T-761-15
Sentencia
T-761/15
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección
internacional/DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Protección constitucional
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE-Contenido
El
contenido del núcleo esencial del derecho humano al agua potable se entiende
satisfecho y garantizado cuando se cumple los cinco requisitos: (i) ser provisto en una cantidad suficiente;
(ii) ser disponible; (iii)  en calidad adecuada; (iv) físicamente accesible;
y (v) asequible
económicamente para los usuarios.
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-No pueden suspender el servicio del agua a sujetos de
especial protección
Esta Corporación ha indicado que resulta
desproporcionado que se interrumpa el servicio de agua, cuando este afecta a
sujetos de especial protección constitucional. La Corte determinó que es muy
bajo el recaudo de dineros que se logra con la interrupción del suministro de
agua, pero sí es una restricción importante a los derechos a la vida digna. Los
sujetos de especial protección constitucional, entre ellos los niños y niñas,
gozan de un contenido mínimo al derecho al agua que no es susceptible de
restricción bajo ninguna hipótesis, por esta razón, la mora en el pago de las
facturas del servicio público es inoponible para impedir el acceso al líquido
de los sujetos de especial protección constitucional.
ACCESO A LA
ELECTRICIDAD-Dimensión social
En las sociedades contemporáneas el
acceso a la energía eléctrica es una condición para el disfrute de otros
servicios y garantías fundamentales. Varias de las actividades de la vida
cotidiana que, hoy se dan por dadas y parecen naturales sólo pueden llevarse a
cabo, por el acceso a las redes de energía eléctrica. Participar de la riqueza
económica, cultural, informática, vivir en un espacio con la adecuada
calefacción, conservar y refrigerar los alimentos es posible, únicamente porque
se cuenta con acceso a electricidad. Uno de los compromisos de la comunidad
internacional en la superación de la miseria, está ligado con la garantía del
acceso a la energía eléctrica de manera conexa con el disfrute de una vivienda
adecuada. Superar la indigencia requiere, entonces, dejar atrás la pobreza
energética. La pobreza energética, es un concepto que han desarrollado,
entre otras,  las Naciones Unidas y en la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, Cepal,  para ilustrar la situación de millones de
personas en el mundo, consistente en la imposibilidad fáctica de garantizar una
cantidad mínima de electricidad para protegerse de las inclemencias del clima
(calefacción), así como para la refrigeración y cocción de alimentos.
POBREZA ENERGETICA-Concepto
CONSECUENCIAS DE LA POBREZA ENERGETICA-En derecho a la salud, relaciones intrafamiliares y aumento de la
pobreza por deudas excesivas por electricidad
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-Protección constitucional en casos de conexidad con derechos
fundamentales
La Corte Constitucional relaciona este servicio público con
el disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, y la
integridad personal.
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA-Protección en conexidad con derechos como la vida en condiciones
de dignidad y la salud
Son dos
eventos en los que una empresa de servicios públicos debe abstenerse de
realizar la suspensión del suministro de energía: (i) cuando se trata de
comunidades como hospitales, cárceles y establecimientos educativos; y (ii) en
casos de sujetos de especial protección constitucional. Siempre será el juez
constitucional, quien, en atención a las especificidades del caso, evalué y
determine cuando se está frente a una vulneración de derechos fundamentales por
la suspensión del servicio de electricidad.
CONSUMO DE SUBSISTENCIA DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA-Regulación normativa
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA-Vulneración por parte de empresa de
servicios públicos al suspender el suministro de agua, poniendo en riesgo a sujetos de especial protección constitucional que
habitaban la vivienda
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA Y A LA
ENERGIA EN CONEXIDAD CON LA VIDA-Orden a Empresa de Servicios Públicos llegar a un acuerdo de pago con la
accionante, ofreciendo condiciones amplias y flexibles que permitan satisfacer
las obligaciones derivadas del consumo de agua, alcantarillado y energía
eléctrica
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA Y A LA
ENERGIA EN CONEXIDAD CON LA VIDA-Orden a Empresa de Servicios Públicos prestar el servicio de agua potable y
energía eléctrica a la vivienda de la accionante
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS-Suspensión
del servicio y consecuencias cuando el usuario se atrasa en pago de tres
facturas
Referencia: expediente T- 5.073.877
Acción de tutela presentada por María Yamilde Martínez
Córdoba contra las Empresas Municipales de Cali EMCALI Empresa Industrial y Comercial
del Estado. E.S.P.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RIOS
Bogotá D.C, once (11) de diciembre de dos mil quince (2015)
La Sala
Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por la
Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Ernesto Vargas
Silva y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 86 y
241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículos
33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, profiere la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión del fallo proferido en única instancia por el Juzgado diecinueve (19) Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Santiago de Cali, el diecinueve (19) de mayo de
dos mil quince (2015), en el cual se negó la acción de tutela instaurada por la
ciudadana María Yamilde Martínez Córdoba contra las Empresas Municipales de
Cali EMCALI Empresa Industrial y Comercial del Estado. E.S.P.
El
expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de
Selección Número Ocho, mediante auto de veintisiete (27) de agosto de dos mil
quince (2015).
I.
ANTECEDENTES
Hechos
1.     La accionante es una persona de sesenta y dos (62) años de
edad, registrada en el nivel I del Sisben, residente en la ciudad de Cali, en
el inmueble ubicado en la Carrera 28 calle 108-36 del barrio Las Orquídeas,
estrato I.
2.     La peticionaria se encuentra incluida en el Registro Único
de Victimas –RUV-, ya que uno de sus hijos fue asesinado en el año mil
novecientos noventa y dos (1992) en el contexto del conflicto armado del país.
3.     Tiene a su cargo cinco personas: su hija, Martha Evelia
Martínez Córdoba de 40 años de edad, y sus cuatro nietos, quienes, según
manifiesta, todos ellos sufren diversos grados de discapacidad cognitiva.
4.     En agosto del año 2012, uno de sus nietos diagnosticado con
retraso mental se extravió de su residencia. Pasadas varias horas, fue
encontrado por la Policía Nacional deambulando por la calle, y entregado al
Instituto de Bienestar Familiar, que aprobó medida de restablecimiento de
derechos consistente en amonestación a la peticionaria, quien asumió el
compromiso de dedicar mayor tiempo a su nieto, y limitar sus horas laborales.
5.     Por lo anterior, la peticionaria afirma que en los últimos
tres años ha visto restringida su capacidad laboral dado que debe dedicar mayor
cantidad de tiempo al cuidado de sus nietos y su hija, especialmente de
aquellos que sufren de discapacidad mental.
6.     La solicitante obtiene escasos recursos económicos para el
sustento de su núcleo familiar, de labores domésticas en residencias
particulares, o como vendedora de productos caseros.
7.     Explica que celebró contrato de prestación de servicios
domiciliarios con las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E. E.S.P, para
el suministro de los servicios de energía eléctrica, acueducto y
alcantarillado. Actualmente adeuda nueve millones trecientos cuarenta y tres
mil cuatrocientos treinta y un pesos ($9.343.431), por concepto de 38 facturas
vencidas.
8.     El 23 de abril de 2015, la Empresa Prestadora de Servicios
Públicos realizó el corte del servicio público de agua en el domicilio de la
peticionaria.
Solicitud de Tutela
El cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015),
María Yamilde Martínez Córdoba solicitó al juez constitucional el amparo de sus
derechos fundamentales y los de su núcleo familiar al mínimo vital y al agua, y
en esa medida se ordene a las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E.
E.S.P: (i) reconectar el servicio de agua y energía eléctrica de manera
inmediata; y (ii) ofrecer un refinanciamiento de la deuda, que tenga en cuenta
los bajos ingresos de la accionante[1].
La solicitante sostuvo que habitualmente, debe
permanecer buena parte del día en su residencia al cuidado de sus nietos e hija.
Esto le impide destinar tiempo suficiente a labores económicamente rentables,
agudizando su situación de pobreza. Junto con el recurso de amparo
constitucional, solicitó decretar medida provisional, consistente en la
reconexión de sus servicios públicos, pues se encuentra en riesgo el bienestar
general de los menores, su salud y el derecho a recibir alimento en condiciones
dignas.
Contestación de la entidad demandada
Dentro
del término legal, el coordinador de Defensa Judicial de Emcali E.I.C.E. E.S.P
presentó contestación a la acción de tutela interpuesta por la señora María
Yamilde Martínez Córdoba, argumentando que la solicitud tiene un contenido
económico, por tanto no puede ser objeto de un recurso de amparo. Agregó que la
legislación vigente -Ley 142 de 1994 (Art. 130), y Ley 689 de 2001 (Art. 18)-
establecen el derecho-deber de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios
a suspender el suministro de agua cuando se presenta mora en el pago de las
tasas de dos facturas mensuales consecutivas.
El apoderado judicial de las Empresas Municipales de Cali
sostuvo que “el cobro por los servicios públicos, persigue unos fines
constitucionalmente válidos y se encuentra amparado por la ley; es un
derecho y un deber de las empresas prestadoras de los servicios suspender el
suministro del mismo, cuando han transcurrido dos periodos de facturación
sucesivos en lo que el usuario no haya efectuado el pago de lo debido”[2].
En la contestación de la acción de tutela recalcó que la
empresa tiene la política comercial de ofrecer a los clientes en mora, acuerdos
de pago “garantizando a los usuarios la protección de sus derechos y
conforme a las capacidades económicas del accionante”[3].
Finalmente recalcó que “no se tiene probado que los niños sean especiales,
como tampoco se tiene demostrada la especialidad de la hija de la accionante,
lo que si se evidencia es que la especialidad consiste en que son niños que han
carecido de madre toda vez que las pruebas hablan solas cuando en todas estas se
tiene participación del I.C.B.F”[4].
Decisión judicial objeto de revisión
Sentencia de instancia única
En sentencia del diecinueve (19) de mayo de dos
mil quince (2015), el Juzgado diecinueve Penal Municipal con Funciones de
Conocimiento de Santiago de Cali (Valle)[5]
negó la solicitud de amparo al considerar que, si bien, la señora María Yamilde
se encuentra en una situación calamitosa, “no se puede desconocer que existe
una relación contractual con las empresas MUNICIPALES DE CALI y por ello la
entidad ha cumplido con su obligación para la cual la ley la faculta, como es
la terminación del contrato por incumplimiento y por ende la suspensión del
servicio”[6].
El juez de instancia consideró que no existe
respaldo probatorio en el expediente, de que los menores y su hija Martha
Evelia sufren alguna discapacidad cognitiva. Contra la decisión no se presentó
impugnación por lo cual fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Actuaciones de la Sala Octava
en sede de Revisión
Mediante
auto del trece (13) de octubre de dos mil quince (2015) esta Sala ordenó:
(i)
Decretar medida provisional en favor de
la accionante y su núcleo familiar consistente en la reconexión de los servicios públicos domiciliarios de agua
potable y energía eléctrica. La cantidad de agua proporcionada será de
cincuenta (50) litros por persona por día;
(ii)
Vincular al trámite de la acción de tutela al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca, Centro Zonal
Sudoriental, para que por intermedio de su representante legal, se pronunciara
sobre los hechos que dieron lugar a la presentación de la acción de tutela de
la referencia, especialmente sobre la situación de los menores.
La Sala
determinó, era necesario y urgente proteger los derechos fundamentales de los
menores y de la señora María Yamilde, ya que además de vivir en condiciones de
extrema pobreza no cuentan con servicios públicos como el agua potable y la
energía eléctrica, lo que hace más gravosa su situación.
La
corporación consideró que sin la concurrencia del suministro de agua potable y
energía eléctrica no era posible garantizar el acceso a derechos fundamentales
de los menores, como a recibir una alimentación saludable, la salud, y la
educación, ya que la simultaneidad de ambos servicios permite la adecuada
refrigeración y cocción de los alimentos.
Pruebas relevantes allegadas al expediente
Durante el trámite de la acción de tutela, fueron allegados
los siguientes documentos:
-
Copia de cédula de
ciudadanía de María Yamilde Martínez Córdoba. (Folio 10)
-
Copia de la factura de
servicios públicos del mes de abril de 2015, en la que se evidencia que la
accionante adeuda 38 facturas del servicio de energía, acueducto y
alcantarillado, por valor de nueve millones trecientos cuarenta y tres mil,
cuatrocientos treinta y un pesos  ($9.343.431), expedida por las Empresas
Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P. (Folio 8)
-
Copia del Registro Civil de
Sandra Patricia Martínez Córdoba, hija de María Evelia Martínez Córdoba, con
fecha de nacimiento el catorce (14) de octubre de 1995. (Folio 11)
-
Copia del Registro Civil de
la niña Nicol Sofía Martínez Córdoba, hija de María Evelia Martínez Córdoba,
con fecha de nacimiento el tres (3) de mayo de 2009. (Folio 12)
-
Copia de la contraseña de
Martha Evelia Martínez Córdoba, en la que se evidencia que la fecha de expedición
es noviembre de 2010 y que su nacimiento fue el tres (3) de enero de 1975.
(Folio 13)
-
Copia del Registro Civil de
Elizabeth Martínez Córdoba, hija de María Evelia Martínez Córdoba, con fecha de
nacimiento el trece (13) de noviembre de 2001. (Folio 14)
-
Copia del Registro Civil de
Cristian Alejandro Martínez Córdoba, hijo de María Evelia Martínez Córdoba, con
fecha de nacimiento el diecisiete (17) de febrero de 2003. (Folio 15)
-
Copia del certificado de la
dirección municipal del Sisben, de Carlos Alberto Martínez Córdoba, en la que
consta que nació el diecinueve (19) de marzo de 1997. (Folio 16)
-
Copia de Acta de
amonestación y entrega a la accionante del niño Cristian Alejandro Martínez
Córdoba, del trece (13) de agosto de 2012, expedida por la Defensora de Familia
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Folio 18-19)
-
Copia de la Resolución No.
2013-99784 del veintitrés (23) de mayo de 2013 en la que se incluye a María
Yamilde Martínez Córdoba en el Registro Único de Victimas –RUV. (Folio 20-21)
-
Copia de Derecho de Petición
del cuatro (4) de mayo de dos 2015 presentado por María Yamilde Martínez
Córdoba ante las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P, informando su
situación familiar y económica, y solicitando la reconexión de los servicios
públicos de agua y energía eléctrica. (Folio 27-33)
El veinte cuatro (24) de septiembre de 2015 la accionante
dirigió memorial a la Secretaria de la Corte Constitucional allegando los
siguientes documentos.
-
Resolución No. 210 de agosto trece (13)
de 2012 en la que la Defensora de familia del ICBF, Regional Valle del Cauca,
visita al inmueble de la peticionaria para entrégale a su nieto, Cristian
Alejandro Martínez Córdoba, quien se encontraba extraviado. (Folio 91-96)
-
Copia de comunicación de la apoderada
de María Yamilde Martínez, dirigida al Coordinador del Área Funcional Atención
Escrita, de la Dirección de Atención al Cliente de la EMCALI E.I.C.E. E.S.P.,
solicitando reconocer los efectos del silencio administrativo positivo por no
contestar en término un derecho de petición. (Folio 97- 100).
-
Copia de respuesta de derecho de
petición de veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015), en la que las
Empresas Municipales de Calí contestaron comunicación de María Yamilde
Martínez. (Folio 111 – 115)
El
treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015) a través de la Secretaria de
la Corte Constitucional se recibió informe del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Regional Valle del Cauca, Centro Zonal Suroriental, en la
que consta visita realizada por la Trabajadora Social Jessica Andrea Narváez a
la vivienda de la accionante el día veintiuno (21) de octubre de 2015. (Folio
145 – 150)
II.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para revisar el fallo de tutela de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la
Constitución, y 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Presentación del problema jurídico.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, le corresponde a
la Sala determinar si las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P. vulneró
los derechos fundamentales al agua potable, y
a la vida en condiciones dignas de
la señora María Yamilde Martínez Córdoba, su hija Martha Evelia Martínez Córdoba y sus nietos, (tres de ellos
menores de edad, y dos diagnosticados con retraso mental moderado) como consecuencia de la suspensión de los
servicios públicos de agua y energía eléctrica, por la mora en el pago de 38
facturas mensuales, causada por las condiciones de pobreza económica de la
accionante.
Para abordar el problema jurídico planteado, la Sala
reiterará su jurisprudencia sobre: (i) el contenido esencial del derecho
fundamental al agua; (ii) el derecho de los sujetos de especial
protección constitucional de recibir una protección reforzada por parte de
todas las autoridades y la sociedad; (iii)
el precedente constitucional en relación con la
suspensión de los servicios públicos domiciliarios, en los casos de mora en el
pago de dos facturas sucesivas; (iv) la protección a través de acción de amparo
del servicio domiciliario de energía eléctrica y el concepto de consumo de
subsistencia; y (v) se resolverá el
caso en concreto.
3.
El contenido del derecho fundamental al agua.
El
derecho al acceso al agua potable ha sido desarrollado por la jurisprudencia de
esta Corporación. A continuación se reiterará el precedente constitucional en
torno a: (i) su fundamento constitucional e internacional; (ii) su contenido
esencial, y (iii) la garantía reforzada frente a sujetos de especial protección
constitucional.
3.1.
Derecho fundamental al agua potable en los ámbitos nacional e internacional
En el
texto de la Carta Política no está explícitamente previsto el derecho
fundamental al acceso a un mínimo agua[7],
sin embargo, diversas disposiciones constitucionales contienen obligaciones
concretas dirigidas a proteger y garantizar la ampliación del suministro del
líquido. Por ejemplo, el Artículo 79 establece como mandato la protección de
las fuentes hídricas; el Artículo 365 prescribe la obligación del Estado de
tender redes de acueducto y alcantarillado para todos los habitantes del
territorio nacional; el Artículo 8º prevé obligaciones de proteger las riquezas
naturales del país, incluida el agua; el Artículo 80 dispone el manejo
planificado de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
prevenir, controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados[8].
En el
caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los primeros
instrumentos convencionales no contenían explícitamente el derecho humano a
acceder un mínimo de agua. Esta preocupación solo emergió en la década de los
años setenta[9],
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del
Plata, Argentina, en 1977[10].
Este fue el primer escenario en que la comunidad internacional vinculó el
acceso al agua con el ejercicio de otros derechos humanos, y como obligación a
desarrollar de manera progresiva por parte de los Estados. En las conclusiones
de la Conferencia se dijo: “Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de
desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tiene el derecho a disponer
de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas.
Es de reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elementos por
parte del hombre es imprescindible para la vida y pasa su desarrollo integral
como individuo o como integrante del cuerpo social”[11].
El
Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales no establece
explícitamente un derecho humano al acceso al agua, sin embargo, el Comité lo
ha deducido a partir de los Artículos 11 y 12 sobre el derecho a un nivel de
vida adecuado y al nivel más alto de salud posible.
El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General
No. 15, establece que es un derecho humano disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. El
suministro del líquido es una condición para el ejercicio de otras libertades
como la vida, la salud o la alimentación equilibrada, “(…) [p]or ejemplo, el agua es necesaria para producir
alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene
ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse
medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y
para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en
la vida cultural)”. [12]
Instrumentos
internacionales más recientes, sí prevén de manera explícita un derecho humano
al agua. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979, por ejemplo, establece en su
Artículo 14. 2 literal f) que Los Estados Partes adoptarán las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas
rurales, y en particular priorizarán “(…) condiciones de vida adecuadas,
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las
comunicaciones.”
Obligaciones
en el mismo sentido han sido desarrolladas en la Convención sobre los Derechos
del Niño de 1989 en sus artículos 24, y 27.3[13];
en el Convenio No. 161, Artículo 5º de la OIT, sobre los servicios de salud en
el trabajo y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
en su Artículo 28[14].
Recientes
decisiones de la Corte Constitucional han resaltado documentos internacionales
que han reforzado el carácter fundamental del derecho al agua.
En
providencia C-094 de 2015 la Corte reforzó la importancia del derecho al agua
en el hemisferio, y acudió a la Declaración Centroamericana del Agua, adoptada
en San José de Costa Rica en 1998, para precisar la obligación estatal de
cuidar los recursos hídricos y su correspondencia con la justicia ambiental.
Puso de relieve que se tiene derecho a participar en los proyectos, obras y
decisiones que afecten o puedan afectar a los cuerpos de agua a nivel local,
nacional e internacional.
La
jurisprudencia constitucional desde muy temprano reconoció el derecho
fundamental a disponer de un mínimo de agua potable, especialmente en aquellos
casos en los que el líquido está destinado a satisfacer las necesidades
básicas de las personas[15].
En un primer momento se vinculó el goce de este derecho en conexidad con el
derecho a la vida en condiciones de dignidad, o como mecanismo para proteger el
medio ambiente sano[16].
En ese sentido, el agua potable, es un recurso natural insustituible y al mismo
tiempo es condición indispensable para el disfrute de otros derechos
como la vida, la salud y la dignidad humana.[17]
La
Corte ha relacionado el acceso al agua potable con el disfrute de otros
derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, o la salud. En la
Sentencia T-348 de 2013 la Corte Constitucional determinó que “(…) el agua
que es utilizada diariamente por las personas es imprescindible para garantizar
la vida misma y la dignidad humana, entendida como la posibilidad de contar con
unas condiciones materiales de existencia que les permitan desarrollar un papel
activo en la sociedad, para lo cual es evidentemente necesario contar con las
garantías básicas del derecho a la salud y a la alimentación, los cuales,
evidentemente no pueden ejercerse si no se cuenta con agua potable”[18].
En
razón a su carácter fundamental, y como condición para el ejercicio de otros
derechos constitucionales, la Corte ha protegido en sede de amparo el acceso al
agua. Para ello ha exigido[19]:
(i) se demuestre que se requiere para el consumo humano; (ii) se pruebe que el
agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad determinada se encuentra
contaminada o no se presta en condiciones aptas para el consumo de las personas
y; iii) los usuarios cumplen con los requisitos señalados en la ley y los reglamentos
para la instalación del servicio público, pues este derecho también implica el
deber de acatar las normas técnicas especializadas para la correcta prestación
del servicio.
3.2.
Contenido del derecho fundamental al agua potable[20].
El
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en su Observación General
No. 15 de 2002, fijó el contenido del núcleo esencial del derecho humano al
agua potable. El mismo ha sido recogido por la Corte Constitucional[21] detallado los elementos
constitutivos del derecho. En Sentencia T-891 de 2014 se precisarón las obligaciones a cargo del Estado en
relación con la disponibilidad del líquido, el cual se entiende satisfecho y
garantizado cuando se cumple los cinco requisitos que a continuación se
detallan:
(i)
ser provisto en una cantidad
suficiente;
(ii)
ser disponible;
(iii)
en calidad adecuada;
(iv)
físicamente accesible; y
(v)
asequible económicamente para los usuarios,
Se
procede a explicar cada uno de ellos:
a) Cantidad,
hace referencia a una medición cuantitativa del número de metros cúbicos
necesarios para una persona. Tanto la Corte, como el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, así como la Organización Mundial de la Salud
y la propia Oficina del Alto Comisionado han señalado que los metros cúbicos
necesarios para cada personas -con variación en atención a la región, el clima,
los hábitos etc.- está alrededor de cincuenta (50) a cien (100) metros cúbicos
de agua por persona. Al respecto en Sentencia la T-891 de 2014 esta Corte se
pronunció en los siguientes términos:
“(…) una cantidad suficiente de agua abarca el recurso
necesario para el saneamiento, usos personales y domésticos (consumo,
preparación de alimentos e higiene).[22]
Adicionalmente, se estima que el nivel de agua que en promedio resulta necesario
para satisfacer estas necesidades varía entre los cincuenta (50) y cien (100)
litros de agua por persona al día, de acuerdo a la Organización Mundial de la
Salud -OMS-.[23]
b)
Frente a la disponibilidad la Observación General No. 15 del Comité de
Derechos Sociales, Económicos y Culturales define que el abastecimiento de agua
de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y
domésticos. Los mismos comprenden normalmente el consumo, el saneamiento,
“la colada”[24],
la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de
agua disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En
relación con esta obligación, la Corte ha tutelado el derecho al agua potable,
cuando una persona, o grupo de personas no contaban con el servicio en sus
inmuebles por omisión de las empresas prestadoras, que se negaban a realizar la
conexión del mismo, o también porque el suministro había sido suspendido en
razón a su mora en el pago de las facturas[25].
En estos casos, la Corporación ha decidido que obtener agua de manera
episódica, intermitente o interrumpida no asegura los niveles mínimos de
suministro del líquido en su hogar.
Del
mismo modo, esta Corporación ha sostenido que existen circunstancias especiales
donde, pese al incumplimiento del pago de los servicios públicos, no se puede
efectuar la suspensión del mismo, ya que se vulneraria la disponibilidad
del derecho al agua. Esto produce que los efectos de la suspensión se concreten
“en un desconocimiento desproporcionado a los derechos constitucionales de sujetos
o establecimientos especialmente protegidos, o en una grave afectación en las
condiciones de vida de una comunidad”[26].
c) La calidad
del agua tiene que ver con su salubridad y potabilidad “por lo tanto, no
ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan
constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua
debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o
doméstico”[27].
En la
pluricitada Sentencia T-891 de 2014, la Sala decidió el caso de una comunidad
en el municipio de Palermo (Huila), la cual, a través del acueducto recibía
agua que no era apta para el consumo humano, como lo demostraron múltiples
análisis realizados. “La impotabilidad del agua derivaría de la falta de
tratamiento del recurso hídrico, así como de la contaminación generada por el
vertimiento de aguas residuales del alcantarillado en los afluentes de la zona,
que a su vez pasan cerca sitio del cual se extrae el agua que abastece la red
de acueducto”[28].
En aquella ocasión se tuteló el derecho al acceso al agua, en atención a que el
suministro de la misma, si bien era permanente y en adecuada cantidad, no
garantizaba la calidad para el consumo humano. El
derecho vulnerado tiene un carácter personal en este caso, puesto que el
recurso no potable se destina a la satisfacción de necesidades inmediatas de
los residentes de la zona, incluyendo el consumo humano[29].
d) El
cuarto elemento del núcleo esencial al derecho al agua, es la accesibilidad
que se refiere a que las instalaciones e infraestructura física que sirve para
distribuir y garantizar el acceso al agua, debe ser cercana y segura para
todos, y sin discriminación alguna. Señala el Alto Comisionado de las Naciones[30]:
“Se debe facilitar acceso a agua potable y al
saneamiento dentro del hogar o en sus cercanías inmediatas, y en una manera
en que haya un suministro regular de agua y no se deba dedicar demasiado tiempo
para recogerla. Por consiguiente, las obligaciones de derechos humanos de
los Estados en relación con el agua potable y el saneamiento no les imponen que
faciliten el acceso en cada casa. Sin embargo, el agua y las instalaciones
sanitarias deben estar muy cerca de cada hogar, centro de enseñanza y lugar de
trabajo, y deben encontrarse al alcance, de manera segura, de todos
los sectores de la población, teniendo en cuenta las necesidades de grupos
particulares, entre ellos las personas con discapacidades, los niños, las
personas de edad y las mujeres (…) debería existir normalmente una fuente
con capacidad para suministrar agua suficiente, salubre y regular a menos de
1.000 metros del hogar, y el tiempo para recoger alrededor de 20 litros de agua
por día no debería superar los 30 minutos.” (Negrillas fuera del texto)
El
acceso debe darse en cada hogar, institución educativa o lugar de trabajo o en
sus cercanías inmediatas. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser
de calidad suficiente y culturalmente adecuados, deben tener en cuenta las
necesidades relativas al género, el ciclo vital y la intimidad. No pueden
existir barreras físicas para el acceso al agua.
d) La asequibilidad
o accesibilidad económica hace referencia a los cargos y tasas que deben
asumir los ciudadanos para sufragar los costos de la infraestructura y puesta
en marcha de los servicios de acueducto. Estos deben ser razonables y no pueden
comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos. En desarrollo
de la garantía de asequibilidad diversas sentencias, esta Corporación ha
señalado que aun cuando una persona adeude facturas por el servicio de agua, no
puede interrumpirse el suministro ya que, en algunas ocasiones, el costo de las
facturas mensuales pone en riesgo el disfrute de otros derechos fundamentales.
Esto ocurre cuando el valor mensual no guarda relación con los ingresos del
usuario[31].
3.3.
Los sujetos de especial protección constitucional y los límites a la suspensión
del servicio público del agua.
La
Corte Constitucional ha sostenido que determinados grupos de personas o
comunidades gozan de una garantía reforzada al derecho fundamental al agua[32]. En efecto, el juez constitucional
que decida sobre el suministro del preciado líquido debe tener especial
precaución cuando se encuentra frente a niños o niñas, personas de la tercera
edad, discapacitadas o gravemente enfermas, mujeres en estado de embarazo o
lactancia, o en condición de debilidad manifiesta, así como cuando se trata de hospitales,
centros penitenciarios o carcelarios o establecimientos educativos.
Frente
a dichas hipótesis, el derecho de las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios a cortar el suministro de agua por falta de pago de varias
facturas acumuladas se ve limitado. La Corte estima que en esos eventos se
presenta una colisión entre derechos o principios constitucionales. De un lado,
el derecho de la empresa a recibir el pago por la prestación de un servicio
fruto de un contrato de suministro oneroso[33]
y por el otro, los derechos fundamentales al agua y a la vida en condiciones de
dignidad de los usuarios o suscriptores.
Ante
dicha tensión, esta Corporación[34]
ha indicado que resulta desproporcionado que se interrumpa el servicio de agua,
cuando este afecta a sujetos de especial protección constitucional. La Corte
determinó que es muy bajo el recaudo de dineros que se logra con la
interrupción del suministro de agua, pero sí es una restricción importante a
los derechos a la vida digna.
En este
orden de ideas, la jurisprudencia constitucional limita el derecho de las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios a cortar el suministro de agua en
casos donde se presenta falta de pago de las tasas mensuales, si quien lo
soporta reúne varias condiciones; (i) es un sujeto de especial protección
constitucional; (ii) el motivo de la morosidad es involuntario e incontrolable;
y (iii) la suspensión del servicio implica la vulneración de otros derechos
fundamentales[35].
Al ejercer el control abstracto de constitucionalidad de
varias disposiciones de la Ley 142 de 1994, incluido el Artículo 128, referido
al derecho-deber de las Empresas Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios
a cortar el suministro de agua, en Sentencia C-150 de 2003[36] la Corte
definió la suspensión del servicio implicaba un menoscabo desproporcionado para
determinados sujetos de especial protección constitucional. Por ese motivo,
condicionó su exequibilidad en el siguiente sentido:
“las normas acusadas serán declaradas exequibles, en el
entendido de que se respetarán los derechos de los usuarios de los servicios
públicos cuando se vaya a tomar la decisión de cortar el servicio. Tales
derechos, como el respeto a la dignidad del usuario (art. 1° de la C.P.) son,
entre otros: (…) (ii) el derecho a que las empresas prestadoras de servicios
públicos se abstengan de suspender el servicio cuando dicha interrupción tenga
como consecuencia el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos
especialmente protegidos o, impida el funcionamiento de hospitales y otros
establecimientos también especialmente protegidos en razón a sus usuarios, o
afecte gravemente las condiciones de vida de toda una comunidad.”.
(Negrillas fuera del texto)
La
referida regla jurisprudencial ha sido aplicada de forma reiterada por la Corte
Constitucional. Un ejemplo de ello es la Sentencia T-270 de 2007[37], mediante la cual la Corte amparó
los derechos a la vida, a la salud, al agua y a la energía eléctrica de una
mujer que debía someterse a procedimientos de diálisis ambulatoria en su
residencia cuatro veces al día.
En esa
ocasión, la Empresa de Servicios Públicos cortó el suministro de agua y energía
eléctrica con fundamento en que la peticionaria no canceló las facturas
mensuales de agua y energía. La accionante afirmó que requería el suministro de
los dos servicios públicos para llevar a cabo el procedimiento médico
prescrito.
Este
Tribunal sostuvo que en casos de sujetos de especial protección constitucional,
como lo es una persona que afronta una enfermedad de extrema gravedad, debe
garantizarse el suministro mínimo de agua, ya que la interrupción del mismo,
tiene el alcance de poner en riesgo derechos fundamentales como la salud, la
dignidad humana, y la vida misma.
En
Sentencia T-717 de 2010[38]
se resolvieron dos casos acumulados de accionantes que manifestaban la
vulneración de sus derechos fundamentales al agua, ya que las Empresas Públicas
de Medellín habían suspendido el suministro de agua, debido a la falta de pago.
En los dos procesos se trataba de madres cabezas de familia, a quienes
correspondía el sostenimiento de varios niños, algunos de ellos con
discapacidades físicas. En esa oportunidad las accionantes adeudaban cifras
cercanas a un millón trescientos sesenta y cinco mil noventa y nueve pesos
($1’365.099).
En
la misma providencia la Corte reiteró su jurisprudencia frente a los límites y
restricciones del derecho-deber de las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios a suspender el suministro de agua. Siempre que, prima facie,
proceda el corte del suministro, la Empresa deberá tener en cuenta que no lo
podrá realizar si la suspensión se efectúa en dos de las siguientes hipótesis:
(i) con violación de las garantías del derecho al debido proceso; o (ii) bajo
el respeto del debido proceso, pero con la consecuencia accesoria de: (a)
suponer “el desconocimiento de derechos constitucionales de sujetos
especialmente protegidos”, (b) “impedir el funcionamiento de hospitales y otros
establecimientos también especialmente protegidos” o (c) “afectar gravemente
las condiciones de vida de toda una comunidad”.
Estas
mismas reglas fueron reiteradas en Sentencia T-752 de 2011[39]. Dicha
providencia resolvió varias tutelas acumuladas, en las que los accionantes
alegaban la imposibilidad de pagar cifras que oscilan entre ochocientos noventa
y seis mil pesos ($ 896.000), y a un millón
ciento noventa mil doscientos seis pesos ($1.190.206). En esa oportunidad la
Corte profundizó en cuanto a que no debía cuantificarse el acceso al servicio
público esencial del agua desde un punto de vista de eficiencia económica o
suficiencia financiera, sino que debe prestarse el servicio atendiendo a otros
indicadores “(…) de carácter social, que propugnen por la extensión y
prestación oportuna de los mismos, aunque ello implique un replanteamiento de
políticas públicas o la adopción de unas nuevas por parte del Estado, en lo que
respecta al asunto de los servicios públicos esenciales”[40].
No
se trata que el Estado obligue a las empresas prestadoras de servicios públicos
a operar generando pérdidas. Lo que debe tenerse presente es que siempre hay
que garantizar el flujo esencial de agua, aun cuando se presente mora en el pago
de las facturas, y este ante circunstancias excepcionales en la que se afecten
otros derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.
En otras palabras, debe anteponerse el valor
superior de la dignidad humana, al concepto de rentabilidad económica. Por eso
en la  citada sentencia T- 752 de 2011 se ordenó a la Empresa Prestadora de
Servicios Públicos Domiciliarios, llegar a un acuerdo de pago con la
peticionaria, en el cual se le ofrezcan cuotas amplias y flexibles,
que le permitan satisfacer sus obligaciones contractuales,
derivadas del consumo del servicio público de agua potable.
Posteriormente,
la Sentencia T-915 de 2009[41]
resolvió la petición de amparo de un hogar comunitario al que se le interrumpió
el servicio de agua por falta de pago, pero donde se atendían de manera
prioritaria a sesenta (60) menores de edad. En aquella oportunidad, la Sala
Séptima de Revisión estimó que la prestación de los servicios públicos es una
función esencial de un Estado Social de Derecho y que, por tanto, no es posible
suspender de manera automática el suministro agua, sin atender que puede
perjudicar a personas frente a las cuales el Estado tiene prioritarias
obligaciones. Concluyó que cuando el abastecimiento de agua va dirigido a
menores de edad, el mismo no se puede suspender, y en todo caso se debe“(…)
procurar su suministro permanente, en la cantidad básica, sea directamente o a
través de las entidades prestadoras de servicios públicos, independientemente
del carácter público o privado de éstas”[42].
En
Sentencias T- 740 de 2011[43]
y T-980 de 2012[44],
la Sala de Revisión de Tutelas resolvió en el mismo sentido, y a partir de las
mismas reglas jurisprudenciales las solicitudes de amparo presentadas por
varias personas que carecían de los recursos económicos para sufragar
mensualidades acumuladas.
En
el caso de la providencia del año 2011 se trataba de una mujer de cincuenta y
cuatro (54) años de edad, madre cabeza de familia de dos niños, y con una
discapacidad física. La Sentencia T-980 de 2012 estudió la solicitud presentada
por un hombre de sesenta y un (61) años de edad y sin familiares. En ambos
casos las cifras adeudadas eran cercanas al medio millón de pesos, y la orden
fue dirigida en el mismo sentido: realizar un acuerdo de pago amplio y flexible
entre la Empresa Prestadora el Servicio de Agua potable y el suscriptor, atendiendo la
situación económica del accionante, y
buscando que pueda cumplir los abonos a su obligación contractual.
La
Sentencia T-891 de 2014[45]
realizó una reconstrucción del precedente judicial relacionado con las reglas
jurisprudenciales aplicables a los casos de corte del servicio de agua a
sujetos de especial protección constitucional. La providencia compendió las
siguientes pautas:
“(i) en el caso de las viviendas clasificadas
en nivel uno (1) del Sisbén, debe presumirse que la falta de pago no justifica
la desconexión del servicio de acueducto;
(ii) no puede suspenderse el servicio, pese al
incumplimiento sucesivo de pago, si la desconexión viola el debido proceso,
afecta derechos constitucionales de sujetos de especial protección, entorpece
el funcionamiento de establecimientos protegidos o afecta las condiciones
materiales de existencia de un grupo;
(iii) en casos de desconexión los sujetos de
especial protección constitucional tienen la carga de informar que el corte
afecta a un sujeto que ostenta dicha calidad, que con ella se pueden afectar
derechos fundamentales, y que el incumplimiento en el pago se generó a partir
de “circunstancias involuntarias, insuperables e incontrolables”;
(iv) el contenido del derecho (…) incluye las
características de disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad y
aceptabilidad;
(v) la tutela no resulta procedente para acceder
a la reconexión cuando el accionante utilizó medios ilegales para hacerse al
preciado líquido.”
En conclusión, para esta Corporación
los sujetos de especial protección constitucional, entre ellos los niños y
niñas, gozan de un contenido mínimo al derecho al agua que no es susceptible de
restricción bajo ninguna hipótesis, por esta razón, la mora en el pago de las
facturas del servicio público es inoponible para impedir el acceso al líquido
de los sujetos de especial protección constitucional.
4.
Dimensión social del acceso a la electricidad y la pobreza energética.
Debido
a que el problema jurídico que debe resolver la Sala requiere determinar si es
procedente la protección del acceso a la energía eléctrica  a través de acción
de tutela del acceso, se considera necesario contextualizar el caso concreto en
los debates contemporáneos sobre el disfrute de este servicio público.
El
acceso a un mínimo de energía eléctrica ha sido ampliamente discutido tanto en
el derecho comparado, como por la Comunidad Internacional[46]. Varias de
las instituciones y autores referenciados en un primer momento, buscan derribar
estereotipos o prejuicios que vinculan al acceso a la energía eléctrica con un
lujo, un servicio público prescindible, o de menor importancia que, por
ejemplo, el agua potable. Las fuentes consultadas muestran que en las
sociedades contemporáneas el acceso a la energía eléctrica es una condición
para el disfrute de otros servicios y garantías fundamentales.
Varias
de las actividades de la vida cotidiana que, hoy se dan por dadas y parecen
naturales sólo pueden llevarse a cabo, por el acceso a las redes de energía eléctrica.
Participar de la riqueza económica, cultural, informática, vivir en un espacio
con la adecuada calefacción, conservar y refrigerar los alimentos es posible,
únicamente porque se cuenta con acceso a electricidad.
Este
servicio público tiene mayor importancia para sujetos de especial protección
constitucional, dado que la falta del suministro los afecta de manera
desproporcionada y con consecuencias que únicamente asumen ellos. En el caso de
los niños, niñas y adolescentes, verbigracia, la ausencia de fluido energético
impide que puedan ejercer de manera adecuada sus derechos fundamentales a la
educación o a la alimentación equilibrada.
Las
mujeres que viven espacios rulares y pobres, deben asumir las consecuencias de
la pobreza energética. En familias con fuertes valores patriarcales son las
mujeres quienes cocinan y preparan los alimentos, lo cual las obliga a proveer
los insumos necesarios para la cocción. Como se verá a continuación, las
Naciones Unidas (Programa para el Desarrollo) han documentado que en países
pobres, especialmente en espacios rurales, son las madres, hermanas, e hijas
quienes obtienen la leña para la preparación, lo cual las obliga a pasar horas
recolectado combustibles vegetales.
El
suministro de electricidad permite hacer frente a las necesidades básicas de la
vida cotidiana. Actividades como la conservación de alimentos, climatizar
espacios, la iluminación y la higiene personal, sólo pueden disfrutarse con la
concurrencia de la energía eléctrica. Dicho en otros términos, este suministro está
directamente relacionado con el bienestar de las personas, y asegura condiciones
elementales de comodidad.
En
la jurisprudencia constitucional, como se verá en acápites siguientes, la
protección a través de acción de tutela del suministro de energía eléctrica, se
vincula al goce de derechos fundamentales como la vida, la salud o la
integridad personas. Por el contrario en el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, el fluido eléctrico se deriva del derecho humano a la
vivienda digna y adecuada.
En
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos el acceso a la energía
eléctrica, se encuentra reconocido de manera conexa con el derecho a vivienda
digna y adecuada. El Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, señala que es un derecho humano disfrutar de un lugar de
residencia para: (i) aislarse y descansar los periodos de tiempo necesarios y;
(ii) protegerse de las inclemencias del clima. Se ha concluido por parte del
Comité de Derechos Sociales y Culturales, que una vivienda adecuada es una
condición necesaria y previa para el disfrute de otros derechos humanos y
prestacionales.
No
cualquier vivienda cumple los estándares internacionales. Uno de los requisitos
derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, tiene que ver con la “Disponibilidad de Servicios, materiales
facilidades e infraestructura”. El Comité de Derechos Económicos y
Culturales define este requisito como:
“Disponibilidad de servicios,
materiales, facilidades e infraestructura.
Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la
salud, la seguridad, la comodidad y la nutrición. Todos los beneficiarios del
derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la
calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de
almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a
servicios de emergencia.”[47]
Como
se observa, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales vincula el
suministro de energía eléctrica, al disfrute del derecho humano a la vivienda
digna y adecuada. Según la doctrina especializada, el mismo debe ser
suficiente, regular, confiable, eficiente, seguro y asequible[48].
De
la misma manera, el programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha
recalcado la relación que existe entre el alivio de la pobreza, la mejora en
las condiciones de los sectores vulnerables y el disfrute del fluido eléctrico[49].  Sostiene
que personas que no gozan de este servicio, se enfrentan a dificultades
adicionales para superar condiciones de pobreza, y para lograr el ejercicio de
sus derechos fundamentales. Concluye el Informe de las Naciones Unidas sobre el
estado de la energía eléctrica en el Mundo:
“La falta de acceso a los servicios energéticos está
estrechamente vinculada a una serie de preocupaciones sociales, incluyendo la
pobreza, la falta de oportunidades, la urbanización, la mala  salud, y la falta
de educación de las mujeres en particular.
(…)
En todo el mundo, dos mil millones de personas dependen de formas
tradicionales combustibles para cocinar y / o no tienen acceso a servicios
energéticos modernos. Para estas personas, cocinar en el interior de sus casas
con estufas mal ventiladas tienen significativos impactos para la salud. Cientos
de millones de personas – principalmente mujeres y niños - pasan varias horas
al día en la monotonía de la recolección de leña y agua, a menudo desde
distancias considerables, para las necesidades del hogar. Debido a
estas demandas en su tiempo y su energía física, las mujeres y los niños a
menudo no tienen oportunidades para la educación y otras actividades
productivas, mientras que su salud se resiente.”[50]
(Subrayado y negrillas fuera del texto)
El
mismo documento explica que el acceso a la energía se asocia con una mayor
esperanza de vida y reducción de la mortalidad infantil[51], ya que el
fluido eléctrico permite una mejor cocción de los alimentos, su adecuada
refrigeración, calefacción (especialmente en ciudades con climas extremos)
además de ofrecer condiciones de aseo y estudio indispensables, para el
ejercicio de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.
La
comunidad internacional en varias ocasiones ha recalcado la necesidad de
revertir las condiciones de pobreza de millones de personas[52], este
compromiso implica superar formas de exclusión del mercado de la energía
eléctrica. Dado que el flujo de electricidad no es un privilegio de aquellos
que puedan sufragar los costos, sino una condición necesaria para el disfrute
de otros muchos derechos humanos (conservación de alimentos, climatizar
espacios, el derecho a la educación, la iluminación y la higiene personal etc.),
se requiere garantizar progresivamente la distribución adecuada de
electricidad.
Es
por esto que, uno de los compromisos de la comunidad internacional en la
superación de la miseria[53],
está ligado con la garantía del acceso a la energía eléctrica de manera conexa
con el disfrute de una vivienda adecuada. Superar la indigencia requiere,
entonces, dejar atrás la pobreza energética[54].
La pobreza
energética, es un concepto que han desarrollado, entre otras,  las Naciones
Unidas y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal,  para
ilustrar la situación de millones de personas en el mundo, consistente en la
imposibilidad fáctica de garantizar una cantidad mínima de electricidad para protegerse
de las inclemencias del clima (calefacción), así como para la refrigeración y
cocción de alimentos.
Una
persona o núcleo familiar se encuentra en condiciones de pobreza energética
cuando: (i) es incapaz de pagar una cantidad mínima de electricidad para la
satisfacción de sus necesidades domesticas (calefacción, iluminación,
refrigeración y cocción de alimentos) o; (ii)  en los eventos en que se ve
obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura
energética de su vivienda[55].
La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de las Naciones Unidas,
define la situación de pobreza energética como:
“Los trabajos de investigación que abordan el tema de la pobreza
de combustible, bajo el enfoque de subsistencia, estiman una línea de pobreza
con base en un umbral de temperatura necesario para alcanzar el confort térmico
que se considera adecuado, o bien con el porcentaje del ingreso del hogar
destinado al gasto de combustible requerido para alcanzar dicho nivel de
confort.”[56]  (Negrillas
fuera del texto)
Dicho
fenómeno cobra mayor importancia en Estados en los que existen cambios
estacionarios o asentamientos humanos en lugares de climas extremos. Esto
debido a que una vivienda ubicada a 3000 metros de altura no requiere la misma
cantidad de energía para la calefacción, cocción, refrigeración e iluminación,
que aquella que se ubica sobre el nivel del mar.
En
periodos de fuertes inviernos o bajas de temperaturas, la falta de calefacción
se convierte en causa de enfermedades o muertes especialmente de personas como
niños y niñas, ancianos, y personas sin hogar[57].  La pobreza energética tiene consecuencias
en el desarrollo físico y académico de menores de edad, así como de personas de
la tercera edad. La ausencia de iluminación impide que menores en edad escolar,
puedan ejercer su derecho a la educación, dado que la lectura, la lúdica, y el
descanso se ven fuertemente limitados sin la luz eléctrica.
Expertos
han comprobado[58]que
la pobreza energética extiende sus consecuencias en tres dimensiones claramente
identificadas: (i) en el derecho a la salud; (ii) en las relaciones intra
familiares, y (iii) en el aumento de la pobreza por deudas excesivas de quienes
tiene un acceso precario a la electricidad.
En
el caso de las consecuencias en la salud física, especialmente a niños,
personas mayores o personas con enfermedades crónicas, el frío y la humedad
permanentes pueden comportar problemas respiratorios como asma, bronquitis, o
alergia, así como agravar problemas pre existentes. La falta de luz, también
tiene efectos negativos en la salud emocional, en atención a que genera ansiedad,
exclusión, insomnio, inestabilidad familiar, fracaso escolar o incluso
aislamiento social.
De
manera paralela, la CEPAL ha recalcado las consecuencias de la pobreza
energética  en la vida cotidiana, y la afectación de actividades habituales de
cualquier persona, como la alimentación, el trabajo, el descanso, el cuidado
personal, el disfrute del tiempo libre, la salud física y mental[59].
Por
otra parte, el endeudamiento producido por la pobreza energética lleva a que la
ciudadanía se enfrente a una disyuntiva: cancelar las facturas de electricidad,
sobre los costos de otros derechos fundamentales como la alimentación, el
transporte y la educación de los hijos e hijas. Finalmente se ha evidenciado
que aquellas personas que se encuentran en situaciones de pobreza energética se
enfrentan a dificultades de convivencia en el interior de  las familias.
En
conclusión, los obstáculos para el acceso al flujo de energía eléctrica tienen
consecuencias en la agudización de la pobreza extrema y pone a la ciudadanía en
condiciones de especial vulnerabilidad. Aquellas personas que no pueden proveer
el mínimo de cantidad de electricidad para satisfacer sus necesidades
fundamentales o que destinan la mayoría de sus ingresos al pago de las facturas
del servicio, ven vulnerados o amenazados otros derechos fundamentales.
Hoy
la comunidad internacional reconoce que la energía es una condición necesaria
para el disfrute de otros derechos humanos, por ello la Corte Constitucional
partirá de estas primeras conclusiones para decidir el caso concreto.
4.1.
El suministro de energía eléctrica, su protección constitucional en casos de
conexidad con derechos fundamentales.
Como
se acabó de mencionar, la comunidad internacional vincula el acceso a la
energía eléctrica con el derecho humano a la vivienda digna. En el caso de
Colombia, la Corte Constitucional relaciona este servicio público con el
disfrute de otros derechos fundamentales como la vida, la salud, y la
integridad personal. A continuación, se detallarán las condiciones que ha
exigido la jurisprudencia constitucional para la procedencia de acción de tutela
en casos en los que se discuten las consecuencias del corte del suministro de
energía eléctrica.
La
Corte Constitucional ha señalado que el acceso a la electricidad  no constituye
un derecho fundamental autónomo[60],
y que sólo de manera excepcional, y en atención a los hechos de cada caso,
puede ser protegido a través de acción de tutela, siempre que se presente el
fenómeno de la conexidad con un derecho fundamental. Es posible que el juez
constitucional profiera órdenes que se dirijan a la reconexión del flujo de
energía eléctrica siempre que su suspensión implique una amenaza de una
garantía fundamental[61].
En la jurisprudencia de esta Corporación es posible identificar dos hipótesis
de procedencia de tutela en defensa del acceso a la energía eléctrica: (i) en
conexidad con derechos como la vida en condiciones de dignidad, y la salud; y
(ii) allí donde la Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
incumplió su obligación de suspender el suministro pasados más de tres periodos
de facturación, y en esa medida, permitieron se consolidara una deuda
millonaria.
4.2.
Protección del flujo de energía en conexidad con derechos como la vida en
condiciones de dignidad y la salud.
En
el primer escenario la Corte ha señalado que las entidades, públicas o
privadas, que participan del mercado eléctrico del país, concretamente aquellas
que se encargan de la distribución[62],
no deben interrumpir el suministro de energía eléctrica en casos en que esta
medida coercitiva implique vulneraciones o amenazas de vulneración de derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, o cuando la
suspensión recae en establecimientos públicos como centros penitenciarios y
carcelarios[63],
hospitales[64]
o entidades educativas[65].
En
estos eventos la jurisprudencia constitucional presume que la suspensión del
servicio público de energía eléctrica tiene como consecuencia la vulneración de
otros derechos fundamentales, como la vida en condiciones de dignidad, la
alimentación, o la salud. En Sentencia T-1205 de 2004[66], la Corte
estudió la acción de tutela presentada por el representante legal de un
hospital público que sufría cortes intermitentes, y racionamiento de la energía
eléctrica, toda vez que adeudaba varias facturas acumuladas.
En
dicha providencia la Sala de Revisión precisó que el incumplimiento en el pago
de varias facturas del servicio de energía eléctrica es un debate, en
principio, estrictamente contractual y en esa medida de orden legal. En este
orden solo en determinados casos, la mora en la cancelación de las facturas de
la energía eléctrica adquiere carácter constitucional y conlleva a que no se
suspenda el suministro, el cual por regla es continuo e ininterrumpido. Al respecto
la Corte se pronunció en los siguientes términos:
“El servicio público de energía se caracteriza también por
la continuidad en su prestación, razón por la cual no puede interrumpirse ese
servicio, sobre la base de que exista el incumplimiento de las obligaciones
pecuniarias que le corresponde asumir, máxime cuando además su interrupción
genera la afectación o vulneración de un derecho fundamental. Con el
servicio público de energía, se garantiza la satisfacción de las necesidades
esenciales de las personas y el goce del derecho fundamental a la dignidad
humana en el sentido social o de otros derechos fundamentales, sobre todo
cuando de su prestación efectiva dependen las condiciones normales de
prestación de otros servicios públicos, o las condiciones necesarias para el
funcionamiento de la sociedad.” (Negrilla
fuera del texto)
Son
dos eventos en los que una empresa de servicios públicos debe abstenerse de
realizar la suspensión del suministro de energía: (i) cuando se trata de
comunidades como hospitales, cárceles y establecimientos educativos; y (ii) en
casos de sujetos de especial protección constitucional. Siempre será el juez
constitucional, quien, en atención a las especificidades del caso, evalué y
determine cuando se está frente a una vulneración de derechos fundamentales por
la suspensión del servicio de electricidad. Así lo concluyó la providencia
comentada:
“En todo caso corresponderá al juez de tutela analizar los
hechos y circunstancias de cada asunto en particular, teniendo en cuenta el
grado de vulneración de los derechos fundamentales involucrados y las
especiales condiciones en que se encuentren las personas afectadas.”[67]
La Corte estuvo frente a esta
hipótesis, en Sentencia T-270 de 2007[68]
en la que le correspondió determinar si la suspensión del servicio de energía
eléctrica implicaba una vulneración a los derechos a la vida en condiciones de
dignidad y a la salud, de una mujer diagnosticada con insuficiencia renal y
quien debía realizarse diálisis ambulatorias en su domicilio, pero adeudaba a
la empresa de servicios públicos una cifra cercana al millón de pesos. En
aquella ocasión las Empresas Públicas de Medellín habían propuesto varias
alternativas para financiar su deuda, sin embargo, la demandante argumentó que
ésta no era una opción válida, puesto que no estaba en condiciones de asumir
ninguna carga económica dada sus precarias condiciones.
El juez de tutela de primera
instancia había concedido el amparo por el acceso al derecho al agua, pero no
por el suministro a la energía eléctrica. Por ello, el tema central de la T-270
de 2007 giró en torno a la reconexión de la electricidad. La providencia
explica que los artículos 11 y 13 del texto constitucional establecen el
derecho a la vida como inviolable y la obligación para el Estado de protegerlo,
de manera reforzada para aquellas personas que por su “condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta”.
En la referida providencia la Corte ordena la reconexión del servicio de
energía eléctrica ya que la situación de salud de “la
peticionaria, la ubica como sujeto de especial protección para el Estado por
sus condiciones de debilidad manifiesta, por cuanto no está en condiciones
normales para desempeñar una actividad laboral, pues el sólo cuidado de su
enfermedad le demanda gran parte del día y de acuerdo con su propia versión, la
cual no fue desvirtuada por la entidad demandada, carece de los medios y
posibilidades económicas necesarios para sufragar la deuda contraída con las
Empresas Públicas de Medellín y obtener la reconexión de los servicios de agua
y luz que le son vitales en su tratamiento.”
4.3. Casos en
que las Empresas Prestadoras del Servicio Público Domiciliario incumplieron su
obligación de suspender el suministro, pasados más de tres periodos de
facturación y en esa medida, permitieron se consolidara una deuda millonaria.
Una segunda hipótesis en que la
Corte considera procedente la acción de tutela para la protección del
suministro de energía eléctrica es en los eventos en que las Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios no lo han interrumpido a tiempo, y en esa
medida han tolerado que los suscriptores asuman deudas millonarias que no están
en condiciones de cancelar.
En
varias providencias[69]
la Corte ha señalado que las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen
derecho a suspender la prestación de los mismos como mecanismo de coacción para
lograr el pago de facturas en mora. Sin embargo, esta facultad es también un
deber, ya que impide que continúe el aumento de las deudas de usuarios.  El
artículo 140 de la Ley 142 de 1994 (modificado por el artículo 19 de la Ley 689
de 2001) consagra el deber de las empresas de servicios públicos de suspender
el servicio ante la mora en el pago de las facturas, “sin exceder en todo
caso de dos (2) periodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral
y de tres (3) periodos cuando sea mensual (...)”.
En
Sentencia T-490 de 2003[70],
la Corte estudió el caso de un accionante que se encontraba privado de la
libertad en un establecimiento carcelario, y que adeudaba 69 periodos de
facturación del servicio de energía eléctrica, a pesar que legalmente debía
operar la suspensión tras la tercera factura vencida. La Sala de Revisión
sostuvo que cuando no se corta oportunamente el suministro de energía, siendo
este procedente, las empresas prestadoras son poco cuidadosas y esto no puede
pasar desapercibido. El derecho a cortar el servicio de energía eléctrica no
sólo constituye una garantía para la empresa, quien ejerce un mecanismo
legítimo de coacción que de alguna manera le permite asegurar el pago de un
crédito[71],
sino que es una garantía para los propietarios de los inmuebles. Sostuvo la
Corte: “Todo lo anterior permite concluir que las empresas de servicios
públicos tienen la obligación de suspender el servicio a más tardar al tercer
periodo de mora en el pago; que en caso de no hacerlo deben asumir directamente
la responsabilidad por su negligencia; y que en estos eventos, para la
reconexión del servicio solamente pueden exigir el pago de los tres periodos
iniciales, así como los gastos de reconexión, reinstalación y los recargos en
mora.”
Esta
hipótesis ha sido aplicada a propietarios de inmuebles que los arriendan, a
personas que a la postre incumplen con los pagos de las facturas mensuales del
servicio de energía eléctrica. Cuando la mora supera los tres meses, la Empresa
de servicios públicos debe suspender el suministro. De lo contrario actuaria
negligentemente. En consecuencia, si la empresa omite un deber que
le impone la ley (cortar el servicio público) no puede luego trasladar los
efectos de su incorrecto proceder a terceras personas, pues con ello abusa de su
posición dominante frente a los usuarios o suscriptores del servicio[72].
Esto no
quiere decir, que las Empresas Municipales de Cali debieron haber cortado el
suministro de luz de la accionante pasado el tercer mes de mora. Lo que busca
ilustrar la Sala, es que las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios deben actuar de manera diligente y responsable, y evitando por
todos los medios a su disposición que suscriptores o usuarios del servicio de
energía acumulen deudas tan altas, que se conviertan en impagables.
¿Cómo
logran evitar estas acreencias millonarias? sin duda una herramienta es a
través del corte de la energía eléctrica cuando esta proceda. Otra forma, es
celebrando acuerdos de pago reales, y que guarden proporción con los ingresos
de los suscriptores. Especialmente aquellos que afrontan condiciones de extrema
pobreza.
Las
empresas prestadoras de servicios públicos caen en prácticas negligentes cuando
abusan de su posición en la relación contractual, al celebrar acuerdos de pago
que no guardan relación con la situación económica de los ciudadanos y permiten
que aumenten los periodos facturados pendientes.
Finalmente, hay que reiterar el precedente de la Sentencia
T-793 de 2012. En aquella ocasión, la Sala Primera de Revisión de Tutelas
resolvió la procedencia del amparo constitucional para lograr la protección del
flujo de energía eléctrica del barrio
denominado Ríos de Agua Viva del Municipio de Soledad (Atlántico). La
Corporación tuteló el derecho al acceso de energía eléctrica para la comunidad,
toda vez que la ausencia electricidad acarreaba la vulneración a derechos
fundamentales de niños, niñas, personas de la tercera edad, y algunos enfermos.
Consideró la Corte:
“En el
proceso hay evidencias de que dentro del grupo de usuarios afectados por la
suspensión del servicio de energía eléctrica, se encuentra un grupo de sujetos
de especial protección constitucional integrado por menores de edad, por
individuos de la tercera edad, y por una persona discapacitada. Todos ellos
tienen derecho, por mandato de la Constitución, a un trato especial del Estado
y de la sociedad (CP arts. 13, 44 y 46). La suspensión del servicio de energía
eléctrica, sin duda tuvo algunas repercusiones serias en sus condiciones de
vida. Así, en las declaraciones de los peticionarios se relacionan entre las
consecuencias de la suspensión del servicio, las siguientes:
20.1. En términos generales, todos los
accionantes aducen que la falta de energía eléctrica en el barrio vino
acompañada de problemas para la salud y la seguridad de los habitantes (…)
coinciden además en señalar que la inseguridad se vio potencializada en el aumento
de personas de otras zonas en el Barrio Ríos de Agua Viva, durante las horas de
la noche, para hurtar cosas de los residentes.  Aparte, la señora Mary Luz
Domínguez Herrera aseguró que mientras no hubo energía en el barrio, los niños
no dormían y desarrollaban enfermedades y, las personas de la tercera edad se
enfermaron de la presión. Y la señora Lilia Esther de la Cruz Rodríguez, quien
reside con su esposo de 76 años, manifestó que por la suspensión perdieron
varios los alimentos almacenados en una tienda de su propiedad.”
La Sala Primera Revisión estimó que no procede el corte del
servicio de energía eléctrica, a pesar de la mora en el pago de las facturas
mensuales, en dos eventos: (i) cuando la suspensión implica la violación al
debido proceso de los suscriptores del servicio; y (ii) “bajo el respeto del debido proceso, pero con la
consecuencia aneja de: (a) suponer `el desconocimiento de derechos
constitucionales de sujetos especialmente protegidos´, (b) ´imp[edir]
el funcionamiento de hospitales y otros establecimientos también especialmente
protegidos´ o (c) `afect[ar] gravemente las condiciones de vida de
toda una comunidad´. Por tanto, no basta con que entre los usuarios de
servicios públicos domiciliarios haya un sujeto de especial protección, para
que se enerve la potestad de suspenderlos que el ordenamiento les reconoce a
las empresas de servicios públicos domiciliarios. Es necesario además que la
consecuencia directa de esa suspensión sea el desconocimiento de sus derechos
fundamentales”[73]
En
aquella ocasión, la Corte Constitucional ordenó a la Empresa de Servicios
Públicos Electricaribe S.A que cuando proceda a realizar el corte del
suministro de energía eléctrica en el barrio Ríos de Agua Viva, del municipio
de Soledad Atlántico, por incumplimiento en el pago de las facturas, debe
asegurar que la suspensión no desconozca los derechos fundamentales de los
sujetos de especial protección constitucional que allí habiten. Si la
suspensión, terminación o corte del servicio público en dicho barrio, tiene la
potencialidad de acarrear el desconocimiento de los derechos fundamentales de
estos últimos, Electricaribe debe abstenerse de practicarla. Y esto debe
respetarlo, con independencia de si concurre otra causa de interrupción del
servicio.
Una conclusión que se extrae de los precedentes
constitucionales anteriores, tiene que ver con que esta Corte ha ordenado la
reconexión del servicio de energía eléctrica, pero no ha fijado una cantidad mínima.
A diferencia de lo que ocurre con el servicio público de agua potable, donde a
partir de fuentes del derecho internacional la Corporación ha determinado una
cantidad esencial de litros cúbicos de líquido[74].
Por este motivo, la Sala considera necesario que en los eventos en los que se
presente un corte de energía eléctrica, y el mismo tenga como consecuencia la
vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional,
debe determinarse la cantidad mínima de suministro de electricidad.
4.4.
Sobre el consumo de subsistencia del servicio de energía eléctrica.
La
legislación colombiana reconoce la importancia fundamental del suministro a la
energía eléctrica para desarrollar una vida en condiciones mínimas de
bienestar. Por ello, la Ley previó el consumo de subsistencia, y
estableció un subsidio a un porcentaje del mismo, esto en consideración a dos
variables: (i) el estrato socioeconómico de una residencia; y (ii) la altitud
en relación con el nivel del mar.
De
esta manera, la legislación nacional, acoge las conclusiones mencionadas en el
acápite cuatro[75]
y garantiza cantidades mínimas de energía eléctrica a partir de factores
objetivos como la altitud de una vivienda, y su ubicación en los estratos
socioeconómicos.  La Ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación,
interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en
el territorio nacional, contiene el marco general de regulación del mercado de
la energía eléctrica. En su Artículo 11 prevé el concepto de “Consumo de subsistencia”, entendido como “la
cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para
satisfacer necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante
esta forma de energía final.”[76]
La Ley 632 del año 2000 establece en su Artículo 8º que el
Ministerio de Minas y Energía, por intermedio de la Unidad de Planeación
Minero-Energética, determinará para los sectores eléctricos y gas natural qué
se entiende por consumo de subsistencia.
En desarrollo de esta disposición legal, a través de la
Resolución 0355 de 2004, la Unidad de Planeación Minero Energética fijó dicho
consumo mínimo y necesario para atender los requerimientos básicos de una
familia en el país. Si se trata de un hogar ubicado debajo de los mil (1000)
metros sobre el nivel del mar, el Consumo de Subsistencia es de 173 kWh-mes y 130
kWh-mes para residencias establecidas en alturas iguales o superiores a 1.000
metros sobre el nivel del mar.
La Ley 143 de 1994 en su Artículo 47 establecía los
mecanismos a través de los cuales se subsidiaba el acceso a este consumo de
subsistencia. Dicha disposición fue parcialmente modificada en el año 2006, por
lo cual explicar los mecanismos de fijación del consumo de subsistencia, y el
subsidio que recibe, obliga a la Sala referirse brevemente a las normas del año
1994 y sus posteriores reformas.
El Artículo 47 de la Ley 143 establecía que a los estratos
altos se aplicará un sobrecosto, que nunca podrá exceder el 20% de la
facturación total[77]. Con estos recursos se financia
el noventa por ciento (90%) del consumo de subsistencia de los hogares de los
estratos que reciben dicho subsidio. Señala el artículo mencionado:
“En concordancia con lo establecido en el
literal h) del artículo 23 y en el artículo 6o. de la presente Ley, aplíquense
los factores para establecer el monto de los recursos que los usuarios
residenciales de estratos altos y los usuarios no residenciales deben hacer
aportes que no excederán del 20% del costo de prestación del servicio para
subsidiar los consumos de subsistencia de los usuarios residenciales de menores
ingresos.
El faltante de los dineros para pagar
la totalidad de los subsidios será cubierto con recursos del presupuesto
nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3o. de la presente Ley,
para lo cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público incluirá las
apropiaciones correspondientes en el presupuesto general de la Nación.
(…)
Los subsidios se pagarán a las
empresas distribuidoras y cubrirán no menos del 90% de la energía equivalente
efectivamente entregada hasta el consumo de subsistencia a aquellos usuarios que por su condición económica y
social tengan derecho a dicho subsidio según lo establecido por la ley.” (Negrillas y subrayado fuera del texto)
Posteriormente, el Artículo 3 de la Ley 1117 del año 2006,
modificado por la Ley 1428 de 2010 varió el subsidio al consumo de
subsistencia. Redujo el porcentaje del subsidio y lo diferenció en atención al
estrato socio económico.  Dispone la Ley comentada:
“La aplicación de
subsidios al costo de prestación del servicio público domiciliario de energía
eléctrica y de gas combustible para uso domiciliario distribuido por red de
tuberías de los usuarios pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 a
partir del mes de enero de 2007 hasta diciembre del año 2010, deberá hacerse de
tal forma que el incremento tarifario a estos usuarios en relación con
sus consumos básicos o de subsistencia corresponda en cada mes como
máximo a la variación del índice de Precios al Consumidor, sin embargo,
en ningún caso el porcentaje del subsidio será superior al 60% del costo de la
prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el
estrato 2. (Negrillas y subrayado fuera del texto)
Esta disposición fue prorrogada mediante la Ley del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 Art. 17) que señala: “Los
subsidios establecidos en el artículo 3º de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a
su vez por el artículo 10 de la Ley 1428 de 2010 y por el artículo 76° de la
Ley 1739 de 2014, se prorrogan, como máximo, hasta el31 de diciembre de 2018.”
Para la Sala esta normatividad implica que: (i) la
regulación vigente prevé una cantidad mínima de energía eléctrica que debe
recibir una familia para atender sus necesidades básicas; (ii) esta energía
mínima recibe un subsidio del 60% en el precio final de la factura mensual si
el inmueble se encuentra ubicado en el estrato I; (iii) el subsidio se financia
con los recargos que se hacen a las facturas de los estratos altos y con las
partidas presupuestales que se hacen anualmente en el Presupuesto General de la
Nación[78];
(iv) por ello, una familia que reciba el consumo de subsistencia cancela el 40%
del valor total de la distribución de la energía.
Se concluye que la Ley 143 de 1994, y la Ley 1117 de 2006,
prorrogada por el Artículo 17 de la Ley 1753 de 2015, prevén que el 60% del
consumo de subsistencia es suministrado de manera subsidiada a aquellas
personas que por sus condiciones económicas, y cuyos domicilios se ubican en el
estrato 1 no puedan asumir los costos totales de las facturas de energía
eléctrica.
La Ciudad de Santiago de Cali se encuentra a una altura de
995 metros sobre el nivel del mar[79],
por lo cual el Consumo de Subsistencia, según la Resolución 0355 de 2004 de la
UPME, es de 173 Kilovatios Hora al mes. De esta manera, si un hogar ubicado en
la ciudad de Cali, y de estrato socioeconómico I, de los 173 Kilovatios hora al
mes que componen el consumo de subsistencia, ciento tres, punto ocho (103.8)
–equivalente al 60%- se reciben de manera subsidiada.
De esta manera, la Sala fija la siguiente
regla jurisprudencial: en casos en los que la interrupción del servicio de
energía eléctrica sea sobre un domicilio ubicado en el estrato 1, y tenga como
consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional, deberá garantizarse el acceso al porcentaje (60%)
subsidiado del consumo de subsistencia, el cual se determinará siguiendo las
reglas que ha fijado la Resolución 0355 de 2004 de la Unidad de Planeación
Minero Energética, y el Artículo 3 de la Ley 1117 de 2006. Es decir teniendo en
cuenta la altitud en la que se encuentra una vivienda.  En todo caso, siempre
deberá probarse la conexidad entre la suspensión del fluido electico y la
vulneración de derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional.
Reglas jurisprudenciales para fallar el caso.
La Sala reitera las siguientes reglas jurisprudenciales: (i)
las empresas de servicios públicos domiciliarios tienen derecho a suspender el
suministro de energía eléctrica cuando se presente mora en más de tres facturas
mensuales; (ii) cuando estas entidades interrumpan el fluido de energía, deben
aplicar las garantías constitucionales del debido proceso; (iii) y en todo
caso, tendrán presente que la suspensión no puede afectar los derechos
fundamentales de sujetos de especial protección constitucional como niños,
niñas, madres gestantes, lactantes, personas de la tercera edad, o con
enfermedades de gravedad; en todo caso; (iv) según la legislación vigente
existe un consumo de subsistencia mínima que, a partir de la Resolución 0355 de
2004 de la Unidad de Planeación Minero Energética, es el 60% de 173 Kilovatios
hora al mes, es decir, 103.8 kilovatios hora al mes.
5. Caso
concreto.
La
señora María Yamilde Martínez Córdoba, es una mujer víctima del conflicto
armado, de sesenta y dos (62) años de edad[80], que provee sustento económico a sus
cuatro nietos, tres de ellos menores de edad: Nicol Sofía Martínez Córdoba de
seis (6) años, Elizabeth Martínez Córdoba de dieciséis (16) años, Cristian
Alejandro Martínez Córdoba de doce (12) años de edad, y con su hija Martha
Evelia Martínez Córdoba de 40 años.
Dos de sus nietos, Elizabeth
Martínez Córdoba, Cristian Alejandro Martínez Córdoba, y su hija de Martha
Evelia sufren un retaso mental moderado, tal como lo constató el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar en su visita al domicilio de la accionante el
pasado 19 de octubre de 2015[81].
Se observa en el Acta de la Visita del ICBF:
“La señora María Yamilde
Martínez Córdoba actualmente convive con su hija la señora María Evelia
Martínez de 40 años de edad quien actualmente tiene un diagnóstico de retraso
mental moderado y sus hijos: (…) Elizabeth Martínez Córdoba de 14 años de edad
con un diagnóstico de retraso mental moderado…”
Aunado a lo anterior, como
se mencionó en los fundamentos facticos de esta providencia, en el año 2012[82] la
Defensora de familia constató que el menor Cristian Alejandro Martínez Córdoba,
sufre una discapacidad mental. Se observa en la Resolución No. 210 de 2012, por
medio de la cual se hace entrega del menor a la señora María Yamilde:
“Con la abuela se dio
inicio a las respectivas visitas en la institución y se empezó a abordar con
ella aspectos protectores debido a que la señora permanece la mayor parte del
día fuera de la casa laborando y es quien ve por el sostenimiento económico del
Niño, sus hermanos y la madre de ellos; quienes al parecer también presentan
dificultades cognitivas (…). Con respecto a Alejandro es importante
garantizar el mayor acompañamiento en su hogar y la vinculación inmediata a una
Institución Especializada en Discapacidad”[83].
(Negrillas y subrayado fuera del texto)
Debido a su
situación económica se encuentra atrasada en el pago de 38 facturas de
servicios públicos[84], equivalentes a nueve millones
trecientos cuarenta y tres millones, cuatrocientos treinta y un pesos
($9.343.431). Por ello, en al menos una oportunidad, la peticionaria se dirigió
a las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P con el fin de informar su
situación económica y familiar[85].
Para la
Sala es evidente que según lo manifiesta, la peticionaria[86]
y las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P [87]
existe ánimo de las dos partes, por acordar un plan de pago de la acreencia
acumulada. En al menos dos ocasiones la señora María Yamilde Martinez se ha
dirigido a la empresa de servicios públicos domiciliarios, con el fin de
acordar un plan de regularización de la acreencia, todos ellos incumplidos
debido a que las cuotas mensuales no tenían en cuenta los ingresos de la
accionante[88].
A partir de
las reglas jurisprudenciales reiteradas, se resolverá la trasgresión de cada
uno de los derechos fundamentales alegados; (i) por un lado la vulneración al
agua potable; y por el otro, (ii) las consecuencias violatorias  de los
derechos fundamentales de María Yamilde Martínez, su hija y sus nietos menores
de edad, por la suspensión del servicio a la energía eléctrica.
5.1Vulneración
al derecho fundamental al agua
A partir de
las reglas jurisprudenciales y los hechos probados dentro del expediente, la
Sala Octava de Revisión encuentra que las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E
E.S.P, vulneraron el derecho fundamental al agua de María Yamilde Martínez
Córdoba, una mujer de sesenta y dos años (62), su hija, diagnosticada con un
retraso mental moderado, y sus nietos, tres de ellos menores de edad, y dos con
diversos grados de discapacidad cognitiva.
La Empresa
no tuvo en cuenta que la familia de la accionante está compuesta por sujetos de
especial protección constitucional: niños y niñas, agravado por el hecho que
dos de ellos sufren discapacidades cognitiva, y una mujer víctima del conflicto
armado y categorizada en el Sisben I.
La
suspensión del suministro de agua puso en riesgo, no sólo el derecho mismo a
acceder al líquido, sino además amenazó gravemente el disfrute del derecho a
una alimentación equilibrada, a la salubridad, y a la vida digna en el caso de
los menores. Agudizó su situación de pobreza y extrema vulnerabilidad, ya que además
debe asumir su rol de abuela cabeza de familia, y el deber de cuidar a dos
menores discapacitados.
Para la
Sala, la decisión de las Empresas Municipales de Cali de suspender el flujo de
agua es desproporcionada, ya que no logra recaudar la cartera morosa, pero por
el contrario restringe de manera importante el derecho humano a acceder al
agua, además de otras libertades fundamentales.
Tiene vital
importancia el hecho que la accionante adeuda una suma particularmente alta. Más
de treinta y ocho (38) meses de servicios públicos, equivalentes a nueve
millones trecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y un pesos
($9.343.431). Esto la pone en una situación de particular debilidad. Como lo
señala dentro del escrito de tutela[89], sus recibos mensuales de
servicios públicos siempre han sido y serán altos, toda vez que además del
gasto mensual de agua y energía, debe sumar el rubro de financiamiento y
amortización de la deuda, por lo cual en las ocasiones en que ha logrado llegar
a acuerdos con las Empresas Municipales de Cali, no ha conseguido cancelar las
facturas mensuales.
La Sala Octava de la Corte Constitucional constata que la
accionante ha actuado de manera pública, explicita y de buena fe ante las
Empresas Municipales de Cali. Se dirigió de manera escrita, con el fin de
informar la situación económica en la que se encuentra, y ha solicitado y
celebrado acuerdos de pago que ha buscado cumplir.
Los
acuerdos de pago anteriores vulneraban el contenido del derecho al agua, en
relación con la obligación de accesibilidad
económica. Es
decir, los costos y cargos directos e indirectos asociados con el
abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni
poner en peligro el ejercicio de otros derechos[90]. El monto de la deuda de la
accionante es especialmente alto, y por ello mismo, pone en riesgo el disfrute
de otros derechos fundamentales como la alimentación equilibrada, y la vida en
condiciones de dignidad.
En
atención a estas consideraciones y con el fin de no incentivar la cultura
del no pago[91],
se ordenará que  en el término máximo de quince (15) días, contados desde la
notificación de la presente sentencia, se dispongan de los medios adecuados y
necesarios para llegar a un acuerdo de pago con la señora María Yamilde
Martínez Córdoba, en el cual se le ofrezcan cuotas amplias y flexibles, que le
permitan satisfacer sus obligaciones contractuales, derivadas del consumo del
servicio público de agua potable y energía eléctrica, sin que ponga en riesgo
otros derechos fundamentales.
5.2Protección
del acceso a la energía eléctrica.
Por las
particularidades del caso, la suspensión de la corriente eléctrica implica la
amenaza de vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas que
integran el núcleo familiar de la accionante, esto es a la alimentación
equilibrada, la educación y la salud.
La
accionante se encuentra en una situación de pobreza energética, dado que se
enfrenta a la disyuntiva de: (i) destinar la mayor parte de sus ingresos al
pago del servicio público de energía eléctrica; (ii) o simplemente resignarse a
no contar con el suministro eléctrico.  Como sostiene la Cepal[92],
el programa para el desarrollo de la organización de Naciones Unidas[93],
las dos alternativas amenazan el ejercicio de derechos fundamentales,
especialmente, de poblaciones vulnerables. Si la accionante tiene que destinar
la mayor cantidad de sus escasos recursos económicos al pago de la energía
eléctrica, dejará de destinar el dinero necesario para la alimentación, salud,
o educación de ella misma y sus nietos.
Si por el
contrario, deja de recibir el flujo de electricidad la accionante y sus tres
nietos menores de edad, dos de ellos con retraso mental, se encuentra
condenados a vivir en condiciones sin refrigeración de alimentos, calefacción,
así como sin la infraestructura indispensable para el ejercicio del derecho a
la educación de los menores.
A juicio de
la Sala es incoherente que se tutele el derecho fundamental al agua, y no se
proteja el acceso a la energía eléctrica, cuando los dos son necesarios para
garantizar el derecho fundamental a la alimentación equilibrada de los menores
nietos de la accionante, especialmente frente a Elizabeth y Cristian Alejandro
Martínez quienes sufre una discapacidad cognitiva. ¿Cómo se puede realizar la
conservación y cocción adecuada de los alimentos, si no es con la concurrencia
de los dos servicios públicos? ¿Cómo garantizar el aseo, vigilancia, la
educación, entretenimiento, de varios niños, dos de ellos con diagnosticados
con retraso mental, si no es con el servicio de electricidad?
Para esta
Corporación, y solo para el caso concreto, la suspensión del servicio de
energía eléctrica, implica la vulneración de derechos fundamentales de sujetos
de especial protección constitucional. Implica que los menores no podrán gozar
de las condiciones mínimas para el disfrute de su derecho a la educación, ni
las circunstancias que facilitan su adecuada alimentación.
Aunado a lo
anterior, como lo ha manifestado la Sala cobra vital importancia el monto de la
deuda. Es una cifra que no guarda proporción con la situación económica de la
accionante, por lo cual se ordenará que sea cancelada en largos plazos. No
tutelar el suministro de energía, y por el contrario esperar a que se cancele
la deuda, para volver a celebrar un contrato de prestación de servicio público
domiciliario, condenaría a la accionante y a su núcleo familiar a no a tener el
servicio público esencial en un amplio periodo de tiempo.
A lo largo de tres años y dos meses, las
Empresas Municipales de Cali han permitido que se acumule una deuda de más de
nueve millones trecientos mil pesos. Esto no pasa desapercibido para la Sala.
La Empresa debió ofrecer un acuerdo de pago que correspondiera con el nivel
económico de la accionante y, en esa medida produjera una disminución de la
deuda.
Dentro de este proceso de revisión de
tutela, la Corte Constitucional en Auto de trece de octubre de dos mil quince
(2015), ordenó como medida provisional la reconexión de los servicios públicos
de energía y agua potable. En ese sentido, la providencia ordenará mantener el
suministro de los servicios públicos hasta que las partes lleguen a un acuerdo
de pago que consulte; (i) el elevando monto que adeuda la accionante; y (ii) la
pobreza extrema del núcleo familiar.
De esta manera, se ordenará que entre
tanto se llega a un plan de pagos y regularización de la acreencia, y sólo para
el caso de María Yamilde Martínez Córdoba, siempre se deberá garantizar el
acceso cincuenta (50) metros cúbicos de agua al mes, y ciento tres, punto ocho
(103.8) kilovatios hora al mes de energía eléctrica.
6. Síntesis de la Decisión.
La señora María Yamilde Martínez es una
persona de 62 años de edad, residente en la ciudad de Cali, registrada en el
nivel I del Sisben, y que provee sustento económico a su hija de 40 años de
edad y a cuatro nietos (tres de ellos menores de edad, y dos diagnosticados con
retraso mental moderado).
En el mes de abril del año dos mil quince
(2015), las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P. suspendieron los
servicios públicos debido a que la accionante adeuda más de nueve millones
trecientos mil pesos, equivalentes a treinta y ocho facturas vencidas.
La peticionaria acudió al juez de tutela
con el fin de solicitar una financiación flexible y que se garantice una
cantidad mínima de suministro de agua y energía eléctrica, en consideración a
su situación familiar y económica.
En atención a estos antecedentes, en Auto
de trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), como medida provisional,
esta Sala ordenó la reconexión de los servicios de agua y energía.
En aquella ocasión se concluyó que por
tratarse de sujetos de especial protección constitucional (menores de edad,
diagnosticados con un retraso mental) y con el fin de garantizar los derechos
fundamentales a la vida en condiciones de dignidad y a la alimentación
equilibrada, era necesaria la concurrencia de los dos servicios públicos.
Recalcó el Auto de medida provisional:
“En este caso, el
acceso al derecho al mínimo vital de agua y energía resultaría inocuo si no se
garantizan de manera complementaria y concurrente. Si bien para la Corte el
derecho al agua y a la energía eléctrica, tiene diferente contenido y su
protección a través de acción de tutela procede ante hipótesis de hecho
diferentes, en el proceso de la referencia es urgente y necesario la garantía
de los dos. Solo de esta manera, será posible que los menores accedan a una
alimentación equilibrada.  Sin flujo eléctrico no es posible preservar los
alimentos, ni mucho menos garantizar su cocción en condiciones salubres”.[94]
Al momento de expedir el fallo de fondo,
la Sala Octava de Revisión de tutelas consideró que el problema jurídico a
resolver se concretaba en determinar si la interrupción los servicios públicos
constituye una vulneración al derecho fundamental al agua, así como a la
energía eléctrica en conexidad con la vida en condiciones de dignidad de la
accionante y sus nietos, sujetos de especial protección constitucional.
La Sala reiteró el precedente
constitucional sobre el derecho fundamental al agua y extrajo cuatro reglas
jurisprudenciales aplicables al caso:
(i) existe un derecho de las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios a interrumpir el suministro de
agua, cuando existe mora en el pago de más de dos facturas consecutivas;
(ii) esta facultad se ve restringida
cuando la interrupción del flujo de agua, afecta a sujetos de especial
protección constitucional como niños, personas de la tercera edad, mujeres
gestantes o lactantes,  discapacitadas o que sufren graves enfermedades;
(iii) se presume que el corte del servicio
de agua potable, es desproporcionado en caso de personas registradas en el
nivel I del Sisben;
(iv) si el corte en el servicio de agua es
procedente pero se trata de sujetos de especial protección constitucional, se
garantizará el acceso un mínimo equivalente a cincuenta (50) metros cúbicos por
persona al día.
En el proceso de la referencia, se
verificó que la peticionaria es una mujer registrada en el nivel I del Sisben,
que vive en condiciones de pobreza, y que provee sustento económico a su hija
(de cuarenta años de edad), y a sus tres nietos menores de edad (dos de ellos
diagnosticados con un retraso mental).
Sumado a lo anterior, para la Corporación
tuvo la mayor importancia el monto de la deuda: nueve millones trecientos
cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta ($9.343.431). La peticionaria vive en
condiciones de pobreza, y desempeña labores sin estabilidad económica como
venta de refrescos en la calle o los servicios domésticos en diversas
residencias particulares. Por esto, el valor de la acreencia tiene un efecto
desproporcionado, e implica un desconocimiento del derecho al agua en su
contenido de asequibilidad económica.
En relación con el suministro de la
energía eléctrica, la Sala realizó dos consideraciones.
Debido a que se trata de tres menores de
edad, dos de los cuales sufren una discapacidad cognitiva, el suministro de
energía es una condición necesaria para el disfrute de otros derechos
fundamentales como la vida en condiciones dignas y una alimentación
equilibrada. Sin el flujo de electricidad, se agudizarían las circunstancias de
precariedad del núcleo familiar de la accionante, y se pondrían en riesgo otros
derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. Por ello,
y solo para el caso concreto de María Yamilde Martínez Córdoba se ordenará
mantener una cantidad mínima de energía eléctrica.
La segunda consideración de la Sala se
refirió al mecanismo para establecer dicha cantidad de energía eléctrica. Se
acudió a la Ley 143 de 1994 “por la
cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión,
distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional”.
Fijó como regla de decisión lo previsto en el Artículo 11 de dicha normatividad,
según la cual existe un consumo de subsistencia entendido como “la cantidad mínima de electricidad
utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer necesidades básicas”.
La Ley 632 de 2000, señala en su Artículo
8º que es la Unidad de Planeación Minero Energética la entidad encargada de
fijar la cantidad energía eléctrica que corresponde con el consumo de
subsistencia. Prevé la norma mencionada:
“El Ministerio de Minas y Energía, por
intermedio de la Unidad de Planeación Minero-Energética, determinará para los
sectores eléctricos y gas natural distribuidos por red física, qué se entiende
por consumo de subsistencia, así como el período de transición en el cual este
se deberá ajustar.”
En desarrollo de esta disposición legal, a través de la Resolución
0355 de 2004 la Unidad de Planeación Minero Energética fijó dicho consumo
mínimo y necesario para atender los requerimientos básicos de una familia en el
país.  Determinó el Artículo 1 de la reglamentación en comento:
“Artículo 1º. Consumo de subsistencia. Se define como consumo de subsistencia, la
cantidad mínima de electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para
satisfacer las necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas
mediante esta forma de energía final. Se establece el Consumo de Subsistencia
en 173 kWh-mes para alturas inferior es a 1.000 metros sobre el nivel del mar, y en 130 kWh-mes para alturas
iguales o superiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar.
Según el Artículo 47 de la Ley 143 de 1994, modificado por el
Artículo 3 de la Ley 1117 de 2006, el consumo de subsistencia recibe un
subsidio del 60%, si el domicilio se encuentra en el estrato I. Este auxilio a
la factura mensual es financiado con el sobrecosto que se aplica a los pagos
que realizan los estratos altos y con recursos del presupuesto nacional.
La Sala consideró que la normatividad vigente tiene como
consecuencia que: (i) existe una cantidad mínima de energía eléctrica que debe
recibir una familia para atender sus necesidades básicas; (ii) esta energía
mínima recibe un subsidio del 60% en el precio final de la factura mensual;
(iii) el subsidio se financia con los recargos que se hacen a las facturas de
los estratos altos y las partidas presupuestales que destina el gobierno
nacional en la ley anual de presupuesto; (iv) por ello, una familia que reciba
el consumo de subsistencia, solo cancela el 40% del valor total de la
distribución de la energía.
Esto condujo a la Sala de Revisión a concluir que la Ley
143 de 1994, en concordancia con la Ley 1117 de 2006,  establece que el 60% del
consumo de subsistencia es suministrado de manera subsidiada a todas aquellas
personas que por sus condiciones económicas no puedan asumir los costos totales
de las facturas de energía eléctrica.
La
ciudad de Cali, donde reside la accionante y su núcleo familiar, se encuentra a
menos de mil metros sobre el nivel del mar[95], por lo cual el 60% del consumo de
subsistencia equivale a ciento tres punto ocho (103.8)
kilovatios hora al mes.
6.1 Órdenes
En atención a estas consideraciones se ordenará  a las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, E.I.C.E
E.S.P que:
(i) en el
término máximo de quince (15) días, contados desde la notificación de la
providencia, se disponga a través de los medios adecuados y necesarios, llegar
a un acuerdo de pago con la señora María Yamilde Martínez Córdoba, en el cual
se le ofrezcan cuotas amplias y flexibles, que le permitan satisfacer sus
obligaciones contractuales, derivadas del consumo del servicio público de agua
potable, alcantarillado y energía eléctrica.
Hasta que se celebre el acuerdo de pago entre las Empresa
Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P, el cual no podrá superar tres (3) meses
desde la notificación de la sentencia, la empresa deberá garantizar el acceso a
por lo menos cincuenta (50) litros de agua potable por persona al día, y ciento tres punto ocho (103.8) kilovatios hora al mes en
el hogar de la accionante, hasta que la misma llegue a pactar un acuerdo de
pago y solicite el restablecimiento pleno del servicio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR el
fallo proferido el diecinueve (19) de mayo de dos mil quince (2015) por el
Juzgado Diecinueve (19) Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, de la
ciudad de Cali, Valle del Cauca, y en su lugar TUTELAR el derecho
fundamental a acceder a agua potable y a la energía eléctrica, en conexidad con
la vida en condiciones dignas de María Yamilde Martínez Córdoba, su hija Martha
Evelia Martínez Córdoba, y sus nietos menores de edad.
SEGUNDO: ORDENAR al
Representante legal de las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P de la
Ciudad de Santiago de Cali que en el término máximo de quince días (15) días,
contados desde la notificación de la presente sentencia, gestione los medios
adecuados y necesarios para llegar a un acuerdo de pago con la señora María Yamilde
Martínez Córdoba, en el cual se le ofrezcan condiciones amplias y flexibles,
que le permitan satisfacer sus obligaciones contractuales, derivadas del
consumo del servicio público de agua potable, alcantarillado y energía
eléctrica;
TERCERO: ORDENAR al
Representante legal de las Empresas Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P de la
Ciudad de Santiago de Cali, si aún no lo ha hecho, que en el término máximo de
quince días (15) días, contados desde la notificación de la presente sentencia
gestione a través de los medios adecuados y necesarios la prestación del
servicio de agua potable y energía eléctrica a la vivienda de María Yamilde
Martínez Córdoba, ubicada en la Carrera 28 Calle 108-63 piso 1, en el Barrio
las Orquídeas, de la ciudad de Cali.
Hasta que se celebre el acuerdo de pago, el cual no podrá
superar tres (3) meses desde la notificación de la sentencia, las Empresas
Municipales de Cali, E.I.C.E E.S.P, deberá garantizar cincuenta (50) litros de
agua potable por persona al día, y ciento tres
punto ocho (103.8) kilovatios hora al mes en el hogar de la peticionaria,
hasta que la misma llegue a pactar un convenio de  normalización de la deuda y
solicite el restablecimiento pleno del servicio.
Líbrese por secretaría
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase;
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Folio 5
[2]
Folio 12
[3]
Folio 12
[4]
Folio 44
[5]
Folio 59
[6]
Folio 74
[7]
Cfr. Sentencia T- 891 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas
[8]
Cfr. Sentencia C-126 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[9]
PINTO, Mauricio, MARTIN, Liber, et al, “Configuración del derecho al agua: del
uso común al derecho humano. Particularidades de su integración y expansión
conceptual”, en EMBID IRUJO, Antonio (dir), El Derecho al Agua, Thomson
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 285-316.
[10]
Cfr. Sentencia C-094 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas
[11]
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, Mar del Planta,
Argentina, del 14 al 25 de marzo de 1977, documento E/CONF.70/29, p. 67
[12]
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).
[13]Artículo
24 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute
del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las
enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán
por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de
este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a)
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación de la
asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los
niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; c)
Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria
de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología
disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable
salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio
ambiente; d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las
madres; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición
de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la
educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;
Artículo 27 3.
Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a
sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras
personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso
necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo,
particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
[14]
Artículo 28. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual
incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de
sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar
y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad. 2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación
por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger
y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas: a) Asegurar el acceso en
condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua
potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole
adecuados a precios asequibles para atender las necesidades relacionadas con su
discapacidad;
[15]
Cfr. Sentencia T-578 de 1992; T-232 de 1993 M.P Alejandro Martínez Caballero
[16]
Cfr. Sentencias T-432 de 1992 M.P. Simón Rodríguez
Rodríguez; Sentencia T-379 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[17] Cfr. Sentencia T-379 de
1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
[18]
Cfr. Sentencias T- 348 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; entre otras T-
312 de 2012, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva; T-881 de 2002, M.P.
Eduardo Montealegre Lynett
[19]
Cfr. Sentencia T- 424 de 2013 M.P. Eduardo Mendoza Martelo
[20]
En general se siguen los precedentes jurisprudenciales de las Sentencia T-242
de 2013 M.P Luis Ernesto Vargas; T-348 de 2013 y T- 891 de 2014
[21]
Cfr. Sentencia T- 891 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas
[22]
Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la
Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y
el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos
Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que
Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3,
2007, párr. 13.
[23]
Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la
Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y
el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos
Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que
Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3,
2007, párr. 15.
[24]
En la versión en francés de la Observación General No. 15 se usa el término “le
lavage du linge”, el cual puede ser traducido como lavado de ropa, o
lavandería. En el mismo documento, pero en su traducción en ingles se lee: “washing
of clothes”, que inequívocamente refiere a el lavado de ropa.
[25]
Cfr. Sentencias T-616 de 2010, T-891 de 2014, T- 717 de 2010, T- 424 de 2013
[26] Cfr. Sentencias T-546 de
2009 M.P. María Victoria Calle Correa, en esta oportunidad, la Corte ordenó la
reconexión del servicio a una persona gravemente enferma que no canceló
oportunamente la factura, pero que requería urgentemente del agua para
continuar recibiendo atención médica en su hogar en condiciones dignas, al
tiempo que se decidió que era necesario acordar otra forma de pagar las cuotas
en mora.
[27]
Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General Nº 15, HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).
[28]
T-891 de 2014
[29]
Ibid
[30]
A/HRC/6/3, 2007. En http://daccess-ods.un.org/TMP/5078876.01852417.html
Citado por la T- 891 de 2014
[31]Cfr.
Sentencias T- 717 de 2010, C- 150 de 2003.
[32] El párrafo 16 de la Observación General No. 15
señala: “Aunque el derecho al agua potable es
aplicable a todos, los Estados Partes deben prestar especial atención a las
personas y grupos de personas que tradicionalmente han tenido dificultades para
ejercer este derecho, en particular las mujeres, los niños, los grupos
minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo,
los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los
detenidos.”
[33]
La Corte Constitucional en sentencia C-389 de 2002, al referirse al carácter
oneroso del contrato de servicios públicos indicó que “dentro de la concepción
del Estado Social de Derecho debe tenerse en cuenta que los servicios públicos
domiciliarios tienen una función social, lo cual no significa que su prestación
deba ser gratuita pues el componente de solidaridad que involucra implica que
todas las personas contribuyen al financiamiento de los gastos e inversiones
del Estado a través de las empresas prestadoras de servicios públicos, dentro
de conceptos de justicia y equidad (CP art. 95-9 y 368). Siguiendo el mismo
precedente y reforzando sus argumentos se dijo en Sentencia T-423 de 2013
“Así pues, en virtud del principio de solidaridad, es un deber de rango constitucional,
el cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de servicios públicos.”
[34]
Cfr. Sentencias C-150 de 2003, C-389 de 2002, T-423 de 2013, T-712 de 2014
[35]
Cfr. Sentencia C-150 de 2003
[36] Cfr.  Sentencia C-150 de
2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo Rentería y SVP Alfredo
Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández)
[37]
M.P  Jaime Araujo Rentería
[38]
M.P. María Victoria Calle Correa
[39]
M.P Jorge Iván Palacio Palacio.
[40]
Sentencia T-752 de 2011
[41]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[42]
T-915 de 2009. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; en aquella providencia se reitera
la sentencia T-546 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa.
[43]
M.P. Humberto Sierra Porto
[44]
M.P. Nilson Pinilla Pinilla
[45]
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[46]Brandbrook,
Adrian anf Gardam, Judith. “Placing the Acces to Energy Servuces Within a Human
Rights Framework” publicado en Human Rights Quaterly  Volume 28, Number, 2 May
2006, pp. 389-415. Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Consejo
Mundial de Energía, World Energy Assessment, Overview 2004 update. Asamblea
General de las Naciones Unidas en Rio de Janeiro de 1992, Informe sobre medio
ambiente y desarrollo. Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza
Energética en América Latina.  Brenda Boardman, Fuel Poverty: From Cold
Homes to Affordable Warmth, Belhaven Press,
1991. Ana Menoza Losana “Los Derechos del Consumidor (catalán) en situación de
pobreza energética, más ruido que nueces” En Revista Cesco de Derecho de
Consumo, No. 13/2015.
[47]
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4 de 1991, el derecho a la vivienda adecuada.
[48]
Brandbrook, Adrian anf Gardam, Judith. “Placing the Acces to Energy Servuces
Within a Human Rights Framework” publicado en Human Rights Quaterly  Volume 28,
Number, 2 May 2006, pp. 389-415
[49]
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Consejo Mundial de Energía,
World Energy Assessment, Overview 2004 update.
[50]
Ibid. Pág. 34 El Secretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki Moon ha puesto de relieve la misma relación entre el ejercicio de los
derechos humanos y el acceso a la energía eléctrica: “El vínculo
entre energía, pobreza y medio ambiente empieza a cobrar importancia como línea
de investigación en las Ciencias Sociales y como eje temático en los planes e
instrumentos de desarrollo nacionales de los países latinoamericanos. Parece
evidente que, mejorar la calidad de vida de la población y reducir la pobreza
extrema en América Latina, son metas que derivarán en un aumento del consumo
energético” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Naciones Unidas, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza
Energética en América Latina.
[51]
Ibid. Pág. 35
[52]
Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de
Desarrollo del Milenio Informe de 2015, Nueva York
[53]
Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de
Desarrollo del Milenio Informe de 2015, Nueva York: “Eliminar la pobreza
extrema y el hambre remanentes será un desafío. Muchas de las personas que
sufren esta condición viven en contextos frágiles y áreas remotas. El acceso a
buenas escuelas, atención médica, electricidad, agua potable y otros servicios
esenciales continúa siendo esquivo para muchas personas y muchas veces está
determinado por la situación socioeconómica, el género, la etnia o la ubicación
geográfica. Para aquellos que han logrado salir de la pobreza, el progreso es
muchas veces frágil y temporal; las conmociones económicas, la inseguridad
alimentaria y el cambio climático amenazan con robarles estos logros tan
difíciles de obtener.” Pág. 23
[54]
Brenda
Boardman, Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth, Belhaven Press, 1991.
[55]
Brenda Boardman, op. Cit.
[56]
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas,
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América
Latina.
[57]
Eurosurveillance (2012): Excess mortality among the elderly in
12 european countries, February and March 2012.
[58]Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas, Instituto
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES),
Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América Latina.  Debats
Cataluya Social, Propostes des Tercer Sector, Taula d´entitats del Tercer
Sector Social de Cataluya, No. 38, Septiembre de 2014. La energía como derecho.
Cómo afrontar la pobreza energética.
[59]
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas,
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América
Latina.
[60]
Cfr. Sentencias T-1205 de 2004, T-752 de 2011
[61] En el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos acaece lo mismo, el acceso a la energía
eléctrica es una prestación conexa al derecho humano a la vivienda adecuada. El
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la Observación General
No. 4 señala: “Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a
agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a
instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de
eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.”. Esto ha
sido desarrollado en derecho convencional. A título de ilustración se puede
leer la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, en su Artículo 14 Lit. H: “2. Los Estados Partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en
particular le asegurarán el derecho a: (…) h) Gozar de condiciones de vida
adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y
las comunicaciones.” Como se ve, en el documento internacional, el acceso a
electricidad se vincula al disfrute del derecho humano a la vivienda adecuada.
[62]
Cfr. Sentencia C- 587 de 2014
[63]
Cfr. Sentencias T-881 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, ver igualmente
la Sentencia T-235 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell
[64]
T-881 de 2002: señaló en aquella ocasión: “En efecto, ordenó a Electrocosta
abstenerse de "realizar cualquier tipo de conductas dirigidas al
racionamiento, suspensión o corte en el servicio de suministro de energía al
Hospital, al Acueducto y a los establecimientos de seguridad terrestre (bienes
constitucionalmente protegidos), del municipio del Arenal (Bolívar), sin importar
que las mismas tengan o no su origen en el incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de los mencionados establecimientos o del Municipio del
Arenal".
[65]
En la Sentencia T-380 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara, la Corte
consideró que la suspensión del servicio de energía de un colegio público
constituía una violación al derecho a la educación de sus estudiantes y, por
tanto, previno a la empresa de energía para que cuando estuviera de por medio
el derecho a la educación se abstuviera de cortar el servicio. Este precedente
es reiterado en la Sentencia T-018 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, en la
cual se ordenó a la empresa prestadora el restablecimiento del servicio a un
establecimiento educativo de naturaleza pública.
[66]
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
[67]
T-1205 de 2004
[68]
M.P. Jaime Araujo Rentería
[69]
Cfr. Sentencias T-927/99, T-1016/99, T-1432/00, T-334/01, T-1225/01, T-798/02,
T-953/02 y T-011/03
[70]
M.P. Clara Inés Vargas Hernández
[71]
Cfr. Sentencia T-1225 de 2001 MP. Alfredo Beltrán Sierra.  La Corte tuteló los
derechos al debido proceso y a la igualdad invocados por la propietaria de un
inmueble, luego de considerar que ELECTROCOSTA S.A. había incumplido sus
obligaciones, al no haber suspendido oportunamente el servicio de energía ante
la mora por parte de los arrendatarios.
[72] Cfr.
Sentencia T-1432 de 2000
[73]
Cfr. Sentencia T-793 de 2012
[74]
Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la
Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y
el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos
Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que
Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3,
2007
[75]
Up supra. pág. 22
[76]
Ley 143 de 1994 Art. 11 “Consumo
de subsistencia: se define como consumo de subsistencia, la cantidad mínima de
electricidad utilizada en un mes por un usuario típico para satisfacer
necesidades básicas que solamente puedan ser satisfechas mediante esta forma de
energía final. Para el cálculo del consumo de subsistencia sólo podrá tenerse
en cuenta los energéticos sustitutos cuando éstos estén disponibles para ser
utilizados por estos usuarios.”
[77]
En concordancia con lo previsto en el artículo 89.1 de la Ley
142 de 1994
[78]
Obligación reiterada en el Artículo 3
de la Ley 143 de 1994, en su parágrafo final, cuando señala: “Parágrafo. Para garantizar el cumplimiento
de lo previsto en los incisos anteriores, el Gobierno Nacional dispondrá de los
recursos generados por la contribución nacional de que habla el artículo 47 de
esta Ley y por los recursos de presupuesto nacional, que deberán ser apropiados
anualmente en el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público. No obstante, de conformidad con el artículo 368
de la Constitución Política, los departamentos, los distritos, los municipios y
las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos
presupuestos.”
[79]
http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca_pub,
Consultado el 20 de Noviembre de 2015
[80]
Certificado de la Unidad para la atención y reparación
integral a las víctimas, resolución No. 2013-99784 de 23 de mayo de 2013, en la
cual se incluye a la accionante dentro del registro único de víctimas. Folio 20
[81]
Folio 147
[82]
Fundamento facto 3, reseñado en el folio 2 de esta
providencia.
[83]
Folio 92
[84]
Folio 91
[85]
Folio 27
[86]
Folio 2, Hecho cuarto de la acción de tutela.
[87]
Folio 44 y Folio 48
[88]
Folio 87
[89]
Folio 2, hecho 3 y 4 del escrito de tutela.
[90]
Cfr. T-752 de 2011
[91]
Cfr. Sentencia T-273 del 2012 M.P. Nilson Pinilla
[92]
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas,
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
(ILPES), Santiago de Chile, marzo de 2014, Pobreza Energética en América
Latina.
[93]
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, Consejo Mundial de Energía,
World Energy Assessment, Overview 2004 update.
[94]
Folio 138 Expediente 5073877
[95]
http://www.cali.gov.co/publicaciones/nuestra_historia_santiago_de_cali_tiene_477_aos_pub
Consultado el 10 de octubre de 2015