa
análoga.
7. Quienes antes
del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o
refugiados.
8. Cualquier otra
persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV
de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que
llegaren a ratificarse.”
Para
la Corte, esta modalidad de crimen ha sido comúnmente denominada en el país con
la expresión de “falsos positivos”, para referirse a la ejecución de
civiles por parte de miembros de la fuerza pública y que son presentados como
insurgentes muertos en combate. Estos crímenes se han caracterizado al menos
por dos aspectos[109]:
i)
Las víctimas son personas jóvenes que pertenecen a sectores sociales
vulnerables. En efecto, para el Relator Especial de Naciones Unidas PHILIP
ALSTON, entre las personas elegidas como blanco de homicidios por las
fuerzas estatales se encontraban: los defensores de derechos humanos, los
sindicalistas, los defensores de los derechos de las mujeres, la comunidad
LGBTI, personas en condición de discapacidad física o mental, los indígenas y
comunidad afrodescendiente[110],
los jóvenes y los campesinos, entre otros.
Y,
ii) esos crímenes se han identificado por la constante alteración de la escena
del crimen con el propósito de acreditar la legalidad de la actuación.
25. Ahora bien, las víctimas de esta clase de
delitos, especialmente los familiares cercanos, padecen una serie de
afectaciones expresadas en rupturas profundas y permanentes de los referentes
de seguridad, de justicia, de estabilidad y de protección que se experimentan
en el ámbito de lo individual y de lo colectivo[111].
De
esta manera, según el estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica
“Basta Ya”, la situación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales se
caracteriza al menos por los siguientes aspectos[112]:
i) La pérdida de un ser amado y la obligación
de la observación de su cuerpo, en ocasiones torturado y exhibido para el
escarnio público.
ii) El odio profundo y la rabia por el recuerdo de
las humillaciones que recibieron o porque perciben como una injusticia que los
victimarios recuperen su libertad o reciban beneficios económicos o jurídicos.
Se trata de un sentimiento que genera incomodidad y culpa y que se traduce en
conflictos familiares y comunitarios.
iii) La indignación de que sus
familiares fueran calificados de “militantes guerrilleros” o de “terroristas”,
lo que produjo un escenario de estigmatización que “(…) destituye a la
persona del lugar social que ha construido.”[113]
iv) La sensación de injusticia por la
exaltación de las acciones criminales por parte de los victimarios en
espacios públicos, la cual se incrementa por la manera como se nombra a sus
familiares y por el trato de héroes que reciben los criminales.
v) La desconfianza y la erosión de la
legitimidad del Estado lo que les genera una sensación de desolación y de
impotencia al perder la credibilidad en la institucionalidad estatal.
vi) La postergación en la búsqueda de
la satisfacción de sus derechos al menos por dos situaciones: a) la
necesidad de conseguir la estabilidad para retomar sus vidas y procurar el
cubrimiento de aspectos materiales, familiares, personales, educativos,
sociales y laborales; b) la protección frente a un temor fundado de
inseguridad, de riesgo[114]
y, en ocasiones c) por la desinformación y la desconfianza.
vii) El problema de las “asimetrías
morales” en
la reacción social que instituyó una forma de jerarquización de las víctimas y
que expresan una debilidad ética y política del orden democrático, puesto que
las víctimas de acciones cometidas por agentes del Estado sufren en silencio
mientras que otras reciben mayor atención de las autoridades[115] y
además, han tenido que sortear mayores obstáculos, especialmente en el acceso a
la administración de justicia[116].
Conforme
a lo anterior, se trata de una ausencia de reconocimiento social y político, y
de un fuerte escenario de rechazo y de indolencia colectiva, que se traduce en
situaciones de revictimización[117].
viii) El riesgo de impunidad. Para el Relator
Especial de Naciones Unidas PHILIP ALSTON la tasa de impunidad de
los homicidios atribuidos a las fuerzas de seguridad del Estado se estima en la
alarmante cifra del 98.5%, lo que implicó que los miembros de la fuerza pública
entendieron que podían cometer tales actos sin ninguna clase de sanción. Ese
funcionario se refiere específicamente al caso de ejecuciones extrajudiciales
de civiles de Soacha y expresó que: “(…) las demoras causadas en parte por
los abogados de la defensa podrían redundar una vez más en la impunidad.”[118]
De
esta suerte, los daños, las pérdidas y los sufrimientos experimentados por los
afectados se vuelven más intensos en contextos de impunidad, la cual va
acompañada de un gran desgaste emocional y del empobrecimiento ocasionado por
la deficiente atención por parte del Estado o la limitada o nula reparación de
sus derechos[119]
por lo que fácilmente pueden aparecer escenarios de revictimización.
26. En conclusión, las víctimas de las
ejecuciones extrajudiciales presentan unos rasgos característicos de los daños
materiales y emocionales sufridos por la pérdida de su ser querido, los cuales
se acentúan por los sentimientos de rabia, desconfianza e impotencia frente a
la reacción institucional para atender sus necesidades y satisfacer sus
derechos. Adicionalmente, se enfrentan a una asimetría moral debido a la
menguada reacción social y política para reconocer sus afectaciones y sus
reparaciones.
Los
derechos de las víctimas en el conflicto armado
27. Las víctimas del conflicto armado son
titulares de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, entre
otros. Esta Corporación ha abordado el análisis de estas garantías desde el
marco del derecho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia
constitucional[120].
Conforme
a lo expuesto, esta Corte ha expresado que, de acuerdo con los parámetros
fijados por el derecho internacional de los derechos humanos, la reparación de
las víctimas del conflicto armado debe ser justa, suficiente, efectiva, rápida
y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la entidad del daño
padecido[121].
28. Por otra parte,
este Tribunal ha examinado las decisiones producidas al interior del sistema interamericano,
especialmente, la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Corte IDH en
aplicación de las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre
la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la
no repetición, de las víctimas de violación a los derechos humanos consagrados
en ese instrumento internacional, los cuales se encuentran en una relación de
interdependencia intrínseca[122].
En efecto, esta Corporación ha
desarrollado y analizado el contenido y el alcance de los derechos de las
víctimas del conflicto armado, específicamente en materia de verdad, de justicia
y de reparación integral, con fundamento en la interpretación armónica de los
artículos 1º, 2º, 15, 21, 93, 229 y 250 de la Constitución[123]. Así, ha
fijado los estándares mínimos de estas garantías en caso de delitos contra los
derechos humanos o el derecho internacional humanitario, los cuales deben ser
aplicados tanto en los procesos judiciales ordinarios[124] como en
los trámites administrativos dispuestos para la atención de los afectados por
el conflicto armado.
29. En ese sentido, la
sentencia C-715 de 2012[125]
unificó la jurisprudencia en torno a las subreglas que deben ser cumplidas
para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, las
cuales se sintetizan a continuación:
- En relación con
el derecho a la justicia, la Corte dijo que se traduce de una
parte, en la obligación del Estado de prevenir, investigar y castigar
judicialmente a los responsables de violaciones de derechos humanos; y de otra,
el establecimiento de mecanismos de acceso ágil, oportuno y eficaz a la
justicia.
- El derecho
a la verdad encuentra su fundamento en el principio de dignidad humana,
en el deber de memoria histórica,  en el derecho al buen nombre y a la imagen.
De esta suerte, las víctimas tienen el derecho inalienable a saber la verdad de
todo lo ocurrido.
- El derecho
a la reparación comprende el resarcimiento del daño ocasionado, el cual
debe ser integral, en el sentido de que deben adoptar distintas medidas
determinadas no solo por la justicia distributiva sino también por la
restaurativa.
De
esta manera, aunque las medidas de reparación se focalizan en el pasado,
específicamente en el restablecimiento de situaciones anteriores, las
reparaciones también tienen como objetivo la construcción de un futuro mejor,
no solo mediante la asignación de responsabilidades y del reconocimiento de
derechos desconocidos, sino también, en la reconstrucción de la confianza
cívica y de lazos de solidaridad entre los actores sociales[126] y de la
contribución a la finalización de una cultura de impunidad frente al
desconocimiento de los derechos humanos[127].
De
acuerdo con lo anterior, la reparación de las víctimas tiene un fuerte
potencial disuasivo y preventivo considerado por varias personas, aun mayor que
el generado por los procedimientos penales o de las comisiones de la verdad,
debido a que una política de reparación integral debidamente establecida y
aplicada, genera un costo en cabeza de los responsables de las atrocidades,
generando dificultades para evadirla o manipularla[128].
30. Adicionalmente, el artículo 25 de la Ley
1448 de 2011 establece que “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de
manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que
han sufrido”. Conforme a lo expuesto, las medidas reparatorias tienen una dimensión
transformadora y no puramente restitutoria, en el sentido de que las
mismas no solamente se enfoquen en el daño que fue ocasionado por los procesos
de victimización, sino que también modifiquen las relaciones de poder que
hicieron posible la realización de las atrocidades, lo que, por una parte,
fortalece la sostenibilidad del nuevo orden democrático y pacífico, y de otra,
garantiza la no repetición de las mismas. Se trata de una herramienta que busca
comunicar las preocupaciones de revertir lo sucedido con los temores de un
mejor futuro[129].
La
atención y asistencia integral de las víctimas y los deberes de las autoridades
para su atención
31. Las principales medidas administrativas
de atención integral a las víctimas del conflicto, como expresión de la
garantía de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación esta
consignadas en la Ley 1448 de 2011. En efecto, el artículo 1º del mencionado
cuerpo normativo dispone:
“La
presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales,
administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio
de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente
ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo
el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía
de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se
dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales.”
La
citada ley contiene los compromisos del Estado para adoptar las medidas de
atención, asistencia y reparación con la finalidad de contribuir a que las
víctimas sobrelleven su sufrimiento y en la medida de lo posible, a lograr el
establecimiento de los derechos que les han sido vulnerados[130]. Para el
cumplimiento de esta labor, las entidades del Estado deberán trabajar de manera
armónica y articulada[131].
32. Uno de los principales deberes de las
entidades es el de proporcionar información a la víctima de todos los aspectos
jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes relacionados con su
caso[132].
En efecto, el artículo 35 de la mencionada normativa establece:
“ARTÍCULO 35. INFORMACIÓN DE ASESORÍA Y APOYO. La víctima y/o su representante deberán ser
informados de todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros
relevantes relacionados con su caso, desde el inicio de la actuación. Para
tales efectos, las autoridades que intervengan en las diligencias iniciales,
los funcionarios de policía judicial, los defensores de familia y comisarios de
familia en el caso de los niños, niñas y adolescentes, los Fiscales, Jueces
o integrantes del Ministerio Público deberán suministrar la siguiente
información:
1.
Las entidades u organizaciones a las que puede dirigirse para obtener asesoría
y apoyo.
2.
Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede encontrar en las
distintas entidades y organizaciones.
3.
El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para presentar una
denuncia.
4.
Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y mecanismos que
como víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las autoridades deben
informar a las mujeres sobre derecho a no ser confrontadas con el agresor o sus
agresores.
5.
Las autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los requisitos y
condiciones mínimos que debe acreditar para acceder a los programas
correspondientes.
6.
Las entidades y/o autoridades que pueden brindarle orientación, asesoría
jurídica o servicios de representación judicial gratuitos.
7.
Las instituciones competentes y los derechos de los familiares de las víctimas
en la búsqueda, exhumación e identificación en casos de desaparición forzada y
de las medidas de prevención para la recuperación de las víctimas.
8.
Los trámites y requisitos para hacer efectivos los derechos que le asisten como
víctima.” (Negrillas fuera de texto)
33. Como se
evidencia, la consagración de este deber legal en cabeza de algunas autoridades
tiene la finalidad de garantizar el derecho fundamental de acceso a la
información de las víctimas. Para esta Corporación, el Estado tiene la
obligación de suministrar a las víctimas de forma clara, precisa y oportunidad,
toda la información que requiera sobre el alcance y contenido de sus derechos,
y como hacerlos efectivos ante las autoridades competentes, a través del fácil
acceso a los procedimientos administrativos dispuestos para tal fin[133].
La inclusión en el registro único de
víctimas[134]
34. De conformidad con los artículos 154 de
la Ley 1448 de 2011[135]
y 17 del Decreto 4800 de 2011[136],
la UARIV es la entidad responsable del Registro Único de Víctimas RUV, el cual
reemplazó al Registro Único para la Población Desplazada (RUPD) [137].
A
su turno, el citado decreto define al RUV como “una herramienta
administrativa que soporta el procedimiento de registro de las víctimas”[138].
Además, aclara que la condición de víctima es una situación fáctica que no
se encuentra supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en
el Registro “pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta
técnica para la identificación de la población que ha sufrido un daño en los
términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades”[139].
Igualmente,
el artículo 19 del Decreto 4800 de 2011 enuncia, como mandatos que orientan las
normas sobre Registro Único de Víctimas, los principios de favorabilidad, buena
fe, prevalencia del derecho sustancial propio del Estado Social de Derecho,
participación conjunta y confianza legítima, entre otros[140].
En
consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-004
de 2014[141],
señaló que el RUV es una herramienta de carácter técnico que no define u otorga
la condición de víctima, sino que la reconoce para efectos de identificar a los
destinatarios de determinadas medidas encaminadas a la protección específica,
prevalente y diferencial de sus derechos. Por ende, como lo recordó la ya
citada sentencia T-290 de 2016[142], la condición de víctima
del conflicto armado interno genera el derecho a la inclusión en el RUV de
forma individual o con su núcleo familiar, en los términos del artículo 3º de
la Ley 1448 de 2011.
Adicionalmente,
esta Corporación ha reconocido la importancia del Registro Único de Víctimas en
múltiples pronunciamientos[143]
y ha resaltado que la inscripción en el RUV constituye un derecho
fundamental de las víctimas. En efecto, la inclusión de una persona en el
RUV implica, entre otros beneficios: (i) la posibilidad de afiliación al
Régimen Subsidiado de salud por el solo hecho de la inclusión en el RUV, en
caso de carecer de capacidad de pago suficiente para acceder al Régimen
Contributivo[144];
(ii) determina el momento en el cual se adquiere el derecho a recibir la ayuda
humanitaria de emergencia o de transición (según el caso) y cesa, por lo tanto,
la asistencia humanitaria inmediata[145].
Una vez superadas dichas carencias, permite la priorización para el acceso a
las medidas de reparación y particularmente a la medida de indemnización, así
como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la superación de la
situación de vulnerabilidad; (iii) implica el envío de la información relativa
a los hechos delictivos que fueron narrados como victimizantes para que la
Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones necesarias[146];
(iv) permite el acceso a los programas de empleo contemplados para la población
desplazada[147];
y (v) en general, posibilita el acceso a las medidas de asistencia y reparación
previstas en la Ley 1448 de 2011, las cuales dependerán de la vulneración de
derechos y de las características del hecho violento, siempre y cuando la
solicitud se presente dentro de los cuatro años siguientes a la expedición de
la norma[148].
De
igual forma, la jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes
reglas en relación con la inscripción en el Registro Único de Víctimas[149],
a saber: (i) la falta de inscripción en el RUV de una persona que cumple con
los requisitos necesarios para su inclusión, no solo afecta su derecho
fundamental a ser reconocido como víctima, sino que además implica la violación
de una multiplicidad de derechos fundamentales como el mínimo vital, la unidad
familiar, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, entre otros;
(ii) los funcionarios encargados del registro deben suministrar información
pronta, completa y oportuna sobre los derechos involucrados y el trámite que
debe surtirse para exigirlos; (iii) para la inscripción en el RUV únicamente
pueden solicitarse los requisitos expresamente previstos por la ley; (iv) las
declaraciones y pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del
principio de buena fe, salvo que se pruebe lo contrario; y (v) la evaluación
debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada caso y
aplicar el principio de favorabilidad[150], con arreglo al deber de
interpretación pro homine.
35. El Ministerio
Público juega un papel trascendental en la garantía de la inclusión en el
registro único de víctimas, pues se instituye como la puerta de entrada al
instrumento técnico dispuesto por la citada ley. En efecto, el artículo 155 de
la Ley 1448 de 2011, dispone:
“Las
víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en
un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese
momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho
respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme
a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, y a través
del instrumento que diseñe la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las víctimas, el cual será de uso obligatorio por las
entidades que conforman el Ministerio Público.
En
el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud
de registro en el término establecido en este artículo, se empezará a contar el
mismo desde el momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal
impedimento, para lo cual deberá informar de ello al Ministerio Público
quien remitirá tal información a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.” (Negrillas fuera de texto)
De
otra parte, el término que tienen las víctimas para presentar la declaración
ante el Ministerio Público es de cuatro (4) años contados a partir de la
promulgación de la ley, para quienes hayan sido víctimas con anterioridad a ese
momento. Quienes sufrieron algún daño con ocasión del conflicto armado con
posterioridad a la vigencia de la misma, contarán con dos (2) años para
presentar la correspondiente declaración.
No
obstante, la regla anterior tiene una excepción basada en la ocurrencia de un
evento de fuerza mayor que le haya imposibilitado a la víctima presentar la
solicitud de registro dentro de los términos previamente descritos. En tal circunstancia,
el plazo empezará a contar desde el momento en que cesen las circunstancias que
motivaron el impedimento.
36. En conclusión, el Registro Único de
Víctimas (RUV) es una herramienta administrativa de gran importancia, pues ella
materializa la realización del derecho fundamental de las víctimas del
desplazamiento forzado a ser reconocidas como tales y soporta el procedimiento
de registro de las víctimas, que se encuentra a cargo de la UARIV. En su labor,
dicha institución debe observar los principios de favorabilidad, de buena fe,
de confianza legítima y de prevalencia del derecho sustancial, entre otros. Por
ende, para la inclusión en el RUV únicamente pueden exigirse los requisitos que
la ley prevé expresamente y puede ser apoyado por el Ministerio Público.
El
derecho fundamental de acceso a un recurso judicial efectivo
37. El acceso a un recurso judicial efectivo
constituye uno de los principales instrumentos para la protección de los
derechos de las víctimas del conflicto armado. El contenido y alcance de este
derecho fundamental ha sido desarrollado tanto por el sistema regional de
protección de derecho humanos como por la jurisprudencia de esta Corporación,
en los términos que se sintetizan a continuación:
Los
artículos XVIII[151]
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 8[152]
y 25[153]
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagran el derecho de
todas las personas para acudir ante un Tribunal competente, independiente e
imparcial, mediante el uso de recursos judiciales, a ser oídas, a tener las
garantías procesales necesarias y a obtener respuesta en un plazo razonable. De
igual forma, establecieron la obligación de los Estados parte de garantizar el
mencionado derecho.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el acceso de las
víctimas de violaciones de derechos humanos a un recurso judicial efectivo
configura:
"(…) el
derecho de todo individuo de acceder a un tribunal cuando alguno de sus
derechos haya sido violado -sea éste un derecho protegido por la Convención, la
Constitución o las leyes internas del Estado-  de obtener una investigación
judicial a cargo de un tribunal competente, imparcial e independiente en la que
se establezca la existencia o no de la violación y se fije, cuando corresponda,
una compensación adecuada"[154].
La
Corte IDH en el caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos expresó
que la obligación de los Estados de garantizar este derecho:
“(…) no se reduce simplemente a la mera existencia de
los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a
los tribunales, sino que los recursos deben tener efectividad, es decir, debe
brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un recurso, en los
términos de aquel precepto. La existencia de esta garantía “constituye uno de
los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado
de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.
Asimismo, conforme al artículo 25.2.b de la Convención, los Estados se comprometen
a desarrollar las posibilidades del recurso judicial.”[155]
38. El concepto
de eficacia del recurso judicial también hace referencia a la capacidad de
producir resultados o respuestas oportunas y sin dilaciones, es decir, en
términos razonables, en materia de juzgamiento de las violaciones de los
derechos contemplados en la Convención[156]. La razonabilidad del
tiempo de la duración del proceso ha sido examinada por la Corte IDH con base
en tres elementos: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del
interesado; y iii) la conducta de las autoridades judiciales[157].
Por
su parte, la Corte IDH en el caso Mejía Idrovo vs Ecuador[158],
estableció que la efectividad del recurso no se limita a su previsión en la
Constitución o en la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se
requiere que sea realmente idóneo para establecer si incurrió en una violación
a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. De esta suerte, no
pueden considerarse efectivos aquellos recursos judiciales que, por las
condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares
del caso, resulten ilusorios.
39. En suma, el
sistema interamericano de protección de derechos humanos ha establecido el
contenido y alcance del derecho de las víctimas de violaciones de derechos
humanos a un recurso judicial efectivo, cuyos principales rasgos son: i) su
garantía no se agota en su consagración formal en el ordenamiento jurídico
interno; y, ii) exige que sea idóneo y efectivo, es decir, con la capacidad de
resolver de fondo las cuestiones que se someten a consideración de los
tribunales independientes e imparciales, mediante términos y plazos razonables,
sin que el mismo revista la naturaleza de ilusorio, en atención a las
condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares
del caso.
40. De otra parte, la Corte se ha pronunciado sobre el
derecho de acceso a un recurso judicial efectivo como una garantía necesaria
para asegurar la efectividad de los derechos[159]. De esta suerte, las formas procesales y las
garantías sustanciales no pueden cumplirse efectivamente, sin que se garantice
de manera adecuada el acceso a las mismas[160].
En sentencia
C-1195 de 2001[161],
este Tribunal expresó que el derecho de acceso a la justicia no cumple su
finalidad con la mera consagración formal de recursos y procedimientos, sino
que requiere que aquellos resulten materialmente idóneos y eficaces, es decir,
deben tener la capacidad de resolver los asuntos de fondo en plazos razonables
y mediante la observancia de todas las garantías procesales.
Ahora
bien, en relación con el derecho de las víctimas de contar con un recurso
judicial efectivo, la Corte en sentencia C-454 de 2006[162] manifestó que aquel representa un elemento esencial
para la protección de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la
reparación.
41. De conformidad con lo anterior, la garantía del
acceso a la administración de justicia de las víctimas se deriva del deber de
debida diligencia y de investigación del Estado de las violaciones a los
derechos humanos, es decir, se trata de una obligación internacional que se
materializa en la posibilidad real de las víctimas de solicitar ante las
autoridades competentes: (i) la declaración de que un derecho está siendo
vulnerado, (ii) el cese de la vulneración, (iii) el procesamiento de los
responsables y (iv) la reparación adecuada por los daños causados[163].
El
proceso penal acusatorio como garantía del derecho de acceso a un recurso
judicial efectivo
Principios
orientadores del proceso penal con tendencia acusatoria
42. Los principios que rigen el proceso penal
y que protegen las garantías procesales son: la dignidad humana, la libertad,
la igualdad, la imparcialidad, la legalidad, la presunción de inocencia e in
dubio pro reo, la defensa, la oralidad, la lealtad, la gratuidad, la
intimidad, la contradicción, la inmediación, la concentración, la publicidad,
al juez natural, la doble instancia, la cosa juzgada y el restablecimiento del
derecho, entre otros. La actuación procesal atiende el respeto de los derechos
fundamentales de los intervinientes y la eficacia del ejercicio de la
justicia, con prevalencia del derecho sustancial. Adicionalmente garantiza el
derecho de las víctimas a acceder a la administración de justicia[164].
Por la relevancia en el presente asunto, la Sala expondrá las siguientes
consideraciones en torno a los principios de: i) actuación procesal; ii)
derechos de las víctimas; y iii) la concentración.
43. El artículo 10 de la Ley 906 de 2004,
establece el contenido y alcance del principio de actuación procesal
en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 10. ACTUACIÓN PROCESAL. La actuación procesal se
desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las
personas que intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del
ejercicio de la justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer
el derecho sustancial.
Para alcanzar esos
efectos serán de obligatorio cumplimiento los procedimientos orales, la
utilización de los medios técnicos pertinentes que los viabilicen y los
términos fijados por la ley o el funcionario para cada actuación.
El juez dispondrá
de amplias facultades en la forma prevista en este código para sancionar por
desacato a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes que afecten con
su comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.
El juez podrá
autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen
sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique
renuncia de los derechos constitucionales.
El juez de control
de garantías y el de conocimiento estarán en la obligación de corregir los
actos irregulares no sancionables con nulidad, respetando siempre los derechos
y garantías de los intervinientes.”
De acuerdo a lo
expuesto, el mencionado principio tiene como finalidades: i) garantizar
los derechos fundamentales de las personas que intervienen en la actuación
procesal; ii) lograr la eficacia del ejercicio de la justicia; y iii) la
prevalencia del derecho sustancial.
A
tal efecto, consagró, entre otros, los siguientes instrumentos para alcanzar
los mencionados objetivos:
43.1        La utilización
de la oralidad y de los medios técnicos que se requieran para tal fin. En
efecto, el artículo 146 de la Ley 906 de 2004, consagró el empleo de medios técnicos
idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo actuado.
En desarrollo de
lo anterior, la norma en mención permite que la audiencia preparatoria o
cualquier otra anterior al juicio oral pueda realizarse a través de
comunicación de audio video, por lo que, aunque es necesaria la presencia
física del imputado ante el juez[165],
puede hacerse por medios tecnológicos.
43.2        El
revestimiento del juez de amplias facultades para sancionar por desacato a
las partes, los testigos, los peritos y demás intervinientes que afecten con su
comportamiento el orden y la marcha de los procedimientos.
44. De otra parte, el
proceso penal está orientado por la protección de los derechos de las
víctimas, específicamente por la necesidad de garantizar el acceso a la
administración de justicia y los derechos a la verdad, a la justicia y la
reparación, en los términos previamente expuestos. El artículo 11 de la Ley 906
de 2004, consagró como derechos de las víctimas los siguientes:
“En
desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:
a)
A recibir, durante todo el
procedimiento, un trato humano y digno;
A la protección de su intimidad, a la garantía de su
seguridad, y a la de sus familiares y testigos a favor;
c) A
una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o
partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de
este código;
d)
A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;
e) A
recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos
en este código, información pertinente para la protección de sus intereses y a
conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto
del cual han sido víctimas;
f)
A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el
ejercicio de la persecución del injusto;
g)
A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal;
a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a
interponer los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere
lugar;
h)
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> A ser asistidas durante el juicio y el
incidente de reparación integral, si el interés de la
justicia lo exigiere, por un abogado que podrá ser designado de
oficio;
i) A
recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale la
ley;
j)
A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en el evento de no
conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos
de los sentidos.” (negrillas fuera de
texto)
De esta manera, la
ley procesal penal estableció un catálogo de derechos de las víctimas, entre
los que se encuentra la garantía de una reparación pronta, el acceso a la
información sobre la protección de sus intereses, y a recibir asistencia
integral para su recuperación, entre otros.
Estos derechos se
enmarcan dentro de la garantía a la verdad, a la justicia y a la reparación, y
establecen al proceso como un instrumento judicial efectivo para su
realización. Por lo anterior, las autoridades que intervienen en los
procedimientos penales tienen el deber satisfacer y de proteger los contenidos
previamente expuestos.
45. Finalmente, el principio
de concentración consagrado en el artículo 17 de la Ley 906 de 2004,
establece que la actuación procesal, la práctica de pruebas y el debate deben
realizarse en forma continua, con preferencia en un mismo día o en días
consecutivos. No obstante, prevé una excepción que le permite al juez suspender
la respectiva audiencia, por un término hasta de treinta (30) días, si se
presentaren circunstancias que lo justifiquen.
Esta Corporación,
en sentencia C-144 de 2010[166],
analizó la constitucionalidad de la norma que dispone la facultad del juez
para suspender la audiencia del juicio oral y concluyó que dicha excepción está
sometida a las siguientes condiciones: i) están
excluidas las maniobras dilatorias del procesado o del defensor, o las que
buscan excusar los defectos de funcionamiento, ineficacia o ineficiencia de la
administración de justicia. ii) la justa causa de la suspensión no se puede
prolongar sino por el tiempo mínimo requerido en que dura el fenómeno en
concreto; y, iii) el juez tiene que justificar expresamente la decisión,
para que lo conozcan las partes y puedan en su caso controvertirlo.
De esta manera,
para la Corte la interrupción de las audiencias de juzgamiento no es deseable,
ni debe convertirse en una práctica recurrente. Por tal razón, los funcionarios
judiciales deben garantizar la continuidad del juicio oral con el objetivo de
acercarse lo más pronto posible a la verdad de lo ocurrido y evitar que dichas
situaciones puedan afectar a las víctimas[167].
46. En conclusión,
los principios que rigen el proceso penal con tendencia acusatoria tienen como
finalidades garantizar, de una parte, los derechos de las víctimas a la verdad,
a la justicia y a la reparación, y de otra, configurar un recurso judicial
efectivo en todas sus etapas, en términos de idoneidad y de eficacia, mediante
el uso de la oralidad, de recursos técnicos y en especial, la necesidad de que
no se presenten maniobras dilatorias que impliquen la suspensión injustificada
de audiencias, particularmente en la fase del juicio oral, para lo cual, como
se verá más adelante, el juez cuenta con ampliar facultades para conducir el normal
y eficaz funcionamiento de los procedimientos.
Estructura
del proceso penal con tendencia acusatoria
47. Esta Corporación
ha analizado en variadas ocasiones la estructura del proceso penal de tendencia
acusatoria, por lo que en esta oportunidad se realizará una breve descripción
del mismo.
La
Corte en sentencia C-471 de 2016[168], expresó que el proceso
penal con tendencia acusatoria se caracteriza por una clara distinción entre
las etapas de investigación y de acusación, de una parte, y de la etapa de
juzgamiento de otra. De esta suerte, la etapa de juicio configura el “(…)
centro de gravedad del proceso penal” [169], mientras que
la etapa investigativa que desarrolla la Fiscalía “(…) constituye más una
preparación para el juicio” [170].
De
igual forma, la Constitución y la Ley 906 de 2004, prevén diferentes
participantes en el proceso penal: la Fiscalía, el imputado y su defensor, el
juez de control de garantías, el Ministerio Público, el juez de conocimiento,
las víctimas y demás intervinientes, cada uno con competencias y derechos
diferenciados cuyo alcance está determinado por las normas que rigen el proceso[171].
48. En la sentencia
C-025 de 2009[172]
este Tribunal realizó una aproximación a la estructura del proceso penal
con tendencia acusatoria desarrollado y regulado por la Ley 906 de 2004, con
las modificaciones introducidas por la Ley 1142 de 2007, en el que identificó
las etapas más relevantes de la siguiente manera: i) el inicio de la actuación
penal a partir de la notitia criminis de la cual conoce la Fiscalía
General de la Nación; ii) la fase de la indagación para acopiar los
presupuestos mínimos que permitan determinar si hay lugar o no a la acción
penal; iii) la formulación de la imputación contra la persona sobre la cual
existen indicios de ser la responsable del ilícito; de haber lugar a ello, iv)
la Fiscalía presenta el escrito de acusación, la cual da inicio a una etapa de
transición entre aquella y el juicio oral.
En
esta fase se busca delimitar los temas que serán debatidos en el juicio oral y
la fijación de los elementos de convicción que podrán practicarse como pruebas
en el juicio. En otras palabras, su objetivo es depurar el debate que será
adelantando ante el juez de conocimiento, mediante el descubrimiento de los
materiales probatorios y la solicitud de las pruebas que se pretenderán hacer
valer en el juicio oral por parte de la Fiscalía y la defensa.
Cumplido
este periodo, v) el juez de conocimiento fijara la fecha y la hora de inicio
del juicio oral, en el que se presentarán el caso por parte de la Fiscalía y la
defensa, los alegatos finales de los intervinientes y se practicarán las
pruebas que se ordenaron en la audiencia preparatoria. Finalmente, vi) se
decide cobre la responsabilidad del acusado.
49. Conforme a lo anterior, el proceso penal
de tendencia acusatoria tiene una estructura en la que se observa una
separación categórica de las etapas de investigación y de juzgamiento, mediante
la distribución de funciones y competencias de cada uno de los intervinientes
en las etapas procesales y la configuración de un juicio público, oral,
contradictorio y concentrado en cabeza del juez de conocimiento[173].
Los deberes del
juez y el uso de medidas de ordenación
50. El juez en el
marco del proceso penal juega un papel trascendental, puesto que una vez se formula
la acusación es el encargado de dirigir e impulsar cada una de las etapas
procedimentales posteriores, hasta llegar a la decisión final adoptada en el
juicio oral. En desarrollo de dicha labor tiene la obligación de respetar las
garantías procesales y sustanciales tanto del debido proceso[174], como
los derechos de las víctimas.
Para esta Corte,
los jueces de la República, incluidos los penales, son los primeros llamados a
ejercer una función directiva en la conducción de los procesos a su cargo, para
lo cual el Legislador les ha otorgado la potestad de asegurar, por todos los
medios legítimos a su alcance, la efectividad de las actuaciones procesales[175].
51. El artículo 139
de la Ley 906 de 2004, establece los deberes específicos de los jueces:
“ARTÍCULO 139. DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS JUECES. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes
especiales de los jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes:
1.
Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean manifiestamente
inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo de plano de los
mismos.
2.
Ejercer los poderes disciplinarios y aplicar las medidas correccionales
atribuidos por este código y demás normas aplicables, con el fin de asegurar la
eficiencia y transparencia de la administración de justicia.
3.
Corregir los actos irregulares.
4.
Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los derechos
fundamentales del imputado y de los demás intervinientes.
5.
Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para lo cual no podrá
abstenerse so pretexto de ignorancia, silencio, contradicción, deficiencia,
oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables.
6.
Dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas referentes a los
derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas.” (negrillas
fuera de texto)
Para el
cumplimiento de estos deberes, la norma procesal penal estableció los
siguientes poderes y medidas correccionales:
“ARTÍCULO 143. PODERES Y MEDIDAS CORRECCIONALES.
El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá tomar las siguientes medidas
correccionales:
1.
A quien formule una recusación o manifieste un impedimento ostensiblemente
infundados (sic), lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
2.
A quien viole una reserva legalmente establecida lo sancionará con multa de uno
(1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso el
funcionario que conozca de la actuación será el competente para imponer la
correspondiente sanción.
3.
A quien impida u obstaculice la realización de cualquier diligencia durante la
actuación procesal, le impondrá arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30)
días según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para
lograr la práctica inmediata de la prueba.
4.
A quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón
de ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el ejercicio de sus
atribuciones legales lo sancionará con arresto inconmutable hasta por cinco (5)
días.
5.A
quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la solemnidad del
acto, a su eficacia o correcto desarrollo, le impondrá como sanción la
amonestación, o el desalojo, o la restricción del uso de la palabra, o multa
hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales o arresto hasta por
cinco (5) días, según la gravedad y modalidades de la conducta.
6.
A quien solicite pruebas manifiestamente inconducentes o impertinentes lo
sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
7.
A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, lo sancionará con multa de
uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
8. Al
establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada sin dar
aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con multa de diez (10)
hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
9.
A la parte e interviniente que solicite definición de competencia, o cambio de
radicación sin fundamento en razones serias y soporte probatorio, lo sancionará
con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
10.
A quienes sobrepasen las cintas o elementos usados para el aislamiento del
lugar de los hechos, lo sancionará con multa de uno (1) a cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes o arresto por (5) cinco días según
la gravedad y modalidad de la conducta.”
(negrillas fuera de texto)
52. Conforme a lo
anterior, el juez tiene el ineludible compromiso de que el proceso sea un
instrumento eficaz para alcanzar los fines de la justicia, de la verdad y de la
reparación de las víctimas, con plena observancia de las garantías del debido
proceso del encausado. Por tal razón, está llamado a asumir una participación
activa para lograr la continuidad del proceso y evitar la dilación de las
actuaciones, mediante el uso de los poderes y medidas correccionales que la ley
procesal penal le otorga.
Las funciones y
los deberes de la Fiscalía General de la Nación
53. El artículo 250
de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo No. 3 de 2003, consagró
las funciones de la Fiscalía en el marco del proceso penal con tendencia
acusatoria, en los siguientes términos:
“Artículo 250. “La Fiscalía General de la Nación está obligada a
adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los
hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su
conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio,
siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que
indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender,
interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que
establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado
dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al
control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.
Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la
Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las
funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de
control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en
aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía
General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la
ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el
juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Adelantar registros,
allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos
eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el
control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.
3. Asegurar los elementos materiales
probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su
contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen
afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva
autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de
garantías para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación
ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público,
oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas
las garantías.
5. Solicitar ante el juez de
conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en
la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de
conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las
víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la
reparación integral a los afectados con el delito.
7. Velar por la protección de las
víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso
penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el
proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
8. Dirigir y coordinar las funciones
de Policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los
demás organismos que señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que
establezca la ley.” (negrillas fuera de texto)
En efecto, esta
Corte en sentencia C-873 de 2003[176] manifestó que la
principal función de la Fiscalía es la de adelantar el ejercicio de la acción penal
e investigar los hechos que configuren un delito. De tal suerte que, la
renuncia a la misma únicamente puede hacerla con fundamento en el principio de
oportunidad.
De igual forma,
emerge un deber constitucional de garantizar la protección de los derechos de
las víctimas en un escenario de intervención en el proceso penal y de
mecanismos de justicia restaurativa.
54. De otra parte, el
artículo 142 de la Ley 906 de 2004, consagró los deberes de la Fiscalía en el
proceso penal con tendencia acusatoria, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 142. DEBERES ESPECÍFICOS
DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos anteriores, constituyen deberes esenciales de la Fiscalía General
de la Nación los siguientes:
1.
Proceder con objetividad, respetando las directrices del Fiscal General de la
Nación.
2.
Suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos
probatorios y evidencia física e informaciones de que tenga noticia, incluidos
los que le sean favorables al acusado.
3.
Asistir de manera ininterrumpida a las audiencias que sean convocadas e
intervenir en desarrollo del ejercicio de la acción penal.
4.
Informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad que observe en el
transcurso de la actuación de los funcionarios que ejercen atribuciones de
policía judicial.”
55. En conclusión, la
Fiscalía General de la Nación tiene la función constitucional de ejercer la
acción penal en los precisos términos dispuestos por el Constituyente.
Adicionalmente, sobre esa entidad recae un compromiso con la garantía de los
derechos de las víctimas en el proceso penal.
Los deberes de la
defensa
56. El ejercicio de
los derechos de la defensa con base en el debido proceso implica el
cumplimiento y observancia de una serie de deberes que han sido consagrados por
la legislación procesal penal, pues no se trata de actores aislados, sino que
concurren al proceso y colaboran con lealtad y buena fe para alcanzar los fines
públicos del mismo. De esta suerte, el artículo 140 de la Ley 906 de 2004,
establece:
“ARTÍCULO
140. DEBERES. Son deberes de
las partes e intervinientes:
1.
Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
2.
Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de los derechos
procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias, inconducentes,
impertinentes o superfluas.
3.
Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus intervenciones.
4.
Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los demás
intervinientes en el proceso penal.
5.
Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o dirección
electrónica señalada para recibir las notificaciones o comunicaciones.
6.
Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las que sean citados.
7.
Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que participe en la
actuación, salvo las excepciones previstas en este código.
8.
Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto cuando les
corresponda intervenir.
9.
Entregar a los servidores judiciales correspondientes los objetos y documentos
necesarios para la actuación y los que les fueren requeridos, salvo las
excepciones legales.” (Negrillas
fuera de texto)
De igual forma, la
norma procesal previamente citada ha definido los casos en los que existe
temeridad o mala fe:
“ARTÍCULO 141. TEMERIDAD O MALA FE. Se considera que ha
existido temeridad o mala fe, en los siguientes casos:
1. Cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal en la denuncia, recurso, incidente o
cualquier otra petición formulada dentro de la actuación procesal.
2. Cuando a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
3. Cuando se
utilice cualquier actuación procesal para fines claramente ilegales, dolosos o
fraudulentos.
4. Cuando se
obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.
5. Cuando por
cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la actuación
procesal.”
57. En suma, la
defensa como parte del proceso penal tiene el deber legal de actuar con lealtad
y buena fe y evitar planteamientos y maniobras dilatorias, mediante conductas
de abuso de los derechos que le asisten, y que desnaturalice los fines del
proceso como instrumento de acceso a la administración de justicia.
La función del
Ministerio Público en el proceso penal
58. El artículo 118
de la Constitución consagró que al Ministerio Público, conformado por la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, le corresponde la
guarda y promoción de los derechos humanos, la protección de interés público y
la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
Por su parte, el
artículo 277 Superior, establece las siguientes funciones del Procurador
General de la Nación, por si, o por medio de sus delegados y agentes:
“ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o
por medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones:
1.
Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones
judiciales y los actos administrativos.
2.
Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del
Defensor del Pueblo.
3.
Defender los intereses de la sociedad.
4.
Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.
5.
Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
6.
Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e
imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
7.
Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas,
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o
de los derechos y garantías fundamentales.
8.
Rendir anualmente informe de su gestión al Congreso.
9.
Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que
considere necesaria.
10.
Las demás que determine la ley.
Para
el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía
judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.”
59. En el proceso
penal está reconocida constitucionalmente la participación del Ministerio
público. En efecto, el artículo 250 Superior establece que: “La Procuraduría
General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación,
investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo
277 de la Constitución Nacional”.
60. Esta Corte en la sentencia
C-260 de 2011[177]
expresó que, en atención a las funciones que la Constitución y la ley le
han otorgado en el proceso penal, el Ministerio público es un interviniente “principal”
porque la Carta le reconoció una labor de doble connotación, puesto que de una
parte, debe velar por los derechos humanos y fundamentales de quienes
participan en el proceso y por los intereses de la sociedad; y de otra, tiene
la obligación de no romper la igualdad de armas y el carácter adversarial del
procedimiento.
Caso concreto
61. La acción de
tutela de la referencia tiene como objeto determinar si se vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante a la verdad, a la justicia y a la reparación y a
la asistencia integral, especialmente el derecho de acceso a un recurso
judicial efectivo, causadas supuestamente por las autoridades vinculadas al
trámite, particularmente por las suspensiones y aplazamientos de audiencias
dentro de la causa penal adelantada en el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga, y por la falta de información a la accionante
sobre las rutas administrativas específicas dispuestas en el ordenamiento
jurídico para atender y satisfacer sus necesidades básicas en su condición de víctima
del conflicto armado.
Sobre los
anteriores presupuestos gravitan los problemas jurídicos planteados en esta
providencia, por lo cual, la Sala dará respuesta a los mismos a través del
siguiente esquema metodológico:
i) Analizará la
especial condición de vulnerabilidad de la accionante, específicamente desde su
calidad de víctima del conflicto armado;
ii) Estudiará el
trámite surtido en el proceso adelantado en el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga con la finalidad de establecer si las
suspensiones y aplazamientos de las audiencias configuran una duración
irrazonable del mismo, con lo cual se vulnerarían los derechos fundamentales a
la verdad, a la justicia y a la reparación, especialmente por la falta de
acceso a un recurso judicial efectivo de la actora. Para arribar a tal
conclusión se examinarán las actuaciones particulares de cada uno de los
intervinientes en el proceso y específicamente las respuestas del juez de la
causa como director del proceso.
iii) Establecerá si
las autoridades que concurren al proceso penal tienen la obligación
constitucional y legal de garantizar el derecho a la información de la
accionante, respecto de los programas administrativos de atención integral
dispuestos para las víctimas del conflicto armado.
Finalmente, y si
es del caso, se adoptarán las medidas de protección constitucional que permitan
superar los bloqueos institucionales que ha tenido la accionante para la
satisfacción de sus derechos fundamentales, especialmente, como víctima del conflicto
armado.
La condición de
víctima del conflicto armado de la accionante y su especial condición de
vulnerabilidad
62. La accionante
expresó ser la madre de Rafael Andrés Plata Sánchez uno de los jóvenes que
presuntamente fueron ejecutados extrajudicialmente en el municipio de Hacarí
(Norte de Santander) por miembros del Batallón de Infantería 15 “General
Francisco de Paula Santander” el veinticinco (25) de agosto de 2008.
Esta situación
está acreditada en el proceso de tutela en atención a que ha actuado en la
causa penal como víctima y porque ninguno de los intervinientes controvirtió
dicha condición.
La situación
descrita, con independencia del resultado del proceso que se adelanta en el
Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, le otorga a la
accionante la condición de víctima del conflicto armado conforme al artículo 3º
de la Ley 1448 de 2011, por lo que la satisfacción de sus derechos
fundamentales se convierte en una prioridad para las autoridades del Estado.
Ahora bien, su
estatus jurídico de víctima del conflicto lo deriva de la presunta ocurrencia
de una ejecución extrajudicial por parte de miembros de la fuerza pública, por
lo que su situación adquiere una especial naturaleza. En ese sentido, para la
Sala es claro que la situación de la accionante es precaria, por lo que
adicionalmente adquiere la condición de sujeto de especial protección
constitucional, en atención a su estado de vulnerabilidad, porque:
i) Perdió a un ser amado como lo fue su
hijo, lo que la sumerge en un estado de profunda tristeza y melancolía, la cual
pudo observarse en la declaración recepcionada directamente por la Magistrada
sustanciadora.
ii) Expresa sentimientos de odio
profundo y de rabia por las actuaciones de los supuestos victimarios al
interior de la causa penal, especialmente porque considera que se encuentra en
un entorno de constante injusticia procesal. Esta situación como se advirtió
previamente, le genera emociones de incomodidad y la expone a escenarios de
revictimización.
iii) La indignación manifestada en la
declaración tomada directamente en el trámite de la presente tutela,
específicamente porque su hijo fue señalado como un militante guerrillero, lo
que sitúa a la accionante en un escenario de estigmatización que afecta el
lugar social que ha construido en su comunidad.
iv) La desconfianza y la erosión de la
legitimidad del Estado por parte de la actora, puesto que a lo largo de su
declaración fue enfática en avergonzarse de las fuerzas militares, aspecto que
le genera una sensación de desolación y de impotencia al perder la credibilidad
en la institucionalidad estatal.
v) La precaria situación económica de
la actora en
el sentido de que manifestó no recibir ayuda de ninguna clase, de ganarse el
sustento diario mediante la venta aleatoria de alimentos en distintas partes de
la ciudad de Bucaramanga, por lo que no tiene una fuente de ingresos continua y
estable.
Este
aspecto se agrava al constatar que la actora tiene un puntaje de SISBEN de
21.94 y se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud como madre cabeza
de familia.
vi) El problema de la “asimetría moral”
que
la enfrenta a vivir su situación en silencio y a sortear bloqueos
institucionales, especialmente en el proceso penal que se adelanta para juzgar
la muerte de su hijo, lo que ha generado un escenario de revictimización.
vii) El riesgo de
impunidad.
Su principal pretensión es la obtención de justicia en su caso. Se trata de una
solicitud que excede las frías barreras de la verdad procesal y trasciende, en
este asunto, a un anhelo de reivindicación personal, social e institucional
para la accionante.
Adicionalmente, la
Sala resalta los esfuerzos y la constancia de la actora para obtener, a través
de la institucionalidad del Estado, la justicia que reclama, a pesar del ambiente
sombrío que el establecimiento ha generado en su caso, marcado especialmente
por la desconfianza en las autoridades. Se trata de una madre que ha
concentrado todos sus esfuerzos en el esclarecimiento de la muerte de su hijo,
que aún guarda la esperanza y reclama de los poderes públicos la búsqueda de la
verdad de los hechos y la impartición de justicia.
63. Con base en lo
expuesto, la actora tiene la condición de víctima del conflicto armado y se
encuentra en una situación de vulnerabilidad apremiante producida por el daño
multidimensional de las conductas punitivas que se investigan, lo que la ubica
en un especial grupo de protección constitucional.
Las
suspensiones y aplazamientos de las audiencias judiciales del proceso penal
configuraron actuaciones dilatorias que afectaron los derechos fundamentales de
la accionante a la verdad, a la justicia y a la reparación, especialmente el
acceso a un recurso judicial efectivo y configuran la amenaza de un escenario
de impunidad
64. La solicitud de
amparo de la referencia fue sustentada por la accionante con base en la
necesidad de garantizar que el trámite del proceso que se adelanta ante el
juzgado penal demandado se realice sin dilaciones injustificadas, es decir, sin
que se presenten suspensiones y aplazamientos de las audiencias judiciales, que
afecten sus derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación.
65. Por tal razón, a
partir de la información recaudada en la inspección judicial del expediente
penal radicado CUI 54498-60-01-135-2008-00115-00, que cursa en el Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, las declaraciones
recepcionadas y los documentos que reposan en el presente asunto,
especialmente, las copias de la causa penal mencionada previamente, la Sala realizó
un análisis de las actuaciones surtidas en el proceso, dirigidas a identificar
los siguientes aspectos: i) la duración del proceso; ii) el manejo de la agenda
judicial para la fijación de las audiencias que componen el proceso penal con
tendencia acusatoria; y iii) las causas de la suspensión y de la cancelación de
las audiencias y la respuesta del juez a las mismas. De esta manera, a
continuación, se presentan los resultados del análisis realizado por la Corte.
La duración del
proceso penal y el tiempo que el despacho accionado tuvo conocimiento del mismo
66. El proceso
adelantado en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga, mediante el cual se juzga la muerte del hijo de la accionante, ha
tenido la siguiente duración:
En
la Tabla 1 se expone la duración del proceso desde el momento en que el
expediente es trasladado al juzgado de conocimiento, hasta la fecha de
radicación del proyecto de tutela en la Sala de Revisión de la Corte
Constitucional, fue de 1.278 días calendario y 852 días hábiles. Se advierte
que, para el momento en que se profiere esta sentencia, no se tiene
conocimiento de que se haya proferido decisión de primera instancia, por lo que
para la Sala la causa penal aún se encuentra en trámite.
Tabla 1: Duración del proceso en días
calendario y hábiles desagregada por etapa
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI 54498-60-01-135-2008-00115-00
Como
se muestra en la Tabla siguiente y el Gráfico 1, el 82% de días hábiles del
proceso se distribuyen en la primera instancia en la audiencia preparatoria
(35,9%) y el juicio oral (46,1%).
Tabla 2: Porcentaje en días calendario y
hábiles desagregado por etapa
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Gráfico 1: Distribución por etapa de los
días hábiles del proceso
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
De
este período de tiempo, el juez accionado tuvo conocimiento del proceso durante
1.041 días calendario y 727 días hábiles. La diferencia entre el número total
de días de duración del proceso y el tiempo que el despacho accionado tuvo
conocimiento del mismo, corresponden a la duración de la segunda instancia del
proceso y el tiempo de traslado del expediente desde el juzgado de segunda
instancia hasta el juzgado de origen (Tabla 3). Esto quiere decir que el
85% del tiempo efectivo del proceso ese funcionario tuvo conocimiento del
mismo.
Tabla 3: Número de días que el juez tuvo
conocimiento del proceso
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
En
la Tabla 4 se muestra que durante los 727 días hábiles que el juez tuvo
conocimiento del proceso, se programaron 59 audiencias, de las cuales el 98%
corresponden a la etapa preparatoria (47%) y de juicio oral (51%). Para los
efectos del presente análisis cada audiencia programada corresponde a un día
hábil de proceso, se observa que solo el 7% del tiempo efectivo del mismo se
programaron audiencias. Esto implicó que al menos durante 668 días hábiles el
proceso se encontrara inactivo.
Tabla 4: Audiencias programadas por etapa
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
67. El proceso penal ha tenido una
duración de 852 días hábiles de los cuales 727 ha estado en conocimiento del
juez accionado. Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura presentó ante
esta Corporación la información sobre la duración de los procesos penales
regidos por la Ley 906 de 2004, en el que expuso que: i) el promedio del tiempo
legal en la fase de juicio, que es la analizada en esta oportunidad, es de 120
días hábiles; ii) el tiempo real de la mencionada fase puede medirse en un
promedio de 169.2 días hábiles; y iii) el promedio nacional de duración de la
etapa de juicio es de 293.7 días hábiles.
Lo anterior permite concluir que prima
facie, la duración del proceso penal en conocimiento del despacho judicial
accionado, desconoció los tiempos legales, los tiempos reales estimados por el
Consejo Superior de la Judicatura y se encuentra 2.47 veces por encima del promedio
nacional de duración real de una causa regida por la Ley 906 de 2004.
El
manejo de la agenda judicial para la fijación de las audiencias que componen el
proceso penal con tendencia acusatoria por parte del juez accionado
68. La Sala presenta el siguiente
análisis sobre la forma en que el juez accionado dispuso el manejo de la agenda
judicial para la realización de las audiencias previstas en el procedimiento
regulado por la Ley 906 de 2004. Así, se logró identificar que dicho
funcionario utilizó una modalidad de programación mediante grupos de
audiencias, sin embargo, las mismas configuraron compartimentos rígidos que
potencializaron los efectos temporales de las suspensiones y aplazamientos, tal
como pasa a verse a continuación.
En la Tabla 7 se observa que,
durante el período de tiempo estudiado, el juez fijó 59 audiencias distribuidas
en 20 grupos, 12 grupos corresponden a preparatoria y 8 a juicio oral. En
promedio cada grupo está compuesto por 3 audiencias, siendo uno el menor número
de audiencias fijadas por grupo y siete el mayor (esto ocurre en solo una
ocasión). Adicionalmente, fue posible establecer que en el caso de la etapa de
audiencia preparatoria estos grupos se fijaban en promedio cada 46 días
calendario (Tabla 5) y en el caso de la etapa de juicio oral este tiempo
es de 66 días calendario (Tabla 6). A partir de la fecha en que fueron
fijados los grupos de audiencias, el número de días calendario entre la
fijación de los mismos y la ausencia de justificación acerca de la adopción de
esta estrategia, es posible concluir que el juez accionado no utilizó sus
facultades correctivas para contrarrestar los efectos negativos de la dinámica
de las cancelaciones y las suspensiones de audiencias, tal como se demostrará
en la siguiente sección.
Tabla 5: Número de días entre fijación de
audiencias en preparatoria
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Tabla 6: Número de días entre fijación de
audiencias en preparatoria
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Por
el contrario, dichos grupos de audiencias configuraron compartimentos rígidos
debido a que, ante las causas que originaron la suspensión o aplazamiento de
una de las audiencias programadas, el juez no reprogramaba o al menos no realizaba
las gestiones necesarias para celebrar la diligencia en la fecha disponible más
cercana, sino que, en todos los casos, decidió ratificar la fecha siguiente del
grupo previamente establecida o agendar un nuevo grupo de audiencias cuando
esto no era posible. Como se muestra en la Tabla 7, los efectos
negativos en términos de tiempo de este manejo de agenda judicial consistieron
en aproximadamente 182 días hábiles entre las audiencias fijadas al interior de
los grupos y 388 días hábiles de inactividad entre la última fecha de cada
grupo de audiencias y la primera fecha del siguiente grupo.
Tiempo de inactividad entre audiencias y
entre grupos de audiencias
Adicionalmente,
en la Tabla 8 se verificó la manera en que esta modalidad causó que solo
se programaran entre 1 y 3 audiencias al mes y que incluso en algunos meses no
se programara ninguna diligencia[178].
Tabla 8: Programación de audiencias por
mes
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
69. En conclusión, el manejo de la agenda
judicial por parte del funcionario accionado se hizo mediante la modalidad de
grupo de audiencias, sin embargo, la actuación pasiva y omisiva del juez ante
las contingencias generadoras de suspensión o de aplazamiento, las convirtió en
compartimentos rígidos, pues no reprogramó las diligencias afectadas para días
próximos, sino que ratificó las fechas previamente fijadas, las cuales podrían
encontrarse en el mismo conjunto o en otro, con una diferencia de días o de
meses entre sí. Esta práctica potencializó los efectos negativos en materia de
tiempo y duración del proceso, causados por las suspensiones y los
aplazamientos de las audiencias, puesto que muchas de ellas, como se verá a
continuación, estaban dirigidas y justificadas para afectar una sola
diligencia, es decir, un solo día hábil, y el despacho accionado amplificaba
sus efectos al ratificar las fechas previamente establecidas, las cuales en la
mayoría de los casos tenían una diferencia de semanas e inclusive meses.
Las
causas de la suspensión y de cancelación de las audiencias y la respuesta del
juez a las mismas
70. Esta Sala pudo determinar que las
causas que generaron la suspensión y la cancelación de las audiencias
programadas por el juez accionado son múltiples y se relacionan con: i) las
incapacidades médicas y el cruce de diligencias de los abogados defensores; ii)
el ejercicio del derecho de defensa por parte de los procesados y sus
apoderados; iii) el traslado de los encausados; iv) el descubrimiento
probatorio; y, v) la conducción de los testigos tanto de la Fiscalía como de la
defensa.
Preliminarmente,
se observa que de las 59 audiencias programas solo el 8% fueron realizadas sin
ningún tipo de inconveniente, mientras el 51% fueron aplazadas, el 31% llegaron
a instalarse, pero debieron ser objeto de suspensión y existen al menos 3
audiencias que fueron reprogramadas pero que, el expediente inspeccionado, no da
cuenta de la causa porque no aparece un acta o providencia que declare su
cancelación o permitan verificar su realización.
Tabla 9: Estado de las audiencias
programadas
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Gráfico 2: Distribución por etapa de los
días hábiles del proceso
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Audiencias
instaladas y posteriormente suspendidas
A
partir de la información del expediente analizado, fue posible establecer que
la mayoría de las audiencias instaladas en el proceso debieron ser suspendidas.
La Tabla Anexo 1, muestra el detalle de las situaciones que dificultaron
el desarrollo de estas audiencias y que en algunos casos generaron su
suspensión. Durante la realización de dichas audiencias las actuaciones
registradas con mayor frecuencia fueron: (i) la inasistencia de algún sujeto
procesal; (ii) el abandono de las audiencias; (iii) los problemas con la
asistencia de testigos; y (iv) las solicitudes de suspensión.
En al
menos 11 audiencias se registraron 18 inasistencias, 11 de abogados (as)
defensores (as), 6 de alguno de los procesados privados de la libertad y una de
un defensor público (Tabla 10).
En el
caso de los abogados defensores, las inasistencias se basaron en la atención de
otras diligencias y excusas médicas. Es importante resaltar que en todos los
casos las justificaciones a este tipo de inasistencias se realizaron de manera
posterior a la suspensión o por teléfono en el transcurso de la audiencia y no
en todos los casos se encuentra el soporte de lo afirmado.
En el
caso de los procesados privados de la libertad todas las inasistencias se
generan por problemas con el traslado de los acusados desde su lugar de
reclusión hasta el lugar de celebración de las audiencias, debido a problemas
administrativos y en un caso a dificultades de orden público. A pesar de que
los requerimientos de traslado se hacen con anterioridad en muchos casos no se
notifican las dificultades presentadas sino hasta el día de la audiencia o de
manera posterior a la celebración de la misma.
Por
último, fue posible identificar al menos una suspensión derivada de la
inasistencia del defensor público de uno de los procesados. Al respecto, no
existe en el expediente prueba de que esta haya sido justificada
posteriormente.
Tabla
10: Audiencias en las que se presentó inasistencia de algún sujeto procesal
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
En
relación con este tipo de situaciones se observa que la respuesta del juez
accionado consistió en todos los casos en requerir con fines de justificación
al sujeto procesal, en dos ocasiones proponer la ruptura procesal y en una
ordenó compulsar copias para que se investigaran los hechos, sin que en todas
las ocasiones se hubiere cumplido con esa orden.
Al menos
dos audiencias debieron ser suspendidas debido a que abogados (as) defensores
(as) no regresaron de los recesos concedidos por el juez. En el caso de Ivonne
Ríos, quien manifestó presentar problemas de salud, el juez concedió un término
de una hora para que la abogada pudiera recuperarse, sin embargo, la misma no
retornó a la audiencia. Mauricio Gordillo por su parte, no justificó el
abandono y el juez manifiesta que compulsará copias por el hecho, sin que dicha
decisión fuera materializada.
Tabla
11: Audiencias en las que se presentó abandono de algún sujeto procesal
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Como
se muestra en la Tabla 12, en dos audiencias se presentan dificultades
con la conducción de testigos; en respuesta a esta situación, para todos los
casos, el juez recuerda a las partes que es su obligación asegurar que los
testigos comparezcan a las audiencias y en el caso de la fiscalía faculta a la
policía judicial para que conduzca al testigo a la audiencia.
Tabla
11: Audiencias en las que se presentó problemas con la conducción de testigos
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Por
último, se observó que en tres (3) audiencias se solicitaron suspensiones. El ocho
(8) de enero y el once (11) de mayo de 2015, debido a problemas con el
descubrimiento de pruebas de la fiscalía; el veinticuatro (24) de noviembre de
2015, debido a que los abogados defensores debían atender otra audiencia de
juicio oral con persona privada de la libertad y el cinco (5) de febrero de
2017, por problemas con el manejo de evidencia entregada por un testigo a la
fiscalía. En todos los casos el juez accionado concedió las solicitudes. No
obstante, el once (11) de mayo de 2015, no concedió la totalidad del plazo de
suspensión solicitado por el abogado defensor.
Tabla
12: Audiencias en las que se presentó problemas con la conducción de testigos
Elaboración: Despacho
Magistrada ponente, a partir de los datos del expediente CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00
Cancelación
de audiencias
De
acuerdo a lo anterior, de las 28 audiencias aplazadas, al menos 18
fueron canceladas por solicitudes de abogados (as) defensores, 3 por el fiscal,
2 por inasistencias justificadas del juez accionado, 1 para garantizar el
derecho a la defensa de uno de los procesados y 3 por causa del paro judicial.
Además, es importante resaltar que solo se tiene registro de una ocasión en la
que el juez niega una solicitud de aplazamiento, el once (11) de septiembre de
2015.
En
relación con las solicitudes elevadas por la defensa, es claro que la mayoría
corresponden a aplazamientos derivados de la atención a otras audiencias y de excusas
de procedimiento médicos. En el caso de la fiscalía, las solicitudes se
relacionan con problemas para hacer comparecer a sus testigos y con el
descubrimiento de pruebas.
71. Conforme al
análisis de las actuaciones surtidas en el proceso penal, las cuales pueden ser
consultadas en detalle en el anexo 1 que hace parte integral de la presente
providencia, la Sala observa que la causa invocada para no asistir o realizar
la audiencia se concreta a invocar:
- Incapacidades
médicas presentadas por los apoderados de la defensa. Sin embargo, es
claro que, en su mayoría, no acreditaron situaciones de urgencia, sino que se
trataba de procedimientos y chequeos médicos previsibles.
- Cruce de
diligencias en ocasiones no contó con soporte de justificación,
mientras que en otras oportunidades sí. En este último evento, en algunos casos
no se presentó coincidencia entre los días acreditados y los días efectivamente
cancelados por el juez. Tal es el caso de la solicitud de aplazamiento de las
audiencias programadas para el  diecinueve (19) y veinte (20) de diciembre de
2017, presentada el catorce (14) de ese mismo mes y año, por Luisa Argeny Anaya
Parra, en la que sólo justificó su inasistencia para el primero de los días
mencionado. No obstante, el juez suspendió la totalidad de ese grupo de
audiencias y ratificó las diligencias del veintiocho (28) de febrero y primero
(1º) de marzo de 2018.
- El ejercicio
del derecho de defensa se presentó como causa de suspensión o
aplazamiento porque: i) no se materializó la intervención de un defensor
público; ii) se presentaron cambios y renuncias de los apoderados; y iii) se
solicitó tiempo para la elaboración de la teoría del caso por parte de los
abogados de los procesados.
- La falta de
traslado de los procesados por parte de las autoridades
penitenciarias (INPEC y CRM) se presentó por la falta de gestión de los
tiquetes de avión necesarios para la comparecencia a las audiencias, por
razones de orden público, y por la negligencia de los funcionarios encargados
de la custodia de los encausados que no cumplieron la orden de presentación
ante el juez por sugerencia de los mismos internos.
- Los problemas en
el descubrimiento probatorio en el que concurren la Fiscalía en un
primer momento, puesto que puso a disposición de la defensa la integralidad de
los elementos materiales de prueba que pretendía hacer valer en el juicio. De
igual forma, los abogados de la defensa, quienes en ocasiones intervinieron sin
precisar los presuntos errores del ente acusador. Y finalmente, el juez, que no
precisó los términos en que la Fiscalía y la defensa acusaban la imprecisión de
la mencionada actuación, pues solo una vez ha transcurrido un tiempo
considerable, decide actuar y limitar las peticiones de la defensa.
- La omisión en la conducción
de testigos por
parte de la Fiscalía General de la Nación y de algunos apoderados de la
defensa.
72. Ahora bien, la
reacción del juez frente a estas causas identificadas de suspensión y de
aplazamiento de audiencias fue la siguiente:
72.1        La
ratificación de las fechas fijadas previamente es una de las prácticas expuestas
previamente y que potencializaron los efectos procesales negativos de las
suspensiones y los aplazamientos de audiencias.
72.2        Requerir con
fines de justificación en los casos de inasistencia de los apoderados de la
defensa por incapacidades médicas. Esta decisión fue adoptada en
desarrollo de las audiencias. Sin embargo, la mayoría de veces dicha orden no
fue materializada, sino que los abogados presentaban con posterioridad las
excusas médicas, sin que el juez se pronunciara al respecto.
72.3       En los eventos de cruce
de diligencias. En ocasiones las audiencias fueron suspendidas sin que
se acreditara documentalmente tal solicitud, mientras que, en otras
oportunidades, se justificaba un solo día y el juez cancelaba el grupo de
audiencias programado. Por ejemplo, esto sucedió en la audiencia del
veinticuatro (24) de noviembre de 2015, en la que un grupo de apoderados
solicitaron la suspensión de la misma, porque debían trasladarse al municipio
de Ocaña, para atender una diligencia de juicio oral, sin que obre en el
expediente un documento que así lo acreditara.
En
igual sentido, se observó dicha actuación en la resolución de la solicitud de
suspensión de las audiencias del diecinueve (19) y veinte (20) de diciembre de
2017, de la abogada Luisa Argeny Anaya Parra, que se expuso previamente.
72.4        La orden de compulsas
de copias a funcionarios del INPEC y de los CRM, así como a los
abogados defensores. Solo en una ocasión la mencionada decisión fue
materializada[179],
lo cual se corrobora con el oficio del veintiocho (28)
de febrero de 2018, en el que ese despacho accionado solicita a la Procuraduría
General de la Nación la apertura de investigación disciplinaria a los
funcionarios del INPEC y del CRM de Valledupar por la falta de conducción de un
procesado a una audiencia programada en octubre de 2016.
La
Sala advierte que esta actuación del juez penal, tendiente a materializar la
orden de compulsar copias contra los mencionados funcionarios, se produjo un
(1) año y cuatro (4) meses después de haberse proferido, y con posterioridad a
la formulación de la acción de tutela y al trámite de revisión de esta Corte. No
obstante, tal situación no sucedió con los abogados defensores.
La
acreditación de las vulneraciones de los derechos fundamentales invocados por
la accionante
73. Para la Sala en
el presente asunto se configuró la vulneración de los derechos de la accionante
a la verdad, a la justicia y a la reparación, especialmente el acceso a un
recurso judicial efectivo, específicamente por la duración del proceso penal en
conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado representado
en 727 días hábiles. A juicio de la Corte, ese término resulta manifiestamente
irrazonable, en atención a las particularidades del caso y al contexto del
mismo, puesto que la muerte del hijo de la señora Cielo Patricia acaeció en el
año 2008, por lo que han trascurrido cerca de diez (10) años sin obtener una
respuesta efectiva por parte de la administración de justicia en relación con
la responsabilidad de los encausados y su reparación integral.
74. Para demostrar la
irrazonabilidad del tiempo de duración del proceso penal en la etapa de juicio,
la Sala se orientará con fundamento en los criterios utilizados por la Corte
IDH, específicamente en el caso Ximenes Lopes vs Brasil. En ese sentido,
se analizará i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del
interesado; y iii) la conducta de las autoridades judiciales[180].
74.1        La causa penal no
se torna compleja, porque hay tres (3) víctimas, de las cuales dos (2)
de ellas, incluido el hijo de la accionante, están plenamente identificadas, lo
que permite que la realización del proceso penal en contra de los presuntos
responsables sin mayores dificultades, pues también están identificados,
algunos estuvieron privados de la libertad, pero están localizados y concurren
al proceso a través de apoderados judiciales. En este caso, la complejidad del
asunto no puede justificarse en el número de procesados o de apoderados o en la
carga laboral del despacho, la cual no fue alegada ni acreditada por el
funcionario judicial accionado.
74.2        Las víctimas, y
específicamente la accionante, no han generado una sola causa de suspensión
o de cancelación de las audiencias. Por el contrario, han participado
activamente del proceso y han advertido la dilación del mismo en múltiples
oportunidades, sin que sus solicitudes hayan sido eficaces, puesto que el juez
del asunto no las tuvo en cuenta para tramitar el proceso. En este punto, tal
como lo ha advertido la Corte IDH, si bien las víctimas de violaciones de
derechos humanos o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para
participar y ser escuchados durante el trámite judicial, el proceso debe ser
asumido por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple
gestión de intereses particulares, sin que las autoridades que intervienen en
el mismo busquen efectivamente la verdad[181].
74.3        La demora
del proceso se debe a las actuaciones de la defensa y a la conducta pasiva y
omisiva del juez y del fiscal del caso, tal como pasa a verse a continuación:
74.4        La
actuación del juez accionado que genera las vulneraciones acusadas, se
debe inicialmente al manejo de la agenda judicial, especialmente
en el establecimiento de grupos de audiencias que configuraron compartimentos rígidos.
Para la Sala, la programación de las diligencias judiciales por parte del
funcionario es una expresión de los principios de independencia y autonomía que
orienta el ejercicio de la función jurisdiccional y de concentración del
proceso penal.
Sin
embargo, la modalidad de compartimentos rígidos identificada por la Corte, en
las que el mencionado funcionario, ante una contingencia de suspensión o de
cancelación de la audiencia, optó por ratificar las fechas de las diligencias
previamente fijadas, sin procurar la reprogramación de la misma en un plazo
próximo y oportuno, desconoce el principio de celeridad y tiene un impacto intolerable
en términos ius constitucionales en los derechos fundamentales de la
víctima, puesto que la prolongación en el tiempo sin que exista una decisión de
fondo, torna inocua la eficacia del medio judicial dispuesto por la legislación
para tal fin y aumenta el riesgo de escenarios de impunidad.
De
igual forma, como se advirtió previamente, este modelo de agenda judicial
potencializó los efectos negativos en términos de tiempo de las suspensiones y
cancelación de las audiencias, pues ha ocasionado un marco temporal de 727 días
hábiles, de los cuales se presentan aproximadamente 182 días hábiles de
inactividad, entre las audiencias fijadas al interior de cada grupo de
diligencias y 388 días hábiles de inactividad entre la última fecha de cada
grupo de audiencias y la primera fecha del siguiente grupo, sin que exista
una decisión de fondo en el asunto y durante el cual han recobrado la libertad
todos los procesados que tenían medida restrictiva de la misma.
75. De otro lado, las
vulneraciones a los derechos fundamentales invocados por la accionante por el
juez accionado se materializaron con la pasividad y en ocasiones la omisión
del uso de los poderes de dirección del proceso. Para la Sala, si bien está
acreditado que el juez en muchas ocasiones requirió y ordenó la compulsa de
copias a los apoderados de la defensa, a los funcionarios del INPEC y de los
CRM y al Fiscal, las mismas, en su mayoría no fueron materializadas o su
ejecución se realizó años después, como ocurrió con el oficio del veintiocho
(28) de febrero de 2018, en el que ese despacho accionado solicita a la
Procuraduría General de la Nación la apertura de investigación disciplinaria a
los funcionarios del INPEC y del CRM de Valledupar por la falta de conducción
de un procesado a una audiencia programada en octubre de 2016.
De
esta suerte, su reacción ante las suspensiones y los aplazamientos de las
audiencias no fue efectiva en términos de garantía del principio de celeridad y
de protección de los derechos fundamentales de la accionante a la verdad, a la
justicia y a la reparación integral, lo que desnaturalizó el proceso penal como
un recurso judicial efectivo y lo convirtió en un escenario de revictimización
para la accionante, en el sentido de que el paso injustificado del tiempo en el
proceso, la obtención de la libertad de los presuntos responsables y la
incertidumbre sobre el esclarecimiento de la verdad sobre la muerte de su hijo,
perpetúan y amplifican el daño multidimensional en su condición de víctima del
conflicto armado.
Adicionalmente,
el juez accionado expresó en su declaración del doce (12) de febrero de 2018,
que las medidas de corrección estaban limitadas al arresto y resulta ineficaz,
razón por la cual no lo utilizó. La Sala no comparte los argumentos expuestos
por el mencionado funcionario, puesto que de conformidad con el artículo 143 de
la Ley 906 de 2004, cuenta con la posibilidad de imponer multa o arresto a los
intervinientes en el proceso penal, que con su actuar afecten su normal
desarrollo.
Finalmente,
la Sala considera que existió poco interés por parte del despacho accionado
para utilizar los medios tecnológicos, que permiten la realización de
audiencias virtuales con los procesados que se encontraban internos en centros
de reclusión militar, pues la gestión de esta modalidad de diligencias se
limitó a consultar en los CRM si contaban con requerimientos técnicos sin que
obtuvieran respuesta y a una audiencia vía SKYPE con el procesado Willington
Ortiz. Para la Corte, estas actuaciones se tornan insuficientes en atención a
que, previamente, se presentaron suspensiones y aplazamientos de audiencias con
ocasión de la falta de traslado de los encausados privados de la libertad y no
se registró ninguna acción tendiente a hacer uso de los instrumentos de
conexión audiovisual en tiempo real, para la celebración de las diligencias con
personas que se encontraban recluidas en otra ciudad.
76. Conforme a lo
expuesto, la responsabilidad de la dirección del proceso penal recae en el juez
accionado, pues tiene el deber de efectivizar el principio de celeridad y de
garantizar los derechos fundamentales de la accionante, específicamente, en ofrecer
una decisión de fondo de manera oportuna.
De
igual manera, para la Sala está demostrado que la potencialidad de un escenario
de impunidad es inminente en el presente asunto, en atención a la demora en
trámite del proceso penal y a que todos los procesados se encuentran en
libertad, lo que sitúa a la víctima en una posición de indefensión procesal,
por la imposibilidad de contar con herramientas jurídicas para evitar las
suspensiones y los aplazamientos que se producen en el trámite del proceso,
puesto que no obstante haber advertido en múltiples ocasiones la afectación de
los términos, el juez no atendió sus peticiones.
77. De otra parte,
el Fiscal 65 (hoy 90) Especializado UNDH y DIH de Bucaramanga, también
contribuyó en gran medida a la prolongación irrazonable del tiempo del proceso
penal, pues como se advirtió previamente, no cumplió de manera eficiente con
sus deberes relacionados con el descubrimiento integral de los elementos
materiales probatorios que pretende hacer valer en el juicio y con la
conducción de sus testigos. Estas actuaciones tuvieron un efecto negativo en
normal curso de las audiencias, que representó un fuerte impacto en el tiempo
que ha durado el proceso en conocimiento del juez.
Sumado a lo
anterior, omitió solicitar de manera oportuna la prórroga de las medidas
privativas de la libertad conforme al artículo 1º de la Ley 1750 de 2015, que
modificó el artículo 365 de la Ley 906 de 2004, lo que implicó, según las
pruebas que obran en el expediente, que tres (3) procesados recobraran su
libertad por vencimiento de términos.
78. En suma, para la
Sala no existe razón constitucional y legalmente válida para la duración
irrazonable del proceso penal que cursa en el despacho accionado. De igual
forma, no son de recibo las razones expuestas por el juez accionado
relacionadas con la complejidad del asunto, pues aquellas se refieren a las
actuaciones de los intervinientes, las cuales pudieron ser conjuradas mediante
el uso oportuno y eficaz de las medidas de dirección del proceso que le otorga
la ley.
Tampoco constituye
justificación válida y suficiente el volumen de trabajo que tiene el despacho
titular (entre 110-120 procesos de Ley 906 de 2004 y 35-40 procesos regidos por
Ley 600 de 2000), puesto que no está demostrado en el proceso que dicha
situación haya incidido de manera directa o indirecta en el trámite del proceso
penal que se adelanta por la muerte del hijo de la accionante.
79. En conclusión, la
duración del proceso penal que conoce el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga, ocasionada por las suspensiones y aplazamiento de
audiencias, es irrazonable y configura una vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante a la verdad, a la justicia y a la reparación,
especialmente de acceso a un recurso judicial efectivo.
Las
autoridades que han intervenido en el proceso penal tienen el deber de informar
a la víctima sobre las medidas administrativas para la protección de sus
derechos
80. Como se expuso
previamente, en el proceso penal con tendencia acusatoria intervienen las
siguientes autoridades de manera protagónica: i) la Fiscalía General de la
Nación; ii) la Procuraduría General de la Nación; y, iii) el juez como director
del proceso.
En el
proceso penal que se adelanta para juzgar la muerte del hijo de la accionante
participan las siguientes autoridades, cada una en ejercicio de las funciones
constitucionales y legales para el efecto: i) el Fiscal 65 (hoy 90) Especializado
UNDH y DIH de Bucaramanga; ii) la Procuradora 170 Judicial II Penal, de acuerdo
con la agencia especial para la mencionada causa; y iii) el Juez Tercero Penal
del Circuito Especializado de Bucaramanga.
81. Para la Sala, la
especial condición de la accionante por su calidad de víctima del conflicto y
su estado de vulnerabilidad les impone el deber a las mencionadas autoridades
de garantizar en el mayor grado posible sus derechos, especialmente los
relacionados con la verdad, la justicia y la reparación integral, incluida la
atención en los programas de atención social y humanitaria diseñados por la Ley
1448 de 2011.
A tal
conclusión se llega del análisis de las normas constitucionales y legales que
regulan el ejercicio de las funciones de cada uno de los mencionados
funcionarios.
En
efecto, conforme los numerales 6º y 7º del artículo 250 de la Constitución, la
Fiscalía tiene el compromiso de solicitar ante el juez de conocimiento las
medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas. Además, debe
disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados. De igual manera, está en la obligación de velar por la protección de
las víctimas.
Por su
parte, la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional
vela por la guarda y la promoción de los derechos humanos[182], por tal
razón, una de sus principales funciones es la de intervenir en los procesos y
ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesaria la
defensa de los derechos y garantías fundamentales.
Finalmente,
la labor del juez en el proceso penal desde una dimensión constitucional
de protección de postulados fundamentales, está orientada por los principios
establecidos en la Ley 906 de 2004, específicamente la relacionada con la
garantía de los derechos de las víctimas consagrada en el artículo 11 de la
citada normativa, la cual se materializa en recibir, desde el primer
contacto con las autoridades y en los términos establecidos en ese código; i)
información pertinente para la protección de sus intereses y a conocer la
verdad de los hechos que conforman las circunstancias del injusto del cual han
sido víctimas; y, ii) la asistencia integral para su recuperación en los
términos que señale la ley.
Se
advierte que la actuación del juez realizada en el marco del deber de
información  sobre el derecho de las víctimas, no configura un escenario de
prejuzgamiento sobre su condición y con incidencia en la causa penal de la cual
conoce. En efecto, como se advirtió previamente, la calidad de víctima del
conflicto armado de la accionante no deriva de su participación en el proceso
ni de su eventual resultado, sino que aquella, se sustenta en el concepto
adoptado en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011[183].
De
acuerdo a lo expuesto, la información que brinden las autoridades, en especial,
los funcionarios judiciales, se hace en el marco de su condición de jueces
constitucionales que tienen la obligación de garantizar los derechos
fundamentales de las víctimas, en especial, el acceso a la información sobre la
atención que deben recibir del Estado.
En ese
sentido, la Sala aclara que la mencionada actuación tampoco configura un
acompañamiento ni asesoramiento a una de las partes del proceso, pues como se
advirtió, la misma se hace en el marco de la efectividad de las garantías
constitucionales y legales de las víctimas del conflicto armado, por lo que, de
ninguna manera, se afecta el normal desarrollo del proceso penal, que tiene
causas, dinámicas y fines completamente distintos, que no dependen del derecho
a recibir información sobre la atención a este especial grupo de personas.
82. Este deber de
información y de asistencia integral frente a las víctimas es concurrente en
las autoridades que intervienen en el proceso penal y se complementa con lo
establecido en el artículo 35 de la Ley 1448 de 2011, que en su tenor literal
consagra:
“ARTÍCULO
35. INFORMACIÓN DE ASESORÍA Y APOYO. La víctima y/o su representante deberán ser informados de
todos los aspectos jurídicos, asistenciales, terapéuticos u otros relevantes
relacionados con su caso, desde el inicio de la actuación. Para tales efectos, las
autoridades que intervengan en las diligencias iniciales, los funcionarios
de policía judicial, los defensores de familia y comisarios de familia en el
caso de los niños, niñas y adolescentes, los Fiscales, Jueces o integrantes
del Ministerio Público deberán suministrar la siguiente información:
1.
Las entidades u organizaciones a las que puede dirigirse para obtener asesoría
y apoyo.
2.
Los servicios y garantías a que tiene derecho o que puede encontrar en las
distintas entidades y organizaciones.
3.
El lugar, la forma, las autoridades y requisitos necesarios para presentar una
denuncia.
4.
Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y los derechos y mecanismos que
como víctima puede utilizar en cada una de ellas. Las autoridades deben
informar a las mujeres sobre derecho a no ser confrontadas con el agresor o sus
agresores.
5.
Las autoridades ante las cuales puede solicitar protección y los requisitos y
condiciones mínimos que debe acreditar para acceder a los programas
correspondientes.
6.
Las entidades y/o autoridades que pueden brindarle orientación, asesoría
jurídica o servicios de representación judicial gratuitos.
7.
Las instituciones competentes y los derechos de los familiares de las víctimas
en la búsqueda, exhumación e identificación en casos de desaparición forzada y
de las medidas de prevención para la recuperación de las víctimas.
8.
Los trámites y requisitos para hacer efectivos los derechos que le asisten como
víctima.
En suma, existe un
deber de ineludible observancia consistente en la entrega de información por
parte de las autoridades a las víctimas del conflicto armado, el cual también debe
ser garantizado en el proceso de la referencia, puesto que, es la herramienta
para hacer eficaces otros derechos de la accionante, principalmente, el acceso
a las medidas de atención integral contenidas en la Ley 1448 de 2011.
De esta suerte, si
no se ejerce de manera inmediata la obligación de las autoridades de brindar la
información completa y necesaria sobre aspectos jurídicos, asistenciales,
terapéuticos y otros relevantes relacionados con la situación de la víctima, se
acrecienta una fuerte amenaza de los derechos fundamentales de la accionante,
no solo en materia de reparación y de atención integral, sino también en su
integridad física, psicológica y en su mínimo vital.
En ese sentido, la
Sala llama la atención del Ministerio Público representado en el proceso por la
Procuradora 170 Judicial II Penal, para que, en atención a sus funciones
constitucionales, garantice los derechos de la accionante a la información y a
la asistencia integral, principalmente, porque conforme al artículo 155 de la
Ley 1448 de 2011, es la puerta de entrada al RUV como instrumento técnico
diseñado para la atención de las víctimas. En efecto, dicha norma consagró que:
“Las
víctimas deberán presentar una declaración ante el Ministerio Público en
un término de cuatro (4) años contados a partir de la promulgación de la
presente ley para quienes hayan sido victimizadas con anterioridad a ese
momento, y de dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho
respecto de quienes lo sean con posterioridad a la vigencia de la ley, conforme
a los requisitos que para tal efecto defina el Gobierno Nacional, y a través
del instrumento que diseñe la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las víctimas, el cual será de uso obligatorio por las
entidades que conforman el Ministerio Público.
En
el evento de fuerza mayor que haya impedido a la víctima presentar la solicitud
de registro en el término establecido en este artículo, se empezará a contar el
mismo desde el momento en que cesen las circunstancias que motivaron tal
impedimento, para lo cual deberá informar de ello al Ministerio Público
quien remitirá tal información a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.” (Negrillas fuera de texto)
De esta suerte, al
Ministerio Público en este caso, le asiste el deber ineludible de información,
de atención y de acompañamiento de la señora Cielo Patricia en todo lo
relacionado con las gestiones de inclusión en el RUV, especialmente porque
persiste un riesgo latente de afectación de los derechos fundamentales de la
accionante a la reparación integral, a su integridad física y sicológica y a su
mínimo vital, debido a la falta de información sobre las rutas administrativas
de atención a las víctimas del conflicto armado.
Las órdenes de
protección que proferirá la Sala
83. Para la Sala, en
el presente proceso se acreditaron tanto las vulneraciones a los derechos
fundamentales de la accionante a la verdad, a la justicia y a la reparación,
especialmente, la garantía de acceso a un recurso judicial efectivo, como la
amenaza de los derechos a la información, a la atención integral, a la
integridad física y psicológica y al mínimo vital. Por tal razón, profiere las
siguientes órdenes de protección.
Las relacionadas
con la protección del derecho fundamental de acceso a un recurso judicial
efectivo
84.  La Sala ordenará
al Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga que, en
ejercicio de sus deberes y facultades de dirección del proceso, culmine la
etapa del juicio oral y profiera sentencia de primera instancia dentro de los
tres (3) meses siguientes a la notificación de la presente providencia. Esta
decisión se sustenta en la necesidad de garantizar a la accionante su derecho
fundamental a la verdad, a la justicia y a la reparación, especialmente de
acceso a un recurso judicial efectivo, el cual fue desconocido por el tiempo
irrazonable que ha durado la causa penal en conocimiento del funcionario
judicial accionado y la imperiosa necesidad de superar la revictimización generada
por el mencionado trámite y de evitar la configuración de un escenario de
impunidad, pues como se advirtió previamente, han transcurrido diez (10) años
desde la muerte de su hijo, sin que a la fecha haya sido destinataria de una
respuesta judicial de fondo el caso.
85. De igual forma,
se ordenará que, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se
compulsen copias de esta sentencia y del expediente de la referencia al Consejo
Seccional de la Judicatura de Santander para que, dentro de sus competencias
constitucionales y legales, si lo considera pertinente, investigue
disciplinariamente las conductas desplegadas en el proceso penal CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00, que cursa en el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga, por las siguientes personas:
i) Carlos Hernán
Suarez Delgado en su calidad de titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga;
ii) Carlos Jesús León
Franco, Fiscal 69-hoy 90- Especializado UNDH y DIH de Bucaramanga;
iii) A los abogados
Ivonne Marcela Ríos, Mauricio Gordillo, Yecid Leonel Pérez, Gabriel Alfonso
Beltrán Rivero, Fernando Antonio Vargas Quemba y Luisa Argeny Anaya Parra. Se
aclara que, en relación con la apoderada Ivonne Ríos, ya se realizó una
compulsa de copias por su inasistencia a la audiencia programada para el tres
(3) de junio de 2015. Sin embargo, la mencionada apoderada ha generado
suspensiones de diligencias posteriores, por lo que la Sala considera necesaria
la compulsa de copias en ese sentido.
La
Sala advierte que, frente a esta última orden, se adoptó con base en el
análisis descriptivo de las conductas procesales desplegadas por los apoderados
defensores y en ningún caso fueron valoradas con fines de determinar el grado
de responsabilidad en las suspensiones y en los aplazamientos de las audiencias
del proceso penal, puesto que esta Corporación carece de competencia para dicha
labor. De esta manera, la mencionada decisión materializa el deber de denuncia,
en este caso de las posibles faltas disciplinarias, que orienta el ejercicio de
la función pública de administración de justicia.
En ese mismo
sentido, se ordenará que, por intermedio de la Secretaría General de la Corte,
se compulsen copias del presente expediente de tutela a la Procuraduría General
de la Nación, para que obren dentro de la investigación disciplinaria
adelantada por las conductas desplegadas de los funcionarios del INPEC y del
Centro de Reclusión Militar de Valledupar, que incumplieron el deber de
traslado del acusado Willington Ortiz a la audiencia programada para el
dieciséis (16) de octubre de 2016 y que fuera solicitada el veintiocho (28) de
febrero de 2018, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga.
86. Finalmente, se
ordenará que, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se compulsen
copias del presente expediente de tutela con destino a la Sala Administrativa
del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, despacho del Magistrado
Jorge Francisco Chacón Navas, para que formen parte de la vigilancia judicial
administrativa adelantada por ese funcionario al proceso penal CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00, que cursa en el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga, de conformidad con el numeral 6º del
artículo 101 de la Ley 270 de 1996[184].
Las relacionadas
con la protección del derecho a la información de la accionante
87. La Corte, en
atención al riesgo latente de afectación de los derechos fundamentales de la
accionante a la reparación integral, a su integridad física y sicológica y a su
mínimo vital, debido a la falta de información sobre las rutas administrativas
de atención a las víctimas del conflicto armado y, con fundamento en las
amplias facultades otorgadas al juez de tutela para concretar el respeto y la
protección a las garantías superiores[185] cuando se acreditó su
vulneración o su amenaza, adoptará las siguientes medidas de protección:
88. La Sala ordenará
al Fiscal 69-hoy 90- especializado UNDH y DIH, al Juez Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga, en su condición de juez constitucional y
a la Procuradora 170 Judicial II Penal que, de manera conjunta, coordinada y en
un término de veinticuatro (24) horas, contados a partir de la notificación de
esta providencia, realicen una reunión presencial con fines informativos con la
accionante en la que le indiquen los derechos que puede reclamar y las
autoridades encargadas de su gestión, en su condición de víctima del conflicto
armado, de conformidad con los artículos 3º y 35 de la Ley 1448 de 2011. En
desarrollo de la mencionada diligencia la actora podrá realizar las preguntas
que estime conveniente y las autoridades están en la obligación, dentro del
marco de sus competencias constitucionales y legales, de dar respuesta
inmediata a sus requerimientos y de garantizar que a esta diligencia la
acompañe un servidor de la Defensoría del Pueblo o de la Personería, como
garante del respeto y buen trato que debe brindarse a la accionante.
Surtida esta
actuación, dichos funcionarios deberán presentar a la Sala, dentro de los tres
(3) días siguientes, un informe detallado de las gestiones realizadas y la
información otorgada a la accionante.
89. De otra parte, la
Sala oficiará a la peticionaria para que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la celebración de la reunión contemplada en el
numeral anterior, manifieste ante el funcionario de la Defensoría del Pueblo o
de la Personería que la asistió en la diligencia, si quiere iniciar los
trámites administrativos dispuestos en la Ley 1448 de 2011.
Para tal efecto,
ese funcionario, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
manifestación de la actora, deberá asistir de manera personal a la demandante y
prestar el acompañamiento necesario en todas las etapas del trámite
administrativo que inicia con la declaración de la accionante prevista en el
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
Una vez se
resuelva sobre situación administrativa de la actora, ese funcionario deberá
rendir a la Sala, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del
respectivo acto administrativo, un informe sobre las gestiones realizadas y los
resultados de las mismas.
Conclusiones
90. En el presente
asunto, la Sala encontró que:
91. Las suspensiones
y aplazamientos de las audiencias han tenido un fuerte impacto en los tiempos
en que el juzgado accionado ha tenido en su conocimiento el proceso penal (727
días) sin que se haya proferido una decisión de fondo. La Corte encontró acreditado
que tanto el mecanismo de compartimentos rígidos para la celebración de las diligencias
y la omisión del juez competente para adoptar y materializar las medidas de
dirección y corrección del proceso, han impactado de manera directa en la
prolongación irrazonable del tiempo del proceso lo que genera la vulneración de
los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación, en
especial, de acceso a un recurso judicial efectivo de la accionante. De igual
manera, la Sala consideró que el Fiscal 67 (hoy 90) de la UNDH y DIH, incumplió
sus deberes relacionados con el descubrimiento del material probatorio, la
conducción de testigos y la solicitud de prórroga de la medida de privación de
la libertad para los procesados que se encontraban detenidos.
Se
identificó el deber constitucional y legal de las autoridades que concurren al
proceso penal de informar a la accionante sobre el alcance de sus derechos, las
instituciones encargadas de su satisfacción y el acceso a los programas de
asistencia social y humanitaria, así como su inscripción en el registro único
de víctimas.
Con
base en lo anterior, dio respuesta a los problemas jurídicos planteados así:
a) El Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga desconoció los derechos
fundamentales de la accionante a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral, especialmente el derecho de acceso a un recurso judicial efectivo,
porque la duración del proceso penal ha sido irrazonable, debido a que manejó la
agenda judicial para la celebración de audiencias mediante la modalidad de
compartimentos rígidos, lo que generó que ante las actuaciones de suspensión y
de aplazamientos de diligencias desplegadas por los apoderados, no reprogramara
en la fecha más próxima la celebración de las mismas. Adicionalmente, las
vulneraciones a los derechos fundamentales invocados por la accionante por el
juez accionado se materializaron con la pasividad y en ocasiones la omisión del
uso de los poderes de dirección del proceso, porque se limitó a compulsar
copias ante las autoridades competentes para investigar disciplinariamente a
los apoderados de la defensa y otros funcionarios, pero en la mayoría de veces
no materializó dichas medidas o lo hizo años después.
El
Fiscal 65 (hoy 90) Especializado UNDH y DIH de Bucaramanga, también contribuyó
en gran medida al desconocimiento de los derechos fundamentales de la actora,
debido a que no cumplió de manera eficiente con sus deberes relacionados con el
descubrimiento integral de los elementos materiales probatorios que pretende
hacer valer en el juicio y con la conducción de sus testigos. De igual forma,
omitió solicitar de manera oportuna la prórroga de las medidas privativas de la
libertad conforme al artículo 1º de la Ley 1750 de 2015, que modificó el
artículo 365 de la Ley 906 de 2004, lo que implicó, según las pruebas que obran
en el expediente, que tres (3) procesados recobraran su libertad por
vencimiento de términos.
b) Se identificó un
deber de información a la accionante en su condición de víctima del conflicto
armado, sobre las medidas administrativas establecidas para su atención
integral, el cual está en cabeza del funcionario judicial accionado como juez
constitucional, el fiscal del caso y la Procuradora Judicial que atiende las
diligencias del proceso judicial que cursa en despacho demandado.
92. Conforme a lo
anterior, la Sala dispuso medidas de protección a los derechos fundamentales
tendientes a que: i) se resuelva de fondo el proceso en un plazo de tres (3)
meses; ii) la investigación disciplinaria del juez, del fiscal, de los abogados
defensores y de los funcionarios CRM; y iii) la garantía del acceso a la
información de la accionante sobre los programas de atención a las víctimas del
conflicto, especialmente, sobre el acompañamiento para su posible inclusión en
el RUV.
La
Sala advierte que, en este caso, mantiene la competencia para recibir
documentos de información de cumplimiento de las órdenes proferidas, sin que
tal situación vacíe de competencias al juez de primera instancia sobre la
verificación del acatamiento del fallo de tutela. En efecto, esta Corporación
ha manifestado que la
competencia para buscar el cumplimiento de la sentencia de tutela es, por regla
general, del juez constitucional de primera instancia, aun cuando la orden de
la que se trate la haya proferido el juez de segunda instancia o incluso esta
Corporación en sede de revisión[186].
Así lo ha determinado el Decreto 2591 de 1991 y jurisprudencia, que
adicionalmente ha sostenido que la competencia del juez de primera instancia en
la materia “(i) obedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de
1991, (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el
principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) está en armonía
con el principio de inmediación del trámite de tutela y, (iv) protege la
eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de
consulta”[187].
Los artículos 23[188],
27[189]
y 52[190]
de la misma normativa disponen que ante el incumplimiento de una orden emitida
en un fallo de tutela, el beneficiario puede solicitar, de manera simultánea o
sucesiva: (i) su cumplimiento, por medio del denominado trámite de
cumplimiento, y/o (ii) la imposición de sanciones a la autoridad renuente,
a través del incidente de desacato[191].
Ninguno de estos
mecanismos es condición para interposición del otro. Ahora bien, en esta
oportunidad, la Sala considera que mantener la competencia para recibir
informes sobre el cumplimiento del fallo por parte de las autoridades
destinatarias de las órdenes contenidas en la presente sentencia, configura un
valioso instrumento para la efectividad del derecho de acceso a la
administración de justicia, el cual no se agota simplemente en la presentación
de la solicitud de amparo, sino que se extiende a que lo resuelto en la
jurisdicción sea cumplido por quienes están obligados a materializar las
medidas de protección adoptadas.
Decisión
Con
fundamento en lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO:
REVOCAR la
sentencia del seis (6) de septiembre de 2017, proferida por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, y en su lugar CONCEDER
el amparo de los derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la
Reparación y a la atención integral, y el derecho de acceso a un recurso
judicial efectivo de la señora Cielo Patricia Sánchez Pucceti.
SEGUNDO:
ORDENAR al
Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga que, en ejercicio
de sus deberes y facultades de dirección del proceso, culmine el juicio oral y profiera
sentencia de primera instancia dentro de los tres (3) meses siguientes a la
notificación de la presente providencia. Vencido el término previsto
previamente, deberá presentar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, a esta Sala Revisión un informe detallado de las actuaciones
surtidas del proceso y copia de la sentencia proferida.
TERCERO: ORDENAR
que, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se compulsen copias
de esta sentencia y del expediente de la referencia al Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander para que, dentro de sus competencias constitucionales y
legales, si lo considera pertinente, investigue disciplinariamente las
conductas desplegadas en el proceso penal CUI 54498-60-01-135-2008-00115-00,
que cursa en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Bucaramanga, por las siguientes personas:
i) Carlos Hernán
Suarez Delgado en su calidad de titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Bucaramanga;
ii) Carlos Jesús León
Franco, Fiscal 69-hoy 90- Especializado UNDH y DIH de Bucaramanga;
iii) A los abogados
Ivonne Marcela Ríos, Mauricio Gordillo, Yecid Leonel Pérez, Gabriel Alfonso
Beltrán Rivero, Fernando Antonio Vargas Quemba y Luisa Argeny Anaya Parra.
CUARTO: ORDENAR que,
por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se compulsen copias del
presente expediente de tutela a la Procuraduría General de la Nación, para que
obren dentro de la investigación disciplinaria adelantada por las conductas
desplegadas de los funcionarios del INPEC y del Centro de Reclusión Militar de
Valledupar, que incumplieron el deber de traslado del acusado Willington Ortiz a
la audiencia programada para el dieciséis (16) de octubre de 2016 y que fuera
solicitada el veintiocho (28) de febrero de 2018, por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Bucaramanga.
QUINTO: ORDENAR
que, por intermedio de la Secretaría General de la Corte, se compulsen copias
del presente expediente de tutela con destino a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, despacho del Magistrado Jorge
Francisco Chacón Navas, para que formen parte de la vigilancia judicial
administrativa adelantada por ese funcionario al proceso penal CUI
54498-60-01-135-2008-00115-00, que cursa en el Juzgado Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga, de conformidad con el numeral 6º del
artículo 101 de la Ley 270 de 1996
SEXTO:
ORDENAR
al Fiscal 69-hoy 90- especializado UNDH y DIH, al Juez Tercero Penal del
Circuito Especializado de Bucaramanga, en su condición de juez constitucional y
a la Procuradora 170 Judicial II Penal que, de manera conjunta, coordinada y en
un término de veinticuatro (24) horas, contados a partir de la notificación de
esta providencia, realicen una reunión presencial con fines informativos con la
accionante en la que le indiquen los derechos que puede reclamar y las
autoridades encargadas de su gestión, en su condición de víctima del conflicto
armado, de conformidad con los artículos 3º y 35 de la Ley 1448 de 2011. En
desarrollo de la mencionada diligencia la actora podrá realizar las preguntas
que estime conveniente y las autoridades están en la obligación, en el marco de
sus competencias constitucionales y legales, de dar respuesta inmediata a sus
requerimientos y de garantizar que a esta diligencia la acompañe un servidor de
la Defensoría del Pueblo o de la Personería, como garante del respeto y buen
trato que debe brindarse a la accionante.
Surtida esta
actuación, dichos funcionarios deberán presentar a la Sala, dentro de los tres
(3) días siguientes, un informe detallado de las gestiones realizadas y la información
otorgada a la peticionaria.
SÉPTIMO:
OFICIAR
a la accionante para que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la celebración de la reunión contemplada en el numeral anterior,
manifieste ante el funcionario de la Defensoría del Pueblo o de la Personería que
la asistió en la diligencia, si quiere iniciar los trámites administrativos
dispuestos en la Ley 1448 de 2011.
Para tal efecto,
ese funcionario, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la
manifestación de la actora, deberá asistir de manera personal a la demandante y
prestar el acompañamiento necesario en todas las etapas del trámite
administrativo que inicia con la declaración de la accionante prevista en el
artículo 155 de la Ley 1448 de 2011.
Una vez se
resuelva sobre situación administrativa de la actora, ese funcionario deberá
rendir a la Sala, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del
respectivo acto administrativo, un informe sobre las gestiones realizadas y los
resultados de las mismas.
OCTAVO: Por Secretaría líbrese la comunicación prevista en el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
GLORIA
STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSE
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] Folios 20-21.
Cuaderno principal.
[2] Folios 28-31
Cuaderno principal.
[3] Folios 32-34
cuaderno principal.
[4] Folios 35-57
cuaderno principal.
[5] Folio 36v cuaderno
principal.
[6] Esta entidad
fue vinculada mediante auto del once (11) de noviembre de 2016.
[7] Folios 62-67
cuaderno principal.
[8] Folio 63v
cuaderno principal.
[9] Folios 68-78
cuaderno principal.
[10] Folios
75-77 cuaderno principal.
[11] Folios 1
cuaderno de revisión
[12] Folios
3-9 cuaderno de revisión
[13] Folios
42-45 cuaderno de revisión.
[14] En dicha
comunicación advirtió que las copias del proceso penal radicado CUI: 200800115 se enviaron por correo
físico.
[15] Folio 262
cuaderno de revisión.
[16] Folios
290-298 cuaderno de revisión.
[17] Folio 300
cuaderno de revisión.
[18] Folio 318
cuaderno de revisión.
[19] Folio
334v cuaderno de revisión.
[20] Ibidem.
[21] Folio 409
cuaderno de revisión.
[22] Folio 410
cuaderno de revisión.
[23] Folio 410
v cuaderno de revisión.
[24] Ibidem.
[25] Ibidem.
[26] Folio 411
cuaderno de revisión.
[27] Ibidem.
[28] Juez
titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.
[29] Folio 412
v cuaderno de revisión.
[30]
Folio 412v cuaderno de revisión.
[31] Ibidem.
[32] Ibidem.
[33] Folio 413
cuaderno de revisión.
[34] Folio
413v cuaderno de revisión.
[35] Jueza (E)
del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.
[36] Folio
414v cuaderno de revisión.
[37] Folio
414v – 415 cuaderno de revisión.
[38] Folio 416
cuaderno de revisión.
[39] Folios
189-190 de la carpeta 2 del cuaderno de pruebas 1.
[40] Folio 194
de la carpeta 2 del cuaderno de pruebas 1.
[41] Folio 57
carpeta 4 cuaderno de pruebas 1.
[42] Folio
71-72 carpeta 4 cuaderno de pruebas 1.
[43] Folio 34
carpeta 5 cuaderno de pruebas 1.
[44]
Folios 453-454 cuaderno de revisión.
[45]
Folios 457-459 cuaderno de revisión.
[46]
Folio 489 cuaderno de revisión.
[47]
Folio 463 del cuaderno de revisión.
[48]
Folio 462 cuaderno de revisión.
[49] Folio
498 cuaderno de revisión.
[50] Folio
576 cuaderno de revisión.
[51] Folio
582 cuaderno de revisión.
[52] Ibídem.
[53] Folio 411
cuaderno de revisión.
[54] Sentencia
T-308 de 2011 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[55] Sentencia
T-533 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[56] Sentencia
T-703 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] Sentencia
T-083 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[58] Sentencia
T-612 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[59]
Sentencias T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y SU-667 de 1998
M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Reiteradas en la sentencia T-083 de 2010
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[60] Artículo 24 Prevención a la autoridad. Si al
concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se
hubiera consumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el
goce de su derecho conculcado, en el fallo se prevendrá a la autoridad pública
para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que
dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario,
será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de
este decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido.
El juez también prevendrá a la
autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para evitar la
repetición de la misma acción u omisión.
[61] M.P.
Rodrigo Escobar Gil.
[62] Vescoví,
E. Teoría General del Proceso. Temis, 1984, pág. 93.
[63]
Sentencias T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-1191 de 2004 M.P.
Marco Gerardo Monroy Cabra, T-799 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
reiteradas en la sentencia T-770 de 2011 M.P. Mauricio González Cuervo.
[64] Ver
sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis; T-780 de 2011, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; T-373 de 2015 y T-098 de 2016 ambas con ponencia de la
magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, entre otras.
[65] Conforme
al auto del dos (2) de noviembre de 2016, proferido por la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Debe recordarse que, en
el caso del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, la
notificación efectiva de dicha providencia se produjo una vez fue decretada la
nulidad de todo lo actuado mediante auto 400 del tres (3) de agosto de 2017,
proferido por la Sala Quinta de Revisión de la Corte. En efecto, el mencionado
Tribunal reiteró la comunicación de vinculación al juzgado accionado mediante
auto del veintiocho (28) de agosto de 2017.
[66] De igual
forma, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga,
mediante auto del veintiocho (28) de agosto de 2017, ordenó su vinculación al
trámite de tutela.
[67] Sentencia
T-805 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[68] Sentencia
T-834 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-887 de 2009 M.P. Mauricio
González Cuervo.
[69] Sentencia
T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[70]
Sentencias T-1009 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-299 de 2009 M.P.
Mauricio González Cuervo.
[71]
Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T–859 de 2004 M.P.
Clara Inés Vargas.
[72]
Sentencias T–800 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T–436 de 2005 M.P.
Clara Inés Vargas, y T–108 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[73] Sentencias T–328 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub; T-456 de 2004 M.P. Jaime Araujo Rentería, y T-789 del 11 de septiembre
de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.
[74]
Sentencia SU-599 de 1999 M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[75]
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[76]
Cfr. Sentencia T-610 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[77]
El término carpeta se refiere a los documentos remitidos por el despacho
judicial accionado y que contiene la copia de las actuaciones surtidas en el
proceso penal y que reposan en el cuaderno de pruebas I.
[78] Por el
cual se dictan medidas de apoyo a las víctimas de atentados terroristas.
[79] Por la
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
[80] Por la
cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
[81] Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
[82] Artículo
1º
[83] Sentencia
C-052 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[84] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla.
[85] Artículo
250 de la Constitución.
[86] Ver,
entre los instrumentos internacionales que desarrollan el derecho de las
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, el artículo 8º de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre 10 de 1948; el artículo 2º numeral 3º literal a)
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de diciembre 16
de 1966; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes adoptada en 1984; la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985; el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, suscrito en esa ciudad en julio de 1998; y el Conjunto
de Principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos
humanos mediante la lucha contra la impunidad, presentado a la Comisión de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2005.
[87] La Regla 85
establece que para los fines del Estatuto y de las Reglas de Procedimiento y
Pruebas, se entiende por víctimas “a las personas naturales que hayan
sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la
competencia de la Corte”.
[88] Documento
aprobado mediante Resolución 2005/35 del 19 de abril de 2005. Define como
víctima a “toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente,
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica
o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de
acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho
internacional humanitario”. Más adelante agrega que “Cuando corresponda,
y en conformidad con el derecho interno, el término ‘víctima’ también
comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia
a víctimas en peligro o para impedir la victimización”.
[89] Sentencia
C-052 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[90] M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza
[91] María
Victoria Calle Correa.
[92] Sentencia
C-069 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[93] M.P. María
Victoria Calle Correa.
[94] Ibidem.
[95] Sentencia
C-052 de 2012 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[96] Centro
Nacional de Memoria Histórica. Basta YA. Colombia: Memorias de guerra y
dignidad. Resumen. Bogotá: Pro-Off Set, 2013, Pág. 61.
[97] Ibidem. Pág. 61.
[98] Ibidem. Pág. 63.
[99] Ibidem.
Pág. 64.
[100]
Sentencia T-535 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[101] Alston,
P. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias
o arbitrarias, Misión a Colombia, del treinta y uno (31) de marzo de 2010, ref.
A/HRC/14/24/Add.2, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos
Humanos. Pág. 8.
[102] Ibidem.
[103] Artículo
3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
[104] Artículo
6
1. El derecho a la vida es
inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie
podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países en que no
hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los
más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento
de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del
presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia
definitiva de un tribunal competente.
3. Cuando la privación de
la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo
dispuesto en este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del
cumplimiento de ninguna de las obligaciones asumidas en virtud de las
disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio.
4. Toda persona condenada a
muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de
muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser
concedidos en todos los casos.
5. No se impondrá la pena
de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se
la aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Ninguna disposición de
este artículo podrá ser invocada por un Estado Parte en el presente Pacto para
demorar o impedir la abolición de la pena capital.
[105] Artículo
4.  Derecho a la Vida
1. Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la
ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.
2. En los países que
no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más
graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de
conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la
comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los
cuales no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá
la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se
puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con
los políticos.
5. No se impondrá la
pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren
menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se les aplicará a las
mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona
condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los
casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté
pendiente de decisión ante autoridad competente.
[106] Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3.
[107] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso de los Niños de la Calle (Villagrán y
otros) vs Guatemala, fondo sentencia del diecinueve (19) de noviembre de 1999,
Serie C No. 63 párrafo. 144.
[108] Corte
Interamericana de Derechos Humanos caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs
Perú, sentencia del ocho (8) de julio de 2004. Serie C No. 110 Párr. 128.
[109]
Sentencia T-535 de 2015 M.P. Alberto Rojas Ríos.
[110] Alston P. Óp. Cit. Pág. 27.
[111] Centro
Nacional de Memoria Histórica. El derecho a la justicia como garantía de no
repetición. Volumen II. Las víctimas y las antesalas de la justicia.
Conclusiones y recomendaciones. Bogotá, 2016. Pág. 472 y 473.
[112] Centro
Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya. Óp. Cit. Pag. 63-71.
[113] Ibidem.
Pag. 63.
[114] Centro
Nacional de Memoria Histórica. El derecho a la justicia, Óp. Cit. Pág. 473.
[115] Uprimny
Yepes, R. ¿y las otras víctimas y atrocidades”, disponible en https://www.dejusticia.org/y-las-otras-victimas-y-atrocidades/,
consultado el veintiséis (26) de febrero de 2018.
[116] Centro
Nacional de Memoria Histórica. El derecho a la justicia, Óp. Cit. Pág. 500.
[117] Centro
Nacional de Memoria Histórica. Basta Ya. Óp. Cit. Pág. 70.
[118] Alston P. Óp. Cit. Pág. 15.
[119] Centro
Nacional de Memoria Histórica. Basta Ya. Óp. Cit. Pág. 71.
[120] Al
respecto ver sentencias C-715 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-099 de
2013 M.P. María Victoria Calle Correa, SU-254 de 2013 M.P. Luís Ernesto Vargas
Silva, C-180 de 2014 M.P. Alberto Rojas Ríos, entre otros pronunciamientos.
[121] Ibidem.
[122] Ibidem.
[123]
Sentencia C-715 de 2012 M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
[124] Ibidem.
[125] M.P.
Luís Ernesto Vargas Silva
[126] De Greiff, P. y Wierda, M. The trust fund of the International
Criminal Court: Between Possibilities and Constraints. En DE Feyte, K,
Parmentier, S. Bossuyt, M y Lemmens P. (eds), Out of the Ashes. Reparation for
Victims of Gross and Systematic Human Rights Violations. Antwerpen-Oxford:
Intersentia, 2005, Pag. 235, citado en Uprimny R.  y Saffon M. Plan Nacional de
Desarrollo y reparaciones. Propuesta de un programa nacional masivo de
reparaciones administrativas para las víctimas de crímenes atroces en el marco
del conflicto armado. Disponible en https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_57.pdf,
consultado el veintiséis (26) de febrero de 2018, Pág. 5-6.
[127] Torpey, J. Victims and Citizens: the Discorse of Reparattion(s) at
the Dawn of the New Millennium, en De Feyter, Parmentier, Bossuyt y Lemmens
(eds) ob cit. Pág. 35-50, citado por Uprimny R. Plan Nacional de
Desarrollo, OP. Cit. Pág. 6.
[128] Mani R.
Reparation as a Component of Transitional Justice, En De Feyter, K, PArmentier,
S. Bossuyt y Lemmens, P. Óp. Cit. Pág. 76, citado por Uprinmy R. Plan Nacional
de Desarrollo, OP. Cit. Pág. 6.
[129] Uprinmy,
R. Plan Nacional de Desarrollo. Óp. Cit. Pág. 7.
[130] Artículo
9º Ley 1448 de 2011.
[131] Artículo
26 de la Ley 1448 de 2011.
[132] Artículo
35 de la Ley 1448 de 2011.
[133]
Sentencia T-885 de 2014 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Al respecto ver
sentencia T–645 de 2003 M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Reiterada en sentencias
T–328 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño y T–159 de 2011 Humberto Antonio
Sierra Porto.
[134] Las
consideraciones que se exponen a continuación fueron desarrolladas en la
sentencia T-478 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[135] Ley 1448
de 2011. Artículo 154. Registro Único de Víctimas. “La Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
será la responsable del funcionamiento del Registro Único de Víctimas. Este
Registro se soportará en el Registro Único de Población Desplazada que
actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional para la atención a la población en situación de desplazamiento, y
que será trasladado a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la promulgación de la
presente Ley”.
[136] Decreto
4800 de 2011. Artículo 17. Entidad responsable del manejo del Registro Único de
Víctimas. “La Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas será la encargada de la administración,
operación y funcionamiento del Registro Único de Víctimas”.
[137] En este
sentido, la Corte Constitucional ha indicado que las reglas jurisprudenciales
aplicables al Registro Único de Población Desplazada (RUPD) son trasladables a
la inscripción en el Registro Único de Víctimas (cfr. Sentencia T-067 de 2013.
Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada).
[138] Decreto
4800 de 2011. Artículo 16.
[139] Ibidem.
[140] Decreto
4800 de 2011. Artículo 19. Principios que orientan las normas sobre Registro
Único de Víctimas. “Las normas que orientan a los servidores públicos
encargados de diligenciar el Registro, deben interpretarse y aplicarse a la luz
de los siguientes principios y derechos: 1. El principio de favorabilidad; 2.
El principio de buena fe; 3. El principio de prevalencia del derecho sustancial
propio del Estado Social de Derecho; 4. El principio de participación conjunta;
5. El derecho a la confianza legítima; 6. El derecho a un trato digno; y 7.
Hábeas Data”.
[141] Corte
Constitucional. Sentencia T-004 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo.
[142] Corte
Constitucional. Sentencia T-290 de 2016. Magistrado Ponente: Alberto Rojas
Ríos.
[143] Ver,
entre otras, sentencias T-004 de 2014. Magistrado Ponente: Mauricio González
Cuervo; T-087 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-525
de 2013. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada: y T-573 de 2015. Magistrada
Ponente: María Victoria Calle Correa.
[144] Ley 1448
de 2011. Artículo 52.
[145] Ley 1448
de 2011. Artículos 62 a 65.
[146] Ley 1448
de 2011. Artículo 64.
[147] Ley 1448
de 2011. Artículo 65.
[148] Ley 1448
de 2011.Artículos 155 y 156.
[149] Ver,
entre otras, sentencias T-517 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio
Palacio; y T-067 de 2013. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada.
[150]
Sentencias T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-067 de 2013
(M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio);
T-692 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-556 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa); T-290 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos). Igualmente, debe
tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley 1448 de 2011,
con fundamento en el cual se debe observar el principio de favorabilidad en las
actuaciones que se adelanten en relación con el registro de las víctimas.
[151] Artículo
XVIII.  Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus
derechos.  Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve
por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en
perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente.
[152] Artículo 8: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
2. Toda persona inculpada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) derecho del inculpado de ser asistido
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el
idioma del juzgado o tribunal;
b) comunicación previa y detallada al inculpado
de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los
medios adecuados para la preparación de su defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse
libre y privadamente con su defensor;
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un
defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
dentro del plazo establecido por la ley;
f) derecho de la defensa de interrogar a los
testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos
o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
g) derecho a no ser obligado a declarar contra
sí mismo ni a declararse culpable, y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior.
3. La confesión del inculpado solamente es
válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme
no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
5. El proceso penal debe ser público, salvo en
lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.
[153] Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de
sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.
113Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, Informe de Fondo, N° 5/96, Raquel Martín de Mejía (Perú), 1
de marzo de 1996, pág. 22.
[155] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castañeda Gutman vs Estados Unidos
Mexicanos, sentencia del seis (6) de agosto de 2008, Serie C No. 184, párrafo.
78.  Cfr. Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de
noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 191; Caso del Pueblo Saramaka, supra
nota 6, párr. 177; y Caso Yvon Neptune, supra nota 19, párr. 77. Ver también
Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre
de 1987. Serie A No. 9, párr. 24. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia
de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 82; Caso Ximenes Lopes Vs.
Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C
No. 149, párr. 192; y Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 131.
[156] Corte
interamericana de Derechos Humanos. Caso Ximenes Lopes vs Brasil, sentencia del
cuatro (4) de julio de 2006, Serie C, 149 párrafos. 192 y 195.
[157]
Ibidem. parr. 196.
[158]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mejía Idrovo vs Ecuador,
sentencia del cinco (5) de julio de 2011, Serie C No. 228, párr. 94.
[159]
Sentencia C-1195 de 2001 MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[160] Sentencia
T-772 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Cfr.  Sentencia T-268 de
1996. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también Sentencia T-l 195 de 2001,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[161]
MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.
[162] M.P. Jaime
Córdoba Triviño
[163]
Sentencia T-772 de 2015 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[164]
Ibidem. Al respecto ver los artículos 1-27 de la Ley 906 de 2004
[165] El numeral 5 del artículo 146 del Código de
Procedimiento Penal consagra: “5. Cuando este código exija la presencia del
imputado ante el juez para efectos de llevar a cabo la audiencia preparatoria o
cualquier audiencia anterior al juicio oral, a discreción del juez dicha
audiencia podrá realizarse a través de comunicación de audio video, caso en el
cual no será necesaria la presencia física del imputado ante el juez.
El
dispositivo de audio video deberá permitirle al juez observar y establecer
comunicación oral y simultánea con el imputado y su defensor, o con cualquier
testigo. El dispositivo de comunicación por audio video deberá permitir que el
imputado pueda sostener conversaciones en privado con su defensor.
La
señal del dispositivo de comunicación por audio video se transmitirá en vivo y
en directo, y deberá ser protegida contra cualquier tipo de interceptación.
En
las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en la sala y en el
lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez y el imputado
puedan observar en forma clara la audiencia.
Cualquier
documento utilizado durante la audiencia que se realice a través de dispositivo
de audio video, debe poder transmitirse por medios electrónicos. Tendrán valor
de firmas originales aquellas que consten en documentos transmitidos
electrónicamente.”
[166]
M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[167]
Sentencia C-052 de 2010 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[168]
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[169]
Sentencia C-595 de 2005.
[170]
Sentencia C-595 de 2005.
[171]
Sentencia C-471 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
[172]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[173]
Sentencia C-387 de 2014 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[174]
Sentencia C-396 de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[175]
Sentencia C-713 de 2008 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Reiterada en la
sentencia T-237 de 2017 M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
[176]
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[177]
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[178] Es
importante resaltar que la ausencia de programación de audiencias de febrero a
julio de 2016 corresponde al tiempo en que le proceso se encontraba surtiendo
el trámite de segunda instancia, razón por la cual no era posible que le juez
accionado programara audiencias durante este rango de tiempo.
[179]
En el caso de Ivonne Marcela Ríos.
[180] Corte
interamericana de Derechos Humanos. Caso Ximenes Lopes vs Brasil, sentencia del
cuatro (4) de julio de 2006, Serie C, 149 párrafos. 192 y 195-196.
[181]
Ibidem parr. 198.
[182]
Artículo 118 de la Constitución.
[183] El artículo 3º de
la citada ley consagró que:
“Se
consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual
o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a
partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las
normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno.
<Apartes
subrayados CONDICIONADLMENTE exequibles> También son víctimas el cónyuge,
compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en
primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima
directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se encuentren en el
segundo grado de consanguinidad ascendente.
De
la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan sufrido un daño
al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la
victimización.
La
condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice,
aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación
familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”
[184] ARTÍCULO 101. FUNCIONES DE LAS
SALAS ADMINISTRATIVAS DE LOS CONSEJOS SECCIONALES. Las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las
siguientes funciones:
6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia
se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las
labores de funcionarios y empleados de esta Rama.
[185] Sentencia
SU-1153 de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[186] Autos
178 de 2008 M.P. Jaime Araújo Rentería y 032 de 2011 M.P. Juan Carlos Henao
Pérez.
[187] Auto
136A de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[188]“Artículo
23. Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad el fallo
que conceda la tutela tendrá por objeto garantizar al agraviado el pleno goce
de su derecho, y volver al estado anterior a la violación, cuando fuere
posible. // Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una
omisión, el fallo ordenará realizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo
cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. (…). Si se hubiere tratado de
una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su
inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza,
perturbación o restricción. // En todo caso, el juez establecerá los demás
efectos del fallo para el caso concreto.”
[189] Artículo 27. Cumplimiento
del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable
del agravio deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente
procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas,
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a
lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal
cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y
al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin
perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez
establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las
causas de la amenaza.
[190]“Artículo
52. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el
presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis
meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto
ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de
las sanciones penales a que hubiere lugar. // La sanción será impuesta por el
mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico
quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la
sanción.”
[191]
Sentencia T-604 de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.