T-594-15
Sentencia T-691/13
Sentencia
T-594/15
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
RESPECTO DE PERSONAS CON LIMITACIONES-Casos en
que empresas terminan relaciones laborales con trabajadores que padecían
diversas enfermedades y afectaciones de salud
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD E
INMEDIATEZ EN LA ACCION DE TUTELA-Requisitos de procedibilidad
El requisito de
subsidiaridad se encuentra establecido en el artículo 6 del Decreto 2591 de
1991 como una causal de improcedencia de la acción de tutela. En este sentido,
señala: “Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”. Otro presupuesto esencial
que debe cumplirse para que la acción de tutela sea procedente, es la
inmediatez. Este requisito, ha sido definido por la jurisprudencia
constitucional “como la prontitud o razonabilidad temporal con la que se
recurre a este mecanismo judicial”. Aunque la acción de
tutela no tiene un término de caducidad para su formulación, esto no implica
que se pueda acudir a este mecanismo judicial en cualquier momento. Ello,
porque la acción de tutela busca la protección inmediata de los derechos
fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
una autoridad pública o un particular, por lo tanto, el ejercicio oportuno de
esta acción, permite que se materialice el propósito que tienen la acción
tutela y permite al juez constitucional cumplir con el objetivo de brindar
protección actual, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, respecto
de los cuales se reclama el amparo. Entonces, bajo este
criterio, el afectado debe formular la acción de tutela dentro de un tiempo
razonable y cercano al momento en que se produjo la vulneración de los derechos
fundamentales del demandante.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Características
En relación con el perjuicio irremediable, esta
Corporación ha señalado que debe reunir los siguientes elementos: “ser inminente, es
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave,
esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la
adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser
impostergable, es decir, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo
como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos
fundamentales”.
ACCION DE TUTELA
CONTRA PARTICULARES CUANDO EXISTE UNA RELACION DE INDEFENSION O SUBORDINACION-Jurisprudencia constitucional sobre procedencia
excepcional
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
RESPECTO DE PERSONAS CON LIMITACIONES-Protección
GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA RESPECTO DE SUJETOS CON LIMITACIONES-Reiteración
de jurisprudencia/ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN SITUACION DE
DISCAPACIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL
La estabilidad laboral reforzada es
parte integral del derecho constitucional al trabajo y las garantías que se
desprenden de este. Tal protección se activa cuando el trabajador se encuentra
en situación de vulnerabilidad, debido a condiciones específicas de afectación
a su salud, su capacidad económica, su rol social, entre otras. Dicha
estabilidad se materializa en la obligación impuesta al empleador de mantenerlo
en su puesto de trabajo en razón de su condición especial. Este derecho
tiene estrecha relación, con el artículo 13 superior, en virtud del cual se
establece lo siguiente: “El Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan”. De la misma manera, la estabilidad laboral reforzada se encamina a
mejorar la calidad de vida y el acceso igualitario a mejores oportunidades para
la población discapacitada o en estado de debilidad o vulnerabilidad
manifiesta. Estas disposiciones no tienen origen exclusivo en nuestro
ordenamiento jurídico nacional, sino que responden a una fórmula de
armonización entre éste y los tratados de derecho internacional públicos
suscritos por el Estado colombiano sobre la materia.
ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DE TRABAJADOR EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Carece de todo
efecto despido o terminación de contrato sin la autorización previa del
Ministerio de Trabajo
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE
PERSONA POR RAZONES DE SALUD CUANDO NO SE HA CALIFICADO SU DISCAPACIDAD POR LA
AUTORIDAD COMPETENTE-Protección especial
La protección derivada de la estabilidad laboral reforzada no
puede condicionarse a la calificación de pérdida de capacidad laboral expedida
por las juntas competentes o al porcentaje específico de discapacidad del
trabajador. De la misma manera, la procedibilidad de la acción de tutela
tampoco puede supeditarse a un determinado porcentaje de discapacidad, pues más
que analizarse la gravedad del estado de salud del actor, deberá comprobarse
que su despido se efectuó con la observancia del debido proceso establecido
para tal fin, pues los asuntos relacionados con el grado de afectación producto
de la enfermedad y las consecuencias que de ello se deriven, podrán debatirse
ante el inspector del trabajo.
ESTABILIDAD LABORAL FRENTE A CUALQUIER TIPO DE
VINCULACION LABORAL
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden
de reintegro al cargo que desempeñaba el actor
o a uno de superior jerarquía y bajo la misma modalidad contractual y
atendiendo las restricciones médicas que le sean prescritas
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden a
empresa pagar al actor los
salarios y prestaciones sociales que legalmente le correspondan y efectúe los
aportes al Sistema General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la
terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Orden a empresa pagar sanción establecida en el
inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de
salario
Referencia:
expedientes T-4945430, T-4934726, T-4943891 y T-4939076
Acciones de tutela instauradas, en
forma separada, por Ruby Jazmín Tavera Tafur, contra la industria de alimentos Zenú
S.A.S, la ARL SURA y SURA EPS; Nelson Gabriel Uribe Hernández contra Ecopetrol
S.A.-; Álvaro Bravo Molina contra el Banco Popular S.A. y Yilma Barona Rodríguez
contra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán;
Magistrado
Ponente:
LUIS
ERNESTO VARGAS SILVA
Bogotá,
D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil quince (2015).
La Sala
Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada
María Victoria Calle Correa, y por los magistrados Mauricio González Cuervo y Luis
Ernesto Vargas Silva, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Mediante
la cual se pone fin al trámite de revisión de los siguientes
fallos de tutela dictados dentro de los procesos de la referencia:
Expediente
Fallos de tutela
T-4945430
Primera
Instancia: Sentencia del 9 de febrero de 2015, proferida por el
Juzgado 11 Penal Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá.
Segunda
Instancia: Sentencia del 17 de marzo de 2015, proferida por el
Juzgado
32 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá.
T-4943891
Primera
Instancia: Sentencia del 29 de enero de 2015, proferida por el
Tribunal Superior de Bucaramanga.
Segunda
Instancia: Providencia del 25 de marzo de 2015,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
T-4934726
Primera
Instancia: Sentencia del 19 de febrero de 2015, proferida por
el Juzgado 38 Penal con funciones de control de garantías de Bogotá.
Segunda
instancia: Sentencia del 25 de marzo de 2015, proferida por
el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá con funciones de conocimiento.
T-4939076
Primera
Instancia: Sentencia del 29 de enero de 2015, proferida por el
Juzgado 4º Penal Municipal de Popayán con funciones de control de garantías.
Segunda
Instancia: Providencia del 4 de marzo de 2015,
proferida por Juzgado 1º Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Popayán.
I. ANTECEDENTES
Acumulación
de procesos
Mediante
el auto del 11 de junio de 2015, la Sala de Selección Número Seis escogió para
revisión los siguientes expedientes: T-4934726, T-4939076, T-4943891 y T-4945.430,
de la misma manera, dispuso la acumuló entre sí, para que fueran fallados en
una sola sentencia, tras considerar que presentaban unidad de materia. Asimismo,
dispuso su reparto a éste despacho.
Expediente
T-4945430
1. De los hechos y
la demanda.
1.1. La
señora Ruby
Jazmín Tavera Tafur trabajó para industria de alimentos Zenú S.A.S. desde el 3
de junio de 2008 hasta el 21 de noviembre de 2014. Fue vinculada mediante
contrato de trabajo a término indefinido, en el cargo de vendedora.
1.2. Señaló,
que durante la vinculación laboral le fueron diagnosticadas las siguientes
patologías: (i) trastorno mixto de ansiedad, por el exceso de trabajo,
(ii) amigdalitis y faringitis, debido a la exposición al frio, (iii) bocio
tiroideo, (iv) gastritis antral eritematosa, (v) asimetría de la
altura de las rodillas, (vi) quiste aracnoideo en fosa nasal posterior (vii)
escoliosis toraco-lumbar de ceonvejidad el riesgo osteomuscular por la
postura y movimientos repetitivos. Asimismo, adujo que el empleador conoció
de la existencia de estas enfermedades.
1.3. Respecto
de la enfermedad “faringitis” refirió la demandante, que la misma fue
calificada como enfermedad de origen profesional por parte de la ARL y desde el
día 20 de octubre de 2013 se le han efectuado recomendaciones a su puesto de
trabajo, en el sentido de no exponerse al frio por riesgo de presentar “faringolaringe
crónica”.
1.4. Sostuvo
la accionante, que estas recomendaciones nunca fueron atendidas por la empresa
demandada, pues lo único que hizo su empleador fue entregarle una chaqueta
térmica, guantes y tapabocas que resultaron insuficientes para el manejo de la
patología que presenta.
1.5.
Manifestó, que el 12 de mayo de 2014 formuló una querella laboral ante el
Ministerio de Trabajo en contra de esta compañía, por acoso laboral. Al momento
de la presentación de la demanda, refirió que esta queja estaba en trámite.
1.6. El
5 de noviembre de 2014, la empresa accionada inició trámite de investigación
disciplinaria en contra de la demandante por hechos ocurridos el día 17 de
octubre de 2014 cuando desobedeció una orden de su superior en el sentido de
que cambiara su ruta habitual para cubrir la de otra vendedora.
1.7. Posteriormente,
el 21 de noviembre de 2014 la señora Clara Inés Bustamante Duque en
representación de la compañía accionada, le manifestó a la demandante, la
decisión de terminar el contrato de trabajo por justa causa. Sin embargo,
advierte la accionante, que su empleador no solicitó autorización para el
despido ante el Ministerio del Trabajo, desconociendo que por causa de su
enfermedad se encuentra en situación de debilidad manifiesta.
1.8. En
razón de lo anterior, el 24 de noviembre de 2014 la señora Tavera Tafur acudió
al Ministerio de Trabajo para formular querella laboral en contra de la empresa
accionada, a fin de que esta entidad adoptara medidas dirigidas a garantizar el
derecho a la estabilidad laboral reforzada que fue vulnerado con la terminación
de su contrato de trabajo.
1.9. El
23 de diciembre de 2014, se practicó a la trabajadora examen médico de egreso
en el que se concluyó que la paciente presentaba las siguientes patologías: “gastritis
crónica X HC, bocio difuso hipocaptante, trastorno mixto de ansiedad, artralgia
de rodilla derecha, faringitis, escoliosis 6 grados depresión”.
En esta
oportunidad, el médico ocupacional estableció que la paciente debía ser
valorada por su EPS y por la ARL para calificación de origen de las patologías que
presenta y la determinación de los medicamentos para su manejo, asimismo,
señaló que estaba pendiente que se efectuara un estudio por presunta secuela de
accidente de trabajo.
1.10. De
acuerdo con lo expuesto, la señora Tavera Tafur formuló acción de tutela en
contra de industrias de alimentos Zenú S.A.S. con el fin de que se ampararen sus
derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada. En
consecuencia, solicitó que se ordene a esta compañía lo siguiente: (i) el
reintegro a un cargo acorde con su condición de salud y (ii) el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir.
1.11.
Mediante auto del 29 de enero de 2015, el Juzgado Once Penal Municipal con
funciones de conocimiento, admitió la demanda de tutela. En esta misma
oportunidad, se dispuso la vinculación de la ARL Sura y de Sura EPS.
2. De
la respuesta de las entidades accionadas y vinculadas
Industria
de alimentos Zenú S.A.S.
2.1 El 6
de febrero de 2015, el señor Jorge Adrián Vásquez Gómez actuando como
representante legal de la empresa Zenú S.A.S. solicitó al juez de tutela negar el
amparo solicitado por la señora Tavera Tafur, bajo el argumento de que la
desvinculación laboral se produjo por una justa causa, derivada de la desobediencia
a las órdenes impartidas por su superior y no por su estado de salud.
2.2
Afirmó, que la empresa le suministró todos los implementos de protección a la accionante,
para el manejo de las enfermedades “amigdalitis y faringitis”.
2.3
Sostuvo, que cuando se produjo la desvinculación laboral, la accionante no se
encontraba en situación de debilidad manifiesta y por lo tanto, esta compañía no
tenía la obligación de solicitar autorización al Ministerio del Trabajo para
desvincular a la trabajadora.
2.4. Señaló,
que en este caso, la acción de tutela resulta improcedente como quiera que la
accionante cuenta con el mecanismo de defensa judicial idóneo ante la jurisdicción
ordinaria laboral para reclamar el reintegro laboral.
ARL Sura
2.5. El
señor Allan Iván Gómez Barreto actuando como representante legal de la ARL
Sura, solicitó al juez de tutela declarar improcedente la acción de tutela respecto
de esta entidad aseguradora, en consideración a que esta entidad no vulneró los
derechos fundamentales de la demandante.
EPS
Sura
2.6. El
señor Diego Andrés Avendaño Castillo actuando como representante legal de la
EPS Sura, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela respecto
de esta entidad, teniendo en cuenta, que no se le ha vulnerado ningún derecho
fundamental a la demandante.
2.7. De
la misma manera, informó que la señora Ruby Jazmín Tavera estuvo vinculada a
esta entidad, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2014.
3. Del Fallo de primera instancia
3.1. Mediante
sentencia del 17 de marzo de 2015 el Juzgado 11 Penal Municipal con funciones
de conocimiento de Bogotá D.C.-, declaró improcedente la acción de tutela
formulada por la señora Ruby Jazmín Tavera Tafur, bajo el argumento de que no
se cumple con el requisito de subsidiaridad, ya que la accionante cuenta con un
mecanismo idóneo en la jurisdicción ordinaria para reclamar el reintegro
laboral.
3.2. Manifestó
el juez de primera instancia, que no se evidenció alguna vulneración de los derechos
fundamentales de la señora Tavera Tafur. Tampoco, que la accionante se
encontrara en situación de debilidad manifiesta, ya que no existe prueba de que
las afecciones de salud que le fueron diagnosticadas, no hubieran sido tratadas
y superadas. Por lo tanto, concluyó que no existía relación entre el despido y
la condición de salud señalada por la actora.
4. De la impugnación y del fallo de
segunda instancia.
4.1. La
señora Tavera Tafur impugnó la sentencia de primera instancia por considerar
que las afirmaciones realizadas por la empresa demandada no correspondían con
la verdad. Señaló que el juez de primera instancia, desconoció las patologías que
presenta y demostró a través de su historia clínica.
4.2 A
través de la providencia del 17 de marzo de 2015, el Juzgado Treinta y Dos
Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, confirmó el fallo
de primera instancia. Enfatizó en la necesidad de agotar el mecanismo judicial
ordinario, y sostuvo que en el caso en examen, no se evidenciaba la ocurrencia
de un perjuicio irremediable o alguna afectación al mínimo vital.
5.
Pruebas que obran en el expediente
5.1. Carta
de terminación del contrato de trabajo[1].
5.2. Resumen
de historia clínica del ingreso a la unidad de urgencias de la clínica Mederi
el 23 de julio de 2015 por episodio depresivo con ideas suicidas[2].
5.3. Incapacidad
médica expedida el 19 de marzo de 2014 por un periodo de ocho días, por causa
de un diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión[3].
5.3.
Incapacidad médica expedida el 24 de octubre de 2014 por dos días con diagnóstico
de trastorno de ansiedad y depresión[4].
5.3. Resumen
de historia clínica expedido por la clínica Los Nogales el 24 de julio de 2014,
en el que establece que la señora Tavera Tafur presenta “quiste aracnoideo
en fosa posterior”[5].
5.4.
Resultado de gammagrafía de tiroides del 26 de marzo de 2014 en el que indica
que la señora Ruby Jazmín Tavera Tafur presenta “bocio difuso hipocaptante”.
5.5.
Certificado médico de retiro del 23 de diciembre de 2014[6].
5.6.
Querella laboral presentada el 9 de mayo de 2014 por acoso laboral ante el
Ministerio de Trabajo[7].
5.7.
Querella laboral presentada el 24 de noviembre de 2014 en el Ministerio de
Trabajo[8].
Expediente
T-4943891
1. De los hechos y
la demanda.
1.1. El señor Nelson Gabriel Uribe
Hernández, de 58 años de edad, estuvo vinculado a Ecopetrol S.A. desde el 15 de
mayo de 1978 a través de un contrato de trabajo a término fijo que fue renovado
periódicamente.
1.2. Manifestó el demandante, que se
encuentra en una situación de vulnerabilidad por causa de las siguientes enfermedades
que presenta: “hipoacusia neurosensorial bilateral, síndrome del túnel del
carpio bilateral, epicondilitis de codo izquierdo, hernias discales en ‘L2, L3,
L4-L5 y L5-S1’, discopatía degenerativa, abombamiento del núcleo pulposo,
asterolistesis grado I, radiculopatía L5 izquierda, síndrome facetario, cambios
osteoartrósicos en hombros, caderas rodillas y pies, trastorno interno de
rodillas, neuropatía, autónoma periférica idiopática, metatarsalgia y
amigdalitis aguda.”
1.3. Refirió, que el 11 de diciembre de
2014 le practicaron un procedimiento quirúrgico denominado: “tiroidectomía
total” y que desde esta fecha se encuentra incapacitado.
1.4. El 9 de diciembre de 2014, la
coordinadora de operaciones de talento humano informó al actor que su contrato
de trabajo no sería renovado y por lo tanto, la relación laboral con la
compañía culminaría el 31 de diciembre de 2014.
1.5. El 26 de diciembre de 2014, el
demandante solicitó a la empresa accionada que reconsiderara la decisión de desvincularlo
de su cargo, debido a la situación de debilidad manifiesta que presentaba, y
pidió su reubicación a otro puesto de trabajo. Asimismo, solicitó que en caso
de mantenerse esta decisión, se efectuara el trámite administrativo ante el
Ministerio de Trabajo necesario para despedir a un trabajador que presenta
afectaciones a su salud.
Adicionalmente, señaló que envió copia de
esta petición al Ministerio del Trabajo y a la Defensoría del Pueblo.
1.6 Manifestó, que sus dolencias son de
origen laboral debido a la exposición de riesgos asociados al servicio de la
empresa Ecopetrol S.A. durante más de 30 años, y que en el examen médico de
ingreso nunca se evidenció alguna afectación de salud. Destacó, que su
capacidad laboral disminuyó considerablemente debido a que sus patologías no tienen
curación, pues requieren tratamiento médico continuo por múltiples
especialidades médicas, y que adicionalmente, el departamento de medicina de la
compañía accionada las calificó como unas “restricciones de tipo permanente”.
1.7. El
8 de enero de 2015, se practicó examen físico de egreso al trabajador. En esta
oportunidad, se estableció que el señor Uribe Hernández es apto para ejercer el
cargo. Sin embargo, se advirtió que “puede reclamar secuelas por patologías
de oídos, col. Lumbar, STC”.
1.8. De acuerdo con lo anterior, el señor
Uribe Hernández formuló acción de tutela en contra de Ecopetrol S.A., el Ministerio
del Trabajo y la Defensoría del Pueblo regional Santander, con el objeto de que
se amparen sus derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital, al debido
proceso, al trabajo en condiciones dignas y a la estabilidad laboral reforzada.
En consecuencia, solicitó que se ordene a Ecopetrol S.A. que lo reintegre a un
cargo acorde con su estado de salud, que pague los salarios y prestaciones
dejados de percibir y la indemnización prevista en el artículo 26 de la ley 361
de 1997.
1.9. Mediante auto del 16 de enero de 2015
la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga admitió la demanda de
tutela.
2.
Respuesta de las entidades demandadas y vinculadas
De la
Defensoría del Pueblo regionales Santander y Magdalena Medio
2.1. El
doctor Kadir Crisanto Pilonieta, Defensor del Pueblo Regional Santander, señaló
que no tiene competencia para resolver la petición formulada por el accionante en
relación con la intervención en la problemática que se presenta con Ecopetrol
S.A. en la ciudad de Barrancabermeja. Manifestó, que el 19 de enero de 2015, le
informó al accionante que su solicitud había sido remitida a la Defensoría del
Pueblo de la Regional Magdalena Medio, quien era la competente para resolver la
petición formulada por él.
2.2. El
Defensor Regional del Magdalena Medio, doctor Jair Romero Rivero, solicitó al
juez constitucional, que se desvinculara del trámite de tutela a esta entidad,
por cuanto la misma ha brindado el servicio de defensoría pública al solicitante,
a través del defensor público asignado, el abogado José Orlando Reyes Rincón, y
por lo tanto, no ha desconocido los derechos fundamentales del señor Uribe
Hernández. Advirtió, que la garantía de la estabilidad laboral reforzada no es
absoluta ni procede de manera automática, ya que es necesario que el trabajador
demuestre que su desvinculación obedece a su estado de salud.
Del
Ministerio del Trabajo
2.3. La
directora territorial de la seccional Santander del Ministerio del Trabajo, doctora
Ofelia Hernández Araque, señaló que una vez analizadas las bases datos de esta
entidad, no se encontró que la empresa Ecopetrol S.A. hubiera solicitado
autorización para desvincular al señor Nelson Gabriel Uribe Hernández. Advirtió
que, con base en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el actor se
encuentra expuesto a una “vulneración clara y evidente de su derecho a la
salud y a la vida en condiciones dignas, por estar en una situación de
debilidad manifiesta y ante la amenaza del perjuicio irremediable, por cuanto
se dejaría sin el servicio médico, indispensable para el restablecimiento de su
salud, y sin la única fuente de ingresos”.
2.4.
Informó, que a través del oficio 7068001-00170 del 15 de enero de 2015, esta
entidad solicitó a la vicepresidencia de talento humano de Ecopetrol S.A. suministrar
el estado actual de las patologías y condiciones de salud de varios
trabajadores que han presentado reclamaciones similares a la interpuesta por el
actor.
De
igual forma, refirió que mediante oficio 1068001-00123 del 14 de enero de 2015,
se le solicitó al jefe de talento humano de Ecopetrol S.A. Regional Magdalena
Medio, que informara el procedimiento adoptado por la empresa para brindar
protección constitucional al demandante frente a la situación de debilidad
manifiesta en la que se encuentra.
Ecopetrol
S.A.
2.5. Ana
María Rodríguez Cáceres, actuando como a apoderada judicial de la empresa Ecopetrol
S.A. solicitó al juez constitucional declarar improcedente la acción de tutela
formulada por el señor Uribe Hernández, bajo el argumento de que existe otro
mecanismo judicial para reclamar el reintegro laboral en la jurisdicción
ordinaria laboral.
2.6. Señaló,
que el actor pertenecía a la bolsa de temporales de la gerencia del complejo
industrial de Barrancabermeja, la cual es una base de datos de trabajadores que
de acuerdo con la necesidad de la compañía, podían o no ser llamados a prestar
sus servicios en un momento determinado, razón por la que el accionante tenía
contrato a término fijo.
2.7.
Informó, que el 31 de mayo de 2013 la empresa Ecopetrol S.A. y la Unión
Sindical Obrera de la industria del petróleo –USO- en representación del
personal de la Bolsa de Temporales de la gerencia del complejo industrial de
Barrancabermeja, suscribieron un acta de acuerdo en la que se pactaron los
siguientes aspectos: (i) extinguir la Bolsa de Temporales. (ii) Vincular a 70
trabajadores a la empresa Ecopetrol S.A., a través de contratos a término
indefinido. Para tal efecto, se realizaría un proceso de selección. (iii) En
relación con los trabajadores que no alcanzaran los requisitos para conformar
ese grupo, se determinó que se finalizarían sus contratos de trabajo.
2.8. En
relación con el último escenario, informó que la desvinculación de aquellos
trabajadores se efectuó en dos fechas, un primer grupo el 31 de julio de 2013,
y el segundo grupo, el 31 de diciembre de 2014.
En
ambos eventos, se pactó el pago de las siguientes prestaciones: (i)
bonificación de $10.000.000 por cada año de servicio laborado, (ii) auxilio de salud-pensión
destinado al sistema general de seguridad social, equivalente a los aportes del
valor a cotizar sobre una base de dos SMLMV, durante el tiempo que falte para
acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación sin exceder de 11 años, y
(iii) apoyo educativo para los hijos que al momento de suscribir el acta, se
encontraran inscritos en la compañía. Sin embargo, señaló que estos beneficios
serán materializados hasta que el respectivo trabajador suscriba el acta de
acuerdo individual en el Ministerio de Trabajo.
2.9. En
razón de lo anterior, el día 15 de julio de 2013 el trabajador suscribió el Otro
Si No 002 en el que aceptó modificar el plazo pactado en el contrato de trabajo
suscrito el 17 de enero de 2013, en los términos del Acta de Acuerdo suscrito entre
la USO y la empresa Ecopetrol S.A. el día 31 de mayo de 2013 y que implicaba, la
permanencia de algunos trabajadores vinculados a través de contratos a términos
fijos, hasta el 31 de julio de 2014 o hasta el 31 de diciembre de 2014.
Es
decir, que el último contrato suscrito por el demandante el 17 de enero de 2013,
por un término de tres meses, y que ya se encontraba en su tercera prórroga
automática, fue modificado en la cláusula que contiene el plazo, en el sentido
de que el demandante aceptó la posibilidad de que se prorrogará hasta el 31 de
julio de 2014 o el 31 de diciembre de 2014, según el grupo en el que lo ubicara
la empresa.
2.10. La
representante de la empresa accionada, señaló que el demandante fue convocado
para participar en el proceso de selección de 70 personas que serían vinculadas
directamente a Ecopetrol S.A a través de un contrato a término indefinido, sin
embargo no lo superó. Por tal razón, se encuentra dentro de los trabajadores
desvinculados el 31 de diciembre de 2014.
2.11. Agregó,
que aunque el trabajador presentó algunos antecedentes médicos por distintas
patologías, las mismas no lo colocan en un estado de debilidad manifiesta que lo
haga titular del derecho a la estabilidad reforzada, máxime cuando no cuenta
con una calificación de pérdida de la capacidad laboral, ni recomendación para
la reubicación laboral por motivos de salud, así como tampoco incapacidad
vigente al momento de terminación del contrato.
3. Del fallo de primera instancia.
Mediante la sentencia del 29 de enero de
2015, el Tribunal Superior de Bucaramanga declaró improcedente la acción de
tutela formulada por el señor Nelson Gabriel Uribe Hernández. Fundamentó su
decisión en un precedente similar, en el que se consideró que no podía tenerse
como perjuicio irremediable el cese del ingreso salarial, que es la simple
consecuencia de la terminación del vínculo laboral. Adujo, que en este caso el
empleador había obrado con base en una causal objetiva correspondiente a la
terminación del plazo pactado y que, en caso de existir alguna controversia
sobre la desvinculación, estas debían discutirse en su escenario natural ante
los jueces ordinarios laborales.
4.
Impugnación y trámite de segunda instancia.
4.1. El
señor Nelson Gabriel Uribe Hernández, impugnó la decisión formulada por el juez
de primera instancia. Para tal efecto, reiteró los argumentos de la demanda.
Resaltando que sus patologías son de origen laboral y requieren tratamiento
médico permanente.
4.2. De
la misma manera, afirmó que el 23 de diciembre de 2014 el presidente nacional
de la USO solicitó al presidente de Ecopetrol S.A. que renovara los contratos
de trabajo de las personas que estén amparadas por el derecho a la estabilidad
laboral reforzada. Sostuvo, que frente a esta petición, la empresa accionada le
informó que revisaría cada uno de los casos a fin de garantizar el cumplimiento
de las normas legales y precedentes jurisprudenciales relativos a la protección
constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada.
4.3. El
2 de marzo de 2015, el actor remitió a la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia el “dictamen para la determinación del origen
de eventos en salud y calificación de la pérdida de la capacidad laboral de
Ecopetrol S.A.” de fecha 12 de diciembre de 2014 por médicos del área
de gestión de salud integral de Ecopetrol S.A. En esta oportunidad, se calificaron
dos grupos las patologías al demandante:
4.3.1.
Respecto de las patologías “otras degeneraciones especificadas de disco
intervertebral y poliartrosis no especificada” se determinó una pérdida de
capacidad laboral correspondiente a un 10%, con fecha de estructuración 22 de
noviembre de 2013 y de origen común.
De la
misma manera, se hicieron las siguientes observaciones: (i) “el tratamiento
y la rehabilitación del evaluado se encuentran terminados”, (ii) “el
paciente tiene adecuada movilidad de columna lumbar. Marcha normal, sin signos
de radiculopatia clínicamente, (iii) “desarrolla actividades normales
propias del cargo y de la vida diaria cumpliendo las recomendaciones médicas”.
4.3.2. En
relación con las patologías: “hipoacusia neurosensorial bilateral, síndrome
del túnel del carpo derecho y síndrome del túnel del carpo izquierdo” se
determinó una pérdida de la capacidad laboral de 19% y estas patologías fueron
calificadas como de origen laboral. Sostuvieron, que “el tratamiento y la
rehabilitación del evaluado se encuentra terminado” y agregó la siguiente
observación “paciente al momento del retiro con restricciones permanentes
para proteger evolución de patologías. Desarrolla actividades propias del cargo
al momento de retiro y no tiene restricción para la ejecución de actividades de
la vida diaria. No hay compromiso de bandas conversacionales, no hay
restricción de movimiento a nivel de las muñecas. Síntomas de compresión leve”.
4.4. Mediante
sentencia del 25 de marzo de 2015 la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia, en el
sentido de declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Uribe Hernández. Señaló, que el mecanismo idóneo para reclamar la estabilidad
en el empleo, es el proceso ordinario laboral y que aunque en los documentos
aportados se observa que ha presentado distintas patologías, no se demostró la
incapacidad médica o la grave afectación a su salud al momento de la
desvinculación de su cargo.
Resaltó,
que en la historia clínica del procedimiento quirúrgico “tiroidectomía” se
dejó la siguiente anotación al momento de dar de alta al paciente: “sin
incapacidad funcional”, afirmación, que a su juicio, contradice lo dicho
por el accionante en la demanda respecto de que desde la práctica de esta
cirugía se encuentra incapacitado.
4.
Pruebas que obran en el expediente
4.1.
Carta de preaviso de no renovación del contrato laboral a término fijo[9].
4.2. Derecho
de petición radicado en Ecopetrol S.A. el 26 de diciembre de 2014[10].
4.3. Copias
de los resúmenes de las historias clínicas de las distintas patologías que ha
presentado el accionante durante el periodo de vinculación[11].
4.4.
Respuesta al derecho de petición formulado por el actor a la Defensoría del
Pueblo regional Santander el 15 de enero de 2015[12].
4.5.
Examen físico de egreso practicado el 8 de enero de 2015[13]
4.6.
Contrato de trabajo a término fijo[14]
4.7.
Otro si No 002 al contrato de trabajo suscrito el 15 de julio de 2013[15]
4.8.
Acta de Acuerdo entre Ecopetrol y la USO en representación de la Bolsa de
Temporales GRB[16]
4.9.
Formato dictamen para la determinación del origen de eventos en salud y
calificación de la pérdida de la capacidad laboral de Ecopetrol S.A.[17]
Expediente
T-4934726
1. De los hechos y
la demanda.
1.1. El señor Álvaro
Bravo Molina tiene 59 años de edad y refiere que presenta las siguientes
patologías oculares: “diplopía, protsis palpebral, blefaroptosis y
oftalmoplejia internuclear”
1.2. El actor trabajó
en el Banco Popular, desde el día 1 de marzo de 1978 hasta el 1 de octubre de
2012, desempeñando el cargo de cajero.
1.3. La
terminación del contrato de trabajo se produjo por justa causa, como
consecuencia de la reincidencia en faltas disciplinarias, en las que incurrió
el trabajador al omitir procedimientos de seguridad del banco al pagar cheques
que fueron cobrados en la caja asignada.
1.4. Manifestó el
demandante, que aunque su empleador conocía su condición de salud, lo desvinculó
sin autorización del ministerio de trabajo. Adujo, que en ese momento, se
encontraba recibiendo tratamiento de las patologías que presenta,
específicamente refirió que estaba en proceso de recuperación de una cirugía
que le fue practicada el 9 de julio de 2012 consistente en la “extirpación
de la glándula del timo”.
1.5. El 23 de octubre de 2014, la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, calificó la pérdida de
capacidad laboral en un 45.42%.
1.6. Señaló, que la terminación de su
contrato de trabajo, también produjo la desafiliación de la EPS. Situación que
lo ha afectado ya que debe acceder a los servicios de salud de manera
particular a través de la ayuda económica que proporcionan sus familiares.
1.7. De acuerdo con lo anterior, el señor
Bravo Molina formuló acción de tutela en contra del Banco Popular a fin de que
se amparen sus derechos fundamentales al trabajo, a la vida, a la seguridad
social, al mínimo vital, a la igualdad, a la dignidad humana, a la salud, a la protección
de los disminuidos físicos y a la estabilidad laboral reforzada. En
consecuencia, solicitó que se ordene al Banco Popular: (i) reintegrarlo al
cargo que venía desempeñando, (ii) pagar una indemnización equivalente a 180
días de salario y (iii) pagar los salarios dejados de percibir desde el 1 de
octubre de 2012.
1.8. La demanda de tutela, fue admitida
por el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal con funciones de control de
garantías, a través de la providencia del 9 de febrero de 2015. En esta
oportunidad, se dispuso la vinculación de la Junta de Calificación de Invalidez
de Bogotá y Cundinamarca.
2. Respuesta
de la entidad demandada y de la vinculada
Junta
Regional de calificación de invalidez de Bogotá y Cundinamarca
2.1. El
señor Javier Fernando Castro Díaz en su condición de representante legal de la
Junta Regional de calificación de invalidez de Bogotá y Cundinamarca, solicitó
desvincular a esta entidad del trámite de tutela bajo el argumento de que
aquella, no ha vulnerado ningún derecho fundamental al demandante.
2.2.
Informó, que el 10 de octubre de 2014 el señor Álvaro Bravo Molina solicitó a
esta entidad que calificara la pérdida de la capacidad laboral “con el fin
de obtener una prueba anticipada” para una demanda que formularía en contra
del Banco Popular.
2.3.
Señaló, que se determinó una pérdida de la capacidad laboral equivalente a
45.42% con fecha de estructuración 15 de junio de 2012.
Banco
Popular
2.4. La
señora Lucero Gutiérrez Sánchez, en su calidad de asistente de asuntos
laborales del Banco Popular, solicitó al juez constitucional rechazar la acción
de tutela formulada por el señor Gutiérrez Sánchez.
2.5. Refirió,
que la terminación de contrato de trabajo se produjo a partir del 2 de octubre
de 2012 por una justa causa, debido a que en tres oportunidades, el trabajador omitió
su deber de verificar las firmas en los cheques antes de pagarlos, lo que le
produjo graves perjuicios a los clientes del banco y de otros bancos del grupo
AVAL.
2.6. Manifestó,
que al momento de la desvinculación el trabajador no se encontraba incapacitado
y tampoco tenía recomendaciones laborales a su puesto de trabajo.
2.7.
Señaló, que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiaridad por
cuanto existen otros mecanismos idóneos para reclamar el reintegro laboral en
la jurisdicción ordinaria laboral. Tampoco, con el de inmediatez, teniendo en
cuenta que el trabajador formuló la demanda de tutela transcurridos “más de
dos años” después de que se produjo la terminación del contrato de trabajo.
3. De la sentencia de primera instancia
3.1. Mediante sentencia del 19 de febrero
de 2015 el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal con función de control de
garantías declaró improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Álvaro Bravo Molina, bajo el argumento de que este asunto no cumple con el
requisito de inmediatez. Ello, por cuanto el actor formuló la acción de tutela
el 4 de febrero de 2015 y el despido se produjo el 1 de octubre de 2012, es
decir, que transcurrieron dos años y cuatro meses entre la vulneración del
derecho y la demanda.
3.2. De la misma manera, consideró que no
se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que habilitara la acción
de tutela, ya sea como mecanismo principal o transitorio, para reclamar el
reintegro laboral, teniendo en cuenta que existen otras herramientas de defensa
judicial en la jurisdicción ordinaria laboral.
3.3. Advirtió, que el accionante tiene
plazo para presentar la demanda ordinaria laboral hasta el 1 de octubre de
2015. Pues su derecho a reclamar el reintegro laboral, prescribe al cumplirse tres
años desde la fecha de la desvinculación laboral.
4. Impugnación y trámite de segunda
instancia
4.1. El demandante impugnó la decisión
adoptada en primera instancia, controvirtiendo cada uno de los argumentos
expuesto por el juez constitucional para declarar la improcedencia de la acción
de tutela.
4.2. En relación con el requisito de
inmediatez, señaló que en este caso si se cumple, debido a que la calificación
de pérdida de la capacidad laboral fue efectuada el 23 de octubre de 2014 y la
demanda de tutela se formuló 71 días después, debido al paro judicial.
4.3. En tal sentido, expresó: “huelga
decir que si hubiese presentado la tutela sin este pronunciamiento de la Junta
Regional, el argumento de cajón habría sido que la tutela resultaba
improcedente por no haber acreditado pérdida alguna de la capacidad laboral”.
4.3. Adujo, que demostró el perjuicio
irremediable que le causó la desvinculación laboral a través de distintas
historias clínicas que indican las patologías que presentaba al momento de la
desvinculación laboral.
4.4. Refirió, que el proceso ordinario
laboral no es el mecanismo idóneo para reclamar la garantía de sus derechos
fundamentales vulnerados por el Banco Popular, debido al tiempo que en tarda en
resolverse esta acción judicial.
4.5. En segunda instancia, el Juzgado Once
Penal del Circuito de Bogotá confirmó la sentencia de primera instancia, bajo
las mismas razones que fundamentaron la decisión impugnada.
4.6. Estimó, que el demandante demostró la
existencia de distintas patologías que presentó en vigencia de la relación
laboral, sin embargo no probó que por causa de ellas, estuviera incapacitado
para ejercer alguna actividad laboral. Por lo tanto, consideró que su
desvinculación se produjo por la comisión de una falta disciplinaria y no por
su condición de salud.
4.7. De la misma manera, señaló que no se
cumple con el requisito de inmediatez, “pues no puede aceptarse que
transcurridos alrededor de 2 años y 11 meses, pretenda el accionante a través
de la vía constitucional, lograr el reintegro al cargo, la indemnización y el
pago de salarios dejados de percibir”.
5.  Pruebas que obran en el
expediente
5.1. Historia clínica[18].
5.2. Incapacidad médica expedida el 3 de
octubre de 2012 por un periodo de 30 días[19].
5.3. Dictamen de calificación de pérdida
de la capacidad laboral expedido por la Junta Regional de Calificación de
Bogotá y Cundinamarca[20].
5.4. Carta de terminación de contrato de
trabajo del 1 de octubre de 2012[21].
5.5. Contrato de trabajo a término
indefinido[22].
5.6. Reglamento interno de trabajo[23]
5.7. Actuación disciplinaria adelantada
por el Banco Popular[24]
Expediente
T-4939076
1. De los hechos y
la demanda.
1.1. La señora
Yilma Regina Barona Rodríguez de 47 años de edad, trabajó en el Cuerpo Oficial
de Bomberos de Popayán desde el día 10 de febrero de 1999 hasta el 28 de mayo
de 1999 mediante contrato de trabajo a término fijo que fue renovado en
distintas oportunidades.
1.2. Refirió la
demandante, que el 4 de febrero de 2014 le diagnosticaron cáncer de seno
izquierdo y desde entonces ha estado en tratamiento médico para el manejo de
esta enfermedad. Se le han realizado distintas intervenciones quirúrgicas y
debe asistir a control médico por lo menos cada seis meses.
1.3. Indicó, que la
entidad demandada, decidió terminar el contrato de trabajo sin autorización del
Ministerio de Trabajo, a pesar de que conocía su condición de salud. Señaló,
que al notificarse de esta decisión, sufrió una alteración en su salud mental y
fue diagnosticada con “depresión mayor secundaria stress laboral”, en
consecuencia, fue internada en un centro psiquiátrico seis días e incapacitada 40
días. Adujo, que la desvinculación se hizo efectiva durante el periodo de
incapacidad.
1.4. De acuerdo
con lo anterior, la señora Barona Rodríguez, a través de apoderado judicial,
formuló acción de tutela en contra del Cuerpo Oficial de Bomberos Voluntarios de
Popayán, con el objeto de que se le amparen sus derechos fundamentales a la salud,
a la seguridad social y a la estabilidad laboral reforzada. En consecuencia, solicitó
que se ordene a la entidad demandada: (i) reintegrar a la demandante a un cargo
similar o de superior jerarquía al que venía desempeñando y que esté acorde con
la patología que presenta y (ii) pagar una indemnización equivalente a 180 días
de salarios conforme a los establecido en el artículo 25 de la Ley 361 de 1997.
1.5. La demanda de
tutela fue admitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de
control de garantías de Popayán, mediante auto del 14 de enero de 2015.
2. Respuesta
de la entidad demandada
2.1. A
través de apoderado judicial, el señor Juan Carlos Gañan Murillo representante
legal del Cuerpo Oficial de Bomberos Voluntarios de Popayán, contestó la demanda
de tutela.
2.2.
Solicitó, que se declarara improcedente la acción de tutela formulada por la
señora Barona Rodríguez en razón a que, a su juicio, el mecanismo idóneo para
reclamar el reintegro laboral es el proceso ordinario laboral.
2.3.
Señaló, que el 28 de mayo de 2014 se le comunicó a la demandante que el
contrato de trabajo a término fijo no sería renovado a partir del 30 de junio
de 2014 y que para entonces, la trabajadora no estaba incapacitada.
2.4.
Manifestó, que no solicitó autorización al Ministerio de Trabajo porque consideró
que en este caso no era necesario, ya que la desvinculación laboral se produjo
por vencimiento del plazo pactado y porque el cargo desempeñado por ella “bombero
UEPOPH, auxiliar administrativa de registro y control” fue eliminado de la
planta trabajadores de la entidad.
2.5. Adujo
el representante legal de la entidad demandada, que la atención médica a las
patologías que presenta la actora, están a cargo del Estado y no del Cuerpo
Oficial de Bomberos Voluntarios de Popayán. Por lo tanto, consideró que la
demandante puede acceder a los servicios de salud a través del régimen
subsidiado en caso de no contar con los ingresos que le permitan permanecer al
régimen contributivo.
2.6.
Manifestó, que este caso no cumple con el requisito de inmediatez teniendo en
cuenta que transcurrieron 6 meses entre la desvinculación laboral y la
presentación de la demanda.
3. Del fallo de primera instancia
3.1. Mediante
providencia del 29 de enero de 2015 el Juzgado Cuarto Penal Municipal con
funciones de control de garantías de Popayán, negó el amparo de los derechos
fundamentales solicitado por la señora Yilma Regina Barona Rodríguez.
3.2.
Consideró el juez de instancia, que al momento de la desvinculación laboral la
demandante no presentaba alguna limitación física, sensorial o psíquica que le permitieran
reclamar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada. Esto, en
consideración a, que si bien es cierto, la demandante presentó una enfermedad
denominada “cáncer de seno izquierdo”, el Juzgado constató a partir de la
historia clínica expedida el 23 de abril de 2014, que la paciente para entonces
ya estaba libre de esta enfermedad y podía desarrollar su vida en condiciones
normales.
3.3. En
relación con la incapacidad médica, señaló que la misma fue expedida después de
que el empleador le notificó a la trabajadora la decisión de no renovar el
contrato de trabajo, por lo tanto, consideró que esa circunstancia no tiene
relación con la desvinculación laboral.
4. De la impugnación y del fallo de
segunda instancia
4.1. Frente a esta decisión, el apoderado
de la parte accionada presentó un escrito en el que impugnó el fallo de primera
instancia, sin expresar las razones por las cuales ataca dicha sentencia.
4.2. Mediante sentencia del 4 de marzo de
2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de
Popayán, confirmó la decisión del Juez de primera instancia.
4.3. Señaló, que este caso no cumple con
el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que la decisión de no renovar el
contrato de trabajo fue informada a la señora Barona Rodríguez, el día 29 de
mayo de 2014 y que ella formuló la acción de tutela el 14 de enero de 2015, es
decir, ocho meses después de que se produjo la desvinculación laboral.
4.4. En relación con lo anterior, señaló
que su inactividad no puede justificarse a partir del cese de actividades de
los juzgados, pues esta situación inició el 9 de octubre de 2014, es decir, que
la demandante tuvo cuatro meses para formular la acción de tutela antes de que
comenzara el paro judicial.
4.5. De la misma manera, consideró que la
trabajadora no se encuentra investida de la garantía de la estabilidad laboral
reforzada porque en el momento en que se produjo la desvinculación, aquella no
presentaba alguna patología. Por lo tanto, señaló que la demandante debe acudir
a la jurisdicción ordinaria laboral para dirimir el conflicto laboral que se
presentó con la empresa accionada por causa de la no renovación de su contrato
de trabajo.
5. Pruebas que obran en el
expediente
5.1. Constancia laboral expedida el 3 de
septiembre de 2014.
5.2. Historia clínica de la patología
cáncer de seno[25].
5.3. Historia clínica de la patología
depresión mayor secundaria a estrés laboral[26].
5.4. Carta de no renovación de contrato de
trabajo[27].
II.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1.      Competencia
Esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer los
fallos objeto de revisión, de conformidad con lo determinado en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.      Presentación
del caso y planteamiento del problema jurídico
De
conformidad con la situación expuesta, los ciudadanos que figuran como
accionantes en este proceso padecen diferentes enfermedades, razón por la cual
tiene una pérdida o disminución de sus condiciones de salud y a pesar de ello,
fueron despedidos. Por lo anterior, interpusieron acción de tutela para solicitar
el reintegro a su respectivo cargo, el pago de las sumas de dinero dejadas de
percibir a partir del momento en que fueron despedidos, así como el pago de una
indemnización equivalente a 180 días de salario, establecida en el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por su parte, las entidades accionadas
manifestaron, básicamente, que el despido se surtió con base en las facultades
que la ley le otorga para tal fin.
De
conformidad con la situación expuesta, la Sala deberá determinar si las entidades
accionadas vulneraron el derecho fundamental a la estabilidad
laboral reforzada de los accionantes, al dar por finalizado de manera
unilateral su vinculación laboral, sin autorización previa del Ministerio del
Trabajo. Lo anterior, a pesar de que, según lo refieren los accionantes, se
encontraban en situación de debilidad manifiesta por sus condiciones de salud.
Con
el propósito de solucionar el problema planteado, la Sala reiterará las reglas
jurisprudenciales relativas a: (i) los requisitos generales de la procedibilidad
de la acción de tutela (ii) procedibilidad de la acción de tutela contra
particulares (iii) protección constitucional del derecho a la estabilidad
laboral reforzada en personas disminuidas físicamente por su situación de salud
o de discapacidad. En
ese marco se analizarán los casos concretos.
3. Requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela
3.1. De
acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la
acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario del que disponen
las personas para reclamar la protección inmediata y efectiva de los derechos
fundamentales que resulten vulnerados por la acción o la omisión de una
autoridad pública. Debido a su carácter subsidiario, se accede a este mecanismo
cuando no existen otras herramientas de defensa judicial o cuando aun
existiendo, se formula como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
De
este planteamiento se concluye, que existen dos requisitos esenciales para la
procedibilidad de la acción de tutela: la subsidiaridad y la inmediatez.
3.2. En
relación con el requisito de subsidiaridad, la persona que considere amenazados
sus derechos constitucionales deberá acudir a los mecanismos ordinarios de
defensa judicial para reclamar su amparo. De acuerdo con ello, solo podrá
acudir a la acción de tutela cuando no existan mecanismos de defesan judicial
en la jurisdicción ordinaria o cuando aun existiendo, los mismos resulten
ineficaces para garantizar de manera efectiva e inmediata los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados y sea necesaria la intervención del juez
constitucional para evitar que se produzca un perjuicio irremediable.
En relación con el perjuicio
irremediable, esta Corporación ha señalado que debe reunir los siguientes
elementos: “ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está
por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente,
lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para
conjurar la amenaza; ser impostergable, es decir, se debe acreditar la
necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la
protección de los derechos fundamentales[28]”
3.3. El
requisito de subsidiaridad se encuentra establecido en el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 como una causal de improcedencia de la acción de tutela.
En este sentido, señala:
“Cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su
eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
3.4. En
relación con lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado que el
establecimiento de esta causal de procedibilidad de la acción de tutela,
reafirma el carácter subsidiario y residual de este mecanismo de defensa
judicial, y que también, representa un claro respeto por la competencia que el
legislador le otorgó a otras jurisdicciones.  En este sentido, señaló: “una
razón adicional que justifica el interés de la Corte en preservar el carácter
subsidiario y residual de la tutela, radica en el profundo respeto e
independencia que tienen por los jueces de las diferentes jurisdicciones, así
como la exclusiva competencia que éstos tienen para resolver los asuntos
propios de sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina
desarticulación de sus organismos y de asegurar el principio de seguridad
jurídica[29]”.
3.5.
Otro presupuesto esencial que debe cumplirse para que la acción de tutela sea
procedente, es la inmediatez. Este requisito, ha sido definido por la
jurisprudencia constitucional “como la prontitud o razonabilidad temporal
con la que se recurre a este mecanismo judicial[30]”.
3.6.
Aunque la acción de tutela no tiene un término de caducidad para su formulación,
esto no implica que se pueda acudir a este mecanismo judicial en cualquier
momento. Ello, porque la acción de tutela busca la protección inmediata de los
derechos fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por la acción u
omisión de una autoridad pública o un particular, por lo tanto, el ejercicio
oportuno de esta acción, permite que se materialice el propósito que tienen la acción
tutela y permite al juez constitucional cumplir con el objetivo de brindar
protección actual, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, respecto
de los cuales se reclama el amparo.
Entonces,
bajo este criterio, el afectado debe formular la acción de tutela dentro de un
tiempo razonable y cercano al momento en que se produjo la vulneración de los
derechos fundamentales del demandante[31].
3.7.
En relación con el término razonable en el que debe formularse la acción de
tutela, la Corte Constitucional ha señalado que el juez constitucional deberá
analizar en cada caso, si este mecanismo judicial es interpuesto en el marco
temporal de la ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental. Al
respecto, la sentencia SU-961 de 1999[32]
estableció que este análisis debe efectuarse a partir de los siguientes
requisitos:
“1) si existe un motivo válido para la inactividad de los
accionantes;
2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión y
3) Si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de
la acción y la vulneración de los derechos de los interesados”.
3.8. En
la sentencia T-503 de 2015[33]
la Corte Constitucional estableció que la inmediatez no puede determinarse “a
priori” pues son las particularidades de cada caso que van a permitir al
juez constitucional determinar el cumplimiento de este requisito, en el marco
de la razonabilidad y proporcionalidad que exige la naturaleza de la acción de
tutela.
De
acuerdo con este argumento, aunque el juez constitucional advierta que el caso
que analiza no cumple con el requisito de inmediatez, no podrá rechazar la
demanda por causa de ello, por lo tanto, deberá determinar si existe un motivo
que justifique la inactividad del afectado para formular la demanda de tutela.
Asimismo, la Corte advirtió que a partir de la inactividad del afectado, se puede
concluir que la protección constitucional que solicita no se requiere con
urgencia y por lo tanto, la acción de tutela se torna improcedente.
En
concreto, señaló: “A partir de allí la jurisprudencia constitucional ha
sostenido invariablemente que la ausencia de un término de caducidad o
prescripción en la acción de tutela implica que el juez no puede simplemente
rechazarla en la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo.  No
obstante, de la misma forma ha dicho que la finalidad de la tutela como vía
judicial de protección inmediata de derechos fundamentales, obliga a la
autoridad judicial a tomar en cuenta como dato relevante el tiempo transcurrido
entre el hecho generador de la presunta amenaza o vulneración y la petición de
amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que
se reclama no se requiere con prontitud, que es precisamente el caso para el
cual el mecanismo preferente y sumario de la tutela está reservado.
3.9. En
suma, la acción de tutela se torna improcedente en los siguientes eventos: (i)
cuando el afectado dispone de otros mecanismos de defensa judicial en la
jurisdicción ordinaria, salvo que se formule como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable y (ii) cuando no se presenta dentro de un término
razonable y proporcionado en relación con el suceso que generó la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales respecto de los cuales se reclama la
protección constitucional.
4.
Procedibilidad de la acción de tutela contra particulares
4.1. De acuerdo con el artículo 86
Superior, toda persona tiene derecho a formular una acción de tutela para
reclamar la garantía de los derechos constitucionales amenazados o vulnerados
por una autoridad pública. Asimismo, podrá adelantar esta acción en contra de
un particular cuando aquel presta un servicio público, su conducta afecta el
interés colectivo o se encuentra en un estado de indefensión o de
subordinación.
En relación con lo anterior, el artículo
42 del Decreto 2591 de 1991 establece los eventos en los que procede la acción
de tutela cuando se dirige en contra de un particular. Específicamente,
respecto de los casos en los que el actor se encuentra en estado de indefensión
o de subordinación, señala lo siguiente:
“Artículo 42.
Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de
particulares en los siguientes casos:
(…)4. Cuando la
solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la
controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó
la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación
o indefensión con tal organización”
(…)9. Cuando la
solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en
situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual
se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la
tutela”.
4.2. De acuerdo
con la materia del caso que se examina, la Sala se referirá únicamente al
estado de subordinación.
Al respecto, esta
Corporación[34]
lo ha desarrollado como una alteración al principio de igualdad que se
encuentra autorizada en la Ley, como es el caso de los estudiantes respecto de
sus maestros, los hijos respecto de sus padres y los trabajadores de sus
empleadores.
Frente a estos
últimos, la Corte Constitucional ha entendido “que
hay subordinación entre el tutelante y el empleador demandado incluso cuando,
con ocasión de la terminación del contrato de trabajo, la relación no existía
para la fecha en que se interpuso la acción de tutela[35].
4.3. De acuerdo
con lo anterior, el examen de procedibilidad de la acción de tutela implica la
verificación de una situación de desventaja que se presenta entre el accionante
y el particular accionado, ya sea porque existe una relación de subordinación o
porque se presenta una situación de hecho que coloca al demandante en estado de
indefensión.
5. Protección
constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada. Reiteración de
jurisprudencia[36].
5.1. De
acuerdo con los argumentos desarrollados en el numeral 3 de esta providencia,
la acción de tutela se torna improcedente cuando existen otros mecanismos de
defensa judicial en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, cuando estas
herramientas resulten ineficaces para garantizar el amparo de un derecho
fundamental o la intervención del juez constitucional sea necesaria para evitar
un perjuicio irremediable, la acción de tutela se habilita como un mecanismo de
protección transitorio o definitivo.
5.2. En
todo caso, la procedibilidad de la acción de tutela se fortalece cuando el
afectado es un sujeto de especial protección constitucional, pues en razón de
su edad, estado de salud o condición de madre cabeza de familia, estas personas
se encuentran en una situación de vulnerabilidad, que permite al juez constitucional
presumir que los mecanismos ordinarios de defensa judicial no son idóneos para
garantizar de manera efectiva el ejercicio de los derechos fundamentales
vulnerados o amenazados.
5.3. De
conformidad con el artículo 53 Superior, todo trabajador tiene derecho a
permanecer en su cargo y a no ser desvinculado del mismo en forma intempestiva.
Para reclamar la garantía de este derecho, el ordenamiento jurídico ha
dispuesto un mecanismo de defensa judicial en la jurisdicción ordinaria laboral
o en la de lo contencioso administrativo, según la forma de vinculación. Por lo
tanto, por regla general la acción de tutela se torna improcedente para
reclamar esta garantía constitucional.
Sin
embargo, esta Corporación ha establecido que excepcionalmente la acción de
tutela procede, como mecanismo principal o transitorio, para garantizar la
estabilidad laboral de trabajadores que se encuentran en circunstancias
especiales, tales como: (i) tener fuero sindical, (ii) presentar alguna
enfermedad física, sensorial o psíquica, (ii) encontrarse en estado de embarazo
o en periodo de lactancia.  Para esta Corte la procedibilidad de la acción de
tutela, con el propósito de proteger el derecho a la estabilidad laboral
reforzada, tiene una relación directa con la condición de sujeto de especial
protección.
5.4. La
procedibilidad material de la acción de amparo, para solicitar la protección de
la estabilidad laboral reforzada en personas con condición de discapacidad, no
siempre fue una materia pacífica al interior de esta Corporación.
En un
primer momento, se expuso que la desvinculación laboral de personas en
condición de discapacidad, no constituía un elemento objetivo para la
procedibilidad del amparo constitucional, pues aunado a ello debería
demostrarse una relación entre el hecho del despido y el estado de discapacidad
del accionante.
Esta
posición fue asumida en la sentencia T-519 de 2003[37], en la cual se concluyó
que a pesar de que la acción de tutela es un medio idóneo para solicitar el
reintegro laboral, no debía olvidarse que ante el evento de presentarse justa causa para
la terminación de la relación laboral, podría efectuase la misma, siempre que
se respetaran las reglas procesales instituidas para tal propósito[38].
5.5. En una
ocasión posterior, este criterio fue modificado. Así, en Sentencia T-1083 de
2007[39]
la Sala Octava de Revisión consideró, que someter a los accionantes a demostrar
la conexidad entre el despido y el estado de discapacidad resultaba ser una
carga desproporcionada para el afectado. Así las cosas, expuso que para tal
valoración podía aplicarse la presunción de desvinculación discriminatoria
utilizada en los casos de madres embarazadas. Por ende, esta Corporación optó
por aplicar la presunción según la cual el despido se fundamentaba en el estado
de salud del empleado, razón por la cual el empleador era el encargado de
demostrar que el
despido se efectuó por razones distintas a los problemas de discapacidad del
trabajador.
Sobre el
particular, la Sala Novena de Revisión, en Sentencia T-018 de 2013[40]
señaló, que la “inversión probatoria convierte en objetivo el amparo del
derecho a la estabilidad laboral reforzada, dado que el trabajador no debe
comprobar que el despido se produjo como consecuencia de la discapacidad que
padece. En contraste, se activa una presunción legal en contra del empleador,
quien tiene la posibilidad de desvirtuarla, y con ello derrotar la pretensión
constitucional del trabajador.”[41].
Así las cosas, le corresponde al empleador probar que el trabajador
incurrió en una de las causales dispuestas por la ley para la justa culminación
del contrato.
5.6. La
estabilidad laboral reforzada es parte integral del derecho constitucional al
trabajo y las garantías que se desprenden de este. Tal protección se activa
cuando el trabajador
se encuentra en situación de vulnerabilidad, debido a condiciones específicas
de afectación a su salud, su capacidad económica, su rol social, entre otras.
Dicha estabilidad se materializa en la obligación impuesta al empleador de
mantenerlo en su puesto de trabajo[42]
en razón de su condición especial[43].
Este derecho tiene estrecha relación, con el artículo 13 superior, en virtud
del cual se establece lo siguiente: “El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan”.
5.7. De la misma
manera, la estabilidad laboral reforzada se encamina a mejorar la calidad de
vida y el acceso igualitario a mejores oportunidades para la población
discapacitada o en estado de debilidad o vulnerabilidad manifiesta. Estas
disposiciones no tienen origen exclusivo en nuestro ordenamiento jurídico
nacional, sino que responden a una fórmula de armonización entre éste y los
tratados de derecho internacional públicos suscritos por el Estado colombiano
sobre la materia.
Así por ejemplo,
las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad[44],
exponen que estas personas “son miembros de la sociedad y tienen derecho a
permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan en
el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo[45] y
servicios sociales”.
En el mismo
sentido, el artículo 3° literal 1° de la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con
Discapacidad[46],
dispuso que debían adoptarse medidas de carácter legislativo, social,
educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena
integración en la sociedad.
Finalmente, la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, en su artículo 27, literal a., adoptó una postura garante, cuyo
contenido, por ser de especial importancia para identificar las fuentes de
derecho internacional relativas a la obligación del Estado colombiano sobre el
particular, transcribimos in extenso:
[Los Estados
deben] “reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en
igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes,
incluida la promulgación de legislación, entre ellas: a) Prohibir la discriminación
por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a
cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación
y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas
condiciones de trabajo seguras y saludables; deberían tener en cuenta, en todas
las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos
humanos de las personas con discapacidad”.[47]
5.8. En armonía
con las posiciones doctrinarias y en cumplimiento de normas prescritas en
tratados internacionales, el legislador ha creado una serie de instrumentos
jurídicos, con el propósito de proteger a las personas discapacitadas del
ejercicio arbitrario de la autoridad por parte de los empleadores. De manera
concreta, el ordenamiento jurídico colombiano dispone que el despido de una
persona en condiciones de discapacidad, es procedente sólo cuando el trabajador
incurre en una causal objetiva para la culminación de su contrato, aspecto
generalmente relacionado con el incumplimiento de las funciones asignadas en
desarrollo de su labor, aunado a la autorización del Inspector del
Trabajo[48].
Este procedimiento
es consecuencia de la aplicación integral de la Carta Política respecto a ese
grupo de personas, y se fundamenta en la observancia de los principios
del Estado Social de Derecho[49],
la igualdad material[50]
y la solidaridad social. Estos presupuestos supralegales establecen que el
Estado tiene la obligación constitucional de adoptar medidas en favor de grupos
vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta[51].
5.9. Una de las
formas de garantizar tal protección, se manifiesta en la obligación de brindar
al trabajador discapacitado asesoría y seguimiento para afrontar las
condiciones derivadas de la pérdida de capacidad laboral. En cumplimiento de
ello, al empleador le asiste el deber de reubicar al trabajador discapacitado “en
un puesto de trabajo que le permita maximizar su productividad y alcanzar su
realización profesional”[52].
5.10. De esta
manera, se observa que la relación empleador – empleado, denota un conjunto de
obligaciones recíprocas que no sólo tienen el propósito de aumentar la
productividad, ya sea en términos económicos o de eficiencia en los proceso,
sino que fomentan la solidaridad.
5.11. A propósito
de ello, la inobservancia de la función solidaria en las relaciones laborales
tiene graves consecuencias, entre ellas, las previstas en la Ley 361 de 1997
"por la cual se establecen mecanismos de integración social de las
personas con limitación y se dictan otras disposiciones" que desarrolla
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas que presentan una
limitación física o psíquica.
El artículo 26 de
esta Ley
establece
lo siguiente: (i) la prohibición de despedir a una persona que presenta alguna
limitación física, sensorial o psíquica sin autorización del Ministerio del
Trabajo y (ii) que en el evento en que se produzca tal desvinculación, el
empleador pague al trabajador una indemnización equivalente a 180 días de
salario, sin perjuicio de las otras prestaciones que establezca la legislación
en materia laboral.
5.12. En
relación con esta disposición, es importante señalar que en la sentencia C-531
de 2000[53]
la Corte estudió una demanda de constitucionalidad formulada en contra de la
expresión “salvo que
medie autorización de la oficina de Trabajo” contenida en el inciso primero, y de lo
establecido en el inciso segundo del artículo 26, por considerar, que estos
preceptos violan el Preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 16, 25, 47, 53, 54, 95
y 333 de la Constitución Política, ya que a juicio de los demandantes, este
precepto establece el pago de una indemnización, como una posibilidad para que
el empleador pueda despedir a un trabajador con limitaciones físicas,
sensoriales o psíquicas, sin que medie autorización del Ministerio de Trabajo.
En esta oportunidad, la Corte
Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “salvo que medie
autorización de la oficina de Trabajo” contenida en el inciso primero del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997, luego de considerar, que aquella no
contradice el ordenamiento superior, sino que por el contrario lo desarrolla,
toda vez que constituye una garantía para que el trabajador que presenta una
limitación, no sea despedido en razón a tal circunstancia y que en caso de que
se presente en una causal justificativa de despido, la autoridad administrativa
correspondiente, pueda validar que la desvinculación no presenta conexidad con
su estado de salud.
5.13. Asimismo, esta Corporación
declaró la constitucionalidad del inciso segundo de esta misma disposición, que
obliga al empleador a que en el evento en el que decida desvincular a un
trabajador con limitaciones físicas, sin que medie autorización del Ministerio
de Trabajo, reconozca y pague una indemnización equivalente a 180 días salario.
Sobre este aspecto, a partir de la
forma como está redactada la norma, la Corte Constitucional planteó la
posibilidad de que se pudiera considerar que la indemnización establecida en
este inciso, constituyera una posibilidad para desvincular a un trabajador que
presenta alguna limitación física, sensorial o psíquica, sin necesidad de que
interviniera la autoridad administrativa respectiva, y estimó en relación con
esa lectura, que la misma “no configura una
salvaguarda de sus derechos y un desarrollo del principio de protección
especial de la cual son destinatarios, por razón de su debilidad manifiesta
dada su condición física, sensorial o mental especial, en la medida en que la
protección de esta forma establecida es insuficiente respecto del principio de
estabilidad laboral reforzada que se impone para la garantía de su derecho al
trabajo e igualdad y respeto a su dignidad humana”.
Sin
embargo, precisó que la naturaleza de esta indemnización tiene un carácter
sancionatorio y complementario que no habilita el despido de un trabajador en
circunstancias de indefensión, sin que medie autorización del Ministerio de
Trabajo. Por lo tanto, declaró la exequibilidad de la norma “bajo el entendido de que el despido del trabajador de
su empleo o terminación del contrato de trabajo por razón de su limitación, sin
la autorización de la oficina de Trabajo, no produce efectos jurídicos y sólo
es eficaz en la medida en que se obtenga la respectiva autorización. En caso de
que el empleador contravenga esa disposición, deberá asumir además de la
ineficacia jurídica de la actuación, el pago de la respectiva indemnización
sancionatoria”.
5.14. El artículo 26 de
la Ley 361 de 1997, fue modificado por el artículo 137 del Decreto ley 19 de
2012 “Por el cual se
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”, a
través de esta disposición, se suprimió la autorización de la oficina del
Ministerio de Trabajo para desvincular a un trabajador que presente alguna
limitación física, sensorial o psíquica, en el evento en que se haya
configurado una causal justificativa del despido establecida en la legislación
laboral.
Esta norma fue declarada
inexequible por esta Corporación a través de la sentencia C-744 de 2012[54].
En este pronunciamiento, la Corte Constitucional abordó la protección del
derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas que se encuentran en
situación de discapacidad, a partir de distintos instrumentos internacionales
que establecen obligaciones para que los Estados promuevan medidas dirigidas a
evitar que estas personas sean discriminadas pos su condición y a garantizar el
ejercicio de sus derechos fundamentales.
5.15. En concordancia
con lo expuesto, la Corte Constitucional[55]
ha proferido sentencias que guardan armonía con las disposiciones legales sobre
la materia y pretenden establecer un precedente fuerte para la protección de
este grupo especial de personas. Por ejemplo, en la sentencia T-025 de 2011, se
expuso que despedir a una persona en estado de discapacidad sin autorización
del Ministerio del Trabajo, es un acto que tiene consecuencias identificables,
como lo son: (i) que el despido sea absolutamente ineficaz; (ii) que en el
evento de haberse presentado éste, corresponde al juez ordenar el reintegro del
afectado y, (iii) que sin perjuicio de lo dispuesto, el empleador desconocedor
del deber de solidaridad que le asiste con la población laboral discapacitada,
pagará la suma correspondiente a 180 días de salario, a título de
indemnización, sin que ello signifique la validación del despido[56]. Además, se
deberán cancelar todos los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir desde la fecha del despido hasta el momento en el cual proceda el
reintegro.
5.16. De otra
parte, en relación con el grado de discapacidad que debe tener una persona para
exigir el derecho a la estabilidad laboral reforzada, esta Corte ha dispuesto
que tal protección cobija a todas las personas con limitaciones físicas o
psicológicas, sin importar que el grado de afectación sea severo, moderado o,
leve. Este argumento tiene sustento en el examen de constitucionalidad
efectuado por este Tribunal a la Ley 361 de 1997, en Sentencia C-824 de 2011[57].
En aquella
oportunidad se estableció, que “la referencia específica que hace el
artículo 1º, a las personas con limitaciones ‘severas y profundas’ no puede
tomarse como expresiones excluyentes para todos los artículos que conforman la
citada ley. En punto a este tema, es de aclarar que la clasificación del grado
de severidad de una limitación (art. 7º, Ley 361 de 1997) no implica la
negación y vulneración de un derecho, sino la aplicación de medidas especiales
establecidas por la misma ley para personas con discapacidad en cierto grado de
severidad (vgr. los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley 361 de 1997). Más que de
discapacidad leve y moderada, la jurisprudencia ha señalado que en estas
situaciones debe hablarse de personas que por su estado de salud física o
mental se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, que les dificulta
trabajar en ciertas actividades o hacerlo con algunas limitaciones y que por
tanto, requieren de una asistencia y protección especial para permitirle su
integración social y su realización personal, además de que gozan de una
estabilidad laboral reforzada”.
5.17. Esta
posición fue adoptada por la Sala Sexta de Revisión, quien en sentencia T-271
de 2012[58],
reiteró que el derecho a la protección laboral reforzada cobija indistintamente
a los trabajadores que padecen un deterioro en su salud que limita la ejecución
de sus funciones, así como a quienes tienen discapacidad. Por tanto, proceder a
la terminación de sus contratos o relación laboral sin previa autorización del
Ministerio del Trabajo, vulnera sus derechos a la igualdad y al trabajo como
formas de lograr la adecuada integración social dispuesta en la constitución.[59]
5.18.
En consecuencia, la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada no
puede condicionarse a la calificación de pérdida de capacidad laboral expedida
por las juntas competentes o al porcentaje específico de discapacidad del
trabajador[60].
De la misma manera, la procedibilidad de la acción de tutela tampoco puede
supeditarse a un determinado porcentaje de discapacidad, pues más que
analizarse la gravedad del estado de salud del actor, deberá comprobarse que su
despido se efectuó con la observancia del debido proceso establecido para tal fin,
pues los asuntos relacionados con el grado de afectación producto de la
enfermedad y las consecuencias que de ello se deriven, podrán debatirse ante el
inspector del trabajo.
5.20. Respecto
a la protección constitucional[61]
del derecho a la estabilidad laboral en los contratos a término fijo, esta
Corporación ha establecido que aunque el ordenamiento jurídico colombiano
establece la posibilidad de que los empleadores puedan regular la relación con
sus trabajadores a través de contratos laborales a término fijo o de obra o
labor, esta autonomía, se encuentra limitada por la obligación de garantizar la
permanencia en el empleo al trabajador que se encuentre en una circunstancia de
debilidad manifiesta, como es el caso de las personas con limitaciones físicas
sensoriales y psíquicas.
En
efecto, el empleador deberá cumplir con las condiciones establecidas en el artículo
26 de la Ley 361 de 1997 aunque exista en principio una causal objetiva para
terminar el contrato de trabajo tal como el vencimiento del plazo pactado.
5.21. Entonces,
una causal objetiva que puede originar la terminación de los contratos de
trabajo a término fijo es el vencimiento del plazo pactado, sin embargo, cuando
el trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad en razón a alguna
patología que presenta, esta posibilidad pierde eficacia y en consecuencia, el
empleador debe cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997
en el sentido que debe garantizar al trabajador la estabilidad en el empleo, y
asegurar las condiciones necesarias que permitan que aquél, pueda ejercer su
labor acorde con su estado de salud, pueda continuar teniendo acceso al
tratamiento médico requerido para el manejo de la patología que presente y
garantice su mínimo vital. Asimismo, el empleador deberá pedir autorización al
Ministerio de Trabajo previamente a la terminación del contrato de trabajo.
5.22.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que cuando se
comprueba que el empleador (a) despidió a un trabajador que presente una
afectación en su salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus labores de manera regular (b) sin solicitar la autorización de la
oficina del trabajo; (c) conociendo de la situación de discapacidad del
empleado, y (d) no logró desvirtuar la presunción de despido discriminatorio,
la acción de tutela es procedente para exigir el derecho a la estabilidad
laboral reforzada[62].
Así las cosas, el
juez que conozca del asunto si encuentra acreditados todos los mencionados
presupuestos tiene el deber prima facie de reconocer a favor del trabajador:
i) la ineficacia de la terminación o del despido laboral; ii) el derecho a ser
reintegrado a un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores que las del
cargo desempeñado hasta su desvinculación; iii) el derecho a recibir
capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso (art.
54, C.P.);[63]
y iv) el derecho a recibir una indemnización equivalente a ciento ochenta días
del salario.
III. ANÁLISIS
DE LOS CASOS CONCRETOS.
Una vez analizada
la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de la protección del derecho
a la estabilidad laboral reforzada, la Sala procederá con el análisis de los
casos concretos y para tal efecto, reiterará brevemente las reglas aplicables
al mismo.
De acuerdo con
ello, (i) la estabilidad en el empleo, constituye una medida que permite que
las personas que han sufrido una disminución física en vigencia de un contrato
de trabajo, no sean discriminadas en razón a su estado de salud, asimismo,
garantiza que puedan obtener los recursos necesarios para subsistir y asegurar
la continuidad del tratamiento médico de la enfermedad que presenta el
trabajador. (ii) Por regla general, la garantía de este derecho debe reclamarse
en la jurisdicción ordinaria laboral. Sin embargo, en forma excepcional,
procede la acción de tutela, cuando el trabajador que reclama el amparo, se
encuentra en situación de vulnerabilidad por causa de una disminución física,
sensorial o psíquica que afecta el normal desempeño de su actividad laboral.
(iii) Tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, todos los trabajadores
que presenten alguna disminución física, sensorial o psíquica siempre que el empleador
tenga conocimiento de esta circunstancia, y que la desvinculación se hubiere
efectuado sin autorización del Ministerio de Trabajo. (iv) Cuando se produce la
desvinculación de un trabajador disminuido física, sensorial o psíquicamente,
se presume que el despido tiene relación con el deterioro del estado de salud
del trabajador y por lo tanto, corresponde al empleador desvirtuar dicha
presunción. (v) En los contratos a término fijo, el vencimiento del plazo
pactado, no es una causal que permita  el despido de un trabajador que presenta
alguna limitación, y por lo tanto, el empleador que decida desvincularlo en esa
condición, solo podrá hacerlo si existe autorización ante Ministerio de
Trabajo. En caso de que incumpla esta obligación, el empleador deberá pagar una
indemnización equivalente a 180 días de salario, sin que esto habilite el
despido del trabajador.
1.
Expediente T-4945430.  Ruby Jazmín Tavera Tafur en contra de la industria
Alimenticia Zenú SAS
La
controversia planteada en el presente caso, surge por la decisión que adoptó la
industria alimenticia Zenú SAS, de terminar el contrato de trabajo a la señora
Ruby Jazmín Tavera Tafur por justa causa y sin autorización del Ministerio de
Trabajo y sin tener en consideración las siguientes circunstancias: (i) que la trabajadora
sufrió una disminución física a causa de las siguientes patologías “(a)
trastorno mixto de ansiedad, por el exceso de trabajo, (b) amigdalitis
y faringitis, debido a la exposición al frio, (c) bocio tiroideo, (d)
gastritis antral eritematosa, (e) asimetría de la altura de las
rodillas, (f) quiste aracnoideo en fosa nasal posterior (g) escoliosis
toraco-lumbar de ceonvejidad el riesgo osteomuscular por la postura y
movimientos repetitivos”; (ii) que al momento en que se produjo la
desvinculación, la trabajadora se encontraba recibiendo tratamiento médico
respecto de las enfermedades que le fueron diagnosticadas.
1.1.
Análisis de la procedibilidad formal del amparo
Requisito
de subsidiaridad
Los
jueces de instancia, declararon improcedente la acción de tutela por considerar
que en este caso no se superó el examen al requisito de subsidiaridad, debido a
que la accionante dispone de otros mecanismos de defensa judicial en la
jurisdicción ordinaria laboral para reclamar el reintegro laboral.
Para
la Sala el caso sub-judice supera el requisito de la subsidiariedad porque  la
acción de tutela se erige como el mecanismo idóneo para reclamar el reintegro.
Lo expuesto se basa en que el accionante es una persona en situación de
vulnerabilidad manifiesta, comoquiera que tiene una disminución física,
producto de un accidente laboral. Además, la única fuente de ingresos del actor
era la remuneración proveniente de su trabajo, por lo que carece de recursos
para suplir sus necesidades y las de su hijo (Folio 13 Cuaderno 2). Por último,
las medidas de protección del derecho al trabajo y al mínimo vital del petente
no pueden esperar a que el asunto sea solucionado por el juez ordinario, toda
vez que el demandante tiene afecciones en su estado de salud y en la actualidad
devenga  $ 180.000 mensuales, los cuales son insuficientes para satisfacer sus
necesidades básicas y las de su hijo menor de edad (Folio 13 y 14 Cuaderno 2).
La
procedibilidad de este mecanismo constitucional para estudiar la solicitud de
amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada formulada por la señora
Tavera Tafur, toda vez que, en este caso, las herramientas de defensa judicial
en la jurisdicción ordinaria, por el tiempo en que tardan en resolverse, se tornan
ineficaces para garantizarle, la permanencia en su empleo de acuerdo con las
condiciones de su estado de salud y, que en consecuencia, ella pueda percibir
un salario que le permita sobrevivir, y también continuar accediendo a los
servicios de salud que requiere para el manejo de sus patologías, el cual se
suspendió a causa de la desvinculación de su cargo.
Inmediatez
Este
requisito se cumple, teniendo en cuenta que la terminación del contrato de
trabajo se produjo el 21 de noviembre de 2014 y la afectada formuló la demanda
de tutela el día 29 de enero de 2015, esto significa, que trascurrieron dos
meses y ocho días entre la conducta generadora de la vulneración de los
derechos fundamentales de la demandante y la presentación de la demanda.
1.2
Estudio de fondo sobre la vulneración del derecho a la estabilidad laboral
reforzada
Superado
el examen de procedibilidad formal de la acción de tutela, la Sala verificará
si se cumplen los presupuestos jurisprudenciales desarrollados en esta
providencia, para garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
una trabajadora que presenta una disminución física, sensorial o psíquica.
(i) La trabajadora
presenta una limitación física, sensorial o psíquica
En este punto, la
Sala evidencia que la señora Ruby Jazmín Tavera Tafur al momento de la
desvinculación laboral, presentaba las siguientes patologías: “gastritis
crónica X HC, bocio difuso hipocaptante, trastorno mixto de ansiedad, artralgia
de rodilla derecha, faringitis, escoliosis 6 grados depresión”.
Tal situación, se
constata a partir de la afirmación realizada por el actor en la demanda, así
como por el examen de egreso efectuado por la doctora Leyder Johana Sánchez
Daza, médico especialista en salud ocupacional designado por la empresa
accionada para efectuar el examen de egreso el día 23 de diciembre de 2014[64].
Para la Sala, estas
patologías generan una limitación a la trabajadora, pues aunque no la colocan
en un estado de invalidez, sí afectan su capacidad para desempeñar su actividad
laboral en condiciones normales. Este argumento se fortalece, a partir de las restricciones
efectuadas a su puesto de trabajo[65]
por causa de estas enfermedades.
(ii) Que el
empleador tenga conocimiento de aquella situación
De acuerdo con lo
narrado por la representante legal de la empresa Industrias Alimenticias Zenú
S.A.S en la contestación de la demanda, la trabajadora notificó de su estado de
salud a esta compañía. Sin embargo, consideró que estas enfermedades fueron
superadas.
En relación con la
recuperación de las enfermedades diagnosticadas a la señora Tavera Tafur, la
Sala advierte a partir del examen médico de egreso que, contrario a lo
considerado por la empresa demandada, la trabajadora no se ha recuperado y
requiere tratamiento médico multidisciplinario para el manejo de estas patologías.
En ese sentido, el
médico especialista en salud ocupacional que efectuó el examen de retiro,
señaló:
(i) “la paciente debe ser valorada por su EPS y por la ARL para calificación
de origen de patologías y determinación de los medicamentos para su manejo.
(ii) Deber ser valorada por la ARL y por la EPS para estudio por presunta
secuela de accidente de trabajo.
(iii) Que el despido
se produzca sin autorización del Ministerio del Trabajo.
De acuerdo con lo
expuesto por el representante legal de la industria de alimentos Zenú SAS en la
contestación de la demanda, la empresa no efectuó el trámite ante el Ministerio
de Trabajo para obtener el permiso para desvincular a la señora Tavera Tafur,
porque consideró que no era procedente en razón a que la trabajadora no se
encontraba en estado debilidad manifiesta.
En este sentido
expresó: “Es verdad que no se solicitó ese permiso, pero es que no había
obligación de hacerlo, en primera medida porque la accionante no ostenta, según
se dijo, la condición de discapacitada y en segundo término porque el motivo de
la desvinculación no obedeció a su situación de salud sino a la comisión de la
falta anteriormente mencionada, la que de conformidad en el artículo 62 del
C.S. del T. permite la finalización de esta clase de vínculos, exonerando por
ende a las empleadoras de solicitar la autorización a la que alude la
accionante, máxime cuando, como en este caso, se rompe el nexo de causalidad
entre los motivos de la desvinculación y la enfermedad del trabajador”.
En contraste, la
Sala considera que las patologías que presentaba la trabajadora al momento de
la desvinculación laboral la convierten en titular de los beneficios
establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por lo tanto, para hacer
efectiva la desvinculación de la trabajadora por una justa causa, la compañía industria
alimenticia Zenú, estaba obligada a efectuar el trámite administrativo ante el
Ministerio de Trabajo a fin de obtener la autorización necesaria para desvincular
a un trabajador en situación de debilidad manifiesta por causa de su estado de
salud.
En consecuencia,
teniendo en cuenta que no existe autorización del Ministerio de Trabajo, la Sala
concluye que la decisión de terminar el contrato de trabajo a la señora Tavera
Tafur, tiene como fundamento la disminución física generada por causa de las patologías
que presenta. Ello, de acuerdo con las consideraciones desarrolladas en esta
providencia. (Supra fundamentos jurídicos 5.13 y 5.15)
Sin embargo, esta
presunción puede ser desvirtuada por el empleador y para tal efecto, deberá
demostrar que la desvinculación del trabajador no tiene conexidad con la
disminución física que presenta. En consideración a este presupuesto, la Sala
analizará la falta disciplinaria a la que hizo referencia la representante
legal de la empresa accionada para desvirtuar la presunción respecto de que la
decisión de terminar el contrato de trabajo se originó en razón de su estado de
salud.
Al respecto, la
empresa demandada afirmó que la razón por la cual se decidió no renovar el
contrato de trabajo, consistió en la falta disciplinaria en la que incurrió la
señora Tavera Tafur al desconocer la orden de su superior el día 17 de octubre
de 2014 respecto de un cambio de la ruta asignada para desarrollar su trabajo
como vendedora.
Al desvincular a
la trabajadora, la empresa demandada estableció como fundamentos jurídicos de
su decisión, lo establecido en los numerales 4 y 6 del artículo 62 del CST en
armonía con el numeral 1 del artículo 58 de esa misma norma.
Frente a ese
argumento, la Sala considera que tales preceptos no justifican que la falta cometida
por la señora Tavera Tafur al no cambiar la ruta de trabajo el día 17 de
octubre de 2014 de acuerdo con la orden que impartió su superior, constituya
una falta grave, que habilite al empleador para terminar el contrato de trabajo
por justa causa.
Ello, porque si
bien es cierto que el numeral 1 del artículo 58 del Código Sustantivo del
Trabajo establece como una obligación del trabajador “Realizar personalmente
la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y
acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan
el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido”, lo
mismo no implica necesariamente, que el desconocimiento de este deber por parte
del trabajador, habilite al empleador para terminar el contrato de trabajo por
justa causa.
Lo anterior, de
acuerdo con el elemento de gravedad establecido en el numeral 6 del artículo 62
del CST que señala como causal de terminación unilateral del contrato por parte
del empleador: “Cualquier violación grave de las obligaciones o
prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los
artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave
calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales,
contratos individuales o reglamentos”.
Entonces, observa
la Sala que en el presente asunto, no se demostró la gravedad de la conducta de
la demandante al desconocer la orden de su superior, en el sentido de no cambiar
su ruta de venta para cubrir la de otra trabajadora. Aunque, la compañía
demandada señaló que “esta desobediencia significó que los clientes que
hacen parte de esa ruta no recibieran atención de la empresa ese día”, la
Corte considera que esta consecuencia igual se hubiese presentado, pero respecto
de los clientes que habitualmente visitaba la señora Tavera Tafur y que hubiese
dejado de visitar por cumplir la orden de su superior.
De acuerdo con lo
expuesto, si bien la desobediencia en la que incurrió la señora Tavera Tafur el
17 de octubre de 2014 constituye una falta disciplinaria la misma no reviste la
suficiente gravedad para habilitar al empleador para terminar el contrato de trabajo
unilateralmente. Por ende, este argumento no desvirtúa la presunción de
conexidad entre el despido y el estado de salud de la demandante.
De acuerdo con lo
anterior, la Sala encuentra acreditado que en el presente caso se cumplen los
presupuestos para conceder el amparo del derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Ruby Jazmín Tavera Tafur que fue vulnerado por la
decisión de la empresa Industrias Alimenticias Zenú SAS, de terminar el
contrato de trabajo por justa causa, sin autorización del Ministerio de Trabajo
teniendo en cuenta la disminución física que presenta en razón de las distintas
enfermedades que padece.
Bajo este
escenario, la Sala revocará las sentencias proferidas por el Juzgado Once Penal
Municipal con funciones de conocimiento de Bogotá y por el Juzgado Treinta y
Dos Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, en su lugar,
concederá el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Ruby Jazmín Tavera Tafur. En consecuencia, ordenará a la empresa Industrias
Alimenticias Zenú SAS., que ejecute las siguientes actuaciones: (i) si la
accionante así lo desea, proceda a reintegrarla al cargo que desempeñaba o a
uno de superior jerarquía y bajo la misma modalidad contractual. En todo caso,
deberá atender las restricciones médicas que le sean prescritas. (ii) Pague los
salarios y prestaciones sociales que legalmente le correspondan y efectúe los
aportes a la Sistema General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la
terminación del contrato hasta que se haga efectivo el reintegro. (iii) Pague
la sanción establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de
1997 consistente en 180 días de salario.
2.
Expediente T-4945430.  Nelson Gabriel Uribe Hernández en contra de Ecopetrol
S.A. la Defensoría del Pueblo regionales Santander y Magdalena Medio y el
Ministerio de Trabajo
La
controversia planteada en el presente caso, surge por la decisión que adoptó la
compañía Ecopetrol S.A. de terminar el contrato de trabajo a término fijo al
señor Nelson Gabriel Uribe Hernández por vencimiento del plazo pactado, sin
autorización del Ministerio de Trabajo y sin tener en consideración las
siguientes circunstancias: (i) que el trabajador sufrió una disminución física
por causa de las siguientes patologías “hipoacusia
neurosensorial bilateral, síndrome del túnel del carpio bilateral,
epicondilitis de codo izquierdo, hernias discales en ‘L2, L3, L4-L5 y L5-S1’,
discopatía degenerativa, abombamiento del núcleo pulposo, asterolistesis grado
I, radiculopatía L5 izquierda, síndrome facetario, cambios osteoartrósicos en
hombros, caderas rodillas y pies, trastorno interno de rodillas, neuropatía,
autónoma periférica idiopática, metatarsalgia y amigdalitis aguda” y (ii)
que al momento en que se produjo la desvinculación laboral -31 de diciembre de
2014- el demandante se encontraba recibiendo tratamiento médico respecto de las
enfermedades que le fueron diagnosticadas y en proceso de recuperación
de una intervención quirúrgica que le fue practicada el día 11 de diciembre de
2014 que se denomina “tiroidectomía total”.
1.1.
Análisis de la procedibilidad formal del amparo
Requisito
de subsidiaridad
El juez
de primera instancia declaró improcedente la acción de tutela por considerar
que la accionante dispone de otros mecanismos de defensa judicial en la
jurisdicción ordinaria laboral para reclamar el reintegro laboral. Estimó, que
la ausencia de un ingreso económico no demuestra que el demandante se encuentra
en una situación de vulnerabilidad que habilite la acción de tutela para
reclamar la protección constitucional laboral en el empleo.
En
similar sentido, el juez de segunda instancia consideró que la acción de tutela
resulta improcedente en este caso, en razón a que el demandante no demostró que
estuviera incapacitado o que presentara una grave afectación de salud al
momento de la desvinculación laboral.
En
contraste con ese argumento, la Sala considera que se cumplen los presupuestos
constitucionales que habilitan la acción de tutela para reclamar la protección
constitucional del derecho a la estabilidad en el empleo del señor Uribe
Hernández, en razón a que el demandante se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta debido a la disminución física que presenta por causa de
las siguientes enfermedades:  “hipoacusia
neurosensorial bilateral, síndrome del túnel del carpo derecho y síndrome del
túnel del carpo izquierdo, otras degeneraciones especificadas
de disco intervertebral y poliartrosis no especificada”. Esta
circunstancia, se evidencia a partir del dictamen de “determinación
del origen de eventos en salud y calificación de la pérdida de la capacidad
laboral” proferido
por Ecopetrol S.A. expedido el 12 de diciembre de 2014[66].
Por
lo tanto, en este caso procede la acción de tutela para estudiar la solicitud
de amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada formulada por el señor
Uribe Hernández, toda vez que, en este caso, las herramientas de defensa
judicial en la jurisdicción ordinaria, por el tiempo en que tardan en
resolverse, se tornan ineficaces para garantizarle, la permanencia en su empleo,
que en consecuencia, aquél pueda percibir un salario que le permita sobrevivir,
y también continuar accediendo a los servicios de salud que requiere para el
manejo de sus patologías, el cual se suspendió por causa de la desvinculación
de su cargo.
Inmediatez
Este
requisito se cumple, teniendo en cuenta que la terminación del contrato de
trabajo se produjo el 31 de diciembre de 2015 y el señor Uribe Hernández formuló
la demanda de tutela el día 15 de enero de 2015, es decir, trascurrieron 15
días entre la conducta generadora de la vulneración de los derechos
fundamentales y la presentación de la demanda.
2.2. Estudio de fondo
sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral
reforzada
Superado
el examen de procedibilidad formal de la acción de tutela, la Sala verificará
si se cumplen los presupuestos jurisprudenciales desarrollados en esta
providencia, para garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
un trabajador que presenta una disminución física, sensorial o psíquica.
(i) El trabajador
presenta una limitación física, sensorial o psíquica
A partir del “dictamen
para la determinación del origen de eventos en salud y calificación de la
pérdida de la capacidad laboral” expedido por Ecopetrol S.A. el 12
de diciembre de 2014 el demandante actualmente presenta una incapacidad
permanente parcial debido a las siguientes patologías:
(i) “otras
degeneraciones especificadas de disco intervertebral y poliartrosis no
especificada” respecto de la cual se determinó una pérdida de capacidad
laboral correspondiente a un 10%, con fecha de estructuración 22 de noviembre
de 2013 y de origen común.
(ii) “hipoacusia
neurosensorial bilateral, síndrome del túnel del carpo derecho y síndrome del
túnel del carpo izquierdo”. Respecto de estas enfermedades se determinó una
pérdida de la capacidad laboral de 19% y fueron calificadas como de origen
laboral.
Adicional
a lo anterior, la historia clínica expedida por la Clínica Cardiovascular
Navarra el 26 de febrero de 2015, establece que el demandante presenta: “lumbago
con ciática[67]”
por causa de “trabajo con grandes cantidades de peso” y para el
manejo de esta enfermedad se prescribió un tratamiento médico consistente en
terapias físicas y medicamentos.
También,
se evidencia en la historia clínica expedida por el médico especialista en
psiquiatría el 20 de enero de 2015 que el señor Uribe se encuentra en un
tratamiento psiquiátrico debido a un episodio depresivo moderado.
(ii) Que el
empleador tenga conocimiento de aquella situación
De acuerdo con la
contestación de la demanda efectuada por la representante legal de la empresa
demandada, Ecopetrol S.A. tenía conocimiento del estado de salud del señor
Uribe Hernández. Al respecto expresó: “en lo que respecta a las supuestas
patologías que menciona el hoy accionante, validado con el Departamento de
salud de Ecopetrol S.A. se encuentra que si bien presenta antecedentes médicos
por algunas patologías, estas no dan lugar a estado de debilidad manifiesta que
le cobije con estabilidad reforzada, máxime cuando no cuenta con calificación
de la pérdida de la capacidad laboral ni reubicación por motivos de salud”.
Sobre este punto,
es importante referirse a la petición radicada por el demandante el 26 de
diciembre de 2014[68]
a Ecopetrol, a través de la cual, expone su situación de salud y solicita que
se le garantice la estabilidad en el empleo.
(iii) Que el
despido se produzca sin autorización del Ministerio del Trabajo.
En relación con la
autorización del Ministerio de Trabajo para terminar el contrato de trabajo por
vencimiento del plazo pactado con el señor Uribe Hernández, la empresa
demandada señaló que no efectuó este trámite por considerarlo improcedente. En
este sentido expresó:
“Es necesario
hacer énfasis en que la terminación del contrato de trabajo del señor Nelson
Gabriel Uribe Hernández se dio con ocasión a la expiración del término pactado,
tal como consta en los documentos que se adjuntan como prueba. Por esta razón no
había lugar a solicitar autorización al Ministerio de Trabajo, cuando la
terminación de su relación laboral con Ecopetrol S.A. se dio por expiración del
término pactado más no con ocasión de alguna de sus patologías, aunado al hecho
de que las patologías que registra el señor Uribe Hernández no respaldan sus
consideraciones de solicitud previa ante el Ministerio de Trabajo”
Al respecto, la Sala
constató que el señor Nelson Uribe Hernández al momento de la desvinculación
laboral -31 de diciembre de 2014- se encontraba en una situación de debilidad
manifiesta en razón de las patologías que presenta, las cuales provocaron una
pérdida de la capacidad laboral de un 29%. Por lo tanto, aquél es titular de
los beneficios establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
Aunque la
representante legal de la empresa accionada sostuvo que no se había efectuado
calificación de pérdida de la capacidad laboral del señor Uribe Hernández, para
la Sala tal afirmación se desvirtúa con el dictamen que aportó el actor, el
cual fue expedido el 12 de diciembre de 2015 por esta misma entidad.
En consecuencia,
para hacer efectiva la desvinculación del trabajador aun cuando la causal que
se aplicó fue el vencimiento del plazo pactado, la empresa Ecopetrol S.A. tenía
la obligación de efectuar el trámite administrativo ante el Ministerio de
Trabajo a fin de obtener la autorización necesaria para desvincular a un
trabajador en situación de debilidad manifiesta por causa de su estado de
salud. (supra fundamento jurídico 5.20)
En consecuencia,
teniendo en cuenta que no existe autorización del Ministerio de Trabajo, la
Sala concluye que la decisión de terminar el contrato de trabajo al señor Uribe
Hernández, tiene como fundamento la disminución física generada por causa de
las patologías que presenta. Ello, de acuerdo con las consideraciones
desarrolladas en esta providencia. (Supra fundamentos jurídicos 5.13 y 5.15)
De acuerdo con lo
expuesto, la Sala encuentra acreditado que en el presente caso se cumplen los
presupuestos para conceder el amparo del derecho a la estabilidad laboral
reforzada del señor Nelson Gabriel Uribe Hernández que fue vulnerado por la
decisión de no renovar el contrato de trabajo por vencimiento del plazo pactado,
sin autorización del Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la disminución
física que presenta en razón de la enfermedades que presenta.
Bajo este
escenario, la Sala revocará las sentencias proferidas por el Tribunal Superior
de Bucaramanga y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en su lugar, concederá el amparo del derecho a la estabilidad laboral
reforzada del señor Nelson Gabriel Uribe Hernández. En consecuencia, ordenará a
la empresa Ecopetrol S.A., que ejecute las siguientes actuaciones: (i) si el
accionante así lo desea, proceda a reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a
uno de superior jerarquía y bajo la misma modalidad contractual y atendiendo
las restricciones médicas que le sean prescritas. (ii) Pague los salarios y
prestaciones sociales que legalmente le correspondan y efectúe los aportes a la
Sistema General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la terminación del
contrato hasta que se haga efectivo el reintegro. (iii) Pague la sanción
establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
consistente en 180 días de salario.
3.
Expediente T-4934726. Álvaro Bravo Molina en contra de Banco Popular S.A.
La
controversia planteada en el presente caso, surge por la decisión que adoptó el
Banco Popular de terminar el contrato de trabajo por justa causa al señor Álvaro
Bravo Molina sin autorización del Ministerio de Trabajo y sin tener en
consideración las siguientes circunstancias: (i) que el trabajador sufrió una
disminución física por causa de las siguientes patologías “diplopía, protsis
palpebral, blefaroptosis y oftalmoplejia internuclear”;  (ii) que al
momento en que se produjo la desvinculación -1 de octubre de 2012- el
demandante estaba en proceso de recuperación de una intervención quirúrgica que
le fue practicada el día 9 de julio de 2012 denominada “extirpación de la
glándula del timo”.
Análisis
de la procedibilidad formal del amparo
El
argumento principal expuesto por los jueces de instancia para declarar improcedente
la acción de tutela radica en que el presente asunto no superó el examen del
requisito de inmediatez. Lo anterior, en atención a que la desvinculación
laboral se produjo el 1 de octubre de 2012 y la demanda de tutela fue formulada
el día 4 de febrero de 2015.
En
razón de ello, la Sala estima pertinente efectuar un análisis al cumplimiento
del requisito de inmediatez para determinar si en este caso procede la acción
de tutela y en caso afirmativo, continuar con el estudio de fondo del caso
objeto de análisis.
Como se
expuso en el acápite considerativo de esta providencia (fundamentos
jurídicos 3.6. y 3.7) la tutela no tiene un término de caducidad, sin
embargo, para que la protección de los derechos fundamentales que se reclama a
través de la acción de tutela, sea efectiva e inmediata, el afectado debe
formular la acción de tutela dentro de un término razonable y en el marco
temporal de la ocurrencia de la vulneración de los derechos fundamentales. En
este caso, la acción de tutela debió formularse en una fecha cercana al 1 de
octubre de 2012, fecha en la que se produjo la desvinculación laboral,
situación a través de cual, a juicio del actor, se le vulneró el derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada.
El
demandante justificó su inactividad entre el 1 de octubre de 2012 y el 4 de
febrero de 2015, a partir del tiempo que tardó en concluirse el trámite de calificación
de pérdida de capacidad laboral que tramitó en la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca. Dicho trámite, culminó el
23 de octubre de 2014 cuando se expidió el respectivo dictamen a través del
cual se calificó la perdida de la capacidad laboral en un porcentaje de 45.42%,
con fecha de estructuración 15 de junio de 2012.
Asimismo,
refirió el demandante, que no consideró adecuado formular la acción de tutela
sin tener el respectivo dictamen, en consideración a que “si hubiese
presentado la tutela sin este pronunciamiento de la Junta Regional, el
argumento de cajón habría sido que la tutela resultaba improcedente por no
haber acreditado pérdida alguna de la capacidad laboral”.
Al
respecto, la Sala considera que el tiempo en que tardó en concluirse el trámite
de calificación en la Junta Regional no justifica la inactividad del actor para
formular la acción de tutela en un término razonable y cercano a la fecha en
que se produjo la vulneración del derecho a la estabilidad laboral reforzada,
pues de acuerdo con lo expresado por la Junta Regional de Calificación en la
contestación de la demanda, el señor Bravo Molina solicitó a esta entidad
adelantar este trámite el 10 de octubre de 2014 “con el fin de obtener una
prueba anticipada” para una demanda que formularía en contra del Banco
Popular.
En
razón de lo expuesto, para la Sala no existe un motivo válido que respalde la
demora en la presentación de la acción de tutela. En consecuencia, el amparo
solicitado en esta oportunidad no cumple con al menos uno de los requisitos de
procedibilidad formal previstos por la jurisprudencia constitucional cuando se
analiza la acción de tutela contra una providencia judicial.
De
acuerdo con lo anterior, se confirmará las sentencias proferidas por el Juzgado
Treinta y Ocho Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá
que declaró improcedente la acción de tutela, y por el Juzgado Once Penal del
Circuito de Bogotá que confirmó la decisión de primera instancia.
4.
Expediente T-4939076. Yilma Barona Rodríguez en contra del Cuerpo de Bomberos voluntarios
de Popayán.
La
controversia planteada en el presente caso, surge por la decisión que adoptó el
Cuerpo de Bomberos de Popayán de no renovar el contrato de trabajo a término
fijo a la señora Yilma Regina Barona Rodríguez, sin autorización del Ministerio
de Trabajo y desconociendo las siguientes circunstancias: (i) que el trabajador
sufrió una disminución física por causa de la patología que presenta:
“cáncer de seno izquierdo y depresión mayor secundaria a stress laboral”;
(ii) que al momento en que se produjo la desvinculación laboral, la demandante
se encontraba incapacitada debido a un cuadro “depresión mayor secundaria a
stress laboral”.
1.1.
Análisis de la procedibilidad formal del amparo
Requisito
de subsidiaridad
Los
jueces de instancia, negaron la protección constitucional solicitada por la
señora Barona Rodríguez, bajo el argumento de que al momento de la
desvinculación laboral, la trabajadora no se encontraba en situación de
vulnerabilidad, toda vez que en ese momento, aquella no presentaba alguna
enfermedad. Ello, de conformidad con la historia clínica del 23 de abril de
2014 que indica que la señora Barona Rodríguez estaba libre de cáncer y podía
desarrollar su vida en condiciones normales.
En relación
con la incapacidad médica expedida a la demandante, por el médico especialista
en psiquiatría debido a un cuadro de depresión, los jueces consideraron que la
misma se produjo con posterioridad a la desvinculación laboral y por lo tanto,
no se puede concluir, que dicha circunstancia sea la causa de la no renovación
del contrato de trabajo a la accionante.
Bajo
estos argumentos, consideraron que la accionante dispone de otros mecanismos de
defensa judicial en la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar el
reintegro laboral.
En
contraste con ese argumento, la Sala considera que se cumplen los presupuestos
constitucionales que habilitan la acción de tutela para reclamar la protección
constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada, toda vez que
observa la Sala, que en el momento en que se produjo la desvinculación laboral
– 30 de junio de 2014- la señora Barona Rodríguez estaba incapacitada[69].
Al
respecto, la Sala constató en las historias clínicas aportadas por la
demandante, que entre el 30 de mayo y el 28 de junio de 2014, la señora Barona fue
internada en un centro psiquiátrico por causa de un cuadro de “depresión
mayor secundario a stress laboral[70]”.
Luego, el 28 de mayo de 2014 se prorrogó la incapacidad médica por diez días
adicionales, por el mismo diagnóstico.
Aunado
a lo anterior, de acuerdo con la historia clínica expedida el 28 de abril de
2014 expedida por la IPS Confandi[71],
encuentra la Corte, que la señora Barona Rodríguez recibía tratamiento a la
enfermedad “cáncer de seno izquierdo” a través del suministro de medicamentos
cuya fórmula era expedida cada seis meses.
La procedibilidad
de este mecanismo constitucional para estudiar la solicitud de amparo del
derecho a la estabilidad laboral reforzada formulada por la señora Barona, se
fortalece al considerar su estado de salud, toda vez que, en este caso, las
herramientas de defensa judicial dispuestas en la jurisdicción ordinaria, por
el tiempo en que tardan en resolverse, se tornan ineficaces para garantizarle,
la permanencia en su empleo de acuerdo con las condiciones de su estado de
salud y, que en consecuencia, ella pueda percibir un salario que le permita
sobrevivir, y también continuar accediendo a los servicios de salud que
requiere para el manejo de sus patologías, el cual se suspendió a causa de la
desvinculación de su cargo.
Inmediatez
El
juez de segunda instancia consideró que este requisito no se cumplía en razón a
que trascurrieron ocho meses entre el momento en que la entidad accionada le
notificó a la demandante la decisión de no renovar el contrato -29 de mayo de
2014- y la fecha en que se formuló la demanda de tutela -14 de enero de 2015-
Frente
a lo anterior, es preciso señalar que aunque la acción de tutela no tiene un término
de caducidad, la naturaleza de la acción de tutela exige que se formule en un
término razonable para que la protección constitucional sea inmediata y
efectiva. Sin embargo, el examen de este requisito puede flexibilizarse
atendiendo a circunstancias que justifiquen la inactividad en la formulación de
la demanda de tutela por parte del afectado.
En
este caso, la demandante justificó la demora en su estado de salud y en el paro
judicial. Frente a este argumento, el juez de segunda instancia señaló que esta
circunstancia no es un motivo válido para justificar la inactividad de la
demandante, debido a que el cese de actividades comenzó el día 9 de octubre de
2014 y entonces la demandante tuvo cuatro meses para formular la acción de
tutela, entre el 24 de mayo y el 9 de octubre de 2014.
En
relación con lo anterior, para la Sala es importante precisar que si bien se
notificó a la demandante la decisión de no renovar el contrato, la
desvinculación se produjo el 30 de junio de 2014.
De
otra parte, respecto del argumento del juez de segunda instancia, la Sala
considera que aquel desconoce el hecho de que la señora Barona Rodríguez fue
internada en un centro psiquiátrico por causa de un cuadro de depresión por
stress laboral. Esta patología, se presentó hasta el 28 de junio de 2014, sin
embargo la incapacidad se prorrogó por diez días más es decir hasta el 8 de
julio de 2014.
Esto
quiere decir, que la accionante tuvo tres meses para formular la demanda de
tutela antes de que iniciara el cese de actividades judiciales que inició el 9
de octubre de 2014 y permaneció hasta el 19 de diciembre de 2014, fecha en la
cual inició la vacancia judicial.
Para la
Sala, el deteriorado estado de salud mental y físico de la señora Barona
Rodríguez es un motivo que justifica la inactividad de la señora Barona para
formular la acción de tutela y por lo tanto, considera que este caso supera el
examen de este requisito, de acuerdo con las consideraciones desarrollas en
esta providencia (supra fundamento jurídico 4).
1.2
Estudio de fondo sobre la vulneración de los derechos fundamentales a la
estabilidad laboral reforzada
Superado
el examen de procedibilidad formal de la acción de tutela, la Sala verificará
si se cumplen los presupuestos jurisprudenciales desarrollados en esta providencia,
para garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de una
trabajadora que presenta una disminución física, sensorial o psíquica.
(i) La trabajadora
presenta una limitación física, sensorial o psíquica
A partir de las historias
clínicas aportadas por la demandante, la Sala constató que:
(a) la señora
Barona Rodríguez al momento de la desvinculación laboral estaba incapacitada
por causa de una enfermedad denominada “depresión mayor secundaria a estrés
laboral”[72].
(b) Aunque, la
historia clínica del 23 de abril de 2014 indica que la demandante estaba libre
de la enfermedad “cáncer de seno izquierdo”, ella debe continuar en un
tratamiento médico a base de medicamentos y controles cada seis meses.
Inclusive, de acuerdo con la historia clínica que fue expedida el 12 de
noviembre de 2014, la Sala observa que después de la desvinculación laboral la
demandante fue sometida a una cirugía de reconstrucción mamaria[73]
y en esta oportunidad, el diagnostico continuaba siendo “tumor maligno de la
mama”.
(ii) Que el
empleador tenga conocimiento de aquella situación
En relación con
este punto, en la contestación de la demanda, el Cuerpo Oficial de Bomberos
frente a la patología que presenta la demandante “cáncer de seno izquierdo” afirmó
lo siguiente: “no me consta que se pruebe”. De la misma manera, indicó
que el 28 de mayo de 2014 cuando se le informó que su contrato no sería
renovado, la trabajadora “gozaba de buena salud” no se encontraba
incapacitada ni por la EPS ni por la ARL.
Respecto de la
incapacidad por “depresión mayor secundaria stress laboral” el
representante legal de la entidad demandada, señaló que la misma fue expedida por
30 días y la misma venció el 28 de junio de 2014.
Para la Sala, es
claro que el empleador si tenía conocimiento de la situación de vulnerabilidad
en la que se encontraba la demandante al momento de la desvinculación laboral
-30 de junio de 2014- pues ante las incapacidades médicas que tuvo que
presentar la demandante para justificar sus ausencias a su trabajo por causa de
incapacidades médicas e intervenciones quirúrgicas para tratar el cáncer de
seno y la enfermedad mental que presentaba. Otra cosa es que considere que tal
circunstancia no constituía una razón suficiente para garantizar la estabilidad
en el empleo de la señora Barona Rodríguez.
(iii) Que el
despido se produzca sin autorización del Ministerio del Trabajo.
Según lo
manifestado por el representante legal de entidad demandada en la contestación
de la demanda, no se efectuó el trámite ante el Ministerio de Trabajo para
obtener el permiso para desvincular a la actora, porque consideró que no era
procedente ya que la trabajadora no se encontraba en estado debilidad
manifiesta y porque se utilizó una causal objetiva para la terminación del
contrato como es el vencimiento del plazo pactado.
En contraste de lo
anterior, la Sala considera que las patologías que presentaba la trabajadora al
momento de la desvinculación laboral la convierten en titular de los beneficios
establecidos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por lo tanto, para hacer
efectiva la desvinculación de la trabajadora aun cuando se aplique una causal
objetiva para la terminación de contratos a término fijo, el Cuerpo Oficial de
Bomberos voluntarios de Popayán, estaba obligado a efectuar el trámite
administrativo ante el Ministerio de Trabajo a fin de obtener la autorización
necesaria para desvincular a un trabajador en situación de debilidad manifiesta
por causa de su estado de salud.
En consecuencia,
teniendo en cuenta que no existe autorización del Ministerio de Trabajo, la
Sala concluye que la decisión de terminar el contrato de trabajo por
vencimiento del plazo pactado, a la señora Barona Rodríguez, tiene como
fundamento la disminución física generada por causa de las patologías que
presenta. Ello, de acuerdo con las consideraciones desarrolladas en esta
providencia. (Supra fundamentos jurídicos 5.13 y 5.15)
En relación con lo
anterior, es importante precisar que de acuerdo con las consideraciones desarrolladas
en esta providencia en relación con el tipo de vinculación laboral, esta
Corporación ha dicho que si bien por el tipo de contrato pueden existir causas
objetivas para el despido de un trabajador, cuando se trate de personas que
gozan de estabilidad laboral reforzada dichas causales no son suficientes si no
se cumplen con las cargas contenidas el artículo 26 de la ley 361 de 1997 y la
comprobación de una causal objetiva.
De acuerdo con lo
expuesto, la Sala encuentra acreditado que en el presente caso se cumplen los
presupuestos para conceder el amparo del derecho a la estabilidad laboral
reforzada de la señora Yilma Barona Rodríguez que fue vulnerado por la decisión
del Cuerpo Oficial de Bomberos voluntarios de Popayán, de terminar el contrato
de trabajo de trabajo a término fijo por vencimiento del plazo pactado, sin
autorización del Ministerio de Trabajo teniendo en cuenta la disminución física
que presenta en razón de la enfermedades que padece.
Bajo este
escenario, la Sala revocará las sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Penal
Municipal con funciones de conocimiento de Popayán y por el Juzgado Primero
Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Popayán, en su lugar,
concederá el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora
Yilma Barona Rodríguez. En consecuencia, ordenará al Cuerpo Oficial de Bomberos
de Popayán que ejecute las siguientes actuaciones: (i) si la accionante así lo
desea, proceda a reintegrarla al cargo que desempeñaba o a uno de superior
jerarquía y bajo la misma modalidad contractual. (ii) Pague los salarios y
prestaciones sociales que legalmente le correspondan y efectúe los aportes a la
Sistema General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la terminación del
contrato hasta que se haga efectivo el reintegro. (iii) Pague la sanción
establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
consistente en 180 días de salario.
III.
DECISIÓN
Con
fundamento en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala Novena de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.-
REVOCAR las
sentencias proferidas por el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Bogotá y por el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito con
funciones de conocimiento de Bogotá, en su lugar, CONCEDER el amparo del
derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora Ruby Jazmín Tavera
Tafur.
SEGUNDO.-
ORDENAR a
la empresa Industrias Alimenticias Zenú SAS., que ejecute las siguientes
actuaciones: (i) si la accionante así lo desea, proceda a reintegrarla al cargo
que desempeñaba o a uno de superior jerarquía y bajo la misma modalidad
contractual. En todo caso, deberá atender las restricciones médicas que le sean
prescritas. (ii) Pague los salarios y prestaciones sociales que legalmente le
correspondan y efectúe los aportes a la Sistema General de Seguridad Social,
desde cuando se produjo la terminación del contrato hasta que se haga efectivo
el reintegro. (iii) Pague la sanción establecida en el inciso segundo del
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de salario.
TERCERO.-
REVOCAR
las sentencias proferidas por el Tribunal Superior de Bucaramanga y por la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su lugar, CONCEDER el
amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada del señor Nelson Gabriel
Uribe Hernández.
CUARTO.- ORDENAR a la empresa
Ecopetrol S.A., que ejecute las siguientes actuaciones: (i) si el accionante
así lo desea, proceda a reintegrarlo al cargo que desempeñaba o a uno de
superior jerarquía y bajo la misma modalidad contractual y atendiendo las
restricciones médicas que le sean prescritas. (ii) Pague los salarios y
prestaciones sociales que legalmente le correspondan y efectúe los aportes a la
Sistema General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la terminación del
contrato hasta que se haga efectivo el reintegro. (iii) Pague la sanción
establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
consistente en 180 días de salario.
QUINTO.-
CONFIRMAR las
sentencias proferidas por el Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal con función
de control de garantías de Bogotá que declaró improcedente la acción de tutela,
y por el Juzgado Once Penal del Circuito de Bogotá que confirmó la decisión de
primera instancia.
SEXTO.-
REVOCAR las
sentencias proferidas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Popayán y por el Juzgado Primero Penal del Circuito con
funciones de conocimiento de Popayán, en su lugar, CONCEDER el amparo
del derecho a la estabilidad laboral reforzada de la señora Yilma Barona
Rodríguez. En consecuencia, ordenará al Cuerpo Oficial de Bomberos de Popayán
que ejecute las siguientes actuaciones: (i) si la accionante así lo desea,
proceda a reintegrarla al cargo que desempeñaba o a uno de superior jerarquía y
bajo la misma modalidad contractual. (ii) Pague los salarios y prestaciones
sociales que legalmente le correspondan y efectúe los aportes a la Sistema
General de Seguridad Social, desde cuando se produjo la terminación del
contrato hasta que se haga efectivo el reintegro. (iii) Pague la sanción
establecida en el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997
consistente en 180 días de salario.
SÉPTIMO.-
Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL MAGISTRADO
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
A LA SENTENCIA T-594/15
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-No se realiza un examen profundo respecto de la
procedibilidad de la tutela en cada uno de los casos sujetos a estudio
(Salvamento parcial de voto)
Referencia:
Expedientes T-4.945.430, T-4.934.726, T-4.943.891 y T-4.939.076.
Accionante:
Ruby
Jazmín Tavera Tafur, Nelson Gabriel Uribe Hernández, Álvaro Bravo Molina y
Yilma Barona Rodríguez.
Accionado:
Zenú
SAS, ARL SURA y SURA EPS; Ecopetrol S.A; Banco Popular y Cuerpo de Bomberos de
Popayán.
Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas
Silva.
Salvo
parcialmente mi voto frente a la sentencia de tutela aprobada por la
Sala Novena de Revisión en sesión del 14 de septiembre de 2015, por las
razones que a continuación expongo:
Considero
que la sentencia no realiza un examen profundo respecto de la procedibilidad de
la acción de tutela en cada uno de los casos sujetos a estudio.
Si bien
en varios acápites se hace referencia a la situación de debilidad que presentan
los actores como consecuencia de sus padecimientos de salud, no existen pruebas
suficientes que indiquen el posible acaecimiento de un perjuicio irremediable y
que, por ende, permitan que la acción de tutela reemplace el proceso ordinario
ante la jurisdicción laboral. En los casos T-4.945.430 y T-4.934.726, los
accionantes no se encontraban incapacitados al momento del despido y, si bien
presentaban dificultades de salud, los mismos no les otorgaban una estabilidad
laboral reforzada; no todo padecimiento implica una especial protección
constitucional frente al empleador.
En el
caso T-4.934.726, la accionada le habían cancelado una indemnización al
accionante, pues el despido se dio como consecuencia de un proceso interno de
Ecopetrol y la USO, igual que en los casos anteriores, no encuentro la
configuración de un perjuicio irremediable; por esta razón, considero que el
conflicto debió dirimirse en la jurisdicción laboral.
MAURICIO
GONZÁLEZ CUERVO.
Magistrado
[1] Folio 21 cuaderno de primera
instancia.
[2] Folio 36 cuaderno de primera
instancia.
[3] Folio 25 cuaderno de primera
instancia.
[4] Folio 24 cuaderno de primera
instancia.
[5] Folio 40 cuaderno de primera
instancia.
[6] Folio 162 cuaderno de primera
instancia.
[7] Folio 307 cuaderno de primera
instancia.
[8] Folio 303 cuaderno de primera
instancia.
[9] Folio
22 del cuaderno de primera instancia.
[10] Folios
23 a 38 del cuaderno de primera instancia.
[11] Folios
39 a 111 del cuaderno de primera instancia.
[12] Folio
129 del cuaderno de primera instancia.
[13] Folio
139 cuaderno de primera instancia.
[14] Folios
190 a 193 cuaderno de primera instancia.
[15] Folio
194 cuaderno de primera instancia.
[16] Folios
235 a 242 cuaderno de primera instancia.
[17] Folios
6 a 42 cuaderno de segunda instancia.
[18] Folios
14 a 35 cuaderno de instancia.
[19] Folio
36 cuaderno de instancia.
[20] Folios
38 a 42 cuaderno de instancia.
[21] Folio
43 cuaderno de instancia.
[22] Folios
64 a 66 cuaderno de instancia.
[23] Folios
105 a 117 cuaderno de instancia.
[24] Folios
125 a 178 cuaderno de instancia.
[25] Folios
5 a 48 del cuaderno de instancia.
[26] Folios
50 a 60 del cuaderno de instancia.
[27] Folio
49 del cuaderno de instancia.
[28] Sentencia T-018
de 2014 MP Luis Guillermo Guerrero
[29] Sentencia
T-629 de 2008 Marco Gerardo Monroy Cabra
[30] T-930
de 2010 MP Luis Ernesto Vargas Silva
[31] En la
sentencia T-503 de 2015 MP María Victoria Calle Correa, la Corte Constitucional
referenció las siguientes sentencias que pueden consultarse sobre este aspecto:
“En este sentido, pueden consultarse las sentencias T-526 de 2005 (MP Jaime
Córdoba Triviño), T-016 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-692 de 2006
(MP Jaime Córdoba Triviño), T-905 de 2006 (MP Humberto Antonio Sierra Porto),
T-1084 de 2006 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-1009 de 2006 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-792 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), T-825 de 2007 (MP
Manuel José Cepeda Espinosa),  T-243 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-594 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-189 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva),  T-299 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo), T-265 de 2009 (MP
Humberto Antonio Sierra Porto),  T-691 de 2009 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-883 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-328 de 2010 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio),  entre muchas otras.
[32] MP
Vladimiro Naranjo Mesa. Esta sentencia ha sido reiterada en los siguientes
fallos: T-507 de 2015 MP Gloria Stella Ortiz Delgado, T-503 de 2015 MP María
Victoria Calle Corre, T-408 de 2015 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-966 de
2014 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-910 de 2014 MP Mauricio González
Cuervo, T-1048 de 2010 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entre otras.
[33] MP
María Victoria Calle Correa.
[34]
Sentencia T-582 de 2013 MP Nilson Pinilla Pinilla.
[35]
Sentencia T-276 de 2014 MP María Victoria Calle Correa.
[36] En
este apartado se seguirá, en gran parte, la argumentación expuesta en las
sentencias T-843 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-691 de 2013 (M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva), T-447 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), y
T-018 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). T-420 de 2015 (M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva).
[37] T-519
de 2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[38] Cfr. Sentencia T-519 de
2003 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[39] MP
Humberto Antonio Sierra Porto.
[40] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[41]
Sentencia T-018 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42] En Sentencia T-018 de 2013
M.P., Luis Ernesto Vargas Silva, se precisó el alcance de la protección
establecida por el legislador, respecto a la población en estado de
discapacidad al expedir la Ley 361 de 1997.
El artículo 26 de la norma en comento regula la estabilidad laboral reforzada
en personas discapacitadas. De ahí que establece para el empleador la
prohibición de despedir o terminar los contratos de trabajo en razón de la
limitación que sufra el trabajador, salvo que medie autorización de la oficina
del trabajo. Según la literalidad de la disposición, quienes procedan en forma
contraria a ella, estarán obligados al pago de una indemnización equivalente a
ciento ochenta días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e
indemnizaciones a las que hubiere lugar, de conformidad con el Código Sustantivo
del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.
[43] En Sentencia C-531 de 2000
M.P. Álvaro Tafur Galvis, esta Corporación expuso que la estabilidad laboral reforzada ha
sido definida como “la permanencia en el empleo del discapacitado luego de
haber adquirido la respectiva limitación física, sensorial o sicológica, como
medida de protección especial y en conformidad con su capacidad laboral”
[44] Resolución aprobada por
la asamblea general [sobre la base del informe de la
Tercera Comisión (A/48/627)] 48/96. Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad, 85ª sesión plenaria, 20 de
diciembre de 1993.
[45] Subrayas nuestras.
[46] Adoptada en Ciudad de
Guatemala, Guatemala el 7 de junio de 1999, en el vigésimo noveno período
ordinario de sesiones de la
Asamblea General.
[47] La convención
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, fue aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva
York.
[48] En Sentencia T-025 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, esta Sala expuso que “la jurisprudencia
constitucional ha establecido que esas personas gozan de un derecho fundamental
a la estabilidad laboral reforzada, lo que implica que no pueden ser
desvinculadas de su empleo sin autorización previa de la autoridad
administrativa o judicial competente”.
[49]Constitución
Política, artículo
1º:  “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”.
[50]Articulo
13. (…) “[Inciso 2º] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o
marginados. [Inciso 3º] El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”
[51] Cfr. Sentencia T-018 de
2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[52]Sentencia
T-111-2012
M.P. María Victoria Calle Correa.
[53] MP Álvaro Tafur Galvis.
[54] MP
Nilson Pinilla Pinilla.
[55]Sentencias
C-470 de 1997 MP Alejandro Martínez Caballero, SU 250 de 1998 MP Alejandro
Martínez Caballero, T-739 de 1998 MP Hernando Herrera Vergara, T-625 de 1999 MP
Carlos Gaviria Díaz, T-1558 de 2000 MP Fabio Morón Díaz, C-531 de 2000 MP
Álvaro Tafur Galvis, T-040A de 2001 MP Fabio Morón Díaz, T-961 de 2002 MP
Eduardo Montealegre Lynett, T-519 de 2003 Marco Gerardo Monroy Cabra, T-028 de
2003 MP Jaime Córdoba Triviño, T-632 de 2004 MP Marco Gerardo Monroy, T-1219 de
2005 MP Jaime Córdoba Triviño, T-530 de 2005 MP Manuel José Cepeda Espinosa,
SU-388 de 2005 MP Clara Inés Vargas Hernández, T-053 de 2006 MP Jaime Araujo
Rentería, T-1038 de 2007 MP Humberto Antonio Sierra Porto, T-825 de 2008 MP
Mauricio González Cuervo, T-125 de 2009 MP Humberto Antonio Sierra Porto, T-724
de 2009 MP Mauricio González Cuervo, T-462 de 2010 MP Jorge Iván Palacio
Palacio, T-021 de 2011 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-017 de 2012 MP María
Victoria Calle Correa, T-148 de 2012 MP Juan Carlos Henao Pérez, T-018 de 2013
MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-114 de 2014 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez,
T-041 de 2014 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-106 de 2015 MP Gloria Stella
Ortiz Delgado
[56] Sentencia T-025 de 2011
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[57] M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[58] M.P.
Nilson Pinilla Pinilla
[59] Al respecto el Artículo 47 superior dispone: “El Estado
adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran.”
[60] Cfr. Sentencias T-198 de 2006
M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y
T-025 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
[61] En
este sentido ver las sentencias: T-860 de 2010 MP Humberto Sierra Porto, T-226
de 2012 MP Humberto Sierra Porto, T-106 de 2015 MP Gloria Stella Ortiz Delgado,
T-041 de 2014 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-383 de 2014 MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
[62] Cfr. Sentencia T-018 de
2013.
[63] Según el artículo 54 de
la Constitución, la capacitación profesional de las personas disminuidas
físicas, psíquicas o sensoriales es un derecho fundamental.  Dice el citado
precepto: “[e]s obligación del Estado y de los empleadores ofrecer
formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El
Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar
y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud”. Por lo demás, la disposición de ofrecerle
capacitación al trabajador en condición de debilidad manifiesta, es una de las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional, entre otras, por ejemplo en la
Sentencia T-1040 de 2001 MP Rodrigo Escobar Gil. En esa oportunidad, la
Corte resolvió, refiriéndose a la empresa demandada: “deberá capacitarla [a
la persona solicitante] para cumplir tales funciones de la misma forma como se
realiza la capacitación a los demás empleados de la empresa”.
[64] Folio
157 a 166 cuaderno de instancia.
[65] En
este sentido se pronunció tanto la demandante como la empresa demandada.
[66] Folios
6 a 42 cuaderno de segunda instancia.
[67] Folio
22 cuaderno de segunda instancia.
[68] Folio 24
cuaderno de primera instancia.
[69] Folio
53 del cuaderno de instancia.
[70] Folios
50 del cuaderno de instancia.
[71] Folio
37 cuaderno de instancia.
[72] Folio
53 cuaderno de instancia.
[73] Folio
41 cuaderno de instancia.