T-203-12
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-203/12
AGENCIA OFICIOSA
EN TUTELA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Madre en representación de hija
con discapacidad
Esta
Corte ha precisado que la agencia oficiosa se da cuando el titular del derecho
no puede asumir su defensa personalmente. Además, tiene como finalidad
garantizar la protección y eficacia de sus derechos fundamentales, al admitir
que un tercero presente la petición de amparo y actúe en su favor sin que medie
poder. Asimismo, ha determinado que para intervenir como agente oficioso se
deben verificar dos requisitos: (i) que el agente oficioso manifieste actuar en
tal sentido; y (ii) que de los hechos que fundamentan la solicitud de amparo se
infiera que el titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados
se encuentra en situación física o mental que le impida la interposición
directa de la acción. Al respecto, es necesario indicar que la manifestación
puede ser expresa o tácita. Así, será válida la agencia oficiosa cuando de los
hechos narrados en el escrito de tutela se deduzca la calidad en la que actúa
la persona que interpone la acción.
DERECHO A LA
SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL-Reiteración de jurisprudencia sobre
protección por tutela/DERECHO A LA SALUD-El principio de integralidad y
la obligación de que la prestación de los servicios sea oportuna, eficiente y
de calidad
Esta Corporación ha establecido que la
acción de tutela es procedente para proteger el suministro de los servicios
médicos que se requieren con necesidad, es decir, aquellos “indispensables para
conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida, su
integridad personal o su dignidad”. De forma que se “garantiza a toda persona,
por lo menos, el acceso a los servicios de salud de los cuáles depende su
mínimo vital y su dignidad como persona”. Ahora bien, la protección del derecho
a la salud se debe dar bajo los principios de eficiencia, universalidad,
integralidad, continuidad y solidaridad del sistema general de seguridad
social. Así,
la Corte ha expresado que el derecho a la salud se considerará vulnerado cuando,
a pesar de haber sido autorizado el servicio médico, éste no haya sido
garantizado oportunamente. Lo mismo sucederá si se entrega un medicamento o
procedimiento de mala calidad, o si se niega o demora su suministro por surtir
trámites burocráticos y administrativos que al paciente no le corresponde
asumir.
DERECHO A LA
SALUD DE PERSONA CON DISCAPACIDAD-Reiteración de jurisprudencia
Respecto al derecho a la salud de las
personas con discapacidad, esta Corte ha indicado que la atención integral de
estos sujetos debe estar dirigida a que se puedan desenvolver dentro de la
sociedad en condiciones dignas y en un plano de igualdad con los demás. En
estos términos, las personas con discapacidad gozan de una protección reforzada
en cuanto su derecho a la salud. Dicho trato preferencial positivo tiene origen
constitucional y busca que se les garantice a aquellos individuos que por su
debilidad física o mental son más vulnerables, una vida en condiciones dignas y
la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos.
SUMINISTRO
DE MEDICAMENTOS, TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS DEL POS-Requisitos
Este Tribunal ha indicado que una
interpretación exegética de las normas que regulan los contenidos del POS por
parte de las E.P.S. puede desconocer derechos constitucionales fundamentales
cuando la negativa a prestar un servicio médico tiene relación directa con la
vida o dignidad de un paciente. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado
las situaciones fácticas y jurídicas precisas ante las cuales el juez de tutela
debe aplicar directamente la Constitución y ordenar el suministro de un
servicio de salud que se encuentra excluido del plan de beneficios, a saber: a. Que la falta
del servicio amenace o vulnere el derecho a la salud, a la vida digna o a la
integridad personal; b. Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que sí
esté incluido o que pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de
efectividad que el excluido del plan; c. Que el accionante o su familia no
cuenten con capacidad económica para sufragarlo; d. Que el servicio haya sido
ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la solicitud ante el
Comité Técnico Científico. Se concluye que no todas las prestaciones ordenadas
por el médico tratante podrán ser objeto de amparo por vía de la acción tutela,
ya que, en principio, la autorización de servicios médicos está limitada a los
Planes Obligatorios. De ahí que para que resulte procedente la orden de
suministrar un servicio no POS, el juez deberá comprobar que se cumplen los
requisitos jurisprudenciales.
DERECHO A LA
SALUD Y A LA VIDA DIGNA DE PERSONA EN ESTADO DE DISCAPACIDAD-Orden a EPS
suministro silla de ruedas, exoneración de cuotas moderadoras y copagos y
tratamiento integral a joven que sufre parálisis cerebral
Referencia: expediente
T-3265327
Acción de tutela
interpuesta por Miriam
Inés Fuquen Pérez, como agente oficiosa de Iveth Fuquen Fuquen, en contra de Famisanar
E.P.S..
Magistrado
Ponente:
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá,
D.C., catorce (14) de marzo de dos mil doce (2012)
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jorge
Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
En la revisión
del fallo dictado por el
Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó el proferido por
el Juzgado 45 Civil Municipal de la misma ciudad, en la acción de tutela
instaurada por Miriam Inés Fuquen Pérez, como agente oficiosa de Iveth Fuquen
Fuquen, en contra de Famisanar E.P.S..
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El 17 de agosto de 2011, la señora Miriam Inés Fuquen Pérez promovió
acción de tutela, como agente oficiosa de su hija Iveth Fuquen Fuquen, en contra
de Famisanar E.P.S. por considerar vulnerados sus derechos a la vida digna y a
la salud.
1.1.
Sostiene que su hija, de 19 años, padece de parálisis cerebral y está
afiliada a Famisanar E.P.S. desde 1996 como su beneficiaria.
1.2.
El 5 de agosto de 2011, el fisiatra tratante adscrito a la E.P.S. le
prescribió “silla de ruedas bajo medidas con chasis liviano con rueda grande
posterior desmontable y plegable, antiponchaduras, eje central con sistema de
freno convencional con ruedas pequeñas delanteras macizas, opción 20˝, con
espaldar y asiento lavable transpirable, con apoyo antivuelco con manijas
impulsadoras para cuidador”.
1.3.
Expone que acudió a una oficina de la empresa demandada, en donde radicó
los documentos necesarios para que el Comité Técnico Científico -CTC- autorizara
la entrega de la silla de ruedas dentro de los siguientes 4 días hábiles.
1.4.
Afirma que el 16 de agosto, una funcionaria de la E.P.S. le entregó un
formato de negación diligenciado por el CTC, el cual concluyó que la ayuda
ortopédica estaba excluida del POS y, por lo tanto, debía ser asumida por el
cuidador. Además, dicho documento expuso que la no aprobación del servicio no
ponía en riesgo inminente la vida de la paciente.
1.5.
Estima que la anterior es una decisión desproporcionada ya que la ayuda
ortopédica debe ser autorizada, teniendo en cuenta que se trata de una orden
del médico tratante. Adicionalmente, contraría los fines del Estado Social de Derecho
al impedir la integración de quienes están en situación de discapacidad, al
prevalecer argumentos de tipo económico y administrativo. En este punto,
destaca que el proceso del CTC fue demorado.
1.6.
Declara que la paciente requiere la silla con urgencia, debido a la
gravedad de sus lesiones, que necesitan especial atención y cuidado. De igual
forma, explica que las ayudas ortopédicas le permitirán tener un plan de
rehabilitación físico integral y óptimo, con el fin de asegurar una calidad de
vida en condiciones de dignidad.
1.7.
Señala que la joven es totalmente dependiente para realizar sus
funciones vitales. Además, tiene muy poca movilidad en sus extremidades porque
sus músculos y sistema óseo se encuentran alterados de manera grave como efecto
de la parálisis cerebral.
1.8.
Por último, resalta que su familia es de escasos recursos económicos y tiene
lo necesario para subsistir. Además, afirma que es la única encargada de su
hija, puesto que su padre no cumple con sus obligaciones y responsabilidades.
Por ello, en algunas ocasiones no alcanza a cubrir la totalidad de gastos que
se generan por su situación de discapacidad.
Por
consiguiente, pide que se tutelen los derechos de su hija y se ordene el
suministro de la silla de ruedas prescrita. También reclama que se le conceda
el tratamiento integral de la enfermedad que padece, así como la exoneración de
las cuotas moderadoras y copagos para la prestación de los servicios de salud.
2.
Contestación de la entidad accionada
Famisanar
E.P.S., en escrito del 25 de agosto de 2011, señaló que Iveth Fuquen Fuquen se
encuentra afiliada en calidad de beneficiaria de su progenitora desde el 9 de
agosto de 1996.
Expuso
que el diagnóstico de la joven no se puede considerar como una enfermedad dado
que “a la luz de las preceptivas internacionales, la discapacidad no es
considerada como una enfermedad sino como una realidad que siempre ha existido
en cada época. Este cambio de perspectiva ha conducido a una transformación del
lenguaje para referirse a dicha circunstancia; no se trata sólo de revestir de
palabras adecuadas una situación para considerar superados otros problemas que
trascienden la condición de la discapacidad, estas precisiones de lenguaje
ayudan a la construcción de un cambio de perspectiva en la sociedad”, según
la Sentencia T-974 de 2010 de la Corte Constitucional.
Agregó
que no ha faltado a su deber de aseguramiento ya que ha autorizado todos los servicios
que la accionante requiere. En este sentido, expresó que el CTC evaluó oportunamente
la solicitud y que, mediante Acta 907 del 9 de agosto de 2011, decidió negativamente
dicho requerimiento. Al respecto, sostuvo que “las evaluaciones que realiza
el CTC y las posteriores aprobaciones o negaciones de servicios excluidos
del Plan de Beneficios del régimen contributivo del SGSSS se rigen por
criterios estrictamente técnicos basados en literatura médica y científica
aunada al ordenamiento jurídico que rige la materia”.
Sobre
la afirmación según la cual el padre de la accionante no cumple con sus
obligaciones, estableció que éste sigue siendo miembro del grupo familiar,
razón por la cual no se puede pretender que la supuesta irresponsabilidad del
padre para con su hija sea asumida por la E.P.S. y su ingreso base de
cotización es de $1’103.000.
II.
DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
1. Sentencia de primera instancia
El
Juzgado 45 Civil Municipal de Bogotá, en providencia del 31 de agosto de 2011, resolvió
conceder el amparo solicitado. Estimó que la silla de ruedas claramente
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la joven Iveth ya que
facilita su desplazamiento y el desarrollo de sus actividades diarias,
disminuidas por la enfermedad que padece. Además, explicó que cumplía con los
requisitos de la jurisprudencia para inaplicar las reglas del POS, por lo que
ordenó la entrega de la silla.
2. Trámite procesal
2.1.
El 6 de septiembre de 2011, Miriam Inés Fuquen impugnó la anterior decisión
puesto que no se ordenó el tratamiento integral solicitado. De este modo, pidió
que se tuviera en cuenta que la enfermedad de su hija requiere de distintos
tratamientos que no son aprobados oportunamente por la E.P.S., entidad que solicita
diversos documentos que demoran la prestación en detrimento de su estado de
salud.
2.2.
En escrito allegado el 7 de septiembre de 2011, Famisanar E.P.S. reclamó la
aclaración y adición de la sentencia de primera instancia al considerar que se
debe incluir la facultad de recobro ante el Fosyga de la totalidad de los
gastos en que incurra por concepto del fallo de tutela, ya que de lo contrario se
pondría en juego el equilibrio del sistema.
2.3.
Mediante auto del 12 de septiembre de 2011, el a-quo decidió negar la adición
de la sentencia puesto que dicha solicitud se inclinaba a la reforma del fallo,
facultad proscrita por el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo,
en la misma providencia decidió conceder la apelación pedida por la accionante.
3. Sentencia de segunda instancia
El
Juzgado 13 Civil del Circuito, en fallo del 6 de octubre de 2011, revocó la
sentencia de primera instancia y denegó el amparo solicitado. Consideró que el
núcleo familiar de la accionante contaba con los recursos para asumir el costo
de la silla de ruedas, dado que “no basta con simplemente aducir que uno de
los padres es irresponsable y no cumple con sus obligaciones, ya que ello no es
excusa para que tales obligaciones las deba asumir un tercero, caso éste el
Sistema de Seguridad Social en Salud, más cuando es COTIZANTE al sistema del
que es beneficiaria la paciente”.
Sobre este punto, advirtió que “además de contarse con la
afirmación que hace la tutelante, quien aduce ser la única persona que trabaja
para la manutención de su hija y suministrarle, en la medida de sus capacidades
la atención que requiere para el cuidado de su padecimiento, es la E.P.S.
accionada, quien demuestra que el cotizante presenta como SALARIO BASE DE
COTIZACIÓN la suma de $1’103.000 M/cte (fl. 49) por lo que en principio puede
pensarse que cuentan con los recursos suficientes para costear el valor del
implemento ordenado por el médico tratante, pues además de ello, es la
tutelante, quien afirma que tiene un ingreso mínimo, con el que obtiene lo
necesario para subsistir, pues hace las veces de padre y madre, puesto que el
padre de la paciente no atiende sus obligaciones.
Efectivamente le asiste razón a la E.P.S. accionada, pues no puede
ésta asumir los costos generados por la irresponsabilidad del padre de la
paciente afectada, ya que sumados los ingresos familiares (padre y madre), no
se encuentran en condiciones de escasos recursos, como lo afirman, aunado a que
es el padre quien tiene afiliada a la agenciada al sistema de seguridad social
en salud, sin que se vislumbre del texto de la acción, ni de las pruebas
acopiadas, que a éste (padre) se le haya exigido el cumplimiento de sus
obligaciones con respecto de (sic) su hija especial”.
III.
PRUEBAS.
Obran
en el expediente las siguientes pruebas documentales pertinentes:
·
Copia
de la cédula de ciudadanía de la señora Miriam Inés Fuquen Pérez (folio 1).
·
Copia
de la contraseña de Iveth Fuquen Fuquen (folio 2).
·
Copia
del carné de afiliación a la E.P.S. Famisanar, de Iveth Fuquen Fuquen (folio 3).
·
Copia
de la prescripción médica de silla de ruedas diligenciada por fisiatra adscrito
a Famisanar E.P.S. (folio 11).
·
Copia
del dictamen de pérdida de la capacidad laboral realizado el 10 de mayo de 2011
(folio 7).
·
Copia
del formato de negación de la silla de ruedas con fecha de 9 de agosto de 2011,
expedido por el Comité Técnico Científico de Famisanar E.P.S. (folio 12).
·
Certificado
de afiliación a Famisanar E.P.S. de Miriam Inés Fuquen, William Fernando Fuquen
López e Iveth Fuquen Fuquen (folio 39).
·
Copia
del Acta 907 del 9 de agosto de 2011, proferida por el Comité Técnico
Científico, que niega la aprobación de la silla de ruedas (folio 40).
·
Relación
de autorizaciones de servicios médicos a Iveth Fuquen Fuquen (folio 41).
IV.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia
Esta
Sala es competente para revisar el fallo materia de revisión, de conformidad
con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. Problema
jurídico
Corresponde
a esta Sala de Revisión determinar si se vulnera, por parte de una E.P.S., los
derechos a la salud y a la vida digna de una paciente con discapacidad al no
suministrar la silla de ruedas prescrita por el médico tratante, bajo el argumento
de que no tiene la obligación de hacerlo, ya que el Comité Técnico Científico
no lo autorizó por estar excluido del POS y porque su ausencia no implica
riesgo para la vida.
Para
abordar estos problemas jurídicos, se recordará la jurisprudencia
constitucional respecto de: (i) la agencia oficiosa, (ii) la fundamentalidad
del derecho a la salud, especialmente en lo referido a las personas con
discapacidad; y (iii) el suministro de servicios excluidos del Plan Obligatorio
de Salud. Con base en ello, (iv) se procederá a revisar el caso concreto.
3.
Legitimación por activa en la acción de tutela. La agencia oficiosa.
Reiteración de jurisprudencia
3.1.
Los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991[1]
establecen que la acción de tutela podrá ser ejercida por la persona que
considere vulnerado o amenazado alguno de sus derechos fundamentales.
Específicamente,
el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone:
“La acción
de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por
sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se
pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También
podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
Por
consiguiente, existen cuatro formas para interponer la acción: (i) directamente
por quien considere lesionados o amenazados sus derechos fundamentales; (ii)
por su representante; (iii) mediante la agencia de derechos ajenos, siempre que
el interesado se encuentre en condiciones que imposibiliten su defensa; o (iv),
por el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
3.2.
Esta Corte ha precisado que la agencia oficiosa se da cuando el titular del
derecho no puede asumir su defensa personalmente. Además, tiene como finalidad
garantizar la protección y eficacia de sus derechos fundamentales, al admitir
que un tercero presente la petición de amparo y actúe en su favor sin que medie
poder.
Asimismo,
ha determinado que para intervenir como agente oficioso se deben verificar dos
requisitos: (i) que el agente oficioso manifieste actuar en tal sentido; y (ii)
que de los hechos que fundamentan la solicitud de amparo se infiera que el
titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados se encuentra en
situación física o mental que le impida la interposición directa de la acción[2].
Al
respecto, es necesario indicar que la manifestación puede ser expresa o tácita.
Así, será válida la agencia oficiosa cuando de los hechos narrados en el
escrito de tutela se deduzca la calidad en la que actúa la persona que
interpone la acción.
3.3.
En el caso bajo estudio, la Sala advierte que se cumplen los requisitos
enunciados por la jurisprudencia constitucional para que la señora Miriam Inés
Fuquen Pérez, en calidad de agente oficiosa, actúe en defensa de los derechos
de su hija, debido a que ésta padece de parálisis cerebral que tiene como consecuencia,
en su caso, retardo mental grave. Además, la accionante manifestó “obrar en
representación”[3]
de su hija en el escrito de tutela.
4. El derecho a
la salud como derecho fundamental y su protección por medio de la acción de
tutela
4.1. El artículo
49 de la Carta Política consagra la salud como un valor con doble connotación:
por un lado se constituye en un derecho constitucional y, por otro, en un
servicio público de carácter esencial. De esta forma, establece la obligación a
cargo del Estado de garantizar a todas las personas la atención que requieran,
así como la potestad que tienen las personas de exigir el acceso a los programas de
promoción, protección y recuperación[4].
A partir de
dicha disposición, la Corte Constitucional ha reconocido, en reiterada
jurisprudencia, que el derecho a la salud es fundamental[5] y “comprende
toda una gama de facilidades, bienes y servicios que hacen posible, de acuerdo
al mandato contenido en diversos instrumentos internacionales, el imperativo de
garantizar el nivel más alto posible de salud”[6].
En este sentido,
la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, estableció:
“1. Toda persona
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…).”
Igualmente, la Observación General 14
adoptada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año
2000[7],
expuso que el concepto de salud no se limitaba al derecho a estar sano ya que
éste debe atender las condiciones biológicas y socioeconómicas de la persona, y
los recursos con los que cuenta el Estado.
De este modo, esta Corporación ha
establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el suministro
de los servicios médicos que se requieren con necesidad, es decir, aquellos “indispensables
para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida,
su integridad personal o su dignidad”[8].
De forma que se “garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los
servicios de salud de los cuáles depende su mínimo vital y su dignidad como
persona”[9].
4.2.
Ahora bien, la protección del derecho a la salud se debe dar bajo los principios de
eficiencia, universalidad, integralidad, continuidad y solidaridad del sistema
general de seguridad social.
Así, la Corte ha expresado que el
derecho a la salud se considerará vulnerado cuando, a pesar de haber sido
autorizado el servicio médico, éste no haya sido garantizado oportunamente. Lo
mismo sucederá si se entrega un medicamento o procedimiento de mala calidad[10],
o si se niega o demora su suministro por surtir trámites burocráticos y
administrativos que al paciente no le corresponde asumir[11].
Específicamente,
en relación con el principio de integralidad, este Tribunal ha afirmado que la
atención en salud debe comprender “el cuidado, el suministro de
medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, la prácticas de rehabilitación,
la realización de exámenes de diagnóstico y seguimiento así como todo otro
componente que el médico tratante valore como necesario para el
restablecimiento de la salud del paciente”[12].
Por
su parte, la Corte ha expresado que el derecho de la persona a que se le
garantice la continuidad en la prestación del servicio implica que, una vez
ésta haya sido iniciada, no podrá ser interrumpida de forma súbita, antes de su
recuperación o estabilización[13].
4.3. Así las cosas, esta Corporación ha
establecido que la acción de tutela es procedente para proteger el suministro
de los servicios médicos que se requieren con necesidad, es decir, aquellos “indispensables
para conservar su salud, cuando se encuentre comprometida gravemente su vida,
su integridad personal o su dignidad”[14].
De forma que se “garantiza a toda persona, por lo menos, el acceso a los
servicios de salud de los cuáles depende su mínimo vital y su dignidad como
persona”[15].
5. La especial
protección del derecho a la salud de personas en situación de discapacidad.
Reiteración de jurisprudencia
La Carta Política consagra el amparo
reforzado que deben recibir las personas con discapacidad. En este sentido, el
artículo 13 dispone que: “El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan”. Asimismo, el artículo 47 establece que el Estado
debe adelantar “una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se
prestará la atención especializada que requieran”.
A estas normas, se les debe sumar los
convenios internacionales suscritos y ratificados tales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño; la
Observación General núm. 05 sobre Personas con Discapacidad proferida por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad; el Protocolo de San Salvador sobre derechos
económicos, sociales y culturales; y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad, entre otros. Todos ellos
buscan la protección especial de los derechos de las personas con discapacidad
y procuran que éstas se encuentren en situación de igualdad con los demás
integrantes de la sociedad.
Asimismo, la Ley 1306 de 2009 encargada
de regular la “Protección de Personas con Discapacidad Mental y (…) el
Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados”, consagra en
su artículo 11:
“Ningún
sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir
tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y
rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia,
a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad
física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en
todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y programas
científicos diseñados o aprobados por el Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación de que trata la Ley 361 de 1997.
La
organización encargada de prestar el servicio de salud y de educación en
Colombia adoptará las medidas necesarias para obtener que ninguna persona con
discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios desde la temprana
edad (…)”.
Estas disposiciones le imponen al Estado
una doble obligación respecto a esta población: por un lado, de abstenerse de
adoptar medidas que vulneren la garantía de igualdad de trato; y por otro, de
remover las barreras de orden normativo, económico y social que impidan el
ejercicio de los derechos de estas personas y, en este sentido, ejecutar
políticas que busquen una verdadera igualdad[16].
Precisamente, esta Corporación ha
indicado las distintas esferas en las que se debe dar un apoyo especial; entre
otras, ha señalado “la garantía de las posibilidades de acceso de las
personas con discapacidad a los diversos espacios, servicios, informaciones y
comunicaciones propios de la vida cotidiana, la educación, tanto ordinaria como
especial, a la que tienen derecho, la apertura de posibilidades de empleo para
permitirles obtener por sí mismos un sustento digno, la preservación de los
elementos básicos de su derecho al mínimo vital, la provisión de seguridad
social, la protección de su vida familiar en tanto componente crucial del
proceso de integración y rehabilitación, y  el fomento de su participación
en la vida cultural y del desarrollo de actividades deportivas, recreativas y
religiosas”[17].
Ahora bien, respecto al derecho a la
salud de las personas con discapacidad, esta Corte ha indicado que la atención
integral de estos sujetos debe estar dirigida a que se puedan desenvolver
dentro de la sociedad en condiciones dignas y en un plano de igualdad con los
demás.
Además, ha establecido, con fundamento
en el artículo 4 de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de
Personas con Discapacidad, que el Estado tiene la obligación de garantizar “el
acceso de las personas con discapacidad a servicios de apoyo, que bien pueden
traducirse en la preparación de personal capacitado para su atención,
implementos ortopédicos e instrumentos de ayuda técnica que les permitan un
mayor nivel de independencia respecto de otras personas y faciliten su
desenvolvimiento en la sociedad, en condiciones autónomas que en tal sentido,
aseguren una existencia digna sin que para el efecto constituyan impedimento
alguno los padecimientos físicos, sensoriales o síquicos que los aquejen”[18].
En estos términos, las personas con
discapacidad gozan de una protección reforzada en cuanto su derecho a la salud.
Dicho trato preferencial positivo tiene origen constitucional y busca que se
les garantice a aquellos individuos que por su debilidad física o mental son
más vulnerables, una vida en condiciones dignas y la posibilidad de ejercer
plenamente sus derechos.
6. Suministro de
medicamentos, tratamientos y procedimientos excluidos del Plan Obligatorio de
Salud. Reiteración de jurisprudencia.
Este Tribunal ha indicado que una
interpretación exegética de las normas que regulan los contenidos del POS por
parte de las E.P.S. puede desconocer derechos constitucionales fundamentales
cuando la negativa a prestar un servicio médico tiene relación directa con la
vida o dignidad de un paciente.
En este sentido, la Corte Constitucional
ha señalado las situaciones fácticas y jurídicas precisas ante las cuales el
juez de tutela debe aplicar directamente la Constitución y ordenar el
suministro de un servicio de salud que se encuentra excluido del plan de beneficios,
a saber:
a. Que la falta
del servicio amenace o vulnere el derecho a la salud, a la vida digna o a la
integridad personal;
b. Que el
servicio no pueda ser sustituido por otro que sí esté incluido o que pudiendo
estarlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el excluido
del plan;
c. Que el
accionante o su familia no cuenten con capacidad económica para sufragarlo;
d. Que el
servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien deberá presentar la
solicitud ante el Comité Técnico Científico[19].
Se
concluye que no todas las prestaciones ordenadas por el médico tratante podrán
ser objeto de amparo por vía de la acción tutela, ya que, en principio, la
autorización de servicios médicos está limitada a los Planes Obligatorios. De
ahí que para que resulte procedente la orden de suministrar un servicio no POS,
el juez deberá comprobar que se cumplen los requisitos jurisprudenciales
mencionados.
7.
Análisis del caso concreto
7.1.
En el presente asunto, Miriam
Inés Fuquen Pérez, como agente oficiosa de su hija Iveth Fuquen Fuquen,
solicita la
protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y a la salud, los
cuales considera vulnerados por Famisanar E.P.S. ante la negativa de ésta de suministrar
la silla de ruedas prescrita por el médico tratante, con el fin de mejorar su calidad
de vida.
Con
fundamento en lo anterior, pide que se ordene la entrega del dispositivo
ortopédico. Además, solicita que se conceda el tratamiento integral de la
enfermedad de la joven,
y la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos para la prestación de los
servicios de salud.
Por
su parte, la E.P.S. demandada sostiene que ha suministrado los medicamentos y
tratamientos requeridos por la paciente, igualmente el Comité Técnico
Científico de la entidad decidió no aprobar la solicitud de silla de ruedas por
considerar que no se encontraba en el plan de beneficios. Además, aduce que el
padre de la joven tiene un ingreso base de cotización de $1’103.000 y hace
parte del grupo familiar como cónyuge de la accionante en la afiliación a la
entidad. Por lo anterior, considera que no debe hacerse cargo de deberes que le
corresponden al progenitor de Iveth Fuquen.
El
juez de tutela de primera instancia decidió conceder el amparo solicitado al estimar
que se cumplían los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha
establecido para acceder a servicios no POS. No obstante, el ad-quem revocó la
anterior decisión y negó la protección de los derechos fundamentales invocados
tras sostener que la irresponsabilidad del progenitor del accionante no podía ser
llevar a que el sistema de salud asumiera el costo de la silla de ruedas.
7.2.
A continuación se procederá a estudiar si el caso bajo análisis cumple los
requisitos jurisprudenciales para la procedencia de la inaplicación de las normas
de los planes de beneficios, ya que al revisar el Acuerdo 29 de 2011[20],
proferido por la Comisión de Regulación en Salud, se constató que las sillas de
ruedas se encuentra excluidas del POS[21].
-
Que la falta del servicio amenace o vulnere el derecho a la salud, a la vida
digna o a la integridad personal. Como consta en el expediente, la
accionante padece de parálisis cerebral, por aparente hipoxia perinatal, con
dificultad para la marcha por la disminuida movilidad de sus miembros
inferiores, por lo que requiere ayuda externa constante. Adicionalmente,
presenta espasticidad en miembros inferiores y superiores, trastorno de
lenguaje y retardo mental. Circunstancias que llevan a que sea dependiente en
todas sus funciones esenciales, como aseo, alimentación y vestido[22].
De igual modo, fue calificada con un 85, 60% de pérdida de capacidad laboral en
el dictamen realizado para establecer su afiliación en calidad de beneficiaria
de su progenitora, al cumplir la mayoría de edad[23].
En
este sentido, se encuentra acreditado el grave estado de salud de la joven
quien merece un trato diferenciado por la situación de discapacidad que padece.
Además, es evidente que la silla de ruedas prescrita tiene la virtud de mejorar
la calidad de vida de la paciente, en tanto le facilitaría realizar sus
funciones diarias como alimentarse o ir al baño. A lo anterior se le suma la
necesidad de trasladar a la joven a sus controles médicos, así como a las
terapias físicas y de lenguaje.
-
Que el servicio no pueda ser sustituido por otro que sí esté incluido o que
pudiendo estarlo, el sustituto no tenga el mismo nivel de efectividad que el
excluido del plan. Al
respecto es necesario establecer que de las pruebas que obran en el expediente
no es posible inferir que el servicio de silla de ruedas  pueda ser sustituido
por otro contemplado en el POS.
-
Que el accionante o su familia no cuenten con capacidad económica para
sufragarlo. En
este punto, la Corte observa que la accionante no cuenta con los recursos
suficientes para costear la compra o el alquiler del elemento ortopédico, ya
que sus ingresos son de un salario mínimo y debe velar por todas las
necesidades de su hija con discapacidad[24].
En
el presente caso, la empresa accionada adjuntó certificado de ingreso del señor
William Fuquen que figura como cónyuge de la accionante, con el fin de
desvirtuar la afirmación de la señora Fuquen sobre su baja capacidad económica.
No obstante, en virtud del principio de buena fe y la presunción de veracidad
del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 , a juicio de la Sala el hecho de que
aparezca dentro de la afiliación del grupo familiar no demuestra que el padre
de la joven aporte efectivamente a los gastos del hogar, ya que, como lo afirmó
la accionante en el escrito de tutela, éste no cumple con sus deberes respecto
de su hija.
Sobre
este punto, esta Corporación ha señalado que el derecho al mínimo vital es una
cuestión cuantitativa, por lo que debe atender las circunstancias socioeconómicas
particulares de cada persona y las obligaciones que tiene a su cargo[25].
De esta forma, si se obligara a la accionante a pagar por el servicio de la
silla de ruedas se le impondría una carga desproporcionada, ya que llevaría a
que dejara de satisfacer otras necesidades igualmente importantes.
-
Que el servicio haya sido ordenado por el médico tratante, quien deberá
presentar la solicitud ante el Comité Técnico Científico. Se encuentra
satisfecho este requisito en tanto la accionante allegó copia de la fórmula de
la silla de ruedas que profirió el especialista tratante, según el conocimiento
que tiene de la historia clínica y la evolución de la paciente.
Así
las cosas, se advierte que el asunto bajo estudio cumple las subreglas
jurisprudenciales, por lo que se ordenará la inaplicación del POS en su caso y,
por ende, el suministro de la silla de ruedas en las condiciones indicadas por
el médico tratante.
7.3.
Ahora bien, se observa que el Comité Técnico Científico de la E.P.S. demandada
negó la autorización del servicio mediante Acta 907 del 9 de agosto de 2011, en
los siguientes términos:
“Decisión
adoptada por el CTC: Porque el CTC verificó que este tipo de solicitud se
encuentra expresamente excluida de los planes de beneficios por la normatividad
legal vigente y deben ser asumidos por el cuidador, además la no aprobación no
pone en riesgo inminente la vida del paciente, y en este caso, la solicitud NO
POS no cumple con los criterios de aprobación registrados en la verificación y
estipulados en la Resolución 4377 de 2010 y Resolución 3099 de 2008, además
dando cumplimiento con lo estipulado en la sentencia  T-760 de 2008 que refiere
‘el derecho a la salud no es ilimitado, el comité técnico científico no está
obligado a autorizar de manera automática cada solicitud del médico tratante’”[26]
7.3.1.
Al respecto, la Sala advierte
con preocupación que el CTC nunca explicó los motivos por los cuales la petición
no cumplía los criterios de las resoluciones 3099 de 2008 y 4377 de 2010. En
este punto, es necesario mencionar que los parámetros para la autorización de la
primera norma citada[27]
son iguales a aquellos que este Tribunal ha establecido para la inaplicación
del POS, por lo que se observa su acatamiento. Por otro lado, se aclara que la
Resolución 4377 dispone la forma en que se debe realizar el recobro al Fosyga
por concepto de prestaciones de salud no incluidos en el POS y fallos de
tutela, por lo que no resultaba relevante su mención.
7.3.2.
En otro orden de cosas, cabe indicar que la referencia que se realiza de la
Sentencia T-760 de 2008 es errónea, puesto que se limita a transcribir parte de
una cita relativa al carácter limitado del derecho a la salud. No obstante, al
hacer una lectura comprensiva de la providencia se observa que la intención de
este Tribunal era la de señalar que algunos servicios están razonablemente
excluidos del plan de beneficios. Entre otros, mencionó los tratamientos
estéticos, los asuntos dentales, las gafas y las cirugías de ojos.
7.3.3.
En este punto, vale la pena reiterar que el derecho a la salud implica la
garantía de acceso efectivo a los servicios que la persona requiera con
necesidad, es decir, aquellos indispensables para conservar su salud, cuando se
encuentre comprometida gravemente su vida, su integridad personal, o su
dignidad[28].
Así, se destaca que el ámbito de protección de esta garantía no está dado por
el contenido del POS, sino por la exigencia médica de la prestación.
De
este modo, se establece que la negación del servicio por parte del CTC es
contradictoria y afecta de manera grave el derecho a la salud de Iveth Fuquen,
en tanto la E.P.S. accionada utilizó el trámite ante el Comité Técnico
Científico como una barrera para no permitir que ella accediera a la silla de
ruedas que requería con necesidad, sin atender criterios científicos y técnicos
al tomar la decisión.
7.4.
Dentro de este contexto, Famisanar E.P.S. deberá suministrar el servicio
requerido en orden a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de Iveth
Fuquen Fuquen. Además, deberá prestar el tratamiento integral con el fin de
obtener su rehabilitación teniendo en cuenta que se trata de una persona con
discapacidad, derivada de la parálisis cerebral que padece, por lo que merece
una protección especial[29].
Por la misma razón y con el fin de evitar agravar la situación económica del núcleo
familiar de la accionante que puede verse afectada por el costo de los frecuentes
medicamentos y procedimientos que implican sus dolencias, se accederá a la
pretensión de exoneración de las cuotas de recuperación, ya que éstas suponen
una carga desproporcionada que podría llevar a que no continuara con el
tratamiento iniciado.
Por
consiguiente, se procederá a revocar la decisión del Juzgado 13 Civil del
Circuito de Bogotá, que revocó la providencia del Juzgado 45 Civil Municipal de
la misma ciudad. En consecuencia, se ordenará a Famisanar E.P.S., por conducto
de su representante legal o quien haga sus veces, que entregue la silla de
ruedas con las especificaciones que prescriba su médico tratante y por el
tiempo que éste indique. Además, se ordenará la autorización y prestación de
todos los exámenes, terapias, medicamentos y demás tratamientos que sean
necesarios para tratar la enfermedad de manera integral, así como la
exoneración de las
cuotas moderadoras y copagos para la prestación de éstos.
IV.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR
la sentencia proferida el 6 de octubre de 2011 por el Juzgado 13 Civil del
Circuito de Bogotá, que a su vez revocó la decisión del 31 de agosto de 2011
del Juzgado 45 Civil Municipal de la misma ciudad. En su lugar CONCEDER,
por las razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de los derechos
fundamentales a la vida digna y la salud de la accionante.
Segundo.- ORDENAR
a Famisanar EPS,
por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro del
término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
Sentencia, entregue, si no lo ha hecho, la silla de ruedas con las
especificaciones que prescriba su médico tratante y por el tiempo que éste
indique. Asimismo, ORDENAR la autorización y prestación de los demás
exámenes, terapias, medicamentos y demás tratamientos que sean necesarios para
tratar la enfermedad de manera integral.
Tercero.-
ORDENAR
a Famisanar EPS que exonere a Iveth Fuquen Fuquen del pago de las cuotas
moderadoras y copagos que hasta ahora se le han exigido para acceder a los
servicios de salud que necesita.
LÍBRESE
por
Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] “Por el cual se reglamenta la
acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[2] Sentencia T-312 de 2009.
[3] Fl. 14, cuad. 1.
[4] Ver, entre otras, sentencias
T-358 de 2003, T-671 de 2009 y T-104 de 2010.
[5] En la Sentencia T-760 de 2008, esta Corporación sostuvo que asignarle el carácter de fundamental al
derecho a la salud fue el
resultado de una evolución jurisprudencial y la observancia de la doctrina y
los instrumentos internacionales sobre la materia. Inicialmente, sostuvo que las
afectaciones al derecho a la salud podían ser resueltas en sede de tutela
siempre que se demostrara su conexidad con derechos como la vida, la dignidad o
el mínimo vital. No obstante, para el caso de sujetos de especial protección
constitucional como las personas de la tercera edad y los niños, la
jurisprudencia había señalado que este derecho adquiría el carácter de
fundamental autónomo.
[6] Sentencia T-320 de 2011.
[7] En esta Observación el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales analizó algunas cuestiones
sustantivas referentes a la aplicación del artículo 12 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se refiere al derecho al
disfrute del más alto nivel posible de salud.
[8] Sentencia T-760 de 2008.
[9] Ibíd.
[10] Ibíd.
[11] Sentencia T-195 de 2010.
[12] Sentencia T-53 de 2009.
[13] Sentencia T-195 de 2010.
[14] Sentencia T-760 de 2008.
[15] Ibíd.
[16] Ver, entre otras, sentencias
T-823 de 1999, T-394 de 2004, T-1031 de 2005, T-286 de 2010 y T-051 de 2011.
[17] Sentencia T-950 de 2009.
[18] Sentencia T-657 de 2008.
[19] Sentencia T-970 de 2010.
[20] “Por el cual
se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan  Obligatorio
de Salud”.
[21] Artículo 49, núm. 5.
[22] Fl. 4 y 8, cuad. 1.
[23] Fl. 9, cuad. 1
[24] Fl. 17, cuad. 1.
[25] Sentencia T-760 de 2008.
[26] Fl. 40, cuad. 1.
[27] La Resolución 3099 de 2008 es la encargada de regular el trámite ante el CTC mientras el
Gobierno Nacional reglamenta la Ley 1438 de 2011.
[28] Sentencia T-760 de 2008.
[29] En este sentido, ver, entre
otras, las sentencias T-53 de 2009; T-890 de 2010, T-233 y 408 de 2011.