T-121-98
Sentencia T-121/98
Sentencia
T-121/98
DERECHO DE DEFENSA-Comunicación
oportuna de existencia de investigación penal/DERECHO A LA
PRESUNCION DE INOCENCIA-Comunicación oportuna de existencia de
investigación
La participación
del inculpado en las diligencia preliminares se constituye en una de las
garantías procesales, que deben ser respetadas por el investigador, pues a
través de ella se le permite ejercer en forma oportuna su derecho de defensa,
tal como lo reconoció esta Corporación, al expresar que "...el derecho al
debido proceso contiene en su núcleo esencial el derecho a conocer tan pronto
como sea posible la imputación o la existencia de una investigación penal en
curso -previa o formal-, a fin de poder tomar oportunamente todas las medidas
que consagre el ordenamiento en aras del derecho de defensa... El derecho  a la
presunción de inocencia, que acompaña a toda persona hasta el momento en que se
le condene en virtud de una sentencia en firme, se vulnera si no se comunica
oportunamente la existencia de una investigación preliminar a la persona
involucrada en los hechos, de modo que ésta pueda ejercer su derecho de
defensa, conociendo y presentando las pruebas respectivas. La inocencia como
valor individual comprende su defensa permanente, la cual mal puede diferirse a
un momento lejano  luego de que el Estado sin conocimiento del imputado  y por
largo tiempo haya acumulado en su contra un acervo probatorio que sorprenda y
haga difícil su defensa..."
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL-Investigación
previa sin participación del inculpado
El estatuto penal
ha consagrado una serie de mecanismos dentro del mismo proceso, si por ejemplo,
se ha conducido una investigación sin la participación de quienes se consideran
responsables de los hechos objeto de investigación. El principal remedio
procesal que se ha erigido para garantizar los derechos de defensa y debido
proceso, es la nulidad (artículo 304, numeral 3 del Código de Procedimiento
Penal) que, en términos del artículo 306 del mismo Código, puede interponerse
hasta el término de traslado común para preparar la audiencia. En caso
contrario,  sólo podrá debatirse en el recurso de casación.
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL EN INVESTIGACION PENAL-Convalidación de actuación por no ejercicio oportuno
CALIFICACION DE CONDUCTA EN INVESTIGACION PENAL-Posibilidad de ampliación de cargos/RESOLUCION DE
SITUACION JURIDICA-Decisión provisional/MEDIDAS
DE ASEGURAMIENTO-Probable responsabilidad de sindicados
La calificación
de la conducta que se hace al momento de resolverse la situación jurídica de un
imputado, dentro de una investigación penal, no limita al investigador para
que, con fundamento en las pruebas que se recauden, se amplíen los cargos por
los hechos punibles investigados. El estatuto penal exige que, para dictar una
medida de aseguramiento al momento de resolver la situación jurídica, exista
prueba sobre los hechos que se investigan y la probable responsabilidad de
los sindicados, sin que ello implique un debate previo, pues la providencia que
resuelve la situación jurídica es, en últimas, una decisión  provisional que
depende de la prueba que exista en el proceso. La providencia que resuelve la
situación jurídica, es producto de un proceso deductivo que hace el juez de los
hechos y las pruebas que existen en el proceso. Por tanto, su  requisito
esencial lo constituye la existencia de una imputación fáctica más no jurídica,
que le permita al sindicado ejercer en debida forma su derecho defensa. Lo
importante es hacer referencia en la indagatoria a todos los  hechos y
conductas que se investigan e imputan al indagado, mas no expresamente
mencionar  un tipo penal por su denominación jurídica. Es claro que se
vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso si, al momento de
resolverse la situación jurídica de un imputado, se le dicta medida de
aseguramiento  por hechos por los que nunca fue indagado.
MEDIO DE DEFENSA
JUDICIAL EN MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-No ejercicio
JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad
de indicar cómo valorar material probatorio
Referencia:  Expediente T-142.437.
Actor: Rafael Darío Pabón.
Procedencia: Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria.
Magistrado
Ponente:
Dr. JORGE ARANGO
MEJÍA.
Sentencia
aprobada en Santafé de Bogotá, Distrital Capital, en sesión del treinta y uno
(31) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala
Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Jorge Arango Mejía, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes
Muñoz, decide sobre la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Civil y Agraria, del 14 de agosto de 1997.
I.-
ANTECEDENTES.
El
actor, representado por apoderado, presentó acción de tutela contra los
fiscales que instruyeron y calificaron el mérito del sumario,  en el proceso
penal adelantado en su contra, y que actualmente se encuentra en la etapa de
juzgamiento. Los hechos que dieron origen a esta acción, pueden resumirse así:
A. Hechos.
n El actor se desempeñaba como Secretario de
la Oficina de Planeación del Departamento de Norte de Santander hasta octubre
de 1994, cuando fue nombrado como Director Administrativo del Senado de la
República. En desarrollo de sus funciones como Secretario de la Oficina de
Planeación, y por delegación  que el Gobernador le hiciera como ordenador del
gasto,  contrató  y autorizó desembolsos a  varias empresas por la compra de
equipos de sistematización para la red de informática de la administración
departamental. Empresas, algunas de ellas, ficticias, según se pudo comprobar
al descubrirse que los números del NIT, así como la direcciones que de ellas se
tenían, pertenecían a personas jurídicas diferentes a las que habían contratado
con el departamento.
n Por este hecho, así como por una posible
sobrefactuaración en los costos de los bienes y servicios prestados, se inició
investigación penal  en contra del actor  y otros empleados de la
administración departamental.
n De la investigación conoció  la Unidad
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, Fiscalía Tercera de
Administración Pública, que después de oír en indagatoria al actor, resolvió su
situación jurídica ordenando la detención preventiva por el presunto delito de
peculado por apropiación, sin derecho a excarcelación. Recurrida esta decisión,
la misma Unidad la confirmó  y adicionó,  en el sentido de dictar resolución de
acusación por otro delito, el de falsedad ideológica. Decisiones éstas,
confirmadas en segunda instancia por la Unidad Delegada ante el Tribunal del
Distrito. Posteriormente, se le concedió detención domiciliaria.
n El defensor del actor solicitó la nulidad
de estas decisiones, porque en su concepto, no existía prueba  sobre la
responsabilidad del actor, requisito esencial para dictar la medida de
aseguramiento mencionada, tal como lo exigen las normas penales. Solicitud que
fue denegada tanto en primera como en segunda instancia.
n Como consecuencia de la investigación, se
ordenó la suspensión del actor en el cargo que desempeñaba en el Senado de la
República.
En concepto del
actor, los funcionarios acusados han desconocido sus derechos fundamentales al
debido proceso  y defensa, porque en el proceso se han presentado las
siguientes irregularidades:
n No fue notificado del auto que ordenó la
apertura de la investigación.
n La adición que se hizo de la resolución de
acusación, exigía, para efectos del adecuado ejercicio del derecho de defensa,
una ampliación de la indagatoria que le permitiera conocer los cargos por el
nuevo delito del que se le acusaba: delito de falsedad ideológica.
n No existía prueba que permitiera al fiscal
acusado proferir la resolución de acusación, y, por el contrario, se
desconocieron algunas pruebas que demostraban la inexistencia de las conductas
investigadas. Igualmente, se ha negado la práctica de pruebas esenciales para
su defensa.
n Algunos fundamentos de las  decisiones, se
apoyan en normas que no regían para la fecha en que se ocurrieron  los hechos
investigados.
B. Pretensiones.
La apoderada del
actor, en su escrito de tutela, solicita lo siguiente:
“1. La reiniciación
de toda la investigación a partir de la resolución de apertura por haberse
pretermitido el inciso final del artículo 81 de la Ley 190 de 1995 sobre LAS
GARANTÍAS PROCESALES, revocando todas las decisiones proferidas, entre ellas
las Medidas de Aseguramiento, las Medidas Cautelares y la orden de suspensión
del cargo que ocupaba mi defendido como Director Administrativo del Honorable
Senado de la República para que el Doctor RAFAEL DARIO PABON DIAZ reasuma dicho
cargo.
“2. Por haberse
omitido la práctica de pruebas conducentes, se retrotraiga el proceso hasta el
inicio de la investigación para que sea completado el acervo probatorio
evitando así una Calificación de Mérito del Sumario sin el soporte probatorio
completo como acaeció con la Resolución de Acusación.
“...”
B.- Fallo de
primera instancia.
El Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cúcuta, Sala Civil-Familia, en fallo del siete (7) de
julio de mil novecientos noventa y siete (1997), denegó la tutela solicitada.
En concepto de este
despacho judicial, en la actuación penal seguida en contra del actor se  ha
observado el debido proceso, y éste ha contado con los medios de defensa
judicial para expresar su inconformidad con las decisiones adoptadas. Por
tanto, no se ha presentado ninguna vía de hecho, que haga procedente el amparo
solicitado.
C. Impugnación.
El actor,  por
intermedio de su apoderada,  impugnó la decisión de primera instancia. En el
escrito de impugnación se insiste en que en el proceso penal seguido en su
contra, se han configurado causales de nulidad y vías de hecho, que  no fueron
analizadas en el fallo de tutela recurrido.
El argumento del
Tribunal, que hace referencia a la improcedencia de la protección solicitada,
por la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, pierde fuerza
vinculante cuando, a pesar de haberse agotado los distintos medios de defensa,
la vulneración de los derechos fundamentales continúa.
D.- Fallo de
segunda instancia.
La Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, en sentencia del catorce (14) de
agosto de mil novecientos noventa y siete (1997), confirmó el fallo impugnado.
Las razones que tuvo esta Corporación, se resumen a continuación:
- Para obtener lo
pretendido, el actor cuenta y contó con los medios de defensa judicial dentro
del proceso. En este orden de ideas, las supuestas irregularidades,  consistentes
en no habérsele formulado cargos por el delito de falsedad ideológica, y la
falta de notificación del auto que ordenó la apertura de la investigación en su
fase preliminar, no fueron alegadas dentro del proceso como causales de
nulidad.
- La acción de
tutela es improcedente, ya que la misma no puede ser utilizada como medio
alternativo para resolver las controversias jurídicas relacionadas con la
tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad discutidas dentro de un proceso
penal.
II.-
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
A.- Competencia.
La Sala es
competente para decidir, según lo dispuesto en los artículos 8o. y 241, numeral
9o., de la Constitución, y 33 y 34 del decreto 2591 de 1991.
B.- Lo que se
debate.
Según el actor, sus
derechos al debido proceso y defensa fueron desconocidos por el Fiscal Delegado
ante  los jueces penales del Circuito de Cucutá, Unidad Tercera de la
Administración Pública, y por la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de esa misma ciudad,  por las razones que se enumeran a
continuación y que la Sala analizará.
1.
Falta de notificación
del auto que ordenó iniciar la investigación penal en su contra, tal como lo
exige la ley 190 de 1995.
La ley 190 de 1995,
que se cita como fundamento de esta acusación, contiene algunas disposiciones
tendientes a erradicar la corrupción administrativa y preservar la moralidad en
la administración.
En materia penal,
esta ley ordena el respeto y observancia de todas las garantías procesales, en
especial,  la presunción de inocencia. Por tanto,  ordena a los funcionarios
encargados de realizar las correspondientes investigaciones notificar la
iniciación de éstas, cuando  exista imputado conocido.
Dentro de este
contexto, es necesario analizar la forma como se desarrolló la investigación en
contra del actor, para determinar si, realmente, se desconoció su derecho de
defensa.  Para el efecto, tenemos lo siguiente:
El  Cuerpo Técnico
de Investigación Judicial -CTI-, inició una investigación por supuestas
irregularidades y corrupción entre los años de 1994 y 1995, en la
administración departamental del Norte de Santander.
Investigadores del
Cuerpo Técnico de San José de Cúcuta, rindieron,  el  16 de febrero de 1996, el
informe correspondiente a las averiguaciones realizadas en algunas dependencias
de la administración departamental, entre otras,  en la Secretaría de Obras
Públicas, en la Secretaría de Educación Departamental, en la Asamblea
Departamental, en la Contraloría Departamental, etc.
En las conclusiones
de dicho informe,  y en relación con las indagaciones realizadas en la
Secretaría de Planeación Departamental, se pudo determinar que algunas firmas
que habían recibido pagos de esta dependencia,  eran inexistentes, razón por la
que se recomendó la revisión total de las negociaciones que realizó esta
dependencia y, en especial, la evaluación de la conducta de algunos
funcionarios, entre ellos,  Rafael Darío  Pabón, quien se desempeñaba como
Secretario de Planeación Departamental. Específicamente, por solicitar
cotizaciones y ordenar el pago de bienes y servicios a empresas ficticias. Al
respecto se afirma:
“Es posible pensar,
de acuerdo a lo establecido en la documentación aportada que entre los señores
MARCOS FIDEL SANTANDER, GERMAN ENRIQUE  CARRILLO GRANADOS, JORGE ARIAS CHAUSTRE
, LISBET ARIAS  CHAUSTRE Y RAFAEL DARIO PABON, existió una sociedad de hecho
para realizar el posible punible a investigar. Se sugeriera igualmente, iniciar
las averiguaciones tendientes a establecer la fuente de ingresos del señor
Rafael Darío Pabón con el propósito de determinar si hubo incremento
patrimonial injustificado, lo anterior extensivo a su esposa ALIX MARÍA
MALDONADO LEON...”
Con fundamento en
este informe, el 20 de marzo de 1996, la Fiscal Seccional, código 263503, abrió
investigación previa y ordenó la práctica de algunas pruebas encaminadas a
establecer los costos reales de las transacciones realizadas por la Secretaría
de Planeación Departamental, y la ubicación de los bienes adquiridos.
A pesar que los
investigadores señalaron a algunos funcionarios como posibles implicados  en
los hechos investigados, no se ordenó su notificación. La vinculación del señor
Darío Pabón Díaz,  se produjo cuando él voluntariamente se presentó y fue oído
en indagatoria. Hecho éste que se produjo cuatro (4) meses después de abierta
la investigación previa.
Dentro de este
contexto, la Sala considera que la participación del inculpado en las
diligencia preliminares se constituye en una de las garantías procesales, que
deben ser respetadas por el investigador, pues a través de ella se le permite
ejercer en forma oportuna su derecho de defensa, tal como lo reconoció esta
Corporación, al expresar que “...el derecho al debido proceso contiene en su
núcleo esencial el derecho a conocer tan pronto como sea posible la imputación
o la existencia de una investigación penal en curso -previa o formal-, a fin de
poder tomar oportunamente todas las medidas que consagre el ordenamiento en
aras del derecho de defensa... El derecho  a la presunción de inocencia, que
acompaña a toda persona hasta el momento en que se le condene en virtud de una
sentencia en firme ( C.P. art 29), se vulnera si no se comunica oportunamente
la existencia de una investigación preliminar a la persona involucrada en los
hechos, de modo que ésta pueda ejercer su derecho de defensa, conociendo y
presentando las pruebas respectivas. La inocencia como valor individual
comprende su defensa permanente, la cual mal puede diferirse a un momento lejano
luego de que el Estado sin conocimiento del imputado  y por largo tiempo haya
acumulado en su contra un acervo probatorio que sorprenda y haga difícil su
defensa...” (Corte Constitucional, sentencia C-412 de 1993, Magistrado ponente,
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
Para proteger y
obtener el restablecimiento de estos derechos, el estatuto penal ha consagrado
una serie de mecanismos dentro del mismo proceso, si por ejemplo, se ha
conducido una investigación sin la participación de quienes se consideran responsables
de los hechos objeto de investigación.
El principal remedio
procesal que se ha erigido para garantizar los derechos de defensa y debido
proceso, es la nulidad ( artículo 304, numeral 3 del Código de Procedimiento
Penal) que,  en términos del artículo 306 del mismo Código,  puede interponerse
hasta el término de traslado común para preparar la audiencia. En caso
contrario,  sólo podrá debatirse en el recurso de casación.
En el caso que se
analiza, la defensa del actor, hasta la fecha en que fue interpuesta la acción
de tutela de la referencia (23 de junio de 1997), no hizo uso de este
mecanismo, por lo cual convalidó las actuaciones realizadas con anterioridad a
la vinculación de su representado a la investigación. No existió ninguna
solicitud en este sentido, pues, a pesar de  alegarse la nulidad por otras
diligencias y actos surtidos dentro del proceso, nunca se alegó irregularidad
alguna por la forma como se condujo la indagación previa.
En consecuencia, se
puede afirmar que la  irregularidad que se alega fue convalidada en los
términos que establece el artículo 308, numeral 4 del Código de Procedimiento
Penal.
¿Cómo  se
convalidaron esas actuaciones? Basta mencionar que la defensa del actor se ha
basado en una inspección realizada por el CTI con anterioridad a la vinculación
del actor (junio 6 de 1997),  para solicitar que sea esa prueba y no las
practicadas cuando el actor ya estaba vinculado al proceso, la que se tenga en
cuenta para resolver en favor de su representado. Es decir, se afirma por una
parte que hubo vulneración de los derechos de defensa y debido proceso por la
ausencia del actor en una fase de la investigación, pero al mismo tiempo se
solicita que pruebas y diligencias practicadas en ésta,  se tengan en cuenta.
Este hecho resulta
ser un contrasentido, pues no puede pretenderse razonablemente que las
actuaciones realizadas en esa etapa deban fraccionarse, para declarar que hubo
vulneración del debido proceso frente a diligencias que, en concepto de la
defensa del actor no le son favorables, y mantener, por el contrario, su
intangibilidad en las que le reportan algún beneficio.
No entiende esta
Sala, por qué la irregularidad a la que se ha venido haciendo referencia, si se
consideraba violatoria de los derechos reseñados, sólo se alegó  al momento de
interponerse la acción de tutela de la referencia. Acción que,  en estos casos,
tiene un carácter residual, y por tanto,  no puede constituirse en un mecanismo
adicional para lograr que las irregularidades cometidas en un proceso sean
subsanadas, cuando en los estatutos procesales se han establecido vías claras y
precisas para lograr el mismo resultado y ellas no se agotaron, tal como
sucedió en el caso en estudio.
En conclusión,
encuentra la Sala que la acción de tutela, por este aspecto, es improcedente.
2. La
aplicación de normas sobre contratación de menor cuantía y calificación de
registro de proponentes, que entraron a regir después de la ocurrencia de los
hechos investigados ( decreto 2150 de 1995).
Según el actor, en
la investigación penal seguida en su contra,  se está dando aplicación a normas
sobre contratación que para la fecha de los hechos no estaban vigentes.
La investigación que
se adelanta en contra del actor tiene como fundamento una sobrefacturación y la
contratación con empresas inexistentes. Hechos éstos sobre los que no incide la
aplicación de uno u otro régimen contractual,  pues el objeto de la
investigación no es establecer si se cumplieron unos determinados requisitos en
la negociación efectuada por el actor, sino definir su responsabilidad al
contratar con empresas ficticias y la posible sobrefacturación observada en
ella.
Así las cosas, la
aplicación de un régimen contractual determinado no cambia la naturaleza de los
hechos investigados, y,  por tanto, no puede afirmarse  que procede  la acción
de tutela por este hecho, cuando el proceso aún no ha concluído.
Para esta Sala,  es
claro que la aplicación de leyes que, por las circunstancias de un caso
concreto no le son aplicables,  desconoce el derecho al debido proceso, pues es
absurdo exigir el cumplimiento de leyes inexistentes,  derogadas o sin
vigencia. Sin embargo, en la investigación que se sigue contra el actor, el
régimen contractual vigente para la fecha de los hechos investigados,  no ha
sido la causa  de las  medidas que hasta la fecha se han adoptado.
3. La
modificación del auto por medio del cual se resolvió la situación jurídica del
actor, con fundamento en un recurso de reposición interpuesto en contra del
mismo, recurso que el fiscal acusado resolvió  decretando la  detención
preventiva no sólo por el delito de peculado por apropiación, sino por el de
falsedad ideológica, no viola derecho fundamental alguno.
Lo primero que debe
advertirse,  es que la calificación de la conducta que se hace al momento de
resolverse la situación jurídica de un imputado, dentro de una investigación
penal, no limita al investigador para que, con fundamento en las pruebas que se
recauden, se amplíen  los cargos por los hechos punibles investigados.
El estatuto penal
exige que, para dictar una medida de aseguramiento al momento de resolver la
situación jurídica,  exista prueba sobre los hechos que se investigan y la
probable responsabilidad  de los sindicados (artículo 389 del Código de Procedimiento
Penal), sin que ello implique un debate previo, pues la providencia que
resuelve la situación jurídica es, en últimas, una decisión  provisional que
depende de la prueba que exista en el proceso. Tal  como lo ha definido esta
Corporación, al establecer que “pretender que toda detención  o medida de
aseguramiento debe estar forzosamente precedida de un proceso íntegro llevaría
a desvirtuar su carácter preventivo y haría no en pocas ocasiones completamente
inoficiosa la función judicial, pues la decisión correspondiente podría
tropezar -casi con certeza- con un resultado inútil en lo referente a la
efectividad de la pena que llegare a imponerse.
“Debe resaltarse
que la norma constitucional del artículo 28 y las legales que desarrollan el
instituto de las medidas de aseguramiento no implican posibilidad de abuso de
las autoridades judiciales competentes, pues ésta, al tenor de la Carta, debe
estar fundada en motivos previamente definidos en la ley. Tales motivos, según
las normas acusadas, son los indicios graves de responsabilidad que existan
contra el sindicado...” ( Sentencia C-106 de 1994. Magistrado ponente, doctor
José Gregorio Hernández Galindo).
La providencia que
resuelve la situación jurídica, es producto de un proceso deductivo que hace el
juez de los hechos y las pruebas que existen en el proceso. Por tanto,  su
requisito esencial lo constituye la existencia de una imputación fáctica
más no jurídica, que le permita al sindicado ejercer en debida forma su
derecho defensa.
Por tanto, lo
importante es hacer referencia en la indagatoria a todos los  hechos y
conductas que se investigan e imputan al indagado, mas no expresamente
mencionar  un tipo penal  por su denominación jurídica. Si no se indaga sobre
algunos hechos, es claro que  la providencia en que se resuelve la situación
jurídica no pueda fundarse en ellos, razón por la que se requiere una nueva
citación para ampliar la indagatoria inicialmente presentada.
Es claro que se
vulneraría el derecho de defensa y el debido proceso si,   al momento de
resolverse la situación jurídica de un imputado, se le dicta medida de
aseguramiento  por hechos por los que nunca fue indagado.
En el caso que se
revisa, el actor fue en distintas oportunidades requerido durante la diligencia
de indagatoria  para que informará si las firmas de las constancias de recibido
de los equipos, de los actos administrativos expedidos para perfeccionar los
contratos, de las ordenes de pago y compra, etc, eran las suyas. Si bien el
actor solicitó conocer los originales para poder responder  si realmente la
firma era suya,  aceptó, en principio, su autenticidad.
Fueron estos hechos
los que sirvieron de fundamento al Fiscal 3, para considerar que se había
incurrido en una falsedad ideológica. Al respecto, afirmó la Fiscal acusada, en
la providencia que dictó como ampliación de  la inicialmente emitida.
“ En efecto vemos
como en las varias resoluciones en que el Dr. RAFAEL DARIO PABON ordenaba el
pago de sumas de dinero a las empresas ficticias, llevaban como anexo
constancia de recibido de los elementos por parte del Dr. Rafael Daría Pabón,
solicitud de cotización, informe aceptado de cotización y sabiéndose hoy en día
que tales empresas nunca han existido, puede concluirse que cada vez que el
procesado estampaba su firma en éstas constancias dando fé de lo que no era
cierto, en ejercicio de sus funciones cometía el delito de Falsedad Ideológica
en documento público de que trata nuestro código penal en su Libro Segundo,
Título VI, Capítulo Tercero, art  219 y aparte de configurarse el delito, se
cuenta con la prueba responsabilidad penal del sindicado...”
Así las cosas, no es
válido afirmar que, en el caso en estudio, se desconoció el derecho de defensa
del actor, porque el fiscal que recibió su indagatoria no se refirió
específicamente al delito de falsedad ideológica denominándolo como tal, pero
sobre el cual fue indagado fácticamente.
Admitiendo, en
gracia de discusión, que existió la violación del derecho de defensa que alega
el apoderado del actor, nuevamente es necesario recordar que la acción de
tutela es improcedente cuando no se han agotado los recursos que la ley tiene
establecidos para subsanar las irregularidades que se presenten en el proceso o
existen medios de defensa para lograr el restablecimiento del derecho
vulnerado.
En el caso en
estudio, la providencia que resolvió la situación jurídica del actor, como la
que la adicionó, fueron recurridas por vía de reposición y apelación, recursos
éstos en los que nunca se hizo mención a la acusación que ahora se pretende
plantear por  vía de tutela.
Por otra parte,
existe un control de legalidad de las medidas de aseguramiento que puede
realizar  el juez de conocimiento por petición del interesado o su defensor,
así como del Ministerio Público ( artículo 414 A del Código de Procedimiento
Penal). En el caso en estudio, no se hizo uso de este mecanismo.
En conclusión, a
pesar de existir los recursos y mecanismos legales para corregir la supuesta
irregularidad, el actor ni sus apoderados hicieron uso de éstos.  La tutela,
dentro de este contexto, no se puede convertir en el mecanismo para su
revisión.
Por este aspecto,
tampoco es procedente el amparo solicitado.
4. El
desconocimiento de las inspecciones judiciales practicadas por los
investigadores judiciales del CTI, en la que se afirma que los equipos que
fueron objeto de los contratos que dieron origen a la investigación penal,  se
encuentran en poder de la administración departamental,  razón por la que la
investigación carece de objeto.
El juez de tutela no
puede desconocer las competencias de otras autoridades. En el caso en estudio,
tanto el fiscal acusado como sus superiores,  han considerado que existen las
pruebas suficientes que demuestran  la responsabilidad del actor en los hechos
investigados. Por tanto, esta Sala  no puede considerar que ha  existido
violación del debido proceso en el caso del actor, por la valoración que estas
autoridades han hecho de las diversas pruebas aportadas al proceso.
Sería arbitraria e
ilegal una orden del juez de tutela que indicara a los fiscales y jueces cómo
valorar el material  probatorio aportado al proceso que ellos dirigen.  En el
caso en revisión, existen diferentes inspecciones judiciales realizadas por los
investigadores del CTI, que adicionan y  modifican la que el actor pretende se
tenga como prueba única. Así mismo, se han agotado todos los recursos para
discutir esa valoración, y los funcionarios competentes han coincidido en su
apreciación sobre la responsabilidad del actor en los hechos investigados.
Igualmente,  aún resta la estimación que de ellas realice el juez en la etapa
de juzgamiento, etapa que, al momento de interponerse la tutela en revisión,
estaba comenzando.
Por tanto, no
encuentra esta Sala que las decisiones de los funcionarios acusados,
constituyan vías de hecho, que haga procedente el amparo solicitado.
5. La
reiterada negativa de los fiscales acusados, a practicar  una inspección
judicial solicitada por la defensa del actor, y considerada como relevante para
demostrar la inexistencia del hecho punible que se  investiga.
Esta Corporación ha
tenido oportunidad de pronunciarse sobre la importancia de la práctica de
pruebas que permitan establecer tanto lo favorable como lo desfavorable al
sindicado, tal como lo ordena el artículo 250 de la Constitución. El
desconocimiento de este principio de imparcialidad por parte de los entes
investigadores, se considera lesivo de los derechos de defensa y debido
proceso. Al respecto se ha dicho:
“La investigación y
el descubrimiento de la verdad suponen la puesta en tela de juicio de los
elementos fácticos y normativos que ingresan al proceso y, en consecuencia,
presuponen el debate y la confrontación entre las diferentes versiones y
partes. El proceso no puede ser concebido como una serie de pasos encaminados a
la demostración de una hipótesis planteada por el fiscal o juez. Así se
eliminaría su connatural elemento dialéctico, cuya presencia activa en todas
sus fases, asegura que la verdad real aflore a partir de la controversia. De
acuerdo con la naturaleza bilateral del proceso penal, el imputado debe ser
oído y sus argumentos deben ser sopesados con indagaciones y estudio.
“6. El principio de
contradicción (C.P.P. art. 7) es el fundamento de la realización del principio
de defensa  (C.P.P. art. 1 inc. 1) y, este a su vez, es condición necesaria
para la efectividad del derecho al debido proceso (C.P.P. art. 1). De esta
cadena de elementos se desprende el postulado de la imparcialidad del
funcionario judicial, que se concreta en la obligación de investigar tanto lo
favorable como lo desfavorable al sindicado y que se encuentra consagrado en la
ley penal (C.P.P. art. 249) y en la Constitución (C.P. art. 250 inc. último).
“...
“8. La omisión de
una prueba objetivamente conducente en el proceso que se sigue contra el
peticionario, constituye una violación a su derecho de defensa y al debido
proceso...” ( Corte Constitucional, sentencia T-055 de 1994. Magistrado
ponente, doctor Eduardo Cifuentes).
En el caso en estudio,
durante toda la investigación se negó la práctica de una prueba que la defensa
consideraba vital para los intereses de su representado: una inspección que
permitiera demostrar que los bienes adquiridos por medio de los contratos
suscritos por el sindicado, estaban en poder de la administración, hecho que,
en concepto de la defensa, desvirtuaba la existencia del hecho punible de
peculado. Los fiscales acusados, consideraron que esta prueba era
innecesaria, pues en el proceso existían el suficiente material probatorio que
demostraba la responsabilidad del investigado, razón por la que negaron
reiteradamente las solicitudes elevadas en ese sentido.
En la etapa de
juzgamiento, que actualmente cursa en el Juzgado Quinto Penal del Circuito,  el
juez, atendiendo la petición elevada por uno de los defensores del actor,
decretó la prueba que durante toda la etapa de investigación se negó. Razón
ésta suficiente para considerar que, por este aspecto, carece de objeto
conceder el amparo solicitado. Pues, decretada la prueba solicitada, se subsanó
la posible irregularidad presentada en el proceso.
La Sala no puede
entrar a valorar las razones que en su momento expusieron los fiscales para
denegar la mencionada prueba. Estos funcionarios siempre motivaron su negativa,
y coincidían en  afirmar que ella no era procedente, porque otras pruebas
allegadas al proceso servían para demostrar lo que la defensa pretendía probar
con la prueba solicitada. Así las cosas, no se evidencia una actuación
arbitraria de estos funcionarios,  que permita afirmar que su negativa
constituyó una vía de hecho.
Advierte la Corte
que el hecho de haberse decretado la prueba tantas veces mencionada, por el
juzgado, hace improcedente el examen de si era o no conducente. De no haberse
decretado, sí podría el juez constitucional realizar tal examen, para
determinar si hubo o no violación del debido proceso, y, en especial, del
principio de imparcialidad consagrado en el artículo 250 de la Constitución.
III. Conclusiones.
En el presente caso,
las irregularidades que se dicen ocurrieron en el proceso penal  seguido en
contra de actor, en unos casos han sido subsanadas con la conducta de éste y
sus apoderados, que si bien han empleado todos los mecanismos de defensa
establecidos en el estatuto penal, tales como recursos y nulidades, nunca
alegaron las anomalías que fueron puestas en conocimiento del juez de tutela, a
pesar de contar con la oportunidad para ello.
Así mismo,  no
hicieron uso de un último mecanismo para alegar dentro del proceso las
supuestas fallas que ahora ponen en conocimiento del juez de tutela. Este
mecanismo es el  consagrado en el artículo 446 del Código de Procedimiento
Penal, según el cual iniciada la etapa de juzgamiento, los sujetos procesales
tienen un término de treinta (30) días para preparar la audiencia pública y solicitar
las nulidades que se hayan originado en la etapa de instrucción, así como
las pruebas conducentes. Oportunidad que transcurrió sin que ninguna de las
irregularidades analizadas en esta providencia se hubiese alegado, salvo la de
la práctica de la prueba que se había negado durante la fase investigativa,  y
que el juez ordenó practicar.
Por tanto, el juez
de tutela carece de competencia para pronunciarse sobre aspectos que pudo
analizar, evaluar y decidir el funcionario llamado por la Constitución y la ley
a conocer de ellos: el juez penal.
Finalmente, no es de
recibo el argumento sobre la primacía del principio de economía procesal que se
alega,  para que sea el juez de tutela y no el juez penal quien decida sobre
los aspectos aquí debatidos, pues si bien la decisión del juez de tutela se
obtendría con mayor prontitud, en razón a los perentorios términos en que está
obligado a fallar, ello no lo faculta para adoptar decisiones que desconozcan
la competencia de otros funcionarios judiciales.
III.- DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por  mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Por las razones expuestas en esta
providencia, CONFÍRMASE la sentencia proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, del  catorce (14) de agosto de mil
novecientos noventa y siete (1997).
Segundo: Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, insértese en al Gaceta de al Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE ARANGO MEJÍA
Magistrado
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General