C-552-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-552/14
(Bogotá D.C., 23 de julio de 2014)
DISMINUCION DE PORCION HEREDITARIA IMPUESTA POR EL
LEGISLADOR-Injerencia arbitraria que
excede límites del derecho fundamental a la intimidad, la autonomía familiar
del testador y al libre desarrollo de la personalidad del menor de edad que
contrae matrimonio sin autorización de sus ascendientes
El desheredamiento es una figura en la que el legislador autoriza
al testador para privar a su heredero de todo o parte de su legítima, cuando
este incurra en una de las causales taxativamente señaladas en el artículo 1266
del Código Civil, las cuales, versan sobre asuntos que afectan directa e
íntimamente a la persona dentro del ámbito familiar (15 CP). Razón por la cual,
la imposición de la sanción civil solo le concierne al agraviado, por medio de
la manifestación expresa de la voluntad de desheredar junto con la invocación
de la causal. El derecho al libre desarrollo de la personalidad del menor es
una garantía constitucional, que se manifiesta en la facultad que tiene todo
ciudadano para decidir sobre su estado civil o la forma en que desea constituir
una familia, dicha elección es un componente esencial de este derecho
fundamental (16 CP), el cual, dentro del contexto del desheredamiento,
encuentra su límite frente al derecho del ascendiente ofendido para imponer una
sanción económica cuando siendo menor de edad contrajo matrimonio sin el
respectivo consentimiento. En ese sentido, al fallecer quien podía sancionar,
resulta arbitrario que la ley sustituya la voluntad del testador y castigue la
celebración del acto jurídico del matrimonio.
DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO-Jurisprudencia constitucional
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Fundamento
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Identidad de cargos
COSA JUZGADA MATERIAL-Inexistencia por no pronunciamiento sobre los nuevos
cargos planteados
AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD DEL TESTADOR-Jurisprudencia constitucional
DESHEREDAMIENTO-Antecedentes históricos y naturaleza jurídica
DESHEREDAMIENTO-Jurisprudencia constitucional
DESHEREDAMIENTO-Condiciones
DESHEREDAMIENTO-Concepto y alcance
OBTENCION DE PERMISO EN EL AMBITO FAMILIAR-Importancia para el legislador
INTIMIDAD Y AUTONOMIA DE LA FAMILIA-Contenido y alcance
INTIMIDAD FAMILIAR-Jurisprudencia constitucional
LIBERTAD TESTAMENTARIA-Jurisprudencia constitucional
MATRIMONIO-Definición
MATRIMONIO DE MENORES DE EDAD-Jurisprudencia constitucional
PERMISO PARA CONTRAER MATRIMONIO-Criterios que deben tenerse en cuenta
El permiso para contraer matrimonio (i) es un asunto de
exclusiva incumbencia del testador y su familia, en la medida que la ley
faculta al agraviado para que en ejercicio de su autonomía y libre disposición
de sus bienes, pueda decidir el destino de sus bienes, (ii) el límite de dicha
facultad –desheredamiento- se da en la ocurrencia y demostración de la causal,
tema que por su estrecha naturaleza familiar debe ser adoptado dentro de la
intimidad familiar; tanto así, que (iii) el vínculo matrimonial contraído por
el menor de edad tiene plenos efectos ante el Estado, lo que confirma que la
falta de consentimiento constituye una ofensa al interior del hogar que no
repercute en la sociedad.
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DEL
LEGITIMARIO-Límite
frente a los derechos del testador
La Sala advierte que: (i) son contrarias a la Constitución las
condiciones testamentarias que coaccionan al legitimario -en la autoderminación
del estado civil o constitución responsable de una familia- mediante un
incentivo económico. Con mayor razón, a falta de la manifestación expresa del
ascendiente afectado la ley no puede sancionar el agravio familiar. (ii) El
legitimario que voluntariamente decide contraer matrimonio bajo el conocimiento
de la posible sanción que dicha opción de vida le acarrearía, restringe su derecho
solo frente a su ascendiente, determinación que se transgrede
injustificadamente por parte del legislador, al castigar un acto que no fue
repudiado por el ofendido.
Referencia: Expedientes
D-9989 y D-9994.
Actoras: Expediente D-9989 Diana Carlina Quintero
Rodríguez y Clara Natalia Rivera Estupiñán; Expediente D-9994 Julieth Viviana
González Amaya y Lisbey Andrea Silva Nova.
Demanda de inconstitucionalidad contra: artículo 124 del Código Civil.
Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
I. ANTECEDENTES.
1. Texto
normativo demandado (objeto de revisión).
Las ciudadanas Diana Carlina
Quintero Rodríguez, Clara Natalia Rivera Estupiñán, Julieth Viviana González Amaya y Lisbey Andrea Silva
Nova en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241 y 242 de la
Constitución Política, presentaron demanda de inconstitucionalidad, contra el
artículo 124 del Código Civil; el texto del artículo
mencionado, con el aparte demandado subrayado, es el siguiente:
CÓDIGO CIVIL
ARTICULO 124. DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN
CONSENTIMIENTO. El que no habiendo cumplido la
edad, se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a
obtenerlo, podrá ser desheredado no sólo por aquel o aquellos cuyo
consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros ascendientes. Si
alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que
la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión
del difunto.
2. Demandas.
2.1. En el expediente D-9989, las demandantes solicitaron se declare inexequible el aparte
subrayado del artículo 124 del Código Civil por considerar
que vulnera los artículos 13, 16, 18 y 42 de la Constitución Política.
2.2.
En el expediente D-9994 las
demandantes solicitaron se declare
inexequible el aparte subrayado del artículo 124 del Código Civil alegando que
desconoce los artículos 1, 5, 15, 44, 45, 58 y 83 constitucionales.
2.1. Expediente
D-9989.
2.1.1. Las demandantes consideran que la
expresión demandada del artículo 124 del Código Civil viola la Constitución, al
poner en situación de desventaja a los hijos menores de edad que toman la
decisión de casarse sin el consentimiento de sus ascendientes y que, como consecuencia
de lo anterior, incurren en una causal de desheredamiento. Si el ascendiente
fallece sin dejar expresa voluntad de desheredar al descendiente que ha
contraído matrimonio sin consentimiento, no debería presumirse una asignación
menor y desigual con respecto a los demás herederos.
2.1.2. La disposición acusada desconoce
los artículos 13, 16, 18 y 42 Superiores, en la medida en la que todas las
personas nacen libres e iguales ante la ley y deben recibir la misma
protección. Además la Constitución garantiza la libertad de conciencia que es
el principio que fundamenta la decisión de formar una familia. La norma
demandada otorga a los padres una potestad “desmedida” que puede afectar
el libre desarrollo de la personalidad de sus hijos.
2.2. Expediente D-9994.
2.2.1. Considerando que la Constitución
protege la intimidad familiar no puede el Legislador tomarse la atribución de
sancionar mediante el desheredamiento a quien siendo menor de edad contraiga
matrimonio sin el consentimiento de sus ascendientes, desconociendo con ello la
voluntad del testador mediante el ejercicio de su facultad testamentaria, ya
sea para conceder el permiso o para sancionarlo, en todo caso, en el ámbito de
la libertad testamentaria, derecho que a su vez se relaciona con el derecho de
propiedad y con la autonomía de la voluntad (58 y 16 de la Constitución).
2.2.2. Esta “manipulación legal”
atenta contra la normal evolución del adolescente, porque genera miedo a la
sanción, así el ascendiente no lleve a cabo lo que establece la norma, la ley
subsidiariamente asume la posición del testador y dispone la pérdida de los
bienes que le correspondían al descendiente, aun si el testador no ha
manifestado su intención de desheredarlo. Esta situación desconoce los
artículos Superiores 1º, 5, 44 y 45 que consagran la protección del niño y el
adolescente, el principio de dignidad humana y el deber de protección de la
familia.
2.2.3. Finalmente, la disposición acusada
viola el artículo 83 de la Constitución, “ya que no se parte de la buena fe
del ascendiente o todos los ascendientes que trata el artículo 124, que al no
colocar alguna sanción y por el contrario perdonar a su descendiente por la
falta de permiso, que está en sus manos por el principio de libre desarrollo de
la personalidad, autodeterminación en cuanto a la partición de su herencia, al
declarar indigno o desheredar al descendiente, no puede existir esa sanción de
la disminución de la porción de bienes del menor descendiente a la mitad hecha
por la ley”.
3. Intervenciones.
3.1. Ministerio de Justicia y del Derecho:
estarse a lo resuelto en la sentencia C-344 de 1993.
En el presente caso se configura la cosa
juzgada absoluta sobre el artículo 124 del Código Civil ya que la Corte se
pronunció en la sentencia C-344 de 1993. En dicha providencia, consideró que la
disposición acusada era acorde con la Constitución y que la norma que daba
eficacia al deber de protección de la familia como núcleo esencial de la
sociedad. En efecto, a través de este tipo de normas se protege a los menores
de su propia inexperiencia justificándose la reducción de su porción sucesoral
frente a los demás herederos cuando se omite el permiso exigido por la ley
respecto de los ascendentes, permiso que a su vez es desarrollo de la potestad
legislativa en relación con la regulación de la capacidad para contraer
matrimonio.
3.2. Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar: inexequibilidad.
El proceso de desheredamiento no es
automático ya que implica que se verifiquen las siguientes condiciones: (1) el
otorgamiento de un testamento; (2) un desheredamiento expreso invocando la
causal específica; (3) que dicha causal se haya probado judicialmente en vida
del testador o lo sea después de su muerte por las personas interesadas en el
desheredamiento. Específicamente con respecto a la causal de desheredamiento
por matrimonio sin consentimiento de los ascendientes cuando existe al
obligación de obtenerlo, se resalta que la propia Constitución en su artículo
42 otorga al Legislador la facultad de regular todo lo que concierne al
matrimonio en cuanto a formas, capacidad, edad, derechos y deberes de los
cónyuges. Por otra parte la Ley 1098 de 2006 contiene normas de orden público y
de carácter irrenunciable, de aplicación preferente para la protección del
interés superior del menor, razón por la cual, disposiciones como la acusada en
esta ocasión, merecen ser sometidas a una examen estricto de constitucionalidad
por cuanto riñen con disposiciones de orden constitucional como el derecho a la
igualdad, el mínimo vital, el interés superior y la protección integral de los
adolescentes. Las limitaciones a los derechos fundamentales son admisibles solo
cuando son razonables y proporcionales, por lo tanto la disposición acusada en
este caso resulta excesiva. Entonces, si bien es cierto que el Legislador puede
regular el régimen del matrimonio e imponer sanciones, éstas deben ser
adecuadas, razonadas y proporcionales, y deben respetar de manera especial a
las poblaciones más vulnerables como los menores de 18 años.
3.3. Instituto Colombiano de Derecho
Procesal: inexequibilidad.
Se advierte que la disposición acusada ya
fue demandada en el pasado por violación de los artículos 16 y 42 Superiores y
examinada por la Corte Constitucional en la sentencia C-344 de 1993 que, al
hacer un juicio de constitucionalidad integral al artículo 124 del Código
Civil, concluyó que no se oponía a ninguna norma constitucional. En efecto, de
acuerdo con dicha providencia, el Constituyente confirió al Legislador la
potestad de regular la herencia. Además el desheredamiento se justifica en la
autoridad paterna racionalmente ejercida.
Aunque al haberse examinado previamente la
misma disposición que en este caso se demanda, se presenta el fenómeno de la
cosa juzgada material absoluta, en virtud de la denominada “Constitución
viviente” y de los cambios ocurridos en el derecho de familia, podría
existir la posibilidad de someter el asunto a un nuevo análisis constitucional.
De esta manera se señala que “argumentos como los expresados en la sentencia
C-344, resultan en la actualidad totalmente incompatibles con la Constitución
el desarrollo constitucional, doctrinario y cultural en materia de familia que
se ha dado en Colombia después de la sentencia C-344 de 1993, hacen imposible
que se mantengan en el ordenamiento jurídico disposiciones que fundan una
severa, desproporcionada e injusta sanción, en el ejercicio de la autoridad
paterna, como es el desheredamiento de los padres o la causal de indignidad que
impide heredar a los ascendientes por falta de permiso de los padres aunque
estos no hayan otorgado testamento”. El matrimonio entre adolescentes
realiza sus derechos a formar una familia y al libre desarrollo de la
personalidad, por consiguiente la causal de desheredamiento que se demanda se
constituye en una “forma de violencia extorsiva, injusta y desproporcionada
proscrita en la Constitución” que de manera alguna contribuye al desarrollo
integral del menor. Por otra parte, si los padres guardan silencio y mueren
intestados, el Legislador se arroga la potestad de desheredar protegiendo un
valor fundante del antiguo sistema familiar representado en la familia
patriarcal, hoy en día incompatible con la Constitución.
Por las anteriores consideraciones se
solicita la inexequibilidad de todo el artículo 124 y además del artículo 117 y
del numeral 4º del artículo 1266 del Código Civil que guardan estrecha relación
con la disposición demandada.
3.4. Universidad Externado de Colombia:
estarse a lo resuelto en la sentencia C-344 de 1993.
En la sentencia C-344 de 1993, la Corte se
pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 117, 124 y 1266 numeral
4 del Código Civil, considerando que dichas disposiciones eran acordes con la
Constitución, de lo cual se desprende en este caso la existencia cosa juzgada
constitucional, por lo cual las demandas que se examinan no están llamadas a
prosperar.
No obstante lo anterior, es importante
aclarar que la interpretación sobre el desheredamiento contenida en las
demandas que se examinan no es acertada por las siguientes razones. De acuerdo
con el artículo 1018 del Código Civil, la indignidad supone la pérdida del
derecho de heredar que se deriva de una sanción que se impone a título de pena
civil por las causales previstas en la ley (art. 1025, 1026, 1027, 1028, 1029,
117, 124, 338 del CC y 25 parágrafo único de la Ley 1306 de 2009). Por su
parte, el desheredamiento es una disposición testamentaria en la que se ordena
que un legitimario sea privado de todo o parte de su herencia por las causales
descritas en la ley (art. 1266 CC). Así las cosas, la indignidad y el
desheredamiento son dos figuras semejantes pero a la vez diferentes por cuanto
la indignidad opera para toda clase de herederos (forzosos y no forzosos)
mientras que el desheredamiento aplica únicamente a los herederos forzosos y
también porque las causales de indignidad se pueden alegar dentro de la
sucesión testada e intestada mientras que el desheredamiento es solo para las
sucesiones testadas.
En el caso concreto, si el menor se casa
sin el consentimiento de sus ascendientes, incurre en una sanción que pese a no
invalidar el matrimonio, establece una sanción accesoria de pérdida de todo o
parte de su porción herencial como causal de desheredamiento si el ascendiente
otorga testamento. Pero si éste no otorga testamento, la sanción opera como
causal de indignidad para suceder y al descendiente se le concederá únicamente
la mitad de los bienes que le hubiera correspondido en la sucesión del difunto.
Se precisa que, contrario a lo que se señala en las demandas, no puede haber
desheredamiento sin testamento o desheredamiento por abintestato. La ley señala
que el desheredamiento debe expresarse en el testamento y probarse
judicialmente en vida del testador o por las personas interesadas en el
desheredamiento. La indignidad también debe ser demostrada en juicio a
instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o
legatario por lo cual no se trata de una figura que opere de pleno derecho o de
forma automática, sino solo cuando los interesados soliciten la declaración
judicial de la indignidad siendo potestativo de ellos iniciar o no el proceso.
3.5. Universidad Libre – Observatorio de
Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho: estarse a lo
resuelto en la sentencia C-344 de 1993.
Las demandas que se examinan en el
presente caso, no plantean cargos diferentes a los ya analizados por la
sentencia C-344 de 1993. En dicha sentencia también se realizó un juicio de
proporcionalidad de la medida sancionatoria en el ámbito civil. En este orden
de ideas, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia
constitucional en esta materia, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada
absoluta.
3.6. Universidad del Rosario: exequible.
Vencido el término de fijación en lista,
la Universidad del Rosario se pronunció respecto de las demandas de la referencia,
advirtiendo en primer lugar que el régimen consagrado en el artículo 124 del
Código Civil es complementario del régimen para el primer orden de las
sucesiones intestadas. El artículo 124 del Código establece una presunción iuris
tantum que admite prueba en contrario del desheredamiento parcial que se
presume. Al aplicar un test leve de razonabilidad, se concluye que el fin
perseguido por la ley ni el medio adoptado están prohibidos en la Constitución.
Además, se destaca que la disposición acusada desarrolla competencias confiadas
por el Constituyente al Legislador.
4. Intervención de la Procuraduría General
de la Nación: estarse a lo resuelto en la sentencia C-344 de 1993.
La Vista Fiscal resalta que entre la
demanda que originó la sentencia C-344 de 1993 y las demandas que se examinan
en la presente ocasión, existe identidad de causa y objeto por cuanto en ellas
se demanda el aparte actualmente cuestionado del artículo 124 del Código Civil
por una posible contradicción con los artículos 13, 16, 18, 28, 42, 44 y 45 de
la Constitución. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esta ocasión solo
se demanda la disposición relativa al desheredamiento parcial y se invocan
normas adicionales como el artículo 1, 15 y 83 Superiores. A pesar de lo
anterior, la cosa juzgada es absoluta porque la citada sentencia se pronunció
sobre todos y cada uno de los artículos constitucionales invocados por las
demandantes de la demanda D-9989 y adujo razones generales para defender la
institución del desheredamiento en los términos del artículo 124 del Código,
justificando la exequibilidad del aparte específico que ahora es demandado e
indicando que su contenido desarrolla la libertad de configuración legislativa
en cuestiones relativas a la herencia. En cuanto a los cargos de la segunda
demanda con fundamento en los artículos 1, 15 y 83 de la Constitución, se
señala que la sentencia C-344 de 1993 la Corte ya había explicado que el
desheredamiento es una manifestación de la autoridad de los padres a la cual se
refieren los artículos 250 y concordantes del Código Civil. La Corte defendió
la constitucionalidad de esta norma alegando la protección del menor contra su
propia inexperiencia lo cual desvirtúa el dicho de las demandantes en el
sentido de que la norma supondría una autoridad desmedida de los padres o
implicaría una usurpación de su autoridad.
II. FUNDAMENTOS.
1. Competencia.
La
presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por ciudadanos
colombianos, contra una disposición vigente contenida en el Código Civil. Por
lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la
misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4º de la
Constitución.
2. Cuestiones preliminares.
2.1. Existencia parcial de cosa juzgada
constitucional.
La
sentencia C-344 de 1993 se ocupó de examinar la constitucionalidad de varias
disposiciones relativas a la causal de desheredamiento por matrimonio de
menores de edad que no hubiesen obtenido el consentimiento de sus padres. En
aquel entonces, la Corte declaró exequibles los artículos 117, 124 y el ordinal
4 del artículo 1266 del Código Civil.
Teniendo en cuenta
que, tal y como lo destacan la mayor parte de las intervenciones, la demanda
que dio lugar a la citada providencia tiene varias similitudes con las que
ahora ocupan la atención de la Corte, se hace necesario determinar si los
cargos que se proponen en esta ocasión ya fueron objeto de juzgamiento. En
virtud de lo anterior, esta Corporación deberá resolver si existe cosa juzgada
constitucional derivada de la sentencia C-344 de 1993 respecto de los cargos
formulados en las demandas que se examinan en esta oportunidad.
2.1.1. La cosa juzgada
constitucional.
2.1.1.1.
La Constitución establece, en el artículo 243, que los fallos que la Corte
dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional. En igual sentido, la Ley 270 de 1996 y el Decreto 2067 de 1991
disponen que las decisiones
adoptadas por la Corte en ejercicio del control de constitucionalidad son
definitivas, de obligatorio cumplimiento y con efectos erga omnes.
2.1.1.2.
El efecto de la cosa juzgada se produce frente a las decisiones de
constitucionalidad o inconstitucionalidad simple o también con aquellas que
adoptan alguna forma de modulación tal y como ocurre, por ejemplo, con las sentencias
de constitucionalidad condicionada, las sentencias integradoras por adición,
las sentencias integradoras por sustitución o las sentencias de exhortación.
Asimismo se extiende a las decisiones que modulan los efectos temporales de la
decisión adoptada, tal y como ocurre con las sentencias con efectos
retroactivos o las sentencias de inexequibilidad diferida[1].
2.1.1.3.
La cosa juzgada encuentra su fundamento (i) en la necesidad de preservar la
seguridad jurídica lo cual se relaciona con las características del Estado
Social de Derecho (art. 1), (ii) en la obligación de proteger la buena fe al
promover la predictibilidad de las decisiones judiciales (art. 83), (iii) en el
deber de garantizar la autonomía judicial impidiendo que luego de examinado un
asunto por el juez competente y según las reglas vigentes, pueda reabrirse un
debate (art. 228) y (iv) en el deber de asegurar la supremacía de la
Constitución (art. 4)[2].
2.1.1.4.
La cosa juzgada constituye un límite tanto para las autoridades, a quienes les
estará vetado adoptar o reproducir cierto tipo de normas, como para los jueces
quienes no podrán volver a pronunciarse sobre un asunto ya discutido y decidido[3].
2.1.1.5.
Dependiendo de la decisión adoptada se producen diferentes efectos de cosa
juzgada[4]:
(i)
Cuando la decisión ha consistido en declarar la inconstitucionalidad de una
norma, se activa la prohibición, comprendida por el artículo 243, conforme a la
cual ninguna autoridad puede reproducir su contenido material.
(ii)
En los casos en los que la Corte ha declarado exequible cierta disposición
respecto de determinada norma constitucional, la jurisprudencia constitucional
ha reiterado que no puede suscitarse un nuevo juicio por las mismas razones, a
menos que ya no se encuentren vigentes o hubieren sido modificadas las
disposiciones constitutivas del parámetro de constitucionalidad[5].
(iii)
Por otra parte, cuando se trata de sentencias de constitucionalidad
condicionada, la cosa juzgada puede tener como efecto, que la interpretación
excluida del ordenamiento jurídico (norma)[6]
no puede ser objeto de reproducción o aplicación en otro acto jurídico.
(iv)
Adicionalmente en los supuestos en los cuales la Corte ha adoptado una
sentencia aditiva la cosa juzgada implica que no se encuentra permitido
reproducir una disposición que omita el elemento que la Corte ha juzgado necesario
adicionar.
2.1.1.6.
Ahora bien, para establecer la existencia de cosa juzgada constitucional es
preciso verificar lo siguiente:
(i)
Si la norma demandada es la misma que fue objeto de juzgamiento en una
oportunidad precedente; esto implica que no basta constatar que se trata de
idéntico enunciado normativo en tanto el objeto del control constitucional está
constituido por normas[7];
y (ii) si los cargos planteados en la nueva oportunidad coinciden con aquellos
examinados en la decisión precedente. Este doble examen se conjuga al comparar
los cargos de inconstitucionalidad analizados en la sentencia anterior con
aquellos que se formulan en la nueva demanda[8].
2.1.2. Examen de cosa juzgada respecto del
artículo 124 (parcial) del Código Civil.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte
considera que en el presente caso se verifica la existencia de cosa juzgada
constitucional, solo respecto de algunos cargos, por las razones que se exponen
a continuación.
2.1.3. Identidad normativa.
La Corte encuentra que existe identidad de objeto
entre las demandas contenidas en los expedientes D-9989 y D-9994 y en el
expediente D-231  resuelto mediante sentencia C-344 de 1993. Los procesos
objeto de estudio se dirigen contra la última parte del artículo 124 del Código
Civil -Si
alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que
la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión
del difunto- y en el asunto que dio origen a la sentencia antes
mencionada, se examinaron los artículos 117, 124 y el ordinal  4o. del
artículo 1266 del Código Civil.
2.1.4. Concurrencia parcial en el concepto de la
violación.
Cargos examinados en la sentencia C-344 de 1993 y respuesta constitucional.
2.1.4.1.
En la demanda que culminó con la sentencia antes referida se demandaron las
siguientes normas: (i) el artículo 117 del Código Civil y (ii) el artículo 124
–ahora demandado- y (iii) el
ordinal  4 del artículo 1266 del Código Civil. El concepto de la
violación respecto del artículo 117 del C.C., se centró en la desigualdad entre
los menores que decidían unirse mediante un vínculo legal y aquellos que
decidían simplemente mantener una relación de hecho (13 CP) y frente al
artículo 124 y el ordinal 4 del artículo 1266 del C.C., por la infracción del
derecho a
crear de manera responsable una familia unida por vínculos legales (42 CP). La
sentencia sintetizó los cargos de la siguiente forma:
Según el actor, la norma crea una desigualdad entre aquellos
menores de edad que deciden unirse a través de un vínculo legal y los que
deciden simplemente mantener una relación de hecho. Toda vez, que los primeros
al contraer matrimonio sin el consentimiento de sus padres,  pueden ser
objeto de las sanciones  que establecen los artículos demandados, mientras
los segundos  no.
Afirma igualmente, que la exigencia del consentimiento, y
las sanciones que pueden imponerse cuando éste falta, vulneran el derecho del
niño, refiriéndose al que está por nacer o al nacido,  a tener una
familia, toda vez que el adolescente "temeroso de las posibles sanciones
sobre su patrimonio futuro decide no contraer vínculos legales"; de esta
manera, las normas acusadas  inducen a la desprotección del  niño.
2.1.4.2. El resolutivo de la sentencia sobre la cual se predica estarse a lo
resuelto, dispuso: “1o.  Declarar
exequibles los artículos 117 y 124, y el ordinal 4o. del artículo 1266
del Código Civil” al fundar la razón
de la decisión en las siguientes consideraciones:
(i)      “Razón de ser de
la exigencia del artículo 117 del Código Civil.
(…)
4o.) De otro lado, tampoco pugna con la igualdad ante la ley
consagrada por el artículo 13 de la Carta, el artículo 117. La igualdad ante la
ley no implica que todas las personas tengan los mismos derechos y
obligaciones, pues cada uno se encuentra en diversas situaciones jurídicas
concretas, determinadas por los hechos o actos jurídicos atinentes a él, o por
las relaciones jurídicas en las que es parte.
En éste, como en otros campos, constituye error manifiesto la
pretensión de que la Constitución vigente eliminó el principio de autoridad; y
es, además, pobre servicio que se le hace a la estabilidad de las instituciones.”
(ii)     “C)  Los artículos 124, y 1266, ordinal 4, del
Código Civil.
Es claro, en consecuencia, que el desheredamiento  no opera
en forma automática, sino que supone un proceso complejo  integrado por el
otorgamiento del testamento, la invocación de la causal  y el
desheredamiento expreso,  y la comprobación de la causal por sentencia
judicial, en  vida del testador o después de muerto éste.
En el caso que nos ocupa, basta que se haya otorgado testamento
antes o después del matrimonio no consentido, y que en tal testamento no se
desherede, para que no haya sanción ninguna.
De otro lado, aunque no exista norma expresa al respecto, cabe
suponer que si en el proceso en que se debe comprobar la ausencia del permiso,
el demandado alega y demuestra justos motivos para su proceder, la sentencia
habrá de concluir dándole la razón, y se hará imposible el desheredamiento.
Sostener lo contrario equivaldría a darle a la autoridad de los padres un alcance
irracional, que le negaría  su fundamento: el ejercerse en favor de los
hijos. No parece, pues, sensato restringir los alcances de ese proceso a
demostrar la inexistencia del permiso. Más lógico es afirmar que al demandado
le es posible justificar su rebeldía. Piénsese que si otra hubiera sido la
intención del legislador, le habría bastado atenerse a la sola manifestación
del testador.”
2.1.4.3.
Para concluir que (…) los artículos 117,
124 y 1266 consagran, en lo que hace al desheredamiento, unas excepciones a la
institución  de las legítimas, por motivos expresamente señalados. En lo
que tiene que ver con el permiso para contraer matrimonio, la excepción se
justifica en guarda de la armonía de la familia, y de su orden, basados en la
autoridad de los padres racionalmente ejercida. Nada atentaría más contra la
familia, "núcleo fundamental de la sociedad" según la Carta, que el
estimular, por la vía de eliminar estos requisitos, los matrimonios de
adolescentes apenas llegados a la pubertad.
2.1.5. Cargos formulados en la demanda bajo estudio y
constatación parcial de la cosa juzgada.
2.1.5.1.
La demanda reprocha que el Legislador se tome una atribución que le corresponde
al ascendiente de sancionar al heredero, cuando no se expresó la voluntad del
testador en desheredar a su legitimario. Lo anterior, según los demandantes,
atenta contra la evolución normal del adolescente (45 CP); su dignidad (1 CP);
intimidad particular y familiar (15 CP) desconoce su derecho a ser protegido
tanto a nivel afectivo como patrimonial (44 y 58 CP); el derecho a la familia
como institución básica de la sociedad (5 y 42 CP); la desprotección al libre
desarrollo de la personalidad a fin de influir en la toma de sus decisiones (16
CP); transgrede el principio de buena fe (83 CP) porque no tiene en cuenta que
a falta de herencia, existe la posibilidad de que el ascendiente hubiese
perdonado al descendiente.
2.1.6.
Conclusiones.
2.1.6.1.
La Corte considera que existe identidad normativa y en los cargos por (i) discriminación legal (13 CP) y (ii) el derecho a
constituir una familia (42 CP). Razón por la cual, frente a éstos deberá
estarse a lo resuelto en la sentencia C-344 de 1993. No obstante, los conceptos
de inconstitucionalidad por desconocimiento de la dignidad (1 CP); el amparo de
la familia como institución básica de la sociedad (5 CP); intimidad particular
y familiar (15 CP); vulneración del libre desarrollo de la personalidad (16
CP); protección afectiva y patrimonial (44 y 58 CP); evolución normal del
adolescente (45 CP) y el principio de buena fe (83 CP) no han sido analizados
y, en consecuencia, no existe la restricción de cosa juzgada.
2.2.
Aptitud de los cargos.
2.2.1.
La demanda indica que el segundo supuesto de hecho del artículo 124 del Código
Civil, vulnera los artículos 1, 5, 15, 16, 44, 45, 58 y 83 de la Constitución,
no obstante los argumentos por vulneración de la dignidad del adolescente (CP,
1); desprotección al amparo de la familia como institución básica de la
sociedad (5 CP); a la protección afectiva y patrimonial (44 y 58 CP); evolución
normal del adolescente (45 CP) y el principio de buena fe (83 CP) se restringen
a la transcripción de algunos apartes dela norma Superior sin presentar una
verdadera confrontación, por lo cual, no serán analizados de fondo, en tanto
que no logran conformar un verdadero cargo de inconstitucionalidad.
2.2.2. No
obstante lo anterior, no ocurre lo mismo frente a la vulneración de la
intimidad particular y familiar (15 CP) y el desconocimiento del libre
desarrollo de la personalidad del menor que contrajo nupcias sin autorización
de sus ascendientes (16 CP), en tanto que cumple con los requisitos previstos
en el Decreto 2591 de 1991, pues logra suscitar una duda sobre la
constitucionalidad de la proposición jurídica acusada -Si alguno de estos
muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la
porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto.-;
(i) señala con claridad la disposición legal que presuntamente transgrede la
Constitución -parte final del artículo 124 del Código Civil-; (ii) indica la
Norma Superior que considera vulnerada -artículos 15 y 16 CP-; (iii) presenta
como concepto de inconstitucionalidad, la restricción injustificada por parte
del legislador del derecho al libre desarrollo de la libertad del menor que
decide contraer nupcias sin autorización de sus padres o abuelos, tratándose de
un asunto que le compete exclusivamente al testador y su familia.
3. Problema jurídico constitucional.
3.1.
El legislador dentro de los límites de la autonomía de la voluntad y
disposición de los bienes del testador, le otorgó la facultad de privar a un
descendiente de su porción de la herencia, cuando éste incurrió en alguna de
las causales previstas en artículo 1266 del Código Civil -injuria grave contra
el testador, cónyuge o cualquiera de sus ascendientes o descendientes; por no
haberlo socorrido pudiendo; impedirle testar mediante fuerza o dolo; o haberse
casado sin su consentimiento- estableciendo el cumplimiento de unos requisitos
para el ejercicio de dicha potestad.
3.2. No obstante lo anterior, la ley prescribe una
modalidad de desheredamiento ab intestato únicamente para la causal del
matrimonio celebrado por el menor sin autorización de algún ascendiente, razón
por la cual la Corte entrará a resolver ¿si la suplantación de la voluntad del
testador por parte de la ley para la imposición de una sanción civil, desconoce
los derechos a la autonomía e intimidad familiar del testador (15 CP) y
restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad
del  descendiente que al momento de contraer matrimonio requiere autorización
por ser menor de edad (16 CP)?.
3.3. Previo a resolver el problema jurídico principal,
se definirá (i) si la obtención del permiso es un asunto de competencia
exclusiva del ámbito familiar o repercute en un acto reprochable por la ley y
por ende sancionable por el legislador y (ii) los límites del derecho al libre
desarrollo de la personalidad como ejercicio de la autodeterminación de su
estado civil y el deseo de conformar familia responsablemente.
4. Marco normativo.
4.1. Contexto histórico.
4.1.1.
La Corte en la sentencia C-430 de 2003 sintetizó el origen de la figura del
desheredamiento en el derecho romano y su repercusión en diferentes
legislaciones, dentro de las cuales se trae a colación la atinente a nuestro
sistema legislativo, así:
El origen de la Institución del desheredamiento en nuestra
legislación, es otro. En los tres proyectos que culminaron con la expedición
del Código de Chile, Don Andrés Bello estableció el desheredamiento
remontándose a las causales establecidas en el antiguo derecho español. Así, el
Fuero Juzgo en la Ley 1 Título V Libro 5 que derogó la antigua ley que
autorizaba el desheredamiento de los descendientes, estableció la legítima como
asignación forzosa. Pero simultáneamente y para evitar abusos de la conducta de
los hijos permitió a los padres y ascendientes privarlos de la herencia por
testamento estableciendo para el efecto algunas causales determinadas, como
ocurría si “una manceba en cabello”, es decir, la mujer
soltera menor de veinticinco años, se casaba sin consentimiento de su padre o,
en ausencia de éste, sin el del abuelo. Pero en todo caso el desheredamiento
debía ser expreso, por causal determinada y probada. El Título VII de la
partida VI se consagra a la Institución del desheredamiento, como también lo
hace el Fuero Real de España en el Título IX del Libro III.
No queda pues duda alguna de los antecedentes legislativos de esa
Institución. Ha de averiguarse ahora la ratio juris de la misma. Y, queda claro
que se trata de imponer una sanción a quien cause agravios a la memoria del
testador, a su honor, o al de la familia consideradas como falta grave que, a
juicio del testador, deban traer como consecuencia privar al descendiente de
todo o parte de su legítima. A este respecto, el profesor Hernando Carrizosa
Pardo, expresa que la causal ha de ser probada pues, “no puede el Código
autorizar la privación de legitima, sino ante la certidumbre social del delito
del legitimario, si quiere conservarle a las legítimas su carácter de
asignaciones forzosas. Pero no es menos cierto que en esto radica lo objetable
del sistema. Tales pleitos entre personas de una misma familia son
indudablemente escandalosos y repugnantes, cuyo motivo fue tan potente para los
redactores del Código Francés que los  impulsó a rechazar la Institución,
por otra parte, muy conocida en el derecho antiguo. Respetable es la objeción
pero no es decisiva: la exheredación es un medio de que dispone el
padre para sancionar las leyes domésticas y ganar el respeto de los hijos,
asegurando que su conducta no perjudique el honor y la tranquilidad del hogar.
Evita, además, que los bienes del causante pasen a manos de quien lo ha
injuriado o deshonrado.
4.2. El desheredamiento en la jurisprudencia.
4.2.1.
La Corte, en la sentencia C-430 de 2003 estudió el numeral quinto del artículo 1266
del  Código Civil, el cual consistía en que el descendiente que incurriera
en pena privativa de la libertad superior a un año, se abandone a los vicios o
ejerza granjerías infames podría ser desheredado. Esta causal se declaró
inexequible al ser una norma que atenta contra la protección de la familia,
propicia la discriminación y atenta contra la libre escogencia de profesión.
4.2.2.
En aquella
oportunidad, este Tribunal definió la
facultad testamentaria en cabeza del asignatario, de la siguiente manera:
4.3. El desheredamiento,
institución propia y exclusiva de la sucesión testamentaria, autoriza al
causante para privar al legitimario de todo o parte de su legítima, cuando este
incurra en una de las causales taxativamente señaladas en el artículo 1266 del
Código Civil. Así ocurre, en efecto, con respecto a los descendientes que
hubieren cometido injuria grave contra el testador en su persona, honor o
bienes o en los de su cónyuge o de cualquiera de su ascendientes o
descendientes; o por haberle negado el socorro requerido al causante que se
encontraba en estado de demencia o destitución, pudiendo; o por haberle
impedido testar valiéndose para ello de la fuerza o el dolo; o, según lo
dispuesto en la cuarta de las causales de desheredamiento por haberse casado
sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo; o,
conforme a lo previsto por la quinta de las causales señaladas en el artículo 1266
ibidem ahora demandada “Por haber cometido un delito a que se haya aplicado
alguna de las penas designadas en el numeral 4 del artículo 315 o por haberse
abandonado a los vicios o ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe
que el testador no cuidó de la educación de desheredado;” y, conforme a lo
dispuesto en la norma citada los ascendientes pueden ser desheredados solo por
cualquiera de las tres primeras causales señaladas.
4.2.3. En la citada sentencia, se puntualizó la
estrecha relación entre las causales de indignidad para suceder (1025 CC) y los
motivos por los cuales se puede desheredar (1266 CC), entre los cuales se
resalta que el hecho de contraer matrimonio sin autorización no es un acto
catalogado por la ley como indigno, para que sea sancionado con posterioridad a
la muerte del ascendiente. La Corte al respecto indicó lo siguiente:
4.2. Pero, además de la capacidad se requiere, para todas las
sucesiones, no haber sido declarado incurso en causales de indignidad para
suceder, las cuales se encuentran expresamente establecidas en el 1025 del
Código Civil. A quien en ellas incurre, el legislador le impone como sanción
por faltar a los deberes con el causante la privación de la asignación a que
tenía derecho conforme a la ley o a la asignación con la cual se le había
beneficiado por el testador.  Tal sucede, por ejemplo con el que ha
cometido “el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en
este crimen por obra o consejo o la dejó perecer pudiendo salvarla;”  e igual
con el que atenta de manera grave contra la vida, el honor o los bienes de la
persona de cuya sucesión se trata o de su cónyuge o de sus ascendientes o
descendientes, declarada esa conducta por sentencia ejecutoriada; o, cuando no
se socorrió al testador pudiendo  y necesitando este socorro; y, de igual
manera cuando por fuerza o dolo se obtiene una determinada disposición
testamentaria o se le impide testar, o cuando se oculta el testamento del
difunto. (subraya fuera de texto).
4.2.4.
Concluyó que
ambas figuras se diferencian en que la ofensa judicialmente declarada
-indignidad- trasciende al hecho de la muerte, en tanto que se aplica a la
sucesión testamentaria como a la intestada.      Mientras  que  la  opción de
privar  al  heredero de  lo  que  le correspondería  -desheredamiento-, es una
facultad propia de la sucesión testamentaría, tal y como se indicó:
4.4. Queda claro entonces
que tanto la indignidad como el desheredamiento  son una sanción, una
pena, de carácter civil, y en ello son semejantes. Pero la indignidad se
define por la ley y se extiende tanto a la sucesión testada como a la
intestada, en tanto que el desheredamiento  no tiene cabida sino en las
sucesiones testamentarias; el desheredamiento tiene como efecto privar de todo
o parte de la asignación forzosa que corresponde a un legitimario; la
indignidad por su parte se extiende a toda clase de herederos, aun a aquellos
que no lo son forzosamente. (subraya fuera de texto)
4.2.5.
Contrastando las causales de indignidad y las del desheredamiento, no se
evidencia prima facie que el hecho de casarse sin la aquiescencia de los
ascendientes sea un acto de tal reproche para ser declarado indigno de suceder,
como se evidencia en el siguiente cuadro:
Artículo 1025. Indignidad sucesoral
Artículo 1266. Causales de
desheredamiento.
Son indignos de suceder al difunto como
heredero o legatarios:
1o.) El que ha cometido el crimen de homicidio
en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo,
o la dejó perecer pudiendo salvarla.
2o.)   El que cometió atentado grave
contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se
trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos,[9] con tal que dicho atentado se
pruebe por sentencia ejecutoriada.
3o.) El consanguíneo dentro del sexto grado
inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya
sucesión se trata, no la socorrió pudiendo.
4o.) El que por fuerza o dolo obtuvo alguna
disposición testamentaria del difunto o le impidió testar.
5o.)  El que dolosamente ha detenido u
ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho
de la detención u ocultación.
Un descendiente no puede ser desheredado sino
por alguna de las causas siguientes:
1a.)   Por haber cometido injuria grave
contra el testador en su persona, honor o bienes, o en la persona, honor o
bienes de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos[10].
2a.) Por no haberle socorrido en el estado de
demencia o destitución, pudiendo.
3a.) Por haberse valido de fuerza o dolo para
impedirle testar.
4a.)  Por haberse casado sin el
consentimiento de un ascendiente, o sin el de la justicia en subsidio,
estando obligado a obtenerlo.
5a.) Por haber cometido un delito a que se
haya aplicado alguna de las penas designadas en el número 4o. del
artículo 315, o por haberse abandonado a los vicios o
ejercido granjerías infames; a menos que se pruebe que el testador no cuidó
de la educación del desheredado.[11]
Los ascendientes podrán ser desheredados por
cualquiera de las tres primeras causas.
5. Importancia del permiso
para el Legislador.
En
tanto que la causal para ser desheredado se consolida con la celebración del
matrimonio sin la debida autorización de un ascendiente, resulta necesario
determinar si ello es un asunto que le competa al Legislador con el fin de
justificar la imposición de la sanción pecuniaria, o si por el contrario es un
tema exclusivo de la potestad familiar.
5.1. Intimidad y autonomía
de la familia.
5.1.1. La salvaguarda de la intimidad familiar está consignada en el
artículo 15 de la Carta, el cual establece que todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar. No obstante, su ejercicio se
restringe frente a conductas violatorias de los derechos de quienes integran el
grupo familiar, en ese sentido la intervención del Estado en las relaciones familiares
se justifica en la protección o sanción de cualquier violación de los derechos
fundamentales, más no con el propósito de imponer un modelo arbitrario de
comportamiento.
5.1.2. La Corte en la sentencia
C-285 de 1997 al estudiar un caso de violencia intrafamiliar, indicó respecto
de la intimida familiar que:
En otros términos, la protección que el
Estado debe brindar a las personas no puede quedar reducida al ámbito de lo
público, se extiende también al espacio privado, como lo ordena el artículo 42
de la Carta, según el cual "Cualquier forma de violencia en la
familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada
conforme a la ley".  Dicha protección tiene por objeto, además de
garantizar los derechos de los miembros más débiles de la población (menores,
ancianos, mujeres), erradicar la violencia de la familia; objetivo en el cual
está comprometido el interés general, por ser la familia la institución básica
y el núcleo fundamental de la sociedad, y un espacio básico para la
consolidación de la paz.
5.1.3. Por otro lado, este
Tribunal en sede de revisión identificó en la sentencia   T-787 de 2004 la
clasificación de los distintos aspectos del derecho a la intimidad personal y
familiar, así:
Dependiendo del nivel en que el
individuo cede parte de su interioridad hacia el conocimiento público, se
presentan distintos grados de intimidad. Dichos grados de intimidad se suelen
clasificar en cuatro distintos niveles, a saber: la intimidad personal, familiar,
social y gremial (C.P. art. 15). La primera, alude precisamente a la
salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder guardar silencio, es
decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia voluntad, el
hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos íntimos de su vida.
La segunda, responde al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar, una de
cuyas principales manifestaciones es el derecho a la inmunidad penal, conforme
al cual, “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su
cónyuge, compañero permanente o parientes entro del cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil. (…)”
5.1.4. En la sentencia T-551 de 1999 se evidenció que
frente a la toma de decisiones que determinen la formación de los menores, debe
primar la autoridad de los padres, por lo cual en caso de duda o controversia,
los administradores de justicia deberán optar por respetar la intimidad del
hogar, tal y como se expresa a continuación:
Por ello, la Corte indicó que
el papel de los padres en la formación de sus hijos, así como la importancia
constitucional del respeto a la intimidad familiar y al pluralismo en materia
médica, implican una regla de cierre que opera en favor de la autonomía
familiar: si el juez, en un caso controvertido, tiene dudas sobre la decisión a
tomar, éstas deben ser resueltas en favor del respeto a la privacidad de los
hogares (in dubio pro familia), a fin de que los desplazamientos de los padres
por las autoridades estatales sean minimizados.
5.1.5. Ahora
bien, por lo general, el
papel del Estado frente a la familia es el de garante de la integridad y
protección de la familia, mientras que a los padres les corresponde el primer
deber de guía y protección de los hijos, tal y como se dijo en la sentencia
C-271 de 2003:
Así entendido, de acuerdo con lo expresado
por la jurisprudencia constitucional, el régimen impuesto por el constituyente
de l991 permite entrever su especial interés por el reconocimiento y
protección de la familia buscando, por una parte, “hacer de esta institución el
ámbito adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia, e
igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con
la garantía de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin
la intromisión de terceros”. Y por la otra, procurando “un equilibrio entre la
estabilidad necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el
libre desarrollo de la personalidad a que tienen derecho cada uno de sus
integrantes, aspecto éste donde cobra especial importancia la existencia de un
ambiente de respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y
emociones”. (subraya fuera de texto).
5.2. Libertad
testamentaria en la jurisprudencia.
5.2.1. Las facultades con que cuenta el testador
son conferidas por Legislador con base en dos garantías constitucionales
conferidas a toda persona (i) el derecho a la propiedad privada y (ii) la
autonomía de la voluntad. Respecto de la primera la Corte en la sentencia C-660
de 1996 consideró lo siguiente:
Uno de los
elementos esenciales del derecho de propiedad es que el propietario tiene la
facultad de disponer libremente de sus bienes, siempre y cuando lo haga dentro
de los límites señalados en el artículo 58 antes transcrito. En consecuencia,
bien puede éste vender, donar, o realizar cualquier otro acto translaticio de
dominio que la ley permita. Dentro de esta gama de posibilidades, el legislador
considera que, con ocasión de la muerte, el propietario puede decidir el
destino de sus bienes; obviamente según las reglas sucesorales señaladas por
él. Así pues, puede decirse que la Constitución define el derecho de
propiedad en concordancia con los postulados del Estado social de derecho,
autorizando al legislador para que lo concrete y regule; y a su vez el
legislador, en ejercicio de tal atribución constitucional, concede a las
personas, bajo ciertos supuestos legales, la posibilidad de decidir a quién, y
en qué términos, dejará sus bienes. De aquí se deriva la autorización del
legislador de permitir que el testador someta a condición ciertas asignaciones.
(subrayas fuera de texto)
5.2.2. En cuanto a la segunda, vista desde el punto de vista sucesoral, se
indicó que:
La ley permite que la voluntad del de cujus se manifieste a
través del testamento, es decir, en un acto jurídico unilateral solemne,
mediante el cual se determina la forma en que se han de repartir los bienes que
se dejan al morir. Recuérdese que la facultad del testador para disponer
de sus bienes no es ilimitada pues, para que el testamento sea válido, deben
respetarse los órdenes sucesorales establecidos en la ley. De tal forma que,
sobre la mitad de los bienes, en el campo de las legítimas, su facultad se
limita prácticamente a reiterar lo dispuesto en la ley. Ya en la cuarta de
mejoras su competencia se amplía, puesto que puede decidir a cuál, o cuáles de
los descendientes les mejorará su asignación, ofreciéndoles una mayor expectativa
patrimonial.
5.3. El matrimonio contraído
por un menor de edad.
5.3.1.
El Código Civil Colombiano define al matrimonio en el artículo 113 como un
contrato solemne, el cual se constituye y perfecciona por el libre y mutuo
consentimiento de los contrayentes ante el respectivo funcionario y como todo
acto jurídico, requiere de unos requisitos para su validez –capacidad,
consentimiento, objeto y causa lícita-. En lo atinente a la capacidad, el mismo
código habilita a los mayores de catorce a celebrar este tipo de actos,
puntualmente en el artículo 140 dispone que el acto es nulo y sin efecto cuando
es contraído por un varón o mujer menor de catorce.
5.3.2.
El artículo 140 del C.C., originalmente prescribía la edad para la mujer en
doce años, esta expresión fue expulsada del ordenamiento por la sentencia C-507
de 2004 y adicionalmente se condicionó la exequibilidad de la norma bajo el
entendido que la edad tanto para hombres y mujeres es de catorce. La Corte, en cuanto
al matrimonio celebrado entre o por menores de edad, precisó lo siguiente:
El derecho a conformar
libremente una familia es un derecho constitucional fundamental del cual
también son titulares los menores de edad, sin perjuicio de que el legislador
establezca condiciones para su ejercicio con el fin de proteger al menor y de
que fije edades, incluso diferentes, para determinar la capacidad para contraer matrimonio, una de las formas
de constituir familia.
5.4. Conclusión.
Conforme a lo expuesto, se tiene que el permiso para
contraer matrimonio (i) es un asunto de exclusiva incumbencia del testador y su
familia, en la medida que la ley faculta al agraviado para que en ejercicio de
su autonomía y libre disposición de sus bienes, pueda decidir el destino de sus
bienes, (ii) el límite de dicha facultad –desheredamiento- se da en la
ocurrencia y demostración de la causal, tema que por su estrecha naturaleza
familiar debe ser adoptado dentro de la intimidad familiar; tanto así, que
(iii) el vínculo matrimonial contraído por el menor de edad tiene plenos
efectos ante el Estado, lo que confirma que la falta de consentimiento
constituye una ofensa al interior del hogar que no repercute en la sociedad.
6. Límite del respeto al libre desarrollo de la personalidad del
legitimario.
Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución garantiza el
desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico. Dentro del contexto del
desheredamiento la garantía constitucional para determinar el estado civil o el
deseo de conformar familia, se encuentra demarcado por el derecho del
ascendiente ofendido para imponer o no la sanción y por la misma norma de orden
público que lo autoriza a desheredar mediante el otorgamiento de testamento.
6.1.  Límite frente a los derechos del testador.
6.1.1. En el acápite anterior (5.2.) se aclaró que toda persona
cuenta con la garantía Constitucional de disponer de sus bienes y la autonomía
de su voluntad, siempre que no incurran en abuso de derecho o perjudique a los
demás. En ese sentido, la Corte analizó dos casos en los que existiendo una
manifestación clara e inequívoca del testador para destinar su patrimonio, su
voluntad debe armonizarse con los derechos de los legitimarios.
6.1.2. El primer asunto, fue analizado en la sentencia C-101 de
2005, en cuya oportunidad se declaró inexequible el artículo 1134 del Código
Civil que preveía la condición a la mujer de permanecer soltera o viuda para
recibir derecho de usufructo, de uso o de habitación, o una pensión periódica,
la consideración de la Sala se fundó en lo siguiente:
Se está ante una asignación testamentaria que puede o no ser
aceptada, lo cierto es que esa última voluntad del testador sí configura una
intromisión indebida en la vida del asignatario. En el presente caso entran en
conflicto el principio de la autonomía de la voluntad del testador y el derecho
del asignatario a contraer libremente matrimonio en primeras o en segundas
nupcias, se trata entonces de sopesar dos derechos: la libertad de testar con
las limitaciones impuestas por la ley, y la libertad para contraer matrimonio,
el uno de carácter patrimonial y el otro no. Aquí lo que se encuentra en juego
es la libertad personal del asignatario, que no puede quedar atada, ni de manera
directa ni de manera indirecta a la voluntad del testador en un acto de
disposición patrimonial. Es claro para la Corte que el principio de la
autonomía aplicado a los actos jurídicos patrimoniales, encuentra como límite
necesario la Constitución Política y los Tratados Internacionales sobre los
derechos humanos a ella incorporados por ministerio del artículo 93 de la
Carta.
6.1.3. El segundo evento en el que la Corte indicó la importancia
de ponderar la voluntad con el derecho al libre desarrollo de la personalidad
de los descendientes, es el de la condición de permanecer en estado de viudez
para ser beneficiario de una asignación testamentaria, contenida en el artículo
1133 del Código Civil, la Corte en la sentencia C-513 de 2013 declaró la
inexequiblilidad de la norma con base en la siguiente consideración:
Así pues, la Sala considera que, en esta oportunidad, la
facultad otorgada por el legislador al causante de estipular en el testamento
la condición contenida en la norma acusada, no resulta válida a la luz de la
Constitución Política; por lo que restringe y quebranta el derecho al libre
desarrollo de la personalidad del asignatario, pues interfiere, así sea en una
mínima proporción, la facultad de elegir la opción de vida que considere más
conveniente, ya sea decidiendo permanecer en estado de viudedad o no, (subraya
fuera de texto)
4.3.6.  En suma, la Sala concluye entonces que el derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad es una prerrogativa
constitucional que cuenta con una amplia esfera de protección, la cual cobija
de manera especial la facultad que tiene todo ciudadano para decidir sobre la
forma en que desea constituir una familia, pues tal elección hace parte del
núcleo esencial de tal derecho y no puede ceder en aras de garantizar la
facultad del causante para imponer condiciones testamentarias, “pues ese
derecho se encuentra sujeto a límites, uno de ellos y de gran significación, el
derecho a autodeterminarse en la vida según sus propias convicciones”
6.2. Conclusión.
La Sala advierte que: (i) son contrarias a la Constitución las
condiciones testamentarias que coaccionan al legitimario -en la autoderminación
del estado civil o constitución responsable de una familia- mediante un
incentivo económico. Con mayor razón, a falta de la manifestación expresa del
ascendiente afectado la ley no puede sancionar el agravio familiar. (ii) El
legitimario que voluntariamente decide contraer matrimonio bajo el conocimiento
de la posible sanción que dicha opción de vida le acarrearía, restringe su
derecho solo frente a su ascendiente, determinación que se transgrede injustificadamente
por parte del legislador, al castigar un acto que no fue repudiado por el ofendido.
7. El caso concreto.
7.1. La norma acusada en su conjunto[12] contempla
dos supuestos de hecho diferentes frente a los derechos de la familia y el
derecho al libre desarrollo de la personalidad: (i) uno acorde con el ejercicio
dispositivo de la propiedad y la autonomía de la voluntad, en el que permite al
ascendiente agraviado aplicar la sanción al menor que se casare sin su
autorización, al prescribir que podrá ser desheredado. Esta disposición fue
declara exequible por la Corte en la sentencia C-344 de 1993 en la medida que
para que opere el desheredamiento deben concurrir las siguientes
condiciones:
a). El otorgamiento del testamento;
b). Que el desheredamiento
sea expreso y se invoque la causal;
c). Que la causal se haya
probado judicialmente en vida del testador, o lo sea después de su muerte
por las personas a quienes interese el desheredamiento. Esto, como se ha dicho,
supone un proceso judicial en el cual, necesariamente, será parte la persona a
quien se deshereda.
7.2. Es decir, que quien tenga la intención de desheredar, deberá
manifestarlo clara e inequívocamente a través del testamento, aún si no es
posible que en vida inicie o culmine el proceso judicial en el que se declare
probada la causal, evento en el cual, es posible que los demás herederos
presenten la respectiva demanda. Más adelante esta Corporación indicó que lo
reprochable en la celebración del vínculo matrimonial es el no haber solicitado
permiso siendo menor de edad, indicando sobre ello que:
Pues bien: ninguna de estas normas excluye
o prohíbe la autoridad de los padres sobre los hijos de familia. Por el
contrario: la "igualdad de deberes y derechos" se predica entre los
cónyuges, pues estrictamente sólo entre ellos puede existir. Entre padres e
hijos, hay derechos y deberes basados en los papeles que juegan unos y otros en
la relación familiar. Pretender que la constitución de 1991 ha eliminado la
autoridad de los padres en  la familia, es absurdo que no resiste
análisis, pues pugna con normas expresas, como estas:
a.) Según el artículo 5, "El
Estado... ampara a la familia como institución básica de la sociedad".
Este amparo tiene que comenzar por defender su estructura básica, uno de cuyos
componentes es la autoridad de los padres.
b.) El inciso cuarto del artículo 68
reconoce a los padres de familia el "derecho de escoger el tipo de
educación de sus hijos menores". Y cabe preguntarse: si pueden escoger el
tipo de educación de los menores, ¿ por qué considerar excesivo el que se pida
su permiso para casarse?.
c.) De conformidad con el artículo 45,
inciso primero, "El adolescente tiene derecho a la protección y a la
formación integral". ¿ Acaso tal derecho del adolescente no implica el
reconocer a los padres la facultad de desaconsejar el matrimonio, en general,
y  especialmente cuando éste es ostensiblemente inconveniente?.
7.3. Conforme a lo anterior, el segundo supuesto de hecho -objeto
de estudio de esta sentencia- es contradictorio e inconstitucional, en tanto
que la ley por un lado otorga plenos efectos civiles al matrimonio contraído
por un menor de dieciocho y mayor de catorce, y por otro, impone una sanción
civil al heredero menor de edad que contrajo matrimonio sin el consentimiento
de un ascendiente -asunto que como se vio, (i) corresponde a la intimidad de la
familia- (15 CP) y (ii) restringe injustificadamente el derecho al libre
desarrollo de la personalidad del legitimario (16 CP), al desbordar el límite
autoimpuesto por el menor de edad -casarse bajo el supuesto de una eventual
sanción civil por parte de su ascendiente- más no que la ley suplante al
agraviado e imponga la pena económica.
7.4. La sanción civil impuesta por el Legislador en un asunto
propio de la intimidad de la familia, el cual no solo es abusivo, sino que
trasgrede injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad
del menor que contrae matrimonio, pues si bien, en desarrollo de su autonomía
de la voluntad decide celebrar dicho acto jurídico a sabiendas de que su ascendiente
puede privarlo de todo o en parte de la herencia, al desaparecer la parte
activa del agravio, es inconstitucional la limitación que la ley impone al
descendiente. Razón por la cual, la Corte considera que se vulneran los
artículos 15 y 16 de la Constitución y declarará la inexequibilidad de la
expresión acusada.
III. CONCLUSIÓN.
El desheredamiento es una figura en la que el legislador autoriza
al testador para privar a su heredero de todo o parte de su legítima, cuando
este incurra en una de las causales taxativamente señaladas en el artículo 1266
del Código Civil, las cuales, versan sobre asuntos que afectan directa e
íntimamente a la persona dentro del ámbito familiar (15 CP). Razón por la cual,
la imposición de la sanción civil solo le concierne al agraviado, por medio de
la manifestación expresa de la voluntad de desheredar junto con la invocación
de la causal.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad del menor es una
garantía constitucional, que se manifiesta en la facultad que tiene todo
ciudadano para decidir sobre su estado civil o la forma en que desea constituir
una familia, dicha elección es un componente esencial de este derecho
fundamental (16 CP), el cual, dentro del contexto del desheredamiento,
encuentra su límite frente al derecho del ascendiente ofendido para imponer una
sanción económica cuando siendo menor de edad contrajo matrimonio sin el
respectivo consentimiento. En ese sentido, al fallecer quien podía sancionar,
resulta arbitrario que la ley sustituya la voluntad del testador y castigue la
celebración del acto jurídico del matrimonio.
1. Síntesis del caso.
1.1. En el presente caso se demandó parcialmente el artículo 124
del Código Civil en dos expedientes acumulados –D-9989 y D-9994– al considerar
en su conjunto que desconocía los artículos 1, 5, 13, 15, 16, 18, 42, 44, 45 y
83 de la Constitución Política.
1.2. Respecto de la cosa juzgada alegada frente la sentencia C-344
de 1993, la Corte constató la existencia identidad normativa y de los cargos
por (i) discriminación legal (13 CP) y (ii) el derecho a constituir una familia
(42 CP) por lo cual, se estaría a lo resuelto y, desestimó el estudio de los
argumentos propuestos por desconocimiento de la dignidad (1 CP); el amparo de
la familia como institución básica de la sociedad (5 CP); protección afectiva y
patrimonial del menor (44 y 58 CP); evolución normal del adolescente (45 CP) y
el principio de buena fe (83 CP) al no conformar un verdadero cargo de
inconstitucionalidad.
1.3. La Corte debía resolver si al legislador podía suplir la
voluntad del testador afectado por el matrimonio de su hijo menor de edad, al
imponer una sanción económica al heredero que en vida no fue castigado,
desconociendo con ello, los derechos a la autonomía e intimidad familiar (15
CP) y restringiendo injustificadamente el libre desarrollo de la personalidad
del legitimario que se casó sin el consentimiento de sus ascendientes (16 CP).
1.4. La sentencia C-344 de 1993 declaró la constitucional de la
norma que faculta al ascendiente a desheredar a su legitimario que contrajo
nupcias sin el respectivo permiso, debiendo obtenerlo, al verificar que se
trata de la autoridad que ejercen los padres sobre los hijos menores dentro del
ámbito familiar, con el fin de orientar racionalmente sus decisiones.
Adicionalmente, la Corte indicó que la facultad del desheredamiento pertenece a
la sucesión testamentaria, y requiere para su imposición tres condiciones: (i)
efectuar testamento, (ii) manifestación expresa de la voluntad e indicación de
la causal y, (iii) demostración judicial de la causal –en vida o muerte del
testador-.
1.5. El legislador en el artículo 124 del Código Civil, dispuso en
el aparte final una especie de desheredamiento intestado, transgresor de los
derechos a la intimidad y autonomía familiar (15 CP), en la medida que si en
vida no dispuso mediante testamento la clara e inequívoca intensión de
desheredar, la ley no puede suplir un asunto propio de la esfera familiar, en
detrimento del derecho al libre desarrollo de la personalidad del
causahabiente. Máxime cuando el matrimonio frente al Estado tiene plenos
efectos jurídicos, la falta del permiso no es asunto que le competa
verificar al legislador con el fin de imponer la sanción.
1.6. La jurisprudencia actual ha indicado que el derecho al libre
desarrollo de la personalidad para autodeterminar el estado civil o conformar
una familia responsablemente, no puede ser constreñido a través de condiciones
testamentarias que obliguen a permanecer en la solería o viudez. Con mayor
razón, el acto de no desheredar, no puede ser suplantado negativamente por la
ley para sancionar a quien en vida no se dispuso castigar.
1.7. La Corte considera que la parte demandada del artículo 124
del Código Civil, no solo desconoce la finalidad de la disposición
testamentaria del desheredamiento, sino que se inmiscuye arbitrariamente en la
esfera familiar del testador con la prescripción de una sanción que no le
corresponde ejercer, excediendo con ello, los límites del derecho fundamental a
la intimidad y autonomía familiar del testador (15 CP) y restringe
injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad del menor
que contrajo matrimonio sin la autorización de sus ascendientes (16 CP).
2. Razón de la decisión.
El
desheredamiento es una sanción civil que busca retribuir al afectado mediante
la exclusión de la herencia del legitimario ofensor, facultad válida siempre y
cuando sea ejercida por el titular del derecho en ejercicio de la autonomía de
la voluntad y la autoridad racional que ejercen los padres sobre los hijos. Por
lo cual, cuando la ley impone el castigo económico sin el consentimiento
expreso del testador, se desconoce el derecho a la autonomía e intimidad
familiar (15 CP) al decidir sobre un asunto propio del ámbito familiar y
restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad
del menor que contrajo matrimonio sin la autorización de sus padres o abuelos
(16 CP).
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Si alguno de estos
muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la
porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto.”,
contenida en el artículo 124 del Código Civil, por los cargos analizados en
esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en
la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Presidente
MARIA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de voto
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
Con aclaración de voto
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.
Magistrado
Con salvamento de voto
JORGE
IVÁN PALACIO  PALACIO
Magistrado
Con aclaración de voto
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
Con aclaración de voto
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA C-552/14
DESHEREDAMIENTO POR
MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO-Integración de unidad normativa para declarar
inexequible los artículos 124, 117 y 1266 numeral 4 del Código Civil
(Aclaración de voto)
DESHEREDAMIENTO POR
MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO-Norma se opone a la interpretación actual sobre
derechos de los niños y adolescentes y sobre el concepto de familia (Aclaración
de voto)
PERMISO PARA MATRIMONIO DE MENORES Y
DEHEREDAMIENTO-Inexistencia
de cosa juzgada constitucional derivada de la sentencia C-344 de 1993
(Aclaración de voto)
DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN
CONSENTIMIENTO DEL ASCENDIENTE-Sanción civil es inconstitucional, irrazonable y desproporcionada
(Aclaración de voto)
DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN
CONSENTIMIENTO DEL ASCENDIENTE-Disposición representa una regulación anacrónica, ajena al interés del
niño y adolescentes (Aclaración de voto)
FAMILIA-Concepto en la jurisprudencia constitucional a partir
de lazos de apoyo, cooperación, respeto entre personas que deciden compartir un
proyecto de vida (Aclaración de voto)
Referencia: Expedientes
D-9989 y            D-9994.
Actoras: Expediente D-9989 Diana Carlina
Quintero Rodríguez y Clara Natalia Rivera Estupiñán; Expediente D-9994 Julieth
Viviana González Amaya y Lisbey Andrea Silva Nova.
Demanda de inconstitucionalidad contra:
artículo 124 del Código Civil.
Magistrado Ponente:
Mauricio González Cuervo
1. El artículo 124 del
Código Civil[13]
incorpora dos contenidos normativos distintos. El primero de ellos confiere a
“los ascendientes” la facultad de “desheredar” a los hijos que contraigan
matrimonio sin obtener su consentimiento, cuando ello sea necesario por
tratarse de personas que no han cumplido los 18 años de edad. La segunda
plantea que si el causante no hizo expresa su voluntad testamentaria entonces
el descendiente que se encuentre en esa condición solo recibirá la mitad de lo
que por ley le corresponde. Es decir, impone la sanción civil, incluso sin
existir una manifestación expresa de quien dispone de su patrimonio.
2. La Corte Constitucional,
a través de la sentencia C-552 de 2014 —objeto de esta aclaración— declaró
inexequible el segundo contenido normativo demandado, considerando que la
medida no respeta la libertad del causante de establecer la destinación de su
patrimonio. Suscribo esa decisión porque considero que, evidentemente, la Carta
Política rechaza esta injerencia del Congreso de la República en la voluntad
individual del testador. Sin embargo, estimo que la decisión debió ir más lejos
y, previa integración de la unidad normativa, declarar inexequible el artículo
en su integridad, así como los artículos 117[14]
y 1266, numeral 4º[15],
del Código Civil.
3. Ahora bien, antes de
continuar con la exposición, debo señalar que existe una razón en principio
válida para que la Corte no haya asumido esta tarea. En la sentencia C-344 de
1993[16]
la Corte Constitucionalidad declaró la exequibilidad de las normas citadas,
ante una demanda que las cuestionaba por violar el libre desarrollo de la
personalidad, la libertad de conciencia y el principio constitucional de
protección a la familia (artículos 16 y 42 de la Carta Política), al establecer
una sanción civil contra la persona que decidiera casarse sin haber obtenido el
permiso de sus ascendientes, y sin haber cumplido los 18 años de edad. También
propusieron los demandantes que esa disposición violaba el principio de
igualdad, pues permitía un trato discriminatorio entre quienes, perteneciendo
al mismo rango de edad (menores de 18 años), decidieran casarse, y quienes
prefirieran optar por la unión libre, pues estos últimos no podrían ser
desheredados.
4. Aunque respeto
plenamente el principio de cosa juzgada y el precedente constitucional, en esta
oportunidad estimo que ese argumento no resultaba válido para evade la
necesaria evaluación constitucional de esas disposiciones, 20 años después de
dictada la sentencia C-344 de 1993. A la fuerza de las voces disidentes que,
con elocuencia y sensibilidad constitucional explicaron desde ese momento los
errores en que incurrió la mayoría, es necesario agregar que esta norma se
opone a la interpretación actual sobre los derechos de los niños y adolescentes
y sobre el concepto de familia acogido por la jurisprudencia constitucional
reciente.
5. Acepto, para empezar
que, en términos generales esta demanda planteaba un problema jurídico similar
(no idéntico) al estudiado en la sentencia C-344 de 1993. En aquella
oportunidad se demandaron varias disposiciones asociadas al desheredamiento por
matrimonio no-consentido, mientras en esta solo se dirigieron cargos contra un
segmento de una de ellas; los cargos presentados en esta oportunidad son más
amplios que los que se propusieron en el caso previamente fallado, como lo
demuestra el hecho de que la Sala Plena aceptó que la sentencia C-344 de 1993
solo proyectaba fuerza de cosa juzgada relativa.
6. Sin embargo, la razón
por la que estimo que no debió reconocérsele ese carácter radica en que es una
sentencia que, extrañamente, carece de fundamentos constitucionales. Y, siendo
así, no puede afirmarse que haya resuelto el problema planteado por los
demandantes. Sé que esta afirmación es muy fuerte para referirse a una decisión
de este Tribunal, y que podría generar la impresión errónea de que propongo que
la Corte debe apartarse de sus sentencias cuando, posteriormente, le parezcan
erróneas u obsoletas, sin necesidad de asumir mayores cargas argumentativas.
7. Pero no es eso lo que
ocurre en este trámite. Los fundamentos de la sentencia C-344 de 1993 consisten
en (i) un recuento histórico sobre su origen y la forma en que fue incorporada
al Código Civil, que se remonta hasta la opinión de Don Andrés Bello[17] para quien, el influjo positivo de
la llegada de los nietos, podría llevar al cambio de parecer del padre, lo que
desvirtuaba que se tratara de una sanción desproporcionada; (ii) una mención a
la manera en que normas similares fueron incorporadas a ordenamientos civiles
de distintos países[18];
y (iii) como ratio o fundamento central de la decisión, la invocación
del principio de autoridad en la familia y de protección del menor de
su propia inexperiencia. Para cerrar el razonamiento, (iv) la Sala Plena se
valió de diversas hipótesis como la posibilidad de que el testador cambie de
opinión o que el afectado demuestre ante el juez que su rebeldía era razonable,
mientras sentenció que solo las sanciones económicas como el desheredamiento
son efectivas (son un “freno”, dijo la Corte) en la época en que vivimos.
8. Al analizar el artículo
117 del Código Civil, en el que se regula la forma en que debe solicitarse el
permiso en cuestión, indicó la Corte:
“No pugna con la igualdad ante la ley
consagrada por el artículo 13 de la Carta, el artículo 117 [del Código Civil].
La igualdad ante la ley no implica que todas las personas tengan los mismos
derechos y obligaciones, pues cada uno se encuentra en diversas situaciones
jurídicas concretas, determinadas por los hechos o actos jurídicos atinentes a
él, o por las relaciones jurídicas en las que es parte. En este, como en
otros campos, constituye error manifiesto la pretensión de que la Constitución
vigente eliminó el principio de autoridad, y es, además, pobre servicio el que
se le hace a la estabilidad de las instituciones” (Se destaca).
9. Posteriormente, y en
relación con los artículos 124 y 1266, numeral 4º, señaló:
“Es claro, en consecuencia, que el desheredamiento  no opera
en forma automática, sino que supone un proceso complejo  integrado por el
otorgamiento del testamento, la invocación de la causal  y el
desheredamiento expreso,  y la comprobación de la causal por sentencia
judicial, en  vida del testador o después de muerto éste.
En el caso que nos ocupa, basta que se
haya otorgado testamento antes o después del matrimonio no consentido, y que en
tal testamento no se desherede, para que no haya sanción ninguna.
De otro lado, aunque no exista norma
expresa al respecto, cabe suponer que si en el proceso en que se debe comprobar
la ausencia del permiso, el demandado alega y demuestra justos motivos para su
proceder, la sentencia habrá de concluir dándole la razón, y se hará imposible
el desheredamiento. Sostener
lo contrario equivaldría a darle a la autoridad de los padres un alcance
irracional, que le negaría  su fundamento: el ejercerse en favor de los
hijos. No parece, pues, sensato restringir los alcances de ese proceso a
demostrar la inexistencia del permiso. Más lógico es afirmar que al demandado
le es posible justificar su rebeldía. Piénsese que si otra hubiera sido la
intención del legislador, le habría bastado atenerse a la sola manifestación
del testador (…)
Además, la posibilidad de una sanción
económica, como ésta del desheredamiento, es lo único que hace eficaz la
exigencia del permiso. En la época en que vivimos, en que el dinero ha sido
colocado, erróneamente, en la cima de los valores, sólo la posibilidad de una
sanción de esta naturaleza, significa un freno real”. (Negrilla añadida).
10. El cargo según el cual
esa norma generaría un trato discriminatorio entre quienes, sin cumplir
dieciocho años, se casaran sin el consentimiento debido y quienes —en el mismo
rango de edad— decidieran vivir en unión libre, fue resuelto de esta manera:
“Finalmente, hay que decir que si la ley
establece la posibilidad de desheredar al menor que se casa sin permiso de su
ascendiente habiendo debido obtenerlo, y no da igual tratamiento al caso de
quien sólo tiene relaciones sexuales sin casarse, ello es perfectamente lógico
y ajustado a la realidad, como veremos. || Aun en los tiempos antiguos en que
las relaciones sexuales extramatrimoniales eran vituperables, sobre todo en las
mujeres, las consecuencias del matrimonio eran más graves. Hoy día, cuando han
sobrevenido cambios notables en la moral general, es claro que sería ridículo
asimilar las dos situaciones: la del menor que se casa sin permiso de sus
padres y la del que se limita a las relaciones sexuales. || Es claro que las
consecuencias del matrimonio, que hacen de él el más importante de los
contratos, han  llevado  al legislador a tratar de impedir que los
menores, por su  inexperiencia, incurra en errores que podían arruinar sus
vidas”[19].
11. Como puede verse, mi
posición frente a la inexistencia de cosa juzgada constitucional derivada del
fallo C-344 de 1993 no radica en que no comparta sus conclusiones, ni su interpretación
de las normas constitucionales, sino en que esa decisión no se basó en las
cláusulas superiores del ordenamiento constitucional, como paso a explicar
frente a cada uno de los fundamentos citados:
(i) La historia puede ser
un buen fundamento para comprender el alcance de la norma, y eventualmente, las
razones del legislador colombiano para adoptarla, pero no es suficiente para
evaluar la validez constitucional de esa regulación; (ii) el derecho comparado
debe llevar a demostrar que un estado de cosas existente en otro país u otros
países sería deseable para nuestro país porque compartimos condiciones
económicas, sociales, jurídicas y políticas. Pero la simple enumeración de
normas y lugares no constituye argumento alguno sobre el cual pueda determinarse
la constitucionalidad de una norma jurídica; (iii) los principios de autoridad
en la familia y protección del menor de sí mismo no son normas constitucionales. Y es precisamente
frente a esas consideraciones que la jurisprudencia constitucional actual debió
llevar a la Sala a modificar la posición sentada en 1993, en atención a la
concepción constitucional actualizada sobre los derechos de los niños y
adolescentes, así como la protección a la familia; (iv) finalmente, las
especulaciones sobre el arrepentimiento del menor “rebelde”, el cambio de
opinión del padre, los sentimientos que sus nietos o la ausencia de “frenos”
distintos a las sanciones económicas constituyen razonamientos impertinentes en
una decisión de control abstracto.
12. En esos términos, considero que la
sentencia C-344 de 1993 no tenía siquiera valor de cosa juzgada relativa, como
lo indicó la mayoría, sino apenas el de cosa juzgada aparente, pues en
ese fallo no se resolvieron los problemas jurídicos planteados, ni se sentó la
interpretación autorizada de las normas constitucionales presuntamente
desconocidas por el Legislador. Pero incluso (en gracia de discusión), si se
aceptara que esa sentencia tiene efectos de cosa juzgada, estimo que se trata
de un precedente cuyos fundamentos deben abandonarse. A continuación recordaré
las razones presentadas por los magistrados disidentes de la sentencia C-344 de
1993 que, ya en ese momento histórico demostraban la incorrección de lo
decidido, para luego explicar las razones que actualmente hacían inexcusable la
elaboración de una nueva respuesta constitucional.
13. Comienzo por recordar entonces la
opinión disidente de la sentencia citada, cuyas reflexiones comparto en su
integridad:
13.1. Primero, la sanción civil de desheredamiento
por matrimonio sin consentimiento del ascendiente es inconstitucional es
irrazonable y desproporcionada, pues interfiere intensamente en el derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad de las personas que no han
alcanzado los 18 años de edad, y al principio de protección integral a la
familia, y propicia una visión de la familia en la que la extorsión es un medio
de formación válido y el principio de autoridad en la familia (que no se
desprende de la Constitución Política) prevalece sobre el respeto entre sus
miembros. Además, la norma crea la paradoja de imponer una intensa sanción
civil a un acto permitido por la ley, desconociendo el principio de
proporcionalidad[20].
13.2. La disposición
representa una regulación anacrónica, ajena al interés del niño o adolescentes,
y basada en el supuesto principio de autoridad como base esencial de las relaciones
familiares. En cuanto a la autoridad, se prevé la disposición de los derechos
de los miembros del grupo por parte de los padres, reviviendo así la figura del
paterfamilias, y olvidando el proceso histórico que ha tenido la
institución de la familia, basada actualmente en relaciones de confianza,
afecto, respeto y apoyo mutuo, en la que la patria potestad solo puede
ejercerse de forma equilibrada por los ascendientes, pero con el propósito de
garantizar los derechos y el interés de los niños[21].
13.3. El desheredamiento
por matrimonio sin consentimiento de los ascendientes es además incompatible
con la forma en que la Constitución ha comprendido el papel de los niños y
adolescentes en el sistema jurídico colombiano, destacando siempre la
importancia de respetar sus decisiones y su participación en todas las
instancias de decisión política. El legislador civil lo concibió, en la norma
demandada, como una potencial víctima de su inexperiencia y, según se explicó
previamente, la validación de un mecanismo “disuasivo” en el seno de la institución
básica de la sociedad y, en la misma línea de pensamiento, la reivindicación de
prácticas y lógicas de revancha como fundamento de las relaciones
intrafamiliares[22].
13.4. La figura, además,
prevé una sanción intensa para una conducta permitida de forma expresa por el
Legislador (aspecto que la mayoría simplemente ignoró) y, por lo tanto,
protegida como expresión del libre desarrollo de la personalidad de la persona
adolescente. En consecuencia, expresaron los citados magistrados disidentes:
“No es razonable ni proporcional que la sanción
originada en la no obtención del permiso para contraer el vínculo matrimonial -
cuya ausencia no agrega ni sustrae validez al matrimonio -, pueda ser el
desheredamiento del menor reacio a seguir la directriz paterna. La anotada
naturaleza extorsiva de la añeja institución del desheredamiento no es
compatible con el principio de "respeto recíproco" que deben observar
entre sí todos los integrantes de la familia (CP art. 42) y que se desatiende
cuando, en lugar de aceptar las diferencias y las legítimas aspiraciones
naturales y psíquicas del menor adolescente, se lo constriñe con la amenaza
económica y el abandono. Igualmente, la posibilidad de la retaliación paterna o
su actualización, puede alterar abusivamente el proceso de libre toma de
decisiones vitales en la esfera del menor adolescente, sujetándolo a un
doloroso duelo de afectos y desdichas manifiestamente frustrante y, en todo
caso, vulnerador de su autonomía como persona responsable de su destino y dueña
de un plan de vida que sólo ha de tener vigencia en la suya propia (CP art.
16). Finalmente, el desheredamiento es una suerte de sanción privada -
cohonestada por la ley declarada exequible - palmariamente desproporcionada,
pues, aparte de no aplicarse a una "FALTA" - el acto es válido
jurídicamente - por el sólo prurito de darle cabida a la repulsa de los padres,
motivada en un deseo contrariado, se expone la familia y sus miembros a ver
quebrantada la unidad familiar, el amor que la debe presidir, la igualdad de todos
(CP art. 13) ante la vida y sus vicisitudes, en pocas palabras, tiene un costo
excesivo, al que se suma su ilimitada duración (CP art. 28) y su palmaria
injusticia (CP art. 2) que compromete sucesivos ámbitos de protección
constitucional como lo son las familias constituidas por los desheredados (CP
arts. 42 y 44). La Corte parece haber olvidado que la Constitución - norma
normarum - se aplica a la familia y a todos los poderes privados. Sólo una
concepción reduccionista del efecto normativo e irradiador de la Constitución,
podía tolerar sanciones privadas tan abiertamente violatorias de sus preceptos
y que colocan a la familia y a las potestades de los padres en un espacio de
indiferencia frente a los dictados del derecho: en el ámbito de la familia - se
colige de la sentencia - el derecho está representado por lo que digan los
padres. La Constitución alejada de la familia, abandonada al autoritarismo de
los padres, franquea el retorno pleno del desaparecido paterfamilias y de todos
sus fueros. Definitivamente no puede ser mayor el error histórico y sociológico
y el olvido de la Constitución cuya raigambre democrática es explícita y su
propósito de convertir a la familia en núcleo fundamental de esa sociedad democrática […] ¿Cómo puede
construirse la democracia y promoverse la libertad y la igualdad a partir de un
modelo familiar autoritario y represivo?”
14. Las consideraciones de
ese salvamento de voto mantienen toda su vigencia. Pero es importante indicar
también que la Sala Plena de 1993 fallaba en torno a  un marco regulatorio
distinto al que lo hace la Sala Plena de hoy en día. En el año 1993 la
aprobación de la convención de los derechos del niño era muy reciente, y la
mayoría conservaba dentro de sus presupuestos jurídicos y morales una
concepción de la familia distinta a la que actualmente ha definido la
jurisprudencia constitucional.
15. Por ese motivo, la
posición asumida por la Sala Plena de 1993 resultaba en alguna medida
explicable: la ausencia de fundamentos jurídicos sólidos la llevó a fallar con
base en preferencias morales, datos históricos descontextualizados y
suposiciones impertinentes dentro de la argumentación de un tribunal
constitucional. Pero que la Sala del año 2014 pierda nuevamente la posibilidad
de seguir otro camino, y salvar así la deuda que mantiene con la autonomía de
los niños y adolescentes en este ámbito  resulta injustificable. Explico
entonces, los dos motivos adicionales de mi inconformidad.
15.1. El tratamiento de los
derechos de las personas menores de 18 años (o de otro umbral, según el momento
histórico) ha seguido, básicamente, dos orientaciones. La primera se basa en la
protección del menor, como sujeto carente de las capacidades necesarias
para ser un agente de sus propios intereses, deseos y preferencias. Un agente
de su libertad. Esta orientación se encuentra plasmada, principalmente, en el
principio de situación irregular del menor, y justifica, desde sus
propias premisas, la interferencia ilimitada de los padres y las instituciones
sociales en la vida de la población que no alcanza los 18 años. El concepto de
“menor”, desde esta orientación, no hace referencia únicamente a la minoría de
edad, sino a la “minoría de personalidad”.
La Convención de los
Derechos del Niño, adoptada por la ONU en 1989 supone la adopción de un nuevo
esquema de comprensión de sus derechos, basado ya no en la necesidad de
protección de los niños, sino en la defensa de su autonomía, y en su aceptación
como sujetos de derechos y obligaciones. La tutela del
menor se ve desplazada desde este nuevo paradigma por la generación de
condiciones que propicien el ejercicio de su libertad, y la adopción de
decisiones autónomas, pero, también, en su condición de sujetos de
obligaciones, presupone su capacidad para responder por sus actos. Como
lo ha explicado la Unicef, “la Convención, a lo largo de sus 54 artículos,
reconoce que los  niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con
derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar
libremente sus opiniones”[23].
En Colombia, la concepción
de los derechos de los niños ha seguido los pasos del derecho internacional de
los derechos humanos. Pero el proceso no ha sido fácil porque hasta el año 2006
estuvo vigente el anterior Código del menor que, claramente, se basaba en la
orientación de tutela o protección del menor, y este orden normativo dejó en la
conciencia de los operadores jurídicos una huella notable, como se evidencia en
las consideraciones de la sentencia C-344 de 1993 y, principalmente, en el
principio que en esa oportunidad literalmente imaginó la mayoría: la
obligación de proteger a los niños y adolescentes de su propia inexperiencia.
Sin embargo, la adopción de
la ley de la infancia y la adolescencia (ley 1098 de 2006) parte precisamente
de la concepción de las personas que no han alcanzado los dieciocho años como
sujetos de derechos; y ese presupuesto se encuentra latente también en el
establecimiento de un sistema penal para ese grupo poblacional[24]. Si bien este sistema penal debe
funcionar bajo parámetros y con fines distintos al sistema de justicia para
adultos, para no lesionar intensamente los derechos prevalentes de los menores,
lo cierto es que su adopción supone la interiorización del principio de
autonomía del menor, quien se concibe como un sujeto capaz de responder por sus
acciones.
Además de lo expuesto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos —intérprete autorizada de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace parte del orden interno
en virtud del artículo 93 Superior)— ha establecido en su Opinión Consultiva
No. 17 la necesidad de avanzar en la construcción de sistemas normativos
basados en, y respetuosos de, la autonomía de los niños y adolescentes:
“28. Por lo que toca al citado artículo
19 de la Convención Americana vale destacar que cuando éste fue elaborado
existía la preocupación por asegurar al niño la debida protección, mediante
mecanismos estatales orientados al efecto. Hoy día debe darse una
interpretación dinámica de este precepto que responda a las nuevas
circunstancias sobre las que debe proyectarse y atienda a las necesidades del
niño como verdadero sujeto de derecho y no sólo como objeto de protección.
(…)
Posteriormente, al momento de dictar su
opinión, estableció diversos parámetros, de los cuales deben destacarse los
siguientes:
“1. Que de conformidad con la normativa
contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se
enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los
niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección.
2. Que la expresión “interés superior
del niño”, consagrada en el artículo 3 de la  Convención sobre los Derechos del
Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos
deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y
la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.
En ese orden de ideas, la
interpretación avanzada que la minoría disidente propuso ante la sentencia
C-344 de 1993 es, hoy en día, equivalente a la opinión autorizada del derecho
internacional y al orden constitucional colombiano. Desde la perspectiva descrita,
el principio de protección de su propia inexperiencia, uno de los
fundamentos centrales de la decisión del año 1993 debe ser rechazado como
parámetro de control abstracto de constitucionalidad.
15.2. De igual manera, la
concepción de la familia ha variado intensamente en la Corte Constitucional y,
en este punto, vale la pena aclarar que la jurisprudencia ha cambiado porque ha
cambiado la sociedad y, la institución básica del orden social no se concibe ya
como se hacía en el año 1993. No deseo desviar esta aclaración hacia los
problemas jurídicos en los que este avance se ha mostrado de forma más clara,
que son aquellos que abordan los derechos de familias conformadas por personas
de orientación sexual diversa. Lo que deseo destacar, en cambio, es que la
familia actualmente es concebida por la jurisprudencia constitucional a partir
de los lazos de apoyo, cooperación, respeto y apoyo mutuo que se conforman
entre personas que deciden compartir un proyecto de vida, tal como lo ha
expresado la Sala Plena en decisiones recientes:
“De la familia se ocupan algunas disposiciones constitucionales
distintas del artículo 42 superior y, sin pretensiones de exhaustividad, cabe
citar el artículo 5º de la Carta que, dentro del capítulo de los principios
fundamentales, confía al Estado la misión de amparar “a la familia como
institución básica de la sociedad”, el artículo 13 que proscribe la
discriminación por razones de origen familiar, el artículo 15 que establece el
derecho a la intimidad familiar, el artículo 28 sobre el derecho de todos a no
ser molestados “en su persona o familia”, el artículo 33 que prohíbe obligar a
declarar contra sí mismo o contra el cónyuge, compañero permanente “o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”
y el artículo 44 que contempla el derecho de los niños a “tener una familia y
no ser separados de ella”.
Mediante las previsiones citadas el
ordenamiento reconoce una realidad social anterior a él mismo y al Estado, pues
antes que fenómeno regulado por el derecho, “la familia es una realidad
sociológica que fue objeto de un reconocimiento político y jurídico en la
Constitución de 1991” y, en
cuanto tal, “antecede a la sociedad y al propio Estado que, precisamente, han
sido instituidos para servir a su bienestar y para velar por su integridad,
supervivencia y conservación”
No obstante estar sometida a un proceso de
constante evolución primeramente verificado en la realidad de la que hace
parte, la Corte ha definido la familia “en un sentido amplio”, como “aquella
comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos,
que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se
caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus
integrantes más próximos”
16. Como puede verse, dentro
de la interpretación evolutiva del artículo 42 de la Constitución Política, y a
partir de la necesidad de recoger en ella la concepción social de la
institución, la Corte ha reivindicado en su jurisprudencia más reciente el
respeto, la solidaridad, el amor y la confianza. Y no ha retomado los extraños
fundamentos (no constitucionales) asociados a la autoridad, la venganza y la
“disuasión” como base de las relaciones intrafamiliares.
17. Así las cosas, reitero
que la sentencia C-344 de 1993 no proyectaba fuerza de cosa juzgada sobre el
problema jurídico que debía resolver la Sala y que sus consideraciones
centrales debieron ser re evaluadas en esta oportunidad. En primer término,
porque establecen una sanción civil irrazonable, arbitraria y desproporcionada,
en tanto afecta intensamente los derechos fundamentales de sujetos de especial
protección constitucional, persiguiendo, exclusivamente, reivindicar la
autoridad en el seno de la familia. Pero, además de ello, la Sala debió
rescatar (y destacar) en esta oportunidad la interpretación evolutiva que ha
venido desarrollando sobre la persona menor de 18 años como sujeto de derechos
y obligaciones, y la familia como una comunidad de afectos.
Fecha ut supra,
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
ACLARACION DE
VOTO DEL MAGISTRADO
JORGE IVAN
PALACIO PALACIO
A LA SENTENCIA
C-552/14
Referencia:
Expedientes D-9989 Y d-9994
Actoras: Expediente
D-9989 Diana Carlina Quintero Rodríguez y Clara Natalia Rivera Estupiñán;
Expediente D-9994 Julieth Viviana González Amaya y Lisbey Andrea Silva Nova
Demanda de
inconstitucionalidad contra: artículo 124 del Código Civil
Magistrado Ponente
Mauricio González
Cuervo
Me adhiero a la aclaración de voto
presentada por la magistrada María Victoria Calle Correa.
Fecha ut supra.
JORGE
IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
ACLARACIÓN DE
VOTO DE LA MAGISTRADA
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO A
LA SENTENCIA C-552/14
CAUSAL DE DESHEREDAMIENTO POR
MATRIMONIO DE MENORES DE EDAD QUE NO HUBIESEN OBTENIDO EL CONSENTIMIENTO DE SUS
PADRES-Se debió
considerar el cargo sobre la violación al artículo 42 de la Constitución y no
omitir su discusión aplicando la figura de la cosa juzgada material (Aclaración
de voto)
PROTECCION A LA FAMILIA-Jurisprudencia constitucional (Aclaración de voto)/ELEMENTOS
FUNDAMENTALES DE LA FAMILIA-Características (Aclaración de voto)
Referencia: expediente D-9989 y D-9994
(acumulados).
Demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 124 del Código Civil
Magistrado Ponente:
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Con el respeto acostumbrado por las
decisiones de la Sala Plena me permito formular una aclaración de voto a la
sentencia C-552 de 2014, en la cual la Corte Constitucional resolvió declarar
inexequible una expresión del artículo 124 del Código Civil.
A pesar de compartir la decisión que
adoptó por mayoría la Sala Plena, considero que la Corte Constitucional en esta
sentencia debió considerar el cargo sobre la violación al artículo 42 de la
Constitución y no omitir su discusión aplicando la figura de la cosa juzgada
material.
Para explicar mi posición,  i) brevemente
resumiré las reglas judiciales que alrededor de la protección a la familia ha
proferido la Corte Constitucional; ii) explicaré cuál es la relevancia que
tiene el principio de autonomía personal o del libre desarrollo de la
personalidad en los debates sobre ésta; y iii) presentaré, a modo de
conclusión, una consideración alrededor de la importancia constitucional del
concepto de familia plural y la capacidad que tienen los ciudadanos para conformarla.
1.
Reglas judiciales sobre la familia:
1. Durante sus primeros años de existencia, la Corte
Constitucional defendió una interpretación formalista y restrictiva del
artículo 42 de la Constitución que reconocía como elementos fundamentales de la
familia las siguientes características: i) el vínculo era fruto de una relación
monogámica[25];
ii) la protección constitucional solo amparaba la relación sostenida entre un
hombre y una mujer[26];
y iii) la unión tenía dos propósitos fundamentales, su vocación reproductora o
la de reestablecer vínculos filiales[27].
Además, el Tribunal reconoció que solo existían dos formas de constituir una
familia. A través de un vínculo natural, que se concretaba con la voluntad
responsable de un hombre y una mujer para conformarla, o de un vínculo
jurídico, que se expresaba exclusivamente en el contrato de matrimonio[28].
2. Bajo esta interpretación literal otras formas de
familia (como la conformada por personas del mismo sexo o las madres cabeza de
hogar, por ejemplo) fueron excluidas de la protección constitucional que se
deriva del artículo 42[29].
Sin embargo, con la introducción de nuevas reglas judiciales que protegieron el
valor constitucional de la autonomía reproductiva[30],
incorporaron los principios de la dignidad humana y la autonomía personal al
núcleo esencial del derecho a constituir una familia[31],
equipararon las uniones de hecho con el vínculo jurídico que producía el
matrimonio[32],
y reconocieron otras finalidades de la familia más allá de las tradicionales,
como la búsqueda de la solidaridad social y protección mutua,[33] el
concepto de familia progresó hacía uno mucho más incluyente, democrático e
igualitario.
3. Con estos nuevos parámetros, la Corte
Constitucional admitió que la evolución social de la familia justifica -en
términos constitucionales- la existencia de una definición más amplia. Por eso,
los precedentes del Tribunal dieron un giro considerable al reconocer que la
familia es “una comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos
naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la
solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga
íntimamente a sus integrantes más próximos”[34].
4. Este precedente, vigente más que nunca en la
jurisprudencia constitucional, le ha permitido a esta Corte proteger los
derechos de uniones que antes fueron excluidas en razón de criterios
sospechosos de discriminación, como la orientación sexual o el género. Incluso,
ya se reconoce abiertamente la existencia de un concepto plural de familia[35] y la
obligación de los jueces constitucionales de resolver los déficits de
protección[36]
que puedan encontrarse en los múltiples tipos de uniones que caben en dicha
definición. Con todo, la interpretación literal es parte de la historia
constitucional y es claro que la Corte ha hecho esfuerzos importantes para
reconocer que la familia, en todas sus formas y dimensiones, no solo es la base
de la sociedad sino que merece la misma protección judicial -eficaz y
garantista- que recibió tradicionalmente la definición clásica de este tipo de
vínculos sociales.
2.
Autonomía personal y el concepto de
familia :
5. El impacto que los nuevos precedentes han tenido en
la teoría y aplicación del Derecho de Familia es incuestionable y variado. Para
efectos de claridad, y considerando que frente a la demanda es el aspecto más
relevante, solamente me concentraré en explicar de manera concisa cómo el
principio de autonomía personal o del libre desarrollo de la personalidad es
ahora un elemento insoslayable de ese derecho.
6. El principio de autonomía personal, cuyo núcleo
esencial protege la libertad general de acción, reconoce que la independencia
sexual y reproductiva es indispensable para el desarrollo pleno e integral del
individuo. En otras palabras, el libre desarrollo de la personalidad es el
gobierno del individuo que le permite adoptar el modelo de vida que considere
apropiado para sus propios intereses o inclinaciones con el único límite de no
someter a otros ciudadanos a un perjuicio social[37]. Así, la
decisión de conformar una familia plural -en el momento y forma que consideren
oportunos los individuos- es reconocida por los nuevos precedentes judiciales
como un acto propio de la naturaleza de este tipo de uniones.
3.
Conclusión:
7. En definitiva, sin autonomía personal plena y las
garantías judiciales apropiadas que la protejan, los ciudadanos y las
ciudadanas nunca podrán gozar de manera adecuada y eficaz del derecho
constitucional a conformar una familia. Por eso, cualquier norma que busque
limitar este derecho -como la expresión demandada- debe ser revisada a la luz
de este principio. El concepto plural de familia -que la Corte ha reconocido
como la interpretación más garantista del artículo 42 de la Constitución- debe
ser aplicado en estos casos a través de un juicio de proporcionalidad más
estricto y así garantizar la protección constitucional de todas las familias,
incluidas por supuesto las que conforman los menores de edad.
8. Toda sanción legal, en este caso sucesoria,  que
haga más gravoso ejercer el derecho a conformar una familia plural de manera
autónoma viola los precedentes sobre este tipo de uniones y es un obstáculo a
la posibilidad de construir un proyecto de vida solidario con otra persona. La
Corte debió examinar ese cargo de constitucionalidad bajo estas premisas, que
descartan de plano la existencia de la cosa juzgada material, pues es un
argumento que la sentencia C-344 de 1993 no consideró.
En los anteriores
términos, dejo resumidos los argumentos que sustentan la razón de mi respetuosa
aclaración en los aspectos anteriormente relacionados.
Fecha ut
supra.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
SALVAMENTO DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
C-552/14
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DESHEREDAMIENTO POR
MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO-Configuración de cosa
juzgada constitucional (Salvamento de voto)
Expediente:
D-9989 AC.
Revisión de
constitucionalidad del artículo 124 (Parcial) del Código Civil
Magistrado
Ponente:
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO
Las razones por
las cuales discrepo de la decisión de mayoría básicamente guardan relación con
el hecho de que, claramente la norma acusada, en su integridad, ya fue juzgada
por esta Corporación, en sentencia C-334 de 1994, de cara a similares
cuestionamientos a los ahora formulados, oportunidad en la que fue encontrada
ajustada a la Constitución. De ahí que comparta a plenitud la propuesta inicial
del proyecto de estarse a lo resuelto en dicho proveído, como igualmente fue
solicitado por la mayoría de los intervinientes.
En términos del
proyecto inicial:
"4. Existencia de cosa juzgada respecto del
artículo 124 (parcial) del Código Civil.
Teniendo en
cuenta lo anterior, la Corte considera que en el presente caso se verifica la
existencia de cosa juzgada constitucional por las razones que se exponen a
continuación.
4.1. Identidad normativa.
4.1.1. La Corte
encuentra que existe identidad de objeto entre las demandas contenidas en los
expedientes D-9989 y D-9994 y en el expediente D-231 resuelto mediante
sentencia C-344 de 1993. La disposición acusada en los casos bajo análisis se
dirigen contra la última parte del artículo 124 del Código Civil -Si alguno de
estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad
de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del
difunto- y en proceso que dio origen a la sentencia antes mencionada, se
examinó la constitucionalidad de todo el artículo 124 del Código Civil.
4.2. Concurrencia
en el concepto de la violación.
4.2.1. Cargos
examinados en la sentencia C-334 de 1994 y respuesta constitucional.
4.2.1.1.  La demanda que
culminó con la sentencia antes referida alegaba: (i) la desigualdad entre los
menores que decidían unirse mediante un vínculo legal y aquellos que decidían
simplemente mantener una relación de hecho (13 CP); (ii) el desconocimiento al
libre desarrollo de la personalidad (16 CP); (iii) la violación de la libertad
de conciencia (18 CP) y (iv) la infracción del derecho a crear de manera
responsable una familia unida por vínculos legales (42 CP). Los cargos fueron
sintetizados de la siguiente forma:
Según el actor,
la norma crea una desigualdad entre aquellos menores de edad que deciden unirse
a través de un vínculo legal y los que deciden simplemente mantener una
relación de hecho. Toda vez, que los primeros al contraer matrimonio sin el
consentimiento de sus padres, pueden ser objeto de las sanciones que establecen
los artículos demandados, mientras los segundos no.
Afirma
igualmente, que la exigencia del consentimiento, y las sanciones que pueden
imponerse cuando éste falta, vulneran el derecho del niño, refiriéndose al que
está por nacer o al nacido, a tener una familia, toda vez que el adolescente
"temeroso de las posibles sanciones sobre su patrimonio futuro decide no
contraer vínculos legales"; de esta manera, las normas acusadas inducen a
la desprotección del niño. Concluye el actor: " Los derechos
constitucionales como el de la libertad, la libre conciencia, el de la igualdad
en la regulación de las distintas familias, a tener hogar, a darle una familia
a un menor, o no ser tratado de manera autoritaria, no pueden ser derechos
exclusivos de quienes tienen 18 años; sino también de quienes se encuentran en
la adolescencia."
4.2.1.2.  Ahora bien, la
sentencia sobre la cual se predica estarse a lo resuelto, dispuso: "lo. Declarar exequibles los artículos 117
y 124, y el ordinal 4o. del artículo 1266 del Código Civil". al considerar que:
(...) los
artículos 117, 124 y 1266 consagran, en lo que hace al desheredamiento, unas
excepciones a la institución de las legítimas, por motivos expresamente
señalados. En lo que tiene que ver con el permiso para contraer matrimonio, la
excepción se justifica en guarda de la armonía de la familia, y de su orden,
basados en la autoridad de los padres racionalmente ejercida. Nada atentaría
más contra la familia, "núcleo fundamental de la sociedad" según la
Carta, que el estimular, por la vía de eliminar estos requisitos, los
matrimonios de adolescentes apenas llegados a la pubertad.
4.2.2. Cargos
formulados en las demandas D-9989 y 9994.
4.2.2.1.    Los argumentos de
inconstitucionalidad contenidos en el expediente D-9989 se fundan en el
desconocimiento de los artículos 13, 16, 18 y 42 de la Constitución, al
vulnerar la libertad de conciencia relacionada con la libertad de fundar una
familia cuando, al no existir una declaración clara y expresa de la voluntad de
los padres en el sentido de desheredar a sus hijos, la ley después de la muerte
de los ascendientes, les asigna la mitad de la herencia que les habría
correspondido en la sucesión del difunto. Asimismo, los demandantes advierten
que la potestad de desheredar es manifestación de la autoridad desmedida de los
padres de familia y que afecta el libre desarrollo de la personalidad de sus
hijos.
4.2.2.2.
De otro lado, en el proceso D-9994 se ataca
parcialmente el artículo 124 del Código Civil al considerar infringidos los
artículos 1, 5, 15, 44, 45 y 83 de la Constitución. Si bien los demandantes
reconocen que la primera parte del artículo 124 del Código Civil es una
manifestación del deber de respeto y obediencia de los hijos hacia los padres,
así como expresión del deber de educar y proteger que reside en cabeza de estos
últimos, advierten que la Carta Política consagra el derecho a la intimidad
familiar como medio de protección integral de la familia.
4.2.2.3. En este orden de
ideas, la demanda reprocha que el Legislador se tome una atribución que
corresponde al testador sancionando al heredero aún a falta de testamento o
bien, de voluntad expresa del testador de desheredar a su descendiente. Lo
anterior, según los demandantes, atenta contra la evolución normal del
adolescente, su libertad individual y su dignidad y desconoce su derecho a ser
protegido tanto a nivel afectivo como patrimonial. La disposición acusada,
además de violar los derechos de libertad y el derecho a la familia como
institución básica de la sociedad, desconoce el artículo 83 y el principio de
buena fe porque no tiene en cuenta que a falta de herencia, existe la
posibilidad de que el ascendiente hubiese perdonado al descendiente. 4.2.2.4.
Si bien en las demandas se alega la vulneración de diferentes artículos de la
Constitución, el argumento principal en ambas, consiste: (i) en la violación
del libre desarrollo de la personalidad (art. 16 CP); (ii) la vulneración de la
libertad de conciencia (art. 18 CP) y (iii) en la trasgresión del derecho a
tener una familia como resultado de la aplicación de la sanción consistente en
disminuir, en la sucesión, la porción de bienes al menor de edad que hubiese
contraído matrimonio sin autorización de sus ascendientes (art. 18 CP). De otro
lado, se alega la posible extralimitación de la ley, que en caso de sucesiones
intestadas, sustituye la voluntad del testador determinando lo que le
corresponde al descendiente que no haya obtenido el permiso para casarse siendo
menor de edad.
4.2.3.
Constatación de la existencia de cosa juzgada.
4.2.3.1.La Corte
considera que existe identidad normativa y de cargos, en tanto que los
argumentos de inconstitucionalidad en todas las demandas coinciden en relación
con (i) la posible limitación de la libertad de conciencia, (ii) el libre
desarrollo de la personalidad y (iii) el derecho a tener una familia resultante
de la sanción de desheredamiento contenida en dicha disposición. Si bien, en
las nuevas demandas se reprocha igualmente una extralimitación de la ley por
sustituir la voluntad del testador, este asunto también fue abordado por la
Corte con ocasión de la sentencia C-344 de 1993, en la que se estableció que el
Legislador cuenta con amplio margen de configuración en esta materia. Además se
estableció que la presunción legal en caso de sucesiones intestadas, no solo no
contravenía los artículos constitucionales señalados por el demandante, sino
que era totalmente compatible con la Constitución, descartando así, cualquier
otra infracción. En este sentido, indicó:
"En cuanto a
la sanción consistente en no recibir "más que la mitad de la porción de
bienes que le hubiera correspondido en la sucesión del difunto", cuando el
ascendiente de cuya sucesión se trata no ha otorgado testamento, tampoco es
excesiva, ni pugna concretamente con norma alguna de la Constitución. Esta deja a la
ley la regulación de la herencia, y, con ciertas limitaciones, permite a unos
herederos recibir más que otros, no sólo en virtud del testamento, sino de la
misma ley". (Subrayado fuera del texto).
4.2.3.2.De acuerdo con lo
expuesto, la disposición acusada ya fue examinada específicamente por la Corte
en relación con los cargos que en aquella ocasión acusó el demandante, y se
declaró exequible luego de establecer que la sanción consistente en desheredar
a quien siendo menor se hubiese casado sin el permiso de los ascendientes, no
era excesiva ni pugnaba con ninguna norma Superior. En este orden de ideas,
esta Corporación ordenará estarse a lo resuelto en la sentencia C-344 de 1993.
"
Bajo un enfoque novedoso la Corte
desconoce la cosa juzgada y entra a examinar el segmento demandado declarándolo
inexequible por desconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad de
los menores de edad y el concepto de familia, no obstante que esos referentes
ya habían sido considerados en la decisión de constitucionalidad inicial dejando
al desnudo un razonamiento argumental inconsistente de cara a lo que plantean
los demandantes, quienes concuerdan en que, como ya la decidió la Corte, es
constitucional que el ascendiente desherede totalmente, mediante testamento, al
descendiente menor que contrajo matrimonio sin su autorización en caso de
contar con el deber de pedirla, pero que es inconstitucional la norma según la
cual el ascendiente, en el mismo caso, decide no testar para acogerse al
mandato de la ley en el que se dispone que el descendiente perdería la mitad de
los bienes que estaría llamado a heredar. De tal manera que la implicación
derivada de ese entendimiento consistiría en que la pérdida total de bienes,
que sufre el descendiente permitida por el legislador se aviene al mandato
superior pero no así la pérdida parcial. Tal reflexión a mi juicio devendría
antinómica, pues si es válido lo primero, con mayor razón lo segundo, máxime si
se trata de cargos que guardan estrecha similitud. La Corte distingue al
parecer las dos situaciones considerando que en el primer supuesto el
ascendiente "adopta una decisión" y en el segundo "la
decisión" la toma la ley, y eso es lo que se reprocha como una intromisión
inadmisible en la familia, desconociendo que en ambos casos claramente se presenta
una "toma de decisión del ascendiente". En el primer EVENTO el
ascendiente testa para desheredar totalmente al descendiente y, en el segundo,
decide no testar para desheredarlo parcialmente si se da el supuesto que la
norma regula. Tal falta de certeza en los cargos examinados imponía una
decisión inhibitoria y a lo sumo una decisión de exequibilidad de aceptarse, en
gracia de discusión, la inexistencia de la cosa juzgada. Esto último aparece en
extremo forzado, no obstante las razones que al efecto se esbozaron.
En efecto, no se mencionó como argumento
para obviar la cosa juzgada el surgimiento de un nuevo parámetro de control
constitucional frente al cual debía cotejarse la norma acusada. Los demandantes
no mencionan ninguno. Tampoco lo hace la decisión de mayoría. Si bien se
planteó que en la actualidad existe un concepto de familia distinto al que se
tenía en el año de 1994 lo cual, en gracia de discusión podríamos admitir, de
ello no se desprende claramente la razón para desconocer el imperio de la cosa
juzgada ni, mucho menos, el fundamento de la inexequibilidad que se declara, la
cual se basa en disquisiciones que no evidencian la supuesta contradicción
entre la ley y la constitución.
En conclusión,
adicional a la configuración de la cosa juzgada es palmario que la demanda no
era apta para justificar un pronunciamiento estimatorio, como el adoptado,
respecto de un tópico que involucra múltiples variantes que en modo alguno
fueron consideradas, como por ejemplo, entre otras, la planteada por uno de los
intervinientes respecto del impacto que podía tener en el asunto controvertido
el hecho de que el desheredamiento parcial, si se dan los supuestos del
segmento normativo acusado, no opera ipso facto, pues era menester adelantar previamente
el trámite judicial en el que se declare la indignidad y que bien podía ocurrir
que entre el momento en el que el descendiente contraía nupcias y la fecha del
fallecimiento del ascendiente titular de los bienes herenciales podían
transcurrir 20 o 30 años y que si los interesados no promovían el trámite
previo de la indignidad el descendiente casado sin autorización podía heredar
sin limitaciones, situación que proyectada en un horizonte de tantos años, no
permite evidenciar cómo es que se coarta o amenaza la voluntad de éste último o
su libertad para tomar decisiones atinentes a su estado civil siendo que el
factor llamado a producir dicho efecto sobrevendría con una incidencia distante
en el tiempo y remota en sus implicaciones.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
[1] C-462 de 2013.
[2] Así por
ejemplo lo ha indicado, entre otras, la sentencia C-600 de 2010.
[3] En ese sentido puede
confrontarse la sentencia C-600 de 2010. Según la Corte señalo en la sentencia
C-774 de 2001 “[d]e ella surge una
restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el juez
constitucional vuelva a conocer y decidir sobre lo resuelto.”
[4] C-462 de 2013.
[5] Así por ejemplo se
encuentran las sentencias C-774 de 2001, C-259 de 2008 y C-712 de 2012.
[6] Aludiendo a la
distinción entre enunciado normativo y norma la sentencia C-1046 de 2001
explicó: “Sin embargo, lo cierto es
que es posible distinguir entre, de una parte, los enunciados normativos o las
disposiciones, esto es, los textos legales y, de otra parte, los contenidos
normativos, o proposiciones jurídicas o reglas de derecho que se desprenden,
por la vía de la interpretación, de esos textos. Mientras que el enunciado o el
texto o la disposición es el objeto sobre el que recae la actividad
interpretativa, las normas, los contenidos materiales o las proposiciones
normativas son el resultado de las misma “
[7] Esta consideración,
según lo señala la sentencia C-038 de 2006, explica conceptualmente la
posibilidad de adoptar sentencias de constitucionalidad condicionada.
[8] C-462 de 2013.
[9] Inexequible C-105 de
1994.
[10]  Ut supra.
[11] Inexequible C-430 de
2003.
[12] ARTICULO 124.
DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO.
El que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de un
ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado no sólo por
aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros
ascendientes. Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el
descendiente más que la mitad de la porción de bienes que le hubiere
correspondido en la sucesión del difunto.
[13] ARTICULO
124. <DESHEREDAMIENTO POR MATRIMONIO SIN CONSENTIMIENTO>. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> El
que no habiendo cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de un
ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado no sólo por
aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros
ascendientes. Si
alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que
la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión
del difunto. (El aparte subrayado fue declarado inexequible mediante
la sentencia que suscita esta aclaración de voto, C-552 de 2014. MP Mauricio
González Cuervo).
[14] Código Civil. ARTICULO 117.
<PERMISO PARA EL MATRIMONIO DE MENORES>. <Aparte tachado derogado por el
artículo 70 del Decreto 2820 de 1974> Los menores de la edad expresada [es
decir, de 18 años] no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por
escrito, de sus padres legítimos o naturales. Si alguno de ellos hubiere
muerto, o se hallare impedido para conceder este permiso, bastará el
consentimiento del otro; y estando discordes, prevalecerá en todo caso la voluntad del
padre.|| En los mismos términos de este artículo, se necesita del
consentimiento del padre y de la madre adoptantes para el matrimonio del hijo
adoptivo, menor de veintiún* años, o de la hija adoptiva, menor de diez y ocho.
[15] Código Civil  ARTICULO 1266. <CAUSALES DE DESHEREDAMIENTO>.   Un descendiente no puede
ser desheredado sino por alguna de las causas siguientes: […] 4a.)  Por
haberse casado sin el consentimiento de un ascendiente, o sin el de la justicia
en subsidio, estando obligado a obtenerlo.
[16] MP Jorge Arango
Mejía. SV Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero.
[17]
2o.) Brevísima noticia histórica. Siguiendo algunos autores, entre ellos los
Mazeaud en sus "Lecciones de Derecho Civil", se puede dar una idea de
las raíces históricas del artículo 117 del Código Civil. En el derecho romano,
como consecuencia del poder absoluto del padre de familia, éste tenía que dar
el consentimiento para el matrimonio del hijo sometido a su potestad,
cualquiera fuera su edad. En la Iglesia Católica, por el contrario, prevaleció
la tesis de permitir el matrimonio de los hijos sin el consentimiento de los
padres, por dos motivos: el primero, que por ser el matrimonio un sacramento,
su acceso debía ser libre; el segundo, que era preferible el matrimonio, porque
la negativa de los padres podría llevar a los hijos al concubinato. En Francia,
en la época del Derecho Antiguo, el poder civil, bajo el influjo de la nobleza,
exigía el permiso paterno para el matrimonio de los hombres menores de 30 años
y de las mujeres menores de 25. Se llegó hasta pretender que el Concilio de
Trento, reunido entre 1545 y 1560, estableciera como causal de nulidad la ausencia
del permiso, lo que no se logró (…) Con el paso del tiempo, los juristas
franceses idearon una solución: privar de los efectos civiles al matrimonio
religioso celebrado en contra de lo dispuesto en las ordenanzas reales, es
decir, sin el consentimiento de los padres. Frente al derecho civil el
matrimonio no existía y los hijos eran bastardos. Finalmente, en el siglo
XVIII, se distinguió entre el sacramento y el contrato
civil,  reconociendo a los tribunales reales la facultad de declarar
nulo este último. Como era lógico, la revolución reaccionó contra las
prescripciones del Derecho Antiguo, en este campo como en otros. Exigió el
permiso de los padres solamente para los menores de 21 años, con el fin de
protegerlos de su propia inexperiencia. Pero en algunos momentos hubo grandes
abusos, como lo dicen unos autores. En efecto, veamos. Refiriéndose a la
intervención de Napoleón en la redacción del Código Civil francés, que lleva su
nombre, dice P. Ravignant: "En lo que se refiere al matrimonio, Napoleón
considera que tiene que volver a ser "una cosa seria y grave". Por
esto insiste en que no se autorice entre jóvenes menores de dieciocho y quince
años. Durante el Directorio se celebraron matrimonios de niños que apenas
duraron algunos meses". Y transcribe luego algo de lo que el mismo
Napoleón decía al Consejo de Estado sobre este tema: ‘¿Es deseable que se pueda
contraer matrimonio a los trece o a los quince años? Respondemos negativamente,
y proponemos dieciocho años para los hombres y catorce para las mujeres. ¿Por
qué establecer tan gran diferencia entre los hombres y las mujeres? ¿Para
remediar algún accidente? El interés del Estado es mucho más que eso. Tendría
menos inconvenientes fijar la edad a los quince años para los hombres que a los
trece para las mujeres: porque, ¿qué puede salir de una niña que tiene que
soportar nueve meses de embarazo? Se cita a los judíos. En Jerusalén, una niña
es núbil a los diez años, vieja a los dieciséis e intocable a los veinte. || A
los jóvenes de quince años, no se les otorga capacidad para realizar contratos
ordinarios; ¿cómo permitirles a esa edad el más solemne de los contratos? Sería
deseable que los hombres no pudiesen casarse antes de los veintiún años, ni las
mujeres antes de los dieciocho". ("Lo que verdaderamente dijo
Napoleón", Talleres Gráficos Victoria, México, 1970, págs., 121 y 122) (…)
Al fin, en 1907, una ley del 21 de junio redujo la edad para el matrimonio sin
la voluntad de los padres, a los 21 años para los dos sexos. Prevaleció el
criterio de proteger a los menores de esta edad contra su inexperiencia. Y se
estableció que la falta de permiso hiciera posible demandar la nulidad del
matrimonio (…) En 1859, el Código de Cundinamarca, el primer estado soberano
que adoptó el Código del señor Bello, redujo a 21 años para el hombre y 18 para
la mujer, la edad para contraer matrimonio sin el permiso "espreso i
escrito de sus padres lejítimos". Una norma semejante regía para los hijos
naturales. (Artículos 105, 106 y 107). En el artículo 112 del Código de Cundinamarca
se disponía: "Los menores que contrajeren matrimonio sin haber solicitado
y obtenido el mismo permiso, serán castigados con las penas  señaladas en
el mismo Código Penal". En el Código de Chile, por el contrario, la
sanción consistía en la facultad de desheredar al menor que se casara sin el
consentimiento del ascendiente, estando obligado a obtenerlo; y en la reducción
a la mitad de lo que debiera recibir en la sucesión de quien debería haber
otorgado el permiso, si éste moría intestado.  Igual solución a la que se
consagró en Colombia a partir de 1873. Pero,  ni en Chile ni en Colombia
ha existido la posibilidad de demandar la anulación del matrimonio por esta
causa.
[18]
3o.) El asunto a la luz del derecho comparado. Interesa saber el estado de esta
cuestión en la legislación de diversos países. España.-  En España no
pueden contraer matrimonio los "menores de edad no emancipados"
(artículo 46 del Código Civil). La mayoría de edad se alcanza  a los 18
años. Según el artículo 48 del mismo Código, es posible la dispensa de la edad,
con la audiencia de los padres o los guardadores y del menor. Pero la falta de
la dispensa genera nulidad. Cabe anotar, de paso, que algunas de las normas
constitucionales invocadas en la demanda, figuran también en la Constitución de
España. Así "el libre desarrollo de la personalidad" es uno de los
"fundamentos del orden político y de la paz social" (artículo 10);
"La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo,
los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y
sus efectos" (artículo 32, inciso 2); "Los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social". (artículo 14). || Ecuador.-  Según el
artículo 83 del Código Civil, "los que no hubieren cumplido dieciocho
años, no podrán casarse sin el consentimiento expreso de quien ejerza la patria
potestad, y a falta de tal persona, de los ascendientes de grado más
próximo". || Perú.-  Según el artículo 244 del Código Civil de
1984, "los menores de edad, para contraer matrimonio, necesitan del
asentimiento expreso de los padres". Además, la negativa de los padres o
ascendientes no requiere fundamentación. Las sanciones (artículo 247) son de
tipo económico.|| Francia y Chile.-  En Francia y en Chile la
situación es la que se describió como culminación del proceso histórico.|| Argentina.-  Según
el artículo 168 del Código Civil, modificado por la ley 23515, "los
menores de edad... no podrán casarse entre sí ni con otra persona,  sin el
asentimiento de sus padres, o de aquel que ejerza la patria potestad, o sin el
de su tutor o, en su defecto, sin el del juez". La mayoría de edad se
alcanza a los 21 años.|| El Derecho Canónico, por su parte, se limita
a ordenar a los sacerdotes que deben ser testigos del matrimonio, obtener
autorización del Ordinario del lugar,  cuando los contrayentes sean
menores y sus padres ignoren el matrimonio o se opongan razonablemente a él.
Además, el canon 1071 aconseja a los sacerdotes "disuadir de la
celebración del matrimonio a los jóvenes que aún no han alcanzado la edad en
que según las costumbres de la región se suele contraer". Pero la falta
del permiso de los padres o de los ascendientes no es causal de nulidad, ni
acarrea sanción.
[19] Todas las citas
pertenecen a la sentencia C-344 de 1993.
[20] 1. La sentencia no defiende la posición del menor en
el seno de la familia. Las anacrónicas disposiciones demandadas le han brindado
la ocasión para elaborar un panegírico en favor de la autoridad. La materia de
las normas, tanto como el menor, han resultado secundarios, hasta el punto que
se duda de la verosimilitud de la hipótesis del desheredamiento del hijo; de
configurarse, se previene acerca de la posibilidad de su revocatoria - se
recuerda cómo el advenimiento del nieto diluye resentimientos pretéritos - y,
en el peor de los casos, se asegura - sin acreditar sólidos argumentos contra
el rigor objetivo de la ley - puede ser posible que el otrora hijo rebelde
logre demostrar ante el juez la razonabilidad de lo que en su día fue
apasionada sedición que provocó la airada reacción de sus padres. No oculta la
mayoría su manifiesto propósito de restaurar - más que reivindicar - la
autoridad: "En este, como en otros campos, constituye error manifiesto -
expresa la Corte - la pretensión de que la Constitución vigente eliminó el
principio de autoridad; y es, además, pobre servicio que se le hace a la
estabilidad de las instituciones".
[21]
“2. En la sociedad agrícola la familia que solía componerse de muchos miembros
y que comprendía varias generaciones solía girar alrededor del
"paterfamilias" cuya autoridad descansaba en la titularidad del
patrimonio familiar, lo que le confería no escaso poder en un sistema basado en
la propiedad de la tierra y en el que primaba el valor de uso de las cosas. El
desarrollo económico trajo consigo el progresivo avance de la industria y de
las urbes, al paso que produjo cambios significativos en las relaciones sociales.
La familia patriarcal, al igual que los vínculos de todo orden derivados de la
misma, prontamente fue sustituida por otras formas sociales. Valores, positivos
unos, otros negativos, como la autonomía económica, la libertad, el consumismo,
el individualismo, deterioraron hasta su completo fenecimiento la autoridad del
"paterfamilias", figura no por lo venerable menos expuesta a la
obsolescencia de los siglos. El desheredamiento del hijo por la no obtención
del permiso de sus padres para contraer matrimonio, es una institución que
guarda lógica con una cierta época económica y que resulta armoniosa cuando se
la vincula a la venerable figura del "paterfamilias" y a su visión
estratégica respecto de sus haberes patrimoniales. Superada esa época y junto a
ella extinto el modelo de la familia patriarcal, todo intento de exhumación,
incluida la curiosa hazaña protagonizada por la Corte, sería candorosa sino la
motivara, como ocurre aquí, un confesado designio de entronizar la autoridad y,
dentro de esta vasta categoría, la portadora del signo más acusadamente
represivo.
3. Construir el
entero edificio de la familia sobre la autoridad, como lo hace la sentencia,
significa ignorar el nuevo equilibrio que la Constitución y la ley han
establecido dentro de esta formación social que, en la hora presente, se
estructura a partir de la búsqueda racional y libre del consenso y del respeto
recíproco entre sus miembros. La paridad de derechos de los cónyuges se refleja
sobre la potestad que la ley les reconoce frente a sus hijos. El viejo esquema
autoritario y hegemónico se sustituye por un nuevo equilibrio en las relaciones
familiares sobre las que actúan dos esferas autónomas que adquieren sentido y
comunidad de fin únicamente en la realización del interés trascendente de sus
hijos y en un clima de concordia, persuasión y crítica constructiva. La
dialéctica familiar, que no el nudo ejercicio de la autoridad, se encargará de
poner a los hijos adolescentes1 en
contacto con los asuntos y las realidades que más directamente les conciernen
con el objeto de que paulatinamente se adentren en las experiencias que
determinarán su vida como adultos. El nuevo arquetipo de familia es
definitivamente esquivo al autoritarismo, pues ofende la dignidad de la persona
contra lo que se endereza y que se torna víctima de la exaltación de una
relación de subordinación huérfana de una objetiva razonabilidad. El
desheredamiento es una fórmula última y bárbara de escarmentar sobre el hijo
que asume un destino autónomo. Bajo este aspecto traduce una de las infinitas
formas del autoritarismo que ha dejado de regir la relación padres-hijos”.
[22]
“En el nuevo marco de las relaciones familiares, difícilmente puede negarse al
hijo menor un papel más activo en relación con los asuntos que presentan para
él una mayor significación personal y patrimonial. No es posible que el
artículo 45 de la C.P propugne la "formación integral" del
adolescente y garantice su "participación activa" en los organismos
públicos y privados que tengan a su cargo la protección, educación y progreso
de la juventud y, por otra parte, en el seno de la familia -núcleo fundamental
de la sociedad- el mismo sea relegado a una función pasiva y de entera sumisión
a la autoridad de los padres. Carecería asimismo de sindéresis que en las
instituciones de educación, desde la escuela hasta la universidad, la
Constitución ordenara y promoviera las prácticas democráticas y los valores de
la participación (CP art. 41) y, en la familia - formación social cuya misión
es básicamente educadora -, los hijos fueran librados a una interacción con sus
padres dominada por los valores opuestos del autoritarismo. En verdad, la
familia sólo puede ser "núcleo fundamental de la sociedad" (CP art.
42), si ella es capaz de constituirse en el eslabón más fuerte de la
democracia. El arma extorsiva del desheredamiento, desplegada por el padre
frente al hijo, nada tiene que ver con el diálogo, la persuasión, la concordia,
el amor, el cuidado, la educación, la cultura, la libre expresión de la
opinión, el desarrollo autónomo de la personalidad (CP arts. 42, 44 y 16), toda
esta manifestación del respeto a la persona, a su libertad y a su dignidad que
no puede estar ausente de la vida familiar.
La familia
delineada por el Constituyente y que surge de la evolución social, no se
concilia con el ejercicio de poderes arbitrarios que colocan a los hijos ante
la dolorosa disyuntiva de negarse así mismos y modificar su personalidad o
someterse sin más a la constricción inmotivada e irracional de sus padres.
4. La
Constitución y la legislación, ambas, convergen en erigir el interés
preeminente de los hijos menores en la justificación primera y última de sus
disposiciones en materia de familia y de las relaciones entre padres e hijos.
La salvaguarda de este objetivo explica las atribuciones que la ley confiere a
los padres que, lejos de ser derechos subjetivos, son esencialmente poderes -
función, esto es, facultades que se otorgan con una mira social superior que les
irradia sentido y de la cual no pueden apartarse so pena de perder legitimidad.
Nada más distante de esta suprema función de los padres que el desheredamiento
cuyo ejercicio sólo responde a una demostración de su poderío y que alimenta
sentimientos de vindicta que si bien pueden asociarse a la relación
señor-súbdito o vencedor-vencido, debe repudiarse en todo caso en una sana,
libre y constructiva relación padres-hijos. El supremo criterio hermenéutico
del interés preeminente de los hijos se contraría con la figura del
desheredamiento que se traduce en su abandono económico, fuera de que el
magisterio de los padres, uno de sus encargos más excelsos y fundamento de sus
atribuciones, se resiente con una decisión que sólo instruye en el cuestionable
arte de expoliar y manipular a quienes se encuentran en una situación de menor
poder, lo que pervierte profundamente a la familia que se transforma en escuela
de la tiranía”.
[23] Disponible en
Internet. http://www.unicef.org/honduras/CDN_06.pdf
[24]
Sobre los principios esenciales que inspiran la Ley 1098 de 2006, ha explicado
la Corte: “el Congreso de la República aprobó
recientemente la Ley 1098 de 2006, por la cual adoptó el Código de la Infancia
y la Adolescencia. El citado estatuto consagra desde sus primeros artículos el
interés por extender la protección del menor, precisando que la finalidad de dichas
normas es la de garantizar “a los niños, a las niñas y a los
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin
discriminación alguna.”(art. 1º). La Ley indica que para todos los
efectos de su aplicación, “son sujetos titulares de derechos todas las
personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34
del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12
años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.”(art.
2º), y que en la ejecución de sus medidas, que son de orden público y de
carácter irrenunciable, “los principios y reglas en ellas consagrados
se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes”(art.
5º).De igual forma, la Ley en cita señala la aplicación más favorable de
la norma, siempre acorde con el interés superior del menor (art. 6º) y consagra
de manera expresa el concepto de Protección integral, definido como aquél
reconocimiento como “sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento
de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes,
programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental,
distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos
financieros, físicos y humanos”” (Se destaca).
[25] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-659 de 1997. Magistrado
Ponente: José Gregorio Hernández.
[26] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-098 de 1996. Magistrado
Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[27] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-133 de 1994. Magistrado
Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
[28] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 1996. Magistrado
Ponente: Jorge Arango Mejía.
[29] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-725 de 2004. Magistrado
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[30] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-366 de 2005. Magistrados Ponentes:
Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas; sentencia T-388 de 2009; Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto; y sentencia T-585 de 2010. Magistrado Ponente:
Humberto Sierra Porto.
[31] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 2011. Magistrado
Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
[32] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-494 de 1992. Magistrado
Ponente: Ciro Angarita Barón.
[33] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-900 de 2002. Magistrado
Ponente: Alfredo Beltrán Sierra; sentencia T-730 de 2010. Magistrado Ponente:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[34] Corte Constitucional. Sentencia C-271 de 2003. Magistrado Ponente:
Rodrigo Escobar Gil.
[35] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-577 de 2011. Magistrado
Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[36] Cfr. C  orte Constitucional. Sentencia C-811 de 2007. Magistrado
Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; sentencia C-283 de 2011. Magistrado
Ponente: Jorge Ignacio Pretelet Chaljub; sentencia T-716 de 2011. Magistrado
Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva; y sentencia C-240 de 2014. Magistrada
Ponente: María Victoria Calle Correa.
[37] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-336 de 2008. Magistrada
Ponente: Clara Inés Vargas.