C-740-01
Sentencia C-740/01
Sentencia C-740/01
SERVICIO MILITAR-Obligatoriedad constitucional
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO Y OBJECION DE
CONCIENCIA
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Elección para ingreso
FUERZAS MILITARES-Reservistas
FUERZA PUBLICA-Llamamiento
especial de reservas
FUERZAS MILITARES-Llamamiento de reservas
DESOBEDIENCIA DE RESERVISTAS-Aplicación a los de primera clase
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO-Derechos por la prestación
DECRETO DE MOVILIZACION O LLAMAMIENTO
ESPECIAL-Obligación de concurrir los reservistas
RESERVISTA MOVILIZADO-Obligaciones
RESERVISTA DE PRIMERA CLASE-Calidad por llamamiento al servicio/RESERVISTA DE PRIMERA CLASE-Militar
en servicio activo por llamamiento
Para la Corte, cuando una persona
tiene la calidad de reservista de primera clase y es llamado al servicio, en
los términos antes descritos, readquiere la calidad de militar en servicio
activo, desde el mismo momento en que se formaliza dicho llamamiento.
RESERVISTA-Llamamiento
al servicio activo
SERVICIO
MILITAR-Causal de exención para el reservista
JUICIO DE
IGUALDAD-Alcance
JUZGADO DE
DEPARTAMENTO DE POLICIA Y JUECES DE BRIGADA Y DIVISIONES DEL EJERCITO-Distinción
FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Organización jerárquica no
idéntica/FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Distinción en funciones/FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Distinción en estructura y organización
Las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional cuentan con una organización jerárquica, que no es sin embargo
idéntica, pues ésta depende de las funciones específicas que cada una está
llamada a cumplir. En este sentido esta Corporación debe recordar que si bien
las instituciones señaladas hacen parte de la Fuerza Pública, cumplen funciones
constitucionales distintas que no resultan equiparables  y que hacen
improcedente una asimilación mecánica  de una y otra en términos de estructura
y de organización.
FUERZAS MILITARES Y POLICIA NACIONAL-Distinción en competencias para juzgamiento de oficiales
No son organizaciones comparables y en
relación con las competencias fijadas para los organismos encargados del
juzgamiento de los oficiales respectivos, éstas no tienen porque responder a
idénticas consideraciones, pues ellas variarán de acuerdo con las funciones
particulares que les asigna la Constitución y que determinan su estructura.
PRINCIPIO DE SEPARACION DE MANDO Y
JURISDICCION
CORTE MARCIAL-Integración
JUZGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR-Parte civil
PROCESO PENAL MILITAR-Constitución de parte civil
PROCESO PENAL MILITAR-Actuación de parte civil/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Resarcimiento
de perjuicio
Dentro del proceso penal militar la actuación de la
parte civil se establece de manera precisa, limitando su actuación al impulso
procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los hechos y que el tema
del resarcimiento de perjuicios se concentra en la Jurisdicción en lo
Contencioso Administrativo, excluyendo expresamente la competencia de la
justicia penal militar en este campo.
PROCESO PENAL MILITAR-Inclusión de parte civil en procedimiento especial
CODIGO PENAL MILITAR-Parte civil como sujeto procesal
JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Indemnización de perjuicios conforme a decisión penal militar
PROCESO PENAL MILITAR-Inclusión de parte civil en traslado para alegar en procedimiento
especial
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR-Elemento acusatorio/PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR-Fiscal penal
militar
Referencia: expediente D-3318
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999
-Código Penal Militar-.
Actor: Jaime Chaves Rincón.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS.
Bogotá D.C., once (11) de julio del año dos mil uno
(2001).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I.       ANTECEDENTES
En ejercicio de
la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Jaime Chaves Rincón
demandó los artículos 117, 255 a 258 y el inciso final del artículo 579 de la
Ley 522 de 1999 “por medio de la cual se expide el Código Penal Militar”.
Cumplidos los trámites constitucionales y
legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional
procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
II.      NORMA DEMANDADA
A continuación
se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en
el Diario Oficial No. 43.665, del 13 de agosto de 1999, y se subraya lo
demandado:
“Ley 522 de 1999
(agosto 12)
Por medio de la cual se expide el Código Penal Militar
El Congreso de Colombia,
D E C R E T A:
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
DE LOS DELITOS
TITULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA
(…)
CAPITULO II
DE LA DESOBEDIENCIA
(…)
ARTICULO 117. DESOBEDIENCIA DE
RESERVISTAS. El personal que haya prestado
el servicio militar obligatorio y esté en situación de reserva, que no se
presentare en los términos previstos en el artículo anterior, incurrirá en
arresto de tres (3) meses a un (1) año.
(…)
TITULO TERCERO
DE LA JURISDICCION Y DE LA COMPETENCIA
(…)
CAPITULO VII
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PARA LA POLICIA NACIONAL
ARTICULO 255. JUZGADO DE LA DIRECCION
GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL. El Juzgado
de la Dirección General de la Policía Nacional conoce en Primera Instancia,
salvo lo dispuesto en el Numeral 3º del artículo 234 de éste Código, de los
procesos penales que se adelanten contra Comandantes de Departamentos de
Policía, Comandantes de Policías Metropolitanas, Directores de Escuelas de
Formación, Capacitación y Técnicas, y contra Oficiales Superiores de la Policía
Nacional.
ARTICULO 256. INSPECCION GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL. La Inspección General de
la Policía Nacional, conoce en Primera Instancia de los procesos penales que se
adelanten contra Oficiales Subalternos de la Policía Nacional, Suboficiales,
Personal del Nivel Ejecutivo, Agentes, y Personal que preste el servicio
militar orgánicos de la Dirección General; así como contra los Alumnos,
Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Escuela Nacional de
Policía General Santander, y Centro de Estudios Superiores de la Policía
Nacional; y, además, de los procesos contra el personal policial cuyo
conocimiento no esté atribuido a otro Juzgado.
ARTICULO 257. JUZGADOS DE  POLICIAS
METROPOLITANAS. Los Juzgados de Policías
Metropolitanas, conocerán en Primera Instancia de los procesos penales, contra
Suboficiales, Personal de Nivel Ejecutivo, Agentes de la Policía Nacional  y
personal que preste el servicio militar en la respectiva unidad metropolitana.
ARTICULO 258. JUZGADOS DE DEPARTAMENTO
DE POLICIA. Los Juzgados de Departamento de
Policía, conocerán en Primera Instancia de los procesos penales que se
adelanten contra, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo, Agentes de la
Policía Nacional y personal que preste el Servicio Militar en las diversas
unidades policiales que se les asigne territorialmente, así como de los
procesos penales que se adelanten contra los Alumnos, Suboficiales, Personal
del Nivel Ejecutivo, Agentes, y personal que preste el servicio militar,
orgánicos de las Escuelas de Formación, Capacitación y Técnicas que se
encuentren en la jurisdicción, de conformidad con la organización
administrativa que fije la ley.
TITULO DECIMO
(…)
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO ESPECIAL
(…)
ARTICULO 579. TRAMITE. El Juez adelantará y perfeccionará la investigación en el término
de quince (15) días. Se oirá en indagatoria al procesado y se le resolverá su
situación jurídica dentro de los dos (2) días siguientes. Si no fuere posible
recibir la indagatoria dentro del término de instrucción señalado
anteriormente, se le emplazará por dos (2) días, se le declarará persona
ausente y se le designará Defensor de oficio.
Perfeccionada la investigación, el Juez de
primera instancia por auto de sustanciación, declarará la iniciación del juicio
y dará traslado a las partes por dos (2) días para que soliciten las pruebas
que estimen necesarias; si fueren conducentes las decretará. También podrá de
oficio ordenar la práctica de pruebas.
Las pruebas se practicarán dentro de los cinco
(5) días siguientes.
Vencido el término
anterior, se dará traslado al Ministerio Público para concepto por cinco (5)
días y al Defensor por igual término para alegar. Se pronunciará fallo dentro
de los cinco (5) días siguientes.
(…)”
III.    LA DEMANDA
El actor
manifiesta que los artículos 177, 255 a 258 y el inciso final del artículo 579
de la Ley 522 de 1999 violan los artículos 13, 29 y 213 de la Constitución
Política, respectivamente, por las siguientes razones:
A su juicio, el
artículo 117 viola la prohibición constitucional según la cual “[e]n ningún
caso los civiles podrán ser investigados por la justicia penal militar” (C.P.,
art. 213, inciso final), de modo que una vez que  la persona cumple el término
de la prestación del servicio militar obligatorio, y pasa a la reserva, o se
desvincula de la milicia, adquiere la calidad de civil, sin que en evento
alguno puede ser investigado y juzgado por la justicia “castrense”, que se
encarga de quien tiene la calidad de militar, este es, “quien se encuentre bajo
banderas y en actividad… sometido al Régimen de Milicia.” Y agrega que dicha
prohibición está igualmente estipulada en el artículo 5º del C.P.M. y, en
consecuencia, el artículo 117 demandado es inexequible.
Estima que los artículos 255 a 258, mediante
los que se establece la competencia de los jueces que han de conocer en primera
instancia de los procesos que se adelanten en contra  de los miembros de la
Policía Nacional, atentan contra el derecho a la igualdad (C.P., art. 13) ya que,
en su sentir, en forma caprichosa se asignó a los jueces de la Dirección
General la institución, la competencia para conocer de los procesos adelantados
contra los oficiales superiores y a los jueces de  la Inspección General la
competencia para el juzgamiento de oficiales subalternos, de modo que le negó
la posibilidad de conocer de los procesos adelantados contra sus oficiales a
los “juzgados de Metropolitana y de Departamento”, en tanto que para las
fuerzas militares, vale decir el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dicha
competencia radica en cabeza de los juzgados de Brigada o de División, que
tienen el mismo rango de un Juzgado de Departamento en la Policía.
Por lo tanto, concluye que el conocimiento de
los procesos que se adelanten contra los oficiales de la Policía Nacional debe
ser de competencia de los jueces de las unidades policiales a las cuales
pertenezcan, sean éstas Metropolitanas o Departamentos de Policía.
Por último, señala que el inciso final del
artículo 579 viola el derecho al debido proceso (C.P., art. 29) pues en el
llamado procedimiento especial a que alude dicha norma, se excluyó a la parte
civil y al fiscal de conocimiento, ignorando que en el régimen penal militar
debe dársele traslado, en igualdad de oportunidades y para los mismos efectos,
a todos los sujetos procesales.
IV.    INTERVENCIONES
1.      Intervención del Ministerio de
Defensa Nacional
La representante de este Ministerio
interviene en el proceso de la referencia para defender la constitucionalidad
de las normas acusadas y, por lo tanto, solicita su declaratoria de
exequibilidad con fundamento en las siguientes consideraciones.
A su juicio, el cargo contra el artículo 117
de la Ley 522 por violación del artículo 213 superior, carece de fundamento y
refleja un total desconocimiento de las normas y trámites vigentes para el
llamamiento de las reservas, ya que la Ley 48 de 1993 (Arts. 55 y 56) señala el
procedimiento para tal efecto, en desarrollo del articulo 216 constitucional
según el cual “…todos los colombianos están obligados a tomar las armas
cuando las necesidades lo exijan para defender la independencia nacional y las
instituciones políticas…”. De manera que la convocatoria o el llamamiento
de las reservas que haga el Gobierno Nacional, bajo las circunstancias
previstas en la Constitución y la ley, es el hecho que suspende la calidad de
civil que tenga un ciudadano y lo convierte nuevamente en miembro de la fuerza
pública, calidad ésta que permite que lo juzgue la justicia “castrense” por sus
actos de desobediencia.
Señala, con
apoyo en la sentencia C-592 de 1998 de esta Corte, que los artículos 255 a 258
de la Ley 522 de 1999 no violan el principio de igualdad (C.P., art. 13), pues
el Congreso tiene la competencia para establecer, como lo hizo, la distribución
de competencias en la jurisdicción penal militar. Así mismo, afirma que el
principio de igualdad supone que el legislador otorgue trato igual entre
iguales y desigual entre desiguales, por lo que las atribuciones otorgadas en
los artículos demandados responden a esos postulados y responden a los
presupuestos de razonabilidad  a que alude la jurisprudencia.
Sobre el cargo por violación al debido
proceso (C.P., art. 29) por el inciso final del artículo 579 demandado, estima
que no tiene sustento jurídico, pues el legislador previó el procedimiento
especial en la Ley 522 de 1999 y fijó las normas propias del juicio respectivo,
respetando el debido proceso y garantizando los derechos del acusado. Agrega
así mismo, que la naturaleza de las conductas que se juzgan por el
procedimiento especial no amerita la intervención de la parte civil y del
fiscal, al contrario de lo que acontece con los procedimientos ante la Corte
Marcial que si la prevé. Señala además que la constitución de la parte civil en
el proceso penal militar tiene por único objeto el impulso del proceso y que la
reclamación de perjuicios se debe solicitar ante la jurisdicción en lo
contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 108 ibídem.
2.      Intervención del Comando General
de las Fuerzas Militares
El Comandante General de las Fuerzas
Militares interviene en el proceso de la referencia y solicita la declaratoria
de constitucionalidad de las normas demandadas, con base en las siguientes
razones:
En cuanto al artículo 117 demandado
manifiesta que el Estado garantiza a los individuos derechos y libertades que
implican responsabilidades (C.P., art. 95), entre otras, la de tomar las armas
para la defensa de la Nación, en los términos que establezca la ley, y ello
como una manifestación de la primacía del interés social sobre el particular.
Señala que, en desarrollo de los artículos
217, 218 y 221 de la Constitución Política, se expidió la Ley 48 de 1993 que
establece el llamamiento especial de las reservas y la obligatoriedad de la
presentación del servicio (Arts. 55 y 56), de conformidad con el mandato del
artículo 117 demandado, en concordancia con el 116 ibídem. Así pues,
debe entenderse que cuando el Gobierno Nacional, mediante el correspondiente
acto administrativo, convoca a las reservas indicándoles lugar, fecha y hora en
que deben presentarse, las incorpora nuevamente al servicio activo y por lo
tanto los reservistas pierden su calidad de civiles para readquirir la de
militares; de modo que a partir de ese momento les son aplicables las normas
del Código Penal Militar.
Respecto de los artículos 255 a 258
demandados señala, con apoyo en la sentencia T-120 de 1992 de la Corte
Constitucional, que se trata de normas de derecho procesal, de carácter público
y por lo tanto de aplicación inmediata.
En cuanto a lo dispuesto por el inciso final
del artículo 579 de la Ley 522 de 1999, manifiesta que en el proceso penal
militar las partes están conformadas por quienes integran la relación jurídico
procesal, de modo que la parte civil puede constituirse en los términos del
artículo 305 ibídem; y respecto de los fiscales, indica que ellos
simplemente son quienes ejercen la función de calificación y acusación en el
proceso, de modo que en este caso, teniendo en cuenta la etapa procesal a que
se refiere el inciso acusado, no hay violación al debido proceso.
A lo anterior agrega que, en el proceso penal
militar la investigación de todos los delitos la adelantan los jueces de
instrucción penal militar (C.P.M., art. 264), que algunos sujetos procesales
tienen funciones diferentes a las establecidas dentro del proceso penal
ordinario y que el procedimiento especial del artículo 578 del C.P.M. “pretende
darle más agilidad, eficiencia y eficacia al proceso penal, iniciado por los
delitos taxativamente allí previstos, reduciendo los términos para cada uno de
los compartimientos o etapas del proceso.”
V.
CONCEPTO
DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
El Procurador General de la Nación, mediante
concepto No. 2447, recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 22
de febrero del año 2001, solicita a la Corte declarar la constitucionalidad de
los artículos 117 y 255 a 258, así como la constitucionalidad condicionada del
inciso final del artículo 579, con base en las siguientes consideraciones:
A su juicio, la obligación establecida en el
artículo 216 constitucional, según la cual “todos los colombianos están
obligados a tomar las armas cuando las necesidades lo exijan para defender la
independencia nacional y las instituciones políticas…”, es un referente
constitucional que justifica la existencia del artículo 117 de la Ley 522 de
1999. Dicha disposición no vulnera, en su concepto, el artículo 213 superior,
pues cuando el Gobierno Nacional decreta la movilización de las reservas, en
los términos de la Carta Política, los civiles que tienen la calidad de
reservistas, se reincorporan a la vida militar y retoman sus obligaciones en el
servicio activo, quedando así facultada la justicia militar para aplicar sus
normas.
De otra parte,
señala que los artículos 255 a 258, que disponen el reparto de competencias
para el juzgamiento de oficiales de la Policía Nacional, no establecen
discriminación alguna entre los oficiales de la Fuerza Pública y, por lo tanto,
no vulneran el principio de igualdad (C.P., art. 13), ya que la Constitución no
exige de la ley un tratamiento siempre igual a todas las personas cuyas situaciones
sean reguladas por ella, salvo que éstas sean idénticas. En el presente asunto,
si bien se trata de servidores públicos que ostentan nominalmente el mismo
rango, éstos hacen parte de dos instituciones que tiene estructuras distintas
diseñadas conforme a los requerimientos operativos respectivos y que desempeñan
funciones constitucionales diferentes, por lo que la violación del principio de
igualdad alegada por el actor, no tiene sustento.
Finalmente,
señala que el Código Penal Militar establece y regula la constitución de la
parte civil en el proceso penal militar, pero la excluye para el proceso
especial, consagrado en el mismo código en el artículo 578, aplicable al
juzgamiento de delitos contra el servicio, el uso indebido de uniformes e insignias
de la Fuerza Pública y los contemplados en los artículos 187 a 194 ibídem. A su
juicio, dicha exclusión no se justifica, pues algunos de los delitos
tipificados en dichos artículos pueden causar daños y vulnerar derechos que no
pueden dejar de ser resarcidos.
En ese orden de
ideas, y apoyado, entre otras,  en la Sentencia C-163 de 2000 de esta
Corporación, la cual trae en cita, considera que en el inciso final del
artículo 579 demandado se configura una omisión legislativa relativa que, en
términos de la Sentencia C-543 de 1997, se presenta cuando el legislador “al
regular o construir una institución omite una condición o un ingrediente que,
de acuerdo con la Constitución, sería exigencia esencial para armonizar con
ella.”
Por lo tanto, solicita se declare la
constitucionalidad de la norma, condicionada “a que en el proceso especial de
que trata el Código Penal Militar, ha de admitirse la constitución de la parte
civil y su participación en las diversas etapas de éste, en la forma prevista
para el resto de sujetos procesales. En este sentido, ha de entenderse que los
términos previstos en dicha norma para la solicitud de pruebas y para alegar,
también deben ser reconocidos a la parte civil, si ésta se hubiere
constituido.”
VI.    CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
1.     Competencia
La
Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de
inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del
artículo 241 de la Constitución Nacional
2.      La materia sujeta a
examen
Para el demandante el artículo
117 de la Ley 522 de 1999 viola el artículo 213 de la Constitución que prohíbe
la investigación o el juzgamiento de civiles por la justicia penal militar. Los
intervinientes por su parte rechazan esta afirmación y señalan que los
reservistas llamados a servicio activo, a los que alude la disposición atacada,
son militares a los cuales les es aplicable la normatividad castrense.
El actor afirma igualmente que
los artículos 255 a 258 ibídem establecen un tratamiento discriminatorio
contra los oficiales de las Fuerzas Armadas y a favor de los oficiales de la
Policía Nacional en relación con los juzgados competentes para conocer en
primera instancia de los procesos que se adelanten contra ellos. Al respecto,
los intervinientes señalan que la violación al principio de igualdad alegada
(C.P., art. 13) no se configura pues la estructura de las instituciones
respectivas, incluida la de los órganos de juzgamiento, no resultan
comparables, amen de que para el caso de la Policía Nacional existen razones
concretas que justifican la opción tomada por el Legislador con el fin de
garantizar el principio de separación de mando y jurisdicción.
Finalmente el actor considera
violado el artículo 29 Constitucional por el inciso final del artículo 579 de
la Ley 522 de 1999, el cual, en su concepto, excluye la participación de la
parte civil y del fiscal penal militar dentro del procedimiento especial que él
regula. Al respecto la representante del Ministerio de Defensa y el Comandante
de la Fuerzas Militares defienden la norma acusada en virtud del libre
ejercicio del legislador en este campo de su potestad de configuración.
Por su parte el señor Procurador
solicita la declaratoria de constitucionalidad de la norma, pero condicionada
al reconocimiento de la intervención en dicho procedimiento especial de la
parte civil, si ésta se ha constituido.
En consecuencia, esta
Corporación deberá examinar si, como lo afirma el demandante, resulta violado
el artículo 213 de la Constitución Política, que prohibe la investigación y el
juzgamiento de civiles por la justicia penal militar, de la misma manera que
entrará a valorar la presunta violación del principio de igualdad por las
disposiciones atacadas, atendiendo al test de igualdad eventualmente aplicable
en este caso.
Finalmente, la Corte deberá
analizar si, como lo señalan tanto el demandante como el señor Procurador, el
artículo 579 de la Ley 522 viola el debido proceso (C.P., art. 29).
3.     La competencia de la Jurisdicción Penal Militar para el juzgamiento
de la conducta de “desobediencia de reservista” -delitos contra la
disciplina- no vulnera el inciso final del artículo 213 de la Constitución
Política
El demandante considera que la norma que
establece el delito de “desobediencia de reservas” (C.P.M., art. 117)
vulnera la prohibición constitucional establecida en el inciso final del
artículo 213 de la Constitución, según la cual “[e]n ningún caso los civiles
podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar”, porque a
su juicio quien haya prestado su servicio militar y  se encuentre en reserva
tiene la calidad de civil y, por lo tanto, no puede ser juzgado por la
Jurisdicción Penal Militar.
Al respecto la Corte hace las siguientes
consideraciones:
El constituyente de 1991 dispuso en el
artículo 216 de la Constitución Política i.) que la fuerza pública
estará integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, ii.) que
todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender a independencia nacional y las instituciones
públicas y iii.) que la ley determinará las condiciones que en todo
tiempo eximen de la prestación del servicio militar y las prerrogativas por la
prestación del mismo. En desarrollo de esta disposición el legislador expidió
la Ley 48 de 1993, “por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y
Movilización”.
Esta ley en su artículo 10 señala
que “todo varón colombiano está obligado a definir su situación
militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de
los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando obtengan su título de
bachiller. La obligación militar de los colombianos termina el día en que
cumplan los cincuenta (50) años de edad”[1]
En relación con el carácter obligatorio del
servicio militar esta Corporación ha señalado que:
“La obligatoriedad constitucional de prestar el servicio militar
Dispone el artículo 216 de la
Constitución, como regla general, que todos los colombianos están obligados a
tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la
independencia nacional y las instituciones públicas.
El precepto consagra el servicio militar
como obligatorio, lo cual resulta no solamente del perentorio mandato aludido
sino de la referencia constitucional a las condiciones eximentes, que
únicamente son las determinadas por la ley.
El artículo 217 señala que la Nación
tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes, constituidas por el
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, las cuales tienen como finalidad
primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional.
Resulta indudable que, a menos que se
configure una de las causales legales de exención, la prestación del servicio
militar corresponde a un deber ineludible de la persona, que tiene su
fundamento en el principio constitucional de prevalencia del interés general
(artículo 1 C.P.) y que se exige a los nacionales como expresión concreta de la
obligación genérica, a todos impuesta, de cumplir la Constitución y las leyes
(artículos 4º, inciso 2º, y 95 C.P.). Este último precepto ordena a las
personas, de manera específica, el respeto y apoyo a las autoridades
democráticas legítimamente constituídas para mantener la independencia y la
integridad nacionales.
Al respecto, la Corte Constitucional
reitera su jurisprudencia, plasmada especialmente en  las  sentencias  T-409
del 8 de junio de 1992, C-511 del 16 de noviembre de 1994 y T-363 del 14 de
agosto de 1995.
Ha sostenido la Corporación especialmente:
"El Estado, como organización
política de la sociedad, garantiza, mediante su Constitución, a los individuos
que lo integran una amplia gama de derechos y libertades, al lado de los cuales
existen obligaciones correlativas.
Los beneficios conferidos por la Carta
Política a los colombianos se hallan establecidos, de manera genérica,  en el
Título II, capítulos 1o. al 4o., pero como ella misma lo dice en su artículo
95, inciso primero, "el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
en esta Constitución implica responsabilidades".
De igual manera el artículo 2 de la
Constitución, en su inciso segundo, declara que las autoridades han sido
instituídas para "proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades  y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"
(subraya la Corte).  Es apenas lógico que, si el Estado proporciona beneficios,
reclame de quienes gozan de ellos, una mínima contribución al interés colectivo
y les imponga límites razonables al ejercicio de sus libertades".
"...en el 216, con las excepciones
que la ley señale, se exige -a título de obligación en cabeza de todos los
colombianos- "tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan
para defender la independencia nacional y las instituciones públicas".
No se trata de tiránica imposición sino de
la natural y equitativa consecuencia del principio general de prevalencia del
interés social sobre el privado, así como de las justas prestaciones que la
vida en comunidad exige de cada uno de sus miembros para hacerla posible".
(Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-409 del 8 de
junio de 1992. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
"La
propia Carta Política impone a los colombianos obligaciones  genéricas y
específicas, en relación con la fuerza pública.  En efecto, de manera general,
dentro de las obligaciones de la persona y del ciudadano se encuentran las de
"respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituídas para mantener la independencia y la integridad nacionales" o
para "defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica"; .... y de "propender al logro y mantenimiento
de la paz" (art. 95 C.N.).  Deberes estos genéricos cuya finalidad,
resulta coincidente con los fines que son propios de las instituciones
conformantes de la fuerza  pública; de suerte que no están desprovistos los
asociados del cumplimiento de obligaciones expresas que les son impuestas por
el orden superior.
Lo
que responde, sin lugar a dudas, a una concepción del Estado moderno y
contemporáneo, que al tiempo que rodea de garantías al hombre para su
realización en los distintos ámbitos de su existencia, le encarga, en la
dimensión de los deberes autoconstructivos, de las cargas de autobeneficio, del
cumplimiento de un conjunto de deberes, la mayoría de los cuales  con alcances
solidarios,  cuando nó de conservación de los principios de sociabilidad, que
permitan realizar una civilización mejor o hacer más humanos los efectos del
crecimiento económico, y de los desarrollos   políticos y sociales.
Al
mismo tiempo, la Constitución Política, establece en el marco regulador de la
fuerza pública, de manera específica, la obligación a los colombianos de tomar
las armas cuando la necesidad pública lo exija, para defender la independencia
nacional y las instituciones públicas.
Partiendo
el mismo Estatuto Superior de la necesidad "de la prestación de  un
servicio militar", defiere a la ley su regulación en cuanto a las
condiciones y prerrogativas para la prestación del mismo. Y lo que interesa de
manera especial en este proceso, le encarga también la definición de las
condiciones que eximen de su prestación.  Luego, no sólo previó la Carta
Política la posibilidad de que la ley estableciera, con un carácter
obligatorio, la prestación del servicio militar, como se desprende de la
habilitación expresa que otorga al legislador para la determinación de las
condiciones que en todo tiempo eximen del mismo, sino que facultó al legislador
para establecer diferencias entre quienes presten o no el servicio militar.
Esto último según se desprende de las competencias para determinar "las
prerrogativas por la prestación del mismo", que no sólo permiten que la
ley establezca beneficios para quien preste el servicio militar, sino que la
habilitan para imponer sanciones a quienes no lo hagan, conforme a sus propias
prescripciones". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-511
del 16 de noviembre de 1994. M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz).
"La de prestar el servicio militar es
una obligación de naturaleza constitucional que corresponde a exigencias
mínimas derivadas del deber genérico impuesto a los nacionales respecto del
sostenimiento y defensa de la soberanía, la guarda del orden institucional y el
mantenimiento del orden público.
La calidad de nacional no solamente
implica el ejercicio de derechos políticos sino que comporta la existencia de
obligaciones y deberes sociales a favor de la colectividad, en cabeza de
quienes están ligados por ese vínculo.
En toda sociedad los individuos tienen que
aportar algo, en los términos que señala el sistema jurídico, para contribuir a
la subsistencia de la organización política y a las necesarias garantías de la
convivencia social.
La Constitución, como estatuto básico al
que se acogen gobernantes y gobernados, es la llamada a fijar los elementos
fundamentales de la estructura estatal y el marco general de las funciones y
responsabilidades de los servidores públicos, así como los compromisos que
contraen los particulares con miras a la realización de las finalidades
comunes.
En ese orden de ideas, es la Carta
Política la que debe definir si el Estado mantiene para su defensa un conjunto
de cuerpos armados (la Fuerza Pública) y, claro está, en el caso de optar por
esa posibilidad, el Estado no tiene otro remedio que apelar al concurso de los
nacionales para la conformación de los mismos". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-363 del 14 de agosto de
1995. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).”[2]
Dicha obligatoriedad no resulta contradicha
ni aún con la figura de la objeción de conciencia, pues como ha señalado la
Corte:
“Esta
Corporación ha tenido oportunidad de indicar, que no existe en nuestro régimen
relacionado con el servicio militar la figura de la "objeción de
conciencia", por cuanto  no resulta del fuero propio de las exigencias del
servicio militar el autorizar a los ciudadanos para no atender  este deber  esencial,
cuyos basamentos  se encuentran  no sólo en lo dispuesto en la ley sino
justamente en la conciencia del propio compromiso  social.  En efecto, en
oportunidad reciente se ha afirmado:
"La
garantía de la libertad de conciencia no necesariamente incluye la
consagración positiva de la objeción de conciencia para prestar
el servicio militar.  Esta figura, que en otros sistemas permite al individuo
negarse a cumplir una obligación como la mencionada cuando la actividad
correspondiente signifique la realización de conductas que pugnan con sus
convicciones íntimas, no ha sido aceptada por la Constitución colombiana como
recurso exonerativo de la indicada obligación.
"La
objeción de conciencia, es definida por Venditti como 'la resistencia a
obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de
conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito'.1
"El
objetor de conciencia, en los estados que consagran esa posibilidad, no incurre
en violación de las prescripciones constitucionales y legales sobre servicio
militar por el hecho de adoptar una posición negativa frente a la obligación
que se le impone, sino que, dadas las condiciones que el respectivo régimen
jurídico establezca, hace uso de un verdadero derecho, que debe ser reconocido
por las autoridades. Estas, en un buen número de casos, canjean con el objetor
las prestaciones que normalmente le corresponderían por otras de similares
condiciones que no impliquen transgresión a los principios que alega derivados
de su conciencia.  Allí no puede hablarse de desobediencia civil o de remisión
a prestar el servicio.
"Si,
como ya se ha dicho, la obligación de prestar el servicio militar es desarrollo
del postulado según el cual los intereses colectivos prevalecen sobre los
individuales y si,  además, el Estado al exigirlo no puede desconocer la
igualdad de las personas ante la ley, cuyos dictados deben ser objetivos e
imparciales, es evidente que la objeción de conciencia para que pueda
invocarse, requiere de su expresa institucionalización dentro del respectivo
ordenamiento jurídico. Es decir, las autoridades no pueden admitirla sin estar
contemplada su posibilidad ni fijadas en norma vigente las condiciones dentro
de las cuales ha de reconocerse; hacerlo sin ese fundamento en casos
específicos representaría desbordamiento de sus atribuciones y franca violación
del principio de igualdad, aparte de la incertidumbre que se generaría en el
interior de la comunidad.
"De
allí que deba afirmarse la impracticabilidad de tal figura en cualquiera de sus
modalidades en aquellos sistemas constitucionales que no la han consagrado,
como acontece en el caso colombiano. Una propuesta en el sentido de
introducirla expresamente en el texto de la Carta de 1991, presentada por el
constituyente Fernando Carrillo fue negada por la Asamblea Nacional Constituyente,
sin que pueda afirmarse que de los textos aprobados se deduzca siquiera un
principio de objeción. De allí que no sea procedente, a la luz del ordenamiento
en vigor, acceder a las pretensiones del demandante relacionadas con la
sustitución o exclusión de los deberes propios del servicio militar, a favor de
sus representados." (Sentencia T-409 de junio 8  de 1992. M.P. Dr. José
Gregorio Hernández Galindo).
Si se tiene en cuenta que el servicio
militar tiene por finalidad constitucional, la participación  ciudadana en el
logro y mantenimiento de la paz, se observa lo infundado del cargo en el
sentido que la Ley 48 sea contraria al mandato del artículo 22 de la Carta
Política”[3].
En consecuencia, en el estado actual del
ordenamiento constitucional colombiano, por principio todo varón colombiano
tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del
lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, no obstante si se
trata de un estudiante de último año de estudios secundarios, sin importar la
edad, deberá inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio
del respectivo plantel educativo, requisito sin el cual no podrá formular
solicitudes de exención o aplazamiento[4].
La elección
para ingresar al servicio militar se hará por el procedimiento de sorteo entre
los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del proceso
de acuerdo con el potencial humano disponible y las necesidades de reemplazos
en las Fuerzas Militares.
Cumplidos los
requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y
hora determinados por las autoridades de Reclutamiento, con fines de selección
e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del
servicio militar (Ley 48 de 1993, art. 20).
Quienes por
razón de una causal de exención, inhabilidad o falta de cupo, hayan sido
eximidos de la prestación del servicio militar bajo banderas deberán pagar una
contribución pecuniaria al Tesoro Nacional, denominada "cuota de
compensación militar" (Ley 48 de 1993, art. 22).
Ahora bien, de conformidad con el artículo 49
de la Ley 48 de 1993, “[s]on reservistas de las Fuerzas Militares los
colombianos desde el momento en que definan su situación militar hasta los 50
años de edad”, salvo las excepciones de ley (Art. 27 ibídem). Dichos
reservistas pueden ser de primera clase (Art. 50)[5], de segunda clase (Art.
51)[6] y de honor (Art. 52)[7] y a su vez, por razón
de la edad, pueden ser clasificados en reservistas de primera, segunda y
tercera línea (Art. 53 ibídem)[8].
En los términos del artículo 55 ibídem,
el Gobierno Nacional podrá hacer un “llamamiento especial de reservas”,
en tiempo de paz y cuando lo considere necesario, convocando temporalmente a
las reservas de la Fuerza Pública con fines de instrucción, entrenamiento,
revisión, y situación de orden público, en desarrollo de los planes de
movilización[9].
En relación con dicho artículo la Corte se
pronunció mediante Sentencia C-511 de 1994 en la que se declaró la
exequibilidad de la expresión “en tiempo de paz y cuando lo considere
necesario”. Al respecto señaló esta Corporación que:
“La
parte acusada del artículo 55 de la ley, no es inconstitucional, pues permite
habilitar a los reservistas para el cumplimiento de sus deberes
constitucionales, en lo que tiene que ver con su instrucción, entrenamiento, o
para directamente cumplirlos, atendiendo requerimientos de orden público, en
desarrollo de planes de movilización (arts. 56, 57, 58, 59, 60 y  61 de la Ley
48 de 1993).
Los cargos de violación de la normatividad
acusada por omisión son infundados, pues  parten de la base falsa sentada por
el demandante de la inconstitucionalidad del carácter obligatorio de la
prestación del servicio militar conforme a la ley. (...)”[10]
Para la Corte no debe olvidarse en efecto que
el llamamiento de las reservas se hace en el marco de la función que la
Constitución radicó en cabeza de las Fuerzas Militares y que consiste en “la
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional”, por lo que cuando el Gobierno decide
llamar a sus reservas al servicio está ejerciendo las potestades y facultades
que el constituyente le otorgó para el debido cumplimiento de los fines
esenciales del Estado, entre los cuales está el de “defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica
y la vigencia de un orden justo” (C.P., art. 2º).
Ahora bien,
para efectos del estudio que adelanta la Corporación en el presente asunto, es
importante precisar que la disposición atacada[11]
se aplica exclusivamente a aquellas personas que han prestado el servicio
militar obligatorio (reservistas de primera clase), los cuales gozan de las
prerrogativas que la ley ha señalado para ellos, de la misma manera que están
sometidos a los deberes que las mismas normas les imponen[12].
Estas personas
que han jurado bandera, han recibido un entrenamiento militar, y en
determinados casos han obtenido el grado de subtenientes, o de suboficiales de
reserva[13],
tienen en efecto un régimen especial que incluye una serie de beneficios a los
que alude el artículo 40 de la Ley 48 de 1993. Norma que es del siguiente
tenor:
“ARTICULO 40. Al término de la prestación del
servicio militar. Todo colombiano que haya prestado el servicio militar
obligatorio, tendrá los siguientes derechos:
a) En las entidades del Estado de cualquier orden el
tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión
de jubilación de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley;
b) A los bachilleres que presten el
servicio militar y aspiren a continuar estudios en centros de educación
superior, el puntaje obtenido en las pruebas de Estado o su asimilado,
realizado por el Icfes o entidad similar, se le sumará un número de puntos
equivalente al 10% de los que obtuvo en las mencionadas pruebas. El Icfes
expedirá la respectiva certificación.[14]
PARAGRAFO. Cuando el bachiller, haya sido
admitido en la universidad pública o privada, éstas tendrán la obligación, en
caso de prestar el servicio militar, de reservar el cupo respectivo hasta el
semestre académico siguiente al licenciamiento;
c) Cuando termine estudios universitarios o
tecnológicos en Colombia o en el exterior previa
convalidación, será eximido de la prestación del 50% del tiempo del servicio
social obligatorio de acuerdo con el respectivo programa académico para la refrendación del titulo profesional, con
autorización del organismo competente;
d) Ingresar sin examen de admisión a las
Escuelas de Capacitación Agropecuaria e Industrial, al SENA o a Institutos
similares previa presentación de la tarjeta de reservista de primera clase;[15]
e) Cuando se haya distinguido por sus
cualidades militares, podrá ser becado en las escuelas de formación de Oficiales
y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional;
f) Las entidades o
empresas oficiales, compañías de seguridad y vigilancia, Aduana Nacional y
resguardos de rentas o similares, darán prioridad de empleo a los reservistas
de primera clase, sin perjuicio de las normas especiales de ingreso que lijan
en cada entidad;
g) Las becas y
préstamos que otorguen las instituciones o entidades oficiales, para
estudiantes que cursan estudios universitarios, se otorgarán con prelación a
quienes hayan prestado el servicio militar.
PARAGRAFO 1° El
Icetex creará una línea especial de crédito para los soldados bachilleres que
ingresen a las universidades.
PARAGRAFO 2° El
Gobierno Nacional creará una línea especial de crédito de fomento a largo
plazo, con el objeto de propiciar el regreso la actividad agropecuaria de los
soldados campesinos en el fomento de formas de economía solidaria, tales como
microempresas entre quienes prestaron el servicio militar;
h) Cuando un
soldado, en cumplimiento de su deber, reciba lesiones permanentes que le
impidan desempeñarse normalmente, el Estado tiene la obligación de darle una
capacitación que elija hasta el grado profesional de instrucción. La obligación
del Estado cesará cuando el beneficiario rechace el ofrecimiento o cuando se
deduzca su desinterés por su bajo rendimiento.
PARAGRAFO. El Estado
le pagará una asignación mensual equivalente a un salario mínimo mensual legal
por el tiempo que dure desempleado. Esta obligación cesará cuando el Estado lo
incorpore laboralmente o cuando el ofrecimiento sea rechazado sin justa causa
por el beneficiario.”
Adicionalmente a esos beneficios, el
legislador previó otro en el artículo 1º de la Ley 264 de 1996[16] que dispuso: “[l]os
colombianos que hubiesen prestado el servicio militar obligatorio y que por tal
razón ostenten el título de reservistas del Ejército, de la Armada o de la
Policía[17],
tendrán prioridad en los programas de reforma agraria y en los que se refieren
a vivienda de interés social que impulse el Gobierno, dándole preferencia a los
de la región y a los que acrediten su calidad de campesinos”.
En ese orden de
ideas se tiene que, los reservistas estarán obligados a concurrir a la
convocatoria en el lugar, fecha y hora señalados en el Decreto de Movilización
o llamamiento especial. Los reservistas residentes en el extranjero deberán
presentarse en el termino de la distancia ante las autoridades consulares
colombianas más cercanas.
El reservista movilizado tiene derecho en
todo caso a que el Estado le reconozca pasajes y viáticos para su traslado al
lugar de incorporación, su sostenimiento durante el desplazamiento y el regreso
a su domicilio al término del servicio (Art. 60 ibídem).
Obviamente y de acuerdo con una lectura
sistemática de la Ley 48 de 1993, en caso de presentarse alguna de las
circunstancias que eximen en todo tiempo de la obligación de prestar el
servicio militar que consagra el artículo 27 ibídem, o si en tiempo de
paz se configura alguna de las causales consagradas en el artículo 28 ibídem,
esta circunstancia deberá ser considerada por las autoridades militares.
Así mismo debe
tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 58 de la Ley 48 de 1993 las
empresas y organismos nacionales o extranjeros, entidades oficiales y privadas
establecidas en Colombia, en caso de movilización o llamamiento especial están
obligadas a conceder a sus empleados y trabajadores el permiso para su
incorporación por el tiempo requerido y a reintegrarlos a sus puestos una vez
terminen su servicio en filas, so pena de incurrir en multa de hasta 10
salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada ciudadano que no reintegre
en su respectivo cargo. Así mismo precisa el citado artículo 58 que la
interrupción causada por la movilización o llamamiento especial al servicio no
ocasiona la terminación del contrato de trabajo o la cesación en el cargo.
Con base en las
anteriores consideraciones para la Corte, contrariamente a lo sostenido por el
actor, cuando una persona tiene la calidad de reservista de primera clase y es
llamado al servicio, en los términos antes descritos, readquiere la calidad de
militar en servicio activo, desde el mismo momento en que se formaliza dicho
llamamiento.
En efecto, una
vez el Gobierno Nacional convoca a las reservas, mediante acto administrativo,
indicando el lugar, la fecha y la hora en que deben presentarse, a partir de
ese momento se entienden nuevamente vinculadas al servicio activo y, por lo
tanto, les son aplicables las normas que regulan la actividad militar.
En ese orden de ideas, carece de fundamento
la afirmación hecha por el demandante en el sentido de que se viola la
prohibición contenida en el artículo 213 de la Carta, pues el artículo 117 del
Código Penal Militar es una disposición aplicable a los militares, calidad que,
como ya se señaló es predicable de los reservistas de primera clase que han
sido llamados al servicio activo.
Atendiendo las anteriores consideraciones
esta Corporación rechazará el cargo planteado por el demandante y declarará la
exequibilidad del artículo 117 de la Ley 522 de 1999, en el entendido que si se
presenta alguna causal que exonere de la prestación del servicio militar (Ley
48 de 1993, arts. 27 y 28) ésta podrá invocarse, si fuere el caso, por el
reservista, en los términos allí señalados.
Finalmente precisa la Corte que si bien esta
materia hace relación a una serie de elementos complejos que, como el de la
objeción de conciencia, merecerían eventualmente ser objeto de estudio por esta
Corporación[18],
un debate en este sentido solo podría realizarse en el marco de un proceso en
el que con base en un cargo específico planteado en la respectiva demanda se de
aplicación a la plenitud de las formas propias del juicio de
constitucionalidad.
4.     Los artículos 255 a 258 de la Ley 522 de 1999 no vulneran el
principio de igualdad
Para el
demandante la competencia atribuida en los artículos 255 y 256 de la Ley 522 de
1999 a los juzgados de la Dirección General y de la Inspección General de la
Policía Nacional para conocer en primera instancia de los procesos que se
adelanten contra los oficiales superiores y oficiales subalternos de esa
institución, establece un trato discriminatorio en contra de los oficiales del
mismo rango pertenecientes a la Armada Nacional, a la Fuerza Aérea y al
Ejercito Nacional que deben ser investigados por Jueces de Brigada o de
División, que equivalen, en concepto del actor, a los juzgados de Departamento
de Policía y de Metropolitana, a los cuales se les otorgó competencia para
investigar y juzgar  suboficiales, personal de nivel ejecutivo, agentes y
personal que preste el servicio militar (Ley 522, arts. 257 y 258).
La Corte al
respecto constata sin embargo, que las disposiciones atacadas establecen en
este caso tratamiento diferente a situaciones distintas, al tiempo que
responden a los criterios establecidos por esta Corporación para justificar la
diferenciación que el legislador hace en ciertas circunstancias atendiendo elementos
objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad
constitucional legítima.
En efecto, como ha dicho esta Corporación en
forma reiterada:
"En la realización del juicio de
igualdad es necesario establecer, cuáles son las situaciones o supuestos que
deben ser objeto de comparación, desde el punto de vista objetivo o material y
funcional, atendiendo todos los aspectos que sean relevantes en las respectivas
relaciones o circunstancias, con el fin de determinar qué es lo igual que
merece un trato igual y qué es lo divergente que exige, por consiguiente, un
trato diferenciado. Realizado esto, es preciso determinar si el tratamiento que
se dispensa en una situación concreta obedece o no a criterios que sean
objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad
constitucional legítima"[19].
Así, en el juicio de igualdad propuesto[20] lo primero que ha de
tenerse en cuenta es que el término de comparación utilizado por el actor
resulta inapropiado, pues no es posible establecer, válidamente, una
equivalencia entre los juzgados de los Departamentos de Policía y Policías
Metropolitanas, y los jueces de Brigadas y Divisiones del Ejército Nacional, la
Fuerza Aérea y la Armada Nacional.
Tanto por
razones que aluden a las finalidades diferentes de las instituciones señaladas,
como a su estructura y organización específicas, tal equiparación no es
conducente.
Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional
cuentan con una organización jerárquica, que no es sin embargo idéntica, pues
ésta depende de las funciones específicas que cada una está llamada a cumplir.
En este sentido esta Corporación debe
recordar que si bien las instituciones señaladas hacen parte de la Fuerza
Pública (C.P., art. 216), cumplen funciones constitucionales distintas que no
resultan equiparables  y que hacen improcedente una asimilación mecánica  de
una y otra en términos de estructura y de organización.
Así mientras que a las Fuerzas Militares la
Carta Política les asigna la finalidad primordial de defender la soberanía
nacional, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden
constitucional (C.P., art. 217), a la Policía Nacional, definida como un cuerpo
armado de naturaleza civil, la misma Carta le atribuye el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas
y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (C.P., art. 218)
No son pues organizaciones comparables y en
relación con las competencias fijadas para los organismos encargados del
juzgamiento de los oficiales respectivos, éstas no tienen porque responder a
idénticas consideraciones, pues ellas variarán de acuerdo con las funciones
particulares que les asigna la Constitución y que determinan su estructura.
De otra parte cabe recordar que en atención
al principio de separación de mando y jurisdicción, adoptado por el legislador
bajo el enunciado de independencia y autonomía del juzgador (C.P.M., art. 214)[21] y sobre el cual se
hizo particular énfasis durante el trámite del proyecto respectivo, la solución
adoptada para el caso de la Policía Nacional se encuentra claramente
justificada.
En efecto, sobre este punto esta Corporación
ya señaló que:
“11. Dentro de los
propósitos que animaron la expedición de la Ley que ahora se examina, la garantía
de la imparcialidad en el juez penal militar ocupó un interés especial para el
legislador. Así se constata en la revisión de los antecedentes del debate
legislativo en el Congreso Nacional. Sobre la necesidad de desvincular al
juzgador castrense de los intereses o presiones que se pueden derivar de las
relaciones jerárquicas que se dan dentro del seno de la organización militar,
se hicieron las siguientes observaciones en la exposición de motivos al
proyecto correspondiente:
‘En este sentido, ha
sido aspiración manifiesta del propio estamento castrense, que se modifique la
estructura de la justicia penal militar existente, de conformidad con la cual
se radica en cabeza del funcionario que juzga, la doble condición de juez y
parte. El actual Código de Justicia Penal Militar, coloca al juez militar ante
la casi imposible tarea, irrealizable para cualquier ser humano, de evaluar con
objetividad e imparcialidad las conductas de sus propios subordinados, que en
mucha ocasiones han obrado siguiendo sus órdenes y con quienes, además, ha
compartido los atavares de la acción bélica, en cuya vivencia común se gesta
naturalmente una inextirpable solidaridad entre quienes comparten tal clase de
experiencia’.
‘La separación del
mando y la jurisdicción que este proyecto consagra busca aliviarlo de tan
pesado lastre, echando así las bases para su ejercicio más objetivo e imparcial’[22]”[23]
Al respecto, como lo recuerda el señor
Procurador en su intervención, se debe tener en cuenta que el número de
oficiales en las Policías Metropolitanas y en los Departamentos de Policía es
reducido, lo que dificulta de manera importante la integración de Cortes
Marciales con prescindencia de la línea de mando, contrariamente a lo que
sucede, por ejemplo, en la Divisiones y Brigadas del Ejercito que cuentan con
el número de oficiales suficiente para integrar sus Cortes Marciales asegurando
el principio aludido de separación de mando y jurisdicción, por lo que en el
caso de la Policía Nacional resultaba razonable que el legislador optara,
dentro su potestad de configuración, por radicar la competencia para conocer en
primera instancia de los procesos contra los oficiales superiores y oficiales
subalternos de la institución en los juzgados de la Dirección General y de la
Inspección General, respectivamente.
No siendo
equiparables los juzgados a que alude el demandante y existiendo razones
concretas que explican la opción  tomada por el legislador, no le asiste razón
al demandante sobre la presunta violación del principio de igualdad en este
caso, por lo que el cargo planteado contra los artículos 255 a 258 de la Ley
522 de 1999 por este concepto no prospera y así se declarará en la parte
resolutiva de esta Sentencia.
5.      La constitucionalidad condicionada del inciso final del
artículo 579 de la Ley 522 de 1999
Para el demandante el procedimiento especial
establecido en el artículo 579 de la Ley 522 de 1999 excluyó a la parte civil y
al Fiscal Penal Militar, desconociendo su carácter de sujetos procesales al
tenor de lo estatuido en la propia Ley 522 de 1999 en su libro tercero, titulo
quinto.
Dicho procedimiento especial, que consagran los
artículos 578 y 579 del Código Penal Militar[24],
desconocería entonces en su concepto el debido proceso (C.P., art. 29) por lo
que concretamente el inciso atacado, al establecer únicamente la intervención
del Ministerio Público y del Defensor, debería declararse inconstitucional.
Para el señor Procurador por su parte esta disposición
consagraría efectivamente la exclusión de la parte civil, con la consecuente
imposibilidad para los afectados por el ilícito de hacer valer sus derechos y
de obtener la reparación que el ordenamiento penal ordinario consagra
claramente y en relación con el cual esta Corporación se ha pronunciado
afirmativamente en diversas sentencias[25],
por lo que solicita la declaratoria de constitucionalidad condicionada de la
norma en el sentido de entender que los términos previstos en ella para la
solicitud de pruebas y para alegar, también deben ser reconocidos a la parte
civil, si ésta se ha constituido.
En relación con este cargo la Corte hace las
siguientes consideraciones:
En primer lugar esta Corporación considera necesario
hacer una lectura sistemática de la Ley 522 de 1999 en relación con la figura
de la parte civil y sus características dentro del procedimiento penal militar,
con énfasis en la finalidad específica que para ella se señala en los artículos
305 a 310 de dicha disposición.
En estos artículos se precisa que “[l]a
constitución de parte civil en el Proceso Penal Militar tiene por objeto
exclusivo el impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los
hechos” y que “[é]sta podrá constituirse por el perjudicado con el
delito y por intermedio de Abogado titulado, desde el momento de la apertura de
la investigación hasta antes de que se dicte el auto que señala fecha y hora
para la iniciación de la audiencia pública de juzgamiento” (C.P.M., art.
5º)
Admitida la demanda de parte civil, cuyos
requisitos se señalan en el artículo 306 de la ley[26], dicha parte quedará
facultada para “solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la
existencia del hecho punible, la identidad de los autores o partícipes, y su
responsabilidad”, así como para interponer recursos contra las providencias
que resuelvan sobre las materias señaladas. (C.P.M., art. 309).
Es entonces un ámbito preciso el que se señala en la
Ley 522 de 1999 para la actuación de la parte civil en los artículos aludidos,
cuyo contenido debe concordarse a su vez con las disposiciones relativas a la
reparación del daño dentro del procedimiento penal militar a que se refieren los
artículos 106 a 108 de la misma ley.
No debe olvidarse en efecto que dentro del
procedimiento penal militar, el resarcimiento de perjuicios se reconoce
claramente como un derecho de las personas afectadas por el hecho punible, pero
que deberá obtenerse ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.
Así señalan concretamente dichos artículos que :
“ARTICULO 106. REPARACION DEL DAÑO.
El hecho punible origina obligación de  reparar  los daños materiales y morales
que de él provengan.
ARTICULO 107. TITULARES DE LA ACCION
INDEMNIZATORIA. Las personas naturales, o sus sucesores, y las jurídicas
perjudicadas por el hecho punible tienen derecho a la acción indemnizatoria
correspondiente, la cual se ejercerá a través de las acciones
contencioso-administrativas de conformidad con lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo o las normas que lo modifiquen o complementen.
ARTICULO 108. DEBER DE INDEMNIZACION DEL
ESTADO. El Estado debe reparar los daños a que se refiere el artículo 106 del
presente Código.
En el evento de ser condenado el Estado
como consecuencia de un proceso judicial a la reparación patrimonial  de uno de
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un miembro de la Fuerza Pública, aquel deberá repetir contra éste.
En ningún caso la justicia penal militar
podrá condenar al pago de perjuicios al miembro de la Fuerza Pública penalmente
responsable.”
Es decir que dentro del proceso penal militar la
actuación de la parte civil se establece de manera precisa, limitando su
actuación al impulso procesal para contribuir a la búsqueda de la verdad de los
hechos y que el tema del resarcimiento de perjuicios se concentra en la
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, excluyendo expresamente la
competencia de la justicia penal militar en este campo.
Cabe aclarar que la valoración acerca de la
constitucionalidad de las disposiciones que fijan las características señaladas
en el Código Penal Militar para la intervención de la parte civil, no ha sido
planteada en este proceso, por lo que ésta se deberá hacer en el momento en que
las normas respectivas sean objeto de demanda ante esta Corporación, y no en la
presente oportunidad en la que se analiza exclusivamente la constitucionalidad
del inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999.
En este contexto entra la Corte a examinar los
argumentos expuestos por el demandante y por el señor Procurador en relación
con dicho inciso, a propósito de la exclusión de la parte civil del
procedimiento especial a que éste alude.
Al respecto
esta Corporación debe señalar que ni de las normas que establecen los
presupuestos para la constitución e intervención de la parte civil en el
procedimiento penal militar, atrás citados, ni del texto de la disposición en
que se contiene el inciso atacado se desprende que esté prohibida la
constitución de la parte civil en este tipo de procedimiento.
Efectivamente, el artículo 579 de la Ley 522
de 1999 señala que para el caso de los delitos a que alude el artículo 578 ibídem[27].
“[e]l Juez adelantará y perfeccionará la
investigación en el término de quince (15) días. Se oirá en indagatoria al
procesado y se le resolverá su situación jurídica dentro de los dos (2) días
siguientes. Si no fuere posible recibir la indagatoria dentro del término de
instrucción señalado anteriormente, se le emplazará por dos (2) días, se le
declarará persona ausente y se le designará Defensor de oficio.
Perfeccionada la investigación, el Juez de
primera instancia por auto de sustanciación, declarará la iniciación del juicio
y dará traslado a las partes por dos (2) días para que soliciten las pruebas
que estimen necesarias; si fueren conducentes las decretará. También podrá
de oficio ordenar la práctica de pruebas.
Las pruebas se practicarán dentro de los
cinco (5) días siguientes.
Vencido el
término anterior, se dará traslado al Ministerio Público para concepto por
cinco (5) días y al Defensor por igual término para alegar. Se pronunciará
fallo dentro de los cinco (5) días siguientes”[28].
De la lectura de este artículo
se desprende para la Corte que en el caso que la parte civil se haya
constituido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 305 a 310 de la Ley
522 de 1999, podrá solicitar pruebas, así como impugnar la providencia que las
decrete, pues ha de entenderse que el inciso segundo del artículo 579,
transcrito, al señalar que se trasladará a las partes para que soliciten pruebas
incluye a la parte civil, si ésta se ha constituido dentro del proceso.
Ahora bien, mas allá de la
afirmación de la posibilidad de intervenir en este procedimiento especial
(C.P.M., arts. 578 y 579), la Corte considera que el carácter de sujeto procesal
que se le asigna a la parte civil en el Código Penal Militar, efectivamente se
afecta con el inciso final del mismo artículo 579, transcrito, pues resulta
claro que esta disposición desconoce sus derechos, al circunscribir el traslado
para alegar al defensor y para rendir concepto al Procurador, una vez cumplido
el término probatorio, excluyendo a la parte civil, en un momento procesal, sin
duda el más importante, en el que su intervención para controvertir y analizar
las pruebas decretadas es plenamente conducente, de acuerdo con la finalidad
que le fue establecida en el Código Penal Militar.
De otra parte, si bien no asiste
razón al señor Procurador cuando afirma que se desconoce en este caso la
Constitución al impedirse la posibilidad de solicitar el resarcimiento del daño
causado, pues como ya se señaló la demanda respectiva deberá presentarse ante
la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo (C.P.M., arts. 106 a 108),
esta Corporación debe tener en cuenta que en el proceso adelantado ante dicha jurisdicción,
la decisión adoptada dentro del proceso penal militar servirá de base para el
análisis de los perjuicios causados por los delitos a los cuales este
procedimiento se aplica[29].
Es decir que la participación de
la parte civil en este procedimiento especial no solo resulta concordante con
el objetivo que la Ley 522 de 1999 le señala como sujeto procesal dentro del
procedimiento penal militar, sino que dicha intervención se hace necesaria para
garantizar la protección de sus derechos, en materia de indemnización de
perjuicios, indemnización que podrá  excluirse o limitarse en función del
pronunciamiento de la justicia penal militar, al momento de ser estudiada por
la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo.
Atendiendo estas consideraciones
la Corte estima necesario condicionar la Constitucionalidad del inciso atacado,
en el sentido de entenderse que la parte civil, en caso de haberse constituido,
interviene también en esta etapa del procedimiento debiendo en consecuencia
corrérsele traslado para alegar.
Finalmente teniendo en cuenta
que el demandante señala que la disposición atacada viola igualmente el
artículo 29 constitucional, al omitir la participación del Fiscal Penal
Militar, reconocido como sujeto procesal de acuerdo con el artículo 292 de la
Ley 522 de 1999[30],
la Corte debe señalar que, contrariamente a lo que sucede en el caso de la
parte civil, tal circunstancia no desconoce el núcleo esencial del debido
proceso.
En efecto, como tuvo oportunidad
de señalar esta Corporación, en la Sentencia C-361 de 2001, la figura del
Fiscal Penal Militar es una innovación introducida
por la Ley 522 de 1999, con la intención de incorporar un elemento acusatorio
dentro de la estructura del procedimiento penal militar. Intención legislativa
que fue explícita, como se deduce de la exposición de motivos al proyecto de
ley correspondiente en donde se dijo:
“Según lo expresó el
señor Presidente, al momento de instalar la mencionada comisión (se refiere a
la comisión redactora del nuevo Código Penal Militar), ésta debería encargarse
de analizar expresamente determinados aspectos, entre los que pueden señalarse
el señalamiento del “alcance de las conductas que se encuentran cobijadas por
la noción de “Acto del Servicio”, la separación de las “funciones de
investigación y juzgamiento, de aquellas relacionadas con la comandancia
operativa de la Fuerza Pública”, la adopción del “sistema acusatorio” en el
interior de la justicia castrense mediante la creación de una “Fiscalía
Militar”, integrada dirigida y operada por “miembros de la propia fuerza
pública”.[31] (Paréntesis y negrillas por
fuera del original).
Atendiendo estas consideraciones,
el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración de los
procedimientos judiciales, introdujo efectivamente, un elemento acusatorio
dentro del proceso penal militar, por lo que hoy en día, de manera general,
éste se desarrolla en varias fases o etapas, la primera de las cuales es la
fase de investigación, que es adelantada por funcionarios de instrucción. En
una segunda etapa, los fiscales califican el sumario y si es el caso profieren
la resolución de acusación. Finalmente viene la etapa del juicio penal militar
propiamente dicho[32].
Ahora bien, el legislador, en uso de esa misma potestad, bien pudo considerar
que en función del principio de celeridad y de las características propias del
procedimiento regulado por los artículos 578 y 579 de la Ley 522 de 1999, la
intervención del Fiscal Penal Militar no se hacía necesaria, sin que con ello
haya desbordado el ejercicio de sus competencias.
VII.   DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.-
Declarar EXEQUIBLE el artículo 117 de la Ley 522 de 1999 en el entendido
que el reservista podrá invocar, si es del caso, las causales de exención
establecidas en la ley.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLES los artículos 255, 256, 257 y 258 de la Ley 522 de
1999, por el cargo analizado en esta sentencia.
Tercero.-
Declarar EXEQUIBLE el inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de
1999, en el entendido que deberá darse traslado para alegar a la parte civil,
en caso de que ésta se hubiere constituido en el respectivo proceso.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ALFREDO
BELTRAN SIERRA
Presidente
JAIME ARAUJO
RENTERIA
Magistrado
MANUEL JOSE
CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CORDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR
GALVIS
Magistrado
CLARA INES
VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria
General
Salvamento especial de voto a la Sentencia
C-740/01
SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD
CONDICIONADA-Especificidad/OBJECION DE
CONCIENCIA POR RESERVISTA-Presentación (Salvamento especial de voto)
DEBER DE EMPUÑAR LAS ARMAS Y DERECHO A LA
LIBERTAD DE CONCIENCIA-Armonización (Salvamento
especial de voto)
NORMA ACUSADA-Perspectivas
de análisis (Salvamento especial de voto)
RESERVISTA-No
cambio de status civil por acto de llamamiento al servicio (Salvamento especial
de voto)
RESERVISTA-Status
de miembro activo por acto de llamamiento al servicio (Salvamento especial de
voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-No supeditada a previa regulación legal de la materia (Salvamento
especial de voto)
SERVICIO MILITAR Y LIBERTAD DE CONCIENCIA-Regulación legislativa o ejercicio de derechos por acción de tutela
(Salvamento especial de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Protección efectiva (Salvamento especial de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Desarrollo legislativo (Salvamento especial de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Regulación legislativa de la prueba y el procedimiento (Salvamento
especial de voto)
Referencia:
expedientes D-3318
Demandas de inconstitucionalidad contra los
artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999
- Código Penal Militar -.
Actor: Jaime
Chaves Rincón
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO
TAFUR GALVIS
Con el debido respeto, en este salvamento de
voto expreso las razones por las cuales no acompañé a la mayoría que voto por
la exequibilidad condicionada de la norma demandada.
1. En primer lugar, estimo que el
condicionamiento[33]
ha debido ser más específico y hacer referencia expresa al artículo 18 de la
Constitución Política del cual se deduce claramente que el reservista llamado
puede elevar una objeción de conciencia con el fin de hacer respetar uno de los
elementos esenciales de su libertad consistente en no ser compelido a “actuar
contra su conciencia”. El condicionamiento adoptado por la Sala incluye
tácitamente esta posibilidad y, por esta razón, comparto la aclaración de voto
del magistrado Alfredo Beltrán Sierra a la cual adhiero. Salvo el voto porque
considero que en una materia entrañablemente unida al núcleo intangible y
mínimo de derechos fundamentales y, al mismo tiempo, altamente sensible debido
al contexto de conflicto armado colombiano, la Corte ha debido abordar en
extenso el tema de la armonización entre el deber constitucional de empuñar las
armas para defender la independencia nacional y las instituciones
constitucionales (art. 216 inciso 2 C.P.) y el derecho constitucional
fundamental a la libertad de conciencia (art. 18 C.P.), y no aplazar el debate
tal y como se explica en la parte motiva de la sentencia cuando se dice:
“Finalmente precisa
la Corte que si bien esta materia hace relación a una serie de elementos
complejos que, como el de la objeción de conciencia, merecerían eventualmente
ser objeto de estudio por esta Corporación[34],
un debate en este sentido solo podría realizarse en el marco de un proceso en
el que con base en un cargo específico planteado en la respectiva demanda se de
aplicación a la plenitud de las formas propias del juicio de
constitucionalidad.”
2. En segundo lugar, resulta
ineludible analizar la constitucionalidad de la norma demandada a la luz del
art. 18 de la Constitución Política, así el demandante no hubiere formulado un
cargo específico. Ello, no sólo porque la Corte debe juzgar las normas
demandadas con base en toda la Constitución (Decreto 2067 de 1991, art. 22),
sino porque el argumento acogido por la mayoría parte del supuesto de que con
el acto administrativo de llamamiento el reservista que hubiere prestado el
servicio militar obligatorio pierde su status de civil para convertirse en
militar en servicio activo, lo que justificaría que fuera juzgado por un juez
militar en caso de desobediencia por negarse a acudir al llamamiento. ¿No
comprende la libertad de conciencia la definición básica acerca del estatus
civil o militar de una persona? ¿Hay algo más medular en el ámbito de la
libertad de conciencia que la respuesta a la pregunta acerca de quién se es,
civil o militar? La cuestión reviste tanta importancia, que con razón, los
magistrados Jaime Araujo Rentería y Eduardo Montealegre Lynnet salvaron su voto
porque consideran que ni aún el Jefe de Estado, como comandante de las Fuerzas
Armadas, puede, por vía de un acto administrativo, modificar el estatus de un
colombiano para pasarlo de civil a militar, sin darle la oportunidad de invocar
las causales de exención establecidas en la ley y sin abrir un procedimiento
razonable para que pueda elevar una objeción de conciencia, todo esto
sometiendo a quien “era un civil” a la jurisdicción penal militar.
En realidad, la norma demandada podía ser
analizada constitucionalmente desde dos perspectivas. Cada una de ellas puede
conducir a diferentes conclusiones.
La primera parte de que el acto
administrativo de llamamiento no le cambia el estatus a los reservistas que ya
han prestado el servicio militar obligatorio. Estos siguen siendo civiles. De
esta premisa se pueden deducir dos consecuencias alternativas. Una es la
inconstitucionalidad pura y simple de la norma porque, al definir un tipo penal
militar aplicado por cortes marciales a ciudadanos civiles, viola el artículo
213 inciso final de la Constitución que prohíbe tajantemente el juzgamiento de
civiles por tribunales militares. Es la tesis básica del salvamento de voto de mis
colegas Jaime Araujo y Eduardo Montealegre. Una segunda consecuencia es la
exequibilidad de la norma en el entendido de que como sus destinatarios son
civiles su juzgamiento compete a la justicia penal ordinaria y no a la justicia
penal militar, a pesar de que el tipo penal forme parte del Código Penal
Militar. Es la tesis básica de la aclaración de voto de mi colega Rodrigo
Escobar Gil.
La segunda perspectiva es la acogida
tácitamente en la sentencia. Según ella el llamamiento sí tiene la virtualidad
de convertir al reservista en miembro activo de las Fuerzas Armadas y, por lo
tanto, éste en su condición de militar en servicio activo puede ser juzgado por
el delito militar de desobediencia. De esta premisa se pueden deducir cuatro
conclusiones alternativas. La primera es la de aceptar que ello no tiene ningún
problema constitucional y que en consecuencia la norma es simplemente
exequible. Esta conclusión no fue acogida por ninguno de los magistrados por
razones obvias sobre las cuales no es necesario ahondar. La segunda es la de
aceptar su exequibilidad pero condicionada al reconocimiento de las exenciones
previstas en las normas vigentes a la prestación del servicio militar. Las
normas vigentes serían las que están actualmente en vigor, particularmente los
artículos 27 y 28 de la Ley 43 de 1993, y las que en el futuro sean expedidas
para regular la objeción de conciencia a la prestación de servicio militar ya
que al momento de proferirse el fallo no hay ninguna ley que regule esta
delicada materia. La tercera es la de aceptar dicho condicionamiento pero en el
entendido de que una de las normas vigentes es el artículo 18 de la
Constitución, que es norma de normas (art. 4 inciso 1 de la C.P.), el cual
protege el derecho fundamental a la libertad de conciencia que es de aplicación
directa e inmediata (art. 85 C.P.). Es la tesis acogida por mi colega Alfredo
Beltrán Sierra. La cuarta alternativa es la de concluir que el reconocimiento
expreso en la parte resolutiva de la objeción de conciencia es requisito sine
qua non para la exequibilidad de la norma demandada. Esta condición no fue
acogida y por ello salvo mí voto. No lo fue por diversas razones que no viene
al caso mencionar en este salvamento.
3. Se podría pensar que las diferentes
posiciones en realidad no son tan divergentes. Ello es tan sólo parcialmente
cierto. En verdad ninguno de los magistrados ni los que conforman la mayoría ni
los que aclaran o salvan el voto, sostienen que la Constitución puede ser
interpretada en el sentido de excluir de manera absoluta la posibilidad de
elevar una objeción de conciencia en el ámbito de la prestación del servicio
militar. Sin duda ello constituye una significativa concurrencia de criterios
desde diferentes perspectivas y matices. Donde quizás no se presenta una concurrencia
tan clara es en el punto de sí se debe proteger directamente este derecho ante
la ausencia de una ley que regule la objeción de conciencia para armonizarla
con el deber constitucional de defender la independencia nacional y las
instituciones constitucionales mediante el empleo de las armas. Por lo menos en
lo que a mí respecta, estimo que la posibilidad de plantear la objeción de
conciencia no está supeditada a que previamente la ley regule la materia. Como
ya se anotó, el artículo 18 de la Constitución reconoce expresamente el derecho
constitucional fundamental a no ser compelido a actuar contra la propia
conciencia lo cual otorga una base clara para exigir en casos concretos la
aplicación directa de la Constitución.
Dada la complejidad del tema, su
trascendencia en el contexto colombiano y la dificultad de la tarea de ponderar
el derecho constitucional fundamental a la libertad de conciencia y el deber
constitucional de prestar servicio militar, sería aconsejable que el legislador
se ocupara de regular el tema. No obstante, mientras no lo haga, los ciudadanos
podrán ejercer naturalmente sus derechos fundamentales por vía de tutela y los
jueces tendrán la responsabilidad de encontrar el justo equilibrio en cada
caso.
4. Finalmente es necesario plantear las
premisas básicas sobre las cuales la protección efectiva del objetor de
conciencia se impone a partir de la Constitución de 1991.
Para empezar, es importante precisar el
referente constitucional del análisis. Se ha dicho que el texto constitucional
no sólo guarda silencio al respecto sino que excluye dicho derecho. En alguna
sentencia pasada la Corte ha entendido que el deber de prestar servicio militar
no tiene una excepción derivada del respeto a la libertad de conciencia porque
en la Asamblea Constituyente una proposición en este sentido fue negada. Sobre
el particular cabe anotar que si bien una proposición amplia fue negada, esta
era aditiva a otra más precisa que se refería a la objeción de conciencia al
porte y uso de armas,[35]
la cual fue aprobada en plenaria en primera vuelta. No obstante, no se
consideró necesario regular en la Constitución hipótesis concretas de la
objeción de conciencia ya que el artículo sobre libertad de conciencia era lo
suficientemente amplio y, sobre todo, lo meridianamente claro sobre el tema ya
que impide que una persona sea obligada a actuar contra su conciencia.
Además, aún aceptando en gracia de discusión
la premisa equivocada de que el texto de la Constitución no protege
expresamente al objetor de conciencia, no hay duda de que esta libertad
esencial asociada a los orígenes del estado liberal democrático no puede
negársele a ningún colombiano. Primero, la Constitución expresamente estipula
que la no enunciación de unos derechos no puede interpretarse como negación de
otros inherentes a la persona humana (art. 94 C.P.). Segundo, el derecho al
libre desarrollo de la personalidad comprende la adopción de decisiones de
tanta trascendencia para el modelo de vida de una persona como lo son las
relativas al servicio militar.
Corresponde al legislador desarrollar este
derecho en las múltiples hipótesis típicas en las cuales se puede plantear una
objeción de conciencia. Entre ellas cabe mencionar, a manera de ejemplo, la
posibilidad de objetar por razones de conciencia el juramento a la bandera, el
uso o no de prendas o símbolos, la pertenencia a una organización militar, la
asistencia a culto religioso castrense, el cumplimiento de órdenes contrarias a
la conciencia (en especial la de empuñar las armas contra otro ser humano), el
porte y uso de armas, la prestación general de servicio militar, la defensa de
cierta causa o la participación en cierta guerra etc.
También le corresponde regular lo relativo a
la  prueba y al procedimiento en los casos anteriores para garantizar que las
objeciones serias sean adecuadamente valoradas y las carentes de fundamento
descartadas. El derecho a la objeción de conciencia protege un ámbito
valorativo del individuo constitutivo de su autocomprensión y de su orientación
vital. Es así como para un practicante de ciertas confesiones religiosas, para
un agnóstico o para un pacifista la imposición del deber de jurar la bandera,
de asistir al culto religioso castrense o de empuñar las armas contra otros
seres humanos puede significar la grave afectación de concepciones de mundo que
la Constitución valora y desea proteger. Preferirán, algunos, ayudar a sus
congéneres prestándoles socorro en condiciones de alto riesgo. Otros prestarán
servicios médicos o administrativos. Otros servicios sustitutos fuera de la
institución castrense. En fin: el legislador podría precisar los efectos de
admitir la objeción de conciencia en cada caso para evitar la simple evasión o
el incumplimiento de un deber constitucional.
Por el contrario, el derecho a la objeción de
conciencia, prima facie, no protege a las personas que invocan reservas de
conciencia sólo por razones estéticas, de egoísmo, de cobardía, de comodidad o
de pertenencia social, ya que éstas lejos de reflejar actitudes espirituales y
culturales constitucionalmente valiosas lo que reproducen son estructuras de
privilegio, exclusión y discriminación no merecedoras de protección
constitucional.
Mientras el legislador no se ocupe de estas
materias los jueces se verán en la delicada responsabilidad de sentar criterios
al respecto por vía jurisprudencial.
Fecha ut
supra,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
Aclaración de
voto a la Sentencia C-740/01
RESERVISTA-No es militar en servicio activo (Aclaración de voto)
RESERVISTA-Momentos para determinación de status (Aclaración de
voto)
Es preciso
distinguir dos momentos para determinar el estatus de los reservistas. El
primero, comprendido entre la fecha en que el ciudadano colombiano define su
situación militar hasta aquel en que es llamado al servicio; durante este lapso
el reservista es un civil; y el segundo, que se inicia desde el momento en que
éste específicamente  se incorpora al servicio en razón al citado llamamiento a
filas, momento a partir del cual  se convierte en un militar en servicio
activo. No  debe confundirse el acto administrativo del llamamiento, a través
del cual el Estado convoca a filas a sus reservistas, y el del ingreso, con el
momento en el cual el reservista cumple el  llamado y se incorpora al servicio
activo.
RESERVISTA-Citación (Aclaración de voto)
JUSTICIA PENAL MILITAR-Condiciones de operancia (Aclaración de voto)
Para que opere el fuero militar, es decir
que la justicia penal militar asuma el conocimiento de las conductas delictivas
que se imputan al personal militar y de la policía, se requieren dos
condiciones de acuerdo con el artículo 221 de la Constitución política y el
artículo primero del Código Penal Militar a saber : (1) Ser miembro activo  de
la fuerza pública y (2) Que los delitos objeto del juzgamiento tengan relación
con el mismo servicio.
RESERVISTA-Miembro activo por incorporación efectiva a filas (Aclaración
de voto)
JURISDICCION ORDINARIA-Desobediencia de reservistas (Aclaración de voto)
Magistrado Ponente:
Alvaro Tafur Galvis
expediente D-3318
Demanda de inconstitucionalidad contra
los artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo
579 de la Ley 522 de 1999 - Código Penal Militar-
Con el
acostumbrado respeto, aunque comparto la decisión de declarar exequible el
artículo 117 de la ley acusada, me permito aclarar mi voto, para exponer mi
posición jurídica en torno a la decisión adoptada por la Corte.
1.
El artículo 117 del
Código Penal Militar tipifica el delito denominado “desobediencia de
reservistas”, al consagrar que el personal que haya prestado el servicio
militar obligatorio y se encuentre en situación de reserva, será sujeto a pena
de arresto de tres meses a un año, cuando no se presentare a la unidad
correspondiente el día y la hora señalados en los decretos de movilización o
llamamiento especial al servicio. La sentencia declara la exequibilidad de la
norma, señalando que los reservistas son militares desde el mismo momento en
que se efectúa dicho llamamiento, razón por la cual no se vulnera el artículo
213 de la Carta, ya que la justicia militar no está juzgando a civiles.
1.
Me separo de la
argumentación anteriormente expuesta, pues los   reservistas no son militares
en servicio activo, como se deduce de las siguientes consideraciones:
-
La obligación
constitucional de tomar las armas, contenida en el artículo 216  superior, es
predicable de todos los colombianos varones, en su calidad de tales, y en
consecuencia, es de carácter típicamente civil.
-       El Diccionario de la Real Academia de la
Lengua define reservista señalando:
“Dícese
del militar perteneciente a la reserva, o que no está en servicio activo”.
En consonancia con la precisión  anterior,
el artículo 49 de la Ley 48 de 1993 define
a los reservistas indicando: “[s]on
reservistas de la Fuerzas Militares los colombianos
desde el momento en que definan su situación
militar hasta los 50 años de edad”.
-
Es preciso distinguir
dos momentos para determinar el estatus de los reservistas. El primero,
comprendido entre la fecha en que el ciudadano colombiano define su situación
militar hasta aquel en que es llamado al servicio; durante este lapso el
reservista es un civil; y el segundo, que se inicia desde el momento en que
éste específicamente  se incorpora al servicio en razón al citado llamamiento a
filas, momento a partir del cual  se convierte en un militar en servicio
activo. No  debe confundirse entonces, el acto administrativo del llamamiento,
a través del cual el Estado convoca a filas a sus reservistas, y el del
ingreso, con el momento en el cual el reservista cumple el  llamado y se
incorpora al servicio activo.
-
El artículo 117
demandado se refiere al primer momento, es decir, al evento en el cual se
efectúa la respectiva citación de los reservistas: Si éstos no acuden, no han
adquirido el carácter de miembros de las fuerzas militares en servicio activo,
razón por la cual no se encuentran amparados por el fuero militar.
1.
Para que opere el fuero militar, es decir que la
justicia penal militar asuma el conocimiento de las conductas delictivas que se
imputan al personal militar y de la policía, se requieren dos condiciones de
acuerdo con el artículo 221 de la Constitución política y el artículo primero
del Código Penal Militar a saber : (1) Ser miembro activo  de la fuerza pública
y (2) Que los delitos objeto del juzgamiento tengan relación con el mismo
servicio.
2.
Como se señaló anteriormente, los reservistas no
se encuentran en servicio activo, calidad que sólo adquieren al momento en que
se incorporan efectivamente a filas; por lo tanto el conocimiento de la
conducta delictiva tipificada en el artículo 117 demandado, es de competencia
de la justicia ordinaria; de acuerdo con el principio que atribuye como regla
general a la justicia ordinaria el conocimiento de las conductas delictivas  y
a la jurisdicción militar como  la excepción. Al respecto esta Corte ha
señalado:[36]
“Por ende, la ley que
señala cuáles son los delitos que corresponde conocer a esta jurisdicción debe
respetar la orden constitucional que impone tanto el contenido esencial del
fuero militar como su carácter limitado y excepcional. La extensión de éste,
por fuera de los supuestos constitucionales, menoscabaría la jurisdicción
ordinaria, que se impone como juez natural general, por mandato de la misma
Constitución y, por contera, violaría asimismo el principio de igualdad, el
cual sólo se concilia con una interpretación restrictiva de las excepciones a
la tutela judicial común”
3.
Por lo tanto la norma debió declararse
exequible, pero bajo el entendido que los reservistas por tratarse de civiles,
deben ser procesados por la justicia ordinaria.
Fecha ut supra,
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
Salvamento parcial de voto a la Sentencia
C-740/01
ESTATUTO JURIDICO DE LA PERSONA-Condición de civil/RESERVISTA-No es militar (Salvamento
parcial de voto)
PERSONA-Status
jurídico general es el de civil (Salvamento parcial de voto)
RESERVISTA-No
modificación de status de civil por acto administrativo (Salvamento parcial de
voto)
RESERVISTA-Igualdad
respecto de quien no prestó el servicio militar (Salvamento parcial de voto)
RESERVISTA-Causales
de exoneración del servicio militar/OBJECION DE CONCIENCIA POR RESERVISTA
(Salvamento parcial de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Existencia (Salvamento parcial de voto)
Referencia: expediente D-3318
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 117, 255 a 258 e inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999
-Código Penal Militar-.
Las razones de mi salvamento parcial de voto
se refieren al numeral primero de la parte resolutiva que declara exequible el
artículo 117 de la ley 522 de 1999, que en seguida consigno:
1.
El artículo 117, arriba mencionado se encuentra
dentro del Código Penal Militar,  código que de conformidad con el artículo 221
de la Constitución, sólo es aplicable a los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio.
2.
La aplicación de este artículo presupone, o
tiene como condición sine qua non, que el sólo decreto de movilización o
llamamiento especial al servicio, modifica ipso facto el Estatuto Jurídico del
Ciudadano, que pasa de ser un civil para convertirse en militar.
3.
El Estatuto Jurídico de las personas es por
regla general, el de ser civiles y sólo excepcionalmente los civiles se
convierten en militares, de tal manera que quien es reservista es por que ha
dejado de ser militar y continúa siendo civil; o sea que al momento del
llamamiento a filas la persona tiene la calidad de civil, no se encuentra en
servicio activo y en consecuencia no se le puede aplicar el Código Penal
Militar.
4.
Las personas comienzan su vida, siendo civiles y
sólo al llegar a los 18 años están obligados a modificar su status jurídico
para convertirse en militares.  Luego de prestado el servicio militar recuperan
su status jurídico general, que es el de civil.  Como se puede observar el
status jurídico general de las personas es el de civil, el status de militares
es un paréntesis o una excepción a este status jurídico y mientras una persona
no ingresa al ejercito conserva su status natural de civil.
5.
No puede el gobierno por un acto administrativo
cambiar el status jurídico de los civiles, pues esto equivale a dejar el status
jurídico de las personas en manos del gobierno de turno, con todas las
consecuencias que de ello se deriva.
6.
Si bien existe el deber constitucional de
defensa de la patria, el incumplimiento de este deber y la conducta delictiva
que pueda generar su violación, debe ser competencia de los jueces penales
ordinarios y no de la justicia penal militar.
7.
El artículo 117 viola también el principio de
igualdad ya que sólo cobija a los reservistas que hayan prestado el servicio
militar obligatorio, dejando por fuera a otra clase de reservistas que son
aquellos que no han prestado el servicio militar obligatorio, respecto de los
cuales nada se dice y debemos entender que no comenten el delito de
desobediencia.
8.
La sentencia tampoco dice nada sobre la
posibilidad que tiene el reservista al momento de presentarse, de hacer uso de
las causales de exoneración del servicio militar y que además de las previstas
en la ley; se deben aplicar las constitucionales, como es entre otras, las que
se deducen del artículo 18 de la Constitución y que es la objeción de
conciencia.  Este artículo al garantizar la libertad de conciencia, permite la
objeción de conciencia, en todas las esferas en que ella sea aplicable,
incluido el servicio militar.
No es cierto que por que no haya norma
expresa para la objeción de conciencia no exista este derecho reconocido en
nuestra Constitución, pues no es necesario una especificación del mismo, ya que
los géneros incluyen siempre las especies particulares y la libertad de
conciencia incluye la objeción de conciencia.  Es el mismo fenómeno que se
presenta con la igualdad de acceso a la función pública contemplado en el
numeral 7 del artículo 40 de la Constitución, norma que sobra, pues queda
cobijada dentro del artículo 13 de la Constitución que establece el concepto
genérico de igualdad.
No sobra recordar que los derechos
mencionados expresamente en la Constitución, no son los únicos derechos de las
personas ya que por mandato del artículo 94 de nuestra Carta Magna "La
enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos." Como se puede observar los derechos que se mencionan en nuestra
Constitución no son taxativos sino meramente enunciativos, ya que existen
otros.
Fecha ut supra.
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
Salvamento de voto a la Sentencia C-740/01
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-Modificación de status personal de ciudadano por acto general y
abstracto (Salvamento de voto)
DEBER DE TOMAR LAS ARMAS CUANDO LAS
NECESIDADES PUBLICAS LO EXIJAN-No interpretación
absoluta  (Salvamento de voto)
DERECHOS CONSTITUCIONALES-No anulación/DERECHOS CONSTITUCIONALES-No transformación de
status personal (Salvamento de voto)
PERSONA-Concepto/AUTONOMIA
PERSONAL-Protección (Salvamento de voto)
La persona, ha dicho esta corporación, es
el centro en torno del cual se construye el sistema axiológico definido en la
Constitución. Como centro, se impone a la autoridad pública el máximo respeto
por la autonomía personal. De ahí que cualquier cambio en el estatus personal
deba ser el resultado de una decisión personal.
PERSONA-Cambio
de status de particular a servidor público/DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA-Alcance (Salvamento de voto)
DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA-Convocatoria presidencial que cambia status/SERVIDOR PUBLICO-Posesión
(Salvamento de voto)
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA-No modificación de status personal del ciudadano (Salvamento de
voto)
RESERVA-Decisión
presidencial de llamamiento/LIBERTAD PERSONAL-Protección (Salvamento de
voto)
La decisión presidencial sobre el llamado a las
reservas únicamente tiene la calidad jurídica de ordenar a personas
indeterminadas que acudan ante las autoridades militares, a fin de que sean
incorporados nuevamente a las filas. Sin que medie dicho acto concreto de incorporación,
no es posible que cambie el estatus personal de los convocados abstractamente.
Lo anterior, siempre y cuando se considere que se está actuando en un estado
social de derecho, que toma en serio la libertad personal.
FUERZAS MILITARES-No incorporación no implica juzgamiento por tribunales militares
(Salvamento de voto)
OBJECION DE CONCIENCIA-Deber de subalternos frente a actos ilegales o inconstitucionales
(Salvamento de voto)
DERECHO AL JUEZ NATURAL-Beneficios no suspenden derechos constitucionales (Salvamento de
voto)
DERECHO AL JUEZ NATURAL DE RESERVISTAS-Beneficios no suspenden derechos constitucionales (Salvamento de
voto)
Referencia: expediente D-3318
Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 117, 225 a 258 e inciso final del artículo 579 de la Ley 522 de 1999
–Código Penal Militar-
Actor:  Jaime Chavez Rincón
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GÁLVIS.
Con el debido respeto, presento las razones
por las cuales salvo parcialmente el voto en el proceso de la referencia.
1. En mi concepto, ha debido declararse
inexequible el artículo 117 de la Ley 522 de 1999, por violación de los
artículo 213 y 221 de la C.P.
La mayoría considera que “una vez el Gobierno
Nacional convoca a las reservas, mediante acto administrativo, indicando el
lugar, la fecha y la hora en que deben presentarse, a partir de ese momento se
entienden vinculadas al servicio activo y, por lo mismo, les son aplicables las
normas que regulan la actividad militar”, razón por la cual es posible que
tribunales militares les juzguen por el incumplimiento del deber de presentarse
ante el llamado de las reservas.
Para arribar a esta conclusión la mayoría, en
lugar de analizar si resulta admisible (i) incorporar por vía general a todo
reservista de primera clase al servicio activo y (ii) establecer la manera en
que una persona adquiere la calidad de servidor público, hace un recuento de
las prerrogativas y deberes genéricos de los reservistas de primera clase, de
manera que derivan la validez de la incorporación automática y generalizada de
la existencia de tales prerrogativas y deberes.
Así las cosas, se desprende del raciocinio de
la sentencia, que la existencia de prerrogativas derivadas del hecho de que una
persona ostente la calidad de reservista de primera categoría, sea porque así
lo decidió (quienes hayan estudiado en una escuela de formación de suboficiales
o de oficiales, o que hayan decidido prestar servicio militar en el exterior),
o porque sus padres así lo decidieron (quienes hubiesen estudiado en colegios
militares) o porque no fueron eximidos del servicio militar, es suficiente para
que por decisión administrativa no individualizada, se modifique su juez
natural. Esta solución resulta, en mi concepto, abiertamente contraria a la
Carta.
2. Sea del caso advertir que en esta oportunidad no se
discute la constitucionalidad del deber de los reservistas de primera clase de
acudir al llamado de incorporación que haga el gobierno nacional y la sanción
que se imponga por su incumplimiento. Para efectos del presente salvamento de
voto, en tanto que no ha sido objeto de examen constitucional, se parte de su
presunción de constitucionalidad. Inclusive. podría pensarse, que la sanción a
la inobservancia del llamado, puede ser la comisión de un delito, pero siempre
en calidad de particular y juzgado por la justicia ordinaria. De esta manera,
se le dará un efecto útil a la obligación de tomar las armas cuando las
necesidades públicas lo exijan. El problema jurídico estriba únicamente en
establecer si el Presidente de la República, mediante un acto general y
abstracto (acto de convocatoria de las reservas), puede modificar el estatus
personal de un ciudadano, transformándolo, por ese mero acto, de particular en
servidor público (integrante de las fuerzas militares). Unicamente si dicha
facultad resulta constitucionalmente válida, puede admitirse que las conductas
descritas en la norma acusada son de conocimiento de un tribunal militar.
Restaría por establecer si el acto en sí, esto es, no concurrir a la
convocatoria guarda relación directa con el servicio.
3. El artículo 216 de la Constitución dispone
que es deber de todos los colombianos, “tomar las armas cuando las necesidades
públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones
públicas”. De esta norma se podría desprender que se trata de un deber absoluto
y que frente a dichas necesidades el ciudadano carece de libertad para decidir
si acude al llamado, en qué momento lo hace, etc. Es decir, una interpretación
absoluta de esta disposición permitiría concluir que la persona es prisionera
de la sociedad, convirtiéndose, en ese instante, en una mera cifra dentro del
cálculo del número de efectivos con los que cuentan las fuerzas militares para
enfrentar la amenaza a la independencia nacional o las instituciones públicas.
Esta interpretación permitiría, por lo tanto,
que mediantee una decisión, el supremo comandante de las Fuerzas Armadas
decidiera en qué momento la libertad personal desaparece, para ingresar a la
burocracia estatal. En suma, la defensa de la independencia nacional y las
instituciones públicas permitirían anular todo vestigio de autodeterminación
personal.
4. Esta interpretación, que es la única que
podría justificar que el Presidente de la República pudiera convertir, mediante
acto general y abstracto, un particular en un servidor público integrante de
las fuerzas militares, no es defensable en un Estado social de derecho,
respetuoso de los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los
postulados esenciales del estado de derecho.
Corolario necesario de la plena vigencia de
los derechos constitucionales de los asociados (C.P. art. 2), es que ninguna
autoridad pública tiene el poder legítimo para anular, de manera absoluta, los
derechos constitucionalmente protegidos. Ni siquiera de manera excepcional, el
ejecutivo puede, sin que medie una manifestación de voluntad del ciudadano,
transformar su estatus personal.
La persona, ha dicho esta corporación, es el
centro en torno del cual se construye el sistema axiológico definido en la
Constitución. Como centro, se impone a la autoridad pública el máximo respeto
por la autonomía personal. De ahí que cualquier cambio en el estatus personal
deba ser el resultado de una decisión personal.
En directa relación con dicha exigencia, la
Carta (art. 122) exige que todos los servidores del Estado sean posesionados y
que presenten juramento. Es decir, que se haga manifiesta la intención de
cambiar de estatus y convertirse en servidores públicos. Ello, cabe señalar,
propone la existencia de un acto administrativo particular, a través del cual
se trabe una relación jurídica especial entre la administración y el futuro
servidor. Unicamente de esta manera se respeta el derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica de la persona, pues antes que una cifra dentro de las
estadísticas nacionales, es considerado persona con voluntad y capaz de tomar
sus propias decisiones. El derecho a la personalidad jurídica implica
considerar a la persona en toda su dimensión, individualizándola para efectos
de imponerle cargas.
Así las cosas, admitir que la convocatoria
presidencial tiene la virtud de convertir a los convocados, ipso jure,
en servidores públicos, no sólo implica el desconocimiento del derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica de toda persona, sino, además, una
abierta violación de la exigencia constitucional de que todo servidor público
sea posesionado y, por lo mismo, que jure el cumplimiento de sus funciones.
5. Podría, con todo, considerarse que el
Presidente de la República únicamente está adoptando las medidas necesarias
para garantizar el efectivo cumplimiento de un deber constitucional. En este
sentido, se podría considerar al comandante supremo de las Fuerzas Armadas
investido del poder de ordenar la transformación antes aludida (C.P. art. 189
numerales 3 y 11).
La facultad presidencial de dictar las
órdenes necesarias para asegurar el debido cumplimiento de la ley (e, inclusive
de la Constitución), no implica competencia para modificar el estatus personal
de un ciudadano. La potestad en cuestión implica la facultad de adoptar, bien
actos generales e impersonales (como la convocación) y las medidas necesarias
para que la administración (incluida la fuerza pública) opere debidamente. No
comprende facultades en relación con los particulares. No existe razón alguna
para que una vez se realice la convocatoria general, no se expidan actos
individuales en los cuales se exija a la persona concreta el cumplimiento de
sus deberes constitucionales.
En suma, la decisión presidencial sobre el llamado a
las reservas únicamente tiene la calidad jurídica de ordenar a personas
indeterminadas que acudan ante las autoridades militares, a fin de que sean
incorporados nuevamente a las filas. Sin que medie dicho acto concreto de
incorporación, no es posible que cambie el estatus personal de los convocados
abstractamente. Lo anterior, siempre y cuando se considere que se está actuando
en un estado social de derecho, que toma en serio la libertad personal.
6. El hecho de que sea indispensable
incorporar, esto es, que la persona preste juramento y se posesione (como le es
exigible a todo servidor público), implica que no es posible que los tribunales
militares juzguen a la persona que no acude al llamado. El artículo 221 de la
Carta, tal como lo ha destacado varias veces esta corporación[37], exige dos elementos
para que una conducta pueda ser sometida a juzgamiento de los jueces militares:
que la conducta sea realizada por un integrante de las fuerzas armadas y guarde
relación con el servicio.
Si la persona no se ha incorporado a las
fuerzas militares, no es posible, so pena de violar flagrantemente la
Constitución (art. 221) y el derecho al juez natural (C.P. art. 29), que el
incumplimiento de dicho deber sea juzgado por tribunales militares.
La restricción constitucional a la
competencia de los tribunales militares (C.P. art. 213 y 221) tiene por objeto
asegurar que únicamente conductas militares sean consideradas por sus pares. En
ningún momento el constituyente quiso que el comportamiento de los particulares
fuera juzgado por militares. Así las cosas, no se explica cómo un particular,
ejerciendo su libertad de conciencia (que le permite optar entre fungir como
servidor público o someterse a la sanción por el incumplimiento de su deber ciudadano),
pueda realizar un acto militar. Esto último lleva a la conclusión de que, por
el aspecto material, tampoco es posible que la conducta sea de conocimiento de
los tribunales militares.
Tal como se analizó en la sentencia C-358 de
1997, la conducta, además de ser realizada por un militar, ha de tener una
relación directa con las funciones militares y realizada con ocasión del servicio,
para efectos de que se asigne competencia a los tribunales militares. ¿Qué
relación guarda con el servicio el ejercicio de la libertad de conciencia?
¿Cómo puede un particular, realizar un acto militar relacionado con el servicio
con ocasión del servicio, cuando no se le ha ordenado acto alguno del servicio?
Debe tenerse presente que la Corte Constitucional ya ha indicado[38] que la objeción de
conciencia es un deber de los subalternos frente a actos abiertamente ilegales
o inconstitucionales. De manera que cuando el militar es consciente de que el
acto que se le ha ordenado realizar o que la abstención de su superior implica
la violación del sentimiento de humanidad, no objetar la orden o la abstención,
implica la realización de un acto que en ningún momento puede imputarse como
militar[39].
Si la Corte insiste en esta línea, ¿cómo se explica que el legítimo ejercicio
de la libertad de conciencia se califique de delito militar?
7. Cabría explorar la posición de la mayoría,
que deriva la “incorporación o posesión automática” de las prerrogativas que
disfrutan los reservistas de primera categoría. En relación con estas
prerrogativas, la Corte ha sostenido que ellas se explican por la autorización
que se hizo al legislador para ello y por el hecho de que quienes las disfrutan
hicieron un “sacrificio” para la sociedad, que le es recompensada[40]. Empero, el análisis
que la Corte ha hecho de las prerrogativas ha llevado a la conclusión de que
ellas no pueden ser discriminatorias[41]
y que, en caso de aplicarse, únicamente pueden servir como criterio de
prelación entre quienes cumplen con los requisitos para acceder al bien escaso[42]. Así las cosas, las
prerrogativas que se reconocen a quienes son reservistas tienen un marcado
carácter compensatorio y de estímulo para la incorporación a las filas. ¿Puede,
de manera legítima, derivarse de una decisión legislativa con el mencionado
propósito, la posibilidad de desconocer el derecho al juez natural?
No existe argumento alguno que justifique
esta decisión. Antes bien, el reconocimiento de prerrogativas por hechos
anteriores no puede convertirse en razón para ver suspendidos sus derechos
constitucionales. El mensaje es equívoco: ingrese a las filas de las fuerzas
militares, usted tendrá beneficios y, por lo tanto, se le desconocerá el
derecho al juez natural.
8. El disfrutar de ciertos beneficios y tener
ciertas obligaciones, no implica que la persona pueda fungir como servidor
público en las filas de las fuerzas militares. El artículo 13 establece la
obligación de proteger a personas en situaciones de debilidad manifiesta. Entre
tales personas, se encuentran aquellas que, por diversas razones, están en
incapacidad mental para realizar ciertas actividades. La posesión automática,
derivada de los beneficios por ser reservista, no puede convertirse en
mecanismo para obligar a personas física o mentalmente incapaces de cumplir
funciones militares. Frente a ellos el Estado tiene la obligación de
protegerles. Al transformarlos, por acto administrativo general, en
funcionarios públicos, sin estar en capacidad de ejercer sus funciones, se les
desconoce el derecho al trato especial que la Carta les garantiza.
El mismo argumento puede esgrimirse frente a
la excepciones a la prestación del servicio militar. La incorporación de
reservistas, esto es, de personas que no ostentan el carácter de miembros de la
fuerza pública, constituye una modalidad de la prestación del servicio militar,
cuando se estime necesario. No existe razón alguna para que no se les apliquen
las disposiciones relativas a las eximentes del servicio militar, tal como lo
indica la mayoría.
Sin embargo, al incorporarlos automáticamente
en calidad de miembros de las fuerzas armadas, se ha desconocido el derecho
reconocido en la ley. Estos derechos operan antes de la incorporación, no
después. La mayoría intuye el problema, aunque lo evade, cuando afirma que “si
se presenta alguna causal que exonere de la prestación del servicio militar
(Ley 48 de 1993, arts. 27 y 28) ésta podrá invocarse si fuere el caso, por el
reservista, en los términos allí señalados”. Si se leen los artículos en
cuestión, se observa que el artículo 27 establece quienes están eximidos en
todo tiempo, los cuales son incorporados, esto es, transformados en integrantes
de las fuerzas militares, sin tener el deber de integrarse. En cuanto a los
casos previstos en el artículo 28, son oponibles al Estado antes de
posesionarse. De esta manera, cabe observar, se viola además el derecho al
debido proceso, pues se desconoce el procedimiento para oponer las excepciones.
8. En la medida en que el acto de
incorporación (y la designación y posesión) se realiza mediante acto general y
abstracto, ¿cuál es el medio de protección judicial? Podría pensarse que la
persona podría demandar el acto abstracto, pero ha de tenerse presente que el
llamado abstracto no viola la Constitución. No existiría un acto individual qué
demandar, a pesar de que la incorporación puede violar derechos públicos
subjetivos y que se ha entrabado una relación subjetiva con la administración.
En suma, las tesis que apoya la Corte, anulan
a la persona y la dejan indefensa frente a las actuaciones arbitrarias de la
administración.  Lo más grave es que se le entregue al Presidente de la
República la potestad de variar el estatus personal y modificar las normas
constitucionales sobre el juez natural.
Fecha, ut supra
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
[1] El parágrafo del artículo señala que “La
mujer colombiana prestará el servicio militar voluntario, y será obligatorio
cuando las circunstancias del país lo exijan y el Gobierno Nacional lo
determine, en tareas de apoyo logístico, administrativo, social, cultural o de
defensa de la ecología y el medio ambiente, y en general, de las actividades
que contribuyan a la modernización y al desarrollo del país y tendrán derecho a
los estímulos y prerrogativas que establece esta Ley no importando la modalidad
en que se preste el servicio.”
[2] Sentencia C-561/95 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo
1 Citada por SUAREZ PERTIERRO, Gustavo: La objeción
de conciencia al servicio militar en España, en "Anuario de Derechos
Humanos", Instituto de Derechos Humanos, Madrid, 1990. Pág. 251.
[3] Sentencia C-511/94 M.P. Fabio Morón Díaz
[4] Dichas causales están consagradas en los
artículos 27 a 29 de la Ley 48 de 1993 que señala:
ARTICULO 27. Exenciones en todo tiempo. Están exentos
de prestar el servicio militar en todo tiempo y no pagan cuota de compensación militar:
a) Los limitados físicos y sensoriales permanentes;
b ) Los indígenas que residan en su territorio y
conserven su integridad cultural, social y económica.
ARTICULO 28. Exención en tiempo de paz. Están exentos
del servicio militar en tiempo de paz, con la obligación de inscribirse y pagar
cuota de compensación militar:
a) Los clérigos y religiosos de acuerdo a los
convenios concordatarios vigentes. Así mismo los similares jerárquicos de otras
religiones o iglesias, dedicados permanentemente a su culto;
b) Los que hubieren sido condenados a penas que tengan
como accesorias la perdida de los derechos políticos mientras no obtengan su
rehabilitación
c) El hijo único hombre o mujer, de matrimonio o de unión
permanente, de mujer viuda, divorciada separada o madre soltera;
d) El huérfano de padre o madre que atienda con su
trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento;
e) El hijo de padres incapacitados para trabajar o
mayores de 60 años, cuando éstos carezcan de renta, pensión o medios de
subsistencia siempre que dicho hijo vele por ellos;
f) El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido
una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como
consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio,
a menos, que siendo apto, voluntariamente quiera prestarlo;
g) Los casados que hagan vida conyugal;
h) Los inhábiles relativos y permanentes;
i) Los hijos de oficiales, suboficiales, agentes y
civiles de la Fuerza Pública que hayan fallecido o adquirido una inhabilidad
absoluta y permanente en combate o en actos del servicio y por causas
inherentes al mismo, a menos que siendo aptos, voluntariamente quieran
prestarlo.
ARTICULO 29. Aplazamientos. Son causales de
aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que
subsistan, las siguientes:
a) Ser hermano de quien esté prestando servicio
militar obligatorio
b) Encontrarse detenido presuntivamente por las
autoridades civiles en la época en que deba ser incorporado;
c) Resultar inhábil relativo temporal, en cuyo caso
queda pendiente de un nuevo reconocimiento hasta la próxima incorporación. Si
subsistiere la inhabilidad, se clasificará para el pago de la cuota de. compensación
militar;
d) Haber sido aceptado o estar cursando estudios en
establecimientos reconocidos por las autoridades eclesiásticas como centros de
preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa;
e) El aspirante a ingresar a las escuelas de formación
de Oficiales, Suboficiales y Agentes;
f) El inscrito que esté cursando el último año de
enseñanza media y no obtuviere el título de bachiller por perdida del año;
g) El conscripto que reclame alguna
exención al tenor del artículo 19 de la presente Ley.
[5] ARTICULO 50. Reservistas de primera clase. Son
reservistas de primera clase:
a) Los colombianos que presten el servicio militar
obligatorio;
b) Los alumnos de las escuelas de formación de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, después de un (1) año
lectivo:
c) Los colombianos que acrediten haber prestado
servicio militar en Estados con los cuales Colombia tenga convenios al
respecto;
d) Los alumnos de los colegios o institutos de
enseñanza secundaria autorizados por el Ministerio de Defensa Nacional, que
reciban la instrucción militar correspondiente;
e) Quienes hayan permanecido mínimo un (1) año lectivo
en las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional, hayan prestado el servicio militar obligatorio en esa institución, y
a los agentes que hayan servido como tal por un tiempo superior a dos (2) años.
PARAGRAFO. Cuando por
fuerza mayor o caso fortuito, el servicio militar se preste por un período
mínimo equivalente a la mitad del tiempo establecido legalmente, también se
considera como reservista de primera clase.
[6] ARTICULO 51. Reservistas de segunda clase. Son
Reservistas de segunda clase los colombianos que no presten el servicio militar
por falta de cupo o por las causales de exención establecidas en la Ley.
[7] ARTICULO 52. Reservistas de honor. Sin perjuicio de
lo dispuesto en los artículos anteriores, consideranse reservistas de honor los
soldados, grumetes o infantes de fuerzas militares y agentes auxiliares de la
Policía Nacional, heridos en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo y que hayan perdido el 25% o más de su capacidad sicofísica, o a
quienes se les haya otorgado Orden de Boyacá por acciones distinguidas de valor
o heroísmo, la Orden Militar de San Mateo o la Medalla de Servicios Prestados
en Guerra Internacional o la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público
o su equivalente en la policía Nacional por acciones distinguidas de valor, los
cuales gozarán de los derechos y beneficios que señalen las disposiciones
vigentes sobre la materia.
[8] ARTICULO 53. Clasificación de Reservistas según la
edad. Los Reservistas según la edad serán de primera, segunda, y tercera línea.
a) En Primera línea:
Los Reservistas de primera y segunda clase hasta el 31
de diciembre del año en que cumplan los treinta años de edad.
b) En Segunda línea:
Los Reservistas de primera y segunda clase desde el
primero 1° de enero del año en que cumplan los 31 años de edad, hasta el 31 de
diciembre del año en que cumplan los 40 años de edad.
c) En tercera línea:
Los Reservistas de primera y segunda clase desde el 1°
de enero del año en que cumplan los 41 años de edad, hasta el 31 de diciembre
del año en que cumplan los 50 años de edad.
[9] El artículo 54 ibídem define por
movilización “la medida que determina la adecuación de poder nacional de la
situación de paz a la guerra exterior, conmoción interior o calamidad pública.”
[10] Sentencia C-511 /94 M.P. Fabio Morón
Díaz
[11] ARTICULO 117. DESOBEDIENCIA DE RESERVISTAS. El
personal que haya prestado el servicio militar obligatorio y esté en situación
de reserva, que no se presentare en los términos previstos en el artículo
anterior, incurrirá en arresto de tres (3) meses a un (1) año.
[12] Según el artículo 52 del Decreto
Reglamentario 2058 de 1993 los reservistas de primera clase tienen la
obligación de informar todo cambio de residencia ante el Comando de Zona  o Distrito
Militar de reclutamiento de su localidad.
[13] De acuerdo con el Decreto 1790 de 200
que establece las normas de carrera del  personal de oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares  la reserva  de primera clase de oficiales y
suboficiales  esta conformada respectivamente por:
ARTICULO 121.- RESERVA DE
PRIMERA CLASE. La reserva de primera clase de oficiales de las Fuerzas
Militares está constituida por:
a. Los oficiales retirados del servicio activo,
llamados a conformar las unidades del plan nacional de movilización, mientras
no hayan cumplido la edad máxima establecida por Ley para los servidores
públicos y reúnan las condiciones de aptitud sicofísica requeridas.
b. Las personas que hayan realizado y aprobado cursos
especiales para graduarse como Profesionales Oficiales de Reserva.
c. Los alumnos de las escuelas de formación de
oficiales que habiéndose retirado después de haber cursado y aprobado dos (2)
años de estudio, hayan obtenido el grado de subteniente de reserva o teniente
de corbeta de reserva.
d. Los soldados bachilleres, que habiendo prestado el
servicio militar, hayan obtenido el grado de subtenientes de reserva de acuerdo
con reglamentación que expida el Gobierno Nacional.  (resaltado fuera de texto)
e. Los oficiales mercantes que se hayan graduado como
oficial de puente de altura u oficial maquinista de altura, en la Escuela Naval
de Cadetes "Almirante Padilla" y que hayan obtenido el grado de
tenientes de corbeta de la reserva naval.
f. Los aviadores civiles con licencia vigente expedida
por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, en la modalidad de
Piloto de Transporte de Línea (PTL) y de Piloto Comercial de Helicópteros (PCH)
que hayan aprobado el curso de acuerdo con reglamentación que expida el
Gobierno Nacional.
g. Los profesionales egresados de la
Universidad Militar, según reglamentación del Gobierno Nacional.
ARTICULO 125.- RESERVA DE PRIMERA CLASE DE
SUBOFICIALES DEL EJERCITO. La reserva de primera clase de suboficiales del
Ejército está constituida por las siguientes personas, mientras no hayan
cumplido la edad máxima establecida por ley para los servidores públicos, y
reúnan las condiciones de aptitud sicofísica requerida:
a. Los Suboficiales retirados del servicio activo,
llamados a conformar las unidades del plan nacional de movilización.
b. Los ex alumnos de las escuelas de formación de
oficiales que hayan obtenido el grado como suboficiales de reserva.
c. Los soldados bachilleres que hayan obtenido el
grado de suboficial de reserva, de acuerdo con reglamentación que expida el
Comando General de las Fuerzas Militares. (resaltado fuera de texto)
[14] Esta norma fue declara inexequible por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-022 de 1996, M.P., Carlos Gaviira Díaz
[15] Esta norma fue declarada inexequible mediante la
Sentencia C-1410 de 2000, M.P: Fabio Morón Díaz.
[16] “por medio de la cual se conceden
algunos beneficios a los reservistas del Ejército, Armada Nacional, Fuerzas de
Policía y de la Fuerza Aérea Colombiana”
[17] El aparte subrayado fue declarado inexequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-423 de 1997, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[18] Cabe recordar en todo caso la constante
jurisprudencia de la Corte en esta materia contenida en las Sentencias T-409 de
1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-224 de 1993, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; C-511 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz y T-363 de 1995, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[19] Sentencia C-654/97, M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
[20] Sentencia C-445/95, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[21] Este propósito de garantía
de la imparcialidad del juez militar, quedó plasmado de manera fehaciente en la
redacción de los artículos 214 y 215 de la Ley 522 de 1999, que a la letra
dicen:
“Artículo 214.
Independencia y autonomía del juzgador. Los miembros de la Fuerza pública, en
ningún caso podrán ejercer coetáneamente las funciones de comando con las
investigación, acusación y juzgamiento.”
“Artículo 215. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá juzgar a
un superior en grado o antigüedad.”
[22] Exposición de motivos al proyecto de Ley
064 de 1997 Cámara. Gaceta del Congreso N° 368 del 11 de septiembre de 1997.
[23] Sentencia C-361/01, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[24] CAPITULO III PROCEDIMIENTO ESPECIAL.
“ARTICULO 578. DELITOS QUE SE JUZGAN. Los delitos
contra el servicio, de la fuga de presos, el uso indebido de uniformes e
insignias de la Fuerza Pública y los contemplados en el Titulo Octavo, del
Libro Segundo del  presente estatuto, denominados OTROS DELITOS, se
investigarán y fallarán por este procedimiento.”
“ARTICULO 579. TRAMITE. El Juez adelantará y
perfeccionará la investigación en el término de quince (15) días. Se oirá en
indagatoria al procesado y se le resolverá su situación jurídica dentro de los
dos (2) días siguientes. Si no fuere posible recibir la indagatoria dentro del
término de instrucción señalado anteriormente, se le emplazará por dos (2)
días, se le declarará persona ausente y se le designará Defensor de oficio.
Perfeccionada la investigación, el Juez de primera
instancia por auto de sustanciación, declarará la iniciación del juicio y dará
traslado a las partes por dos (2) días para que soliciten las pruebas que
estimen necesarias; si fueren conducentes las decretará. También podrá de
oficio ordenar la práctica de pruebas.
Las pruebas se practicarán dentro de los cinco (5)
días siguientes.
Vencido el término anterior, se dará traslado al
Ministerio Público para concepto por cinco (5) días y al Defensor por igual
término para alegar. Se pronunciará fallo dentro de los cinco (5) días
siguientes.”
[25] Cita al respecto las sentencias C-293/95
y SU 717/98, M. P. Carlos Gaviria Díaz, así como la Sentencia C-163/00, M. P.
Fabio Morón Díaz.
[26] “ARTICULO 306. REQUISITOS DE LA DEMANDA DE
PARTE CIVIL. La demanda de constitución de parte civil, deberá contener: 1
Nombre, domicilio, identidad de la persona que demanda. 2. Nombre, domicilio,
grado e identificación del miembro de la Fuerza Pública procesado. 3. Relación
de hechos que se consideren constitutivos del delito. 4. Fundamentos jurídicos
de la demanda. 5. Solicitud  de las pruebas que se consideren conducentes y
pertinentes y presentación de las que se encuentren en su poder.
De no cumplirse los requisitos establecidos en el
presente artículo, el Juez señalará los defectos de que adolezca la demanda,
para que el demandante los subsane en el término de diez (10) días. Si no lo
hiciere, rechazará la demanda.
Contra el auto que inadmite la demanda, procede el
recurso de reposición. Contra el auto que la rechaza, procede el recurso de
apelación en el efecto devolutivo. Si el rechazo se produce en la etapa del
juicio, será en el efecto suspensivo.”
[27] Delitos contra el servicio, de la fuga
de presos, el uso indebido de uniformes e insignias de la Fuerza Pública y los
contemplados en el Titulo Octavo, del Libro Segundo del Código Penal Militar,
denominados OTROS DELITOS, consagrados en los artículos 187 a 194.
[28] Subraya y negrilla fuera de texto.
[29] En particular debe tomarse en cuenta el caso de los
denominados otros delitos en los que evidentemente se justifica la constitución
de la parte civil y el resarcimiento del daño. Estos delitos son:
“ARTICULO 187. VIOLACION DE HABITACION AJENA. El
miembro de la Fuerza Pública que abusando de sus funciones se introduzca o
permanezca en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, por este solo
hecho incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses.
ARTICULO 188. LESIONES PERSONALES DOLOSAS. El que
intencionalmente cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, que implique
incapacidad para trabajar o enfermedad que no pase de treinta (30) días
incurrirá en arresto de seis (6) a (18) meses.
ARTICULO 189. LESIONES PRETERINTENCIONALES Y CULPOSAS.
Si las lesiones a que se refiere el artículo anterior fueren
preterintencionales o culposas, la pena se reducirá a la mitad.
ARTICULO 190. HURTO SIMPLE. El que se apodere  de una
cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro,
cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales
incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.
ARTICULO 191. HURTO DE USO. Cuando el apoderamiento se
cometiere  con el fin de hacer uso de la cosa y ésta se restituyere en término
no mayor de veinticuatro (24) horas, la pena será de arresto de tres (3) a seis
(6) meses.
Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro
grave, la pena se aumentará hasta en la mitad.
ARTICULO 192. ESTAFA. El que induciendo ó manteniendo
a otro en error por medio de artificios ó engaños, obtenga provecho ilícito
para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, cuya cuantía no exceda de diez
(10) salarios mínimos legales mensuales, incurrirá en arresto de seis (6) a
dieciocho (18) meses.
ARTICULO 193. EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE
CHEQUE. El que emita ó transfiera cheques sin tener suficiente provisión
de fondos, ó quién luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago,
cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales,
incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses siempre que el hecho no
configure delito sancionado con pena mayor.
La acción penal cesará por pago del cheque antes de la
sentencia de primera instancia.
La emisión ó transferencia de cheque posdatado ó
entregado en garantía no da lugar a acción penal.
ARTICULO 194. DAÑO EN BIEN AJENO.
El que destruya, inutilice, haga desaparecer ó de cualquier otro modo dañe bien
ajeno, mueble ó inmueble, cuando el monto del daño no exceda de diez (10)
salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce
(12) meses, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena
mayor.”
[30] “ARTICULO 292. FISCALES PENALES
MILITARES. Los Fiscales Penales Militares tendrán la calidad de sujetos
procesales y ejercerán sus funciones ante el Tribunal Superior Militar y los
Jueces de conocimiento de
manera ordinaria y permanente, de conformidad con lo previsto en éste Código.”
[31] Exposición de motivos al proyecto de Ley
064 de 1997 Cámara. Gaceta del Congreso N° 368 del 11 de septiembre de 1997.
[32] Sentencia C-361 de 2001, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra.
[33] La sentencia declara “EXEQUIBLE el artículo 117 de la Ley
522 de 1999 en el entendido que el reservista podrá invocar, si es del caso,
las causales de exención establecidas en la ley.”
[34] Cabe recordar en todo caso la constante jurisprudencia de la
Corte en esta materia contenida en las Sentencias T-409 de 1992, M.P. José
Gregorio Hernández Galindo; T-224 de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-511
de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz y T-363 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
[35] En la Asamblea Nacional Constituyente se tocó el tema
de la objeción de conciencia en varios lugares (comisiones I y III, comisión
codificadora, comisión de estilo) y momentos (en comisiones, en plenaria para
primer debate, en plenaria para segundo debate), dada su relación con la
libertad de conciencia (art. 18 C.P.), los deberes de los colombianos (art. 95
C.P.) y el servicio militar (art. 216 C.P.), temas distintos abordados por
diferentes comisiones.
En sesión plenaria del martes 18 de junio de 1991 se
aprobó en primer debate, el servicio social, civil o ecológico para los
colombianos que no presten el servicio militar y la objeción de conciencia para
el uso y porte de armas con una votación de 45 votos afirmativos, 3 negativos y
cinco abstenciones (Gaceta Constitucional No. 139, p.4). En efecto, el numeral
10 del artículo sobre los deberes de la persona y del ciudadano (actualmente
art. 95 de la C.P.) aprobado en primer debate establecía: “10. Los
colombianos que no presten el servicio militar estarán obligados a uno social,
civil o ecológico en los términos que señale la ley.  Se aceptará la objeción
de conciencia al uso y porte de armas.” Esta propuesta aditiva fue aprobada
junto con los demás deberes de la persona y el ciudadano luego de que otra
propuesta aditiva mucho más amplia sobre objeción de conciencia al servicio
militar fuera derrotada con una votación de 21 votos afirmativos, 46 negativos
y 3 abstenciones.
En sesión plenaria del
sábado 29 de junio de 1991 se aprobó en segundo debate el artículo sobre los
deberes de la persona y el ciudadano, pero sólo en sus primeros nueve
numerales, ya que por decisión de la comisión codificadora el numeral 10 de
dicho artículo referente al servicio social, civil o ecológico y a la objeción
de conciencia para el uso y porte de armas fue trasladado al capítulo sobre
Fuerza Pública. Al respecto se dejó constancia en las actas de la sesión
plenaria por parte del constituyente Ramírez Ocampo: “El numeral décimo
efectivamente fue trasladado al tema de la Fuerza Pública, que es, en opinión
de la Codificadora, en donde debería estar; de tal manera que no creo que
desapareciera el numeral décimo en el caso de que no fuese incluido aquí.”
(Gaceta Constitucional No. 142, p. 19). Luego de anunciarse el resultado de la
votación el presidente de la Asamblea Serpa Uribe manifestó: “Con la aclaración
de que los temas que no están aquí contemplados y sí aparecen en la propuesta
del primer debate no han sido eliminados, sino remitidos a otros lugares de la
Constitución.” (Gaceta Constitucional No. 142, p. 20).
La comisión codificadora
del articulado aprobado en primer debate presentó en efecto en el articulado
codificado para segundo debate el artículo sobre fuerza pública (art. 229)
añadiéndole dos inciso correspondientes al numeral 10 del artículo antes
citado. El texto del artículo propuesto por la comisión codificadora es:
“ARTICULO 229. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva
por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las
necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las
instituciones patrias.
La Ley determinará las causales que en todo tiempo eximen del servicio
militar y las prerrogativas por la prestación del mismo.
Los colombianos que no presten el servicio militar estarán obligados a
uno social, civil o ecológico en los términos que establezca la ley.
Se aceptará la objeción de conciencia al uso y porte de armas.” (Gaceta
Constitucional No. 113, p. 16).
En sesión plenaria del
lunes 1º de julio de 1991 se adoptó el artículo sobre fuerza pública tal y como
fue aprobado en primer debate como sucedió con la mayoría de normas sobre la
fuerza pública. Por eso no se adoptó el artículo propuesto por la comisión
codificadora que adicionaba al artículo sobre fuerza pública el numeral 10 del
artículo sobre deberes de la persona y el ciudadano referente al servicio
militar y la objeción de conciencia al porte y uso de armas (Consejería
Presidencial para el Desarrollo de la Constitución. Asamblea Nacional
Constituyente. Sesión Plenaria julio 1).
[36] Sentencia C-359/97 Eduardo Cifuentes M.
[37]   En particular, sentencia C-358 de 1997.
[38]   Sentencia C-578 de 1995
[39]   Sentencia C-358 de 1997, en relación con los delitos
asimilables a los de lesa humanidad.
[40]   Ver sentencia C-1410 de 2000  M.P. Fabio Morón Díaz.
[41]   Sentencias C-022 de 1996 y C-1410 de 2000
[42]   Sentencia C-423 de 1997