T-463-16
Sentencia
T-463/16
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos
generales y especiales de procedibilidad
VALORACION
DE PRUEBAS-Principios de independencia y autonomía judicial
DEFECTO
FACTICO POR INDEBIDA VALORACION PROBATORIA-Configuración
DEFECTO
FACTICO-Dimensión
negativa y positiva
REGIMEN
DE TRANSICION PREVISTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY 100/93-Reiteración
de jurisprudencia
HISTORIA
LABORAL-Contenido
y finalidad/HISTORIA LABORAL-Relevancia constitucional
La historia
laboral es un documento emitido por las administradoras de pensiones –sean
públicas o privadas- que se nutre a partir de la información sobre los aportes
a pensiones de cada trabajador. En ella se relaciona el tiempo laborado, el
empleador –si lo tiene- y el monto cotizado. También se consignan datos
específicos sobre el salario, la fecha de pago de la cotización, los días
reportados e igualmente se pueden hacer anotaciones sobre cada uno de los
períodos de aportes. La Corte Constitucional ha considerado que este documento tiene relevancia
constitucional
porque involucra la protección de derechos fundamentales y permite el
reconocimiento de prestaciones laborales. La historia de cotizaciones de
seguridad social contiene información relevante sobre la trayectoria laboral de
una persona, pero también contiene detalles de pagos efectuados a la
administradora de pensiones, con el objeto de acceder al reconocimiento de una
prestación social.
ENTIDAD
ADMINISTRADORA DE PENSIONES-Deber de custodia, conservación y guarda
de la información concerniente al Sistema de Seguridad Social
De acuerdo con
la ley y la jurisprudencia constitucional, las administradoras de pensiones son
las principales responsables de la custodia de la información, y de la certeza
y la exactitud de su contenido. A nivel legal, las entidades tienen el deber de
actuar de conformidad con las garantías del habeas data. De ahí, que les sean
aplicables los deberes que corresponden a los responsables y encargados del
tratamiento de datos, dispuestos en la Ley 1581 de 2012, que exigen conservar
la información, garantizarla en condiciones de seguridad, actualizarla y
rectificarla, entre otros. Existen también obligaciones específicas para las
administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida.
El artículo 53 de la Ley 100 de 1993 estipula deberes de fiscalización e
investigación de las entidades administradoras del régimen, que comprenden
verificar la exactitud de las cotizaciones y adelantar las investigaciones
pertinentes para comprobar la certeza de los hechos generadores, así como citar
a empleadores o terceros para que rindan informes necesarios.
INCONSISTENCIAS
EN HISTORIA LABORAL-Carga de la prueba es de la entidad
administradora de pensiones
PRINCIPIO
DE LA BUENA FE-Conlleva el respeto por el acto propio por lo que
las autoridades no pueden contradecir sus propias actuaciones precedentes
De acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, las administradoras de pensiones deben actuar
de conformidad con el principio de buena fe, en coherencia con los principios
de confianza legítima y de respeto del acto propio. Una vez la entidad profiere
un acto administrativo, éste la vincula, su actuación posterior debe ser en el
mismo sentido del acto, pues en el interesado se genera una convicción de
estabilidad de la situación jurídica. El acto podrá ser modificado siempre que
se agoten los procedimientos  legales. En asuntos relacionados con la seguridad
social el principio de buena fe cobra especial relevancia porque la alteración
a la situación jurídica de una persona tiene incidencia directa en el goce de
sus derechos pensionales, que son el reflejo del esfuerzo personal que asumen
los trabajadores por períodos extensos de sus vidas para asegurar su mínimo
vital cuando no estén en condiciones de trabajar. Por lo tanto, el
desconocimiento de los procedimientos y parámetros de conducta en este
escenario puede generar graves afectaciones a derechos fundamentales.
PRINCIPIO
DE LA BUENA FE, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGITIMA Y PRINCIPIO DE RESPETO AL ACTO
PROPIO-Colpensiones
ha afrontado inconvenientes en la completitud de la información de las
historias laborales de sus afiliados
INCONSISTENCIAS
EN HISTORIA LABORAL-Administradoras de pensiones deberán
desplegar las actuaciones que sean necesarias para garantizar la veracidad,
claridad y precisión de las historias laborales, y no se debe trasladar la
carga de su negligencia a los afiliados
PENSION
DE VEJEZ-Carga
de la prueba de administradoras de pensiones en controversias sobre
inconsistencias de historia laboral
ACCION
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por
defecto fáctico por indebida valoración probatoria y trasladar la carga de la
prueba a la accionante por inconsistencias en historia laboral para
reconocimiento de pensión de vejez
La Sala considera
que el Tribunal Superior incurrió en un defecto fáctico por hacer una
valoración probatoria contraria a los parámetros constitucionales determinantes
para el resultado de la decisión. El juzgador de segunda instancia construyó la
valoración probatoria a través de la premisa según la cual la demandante tenía
la carga de demostrar la veracidad de las cotizaciones reconocidas por el
Instituto de Seguros Sociales, que no figuraban en el registro de COLPENSIONES.
A juicio de la Sala un razonamiento de este tipo, que irradia la apreciación de
las pruebas, no tiene en cuenta la regla fijada por la jurisprudencia
constitucional que señala que las administradoras de pensiones tienen el deber
de custodia y guarda de las historias laborales, así como de asegurar la
veracidad de los datos consignados, y por lo tanto, tienen la carga de probar
la razón de las inconsistencias en las historias laborales.
Referencia:
expediente T-5.550.845.
Acción
de tutela instaurada por Luz Dary Ospina de de Los Ríos contra el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín.
Asunto: Carga de
la prueba en controversias sobre inconsistencias de las historias laborales.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Bogotá,
D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
La
Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la Magistrada
Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, y por los Magistrados Jorge Iván
Palacio Palacio y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
SENTENCIA
En revisión de
la providencia del 28 de abril de 2016, de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, que confirmó la decisión del 2 de diciembre de 2015 de la Sala
Laboral de la misma Corporación, en el sentido de negar la acción de tutela presentada
por Luz Dary Ospina de de Los Ríos contra el Juzgado Primero Laboral del
Circuito de Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa
ciudad.
El expediente
llegó a esta Corporación por la remisión que hizo el despacho que conoció la acción
de amparo en segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86
inciso 2° de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991.  El 27 de mayo de
2016, la Sala de Selección N° 5 de esta Corporación lo escogió
para su revisión.
I.
ANTECEDENTES
El 12 de
noviembre de 2015, la señora Luz Dary Ospina de de Los Ríos presentó acción de
tutela contra las decisiones proferidas, en primera instancia, por el Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Medellín y, en segunda, por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en el marco del proceso
laboral promovido por ella contra COLPENSIONES. Lo anterior, con el fin de que
le fueran amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y a la igualdad, que considera vulnerados por las sentencias de
las autoridades accionadas, pues, en su criterio, los juzgadores no efectuaron
una debida valoración probatoria de la historia laboral emitida por el
Instituto de Seguros Sociales en 2010, aportada por ella al proceso.
1. Hechos y solicitud de protección.
1.1 La señora
Luz Dary Ospina de de Los Ríos, tiene 59 años[1],
vive en la ciudad de Medellín, Antioquia y trabaja como ama de casa.
1.2 Afirma que
es beneficiaria del régimen de transición, estipulado en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, toda vez que hace parte del régimen de prima media con
prestación definida y para el primero (1º) de abril de 1994 contaba con más de
treinta y cinco (35) años de edad. En concreto, a la fecha señalada, tenía
treinta y siete (37) años.
Además, asegura
que al veinticinco (25) de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto
Legislativo No. 01 de 2005, había cotizado más de setecientas cincuenta (750)
semanas a pensiones.
1.3. El 27 de
diciembre de 2011 la señora Ospina de de Los Ríos solicitó por primera vez a la
Administradora Colombiana de Pensiones -en adelante
COLPENSIONES­-, el reconocimiento de la pensión de vejez[2].
No obtuvo respuesta a su petición, por lo que interpuso acción de tutela con
ese propósito[3].
Posteriormente, la entidad accionada respondió de forma negativa a la solicitud
de pensión y sostuvo que la accionante no cumplía con el número mínimo de
semanas cotizadas.
1.4. Mediante la
Resolución GNR 038815 del 16 de marzo de 2013, COLPENSIONES señaló que la señora
Ospina de de Los Ríos no cumplía con el requisito legal para ser beneficiaria
del régimen de transición y que tampoco reunía las condiciones para acceder a
la pensión de vejez, ya que solo contaba con 340 semanas cotizadas y se
requería 1250 semanas de aportes para las peticiones presentadas en 2013[4].
1.5. La
apoderada de la accionante interpuso recurso de apelación contra la resolución
que negó la pensión de vejez por considerar que COLPENSIONES no tuvo en cuenta
setecientas doce punto catorce (712,14) semanas, que en conjunto con las que sí
fueron reconocidas suman mil cincuenta y dos punto catorce (1052,14) semanas[5].
Como prueba de
su afirmación, aportó un reporte de semanas cotizadas a pensiones, expedido por
el Instituto de Seguros Sociales –ISS- el mes de noviembre de 2010, en el que
consta el período de cotización que la solicitante considera que no había sido
tenido en cuenta en la última resolución de COLPENSIONES. En dicho reporte, se
evidencia: (i) que la fecha de afiliación de la accionante fue el 21 de abril
de 1995; y (ii) que existen aportes desde el 2 de diciembre de 1974 hasta el 30
de abril de 2002, que suman 1052.14 semanas.
1.6. Mediante Resolución
VPB 3051 del 1º de agosto de 2013, COLPENSIONES confirmó la decisión tomada en
la Resolución GNR 038815 del 16 de marzo del mismo año, pues concluyó que la
accionante no cumplía con el número mínimo requerido de semanas cotizadas para
acceder a la pensión[6].
1.7. Ante la
negativa de COLPENSIONES, la señora Luz Dary Ospina de de  Los Ríos acudió ante
la justicia ordinaria para reclamar el reconocimiento de su derecho a la
pensión de vejez. Solicitó el pago de las mesadas de junio y diciembre de cada
año, reajustadas, y el pago retroactivo de las causadas desde el 3 de diciembre
de 2011, así como los intereses moratorios a los que hubiere lugar[7].
1.8. El
conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito
de Medellín. En la primera audiencia, la Jueza incorporó como pruebas los
documentos presentados por la demandante. COLPENSIONES no tachó de falsas
ninguna de ellas.
Una de las
pruebas aportadas por la señora Luz Dary Ospina era la certificación de semanas
cotizadas a pensiones, emitida el 19 de noviembre de 2010, por el Instituto de
Seguros Sociales. En dicho reporte consta que la fecha de afiliación de la
accionante a la entidad  fue el 21 de abril de 1995 y se indica que la señora
Ospina tiene aportes desde el 2 de diciembre de 1974 hasta el 30 de abril de
2002.
En especial,
vale resaltar que en dicha historia laboral hay un período de cotizaciones que
no está incluido en la historia laboral de COLPENSIONES, que comprende del
período del 2 de diciembre de 1974 al 16 de enero de 1989, y se detalla a
continuación.
Identificación
del empleador
Nombre
o razón social
Desde
Hasta
Último
salario
Semanas
Lic
Sim
Total
2016106489
EDINSA
02/12/1974
25/08/1978
$7.470
194.71
0
0
194.71
2017101567
SALUSTIANO
MESA J
09/10/1978
31/10/1978
$3.300
3.29
0
0
3.29
2017100706
EXPRESO CAMPO
VALDES LT
22/12/1978
27/02/1979
$3.300
9.71
0
0
9.71
2018204887
SERVICIOS UNO
A LTDA
20/03/1979
24/05/1979
$3.300
9.43
0
0
9.43
2017100163
TULIO ARBELAEZ
28/05/1979
27/11/1979
$3.300
26.29
0
0
26.29
2012100006
POSTOBON
20/11/1979
16/01/1989
$99.630
478.00
0
1
476.86
Tomado de la
historia laboral del Instituto de Seguros Sociales
Acto seguido, la
Jueza consideró necesario recaudar pruebas para proferir una decisión. Para
ello, ofició a COLPENSIONES para que aportara el reporte de semanas cotizadas
por la señora Ospina. También ofició a Edinsa, a Expreso Campo Valdés, a Servicios
Uno A Ltda y a Postobón, quienes fueron empleadores de la demandante durante el
período de tiempo que ella asegura que se efectuaron cotizaciones a pensión,
del cual COLPENSIONES no tiene registro. A estas últimas empresas les solicitó
informar si la señora Luz Dary Ospina de de Los Ríos laboró para ellos, y en
caso de que la respuesta fuera afirmativa, indicaran quienes eran los extremos
de la relación laboral y si se efectuaron aportes a pensión.
1.9. En
respuesta a los oficios proferidos, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Medellín recaudó tres pruebas:
Primero, el
representante legal de la empresa Expreso Campo Valdés envió un oficio
en el cual manifestó:
“[M]e
permito informarle que después de buscar en los archivos de la empresa no se
encontró hoja de vida a nombre de LUZ DARY OSPINA DE LOS RÍOS, identificada con
la C.C. No. 32.017.999, por consiguiente no se podría dar certificado de los
extremos de la relación laboral.
Pero
de igual manera se observa que del resumen de semanas cotizadas aportadas con
el oficio se puede constatar que se realizaron aportes para pensión del
22/12/1978 al 27/02/1979, por consiguiente durante este mismo tiempo laboró
para la empresa”[8].
Segundo, el
representante legal de la Empresa de Distribuciones Industriales –Edinsa-
respondió la petición de la siguiente forma:
“Queremos
manifestarle respetuosamente que faltaríamos a la verdad si afirmáramos que
dentro de nuestros archivos físicos y nuestros registros microfilmados reposa
alguna información laboral, que nos permita certificar que la señora Luz Dary
Ospina de Los Ríos identificada con C.C. 32.017.999 haya laborado en nuestra
empresa; así como no tenemos ningún soporte de la cancelación de la seguridad
social.
Colegimos
que los aportes registrados en la historia pensional de COLPENSIONES y
suministrada por su Abogada, donde aparecen aportes de la empresa Edinsa entre
las fechas 02/12/1974 al 25/08/1978, son ciertos, conclusión que sacamos de la
prueba física por Ustedes aportada”[9].
Tercero, COLPENSIONES
remitió un reporte de las semanas cotizadas a pensión por la señora Luz Dary
Ospina de de Los Ríos, en el que informa: i) que la fecha de afiliación de la
accionante fue el 21 de abril de 1995; y ii) que aquella cuenta con trescientas
cuarenta punto cuarenta y seis (340.46) semanas cotizadas desde enero de 1967
hasta la fecha de emisión de la historia laboral. Los períodos en los cuales se
verifican cotizaciones hacen referencia a aportes de dos empleadores, desde el
1º de abril de 1995 hasta el 30 de abril de 2002.
Adicionalmente,
vale señalar que la apoderada de la demandante remitió al Despacho Judicial el
oficio dirigido a Postobón, pues en sus instalaciones le informaron que
se trata de la misma empresa Edinsa[10].
1.10. El 22
abril de 2015, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín negó las
pretensiones de la señora Luz Dary Ospina de de Los Ríos.
Consideró que en
el informe de cotización aportado por COLPENSIONES y por la accionante, se
indica que ella se afilió al Fondo de Pensiones el 1º de abril de 1995. En
consecuencia, a su juicio, antes de esa fecha no existía obligación de
COLPENSIONES de ejercer el cobro coactivo a los empleadores de la accionante
para que efectuaran los pagos que correspondieran.
El Juzgado
mencionó que: “(  …)[n]o es de recibo el argumento de la apoderada de la
actora, (…), por cuanto debe distinguirse dos conceptos por sí diferentes como
son la “afiliación” de la “cotización”, que producen efectos diferentes (…). No
existiendo entonces la afiliación anterior al año 1994, lo obligatorio es
concluir que la demandante no tiene derecho a pensionarse con los requisitos
previstos en el Acuerdo 049 de 1990 –aprobado por el D. 758 de 1990–, (…)”[11]
Estimó que la
demandante no era beneficiaria del régimen de transición y no tenía derecho a
la pensión de vejez porque únicamente estaba demostrada la cotización de 340
semanas. En consecuencia, absolvió a COLPENSIONES de las pretensiones en su
contra y condenó en costas a la demandante por la suma de $644.350[12].
1.11. La
apoderada de la accionante presentó recurso de apelación contra la sentencia
del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín. En su criterio, la
historia laboral aportada por su poderdante ofrecía credibilidad sobre las
cotizaciones previas a 1995. Además, COLPENSIONES no allegó al expediente la
carpeta con la historia laboral de la señora Ospina, en la que deben constar todas
las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales.
1.12. El 18 de
junio de 2015, la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial del Medellín confirmó la sentencia del a quo.
Sostuvo que, de
acuerdo con los artículos 174 y 177 del Código de Procedimiento Civil,  la
ciudadana demandante tenía la carga de demostrar la veracidad de las
cotizaciones previas a 1995, para lo cual debía aportar certificados de su
vinculación laboral con las empresas que no aparecen reportadas en las
historias laborales de COLPENSIONES. Sin embargo, “no aportó documento
alguno que acreditara su vinculación al ISS desde 1974, mucho menos los
vínculos con los empleadores con quienes supuestamente trabajó antes de 1994”[13].
La Sala concluyó
que: “[a]l no existir medio probatorio alguno que acredite relaciones
laborales antes del año 94 y por el contrario, algunas de las empresas con las
que supuestamente laboró advierten que no existe en sus archivos constancia de
que la señora Ospina de (sic) los Ríos hubiese prestado servicios para ellas, no
puede ser otra la decisión de esta Corporación que no tener en cuenta la
historia laboral aportada por la accionante (…) contraria de la aportada por la
entidad accionada (…).”[14]
Para el Tribunal,
no existía prueba de la efectiva cotización de las semanas que la tutelante
adujo haber cotizado. Así, consideró que si bien en la historia
laboral aportada por la parte actora aparecen las semanas que ésta argumenta
tener cotizadas –1052,14 semanas–, las empresas que figuraban como las
cotizantes antes del 1º de abril de 1994, afirmaron que la señora Ospina de de
Los Ríos no trabajó en dichas entidades.
En consecuencia,
la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín consideró
que la señora Luz Dary Ospina de de Los Ríos no cumplía con los requisitos para
obtener pensión de vejez, por lo que confirmó la sentencia apelada.
1.13. El 20 de
noviembre de 2015, la señora Luz Dary Ospina de de Los Ríos interpuso acción de
tutela contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín –Sala Segunda de Descongestión
Laboral- porque considera que las decisiones de los accionados vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social.
En su criterio,
las providencias judiciales que desestimaron el valor probatorio del reporte de
cotizaciones emitido por el Instituto de Seguros Sociales en noviembre de 2010,
aportado por ella al proceso, le impusieron una carga probatoria que está en
cabeza del Estado. Relató que cuando consideró que había cumplido todos los
requisitos para obtener su pensión de vejez, el Instituto le expidió una certificación
de las semanas cotizadas, en la cual constaba que tenía el tiempo requerido de
aportes para obtener su pensión y tan solo le hacía falta cumplir con la edad exigida
por la ley, por lo que, convencida de la situación, dejó de trabajar y esperó
cumplir la edad necesaria para obtener la prestación. No obstante, al solicitar
el reconocimiento de su pensión a COLPENSIONES, encontró que la entidad tiene
una historia laboral en la que no se encuentran todas las cotizaciones
reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales.
Aseguró que las
decisiones judiciales le impusieron una carga que no debía soportar, pues era
COLPENSIONES “quien tenía o tiene la carga de vigilancia, custodia, cuidado
y responsabilidad de las carpetas de los afiliados es el Instituto de Seguros
Sociales, hoy COLPENSIONES, no los asegurados (…)”[15].
2. Actuación
procesal.
2.1. Mediante
auto del 24 de noviembre de 2015[16],
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia avocó el
conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular a COLPENSIONES.
2.2.
Dentro del término otorgado al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín,
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Medellín y
COLPENSIONES, las accionadas guardaron silencio.
3. Sentencia de
primera instancia
El 2 de
diciembre de 2015, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
negó el amparo por no encontrar prueba de las afirmaciones de la tutelante y
considerar que a ésta le correspondía dicha carga probatoria. La Sala consideró
que de las pruebas allegadas no era posible acceder a la actuación del proceso
original, objeto de tutela[17].
4. Impugnación
Mediante escrito
del 13 de enero de 2016[18],
la accionante impugnó la decisión de primera instancia. Manifestó que la
historia laboral aportada y expedida por el Instituto de Seguros Sociales debía
ser valorada para que le fuera reconocida la pensión de vejez, así como los
respectivos intereses moratorios.
5. Sentencia de
segunda instancia
El 28 de abril
de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el
fallo de primera instancia. El ad quem citó la sentencia de la Sala
Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y coincidió en
que la señora Ospina de de Los Ríos no cumplía con el mínimo de semanas
cotizadas para acceder a la pensión de vejez. Consideró que la peticionaria
pretendía revivir el debate resuelto por el juez especializado.
6. Actuaciones
en sede de revisión
El 28 de julio
de 2016, la Magistrada sustanciadora emitió un auto en el cual vinculó al
trámite de la tutela de la referencia a la Sala Cuarta de Decisión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín por ser la autoridad que
profirió la sentencia de segunda instancia que reprocha la accionante. Lo
anterior, porque el despacho encontró que en el curso de la acción de amparo se
tomó como autoridad judicial demandada a la Sala Segunda de Descongestión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Sin embargo, la
providencia atacada no había sido proferida por dicha Sala, sino por la Sala
Cuarta de Decisión Laboral del mismo Tribunal. En consecuencia, se puso en
conocimiento del proceso a la autoridad que tomó la decisión judicial que se
revisa.
El 16 de agosto
de 2016, la Oficial Mayor de la Corte Constitucional le informó al despacho de
la Magistrada sustanciadora que el auto del 28 de julio del mismo año fue
comunicado el 1º de agosto de 2016 y “[d]urante el referido término, no se
recibió comunicación alguna”[19].
Por lo tanto, se
encuentra que la Sala Cuarta de Decisión laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, autoridad que emitió la sentencia de segunda
instancia, se encuentra debidamente vinculada al proceso de la referencia y puede
ser destinataria de las órdenes que se encuentren pertinentes.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Competencia
1. Esta Sala es
competente para decidir el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Asunto bajo revisión y problemas jurídicos
2. La accionante, Luz Dary Ospina de de Los
Ríos, de 59 años, presentó acción de tutela contra las providencias judiciales
que determinaron que no tenía derecho a la pensión de vejez. Relató que en noviembre
de 2010, el Instituto de Seguros Sociales certificó que ella había cotizado mil
cincuenta y dos punto catorce (1052,14)[20]
semanas a pensiones. Por lo anterior, la accionante asegura que desde ese
momento tuvo el convencimiento de que reunía el requisito de semanas de
cotización necesarias para acceder a la prestación y dejó de trabajar, a la
espera de cumplir la edad necesaria para solicitar el reconocimiento de la
pensión.
Una vez cumplió la edad para acceder a la
pensión de vejez exigida a los beneficiarios del régimen de transición (55 años
y 1000 semanas  de cotización), solicitó su reconocimiento ante COLPENSIONES. La
entidad negó la petición porque la solicitante solo tenía registro de
trescientas cuarenta punto cuarenta y seis (340.46) semanas de aportes. En
consecuencia, consideró que ella no cumplía los requisitos para ser beneficiaria
del régimen de transición, ni las condiciones para obtener la pensión de vejez.
La afiliada presentó recurso de apelación contra la decisión administrativa y
aportó la certificación del Instituto de Seguros Sociales, sin embargo,
COLPENSIONES confirmó su decisión previa.
3. La señora Luz Dary Ospina de de los Rios
demandó la decisión de COLPENSIONES ante la jurisdicción laboral. El Juzgado
Primero Laboral del Circuito de Medellín conoció el proceso. En la primera
audiencia, la Jueza incorporó como pruebas los documentos aportados por la
demandante y ofició a varios empleadores que referenciados en la certificación
del Instituto de Seguros Sociales y no figuraban en las resoluciones de
COLPENSIONES. Las empresas aseguraron que no contaban con información de la
demandante en sus bases de datos, pero que de conformidad con la resolución del
Instituto de Seguros Sociales, concluían que su empresa había efectuado aportes
a pensiones a nombre de ella. En el fallo, la Jueza absolvió de responsabilidad
a COLPENSIONES. Consideró que las historias laborales tienen información
diferente en relación con las semanas cotizadas, sin embargo, advirtió que coinciden
en señalar que la fecha de afiliación de la señora Luz Dary Ospina es el 1º de
abril de 1995. En consecuencia, estimó que la Administradora de Pensiones no
tenía la obligación de cobrar los aportes a pensiones a los empleadores que
tuvo la accionante antes de 1995 y que solo era posible tener en cuenta como
semanas de cotización aquellas posteriores a esa fecha, indicadas por COLPENSIONES,
no las señaladas en la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros Sociales,
aportada por la demandante.
4. En segunda instancia, la Sala Cuarta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín confirmó la decisión del a
quo. En su criterio, la carga de demostrar la veracidad de las cotizaciones
realizadas antes de 1995, certificadas por el ISS, recaía en la demandante. Y dado
que ella no aportó constancias de su vinculación en los lugares en los que
trabajó, cuyos períodos no aparecen reportados en la historia laboral de
COLPENSIONES, consideró que la demadante no cumplió con la responsabilidad
probatoria que le correspondía. Por lo tanto, concluyó que únicamente estaban
acreditadas trescientas cuarenta punto cuarenta y seis semanas de cotización
(340.46) y negó la pensión porque no existían aportes suficientes para
reconocerla.
5. Ante la anterior decisión, la señora Luz
Dary Ospina de de Los Ríos acudió a la acción de amparo para controvertir las
decisiones del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín y de la Sala
Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de mismo distrito judicial.[21]
A juicio de la actora, el razonamiento del juzgador de segunda instancia afectó
sus derechos al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social.
6. En este caso corresponde a la Sala
estudiar una tutela contra providencia judicial, para lo cual debe seguir la
estricta metodología dispuesta en la sentencia C-590 de 2005.
En un primer momento, la Sala analizará si a
la luz de la jurisprudencia sobre tutela contra providencia judicial, la presente
solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedencia. Para lo
anterior, primero se reiterarán dichos requisitos y luego se analizará si se
reúnen en el caso concreto.
Requisitos
generales y específicos de tutela contra providencias judiciales. Reiteración
de jurisprudencia.
7. El artículo
86 de la Constitución señala que la tutela procede cuando los derechos
fundamentales resultan amenazados o vulnerados “por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”[22].
Por lo tanto, esta Corporación
ha estimado que si una autoridad judicial afecta derechos fundamentales en sus
providencias, las personas pueden acudir a la acción de tutela para solicitar
protección.
8. La
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha variado sobre este asunto. En un
primer momento, no se consideraba admisible la tutela contra providencias
judiciales (sentencia C-543 de 1992[23]). Sin embargo,
esa postura jurisprudencial cambió para permitir la interposición de la acción
de amparo cuando una autoridad judicial incurría en una vía de hecho y afectaba
derechos fundamentales. (sentencia T-231 de 1994[24]).
9.
Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional
modificó su jurisprudencia para superar la doctrina de las vías de hecho y
sistematizar las causales para la procedencia de la acción de amparo contra
providencia judicial. Primero, diferenció causales generales y específicas para
la procedencia. Las primeras se ocupan de constatar el cumplimiento de los
requisitos que
habilitan la interposición de la tutela; y
las segundas analizan específicamente si hay errores del auto o la sentencia,
que tienen la entidad de vulnerar derechos fundamentales y “tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”[25].
10. De acuerdo
con lo expuesto en la sentencia C-590 de 2005, los requisitos
generales son:
a). Que la
cuestión discutida sea de relevancia constitucional de forma tal que el
juez constitucional pueda analizar el asunto que se le presenta en la tutela y
no interfiera en una cuestión que le corresponde definir exclusivamente al juez
del conocimiento.
b). Que se hayan
agotado los recursos ordinarios y extraordinarios para constatar que la
acción es subsidiaria y no se utiliza como mecanismo principal cuando el
sistema judicial ofrece otras vías para tramitar la reclamación.
c). El
cumplimiento del requisito de inmediatez tiene como objeto verificar que
la acción de tutela se ejerza en un término razonable después del hecho del
cual se deriva la afectación.
d). En caso de
alegarse una irregularidad procesal, que ésta tenga la entidad de
afectar derechos fundamentales y haya sido determinante en el sentido de la
decisión judicial que se reprocha.
e). Que la parte
actora identifique tanto los hechos, como los derechos vulnerados, y que
haya esgrimido sus argumentos en el proceso judicial, de ser posible.
f). Que la
tutela no se interponga contra un fallo de tutela, “por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse
de manera indefinida (…)”[26]
11. Antes de
continuar con la exposición de los requisitos específicos de la tutela contra
decisiones judiciales, la Sala verificará si en el caso concretos se cumplen
las condiciones generales para que el juez constitucional pueda intervenir.
Los requisitos
generales de tutela contra providencia judicial en el caso concreto
12.1. La acción
de tutela tiene relevancia constitucional porque cuestiona la efectiva
protección del derecho al debido proceso y sus repercusiones en el derecho a la
seguridad social, a partir de la aplicación de un criterio de valoración
probatoria en las discusiones judiciales sobre inconsistencias en las historias
laborales. Como ha expuesto esta Corporación, las historias laborales tienen
relevancia constitucional en virtud de los derechos que involucran[27],
en consecuencia, el debate que presenta la señora Ospina reviste especial
importancia constitucional.
12.2. La
accionante agotó los recursos exigidos por la jurisprudencia constitucional
en este tipo de casos, pues acudió al juez natural y después de obtener un
fallo desfavorable en primera instancia, apeló la decisión.
En casos similares, esta Corporación ha
considerado cumplido el requisito de agotamiento de los recursos cuando el
mecanismo judicial no utilizado tendría una decisión tardía, pues se pueden
comprometer los derechos fundamentales de los interesados, cuando no están en
edad de trabajar y tienen condiciones económicas precarias[28]. Igualmente,
ha estimado la Corte que la simple verificación de mecanismos judiciales que no
se utilizaron no configura el incumplimiento de la condición de subsidiariedad
de la tutela. Es indispensable evaluar en el caso específico la idoneidad y
efectividad del recurso o la acción para proteger los derechos[29].
En el caso concreto, aunque la accionante
no presentó recurso extraordinario de casación en contra de la decisión del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la Sala considera que no
le era exigible utilizar dicho recurso porque muy probablemente éste no sería
efectivo para proteger sus derechos bajo las particularidades de este caso, por
las razones que se exponen a continuación.
La sentencia de casación de la Corte
Suprema de Justicia puede tardar varios años, con lo cual se amenaza el mínimo
vital de la accionante. La Sala observa que la señora Ospina ha superado la
edad límite para trabajar, pues en la actualidad tiene 59 años, por lo cual,
como ella expone en su tutela, se reducen las posibilidades de obtener un
trabajo y conseguir ingresos que le permitan subsistir mientras se lleva a cabo
el trámite judicial para resolver el recurso extraordinario. Asimismo, se
encuentra que las últimas cotizaciones a pensiones por parte de la actora
tuvieron un índice base que correspondía con el salario mínimo de la época[30],
así que se infiere que en la actualidad no cuenta con otros recursos para
cubrir sus gastos diarios.
La Sala considera que resulta
desproporcionado exigir a la accionante que acuda a la Corte Suprema de
Justicia y presente un recurso extraordinario que es riguroso técnico y argumentativamente,
cuando en las condiciones particulares de la accionante implicarían que podría
verse expuesta a un perjuicio irremediable si no recibe una respuesta judicial
oportuna sobre su petición pensional. Además, vale señalar que la controversia
que ha planteado es de gran interés constitucional, pues se refiere a los
parámetros que ha impuesto la jurisprudencia de esta Corporación frente a la
valoración probatoria en controversias sobre las historias laborales.
En consecuencia, la Sala considera que
existen fuertes razones para considerar que se cumple el requisito de
subsidiariedad en el caso concreto.
12.3. La acción
cumple con el requisito de inmediatez, pues se interpuso en un tiempo
razonable después de la última actuación judicial que se reprocha. La sentencia
de la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín se profirió el 18 de junio de 2015 y el amparo se solicitó
el 20 de noviembre del mismo año, es decir, aproximadamente cinco meses
después.
A juicio de la
Sala, el lapso que transcurrió entre la decisión judicial de segunda instancia
y la presentación de la acción de tutela es un tiempo aceptable para que una
persona que ha iniciado un proceso judicial conozca la decisión, la entienda,
busque asesoría, determine cómo continuar en la defensa de sus derechos,
prepare una petición y la presente, máxime, si se trata de controvertir una
sentencia que pone fin a un proceso laboral en segunda instancia.
12.4. La peticionaria
no alega la existencia de una irregularidad procesal, así que no es
necesario determinar su entidad en el sentido de la decisión judicial.
12.5. La
accionante identificó tanto los hechos, como los derechos vulnerados,
en el proceso judicial pues, como se observa, la apoderada de la accionante
solicitó constantemente a los juzgadores de primera y segunda instancia que se
tuviera en cuenta la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros
Sociales y aportada por la accionante al proceso.
12.6.
Finalmente, se advierte que la tutela no se interpuso contra un fallo de
tutela, sino contra las sentencias que resolvieron la demanda laboral
interpuesta por la accionante en este trámite contra COLPENSIONES.
13.
En consecuencia, la Sala vislumbra que ante el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, le
corresponde analizar si se configura alguno de los requisitos específicos.
Corresponde a esta Corte estudiar si la
sentencia de la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín incurrió en una causal específica de tutela contra providencia
judicial. Aunque la accionante no precisó la causal específica que a su juicio
operaría en el caso concreto, será necesario examinar si el reparo de la actora
que cuestiona el ejercicio y análisis probatorio de los juzgadores se enmarca
en un defecto fáctico.
Entonces, el problema jurídico que se debe
resolver es si ¿la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín incurrió en un defecto fáctico en la sentencia del 18 de junio de 2015
que confirmó el fallo del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, al
considerar que la demandante tenía la carga probatoria de demostrar si las
cotizaciones certificadas por el Instituto de Seguros Sociales, ausentes en los
registros del COLPENSIONES, efectivamente se hicieron y por lo tanto incurrió
en una valoración defectuosa de las pruebas?
Vale precisar que, en estricto sentido, la
Sala no revisará la decisión de primera instancia en el proceso ordinario,
proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, pues la
decisión que puso fin al proceso promovido por la accionante fue la del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, de segunda instancia.
Para
resolver el problema jurídico planteado, a continuación se abordarán los
siguientes temas: (i) requisitos específicos de tutela contra providencias
judiciales, (ii) el defecto fáctico; (iii) el régimen de transición para
pensión de vejez establecido en la Ley 100 de 1993;  (iv) la información de la
historia laboral, así como los derechos y expectativas que surgen de ella; (v)
la jurisprudencia sobre las inconsistencias de las historias laborales y la
carga de la prueba que recae en la administradora de pensiones para tales
casos; y, finalmente, (vi) resolverá el caso concreto.
Requisitos específicos para la procedencia
de tutela contra providencias judiciales
14. Como
se expuso líneas atrás, la sentencia C-590 de 2005 señaló la metodología
de análisis de las tutelas contra providencias judiciales. Una vez verificados
los requisitos generales, que indagan por las condiciones que habilitan la
interposición de la tutela; debe verificarse si en la decisión judicial que se
demanda hay defectos con la entidad de vulnerar derechos fundamentales y “tocan
con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”[31].  Estos
últimos son los requisitos específicos. Éstos son:
a). Defecto
orgánico que se configura cuando el funcionario que expide la decisión
carece de competencia para ello;
b). Defecto
procedimental que consiste en que el juez actúa al margen del procedimiento
legal dispuesto para el asunto que conoce;
c). Defecto
fáctico, que se puede configurar a causa de la falta de decreto de pruebas,
la no valoración de los elementos probatorios o la defectuosa valoración de los
mismos[32];
d). Defecto
material o sustantivo, que se presenta cuando la providencia adopta una
decisión con base en normas inexistentes, inconstitucionales o “que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión”[33];
e). Error
inducido, en caso de engaño a la autoridad judicial que resultó
determinante en la toma de la decisión;
f) Decisión
sin motivación que se produce cuando la providencia omite exponer los
fundamentos fácticos o jurídicos en los cuales soporta la resolución del caso;
g). Desconocimiento
de precedente en el que incurren la decisión que limita o se aparte el
precedente fijado por las Altas Cortes. Como ha señalado esta Corporación, “(…)
en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado”[34];
h). Violación
directa a la Constitución que se presenta cuando una decisión no es
respetuosa de la Carta Política y omite el principio de supremacía
A continuación,
por la relevancia para resolver los asuntos sub judice se explicará de
qué hace referencia la causal específica de defecto fáctico.
Defecto fáctico[35]
15.
Desde sus inicios esta Corte estableció que los jueces naturales tienen amplias
facultades para efectuar el análisis del material probatorio en cada caso[36].
Por ello, cuando se alega un error de carácter probatorio, la evaluación de la
providencia judicial en sede de tutela, debe privilegiar los principios de
autonomía e independencia judicial[37].
No
obstante, la valoración probatoria debe estar inspirada en los principios de la
sana crítica, atender necesariamente a criterios de objetividad, racionalidad,
legalidad y motivación, entre otros, y respetar la Constitución y la ley. De lo
contrario, la discrecionalidad judicial sería entendida como arbitrariedad,
hipótesis en la cual se configuraría la causal por defecto fáctico y el juez de
tutela podría revocar la providencia atacada[38].
16.
Esta Corporación estableció que el defecto fáctico se configura en las
siguientes hipótesis:
“(i)
la falta de decreto y práctica de pruebas conducentes a la solución del caso;
(ii) la errada valoración de las pruebas allegadas al proceso, esto es, una
interpretación errónea de las mismas y (iii) la valoración de pruebas que son
nulas de pleno derecho o totalmente inconducentes, es decir, ineptitud o
ilegalidad de la prueba”[39].
17.
Asimismo, esta Corte puntualizó que el defecto estudiado tiene dos dimensiones,
una positiva[40]
y otra negativa[41].
La primera se presenta cuando el juez efectúa una valoración por “completo
equivocada” o fundamenta su decisión en una prueba no apta para ello y, la
segunda, cuando omite o ignora la valoración de una prueba determinante o no
decreta su práctica sin justificación alguna.
Con todo, esta
Corporación ha sido enfática en señalar que “para que la tutela resulte procedente
ante un error fáctico, [e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser
de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe
tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria
del juez que ordinariamente conoce de un asunto”[42]”[43].
El
régimen de transición para pensión de vejez establecido en la Ley 100 de 1993[44]
18.
Con la creación del Sistema General de Pensiones regulado en la Ley 100 de
1993, el Legislador consagró un régimen de transición con el fin de proteger
las expectativas legítimas de los trabajadores afiliados al régimen de
prima media, que estaban próximos a adquirir la pensión de vejez con los
requisitos de monto, edad y tiempo de cotización en el régimen anterior, al
momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, es decir a
partir el 1º de abril de 1994.
El
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece que “[l]a edad para acceder a la
pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el
monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual
se encuentren afiliados”.
19.
En particular, sobre la aplicabilidad del régimen de transición, en la sentencia
T-892 de 2013[45]
la Corte reiteró las reglas fijadas por este Tribunal en varias ocasiones[46]
y estableció que el artículo 36 de dicha normativa dispuso: (i) en qué consiste
el régimen de transición; (ii) la categoría de los trabajadores que pueden
acceder a él; y (iii) las circunstancias por las que se pierde el beneficio
consagrado en tal régimen.
En
la providencia anteriormente referida, la Corte estableció que el régimen de
transición “prevé como beneficio para acceder a la pensión de vejez, que la
edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la
misma, sea la establecida en el régimen anterior al cual se encuentre afiliado
el trabajador”. Asimismo, indicó que dicho beneficio está dirigido a tres
categorías de trabajadores:
(i)
Mujeres con treinta y cinco (35) o más años de edad al 1º de abril de 1994.
(ii)  Hombres
con cuarenta (40) o más años de edad al 1º de abril de 1994.
(iii) Hombres
y mujeres que independientemente de la edad, acrediten quince (15) años o más
de servicios cotizados al 1º de abril de 1994.
20.
Por otra parte, en el Acto Legislativo 01 de 2005, el Constituyente dispuso un
límite temporal para la aplicación del régimen de transición en materia de
pensiones, así:
Artículo
48. Parágrafo Transitorio 1. “El régimen de transición establecido en la Ley
100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse
más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto
Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”. (Negrilla
propia).
21.
En consecuencia, el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993 solo se
extendió para quienes al 31 de julio de 2010 contaran con al menos 750 semanas.
Vale señalar, que este Tribunal ha establecido que la expresión “hasta el
año 2014”, que se refiere al límite de tiempo en el que tendrá efectos el
régimen,  implica que su vigencia se extendería hasta el 31 de diciembre de
2014[47].
La información de la historia laboral. Expectativas
y obligaciones
22. La historia
laboral es un documento emitido por las administradoras de pensiones –sean
públicas o privadas- que se nutre a partir de la información sobre los aportes a
pensiones de cada trabajador. En ella se relaciona el tiempo laborado, el
empleador –si lo tiene- y el monto cotizado. También se consignan datos
específicos sobre el salario, la fecha de pago de la cotización, los días
reportados e igualmente se pueden hacer anotaciones sobre cada uno de los
períodos de aportes.
La Corte Constitucional ha considerado
que este documento tiene relevancia constitucional
porque involucra la protección de derechos fundamentales y permite el
reconocimiento de prestaciones laborales.[48]
23. Así, la
importancia de la historia laboral se acompasa con la doble faceta del derecho
a la información, que por un lado, es un derecho en sí mismo; y por otro,
constituye un instrumento para el ejercicio de otros derechos.
De una parte, la
historia laboral es valiosa en sí misma porque contiene información laboral sobre
el trabajador y su empleador. Por ello, las personas tienen la facultad de conocer,
actualizar y rectificar sus datos[49].
Además,
la Sala desea resaltar que la importancia de estos documentos radica también en
que tienen un registro de los pagos que se han efectuado a la administradora de
pensiones para que en un futuro se conceda el pago de una prestación. De esta
forma, las certificaciones deben reflejar cada una de las sumas de dinero recibidas.
A su vez, la
historia laboral es un instrumento para el ejercicio de otros derechos, pues de
acuerdo con la información que contiene se reconocen o niegan prestaciones
sociales y se generan obligaciones entre los empleadores, los trabajadores y la
administradora de pensiones. Por lo tanto, la información que reposa en las
historias puede crear expectativas de derechos y su alteración  puede vulnerarlos.
En suma, la
historia de cotizaciones de seguridad social contiene información relevante
sobre la trayectoria laboral de una persona, pero también contiene detalles de
pagos efectuados a la administradora de pensiones, con el objeto de acceder al
reconocimiento de una prestación social.
24. Ahora bien, de acuerdo con la ley y
la jurisprudencia constitucional, las administradoras de pensiones son las
principales responsables de la custodia de la información, y de la certeza y la
exactitud de su contenido.
25. A nivel legal, las entidades tienen
el deber de actuar de conformidad con las garantías del habeas data. De
ahí, que les sean aplicables los deberes que corresponden a los responsables y
encargados del tratamiento de datos, dispuestos en la Ley 1581 de 2012, que
exigen conservar la información, garantizarla en condiciones de seguridad,
actualizarla y rectificarla, entre otros[50].
Existen también obligaciones específicas
para las administradoras del régimen solidario de prima media con prestación
definida. El artículo 53 de la Ley 100 de 1993 estipula deberes de
fiscalización e investigación de las entidades administradoras del régimen, que
comprenden verificar la exactitud de las cotizaciones y adelantar las
investigaciones pertinentes para comprobar la certeza de los hechos
generadores, así como citar a empleadores o terceros para que rindan informes
necesarios[51].
26. A nivel jurisprudencial, esta Corte ha sostenido de forma constante
que las administradoras de pensiones tienen la “obligación general de seguridad y
diligencia en la administración y conservación de los datos personales y una
obligación específica de corregir e indemnizar los perjuicios causados por el
mal manejo de la información”[52]. A su vez, ha considerado que deben “emplear
todos los medios técnicos y humanos que estén a su alcance para evitar su
deterioro y pérdida”[53].
Recientemente, la sentencia T-079 de 2016[54] explicó, al menos tres grupos de obligaciones
de las administradoras de pensiones en relación con la historia pensional, a
saber, (i) el deber de custodiar, conservar y guardar la
información y los documentos que soportan las cotizaciones, que
hace referencia al especial cuidado que deben tener las entidades al organizar
y manipular las historias laborales[55];
(ii) la obligación de consignar información cierta, precisa, fidedigna y
actualizada en las historias laborales, que se enfoca en las
características mínimas que deben reunir los datos contenidos en los registros
laborales[56];
(iii) el deber de brindar respuestas oportunas y completas a las solicitudes de
información, corrección o actualización de la historia laboral que formulen los
afiliados al Sistema General de Pensiones, lo anterior porque en el marco
de garantizar la veracidad de la información, en caso de que ésta sea inexacta,
se debe garantizar la oportunidad y los canales adecuados para que los
interesados presenten sus peticiones de corrección y sean respondidas en debida
forma[57];
y (iv) la obligación del respeto del acto propio, que se torna en una
protección al trabajador cuando la entidad modifica la información de sus
cotizaciones de forma intempestiva[58].
Igualmente, la jurisprudencia ha enfatizado que las administradoras de
pensiones tienen el deber de desplegar las actividades que sean necesarias para
garantizar que la información consignada sea precisa, clara, detallada,
comprensible y oportuna. Es por esto que de presentarse alguna anormalidad, a la
entidad le corresponde resolver las confusiones y determinar la veracidad de la
información.
27. Los deberes de las administradoras
de pensiones implican que ellas están obligadas a responder por el tratamiento
de la información pensional, así que no les es posible endilgar sus
responsabilidades a los afiliados. El alcance de las reglas dispuestas en la ley
y la jurisprudencia establece que son las entidades, que construyen, guardan y
vigilan las historias laborales, las llamadas a responder por los
inconvenientes que puedan presentar los documentos y sus contenidos. Una
interpretación diferente dejaría desprovisto de contenido el deber de las
aseguradoras y los derechos de los titulares de la información. Al respecto, es
ilustrativo citar lo expuesto por esta Corporación en la sentencia T-855 de
2011:
“Al ser las entidades administradoras de pensiones las llamadas a
la conservación, guarda y custodia de los documentos contentivos de la
información correspondiente a la vinculación del afiliado al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, no les es dable trasladarle al interesado las
consecuencias negativas del deficiente cumplimiento de dichas obligaciones,
es decir, de la pérdida, deterioro, desorganización o no sistematización de
dicha información.
Una interpretación contraria a la anterior tornaría ineficaces las
disposiciones relativas a los deberes que competen a estas entidades como
administradoras del sistema, pues administrar implica, de suyo, propender por
la mejor prestación de los servicios que se dirigen y prestan, siendo contrario
a derecho la vulneración de garantías constitucionales como consecuencia de la
inobservancia de obligaciones administrativas de esta índole”. (Negrilla propia).
28. En consecuencia las administradoras
de pensiones no deben trasladar sus deberes a los trabajadores y el
incumplimiento de los mismos no puede generar  consecuencias negativas al
trabajador. Así lo ha expuesto la jurisprudencia constitucional[59] y, con
claridad, la sentencia T-482 de 2012 señaló:
“A las entidades administradoras de pensiones no les es dable
trasladar al interesado las consecuencias negativas del deficiente cumplimiento
de dicha obligación, es decir, de la desorganización y no sistematización de la información
sobre cotizaciones laborales. Se trata pues de errores operacionales que no
pueden afectar al afiliado, cuando éste logra demostrar que la información que
reposa en la base de datos sobre su historia laboral, no es correcta o precisa”[60].
(Negrilla propia).
En síntesis, la Sala advierte que la
administradora de pensiones es la principal obligada a responder frente a las
controversias que surjan a partir de los registros que aparecen en las
historias laborales, pues es la entidad que tiene a su cargo el manejo de los
datos laborales y su tratamiento. Además, la Ley y la jurisprudencia le han
exigido una especial diligencia en el manejo de dicha información en razón de
su relevancia constitucional. Por lo tanto, la entidad deberá desplegar las actuaciones que sean necesarias
para garantizar la veracidad, claridad y precisión de las historias laborales[61].
Las
inconsistencias de las historias laborales y la carga de la prueba de la
administradora de pensiones
29. Una de las
controversias que se ha presentado en los últimos años en materia de seguridad
social se refiere a las inconsistencias en la información de las historias
laborales. En algunos casos, la certificación de semanas cotizadas expedida por
el Instituto de Seguros Sociales –ISS- difiere de la constancia de COLPENSIONES,
o, en otros casos, esta última entidad ha emitido historias laborales para una
misma persona con diferentes datos[62].
Por ejemplo, a
través del auto 110 de 2013[63]
la Sala Novena de Revisión constató fallas estructurales que han impedido que
los directivos del Instituto de Seguros Sociales y de Colpensiones cumplan fallos judiciales y adelanten las
actuaciones administrativas que les corresponden[64]. Por ello la
Corte ha proferido órdenes a la entidad  para que subsane todas las
deficiencias y ha expedido una serie de autos para hacer seguimiento a esta
situación.
Luego, por medio
del auto 130 de 2014[65],
la Sala Novena de Revisión reseñó la problemática detectada en relación con las
historias laborales emitidas por COLPENSIONES[66].
Resaltó que el 64.87% de los cambios de decisiones de la entidad al resolver
recursos administrativos obedecen a la causal de aumento de semanas cotizadas.
Lo anterior, quiere decir que en un primer momento la entidad no tenía en
cuenta todos los aportes efectuados por el afiliado, con lo cual se confirmó
que existía un problema con la completitud de las historias laborales.
Posteriormente,
en el auto 181 de 2015[67]
hizo un seguimiento a la situación. Algunas autoridades como la Defensoría del
Pueblo, la Superintendencia Financiera y la Procuraduría General de la Nación adujeron
que aún observaban problemas en la información de las resoluciones[68].
La Sala concluyó que, aunque ha verificado una mejoría en el manejo de los
datos y la calidad de las resoluciones, persistía la falta de información en
las historias. Finalmente, declaró un cumplimiento parcial en grado alto de las
metas propuestas al 31 de diciembre de 2014.
Visto lo
anterior, es posible sostener que la Administradora de Pensiones ha tenido
serias deficiencias en el manejo de la información laboral de los afiliados.
Actualmente existe una mejoría en el tratamiento de la información, pero, de
acuerdo con el auto 181 de 2015 subsisten algunas imprecisiones.
30. Ahora bien,
en relación con las implicaciones en los derechos fundamentales, esta
Corporación ha sostenido que la alteración de la información, de forma
intempestiva, sin explicación razonable y sin ajuste a los requerimientos
legales compromete el derecho al habeas data. En caso de que sea
necesario modificar la información, debe surtirse el procedimiento normado en
las Leyes 1581 de 2013 y 100 de 1993.
31. Adicionalmente,
la jurisprudencia también ha destacado que la conducta de la administración de
alterar repentinamente la historia laboral o emitir un acto diferente al
expedido previamente, es contraria al principio de buena fe. Una vez una
persona obtiene una certificación sobre una situación jurídica, crea una
expectativa respecto a esa situación y cuando la administración modifica los
datos reconocidos en un inicio, deja sin fundamento la posibilidad de que la
persona acceda a la prestación en los términos en los que creía que lo haría.
El principio de
buena fe está consignado en el artículo 85 de la Constitución que sostiene que
“[l]as actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante éstas.” De este principio se desprende (i) la confianza legítima y (ii)
el respeto por el acto propio, los cuales constituyen pautas de comportamiento
de las entidades públicas y los particulares en los procedimientos
administrativos. A continuación se explicará brevemente cada uno de ellos.
32. La confianza
legítima es un parámetro de conducta de la administración que le indica que
debe tener en cuenta que sus actuaciones han creado expectativas en las
personas, quienes tienen la convicción de estabilidad de sus actos. En la sentencia
C-131 de 2004, esta Corporación sostuvo que, en virtud de la confianza
legítima:
“[E]l Estado no
puede súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con
los particulares, sin que se les otorgue a estos últimos un periodo de
transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica.
No se trata, por tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan
sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares se habían hecho con
base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se
trate de comportamientos activos o pasivos de la Administración pública,
regulaciones legales o interpretaciones de las normas jurídicas.” (Negrilla
propia).
Entonces, la confianza legítima advierte que los
actos de la administración crean una convicción de estabilidad de la situación
contenida en el acto administrativo y suponen la creación de reglas de juego a
partir de las cuales se espera que los particulares y la administración rijan
su conducta.
33. El respeto por el acto propio obliga a la
administración a actuar de forma  coherente. No puede proferir actos en un
sentido y, posteriormente, sin que medien razones jurídicas poderosas y se
utilicen los cauces que el sistema jurídico prevé para modificar tales
actuaciones, pronunciarse de forma diferente.
La sentencia T-295 de 1999[69] explicó que la teoría del
acto propio tiene origen en la máxima “[v]enire contra
pactum proprium nellí conceditur”, según
la cual “la confianza despertada en otro sujeto de buena fe, en razón de una
primera conducta realizada, (…) que quedaría vulnerada, si fuese admisible
aceptar y dar curso a una pretensión posterior y contradictoria.”[70] De allí que  este
principio se traduce en una imposibilidad de actuar de forma contradictoria
frente a los actos previos porque la ausencia de coherencia se entiende como
una extralimitación del derecho propio.
La misma providencia
indicó que existen tres requisitos para aplicar el principio de respeto por el
acto propio, a saber, “(i) [que] se [haya]
proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable
que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición
jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente
vinculante; (ii) [que] la decisión sea revocada súbita y unilateralmente por su
emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en
parámetros irrazonables o  desproporcionados; (iii) [que]exista identidad
entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la actuación
inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen
la misma situación jurídica subjetiva”[71].
34. Vale señalar
que esta Corporación ha protegido los derechos al debido proceso, a la salud y
a la seguridad social de quienes tenían una expectativa en razón de los actos
de la administración, con fundamento en consideraciones sobre los principios de
confianza legítima y respeto del acto propio. Algunas de las decisiones
relevantes, se encuentran en las sentencias T-618 de 2000, T-599 de
2007, T-208 de 2012 y T-722 de 2012, que se exponen a
continuación.
La sentencia
T-618 de 2000 estudió una acción de tutela en la cual se reprochaba que el
Instituto de Seguros Sociales había afiliado como beneficiario en salud a la
pareja de una persona homosexual y, luego, lo desafilió, sin agotar ningún
procedimiento previo. Al resolver el caso concreto, la Corte consideró que
tanto para el cotizante, como para el beneficiario, existía una situación
jurídica con vocación de permanencia que no podía ser alterada sin su autorización.
Concluyó que la decisión de cancelar la afiliación de la pareja del afiliado “no
solo afectó la buena fe (sustento del respeto al acto propio) sino el debido
proceso que previamente debería haberse efectuado mediante la acción de
lesividad”[72].
La sentencia
T-599 de 2007[73]
revisó una acción de amparo en la cual el Instituto de Seguros Sociales
reconoció la pensión de vejez a una persona y, tiempo después, ordenó dejar sin
efectos dicho acto por falta de competencia debido a la multiafiliación de la
peticionaria. A juicio de la Corte, el primer acto administrativo que ordenó el
pago de la prestación creó una situación jurídica concreta inmodificable. Si la
administradora de pensiones consideraba que no era competente para pagar la
pensión no podía impedir unilateralmente la ejecución del primer acto. En ese
orden de ideas, este Tribunal concluyó que el Instituto desconoció el principio
de buena fe, confianza legítima y respeto al acto propio porque la accionante
tuvo la convicción de que le sería pagada su pensión y aun así se modificó su
situación jurídica, sin su autorización.
La sentencia
T-208 de 2012 estudió el caso de una persona que reprochaba que el
Instituto de Seguros Sociales había expedido historias laborales con diferentes
semanas de aportes. En esa ocasión, este Tribunal sostuvo que la administradora
de pensiones desconoció el principio de buena fe e irrespetó el acto propio.
Argumentó que la entidad estaba vinculada por su primera actuación. En
consecuencia, “en un momento posterior no [podía] afirmar sin justificación
alguna que la persona cotizó menos semanas de las certificadas, puesto que si
bien [tenía] el derecho de revisar sus archivos, lo cierto es que [era] una
conducta contradictoria que atenta contra la honestidad y lealtad (…)”
[74].
Agregó
también que al resolver solicitudes pensionales, las entidades deben tener en
cuenta la información que han proporcionado previamente y no deben retractarse,
a menos que exista una  justificación razonada.[75] Por
consiguiente, la Sala de Revisión ordenó el pago de la pensión de vejez a la
accionante porque consideró que ella cumplía con los requisitos de ley.
Finalmente,
vale mencionar la sentencia T-722 de 2012[76] que analizó
el caso de una mujer de 70 años a quien el Instituto de Seguros Sociales le
había expedido cuatro resoluciones, cada una de ellas con información
contradictoria. Frente a esta situación, la Sala consideró que la entidad
desconoció el principio de respeto del acto propio al expedir actos
administrativos con datos diferentes e impuso carga desproporcionada a la
accionante. También enfatizó que los cotizantes depositan su confianza en las
administradoras de pensiones al entregarles sus aportes, de manera que se
espera que la información de las bases de datos no sea modificada de forma
caprichosa y sin cumplir con los requerimientos de ley.
En suma, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las administradoras de pensiones
deben actuar de conformidad con el principio de buena fe, en coherencia con los
principios de confianza legítima y de respeto del acto propio. Una vez la
entidad profiere un acto administrativo, éste la vincula, su actuación posterior
debe ser en el mismo sentido del acto, pues en el interesado se genera una
convicción de estabilidad de la situación jurídica. El acto podrá ser
modificado siempre que se agoten los procedimientos  legales.
35. En asuntos
relacionados con la seguridad social el principio de buena fe cobra especial
relevancia porque la alteración a la situación jurídica de una persona tiene
incidencia directa en el goce de sus derechos pensionales, que son el reflejo
del esfuerzo personal que asumen los trabajadores por períodos extensos de sus
vidas para asegurar su mínimo vital cuando no estén en condiciones de trabajar.
Por lo tanto, el desconocimiento de los procedimientos y parámetros de conducta
en este escenario puede generar graves afectaciones a derechos fundamentales.
36. En conclusión,
observa la Sala que COLPENSIONES ha afrontado inconvenientes con la completitud
de la información de las historias laborales de sus afiliados. Esta situación
es problemática y la Corte ha hecho un seguimiento a las actuaciones que ha
desplegado la entidad para asegurar la calidad de la información. Sin embargo,
en el estudio de casos de tutela, esta Corporación ha sostenido que la administradora
de pensiones debe actuar de conformidad con el principio de confianza legítima
al resolver las peticiones que se le hacen, so pena de vulnerar los derechos de
los trabajadores.
Caso concreto
37. Como se
expuso en la presentación del asunto a revisar y el problema jurídico, la
acción de tutela debe ser analizada a la luz de los requisitos establecidos en
la sentencia C-590 de 2005[77],
por tratarse de una solicitud de amparo frente a providencia judicial. Por lo
tanto, la Sala seguirá esa metodología para el estudio del caso concreto.
Ahora bien, dado
que ya se verificó que la tutela de la referencia cumple con los requisitos
generales exigidos a este tipo de acciones, a continuación la Sala abordará el
fondo de la decisión judicial para indagar si en ella se configuró una causal
específica.
38. De la lectura del escrito de tutela se
observa que la señora Luz Dary Ospina no hizo referencia detallada a la
configuración de alguna causal específica de tutela contra providencia
judicial. No obstante, la
Sala considera que aunque la accionante no identificó con precisión el defecto
en el que incurrieron las autoridades judiciales demandadas, sus argumentos
desde el punto de vista material hacen referencia a un defecto fáctico. Veamos.
39. La tutela de
la referencia cuestiona el análisis probatorio efectuado en el proceso laboral y
las máximas hermenéuticas que se tuvieron en cuenta para otorgar determinado
valor a cada uno de los documentos integrados en el expediente. Detrás de la
decisión tomada por el juzgador de segunda instancia y la forma de otorgarle
determinado valor a cada una de las historias laborales aportadas y a las
respuestas de los empleadores de la señora Ospina, se construyó una tesis según
la cual a la demandante le correspondía probar que la historia laboral de
COLPENSIONES era incompleta y que, en cambio, la constancia del Instituto de
Seguros Sociales sí era integral. Por ello, la peticionaria reprocha la carga
procesal que se le impuso e indica que la “vigilancia, custodia, cuidado y
responsabilidad de las carpetas de los afiliados es el (sic) Instituto de
Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, no de los asegurados”[78].
Conforme con lo
anterior, la Sala encuentra que la razón principal por la que la accionante
considera vulnerados sus derechos al debido proceso y a la seguridad social se
centra en la forma en la que se realizó el análisis probatorio y el
consecuente valor que se le otorgó a la historia laboral aportada por la
accionante, de allí que el problema objeto de estudio debe ser estudiado a
la luz de la jurisprudencia sobre el defecto fáctico.
40. Para
analizar la posible configuración de un defecto fáctico  en la decisión
judicial impugnada, la Sala empezará por retomar el análisis probatorio
efectuado por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín, para luego establecer si el razonamiento judicial desborda los
límites de la autonomía e independencia de los jueces en el estudio de pruebas.
41. La Sala
recuerda que el debate probatorio del caso de la referencia se ubica en un
escenario en el cual una persona asegura que ha cotizado mil cincuenta y dos
punto catorce (1052.14) semanas a pensiones y allega una certificación del
Instituto de Seguros Sociales que dejó constancia de ello. Sin embargo,
COLPENSIONES asegura que en sus bases de datos solo hay registro de trescientas
cuarenta punto cuarenta y seis (340.46) semanas de aportes a nombre de esa
trabajadora. En el curso del proceso laboral, empleadores de la accionante, cuyas
cotizaciones no constan en la historia laboral de COLPENSIONES, aseguraron no
tener registro de la demandante en sus bases de datos, pero afirmaron que daban
por cierto que realizaron pagos por concepto de pensiones, de conformidad con
la información consignada en la historia laboral del Instituto de Seguros
Sociales[79].
42. Frente a los
anteriores elementos probatorios, la sentencia de segunda instancia del proceso
laboral consideró que la demandante no asumió la carga probatoria que le
correspondía en el proceso, de conformidad con los mandatos de los artículos
174 y 177 del Código de Procedimiento Civil. Reprochó que la demandante no
demostró la veracidad de las cotizaciones previas a 1995, para lo cual debía
aportar constancia de su afiliación antes de 1994, ni de los certificados que dieran cuenta
de su vinculación laboral con las empresas que no aparecen reportadas en las
historias laborales de COLPENSIONES. Puntualizó, en tal sentido, que la señora
Ospina “no aportó documento alguno que acreditara su vinculación al ISS
desde 1974, mucho menos los vínculos con los empleadores con quienes
supuestamente trabajó antes de 1994”[80].
El Tribunal
concluyó que no era posible tener en cuenta la historia laboral del Instituto
de Seguros Sociales allegada por la demandante, por no estar acreditadas las
relaciones laborales que tenía antes de 1994 y porque algunos empleadores
advirtieron que no tenían registro de la señora Luz Dary Ospina. Con esas
razones, sostuvo que no se acreditaba la cotización mínima de semanas para
acceder a la pensión de vejez, ni su calidad de beneficiaria del régimen de
transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
43. Como se
expuso, en virtud de la autonomía e independencia judicial, el juez natural
tiene un amplio margen de valoración de las pruebas allegadas al proceso. El
juez especializado suele ser quien ha decretado las pruebas, las práctica y
conoce con prioridad, por ello tiene una clara percepción de los resultados que
arrojan, de acuerdo con el principio de inmediación probatoria. En ese
sentido, su apreciación sobre las mismas debe ser respetada y debe estar
abstraída de injerencias de otro tipo de autoridades judiciales, como el juez
de tutela.
Pero la
valoración probatoria encuentra límites en la Constitución. El razonamiento
judicial respecto al material probatorio no debe ser arbitrario, ni caprichoso,
debe guardar coherencia con las reglas de la sana crítica, ser lógico y
ajustarse a las reglas de valoración construidas por la jurisprudencia
relevante. Así las cosas, no basta con que el juez efectúe un análisis de las
pruebas recaudadas, también se le exige que éste no sea equivocado, pues la
jurisprudencia constitucional ha precisado que el defecto fáctico se configura
tanto por la no valoración del material probatorio, como por su apreciación
defectuosa[81].
En este caso la controversia consiste en analizar si el tipo de valoración se
aparta de los parámetros constitucionales a punto de convertirse en defectuosa.
La Sala desea resaltar
que la valoración probatoria debe ajustarse a las reglas de la jurisprudencia
constitucional, que son estándares de contenido constitucional que deben guiar
la actividad de todos los jueces en los asuntos que indique esta Corporación.
No toda valoración probatoria es adecuada aunque esté basada en la Ley, si se
aparta de la Constitución.
44. En cuanto a
la discusión que propone el caso concreto, la jurisprudencia constitucional ha
fijado una serie de reglas que deben ser tenidas en cuenta en el análisis
probatorio de controversias suscitadas por inconsistencias en las historias
laborales.
Esta Corporación
ha recalcado que las historias laborales son documentos con relevancia
constitucional porque incluyen información valiosa sobre los aportes a
pensiones que hace cada uno de los trabajadores y porque representan un
instrumento indispensable para acceder a prestaciones sociales[82]. Ha señalado
también que el tratamiento y manejo de la información corresponde a las
administradoras de pensiones, quienes tienen diversos deberes, que van desde
asegurar la integridad y exactitud de la información consignada, hasta guardar
y custodiar las bases de datos[83].
A su vez, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando las administradoras de
pensiones incumplen alguno de sus deberes no se debe trasladar la carga de su negligencia
a los afiliados, ni se pueden generar consecuencias jurídicas negativas para el
trabajador[84].
Las entidades, como principales obligadas en relación con las controversias que
surgen a partir de las historias laborales, deberán desplegar las actuaciones que sean necesarias
para garantizar la veracidad, claridad y precisión de las historias laborales[85]. La carga sobre el tratamiento de la
información recae en ellas, pues una interpretación contraria tornaría en
ineficaces los deberes especiales que el ordenamiento les impone.
Asimismo, este
Tribunal Constitucional ha enfatizado que las administradoras de pensiones
deben ser respetuosas del principio de buena fe, que implica no actuar de forma
contraria a la confianza legítima creada en los terceros y que su conducta no
desconozca los actos propios. En asuntos sobre seguridad social y pensiones,
estos principios prohíben a las entidades modificar una situación jurídica a
los afiliados, sin agotar el procedimiento previsto en la ley para ello, porque
alterarían una expectativa que tienen las personas de acceder a una prestación,
después de años de esfuerzos en los que han hecho aportes por cada día de
trabajo. Así que no es posible desconocer de forma arbitraria la consignación
de los dineros entregados a las administradoras de pensiones, ni la conducta de
los trabajadores que de forma constante y periódica efectuaron pagos para lograr
la protección de su mínimo vital cuando no tengan la edad, la salud y la fuerza
para trabajar.
En la misma
dirección, la carga de la prueba en relación con asuntos pensionales le
corresponde a la administradora de pensiones porque, en virtud de todo lo
expuesto, si pretende modificar una situación ya declarada en los documentos
que emite, debe desplegar una actuación para lograrlo, en el marco de los
cauces legales.
45. De acuerdo
con las anteriores consideraciones, la Sala encuentra que la Sala Cuarta de
Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
efectúo una errada valoración de las pruebas allegadas al proceso, con
fundamento en un razonamiento que se aparta de los parámetros constitucionales
vigentes, al establecer que a la accionante le correspondía probar la
vinculación laboral que había tenido con varios empleadores que aparecen
registrados en la historia laboral del Instituto de Seguros Sociales y que no
constan en la historia laboral de COLPENSIONES.
El análisis
probatorio efectuado por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín se fundamentó en la tesis según la
cual la carga de la prueba en el proceso laboral para demostrar la veracidad de
las cotizaciones registradas en la historia laboral del Instituto de Seguros
Sociales, le correspondía a la demandante. Con fundamento en esta premisa, le
otorgó un valor a las pruebas recaudadas en el expediente y determinó que no
tendría en cuenta la certificación aportada por la accionante.
El razonamiento a
partir del cual la autoridad judicial accionada desarrolla la apreciación
probatoria es constitucionalmente problemático, no porque carezca de
justificación, toda vez que el fallador se apoyó en los artículo 174 y 177 del
Código de Procedimiento Civil, sino porque se aparta de los estándares
decantados por la jurisprudencia constitucional, de acuerdo con los cuales, a
partir de una interpretación de los deberes de las administradoras de
pensiones, son éstas quienes tienen la carga de explicar a qué se deben las
inconsistencias que puedan presentarse entre las historias laborales. Estos
parámetros, como puede verse, derivan del derecho sustancial a la actuación que
deben asumir los jueces en el plano de la definición de los hechos del caso.
Por lo tanto, constituyen el parámetro esencial para dotar de valor a cada uno
de los elementos probatorios recaudados y su inobservancia implica la
configuración de un defecto fáctico.
Como se señaló
en la reiteración de jurisprudencia realizada previamente, la administradora de
pensiones se encarga del manejo y tratamiento de la información, mientras que
el trabajador hace sus pagos durante toda su vida laboral con la expectativa de
acceder a la prestación. Asimismo, la entidad tiene el deber de actuar de forma
coherente y no desconocer las expectativas generadas en sus afiliados. Por todo
esto, el análisis probatorio no puede suponer que aquello no probado por el
trabajador, no debe tenerse en cuenta en el proceso.
En el caso de la
señora Luz Dary Ospina de de Los Ríos se observa que ella aportó una prueba
relevante al proceso laboral, que consistía en una certificación del Instituto
de Seguros Sociales que le generó una expectativa de acceso a la pensión de
vejez. Posteriormente, COLPENSIONES afirmó que en la historia de la accionante
sólo había 340,46 semanas. En ese contexto, la carga de la prueba que le impuso
la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Superior de Medellín consistía en
demostrar la vinculación laboral con los empleadores registrados antes de 1994.
El juzgador no advirtió, entonces, que a quien le correspondía explicar la incompatibilidad
entre las dos historias laborales era a COLPENSIONES, quien manejaba la
información.
Sobre este asunto,
la Sala Quinta de la Corte Constitucional resalta que la historia laboral
expedida por el Instituto de Seguros Sociales no fue tachada de falsa por
COLPENSIONES, ni por las entidades que aparecían como aportantes o empleadoras
de la accionante. Por lo tanto, era una prueba válida dentro del proceso.
Mientras que la apoderada de la accionante constantemente cuestionó la
información de la historia laboral de COLPENSIONES, esta entidad limitó su
actuar a emitir una certificación con trescientas cuarenta punto cuarenta y
seis (340,46) semanas; no explicó por qué desconocía el acto emitido por el
Instituto de Seguros Sociales, ni expuso las razones para alterar la
información de la primera certificación, que generó expectativas legítimas en
la accionante.
Adicionalmente, las
empresas nunca dijeron que la accionante no había trabajado para ellos,
sostuvieron que no tenían constancia de ello, pero dieron por cierta la
relación laboral de acuerdo con la prueba aportada en el proceso por la
accionante.
Luego, esta
Corte considera que el juzgador de segunda instancia en el proceso laboral
estaba en la obligación de enfocar el análisis probatorio, de forma que la carga
de la prueba recayera en COLPENSIONES, no la demandante. Como se ha explicado
ampliamente, su actuación fue exactamente la opuesta, pues impuso a la
interesada una carga que esta Corporación ha considerado inaceptable, y ello hace
que las conclusiones de su análisis sean erróneas desde un punto de vista
constitucional, y configuren un defecto fáctico.
Vale destacar
que, de la forma en que se definan las cargas de la prueba, el juez dota de
mayor o menor valor a los documentos aportados en el proceso. En el caso
concreto, aunque existían dos historias laborales con diferencias de
información, la autoridad accionada no dio valor a la presentada por la
accionante porque esta no demostró los soportes de la construcción en dicha
historia. En cambio, fue indiferente a la carga que le correspondía a
COLPENSIONES, quien modificó la situación jurídica de la señora Ospina, a pesar
de que su deber era no alterar tales documentos, sin el procedimiento previo, y
no explicó nada sobre la certeza de la historia laboral en la que solo
constaban 340 semanas.
46. La Sala
estima que en un escenario de litigio civil, por regla general, es posible
fijar la carga de la prueba en la parte demandante. Sin embargo, en el escenario
especial de litigio laboral, específicamente en el marco de las inconsistencias
en torno a las semanas de cotización reportadas por el Instituto de Seguros
Sociales y COLPENSIONES, existen estándares especiales que delimitan los
parámetros que debe tener en cuenta el juez en el análisis fáctico. De lo
contrario, incurriría en una valoración errada que generaría una afectación de
enorme magnitud en los derechos del trabajador involucrado, como en efecto se
verifica en el caso concreto.
Precisamente en
un escenario como éste es donde las reglas fijadas en la jurisprudencia cobran
relevancia constitucional. Mientras la regla general del Código de
Procedimiento Civil o el Código General del Proceso obliga al interesado a
probar la veracidad de los hechos que pretende hacer valer, en materias
relativas a las inconsistencias dentro de las historias laborales, desde el
punto de vista constitucional y en el escenario actual en el que esta
Corporación ha detectado problemas en el tratamiento de la información por
parte de COLPENSIONES, no es posible trasladar la carga de la prueba a la
trabajadora. Lo anterior tiene sustento en el principio de solidaridad social,
que inspira los sistemas pensionales, el debido proceso y el principio de buena
fe y el principio de igualdad material.
47. Ahora bien,
si en gracia de discusión se aceptara que la carga de la prueba recaía en la
accionante, la Sala encuentra que existen suficientes elementos de juicio para
tener en cuenta los datos que registra la certificación aportada por ella al
proceso.
Primero, es
posible afirmar que la demandante actuó de forma diligente al solicitar al
Instituto de Seguros Sociales una constancia de las semanas cotizadas. Esta
prueba es relevante porque es un documento de la administradora de pensiones
que certifica una importante cantidad de semanas de aportes.
Segundo, la
nueva certificación de COLPENSIONES, que certifica un período menor de semanas,
debe analizarse en conjunto con las respuestas de los empleadores de la
accionante, quienes no niegan que la peticionaria haya laborado para tales
compañías, y tampoco cuestionan en modo alguno la veracidad de la historia
laboral que, en su momento, expidió el Instituto de Seguros Sociales.
Bajo ese
panorama probatorio, la conclusión judicial pudo haber sido también tener en
cuenta la historia laboral del Instituto de Seguros Sociales porque es una
prueba emitida por una entidad que podía certificarlo y porque los empleadores
no negaron la información allí contenida.
Impacto del
criterio de valoración probatoria aplicado en el proceso laboral frente a los
derechos pensionales
48. La Sala
considera necesario enfatizar que la premisa de valoración probatoria adoptada
por los jueces de instancia tiene un efecto directo para determinar la
protección de los derechos pensionales de la accionante.
Si en el proceso
ordinario se le otorga plena credibilidad a la historia laboral expedida por el
Instituto de Seguros Sociales en 2010, aportada por la peticionaria, es forzoso
concluir que ella es beneficiaria del régimen de transición para la pensión de
vejez porque cumple con los requisitos exigidos en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Lo anterior, porque al 1º de abril de 1994, fecha en la cual entró en
vigencia la nueva normativa sobre pensiones, la señora Luz Dary Ospina tenía
más de 35 años, contaba con 37 años de edad.
Posteriormente
el  Acto Legislativo No. 01 de 2005 dispuso que el régimen de transición para
pensión de vejez se extendería hasta 2010, a menos que los trabajadores demostraran
cotizaciones superiores a 750 semanas al momento de entrar en vigencia la
reforma constitucional, caso en el cual, se extendería hasta 2014. Estas
condiciones también las cumple la señora Ospina porque en julio de 2005, de
acuerdo con la información contenida en la historia laboral del Instituto de
Seguros Sociales, la accionante reunía 1052,14 semanas.
Vale señalar que
aunque dicho régimen debía terminar en 2014, en el caso concreto se cumpliría
esa determinación porque la accionante hizo su petición antes de terminar el
año 2014. El debate sobre el acceso a su pensión se ha extendido únicamente
porque ha controvertido administrativa y judicialmente la decisión de
COLPENSIONES.
49. En
contraste, si se otorga plena credibilidad a la historia laboral aportada por
COLPENSIONES en el proceso judicial, se tiene que únicamente estarían acreditadas
340,46 semanas. Por lo tanto, para que la accionante accediera efectivamente
una pensión tendría que trabajar aproximadamente dieciocho años más[86].
50. Así las
cosas, la Sala resalta que la valoración probatoria adoptada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín tuvo incidencia directa en la
decisión de negar la pensión de la señora Luz Dary Ospina.
Conclusión
51. La Sala
considera que la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de
Medellín incurrió en un defecto fáctico por hacer una valoración probatoria
contraria a los parámetros constitucionales determinantes para el resultado de
la decisión. El juzgador de segunda instancia construyó la valoración probatoria
a través de la premisa según la cual la demandante tenía la carga de demostrar
la veracidad de las cotizaciones reconocidas por el Instituto de Seguros
Sociales, que no figuraban en el registro de COLPENSIONES. A juicio de la Sala
un razonamiento de este tipo, que irradia la apreciación de las pruebas, no
tiene en cuenta la regla fijada por la jurisprudencia constitucional que señala
que las administradoras de pensiones tienen el deber de custodia y guarda de
las historias laborales, así como de asegurar la veracidad de los datos
consignados, y por lo tanto, tienen la carga de probar la razón de las
inconsistencias en las historias laborales.
También se
considera que, en gracia de discusión, a partir de los elementos probatorios
que obran en el expediente es posible confirmar que los empleadores de los que
se obtuvo respuesta, con los cuales laboró la demandante antes de 1994,
efectivamente hicieron aportes por los períodos indicados. Así que sería
posible tener en cuenta la historia laboral allegada al proceso por ella.
Además, la Sala
destaca que de acuerdo con los elementos probatorios del proceso, se encuentra
que los juzgadores especializados exigían una prueba que no podía obtener la
accionante. Lo anterior, porque dado que los empleadores no entregaron en el
proceso laboral las constancias específicas del tiempo que la señora Ospina
trabajó para ellos, mucho menos ella podía aportar esa prueba al expediente.
Finalmente, para
la Sala es evidente el impacto de la valoración efectuada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín incurrió en un defecto fáctico y tuvo
incidencia directa en la negación del reconocimiento de la pensión de vejez a
la peticionaria.
52. Teniendo en
cuenta que la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín
incurrió en un defecto fáctico en la sentencia del 18 de junio de 2015,
proferida en el marco del proceso laboral promovido por la señora Luz Dary
Ospina, esta Corporación dejará sin efectos esa providencia judicial y ordenará
a la accionada que emita una nueva decisión judicial de conformidad con la
motivación de esta sentencia, que no establezca la carga de la prueba en la
accionante y por lo tanto otorgue plena validez al certificado de historia
laboral del Instituto de Seguros Sociales presentado por la misma.
III. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
PRIMERO.- REVOCAR la
sentencia del 28 de abril de 2016, proferida por la Sala de Decisión de Tutelas
No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la
decisión del 2 de diciembre de 2015, de la Sala de Casación Laboral de la misma
Corporación, que negaron la acción presentada por la señora Luz Dary Ospina de
de Los Ríos en contra del Juzgado Primero Laboral del Circuito y el Tribunal
Superior de Medellín. En su lugar, CONCEDER el amparo al debido proceso
de la accionante.
SEGUNDO.- DEJAR
SIN EFECTOS la sentencia del 18 de junio de 2015, proferida por
la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en su
lugar, ORDENAR a la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal
Superior de Medellín, que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados
a partir de la notificación del presente fallo emita una nueva sentencia,
acorde con la parte motiva de esta sentencia, que no establezca la carga de la
prueba del proceso laboral en la accionante y tenga en cuenta las consideraciones
de esta providencia judicial.
TERCERO.- Por
Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones a que se refiere el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese y cúmplase.
GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO
Magistrada
JORGE IVÁN
PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO
PRETELT CHALJUB
Magistrado
Ausente
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] Folio13.
Cuaderno 2.
[2] Folio
15. Ibídem.
[3] Folio
18. Ibídem.
[4] Folio
20. Cuaderno 2.
[5] Folios
22-25. Ibídem. Reporte de semanas cotizadas expedido en noviembre de 2010 por el
Instituto de Seguros Sociales ­–I.S.S.
[6] Folio
28 a 29. Ibídem.
[7] Folio
7. Cuaderno No. 5.
[8] Oficio
de Expreso Campo Valdés. Folio 77 Cuaderno No. 5.
[9] Oficio
de la Empresa de Distribuciones Industriales S.A. –Edinsa–. Folio 81. Cuaderno
No. 5.
[10] En el
oficio entregado por la apoderada de la accionante al Juzgado Primero Laboral
del Circuito de Medellín, se señala: “me permito
remitir al Despacho bajo su cargo, el oficio dirigido a POSTOBÓN, el cuál fuera
recibido y sellado en el cual se lee claramente EDINSA, estableciéndose por lo
manifestado por la persona que me atendió que son la misma entidad”. Folio 90
del Cuaderno No. 5.
[11] Cd.
en Folio 61.
[12]
Acta de la diligencia de juzgamiento. Folio 65 del Cuaderno No. 5.
[13] Cd.
en Folio 100.
[14] Cd.
en Folio 100.
[15]
Folio 7. Cuaderno
1.
[16]
Folio 3. Cuaderno
3.
[17] Folio
40 a 44. Ibídem
[18]
Folio 55. Ibídem.
[19] Folio 21.
Cuaderno de la Corte Constitucional.
[20] Reporte
de semanas cotizadas expedido en noviembre de 2010 por el Instituto de Seguros
Sociales ­–I.S.S. Folios 22-25. Ibídem.
[21] Aunque
la tutela se dirigió contra la Sala Segunda de Descongestión Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sede de revisión, el
despacho de la Magistrada sustanciadora vinculó a la Sala Cuarta de Decisión
Laboral del mismo Tribunal, por ser la autoridad que, en efecto, profirió la
decisión reprochada por la accionante.
[22] El
primer inciso del artículo 86 de la Constitución señala: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública”.
[23] M.P. José
Gregorio Hernández Galindo.
[24] M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
[25]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[26] Ibídem.
[27]
Corte Constitucional, sentencia T-398 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[28] En la
sentencia T-401 de 2015, esta Corporación consideró que “ya que se solicita el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de una persona que supera la edad promedio para ingresar al
mercado laboral, que no cuenta con ningún tipo de sustento económico
actualmente, que nunca ha laborado, que se encuentra afiliada al régimen
subsidiado, cuya situación económica y social es precaria, y que presenta
problemas de salud es claro que un recurso extraordinario no resultaría idóneo
ni eficaz para la protección inmediata de sus derechos fundamentales.” Corte
Constitucional, sentencia T-401 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[29] En la
sentencia T-629 de 2015 la Corte sostuvo que “la
existencia de otros mecanismos judiciales no configura, en abstracto, el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad de una acción de tutela, ni
siquiera cuando a través de ella se cuestiona una providencia judicial, como en
este caso. Ante un debate de esa naturaleza, la tarea del juez constitucional
consiste en valorar la idoneidad y eficacia del mecanismo judicial disponible
en el marco de las condiciones de existencia del peticionario y de sus
pretensiones.” Corte
Constitucional, sentencia T-629 de 2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[30] El ingreso base
de cotización en 2002 era de $309.000, lo cual correspondía aproximadamente al
salario mínimo de ese año.
[31]
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[32] Corte
Constitucional, sentencia SU-195 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[33] Corte
Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[34]
Ibídem.
[35]
Corte Constitucional, sentencia SU-172 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[36] La
Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes
Muñoz, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la
independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
[37]
Ver, entre otras, las sentencias T-231 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz;
T-442 de 1994, M. P. Antonio Barrera Carbonell; T-008 de 1998, M. P. Eduardo
Cifuentes Muñoz; T-025 de 2001, M. P. Eduardo Montealgre Lynett; SU-159 de
2002, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-109 de 2005, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra; T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-114 de 2010, M.
P. Mauricio González Cuervo, SU-198 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
En ésta última se indicó expresamente: “la intervención del juez de tutela,
en relación con el manejo dado por el juez de conocimiento es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido. El respeto por los principios de autonomía
judicial y del juez natural, impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio”.
[38]
Ver sentencia T-442 de 1994, M. P. Alejandro Martínez Caballero. Allí se
indicó: “si bien el juzgador goza de un gran poder discrecional para valorar
el material probatorio en el cual debe fundar su decisión y formar libremente
su convencimiento, inspirándose en los principios científicos de la sana
crítica…, dicho poder jamás puede ser arbitrario; su actividad evaluativa
probatoria supone necesariamente la adopción de criterios objetivos,
racionales, serios y responsables. No se adecua a este desideratum, la negación
o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, que se presenta
cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración o sin razón
valedera alguna no da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente.”
[39]
Corte Constitucional, sentencia SU-842 de 2013. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
[40] Ver sentencia SU-159 de 2002. Manuel José Cepeda
Espinosa.
[41] Cfr., entre otras, T-442 de 1994 y SU-159 de 2002,
precitadas
[42] “Sentencias
T-636 de 2006  (M. P. Clara Inés Vargas Hernández) y T-590 de 2009.”
[43]
Corte Constitucional, sentencia SU-198 de 2013. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[44] Consideraciones
retomadas de la sentencia T-630 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[45] Corte Constitucional, sentencia T-893 de 2013. M.P.
Jorge Iván Palacio.
[46] Ver sentencias C-596 de 1997 M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa, C-789 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-526 de 2006, M.P.
Mauricio González Cuervo, T-651 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, T-879 de
2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-860 de 2012 M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio y T-476 de 2013 M.P. María Victoria Calle Correa, entre otras.
[47]
Corte Constitucional, sentencia T-630 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[48]
Corte Constitucional, sentencia T-398 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
[49]
Corte Constitucional, sentencia T-706 de 2014. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[50] Artículo 17 de la
Ley 1581 de 2012.
[51] El artículo 53 de la
Ley 100 de 1993 establece: “Las entidades administradoras del régimen
solidario de prestación definida tienen amplias facultades de fiscalización e
investigación sobre el empleador o agente retenedor de las cotizaciones al
régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de la presente ley. Para tal
efecto podrán: a)  Verificar la exactitud de las cotizaciones y
aportes u otros informes, cuando lo consideren necesario;
b)  Adelantar las investigaciones que estimen convenientes para
verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no declarados;
c)  Citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las
cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes;
d)  Exigir a los empleadores o agentes retenedores de las
cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de documentos o
registros de operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar libros
registrados, y e)  Ordenar la exhibición y examen de los libros,
comprobantes y documentos del empleador o agente retenedor de las cotizaciones
al régimen, y realizar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna
determinación de las obligaciones.”
[52] Corte Constitucional, sentencia T-592 de 2013. M.P. Mauricio
González Cuervo.
[53] Corte Constitucional, sentencia T-214 de 2004. M. P.
Eduardo Montealegre Lynett.
[54]
Corte Constitucional, sentencia T-079 de 2016. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[55] Al respecto, se
citan las sentencias T-855 de 2011, T-482 de 2012, T-493 de 2013.
[56] En este asunto,
la providencia hizo referencia a las sentencias T-897 de 2010 y T-603 de 2014.
[57] En
este tema se citan las sentencias C-1011 de 2003, T-847 de 2010 y T-706 de
2014.
[58] Al respecto, se
citaron las sentencias T-208 de 2012, T-722 de 2012,
T-508 de 2013, T-475 de 2013 y T-343 de 2014.
[59]
Ver sentencias T-317 de 2003, T-603 de 2014 y T-774 de 2015.
[60]
Corte Constitucional, sentencia T- 482 de 2012. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[61]
Corte Constitucional, sentencia T- 144 de 2013. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[62]
Corte Constitucional, sentencia T-603 de 2014. M.P. María Victoria Calle
Correa.
[63] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[64] En
este auto, la Corte constató al existencia de obstáculos materiales para cumplir
de los objetivos institucionales de COLPENSIONES y acatar los fallos judiciales.
En concreto, encontró que había varios problemas, relativos a “el masivo incumplimiento de los términos dispuestos por el
ordenamiento jurídico para dar respuesta a las peticiones pensionales, el
sistemático desconocimiento de las órdenes de tutela que dispusieron el amparo
del derecho de petición o el reconocimiento de una pensión, y la ausencia de un
sistema de priorización frente a las personas con menor capacidad de asunción
de cargas públicas y mayor necesidad de protección prestacional”.
[65] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[66] La providencia
señala que la Contraloría General de la Nación sostuvo que algunas de las
causas de la incompletitud de la información son: ”(i) [n]o se han
incorporado en su totalidad las semanas de quienes se trasladaron en algún
momento de sus vidas a fondos privados de pensiones y retornaron al ISS”; (ii) [n]o
se han solucionado las cotizaciones pertenecientes al Fondo de Solidaridad
Pensional”; (iii) “[n]o se han incluido en la historia laboral los aportes a
cajas nacionales o territoriales. Es decir no se ha configurado una historia
laboral unificada”; (iv) “[n]o se han hecho en su totalidad las correcciones
producto de conceptualizaciones equivocadas como la de considerar aportes de no
vinculados los de quienes no diligenciaron formulario de afiliación sin
perjuicio de recibir durante años las cotizaciones de la persona””. (Negrilla
propia).
[67] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[68] Al respecto, la
Procuraduría sostuvo: “[t]odavía se observan actos administrativos en que las semanas
que informa la resolución es diferente a la reportada en la historia laboral;
es indispensable que Colpensiones corrija el problema que según nos ha
informado, corresponde a un problema técnico y se está presentando al efectuar
la imputación de la historia laboral, arrojando reportes transitorios con menos
semanas de las que efectivamente tiene el afiliado”. Ver Auto 181 d e2015. M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva.
[69] M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
[70]
Corte Constitucional, sentencia T-295 de 1999. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[71]
Ibídem.
[72]
Corte Constitucional, sentencia T-618 de 2000. M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
[73]
Corte Constitucional, sentencia T-599 de 2007. M.P. Jaime Córdoba
Triviño.
[74]
Corte Constitucional, sentencia T-208 de 2012. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
[75]
Ibídem.
[76] M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
[77].M.P.
Jaime Córdoba Triviño.
[78] Folio
7. Cuaderno No. 2.
[79] Esta autoridad consideró que la carga de demostrar la veracidad de
las cotizaciones realizadas antes de 1995, recaía en la demandante. Dado que
ella no aportó pruebas de su vinculación laboral antes de la fecha referida, el
Tribunal consideró que únicamente estaban acreditadas trescientas cuarenta
punto cuarenta y seis semanas de cotización (340.46) y, en consecuencia, negó
la pensión de vejez.
[80] Cd.
en Folio 100.
[81] Corte
Constitucional, sentencia SU-195 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[82] Corte
Constitucional, sentencia T-398 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[83] Corte
Constitucional, sentencia T-079 de 2016. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[84]
Corte Constitucional, sentencias T-855 de 2011 y T-482 de 2012.
[85]
Corte Constitucional, sentencia T- 144 de 2013. M.P. María Victoria
Calle Correa.
[86] Este aproximado
surge de tomar el número de semanas requeridas para pensión en la actualidad
(1300 semanas), restar el tiempo acreditado por la accionante (340 semanas) y
el resultado (960 semanas) presentarlo como años (960/52), lo cual arroja
aproximadamente 18 años.