T-529-20
Sentencia T-529/20
Referencia:
Expediente T-7.862.892
Acción de
tutela instaurada por Fabiola Alexandra Pérez Sequera, como agente oficiosa de
Anderson Rafael Sequera Figueroa, contra el Hospital Universitario del Valle,
las Secretarías de Salud Municipal de Santiago de Cali y Departamental del
Valle del Cauca y, el Departamento Nacional de Planeación.
Magistrado
Ponente:
alberto rojas ríos
Bogotá
D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Diana Fajardo Rivera y los Magistrados Richard Ramírez Grisales (E) y
Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales profiere la siguiente
SENTENCIA
I.
ANTECEDENTES[1]
En el
trámite de revisión del fallo proferido el 18 de diciembre de 2019 por el
Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca,
en única instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por Fabiola
Alexandra Pérez Sequera, como agente oficiosa de su esposo, Anderson Rafael
Sequera Figueroa, contra el Hospital Universitario del Valle, las Secretarías
de Salud Municipal de Santiago de Cali y Departamental del Valle del Cauca y el
Departamento Nacional de Planeación, por la presunta vulneración a los derechos
fundamentales a la salud y seguridad social. Para fundamentar la solicitud,
señaló los siguientes:
1.       Hechos
1.1.    La señora Fabiola Alexandra Pérez Sequera y
Anderson Rafael Sequera Figueroa, ambos de nacionalidad venezolana, migraron a
Colombia a finales del año 2018, debido a la situación que afronta su país
(Venezuela)[2].
1.2.    El señor Anderson Sequera Figueroa (en
adelante Señor Sequera) fue internado en el Hospital Universitario del Valle,
porque presenta insuficiencia renal aguda no especificada[3],
dolor precordial[4], hipertensión esencial
(primaria)[5], insuficiencia respiratoria aguda[6] , neumonía no especificada[7] y
síndrome nefrótico: glomerulonefritis membranosa difusa[8].
1.3.    La accionante afirma que, para tratar las
patologías de su esposo, el médico le ordenó, en la historia clínica, lo
siguiente: (i) rehabilitación física, con el objetivo de modalidades del dolor,
liberación de tejidos; (ii) terapia ocupacional para ergonomía e higiene
postular; (iii) hemodiálisis interdiaria tejidos; (iv) control de líquidos
administrados y eliminados; (v) control de signos vitales en la noche; (vi)
seguimiento por nefrología, psicología, terapia física y ocupacional.[9]
1.4.    El 3 de diciembre de 2019, de acuerdo con
lo expuesto por la accionante, el Señor Sequera fue dado de alta “bajo el
concepto de que NO tenía E.P.S.”. Fecha en la cual le informaron que
el Hospital solo le suministraría 13 (trece) hemodiálisis[10],
pues debido a su situación migratoria en Colombia solo le pueden brindar la
atención de urgencias. Excluyendo, en este sentido, los demás servicios médicos
ordenados, referidos en el ordinal anterior.
1.5.     La señora Fabiola Alexandra Pérez Sequera,
manifiesta que su esposo está muy delicado de salud y no cuentan con los medios
económicos para sufragar el tratamiento médico requerido.
2.     Pretensión
Con
fundamento en la situación fáctica expuesta, el 10 de diciembre de 2019, la
señora Fabiola Alexandra Pérez Sequera, como agente oficiosa de su esposo,
Anderson Rafael Sequera Figueroa, instaura acción de tutela contra el Hospital
Universitario del Valle, las Secretarías de Salud Municipal de Santiago de Cali
y Departamental del Valle del Cauca y, el Departamento Nacional de Planeación,
en la cual solicita:
a.)
El amparo de los
derechos fundamentales a la salud y seguridad social del señor Anderson Rafael Sequera
Figueroa.
b.)
Ordenar a las
Secretarías de Salud Municipal de Santiago de Cali y Departamental del Valle
del Cauca “realizar el pago por evento o por anticipo de los servicios
médicos requeridos por su esposo”, esto es: (i) el inicio de
rehabilitación física, con el objetivo de modalidades del dolor, liberación de
tejidos; (ii) terapia ocupacional para ergonomía e higiene postular; (iii)
hemodiálisis Inter diaria tejidos; (iv) control de líquidos
administrados y eliminados; (v) control de signos vitales en la noche; (vi)
seguimiento por nefrología, psicología, terapia física y ocupacional.
c.)
Ordenar a las entidades
que correspondan brindar la atención integral que requiera el señor Anderson
Rafael Sequera Figueroa, en relación con las patologías que padece.
d.)
Como medida
provisional, solicita se ordene “al Hospital Universitario del Valle darle
continuidad al tratamiento de hemodiálisis inter diaria, ya que de no ser así
corre riesgo su salud y la vida (…)[11]”.
3.  Trámite de la acción de tutela
3.1.
El 10 de diciembre
de 2019, el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle
del Cauca, admitió la acción de tutela y dispuso: (i) vincular al Ministerio de
Salud y Protección Social-ADRES-; (ii) notificar a los accionados para que ejercieran
su derecho de defensa y; (iii) negar la medida provisional, por cuanto no
demostró la desatención médica, ni que la falta de los servicios médicos
solicitados le esté generando al señor Anderson Rafael Sequera Figueroa un
perjuicio irremediable o que el no suministro de los mismos ponga en riesgo su
integridad, salud y vida.
3.2.
En ejercicio de su
derecho a la defensa, el Departamento Nacional de Planeación (En adelante
DNP) solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de esta entidad y, en consecuencia, ser desvinculada del proceso. Señaló
que, “en virtud de sus funciones, objetivos y competencias establecidas en
la Constitución Política, la ley y el Decreto 2189 de 2017, no tiene a su cargo
la prestación del servicio de salud, la realización de encuestas del Sisbén, ni
funciona como una administradora de planes de beneficios, no teniendo a su
cargo funciones de inspección y vigilancia”[12].
Por lo tanto, el objeto tutelado desborda su ámbito de competencia, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 1º del Decreto 1832 de 2012 “[p]or el cual se
modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación”.
Luego de
hacer referencia a lo dispuesto en los artículos 2.2.8.1.2., 2.2.8.2.1.,
2.2.8.2.4., 2.2.8.3.1 del Decreto 441 de 2017[13] y el artículo 94 de la
Ley 715 de 2001[14], expuso que el Sisbén
es una herramienta que busca identificar a la población más pobre y vulnerable
que reside en Colombia para seleccionar y asignar subsidios; para ello, el ente
territorial donde resida la persona interesada deberá realizar una encuesta y
posteriormente enviar la información al Departamento Nacional de Planeación,
para que tal entidad realice el proceso de validación de las bases brutas
municipales y conforme “la base bruta del Sisben”, que será publicada y
remitida a cada entidad territorial o distrital.[15]
El DNP
precisó que, para ser registrados en el Sisbén, los ciudadanos venezolanos,
residentes en Colombia, deben tramitar la cédula de extranjería, salvoconducto
o Permiso Especial de Permanencia −PEP−. En el caso del señor Anderson Rafael Sequera
Figueroa, el DNP advierte que no se encuentra debidamente registrado en el
País, por lo que deberá realizar el proceso de legalización en las oficinas de
los entes de migración correspondientes.
Finalmente,
el DNP expresó que la población que aspire ingresar a un determinado programa,
además de contar con la encuesta del Sisbén y tener determinado puntaje, debe
cumplir con los requisitos adicionales que establezca el municipio donde
reside. En este orden, sostuvo que, en el presente caso, es el Ministerio de
Salud y Protección Social el encargado de determinar los procedimientos y
requisitos para acceder al régimen subsidiado o contributivo.
3.3.
El Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.” solicitó ser
desvinculado de la acción de tutela de la referencia, al considerar que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno. Aseguró haber prestado la atención médica
requerida, de acuerdo con su capacidad resolutoria y en cumplimiento de su
objeto social, pues este hospital es una IPS, que presta los servicios médicos
de consulta externa, hospitalarios, clínicos y de cuidados intensivos a los
pacientes que son remitidos por su EPS y, en este caso, el accionante no está
afiliado al sistema de salud, ni presenta autorizaciones de servicios por parte
de la Secretaria Departamental de Salud, por tanto, corresponde al paciente
cancelar el servicio médico prestado.
De
esta manera, concluyó que corresponde a la Secretaría Departamental de Salud,
garantizar la atención médica necesaria y requerida, conforme lo establece la
Constitución y los artículos 154 y 157 de la Ley 100 de 1993.
3.4.     La Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES- también solicitó su desvinculación del
trámite de tutela, pues no es función de esta entidad prestar los servicios de
salud. No obstante, hizo un pronunciamiento general sobre los derechos
fundamentales a la salud, seguridad social, vida digna y dignidad humana y, en
este orden, resaltó que, en aras de garantizar los derechos de los nacionales
venezolanos, el Gobierno Nacional está ejecutando la política integral
humanitaria[16]– para que de esta
manera puedan acceder a la oferta institucional en salud y se afilien al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 1873 de 2017.
En este
marco, se refirió al deber que tienen las personas migrantes provenientes de
venezuela de legalizar su permanencia en Colombia[17],
pues sí exigen la aplicación de las garantías previstas en “nuestro
ordenamiento jurídico”, lo consecuente es exigirles e imponerles la
obligación de cumplir con los deberes previstos en las normas colombianas.
3.5.     La Secretaría Departamental de Salud
del Valle del Cauca solicitó ser desvinculada de la acción de tutela.
Expuso que los ciudadanos venezolanos que residan en territorio colombiano
tienen el deber de legalizar su situación migratoria ante la Oficina de
Migración Colombia y hacer la solicitud de encuesta socioeconómica ante la
Oficina de Planeación Municipal de residencia para poder gozar de los
beneficios del Sistema General de Seguridad Social- Salud y, en este caso, el
señor Anderson Rafael Sequera Figueroa no ha adelantado este trámite, “por
ende, solo y exclusivamente hasta la realización de los mismos directamente por
el tutelante, contará con los servicios de urgencias tal y como lo establece la
norma.”[18].
Sostuvo
que, si bien los extranjeros gozan de una serie de derechos, el artículo 100 de
la Constitución Política prevé la posibilidad de limitarlos al establecer que “…la
ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o
negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
Así mismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las
garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que
establezcan la Constitución o la ley” (Subrayado agregado).
Indicó que
el ciudadano extranjero que ingrese al país debe contar con una póliza de salud
que cubra cualquier contingencia médica. Sin embargo, en caso de no haberla
adquirido y no tener capacidad de pago, se le garantizará la atención inicial
de urgencias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley 100 de
1993[19], el artículo 67 de la Ley 715 de 2001[20] y la Ley 1751 de 2015[21].
Con
fundamento en lo expuesto y lo previsto en el Decreto 866 de 2017, concluyó que
“el Departamento- Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca-
debe asumir la cobertura de los servicios de salud en urgencia, hasta tanto la
peticionaria realice los trámites ante migración Colombia que la acrediten como
residente en el territorio”[22] y, de esta manera,
pueda iniciar el proceso de afiliación al régimen subsidiado o contributivo. En
este sentido, indicó lo siguiente.
Finalmente,
y pese a que la medida provisional solicitada en la demanda de tutela fue
negada por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali,
Valle del Cauca, la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca
indicó lo siguiente:
“En cumplimiento de la medida
provisional se procederá a OFICIAR a una entidad de la red pública para la
prestación de servicios de salud de URGENCIAS que requiera la accionante.
OFICIAR a la accionante para
brindar información sobre prestación de servicios de salud de URGENCIAS e
información sobre trámites de legalización, encuesta socioeconómica y
afiliación.”[23]
3.6.
La Secretaría de
Salud Municipal de Santiago de Cali guardó silencio. No presentó escrito en el trámite de
la acción de tutela.
4.
Pruebas
En
el expediente de la acción de tutela  se encuentra copia de los siguientes
documentos:
●
Cédula de identidad de
la señora Fabiola Alexandra Peréz Sequera, expedida en la República Bolivariana
de Venezuela[24].
●
Cédula de identidad del
señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, expedida en la República Bolivariana de
Venezuela[25].
●
Historia clínica de
Anderson Rafael Sequera Figueroa, en la cual está: (i) el plan de manejo
implementado en el Hospital Universitario del Valle para atender al paciente
durante el tiempo que estuvo hospitalizado; (ii) las patologías que
padece y; (iii) los conceptos médicos emitidos por los galenos durante
su hospitalización[26].
5.
Decisión de
Primera Instancia
5.1.     El 18 de diciembre de 2019, el Juzgado
Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. Consideró que en este caso
no está acreditada la legitimación en la causa por activa, pues si bien la
señora Pérez Figueroa manifestó actuar como agente oficiosa del señor Anderson
Rafael Sequera Figueroa, no se evidencia que el “presunto agenciado” se
encontrará en situación de vulnerabilidad o en un estado que le impidiera
presentar de forma personal la acción de tutela, más aún, cuando “en el
expediente no se evidencia algún documento donde éste hubiere expresado su
voluntad de solicitar el amparo constitucional.”[27]
5.2.
La decisión de
primera instancia no fue impugnada.
6.
Actuaciones en
sede de Revisión
6.1.
Mediante auto del
28 de agosto de 2020, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres[28] escogió el expediente de tutela No.
T-7.862.892 y lo asignó, previo sorteo al Magistrado sustanciador, para que se
pronunciará sobre la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política y en
los artículos 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Como criterio de selección
se indicó “la urgencia de proteger un derecho fundamental” (criterio
Subjetivo).
6.2.
Por auto del 22 de
octubre de 2020, la Sala Novena de Revisión solicitó las siguientes pruebas con
el objetivo de conocer el estado de salud, socioeconómico y migratorio del
señor Anderson Rafael Sequera Figueroa. Así mismo, vinculó al trámite de tutela
a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia -Regional Occidente, por
cuanto la revisión del asunto comporta el análisis de la situación migratoria
del señor Sequera Figueroa, quien no se encuentra afiliado al Sistema General
de Seguridad Social en Salud, porque reporta una condición migratoria
irregular.
6.2.1.  En respuesta al requerimiento emitido por la Corte
Constitucional, la Unidad Administrativa Especial de Migración
Colombia, informó que el ciudadano venezolano Anderson Rafael Sequera
Figueroa, era titular del salvoconducto de permanencia por solicitud de
refugio, el cual fue adquirido dentro del proceso de refugio, de la
señora Johanis Pastora Figueroa Yanez (madre del accionante), quien tiene
la calidad de Solicitante. Sin embargo, a la fecha este salvoconducto no está
vigente, en este orden, si la titular de la solicitud, así lo desea, puede
adelantar el trámite de prórroga del mismo a través del correo
solicitudesentramite@cancilleria.gov.co, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
(CONARE). En este sentido, advirtió que en la actualidad el accionante está en
condición migratoria irregular.
Señaló
que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1067 de 2015, el
Salvoconducto tipo (SC2) es considerado documento válido para la afiliación
al Sistema General de Seguridad Social de los extranjeros, tal como lo
señala el artículo 2.2.1.11.4.9. del mencionado Decreto.
Aclaró que
si la titular de la solicitud de refugio se abstiene de adelantar el trámite de
prórroga, corresponde al ciudadano extranjero realizar el siguiente proceso,
con el fin de regularizar la permanencia en el territorio colombiano:
·
Debe contar con un
pasaporte vigente expedido por su país de origen.
·
Debe solucionar su
situación migratoria de irregularidad en la que actualmente se encuentra,
presentándose ante cualquier Centro Facilitado de Servicios de
Migración Colombia a nivel nacional.
·
Una vez resuelta su
situación migratoria debe tramitar una visa ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores, que son otorgadas a los extranjeros que deseen visitar o
establecerse en Colombia, y cuya condición o actividad particular se
ajuste a algunos de los tipos de visas previstas por la legislación
migratoria vigente. Los requisitos y trámites los puede realizar a través
de la página web https://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/visa.
·
Una vez obtenida la
visa que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le otorgue, debe
acercarse nuevamente a Migración Colombia con la finalidad de tramitar la
respectiva Cédula de Extranjería.
6.1.2. La Secretaría de Salud Municipal
de Santiago de Cali solicitó ser desvinculada del trámite tutelar objeto de
estudio, pues no es competencia de esta entidad prestar los servicios médicos
solicitados por el señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, toda vez que los
mismos se encuentran enmarcados en un nivel de atención II y III (mediana y
alta complejidad) y, de conformidad con la Ley 10 de 1990 y Ley 715 de 2001, el
responsable en estos eventos es la Secretaría de Salud Departamental del Valle
del Cauca.
Expuso que
la atención médica que debe prestar la Secretaría de Salud Departamental del
Valle del Cauca debe suministrarse hasta que el accionante sea afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud, conforme se desprende del
artículo 2.9.2.5.3. del Decreto 780 de 2016, artículo 4º del Decreto 064 de
2020 y la jurisprudencia constitucional (sentencia T-025 de 2019).
En
consideración con la situación fáctica del señor Anderson Rafael Sequera
Figueroa, trajo a colación lo expuesto en la Sentencia T-025 de 2019 y, en este
sentido, manifestó que toda persona, incluyendo los extranjeros que se
encuentran en Colombia (independientemente de su situación migratoria), tienen
derecho a recibir una atención básica en salud. En este sentido, resaltó que “los
extranjeros que no han regularizado su estatus migratorio, el Sistema General
de Seguridad Social en Salud no ha previsto más allá de la atención de
urgencias, con cargo al Departamento, hasta tanto se logre su afiliación al
sistema.”.
Finalmente,
hizo alusión al deber que tienen todos los extranjeros de regularizar su
permanencia en el territorio colombiano y, de esta manera, garantizar el acceso
al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En este
orden, concluyó que teniendo en cuenta que el señor Anderson Rafael Sequera Figueroa
no ha regularizado su situación migratoria y, que, en este sentido, no cumple
con los requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, corresponde a la Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca,
atender al accionante como población pobre no asegurable.
6.1.3.
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., en cumplimiento al requerimiento realizado
por esta Corporación mediante Oficio N. OPTB-740/20, informó en relación con
los servicios médicos requeridos, lo siguiente:
-
La “Terapia
Ocupacional para ergonomía e higiene postular” no tiene relación alguna con
el diagnóstico emitido el 12 de septiembre de 2019 (Sindrome Nefrotico:
Glomerulonefritis Membrosa Difusa), pues esta terapia tiene como objetivo
principal evitar lesiones laborales y enfermedades profesionales.
-
El “control de
líquidos administrados y eliminados” y “control de signos vitales en la
noche” son procedimientos que se realizan a los pacientes que son
hospitalizados en esta institución, pues son actividades básicas que realiza el
personal de asistencia de cada turno. “Estas acciones le fueron practicadas
al señor Anderson cuando estuvo interno en el hospital”[29].
-
En lo que respecta al
seguimiento por nefrología, psicología, terapia física y ocupacional,
explicó que cada paciente tiene un médico tratante cuando se encuentra
hospitalizado y que, de acuerdo con el diagnóstico, se ordena un plan de
manejo, entre las que se encuentran las interconsultas que son valoraciones de
otras especialidades médicas con función de ayudar a resolver las
complicaciones. En el caso del señor Anderson, se encuentra que este fue
valorado por: (i) dolor y cuidados paliativos; (i)endoscopia; (iii) medicina
general; (iv) medicina interna; (v) medicina interna geriátrica; (vi)
nefrología y; (vii) urología general.
-
“Las trece (13)
hemodiálisis Inter diarias fueron realizadas durante la hospitalización del
paciente, como se evidencia en la historia clínica adjunta.”[30].
Con
fundamento en lo expuesto, reiteró que el Hospital en ningún momento ha negado
la atención médica requerida por el paciente. Por el contrario, durante su
hospitalización siempre le brindó un servicio de urgencias oportuno, integral,
adecuado y de calidad, a través del equipo médico especializado, agotando, de
esta manera, todos los recursos técnicos como médico-científicos que
permitieran mejorar o recuperar las condiciones clínico-patológicas del
paciente.
Finalmente,
manifestó que están “prestos a continuar brindando la atención que necesite
el paciente de acuerdo con nuestra capacidad resolutoria y en cumplimiento del
objetivo social, realizando todo el acompañamiento necesario para lograr
restablecer su estado de salud y lograr recuperar su calidad de vida.”[31].
6.1.4. La Secretaría
Departamental de Salud del Valle del Cauca, informó que revisada la base de
datos de la Oficina Asesora Jurídica de esta entidad, se evidenció que la
señora Fabiola Alexandra Perez Sequera ya había instaurado otra acción de
tutela, en calidad de agente oficiosa del señor Anderson Rafael Sequera
Figueroa, la cual fue negada mediante sentencia No. 555 de fecha 16 de octubre
de 2019, por el Juzgado Segundo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Cali, de la cual anexa copia.
En
este sentido, advirtió que “no existe obligaciones a cumplir con cargo a
esta secretaría”[32], pues ni en la acción de tutela antes
referida ni en la que hoy es objeto de revisión por la Corte Constitucional, se
emitió orden alguna.
6.1.5. La señora
Fabiola Alexandra Pérez Sequera, la Alcaldía Municipal de Santiago
de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, no atendieron el
requerimiento realizado por esta Corporación.
7.       En el trámite de revisión, integrantes del Programa
de Asistencia Legal a la Población con necesidades de Protección Internacional
y Víctimas del Conflicto Armado[33] radicaron
intervención amicus curiae dentro del expediente de tutela No.
T-7.862.892, en el que solicitan “conceder” el amparo constitucional “garantizando
el acceso al tratamiento integral en condiciones dignas y adecuadas, asegurando
el no cobro de copagos, cuotas moderadoras y demás cobros que impidan el acceso
real y efectivo al tratamiento del accionante”.
Exponen
que de acuerdo con la Resolución 04 de 2019[34], proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos −CIDH−,  la  prestación del servicio de salud no se
condiciona a la situación migratoria regular o irregular y, en este sentido,
deberá ser prestada como si se tratara de un nacional, tal y como se desprende
de los principios de dignidad humana y derecho a la salud[35]. Por lo tanto, corresponde al Estado
garantizar los derechos fundamentales mínimos a la persona extranjera.
Sostienen
que la jurisprudencia constitucional de manera uniforme ha reconocido que, si
bien existe un deber de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y, por tanto, un documento de identificación válido, por regla general,
todos los extranjeros migrantes, incluidos quienes se encuentran en situación
de irregularidad, tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias en el
territorio nacional.
En el caso
del señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, señalaron que su salud se ha
deteriorado debido a que no le han autorizado la diálisis, por no contar con el
Permiso Especial de Permanencia u otros documentos que le permitan acreditar su
situación de regularidad migratoria[36]. En este sentido,
estiman que debido a que el accionante “padece una enfermedad crónica y
pertenece a una población pobre sin aseguramiento al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, debido a su situación migratoria”[37],
es necesario proteger su derecho a la salud.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.
Competencia
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar la
decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241. 9 de la Constitución
Política, y los artículos 31 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
2.  Planteamiento del caso, formulación del
problema jurídico y metodología de la decisión
Anderson
Rafael Sequera Figueroa, de nacionalidad venezolana, fue internado en el
Hospital Universitario del Valle, porque presenta insuficiencia renal aguda no
especificada, dolor precordial, hipertensión esencial (primaria), insuficiencia
respiratorio-aguda, neumonía no especificada y síndrome nefrótico:
glomerulonefritis membranosa difusa. Sin embargo, pese a haber recibido
atención médica durante su estadía en dicha entidad, asegura que fue dado de
alta porque no estaba afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
negándose de esta manera, los servicios médicos ordenados en la historia
clínica.
El Juzgado
Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca, declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia. Consideró que en esta
oportunidad no estaba acreditado el requisito de legitimación en la causa por
activa, pues si bien la señora Fabiola Alexandra Pérez Sequera manifestó actuar
como agente oficiosa de su esposo, Anderson Rafael Sequera Figueroa, no se
advierte que el “presunto agenciado” se encontrará en situación de
vulnerabilidad o en un estado que le impidiera presentar de forma personal el
amparo constitucional. Esta decisión no fue impugnada.
De acuerdo
con la situación fáctica expuesta, la Sala Novena de Revisión de la Corte
Constitucional realizará, en primer lugar, un estudio de procedencia
formal de la acción de tutela instaurada por la señora Fabiola Alexandra
Pérez Sequera, como agente oficiosa de su esposo, Anderson Rafael Sequera
Figueroa, contra el Hospital Universitario del Valle, las Secretarías de Salud
Municipal de Santiago de Cali y Departamental del Valle del Cauca y el
Departamento Nacional de Planeación.
3.  Estudio de procedencia formal del amparo
El
artículo 86 Superior (reglamentado por el Decreto Ley 2591 de 1991) establece
que la acción de tutela tiene como propósito garantizar la protección de los
derechos fundamentales cuando estos son vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad y, excepcionalmente, de un particular. No
obstante, esta acción solo puede ser ejercida cuando se cumplan los siguientes
criterios de procedibilidad: (i) legitimación en la causa por activa y
legitimación en la causa por pasiva; (ii) inmediatez; y (iii) subsidiariedad.
3.1.
El presupuesto de
la legitimación en la causa por activa supone que la acción de
tutela debe ser formulada por la persona titular de los derechos fundamentales
que están siendo vulnerados o amenazados o, por un tercero que actúe a nombre
de este, el cual debe tener una de las siguientes calidades: (a)
representante del titular de los derechos[38], (b) agente
oficioso, o (c) defensor del pueblo o personero municipal.
Respecto
de la agencia oficiosa, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que
esta figura tiene un fundamento constitucional en el artículo 86 de la
Constitución Política, y legal en el artículo 10 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en tanto establece que se podrán reclamar derechos
ajenos “cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover
su propia defensa.”[39].
De
esta manera, en Sentencia T-303 de 2016 se reiteraron los parámetros para su
correcta configuración y, en este sentido, expusó que la validez de esta
norma de permisión se ve reforzada en los siguientes principios
constitucionales: (i) la efectividad de los derechos fundamentales- art.
2º CP-[40]: (ii) la prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal- art. 228 CP-[41] y; (iii) el
deber de solidaridad -art. 95 C.P.[42].
Así
mismo, reiteró los elementos y/o requisitos para agenciar los derechos de una
tercera persona. A saber:
(i)      Que en la solicitud de amparo se manifieste
actuar como agente oficioso. Sobre este presupuesto, la Corte ha aclarado que
no se exige de forma estricta, pues este procede cuando de los hechos y de las
pretensiones se hace evidente que actúa como tal.[43]
(ii)   Que de los hechos y circunstancias que
fundamentan la acción, se infiere que el titular de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados se encuentra en circunstancias físicas o mentales que
le impiden actuar directamente. Para ello, el juez de tutela, en virtud de la
autonomía y voluntad de las personas[44] y del principio de
eficacia de los derechos fundamentales, deberá examinar las circunstancias que
determinaron esa situación y decidir con base en ellas[45].
Sobre este aspecto, es preciso traer a colación lo expuesto en Sentencia T-398
de 2019. A saber:
“… exigir la
demostración de la incapacidad física o mental del titular de los derechos
fundamentales puede constituir una carga desmedida o desproporcionada[46], ya que en estos casos, si el
juez de tutela advierte en los hechos probados que la persona no se encuentra
gozando de todas las condiciones físicas, intelectuales, culturales y sociales
para interponer la acción de tutela, el operador jurídico deberá admitir la
acción y fallar de fondo, a fin de proteger los derechos fundamentales de la
persona en situación de habitante de calle[47].
138. En
consecuencia, procede la agencia oficiosa no solo en virtud de imposibilidades
físicas o mentales, sino también cuando se advierte la existencia de diversas
circunstancias fácticas que reflejan ausencia de las condiciones para promover
una defensa propia y adecuada[48]. Ello implica que
debe verificarse, en cada caso, si la persona está en condiciones de promover
su propia defensa, por su situación de vulnerabilidad, por no contar con nexos
familiares conocidos[49] o por sufrir
múltiples padecimientos de salud[50], los cuales
requieren de atención.” (Subrayado y cursivas fuera
del texto)
(iii)  La ratificación de la voluntad del agenciado de
solicitar el amparo constitucional. Este requisito se presenta cuando “el
titular del derecho realiza verdaderos actos inequívocos de estar de acuerdo
con la acción y esa actitud sustituye al agente oficioso”[51].
De acuerdo con lo anterior, cuando el juez de tutela encuentre
configurados los requisitos previamente señalados procederá a emitir un
pronunciamiento de fondo sobre los hechos y las pretensiones de la demanda;
pero en caso de no encontrar acreditados los mismos “deberá según el caso
rechazar de plano la acción de tutela o en la sentencia no conceder la tutela
de los derechos fundamentales de los agenciados”[52].
Ello, sin desconocer que, en virtud del principio de eficacia de los
derechos fundamentales, deberá analizar en cada caso concreto la configuración
de estos elementos.[53]
En el caso
sub examine, la Sala Novena de Revisión considera acreditada la
legitimación en la causa por activa de Fabiola Alexandra Pérez Sequera, en
calidad de agente oficiosa de Anderson Rafael Sequera Figueroa, por las razones
que se exponen a continuación.
En el
escrito de tutela, la señora Fabiola Alexandra Pérez Sequera refirió actuar “en
representación de mi esposo Anderson Rafael Sequera Figueroa”[54]. En este sentido, si bien no utilizó el
término de “agente oficioso”, de los hechos de la demanda se comprueba
que actuó en dicha calidad, toda vez que manifestó actuar “en nombre de su
esposo” y que interponía el amparo “a fin de solicitarle se sirva
ordenar (…) proteger los derechos fundamentales que le asisten [a Anderson
Rafael Sequera Figueroa]”[55].
Además, de
las pruebas aportadas al expediente y de la historia clínica allegada a esta
Corporación en sede de revisión, se encuentra que Anderson Rafael Sequera
Figueroa padece, entre otras enfermedades, de insuficiencia renal crónica
(estadio 5), patología que ha “degradado su estado de salud”[56], encontrándose a la fecha de
interposición de la acción de tutela “delicado de salud”[57],
en tratamiento con hemodiálisis y, en seguimiento por psicología y
psiquiatría, debido a que presenta trastorno adaptativo con síntomas depresivos
y ansiosos, generados por su situación de salud.[58]
A juicio
de esta Sala de Revisión, las circunstancias fácticas descritas, demuestran que
el señor Anderson Rafael Sequera Figueroa es una persona en situación de
vulnerabilidad que no pudo ejercer de forma directa y personal la acción de
tutela. Además, es preciso indicar que la situación migratoria del agenciado se
generó en un contexto de crisis humanitaria de migración masiva de ciudadanos
venezolanos a Colombia, aspecto último, que de conformidad con la
jurisprudencia constitucional debe analizarse para establecer la legitimación
del agente oficioso. Así lo expuso esta Corporación en Sentencia SU-677 de
2017:
“…la Sala Plena considera que es
necesario precisar que la prueba de dicha circunstancia se puede derivar de
diferentes situaciones, tales y como una crisis humanitaria derivada de la
migración masiva de personas de un Estado a otro. En este tipo de contextos el
juez constitucional debe analizar la legitimación del agente oficioso, no sólo
desde la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado, sino también desde
el contexto en el que se solicita la protección de sus derechos fundamentales,
pues en esos casos es evidente que el accionante no puede solicitar el amparo
de sus derechos fundamentales directamente.”.
En cuanto a la ratificación de la voluntad
del agenciado es preciso indicar que, a partir de la información
contenida en la historia clínica del accionante, la Sala concluye que es
una carga desproporcionada exigir tal ratificación.
Por lo
expuesto, la Sala Novena de Revisión reprocha la decisión adoptada por el Juez
Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca, que
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que “no se evidencia
que los diagnósticos padecidos por el actor le estén generando una discapacidad
o que al momento de la presentación de esta acción se encontrará incapacitado o
en un estado que no le permitiera presentar de forma personal [la misma]”[59].
Al
respecto, cabe reiterar lo expuesto en Sentencia T-398 de 2019, en tanto
sostuvo que “exigir la demostración de la incapacidad física o mental del
titular de los derechos fundamentales puede constituir una carga desmedida o
desproporcionada”, cuando de los hechos de la tutela se infiere que el
titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados se encuentra en
circunstancias físicas, intelectuales, culturales y sociales que le
impiden actuar directamente.
En
consecuencia, se hace un llamado de atención al Juez Sexto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Santiago de Cali, Valle del Cauca, para que, en
virtud del principio de eficacia jurídica directa de los derechos fundamentales
y supremacía de la Constitución, adopte un rol activo con el objeto de proteger
los principios constitucionales de las personas y actúe de conformidad con  la
jurisprudencia constitucional  proferida sobre el alcance, contenido,
interpretación de los preceptos constitucionales .
3.2.
De la misma manera,
se encuentra satisfecho el presupuesto de legitimación en la causa por
pasiva en cuanto al Hospital Universitario del Valle, las Secretarías
Municipal de Santiago de Cali y Departamental del Valle cauca y el Departamento
Nacional de Planeación, como se expone a continuación.
El
artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 42 del
Decreto Ley 2591 de 1991, establecen que la acción de tutela procede contra
toda acción u omisión en la que incurran las autoridades o los particulares que
atenten contra los derechos fundamentales de las personas. Así las cosas, la
legitimación en la causa por pasiva hace referencia a la aptitud legal de la
persona natural o jurídica contra quien se dirige la acción, de ser la llamada
a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada.
La Corte
Constitucional ha sostenido que con el fin de garantizar el derecho al debido
proceso, en el trámite de la acción de tutela corresponde a la autoridad
judicial desplegar “toda su atención para determinar la posible vulneración
de los derechos fundamentales que aduce el accionante y adopte su decisión convocando
por activa y por pasiva a todas las personas que se encuentren comprometidas en
la parte fáctica de la acción a objeto de que cuando adopte su decisión
comprenda a todos los intervinientes y no resulte afectando a quienes debiendo
ser llamados no fueron citados al asunto”[60]. De esta manera, y como
garantía del debido proceso, resaltó la necesidad de notificar a todas las
personas directamente interesadas, partes y terceros con interés[61].
En esta
oportunidad, se observa que:
(i) La Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali
es la encargada de “ejercer la rectoría en salud en su jurisdicción (…)”-
Decreto 516 de 2016-.
(ii)
A la Secretaría de
Salud Departamental del Valle del Cauca le corresponde “dirigir y
coordinar las acciones de las dependencias de la Secretaría de Salud del
Valle del Cauca, de sus entidades adscritas o vinculadas y de las demás
entidades del sistema Departamental”, así como “responder por el
cumplimiento de las políticas establecidas para el Sistema
Departamental de Seguridad Social en Salud del Valle del Cauca, acorde a
las políticas Departamentales y Nacionales” -Decreto departamental
No.1138 de 2016-.
(iii)
El Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García E.S.E.”, es la entidad prestadora de
los servicios de salud que el accionante manifiesta no le han sido debidamente
suministrados, por tanto, detenta capacidad jurídica para ser convocada al
presente trámite.
(iv)
El Departamento
Nacional de Planeación si bien, no está directamente vinculado con la
prestación del servicio de salud, si tiene funciones relacionadas con la
elaboración y adopción de los planes de desarrollo económico-social y de las
inversiones públicas departamentales en salud y la administración y operación
del Sisben. Así, entre otras funciones, se encuentra la de “apoyar a los
organismos y entidades competentes en la formulación de políticas, planes,
programas y proyectos relacionados con la atención integral a las poblaciones
especiales”, dentro de las cuales podría estar la población migrante. En
esa medida, el marco de sus competencias le permitirían, de haber lugar a ello,
contribuir a la garantía de las prerrogativas objeto de discusión.
(v)    La Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud- ADRES, a pesar de no ser
responsable de la prestación del servicio de salud, maneja la información de
los afiliados plenamente identificados, de los distintos regímenes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. (Régimen Contributivo, Régimen
Subsidiado, Regímenes de Excepción y Especiales y entidades prestadoras de
Planes Voluntarios de Salud), la cual es relevante para el estudio del caso
concreto, en la medida que permite conocer si el accionante ha adelantado algún
trámite tendiente a afiliarse y/o si en la actualidad ya se encuentra afiliado
al sistema de salud y, cuál es el proceso para afiliarse al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
(vi)  La Unidad Administrativa Especial de Migración
Colombia, fue vinculada al proceso de tutela por cuanto la revisión del asunto
comporta el análisis de la situación migratoria del señor Anderson Rafael
Sequera Figueroa, debido a que los servicios médicos solicitados en esta oportunidad
han sido, al parecer, negados porque reporta una condición migratoria
irregular.
3.3.    En lo que respecta al requisito de
inmediatez, que implica que la acción de tutela debe ser formulada en un
término razonable; la Sala considera  que, en el caso sub examine, está
acreditado el mismo, pues entre el presunto hecho vulnerador de derechos, esto
es, cuando el paciente fue dado de alta, al parecer, “bajo el concepto de
que NO tenía E.P.S.” y se le indicó que debido a su situación irregular
solo recibiría atención urgente, lo que ocurrió el 3 de diciembre de 2019 y la
presentación de la acción, el 10 de diciembre siguiente, transcurrieron solo 7
días.
3.4. Por último, nos encontramos con el principio
de subsidiariedad, que dispone que la acción de tutela sólo procede cuando
el afectado: (ii) no disponga de otro medio de defensa judicial, (ii) exista,
pero no sea idóneo o eficaz a la luz de las circunstancias del caso concreto[62] o, (iii) el amparo constitucional se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De
conformidad con lo expuesto, se advierte que en este caso se cumple con el
requisito de subsidiariedad, toda vez que se evalúa la situación de una persona
venezolana que migró al territorio nacional, dada la grave crisis humanitaria
presente en su nación de origen, y que requiere de atención médica para
contrarrestar las distintas patologías que lo aquejan. Estas condiciones de
vulnerabilidad deben ser valoradas por el juez constitucional, máxime cuando no
se avizora la presencia de ningún otro mecanismo judicial con la idoneidad y
eficacia requerida para evitar el “desamparo de los derechos o la
irreparabilidad in natura de las consecuencias.”[63].
En efecto,
el procedimiento judicial previsto ante la Superintendencia Nacional de Salud;
ente revestido de las atribuciones propias de un juez para fallar en derecho,
podría resultar, en principio, idóneo y eficaz para dirimir la presente
controversia, pues su propósito es servir como herramienta protectora de
derechos fundamentales y su uso debe ser difundido y estimulado para que la
propia justicia ordinaria actúe con diligencia y bajo el mandato de resolver
los conflictos originados desde la perspectiva constitucional. Pese a ello, la
pretensión que se formula en esta oportunidad no está comprendida por las
facultades que expresamente le asisten al ente administrativo, lo que desvirtúa
de plano su competencia para intervenir en el presente asunto y
brindar una respuesta efectiva a la solicitud de amparo ( ver
artículo 41 de la Ley 1122 de 2007 y artículo 126 de la Ley 1438 de
2011). Como se indicó en la Sentencia T-348 de 2018 “del listado de
materias objeto de competencia de la Superintendencia de Salud, [se
evidencia] que la pretensión que aquí se formula, se halla por fuera de
los temas que han sido habilitados para su definición, pues la discusión se
centra en las coberturas a las que tendría derecho un extranjero que no se
encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuya
situación en el país no ha sido regularizada.” Con todo, no puede perderse
de vista que desde la Sentencia T-760 de 2008 se estableció que la tutela es el
medio judicial idóneo, por excelencia, para defender el derecho a la salud.
3.5. Ahora bien, dado que, en sede de revisión
en la Corte constitucional, la Secretaría Departamental de Salud del Valle del
Cauca puso en conocimiento la existencia de otra acción de tutela (instaurada
con anterioridad a la que se estudia en esta oportunidad), la Sala procederá a
determinar si estamos ante una acción temeraria, la cual, tornaría
improcedente el amparo invocado.
El
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 reza: “[c]uando, sin motivo
expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma
persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
En
armonía con lo dispuesto en el citado artículo, la Corte Constitucional ha
sostenido que la acción de tutela es improcedente cuando se presentan dos o más
acciones de tutela con “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos;
(iii) identidad de pretensiones; y (iv) ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por
parte del libelista.”[64]
De igual
modo, ha aclarado que existen circunstancias que pueden llegar a
justificar la presentación de múltiples tutelas y que deben ser analizadas por
el juez constitucional. Sobre la materia, la Sentencia T-298 de 2018 expuso lo
siguiente:
“Cuando a pesar de dicha
duplicidad el ejercicio de las acciones de tutela se funda en (i) la
ignorancia del accionante; (ii) en el asesoramiento errado de
los profesionales del derecho; (iii) por el sometimiento del
actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en las que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender
un derecho[65]. [Sin embargo,
en estos casos, la demanda de tutela deberá ser declarada improcedente]
(iv) El surgimiento de adicionales circunstancias fácticas o jurídicas,
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción
de tutela o se omitieron en el trámite de la misma[66];
en la consagración de una doctrina constitucional que reconoce la violación de
derechos fundamentales en casos similares[67] (v) la
inexistencia de pronunciamiento de la pretensión de fondo por parte de la
jurisdicción constitucional.[68] [En estos
casos además de descartarse la temeridad de la acción de tutela, el juez
constitucional debe emitir un pronunciamiento de fondo].”.
En
materia de salud, la referida sentencia reiteró que es deber del juez de
verificar la situación médica del peticionario, pues la enfermedad evoluciona y
pueden surgir “nuevas violaciones o amenazas de su derecho a la salud” y,
en este sentido: “(1) el servicio se continúa requiriendo y la entidad lo
niega, (2) el servicio se requiere, pero con alguna modificación, por
ejemplo, en la cantidad, y también es negado, y (3) el servicio es
totalmente cambiado por otro que la entidad no autoriza”.[69]
En
el caso objeto de estudio, se encuentra que la señora Fabiola Alexandra Perez
Seguera ya había instaurado en una oportunidad anterior, otra acción de tutela,
en calidad de agente oficiosa de Anderson Rafael Seguera Figueroa, contra la
Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca, el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo Garcia E.S.E. y EMSSANAR EPS, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales a la Salud y a la seguridad
social, razón por la cual solicitaba que se ordenara “atención y tratamiento
integral, [a través ] de las consultas de seguimiento por médico especialista
del hospital accionado, así como terapias, medicamentos y [demás servicios]
que requiera por orden médica”[70]. Acción de tutela que fue negada el 16
de octubre de 2019 por el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Cali, al advertir que, conforme a la historia clínica, al agenciado le
suministraron los exámenes, diagnósticos, medicamentos y procedimientos
requeridos.
Conforme
a lo dicho, esta Corporación constata que la acción de tutela objeto de
revisión[71], no fue presentada con temeridad, toda
vez que en la solicitud de amparo antes referida, se pretendía el suministró
integral del servicio de salud a favor del señor Anderson Rafael Seguera
Figueroa (sin especificidad de servicio alguno). Y la presente acción de
tutela, si bien, invoca la atención integral del mismo, su inconformidad radica
en la no prestación de los tratamientos médicos referidos en la epicrisis del 1
de diciembre de 2019[72], es decir, servicios
requeridos con posterioridad al fallo del 16 de octubre de 2019.
Además,
la Sala observa que el cuerpo médico que ha tratado al señor Anderson Rafael
Seguera Figueroa, desde el 3 de diciembre de 2019 (fecha en la que
presuntamente se generó el hecho vulnerador, según afirma la accionante),
estableció un plan de manejo para tratar la enfermedad del paciente, a partir
de la fecha referida, entre los que se encuentran: (i) “Hemodiálisis
interdiaria esquema Lunes - Miercoles – Viernes”, la cual se realizaría de
forma ambulatoría en unidad renal asignada con el hospital − este procedimiento no esta referido en la primera
tutela−,  (ii) control por médica interna
en una semana y; (iii) seguimiento por nefrología.
En
este sentido, al existir un nuevo concepto y/o plan de manejo que demuestra la
necesidad de que el señor Anderson Rafael Seguera Figueroa continúe en “tratamiento
de reemplazo de riñón”, desvirtúa la existencia de temeridad, toda vez que
la salud del agenciado ha variado y se ha agravado con el paso del tiempo, pues
es una enfermedad crónica, la cual, a la luz de la jurisprudencia
constitucional justifican la multiplicidad la acción. Así lo ha indicado esta
Corporación en la Sentencia T-919 de 2003:
“(…) las circunstancias
inherentes a la enfermedad terminal evidencian la existencia de una causa
razonable para hacer uso del amparo, cual es la de obtener la realización de
los exámenes y entrega de los medicamentos necesarios para el tratamiento de su
enfermedad dada la afectación progresiva y cuya negación implica un grave
detrimento en su salud, todo lo cual debate cualquier utilización abusiva de su
derecho a la acción de amparo.”
En
síntesis, no hay lugar a declarar la existencia de una acción temeraria dado
que además de no existir identidad de hechos ni de pretensiones, especialmente,
porque la prestación en salud que se solicita en esta oportunidad difiere de
aquella invocada en la primera tutela, entre otras razones, porque el estado
clínico del agenciado se ha agravado con el tiempo ante la naturaleza crónica
de una de sus enfermedades lo que supone un manejo médico distinto al brindado
con anterioridad, tampoco existe identidad de partes puesto que la
primera solicitud de amparo se presentó únicamente contra la Secretaría
Departamental de Salud del Valle del Cauca, el Hospital Universitario del Valle
“Evaristo García” E.S.E. y EMSSANAR EPS, por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social. Si bien las dos
primeras accionadas integran el contradictorio en esta ocasión (junto con dos
más, la Secretaría de Salud Municipal de Cali y el Departamento Nacional de
Planeación) la última de ellas no, por lo que mal podría concluirse que existe
la citada identidad que se exige por parte de la jurisprudencia para hablar de
temeridad.
4.       De esta manera, la Sala Novena de Revisión
concluye que, dadas las circunstancias del accionante y que se encuentran
acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, se
procederá a resolver la controversia planteada, relacionada con la presunta
vulneración a los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social. En
consecuencia, se entrará a resolver el siguiente problema jurídico.
¿Las
entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales a la salud y a la
seguridad social del señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, al negarle la
prestación de los servicios médicos requeridos por no encontrarse afiliado al
Sistema de Seguridad Social en Salud, y tener una situación migratoria
irregular?
5.       Para dar respuesta al problema jurídico
planteado, se desarrollarán las siguientes consideraciones: (i) el derecho a la
Seguridad Social en Salud de los extranjeros con permanencia irregular en
Colombia –reiteración jurisprudencial–; (ii) deber de los extranjeros de
regularizar la situación migratoria; y posteriormente, (iv) abordará el estudio
del caso concreto.
5.1.
Derecho a la
Seguridad Social en Salud de los extranjeros con permanencia irregular en
Colombia –reiteración jurisprudencial–
La
Constitución Política establece que “los extranjeros disfrutarán en Colombia
de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos (…)” −Art. 100 Superior− y, tendrán “el deber de acatar la
Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades” −Art. 4 Superior−.
A partir
de estos mandatos constitucionales, el legislador dispuso en el artículo 153 de
la Ley 100 de 1993 que “la afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia (…)”,
bien sea al régimen contributivo o subsidiado. Ello, sin perjuicio del seguro médico o Plan Voluntario de Salud,
que pueden adquirir a fin de obtener beneficios adicionales a los básicos
ofrecidos por el Sistema General de Salud − Parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011−.
En este
sentido, estableció que para llevar a cabo dicha afiliación corresponde a la
población aportar su documento de identidad, que para el caso de los
extranjeros es la “cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático o
salvoconducto de permanencia, según corresponda, para los extranjeros”[73] o el Permiso Especial de
Permanencia (PEP)[74].
De acuerdo
con lo anterior, se advierte que todos los ciudadanos independientemente de que
sean nacionales colombianos o extranjeros, tienen la obligación de afiliarse al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y tener un documento de identidad
válido que les permita efectuar tal vinculación.
Sin
perjuicio de este deber de afiliación, la Corte Constitucional en reiteradas
oportunidades ha señalado que, por regla general, todos los extranjeros
migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en situación de irregularidad,
tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias en el territorio
nacional, toda vez que “se trata de un contenido mínimo
esencial del derecho a la salud que busca comprender que toda persona que
se encuentra en Colombia “tiene derecho a un mínimo vital, en tanto que
manifestación de su dignidad humana, es decir, un derecho a recibir una
atención mínima por parte del Estado en casos de [extrema] necesidad
y urgencia, en aras a atender sus necesidades más elementales y primarias”[75].
Además,
“garantizar, como mínimo, la atención que requieren con urgencia los migrantes
en situación de irregularidad tiene una finalidad objetiva y razonable y es
entender que, en virtud del principio de solidaridad, el Sistema de Salud no le
puede dar la espalda a quienes se encuentran en condiciones evidentes de
debilidad manifiesta”[76]
En
Sentencia SU-677 de 2017, este Tribunal revisó el caso de una mujer de
nacionalidad venezolana, a quien el Hospital accionado le negó la práctica de
los controles prenatales y la asistencia del parto de forma gratuita, por su
calidad de extranjera con permanencia irregular en el país.
En aquella
oportunidad, consideró que la Seguridad Social en Salud es un servicio público
obligatorio a cargo del Estado sujeto a los principios de eficiencia, solidaridad
y universalidad, cuya prestación implica que debe garantizarse a
todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud.
Advirtió
que el artículo 57 de la Ley 1815 de 2016[77], asignó una
partida presupuestal para financiar las atenciones iniciales de urgencias que
se presten a los nacionales de los países fronterizos, por lo tanto,
independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a recibir atención
de urgencias[78], con cargo a las
entidades territoriales de salud y en subsidio a la Nación cuando sea
requerido, hasta tanto se logre la afiliación al Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Esta prestación se realiza a través de los convenios o
contratos que se suscriban con la red pública de salud del Departamento o del
Distrito, siempre y cuando no cuenten con los recursos económicos suficientes.
Así mismo,
resaltó que el artículo 2.9.2.6.3 del Decreto 866 de 2017 establece que las
entidades territoriales podrán utilizar los recursos excedentes de la subcuenta
de eventos catastróficos y accidentes de tránsitos (ECAT)) del fosyga para
asegurar el pago de las atenciones de urgencia, siempre y cuando ocurran
las siguientes condiciones: (i) que corresponda a una atención inicial de
urgencias; (ii) la persona que recibe la atención no tenga subsidio en salud en
los términos del artículo 32 de la Ley 1438 de 2011, ni cuente con un seguro
que cubra el costo del servicio; (iii) el ciudadano que recibe la atención no tenga
capacidad de pago; (iv) la persona que recibe la atención sea nacional de un
país fronterizo y, (v) la atención haya sido brindada en la red pública
hospitalaria del departamento o distrito.
En este
orden, la Sala Plena de esta Corporación concluyó que, en el caso particular, a
pesar de que el embarazo de la accionante no había sido catalogado como una
urgencia, sí requería una atención perentoria, la cual incluía la práctica de
los controles prenatales y la atención del parto de forma gratuita. Ello,
“en consideración a todos los riesgos que sufren las mujeres gestantes por el
hecho de estar embarazadas, que incluso las pueden llevar a su muerte, en
especial, en situaciones de crisis humanitaria como la que actualmente ocurre
en el Estado colombiano por la migración masiva de ciudadanos venezolanos”.
Posteriormente,
en Sentencia T-210 de 2018, al decidir la acción de tutela de una mujer a quien
le negaban los servicios de quimioterapia, medicamentos y tratamientos médicos
que requería debido al cáncer de útero que padecía, por ser servicios
ambulatorios que demandaban la autorización del Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander, la Sala Sexta de Revisión de esta Corporación
reiteró las siguientes reglas:
(i)      Los extranjeros, independientemente de su
situación migratoria, tienen derecho a recibir la atención básica y de
urgencias, en tanto contenido mínimo esencial del derecho a la salud.
(ii)   Las entidades territoriales de salud tienen
la función de materializar la garantía de atención médica a las personas
residentes en su jurisdicción[79].
(iii)  El concepto de atención de urgencia médica debe
interpretarse a partir del alcance que se le ha dado al derecho a la vida digna[80], a través de la red pública hospitalaria
del nivel departamental o distrital, según el caso.
(iv)  La atención de urgencias de toda la población
migrante es una de aquellas obligaciones de cumplimiento inmediato, por lo cual
puede ser exigible de forma directa (faceta prestacional del derecho a la
salud).
(v)   La atención de urgencias debe brindarse no
solo desde una perspectiva de derechos humanos, sino también desde una
perspectiva de salud pública, razón por la cual la misma debe venir acompañada
de una atención preventiva fuerte que evite riesgos sanitarios tanto para los migrantes
como para la comunidad que los recibe.
(vi)  La ‘atención de urgencias’ puede llegar a
incluir el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer, cuando los
mismos sean solicitados por el médico tratante como urgentes y, por lo tanto,
sean indispensables y no puedan ser retrasados razonablemente sin poner en
riesgo la vida.
Conforme a
dichas reglas, la Corte encontró que en el caso concreto el Instituto
Departamental de Salud de Norte de Santander había vulnerado los derechos
fundamentales a la salud y a la vida de la accionante, al no garantizar los
servicios de quimioterapia, como lo dispuso el médico tratante y como
efectivamente lo requería la peticionaria, debido al estado avanzado de su
enfermedad y al hecho de no tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en
la que se encontraba por su condición de migrante irregular.
En esta
misma línea, encontramos que la Sentencia T-197 de 2019 reiteró las reglas
jurisprudenciales sobre el derecho de los extranjeros migrantes, incluidos
aquellos que se encuentran en situación de irregularidad en el país, a recibir
atención básica y de urgencias en el territorio nacional y, en este sentido,
precisó que “en el marco de un contexto de crisis migratoria, se ha previsto
que, ante un evento de la naturaleza descrita, surge con urgencia una
activación superior del principio de solidaridad orientado a que, bajo
parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, se avance ‘lo más expedita y
eficazmente posible hacia la realización del derecho a la salud de los
migrantes con mayores estándares a la mera urgencia médica, especialmente en
tratándose de aquellos migrantes en mayor situación de vulnerabilidad’”.
En el
mismo sentido se ha pronunciado este Tribunal, entre otras, en las siguientes
sentencias T-348 de 2018, T-452 de 2019, T-074 de 2019 y T-298 de 2019.
De acuerdo
con lo expuesto en precedencia y, sin desconocer la obligación ineludible de
los extranjeros de regularizar su situación migratoria en el territorio
nacional, se observa que en cumplimiento del principio de solidaridad y las
disposiciones de orden jurídico interno, los extranjeros con permanencia
irregular en el territorio colombiano y sin recursos económicos, tienen derecho
a recibir una adecuada atención  de urgencias, con cargo a las entidades
territoriales de salud, y en subsidio a la Nación cuando sea requerido,
hasta que se logre la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud[81]. Esta asistencia médica debe emplear “todos
los medios necesarios y disponibles para estabilizar la situación de salud del
paciente, preservar su vida y atender sus necesidades básicas”[82].
5.2.
Deber de los
extranjeros de regularizar la situación migratoria
La
nacionalidad, entendida como el vínculo que une a un Estado con una persona, en
tanto reconoce la existencia jurídica del individuo y, en consecuencia, el
disfrute de sus garantías constitucionales y la delimitación de las
responsabilidades de ambas partes, exige por parte de este último el
conocimiento de los nacionales de otros países que ingresan a su territorio.
En
Sentencia C-1259 de 2001, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:
“La nacionalidad es la relación
existente entre un Estado y el elemento humano que lo integra.  Constituye un
vínculo que une a una persona con un Estado y tiene múltiples implicaciones
pues recoge una serie de elementos que identifican a una comunidad, permite
participar en la conformación y control de los poderes públicos y genera
derechos y deberes correlativos.  De ese modo, el elemento humano del
Estado son sus nacionales.  No obstante, de la población de un Estado
también hacen parte los no nacionales, esto es, los extranjeros, aquellas
personas que mantienen un vínculo de esa naturaleza pero no con el Estado en el
que se encuentran sino con uno diferente.
Ahora bien, dada la trascendencia
que la nacionalidad tiene en la dinámica de los Estados modernos, como una
emanación del principio de soberanía, disponen de la facultad de regular el
ingreso y permanencia de extranjeros.  Esto es comprensible pues todo Estado
debe tener conocimiento de los nacionales de otros países que ingresan a su
territorio, de los propósitos con que lo hacen y de las actividades a que se
dedican pues ese conocimiento le permite ejercer un control adecuado que
atienda también los intereses de sus nacionales.
Si bien históricamente los
Estados cuentan con una amplia discrecionalidad para regular el ingreso y
permanencia de extranjeros en su territorio, esa discrecionalidad se ha ido
limitando no sólo por las atenuaciones que el mundo de hoy ha impuesto al
concepto de soberanía sino también porque en el constitucionalismo no existen
poderes absolutos.  De allí por qué esa regulación tenga como límite
infranqueable a los derechos fundamentales de los extranjeros, derechos a cuyo
respeto se encuentran comprometidos todos los Estados.”. (cursivas y subrayado
fuera del texto)
Sobre los
deberes de las personas, independientemente de su nacionalidad, se encuentra
que la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “toda
persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede
desarrollar libre y plenamente su personalidad”[83].
Así mismo,
se observa que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
en consideración a que “los derechos esenciales del hombre no nacen del
hecho de ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los
atributos de la persona humana, indicó que “el cumplimiento del
deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos y deberes se
integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si
los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad
de esa libertad”.
En este
orden, la política migratoria del Estado impone a los extranjeros el deber de
regularizar la permanencia, la visita o el simple tránsito por el territorio
nacional. De esta manera, el ordenamiento jurídico colombiano dispone en el
artículo 2.2.1.11.2.1., del Decreto 1067 de 2015 lo siguiente:
“La persona que desee ingresar al
territorio nacional deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su
pasaporte vigente, documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y
con la visa correspondiente cuando sea exigible. Así mismo, deberá suministrar
la información solicitada por la autoridad migratoria (...)”.
Ahora
bien, en atención a la emergencia social que se presenta en la frontera
con venezuela y, con ella, la afluencia migratoria de ciudadanos venezolanos
hacia el Estado colombiano, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió la
Resolución 5797 de 2017[84] por medio de la cual se
creó el Permiso Especial de Permanencia –PEP–. Este documento administrativo de
control, autorización y registro es otorgado por la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia[85] a los nacionales
venezolanos (previo cumplimiento de determinados requisitos) por un periodo de
noventa (90) días calendario, prorrogables por períodos iguales, sin que exceda
el término de dos (2) años y sirve como documento de identificación para esta
población.[86]
El Permiso
Especial de Permanencia –PEP–, además permite: (i) permanecer
temporalmente en condiciones de regularización migratoria; (ii) ejercer
cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluida aquellas
que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral y (iii)
acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y
atención de niños, niñas y adolescentes en los niveles nacional, departamental
y municipal.
Teniendo
en cuenta que en la actualidad sigue existiendo un alto flujo migratorio, el
Ministerio de Relaciones Exteriores amplió el término para acceder al Permiso
Especial de Permanencia –PEP–. En este sentido, mediante Resolución 0240 de
2020[87], dispuso lo siguiente:
“Artículo 1. Establecimiento
del nuevo término. Los nacionales venezolanos que cumplan con los
requisitos establecidos en el artículo 1º de la Resolución 5797 de 2017 y se
encuentren en territorio colombiano a fecha 29 de noviembre de 2019, podrán
acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP).
Parágrafo. El plazo para solicitar el Permiso Especial de Permanencia (PEP)
será de cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la
presente resolución.”[88]
Por otra
parte, se encuentra que, en desarrollo de la política  integral de atención
humanitaria prevista en el Artículo 140 de la Ley 1873 de 2017[89] y
que la migración de nacionales venezolanos no sólo se adelanta a
través de los puestos oficiales de control fronterizo sino también
por rutas de acceso irregular al país, se creó el Registro Administrativo
de Migrantes Venezolanos en Colombia el cual pretende “ampliar la
información sobre el fenómeno migratorio de esta población en
nuestro país”[90].
El
Decreto 0542 de 2018, por medio del cual se creó el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos en Colombia, dispuso que la información recaudada
en dicho trámite “servirá como fundamento para la formulación y el
diseño de la política integral de atención humanitaria (…) así́
como para la posible ampliación de la oferta institucional”. En
consecuencia, “no otorga ningún tipo de estatus migratorio, no
constituye autorización de permanencia o regularización no
reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o
político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras
garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las
entidades del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes.”.
En
consideración a lo expuesto, se tiene la Constitución Política ha establecido
para los extranjeros derechos y deberes correlativos y, en este sentido, es
deber de éstos regularizar la condición migratoria, en búsqueda de un orden
público. Por ello, el Gobierno Nacional ha adoptado los mecanismos necesarios y
adecuados, que promuevan y proporcionen una migración ordenada, regular y
segura, en pro de garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de los
nacionales y los extranjeros, velando de esta manera por su permanencia en
condiciones dignas en el país[91].
5.3.
Caso concreto
En el
escrito de tutela se expone que Anderson Rafael Sequera Figueroa, de
nacionalidad venezolana, fue internado en el Hospital Universitario del Valle,
porque tiene insuficiencia renal aguda no especificada, dolor precordial,
hipertensión esencial (primaria), insuficiencia respiratorio-aguda, neumonía no
especificada y síndrome nefrótico: glomerulonefritis membranosa difusa. Sin
embargo, pese a haber recibido atención médica durante su estadía en dicha
entidad, fue dado de alta porque no estaba afiliado al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, negando de esta manera, los servicios médicos
ordenados en la historia clínica. Esto es:
1.Rehabilitación física, con el objetivo de
modalidades del dolor, liberación de tejidos.
2. Terapia ocupacional para ergonomía e
higiene postular;
3. hemodiálisis interdiaria tejidos.
4. Control de líquidos administrados y
eliminados.
5. Control de signos vitales en la noche.
6. Seguimiento por nefrología, psicología,
terapia física y ocupacional.
La
jurisprudencia constitucional ha sostenido que sin desconocer la obligación
ineludible de los extranjeros de regularizar su situación migratoria en el
territorio nacional, “todos los extranjeros migrantes, incluidos aquellos
que se encuentran en situación de irregularidad en el país, tienen derecho a
recibir atención básica y de urgencias en el territorio nacional”[92], esto es, una asistencia médica en la que
se empleen “todos los medios necesarios y disponibles para estabilizar la
situación de salud del paciente, preservar su vida y atender sus necesidades
básicas”[93].
De esta
manera, en Sentencia T-197 de 2019, la Corte Constitucional sostuvo la
siguiente regla de decisión: “cuando carezcan de recursos económicos,
‘los migrantes con permanencia irregular en el territorio nacional tienen
derecho a recibir atención de urgencias con cargo [a las entidades
territoriales de salud], y en subsidio a la Nación cuando sea requerido,
hasta tanto se logre su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud’. Esta prestación deberá efectuarse sin barreras irrazonables y a través
de los convenios o contratos que se suscriban con la red pública de salud del
departamento o del distrito, según sea el caso”[94].
En sede de
revisión, la Sala Novena solicitó varias pruebas con el objetivo de recaudar
toda la información necesaria para poder determinar la presunta vulneración de
los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social. En este trámite,
el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., allegó
copia de la historia clínica del señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, en la
que se evidencia que el agenciado estuvo hospitalizado desde el 12 de
septiembre de 2019 hasta el 3 de diciembre de 2019.[95]
Durante el
tiempo que el señor Sequera Figueroa estuvo hospitalizado le brindaron, entre
otros, los siguientes servicios médicos: (i) valoración y control médico
por nefrología; (ii) monitoreo de signos vitales; (iii)
suministro de diversos medicamentos; (iv) atención por medicina general
e interna; (v) terapias ocupacionales −respiratoria y física−; (vi) toma de exámenes médicos −radiografía de tórax,
paraclínicos de control para definir conducta, hemograma, electrolitos
etc.−; (vii) sesiones de hemodiálisis; (viii)
control de líquidos administrados y eliminados; (ix) valoración y
control por psicología y nutrición y, (x) atención médica en la unidad
de cuidados intensivos.
En el
concepto médico del 3 de diciembre de 2019 (fecha de egreso del hospital) se
reseña lo siguiente:
“Paciente con evolución adecuada
con unidad renal ya asignada con manejo de sus patologías de base establecido y
control metabólico adecuado, se da egreso con recomendaciones
Plan de manejo: Salida con
- Dieta para paciente renal
- Nutrición complementaria: NEPRO AP x 237 ml 1 al dia
- Loratadina tbl. x 10 mgrs Dar una tableta cada 12 horas
- Diltiazem tab 60 mg, administrar 2 tab cada 12 horas
- Irbesartán 150 mg Vo cada 12 horas (8 am y 4 pm) (Se realizó
donación) - Metoprolol tabletas 50, dar 2 tableta VO cada 12h
- Prazosina tab 1 mg, dar 3 tab VO (8 am), 3 tab (2 pm), y 3 tab (8 pm)
- Minoxidil tab 10 mg dar 1 tableta cada 8 horas VO
- Espironolactona 50 mg cada 24 horas V. O
- Furosemida tab x 40 mg, 1 tab VO cada 8 horas
- Clonidina tab 150 mcg 1 tab cada 12 horas
- Atorvastatina 40 mg cada 24 horas V. O.
- Eritropoyetina 4000 UI cada 48 horas POST DIALISIS S. C. (FI: 28/08/19) -
Acido folico 1 mg cada 24 horas V. O.
- Carbonato de calcio 1. 200 mg cada 24 horas V. O
- Hialuronato de sodio Solucion oft. 1 gota cada 8 horas.
- Trimtetropin sulfa tabletas 800/160 1 tab cada 12 horas por 4 días
- Control en 1 semana por medicina interna
- Seguimiento por nefrología
- Hemodiálisis Inter diaria esquema lunes - miércoles - viernes
- SS Hemograma BUN creatinina sodio potasio cloro calcio fosfor
- Se dan recomendaciones y signos de alarma
- Dar egreso seguro por 1 semana
Justificación de
permanencia en el servicio: Se da egreso apra continaru (sic) hemodiálisis ambualtoria en undiad (sic) renal
asignada con el hospital.”[96]
Respecto a
la hemodiálisis interdiaria, se advierte que la misma ha sido suministrada
desde septiembre de 2019 hasta la fecha (siendo la última sesión el 3 de
septiembre de 2020), de forma continúa, según prescripción médica[97]. Además, durante este tiempo, se
registran, entre otros, la prestación de los siguientes servicios: ii)
control por nefrología, psiquiatría y urología; (iii) atención
intrahospitalaria; (iv) suministro de medicamentos y; (v)
consultas de control o de seguimiento por especialista en dolor y cuidados paliativos.[98]
De acuerdo
con la situación fáctica expuesta, la Sala Novena de Revisión concluye que las
entidades accionadas no han vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a
la seguridad social del señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, pues el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., ha prestado de manera
oportuna, de acuerdo con los parámetros establecidos por el cuerpo médico, la
atención requerida por el paciente.
De esta
manera, se encuentra que la asistencia médica solicitada por la accionante en
el escrito de tutela,[99] hace parte del “plan
de manejo-hospitalización en sala médica de hombre”, establecido el 1 de
diciembre de 2019 por el cuerpo médico para tratar las patologías del
accionante, durante su hospitalización.[100] Esquema que fue
empleado y/o administrado según prescripción médica. Además, en lo que respecta
a la hemodiálisis, se comprobó que la misma se ha venido realizando desde
septiembre de 2019 hasta la fecha (3 de septiembre de 2020).
Así mismo,
se evidenció el cumplimiento del “plan de manejo de salida” determinado
por el médico tratante el 3 de diciembre de 2019, toda vez que: (i) la “Hemodiálisis
Inter diaria esquema lunes - miércoles – Viernes”, fueron practicadas y, a
la fecha, siguen siendo realizadas según prescripción médica; (ii) el “control
en 1 semana por medicina interna” se efectuó el 12 de diciembre de 2019[101], y; (iii) el accionante continúo en
seguimiento por nefrología[102]. En este punto, cabe
resaltar que en la epicrisis se indica: “[d]ar egreso seguro por 1 semana”
y “[s]e da egreso apra continaru (sic) hemodiálisis ambulatoria en
unidad renal asignada con el hospital.”.
Finalmente,
se advierte que el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E.,  no sólo ha brindado los servicios de salud solicitados en esta acción
de tutela, sino que después del egreso del 3 de diciembre de 2019, ha asistido
y acompañado (a través del cuerpo médico requerido) al señor Anderson Rafael
Sequera Figueroa, para tratar su enfermedad, prestando la atención médica
prescrita durante las múltiples  hospitalizaciones que ha registrado y
necesitado el paciente este año, así como, posteriores a ella, a través de una
“atención ambulatoria”.
En consecuencia, se observa que la atención médica que se
solicita por tutela ha sido garantizada adecuadamente por el Hospital accionado
con anterioridad y con posterioridad a la presentación del amparo, de acuerdo
con el criterio de necesidad de los médicos tratantes y según la
evolución clínica del paciente. De esta manera, no es dable que el juez
constitucional entre a autorizar directamente servicios en salud que, incluso,
en la actualidad están siendo brindados (tales como la hemodiálisis),
desconociendo de esta manera las prescripciones de los especialistas y, especialmente,
la actuación positiva que ha venido desplegando el Hospital Universitario del
Valle en su compromiso serio por preservar la salud del paciente, independientemente
de su condición migratoria irregular y, por ende, de su no afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud. De hecho, el Hospital ha
brindado por más de un año la atención urgente requerida por el ciudadano
extranjero que, además, puede calificarse de integral dada la multiplicidad de
los servicios que han sido autorizados y su amplia cobertura en el tiempo.
6.       Decisión
Con
fundamento en lo expuesto en los apartados anteriores, la Sala Novena de
Revisión procederá, en primer lugar, a revocar el fallo proferido el 18
de diciembre de 2019 por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Cali, Valle del Cauca, que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por Fabiola Alexandra Pérez Sequera, como agente oficiosa de
Anderson Rafael Sequera Figueroa, contra el Hospital Universitario del Valle,
las Secretarías de Salud Municipal de Santiago de Cali y Departamental  del
Valle del Cauca y el Departamento Nacional de Planeación. Para en su lugar,
negar el amparo de los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad.
En segundo lugar, advertirá al Juez Sexto Municipal de
Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca que, en adelante, tenga en
cuenta la eficacia jurídica de la jurisprudencia proferida por la Corte
Constitucional sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela,
específicamente, en lo concerniente a la figura del agente oficioso, en aras de
garantizar la eficacia material de los derechos fundamentales contenidos en la
Constitución Política.
En tercer lugar, conminará al señor Anderson Rafael
Sequera Figueroa para que, si aún no lo ha hecho, inicie los trámites legales
correspondientes que le permitan regularizar, cómo es su obligación, la
situación migratoria en el territorio nacional y, consecuentemente, lograr su
vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a fin de acceder a
una atención integral en salud en especial, a aquellos servicios que se “requieran
con necesidad.”.
7.        Síntesis.
La Sala
Novena de Revisión conoció la acción de tutela instaurada por la señora Fabiola
Alexandra Pérez Sequera, como agente oficiosa de su esposo, Anderson Rafael
Sequera Figueroa, ambos de nacionalidad venezolana, en la que se alegó que el
Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., había negado
los siguientes servicios médicos, ordenados en la historia clínica de fecha del
1º de diciembre de 2019, estos son: (i) rehabilitación física, con el
objetivo de modalidades del dolor, liberación de tejidos; (ii) terapia
ocupacional para ergonomía e higiene postular; (iii) hemodiálisis interdiaria
tejidos; (iv) control de líquidos Administrados y eliminados; (v) control de
signos vitales en la noche y (vi) seguimiento por nefrología, psicología,
terapia física y ocupacional.
En el
escrito de tutela, la accionante manifestó que los servicios previamente
referidos fueron ordenados para tratar, entre otras patologías, la
insuficiencia renal crónica, que padece su esposo. Sin embargo, pese a haber
recibido atención médica durante su hospitalización en dicha institución, esto
es, desde el 12 de septiembre de 2019 hasta el 3 de diciembre de la misma
anualidad, fue dado de alto en la última fecha referida porque no estaba
afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, negando de esta
manera, las prestaciones señaladas con anterioridad.
El Juez
Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca, declaró
improcedente la acción de tutela por considerar que en esta oportunidad no se
acreditó el requisito de legitimación en la causa por activa, en la medida que
no se configuraron los elementos de la agente oficiosa, pues, a su juicio, del
escrito de tutela, no se pudo inferir que “la señora  Pérez Sequera actuó
como agente oficiosa del señor Sequera Figueroa, ni que este último se
encontrará, a la fecha de interposición [del amparo constitucional], en
estado de vulnerabilidad que por sus condiciones físicas o mentales no pudiera
ejercer la acción directamente”[103].
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional realizó en primer lugar, un
estudio de procedencia formal y, en este orden, encontró acreditados los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela. En lo que respecta a la
agente oficiosa, reiteró que, atendiendo la prevalencia del derecho sustancial,
la finalidad de la acción de tutela, y el acceso a la administración de
justicia, el juez de tutela puede moderar las exigencias procesales referentes
a esta figura, con el objeto de hacer efectivos los derechos fundamentales de
las personas[104]. En este sentido,
sostuvo que: (i) la manifestación de actuar como agente oficioso no se exige de
forma estricta y; (ii) “exigir la demostración de la incapacidad física o
mental del titular de los derechos fundamentales puede constituir una carga
desmedida o desproporciona”[105].
En el caso
sub examine, la Corte constató, de los hechos y pruebas allegadas (tanto
en el escrito de tutela como en sede de revisión constitucional), que la señora
Fabiola Alexandra Pérez Sequera actuó como agente oficiosa del señor Anderson
Rafael Sequera Figueroa, persona que se encontraba en situación de vulnerabilidad,
dado su estado de salud y condición migratoria, por lo que no pudo ejercer de
forma directa y personal el amparo constitucional.
Por otro
lado, la Sala Novena de Revisión, con fundamento en las Sentencias SU-677 de
2017, T-210 de 2018, T-298 de 2019 y T-197 de 2019, sostuvo que, sin desconocer
la obligación ineludible de los extranjeros de regularizar su situación
migratoria en el territorio nacional, todos los extranjeros migrantes,
incluidos los que se encuentran con permanencia irregular en el territorio
nacional “tienen derecho a recibir atención de urgencias con cargo [a
las entidades territoriales de salud], y en subsidio a la Nación cuando
sea requerido, hasta tanto se logre su afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud”.
Así mismo,
la Corte reiteró que la asistencia médica básica y de urgencias debe
interpretarse a partir del alcance que se le ha dado al derecho a la vida
digna, lo que implica que” no solo se debe librar al ser humano del hecho
mismo de morir, sino de protegerlo de toda circunstancia que haga su vida
insoportable e indeseable”.
En el
trámite de revisión, la Sala comprobó que: (i) la asistencia médica
solicitada en el escrito de tutela, hace parte del “plan de
manejo-hospitalización en sala médica de hombre” establecido el 1º de
diciembre de 2019 por el cuerpo médico; esquema que fue empleado y/o
administrado; (ii) la “hemodiálisis interdiaria esquema Lunes-
Miercoles – Viernes” se ha venido realizando desde septiembre de 2019 hasta
la fecha (siendo la última sesión el 3 de septiembre de 2020); (iii)
el  “plan de manejo de salida” determinado por el médico tratante el 3
de diciembre de 2020, se cumplió y; (iv) el Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García” E.S.E., después del egreso del 3 de diciembre de
2019, ha asistiendo y acompañando (a través del cuerpo médico requerido) al
señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, para tratar su enfermedad.
En este
sentido, la Sala Novena de Revisión concluyó que
el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., no
ha vulnerado los derechos fundamentales a la salud y a la seguridad social del
señor Anderson Rafael Sequera Figueroa.
III.-
DECISIÓN
En mérito
de lo expuesto, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.
- REVOCAR el fallo
proferido el 18 de diciembre de 2019 por el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca, que declaró improcedente la acción
de tutela promovida por Fabiola Alexandra Pérez Sequera, como agente oficiosa
de Anderson Rafael Sequera Figueroa, contra el Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., las Secretarías
de Salud Municipal de Santiago de Cali y Departamental del Valle del Cauca y,
el Departamento Nacional de Planeación. En su lugar, NEGAR el amparo deprecado.
Segundo.
- ADVERTIR al Juez
Sexto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, Valle del Cauca que, en
adelante, atienda y aplique con rigor la jurisprudencia constitucional en materia de procedencia de la acción de tutela,
especialmente de la figura de la agencia oficiosa en aras de garantizar la
eficacia material de los derechos fundamentales contenidos en la Constitución
Política.
Tercero.- CONMINAR a Anderson Rafael Sequera
Figueroa para que, en el término de un mes siguiente a la notificación de esta
providencia, si aún no lo ha hecho, inicie los trámites legales
correspondientes que le permitan regularizar, cómo es su obligación, la
situación migratoria en el territorio nacional y, consecuentemente, lograr su
vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a fin de acceder a
una atención integral en salud en especial, a aquellos servicios que se “requieran
con necesidad.”
Cuarto.
- Por Secretaría General
líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Notifíquese,
comuníquese y cúmplase.
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
RICHARD
RAMÍREZ GRISALES
Magistrado
(E)
DIANA FAJARDO
RIVERA
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MENDEZ
Secretaria
General
[1] El expediente de tutela T-7.862.892 está conformado por
dos cuadernos. A saber, un cuaderno principal que contiene 77 folios y un
cuaderno constitucional que consta de 41 folios y un CD.
[2] De acuerdo con las pruebas aportadas al
expediente de tutela, se encuentra que Fabiola Alexandra Pérez Sequera tiene 20
años. -Fol. 9 del cuaderno principal- y, Anderson Rafael Sequera Figueroa, 22
años. – Fol. 10 del cuaderno principal-.
[3] Diagnosticado el 5 de octubre de 2019.
-Fol. 12 del cuaderno principal-.
[4] Diagnosticado el 5 de octubre de 2019.
-Fol. 12 del cuaderno principal-.
[5] Diagnosticado el 1 de octubre de 2019.
-Fol. 12 del cuaderno principal-.
[6] Diagnosticado el 22 de septiembre de 2019.
-Fol. 12 del cuaderno principal-.
[7] Diagnosticado el 22 de septiembre de 2019.
-Fol. 12 del cuaderno principal-.
[8] En estudio. Fol. 12 del cuaderno
principal-.
[9] Folio 11 del cuaderno principal.
[10] En el escrito de tutela se afirma que, a la
fecha de interposición de la acción de tutela, al señor Anderson Rafael Sequera
Figueroa ya le habían realizados 3 hemodiálisis.
[11] Folio 2 del cuaderno principal.
[12] Folio 29, respaldo del cuaderno principal.
[13] Por el cual se sustituye el Título 8 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional, con el fin de reglamentar el artículo 24 de la Ley 1176 de 2007
respecto del instrumento de focalización de los servicios sociales, y se dictan
otras disposiciones.
[14] “Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros.”.
[15] Conforme lo establece la Resolución 3663
del 26 de diciembre de 2018 “Por la cual se establecen las fechas de entrega
para certificación de las bases de datos brutas Municipales y Distritales del
Sisbén y de publicación y envío de la base nacional certificada para la
vigencia 2019”.
[16] “Por la cual se decreta el Presupuesto de
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del
1 de enero al 31 de diciembre de 2018.”. “ARTÍCULO 140. El Gobierno
nacional en atención a la emergencia social que se viene presentando en la
frontera con Venezuela, diseñará una política integral de atención humanitaria
y asignará los recursos en la vigencia fiscal a través de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.”.
[17] En este punto, señaló las siguientes
normas: (i) la Resolución 5797 de 2017, por la cual se creó el Permiso
Especial de Permanencia- PEP-, como documento de identificación en el
territorio colombiano que autoriza a los venezolanos a permanecer  de forma
temporal y en condiciones de regularización migratoria; (ii) el Decreto
542 de 2018, por el cual se dispuso que la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres- UNGRD- diseñará y administrará el Registro Administrativo
de Migrantes Venezolanos en Colombia y; (iii) el Decreto 1288 de 2018,
mediante el cual se modifican los requisitos y plazos del Permiso
Especial de Permanencia- PEP- otorgado a lo nacionales venezolanos que
encontrándose en territorio colombiano hayan obtenido dicho documento en
cumplimiento de los requisitos establecidos en la  Resolución 5797 de 2017.
[18] Folio 46 del cuaderno principal.
[19] “Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones. (…) ARTÍCULO 168. ATENCIÓN INICIAL DE
URGENCIAS. La atención inicial de urgencias debe ser prestada en
forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten
servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de
pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa. El costo de estos
servicios será pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía en los casos
previstos en el artículo anterior, o por la Entidad Promotora de Salud al cual
esté afiliado, en cualquier otro evento. PARÁGRAFO. Los
procedimientos de cobro y pago, así como las tarifas de estos servicios serán
definidos por el gobierno nacional, de acuerdo con las recomendaciones del
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.”
[20] “Por la cual se dictan normas orgánicas en
materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. (…)
ARTÍCULO 67. ATENCIÓN DE URGENCIAS. La atención inicial de urgencias debe
ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas
que presten servicios de salud a todas las personas. Para el pago de servicios
prestados su prestación no requiere contrato ni orden previa y el
reconocimiento del costo de estos servicios se efectuará mediante resolución
motivada en caso de ser un ente público el pagador. La atención de urgencias en
estas condiciones no constituye hecho cumplido para efectos presupuestales y
deberá cancelarse máximo en los tres (3) meses siguientes a la radicación de la
factura de cobro.”.
[21] “Por medio de la cual se regula el derecho
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
[22] En el respaldo del folio 47, del cuaderno principal.
[23] Folio 48 del cuaderno principal.
[24] Fol. 9 del cuaderno principal.
[25] Fol. 10 del cuaderno principal.
[26] Fol. 11 al 15 del cuaderno principal.
[27] Folio 61 del cuaderno principal.
[28] Integrada por la Magistrada Cristina Pardo
Schlesinger y el Magistrado José́ Fernando Reyes Cuartas.
[29] Folio 85 del cuaderno constitucional.
[30] Folio 86 del cuaderno constitucional.
[31] Folio 86 del cuaderno constitucional.
[32] Folio 91 del cuaderno constitucional.
[33] Conformada por la Universidad  ICESI,
universidad de los Andes, Universidad del Norte, Universidad Simón Bolívar-Sede
Cúcuta, Universidad de Nariño, Universidad de la Guajira, Universidad de
Cartagena, Universidad Sergio Arboleda-Sede Santa Marta, Universidad
Cooperativa de Colombia-Sede Arauca, Quibdó, Apartadó y Bogotá, Universidad del
Rosario, Universidad Santo Tomás-Sede Tunja, Universidad de Ibagué, Universidad
del Meta, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Universidad Antonio Nariño-Sede
Duitama.
[34] “Principios Interamericanos sobre los
Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las
Víctimas de la Trata de Personas.”.
[35] “Principio 2: Dignidad humana Todo
migrante tiene derecho al respeto de su dignidad humana, incluida su dignidad
física y su integridad sexual, psíquica y moral, cualquiera que sea
su situación migratoria o lugar de origen.  Los Estados deben crear las
condiciones que provean un nivel de vida adecuado y compatible con la dignidad
de la persona humana y no crearán, por comisión u omisión,
condiciones que la dificulten o la impidan, garantizando, entre otros, los
derechos a la salud, a la seguridad alimentaria y nutricional, agua potable,
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, vestimenta y otros
servicios sociales necesarios.
Principio
35: Derecho a la salud Todo
migrante tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental y a los determinantes subyacentes de la salud; no se
puede denegar la atención médica a un migrante por razón de
su situación migratoria, ni se le pueden negar los servicios de salud por
falta de documentos de identidad. Toda persona, independientemente de su
situación migratoria o su origen, tiene derecho a recibir la misma
atención médica que los nacionales, incluyendo servicios de salud
sexual, reproductiva y mental. Los Estados deben tomar en cuenta que
ciertos grupos, como las mujeres, los niños, las niñas y los
adolescentes, requieren atención diferenciada. El derecho a la
confidencialidad debe ser garantizado lo que conlleva la prohibición de
la notificación e intercambio de información relacionada con la
situación migratoria de los pacientes o sus progenitores con las
autoridades migratorias, así como la conducción de operativos de
control migratorio en hospitales o sus cercanías. En los casos considerados,
la condición de salud puede estar vinculada a procesos temporales de
regularización de la situación migratoria.”.  (Énfasis agregado)
[36] En su intervención, refieren que, el 12 de
septiembre de 2019, el señor Anderson Rafael Sequera Figueroa fue atendido en
la unidad de urgencias del Hospital Villa Colombia, debido a que presentó una
complicación. Pero, posteriormente, fue remitido al Hospital Universitario del
Valle, lugar donde tuvo que ser entubado para evitar un paro
cardiorrespiratorio y transferido a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en
donde permaneció hasta el 28 de septiembre de 2019. Manifiestan que allí los
médicos le diagnosticaron una falla renal crónica y le prescribieron para su
tratamiento la realización de un procedimiento denominado “diálisis”, el cual
debe practicarse, día por medio. Así mismo, señalan que, el 6 de octubre de
2019, Anderson sufrió una recaída, por lo que fue remitido nuevamente a la UCI.
Una vez ahí, le es detectada una bacteria en la sangre, razón por la que es
transferido nuevamente a la Unidad de Cuidados Intermedios.
[37] Folio 52 del
cuaderno constitucional.
[38] El representante puede ser, por una parte,
el representante legal (cuando el titular de los derechos sea menor de edad,
incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra, el apoderado
judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser
abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su
defecto el poder general respectivo.
[39] Sentencia T-303 de 2016, con fundamento en
la Sentencia T-531 de 2012.
[40] En Sentencia T-011 de 1993, reiterada en
Sentencia T-406 de 2017, se sostuvo que cuando se hace referencia al concepto
de eficacia, se hace en sentido estricto, “esto es, al hecho de que las
normas determinen la conducta ciudadana por ellas prescrita y, además logren la
realización de sus objetivos, es decir, realicen sus contenidos materiales y su
sentido axiológico”.
[41] En sentencia Sentencia T-406 de 2017, la
Corte explicó que este principio “está dirigido a evitar que por razones de
formalidad procesal se impida la protección efectiva de los derechos
fundamentales”.
[42] En Sentencia T-029 de 1993, reiterada en
Sentencia T-406 de 2017., se reiteró que este principio “impone a los
miembros de la sociedad velar por la defensa no sólo de los derechos
fundamentales propios, sino también por la defensa de los derechos ajenos
cuando sus titulares se encuentran en imposibilidad de promover su defensa”.
[43] Sentencia T-072 de 2019 con fundamento en
las siguientes Sentencias T-452 de 2001, T-197 de 2003, T-652 de 2008 y T-275
de 2009.
[44] Sentencia T-072 de 2019.
[45] Sentencia T-406 de 2017.
[46] Sentencia de tutela T- 266 de 2014.
[47] Sentencia de tutela T- 266 de 2014.
[48] Sentencia de tutela T- 594 de 2016.
[49] Sentencia de tutela T- 043 de 2015.
[50] Sentencia de tutela T- 043 de 2015.
[51] Sentencia
T-406 de 2017.
[52] Sentencia T-303 de 2016, con fundamento en
la sentencia T-995 de 2008.
[53] En Sentencia T-303 de 2016 se sostuvo lo
siguiente: “configurados los elementos normativos anteriormente señalados se
perfecciona la legitimación en la causa por activa y el juez de tutela estará
en la obligación de pronunciarse de fondo sobre los hechos y las
pretensiones relacionadas en el escrito de tutela. Si los mismos no se
presentan en el caso concreto, el juez deberá según el caso rechazar de plano
la acción de tutela o en la sentencia no conceder la tutela de los derechos
fundamentales de los agenciados. No obstante, lo anterior, en virtud del principio
de eficacia de los derechos fundamentales, es deber del juez constitucional
analizar en cada caso concreto la configuración de los elementos atendiendo a
las circunstancias fácticas que lo caracterizan.”
Sin
embargo, lo anterior no es obstáculo para que en algunos eventos excepcionales
el juez constitucional, atendiendo la prevalencia del derecho sustancial, la
finalidad de la acción de tutela, y el acceso a la administración de justicia,
modere las exigencias procesales referentes a la agencia oficiosa, con el
objeto de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas.”.
[54] Folio 1 del cuaderno principal.
[55] Folio 1 del cuaderno principal.
[56] Afirmación hecha por la
accionante en el escrito de tutela y que no fue desvirtuada por ninguna de las
partes −folio 2 del cuaderno
principal−. En este punto, es preciso
indicar que en la historia clínica allegada en sede de revisión se evidencia
que la salud de Anderson Rafael Sequera Figueroa se ha deteriorado.
[57] Afirmación hecha por la accionante en el escrito de
tutela −folio 2 del cuaderno principal−.
[58] En la historia clínica, allegada en sede de revisión,
se registra que el accionante se encuentra en “Tratamiento de Reemplazo del
Riñon” desde septiembre de 2019 hasta la fecha y,
que durante todo este tiempo ha venido en seguimiento por psicología y psiquiatría,
consultas en las que se refiere lo siguiente “se evidencian sentimientos de
temor, tristeza poca aceptación de la enfermedad y sentimientos de
minusvalía asociados a los procedimientos quirúrgicos, a su
desempleo y a los cambios de estilo de vida que el paciente debe adoptar y
sobrellevar en pro de su bienestar, lo que genera un factor estresor y poca
adherencia al tratamiento. Por lo anterior, se realiza intervención por
psicología donde se brinda espacio de escucha activa que permite la expresión
de emociones y sentimientos que surgen alrededor de su situación actual
(…)” (página 1.550), “SE HAN EVIDENCIANDO SINTOMAS DEPRESIVOS Y ANSIOSOS
ASOCIADOS A DIFICUTADES ADAPTATIVAS PARA AFRONTAR ESTAS DIFICUTLADES DE SALUD” (página
3.073). Por otra parte, se observa que el egreso del hospital (3 de
diciembre de 2019), se da “seguro por 1 semana” y “para continuar
hemodiálisis ambulatoriamente en unidad renal asignada con el hospital”
(página 488 y 489). Así mismo, se advierte que el señor Sequera Figueroa fue
nuevamente hospitalizado, entre otras fechas posteriores, el 12 de diciembre de
2019 (página 1.444 a 1453). −CD anexo al cuaderno constitucional−.
[59]Folio 61 del cuaderno principal.
[60] Sentencia SU-116 de 2018.
[61] En Sentencia SU-116 de 2018, la Corte
sostuvo que, si bien, los terceros no tienen la condición de partes “puede
ocurrir que dichos terceros se encuentren vinculados a la situación jurídica de
una de las partes o a la pretensión que se discute, al punto de que a la postre
puedan resultar afectados por el fallo que se pronuncie. (…) En este evento, el
interés del cual son titulares los legitima para participar en el proceso,
con el fin de que se les asegure la protección de sus derechos”. (Subrayado
agregado)
[62] En este evento, corresponde al juez de tutela evaluar y determinar si el proceso
ordinario otorga una protección integral y, en este sentido, “resuelve el
conflicto en toda su dimensión”; para ello, se debe analizar en cada caso
concreto: (i) las características del procedimiento; (ii) las circunstancias
del peticionario y (iii) el derecho fundamental involucrado.
[63] Sentencia T-736 de 2016.
[64] Sentencia T-327 de 2013.
[65] Sentencias
T-721 de 2003, T- 433 de 2006, T- 089 de 2007, T- 213 de 2009 entre otras.
[66]  Sentencias
T- 096 de 2011, T- 069 de 2015, T- 383 de 2016 entre otras.
[67] Sentencia
T-1034 de 2005.
[68] Sentencia
T-644 de 2014.
[69] Con fundamento en la Sentencias T - 919 de
2003, T-1185 de 2005, T- 390 de 2007,
T-680 de 2013 y T-752 de 2012.
[70] Folio 92 del cuaderno constitucional.
[71] Seleccionada mediante
auto del 28 de agosto de 2020 por la Sala de Selección de Tutelas Número Tres
de la Corte Constitucional.
[72] En la acción de tutela objeto de estudio,
la accionante solicita la prestación de los siguientes servicios: (i) inicio
de rehabilitación física, con el objetivo de modalidades del dolor, liberación
de tejidos; (ii) terapia ocupacional para ergonomía e higiene postular; (iii)
hemodiálisis Inter diaria tejidos; (iv) control de líquidos
Administrados y eliminados; (v) control de signos vitales en la noche; (vi)
seguimiento por nefrología, psicología, terapia física y ocupacional.
[73] Decreto 780 del 2016, numeral 5 del
artículo 2.1.3.5.
[74] Artículo 5 de la Resolución 5797 de 2017.
[75] Sentencia T-197 de 2019.
[76] Ibídem.
[77] “Por la cual se decreta el de presupuesto
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1o de enero al 31 de diciembre de 2017”.
[78] El Decreto 866 de 2017 “por el cual se
sustituye el Capítulo 6 del Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del
Decreto 780 de 2016 ~ Único Reglamentario del Sector Salud y
Protección Social en cuanto al giro de recursos para las atenciones
iniciales de urgencia prestadas en el territorio colombiano a los nacionales de
los países fronterizos”, estableció en su artículo 2.9.2.6.2. que “se entiende que las
atenciones iniciales de urgencia comprenden, además, la atención de
urgencias”.
[79] Artículo 43 y 45 de la Ley 715 de 2001 y
artículo 32 de la ley 1438 de 2011.
[80] En Sentencia SU-677 de 2017, la Corte
señaló que “la vida digna implica no sólo librar
al ser humano del hecho mismo de morir, sino de protegerlo de toda
circunstancia que haga su vida insoportable e indeseable y le impida desplegar
las facultades de las cuales ha sido dotado para desarrollarse en sociedad de
forma digna”.
[81] Sentencia T-197 de 2019.
[82] Ibídem.
[83] Numeral 1 del artículo 29.
[84] En concordancia con la Resolución 1272 de
2017 “Por la cual se implementa el Permiso Especial de Permanencia (PEP) creado
mediante Resolución 5797 del 25 de julio de 2017 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y se establece el procedimiento para su expedición
a los nacionales
venezolanos”.
[85] Organismo civil de seguridad adscrito al
Ministerio de Relaciones Exteriores cuyo objetivo es ejercer las funciones de
vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado colombiano -
Decreto Ley 4062 de 2011-.
[86] En este punto, es preciso
aclarar que la legalización de la población migrante en el país no solo se
alcanza a través del Permiso Especial de Permanencia, pues la regularización
inmediata de la situación migratoria puede lograrse a través de la obtención de
un documento de identificación válido, que en el caso de los extranjeros puede
ser legítimamente: (i) la cédula de extranjería. De acuerdo con el
artículo 2.2.1.11.4 del Decreto 1743 de 2015, la cédula de extranjería es el “Documento
de Identificación expedido por Migración Colombia, que se otorga a los
extranjeros titulares de una visa superior a 3 meses y a sus beneficiarios con
base en el registro de extranjeros.”; (ii) el pasaporte. En los
términos del artículo 2.2.1.4.1 del Decreto 1743 de 2015, el pasaporte: “[E]s
el documento que identifica a [una persona] en el exterior.”; (iii)
el carné diplomático. Según lo establecido en el artículo 2.2.1.11.4.7 del
Decreto 1067 de 2015: “Los titulares de Visa Preferencial se identificarán
dentro del territorio nacional con carné diplomático expedido por el Ministerio
de Relaciones Exteriores.” Las visas preferenciales son las siguientes:
diplomática, oficial y de servicio (artículo 2.2.1.12.1.1 del Decreto 1067 de
2015); o (iv) el salvoconducto de permanencia, Conforme lo dispuesto en
el artículo 2.2.1.11.4.9 del Decreto 1067 de 2015, el salvoconducto: “Es el
documento de carácter temporal que expide la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia al extranjero que así lo requiera. Los salvoconductos
serán otorgados en las siguientes circunstancias: SC-1. Salvoconducto para
salir del país” y “SC-2. Salvoconducto para permanecer en el
país.”, según corresponda. Valga precisar que el Ministerio de Relaciones
Exteriores contempla la posibilidad de autorizar el ingreso y permanencia de un
extranjero a Colombia mediante el otorgamiento de visas las cuales pueden ser
de visitantes (V), migrantes (M) o residentes (R) (ver Resolución 6047 de
2017). También tienen la vía de la nacionalización o naturalización para
regularizar su permanencia en Colombia, conforme a lo dispuesto en el artículo
96 constitucional.
[87] En concordancia con la Resolución 0238 de
2020 “Por la cual se implementa un nuevo término para acceder el Permiso
Especial de Permanencia – PEP (sic), establecido mediante Resolución 0240 del
23 de enero de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores.”.
[88] De acuerdo con el artículo 1º de la
Resolución 5797 del 25 de julio de 2017, son requisitos para acceder al Permiso
Especial de Permanencia – PEP-. Los siguientes: (i) encontrarse en el
territorio colombiano el día 28 de julio de 2017, fecha de entrada en
vigor de la resolución; (ii) haber ingresado de manera regular al territorio
nacional por Puesto de Control Migratorio habilitado; (iii) no tener
antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional; y, (iv) no tener una
medida de expulsión o deportación vigente.
[89] “ARTÍCULO 140. El Gobierno nacional en
atención a la emergencia social que se viene presentando en la frontera con
Venezuela, diseñará una política integral de atención humanitaria y asignará
los recursos en la vigencia fiscal a través de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.”.
[90] Artículo 1 del Decreto 0542 de 2018.
[91] Resolución 5797 del 25 de julio de
2017.
[92] Sentencia T-197 de 2019 (subrayado
agregado).
[93] Sentencia T-210 de 2018. La Corte
Constitucional sostuvo que la ‘atención de urgencias’ puede llegar a incluir el
tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer, cuando el mismo sea
solicitado por el médico tratante como urgente y, por lo tanto, sea
indispensable y no pueda ser retrasado razonablemente sin poner en riesgo la
vida.
[94] Sentencia T-197 de 2019.
[95] Ver CD anexo al cuaderno constitucional.
[96] Páginas 488 y 489 de la historia clínica
prevista en el CD anexo al cuaderno constitucional.
[97] En la
historia clínica se evidencia que después del egreso del Hospital Universitario
del Valle “Evaristo García” E.S.E., (3 de diciembre de 2019), al accionante le
siguieron realizando la diálisis, tres (3) veces por semana, modalidad
ambulatoria (página 492). De esta manera, se encuentra probado que la misma le
fue realizada en las siguientes fechas: (i) en diciembre del año 2019,
los siguientes días: 4,6,9,11, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 31; (ii) en
enero de 2020, los días 3, 8, 9,10, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 29, 31; (iii)
en febrero de 2020, los días 1,3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 26, 28; (iv)
en marzo de 2020, los días 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 30; (v)
en abril de 2020, los días 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 29; (vi)
en mayo de 2020, los días 1, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27,
29, 30, (vii) en junio de 2020, los días 1, 3, 26, 30; (viii) en
julio los días 2, 4,17, 20, 21, 23, 27, 29, 31; (ix) en agosto de 2020,
los días 3, 5, 8, 11, 12 y, (x) en septiembre de 2020, el 3. Es de
precisar, que la práctica de este procedimiento ha variado debido a su estado
de salud, entre otras razones, porque en diferentes ocasiones estuvo
hospitalizado e ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos y el paciente se
negó a la práctica del mismo (ocasiones en las cuales firmó desistimiento del
procedimiento) −CD anexo al cuaderno constitucional−.
[98] De acuerdo con la historia clínica del
señor Anderson Rafael Sequera Figueroa, se constata que el accionante está
siendo atendido en el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E., en la modalidad de “seguimiento ambulatorio”, siendo su último registro
el 6 de octubre de 2020, en consulta “médica- Tratante - DOLOR Y CUIDADOS
PALIATIVOS”. −CD anexo al cuaderno constitucional−.
[99] Esto es: (i) el inicio de
rehabilitación física, con el objetivo de modalidades del dolor, liberación de
tejidos; (ii) terapia ocupacional para ergonomía e higiene postular; (iii)
hemodiálisis Inter diaria tejidos; (iv) control de líquidos
Administrados y eliminados; (v) control de signos vitales en la noche; (vi)
seguimiento por nefrología, psicología, terapia física y ocupacional.
[100] En la epicrisis allegada por la accionante
junto con el escrito de tutela (correspondiente a la página 481 de la toda la
historia clínica) se encuentra que los servicios médicos solicitados hacen
parte de la atención médica recibida por el señor Anderson Rafael Sequera el 1
de diciembre de 2019, esto es, dos días antes de ser dado de alta.
[101] Página 1.444
de la historia clínica allegada en sede de revisión−CD anexo al cuaderno
constitucional−.
[102] Este servicio médico se suministró los
días 4, 6 ,9, 11 de diciembre de 2019 (páginas 1.439 a 1.443). se precisa que
el 12 de diciembre de 2019, el accionante es nuevamente hospitalizado en la
entidad accionada, lugar donde le continuaron prestando los servicios médicos
requeridos y ordenados por los médicos tratantes.  −CD anexo al cuaderno
constitucional−.
[103] Folio 61 del cuaderno principal.
[104] Sentencia T-303 de 2016.
[105] Sentencia T-398 de 2019.