SU817-10
Sentencia SU-817/10
Sentencia SU817/10
ACCION DE
TUTELA CONTRA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y CONSEJO DE ESTADO-Caso
en que Vicecontralor General de la
República alega configuración de defectos dentro de proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la
Procuraduría General de la Nación quien, mediante proceso disciplinario, lo
sancionó con multa
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional con especial
referencia a los autos/ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Causales
genéricas y especiales de procedibilidad
DEFECTOS
FACTICO, SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL-Análisis de jurisprudencia sobre su
configuración en una providencia judicial
DEFECTO
FACTICO-No configuración por cuanto por cuanto Tribunal Administrativo se
basó en un análisis razonable de las pruebas que obran en el proceso a la luz
de las reglas de la sana crítica
DEFECTO
SUSTANTIVO-Inexistencia en el presente caso por cuanto la naturaleza del
cargo y nivel de jerarquía del peticionario, le permitían oponerse a las órdenes
de su superior jerárquico
DEFECTO
PROCEDIMENTAL-No configuración por existir una relación de tipo laboral
entre el servidor y la administración en proceso judicial que busca sanción
disciplinaria por incumplimiento de deberes, así no implique la remoción del
cargo
Referencia: expediente
T-2.338.639
Acción de
tutela instaurada por José Félix Lafaurie Rivera contra la
Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado
Magistrado
Ponente:
Dr. HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil diez
(2010).
La
Sala Plena de la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9º de la
Constitución Política, en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de
1991, y en el artículo 54A del acuerdo 05 de 1992[1],
ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de
los fallos de tutela proferidos por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, en primera instancia, y por la
Sección Quinta de la misma Corporación, en segunda instancia, en la acción de
tutela instaurada por José Félix Lafaurie Rivera contra la
Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
El 9 de marzo de 2009 José Félix
Lafaurie Rivera interpuso acción de tutela solicitando el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la doble instancia y
al acceso a la administración de justicia los cuales, en su opinión, están
siendo vulnerados por Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Asegura que dicha
violación se dio, en el caso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
proferir la sentencia del 27 de abril de 2006, y por el Consejo de Estado al
dictar los autos del 23 de octubre de 2006, del 26 de abril de 2007 y del 24 de
julio de 2008, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió contra la
Procuraduría General de la Nación quien, mediante un proceso disciplinario, lo
sancionó con una multa.
De acuerdo con la solicitud de
tutela y las pruebas obrantes en el expediente, el accionante sustenta su
pretensión en los siguientes
Hechos
1.- José Félix Lafaurie Rivera
fue nombrado como Vicecontralor General de la
República mediante Resolución 05028 del 2 de octubre de 1998. La posesión tuvo
lugar el 9 de octubre del mismo año.
2.- El Contralor General de la
República contrató como asesor al señor Alfredo Rafael Saade Vergel desde el
15 de septiembre de 1998.
3.- En el año 2000 el actor
asegura que ordenó el desarrollo de un software para determinar los vínculos
políticos de la planta de personal de la
Contraloría, con el fin de que las contralorías territoriales verificaran si
estas influencias afectaban la función de auditoria propia de la entidad.
Indica además que ordenó
adelantar una investigación contra en el Instituto Nacional de Adecuación de
Tierras –INAT- a la que se vinculó al señor William Saade Vergel, hermano del
asesor de la Contraloría Alfredo Rafael Saade Vergel.
3.- Una vez terminada la
vinculación de Alfredo Rafael Saade Vergel con la
Contraloría el 15 de marzo de 2000, éste entregó información a la
Revista Cambio sobre presuntas irregularidades que se estaban presentando en
el nombramiento del personal de la
Contraloría, asegura el tutelante que debido a su inconformidad con la
investigación que se adelantaba contra su hermano. En particular, el
denunciante acusó al Contralor General de la
República Carlos Ossa Escobar de aceptar recomendaciones de varios
congresistas para la provisión de cargos de la entidad. Esta información fue
publicada en la edición de la revista de la semana del 9 al 16 de octubre de
2000.
4.- El 10 de octubre de 2000 la
Procuraduría General de la Nación ordenó adelantar diligencias preliminares
conducentes a la verificación de los hechos a los que hizo referencia la
Revista Cambio.
5.- El 18 de mayo de 2001 el
Procurador General de la Nación se declaró impedido para adelantar la
investigación debido a que en ella se encontraba involucrado un pariente de su
cónyuge, razón por la cual el Viceprocurador asumió competencia.
6.- El 18 de enero de 2002 el
Viceprocurador decretó apertura de investigación disciplinaria contra el
Contralor General de la
República Carlos Ossa Escobar, el Vicecontralor José Félix Lafaurie Rivera, el
exasesor del Contralor Alfredo Rafael Saade Vergel y el Director de la
Oficina de Planeación de la
Contraloría Mauricio Casasfranco Vanegas.
El Viceprocurador imputó a estos
servidores a título de dolo los siguientes cargos:
En primer lugar, incumplimiento
del deber de cumplir y hacer cumplir la
Constitución, especialmente del artículo 268-10 superior que prohíbe a los
miembros de las corporaciones que participan en la postulación y elección del
Contralor dar recomendaciones personales o políticas para ocupar empleos en el
despacho de este último. Para el Viceprocurador, esta prohibición se dirige no
sólo a los miembros de las corporaciones que participan en la designación del
Contralor sino también a los servidores a quienes pueden ir dirigidas tales
recomendaciones, es decir, al Contralor y sus colaboradores.
En segundo lugar, omisión del
deber de denuncia de conformidad con el artículo 50 de la
Ley 200 de 1995. A juicio del Viceprocurador, los investigados tenían el deber
de denunciar que varios magistrados y congresistas enviaron recomendaciones a la
Contraloría para la provisión de vacantes.
7.- El 25 de noviembre de 2002 la
Oficina del Viceprocurador calificó el mérito de la investigación y elevó
pliego de cargos contra Carlos Ossa Escobar, José Félix Lafaurie Rivera y
Mauricio Casasfranco Vanegas por las faltas disciplinarias previstas en los
numerales 1 y 19 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995 -en concordancia con el
artículo 268-10 de la
Constitución- y en el artículo 50 de la Ley 200 de 1995.
8.- El 6 de agosto de 2003 el
Viceprocurador General profirió fallo condenatorio de única instancia contra
Carlos Ossa Escobar, José Félix Lafaurie Rivera y Mauricio Casasfranco Vanegas
como coautores de las infracciones descritas (i) en los artículos 38 y 40-1 de la
Ley 200 de 1995 – en concordancia con el artículo 268-10 de la
Constitución- y (ii) en el artículo 50 de la
Ley 200 de 1995 –prevé como falta disciplinaria la omisión del deber de
denuncia-. Las infracciones fueron calificadas como graves e imputadas a título
de dolo. En consecuencia, el Viceprocurador impuso a José Félix Lafaurie Rivera
una multa equivalente a 60 días de salario mínimo mensual legal que para el
2003 ascendía a $14’627.986.
9.- Los sancionados interpusieron
recurso de reposición contra la decisión. El 18 de septiembre siguiente fue
confirmada por el Viceprocurador. Sin embargo, en esta decisión se dispuso una
rebaja de la multa impuesta al tutelante y se fijó en $10.887.876.
10.- El 26 de enero de 2004 José
Félix Lafaurie Rivera promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo de la
decisión de la Viceprocuraduría General de la Nación.
En su sentir, la decisión la
Viceprocuraduría (i) presenta una falsa motivación e indebida calificación
jurídica ya que declaró que su conducta fue dolosa sin que existan pruebas al
respecto y sin considerar las funciones propias del cargo de Vicecontralor,
(ii) no contiene una valoración razonable de los hechos y pruebas, lo que la
convierte en una decisión incongruente, (iii) fue proferida por un funcionario
que no tenía competencia para el efecto, pues el Vicecontralor no tiene el
fuero que tiene el Contralor y, por tanto, no debía ser juzgado por el
Procurador y (iv) fue adoptada en un procedimiento de única instancia que no
era aplicable al Vicecontralor.
En su demanda, el tutelante
también solicitó la devolución de los dineros pagados como multa y los
intereses moratorios correspondientes, así como una indemnización por los
perjuicios morales que le fueron causados equivalente a dos mil salarios
mínimos mensuales legales vigentes y por los perjuicios materiales estimados en
854 millones de pesos, junto con la indexación e intereses moratorios
respectivos.
11.- Mediante sentencia de 27 de
abril de 2006 la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, consideró que el
Viceprocurador sí era competente para investigar disciplinariamente al
Vicecontralor por cuanto si bien es cierto que el auto de formulación de cargos
se profirió el 25 de noviembre de 2002, es decir, cuando ya había entrado en
vigencia la Ley 734 de 2002, la competencia del Procurador en única instancia
no se deriva de dicha ley sino del numeral 22 del artículo 7 del Decreto 262 de
2000 según el cual corresponde al Procurador General de la Nación conocer en
única instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra el
Contralor General de la República. La Ley 200 de 1995, norma procesal al amparo
de la cual comenzó la investigación disciplinaria, señalaba en su artículo 60
la competencia por conexidad. De conformidad con esta disposición –reproducida
por el artículo 81 de la Ley 734 de 2000- cuando varios servidores públicos
participan en la comisión de faltas conexas deben ser investigados en el mismo
proceso por quien tenga la competencia para juzgar al de mayor jerarquía. En
este caso el funcionario de mayor jerarquía era el Contralor, por tanto, la
investigación del Vicecontralor y los demás servidores involucrados debía ser
tramitada por el Procurador General de la Nación. Por último, el numeral 3 del
artículo 17 del Decreto 262 de 2000 –norma reproducida por el artículo 88 de la
Ley 734 de 2002- dispone que corresponde al Viceprocurador reemplazar al
Procurador General en todos los casos de impedimentos. Dado que el Procurador
se declaró impedido para llevar a cabo esta investigación, correspondía al
Viceprocurador adelantarla.
En segundo lugar, el tribunal
estimó que el proceso surtido en la Procuraduría era el adecuado, es decir,
consideró que no era procedente el procedimiento verbal que alegaba el
tutelante, ya que no se investigó ninguna de las conductas descritas en el
artículo 278 de la Constitución, ni en los artículos 182 y 183 de la Ley 734 de
2002.
Por último, concluyó que tampoco
se configuró el cargo de falsa motivación, pues la sanción se impuso en debida
forma de conformidad con la normativa disciplinaria vigente y una valoración
razonable de las pruebas.
12.- El 10 de mayo de 2006 el
tutelante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.
Éste fue concedido por el
tribunal en efecto suspensivo mediante auto de 10 de agosto de 2006. A juicio
del tribunal, el asunto debía resolverse a la luz del artículo 134 B, numeral
1, del Código Contencioso Administrativo y del parágrafo del artículo 1 de la
Ley 954 de 2005. Según estas normas, mientras entraban en operación los
juzgados administrativos, los tribunales administrativos conocerían, en única
instancia, de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral, que no provengan de contrato de trabajo, en los cuales se
controviertan actos administrativos de cualquier autoridad cuando la cuantía no
exceda de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando se excediera
tal cuantía, los tribunales administrativos conocerían de estos procesos en
primera instancia. De conformidad con ello, la apelación era procedente por
cuanto “según la cuantía determinada en el expediente y las operaciones
aritméticas realizadas, ésta es superior a los 100 salarios mínimos legales
vigentes, como se razonó a la fecha de presentación de la demanda (26 de enero
de 2004)”[2].
13.- El 23 de octubre de 2006 la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado inadmitió el recurso
de apelación. Al igual que el tribunal, estimó que las normas aplicables para
determinar la competencia eran el artículo 134 B, numeral 1, del Código
Contencioso Administrativo y el parágrafo del artículo 1 de la Ley 954 de 2005
por lo que la procedencia del recurso de apelación dependía de si la cuantía del
proceso de carácter laboral superaba o no los 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Sin embargo agregó que también debía tenerse en cuenta el
artículo 134 E del Código Contencioso Administrativo. Según esta norma la
cuantía se determina por el valor de la multa impuesta o los perjuicios
causados pero, en asuntos de carácter laboral, se hará su cálculo por el valor
de las pretensiones al tiempo de la demanda sin tomar en cuenta los frutos,
intereses, multa o perjuicios reclamados. En este sentido, razonó, al ser un
asunto de carácter laboral, “la cuantía se determina por el valor de la
multa impuesta (…) es decir por el equivalente a $10.887.876 sin tomarse en
cuenta los perjuicios morales”. Concluyó entonces que “teniendo en
cuenta que el salario mínimo que regía para 2004 fecha en que se presentó la
demanda era de $358.000, la cuantía requerida para que el proceso sea apelado
es de $35.800.000 por lo que se infiere que la sentencia no es apelable”[3].
14.- El 13 de diciembre de 2006,
José Félix Lafaurie Rivera interpuso recurso ordinario de súplica contra el
auto del 23 de octubre de 2006 con fundamento en dos argumentos.
En primer lugar, el recurrente
alegó que, incluso aceptando el carácter laboral del proceso, se había
determinado la cuantía erróneamente según el valor de la multa impuesta en
abierta contradicción con el inciso tercero del artículo 134 E del Código
Contencioso Administrativo que, en estos asuntos, prescribe que el cálculo de
la cuantía se hará sin tomar en cuenta la multa. Añadió que esta misma norma
excluye del cálculo de la cuantía los perjuicios, por lo que el proceso no
tendría cuantía y debía ser conocido por el Consejo de Estado en única
instancia, según el artículo 131 ibídem.
En segundo lugar arguyó que, al
tratarse de una controversia que versa sobre la validez de un acto
administrativo de naturaleza sancionatoria y no sobre un asunto de naturaleza
laboral -ya que la sanción no implica retiro del servicio-, para determinar su
cuantía es preciso considerar no sólo el valor de la multa impuesta sino
también el valor de los perjuicios reclamados como lo ordena el inciso primero
del artículo 134 E del Código Contencioso Administrativo al prescribir que la
cuantía se calculará “por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios
causados, según estimación razonada hecha por el actor en su demanda”. Sólo
esta última asciende en este caso a 854 millones de pesos por lo que se
superarían los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes que se requieren
para que la apelación sea admitida.
15.- La Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de auto del 26 de abril de
2007, confirmó la decisión con las mismas razones.
Explicó que “como el
demandante estimó la cuantía en $854.000.000 sin hacer las operaciones
respectivas, este Despacho, luego de revisar el expediente encuentra que esta
asciende a la suma de $14.627.986, equivalentes al valor de los sesenta (60)
días de salario (…) En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
para determinar la competencia y cuantía del proceso sólo se toman los valores
establecidos, los que en este caso ascienden a la suma de $14.627.986, valor de
la multa impuesta, debiendo excluirse los perjuicios reclamados, porque la ley
previó la forma como se establece la cuantía”[4].
16.- Mediante auto del 24 de
julio de 2008, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó
la solicitud de nulidad propuesta de manera subsidiaria en el recurso de
súplica, por considerar que el incidente de nulidad no pueden ser utilizado
para impugnar una decisión. Además, señaló que el peticionario no invocó
ninguna de las causales contempladas en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil y que de sus argumentos tampoco es posible deducir la
existencia de alguna de ellas.
17.- Asegura el demandante que
las decisiones judiciales adoptadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca -sentencia del 27 de abril de 2006- y por el Consejo de Estado
-autos del 23 de octubre de 2006, del 26 de abril de 2007 y del 24 de julio de
2008- adolecen de varios defectos que hacen procedente la acción de tutela.
18.- El tutelante sostiene que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los siguientes errores
sustantivos:
En primer término, no advirtió
que el tipo disciplinario por el que fue sancionado no es predicable de un
servidor público de segundo grado como el Vicecontralor, menos aun a título de
coautoría, de modo que la sanción le fue impuesta con desconocimiento del
principio de tipicidad. En criterio del actor, según el numeral 10 del artículo
268 de la Constitución, la sanción por recepción de recomendaciones políticas
para el nombramiento del personal del despacho del Contralor sólo es predicable
del Contralor. Además, no hace parte de las funciones del Vicecontralor el
nombramiento del personal del despacho del Contralor.
En segundo término, el tribunal
tampoco advirtió que fue sancionado sin una valoración de su responsabilidad
subjetiva, es decir, el tribunal no analizó si actuó con culpa o dolo. En
particular, el tutelante indica que el tribunal no consideró que es una
exigencia desproporcionada, de casi imposible cumplimiento, que los servidores
públicos se opongan a las órdenes de sus superiores jerárquicos.
En tercer término, el tribunal
pasó por alto que el Viceprocurador no tenía competencia para juzgar
disciplinariamente al Vicecontralor. El tutelante afirma: “(…) su conducta
no pudo ser objeto de las especiales competencias del Despacho del
Viceprocurador, habilitado por razones procesales para conocer y fallar en
única instancia en el caso de ciertos aforados ante las razones de impedimento
manifestadas por su superior”[5].
19.- El demandante también
asegura que la decisión del tribunal adolece de un defecto fáctico en tanto
acogió la valoración de las pruebas que efectuó la Viceprocuraduría. En su
sentir, las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario, como los
testimonios de Alfredo Saade Vergel, el peritaje de verificación de la
construcción de la base de datos de los funcionarios de la entidad y las
declaraciones del Contralor General de la República no se valoraron conforme a
las reglas de la sana crítica y las normas pertinentes. Por ejemplo, resalta
que (i) el Contralor manifestó a lo largo del proceso que el Vicecontralor no
intervino en el proceso de selección ni en el nombramiento de los funcionarios
de su despacho, (ii) el perito que examinó el diseño de la base de datos de las
relaciones políticas de los funcionarios de la entidad –lista “contactos”-
concluyó que su construcción se realizó en el año 2000, es decir, después del
periodo investigado y (iii) en el proceso de pérdida de investidura que se
adelantó contra los congresistas acusados de recomendar personal al Contralor
no se halló prueba de la falta.
20.- Así mismo afirma que el
Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental al expedir los autos en
los que inadmitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del
tribunal ya que atribuyó naturaleza laboral al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra una decisión disciplinaria y,
con base en esta consideración, concluyó que, conforme al inciso tercero del
artículo 134-E del Código Contencioso Administrativo, para fijar la cuantía no
debían considerarse los perjuicios causados. El actor señala que su demanda se
dirigió contra un acto particular de carácter sancionatorio disciplinario que
no implica el retiro del servicio, es decir, que no tiene naturaleza laboral.
En consecuencia, la competencia por la cuantía se debía determinar según el
valor de los perjuicios causados de acuerdo al inciso 1 del artículo 134 E
ídem.
Solicitud de Tutela
21.- Con fundamento en los hechos
narrados, el ciudadano José Félix Lafaurie solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la doble instancia y
al acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al expedir,
respectivamente, la sentencia del 27 de abril de 2006 y los autos del 23 de
octubre de 2006, del 26 de abril de 2007 y del 24 de julio de 2008, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la
Procuraduría General de la Nación.
En consecuencia pidió que se
dejen sin efectos las providencias acusadas y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En
subsidio, solicita que se dejen sin efecto los autos acusados y se ordene a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitir el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 27 de abril de 2006.
Respuesta de las entidades
demandadas
22.- La Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado aseguró que el accionante
solicitó el amparo constitucional a manera de instancia adicional con el fin de
que el juez de tutela revise asuntos estrictamente jurídicos que ya fueron
objeto de estudio y pronunciamiento por parte de la autoridad competente. Lo
anterior –en su sentir- rompe con el objeto de la acción de tutela cual es
proteger y defender los derechos fundamentales de los demandantes y desconoce
los principios de juez natural, autonomía e independencia judicial y debido
proceso.
23.- La
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
sostuvo que en la decisión que profirió revisó de forma exhaustiva el fallo de
la Viceprocuraduría de modo que en el presente caso no existe vulneración de
derecho fundamental alguno.
Decisiones judiciales objeto
de revisión
Sentencia de primera instancia
24.- La Sección
Cuarta del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela por
dirigirse contra providencias judiciales. En su criterio, una interpretación
histórica y sistemática de los mandatos constitucionales que reconocen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica lleva a la conclusión de que la
acción de tutela no procede contra providencias judiciales.
Impugnación
25.- El
accionante impugnó la decisión de primera instancia porque considera que con
las decisiones judiciales proferidas dentro de la jurisdicción contenciosa se
han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Asegura que su petición no se fundamenta en un simple desacuerdo con la
interpretación de las normas hecha por las corporaciones demandas sino en la
existencia de una ostensible vía de hecho por defecto sustantivo y fáctico en
las providencias que cuestiona.
Sentencia de segunda instancia
26.- La Sección Quinta del
Consejo de Estado confirmó la decisión del a-quo bajo el argumento de
que las providencias judiciales no pueden controvertirse mediante la acción de
tutela en virtud de la autonomía que respalda a los jueces y en atención a la
necesidad de garantizar la vigencia de los procedimientos judiciales establecidos
en el ordenamiento jurídico para controvertir cada decisión.
Pruebas decretadas en el
trámite de la revisión
27.- El proceso fue inicialmente
repartido al Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub[6]
quien, el 18 de noviembre de 2009, ordenó mediante auto[7]:
“PRIMERO:
OFICIAR a la Procuraduría General de Nación, para que, en el término de diez
(10) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente
providencia, remita copia del expediente que contiene el proceso disciplinario
adelantado por ese Despacho en contra del señor José Félix Lafaurie y que
culminó con el fallo condenatorio, el 6 de agosto de 2003.
SEGUNDO:
OFICIAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, para que, en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la
notificación de la presente providencia remita copia del expediente que
contiene el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado
por el señor José Félix Lafaurie contra la Procuraduría General de la Nación y
radicado con el número 2004-00961”.
28.- Las pruebas solicitadas
fueron recibidas en el despacho del entonces Magistrado Sustanciador los días 9
y 15 de diciembre de 2009[8].
Cambio de ponente
29.- Debido a que la ponencia
presentada por el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub no fue aprobada por
la mayoría de los miembros de la Sala Plena de esta Corte, el veintinueve (29)
de octubre de 2010 la Secretaría General remitió el expediente al despacho del
Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto para que presentara nueva ponencia[9].
II. CONSIDERACIONES Y
FUNDAMENTOS
Competencia
1.- Esta Corte es competente para
revisar el presente fallo de tutela de conformidad con lo previsto en los
artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, el Decreto 2591 de 1991 y las
demás disposiciones pertinentes.
Problema jurídico
2.- En primer
lugar, la Sala debe determinar si los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia de José Félix
Lafaurie Rivera fueron vulnerados por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca al no decretar la nulidad del fallo
sancionatorio proferido por el Viceprocurador General de Nación. En particular,
la Sala debe determinar si en este caso se reúnen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en caso de
reunirse, si el tribunal incurrió en los errores sustantivo y fáctico que el
tutelante alega.
En segundo
lugar, la Sala debe determinar si la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado desconoció los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso –especialmente la garantía de la doble instancia- y al acceso a
la administración de justicia del peticionario al proferir los autos del 23 de
octubre de 2006, 26 de abril de 2007 y 28 de julio de 2008 mediante los cuales
se negó a tramitar el recurso de apelación que José Félix Lafaurie Rivera
interpuso contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala
debe examinar si respecto de estos autos se reúnen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, en caso de
reunirse, si la interpretación que la autoridad demandada adoptó es arbitraria
y condujo a un defecto procedimental como asegura el peticionario.
3.- A fin de
resolver el asunto, la Sala se referirá a (i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales con especial
referencia a los autos, (ii) los requisitos generales de procedencia y las
causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales y (iii) la jurisprudencia constitucional sobre los
defectos fácticos, sustantivos y procedimentales que pueden presentarse en una
providencia judicial, para luego (iv) resolver el caso concreto.
Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales con especial
referencia a los autos.
4.- El artículo
86 de la Constitución señala que la acción de tutela procede contra toda “acción
o la omisión de cualquier autoridad pública”. Las autoridades judiciales son
autoridades públicas que en el ejercicio de sus funciones deben ajustarse a la
Constitución y a la ley y garantizar la efectividad de los principios, deberes
y derechos fundamentales reconocidos en la Carta. Por esta razón la Corte
Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales que infringen los derechos fundamentales de las partes,
en particular el derecho al debido proceso, y se apartan de los mandatos
constitucionales. Sin embargo, la Corte ha precisado que la procedencia de la
acción de tutela en estos casos debe ser excepcional en atención a los
principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad
jurídica y a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.
En desarrollo del artículo 86
constitucional, el Decreto 2591 de 1991 previó la posibilidad de que las
autoridades judiciales vulneraran los derechos fundamentales de las partes en
sus decisiones. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-543 de 1992,
declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del
decreto referidos a la caducidad y la competencia especial de la tutela contra
providencias judiciales. No obstante, la Corte mantuvo abierta la posibilidad
de interponer acciones de tutela contra providencias judiciales cuando éstas
constituyeran vías de hecho. Así, a partir de 1992, la Corte comenzó a
admitir la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales que
constituyen vías de hecho, es decir, decisiones manifiestamente arbitrarias
porque, por ejemplo, (i) se basan en normas evidentemente inaplicables -defecto
sustantivo-, (ii) son proferidas con carencia absoluta de competencia -defecto
orgánico-, (iii) se basan en una valoración arbitraria de las
pruebas -defecto fáctico-, o (iv) fueron proferidas en un trámite que se apartó
ostensiblemente del procedimiento fijado por la normativa vigente -defecto
procedimental-. Con el paso del tiempo, la Corte en su jurisprudencia fue
identificando otros tipos de vías de hecho.
La doctrina de
las vías de hecho fue replanteada en la sentencia C-590 de 2005 con fundamento
en los desarrollos jurisprudenciales de los años anteriores. En este fallo, la
Corte señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos
tipos de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales: unos requisitos generales de procedencia de naturaleza
estrictamente procesal y unas causales específicas de procedibilidad de
naturaleza sustantiva que recogen los defectos que antes eran denominados vías
de hecho.
5.- El concepto
de providencia judicial comprende tanto las sentencias como los autos que son
proferidos por las autoridades judiciales. Sin embargo, en materia de
decisiones adoptadas en autos, la Corte ha señalado que éstas, por regla
general, deben ser discutidas por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto. La acción de
tutela procederá solamente (i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante
otros medios de defensa judicial. Por tanto, la acción constitucional no será
procedente cuando han vencido los términos para interponer los recursos
ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron
utilizados, pero en forma indebida; (ii) cuando a pesar de que existen otros
medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o
amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar
un perjuicio irremediable[10].
En todo caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los requisitos
generales de procedencia y los requisitos especiales de procedibilidad de la
acción tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta
Corporación.
La primera
oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la
sentencia T-224 de 1992[11].
En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un
auto interlocutorio pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales
de las partes. En estos casos, los afectados deben acudir a los recursos
ordinarios previstos en el ordenamiento contra al respectiva providencia; sin
embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que es
posible acudir a la acción de tutela.
Posteriormente, en las sentencias
T-025 de 1997, T-1047 de 2003 y T-489 de 2006, aunque la Corte no concedió la
tutela en sede de revisión, admitió la procedencia de la tutela contra autos
interlocutorios; en el primer caso, contra un auto del Consejo de Estado que
denegó una solicitud de nulidad del tutelante en un proceso de reparación
directa; en el segundo caso, contra un auto que negó la libertad provisional
solicitada por un recluso; y en el tercer caso, contra un auto que en sede de
apelación revocó otro auto que había decretado la nulidad de todo lo actuado
por indebida notificación dentro de un proceso ejecutivo.
Requisitos
generales de procedencia y las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
6.- En este tema ha existido una
profusa evolución jurisprudencial[12].
Actualmente, la Corte sostiene que para que la tutela contra de una decisión
judicial sea procedente, y por ende, para que pueda prosperar se deben
verificar, respectivamente, la presencia de unas causales genéricas y otras
específicas, además de la violación a un derecho fundamental.
7.- Las
condiciones generales de procedencia son aquellas cuya ocurrencia habilita al
juez de tutela para adentrarse en el contenido de la providencia judicial que
se impugna. En otras palabras, su cumplimiento no determina la configuración de
un defecto que demuestre que el juez ordinario ha violado los derechos
fundamentales del accionante a través de la expedición de una sentencia o auto,
simplemente autoriza al juez de tutela a examinar si ello ha sucedido. Tales exigencias buscan hacer compatible la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales con la eficacia de principios de estirpe
constitucional y legal como la seguridad jurídica, la cosa juzgada, la
independencia y autonomía del juez, y la distribución jerárquica de competencias
al interior de la rama jurisdiccional[13].
Son las siguientes:
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[14].
En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[15].
De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración[16].
De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[17].
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[18].
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que
la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[19]. Esto
por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para
revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[20]
8.- Una vez establecido el cumplimiento de los anteriores requisitos,
el juez de tutela sólo podrá conceder el amparo cuando halle probada la
ocurrencia de al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la
tutela contra sentencias, a saber:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[21] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g.  Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h.  Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[22].
i.  Violación directa de la Constitución”[23].
Jurisprudencia constitucional sobre los defectos fácticos,
sustantivos y procedimentales que pueden presentarse en una providencia
judicial
9.- De
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el defecto procedimental absoluto
se presenta cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido. En la sentencia T-310 de 2009, la Corte precisó que se trata de un
defecto de naturaleza cualificada, pues demanda que el trámite
judicial “(…) se haya surtido bajo la plena inobservancia de las reglas de
procedimiento que le eran aplicables, lo que ocasiona que la decisión adoptada
responde únicamente al capricho y la arbitrariedad del funcionario judicial”[24].
Además la desviación del procedimiento debe ser de tal magnitud que afecte los
derechos fundamentales de las partes, en especial el derecho al debido proceso[25].
10.- El defecto fáctico, de otro lado, tiene lugar cuando la valoración probatoria realizada por el juez ordinario es
arbitraria y abusiva o constituye un ostensible desconocimiento del
debido proceso, esto es, cuando el funcionario judicial (i) deja
de valorar una prueba aportada o practicada en debida forma y que es
determinante para la resolución del caso, (ii) excluye sin razones justificadas
una prueba de la misma relevancia o (iii) valora un elemento probatorio al
margen de los cauces racionales[26].
Corresponde al juez constitucional evaluar si en el marco de la sana
crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso.
Al respecto, la Corte ha precisado que el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora del análisis probatorio que realiza el juez
ordinario, pues ello sería contrario al carácter subsidiario de la acción de
tutela e implicaría invadir la órbita de la competencia y la autonomía de las
otras jurisdicciones.
11.- Por
último, el defecto sustantivo se presenta, entre otras hipótesis, (i) cuando la
decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, (ii) cuando la decisión se fundamenta en normas inexistentes o inconstitucionales, (iii) cuando a pesar del
amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso
concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su
alcance, es contraevidente (interpretación contra legem) o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o
desproporcionada)[27],
(iv) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras
disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una
interpretación sistemática, (v) cuando la norma aplicable al caso concreto es
desatendida y por ende inaplicada o (v) cuando a pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica
a la cual se aplicó[28].
Una decisión en la que el juez se aparta de la normativa no sólo despoja
de legitimidad a su decisión sino que vulnera el derecho de defensa y la
confianza legítima de las partes interesadas en las autoridades judiciales pues
éstas son sorprendidas con la aplicación de normas distintas a las que
previeron serían tenidas en cuenta en el caso. Al respecto, afirmó la Corte en
la sentencia T-405 de 2005: “Si bien esas normas preexisten a sus actos,
desconocen si ellas serán o no respetadas por los jueces en un litigio
eventual. De este modo, la incertidumbre se cierne sobre las relaciones
sociales y el derecho pierde su capacidad como elemento de cohesión social”[29].
Con las
anteriores consideraciones procede la Sala a resolver el caso concreto.
Caso
concreto
12.- Como se indicó, la Sala debe resolver dos problemas jurídicos. El primero referido a
los supuestos defectos sustantivos y fácticos de la sentencia emitida el 27
de abril de 2006 por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la cual se decidió no decretar la
nulidad del fallo sancionatorio proferido por el Viceprocurador General de
Nación. El segundo relativo al presunto defecto procedimental cometido por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado al proferir los autos
del 23 de octubre de 2006, 26 de abril de 2007 y 28 de julio de 2008 mediante
los cuales se negó a tramitar el recurso de apelación que José Félix Lafaurie
Rivera interpuso contra el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En ambos casos
la Sala debe examinar si se reúnen los requisitos generales de procedencia de
la tutela contra providencias judiciales y, en caso de reunirse, debe
determinar si en efecto se presentan en ellas los defectos que arguye el
peticionario. Para llevar a cabo este análisis la Sala se referirá, en primer
lugar, al cumplimiento de los requisitos generales y específicos respecto de la
sentencia emitida el 27 de abril de 2006 por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y, en segundo lugar, al cumplimiento de estas exigencias en lo relativo a los
autos del 23 de octubre de 2006, 26 de abril de 2007 y 28 de julio de 2008
emitidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
13.- La Sala
observa que en la presente oportunidad se reúnen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales frente a la
sentencia del Tribunal Administrativo.
En primer lugar,
las cuestiones que el tutelante discute son de evidente relevancia
constitucional ya que la controversia versa sobre la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso de José Félix Lafaurie Rivera.
En segundo lugar,
el peticionario agotó todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial a su alcance. Independientemente de la
discusión que existe sobre si el fallo podía ser objeto del recurso de
apelación, lo cierto es que José Félix Lafaurie Rivera
interpuso sin éxito dicho recurso con el fin de agotar la segunda instancia. De
otro lado, los defectos que el peticionario atribuye a la sentencia no se
encuadran dentro de las causales del recurso extraordinario de revisión
previstas en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo.
En tercer lugar,
la acción de tutela fue interpuesta dentro de un término razonable. La última
decisión de la cadena de providencias acusadas, es decir, el auto mediante el
cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la
solicitud de nulidad formulada por el accionante, fue proferido el 24 de julio
de 2008. La acción de tutela, por su parte, fue interpuesta el 9 de marzo de
2009.
En cuarto lugar,
las irregularidades procesales alegadas por el tutelante, de encontrarse
probadas, podrían cambiar el sentido de las decisiones acusadas. José Félix
Lafaurie Rivera asegura que la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca adolece de errores sustantivos y fácticos, por cuanto en ella el
tribunal (i) no apreció que el tipo disciplinario previsto en el artículo
268-10 de la Constitución no es aplicable al Vicecontralor, menos aún a título
de coautoría; (ii) no valoró su responsabilidad subjetiva ni tuvo en cuenta que
obró en cumplimiento de órdenes impartidas por su superior jerárquico; (iii) no
declaró la falta de competencia del Viceprocurador; y (iv) acogió la valoración
errónea de las pruebas que llevó a cabo el ente disciplinario. De no haberse
presentado estas presuntas irregularidades, es muy probable que el tribunal
hubiera anulado el fallo disciplinario.
En quinto lugar, la parte actora identificó de manera razonable los derechos
vulnerados y los hechos que generaron su vulneración, y alegó tal vulneración
en el proceso judicial de manera oportuna. En la demanda se relacionan e
identifican con claridad los derechos desconocidos y los hechos que dieron
lugar a su violación. De otro lado, de conformidad con las pruebas que obran en
el expediente, José Félix Lafaurie Rivera alegó oportunamente
en su recurso fallido de apelación la vulneración de sus derechos fundamentales
por parte del tribunal.
Por último, el
fallo acusado no es una sentencia de tutela.
14.- En lo que
toca con las causales específicas de procedencia de la tutela frente a
decisiones judiciales la Sala estima que, frente a la sentencia emitida el 27
de abril de 2006 por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no se presenta ninguno de los defectos
alegados por el tutelante.
Recuérdese que José Félix
Lafaurie Rivera asegura que la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca presenta los siguientes defectos que constituyen causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela:
En primer lugar, afirma que la
sentencia presenta un error fáctico ya que en ella el tribunal acogió la
valoración errónea de las pruebas que llevó a cabo el Viceprocurador. A juicio
del actor, las pruebas recaudadas en el proceso disciplinario, como los testimonios
de Alfredo Saade Vergel, el peritaje que verificó la fecha de construcción de
la base “lista contactos” y las declaraciones del Contralor General de la
República no se valoraron conforme a las reglas de la sana crítica y las normas
pertinentes.
En segundo lugar, sostiene que la
sentencia presenta los siguientes errores sustantivos: (i) el tribunal no
advirtió que el tipo disciplinario por el que fue sancionado no es predicable
de un servidor público de segundo grado como el Vicecontralor, menos aun a
título de coautoría, de modo que la sanción fue impuesta con desconocimiento
del principio de tipicidad, (ii) tampoco tuvo en cuenta que el Viceprocurador
impuso la sanción sin valorar su responsabilidad subjetiva, es decir, sin
analizar si actuó con culpa o dolo y particularmente no consideró que es una
exigencia desproporcionada, de casi imposible cumplimiento, que los servidores
públicos se opongan a las órdenes de sus superiores jerárquicos y (iii) el
tribunal pasó por alto que el Viceprocurador no tenía competencia para juzgar
disciplinariamente al Vicecontralor.
La demanda de
nulidad y restablecimiento interpuesta por José Félix Lafaurie Rivera se dirigió contra el fallo proferido el 6 de agosto de 2003 por el
despacho del Viceprocurador General de la Nación. En este acto administrativo
el Viceprocurador sancionó al demandante por haber incurrido a título de
dolo en las infracciones señaladas en los artículos 40 de la Ley 200 de 1995
–en concordancia con el artículo 268-10 superior- y 50 ibídem. La ratio
decidendi de la decisión sancionatoria puede resumirse de la siguiente
manera:
Para comenzar, el Viceprocurador
concluyó que José Félix Lafaurie Rivera incurrió en la falta descrita en el
artículo 40 de la Ley 200 de 1995, interpretado en conjunto con el artículo
268-10 constitucional. Para el juez disciplinario, la prohibición contenida en
el esta disposición opera tanto para los congresistas como para la totalidad de
servidores de la Contraloría. De un lado, “[s]i a los congresistas les está
prohibido hacer las recomendaciones al Contralor para cargos en la Contraloría,
falta que conlleva sanción; éste en caso de aceptarlas viola la prohibición
ínsita en la norma”[30].
De otro lado, “[e]l término ‘de su despacho’ utilizado por el numeral 10 del
artículo 268 de la Carta recae sobre la totalidad de los servidores de la
Contraloría, en el entendido de la entidad encargada de la función de control
fiscal (…)”[31].
El Viceprocurador también aseguró que la interpretación extensiva de los
sujetos activos del tipo disciplinario, fruto de una interpretación analógica y
teleológica del artículo 268-10 superior, no se opone a los principios del
derecho sancionatorio disciplinario, ni constituye una analogía.
El Viceprocurador estimó que José
Félix Lafaurie Rivera también omitió denunciar las irregularidades que se
estaban presentando en los nombramientos. A juicio del fallador, los
funcionarios de la Contraloría deben no sólo abstenerse de la conducta descrita
en el artículo 268-10 de la Constitución sino también denunciar su ocurrencia
cuando tengan conocimiento de ello, de conformidad con el artículo 50 de la Ley
200 de 1995[32].
A continuación, descartó el cargo
de prejudicialidad propuesto por el demandante, pues -en su concepto- el hecho
de que los congresistas de quienes provenían las recomendaciones no hubieran
sido sancionados no significa que los funcionarios de la Contraloría
involucrados en el mismo caso no pudieran serlo. En este sentido, recordó que
los procesos disciplinarios que adelanta la Procuraduría son autónomos e
independientes de los procesos disciplinarios que se tramitan contra los
congresistas.
Por último, el Viceprocurador
aseguró que no es cierto que la conducta de José Félix Lafaurie Rivera
careciera de antijuridicidad por haber obrado de acuerdo con las órdenes que le
fueron impartidas por su superior inmediato En su sentir, el tutelante no se
hallaba frente a una coacción imposible de vencer[33].
Las faltas en las que incurrió
José Félix Lafaurie Rivera fueron calificadas como graves, de conformidad con
el artículo 27 de la Ley 200 de 1995, e imputadas a título de dolo.
La Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la solicitud de
nulidad del fallo disciplinario. Su argumentación puede resumirse como sigue:
En la primera parte de sus
consideraciones, el tribunal analizó la competencia del Viceprocurador para
juzgar disciplinariamente al Vicecontralor y concluyó que el primer funcionario
sí era competente, de acuerdo con las siguientes normas: (i) el artículo 7 del
Decreto 262 de 2000 –vigente para el momento en que se formularon los cargos-,
según el cual el Procurador es competente para conocer en única instancia de
los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Contralor, (ii) el
artículo 60 de la Ley 200 de 1995 -reproducido materialmente por el artículo 81
de la Ley 734 de 2002-, que prevé la competencia por conexidad al disponer que
cuando varios servidores públicos de la misma entidad participen en la comisión
de faltas conexas, la investigación y juzgamiento se llevarán a cabo en el
mismo proceso y la competencia corresponderá al juez competente para fallar el
caso del servidor de mayor jerarquía, (iii) el artículo 17-3 del Decreto 262 de
2000, reproducido materialmente por el artículo 88 de la Ley 734 de 2002, que
indica que corresponde al Viceprocurador reemplazar al Procurador en todos sus
impedimentos[34].
Teniendo en cuenta que el Procurador General se declaró impedido para conocer
de la investigación de Carlos Ossa Escobar, José Félix Lafaurie Rivera,
Mauricio Casasfranco y Alfredo Rafael Saade Vergel y que el servidor de mayor
rango entre los investigados era el Contralor, el tribunal corroboró que el
Viceprocurador era competente para investigar y juzgar al peticionario.
De otro lado, para el tribunal,
la decisión del ente sancionador se basó en un análisis razonable de los medios
de prueba que obraban en el expediente y no exclusivamente en el testimonio de
Alfredo Saade Vergel. En su sentir:
“(…) En los actos leídos, está
determinada la conducta en la que incurrió, deducida de los distintos medios de
prueba, y no es cierto que el único testimonio valorado haya sido el de Saade,
este (sic), en cuanto relata los hechos por él conocidos que fueron
corroborados por los documentos encontrados, por la lista CONTACTOS, alimentada
también con datos de Saade, la cual controlaba y dirigía el Dr. Lafaurie, a
quien dice haberle entregado, su lista, Saade, en forma previa al retiro, y lo
dicho por Nelson Pinedo y el propio Dagoberto Quiroga, coinciden entre sí,
incluso, coincide dicho testimonio con el propio Lafaurie, en cuanto señala que
el fin inicial de la lista era sano. Como lo dice el propio Saade, pero que se
utilizó luego para fines políticos. No encuentra la Sala en el testimonio de
Saade falsedad en la declaración sobre los hechos concretos conocidos, ni mucho
menos se demostró la falsedad acusada. De sus apreciaciones subjetivas como de
las de todos los testigos, la Sala hace caso omiso, porque cuando el testigo
narra un hecho, sin duda alguna hace una también una (sic) interpretación de lo
visto y de las circunstancias que rodean el hecho, pero deja expuesto el hecho
que se confronta por el fallador con otros medios de prueba, como lo hizo la
Procuraduría en este caso.
(…) Algunos testimonios de
subalternos nombrados por el Contralor, de los cuales también la Sala alejará
sus apreciaciones subjetivas, señalaron de manera unánime que se hacía una
selección de hojas de vida recibida (sic) y se verificaba el mejor perfil que
se ajuste al cargo, de las hojas recibidas, pero es un hecho demostrado que
entre las hojas de vida existían recomendaciones de los parlamentarios, que el
propio ex Contralor Ossa reconoce, lo afirma Dagoberto Quiroga y que Pinedo
confirma, en cuanto al papel del demandante, cuando dice que la lista que
llevaba el Dr. Lafaurie se alimentaba también con las hojas de los recomendados
de los Congresistas, a quien él personalmente recibía, y aún en presencia del
propio Parlamentario se registraba el nombre del recomendado en el listado”[35].
El tribunal también consideró, en
cuanto a la fecha de elaboración del listado “contactos”, que tampoco era
cierto que su creación hubiera sido posterior al periodo investigado pues si
bien en el computador portátil de José Félix Lafaurie Rivera la creación era
reciente, no lo era en los demás computadores en los que reposaba una copia[36].
El tribunal rechazó el cargo de
desconocimiento del principio de tipicidad, ya que estimó que la sanción se
impuso por infracciones claramente previstas en la normativa vigente, estas son
(i) el numeral 1° del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, que exige a todo
servidor público cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, (ii) el
artículo 268-10 de la Constitución, que prohíbe a los parlamentarios y a las
corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor dar
recomendaciones personales o políticas a este último para el nombramiento del
personal de su despacho y (iii) el artículo 50 de la Ley 200 de 1995 que
consagra el deber de todo servidor de denunciar los delitos, contravenciones y
faltas de las que tenga conocimiento. Dado que José Félix Lafaurie Rivera era
servidor público, tenía el deber individual y autónomo de hacer cumplir la
Constitución, y por ello el tribunal consideró que podía incurrir en las
infracciones antes descritas. El tribunal expresó:
“Se ha hecho claridad en los
actos demandados en que la conducta por la cual se sancionó al demandante es la
prevista en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 200 de 1995, que exige a todo
servidor público cumplir y hacer que se cumpla la Constitución y las leyes, y
al revisar la Constitución encuentra el ente de disciplina que el artículo 268
numeral 10 consagra una prohibición para los parlamentarios o corporaciones que
intervienen en la postulación y elección del contralor, dar recomendaciones
personales y políticas para empleos de su despacho. Y además la ley 200 de
1995, consagra como deber de todo servidor el denunciar los delitos,
contravenciones y faltas de que tuviere conocimiento.
Entonces el sujeto calificado
por las normas de la Ley 200 de 1995, para quien se establecen las
prohibiciones es el servidor público en forma general. El doctor Lafaurie era
servidor público, hecho no discutido y en tal condición, debía cumplir y hacer cumplir
la Constitución, y por su puesto las prohibiciones que la Carta y la ley
establecen. No tendría razón de ser la obligación impuesta por la ley, si las
prohibiciones solo tuvieren que cumplir los directos obligados como en este
caso lo son los Congresistas que intervinieron en la elección del Contralor, el
legislador no habría previsto tal prohibición. Por ello es que en materia
disciplinaria, se habla de tipos abiertos”[37].
Más adelante aseguró:
“No lo
cree así la Sala, al Dr. Lafaurie no se le sancionó por incurrir en la conducta
prohibida para los Congresistas, sino por omitir que tal prohibición se cumpla,
esto es por incumplir el deber de hacer cumplir la Constitución (…).
No se trata
de responsabilidad por hecho negativo, sino por la omisión en el cumplimiento
de sus funciones, y para su análisis, hay que ir a la obligación legal; cuando
la ley consagra un deber  como el de denuncia, o el hacer cumplir por los demás
la Constitución, la omisión al deber, es una conducta positiva del agente,
incurre en ella cuando actúa en contrario a la obligación, o cuando guarda
silencio, es una conducta cierta, concreta, demostrada, que se traduce en
omitir el deber al que la ley lo obliga. Los deberes y obligaciones se concretan
en hacer y no hacer, que suponen unas acciones positivas y negativas. Si la
obligación es hacer, la vulneración ocurre cuando omite hacer y en este caso,
cuando se juzga la conducta de omisión de su deber es el hecho positivo de la
omisión que se traduce en una acción negativa, el que se castiga; de lo
contrario en ningún caso sería sancionada la obligación de hacer, si se arriba
a la conclusión que la obligación se incumple solo cuando se hace lo prohibido
y no cuando se deja de cumplir una obligación”[38].
En este sentido, la autoridad
demandada recordó que la Corte Constitucional ha considerado que la existencia
de tipos abiertos en materia disciplinaria se ajusta a la Carta y que la
tipicidad de una conducta debe valorarse haciendo una lectura sistemática de la
norma que establece la función del servidor o que le ordena o prohíbe cierta
conducta y de la norma que de manera genérica prescribe que el incumplimiento
de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una infracción
disciplinaria (sentencia C- 948 de 2002). En el caso concreto, en el sentir del
tribunal, el Viceprocurador hizo una interpretación de las normas aplicables
conforme a las orientaciones de la Corte. Al respecto, el tribunal expresó lo siguiente:
“En cuanto a
las funciones del Dr. Lafaurie, descritas en el análisis de los medios de
prueba, puede verificarse que en efecto, ellas lo comprometen a la asesoría y
apoyo de la función del Contralor y el desarrollo de las funciones entregadas
por la Constitución y la Ley al órgano de control, pero individualmente en su
calidad de servidor público, no podía sustraerse al deber impuesto por el
estatuto disciplinario de cumplir personalmente y de manera autónoma o hacer
que se cumpla la Constitución, sin perjuicio del cumplimiento de las órdenes
superiores cuando ellas correspondan a la naturaleza de sus funciones legales y
constitucionales. Entonces para el examen de la obligación que todo servidor
público tiene de cumplir y hacer que se cumpla la Constitución, no requiere
tener asignada la función nominadora en este caso, porque el cargo no se ha
elevado por la nominación de empleados recomendados; claro es para el operador
disciplinario cuáles son las funciones del Dr. Lafaurie, sino por permitir que
a través suyo se hayan tramitado algunas de las recomendaciones de los
Congresistas, que sin duda alguna se hicieron a través del Dr. Lafaurie en la
época de la investigación, como indica el expediente por distintos medios de
prueba, y surtieron efecto, habida cuenta que se nombraron, según los listados
que la Procuraduría logró establecer”[39].
Para terminar,
el tribunal descartó que el Viceprocurador hubiera sancionado a José
Félix Lafaurie Rivera sin analizar su responsabilidad subjetiva. En este
sentido manifestó:
“No cree la Sala que en este
caso, se haya deducido una responsabilidad objetiva, que por su puesto está
prohibida en la Carta en garantía del derecho de presunción de inocencia,
porque como puede leerse en los casos se hizo un examen de la conducta y de la
culpabilidad con fundamento en los medios de prueba integralmente considerados,
no se dedujo la responsabilidad por el resultado como se acusa, sino por los
hechos demostrados que indican su culpabilidad, por la jerarquía del cargo, las
funciones delegadas y las propias previstas en el reglamento y en la ley, y no
encontró demostrado el operador disciplinario, eximentes de responsabilidad o
causal alguna de justificación de la conducta, en lo cual acertó, a juicio de
esta Sala.”[40].
En atención a la
anterior exposición, la Sala encuentra que la decisión del 27 de abril de 2006
de la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca se basó en un análisis razonable de las pruebas que obran en el
proceso a la luz de las reglas de la sana crítica.
En efecto, la
sentencia no se basó exclusivamente en el testimonio de Alfredo Saade Vergel.
El tribunal también consideró otras pruebas que demostraban la responsabilidad
disciplinaria del peticionario. Algunas de esas pruebas fueron (i) los documentos
encontrados en las visitas especiales practicadas a las oficinas de personal y
de sistemas de la Contraloría, (ii) la información de la “lista contactos” que
relacionaba los nombramientos de numerosas personas con recomendaciones de
congresistas y otros políticos, (iii) los testimonios de Nelson Pineda
–auxiliar del despacho del Vicecontralor- y Dagoberto Quiroga, y (iv) la
declaración del propio tutelante. Adicionalmente, el tribunal analizó el cargo
de José Félix Lafaurie Rivera sobre el carácter sospechoso del
testimonio de Alfredo Saade Vergel pero concluyó que en todo caso los hechos
denunciados por este último se hallaban demostrados en otras pruebas. En consecuencia, la Sala estima que no es cierto que el tribunal
haya incurrido en un defecto fáctico.
La Sala también descarta la
existencia del defecto sustantivo que el tutelante atribuye al tribunal por no
valorar su responsabilidad subjetiva. A juicio de la Sala, el tribunal sí
valoró la responsabilidad subjetiva del demandante y con fundamento en un
análisis razonable de las pruebas, de las funciones y de la naturaleza del
cargo del tutelante, concluyó que cometió las infracciones de manera dolosa. El
tribunal sí tuvo en cuenta el argumento de que el peticionario acataba órdenes
de un superior; no obstante, a partir de un análisis razonable de la naturaleza
de su cargo y de su nivel de jerarquía, concluyó que le era posible oponerse a
ellas y que así debió hacerlo. Para el tribunal, el acatamiento de órdenes en
el caso de un servidor de la jerarquía del peticionario no es una causal de
justificación ni un eximente de responsabilidad; como Vicecontralor estaba
obligado a cumplir únicamente las órdenes que correspondían a la naturaleza de
sus funciones legales y constitucionales[41].
La Sala observa que el tribunal
también se pronunció sobre el cargo de nulidad por desconocimiento del
principio de tipicidad y con fundamento en una interpretación razonable de los
artículos 40 de la Ley 200 de 1995 y 268-10 constitucional concluyó que la
prohibición prevista en la última disposición es aplicable al Vicecontralor. El
tribunal consideró que el tipo descrito en la norma constitucional es un tipo
disciplinario abierto que leído en conjunto con el artículo 40 de la Ley 200 de
1995 lleva a la conclusión de que no sólo los congresistas que envían
recomendaciones al Contralor, sino también el Contralor y su personal de
confianza que recibe las recomendaciones y las usa como criterio de selección
de personal pueden ser responsables por incumplimiento de la prohibición. Por
tanto, la Sala encuentra que tampoco se presentó un defecto sustantivo en este
respecto.
Por último, para la Sala el
tribunal tampoco incurrió en un defecto sustantivo por no concluir que el
Viceprocurador no era competente para juzgar disciplinariamente a José Félix
Lafaurie Rivera. Como se reseñó en apartes previos, el tribunal corroboró que
el Viceprocurador era competente a partir de una interpretación razonable y
conforme a la Constitución de los artículos 7 del Decreto 262 de 2000, 60 de la
Ley 200 de 1995 -replicado materialmente por el artículo 81 de la Ley 734 de
2002- y 17-3 del Decreto 262 de 2000 -reiterado por el artículo 88 de la Ley
734 de 2002-.
15.- Ahora bien, en lo que toca
con los autos del 23 de octubre de 2006, 26 de abril de 2007 y
28 de julio de 2008 emitidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado
advierte la Sala que no se cumplen todos los requisitos generales de
procedencia de la tutela contra sentencias judiciales.
Así se observa que
(i) el defecto que se le endilga a los referidos autos ostenta relevancia
constitucional al tener implicaciones directas sobre la garantía de la doble
instancia, (ii) el peticionario agotó todos los
medios de defensa judicial a su alcance pues contra el
auto del 23 de octubre de 2003, por medio del cual la Subsección B de la
Sección Segunda inadmitió el recurso de apelación, interpuso el recuro
ordinario de súplica, en el que, adicionalmente y como pretensión subsidiaria,
solicitó la declaración de nulidad de todo lo actuado, (iii) la acción de
tutela fue interpuesta dentro de un término razonable después del auto mediante
el cual la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la
solicitud de nulidad formulada por el accionante, (iv) se identificaron de manera razonable los derechos vulnerados y los hechos que
generaron su vulneración y ésta fue alegada en el
recurso de súplica que el tutelante interpuso el 13 de diciembre de 2006 y (v)
las providencias acusadas no son sentencias de tutela.
A pesar de lo
anterior, las irregularidades procesales alegadas por el tutelante, de
encontrarse probadas, no cambiarían el sentido de las decisiones acusadas.
Recuérdese que
el peticionario afirma que el Consejo de Estado incurrió en un defecto
procedimental al expedir los autos en los que inadmitió el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del tribunal ya que atribuyó naturaleza laboral
al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra una
decisión disciplinaria y, con base en esta consideración, concluyó que,
conforme al inciso tercero del artículo 134-E del Código Contencioso
Administrativo, para fijar la cuantía no debían considerarse los perjuicios
causados. Agrega que su demanda se dirigió contra un acto particular de
carácter sancionatorio disciplinario que no implica el retiro del servicio, es
decir, que no tiene naturaleza laboral y, en consecuencia, la competencia por
la cuantía se debía determinar según el valor de los perjuicios causados de
acuerdo al inciso 1 del artículo 134 E ídem.
Sin embargo, independientemente
de la naturaleza del proceso –laboral o no-, la cuantía se debe determinar por
el valor de la multa pues tanto el inciso 1 como el 3 del artículo 134 E del
CCA así lo prescriben. La primera de estas normas, cuya aplicación solicita en
demandante, dispone que “para efectos de la competencia, cuando sea del
caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los
perjuicios causados, según estimación razonada hecha por el actor en la
demanda”, lo que deriva en que, en su caso, sólo se debe tomar en cuenta la
multa pues no realizó una estimación razonada de los perjuicios en la
demanda, simplemente se limitó a indicar una suma de dinero. Precisamente la
falta de una estimación razonada de los perjuicios fue una de las razones que
utilizó la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
confirmar la inadmisión de la apelación al resolver el recurso de súplica
interpuesto por el señor Lafaurie. En esa oportunidad explicó que “como el
demandante estimó la cuantía en $854.000.000 sin hacer las operaciones
respectivas, este Despacho, luego de revisar el expediente encuentra que esta
asciende a la suma de $14.627.986, equivalentes al valor de los sesenta (60)
días de salario (…) En la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
para determinar la competencia y cuantía del proceso sólo se toman los valores
establecidos, los que en este caso ascienden a la suma de $14.627.986, valor de
la multa impuesta (…)”[42].
En otras palabras, aún si se considera que el proceso no es de naturaleza
laboral y se aplica el inciso primero del artículo 134 E del CCA de todos modos
la cuantía sería determinada solamente por el valor de la multa y no se
superarían los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para acceder a
una segunda instancia.
Aunque lo explicado determina la
improcedencia de la tutela interpuesta contra los autos proferidos por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, si en gracia de discusión se aceptara
que el defecto alegado tiene la potencialidad de cambiar la decisión tampoco se
concedería el amparo pues, como se verá a continuación, no se presenta defecto
alguno en los autos atacados.
16.- El defecto planteado
respecto de los autos emitidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado se
basa en que el peticionario no comparte la naturaleza laboral que el juez
administrativo le atribuyó al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
para efectos de determinar la cuantía procesal. En últimas es una discusión
sobre la interpretación de las normas que regulan la fijación de la
cuantía procesal en el CCA, específicamente del artículo 134 E.
Entendido lo anterior, resulta
evidente que en este caso se debe partir de la base de que “ (…) la función
judicial no sólo implica la aplicación silogística de reglas normativas para
casos concretos que restringen claramente la libertad de apreciación del juez,
sino también la interpretación de disposiciones de obligatorio cumplimiento
que, por la complejidad propia del lenguaje, su ambigüedad o simplemente por su
textura abierta, exigen que el aplicador jurídico amplíe el texto normativo y
señale el alcance o sentido concreto del mismo”[43].
De conformidad con lo dicho la
jurisprudencia reiterada de esta Corte ha indicado que “los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al reconocer los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, le otorgan a
los jueces (…) una amplia libertad interpretativa para determinar las normas
jurídicas aplicables al caso que juzgan y los efectos que deben derivarse de
ellas. En apoyo de lo anterior, (…) siempre que la interpretación normativa que
los operadores jurídicos hagan de un texto legal permanezca dentro de los
límites de lo objetivo y lo razonable, la mera divergencia interpretativa con
el criterio del fallador no constituye una irregularidad que haga procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales”[44]. En este sentido, “existiendo un abanico de
posibilidades [interpretativas], el operador jurídico, como expresión de
su autonomía e independencia, está autorizado para acoger la que estime pertinente”[45]. Así, “las actuaciones judiciales
que encuentren sustento en un determinado criterio jurídico o en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables al caso, aun cuando no sean
compartidas por otras autoridades judiciales, por terceros o por la generalidad
de los sujetos procesales, no pueden tildarse de arbitrarias o abusivas, pues
tal proceder estaría desestimando los principios constitucionales de autonomía
e independencia judicial que, justamente, le reconocen al juez natural plena
competencia para aplicar la ley del proceso (…)”[46].
A lo anterior se
ha agregado que “cualquier tesis distinta (…) desconocería la separación
funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria”[47] ya
que permitir que los jueces constitucionales impongan su interpretación de las
normas jurídicas a los ordinarios convertiría a la acción de tutela en una
instancia de los demás procesos judiciales lo cual contraría su naturaleza de
mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales[48]. En este orden de
ideas, “las discusiones y desacuerdos que recaigan sobre los resultados de
la labor judicial y que por alguna razón lleguen a debatirse en un proceso de
tutela, no pueden constituir materia del control jurisdiccional del juez de
tutela en la forma de un control entre instancias, como el que realiza un
superior sobre la decisión del inferior para pronunciarse sobre la legalidad de
la respectiva actuación (…)”[49].
De lo expuesto se deduce que “la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y más cuando (…) tiene que ver con la interpretación que el juez
haga de la norma, tiene un carácter eminentemente excepcional, por virtud del
principio de independencia de la administración de justicia y del carácter
residual de la acción de tutela.”[50].
Sin embargo, las
precedentes consideraciones no significan que el juez ordinario goce de una
libertad absoluta para interpretar las normas jurídicas y que su ejercicio
interpretativo no sea susceptible de control en ningún caso por medio de
tutela. Esta Corte ha expresado que procede el amparo por la configuración de
un defecto en la interpretación de las normas jurídicas realizada por un juez
ordinario en una providencia judicial (i) “cuando se realiza una
interpretación de la normatividad que contraría los postulados mínimos de la
razonabilidad jurídica”[51],
es decir, cuando “la posición del juez se refleja como
arbitraria, caprichosa o irrazonable, de manera que resulte abiertamente
contradictoria con el contenido de la norma cuyo alcance dice fijar”[52],
o (ii) “cuando la interpretación del juez a pesar de no reflejarse como
caprichosa o arbitraria resulta incompatible con la Constitución”[53].
En el presente caso, la Sala
estima que la interpretación plasmada por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en los autos atacados está dentro de los límites de lo
objetivo y lo razonable, de modo tal que la controversia planteada por el
tutelante es una mera divergencia interpretativa que, según la jurisprudencia
reiterada de esta Corporación, no da lugar a la configuración de un defecto que
haga procedente la acción de tutela en virtud del respeto a la autonomía
judicial. Estimar que un proceso judicial en el que se discute una sanción
disciplinaria impuesta a un servidor público es de carácter laboral, así no
implique la remoción del cargo, no es irrazonable si se tiene en cuenta que el
origen de los deberes cuyo incumplimiento se castiga es, precisamente, la
relación entre el servidor y la administración, la cual es de tipo laboral. Es
cierto que la alternativa hermenéutica propuesta por el demandante también
puede ser razonable –aquella que sostiene que sólo cuando la sanción consista
en la remoción del cargo el proceso judicial será de carácter laboral- pero,
como se expresó, corresponde al juez ordinario, con fundamento en su autonomía,
escoger aquélla interpretación que en su criterio se ajuste en mayor medida al
ordenamiento jurídico. Imponer una de las dos posibilidades interpretativas en
sede de revisión desconocería la autonomía del juez administrativo y
convertiría a esta Corte en una tercera instancia de la decisión tomada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado lo cual desdibuja la separación de
funciones entre la justicia constitucional y la ordinaria y desnaturaliza la
acción de tutela.
Tampoco
encuentra la Sala que se configure alguna de las hipótesis excepcionales en las
que, según la jurisprudencia constitucional, es posible controlar en sede de
tutela la interpretación realizada por el juez ordinario. Como se expresó, la
alternativa hermenéutica escogida por la Sección Segunda el Consejo de Estado
no contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica, es
decir, no es arbitraria, caprichosa, irrazonable ni resulta abiertamente
contradictoria con el contenido de la norma cuyo alcance se fijó. Además, no es
un interpretación incompatible con la Constitución pues misma Carta Política,
en el artículo 31, reconoce el derecho a la doble instancia “con las
excepciones que consagre la ley” lo que significa que el Constituyente
autorizó al legislador a restringir la posibilidad de impugnación y un ejemplo
de ello son los artículos 134 B y 134 E del CCA que limitan la segunda
instancia a los procesos contenciosos que alcancen cierta cuantía, normas que,
en su autonomía, el juez ordinario esta facultado para interpretar de forma
razonable como sucedió en el presente caso.
17.- Antes de anunciar la
decisión que se tomara en el asunto bajo revisión, la Sala considera necesario
referirse a las decisiones de instancia en las cuales las secciones Cuarta y
Quinta del Consejo de Estado rechazaron por improcedente la acción de tutela
por el sólo hecho de dirigirse contra providencias judiciales. Esta posición
resulta contraria a la jurisprudencia constitucional consistente de acuerdo con
la cual, en lugar de descartar de manera absoluta la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, debe verificarse en cada caso
concreto si ella es procedente observando si reúne los estrictos requisitos
precisados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es decir, las
causales genéricas y específicas anteriormente reseñadas.
18.- De acuerdo con lo anterior
la Sala Plena confirmará, pero por las razones expuestas, el fallo proferido
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que decidió declarar improcedente
la tutela promovida por José Félix Lafaurie Rivera contra la Sección Segunda,
Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado.
III. DECISION
En mérito de
lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- CONFIRMAR por
las razones expuestas el fallo de tutela proferido por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en acción de tutela promovida por José Félix Lafaurie Rivera
contra la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
Segundo.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas en el
artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente
MARIA
VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
Con aclaración de
voto
JUAN
CARLOS HENAO PEREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de voto
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
NILSON ELIAS
PINILLA PINILLA
Magistrado
Con
aclaración de voto
JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
Con
salvamento de voto
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
LUIS ERNESTO
VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA
MAGISTRADA
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
A LA SENTENCIA SU-817 DE 2010
ACCION DE
TUTELA CONTRA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y CONSEJO DE ESTADO-Clase
de sanción en proceso disciplinario contra servidor público por incumplimiento
de deberes funcionales no puede ser punto determinante en la naturaleza laboral
o no de la acción disciplinaria (Aclaración de voto)
Referencia: expediente T-2338639
Acción de tutela instaurada por José
Félix Lafurie Rivera contra la Sección Segunda, Subsección C, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo
de Estado
Magistrado Ponente:
Dr. Humberto Antonio Sierra
Porto
Comparto la decisión adoptada por
la Sala Plena en la sentencia SU-817 de 2010,[54]
en tanto considero que las autoridades judiciales contra las cuales se presentó
la acción de tutela no incurrieron en los defectos sustantivos, fácticos y
procesales de los que fueron acusados.  Sin embargo, considero importante hacer
una aclaración con relación al alcance de una de las afirmaciones hechas en la
sentencia en cuestión, a propósito de los defectos fácticos.
1. Para el accionante, las
decisiones judiciales acusadas incurrieron, entre otros yerros, en un defecto
fáctico en tanto acogió la valoración de las pruebas que efectuó la
Viceprocuraduría. Consideró que las pruebas recaudadas en el proceso, no se
valoraron conforme a los principios de la sana crítica y las normas
pertinentes.
2. La Sala Plena de la Corte
Constitucional analizó las providencias judiciales acusadas, y concluyó que el
Tribunal no había incurrido en un defecto fáctico. A su juicio, la decisión
judicial en cuestión “se basó en un análisis razonable de las pruebas que
obran en el proceso a la luz de las reglas de la sana crítica. […] la
sentencia no se basó exclusivamente en el testimonio de Alfredo Saade Vergel.
El Tribunal también consideró otras pruebas que demostraban la responsabilidad
disciplinaria del peticionario.” Sobre esta cuestión, valga la pena
anotar, no estaba en desacuerdo, ni siquiera, el Magistrado que salvó su voto.
Las discrepancias y diferencias de quien se apartó de la decisión mayoritaria
de la Sala, se refieren al defecto procedimental, que a su juicio, sí existió,
no al defecto fáctico alegado por el accionante.[55]
3. La decisión de la Sala Plena
de la Corte se fundó en los parámetros jurisprudenciales que permiten
establecer cuándo incurre una autoridad judicial en una violación al derecho
constitucional al debido proceso, por incurrir en un defecto fáctico. No obstante,
al retomar los criterios señalados, se hace la siguiente afirmación:
“[…] Corresponde al juez constitucional
evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la
realidad probatoria del proceso. […]”
4. Es preciso aclarar que esa
afirmación ha de ser entendida dentro del contexto en que fue manifestada. No
puede separarse y pretender entenderla aisladamente, por cuanto tal afirmación
podría adquirir alcances y sentidos que la Sala Plena de esta Corporación
judicial nunca ha querido otorgarle.
Cuando se cuestiona una
providencia judicial por incurrir en un defecto fáctico, no es deber del Juez
constitucional volver a valorar el acervo probatorio, con el propósito de
establecer cuál es la verdad procesal, y poder determinar así, si hubo o no una
violación al debido proceso. El deber del juez de tutela no es el de repetir el
análisis judicial ya hecho por el juez de instancia. No es su función volver a
analizar lo que ya se analizó.
El deber del juez constitucional
en sede de tutela, en este tipo de casos, consiste en juzgar el análisis que el
juez ordinario hizo del acervo probatorio, no en repetirlo. Su función es
establecer si al valorar las pruebas el juez ordinario incurrió en una conducta
arbitraria o abusiva, si desconoció, de manera clara y grave las reglas básicas
de la sana crítica. No es su deber establecer cuál ha debido ser la conclusión
en caso de que él o ella, juez de tutela, hubiese sido el juez natural y
ordinario del caso. En otras palabras, el estándar de control constitucional,
no consiste en establecer si el juez ordinario aplicó los criterios de la sana
crítica en el análisis probatorio de la forma como lo hubiese hecho el o la
juez de tutela a la que correspondió conocer el caso, el criterio aplicable, es
establecer si la decisión judicial cuestionada violó clara y abiertamente los
principios de la sana crítica.
5. En palabras de la Corte
Constitucional, “[…] la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta
que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la
causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, [—insiste la Corte—] la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de
mera legalidad.[56]
Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente
cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así
por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho
al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro que es
fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso.[57]
”[58]
[subrayas, fuera del original].
6. Así pues, el juez de tutela se
ha de ocupar tan sólo de las violaciones de grave entidad al principio del
debido proceso (el llamado debido proceso constitucional), no porque las demás
violaciones no sean controlables. Es por que las de menor entidad, son objeto
de control por parte de las instancias ordinarias, mediante los recursos que
todo estatuto procesal ofrece a las personas para corregir las actuaciones
judiciales que sean contrarias a las reglas propias del debido proceso. En este
caso, el control ha de ser más estricto, por cuanto no sólo serán aplicables
aquellas reglas del debido proceso claramente constitucionales, sino los
desarrollos que de éste derecho haya hecho el legislador para el escenario
procesal específico, teniendo en cuenta si se trata de un proceso penal,
laboral, disciplinario, para citar tan sólo algunos ejemplos.
Tal es el sentido en el cual
aclaro mi voto a la sentencia SU-817 de 2010.
Fecha ut supra,
MARIA VICTORIA
CALLE CORREA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
NILSON
PINILLA PINILLA
A
LA SENTENCIA SU-817/10
Referencia:
expediente T-2338639
Acción de
tutela de José Félix Lafaurie Rivera contra la Sección Segunda, Subsección “C”
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado
Magistrado ponente:
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
Habiendo
votado positivamente y firmado el proyecto presentado en este caso por el
Magistrado ponente, estimo necesario consignar por escrito una muy sucinta
aclaración sobre el sentido de mi voto en el presente asunto.
Si bien
participo de las resolución adoptada, por cuanto comparto la percepción de que
no existían razones que justificaran invalidar la interpretación que dentro de
un asunto de su competencia efectuó la Sección Segunda, Subsección “B” del
Consejo de Estado, debo aclarar mi voto pues siempre he disentido frente al
enfoque amplificado de la noción de “vía de hecho” y en relación con
algunas de las argumentaciones que se exponen para arribar a la decisión
adoptada.
Particularmente,
tal como lo he explicado con más amplitud frente a otras decisiones[59],
no comparto el alcance, en mi opinión desbordado, que con frecuencia se
reconoce por parte de la Corte Constitucional a la acción de tutela contra
decisiones judiciales, y que en el caso de la sentencia a que me vengo
refiriendo se pone de presente en la cita que se efectúa (páginas 15 a 22) de
la sentencia C-590 de junio 8 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño, de cuyas
consideraciones discrepo parcialmente desde cuando fue expedida.
Mi desacuerdo con dicha sentencia, que
el actual fallo invoca como parte de la fundamentación, radica en el hecho de
que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de
procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, abarcan
todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común
contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima
que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los
establecidos en el proceso de que se trata.
Con ello, la solicitud y trámite de la
acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o
más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto
desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo
mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto
en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito
de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al
constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.
Además, no sobra acotar que si bien esta
corporación con fundamento en la sentencia C-590 de 2005 aduce sistematizar una
línea jurisprudencial construida y decantada a partir de las consideraciones
que se dejaron planteadas en la sentencia C-543 de 1992, ello no es exacto, ya
que en realidad ese pronunciamiento[60],
de suyo sólo argüible frente a la casación penal por ser ésta la institución
regulada en el precepto parcialmente declarado inexequible (art. 185 L. 906 de 2004),
se ha interpretado como si postulara lo contrario de lo que quedó decidido en
la C-543 de 1992.
En efecto, mientras que en esa
providencia de 1992 se consideró, con firmeza de cosa juzgada constitucional
(art. 243 Const.), que no puede ser quebrantada, que la tutela contra
decisiones judiciales atentaba contra la seguridad jurídica y contra otros
importantes valores constitucionales, como el “principio democrático de la
autonomía funcional del juez”, “la independencia y desconcentración que
caracterizan a la administración de justicia” y “la función garantizadora del
Derecho” que cumple el proceso, y en consecuencia se declaró inexequible la
preceptiva que reglamentaba tal posibilidad, en la C-590 de 2005 se presenta un
amplio listado de situaciones, creyéndose que de inferirse la materialización
de alguna de ellas, en opinión de quien realiza el control tutelar, de por sí
le está permitido remover o dejar sin efecto la decisión judicial, cual si
aplicara un recurso ordinario más, con lo cual se ha desquiciado gravemente su
carácter excepcionalísimo y, en la práctica, se ha abatido la seguridad
jurídica, que es también un derecho fundamental.
Por lo anterior, dado que la decisión
adoptada con mi acuerdo y participación incluye algunas consideraciones con
alcances de tal índole, que no comparto, aclaro el voto en el caso de la
referencia.
Con mi acostumbrado respeto,
Fecha ut supra
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
ACLARACIÓN DE VOTO
DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA
SU.817/10
Referencia:
expediente T-2.338.639
Asunto:
Acción de tutela instaurada por José Félix Lafaurie Rivera contra la Sección
Segunda, Subsección C, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección
Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado.
Magistrado
ponente:
HUMBERTO
ANTONIO SIERRA PORTO
La aclaración de voto en el caso
examinado se contrae a lo siguiente:
Es bien sabido que la acción de tutela contra providencias
judiciales y actos administrativos que conlleven el ejercicio material de la
función judicial, tiene por objeto proscribir las decisiones arbitrarias en las que
pudieran incurrir algunos servidores públicos, evitándose así, que
existan decisiones en
abierta contradicción con el orden constitucional y legal vigente.
En ese sentido se ha pronunciado
la jurisprudencia constitucional, al señalar que: “pueden presentarse situaciones en las cuales los servidores públicos
ejercen sus atribuciones separándose totalmente de los mandatos del ordenamiento, en abierta o abultada contradicción con él, en forma
tal que en vez de cumplirse la voluntad objetiva del mismo se aplica la
voluntad subjetiva de aquellos y como consecuencia, bajo la apariencia de actos
estatales, se configura materialmente una arbitrariedad, denominada vía de
hecho, con la cual se vulneran o amenazan derechos fundamentales de las
personas y que da lugar al otorgamiento de la acción de tutela.”[61]
Ahora bien, aunque estoy de
acuerdo con la decisión que se adopta en la sentencia SU-817 de 2010, en la que
la Sala concluyó que la providencia acusada no contiene una vía de hecho, por
estar sustentada en razones que, son consecuencias de una exégesis razonada y
admisible que cabe dentro de las posibilidades interpretativas que el asunto
sub júdice admite, sin embargo, a mi juicio, las motivaciones de la decisión
debieron limitarse a, analizar el principio del debido proceso, por cuanto,
considero que no en todos los casos en los que procede la tutela contra una
providencia judicial, concedida esta, puede el juez constitucional sustituir al
juez ordinario competente en la adopción de la decisión de que se trate.
De ahí la necesidad de que salvo
casos extremos, la regla general sea respetar las competencias de los jueces
ordinarios respecto de los asuntos que constitucional y legalmente le vienen
asignados, máxime si se trata  de un juez que hace las veces de órgano de
cierre.
Fecha ut supra,
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
En sesión celebrada el 10 de noviembre de 2009 la
Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, en aplicación del artículo 54A
del Acuerdo 05 de 1992, asumir el conocimiento del proceso de la referencia
(Folio 17, cuaderno principal).
[2]
Folio 135, cuaderno 1.
[3]
Folio 142, cuaderno 1.
[4]
Folio 109, cuaderno 1.
[5]
Folio 24, cuaderno 1.
[6]
Folio 15, cuaderno principal.
[7]
Folios 19-22, cuaderno principal.
[8]
Folios 26 y ss, cuaderno principal.
[9]
Folios 30 y 31, cuaderno principal.
[10]
Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006.
[11]
En la sentencia T-224 de 1992, la Corte revisó una acción de tutela promovida
por  un ciudadano colombiana residente en los Estados Unidos, quien alegaba que
un auto interlocutorio dictado en el marco de un proceso de alimentos que le
impedía abandonar el país vulneraba su derecho fundamental al debido proceso.
El tutelante alegaba que el auto era arbitrario, pues había puesto a
disposición del juzgado demandado un automóvil y un inmueble para respaldar sus
obligaciones. Además, alegaba que su trabajo en los Estados Unidos era su
fuente de ingresos y el que le permitía pagar las cuotas de alimentos de las
que era responsable. La Corte concedió la tutela ya que consideró que los
hechos ponían de presente una manifiesta y palmaria violación de los derechos fundamentales
del petente. En consecuencia, la Corte ordenó a la juez demandada celebrar una audiencia especial con el objeto de examinar la
situación planteada y tomar la decisión que, de conformidad con la Constitución
y la ley, asegure el respeto a los derechos fundamentales de las partes.
[12]
Al respecto ver las sentencias C-590 de 2005, T-606 de 2004, T-1244 de 2004,
T-440 de 2006, T-950 de 2006, T-045 de 2007, T-1059 de 2007, T-012 de 2008,
T-014 de 208, T-129 de 2008 y T-311 de 2008, entre otras.
[13]
Ver al respecto la sentencia T-310 de 2009.
[14] “Sentencia 173/93.”
[15] “Sentencia T-504/00.”
[16]
“Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05”
[17] “Sentencias T-008/98 y SU-159/2000”
[18]
“Sentencia T-658-98”
[19]
“Sentencias T-088-99 y SU-1219-01”
[20]
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[21]  «Sentencia T-522/01 »
[22] “Cfr. Sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y
T-1031/01”.
[23]
Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
[24]
Cfr sentencia T-310 de 2009. Ver también sentencia T-993 de
2003.
[25]
Ver sentencia T-310 de 2009.
[26]
Ver al respecto las sentencias T-066 de 2005 y T-311 de 2009.
[27]
Ver sentencia T-462 de 2003.
[28]
Ver sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999, SU-159 de 2002, T-244
de 2007, T-092 de febrero de 2008 y T-310 de 2009.
[29]
Cfr. Sentencia T-405 de 2005.
[30]
Folio 10, cuaderno 15.
[31]
Folio 10, cuaderno 15.
[32]
Folio 17, cuaderno 15.
[33]
Folios 73 y 74, cuaderno 15.
[34]
Folios 110 y 111, cuaderno 1.
[35]
Folios 121 y 122, cuaderno 1.
[36]
Folio 123,  cuaderno 1.
[37]
Folios 118 y 119, cuaderno 1.
[38]
Folios 125 a 127, cuaderno 1.
[39]
Folios 120 y 121, cuaderno 1.
[40]
Folio 124, cuaderno 1.
[41]
Folio 121, cuaderno 1.
[42]
Folio 109, cuaderno 1.
[43]
Sentencia T-1263 de 2008. En similar sentido las sentencias
T-088 de 2006 y T-388 de 2006.
[44]
Sentencia T-565 de 2006. En el mismo sentido, las sentencias
T-070 de 2007, T-588 de 2005, T-607 de 2003, T-907 de 2006, T-231 de 2007,
T-088 de 2006, T-388 de 2006, T-1045 de 2008, T-281 de 2009, T-1263 de 2008,
entre otras.
[45]
Sentencia T-388 de 2006. Así también las sentencias T-955 de
2006, T-231 de 2007, T-1045 de 2008, entre otras.
[46]
T-907 de 2006. También las sentencias T-070 de 2007, T-231 de
2007, T-088 de 2006, T-388 de 2006, T-1045 de 2008, T-281 de 2009, T-588 de
2005, T-565 de 2006, entre otras.
[47]
Sentencia T-070 de 2007. En el mismo sentido, las sentencias
T-588 de 2005, T-281 de 2009, T-907 de 2006, T-1101 de 2005, T-1263 de 2008,
entre otras.
[48]
En este sentido las sentencias T-388 de 2006, T-588 de 2005,
T-088 de 2006, entre otras.
[49]
Sentencia T-607 de 2003. Así mismo, la sentencia T-1263 de
2008.
[50]
Sentencia T-231 de 2007. En igual sentido las sentencias T-955
de 2006, T-281 de 2009 y T-1263 de 2008.
[51]
Sentencia T-231 de 2007. Así también la sentencia T-955 de
2006.
[52]
Sentencia T-388 de 2006.
[53]
Ibídem.
[54]
Corte Constitucional, sentencia SU-817 de 2010 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto; AV María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo y Nilson Pinilla Pinilla; SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
[55]
En esta sentencia [SU-817 de 2010], también se decidió, entre otras cosas, que
“[…] la interpretación plasmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado
en los autos atacados está dentro de los límites de lo objetivo y lo razonable,
de modo tal que la controversia planteada por el tutelante es una mera
divergencia interpretativa […].” Así, como concluye la decisión judicial que
comparto, “estimar que un proceso judicial en el que se discute una sanción
disciplinaria impuesta a un servidos público es de carácter laboral, así no
implique la remoción del cargo, no es irrazonable si se tiene en cuenta que el
origen de los deberes cuyo incumplimiento se castiga es, precisamente, la
relación entre el servidor y la administración, la cual es de tipo laboral.”
Para el Magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado violó el debido proceso al fundamentarse
en una interpretación errada y contraria al principio de la doble instancia de
los artículos 1º de la Ley 954 de 2005 y 134E del CCA, además de desconocer el
precedente que el propio Consejo ha establecido en la materia.
[56]
Corte Constitucional. Sentencia T-173 de 1993 (MP José Gregorio Hernández
Galindo). [En este caso la Corte resolvió confirmar la
sentencia del juez de tutela de instancia (Sala Penal del Tribunal del Distrito
Judicial de Santa Marta), en cuanto resolvió conceder la tutela instaurada
contra una providencia judicial (del Juzgado Primero Penal del Circuito de
Santa Marta), por la Corporación Nacional de Turismo, con el objeto de dar
protección inmediata a su derecho de acceso a la administración de justicia y
al debido proceso.]
[57]
Ver sentencias: SU-159 de 2002 (MP Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo
Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería y Rodrigo Escobar Gil), SU-1159 de 2003
(Manuel José Cepeda Espinosa; SV Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Araujo Rentería,
Clara Inés Vargas Hernández y Álvaro Tafur Galvis), T-685 de 2003 (MP Eduardo
Montealegre Lynett).
[58]
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2006 (MP Humberto
Antonio Sierra Porto) En este caso se decidió en los siguientes términos: “[…] los
supuestos defectos fácticos alegados por los demandantes no tiene la entidad
que alegan los demandantes y por tal razón no puede prosperar la protección
constitucional solicitada [; tampoco] el supuesto exceso cometido por el juez
de segunda instancia al revocar una partida que no había sido objetada en la
apelación surtida durante el trámite del proceso sucesorio. Tal exceso es
meramente aparente pues como se señala en la providencia de la Sala de Familia
el abogado de la cónyuge supérstite y los hijos menores de edad del causante en
diversas ocasiones procesales (durante la diligencia de inventarios y avalúos,
de manera genérica en el escrito de objeción, y de manera específica en el
escrito mediante el cual sustenta la apelación al auto que aprobó el inventario
y avalúo de los bienes del causante) hizo alusión a la ausencia de elementos probatorios
que permitieran corroborar la existencia de los semovientes incluidos en la
partida primera. Se concluye, entonces, que por ser este uno de los extremos
sobre los cuales debía decidir la Sala de Familia, no incurrió en ningún exceso
que haya dejado indefensa a una de las partes procesales.”.
[59]
Ver, entre otros, los salvamentos de voto del suscrito Magistrado sobre las
sentencias T-590, T-591, T-643 y T-840 de 2006; T-247, T-680 y T-794 de 2007;
T-402, T-417, T-436 y T-891 de 2008, así como frente a los autos A-222 y A-256
de 2006 y A-045 de 2007. Igualmente, entre otras, aclaraciones de voto ante las
sentencias T-987 y T-1066 de 2007; T-012, T-240, T-350, T-831, T-871, T-925,
T-945, T-1029, T-1263 y T-1265 de 2008; T-093, T-095, T-199, T-249, T-364,
T-517, SU-811, T-904 y T-906 de 2009; T-103, T-119 T-148, T-653, T-707 y T-769
de 2010, entre otras.
[60]
C-590 de 2005.
[61]
Corte Constitucional, sentencia T-590 de 2002 (MP Jaime Araujo Rentería). En
este caso se resolvió, entre otras cosas, ordenar a la Secretaría de Gestión
Financiera Integral del Departamento del Magdalena dejar sin efectos el proceso
administrativo que había sido acusado y rehacerlo con la observancia de las
disposiciones legales correspondientes y, en particular, con la citación de la
accionante. Esta sentencia ha sido reiterada, entre otras, por la sentencia
SU-901 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño, SV Rodrigo Escobar Gil).