T-986-04
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-986/04
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Elementos que
definen su ocurrencia y efectos
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia: expediente T-956082
Acción de tutela instaurada por Nidia Villada contra la E.P.S.
SANITAS.
Magistrado Ponente:
Dr. HUMBERTO SIERRA PORTO
Bogotá, D. C., ocho (8) de octubre de dos mil cuatro (2004)
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política y en el
Decreto 2591 de 1991, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por los
Juzgados Sesenta Civil Municipal y Octavo Civil del Circuito de Bogotá, en el
trámite de la acción de tutela instaurada por  Nidia Villada contra la E.P.S.
Sánitas.
I. ANTECEDENTES.
La señora Nidia Villada instauró acción de tutela contra Sánitas
E.P.S. por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la
seguridad social y a la integridad personal, en razón a que esa entidad se
niega a suministrarle un medicamento necesario para tratar los problemas
psiquiátricos que padece.
Fundamentó su solicitud en los siguientes hechos:
Se
encuentra vinculada a la entidad demandada desde hace aproximadamente
doscientas semanas. Desde diciembre de 2001 le fueron diagnosticadas las
patologías denominadas trastorno depresivo mayor y trastorno obsesivo
compulsivo, enfermedades que deben ser tratadas con medicamentos
antidepresivos. Indica que su tratamiento empezó con PROZAC, pero tuvo una
reacción negativa a ese medicamento, por ello su médico tratante cambió la
medicación y ordenó el suministro de IMIPRAMINA, DIFENHIDRAMINA, CLONAZEPAM Y
EFEXOR XM. No obstante, su mejoría fue lenta y por ello el doctor Edwin Erazo,
médico psiquiatra de la Clínica Retornar, entidad que presta sus servicios a
Sánitas E.P.S., le prescribió el medicamento denominado RISPERDAL con el cual
obtuvo una notable mejoría en su tratamiento. Agrega que ha venido adquiriendo
por su cuenta el citado medicamento, pero ahora le es imposible debido a que
sólo gana el salario mínimo.
Solicita,
en consecuencia, se ordene a Sánitas E.P.S. que le suministre en forma continua
y sin interrupciones el medicamento RISPERDAL en las cantidades y por el tiempo
que su médico tratante lo indique.
II. INTERVENCIÓN DE SANITAS E.P.S.
El
Representante Legal de Sánitas E.P.S., en oficio dirigido al Juez Sesenta Civil
Municipal de Bogotá, solicitó denegar de tutela; informó que la señora Nivia
Villada ya había interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos ante
el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, por lo que en el presente
caso, en concordancia con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la
demandante habría incurrido en un actuación temeraria.
III. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
Conoció del presente caso en primera instancia el Juzgado Sesenta
Civil Municipal de Bogotá D.C., que en sentencia del 12 de mayo negó el amparo
solicitado por la demandante, tras considerar que la acción de tutela no puede
ser utilizada para reemplazar los mecanismos legales ya establecidos, como
quiera que tiene un carácter residual y subsidiario, aunado a lo anterior, puso
de presente que la señora Villada ya había incoado otra acción de tutela por
los mismos hechos y derechos invocados en el presente proceso, desacatando así
la prohibición contemplada en el artículo 38 de Decreto 2591 de 1991. Anotó que
en aquella oportunidad, la tutela había sido negada en tanto la demandante no
aportó prueba de su incapacidad económica, a pesar de haber sido requerida por
el juez de tutela.
Impugnada la anterior decisión, el Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Bogotá D.C., en sentencia de julio 6 de 2004, confirmó la decisión del a
quo por las mismas consideraciones.
IV. PRUEBAS RELEVANTES QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE.
En
el expediente obran las siguientes pruebas:
·
A folio 11 del cuaderno de primera instancia,
copia de la fórmula médica de fecha enero 23 de 2004, mediante la cual le fue
prescrito el medicamento denominado RISPERDAL.
·
A folio 18 del cuaderno de primera instancia,
oficio del Juzgado Cuarenta y Ocho Civil Municipal de Bogotá, a través del cual
es notificada la E.P.S Sánitas de la iniciación por parte de la señora Nidia
Villada de una acción de tutela en su contra.
·
A folios 29 al 33 del cuaderno de primera
instancia, copia de la respuesta que Sánitas E.P.S. le dio al Juzgado Treinta y
Ocho Civil Municipal el 24 de marzo de 2004 respecto de la acción de tutela
iniciada por la señora Villada, por el no suministro del medicamento denominado
RISPERDAL.
·
A folios 43 al 50 del cuaderno de primera
instancia, copia de la sentencia del Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de
Bogotá, dictada dentro de la acción de tutela iniciada por la aquí demandante
contra Sánitas E.P.S. por el no suministro del medicamento denominado
RISPERDAL.
V.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.  La competencia
Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la
decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con
fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en
concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991.
2. El asunto
planteado
En reiteradas oportunidades se ha dicho por esta
Corporación que el objeto de la acción de tutela es la defensa de los derechos
fundamentales, cuando una persona es afectada o amenazada en cuanto al goce de
ellos por acción u omisión de la autoridad pública o de particulares en los
casos definidos por la ley. Pero la Corte, con fundamento en el Decreto 2591 de
1991, está en la obligación de examinar si la actuación es temeraria o
no.
3. Evaluación de una posible actuación temeraria
dentro de una acción de tutela.
Fundamentada en
la normatividad vigente al respecto[1],
esta Corporación ha sintetizado una serie de elementos que definen la
ocurrencia  de una actuación  temeraria. El artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, establece:
“Cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
“El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de
tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la
suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de
reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las
demás sanciones a que haya lugar”.
De
la norma se deducen los siguientes presupuestos:
a)
Que una misma acción de tutela sea presentada en
varias oportunidades.
b) Que las varias tutelas sean presentadas por la misma persona o su
representante, se hagan iguales peticiones porque los hechos son idénticos.
c)
Que la reiterada invocación de la tutela se
realice sin motivo expresamente justificado.
De
lo anterior se concluye que existe temeridad por parte de un accionante, cuando
se presenta en más de una oportunidad acción de tutela sobre los mismos hechos
y derechos.  Es por ello que se exige bajo la gravedad del juramento la
manifestación de no haber presentado otra demanda de tutela por los mismos
hechos.
El artículo 37,
inciso 2 del Decreto 2591 de 2001, establece:
"El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo
la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos
hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las
consecuencias penales del falso testimonio".
Esta Corte, con
respecto a las consecuencias de la declaración juramentada, en la sentencia
T-01/97[2],
expresó lo siguiente:
"… la obligación impuesta al accionante sobre prestación de
juramento en el señalado sentido se endereza también a impedir la concurrencia
de fallos eventualmente distintos o contradictorios en torno al mismo caso,
para lo cual la propia norma legal ordena que la competencia para conocer de
las acciones de tutela se radique "...a prevención..." (se
subraya) en los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde
ocurriere la violación o amenaza que motivaron la presentación de la solicitud.
Ello significa que, definido el juez o tribunal al que corresponde decidir,
excluye a los demás en la definición del asunto, sin perjuicio de la segunda
instancia, también predeterminada por el legislador pues debe tramitarse ante
el superior jerárquico correspondiente (artículo 32 eiusdem).
Este requisito no se opone a la informalidad de la tutela - ya
subrayada por la jurisprudencia en varias ocasiones (Cfr. Corte Constitucional.
Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-459 del 15 de julio de 1992)-, pues
apenas busca prevenir la utilización abusiva de tal instrumento y hacer
consciente al actor, mediante las expresas advertencias que debe formularle el
respectivo despacho judicial, sobre las consecuencias jurídicas que le
acarrearían el perjurio o la actuación temeraria.
… la estricta sujeción a este mandato de la ley, en vez de atentar
contra la economía procesal y la celeridad de los procesos, es valioso elemento
para alcanzar tales fines constitucionales, al paso que su desconocimiento da
lugar a los perniciosos efectos ya indicados".
La cautela legal enunciada, si bien es elemento disuasivo, en cuanto
expone al infractor a las consecuencias penales del juramento en vano, requiere
ser complementada, como en efecto lo ha sido por el artículo 38 del Decreto
2591 de 1991, con la previsión de sanciones específicas que recaen sobre el
objeto mismo de las pretensiones, en cuanto al particular solicitante, y sobre
la hoja de vida y el futuro ejercicio profesional de su apoderado."
Sobre el tema de
temeridad, en la sentencia T-149/95, se dijo lo siguiente:
"La Corte comparte la preocupación de los falladores de
instancia, en el sentido de que el ejercicio abusivo de la acción de tutela por
parte de personas inescrupulosas, atenta contra los principios de moralidad,
eficacia y economía de la administración de justicia (CP arts. 205, 228). No
obstante, en el presente caso, no encuentra que se haya incurrido en esta
modalidad de ejercicio temerario, por las siguientes razones:
2.1 El legislador sanciona con el rechazo de la solicitud, el
ejercicio plural de una misma acción de tutela ante varios jueces o
tribunales, salvo la existencia de un motivo expresamente justificado (D. 2591
de 1991, art. 38). Los hechos que dan lugar a la interposición de una acción de
tutela, se refieren a la actuación u omisión de una autoridad
pública o de un particular, en los casos establecidos en la ley (CP art. 86, D.
2591 de 1991, art. 42). El deber de manifestar, bajo la gravedad del juramento,
que no se ha presentado otra acción de tutela, sólo es predicable
"respecto de los mismos hechos y derechos". Una
interpretación sistemática de las anteriores disposiciones legales permite
concluir que los hechos que motivan la solicitud de tutela no pueden apreciarse
separadamente de los derechos fundamentales cuya vulneración o amenaza se
aduce.
4. Caso concreto
Encuentra
la Sala en el presente caso que la demandante actúo temerariamente al
interponer en dos oportunidades la acción de tutela, por los mismos hechos y
pretensiones. En la primera ocasión la instauró ante el Juzgado Cuarenta y Ocho
Civil Municipal de Bogotá, que despachó desfavorablemente sus pretensiones con
sentencia de abril 2 de 2004, ante la imposibilidad de comprobar la incapacidad
económica de la demandante. Por segunda vez interpuso la acción de tutela en el
mismo mes de abril de 2004, afirmando que no había presentado tutela anterior.
Esta última le correspondió al Juzgado Sesenta Civil Municipal de Bogotá, que
mediante sentencia de 12 de mayo de 2004 decidió negar el amparo solicitado,
considerando que la demandante había actuado temerariamente al interponer la
acción de tutela por segunda vez; impugnada la decisión, el Juez Octavo Civil
del Circuito confirmó la decisión del a quo con las mismas consideraciones.
Asiste
razón a los Jueces que conocieron del presente caso, como quiera que este
asunto reúne los presupuestos anteriormente enunciados. En efecto, i) la misma
acción de tutela fue presentada en dos oportunidades, ii) en los dos casos
aparece como demandante la señora Nidia Villada, exigiendo por esta vía el
medicamento denominado RISPERDAL, que le fuera prescrito desde enero de 2004,
iii) no existe ningún elemento nuevo o sobreviniente que le permita al menos
suponer a la Sala que está ante una situación nueva o que las condiciones de la
presente acción son diferentes a las que existían al momento de la
interposición de la primera acción de tutela ante el Juez Cuarenta y Ocho Civil
Municipal.
Es
evidente en este caso:  1. que la accionante faltó  a lo dispuesto en el
artículo 37 del Decreto 2591, que ordena al peticionario avisar en el momento
de formular una acción de tutela, si ha presentado otra acción por los mismos
hechos y derechos ante autoridades diversas;  2. Entre las dos demandas
transcurrió un lapso de un mes y dos semanas, por esta razón no se advirtió
ningún hecho nuevo que justificara la presentación de una segunda petición de
amparo.  3. Los hechos son exactamente los mismos y los derechos alegados como
vulnerados  igualmente corresponden con los de la primera acción de tutela,
amén de que la fórmula médica utilizada fue la misma que había sido expedida en
enero de 2004.
En consecuencia, habiéndose acreditado la temeridad por parte de la
demandante, la Sala confirmará los fallos de instancia.
VI. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
Primero. CONFIRMAR la sentencia
proferida por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá el doce de mayo de
2004, mediante la cual confirmó el fallo del Juzgado Sesenta Civil Municipal de
Bogotá, que negó por actuación temeraria la tutela impetrada por la señora
Nidia Villada contra Sánitas E.P.S..
Segundo. Por Secretaría, líbrese la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese e insértese en la Gaceta de la
Corte Constitucional y cúmplase.
HUMBERTO SIERRA PORTO
Magistrado Ponente
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1]
Decreto 2591 de 1991.
[2]
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.