C-469-09
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia C-469/09
SENTENCIA EN
OBJECION PRESIDENCIAL-Cumplimiento/PROYECTO
DE LEY REHECHO  E INTEGRADO EN OBJECIONES PRESIDECIALES-Declarado
exequible porque Congreso cumplió lo ordenado en sentencia de
constitucionalidad
Al cotejar y verificar el texto rehecho
e integrado por el Congreso de la República con lo dispuesto por la  Corte
Constitucional en la Sentencia C-533 de 2008, la Sala encuentra que las Cámaras
Legislativas cumplieron adecuadamente con la exigencia prevista en el artículo
167 superior en relación con el artículo 3º del proyecto de Ley 111/06 Senado,
144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal Militar”, y por lo tanto,
lo declarará exequible, respecto de las cuestiones analizadas en esta decisión
y materia de las objeciones presidenciales estudiadas. Asimismo,  la Sala
encuentra que los artículos 171, 172 y 173 del proyecto de Ley fueron
suprimidos y el articulado fue sometido a renumeración. Es decir, el Congreso
de la República cumplió adecuadamente con lo dispuesto por la  Corte
Constitucional en la Sentencia C-533 de 2008, mediante la cual fueron
declaradas fundadas las objeciones que por inconstitucionalidad formuló el
Gobierno Nacional respecto de los artículos mencionados.
TRAMITE
LEGISLATIVO EN PROYECTO DE LEY REHECHO EN OBJECIONES PRESIDENCIALES-Cumplimiento
La Corte concluye que el trámite de
discusión y aprobación del texto rehecho del Proyecto de Ley cumplió con los
requisitos constitucionales exigibles a ese procedimiento.  En efecto, (i) el
texto fue publicado en la Gaceta del Congreso antes de iniciarse el debate en la
Cámara de Representantes, cumpliéndose con ello el requisito de publicidad
previsto en el artículo 157-1 de la Constitución Política; (ii) en el debate y
aprobación en cada una de las plenarias se cumplió con el requisito de anuncio
previo a la votación, dispuesto en el inciso final del artículo 160 de la Carta
Política; y (iii) el texto rehecho fue discutido y aprobado por las mayorías
exigidas por la Constitución.  Del mismo modo, se dio cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 167 de la Constitución Política, en tanto el Ministro
de Defensa Nacional presentó su concepto con anterioridad a la discusión y
aprobación del texto rehecho por parte de las plenarias del Senado y de la
Cámara de Representantes.
PROYECTO DE LEY-Prohibición de
consideración en más de dos legislaturas
PROYECTO DE LEY-Término máximo
de dos legislaturas para consideración no incluye el tiempo que tarde el
Congreso en decidir objeciones presidenciales
OBJECION
PRESIDENCIAL-Término
del Congreso para pronunciarse
Referencia:
OP-100
Revisión
oficiosa de las objeciones presidenciales presentadas al proyecto de ley 111/06
Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal Militar”.
Magistrado
Ponente:
Dr. JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Bogotá, D.C.,  quince (15) de julio de
dos mil nueve (2009).
La Sala Plena de
la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y
legales, en especial las previstas en los artículos 167 y 241, numeral 8 de la
Constitución Política, cumplidos los trámites y requisitos previstos en el
Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente
SENTENCIA
para decidir sobre las objeciones por
inconstitucionalidad formuladas por el Presidente de la República al proyecto
de ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal
Militar”.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante la sentencia C-533 de 2008, la
Sala Plena de la Corte Constitucional declaró parcialmente fundadas las
objeciones presentadas por el Gobierno Nacional al proyecto de ley 111/06
Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal Militar”. En
la parte resolutiva del mencionado fallo la Corporación dispuso:
“Primero.- Declarar
FUNDADAS las objeciones que por motivos de inconstitucionalidad fueron
formuladas por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 3º. del
proyecto de ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, ‘Por la cual se expide el Código
Penal Militar’.
Segundo.-  De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 167 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2067 de 1991, por intermedio de la Secretaría General, remítase copia
del expediente legislativo y de esta sentencia a la Cámara de origen, para que
oído el Ministro del ramo, se rehaga e integre el artículo 3º. del proyecto de
ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, ‘Por la cual se expide el Código Penal
Militar’, en términos concordantes con el dictamen expuesto en esta
providencia. Una vez cumplido este trámite, el proyecto de ley deberá ser
devuelto a la Corte Constitucional para fallo definitivo.
Tercero.-
Declarar FUNDADAS las objeciones presidenciales respecto de los artículos 171,
172 y 173 del proyecto de Código Penal Militar.
Cuarto.- Como
consecuencia de lo anterior, declarar INEXEQUIBLES los artículos 171, 172 y 173
del  Proyecto
de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal
Militar”.
Quinto.-
Declarar INFUNDADAS las objeciones presidenciales respecto de los artículos 155, 156, 157,
158, 159 y 160 del Proyecto de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual
se expide el Código Penal Militar”.
Sexto.- Como
consecuencia de lo anterior, declarar EXEQUIBLES los artículos 155, 156, 157,
158, 159 y 160 del Proyecto de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual
se expide el Código Penal Militar”, únicamente respecto de los argumentos
examinados en esta providencia.
Séptimo.- DÉSE cumplimiento
a lo previsto en el artículo 167 de la Constitución Política”.
2. De acuerdo
con el procedimiento establecido en el artículo 167 de la Constitución
Política, la Cámara en que el Proyecto de Ley tuvo origen debía, una vez oído
el Ministro del ramo, rehacer e integrar las disposiciones afectadas en términos
concordantes con el dictamen de la Corte.  En cumplimiento de este trámite, el
Secretario General de la Cámara de Representantes, a través de comunicación
enviada el 24 de julio de 2008, solicitó al Ministro de Defensa que se
pronunciara sobre el Proyecto de Ley, a fin de cumplir con el procedimiento
previsto en la citada norma constitucional[1].  Además, el Secretario
General, mediante escrito del 25 de julio de 2008, puso los hechos en
conocimiento del Representante a la Cámara Zamir Eduardo Silva Amín, por cuanto
hace parte de la Comisión Accidental designada por la Cámara de Representantes
para rendir informe a la Plenaria[2].
Por medio del
oficio No. 65258 del 1º de septiembre de 2008,[3] el Ministro de Defensa
Nacional manifestó al Secretario General de la Cámara de Representantes que
acogía los planteamientos de la Corte, expresados en la Sentencia C-533 de
2008, en el sentido que la justicia penal militar nunca puede juzgar los
delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, ni ningún otro de lesa
humanidad, o que signifiquen atentado contra el Derecho Internacional
Humanitario y las conductas que sean abiertamente contrarias a la función
constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo
funcional del agente con el servicio.
El doctor Zamir Silva Amín, integrante
de la Comisión Accidental designada para rehacer el texto del proyecto,
presentó el informe respectivo[4]. Según constancia
expedida por el Secretario General[5] del Senado de la
República, en sesión plenaria del Senado celebrada el día martes dieciocho (18)
de noviembre del año dos mil ocho (2008), con quórum decisorio, fue considerado
y aprobado el informe rendido por el Representante  Zamir Silva Amín, miembro
único de la Comisión Accidental encargada de rehacer el texto del proyecto de
ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal
Militar”, según lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2008. Además, el
Secretario General certificó que el anuncio para aprobación del informe se
llevó a cabo en sesión plenaria del día doce (12) de noviembre de 2008.
De su parte, el
Secretario General de la Cámara de Representantes, certificó[6]
que el once (11) de noviembre de dos mil ocho (2008), fue considerado y
aprobado por unanimidad el informe presentado por el doctor Zamir Silva Amín,
en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-533 de 2008. Fue aprobado el texto rehecho del respectivo proyecto de Ley,
según consta en el Acta de sesión plenaria número 150. El anuncio previo se
llevó a cabo en sesión plenaria del día cuatro (4) de noviembre de dos mil ocho
(2008), como consta en el Acta de sesión plenaria número 148.
3. Atendiendo a
los requerimientos de la Corte Constitucional, la Secretaría General del Senado
de la República, mediante escrito recibido en esta Corporación el veinticinco
(25) de marzo de 2009[7], certificó que el informe
de la Comisión Accidental de Estudio de las Objeciones Presidenciales fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 589 del jueves 22 de noviembre de
2007, que el mismo documento fue publicado en la Gaceta del Congreso número 661
del jueves 25 de septiembre de 2008, que además el informe fue publicado en la
Gaceta del Congreso número 754 del martes 28 de octubre de 2008 y que el
anuncio del informe fue publicado en la Gaceta del Congreso número 110 del
jueves 12 de marzo de 2009, según acta número 25 de la sesión ordinaria del día
miércoles 12 de noviembre de 2008.
Además, el
Secretario General del Senado certificó que la aprobación del informe del texto
rehecho de la Comisión Accidental de Estudio de las Objeciones Presidenciales,
fue publicada en la Gaceta del Congreso número 111 del jueves 12 de marzo de
2009, según acta número 26 de la sesión ordinaria del día martes 18 de
noviembre de 2008.
4.
El texto del informe para rehacer e integrar el texto del Proyecto de Ley número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006
Senado, por la cual se expide el
Código Penal Militar y texto rehecho[8], es el siguiente:
“INFORME PARA
REHACER E INTEGRAR EL TEXTO, por la cual se expide el Código Penal Militar y
texto rehecho
Bogotá,
D. C., 23 de octubre de 2008
Doctores
hernAn andrade
Presidente
Honorable
Senado de la República
GERMAN
VARON COTRINO
Presidente
Honorable
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia:
Informe para rehacer e integrar el texto al Proyecto de ley número
144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por
la cual se expide el Código Penal Militar y texto rehecho.
Señores
Presidentes:
De
acuerdo con la designación que se me hizo como integrante de la Comisión
Accidental para rehacer e integrar el texto al Proyecto de ley número 144 de
2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código Penal
Militar de acuerdo con la Sentencia C-533 de 2008 de la honorable Corte
Constitucional, en la cual se resolvió acerca de la constitucionalidad de los
artículos 3º, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 de dicho proyecto,
objetados por el Gobierno Nacional, y sobre los cuales hubo insistencia por
parte del honorable Congreso de la República, me permito rendir el
correspondiente informe.
Es mi deber informar a los honorables Congresistas que el
presente informe se rinde no obstante haberse rendido uno previo, el cual fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 661 del 25 de septiembre de
2008, en razón a que el 15 de octubre de 2008 recibí en mi despacho el Oficio
número 79671 del Ministerio de Defensa, por medio del cual, la doctora Luz
Marina Gil García, Directora Ejecutiva de Justicia Penal Militar, autorizada
por el señor Ministro de Defensa, solicitó ajustar la redacción del artículo 3°
del proyecto, en los términos que se señalará.
I.
Trámite de las objeciones presidenciales
Una
vez fue aprobado el proyecto de ley por cada una de las Cámaras, para lo cual
fue necesario llevar a cabo el trámite de conciliación según se puede constatar
en las Actas 059 de junio 19 de 2007 de la honorable Cámara de Representantes y
067 de junio 19 de 2007 del honorable Senado de la República, el mismo fue
remitido a la Presidencia de la República para la sanción presidencial el 29 de
junio de 2007.
El
31 de julio de 2007 el proyecto de ley fue devuelto al Congreso de la República
con objeciones presidenciales por la presunta inconstitucionalidad de los
artículos 3°, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173. Las objeciones
fueron publicadas en la Gaceta del Congreso número 855 de
2007.
De
acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, el 15 de noviembre de
2007 se rindió ante el Congreso de la República el correspondiente informe de
objeciones presidenciales, siendo este publicado en la Gaceta del Congreso
número 588 de 2007. En dicho informe se propuso declarar infundadas las
objeciones presidenciales, aprobándose esta proposición en el honorable Senado
de la República el 27 de noviembre de 2007, según consta en el Acta número 084,
y en la honorable Cámara de Representantes el 5 de noviembre de 2007, según
consta en el Acta número 25.
El
28 de mayo de 2008, como se verá con mayor precisión adelante, la Corte
Constitucional profirió la Sentencia C-533 de 2008, en la cual se pronunció
sobre la constitucionalidad de las disposiciones ya señaladas. En esta se
dispuso declarar fundadas las objeciones presidenciales sobre los siguientes
artículos: 3º, en relación con el cual le ordenó al Congreso rehacer y
reintegrar el texto del mismo en los términos señalados en la providencia; y
171, 172 y 173, los cuales la Corporación declaró inexequibles. Así mismo,
declaró infundadas las objeciones presidenciales respecto de los artículos 155,
156, 157, 158, 159 y 160, los cuales declaró exequibles.
El
15 de septiembre de 2008, en cumplimiento de los artículos 167 de la
Constitución Política y 199 de la Ley 5ª de 1992, el Ministerio de Defensa
Nacional se pronunció acerca de la Sentencia C-533 de 2008, declarando que se
acogía a ella en todo su contenido. Posteriormente, luego de haberse radicado y
publicado el informe para rehacer e integrar el texto del proyecto de ley en la
Gaceta del Congreso número 611 de 2008, el 15 de octubre de 2008, el
Ministerio presentó un nuevo documento, mediante el cual se solicita ajustar la
redacción del artículo 3° del proyecto de ley en mención, como se verá
adelante.
II. Contenido
de la Sentencia C-533 de 2008, en la cual se estudió la constitucionalidad de
los artículos 3º, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 171, 172 y 173 del Proyecto de
ley número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, “por la cual se expide el
Código Penal Militar”.
A.
Objeciones presidenciales declaradas fundadas
1.
Artículo 3º. Delitos no relacionados con el servicio.
En
el artículo 3º del proyecto de ley se establecieron los delitos no relacionados
con el servicio militar que no pueden ser de conocimiento de la Justicia Penal
Militar, excluyéndose taxativamente del conocimiento de esta jurisdicción los
delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada.
En
su momento, el Gobierno señaló que el artículo 3º era inconstitucional, toda
vez que, dado al carácter restrictivo y especial de la Jurisdicción Penal
Militar, el mismo debía referirse a todas las violaciones de derechos humanos e
infracciones del derecho internacional humanitario, y no solamente a los
delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, por ser estas
infracciones y violaciones contrarias a la misión constitucional y legal de la
fuerza pública.
Al
respecto, en la Sentencia C-533 de 2008, la Corte Constitucional consideró que
para que la disposición resulte acorde con la Constitución, el Congreso debe ajustarla
para incluir en ella que, además de la tortura, el genocidio y la desaparición
forzadas, tampoco se relacionan con el servicio los delitos de lesa humanidad,
los que signifiquen atentado contra el Derecho Internacional Humanitario y las
conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la
Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente
con el servicio, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados
internacionales ratificados por Colombia.
El
15 de septiembre de 2008, el Ministro de Defensa se pronunció sobre el
contenido de la providencia, manifestando que se acogía a ella en su contenido.
Posteriormente, mediante el Oficio número 79671 del Ministerio de Defensa,
fechado de 15 de octubre de 2008, la doctora Luz Marina Gil García, Directora
Ejecutiva de Justicia Penal Militar, autorizada por el señor Ministro de
Defensa, solicitó ajustar la redacción del artículo 3° del proyecto de ley
contenido en el primer informe radicado, con el propósito de aclarar su texto en
el sentido de establecer que la definición del nexo funcional del agente con el
servicio le corresponde al operador jurídico, y no a los tratados
internacionales ratificados por Colombia, como se indicó en el artículo
propuesto.
De
acuerdo con lo anotado se propone una redacción acorde con lo ordenado por la
Corte Constitucional, y teniendo en cuenta las consideraciones realizadas por
el Ministerio del ramo, como sigue a continuación:
Artículo
3°. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en
el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los
delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o
aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario entendidos en
los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por
Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función
constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo
funcional del agente con el servicio.
2.
Artículos 171 (Amenazas a testigo), 172 (Ocultamiento, alteración o destrucción
de elemento material probatorio), y 173 (Impedimento o perturbación de la
celebración de audiencias públicas).
Para
mayor claridad de los honorables Congresistas, a continuación se trascribe el
contenido de cada uno de dichos artículos:
Artículo
171. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de un
hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su
cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado,
para que se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte
a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Si
la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido
para comparecer en juicio, con la finalidad de que no concurra a declarar, o
para que declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce
(12) años y multa de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
A las mismas
penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las conductas
sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investigación, o
que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito.
Artículo
172. Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
El que para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la
investigación, o como medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya
elemento material probatorio de los mencionados en esta ley o en el Código de
Procedimiento Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y
multa de doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Artículo
173. Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas. El
que por cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de una
audiencia pública de Corte Marcial durante la actuación procesal, siempre y
cuando la conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3)
a seis (6) años y multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
En
relación con estos artículos, que el Gobierno objetó por considerarse que se
trata de conductas contra la población civil que no son propias del fuero
militar, la Corte estimó que debido a la manera en que fueron consagradas, se
trata de conductas delictuales comunes tipificadas en el Código Penal
ordinario, que no pueden ser cometidas en el ejercicio de las funciones propias
de la órbita militar, y que por lo tanto, al no estar sometidas a este fuero,
no pueden ser investigadas o juzgadas por la Justicia Penal Militar.
De
acuerdo con esto, se declaró su inexequibilidad, haciéndose imperativa su
exclusión del texto del proyecto.
B. Objeciones
declaradas infundadas
Artículos 155
(Devastación), 156 (Saqueo), 157 (requisición arbitraria), 158 (Requisición con
omisión de formalidades), 159 (Exacción), y 160 (contribuciones ilegales).
A
continuación se trascribe el contenido de cada una de las disposiciones
citadas:
Artículo
155. Devastación. El que en actos del servicio y sin justa
causa, destruya edificios, templos, archivos, monumentos u otros bienes de
utilidad pública; o ataque hospitales o asilos de beneficencia señalados con
los signos convencionales, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.
Artículo
156. Saqueo. Los que en operación de combate se apoderen de bienes
muebles, sin justa causa y en beneficio propio o de un tercero, incurrirán en
prisión de tres (3) a seis (6) años.
Artículo 157. Requisición arbitraria. El que sin
justa causa ordenare o practicare requisiciones, incurrirá en prisión de dos
(2) a cinco (5) años.
Artículo 158. Requisición con omisión de
formalidades. El que practicare requisición sin cumplir las formalidades y
sin que circunstancias especiales lo obliguen a ello, incurrirá en prisión de
uno (1) a tres (3) años.
Artículo
159. Exacción. El que abusando de sus funciones, obligue a persona
integrante de la población civil a entregar, o poner a su disposición,
cualquier clase de bien o a suscribir o entregar documentos capaces de producir
efectos jurídicos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.
Artículo
160. Contribuciones ilegales. El que sin facultad legal y sin justa
causa establezca contribuciones, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3)
años.
Sobre
las disposiciones señaladas, que el Gobierno objetó por considerarse conductas
cometidas contra la población civil que no pueden ser objeto de la Jurisdicción
Penal Militar, la Corte Constitucional afirmó que de su lectura se desprende
que se trata de comportamientos delictivos en los cuales el sujeto activo está
calificado por la calidad de miembro de la Fuerza Pública, de tipos penales a
los cuales se añade el elemento funcional que circunscribe la conducta a hechos
relacionados directamente con la función militar o policial que la
Constitución, la ley y los reglamentos les han asignado. Es decir, que se trata
de conductas que, contrario a lo que afirma el Gobierno, pueden ser cometidas
en el ejercicio de las funciones propias de los militares, y por lo tanto
conocidas por la jurisdicción especial.
Desde
esa perspectiva, determinó que los artículos objetados son exequibles porque a
través de ellos el Congreso de la República, en su calidad de legislador,
ejerció de manera razonable y proporcional la libertad de configuración del
sistema normativo, sin vulnerar normas de jerarquía constitucional.
III. Proposición
De
acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-533 de
2008, para rehacer e integrar el texto del Proyecto de ley número 144 de 2005
Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se expide el Código Penal Militar, y
una vez oído el Ministro de Defensa, se propone:
1. Readecuar la redacción del artículo 3º, en los
siguientes términos:
Artículo
3°. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en
el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los
delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o
aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario entendidos en
los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por
Colombia, ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función
constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo
funcional del agente con el servicio.
2. Eliminar
del texto del proyecto los artículos 171, 172 y 173, declarados inexequibles
por la Sentencia C-533 de 2008.
3.
De acuerdo con el numeral anterior, reorganizar y concordar la numeración del
proyecto de ley.
Por
último, debe aclararse que en el presente informe se elimina la tachadura que
presentaba el parágrafo del artículo 628, que se encontraba en la página 52 de la
Gaceta del Congreso número 661 de 2008.
De
los honorables Representantes,
Zamir Silva Amín,
Representante a la Cámara”.
5. El texto
rehecho del proyecto de Ley número 111 de 2006 Senado, 144 Cámara, por la cual se expide el Código Penal Militar, es el siguiente[9]:
“TEXTO
re hecho deL PROYECTO DE LEY NUMERO 111 DE 2006 SENADO, 144 DE 2005 CÁMARA ‘por la cual se expide el Código Penal Militar’.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
LIBRO PRIMERO
PARTE GENERAL
T I T U L O I
NORMAS RECTORAS DE LA LEY
PENAL MILITAR
CAPITULO I
Ámbito de aplicación del
Código
Artículo 1º. Fuero militar. De los delitos cometidos por los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo
servicio, conocerán las Cortes Marciales o los Tribunales Militares, con
arreglo a las disposiciones de este Código. Tales Cortes o Tribunales estarán
integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.
Artículo 2°. Delitos relacionados con el servicio. Son delitos
relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza
Pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los
mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la
Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado.
Artículo
3. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los
delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o
aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario, ni las
conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la
Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente
con el servicio, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados
internacionales ratificados por Colombia.
Artículo 4º. Fuerza Pública. La Fuerza Pública estará integrada en
forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Artículo 5º. Investigación y juzgamiento de
civiles. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la
justicia penal militar.
CAPITULO II
Principios y reglas
fundamentales
Artículo 6º. Dignidad humana. El derecho penal militar tendrá como
fundamento el respeto por la dignidad humana.
Artículo 7º. Legalidad. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá
ser procesado, juzgado o condenado sino conforme a las leyes preexistentes al
acto que se le atribuye, ante el juez o tribunal competente y con la observancia
de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
Tampoco podrá ejecutarse pena o medida de seguridad en condiciones
diferentes a las establecidas en la ley.
La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en
materia de tipos penales en blanco.
Artículo 8º. Favorabilidad. En materia penal la ley permisiva o
favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para los que estén
condenados.
Artículo 9º. Analogía. La analogía sólo se aplicará en materias
permisivas.
Artículo 10. Igualdad. La ley penal militar se aplicará a los
miembros de la Fuerza Pública, sin tener en cuenta circunstancias diferentes a
las establecidas en la Constitución y la ley. El funcionario judicial tendrá
especial consideración cuando se trata de valorar el injusto, la culpabilidad y
las consecuencias jurídicas del delito, en relación con los miembros de la
Fuerza Pública que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso
final del artículo 13 de la Constitución Política.
Artículo 11. Prohibición de doble incriminación. A nadie se podrá
imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la
denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los
instrumentos internacionales.
Artículo 12. Principios de las sanciones penales. La pena en
materia penal militar tiene como función la prevención general y especial,
protectora y reinserción social. Las medidas de seguridad persiguen fines de
protección, curación, tutela y rehabilitación.
La imposición de la pena o de la medida de seguridad responderá a
los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Artículo 13. Juez Natural. Los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo, cuando cometan delitos contemplados en este Código u otros en
relación con el servicio, solo podrán ser Juzgados por Jueces y Tribunales
establecidos en este Código e instituidos con anterioridad a la comisión de la
conducta punible.
Artículo 14. Integración. En aquellas materias
que no se hallen expresamente reguladas en este Código, son aplicables las
disposiciones de los Códigos, penal, procesal penal, civil, procesal civil y de
otros ordenamientos, siempre que no se opongan a la naturaleza de este Código.
Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren
consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios
internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este Código.
Artículo 15. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se
requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no
basta para la imputación jurídica del resultado.
Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que
sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia
de responsabilidad.
Artículo 16. Tipicidad. La ley penal definirá de manera
inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo
penal.
En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar
consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política y en la ley.
Artículo 17. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea
punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa
causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.
Artículo 18. Culpabilidad. Sólo se podrá imponer penas por
conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de
responsabilidad objetiva.
Artículo 19. Normas rectoras y fuerza normativa. Las normas
rectoras contenidas en este Código constituyen la esencia y orientación del
sistema penal. Prevalece sobre los demás e informan su interpretación.
T I T U L O II
CAPITULO UNICO
De la conducta punible
Artículo 20. Delitos. Los delitos cometidos por los miembros de la
Fuerza Pública son los descritos en este Código, los previstos en el Código
Penal común y en las normas que los adicionen o complementen.
Artículo 21. Formas. Los delitos cometidos por los miembros de la
Fuerza Pública pueden ser realizados por acción o por omisión.
Artículo 22. Tiempo de la conducta punible. La conducta p unible
se considera realizada en el tiempo de su ejecución, o en aquel en que debió
tener lugar la acción omitida, aun cuando sea otro el resultado.
Artículo 23. Modalidades de la conducta punible. La conducta es
dolosa, culposa o preterintencional. La culpa y la preterintención solo son
punibles en los casos expresamente señalados en la ley.
Artículo 24. Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente conoce
los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, o
cuando ella ha sido prevista como probable y la producción del resultado se
deja librada al azar.
Artículo 25. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado
típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente
debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en
poder evitarlo.
Artículo 26. Preterintención. La conducta es preterintencional
cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención del agente.
Artículo 27. Acción y omisión. La conducta punible puede ser
realizada por acción u omisión.
El miembro de la Fuerza Pública que tuviere el deber jurídico de
impedir un resultado perteneciente a una descripción típica, cuente con los
recursos y medios disponibles y no actuare estando en posibilidad de hacerlo
dentro de su ámbito propio de dominio, quedará sujeto a la pena contemplada en
la respectiva norma penal, si no concurriere causal de exclusión de
responsabilidad. A tal efecto se requiere que tenga a su cargo la protección
real y efectiva del bien jurídico protegido o la vigilancia de determinada
fuente de riesgo, conforme a la Constitución, la ley o los reglamentos.
Parágrafo. La posición de garante solo se tendrá en cuenta en
relación con las conductas punibles que atenten contra la vida e integridad
personal y la libertad individual.
Artículo 28. Tentativa. El que iniciare la ejecución de una
conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su
consumación, y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad,
incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes
del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.
Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas
a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera
parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada
para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos
necesarios para impedirla.
Artículo 29. Concurso de personas en la
conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los
autores y los partícipes.
Artículo 30. Autores. Es autor quien realice la conducta punible
por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.
Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con
división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.
El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista
para la conducta punible.
Artículo 31. Partícipes. Son partícipes el
determinador y el cómplice:
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica
incurrirá en la pena prevista para la infracción.
Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o
preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma,
incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de
una sexta parte a la mitad.
Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas
en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una
cuarta parte.
Artículo 32. Concurso de conductas punibles. El que con una sola
acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias
disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará
sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada
hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que
correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada
una de ellas.
En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de
la libertad podrá exceder de sesenta (60) años. Cuando cualquiera de las
conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada la pena más grave
contemplare sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas
consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer la tasación de la
pena correspondiente.
Parágrafo. En los eventos de los delitos continuados y masa se
impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera
parte.
Artículo 33. Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a
responsabilidad penal cuando:
1. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor.
2. Se actúe con el consentimiento válidamente
emitido por parte del titular del bien jurídico, en los casos en que se puede
disponer del mismo.
3. Se obre en estricto cumplimiento de un deber legal
4. Se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales. Esta causal no se aplica a los
delitos consagrados en el artículo 3° de este Código.
5. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad
lícita o de un cargo público.
6. Se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno
contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea
proporcionada a la agresión.
Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que,
indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias
inmediatas.
7. Se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno
de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no
haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber
jurídico de afrontar.
8. Se obre bajo insuperable coacción ajena.
9. Se obre impulsado por miedo insuperable.
10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta
un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los
presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el
error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto
como culposa.
Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que
posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del
supuesto de hecho privilegiado.
11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si
el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad.
Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta
que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de
actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta.
12. El error invencible sobre una
circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la
aplicación de la diminuente.
El que exceda los límites propios de las causales consagradas en
los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 precedentes, incurrirá en una pena no menor de la
sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo de la señalada para la
respectiva conducta punible.
Artículo 34. Inimputabilidad. Es inimputable quien en el momento
de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de
comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por
inmadurez sicológica o trastorno mental.
Artículo 35. Trastorno mental preordenado. Cuando el agente
hubiere preordenado su trastorno mental, no será considerado como inimputable.
T I T U L O III
DE LA PUNIBILIDAD
CAPITULO I
Las penas
Artículo 36. Penas principales. Los imputables estarán sometidos a
las siguientes penas principales:
1. Prisión.
2. Multa.
Artículo 37. Penas accesorias. Son penas accesorias, cuando no se
establezcan como principales, las siguientes:
1. Restricción domiciliaria.
2. Interdicción de derechos y funciones públicas.
3. Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio.
4. Suspensión de la patria potestad.
5. Separación absoluta de la Fuerza Pública.
6. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego.
7. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas.
Artículo 38. Judicialidad y publicidad. Toda pena será impuesta
por sentencia judicial. El juez deberá enviar copia de esta al Instituto
Nacional Penitenciario y a la respectiva oficina de personal de la Fuerza a la
cual pertenezca el sentenciado.
Artículo 39. Duración de la pena. La duración máxima de la pena es
la siguiente:
1. Prisión. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una
duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso, cuya
pena máxima será de sesenta (60) años.
2. Multa, hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
3. Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años.
4. Interdicción de derechos y funciones públicas, hasta diez (10)
años.
5. Prohibición del ejercicio de arte, profesión u oficio, hasta
cinco (5) años.
6. Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años.
7. Prohibición de porte y tenencia de armas de fuego, hasta tres
(3) años.
8. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas hasta tres (3)
años.
Artículo 40. Prisión. La pena de prisión consiste en la privación
de la libertad personal y se cumplirá en un establecimiento carcelario militar
o policial, en la forma prevista por la ley.
Artículo 41. Multa. La multa consiste en la obligación de pagar,
mediante depósito judicial efectuado en el Banco Agrario o en la entidad que
disponga el Gobierno Nacional, la suma en salarios mínimos legales mensuales
vigentes que haya sido determinada en la sentencia. Los recursos obtenidos por
concepto del recaudo de multas ingresarán al Ministerio de Defensa Nacional
para el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria.
La cuantía de la multa se fijará teniendo en cuenta la gravedad de
la conducta punible, el grado y la situación económica del condenado, el
estipendio diario derivado de su trabajo, las obligaciones civiles a sus cargos
anteriores a la conducta y las demás circunstancias que indiquen la posibilidad
de pagar.
En caso de concurso de conductas punibles o acumulación, las
multas correspondientes a cada una de ellas se sumarán, sin que en total puedan
exceder del máximo señalado en el artículo 39 de este Código.
Artículo 42. Plazo y pago por cuotas. Al imponer la multa o
posteriormente, el Juez Penal Militar de Ejecución de Penas podrá, atendidas
las circunstancias del artículo anterior, señalar plazo para el pago o
autorizarlo por cuotas adecuadas, dentro de un término no superior a tres (3)
años, previa caución.
Artículo 43. Amortización mediante trabajo. Podrá autorizarse al
condenado la amortización de la multa mediante trabajo no remunerado,
libremente escogido por este y realizado en favor de la Fuerza Pública, la
Administración Pública o de la comunidad.
El Juez Penal Militar de Ejecución de Penas determinará el traba
jo computable para dicho efecto, así como la forma de comprobación y control.
El salario de cada día de trabajo imputable a la multa, será
calculado de conformidad con el valor comúnmente asignado a esta actividad en
el lugar donde se realice.
Artículo 44. Conversión de la multa en arresto. Cuando la multa
hubiere sido impuesta como pena principal y única, y el condenado no la pagare
o amortizare de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, se
convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal diario, por cada día
de arresto. En este caso, el arresto no podrá exceder de cinco (5) años.
El condenado a quien se le haya hecho la conversión de que trata
el inciso anterior, podrá hacer cesar el arresto en cualquier momento en que
satisfaga la parte proporcional de multa que no haya cumplido en arresto.
Artículo 45. Separación absoluta de la Fuerza Pública. La
separación absoluta consiste en la desvinculación definitiva de la Fuerza
Pública. El separado en forma absoluta no podrá desempeñar en ella cargo alguno
y perderá el derecho a concurrir a sitios de recreación de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, tales como clubes, centros vacacionales,
casinos y cámaras.
Artículo 46. Restricción domiciliaria. La restricción domiciliaria
consiste en la obligación impuesta al condenado de permanecer en determinado
municipio o en la prohibición de residir en determinado lugar.
Artículo 47. Interdicción de derechos y funciones públicas. La
interdicción en el ejercicio de los derechos políticos priva al condenado del
ejercicio de todos los derechos políticos reconocidos en el artículo 40 de la
Constitución Política. La interdicción en el desempeño de las funciones
públicas incluye el formar parte de la Fuerza Pública y de cualquier otro
organismo nacional o local de seguridad y de otros cuerpos oficiales armados.
Artículo 48. Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u
oficio. Siempre que se cometa un delito con abuso del ejercicio de un arte,
profesión u oficio o contraviniendo las obligaciones que de ese ejercicio se
deriven, el juez al imponer la pena, podrá privar al responsable del derecho de
ejercer el mencionado arte, profesión u oficio, hasta por un término de cinco
(5) años.
Artículo 49. Suspensión de la patria potestad. La suspensión de la
patria potestad consiste en prohibir al sentenciado, por un período hasta de
quince (15) años, el ejercicio de los derechos que la ley reconoce a los padres
sobre los hijos no emancipados.
Artículo 50. Prohibición de porte y tenencia de armas. Cuando la
utilización indebida de armas de fuego, haya sido determinante en la comisión
del delito, se prohibirá al sentenciado su porte o tenencia por un término
hasta de tres (3) años.
Artículo 51. Penas accesorias a la de prisión. La pena de prisión
impuesta a los miembros de la Fuerza Pública, implica las accesorias de
separación absoluta de la Fuerza Pública y la interdicción de derechos y
funciones públicas por igual tiempo al de la pena principal, salvo en delitos
contra con el servicio y en aquellos en que la pena impuesta no sea superior a
dos (2) años de prisión.
Cuando se trate de delitos culposos sancionados con prisión, no
habrá lugar a la pena accesoria de separación absoluta de la Fuerza Pública.
Las demás penas accesorias serán impuestas discrecionalmente por
el juez, teniendo en cuenta lo dispuesto en este Código, sobre criterios para
fijar la pena.
Artículo 52. Cómputo de la detención preventiva. El tiempo de
detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la
libertad.
Artículo 53. Cumplimiento de penas accesorias. Las penas de
interdicción de derechos y funciones públicas, suspensión de la patria potestad
y prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, se aplicarán de
hecho mientras dure la pena privativa de la libertad, concurrente con ellas;
cumplida esta, empezará a correr el término que se señale para ellas en la
sentencia, salvo lo dispuesto en el artículo 63 de este Código.
La pena de separación absoluta de la Fuerza Pública se aplicará
una vez ejecutoriada la respectiva sentencia.
Artículo 54. Suspensión de pena por enfermedad. Si pronunciada la
sentencia sobreviniere al condenado enfermedad mental, el Juez penal Militar de
Ejecución de Penas suspenderá la ejecución de la pena privativa de la libertad
y se le enviará a establecimiento especial o clínica adecuada de acuerdo con la
legislación vigente.
Cuando el condenado recobrare la salud, continuará cumpliendo la
pena en el lugar respectivo, debiéndose abonar el tiempo que hubiere
permanecido en cualquiera de los establecimientos a que se refiere el inciso
anterior como parte cumplida de la pena.
CAPITULO II
De los criterios y reglas
para la determinación
de la punibilidad
Artículo 55. Mayor y menor punibilidad. Además de las atenuantes y
agravantes consagradas en otras disposiciones, regirán las siguientes.
Artículo 56. Circunstancias de menor punibilidad. Son
circunstancias de menor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra
manera:
1. La buena conducta anterior.
2. La carencia de antecedentes penales.
3. El obrar por motivos nobles o altruistas.
4. El obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor
intenso.
5. La influencia de apremiantes circunstancias personales o
familiares en la ejecución de la conducta punible.
6. Haber obrado por sugestión de una muchedumbre en tumulto.
7. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta,
anular o disminuir sus consecuencias.
8. Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en
forma total. Así mismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas
afectadas con la conducta punible.
9. Presentarse voluntariamente a las
autoridades después de haber cometido la conducta punible o evitar la injusta
sindicación de terceros.
10. La falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la
ejecución de la conducta punible.
11. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la
edad o por circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución
de la conducta punible.
12. Obrar motivado por defensa del honor militar o policial.
13. Ejecutar antes o después de cometida la conducta punible una
acción distinguida de valor por razones del servicio, o que enaltezca la imagen
de la Fuerza Pública.
14. Cuando la conducta se haya cometido como consecuencia de
influencias excesivas en la utilización de medios de corrección por el
superior.
15. Cualquier circunstancia de análoga
significación a las anteriores.
Artículo 57. Ira e intenso dolor. El que realice la conducta
punible en estado de ira o de intenso dolor, causada por comportamiento ajeno
grave e injustificado, incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo
ni mayor de la mitad del máximo de la señalada en la respectiva disposición.
Artículo 58. Circunstancias de mayor punibilidad. Son
circunstancias de mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de
otra manera:
1. Ejecutar la conducta punible en estado de guerra exterior o de
conmoción interior, frente al enemigo, o frente a delincuentes.
2. Cometer la conducta punible delante de la tropa reunida para
los actos del servicio.
3. Haber obrado por motivo abyecto, innobles, fútiles, o mediante
precio, recompensa o promesa remuneratoria.
4. El tiempo, el lugar, los instrumentos o el modo de ejecución de
la conducta punible, cuando hayan dificultado la defensa del ofendido o
perjudicado en su integridad personal o bienes, o demuestren una mayor
insensibilidad moral en el delincuente.
5. La preparación ponderada de la conducta punible.
6. El mayor grado, autoridad o mando del actor o del ofendido,
cuando este haya sido determinante en la comisión de la conducta.
7. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso
de la condición de superioridad sobre la víctima, o aprovechamiento
circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o
la identificación del autor o partícipe.
8. Abusar de las condiciones de inferioridad del ofendido.
9. Ejecutar la conducta con insidias o artificios o valiéndose de
la actividad de subalternos o inimputables.
10. Obrar con complicidad de otro.
11. Ejecutar la conducta aprovechando calamidad, infortunio, o
emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda
resultar peligro común.
12. Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la
víctima, causando a esta padecimiento innecesario para la ejecución del delito.
13. Abusar de la credulidad pública o privada.
14. Hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible.
15. Cometer la conducta en presencia o con el concurso de
subordinados.
16. Abusar de cualquier carácter, posición o cargo que le dé
particular autoridad sobre la víctima.
17. Haber cometido conducta para ejecutar u ocultar otro o para
asegurar para sí o para otra persona el producto, el provecho, el precio o la
impunidad de otro hecho punible.
18. Ejecutar la conducta sobre objetos expuestos a la confianza
pública, o custodiados en dependencias oficiales o pertenecientes a estas, o
destinados a la utilidad, defensa o reverencia colectivas.
19. Tratar de desviar la investigación descargando la
responsabilidad en terceros.
20. Cuando se produjere un daño grave o una irreversible
modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales.
21. Cuando para la realización de la conducta punible se hubieren
utilizado explosivos, venenos u otros instrumentos o artes de similar eficacia
destructiva.
22. Cuando la conducta punible se realice sobre áreas de especial
importancia ecológica o en ecosistemas estratégicos definidos por la ley o los
reglamentos.
Artículo 59. Motivación del proceso de individualización de la
pena. Toda sentencia deberá contener una fundamentación explícita sobre los
motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena.
Artículo 60. Parámetros para la determinación de los mínimos y
máximos aplicables. Para efectuar el proceso de individualización de la pena el
sentenciador deberá fijar, en primer término, los límites mínimos y máximos en
los que se ha de mover. Para ello, y cuando hubiere circunstancias
modificadoras de dichos límites, aplicará las siguientes reglas:
1. Si la pena se aumenta o disminuye en una proporción
determinada, esta se aplicará al mínimo de la infracción básica.
2. Si la pena se aumenta hasta en una proporción, esta se aplicará
al mínimo de la infracción básica.
3. Si la pena se disminuye hasta en una proporción, esta se
aplicará al mínimo de la infracción básica.
4. Si la pena se aumenta, en dos proporciones, la menor se
aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica.
5. Si la pena se disminuyen en dos proporciones, la mayor se
aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica.
Además de los criterios señalados en el inciso anterior, para
efectos de la determinación de la pena en la tentativa se tendrá en cuenta el
mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo; en la complicidad,
la mayor o menor eficacia de la contribución o ayuda; y en el concurso, el
número de hechos punibles.
Artículo 61. Fundamentos para la individualización de la pena.
Efectuado el procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito
punitivo de movilidad previsto en la ley en cuartos: uno mínimo, dos medios y
uno máximo.
El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando
no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de
atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran
circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto
máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva.
Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse
la pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: la
mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la
naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad
del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la
función que ella ha de cumplir en el caso concreto.
Además de los fundamentos señalados en el inciso anterior, para
efectos de la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá en cuenta el
mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad
el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda.
Parágrafo. El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos
eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre
el Fiscal Penal Militar y la Defensa.
Artículo 62. Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias
agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la
conducta no se comunican a los partícipes, y sólo serán tenidas en cuenta para
agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido.
Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que
concurran en el autor, se comunicarán a los partícipes que las hubiesen
conocido en el momento de la planeación o ejecución de la conducta punible.
CAPITULO III
De los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa
de la libertad
Artículo 63. Suspensión condicional de la ejecución de la pena. La
ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera,
segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5)
años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los
siguientes requisitos:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3)
años.
2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del
sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean
indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.
La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad
no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible.
Su concesión estará supeditada al pago total de la multa.
El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de
la libertad concurrentes con esta. En todo caso cuando se trate de lo dispuesto
en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su
cumplimiento.
3. Que no se trate de delitos que atenten contra la disciplina, el
servicio, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, la Administración
Pública, cualquiera sea la sanción privativa de la libertad, salvo los delitos
culposos.
Artículo 64. Libertad condicional. El juez podrá conceder la
libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad previa
valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya cumplido las tres
quintas partes de la pena y su buena conducta durante el tratamiento
penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no
existe necesidad de continuar la ejecución de la pena. En todo caso su
concesión estará supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la
víctima.
El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como
período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá
aumentarlo hasta en otro tanto.
Artículo 65. Obligaciones. El reconocimiento de la suspensión
condicional de la ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta
las siguientes obligaciones para el beneficiario:
1. Informar todo cambio de residencia.
2. Observar buena conducta.
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se
demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo.
4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile
el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que
vigile la ejecución de la pena.
Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.
Artículo 66. Revocación de la suspensión de la ejecución
condicional de la pena y de la libertad condicional. Si durante el período de
prueba el condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se
ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de
suspensión y se hará efectiva la caución prestada.
Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del
momento de la ejecutoria de la sentencia de la cual se reconozca el beneficio
de la suspensión condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la
autoridad judicial respectiva, se procederá a ejecutar inmediatamente la
sentencia.
Artículo 67. Extinción y liberación. Transcurrido el período de
prueba sin que el condenado incurra en las conductas de que trata el artículo
anterior, la condena queda extinguida, y la liberación se tendrá como
definitiva, previa resolución judicial que así lo determine.
Artículo 68. Reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad
muy grave. El Juez Penal Militar de Ejecución de Penas podrá autorizar la
ejecución de la pena privativa de la libertad en la residencia del penado o
centro hospitalario determinado por el Inpec, en caso que se encuentre aquejado
por una enfermedad muy grave incompatible con la vida en reclusión formal,
salvo que en el momento de la comisión de la conducta tuviese ya otra pena
suspendida por el mismo motivo. Cuando el condenado sea quien escoja el centro
hospitalario, los gastos correrán por su cuenta.
Para la concesión de este beneficio debe mediar concepto de médico
legista especializado.
El Juez Penal Militar de ejecución de penas ordenará exámenes
periódicos al sentenciado a fin d e determinar si la situación que dio lugar a
la concesión de la medida persiste.
En el evento de que la prueba médica arroje evidencia de que la
patología que padece el sentenciado ha evolucionado al punto que su tratamiento
sea compatible con la reclusión formal, revocará la medida.
Si cumplido el tiempo impuesto como pena privativa de la libertad,
la condición de salud del sentenciado continúa presentando las características
que justificaron su suspensión, se declarará extinguida la sanción.
CAPITULO IV
De las medidas de seguridad
Artículo 69. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad:
1. La internación en establecimiento
psiquiátrico o clínica adecuada.
2. La internación en casa de estudio o trabajo.
3. La libertad vigilada.
Artículo 70. Internación para inimputable por trastorno mental
permanente.< /i> Al inimputable por trastorno mental permanente, se le
impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o
institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la
atención especializada que requiera.
Esta medida tendrá un máximo de duración de veinte (20) años y el
mínimo aplicable dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso
concreto. Cuando se establezca que la persona se encuentra mentalmente
rehabilitada cesará la medida.
Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se
establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio
social en donde se desenvolverá su vida.
Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea
susceptible de ser tratada ambulatoriamente.
En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la
medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del
respectivo delito.
Artículo 71. Internación para inimputable por trastorno mental
transitorio con base patológica. Al inimputable por trastorno mental
transitorio con base patológica, se le impondrá la medida de internación en
establecimiento psiquiátrico, clínica o institución adecuada de carácter
oficial o privado, en donde se le prestará la atención especializada que requiera.
Esta medida tendrá una duración máxima de diez (10) años y un
mínimo que dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso concreto.
La medida cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del sentenciado.
Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se
establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio
social en donde se desenvolverá su vida.
Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea
susceptible de ser tratada ambulatoriamente.
En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la
medida podrá exceder el máximo fijado para la pena privativa de la libertad del
respectivo delito.
Artículo 72. La internación en casa de estudio o de trabajo. A los
inimputables que no padezcan trastorno mental, se les impondrá medida de
internación en establecimiento público o particular, aprobado oficialmente, que
pueda suministrar educación, adiestramiento industrial, artesanal, agrícola o
similar.
Esta medida tendrá un máximo de diez (10) años y un mínimo que
dependerá de las necesidades de asistencia en cada caso concreto.
Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se
establezca que la persona que se encuentra en condiciones de adaptarse al medio
social en donde se desenvolverá su vida.
Igualmente procederá la suspensión cuando la persona sea
susceptible de ser tratada ambulatoriamente.
En ningún caso el término señalado para el cumplimiento de la
medida, podrá exceder al máximo fijado para la pena privativa de la libertad
del respectivo delito.
Artículo 73. Libertad vigilada. La libertad vigilada podrá
imponerse como accesoria de la medida de internación, una vez que esta se ­haya
cumplido, consiste en:
1. La obligación de residir en determinado lugar por un término no
mayor de tres (3) años.
2. La prohibición de concurrir a determinados lugares hasta por un
término de tres (3) años.
3. La obligación de presentarse periódicamente ante las autorida­des
encargadas de su control hasta por tres (3) años.
Artículo 74. Cómputo de la detención preventiva. El tiempo de
detención preventiva se tendrá como parte cumplida de la pena privativa de la
libertad, o de la respectiva medida de seguridad, si la persona ha estado
sometida al tratamiento o régimen especial que le corresponda.
CAPITULO V
De la extinción de la acción
y de la pena
Artículo 75. Extinción de la acción penal. Son causales de extin­ción
de la acción penal:
1. La muerte del procesado.
2. El desistimiento.
3. La amnistía.
4. La prescripción.
5. Caducidad de la querella.
6. Desistimiento.
7. La oblación.
8. El pago en los casos previstos en la ley.
9. La indemnización integral en los casos previstos en la ley.
10. La retractación en los casos previstos en la ley.
Las demás que consagre la ley.
Artículo 76. Término de prescripción de la acción penal. La acción
penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si
fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5)
años ni excederá de veinte (20). Para este efecto se tendrán en cuenta las
circunstancias de atenuación y agravación concurrentes.
En los delitos que tengan señalada otra clase de pena, la acción
prescribirá en cinco (5) años. Para el delito de deserción, la acción penal
prescribirá en un (1) año.
Parágrafo. Cuando se trate de delitos comunes
la acción penal prescribirá de acuerdo con las previsiones contenidas en el
Código Penal Ordinario para las conductas punibles cometidas por servidores
públicos.
Artículo 77. Prescripción del delito iniciado o consumado en el
exterior. Cuando el delito se hubiere iniciado o consumado en el exterior el
término de prescripción señalado en el artículo anterior se aumentará en la
mitad, sin exceder el límite máximo allí fijado.
Artículo 78. Iniciación del término de prescripción. La
prescripción de la acción empezará a contarse, para las conductas punibles
instantáneos, desde el día de la consumación, y desde la perpetración del
último acto, en los tentados o permanentes. En las conductas penales omisivas
el término comenzará a correr cuando haya cesado el deber de actuar.
Artículo 79. Interrupción del término prescriptivo de la acción
penal. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de
la imputación.
Interrumpida la prescripción, principiará a correr de nuevo por
tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 76 de este Código.
Artículo 80. Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias
las conductas punibles investigadas en un solo proceso, la prescripción de las
acciones se cumple independientemente para cada uno de ellas.
Artículo 81. Renuncia y oficiosidad. La prescripción de la acción
penal y de la pena se declarará de oficio. El procesado podrá renunciar a ella.
Artículo 82. Término de prescripción de la pena. La pena privativa
de la libertad prescribe en el término fijado para ella en la sentencia, pero
en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años.
Para el delito de deserción, la pena prescribirá en dos (2) años.
Las penas no privativas de la libertad prescribirán en cinco (5)
años.
Artículo 83. Iniciación del término prescriptivo de la pena. La
prescripción de la pena se comenzará a contar desde la ejecutoria de la
sentencia.
Artículo 84. Interrupción del término prescriptivo de la pena. La
prescripción de la pena se interrumpe cuando el condenado fuere aprehendido.
Artículo 85. Prescripción de penas diferentes. La prescripción de
penas diferentes impuestas en una misma sentencia se cumplirá
independientemente respecto de cada una de ellas.
Artículo 86. Rehabilitación. Excepto la separación absoluta de la
Fuerza Pública, las demás penas señaladas en el artículo 37 de este Código
podrán cesar por rehabilitación.
La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de
los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes
reglas:
1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la
rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado for­mule
la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante el
Tribunal Superior Militar.
2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia
podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intacha­ble
conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena;
allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de
personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada
después de la condena, certificado de la enti­dad bajo cuya vigilancia hubiere
estado el peticionario en el periodo de prueba de la libertad condicional o
vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.
En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere
con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años
después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere trans­currido
la mitad del término impuesto.
Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de
la libertad, solo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años
contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa
de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.
3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de
la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la
pena accesoria, esta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba
fijado en el respectivo fallo.
Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa
de este la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2)
años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere
transcurrido la mitad del término impuesto.
No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso
5° del artículo 122 de la Constitución Política.
La providencia que conceda la rehabilitación de derechos y
funciones públicas se comunicará a las mismas entidades a quienes se comunicó
la sentencia y, especialmente, al alcalde del domicilio del rehabilitado y a
los registradores municipal, departamental y nacional del estado civil, para
que hagan las anotaciones del caso. La entidad que debe resolver la solicitud
de rehabilitación puede, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días, pedir
ampliación o ratificación de las pruebas acompañadas al memorial respectivo.
Si la conducta del solicitante no lo hiciere acreedor a la
rehabilitación, según los documentos presentados, se aplazará la concesión de
ella por un período no mayor del determinado en el numeral 3 de este artículo.
La providencia respectiva será comunicada a las mismas entidades mencionadas en
este Código.
T I T U L O IV
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
DERIVADA
DE LA CONDUCTA PUNIBLE
CAPITULO UNICO
Reparación
del daño
Artículo 87. Reparación del daño. La conducta punible origina
obligación de reparar los daños materiales y morales causados con ocasión de
aquella.
Artículo 88. Titulares de la acción civil. Las personas naturales,
o sus sucesores, las jurídicas perjudicadas directamente por la conducta
punible tienen derecho a la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se
ejercerá en la forma señalada en este Código.
El actor popular tendrá la titularidad de la acción civil cuando
se trate de lesión directa de bienes jurídicos colectivos.
Artículo 89. Obligados a indemnizar. El Estado debe reparar los daños
a que se refiere el artículo 87 del presente Código.
En el evento de ser condenado el Estado como consecuencia de un
proceso judicial a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya
sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un miembro de la
Fuerza Pública, aquel deberá repetir contra este.
La justicia penal militar condenará al pago de perjuicios al
miembro de la Fuerza Pública penalmente responsable.
Artículo 90. Prescripción de la acción civil. La acción civil
proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro del proceso
penal, prescribe, en relación con los penalmente responsables, en tiempo igual
al de la prescripción de la respectiva acción penal. En los demás casos, se
aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil.
Artículo 91. Extinción de la acción civil. La acción civil deriva­da
de la conducta punible se extingue por cualquiera de los modos consagrados en
el Código Civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía impropia, y,
en general las causales de extinción de la punibilidad que no impliquen
disposición del contenido económico de la obligación, no extinguen la acción
civil.
Artículo 92. Comiso. Los instrumentos y efectos con los que se
haya cometido el delito o que provengan de su ejecución, salvo que sean del
Estado, pasarán a poder de este a menos que la ley disponga su destrucción. En
los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o aeronaves, cualquier
unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan libre comercio se
someterán a los experticios técnicos y se entregarán en depósito a su
propietario o tenedor legítimo, salvo el derecho de terceros o de normas que
dispongan lo contrario. La entrega será definitiva cuando se dicte sentencia
absolutoria, o cesación de procedimiento.
LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL DE LOS
DELITOS
T I T U L O I
DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA
CAPITULO I
De la insubordinación
Artículo 93. Insubordinación. El que mediante actitudes violentas
en relación con orden legítima del servicio emitida con las formalidades
legales, la rechace, impida que otro la cumpla, o que el superior la imparta, o
lo obligue a impartirla, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
Artículo 94. Causales de agravación. La pena prevista en el
artículo anterior se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la
conducta se realiza:
1. Con el concurso de otros.
2. Con armas.
3. Frente a tropas formadas.
Artículo 95. Insubordinación por exigencia. El que mediante
actitudes violentas haga exigencias de cualquier naturaleza al superior,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
CAPITULO II
De la desobediencia
Artículo 96. Desobediencia. El que incumpla o modifique una orden
legítima del servicio impartida por su respectivo superior de acuerdo con las
formalidades legales, incurrirá en prisión de dos (2) a tres (3) años.
Artículo 97. Desobediencia de personal retirado. El oficial o
suboficial en retiro temporal o de reserva que no se presentare a la unidad
correspondiente el día y hora señalados en los decretos de movilización o de
llamamiento especial al servicio, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
Artículo 98. Desobediencia de reservistas. El personal que haya
prestado el servicio militar obligatorio y esté en situación de reserva, que no
se presentare en los términos previstos en el artículo anterior, incurrirá en
prisión de seis (6) meses a un (1) año.
CAPITULO III
De los ataques y amenazas a
superiores e inferiores
Artículo 99. Ataque al superior. El que en actos relacionados con
el servicio, ataque por vías de hecho a un superior en grado, antigüedad o
categoría, incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de uno (1) a tres (3)
años.
Artículo 100. Ataque al inferior. El que en actos relacionados con
el servicio, ataque por vías de hecho a un inferior en grado, antigüedad o
categoría, incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de uno (1) a tres (3)
años.
Artículo 101. Amenazas. El que en actos relacionados con el
servicio, manifieste por cualquier medio apto para difundir el pensamiento
amenazas con el propósito de intimidar a superior es o inferiores, incurrirá
por esta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años.
T I T U L O II
DELITOS CONTRA EL SERVICIO
CAPITULO I
Del abandono del comando y
del puesto
Artículo 102. Abandono del comando. El que sin justa causa no
ejerza las funciones propias del comando, jefatura o dirección por más de
veinticuatro (24) horas consecutivas, en tiempo de paz, o por cualquier tiempo
en estado de guerra exterior, conmoción interior o grave calamidad pública,
incurrirá en la pena de que tratan los artículos siguientes.
Artículo 103. Abandono de comandos superiores, jefaturas o
direcciones. Cuando quien ejecute la conducta descrita en el artículo anterior
sea el Comandante General de las Fuerzas Militares, los comandantes de fuerza,
el Jefe del Estado Mayor Conjunto, los comandantes de comandos conjuntos y de Fuerzas
de Tarea, el Director General de la Policía, los comandantes de unidades
operativas y tácticas y sus equivalentes en la Armada y la Fuerza Aérea, los
Directores de las Escuelas de Formación, los Comandantes de Departamento de
Policía y los Comandantes de Comandos Unificados, específicos y operativos,
incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años.
Artículo 104. Abandono de comandos especiales. Si cualquiera de
las conductas de que trata el artículo 101 de este Código fueren realizadas por
los comandantes de base, patrullas, contraguerrillas, tropas de asalto, fuerzas
especiales y demás unidades militares o de policía, comprometidas en
operaciones relacionadas con el mantenimiento del orden público, guerra o
conflicto armado, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión.
Artículo 105. Abandono del puesto. El que estando de facción o de
servicio abandone el puesto por cualquier tiempo, se duerma, se embriague o se
ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas,
incurrirá, en prisión de uno (1) a tres (3) años.
Si quien realiza la conducta es el comandante, la pena se
aumentará de una cuarta parte a la mitad.
Artículo 106. Agravación punitiva. Si la conducta de que trata el
artículo anterior se comete en tiempo de guerra o conmoción interior, la pena
será de prisión de dos (2) a cinco (5) años.
CAPITULO II
Del abandono del servicio
Artículo 107. Abandono del servicio. El Oficial o Suboficial de la
Fuerza Pública, o el personal de agentes o del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional que abandone los deberes propios del cargo por más de cinco (5) días
consecutivos, o no se presente al respectivo superior dentro del mismo término
contado a partir de la fecha señalada por los reglamentos u órdenes superiores,
para el cumplimiento de actos del servicio, o no se presente dentro de los
cinco (5) días siguientes a la fecha del vencimiento de una licencia, permiso,
vacaciones o de su cancelación comunicada legalmente, incurrirá en prisión de
uno (1) a tres (3) años.
Artículo 108. Abandono del servicio de soldados voluntarios o
profesionales. El soldado voluntario o profesional que abandone los deberes
propios del servicio en campaña, operaciones militares, por cualquier tiempo,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
La pena será de uno (1) a dos (2) años de prisión, cuando el
soldado voluntario o profesional en cumplimiento de actividades propias del
servicio se ausente de la unidad sin permiso por más de cinco (5) días, o
cuando no se presente a los superiores respectivos dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una licencia, una
incapacidad, un permiso o terminación de comisión u otro acto del servicio o en
que deba presentarse por traslado.
CAPITULO III
De la deserción
Artículo 109. Deserción. Incurrirá en prisión de ocho (8) meses a
dos (2) años, quien estando incorporado al servicio militar realice alguna de
las siguientes conductas:
1. Se ausente sin permiso por más de cinco (5) días consecutivos
del lugar donde preste su servicio.
2. No se presente a los superiores respectivos dentro de los cinco
(5) días siguientes a la fecha en que se cumpla un turno de salida, una
licencia, una incapacidad, un permiso o terminación de comisión u otro acto del
servicio o en que deba presentarse por traslado.
3. Traspase sin autorización los límites señalados al campamento
por el jefe de las tropas en operaciones militares.
4. El prisionero de guerra que recobre su libertad hallándose en
territorio nacional y no se presente en el término previsto en los numerales
anteriores.
5. El prisionero de guerra que recobre su libertad en territorio
extranjero y no se presente ante cualquier autoridad consular o no regrese a la
patria en el término de treinta (30) días, o después de haber regresado no se
presente ante la autoridad militar, en el término de cinco (5) días.
Los condenados por este delito, una vez cumplida la pena,
continuarán cumpliendo el servicio militar por el tiempo que les falte.
Artículo 110. Agravación punitiva. La pena prevista en el artículo
anterior se aumentará hasta en la mitad cuando la conducta se cometa en tiempo
de guerra o conmoción interior, o ante la proximidad de rebeldes o sediciosos,
y hasta el doble en tiempo de guerra exterior.
Artículo 111. Atenuación punitiva. Las penas de que tratan los
artículos anteriores se reducirán hasta en la mitad cuando el responsable se
presentare voluntariamente dentro de los ocho (8) días siguientes a la
consumación de la conducta.
CAPITULO IV
Del delito del centinela
Artículo 112. Delito del centinela. El centinela que se duerma, se
embriague o se ponga bajo los efectos de sustancias estupefacientes o
psicotrópicas, o falte a las consignas especiales que haya recibido, o se
separe de su puesto, o se deje relevar por quien no esté legítimamente
autorizado, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
Artículo 113. Agravación punitiva. Si alguno de las conductas de
que trata el artículo anterior se cometiere en tiempo de guerra o conmoción
interior, se impondrá prisión de uno (1) a cinco (5) años.
CAPITULO V
De la libertad indebida de
prisioneros de guerra
Artículo 114. Libertad indebida de prisioneros de guerra. El que
sin facultad o autorización ponga a un prisionero de guerra en libertad o
facilite su evasión, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.
Si la evasión se realizare por culpa del encargado de su custodia
o conducción, la pena se reducirá a la mitad.
CAPITULO VI
De la omisión en el
abastecimiento
Artículo 115. Omisión en el abastecimiento. El miembro de la
Fuerza Pública legalmente encargado para ello que no abastezca en debida y
oportuna forma a las tropas, para el cumplimiento de acciones militares o
policiales, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años de prisión.
Si como consecuencia de la conducta anterior resultare algún
perjuicio para las operaciones o acciones militares o policivas, la pena será
de dos (2) a cinco (5) años.
Si la conducta se realiza por culpa, la pena se disminuirá hasta
en la mitad.
T I T U L O III
DELITOS CONTRA LOS INTERESES
DE LA FUERZA PUBLICA
CAPITULO UNICO
De la inutilización
voluntaria
Artículo 116. Inutilización voluntaria. El miembro de la Fuerza
Pública que se lesione o se inutilice con el propósito de eludir el
cumplimiento de sus deberes militares o policiales o para obtener su retiro o
reconocimiento prestación social, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2)
años.
T I T U L O IV
DELITOS CONTRA EL HONOR
CAPITULO I
De la cobardía
Artículo 117. Cobardía. El que en zonas o áreas donde se cumplan
operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes huya o de
cualquier modo eluda su responsabilidad de tal manera que afecte al personal de
la Fuerza Pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión de tres (3) a
seis (6) años. Si como consecuencia de la conducta sobreviniere la derrota, la
pena se aumentará hasta en la mitad.
Artículo 118. Cobardía en el ejercicio del mando. Incurrirá en
prisión de cinco (5) a veinte (20) años:
1. El comandante que se rindiere al enemigo, rebeldes o sediciosos
o entregare por medio de capitulaciones la propia guarnición, unidad militar o
policial, buque, convoy, nave, aeronave o lo abandonare sin agotar los medios
de defensa que tuviere a su disposición.
2. El comandante que se rinda o adhiera al enemigo, rebeldes o
sediciosos, por haber recibido órdenes de un superior ya capitulado, o que en
cualquier capitulación comprometiere tropas, unidades, guarniciones militares o
policiales, puestos fortificados, que no se hallaren bajo sus órdenes, o que
estándolo no hubiesen quedado comprometidos en el hecho de armas y operación
que originare la capitulación.
3. El comandante que por cobardía cediere ante el enemigo,
rebeldes, sediciosos o delincuentes, sin agotar los medios de defensa de que
dispusiere, o se rindiere, si esto determinare la pérdida de una acción bélica
o una operación.
Artículo 119. Cobardía por omisión. El que por cobardía en acción
armada no acuda al lugar de la misma, debiendo hacerlo, o no permanezca en el
sitio de combate, o se oculte, o simule enfermedad, incurrirá en prisión de
cinco (5) a diez (10) años.
CAPITULO II
Del comercio con el enemigo
Artículo 120. Comercio con el enemigo. El que comercie con el
enemigo incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años.
Si se trata de armas, municiones u otros elementos bélicos, la
pena se aumentará hasta el doble.
CAPITULO III
De la injuria y la calumnia
Artículo 121. Injuria. El que haga a otro militar o policía
imputaciones deshonrosas, relacionadas con los deberes militares o policiales,
incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de uno (1) a diez (10)
salarios mínimos legales mensuales.
Artículo 122. Calumnia. El que impute falsamente a otro militar o
policía una conducta punible relacionada con sus deberes militares o
policiales, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de dos
(2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.
Artículo 123. Injurias y calumnias indirectas. A las penas
previstas en los artículos anteriores, quedará sometido quien publique,
reproduzca, repita injuria o calumnia imputadas por otro, o quien haga la
imputación de modo impersonal o con las expresiones,  se dice, se asegura, u
otras semejantes.
Artículo 124. Circunstancias especiales de agravación y atenuación
de la pena. Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo se cometa
utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación
colectiva o en reuniones públicas, las penas respectivas se aumentarán de una
sexta parte a la mitad.
Si se cometen por medio de escrito dirigido exclusivamente al
ofendido, o en su sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta en la mitad.
Artículo 125. Eximente de punibilidad. El responsable de las
conductas punibles descritas en los artículos anteriores, quedará exento de
pena si prueba la veracidad de las imputaciones.
Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba sobre la imputación
de cualquier delito que haya sido objeto de sentencia absolutoria o cesación de
procedimiento, excepto si se trata de prescripción de la acción.
Artículo 126. Retractación. No habrá lugar a punibilidad si el
autor o partícipe de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo se
retractare antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, con el
consentimiento del ofendido, siempre que la publicación de la retractación se
haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas
características en que se difundió la imputación o en el que señale el juez en
los demás casos.
No se podrá iniciar acción penal si la retractación o
rectificación se hace pública antes que el ofendido formule la respectiva
querella.
Artículo 127. Querella. En los casos previstos en este capítulo
sólo se procederá mediante querella, presentada dentro de los seis (6) meses
siguientes a la comisión de la conducta.
Si la calumnia o la injuria afectan la memoria de un miembro
difunto de la Fuerza Pública, la acción podrá ser intentada por la institución
armada a que pertenezca o por quien compruebe interés legítimo en su protección
y defensa.
T I T U L O V
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DE LA FUERZA PUBLICA
CAPITULO I
Del ataque al centinela
Artículo 128. Ataque al centinela. El que ejerza violencia contra
un centinela, por esta sola conducta, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco
(5) años.
CAPITULO II
De la falsa alarma
Artículo 129. Falsa alarma. El miembro de la Fuerza Pública que
produzca o difunda falsa alarma para la preparación a la defensa o al combate,
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
Si a consecuencia del comportamiento a que se refiere el inciso
anterior, sobreviene descontrol, pérdida de bienes u otros efectos, o la
derrota de la tropa o unidad policial, la pena será de cuatro (4) a diez (10)
años de prisión.
CAPITULO III
De la revelación de secretos
Artículo 130. Revelación de secretos. El miembro de la Fuerza
Pública que revele documento, acto o asunto concerniente al servicio, con
clasificación de seguridad secreto, o ultrasecreto, incurrirá en prisión de
cinco (5) a ocho (8) años.
Si la revelación fuere de documento, acto o asunto clasificado
como reservado, el responsable incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4)
años.
Artículo 131. Revelación culposa. Si las conductas a que se
refiere el artículo anterior se cometieren por culpa, la pena será de uno (1) a
dos (2) años de prisión.
CAPITULO IV
Del uso indebido de
uniformes e insignias
de la Fuerza Pública
Artículo 132. Uso indebido de uniformes. El que use públicamente
uniformes, insignias de grado, distintivos o condecoraciones militares o
policiales que no le correspondan, incurrirá en prisión de seis (6) meses a un
(1) año.
CAPITULO V
De la fabricación, posesión
y tráfico de armas,
municiones y explosivos
Artículo 133. Fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de
fuego, municiones y explosivos. El que sin permiso de autoridad competente
introduzca al país, saque de este, fabrique, transporte, repare, almacene,
conserve, venda, trafique, adquiera o suministre a cualquier título, o porte
armas de fuego, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de tres (3) a
cinco (5) años.
Si las armas, municiones o explosivos son de uso privativo de la
Fuerza Pública, la pena será de prisión de cinco (5) a diez (10) años.
La pena señalada en los incisos anteriores, se aumentará hasta en
otro tanto si las conductas allí descritas se realizan a favor de rebeldes,
sediciosos o grupos de delincuencia organizada.
CAPITULO VI
Del sabotaje
Artículo 134. Sabotaje por destrucción o inutilización. El que
destruya o inutilice instalaciones, buques o aeronaves de guerra, o bienes
destinados a la seguridad y defensa nacional, incurrirá en prisión de cinco (5)
a diez (10) años.
Artículo 135. Sabotaje agravado. El que con el propósito de
obstaculizar las operaciones de la Fuerza Pública o de facilitar las del
enemigo, destruya o inutilice obras, bienes destinados a la seguridad y defensa
nacional o realice acciones tendientes a esos fines, incurrirá por esta sola
conducta en prisión de diez (10) a veinte (20) años.
CAPITULO VII
Otros delitos contra la
seguridad de la Fuerza Pública
Artículo 136. Generación de pánico. El integrante de una
tripulación que en combate o en emergencia, diere lugar a que se produzca pánico
o desorden a bordo, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
Si a consecuencia de las conductas anteriores se causare la
derrota de las fuerzas comprometidas en la acción, grave daño o pérdida del
buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza
Pública, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión.
Artículo 137. Abandono de buque. El integrante de la tripulación
de un buque de la Fuerza Pública que en el momento del siniestro o después de
él, lo abandonare sin orden superior, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro
(4) años.
Artículo 138. Abandono de embarcación menor. El patrón de
embarcación menor que hallándose en ella a flote en momentos de combate,
naufragio o incendio, la abandonare sin justificación, incurrirá en prisión de
dos (2) a seis (6) años.
Artículo 139. Interrupción de las condiciones de seguridad. El que
en operaciones militares o policiales y sin autorización encienda luces, cuando
exista orden de oscurecimiento total, interrumpa las condiciones impuestas de
silencio de radio o emisiones electrónicas u otros sistemas de comunicación,
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
Si a consecuencia de estas conductas se produjeren graves daños o
pérdidas del buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo
de la Fuerza Pública, o avería a una instalación militar o policial, la pena
será de dos (2) a ocho (8) años de prisión.
Si la conducta se comete con culpa, la pena se disminuirá hasta en
la mitad.
Artículo 140. Introducción indebida de materiales inflamables. El
que sin autorización introdujere en un buque, aeronave, carro de combate o
medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública, materias explosivas o
inflamables, incurrirá por esta sola conducta en prisión de seis (6) meses a un
(1) año, y en prisión de uno (1) a tres (3) años cuando se produzcan daños.
Artículo 141. Avería o inutilización absoluta de buque, aeronave o
carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El
comandante, oficial de guardia o quien autorizadamente haga sus veces a bordo
de buques, aeronaves, carro de combate o medio de transporte colectivo de la
Fuerza Pública que les causare grave avería, incurrirá en prisión de dos (2) a
seis (6) años.
Si la avería produce la inutilización en forma absoluta para
prestar los servicios a que esté destinado, incurrirá en prisión de seis (6) a
doce (12) años.
Artículo 142. Avería o inutilización culposa de buque, aeronave,
carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El
comandante, oficial de guardia o quien autorizadamente haga sus veces, que por
culpa realice las conductas descritas en el artículo anterior, incurrirá en
prisión de uno (1) a tres (3) años.
Artículo 143. Avería o inutilización por otros miembros de la
tripulación. Si las conductas a que se refieren los artículos 138 y 139 de este
Código son cometidos por otros miembros de la tripulación del buque, aeronave,
carro de combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública,
incurrirán en las mismas penas disminuidas hasta en la tercera parte.
Artículo 144. Abandono del buque por el comandante. El comandante
que en caso de naufragio abandone el buque en condiciones de flotabilidad y no
agotare los recursos para salvar la tripulación, armas, pertrechos, bagajes o
caudales del Estado que estén bajo su responsabilidad, incurrirá en prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años.
Artículo 145. Omisión en naufragio, catástrofe o siniestro. El
comandante que en naufragio, catástrofe o siniestro, no agote los medios para
conservar la disciplina o en caso de salvamento, no embarque a la tripulación y
demás ocupantes, en las lanchas, botes o balsas disponibles, incurrirá en
prisión de dos (2) a cinco (5) años.
Artículo 146. Operación indebida de nave o aeronave, carro de
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El que sin
facultad legal o sin permiso de autoridad competente desatraque lanchas, botes,
buques de guerra, o cualquier otra clase de medios de transporte marítimo o
fluvial, al servicio de la Fuerza Pública, incurrirá en prisión de uno (1) a
dos (2) años.
En las mismas sanciones incurrirá el que sin la debida
autorización decolare aeronaves u operare carros de combate o medio de
transporte colectivo al servicio de la Fuerza Pública.
Artículo 147. Cambio de derrotero. El comandante de una
organización de tarea naval o comandante subordinado de la misma o de buque, o
el comandante de una formación aérea o aeronave, que sin justa causa se aparte
del derrotero que expresamente designen las instrucciones del superior,
incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro (4) años.
Si hubiere pérdida o apoderamiento de buques o aeronaves la pena
será de tres (3) a seis (6) años de prisión.
Artículo 148. Omisión de auxilio. El que sin justa causa omita
prestar auxilio pedido por buque, aeronave civil, militar o policial, nacional
o de un país amigo, y aún de un país enemigo en los casos en que haya mediado
promesa de rendición, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
Si por falta del auxilio solicitado se perdiere el buque o
aeronave militar, policial o mercante con matrícula nacional, la pena se
aumentará hasta en la mitad.
Artículo 149. Omisión de inutilizar buque, aeronave, carro de
combate o medio de transporte colectivo de la Fuerza Pública. El comandante de
un buque, aeronave, carro de combate o medio de transporte colectivo de la
Fuerza Pública que después de haber agotado los recursos para defenderlo o
salvar a los tripulantes, no lo inutilice o destruya para impedir que caiga en
poder del enemigo, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
Artículo 150. Abandono indebido de tripulación. El comandante u
oficial que en caso de catástrofe o siniestro, abandonare el buque o aeronave
de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional que esté a su mando, dejando
la tripulación y demás ocupantes a bordo, incurrirá en prisión de tres (3) a
seis (6) años.
Artículo 151. Ocultamiento de avería. El que ocultare avería que
afectare la operabilidad del buque, aeronave, carro de combate o medio de
transporte colectivo de la Fuerza Pública, incurrirá en prisión de uno (1) a
cuatro (4) años.
Si el autor de la conducta fuere el comandante del mismo, la pena
se aumentará hasta en la mitad.
Artículo 152. Abandono de escolta. El que estando encargado de la
escolta de un buque, aeronave o convoy la abandone sin justa causa, incurrirá
en prisión de dos (2) a ocho (8) años.
Artículo 153. Inducción en error al comandante. El encargado de la
derrota o navegador u operador de telecomunicaciones de un buque de la Fuerza
Pública, que induzca en error al comandante, incurrirá en prisión de dos (2) a
cinco (5) años.
Si las conductas se producen por culpa, la pena será de uno (1) a tres
(3) años de prisión.
Artículo 154. Indicación de dirección diferente. El que prestando
servicios de oficial de guardia en el puente, de práctico, navegante, piloto u
operador de telecomunicaciones de buque o aeronave de la Fuerza Pública,
indique una dirección distinta de la que debe seguir con arreglo a las
instrucciones del comandante, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4)
años.
Si a consecuencia de la conducta anterior sobreviene perjuicio a
la expedición o a las operaciones, la pena se aumentará hasta la mitad.
Si las conductas se producen n por culpa, la pena será de seis (6)
meses a tres (3) años de prisión.
T I T U L O VI
DELITOS CONTRA LA POBLACION
CIVIL
CAPITULO I
De la devastación
Artículo 155. Devastación. El que en actos del servicio y sin
justa causa, destruya edificios, templos, archivos, monumentos u otros bienes
de utilidad pública; o ataque hospitales o asilos de beneficencia señalados con
los signos convencionales, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años.
CAPITULO II
Del saqueo y la requisición
Artículo 156. Saqueo. Los que en operación de combate se apoderen
de bienes muebles, sin justa causa y en beneficio propio o de un tercero,
incurrirán en prisión de tres (3) a seis (6) años.
Artículo 157. Requisición arbitraria. El que sin justa causa
ordenare o practicare requisiciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco
(5) años.
Artículo 158. Requisición con omisión de formalidades. El que
practicare requisición sin cumplir las formalidades y sin que circunstancias
especiales lo obliguen a ello, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.
Artículo 159. Exacción. El que abusando de sus funciones, obligue
a persona integrante de la población civil a entregar, o poner a su
disposición, cualquier clase de bien o a suscribir o entregar documentos
capaces de producir efectos jurídicos, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5)
años.
Artículo 160. Contribuciones ilegales. El que sin facultad legal y
sin justa causa establezca contribuciones, incurrirá en prisión de uno (1) a
tres (3) años.
T I T U L O VII
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION PÚBLICA
CAPITULO I
Del peculado
Artículo 161. Peculado sobre bienes de dotación. El que se apropie
en provecho suyo o de un tercero de bienes de dotación que se le hayan confiado
o entregado por un título no traslaticio de dominio, incurrirá en prisión de
dos (2) a cinco (5) años cuando el valor de lo apropiado no supere diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Cuando el valor de lo apropiado supere los diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, sin exceder de veinte (20), la pena será de
prisión de cinco (5) a ocho (8) años. Si el monto de lo apropiado excediere de
los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena será de
seis (6) a diez (10) años de prisión.
Las penas señaladas en este artículo, se aumentarán de una tercera
parte a la mitad cuando la conducta se cometiere:
1. Sobre armas de fuego, municiones o explosivos de uso exclusivo
de la Fuerza Pública.
2. En caso de depósito necesario.
Artículo 162. Peculado por demora en entrega de armas, municiones
y explosivos. El que decomisare armas, municiones o explosivos, o las recibiere
decomisadas o incautadas y sin justa causa no las entregare a la autoridad
correspondiente dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del
decomiso o recibo, incurrirá por esta sola conducta en prisión de uno (1) a dos
(2) años.
Artículo 163. Peculado por extensión. Incurrirá en las penas
previstas en los artículos anteriores y los pertinentes del Código Penal sobre
la materia, el que realice cualquiera de las conductas en ellos descritas,
respecto de bienes o efectos, cuya administración, custodia o tenencia, se le
hayan confiado por razón o con ocasión de sus funciones y que pertenezcan o se
hayan destinado para los centros de recreación, casinos o tiendas de agentes o
soldados, economatos de la Fuerza Pública, o de bienes de asociaciones o
fundaciones sin ánimo de lucro del ramo de Defensa Nacional.
CAPITULO II
Del tráfico de influencias
Artículo 164. Tráfico de influencias para obtener ascensos,
distinciones, traslados o comisiones. El que invocando influencias reales o
simuladas, reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o
dádiva, con el fin de obtener un ascenso, distinción, traslado o comisión del
servicio, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años.
CAPITULO III
Del abuso de autoridad
Artículo 165. Abuso de autoridad especial. El que fuera de los
casos especialmente previstos como delitos, por medio de las armas o empleando
la fuerza, con violencia sobre las personas o las cosas, cometa acto arbitrario
o injusto, incurrirá por esta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3)
años.
CAPITULO IV
De la omisión de apoyo
Artículo 166. De la omisión de apoyo especial. El que sin justa
causa rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido en la forma establecida por
la ley, reglamentos, directivas, planes, circulares u órdenes, por el
comandante de una Fuerza, unidad, buque o aeronave, para prestar auxilio en
operaciones de campaña o de control del Orden Público, incurrirá en prisión de
dos (2) a cinco (5) años.
La pena prevista en el inciso anterior será de tres (3) a seis (6)
años de prisión, si como consecuencia de la omisión de apoyo se produjeren
perjuicios materiales para la Fuerza Pública, sin perjuicio de lo previsto para
el caso del concurso de conductas punibles.
Si el apoyo de que trata el inciso 1º del presente artículo, se
refiere a las solicitudes de las autoridades civiles, la pena imponible será
prisión de uno (1) a cuatro (4) años.
T I T U L O VIII
OTROS DELITOS
Artículo 167. Violación de habitación ajena. El miembro de la
Fuerza Pública que abusando de sus funciones se introduzca o permanezca en
habitación ajena o en sus dependencias inmediatas, por esta sola conducta,
incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años.
Artículo 168. Hurto de armas y bienes de defensa. El que se
apodere de armas, municiones, material de guerra o efectos destinados a la
seguridad o defensa nacional, con el propósito de obtener provecho para sí o
para otro, incurrirá en prisión de siete (7) a quince (15) años.
Artículo 169. Hurto de uso. Cuando el apoderamiento se cometiere
con el fin de hacer uso de la cosa, y esta se restituyere en término no mayor
de veinticuatro (24) horas, la pena será de prisión de seis (6) a ocho (8)
meses.
Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro grave, la pena
se aumentará hasta en la mitad.
Artículo 170. Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga
desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble,
incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) meses. Cuando el monto del daño
exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales la pena se incrementará
hasta en otro tanto, siempre que la conducta no constituya delito sancionado
con pena mayor.
T I T U L O IX
DELITOS COMUNES
Artículo 171. Delitos comunes. Cuando un miembro de la Fuerza
Pública, en servicio activo y en relación con el mismo servicio, cometa delito
previsto en el Código Penal Ordinario o leyes complementarias, será investigado
y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar.
LIBRO TERCERO
PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR
T I T U L O I
NORMAS RECTORAS Y GARANTIAS
PROCESALES
CAPITULO UNICO
Artículo 172. Dignidad humana. Los intervinientes en el proceso
penal militar serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.
Artículo 173. Libertad. Todo miembro de la Fuerza Pública tiene
derecho a que se respete su libertad y no podrá ser molestado en su persona ni
privado de la libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos
previamente definidos en la ley.
El Juez Penal Militar de Control de Garantías, previa solicitud de
la Fiscalía General Penal Militar, ordenará la restricción de la libertad del
imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la
preservación de la prueba o protección de la comunidad, en especial de las
víctimas.
Por petición de cualquiera de las partes, en los términos
señalados en este Código, dispondrá la modificación o revocación de la medida
restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en
irrazonable o desproporcionada.
En las capturas en flagrancia, el capturado deberá ponerse a
disposición del Juez Militar de Control de Garantías en el menor tiempo
posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
Artículo 174. Prelación de tratados internacionales. En
la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados o convenios
internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y
que prohíban su limitación durante los estados de excepción.
Artículo 175. Igualdad. Es obligación de los servid ores de la
Justicia Penal Militar hacer efectiva la igualdad de quienes intervienen en la
actuación y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta.
El sexo, la raza, el grado o antigüedad, la condición social, la
profesión, el origen familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión
política o filosófica, en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso
penal militar como elementos de discriminación.
Artículo 176. Imparcialidad. En ejercicio de las funciones de
control de garantías y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo
de establecer con objetividad la verdad y la justicia.
Artículo 177. Legalidad. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá
ser investigado o juzgado sino conforme a la ley penal procesal vigente, con
observancia de las formas propias de cada juicio.
La ley procesal de efectos sustanciales permisiva o favorable, aún
cuando sea posterior a la actuación, se aplicará de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.
Las disposiciones de este Código se aplicarán única y
exclusivamente para la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos con
posterioridad a su vigencia.
Artículo 178. Presunción de inocencia e in dubio pro reo. Todo
miembro de la Fuerza Pública se presume inocente y debe ser tratado como tal
mientras no quede en firme decisión judicial con fuerza de cosa juzgada sobre
su responsabilidad penal.
En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal
militar la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que
se presente se resolverá a favor del procesado.
En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria.
Para proferir sentencia condenatoria deberá
existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de
toda duda razonable.
Artículo 179. Defensa. En desarrollo de la actuación, una vez
adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho en plena igualdad
respecto del órgano de persecución penal, en lo que concierne a:
a) No ser obligado a declarar en contra de sí mismo ni en contra
de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad;
b) No auto incriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o
segundo de afinidad;
c) No se utilice el silencio en su contra;
d) No se emplee en su contra el contenido de las conversaciones
tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en
cualquiera de sus formas o de un método alternativo de solución de conflictos,
si no llegaren a perfeccionarse;
e) Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o
nombrado por el Estado;
f) Ser asistido gratuitamente por un traductor debidamente
acreditado o reconocido por el juez, en el caso de no poder entender o expresarse
en el idioma oficial; o de un intérprete en el evento de no poder percibir el
idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender oralmente. Lo
anterior no obsta para que además pueda estar acompañado por uno designado por
él;
g) Tener comunicación privada con su defensor antes de comparecer
frente a las autoridades;
h) Conocer los cargos que le sean formulados, expresados en
términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias
conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan;
i) Disponer de tiempo razonable y de medios adecuados para la
preparación de la defensa. De manera excepcional podrá solicitar las prorrogas
debidamente justificadas y necesarias para la celebración de las audiencias a
las que deba comparecer;
j) Solicitar, conocer y controvertir las pruebas;
k)Tener juicio público, oral, contradictorio, concentrado,
imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en
el cual pueda, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor,
interrogar en audiencia a los testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre
los hechos objeto del debate;
l) Renunciar a los derechos contemplados en los literales b) y k)
siempre y cuando se trate de manifestación libre, consciente, voluntaria y
debidamente informada. En estos eventos requerirá siempre asesoramiento de su
abogado defensor.
Artículo 180. Oralidad. La actuación procesal será oral y en su
realización se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan imprimirle
mayor agilidad y fidelidad, sin perjuicio de conservar registro de lo
acontecido. A estos efectos se dejará constancia de la actuación.
Artículo 181. Lealtad. Todos los que intervienen en la actuación,
sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena
fe.
Artículo 182. Gratuidad. La actuación procesal no causará
erogación alguna a quienes en ella intervienen, en cuanto al servicio que
presta la Administración de Justicia.
Artículo 183. Intimidad. Toda persona tiene derecho al respeto de
su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.
No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en
domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del
Juez Penal Militar de Control de Garantías, con arreglo de las formalidades y
motivos previamente definidos en este Código. Se entienden excluidas las
situaciones de flagrancia.
De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la
búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de
cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario
interceptar comunicaciones.
En estos casos, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes
deberá adelantarse la respectiva audiencia ante el Juez Penal Militar de
Control de Garantías, con el fin de determinar la legalidad formal y material
de la actuación.
Artículo 184. Contradicción. Las partes tendrán derecho a conocer
y a controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación, tanto las
que sean producidas o incorporadas en el juicio oral, como las que se
practiquen en forma anticipada.
Para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular
acusación la Fiscalía Penal Militar deberá, por conducto del Juez de
Conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que
tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado.
Artículo 185. Inmediación. En el juicio únicamente se estimará
como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral,
concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el Juez de
Conocimiento. En ningún caso podrá comisionarse para la práctica de pruebas.
Sin embargo, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este Código,
podrá tenerse como prueba la producida o incorporada de forma anticipada
durante la audiencia ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías.
Artículo 186. Concentración. Durante la actuación procesal, la
práctica de pruebas y el debate deberán realizarse de manera continua, con
preferencia en un mismo día; si ello no fuere posible se hará en días
consecutivos, sin perjuicio de que el Juez Penal Militar que dirija la
audiencia excepcionalmente la suspenda por un término hasta de treinta (30)
días, si se presentaren circunstancias especiales que lo justifiquen. En todo
caso el Juez Penal Militar velará porque no surjan otras audiencias
concurrentes, de modo que concentre su atención en un solo asunto.
Artículo 187. Publicidad. La actuación procesal militar será
pública. Se exceptúan los casos en los cuales el Juez Penal Militar considere
que la publicidad de los procedimientos pone en peligro las víctimas, jurados,
testigos, peritos y demás intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se
exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir; se
menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo; o se comprometa seriamente
el éxito de la investigación.
Artículo 188. Juez natural. Los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo, cuando cometan delitos de competencia de la justicia Penal
Militar, sólo podrán ser juzgados por los jueces y tribunales establecidos en este
Código e instituidos con anterioridad a la comisión de la conducta punible.
Artículo 189. Independencia y autonomía del juzgador. Los miembros
de la Fuerza Pública, en ningún caso podrán ejercer coetáneamente las funciones
de comando con las de investigación, acusación y juzgamiento.
Artículo 190. Jerarquía. Ningún miembro de la Fuerza Pública podrá
juzgar a un superior en grado o antigüedad.
Artículo 191. Doble instancia. Las sentencias y los autos que se
refieran a la libertad del indiciado o acusado, que afecten la práctica de
pruebas o que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones previstas en
este Código, serán susceptibles del recurso de apelación.
El superior no podrá agravar la situación del apelante único.
Artículo 192. Cosa juzgada. El procesado, condenado o absuelto
mediante sentencia ejecutoriada, o en providencia que tenga la misma fuerza
vinculante, no será sometido a nuevo proceso por el mismo hecho, salvo las
excepciones legales previstas respecto de la acción de revisión.
Artículo 193. Restablecimiento del derecho. Cuando sea procedente,
el Fiscal Penal Militar y los Jueces deberán adoptar las medidas necesarias
para hacer cesar los efectos producidos por el delito y que las cosas vuelvan a
su estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los
derechos quebrantados, independientemente de la responsabilidad penal.
Artículo 194. Derecho de las víctimas. El Estado garantizará el
acceso de las víctimas a la Administración de Justicia, en los términos
establecidos en este Código.
En desarrollo de lo anterior las víctimas tendrán derecho:
a) A recibir, durante el procedimiento, un trato humano y digno;
b) A la protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad,
y a la de sus familiares y testigos a favor;
c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a
cargo del autor o partícipe del injusto;
d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas;
e) A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los
términos establecidos en este Código, información pertinente para la protección
de sus intereses y a conocer la verdad de los hechos que conforman las
circunstancias del injusto del cual han sido víctimas;
f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión
discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto;
g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la
persecución penal; a acudir, en lo pertinente, ante el Juez Penal Militar de
Control de Garantías, y a interponer los recursos ante el Juez de Conocimiento,
cuando a ello hubiere lugar;
h) A ser asistidas durante el juicio y el incidente de reparación
integral, si el interés de la justicia lo exigiere, por un abogado que podrá
ser designado de oficio;
i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los
términos que señala la ley;
j) A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete en
el evento de no conocer el idioma oficial, o de no poder percibir el lenguaje
por algunos de los órganos de los sentidos.
Artículo 195. Cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con
violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que
deberá excluirse de la actuación procesal.
Artículo 196. Ambito de la Jurisdicción Penal Militar. Las
indagaciones, acusaciones y juzgamientos de los miembros de la Fuerza Pública
en servicio activo, por delitos de competencia de la Justicia Penal Militar, se
adelantarán y fallarán conforme con los procedimientos y por los órganos
establecidos en este Código.
Artículo 197. Integración. En materias que no estén expresamente
reguladas en este Código o demás disposiciones complementarias, son aplicables
las del Código de Procedimiento Penal y las de otros ordenamientos procesales
cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal militar.
Artículo 198. Prevalencia. Las normas rectoras son obligatorias y
prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. Serán utilizadas
como fundamento de interpretación.
T I T U L O II
JURISDICCION Y COMPETENCIA
CAPITULO I
De la Corte Suprema de
Justicia
Artículo 199. De la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce:
1. De la casación.
2. De la acción de revisión cuando la sentencia o la preclusión
ejecutoriadas hayan sido proferidas en única o segunda instancia por esta
corporación o por el Tribunal Superior Militar.
3. De los recursos de apelación y de queja contra los autos y
sentencias que hayan sido proferidas en primera instancia por el Tribunal
Superior Militar.
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los
Generales, los Almirantes, de la Fuerza Pública y a los Magistrados del
Tribunal Superior Militar por las conductas punibles que se les atribuyan.
5. Resolver sobre los impedimentos y recusaciones del Fiscal
General Penal Militar y Magistrados del Tribunal Superior.
CAPITULO II
Tribunal Superior Militar
Artículo 200. Integración. El Tribunal Superior
Militar estará integrado por su Presidente, por el Vicepresidente y por los
Magistrados de las Salas de Decisión.
El Presidente tendrá las atribuciones que fija la ley para los
Presidentes de Tribunales Superiores de Distrito Judicial y dará posesión a los
empleados que nombre el Tribunal Superior Militar.
El Presidente y el Vicepresidente serán Magistrados elegidos por la
Sala Plena, para períodos de un (1) año. El Vicepresidente ejercerá las
funciones que le delegue el Presidente y lo reemplazará en las ausencias
temporales.
La Corporación tendrá además, el personal subalterno que determine
la ley.
Artículo 201. Integración de las Salas. Las Salas de Decisión del
Tribunal Superior Militar estarán integradas por tres Magistrados cada una presidida
por el ponente respectivo.
Las decisiones se tomarán por mayoría de
votos; el disidente salvará el voto en forma motiva dentro de los dos (2) días
siguientes a la decisión.
Cuando un Magistrado se declare impedido o prospere la recusación,
se integrará la Sala de Decisión con un Magistrado de las restantes Salas,
escogido por sorteo.
Artículo 202. Sala Plena. La Sala Plena del
Tribunal Superior Militar, estará integrada por el Comandante General de las
Fuerzas Militares, quien la presidirá y los magistrados de la Corporación;
sesionará una vez por mes de manera ordinaria y, extraordinariamente por
convocatoria del Presidente de la Corporación.
Las determinaciones de esta Sala se tomarán por mayoría absoluta.
Corresponde a la Sala Plena nombrar al Presidente y al
Vicepresidente, a la Sala de Gobierno, a los empleados subalternos de la
Corporación, dictar el Reglamento Interno del Tribunal y las demás funciones
que le señalen la ley y los reglamentos.
Artículo 203. Competencia del Tribunal Superior Militar. Las Salas
de Decisión del Tribunal Superior Militar conocen:
1. En primera instancia de los procesos penales militares que se
adelantan contra los Jueces Penales Militares de Conocimiento, contra los
Jueces Militares de Control de Garantías, Jueces Militares de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad y Fiscales Penales Militares, que sean miembros de
la Fuerza Pública en servicio activo, por las conductas punibles que se les
atribuyan en el ejercicio de sus funciones.
2. De la acción de revisión de las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Juzgados Penales Militares de Conocimiento.
3. De los recursos de apelación y de queja, contra las sentencias
y autos interlocutorios que sean proferidos en primera instancia por los Jueces
Penales Militares; de las decisiones adoptadas por los Jueces Penales Militares
de Control de Garantías y de Ejecución de Penas, en los casos previstos en este
Código.
4. De la definición de competencias por conflicto que se susciten
entre los Juzgados de Primera Instancia.
5. De los impedimentos y recusaciones de los Jueces Militares de
Primera Instancia, Jueces Penales Militares de Control de Garantías y Jueces de
Ejecución de Penas.
6. De las solicitudes de cambio de radicación de los procesos
penales militares.
7. Ejercer la función de control de garantías, en los casos que
conozca la Corporación a través del Magistrado que se disponga.
CAPITULO III
De los Juzgados Penales
Militares de Comando
Artículo 204. De los Juzgados de Comando General de las Fuerzas
Militares. Los Juzgados de Comando General de las Fuerzas Militares conocen en
primera instancia, de los procesos penales militares contra el Director,
Oficiales, Alumnos, Suboficiales y soldados de la Escuela Superior de Guerra;
contra Oficiales, Suboficiales y Soldados del Cuartel General de los Comandos
Conjuntos y fuerzas de tarea de las Fuerzas Militares; contra Oficiales,
Suboficiales y Soldados del Despacho del Ministro y de la Secretaría General
del Ministerio de Defensa; Oficiales, Suboficiales y Soldados del Cuartel
General del Comando General de las Fuerzas Militares; contra el Jefe, los
Oficiales, Suboficiales y Soldados de la Casa Militar de Palacio, cualquiera
que sea la Fuerza Militar a la que pertenezcan, y contra el personal que se
desempeñe como agregados militares, así como de los Oficiales y Suboficiales en
Comisión del servicio en otras entidades del Estado.
Artículo 205. De los Juzgados de Comando del Ejército Nacional.
Los Juzgados de Comando del Ejército Nacional conocen en primera instancia, de
los procesos penales militares contra Oficiales, Suboficiales y Soldados del
Cuartel General del Comando del Ejército, contra Comandantes de División,
Comandantes de Brigada, Directores de Escuelas de Formación, Capacitación y
Técnicas, Comandantes de Unidades Tácticas y contra Oficiales, Suboficiales y
soldados del Ejército Nacional, cuyo conocimiento no esté atribuido a otro
Juzgado.
Artículo 206. De los Juzgados de Comando de la Armada Nacional.
Los juzgados de Comando de la Armada Nacional conocen en primera instancia de
los procesos penales militares contra Oficiales, Suboficiales e Infantes de
Marina del Cuartel General Comando Armada, Corporación de Ciencia y Tecnología
de la Armada Nacional, Dirección General Marítima. Conoce igualmente en primera
instancia de los procesos penales militares contra Comandantes de Fuerza Naval,
de Comando Especifico, Base Naval, Brigada de Infantería de Marina, Directores
de Escuelas de Formación, Capacitación o Técnicas y Comandantes de Unidades
Tácticas; contra Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina de Brigadas
Fluviales y de Batallones Fluviales que no se encuentren en jurisdicción de las
Fuerzas Navales. También conoce de los procesos penales militares contra
Oficiales, Suboficiales e Infantes de Marina de unidades operativas mayores,
menores o tácticas que se encuentran en la guarnición de Bogotá y contra el
personal cuyo conocimiento no esté atribuido a otro juzgado.
Artículo 207. De los Juzgados de Comando de la Fuerza Aérea. Los
Juzgados de Comando de la Fuerza Aérea conocen en primera instancia de los
procesos penales miliares contra Oficiales, Suboficiales y Soldados del Cuartel
General del Comando de la Fuerza Aérea, comandantes de Comandos Aéreos, Bases Aéreas,
Grupos Aéreos, Directores de Escuelas de Formación, Capacitación o Técnicas de la
Fuerza Aérea y contra el personal cuyo conocimiento no esté atribuido a otro
juzgado.
Artículo 208. De los Juzgados de Dirección General de la
Policía Nacional. Los Juzgados de Dirección General de la Policía Nacional
conocen en primera instancia, de los procesos penales que se adelanten contra
el personal orgánico de la Dirección General de la Policía Nacional,
Subdirección General, personal inscrito a la Inspección General, demás
Direcciones de la Dirección General que laboren en la guarnición de Bogotá,
Comandantes de Región de Policía, Comandantes de Policía Metropolitana,
Comandantes de Departamento de Policía, Directores de Escuelas de Formación,
Centros de Capacitación y Técnicas y contra Oficiales Superiores de la Policía
Nacional; además de los procesos adelantados contra el personal policial cuyo
conocimiento no esté atribuido a otra competencia.
CAPITULO IV
Juzgados de División, Fuerza
Naval, Comando Aéreo
y de Metropolitana
Artículo 209. De los Juzgados Penales Militares de
Comando de División. Los Juzgados de Comando de División conocen en primera
instancia de los procesos penales militares contra Oficiales, Suboficiales y
Soldados del Ejército Nacional que se encuentran en la jurisdicción de la
respectiva División donde ocurrió la conducta punible.
Artículo 210. De los Juzgados Penales Militares de Fuerza Naval.
Los Juzgados Penales Militares de Fuerza Naval conocen en primera instancia de
los procesos penales militares contra Oficiales, Suboficiales e Infantes de
Marina que se encuentren en la jurisdicción de la respectiva Fuerza Naval donde
ocurrió la conducta punible.
Artículo 211. De los Juzgados de Comando Aéreo. Los Juzgados de
Comando Aéreo conocen en primera instancia de los procesos penales militares contra
Oficiales, Suboficiales y Soldados que se encuentren en la jurisdicción del
respectivo Comando Aéreo donde ocurrió la conducta punible.
Artículo 212. De los juzgados de Policía de Región de Policía,
Policía Metropolitana y Departamento de Policía de la Policía Nacional. Los
Juzgados de Policía de región de Policía, de Policía Metropolitana y
Departamento de Policía de la Policía Nacional conocen en primera instancia de
los procesos penales militares que se adelanten contra el personal de oficiales
subalternos de la Policía Nacional y demás personal policial incluyendo
auxiliares de policía, adscrito a cada una de las unidades, de conformidad con
la unidad territorial que se le asigne; igualmente de los procesos que se
adelanten contra personal orgánico de las escuelas de formación, capacitación y
técnicas que funcionen en la jurisdicción y auxiliares de policía
pertenecientes a estas.
CAPITULO V
De los Jueces Penales
Militares de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad
Artículo 213. Son de competencia de los Jueces Penales Militares
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:
1. Las decisiones necesarias para que las sentencias ejecutoriadas
que impongan sanciones penales se cumplan.
2. La acumulación jurídica de penas en caso
de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la
misma persona.
3. Resolver sobre la libertad condicional y su revocatoria.
4. Lo relacionado con la rebaja de la pena por trabajo, estudio o
enseñanza.
5. La aprobación previa de las propuestas que formulen las
autoridades penitenciarias o de las solicitudes de reconocimiento de beneficios
administrativos que supongan una modificación de las condiciones de
cumplimiento de la condena o una reducción del tiempo de privación efectiva de
la libertad.
6. La verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir
la pena o la medida de seguridad. Así mismo, del control para exigir los
correctivos o imponerlos si se desatienden, y la forma como se cumplen las
medidas de seguridad impuestas a los inimputables.
7. En ejercicio de esta función, participarán con los directores o
encargados de los centros de rehabilitación en todo lo concerniente a los
condenados inimputables y ordenará la modificación o cesación de las
respectivas medidas, de acuerdo con los informes suministrados por los equipos
terapéuticos responsables del cuidado, tratamiento y rehabilitación de estas
personas. Si lo estimaren conveniente podrá ordenar las verificaciones de rigor
acudiendo a entidades oficiales o privadas.
8. La aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a
una ley posterior hubiere lugar a la reducción, modificación, sustitución,
suspensión o extinción de la sanción penal.
9. Resolver sobre la extinción de la sanción penal.
10. El reconocimiento de la ineficacia de la sentencia
condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o
haya perdido su vigencia.
11. Del cumplimiento de las obligaciones que imponga el Juez de
Conocimiento.
CAPITULO VI
De los Jueces Penales
Militares de Control de Garantías
Artículo 214. Juez Penal Militar de Control de Garantías. El Juez
Penal Militar de Control de Garantías ejercerá su función en el lugar donde se
cometió el delito, de conformidad con la competencia territorial asignada. La
Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar determinará el mapa judicial.
Si más de un Juez Penal Militar de Control de Garantías resultare
competente para ejercer esta función, será ejercida por el primero ante quien
acuda el Fiscal Penal Militar en procura de dicho control.
Parágrafo. La función de control de garantías, en los casos que
conozca el Tribunal Superior Militar será ejercida por el Magistrado de Control
de Garantías que disponga la misma Corporación.
CAPITULO VII
Competencias para imponer
penas y medidas de seguridad
Artículo 215. Anunciado el sentido del fallo, salvo las
excepciones establecidas en este Código, el Juez Penal Militar de conocimiento
será competente para imponer las penas y las medidas de seguridad, dentro del
término señalado en el capítulo correspondiente.
CAPITULO VIII
Competencia para ejecutar
Artículo 216. Ejecutoriado el fallo, el Juez Penal Militar de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la jurisdicción donde se halla
proferido el fallo será competente para los asuntos relacionados con la
ejecución de la sanción.
CAPITULO IX
De la Fiscalía Penal Militar
Artículo 217. De la Fiscalía Penal Militar. El Fiscal Penal
Militar tiene competencia en todo el territorio nacional.
CAPITULO X
Competencia territorial para
efectos del juzgamiento
Artículo 218. Para efectos del juzgamiento en la Justicia Penal
Militar la competencia territorial será la siguiente:
La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo el
territorio nacional.
El Tribunal Superior Militar tiene competencia en todo el
territorio nacional.
Los Jueces Penales Militares de Conocimiento en el territorio
que se les asigne.
Parágrafo 1°. Los Juzgados de Comando General, Comandos de Fuerza
y de la Dirección General de la Policía Nacional, ejercerán la competencia de
acuerdo al factor funcional.
Parágrafo 2°. Cuando no fuere posible determinar el lugar de
ocurrencia de los hechos, este se hubiere realizado en varios lugares, en uno
incierto o en el extranjero, la competencia del Juez de Conocimiento se fija
por el lugar donde se formule acusación por parte de la Fiscalía Penal Militar,
lo cual hará donde se encuentren los elementos fundamentales de la acusación.
Las partes podrán controvertir la competencia del juez únicamente
en audiencia de formulación de acusación.
Artículo 219. Competencia excepcional. Cuando en el
lugar en que deba adelantarse la actuación no haya juez, la Dirección Ejecutiva
de la Justicia Penal Militar podrá, de oficio o a petición de parte, para
preservar los principios de concentración, eficacia, menor costo de servicio de
justicia e inmediación, ordenar el traslado temporal del juez que
razonablemente se considere el más próximo, así sea de diferente jurisdicción
territorial, para atender las diligencias o el desarrollo del proceso. La
designación deberá recaer en funcionario de igual categoría, cuya competencia
se entiende válidamente prorrogada. Los funcionarios interesados en el asunto,
deberán ser informados de inmediato de esa decisión.
Artículo 220. Concurrencia de Jueces. Cuando se presente
concurrencia de jueces de conocimiento en razón de los factores en que estriba
la competencia de la Jurisdicción Penal Militar, será competente quien deba
conocer del proceso contra el acusado de mayor grado o antigüedad.
CAPITULO XI
Cambio de radicación
Artículo 221. Finalidad y procedencia. El cambio de radicación
podrá disponerse excepcionalmente cuando en el territorio donde se esté
adelantando la actuación procesal existan circunstancias que puedan afectar el
orden público, la imparcialidad o la independencia de la Administración de
Justicia, las garantías procesales, la publicidad del juzgamiento, la seguridad
o integridad personal de los intervinientes, en especial de las víctimas o de
los servidores públicos.
Artículo 222. Solicitud de cambio. Antes de iniciarse la audiencia
de Corte Marcial, las partes, el Ministerio Público o el Gobierno Nacional,
oralmente o por escrito, podrán solicitar el cambio de radicación ante el Juez
de Conocimiento del proceso, quien informará al superior competente para
decidir.
El Juez Penal Militar que esté conociendo de
la actuación también podrá solicitar el cambio de radicación ante el Tribunal
Superior Militar.
Parágrafo. El Gobierno Nacional sólo podrá solicitar el cambio de
radicación por razones de orden público o de seguridad de los intervinientes,
en especial de las víctimas, o de los servidores públicos.
Artículo 223. Trámite. La solicitud debe ser debidamente
sustentada y a ella se acompañarán los elementos cognoscitivos pertinentes. El
superior tendrá tres (3) días para decidir mediante auto contra el cual no
procede recurso alguno. La Corte Marcial deberá suspenderse hasta tanto el
superior no la decida. El Tribunal Superior Militar rechazará de plano la que
no cumpla con los requisitos exigidos en esta disposición.
Artículo 224. Fijación del sitio para continuar el proceso. El
Tribunal Superior Militar, al disponer el cambio de radicación señalará el Juez
Penal Militar del lugar donde deba continuar el proceso. Cuando el cambio
obedezca a razones de orden público, se obtendrá del Comando General de las
Fuerzas Militares o del Director de la Policía Nacional, según el caso y si
fuera necesario, informe sobre el sitio donde sea conveniente la radicación.
CAPITULO XII
Competencia por razón de la
conexidad
y el factor subjetivo
Artículo 225. Unidad procesal. Por cada delito se
adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores
o partícipes, salvo las excepciones constitucionales y legales.
Los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente. La
ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las
garantías constitucionales.
Artículo 226. Conexidad. Al formular la acusación el Fiscal Penal
Militar podrá solicitar al Juez de Conocimiento que se decrete la conexidad
cuando:
1. El delito haya sido cometido en coparticipación criminal.
2. Se impute a un miembro de la Fuerza Pública la comisión de más
de un delito con una acción u omisión o varias acciones u omisiones, realizadas
con unidad de modo, tiempo y lugar.
3. Se impute a un miembro de la Fuerza Pública la comisión de
varios delitos, cuando unos se han realizado con el fin de facilitar la
ejecución o procurar la impunidad de otros; o con ocasión o como consecuencia
de otro.
4. Se impute a uno o más miembros de la Fuerza Pública la comisión
de uno o varios delitos en los que exista homogeneidad en el modo de actuar de
los autores o partícipes, relación razonable de lugar y tiempo, y, la evidencia
aportada a una de las investigaciones pueda influir en la otra.
Parágrafo. La defensa en la audiencia preparatoria podrá solicitar
se decrete la conexidad invocando alguna de las causales anteriores.
Artículo 227. Competencia por conexidad. Cuando deban juzgarse
delitos conexos conocerá de ellos el Juez Penal Militar de acuerdo con el
siguiente orden: donde se haya cometido el delito que tenga señalada mayor
pena; donde se haya realizado e l mayor número de delitos; donde se haya
producido la primera aprehensión o donde se haya formulado primero la
acusación.
Artículo 228. Ruptura de la unidad procesal. Además de lo previsto
en otras disposiciones no se conservará la unidad procesal en los siguientes
casos:
1. Cuando en la comisión del delito intervenga un miembro de la Fuerza
Pública para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique
cambio de competencia o cuando esté atribuido a otra jurisdicción.
2. Cuando se decrete nulidad parcial de la actuación procesal que
obligue a reponer el trámite con relación a uno de los acusados o a alguno de
los delitos.
3. Cuando no se haya proferido decisión que
anticipadamente ponga fin al proceso contra uno o varios procesados o por uno o
varios delitos.
4. Cuando en el juzgamiento las pruebas determinen la posible existencia
de otro delito, o la vinculación de una persona en calidad de autor o
partícipe.
CAPITULO XIII
Definición de competencia
Artículo 229. Trámite. Cuando el juez ante el cual se
haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a
las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al
Tribunal Superior Militar quien decidirá de plano en el término improrrogable
de tres (3) días.
Artículo 230. Prórroga. Se entiende prorrogada la competencia si
no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el
artículo anterior.
En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud de los sujetos
procesales, de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en la
audiencia preparatoria o de juicio oral, remitirá el asunto al Tribunal
Superior Militar para que en el término de tres (3) días de plano defina la
competencia y adopte las decisiones a que hubiere lugar.
CAPITULO XIV
Impedimentos y recusaciones
Artículo 231. Causales de impedimento. Son causales de
impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consaguinidad o
civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.
2. Que el funcionario judicial sea acreedor o deudor de alguna de
las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, de su cónyuge o
compañero o compañera permanente o algún pariente dentro del cuarto grado de
consaguinidad o civil, o segundo de afinidad.
3. Que el funcionario judicial, o su cónyuge o compañero o
compañera permanente, sea pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o
civil, o segundo de afinidad, del apoderado o defensor de alguna de las partes.
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de
alguna de las partes, o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya
dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las
partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.
6. Que el funcionario judicial haya dictado la providencia de cuya
revisión se trata, o hubiere participado en el proceso, o sea cónyuge o
compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad,
primero civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia
a revisar.
7. Que el funcionario haya dejado vencer, sin actuar, los términos
que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada.
8. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o pariente dentro de cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad, sea socio, en sociedad colectiva, de responsabilidad
limitada o en comandita simple, o de hecho, de alguna de las partes, del
denunciante, de la víctima o del perjudicado.
9. Que el funcionario judicial sea heredero o legatario de alguna
de las partes, del denunciante, de la víctima o del perjudicado, o lo sea su
cónyuge o compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad o primero civil.
10. Que antes de formular la imputación el funcionario judicial
haya estado vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en
la que le hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de
los intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con
posterioridad a la formulación de la imputación, procederá el impedimento
cuando se vincule jurídicamente al funcionario judicial.
11. Que el juez haya intervenido como fiscal dentro de la
actuación.
12. Que el Juez Penal Militar haya ejercido el control de
garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el
cual quedará impedido para conocer del juicio.
13. Que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente, durante
los últimos tres (3) años, por un abogado que sea parte en el proceso.
14. Que el Juez de Conocimiento sea inferior en grado, o de menor
antigüedad que el acusado o procesado.
15. Que el Fiscal Penal Militar haya dejado vencer el término
previsto en el artículo 338 de este Código para formular acusación o solicitar
la preclusión ante el Juez de Conocimiento.
16. Que el Juez Penal Militar haya conocido de la solicitud de
preclusión formulada por la Fiscalía General Penal Militar y la haya negado,
caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio de fondo.
Artículo 232. Trámite para el impedimento. Cuando el funcionario
considere que se encuentra incurso en una de las causales de impedimento,
deberá manifestarlo ante el Tribunal Superior Militar para que decida si debe
ser sustraído del conocimiento del asunto.
Artículo 233. Impedimento del Fiscal General Penal Militar. Si el
Fiscal General Penal Militar se declarare impedido o no aceptare la recusación,
enviará la actuación a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para que
resuelva de plano.
Si prosperare el impedimento o la recusación continuará conociendo
de la actuación uno de los fiscales ante el Tribunal Superior Militar.
Parágrafo. Impedimento de los Fiscales Penales Militares. De los impedimentos
de los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar conocerá el
Fiscal General Penal Militar. De los impedimentos de los Fiscales Penales
Militares ante la primera instancia conocerán los Fiscales Penales Militares
ante el Tribunal Superior Militar.
Artículo 234. Impedimento conjunto. Si la causal de impedimento se
extiende a varios integrantes de las Salas de Decisión del Tribunal Superior
Militar, el trámite se hará conjuntamente.
Artículo 235. Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario
en quien concurra una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las
partes podrá recusarlo.
La recusación se propondrá y decidirá en los
términos de este Código.
Artículo 236. Improcedencia del impedimento y de la recusación. No
están impedidos ni son recusables los funcionarios de la Jurisdicción Penal
Militar a quienes corresponda decidir el incidente. No habrá lugar a recusación
cuando el motivo del impedimento surja del cambio de defensor de una de las
partes a menos que la formule la parte contraria o el Ministerio Público.
Artículo 237. Suspensión de la actuación procesal. Desde cuando se
presente la recusación o se manifieste el impedimento del funcionario de la
Justicia Penal Militar hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá la
actuación.
Cuando la recusación propuesta por el procesado o su defensor se
declare infundada, no correrá la prescripción de la acción entre el momento de
la petición y la decisión correspondiente.
Artículo 238. Impedimentos y recusación de otros funcionarios y
empleados. Las causales de impedimento serán las mismas para los fiscales,
agentes del Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan
funciones permanentes o transitorias de Policía Judicial, y empleados de los
despachos judiciales, quienes las pondrán en conocimiento de su inmediato
superior tan pronto como adviertan su existencia, sin perjuicio de que los
interesados puedan recusarlos. El superior decidirá de plano y si hallare
fundada la causal de recusación o impedimento, procederá a reemplazarlo.
En estos casos no se suspenderá la actuación.
Artículo 239. Desaparición de las causales. En
ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la causal de
impedimento.
Artículo 240. De los impedimentos y recusaciones de
los Jueces Penales Militares de Conocimiento, Jueces Penales Militares de
Control de Garantías y Jueces Penales Militares de Ejecución de Penas, conoce
el Tribunal Superior Militar. De los impedimentos y recusaciones de los
secretarios y empleados de los despachos judiciales y de los miembros de los
organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de Policía
Judicial, el respectivo juez o fiscal.
El competente resolverá de plano y contra la decisión que
pronuncie no procede recurso alguno.
Artículo 241. Comunicación y designación. Cuando se acepte el
impedimento o recusación, quien resuelve sobre el incidente designa el
reemplazo.
Artículo 242. Trámite. Cuando sea un magistrado del
Tribunal Superior Militar, el impedido o recusado deberá manifestarlo a la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia para que sea sustraído del conocimiento
del asunto.
De los impedimentos y recusaciones del secretario del Tribunal
Superior Militar conocerá el magistrado ponente. Sí se acepta, así lo declarará
y será reemplazado por el oficial mayor de la corporación.
T I T U L O III
ACCION PENAL
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 243. Titularidad y obligatoriedad. El Estado
por intermedio de la Fiscalía General Penal Militar, está obligado a ejercer la
acción penal militar y a realizar la investigación de las conductas que
revisten característica de delito de competencia de esta jurisdicción, salvo
las excepciones contempladas en la Constitución Política y la ley.
Artículo 244. Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la
autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban
investigarse de oficio.
El servidor público que conozca de la comisión de un delito que
deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere
competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en
conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 245. Exoneración del deber de denunciar. Nadie está
obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o
compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie el
secreto profesional.
Artículo 246. Requisitos de la denuncia o de la querella. La
denuncia o querella se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio
técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y
hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que
conozca el denunciante. Éste deberá manifestar, si le consta, que los mismos
hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba
advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.
El fiscal mediante decisión motivada que comunicará al denunciante
y al Ministerio Público, inadmitirá las denuncias sin fundamento.
La denuncia podrá ampliarse a instancia del denunciante o de
oficio por disposición del funcionario competente, sobre aspectos de
importancia para la investigación.
Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos
concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal
correspondiente mediante orden motivada.
Parágrafo. Cuando para investigar un delito que requiera querella,
esta solo es necesaria para iniciar la investigación. En la tramitación se
procederá como si se tratare de delito perseguible de oficio.
Artículo 247. Condiciones de procesabilidad. La querella es
condición de procesabilidad de la acción penal, en los casos para los que está
prevista.
Artículo 248. Querellante legítimo. La querella únicamente puede
ser presentada por el sujeto pasivo del delito. Si este fuere incapaz o persona
jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante
legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos o los directamente
perjudicados.
Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para formular la
querella, o sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea autor o
partícipe del delito, puede presentarla el Defensor de Familia, el agente del
Ministerio Público o los perjudicados directos.
La intervención de un servidor público como representante de un
menor incapaz, no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá
especial cuidado de verificar que la causa de esta actuación o del acuerdo, se
produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la
indemnización económica.
Artículo 249. Extensión de la querella. La querella se extiende de
derecho contra todos los que hubieren participado en el delito.
Artículo 250. Caducidad de la querella. La querella debe
presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión del delito.
No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso
fortuito acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el
término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que
en este caso sea superior a seis (6) meses.
Artículo 251. Delitos que requieren querella. Para iniciar la
acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando
el sujeto pasivo sea un menor de edad:
1. Aquellos que no tienen señalada pena privativa de la libertad.
2. Lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad
para trabajar o enfermedad sin exceder de treinta (30) días; lesiones
personales culposas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad que
no exceda de sesenta (60) días, injuria, calumnia; injuria y calumnia
indirecta; injuria por vías de hecho; injurias recíprocas; aprovechamiento de
error ajeno o caso fortuito, falsa autoacusación.
Artículo 252. Desistimiento de la querella. En cualquier momento
de la actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante
podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los
procedimientos.
Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado
la imputación, le corresponde a la Fiscalía Penal Militar verificar que ella
sea voluntaria, libre e informada, antes de proceder a solicitar el archivo las
diligencias ante el Juez Penal Militar de Conocimiento.
En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los
autores o partícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá
retractación.
Artículo 253. Extinción. La acción penal se extingue por muerte
del imputado o acusado, prescripción, oblación, caducidad de la querella,
desistimiento y en los demás casos contemplados por la ley.
Artículo 254. Trámite de la extinción. La ocurrencia del hecho
generador de la extinción de la acción penal, si se presentare antes de la
formulación de la imputación, deberá ser manifestada por la Fiscalía General
Penal Militar ante el Juez Penal Militar de conocimiento, quien será el
competente para decretarla y ordenar como consecuencia el archivo de la
actuación.
En cualquier momento, el Fiscal Penal Militar solicitará al Juez
Penal Militar de Conocimiento la preclusión de la actuación mediante exposición
debidamente sustentada.
Artículo 255. Archivo de las diligencias. Cuando la Fiscalía Penal
Militar tenga conocimiento de un hecho respecto del cual se constate que no
existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como
delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá a través de orden
motivada el archivo de la actuación, la cual deberá ser comunicada al
denunciante y al Ministerio Público.
Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios, la
indagación se reanudará, mientras no se haya extinguido la acción penal.
Artículo 256. Efectos de la extinción. La extinción de la acción
penal producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la
acción civil derivada del injusto.
Artículo 257. Continuación de la persecución penal para los demás
imputados o procesados. La acción penal deberá continuarse en relación con los
imputados o procesados en quienes no concurran las causales de extinción.
CAPITULO II
Comiso
Artículo 258. Comiso. Los instrumentos y efectos con
los que se haya cometido el delito o que provengan de su ejecución, salvo que
sean del Estado, pasarán a poder este a menos que la Ley disponga su
destrucción. En los delitos culposos, los vehículos automotores, naves o
aeronaves, cualquier unidad montada sobre ruedas y los demás objetos que tengan
libre comercio, se someterán a los experticios técnicos y se entregarán en
depósito a su propietario o tenedor legítimo salvo el derecho de terceros o de
normas que dispongan lo contrario. La entrega será definitiva cuando se
disponga el archivo, se precluya o se dicte sentencia absolutoria.
Artículo 259. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de
comiso. Se tendrán como medidas materiales con el fin de garantizar el comiso
la incautación y ocupación, y como medida jurídica la suspensión del poder
dispositivo.
Las anteriores medidas procederán cuando se tengan motivos
fundados para inferir que los bienes o recursos son producto directo o
indirecto de un delito doloso, que su valor equivale a dicho producto, que han
sido utilizados o estén destinados a ser utilizados como medio o instrumento de
un delito doloso, o que constituyen el objeto material del mismo, salvo que
deban ser devueltos al sujeto pasivo, a las víctimas o a terceros.
Artículo 260. Trámite en la incautación u
ocupación de bienes con fines de comiso. Dentro de los dos (2) días siguientes
a la incautación u ocupación de bienes o recursos con fines de comiso,
efectuada por orden del Fiscal Penal Militar en los eventos señalados en este
Código, el fiscal comparecerá ante el Juez Penal Militar de Control de
Garantías para que realice la audiencia de revisión de la legalidad sobre lo
actuado.
Artículo 261. Suspensión del poder dispositivo. En la formulación
de la acusación o en audiencia preliminar el fiscal podrá solicitar la
suspensión del poder dispositivo de bienes y recursos con fines de comiso, que
se mantendrá hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o
se disponga su devolución.
Presentada la solicitud, el Juez Penal Militar de Control de
Garantías dispondrá la suspensión del poder dispositivo de los bienes y
recursos cuando constate alguna de las circunstancias previstas en el artículo
259 de este Código.
En todo caso, para solicitar la suspensión del poder dispositivo
de bienes y recursos con fines de comiso, el fiscal tendrá en cuenta el interés
de la justicia, el valor del bien y la viabilidad económica de su
administración.
Artículo 262. Bienes o recursos no reclamados. Ordenada la
devolución de bienes o recursos, se comunicará a quien tenga derecho a
recibirlos para que lo reclame dentro de los quince (15) días siguientes a la
decisión que así lo determine. Transcurrido el término anterior s in que los
bienes sean reclamados, se dejarán bajo custodia militar; si pasados cien días
hábiles continuare tal situación, el Juez de conocimiento los asignará definitivamente
al servicio pertinente en la Unidad donde fueron custodiados.
De la misma forma se procederá si se desconoce al titular,
poseedor o tenedor de los bienes que fueron afectados.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo
establecido en normas especiales.
Artículo 263. Omisión de pronunciamiento sobre los bienes. Si en
la sentencia o decisión con efectos equivalentes se omite el pronunciamiento
definitivo sobre los bienes afectados con fines de comiso, la defensa, el
fiscal o el Ministerio Público podrán solicitar en la misma audiencia la
adición de la decisión con el fin de obtener el respectivo pronunciamiento.
CAPITULO III
Medidas cautelares
Artículo 264. Medidas cautelares sobre bienes. El Juez
Penal Militar de Control de Garantías, en la audiencia de formulación de
imputación o con posterioridad a ella, a petición del fiscal o de las víctimas
directas podrá decretar sobre bienes del imputado o del acusado las medidas
cautelares necesarias para proteger el derecho a la indemnización de los
perjuicios causados con el delito.
La víctima directa acreditará sumariamente su condición de tal, la
naturaleza del daño recibido y la cuantía de su pretensión.
El embargo y secuestro de los bienes se ordenará en cuantía
suficiente para garantizar el pago de los perjuicios que se hubieren
ocasionado, previa caución que se debe prestar de acuerdo al régimen
establecido en el Código de Procedimiento Civil, salvo que la solicitud sea
formulada por el fiscal o que exista motivo fundado para eximir de ella al
peticionante. El juez, una vez decretado el embargo y secuestro, designará
secuestre y adelantará el trámite posterior conforme a las normas que regulan
la materia en el Código de Procedimiento Civil.
Cuando las medidas afecten un bien inmueble que esté ocupado o
habitado por el acusado, se dejará en su poder a título de depósito gratuito,
con el compromiso de entregarlo a un secuestre o a quien el funcionario indique
si se profiere sentencia condenatoria en su contra.
Parágrafo. En los procesos en los que sean víctimas los menores de
edad o los incapaces, el Ministerio Público podrá solicitar el embargo y
secuestro de los bienes del imputado en las mismas condiciones señaladas en
este artículo, salvo la obligación de prestar caución.
Artículo 265. Las medidas cautelares serán de inmediato
cumplimiento; su trámite será el previsto en el Código de Procedimiento Penal,
mientras no resulte incompatible con la naturaleza del Código Penal Militar.
CAPITULO IV
Del ejercicio del incidente
de reparación integral
Artículo 266. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación
integral. Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del
acusado y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio
Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el
incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta
criminal, y convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días
siguientes.
Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, solo podrá ser
formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes.
Artículo 267. Trámite del incidente de reparación integral.
Iniciada la audiencia el incidentante formulará oralmente su pretensión en
contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma
de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará
valer.
El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la
promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y
este fuere la única pretensión formulada. La decisión negativa al
reconocimiento de la condición de víctima será objeto de recurso de impugnación
en los términos de este Código.
Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del
declarado penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una
conciliación que de prosperar dará término al incidente y lo allí acordado se
incorporará a la sentencia. En caso contrario el juez fijará fecha para una
nueva audiencia dentro de los ocho (8) días siguientes para intentar nuevamente
la conciliación y de no lograrse el declarado penalmente responsable deberá
ofrecer sus propios medios de prueba.
Artículo 268. Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora
señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a
los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se
incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la
prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones.
Parágrafo. La ausencia injustificad a del solicitante a las
audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el
archivo de la solicitud, y la condenatoria en costas.
Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente
responsable se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y, con base en
ella, se resolverá. Quien no comparezca, habiendo sido citado en forma debida,
quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente.
Artículo 269. Decisión de reparación integral. En la misma
audiencia el juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente, la cual se
incorporará a la sentencia de responsabilidad penal.
Artículo 270. Caducidad. La solicitud para la reparación integral
por medio de este procedimiento especial caduca sesenta (60) días después de
haberse anunciado el fallo de responsabilidad penal.
T I T U L O IV
MINISTERIO PUBLICO
CAPITULO UNICO
Artículo 271. El Ministerio Público. El Ministerio Público podrá
intervenir en el proceso penal cuando sea necesario, en defensa del orden
jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
El Procurador General de la Nación directamente o a través de sus delegados, de
oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes en el proceso penal o
del Gobierno Nacional, podrá constituir agencias especiales.
Parágrafo. Para el cumplimiento de la función, los fiscales y los
jueces enterarán oportunamente, por el medio más expedito, al Ministerio
Público de las diligencias y actuaciones de su competencia.
Artículo 272. Funciones del Ministerio Público. Son funciones del
Ministerio Público en la indagación, la investigación y el juzgamiento:
1. Como garante de los derechos humanos y de los derechos
fundamentales:
a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la Policía Judicial
que puedan afectar garantías fundamentales;
b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por
la Fiscalía Penal Militar y los jueces que impliquen afectación o menoscabo de
un derecho fundamental;
c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los
cometidos de lograr la verdad y la justicia;
d) Procurar que las condiciones de privación de la libertad como
medida cautelar y como pena o medida de seguridad se cumplan de conformidad con
la Carta Política y la ley;
e) Procurar el cumplimiento del debido proceso y el derecho de
defensa;
f) Participar cuando lo considere necesario, en las audiencias
conforme a lo previsto en este Código;
g) Controlar que se cumpla en todo momento con el principio general
según el cual debe existir separación entre jurisdicción y mando para los
jueces, fiscales, abogados defensores y Policía Judicial.
2. Como representante de la sociedad:
a) Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en
la audiencia de control judicial de la cesación de procedimiento;
b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y
la restauración del derecho en los eventos de agravio a los intereses
colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas cautelares
que procedan;
c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas,
testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso, así como verificar su
efectiva protección por el Estado;
d) Participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda
la disponibilidad del derecho por parte de la víctima individual o colectiva y
en las que exista disponibilidad oficial de la acción penal, procurando que la
voluntad otorgada sea real y que no se afecten los derechos de los
perjudicados;
e) Denunciar los fraudes y colusiones procesales.
Artículo 273. Actividad probatoria. El Ministerio Público podrá
solicitar pruebas anticipadas en aquellos asuntos en los cuales esté ejerciendo
o haya ejercido funciones de Policía Judicial siempre y cuando se reúnan los
requisitos previstos en el artículo 442  del presente Código.
Asimismo, podrá solicitar pruebas en el evento contemplado en el
último inciso del artículo 499 de este Código.
T I T U L O V
PARTES E INTERVINIENTES
CAPITULO I
Fiscalía General Penal
Militar
Artículo 274. Composición. La Fiscalía General Penal
Militar estará integrada para el ejercicio de la acción penal por el Fiscal
General Penal Militar, los fiscales penales militares ante el Tribunal Superior
Militar, los fiscales delegados y los funcionarios que él designe y estén
previstos en el estatuto orgánico de la institución para esos efectos, de
acuerdo a la ley que expida el Congreso de la República.
Artículo 275. Atribuciones. La Fiscalía General Penal Militar,
para el cumplimiento de sus funciones tiene las siguientes atribuciones:
1. Investigar y acusar a los presuntos responsables de haber
cometido un delito de conocimiento de la Justicia Penal Militar.
2. Solicitar ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías
registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones y
poner a su disposición los elementos recogidos, para su control de legalidad
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
3. Asegurar en cada caso particular los elementos materiales
probatorios y evidencia física, garantizando la cadena de custodia mientras se
ejerce su contradicción.
4. Dirigir, coordinar y controlar en cada caso particular las
actividades de Policía Judicial que en forma permanente ejerce el cuerpo de
investigación de la Justicia Penal Militar y los demás organismos que señale la
ley.
5 Solicitar ante el Juez Penal Militar de Control de Garantías
capturas, y poner a la persona capturada a su disposición, a más tardar dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes.
6. Solicitar al Juez Penal Militar de Control de Garantías las
medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
penal militar, la conservación de la prueba, la integridad de la Fuerza
Pública, la protección de la comunidad, en especial de las víctimas.
7. Presentar la acusación ante el Tribunal Superior Militar o
jueces de conocimiento, con el fin de dar inicio al juicio.
8. Intervenir en la etapa del juicio en los términos de este
Código.
9. Solicitar ante el Juez de Conocimiento las medidas judiciales
necesarias para la asistencia de las víctimas, el restablecimiento del derecho
y la reparación integral de los efectos del injusto.
10. Interponer y sustentar los recursos ordinarios y
extraordinarios y la acción de revisión en los eventos establecidos por este
Código.
11. Solicitar las nulidades cuando a ello hubiere lugar.
12. Las demás que le asigne la ley.
Artículo 276. Atribuciones del Fiscal General Penal Militar. El
Fiscal General Penal Militar, para el cumplimiento de sus funciones, tiene las
siguientes atribuciones:
1. Dirigir el Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal
Militar.
2. Crear los grupos de tareas especiales conforme lo regulado en
este Código.
3. Coordinar las labores que desarrollen los
Fiscales Penales Militares.
4. Diseñar mecanismos que hagan efectiva la protección de los
Fiscales Penales Militares, víctimas y testigos.
5. Reglamentar lo relacionado con el diseño, aplicación y control
del sistema de cadena de custodia.
6. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera
sea el estado en que se encuentre, lo mismo que asignar y desplazar a los
fiscales penales militares en las investigaciones y procesos, eventos en los
cuales se procederá mediante orden motivada cuando se pueda ver afectada la
imparcialidad o la independencia en desarrollo de su función o la seguridad del
Fiscal Penal Militar.
7. Resolver los impedimentos y recusaciones que se susciten entre
los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar.
8. Las demás que señale la ley.
Artículo 277. Funciones especiales de los Fiscales ante el
Tribunal Superior Militar. Además de las funciones anteriormente señaladas, a
los Fiscales Penales Militares ante el Tribunal Superior Militar les
corresponde resolver los impedimentos y recusaciones que se susciten entre los
fiscales penales militares que actúan ante la primera instancia, conforme al
trámite previsto en este Código.
Artículo 278. Principio de objetividad. La Fiscalía Penal Militar,
con el apoyo de los organismos que ejerzan funciones de Policía Judicial,
adecuará su actuación a un criterio objetivo y transparente, ajustado
jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución Política y la ley.
CAPITULO II
Defensa
Artículo 279. Integración y designación. La defensa estará a cargo
del abogado principal que libremente designe el imputado o acusado o, en su
defecto, por el que le sea asignado por la Defensoría Técnica Penal Militar.
Artículo 280. Oportunidad. La designación del defensor deberá
hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la
imputación. En todo caso contará con este desde la primera audiencia a la que
fuere citado.
El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor
desde la comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía.
La precitada comunicación ocurrirá inmediatamente se halle
identificado el investigado y solo otorga al presunto implicado los derechos
previstos en este Código.
Artículo 281. Reconocimiento. Una vez aceptada la designación, el
defensor podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su
reconocimiento.
Artículo 282. Dirección de la defensa. El defensor principal
dirigirá la defensa, pudiendo seleccionar otro abogado que lo acompañe como
defensor suplente, previa Información al juez y autorización del implicado o
acusado, quien actuará bajo la responsabilidad del principal y podrá ser
removido libremente durante el proceso.
Artículo 283. Incompatibilidad de la defensa. La defensa de varios
imputados o acusados podrá adelantarla un defensor común, siempre y cuando no
medie conflicto de interés ni las defensas resulten incompatibles entre sí.
Si se advirtiera la presencia del conflicto y la defensa no lo
resolviere mediante la renuncia del encargo correspondiente, el acusado o el
Ministerio Público podrá solicitar al juez el relevo del defensor discernido.
En este evento el acusado podrá designar un nuevo defensor. Si no hubiere otro
y de encontrarse en imposibilidad para ello, la defensoría técnica militar le
proveerá uno.
Artículo 284. Sustitución del defensor. Únicamente el defensor
principal podrá sustituir la designación en otro abogado, pudiéndose reservar
el derecho de reasumir la defensa en la oportunidad que estime conveniente.
Artículo 285. Derechos y facultades. La defensa podrá ejercer
todos los derechos y facultades que la Constitución Política y la ley reconocen
en favor del acusado.
Artículo 286. Deberes y atribuciones especiales. En especial la
defensa tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
1. Asistir personalmente al implicado o acusado desde su captura,
a partir de la cual debe garantizársele la oportunidad de mantener comunicación
privada con él.
2. Disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de
la defensa, incluida la posibilidad excepcional de obtener prórrogas
justificadas para la celebración del juicio oral.
3. En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos
los elementos probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga
noticia el Fiscal Penal Militar, incluidos los que sean favorables al
procesado.
4. Controvertir las pruebas, aunque sean practicadas en forma
anticipada al juicio oral.
5. Interrogar y contrainterrogar en audiencia pública a los
testigos y peritos.
6. Solicitar al juez la comparecencia, aun por medios coercitivos,
de los testigos y peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos materia de
debate en el juicio oral.
7. Interponer y sustentar, si lo estimare conveniente, las
nulidades, los recursos ordinarios y extraordinarios y la acción de revisión.
8. No ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba,
ni a intervenir activamente durante el juicio oral.
9. Abstenerse de revelar información relacionada con el proceso y
su cliente, conforme a la ley.
Artículo 287. Defensoría Técnica Penal Militar. La Justicia Penal
Militar contará con un grupo de abogados, miembros de la fuerza pública,
empleados civiles del Ministerio de Defensa y particulares, constituidos como
un cuerpo autónomo separado del mando, quienes ejercerán de forma exclusiva
defensa técnica respecto de militares o policiales investigados por delitos en
relación con el mismo servicio.
Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de
esta organización de defensores penales militares.
CAPITULO III
Imputado
Artículo 288. Calificación. El carácter de parte como
imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la
formulación de la imputación o desde la captura, si esta ocurriere primero. A
partir de la presentación de la acusación adquirirá la condición de acusado.
Artículo 289. Ausencia del imputado. Cuando al fiscal no le haya
sido posible localizar a quien requiera para formularle imputación o tomar
alguna medida de aseguramiento que lo afecte, solicitará ante el Juez Penal
Militar de Control de Garantías que lo declare persona ausente adjuntando los
elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo.
El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar
visible de la secretaría por el término de cinco (5) días hábiles y se
publicará en un medio radial y de prensa de cobertura local.
Cumplido lo anterior el Juez Penal Militar de Control de Garantías
lo declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así
como la identidad del abogado designado por el Jefe del Cuerpo de defensores
militares que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual
se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para
toda la actuación.
El
juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones
suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado.
Artículo 290. Identificación o individualización. El Fiscal Penal
Militar estará obligado a verificar la correcta identificación o
individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales.
Artículo 291. Registro de personas vinculadas. La Fiscalía General
Penal Militar llevará un registro de las personas a las cuales se haya
vinculado a una investigación penal. Para el efecto, el funcionario que realice
la vinculación lo informará dentro de los cinco (5) días siguientes a la
decisión, al Fiscal General Penal Militar.
Artículo 292. Atribuciones. Además de los derechos reconocidos en la
Constitución Política y la ley, en especial de los previstos en los principios
rectores de este Código, el imputado o procesado, según el caso, dispondrá de
las mismas atribuciones asignadas a la defensa que resultan compatibles con su
condición. En todo caso, de mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones
de la defensa con las del implicado o procesado prevalecen las de aquella.
Artículo 293. Renuncia. Si el imputado o procesado hiciere uso del
derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al
juicio oral, deberá el Juez Penal Militar de Control de Garantías o el juez de
conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente,
voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será
imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado.
CAPITULO IV
Víctimas
Artículo 294. Víctimas. Se entiende por víctimas, para efectos de
este Código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que
individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia
del injusto.
Artículo 295. Atención y protección inmediata a las víctimas. El
Fiscal o el Juez de conocimiento adoptarán o coordinarán ante las entidades
competentes las medidas necesarias para la atención de las víctimas, la
garantía de su seguridad personal y familiar, y la protección frente a toda
publicidad que implique un ataque indebido a su vida privada o dignidad.
Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán
redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e
imparcial, ni serán incompatibles con estos.
Artículo 296. Medidas de atención y protección a las víctimas. Las
víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán
solicitar por conducto del fiscal o directamente al Juez Penal Militar de
Control de Garantías las medidas indispensables para su atención y protección,
aún durante el juicio oral y el incidente de reparación.
Artículo 297. Garantía de comunicación a las víctimas. Los
derechos reconocidos, las facultades que puede ejercer por los perjuicios
causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de formular una
pretensión indemnizatoria en el proceso o en el incidente de reparación
integral, serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el momento mismo
en que esta intervenga.
Artículo 298. Derecho a recibir información. A quien demuestre
sumariamente su calidad de víctima, la Fiscalía General Penal Militar le
suministrará información sobre:
1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo y
de qué tipo puede ser este.
2. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella y
su papel en las actuaciones subsiguientes.
3. El modo y las condiciones en que puede pedir y obtener
protección.
4. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a
asesoría o asistencia jurídica, asistencia o asesoría psicológica u otro tipo
de asesoría.
5. Los requisitos para acceder a una indemnización.
6. Los mecanismos de defensa que puede utilizar.
7. El trámite dado a su denuncia o querella.
8. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación
o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación.
9. La fecha y el lugar del juicio oral.
10. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación
integral.
11. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de
la pena y sentencia.
12. La sentencia del juez.
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso
de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se
les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada.
Artículo 299. Intervención de las víctimas en la actuación penal.
Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la justicia
y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la
actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Podrán solicitar a través del fiscal en cualquier momento de la
actuación medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o
atentados en su contra o de sus familiares.
2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto
de su situación personal, derechos y dignidad.
3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las
víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la
audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un
profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de
derecho debidamente aprobada.
4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante
la investigación, solicitará que estas designen hasta dos abogados que las
represente. De no llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más
conveniente y efectivo.
5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar
un abogado a fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la
necesidad, la Fiscalía Penal Militar le designará uno de oficio.
6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a
las víctimas, decretar que durante su intervención el juicio se celebre a
puerta cerrada.
7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el
incidente de reparación integral, una vez establecida la responsabilidad penal
del imputado.
T I T U L O VI
DEBERES Y PODERES DE LOS
INTERVINIENTES
EN EL PROCESO PENAL
CAPITULO I
De los deberes de los
servidores judiciales
Artículo 300. Deberes. Son deberes comunes de todos
los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso
penal militar, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, los
siguientes:
1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los
términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que
orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.
2. Respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos
de quienes intervienen en el proceso.
3. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y
responder por el uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la
ejecución de las órdenes que pueda impartir, sin que en ningún caso quede
exento de la responsabilidad que le incumbe por la que les corresponda a sus
subordinados.
4. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados con su función,
aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo.
5. Atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los
intervinientes dentro del proceso penal.
6. Abstenerse de presentar en público al indiciado, imputado o
acusado como responsable.
7. Los demás establecidos en el Reglamento de Régimen
Disciplinario para las Fuerzas Militares y para la Policía Nacional y en el
Código Disciplinario Único, que resulten aplicables.
Artículo 301. Deberes específicos de los Jueces Penales Militares.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, constituyen deberes
especiales de los jueces, en relación con el proceso penal, los siguientes:
1. Evitar las maniobras dilatorias y todos aquellos actos que sean
manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos, mediante el rechazo
de plano de los mismos.
2. Ejercer los poderes
disciplinarios y aplicar las medidas correccionales atribuidas por este Código
y demás normas aplicables, con el fin de asegurar la eficiencia y transparencia
de la administración de justicia.
3. Corregir los actos irregulares.
4. Motivar breve y adecuadamente las medidas que afecten los
derechos fundamentales del imputado y de los demás intervinientes.
5. Decidir la controversia suscitada durante las audiencias para
lo cual no podrá abstenerse so pretexto de ignorancia, silencio, contradicción,
deficiencia, oscuridad o ambigüedad de las normas aplicables.
6. Dejar constancia expresa de haber cumplido con las normas
referentes a los derechos y garantías del imputado o acusado y de las víctimas.
CAPITULO II
De los deberes de las partes
e intervinientes.
Artículo 302. Deberes. Son deberes de las partes e
intervinientes:
1. Proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos.
2. Obrar sin temeridad en sus pretensiones o en el ejercicio de
los derechos procesales, evitando los planteamientos y maniobras dilatorias,
inconducentes, impertinentes o superfluas.
3. Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus
intervenciones.
4. Guardar el respeto debido a los servidores judiciales y a los
demás intervinientes en el proceso penal.
5. Comunicar cualquier cambio de domicilio, residencia, lugar o
dirección electrónica señalada para recibir las notificaciones o
comunicaciones.
6. Comparecer oportunamente a las diligencias y audiencias a las
que sean citados.
7. Abstenerse de tener comunicación privada con el juez que
participe en la actuación, salvo las excepciones previstas en este Código.
8. Guardar silencio durante el trámite de las audiencias, excepto
cuando le corresponda intervenir.
9. Entregar a los servidores judiciales correspondientes los
objetos y documentos necesarios para la actuación y los que les fueren
requeridos, salvo las excepciones legales.
Artículo 303. Temeridad o mala fe. Se considera que ha existido
temeridad o mala fe, en los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal en la
denuncia, recurso, incidente o cualquier otra petición formulada dentro de la
actuación procesal.
2. Cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines
claramente ilegales, dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo
normal de la actuación procesal.
CAPITULO III
Deberes de la Fiscalía
General Penal Militar
Artículo 304. Deberes específicos de la Fiscalía Penal
Militar. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, constituyen
deberes esenciales de la Fiscalía General Penal Militar los siguientes:
1. Proceder con objetividad, respetando las directrices del Fiscal
General Penal Militar.
2. Suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los
elementos probatorios y evidencia física e informaciones de que tenga noticia,
incluidos los que le sean favorables al acusado.
3. Asistir de manera ininterrumpida a las audiencias que sean
convocadas e intervenir en desarrollo del ejercicio de la acción penal.
4. Informar a la autoridad competente de cualquier irregularidad
que observe en el transcurso de la actuación de los funcionarios que ejercen
atribuciones de policía judicial.
CAPITULO IV
De los poderes y medidas correccionales
Artículo 305. Poderes y medidas correccionales. El
juez penal militar, de oficio o a solicitud de parte, podrá tomar las
siguientes medidas correccionales:
1. A quien formule una recusación o manifieste un impedimento
ostensiblemente infundado, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. A quien viole una reserva legalmente establecida lo
sancionará con multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. En este caso el funcionario que conozca de la actuación será el
competente para imponer la correspondiente sanción.
3. A quien impida u obstaculice la realización de cualquier
diligencia durante la actuación procesal, le impondrá arresto inconmutable de
uno (1) a treinta (30) días según la gravedad de la obstrucción y tomará las
medidas conducentes para lograr la práctica inmediata de la prueba.
4. A quien le falte al debido respeto en el ejercicio de sus
funciones o por razón de ellas, o desobedezca órdenes impartidas por él en el
ejercicio de sus atribuciones legales lo sancionará con arresto inconmutable
hasta por cinco (5) días.
5. A quien en las audiencias asuma comportamiento contrario a la
solemnidad del acto, a su eficacia o correcto desarrollo, le impondrá como
sanción la amonestación, o el desalojo, o la restricción del uso de la palabra,
o multa hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales o arresto hasta
por cinco (5) días, según la gravedad y modalidades de la conducta.
6. A quien solicite pruebas manifiestamente inconducentes o
impertinentes lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
7. A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, lo
sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
8. Al establecimiento de salud que reciba o dé entrada a persona lesionada
sin dar aviso inmediato a la autoridad respectiva, lo sancionará con multa de
diez (10) hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
9. A la parte e interviniente que solicite definición de
competencia, o cambio de radicación sin fundamento en razones serias y soporte
probatorio, lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
10. A quienes sobrepasen las cintas o elementos usados para el
aislamiento del lugar de los hechos, lo sancionará con multa de uno (1) a
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes o arresto por (5)
cinco días según la gravedad y modalidad de la conducta.
Parágrafo 1°. En los casos anteriores, si la medida correccional
fuere de multa o arresto, su aplicación deberá estar precedida de la
oportunidad para que el presunto infractor exprese las razones de su oposición,
si las hubiere. Si el funcionario impone la sanción, el infractor podrá
solicitar la reconsideración de la medida que, de mantenerse, dará origen a la
ejecución inmediata de la sanción, sin que contra ella proceda recurso alguno.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar
o Juez Penal Militar deberá compulsar copias, según sea el caso, al órgano
competente para que investigue la conducta.
Artículo 306. Pago de multas y cauciones. Las cauciones y las
multas que se impongan durante la actuación procesal se depositarán en dinero a
órdenes de los despachos correspondientes, en la cuenta de depósitos judiciales
del Banco Agrario de la localidad del depositante o, si no existiese sucursal
de esta entidad, de aquel que autorice el funcionario judicial, dentro del
plazo fijado por el funcionario competente.
T I T U L O VII
LA ACTUACION
CAPITULO I
Oralidad en los
procedimientos
Artículo 307. Idioma. El idioma oficial en la actuación será el
castellano.
El acusado o la víctima serán asistidos por un traductor
debidamente acreditado o reconocido por el juez en caso de no poder entender o
expresarse en el idioma oficial; o por un intérprete en caso de no poder
percibir el idioma por los órganos de los sentidos o hacerse entender
oralmente. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno
designado por él.
Artículo 308. Oralidad en la actuación. Todos los procedimientos
de las actuaciones, tanto preprocesales como procesales, serán orales, salvo
las excepciones previstas en este Código.
Artículo 309. Registro de la actuación. Se dispondrá el empleo de
los medios técnicos idóneos para el registro y reproducción fidedignos de lo
actuado, de conformidad con las siguientes reglas, y se prohíben las
reproducciones escritas, salvo los actos y providencias que este Código
expresamente autorice:
1. En las actuaciones de la Fiscalía Penal Militar o de la Policía
Judicial que requieran declaración juramentada, conservación de la escena de hechos
delictivos, registro y allanamiento, interceptación de comunicaciones o
cualquier otro acto investigativo que pueda ser necesario en los procedimientos
formales, será registrado y reproducido mediante cualquier medio técnico que
garantice su fidelidad, genuinidad u originalidad.
2. En las audiencias ante el juez penal militar que ejerce la
función de control de garantías se utilizará el medio técnico que garantice la
fidelidad, genuinidad u originalidad de su registro y su eventual reproducción
escrita para efecto de los recursos. Al finalizar la diligencia se elaborará un
acta en la que conste únicamente la fecha, lugar, nombre de los intervinientes,
la duración de la misma y la decisión adoptada.
3. En las audiencias de corte marcial ante el juez penal militar
de conocimiento, además de lo anterior, deberá realizarse una reproducción de
seguridad con el medio técnico más idóneo posible, la cual solo se incorporará
a la actuación para el trámite de los recursos consagrados en este Código.
4. El juicio oral deberá registrarse íntegramente, por cualquier
medio de audio-video, o en su defecto audio, que asegure fidelidad.
El registro del juicio servirá únicamente para probar lo ocurrido
en el juicio oral, para efectos del recurso de apelación.
Una vez anunciado el sentido del fallo, el secretario elaborará un
acta del juicio donde constará la individualización del acusado, la
tipificación dada a los hechos por la fiscalía penal militar, la autoridad que
profirió la decisión y el sentido del fallo. Igualmente, el secretario será
responsable de la inalterabilidad del registro oral del juicio.
5. Cuando este Código exija la presencia del acusado ante el juez
para efectos de llevar a cabo la audiencia preparatoria o cualquier audiencia
anterior al juicio oral, a discreción del juez dicha audiencia podrá realizarse
a través de comunicación de audio-video virtual, caso en el cual no será
necesaria la presencia física del acusado ante el juez.
El dispositivo de audio-video virtual deberá permitirle al juez observar
y establecer comunicación oral y simultánea con el acusado y su defensor, o con
cualquier testigo o perito. El dispositivo de comunicación por audiovideo
virtual deberá permitir que el acusado pueda sostener conversaciones en privado
con su defensor.
La señal del dispositivo de comunicación por audiovideo virtual se
transmitirá en vivo y en directo, y deberá ser protegida contra cualquier tip o
de interceptación.
En las audiencias que deban ser públicas, se situarán monitores en
la sala y en el lugar de encarcelamiento, para asegurar que el público, el juez
y el acusado puedan observar en forma clara la audiencia.
Cualquier documento utilizado durante la audiencia que se realice
a través de dispositivo de audio-video virtual, debe poder transmitirse por
medios electrónicos. Tendrán valor de firmas originales aquellas que consten en
documentos transmitidos electrónicamente.
Parágrafo. La conservación y archivo de los registros será
responsabilidad de la Fiscalía Penal Militar durante la actuación previa a la
acusación. A partir de ella, del secretario de las audiencias. En todo caso,
los intervinientes tendrán derecho a la expedición de copias de los registros.
Artículo 310. Celeridad y oralidad. En las audiencias que tengan
lugar con ocasión de la persecución penal, las cuestiones que se debatan serán
resueltas en la misma audiencia. Las personas allí presentes se considerarán
notificadas por el solo proferimiento oral de una decisión o providencia.
Artículo 311. Toga. Durante el desarrollo de las audiencias los
jueces deberán usar la toga o uniforme militar o policial según el reglamento.
CAPITULO II
Publicidad de los
procedimientos
Artículo 312. Principio de publicidad. Todas las
audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán públicas y
no se podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun cuando
se limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía Penal
Militar, el acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su
representación legal.
El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o
parte de ellos, previa audiencia privada con los intervinientes, de conformidad
con los artículos siguientes y sin limitar el principio de contradicción.
Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si
desaparecieren las causas que dieron origen a esa restricción, el juez la
levantará de oficio o a petición de parte.
No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, o acusado
como culpable. Tampoco se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar
declaraciones sobre el caso a los medios de comunicación, so pena de la
imposición de las sanciones que corresponda.
Artículo 313. Restricciones a la publicidad por motivos de orden
público, seguridad nacional o moral pública. Cuando la publicidad de un proceso
en particular amenace el orden público, la seguridad nacional o la finalidad
primordial de la fuerza pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer
una o varias de las siguientes medidas:
1. Limitación total o parcial del acceso al público o a la prensa.
2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre
lo que ven, oyen o perciben.
Artículo 314. Restricciones a la publicidad por motivos de
seguridad o respeto a las víctimas menores de edad. En caso de que fuere
llamada a declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o
parcialmente el acceso al público o a la prensa.
Artículo 315. Restricciones a la publicidad por motivos de interés
de la justicia. Cuando los intereses de la justicia se vean perjudicados o
amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad
del juez pueda afectarse, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los
presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, o
limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa.
CAPITULO III
Audiencias preliminares
Artículo 316. Noción. Las actuaciones, peticiones y
decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de
formulación de acusación, preparatoria o de corte marcial, se adelantarán,
resolverán o decidirán en audiencia preliminar, ante el juez penal militar de
control de garantías.
Artículo 317. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar:
1. El acto de poner a disposición del juez penal militar de
control de garantías los procedimientos efectuados en registros, allanamientos
e interceptación de comunicaciones, para su control de legalidad dentro de las
treinta y seis (36) horas siguientes.
2. La práctica de una prueba anticipada.
3. La que ordena la adopción de medidas necesarias para la
protección de víctimas y testigos.
4. La que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento.
5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales.
6. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.
Artículo 318. Publicidad. Las audiencias preliminares deben
realizarse con la presencia del indiciado, acusado, o de su defensor. La
asistencia del Ministerio Público no es obligatoria.
Serán de carácter reservado las audiencias de control de legalidad
sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y
seguimiento de personas y de cosas. También las relacionadas con autorización
judicial previa para la realización de inspección corporal, obtención de
muestras que involucren al indiciado o acusado con la conducta objeto de
investigación y procedimientos en caso de lesionados. Igualmente aquella en la
que decrete una medida cautelar.
CAPITULO IV
Términos
Artículo 319. Regla general. Las actuaciones se
desarrollarán con estricto cumplimiento de los términos procesales. Su
inobservancia injustificada será sancionada.
Artículo 320. Oportunidad. La persecución penal y las indagaciones
pertinentes podrán adelantarse en cualquier momento. En consecuencia, todos los
días y horas son hábiles para ese efecto.
Las actuaciones que se desarrollen ante los jueces penales
militares que cumplan la función de control de garantías serán concentradas.
Todos los días y horas son hábiles para el ejercicio de esta función.
Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se
adelantarán en días y horas hábiles, de acuerdo con el horario judicial
establecido oficialmente.
Sin embargo, cuando las circunstancias particulares de un caso lo
ameriten, previa decisión motivada del juez competente, podrán habilitarse
otros días con el fin de asegurar el derecho a un juicio sin dilaciones
injustificadas.
Artículo 321. Prórroga y restitución de términos. Los términos
previstos por la ley, o en su defecto fijados por el juez, no son prorrogables.
Sin embargo, de manera excepcional y con la debida justificación, cuando el
Fiscal Penal Militar, el acusado o su defensor lo soliciten para lograr una
mejor preparación del caso, el juez podrá acceder a la petición siempre que no
exceda el doble del término prorrogado.
Artículo 322. Término judicial. El funcionario judicial señalará
el término en los casos en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda
exceder de cinco (5) días.
Artículo 323. Término para adoptar decisiones. Salvo disposición
en contrario, las decisiones deberán adoptarse en el acto mismo de la
audiencia. Para este efecto el juez podrá ordenar un receso en los términos de
este Código.
CAPITULO V
Providencias judiciales
Artículo 324. Clases. Las providencias judiciales son:
1. Sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, bien en
única, primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción
de revisión.
2. Autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial.
3. Ordenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los
que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento
de la misma. Serán verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un
registro.
Artículo 325. Requisitos comunes. Las sentencias y autos deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Mención de la autoridad que los profiere.
2. Lugar, día y hora.
3. Identificación del número de radicación de la actuación.
4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de
los motivos de estimación y desestimación de las pruebas.
5. Decisión adoptada.
6. Si hubiere división de criterios la expresión de los
fundamentos del disenso.
7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la
oportunidad para interponerlo.
Artículo 326. Prohibición de transcripciones. En desarrollo de los
principios de oralidad y celeridad las providencias judiciales en ningún caso
se podrá transcribir, reproducir o verter a texto escrito apartes de la
actuación, excepto las citas o referencias apropiadas para la debida
fundamentación de la decisión.
Artículo 327. Providencias del Tribunal Superior Militar. La
exposición de la decisión estará a cargo del Magistrado que presida la
audiencia o el que ellos designen.
Artículo 328. Expedición de copias. Las providencias judiciales
solo serán reproducidas a efectos del trámite de los recursos.
Podrán expedirse certificaciones por parte de la secretaría
correspondiente donde conste un resumen de lo decidido, previa petición de
quien acredite un interés para ello.
Artículo 329. Comunicación de la sentencia. Ejecutoriada la
sentencia que imponga una pena o medida de seguridad, el funcionario judicial
informará de dicha decisión a los Comandos de Fuerza, Dirección General de la
Policía Nacional, Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, Fiscal
General Penal Militar, Dirección General de Prisiones, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y demás
organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados,
en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene
antecedentes judiciales.
CAPITULO VI
Notificación de las providencias,
citaciones,
y comunicaciones entre los intervinientes en el proceso penal
Artículo 330. Criterio general. Se notificarán las
sentencias y los autos.
Artículo 331. Formas. Por regla general las providencias se
notificarán a las partes en estrados.
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar de haberse hecho
la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación salvo que la
ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la
notificación se entenderá realizada al momento de aceptarse la justificación.
De manera excepcional procederá la notificación mediante
comunicación escrita dirigida por telegrama, correo certificado, facsímil,
correo electrónico o cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado por las
partes.
Si el acusado se encontrare privado de la
libertad y se negare a asistir a la audiencia, las providencias notificadas le
serán comunicadas en el establecimiento de reclusión, de lo cual se dejará la
respectiva constancia.
Las decisiones adoptadas con posterioridad al vencimiento del
término legal deberán ser notificadas personalmente a las partes que tuvieren
vocación de impugnación.
Artículo 332. Registro de la notificación. El secretario deberá
llevar un registro de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como
fuera de ella, para lo cual podrá utilizar los medios técnicos idóneos.
Artículo 333. Citaciones. Procedencia. Cuando se convoque a la
celebración de una audiencia o deba adelantarse un trámite especial, deberá
citarse oportunamente a las partes, testigos, peritos y demás personas que
deban intervenir en la actuación.
La citación para que los intervinientes comparezcan a la audiencia
preliminar deberá ser ordenada por el juez penal militar de control de
garantías.
Artículo 334. Forma. Las citaciones se harán por orden del juez en
la providencia que así lo disponga, y serán tramitadas por secretaría. A este
efecto podrán utilizarse los medios técnicos más expeditos posibles y se
guardará especial cuidado de que los intervinientes sean oportuna y verazmente
informados de la existencia de la citación.
El juez podrá disponer el empleo de servidores de la
administración de justicia y, de ser necesario, de miembros de la fuerza
pública o de la policía judicial para el cumplimiento de las citaciones.
Artículo 335. Contenido. La citación debe indicar la clase de
diligencia para la cual se le requiere y si debe asistir acompañado de abogado.
De ser factible se determinará la clase de delito, fecha de la comisión,
víctima del mismo y número de radicación de la actuación a la cual corresponde.
Artículo 336. Comunicación de las peticiones escritas a las demás
partes e intervinientes. La petición escrita de alguna de las partes e
intervinientes dirigida al juez que conoce de la actuación, para ser admitida
en Secretaría para su trámite, deberá acompañarse de las copias necesarias para
la información de las demás partes e intervinientes.
Artículo 337. Comunicación. Para efectivizar el Derecho de
Defensa, la Fiscalía Penal Militar a partir de la elaboración del programa
metodológico previsto en el artículo 368 tendrá la obligación de comunicar a
quienes eventualmente pudiesen resultar indiciados sobre el inicio de la
indagación.
CAPITULO VII
Duración de la actuación
Artículo 338. Duración de los procedimientos. El término de que
dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no
podrá exceder de treinta días contados desde el día siguiente a la formulación
de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 452 de este Código.
La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez penal
militar de conocimiento a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes
a la audiencia de formulación de acusación.
La audiencia de corte marcial tendrá lugar dentro de los treinta
(30) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.
CAPITULO VIII
Recursos ordinarios
Artículo 339. Recursos ordinarios. Son recursos
ordinarios la reposición y la apelación.
Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las
decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva
audiencia.
La apelación procede, salvo los casos previstos en este Código,
contra los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra la
sentencia condenatoria o absolutoria.
Artículo 340. Efectos. La apelación se concederá:
En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien
profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese momento hasta
cuando la apelación se resuelva:
1. La sentencia condenatoria o absolutoria.
2. El auto que decide una nulidad.
3. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral.
4. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio
oral.
5. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión.
En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el
cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación:
1. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida de
aseguramiento; y
2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar
que afecte bienes del indiciado o acusado.
Artículo 341. Trámite del recurso de apelación contra autos. Se
interpondrá oralmente en la respectiva audiencia y se concederá de inmediato en
el efecto previsto en el artículo anterior.
Recibida la actuación objeto de recurso, el magistrado que deba
resolverlo citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación
oral que se celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes.
Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e
intervinientes no recurrentes que se hallaren presentes, el magistrado podrá
decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión correspondiente.
Si el recurrente no concurriere se declarará desierto el recurso.
Artículo 342. Trámite del recurso de apelación contra sentencias.
El recurso se interpondrá y concederá en la misma audiencia en la que la parte
recurrente solicitará los apartes pertinentes de los registros, en los términos
del artículo 180 de este Código, correspondientes a las audiencias que en su
criterio guarden relación con la impugnación. De igual manera procederán los no
apelantes.
Recibido el fallo, la secretaría de la Sala de decisión del
Tribunal Superior Militar deberá acreditar la entrega de los registros a que se
refiere el inciso anterior. Satisfecho este requisito, el magistrado ponente
convocará a audiencia de debate oral que se celebrará dentro de los diez (10)
días siguientes.
Sustentado el recurso por el apelante, y oídas las partes e
intervinientes no recurrentes que se hallaren presentes, la sala de decisión
convocará para audiencia de lectura de fallo dentro los diez (10) días
siguientes.
CAPITULO IX
Casación
Artículo 343. Finalidad. El recurso pretende la
efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los
intervinientes, la reparación de los agravios inferidos a estos, y la
unificación de la jurisprudencia.
Artículo 344. Procedencia. El recurso como control constitucional
y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia por el
Tribunal Superior Militar en los procesos adelantados por delitos, cuando
afectan derechos o garantías fundamentales por:
1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación
indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal,
llamada a regular el caso.
2. Desconocimiento del debido proceso por afectación sustancial de
su estructura o de la garantía debida a cualquiera de las partes.
3. El manifiesto desconocimiento de las reglas de producción y
apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
4. Cuando la casación tenga por objeto únicamente lo referente a
la reparación integral decretada en la providencia que resuelva el incidente,
deberá tener como fundamento las causales y la cuantía establecidas en las
normas que regulan la casación civil.
Artículo 345. Legitimación. Están legitimados para recurrir en
casación los intervinientes que tengan interés, quienes podrán hacerlo
directamente si fueren abogados en ejercicio.
Artículo 346. Oportunidad. El recurso se interpondrá ante el
tribunal dentro de un término común de sesenta (60) días siguientes a la última
notificación de la sentencia, mediante demanda que de manera precisa y concisa
señale las causales invocadas y sus fundamentos.
Artículo 347. Admisión. Vencido el término para interponer el
recurso, la demanda se remitirá junto con los antecedentes necesarios a la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que decida dentro de los
treinta (30) días siguientes sobre la admisión de la demanda.
No será seleccionada, por auto debidamente motivado que admite
recurso de insistencia presentado por alguno de los magistrados de la Sala o
por el Ministerio Público, la demanda que se encuentre en cualquiera de los
siguientes supuestos: si el demandante carece de interés, prescinde de señalar
la causal, no desarrolla los cargos de sustentación o cuando de su contexto se
advierta fundadamente que no se precisa del fallo para cumplir algunas de las
finalidades del recurso.
En principio, la Corte no podrá tener en cuenta causales diferente
de las alegadas por el demandante. Sin embargo, atendiendo a los fines de la
casación, fundamentación de los mismos, posición del impugnante dentro del
proceso e índole de la controversia planteada, deberá superar los defectos de
la demanda para decidir de fondo.
Para el efecto, se fijará fecha para la audiencia de sustentación
que se celebrará dentro de los treinta (30) días siguientes, a la que podrán
concurrir los no recurrentes para ejercer su derecho de contradicción dentro de
los límites de la demanda.
Artículo 348. Decisión. Cuando la Corte aceptare como demostrada
alguna de las causales propuestas, dictará el fallo dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la audiencia de sustentación, contra el cual no procede
ningún recurso, salvo la revisión.
La Corte está facultada para señalar en qué estado queda el
proceso en el caso de determinar que este pueda recuperar alguna vigencia.
En caso contrario procederá a dictar el fallo que corresponda.
Cuando la Corte adopte el fallo, dentro del mismo lapso o a más
tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, citará a audiencia para lectura
del mismo.
Artículo 349. Acumulación de fallos. A juicio de la Sala, por
razones de unificación de la jurisprudencia, podrán acumularse para ser
decididas en un mismo fallo, varias demandas presentadas contra diversas
sentencias.
Artículo 350. Aplicación extensiva. La decisión del recurso de
casación se extenderá a los no recurrentes en cuanto les sea favorable.
Artículo 351. Principio de no agravación. Cuando se trate de
sentencia condenatoria no se podrá agravar la pena impuesta, salvo que el
fiscal, el Ministerio Público, la víctima o su representante, cuando tuviere
interés, la hubieren demandado.
Artículo 352. Suspensión de la prescripción. Proferida la
sentencia de segunda instancia se suspenderá el término de prescripción, el
cual comenzará a correr de nuevo sin que pueda ser superior a cinco (5) años.
Artículo 353. De la libertad. Durante el trámite del recurso
extraordinario de casación lo referente a la libertad y demás asuntos que no
estén vinculados con la impugnación, serán de la exclusiva competencia del juez
de primera instancia.
Artículo 354. Fallo anticipado. Por razones de interés general la
Corte, en decisión mayoritaria de la Sala, podrá anticipar los turnos para
convocar a la audiencia de sustentación y decisión.
CAPITULO X
ACCION DE REVISION
Artículo 355. Procedencia. La acción de revisión procede contra
sentencias ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción Penal Militar, en los
siguientes casos:
1. Cuando se haya condenado a dos (2) o más personas por un mismo
delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de
las sentenciadas.
2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria en proceso que
no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de
querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de
extinción de la acción penal.
3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos
nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan
la inocencia del condenado, o su inimputabilidad.
4. Cuando con posterioridad a la sentencia se demuestre, mediante
decisión en firme, que el fallo fue determinado por un delito del juez o de un tercero.
5. Cuando se demuestre que el fallo objeto de pedimento de
revisión se fundamentó, en todo o en parte, en prueba falsa fundante para sus
conclusiones.
6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya
cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la
sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la
punibilidad.
Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también
en los casos de preclusión y sentencia absolutoria.
Artículo 356. Legitimación. La acción de revisión podrá ser
promovida por el Fiscal Penal Militar, el Ministerio Público, el defensor y
demás intervinientes, siempre que ostenten interés jurídico y hayan sido
legalmente reconocidos dentro de la actuación materia de revisión. Estos
últimos podrán hacerlo directamente si fueren abogados en ejercicio. En los
demás casos se requerirá poder especial para el efecto.
Artículo 357. Instauración. La acción de revisión se promoverá por
medio de escrito dirigido al funcionario competente y deberá contener:
1. La determinación de la actuación procesal cuya revisión se
demanda con la identificación del despacho que produjo el fallo.
2. El delito o delitos que motivaron la actuación procesal y la
decisión.
3. La causal que se invoca y los fundamentos de hecho y de derecho
en que se apoya la solicitud.
4. La relación de las evidencias que fundamentan la petición.
Se acompañará copia o fotocopia de la decisión de única, primera y
segunda instancias y constancias de su ejecutoria, según el caso, proferidas en
la actuación cuya revisión se demanda.
Artículo 358. Trámite. Repartida la demanda, el magistrado ponente
examinará si reúne los requisitos exigidos en el artículo anterior; en caso
afirmativo la admitirá dentro de los cinco (5) días siguientes y se dispondrá
solicitar el proceso objeto de la revisión. Este auto será notificado
personalmente a los no demandantes; de no ser posible, se les notificará de la
manera prevista en este Código.
Si se tratare del absuelto, o a cuyo favor se ordenó preclusión,
se le notificará personalmente. En caso de contumacia, se le designará defensor
público con quien se surtirá la actuación.
Si la demanda fuere inadmitida, la decisión se tomará mediante
auto motivado de la sala.
Si de las evidencias aportadas aparece manifiestamente
improcedente la acción, la demanda se inadmitirá de plano.
Recibida la actuación, se abrirá a prueba por el término de quince
(15) días para que las partes soliciten las que estimen conducentes.
Decretadas las pruebas, se practicarán en audiencia que tendrá
lugar dentro de los treinta (30) días siguientes.
Concluida la práctica de pruebas, las partes alegarán siendo
obligatorio para el demandante hacerlo.
Surtidos los alegatos, se dispondrá un receso hasta de dos (2)
horas para adoptar el fallo, cuyo texto se redactará dentro de los treinta (30)
días siguientes.
Vencido el término para alegar el magistrado ponente tendrá diez
(10) días para registrar proyecto y se decidirá dentro de los veinte (20) días
siguientes.
Artículo 359. Revisión de la sentencia. Si la Sala encuentra
fundada la causal invocada, procederá de la siguiente forma:
1. Declarará sin valor la sentencia motivo de la acción y dictará
la providencia que corresponda cuando se trate de prescripción de la acción
penal, ilegitimidad del querellante, caducidad de la querella, o cualquier otro
evento generador de extinción de la acción penal, y la causal aludida sea el
cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte.
En los demás casos, la actuación será devuelta a un despacho
judicial de la misma categoría, diferente de aquel que profirió la decisión, a
fin de que se tramite nuevamente a partir del momento procesal que se indique.
2. Decretará la libertad provisional y caucionada del procesado.
No se impondrá caución cuando la acción de revisión se refiere a una causal de
extinción de la acción penal.
Artículo 360. Impedimento especial. No podrá intervenir en el trámite
y decisión de esta acción ningún magistrado que haya suscrito la decisión
objeto de la misma.
Artículo 361. Consecuencias del fallo rescindente. Salvo que se
trate de las causales de revisión previstas en los numerales 4 y 5 del artículo
355 de este Código, los efectos del fallo rescindente se extenderán a los no
accionantes.
CAPITULO XI
Disposición común a la
casación y acción de revisión
Artículo 362. Desistimiento. Podrá desistirse del
recurso de casación y de la acción de revisión antes de que la Sala las decida.
T I T U L O VIII
TECNICAS DE INDAGACION E
INVESTIGACION
DE LA PRUEBA Y SISTEMA
PROBATORIO
CAPITULO I
La indagación y la
investigación
Artículo 363. Organos. Corresponde a los Fiscales
Penales Militares realizar la indagación e investigación de los hechos que
revistan características de un delito de competencia de la Justicia Penal
Militar.
En desarrollo de la función prevista en el inciso anterior a los
Fiscales Penales Militares, le corresponde la dirección, coordinación, control
jurídico y verificación técnico-científica de las actividades que desarrolle el
cuerpo técnico de investigación de la Justicia Penal Militar y demás organismos
que señale la Ley en cada caso particular y en los términos previstos en este
Código.
El Cuerpo técnico de la Justicia Penal Militar apoya la
investigación y depende funcionalmente de los Fiscales Penales Milita res. La
organización administrativa del Cuerpo Técnico de investigación, se determinará
por medio de ley. Los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación serán
preferiblemente civiles.
Artículo 364. Organos de policía judicial permanente y
transitorio. Los órganos que ejercen permanente y transitoriamente funciones de
policía judicial, deberán cuando sea necesario, apoyar las investigaciones de la
Justicia Penal Militar.
Parágrafo. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere
miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar,
estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional.
Artículo 365. Organo técnico-científico. El Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, de conformidad con la ley y lo establecido
en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación, prestará auxilio y
apoyo técnico-científico en las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía
Penal Militar y los organismos con funciones de policía judicial. Igualmente lo
hará con el imputado, acusado o su defensor cuando estos lo soliciten.
La Fiscalía Penal Militar, el acusado o su defensor se apoyarán,
cuando fuere necesario, en laboratorios privados nacionales o extranjeros o en
los de universidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
También prestarán apoyo técnico-científico los laboratorios
forenses de los organismos de policía judicial.
Artículo 366. Actividad de policía judicial en la indagación e
investigación. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de
policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los
cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato
todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho,
inspección de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán,
recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y
evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica
las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia.
Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo
posible, la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver,
este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico oficial
para que se realice la necropsia médico-legal.
Sobre esos actos urgentes y sus resultados la policía judicial
deberá presentar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, un
informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección,
coordinación y control de la investigación.
En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un
reporte de iniciación de su actividad para que la Fiscalía Penal Militar asuma
inmediatamente esa dirección, coordinación y control.
Artículo 367. Entrevista. Cuando la policía judicial, en
desarrollo de su actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima
o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la
indagación o investigación que adelanta la Justicia Penal Militar, realizará
entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria.
La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas
pertinentes y se emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del
acto investigativo.
Sin perjuicio de lo anterior, el investigador deberá al menos
dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de notas, en relación con
el resultado de la entrevista.
Artículo 368. Programa metodológico. Recibido el informe de que
trata el artículo 366, el Fiscal Penal Militar encargado de coordinar la
investigación dispondrá, si fuere el caso, la ratificación de los actos de
investigación y la realización de reunión de trabajo con los miembros del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Justicia Penal Militar.
Durante la sesión de trabajo, el Fiscal Penal Militar, con el
apoyo de los integrantes de la policía judicial, se trazará un programa
metodológico de la investigación, el cual deberá contener la determinación de
los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva; los
criterios para evaluar la información; la delimitación funcional de las tareas
que se deban adelantar en procura de los objetivos trazados; los procedimientos
de control en el desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de
los resultados obtenidos.
En desarrollo del programa metodológico de la investigación, el
Fiscal Penal Militar ordenará la realización de todas las actividades que no
impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al
esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales
probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes
del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la
asistencia y protección de las víctimas.
Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de
laboratorio serán ejercidos directamente por la policía judicial.
Artículo 369. Unidades de Investigación Especial. Si la
complejidad del asunto lo amerita, el Fiscal Penal Militar competente
solicitará al Fiscal General Penal Militar, la ampliación del equipo
investigativo.
Tal equipo se integrará con los fiscales
penales militares y miembros de policía judicial que se requieran, según el
caso, y quienes trabajarán con dedicación exclusiva y bajo la coordinación del
Fiscal que realizo la solicitud, en el desarrollo del programa metodológico
correspondiente.
En estos eventos, el Fiscal Penal Militar coordinador, a partir de
los hallazgos reportados por la policía judicial, deberá rendir informes
periódicos del avance de la investigación al Fiscal General Penal Militar, a
fin de implementar los apoyos que se requieran.
Según los resultados, el coordinador del grupo solicitará la
reorganización o disolución del grupo investigativo.
Artículo 370. Actividad de policía. Cuando en ejercicio de la
actividad de policía, los servidores de la Policía Nacional descubrieren
elementos materiales probatorios y evidencia física como los mencionados en
este Código, en desarrollo de registro personal y registro de vehículos, sin
demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial, telefónicamente o
por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y
recogerá los elementos, los identificará y embalará técnicamente. Cuando esto
no fuere posible, quien los hubiere embalado los hará llegar, con las seguridades
del caso, a la policía judicial.
Cuando el descubrimiento del elemento material probatorio y
evidencia física se efectúe por miembros de las fuerzas militares, sin demora
alguna asegurará la escena y comunicará el hallazgo a la Policía Judicial quien
se trasladará inmediatamente para identificarlo, recogerlo y embalarlo
técnicamente.
Artículo 371. Informe de investigador de campo. El informe del
investigador de campo tendrá las siguientes características:
a) Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos
utilizados en la actividad investigativa a que se refiere el informe;
b) Descripción clara y precisa de los resultados de la actividad
investigativa antes mencionada;
c) Relación clara y precisa de los elementos materiales
probatorios y evidencia física descubiertos, así como de su recolección,
embalaje y sometimiento a cadena de custodia;
d) Acompañará el informe con el registro de las entrevistas e
interrogatorios que hubiese realizado.
Artículo 372. Informe de investigador de laboratorio. El informe
del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características:
a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio
y evidencia física examinados;
b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos
empleados en la realización del examen y, además, informe sobre el grado de
aceptación de dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica;
c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su
estado de mantenimiento al momento del examen;
d) Explicación del principio o principios
técnicos y científicos aplicados e informe sobre el grado de aceptación por la
comunidad científica;
e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad
técnico- científica;
f) Interpretación de esos resultados.
Artículo 373. Análisis de la actividad de policía judicial en la
indagación e investigación. Examinado el informe de inicio de las labores
realizadas por la policía judicial y analizados los primeros hallazgos, si
resultare que han sido diligenciadas con desconocimiento de los principios
rectores y garantías procesales, el fiscal ordenará el rechazo de esas
actuaciones e informará de las irregularidades advertidas a los funcionarios
competentes en los ámbitos disciplinario y penal.
En todo caso, dispondrá lo pertinente a los fines de la
investigación.
Para cumplir la labor de control de policía judicial en la
indagación e investigación, el fiscal dispondrá de acceso ilimitado y en tiempo
real, cuando sea posible, a la base de datos de policía judicial.
CAPITULO II
Actuaciones en la indagación
e investigación
Artículo 374. Inspección del lugar del hecho.
Inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir
un delito, y en los casos en que ello sea procedente, el servidor de Policía
Judicial se trasladará al lugar de los hechos y lo examinará minuciosa,
completa y metódicamente, con el fin de descubrir, identificar, recoger y
embalar, de acuerdo con los procedimientos técnicos establecidos en los
manuales de criminalística, todos los elementos materiales probatorios y
evidencia física que tiendan a demostrar la realidad del hecho y a señalar el
autor y partícipes del mismo.
El lugar de la inspección y cada elemento material probatorio y
evidencia física descubiertos, antes de ser recogido, se fijarán mediante
fotografía, video o cualquier otro medio técnico y se levantará el respectivo
plano.
Los Fiscales Penales Militares dispondrán de protocolos, previamente
elaborados que estarán acordes a los elaborados por la Fiscalía General de la
Nación, que serán de riguroso cumplimiento, en el desarrollo de la actividad investigativa
regulada en esta sección. De toda la diligencia se levantará un acta que debe
suscribir el funcionario y las personas que la atendieron, colaboraron o
permitieron la realización.
Artículo 375. Inspección de cadáver. En caso de homicidio o de hecho
que se presuma como tal, la policía judicial inspeccionará el lugar y embalará
técnicamente el cadáver, de acuerdo con los manuales de criminalística. Este se
identificará por cualquiera de los métodos previstos en este Código y se
trasladará al centro médico legal con la orden de que se practique la
necropsia.
Cuando en el lugar de la inspección se hallaren partes de un
cuerpo humano, restos óseos o de otra índole perteneciente a ser humano, se
recogerán en el estado en que se encuentren y se embalarán técnicamente.
Después se trasladarán a la dependencia del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, o centro médico idóneo, para los exámenes que
correspondan.
Artículo 376. Inspecciones en lugares
distintos al del hecho. La inspección de cualquier otro lugar, diferente al del
hecho, para descubrir elementos materiales probatorios y evidencia física
útiles para la investigación, se realizará conforme con las reglas señaladas en
este capítulo.
Artículo 377. Aseguramiento y custodia. Cada elemento material
probatorio y evidencia física recogidos en alguna de las inspecciones reguladas
en los artículos anteriores, será asegurado, embalado y custodiado para evitar
la suplantación o la alteración del mismo. Ello se hará observando las reglas de
cadena de custodia.
Artículo 378. Exhumación. Cuando fuere necesario exhumar un
cadáver o sus restos, para fines de la investigación, el fiscal así lo
dispondrá. La policía judicial establecerá y revisará las condiciones del sitio
preciso donde se encuentran los despojos a que se refiere la inspección.
Técnicamente hará la exhumación del cadáver o los restos y los trasladará al
centro de Medicina Legal, en donde será identificado técnico-científicamente, y
se realizarán las investigaciones y análisis para descubrir lo que motivó la
exhumación.
Artículo 379. Aviso de ingreso de presuntas víctimas. Quien en
hospital, puesto de salud, clínica, consultorio médico u otro establecimiento
similar, público o particular, reciba o dé entrada a persona a la cual se le hubiese
ocasionado daño en el cuerpo o en la salud, dará aviso inmediatamente a la
dependencia de policía judicial que le sea más próxima o, en su defecto, a la
primera autoridad del lugar.
Artículo 380. Procedencia de los registros y allanamientos. El Fiscal
Penal Militar encargado de la dirección de la investigación, según lo
establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos
materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado,
acusado o condenado, solicitará al juez penal militar de control de garantías
el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será
realizado por la policía judicial. Si el registro y allanamiento tiene como
finalidad única la captura del indiciado, imputado, acusado o condenado, sólo
podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento
de detención preventiva.
Artículo 381. Fundamento para la orden de registro y allanamiento.
Sólo podrá expedirse una orden de registro y allanamiento cuando de acuerdo con
los medios cognoscitivos previstos en este Código, permitan concluir que la
ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al
propietario, al simple tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente
se encontrare en él; o que en su interior se hallan los instrumentos con los
que se ha cometido la infracción, o los objetos producto del ilícito.
Artículo 382. Respaldo probatorio. La solicitud de que trata el
artículo anterior deberá ser respalda, al menos, en informe de policía
judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales
probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación
del bien por registrar con el delito investigado.
Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá
estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar
mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá
precisar al fiscal su identificación y explicar por qué razón le resulta
confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados,
inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez penal militar de
control de garantías.
Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos
materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías fruto
de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia,
deberá exigir el diligenciamiento de un oficio proforma en donde bajo juramento
el funcionario de la policía judicial certifique que ha corroborado la
corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de
dichos elementos.
Artículo 383. Alcance de la orden de registro y allanamiento. La
orden expedida por el juez penal militar de control de garantías deberá
determinar con precisión los lugares que se van a registrar. Si se trata de
edificaciones, naves o aeronaves que dispongan de varias habitaciones o
compartimentos, se indicará expresamente cuáles se encuentran comprendidos en
la diligencia.
De no ser posible la descripción exacta del lugar o lugares por
registrar, el Juez penal militar de control de garantías deberá indicar en la
orden, los argumentos para que, a pesar de ello, deba procederse al operativo.
En ninguna circunstancia podrá autorizarse por el juez penal militar de control
de garantías el diligenciamiento de órdenes de registro y allanamiento
indiscriminados, o en donde de manera global se señale el bien por registrar.
Artículo 384. Objetos no susceptibles de registro. No serán susceptibles
de registro los siguientes objetos:
1. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o
acusado con sus abogados.
2. Las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o
acusado con las personas que por razón legal están excluidas del deber de
testificar.
3. Los archivos de las personas indicadas en los numerales
precedentes que contengan información confidencial relativa al indiciado,
imputado o acusado. Este apartado cobija también los documentos digitales,
videos, grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a
los fines de la restricción.
Parágrafo. Estas restricciones no son aplicables cuando el
privilegio desaparece, ya sea por su renuncia o por tratarse de personas
vinculadas como auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o
de uno conexo o que se encuentre en curso, o se trate de situaciones que
constituyan una obstrucción a la justicia.
Artículo 385. Plazo de diligenciamiento de la orden de registro y
allanamiento. La orden de registro y allanamiento deberá ser diligenciada en un
término máximo de treinta (30) días, si se trata de la indagación y de quince
(15) días, si se trata de una que tenga lugar después de la formulación de la
imputación. En el evento de mediar razones que justifiquen una demora, el juez
penal militar de control de garantías podrá, por una sola vez, prorrogarla
hasta por el mismo tiempo.
Artículo 386. Reglas particulares para el diligenciamiento de la
orden de registro y allanamiento. Durante la diligencia de registro y
allanamiento la policía judicial deberá:
1. Realizar el procedimiento entre las 6:00 a.m. y las 18:00
horas, salvo que por circunstancias particulares del caso, resulte razonable
suponer que la única manera de evitar la fuga del indiciado imputado o acusado,
la destrucción de los elementos materiales probatorios y evidencia física, sea
actuar durante la noche.
2. El registro se adelantará exclusivamente en los lugares
autorizados y, en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de
los delitos investigados, podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que
puedan encuadrarse en las situaciones de flagrancia.
3. Se garantizará la menor restricción posible de los derechos de
las personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes
incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien
circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios y
evidencia física relacionados con otro delito.
4. Se levantará un acta que resuma la diligencia en la que se hará
indicación expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o
incautados y de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo
oposición por parte de los afectados y, en el evento de existir medidas
preventivas policivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la
reacción y las consecuencias de ella.
5. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido
afectadas por el registro y allanamiento y se les solicitará que firmen si
están de acuerdo con su contenido.
En caso de existir discrepancias con lo anotado, deberán dejarse
todas las precisiones solicitadas por los interesados y, si después de esto, se
negaren a firmar, el funcionario de la policía judicial responsable del
operativo, bajo juramento, dejará expresa constancia de ello.
Artículo 387. Allanamientos especiales. Para el allanamiento y
registro de bienes inmuebles, naves, aeronaves o vehículos automotores que,
conforme con el derecho internacional y los tratados en vigor gocen de
inmunidad diplomática o consular, el juez penal militar de control de garantías
solicitará venia al respectivo agente diplomático o consular, mediante oficio
en el que se requerirá su contestación dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes y será remitido por conducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 388. Acta de la diligencia. En el acta de la diligencia
de allanamiento y registro deben identificarse y describirse todas las cosas
que hayan sido examinadas o incautadas, el lugar donde fueron encontradas y se
dejarán las constancias que soliciten las personas que en ella intervengan. Los
propietarios, poseedores o tenedores tendrán derecho a que se les expida copia
del acta, si la solicitan.
Artículo 389. Devolución de la orden y cadena de custodia.
Terminada la diligencia de registro y allanamiento, dentro del término de la
distancia, sin sobrepasar las doce (12) horas siguientes, la policía judicial
informará al fiscal los pormenores del operativo y, en caso de haber ocupado o
incautado objetos, en el mismo término le remitirá el inventario
correspondiente, pero será de aquella la custodia de los bienes incautados u
ocupados.
En caso de haber realizado capturas durante el registro y
allanamiento, concluida la diligencia, la policía judicial pondrá inmediatamente
al capturado a órdenes del fiscal, junto con el respectivo informe.
Artículo 390. Procedimiento en caso de flagrancia. En las
situaciones de flagrancia, la policía judicial podrá proceder al registro y
allanamiento del inmueble, nave o aeronave del indiciado. En caso de refugiarse
en un bien inmueble ajeno, no abierto al público, se solicitará el
consentimiento del propietario o tenedor o en su defecto se obtendrá la orden
correspondiente del juez penal militar de control de garantías, salvo que por
voces de auxilio resulte necesaria la intervención inmediata o se establezca
coacción del indiciado en contra del propietario o tenedor.
Artículo 391. Excepciones al requisito de la orden escrita del
Juez Penal Militar de Control de Garantías para proceder al registro y
allanamiento. Excepcionalmente podrá omitirse la obtención de la orden escrita
del juez penal militar de control de garantías para que la Policía Judicial
pueda adelantar un registro y allanamiento, cuando:
1. Medie consentimiento expreso del propietario o simple tenedor
del bien objeto del registro, o de quien tenga interés por ser afectado durante
el procedimiento. En esta eventualidad, no se considerará como suficiente la
mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que deberá
acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el
registro.
2. No exista una expectativa razonable de intimidad que justifique
el requisito de la orden. En esta eventualidad, se considera que no existe
dicha expectativa cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena
vista, o cuando se encuentra abandonado.
3. Se trate de situaciones de emergencia tales como incendio,
explosión, inundación u otra clase de estragos que pongan en peligro la vida o
la propiedad.
4. Se lleve a cabo un registro con ocasión de la captura del
indiciado, acusado, condenado.
Parágrafo. Se considera también aplicable la excepción a la
expectativa razonable de intimidad prevista en el numeral 2, cuando el objeto
se encuentre a plena vista merced al auxilio de medios técnicos que permitan
visualizarlo más allá del alcance normal de los sentidos.
Artículo 392. Interés para reclamar la violación de la expectativa
razonable de intimidad en relación con los registros y allanamientos.
Únicamente podrá alegar la violación del debido proceso ante el juez penal
militar de control de garantías o ante el juez de conocimiento, según sea el
caso, con el fin de la exclusión de la evidencia ilegalmente obtenida durante
el procedimiento de registro y allanamiento, quien haya sido considerado como
indiciado o sea titular de un derecho de dominio, posesión o mera tenencia del
bien objeto de la diligencia. Por excepción, se extenderá esta legitimación
cuando se trate de un visitante que en su calidad de huésped pueda acreditar,
como requisito de umbral, que tenía una expectativa razonable de intimidad al
momento de la realización del registro.
Artículo 393. Retención de correspondencia. El Fiscal General
Penal Militar solicitará al juez penal militar de control de garantías la
retención de correspondencia privada, postal, telegráfica o de mensajería
especializada o similar que reciba o remita el indiciado, cuando tenga motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este Código, para inferir que existe información útil para la investigación.
En estos casos se aplicarán analógicamente, según la naturaleza
del acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos.
Así mismo, podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copia
de los mensajes transmitidos o recibidos por el indiciado.
Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de
mensajería especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud
del indiciado o acusado o dirigidos a él.
Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones
contempladas en este artículo no podrán extenderse por un período superior a un
(1) año.
Artículo 394. Examen y devolución de la correspondencia. El Cuerpo
Técnico de Investigación Penal Militar examinará la correspondencia retenida y
si encuentra elementos materiales probatorios y evidencia física que resulten
relevantes a los fines de la investigación, en un plazo máximo de doce (12)
horas, informará de ello al fiscal.
Si se tratare de escritura en clave o en otro idioma,
inmediatamente ordenará el desciframiento por peritos en criptografía, o su
traducción.
Si por este examen se descubriere información sobre otro delito, iniciará
la indagación correspondiente o bajo custodia la enviará a quien la adelanta.
Una vez formulada la acusación, o vencido el término fijado en el
artículo anterior, la policía judicial devolverá la correspondencia retenida
que no resulte de interés para los fines de la investigación.
Lo anterior no será obstáculo para que pueda ser devuelta con
anticipación la correspondencia examinada, cuya apariencia no se hubiera
alterado, con el objeto de no suscitar la atención del indiciado.
Artículo 395. Interceptación de comunicaciones telefónicas y
similares. El fiscal Penal Militar solicitará al Juez Penal Militar de Control
de Garantías, con el único objeto buscar elementos materiales probatorios y
evidencia física, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o
similares las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que
utilicen el espectro electromagnético, cuya información tengan interés para los
fines de la actuación. En este sentido, las entidades encargadas de la
operación técnica de la respectiva interceptación tienen la obligación de
realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden.
En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que
participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del
defensor.
La orden tendrá una vigencia máxima de tres (3) meses, pero podrá
prorrogarse a solicitud del fiscal, hasta por otro tanto si, a juicio del juez
penal militar subsisten los motivos fundados que la originaron.
Artículo 396. Recuperación de información dejada al navegar por
Internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes. Cuando
el Fiscal penal militar, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este Código, pueda inferir que el indiciado o el imputado ha estado
transmitiendo información útil para la investigación que se adelanta, durante
su navegación por Internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos
equivalentes, solicitará al juez penal militar de control de garantías la
aprehensión del computador, computadores y servidores que pueda haber
utilizado, disquetes y demás medios de almacenamiento físico, para que expertos
en informática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información
que recuperen.
En estos casos serán aplicables
analógicamente, según la naturaleza de este acto, los criterios establecidos
para los registros y allanamientos.
La aprehensión de que trata este artículo se limitará
exclusivamente al tiempo necesario para la captura de la información en él
contenida. Inmediatamente se devolverán los equipos incautados.
Artículo 397. Audiencia de control de legalidad posterior. Dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes al diligenciamiento de las órdenes de
registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de
comunicaciones o recuperación de información dejada al navegar por Internet u
otros medios similares, el Fiscal penal militar comparecerá ante el juez penal
militar de control de garantías, para que realice la audiencia de revisión de
legalidad sobre lo actuado.
Durante el trámite de la audiencia sólo podrán asistir, además del
fiscal, los funcionarios de la policía judicial y los testigos o peritos que
prestaron declaraciones juradas con el fin de obtener la orden respectiva, o
que intervinieron en la diligencia.
El juez podrá, si lo estima conveniente, interrogar directamente a
los comparecientes y, después de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá
de plano sobre la validez del procedimiento.
Artículo 398. Inimpugnabilidad de la decisión. La decisión del
juez penal militar de control de garantías no será susceptible de impugnación
por ninguno de los que participaron en ella. No obstante, si la defensa se
abstuvo de intervenir, podrá en la audiencia preliminar o durante la audiencia
preparatoria solicitar la exclusión de las evidencias obtenidas.
Artículo 399. Vigilancia y seguimiento de personas. Sin perjuicio
de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento
de su deber constitucional, el Fiscal penal Militar que tuviere motivos
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en
este Código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a
conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá
disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte
de la Policía Judicial. Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado
alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a
solicitarse, si surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la vigilancia, se empleará cualquier medio que
la técnica aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar
videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan
recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar los
autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares adonde asiste
y aspectos similares, cuidando de no afectar la expectativa razonable de la
intimidad del indiciado o de terceros.
En todo caso se surtirá la autorización del juez penal militar de
control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden
por parte del Fiscal Penal Militar correspondiente.
Artículo 400. Vigilancia de cosas. El Fiscal penal militar que
dirija la investigación, que tuviere motivos razonablemente fundados, de
acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que
un inmueble, nave, aeronave o cualquier otro vehículo o mueble se usa para
almacenar, ocultar explosivos, armas, municiones, sustancias para producir
explosivos y, en general, los instrumentos de comisión de un delito o los
bienes y efectos provenientes de su ejecución, ordenará a la policía judicial
vigilar esos lugares y esas cosas, con el fin de conseguir información útil
para la investigación que se adelanta. Si en el lapso máximo de un (1) año no
se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin
perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio
idóneo, siempre y cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad del
indiciado, o de terceros.
En este último caso se aplicará lo dispuesto en el artículo
siguiente sobre la vigilancia electrónica.
En todo caso se surtirá la autorización del juez penal militar de
control de garantías para la determinación de su legalidad formal y material,
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden
por parte de la Fiscalía Penal Militar.
Artículo 401. Análisis e infiltración de organización criminal.
Cuando el Fiscal Penal Militar tuviere motivos razonablemente fundados, de
acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que
el indiciado, en la indagación o investigación que se adelanta, pertenece o
está relacionado con alguna organización criminal, ordenará a la policía
judicial la realización del análisis de aquella con el fin de conocer su
estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles
de la misma. Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una
operación, para que agente o agentes encubiertos la infiltren con el fin de
obtener información útil a la investigación que se adelanta, de conformidad con
lo establecido en el artículo siguiente.
El ejercicio y desarrollo de las actuaciones previstas en el
presente artículo se ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en
los Tratados Internacionales ratificados por Colombia.
Artículo 402. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el Fiscal
Penal Militar tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los
medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que el indiciado en
la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad
criminal, previa autorización del Fiscal General Penal Militar podrá ordenar la
utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el
éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial
podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía judicial o,
incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos
extrapenales con trascendencia jurídica. En consecuencia, dichos agentes
estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones,
ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del
indiciado y si fuere necesario, adelantar transacciones con él. Igualmente, si
el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe
información útil para los fines de la investigación, lo hará saber al fiscal
para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la
policía judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos
materiales probatorios y evidencia física hallados.
Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el
particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o
la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información
relevante y de elementos materiales probatorios y evidencia física.
Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán
utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos en el artículo anterior.
En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá
adelantar la revisión de legalidad formal y material del procedimiento ante el
juez penal militar de control de garantías dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes a la terminación de la operación encubierta, para lo cual se
aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y
allanamientos.
En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse
por un período superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante
debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido
ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio de la realización del
control de legalidad correspondiente.
Artículo 403. Entrega vigilada. El Fiscal Penal Militar que
tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios
cognoscitivos previstos en este Código, para creer que el indiciado dirige, o
de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos,
municiones, o también cuando sea informado por agente encubierto o de confianza
de la existencia de una actividad criminal continua, previa autorización del
Fiscal General Penal Militar, podrá ordenar la realización de entregas
vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, compra, alquiler o
simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos se entiende como
entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte en el territorio
nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de agentes de policía
judicial especialmente entrenados y adiestrados.
En estos eventos, está prohibido al agente encubierto sembrar la
idea de la comisión del delito en el indiciado. Así, sólo está facultado para
entregar por sí, o por interpuesta persona, o facilitar la entrega del objeto
de la transacción ilegal, a instancia o por iniciativa del indiciado.
De la misma forma, el fiscal facultará a la policía judicial para
la realización de vigilancia especial, cuando se trate de operaciones cuyo
origen provenga del exterior y en desarrollo de lo dispuesto en el capítulo
relativo a la cooperación judicial internacional.
Durante el procedimiento de entrega vigilada se utilizará, si
fuere posible, los medios técnicos idóneos que permitan establecer la
intervención del indiciado.
En todo caso, una vez concluida la entrega vigilada, los resultados
de la misma y, en especial, los elementos materiales probatorios y evidencia
física, deberán ser objeto de revisión por parte del juez penal militar de
control de garantías, lo cual cumplirá dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes con el fin de establecer su legalidad formal y material.
Artículo 404. Búsqueda selectiva en bases de datos. La policía
judicial, en desarrollo de su actividad investigativa, podrá realizar las
comparaciones de datos registradas en bases mecánicas, magnéticas u otras
similares, siempre y cuando se trate del simple cotejo de informaciones de
acceso público.
Cuando se requiera adelantar búsqueda selectiva en las bases de
datos, que implique el acceso a información confidencial, referida al indiciado
o imputado o, inclusive a la obtención de datos derivados del análisis cruzado
de las mismas, deberá mediar autorización previa del juez penal militar de
control de garantías y se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones
relativas a los registros y allanamientos.
En estos casos, la revisión de la legalidad se realizará ante el
juez penal militar de control de garantías, dentro de las treinta y seis (36)
horas siguientes a la culminación de la búsqueda selectiva de la información.
Artículo 405. Exámenes de ADN que involucren al indiciado o al
acusado. Cuando la policía judicial requiera la realización de exámenes de ADN,
en virtud de la presencia de fluidos corporales, cabellos, vello púbico, semen,
sangre u otro vestigio que permita determinar datos como la raza, el tipo de
sangre y, en especial, la huella dactilar genética, se requerirá orden expresa
del juez penal militar de control de garantías.
Si se requiere cotejo de los exámenes de ADN con la información
genética del indiciado o acusado, mediante el acceso a bancos de esperma y de
sangre, muestras de laboratorios clínicos, consultorios médicos u
odontológicos, entre otros, deberá adelantarse la revisión de legalidad, ante
el juez penal militar de control de garantías, dentro de las treinta y seis
(36) horas siguientes a la terminación del examen respectivo, con el fin de
establecer su legalidad formal y material.
Artículo 406. Inspección corporal. Cuando el Fiscal Penal Militar
tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos
previstos en este Código, para creer que, en el cuerpo del indiciado existen
elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios para la
investigación, previa autorización del juez penal militar de control de
garantías, podrá ordenar la inspección corporal de dicha persona. En esta
diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda clase de
consideraciones compatibles con la dignidad humana.
Artículo 407. Registro personal. Salvo que se trate de registro
incidental a la captura, realizado con ocasión de ella, el Fiscal Penal Militar
que tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos
previstos en este Código, para inferir que alguna persona relacionada con la
investigación que adelanta, está en posesión de elementos materiales
probatorios y evidencia física, previa autorización del juez penal militar de
control de garantías, podrá ordenar el registro de esa persona.
Para practicar este registro se designará a persona del mismo sexo
de la que habrá de registrarse, y se guardarán con ella toda clase de
consideraciones compatibles con la dignidad humana. Si se tratare del indiciado
deberá estar asistido por su defensor.
Artículo 408. Obtención de muestras que involucren al indiciado.
Cuando a juicio del Fiscal Penal Militar resulte necesario a los fines de la
investigación, y previa la realización de audiencia de revisión de legalidad
ante el juez penal militar de control de garantías en el evento de no existir
consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención
de muestras para examen grafotécnico, cotejo de fluidos corporales,
identificación de voz, impresión dental y de pisadas, de conformidad con las
reglas siguientes:
1. Para la obtención de muestras para examen grafotécnico:
a) Le pedirá al indiciado que escriba, con instrumento similar al
utilizado en el documento cuestionado, textos similares a los que se dicen
falsificados y que escriba la firma que se dice falsa. Esto lo hará siguiendo
las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;
b) Le pedirá al indiciado que en la máquina que dice se elaboró el
documento supuestamente falso o en que se alteró, o en otra similar, escriba
texto como los contenidos en los mencionados documentos. Esto lo hará siguiendo
las reglas sugeridas por los expertos del laboratorio de policía judicial;
c) Obtenidas las muestras y bajo rigurosa custodia, las trasladará
o enviará, según el caso, junto con el documento redargüido de falso, al centro
de peritaje para que hagan los exámenes correspondientes. Terminados estos, se
devolverá con el informe pericial al funcionario que los ordenó.
2. Para la obtención de muestras de fluidos corporales, cabellos,
vello púbico, pelos, voz, impresión dental y pisadas, se seguirán las reglas
previstas para los métodos de identificación técnica.
En todo caso, se requerirá siempre la presencia del defensor del
indiciado.
Artículo 409. Procedimiento en caso de lesionados. Cuando se trate
de investigaciones relacionadas con la integridad corporal o cualquier otro
delito en donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y exámenes
físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, toma de muestras de
fluidos corporales, y no hubiera peligro de menoscabo para su salud, la policía
judicial requerirá el auxilio del perito forense a fin de realizar el
reconocimiento o examen respectivos.
En todo caso, deberá obtenerse el consentimiento escrito de la
víctima o de su representante legal cuando fuere menor o incapaz y si estos no
lo prestaren, se les explicará la importancia que tiene para la investigación y
las consecuencias probables que se derivarían de la imposibilidad de
practicarlos. De perseverar en su negativa se acudirá al juez penal militar de
control de garantías quien determinará si la diligencia debe o no practicarse.
El reconocimiento o examen se realizará en un lugar adecuado,
preferiblemente en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o, en su
defecto, en un establecimiento de salud.
CAPITULO III
Métodos de identificación
Artículo 410. Métodos. Para la identificación de
personas se podrán utilizar los diferentes métodos que el estado de la ciencia
aporte, y que la criminalística establezca en sus manuales, tales como las
características morfológicas de las huellas digitales, la carta dental y el
perfil genético presente en el ADN, los cuales deberán cumplir con los
requisitos que para la apreciación de la prueba pericial se establecen en este
Código.
Igualmente coadyuvarán en esta finalidad otros exámenes de sangre
o de semen; análisis de composición de cabellos, vellos y pelos;
caracterización de voz; comparación sistemática de escritura manual con los
grafismos cuestionados en un documento, o características de redacción y estilo
utilizado en el mismo; por el patrón de conducta delincuencial registrado en
archivos de policía judicial; o por el conjunto de huellas dejadas al caminar o
correr, teniendo en cuenta la línea direccional, de los pasos y de cada pisada.
Artículo 411. Reconocimiento por medio de fotografías o vídeos.
Cuando no exista un indiciado relacionado con el delito, o existiendo no
estuviere disponible para la realización de reconocimiento en fila de personas,
o se negare a participar en él, la policía judicial, para proceder a la
respectiva identificación, podrá utilizar cualquier medio técnico disponible
que permita mostrar imágenes reales, en fotografías, imágenes digitales o
videos. Para realizar esta actuación se requiere la autorización previa del
fiscal que dirige la investigación.
Este procedimiento se realizará exhibiendo al testigo un número no
inferior a siete (7) imágenes de diferentes personas, incluida la del
indiciado, si la hubiere. En este último evento, las imágenes deberán
corresponder a personas que posean rasgos similares a los del indiciado.
En ningún momento podrá sugerirse o señalarse la imagen que deba
ser seleccionada por el testigo, ni estar presente simultáneamente varios
testigos durante el procedimiento de identificación.
Cuando se pretenda precisar la percepción del reconocedor con
respecto a los rasgos físicos de un eventual indiciado, se le exhibirá el banco
de imágenes, fotografías o videos de que disponga la policía judicial, para que
realice la identificación respectiva.
Cualquiera que fuere el resultado del reconocimiento se dejará constancia
resumida en acta a la que se anexarán las imágenes utilizadas, lo cual quedará
sometido a cadena de custodia.
Este tipo de reconocimiento no exonera al reconocedor de la
obligación de identificar en fila de personas, en caso de aprehensión o presentación
voluntaria del indiciado. En este evento se requerirá la presencia del defensor
del indiciado.
Artículo 412. Reconocimiento en fila de personas. En los casos en
que se impute la comisión de un delito a una persona cuyo nombre se ignore,
fuere común a varias o resulte necesaria la verificación de su identidad, la
policía judicial, previa autorización del fiscal que dirija la investigación,
efectuará el reconocimiento en fila de personas, de conformidad con las
siguientes reglas:
1. El reconocimiento se efectuará mediante la conformación de una
fila de personas, en número no inferior a siete (7), incluido el indiciado, al
que se le advertirá el derecho que tiene de escoger el lugar dentro de la fila.
2. No podrá estar presente en una fila de personas más que un
indiciado.
3. Las personas que formen parte de la fila deberán tener
características morfológicas similares; estar vestidas de manera semejante y
ofrecer modalidades análogas, cuando sea el caso por las circunstancias en que
lo percibió quien hace el reconocimiento.
4. La policía judicial o cualquier otro interviniente, durante el
reconocimiento, no podrá hacer señales o formular sugerencias para la
identificación.
5. Tampoco podrá el testigo
observar al indiciado, ni a los demás integrantes de la fila de personas, antes
de que se inicie el procedimiento.
6. En caso de ser positiva la identificación, deberá expresarse,
por parte del testigo, el número o posición de la persona que aparece en la
fila y, además, manifestará si lo ha visto con anterioridad o con posterioridad
a los hechos que se investigan, indicando en qué circunstancias.
7. De todo lo actuado se dejará registro mediante el empleo del
medio técnico idóneo y se elaborará un acta que lo resuma, cualquiera que fuere
su resultado.
Lo
previsto en este artículo tendrá aplicación, en lo que corresponda, a los
reconocimientos que tengan lugar después de formulada la acusación. En este
evento se requerirá la presencia del defensor del acusado. De lo actuado se
dejará constancia.
CAPITULO IV
Cadena de custodia
Artículo 413. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad
de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de
custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad,
estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío;
lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado.
Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas
que hayan estado en contacto con esos elementos.
La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran,
recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física,
y finaliza por orden de autoridad competente.
Parágrafo. El Fiscal General Penal Militar reglamentará lo relacionado
con el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de
acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos.
Artículo 414. Responsabilidad. La aplicación de la cadena de
custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto
con los elementos materiales probatorios y evidencia física.
Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento
de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios
de salud que entren en contacto con elementos materiales probatorios y
evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y entrega a
la autoridad correspondiente.
Artículo 415. Macroelementos materiales probatorios. Los objetos
de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y
otros similares, después de ser examinados por peritos, para recoger elementos
materiales probatorios y evidencia física que se hallen en ellos, se grabarán
en videocinta o se fotografiarán su totalidad y, especialmente, se registrarán
del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, microrrastros
o semejantes, marihuana, cocaína, armas, explosivos o similares que puedan ser
objeto o producto de delito. Estas fotografías y videos sustituirán al elemento
físico, serán utilizados en su lugar, durante la Corte Marcial oral y pública o
en cualquier otro momento del procedimiento; y se embalarán, rotularán y
conservarán en la forma prevista en el artículo anterior.
El Fiscal Penal Militar, en su defecto los funcionarios de policía
judicial, deberán ordenar la destrucción de los materiales explosivos en el
lugar del hallazgo, cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
Artículo 416. Inicio de la cadena de custodia. El servidor público
que, en actuación de indagación o investigación policial, hubiere embalado y
rotulado el elemento material probatorio y evidencia física, lo custodiará.
Artículo 417. Traslado de contenedor. El funcionario de policía
judicial o el servidor público que hubiere recogido, embalado y rotulado el
elemento material probatorio y evidencia física, lo trasladará al laboratorio
correspondiente, donde lo entregará en la oficina de correspondencia o la que
haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia.
Artículo 418. Traspaso de contenedor. El servidor público de la
oficina de correspondencia o la que haga sus veces, sin pérdida de tiempo, bajo
el recibo que figura en el formato de cadena de custodia, entregará el contenedor
al perito que corresponda según la especialidad.
Artículo 419. Actuación del perito. El perito que reciba el
contenedor dejará constancia del estado en que se encuentra y procederá a las
investigaciones y análisis del elemento material probatorio y evidencia física,
a la mayor brevedad posible, de modo que su informe pericial pueda ser
oportunamente remitido al fiscal correspondiente.
Artículo 420. Responsabilidad de cada custodio. Cada servidor
público de los mencionados en los artículos anteriores, será responsable de la
custodia del contenedor y del elemento material durante el tiempo que esté en
su poder, de modo que no pueda ser destruido, suplantado, alterado o
deteriorado.
Artículo 421. Remanentes. Los remanentes del elemento material
analizado, serán guardados en el almacén que en el laboratorio está destinado
para ese fin. Al almacenarlo será previamente identificado de tal forma que, en
cualquier otro momento, pueda ser recuperado para nuevas investigaciones o
análisis o para su destrucción, cuando así lo disponga la autoridad judicial
competente.
Cuando se tratare de otra clase de elementos como moneda,
documentos manuscritos, mecanografiados o de cualquier otra clase; o partes
donde constan números seriales y otras semejantes, elaborado el informe
pericial, continuarán bajo custodia.
Artículo 422. Examen previo al recibo. Toda persona que deba
recibir un elemento material probatorio y evidencia física, antes de hacerlo,
revisará el recipiente que lo contiene y dejará constancia del estado en que se
encuentre.
Artículo 423. Identificación. Toda persona que aparezca como
embalador y rotulador, o que entrega o recibe el contenedor de elemento
material probatorio y evidencia física, deberá identificarse con su nombre
completo y apellidos, el número de su cédula de ciudadanía y el cargo que
desempeña. Así constará en el formato de cadena de custodia.
Artículo 424. Certificación. La policía judicial y los peritos
certificarán la cadena de custodia.
La certificación es la afirmación de que el elemento hallado en el
lugar, fecha y hora indicados en el rótulo, es el que fue recogido por la
policía judicial y que ha llegado al laboratorio y ha sido examinado por el
perito o peritos. Además, que en todo momento ha estado custodiado.
Artículo 425. Destino de macroelementos. Salvo lo previsto en este
Código en relación con las medidas cautelares sobre bienes susceptibles de
comiso, los macroelementos materiales probatorios, mencionados en este
capítulo, después de que sean examinados, fotografiados, grabados o filmados,
serán devueltos al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso,
previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido
medios eficaces para la comisión del delito.
CAPITULO V
Facultades de la defensa en
la investigación
Artículo 426. Facultades del indiciado. Quien sea
informado o advierta que se adelanta investigación en su contra, podrá
asesorarse de abogado. Aquel o este, podrán buscar, identificar empíricamente,
recoger y embalar los elementos materiales probatorios, y hacerlos examinar por
peritos particulares a su costa, o solicitar a la policía judicial que lo haga.
Tales elementos, el informe sobre ellos y las entrevistas que hayan realizado
con el fin de descubrir información útil, podrá utilizarlos en su defensa ante
las autoridades judiciales.
Igualmente, podrá solicitar al juez penal
militar de control de garantías que lo ejerza sobre las actuaciones que
considere hayan afectado o afecten sus derechos fundamentales.
Artículo 427. Contenido de la solicitud. La solicitud deberá
contener en forma separada, con claridad y precisión, las preguntas que en
relación con el elemento material probatorio y evidencia física entregada, se
requiere que responda el perito o peritos, previa la investigación y análisis
que corresponda.
Artículo 428. Actuación del perito. Recibida la solicitud y los
elementos mencionados en los artículos anteriores, el perito los examinará. Si
encontrare que el contenedor tiene señales de haber sido o intentado ser
abierto, o que la solicitud no reúne las mencionadas condiciones lo devolverá
al solicitante. Lo mismo hará en caso de que encontrare alterado el elemento
por examinar. Si todo lo hallare aceptable, procederá a la investigación y
análisis que corresponda y a la elaboración del informe pericial.
El informe pericial se entregará bajo recibo al solicitante y se
conservará un ejemplar de aquel y de este en el Instituto.
Artículo 429. Facultad de entrevistar. El indiciado o su defensor
podrán entrevistar a personas con el fin de encontrar información útil para la
defensa. En esta entrevista se emplearán las técnicas aconsejadas por la
criminalística.
La entrevista se podrá recoger y conservar por escrito, en
grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio técnico idóneo.
Artículo 430. Obtención de declaración jurada. El indicia do o su
defensor podrán solicitar a un alcalde municipal, inspector de policía o
notario público, que le reciba declaración jurada a la persona, cuya exposición
pueda resultar de especial utilidad para la investigación. Esta podrá recogerse
por escrito, grabación magnetofónica, en video o en cualquier otro medio
técnico idóneo.
Artículo 431. Criterios de valoración. La valoración de los
elementos materiales probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta
su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de
aceptación científica, técnica o artística de los principios en que se funda el
informe.
Artículo 432. Solicitud de prueba anticipada. El indiciado o su
defensor podrán solicitar al juez penal militar de control de garantías, la
práctica anticipada de cualquier medio de prueba, en casos de extrema necesidad
y urgencia, para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Se efectuará
una audiencia, previa citación al Fiscal Penal Militar correspondiente para
garantizar el contradictorio.
Se aplicarán las mismas reglas previstas para la práctica de la
prueba anticipada y cadena de custodia.
T I T U L O IX
MEDIOS COGNOSCITIVOS EN LA
INDAGACION
E INVESTIGACION
CAPITULO UNICO
Elementos materiales
probatorios, evidencia física
e información
Artículo 433. Elementos materiales probatorios y
evidencia física. Para efectos de este Código se entiende por elementos
materiales probatorios y evidencia física, los siguientes:
a) Huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares,
dejados por la ejecución de la actividad delictiva;
b) Armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado
para la ejecución de la actividad delictiva;
c) Dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de
la actividad delictiva;
d) Los elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados
en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento,
inspección corporal y registro personal;
e) Los documentos de toda índole hallados en diligencia
investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien
los tenía en su poder o que han sido abandonados allí;
f) Los elementos materiales obtenidos mediante grabación,
filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como
cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público;
g) El mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos,
Internet, correo electrónico, telegrama, radiogramas, poligramas, señales,
télex, telefax o similar, regulados por la Ley;
h) Los demás elementos materiales similares a los anteriores y que
son descubiertos, recogidos y custodiados por el Director de la Fiscalía Penal
Militar, o por el Fiscal Penal Militar directamente, o por conducto de
servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente.
Artículo 434. Legalidad. La legalidad del elemento material
probatorio y evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se
recoge o se obtiene, se haya observado lo prescrito en la Constitución
Política, en los Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en
Colombia y en las leyes.
Artículo 435. Autenticidad. Los elementos materiales probatorios y
la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados,
recogidos y embalados técnicamente, y sometidos a las reglas de cadena de
custodia.
La demostración de la autenticidad de los elementos materiales
probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a
cargo de la parte que los presente.
Artículo 436. Identificación técnico-científica. La identificación
técnico científica consiste en la determinación de la naturaleza y
características del elemento material probatorio y evidencia física, hecha por
expertos en ciencia, técnica o arte. Dicha determinación se expondrá en el
informe pericial.
Artículo 437. Elemento material probatorio y evidencia física
recogidos por agente encubierto o por agente infiltrado. El elemento material
probatorio y evidencia física, recogidos por agente encubierto o agente
infiltrado, en desarrollo de operación legalmente programada, sólo podrá ser
utilizado como fuente de actividad investigativa. Pero establecida su
autenticidad y sometido a cadena de custodia, tiene el valor de cualquier otro
elemento material probatorio y evidencia física.
Artículo 438. Elemento material probatorio y evidencia física
recogidos en desarrollo de entrega vigilada. El elemento material probatorio y
evidencia física, recogidos por servidor público judicial colombiano, en
desarrollo de la técnica de entrega vigilada, debidamente programada, sólo
podrá ser utilizado como fuente de actividad investigativa. Pero establecida su
autenticidad y sometido a cadena de custodia, tiene el valor de cualquier otro
elemento material probatorio y evidencia física.
Artículo 439. Elemento material probatorio y evidencia física
remitidos del extranjero. El elemento material probatorio y evidencia física
remitidos por autoridad extranjera, en desarrollo de petición de autoridad
penal colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de cooperación
judicial penal recíproca, será sometido a cadena de custodia y tendrá el mismo
valor que se le otorga a cualquier otro elemento material probatorio y
evidencia física.
Artículo 440. Interrogatorio a indiciado. El fiscal o el servidor
de policía judicial, según el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con
los medios cognoscitivos previstos en este Código, para inferir que una persona
es autora o partícipe de la conducta que se investiga, sin hacerle imputación
alguna, le dará a conocer que tiene derecho a guardar silencio y que no está
obligado a declarar contra sí mismo ni en contra de su cónyuge, compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus derechos y manifiesta
su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un abogado.
Artículo 441. Aceptación por el indiciado. La aceptación por el
indiciado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber
participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva
que se investiga.
Artículo 442. Prueba anticipada. Durante la investigación y hasta
antes de la instalación de la audiencia de Corte Marcial se podrá practicar
anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
1. Que sea practicada ante el juez penal
militar de control de garantías.
2. Que sea solicitada por el Fiscal Penal Militar, por la defensa
o por el Ministerio Público en los casos que ejerza funciones de policía
judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 112 de la Ley 906 de
2004.
3. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para
evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.
4. Que se practique en audiencia pública y con observancia de las
reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio.
Parágrafo 1°. Si la prueba anticipada es solicitada a partir de la
presentación del escrito de acusación, el peticionario deberá informar de esta
circunstancia al juez de conocimiento.
Parágrafo 2°. Contra la decisión de practicar la prueba anticipada
proceden los recursos ordinarios. Si se negare, la parte interesada podrá de
inmediato y por una sola vez, acudir ante otro juez penal militar de control de
garantías para que este en el acto reconsidere la medida. Su decisión no será
objeto de recurso.
Parágrafo 3°. En el evento en que la circunstancia que motivó la
práctica de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio
oral, no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición
de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral.
Artículo 443. Conservación de la prueba anticipada. Toda prueba
anticipada deberá conservarse de acuerdo con medidas dispuestas por el juez
penal militar de control de garantías.
T I T U L O X
FORMULACION DE IMPUTACION
CAPITULO UNICO
Disposiciones generales
Artículo 444. Concepto. La formulación de la
imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General Penal Militar
comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo
ante el juez penal militar de control de garantías.
Artículo 445. Situaciones que determinan la formulación de la
imputación. El fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos
materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente
obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe
del delito que se investiga. De ser procedente, en los términos de este Código,
el fiscal podrá solicitar ante el juez penal militar de control de garantías la
imposición de la medida de aseguramiento que corresponda.
Artículo 446. Contenido. Para la formulación de la imputación, el
fiscal deberá expresar oralmente:
1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre,
los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.
2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente
relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de
los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en
poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la
imposición de medida de aseguramiento.
3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a
obtener rebaja de pena de conformidad con el 496 de este Código.
Artículo 447. Formalidades. La formulación de la imputación se
cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a
falta de este, el que fuere designado por la Defensoría Técnica Militar.
Artículo 448. Derecho de defensa. Con la formulación de la
imputación la defensa podrá preparar de modo eficaz su actividad procesal, sin
que ello implique la solicitud de práctica de pruebas, salvo las excepciones
reconocidas en este Código.
Artículo 449. Contumacia. Si el indiciado, habiendo sido citado en
los términos ordenados por este Código, sin causa justificada así sea
sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor
que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a
la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a
designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por la
Defensoría Técnica Militar, en cuya presencia se formulará la imputación. En
este evento, el defensor designado podrá solicitar al juez un receso con el fin
de preparar la defensa. El funcionario judicial determinará su procedencia y
tiempo para llevarla a cabo acudiendo a criterios de razonabilidad.
Artículo 450. Interrupción de la prescripción. La prescripción de
la acción penal se interrumpe con la formulación de la imputación.
Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará
a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo
86 del Código Penal. En este evento el término no podrá ser inferior a cinco
(5) años, ni superior a diez años. Para el delito de Deserción la acción penal
será de un (1) año.
Artículo 451. Procedimiento en caso de aceptación de la
imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía
acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación.
Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar
que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir
de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y
convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia.
Artículo 452. Vencimiento del término. Vencido el término previsto
en el artículo 341 338 el Fiscal Penal Militar deberá solicitar la
preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo,
perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a
su respectivo superior.
En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá
adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días,
contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si
la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad
inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al
juez de conocimiento.
El vencimiento de los términos señalados será causal de mala
conducta. El superior dará aviso inmediato a la autoridad penal y disciplinaria
competente.
T I T U L O XI
REGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU
RESTRICCION
CAPITULO I
Disposiciones comunes
Artículo 453. Afirmación de la libertad. Las
disposiciones de este Código que autorizan preventivamente la privación o
restricción de la libertad del indiciado tienen carácter excepcional y su
aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los
contenidos constitucionales.
Artículo 454. Finalidad de la restricción de la libertad. La
libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea
necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, o para asegurar la
comparecencia del indiciado o acusado al proceso, la protección de la comunidad
y de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena privativa de la libertad.
CAPITULO II
Captura
Artículo 455. Requisitos generales. Para la captura se
requerirá orden escrita proferida por un juez penal militar de control de
garantías con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la
ley.
El fiscal que dirija la investigación solicitará la orden al juez
correspondiente, acompañado de la policía judicial que presentará los elementos
materiales probatorios, evidencia física o la información pertinente, en la
cual se fundamentará la medida. El juez penal militar de control de garantías
podrá interrogar directamente a los testigos, peritos y funcionarios de la
policía judicial y, luego de escuchar los argumentos del fiscal, decidirá de
plano.
Capturada la persona será puesta a disposición de un juez penal
militar de control de garantías en el plazo máximo de treinta y seis (36) horas
para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene la cancelación de
la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido.
Artículo 456. Contenido y vigencia. El mandamiento escrito
expedido por el juez correspondiente indicará de forma clara y sucinta los
motivos de la captura, el nombre y los datos que permitan individualizar al
indiciado, cuya captura se ordena, el número de radicación de la investigación
adelantada por la policía judicial y el fiscal que dirige la investigación.
Copia de la orden de captura reposará en el despacho del juez que la ordenó.
La orden de captura tendrá una vigencia máxima de seis (6) meses,
pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte necesario, a petición del
fiscal correspondiente, quien estará obligado a comunicar la prórroga al
organismo de policía judicial encargado de hacerla efectiva.
Parágrafo. La persona capturada durante la etapa de juzgamiento
será puesta a disposición de un juez penal militar de control de garantías en
el plazo máximo de treinta y seis (36) horas para que efectúe la audiencia de
control de legalidad, ordene la cancelación de la orden de captura y disponga
lo pertinente con relación al aprehendido.
Artículo 457. Trámite de la orden de
captura. Proferida la orden de captura, el funcionario judicial la enviará
inmediatamente a la Fiscalía Penal Militar para que disponga el organismo de
policía judicial encargado de realizar la aprehensión física, y se registre en
el sistema de información que se lleve para el efecto. De igual forma deberá
comunicarse cuando por cualquier motivo pierda su vigencia, para descargarla de
los archivos de cada organismo, indicando el motivo de tal determinación.
Artículo 458. Captura sin orden judicial. Sólo en los casos de
flagrancia podrá la Fiscalía Penal Militar capturar a los miembros de la Fuerza
Pública.
Artículo 459. Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando:
1. La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer
el delito.
2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de
cometer el delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces
de auxilio de quien presencie el hecho.
3. La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos
o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido
un delito o participado en él.
Artículo 460. Procedimiento en caso de flagrancia. Cualquier
persona podrá capturar al miembro de la Fuerza Pública que sea sorprendido en
flagrancia.
Cuando sea una autoridad la que realice la captura deberá conducir
al aprehendido inmediatamente o a más tardar en el término de la distancia,
ante la Fiscalía Penal Militar.
Cuando sea un particular quien realiza la aprehensión deberá
conducir al aprehendido en el término de la distancia ante cualquier autoridad
militar o de policía. Esta identificará al aprehendido, recibirá un informe
detallado de las circunstancias en que se produjo la captura, y pondrá al
capturado dentro del mismo plazo a disposición de la Fiscalía Penal Militar.
Si de la información suministrada o recogida aparece que el
supuesto delito no comporta detención preventiva, el aprehendido o capturado
será liberado por la Fiscalía, imponiéndosele bajo palabra un compromiso de
comparecencia cuando sea necesario. De la misma forma se procederá si la
captura fuere ilegal.
La Fiscalía Penal Militar, con fundamento en el informe recibido
de la autoridad militar, policiva o del particular que realizó la aprehensión,
o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física
aportados, presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de
las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez penal militar de control
de garantías para que este se pronuncie en audiencia preliminar sobre la
legalidad de la aprehensión y las solicitudes de la Fiscalía, de la defensa y
del Ministerio Público.
Artículo 461. Derechos del capturado. Al capturado se le informará
de manera inmediata lo siguiente:
1. Del hecho que se le atribuye y motivó su captura y el
funcionario que la ordenó.
2. Del derecho a indicar la persona a quien se deba comunicar su
aprehensión.
El funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá
a comunicar sobre la retención a la persona que este indique.
3. Del derecho que tiene a guardar silencio, que las
manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligado
a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.
4. Del derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un
abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el
sistema de defensoría penal militar proveerá su defensa.
Artículo 462. Formalización de la reclusión. Cuando el capturado
deba ser recluido el funcionario judicial a cuyas órdenes se encuentre lo
remitirá inmediatamente a la autoridad del establecimiento de reclusión
pertinente, para que se le mantenga privado de la libertad. La remisión
expresará el motivo y la fecha de la captura.
En caso de que el capturado haya sido conducido a un
establecimiento carcelario sin la orden correspondiente, el director la
solicitará al funcionario que ordenó su captura. Si transcurridas treinta y
seis (36) horas desde el ingreso del aprehendido no se ha satisfecho este
requisito, será puesto inmediatamente en libertad.
Artículo 463. Registro de personas capturadas
y detenidas. Los organismos con atribuciones de policía judicial, llevarán un
registro actualizado de las capturas de todo tipo que realicen, con los
siguientes datos: identificación del capturado, lugar, fecha y hora en la que
se llevó a cabo su captura, razones que la motivaron, funcionario que realizó o
formalizó la captura y la autoridad ante la cual fue puesto a disposición.
Para tal efecto, cada entidad deberá remitir el registro previsto
en el inciso anterior a la Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar y
Fiscalía Penal Militar, para que la dependencia a su cargo consolide y
actualice dicho registro con la información sobre las capturas realizadas por
cada organismo.
CAPITULO III
Medidas de aseguramiento
Artículo 464. Solicitud de imposición de
medida de aseguramiento. El fiscal solicitará al juez penal militar de control
de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito,
los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su
urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo la controversia
pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y
defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la
respectiva audiencia.
Artículo 465. Medidas de aseguramiento. Son medidas de
aseguramiento:
a. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión militar o
policial.
b. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia
electrónica.
2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o
institución determinada.
3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea
requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.
4. La obligación de observar buena conducta individual, militar o
policial, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con
el hecho.
5. La prohibición de salir del país o del ámbito territorial que
fije el juez.
6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.
7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con
las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.
8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio
imputado o acusado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores,
constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más
personas idóneas.
El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de
aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las
precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una
persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria.
Artículo 466. Requisitos. El juez penal militar de control de
garantías, a petición del Fiscal Penal Militar, decretará la medida de
aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física
recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda
inferir razonablemente que el indiciado o acusado puede ser autor o partícipe
de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de
los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para
evitar que el imputado o acusado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado o acusado constituye un peligro para la
seguridad de la sociedad, de la víctima o de la fuerza pública.
3. Que resulte probable que el imputado o acusado no comparecerá
al proceso o que no cumplirá la sentencia.
Artículo 467. Procedencia de la detención preventiva. Satisfechos
los requisitos señalados en el artículo anterior, procederá la detención
preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de delitos que atenten contra la disciplina, el
servicio, cualquiera sea la sanción privativa de la libertad.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la
pena prevista por la ley sea o exceda de dos (2) años.
3. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito
doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.
Artículo 468. Medidas de aseguramiento no privativas de la
libertad. Cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de
la libertad, o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada
en la ley no exceda de dos (2) años, satisfechos los requisitos sustanciales y
de necesidad de la medida, se podrá imponer una o varias de las medidas
señaladas, siempre y cuando sean razonables y proporcionadas para el
cumplimiento de las finalidades previstas.
Artículo 469. Incumplimiento. Si el imputado o acusado incumpliere
alguna de las obligaciones impuestas, inherentes a la medida de aseguramiento
no privativa de la libertad a que estuviere sometido, a petición de la fiscalía
penal militar o del Ministerio Público, el juez penal militar de control de
garantías podrá ordenar su reclusión en establecimiento carcelario.
Artículo 470. Causales de libertad. Las medidas de aseguramiento
indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la
actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato,
garantizada mediante caución, y solo procederá en los siguientes eventos:
1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación
anticipada que para este efecto se haga, o se haya absuelto al acusado.
2. Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido
aceptado por el juez de conocimiento.
3. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la
fecha de privación de libertad no se hubiere presentado el escrito de
acusación.
4. Cuando transcurridos sesenta (60) días contados a partir de la
fecha de la formulación de la acusación, no se haya dado inicio a la audiencia
de juzgamiento.
Artículo 471. Solicitud de revocatoria. Cualquiera de las partes
podrá solicitar la revocatoria o la sustitución de la medida de aseguramiento
ante el juez penal militar de control de garantías que corresponda, presentando
los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenidos que
permitan inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos previstos
en este Código.
Artículo 472. De la caución. Fijada por el juez una caución, el
obligado con la misma, si carece de recursos suficientes para prestarla, deberá
demostrar suficientemente esa incapacidad así como la cuantía que podría
atender dentro del plazo que se le señale.
En el evento en que se demuestre la incapacidad del imputado para
prestar caución prendaria, esta podrá ser sustituida por cualquiera de las
medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, previstas en este
Código, de acuerdo con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y
necesidad.
Esta decisión no admite recurso.
Artículo 473. Informe sobre medidas de aseguramiento. El juez que
profiera, modifique o revoque una medida de aseguramiento deberá informarlo a
los organismos de seguridad del Estado, Comando de Fuerza o Dirección General
de la Policía Nacional, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a
la decisión.
T I T U L O XII
DE LA PRECLUSION
CAPITULO UNICO
Artículo 474. Preclusión. En cualquier momento, el Fiscal Penal
Militar solicitará al juez penal militar de conocimiento, la preclusión, si no
existiere mérito para acusar.
Artículo 475. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los
siguientes casos:
1. Imposibilidad de iniciar o continuar el
ejercicio de la acción penal.
2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de
acuerdo con el Código Penal Militar.
3. Inexistencia del hecho investigado.
4. Atipicidad del hecho investigado.
5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.
6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo
del artículo 452 de este Código.
Parágrafo. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales
contempladas en los numerales 1 y 3, el Fiscal Penal Militar, el Ministerio
Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión.
Artículo 476. Trámite. Previa solicitud del Fiscal Penal Militar,
el juez citará a audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, en la que
se estudiará la petición de preclusión.
Instalada la audiencia, se concederá el uso de la palabra al
fiscal para que exponga su solicitud con indicación de los elementos materiales
probatorios y evidencia física que sustentaron la imputación, y fundamentación
de la causal incoada.
Acto seguido se conferirá el uso de la palabra a la víctima, al
agente del Ministerio Público y al defensor del imputado, en el evento en que
quisieren oponerse a la petición del fiscal.
En ningún caso habrá lugar a solicitud ni práctica de pruebas.
Agotado el debate el juez podrá decretar un receso hasta por una
(1) hora para preparar la decisión que motivará oralmente.
Artículo 477. Efectos de la decisión de preclusión. En firme la
sentencia que decreta la preclusión, cesará con efectos de cosa juzgada la
persecución penal en contra del imputado por esos hechos. Igualmente, se
revocarán todas las medidas cautelares que se le hayan impuesto.
Artículo 478. Rechazo de la solicitud de preclusión. En firme el
auto que rechaza la preclusión las diligencias volverán a la Fiscalía,
restituyéndose el término que duró el trámite de la preclusión.
El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para
conocer del juicio.
T I T U L O XIII
EL JUICIO
CAPITULO I
De la acusación
Requisitos formales
Artículo 479. Presentación de la acusación. El Fiscal
Penal Militar presentará el escrito de acusación ante el juez competente para
adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia
física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de
verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o
partícipe.
Artículo 480. Contenido de la acusación y documentos anexos. El
escrito de acusación deberá contener:
1. La individualización concreta de quiénes son acusados,
incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de
citaciones.
2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente
relevantes, en un lenguaje comprensible.
3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su
defecto, del que le designe la Defensoría Técnica Militar.
4. La relación de los bienes y recursos
afectados con fines de comiso.
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se
presentará documento anexo que deberá contener:
a) Los hechos que no requieren prueba.
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran
aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo.
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o
peritos cuya declaración se solicite en el juicio.
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse,
junto con los respectivos testigos de acreditación.
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando
su nombre, dirección y datos personales.
f) Los demás elementos favorables al acusado
en poder de la Fiscalía.
g) Las declaraciones o deposiciones.
La Fiscalía Penal Militar solamente entregará
copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y
a las víctimas.
CAPITULO II
Audiencia de formulación de
acusación
Artículo 481. Citación. Dentro de los tres (3) días
siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez penal militar señalará
fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de
acusación, la cual no podrá celebrarse antes de treinta (30) días ni después de
sesenta (60). A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto
público idóneo.
Artículo 482. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará
el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a
la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las
causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las
hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los
requisitos establecidos en el artículo  480, para que el Fiscal Penal Militar
lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
Resuelto lo anterior concederá la palabra al Fiscal Penal Militar
para que formule la correspondiente acusación.
El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su
validez la presencia del Fiscal Penal Militar, del abogado defensor y del
acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a
su traslado.
También podrá concurrir el acusado no privado de la libertad y los
demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez.
Artículo 483. La víctima. En esta audiencia se determinará la
calidad de víctima, de conformidad con el artículo 294 de este Código. Se
reconocerá su representación legal en caso de que se constituya. De existir un
número plural de víctimas, el juez podrá determinar igual número de
representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del
juicio oral.
Artículo 484. Trámite de impedimentos, recusaciones e impugnación
de competencia. De los impedimentos, recusaciones, o impugnaciones de
competencia conocerá el Tribunal Superior Militar, quien deberá resolver de
plano lo pertinente dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de lo
actuado.
En el evento de prosperar el impedimento, la recusación o la
impugnación de competencia, designará el reemplazo del funcionario y le
remitirá la actuación para que siga conociendo. Esta decisión no admite recurso
alguno.
Artículo 485. Medidas de protección. Una vez formulada la
acusación el juez podrá, a solicitud de la Fiscalía Penal Militar, cuando se
considere necesario para la protección integral de las víctimas o testigos,
ordenar:
1. Que se fije como domicilio para los efectos de las citaciones y
notificaciones, la sede de la Fiscalía, quien las hará llegar reservadamente al
destinatario.
2. Que se adopten las medidas necesarias tendientes a ofrecer
eficaz protección a víctimas y testigos para conjurar posibles reacciones
contra ellos o su familia, originadas en el cumplimiento de su deber
testifical.
Artículo 486. Fecha de la audiencia preparatoria. Antes de
finalizar la audiencia de formulación de acusación el juez tomará las
siguientes decisiones:
1. Incorporará las correcciones a la acusación leída.
2. Suspenderá condicionalmente el procedimiento, cuando
corresponda.
3. Aprobará o improbará los acuerdos a que
hayan llegado las partes.
Concluida la audiencia de formulación de acusación, el juez fijará
fecha, hora y sala para la celebración de la audiencia preparatoria, la cual
deberá realizarse en un término no inferior a quince (15) días ni superior a
los treinta (30) días siguientes a su señalamiento. A falta de sala, el juez
podrá habilitar cualquier otro recinto público o privado para el efecto.
CAPITULO III
Descubrimiento de los
elementos materiales probatorios
y evidencia física
Artículo 487. Inicio del descubrimiento. Dentro de la
audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el
descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez
de conocimiento que ordene a la Fiscalía Penal Militar, o a quien corresponda,
el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia
física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente,
descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de
tres (3) días para su cumplimiento.
La Fiscalía Penal Militar, a su vez, podrá pedir al juez que
ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción,
de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer
valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la
inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía Penal
Militar los exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.
El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo
posible durante la audiencia de formulación de acusación.
Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra
un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que
debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las
partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y
la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe
excluirse esa prueba.
Artículo 488. Restricciones al descubrimiento de prueba. Las
partes no podrán ser obligadas a descubrir:
1. Información sobre la cual alguna norma disponga su secreto,
como las conversaciones del imputado con su abogado, entre otras.
2. Información sobre hechos ajenos a la acusación, y, en
particular, información relativa a hechos que por disposición legal o
constitucional no pueden ser objeto de prueba.
3. Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de
la Fiscalía Penal Militar o de la defensa y que formen parte de su trabajo
preparatorio del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una
entrevista o se realizó una deposición.
4. Información cuyo descubrimiento genere un perjuicio notable
para investigaciones en curso o posteriores.
5. Información cuyo descubrimiento afecte la seguridad del Estado.
Parágrafo. En los casos contemplados en los numerales 4 y 5 del
presente artículo, se procederá como se indica en el inciso 2° artículo 524
relativo a la obligación de rendir testimonio, pero a las partes se les
impondrá reserva sobre lo escuchado y discutido.
Artículo 489. Sanciones por el incumplimiento del deber de
revelación de información durante el procedimiento de descubrimiento. Los
elementos probatorios y evidencia física que en los términos de los artículos
anteriores deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden
específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse en prueba
del mismo, ni practicarse durante el juicio. El juez estará obligado a
rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido por
causas no imputables a la parte afectada.
Artículo 490. Procedimiento para exposiciones. Cualquiera de las
partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de
cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su
credibilidad.
La Fiscalía Penal Militar podrá tomar exposiciones de los
potenciales testigos que hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo
valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del Fiscal Penal Militar que
adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio
oral.
Las afirmaciones hechas en las exposiciones, para hacerse valer en
el juicio como impugnación, deben ser leídas durante el contrainterrogatorio.
No obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como una prueba
por no haber sido practicada con sujeción al contrainterrogatorio de las
partes.
T I T U L O XIV
PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES
ENTRE LA FISCALIA
PENAL MILITAR Y EL ACUSADO
CAPITULO UNICO
Artículo 491. Finalidades. Con el fin de humanizar la actuación
procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de
los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral
de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del
imputado en la definición de su caso, la Fiscalía Penal Militar y el acusado
podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso.
Artículo 492. Preacuerdos posteriores a la presentación del
escrito de acusación. Presentado el escrito de acusación y hasta el inicio de
la audiencia de acusación, el Fiscal Penal Militar y el acusado podrán realizar
preacuerdos en los siguientes términos:
El fiscal y el acusado, a través de su defensor, podrán adelantar
conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el acusado se declarará
culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de
que el fiscal:
1. Retire de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o
algún cargo específico.
2. Readecue la tipificación de la conducta, dentro de su alegación
conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.
Artículo 493. Modalidades. La aceptación de los cargos
determinados en el escrito de acusación, comporta una rebaja hasta de la mitad
de la pena imponible, acuerdo que se presentará en la audiencia de formulación
de acusación.
En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos
cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los
consignados en el escrito de acusación, los preacuerdos deben referirse a esta
nueva y posible imputación.
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al
juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías
fundamentales.
Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la
audiencia para dictar la sentencia correspondiente.
Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los
preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima.
En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes.
Parágrafo. Cuando el acusado, previo acuerdo con la fiscalía
colabore eficazmente para evitar que continúe el delito o se realicen otros, o
aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia
organizada, tendrá derecho a una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer.
El mismo beneficio será concedido cuando el imputado sirva como
testigo principal de cargo contra los demás intervinientes.
Artículo 494. Aceptación total o parcial de los cargos. El acusado
podrá aceptar parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de
punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo aceptado.
Artículo 495. Preacuerdos posteriores a la audiencia de acusación.
Posterior a la audiencia de acusación y hasta el momento en que sea interrogado
el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad,
el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en
el artículo anterior.
Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la
pena imponible se reducirá hasta en una tercera parte.
Artículo 496. Reglas comunes. Son inexistentes
los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. Prevalecerá lo que
decida el acusado en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual quedará
constancia.
Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la
sentencia, se citará a audiencia para su proferimiento en la cual brevemente la
Fiscalía y el acusado podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente,
de acuerdo con lo regulado en este Código.
T I T U L O XV
AUDIENCIA PREPARATORIA A LA
CORTE MARCIAL
CAPITULO I
Trámite
Artículo 497. Instalación de la audiencia. El juez penal militar
declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el
acusado, el Ministerio Público y la representación de las víctimas, si la
hubiere.
Para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia
del juez, fiscal y defensor.
Artículo 498. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En
desarrollo de la audiencia el juez dispondrá:
1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al
procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios.
2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y
evidencia física.
3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las
pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.
4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer
estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de
(1) una hora, al cabo del cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y
la defensa se manifiesten al respecto.
5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el
primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera
parte la pena a imponer, conforme a lo previsto en el artículo 493. En el
segundo caso se continuará con el trámite ordinario.
Parágrafo. Se entienden por estipulaciones probatorias los
acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados
alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias.
Artículo 499. Solicitudes probatorias. Durante la audiencia el
juez penal militar dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que
soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión.
El juez decretará la práctica de pruebas solicitadas cuando ellas
se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo, con
las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este Código.
Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios
lícitos que libremente decidan para que sean aducidos al proceso.
Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las
partes, si el juez penal militar considera que se hace necesaria la práctica de
otras pruebas no pedidas por estas que pudieren tener esencial influencia para
el resultado del juicio, ordenará su práctica.
Si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de
una prueba no pedida por las partes y que pudiere incidir en los resultados del
juicio, solicitará su práctica ante el juez penal militar.
Artículo 500. Exhibición de los elementos materiales de prueba. A
solicitud de las partes, los elementos materiales probatorios y evidencia
física podrán ser exhibidos durante la audiencia con el único fin de ser
reconocidos y estudiados.
Artículo 501. Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios
de prueba. Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez penal
militar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de
conformidad con las reglas establecidas en este Código, resulten inadmisibles,
impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o
que por otro motivo no requieran prueba.
Igualmente inadmitirá los medios de prueba que se refieran a las
conversaciones que hayan tenido la Fiscalía Penal Militar con el imputado,
acusado o su defensor en desarrollo de manifestaciones preacordadas o
suspensiones condicionales a menos que el imputado, acusado o su defensor
consientan en ello.
Cuando el juez penal militar excluya, rechace o inadmita una
prueba, deberá motivar oralmente su decisión y contra esta procederán los
recursos ordinarios.
Artículo 502. Prueba ilegal. El juez penal militar excluirá la
práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han
practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales
previstos en este Código.
Artículo 503. Decisión sobre el orden de la presentación de la
prueba. El juez decidirá el orden en que debe presentarse la prueba. En todo
caso, la prueba de la Fiscalía tendrá lugar antes que la de la defensa, sin
perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación en cuyos
caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego las de la Fiscalía.
CAPITULO II
Conclusión de la audiencia
preparatoria
Artículo 504. Suspensión. La audiencia preparatoria de
Corte Marcial, además de lo previsto en este Código, según proceda, solamente
podrá suspenderse:
1. Por el trámite de la apelación de las decisiones relativas a
las pruebas, la audiencia se suspenderá hasta tanto el superior jerárquico
profiera la decisión.
2. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditadas, siempre que no puedan remediarse sin suspender la audiencia.
Artículo 505. Reanudación de la audiencia. El juez penal militar
señalará día, hora y lugar para la reanudación de la audiencia suspendida en
los casos del artículo anterior.
El juez podrá decretar recesos, máximo por tres (3) horas, cuando
sean indispensables para el buen entendimiento de la audiencia.
Artículo 506. Fijación de la fecha de inicio del juicio oral.
Concluida la audiencia preparatoria, el juez fijará fecha y hora y lugar para
el inicio de la Corte Marcial que deberá realizarse dentro de los treinta (30)
días siguientes a la audiencia preparatoria.
T I T U L O XVI
JUICIO CORTE MARCIAL
CAPITULO I
Instalación
Artículo 507. Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en
la audiencia preparatoria, el juez penal militar instalará La Corte Marcial,
previa designación del secretario quien verificará la presencia de las partes.
Durante el transcurso del juicio, el juez hará guardar el orden, velará porque
las personas mantengan silencio, si no tienen la palabra, y porque observen el
decoro y respeto que amerita la actuación judicial. Igualmente, resolverá la
procedencia e improcedencia de las interpelaciones que se hagan en el
desarrollo de la Corte y concederá turnos breves para las intervenciones de las
partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez podrá
ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la
audiencia.
Artículo 508. Alegación inicial. Una vez instalada la Corte
Marcial, el juez penal militar advertirá al acusado, si está presente, que le
asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el
uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara
inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para
alguno de los cargos y de inocencia para los otros.
De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta
parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados.
Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de
inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona
ausente. Si el acusado se declara inocente se procederá a la presentación del
caso.
Artículo 509. Condiciones de validez. De reconocer el acusado su
culpabilidad, el juez penal militar deberá verificar que actúa de manera libre,
voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y
asesorado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si
su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía
Penal Militar.
De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de
garantías fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el
procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad.
Artículo 510. Manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se
hubieren realizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la
defensa y la acusación en los términos previstos en este Código, la Fiscalía
Penal Militar deberá indicar al juez los términos de la misma, expresando la
pretensión punitiva que tuviere.
Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en
la sentencia. Si la rechazare, adelantará el juicio como si hubiese habido una
manifestación inicial de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será
objeto de prueba en el juicio el contenido de las conversaciones entre el
fiscal y el defensor, tendientes a las manifestaciones preacordadas. Esta
información tampoco podrá ser utilizada en ningún tipo de proceso judicial en
contra del acusado.
Artículo 511. Decisión del juez penal militar. Si el juez aceptare
las manifestaciones preacordadas, no podrá imponer una pena superior a la que
le ha solicitado la Fiscalía y dará aplicación a lo dispuesto en el artículo
588 de este Código.
CAPITULO II
Presentación del caso
Artículo 512. Declaración inicial. Antes de proceder a
la presentación y práctica de las pruebas, la Fiscalía Penal Militar deberá
presentar la teoría del caso. La defensa, si lo desea, podrá hacer lo propio.
Al proceder a la práctica de las pruebas se observará el orden
señalado en audiencia preparatoria y las reglas previstas en el capítulo
siguiente de este Código.
CAPITULO III
Práctica de la prueba
PARTE I
Disposiciones generales
Artículo 513. Fines. Las pruebas tienen como fin llevar al
conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias
materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor o
partícipe.
Artículo 514. Libertad. Los hechos y circunstancias de interés
para la solución correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los
medios establecidos en este Código o por cualquier otro medio técnico o
científico, que no viole los derechos humanos.
Artículo 515. Oportunidad de pruebas. Toda prueba deberá ser
solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el
inciso final del artículo 499 y se practicará en el momento correspondiente del
juicio oral y público.
Artículo 516. Pertinencia. El elemento material probatorio, la
evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa o indirectamente
a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva
y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del
acusado. También es pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o
menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a
la credibilidad de un testigo o de un perito.
Artículo 517. Admisibilidad. Toda prueba pertinente es admisible,
salvo en alguno de los siguientes casos:
a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido;
b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad
al asunto,
c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento, y
d) Exhiba escaso valor probatorio.
Artículo 518. Publicidad. Toda prueba se practicará en la
audiencia del juicio oral y público en presencia de las partes, intervinientes
que hayan asistido y del público presente, con las limitaciones establecidas en
este Código.
Artículo 519. Contradicción. Las partes tienen la facultad de
controvertir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales
probatorios y evidencia física presentados en el juicio, o aquellos que se
practiquen por fuera de la audiencia pública.
Artículo 520. Inmediación. El juez deberá
tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y
controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es
excepcional.
Para la práctica de pruebas en la audiencia de Corte Marcial,
estas pueden llevarse a cabo desde lugares diferentes al del juez de
conocimiento, a través de medios de comunicación virtual, siempre y cuando se
controle materialmente su desarrollo en el lugar de su evacuación por el
servidor público que designe el juez de conocimiento. De ello se dejará
constancia expresa en el acta de la diligencia.
Artículo 521. Criterios de valoración. Los medios de prueba, los
elementos materiales probatorios y la evidencia física, se apreciarán en
conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán señalados en el
respectivo capítulo.
Artículo 522. Conocimiento para condenar. Para condenar se
requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la
responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el
juicio.
La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en
pruebas de referencia.
Artículo 523. Medios de conocimiento. Son medios de conocimiento
la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de
inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física, o cualquier
otro medio técnico o científico, que no viole el ordenamiento jurídico.
PARTE II
Reglas generales para la
prueba testimonial
Artículo 524. Obligación de rendir testimonio. Toda persona está
obligada a rendir, bajo juramento, el testimonio que se le solicite en el
juicio oral y público o como prueba anticipada, salvo las excepciones
constitucionales y legales.
Al testigo menor de doce (12) años no se le recibirá juramento y
en la diligencia deberá estar asistido, en lo posible, por su representante
legal o por un pariente mayor de edad.
El juez penal militar, con fundamento en motivos razonables, podrá
practicar el testimonio del menor fuera de la sala de audiencia, de acuerdo con
lo previsto en el numeral 5º del artículo 309 de este Código, pero siempre en
presencia de las partes, quienes harán el interrogatorio como si fuera en
juicio público.
Artículo 525. Medidas especiales para asegurar
la comparecencia de testigos. Si el testigo debidamente citado se negare a
comparecer, el juez penal militar expedirá a la Policía Nacional o cualquier
otra autoridad, orden para su aprehensión y conducción a la sede de la
audiencia. Su renuencia a declarar se castigará con arresto hasta por veinticuatro
(24) horas, al cabo de las cuales, si persiste su negativa, se le procesará.
Las autoridades indicadas están obligadas a auxiliar oportuna y
diligentemente al juez para garantizar la comparecencia obligatoria de los
testigos, so pena de falta grave.
Parágrafo. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o
Juez Penal Militar deberá compulsar copias, según sea el caso, al órgano
competente para que investigue la conducta.
Artículo 526. Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser
obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero
permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o
segundo de afinidad.
El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que
vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.
Son casos de excepción al deber de declarar, las relaciones de:
a) Abogado con su cliente;
b) Médico con paciente;
c) Psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente;
d) Trabajador social con el entrevistado;
e) Clérigo con el feligrés;
f) Contador público con el cliente;
g) Periodista con su fuente;
h) Investigador con el informante.
Artículo 527. Impedimento del testigo para concurrir. Si el
testigo estuviere físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública
donde se practicará la prueba, de no hallarse disponible el sistema de
audiovídeo u otro sistema de reproducción a distancia, esta se realizará en el
lugar en que se encuentre, pero siempre en presencia del juez y de las partes
que harán el interrogatorio.
El testigo que no permaneciere en el lugar antes mencionado,
injustificadamente, incurrirá en arresto hasta por quince (15) días, previo
trámite sumario y oral, o en multa entre diez (10) y cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Parágrafo. Cuando se trate de civiles, el Fiscal Penal Militar o
Juez Penal Militar deberá compulsar copias, según sea el caso, al órgano
competente para que investigue la conducta.
Artículo 528. Testimonios especiales. Cuando se requiera el
testimonio del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República,
los Ministros del Despacho, los Jueces de la República y los Oficiales
Generales y de Insignia de la Fuerza Pública en servicio activo se informará
previamente al declarante sobre la fecha y hora, para que permanezca en su
despacho, a donde se trasladarán el juez, las partes y el personal de
secretaría necesario para la práctica del medio de prueba. Se observarán en
ello las reglas previstas en este capítulo.
Artículo 529. Testimonio de agente diplomático. Cuando se requiera
testimonio de un ministro o agente diplomático de nación extranjera acreditado
en Colombia o de una persona de su comitiva o familia se le remitirá al
embajador o agente respectivo, por conducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores, nota suplicatoria para que si lo tiene a bien concurra a declarar o
permita que la persona solicitada lo haga, o acceda a rendirlo en sus
dependencias.
Artículo 530. Amonestación previa a la promesa o juramento. Toda
autoridad a quien corresponda tomar promesa o juramento, amonestará previamente
a quien deba prestarlo, acerca de la importancia legal y moral y las sanciones
penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo
prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido
se tomará el juramento o promesa por medio del cual se compromete a decir toda
la verdad de lo que conoce, previa la siguiente formalidad:
Para los oficiales testigos:   Promete usted, por su honor militar
(o policial), decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en la
declaración que va a rendir
Para otros testigos:   A sabiendas de la responsabilidad que asume
con el juramento, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad
en la declaración que va a rendir
Para los defensores:   A sabiendas de la responsabilidad que asume
con el juramento (o promesa) jura o (promete) cumplir bien y fielmente con los
deberes de su cargo
Para los peritos e intérpretes se les apremiará con promesa o
juramento según el caso, y de acuerdo con la responsabilidad que se tiene en
razón a la función que cumplen.
Artículo 531. Examen de los testigos. Los testigos serán
interrogados uno después del otro, en el orden establecido por la parte que los
haya solicitado. Primero serán interrogados los testigos de la acusación y
luego los de la defensa. Antes de iniciar el interrogatorio a un testigo, el
juez le informará de los derechos previstos en la Constitución y la ley, y le
exigirá el juramento en la forma señalada en el artículo anterior. Después
pedirá que se identifique con sus nombres y apellidos y demás generales de ley.
Artículo 532. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante,
luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término
será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba.
Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales
de la controversia, se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la
credibilidad de otro declarante. No se podrán formular preguntas sugestivas ni
se insinuará el sentido de las respuestas.
En segundo lugar, si lo desea, la parte distinta a quien solicitó
el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de
contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio
directo.
Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá
agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos
en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En estos eventos
deberán seguirse las mismas reglas del directo.
Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la
otra parte, si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en
el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio.
Artículo 533. Reglas sobre el interrogatorio. El interrogatorio se
hará observando las siguientes instrucciones:
a) Toda pregunta versará sobre hechos específicos;
b) El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa;
c) El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al
testigo;
d) El juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos
necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se
permitirá a las demás partes el examen de los mismos;
e) El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente.
El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y
que las respuestas sean claras y precisas.
Artículo 534. Reglas sobre el contrainterrogatorio. El
contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones:
a) La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en
parte, lo que el testigo ha contestado;
b) Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración
que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración
jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral.
El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el
término que este determine, el cual no podrá exceder la duración de la práctica
de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o
adición de su testimonio, de acuerdo con las reglas anteriores.
Artículo 535. Acusado o coacusado como testigo. Si el acusado y el
coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio comparecerán como testigos y
bajo la gravedad del juramento serán interrogados, de acuerdo con las reglas
previstas en este Código.
Artículo 536. Oposiciones durante el interrogatorio. La parte que
no está interrogando o el Ministerio Público, podrán oponerse a la pregunta del
interrogador cuando viole alguna de las reglas anteriores o incurra en alguna
de las prohibiciones. El juez decidirá inmediatamente si la oposición es
fundada o infundada.
Artículo 537. Examen separado de testigos. Los testigos serán
interrogados separadamente, de tal manera que no puedan escuchar las
declaraciones de quienes les preceden.
Se exceptúa de lo anterior, además de la víctima y el acusado
cuando deciden declarar, aquellos testigos o peritos que debido al rol
desempeñado en la preparación de la investigación se requiera de su presencia
ininterrumpida en la sala de audiencias, bien sea apoyando a la Fiscalía o a la
defensa.
Artículo 538. Interrogatorio por el juez penal militar.
Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o
contrainterrogatorio, para conseguir que el testigo responda la pregunta que le
han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los
interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer
preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso.
Artículo 539. Testigo privado de libertad. La persona privada de
libertad, que fuere citada como testigo a la audiencia del juicio oral y
público, será trasladada con la debida antelación y las medidas de seguridad y
protección al lugar del juicio. Terminado el interrogatorio y
contrainterrogatorio, será devuelto en la forma antes indicada, sin dilación
alguna, al sitio de reclusión.
Artículo 540. Testimonio de policía judicial. El servidor público
de policía judicial podrá ser citado al juicio oral y público a rendir
testimonio con relación al caso. El juez podrá autorizarlo para consultar su
informe y notas relativas al mismo, como recurso para recordar.
Artículo 541. Testigo sordomudo. Cuando el testigo fuere
sordomudo, el juez nombrará intérprete oficial. Si no lo hubiere, el
nombramiento recaerá en persona reputada como conocedora del mencionado
sistema. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado
por él.
El testigo y el intérprete prestarán juramento.
Artículo 542. Testigo de lengua extranjera. Cuando el testigo de
lengua extranjera no comprendiere el idioma castellano, el juez nombrará
traductor oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona
reputada como idónea para hacer la traducción. Lo anterior no obsta para que
pueda estar acompañado por uno designado por él.
El testigo y el traductor prestarán juramento.
Artículo 543. Conocimiento personal. El testigo únicamente podrá
declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la
ocasión de observar o percibir. En caso de mediar controversia sobre el
fundamento del conocimiento personal podrá objetarse la declaración mediante el
procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo.
Artículo 544. Impugnación de la credibilidad del testigo. La
impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad
del testimonio, con relación a los siguientes aspectos:
1. Naturaleza inverosímil o increíble del testimonio.
2. Capacidad del testigo para percibir, recordar o comunicar
cualquier asunto sobre la declaración.
3. Existencia de cualquier tipo de prejuicio, interés u otro
motivo de parcialidad por parte del testigo.
4. Manifestaciones anteriores del
testigo, incluidas aquellas hechas a terceros, o en entrevistas, exposiciones,
declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez penal
militar de control de garantías.
5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la
mendacidad.
6. Contradicciones en el contenido de la declaración.
Artículo 545. Apreciación del testimonio. Para apreciar el
testimonio, el juez penal militar tendrá en cuenta los principios
técnico-científicos sobre la percepción y la memoria y, especialmente, lo
relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido
o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar,
tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el
comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio,
la forma de sus respuestas y su personalidad.
PARTE III
Prueba pericial
Artículo 546. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando
sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos,
técnicos, artísticos o especializados.
Al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas
del testimonio.
Artículo 547. Prestación del servicio de peritos. El servicio de
peritos se prestará por los expertos de la policía judicial, del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidades públicas o privadas,
y particulares especializados en la materia de que se trate.
Las investigaciones o los análisis se realizarán por el perito o
los peritos, según el caso. El informe será firmado por quienes hubieren
intervenido en la parte que les corresponda.
Todos los peritos deberán rendir su dictamen bajo la gravedad del
juramento.
Artículo 548. Número de peritos. A menos que se trate de prueba
impertinente, irrelevante o superflua, el juez no podrá limitar el número de
testigos expertos o peritos que sean llamados a declarar en la audiencia
pública por las partes.
Artículo 549. Quiénes pueden ser peritos. Podrán ser peritos, los siguientes:
1. Las personas con título legalmente reconocido en la respectiva
ciencia, técnica o arte.
2. En circunstancias diferentes, podrán ser nombradas las personas
de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia, técnica, arte, oficio o
afición aunque se carezca de título.
A los efectos de la cualificación podrán utilizarse todos los
medios de prueba admisibles, incluido el propio testimonio del declarante que
se presenta como perito.
Artículo 550. Quiénes no pueden ser nombrados. No pueden ser nombrados,
en ningún caso:
1. Los menores de dieciocho (18) años, los interdictos y los
enfermos mentales.
2. Quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva
ciencia, técnica o arte, mientras dure la suspensión.
3. Los que hayan sido condenados por algún delito, a menos que se
encuentren rehabilitados.
Artículo 551. Obligatoriedad del cargo del perito. El nombramiento
de perito, tratándose de servidor público, es de forzosa aceptación y
ejercicio. Para el particular solo lo será ante falta absoluta de aquellos.
El nombrado sólo podrá excusarse por enfermedad que lo
imposibilite para ejercerlo, por carencia de medios adecuados para cumplir el
encargo, o por grave perjuicio a sus intereses.
El perito que injustificadamente, se negare a cumplir con su deber
será sancionado con multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, equivalente en moneda legal colombiana.
Artículo 552. Impedimentos y recusaciones. Respecto de los peritos
serán aplicables las mismas causales de impedimento y recusación señaladas para
el juez. El perito cuyo impedimento o recusación haya sido aceptada, será
excluido por el juez, en la audiencia preparatoria o, excepcionalmente, en la
audiencia del juicio oral y público.
Artículo 553. Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las
partes solicitarán al juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y
público, para ser interrogados y contrainterrogados en relación con los
informes periciales que hubiesen rendido, o para que los rindan en la
audiencia.
Artículo 554. Presentación de informes. Las partes podrán
presentar informes de peritos de su confianza y solicitar que estos sean
citados a interrogatorio en el juicio oral y público, acompañando certificación
que acredite la idoneidad del perito.
Artículo 555. Admisibilidad del informe y citación del perito. Si
el juez admite el informe presentado por la parte, en la audiencia preparatoria
del juicio oral y público, inmediatamente ordenará citar al perito o peritos
que lo suscriben, para que concurran a la audiencia con el fin de ser
interrogados y contrainterrogados.
Artículo 556. Base de la opinión pericial. Toda declaración de
perito deberá estar precedida de un informe resumido en donde se exprese la
base de la opinión pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba.
Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes al menos
con cinco (5) días de anticipación a la celebración de la audiencia pública en
donde se recepcionará la peritación, sin perjuicio de lo establecido en este
Código sobre el descubrimiento de la prueba.
En ningún caso, el informe de que trata este artículo será
admisible como evidencia, si el perito no declara oralmente en el juicio.
Artículo 557. Acceso a los elementos materiales. Los peritos,
tanto los que hayan rendido informe, como los que sólo serán interrogados y
contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán acceso a
los elementos materiales probatorios y evidencia física a que se refiere el
informe pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio.
Artículo 558. Instrucciones para interrogar al perito. El perito
deberá ser interrogado en relación con los siguientes aspectos:
1. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento teórico
sobre la ciencia, técnica o arte en que es experto.
2. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento en el uso
de instrumentos o medios en los cuales es experto.
3. Sobre los antecedentes que acrediten su conocimiento práctico
en la ciencia, técnica, arte, oficio o afición aplicables.
4. Sobre los principios científicos, técnicos o artísticos en los
que fundamenta sus verificaciones o análisis y grado de aceptación.
5. Sobre los métodos empleados en las investigaciones y análisis
relativos al caso.
6. Sobre si en sus exámenes o verificaciones utilizó técnicas de
orientación, de probabilidad o de certeza.
7. La corroboración o ratificación de la opinión pericial por
otros expertos que declaran también en el mismo juicio, y
8. Sobre temas similares a los anteriores.
El perito responderá de forma clara y precisa las preguntas que le
formulen las partes.
El perito tiene, en todo caso, derecho de consultar documentos,
notas escritas y publicaciones con la finalidad de fundamentar y aclarar su
respuesta.
Artículo 559. Instrucciones para contrainterrogar al perito. El
contrainterrogatorio del perito se cumplirá observando las siguientes
instrucciones:
1. La finalidad del contrainterrogatorio es refutar, en todo o en
parte, lo que el perito ha informado.
2. En el contrainterrogatorio se podrá utilizar cualquier
argumento sustentado en principios, técnicas, métodos o recursos acreditados en
divulgaciones técnico-científicas calificadas, referentes a la materia de
controversia.
Artículo 560. Perito impedido para concurrir. Si el perito
estuviera físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se
practicará la prueba, de no hallarse disponible el sistema de audiovídeo u otro
sistema de reproducción a distancia, esta se cumplirá en el lugar en que se
encuentre, en presencia del juez y de las partes que habrán de interrogarlo.
Artículo 561. Apreciación de la prueba pericial. Para apreciar la
prueba pericial, en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad
técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus
respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los
principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoya el perito, los
instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.
Artículo 562. Limitación a las opiniones del perito sobre
insanidad mental. Las declaraciones de los peritos no podrán referirse a la
inimputabilidad del acusado. En consecuencia, no se admitirán preguntas para
establecer si, a su juicio, el acusado es imputable o inimputable.
Artículo 563. Admisibilidad de publicaciones científicas y de
prueba novel. Para que una opinión pericial referida a aspectos noveles del
conocimiento sea admisible en el juicio, se exigirá como requisito que la base
científica o técnica satisfaga al menos uno de los siguientes criterios:
1. Que la teoría o técnica subyacente haya sido o pueda llegar a
ser verificada.
2. Que la teoría o técnica subyacente haya sido publicada y haya
recibido la crítica de la comunidad académica.
3. Que se haya acreditado el nivel de confiabilidad de la técnica
científica utilizada en la base de la opinión pericial.
4. Que goce de aceptabilidad en la comunidad académica.
Artículo 564. Presentación de la evidencia demostrativa. Será
admisible la presentación de evidencias demostrativas siempre que resulten
pertinentes y relevantes para el esclarecimiento de los hechos o para ilustrar
el testimonio del experto.
PARTE IV
Prueba documental
Artículo 565. Para los efectos de este Código se entienden por
documentos, los siguientes:
1. Los textos manuscritos, mecanografiados o impresos.
2. Las grabaciones magnetofónicas.
3. Discos de todas las especies que contengan grabaciones.
4. Grabaciones fonópticas o videos.
5. Películas cinematográficas.
6. Grabaciones computacionales.
7. Mensajes de datos.
8. El télex, telefax y similares.
9. Fotografías.
10. Radiografías.
11. Ecografías.
12. Tomografías.
13. Electroencefalogramas.
14. Electrocardiogramas.
15. Cualquier otro objeto similar o análogo a los anteriores.
Artículo 566. Documento auténtico. Salvo prueba en contrario, se
tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la
persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o
producido por algún otro procedimiento. También lo serán la moneda de curso
legal, los sellos y efectos oficiales, los títulos valores, los documentos
notarial o judicialmente reconocidos, los documentos o instrumentos públicos, aquellos
provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado
sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, las
copias de los certificados de registros públicos, las publicaciones oficiales,
las publicaciones periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas
comerciales, y, finalmente, todo documento de aceptación general en la
comunidad.
Artículo 567. Métodos de autenticación e identificación. La
autenticidad e identificación del documento se probará por métodos como los
siguientes:
1. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito,
mecanografiado, impreso, firmado o producido.
2. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce.
3. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de
firmas digitales de personas naturales o jurídicas.
4. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina
sugerida en el artículo 565.
Artículo 568. Documentos procedentes del extranjero. Los
documentos remitidos por autoridad extranjera, en cumplimiento de petición de
autoridad penal colombiana, basada en convenio bilateral o multilateral de
cooperación judicial recíproca, son auténticos, a menos que se demuestre lo
contrario.
Artículo 569. Traducción de documentos. El documento manuscrito,
mecanografiado, impreso o producido en idioma distinto del castellano, será
traducido por orden del juez y por traductores oficiales. El texto original y
el de la traducción constituirán el medio de prueba.
Artículo 570. Presentación de documentos. El documento podrá
presentarse en original, o en copia autenticada, cuando lo primero no fuese
posible o causare grave perjuicio a su poseedor.
Artículo 571. Documentos anónimos. Los documentos, cuya
autenticación o identificación no sea posible establecer por alguno de los
procedimientos previstos en este capítulo, se considerarán anónimos y no podrán
admitirse como medio probatorio.
Artículo 572. Empleo de los documentos en el juicio. Los
documentos escritos serán leídos y exhibidos de modo que todos los intervinientes
en la audiencia del juicio oral y público puedan conocer su forma y contenido.
Los demás documentos serán exhibidos y proyectados por cualquier
medio, para que sean conocidos por los intervinientes mencionados. Cuando se
requiera, el experto respectivo lo explicará. Este podrá ser interrogado y
contrainterrogado como un perito.
Artículo 573. Apreciación de la prueba documental. El juez
apreciará el documento teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Que no haya sido alterado en su forma ni en su contenido.
2. Que permita obtener un conocimiento claro y preciso del hecho,
declaración o atestación de verdad, que constituye su contenido.
3. Que dicho contenido sea conforme con lo que ordinariamente
ocurre.
Artículo 574. Criterio general. Cuando se exhiba un documento con
el propósito de ser valorado como prueba y resulte admisible, conforme con lo
previsto en el capítulo anterior deberá presentarse el original del mismo como
mejor evidencia de su contenido.
Artículo 575. Excepciones a la regla de la mejor evidencia. Se
exceptúa de lo anterior los documentos públicos, o los duplicados auténticos, o
aquellos cuyo original se hubiere extraviado o que se encuentran en poder de
uno de los intervinientes, o se trata de documentos voluminosos y sólo se
requiere una parte o fracción del mismo, o, finalmente, se estipule la
innecesariedad de la presentación del original.
Parágrafo. Lo anterior no es óbice para que resulte indispensable
la presentación del original del documento, cuando se requiera para la
realización de estudios técnicos tales como los de grafología y documentología,
o forme parte de la cadena de custodia.
PARTE V
Reglas relativas a la
inspección
Artículo 576. Procedencia. El juez, excepcionalmente, podrá
ordenar la realización de una inspección judicial fuera del recinto de
audiencia cuando, previa solicitud de la Fiscalía o la defensa, estime
necesaria su práctica dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la
audiencia, los elementos materiales probatorios y evidencia física, o cualquier
otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de
juzgamiento.
En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para
la adopción de la sentencia a que hubiere lugar.
Artículo 577. Criterios para decretarla. La inspección judicial
únicamente podrá ser decretada, atendidos los siguientes criterios:
1. Que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la
evidencia en audiencia.
2. Que resulte de vital importancia para la fundamentación de la
sentencia.
3. Que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios
técnicos.
4. Que sea más económica y práctica la realización de la
inspección que la utilización del medio técnico.
5. Que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado
de manera significativa.
6. Que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los
intervinientes durante la práctica de la prueba.
El juez inspeccionará el objeto de prueba que le indiquen las
partes. Si estas solicitan el concurso de testigos y peritos permitirá que
declaren o rindan dictamen de acuerdo con las reglas previstas en este Código.
PARTE VI
Reglas relativas a la prueba
de referencia
Artículo 578. Noción. Se considera como prueba de referencia toda
declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o
excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el
mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la
naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial
objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio.
Artículo 579. Admisión excepcional de la prueba de referencia.
Unicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante:
a) Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los
hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación;
b) Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o
evento similar;
c) Padece de una grave enfermedad que le impide declarar;
d) Ha fallecido.
También se aceptará la prueba de referencia cuando las
declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos
históricos.
Artículo 580. Prueba de referencia múltiple. Cuando una
declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia admisible y no
admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones
previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la
declaración se torne en ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración
en su integridad.
Artículo 581. Utilización de la prueba de referencia para fines de
impugnación. Podrán utilizarse, con fines de impugnación de la credibilidad del
testigo o perito, las declaraciones que no constituyan prueba de referencia
inadmisible, de acuerdo con las causales previstas en el artículo 579.
Artículo 582. Impugnación de la credibilidad de la prueba de
referencia. Podrá cuestionarse la credibilidad de la prueba de referencia por
cualquier medio probatorio, en los mismos términos que la prueba testimonial.
Lo anterior no obsta para que la prueba de referencia, en lo
pertinente, se regule en su admisibilidad y apreciación por las reglas
generales de la prueba y en especial por las relacionadas con el testimonio y
lo documental.
CAPITULO IV
Alegatos de las partes e
intervinientes
Artículo 583. Petición de absolución perentoria.
Terminada la práctica de las pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar
al juez la absolución perentoria cuando resulten ostensiblemente atípicos los
hechos en que se fundamentó la acusación, y el juez resolverá sin escuchar
alegatos de las partes e intervinientes.
Artículo 584. Turnos para alegar. El fiscal expondrá oralmente los
argumentos relativos al análisis de la prueba, tipificando de manera
circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la acusación.
A continuación se dará el uso de la palabra al representante legal
de las víctimas, si lo hubiere, y al Ministerio Público, en este orden, quienes
podrán presentar sus alegatos atinentes a la responsabilidad del acusado.
Finalmente, la defensa, si lo considera pertinente, expondrá sus
argumentos los cuales podrán ser controvertidos exclusivamente por la Fiscalía.
Si esto ocurriere la defensa tendrá derecho de réplica y, en todo caso,
dispondrá del último turno de intervención argumentativa. Las réplicas se
limitarán a los temas abordados.
Artículo 585. Extensión de los alegatos. El juez delimitará en
cada caso la extensión máxima de los argumentos de conclusión, en atención al
volumen de la prueba vista en la audiencia pública y la complejidad de los
cargos resultantes de los hechos contenidos en la acusación.
Artículo 586. Clausura del debate. Una vez presentados los
alegatos, el juez declarará que el debate ha terminado y, de ser necesario,
podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para anunciar el sentido del
fallo.
CAPITULO V
Decisión o sentido del fallo
Artículo 587. Contenido. La decisión será
individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos contenidos en la
acusación, y deberá referirse a las solicitudes hechas en los alegatos finales.
El sentido del fallo se dará a conocer de manera oral y pública inmediatamente
después del receso previsto en el artículo anterior, y deberá contener el
delito por el cual se halla a la persona culpable o inocente.
Artículo 588. Individualización de la pena y sentencia. Si el
fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el acuerdo celebrado con la Fiscalía
Penal Militar, el juez concederá brevemente y por una sola vez la palabra al
fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las condiciones
individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden
del culpable. Si lo consideraren conveniente, podrán referirse a la probable
determinación de pena aplicable y la concesión de algún subrogado.
Si el juez para individualizar la pena por imponer, estimare
necesario ampliar la información a que se refiere el inciso anterior, podrá
solicitar a cualquier institución, pública o privada, la designación de un
experto para que este, en el término improrrogable de diez (10) días hábiles,
responda su petición.
Escuchados los intervinientes, el juez señalará el lugar, fecha y
hora de la audiencia para proferir sentencia, en un término que no podrá
exceder de quince (15) días calendario contados a partir de la terminación del
juicio oral, en la cual incorporará la decisión que puso fin al incidente de
reparación integral.
Parágrafo. En el término indicado en el inciso anterior se emitirá
la sentencia absolutoria.
Artículo 589. Congruencia. El acusado no podrá ser declarado
culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los
cuales no se ha solicitado condena.
Artículo 590. Libertad inmediata. De ser absuelto de la totalidad
de los cargos consignados en la acusación el juez dispondrá la inmediata
libertad del acusado, si estuviere privado de ella, levantará todas las medidas
cautelares impuestas y librará sin dilación las órdenes correspondientes.
Artículo 591. Acusado no privado de la libertad. Si al momento de
anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare
detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento de
dictar sentencia.
Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de
este Código, el juez la ordenará y librará inmediatamente la orden de
encarcelamiento.
Artículo 592. Acusado privado de la libertad. El juez podrá
ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos por los cuales fue
encontrado culpable fueren susceptibles, al momento de dictar sentencia, del
otorgamiento de un subrogado penal.
Artículo 593. Situación de los inimputables. Si la razón de la
decisión fuera la inimputabilidad, el juez dispondrá provisionalmente la medida
de seguridad apropiada mientras se profiere el fallo respectivo.
Artículo 594. Requerimiento por otra autoridad. En caso de que el
acusado fuere requerido por otra autoridad judicial, emitido el fallo
absolutorio, será puesto a disposición de quien corresponda.
Si el fallo fuere condenatorio, se dará cuenta de esta decisión a
la autoridad que lo haya requerido.
CAPITULO VI
Suspensiones de la
audicencia del juicio oral
Artículo 595. Principio de concentración. La audiencia
del juicio oral deberá ser continua salvo que se trate de situaciones
sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable,
en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha
motivado la suspensión.
El juez penal militar podrá decretar recesos, máximo por dos (2)
horas cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer
coactivamente.
Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en
la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de
las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si
en cualquier etapa de la Corte Marcial se deba cambiar al juez penal militar.
T I T U L O XVII
INEFICACIA DE LOS ACTOS
PROCESALES
Artículo 596. Son causales de nulidad en el proceso penal militar,
las siguientes:
1. La falta de competencia del juez.
2. La violación al Derecho de Defensa, o el Debido Proceso, en
aspectos sustanciales.
Los recursos de apelación pendientes de definir al momento de
iniciarse la audiencia de la Corte Marcial, salvo lo relacionado con la
negativa o admisión de pruebas, no invalidan el procedimiento.
Artículo 597. Principio de taxatividad. No podrá decretarse
ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas en este título.
T I T U L O XVIII
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
CAPITULO I
Ejecución de penas
Artículo 598. La ejecución de la sanción penal impuesta mediante
sentencia debidamente ejecutoriada, corresponde a las autoridades
penitenciarias bajo la supervisión y control del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el juez de ejecución de penas y
medidas de seguridad.
En todo lo relacionado con la ejecución de la pena, el Ministerio
Público podrá intervenir e interponer los recursos que sean necesarios.
Artículo 599. Acumulación Jurídica. Las normas que regulan la
dosificación de la pena, en caso de concurso de conductas punibles, se
aplicarán también cuando los delitos conexos se hubieren fallado
independientemente. Igualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias
en diferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera decisión
se tendrá como parte de la sanción a imponer.
No podrán acumularse penas por delitos cometidos con posterioridad
al proferimiento de sentencia de primera o única instancia en cualquiera de los
procesos, ni penas ya ejecutadas, ni las impuestas por delitos cometidos
durante el tiempo que la persona estuviere privada de la libertad.
Artículo 600. Aplazamiento o suspensión de la ejecución de la
pena. El Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará a la
entidad penitenciaria correspondiente, el aplazamiento o la suspensión de la
ejecución de la pena, previa caución, en los mismos casos de la sustitución de
la detención preventiva.
Artículo 601. Aplicación de las penas accesorias. Cuando se trate
de las penas accesorias establecidas en el Código Penal Militar, se procederá
de acuerdo con las siguientes normas:
1. Si se tratare de la privación del derecho a residir en
determinados lugares o de acudir a ellos, se enviará copia de la sentencia a la
autoridad judicial y Policiva del lugar en donde la residencia se prohíba o
donde el sentenciado debe residir. También se oficiará al agente del Ministerio
Público para su control.
2. Cuando se ejecuten sentencias de las cuales se decrete la
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, copias de la
sentencia Ejecutoriada se remitirán a la Registraduría Nacional del Estado
Civil y a la Procuraduría General de la Nación.
3. Si se trata de la pérdida de empleo o cargo público, se
comunicará a los Comandos de Fuerza y Dirección General de la Policía Nacional
y a la Procuraduría General de la Nación.
4. Si se tratare de la inhabilidad para ejercer una industria,
comercio, arte, profesión u oficio, se ordenará la cancelación del documento
que lo autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió.
5. Si se trata de la prohibición de consumir bebidas alcohólicas,
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, se comunicará a las autoridades
Policivas del lugar de residencia del sentenciado para que tomen las medidas
necesarias para el cumplimiento de esta sanción, oficiando al agente del
Ministerio Público para su control.
6. Si se tratare de la inhabilidad especial para el ejercicio de
la patria potestad, se oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
al Agente del Ministerio Público.
7. La autoridad correspondiente deberá informar al juez de
ejecución de penas sobre su cumplimiento.
8. En los casos de privación del derecho de conducir automotores o
motocicletas y la inhabilitación especial para la tendencia y porte de armas,
se oficiará a las autoridades encargadas de expedir las respectivas
autorizaciones, para que las cancelen o las nieguen.
Artículo 602. Remisión. Los aspectos relacionados con la ejecución
de la pena no regulados en este Código se regirán por lo dispuesto en el Código
Penal y el Código Penitenciario y Carcelario.
CAPITULO II
Ejecución de medidas de
seguridad
Artículo 603. Entidad competente. El tratamiento de los
inimputables por trastorno mental estará a cargo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, a quien corresponderá la ejecución de las medidas de
protección y seguridad.
Artículo 604. Internación de inimputables. El juez de ejecución de
penas y medidas de seguridad ordenará a las autoridades competentes del Sistema
de Seguridad Social en Salud el traslado del inimputable a un establecimiento
psiquiátrico o clínica adecuada para su rehabilitación, de carácter oficial o
privado adecuado para el cumplimiento de la medida de seguridad.
Si fuere un establecimiento privado los parientes se comprometerán
a ejercer la vigilancia correspondiente y rendir los informes que se soliciten,
su traslado se hará previo el otorgamiento de caución y la suscripción de la
respectiva diligencia de compromiso.
Artículo 605. Libertad vigilada. Impuesta la libertad vigilada, el
juez de ejecución de penas y medidas de seguridad comunicará tal medida a las
autoridades Policivas del lugar, para el cumplimiento de lo dispuesto en el
Código Penal Militar, y señalará los controles respectivos.
Artículo 606. Suspensión, sustitución o cesación de la medida de
seguridad. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, podrá de
oficio o a solicitud de parte, previo concepto de perito oficial y de
conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Militar:
1. Suspender condicionalmente la medida de seguridad.
2. Sustituirla por otra más adecuada si así lo estimare
conveniente.
3. Ordenar la cesación de tal medida.
En caso de internación en casa de estudio o trabajo el dictamen se
sustituirá por concepto escrito o motivado de la junta o consejo directivo del
establecimiento en donde se hubiere cumplido esta medida o de su director a
falta de tales organismos.
El beneficiario de la suspensión condicional, o del cambio de la
medida de seguridad por una de libertad vigilada, deberá constituir
personalmente o por intermedio de su representante legal, caución en la forma
prevista en este Código.
Artículo 607. Revocatoria de la suspensión condicional. En
cualquier momento podrá el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad
revocar la suspensión condicional de la medida de seguridad o de la medida
sustitutiva, cuando se incumplan las obligaciones fijadas en la diligencia de
compromiso o cuando los peritos conceptúen que es necesario la continuación de
la medida originaria.
CAPITULO III
Libertad condicional
Artículo 608. Libertad condicional. El condenado que se hallare en
las circunstancias previstas en el artículo 64 de este Código, podrá solicitar
al juez penal militar de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad
condicional, acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o
en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario o sitio de
reclusión donde se encuentre privado de su libertad, con la copia de la
cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos,
los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días
siguientes.
Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito
imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.
Artículo 609. Decisión. Recibida la solicitud, el juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad, resolverá dentro de los tres (3)
días siguientes, mediante auto interlocutorio en el cual se impondrán las
obligaciones a que se refiere este Código en su artículo 73, cuyo cumplimiento
se garantizará mediante caución.
El tiempo necesario para otorgar la libertad condicional se
determinará con base a las penas impuestas en la sentencia.
La reducción de las penas por trabajo y estudio, de igual que
cualquier otra rebaja de pena que establezca la ley, se tendrá en cuenta como
parte cumplida de la Pena impuesta o que pudiere imponerse.
Artículo 610. Condición para la revocatoria. La revocatoria se
decretará por el Juez de ejecución de Penas y medidas de seguridad de oficio o
petición de los encargados de la vigilancia, cuando aparezca demostrado que se
ha violado las obligaciones contraídas.
CAPITULO IV
Suspensión condicional de la
ejecución de la pena privativa
de la libertad
Artículo 611. Procedencia. Para conceder la suspensión condicional
de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código
Penal Militar y se fijará el término dentro del cual el beneficiado debe
reparar los daños ocasionados con la conducta punible.
Cuando existan bienes secuestrados, decomisados o embargados, que
garanticen integralmente la indemnización, no se fijará término para la
reparación de los daños.
Artículo 612. Ejecución de la pena por no
reparación de los daños. Si el beneficiado con la suspensión condicional de la
ejecución de la pena, sin justa causa, no repare los daños dentro del término
que le ha fijado el Juez, se ordenará inmediatamente el cumplimiento de la pena
respectiva y se procederá como si la sentencia no se hubiera suspendido.
Artículo 613. Extinción de la condena y devolución de la caución.
Cuando se declare la extinción de la condena conforme a este Código, se
devolverá la caución y se comunicará a las mismas entidades a quienes se les
comunicó la sentencia o la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
Artículo 614. Negación o revocatoria de los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad. El juez penal militar de
ejecución de penas y medidas de seguridad podrá revocar o negar los mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad con base en la prueba indicada
de la causa que origine la decisión.
De la prueba se dará traslado por tres (3) días al condenado,
quien durante los diez (10) días siguientes al vencimiento de este término
podrá presentar las explicaciones que considere pertinentes.
La decisión deberá adoptarse dentro de los diez (10) días
siguientes por auto motivado.
Artículo 615. Decisiones. Las decisiones que adopte el Juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad en relación con mecanismos
sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la rehabilitación son
susceptibles de los recursos ordinarios.
Artículo 616. Prórroga para el pago de perjuicios. Cuando el
beneficiado con la condena de ejecución condicional le hubiere sido imposible
cumplir con la obligación de indemnizar los perjuicios dentro del término
señalado, el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, a petición
justificada, podrá prorrogar el plazo por una sola vez; si no cumpliere se
ejecutará la condena.
Artículo 617. Exigibilidad del pago de perjuicios. La obligación
de pagar los perjuicios provenientes de la conducta punible para gozar de la
suspensión condicional de ejecución de pena será exigida a menos que se
demuestre que el condenado se encuentre en imposibilidad económica de hacerlo.
CAPITULO V
De la rehabilitación
Artículo 618. Concesión. La rehabilitación de derechos y funciones
públicas la concederá el Juez Penal Militar de ejecución de penas y medidas de
seguridad, previa solicitud del condenado de acuerdo con las normas del
presente capítulo y dentro de los plazos determinados por el Código Penal
Militar.
Artículo 619. Anexos a la solicitud de rehabilitación. Con la
solicitud de rehabilitación se presentarán:
1. Copia de la sentencia de primera y segunda instancia y de
casación si fuere el caso.
2. Copia de la cartilla biográfica.
3. Dos declaraciones, por lo menos de personas de reconocida
honorabilidad sobre la conducta observada después de la condena.
4. Certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado
el peticionario en el período de prueba de la libertad condicional o vigilada,
si fuere el caso.
5. Comprobación del pago de los perjuicios civiles cuando fuere
posible.
Artículo 620. Comunicaciones. La providencia que concede la
rehabilitación de derechos y funciones públicas, se comunicará a las mismas
entidades a quien se comunicó la sentencia y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, para que haga las anotaciones del caso. En los demás eventos se
procederá conforme a la naturaleza del derecho restringido.
Artículo 621. Ampliación de pruebas. El Juez Penal Militar de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que deberá resolver la solicitud de
rehabilitación, puede pedir ampliación o ratificación de las pruebas
acompañadas al memorial respectivo y practicar de oficio las pruebas que estime
pertinentes, dentro de un plazo no mayor de diez (10) días.
Artículo 622. Redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza.
El Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de
la pena por trabajo, estudio y enseñanza de conformidad con lo previsto en el
Código Penitenciario y Carcelario.
T I T U L O XIX
REGIMEN DE IMPLEMENTACION
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 623. Proceso de implementación. El Gobierno
Nacional previo estudios respectivos, tomará las decisiones correspondientes
para la implantación sucesiva del sistema contemplado en este Código.
Artículo 624. Criterios para la implementación. Se tendrán en
cuenta los siguientes factores para el cumplimiento de sus funciones:
1. Número de despachos y procesos en los Juzgados de Instrucción
Penal Militar, en la Fiscalía Penal Militar y en los Juzgados de conocimiento.
2. Registro de funcionarios de la Justicia Penal Militar
capacitados en oralidad y previsión de demanda de capacitación.
3. Proyección sobre el número de salas de
audiencia requeridas.
4. Requerimiento de Sistema de Defensoría Penal Militar y Grupo de
Apoyo a la Investigación Penal Militar.
5. Nivel de congestión.
CAPITULO II
Régimen de transición
Artículo 625. Ajustes en planta de personal. El
Gobierno Nacional para garantizar el funcionamiento del nuevo sistema ajustará
la planta de personal con los funcionarios y empleados que actualmente se
encuentran vinculados a la Justicia Penal Militar y los que se requieran para
su implementación.
CAPITULO III
Disposiciones finales
Artículo 626. Norma transitoria. En los Procesos que se encuentren
en curso al entrar en vigencia esta ley, se entenderá que tres (3) días de
arresto equivalen a uno (1) de prisión.
Artículo 627. El Ministerio de Defensa Nacional en coordinación
con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a más tardar dentro del año
siguiente de la promulgación de la presente ley establecerá un plan de
implementación del Sistema Acusatorio en la justicia penal militar acorde con
el Marco Fiscal de mediano plazo del Sector Defensa y el Marco de Gasto de
mediano plazo del mismo sector.
Artículo 628. Derogatoria y vigencia. La presente Ley regirá para
los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2010, conforme al
régimen de implementación. Los procesos en curso continuarán su trámite por la
Ley 522 de 1999 y las normas que lo modifiquen.
Parágrafo. El artículo  625 de la presente Ley entrará en vigencia
a partir de su publicación”.
6. Mediante auto
del 1º de diciembre de 2008, la Corte Constitucional dispuso oficiar a los
Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes para que enviaran las Gacetas del Congreso en las que constan
los trámites legislativos del proyecto de Ley de la referencia, mediante los
cuales se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Sentencia C-533 de 2008. Debido
a la omisión en el envío de la totalidad de las pruebas requeridas, mediante
providencia del once (11) de diciembre de 2008, la Corte Constitucional
resolvió abstenerse de decidir acerca de las objeciones presidenciales, hasta
cuando se cumplieran los presupuestos constitucionales y legales para hacerlo.
Además, en el
mismo auto, la Corte apremió a los Secretarios Generales del Senado y de la
Cámara de Representantes para que en el término de tres (3) días acopiaran los
documentos requeridos y los pusieran a disposición de la Corporación.  El cinco
(5) de febrero del presente año el Secretario General de la Cámara hizo llegar
parte de la documentación[10] y el trece (13) de
febrero de 2009 este mismo funcionario envío el resto de las pruebas requeridas[11];
de su parte, el Secretario General del Senado, mediante escrito del 24 de marzo
de 2009[12], certificó el trámite
legislativo seguido por el proyecto de Ley de la referencia.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Competencia
La Corte
Constitucional es competente para conocer del presente caso, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 167 y 241-8 de la Constitución Política.
2. Problema
jurídico y metodología de la decisión
Conforme con los antecedentes de la
presente sentencia, corresponde a la Corte determinar si el Congreso de la
República rehizo e integró el Proyecto de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por
la cual se expide el Código Penal Militar”,  en los términos fijados por la
sentencia C-533 de 2008.
Para cumplir con
este objetivo la Sala asumirá, en primer término, el estudio de la
constitucionalidad del procedimiento legislativo relacionado con la discusión y
aprobación del texto rehecho del Proyecto de Ley.  Luego, analizará la
exequibilidad material de dicha disposición, para lo cual (i) identificará
las modificaciones realizadas al Proyecto, respecto del texto estudiado por la
Sala; y (ii) constatará si estos cambios se ajustan a las
consideraciones expresadas por esta Corporación en la sentencia C-533 de 2008.
3. Análisis
formal
Como se indicó
en los antecedentes del presente fallo, luego de proferida la sentencia C-533
de 2008, el Congreso de la República procedió a dar cumplimiento a lo ordenado
por la Corte, en el sentido de rehacer e integrar las disposiciones del
Proyecto de Ley, a efecto de ajustar su texto al contenido de la citada
decisión.  En ese sentido, según lo previsto en el artículo 167 de la Carta
Política, el Secretario General de la Cámara de Representantes ofició[13]
al Ministro de Defensa Nacional, para que presentara su concepto, a lo cual
respondió el Jefe de esta Cartera mediante escrito[14]
de fecha primero (1º) de septiembre de 2008.  Una vez cumplido ese trámite, se
procedió a discutir y aprobar en cada una de las cámaras legislativas el texto
rehecho del Proyecto de Ley.
3.1.
Constitucionalidad del procedimiento surtido luego de la Sentencia C-533 de
2008.
3.1.1. El texto
rehecho del Proyecto de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se
expide el Código Penal Militar”,  fue publicado en la Gaceta del Congreso número
757 del jueves 30 de octubre de 2008[15].
3.1.2. Según certificación[16]
del Secretario General de la Cámara de Representantes, el texto rehecho del
Proyecto de Ley fue considerado y aprobado por la mayoría de los presentes en
la sesión plenaria del 11 de noviembre de 2008, “según consta en Acta de
Plenaria No. 150 de la misma fecha”.  El Acta de plenaria número 150 del 11
de noviembre de 2008, fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 13 de 2009;
allí se lee[17]:
Secretario
General doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.:
Tercero: Informe
textos rehechos.
Proyecto de ley
número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual
se expide el Código Penal Militar. Publicado en la Gaceta del Congreso
757 de 2008, anunciado el 4 de noviembre. El informe para rehacer el texto del
proyecto de ley, por la cual se expide el Código Penal Militar, dice lo
siguiente:
Doctores Hernán
Andrade, Presidente Senado de la República, doctor Germán Varón, Presidente Cámara
de Representantes. Referencia, informe para rehacer e integrar texto al
Proyecto 144 de 2005.
El informe
anexado termina con la siguiente proposición: de acuerdo a lo dispuesto por la
Corte Constitucional y a la Sentencia C-533 de 2008, para rehacer e integrar el
texto del proyecto de ley número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado,
por la cual se expide el Código Penal Militar, y una vez hoy (Sic.), el
Ministro de Defensa se propone:
1. Readecuar la
redacción del artículo 3º en los siguientes términos. Viene la redacción del
artículo 3º.
2. Eliminar del
texto, el proyecto de los artículos 171, 172 y 173 declarados inexequibles en la
Sentencia C-533 de 2008.
3. De acuerdo
con el numeral anterior, reorganizar y concordar la numeración del proyecto de
ley, y por último, debe declararse que en el presente informe se elimina las tachaduras,
que presentaba el parágrafo del artículo 628, que se encontraba en la página 52
de la Gaceta 661 de 2008. Firma el Representante, Zamir Silva.
Puede usted,
someter a discusión y aprobación el informe del texto rehecho, para dar
cumplimiento a la sentencia de la honorable Corte Constitucional. Sométala
usted a consideración, señor Presidente.
Dirección de la
sesión por la Presidencia doctor Lidio Arturo García Guzmán
En
consideración, la proposición con la que termina el informe rehecho, se abre su
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la Cámara?
Secretario
General doctor Jesús Alfonso Rodríguez C.:
Aprobado el
informe, señor Presidente”. (Se subraya).
3.1.3. El
anuncio previo a la votación del informe se llevó a cabo el día cuatro (4) de
noviembre de 2008, según consta en la Gaceta del Congreso número 968 de 2008.[18]
Allí se lee:
“Secretario
General, doctor  Jesús Alfonso Rodríguez C.:
Vamos a anunciar
los proyectos, para la próxima sesión en que se debatan Proyectos de Ley o de
Acto Legislativo. Señor Presidente para el próximo martes, once de noviembre, o
de la próxima sesión. En la que se debatan proyectos de ley o de Acto
Legislativo (…)
La subsecretaria
general, doctora Flor Marina Daza R., informa:
Informes textos
rehechos.
De conformidad
con la Sentencia C-533 del 28 de mayo de 2008.
Proyecto de Ley
número 144 de 2005 Cámara, 111 de 2006 Senado, por la cual se
expide el código penal militar”.
De acuerdo con
esta transcripción, la Corte concluye que la discusión y aprobación del
Proyecto de Ley fue anunciada para la sesión plenaria del once de noviembre de
2008, fecha en la que efectivamente acaeció dicho trámite.
3.1.4. Para el
caso del Senado de la República, su Secretario General certificó[19]
a esta Corporación lo siguiente:
- Que el informe
para rehacer e integrar el Proyecto de Ley fue publicado en la Gaceta del
Congreso número 754 del martes 28 de septiembre de 2008[20].
- Que el anuncio
del Informe de la Comisión accidental de Estudio de las Objeciones
Presidenciales, según lo prevé el Acto Legislativo número 01  de 2003, fue
publicado en la Gaceta del Congreso número 110 del jueves 12 de marzo de 2009,
según Acta número 25 de la sesión ordinaria celebrada el día miércoles 12 de
noviembre de 2008. En efecto, en la página 31 de la Gaceta del Congreso número
110 de 2009, aparece el siguiente texto:
“Proyectos de
Ley para la siguiente sesión con informe de objeciones:
(…)
Informe texto
rehecho
Texto rehecho
del proyecto de Ley número 111 de 2006 Senado, 144 de 2005 Cámara, por la cual
se expide el código penal militar”.
- Que la
aprobación del Informe del Texto Rehecho de la Comisión Accidental de Estudio
de las Objeciones Presidenciales, fue publicada en la Gaceta del Congreso
número 111 del 12 de marzo de 2009. Al verificar sobre el texto de esta Gaceta,
la Sala encuentra que en su página 41 quedó constancia de tal aprobación, pues
allí, después de que el Senador Juan Carlos Vélez Uribe rindiera el informe
respectivo, quedó consignado:
“La Presidencia
somete a condición (sic.) de la Plenaria el informe leído y, cerrada su
discusión, esta le imparte su aprobación”[21].
Además, el
Secretario General del Senado de la República, mediante acto de sustanciación
del 19 de noviembre de 2008[22], certificó lo siguiente:
“En sesión
plenaria de H. senado de la República del día martes dieciocho (18) de
noviembre del año dos mil ocho (2008), con quórum decisorio, en cumplimiento de
la Sentencia C-533 de 2008 de la Corte Constitucional, fue considerado y
aprobado el informe presentado por el H. R. Zamir Silva Amin, miembro único de la
Comisión accidental para rehacer el texto del proyecto de Ley No. 111/06 Senado
-144/05 Cámara ‘POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO PENAL MILITAR’, concordante con
la Sentencia C-533 de 2008, publicado en la Gaceta del Congreso No. 754/08 y
explicado por el H. S. Juan Carlos Vélez Uribe.
La presente
sustanciación se hace con base en el registro hecho por la Secretaría General
de esta Corporación.
El anuncio de
este trámite se llevó a cabo en Sesión Plenaria del día 12 de noviembre de 2008”.
Como se observa,
el anuncio para la votación del Informe del Texto Rehecho de la Comisión
Accidental de Estudio de las Objeciones Presidenciales, se llevó a cabo el día miércoles
12 de noviembre de 2008 y la aprobación respectiva tuvo lugar el día 18 de
noviembre del mismo año, como consta en el Acta de Plenaria de Senado número 26
de la sesión ordinaria celebrada en ésta fecha, acta publicada en la Gaceta del
Congreso número 111 de 2009.
4. De la
secuencia descrita la Corte concluye que el trámite de discusión y aprobación
del texto rehecho del Proyecto de Ley cumplió con los requisitos
constitucionales exigibles a ese procedimiento.  En efecto, (i) el texto
fue publicado en la Gaceta del Congreso[23] antes de iniciarse el
debate en la Cámara de Representantes, cumpliéndose con ello el requisito de
publicidad previsto en el artículo 157-1 de la Constitución Política; (ii) en
el debate y aprobación en cada una de las plenarias se cumplió con el requisito
de anuncio previo a la votación[24], dispuesto en el inciso
final del artículo 160 de la Carta Política; y (iii) el texto rehecho
fue discutido y aprobado por las mayorías exigidas por la Constitución.
Del mismo modo,
se dio cumplimiento a lo ordenado en el artículo 167 de la Constitución
Política, en tanto el Ministerio de Defensa Nacional presentó su concepto[25]
con anterioridad a la discusión y aprobación del texto rehecho por parte de las
plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes.
5. Finalmente,
en lo que respecta a la prohibición contenida en el artículo 162 superior,
según el cual ningún proyecto de ley podrá ser considerado en más de dos
legislaturas, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la jurisprudencia,
el trámite de las objeciones presidenciales no está comprendido dentro de dicho
límite temporal.
Como quedó
consignado en la Sentencia C-623 de 2007, en la cual la Corte estudió la
vigencia de dicha prohibición para el caso de las objeciones presidenciales al
Proyecto de Ley No. 024/04 Senado, 404/05 Cámara “por la cual se dicta
disposiciones en materia del talento humano en salud”, el plazo de dos
legislaturas resulta aplicable desde el momento en que se radicó el proyecto de
ley y hasta que se surtan los cuatro debates constitucionales a los que hace
referencia el artículo 157 superior, junto con la posibilidad que los textos
sean sometidos a conciliación, en virtud de las discrepancias que surgieren
entre las Cámaras.
Por tanto, el
término para la proposición, estudio y revisión de constitucionalidad de las
objeciones presidenciales no está comprendido dentro del plazo citado. Al
respecto la Corte[26] ha explicado:
“Esta
expresión del artículo 162 superior hay que entenderla en el sentido de que las
dos legislaturas constituyen el plazo que tiene el Congreso para la formación
de la ley, de suerte tal que todo proyecto de ley que surta los debates
correspondientes dentro de dicho término, por este aspecto se ajusta al mandato
constitucional.  Siendo claro además que esas dos legislaturas no cobijan el
término de que dispone el Presidente para formular sus objeciones, pues, de no
ser así, el Ejecutivo podría alterarle o suprimirle al Congreso la oportunidad
que le asiste para pronunciarse sobre las objeciones”.
No obstante, el
precedente en comento también considera que el trámite de las objeciones no
puede extenderse ilimitadamente en el tiempo, puesto que aunque no existe una
norma que regule expresamente la materia, la jurisprudencia constitucional ha
entendido que a dicho trámite le es aplicable el plazo del artículo 162 de la
Constitución Política, esto es, el de dos legislaturas. Sobre la materia, la
Corte[27] ha expresado:
“La
jurisprudencia de la Corte ya ha manifestado que si bien es cierto la
Constitución no señala expresamente en los artículos 166, 167 y 168, que se
ocupan del tema de las objeciones, el plazo dentro del cual las cámaras deben
tramitar la insistencia frente a las objeciones presidenciales, también lo es
que ello no implica que aquéllas tengan un plazo indefinido para tal fin, pues
ante ese vacío debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 162 de la Carta
Política, conforme al cual ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos
legislaturas”.
En el presente
caso, el Gobierno Nacional, a través del
Ministro de Defensa Nacional, presentó el 20 de septiembre de 2005 ante la
Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley
“por medio del cual se expide el código penal militar”,  por lo cual el término máximo
para el debate del mismo culminaba el 20 de junio de 2007.  Así, en
cumplimiento de ese plazo y luego de surtirse los debates en comisiones y
plenarias, el informe de la comisión accidental de conciliación fue aprobado
por las plenarias del Senado y de la Cámara en sendas sesiones, celebradas en la
Plenaria de Cámara de Representantes el 19 de junio de 2007, según consta en el Acta No. 59, página 14 de la
Gaceta del Congreso No. 428 de 2007, mientras el texto unificado fue aprobado por la Plenaria
del Senado el 19 de junio de 2007, según consta en el Acta No. 67, página 78 de
la Gaceta del Congreso No. 416 de 2007; es decir, durante la vigencia del término
previsto en el artículo 162 de la carta Política.
De igual manera, la Corte advierte que
el Presidente de la República formuló las objeciones por inconstitucionalidad
al Proyecto de Ley el 31 de julio de 2007, siendo que el mismo fue enviado por el Presidente de la Cámara de
Representantes y  recibido en la Presidencia de la República el 29 de junio de
2007; por tratarse de un proyecto de ley que cuenta con más de cincuenta
artículos, el Ejecutivo contaba con veinte días para devolverlo; es decir, el
Gobierno devolvió el proyecto de ley dentro del término previsto en el artículo
166 de la Constitución Política.
El informe sobre
las objeciones presidenciales fue presentado por la Comisión Accidental e incluido en el orden del día de la sesión
plenaria de la Cámara de Representantes del martes 27 de noviembre de 2007, y
fue aprobado en dicha sesión, según consta en el Acta No. 84, publicada en la
Gaceta del Congreso No. 678 de 2007, páginas 16 y 17; de su parte, la Plenaria
del Senado de la República aprobó el informe respectivo en la sesión celebrada
el miércoles 5 de diciembre de 2007, según consta en el Acta No. 25, publicada
en la Gaceta del Congreso No. 41 del viernes 15 de febrero de 2008. Teniendo en
cuenta que las Cámaras desestimaron las objeciones formuladas, el 19 de
diciembre de 2007, la Presidenta del Senado remitió el Proyecto de Ley a esta
Corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 167 superior.
La Corte
Constitucional adoptó la sentencia C-533 del 28 de mayo de 2008, mediante la
cual declaró parcialmente fundadas las objeciones presidenciales.  De acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 167 de la Carta Política, la
Cámara de Representantes integró una Comisión Accidental para que, oído el
ministro del ramo, rehiciera e integrara el texto del Proyecto de Ley.  Este
texto fue aprobado el 11 de noviembre de 2008 por la plenaria de la Cámara de
Representantes y el 12 de noviembre del mismo año, por parte de la plenaria del
Senado de la República.
De esta manera la
Sala comprueba que el trámite de las objeciones presidenciales no superó el plazo
de dos legislaturas, consagrado en el artículo 162 de la Carta Política
6. Análisis
material
6.1. La Sala
procederá a determinar si el texto rehecho e integrado por el Congreso de la
República, se aviene o no a lo dispuesto por la Corte Constitucional  en la
Sentencia C-533 de 2008.
6.1.2. Artículo
3º del proyecto de Ley
El texto
original del proyecto de Ley establecía:
“Artículo 3º. Delitos no
relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los delitos de tortura, el
genocidio y la desaparición forzada, entendidos en los términos definidos en
convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia”.
6.1.3.
El Presidente de la República objetó el texto transcrito por considerar que la
norma debe referirse
a todas las violaciones de derechos humanos y no solamente a los delitos de
tortura, genocidio y desaparición forzada, añadiendo que las violaciones de
derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario son
contrarias a la misión constitucional y legal de la fuerza pública, razón por
la cual deben estar excluidas del fuero militar.
A
su vez, la Corte, en la Sentencia C-533 de 2008, expresó:
“… en este caso la
Sala encuentra fundadas las objeciones formuladas por el Gobierno Nacional al
artículo 3º. del proyecto de ley, motivo por el cual  dispondrá proceder en los
términos del artículo 167 de la Carta Política; es decir, por Secretaría será
devuelto el proyecto de ley a la Cámara en que tuvo origen para que, oído el
Ministro del ramo, rehaga e integre la disposición en términos concordantes con
el presente dictamen.
En concepto de
la Corte, el texto del artículo 3º. del Proyecto de ley 111/06 Senado,
144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal Militar”, tal como
fue expedido por el Congreso admite dos interpretaciones. Una que atiende a su
tenor literal y que indicaría que no se relacionan con el servicio sólo los
delitos de tortura, genocidio y desaparición forzada, interpretación que sería
contraria a la Constitución por las razones citadas en la sentencia C-878 de
2000.
Sin embargo,
dicha norma puede ser exequible si se considera que además de los delitos de
tortura, genocidio y desaparición forzada, también quedan excluidos de la
competencia de la jurisdicción penal militar los delitos de lesa humanidad, los
que signifiquen atentado contra el Derecho Internacional Humanitario y las
conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la
Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente
con el servicio.
En efecto, para
que la disposición resulte acorde con la Constitución, le corresponderá al
Congreso ajustarla para incluir en ella que, además de la tortura, el genocidio
y la desaparición forzadas, tampoco se relacionan con el servicio los
delitos de lesa humanidad, los que signifiquen atentado contra el Derecho
Internacional Humanitario y las conductas que sean abiertamente contrarias a la
función constitucional de la Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan
el nexo funcional del agente con el servicio, entendidos en los términos
definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia.
(Subraya la Sala).
6.1.4. En la
parte resolutiva de la Sentencia C-533 de 2008, en cuanto al artículo 3º del
proyecto de Ley se refiere, la Corte dispuso:
“Primero.- Declarar FUNDADAS
las objeciones que por motivos de inconstitucionalidad fueron formuladas
por el Gobierno Nacional en relación con el artículo 3º. del proyecto de ley
111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal Militar”.
Segundo.-  De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 167 de la Constitución Política y 33 del
Decreto 2067 de 1991, por intermedio de la Secretaría General, remítase copia
del expediente legislativo y de esta sentencia a la Cámara de origen, para que
oído el Ministro del ramo, se rehaga e integre el artículo 3º. del proyecto de
ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal
Militar”, en términos concordantes con el dictamen expuesto en esta
providencia. Una vez cumplido este trámite, el proyecto de ley deberá ser
devuelto a la Corte Constitucional para fallo definitivo”.
6.1.5. El texto rehecho
del artículo 3º, según consta en la Gaceta del Congreso número 661 del jueves
25 de septiembre de 2008, página 2, es el siguiente:
“Artículo
3. Delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en
el artículo anterior, en ningún caso podrán relacionarse con el servicio los
delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, de lesa humanidad o
aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario, ni las
conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la
Fuerza Pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente
con el servicio, entendidos en los términos definidos en convenios y tratados
internacionales ratificados por Colombia”.
6.1.6. Al cotejar el texto rehecho e
integrado por el Congreso de la República con lo dispuesto por la  Corte
Constitucional en la Sentencia C-533 de 2008, la Sala encuentra que las Cámaras
Legislativas cumplieron adecuadamente con la exigencia prevista en el artículo
167 superior y, por lo tanto, declarará exequible el artículo 3º del proyecto
de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide el Código Penal
Militar”, respecto de las cuestiones analizadas en esta decisión y materia
de las objeciones presidenciales estudiadas.
6.2. El texto de
los artículos 171, 172 y 173 del Proyecto de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por
la cual se expide el Código Penal Militar”, es el siguiente:
“Artículo 171.
Amenazas a testigo. El que amenace a una persona testigo de un hecho delictivo
con ejercer violencia física o moral en su contra o en la de su cónyuge,
compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado, para que
se abstenga de actuar como testigo, o para que en su testimonio falte a la
verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro
(4) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Si la conducta
anterior se realizare respecto de testigo judicialmente admitido para
comparecer en juicio, con la finalidad de que no concurra a declarar, o para
que declare lo que no es cierto, incurrirá en prisión de cinco (5) a doce (12)
años y multa de cien (100) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
A las mismas
penas previstas en los incisos anteriores incurrirá quien realice las conductas
sobre experto que deba rendir informe durante la indagación o investigación, o
que sea judicialmente admitido para comparecer en juicio como perito.
Artículo 172.
Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El que
para evitar que se use como medio cognoscitivo durante la investigación, o como
medio de prueba en el juicio, oculte, altere o destruya elemento material
probatorio de los mencionados en esta ley o en el Código de Procedimiento
Penal, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de
doscientos (200) a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Artículo 173.
Impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas. El que por
cualquier medio impida o trate de impedir la celebración de una audiencia
pública de Corte Marcial durante la actuación procesal, siempre y cuando la
conducta no constituya otro delito, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6)
años y multa de cien (100) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”.
6.2.1. Para el Gobierno Nacional estos artículos
consagran conductas constitutivas de delitos contra la población civil que
deben estar tipificadas por el derecho penal común y ser juzgadas por la
jurisdicción ordinaria, pues ninguno de ellos puede ser considerado como delito
en relación con el servicio y, por lo tanto, deben ser eliminados del código
penal militar.
Para el Ejecutivo, en la medida que las
conductas tipificadas en los artículos objetados están dirigidas contra la
población civil, debido a la connotación del sujeto pasivo en el contexto del
Derecho Internacional Humanitario, adquieren un alcance que trasciende la
esfera del ámbito jurídico militar, ya que afectan bienes jurídicos tutelados
por el régimen sustancial ordinario, siendo inconstitucional incluirlos en
el proyecto de ley, por cuanto corresponden a delitos comunes de conocimiento
de la justicia penal ordinaria.
6.2.2. En la Sentencia C-533 de 2008,
respecto de la constitucionalidad de los artículos 171, 172 y 173 del proyecto
de Ley, la Corte expresó:
“…
en el proyecto de ley mediante el cual se expide el Código Penal Militar, el
legislador al configurar los delitos de amenazas a testigos, ocultamiento,
alteración o destrucción de elemento material probatorio, e  impedimento
o perturbación de la celebración de audiencia pública de Corte Marcial, tomo tipos
penales comunes y los trasladó como tales para el ámbito de lo que corresponde
conocer a la justicia penal militar, sin adecuarlos o incorporarles elementos y
circunstancias propias del servicio que presta la fuerza pública, o en relación
con el mismo, y que resultan relevantes para su adecuada agregación al Código
Penal Militar.
En
efecto, examinando la naturaleza misma de las conductas tipificadas en los artículos
171, 172 y 173 del proyecto de ley de Código Penal Militar, así como la
estructura típica que acogió el legislador para las mismas en el proyecto de
Código Penal Militar, se aprecia que las mismas no se encuentran estructuradas
con elementos específicos propios de la actividad que corresponde ejercer a la
fuerza pública o vinculada directamente con ella.
Las
conductas delictuales descritas en los artículos citados no tienen una
vinculación directa con la prestación del servicio que corresponde a la fuerza
pública, pues los delitos de amenazas a testigos, ocultamiento,
alteración o destrucción de elemento material probatorio, e  impedimento
o perturbación de la celebración de audiencia pública de Corte Marcial, están
por fuera de la órbita propia de la prestación del servicio militar al ser
conductas relacionadas con al adelantamiento propio de los procesos penales
militares.
Y,
el hecho de que el artículo 173, del proyecto de Código Penal Militar, en
cuanto al delito de impedimento o celebración de audiencia públicas se refiera
de manera particular a una audiencia pública de Corte Marcial, no desvirtúa las
anteriores afirmaciones, en cuanto sólo determina a qué audiencias se refiere
el tipo penal, pero no es un elemento sustancial o estructural del mismo, es
decir, atinente a las actividades concretas que corresponde realizar a la
fuerza pública o en relación con las mismas.
7.8.
Cabe recordar, que de conformidad con lo previsto en el artículo 221 de la
Constitución, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en
servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes
marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código
Penal Militar. Y, como lo ha considerado de manera reiterada esta corporación,
al definir la misma Constitución los elementos centrales de la competencia de
la justicia castrense, esta adquiere un carácter limitado y excepcional[28].
En
efecto, los delitos que se investigan y sancionan a través de la jurisdicción
penal militar no pueden ser ajenos a la órbita funcional de la fuerza pública,
resultando como justiciables por ésta únicamente los que cometan, (i) los
miembros de la fuerza pública, (ii) en servicio activo, (iii) cuando cometan
delitos que tengan ”relación con el mismo servicio”, es decir, los que se
derivan directamente de la función militar o policial que la Constitución, la
ley o los reglamentos les han asignado.
Por
tanto, los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio
activo, pero que no tengan relación directa con el mismo servicio no están
cobijadas por el fuero militar y por ello a la justicia penal militar no le
corresponde investigarlos y sancionarlos.
7.9.
Al respecto de la expresión “servicio”, esta corporación en
reiterada jurisprudencia ha considerado, que alude a las actividades concretas
que se orientan a cumplir o realizar las finalidades propias de las fuerzas
militares, defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional, y de la policía nacional, el
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y
libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz[29].
Sin
embargo, como no todos los actos de los miembros de la fuerza pública pueden
quedar comprendidos dentro del fuero castrense, para efectos de preservar la
especialidad penal militar es imperioso distinguir qué actos u omisiones se les
debe imputar como ciudadanos ordinarios, y cuales pueden imputárseles como
miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el
mismo.
En
efecto, cabe precisar en primer lugar, como lo ha considerado esta corporación,
que “la sola circunstancia de que el delito sea cometido dentro del tiempo
de servicio por un miembro de la fuerza pública, haciendo o no uso de prendas
distintivas de la misma o utilizando instrumentos de dotación oficial, en fin,
aprovechándose de su investidura, no es suficiente para que su conocimiento
corresponda a la justicia penal militar” (negrilla fuera del texto
original), pues ha podido cometer el delito al margen de la misión castrense
encomendada, por lo que, “el solo hecho de estar en servicio activo no lo
exime de ser sometido al derecho penal común[30]”.
De
admitirse la posibilidad de juzgamiento por la justicia penal militar de todas
las personas a las que se imputa un delito, por el sólo hecho de haberlo
cometido haciendo uso de las prendas militares o armas de dotación oficial, o
por el solo hecho de estar en servicio activo, se estaría concluyendo que el
fuero lo otorga la mera circunstancia de ser miembro de la fuerza pública, sin
reparar en la relación de su conducta con el servicio castrense objetivamente
considerado.
De
manera que, para tener derecho al fuero penal militar, además de la condición
de miembro de la fuerza pública en servicio activo, se requiere que el delito
tenga relación con el mismo servicio, lo que no significa que la comisión de
delitos sea un medio aceptable para el cumplimiento de la misión castrense; por
el contrario, el objetivo del derecho penal militares es excluir
comportamientos reprochables que, pese a tener relación con el servicio, denotan
desviación respecto de sus objetivos o medios legítimos, que son
repudiables y sancionables a la luz de la Constitución y la ley, pues en un
Estado de Derecho no es tolerable el uso de medios ilegítimos para la
consecución de sus fines.
Sin
embargo, es posible que en el ejercicio de las tareas o misiones propias de la
fuerza pública, voluntaria o culposamente, ésta se altere radicalmente, o se
incurra en excesos o defectos de acción originando una desviación de poder
capaz de desvirtuar el uso legítimo de la fuerza. En efecto, son estas
conductas a las que se aplica el fuero penal militar y a las que se les aplica
el Código Penal Militar.
Además,
los mencionados comportamientos reprochables deben tener una relación directa y
próxima con la función militar o policiva.
7.10.
En efecto, en el plano normativo, el legislador al configurar el Código Penal
Militar, puede crear tipos penales militares, o modificar o incorporar los
tipos penales ordinarios siempre y cuando tome en cuenta lo que genuinamente
tiene relación directa con los actos propios de servicio militar y policial, es
decir, los adapte al contexto de la función militar o policiva. De tal manera,
el Código Penal Militar puede contener, en relación con el servicio, (i) tipos
penales típicamente militares, siempre y cuando consideren las características
propias del servicio militar y policial, y (ii) tipos penales comunes,
incorporándoles elementos y circunstancias propias del servicio que presta la
fuerza pública y que resulta relevante tomar en consideración.
Como
lo ha considerado esta corporación[31], tanto en los delitos típicamente
militares como en los comunes adaptados a la función de la fuerza pública, el
concepto de servicio o misión legítima constituye un referente obligado para el
legislador, quien toma de éste características y exigencias propias para
proyectarlas luego como ingredientes o aspectos de las diferentes especies
punitivas. En estos dos casos convergen de manera ciertamente más acuciosa los
elementos personal y funcional que integran la justicia penal militar.
7.11.
Como la justicia penal militar constituye una excepción constitucional a la
regla del juez natural general, su ámbito de acción debe ser interpretado de
manera restrictiva. Así, un delito tendrá relación con el servicio únicamente
en la medida en que haya sido cometido en el marco del cumplimiento de la
labor, es decir, del servicio que ha sido asignada por la Constitución y la ley
a la fuerza pública. Para esta definición, cabe recordar las precisiones hechas
por la Corte acerca del ámbito del fuero penal militar:
“(…)
a)  que para que un
delito sea de competencia de la justicia penal militar  debe existir un vínculo
claro de origen entre él  y la actividad del servicio, esto es, el hecho
punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el
marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo
armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del
servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto.
Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la
realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de
los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional...
b)  que el vínculo
entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe
cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los
llamados delitos de lesa humanidad. En estas circunstancias, el caso debe ser
atribuido a la justicia ordinaria, dada la total contradicción entre el delito
y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública...
c)   que la relación
con el servicio debe surgir claramente de las pruebas que obran dentro del
proceso. Puesto que la justicia penal militar constituye la excepción a la
norma ordinaria, ella será competente solamente en los casos en los que
aparezca nítidamente que la excepción al principio del juez natural general
debe aplicarse. Ello significa que en las situaciones en las que exista duda
acerca de cuál es la jurisdicción competente para conocer sobre un proceso determinado,
la decisión deberá recaer en favor de la jurisdicción ordinaria, en razón de
que no se pudo demostrar plenamente que se configuraba la excepción”.
7.12.
En conclusión, respecto de los delitos consagrados en los artículos 171, 172 y
173 del proyecto de Código Penal Militar, son delitos comunes tipificados en el
Código Penal ordinario, pero no fueron adaptados al contexto de la función
militar o policiva y por lo tanto de sus elementos compositivos no puede
concluirse que se trate de aquellos que tengan relación con el servicio. Por
tanto, respecto de éstos la objeción se declara fundada y serán declarados
inexequibles pues si tales conductas no están sometidas al fuero militar
tampoco las puede investigar y sancionar la justicia penal militar.
7.13.
Aclara la Corte, que la inexequibilidad que se declarará respecto de los
artículos 171, 172 y 173 del proyecto de Código Penal Militar, no significa que
si tales delitos son cometidos por miembros de la fuerza pública puedan quedar
impunes, pues ellos deberán ser investigados y juzgados por la justicia penal
ordinaria”.
6.2.3. En la
parte resolutiva de la Sentencia C-533 de 2008, en cuanto a los artículos 171,
172 y 173 del proyecto de Ley, la Corte dispuso:
“Tercero.-
Declarar FUNDADAS las objeciones presidenciales respecto de los artículos 171,
172 y 173 del proyecto de Código Penal Militar.
Cuarto.- Como
consecuencia de lo anterior, declarar INEXEQUIBLES los artículos 171, 172 y 173
del  Proyecto
de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, ‘Por la cual se expide el Código Penal
Militar’”.
6.2.4. Al
verificar el texto rehecho e integrado[32] por la Cámaras
Legislativas, la Sala encuentra que los artículos 171, 172 y 173 del proyecto
de Ley fueron suprimidos y el articulado fue sometido a renumeración. Es decir,
el Congreso de la República cumplió adecuadamente con lo dispuesto por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-533 de 2008, mediante la cual fueron
declaradas fundadas las objeciones que por inconstitucionalidad formuló el
Gobierno Nacional respecto de los artículos mencionados.
III. DECISION
Por lo expuesto,
la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: Declarar
cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, en cuanto
al artículo 3º del proyecto de Ley. En consecuencia, declarar EXEQUIBLE el artículo
3º del proyecto de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por la cual se expide
el Código Penal Militar”, respecto de las cuestiones analizadas en esta
decisión y que fueron materia de las objeciones presidenciales estudiadas en la
Sentencia C-533 de 2008.
Segundo: Declarar
cumplida la exigencia del artículo 167 de la Constitución Política, en cuanto a
los artículos 171, 172 y173 del proyecto de Ley 111/06 Senado, 144/05 Cámara, “Por
la cual se expide el Código Penal Militar”.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional,
cúmplase y archívese el expediente.
NILSON PINILLA
PINILLA
Presidente
MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
Impedimento
aceptado
JUAN CARLOS
HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
Ausente en
comisión
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Cfr. Folio 182 del cuaderno principal.
[2] Cfr. Folio 181 del cuaderno principal.
[3] Cfr. Folio 180 del cuaderno principal.
[4] Cfr. Folio 4 y siguientes del cuaderno principal.
[5] Cfr. Folio 3 de cuaderno principal.
[6] Cfr. Folio 2 del cuaderno principal.
[7] Cfr. Folio 1 cuaderno de pruebas Senado de la República.
[8] Cfr. Gaceta del Congreso número 757 del 30 de octubre de 2008,
Págs. 1 a 4.
[9] Cfr.
Gaceta del Congreso número 757 del 30 de octubre de 2008, Págs. 4 a 72.
[10] Cfr. Folio 1 del cuaderno de pruebas
de la Cámara de Representantes.
[11] Cfr. Folio 1 del
cuaderno de pruebas de la Cámara de Representantes.
[12] Cfr. Folio 1 del
cuaderno de pruebas del Senado de la República.
[13] Cfr. Folio 182 del
cuaderno principal.
[14] Cfr. Folio
180 del cuaderno principal.
[15] Cfr. Gaceta
del Congreso número 757 de 2008, Págs., 4 y ss.
[16] Cfr. Folio 1
del cuaderno de pruebas de la Cámara de Representantes.
[17] Cfr. Gaceta del Congreso
número 13 del viernes 30 de enero de 2009, Págs. 15 y 16.
[18] Cfr. Gaceta del Congreso número 968
de 2008, Pág. 26.
[19] Cfr. Folio 1
del cuaderno de pruebas del Senado de la República.
[20] Cfr. Gaceta del
Congreso número 754 del 28 de septiembre de 2008, Pág. 1 y ss.
[21] Cfr. Gaceta del Congreso
número 111 del jueves 12 de marzo de 2009, Pág. 41.
[22] Cfr. Folio 3 del
cuaderno principal.
[23] Cfr. Gaceta del Congreso
número 757 de 2008.
[24] Cfr. Gaceta del Congreso número 968 de
2008 y Gaceta del Congreso número 110 de 2009.
[25] Cfr. Página 180 del
cuaderno principal.
[26] Corte
Constitucional, Sentencia C-068 de 2004
[27] Corte
Constitucional, Sentencia C-433 de 2004.
[28] Sentencia
C-358 de 1997
[29] Constitución Política, arts. 217
y 218
[30] Sentencia
C-358 de 1997
[31] Sentencia C-358 de 1997
[32] Cfr. Gaceta
del Congreso número 757 del 30 de octubre de 2008, página  4.