T-359-04
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-359/04
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Hermano en representación de hermana
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA-Requisitos
DERECHO A LA SALUD-Fundamental por conexidad
DERECHO A LA SALUD-Fundamental respecto de personas que se
encuentran en circunstancias de debilidad
DERECHO A LA SALUD-Práctica de cirugía de varices
Referencia: expediente T-828352
Acción de tutela instaurada por
Ángel Manuel Rodríguez Regino contra la Dirección del Servicio Seccional de
Salud de Antioquia y y la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la
Salud.
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR GALVIS
Bogotá D. C., veintidós (22) de abril de dos mil
cuatro (2004).
La Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados, Clara Inés Vargas Hernández,
Jaime Araujo Rentería y Álvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo adoptado por el
Juzgado  Séptimo Civil del Circuito de Medellín dentro de la acción de tutela
instaurada por Ángel Manuel Rodríguez Regino contra la Dirección del Servicio
Seccional de Salud de Antioquia y la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral
de la Salud.
I.  ANTECEDENTES
El señor Ángel Manuel Rodríguez Regino, promueve como
agente oficioso de su hermana la señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino, acción
de tutela, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la
salud, seguridad social e igualdad, los que considera vulnerados por parte de
las entidades accionadas al no autorizarle la realización de una cirugía
denominada “Safenovaricectomía bilaterales de miembros inferiores” que requiere
para tratar la enfermedad que padece.
1.  Hechos:
1. Precisa el actor que su hermana Rebeca Rufina
Rodríguez, está amparada por el régimen subsidiario en salud en la Empresa
Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud, nivel dos.
2. En la actualidad su hermana reside en el Municipio
de Mutatá y tiene problemas de salud, motivo por el cual recurrió a los
servicios médicos del Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín.
3. El médico tratante del hospital, para tratar el
problema de várices que padece le dijo que tiene que operarse de una pequeña
úlcera varicosa con el fin de que ésta no siga creciendo por lo que le ordenó
la realización de una cirugía denominada "Safenovaricectomía bilaterales
de miembros inferiores."
4. A pesar del problema de salud que presenta su
hermana, ninguna de las entidades demandadas han prestado el servicio
solicitado, aduciendo que no tienen dinero para ello.
5. Por lo anterior expuesto, solicita que
de manera inmediata se le realice a la paciente el procedimiento médico
ordenado y se le reconozca todo el tratamiento integral que requiera para
tratar la enfermedad de várices que sufre.
2.  Pruebas
En el expediente obran las siguientes pruebas que
merecen citarse:
-A folio 1 del expediente, obra remisión
del paciente y solicitud de orden de servicios médicos a nombre de la señora
Rebeca Rufina Rodríguez.
-A folio 2 del expediente, aparece
constancia de la solicitud para quirófanos y procedimiento del Hospital Pablo
Tobón Uribe.
-A folio 3 del expediente, copia de la
cédula de ciudadanía y del carné de afiliación a la Empresa Mutual para el
Desarrollo Integral de la Salud, nivel dos de la señora Rebeca Rufina
Rodríguez.
-A folio 9 del expediente obra
declaración rendida el 5 de septiembre de 2003 por el señor Ángel Manuel
Rodríguez Regino, como agente oficioso de la señora Rebeca Rufina Rodríguez
Regino donde afirma que presenta la tutela a nombre de su hermana porque ésta
vive en el corregimiento de Belén de Bajirá (Urabá).
-A folio 16 del expediente, aparece
una orden dada con posterioridad a la sentencia adoptada el día 9 de septiembre
de 2003 por el Juzgado Séptimo Civil
del Circuito de Medellín, mediante la cual, la Dirección del Servicio Seccional
de Salud de Antioquia (No. 6091) con fecha  12 de septiembre de 2003, autoriza
realizar el procedimiento denominado “Safenovaricectomía bilaterales de
miembros inferiores” a la señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino en el Hospital
Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín.
II   DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION.
Mediante sentencia del 9 de septiembre del  2003, el
Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Medellín, negó la tutela impetrada al
considerar que no hay vulneración de los derechos fundamentales que se invocan,
pues no existe constancia de la urgencia en la práctica del procedimiento
ordenado por parte del especialista de la salud que atendió a la señora
Rodríguez Regino en el Hospital Pablo Tobón Uribe, y que por tal razón, no
puede hablarse de una protección al derecho a la salud en conexidad con la vida
de la paciente, además señala que no ha transcurrido un tiempo prudencial
suficiente para intentar por mecanismos extraordinarios la atención médica
requerida.
III.    CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS.
1.     Competencia.
Esta Corte es competente para conocer de los fallos
materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y
241-9 de la Constitución Política y en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991, y demás disposiciones pertinentes y por la escogencia del caso por la
Sala de Selección.
2.     Lo que se debate.
Actuando como agente oficioso de su hermana, el señor
Ángel Manuel Rodríguez Regino pretende que a través de la tutela, se amparen
los derechos fundamentales a la salud, seguridad social e igualdad, de la
señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino, los cuales estima vulnerados con la
negativa de la entidad accionada de practicarle la cirugía denominada
“Safenovaricectomía bilaterales de miembros inferiores” que le fue ordenada.
De acuerdo con los hechos reseñados,
procede la Corte Constitucional a determinar si para el caso efectivamente se
han vulneran los derechos a la salud, seguridad social y a la vida de la de la
señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino en cuyo favor su hermano interpuso acción
de tutela, por no recibir la atención médica que requiere la misma por parte de
las entidades demandadas.
3. Análisis Jurídico.
3.1
Legitimación para incoar acción de tutela a nombre de persona incapacitada para
ejercer su propia defensa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, la acción de tutela puede ser interpuesta por sí mismo o
por quien actúe en su nombre, cuando sus derechos fundamentales resulten
vulnerados o amenazados.
En ese mismo sentido, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991, que reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Carta Política dispuso que la acción de tutela puede ser ejercida, “por
cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma, o a través de su representante.
" (Subraya fuera del texto original).
Esa disposición contempló así la posibilidad de que,
de manera excepcional, se permite agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa, caso en el
cual habrá de manifestarse en la correspondiente solicitud, el motivo de la
imposibilidad física o mental que impide que el propio afectado instaure en su
nombre la acción lo que deberá probarse al menos sumariamente.
En este punto cabe además recordar, que
esta Corporación[1]
en relación con el tema de la agencia oficiosa, ha consolidado una
jurisprudencia que es oportuno mencionar, para los efectos de la decisión que
haya de tomarse.
En efecto esta Corporación[2] ha señalado, que para
la procedencia de la agencia oficiosa, como modalidad de intervención judicial,
tratándose de la acción de tutela cuyo trámite es informal, es indispensable:
(i) La manifestación del agente oficioso en
el sentido de actuar como tal.
(ii) La circunstancia real, que se
desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del
contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho
fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa.
(iii) La ratificación oportuna por parte
del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de
acción de tutela por el agente”. [3]
La Corte también se ha
pronunciado en el sentido de que la legitimación activa en la acción de tutela,
no corresponde a un simple capricho del legislador,[4] sino por el contrario,
obedece al verdadero sentido que la Constitución Política de 1991 otorga al
reconocimiento de la dignidad humana y, en ese sentido expresó:
“[E]sta exigencia no
es resultado de un capricho del legislador, ni corresponde a una mera
formalidad, encaminada a obstaculizar el acceso a la administración de
justicia, especialmente cuando se trata de la defensa de un derecho
fundamental. No. Esta exigencia es desarrollo estricto de la Constitución sobre
el respeto a la autonomía personal (art. 16). Una de las manifestaciones de
esta autonomía se refleja en que las personas, por sí  mismas, decidan si hacen
uso o no, y en qué momento, de las herramientas que la Constitución y la ley
ponen a su alcance, para la protección de sus derechos en general, trátese de
los fundamentales o de los simplemente legales.
Esta concepción está
ligada, también, al reconocimiento integral de la dignidad humana. Es decir,
que a pesar de la informalidad que reviste la presentación de la acción de
tutela, tal informalidad no puede llegar hasta e desconocimiento de lo que
realmente desea la persona interesada. Pues, a pesar de las buenas intenciones
del tercero, sus propósitos pueden no ser los mismos que los del interesado. El
interesado puede no querer, por ejemplo, que personas distintas a su médico
personal las ausculte, o que un juez conozca detalles de su enfermedad, que
quiere que permanezcan dentro de su ámbito privado.
Además, si la persona
puede iniciar la acción de tutela, el hecho de que un tercero lo haga por ella,
a pesar de la apariencia de bondad del gesto, éste también puede tener un significado
que lesiona la dignidad del propio interesado, pues, estaría siendo
considerado, por dicho tercero, como alguien incapaz de defender sus propios
derechos”[5]
En este orden de ideas se puede concluir que en cada
caso en particular el juez constitucional debe verificar la legitimación del
demandante para actuar a nombre de otra persona, pues a pesar de la
informalidad que caracteriza la acción de tutela, ella requiere el cumplimiento
de ciertos requisitos de procedibilidad, uno de ellos es la titularidad para su
ejercicio.
3.2   El régimen subsidiado en el sistema
general de seguridad social en salud.
Nuestra organización política esta fundada dentro de
la concepción de un Estado Social de Derecho, lo que implica que nuestro
ordenamiento Superior proclame una responsabilidad estatal mucho más ligada a
la obtención de resultados favorables a la satisfacción de las necesidades
primegenias de los asociados.
De igual manera en los artículos 48 y 49 de
la Constitución Política, se reconoce a la seguridad social como un servicio
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación
y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad.
En desarrollo de las mencionadas
disposiciones constitucionales, se expidió la Ley 100 de 1993, en cuyo artículo
1º, se señala que el sistema de seguridad social integral tiene por objeto
garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para
obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afectan y en el artículo 2º ibídem
dispone que el servicio público esencial de seguridad social se prestará con
sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad,
integralidad, unidad y participación.
Igualmente dentro del Sistema de Salud
establecido en nuestro país por la ley 100 de 1993, se establecieron las
condiciones de acceso a un plan obligatorio de salud para todos los habitantes
del territorio nacional, con capacidad económica o sin ella, de tal manera que
permitiera a todas las personas el acceso a los servicios de salud.
De tal manera que la afiliación al sistema
es obligatoria para todos los habitantes de Colombia, ya sea en el régimen
contributivo o en el subsidiado. La Dirección del Sistema General de Seguridad
Social en Salud está a cargo del Ministerio de la Protección Social, y tiene el
apoyo del Consejo  Nacional de Seguridad Social en Salud.[6]
En lo que se refiere al régimen subsidiado,
ha de entenderse que éste está conformado por un conjunto de normas que rigen
la vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, cuando tal vinculación se hace a través de una cotización subsidiada,
total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la
ley (art. 211 ibídem), cuyo propósito es financiar la atención en salud a las
personas pobres y vulnerables y sus grupos familiares que no tienen capacidad
de cotizar (art. 212 y 213).
De otra parte cabe precisar, que dentro del
ámbito del Sistema de Seguridad Social en Salud, el principio de solidaridad
inspira la configuración y el funcionamiento del régimen subsidiado en salud,
del plan obligatorio de salud, y del Fondo de Solidaridad y Garantía.
En efecto, al régimen subsidiado
establecido por la Ley 100 de 1993,  pertenecen las personas integrantes de los
estratos 1 y 2, es decir, la población más pobre y vulnerable del país en las
áreas rural y urbana, con especial énfasis: las madres durante el embarazo,
parto, postparto y lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de
familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los
enfermos de Hansen, las personas mayores de sesenta y cinco (65) años, los
discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los artistas y
deportistas, los trabajadores y profesionales independientes, los toreros y sus
subalternos, los periodistas independientes, maestros de obra de construcción,
albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad
de pago.[7]
De tal manera que el Sisben (Sistema de
Selección de Beneficiarios para Programas Sociales) es el principal instrumento
con el que cuentan las autoridades de las entidades territoriales para
focalizar el gasto social descentralizado, pues la Constitución Política de
1991, impone al gobierno nacional, departamental y municipal, dirigir el gasto
social hacia las personas más pobres y vulnerables.
El régimen subsidiado se financia con recursos
fiscales de las entidades territoriales, con dinero del Fondo de Solidaridad y
Garantía, y con contribuciones de los usuarios. Otorga de manera inmediata la
pertenencia al Plan Obligatorio de Salud -POS-, que comprende la protección
integral de la salud con atención preventiva, médico - quirúrgica, de
rehabilitación, así como el suministro de medicamentos esenciales.
El Acuerdo 72 de 1997 hace referencia en su artículo
primero, a los contenidos del Plan Obligatorio de Salud para el Régimen
Subsidiado y específicamente señala que éste comprende  los servicios,
procedimientos y suministros que el Sistema General de Seguridad Social en
Salud garantiza a las personas aseguradas.
El mismo Acuerdo 72 en su artículo 49, señala al
referirse a la atención de los no asegurados, lo siguiente: “Las personas,
sin capacidad de pago, que no hayan podido afiliarse al régimen subsidiado por
disponibilidad de recursos para subsidios a la demanda, deberán  ser atendidas,
en calidad de vinculados, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud  públicas o Empresas Sociales del Estado o IPS  privadas que tengan
contrato con el Estado para el efecto, con cargo a los recursos del subsidio a
la  oferta.
3.2 Reiteración de Jurisprudencia.  El derecho a la
salud adquiere el rango de fundamental cuando está en conexidad con otros
derechos fundamentales.
Ha sido abundante la jurisprudencia de esta
Corporación en la que se ha protegido el derecho a la salud, al punto de
calificarse de derecho fundamental en aquellos casos en que por conexidad, su
perturbación pone en peligro o acarrea la vulneración de la vida u otros
derechos fundamentales de las personas.
Por lo tanto, la atención idónea y oportuna, los
tratamientos médicos, las cirugías, la entrega de medicamentos, etc., pueden
ser objeto de protección por vía de tutela, en situaciones en que la salud
adquiere por conexidad con el derecho a la vida, el carácter de derecho
fundamental.
En
efecto, esta Corporación ha precisado en diversos fallos que el derecho a la
vida no se reduce a la simple existencia biológica, sino que implica además, la
posibilidad de que el individuo lleve una vida en condiciones dignas y pueda
desempeñarse normalmente en sociedad.  Al respecto, la sentencia T-171 de 2003
reiteró que el derecho a la salud se entiende como “la facultad que tiene
todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto
física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser.  Implica, por tanto, una acción de conservación y
otra de restablecimiento.”[8]
De tal manera que en aquellos eventos en los cuales la
falta de atención médica o la prestación indebida de este servicio, implique
grave riesgo para la vida de una persona, o se trate de aquellos
comportamientos que atentan contra las condiciones dignas de vida, la
Constitución Política habilita a los jueces para conceder el correspondiente
amparo.
El compromiso en un Estado Social de Derecho con la
prestación de los servicios médico asistenciales, que demandan las personas que
carecen de recursos para atenderlos y que por su estado de salud física o
mental, por su edad o por su  nivel de desarrollo, implica la obligación de
brindar por parte del estado y la sociedad en general, un trato preferente, no
está sujeto a las restricciones que imponen los Planes Obligatorios, como
tampoco está sujeta a dichas restricciones la atención en salud que se conecta
con la existencia misma de la persona y con su derecho a vivir con dignidad.[9]
En la Sentencia T-109 de 2003,[10] esta Corporación se
refirió a la obligación que tienen las entidades de seguridad social en salud
del régimen subsidiado de prestar a sus afiliados el servicio que los mismos
requieran de conformidad con las órdenes que al efecto expidan los médicos
tratantes de una manera continua y eficiente sin interrupciones injustificadas
y acorde con los principios constitucionales de respeto a la vida y a la
dignidad humana.
“2. La demora en operar pone en peligro
derechos fundamentales, hace responsable al ente de seguridad social y da pie
al otorgamiento de la tutela. Las ordenes de los médicos tratantes son el
elemento esencial para apoyar la decisión del juez constitucional.
En aras de amparar el derecho a la salud y
a la vida de las personas que acuden en tutela reclamando su protección, la
Corte Constitucional ha sido insistente en afirmar que las empresas encargadas
del sistema de salud no pueden, sin quebrantar gravemente el ordenamiento
positivo, efectuar acto alguno, ni incurrir en omisión que pueda comprometer la
continuidad del servicio y en consecuencia la eficiencia del mismo. Es
obligación primordial, tanto de las entidades estatales como de los
particulares que participen en la prestación del servicio público de salud,
garantizar su continuidad.[11]
Las instituciones encargadas de brindar
atención a los afiliados al sistema de seguridad social y a sus beneficiarios,
en especial si se trata de las personas acogidas al régimen subsidiado, no
pueden escoger entre prestar y no prestar los servicios, pues, al negarlos,
faltan de manera grave a sus obligaciones más elementales, comprometiendo la
salud y la vida de los pacientes subsidiados, como en este caso.”
3.3   Caso Concreto
De conformidad con lo señalado en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, se exige como requisito de procedibilidad
de la acción que la misma esté en cabeza de la persona cuyos derechos
fundamentales están siendo vulnerados o son objeto de amenaza, lo que le
permitirá buscar de forma directa o a través de representante, su protección.
Ahora bien, puede suceder que como en el caso en
estudio, el titular del derecho violado o amenazado, en razón a su “especial
situación” no pueda buscar la protección de sus propios derechos, por lo cual
la Ley ha previsto la agencia de derechos ajenos de manera oficiosa, para lo
que se exige la previa manifestación del agente oficioso en la correspondiente
solicitud, sobre el motivo de la imposibilidad que tiene el propio afectado
para instaurar directamente la acción de tutela.
En el asunto sub exámine el señor Rodríguez Regino,
aclara que presentó la tutela a nombre de su hermana dado que ésta vive en el
corregimiento de Belén de Bajirá, municipio de Mutata (Urabá).
Analizado el argumento presentado por el señor
Ángel Manuel Rodríguez Regino sobre las razones que impidieron a la señora
Rebeca Rufina Rodríguez Regino instaurara directamente la tutela, y teniendo en
cuenta además, que ésta es una persona casada y madre de cuatro hijos, se
considera procedente que para el caso, el señor Rodríguez Regino haya
presentado la acción de tutela a nombre de ella, pues tal situación se ajusta a
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, sobre la posibilidad
de agenciar derechos ajenos como ya se expresó.
El señor Ángel Manuel Rodríguez Regino, instaura la
acción de tutela como agente oficioso de la señora Rebeca Rufina Rodríguez
Regino, pues señala que la Dirección del Servicio Seccional de Salud de
Antioquia se ha negado a autorizar la cirugía denominada “Safenovaricectomía
bilaterales de miembros inferiores” que requiere su hermana para tratar la
úlcera varicosa que padece, aduciendo que no tiene recursos económicos, pero
que si dicho procedimiento no se realiza la enfermedad puede agravarse.
El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de
Medellín que conoció en única instancia del asunto de la referencia, negó el
amparo solicitado, al considerar que no existe riesgo inminente para la vida y
la salud de la señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino por la no realización de
la cirugía recomendada.
Esta Sala no
comparte la decisión adoptada en la sentencia en mención por cuanto estima que
no se tuvo en cuenta la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual la
acción de tutela puede prosperar no sólo ante circunstancias graves que tengan
la idoneidad de hacer desaparecer en su totalidad los derechos a la vida y a la
salud, sino ante eventos que puedan ser menos graves, pero que perturben o
afecten la calidad de  la misma.
En efecto, la Jurisprudencia de esta Corporación, ha
expresado la necesidad de tutelar el derecho a la salud cuando haya certeza
sobre la vulneración o amenaza de derechos constitucionales con carácter
fundamental en cualquier grado y no solamente cuando la vulneración o amenaza
de tales derechos sea muy grave; es decir, no debe esperarse, a que la persona
esté al borde de la muerte o de una negación completa de los derechos
vinculados con el derecho a la salud, para que la tutela sea procedente. La
supremacía constitucional[12],
ha dicho la Corte, impone a todos los operadores jurídicos la aplicación
preferente de las normas superiores y exige que “siempre que la vida humana
se vea afectada, en su núcleo esencial, mediante lesión o amenaza, el Estado
social deberá proteger de inmediato al afectado, a quien le reconoce su
dimensión inviolable. Así el orden jurídico total se encuentra al servicio de
la persona, que es el fin del derecho”[13].
El derecho a la vida y su protección, no se
limita entonces solamente a la posibilidad material de existir o no, sino a la
realidad o factibilidad de contar con condiciones que  hagan la vida digna y
que permitan una calidad de vida mínima[14],
más aún en los casos que involucran personas que se encuentran en
circunstancias de debilidad como la que ostenta la tutelante.
En el caso sometido a consideración se
observa que la señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino es una persona que
pertenece al sistema subsidiado de salud nivel II, que sufre de una úlcera
varicosa originada en problemas circulatorios, padecimiento que de no ser
tratado oportunamente puede irse agravando. Así mismo, el procedimiento médico que
se está solicitando en esta acción, fue recomendado por el médico que atendió a
la señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la
ciudad de Medellín donde fue remitida, por considerarlo necesario para la salud
de la misma.
En este orden de ideas concluye la Sala, que si bien
de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el expediente, es claro que la
no realización de la cirugía denominada “Safenovaricectomía bilaterales de
miembros inferiores” que requiere la señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino para
tratar la úlcera varicosa que padece, no pone en peligro la existencia de la
misma, la recuperación de su salud, sí depende de la práctica del procedimiento
quirúrgico ordenado por su médico tratante, el cual resulta indispensable para
que pueda llevar una vida digna, pues la dolencia que padece le impida
desarrollar todas sus facultades y tener una vida digna.
En
consecuencia, se revocará la sentencia de única instancia, por las razones
esgrimidas en esta sentencia.
IV.
DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión
de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR la sentencia proferida por Juzgado Séptimo Civil del
Circuito de Medellín, el día 9 de septiembre de  2003, mediante la cual negó la
acción de tutela presentada por el señor Ángel Manuel Rodríguez Regino como
agente oficioso de la señora Rebeca Rufina Rodríguez Regino, y en su lugar, CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales invocados por el actor.
Segundo. ORDENAR, a la Dirección del Servicio
Seccional de Salud de Antioquia, que si aún no lo ha hecho, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia proceda a autorizar la realización del procedimiento denominado
“Safenovaricectomía bilaterales de miembros inferiores” a la señora Rebeca
Rufina Rodríguez Regino.
Tercero. Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo
36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, cópiese, publíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INES VARGAS HERNANDEZ
Magistrada
JAIME ARAUJO RENTERIA
Magistrado
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO
Secretario General (E)
[1]
Ver Sentencia T-809 de 2003.
[2] Ver Sentencia  T-906/03, T-809/03, T-452/01, T-421/01, T-414/99,
T-88/99, T-555/96, T-342/94
[3] Sent. T-531/02 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[4] Sentencia T-899/01 M.P. Alfredo Beltrán Sierra
[5]
Sent. T-503/98 M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[6] Sentencia T-306/02
[7] Ver entre otras la sentencia T-274/02 y
T-961/01.
[8]
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[9] Ver Sentencia T-134 de 2002, M.P. Alvaro
Tafur Galvis.
[10]
M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[11] T- 1037 de 2001, T- 366 de 1999 y T- 227 de 2000.
[12] Sentencias T-092 de 1999, T-230 de 1999,
T-1003 de 1999, T-813 de 1999, T-165 de 1995, T-645 de 1996, T-108 de 1999.
[13]
Sentencia T-165 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[14] Sentencia Corte Constitucional. T-304 de
1998 M.P. Fabio Morón Díaz.