T-007-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-007/13
ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia excepcional
INDEXACION-Concepto/INDEXACION-Desarrollo legislativo
La indexación se constituye
en uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en
el campo de las obligaciones
dinerarias, es decir, de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de
una cantidad de moneda determinada -entre las que se cuentan por supuesto, las
obligaciones laborales. Lo anterior, en la medida en que la inflación produce
una pérdida de la capacidad adquisitiva de la moneda. Tal actualización se
lleva a cabo mediante distintos mecanismos, los cuales permiten la revisión y
corrección periódica de las prestaciones debidas, uno de los cuales es la
indexación. La indexación ha sido definida como un “sistema que consiste en la
adecuación automática de las magnitudes monetarias a las variaciones del nivel
de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de éstos, para lo
cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí, suelen
ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios
mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos
alimenticios de primera necesidad, etc.”.
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Regulación antes de la
Constitución de 1991
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Jurisprudencia Sala
de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia
Desde el año
1982, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia elaboró y reiteró su
posición respecto a la procedencia de la indexación de la primera mesada
pensional como un derecho de los trabajadores basado en la justicia, en la equidad y en los
principios del derecho laboral. En este sentido, sólo hasta el año de 1999 se
produce un cambio de jurisprudencia, y por tanto, aunque, como se desarrollará
más adelante, la Constitución de 1991 eleva a rango constitucional el derecho a
la indexación de la mesada pensional, antes de la expedición de la Carta, la
jurisprudencia ya la había reconocido.
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
A partir de una
interpretación sistemática de los preceptos previstos tanto en el preámbulo de la
Constitución Política, como en sus artículos 1°, 25, 48 y 53, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional se ha pronunciado, sobre el carácter constitucional
del derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una de
cuyas manifestaciones más importantes es el derecho a obtener su actualización.
Así, puede señalarse que a partir de la Constitución de 1991, la garantía del
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones adquiere rango
constitucional, contenido especialmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.
En el primero de ellos, el Constituyente establece una obligación perentoria al
legislador al consagrar que “La ley definirá los medios para que los recurso
destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”. Por su parte,
el artículo 53 establece que  “[e]l Estado garantiza el derecho al pago
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”. La Corporación ha
considerado, además,  que esta garantía se encuentra vinculada con el principio
in dubio pro operario, los postulados del Estado Social de Derecho, la
protección a las personas de la tercera edad, el derecho a la igualdad y al
mínimo vital.
LINEA JURISPRUDENCIAL SOBRE
INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
La jurisprudencia
constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo para garantizar
la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada
pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el
trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la pensión. Dicha
garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside fundamentalmente en los artículos
48 y 53 de la Carta.
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Se aplica a
pensiones causadas en cualquier tiempo, incluso, antes de la vigencia de la
Constitución de 1991
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES PARA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL-Procedencia por configuración de defecto sustantivo,
indebida aplicación normativa y omisión en la aplicación directa de la
Constitución
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Se ordena calcular
su monto acorde a la fórmula adoptada en la sentencia T-098 de 2005
INDEXACION DE LA PRIMERA
MESADA PENSIONAL-Contabilización del
término de prescripción según sentencia SU.1073/12
Referencia: expedientes T- 3.496.735
y T-3.578.059
Acciones de tutela instauradas
por Guillermo Giraldo Jiménez y Helmuth Rafael Hilb Ramírez contra la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y otros.
Derechos fundamentales
invocados: igualdad, debido proceso, defensa, trabajo, seguridad social y al
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., dieciocho (18)
de enero de dos mil trece (2013)
La Sala Séptima de Revisión
de Tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien la
preside-, Alexei Egor Julio Estrada y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en
los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha proferido
la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de las decisiones adoptadas (i)
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,
el 29 de marzo de 2012, que revocó la sentencia de primera instancia y negó el
amparo, en el proceso de tutela suscitado por el señor Guillermo Giraldo Jiménez
contra la Sala de Casación Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral
del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Descongestión de Bogotá y, (ii)
por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, el 24 de mayo de 2012,
que declaró la nulidad de la actuación desde que se avocó la tutela y determinó
no admitir a trámite la solicitud presentada por el señor Helmuth Rafael Hilb
Ramírez contra la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de
Bogotá.
Conforme a lo consagrado en los
artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala
de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su
revisión, los asuntos de referencia y decidió acumularlos entre sí por
presentar unidad de materia, para ser fallados en una misma sentencia.
De acuerdo con el artículo 34
del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia
correspondiente.
1.
ANTECEDENTES
1.1.
EXPEDIENTE T-3.496.735
1.1.1.  SOLICITUD
El señor Guillermo
Giraldo Jiménez, actuando por medio de apoderado judicial, solicita el
amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la
defensa, al trabajo, a la seguridad social y al mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones. En consecuencia pide al juez de tutela dejar sin
efectos la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, el 8 de junio de 2011, por considerar que la misma
incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo y, en consecuencia, ordenar
la actualización de su pensión de jubilación, de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el Dane.
1.1.2.  HECHOS
1.1.2.1.
Afirma que laboró: (i) para
el Banco Popular, del 5 de enero de 1954 al 15 de diciembre de 1955 y, del 14
de junio de 1956 al 19 de marzo de 1958, y (ii) para el Banco Cafetero S.A. del
3 de junio de 1959 hasta el 16 de junio de 1986.
1.1.2.2.
Indica que, mediante Resolución
482 de 1989, el Banco Cafetero le reconoció una pensión de jubilación, en
cuantía de $102.429,47, como consecuencia de que no actualizó la base salarial
entre la fecha de retiro y la fecha de cumplimiento de los requisitos para la
pensión.
1.1.2.3.
Señala que para obtener la
indexación de la primera mesada pensional, instauró demanda ordinaria laboral
contra el Banco Cafetero, la cual fue estudiada y decidida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Descongestión de Bogotá, despacho que mediante sentencia proferida el 31
de marzo de 2009, absolvió al Banco Cafetero y al Banco Popular de todas las
pretensiones de la demanda.
1.1.2.4.
Apelada la decisión, la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia
del 10 de julio de 2009, confirmó el fallo de primera instancia.
1.1.2.5.
Sostiene que ante tal
decisión, presentó recurso extraordinario de casación, el cual fue decidido por
la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 8 de
junio de 2011, en la que se resolvió no casar el fallo del Tribunal
argumentando que el tema de la procedencia de la indexación de pensiones
causadas con anterioridad a la Constitución Política de 1991 ha sido discutido por dicha Sala, la cual ha señalado que no hay lugar a reconocer la indexación
del ingreso base de liquidación de las pensiones causadas antes de la
expedición de la Carta.
1.1.2.6.
El accionante considera que la
Corte Suprema de Justicia incurrió en una causal de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial por desconocimiento del precedente de la
Corte Constitucional, al decidir desfavorablemente el recurso de casación, pues
ignoró que, conforme a reiteradas decisiones de esta Corporación, a su
representado le asiste el derecho a que le sea reconocida la indexación de su
primera mesada pensional.
1.1.3.  TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Inicialmente la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoció de la acción de tutela
interpuesta por el señor Guillermo Giraldo Gómez contra las providencias
proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En sentencia del 9 de agosto de
2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo,
por considerar que la tutela no procede contra las decisiones demandadas, pues
no se cumple con las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones
judiciales dado que las mismas fueron proferidas en el decurso de un procedimiento
laboral, con plenas garantías para las partes y obedeciendo a la normatividad
vigente.
Una vez impugnada esta
decisión, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 15
de septiembre de 2011, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado y negar
el trámite de tutela.
Así las
cosas, el accionante presentó nuevamente acción de tutela ante la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
El 22 de febrero de 2012 el juez de primera instancia decidió (i)
tutelar los derechos fundamentales del accionante, (ii) dejar sin efecto
la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así
como la decisión proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Descongestión, (iii) ordenar al Juzgado Quinto Laboral del Circuito
dictar una nueva sentencia en la que reconociera la indexación de la primera
mesada pensional al accionante y, (iv) ordenar al Banco Cafetero y al
Banco Popular, dar cumplimiento a la determinación que profiera el juzgado
mencionado.
Tal decisión fue impugnada por
los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y por
Fiduagraria S.A.
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo de primera
instancia y negó la tutela.
1.1.3.1.
Contestación de Fiduagraria S.A.
El representante de la entidad
señaló que en este caso no se cumple con los requisitos –ni generales ni
específicos- para que proceda de la tutela contra decisiones judiciales, dado
que éstas se profirieron como consecuencia del examen de elementos fácticos y
jurídicos, en observancia de la normatividad aplicable.
1.1.3.2.
Contestación del Banco
Popular
La asistente de asuntos
laborales de la entidad solicitó el rechazo de la acción de tutela de la
referencia, por considerar que este mecanismo no fue concebido como una
instancia adicional o paralela a los establecidos legalmente, o como un
instrumento para lograr que se revivan procesos concluidos con el fin de
corregir los errores en los que se incurrió en su trámite. Señaló que en este
caso ha operado el fenómeno de cosa juzgada y, en consecuencia, el juez
constitucional no tiene la facultad de modificar o alterar las decisiones
demandadas.
1.1.3.3.
Contestación de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia
Respondió la Sala que la
función del juez disciplinario no es unificar jurisprudencia, ya que esa función
se cumple mediante el recurso extraordinario de casación. En este orden de
ideas, el conocimiento de dicho recurso […]  es atribución exclusiva de la
Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, ningún otro órgano ni corporación de
justicia puede “actuar como tribunal de casación”, ni producir decisiones en
este campo.
Además aclaró que, conforme al
Decreto 1382 de 2002, el conocimiento de las acciones de tutela dirigidas en
contra de la Corte Suprema de Justicia, le corresponde a la misma. En este
orden de ideas, la  Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá no tiene competencia para asumir su conocimiento.
1.1.4.  DECISIONES JUDICIALES
1.1.4.1.  Decisión de primera instancia
La Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en sentencia
del 22 de febrero de 2012, concedió el amparo. Adujo el juez de instancia que
es flagrante la vulneración de las garantías fundamentales del accionante, pues
la decisión controvertida desconoce el precedente constitucional que determina
el alcance de los derechos invocados.
Estimó la Sala que toda
decisión judicial referente al tema de la indexación de la primera mesada
pensional está regida por una serie de reglas que han sido establecidas por la
Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Carta Política. Las reglas
mencionadas son: (i) en la actualidad, ninguna norma permite la
congelación del salario para el reconocimiento de la pensión; (ii) en
los asuntos relacionados con el derecho al trabajo no contemplados
específicamente por el ordenamiento jurídico, rige el principio pro operario; (iii)
ante el vacío normativo que existe sobre la forma de liquidar el ingreso
base para el reconocimiento de la pensión de vejez respecto de quienes no han
percibido asignación del empleador ni cotizado al seguro social en el lapso
comprendido entre el cumplimiento de los veinte años de servicio y la edad
requerida para acceder a la prestación, conforme al artículo 53 de la
Constitución, se debe optar por la indexación del promedio de los salarios
devengados en el último año de servicios, o por el mantenimiento del poder
adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el afiliado cotizó
durante los diez años anteriores al reconocimiento; (iv) el principio de
equidad es un criterio auxiliar de la actividad judicial y conforme a tal
principio se impone el reconocimiento de la indexación; (v) conforme al
principio de igualdad la Corte Suprema de Justicia debe reconocer el derecho a
la indexación, tal como lo ha hecho en otras ocasiones en las que ha acogido
las pretensiones de pensionados dirigidas al reconocimiento de este derecho; y (vi)
la Corte Constitucional ha reconocido que la indexación es un derecho
universal, en consecuencia no existe sustento para excluir a los pensionados
cuyos derechos fueron reconocidos antes de la entrada en vigencia de la Carta
de 1991.
Por lo
tanto, la Sala sostuvo que se está ante una vía de hecho por desconocimiento
del precedente, tuteló los derechos fundamentales del accionante, y dejó sin
efecto la sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, así como la decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, ordenó al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá
proferir una nueva sentencia en la que se reconozca la indexación de la primera
mesada del accionante y ordenó al Banco Cafetero, o a quien haga sus veces, y
al Banco Popular, cumplir la decisión que profiera el juzgado mencionado.
1.1.4.2.      Impugnación
Los Magistrados de la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia afirmaron que la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no tiene
competencia para conocer de la presente acción de tutela, pues corresponde a la
Corte Suprema de Justicia conocer de las tutelas que contra una de sus salas se
presenta. Además, aseguraron que en virtud del principio de autonomía judicial,
cada jurisdicción es independiente y la decisión de primera instancia atentó
contra este principio.
Fiduagraria S.A. impugnó la
decisión y sostuvo que la decisión del a quo interpretó el derecho a la
igualdad sin tener en cuenta la variación de la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia frente al tema de la indexación de la primera mesada
pensional.
También el Banco Popular
impugnó el fallo y expuso los mismos argumentos contenidos en la contestación
que dio a la tutela.
1.1.4.3.      Decisión de segunda instancia
Impugnada la decisión, el
Consejo Superior de la Judicatura revocó el fallo y negó el amparo mediante
providencia del 29 de marzo de 2012. Argumentó que, si bien es cierto que el
accionante cumple con los presupuestos para que proceda la tutela, la sentencia
de casación cuestionada no evidencia arbitrariedad o contrariedad con el
derecho invocado.
En este
orden de ideas, no se está ante una vía de hecho, pues las sentencias
proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia no presentan arbitrariedad o
contrariedad con la jurisprudencia que ha trazado la Corte Suprema de
Justicia.
Por ende, la
Sala decidió revocar el fallo de primera instancia y negar la protección a los
derechos fundamentales invocados por el accionante.
1.1.5.  PRUEBAS
1.1.5.1.  Fotocopia de la Resolución No. 482 de 1989 mediante la
cual se reconoció la pensión de jubilación al accionante.[1]
1.1.5.2.  Fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado
Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá el 31 de marzo de 2009,
mediante la cual se negó la indexación de la primera mesada pensional al
accionante.[2]
1.1.5.3.  Fotocopia de la sentencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 10 de julio de
2009, que confirmó la sentencia de primera instancia dentro del proceso
ordinario laboral.[3]
1.1.5.4.  Fotocopia de la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 8 de junio de 2011.[4]
1.2.
EXPEDIENTE T-3.578.059
1.2.1.  SOLICITUD
El señor Helmuth
Rafael Hilb Ramírez, por medio de apoderado judicial, promueve acción de
tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social y al mínimo vital. En consecuencia pide al juez
de tutela dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 6 de diciembre de 2011, por
considerar que la misma incurrió en una vía de hecho por desconocimiento del
precedente y, en consecuencia, ordenar la actualización de su pensión de
jubilación, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor,
IPC, certificado por el Dane.
1.2.2.  HECHOS
1.2.2.1.
Manifiesta el apoderado en el
escrito de tutela, que el señor Hilb Ramírez fue despedido de la empresa
AVIANCA S.A., el 31 de octubre de 1990, devengando un salario equivalente a
11.2 salarios mínimos de la época.
1.2.2.2.
Afirma que, por considerar
que su despido fue injusto, inició un proceso ordinario laboral, que culminó
con sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proferida el
28 de noviembre de 2001, en la que se acogieron las pretensiones del
demandante, se condenó a la demandada a pagar indemnización por despido sin
justa causa y una pensión sanción de jubilación a partir del 31 de marzo de
2005, por valor equivalente a 6.7 salarios mínimos legales de la época.
1.2.2.3.
Relata que, al momento de
cumplir los requisitos señalados en la sentencia, el señor Hilb Ramírez
solicitó a AVIANCA S.A., el reconocimiento de su pensión de jubilación, y
mediante comunicación del 10 de julio de 2006, la empresa reconoció y liquidó
la pensión en cuantía de 1 salario mínimo legal vigente para ese año.
1.2.2.4.
Sostiene que, como la pensión
se causó a partir del 31 de marzo de 2005 y su ingreso base de liquidación fue
equivalente a 6.7 salarios mínimos, tenía derecho a que se actualizara este
valor desde el año de su desvinculación, hasta el año 2005.
1.2.2.5.
Asevera que presentó
reclamación extraprocesal a AVIANCA S.A., la cual fue respondida negativamente
el 26 de junio de 2007.
1.2.2.6.
Expone que, luego de la
respuesta negativa dada por AVIANCA S.A., Helmuth Rafael Hilb Ramírez acudió
ante el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, despacho judicial que,
mediante sentencia del 4 de julio de 2008, condenó a la demandada a indexar la
primera mesada pensional y a reliquidar la pensión a partir del 31 de marzo de
2005.
1.2.2.7.
La demandada apeló la
anterior decisión y el 31 de agosto de 2010 la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión. Consideró que como
la pensión del actor se causó el 30 de octubre de 1990, esto es, antes de la
entrada en vigencia de la Constitución de 1991, conforme a la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, la indexación de la primera mesada pensional no
es procedente.
1.2.2.8.
Agrega que, en sentencia del 6
de diciembre de 2011, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia no casó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, por compartir los mismos argumentos esgrimidos por el
Tribunal.
1.2.2.9.
En criterio del accionante,
la decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró su
derecho universal a la indexación de la primera mesada pensional, al desconocer
el precedente de la Corte Constitucional al respecto.
1.2.3.  TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Recibida la
solicitud de tutela, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
mediante auto del 19 de abril de 2012, avocó el conocimiento y ordenó vincular
a la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá y al Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá.
1.2.3.1.      Contestación de AVIANCA S.A.
El representante de la sociedad
dio respuesta a la demanda de tutela señalando que no existe vulneración alguna
a los derechos invocados por el actor, dado que la pensión sanción de la cual
es titular fue causada a la fecha de su despido, esto es, en octubre de 1990,
de manera que la norma aplicable a su caso es el artículo 8 de la ley 171 de
1961, y no la Constitución Política de 1991, ni la Ley 100 de 1993, que son las
que consagran el derecho a la indexación.
En consecuencia, consideró que,
en razón del principio de irretroactividad de la ley, la indexación no puede
ser aplicada a las pensiones causadas con anterioridad a la entrada en vigencia
de las referidas normas y por tanto, la sentencia que se debate no se presenta
alguna causal de procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
1.2.4.  DECISIONES JUDICIALES
1.2.4.1.  Decisión de primera instancia
La Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoció de la acción de tutela
interpuesta por el señor Helmuth Rafael Hilb Ramírez contra las providencias
proferidas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
En sentencia del 3
de mayo de 2012, la Sala negó el amparo, por considerar que la tutela no
procede contra las decisiones demandadas, pues no se configura una vía de
hecho, debido a que no se cumple con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior en razón a que
no se evidencia una actuación arbitraria o caprichosa que vulnere las garantías
constitucionales invocadas por el demandante.
1.2.4.2.      Impugnación
El accionante
impugnó la decisión, expuso los mismos argumentos que presentó en el escrito de
tutela y agregó que sus pretensiones no corresponden a un privilegio laboral,
sino a un derecho fundamental.
1.2.4.3.      Nulidad de lo actuado y rechazo de la tutela
Impugnada la
decisión, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió el auto del 24
de mayo de 2012, mediante el cual decidió declarar la nulidad de todo lo
actuado y negar el trámite de tutela, por considerar que este mecanismo no
procede contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano
de cierre de la jurisdicción ordinaria.
El expediente
arribó a la Corte Constitucional el 12 de julio de 2012, por remisión efectuada
por el accionante, en concordancia con el Auto 100 proferido por esta
Corporación el 16 de abril de 2008.
1.2.5.  PRUEBAS
1.2.5.1.  Fotocopia de la sentencia proferida por el Juzgado 18
Laboral de del Circuito de Bogotá el 4 de julio de 2008, mediante la cual
condenó a la demandada a indexar la primera mesada pensional y a reliquidar la
pensión a partir del 31 de marzo de 2005.[5]
1.2.5.2.  Fotocopia de la sentencia proferida por la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de agosto
de 2010, que revocó la decisión de primera instancia dentro del proceso
ordinario laboral.[6]
1.2.5.3.  Fotocopia de la sentencia proferida por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 6 de diciembre de 2011.[7]
2.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
2.1.
COMPETENCIA
La Sala Plena de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
2.2.
CUESTIONES PREVIAS
2.2.1.  Competencia del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, en el conocimiento de la acción de
tutela revisada
En razón a que en
el expediente T-3.496.735, la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia alegó la incompetencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá para conocer de las acciones de tutela presentadas
contra sus decisiones, esta Corporación debe reiterar la posición de la Corte
Constitucional, trazada en el Auto 004 de 2004 y en el Auto 100 de
2008.
En aquellas
decisiones la Corte Constitucional estableció que, cuando la Corte Suprema de
Justicia se niega a tramitar y remitir a esta Corporación los fallos
relacionados con las solicitudes de amparo presentadas contra sus propias
decisiones, los accionantes, de conformidad con lo establecido en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, pueden acudir ante  cualquier juez, bien sea
unipersonal o colegiado, incluyendo una corporación de igual jerarquía a la
Corte Suprema de Justicia, para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por la actuación de una de las Salas de
Casación, tal y como aconteció en los casos aquí estudiados.
Con fundamento en
lo anterior, para esta Corporación, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, sí tiene competencia para
conocer, en primera instancia, de la acción de tutela interpuesta por Guillermo
Giraldo Jiménez.
2.2.2.  Competencia de la Corte Constitucional para conocer
del auto proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró
la nulidad de lo actuado y rechazó la tutela
En lo que
tiene que ver con el expediente T-3.578.059, la Sala debe reiterar la posición
trazada por la Corte Constitucional en el Auto 100 de 2008. Conforme a dicha decisión, cuando se presente una situación
en la que la Corte Suprema de Justicia no admita dar trámite a una acción de
tutela contra una de sus providencias, el tutelante tiene la opción de solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional,
que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de
Justicia, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas
correspondientes al proceso de selección.
En
consecuencia, esta Corporación es competente para revisar el auto mediante el
cual la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo
lo actuado y rechazó la acción de tutela instaurada por el señor Helmuth Rafael
Hilb Ramírez, contra la Sala de Casación Laboral de esa corporación.
2.3.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
2.3.1.  PROBLEMA JURÍDICO
En atención a lo expuesto, la
Corte debe determinar si las entidades demandadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por los peticionarios, al negarse a reconocer la
indexación de la primera mesada pensional, argumentando que el derecho
reclamado se causó con antelación a la entrada en vigencia de la Constitución
de 1991.
A fin de resolver el asunto, la
Sala entrará a estudiar los siguientes temas: primero, la jurisprudencia
constitucional en torno a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; segundo, el derecho constitucional a mantener
el poder adquisitivo de las pensiones y el denominado derecho a la indexación
de la primera mesada pensional; tercero, la exigibilidad del derecho
a situaciones consolidadas antes de entrada en vigencia la Constitución
Política de 1991; y cuarto, la aplicación de esos puntos al caso
concreto.
2.3.2.  PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES
Atendiendo los parámetros
establecidos en los artículos 86 de la Constitución Política, 2° del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos[8],
esta Corte ha decantado progresivamente pautas respecto a las condiciones
excepcionales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Según lo ha expresado esta
Corporación, la tutela contra decisiones judiciales, es de alcance excepcional
y restringido[9]
y se predica sólo de aquellos eventos en los que pueda considerarse que una
actuación del juzgador, es manifiestamente contraria al orden jurídico o al
precedente judicial aplicable, y violatoria de derechos fundamentales, en
especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Afirmación que encuentra un claro fundamento en la implementación por
parte del Constituyente del 91 de un nuevo sistema de justicia constitucional
basado, concretamente, (i) en el carácter normativo y supremo
de la Carta Política que vincula a todos los poderes públicos; (ii) en
el reconocimiento de la efectividad y primacía de los derechos fundamentales; (iii)
en la existencia de la Corte Constitucional a quien se le atribuye la
interpretación de la Constitución y la protección de los derechos
fundamentales; (iv) y en la posibilidad reconocida a toda persona para
promover acción de tutela contra cualquier autoridad pública en defensa de sus
derechos fundamentales.[10]
La Sala Plena de la Corte en la
sentencia C-590 de 2005[11],
expuso el precedente vigente sobre la materia, en ella se distingue entre
requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias. Los primeros tienen que ver con las condiciones fácticas y de
procedimiento, que buscan hacer compatible el amparo con la eficacia de valores
de estirpe constitucional y legal, relacionados con la seguridad jurídica, los
efectos de la cosa juzgada, la independencia y autonomía del juez, al igual que
la distribución jerárquica de competencias al interior de la rama
jurisdiccional. Los segundos, se refieren a la descripción de los defectos
en que puede incurrir una decisión judicial y que la hacen incompatible con la
Constitución.
Los requisitos generales y
específicos de la acción de tutela contra sentencias, según lo expuso la
sentencia C-590 de 2005[12],
son los siguientes:
Que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Para la Corte, el juez
constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar
con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
Que se hayan agotado todos
los medios  -ordinarios y extraordinarios-,  de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, esto es, de
asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento
de las funciones de esta última.
Que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, comportaría sacrificar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. No obstante, si la irregularidad comporta
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio
correspondiente.
Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el
proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
Que no se trate de
sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la Sala respectiva, se tornan
definitivas.
Los requisitos específicos
aluden a la concurrencia de defectos en el fallo atacado que, en virtud de su
gravedad, hacen que el mismo sea incompatible con los preceptos
constitucionales. Estos defectos son los siguientes:
Defecto procedimental
absoluto, falencia que se origina cuando el juez actuó completamente al margen
del procedimiento establecido. Igual que en el caso anterior, la concurrencia
del defecto fáctico tiene naturaleza cualificada, pues se exige que se esté
ante un trámite judicial que se haya surtido bajo la plena inobservancia de las
reglas de procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión
adoptada responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario
judicial y, en consecuencia, desconoce el derecho fundamental al debido
proceso.[13]
Defecto fáctico, que surge
cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión.  Al respecto, debe
recalcarse que este es uno de los supuestos más exigentes para su comprobación
como causal de procedencia de la acción de tutela contra sentencias. Ello
debido a que la valoración de las pruebas en el proceso es uno de los campos en
que se expresa, en mayor medida, el ejercicio de la autonomía e independencia
judicial. El ejercicio epistemológico que precede al fallo es una tarea
que involucra, no solo la consideración acerca de las consecuencias jurídicas
que, en materia probatoria, impone el ordenamiento jurídico positivo, sino
también la valoración que de los hechos del caso realice el funcionario
judicial, a partir de su propia experiencia y de su conocimiento sobre el área
del derecho correspondiente, tópicos que suelen reunirse bajo el concepto de sana
crítica.
Defecto material o
sustantivo, que se presenta cuando se decide con base en normas inexistentes,
inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto. Esta misma
falencia concurre cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión. Así, el defecto material o sustantivo apela a la
necesidad de que la sentencia judicial tenga un soporte racional argumentativo
mínimo, esto es, que (i) se soporte en las normas constitucionales y legales
que resulten aplicables; (ii) acredite consonancia entre la motivación, que da
cuenta del reconocimiento de esos preceptos de derecho positivo y su contraste
con el material probatorio legal y debidamente recaudado durante el trámite, y
la decisión que adopta el juez del conocimiento.[14]
Error inducido,
tradicionalmente denominado como “vía de hecho por consecuencia”  que se
presenta cuando el Juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.[15]
Sentencia sin motivación,
que implica el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar
cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita
funcional.  Este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico, en
cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la
sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que
sustenten lo decidido.  Es evidente que una exigencia de racionalidad
mínima de toda actuación judicial es que exprese los argumentos que hacen
inferir la decisión correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no
puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso.
Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance.En estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.[16]
Violación directa de la
Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe
insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares.  Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
El estudio jurisprudencial
permite advertir que el asunto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias judiciales se muestra complejo, puesto que la adecuada protección
de los principios y valores constitucionales implica un ejercicio de ponderación
entre la eficacia de la mencionada acción -presupuesto del Estado Social y
Democrático de Derecho-, y la vigencia de la autonomía e independencia
judicial, el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica.[17]
En resumen, como ha sido
señalado en reciente jurisprudencia la acción de tutela contra sentencias
judiciales es un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar aquellas
situaciones en que la decisión del juez incurre en graves falencias, de
relevancia constitucional, las cuales tornan la decisión incompatible con la
Constitución. En este sentido, la acción de tutela contra decisión judicial es
concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del
fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho legislado, que dieron origen a la controversia.[18]
2.3.3.  LA INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL
2.3.3.1.      El concepto de indexación y su desarrollo legislativo
La indexación se constituye en
uno de los instrumentos para hacer frente a los efectos de la inflación en el campo de las obligaciones dinerarias[19], es decir,
de aquellas que deben satisfacerse mediante el pago de una cantidad de moneda
determinada -entre las que se cuentan por supuesto, las obligaciones laborales.
Lo anterior, en la medida en que la inflación produce una pérdida de la
capacidad adquisitiva de la moneda. Tal actualización se lleva a cabo mediante
distintos mecanismos, los cuales permiten la revisión y corrección periódica de
las prestaciones debidas, uno de los cuales es la indexación.
La indexación ha sido definida
como un “sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes
monetarias a las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener
constante, el valor real de éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros
que solos o combinados entre sí, suelen ser: el aumento del costo de la vida,
el nivel de aumento de precios mayoristas, los salarios de los trabajadores,
los precios de productos alimenticios de primera necesidad, etc.”[20].
2.3.3.2.      El concepto de indexación, indización o corrección
monetaria fue por primera vez establecido por los Decretos 677, 678 y 1229 de
1972, con el fin de incentivar el ahorro privado hacia la construcción. De la
misma manera, el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, Decreto
2282 de 1984, señalaba que las condenas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sólo podrían ajustarse tomando como base el índice
de precios al consumidor, o el inciso final del artículo 308 del C.P.C.
(modificado por el Decreto 2282 de 1989), el cual indicaba que la actualización
de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario se haría en el
proceso ejecutivo correspondiente. De la misma manera, la Ley 14 de 1984
introdujo el reajuste periódico de los pagos tributarios al Estado y la Ley 56
de 1985 de los cánones de arrendamiento.[21]
En el derecho laboral la
pérdida del valor adquisitivo del dinero adquiere una especial
importancia, en razón a que del trabajo depende la subsistencia y la
realización de un proyecto de vida. Desde el año 1970, el legislador ha
expedido disposiciones encaminadas a hacer frente a los problemas inflacionarios
frente a los ingresos de los asalariados.
2.3.3.3.      En lo que tiene que ver con las pensiones, inicialmente el Código Sustantivo del Trabajo preveía
en su artículo 261 una congelación del salario base para el cómputo de la
pensión de jubilación y consagraba que una vez adquiridos los requisitos para
acceder a la prestación, no se tenían en cuenta las modificaciones del salario
durante el periodo posterior. Esta disposición fue derogada por la Ley 171 de
1961.
Posteriormente, las leyes 10 de
1972, 4ª de 1976 y 71 de 1988, establecieron que las pensiones serían
reajustadas, cada año, de acuerdo al aumento en el salario mínimo. Igualmente,
algunos regímenes especiales como el de los congresistas, consagraron mecanismos
para asegurar el poder adquisitivo de la prestación. Así, el artículo 17 de la
Ley 4ª de 1992, dispuso que éstas se aumentaran en el mismo porcentaje que se
reajusta el salario mínimo.
2.3.3.4.  La Ley 100 de 1993 consagra expresamente
el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.
En primer lugar, la
pensión de jubilación prevista en el Código Sustantivo del Trabajo, fue
sustituida por la pensión de vejez introducida
por la Ley 100 de 1993. Esta normatividad, en su artículo 21, prevé la
actualización del ingreso base para la liquidación de las pensiones no sólo de
vejez sino también la de invalidez y sobreviviente,  “con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE”.
Así mismo, el artículo 36
contempla que los beneficiarios del régimen de transición tendrán derecho a que
se les liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al
momento en que cumplieron tales requisitos, dentro de las cuales se incluye la
indexación del salario base para la liquidación de la pensión. En relación con
la pensión sanción el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 consagra que “La cuantía de la pensión será directamente
proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido
al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión
de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará
con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios,
actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor
certificada por el DANE”.[22]
2.3.4.  La indexación de la primera mesada pensional y su
regulación antes de la Constitución de 1991
Del recuento anterior se
observa que el legislador ha previsto la manera de actualizar la mesada de
quien ha adquirido el derecho a la pensión al momento de encontrarse laborando.
Sin embargo, el problema de la indexación de la primera mesada pensional surge
en razón de la inexistencia de una norma que establezca con precisión la base para
liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del
servicio sin cumplir la edad requerida, pero cuyo reconocimiento pensional es
hecho en forma posterior.
En efecto, el artículo 260 del
Código Sustantivo del Trabajo establecía la posibilidad del retiro del servicio
a los 20 años, a condición que con el cumplimiento de la edad requerida se
reconocería el derecho pensional. Señalaba la disposición:
“El
trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad
expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya
cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio.”
Sin embargo, como se observa,
la norma no solucionaba el problema de la diferencia salarial, causada por la
inflación, entre el cumplimiento de los 20 años de servicio y el reconocimiento
de la pensión por el cumplimiento de la edad. Esta ausencia de previsión de una
fórmula de indexación ha originado numerosos problemas interpretativos que han
sido resueltos en sede judicial.
2.3.4.1.      La Sección Primera de la Corte Suprema de Justicia,
desde 1982 hasta el 18 de abril de 1999, acogió la fórmula de la indexación de
la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder adquisitivo
de estas pensiones ante el fenómeno de la inflación. En estos términos, en la
decisión del 8 de agosto de 1982, la Sección Primera de la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia consideró:
“ii) La indexación laboral
El derecho laboral es
sin duda alguna uno de los campos jurídicos en los cuales adquiere primordial
importancia la consideración de los problemas de equidad, humanos y sociales,
que surgen de la inflación galopante. No puede olvidarse que del trabajo
depende la subsistencia y la realización de los seres humanos, y que el derecho
laboral tiene un contenido específicamente económico, en cuanto regula
jurídicamente las relaciones de los principales factores de producción –el
trabajo, el capital y la empresa -, afectados directamente por la inflación.
Sin embargo, justo es confesar que la estimulación de este grave problema, por
la ley por la doctrina y por la jurisprudencia de Colombia ha sido mínima por
no decir inexistente o nula. Se reduciría al hecho de que, en la práctica el
salario mínimo se reajusta periódicamente, como es de elemental justicia,
teniendo en cuenta el alza en el costo de la vida, aunque no de manera
obligatoria, proporcionada o automática. Y a que, como es sabido, las pensiones
de jubilación o de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, se reajustan por
mandato de la ley teniendo en cuenta esos aumentos en el salario mínimo (Leyes
10 de 1972 y 4° de 1976).”
Cabe señalar que la Sección
Segunda de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, sostenía la tesis
contraria y consideraba que no era posible la aplicación de la teoría de la
indexación a las deudas laborales, a menos que estuviese expresamente
consagrado por el legislador (Sentencia
de 11 de abril de 1987)[23].
Sin embargo, en la Sentencia del 8 de abril de 1991 (proferida con anterioridad
a la expedición de la Constitución el 7 de julio de 1991) se unifica la postura
de la Sala Laboral y se dijo que la indexación era un factor o modalidad del
daño emergente y que, por tanto, al disponer pago de los perjuicios
compensatorios que se encontraban tasados expresamente en el artículo 8º del
Decreto 2351 de 1965, debía ser incluida para que la satisfacción de la
obligación fuera completa. [24]
Esta orientación fue extendida
por parte de la  Corte Suprema de Justicia no sólo respecto de la pensión
sanción prevista en el artículo 267 del C. S. T., sino en pensiones
convencionales y la pensión prevista en el numeral 2 del artículo 260 del C. S.
T[25].
2.3.4.2.  Esta posición fue reiterada en pronunciamientos
posteriores también con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Constitución de 1991. En la Sentencia del 13 de noviembre de 1991, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral sostuvo que las obligaciones dinerarias
insolutas debían ser actualizadas. Señaló que esto se derivaba de los
principios del derecho al trabajo consagrados en la nueva Carta Política. Dijo
dicha Corporación:
“Más aún, en la misma
Constitución Política del país, recientemente promulgada, se establecieron
disposiciones que reflejan la consideración de aquél fenómeno, como el artículo
53, en el cual, entre los “principios mínimos fundamentales” que deben
observarse por el Congreso cuando cumpla el deber de expedir el “estatuto del
trabajo” se señaló el de que la remuneración del trabajador debe consagrarse
con carácter de “vital y móvil”; además de que en el inciso 3° se
garantizó “el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.” Y el artículo 48, referente a la seguridad social, defirió a la ley
la definición de “los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante.”
Se trata, entonces, de un problema
que, no obstante haber traído la atención del legislador en varios campos, aún
no ha recibido consagración positiva específica para el derecho al trabajo,
fuera de los importantes principios constitucionales destacados. Sin embargo,
ello lejos de ser un obstáculo para recibir un correctivo, por lo menos en el
caso concreto, es un acicate para la búsqueda de la solución que requiere, pues
“el derecho laboral es sin duda alguna  uno de los campos jurídicos en los
cuales adquiere primordial importancia la consideración de los problemas de
equidad, humanos y sociales, que surgen de la inflación galopante” Subrayado y
comillas en el texto original -.[26]
De la misma manera, en la
sentencia de 15 de septiembre de 1992 la Sección Primera de la Sala Laboral de la
Corte Suprema de Justicia reconoció expresamente que la indexación procedía
cuando entre la terminación del contrato de trabajo y la exigibilidad de la
pensión transcurría un tiempo que hacía imposible, por las razones anotadas,
que el último salario pudiese ser la base de la prestación jubilatoria, como
quiera que sobre aquél “se proyectan indudablemente los efectos negativos de
la inflación (..)”
En estos mismos términos, se
encuentra la Sentencia del 11 de diciembre de 1996 al referirse al asunto
objeto de estudio:
“Esta Sala de la Corte ha
tenido la oportunidad de manifestarse respecto de la procedencia de la
indexación de la primera mesada de la pensión, cuando el cálculo pertinente se
basa en un salario antiguo y por lo mismo envilecido, que ha perdido su poder
adquisitivo al punto de que la pensión se reduciría a la mínima legal, no
obstante que el salario, en su momento, superaba en varias veces ese mínimo.
Pero en las ocasiones
anteriores, se trataba de mesadas que, como la de la pensión - sanción y la
originada en el acuerdo conciliatorio, constituían derechos adquiridos desde la
época de vigencia del salario cuestionado, y sujetos solamente a la condición
del cumplimiento de la edad correspondiente. Entonces dijo la Corte:
“Conforme razonó la Sala en
la oportunidad memorada, es obvio que en el presente caso le asiste al promotor
del juicio el derecho a que, para la primera mesada de su pensión de
jubilación, se tenga en cuenta la corrección monetaria de la cifra que traduce
el salario devengado en el último año de servicios, desde la fecha de su retiro
de la empresa hasta la fecha de exigibilidad de la prestación social en
referencia...”
2.3.4.3.  No obstante, en sentencia del 18 de agosto de 1999, la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cambió su jurisprudencia y
señaló que la indexación sólo procede en los casos en que el legislador la haya
previsto. Esto sólo ocurre en las pensiones reconocidas después de la
expedición de la Ley 100 de 1993. Los argumentos en que basó su decisión fueron
los siguientes, sin antes advertir que varios Magistrados salvaron su voto
defendiendo la postura anterior de la Corporación:
1. “(..) [L]as normas
reguladoras de la pensión de jubilación de los sectores particular y público
establecieron que ésta equivale al 75% del promedio de los salarios devengados
durante el último año de servicios (art. 260 C.S.T) o del salario promedio que sirvió de base para los aportes en dicho lapso (art. 1° Ley 33 de 1985)”.
2. “(..) [L]a única
base de liquidación pensional, la introdujo la Ley 100 de 1993 que para éstos
efectos rige desde el primero de abril de 1994, sin que pueda aplicarse en
forma retroactiva (..).
3. “(..) [P]ara
actualizar la base de la liquidación pensional (..) es indispensable tener en
cuenta, no el salario del último año de servicios, sino el “Ingreso Base
de Liquidación”, conformado por el “promedio de salarios o rentas sobre los cuales
ha cotizado el afiliado durante diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE””[27].
2.3.4.4.  Esta nueva postura de la Corte Suprema de
Justicia fue atacada, vía tutela y declarada contraria a los postulados
constitucionales en Sentencia SU 120 de 2003[28]. De la misma
manera, el derecho universal a la indexación de la primera mesada
pensional fue reconocido en sede de control abstracto en las Sentencias C-862 [29]y
C-891A de 2006[30].
2.3.4.5.  En virtud de tales sentencias de constitucionalidad, la
Sala Laboral nuevamente acepta la procedencia de la indexación de la primera
mesada pensional para pensiones reconocidas después de la expedición de la
Carta Política.[31]
2.3.4.6.  En efecto, en el año 2007, la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, en fallo del 31 de julio de 2007 M.P. Camilo Tarquino Gallego, estableció una nueva
orientación jurisprudencial en relación con el tema de la indexación de la
mesada pensional y reconoció su procedencia, no sólo frente a las pensiones de
carácter legal sino convencional. Además, desde el año 2009 aplica un criterio
matemático más efectivo frente a la actualización de los salarios bases de
liquidación[32].
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, sigue considerando que
no procede tal derecho para las pensiones causadas con anterioridad a la
vigencia de la Constitución de 1991. Dijo
expresamente la Sala Laboral en Sentencia del 31 de julio de 2007:
Es que el reconocimiento de
una pensión extralegal, entre ellas la convencional, no determina en principio
más que un mejoramiento de un derecho mínimo legal, mediante el cual se
flexibilizan las exigencias para su causación o simplemente incrementan su
cuantía; luego, respecto de estas prestaciones extralegales, también caben los
postulados constitucionales previstos en los artículos 48 y 53 de la
Constitución Nacional, que prevén el mantenimiento del poder adquisitivo
constante de las pensiones legales.
El actual criterio
mayoritario, que admite la actualización de la base salarial tratándose de
pensiones legales causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la
nueva Constitución, impera también ahora para las extralegales, como sería
el caso de las convencionales, según lo anotado.
Lo anterior porque, en
verdad, no hay razón justificativa alguna para diferenciar, a un trabajador
pensionado de acuerdo con la ley, con uno con arreglo a una convención, porque,
valga agregar, el impacto del fenómeno económico de la inflación, lo padece
tanto el uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no conduce a
hacer más onerosa una obligación pensional, sino a mantener el valor económico
de la moneda frente a su progresivo envilecimiento, su aplicación, respecto de
pensiones extralegales, sean ellas convencionales o voluntarias, no altera de
ninguna forma el acto inicial de reconocimiento,  porque simplemente lo que se
presenta es una actualización del monto para mantener su valor constante.(Resaltado
fuera del texto)
2.3.4.7.  Del anterior recuento puede deducirse que
desde el año 1982, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia elaboró y
reiteró su posición respecto a la procedencia de la indexación de la primera
mesada pensional como un derecho de los trabajadores basado en la justicia, en la equidad y en los
principios del derecho laboral. En este sentido, sólo hasta el año de 1999 se
produce un cambio de jurisprudencia, y por tanto, aunque, como se desarrollará
más adelante, la Constitución de 1991 eleva a rango constitucional el derecho a
la indexación de la mesada pensional, antes de la expedición de la Carta, la
jurisprudencia ya la había reconocido.
2.3.5.  La indexación de la primera mesada
pensional en la jurisprudencia constitucional
A partir de una interpretación
sistemática de los preceptos previstos tanto en el preámbulo de la Constitución
Política, como en sus artículos 1°, 25, 48 y 53, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional se ha pronunciado, sobre el carácter constitucional del derecho
al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una de cuyas
manifestaciones más importantes es el derecho a obtener su actualización.
Así, puede señalarse que a
partir de la Constitución de 1991, la garantía del mantenimiento del poder
adquisitivo de las pensiones adquiere rango constitucional, contenido
especialmente en los artículos 48 y 53 de la Carta. En el primero de ellos, el
Constituyente establece una obligación perentoria al legislador al consagrar
que “La ley definirá los medios para que los recurso destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante”. Por su parte, el artículo 53
establece que  “[e]l Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al
reajuste periódico de las pensiones legales”.
La Corporación ha considerado,
además,  que esta garantía se encuentra vinculada con el principio in dubio
pro operario, los postulados del Estado Social de Derecho, la protección a
las personas de la tercera edad, el derecho a la igualdad y al mínimo vital.
2.3.5.1.  Como referente jurisprudencial se encuentra la
Sentencia SU-120 de 2003[33],
en la cual se unificó la doctrina sentada hasta ese momento por las Salas de
Revisión de esta Corporación concerniente a la procedencia de la indexación
pensional por medio de la acción de tutela, en aplicación, entre otros, de los
principios laborales de favorabilidad y efectividad de los derechos.
En dicha oportunidad, la Corte
estudió si el cambio de jurisprudencia adoptado por la Corte Suprema de
Justicia en Sentencia del 18 de agosto de 1999, Sala Laboral, relacionado con
la improcedencia de la indexación de la primera mesada pensional, constituía
una vía de hecho por desconocimiento de los principios constitucionales que
rigen las relaciones laborales consagrados en el artículo 53 de la Constitución
En primer lugar, reconoció la
Corporación que existía un vacío normativo en relación con el ingreso base de
liquidación de aquellas personas que, en virtud del numeral 2 del artículo 260
del Código Sustantivo del Trabajo, ya habían adquirido los requisitos de tiempo
trabajado para acceder a la pensión, pero no contaban con la edad requerida.
Esta laguna debía ser resuelta
aplicando el principio in dubio pro operario, como recurso obligado para
el fallador en su labor de determinar el referente normativo para solventar
asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente en el
ordenamiento. En razón del mismo, entre dos o más fuentes formales del derecho
aplicables a una determinada situación laboral, debería elegirse aquella que
favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una
misma disposición, debería preferir la que lo beneficie. Agregando además, que
tal interpretación devenía de la equidad que debe regir las relaciones
laborales, en donde el trabajador se constituye en su parte débil.
En este orden de ideas,
“incumbe al juez confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a
acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que se
deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría
hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir
conforme con la Constitución Política”. En razón de la anterior, consideró la
Corporación que procede la indexación de la primera mesada pensional cuando el
“valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una
diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar
lo dejado de pagar, para que “quienes con el paso de los años han visto
aminorar el poder adquisitivo de su pensión (...)” logren compensar el desmedro
patrimonial sufrido (...) porque (...) el ente estatal debe permanecer
vigilante de los derechos de los pensionados, sin distingo de su capacidad
económica, debido a que integran uno de los grupos sometidos a su especial
protección (..)”
2.3.5.2.  De igual manera, en el ámbito del control abstracto de
constitucionalidad, mediante las sentencias C-862 de 2006[34] y C-891-A
del mismo año[35],
esta Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 8° de la
Ley 171 de 1961 y 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo,
respectivamente, proclamando el derecho universal de los jubilados a la
indexación de la primera mesada pensional.
En dichas providencias,
consideró la Corporación que el derecho a la indexación de la primera mesada
pensional no sólo se deriva de la aplicación del principio in dubio pro
operario, sino que se constituye en una de las consecuencias de la
consagración del Estado colombiano como Estado Social de Derecho. En términos
de la providencia “cabe recordar brevemente que el surgimiento y
consolidación del Estado social de derecho estuvo ligado al reconocimiento y
garantía de derechos económicos, sociales y culturales, entre los que ocupa un
lugar destacado el derecho a la seguridad social, de manera tal que la
actualización periódica de las mesadas pensionales sería una aplicación
concreta de los deberes de garantía y satisfacción a cargo del Estado
colombiano en materia de los derechos económicos, sociales y culturales en
virtud del modelo expresamente adoptado por el artículo primero constitucional.”
Agregó además que la
actualización periódica de la mesada pensional es un mecanismo para garantizar
el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera edad, pues de lo
contrario, la pérdida del poder adquisitivo de la misma les impediría
satisfacer sus necesidades. Por tal razón, la indexación de la pensión es una
medida concreta a favor de los pensionados, que, por regla general, son adultos
mayores o personas de la tercera edad, es decir, sujetos de especial protección
constitucional.
En relación con las normas
estudiadas, consideró la Corte que se estaba en presencia de una omisión
legislativa relativa porque el legislador “al regular una situación
determinada, éste no tiene en cuenta, omite, o deja de lado, supuestos de hecho
que, al momento de aplicarse el precepto correspondiente, genera tratamientos
inequitativos o el desconocimiento de derechos de los destinatarios de la norma
respectiva”. En relación con la manera de solventar la omisión sostuvo:
La jurisprudencia
constitucional en sede de tutela ha señalado de manera reiterada la forma como
debe subsanarse la omisión en comento. En efecto en las distintas ocasiones en
las cuales la Sala Plena[36]
y las distintas salas de decisión[37]
de esta Corporación han tenido que examinar casos de trabajadores pensionados
en virtud del numeral segundo del artículo 260 del C. S. T., cuya pensión había
sido calculada sin indexar el salario base para la liquidación de la primera
mesada, han sostenido que en virtud del derecho constitucional al mantenimiento
del poder adquisitivo de las pensiones (el cual como antes se sostuvo se deriva
de los artículos 48 y 53 constitucionales); amén de otros mandatos de rango
constitucional tales como el principio in dubio pro operario, el principio de
solidaridad y la especial protección de las personas de la tercera edad; debe
indexarse el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de
aquellas personas que se retiran o son retiradas del servicio luego de haber
laborado más de veinte años, pero sin haber alcanzado la edad señalada por el
numeral primero del artículo 260 del C. S. T.
Por todo lo anterior, la Corporación
consideró “exequibles los numerales 1 y 2 del artículo 260 del C. S. T. en
el entendido que el salario base para la liquidación de la pensión de
jubilación de que trata este precepto deberá ser actualizado con base en la
variación del índice de precios del consumidor IPC certificada por el DANE.”
En igual sentido, se pronunció la Corporación en relación con el artículo 8  de
la Ley 171 de 1961.
2.3.5.3.  El derecho a la indexación de la primera mesada
pensional también ha sido reconocido en sede de tutela tanto con anterioridad
como con posterioridad a la Sentencia SU-120 de 2003. Así, la Corporación ha
estudiado en múltiples oportunidades las acciones de amparo interpuestas por
pensionados que, tras agotar todos los instrumentos ante la justicia ordinaria
laboral, solicitaron al juez de tutela el reconocimiento de la actualización de
su pensión, tal ha sido el caso de las Sentencias T-663 de 2003, T-1169 de
2003, T-815  de 2004, T-805 de 2004, T-098 de 2005, T-045 de 2007, T-390 de
2009 y T-447 de 2009, T-362 de 2010, entre otras.
En la sentencia T-663 de
2003[38],
la Corte estudió el caso de varios trabajadores de Bancafé que adquirieron el
derecho a la pensión después de varios años de retiro, razón por la cual el
monto de su pensión fue sustancialmente inferior al salario que percibían en
aquél entonces, así, por ejemplo, en uno de ellos el actor estuvo vinculado a
Bancafé hasta marzo de 1983, fecha en la cual devengaba un salario equivalente
a 7.74 salarios mínimos legales mensuales, mientras que en 1993 el Banco le
reconoció una pensión equivalente al salario mínimo legal mensual.
La Corte amparó el derecho a la
indexación de la primera mesada pensional y revocó los fallos proferidos por la
Sala de Casación Laboral, mediante los cuales no casaba las sentencias de
segunda instancia que denegaban el reajuste de la mesada pensional en algunos
casos; o en otros, revocó la decisión de primera instancia que había ordenado
su reajuste. Así mismo, la Corte dejó sin efectos las sentencias proferidas
dentro de las acciones promovidas por los afectados ante la justicia ordinaria
y ordenó al juez natural o a la Sala de Casación Laboral decidir los recursos
de casación, con sujeción a los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución
Política. Señaló así mismo la Corporación:
Fueron razones fundadas en
la ocurrencia de vías de hecho por parte de las autoridades judiciales y que
admiten la intervención del juez constitucional; en la observancia de la
igualdad y la confianza legítima en la aplicación de la ley; en la sujeción de
los jueces a la doctrina probable, a la observancia de los postulados
Superiores sobre el principio de favorabilidad y del principio pro operario; a
los alcances de las disposiciones que regulan la pensión de jubilación; a la
aplicación de los principios de equidad, la jurisprudencia y los principios
generales del derecho y en la atribución constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo, las que condujeron
a la Corte Constitucional a conceder la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, debido proceso y seguridad social y del principio
constitucional de favorabilidad a los entonces accionantes y, por la semejanza
de situaciones, serán los mismos fundamentos que reiterará esta Sala para
decidir en el proceso de revisión de los expedientes de la referencia.
En la providencia T-1169 de
2003[39],
la Corporación estudió el caso de un trabajador de la Empresa Pfaff de
Colombia, que por decisión judicial había sido condenada al pago de una pensión
sanción de jubilación al primero cuando cumpliera 50 años de edad y en cuantía
directamente proporcional al tiempo de servicio y al salario devengado. En el
año de 1997, el peticionario cumplió 50 años de edad y con ello se consolidó su
derecho al pago pensional. Para calcular el monto de la primera mesada, el
liquidador de la empresa consideró que “la condena no fue para el año 1.977
sino para el año 1.997 y el valor a pagar será el que hubiere correspondido por
su tiempo y en proporción al salario recibido”.  De esta manera,
concluyó que el pago sería de $10.280.65 pesos mensuales, pero ajustó esa
cuantía a un salario mínimo legal.
La Corte no sólo dijo que se
vulneraba los derechos al mínimo vital y a la remuneración vital y móvil del
pensionado al recibir una mesada inferior a la que tenía derecho, sino que
consideró que en el caso en concreto no debían agotarse los mecanismos
ordinarios, por cuanto le empresa estaba a punto de ser liquidada, razón por la
cual ordenó directamente la indexación. Dijo la Corporación:
“Al decidir sobre la
procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden
desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo
y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230
de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer legislador, para
quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de
los reajustes pensionales.  De manera que si el juzgador no opta por lo
expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada
pensional acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de
la actividad judicial, hacen necesaria la intervención del Juez constitucional
para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores.”
De la misma manera, en la Sentencia
T-805 de 2004[40],
la Corte analizó el caso de un trabajador que había estado vinculado al Banco
Andino de Colombia desde el 7 de febrero de 1962 hasta el 30 de septiembre de
1978, y desde el 17 de mayo de 1965 hasta el 8 de septiembre de 1979,
respectivamente. Su pensión le fue reconocida a partir del 5 de febrero de
1994, cuando cumplió 50 años de edad, liquidada sobre un promedio mensual de
$30.030 o un salario mínimo de la época, reduciendo sus mesadas en un 62.43%
con relación a su valor real, toda vez que a la fecha de la desvinculación de
la entidad, su salario equivalía a 8 salarios mínimos legales mensuales. El
actor acudió a la jurisdicción laboral sin encontrar protección para sus
derechos. La Corte concedió el amparo y consideró que cuando sea pertinente
decidir la procedencia de la indexación pensional, se debe tener en cuenta la
necesidad de mantener el valor adquisitivo de las pensiones, y el equilibrio en
las relaciones de trabajo, de acuerdo a lo señalado en los artículos 53 y 230
de la Carta.
Esta posición fue asumida
también por la Corporación en Sentencia T-815 de 2004[41], que
estudió la petición de indexación de un ex trabajador del Banco Andino, con la
particularidad de que su retiro se había acordado mediante Acta de conciliación
celebrada ante un juez laboral en el año de 1979, conviniendo dentro de la
misma su derecho a la pensión de vejez cuando cumpliera los 60 años de edad.
Ésta le fue efectivamente liquidada el 25 de mayo de 1997 por un valor de $
58.795 equivalente a un salario mínimo legal de la época. Este valor que
resultaba inferior al real en un 92% porque cuando se retiró del Banco Andino
en liquidación la pensión equivalía a 13 salarios mínimos.
Tanto en la Sentencia T-805
de 2004 como en la Sentencia T-815 de 2004, a pesar de dirigirse
contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, la orden
se impartió directamente al Banco demandado en razón de la tesis sostenida por
dicha Corporación, que negaba el derecho a la indexación.
En la sentencia T-098 de
2005[42],
la Corte conoció el caso de un pensionado que estuvo vinculado al Citibank
por 25 años. Al momento de retirarse, su salario equivalía a más de veinte
salarios mínimos legales mensuales de la época. Sin embargo, la pensión que
comenzó a disfrutar equivalía tan solo a tres salarios mínimos, perdiendo de
esta manera casi un 80% de su ingreso. En esta oportunidad, la Corte también
ordenó directamente actualizar la base de liquidación de la pensión del actor,
de acuerdo con el índice de precios al consumidor. Adicionalmente, se ordenó al
banco pagar los montos adeudados y actualizados no prescritos.
Estos casos guardan identidad
fáctica con los contenidos en la providencias T-045 de 2007[43],  T-390
de 2009[44]
y T-447 de 2009[45],
T-362 de 2010[46],
en las cuales la Corporación reiteró su posición sobre la indexación de la
primera mesada pensional.
De lo anterior se concluye que
la jurisprudencia constitucional ha entendido que la indexación es un mecanismo
para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la
primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el
momento en que el trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la
pensión. Dicha garantía tiene fundamento en el derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de la pensión y reside
fundamentalmente en los artículos 48 y 53 de la Carta.
2.4.
EL DERECHO A LA INDEXACIÓN
DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL EN SITUACIONES ANTERIORES A LA EXPEDICIÓN DE LA
CONSTITUCIÓN DE 1991
2.4.1.  En lo que tiene que ver con la procedencia de la
indexación de las mesadas pensionales causadas o reconocidas con anterioridad a
la Constitución de 1991, en decisiones recientes la Corte Constitucional ha dejado
claro que las personas que se encuentran en esta situación también tienen
derecho a que les sea reconocido este derecho universal.
2.4.2.  En la sentencia T-901 de 2010[47] la Corte Constitucional conoció
los casos de dos personas que presentaron acciones de tutela contra las
decisiones proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, que denegaron la indexación de la primera mesada pensional de cada
uno de los actores, fundamentalmente porque la pensión había sido consolidada
antes de la vigencia de la Constitución de 1991.
En tal oportunidad,
la Sala consideró que las decisiones judiciales controvertidas por medio de
tutela constituían
una vía de hecho por concurrencia de un defecto material o sustantivo, una
violación directa de la Constitución Política y, un desconocimiento del
precedente judicial. Adicionalmente
reconoció que el derecho a la indexación asiste a todas las personas, sin
importar si sus pensiones fueron causadas con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Constitución de 1991. Al respecto, la Corte consideró que la postura de la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia según la cual, el derecho a la indexación sólo es
procedente cuando las pensiones han sido causadas en vigencia de la
Constitución Política de 1991, contradice la línea jurisprudencial de esta
Corporación según la cual, el derecho
a la indexación procede para todas las categorías de pensionados y la exclusión
de determinado grupo de este derecho constituye una discriminación.
2.4.3.  Recientemente, en la providencia SU-1073 de 2012,
la Corte Constitucional observó que era necesario unificar la jurisprudencia
respecto de los fallos judiciales proferidos por diferentes autoridades
judiciales frente al tema de la indexación de la primera mesada de las
pensiones reconocidas con anterioridad a la Constitución de 1991. Lo anterior,
por cuanto, como se explicó en el numeral 2.4.2., ante supuestos fácticos
idénticos, la Corte Suprema de Justicia ha producido fallos que originan
discrepancias capaces de impedir la realización del derecho fundamental a la
indexación. En este orden de ideas, a través de la sentencia citada, la Corte resolvió
las contradicciones creadas por las diferentes decisiones judiciales proferidas
al respecto y determinó la obligatoriedad
de la indexación de la primera mesada de las pensiones reconocidas antes de la
Constitución de 1991.
En aquella decisión se
estableció que la universalidad del derecho a la indexación de la primera
mesada es predicable de todas las personas  pensionadas, por cuanto
todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la pérdida del poder
adquisitivo de la moneda, es decir, todos se encuentran en la misma situación y
por tanto, deben recibir igual tratamiento. En este sentido, al encontrar que
no existe razón alguna para predicar un trato diferenciado a las personas que
consolidaron su situación pensional bajo la Carta anterior, la Sala Plena de la
Corte consideró que a todos los pensionados, sin distinción alguna,
no sólo debe garantizárseles que sus pensiones sean actualizadas anualmente una
vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también existe un derecho
constitucional a la actualización del salario base para la liquidación de
la primera mesada. (Resaltado en el texto original)
2.3.
CASO CONCRETO
2.3.1.  EXAMEN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
2.3.1.1.
REQUISITOS GENERALES DE
PROCEDENCIA
Observa la Sala que se cumplen
los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en los
asuntos que se analizan. En efecto:
2.3.1.1.1. Se discute una cuestión de relevancia constitucional en razón de
que las decisiones atacadas, en opinión de los accionantes, desconocen los
preceptos constitucionales, especialmente el derecho a mantener el valor
adquisitivo de su pensión y recibir aquella que efectivamente les corresponde.
2.3.1.1.2. En ambos casos los accionantes no cuentan con más recursos, ni
ordinarios ni extraordinarios, para hacer valer sus derechos, pues agotaron
incluso el recurso extraordinario de casación, de manera que se comprueba que
ya no existen mecanismos ordinarios ni extraordinarios de defensa a su
alcance.
2.3.1.1.3. En lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la
acción de tutela resulta procedente en los casos estudiados, por cuanto: (i) a
pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta
Corporación, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la
jurisprudencia constitucional ha referido que esta característica hace que la
vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego de pasados varios años
de haberse proferido la decisión judicial.
En cuanto a la imprescriptibilidad
del derecho a la indexación de la primera mesada pensional y su relación con el
requisito de la inmediatez, señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-042
de 2011 que la negativa a su reconocimiento “(…) puede originar la
vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho que implica una prestación
periódica, por lo que su afectación, en caso de presentarse alguna, se habría
mantenido durante todo el tiempo, siendo soportada incluso hoy en día por los
extrabajadores y ahora pensionados de la accionada. Son estas las razones que
llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de
presentarse, tiene un carácter de actualidad, lo que confirma que en esta
específica situación se cumple con el requisito de la inmediatez y, por
consiguiente, se satisfacen los presupuestos exigidos para declarar procedente
la acción.”
En este sentido, se debe
entender que los casos objeto de análisis de la presente providencia, cumplen
con este requisito general de procedibilidad de la acción de tutela, puesto que
los accionantes tienen una pensión de vejez reconocida y les ha sido negado su
derecho a la indexación de su primera mesada pensional. Es así como, tratándose
de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes
con el requisito de acudir previamente a la jurisdicción ordinaria, la Corte no
entrará a analizar el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el
derecho a la indexación y la presentación de la acción de tutela por parte de
los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectación al
derecho fundamental tiene un carácter de actualidad.
2.3.1.1.4. Los accionantes han
identificado en forma razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados.
2.3.1.1.5. No se trata de una tutela contra tutela.
Establecido el cumplimiento de
los requisitos generales, la Corte analizará cada uno de los casos puestos en
su consideración.
2.3.1.2.
LAS SENTENCIAS PROFERIDAS
INCURREN EN UNA CAUSAL DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL POR VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN
De
conformidad con los hechos, la Sala debe reiterar que cuando se calcula el
monto de la mesada pensional con base en un ingreso significativamente menor al
que el extrabajador percibió años antes de que finalmente le fuera reconocida
la pensión, se contraría el mandato constitucional del derecho a percibir una
pensión mínima vital calculada teniendo en consideración los fenómenos
inflacionarios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo del dinero. Así
como también compromete los derechos fundamentales al debido proceso, y a la
igualdad del pensionado cuando, aún después de haber agotado todos los medios
de justicia ordinaria de los que disponía, el trabajador encuentra que la violación
de sus derechos goza de la legitimidad aparente que le otorga un fallo
judicial. Este derecho como ya se explicó, en extenso, en la parte motiva de
esta providencia, es aplicable a todas las categorías de los pensionados
inclusive a aquellos que les fue reconocido el derecho con anterioridad a la
vigencia de 1991.
Por ello,
las decisiones proferidas  dentro de los procesos judiciales que negaron el
derecho a los pensionados a la indexación de su primera mesada pensional,
incurren en una de las causales específicas de procedencia de la acción contra
providencia judicial, específicamente vulneración directa de la Constitución
que consiste en:
“Violación directa de la
Constitución, causal de procedencia de la acción de tutela que se estructura
cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma
específica, postulados de la Carta Política.  A este respecto, debe
insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos
y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados
eventos, por los particulares.  Por ende, resulta plenamente factible que
una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados.
En este
orden de ideas, el amparo será concedido.
2.3.2.  DECISIONES QUE ADOPTARÁ LA SALA EN LOS ASUNTOS
ESTUDIADOS
2.3.2.1.      Fórmula para su reconocimiento
Conforme a
la jurisprudencia de esta Corporación, el cálculo de la indexación se deberá
dar de conformidad con la fórmula establecida en la Sentencia T-098 de 2005.
La fórmula establecida en la
sentencia T-098 de 2005 es la siguiente:
“5. Fórmula que
deberá aplicar el Citibank para efectuar la indexación de la primera mesada
pensional del actor.
El ajuste de la mesada
pensional del demandante se hará según la siguiente fórmula:
R=   Rh    índice final
Índice inicial
Según la cual el valor
presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de
servicios, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor vigente a la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión,
entre el índice inicial, que es el existente al 27 de enero de 1974.
Debe determinarse así el
valor de la primera mesada pensional actualizada a 10 de diciembre de 1980. El
Citibank Colombia procederá a reconocer y liquidar los reajustes pensionales de
los años posteriores, conforme a la normatividad aplicable.
Después establecerá la
diferencia resultante entre lo que debía pagar y lo que efectivamente pagó como
consecuencia del reconocimiento de la pensión. De dichas sumas no se
descontarán los aportes que por ley corresponda hacer al pensionado al sistema
de seguridad social en salud, pues existe prueba en el expediente de que éstos
fueron pagados.[48]
La suma insoluta o dejada de
pagar, será objeto de ajuste al valor, desde la fecha en que se dejó de pagar
hasta la notificación de esta sentencia, dando aplicación a la siguiente
fórmula:
R=   Rh    índice final
Índice inicial
Donde el valor presente de
la condena (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo
dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificación de esta
sentencia,  entre el índice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada
pensional.
Por tratarse de una
obligación de tracto sucesivo, la entidad demandada aplicará la fórmula
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que
devengó el actor sin actualizar, y para los demás emolumentos (primas),
teniendo en cuenta que el índice aplicable es el vigente al causarse cada una
de las prestaciones.”
2.3.2.2.      Contabilización del término de prescripción
Como lo explicó esta
Corporación en la Sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012[49], la indeterminación en la existencia del derecho a la indexación de la
primera mesada pensional, y la negativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia frente a su reconocimiento para las pensiones causadas con
anterioridad a 1991, merece una consideración distinta respecto del momento
desde el cual se reconoce la indexación de las mesadas pensionales a los
demandantes.
En aquella oportunidad, la
Corte consideró: (i) que sería
desproporcionado reclamar a los entes obligados cancelar sumas de dinero
surgidas de un derecho que por mucho tiempo fue incierto, ya que sólo hasta ese momento –la sentencia de unificación-
hay claridad sobre la obligatoriedad de indexar las pensiones reconocidas antes
de la Constitución de 1991, de manera que sólo desde la expedición de la
sentencia SU existe certeza sobre la exigibilidad de la indexación y la
obligación de las autoridades de efectuar su reconocimiento; (ii) que, en
caso de ordenar el pago retroactivo de la indexación desde la fecha en la que
se presentó la primera reclamación a la entidad, se pondría en riesgo la
estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones; y (iii) que la
divergencia interpretativa sobre su procedencia de la indexación para aquellas
causadas con anterioridad a 1991, hace que sólo a partir de la providencia de
unificación se genere un derecho cierto y exigible.
Por lo
tanto, una vez verificada la existencia de un defecto en las sentencias que negaban
el derecho a la indexación de la primera mesada pensional a las pensiones
reconocidas antes de la Constitución de 1991, la Sentencia SU-1073 de 2012 ordenó
directamente a cada una de las entidades la indexación inmediata de la mesada
pensional y reconoció el pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no
prescritas, contando el término de prescripción a partir de la fecha
de expedición de la sentencia de unificación, por cuanto sólo desde ese
momento no cabe duda que también los pensionados cuyas prestaciones fueron
causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991, tienen derecho a dicha
indexación.
En este orden de ideas, en la
parte resolutiva de cada uno de los casos en estudio, se ordenará directamente
a cada entidad, la indexación inmediata de la mesada pensional y se reconocerá
el pago retroactivo de aquellas mesadas pensionales no prescritas, contando
dicho término –el término de prescripción- a partir de la fecha de expedición
de esta la Sentencia SU-1073 del 12 de diciembre de 2012, por cuanto desde esta
fecha no cabe duda que también los pensionados cuyas prestaciones fueron
causadas con anterioridad a la Carta Política de 1991, tienen derecho a dicha
indexación.
En relación, con las
providencias proferidas dentro de los procesos ordinarios, la actualidad de la
vulneración hace que éstas no se puedan confirmar, incluso si concedieron la
indexación, en razón a que el alcance de este derecho, para las pensiones
causadas con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, sólo fue
determinado a partir de la sentencia de unificación por la Corte Constitucional
como máximo intérprete de la Norma Superior.
2.3.2.3.      EXPEDIENTE T-3.496.735
La Sala revocará la sentencia proferida el 29 de marzo de 2012,
adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional
Disciplinaria y el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá el 22 de febrero de 2012, en su
lugar, se concederá el amparo de los derechos a la indexación de la primera
mesada pensional y a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales
al señor Guillermo Giraldo Jiménez, en los términos referidos en la
presente providencia.
De igual manera, se dejará sin
efecto las sentencias del 8 de junio de 2011, proferida por la Sala de Casación
Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la del 10 de julio de 2009, emitida
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, y la
sentencia emitida el 31 de marzo de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá
dentro del proceso laboral ordinario promovido por el señor Guillermo Giraldo
Jiménez contra el Banco Cafetero.
En aras de obtener el efectivo
cumplimiento de esta providencia, se ordenará al Banco Cafetero, o a quien haga
sus veces, y al Banco Popular que en el término de diez (10) días, contados a
partir de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera
mesada pensional del señor Pablo Enrique Murcia Gómez. De igual manera, deberá
reconocer el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073 de 2012.
2.3.2.4.
EXPEDIENTE T-3.578.059
La Sala dejará sin efecto las sentencias del 6 de diciembre de
2011, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
y la del 31 de agosto de 2010, emitida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, Sala Laboral, y la sentencia emitida el 4 de julio de 2008 por
el Juzgado 18 Laboral de del Circuito de Bogotá dentro del proceso laboral
ordinario promovido por el señor Helmuth Rafael Hilb Ramírez contra AVIANCA
S.A.
En aras de obtener el efectivo
cumplimiento de esta providencia, se ordenará a AVIANCA S.A., que en el término
de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta providencia,
proceda a indexar la primera mesada pensional del señor Helmuth Rafael Hilb
Ramírez. De igual manera, deberá reconocer el pago retroactivo de las
diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mesada
indexada, comprendidos en los tres años anteriores a la fecha de expedición de
la sentencia SU-1073 de 2012.
3.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de
Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- LEVANTAR la suspensión de los
términos para decidir, ordenada mediante auto del veintinueve (29) de noviembre
de 2012.
SEGUNDO.- REVOCAR la
sentencia proferida el 29 de marzo de 2012, adoptada por el Consejo Superior de
la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro del expediente T-3.496.735
y el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá el 22 de febrero de 2012, en su lugar, CONCEDER
EL AMPARO de los derechos a la indexación de la primera mesada pensional y
a mantener el poder adquisitivo de las mesadas pensionales al señor Guillermo
Giraldo Jiménez, en los términos referidos en la presente providencia. En
consecuencia,
TERCERO.-  DEJAR SIN EFECTO las sentencias del 8 de
junio de 2011, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia y la del 10 de julio de 2009, emitida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, y la sentencia emitida el 31 de
marzo de 2009 por el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso
laboral ordinario promovido por el señor Guillermo Giraldo Jiménez contra el
Banco Cafetero.
CUARTO.- ORDENAR al Banco Cafetero, o a quien haga sus
veces, y al Banco Popular que en el término de diez (10) días, contados a
partir de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la primera
mesada pensional del señor Guillermo Giraldo Jiménez. De igual manera, ORDENAR
el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente
recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los tres años
anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073 de 2012.
QUINTO.- CONCEDER el amparo de los derechos del señor Helmuth Rafael
Hilb Ramírez y en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO las sentencias
proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 6 de diciembre
de 2011, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá del 31 de
agosto de 2010, y por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá del 4 de
julio de 2008.
SEXTO.- ORDENAR A AVIANCA S.A. que en el término de diez (10) días,
contados a partir de la notificación de esta providencia, proceda a indexar la
primera mesada pensional del señor Helmuth Rafael Hilb Ramírez. De igual
manera, ORDENAR el pago retroactivo de las diferencias entre los valores
efectivamente recibidos y el valor de la mesada indexada, comprendidos en los
tres años anteriores a la fecha de expedición de la sentencia SU-1073 de 2012.
SÉPTIMO.- Por Secretaría General líbrese las comunicaciones de
que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí
contemplados.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALEXEI EGOR JULIO ESTRADA
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Cuaderno de Primera Instancia, Folios 109-117.
[2] Cuaderno de Primera Instancia, Folios 126-133.
[3] Cuaderno de Primera Instancia, Folios 134-145.
[4] Cuaderno de Primera Instancia, Folios 146-152.
[5] Cuaderno de Primera Instancia, Folios 18-27.
[6] Cuaderno de Primera Instancia, Folios 10-17.
[7] Cuaderno de Primera Instancia, Folios 5-9.
[8] Artículo 25. Protección
Judicial:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso;
b. a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.
1. Toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se comprometen:
a. a garantizar que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso;
b. a desarrollar las posibilidades de recurso
judicial, y
c. a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el
recurso.
[9] Sentencia T-233 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra: alcance
excepcional y restringido que se justifica en razón a los principios
constitucionales de los que se desprende el respeto por la cosa juzgada, la
necesidad de preservar la seguridad jurídica, la garantía de la independencia y
autonomía de los jueces y el sometimientos general de los conflictos a las
competencias ordinarias de éstos.
[10] Sentencia T-078 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[11] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[12] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz): “… sólo en aquellos casos en los cuales el acto que
adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, - bien por
la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora
porque su contenido sea abiertamente antijurídico -, el juez constitucional
puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en
ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones
descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la
decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del
funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por
defecto orgánico.
[14] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-159/02 (M.P. Manuel
José Cepeda Espinosa): “… opera cuando la decisión que toma el juez desborda
el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.)
porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento
jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se
abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su
aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada
inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar
vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual
se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos
distintos a los expresamente señalados por el legislador
[15] Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-014/01 (M.P. Martha
Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de
derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial - presupuesto
de la vía de hecho -, de aquellas providencias judiciales que aunque no
desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio
iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos
órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la
administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los
derechos constitucionales.  Se trata de una suerte de vía de hecho por
consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su
alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal,
cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos
constitucionales, al inducirlo en error.  En tales casos - vía de hecho
por consecuencia - se presenta una violación del debido proceso, no atribuible
al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como
consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
[16] Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-292/06 (M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa).
[17] Sentencia  T-310 del 30 abril de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
[18] Sentencia T-555 del 19 de agosto de 2009, M.P.Luis Ernesto Vargas.
[19] La doctrina distingue entre las obligaciones dinerarias y las
obligaciones de valor, en las primeras “el acreedor obtiene, con la prestación
de la suma de dinero que constituye el objeto de su crédito, un poder
adquisitivo abstracto; en otras palabras, el dinero asume el carácter de una
auténtica mercancía que se adquiere como tal y se constituye en objeto de la
obligación del deudor, mientras que en las segundas “el dinero no es el objeto
propio, pero como la moneda tiene la función de ser el común denominador de
todos los valores, ella entra a ocupar el lugar del objeto propio, o sea, que
no es la prestación originaria sino una prestación sustitutiva”. Ernesto Jiménez Díaz, “La indexación en
los conflictos laborales” en Revista de Derecho Social, No. 32,
diciembre de 1991, p. 23-24.
[20] Jiménez Díaz, loc. cit.,
p. 25.
[21] Cfr. Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[22] Cf. Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[23] Rad. 12, M. P. Rafael Baquero Herrera.
[24] Crf. Sentencia C-862 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[25] Ver sentencias Rad. No. 7796 del 8 de febrero
de 1996, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, Rad. No. 8616 de 1996 M. P. Fernando Vásquez Botero.
[26] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Primera,
sentencia del 13 de noviembre de 1991, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, radicación 4486, nota 51.
[27] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 22
de febrero de 2000, M.P. José Roberto Herrera, expediente 12.872. En igual
sentido, entre otras, sentencias 13.329 de 27 de enero de 2000, 12.895 y 13.166
de 2 de febrero de 2000, 12.725 y 13.251de 9 de febrero de 2000, 13.360 de 23
de febrero de 2000, y 13.591 de 29 de marzo de 2000, 13.744 de 16 de mayo de
2000.
[28] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[29] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[30] M.P. Rodrigo Escobar Gi
[31] En sentencia de julio 31 de 2007, radicación N° 29022, M.P.Camilo Tarquino Gallego.
[32] Consultar,
entre otras, las Sentencias cuyos números de radicado son 34601 y 33423, de 6
de mayo de 2009 y 31 de marzo del mismo año, respectivamente. M.P. Luis Javier
Osorio López.
[33] Sentencia del 13 de
febrero de 2003, M. P. Álvaro Tafur Galvis
[34] Sentencia del 19 de octubre
de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[35] Sentencia noviembre 1° de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[36] Sentencia SU-120 de 2003.
[37] T-663 de 2003, T-800 y T-815 de 2004 y T-098
de 2005.
[38] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[39] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[40] M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[41] M.P. Rodrigo Uprymny Yepes
[42] M.P. Jaime Araujo Rentería
[43] M.P. Jaime Córdoba Triviño
[44] M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[45] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[46] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[47] M.P. Juan Carlos Henao Pérez
[48] Folios 167-175 del Cuaderno que contiene la actuación del proceso
laboral en primera y segunda instancia.
[49] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.