T-618-98
Sentencia T-618/98
Sentencia
T-618/98
REGLAMENTO
EDUCATIVO-Previo y pleno
conocimiento para que sea oponible a estudiantes
Los manuales de
convivencia de los colegios y demás instituciones educativas constituyen
complejos normativos internos, aceptados por padres de familia, educadores y
alumnos desde el momento mismo de la vinculación o matrícula, en los cuales se
dejan previamente establecidas las reglas de juego que presidirán las
relaciones entre unos y otros y que habrán de regir la vida académica y demás
actividades propias de la prestación del servicio público educativo, todo
dentro de las previsiones y limitantes de la Constitución y la ley. Para que
esos documentos sean oponibles y exigibles a padres de familia y estudiantes,
se hace menester su expresa aceptación, libre y espontánea, expresada en el
momento de la matrícula, y, claro está, para que ella a la vez se produzca, es
necesario el previo y pleno conocimiento de su contenido. De lo contrario, lo
único que se tiene es una imposición unilateral del centro educativo, que, en
cuanto tal, no encajaría dentro del espíritu de la Carta Política y ni siquiera
sería compatible con la Ley General de Educación, cuyo artículo 87 exige la
aceptación de los interesados
REGLAMENTO
EDUCATIVO-Sujeción a la
Constitución
La Corte reitera que los manuales de
convivencia acordados en las instituciones educativas no prevalecen sobre los
principios, valores y normas de la Constitución Política, ni pueden consagrar
imposiciones o exigencias que desconozcan, vulneren o amenacen los derechos
fundamentales de los alumnos.
REGLAMENTO
EDUCATIVO-Inaplicación por
ser contrario a la Constitución
La Corte ha sostenido, y lo reitera, que
una persona a quien se pretende obligar a cumplir una norma incompatible con la
Constitución puede ejercitar de manera simultánea la acción de tutela y
proponer la excepción de inconstitucionalidad, para que a la vez que se
inaplica el precepto contrario a la Carta se la proteja en el cabal ejercicio
de sus derechos fundamentales. Las reglas consagradas en un manual de
convivencia educativo pueden contrariar la Constitución y cuando ello ocurre
resulta necesario hacer valer, aun por vía judicial -a través de la acción de
tutela-, los preceptos fundamentales, inaplicando en el caso concreto la
correspondiente cláusula.
INAPLICACION DE
NORMAS-Transferencia a
jornada nocturna por embarazo de estudiante
DERECHO A LA
IGUALDAD EN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Transferencia a jornada nocturna por embarazo
DERECHO A LA
DIGNIDAD HUMANA DE LA MADRE-Transferencia
a jornada nocturna por embarazo de estudiante
DERECHO AL LIBRE
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Transferencia
a jornada nocturna por embarazo de estudiante
DERECHO A LA
LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Transferencia de jornada que afecta categoría de
formación por embarazo de estudiante
Referencia:
Expediente T-174884
Acción de tutela
incoada por Rosmary Manzano Novoa contra el Colegio Nacionalizado "San
Martin"
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de octubre de
mil novecientos noventa y ocho (1998).
Se revisa el fallo
proferido en el asunto de la referencia por el Juzgado Once Promiscuo Municipal
de San Martín (Cesar).
I. INFORMACION PRELIMINAR
Ante el Juez Once
Promiscuo Municipal de San Martín se presentó ROSMARY MANZANO NOVOA, estudiante
de 19 años, quien cursa el grado Once en el Colegio Nacionalizado "San
Martín" de ese municipio, con el objeto de ejercer acción de tutela contra
el establecimiento educativo.
En su exposición
verbal, de la que se levantó acta, manifestó la accionante que, ya adelantados
algunos meses de clase en la jornada diurna, quedó embarazada; que, al tenerse
conocimiento de ello en el Colegio, se le ordenó entrevistarse con el Rector; y
que éste le exigió pasarse a la jornada nocturna.
Consideró entonces
que se le había vulnerado su derecho a la libertad; que fue desmejorada, pues
tuvo que pasar de Comercio -que venía estudiando en el día- a bachillerato
básico -lo único que puede estudiar de noche-; y que su deseo ha sido siempre,
y es, el de seguir el curso que ya había comenzado.
Dijo que el Manual
de Convivencia del plantel contempla disposiciones que limitan el ingreso de
estudiantes en estado de embarazo, pero que apenas le fue entregado en el mes
de abril. La profesora les dio dos horas para leerlo entre todos.
Obedeciendo lo que
expresaba el Manual de Convivencia, la alumna demandante decidió resignarse y
pasar a la jornada de la noche.
II. LA DECISION
JUDICIAL
Mediante fallo del
11 de junio de 1998, el Juez Promiscuo Municipal de San Martín resolvió negar
la tutela, por considerar que no se había impartido a la señorita MANZANO una
orden sobre cambio de jornada sino que se le había hecho una simple sugerencia,
y que ella nada tenía que ver con su estado de embarazo.
En consecuencia,
para el Juzgado, no fue violado el derecho a la igualdad ni tampoco la libertad
de la peticionaria.
Manifestó la
providencia objeto de revisión:
"El Despacho,
luego de haber analizado el cúmulo probatorio en su conjunto, acorde a las
reglas de la sana crítica, les da pleno (sic) y le permiten inferir que no se
configuró violación de ninguno de los derechos aducidos por la accionante como
vulnerados, toda vez que su traslado de la jornada de la tarde a la de la
noche, tuvo su razón de ser en una simple sugerencia que la aquí activante
(sic) voluntariamente aceptó y además, era conocedora del bachillerato clásico
que iba a cursar. No tuvo que ver su estado de embarazo en el traslado y antes
por el contrario, fueron las recomendaciones y sugerencias del rector, del
personal docente y de los funcionarios del Colegio Nacionalizado quienes
lograron que ROSMARY MANZANO NOVOA no persistiera en su empeño de suspender sus
estudios y retirarse del colegio. De igual manera, el Juzgado atribuye pleno
valor a lo vertido por los declarantes atendiendo a que todos son acordes en lo
manifestado y de otro lado dilucidaron algunos aspectos del texto de la tutela
en los que la accionante no es precisa y son los que hacen relación al tiempo
en que esta persona estuvo desvinculada del colegio, a las razones de su
regreso. Y, finalmente el dicho de los deponentes coincide en su totalidad con
los hechos aducidos por la tutelante en soporte de sus pretensiones.
El derecho a la
igualdad no supone ni exige la previsión ni la aplicación de normas exactamente
iguales a todas las personas, sino la ausencia de discriminaciones en cuya
virtud se dé un trato preferencial o peyorativo a ciertos individuos sin causa
razonable o justificada. Y, en el presente caso, aun a pesar de que existe un
Manual de Convivencia que impone como sanción el traslado de las mujeres que
resulten embarazadas a la jornada de la noche, no hubo discriminaciones de
ninguna índole, pues no se hizo uso de los preceptos sancionatorios contenidos
en el mentado Manual de Convivencia, porque todo obedeció a una decisión
voluntaria de la tutelante, quien además, es conveniente advertir, ya es mayor
de edad.
Los mismos
argumentos dados sobre la no violación del derecho fundamental a la igualdad
son valederos respecto de la aducida supuesta violación a la libertad de
educación, por cuanto fue la propia demandante quien optó voluntariamente por
continuar estudios cursando un bachillerato clásico.
Constituye la
totalidad de lo señalado argumentación suficiente para negar la acción de
tutela".
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta Corte goza de
competencia para revisar el fallo transcrito, según resulta de los artículos 86
y 241-9 de la Constitución Política.
2. Necesidad de
un pleno y oportuno conocimiento del Manual de Convivencia para que sea
oponible a los estudiantes
Antes de analizar la
situación concreta de la accionante, debe la Corte ocuparse en examinar lo
referente al conocimiento, por parte del alumnado, sobre el contenido del
Manual de Convivencia del Colegio.
Consta en la
exposición de la demandante que sólo en abril se puso a disposición de los
estudiantes el Manual de Convivencia del ente educativo, cuando las clases
habían principiado en enero. Y, además, según su dicho, apenas se les permitió
leerlo colectivamente durante dos horas, aunque de las pruebas recaudadas no se
deduce que tal lectura hubiese excluido la conservación del texto del Manual
por cada estudiante.
La Corte
Constitucional considera que los manuales de convivencia de los colegios y demás
instituciones educativas constituyen complejos normativos internos, aceptados
por padres de familia, educadores y alumnos desde el momento mismo de la
vinculación o matrícula, en los cuales se dejan previamente establecidas las
reglas de juego que presidirán las relaciones entre unos y otros y que habrán
de regir la vida académica y demás actividades propias de la prestación del
servicio público educativo, todo dentro de las previsiones y limitantes de la
Constitución y la ley.
Para que esos
documentos sean oponibles y exigibles a padres de familia y estudiantes, se
hace menester su expresa aceptación, libre y espontánea, expresada en el
momento de la matrícula, y, claro está, para que ella a la vez se produzca, es
necesario el previo y pleno conocimiento de su contenido. De lo contrario, lo
único que se tiene es una imposición unilateral del centro educativo, que, en
cuanto tal, no encajaría dentro del espíritu de la Carta Política y ni siquiera
sería compatible con la Ley General de Educación, cuyo artículo 87 exige la
aceptación de los interesados:
"Artículo
87.- Reglamento o Manual de Convivencia. Los establecimientos
educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan
los derechos y obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los
educandos, al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus
hijos, estarán aceptando el mismo".
Naturalmente, para
que la aceptación, así derivada de la firma, tenga validez, es presupuesto
necesario el previo conocimiento de lo que en el Manual se dispone.
Así, pues, los
manuales de convivencia no pueden ser desconocidos para el alumnado en ninguna
etapa del ciclo educativo. Para su completa información al respecto, tales
manuales se deben entregar oportunamente -el día de la matrícula- y de ellos
cada alumno y cada familia deben conservar un ejemplar.
3. Sujeción de
las cláusulas de los manuales de convivencia a la Constitución Política.
Inaplicabilidad de las que le sean contrarias
La Corte reitera que los manuales de
convivencia acordados en las instituciones educativas no prevalecen sobre los
principios, valores y normas de la Constitución Política, ni pueden consagrar
imposiciones o exigencias que desconozcan, vulneren o amenacen los derechos
fundamentales de los alumnos.
Al respecto, se dijo por esta misma Sala:
"Obviamente, el
texto del Manual de Convivencia no puede establecer reglas ni compromisos
contrarios a la Constitución Política, ni imponer al alumno obligaciones
desproporcionadas o contrarias a la razón, ni a la dignidad esencial de la
persona humana.
De la misma manera,
los educadores que tengan a su cargo exigir cotidianamente al alumnado el
cumplimiento de los requisitos plasmados en el Manual, deben obrar de modo
razonable y adecuado a las finalidades formativas de la regla exigida, sin
ofender la dignidad de las personas confiadas a su orientación. El insulto, la
humillación, el escarnio o el castigo brutal son métodos reprobados por la
Constitución Política en cuanto lesivos de la integridad de los estudiantes y
contrarios al objeto de la función educativa. La persuasión, la sanción
razonable y mesurada, la crítica constructiva, el estímulo y el ejemplo son
formas idóneas de alcanzar el respeto a la disciplina y la imposición del orden
que la comunidad estudiantil requiere". (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Quinta de Revisión. Sentencia T-366 del 6 de agosto de 1997. M.P.: Dr. José
Gregorio Hernández Galindo).
Según el artículo 4 de la Constitución,
ésta es norma de normas y, en consecuencia, aquellas disposiciones que sean
incompatibles con sus mandatos deben ser inaplicadas en virtud de la excepción
de inconstitucionalidad.
La Corte ha sostenido, y lo reitera, que
una persona a quien se pretende obligar a cumplir una norma incompatible con la
Constitución puede ejercitar de manera simultánea la acción de tutela y
proponer la excepción de inconstitucionalidad, para que a la vez que se
inaplica el precepto contrario a la Carta se la proteja en el cabal ejercicio
de sus derechos fundamentales.
Sobre el punto, debe insistir la Corte en
lo siguiente:
"En cuanto a la
acción de tutela, su función está delimitada por el artículo 86 de la
Constitución. La finalidad que cumple, a la cual tiende el Constituyente desde
el Preámbulo y reitera en varios preceptos de la Carta, tiene que ver con la
protección cierta de los derechos fundamentales, a cuya transgresión o amenaza
opone la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario
que debe culminar, si se dan en el asunto planteado las condiciones
constitucionales y legales, en una orden de inmediato cumplimiento para que
quien viola o amenaza el derecho actúe o se abstenga de hacerlo.
Claro está, puede
suceder que el ataque contra el derecho fundamental o la amenaza que se cierne
sobre él provengan de la aplicación que se haya hecho o se pretenda hacer de
una norma -legal o de otro nivel- que resulta incompatible con la preceptiva
constitucional. En esa hipótesis es indudable que surge la posibilidad de ejercitar
en forma simultánea la llamada excepción de inconstitucionalidad (artículo 4º
C.N.) y la acción de tutela (artículo 86 Ibídem), la primera con el objeto de
que se aplique la Constitución a cambio del precepto que choca con ella, y la
segunda con el fin de obtener el amparo judicial del derecho". (Cfr. Corte
Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-614 del 15 de diciembre de
1992. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
Ahora bien, las reglas consagradas en un
manual de convivencia educativo pueden contrariar la Constitución y cuando ello
ocurre resulta necesario hacer valer, aun por vía judicial -a través de la
acción de tutela-, los preceptos fundamentales, inaplicando en el caso concreto
la correspondiente cláusula.
Tal es la hipótesis del presente proceso,
en el que los textos invocados por el Colegio, pertenecientes a su Manual de
Convivencia, son manifiestamente inconstitucionales.
Dice el Manual de Convivencia, uno de cuyos
ejemplares ha sido aportado al proceso:
"Artículo
28.-
DERECHOS
(...)
11. Los alumnos
casados, en unión libre, madres solteras, serán admitidos en la jornada
nocturna. En los grados que no lo hubiere (sic), debe esperar a que el
grado se dé en la jornada nocturna y atendiendo así a la filosofía de la
institución" (Subraya la Corte).
Agrega el numeral 12 del mismo artículo:
"12. Las
alumnas que en el transcurso del año lectivo se les compruebe que están
embarazadas, de inmediato se realizará la transferencia a la jornada
nocturna" (subraya la Corte).
Como puede observarse, en tales cláusulas
se contempla el estado de embarazo como una falta, sancionable con el inmediato
traslado de la estudiante a la jornada nocturna sin contar con su voluntad.
Ello es corroborado por las declaraciones
rendidas por profesores en el curso del proceso:
"...por eso le
dije (a la demandante) que porqué no seguía estudiando y que solicitara al
Rector si podía pasarse para la nocturna. Yo lo hice porque ahí siempre se
les ha dado esa oportunidad a las alumnas que han pasado por esa falta.
Y el pensamiento de muchas cuando cometen esa falta es dejar de estudiar
y, como dice uno, echarse a la pena y dejar de estudiar" (Fl. 26).
"...el Colegio
tiene establecido que cuando las niñas salen embarazadas en la jornada diurna
son trasladadas a la jornada nocturna..." (subraya la Corte).
En algunas declaraciones se dice, y el juez
de instancia lo aceptó sin mayor análisis, que a la demandante apenas "se
le sugirió" continuar estudiando en la jornada nocturna, y que no fue
obligada a ello.
Del conjunto del material probatorio se
colige, en cambio, que se le impuso tal condición, para que pudiera proseguir
vinculada al establecimiento educativo, como consecuencia directa y específica
del embarazo.
El propio Rector del Colegio certificó, a propósito
de la tutela, que se había dado aplicación, en el caso de ROSMARY, a los
numerales 11 y 12 del artículo 28 del Manual de Convivencia (Fl. 20), cuyos
textos imperativos -ya transcritos- no dejan lugar a dudas.
Aunque en las declaraciones del Rector y de
algunos profesores se dice que la transferencia de la estudiante a la jornada
nocturna se dio por su propia voluntad y sin que mediara presión o mandato
alguno de las directivas, lo cierto es que ante la existencia de las
perentorias normas del Manual de Convivencia, la señorita MANZANO NOVOA no
tenía alternativa diferente, si quería continuar estudiando. En tal sentido,
los "consejos" de los docentes y del propio Rector iban dirigidos a
que no abandonara su actividad académica, pues ella había expresado su deseo de
trasladarse a la ciudad de Bucaramanga. Pero, aunque tales llamados eran
plausibles en su expresión externa, llevaban implícita la condición, de
antemano impuesta, según la cual la única manera de proseguir la alumna
vinculada a la institución era la de salir de la jornada de la tarde -y, por lo
tanto, del bachillerato de comercio-, pasando a la nocturna, en la cual habría
de sujetarse exclusivamente al bachillerato clásico, en contra de sus deseos. Y
todo como consecuencia del embarazo.
Así, pues, comparada en el caso específico
la normatividad interna, consagrada en los aludidos cánones del Manual de
Convivencia, con los preceptos superiores, su ostensible incompatibilidad
conduce a la necesaria aplicación del artículo 4 de la Carta Política.
La sola enunciación de los mencionados
preceptos inferiores pone en evidencia su contradicción con claros y
definitivos mandatos constitucionales.
En efecto, no puede predicarse la efectiva
vigencia de los artículos 5 y 13 de la Constitución, que proclaman la igualdad
de las personas en su condición esencial de tales, sin discriminación alguna,
cuando un centro docente hace selección peyorativa entre sus estudiantes
mujeres para tratar de manera diferente a las que se encuentran en estado de
embarazo o son madres solteras, obligándolas a estudiar únicamente en la
jornada de la noche.
La Sala, a este respecto, se ve precisada a
reiterar su ya conocida doctrina sobre la igualdad y en torno al respeto que
merecen en el seno de la comunidad el estado de embarazo y la maternidad,
independientemente de sus antecedentes, los cuales no deben influir ni en una
odiosa clasificación entre los hijos por razón de su origen (artículo 42 C.P.)
ni pueden dar lugar a forma alguna de persecución contra la mujer (artículo 43
C.P.):
"La
Constitución Política, a la inversa de lo que pensaron las directivas de los
colegios y los jueces que negaron la tutela, toma a la mujer embarazada como
sujeto de especial protección (artículo 43 C.P.), pues su estado, respetable en
sí mismo, lejos de constituir motivo de rechazo, reclama una actitud pública
amable frente a la próxima presencia de una nueva vida, circunstancia que,
además, hace de la futura madre persona de especial vulnerabilidad.
Por otra parte, la
maternidad no debe ser estigmatizada.
(...)
La Corte no entiende
cómo, de una parte, pueda proclamarse la defensa de la vida -como corresponde a
la aplicación del artículo 11 de la Carta Política- y proscribirse conductas
como el aborto provocado, y de otra, sea posible condenar a la mujer por el
solo hecho de su embarazo, cual si fuera algo intrínsecamente malo, que
mereciera castigo o constituyera causa de vergüenza.
(...)
Halla la Corte,
además, que el estado de embarazo crea ya un derecho inalienable, susceptible
de protección y defensa: el de ser madre, que es sin duda uno de los
fundamentales.
Añádase que la
mujer, en las condiciones descritas, tiene derecho, también fundamental, al
libre desarrollo de la personalidad, a su intimidad, a la educación y a recibir
trato igual respecto de sus compañeras, en cuanto la discriminación por razón
de la maternidad carece de toda justificación.
Es claro que ese
conjunto de derechos merece la salvaguarda del Estado y que la tutela es
mecanismo apto para su efectividad, si se tiene en cuenta que la postura
insensible, incomprensiva e incomprensible de los centros educativos demandados
se refleja en conductas que vulneraron sin ningún reato tales derechos".
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-393 del 19 de agosto
de 1997. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
La dignidad humana, elevada a la categoría
de fundamento del orden institucional (artículo 1 C.P.), es reconocida
expresamente por el Estado y lo debe ser por toda autoridad y por todo grupo
humano, mucho más por aquellos en cuyo seno se presta el servicio público de
educación.
Considera la Corte que esa dignidad resulta
atropellada, en abierta violación de los preceptos constitucionales y de los
tratados internacionales sobre derechos humanos, cuando se pretende erigir en
conducta punible o en falta disciplinaria el hecho de la maternidad.
También es evidente que restricciones como
las analizadas, puesto que inciden en la espontaneidad de la persona para
escoger un cierto tipo de educación y unas determinadas modalidades para
adquirirla, violan los derechos fundamentales al libre desarrollo de la
personalidad (art. 16 C.P.) y a la educación (art. 67 C.P.).
Además, puesto que en el presente caso el
cambio de jornada se refleja en la categoría de la formación académica
impartida, impidiendo a la alumna culminar sus estudios de comercio, el
establecimiento educativo ha lesionado también el derecho fundamental a escoger
libremente una profesión u oficio (art. 26 C.P.).
Será revocada la decisión de instancia y,
en su lugar, se concederá la tutela.
No obstante, como para la fecha de este
fallo está por culminar el período académico, la orden de reintegro de la
actora a la jornada diurna tendrá sus efectos a partir del próximo semestre.
DECISION
Con base en las expuestas consideraciones,
la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia
en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCASE la Sentencia
revisada.
Segundo.- INAPLICANSE en el presente
caso los numerales 11 y 12 del artículo 28 del Manual de Convivencia del
Colegio Nacionalizado "San Martín", del Municipio de San Martín
(Cesar), por ser incompatibles con la Constitución Política.
Tercero.- CONCEDESE la tutela de los
derechos a la igualdad, a la educación, al libre desarrollo de la personalidad,
a escoger libremente profesión u oficio y a la dignidad de madre de ROSMARY
MANZANO NOVOA.
El Colegio Nacionalizado "San Martín",
del Municipio de San Martín (Cesar), está obligado a reintegrarla al curso
siguiente en el bachillerato comercial, en la jornada diurna y, si precisa
nivelación a causa del forzoso traslado a la jornada nocturna que ha dado lugar
a la tutela, deberá establecer lo necesario para que aquélla se produzca sin
costo alguno para la demandante.
Cuarto.- Por el cumplimiento de esta tutela
será responsable el Rector del establecimiento educativo demandado.
El Juez de instancia aplicará, en caso de
desacato, las sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- DESE cumplimiento a lo
previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA VERGARA      ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                                                    Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General