T-623-14
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-623/14
DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA-Alcance
DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA-Contenido
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, este
derecho, además de permitir a la persona natural ser titular de derechos y ser
sujeto de obligaciones, comprende ciertos atributos que constituyen su esencia
e individualización, tales como, el ejercicio de derechos civiles y políticos,
la acreditación de la ciudadanía, la determinación de la identidad personal, el
nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado civil, entre otros.
DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA-Importancia del nombre, del registro civil y de la cédula de
ciudadanía en su ejercicio
Esta Corporación ha resaltado en diversas ocasiones la
importancia del nombre y su incidencia en los derechos a la personalidad
jurídica y al libre desarrollo de la personalidad. Desde sus
inicios, la Corte señaló que el nombre es una expresión de la individualidad y
de la autonomía de la persona. La inscripción del respectivo registro civil se
hace necesaria toda vez que por medio de este documento se puede constituir,
probar y hacer pública toda la información relacionada con su estado civil,
desde el nacimiento hasta la muerte. Con relación a la identificación, mediante
la cual se establece la individualidad de una persona de conformidad con las
previsiones legales existentes, en el sistema colombiano el elemento que
permite acreditarla es la cédula de ciudadanía, la ley ha depositado en
este documento el estatus de prueba de identificación personal, por medio de la
cual se pueden acreditar la personalidad de su titular en todos aquellos actos,
negocios o situaciones jurídicas en que se haga necesario presentar prueba que
acredite tal calidad, por lo que dicho documento se ha convertido en el
elemento idóneo para el cumplimiento del referido propósito y el que a su vez
es irremplazable.
DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA Y AL DEBIDO PROCESO EN CASOS DE MULTIPLE CEDULACION/DEBIDO
PROCESO-Derecho a contar con una oportunidad para ser oído antes de
la cancelación de la cédula
Dada la importancia de la cédula de ciudadanía en el
ejercicio del derecho a la personalidad jurídica, en los eventos en los que se
tramite, ya sea de oficio o a petición de parte, la cancelación de este
documento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta entidad dentro
del trámite correspondiente debe ofrecer la oportunidad a las personas
afectadas de ejercer su derecho a la defensa, garantizándoles así, el debido
proceso.
DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA Y AL DEBIDO PROCESO-Orden a Registraduría Nacional tramitar la
expedición y entrega de cédula
DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA Y AL DEBIDO PROCESO-Orden a Registraduría Nacional hacer las
respectivas anotaciones y correcciones en los registros civiles de los hijos de
la accionante
DERECHO A LA PERSONALIDAD
JURIDICA Y AL DEBIDO PROCESO-Exhortar a la Registraduría Nacional para
que en el evento de que se compulsen copias para una eventual investigación
penal por suplantación de identidad, tenga en cuenta los hechos narrados por la
accionante y no la victimice nuevamente
Referencia: Expediente T-4.054.365
Acción de Tutela interpuesta por Rebeca contra la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Derechos fundamentales:
Identidad jurídica y petición.
Temas:
Derecho a la personalidad jurídica y observancia del
debido proceso en eventos de cancelación de cédulas de ciudadanía.
Problema jurídico:
Existe vulneración de los derechos invocados por parte de la
Registraduría Nacional del Estado Civil al dejar, en primer lugar, vigente una
cédula de ciudadanía que, según la interesada, no refleja los atributos de su
personalidad sin haber respetado el derecho de ésta a ser oída y, en segundo
lugar, al demorar el trámite de cancelación del citado documento por presunta
suplantación de identidad.
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto
de dos mil catorce (2014).
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub -quien
la preside-, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la decisión de tutela
adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías
de El Cairo, Valle, el 23 de julio
de 2013, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
1.
ANTECEDENTES
1.1
SOLICITUD
Rebeca,[1]
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a
la identidad jurídica y de petición.
Sustenta su solicitud en los siguientes:
1.2
HECHOS Y
ARGUMENTOS DE LA DEMANDA
1.2.1.  Manifiesta la accionante
que como consecuencia del reclutamiento de sus hermanos mayores, en el año de
1999 se trasladó del Municipio de Tumaco (Nariño) a la Ciudad de Cali, razón por la cuál se encuentra en la base de datos del SIPOD en calidad de
víctima de desplazamiento forzado.
1.2.2.  Afirma que al
llegar a la ciudad de Cali, fue ingresada a una red de “trata de blancas”,
en la que la drogaban la mayor parte del tiempo y la llevaban de un lugar a
otro. Asevera que sin su consentimiento, una persona le tomó una foto y con
ésta obtuvo una cédula falsa cuando apenas contaba con la edad de 15 años.
1.2.3.  Relata que
tiempo después, a la edad de 17 años, fue ingresada al Hospital San Juan de
Dios de Cali, como consecuencia de una sobredosis. Expone que mientras estuvo en
dicha institución, un agente de policía encontró entre sus cosas una cédula de
ciudadanía, número 31.308.(...), que la identificaba con el nombre de Remedios, a pesar
de su menoría de edad.
1.2.4.  Afirma que
por encontrarse en estado de embarazo, del hospital fue trasladada al Hogar
Santa Ana, una residencia de recuperación. En ese lugar, expresa, estuvo encerrada
durante 15 días en una habitación para evitar que siguiera consumiendo
estupefacientes. Asimismo, dice que recibió terapias psicológicas durante su
estadía en la institución.
1.2.5.  A los 5
meses de estar en el Hogar Santa Ana, nació su primera hija. Al poco tiempo,
expone, intentó suicidarse con veneno, razón por la que fue trasladada al
Hospital Cañaveralejo de Cali.
1.2.6.  Después de
18 meses, tiempo límite para estar en el Hogar Santa Ana, decidió regresar a
Tumaco y ya con 18 años de edad, tramitó una nueva cédula de ciudadanía, toda
vez que consideraba que no era la persona que aparecía en el primer documento
otorgado a sus 15 años.
1.2.7.  Indica que
a los dos meses de estar en Tumaco, regresó a Cali, al Hogar Santa Ana. Sin
embargo, por su anterior estancia, no podía permanecer en ese lugar y fue
enviada a la Fundación Esperanza, lugar en el que estuvo dos años y reinició
sus estudios en cursos sabatinos, finalizando el grado décimo.
1.2.8.  Manifiesta que un
sábado por la tarde, después de clases, mientras caminaba por la calle 5 con
carrera 10, se encontró a una persona apodada “el pampi” que
trabajaba en el “negocio” (“trata de blancas”), quien la
arrinconó contra una pared, la golpeó y la apuñaló por la espalda. Dadas las
circunstancias, fue trasladada al hospital Cañaveralejo.
1.2.9.  La accionante
señala que como consecuencia de la intimidación que sufrió, se fue a Palmira
(Valle) donde vivió durante un año y conoció al pastor Orlando Castaño, quien
la llevó, en el año de 2007, a la Fundación Kirios en la ciudad de Pereira. Estando en dicha ciudad, extravió la contraseña de su cédula de ciudadanía y al solicitar
el duplicado, se dio cuenta que tenía dos cédulas y que la vigente era la
número 31.308.(...) de Cali-Valle.
1.2.10.
La
demandante menciona que se acercó a la Registraduría de Pereira para conocer el trámite que debía seguir para recuperar la segunda cédula y el funcionario que la
atendió, de manera irónica, le manifestó que “igual eso es una cédula y se
tiene que quedar con ella y eso le pasa por andar sacando doble cédula”. En
consecuencia, el 24 de marzo de 2010, la Personería de esa ciudad elaboró un derecho de petición,
para solicitar el cambio de nombre y de cédula. Ante la falta de respuesta,
instauró acción de tutela la cual fue concedida por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Pereira. No obstante, dice, la solicitud quedó sin
resolver.
1.2.11.
Manifiesta
que tiene dos hijos más, de padres distintos, los que, por circunstancias
varias, no han permanecido a su lado para colaborarle con la crianza de los
niños.
1.2.12.
Aduce
que por la doble cedulación ha tenido muchos problemas, entre ellos, registrar
a sus hijos con un apellido que no es el suyo y no recibir la ayuda
humanitaria. Además, reitera que es madre de 3 hijos sin padres, de escasos
recursos, víctima del conflicto armado, en situación de desplazamiento y no
sabe dónde está su familia desde hace 14 años. Asegura que es difícil que su
familia la encuentre si aparece con otro nombre.
1.2.13.
En
virtud de lo anterior, el 23 de mayo de 2013, envió nuevamente derecho de
petición a la Registraduría Nacional del Estado Civil, solicitando la
cancelación de la primera cédula, correspondiente al número 31.308.(...) de
Cali – Valle y la habilitación de la que tramitó siendo mayor de edad, en
Tumaco – Nariño, con el número 1.087.114.(...).
1.2.14.
Como
consecuencia de lo anterior y al no tener respuesta satisfactoria, en sede de
tutela solicita que se cancele el número de cédula 31.308.(...) de Cali-Valle y
se habilite la correspondiente a 1.087.114.(...) de
Tumaco-Nariño.
Para el efecto, pide que se tenga en
cuenta que la verdadera fecha de nacimiento es el 25 de octubre de 1986, certificada en
el registro civil de nacimiento aportado al tramitar la segunda cédula. Por el
contrario, la fecha indicada en la cédula que pretende anular, 27 de julio de 1983, no corresponde a
la realidad, lo que demuestra una clara irregularidad en el documento de
identidad.
1.3
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El 11 de junio de 2013, el Juzgado Promiscuo Municipal
de El Cairo, Valle, con Función de Control de Garantías admitió la demanda y
ordenó correr traslado a la entidad accionada. En el mismo auto, ordenó la
vinculación de los Registradores Nacionales del Estado Civil con sede en la ciudad
de Bogotá, Cali y Tumaco para que hicieran las manifestaciones que considerara
pertinentes.
1.3.1.
Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de la Jefe de la Oficina Jurídica, la entidad se opuso a las pretensiones de la tutela.
Frente a los hechos de la demanda, señala que mediante
oficio interno DNRC-GJ-1381 del 16 de julio de 2013, la Dirección Nacional de Registro Civil manifestó que a través de oficio No. 57763 de esa misma
fecha se le dio respuesta a la accionante, indicándole que “las cédulas de
ciudadanía No. 31.308.(...) y No. 1.087.114.(...), se encuentran vinculadas con
los registros civiles de nacimiento con indicativo serial 7416(...) de la Notaría Sexta de Cali – Valle y el indicativo serial 38214(...) de la Registraduría de Tumaco – Nariño respectivamente, y que estos son registros que cumplen con
los requisitos de ley y son totalmente válidos”.
En ese sentido, considera que lo procedente es la
cancelación de uno de los registros civiles toda vez que éstos difieren en los
datos biográficos, para ello es necesario que la accionante acuda ante un juez
de familia para que sea este funcionario quien de la orden.
Por lo anterior, solicita que se declare improcedente
la acción de tutela y se nieguen las pretensiones, ya que no se ha vulnerado el
derecho de petición de la accionante al haber dado respuesta a su petición el
día 16 de julio de 2013.
Por otra parte, expone que la Dirección Nacional de Identificación[2]
manifestó, frente a las pretensiones de la accionante, lo siguiente:
“De manera atenta y para dar respuesta a la Acción de Tutela de la referencia  me permito informar el historial de cedulación a nombre de
la ciudadana tutelante de la siguiente manera:
-Consultado el Archivo Nacional de
identificación – ANI, el sistema de Gestión Electrónica de Documentos GED y el
archivo temporal MTR, bases de datos que permiten conocer el estado de los
documentos, se estableció que la accionante solicitó trámite de expedición de
Primera Vez de su documento de identidad el día 22 de noviembre de 2002 en la Registraduría Especial del Estado Civil de Cali – Valle del Cauca, momento en el cual
manifestó llamarse REMEDIOS expidiéndosele la cédula de ciudadanía No. 31.308.(...).
-de igual manera logró establecerse
efectuado cotejo dactiloscópico y/o cotejo de impresiones dactilares, que la
señora REMEDIOS , quien ya era portadora de la cédula de ciudadanía No. 31.308.(...),
la cual acreditaba su identidad, solicitó nuevamente trámite de expedición de
Primera Vez de su documento de identidad el día 08 de julio de 2005 en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Tumaco – Nariño, momento en el cual manifestó
llamarse REBECA, expidiéndose la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...).
En efecto, valorado el material de
cedulación correspondiente al caso materia de estudio, se evidenció compromiso
de la accionante en un caso de DOBLE CEDULACIÓN debido a que era titular
de dos cupos numéricos; por lo que el Director Nacional de Identificación
mediante Resolución No. 5144 de 25 de noviembre de 2005, procedió a
cancelar por Doble Cedulación el cupo numérico 1.087.114.(...), la cual en su artículo
cuarto expresa: ‘ordénese a los Registradores Especiales y Municipales
presentar denuncia penal por la posible comisión de un delito’, según lo
dispone el artículo 67 del Código Electoral, que establece como causal
de cancelación la múltiple cedulación y ordena cancelar los cupos numéricos
indebidamente expedidos, y el artículo 68 del Código Electoral, que ordena a la Registraduría Nacional del Estado Civil poner en conocimiento del hecho a la autoridad competente.
Así las cosas y teniendo en cuenta los
argumentos anteriormente aludidos se precisa que a la accionante señora REBECA,
para todos los efectos legales le corresponde identificarse con la cédula de
ciudadanía No. 31.308.(...), documento que a la fecha se encuentra vigente.
Para informar a la ciudadana sobre el
estado actual de la cédula de ciudadanía y de las gestiones adelantadas al
interior de la Entidad para brindar solución efectiva a la situación
presentada, la Dirección Nacional de Identificación – Coordinación Grupo
Jurídico, remitió comunicación mediante Oficio Interno AT 1612 de 16 de julio
de 2013 en los términos anteriormente expuestos”.
Así las cosas, considera que no hay vulneración alguna
de derechos en la medida que la petición elevada por la accionante fue resuelta
mediante oficio 057845 del 16 de julio de 2013.
1.3.2.
Respuesta de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Tumaco
El registrador municipal manifestó que mediante oficio
No. 0751 del 12 de julio de 2013, dio traslado a la oficina de Derechos de
Petición y Tutelas/grupo jurídico de la Registraduría Nacional para que se pronunciara sobre el asunto.
1.3.3.
El registrador
municipal de Cali guardó silencio.
2.
DECISIONES
JUDICIALES
2.1.
ÚNICA INSTANCIA: JUZGADO
PRIMISCUO MUNICIPAL DE EL CAIRO, VALLE
En sentencia del 23 de julio de 2013, el juzgado
Promiscuo Municipal de El Cairo
declaró improcedente la tutela. Consideró que la respuesta remitida por la Coordinadora del Grupo Jurídico de la Registraduría Nacional del Estado Civil a la accionante, en la cual le explican lo sucedido con su documento de identidad y le señalan el
trámite a seguir, resuelve de fondo la solicitud elevada.
En consecuencia, indicó que ante la ausencia de
violación al derecho de petición, no existían razones para que el despacho
entrara en consideraciones exhaustivas sobre el mismo. Por tanto, consideró que
se había presentado un hecho superado que daba lugar a la improcedencia de la
acción.
3.       PRUEBAS DOCUMENTALES
Se encuentran en el expediente las
siguientes pruebas documentales relevantes:
3.1.
Fotocopia de la
contraseña del documento de identidad número 1.087.114.(...) (folio 4 C. 1).
3.2.
Fotocopia del derecho
de petición del mayo de 2013, presentado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil (folios 5-7 C.1).
3.3.
Fotocopia del informe
vía web realizado por la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sobre el caso de la accionante (folios 32-35 C.1).
4.       ACTUACIÓN EN SEDE DE REVISIÓN
4.1.
Mediante auto del
22 de noviembre de 2013, con el fin de contar con mayores elementos de
juicio para resolver el presente asunto, el magistrado sustanciador solicitó
las siguientes pruebas:
“Primero.- ORDENAR que por Secretaría General se oficie, por el medio
más expedito, a la accionante[3],
para que en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
del presente auto, INFORME a esta Sala de Revisión qué gestiones ha
realizado para cancelar el registro civil de nacimiento que sirvió de base para
expedir el documento de identidad número 31.308.(...) de Cali – Valle. Lo anterior, teniendo en cuenta la
respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 16 de julio de 2013.
Segundo.- ORDENAR que por Secretaría General se oficie,
por el medio más expedito, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el término de cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, INFORME a
esta Sala de Revisión lo siguiente:
1.
Estado actual de
vigencia de los documentos de identidad correspondientes a los números 31.308.(...) de Cali – Valle y 1.087.114.(...)
de Tumaco – Nariño.
2.
Las razones por las cuales
canceló la cédula de ciudadanía número 1.087.114.(...) de Tumaco – Nariño.
3.
Cuál es el
trámite a seguir, para reactivar la cédula de ciudadanía número 1.087.114.(...) de Tumaco – Nariño y cancelar la
correspondiente al número 31.308.(...) de Cali – Valle.
4.
Remita copia de los
registros civiles de nacimiento que sirvieron de base para expedir las cédulas
de ciudadanía de la accionante.
Tercero.- Por
intermedio de la Secretaría General, OFICIAR al Instituto Colombiano
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que en el término de diez (10)
días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia,
practique un examen físico y sicológico de la accionante a fin de determinar la edad probable y presuntas secuelas dejadas por los hechos relatados
en la demanda.
Para el efecto, la Secretaría remitirá a la entidad copia de la demanda. Un informe detallado del examen deberá
ser remitido a esta Corporación.
Cuarto.- OFICIAR a la Dirección de Investigación Criminal
e Interpol o a la entidad que encargada, para que en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación del presente auto, INFORME a esta Sala de Revisión si
existen procesos penales o condenas a nombre de Rebeca, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...) de Tumaco, o Remedios,
identificada con cédula de ciudadanía No. 31.308.(...) de Cali.”
4.1.1.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol, mediante oficio del 9 de diciembre de
2013,[4]
informó a este despacho que, una vez consultada la base de datos de la entidad,
“a nombre de las señoras Rebeca y Remedios identificadas con cédulas de
ciudadanía Nos. 1.087.114.(...) y 31.308.(...) respectivamente, a la fecha se
encuentran en estado NEGATIVO, es decir, no cuentan con anotaciones,
antecedentes y/o requerimientos”.
4.1.2.
La Registraduría Nacional del Estado Civil[5] dio respuesta al requerimiento del
despacho, manifestando lo siguiente:
“1. Consultado el Archivo Nacional de Identificación –
ANI, el estado actual de la cédula de ciudadanía No. 31.308.(...) expedida en
Cali – Valle a la señora REMEDIOS se encuentra vigente y sin ninguna novedad.
Respecto a la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...)
expedida en Tumaco – Nariño a la señora REBECA se encuentra cancelada por Doble
Cedulación mediante Resolución No. 5144 de 25 de noviembre de 2005 expedida por
el Director Nacional de Identificación.
2. Haciendo uso de la facultades legales otorgadas por
los artículos 67 y 68 del Código Electoral (…) el Director Nacional de
Identificación mediante Resolución No. 5144 de 25 de noviembre de 2005 cancela
la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...) por Doble Cedulación.
3. Así las cosas y teniendo en cuenta los argumentos
anteriormente aludidos no es posible reactivar la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...)
de Tumaco - Nariño y cancelar la correspondiente al cupo numérico 31.308.(...)
de Cali – Valle, toda vez que efectuado el cotejo dactiloscópico y/o cotejo de
impresiones dactilares, se confirmó que la señora REMEDIOS quien ya era
portadora de la cédula de ciudadanía No. 31.308.(...), la cual acreditaba su
identidad, solicitó nuevamente trámite de expedición por primera vez de su
documento de identidad el día 08 de julio de 2005 en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Tumaco – Nariño, momento en el cual manifestó
llamarse REBECA, expidiéndose la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...),
generando la accionante con esta situación una DOBLE CEDULACIÓN.
Como conclusión y para todos los efectos legales y
políticos le corresponde a la tutelante identificarse con la cédula de
ciudadanía No 31.308.(...) expedida a la señora Remedios, documento que a la
fecha se encuentra vigente, de lo contrario podría incurrir en una Falsa
Identidad.
4. Conforme a la competencia señalada, la Dirección Nacional de Registro Civil, a través de la Coordinación Grupo Jurídico (…) informó a ese despacho:
(…)
De acuerdo con el artículo 65 inciso2 del Decreto Ley
1260 de 1970, la oficina central se encuentra facultada para disponer
administrativamente la cancelación de una inscripción en el registro civil,
cuando se compruebe que el hecho ya estaba registrado; es decir que esta
procede cuando los registros civiles son idénticos en datos biográficos (fecha
y lugar de nacimiento, nombre de los padres, sexo, etc.) y en este caso estamos
frente a dos registros que difieren en todos sus datos biográficos.
De esta forma y por las razones indicadas
anteriormente, se debe adelantar proceso de jurisdicción voluntaria ante un
juez de familia, para que con base en las pruebas que pretenda hacer valer se
determine cuales son los datos reales de la inscripción con el fin de ajustar
el registro a la realidad. Posterior a ello y de conformidad al respectivo
pronunciamiento de fondo debidamente ejecutoriado, se deberá proceder a
efectuar la cancelación del registro que se ordene, como lo dispone la
siguiente normatividad:
·
Decreto 1260 de
1970, artículo 95: Toda modificación de una inscripción en el registro del
estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita de escritura pública o
decisión judicial firme que la ordena o exija, según la ley.
·
Decreto 2272 de
1989, artículo 5 numeral 18. Los jueces de familia conocen de conformidad con
el Procedimiento señalado en la Ley, de los siguientes asuntos: de la
corrección, sustitución o adición de las partidas del estado civil, cuando se
requiera intervención judicial.
(…) De conformidad con lo anterior, esta Dirección,
procederá oportunamente a dar cumplimiento al respectivo pronunciamiento de
fondo, si lo hubiere, de autoridad judicial competente, debidamente
ejecutoriada.”
4.1.3.
En oficio del 22
de enero de 2014,[6]
el Personero Municipal de El Cairo, Valle, actuando en nombre de la
accionante, manifestó respecto de las gestiones realizadas para cancelar el
registro civil de nacimiento que sirvió de base a la expedición del documento
de identidad No. 31.308.(...) de Cali, lo siguiente:
“(…) ha sido muy difícil adelantar algún procedimiento
con la señora ‘Rebeca’ puesto que para poder llevar a cabo el proceso de
jurisdicción voluntaria teníamos que dirigirnos al municipio de Cartago que
queda a una distancia de tres (3) horas, además del dinero con el cual no se
contaba y las ausencias en vereda de la señora ‘Rebeca’ quien trabaja en finca
del Municipio lo que imposibilita su localización.
Posterior a esto, se recibió oficio de la Registraduría donde se solicitaba se certificara la No existencia del registro civil de
nacimiento de REMEDIOS por lo que se remitió el oficio el día 06 de noviembre de
2013 solicitando dicha certificación y recibimos respuesta el día 14 de
noviembre de 2013 en la cual se anexaba registro civil de nacimiento de la señora
REMEDIOS.
Después de esto se recibió llamada de Medicina Legal
Bogotá donde se preguntaba por la señora ‘REBECA’ para que se le informara que
se había ordenado realizar una valoración y que esta se iba a llevar a cabo en
Pereira o Cali dada la ubicación geográfica del municipio.  Se recibió llamada
por parte de medicina legal de Pereira en el mes de diciembre de 2013 donde se
informaba que ellos tenían el caso y que estuviéramos pendientes para la fecha
de valoración lo que hasta el momento no ha sucedido.
La señora ‘Rebeca’ es una persona sumamente pobre, a
la que en ocasiones este despacho ha apoyado  para su alimentación, por lo que
exigírsele que realice ciertas actividades de transporte y pernoctación en otro
municipio resulta muy difícil, inclusive se requiere el apoyo para la
valoración en medicina legal. En el año 2010 en la ciudad de Pereira se
realizaron gestiones que terminaron en un fallo de tutela en el Tribunal
Superior del Distrito judicial de Pereira Sala de Decisión Civil-Familia cuyo
radicado responde a Expediente 66001-22-13-001-2010-00022-00.
Aparte de esta situación no hemos logrado que la
señora ‘REBECA’ reclame alguna ayuda humanitaria ante la Unidad de Víctimas, pese a la necesidad manifiesta que presenta, debido a la cancelación de
la cédula”.
4.2.
Posteriormente, a
través de auto del 27 de enero de 2014, el magistrado sustanciador consideró
necesario requerir el cumplimiento de algunas de las pruebas solicitadas y para
el efecto ordenó:
“Primero.- ORDENAR que por Secretaría General se requiera, por el medio
más expedito, a la accionante[7],
para que en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
del presente auto, INFORME a esta Sala de Revisión qué gestiones ha
realizado para cancelar el registro civil de nacimiento que sirvió de base para
expedir el documento de identidad número 31.308.(...) de Cali – Valle. Lo anterior, teniendo en cuenta la
respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil del 16 de julio de 2013.
Adicionalmente,
se solicita a la accionante, allegue copia del registro civil de nacimiento que
afirma, es el que contiene la información correcta.
Segundo.- ORDENAR que por Secretaría General se
requiera, por el medio más expedito, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el término de cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, INFORME a
esta Sala de Revisión qué documentos sirvieron de base para expedir las cédulas
de ciudadanía de la accionante. Remitir copia de los mismos y de las
respectivas cédulas de ciudadanía.
Igualmente, MANIFIESTE en qué aspectos difiere
la información de los registros civiles de la accionante, situación que, como
advierte la entidad, no le autoriza para cancelar uno de los documentos.
Tercero.- ORDENAR que
por intermedio de la Secretaría General, se requiera al Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, para que en el término de diez (10) días hábiles contados a
partir de la notificación de la presente providencia, practique un examen
físico y sicológico de la accionante a fin de determinar la edad probable y presuntas secuelas dejadas por los hechos relatados
en la demanda.
Para el efecto, el Instituto Colombiano de Medicina
Legal y Ciencias Forenses debe ubicar a la accionante y gestionar todas las
diligencias a través de la Personería Municipal de El Cairo, Valle, entidad que se encarga de la representación de la actora. Un informe detallado del examen
deberá ser remitido a esta Corporación.
Cuarto.- SUSPENDER
los términos para
fallar en el presente proceso.”
4.2.1.
La Registraduría Nacional del Estado Civil dio respuesta al numeral segundo,[8]
reiterando lo manifestado en oportunidad anterior con relación a la situación
especial de la accionante y señalando, como información adicional, lo
siguiente:
“Por otra parte, consultado el histórico de la cédula
de ciudadanía No. 31.308.(...), se logró establecer que el día 8 de noviembre
del año 2013, otra ciudadana que manifestó llamarse REMEDIOS, tramitó la
expedición de un duplicado de dicho cupo numérico, trámite que fue
rechazado en los controles de validación, debido a la incoherencia de las impresiones
dactilares de la solicitante, frente a la persona (titular) que tramitó la
cédula de ciudadanía por primera vez, lo cual quedó reflejado en el reporte de
investigación No. 172.20.43.108 del día 10 de Diciembre de 2013.
Así mismo, según investigación practicada el día 30 de
enero de 2014, se logró determinar que la ciudadana que tramitó la expedición
del duplicado de la cédula de ciudadanía No. 31.308.(...) solicitó
expedición de otra cédula de ciudadanía de primera vez, asignándosele el
NUIP 1.144.189.685, oportunidad en la que adujo que sus datos
biográficos corresponden a los consignados en el registro civil de nacimiento
obrante al indicativo serial 7416(...), es decir, a nombre de REMEDIOS nacida
el día 27 de julio de 1983, en la ciudad de Cali (Valle), hija de M y N.
Es importante señalar que, frente al caso materia de
controversia, la Registraduría Nacional del Estado Civil requirió en varias oportunidades a la señora REBECA, adelantar un proceso judicial de jurisdicción
voluntaria, para que por intermedio de decisión judicial se ordenase la
cancelación del registro civil de nacimiento 7416(...), en el entendido que
dicha ciudadana era la única que se había identificado con dicho registro civil
de nacimiento. Lo anterior, tendiendo en consideración lo consagrado en el
Decreto 1260 de 1970, en lo referente a que las personas solamente deben tener
un registro civil a su nombre, por lo tanto lo procedente era realizar la
cancelación por vía judicial, de uno de los dos registros civiles.
No obstante, frente a la novedad presentada con la
ciudadana que solicitó la cédula de ciudadanía No. 1.144.189.685, y quien
manifiesta ser REMEDIOS, es menester informar al Despacho judicial que la
señora REBECA debe abstenerse de adelantar proceso judicial tendiente a
la cancelación del registro civil 7416(...), por cuanto dicho documento
de identificación presuntamente corresponde a otra persona.
Así las cosas, en el presente caso es posible que se
esté configurando un caso de SUPLANTACIÓN DE PERSONA, toda vez que al parecer
la señora REBECA utilizó el registro civil de nacimiento con serial 7416(...),
de la señora REMEDIOS, y tramitó la expedición de una cédula de ciudadanía de
primera vez (31.308.(...)), con una identidad que no le corresponde.
Que para resolver de fondo la situación acaecida con
la señora REBECA, se está estudiando la viabilidad de restablecer la vigencia a
la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...) a nombre de REBECA, y por ende,
ordenar la cancelación por suplantación de la cédula de ciudadanía No. 31.308.(...)
a nombre de REMEDIOS, en caso de ser procedente (…)”. (Énfasis del texto original).
Al escrito, anexa información sobre las cédulas y los
trámites relacionados en la presente acción, así como los registros civiles que
soportan la expedición de dichos documentos.
4.2.2.
El Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses[9] manifestó que
para dar cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación, se puso en contacto
con el Personero Municipal de El Cairo, encargado de ubicar a la accionante,
quien reside en una vereda y la única forma de comunicarse con ella es a través
de terceros. Por ello solicitó ampliar el plazo para fijar fecha de la
evaluación.
En ese contexto, señaló que “mientras no se tenga
el contacto con la accionante por parte del Personero de El Cairo y no se
conozca la disponibilidad de tiempo de la señora Sinisterra, no se podrá
iniciar por parte de las Instituciones, las gestiones, primero para el traslado
hasta la ciudad de Pereira y en segundo lugar con el Instituto para coordinar
la atención”.
Finalmente, solicitó que se ampliara el término para dar
cumplimiento a la orden y se ordenara a la petente que se traslade a la Seccional de Medicina Legal más cercana a fin de que se realice la valoración.
4.2.3.
La accionante, Rebeca,
en escrito del 13 de febrero de 2014, dio respuesta al requerimiento de esta
Sala indicando lo siguiente:
1.
Yo me di
cuenta que tenía doble cédula porque una vez se me perdió la contraseña de Rebeca
en la ciudad de Pereira por lo que fui a la Registraduría con todos los documentos y fotos, entonces el señor que me atendió me manifestó
que la cédula que yo pretendía sacar estaba cancelada porque aparecía con doble
cedulación.
2.
Como me
encontraba en embarazo, necesitaba el carnet de Asmet Salud y no tenía la
cédula me dirigí a la UAO de Pereira para que me certificaran mi situación de
desplazamiento. Allí les conté mi historia y me remitieron a la Personería de Pereira para que realizaran un derecho de petición.
3.
Fui a la Personería y enviaron el derecho de petición solicitando la cancelación de la cédula. No
volví porque me dieron una respuesta que no entendía y pensé que me estaban
tratando como una delincuente.
4.
Busqué la
asesoría del abogado Cesar Mesa quien empezó ayudarme, me ayudó con la tutela y
la solicitud del registro civil expedido en Tumaco, pero dada mi situación de
desalojada no pude regresar (…).
5.
Después de
esto me vine para El Cairo donde he adelantado algunas gestiones en la Personería Municipal para el cambio de cédula. Después de la acción de tutela presentada y la
respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hablamos con el Juez
Promiscuo a ver si se podía adelantar el proceso en El Cairo pero como no es
juez de familia no se permitía, entonces revisamos la posibilidad de un
consultorio jurídico, sin embargo, para mi es muy difícil bajar a Cartago
porque no tengo recursos, tres niños que no tengo con quien dejar cuidando,
trabajo en una finca pero no me pagan, solo me dejan vivir y yo les arreglo la
casa y además, no entiendo por qué me han puesto tanto problema si la Registraduría sabe que los dos registros de nacimiento no coinciden. El error es de ellos y
no mío y por todo esto no he podido acceder a los programas de la unidad de
víctimas como persona víctima del conflicto.
6.
Aparte de
esto, no he podido acceder a ningún programa del Estado porque no quiero
utilizar esa cédula que me tocó, es más, la tengo en Cali y no me interesa que
suceda con ella, solo he utilizado la cédula de Remedios para registrar los
niños porque no quiero tener que explicarle al ICBF mi historia y tener
problemas, no me gusta estar contándole a todo el mundo lo que me pasó, porque
la gente no le cree a uno. También la he utilizado para los trámites de la EPS cuando estaba embarazada. Yo solo quiero que me devuelvan mi identidad, la verdad he
luchado y pasado por muchas cosas en mi vida, no solo mi nombre, sino la
pérdida de mi familia, no se qué ha pasado con mi madre ni mi padre, si fuera
un tema de solo nombre, me quedaría con la nueva cédula y no podría tanto
problema, pero yo quiero la identidad que me dieron mis padres”.
4.3.
En auto del 23 de
julio de 2014, teniendo en cuenta lo informado por la Registraduría Nacional
del Estado Civil, el magistrado sustanciador resolvió:
“PRIMERO: ORDENAR que por Secretaría General se requiera, por el medio
más expedito, a la Registraduría
Nacional del Estado Civil,
para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación
del presente auto, INFORME a esta Sala de Revisión lo siguiente:
1.
Cuál es el
procedimiento a seguir en los casos de restablecimientos de cédulas canceladas
por doble cedulación.
2.
En qué estado se
encuentra el proceso de restablecimiento de la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...)
a nombre de la accionante.
SEGUNDO: VINCULAR al
Grupo de Lucha Contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior,
para que en el término
de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, informe a esta Sala:
1.
Qué programas ofrece la
entidad para ayudar a las víctimas de trata de personas para el
restablecimiento de sus derechos.
2.
Qué ayudas puede recibir la
accionante para la reconstrucción de su identidad familiar.
Para
el efecto, se dejará a su disposición el expediente, en la Secretaría General
de esta Corporación.”
4.3.1.
La Registraduría
Nacional del Estado Civil, en escrito del 30 de julio de 2014, indicó que
como el caso de la accionante ya no se enmarcaba en una situación de doble
cedulación sino en uno de suplantación, se cancelaría la cédula de ciudadanía
No. 31.308.(...) por suplantación o falsa identidad, de conformidad con lo
establecido en los artículos 67 y 68 del Código Electoral. Sobre el particular,
aclaró:
“Para que se constituya un caso de doble cedulación,
es importante determinar que además de que las tarjetas decadactilares de las
Cédulas de Ciudadanía involucradas en dicho asunto contengan las mismas
impresiones dactilares, se determine que el documento base o registros civiles
de nacimiento hayan sido autorizados a la misma persona. Lo anterior, teniendo
en cuenta las múltiples situaciones de doble inscripción de ciudadanos en el
registro civil de nacimiento y por ende las múltiples situaciones de doble
trámite de cédula de ciudadanía con distinto cupo numérico, o doble cedulación.
No obstante, para el caso en particular, teniendo en
cuenta que la señora Remedios (verdadero titular), tramitó la expedición de su
correspondiente cédula de ciudadanía (1.144.189.685), se puede determinar que
ambos registros civiles de nacimiento: 7416(...) y 38214(...), documento base
de las cédulas de ciudadanía No. 31.308.(...) y  1.087.114.(...),
respectivamente, no fueron autorizados a la misma persona, (en el entendido que
la persona que realmente es la acreedora del registro civil de nacimiento con
indicativo serial 7416(...) no es efectivamente la accionante: Rebeca) se
procede a cancelar por suplantación y no por doble cedulación la cédula de
ciudadanía No.31.308.(...), que fuera expedida a nombre de Remedios.
Una vez se profiera el acto administrativo
correspondiente, se notificará la decisión adoptada por la Dirección Nacional
de Identificación a la señora Rebeca y se le darán las instrucciones que
correspondan al caso, para que le sea expedida su correspondiente cédula de
ciudadanía, de lo cual se dará informe oportuno a la Corte Constitucional.”
4.3.2.
La Coordinadora
del Grupo de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior,
vinculado al proceso de tutela, indicó que los programas para las víctimas de
trata de personas para el restablecimiento de sus derechos se encuentran
señalados en el Decreto 1069 de 2014, que reglamentó parcialmente la Ley 985 de
2005.
Con relación a las ayudas que puede recibir la
accionante para reconstruir su identidad familiar, manifestó que puso en
conocimiento de las entidades que integran el Comité Interinstitucional para la
Lucha contra la Trata de Personas la situación de la tutelante para que, desde
sus competencias, adelanten las gestiones pertinentes para lograr la
reconstrucción de su identidad familiar.
4.3.3.
La Defensoría del
Pueblo, a través de la Defensora Delegada para los Derechos de las Mujeres y
los Asuntos de Género, en escrito de fecha 31 de julio de 2014, en respuesta al
requerimiento hecho por este despacho, informó que dicha entidad “presta
asesoría y acompañamiento jurídico a las víctimas de trata de personas desde el
nivel nacional, por medio de las funciones propias de esta Delegada y su
participación en el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de
Personas, y desde el nivel regional, por medio de sus 36 Defensorías Regionales”.
4.3.4.
Finalmente, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en escrito del 11 de agosto de 2014,
informó sobre el estado del trámite de restablecimiento de la cédula de
ciudadanía de la accionante lo siguiente:
“(…) mediante
Resolución No. 11889 del 8 de agosto de 2014, la Dirección Nacional de
Identificación ordenó restablecer en su vigencia la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...),
a nombre de Rebeca y ordenó la cancelación por suplantación de la cédula de
ciudadanía No. 31.308.(...), que fuera expedida a nombre de Remedios,
resolviendo de esta manera el caso de múltiple cedulación que afectó a la
petente.
Así las cosas, mediante comunicado con radicación de
correspondencia No. 068837 del 11 de agosto de 2014, remitido a la Personería
Municipal de El Cairo Valle, según las especificaciones dadas por la accionante
de tutela para recibir notificación, se envió copia simple de la Resolución
118889 de 2014, para que le sea notificada a la señora REBECA, y se le
indicaron unos procedimientos para iniciar el proceso de expedición de su
cédula de ciudadanía”.
5.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
5.1.
COMPETENCIA Y
OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de
las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta
referencia. Además, procede la
revisión en virtud de la selección realizada por la Sala Novena y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación.
5.2.
PROBLEMA
JURÍDICO
En la presente ocasión, corresponde a esta
Sala de Revisión determinar si la
Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró el derecho a la personalidad
jurídica de la accionante, al dejar, en primer lugar, vigente una cédula
de ciudadanía que, según la interesada, no refleja los atributos de su
personalidad sin haber respetado el derecho de ésta a ser oída y, en segundo
lugar, al demorar el trámite de cancelación del citado documento por
presunta suplantación de identidad.
Para el efecto, se hará referencia a la
jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la personalidad jurídica y el
debido proceso que se debe observar en los procesos de cancelación de cédulas
de ciudadanía. Por último, se analizará la situación concreta de la accionante.
Previo a la solución del caso concreto, la
Sala definirá si la acción de tutela es procedente en este caso para cuestionar
las actuaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil o si existe otro
mecanismo de defensa eficaz.
5.3.
DERECHO A LA
PERSONALIDAD JURÍDICA. IMPORTANCIA DEL NOMBRE, DEL REGISTRO CIVIL Y DE LA
CÉDULA DE CIUDADANÍA EN SU EJERCICIO. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
5.3.1.
El artículo 14 Superior
consagra el carácter fundamental del derecho a la personalidad jurídica, al
indicar que: “[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad jurídica.” Disposición que se encuentra acorde con normas
vinculantes del derecho internacional que aluden expresamente a dicha garantía,
como son, los artículos 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[10]
De conformidad con la jurisprudencia[11] de esta
Corte, este derecho, además de permitir a la persona natural ser titular de
derechos y ser sujeto de obligaciones, comprende ciertos atributos que
constituyen su esencia e individualización, tales como, el ejercicio de
derechos civiles y políticos, la acreditación de la ciudadanía, la determinación
de la identidad personal, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el estado
civil, entre otros.
5.3.2.
Al respecto, en
la sentencia T-308 de 2012,[12]
este Tribunal explicó los elementos que derivan del reconocimiento de tal
derecho de la siguiente manera:
“En relación al nombre, este comprende el nombre, los
apellidos, y en su caso el seudónimo, y sirve para identificar e individualizar
a cada persona en relación con los demás y con el Estado.
Respecto a la nacionalidad este tribunal ha señalado
que es el vínculo que une a una persona con un Estado y que permite “participar
en la conformación y control de los poderes públicos y genera derechos y
deberes correlativos. De ese modo, el elemento humano del Estado son sus
nacionales”.
En cuanto a la capacidad para contraer obligaciones y
adquirir derechos, en sentencia C-983 de 2002, la Corte dijo que conforme con
el artículo 1502 del Código Civil esta puede ser de goce o de ejercicio, en
razón a la primera expuso que consistía “en la aptitud general que tiene toda
persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es,
sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad jurídica”. Y la
segunda, esto es, la de ejercicio o legal “consiste en la habilidad que la ley
le reconoce a aquélla para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o
autorización de otra. Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e
intervenir en el comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro”.
Por último, en lo referente al estado civil de las
personas, este Tribunal en sentencia T-861 de 2003 lo describió como “la
expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo,
la edad, estado mental, si son hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos,
casados o solteros, etc. También se relaciona con el reconocimiento de derechos
subjetivos tanto públicos como privados, situándose dentro de los primeros los
propios de quien es reconocido por la Constitución y la ley como ciudadano,
esto es, el derecho político al voto, el ejercicio del derecho de protección
jurídica y las correlativas obligaciones concretas para las personas como la de
pagar impuestos, cumplir el servicio militar obligatorio etc”.
5.3.3.
De otra parte, con relación a
la importancia de este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
indicado que su desconocimiento equivaldría a la negación absoluta de la
posibilidad que tiene una persona de ser sujeto de derechos y obligaciones[13]. A este
respecto, indicó:
“(…)De todo lo dicho se desprende que el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica tiene sustancia o entidad propias y
no puede ser visto como un reflejo de una situación de hecho que prive al
individuo de la posibilidad de ejercer los derechos de los que, sin
embargo,  no se le ha negado la titularidad.  Esto  entrañaría
una situación jurídica -desconocimiento de la personalidad de este carácter-,
en tanto aquello constituye un hecho, tan deplorable o limitante como se
quiera, pero no necesariamente derogatorio, en sí mismo, de la personalidad
jurídica del ser humano que lo padece”[14].
5.3.4.
Ahora bien, en lo
que tiene que ver con el nombre, en el artículo 3 del Decreto Ley
1260 de 1970 por el cual se expide el Estatuto de Registro Civil de las
Personas, se indica que “[t]oda persona tiene derecho a su individualidad, y
por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre comprende, el
nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. (…)”
En consonancia con lo anterior, esta Corporación ha
resaltado en diversas ocasiones la importancia del nombre y su incidencia en
los derechos a la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la
personalidad.
Desde sus inicios, la Corte señaló que el nombre es una
expresión de la individualidad y de la autonomía de la persona. Al  respecto,
en sentencia T-594 de 1993,[15]
indicó:
“El nombre tiene por finalidad fijar la identidad
de una persona en las relaciones sociales y ante el Estado, de suerte que la
hace distinguible en el entorno. En sentido estrictamente jurídico, el nombre
es una derivación integral del derecho a la expresión de la individualidad -a
la que se ha hecho referencia-, por cuanto es un signo distintivo del individuo
ante los demás, con el cual se identifica y lo reconocen como distinto.”
En esa misma providencia, resaltó que la expresión de
la individualidad es esencial para la efectividad de la autonomía personal,
argumentando que:
“La individualidad es el acto de ser del individuo,
o en otras palabras, la trascendencia distintiva del individuo frente a los
demás. Jurídicamente se expresa como la facultad del individuo de proclamar su
singularidad.
[…]
“[L]a primera necesidad que tiene el individuo es
la de ser reconocido como ente distinto y distinguible, y para ello existe el
respeto, tanto del Estado como de la sociedad civil, a su individualidad, es
decir, a ser tratado de acuerdo con sus notas distintivas de carácter, sin más
límites que los derechos de los demás, el orden público y el bien común.
“[…] [L]a expresión de la individualidad […] supone
el derecho al reconocimiento de [la] particularidad [del individuo] y
la exigencia de fijar su propia identidad ante sí y ante los demás. El derecho
a la expresión de la individualidad es un bien inherente a la persona humana
(Art. 94 C.P.), y se proyecta como parte integral del derecho al libre
desarrollo de la personalidad (Art. 16 C.P.).
“La fijación de la individualidad de la persona ante
la sociedad, y ante el Estado, requiere de la conformidad de individuo con la
identidad que proyecta, de suerte que siempre tendrá la facultad legítima de
determinar la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas
convicciones (Art. 18 C.P.).
“La autonomía de la persona, parte siempre del
reconocimiento de su individualidad, de manera que quien es dueño de sí,  lo es
en virtud de la dirección propia que libremente fija para su existencia. Es,
pues, la nota del vivir como se piensa; es el pensamiento del hombre que se
autodetermina. […]”
En ese contexto,
la Corte también ha hecho referencia a la función jurídica que cumple el apellido
de una persona, tanto para ella como para su familia y la sociedad. Al
respecto, en sentencia T-390 de 2005,[16] señaló:
“El ser humano desde el mismo momento de su nacimiento
tiene derecho a ser individualizado ante la familia y la sociedad. Precisamente
por ello, su propia identidad incluye la asignación de un nombre de pila, y la
determinación de sus apellidos, con los cuales se establece la familia de donde
proviene o a la cual pertenece. Tanto aquel como éstos, en conjunto constituyen
el nombre. El nombre de pila lo individualiza frente a los miembros de su
familia; los apellidos –patronímico- indican que pertenece a una familia
determinada.
El apellido es el punto de confluencia del derecho de
familia y el derecho de las personas, como lo afirma el profesor Jean
Carbonnier[17].
Este se determina teniendo en cuenta quienes son los progenitores, es decir
revela una relación de parentesco que ordinariamente lo es de consanguinidad y
excepcionalmente puede ser de carácter civil, mediante la institución de la
adopción.
Es claro entonces, que el apellido cumple una función
jurídica de enorme trascendencia para la persona individualmente considerada y
para la familia de la cual forma parte. Es elemento esencial del estado civil
de las personas que es de orden público, como quiera que mediante el se indica
la situación de la persona en la familia y en la sociedad (…).
En ese orden de ideas, el Estado asume para sí la
determinación del estado civil de las personas conforme a la ley (CP art. 42),
y la regulación de la inscripción del mismo conforme se disponga por el
legislador. Es decir, ni el estado civil de las personas, ni su registro,
quedan sujetos a la simple voluntad de los particulares. No es concesión
graciosa de nadie, sino que constituye un derecho, no una merced ni una dádiva.
No es algo que se da y puede quitarse al arbitrio o capricho de alguien con
respecto a otro, sino que siempre se encuentra regulado de manera estricta por
la ley de tal suerte que su afectación sólo puede llevarse a cabo por las
precisas causales establecidas por el legislador y con la más estricta sujeción
a los procedimientos señalados por él, pues no es un asunto de interés privado
sino que ello interesa a toda la colectividad”.
De lo
anteriormente expuesto, es posible concluir que el nombre, compuesto por el
nombre de pila y los apellidos, cumple una función jurídica importante para la
persona y la sociedad, al ser un elemento esencial del estado civil que además
de permitir un ejercicio efectivo de los derechos a la personalidad jurídica y
al libre desarrollo de la personalidad, es determinante para la
individualización y la identificación como miembro de una familia.
5.3.5.
Por otra parte,
de conformidad con el artículo 1 del Decreto 1260 de 1970 “el estado
civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la
sociedad”,[18]
el cual está determinado por su nacionalidad, sexo, edad, filiación o vínculo
matrimonial o marital.  Teniendo en cuenta la importancia de estas calidades
civiles de las personas, la inscripción del respectivo registro civil se hace
necesaria toda vez que por medio de este documento se puede constituir, probar
y hacer pública toda la información relacionada con su estado civil, desde el
nacimiento hasta la muerte.
Sobre este particular, en sentencia T-277 de 2002,[19]
la Corte calificó la información del estado civil como “indispensable
para el reconocimiento de la personalidad jurídica”. En dicha providencia
consignó:
“Sobre el derecho a la personalidad jurídica, la
Corte, acogiendo los criterios de la doctrina moderna, ha precisado que el
mismo ‘no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar
al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que
comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple
hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos
que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como
sujeto de derecho.’
En este mismo contexto, señala la doctrina
constitucional que el derecho a la personalidad jurídica guarda íntima relación
con los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad
personal, en cuanto ambos representan expresiones de libertad; proyectada en
valores o atributos de la individualidad personal y de la distinción del sujeto
frente a los demás.
Ahora bien, uno de los atributos o calidades jurídicas
de las personas, que permite identificarlas y diferenciarlas en el conglomerado
social, es el estado civil. Por su intermedio, los seres humanos definen
ciertos hechos fundamentales de su personalidad y logran una ubicación jurídica
en su núcleo familiar y social. Así, en lo que toca con la personalidad, se
puede establecer si se trata de hombre o mujer, si es menor o mayor de edad y
si está vivo o ha fallecido. Por el lado de la familia y la sociedad, se
determina si es hijo legítimo o extramatrimonial y si está casado o es soltero.
Dada la importancia de las calidades civiles de las
personas, su constitución y prueba se realiza mediante la inscripción en el
registro civil, siendo el de nacimiento la forma idónea de asegurar que en
efecto el ser humano puede ejercer efectivamente sus derechos. Que se proceda a
éste en forma inmediata es, entonces, un derecho del niño, indispensable para
el reconocimiento de su personalidad jurídica.
La importancia del registro es inmensa si se tiene en
cuenta que mediante él se adquiere oficialmente otro de los atributos
esenciales de la personalidad: el nombre” (Subraya fuera de texto).
Bajo este contexto, los errores que puedan presentarse
en el registro civil pueden ser subsanados o corregidos de conformidad con lo
indicado en el Decreto 1260 de 1970[20]
según se trate de un error mecanográfico, una alteración o modificación de los
datos allí contenidos. Igualmente, de conformidad con el citado acto
administrativo, hecha la inscripción de un nacimiento, la oficina encargada
puede disponer de su cancelación cuando se compruebe que la persona objeto de
ella ya estaba registrada.[21]
Igualmente, es preciso resaltar que, atendiendo la importancia de este
documento en las calidades civiles de las personas, los procedimientos
relacionados con el mismo deben realizarse de manera ágil, con el fin de garantizar
el ejercicio efectivo de los derechos involucrados.
5.3.6.
Finalmente, con relación
a la identificación, mediante la cual se establece la individualidad de una
persona de conformidad con las previsiones legales existentes, en el sistema
colombiano el elemento que permite acreditarla es la cédula de ciudadanía.
Por tal motivo, la ley ha depositado en este documento
“el estatus de prueba de identificación personal, por medio de la cual se
pueden acreditar la personalidad de su titular en todos aquellos actos,
negocios o situaciones jurídicas en que se haga necesario presentar prueba que
acredite tal calidad, por lo que dicho documento se ha convertido en el
elemento idóneo para el cumplimiento del referido propósito y el que a su vez
es irremplazable”.[22]
En este entendido, la cédula de ciudadanía constituye el
medio idóneo para acreditar la “mayoría de edad”, esto es, “el estado
en que se alcanza la capacidad civil, circunstancia que según el legislador
demuestra que la persona ha logrado la plenitud física y mental que lo habilita
para ejercitar válidamente sus derechos y asumir o contraer obligaciones
civiles”.[23]
Adicionalmente, permite el ejercicio del derecho al sufragio, en los términos
del artículo 99 de la Carta Política.
Así, este documento se instituye como una herramienta
idónea para: “(i) identificar cabalmente a las personas, (ii) acreditar la
ciudadanía y (iii) viabilizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
No cabe duda que constituye un documento al que se le atribuyen alcances y
virtualidades de diferente orden que trascienden, según la Constitución y la ley, la vida personal de los individuos para incidir de modo especial en el
propio acontecer de la organización y funcionamiento de la sociedad.”[24]
De manera que, dada la importancia de las funciones
otorgadas a la cédula de ciudadanía para permitir el ejercicio del derecho a la
personalidad jurídica, la misma se convierte en un instrumento con alcances de
orden tanto jurídico como social.
De lo anteriormente expuesto, queda clara la especial
importancia que reviste el derecho a la personalidad jurídica, el cual no
implica exclusivamente la capacidad de la persona humana para ingresar al
tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones, sino que además,
permite que las personas gocen de ciertos atributos propios de su individualidad,
tales como el nombre, la nacionalidad, el estado civil, que garantizan el
ejercicio de los demás derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
5.4.
LA OBSERVANCIA
DEL DEBIDO PROCESO EN EL TRAMITE DE CANCELACIÓN DE CÉDULAS POR MÚLTIPLE CEDULACIÓN.
REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
5.4.1.
Como se expuso en precedencia,
dada la importancia de la cédula de ciudadanía para el ejercicio del derecho a
la personalidad jurídica de las personas, los procedimientos administrativos
dirigidos a su ajuste, actualización, etc – como la cancelación por doble
cedulación – tienen carácter sustantivo. Por ello, en su desarrollo, deben
respetarse las garantías del debido proceso, entre otras manifestaciones y
desarrollarse sin dilaciones injustificadas.
Con relación a la cancelación de la cédula de
ciudadanía, el Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral) en su artículo 67 otorga
a la Registraduría Nacional del Estado Civil la competencia para proceder a cancelar
dicho documento, entre otros eventos, cuando exista múltiple cedulación.
Dicha facultad, necesaria dentro de la Organización
Electoral para alcanzar el cometido constitucional de organizar lo relativo a
la identidad de las personas, puede llegar a comprometer el reconocimiento de
la personalidad jurídica del titular de los documentos.  Lo anterior, por
cuanto en ese proceso de cancelación de una o más cédulas de ciudadanía pueden
cometerse errores que conlleven una afectación del goce del derecho a la
personalidad jurídica como por ejemplo, en el evento en que la entidad cancele
una o más cédulas de un mismo titular, dejando vigente una que, en criterio del
interesado, no refleja los atributos de su personalidad.
5.4.2.
Bajo ese entendido,
en sentencia T-006 de 2011,[25]
esta Corte al analizar un caso en el que al demandante no se le ofreció la
oportunidad para ser oído en el trámite de cancelación de su cédula, se planteó
el siguiente problema jurídico: “¿viola la Registraduría Nacional del Estado
Civil los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso
de un ciudadano con más de una cédula, al dejar vigente una de ellas sin
escuchar previamente al titular de las mismas, a pesar de que de ese modo se
incrementa el riesgo de cometer un error y de dificultarle al titular del
documento acreditar ante la sociedad de forma adecuada los atributos de su
personalidad?”
En esa oportunidad, la respuesta fue afirmativa y
argumentada de la siguiente manera:
“En efecto, de acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que consagra el derecho a ser oído, se aplica también a procedimientos
administrativos, si la decisión tiene la virtualidad de intervenir en derechos
de una persona. Por eso, la Corte Interamericana consideró, en un asunto
similar a este, en el Caso Ivcher Bronstein contra Perú, que una autoridad
administrativa (Dirección General de Migraciones y Naturalización de Perú)
violó el derecho a ser oído de Ivcher Bronstein, porque surtió un trámite sin
garantizarle el derecho a ser oído, a pesar de que la decisión con la cual se
le podía poner fin al procedimiento tenía la potencialidad de incidir–y de
hecho incidió- en su derecho a la personalidad jurídica (en su nacionalidad).
La Corte IDH manifestó, entonces:
‘Pese a que el artículo 8.1 de la Convención alude al
derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la
“determinación de sus derechos”, dicho artículo es igualmente aplicable a las
situaciones en que alguna autoridad pública, no judicial, dicte resoluciones
que afecten la determinación de tales derechos’.”
De conformidad con lo anterior, la Corte acudió al
procedimiento que, para la cancelación de cédulas, señala el Decreto Ley 2241
de 1986 (Código Electoral) en sus artículos 72 y 73, los cuales disponen:
“ARTICULO 72. Se podrá solicitar la cancelación de
cédulas de ciudadanía en los casos del artículo 67 de este Código, conforme al
procedimiento determinado en el artículo siguiente.
ARTICULO 73. La impugnación de la cédula de ciudadanía
puede hacerse al tiempo de su preparación o después de expedida. En ambos casos
el Registrador del Estado Civil exigirá la prueba en que se funda la
impugnación, oirá, si fuere posible, al impugnado, y, junto con su concepto
sobre el particular, remitirá los documentos al Registrador Nacional del Estado
Civil, para que éste resuelva si niega la expedición de la cédula o se cancela
la ya expedida”.
Al interpretar los citados artículos, la Corte
encontró que en los casos en los que mediaba una solicitud de cancelación del
documento el legislador previó la posibilidad de que el interesado pueda ser
oído, posibilidad que no se deducía para aquél a quien se le iniciaba el
trámite de oficio, como acontecía en el caso sometido a estudio. Este silencio,
fue analizado por la Corporación determinando los siguientes escenarios:
“Por un lado (i) asumió que sencillamente no está
prevista la posibilidad de ser oído, sobre lo que podría inferirse que en estas
circunstancias las personas no tienen derecho a ejercer su derecho a la
defensa. Por otro, (ii) se evidenció la existencia de una “laguna normativa”,
que puede ser resuelta acudiendo a una norma que contemple un silogismo
análogo. En ese orden, la forma de resolver la laguna es la aplicación del
procedimiento establecido en el artículo 73 del Código Electoral para la
cancelación de la cédula de ciudadanía en los casos que media solicitud de
impugnación.”[26]
La anterior conclusión fue producto de un juicio de
ponderación estricto según el cual no se acogía la primera interpretación toda
vez que la misma:
“no prevé una oportunidad previa para que los
titulares de los documentos sean oídos en el proceso oficioso de cancelación de
cédulas. Ese entendimiento debe rechazarse por ser inconstitucional. En
consecuencia, debe aplicarse el segundo sentido, que entiende el silencio del
legislador extraordinario como una laguna normativa. Esa laguna debe colmarse,
por la vía de aplicar, al proceso oficioso de cancelación, los requerimientos
del trámite rogado de cancelación de cédulas. Con lo cual se obtiene que, en
ambos procesos administrativos, los titulares de los documentos sujetos a la
cancelación tienen derecho a ser oídos.”
En ese entendido, con independencia de si media o no
solicitud, en los procesos de cancelación de cédulas seguidos por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se debe dar aplicación a lo
establecido en el artículo 73 previo a resolver el fondo del asunto.
5.4.3.
Esta posición ha
sido reiterada por esta Corte al resolver problemas jurídicos causados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil cuando procede a cancelar el documento
de identificación por múltiple cedulación tras evidenciar la existencia de
diversas cédulas de ciudadanía en cabeza de una misma persona, de las que se
resaltan, entre otras, las providencias que a continuación se extractan.
En sentencia T-929 de 2012,[27] analizó un caso
de una mujer adulta mayor en condición de indigencia, que había solicitado la
expedición de la cédula de ciudadanía para reclamar un subsidio económico. Durante
el trámite, la Registraduría Nacional del Estado Civil advirtió que a la
accionante ya se le había expedido una cédula de ciudadanía en el año 1959,
motivo por el cual se canceló el último número solicitado.
En esta oportunidad, la Corte reiteró el derecho que
tenía la accionante de ser oída en el trámite de la cancelación de una de sus
cédulas con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso.
Igualmente, constató la afectación de sus derechos al mínimo vital y a la
personalidad jurídica con la tardanza en resolver la solicitud de expedición de
la cédula y en comunicar la decisión. En consecuencia, dejó sin efectos la
resolución que canceló la última cédula solicitada y ordenó que se adelantara
nuevamente el trámite para que la actora fuera oída antes de tomar una
decisión.
Posteriormente, en sentencia T-763 de
2013[28]
la Corte estudió la situación
particular de una accionante, quien ostentaba la calidad de desplazada, inmersa
en un caso de doble cedulación. Durante el trámite correspondiente, iniciado de
oficio por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se canceló la cédula de
ciudadanía más reciente, dejando sin vigencia la que ella consideraba, la
identificaba, sin que se le hubiese ofrecido la oportunidad de ser oída.
Luego de reiterar la sub-regla
jurisprudencial establecida en la sentencia T-006 de 2011 relacionada con los
derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso,
específicamente con el derecho de las personas de contar con la posibilidad de
ser escuchadas de manera previa a la cancelación de su cédula de ciudadanía en
casos de doble cedulación, la Sala de Revisión consideró que la actuación
cuestionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la
personalidad jurídica, al no contar con la posibilidad de ser oída durante el
trámite iniciado de oficio por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
5.4.4.
Lo anteriormente
expuesto, permite concluir que dada la importancia de la cédula de ciudadanía
en el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica, en los eventos en los
que se tramite, ya sea de oficio o a petición de parte, la cancelación de este
documento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta entidad dentro
del trámite correspondiente debe ofrecer la oportunidad a las personas
afectadas de ejercer su derecho a la defensa, garantizándoles así, el debido
proceso.
6.
ANÁLISIS DEL CASO
CONCRETO
6.1.
LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA
6.1.1.
De conformidad con
el artículo 86 de la Carta Política, cualquier persona tiene la posibilidad de
interponer la acción de tutela “por sí misma o por quien actúe a su nombre”
para invocar la protección de sus derechos fundamentales. De igual forma, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela podrá
ser interpuesta “por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
(…)”
6.1.2.
La legitimación en
la causa, ha sido entendida por la doctrina y la jurisprudencia como “el
reconocimiento de la titularidad subjetiva de los derechos fundamentales de
quien presenta la acción (activa) y la constatación de ser realmente el
demandado quien los vulnera o amenaza vulnerarlos (pasiva).”[29]
Con relación a la legitimación por activa, la
jurisprudencia ha señalado que:
“es también requisito de procedibilidad. Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso; ni que en cierto tipo de asociaciones, como las de carácter sindical,
sus representantes legales no puedan asumir la defensa de los intereses
colectivos de la persona jurídica y a la vez la de los  derechos personales de
los trabajadores afiliados”.[30]
Respecto de la pasiva, esta Corporación se ha referido
en los siguientes términos:
“La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o
controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre
una pretensión de contenido material. La identificación cabal del demandado es
una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan.”
[31]
En el mismo sentido, debe verificarse por parte del
juez constitucional la existencia de un nexo causal entre la vulneración de los
derechos fundamentales alegados y la acción u omisión por parte de quien los
vulnera.
6.1.3.
Ahora bien, en esta
ocasión quien presenta la acción es una persona que tiene problemas en su
identidad, ya que, afirma ser una distinta a la del documento de identificación
que tiene vigente. No obstante ello, la señora Rebeca (verdadera identidad
según la accionante) es la titular de los derechos que en esta ocasión se
alegan como vulnerados, razón por la que se encuentra legitimada por activa
para solicitar, a través de la acción constitucional, su protección.
Finalmente, es evidente para esta Sala que la entidad
accionada, la Registraduría Nacional del Estado Civil es quien, presuntamente,
está afectando el ejercicio pleno del derecho a la personalidad jurídica de la
accionante. Razón por la cual, está legitimado en la causa por pasiva.
6.2.
PROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO
6.2.1.
La acción de
tutela, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Bajo ese entendido, la tutela es un mecanismo de
carácter residual y subsidiario, ya que sólo puede acudirse a él (i) en
caso de inexistencia, ineficacia o falta de idoneidad de otros medios de
defensa o, (ii) frente a la existencia de un instrumento judicial, de
manera transitoria, para evitar un perjuicio irremediable.[32]
6.2.2.
Con relación a la
idoneidad del medio de defensa judicial, esta Corporación sostuvo en la
sentencia T-580 de 2006:[33]
“La aptitud del medio judicial alternativo, podrá
acreditarse o desvirtuarse en estos casos, teniendo en cuenta entre otros, los
siguientes aspectos: i) el objeto de la opción judicial alternativa y ii) el
resultado previsible de acudir a ese otro  medio de defensa judicial.  El juez
constitucional deberá observar, en consecuencia, si las otras acciones legales
traen como resultado el restablecimiento pleno y oportuno de los derechos
fundamentales vulnerados en la situación puesta en su conocimiento, evento en
el que, de resultar afirmativa la apreciación, la tutela resultará en principio
improcedente. A contrario sensu, si el juez determina que el mecanismo de
defensa judicial aparentemente preeminente no es idóneo para restablecer los
derechos fundamentales vulnerados, la tutela puede llegar a ser procedente.”
De manera que, si el juez constitucional verifica que
el mecanismo de defensa existente no resulta conducente e idóneo para la
protección efectiva de los derechos invocados, la acción de tutela resulta
procedente para tal fin.
6.2.3.
De otra parte,
cuando se acude a la acción de tutela como mecanismo transitorio, esta Corte ha
establecido que su procedencia está condicionada a la amenaza de un perjuicio
irremediable, el cual, de conformidad con la jurisprudencia, debe
caracterizarse por lo siguiente:
“[e]n primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o
próximo a suceder.  Este exige un considerable grado de certeza y suficientes
elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa
del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material),
pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben
requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del
perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la
consumación de un daño antijurídico irreparable”.[34]
6.2.4.
En el presente caso la Registraduría
Nacional del Estado Civil, frente a la petición de la accionante, consideró que
la peticionaria debía iniciar un proceso de jurisdicción voluntaria para la
anulación del registro civil de nacimiento que considera, no es el que la
identifica.
No obstante esta recomendación, como quedó indicado en el acápite
de hechos de la demanda, la situación económica y personal de la accionante le
impidió en su momento acudir a un juzgado de familia, ya que para ello debía
trasladarse al municipio de Cartago (Valle), lo cual le resultaba dispendioso teniendo
en cuenta que escasamente posee recursos para subsistir.
6.2.5.
La anterior situación podría cuestionar la
procedencia de la tutela, en la medida que, en principio, la peticionaria
cuenta con un proceso judicial idóneo para dar solución a su conflicto. Sin
embargo, en escrito que dio respuesta al auto del 27 de enero de 2014, la
Registraduría Nacional del Estado Civil expresó que la accionante debía “abstenerse de adelantar proceso judicial tendiente a la cancelación
del registro civil 7416(...), por cuanto
dicho documento de identificación presuntamente corresponde a otra persona.”
6.2.6.
Así las cosas, atendiendo las
particularidades del caso, los medios de protección
de carácter civil para el derecho fundamental de la actora no resultan idóneos:
Por un lado, por cuestiones personales y ajenas a su voluntad, la
accionante no puede acudir a la justicia ordinaria para cancelar el registro
civil que consideraba, no era el verdadero, tal como lo había sugerido la
entidad accionada. Lo anterior, se repite, por carecer de recursos económicos
suficientes para subsistir.
Por el otro, en la actualidad el proceso ordinario no resulta útil
para resolver su situación. Ello, debido a que la Registraduría Nacional del
Estado Civil, evidencia una presunta suplantación de identidad. Al respecto,
debe resaltarse que de conformidad con la última respuesta de la entidad, no
obstante haber identificado tal hecho desde el mes de diciembre de 2013, no hay
muestra de avances en el análisis del caso de la aquí accionante.
Finalmente, de conformidad con los hechos de la tutela, la
accionante lleva muchos años esperando definir su verdadera identidad y la
falta del documento que ella considera, es el que debe tener, aumenta su
vulnerabilidad, teniendo en cuenta, además, que existe sospecha de que fue
víctima de trata de personas y alega ser desplazada.
En estas condiciones, la acción de tutela es procedente para el
restablecimiento de sus derechos.
6.3.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
PARTICULAR
6.3.1.
En el presente caso, la
accionante manifestó que como víctima de una red de trata de personas, le fue
otorgada sin su consentimiento, una cédula a la edad de 15 años, la cual fue expedida
en la ciudad de Cali. Señaló que una vez pudo abandonar ese ambiente, y ya con
la edad requerida para obtener su documento de identidad, solicitó en el
municipio de Tumaco la cédula de ciudadanía que, a su juicio, la identificaba.
Indicó
que ante el extravío de este último documento, solicitó el duplicado
correspondiente, momento en el cual, dice, se percató tanto de la coexistencia
de las dos cédulas como del proceso que había iniciado de oficio la
Registraduría para cancelar la cédula expedida en Tumaco y dejar vigente la
inicial, expedida en la ciudad de Cali.
Como
consecuencia de lo anterior y con ayuda de la Personería de Pereira, radicó un
derecho de petición el 24 de marzo de 2010 solicitando el cambio de nombre y
cédula. Petición que fue amparada en una primera acción de tutela, sin que haya
obtenido respuesta favorable. Posteriormente, y ante el silencio de la entidad,
el 23 de mayo de
2013, solicitó nuevamente la cancelación de la primera
cédula de ciudadanía expedida.
En
respuesta a su solicitud, la Registraduría Nacional del Estado Civil manifestó que
para lograr la cancelación del registro civil, base de expedición de la cédula
de ciudadanía cuestionada, debía acudir a la jurisdicción ordinaria, trámite
que, como ya se indicó, no pudo seguir la accionante por cuestiones personales
y económicas.
Finalmente,
señaló la tutelante que el problema de identidad que le ha generado la
coexistencia de las cédulas de ciudadanía, le ha impedido el acceso a los
programas de ayuda humanitaria y le ha obstaculizado el reencuentro con sus
familiares, en la medida que posee un nombre y apellido que dice, no coinciden
con su verdadera identidad.
6.3.2.
Hecho el anterior recuento,
debe esta Sala proceder a resolver el problema jurídico planteado y determinar
si la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneró
el derecho a la personalidad jurídica y al debido proceso de la accionante (i)
al dejar vigente una cédula de ciudadanía que, según la interesada, no refleja
los atributos de su personalidad sin haber respetado el derecho de ésta a ser
oída y, (ii) al demorar el trámite de cancelación del citado documento
por presunta suplantación de identidad.
En
esta oportunidad, aunque la Sala advierte que la Registraduría Nacional del
Estado Civil ha reconocido el problema de cedulación de la accionante, sus
actuaciones no han sido garantes de los derechos fundamentales involucrados,
por las razones que a continuación se indican:
6.3.2.1.
Frente al primer evento, lo
manifestado por la accionante y las pruebas recaudadas, permiten constatar la
grave afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
personalidad jurídica, durante el trámite iniciado de oficio para cancelar la
última cédula de ciudadanía expedida.
En
efecto, los hechos permiten inferir que en un primer momento, ante la presencia
de una doble cedulación, la entidad procedió de oficio, a cancelar el último
documento expedido en el municipio de Tumaco desconociendo el derecho a ser oída
de la accionante, ya que no hay prueba alguna de que se le haya notificado del
hecho. Es más, según lo manifiesta la actora, de esta cancelación sólo tuvo
conocimiento tiempo después al solicitar un duplicado como consecuencia del
extravío de su documento de identidad.[35]
De
esta manera, la actuación oficiosa de la entidad quebrantó el derecho a la
personalidad jurídica y al debido proceso al ignorar, por el hecho de no oír a
la accionante en el mencionado proceso, las circunstancias particulares que
enmarcaron la expedición de los dos documentos de identidad y cancelar, sin
razón distinta a la facultad que por ley le fue otorgada, uno de ellos,
generando así una afectación a la identidad de la señora Sinisterra.
6.3.2.2.
Con relación a la segunda
situación fáctica, la Sala observa que ante la insistencia de la accionante
para recuperar la identidad que considera es la que le pertenece, la
Registraduría procedió en un primer momento a emitir una respuesta que, aunque
ajustada a la ley, no dio solución a su situación. En efecto, le informó a la
actora que para activar nuevamente el número de cédula solicitado lo procedente
era acudir a un proceso de jurisdicción voluntaria para anular uno de los
registros civiles y de esta manera, aclarar la verdadera identidad. Las razones
por las que no se inició este proceso, se repite, obedecieron a la precaria
situación económica de la accionante, previamente manifestada, de manera que su
problema de falta de identidad continuó vigente.
De
otra parte, durante el trámite de tutela, la Registraduría puso en conocimiento
un suceso particular en el caso de la accionante: la aparición de la verdadera
titular del registro civil que sirvió de base para expedir el primer documento
en la ciudad de Cali.
Bajo
esta nueva circunstancia, en escrito dirigido a este despacho el día 5 de
febrero de 2014 (no obra prueba de que esta misma información se hubiera
comunicado a la interesada), la Registraduría Nacional del Estado Civil indicó
que la tutelante debía abstenerse de adelantar un “proceso judicial tendiente a la cancelación del
registro civil 7416(...), por cuanto dicho documento de identificación
presuntamente corresponde a otra persona.”
En ese contexto, la entidad indicó a la Sala de
Revisión que el trámite a seguir sería la cancelación de la primera cédula
expedida, ya no por doble cedulación sino por configurarse un presunto caso de
suplantación de persona y que una vez se profiriera el correspondiente acto
administrativo, la decisión se notificaría a la interesada.
Posteriormente, en escrito recibido en esta
Corporación el día 11 de agosto de 2014, la Registraduría Nacional del Estado
Civil informó a la Sala que “mediante Resolución No. 11889 del 8 de agosto
de 2014, la Dirección Nacional de Identificación ordenó restablecer en su
vigencia la cédula de ciudadanía No. 1.087.114.(...), a nombre de Rebeca y
ordenó la cancelación por suplantación de la cédula de ciudadanía No. 31.308.(...),
que fuera expedida a nombre de Remedios, resolviendo de esta manera el caso de
múltiple cedulación que afectó a la petente”.
En ese mismo escrito, la entidad avisó que se había
enviado copia simple de la citada resolución a la accionante para efectos de
notificación e indicándole el procedimiento a seguir para la expedición de su
cédula de ciudadanía.[36]
Ahora bien, teniendo en cuenta esta última información
suministrada la Sala de Revisión estima que en el presente caso se configura el
fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado parcial, toda
vez que la pretensión principal de la accionante ha sido satisfecha, como es la
cancelación de la cédula de ciudadanía expedida en la ciudad de Cali a nombre
de la señora Remedios.
No obstante ello, a pesar
de que la Registraduría resolvió revocar el documento de identidad aludido,
decisión que va dirigida a proteger los derechos fundamentales de la accionante,
la afectación de su derecho a la personalidad jurídica no ha cesado en la
medida que la cédula de ciudadanía restablecida aún no ha sido expedida tras
años de haberlo requerido.
Así las cosas, sin perjuicio de lo expuesto, se
advierte, por un lado, que en el presente caso era de vital importancia que en
el proceso de cancelación de la cédula de ciudadanía, se oyera a la tutelante,
toda vez que, al parecer, fue víctima de trata de personas y alega su condición
de desplazada por la violencia. Por otro, que el tiempo que ha transcurrido
Finalmente, para que la Registraduría resuelva la situación de la accionante
resulta irrazonable, actuación que por la tardanza de más de cinco años ha
afectado gravemente los derechos fundamentales de la señora Rebeca.
6.3.2.3.
En estas
condiciones, atendiendo (i) que la situación de falta de identidad de la
accionante lleva más de siete años[37]
y (ii) que desde el 30 de enero de 2014,[38] se tuvo
conocimiento de la verdadera titular del registro civil de nacimiento que dio
origen a la cédula de ciudadanía expedida en la ciudad de Cali, se ordenará a
la Registraduría Nacional que el trámite de expedición y entrega de la cédula
solicitada insistentemente por la actora, No. 1.087.114.(...), deberá
realizarse de manera breve, dentro de un término que no podrá exceder de quince
(15) días contados a partir de la notificación de la presente providencia. Lo
anterior para evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de la
accionante.
Además, se ordenará a la Registraduría Nacional que,
una vez hechas las correcciones de los datos de identidad de la accionante y
dentro de los quince (15) días siguientes, se hagan las respectivas anotaciones
y correcciones en los registros civiles de sus hijos, conforme a la información
que corresponde a su verdadera identidad, a efectos de garantizar y acreditar
la condición de representante legal de la accionante como madre de los menores
de edad.
Igualmente, como en el presente caso se está ante una
presunta suplantación de identidad, debe anotarse que si bien la Corte no está
en condiciones de definir si ese hecho es constitutivo de algún ilícito, si
puede reconocer que tal responsabilidad no debe recaer sobre la aquí
accionante, toda vez que desde un principio ha manifestado que el documento
objeto de cuestionamientos, fue solicitado sin su consentimiento y mientras
ella era menor de edad. Así, se exhorta a la Registraduría Nacional del Estado
Civil para que en el evento de que se ordene una futura investigación penal por
suplantación de identidad, tenga en cuenta los hechos narrados por la señora
Sinisterra y evite victimizar nuevamente a la actora.
Finalmente, se insta a la señora Sinisterra a que
acuda a las autoridades gubernamentales correspondientes (Ministerio del
Interior, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación,
Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para
solicitar la asistencia necesaria como víctima de trata de personas y lograr un
efectivo restablecimiento de sus derechos.
7.
CONCLUSIONES
De conformidad con lo expuesto en los acápites anteriores, el actual
régimen jurídico permite la cancelación de los documentos de identidad en casos
de múltiple cedulación, facultad privativa de la Registraduría Nacional del
Estado Civil. No obstante, teniendo en cuenta la importancia de la cédula de
ciudadanía en el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica, entre otros
derechos, esta Corporación ha sostenido que con el fin de no causar agravios en
el ejercicio de dicho derecho, en estos procesos la entidad debe garantizar el
derecho a ser oído del interesado y las demás garantías del debido proceso.
En
el caso sometido a estudio, la Sala encontró que aunque la Registraduría
Nacional del Estado Civil reconoció la existencia del problema de cedulación de
la accionante, sus actuaciones no han sido garantes de sus derechos
fundamentales.
Bajo
ese entendido, advirtió que durante el proceso – seguido de oficio – de
cancelación de la última cédula expedida a nombre de la actora en el año 2005,
la Registraduría quebrantó los derechos a la personalidad jurídica y al debido
proceso por el hecho de no oír a la accionante e ignorar las circunstancias
particulares que enmarcaron la expedición de los dos documentos de identidad y
cancelar el que, a su juicio, la identificaba.
Igualmente, aunque durante el
trámite de revisión la Registraduría accedió a la pretensión de la accionante
de cancelar la cédula de ciudadanía expedida en la ciudad de Cali a nombre de
la señora Remedios, la Sala estimó que la afectación de su
derecho a la personalidad jurídica no había cesado en la medida que la cédula
de ciudadanía restablecida aún no se ha expedido, producto de una dilación
injustificada. En ese contexto, consideró que se había configurado el fenómeno de carencia actual de objeto
por hecho superado parcial.  En consecuencia, la demora irrazonable en la
solución del trámite ha afectado gravemente los derechos fundamentales de la
señora Sinisterra Díaz.
Con base en lo expuesto, esta Sala de Revisión
revocará la decisión de
tutela adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de
Garantías de El Cairo, Valle, el
23 de julio de 2013, mediante
la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, concederá el amparo
de los derechos fundamentales de la señora Rebeca.
En consecuencia,
ordenará a la Registraduría Nacional que el trámite de expedición y entrega de
la cédula solicitada insistentemente por la actora, se realice dentro de un término
que no podrá exceder de quince (15) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia. Lo anterior para evitar que se sigan
vulnerando los derechos fundamentales de la accionante.
Además, se ordenará a la Registraduría Nacional que,
una vez hechas las correcciones de los datos de identidad de la accionante y
dentro de los quince (15) días siguientes, se hagan las respectivas anotaciones
y correcciones en los registros civiles de sus hijos, conforme a la información
que corresponde a su verdadera identidad, a efectos de garantizar y acreditar
la condición de representante legal de la accionante como madre de los menores
de edad.
Igualmente, exhortará a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, para que en el evento de que se compulsen copias para eventual
investigación penal por suplantación de identidad, tenga en cuenta los hechos
narrados por la señora Rebeca y no victimice nuevamente a la actora.
Finalmente, instará a la Personería Municipal de El
Cairo para que asista y acompañe a la señora Rebeca ante las autoridades
gubernamentales correspondientes (Ministerio del Interior, Procuraduría General
de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar) para solicitar la ayuda necesaria como
víctima de trata de personas y lograr un efectivo restablecimiento de sus
derechos y los de su núcleo familiar.
8.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO. LEVANTAR
la suspensión de los
términos ordenada en el presente proceso.
SEGUNDO. REVOCAR
la decisión de tutela
adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías
de El Cairo, Valle, el 23 de
julio de 2013, mediante la
cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y al debido proceso de la
señora Rebeca.
TERCERO. ODENAR
a la Registraduría
Nacional que el trámite de expedición y entrega de la cédula solicitada
insistentemente por la actora, se realice dentro de un término que no podrá
exceder de quince (15) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia. Lo anterior para evitar que se sigan vulnerando los
derechos fundamentales de la accionante.
CUARTO. ORDENAR a la Registraduría Nacional que, una vez hechas las
correcciones de los datos de identidad de la accionante y dentro de los quince
(15) días siguientes, se hagan las respectivas anotaciones y correcciones
en los registros civiles de sus hijos, conforme a la información que
corresponde a su verdadera identidad, a efectos de garantizar y acreditar la
condición de representante legal de la accionante como madre de los menores de
edad.
QUINTO. EXHORTAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que
en el evento de que se compulse copias para una eventual investigación penal
por suplantación de identidad, tenga en cuenta los hechos narrados por la
señora Rebeca y no victimice nuevamente a la actora.
SEXTO. INSTAR a la Personería Municipal de El Cairo para que asista y acompañe a la
señora Rebeca ante las autoridades gubernamentales correspondientes (Ministerio
del Interior, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación,
Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para
solicitar la ayuda necesaria como víctima de trata de personas y lograr un
efectivo restablecimiento de sus derechos.
SÉPTIMO. Por Secretaría General, LIBRAR
las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA
MÉNDEZ
Magistrada (e)
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
SONIA VIVAS PINEDA
Secretaria General (e)
[1] Mediante auto del 22 de noviembre de
2013, el magistrado sustanciador ordenó la supresión del nombre y datos de la
peticionaria con el fin de proteger sus derechos a la intimidad y al habeas
data.
[2] Oficio Interno AT 1612 del 16 de julio de 2013.
[3] Dirección aportada para notificaciones: Carrera 5 calle 9
esquina, Personería Municipal de El Cairo, Valle. Número telefónico:
3216465373.
[4] Ver folio 22 del cuaderno 2.
[5] Ver folio 26 y siguientes del cuaderno 2.
[6] Ver folio 128 y siguientes del cuaderno 2.
[7] Dirección aportada para notificaciones: Carrera 5 calle 9
esquina, Personería Municipal de El Cairo, Valle. Número telefónico:
3216465373.
[8] Ver folios 55 y siguientes del cuaderno 2.
[9] Ver folios 109 y siguientes del cuaderno 2.
[10] Al respecto, ver Sentencia T- 1000
de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[11] Ver sentencia T-485 de 2013. M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza.
[12] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[13] Cfr. sentencia T-1000 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio
[14] Caso Bámaca Velásquez vs.
Guatemala, sentencia de noviembre 25 de 2000, párrafos 11, 12 y 15, citada en la
sentencia T-1000 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[15] M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[16] M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[17] “Carbonnier, Jean, Derecho Civil. Tomo I. Casa Editorial Bosch.”
[18] Negrilla fuera de texto.
[19] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[20] El artículo 89 del citado acto administrativo, modificado por el
artículo 2 del Decreto 999 de 1988, dispone: “Las inscripciones del estado
civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de
decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados, en los casos
del modo y con las formalidades establecidas en este Decreto.” Por su
parte, el artículo 91, modificado por el artículo 4 del Decreto 999 de 1988
señala: “Una vez realizada la inscripción del estado civil, el funcionario
encargado del registro, a solicitud escrita del interesado, corregirá los
errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la
comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio, mediante
la apertura de uno nuevo donde se consignarán los datos correctos. Los folios
llevarán notas de recíproca referencia. // Los errores en la inscripción,
diferentes a los señalados en el inciso anterior, se corregirán por escritura
pública en la que expresará el otorgante las razones de la corrección y
protocolizará los documentos que la fundamenten. Una vez autorizada la
escritura, se procederá a la sustitución del folio correspondiente. En el nuevo
se consignarán los datos correctos y en los dos se colocarán notas de
referencia recíproca. // Las correcciones a que se refiere el presente artículo
se efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la realidad y no para
alterar el estado civil.”
[21] “Artículo 65. Hecha la inscripción de
un nacimiento, la oficina central indicará el código o complejo numeral que
corresponde al folio dentro del orden de sucesión nacional, con el que marcará
el ejemplar de su archivo y del que dará noticia a la oficina local para que lo
estampe en el suyo.
La oficina central dispondrá la
cancelación de la inscripción, cuando compruebe que la persona objeto de ella
ya se encontraba registrada.”
[22] Sentencia T-485 de 2013. M.P. Gabriel
Mendoza Martelo.
[23] Sentencia T-069 de 2012. M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio.
[24] Sentencia T-069 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Ver también, sentencia T-162 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[25] M.P. María Victoria Calle Correa.
[26] Sentencia T-763 de 2013. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[27] M.P. María Victoria Calle Correa.
[28] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[29] Sentencia T-086 de 2010. M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
[30] Cf. sentencias T-678 de 2001, M. P
Eduardo Montealegre, T-100 de 1994, MP. Carlos
Gaviria Díaz, T-256 de 199 MP. Antonio Barrera Carbonell, SU-136 de1998 MP.
José Gregorio Hernández Galindo, y T-388 de 1998 MP. Fabio Morón Díaz, entre
otras.
[31] Sentencia T-416 de 1997, M.P José Gregorio Hernández Galindo
[32] Ver, por ejemplo, sentencias T-001 de
1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-723 de 2010 y T-575 de 2011 M.P.
Juan Carlos Henao Pérez y T678 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
[33] M.P. Manuel Cepeda Espinosa.
[34] Sentencia T-1316 de 2001 (MP. Rodrigo
Uprimny Yepes).  En esta sentencia se estudia si es procedente la acción de
tutela como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta que el accionante había
presentado una demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa,
solicitando el incremento de su mesada pensional. En este caso la Corte resolvió confirmar los fallos de instancia, los cuales negaron la tutela del derecho,
pues consideró que para el caso en concreto no se configuraba una situación
irremediable. Esta sentencia reitera los argumentos planteados en la sentencia
T-225 de 1993 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa).
[35] Afirmación que no fue desvirtuada en
ninguna etapa del proceso constitucional por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
[36] En comunicación No. 068837 del 11 de
agosto de 2014, la Registraduría le informa a la accionante que debe dirigirse
a una oficina cercana a su domicilio para que le “sea tomada reseña completa
de sus impresiones dactilares en FORMATO PARA PLENA IDENTIDAD, trámite al que
deberá aportar una fotografía a color, de tamaño 4 x 5 cms. (…) Así mismo, en
el trámite indicado anteriormente, se debe diligenciar completamente la tarjeta
de preparación (decadactilar) de cédula de ciudadanía, a fin de expedir el
correspondiente documento de identificación. Para este trámite deberá allegar
tres (03) fotografías a color de tamaño 4 x 5 centímetros en fondo blanco con
ropa oscura, copia de su registro civil de nacimiento y este comunicado”
[37] La solicitud de duplicado de la cédula de
ciudadanía expedida en Tumaco se presentó desde el año 2007, según lo indica la
accionante en el escrito de tutela.
[38] Ver escrito de contestación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil del 4 de febrero a folio 94 del
cuaderno 2.