T-741-17
Sentencia T-741/17
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad
DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia
Una providencia judicial incurre en un defecto sustantivo
cuando su motivación contradice, de manera manifiesta, el régimen jurídico que
debe aplicar.
DERECHO
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE
ELLA-Reiteración de jurisprudencia
INTERES
SUPERIOR DEL MENOR-Alcance
El principio del interés superior del menor constituye un
importante parámetro de interpretación para la solución de controversias en las
que se puedan ver comprometidos los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Al aplicarlo debe tenerse en cuenta las condiciones jurídicas y
fácticas del caso para que se opte por aquella decisión que, en mejor medida,
garantice los derechos e intereses del niño con miras a su desarrollo armónico
e integral.
PROCESO
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES-Lineamientos
PROCESO
ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES-Defensores de Familia tienen la posibilidad de adoptar
medidas específicas de protección y deberán realizar el correspondiente
seguimiento a la medida de restablecimiento adoptada
MEDIDA
DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS DENOMINADA UBICACION EN HOGAR SUSTITUTO-Código
de la Infancia y la Adolescencia
HOGAR SUSTITUTO-Colocación
familiar provisional
PROCESO
DE HOMOLOGACION DE LA DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD-Alcance
HOMOLOGACION
DE LA DECLARATORIA DE ADOPTABILIDAD-Alcance de la
competencia del juez de familia
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Procedencia
por incurrir en defecto sustantivo, por cuanto Juzgado le otorgó al parágrafo
2º del Artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia, alcances
distintos a los expresamente señalados por el legislador
El Juzgado de Familia,
al interpretar y aplicar las normas del Código de la Infancia y la
Adolescencia, en el caso objeto de estudio, incurrió en un defecto sustantivo
que habilita la procedencia del amparo constitucional deprecado, toda vez que
le otorgó al parágrafo 2º del Artículo 100 de dicho Estatuto alcances distintos
a los expresamente señalados por el legislador, al aplicarlo a una situación
fáctica que no se adecua a lo previsto en la norma.
DERECHO
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE
ELLA-Orden a Defensora de Familia adelantar todas las diligencias
correspondientes para el proceso de adopción de menores
Referencia:
Expediente T-4.771.960
Demandante:
Yenny
Milena Pulido Forero, actuando en calidad de Defensora de Familia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2 -
Demandado:
Juzgado Séptimo
de Familia de Manizales
Magistrado Ponente:
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete
(2017)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada
por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y
Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
En la revisión del fallo de tutela proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 11 de noviembre de 2014, en el
trámite del amparo constitucional promovido por Yenny Milena Pulido Forero, en
calidad de Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2- contra el Juzgado Séptimo de
Familia de Manizales.
I. ANTECEDENTES
1. Anotación preliminar:
Teniendo en cuenta que
en el presente asunto se estudiará la situación de varios menores de edad
declarados en situación de adoptabilidad, esta Sala como medida de protección
de su intimidad ha decidido suprimir los datos que permitan su identificación.
Con tal finalidad su nombre y el de sus familiares serán remplazados con
nombres ficticios, los cuales se escribirán con letra cursiva.
2.
La solicitud
El 27 de octubre de 2014, Yenny Milena
Pulido Forero,
actuando en calidad de Defensora de Familia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2- promovió acción
de tutela contra el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, con el propósito
de obtener el amparo de los derechos fundamentales de los niños Teresa,
Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortíz Prada, presuntamente vulnerados por
el demandado, al proferir los Autos Interlocutorios No. 160[1]
y 187[2]
de 2014, dentro del trámite de homologación de las resoluciones que declararon
a dichos menores en situación de adoptabilidad.
La situación fáctica a
partir de la cual se fundamenta la presente acción, es la que a continuación se
expone:
3. Reseña fáctica y pretensiones
3.1.
Manifiesta la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2-
Yenny Milena Pulido Forero, que mediante Resoluciones No.733[3],
1182[4],
1183[5],
1184[6]
y 1185[7]
declaró en situación de adoptabilidad a los niños Teresa, Camila,
Sebastian, Daniela y Rosa Ortíz Prada. Sin embargo,
por oponerse los padres a la referida declaratoria dichos expedientes fueron
remitidos al juez de familia para que se surtiera el proceso de homologación.
3.2. De
los procesos de los niños Ortiz Prada conoció el Juzgado Séptimo de
Familia de Manizales, despacho que, mediante Auto No. 160 de 10 de septiembre
de 2014, decidió no homologar dichas resoluciones, al determinar que la
Defensora de Familia[8]
que las profirió no tenía competencia para hacerlo, pues, al adelantar el
trámite de restablecimiento de derechos de los mencionados menores, superó el
término previsto en el parágrafo 2 del artículo 100[9]
de la Ley de Infancia y Adolescencia para resolver dicha actuación
administrativa. En consecuencia, ordenó devolver las diligencias al ICBF para
que se registrara su salida de la Institución y luego, se enviaran, nuevamente,
a la oficina judicial para su reparto entre los jueces de familia de la ciudad,
con el propósito de que se adelantara el trámite correspondiente[10]
y se informara de lo pertinente a la Procuraduría General de la Nación.
3.3. En
desacuerdo con lo anterior, el 17 de septiembre de 2014, la accionante presentó
recurso de reposición y en subsidio apelación contra el Auto No. 160, al
considerar que sí cumplió con el término de 4 meses previsto en la ley[11]
para adelantar la actuación administrativa en los procesos de restablecimiento
de derechos de los niños Ortiz Prada, pues en todos dictó la
declaratoria de vulneración de derechos con anterioridad al vencimiento del
plazo, tal y como se expone a continuación:
Actuaciones
adelantadas en el proceso de restablecimiento de derechos de Teresa Ortiz
Prada
·
El
30 de enero de 2012, la Policía de Infancia y Adolescencia denuncia la
situación de Teresa ante el ICBF. Ese mismo día, se da apertura a la
Historia de atención No.99060708955.
·
El
2 de febrero de 2012, se expide acta por medio de la cual se dispone la entrega
de la adolescente, de forma provisional, a un hogar sustituto, mientras se
define su situación jurídica.
·
El
20 de febrero de 2012, mediante Auto No.0081, se da inicio al proceso
administrativo de restablecimiento de derechos. Posteriormente, el 30 de abril,
a través de Resolución No. 000297, se declaran vulnerados los derechos de la
adolescente y se decreta como medida de restablecimiento la entrega a sus
progenitores.
·
El
9 de julio de 2013, mediante Resolución No. 993, se modificó la medida de
restablecimiento de derechos decretada a favor de Teresa y en su lugar,
se ordenó reubicarla en un hogar sustituto.
·
El
3 de octubre, se notifica al ICBF de la acción de tutela presentada por los
padres de Teresa, en la que solicitan el reintegro de la adolescente a
su hogar. De dicho trámite constitucional conoció el Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Manizales, despacho que negó las pretensiones de los
accionantes.
·
En
desacuerdo con lo anterior, los padres de Teresa presentaron recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Manizales, Sala Laboral, corporación que confirmó el fallo de primera
instancia.
·
El
4 de diciembre de 2013, se solicitó a la Oficina Jurídica del ICBF prorrogar la
medida de permanencia de Teresa en el hogar sustituto, petición que fue
aprobada el día 20 de ese mismo mes y año.
·
Finalmente,
el 16 de abril de 2014, mediante Resolución No. 733, se declaró a Teresa
Ortiz Prada en situación de adoptabilidad.
Actuaciones
adelantadas en los procesos de restablecimiento de derechos de Camila y Sebastian
Ortiz Prada
·
El
6 de febrero de 2012, luego de recibir una denuncia por parte del Centro
Comunitario de Desarrollo Versalles se dio apertura a la historia de atención
de los niños Ortiz Prada.
·
El
21 de febrero de 2012, mediante Auto No. 085, se dio inicio al proceso
administrativo de restablecimiento de derechos en el que se ordenó como medida
de protección provisional su ubicación en hogar sustituto.
·
El
4 de junio de 2012, en Resolución No. 412, se declaran vulnerados los derechos
de los niños Camila y Sebastian Ortiz Prada, se dispone su entrega a los
padres, se ordena el seguimiento al reintegro y se insta a los progenitores a
acudir a la atención terapéutica.
·
El
9 de septiembre de 2013, al continuar los factores de riesgo observados en el
grupo familiar, mediante Resoluciones No. 1441, 1442 se decide ubicar a los
niños en un hogar sustituto.
·
Por
último, el 17 de junio de 2014, con Resoluciones No. 1183, 1182 se declara a
los niños Camila y Sebastian Ortiz Prada en situación de adoptabilidad.
Actuaciones
adelantadas en los procesos de restablecimiento de derechos de Daniela y Rosa
Ortiz Prada
·
El
6 de septiembre de 2013, se recibe una denuncia por parte de la Policía de
Infancia y Adolescencia sobre la situación de las niñas.
·
El
11 de septiembre de 2013, mediante Autos No. 2513 y 2514, se da apertura a la
historia de atención de las niñas Ortiz Prada y se ordena como medida de
protección provisional su ubicación en hogar sustituto.
·
El
26 de diciembre de 2013, en Resoluciones No. 2159 y 2160, se declaran vulnerados
los derechos de Daniela y Rosa Ortiz Prada y se confirma la medida de
que permanezcan en un hogar sustituto.
·
El
17 de junio de 2014, con Resoluciones No. 1184 y 1185, se declaró a las niñas Daniela
y Rosa Ortiz Prada en situación de adoptabilidad.
Para la
Defensora de Familia, el término de 4 meses, consagrado en el parágrafo 2º del
artículo 100 de la Ley de Infancia y Adolescencia, aplica tanto para
la declaratoria de vulneración de derechos como para la de adoptabilidad, si
hay mérito para ello. Así mismo, indica que las medidas de restablecimiento de
derechos son transitorias y por lo tanto, se pueden modificar, eso implica que
aun cuando en un caso se haya dictado la declaratoria de vulneración de
derechos, posteriormente, esta se pueda modificar por la declaratoria de
adoptabilidad. En ese orden de ideas, considera que no perdió la competencia en
los casos de los niños Ortiz Prada, pues en todos expidió, dentro del
término, la declaratoria de vulneración de derechos.
3.4. El
10 de octubre de 2014, el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, mediante
Auto No.187, resolvió no reponer la providencia acusada, al considerar que, en
los casos de los niños Ortiz Prada, la Defensora de Familia si perdió la
competencia para adelantar la actuación administrativa, pues en ninguno de los
procesos cerró la investigación luego de emitir las resoluciones que declararon
la vulneración de sus derechos, ni tampoco dictó autos de apertura cuando se
presentaron hechos nuevos, superando los términos previstos en el parágrafo 2º
del artículo 100. Sin embargo, dictó las resoluciones que los declararon en
situación de adoptabilidad.
Según el juez de
la causa, la Defensora de Familia no podía contabilizar los términos
perentorios que marcan la referida competencia, con actuaciones realizadas hace
un año o más, pues con ello prolongó indefinidamente la definición de la situación
de los niños Ortiz Prada, quienes se encontraban en un alto nivel de
vulnerabilidad.
Así mismo, el
Juez Séptimo de Familia de Manizales negó el recurso de apelación formulado
contra el Auto No.160 de 2014 por tratarse de un proceso de única instancia.
3.5. De
conformidad con lo expuesto, la demandante considera que en los Autos
Interlocutorios No. 160[12]
y 187[13]
de 2014 se incurrió en un defecto sustantivo al interpretar, de forma
equivocada, los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
el Código de la Infancia y la Adolescencia, pues, en su criterio, dichas
disposiciones si permiten modificar las medidas de protección dictadas en un
proceso de restablecimiento de derechos cuando cambian las circunstancias que,
en un principio, dieron lugar a su expedición, sin que sea necesario expedir un
nuevo auto de apertura en los casos en que no se haya cerrado la investigación.
Así mismo, sostiene que la decisión adoptada por el despacho demandado vulnera
los derechos fundamentales de los niños Ortiz Prada.
En consecuencia,
solicita dejar sin efectos los Autos No. 160 y 187 de 2014 y en su lugar,
ordenar al Juez Séptimo de Familia de Manizales que tramite la homologación de
las Resoluciones No.733[14],
1182[15],
1183[16],
1184[17]
y 1185[18]
por medio de las cuales se declaró en situación de adoptabilidad a los niños Teresa,
Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada.
4. Trámite procesal y
respuesta de la entidad demandada
Por Auto del 28 de octubre de 2014, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil Familia, admitió la acción de tutela
y, con el fin de conformar debidamente el contradictorio, ordenó vincular
a los señores Pedro Ortiz y Claudia Prada, padres de los niños que
fueron declarados en situación de adoptabilidad, a la Procuraduría Judicial en
Asuntos de Familia y al ICBF Regional Caldas para efectos de que
se pronunciaran respecto de los hechos y las pretensiones planteados en ella.
Así mismo, corrió traslado de la acción al Juez Séptimo
de Familia de Manizales para que ejerciera su derecho a la
defensa.
No obstante lo anterior, los padres de
los niños Ortiz Prada guardaron silencio.
3.1. Juez Séptimo de Familia
de Manizales
Dentro del término concedido
para el efecto, el Juez Séptimo de Familia de Manizales dio respuesta a la
acción de tutela, mediante escrito en el que
expresó su disentimiento frente a las pretensiones de la demanda, con base en
los siguientes argumentos:
Señala que
el artículo 108[19] de la Ley de la
Infancia y la Adolescencia prevé que el Defensor de Familia deberá remitir el
expediente en el que se declare la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente
al juez de familia para su homologación, cuando la persona, a cuyo cargo
estuviere su cuidado, crianza o educación, se haya opuesto durante la actuación
administrativa o en los 20 días siguientes a la ejecutoria de la resolución. En
dicho trámite, el juez deberá analizar si el Defensor de familia, que tuvo a
cargo el proceso de restablecimiento de derechos, profirió el fallo dentro del
término indicado en el artículo 100, parágrafo 2º de la obra citada o si por el
contrario, se excedió y perdió la competencia. Así mismo, deberá revisar si el
funcionario cumplió con todos los requisitos legales o si omitió alguno, caso
en el cual enviara el expediente al Defensor de Familia para que lo subsane.
Refiere que
en el caso objeto de estudio, el despacho declaró la falta de competencia de la
Defensora de Familia, al advertir que esta no resolvió la actuación
administrativa dentro de los cuatro meses siguientes a la presentación de la
solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación. De igual manera, al
observar actuaciones violatorias del debido proceso en las historias de Teresa,
Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada.
A
continuación, relaciona las fechas en que se emitieron los autos de apertura de
la investigación y se profirieron los distintos fallos en los procesos de los
niños Ortiz Prada:
Nombre
Auto Apertura
Fallo- vulneración de derechos
Fallo-Adoptabilidad
Teresa
20 de febrero de 2012
30 de abril de 2012
16 de abril de 2014
Sebastián
21 de febrero de 2012
4 junio de 2012
17 de junio de 2014
Camila
21 de febrero
2012
4 junio de 2012
17 de junio de 2014
Daniela
11 de septiembre de 2013
26 de diciembre de 2013
17 de junio de 2014
Rosa
11 de septiembre de 2013
26 de diciembre de 2013
17 de junio de 2014
Para el
juzgado accionado, el anterior cuadro comparativo muestra que, si bien en todos
los procesos de restablecimiento de derechos de los niños Ortiz Prada, no
se superó el término de cuatro meses entre el auto de apertura y el primer
fallo adoptado, si se adelantó un procedimiento, muy sui generis, que
implicó que la Defensora de Familia perdiera la competencia para conocer de
dichos asuntos.
Señala que
en todas las historias de los menores de edad, la Defensora de Familia, luego
de dar apertura a la investigación, decretar y practicar pruebas, cerrar la
etapa probatoria, citar a audiencia de fallo y proferir una decisión de
vulneración de derechos, siguió practicando pruebas, corrió traslados, cerró
nuevamente la etapa probatoria y profirió un segundo fallo declarando su
adoptabilidad, sin antes emitir un nuevo auto de apertura que así se lo
permitiera, aun cuando tuvo conocimiento de hechos nuevos, como las manifestaciones
de posible abuso sexual. Por consiguiente, dichas actuaciones violaron el
debido proceso de las partes.
En virtud
de lo anterior, considera que la Defensora de Familia perdió la competencia
para conocer los procesos de los niños Ortiz Prada, pues dejó
transcurrir entre el “primer fallo” y la declaratoria de adoptabilidad de
Teresa, Sebastián y Camila dos años y, en los casos de
Daniela y Rosa, seis meses, sin que se hubiere autorizado la
ampliación del término.
3.2.
Procuraduría General de la Nación
La
Procuradora 15 Judicial de Familia de Manizales, refiere que el Modelo de
Atención para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y
Mayores de 18 años con Discapacidad fijado por el ICBF en Resolución No. 5929
de 2010 prevé cuatro (4) fases denominadas: (i) Identificación, diagnóstico y
acogida, (ii) Intervención y proyección, (iii) Preparación para el egreso y
(iv) Seguimiento pos egreso.
Luego de
explicar en detalle cada una de las fases, el Ministerio Público concluye que
en los procesos de los niños Ortiz Prada, la Defensora de Familia, en
efecto, perdió la competencia para conocer de dichos asuntos y por lo tanto,
debía remitirlos al juez de familia para que adelantara el trámite
correspondiente. Lo anterior, al advertir que dicha funcionaria no cerró las
historias de atención de los niños Ortiz Prada cuando declaró vulnerados
sus derechos, a pesar de que, según los lineamientos del ICBF “el cierre de
la historia de atención debe realizarse mediante auto proferido por el Defensor
de Familia, cuando transcurridos seis (6) meses de seguimiento a la medida éste
concepto es favorable”. Tampoco dicto autos de apertura aun cuando se
presentaron hechos nuevos.
4. Pruebas relevantes que
obran en el expediente
Las pruebas relevantes
aportadas al trámite de tutela, todas de origen documental, son las siguientes:
·
Historias de atención de los niños Teresa,
Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortíz Prada por
parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
II. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN
El Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Civil-Familia, en Sentencia
proferida el 11 de noviembre de 2014, negó el amparo deprecado por Yenny
Milena Pulido Forero, Defensora de Familia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2, al
considerar que las decisiones cuestionadas no son arbitrarias, toda vez que se
ajustan a las normas vigentes del Código de la Infancia y la Adolescencia.
Así mismo, al advertir que
durante el trámite de restablecimiento de derechos de los niños Ortiz Prada
se vulneró el debido proceso, pues la Defensora de Familia practicó pruebas
después de que había declarado vulnerados sus derechos y dejó transcurrir mucho
tiempo antes de declararlos en situación de adoptabilidad, sin que hubiere
solicitado la prórroga del término.
De igual manera, el aquo
señaló que si bien el artículo 103 del Código de la Infancia y la Adolescencia
permite la modificación de las medidas tomadas dentro de las diligencias
administrativas por el carácter transitorio que revisten algunas, en el
expediente objeto de estudio no se encontró ninguna providencia que así
lo hiciera saber, la cual tendría que haber sido notificada a la partes por
estrados, según el artículo 102 del mencionado estatuto.
Por otra parte, señaló que
ante la decisión del juzgado accionado, el ICBF debió remitir el proceso a
reparto entre los juzgados de familia, para que, de oficio, se iniciaran las
investigaciones del caso.
Dicha decisión no fue
impugnada.
III. REVISIÓN DEL PROCESO DE TUTELA POR PARTE DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Remitido el expediente de
tutela de la referencia a esta Corte para su eventual revisión, la Sala de
Selección Número Dos, mediante Auto del 20 de febrero de 2015, notificado el 3
de marzo siguiente, dispuso su revisión, a través de la Sala
Segunda de Revisión.
IV.
ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN
1.1.
En Auto del veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015)[20],
el Magistrado Sustanciador encontró necesario recaudar algunas pruebas para
verificar los hechos relevantes del proceso y mejor proveer en el presente
asunto. En consecuencia, resolvió:
“PRIMERO.-
Por
Secretaría General, OFÍCIESE a la Defensoría de Familia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2-,
para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación del presente Auto, informe a esta Sala lo siguiente:
1.
Si
con posterioridad a la presentación del recurso de amparo constitucional,
remitió los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de los
niños, niñas y adolescentes Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y
Rosa Ortiz Prada a la respectiva oficina judicial de reparto de los
Juzgados de Familia para que, de oficio, se iniciaran las investigaciones del
caso trasladándose para el efecto los medios probatorios ya recaudados, de
conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del fallo de tutela
dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala de
Decisión Civil-Familia- el 11 de noviembre de 2014 y las previsiones
normativas del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006. En caso de que haya
procedido a la remisión aludida, señalar la fecha en que se llevó a cabo dicho
trámite y el sentido de la respectiva decisión. De no haber sido así,
especifique las actuaciones administrativas desplegadas hasta el momento en
procura de la homologación de las resoluciones por obra de las cuales declaró
en situación de adoptabilidad a los menores anteriormente mencionados y las
medidas de restablecimiento adoptadas frente a cada uno de ellos.
2.
Indique
los lineamientos técnico administrativos generales y específicos de protección
y de restablecimiento de derechos que fueron presuntamente desconocidos por el
Juzgado Séptimo de Familia de Manizales al negarse a homologar las
resoluciones que declararon en estado de adoptabilidad a los niños, niñas y
adolescentes
Teresa,
Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada. Así mismo,
precise el modelo de ruta de las específicas actuaciones que deben
surtirse para el restablecimiento de derechos de cada uno de los menores,
explique su justificación e indique su forma de cumplimiento y los demás
aspectos que resulten de interés para asegurar su efectiva protección.
3.
Mencione
sobre las condiciones generales en que se encuentran los niños, niñas y
adolescentes Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz
Prada,
señalando su edad, su estado de salud física y psicológica, el lugar en que se
encuentran, su vinculación al sistema de seguridad social y a entes educativos,
así como también los programas de atención especializada de los que sean
beneficiarios y una relación de los elementos de riesgo identificados que
impiden la vigencia de sus derechos. A su vez, precise si conoce la ubicación
de la familia de origen de los menores y las condiciones personales de sus
miembros.
4.
Remita
los expedientes contentivos de las Historias de Atención correspondientes a los
trámites administrativos de restablecimiento de derechos de cada uno los niños,
niñas y adolescentes Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz
Prada,
que incluyan las providencias que dispusieron la apertura de investigación y las
Resoluciones No. 733 del 16 de abril de 2014 y Nos. 1182, 1183, 1184 y 1185 del
17 de junio de 2014, a través de las cuales se procedió a declararles en
situación de adoptabilidad.
Para
efectos de dar respuesta a los anteriores requerimientos, allegar las pruebas
documentales, de audio y video que considere pertinentes.
SEGUNDO.- Por
Secretaría General, OFÍCIESE al Juzgado Séptimo de Familia de Manizales,
para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación del presente Auto, informe a esta Sala lo siguiente:
1.
Explique
el trámite que impartió en el caso concreto a las Resoluciones No. 733 del 16
de abril de 2014 y Nos. 1182, 1183, 1184 y 1185 del 17 de junio de 2014, por
medio de las cuales se declaró en situación de adoptabilidad a los niños, niñas
y adolescentes
Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada.
2.
Indique
si con posterioridad a la presentación del recurso de amparo constitucional, la
Defensora de Familia que declaró en situación de adoptabilidad a los niños,
niñas y adolescentes Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz
Prada,
remitió los procesos administrativos de restablecimiento de derechos a la
respectiva oficina judicial de reparto de los Juzgados de Familia para que, de
oficio, se iniciaran las investigaciones del caso trasladándose para el efecto
los medios probatorios ya recaudados, de conformidad con lo dispuesto en la
parte considerativa del fallo de tutela dictado por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales -Sala de Decisión Civil-Familia- el 11 de
noviembre de 2014 y las previsiones normativas del artículo 100 de la Ley 1098
de 2006. En caso de que haya procedido a la remisión aludida, señalar la fecha
en que se llevó a cabo dicho trámite y el sentido de la respectiva decisión. De
no haber sido así, precise el modelo de ruta de las específicas actuaciones que
deben surtirse para el restablecimiento de derechos de cada uno de los menores,
explique su justificación e indique su forma de cumplimiento y los demás
aspectos que resulten de interés para asegurar la efectiva protección de sus
derechos.
3.
Remita
toda la información que posea en relación con el caso concreto, particularmente
en cuanto hace relación a los Autos interlocutorios No. 160 del 10 de
septiembre de 2014 y No. 187 del 10 de octubre de 2014, mediante los cuales
resolvió negarse a dar trámite de homologación a la declaratoria de
adoptabilidad de los niños, niñas y adolescentes niños Teresa,
Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada.
Para
efectos de dar respuesta a los anteriores requerimientos, allegar las pruebas
documentales, de audio y video que considere pertinentes.
TERCERO.-SUSPENDER el
término para fallar el proceso de la referencia, mientras se surte el trámite
correspondiente y se evalúan las pruebas decretadas.”
1.2. Vencido el término probatorio, la
Secretaría General de esta Corporación, en comunicación del 19 de junio de
2015, informó al despacho del Magistrado Ponente que no se recibió respuesta
alguna.
1.3. No obstante lo
anterior, el 22 de julio de 2015, la Secretaría General de esta Corporación
remitió al despacho del Magistrado Sustanciador dos oficios, uno suscrito por
el Juez Séptimo de Familia de Manizales y otro firmado por la Defensora de
Familia del Centro Zonal Dos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
mediante los cuales se da respuesta a lo solicitado por esta Corporación, en
Auto del 28 de mayo del mismo año.
1.3.1. Juez Séptimo de Familia de
Manizales
María Patricia Ríos Álzate, Juez Séptima
de Familia de Manizales, indicó que el 12 de diciembre de 2014 se enviaron las
diligencias de restablecimiento de derechos de los niños Ortiz Prada a
la oficina judicial para su reparto entre los jueces de familia. De dichos
procesos conoció el Juzgado Tercero de Familia de Manizales, despacho que declaró
a los hermanos Ortiz Prada en situación de vulneración de derechos y de
adoptabilidad. Así mismo, dispuso medidas de restablecimiento a su favor. Lo
anterior, de conformidad con la información que consta en el aplicativo
Justicia XXI.
Además, adjuntó copia de los Autos No.
160 y 187 de 2014.
1.3.2. Defensora de Familia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Yenny Milena Pulido Forero, Defensora de
Familia del Centro Zonal Dos de Manizales, señala que el 12 de diciembre de
2014, remitió a la oficina judicial los procesos administrativos de los niños Ortiz
Prada para su reparto entre los jueces de familia de Manizales,
correspondiéndole al Juzgado Tercero de la ciudad[21].
Dicho despacho, mediante Auto de 11 de marzo de 2015, ordenó el interrogatorio
de la señora Claudia Prada, madre de los menores y la recepción de los
testimonios de los señores Martha Acosta, Felipe Correa, Fernando
Martinez y Juan Vargas. De igual manera, ordenó realizar una visita
domiciliaria al hogar de la señora Claudia Prada con el fin de
determinar las condiciones en que allí viven.
Señala que luego de practicar las
anteriores pruebas, el Juzgado Tercero de Familia de Manizales profirió
Sentencia el 27 de abril de 2015 en la que resolvió:
“PRIMERO:
DECLARAR en situación de vulneración de derechos y de adoptabilidad a: [Sebastian,
Teresa, Daniela y Rosa Ortiz Prada], de conformidad con lo establecido en el
artículo 53 numeral 5º del Código de la Infancia y la Adolescencia, por los
motivos expuestos en la parte considerativa y lo probado en el presente proceso
judicial de decretos de medidas de restablecimiento de derechos y de
declaratoria de adoptabilidad, iniciado de oficio y por mandato legal, y en
frente de sus progenitores, señores [Claudia Prada y Pedro Ortiz] y conforme lo
ordenan los artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 20 numeral 1º, 2º,9º y 19, y 22,
23, 24, 26, 82 numeral 14, 100 parágrafo 2º y 101 del Código de la Infancia y
la Adolescencia.
SEGUNDO:
DISPONER la medida de restablecimiento de derechos de COLOCACIÓN FAMILIAR EN
HOGAR SUSTITUTO O EN INSTITUCIÓN, si así se considera conveniente, de:
[Sebastian, Teresa, Daniela y Rosa Ortiz Prada], hasta tanto se realicen los
trámites pertinentes para su adopción, para lo cual, la Defensoría de Familia
Centro Zonal Manizales 2, Regional Caldas, del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, realizara las gestiones correspondientes, a dicha ubicación,
de conformidad con el artículo 59 del Código de la Infancia y la Adolescencia,
y por los motivos expuestos en la considerativa.
Frente
a la joven [Camila Ortiz Prada], por su discapacidad cognitiva, el
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS se cumplirá en el CEDER, a través del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, el que gestionará todo lo que corresponda
para que se adelante todo el proceso de aprendizaje y educación por ella
requeridos. Que mientras se adelanta dicho proceso, será ubicada
institucionalmente en el lugar que para dichas personas con discapacidades,
tenga convenio el citado instituto.
TERCERO:
INDICAR que en frente de esta sentencia judicial emitida dentro de este proceso
especial preferente de única instancia, no proceden los recursos ordinarios de
reposición y apelación, ni el término de oposición posterior a su ejecutoria,
ni su homologación judicial, en virtud de lo señalado en los artículos 100, 107
parágrafo 1º, 108 y 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia, 348 y 351
del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO:
Este fallo produce respecto de los señores [Claudia Prada y Pedro Ortiz], la
terminación de la patria potestad que tienen, respecto de sus hijos:
[Sebastian, Teresa, Daniela y Rosa Ortiz Prada], por lo motivado.
QUINTO:
ORDENAR se remita por Secretaría, y en firme este fallo, la documentación que
se requiere de los citados jóvenes, al Comité de Adopciones del ICBF Regional
Caldas, para que se inicien los trámites pertinentes para su adopción, como lo
regula el artículo 73 parágrafo 2º del Código de la Infancia y la Adolescencia,
y por lo considerado.
SEXTO:
ORDENAR que una vez en firme este fallo, y realizados los trámites ya
ordenados, se dé el cierre y archivo activo de la historia familiar, y DECLARAR
la terminación de este proceso.
SEPTIMO:ORDENAR
se remita por Secretaria y en firme esta sentencia, copia autenticada de esta
providencia a la señora Procuradora 15 Judicial de Familia, en virtud de los
artículos 95 y 102 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
OCTAVO:
ORDENAR se informe por Secretaría inmediatamente en firme este proveído al
Director del ICBF, Regional Caldas, la decisión adoptada en esta sentencia,
requiriendo el seguimiento a la medida de protección tomada para los citados
jóvenes, de conformidad con el artículo 96 inciso 2º ibídem.
NOVENO:
INSCRIBIR esta sentencia en los registros civiles de nacimiento de:
[SEBASTIAN
ORTIZ PRADA], en el indicativo Serial 33431606 y NUIP EST 0252121, asentado el
18 de abril de 2002, y en el libro de Varios correspondiente a la NOTARÍA
CUARTA DEL CÍRCULO DE MANIZALES.
[TERESA
ORTIZ PRADA], en el Indicativo Serial 27177668, sin NUIP 1055756244, asentado
el 12 de septiembre de 2008, y en el libro de varios correspondiente a la
NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE MANIZALES.
[ROSA
ORTIZ PRADA], en el Indicativo Serial 41402141 y NUIP 1055756244, asentado el
12 de septiembre de 2008, y en el libro de varios correspondiente a la NOTARIA
CUARTA DEL CIRCULO DE MANIZALES.
Respecto
de la menor [DANIELA ORTIZ PRADA], SE INSCRIBIRÁ esta sentencia, una vez se
envía por parte de la Defensoría de Familia Centro Zonal Dos Manizales, del
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, el correspondiente registro civil
de nacimiento, donde se oficiara para tal fin.
Se
INDICARÁ, al funcionario de la Notaría que corresponda, que debe(n) hacer las
anotaciones marginales de la pérdida y/o terminación de la patria potestad de
los señores [PEDRO ORTIZ Y CLAUDIA PRADA], quienes se identifican con las
cédulas de ciudadanía números 75.081.522 y 30.392.329 de Manizales,
respectivamente, en calidad de padres de los citados adolescentes; y LIBRAR las
comunicaciones por Secretaria para el efecto, una vez ejecutoriada esta
sentencia.
DÉCIMO:
ORDENAR se notifique preferentemente, en forma personal, esta sentencia a los
señores [PEDRO ORTIZ Y CLAUDIA PRADA]. De no ser posible en forma personal, se
hará por edicto conforme lo dispone el artículo 323 del Código de Procedimiento
Civil.”
Refiere que, el Juez Tercero de Familia
de Manizales incurrió en varias imprecisiones al proferir la Sentencia del 27
de abril, pues declaró, al mismo tiempo, en situación de vulneración de
derechos y de adoptabilidad a los hermanos Ortiz Prada, sin tener en
cuenta que cada una de esas declaratorias tiene implicaciones diferentes, toda
vez que con la primera se busca adoptar medidas que permitan restablecer los
derechos de los niños en su núcleo familiar, mientras que con la segunda se
termina la patria potestad de los padres sobre sus hijos.
Así mismo, señala que en la mencionada
providencia, el juez de familia no incluyó a la adolescente Camila Ortiz
Prada en la declaratoria de vulneración de derechos y de adoptabilidad, ni
en la terminación de la patria potestad de sus padres y tampoco en la
inscripción de la sentencia en el registro civil de nacimiento.
De igual manera, sostiene que el Juez
Tercero de Familia de Manizales dio valor probatorio a las pruebas practicadas
dentro del trámite de restablecimiento de derechos adelantado por la Defensora
de Familia, sin antes pronunciarse sobre la perdida de competencia de la
funcionaria para conocer de dichos asuntos.
De otro parte, la accionante informa que
los hermanos Ortiz Prada se encuentran en las siguientes condiciones:
“a)
[Teresa Ortiz Prada], está ubicada en el centro de atención especializado,
modalidad internado, de la Fundación Mnematica, en donde nos informan:
‘Adolescente que evidencia un autoconcepto y autoestima pobre. Dentro de la
institución ha logrado adaptarse a las normas, respeta a sus figuras de
autoridad. Se le dificulta proyectarse frente a su futuro, así como establecer
metas y objetivos claros, dificultad que se presenta por la falta de
acompañamiento oportuno por parte de figuras paternas. A raíz de las
situaciones que se vivencian dentro de la familia le generan a la adolescente
dificultad para enfrentarse al mundo, llevándola actuar de manera inadecuada,
generando inestabilidad emocional, dificultad para controlar impulsos.
Manifiesta inmadurez afectiva, reacción infantil frente a las posibilidades de
relacionamiento o dificultad para intimidar en relaciones ya establecidas. Se
perciben situaciones que la adolescente no logra expresar abiertamente y que le
generan dolor y tristeza, hay momentos donde se muestra fantasiosa frente a su
realidad Adolescente que presenta un importante desfase en cuanto a su
ubicación escolar se refiere ya que no concuerda con su edad cronológica,
además presenta grandes vacíos de índole conceptual en áreas y competencias
educativas importantes como son matemáticas, ciencias sociales, ciencias
naturales y lenguaje extranjero, debido en parte a su poca preocupación por las
actividades escolares y por el bajo rendimiento en su anterior institución
(anteriormente se encontraba cursando el grado 6º de educación básica
secundaria en el colegio Mariscal Sucre de la ciudad de Manizales y en donde
aparentemente había abandonado sus estudios por un espacio de tres meses). Al
momento de su ingreso es ubicada en los eventos de nivelación y recuperación
académica ofrecidos en la fundación en convenio con el colegio “Normal Superior
de Manizales”, para que pueda alcanzar algunos objetivos y dar inicio al año
lectivo 2015 con buena disposición ya que cuenta con buenas cualidades a nivel
cognitivo.’
b)
[Sebastian Ortiz Prada] se encuentra bajo la medida de restablecimiento de
derechos en la modalidad de internado Centro de recepción de menores, y en la
actualidad nos informan:
‘…el
niño ingresa a la modalidad después de haberse evadido de hogar sustituto donde
ha sido ubicado al parecer por condiciones de negligencia familiar y presunto
abuso sexual. Actualmente [Sebastian] presenta estabilidad en su proceso
institucional, con ganancia de comportamientos adaptativos para su vida en
relación a la modificación de conductas disruptivas y de oposición a la norma.
(…) Se encuentra vinculado en el proceso de escuela interna con rendimiento
regular, requiere seguimiento en sus procesos de aprendizaje y desarrollo de
habilidades educativas. No presenta alteraciones médicas o clínicas que
requieran atención prioritaria. El niño viene participando con entusiasmo de
las actividades que se hacen al interior de la institución, tanto deportiva
como recreativa, presenta una buena disposición y ánimo para las mismas y esto
ha incrementado habilidades de socialización.
[Sebastian]
es un joven de 12 años 10 meses de edad, refiere haber pasado un periodo sin
alteraciones a nivel de salud, asintomático, se observa un joven en aparente
buenas condiciones físicas, en la toma de datos antropométricos se encuentra un
peso de 32 kg y una talla de 137 cms dando un IMC adecuado haciendo esto que su
estado nutricional mejoro, logrando salir del riesgo de delgadez, en la
anamnesis alimentaria se encuentra que el joven tiene una muy buena aceptación
por los alimentos ofrecidos en la institución, sin rechazos ni intolerancias
alimenticias, aceptando el consumo de guayaba por la cual tenía rechazo,
presenta unas buenas normas de comportamiento en el comedor. De acuerdo con el
estado de salud mental de [Sebastian], no se observan alteraciones en relación
a su estado de pensamiento, presenta buen a presentación personal y conductas
de aseo e higiene, se evidencia estado alerta normal, procesos de lenguaje y
memoria acordes a su edad y su estado de desarrollo. El contenido de su
pensamiento así como su estructura son adecuadas, es un niño que viene en un
proceso de resignificación y de atribución de significado a sus experiencias de
una forma más positiva y esto ayuda a asumir la medida con mayor entereza.’
c)
[Daniela y Rosa Ortiz Prada] actualmente bajo medida de restablecimiento en
colocación familiar Hogar sustituto ICBF, en el mismo hogar sustituto en
reciente informe de seguimiento el operador encargado del programa de hogares
sustitutos de FESCO, informan lo siguiente: ‘(…) En la historia de [Daniela] y
su hermana [Rosa] se encuentra en el Juzgado a fin de realizar estudio
pertinente que le permita a la defensora de familia definir la situación legal
de la niña respecto a la declaratoria de adoptabilidad; en este periodo no se
llevaron a cabo acciones con el grupo familiar de origen puesto que en el
histórico evolutivo se resaltan factores de vulnerabilidad asociados a
conductas negligentes y de descuido de sus progenitores [Claudia y Pedro], así
como pauta relacional en la que predomina el consumo de licor y presunta
situaciones de abuso sexual hacia los hijos, situación está que ha requerido
adelantar proceso penal en la fiscalía a fin de dar claridad a la información
suministrada por los niños. En lo que respecta al hogar sustituto [Daniela]
continua presentando relaciones familiares armónicas manifestadas en el respeto
a los demás personas, reconocen figuras de autoridad; aunado a ello se vinculan
a actividades familiares desencadenando relaciones cercanas con los integrantes
del sistema familiar principalmente con Isabela hija biológica de los padres
sustitutos con quien comparten juegos constantes y actividades de interés,
situación contraria con su hermana biológica [Rosa] cuyas relaciones presentan
distanciamiento generado por la apatía manifestada a través de comunicación
verbal y no verbal, efectuando el acompañamiento y supervisión en las niñas,
toda vez que si bien existen conflictos entre hermanos normales en el proceso
de crecimiento y desarrollo de los niños, se hace necesario conocer el origen
de ellas, relaciones que permitan la intervención como forma de prevenirlas o
manejarlas para que no se conviertan en vénetos que dañen la armonía familiar.
[Daniela] ha contado avances importantes desde las esferas propias de su
desarrollo, contando con unas relaciones sociales y familiares más cercanas y
cálidas, se evidencia mayor facilidad para ofrecer demostraciones afectivas a
las personas cercanas, siendo importante continuar desarrollando una relación
fraterna con [Rosa]. A nivel escolar han contado con progresos y motivación
frente a sus proceso de aprendizaje.’
d)
[Camila Ortiz Prada]: La adolescente en su situación de discapacidad retardo
mental moderado recibió medida de restablecimiento de derechos en colocación
familiar hogar sustituto con discapacidad y de la cual se evade según
información reportada por el operador de Hogares Sustitutos FESCO desde el mes
de noviembre de 2014, durante el tiempo en el cual se remitieron los
expedientes al Juzgado Tercero de Familia encontrándose los expedientes para la
definición de la situación jurídica; con sorpresa el juzgado de familia no toma
decisiones de fondo frente al caso de la adolescente ni solicita al ICBF que se
adelante gestiones en procura de la garantía de los derechos fundamentales.”
De conformidad con lo expuesto, la
Defensora de Familia considera que los hermanos Ortiz Prada se
encuentran en un limbo jurídico por las interpretaciones que han realizado las
autoridades judiciales, que no les permite acceder a una familia, diferente a
la de origen, que les garantice amor, ternura, protección. En consecuencia,
solicita que se ordene al Juzgado Séptimo de Familia de Manizales homologar las
Resoluciones
No.733[22],
1182[23],
1183[24],
1184[25]
y 1185[26]
por medio de las cuales se declaró en situación de adoptabilidad a los niños Ortiz
Prada, toda vez que durante el trámite administrativo no se violó el debido
proceso ni se perdió la competencia.
Además, solicita dejar sin efectos la
Sentencia de 27 de abril de 2015 proferida por el Juzgado Tercero de Familia de
Manizales, toda vez que dicha decisión es ambigua y contraria a los intereses
de los hermanos Ortiz Prada. Finalmente, pide que se informe a la
Procuraduría General de la Nación y a la Oficina de Control Interno del ICBF
que la Defensora de Familia no incurrió en ninguna falta disciplinaria, de
conformidad con la Ley 734 de 2002.
1.4. El 12 de mayo
de 2016, la Secretaria General de la Corporación remitió al despacho del
Magistrado Ponente un oficio firmado por Yenny Milena Pulido Forero, Defensora
de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el que solicita
autorización especial para adelantar actuaciones en el proceso administrativo
de los niños Ortiz Prada, toda vez que ha recibido solicitudes de
diferentes índole presentadas por los niños y por los operadores que no ha
podido resolver porque, según lo decidido por el Juzgado Séptimo de Familia,
mediante los Autos 160 y 187 de 2014, ella perdió competencia para conocer de
dichos asuntos.
Así mismo, informa que el
Juez Tercero de Familia de Manizales, luego de proferir la Sentencia de 27 de
abril devolvió las historias de atención de los hermanos Ortiz Prada a
su despacho, sin embargo, al no tener competencia no ha podido actuar en las
mismas.
De otra parte, refiere que
se han presentado dificultades con los padres biológicos de los niños Ortiz
Prada, pues están pendientes de la ubicación de sus hijos con el fin de
recuperarlos, tal y como ocurrió en noviembre de 2014 con la Joven Camila
Ortiz Prada, quien fue retirada de la Institución médica en la que se
encontraba hospitalizada, por sus progenitores, sin ninguna autorización de la
autoridad competente.
Por último, refiere que
adjunta los informes de seguimiento de los niños Sebastián, Teresa, Rosa y
Daniela Ortiz Prada, así como los lineamientos técnicos administrativos del
ICBF.
V. CONSIDERACIONES
1.
Competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la
decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991, y en
cumplimiento del Auto del 20 de febrero de 2015, proferido por la Sala de
Selección Número Dos de esta Corporación.
2. Procedencia de la acción
de tutela
2.1. Legitimación por activa
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción
de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier
persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u
omisiones de las autoridades públicas, y, excepcionalmente de los particulares,
en los casos específicamente previstos por la ley.
En consonancia
con dicho mandato superior, el artículo 10° del Decreto 2591 de
1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo 86 de la Constitución Política”, establece lo siguiente:
“La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También
se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud.
También
podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
De otra parte, la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y
la Adolescencia” prevé en
su artículo 82, numeral 11[27] que una de las funciones de los
Defensores de Familia será “Promover
los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos
de los niños, las niñas o los adolescentes, e intervenir en los procesos en que
se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio
Público y de la representación judicial a que haya lugar.”
En el caso sub-exámine, la demandante, Defensora de
Familia, acude a la acción de tutela con el propósito de obtener el
amparo de los derechos fundamentales de los niños Teresa, Camila, Sebastian,
Daniela y Rosa Ortiz Prada, presuntamente vulnerados por el demandado, al
proferir los Autos Interlocutorios No. 160[28] y 187[29]
de 2014, dentro del trámite de homologación de las resoluciones que los
declararon en situación de adoptabilidad. En esa medida, se
encuentra plenamente legitimada para instaurar la presente acción.
2.2. Legitimación por pasiva
El Juez Séptimo de Familia
de Manizales se
encuentra legitimado como parte pasiva en el presente proceso de tutela, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, debido a
que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.
3. Presentación del caso
La presente acción de tutela se promueve con ocasión de los
procesos administrativos de restablecimiento de derechos que adelantó la
Defensora de Familia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar-Regional Caldas, en favor de los
niños Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada, los cuales
culminaron con la declaratoria en situación de adoptabilidad. Sin embargo,
posteriormente, en el trámite de homologación, el Juez Séptimo de Familia de
Manizales, mediante Autos No. 160 y 187 de 2014,
determinó[30]
que la funcionaria del ICBF que emitió dichas resoluciones no tenía competencia
para hacerlo, pues había superado el término previsto en el parágrafo 2º del artículo 100
del Código de la Infancia y la Adolescencia. Por consiguiente, ordenó repartir
nuevamente las diligencias administrativas de los hermanos Ortiz Prada a
un juez de familia[31] para que este resolviera sobre el
proceso de restablecimiento de derechos de dichos menores, de conformidad con
lo previsto en el artículo 119 #4 del mencionado Estatuto. El proceso judicial
fue tramitado por el Juzgado Tercero de Familia de Manizales.
En desacuerdo con lo anterior, la Defensora de Familia instauró la
acción de tutela de la referencia, al considerar que el
Juzgado demandado había incurrido en un defecto sustantivo, al interpretar de
forma errónea las normas del Código de la Infancia y la Adolescencia y los
Lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No
obstante, el juez de instancia negó el amparo solicitado, al advertir que las
providencias cuestionadas no eran arbitrarias y se ajustaban a lo previsto en
la normatividad vigente. Dicha tutela fue seleccionada por esta Corporación
para su revisión[32], mediante
Auto del 20 de febrero de 2015, notificado el 3 de marzo siguiente.
Durante el trámite de revisión, el 27 de abril de 2015, el Juzgado
Tercero de Familia de Manizales, al decidir sobre las referidas diligencias de
restablecimiento de derechos, en virtud de la pérdida de competencia de la
Defensora de Familia, Regional Caldas,
declaró en situación de adoptabilidad a Teresa,
Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada. Así mismo,
ordenó su ubicación en un hogar sustituto hasta que se realizaran los trámites
de adopción.
En
relación con la adolescente Camila Ortiz Prada, el Juzgado Tercero de
Familia se abstuvo de declararla en situación de adoptabilidad porque para la
fecha de la providencia[33]
esta ya había cumplido con la mayoría de edad[34]. No
obstante, como aquella sufre una discapacidad cognitiva, dicho despacho ordenó
su ubicación en un instituto especializado[35].[36]
A
pesar de lo anterior, la Sala advierte que en noviembre de 2014, la adolescente
Camila Ortiz Prada fue retirada por sus padres de la institución médica
en la que se encontraba hospitalizada, sin que existiera autorización de la
autoridad competente.[37]Así
mismo, que los niños Teresa, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada continúan
con la medida de restablecimiento de derechos de ubicación en hogar sustituto,
toda vez que la Defensora de Familia, aun a pesar del fallo proferido por el
Juzgado Tercero de Familia de Manizales, no ha adelantado las diligencias
correspondientes para su adopción porque considera que no tiene competencia
para hacerlo, en virtud del pronunciamiento del Juez Séptimo de Familia de
Manizales.[38]
4. Planteamiento del
problema jurídico
De acuerdo con la
situación fáctica expuesta, en esta oportunidad, le corresponde a
la Sala Segunda de Revisión determinar si en el caso objeto de estudio, la
acción de tutela es procedente para controvertir las providencias proferidas
por el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, el 10 de septiembre y el 10 de
octubre de 2014, dentro del trámite de homologación de las declaratorias de
adoptabilidad de los hermanos Ortiz Prada. Si
la Sala encuentra que la acción de amparo resulta procedente, pasará a
determinar si la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo
al proferir los Autos acusados.
Para resolver el
mencionado problema jurídico, la Sala se ocupará de reiterar la doctrina
constitucional en torno a los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales;
(ii) el defecto sustantivo; (iii) el derecho de los niños a tener una
familia y a no ser separado de ella, (iv) el interés superior del menor,
(v) el
proceso administrativo de restablecimiento de derechos de los niños, las niñas
y los adolescentes y (vi) el proceso de homologación de la declaratoria de
adoptabilidad.
5. Reiteración de jurisprudencia en torno a la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la
tutela es un mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial
cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas,
cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades púbicas o de los particulares en los casos previstos
en la Constitución y en la Ley.[39]
Tal
y como ha señalado esta Corporación, en
su jurisprudencia[40], el ejercicio de la acción de tutela contra
providencias judiciales debe ser excepcional y restrictivo, en razón de la
necesidad de respetar el principio de cosa juzgada y de preservar la seguridad
jurídica, la autonomía e independencia de la actividad jurisdiccional del
Estado, así como el sometimiento general de los conflictos a las competencias
ordinarias de cada juez[41]. Sobre el particular, en Sentencia C-543
de 1992, la Corte sostuvo:
“La acción de tutela no es,
por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al
alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único
medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar
los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas
una plena protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en
consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y,
más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede
pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor
del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola
existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya
culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho.”[42]
No obstante, en ese mismo
pronunciamiento, la Corte precisó que “de conformidad con el concepto
constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen
esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus
resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado.
En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales […]”[43].
En
ese orden de ideas, solo será procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales en aquellos eventos en que se establezca una
actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden jurídico y
violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia[44].
A
partir de lo allí decidido, el alto tribunal constitucional, en su
jurisprudencia, ha señalado los eventos y las condiciones que deben presentarse
para que sea posible controvertir las decisiones judiciales por vía de la
acción de tutela, de manera excepcional. Así, en la Sentencia C-590 de 2005[45],
proferida con fundamento en los precedentes recogidos a partir de la Sentencia
C-543 de 1992[46]
y reiterada en pronunciamientos posteriores, la Corte señaló los requisitos
generales y las causales especiales para su procedencia.
En cuanto hace a los
requisitos generales, esta Corporación ha identificado que son aquellos cuyo
cumplimiento se debe verificar antes de entrar en el estudio del fondo del
asunto, pues habilitan la procedencia del amparo constitucional. Tales
requisitos son: (i) que el caso sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; (ii) que el actor haya agotado todos los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios procedentes antes de acudir al juez de
tutela; (iii) que la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo
con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de
una irregularidad procesal, que esta tenga incidencia directa en la decisión y
resulte lesiva de los derechos fundamentales; (v) que el actor identifique, de
forma razonable, los hechos que generaron la violación y que esta haya sido
alegada en el proceso judicial de haber sido posible; y (vi) que el fallo
censurado no se trate de una acción de tutela.[47]
Por su parte, las causales
específicas de procedibilidad, se relacionan con la acreditación de cualquiera
de los siguientes defectos reprochados a la providencia judicial[48], así: (i) orgánico, referido a la
absoluta falta de competencia del funcionario judicial para proferir la
providencia impugnada; (ii) procedimental absoluto, que se origina cuando la
autoridad judicial actúa por fuera del margen del procedimiento establecido;
(iii) fáctico, generado en la actuación del juez sin el apoyo probatorio que
permite aplicar el supuesto legal en el que fundamenta la decisión; (iv)
material o sustantivo, que atañe a los casos en los cuales la autoridad
judicial adopta la decisión con base en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión; (v) error inducido, que surge cuando el juez fue
víctima de un engaño por parte de terceros, que conduce a que produzca una
decisión que vulnera derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, atinente
al incumplimiento por parte del juez de dar cuenta de los argumentos de hecho y
de derecho en los que funda sus decisiones, que precisamente es donde reposa su
legitimidad funcional; (vii) desconocimiento del precedente, que ocurre, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional fija el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley restringiendo sustancialmente
dicho alcance y, (viii) violación directa de la Constitución.
En suma, ha de concluirse
que la acción de tutela, como mecanismo de protección de los derechos
constitucionales fundamentales, procede, excepcionalmente, para controvertir el
sentido y alcance de las decisiones judiciales, siempre que (i) se
cumplan los requisitos generales de procedencia; (ii) se advierta que la
providencia cuestionada incurrió en una o varias de las causales específicas; y
(iii) se determine que el vicio o defecto es de tal trascendencia que conlleva
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
6.
El defecto sustantivo[49]
Conforme a
la jurisprudencia constitucional[50], una providencia judicial incurre en un defecto
sustantivo cuando su motivación contradice, de manera manifiesta, el régimen
jurídico que debe aplicar. Esto sucede cuando:
“(i) la decisión judicial tiene como
fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente[51],
b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada[52],
c) es inexistente[53]
d) ha sido declarada contraria a la Constitución[54],
e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada,
por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por
el legislador”[55].
(ii) cuando pese a la autonomía
judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se
encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación razonable[56]
o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes[57]
o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera
manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial,[58]
(iii) cuando la
autoridad judicial no toma en cuenta sentencias que han definido el
alcance de una norma con efectos erga omnes[59],
(iv) cuando la disposición aplicada se
muestra, injustificadamente regresiva[60]
o contraria a la Constitución[61]
(v) cuando un poder concedido al juez
por el ordenamiento se utiliza para un fin no previsto en la disposición[62]
(vi) cuando la decisión se funda en una
interpretación no sistemática de la norma, omitiendo el análisis de otras
disposiciones aplicables al caso[63],
(vii) cuando se desconoce la norma
aplicable al caso concreto,[64]
[65]
(viii) cuando la providencia judicial
se profiere con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación[66]
que afecte derechos fundamentales[67];
(ix) cuando se desconoce el precedente
judicial[68]
sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una
decisión diferente si se hubiese acogido la jurisprudencia[69][70]
y
(x) cuando el juez se abstiene de
aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de
la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes
en el proceso[71][72].”[73]
En ese orden de ideas, cuando el juez de
tutela advierta que una providencia incurre en alguna de las mencionadas
situaciones deberá declarar la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, en la medida en que se configura un defecto sustantivo.
7. El derecho de los niños, niñas y
adolescentes a tener una familia y a no ser separado de ella. Reiteración de
jurisprudencia
La Constitución Política en su artículo
44 reconoce como derechos fundamentales de los niños (i) la vida, (ii) la
integridad física, (iii) la salud, (iv) la seguridad social, (v) la
alimentación equilibrada, (vi) el nombre, (vii) la nacionalidad, (viii) el
tener una familia y no ser separado de ella, (ix) el cuidado y el amor, (x) la
educación, (xi) la cultura, (xii) la recreación y (xiii) la libre expresión de
su opinión. Además, gozan “de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en la ley y en los tratados internacionales ratificados por la
República de Colombia”[74].
De acuerdo con el mencionado
artículo de la Constitución, los niños deben ser protegidos contra “toda
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” y sus derechos deben
prevalecer sobre los derechos de los demás[75].
En ese sentido, la Convención
sobre los Derechos del Niño[76]
les reconoce a los niños, explícitamente, entre otros, el derecho a la vida y
la garantía de su supervivencia y su desarrollo (art. 6), a un nombre, a una
nacionalidad y a ser cuidado por sus padres (art. 7), a preservar su identidad
y relaciones familiares (art. 8), a no ser separado de sus padres (art. 9), a
mantener relaciones personales y contacto con sus padres, cuando éstos residan
en diferentes Estados (art. 10), a formarse un juicio propio y a expresar su
opinión libremente (art. 12), a la libertad de buscar, recibir y difundir
información e ideas de todo tipo (art. 13), a la libertad de pensamiento,
conciencia y religión (art. 14), a la libertad de asociación y de celebrar
reuniones pacíficas (art. 15), a no ser sometido a injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia o
ataques ilegales a su honra, a su reputación (art. 16), y a acceder a la
información (art. 17).
Así pues, se advierte que, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, se reconoce el derecho de los niños a
tener una familia, ya que es, en su seno, en donde el niño normalmente
encuentra la protección que necesita y las condiciones necesarias para su
adecuado desarrollo[77]
y crecimiento.
Para este Tribunal, el derecho de los
niños a tener una familia[78]
surge inevitablemente de su condición humana, y va más allá de los deberes de
sostenimiento y educación, para involucrar también, como lo reconoce la propia
Constitución, las distintas manifestaciones de recíproco afecto, el continuo
trato y la permanente comunicación[79].
En ese sentido, los niños tienen derecho a que sus padres obren como tales, a
pesar de las diversas circunstancias y contingencias que pueden afectar su
relación como pareja. La ruptura del vínculo entre los padres no disminuye ni
anula de ninguna manera sus deberes para con sus hijos ni su correspondiente
responsabilidad. De ahí que la Convención de los Derechos del Niño, en su
artículo 18, disponga:
“Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo
empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño.
Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la
responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su
preocupación fundamental será el interés superior del niño.
2. A los efectos de garantizar y
promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes
prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y
velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el
cuidado de los niños.
3. Los Estados Partes adoptarán todas
las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho
a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que
reúnan las condiciones requeridas.”
Así pues, es de tal importancia el
derecho del niño a tener una familia que separarlo de ella debe ser un fenómeno
excepcional. Al respecto, el artículo 9 de la Convención de los Derechos del
Niño prevé:
“Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el
niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando,
a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de
conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es
necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea
objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven
separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del
niño.
2. En cualquier procedimiento entablado
de conformidad con el párrafo 1º del presente artículo, se ofrecerá a todas las
partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus
opiniones.
Sobre el tema,
la Corte Europea de Derechos Humanos ha advertido que el disfrute mutuo de la
convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida
de familia[80];
por consiguiente, las medidas que impidan ese goce constituyen una
interferencia en el derecho protegido en el artículo 8 de la Convención sobre
los Derechos del Niño[81].
En ese mismo sentido, Naciones Unidas, en la Directriz 14 de Riad, ha señalado
que cualquier decisión relativa a la separación del niño de su familia debe
estar justificada[82]
en los siguientes términos:
“[c]uando no exista un ambiente
familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a
los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya
cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de
colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la
medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y
bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia,
para evitar los problemas relacionados con el "desplazamiento" de
un lugar a otro.”
Sobre el particular, la Corte
Constitucional, en Sentencia T-012 de 2012, señaló que la familia es muy
importante para el desarrollo integral y armónico del niño y que la relación
entre sus miembros contribuye a crear un ambiente de amor y de cuidado, que es
indispensable para dicho desarrollo[83].
Por lo tanto, la intervención del Estado para separar a un niño de su familia,
“estará autorizad[a] de manera marginal y subsidiaria y únicamente si se
presentan razones suficientes que así lo ameriten”[84].
Este Tribunal ha identificado cuatro razones en las cuales el Estado debe
intervenir y separar al niño de su familia:
“(i)
la existencia de claros riesgos para la vida, la integridad o la salud de los
niños y niñas; (ii) los antecedentes de abuso físico, sexual o psicológico en
la familia; (iii) en general todas las circunstancias frente a las cuales el
artículo 44 de la Constitución impone la protección de la niñez, referido a “toda
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual,
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos” y, (iv) cuando los padres
viven separados y debe adoptarse una decisión sobre el lugar de residencia[85]”.
De lo expuesto se puede inferir que
existe una regla no solamente en el orden jurídico interno[86],
sino en los tratados internacionales de derechos humanos[87],
a favor de mantener el vínculo recíproco entre los padres biológicos y sus
hijos o hijas, cualquiera que sea la configuración del grupo familiar[88].
No obstante, por motivos excepcionales[89], tales como
la ineptitud de la familia biológica, para asegurar el bienestar del niño o de
la niña, pueden llegar a ser separados. En ese caso, la carga de la prueba
recaerá en quien alega las mencionadas circunstancias[90]
y el trámite de los procesos pertinentes deberá realizarse con estricto respeto
de la garantía del debido proceso y de los derechos fundamentales de las
personas involucradas[91].
En ese orden de ideas, el derecho que le
asiste a todo menor de tener una familia busca propiciar las condiciones para
su desarrollo armónico e integral en un entorno de amor y cuidado. Por eso,
cuando un niño no tiene una familia que lo asista, ya sea por el abandono de
sus padres biológicos o por cualquier otra causa, y los demás familiares
directos incumplen sus deberes de asistencia y socorro, “es el Estado quien
debe ejercer la defensa de sus derechos al igual que su cuidado y protección”[92].
Ahora bien, la medida de protección que
por excelencia utiliza el Estado, a través del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, para restablecer el derecho a tener una familia y a no ser
separado de ella de los niños, niñas y adolescentes que han perdido sus lazos
naturales de filiación, es la adopción. [93] Dicha
medida, según la
Corte, “persigue el objetivo primordial de garantizar al menor que no puede
ser cuidado por sus propios padres, el derecho a integrar de manera permanente
e irreversible un núcleo familiar.”[94] De ahí que la
adopción se haya definido “como un mecanismo para dar una familia a un niño,
y no para dar un niño a una familia”[95].
Cabe aclarar que aun cuando el
Legislador ha contemplado otras medidas de protección para restablecer el
derecho a una familia de los niños, niñas y adolescentes como la ubicación en
la familia extensa[96],
en un hogar o red de hogares de paso[97],
o en un hogar sustituto[98],
estas medidas son de carácter transitorio, es decir, que no ofrecen la misma
eficacia que si da la adopción por su naturaleza -definitiva e irrevocable-
para hacer efectivo el derecho del menor a crecer en un entorno favorable a su
formación integral.
En conclusión, la adopción es la medida
de protección por excelencia que pretende restablecer al niño, niña o
adolescente su derecho a tener una familia, en la que siempre se deberá
aplicar, como principio rector, el interés superior del menor.
8. El interés superior del menor.
Reiteración de jurisprudencia
Como ya se ha dicho, los derechos de los
niños, al tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución,
prevalecen sobre los derechos de los demás[99]. En virtud
de dicho mandato, esta Corte ha reconocido a los niños como sujetos de
protección constitucional reforzada, es decir, que la satisfacción de sus
derechos e intereses debe constituir el objetivo primario de toda actuación
oficial o privada[100].
Concretamente, al interpretar dicha cláusula constitucional, este tribunal ha
considerado que de él se desprende:
“[…]
(i) la protección reforzada de los derechos de los niños y la garantía de un
ambiente de convivencia armónico e integral tendiente a la evolución del libre
desarrollo de su personalidad[101];
(ii ) el amparo a la niñez frente a riesgos prohibidos, lo que equivale a
sostener que se debe evitar su exposición a situaciones extremas que amenacen
su desarrollo armónico, tales como el alcoholismo, la drogadicción, la
prostitución, la violencia física y moral, la explotación económica o laboral y
en general el irrespeto de la dignidad humana en todas sus formas; (iii) la
ponderación y equilibrio entre los derechos de los niños y los de sus
progenitores. Es decir, en caso de conflicto entre los derechos de unos y de
otros, la solución ofrecida debe ajustarse a la preservación de los intereses
superiores de la niñez y, (iv) la necesidad de esgrimir razones poderosas para
justificar la intervención del Estado en las relaciones paterno y materno
filiales[102],
de tal manera que no se incurra en conductas arbitrarias, desmesuradas e
injustificadas.”
Así las cosas, el Estado, antes
de adoptar cualquier tipo de medida que le concierna a los niños, niñas y
adolescentes, deberá tener en cuenta el interés superior del menor involucrado[103][104].
Ahora, cuando el niño, en razón a su edad y madurez, pueda formarse un juicio
propio sobre los asuntos que lo afectan se le deberá garantizar, en el marco de
procesos administrativos o judiciales, el derecho a expresar de manera libre su
opinión[105].
Al respecto, el
principio No. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) establece:
El niño gozará de una protección
especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral,
espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones
de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. (El
subrayado no es del texto original)
Dicho principio
se reitera y desarrolla en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos
del Niño, que dispone:
En todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
(El
subrayado no es del texto original)[106].
De acuerdo con los fundamentos
normativos y jurisprudenciales esbozados, el principio del “interés superior
del menor”, implica reconocer a favor de los niños un trato preferente de
parte de la familia, la sociedad y el Estado, procurando que se garantice
siempre su desarrollo armónico e integral[107].
En ese sentido, la aplicación de dicho principio “únicamente
se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en
particular”. Por ejemplo, esta Corporación
ha advertido que se desconoce el interés superior de un niño cuando se le
obliga a regresar al lado de la madre biológica, que “no puede brindarle el
cuidado y la asistencia necesaria, ni menos aún, el amor y la protección de una
familia”[108].
Así mismo, se vulnera cuando se le separa, en forma abrupta e intempestiva, de
un hogar con el cual ha desarrollado vínculos afectivos legítimos, así se trate
de un hogar sustituto, sin antes valorar adecuadamente su entorno [109].
En conclusión, el principio del interés
superior del menor constituye un importante parámetro de interpretación para la
solución de controversias en las que se puedan ver comprometidos los derechos
de los niños, niñas y adolescentes. Al aplicarlo debe tenerse en cuenta las
condiciones jurídicas y fácticas del caso para que se opte por aquella decisión
que, en mejor medida, garantice los derechos e intereses del niño con miras a
su desarrollo armónico e integral[110].
9. El proceso
administrativo de restablecimiento de derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes
El
Código de la Infancia y la Adolescencia, dentro del Título II denominado “Garantía
de derechos y prevención”, consagra el procedimiento destinado a restaurar
la dignidad e integridad de los niños, las niñas y los adolescentes, a quienes
les hayan sido vulnerados sus derechos[111].
En concreto, el artículo 96 de dicho cuerpo normativo dispone “[c]orresponde
a los Defensores de Familia y Comisarios de Familia procurar y promover la
realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados
internacionales, en la Constitución Política y en el presente Código”.
-En virtud de
dicho mandato, el Defensor o Comisario de Familia, cuando tenga conocimiento de
la inobservancia, vulneración o amenaza de alguno de los derechos que les han
sido reconocidos a los niños, niñas y adolescentes, deberá abrir la
correspondiente investigación. En la providencia de apertura, el funcionario
ordenará:
“1. La
identificación y citación de los representantes legales del niño, niña o
adolescente, de las personas con quienes conviva o sean responsables de su
cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, y de los implicados en
la violación o amenaza de los derechos.
2. Las medidas provisionales de urgencia
que requiera la protección integral del niño, niña o adolescente.
3. La práctica de las pruebas que estime
necesarias para establecer los hechos que configuran la presunta vulneración o
amenaza de los derechos del niño, niña o adolescente”[112].
(Artículo 99)
-Luego de dictar
el auto de apertura y adoptar las medidas provisionales de urgencia, el
Defensor o Comisario de Familia deberá determinar si
el asunto en discusión es conciliable o no. Si lo es, fijará audiencia de
conciliación dentro de los 10 días siguientes a la ocurrencia de los hechos y
en caso de lograr un acuerdo, levantará el acta con la constancia de lo pactado
y de su aprobación. Si por el contrario la cuestión no es transigible o si la
conciliación fracasa, la autoridad administrativa adoptará una resolución en la
que establecerá las obligaciones de protección al menor, incluyendo la
provisión de alimentos y regulando lo relacionado con la custodia y las visitas[113]. (Artículo 100)
-Posteriormente, el funcionario correrá traslado de la solicitud
por cinco días para que se pronuncien los interesados o implicados y se aporten
las pruebas que se quieran hacer valer. Vencido el traslado, decretará las
pruebas que estime necesarias y fijará la fecha de la audiencia para
practicarlas. Después, emitirá el fallo en el que tendrá dos opciones declarar:
(i) la vulneración de derechos de los menores o (ii) la adoptabilidad. Contra
dicha decisión solo procede el recurso de reposición, el cual deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al
vencimiento del término para interponerlo.
(Artículo 100)
-Resuelto el recurso de reposición o vencido el término para
interponerlo, el expediente deberá ser remitido al juez de familia para
homologar el fallo, si dentro de los cinco días siguientes a su ejecutoria
alguna de las partes o el Ministerio Público lo solicita con expresión de las
razones en que se funda la inconformidad. El juez resolverá en un término no
superior a 10 días. (Artículo 100)
- La
referida actuación administrativa deberá resolverse
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de la presentación de la
solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación. Así pues, son
dos los extremos desde los cuales se puede contabilizar el término para
resolver la actuación administrativa, a saber: (i) desde la fecha en que se
formula la solicitud de restablecimiento de derechos de un niño, niña o
adolescente por cualquier canal de interacción de los ciudadanos (presencial,
escrito, telefónico o virtual) o (ii) desde el momento en que se realiza la
apertura oficiosa de la investigación del proceso administrativo de
restablecimiento de derechos por parte de la autoridad ante el conocimiento
directo de la situación que afecta las prerrogativas fundamentales del menor de
edad[114].No obstante, si vencido el término para fallar o para resolver el
recurso de reposición la autoridad administrativa no ha emitido la decisión
correspondiente esta perderá competencia para seguir conociendo del asunto y,
deberá remitir inmediatamente el expediente al Juez de Familia para que, de
oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo. (Artículos 100,
parágrafo 2º y 119 # 4)
Cuando el Juez reciba
el expediente deberá informar a la Procuraduría General de la Nación para que
se promueva sobre el Defensor o Comisario de Familia la investigación
disciplinaria a que haya lugar. (Artículo 100, parágrafo
2º)
-Excepcionalmente
y por solicitud razonada del Defensor de Familia, el director regional del ICBF
podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta por dos
meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses iniciales, sin
que exista en ningún caso nueva prórroga. (Artículo 100)
Conviene
subrayar que el Código de la Infancia y la Adolescencia, con el fin de
garantizar a cabalidad la protección integral de los intereses y garantías de
los niños, niñas y adolescentes y atendiendo al principio normativo esencial de
eficiencia y utilidad, no contempló ningún tipo de excepción para el término en
que debe adelantarse el proceso de restablecimiento de derechos.
Sobre el
particular, la Corte Constitucional, en Sentencia C-228 de 2008, al resolver
una demanda que se formuló contra el Artículo 100, Parágrafo 2º de la Ley
1098 de 2006, que prevé la pérdida de competencia del
Defensor de Familia sobre el proceso de restablecimiento de derechos de un
niño, niña o adolescente cuando supere el término de 4 meses al adelantar la
actuación administrativa, por considerar que vulnera el derecho al debido
proceso de los interesados en la actuación, esta Corte señaló:
“El aparte demandado estatuye que la actuación administrativa
deberá resolverse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de la
presentación de la solicitud o a la apertura oficiosa de la investigación, y el
recurso de reposición que contra el fallo se presente deberá ser resuelto
dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para
interponerlo. Agrega que vencido el término para fallar o para resolver el
recurso de reposición sin haberse emitido la decisión correspondiente, la
autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo del asunto
y remitirá inmediatamente el expediente a Juez de Familia para que, de oficio,
adelante la actuación o el proceso respectivo.
Según lo dispuesto en el Art. 29 superior, el debido proceso se
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y una de sus
características es que no tenga dilaciones injustificadas.
Por otra parte, el interés superior de los niños, niñas y
adolescentes y la protección especial que debe dispensarles el Estado, además
de la familia y la sociedad, exige celeridad, oportunidad y eficacia en el
desarrollo de las actuaciones estatales y la adopción de las decisiones
correspondientes.
Por ello es razonable que la expresión demandada señale los
términos mencionados para resolver tanto la actuación administrativa como el
recurso de reposición que procede contra dicha resolución.
En el mismo sentido, también es razonable que si el funcionario
administrativo competente incumple esos términos, el legislador disponga un
mecanismo sustitutivo que permita resolver la solicitud formulada, la
investigación oficiosa o el recurso de reposición en las citadas condiciones de
celeridad, oportunidad y eficacia, y para tal efecto su asignación a la
jurisdicción especializada es claramente adecuada. Ante ella, como está
contemplado en las normas procedimentales respectivas, los interesados podrán
hacer valer sus derechos y ejercer el derecho de defensa.
Por consiguiente, dicha expresión no vulnera el derecho de defensa
consagrado en el Art. 29 de la Constitución y será declarada exequible, por el
cargo planteado.”
De
igual manera, esta Corporación, en Sentencia C-740 de 2008, al resolver otra
demandada contra el Artículo 100, Parágrafo 2º de la Ley 1098 de 2006 que consideraba que dicha disposición era
inconstitucional porque establecía una intromisión indebida de la rama judicial
en el ejercicio de las funciones administrativas de protección de los menores
atribuidas al Defensor de Familia y al Comisario de Familia, reiteró:
“En el mismo sentido, es constitucionalmente válido
que el parágrafo 2º del mismo artículo establezca que si la autoridad
administrativa no toma su decisión sobre la actuación o sobre el recurso de
reposición dentro del término legal correspondiente, pierda la competencia y
deba remitir el expediente al Juez de Familia para que adelante la actuación o
el proceso respectivo.
En
ambos casos se pone de manifiesto el interés plausible del legislador de
otorgar efectividad a la protección especial de los menores, mediante
decisiones calificadas por parte de una jurisdicción especializada, que otorgan
certeza con carácter definitivo y confieren también celeridad al reconocimiento
de sus derechos.”
En
ese contexto, el Defensor de Familia solo perderá competencia para adelantar
una actuación administrativa cuando este no la resuelva dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o la apertura
oficiosa de la investigación[115]
o cuando no resuelva, en término, el recurso de reposición que se presente
contra su decisión. Si se amplía el término para fallar la actuación por dos
(2) meses más, el Defensor de Familia perderá competencia si no la resuelve
antes de finalizar dicha prorroga.
Así
pues, la Autoridad Administrativa para no perder competencia, deberá emitir,
dentro del término, un fallo en el que podrá declarar, de conformidad con el
acervo probatorio y los conceptos del equipo técnico interdisciplinario: (i) la
vulneración de derechos del niño, niña o adolescente o (ii) la adoptabilidad. Cuando el Defensor de Familia decida declarar la
vulneración de derechos del niño, niña o adolescente también deberá analizar si
confirma o modifica la medida de restablecimiento de derechos adoptada en el
auto de apertura de la investigación y realizar el correspondiente seguimiento.
Igualmente, podrá imponer a los padres o personas responsables del niño, niña o
adolescente, el cumplimiento de algunas de las actividades establecidas en el
parágrafo 2º, del artículo 107 de la misma Ley.
Ahora,
cuando el Defensor de Familia decida declarar en situación de adoptabilidad al
niño, niña o adolescente este deberá ordenar la remisión inmediata del
caso al Comité de Adopciones competente y la inscripción de dicha decisión en
el libro de varios de la notaría o de la oficina del registro civil
correspondiente, pues con ella se termina la patria potestad de los padres.
Además
de lo anterior, dentro del marco del proceso de restablecimiento de derechos,
el legislador, en el parágrafo del Artículo 11 del Código de la Infancia y la
Adolescencia, dispone que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será el
encargado de definir los
lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir para garantizar los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su
restablecimiento. Actualmente, dichos lineamientos están consagrados en la
Resolución No.1526 de 23 de febrero de 2016.
9.1. Medidas
que la autoridad administrativa puede adoptar en el proceso de restablecimiento
de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la obligación que
tiene de realizar el correspondiente seguimiento
De
conformidad con lo expuesto, el proceso administrativo de restablecimiento de
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes son todas aquellas
actuaciones administrativas y judiciales que el Estado debe desarrollar para
restaurar los derechos de los menores de edad a quienes les han sido
vulnerados. En virtud de lo anterior, los Defensores de Familia tienen
la posibilidad de adoptar medidas específicas de protección. Así sucede desde
la apertura de la investigación, en el trámite procesal y, por último, en su
resolución, tal y como lo indica el artículo 101 del Estatuto de la Infancia y
la Adolescencia, el cual, al referirse al contenido del fallo, prevé que,
además del contenido general de la resolución (hechos, examen de las pruebas y
fundamentos jurídicos de la decisión), esta debe incluir una justificación de
la medida de restablecimiento que eventualmente se adopte[116].
Al
respecto, el artículo 53 del Código de la Infancia y la Adolescencia establece
las medidas de restablecimiento de derechos que puede adoptar la autoridad
administrativa para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
que son: (i) la amonestación de los padres o las personas responsables del
cuidado del menor con asistencia obligatoria a curso pedagógico, (ii) el retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la
actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en
que se pueda encontrar y la ubicación en un programa de atención especializada
para el restablecimiento del derecho vulnerado, (iii) la ubicación inmediata en
medio familiar, (iv) la ubicación en centros de emergencia para los casos en
que no procede la ubicación en los hogares de paso, (v) la adopción y (vi)
promover las acciones policivas administrativas o judiciales a que haya lugar. Además de las anteriores, podrá aplicar las
consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la
protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
Luego de adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en
favor de los menores de edad, la autoridad
administrativa debe realizar el correspondiente seguimiento, en el que podrá,
si el juez no ha homologado la declaratoria de adoptabilidad o decretado la
adopción, modificar o suspender dichas medidas[117].
La anterior decisión podrá ser objeto de impugnación y control judicial y
deberá notificarse a los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo
102 de la Ley 1098 de 2006.
Para
tal efecto, el inciso 2º del artículo 96 del Código de la Infancia y la
Adolescencia establece que “El seguimiento de las medidas de protección o de
restablecimiento adoptadas por los Defensores y Comisarios de Familia estará a
cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar”. Dicho funcionario tendrá que verificar,
entre otras, el tiempo de permanencia del menor de edad en la medida de
restablecimiento de derechos ordenada por la autoridad administrativa[118].
En ese contexto, los
Defensores de Familia o Comisarios de Familia deberán remitir de manera
inmediata al Coordinador del Centro Zonal o Seccional del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, o quien haga sus veces, información y copia de la
decisión emitida para que este pueda realizar el seguimiento a las medidas de
protección o de restablecimiento de derechos adoptadas. Lo anterior, sin
perjuicio de la obligación que también les asiste a dichas autoridades
administrativas de realizar el seguimiento y evaluación de las medidas
definitivas de restablecimiento de derechos, que estas adopten en desarrollo de
sus funciones [119].
Sobre el particular, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en sus lineamientos[120], ha aclarado que:
“Una vez
definida la situación jurídica del menor de edad en vulneración de derechos y
en los casos en que los niños, niñas y adolescentes permanezcan en los
servicios de protección del ICBF, no podrá darse de manera indefinida esta
ubicación o esta definición de la situación jurídica. Conforme a lo anterior,
se deberá realizar un seguimiento, en virtud del cual, si se demuestra que han
sido superadas plenamente las circunstancias que dieron lugar a la apertura del
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (inobservancia, amenaza
o vulneración), deberá procederse de manera oportuna a la ubicación del niño,
niña o adolescentes en su medio familiar.
Ahora bien, si del
seguimiento se desprende que, a pesar del acompañamiento ofrecido a la familia,
esta no ha logrado garantizar las condiciones para el ejercicio pleno de los
derechos del menor de edad y/o sigue constituyendo el factor de su
inobservancia, amenaza o vulneración y que los referentes familiares no son
aptos para su cuidado, deberá procederse a declararlo en situación de
adoptabilidad, a fin de que pueda ingresar al programa de adopción y gozar del
derecho a tener una familia.”[121]
En ese orden de ideas, el seguimiento a las medidas de
restablecimiento de derechos adoptadas por los Defensores y Comisarios de
Familia debe realizarse con celeridad y por un tiempo determinado, en aras de
proteger el interés superior del niño, niña o adolescente involucrado, a quien
debe resolverse, en el menor tiempo posible, su situación jurídica.
Por consiguiente, cuando de las pruebas se observe que la familia del
menor no ofrece garantías para el restablecimiento de sus derechos, la
Autoridad Administrativa deberá dar por terminada la medida adoptada y decretar
la adoptabilidad del niño, niña o adolescente del que se trate[122].
Actualmente,
en relación con la periodicidad del seguimiento y el término de duración de las
medidas de restablecimiento de derechos, los lineamientos del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar disponen que estos deberán señalarse en la resolución de
fallo y dependerán de la naturaleza de la medida o medidas que se adopten.
Cabe anotar que, en los
lineamientos vigentes para la fecha en que se adelantó la actuación
administrativa objeto de estudio, consagrados en la Resolución No. 5929 del 27
de diciembre de 2010, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecía
que el seguimiento a las medidas de restablecimiento adoptadas debía realizarse
en un término no mayor a seis (6) meses. Específicamente, dicha disposición señalaba:
“El Defensor
de Familia o la autoridad competente confirma o modifica la medida provisional
de Ubicación: Cuando de las pruebas, conceptos y trabajo con familia se
establezca que el niño, niña o adolescente aún no ha culminado su proceso de
restablecimiento de derechos o que sus miembros todavía no están preparados
para asumir su cuidado y atención garantizando de manera efectiva sus derechos,
confirma la medida o adopta una distinta. En este caso, el equipo técnico
interdisciplinario y la autoridad competente, deberán incrementar las
intervenciones de todo orden. Para esto se servirán del concurso del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, con el objeto de lograr en un término no
mayor a seis (6) meses la integración del niño, la niña o el adolescente a
su medio familiar.
Si a pesar de las
intervenciones del equipo técnico interdisciplinario, de las acciones del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y de la autoridad competente, la familia
no ofrece garantías para el restablecimiento de los derechos del niño, niña o
adolescente, el Defensor de Familia o autoridad competente deberá dar por
terminada la medida adoptada y decretar la adoptabilidad del niño, niña o
adolescente, salvo que las circunstancias de incumplimiento por parte de la
familia se deriven de la insuficiencia económica, desplazamiento, sean víctimas
de la violencia o se trate de casos en los que el niño, niña o adolescente
requiera intervención especializada por presentar una enfermedad de cuidado
especial, discapacidad o trastorno mental y su familia no pueda garantizarle la
vida en su entorno.” (Negrilla por fuera del
texto original)
En
ese orden de ideas, luego de que la Autoridad
Administrativa declare la vulneración de derechos del niño, niña o
adolescente deberá realizar el correspondiente seguimiento a la medida de
restablecimiento adoptada, toda vez que la misma no puede durar
indefinidamente. Así pues, una vez transcurrido el término establecido en la
Ley o en los lineamientos del ICBF para el seguimiento a la medida, la
Autoridad Competente, con fundamento en las pruebas recaudadas, deberá decidir
si reintegra al menor de edad a su familia y cierra el proceso o si por el
contrario lo declara en situación de adoptabilidad.
Ahora
bien, la Sala pasará a explicar una de las medidas de restablecimiento, denominada
ubicación en hogar sustituto por ser relevante para el proceso.
9.2. La medida
de restablecimiento de derechos, denominada ubicación en hogar Sustituto
El Código de la
Infancia y la Adolescencia, establece en su artículo 59, la medida de
restablecimiento de derechos denominada ubicación en hogar sustituto, que dispone:
“ARTÍCULO 59. UBICACIÓN EN HOGAR
SUSTITUTO. Es una medida de protección provisional que toma la autoridad
competente y consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una
familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en
sustitución de la familia de origen.
Esta medida se decretará por el menor
tiempo posible de acuerdo con las circunstancias y los objetivos que se
persiguen sin que pueda exceder de seis (6) meses. El
Defensor de Familia podrá prorrogarla, por causa justificada, hasta por un
término igual al inicial, previo concepto favorable del Jefe Jurídico de la
Dirección Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En
ningún caso podrá otorgarse a personas residentes en el exterior ni podrá salir
del país el niño, niña o adolescente sujeto a esta medida de protección, sin
autorización expresa de la autoridad competente. (…)”
(Negrilla fuera del texto original)
Ahora,
para que la Autoridad Administrativa pueda prorrogar la medida de
restablecimiento de derechos de ubicación en hogar sustituto, por un término
igual al inicial, según el Concepto No.58 de abril 23 de 2013 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
dicho funcionario deberá analizar:
“La extrema necesidad de
prorrogar la permanencia del niño, niña o adolescente en la medida.
- El grado de afectación que
pueda ocasionar el tiempo que estará separado de la familia.
- Evitar la permanencia
prolongada e injustificada del niño, niña o adolescente en un hogar sustituto
para prevenir lazos muy fuertes entre este y la familia sustituta.
-Tener claro que los
términos para fallar el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos
no se modifican con la prórroga que se otorga para la prolongación de la medida
de protección provisional de hogar sustituto.” (Negrilla fuera del texto original)
En
ese contexto, la Autoridad Administrativa, luego de verificar los presupuestos,
elevará la solicitud de prórroga de la medida al Jefe Jurídico de la respectiva
Regional del ICBF, quien, a su vez, deberá resolverla, mediante resolución
debidamente motivada, en la que tendrá que:
“-Determinar si los
motivos que fundamentaron la solicitud de prórroga son razonables.
- Plantear con claridad la
opinión del niño, niña o adolescente, y por qué la medida se apoya o separa de
dicha opinión.
-La proporcionalidad entre
el riesgo o la vulneración del derecho y la medida de protección adoptada.
- La valoración probatoria
de las circunstancias que dieron origen a la medida de protección.
- Establecer las
consecuencias positivas o negativas para la salud física, mental y emocional
del niño, niña o adolescente que se encuentra en un hogar sustituto.
- Establecer la conveniencia
del tiempo de permanencia del niño, niña o adolescente en la medida de hogar
sustituto.”[123]
De
acuerdo con lo expuesto, se advierte que “la permanencia de un menor de edad en
un hogar sustituto debe estar precedida y soportada por la verificación de las
circunstancias que permitan determinar la verdadera existencia de una situación
de riesgo, peligro o abandono y que vulnere sus derechos fundamentales.”[124]
10. El proceso
de homologación de la declaratoria de adoptabilidad
El Código de la Infancia y la
Adolescencia, en su artículo 108 prevé que cuando se
declare la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente habiendo existido
oposición en la actuación administrativa, o cuando se presente oposición dentro
de los veinte días siguientes a la ejecutoria de la resolución que declara la
adoptabilidad del menor, el Defensor deberá remitir el expediente al Juez de
Familia para su homologación.
Esta Corporación ha considerado
el trámite de homologación como el mecanismo a través del cual el Juez
de Familia realiza el control de legalidad sobre las decisiones tomadas por
parte de las autoridades administrativas durante el proceso de restablecimiento
de derechos. Dicho control, según la jurisprudencia, debe realizarse desde dos
escenarios: (i) sobre el procedimiento adelantado en la actuación administrativa,
es decir, verificar si este se ajustó al debido proceso, y (ii) sobre el fondo
del asunto, en el que tendrá que determinar si la decisión emitida concuerda
con el interés superior del niño, niña o adolescente involucrado.
Específicamente, este Tribunal, en Sentencia T-730 de 2015 indicó:
“no cabe
duda de que en la actualidad la solicitud de homologación envuelve no sólo un
control formal derivado del respeto de las reglas de procedimiento que rigen el
trámite de restablecimiento de derechos, sino también un examen material
dirigido a confrontar que la decisión adoptada en sede administrativa sea
razonable, oportuna y conducente para proteger los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados, en términos acordes con el interés superior de los
menores de edad. Sobre este punto, no sobra recordar que uno de los fines del
Estado, es garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la
Constitución (CP art. 2) y que, en el caso de los menores de edad, por su
propia naturaleza, aquellos tienen un carácter prevalente (CP art. 44).”
En ese orden de ideas, una vez admitido el asunto por parte del Juez de
Familia, éste podrá correr traslado al Ministerio Público y al Defensor de
Familia adscrito al Juzgado para que rindan concepto. Si el Juez encuentra el
incumplimiento de algún requisito legal previsto para la actuación
administrativa de restablecimiento de derechos encaminada a la adoptabilidad
del menor de edad, podrá devolver el expediente al Defensor de Familia para que
lo subsane. En caso contrario, es decir, que verifique el cumplimiento de los
requisitos legales, el Juez decidirá si homologa la resolución expedida en ese
sentido[125].
Si el Juez de Familia decide homologar la declaratoria de
adoptabilidad, el Defensor deberá dictar una resolución en la que consigne
dicha decisión. La homologación tendrá como efectos la pérdida de los derechos
de patria potestad de los padres sobre el menor y deberá inscribirse en el
libro de varios de la Notaría o de la oficina de Registro del Estado Civil.
Ahora, si por el contrario, el Juez de Familia decide no homologar
la declaratoria de adoptabilidad, el Defensor de Familia dictará resolución en
ese sentido y procederá a subsanar las irregularidades advertidas o a tomar
otro tipo de medidas o decisiones distintas a la adoptabilidad, a favor del
niño, niña o adolescente involucrado.
Cabe precisar que el Juez de Familia también puede dictar, de
oficio, la declaratoria de adoptabilidad, en los casos en los que el Defensor,
por superar el término previsto en el artículo 100 del Código de la Infancia y
la Adolescencia, pierda la competencia para adelantar el proceso de
restablecimiento de derechos.
De acuerdo con lo anterior, se advierte que el trámite de
homologación de la declaratoria de adoptabilidad tiene por objeto revisar el
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso y,
además, ser un mecanismo de protección eficaz para las personas afectadas por
la decisión adoptada en dicha resolución[126].
Se ha visto entonces, que las decisiones que se adopten dentro de
este proceso, son de vital importancia precisamente por el tipo de intereses
que están en juego, sobretodo en relación con el deber reforzado de protección
y garantía de los derechos del niño involucrado.
De conformidad con lo anterior, pasará la Sala de Revisión a
abordar el estudio del caso concreto.
11. Caso concreto
Tal y como se expuso en los antecedentes de esta providencia, Yenny Milena Pulido Forero,
actuando en calidad de Defensora de Familia del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2- promovió acción
de tutela contra el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, con el propósito
de obtener el amparo de los derechos fundamentales de los niños
Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y
Rosa Ortiz Prada, presuntamente vulnerados por el
demandado, al proferir los Autos Interlocutorios No. 160[127]
y 187[128] de 2014, dentro del trámite de
homologación de las resoluciones que los declararon en situación de
adoptabilidad.
En su escrito de tutela, la actora manifiesta que la violación de
derechos proviene de la interpretación equivocada que hace el juzgado demandado
de los
lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Código de la
Infancia y la Adolescencia, al determinar que ella, como Defensora de Familia,
perdió la competencia para conocer de los procesos de restablecimiento de
derechos de los hermanos Ortiz Prada, porque al adelantar la actuación
administrativa superó el termino previsto en el parágrafo 2º del artículo 100
de la Ley 1098 de 2006, y, por consiguiente, no tenía la facultad para dictar
las mencionadas resoluciones. Lo anterior, por cuanto, en su criterio, si
cumplió con el término de cuatro (4) meses previsto en la norma para resolver
la actuación administrativa, pues, en ese plazo, declaró la vulneración de
derechos de todos los niños involucrados.
Así
mismo, refiere que se equivoca el juzgado accionado al considerar que ella,
antes de modificar las medidas de restablecimiento de derechos adoptadas en los
casos de los hermanos Ortiz Prada, debía dictar un nuevo auto de
apertura de investigación, pues, según el artículo 103 del Código de la
Infancia y la Adolescencia, las medidas de protección dictadas en un proceso de
restablecimiento de derechos se pueden modificar cuando cambian las
circunstancias que, en un principio, dieron lugar a su expedición, sin que sea
necesario expedir un nuevo auto de apertura en los casos en que no se haya cerrado
la investigación. Señala que, en virtud de dicho mandato, modificó el fallo de
vulneración de derechos por la declaratoria de adoptabilidad de los niños Ortiz
Prada.
De acuerdo con la
situación fáctica expuesta, en esta oportunidad, le corresponde a
la Sala Segunda de Revisión determinar, en primer lugar, si en el caso objeto
de estudio, la acción de tutela es procedente para controvertir las
providencias proferidas por el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, el 10
de septiembre y el 10 de octubre de 2014, dentro del trámite de homologación de
las declaratorias de adoptabilidad de los hermanos Ortiz Prada. Si
la Sala encuentra que la acción de amparo resulta procedente, pasará a
establecer si la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo
al proferir los Autos acusados.
Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
Partiendo del primer test de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, encuentra la Sala que en el presente asunto se
cumplen en su totalidad los requisitos generales que habilitan al juez
constitucional para efectuar un análisis de fondo de los hechos materia de
controversia.
En efecto, se observa que:
(i)   La cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional,
en la medida en que involucra la protección efectiva de los derechos
fundamentales de los niños Teresa, Camila, Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz
Prada, presuntamente trasgredidos por la autoridad judicial demandada, como
consecuencia de las decisiones proferidas en el marco del proceso de
homologación de las resoluciones que los declararon en situación de adoptabilidad,
que han cobrado firmeza.
(ii) También
es claro que, dentro del proceso de homologación de las declaratorias de
adoptabilidad, la demandante desplegó todos los mecanismos de defensa judicial
a su alcance para la protección de los derechos fundamentales de los niños
Ortiz Prada, pues contra el Auto No. 160 de 2014
proferido por el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales presentó el recurso de
reposición, el cual fue tramitado y resuelto por el mismo despacho judicial,
mediante Auto No.187 del mismo año, siendo dichas providencias el objeto de
estudio de la presente sentencia. En este punto específico, es conveniente
precisar que, no existe ningún otro mecanismo ordinario para cuestionar dichas
decisiones.
(iii)
Adicionalmente, se tiene que la exigencia de inmediatez se
encuentra debidamente acreditada, toda vez que el amparo constitucional se
promovió en un término razonable y proporcional al hecho que originó la
presunta vulneración, pues tan solo trascurrieron diecisiete (17) días entre
la fecha en que se resolvió el recurso de reposición[129]
contra el Auto acusado y el día en que se presentó la acción de tutela[130].
(iv)
Del mismo modo, considera la Sala que la actora identificó
claramente los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada y los
derechos fundamentales presuntamente infringidos, aspectos que fueron abordados
en el proceso de homologación de las declaratorias de adoptabilidad.
(v) Finalmente,
es patente que las providencias objeto de cuestionamiento no corresponden a
fallos de tutela.
Una vez establecido que, en
el caso concreto, se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte procede a verificar
si se configura la causal especifica de procedibilidad señalada en la demanda
de tutela, esto es, la existencia de un defecto sustantivo por la equivocada interpretación que hace el juzgado demandado de los
lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Código de la
Infancia y la Adolescencia sobre el término de competencia que tienen los
Defensores de Familia para resolver la actuación administrativa de
restablecimiento de derechos y la posibilidad de modificar las medidas
adoptadas cuando cambian las circunstancias que, en un principio, dieron lugar
a su expedición y su aplicación en el caso concreto.
Revisión de las providencias
objeto de cuestionamiento a la luz del defecto sustantivo
La actuación y fundamentos
del Juzgado Séptimo de Familia de Manizales
Conforme
se expuso en los antecedentes de esta providencia, la
Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar -Regional Caldas, Centro Zonal Manizales 2- Yenny Milena
Pulido Forero, mediante Resoluciones No.733[131], 1182[132],
1183[133],
1184[134]
y 1185[135]
declaró en situación de adoptabilidad a los niños Teresa, Camila, Sebastian,
Daniela y Rosa Ortiz Prada. Sin embargo, al presentarse, en
término, oposición por parte de los padres a la referida declaratoria, el 16 de
julio de 2014, dicha funcionaria remitió los expedientes al juez de familia
para que se surtiera el proceso de homologación.
De los procesos
de los niños Ortiz Prada conoció el
Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, despacho que, mediante Auto No. 160 de
10 de septiembre de 2014, decidió no homologar las mencionadas resoluciones, al
considerar que la Defensora de Familia[136] que las
expidió no tenía competencia para hacerlo, toda vez que superó el término
previsto en el parágrafo 2º del artículo 100[137] del Código
de la Infancia y la Adolescencia para adelantar la actuación administrativa. En
consecuencia, ordenó devolver las diligencias administrativas al ICBF para que
se registrara su salida de la Institución y luego, se enviaran, nuevamente, a
la oficina judicial para su reparto entre los jueces de familia de la ciudad,
con el propósito de que alguno[138]
de estos resolviera sobre el restablecimiento de derechos de los hermanos
Ortiz Prada, de conformidad con lo previsto en el artículo 119[139]
de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, ordenó que se informara de lo pertinente a
la Procuraduría General de la Nación.
En desacuerdo
con lo anterior, el 17 de septiembre de 2014, la accionante presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación contra el Auto No. 160, al considerar que si
cumplió con el término de cuatro (4) meses previsto en la ley[140]
para adelantar la actuación administrativa en los procesos de restablecimiento
de derechos de los niños Ortiz Prada, pues, en
todos, dictó la declaratoria de vulneración de derechos con anterioridad al
vencimiento del plazo.
Para la
Defensora de Familia, el término de cuatro (4) meses, consagrado en el
parágrafo 2º del artículo 100 del Código de la Infancia y la
Adolescencia, aplica tanto para la declaratoria de vulneración de derechos como
para la de adoptabilidad, si hay mérito para ello. Así mismo, indica que las
medidas de restablecimiento de derecho son transitorias y por lo tanto, se
pueden modificar, esto implica que aun cuando en un caso se haya dictado la
declaratoria de vulneración de derechos, posteriormente, esta se pueda
modificar por la declaratoria de adoptabilidad. En ese orden de ideas,
considera que no perdió la competencia en los casos de los niños
Ortiz Prada, pues en todos expidió, dentro del término, la
declaratoria de vulneración de derechos.
El 10 de octubre
de 2014, el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, mediante Auto No.187,
resolvió no reponer la providencia acusada, al considerar que, en los casos de
los niños
Ortiz Prada, la Defensora de Familia si perdió la competencia
para adelantar la actuación administrativa, pues en ninguno de los procesos
cerró la investigación luego de emitir las resoluciones que declararon la
vulneración de sus derechos, ni tampoco dictó autos de apertura cuando se
presentaron hechos nuevos, superando los términos previstos en el parágrafo 2º
del artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia. No obstante lo
anterior, dictó las resoluciones que los declararon en situación de
adoptabilidad.
Según el juez de
la causa, la Defensora de Familia no podía contabilizar los términos perentorios
que marcan la referida competencia, con actuaciones realizadas hace un año o
más, pues con ello prolongó indefinidamente la definición de la situación de
los niños
Ortiz Prada, quienes se encontraban en un alto nivel de
vulnerabilidad.
Así mismo, el
Juez Séptimo de Familia de Manizales negó el recurso de apelación formulado
contra el Auto No.160 de 2014 por tratarse de un proceso de única instancia.
Ahora bien, la inconformidad
de la accionante con la anterior decisión radica en que, en su sentir, el juez
demandando interpretó de forma equivocada las normas del Código de la Infancia
y la Adolescencia y los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar relacionadas con el término de competencia que tienen los Defensores
de Familia para resolver la actuación administrativa de restablecimiento de
derechos y con la facultad de modificar las medidas adoptadas cuando cambian
las circunstancias que, en un principio, dieron lugar a su expedición.
Tal y como se expuso
anteriormente, el Código de la Infancia y la Adolescencia[141]
prevé que los Defensores de Familia deben resolver los procesos administrativos
de restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o a
la apertura oficiosa de la investigación. Dicho término podrá ampliarse por (2)
dos meses más si se presenta solicitud justificada ante el Director Regional
del ICBF. Así pues, el término máximo de duración de la actuación
administrativa es de seis (6) meses.
En
ese contexto, los Defensores de Familia, antes de finalizar el término de
cuatro (4) meses, deberán definir la situación jurídica del menor involucrado,
es decir, decidir si declaran la vulneración de sus derechos o si lo declaran
en situación de adoptabilidad. Cuando la Autoridad Administrativa, con
fundamento en las pruebas que obren en el proceso y los conceptos del equipo
técnico interdisciplinario, decida declarar la vulneración de derechos del
niño, niña o adolescente también deberá determinar si confirma o modifica la
medida de restablecimiento de derechos adoptada en el auto de apertura de la
investigación. Así mismo, deberá ordenar el seguimiento de la medida, en aras
de verificar su efectividad y pertinencia.
Sobre
este último aspecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en los
lineamientos vigentes para la fecha en que se adelantó el proceso de
restablecimiento de derechos de los hermanos Ortiz Prada[142], señalaba que cuando el Defensor de
Familia realizara el seguimiento a la medida de restablecimiento adoptada debía
tener en cuenta las siguientes directrices:
“1) Cumplir con los
periodos de permanencia establecidos en la Ley 1098 de 2006 y en el Lineamiento
Técnico de Modalidades de Medida de Vulnerabilidad.
2) La permanencia de los
niños, niñas o adolescentes con medida de restablecimiento de derechos, no
puede ser indefinida, más aún cuando el niño, niña o adolescente cuenta con
familia idónea, ya que esta situación conlleva al abandono y genera maltrato
institucional al impedirles el derecho de estar con la familia.
3) El tiempo de
permanencia en una institución, Hogar Sustituto u Hogar Tutor, debe ser el
menor posible, esto con el fin de evitar la vulneración del derecho del
niño, niña o adolescente a permanecer en su propio contexto.
4) Una vez trascurrido el
término establecido en la Ley o en el Lineamiento para su permanencia en la
Medida, la Autoridad Competente con fundamento en las pruebas recaudadas,
deberá proceder al reintegro familiar o con la red vincular o la declaratoria
de adoptabilidad.” (Negrilla por fuera del
texto original)
De
igual manera, advertía que el equipo técnico interdisciplinario debía realizar
el seguimiento al caso, “mínimo por seis (6) meses, informando
periódicamente al Defensor de Familia o a la autoridad competente”. Realizado
el seguimiento y si las condiciones eran favorables, la autoridad
administrativa debía cerrar el proceso.
Actualmente, los lineamientos del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar establecen que “el seguimiento a las medidas de
restablecimiento de derechos se ejercerá por la Autoridad Administrativa y por
el equipo técnico interdisciplinario.” Así mismo, disponen que “la
periodicidad del seguimiento y el término de duración deberán señalarse en la resolución
de fallo, atendiendo a la naturaleza de la medida o medidas que se adopte(n).
No obstante, de estar demostrada la alteración de las circunstancias que dieron
lugar a ella o ellas, la Autoridad Administrativa puede modificarlas o
suspenderlas.
Una vez cumplido el término de seguimiento y previa verificación
del cumplimiento de la medida, la autoridad procederá al cierre del proceso y a la remisión a la unidad de archivo para la conservación y
guarda documental.” (Negrilla por fuera del
texto original)
Por su parte, el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, establece el
carácter transitorio de las medidas de restablecimiento de derecho que adopten
los Defensores de Familia, según dicha disposición “La autoridad administrativa que haya adoptado las medidas de protección
previstas en este Código podrá modificarlas o suspenderlas cuando esté
demostrada la alteración de las circunstancias que dieron lugar a ellas. La
resolución que así lo disponga se notificará en la forma prevista en el inciso
3° del artículo anterior y estará sometida a la impugnación y al control
judicial establecidos para la que impone las medidas.
Este artículo no se
aplicará cuando se haya homologado por el juez la declaratoria de adoptabilidad
o decretado la adopción.”
Así las cosas, se advierte que luego de adoptar las medidas de
restablecimiento de derechos en favor de los menores de edad, la autoridad administrativa deberá realizar el
correspondiente seguimiento, el cual no podrá adelantarse por un tiempo
ilimitado, pues, en aras de proteger el
interés superior del menor involucrado, el Defensor de Familia deberá definir,
con celeridad, su situación jurídica. Por consiguiente, cuando
de las pruebas se observe que la familia del menor no ofrece garantías para el
restablecimiento de sus derechos, la Autoridad Administrativa deberá dar por
terminada la medida adoptada y decretar, en el caso del Defensor de Familia, la
adoptabilidad del niño, niña o adolescente del que se trate[143].
De conformidad con lo expuesto, esta Sala de Revisión pasará a
examinar el trámite adelantado por la Defensora de Familia para el
restablecimiento de derechos de los hermanos Ortiz Prada:
Actuaciones
relevantes adelantadas en el proceso de restablecimiento de derechos de Teresa
Ortiz Prada
·
El
29 de enero de 2012, la Policía de Infancia y Adolescencia denunció la
situación de Teresa “quien refiere que su madre se encontraba en
estado de embriaguez y el padre hospitalizado”[144].
Al día siguiente[145],
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar abrió la Historia de Atención
No.99060708955[146].
·
El
2 de febrero de 2012, la Defensora de Familia expide el acta por medio de la
cual dispone la entrega de la adolescente, de forma provisional, a un hogar
sustituto, mientras se define su situación jurídica[147].
·
El
20 de febrero de 2012, la Defensora de Familia, luego de que el equipo
interdisciplinario realizara la verificación de los derechos de Teresa Ortiz
Prada, decidió, mediante Auto de apertura de investigación No.0081, dar
inicio al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, al determinar
“que existen prácticas en el hogar como el consumo de alcohol que se
convierten en un detonante de maltrato psicológico y alteración de la dinámica
familiar; vínculos parentofiliales y fraternales fuertes, acomodándose
al conflicto recurrente; un contexto sociocultural de alto riesgo en razón a
las prácticas que se desarrollan en el entorno…”[148].
Así mismo, decretó la práctica de pruebas y ordenó como medida provisional, la
ubicación de la adolescente en un hogar sustituto[149].
·
El
27 de marzo de 2012, la Defensora de Familia, mediante Oficio No.005158,
informó a la Coordinadora de Hogares Sustitutos de la apertura de la
investigación y de la medida provisional de restablecimiento adoptada a favor
de Teresa con el fin de que se realizara el correspondiente seguimiento
del caso[150].
·
El
23 de abril de 2012, la Defensora de Familia del Centro Zonal Manizales Dos, al
advertir que había transcurrido el término señalado en la ley para definir la
situación de Teresa Ortiz Prada, cerró la etapa probatoria y fijó la
fecha para llevar a cabo la audiencia en que dictaría el fallo.[151]
·
El
30 de abril de 2012, la Defensora de Familia, luego de evaluar las pruebas
recaudadas, profirió la Resolución No. 000297, mediante la cual declaró
vulnerados los derechos de la adolescente y decretó como medida de
restablecimiento su ubicación en familia de origen, es decir, la entrega a sus
progenitores.
Así
mismo, ordenó suscribir un acta de compromiso con los padres de la niña para
que dieran cumplimiento a los deberes y obligaciones que les correspondían, en
especial, ordenó a la madre de la menor vincularse a un programa de
rehabilitación por el consumo de alcohol.
De
igual manera, remitió a los progenitores de la adolescente a atención
terapéutica del ICBF y solicitó él envió de los informes correspondientes.
·
El
29 de mayo de 2012, la Defensora de Familia informó a la Coordinadora de
Proyecto de Hogares Sustitutos FESCO la decisión adoptada el 30 de abril y le
solicitó remitir al despacho los informes Bimensuales post-egreso que
resultaran del seguimiento realizado a la medida de restablecimiento adoptada.
·
El
16 de julio y el 21 de diciembre de 2012, la Psicóloga del ICBF remitió a la
Defensora de Familia los informes de la atención terapéutica realizada a los
señores Pedro Ortiz y Claudia Prada, padres de la adolescente Teresa
Ortiz Prada.
·
El
16 de noviembre de 2012, la Profesional en Desarrollo Familiar y la Psicóloga
de la Fundación FESCO enviaron a la Defensora de Familia él informe del
seguimiento post-egreso realizado a la medida de restablecimiento adoptada en
favor de la adolescente Teresa Ortiz Prada. En dicho documento, las
funcionarias concluyeron: “El seguimiento post-egreso permite identificar
factores de vulnerabilidad que ponen en riesgo la integridad física y emocional
de la niña [Teresa Ortiz Prada], relacionados con el consumo de alcohol por
parte de sus progenitores y la negligencia por parte de la señora [Claudia
Prada] frente a la atención de salud oportuna que requiere la niña en mención,
se percibe en los progenitores que aún no existe un reconocimiento intrínseco
de su problema de adicción y la inestabilidad emocional que genera en los
niños. De acuerdo a lo anterior, se considera pertinente hacer seguimiento
post-egreso por dos meses más, con el propósito de evaluar si los factores de
riesgo a los que está expuesta la niña [Teresa] se logran o no modificar.”
·
El
19 de febrero de 2013, la Defensora de Familia que hasta el momento había
adelantado el proceso de restablecimiento de derechos de la adolescente Ortiz
Prada entregó dicho expediente a una nueva Defensora por orden de la
Dirección Regional del ICBF, Caldas, quien, a su vez, avocó el conocimiento de
dicho asunto, el 25 de febrero de ese mismo año.
·
El
22 de abril de 2013, la Defensora de Familia solicitó a la Directora de la
Fundación FESCO el informe del seguimiento realizado a la medida adoptada en
favor de Teresa Ortiz Prada con el fin de determinar si era pertinente o
no cerrar la historia de atención.
·
El
8 de mayo de 2013, la Coordinadora de la Institución Educativa San Agustín
reportó al ICBF el caso de la alumna Teresa Ortiz Prada “quien pide
ayuda frente a la situación familiar que vive, donde ella expresa que vive muy
triste puesto que su padre constantemente la insulta y la maltrata físicamente
con patadas al igual que su mama (sic) con un palo, también expresa que
la colocan a cocinar para toda su familia y constantemente expresa que está muy
aburrida de vivir con ellos por el maltrato al que está expuesta.”[152]En
virtud de lo anterior, la Rectora de la mencionada institución, el 11 de junio
de 2013, entregó a Teresa Ortiz Prada al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.
·
El
11 de junio de 2013, la Profesional en Desarrollo Familiar de la Fundación
FESCO envió a la Defensora de Familia un informe del seguimiento realizado al
caso de la adolescente Teresa Ortiz Prada, en el que concluye “El
seguimiento post-egreso efectuado durante un año permite identificar
factores de vulnerabilidad que ponen en riesgo la integridad física y emocional
de la niña [Teresa Ortiz Prada] y sus hermanos, relacionados con el consumo de
alcohol y la violencia intrafamiliar por parte de sus progenitores, quienes no
asumen un reconocimiento intrínseco de su problema de adicción y la
inestabilidad emocional que genera en los niños…”[153]
(Negrilla por fuera del texto original)
·
El
12 de junio de 2013, la Defensora de Familia solicita al Instituto de Medicina
Legal valorar a la adolescente tras haber sido posible víctima de maltrato
físico por parte de sus progenitores. En su informe, dicho Instituto concluyó “Mecanismo
traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITA DIEZ (10)
DÍAS. Sin secuelas médico legales al momento del examen.”
·
El
14 de junio de 2013, la Defensora de Familia fijó fecha para celebrar
“Audiencia de Trámite”, el 9 de julio de ese mismo año.
·
El
26 de junio de 2013, la Defensora de Familia expide el acta por medio de la
cual dispone la entrega de la adolescente, de forma provisional, a un hogar
sustituto, mientras se define su situación jurídica.
·
El
9 de julio de 2013, la Defensora de Familia, mediante Resolución No. 993,
modificó la medida de restablecimiento de derechos decretada a favor de Teresa
y en su lugar, ordenó reubicarla en un hogar sustituto. Dicha decisión le fue
notificada a los padres de la menor, por medio de Estado No. 132, fijado el 11
de julio.
·
El
12 de agosto de 2013, la Defensora de Familia comunicó a la Coordinadora de
Proyecto Hogares Sustitutos FESCO la decisión adoptada en la Resolución No. 993
y solicitó remitir al despacho los informes de Teresa con el fin de
definir su reintegro al medio familiar.
·
El
26 de agosto de 2013, se reunió el equipo interdisciplinario de la Defensoría
de Familia, la Profesional en Desarrollo Familiar de la Fundación FESCO y el
equipo psicosocial del programa Crianza con Cariño, con el fin de realizar “el
estudio del caso y de emitir un concepto que le permitiera a la Autoridad
Administrativa modificar la medida de restablecimiento de derechos adoptada en
favor de la adolescente [Camila y el niño Sebastian Ortiz Prada], quienes se
encuentran bajo la modalidad intervención de apoyo y, así mismo, adoptar a
favor de las niñas [Daniela y Rosa] una medida de restablecimiento de derechos
en razón a los factores de vulnerabilidad identificados durante el proceso de
atención y el seguimiento post reintegro realizado a la adolescente [Teresa
Ortiz Prada] el cual señalo ser necesario su reingreso a la modalidad de Hogar
Sustituto.”
En dicho informe, los mencionados
profesionales advirtieron:
“La red vincular de las adolescentes
y niños es pequeña, está representada en los progenitores, quienes durante el
proceso de atención brindado por el ICBF a través de las modalidades de hogar
sustituto e intervención de apoyo no han logrado asumir los cambios requeridos
en el rol de cuidado y atención; no trascienden en las reales necesidades socio
afectivas de sus hijos y prevalece en ellos una alta tendencia por la
satisfacción a necesidades individuales y de pareja como es la ingesta de
alcohol, el cual asumen como una situación natural, sin lograr hacer un
reconocimiento intrínseco de su problema de adicción, ni de la estabilidad
emocional que genera en sus hijos; configurándose dicha ingesta en una conducta
recurrente la cual ya dejo de ser un mediador social para convertirse en un
hábito que altera significativamente la dinámica familiar, representada en
violencia intrafamiliar y conyugal; caracterizada por maltrato físico y
psicológico a sus hijos y con ello la predominancia de emociones desagradables en
las diferentes etapas evolutivas como temor, vergüenza, aflicción y ansiedad
que interfieren en su desarrollo emocional.
Además han delegado el rol de cuidado y
atención a sus hijos y son ellos de mayor a menor quienes asumen
responsabilidades, las cuales ni les corresponden ni están preparados para
ello; exponiéndolos así a situaciones de riesgo y es desde esta dinámica que la
adolescente [Camila] quien tiene como DX Retardo Mental fue víctima de presunto
actos de abuso sexual por un vecino y la progenitora una vez se le interviene
por dicho evento resalta ser responsabilidad de la adolescente por no saber
asumir su autocuidado desconociendo la condición especial que presenta, además
de encontrarse excluida de la atención especializada del CEDER, institución
donde le fue asignado un cupo a través de la Alcaldía de Manizales argumentando
los progenitores no tener los recursos para el respectivo transporte,
visibilizándose no ser esta un prioridad.
A través de las entrevistas realizadas a
la adolescente [Teresa] se conoce que sus progenitores le han delegado el
cuidado de sus hermanos menores; responsable de la satisfacción de necesidades
básicas como alimentos y de mayor complejidad una vez no hay disponibilidad de
estos debe recurrir a la red vecinal para obtener así alimentos que permitan
atender a sus hermanos; agregando además que una vez confronta a los
progenitores por dicha responsabilidad delegada es víctima de violencia física,
la cual ha sido identificada en la docente del contexto escolar; quien ha
informado en varias oportunidades al ICBF dicha situación y revelado además a
la profesional responsable de la fase de seguimiento.
Respecto al niño [Sebastian] se
encuentra desescolarizado y ha interrumpido el proceso de atención modalidad
intervención de apoyo en el Programa Crianza con Cariño; asociado a que debe
acompañar al progenitor en su actividad ocupacional de vigilante de las zonas
azules, emergiendo así una desmotivación generalizada por la escolaridad y su
preferencia por generarse unos recursos económicos estimulando así el trabajo
infantil.
Con relación a las niñas [Daniela y
Rosa] su cuidado y atención es responsabilidad de sus hermanos, quienes no
poseen por su edad las condiciones para ello, además es una situación que
genera desasosiego e incertidumbre a la adolescente [Teresa], resalta que era
la responsable del cuidado de sus hermanos y hermanas y desde su reingreso al
ICBF considera que se encuentran en mayor riesgo.
Modalidades de atención que llevan
implícito y explicito la participación activa de los progenitores a dicho
procesos; sin embargo, prevalece en ellos sus resistencia y la negación abierta
a todo proceso de atención, a valoraciones especializadas, a la vinculación a
programas para la deshabituación de la ingesta alcohólica, a la modificación de
conductas y a la revisión requerida para los ajustes de la dinámica familiar;
han naturalizado su estilo de vida y no logran ser conscientes del daño que
representan dichas actitudes y comportamientos en el desarrollo integral de sus
hijos; configurándose así una permanente negligencia en el rol de cuidado y
atención personal; estableciendo un patrón de crianza inadecuado,
visibilizándose una interacción que no posibilita la construcción de un vínculo
afectivo fuerte y el desarrollo de una confianza básica, al contrario prevalece
en ellos la inseguridad, que de no modificarse lo que hace es distorsionar el
sentido de vida.”[154]
De conformidad con lo expuesto, el
equipo interdisciplinario de la Defensora de Familia, el equipo psicosocial del
programa Crianza con Cariño y la Trabajadora Social de la fase de seguimiento
post reintegro de la Fundación FESCO consideraron pertinente “modificar la
medida de restablecimiento de derechos de la adolescente [Camila y del niño Sebastian
Ortiz Prada] de la modalidad intervención de apoyo por la de Hogar Sustituto y
respecto a las niñas [Daniela y Rosa] adoptar a su favor una medida provisional
de restablecimiento de derechos Hogar Sustituto en razón a las condiciones de
vulnerabilidad que los rodea en el contexto familiar; lo cual representa desde
el Código de la Infancia y la Adolescencia una vulneración a los artículos 17,
18, 23, 28 y 35. [155]
·
El
26 de septiembre de 2013, la madre sustituta del niño Sebastian Ortiz
Prada informó a la Defensora de Familia la manifestación que le hizo el menor,
quien al no poder controlar esfínteres, señaló: “que su papa le mete
el pene por su cola y lo mismo hace con sus demás hermanas”. [156]
·
El
26 de septiembre de 2013, la Defensora de Familia solicitó al Instituto de
Medicina Legal valorar a los hermanos Ortiz Prada tras haber sido
posibles víctimas de abuso sexual por parte de su padre. En su informe, dicho
Instituto concluyó respecto de Teresa: “se trata de una menor de 14
años quien refiere que un señor la toco ‘ver anamnesis’. No permite el examen
genital razón por la cual no es posible confirmar, ni descartar que la paciente
ya hubiese sido penetrada. Se sugiere valoración por psicología forense se debe
tener en cuenta el relato de la menor. Se recuerda que algunas maniobras como
tocamientos o caricias no dejan huellas externas de lesión.”
·
El
2 de octubre de 2013, la Defensora de Familia formuló denuncia penal contra el
señor Pedro Ortiz, padre de los hermanos Ortiz Prada, por los
delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal abusivo
con incapaz de resistir cometidos sobre sus hijos Teresa, Sebastian y
Camila.
·
El
3 de octubre de 2013, se notificó al ICBF de la acción de tutela presentada por
los padres de los hermanos Ortiz Prada, en la que solicitaron el
reintegro de sus hijos a su hogar. De dicho trámite constitucional conoció el
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, despacho que negó las
pretensiones de los accionantes, al considerar que la entidad demandada les notificó
todas las decisiones adoptadas dentro de los procesos administrativos de
restablecimiento de derechos de los menores, sin embargo, estos no las
controvirtieron sino que guardaron silencio. Así mismo, al determinar que las
actuaciones desplegadas por el ICBF dan prueba de la reiterada vulneración de
los derechos fundamentales de los niños Ortiz Prada por parte de sus
progenitores.
·
En
desacuerdo con lo anterior, los padres de los hermanos Ortiz Prada presentaron
recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, el 26 de noviembre de 2013,
corporación que confirmó el fallo de primera instancia.
·
El
11 de octubre de 2013, la Defensora de Familia dictó un auto por medio del cual
decretó la práctica de pruebas.
·
El
17 de octubre de 2013, la Defensora de Familia realizó la Audiencia de Practica
de Pruebas en la que realizó el interrogatorio de los padres de los hermanos Ortiz
Prada.
·
El
6 de noviembre de 2013, la Defensora de Familia que hasta el momento había
adelantado la actuación administrativa presentó renuncia a su cargo. En virtud
de lo anterior, ese mismo día dicha funcionaria hizo entrega de la Historia de
Atención de Teresa a la Defensora, Yenny Milena Pulido Forero, quien, a
su vez decretó la práctica de las siguientes pruebas:
“1-Solicitar
a la Trabajadora Social del equipo de la Defensoría de Familia dictamen
pericial sobre la situación socio familiar de los señores [Pedro Ortiz y
Claudia Prada] progenitores de los niños Sebastian, Teresa, Camila, Rosa y
Daniela Ortiz Prada.
Solicitar
el dictamen pericial actualizado a la psicóloga del equipo de la Defensoría de
Familia para determinar el estado psicológico de los niños, progenitores y
familia extensa, a fin de poder definir la situación jurídica de los niños.”
·
El
6 de noviembre de 2013, la psicóloga del ICBF, envío el dictamen pericial
solicitado en el que concluyó: “en el estudio realizado a la señora [Claudia
Prada] se identifica no tener las condiciones individuales para asumir el
cuidado y la atención personas de sus hijos, su estructura de personalidad
débil, dependiente, temerosa e impide asumir su autocuidado y el de otros; está
a la espera que sean otros quienes le brinden protección y cuidado; responde a
lo concreto y a lo inmediato, sin lograr un juicio crítico, un pensamiento
hipotético deductivo; la subordinación y sumisión le representan comodidad; sus
reacciones solo se dan mediadas por el alcohol, las cuales se presentan de
forma agresiva.
En
consecuencia se hace necesario dar continuidad a la medida de restablecimiento
de derechos modalidad Hogar Sustituto para sus hijos Teresa, Camila, Sebastian,
Daniela y Rosa Ortiz Prada; con relación a la familia extensa aún no se ha
identificado un integrante dispuesto a vincularse al proceso de atención y con
ello valorar y profundizar en sus condiciones.”
·
El
28 de noviembre de 2013, la Defensora de Familia, nuevamente decreta la
práctica de pruebas dentro del proceso administrativo de restablecimiento de
derechos de los niños Sebastian, Teresa, Camila, Daniela y Rosa Ortiz Prada.
Específicamente, ordenó la valoración Psicosocial de los padres de dichos
menores a fin de determinar las condiciones sociales, personales, psicológicas
que permitan “definir la situación jurídica de los niños”
·
El
4 de diciembre de 2013, la Defensora de Familia solicitó a la Oficina Jurídica
del ICBF prorrogar la medida de permanencia de Teresa en el hogar
sustituto hasta por seis (6) meses más, petición que fue aprobada el día 20 de
ese mismo mes y año.
·
El
4 de abril de 2014, la Defensora de Familia cerró la etapa probatoria dentro del
proceso de restablecimiento de derechos de Teresa y fijó como fecha para
la realización de la Audiencia de Fallo, el 16 de abril de 2014.
·
El
7 de abril de 2014, se publicaron los datos y la fotografía de Teresa y
de Camila Ortiz Prada en el espacio institucional de televisión “Me
conoces”.
·
Finalmente,
el 16 de abril de 2014, mediante Resolución No. 733, se declaró a Teresa
Ortiz Prada en situación de adoptabilidad.
Actuaciones
adelantadas en los procesos de restablecimiento de derechos de Camila y Sebastian
Ortiz Prada
·
El
6 de febrero de 2012, luego de recibir una denuncia por parte del Centro
Comunitario de Desarrollo Versalles[157]para
que se incluyeran en el programa Crianza con Cariño a la adolescente Camila
y al niño Sebastian Ortiz Prada, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar abrió las Historias de Atención No.96091314271 y E5T0252121.
·
El
21 de febrero de 2012, la Defensora de Familia, luego de que el equipo
interdisciplinario realizara la verificación de los derechos de Sebastian
y Camila Ortiz Prada, decidió, mediante Auto de apertura de
investigación No.0085, dar inicio al proceso administrativo de restablecimiento
de derechos. Así mismo, decretó la práctica de pruebas y ordenó como medida
provisional, la ubicación en centro de atención especializada, modalidad
intervención de apoyo.
·
El
11 de mayo de 2012, el Equipo Interdisciplinario del Centro de Desarrollo
Comunitario Versalles, Programa Crianza con Cariño, remitió a la Defensora de
Familia el informe de evolución del proceso de atención de Camila y Sebastian
Ortiz Prada.
·
El
24 de mayo de 2012, la Defensora de Familia del Centro Zonal Manizales Dos, al
advertir que había transcurrido el término señalado en la ley para definir la
situación de la adolescente Camila y del niño Sebastian Ortiz Prada,
cerró la etapa probatoria y fijó la fecha para llevar a cabo la audiencia en
que dictaría el fallo.
·
El
4 de junio de 2012, mediante Resolución No. 412, la Defensora de Familia
declaró vulnerados los derechos de los niños Camila y Sebastian Ortiz
Prada, confirmó la medida de restablecimiento adoptada en el auto de
apertura, es decir, la ubicación en centro de atención especializada, modalidad
intervención de apoyo. Además, suscribió un acta de compromiso con los
progenitores para que cumplieran con sus deberes como padres de familia.
·
El
14 de agosto de 2012, la Profesional en Desarrollo Familiar y la Psicóloga del
Centro Comunitario Versalles solicitaron a la Defensora de Familia continuar
con la medida adoptada en favor de los niños Camila y Sebastian Ortiz
Prada, toda vez que “existe negligencia por parte de la madre para
realizar los requerimientos de ambos niños, hace falta mayor compromiso frente
al proceso desarrollado en el Programa ya que no asiste a las citaciones ni a
los talleres de padres; de igual forma, hace falta mayor gestión frente a los
procesos de salud y educación que los niños requieren”
·
El
10 de diciembre de 2012 y 11 de febrero de 2013, el Equipo Interdisciplinario
del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles, Programa Crianza con Cariño,
remitió a la Defensora de Familia el informe de evolución del proceso de
atención de Camila y Sebastian Ortiz Prada.
·
El
26 de agosto de 2013, en razón de los factores de vulnerabilidad identificados
en el seguimiento a la medida adoptada en favor de Teresa Ortiz Prada,
por los cuales tuvo que reingresar a la modalidad de hogar sustituto, se reunió
el equipo interdisciplinario de la Defensoría de Familia, la Profesional en
Desarrollo Familiar de la Fundación FESCO y el equipo psicosocial del programa
Crianza con Cariño, con el fin de realizar el estudio del caso y emitir un
concepto que le permitiera a la autoridad administrativa modificar la medida de
restablecimiento adoptada en favor de Sebastian y sus hermanas Camila,
Daniela y Rosa Ortiz Prada.
·
El
9 de septiembre de 2013, la Defensora de Familia, al continuar los factores de
riesgo observados en el grupo familiar, mediante Resoluciones No. 1441, 1442,
decidió modificar la medida de restablecimiento de derechos adoptada y ubicar a
los niños en un hogar sustituto. Así mismo, le solicitó a la Fundación FESCO
realizar los correspondientes informes.
·
El
26 de septiembre de 2013, la madre sustituta del niño Sebastian Ortiz Prada
informó a la Defensora de Familia que el menor a su cargo le manifestó “que
su papa le mete el pene por su cola y lo mismo hace con sus demás
hermanas”.
·
El
26 de septiembre de 2013, la Defensora de Familia solicitó al Instituto de
Medicina Legal valorar a los hermanos Ortiz Prada tras haber sido
posibles víctimas de abuso sexual por parte de su padre. En su informe, dicho
Instituto concluyó respecto de Sebastian: “se trata de un menor en
edad preadolescente de sexo masculino, quien refiere que su papa abusaba de el
en hechos ocurridos hace un tiempo cuando vivía en La Peluza, quien también
abusaba de sus hermanas, al examen clínico actual no se encuentran huellas de
lesiones traumáticas, la región anal y perianal es de forma y aspecto usual, no
se encuentran signos o síntomas de contaminación venérea. Con los anteriores
hallazgos, no es posible confirmar ni descartar un posible abuso sexual. Debe
tenerse en cuenta el relato hecho por el menor. Durante el examen, el menor se
observa tranquilo, alerta, orientado se muestra muy seguro de sí mismo y del
relato que hace de los hechos, tiene porte y actitud adecuados, con respuesta
verbal adecuada. Se sugiere realizar valoración por psicología forense.”
Respecto a Camila, el Médico
Perito Forense señaló: “los anteriores hallazgos son compatibles con
embriaguez clínica aguada negativa, y son lo suficientemente evidentes para el
diagnóstico y hace innecesaria la toma de muestras para laboratorio…” “…se
trata de una menor de 17 años quien refiere que su hermano la toco, no permite
el examen genital razón por la cual no es posible confirmar ni descartar que la
paciente ya hubiere sido penetrada. Se sugiere valoración por psicología
forense.”
·
El
10 de octubre de 2013, la Defensora de Familia entrevista a Camila,
quien manifiesta “…Preguntado: Tu hermano [Sebastian] le contó
a la psicóloga que tu papa le metía el pene por el ano a él y después se pasaba
para el camarote tuyo y de [Teresa] y les metía el pene por la vagina a ti y a
[Teresa]. Esto es cierto o es falso que tu papa metía el pene en tu vagina. Contesto:
Es cierto, y me dolía un poquito. Preguntado: Tú recuerdas esto
hace cuanto fue. Contesto: No, más que todo, los sábados. Preguntado:
Tú recuerdas cuantas veces paso esto. Contesto: No, era siempre por la
noche. Preguntado: Tu que le decías a tu papa cuando él hacia esto. Contesto:
Mi papa me decía que no le contara nada a mi mama. Preguntado: Donde
estaba tu mamita cuanto tú papa hacia esto. Contesto: En la casa,
dormida. Preguntado: Tú veías cuando tu padre tocaba a [Sebastian] o a
[Teresa]. Contesto: Yo también veía cuando él tocaba a las dos
chiquitas, les quitaba la ropa, les tocaba con la mano la vagina y con el pene
de él también. Yo dormía en la parte de abajo del camarote y las dos chiquitas
Daniela y Rosa también dormían en el camarote en la parte de abajo. En mi camarote
arriba dormía Teresa y en el otro camarote donde dormían las chiquitas abajo,
dormía arriba Sebastian. A Sebastian le metían el pene y ya, mi papa lo
volteaba para abajo y le metía pene y ya. Primero tocaba a las dos chiquitas,
después para donde Teresa pero yo no alcanzaba a ver porque estaba abajo en el
camarote, después para donde mí, y me decía que no le dijera nada a mi mama, y
me metía el pene por la vagina y me tocaba toda. ”
·
El
17 de octubre de 2013, la Defensora de Familia realizó la Audiencia de Practica
de Pruebas en la que realizó un interrogatorio a los padres de los hermanos Ortiz
Prada.
·
El
28 de noviembre de 2013, la Defensora de Familia, nuevamente decreta la
práctica de pruebas dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos
de los niños Sebastian, Teresa, Camila, Daniela y Rosa Ortiz Prada.
Específicamente, ordenó la valoración Psicosocial de los padres de dichos
menores a fin de determinar las condiciones sociales, personales y psicológicas
que permitan “definir la situación jurídica de los niños”.
·
El
7 y 8 de abril de 2014, se publicaron los datos y la fotografía de Camila
y Sebastian Ortiz Prada en el espacio institucional de televisión “Me
conoces”.
·
El
28 de mayo de 2014, la Defensora de Familia cerró la etapa probatoria y fijó la
fecha para celebrar la audiencia de fallo.
·
Por
último, el 17 de junio de 2014, la Defensora de Familia, con Resoluciones No.
1183, 1182 declaró en situación de adoptabilidad a los niños Camila y Sebastian
Ortiz Prada.
Actuaciones
adelantadas en los procesos de restablecimiento de derechos de Daniela y
Rosa Ortiz Prada
·
El
6 de septiembre de 2013, luego de advertir los factores de vulnerabilidad
identificados en el seguimiento a la medida adoptada en favor de Teresa
Ortiz Prada, por los cuales tuvo que reingresar a la modalidad de hogar sustituto,
la Defensora de Familia solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
abrir las Historias de Atención de Daniela y Rosa Ortiz Prada.
·
El
9 de septiembre de 2013, la Defensora de Familia decidió como medida
provisional la ubicación de las niñas Ortiz Prada en un hogar sustituto
·
El
11 de septiembre de 2013, la Defensora de Familia, luego de que el equipo
interdisciplinario realizara la verificación de los derechos de Daniela
y Rosa Ortiz Prada, decidió, mediante Autos No. 2513 y 2514, dar inicio
al proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Así mismo, decretó
la práctica de pruebas y ordenó como medida provisional, la ubicación en un
hogar sustituto.
·
El
17 de septiembre de 2013, la Defensora de Familia solicitó a la Directora de la
Fundación FESCO realizar el seguimiento a la medida adoptada en favor de las
niñas Ortiz Prada con el fin de determinar si era pertinente o no cerrar
la historia de atención.
·
El
26 de septiembre de 2013, la Defensora de Familia solicitó al Instituto de
Medicina Legal valorar a los hermanas Ortiz Prada tras haber sido
posibles víctimas de abuso sexual por parte de su padre.
·
El
3 de octubre de 2013, la Madre Sustituta que tenía a cargos a las niñas Ortiz
Prada le informó a la Defensora de Familia “las niñas llevan en mi
hogar, 20 días y en la última semana han sido más comunicativas referente a su
vida cotidiana con la familia biológica. La mayor: [Daniela] hace referencia
sobre situaciones inadecuadas que se presentabas en ese hogar, como por ejemplo
que veía acostarse a sus 2 hermanas mayores. Teresa y la especial (así le dice
ella, ya que la niña no es normal)
Según [Daniela], los hombres que ella
veía que hacían el amor era amigos de su papa tales como Javier, Juan y el que
más mencionan es uno que lo apodan “El marrano” este último es el que les daba
plata y licor a [Teresa], la especial y un hermanito: [Sebastian].
La niña menor [Rosa], dice que el papa
toma mucho, hasta que se cae y que los amigos de él también le dan dinero.
[Daniela] también dice que el papa toma todos los días, especialmente, a partir
de los jueves y resto del fin de semana y que los viernes después de tomar
licor se acuesta con ella y con [Rosa] y que les da besos en la boca.
En la visita anterior de las niñas con
sus papas en el ICBF tanto la mama como el papa previnieron a [Daniela] de que
no contaran nada a las doctoras de FESCO y de Bienestar sobre las situaciones
de abuso que se presentaban en ellas. Así como también maltrato y que pasaban
mucha hambre y muchas veces se iba para la escuela sin desayunar y por lo
general se acostaban con mucha hambre y sin comer, ya que dice que allí no
mercaban solo compraban licor.
La niña mayor [Daniela] también comenta
que casi no dormía en las noches, por los escándalos, gritos y muchos
borrachos, que solamente había un baño para las muchas personas que allí vivían
y que por lo general dormían en colchones, que casi siempre estaban orinados.
También dice [Daniela] que su hermanito [Sebastian] toma mucho licor porque el
papa y los amigos de él le daban y que también lo ha visto desnudo acostándose
con una señora amiga del papa, lo mismo manifiesta de la mama [Claudia] que
también hace el amor con amigos del papa, que toma mucho licor y que después de
estar borracha no se da cuenta de todo lo que pasa con sus hijos porque se
duerme.”
·
El
13 de diciembre de 2013, la Defensora de Familia cerró la etapa probatoria y
fijó como fecha para realizar la audiencia de fallo, el 26 de diciembre.
·
El
26 de diciembre de 2013, la Defensora de Familia, mediante Resoluciones No.
2159 y 2160, declaró la vulneración de los derechos de las niñas Daniela
y Rosa Ortiz Prada y confirmó la medida adoptada en el auto de apertura,
es decir, su ubicación en un hogar sustituto y amonestó a los padres por las
graves situaciones de maltrato.
·
El
19 de marzo y el 7 de abril de 2014, se publicaron los datos y la fotografía de
Daniela y Rosa Ortiz Prada en el espacio institucional de
televisión “Me conoces”.
·
El
28 de mayo de 2014, la Defensora de Familia, cerró la etapa probatoria y fijó
como fecha para realizar la audiencia de fallo, el 17 de junio de 2014.
·
El
17 de junio de 2014, la Defensora de Familia, con Resoluciones No. 1184 y 1185,
declaró a las niñas Daniela y Rosa Ortiz Prada en situación de
adoptabilidad.
En
el caso objeto de estudio, la Sala observa que el Juez Séptimo de Familia de
Manizales, no llevó a cabo una interpretación razonable del parágrafo 2º del
Artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Ello, al considerar
que la Defensora de Familia, aun cuando profirió los fallos en los procesos
administrativos de restablecimiento de derechos de los hermanos Ortiz Prada,
dentro del término de cuatro (4) meses como lo dispone la ley, perdió la
competencia para conocer de dichos asuntos porque duró más de dos años en el
seguimiento a las medidas de restablecimiento adoptadas.
Tal y
como se expuso en las consideraciones de esta sentencia, el Código de la
Infancia y la Adolescencia prevé que la autoridad administrativa solo perderá
competencia para conocer de las diligencias de restablecimiento de derechos
cuando esta no resuelva la actuación administrativa dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o la apertura
oficiosa de la investigación[158]
o cuando no resuelva, en término, el recurso de reposición que se presente
contra su decisión. En ese sentido, se advierte que dicho Estatuto no contempla
como causal de perdida de competencia para la autoridad administrativa, el
hecho de que esta supere el término previsto para el seguimiento a la medida de
restablecimiento adoptada.
La
Sala observa que en todos los procesos de restablecimiento de derechos de los hermanos
Ortiz Prada, la investigación inició con la apertura oficiosa
por parte de la Defensora de Familia. Así, el término de cuatro (4) meses para
resolver la actuación administrativa se debe contabilizar desde la fecha de
expedición del auto de apertura. De acuerdo con el siguiente cuadro, la Sala
encuentra que la Autoridad Administrativa, en todos los casos, dictó, dentro
del término, un fallo de vulneración de derechos, por consiguiente, no perdió
la competencia para conocer de los mencionados asuntos.
Nombre
Auto Apertura
Fallo- vulneración de derechos
Teresa
20 de
febrero de 2012
30 de
abril de 2012
Sebastián
21 de
febrero de 2012
4 junio
de 2012
Camila
21 de
febrero 2012
4 junio
de 2012
Daniela
11 de
septiembre de 2013
26 de
diciembre de 2013
Rosa
11 de
septiembre de 2013
26 de
diciembre de 2013
Cabe aclarar que,
cuando la autoridad administrativa supere el término
previsto para el seguimiento a la medida de restablecimiento adoptada y,
en consecuencia, prolongue indefinidamente la definición de la situación
jurídica del niño, niña o adolescente involucrado, esta podrá ser
objeto de las sanciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar, pero
tal hecho no afecta su competencia, pues, se reitera, de acuerdo con lo
previsto en el parágrafo 2º del Artículo 100 del Código de la Infancia y la
Adolescencia, la misma se entiende consolidada con la adopción oportuna del
respectivo fallo. Con posterioridad a tal decisión, le asiste a la Autoridad
Administrativa, en aras de garantizar el interés superior del
menor,
el deber de verificar si la medida de restablecimiento adoptada en el fallo fue
efectiva, dentro de los términos establecidos para cada medida, sin que la
demora en la verificación pueda ya comprometer su competencia. En dicha
instancia de seguimiento, le corresponde a la autoridad administrativa
determinar, al amparo de la medida de protección adoptada, si la familia ofrece
garantías para el restablecimiento de los derechos del niño involucrado o si por
el contrario debe decretarse su adoptabilidad[159].
Sobre
el particular, esta Corte ha advertido que si
bien las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el
contenido del interés superior de los niños, en casos particulares, cuentan con
un margen de discrecionalidad importante para evaluar, en aplicación de las
disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las circunstancias fácticas
de los niños implicados, cuál es la solución que mejor satisface dicho interés,
también tienen límites y deberes constitucionales y legales respecto de la
preservación del bienestar integral de los niños que requieren su protección.
Así pues, dichos deberes obligan a los jueces y funcionarios administrativos a
aplicar un grado especial de diligencia, celo y cuidado al momento de adoptar
sus decisiones, especialmente tratándose de niños de temprana edad, cuyo
proceso de desarrollo puede verse afectado en forma definitiva e irremediable
por cualquier decisión que no atienda a sus intereses y derechos.[160]
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Revisión advierte que
el Juzgado Séptimo de Familia de Manizales, al interpretar y aplicar las normas
del Código de la Infancia y la Adolescencia, en el caso objeto de estudio,
incurrió en un defecto sustantivo que habilita la procedencia del amparo
constitucional deprecado, toda vez que le otorgó al parágrafo 2º del Artículo
100 de dicho Estatuto alcances distintos a los expresamente señalados por el
legislador, al aplicarlo a una situación fáctica que no se adecua a lo previsto
en la norma.[161]
A pesar de lo anterior, la Sala observa que, con posterioridad a
la presentación de la acción de tutela de la referencia, el Juzgado Tercero de
Familia de Manizales, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Séptimo de
Familia de la misma ciudad, en los Autos 160 y 187 de 2014 acusados, adelantó
el trámite previsto en el artículo 119 del Código de la Infancia y la
Adolescencia. En dicho proceso, el juez declaró en situación de adoptabilidad a
los menores Sebastian, Teresa, Daniela y Rosa Ortiz Prada. Así
mismo, ordenó su ubicación en un hogar sustituto hasta que se realizaran los
trámites de adopción.
Con
respecto a la adolescente Camila Ortiz Prada, el Juez Tercero de Familia de Manizales se abstuvo de
declararla en situación de adoptabilidad porque para la fecha de la providencia,[162]
esta ya había cumplido con la mayoría de edad[163].
No obstante, como aquella sufre una discapacidad cognitiva, en la sentencia se
ordenó su ubicación en un instituto especializado[164].
En
relación con esta última orden, la Sala tiene conocimiento que, en el mes de noviembre
de 2014, la adolescente Camila Ortiz Prada fue retirada por sus padres
de la institución médica en la que se encontraba hospitalizada.[165]Así
mismo, que los niños Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada continúan
con la medida de restablecimiento de derechos de ubicación en hogar sustituto,
toda vez que la Defensora de Familia, aun a pesar del fallo proferido por el
Juzgado Tercero de Familia de Manizales, no ha adelantado las diligencias
correspondientes al proceso de adopción porque considera que no tiene
competencia para hacerlo, en virtud del pronunciamiento del Juez Séptimo de
Familia de Manizales.[166]
En ese orden de ideas, la
Sala advierte que la decisión judicial proferida por el Juzgado Tercero de
Familia de Manizales, de declarar en situación de adoptabilidad a los hermanos Ortiz
Prada, con excepción del caso de la menor Camila, coincide con la decisión adoptada, en su momento, por la
Defensora de Familia mediante las Resoluciones No.733[167],
1182[168],
1184[169]
y 1185[170]
en las que también declaró en situación de adoptabilidad a los niños Teresa,
Sebastian, Daniela y Rosa Ortiz Prada. Por
consiguiente, aun cuando se advierte que el Juzgado Séptimo de Familia de dicha
ciudad, en efecto, incurrió en un defecto sustantivo al proferir las
providencias acusadas, estas se dejaran en firme en aras de proteger el interés
superior de los menores involucrados, pues, una decisión en sentido contrario, es
decir, dejar sin efectos las providencias acusadas, implicaría reanudar el
proceso de homologación de las mencionadas resoluciones, lo cual va en
detrimento del interés que se persigue en este tipo de procesos, que es la
adopción oportuna de medidas de protección en favor de los menores.
En todo caso, la decisión de
esta Sala, de dejar en firme la sentencia proferida por el Juzgado Tercero de
Familia de Manizales, adoptada con el único propósito de garantizar los
derechos de los hermanos Ortiz Prada, no tiene la entidad de desconocer la
actuación administrativa cumplida por la Defensora de Familia en los procesos
de restablecimiento de derechos de los hermanos Ortiz Prada, pues, tal y
como se sostuvo con anterioridad y ahora se reitera, dicha actuación se llevó a
cabo con pleno acatamiento de las normas que regulan la materia. Concretamente,
pudo establecer la Sala que, en todos los procesos de restablecimiento de
derechos que le correspondió adelantar, la referida autoridad administrativa
profirió el fallo de vulneración de derechos en el término previsto en la ley,
esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expedición del auto de
apertura, por lo que es claro que, en contraposición con la decisión impugnada
en esta causa, no perdió la competencia para conocer de dichos asuntos.
En ese sentido, se insiste,
el motivo que lleva a la Sala a mantener en firme el fallo adoptado por el
Juzgado Tercero de Familia de Manizales, no se deriva de la actuación cumplida
por la Defensora de Familia, sino de la necesidad de proteger los derechos de
los menores involucrados en esta causa, en el entendido que, además, las
decisiones adoptadas por dichas autoridades (judicial y administrativa) en el
ámbito de sus respectivas competencias, son coincidentes en punto a la medida
de protección adoptada.
Ahora bien, sobre la base de
lo expuesto, resulta de interés señalar que, de conformidad con el artículo 96
del Código de la Infancia y la Adolescencia, la competencia para adelantar el
seguimiento a las medidas adoptadas dentro del proceso de restablecimiento de
derechos, ya sea por un juez o por la autoridad administrativa, recae en el
Coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo
anterior, sin perjuicio, de la obligación que también les asiste a las
autoridades administrativas de realizar el seguimiento y la evaluación de las
medidas definitivas de restablecimiento de derechos que se adopten. [171]
Sobre el particular, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aclaró, en la Resolución No.1526 de
2016, que cuando sea el juez de familia quien adelante el proceso de
restablecimiento de derechos, corresponde “al Coordinador del Centro Zonal con
el apoyo del equipo interdisciplinario de la autoridad administrativa, que
conoció el proceso, realizar el seguimiento respectivo de la medida que adopte.”
Así las cosas, corresponde a
la Defensora de Familia, que adelantó los procesos de restablecimientos de
derechos de los hermanos Ortiz Prada, adelantar las gestiones necesarias
para incluir en el comité de adopciones a Sebastian Ortiz
Prada[172], de
15 años de edad, Daniela Ortiz Prada[173], de 12 años
y de Rosa Ortiz Prada[174],
de 9 años, con el fin de garantizar su derecho a tener una familia. En
relación con las jóvenes Teresa y Camila
Ortiz Prada entiende la Corte que no se podrá adelantar dicho proceso, toda
vez que cumplieron con la mayoría de edad[175] y según el
artículo 63 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en Colombia, “Solo
podrán adoptarse los menores de 18 años declarados en situación de
adoptabilidad…”
Cabe señalar que
el artículo 18 de la Ley 1306 de 2009 establece que “corresponde
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por
intermedio del Defensor de Familia, prestar asistencia personal y jurídica a
los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por
denuncia que cualquier persona haga ante la Entidad”. En virtud de dicho
mandato, el ICBF mediante Resolución No. 1526 de 2016 consagró las acciones que
debe adelantar la autoridad administrativa en favor de las personas mayores de
18 años con discapacidad mental.
De conformidad con lo
expuesto, se ordenara al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que adelante,
dentro del marco de sus competencias, todas las actuaciones necesarias para
garantizar los derechos fundamentales de la joven Camila Ortiz
Prada, quien presenta una discapacidad cognitiva.
Así las cosas, se impone
confirmar el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales, Sala de Decisión Civil-Familia, el 11 de noviembre de 2014, que negó
el amparo solicitado, pero por las razones expuestas en esta providencia.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala
Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.- LEVANTAR
la
suspensión de términos decretada en el asunto de la referencia mediante auto
del 28 de mayo de 2015.
SEGUNDO.- CONFIRMAR, por las
razones expuestas en esta providencia, el fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de
Decisión Civil-Familia, el 11 de noviembre de 2014, que negó el amparo
solicitado.
TERCERO.- ORDENAR a la
Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional
Caldas, Centro Zonal Manizales que, en el término de quince (15) días
hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, adelante todas las diligencias correspondientes
para el proceso de adopción de Sebastian, Daniela,
y Rosa Ortiz Prada con el fin de que se les
pueda garantizar su derecho a tener una familia.
CUARTO.- ORDENAR a la
Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional
Caldas, Centro Zonal Manizales que adelante, dentro
del marco de sus competencias, todas las actuaciones necesarias para garantizar
los derechos fundamentales de la joven Camila Ortiz
Prada, quien presenta una discapacidad cognitiva.
QUINTO.-
Líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto
2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Cópiese,
notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
LUIS GUILLERMO GUERRERO
PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] 10 de
septiembre de 2014.
[2] 10 de
octubre de 2014.
[3] 16 de
abril de 2014.
[4] 17 de
junio de 2014.
[5]
Ibídem.
[6]
Ibídem.
[7]
Ibídem.
[8] Yenny
Milena Pulido Forero.
[9] Artículo 100. Trámite. Reglamentado por
el Decreto Nacional 4840 de 2007. (…) Parágrafo 2°. En todo
caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura
oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se
presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento
del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para
resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión
correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir
conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de
Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo.
Cuando el Juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría
General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que
haya lugar.
Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el
comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, el director
regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta
por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses
iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga.” (Subraya y negrilla
fuera del texto original).
[10]Artículo 119. Competencia del Juez de
Familia en Única Instancia. Sin perjuicio de las competencias asignadas por
otras leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia:
1. La homologación de
la resolución que declara la adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes.
2. La revisión de las
decisiones administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el comisario
de familia, en los casos previstos en esta ley.
3. De la restitución
internacional de niños, niñas y adolescentes.
4.
Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el
Comisario de Familia haya perdido competencia.
Parágrafo. Los asuntos regulados en este código deberían ser tramitados con
prelación sobre los demás, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo
caso el fallo deberá proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de
la demanda, del informe o del expediente, según el caso. El incumplimiento de
dicho término constituye causal de mala conducta. (Negrilla y subraya por fuera
del texto original)
[11] Parágrafo 2 del artículo 100[11] de la Ley de Infancia y Adolescencia.
[12] 10 de
septiembre de 2014.
[13] 10 de
octubre de 2014.
[14] 16 de
abril de 2014.
[15] 17 de
junio de 2014.
[16] Ibídem.
[17]
Ibídem.
[18]
Ibídem.
[19] “Artículo 108. Homologación de la declaratoria
de adoptabilidad. Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, una niña o
un adolescente habiendo existido oposición en la actuación administrativa, y
cuando la oposición se presente en la oportunidad prevista en el parágrafo
primero del artículo anterior, el Defensor de Familia deberá remitir el
expediente al Juez de Familia para su homologación.
En
los demás casos la resolución que declare la adoptabilidad producirá, respecto
de los padres, la terminación de la patria potestad del niño, niña o
adolescente adoptable y deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría
o de la oficina de registro civil.”
[20] El
referido Auto fue notificado por medio de Estado Número 212 del 3 de junio de
2015, fijado a las 8:00 a.m. y desfijado a las 5:00 p.m. del mismo día. Ver
folios 12 a 14 del Cuaderno 2 del Expediente.
[21]
Mediante Auto de 25 de febrero de 2015, el Juzgado Tercero de Familia admitió
las diligencias de restablecimiento de derechos de los hermanos Ortiz Prada.
[22] 16 de
abril de 2014.
[23] 17 de
junio de 2014.
[24]
Ibídem.
[25]
Ibídem.
[26]
Ibídem.
[27] Reglamentado
por el Decreto Nacional 4840 de 2007.
[28] 10 de
septiembre de 2014.
[29] 10 de
octubre de 2014.
[30] mediante Autos No. 160 y
187 de 2014.
[31]Las
diligencias administrativas de los hermanos Ortiz Prada le fueron
asignadas al Juzgado Tercero de Familia de Manizales.
[32] Sala de Selección Número Dos.
[33] 27 de
abril de 2015.
[34] Nació
el 13 de septiembre de 1996.
[35] El CEDER.
[36] En la
referida providencia el Juez Tercero de Familia de Manizales señala: “Aunque
la joven [Camila Ortiz Prada], es mayor de edad, próxima a cumplir los 19 años,
también la cobijará dicho pronunciamiento, teniendo en cuenta que sufre una
“discapacidad cognitiva”, como se evidencia a folios 8 al 10 de su cuaderno, y
que precisa de atención especial que puede brindársele por el CEDER, a través
de los programas que tiene convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.”
[37]
Folios 69 a 70.
[38]
Ibídem.
[39] T-270
de 2017.
[40] Al
respecto, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-543 de 1992, C-590
de 2005, C-591 de 2005, T-343 de 2010, T-462 de 2003.
[41] T-018 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[42]
Sentencia C-543 de 1992.
[43]
Ibídem.
[44] Ver Sentencia T-217 del 23 de marzo de 2010, M.P.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[45] M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[46] M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[47]
Sentencia T-396 de 2014.
[48]
Sentencia C-590 de 2005, reiterada en las sentencias T-786 de 2011 y T-112 de
2012.
[49] Ver:
Sentencia T-364 de 2009.
[50] Ver
al respecto, entre otras, Sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998. M.P.,
T-001 de 1999, T-377 de 2000. M.P., T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de
2005,  T-061 de 2007, T-079 de 1993, T-231 de 1994 T-001 de 1999, T-814 de
1999, T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de
2003.,T-205 de 2004 , T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004,
T-056 de 2005, T-189 de 2005,  T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008,
T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009.
[51]
Sentencia T-189 de 2005.
[52]
Sentencia T-205 de 2004.
[53]
Sentencia T-800 de 2006.
[54] Sentencia
T-522 de 2001.
[55]
Sentencia SU-159 de 2002.
[56]
Sentencias T-051 de 2009, T-1101 de 2005. y T-1222 de 2005.
[57]
Sentencia T-462 de 2003, Sentencia T-001 de 1999.
[58]
Sentencia T-066 de 2009. Sentencia T-079 de 1993.
[59]
Sentencia T-814 de 1999.
[60] Sentencia T-018 de 2008
[61] Sentencia T-086 de 2007
[62]
Sentencia T-231 de 1994.
[63]
Sentencia T-807 de 2004.
[64]
Sentencia T-056 de 2005. Ver además T-066 de 2009.
[65]
Sentencia T-949 de 2009.
[66]
Sentencia T-114 de 2002, T- 1285 de 2005.
[67]
Sentencia T-086 de 2007.
[68] Ver las
sentencias T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y T-462 de 2003.
[69]Ver Sentencia
T-1285 de 2005. Además, en la sentencia T-193 de 1995, esta Corporación señaló:
"Es razonable exigir, en aras del principio de igualdad en la
aplicación de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren
autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las
altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y
adecuada su decisión, pues, de lo contrario, estarían infringiendo el principio
de igualdad (CP art.13). A través de los recursos que se contemplan en cada
jurisdicción, normalmente puede ventilarse este evento de infracción a la
Constitución”. Sobre este tema, también puede consultarse la sentencia
T-949 de 2003.
[70]
Sentencia T-086 de 2007.
[71] Sobre
el tema pueden consultarse, además, las sentencias SU-1184 de 2001; T-1625 de
2000; T-522 de 2001; T-047 de 2005. En la sentencia T-522 de 2001, la Corte
señaló que: “es evidente que se desconocería y contraven­dría abiertamente
la Carta Política si se aplica una disposición cuyo contenido normativo es
precisamente, y solamente, impedir que se otorguen medi­das de aseguramiento a
los sindicados porque los procesos se adelantan ante jueces especializados”,
razón por la cual el juez, al constatar su existencia, tendría que haber
aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
[72] Sentencia
T-086 de 2007. Ver además Sentencia T-808
de 2007 “… en cualquiera de estos casos debe estarse frente a un
desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso
concreto, de manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la
del funcionario judicial sea notoria y no tenga respaldo en el margen de
autonomía e independencia que la Constitución le reconoce a los jueces (Art.
230 C.P.). Debe recordarse además, que el amparo constitucional en estos casos
no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda
sujeto a una providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento
jurídico”.
[73]
Sentencia T-949 de 2009.
[74] Cfr. Sentencias T-500 de 1993, C-402 de 1995,
SU-195 de 1998, T-024, T-735 y T-968 de 2009, T-884 de 2011 y T-689 de 2012.
[75] Cfr. Sentencias T-709 de 1998, C-738 de 2008,
T-170 de 2010, T-557 de 2011, T-260 de 2012 y T-206 de 2013.
[76] Aprobada por la Ley 12 de 1991.
[77] En la Observación General No. 5 de 2003, sobre
Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño
(artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44), al describir la obligación
de los Estados Partes de adoptar medidas generales de aplicación, el Comité de
los Derechos del Niño precisa que dichos Estados deben “garantizar en la
máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”, de tal
suerte que “interpreten el término “desarrollo” [art. 6.2 de la
Convención de Derechos del Niño] en su sentido más amplio, como concepto
holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral,
psicológico y social del niño” y, por lo tanto, que “las medidas de
aplicación deben estar dirigidas a conseguir el desarrollo óptimo de todos los
niños”.
[78] Cfr. Sentencias T-290 de 1993, SU-195 de 1998,
C-997 de 2004 y T-012 de 2012.
[79] En este mismo sentido, el sexto principio de la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 precisa que “El niño, para el
pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión.
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de
sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y
material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de
corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la
obligación de cuidad especialmente a los niños sin familia o que carezcan de
medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de
familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole”.
[80] Eur. Court H.R., Case of Buchberger v. Austria, Judgment of 20
December 2001, para. 35; Eur. Court H.R., Case of
T and K v. Finland, Judgment of 12 July 2001, para. 151; Eur. Court
H.R., Case of Elsholz v. Germany, Judgment of 13 July 2000, para. 43; Eur.
Court H.R., Case of Bronda v. Italy, Judgment of 9 June 1998, Reports
1998-IV, para. 51; y Eur. Court H.R., Case of Johansen v. Norway,
Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-IV, para. 52.
[81] inter alia, Eur. Court H.R., Case
of Buchberger v. Austria, Judgment of 20 November 2001, para. 35; Eur.
Court H.R., Case of Elsholz v. Germany, Judgment of 13 July 2000, para. 43;
Eur. Court H.R., Case Bronda v. Italy, Judgment of 9 June 1998, Reports
1998-IV, para. 51; y Eur. Court H.R., Case of Johansen v. Norway,
Judgment of 7 August 1996, Reports 1996-III, para 52.
[82] Eur. Court H.R., Case of T and K v. Finland, Judgment of 12 July
2001, para. 168; Eur. Court H.R.  Case of Scozzari and Giunta v.
Italy, Judgment of 11 July 2000, para. 148; y Eur. Court H.R., Case of
Olsson v. Sweden (no. 1), Judgment of 24 March 1988, Series A no. 130, para.
72.
[83] Cfr. Sentencias T-254 y T-1275 de 2005, T-566 de
2007, T-515 de 2008 y T-572 de 2009.
[84] Cfr. Sentencias T-752 de 1998, T-887 de 2009 y T-012 de
2012.
[85] Sentencia T-887 de 2009.
[86]
Sentencias T-529 de 1992, T-531 de 1992, T-178 de 1993, T-217 de 1994, T-290 de
1995, T-587 de 1998, T-715 de 1999, T-1214 de 2000, T-209 de 2002 y T-887 de
2009, entre otras.
[87] Por
ejemplo, el artículo 20 de la convención sobre los derechos del niño; el
principio 6 de la Declaración de los derechos del niño; la “Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la
Protección y el Bienestar de los Niños, con Particular Referencia a la Adopción
y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional e Internacional”,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diciembre 3 de 1986;
el Convenio de la Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en
Materia de Adopción Internacional, hecho el 29 de mayo de 1993 y ratificado por
Colombia mediante la Ley 265 de 1996.
[88] Como lo
recuerda la Corte Constitucional en la sentencia T-510 de 2003 esta regla ha
sido aplicada por la Corte Europea de Derechos Humanos, entre otras en el caso
de Keegan vs. Irlanda -sentencia del 19 de abril de 1994-  en la cual se
declaró que se había violado la Convención Europea de Derechos Humanos al
impedir que un padre biológico que no había visto a su hija desde su nacimiento
se opusiera efectivamente a su entrega en adopción).
[89] Al
respecto, en la sentencia T-887 de 2009, se sostuvo que: “Es así como la
Convención sobre los derechos del niño acentúa, de manera especial, que la
familia cumple un papel muy destacado en la vida de los niños y de las niñas.
Desde esta perspectiva, los artículos 5º, 9º, y 18 de la Convención mencionan a
la familia como grupo fundamental de la sociedad y como entorno propicio para
el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y de los niños. El artículo
7º, prevé, a su turno, que la niñez tiene “derecho a conocer a sus padres y a
ser criada por ellos, en la medida en que ello sea posible”. El principio 6º de
la Declaración de la ONU sobre los Derechos del Niño se pronuncia en sentido
similar y determina que cuando resulte factible que los niños y las niñas
permanezcan en su entorno familiar, así deberá ser. El mismo principio subraya
que los niños o niñas sólo podrán ser separados de su familia biológica por
motivos excepcionales”.
[90] Sentencia T-510 de 2003 y T-887 de 2009.
[91] En
la sentencia T-887 de 2009, esta Corporación recordó que “La protección
estatal de la familia debe ser integral. De este modo, las autoridades públicas
“deben abstenerse de adoptar medidas administrativas o judiciales que, en la
práctica, impliquen violar la unidad familiar, so pretexto, por ejemplo, de
amparar los derechos fundamentales de alguno de sus integrantes”. A contrario
sensu, tales autoridades tienen la obligación de adelantar programas y
políticas públicas así como de adoptar medidas encaminadas “a lograr un difícil
equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas de las familias
y la atención y cuidados especiales que merecen los niños”. Las autoridades del
nivel nacional, departamental y municipal, “deben contar con programas sociales
dirigidos a brindarle a las familias opciones para que los niños permanezcan en
un ambiente sano y seguro, mientras que sus progenitores cumplen con sus
deberes laborales”.
[92] Corte
Constitucional, Sentencia C-477 de 1999.
[93] C-683
de 2015.
[94] Corte Constitucional, Sentencia T-587 de 1998.
[95] Corte
Constitucional, Sentencia T-510 de 2003. En aquella oportunidad la Corte
constató que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desconoció el
interés superior de una menor, en especial su derecho a tener una familia y no
ser separada de ella, al aplicar la norma legal sobre irrevocabilidad del
consentimiento para dar en adopción transcurrido un mes, y en consecuencia
negar a su madre biológica la posibilidad de recuperar a su hija, dada en
adopción en forma irregular puesto que dicho consentimiento no fue idóneo al no
ser apto, asesorado e informado.
[96] Ley
1098 de 2006, artículos 54 y 56.
[97] Ley
1098 de 2006, artículos 57 y 58.
[98] Ley
1098 de 2006, artículo 59.
[99] Supra 3.5.1.
[100] Cfr. Sentencias T-576 de 2008, T-887 de 2009,
T-557 de 2011 y T-012 de 2012.
[101] En
la sentencia T-576 de 2008, sostuvo esta Corporación que una sociedad que no
vela porque “sus niños y niñas crezcan saludables en un ambiente propicio
para ejercer de modo pleno sus derechos, libres de carencias, de maltratos, de
abandonos y de abusos, no sólo pone en duda su presente sino que siembra serias
incertidumbres sobre lo que habrá de ser su futuro”.
[102] Sentencia T-887 de 2009.
[103] Artículo 2
1.
Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención
y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción
alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o
social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes
legales.
2.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa
de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de
sus padres, o sus tutores o de sus familiares.
Artículo
4
Los
Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de
otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y
culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la
cooperación internacional.
[105] Artículo 3
1.
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que
se atenderá será el interés superior del niño.
2.
Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado
que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y
deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley
y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.
3.
Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en
relación con la existencia de una supervisión adecuada.
[106] El Comité de Derechos del Niño ha establecido la necesidad de
integrar en la legislación, o bien, de efectivizar lo consagrado en la misma,
como una de las recomendaciones principales para atender el interés superior
del niño, inter alia, Informe del Comité de Derechos del Niño en
Paraguay, 2001; Informe el Comité de Derechos del Niño en Guatemala, 2001;
Informe del Comité de Derechos del Niño en República Dominicana, 2001; Informe
del Comité de Derechos del Niño en Surinam, 2000; Informe del Comité de
Derechos del Niño en Venezuela, 1999; Informe del Comité de Derechos del Niño
en Honduras, 1999; Informe del Comité de Derechos del Niño en Nicaragua, 1999;
Informe del Comité de Derechos del Niño en Belice, 1999; Informe del Comité de
Derechos del Niño en Ecuador, 1999; e Informe del Comité de Derechos del Niño
en Bolivia, 1998.
[107] Cfr.,
Corte Constitucional, Sentencias C-019 de 1993, T-290 de 1993, T-278 de 1994,
T-442 de 1994, T-408 de 1995, T-412 de 1995, T-041 de 1996, SU-225 de 1998,
T-514 de 1998, T-587 de 1998, T-715 de 1999, C-093 de 2001, C-814 de 2001,
T-979 de 2001, T-189 de 2003, T-510 de 2003, T-292 de 2004, C-507 de 2004,
C-796 de 2004, T-864 de 2005, T-551 de 2006, C-738 de 2008, C-149 de 2009,
C-468 de 2009, T-078 de 2010, T-572 de 2010, C-840 de 2010 y C-177 de 2014,
entre muchas otras.
[108] Corte
Constitucional, Sentencia T-278 de 1994. Como medida de protección la Corte
ordenó la permanencia de una menor en el hogar de una pareja que la había
cuidado durante los últimos cinco (5) años, con la cual había formado sólidos
lazos psicoafectivos cuya ruptura incidiría negativamente sobre su proceso de
desarrollo integral, a pesar de que su madre biológica –que la había entregado
voluntariamente a dicha pareja- había expresado al ICBF su voluntad de
reclamarla.
[109] Corte
Constitucional, Sentencia T-715 de 1999. La Corte amparó los derechos de una
menor que fue separada abrupta e intempestivamente de su hogar sustituto en el
que había permanecido sus cerca de cinco (5) años de vida.
[110] C-683
de 2015.
[111]
Artículo 50, Ley 1098 de 2006.
[112]
Artículo 99 de la Ley 1098 de 2006.
[113]
Artículo 100 de la Ley 1098 de 2006.
[114]“Lineamiento
técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados”
[116]
T-773 de 2015.
[117]
Artículo 103, Ley 1098 de 2006.
[118] “Lineamiento
técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados”
[119]
Artículo 2.2.4.9.2.5 del Decreto 1069 de 2015.
[120] Resolución
No.1526 de 2016.
[121] “Lineamiento
técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados”
[122] “Lineamiento
técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados”
[123]
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepto No.58 de abril 23 de 2013.
[124]
Ibídem.
[125]
Artículo 123 Código de la Infancia y la Adolescencia.
[126] Sentencias T-079
de 1993 y T-293 de 1999.
[127] 10
de septiembre de 2014.
[128] 10
de octubre de 2014.
[129]
10 de octubre de 2014.
[130]
27 de octubre de 2014.
[131] 16
de abril de 2014.
[132] 17
de junio de 2014.
[133]
Ibídem.
[134]
Ibídem.
[135]
Ibídem.
[136]
Yenny Milena Pulido Forero.
[137] Artículo 100. Trámite. Reglamentado por
el Decreto Nacional 4840 de 2007. (…) Parágrafo 2°. En todo
caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura
oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se
presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento
del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para
resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión
correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir
conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de
Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo.
Cuando el Juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría
General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que
haya lugar.
Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el
comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, el director
regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta
por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses
iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga.” (Subraya y negrilla
fuera del texto original).
[138]
Dicho proceso le correspondió al Juzgado Tercero de Familia de Manizales.
[139] Artículo 119. Competencia del Juez de Familia en
Única Instancia. Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras
leyes, corresponde al juez de familia, en única instancia:
1. La homologación de la resolución que
declara la adoptabilidad de niños, niñas o adolescentes.
2. La revisión de las
decisiones administrativas proferidas por el Defensor de Familia o el comisario
de familia, en los casos previstos en esta ley.
3. De la restitución
internacional de niños, niñas y adolescentes.
4.
Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el
Comisario de Familia haya perdido competencia.
Parágrafo. Los asuntos regulados en este código deberían ser tramitados con
prelación sobre los demás, excepto los de tutela y habeas corpus, y en todo
caso el fallo deberá proferirse dentro de los dos meses siguientes al recibo de
la demanda, del informe o del expediente, según el caso. El incumplimiento de
dicho término constituye causal de mala conducta. (Negrilla y subraya por fuera
del texto original)
[140] Parágrafo 2 del artículo 100[140] de la Ley de Infancia y Adolescencia.
[141] Artículo 100.
Trámite. Reglamentado por
el Decreto Nacional 4840 de 2007. (…) Parágrafo 2°. En todo
caso, la actuación administrativa deberá resolverse dentro de los cuatro meses
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o a la apertura
oficiosa de la investigación, y el recurso de reposición que contra el fallo se
presente deberá ser resuelto dentro de los diez días siguientes al vencimiento
del término para interponerlo. Vencido el término para fallar o para
resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la decisión
correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir
conociendo del asunto y remitirá inmediatamente el expediente al Juez de
Familia para que, de oficio, adelante la actuación o el proceso respectivo.
Cuando el Juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría
General de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que
haya lugar.
Excepcionalmente y por solicitud razonada del defensor, el
comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía, el director
regional podrá ampliar el término para fallar la actuación administrativa hasta
por dos meses más, contados a partir del vencimiento de los cuatro meses
iniciales, sin que exista en ningún caso nueva prórroga.” (Subraya y negrilla
fuera del texto original).
[142]
Resolución No.5929 de 2010
[143] “Lineamiento
técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados”
[144]
Folio 1. Historia de Atención No.99060708955.
[145]
30 de enero de 2012.
[146]
Folios 1-8. Historia de Atención No.99060708955.
[147]
Folio 13. Historia de Atención No.99060708955.
[148]
Folio 21. Historia de Atención No.99060708955.
[149]
Folio 21-22. Historia de Atención No.99060708955.
[150]
[151]
[152]
Folio 84. Historia de Atención No.99060708955.
[153]
[154]
Folios 117 a 119. Historia de Atención No.99060708955.
[155]
Folio 119. Historia de Atención No.99060708955.
[156]
Folio 135. Historia de Atención No.99060708955.
[157]
El 3 de febrero de 2012.
[159] “Lineamiento
técnico administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de
derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados,
amenazados o vulnerados”
[160]
T-503 de 2003 y T-397 de 2004.
[161]
Sentencia SU-159 de 2002.
[162] 27
de abril de 2015.
[163]
Nació el 13 de septiembre de 1996.
[164] El CEDER.
[165]
Folios 69 a 70.
[166]Ibídem.
[167] 16
de abril de 2014.
[168] 17
de junio de 2014.
[169]
Ibídem.
[170]
Ibídem.
[171]
Artículo 2.2.4.9.2.5 del Decreto 1069 de 2015.
[172]
Nació el 14 de abril de 2002.
[173]
Nació el 4 de agosto de 2005.
[174]
Nació el 22 de agosto de 2008.
[175]
Nació el 7 de junio de 1999.