T-578-19
Sentencia T-578/19
DERECHOS A LA
INTIMIDAD, BUEN NOMBRE Y HONRA FRENTE A LIBERTAD DE EXPRESION Y OPINION-Caso en que se realizaron publicaciones en Facebook sobre la gestión
como alcalde del accionante
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION, LIBERTAD DE INFORMACION Y
OPINION-Reiteración de jurisprudencia sobre la
verdad y la imparcialidad como límites cuando exista colisión con otros
derechos
LIBERTAD DE EXPRESION-Importancia de la
protección del discurso político
DISCURSOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS EN MEDIOS DE COMUNICACION
MEDIOS DE COMUNICACION-Dimensiones de la
responsabilidad social
LIBERTAD DE EXPRESION EN INTERNET Y REDES SOCIALES-Parámetros internacionales de protección y su aplicación en la
jurisprudencia constitucional colombiana
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN
NOMBRE Y A LA HONRA-Improcedencia por cuanto
publicaciones fueron emitidas en ejercicio del control social de la gestión
pública
No
se violan los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra o a la
intimidad de un servidor público cuando una persona, en ejercicio de su
libertad de expresión y de su derecho a ejercer control al poder político,
emite una opinión, fundada en determinados hechos, mediante la cual lo
relaciona con actuaciones contrarias a la ley, si dichas expresiones tiene un
mínimo soporte que de un sustento razonable a su dicho y se ha obrado de buena
fe y con diligencia.
Referencia: Expediente T-7.221.993
Acción de tutela instaurada por Jairo Ortega Samboní contra Miro
Yonqui Arteaga Torijano
Magistrada Ponente:
DIANA FAJARDO RIVERA
Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019)
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,
integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio
de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas
en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto
Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión de los fallos de tutela
adoptados por los correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la
acción de tutela interpuesta por Jairo Ortega Samboní
contra Miro Yonqui Arteaga Torijano.
I. ANTECEDENTES
La acción de tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en
primera instancia, por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Palmira; y, en segunda instancia, por el
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Palmira, seleccionada para revisión y
repartida a esta Sala[1]. A continuación se exponen los hechos
relevantes y las decisiones de instancia.
1. Hechos y
solicitud
Jairo Ortega
Samboní, alcalde del municipio de Palmira, interpuso acción de tutela en contra
de Miro Yonqui Arteaga Torijano por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, toda vez que el
señor Arteaga publicó en su cuenta de Facebook un video en el que señalaba al
accionante de “corrupto”.
1.1. El 21 de septiembre de 2018, el señor Miro
Yonqui Arteaga Torijano publicó desde su cuenta de la red social Facebook un
video titulado “Palmira corrupta”, el cual tiene una duración de 6 minutos y 37 segundos y en el que solo aparece el accionado. El señor Arteaga indica en dicho video que ha denunciado actos de
corrupción al interior de la administración municipal, específicamente en la
Secretaría de Tránsito de Palmira. Señala al accionante, quien se desempeña
como alcalde de Palmira, de “corrupto”, pues, según afirma, ha nombrado como
agentes de tránsito del municipio a personas que no cuentan con los requisitos
legales para ejercer estas funciones. A continuación se transcribe el
pronunciamiento completo del señor Arteaga Torijano en el referido video:
“Buenos días, hoy me voy a pronunciar de unos hechos (sic) que están
ocurriendo en la ciudad de Palmira y siendo solidario con Martha Campo Millán
que es la denunciante del fraude electoral de aquí de Palmira, Valle, donde
está siendo agredida, ya le han hecho varios atentados, mejor dicho, ha pasado
por las de San Quintín, como decimos nosotros.
En el caso mío yo he denunciado a los corruptos de aquí de Palmira,
porque se está denunciando, tienen nombres propios, yo los voy a decir, es el
señor Ritter López Peña, Hermisul Ortiz Soto y el actual alcalde, Jairo Ortega
Samboni, y nos ha tocado también denunciar a los mismos fiscales porque no
están haciendo su trabajo como ordena la ley. Yo me acojo a lo que está
diciendo el Presidente, ‘el que la hace la paga’, y por denunciar nosotros no
vamos a ser los más malos en esta ciudad y que somos 400.000 habitantes y que
seamos solidarios con todos las personas que están denunciando, porque mi Dios
nos escogió a nosotros para hacer estas denuncias, lo mismo que William Marmolejo,
Héctor, más conocido como ‘Tuto’, y también esta señora de acá de los
pensionados. Entonces, el hecho de que porque denunciaron o denunciamos y
fuimos a ‘Bolsillos de Cristal’ que falta que el Fiscal se pronuncie, porque
todos fuimos a denunciar allá toda la corrupción que se viene pasando aquí en
la ciudad de Palmira y que por denunciar nosotros seamos los más malos y los
que nos aíslen de todo lo que es en los procesos de aquí de Palmira. Martha
Campo no puede conseguir trabajo, igual este servidor, tienen bloqueado todo y
por denunciar a estos corruptos, que las demandas están en la Fiscalía, tenemos
un problema gravísimo con el Fiscal, yo se lo dije en ‘Bolsillos de Cristal’,
que yo pensaba que la Secretaría de Tránsito era la olla podrida de Palmira.
No, resultó siendo la misma Fiscalía, con la directora y todos los fiscales que
esta señora direccionaba engavetando todos los procesos que estos servidores
denunciaron, todos estos veedores y la administración se ha cogido con todos
estos personajes, miren a Martha Campo ya como la están… ayer le hicieron un
atentado, ayer, antier perdón, entonces esto no tiene nombre, por denunciar que
ya nos vengan a agredir, a matar. Yo hago responsable a Jairo Ortega Samboní, a
Ritter López Peña si a mí me llega a pasar algo, y a alguno de mis familiares y
al señor Hermisul Ortiz, porque son los más corruptos que hay en esta ciudad,
demostrados, tocó que ir con un abogado, que mejor dicho, es una eminencia en
tránsito y transportes, y de aquí tocó sacar ese proceso para Buga, en ese
evento la Secretaría de Tránsito es la más corrupta de este momento, aquí
agentes de tránsito no hay, toda la ciudadanía lo sabe, entonces colocaron a
unos técnicos a ejercer esas funciones, ellos no están certificados por la ley,
lo sigo diciendo, están burlándose de todo el pueblo palmirano, eso se llama
peculado por apropiación, las extralimitaciones que están cometiendo estos
mismos funcionarios, todo eso está en la Fiscalía, de ahí sacaron a María Elena
Mesa Peña, prima hermana de Ritter López Peña, ¿ustedes piensan que ella va a
ejercer?, todo lo tenía engavetado, todo está denunciado y en ‘Bolsillos de
Cristal’, no sé el Fiscal General por qué no ha tomado cartas en el asunto. El
caso Martha, Martha ha denunciado hasta en los derechos humanos nacionales e
internacionales y en todos lados, para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que
está pasando en esta ciudad.
Muchas gracias y estaremos atentos a todo lo que vaya a hacer el
Procurador y el Fiscal General que ya estamos cansados de tanta corrupción en
esta ciudad. Los agentes no son agentes, son técnicos, vulgarmente como se dice
están atracando a todos los ciudadanos. No voy a hablar más porque esto ya se
salió de las manos, la gente ya está cansada que le suban la moto allá, los dineros
no sé para dónde van, la concesión coloca firmar, firma gráfica, la firma
virtual de estos técnicos a las fotomultas. Es el mismo caso que pasó en
Floridablanca, con la diferencia de que estos señores no son agentes de
tránsito, no están certificados por la ley, eso es una atracadera que tienen en
este pueblo y ya es hora de frentear y decir las cosas como son, están robando
a todos los palmiranos, entonces estamos dando la cara a la ciudadanía para que
se defienda, una sola golondrina no hace verano, pero si todos nos colocamos de
acuerdo, no nos dejemos robar, no se dejen robar, no son agentes de tránsito,
no son autoridades, entonces luchemos. Palmira es de todos nosotros, no son de
tres y cuatro, es de todos los ciudadanos que nacieron, inclusive las personas
que han sido… están aquí en Palmira por adopción, también las personas que
hacen tránsito, somos ciudadanos palmiranos, no nos podemos dejar seguir
robando, atracando, ni impuestos, esto aquí está para que lo intervenga y me
acojo a lo que dice el Presidente, ‘el que la hace la paga’, entonces ya es
hora que le toque al señor Presidente Duque intervenir esta ciudad porque ya
estamos cansados, mamados, o sino van a lograr ellos su cometido, nos van a
matar a todos, nos van a matar a todos, a Martha Campo, a William Marmolejo”.
1.2. El 28 de septiembre de 2018 el señor Jairo Ortega
Samboní interpuso acción de tutela para que se protegieran sus derechos al buen
nombre, a la honra y a la intimidad. Indicó que en el video grabado y publicado
por el señor Arteaga se realizan “una serie de manifestaciones deshonrosas
que tienen la capacidad de atentar” contra sus derechos fundamentales, las
cuales “no obedecen a la realidad, aunado a los niveles desproporcionados
niveles de insulto demostrando la intención clara de ofender sin razón alguna y
ánimo de persecución desprovisto de toda razonabilidad”. Finalmente, aduce
que el accionado “omite su deber legal de DENUNCIAR a tenor del artículo 67
C.P.P puesto que carece del soporte probatorio para accionar ante la Fiscalía
General de la Nación, de manera que solo opina y señala las irregularidades que
según su criterio, son penales y se cometen dentro de la Administración actual,
pero repito, sin soporte alguno”. En consecuencia, solicitó se ordenara al
accionado “retractarse sobre los señalamientos y calumnias realizadas en la
publicación del 21 de septiembre a las 08:51 que figura en su perfil de
Facebook”[2].
2. Respuesta de la accionada
2.1. Miro Yonqui Arteaga Torijano solicitó negar la acción de tutela
y reafirmó sus señalamientos en contra del señor Jairo Ortega, alcalde de
Palmira, en relación con los funcionarios que ejercen como agentes de tránsito,
y reiteró que ante la Fiscalía General de la Nación se ha interpuesto denuncias
por estos hechos. Al respecto señaló:
“El señor alcalde de la ciudad de Palmira engañó a todas las otras
autoridades y ciudadanos porque nunca creó el cuerpo de los agentes de tránsito
y transporte, el cual tengo certificación del señor; LUIS FELIPE GONZALEZ MORA.
– Subsecretario Gestión de Talento Humano Grado 01. La cual anexo, donde se me
certifica dice así; me permito comunicarle que a la fecha NO existe dentro de
la planta de la administración central, el empleo denominado AGENTE DE
TRANSITO. Yendo en contravía de la constitución política de Colombia y la ley
769 del 2002 en su artículo 3 que enuncia cuales son las autoridades en materia
de tránsito, modificada por la ley 1383 del 2010, y la ley 1310 de 2009 que es
la que establece el cuerpo de agentes de tránsito y transportes asignándole
uniformes reglamentarios para su servicio exclusivo en materia de transito
destacando la profesionalización y creando los cargos de jerarquía o cadena de
mando interno de los agentes de tránsito y transportes. Donde se reglamenta la
resolución No 4548 del 2013 la creación de los cuerpos de agente de tránsito y
transportes. Pero hay unas personas de la alcaldía ejerciendo las funciones de
AGENTES DE TRANSITO Y TRANSPORTES SIN TENER LA INVESTIDURA. ABUSANDO DE LA
BUENA FE DE LOS PALMIRANOS, INFRACCIONANDOLOS SIN SER AUTORIDAES YA QUE OTRO
CARGO SEÑOR JUEZ”.[3]
3. Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela
3.1. Decisión de primera instancia
El 11 de octubre de 2018, el Juzgado Primero
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de
Palmira profirió sentencia de primera instancia en la
que amparó los derechos fundamentales de Jairo Ortega
Samboní y ordenó al accionado “proceda de manera inmediata, a eliminar de su
perfil de Facebook y de cualquier otra red social la publicación denominada
‘Palmira corrupta’, en tanto, a criterio de esta instancia, según lo
considerado, al menos, un fragmento de la alocución, debió ir precedida del principio
constitucional de presunción de inocencia que cobija al accionante”.
El juez de primera instancia trajo a colación algunas sentencias de
la Corte Constitucional relativas a la protección al derecho al buen nombre
cuando se trata de publicaciones en redes sociales y consideró que mientras no
exista una sentencia condenatoria en contra del accionante, el señor Arteaga no
puede señalarlo de “corrupto”. Al respecto indica:
“Es menester que las autoridades competentes realicen las
investigaciones de rigor. Serán ellas las encargadas de calificar las
actuaciones que revisten de algún suceso delictual, pues, no está bien, lanzar
acusaciones cuando las investigaciones están en etapas tempranas o endilgar un
punible sin la previa verificación de una sentencia ya ejecutoriada (…). En
este evento, el hecho de dar por sentada por parte del señor MIRO YONQUI
ARTEAGA TORIJANO la responsabilidad penal en desmedro del principio
constitucional de presunción de inocencia, quebranta los derechos fundamentales
al buen nombre y a la honra que le asisten al señor JAIRO ORTEGA SAMBONÍ”.[4]
El accionado impugnó la sentencia de tutela de primera instancia.
Indicó que en un Estado Social de Derecho no puede existir la censura y reiteró
que de conformidad con las normas legales, el accionante no podía nombrar como
agentes de tránsito a técnicos operativos de tránsito, sobre lo que indica: “El
actor irregularmente expidió el Decreto Municipal 003 de 2017, mediante el cual
de manera corrupta nombro a unos funcionarios en el cargo de Técnico Operativo
de Tránsito código 339, a quienes corruptamente les permite ejercer el cargo de
Agentes de Tránsito (código 340) dotándolos con uniformes de uso exclusivo de
los Agentes de Tránsito, con el agravante que bajo la gravedad de juramento,
los Técnicos Operativos firman y elaboran comparendos en los que suplantan la
autoridad de tránsito que por mandato de la Ley le corresponde ejercer al
Agente de Tránsito”.[5]
3.2. Decisión de segunda instancia
El 26 de noviembre de 2018, el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Palmira confirmó la sentencia de primera
instancia reiterando lo allí dispuesto, esto es, que lo afirmado por el señor
Arteaga no respetaba el principio de presunción de inocencia del accionante.
Además, a la orden impartida por el juez de tutela de primera instancia, el
juez de segunda instancia ordenó rectificar la expresión “en el caso mío yo
he denunciado a los corruptos de aquí de Palmira porque se está denunciando,
tiene nombres propios y los voy a decir, es el señor Ritter López Peña,
Hermisul Ortiz Soto y el actual alcalde, Jairo Ortega Samboní”. Así mismo,
ordenó que se rectificara la expresión “nos van a matar a todos a Marta
Campo, a William Marmolejo”, argumentando que no existía prueba sobre la
interposición de alguna querella por amenazas en contra de la vida o integridad
física de las personas mencionadas por el accionado.[6]
El 10 de diciembre de 2018, el señor William Marmolejo Ramírez,
quien se identifica como veedor nacional y periodista, presentó un escrito mediante
el cual solicita la revocatoria de la sentencia proferida por el juez de tutela
de segunda instancia. Indicó que él también ha denunciado la corrupción en el
municipio de Palmira por lo que ha sido objeto de amenazas, las cuales han sido
puestas en conocimiento de las autoridades judiciales, lo que llevó a que, en
febrero de 2018, la Unidad Nacional de Protección estableciera un riesgo
extraordinario en su caso y le asignara un esquema de protección.[7]
El juez de tutela de segunda instancia desestimó el escrito
presentado por el señor Marmolejo por haber sido presentado después de
ejecutoriado el fallo del 26 de noviembre de 2018.
[8]
4. Actuaciones
surtidas en sede de revisión
Mediante Auto del 9 de mayo de 2019, la Magistrada Sustanciadora
solicitó al señor Miro Yonqui Arteaga Torijano remitir copia de las denuncias
interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación en contra del señor Jairo
Ortega Samboní por los hechos relacionados en el video publicado en su cuenta
de Facebook. En respuesta a dicho Auto, el señor Arteaga Torijano aportó una
copia de la denuncia penal por él interpuesta en contra del accionante y varios
oficios de las respectivas autoridades judiciales que conocen el caso. En dicha
denuncia indica que Jairo Ortega Samboní, quien se desempeña como Alcalde de
Palmira, desconoció la Ley 769 de 2002 al permitir que técnicos en tránsito y
transporte ejercieran las funciones que les corresponden a los agentes de tránsito,
a pesar de que la ley no contempla a los primeros como una autoridad de
tránsito. Dice el denunciante: “El señor alcalde JAIRO ORTEGA SAMBONI le
cambia la figura a los agentes de tránsito por técnicos en tránsito y
transportes, el cual no tiene las facultades constitucionales para modificar
una ley, en este caso, la ley 769 del 2002 en su artículo 3 establece cuáles
son las autoridades, y los técnicos NO aparecen certificados como autoridades
ya que es un nombramiento interno de los mismos agentes de tránsito en su
jerarquía”.[9]
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. Competencia
Esta Corte es competente para revisar las decisiones judiciales
descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la
Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del
Auto del quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), proferido por la
Sala de Selección Número Tres, que escogió el expediente para revisión.
2. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela promovida por Jairo Ortega Samboní
2.1. Antes de examinar el fondo del asunto
objeto de estudio, es preciso que esta Sala analice la procedencia de la acción
de tutela interpuesta por Jairo Ortega Samboní contra Miro Yonqui Arteaga Torijano.
2.2. La tutela puede ser interpuesta por Jairo Ortega Samboní contra Miro Yonqui Arteaga Torijano
2.2.1. Jairo Ortega Samboní puede interponer la acción de tutela objeto de análisis
(legitimación por activa), por cuanto es un ciudadano, actuando en nombre
propio, que alega la vulneración de sus derechos fundamentales[10].
Así mismo, la acción de tutela resulta procedente contra Miro Yonqui Arteaga Torijano (legitimación
por pasiva), dado que el accionante se encuentra en una situación de indefensión
respecto del accionado,[11]
tal como se explicará a continuación.
2.2.2. En relación con el estado de indefensión, este Tribunal ha
precisado que esta situación se configura cuando la persona afectada en sus
derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos o
jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan
insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho
fundamental, razón por la cual se encuentra inerme o desamparada.[12]
Así pues, ha indicado que “el estado de
indefensión es un concepto de naturaleza  fáctica que se configura cuando una
persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de
modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es
posible defenderse ante la agresión de sus derechos”.[13]
De acuerdo con lo anterior, en cada caso concreto el juez de
tutela debe determinar, de conformidad con los hechos y circunstancias
particulares, si una persona se encuentra frente a una situación de
indefensión, con el fin de establecer la procedencia de la acción de tutela
contra un particular.[14] Ahora bien, de manera específica la jurisprudencia constitucional
ha señalado que en los casos en los que se divulga o publica información u
opiniones a través de medios de comunicación de alto
impacto social, que trascienden la esfera privada, como es el caso de internet
y las redes sociales, y sobre
las cuales el demandante o afectado no tiene control, se genera, en
principio, una situación de inferioridad que se enmarca en la hipótesis de un
estado de indefensión.[15]
No obstante, en todo caso debe valorarse la situación específica que se
presenta, esto es, el grado de sujeción del
accionante y la incidencia de dicha indefensión en los derechos fundamentales
que se alegan vulnerados.
2.2.3. En el asunto que se estudia evidencia esta Sala que, si
bien el accionante no se encontraba en un grado de sujeción fuerte respecto del
accionado, carecía de medios físicos o jurídicos idóneos para repeler el ataque
a sus derechos al buen nombre e intimidad. En efecto, la publicación contra la
que se dirige la tutela es un video en el que se identifica al accionante con
su nombre y actual cargo, esto es, Alcalde de Palmira, señalando de “corrupto”
por las irregularidades que, según el señor Arteaga
Torijano, están ocurriendo en la Secretaría de
Tránsito de Palmira. Esta situación tiene una incidencia directa y acentuada
sobre los derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad del señor
Jairo Ortega, pues lo relaciona con la comisión de posibles conductas punibles.
Además, aunque los contenidos publicados en Facebook pueden  reportarse ante
esta misma plataforma por infringir las normas comunitarias de dicha red
social, no es claro que el video publicado por el accionado transgrediera tales
reglas, pues no se trata de un mensaje que incite al odio o a la violencia o
que se enmarque en alguna de las categorías de contenidos que la propia red
social califica como inaceptables.[16]
2.2.4. Así mismo, debe tenerse en cuenta que la pretensión del
accionante se dirige a que el señor Arteaga Torijano se retracte de las
afirmaciones hechas en el video que origino la presente controversia. Sin
embargo, Facebook no ofrece ninguna herramienta para satisfacer esta
pretensión, esto es, “no existe una fuente de obligaciones que le permita a
Facebook ordenar directamente a un usuario retractarse o disculparse. Además,
aún si existiera, sería incorrecto pues el intermediario no tiene el deber de
analizar la imprecisión, falsedad o vaguedad del contenido que se pública en su
plataforma, un análisis post-publicación, en una sociedad democrática, es del
resorte exclusivo de los jueces”.[17]
2.2.5. Por ende, en este caso se configura una situación fáctica
de indefensión debido a que el accionante no tenía como controlar la
circulación del video publicado en la cuenta personal de Facebook del accionado
en el que se lo señala de “corrupto” por presuntas actuaciones irregulares en
el nombramiento de agentes de tránsito del municipio de Palmira. Además, el señor Ortega Samboní se encuentra imposibilitado para contrarrestar de forma actual y
oportuna la posible vulneración de sus derechos, derivada de la referida
publicación, pues la red social Facebook no tiene ningún mecanismo que permita
satisfacer la pretensión del accionante, esto es, obligar al accionado a
retractarse de lo dicho en el mencionado video. Por lo anterior, la tutela
procede en este caso en contra de un particular, dado que el demandante se
encuentra en un estado de indefensión respecto del demandado.
2.3. La tutela cumple el requisito de inmediatez
2.3.1. La jurisprudencia constitucional ha
señalado que la acción de tutela debe ser interpuesta
dentro de un plazo razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la
acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos
fundamentales que se alega, pues de otra
forma se desvirtuaría el propósito mismo de esta acción, esto es, el de
proporcionar una protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales
cuando estén siendo vulnerados o amenazados.[18]
En el presente caso se advierte que la acción de
tutela fue interpuesta el 28 de septiembre de
2018, esto es, siete días después
de que el accionado publicara en su cuenta de Facebook el video que el
demandante considera violatorio de sus derechos fundamentales. Por lo tanto,
esta Sala considera que la presente acción de tutela se presentó en un término
razonable y oportuno.
2.4. La tutela es procedente también por cuanto no hay un medio de
defensa alternativo idóneo y eficaz
2.4.1. En casos similares la jurisprudencia constitucional ha
señalado que, “en razón a la afectación a los derechos a la honra y al buen
nombre que se puede causar con las publicaciones de información en medios
masivos de comunicación, la acción de tutela resulta o, al menos, puede
resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo idóneo para contener su
posible afectación actual y, en principio, irreparable”[19], dado que en
situaciones como la que se estudia es imperiosa una intervención judicial
actual e inmediata que impida que la posible vulneración a los derechos se siga
prologando en el tiempo de manera indefinida como consecuencia de la
publicación del video realizado por el accionado en Facebook.
2.4.2. Así entonces, la acción de tutela es el medio judicial
efectivo que provee el ordenamiento jurídico colombiano para desatar
controversias en las que presuntamente existe una vulneración del derecho al
buen nombre o a la honra. Debe tenerse en cuenta que el accionante no busca
establecer una responsabilidad civil o penal, sino específicamente, el
restablecimiento de sus derechos a la honra y al buen nombre. En efecto, solo
la protección que brinda la Constitución Política a los mencionados derechos es
completa[20]
puesto que no se limita al establecimiento de responsabilidades, sino que
permite además evitar una vulneración de derechos o restaurarlos si es del
caso.[21]
Por lo tanto, el requisito de subsidiariedad se encuentra satisfecho, y esta
Sala continuará con el estudio del caso.
3. Problema jurídico
3.1. En el caso bajo estudio el accionante señala que el señor Miro
Yonqui Arteaga Torijano realizó afirmaciones a través de un video publicado en
su cuenta de Facebook que afectan sus derechos fundamentales. Por lo tanto,
esta Sala deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se vulneran los derechos al buen nombre, a la honra y a la
intimidad de un servidor público cuando un particular publica en la red social
Facebook un video en el que se hacen afirmaciones en su contra y se le señala
de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, teniendo en
cuenta que los hechos que dan lugar a la publicación han sido denunciados ante
las autoridades competentes y son de conocimiento público pero no existe una
condena por los hechos que se relatan en el mencionado video?
3.2. Para
resolver este problema jurídico se analizará, en primer término, la
jurisprudencia constitucional sobre los derechos a la intimidad, al buen nombre
y a la honra. En segundo lugar, se estudiaran algunos aspectos del derecho a la libertad de expresión que resultan importantes para la
resolución del presente caso. Enseguida se analizará el caso concreto a la luz
de los parámetros constitucionales establecidos por la jurisprudencia de esta
Corte para establecer el grado de protección que debe recibir la libertad de
expresión cuando entra en conflicto con derechos de terceras personas.
4. Aspectos básicos de los derechos a la
intimidad, al buen nombre y a la honra
A continuación, se resaltarán
algunos aspectos centrales de los derechos al buen nombre y a la honra,
identificados por la jurisprudencia constitucional, que se consideran
importantes para abordar el análisis del presente caso.
4.1. El artículo 15
constitucional establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar, y obliga al Estado a respetar este derecho y a hacerlo
respetar. Esta Corporación ha precisado que el derecho
a la intimidad protege múltiples aspectos de la vida de la persona, que
incluyen desde la proyección de la propia imagen, hasta la reserva de espacios
privados en los cuales el individuo realiza actividades que solo le conciernen
a él. En efecto, desde sus primeros pronunciamientos la Corte ha sostenido:
“(…) constituyen aspectos de la órbita privada, los asuntos
circunscritos a las  relaciones familiares de la persona, sus costumbres y
prácticas sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los
espacios limitados y legales para la utilización de datos a nivel
informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general
todo "comportamiento del sujeto que no es conocido por los extraños y que
de ser conocido originaría críticas o desmejoraría la apreciación" que
éstos tienen de aquel”.[22]
4.2. Así entonces, a partir de
los diversos aspectos que abarca el derecho a la intimidad, la Corte ha
considerado que este derecho se presenta en distintos grados, a saber: (i) personal, (ii) familiar, (iii) social y
(iv) gremial[23]. Por tanto, puede afirmarse que el derecho a la intimidad está
instituido para garantizar a las personas una esfera de privacidad en su vida
personal, familiar, social y gremial, lo que implica una abstención por parte
del Estado o de terceros de intervenir injustificada o arbitrariamente en dicho
ámbito.
4.3. Lo anterior comprende, de
manera particular, la protección de la persona
frente a la divulgación no autorizada de los asuntos relacionados a ese ámbito
de privacidad[24]. Este último aspecto ha sido considerado
por la Corte como parte del principio de libertad que fundamenta el derecho en
mención. En efecto, se ha señalado que el derecho a
la intimidad está sustentado en cinco principios que aseguran la inmunidad del individuo frente a la
innecesaria injerencia de los demás:
(i)
El principio de libertad, de acuerdo con el
cual el registro o divulgación de los datos personales de una persona requiere
de su consentimiento libre, previo, expreso o tácito o que el ordenamiento
jurídico imponga una obligación de relevar dicha información con el fin de
cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo.
(ii)
El principio de finalidad, el cual exige que
la recopilación y divulgación de datos de una persona atienda a una finalidad
constitucionalmente legítima.
(iii)
El principio de necesidad, de acuerdo con el
cual la información personal que deba divulgarse debe tener una relación de
conexidad con la finalidad pretendida mediante su revelación.
(iv)
El principio de veracidad, el cual exige que
los datos personales que puedan divulgarse correspondan a situaciones reales.
(v)
El principio de  integridad, que exige que la
información que se divulga se presente de manera completa[25].
4.4. La Corte ha establecido entonces que el derecho a la
intimidad constituye un área restringida que “solamente puede ser penetrada
por extraños con el consentimiento de su titular o mediando orden dictada por
autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de conformidad con la
Constitución y la ley”[26].
4.5.
Por su parte, el derecho al buen nombre también se encuentra consagrado en el
artículo 15 de la Constitución Política, y la jurisprudencia constitucional lo
ha definido como aquel asociado a la idea de
reputación, buena fama u  opinión que de una
persona tienen los miembros de la sociedad, por lo que ha sido vinculado a las actividades desplegadas de forma pública. Este resulta vulnerado, por
ejemplo, cuando particulares o autoridades públicas difunden información falsa
o inexacta, o que se tiene derecho a mantener en reserva, con la intención de
causar una afrenta contra el prestigio público de una persona. Al respecto, en
la Sentencia T-949 de 2011 la Corte señaló:
“el derecho al buen nombre tiene carácter
personalísimo, relacionado como está con la valía que los miembros de una
sociedad tengan sobre alguien, siendo la reputación o fama de la
persona el componente que activa la protección del derecho. Se relaciona con la
existencia de un mérito, una buena imagen, un reconocimiento social o una
conducta irreprochable, que aquilatan el buen nombre a proteger, derecho que es
vulnerado cuando se difunde información falsa o inexacta, o que se tiene
derecho a mantener en reserva, con la intención de causar desdoro contra el
prestigio público de una persona”.[27]
4.6. Así entonces, el derecho al buen nombre protege a las
personas frente a las expresiones o informaciones ofensivas o injuriosas,
falsas o tendenciosas, las cuales distorsionan el concepto público que se tiene
del individuo, pues se considera que la reputación de una persona es uno de los
elementos más valiosos de su patrimonio moral y social. Por ende, en cada caso
resulta necesario establecer si las expresiones o informaciones cuestionadas corresponden al
ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, información u
opinión.[28]
4.7. Finalmente,
en lo que tiene que ver con el derecho a la honra, debe señalarse que este se
encuentra establecido en el artículo 21 de la Constitución Política, y ha sido
asociado por la jurisprudencia constitucional a la
valoración de comportamientos en ámbitos privados. Esta Corte ha dicho que la
honra hace referencia a “la estimación o
deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser
tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”[29], y protege el valor intrínseco de los
individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, garantizando la adecuada
consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad, por lo
que se deriva de la propia dignidad de la persona. En el mismo sentido, en la
Sentencia T-322 de 1996[30] se indicó que el núcleo esencial del derecho a la honra lo integran
tanto la perspectiva interna, esto es, la
estimación que cada persona hace de sí misma, y la perspectiva externa, que
consiste en el reconocimiento que los demás hacen de la dignidad de cada
individuo. Además, precisó que para que pueda tenerse como afectado este
derecho, esos dos factores deben apreciarse de manera conjunta.[31]
5. El derecho a la libertad de
expresión. Aspectos básicos aplicables para la resolución del presente caso
5.1. Contenido, características y finalidades del derecho a la
libertad de expresión
5.1.1. El artículo 20 de la Constitución Política reconoce la
garantía de toda persona para expresar y difundir libremente su pensamiento y
opiniones, informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar
medios masivos de comunicación, los cuales son libres y tienen responsabilidad
social. Dicha norma proscribe la censura y garantiza además el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad.[32]
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el contenido del citado
artículo constitucional, siguiendo los fines que éste persigue, y los tratados
internacionales ratificados por Colombia sobre la materia, concluyendo que éste
se compone por: (i) la libertad de expresión stricto sensu, la
cual consiste en la libertad de expresar y difundir el propio
pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a
través de cualquier medio de expresión -sea oral, escrito, impreso, artístico,
simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a
no ser molestado por ellas; (ii) la libertad de información, con sus
componentes de libertad de búsqueda y acceso a la información, libertad de
informar y la libertad y derecho de recibir información veraz e imparcial sobre
sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole a través de cualquier medio de
expresión; (iii) la libertad de prensa, que comprende la libertad de fundar
medios masivos de comunicación y de administrarlos sin injerencias, y la
libertad de funcionamiento de los mismos, con la consiguiente responsabilidad
social; (iv) el derecho a la rectificación en condiciones de equidad; y (v) las
prohibiciones de censura, pornografía infantil, instigación pública y directa
al genocidio, propaganda de la guerra y apología del odio, la violencia y el
delito.[33]
5.1.2. La Corte Constitucional ha considerado que la libertad de
expresión es un pilar del Estado Social de Derecho y un principio fundamental
de los regímenes democráticos, donde se respeta la dignidad humana y se valora
la participación de la ciudadanía y de todos los sectores, lo que permite
consolidar sociedades pluralistas y deliberativas.[34] En razón de lo anterior,
ha señalado que la libertad de expresión es objeto de un grado reforzado de
protección, entre otras razones, por cuestiones atinentes al funcionamiento de
las democracias,[35]
pues cumple funciones primordiales en una sociedad democrática, como prevenir abusos
de poder y estimular la confrontación pacífica de las decisiones estatales o
sociales que no se compartan.[36]
5.1.3. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con fundamento en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos,[37]
ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y
libertad de expresión, al establecer que la libertad de expresión es un
elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad
democrática. Al respecto, ha señalado que la libertad de expresión “constituye
uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una condición
fundamental para su progreso y para el desarrollo personal de cada individuo.
Dicha libertad no sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de
información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como
inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que ofenden,
resultan ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población. Tales
son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin
las cuales no existe una sociedad democrática. Esto significa que toda formalidad, condición, restricción o sanción impuesta en la
materia, debe ser proporcionada al fin legítimo que se persigue”.[38]
5.1.4. En cuanto a la libertad de expresión stricto senso, la
jurisprudencia constitucional ha distinguido ocho rasgos del ámbito
constitucionalmente protegido, en términos del alcance y el contenido de este
derecho, a saber: “(1) su titularidad es universal sin discriminación,
compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los
intereses privados del emisor de la expresión;  (2) sin perjuicio de la
presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad
constitucional, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los
cuales la presunción es derrotada, por consenso prácticamente universal
plasmado en tratados internacionales que obligan al Estado colombiano; (3)
existen diferentes grados de protección constitucional en los variados ámbitos
de la expresión humana amparados por la libertad de expresión stricto senso,
por lo cual hay tipos de discurso que reciben una protección más reforzada que
otros – lo cual tiene efectos directos sobre la regulación estatal admisible y
el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las
limitaciones; (4) la expresión protegida por esta libertad puede ser tanto la
del lenguaje convencional, como la manifestada a través de conducta simbólica o
expresiva convencional o no convencional; (5) la expresión puede efectuarse a
través de cualquier medio elegido por quien se expresa, teniendo en cuenta que
cada medio en particular plantea sus propios problemas y especificidades
jurídicamente relevantes, ya que la libertad constitucional protege tanto el
contenido de la expresión como su forma y su manera de difusión;  (6) la
libertad constitucional protege tanto las expresiones socialmente aceptadas
como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las
expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas,
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias,
ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión
como su tono; (7) su ejercicio conlleva, en todo caso, deberes y
responsabilidades para quien se expresa; y (8) impone claras obligaciones
constitucionales a todas las autoridades del Estado, así como a los
particulares”.[39]
5.2. Algunas diferencias entre la libertad de opinión y la libertad
de información
5.2.1. La jurisprudencia constitucional ha deslindado los derechos a
la libertad de expresión y a la libertad de información, lo que repercute en la
imposición de diferentes restricciones en su ejercicio. En efecto, si bien
ambas libertades aluden a la posibilidad de comunicar algo que se quiere
expresar, la principal diferencia entre ellas es que la libertad de expresión
abarca todas las declaraciones que pretendan difundir ideas, pensamientos,
opiniones, entre otros; mientras que la libertad de información se refiere
únicamente a la capacidad de “enterar o dar noticias sobre un
determinado suceso”[40]. Esta caracterización dual es importante porque es lo que le ha
permitido a este alto Tribunal sostener que los principios de veracidad e
imparcialidad son propios de la libertad de información. Particularmente, la
libertad de expresión, en sentido estricto, goza de una gran amplitud en sus
garantías y por ende sus límites son mucho más reducidos. Al respecto, ha
señalado la Corte:
“Esta diferencia determina que la libertad de opinión
tenga por objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina
la expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y
apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas.
Entretanto, la libertad de información protege aquellas formas de comunicación
en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido.
Por tal razón, en este último caso se exige que la información transmitida sea
veraz e imparcial, esto es, que las versiones sobre los hechos o
acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas
perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
contemplado. Tal exigencia, está ligada a un aspecto fundamental, y es que en
el caso de la libertad de información no sólo está involucrado el derecho de
quien transmite, sino el de los receptores de la información, los cuales, de acuerdo
a lo preceptuado en el artículo 20 constitucional, tienen derecho a que se
proteja la veracidad e imparcialidad de la información que reciben”.[41]
5.2.2. Ahora bien, la
jurisprudencia constitucional también ha reconocido que en ocasiones es difícil
realizar una distinción tajante entre libertad de opinión y libertad de
información, pues una opinión lleva de forma explícita o implícita un contenido
informativo, de la misma manera en que una información supone algún contenido
valorativo o de opinión. Lo anterior implica que si bien no puede reclamarse
veracidad e imparcialidad sobre los juicios de valor, sí se deben hacer tales
exigencias respecto a los contenidos fácticos en los que se funda esa opinión,
siempre y cuando se trate de emisores de información. Y de forma correlativa,
es exigible también que estos permitan que los receptores puedan distinguir
entre el contenido meramente informativo y la valoración u opinión sobre los
mismos.[42]
5.3. El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto
5.3.1. La protección especial que tiene la libertad de expresión en
nuestro ordenamiento jurídico implica que existe una presunción de cobertura de
toda expresión, razón por la cual, cuando el ejercicio de la libertad de
expresión entre en conflicto con otros derechos, valores o principios
constitucionales, se debe otorgar, en principio, una primacía a la libertad de
expresión. Lo anterior no implica que la libertad de expresión sea un derecho
absoluto que no admita limitaciones, pues “dicha primacía cesará cuando se
demuestre que el otro derecho, valor o principio constitucional adquiere mayor
peso en el caso concreto, a la luz de las circunstancias generales en que el
conflicto se ha suscitado, y con cumplimiento de las condiciones constitucionales
que admiten la limitación de esta libertad”.[43]
Por lo tanto, en estos eventos lo que procede es realizar un ejercicio de
ponderación entre los derechos, valores o principios en conflicto, pero
teniendo presente la presunción de cobertura ya mencionada.
5.3.2. La jurisprudencia constitucional ha considerado que la
libertad de expresión debe ejercerse responsablemente, pues no puede irrespetar
los derechos de los demás. En sentencia T-110 de
2015 precisó la Corte: “En
consecuencia, no puede entenderse que quien hace uso de dicha libertad está
autorizado para atropellar los derechos de los otros miembros de la comunidad,
sacrificando principalmente, entre otros, los derechos al buen nombre y a la
honra. En esa misma dirección no se pueden realizar insinuaciones sobre
una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar el
escándalo público”[44]. Así entonces, ha afirmado
esta Corporación que la libertad de expresión debe prevalecer en caso de
conflicto con otros derechos a menos que se logre comprobar que
en la información divulgada exista una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o
inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales[45].
5.3.3. En el mismo sentido, en su Observación General N° 34, el
Comité de Derechos Humanos indicó que el derecho a la libertad de expresión
entraña deberes y responsabilidades especiales, razón por la cual puede
restringirse para proteger el “respeto de los derechos o la reputación de
otras personas o a la protección de la seguridad nacional y el orden público, o
de la salud y la moral públicas. Sin embargo, cuando un Estado parte impone
restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner
en peligro el derecho propiamente dicho.” [46]
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado
expresamente que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho
absoluto, este puede ser objeto de restricciones, tal como lo señala el
artículo 13 de la Convención en sus incisos 4 y 5.”[47] No obstante, ha
precisado que el derecho a la libertad de expresión deja un margen muy reducido
a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de
interés público.[48]
En relación con esto, especificó que las restricciones deben cumplir de forma
concurrente con los siguientes requisitos: (i) estar previamente fijadas por
ley -en sentido formal y material-, para que no queden al arbitrio del poder
público; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Americana
(“el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de
la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”); y
(iii) ser necesaria[49]
en una sociedad democrática (para lo cual deben cumplir con los requisitos de
idoneidad, necesidad y proporcionalidad).[50]
5.3.4. A su vez, la Corte Constitucional ha
señalado que toda limitación a la libertad de expresión se presume inconstitucional,
por lo que debe estar sometida a un juicio estricto de constitucionalidad, el
cual impone verificar que la restricción que pretende imponerse: “(i) esté prevista
en la ley; (ii) persiga
el logro de ciertas finalidades imperiosas, que han de estar relacionadas con
el respeto a los derechos de los demás o la protección de la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral pública; (iii) sea
necesaria para el logro de dichas finalidades; y (iv) no imponga una restricción desproporcionada en el
ejercicio de la libertad de expresión. Adicionalmente, es preciso verificar
que (v) la
medida restrictiva sea posterior y no previa a la expresión objeto del límite,
como también, el que (vi) no constituya censura en ninguna de sus formas, lo que
incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión
que se limita”.[51]
5.3.5. En todo caso, ha precisado la jurisprudencia constitucional
que, quien alega la violación de sus derechos fundamentales por el ejercicio
que de la libertad de expresión haga una persona, tiene la carga de probar
dicha transgresión a sus derechos: “quien
afirme la violación de sus derechos, deberá demostrar (i) que la expresión no
puede comprenderse cobijada por la libertad; (ii) que una restricción a dicha
libertad puede justificarse constitucionalmente; (iii) que la primacía prima facie de la libertad de expresión puede ser derrotada
por la importancia de otros intereses constitucionales; y (iv) que la
restricción no constituye una forma de censura”.[52]
5.4. Discursos sobre asuntos de interés público y
sobre funcionarios o personajes públicos como discursos especialmente
protegidos en el ámbito de la libertad de expresión
5.4.1. En principio todo tipo de discursos o
expresiones están protegidas por la libertad de expresión con independencia de
su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal con la que
cuenten. No obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una protección
más reforzada que otros, como lo son el discurso político,
el debate sobre asuntos de interés público y la opinión sobre funcionarios y
personajes públicos. Los discursos políticos o sobre temas de interés público
hacen referencia no solo a aquellos de contenido electoral sino a todas las
expresiones relevantes para el desarrollo de la opinión pública sobre los
asuntos que contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas
hacia el Estado y los funcionarios públicos. Para la Corte este discurso es
fundamental en una sociedad democrática, pues permite ejercer un control sobre
las actuaciones del Estado, por lo que ha sostenido:
“La libertad de expresión permite que las personas protesten
de forma pacífica frente a las actuaciones arbitrarias, inconvenientes o
abusivas del Estado. Tal actitud contribuye a disuadir a los gobernantes de
conductas contrarias al bien común. Una sociedad democrática, respetuosa del
principio de la libertad de expresión, permite a los ciudadanos que se expresan
poner sobre aviso al resto de la comunidad acerca de aquellas actuaciones
estatales que sean reprochables e inaceptables. Además, la probabilidad de que
un abuso sea conocido, divulgado y criticado desestimula a quienes ejercen
algún poder de incurrir en excesos o atropellos”.[53]
5.4.2. En consecuencia, toda restricción a los
discursos que versen sobre asuntos de interés público o involucren críticas al
Estado o sus funcionarios es vista con sospecha, debido a que: “(i) a través
de ellos no sólo se manifiesta el estrecho vínculo entre democracia y libertad
de expresión, sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles
se confiere a ésta una posición preferente en los estados constitucionales;
(ii) este tipo de discursos suelen ser los más amenazados, incluso en las
democracias más vigorosas, por cuanto quienes detentan mayor poder social,
político o económico pueden llegar a ser afectados por tales formas de
expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su poder para censurar
dichas manifestaciones y reprimir a sus autores”.[54]
5.4.3. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos también ha resaltado la importancia que tiene el discurso
sobre asuntos de interés público. Para este Tribunal, “el control
democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta
la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de
los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un
margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre
cuestiones de interés público”.[55]
Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en publicación denominada “Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión”,
afirmó:
“la jurisprudencia
interamericana ha definido la libertad de expresión como, “el derecho del
individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y
desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal
y armónico de la sociedad”[56];
ha enfatizado que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces de
denuncia de la corrupción; y ha señalado que en el debate sobre asuntos de
interés público, se protege tanto la emisión de expresiones inofensivas y bien
recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan
a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un
sector cualquiera de la población.”[57]
5.4.4. De otra parte, sobre los asuntos que pueden considerarse
de interés público, la Corte Constitucional ha precisado que no resulta
suficiente la simple curiosidad generalizada para calificar un asunto como uno
de valor público sino que “[e]s preciso examinar que el contenido de una
información obedezca a un verdadero y legítimo interés general de conformidad
con la trascendencia y el impacto social. Así, la libertad de información toma
ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos surge la necesidad de
conocimiento público y se despierta el interés general”.[58] En consecuencia, se
exige un interés público, real, serio y además, actual, donde nunca es de
recibo una finalidad meramente difamatoria o tendenciosa.
5.4.5. Como consecuencia de lo anterior, la Corte ha
resaltado la importancia de proteger las expresiones o discursos sobre
funcionarios o personajes públicos “a quienes por razón de sus cargos,
actividades y desempeño en la sociedad se convierten en centros de atención con
notoriedad pública e inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo
de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto
buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y
moral. Además, su mayor exposición ante el foro público fomenta la
transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión”.[59] La Corte ha
justificado esta amplitud en la protección que se debe garantizar a los
discursos dirigidos en contra de estas personas, además del interés público que
generan las funciones que realizan, en el hecho de que se han expuesto
voluntariamente a una mayor visibilidad al ocupar un determinado cargo y porque
tienen una enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder
de convocatoria pública.[60]
5.4.6. No obstante, se ha precisado que no toda
información u opinión relacionada con un funcionario público tiene relevancia o
interés público, sino solo aquellas referidas “(i) a las funciones que esa
persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii)
a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada
en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la
competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funciones”.[61] Así entonces, por
ejemplo, cuestiones relativas a la vida privada de una persona que nada tienen
que ver con las funciones públicas que desempeñe o que no tengan relevancia
para evaluar la confianza depositada a dicha persona, no estarían amparadas, en
principio, por la protección constitucional reforzada que se le otorga a los
discursos sobre funcionarios públicos.[62]
5.4.7. Por su parte, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos también ha coincidido en la necesidad de brindar una mayor
laxitud al discurso referente a personas que ejercen funciones públicas. Para dicha Corte, la especial
protección de este tipo de discursos es fundamental para el funcionamiento de
un sistema democrático:
“En este contexto es lógico y apropiado que las expresiones
concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones
de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 de la
Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos de
interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema
verdaderamente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el
honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser
jurídicamente protegido, sino que éste debe serlo de manera acorde con los
principios del pluralismo democrático.
Es así que el acento de este umbral
diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el
carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una
persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de interés
público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y,
consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que
sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la
esfera del debate público.”[63]
5.4.8. De otro lado, la Corte ha señalado que tanto los
medios de comunicación como los ciudadanos, “tienen derecho a denunciar
públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan
conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a
que se produzca un fallo para comunicar al respecto”.[64] En Sentencia
T-213 de 2004, en la que se estudió un caso en el que a través de un libro se
cuestionaba la conducta y el desempeño de una Fiscal, esta Corporación admitió
que la sociedad tiene el derecho de reprochar una conducta de un funcionario
público que se considere irregular, amañada o maliciosa, pese a que la
situación haya sido ya dirimida en sentido contrario ante los órganos
jurisdiccionales del Estado, por cuanto no puede existir un monopolio sobre la
verdad en cabeza del sistema jurídico. Dijo la Corte:
“Ya se indicó antes que
en una sociedad multicultural y pluralista no existe un monopolio sobre la
verdad (Fundamento 18). En la democracia constitucional el respeto por el
pluralismo valorativo de la sociedad, no puede conducir a que se entienda que
la definición de la corrección de la conducta de los funcionarios públicos se
limite a su conformidad con la ley. La sociedad tiene derecho a (y requiere)
controlar la actuación de tales funcionarios y de valorar si, a pesar de que no
ha incurrido en conductas irregulares en términos jurídicos, su comportamiento
resulta inaceptable en otros términos sociales.
(…)
De una parte, que en una
democracia constitucional no es posible centralizar en el sistema jurídico la
calificación de la conducta de las personas. La separación entre derecho y
moral, así como del derecho del sistema de valores religiosos, (separación indispensable
para lograr una sociedad plural), obliga a aceptar que a partir de cada sistema
social es posible realizar juicios de valor respecto de la conducta de las
personas y, en particular, de los funcionarios estatales.
(…)
Por otra parte, pretender
un monopolio absoluto sobre el reproche en cabeza del sistema jurídico,
conduciría a paralizar el proceso de transformación del sistema de valores de
la sociedad, en la medida en que sólo resultarían legítimos los reproches
jurídicamente sancionados”.[65]
5.4.9. No obstante todo lo anterior, la Corte ha
establecido que, si bien el discurso sobre asuntos de interés público o que
involucra cuestionamientos a funcionarios públicos se encuentra especialmente
protegido por la libertad de expresión, toda información que se profiera debe
partir de un mínimo de plausibilidad, entendida como condiciones de veracidad y
credibilidad y no sobre información falsa o meramente hiriente. En la citada
sentencia T-213 de 2004 se indicó:
“Críticas de este tipo han de soportarse en una democracia
constitucional. Por ello se avanzó sobre la imposibilidad de que se prohíba o
restrinja el ejercicio de la libertad de opinión respecto de la administración
de justicia misma. La cuestión es cuál debe ser el límite de la libertad de
expresión. Para la Corte, dicho límite se define con base en la plausibilidad
(la Corte advierte que no se trata de corrección) de tales opiniones a partir
del contexto descrito. Según se ha precisado en la sentencia C-489 de 2002, la
afectación del buen nombre parte de informaciones falsas o erróneas, que
distorsionan el concepto público sobre un individuo. También se indicó que bajo
el amparo del derecho al buen nombre, las opiniones meramente insultantes,
están proscritas (fundamento 15)”.[66]
5.4.10. Así entonces, aunque no se puede exigir que una
información dada a conocer por un ciudadano tenga un grado de certeza
equiparable a la convicción judicial, pues no se requiere que una persona tenga
una certidumbre absoluta sobre la información que divulga, “quien haga uso de medios masivos de comunicación (las redes sociales
están incluidas) debe realizar previamente una diligente labor de constatación y
confirmación de la información”[67] esto es, debe
verificar razonablemente si la información que difundió contaba con un mínimo
de fundamentación fáctica.[68]
5.5 La libertad de expresión en internet
5.5.1. Los nuevos escenarios digitales han facilitado y
democratizado el ejercicio de la libertad de expresión, pues a través de estos
la comunicación de opiniones e informaciones se transmite de manera ágil e
inmediata por cualquier persona a un público muy amplio. Esto ha implicado que
el discurso y el debate público han dejado de estar en manos exclusivas de
personajes públicos o de los medios tradicionales de comunicación, pues la
ciudadanía ha utilizado esta poderosa herramienta para expresarse, denunciar,
organizarse y movilizarse. En términos de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “[e]n la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en
Internet un instrumento único para desplegar, incrementalmente, su enorme
potencial en amplios sectores de la población”[69]. En particular, las redes sociales han
servido para estos propósitos:
“En este contexto, las redes sociales se muestran como una
posibilidad para ejercer de manera exponencial el derecho a la libre expresión,
con un alcance masivo que no ofrecía, y aún no ofrece, el acceso restringido de
los medios de comunicación tradicional. Lo anterior, en tanto a través de las
nuevas tecnologías cualquier persona es una potencial comunicadora de
información de cualquier tipo (noticiosa, personal, profesional, etcétera) o de
opiniones con un alcance determinado por el uso que otras personas hagan de las
mismas redes. Situación que marca una importante diferencia con los medios
tradicionales en los que sólo ciertas personas, de ordinario periodistas,
ejercían la autoría del material publicado y ello solamente a través de canales
especializados”.[70]
En este escenario se hace necesario
revisar cuáles son las nuevas dinámicas en términos de interacción social
digital, y analizar sus implicaciones para el ejercicio de la libertad de
expresión.
5.5.2. La Declaración conjunta sobre libertad de expresión en
internet,[71]
adoptó una serie de principios sobre la materia dentro de los que se estableció
que las mismas prerrogativas y límites que tiene la libertad de expresión en
medios tradicionales de comunicación, como periódicos, programas radiales, o de
televisión, entre otros, aplican también para su ejercicio en internet: “la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo
que a todos los medios de comunicación. Las restricciones
a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen
con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán
estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el
derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad (la prueba
"tripartita")”.[72]
Así mismo, esta Declaración señaló que “al
evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en
Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la
capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión
respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de
otros intereses”. En el
mismo sentido, la Corte Constitucional ha establecido que el amparo a la
libertad de expresión y sus respectivos límites se aplican a internet y a las
redes sociales de la misma manera que a los demás medios de comunicación,[73] por lo que las
restricciones deben analizarse a la luz de los mismos estándares.
5.5.3. Sin perjuicio de lo anterior, esta Corporación ha indicado
que, en razón a la masificación que pueden tener las opiniones y las
informaciones a través de internet, aunado a la posibilidad de almacenar la
información, así como de disponer y consultar la misma de manera ágil y
permanente, es preciso prestar una especial atención a las expresiones que allí
se profieran, de tal manera que no se desconozcan los derechos de terceras
personas. En concreto, sobre las redes sociales dijo la Corte:
“el libre acceso y la decisión autónoma sobre el contenido de las
publicaciones, la difusión inmediata en un número de destinatarios
exponencialmente alto, la indisponibilidad de la información una vez
incorporada en la red social y la espontaneidad con la que la misma se expande,
exige una especial atención en relación con la veracidad e imparcialidad de la
información u opinión que se publica, por la posibilidad de afectación de los
derechos de terceras personas. De manera que, si bien la percepción sobre las
redes sociales puede ser desprevenida y, en este sentido, entendida por la
mayoría de los usuarios simplemente como una actividad de comunicación entre
conocidos o de ocio, el hecho que tenga una alta potencialidad de afectar
derechos exige de los usuarios una conciencia, cuidado y observancia de los
presupuestos constitucionales a la hora de publicar contenido que va más allá
de lo personal o de una mera opinión”.[74]
5.5.4. En todo caso, el juez debe ponderar los derechos en tensión
cuando se origine un conflicto por publicaciones difundidas a través de
internet, para establecer si la libertad de expresión
debe ceder en el caso concreto, y adoptar siempre el remedio judicial que
resulte menos lesivo para ésta, logrando de igual manera cesar la vulneración
de derechos advertida, y el restablecimiento de los mismos, si ello fuera
posible.
5.5.5. En suma, dados los peligros potenciales que se generan con el
uso de internet, es claro “que la protección de los derechos fundamentales
se hace necesaria en escenarios virtuales por la multiplicidad y las
características de las plataformas que se encuentran alojadas en internet. La
jurisprudencia constitucional, no ha sido ajena al debate y reconoce que las
garantías de carácter fundamental son objeto de protección, aún en los casos en
que la afectación o puesta en peligro de los bienes jurídicamente tutelados se
lleve a cabo en la red”.[75]
5.5.6. En casos similares al que ahora se estudia, es decir,
tratándose de controversias relativas a la tensión entre la libertad de
expresión y los derechos a la honra y al buen nombre de servidores públicos en
redes sociales digitales, la Corte Constitucional ha otorgado una amplia
protección a la libertad de expresión. Al respecto, resulta relevante citar la
Sentencia T-277 de 2018, en la que se estudió la tutela interpuesta por el
exalcalde de Girardot, quien solicitaba la protección de sus derechos fundamentales
al buen nombre y a la honra, vulnerados supuestamente por un particular que en
su cuenta de Facebook había realizado varias publicaciones en las que lo
señalaba de cometer actos de corrupción durante su gestión como Alcalde. La
Corte negó la acción de tutela y protegió el derecho a la libertad de expresión
del demandado, pues tuvo en cuenta que las opiniones emitidas por este se
enmarcaban dentro de un discurso especialmente protegido, esto es, el dirigido
a cuestionar un funcionario público por ejercicio de sus funciones, además de
que las expresiones no contenían un lenguaje agraviante o una ofensa insidiosa
y estaban soportadas en noticias y   documentos judiciales expedidos con motivo
de las acusaciones e investigaciones seguidas contra el exalcalde. Sostuvo la
Corte:
“En ese orden de ideas, resalta la Sala de Revisión que las
numerosas expresiones y publicaciones de Sergio Hernando Santos Mosquera por
una parte, están dirigidas a cuestionar estrictamente el desempeño como Alcalde
de Girardot durante los años 2008 a 2011 de Rodolfo Serrano, y de otra parte, a
responder las acusaciones y publicaciones que ha realizado el actor en contra
del accionado. Bajo este entendido, para la Corte estas expresiones,
particularmente las primeras, encuentran respaldo en el control democrático de
la gestión pública y el accionante cuenta con los mecanismos legales para
controvertir la información desplegada en contra de su gestión.
No obstante, no debe obviarse que quien
haga uso de medios masivos de comunicación (las redes sociales están incluidas)
debe realizar previamente una diligente labor de constatación y confirmación de
la información. En efecto, se observa que las publicaciones hechas se soportan en noticias
publicadas en diarios de circulación local o en documentos judiciales,
expedidos en virtud de las múltiples acusaciones e investigaciones seguidas
contra el señor Serrano o contra el mismo accionado, y si bien se hacen en una
red social, las mismas se encuentran en una página privada, sin fines periodísticos
ni de difusión a través de un medio de comunicación o de representación de
alguna corporación.
En ese contexto, aunque algunas
opiniones del accionado resultan chocantes e irritantes para el accionante o
sus familiares, su libre ejercicio de la libertad de opinión deriva en un
imperativo constitucional y un beneficio democrático para el Estado, en su
conjunto. Además, en las expresiones u opiniones revisadas no encuentra esta
Corte un lenguaje agraviante o una ofensa insidiosa ni mucho menos se observa
que la información publicada sea falsa o hiriente, que ocasione una lesión de
los derechos invocados por el accionante ni distorsione el concepto que la
comunidad pueda tener sobre su gestión o con ellas se impida una debida defensa
en las instancias correspondientes, que conlleve a que este derecho deba ser
limitado.
Al momento de posesionarse como funcionario
público, el accionante debía estar preparado para la exposición de sus
actuaciones ante los medios o la comunidad en general y las críticas o quejas
ante las instancias de control, las cuales además de legítimas resultan válidas
frente a temas de interés público”.[76]
Por tanto, en el mencionado caso la Corte privilegió el derecho a la
libertad de expresión como mecanismo para fomentar el
adecuado funcionamiento de las instituciones en un sistema democrático y el
adecuado desempeño de sus funcionarios, sobre los derechos al buen nombre y a
la honra de un servidor público.[77]
Así mismo, en la Sentencia T-155 de 2019 la Corte protegió el derecho
a la libertad de expresión de una funcionaria del Hospital Universitario de
Santander que había compartido en su cuenta de Facebook una imagen en la que
señalaba a varios directivos de dicho Hospital de pertenecer a un “cartel de la
corrupción”. En esta oportunidad se concluyó que el mensaje compartido por la
accionada constituía una opinión que expresaba
una protesta por las supuestas actuaciones irregulares presentadas en la
mencionada Entidad, por lo que su expresión estaba enmarcada en un discurso
especialmente protegido, sin que se hiciera alguna acusación precisa y
detallada en contra del accionante a partir de hechos concretos. Dijo la Corte:
“la tarea del juez constitucional consiste
en verificar si un acto lingüístico, interpretado en contexto, esto es, más
allá del significado literal de las palabras, afecta los derechos fundamentales
de una persona. Esto tiene relevancia en el presente caso debido a que, en
muchas ocasiones, las acusaciones y señalamientos por parte de ciudadanos en
contra de políticos, funcionarios públicos o figuras públicas, se hacen a
manera de insultos y agravios como forma de protesta, esto es, constituyen
meras opiniones, y no como acusaciones reales y serias a partir de hechos
concretos que originen una información. Por tanto, sólo en este último
escenario correspondería al denunciante dar prueba o sustento a sus
acusaciones, pues si resulta claro que lo expresado simplemente refleja un
sentimiento de indignación o inconformidad, pero no se expone una acusación concreta
y precisa sobre una persona determinada, las opiniones manifestadas en este
sentido estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión y el
derecho al control del poder político”.[78]
5.5.7. Una vez analizados estos aspectos centrales del derecho a la
libertad de expresión, por un lado, y los derechos a la intimidad, al buen
nombre y a la honra, por el otro, es preciso entrar a resolver la tensión que
en este caso se presenta entre los derechos del accionante y el accionado.
6. Análisis de la publicación compartida por el
señor Miro Yonqui Arteaga Torijano en su cuenta
de Facebook
Esta
Sala debe determinar si Miro Yonqui Arteaga Torijano
vulneró los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad de Jairo Ortega Samboní al publicar en su cuenta de Facebook un video
en el que señala al accionante, quien se desempeña como Alcalde de Palmira,
como “corrupto” y lo responsabiliza de cualquier agresión que se pueda producir
contra su integridad o la de su familia. El accionado fundamenta sus denuncias
en las presuntas irregularidades cometidas en la Secretaría de Tránsito de
Palmira, concretamente por permitir que funcionarios con el cargo de “técnicos”
ejerzan las funciones que les corresponden a los agentes de tránsito, situación
que considera contraria a las normas que regulan la materia, calificándola de
“peculado por apropiación”.
De
los hechos del presente caso y del contexto en el que se originó la opinión
proferida por el accionado, se advierte que, por una parte, su derecho a la
libertad de expresión goza de una amplia protección, y por otra, el ejercicio
del mismo tuvo un impacto sobre el derecho fundamental al buen nombre de Jairo Ortega Samboní, tal como se expondrá a continuación. Por
tanto, con el fin de balancear adecuadamente los derechos en tensión, esta Sala
procederá a dar aplicación a los parámetros constitucionales que ha utilizado
esta Corte para demarcar el contexto en el que se da el acto de comunicación y, de esta
manera, ponderar adecuadamente la tensión entre el derecho a la libertad de
expresión y los derechos al buen nombre, a la honra y a la intimidad de
terceras personas.[79]
6.1. Quién comunica: el accionado, Miro
Yonqui Arteaga Torijano, es un ciudadano, habitante del municipio de Palmira,
quien no ejerce ningún cargo o función pública. Aunque en múltiples
oportunidades ha denunciado en sus redes sociales diferentes actuaciones de las
autoridades públicas municipales que considera ilegales, no es un figura
pública, por lo que el impacto de sus opiniones, desde la perspectiva de quién
comunica, es reducido en relación con su notoriedad y reconocimiento. Así
mismo, esta Sala advierte que el interés del accionado era denunciar las
irregularidades que, en su criterio, se presentaban en la administración
municipal, específicamente en la Secretaría de Tránsito. Es decir, no se
advierte ningún interés personal o económico en las expresiones difundidas, ni
tampoco se advierte una intención dañina per se o una animadversión
personal del señor Arteaga Torijano en contra del accionante. Tal como lo ha
señalado la jurisprudencia de esta Corporación, “quien pretende contribuir a
la discusión política está en una situación distinta a quien busca promover sus
propios intereses económicos, personales u otros”.[80] En consecuencia, en este caso la libertad de expresión, analizada
desde la persona de quién comunica, goza de una amplia protección al no estar
sometida a restricciones especiales.
6.2. De qué o de quién se comunica: las expresiones
del señor Arteaga Torijano están dirigidas a cuestionar
las actuaciones de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones,
esto es, las supuestas actuaciones irregulares del alcalde del municipio de
Palmira que llevan a calificarlo como “corrupto”. En el presente caso, la Sala
advierte que las expresiones proferidas por el accionado, y que son objeto de
la presente acción de tutela, constituyen opiniones que se fundan en determinados
hechos. En varias oportunidades del video en cuestión, el accionado señala al
señor Ortega Samboní de “corrupto”. En un primer momento afirma: “yo he
denunciado a los corruptos de aquí de Palmira, porque se está denunciando,
tienen nombres propios, yo los voy a decir, es el señor Ritter López Peña,
Hermisul Ortiz Soto y el actual alcalde, Jairo Ortega Samboní”, más
adelante, refiriéndose a estas mismas tres personas, señala que “son los más
corruptos que hay en esta ciudad”.
6.2.1. Estas opiniones las sustenta el señor Arteaga Torijano en las
supuestas irregularidades que se estarían cometiendo en la administración
municipal de Palmira, concretamente en relación con las funciones que deberían
desempeñar exclusivamente los agentes de tránsito, las cuales se les han
asignado a funcionarios cuyo cargo es el de “técnicos”, contrariando la
normatividad aplicable que no consagra a estos como autoridades en materia de
tránsito. Al respecto, señala el accionado en el video publicado en su cuenta
de Facebook: “aquí agentes de tránsito no hay, toda la ciudadanía lo sabe,
entonces colocaron a unos técnicos a ejercer esas funciones, ellos no están
certificados por la ley, lo sigo diciendo, están burlándose de todo el pueblo
palmirano, eso se llama peculado por apropiación, las extralimitaciones que
están cometiendo estos mismos funcionarios, todo eso está en la Fiscalía, de
ahí sacaron a María Elena Mesa Peña, prima hermana de Ritter López Peña,
¿ustedes piensan que ella va a ejercer?, todo lo tenía engavetado, todo está
denunciado y en ‘Bolsillos de Cristal’, no sé el Fiscal General por qué no ha
tomado cartas en el asunto”, y más adelante reitera: “Los agentes no son
agentes, son técnicos, vulgarmente como se dice están atracando a todos los
ciudadanos (…). Es el mismo caso que pasó en Floridablanca, con la diferencia
de que estos señores no son agentes de tránsito, no están certificados por la
ley, eso es una atracadera que tienen en este pueblo y ya es hora de frentear y
decir las cosas como son, están robando a todos los palmiranos”. A partir
de la valoración que el señor Arteaga Torijano hace de los hechos que denuncia,
emite su opinión para señalar al accionante de “corrupto” y afirmar que estas
circunstancias constituyen un “peculado por apropiación”, una “atracadera” y un
“robo”, a pesar de que ninguna autoridad judicial haya proferido una sentencia
al respecto.
6.2.2. Tal como se señaló en el apartado 5.2. de esta providencia,
la jurisprudencia constitucional ha señalado que en muchas ocasiones puede
resultar difícil hacer una distinción entre opiniones e informaciones en un
mismo acto comunicativo, pues “las opiniones
suelen partir de un dato, suceso o circunstancia que se aprecia subjetivamente
y da lugar a esa concepción personal que se comunica”,[81] es decir, una opinión puede llevar de
forma explícita o implícita un contenido informativo. Además, no le corresponde
al juez constitucional tratar de escindir opiniones de informaciones en casos
en los que estas resultan mezcladas de forma inseparable. Al respecto, en la
Sentencia T-179 de 2019 se precisó:
“existen situaciones en que una
expresión no permite diferenciar, con precisión, qué es opinión y qué es
información. Situaciones en las que resulta desproporcionado, en virtud de la
presunción de cobertura de toda expresión, aplicar los límites aplicables a la
libertad de información para juzgar el contenido de la expresión cuestionada.
Por lo tanto, en esos escenarios, el juez constitucional no puede iniciar una
labor de disección entre opiniones e informaciones debido, en primer lugar, a
la dificultad que ello supone, y segundo, porque esa labor puede derivar en
exigir veracidad e imparcialidad sobre la opinión. Como resultado, el análisis
contextual de la expresión es el camino que permite establecer sus límites”.[82]
6.2.3. Por lo anterior, no corresponde al juez de tutela entrar a
determinar en este caso cuáles expresiones proferidas por el accionado
constituyen opiniones y cuáles se catalogan como información. Se debe
concentrar en analizar el contexto en el que se enmarcan las expresiones objeto
de este debate, que reflejan fundamentalmente la opinión de Miro Yonqui Arteaga Torijano. Por ende, en
circunstancias como la presente no pueden imponerse las cargas de veracidad e
imparcialidad que se establecen para el ejercicio del derecho a la información.
Estos casos deben evaluarse a partir de la diligencia
que en estas situaciones se exige a cualquier ciudadano que actúa de buena fe.
Por tanto, a quien profiera opiniones fundadas en
hechos relacionados con un funcionario público en el
ejercicio de sus funciones o que resulten relevantes para cuestionar la
idoneidad de su desempeño profesional, tan solo se le exige que estas tengan un
mínimo soporte que de un sustento razonable a su dicho.
6.2.4. En el presente caso, el señor Arteaga Torijano afirma que los
funcionarios que ejercen como autoridades de tránsito en Palmira no cumplen los
requisitos legales para desempeñar tales funciones, pues no son agentes de
tránsito sino “técnicos”. En la contestación de la acción de tutela explica que
el artículo 3º de la Ley 769 de 2002 enuncia cuáles son las autoridades en
materia de tránsito, dentro de las que no están los “técnicos”, quienes
actualmente ejercen las funciones que deberían desempeñar los agentes de
tránsito en el municipio de Palmira. Para apoyar su denuncia, el accionado
allegó copia de la petición elevada a la Alcaldía de Palmira, así como su
respuesta, en torno a la existencia de agentes de tránsito en este municipio.
La Secretaría de Desarrollo Institucional de Palmira señaló: “Me permito
comunicarle que a la fecha no existe dentro de la planta de la administración
central; el empleo denominado Agente de Tránsito”.
6.2.5. De otra parte, el señor Miro Yonqui Arteaga explica en el
video que dio origen a la presente acción que estos hechos ya fueron
denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, afirmación que reitera en el
escrito de contestación de la acción de tutela y que soporta en la copia que
aportó a este proceso de dicha denuncia penal.
6.2.6. Esta Sala considera entonces que el accionado actuó de buena
fe, la cual nunca fue desvirtuada en este proceso, y con la debida diligencia
de denuncia sustentada que se le exige a un ciudadano en este tipo de
situaciones, pues la información por él divulgada, según la cual en el
municipio de Palmira los funcionarios que ejercen como autoridades de tránsito
no están investidos para desempeñar tales funciones, por cuanto ostentan el
cargo de “técnicos” y no de agentes de tránsito, estaba soportada en las
explicaciones sobre la violación del artículo 3º de la Ley 769 de 2002 que
enuncia las autoridades de tránsito, así como en la respuesta al derecho de
petición elevado ante la Alcaldía de Palmira en el que se indica que en el Municipio
no existe el empleo de agente de tránsito. Además, tal como indica en el video
divulgado en su cuenta de Facebook y en la contestación de la acción de tutela,
estos hechos, que el accionado considera se enmarcan en una conducta punible,
fueron denunciados por él mismo ante la Fiscalía General de la Nación,
cumpliendo de esta manera el deber de denunciar, tal como lo dispone el
artículo 67 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal),[83] lo que evidencia además una consistencia en sus actuaciones, pues
el ejercicio de control político que supuso el mensaje divulgado en su cuenta
de Facebook, estuvo acompañado de la respectiva acción judicial que el mismo
accionado interpuso. No obstante, esta Sala advierte que ejercer la
correspondiente acción judicial no es un requisito para ejercer el derecho a la
libertad de expresión cuando se denuncia públicamente una actuación irregular
de un funcionario público, ya que en determinadas circunstancias puede ser,
fáctica o jurídicamente, una carga desproporcionada para el ciudadano acudir a
los órganos competentes. Por lo anterior, es claro que el señor Miro Yonqui
Arteaga actuó de manera diligente al publicar la referida información, la cual
estuvo debidamente soportada, asegurando de esta manera un sustento razonable a
su dicho.
6.2.7. De otro lado, debe tenerse en cuenta que el mensaje del
accionado versa sobre actos públicamente relevantes, de interés general, y no
simplemente sobre cuestiones de la vida privada del accionante. En efecto, el
señor Jairo Ortega Samboní se desempeña como Alcalde de Palmira, y lo expresado por el accionado se orienta a señalarlo de realizar
conductas irregulares en el ejercicio de su cargo. Por ende, las expresiones
proferidas por Miro Yonqui Arteaga se enmarcan dentro de un discurso
especialmente protegido, tal como se advirtió en el acápite 5.4., pues se trata
de una opinión sobre un asunto de interés público, esto es, la corrupción y el
desconocimiento de normas en materia de tránsito por parte de una autoridad
pública. En consecuencia, la
protección a la libertad de expresión en este contexto es reforzada y cualquier
restricción que se imponga está sujeta a condiciones
más rigurosas.
6.2.8. La Corte también advierte que el video publicado por el
accionado da cuenta de una controversia pública que se ha generado en el
municipio de Palmira sobre posibles irregularidades y actos de corrupción en la
Administración municipal, lo que llevó a que durante la jornada “Bolsillos de
Cristal”, mencionada por el accionado en el video, llevada a cabo por la
Fiscalía General de la Nación en Cali en agosto de 2017, se denunciara por
parte de los ciudadanos las posibles irregularidades en materia de tránsito en
Palmira, además de otros casos de supuesta corrupción.[84] Además, el propio
accionado ha denunciado ante medios de comunicación locales las irregularidades
presentadas en materia de autoridades de tránsito en el municipio.[85] Por tanto, el mensaje divulgado por el accionado en su cuenta de
Facebook trata sobre un tema del que ya tenía noticia la opinión pública en
general, tanto a nivel local como nacional. El señor Arteaga no está abriendo
una discusión sobre la cual no tuviera conocimiento la ciudadanía o no se
conocieran otros elementos de juicio o informaciones sobre el asunto.
6.2.9. Por otra parte, esta
Sala evidencia que las expresiones proferidas por el señor Arteaga Torijano en
las que señala: “yo hago responsable a Jairo Ortega Samboní, a Ritter López
Peña si a mí me llega a pasar algo y a alguno de mis familiares”, también
tienen un impacto en el derecho al buen nombre de Jairo Ortega Samboní, pues le
adjudica responsabilidades ante eventuales agresiones a su integridad o la de
su familia. No obstante, debe tenerse en cuenta el contexto que rodea esta
situación. En el caso particular de Palmira, además de la situación referida
por el accionado en el video objeto de esta acción, relativa al atentado
sufrido por Martha Campo quien también ha denunciado hechos de corrupción en
dicho municipio, el señor William Marmolejo, quien presentó escrito ante el
juez de tutela de segunda instancia, indicó que ha sido objeto de amenazas por
denunciar públicamente actuaciones irregulares en la Administración municipal
de Palmira, por lo que recibió protección de la Unidad Nacional de Protección.[86]
Por tanto, si bien las expresiones del señor Arteaga en las que le
endilga la responsabilidad al accionante por las agresiones que pueda sufrir en
su contra tienen un impacto en su derecho al buen nombre, debe tenerse en
cuenta que las mismas también buscan alertar a las autoridades públicas sobre
los riesgos que puede correr su vida e integridad física por asumir
públicamente la denuncia de presuntos actos de corrupción, toda vez que otras
personas que también han denunciado irregularidades en la Administración
municipal de Palmira han recibido amenazas y agresiones. La Corte no entra a
evaluar el riesgo al que se expone el señor Arteaga, sin embargo, evidencia
que, prima facie, existe una probabilidad significativa de que el
accionado pueda sufrir daños importantes, dado el contexto descrito. En
circunstancias como la presente, en donde las personas no tienen ningún esquema
ni medida de seguridad y debido a sus denuncias se exponen a diferentes
riesgos, las expresiones que busquen hacer un llamado de atención o alerta
pública sobre su situación de seguridad, aun cuando puedan resultar chocantes o
hirientes para la honra o el buen nombre de un funcionario público, resultan
importantes para buscar la garantía de sus derechos a la vida e integridad
física, pues incluso personas que tienen mayor visibilidad pública y sobre las
cuales opera una presunción de riesgo, como pueden ser los líderes sociales o
sindicales o defensores de derechos humanos,[87] reiteradamente
sufren atentados en su contra. Así mismo, debe tenerse en cuenta que lo
expresado por el accionado no constituye una acusación concreta y detallada de
un acto que se haya cometido, pues alude a eventuales e inciertas actuaciones
del accionante, por lo que en este escenario el impacto de dichas expresiones
sobre el derecho al buen nombre es menor frente al que podría generar una
acusación sobre unos hechos que ya hayan tenido lugar. Por tanto, en estas
circunstancias debe valorarse que la libertad de expresión resulta ser un medio
a través del cual se busca la protección del derecho a la seguridad personal,
el cual, dadas las particularidades del presente caso, considera el accionado
puede estar amenazado.
6.3. A quién se comunica: el mensaje divulgado por el
señor Arteaga Torijano, objeto
de cuestionamiento en esta acción, fue comunicado, en principio, a un grupo
determinado de personas, esto es, los contactos que él tiene en su cuenta de la
red social Facebook. Sin embargo, la potencialidad que tiene dicha publicación
de llegar a personas diferentes a las que componen los contactos del accionado
en la mencionada red social es alta, pues su perfil de Facebook es abierto y el
video publicado podía ser visto y compartido por personas que no hacen parte de
sus contactos en la mencionada red social, llegando entonces a un público mucho
más amplio e indeterminado. En efecto, en la acción de tutela se adjunta una
copia de una captura de pantalla del video publicado en la cuenta del accionado
en el que se registra que, para el momento, había sido compartido 1051 veces.
Por tanto, el impacto que tuvo el mensaje divulgado por el accionado sobre los
derechos fundamentales del señor Ortega Samboní fue
elevado, en razón a la gran cantidad de destinatarios a los que pudo llegar el
mensaje.
6.4. Cómo se comunica: el mensaje objeto de esta
controversia fue comunicado de manera oral, a través de un video de 6 minutos y
37 segundos de duración en el que solo habla el señor Miro Yonqui Arteaga. Su
lenguaje es claro y el tema objeto del mensaje es uno solo, esto es, la
corrupción en el municipio de Palmira, además, señala de “corrupto” al
accionante en dos oportunidades, mencionándolo con nombre propio. Se advierte entonces que el mensaje comunicado por el accionado a
través de su red social tenía un alto grado de comunicabilidad, pues
tenía la capacidad de transmitir lo que se quería expresar de una forma ágil y
sencilla, puesto que el uso de un lenguaje claro a través de un video en el que
el único tema del que se habla es de la corrupción en el municipio de Palmira,
resultaba de fácil comprensión para cualquiera de sus destinatarios.
6.4.1. Esta Sala también advierte que el tono en que se expresa el
accionante es firme y vehemente, lo que da cuenta de la sinceridad del mensaje,
pues se evidencia que el señor Arteaga cree con seguridad que las actuaciones
que denuncia resultan irregulares y constituyen un delito. Así mismo, las
diversas explicaciones que plantea tanto en el video publicado en su cuenta de
Facebook como en el trámite de esta acción, en torno a las razones por las
cuales los funcionarios que actualmente ejercen como autoridades de tránsito en
el municipio de Palmira no están facultados para ello, dan cuentan de la
pretensión de seriedad que tiene el mensaje. El accionado se preocupa por
mostrar la solidez de lo expresado a través de distintas explicaciones mediante
las cuales busca persuadir al público al que se dirige el mensaje de la
veracidad de sus afirmaciones.
6.5. Por qué medio lo comunica: el video publicado por
el señor Arteaga Torijano tiene la potencialidad de llegar a un público amplio
e indeterminado, toda vez que fue publicado a través de la red social Facebook.
En efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corte, las redes
sociales tienen la capacidad de amplificar de manera exponencial el derecho a
la libertad de expresión, pues su capacidad de penetración e impacto sobre la
audiencia es elevada, toda vez que tienen un alcance masivo, inmediato y sin
mayores restricciones. Además, los contenidos publicados en las redes sociales
pueden ser a su vez compartidos por las demás personas que hacen uso de las
mismas redes, de tal forma que lo expresado por una persona tiene la
potencialidad de llegar a una pluralidad indeterminada de receptores durante un
tiempo indefinido, situación que incrementa el impacto que el mensaje pueda
tener sobre los derechos de terceras personas.
6.5.1. En el presente caso se advierte que el video publicado por el
accionado en su cuenta de Facebook también ha sido compartido en la misma red
social por otras personas, por lo que el medio empleado por el señor Arteaga
Torijano para expresarse potencia el impacto que el mensaje pueda tener en los
derechos al buen nombre y a la intimidad del accionante. No obstante, el nivel
de buscabilidad y encontrabilidad[88]
del mensaje es bajo, pues al buscar el video por el nombre del accionante y del
accionado y el título con el que se encabezaba la publicación en un motor de
búsqueda, no se encuentra ninguna página en donde repose el mensaje, ya que este
fue compartido por el accionado en su cuenta personal de Facebook y no en una
página de internet. De igual manera, debe valorarse que el mensaje provino de
la cuenta personal del accionado, quien no tiene un reconocimiento o figuración
pública, por lo que el impacto de sus opiniones, desde esta arista, es
reducido.
6.6. Valoración de los parámetros: Tal como se señaló, en
este caso el mensaje divulgado por Miro Yonqui Arteaga constituye una opinión
fundada en determinados hechos. El accionado afirma que los funcionarios que
vienen ejerciendo como autoridades de tránsito en el municipio de Palmira no
están facultados para ello, pues ostentan el cargo de “técnicos” y no de
agentes de tránsito, tal como lo exige el artículo 3º de la Ley 769 de 2002, para lo cual anexa una copia de la respuesta a un
derecho de petición elevado ante la Alcaldía de Palmira en el que se le informa
que en el Municipio no existe el cargo de agente de tránsito. A partir de lo
anterior, el señor Arteaga Torijano emite una opinión en la que señala al
accionante de “corrupto” y califica estos hechos como un “peculado por
apropiación”.
6.6.1. Analizados en conjunto cada uno de los anteriores parámetros,
la Sala concluye que, si bien el mensaje hace
referencia a la posible comisión de actos de corrupción por parte del señor Ortega Samboní, situación que tiene un impacto sobre su
derecho al buen nombre, y que dicho mensaje fue difundido a
través de una red social mediante un video con un alto grado de
comunicabilidad, circunstancias que implicaron, como ya se explicó, que el
mensaje llegara a un número indeterminado de receptores de manera ágil y
durante un término indefinido, en este caso la libertad
de expresión de Miro Yonqui Arteaga Torijano goza de una amplia protección, debido principalmente a que sus
expresiones se enmarcan dentro de un tipo de discurso protegido, pues se
orientan a ejercer un control democrático de la gestión pública y las actuaciones de
sus funcionarios. Además, tal como ya se indicó, sus expresiones estuvieron
sustentadas en las normas legales que el accionado considera se están
desconociendo y en la respuesta que la propia Alcaldía de Palmira le brindó en
la que indicaba que en el municipio no existía el cargo de agente de tránsito.
6.6.2. Por lo tanto,
esta Sala no advierte una intención dañina en el mensaje divulgado por el
accionado, ni que esté difundiendo unos hechos abiertamente falsos. Por el
contrario, su interés es el de contribuir en un debate público sobre un asunto
de interés general, como lo son las posibles actuaciones irregulares en la
administración municipal de Palmira, para lo cual ha explicado, con fundamento
en las normas legales, en qué consistirían las irregularidades denunciadas. No
debe perderse de vista que el derecho a la libertad de
expresión es un derecho complejo, pues como ya se dijo, a través de este se
pueden garantizar otros derechos fundamentales, en este caso los derechos
políticos a través del control a la gestión pública, los cuales deben
protegerse no solo permitiendo al accionado expresar sus denuncias, sino
también asegurando a la ciudadanía la posibilidad de recibir y sopesar la
opinión y la información divulgada por el señor Arteaga Torijano.
6.6.3. De otro lado, las expresiones del accionado en las que
responsabiliza al accionante en caso de que le pase algo a él o a su familia,
si bien tienen un impacto en su derecho al buen nombre, pues también hacen
referencia a eventuales conductas punibles, en las particulares circunstancias
del caso debe considerarse que no se trata de una acusación precisa y detallada
sobre un acto que ya se haya cometido, y que a través del derecho a la libertad
de expresión el accionado pretendía garantizar su derecho a la seguridad
personal y llamar la atención de las autoridades por el riesgo al que se expone
al denunciar públicamente los referidos hechos, toda vez que otras personas,
quienes también han denunciado actuaciones irregulares en la Administración
pública de Palmira, han sido víctimas de amenazas e intimidaciones, por lo que
debe protegerse la libertad de expresión. Lo anterior no obsta para que, en
caso de que el señor Arteaga considere que existe un riesgo cierto sobre su
vida o integridad, acuda a las respectivas autoridades para que evalúen su
situación y adopten las medidas necesarias para garantizar su protección.
6.6.4. Por ende, esta Sala no comparte la solución adoptada por los
jueces de tutela de instancia, consistente en ordenarle al accionado eliminar
de su perfil de Facebook el video objeto de la acción de tutela y retractarse
de las afirmaciones hechas sobre el accionante, toda vez que esta decisión
supone, en este caso, restringir innecesaria y desproporcionadamente los
derechos a la libertad de expresión e información. En efecto, las medidas no
son necesarias porque para contrarrestar los posibles excesos a la libertad de
expresión y garantizar los derechos de terceras personas existen medidas menos
lesivas, las cuales pueden partir de controlar la libertad de expresión con más
libertad de expresión. De igual manera, no resultan proporcionales porque se
impide que un discurso especialmente protegido sea conocido por la sociedad,
silenciando de esta manera la denuncia pública ciudadana sobre actuaciones
irregulares en la administración pública. Tampoco comparte la Sala los
argumentos de los jueces de instancia en relación con la vulneración del
principio de presunción de inocencia del accionante debido a que no existe una
sentencia condenatoria en su contra por los hechos relacionados por el señor
Arteaga Torijano en el mensaje divulgado, toda vez que esto implicaría una
afectación desproporcionada a los derechos a la libertad de expresión e
información, así como al derecho que tiene todo ciudadano a ejercer control al
poder político. Tal como se señaló en el apartado 5.4.8 de esta providencia,
todas las personas tienen derecho a denunciar
públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan
conocimiento y no están obligados a esperar a que se produzca un fallo para
comunicar al respecto. La Corte valora entonces la
defensa de los intereses públicos asumida por Miro Yonqui Arteaga Torijano y
sus denuncias por las posibles irregularidades ocurridas en el municipio de
Palmira, las cuales han sido divulgadas no solamente a través de las redes
sociales, sino que han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General de
la Nación, autoridad competente para iniciar las respectivas investigaciones
judiciales.
6.6.5. Aunado a lo anterior, se tiene que el accionante es un
funcionario público con un amplio poder político e influencia en la opinión
pública local, pues se trata de un alcalde municipal, razón por la cual “tiene una capacidad mayor de repeler las expresiones pronunciadas en
su contra”,[89] a la vez que tiene una obligación mayor
de respeto al escrutinio público y democrático. A diferencia de un ciudadano
sin figuración pública, un mandatario local tiene todo un andamiaje
institucional a su servicio que le permite disponer, entre otras cosas, de
personas encargadas de manejar las comunicaciones del ente territorial, así
como acceso fácil e inmediato a diversos medios de comunicación en donde puede
opinar e informar a la opinión pública sobre su gestión, además de controvertir
y defenderse de los señalamientos que se le hagan por parte de ciudadanos o
autoridades públicas. Además, el accionante no demostró de qué manera las
expresiones proferidas por el señor Arteaga Torijano
vulneraban sus derechos fundamentales y por qué resultaba admisible que en este
escenario se restringiera la libertad de expresión del accionado.
6.6.6. En  suma, no advierte la Corte una violación a los derechos al buen
nombre y a la intimidad de Jairo Ortega Samboní, pues aunque las expresiones
del accionado resulten chocantes, irritantes u ofensivas, en un Estado que
garantiza un amplio margen a la libertad de expresión como fundamento de una
democracia deliberativa, este tipo de expresiones, proferidas en el marco de un
debate sobre un asunto de interés general concerniente al escrutinio
democrático, están, en principio, protegidas constitucionalmente. Además, los
hechos divulgados por el señor Miro Yonqui Arteaga no resultaban abiertamente
falsos, pues tenían unos soportes y fundamentos mínimos que les otorgaban un
sustento razonable. La Corte reitera que un funcionario público, en este caso
un alcalde, debe “estar
preparado para la exposición de sus actuaciones ante los medios o la comunidad
en general y las críticas o quejas ante las instancias de control, las cuales
además de legítimas resultan válidas frente a temas de interés público”,[90] por lo que la actuación del accionado resultaba
legítima “en un sistema democrático como el
nuestro en el que la sociedad a través de la opinión pública fomenta el
adecuado funcionamiento de las instituciones y sus funcionarios”,[91] teniendo en cuenta también que, en razón
al alto cargo público que ocupa el accionante, tiene una capacidad mayor para
responder ante la opinión pública los cuestionamientos que se le hagan sobre su
gestión.
7. Síntesis de la decisión
7.1. Jairo Ortega Samboní
interpuso acción de tutela en contra de Miro Yonqui Arteaga Torijano por la
supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y
a la intimidad, ya que el accionado publicó en su cuenta
de Facebook un video en el que señalaba al accionante de “corrupto” por las
supuestas irregularidades presentadas en el nombramiento de funcionarios que
actúan como autoridades de tránsito municipal.
7.2. La Corte determinó que en casos como el presente, en los que se
advierte una tensión entre los derechos a la libertad de expresión y los
derechos al buen nombre, a la honra o a la intimidad de terceras personas, el
juez debe realizar un ejercicio de ponderación en el que debe tener en cuenta la presunción de primacía de la libertad de expresión y las
particularidades de cada caso, a fin de determinar el equilibrio entre los
derechos y la manera más adecuada de garantizarlos. Para este propósito se
aplicaron los parámetros constitucionales desarrollados por la jurisprudencia
de esta Corte con el objetivo de demarcar el contexto en el que se da el acto
de comunicación y balancear adecuadamente los derechos
en tensión. Dichos parámetros se refieren a: (i) quién comunica; (ii) de qué o
de quién se comunica; (iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v)
por qué medio se comunica.
7.3. Esta Sala concluyó que en el presente caso la libertad de expresión de Miro Yonqui
Arteaga Torijano gozaba de una amplia protección,
debido principalmente a que sus opiniones se enmarcaba dentro de un tipo de
discurso especialmente protegido. Se consideró también que en las afirmaciones
realizadas por el accionado en el video objeto de la acción de tutela, constituían
opiniones fundadas en hechos, a través de las cuales se vinculaba al señor
Ortega Samboní en la comisión de conductas punibles. La Sala concluyó que
dichas afirmaciones estaban soportadas en normas legales y en la respuesta al
derecho de petición brindada por la Alcaldía de Palmira al accionado, lo que le
otorgaba un mínimo sustento razonable a su dicho. La Corte también consideró
que, si bien las expresiones del señor Arteaga Torijano
habían sido difundidas a través de una red social mediante una publicación con
un alto grado de comunicabilidad, circunstancias que implicaron que el mensaje
llegara a un número indeterminado de receptores de manera ágil y durante un
término indefinido, el accionante era un funcionario público con un amplio
poder político e influencia en la opinión pública local, por lo que podía
acceder de manera fácil e inmediata a diversos medios
de comunicación para opinar e informar a la opinión pública sobre su gestión,
además de controvertir y defenderse de los señalamientos que le hicieran los
ciudadanos o las autoridades públicas. En consecuencia,
la Corte concluyó que no se vulneraron los derechos fundamentales de Jairo
Ortega Samboní por las expresiones realizadas por Miro Yonqui Arteaga en un
video publicado en su cuenta de Facebook.
III. Decisión
No se violan los derechos fundamentales al
buen nombre, a la honra o a la intimidad de un servidor público cuando una
persona, en ejercicio de su libertad de expresión y de su derecho a ejercer
control al poder político, emite una opinión, fundada en determinados hechos,
mediante la cual lo relaciona con actuaciones contrarias a la ley, si dichas expresiones
tiene un mínimo soporte que de un sustento razonable a
su dicho y se ha obrado de buena fe y con diligencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- Por las razones y en los términos de esta providencia,
REVOCAR las sentencias proferidas el 11 de octubre de 2018 por el
Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Palmira, y el 26 de noviembre de 2018 por el Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Palmira. En su lugar, NEGAR el amparo a los
derechos fundamentales del señor Jairo Ortega Samboní.
Segundo.-
LIBRAR las
comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así
como DISPONER las
notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de instancia–,
previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Comuníquese y cúmplase.
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada Ponente
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
Con aclaración de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Mediante Auto del 15 de marzo de 2019, proferido por
la Sala de Selección Número Tres, conformada por las magistradas Gloria Stella
Ortiz Delgado y Diana Fajardo Rivera, la Corte Constitucional seleccionó para
revisión el expediente T-7.221.993.
[2] Acción de tutela (Folios 1 a 5, Cuaderno No. 2).
[3] Contestación de la acción de tutela (Folios 22 Y 23,
Cuaderno No. 2).
[4] Sentencia de tutela de primera instancia (Folios 38 A
44, Cuaderno No. 2).
[5] Impugnación de la sentencia de tutela de primera
instancia (Folios 51 a 54, Cuaderno No. 2).
[6] Sentencia de tutela de segunda instancia (Folios 6 a
14, Cuaderno No. 3).
[7] Folios 19 a 21, Cuaderno No. 3.
[8] Folio 36, Cuaderno No. 3.
[9] Folios 34 a 39 del Cuaderno Principal.
[10] El artículo 86 de la Constitución Política
y 1° del Decreto 2591 de 1991 establece que toda persona tiene la facultad de
incoar el amparo constitucional, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
[11] De acuerdo a la reiterada jurisprudencia
de esta Corporación y al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de
tutela procede contra particulares en los siguientes casos: (i) cuando el
particular presta un servicio público; (ii) cuando la conducta del particular
afecta grave y directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante
se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.
[12] Sobre la configuración del estado de
indefensión, ver entre otras, sentencias T-798 de 2007. MP. Jaime Córdoba
Triviño y T-552 de 2008. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[13] Sentencia T-405 de 2007. MP. Jaime Córdoba
Triviño. En dicha sentencia también se demandó a un particular por la violación
de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.
[14] La Corte Constitucional ha identificado
enunciativamente algunas situaciones que pueden dar lugar a este supuesto. En
la sentencia T-012 de 2012. MP. Jorge Iván Palacio, la Corte hizo referencia a
las siguientes circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de
medios de defensa judiciales eficaces e idóneos que le permitan conjurar la
vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular; (ii) quienes
se encuentran en situación de marginación social y económica; (iii) personas de
la tercera edad; (iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la
imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma
irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; (vii) la
existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la
ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos
fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos, entre
cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. y, (viii) el uso de medios o
recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su
utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro”.
[15] Sentencia T-050 de 2016. MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo. S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado. En dicha sentencia
se analizó la tutela interpuesta por una persona que había sido objeto de
señalamientos injuriosos en la red social Facebook.
[16] De acuerdo a las normas comunitarias de
Facebook, los contenidos que se califican como inaceptables son: (i) lenguaje
que incita al odio; (ii) violencia y contenido gráfico; (iii) desnudos y
actividad sexual de adultos; (iv) servicios sexuales; y (v) contenido cruel e
insensible. Así mismo, los contenidos que son eliminados por Facebook son los
relativos a: (i) suicidio y autolesiones; (ii) desnudos y explotación sexual de
menores; (iii) explotación sexual de adultos; (iv) bullying, (v) acoso; e (vi)
infracciones de privacidad y derechos de privacidad de las imágenes. Al
respecto, consultar: https://www.facebook.com/communitystandards/introduction.
[17] Corte Constitucional. Sentencia T-179 de
2019. MP. Alejandro Linares Cantillo. SV. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[18] Sobre el requisito de la inmediatez, ver
entre muchas otras: Sentencias T-158 de 2006. MP. Humberto Antonio Sierra
Porto; T-584 de 2011. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-416 de 2013. MP.
Mauricio González Cuervo; T-038 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. S.V.
Aquiles Arrieta Gómez.
[19] Sentencia T-145 de 2016. MP. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
[20] En la Sentencia T-263 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte
Constitucional sostuvo: “[l]a
vía penal sólo protege determinadas vulneraciones a los anotados derechos
fundamentales, al paso que la protección que la Constitución Política depara a
los mismos es total. Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen
nombre de las personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de
calumnia, sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por
vía de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable.”.
[21] La jurisprudencia constitucional ha indicado que, en estos casos, la
existencia de la vía ordinaria penal no es razón suficiente para sacrificar la
procedencia de la acción de tutela. Al respecto, en la Sentencia T-117 de 2018
(MP. Cristina Pardo Schlesinger) se dijo: “la simple existencia de una conducta típica que
permita salvaguardar los derechos fundamentales, no es un argumento suficiente
para deslegitimar por sí sola la procedencia de la acción de tutela, toda vez
que: (i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede configurar
algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la responsabilidad penal, lo
cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos
del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un castigo penal, sino solamente
su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de la acción de tutela impediría
que los efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose
en el tiempo como acontecimientos reales y fidedignos”.
[22] Sentencia SU-089 de 1995. MP. Jorge Arango
Mejía.
[23] Sentencia T-787 de 2004. MP. Rodrigo
Escobar Gil, en la que se estudió la tutela interpuesta por una profesora de
una institución educativa quien estuvo varios meses incapacitada por problemas
de salud, por lo que el accionado realizó una caricatura que circuló en diarios
locales en la que insinuaba que no eran ciertas las incapacidades otorgadas a
la accionante, además, se aludía a la realización de actos sexuales de la
accionante con otra persona. La  Corte protegió los derechos de la intimidad,
honra y buen nombre de la accionante. Sobre la intimidad personal, precisó que
es “la salvaguarda del derecho de ser dejado sólo y de poder guardar
silencio, es decir, de no imponerle a un determinado sujeto, salvo su propia
voluntad, el hecho de ser divulgados, publicados o fiscalizado aspectos íntimos
de su vida”. En relación a la intimidad en el grado familiar, esta “responde
al secreto y a la privacidad en el núcleo familiar”. Por su parte, el
ámbito social de la intimidad “involucra las relaciones del individuo en un
entorno social determinado, tales como, las sujeciones atenientes a los
vínculos labores o públicos derivados de la interrelación de las personas con
sus congéneres en ese preciso núcleo social”. Finalmente, la intimidad
gremial “se relaciona estrechamente con las libertades económicas e
involucra la posibilidad de reservarse -conforme a derecho- la explotación de
cierta información”.
[24] Sobre la naturaleza y características del
derecho a la intimidad, ver, entre otras: sentencias T-787 de 2004, MP. Rodrigo
Escobar Gil; T-405 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño; T-634 de 2013. MP. María
Victoria Calle Correa; T-478 de 2015. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado. A.V.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. S.P.V. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[25] Sentencia T-787 de 2004. MP. Rodrigo
Escobar Gil. Para la Corte estos cinco principios permiten delimitar la protección
del núcleo esencial del derecho a la intimidad.
[26] Sentencia T-696 de 1996. MP. Fabio Morón
Díaz.
[27] Sentencia T-949 de 2011. MP. Nilson
Pinilla Pinilla.
[28] Sobre el derecho al buen nombre también
pueden consultarse, entre otras sentencias: T-412 de 1992. MP. Alejandro
Martínez Caballero; C-489 de 2002. MP. Rodrigo Escobar Gil. A.V. Manuel José
Cepeda Espinosa; T-482 de 2004. MP. Álvaro Tafur Galvis; C-442 de 2011. MP.
Humberto Antonio Sierra Porto. S.V Juan Carlos Henao Pérez y María Victoria
Calle Correa; T-015 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. A.V. María Victoria
Calle Correa.
[29] Sentencia T-411 de 1995. MP. Alejandro
Martínez Caballero.
[30] MP. Alejandro Martínez Caballero.
[31] Sobre el derecho a la honra también pueden
consultarse, entre otras sentencias: T-405 de 2007. MP. Jaime Córdoba Triviño;
T-015 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. A.V. María Victoria Calle Correa;
T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. S.P.V. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[32] Constitución Política. Artículo 20. Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura.
[33] Corte Constitucional. Sentencia T-391
de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil. Reiterada
en sentencias T-219 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo; C-592 de 2012. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio. SV. Mauricio González Cuervo; y T-110 de 2015. M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio.
[34] Corte Constitucional.
Sentencia T-934 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[35] Corte Constitucional.
Sentencia T-015 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[36] Corte Constitucional.
Sentencia C-650 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[37] “Artículo 13.  Libertad de Pensamiento
y de Expresión //  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección. // 2. El ejercicio del derecho previsto en el
inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley y ser necesarias para asegurar: // a)  el respeto a los derechos o a la reputación
de los demás, o // b) la protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral públicas. //  3. No se puede restringir el derecho de
expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o
por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la
circulación de ideas y opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden ser
sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. // 5. Estará prohibida por la ley toda
propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún
motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”
[38] Corte IDH, Caso Herrera Ulloa
Vs. Costa Rica. Sentencia de 02 de julio de 2004. Párr. 113. En esta
oportunidad la Corte I.D.H. determinó que el Estado había violado la libertad
de pensamiento y de expresión del periodista Mauricio Herrera Ulloa, quien
había sido condenado penalmente por haber publicado un artículo en el periódico
La Nación en el que vinculaba al señor Félix Przedborski, entonces delegado de
Costa Rica ante la Organización Internacional de Energía Atómica, con diversas
conductas ilícitas.
[39] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. MP. Manuel José Cepeda
Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil. En esta sentencia
se estudió la tutela interpuesta por la emisora RCN en contra de una sentencia
del Consejo de Estado que había ordenado a dicha emisora “adecuar el
contenido del programa ‘El Mañanero de La Mega’ a la normatividad que regula la
materia” para que “los usuarios reciban un servicio de radiodifusión de
calidad a nivel de temas y de lenguaje”. Además, le había ordenado al
Ministerio de Comunicaciones cumplir con sus funciones de vigilancia y control,
de lo que se derivó la imposición de una sanción pecuniaria como consecuencia
de la emisión del programa “El Mañanero de La Mega”.
[40] Ibídem.
[41] Corte Constitucional. Sentencias T-015 de
2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa; T-277 de
2015. MP. María Victoria Calle Correa. SV. Mauricio González Cuervo; T-050 de
2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[42] Al respecto ver, entre otras, las
sentencias: SU-1721 de 2000. MP. Alvaro Tafur Galvis; T-218 de 2009. MP.
Mauricio González Cuervo; T-904 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa. AV.
Luis Guillermo Guerrero Pérez; T-015 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
AV. María Victoria Calle Correa; T-146 de 2016. MP. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
[43] Corte
Constitucional. Sentencia T-391 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SV.
Rodrigo Escobar Gil.
[44] Corte
Constitucional. Sentencia T-110 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En
esta sentencia la Corte protegió los derechos fundamentales al buen nombre y a
la honra de la Rectora de un colegio quien había sido objeto de señalamientos
injuriosos, a través de un documento distribuido en el Municipio donde residía,
por supuestamente impedir la realización de un congreso de filosofía en el
colegio del que era Rectora.
[45] Al respecto ver, entre otras, las
sentencias T-015 de 2015. MP. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria
Calle Correa; y T-050 de 2016. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Gloria
Stella Ortiz Delgado.
[46] Comité de Derechos Humanos. Observación
General No. 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión. 21 de
julio de 2011. CCPR/C/GC/34, pár. 21. Esta Observación reemplaza a la
Observación General No. 10 (Comité de Derechos Humanos. Observación General No.
10. Artículo 19. Libertad de opinión. 29 de junio de 1983. U.N. Doc. HRI/GEN/1/
Rev.7 at 150 1983).
[47] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs.
Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Párr. 120; Caso Palamara Iribarne
Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Párr. 79; Caso Kimel Vs.
Argentina. Sentencia del 2 de mayo de 2008. Párr. 54 y Caso Fontevecchia y
D’Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Párr. 43.
[48] Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs.
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C
No. 74, pár. 155.
[49] “A su vez, la Corte Europea de Derechos
Humanos, al interpretar el artículo 10 de la Convención Europea, concluyó que
‘necesarias’, sin ser sinónimo de ‘indispensables’, implica la ‘existencia de
una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’
no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’.” Corte
I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.
Pár. 122.
[50] Corte I.D.H. Opinión Consultiva OC-05 de
1985. Párr.46; Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de
2004. Párr. 121 y 123; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de
agosto de 2004. Párr. 95; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Párr. 85; Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de
19 de septiembre de 2006. Párr. 89-91; Caso Mémoli Vs. Argentina. Sentencia de
22 de agosto de 2013. Párr. 130.
[51] Corte Constitucional. Sentencia T-543 de
2017. MP. Diana Fajardo Rivera. SV. Carlos Bernal Pulido. La Corte determinó
que se vulneraba el derecho a informar y a recibir información por una
Resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenaba cesar la
difusión de un mensaje publicitario relacionado con el consumo de bebidas
azucaradas.
[52] Corte Constitucional. Sentencia T-179 de
2019. MP. Alejandro Linares Cantillo. SV. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[53] Sentencia C-650 de 2003. MP. Manuel José Cepeda
Espinosa, en la que se declaran parcialmente fundadas las objeciones de
inconstitucionalidad propuestas por el Presidente a un proyecto de ley en el
que se exigía la certificación de títulos de idoneidad para el ejercicio de la
actividad periodística, reiterando de este modo la titularidad universal de la
libertad de expresión. En el mismo sentido, en la Sentencia T-391 de 2007. MP.
Manuel José Cepeda Espinosa, señaló la Corte: “una protección sólida de la libre
comunicación de información e ideas previene los abusos gubernamentales de
poder, al proporcionarles un contrapeso mediante la apertura de un canal para
el ejercicio del poder ciudadano de participación y control de lo público – en
otras palabras, proporciona una oportunidad para la discusión de los asuntos de
interés general, oportunidad que a su vez frena los riesgos de represión
oficial”.
[54] Corte Constitucional. Sentencia T-904 de
2013. MP. María Victoria Calle Correa. AV. Luis Guillermo Guerrero. En esta
Sentencia la Corte protegió los derechos a la intimidad y a la propia imagen de
los hijos, menores de edad, de la Contralora General de la República, cuyas
imágenes habían sido difundidas en un reportaje emitido en un noticiero de
televisión.
[55] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia
de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 127.
[56] CIDH. Informe Anual 1994. Capítulo V: Informe sobre la
Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Título III. OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 rev. 17 de febrero de
1995; CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso Ricardo Canese Vs.
Paraguay. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia
de 31 de agosto de 2004. Párr. 72.
[57] Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Relatoría especial para la libertad de expresión. Marco jurídico
interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión. 2010. En línea.
Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.pdf. Consulta del 31/10/18.
[58] Corte Constitucional. Sentencia SU-1723 de 2000. MP. Alejandro Martínez
Caballero. En este caso la Corte indicó que una serie de televisión que narraba
los hechos que rodearon la muerte de Doris Adriana Niño, los cuales implicaban
al cantante Diomedez Díaz, tenían un interés general.
[59] Corte Constitucional. Sentencia T-312 de
2015. MP. Jorge Iván Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos. En esta sentencia la
Corte negó una tutela interpuesta por un Fiscal en la que pretendía se ordenara
a un canal de televisión eliminar su nombre e imagen de un programa
periodístico que tenía como objeto indagar las posibles irregularidades
sucedidas en una investigación penal a cargo del accionante.
[60] Corte Constitucional. Sentencias T-312 de
2015. MP. Jorge Iván Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos; T-244 de 2018. MP. José
Fernando Reyes Cuartas. AV. Carlos Bernal Pulido; T-277 de 2018. MP. Cristina
Pardo Schlesinger. SV. José Fernando Reyes Cuartas.
[61] Corte Constitucional. Sentencia T-312 de
2015. MP. Jorge Iván Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos.
[62] En el caso Tammer vs. Estonia (2001), el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudió el caso de un periodista que publicó
un artículo sobre un asunto referido a una relación romántica del Primer
Ministro de ese país con una mujer casada. La Corte en esa oportunidad
consideró que asuntos del fuero privado de los funcionarios no eran de interés
público por lo que estimó conducente la restricción que el Estado hizo a la
libertad de expresión del periodista en su momento.
[63] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia
de 2 de julio de 2004. párr. 128 y 129.
[64] Sentencia T-312 de 2015. MP. Jorge Iván
Palacio. AV. Alberto Rojas Ríos.
[65] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de
2004. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[66] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de
2004. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[67] Corte Constitucional. Sentencia T-277 de
2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger. SV. José Fernando Reyes Cuartas.
[68] Corte Constitucional. Sentencia T-213 de
2004. MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[69] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría
especial para la libertad de expresión. Libertad de expresión en internet. 2013.
En línea. Disponible en: <
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_08_Internet_WEB.pdf> Consulta del 31/10/18.
[70] Corte Constitucional. Sentencia T-145 de
2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[71] Declaración conjunta sobre libertad de
expresión en internet. Adoptada el 1º de junio de 2011 por el Relator Especial
de las Naciones Unidas -ONU- sobre la promoción y protección del derecho a la
libertad de opinión y expresión, el Representante para la libertad de los
medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa -OSCE-, la Relatora especial para la libertad de expresión de la
Organización de Estados Americanos -OEA-, y la Relatora especial sobre libertad
de expresión y acceso a la información de la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, -CADHP-.
[72] La prueba tripartita a la que hace alusión
la Declaración conjunta sobre libertad de expresión en internet hace referencia
a los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para establecer restricciones a la libertad de expresión,
esto es: (1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a
través de una ley formal y material, (2) la limitación debe estar orientada al
logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) la
limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los
fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad
perseguida; e idónea para alcanzar el objetivo imperioso que pretende
garantizar.
[73] Corte Constitucional, sentencias T-277 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. SV.
Mauricio González Cuervo, y T-050 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. SPV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[74] Corte Constitucional. Sentencia T-145 de
2016. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[75] Corte Constitucional. Sentencia T-725 de
2016. MP. Aquiles Arrieta Gómez.
[76] Corte Constitucional. Sentencia T-277 de
2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger. SV. José Fernando Reyes Cuartas.
[77] En Sentencia T-244 de 2018 (MP. José
Fernando Reyes Cuartas) la Corte protegió la libertad de expresión de un
concejal de Bogotá, quien había sido demandado a través de una acción de tutela
por el Alcalde de esta ciudad, por las afirmaciones hechas por aquel en un
debate del Concejo, las cuales también habían sido reproducidas en sus redes
sociales, y que el accionante consideraba falsas y difamatorias. De otra parte,
en Sentencia T-117 de 2018 (MP. Cristina Pardo Schlesinger), la Corte protegió
los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de una juez que había
sido objeto de señalamientos y acusaciones a través de un blog escrito
por un particular y difundido a través de su cuenta de Facebook. No obstante,
en esta ocasión la Corte consideró que lo comunicado por el accionado se
enmarcaba dentro de una información y no de una opinión, pues las expresiones
se habían realizado en el desarrollo de su actividad como periodista, por lo
que era necesario determinar si se cumplía con las cargas de veracidad e
imparcialidad exigidas en el ejercicio del derecho a la libertad de
información, las cuales no fueron acreditadas en esta oportunidad.
[78] Corte Constitucional. Sentencia T-155 de
2019. MP. Diana Fajardo Rivera. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV.
Alejandro Linares Cantillo.
[79] En la sentencia T-155 de 2019 (MP. Diana
Fajardo Rivera. SV. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Alejandro Linares
Cantillo) la Sala Segunda de Revisión recogió la jurisprudencia constitucional
sobre el derecho a la libertad de expresión y a partir de esta expuso algunos
parámetros para orientar la labor del juez al momento de decidir un conflicto
entre el derecho a la libertad de expresión y los derechos de terceras
personas, a saber: (i) quién comunica; (ii) de qué o de quién se comunica;
(iii) a quién se comunica; (iv) cómo se comunica; y (v) por qué medio se
comunica.
[80] Corte Constitucional. Sentencia T-391 de
2007. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Rodrigo Escobar Gil.
[81] Corte Constitucional. Sentencia T-179 de
2019. MP. Alejandro Linares Cantillo. SV. Antonio José Lizarazo Ocampo.
[82] IDEM.
[83] Ley 906 de 2004. “Artículo 67. Deber de
denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya
comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
El servidor público que conozca de la comisión de un
delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación
si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el
hecho en conocimiento ante la autoridad competente”.
[84] En la página web de Caracol Radio aparece
publicada una noticia el 31 de agosto de 2017, titulada “Fiscal General de
la Nación presente en Cali atendiendo casos de corrupción”, en la que se
señala: “Se conoce que el municipio de Palmira tiene las denuncias de
corrupción más graves del departamento, Wiliam Marmolejo y otra de las veedoras
aseguran que personas han pagado 60 millones para matarlos. Ellos aseguraron
que en la ciudad la Fiscalía no escucha las denuncias ni presta atención a los
ciudadanos” (https://caracol.com.co/emisora/2017/08/31/cali/1504192002_504863.html). En la página web de El Tiempo también
figura una noticia del 1 de septiembre de 2017 en la que se reseña la jornada
“Bolsillos de Cristal” realizada en la ciudad de Cali y se indica que
“Jamundí, Yumbo y Palmira fueron los municipios con más denuncias” (https://www.eltiempo.com/colombia/cali/fiscalia-en-jornada-en-cali-contra-corrupcion-125926).
[85] En la página web del diario Extra se
publicó una noticia el 2 de marzo de 2019 sobre supuestas actuaciones
irregulares al interior de la Secretaría de Tránsito de Palmira en la que se
cita el testimonio de Miro Yonqui Arteaga, quien afirma: “En el artículo 3
los técnicos no aparecen como autoridad no figuran como autoridad, no pueden
elaborar ordenes de comparendo, no pueden atender accidentes porque no tienen
la investidura que otorga la ley”.
[86] En entrevista realizada por el noticiero
Pazifico Noticias en abril de 2016, los señores William Marmolejo y Héctor
Torres, funcionario de la Alcaldía de Palmira y dirigente sindical, refirieron
las amenazas que habían recibido como consecuencia de sus denuncias sobre la corrupción
en la Alcaldía de Palmira. Manifestaron que la última amenaza ocurrió el 13 de
abril de 2016 cuando una mujer se les acercó y les dijo “si siguen
chimbiando les toca irse el sábado o sino les va a pasar algo” e
inmediatamente después la recogió una moto y se fue. El señor Marmolejo agregó
que no se atrevía a denunciar estas amenazas ante la Fiscalía porque, según él,
varios de sus funcionarios han sido cuestionados por dilatar investigaciones
por hechos de corrupción en dicho municipio. Al respecto consultar el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=-_KaqmEN2Eg.
[87] La jurisprudencia constitucional ha
considerado que los líderes sociales, comunitarios, sindicales, defensores de
derechos humanos, entre otros, tienen una presunción de riesgo en razón a las
actividades que desarrollan. Dijo la Corte que estas personas, “por la
función que cumplen dentro de una sociedad, se encuentran en esa categoría de
una amenaza mayor, pues al ser de alguna manera directa o indirectamente, la
cara visible de una comunidad u organización, pueden ver  afectada su
integridad y seguridad personal. Por ende tales sujetos gozan de una presunción
de riesgo, que sólo podría ser desvirtuada por las autoridades luego de los
estudios técnicos de seguridad. Dicha presunción, una vez activada, genera en
cabeza de la autoridad competente la obligación de adoptar medidas de
protección, que en todo caso deben ser eficaces, oportunas, idóneas y tanto
fáctica como temporalmente adecuadas para la protección de la vida, la
seguridad y la integridad del solicitante y de su familia”. Sentencia T-924
de 2014. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[88] En la Sentencia T-155 de 2019 (MP. Diana
Fajardo Rivera) la Corte indicó que la buscabilidad hace referencia “a
la facilidad con la que, a través de los motores de búsqueda, se puede
localizar el sitio web en donde está el mensaje”. Por su parte, la encontrabilidad
alude “a la facilidad para hallar el mensaje dentro del sitio web en el este
reposa”.
[89] Corte Constitucional. Sentencia T-179 de
2019. MP. Alejandro Linares Cantillo.
[90] Corte Constitucional. Sentencia T-277 de
2018. MP. Cristina Pardo Schlesinger.
[91] IDEM.