C-163-99
Sentencia C-163/99
Sentencia
C-163/99
DERECHO DE ACCESO
A LA JUSTICIA Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
La garantía
constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las disputas
entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues precisamente el
artículo 116 de la Carta garantiza la existencia de mecanismos alternativos de
solución de conflictos, como la conciliación o el arbitraje, los cuales pueden
ser ampliados por el Legislador. Al respecto, esta Corte ha dicho que "es
competencia del legislador, de acuerdo con los parámetros que determine la
Carta Política, el fijar las formas de composición de los conflictos
judiciales, los cuales -no sobra aclararlo- no siempre implican el ejercicio de
la administración de justicia."
MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS-Base constitucional
Los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos encuentran base constitucional no sólo
en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior sino también en otros
principios y valores constitucionales. Así, su presencia puede constituir una
vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la administración de justicia
formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la
justicia. Además, y más importante aún, la Carta establece un régimen
democrático y participativo, que propicia entonces la colaboración de los
particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus propios
conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el Legislador
estimule la resolución de conflictos directamente por los propios afectados,
por medio de figuras como la conciliación o la amigable composición, o por
terceros que no sean jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de
ciertas autoridades administrativas y comunitarias.
JURISDICCION
ARBITRAL-Necesidad de
habilitación
El sustento de la
justicia arbitral es el acto voluntario y libre de los contratantes de acudir a
los árbitros, como quiera que "el arbitramento tiene que partir de la base
de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que
habilita a los árbitros para actuar". Por consiguiente, la habilitación de
los árbitros que realizan las partes contratantes, es un requisito
constitucional imperativo sin el cual no es procedente la justicia arbitral. La
justicia arbitral sólo está permitida constitucionalmente si está habilitada por
las partes. Sin embargo, resulta equivocado deducir de esta premisa que el
Legislador está impedido para regular el procedimiento que rige este tipo de
mecanismos de solución de conflictos, pues si bien el acceso a la justicia
arbitral es voluntario, la función de administración de justicia por árbitros
deberá desarrollarse "en los términos que determine la ley". En este
orden de ideas, el artículo 116 de la Carta debe interpretarse en armonía con
el artículo 29 superior, según el cual toda persona tiene derecho a ser juzgado
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio", lo cual permite concluir que, en situaciones
donde los particulares no acordaron procedimiento especial que los regule, le
corresponde al Legislador fijar las formas procesales de cada juicio, lo que
incluye, el proceso arbitral. Por consiguiente, si los árbitros ejercen la
función pública de administrar justicia, es razonable que el Legislador
configure el marco general y las directrices de la actuación arbitral, dentro
del marco de la Constitución.
PROCESO ARBITRAL-El deber de pagar honorarios y gastos para
poder hacer valer sus derechos
El
"deber" se refiere a la obligatoriedad de consignar oportunamente el
monto asignado si se quiere participar en el laudo arbitral, lo cual se explica
por la naturaleza contractual y remunerada del arbitraje, como quiera que no
resultaría equitativo que un tercero que quiere hacer valer sus derechos en una
jurisdicción remunerada no sufrague los gastos de la misma. Por ello, si el
tercero no quiere renunciar a la justicia ordinaria, la norma acusada dispone,
en su tercera parte, la continuación del proceso arbitral sin su presentación,
lo cual es razonable pues el laudo arbitral no puede involucrar a quienes no
suscribieron o no se adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe
permitir a los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral. En efecto,
lo propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que las
consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo cual resulta
razonable que la ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia.
Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral, la
correspondiente disputa que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta
ulteriormente por las instancias judiciales.
INTERVENCION DE
TERCEROS EN PROCESO ARBITRAL/COSA JUZGADA EN PROCESO ARBITRAL-Alcance
El proceso
arbitral que no cuente con la intervención del tercero no puede generar efectos
de cosa juzgada para él. Esto deriva en primer término de elementales
consideraciones sobre el alcance del derecho al debido  proceso, que se vería
desconocido si los efectos del laudo afectaran a un tercero, que no participó
en el juicio arbitral, y no tenía la obligación de hacerlo. De otro lado, a
idénticos resultados conduce un análisis detenido del artículo 30 del Decreto
2279 de 1989, citado en el fundamento jurídico No 9 de esta sentencia, y que se
refiere a la participación de los litisconsortes necesarios.  Esa disposición
prevé que en caso de que el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes
no estipularon el pacto arbitral y ellos no manifestaran expresamente su
adhesión al pacto, entonces "se declararán extinguidos los efectos del
compromiso o los de la cláusula compromisoria" Nótese pues que esa norma
precisa que si el litisconsorte necesario no participa en el proceso arbitral,
entonces éste no continúa, precisamente por cuanto la ley no pretende extender
los efectos de un laudo a quien no lo habilitó voluntariamente.  Por ende, si
es claro que la ley no obliga al litisconsorte necesario a concurrir en el
proceso arbitral, ni le extiende los efectos del laudo en caso de que no
participe, con menor razón puede interpretarse la norma acusada en el sentido
de que obliga a un simple tercero a asistir obligatoriamente a la justicia
arbitral, bajo la amenaza de que si no lo hace, los efectos de la decisión
llegarían a afectarlo.
INTERVENCION DE
TERCEROS EN PROCESO ARBITRAL
Si unos
particulares suscriben un pacto arbitral en virtud del cual aceptan someter sus
diferencias a la decisión de un árbitro, es razonable entender que están
habilitando a este tercero a que tome todas las medidas permitidas legal y
convencionalmente para la resolución del conflicto específico. Por lo tanto,
las partes facultan expresa o tácitamente la intervención de terceros en el
proceso, pues el principal objetivo de la instalación del tribunal de
arbitramento y de la intención plasmada en el acuerdo es resolver el litigio.
En tales circunstancias, no resulta razonable suponer que quienes ya aceptaron
que su conflicto fuera resuelto por un tribunal arbitral tengan a su vez la
posibilidad de impedir la participación de un tercero en ese proceso, puesto
que la persona ya había habilitado al tribunal para que resolviera ese
conflicto específico.
Referencia:
Expediente D-2169
Norma acusada:
artículo 127 de la Ley 446 de 1998.
Actor: Jorge Hernán
Gil Echeverry
Temas:
Acceso a la justicia
y mecanismos alternos de solución de conflictos
Necesidad de
habilitación de la jurisdicción arbitral
Intervención de
terceros en el proceso arbitral
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO MARTÍNEZ
CABALLERO.
Santa Fe de Bogotá,
diez y siete de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
La Corte
Constitucional de la República de Colombia, integrada por su Presidente Eduardo
Cifuentes Muñoz, y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo
Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Martha
Victoria Sáchica de Moncaleano, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz
y Vladimiro Naranjo Mesa
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN
Ha pronunciado la
siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
El ciudadano Jorge
Hernán Gil Echeverry, en ejercicio de la acción pública de
inconstitucionalidad, demanda el artículo 127 de la Ley 446 de 1998, proceso
que fue radicado con el número D-2169. Cumplidos, como están, los trámites
previstos en la Constitución y en el Decreto No. 2067 de 1991, procede la Corte
a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
II. DEL TEXTO LEGAL OBJETO DE REVISIÓN.
La norma que se
demanda en su totalidad es:
Ley 446 de 1998
(julio 7)
por la cual se
adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley
23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión,
eficiencia y acceso a la justicia”
El Congreso de Colombia
DECRETA
(…)
Artículo 127.
Intervención de terceros. El Decreto 2279 de 1989 tendrá un artículo nuevo del
siguiente tenor:
“Artículo 30A. La
intervención de terceros en el proceso arbitral se someterá a lo previsto a (sic) las normas que regulan la materia
en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros fijarán la cantidad a cargo
del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal, mediante
providencia susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada
dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna
oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención”.
III. LA DEMANDA.
A juicio del actor,
la norma acusada vulnera los artículos 116 y 229 de la Constitución, pues
desconoce los principios de habilitación o voluntariedad propios de la cláusula
arbitral e impide el libre acceso a la administración de justicia.
Apoyándose en
algunas sentencias de la Corte Constitucional, el demandante afirma que sólo es
factible habilitar la justicia arbitral si existe un acto previo y expreso de
voluntad de las partes que lo suscriben, por lo que “al arbitraje solamente se
llega de manera voluntaria cuando las partes suscriben el pacto arbitral”. Bajo
esta premisa y partiendo de una interpretación de la norma acusada, según la
cual la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil en el
arbitramento permite la vinculación obligatoria al proceso a quienes no son
parte del mismo, el actor considera que la disposición impugnada desconoce el
principio de la habilitación y de la voluntariedad de la justicia arbitral,
como quiera que se obliga a terceros ajenos al compromiso arbitral a resolver
sus intereses en la justicia de los árbitros. De manera puntual el actor
afirma:
“En el caso de la
denuncia de pleito, llamamiento en garantía llamamiento ex-oficio y llamamiento
de poseedor o tenedor, QUIENES NO SON SUSCRIPTORES DEL PACTO ARBITRAL y en
consecuencia no han renunciado a la jurisdicción ordinaria, SE LES VINCULA
OBLIGATORIAMENTE AL PROCESO bajo la pena de que si no comparecen y consignan la
suma decretada, el proceso continuará sin su intervención, PERO DE TODAS
MANERAS LA SENTENCIA PRODUCIRA EFECTOS EN SU CONTRA  puesto que siguen siendo
parte procesal.
Respecto a otros
TERCEROS LITIS CONSORTES FACULTATIVOS que tampoco han suscrito el pacto
arbitral, como los coadyuvantes y la intervención adhesiva, también se viola el
principio de la habilitación y de voluntariedad pero de manera diferente... Si
hay un tercero no suscriptor del pacto arbitral que pudiera tener interés en
los resultados del proceso, pero no ha renunciado a su derecho de que se la
Justicia Ordinaria quien dirima el conflicto, no puede ser forzado a comparecer
el Juicio Arbitral, pues la habilitación no solamente debe ser previa, sino
igualmente, voluntaria.”
De otra parte, el
actor sostiene que la norma acusada consagra un contrasentido, pues si el
tercero no suscriptor del pacto decide participar en el proceso en calidad de
coadyuvante o de interventor adhesivo, tampoco podría participar sin la
autorización plena y voluntaria de todas las partes principales suscriptoras
del pacto arbitral. Ello, por cuanto el asentimiento de las partes garantiza el
principio de la voluntariedad y de la previa habilitación de quienes
suscribieron el compromiso arbitral, pues si los sujetos procesales no han
consentido que los conflictos con ese tercero sean resueltos por un tribunal
arbitral, se verían forzados a aceptarlo dentro de un acuerdo de voluntades
previamente fijado.
IV. INTERVENCIÓN CIUDADANA Y DE AUTORIDADES
PÚBLICAS
4.1. En
representación del Ministerio de  Justicia y del Derecho, la ciudadana Blanca
Esperanza Niño Izquierdo, interviene en el proceso para justificar la
constitucionalidad de la norma acusada. La interviniente comienza por analizar
la naturaleza jurídica del arbitramento y distingue dos momentos en la justicia
arbitral: el primero cuando, contractualmente, las partes acuerdan someter el
litigio a la resolución de particulares que podrían ser investidos de
jurisdicción. En este momento solamente pueden intervenir quienes están
interesados en sustraer de la justicia formal una determinada controversia, por
lo cual el factor de voluntariedad es requisito indispensable de habilitación
arbitral. Mientras que un segundo momento se presenta cuando se instala el
tribunal, en cuya fase las partes están determinadas y sólo a partir de esa
oportunidad se puede presentar la intervención de los terceros en sus
diferentes modalidades, quienes, precisamente son terceros porque no han
suscrito el pacto arbitral. Por tal motivo, la ciudadana concluye que “es
precisamente esa categoría de terceros la que los hace merecer dentro del
proceso un tratamiento diferente al de parte, hasta tanto no manifiesten su
interés en serlo.”
Con base en lo
anterior, la interviniente considera que no es preciso privar a los terceros de
la posibilidad de actuar en el proceso arbitral, argumentando su falta de
habilitación, pues aquello impediría el acceso a la justicia de quienes
teniendo un interés para intervenir pueden verse afectados por las resultas del
proceso y obstaculizaría el cumplimiento de los principios de eficacia,
celeridad y economía que orientan a la administración de justicia.
4.2. Por encargo del
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, el ciudadano Ramiro Bejarano Guzmán
interviene en el proceso para impugnar la demanda, por lo que solicita que la
Corte declare la constitucionalidad de la norma acusada.
Según su criterio,
la interpretación que realiza el actor de la disposición impugnada es
equivocada, pues contrario a lo que sostiene el demandante la norma acusada no
obliga a los terceros a comparecer al proceso arbitral ni tampoco torna
vinculante la sentencia que en su ausencia llegue a proferirse. A su juicio, el
artículo acusado llena el vacío legal sobre la intervención de terceros en el
proceso arbitral y dispone que aquella quedará sujeta a lo previsto en el
Código de Procedimiento Civil, por lo que “el tercero puede voluntariamente
someterse al arbitramento donde ha sido citado o en el que pretende actuar, consignando
los emolumentos que le fijen los árbitros. Pero a diferencia de quien es citado
como parte litisconsorte, si el tercero no consigna no tiene el poder de que se
declaren extinguidos los efectos del pacto arbitral”. Por lo tanto, a juicio
del ciudadano, la norma acusada diferencia la intervención del litisconsorcio
necesario con la del tercero en un proceso arbitral, a quien se permite una
intervención potestativa y le deja a salvo la posibilidad de que en litigio
ulterior pueda ser demandado para que responda por sus obligaciones como
garante.
Con relación al
llamamiento de poseedor o tenedor, esto es aquella figura que consiste en la
citación que se realiza al verdadero titular de esos derechos, pues fue
demandado quien tiene la cosa a nombre del poseedor o tenedor verdadero (art.
59 del Código de Procedimiento Civil), el ciudadano afirma que esta es una
figura poco probable en el arbitramento, pero que de presentarse, la sola
suscripción del pacto arbitral por parte de quien no tiene la calidad de poseedor
o tenedor constituye fraude al demandante. De todas maneras, si el verdadero
poseedor o tenedor es citado al arbitramento y no niega su calidad, pero no
adhiere al pacto arbitral o no consigna la suma a su cargo, se deben declarar
extinguidos los efectos del pacto arbitral, como quiera que  el poseedor o
tenedor es el legítimo contradictor de la pretensión planteada, y por lo tanto
es parte del proceso.
Respecto de la
situación del tercero ad-excludendum, el interviniente afirma que sólo es
factible predicar su intervención si aquella persona, ajena al pacto arbitral,
voluntariamente presenta la demanda, pues su actuación no puede ser fruto de
una imposición sino de su determinación, “es su decisión y de nadie más”. De la
misma manera, es un acto voluntario del tercero consignar o no la suma que los
árbitros le señalen, puesto que si no cancela oportunamente, el proceso
continúa sin pronunciamiento sobre sus pretensiones, las que pueden ser
ventiladas en proceso posterior contra quien resulte vencedor en el primer
litigio. Al igual que el tercero ad-excludendum, el ciudadano señala que la
intervención del tercero por llamamiento ex-oficio, corresponde a un acto
voluntario y exclusivo de aquel, pues si él no quiere intervenir “nadie puede
obligarlo a ello, pues bastará que no sufrague la suma que a su cargo le han
fijado los árbitros”.
De todo lo anterior,
el ciudadano Bejarano Guzmán concluye que “no hay una sola hipótesis en la que
el tercero, en su condición de tal, no tenga en sus manos la posibilidad de no
consignar y alejarse del proceso sin consecuencias en su contra, pues en las
muy pocas circunstancias en las que su régimen tiene algunos matices
diferentes, es porque es citado o requerido como parte o litisconsorcio
necesario, en cuyo caso su régimen es el del artículo 30 del decreto 2279 de
1989 y no el 30A.”. Es por ello que solicita la declaratoria de
constitucionalidad de la norma acusada y, “en el peor de los casos, podría
declarar la constitucionalidad condicionada, disponiendo que en aquellos casos
en los que el tratamiento y opciones de un tercero en un proceso arbitral no
puedan sujetarse y resolverse en los términos y con las consecuencias del nuevo
artículo 30ª del decreto 2279 de 1989, su participación quedará sujeta a las
reglas del artículo 30 del mismo decreto, no como tercero sino en la condición
de parte a la que se extienden los efectos de la sentencia a proferirse”.
4.3. De igual manera
que el anterior interviniente, el ciudadano Hernán Fabio López Blanco actúa por
encargo del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y solicita que la Corte
declare la constitucionalidad de la norma acusada. Según su criterio, la
disposición impugnada respeta íntegramente la voluntad de quien se presenta en
el juicio arbitral, pues ni las partes ni los árbitros pueden exigir
obligatoriamente la intervención del tercero; todo lo contrario la norma
acusada deja “a la exclusiva decisión del tercero citado por cualquiera de las
partes, LA DETERMINACION DE ADHERIR A LOS EFECTOS DEL PACTO Y SOMETERSE A LA
DECISION ARBITRAL, debido a que el citado no puede ser compelido a comparecer
si no lo quiere y menos a someterlo a los efectos de un laudo arbitral
proferido en proceso donde no fue su expresa voluntad acudir”
El ciudadano López
Blanco coincide con la interpretación de la norma que realiza el anterior
interviniente, en el sentido de afirmar que el hecho de no consignar el monto
señalado por los árbitros para la intervención de terceros, es un manifestación
expresa de la intención del citado de no presentarse en el proceso, lo cual
limita la decisión del Tribunal arbitral a los planteamientos originales de la
demanda y su respuesta. Al respecto, el ciudadano señala:
“Esta aquí lo que
califico como error de enfoque del demandante y explica el porqué de su
solicitud, pues parte del supuesto atinente a que si los terceros no
consignan se le vincula obligatoriamente al proceso y de todas maneras la
sentencia producirá efectos en su contra, lo que no es cierto, pues la
norma lo que señala es que el proceso continúa y se decide sin su intervención,
es decir haciendo caso omiso del acto de vinculación a los terceros que, en
virtud del no pago de los honorarios y expensas adicionales quedó, como se
dijo, sin efecto alguno, es decir, lo reitero, sin otorgar competencia a los
árbitros para pronunciarse sobre las pretensiones propias del llamamiento en
garantía del pleito.
5.- Si el sentido
de la norma fuera el que le atribuye el demandante, tendría razón, pero bien
claro esta que así no sucede, máxime si se considera, como la destaca en la
demanda, que aún tratándose de litisconsortes necesarios que no han suscrito el
pacto, su renuncia a aceptar el proceso arbitral deja sin efectos el pacto
arbitral y se debe acudir a la justicia ordinaria, tal como lo señala el art.
30 del decreto 2279 de 1989.”
V. DEL CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE
LA NACIÓN.
El Procurador
General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, rinde el concepto de rigor y
solicita a la Corte que declare la constitucionalidad de la norma acusada,
“bajo el entendido que sólo la voluntad de las partes o de los terceros
intervinientes, cualquiera que sea su forma de intervención, puede producir su
vinculación al proceso arbitral y sujetarla a los efectos de la decisión que en
él profiere”.
La Vista Fiscal
comienza por analizar cada una de las formas de intervención de terceros en el
proceso civil y la naturaleza jurídica del pacto arbitral, de lo cual concluye
que la norma acusada no vulnera el principio de habilitación propio de la justicia
arbitral, como tampoco el derecho de acceso a la administración de justicia,
como quiera que expresamente dejó a la voluntad de los terceros la decisión de
adherirse o no al pacto arbitral.
Para el Ministerio
Público, la norma acusada llenó un vacío normativo que con anterioridad a la
expedición de la nueva norma, debía suplirse jurisprudencial y doctrinalmente,
como quiera que era necesario regular la intervención de todas las situaciones
de terceros en el proceso arbitral y no sólo, como existía antes, la
intervención de quienes ostentaban la calidad de parte. Por lo tanto, según el
Procurador, es indispensable realizar una interpretación sistemática de la
norma acusada y deben aplicarse las normas del Código de Procedimiento Civil,
los principios y las reglas generales del arbitraje, los cuales imponen “el
reconocimiento de la voluntad de las partes, como fuente legítima de sus
obligaciones”. Es por ello que, a su juicio, en situaciones en las que la
participación de los terceros no se regula en los términos del artículo 30A,
“deberá resolverse conforme a las reglas del artículo 30 del Decreto 2279 de
1989”
VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Competencia.
1. Conforme al
ordinal 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para
conocer de la constitucionalidad del artículo 127 de la Ley 446 de 1998, ya que
se trata de la demanda de un ciudadano contra una norma contenida en una ley de
la República
Asunto bajo
revisión
2. Según el actor,
la norma que consagra la intervención de terceros en el proceso arbitral
vulnera la Constitución, como quiera que obliga a estas personas a participar
en esos tribunales, lo cual contraría la esencia de la justicia arbitral, que
sólo puede ser habilitada por el consentimiento voluntario y espontáneo de los
particulares. Además, el demandante considera que esa imposición extrae de la
competencia de la justicia ordinaria controversias que no fueron pactadas para
ser resueltas en la justicia arbitral, lo cual desconoce el artículo 229 de la
Carta que consagra el derecho de todas las personas a acceder a la
administración de justicia. Por el contrario, los intervinientes coinciden en
afirmar que la disposición acusada es constitucional, pues los cargos de la
demanda parten de una interpretación equivocada de la norma, como quiera que
aquella garantiza, en todos los casos de intervención de terceros, el respeto
por la decisión libre de quien no es parte del pacto arbitral. Además, según su
parecer, la norma impugnada dispone expresamente que en caso de que el tercero
no intervenga en el proceso, los efectos del laudo arbitral no pueden
extendérsele. Por su parte, el Ministerio Público afirma que si bien la norma
acusada respeta el principio de voluntariedad de la justicia arbitral y no
transgrede el derecho de acceder a la justicia de los terceros, es necesario de
todos modos condicionar la constitucionalidad de esa disposición y exigir que
la intervención sólo opere por “la voluntad de las partes o de los terceros
intervinientes”.
Conforme a lo anterior,
la Corte debe determinar si la disposición acusada vulnera el derecho a acceder
a la justicia (CP art. 229) al obligar a unas personas, que no han suscrito un
pacto arbitral, a resolver un litigio por medio de un tribunal arbitral. Ahora
bien, el arbitramento constituye uno de los llamados instrumentos alternativos
de solución de conflictos, que tienen fundamento constitucional expreso (CP
art.116), por lo cual la Corte comenzará por analizar brevemente las tensiones
y relaciones que existen entre esos mecanismos y el derecho de acceder a la
justicia, para luego abordar específicamente si, tal y como está consagrada, la
intervención de terceros en el proceso arbitral desconoce o no la Carta.
Acceso a la
justicia y mecanismos alternativos de solución de conflictos
3. En reiterada
jurisprudencia[1],
la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho a acceder a la justicia es
fundamental, pues forma parte del núcleo esencial del derecho al debido
proceso, como quiera que “no es posible asegurar el cumplimiento de las
garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el
Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”[2]. Por consiguiente, los
acuerdos entre particulares que restrinjan definitivamente el derecho de acceso
a la justicia están proscritos constitucionalmente, ya sea que estos prohiban
de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o por medio de la imposición
de sanciones o cargas desproporcionadas e irrazonables que imposibilitan el
acceso a la jurisdicción. Por tal motivo, “carece de licitud todo pacto contra
la ley, los contratantes no pueden comprometerse a la forzada renuncia del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. Siendo ilícito
su objeto, no son válidas las cláusulas contractuales que contrarían normas
imperativas de la ley y, por supuesto, de la Constitución”[3]
4. No obstante, la
garantía constitucional de acceso a la justicia no significa que todas las
disputas entre los particulares deban ser resueltas por los jueces, pues
precisamente el artículo 116 de la Carta garantiza la existencia de mecanismos
alternativos de solución de conflictos, como la conciliación o el arbitraje,
los cuales pueden ser ampliados por el Legislador. Al respecto, esta Corte ha
dicho que “es competencia del legislador, de acuerdo con los parámetros que
determine la Carta Política, el fijar las formas de composición de los
conflictos judiciales, los cuales -no sobra aclararlo- no siempre implican el
ejercicio de la administración de justicia."[4]
Además, estos
mecanismos alternativos de resolución de conflictos encuentran base
constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior
sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su presencia
puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la
administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia,
celeridad y efectividad de la justicia (CP art. 228). Además, y más importante
aún, la Carta establece un régimen democrático y participativo (CP art. 1º),
que propicia entonces la colaboración de los particulares en la administración
de justicia y en la resolución de sus propios conflictos . En ese orden de
ideas, es perfectamente posible que el Legislador estimule la resolución de
conflictos directamente por los propios afectados, por medio de figuras como la
conciliación o la amigable composición, o por terceros que no sean jueces, como
sucede en el caso de los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y
comunitarias. Sin embargo, el actor tiene razón en que en determinados casos,
la obligatoriedad del uso de esos mecanismos puede entrar en conflicto con el
derecho de todas las personas para acceder a la justicia (CP art. 229). Un
obvio interrogante surge: ¿hasta que punto puede la ley obligar a una persona a
renunciar a acceder a la administración de justicia a fin de que resuelva su
litigio por un mecanismo alternativo?
Para responder a ese
interrogante, es necesario armonizar, con base en los principios
constitucionales, los mandatos contenidos en el artículo 116 de la Carta, que
prevé los mecanismos alternativos, y el artículo 229, que garantiza a toda
persona el derecho a acceder a la administración de justicia. Así las cosas, y
teniendo en cuenta que Colombia es una democracia participativa (CP art. 1º),
bien puede la ley favorecer que sean las propias personas quienes solucionen
directamente sus problemas, por ejemplo estableciendo que éstas deben intentar
previamente la conciliación de sus diferencias antes de acudir ante los jueces.
En efecto, si esa instancia consensual permite que las partes enfrentadas
acuerden una solución satisfactoria para su litigio, en nada se ha vulnerado el
derecho de acceder a la justicia ya que las personas han accedido a una
solución justa para su controversia. Sin embargo, en la medida en que toda
persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia, estos
estímulos legales al uso de los mecanismos alternativos de solución de los
conflictos no pueden llegar al extremo de bloquear o afectar de manera
desproporcionada la posibilidad de una persona de llevar su controversia ante
los jueces. Así, si bien nada en la Carta se opone a que la ley consagre como
requisito de procedibilidad para que se pueda demandar judicialmente en ciertos
ámbitos el que la persona haya intentado la conciliación previamente, sin
embargo esa exigencia puede tornarse inconstitucional en determinados casos, si
llega a implicar un obstáculo extremadamente gravoso para que el individuo
lleve su caso ante los jueces. Eso puede suceder, por ejemplo, si se obliga a
la persona a intentar previamente la conciliación, pero sin que la ley prevea
la interrupción de los términos de caducidad cuando la persona acude a la
instancia conciliadora, ya que, si los términos de caducidad son cortos, de esa
manera se podría impedir el acceso a la justicia, con lo cual se estaría
transgrediendo el artículo 229 de la Constitución.
Una vez precisados
esos criterios generales sobre la relación entre los mecanismos alternativos de
solución de litigios (CP art. 116) y el derecho de acceder a la justicia (CP
art. 229), entra la Corte a examinar el problema específicamente en el campo
del arbitraje.
Voluntariedad de
la justicia arbitral y libertad de configuración legislativa para determinar el
procedimiento
5. El artículo 115
del Código de Comercio define el arbitraje ordinario (que difiere del
internacional o del laboral) como el “mecanismo por medio del cual las partes
involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un
tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de
administrar justicia, profiriendo  una decisión denominada laudo arbitral”.
Adicionalmente, la doctrina constitucional definió el arbitramento como “un
mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en conflicto deciden someter
sus diferencias a la decisión de un tercero, aceptando anticipadamente
sujetarse a lo que allí se adopte”[5]
Así pues, la
justicia arbitral implica la suscripción voluntaria de un contrato o negocio
jurídico, por medio del cual las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y
acuerdan someter la solución de cuestiones litigiosas, que surgen o que puedan
surgir de relaciones jurídicas determinadas, a la decisión de árbitros, para lo
cual determinan un procedimiento que ellos establecen o se remiten al previsto
en la ley. Pues bien, este mecanismo alterno de resolución de conflictos fue
expresamente autorizado por el artículo 116 de la Constitución cuando señaló que
“los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de… árbitros habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad”.
6. De lo expuesto es
fácil concluir que el sustento de la justicia arbitral es el acto voluntario y
libre de los contratantes de acudir a los árbitros, como quiera que “el
arbitramento tiene que partir de la base de que es la voluntad de las partes en
conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros para actuar”[6]. Por consiguiente, la
habilitación de los árbitros que realizan las partes contratantes, es un
requisito constitucional imperativo sin el cual no es procedente la justicia
arbitral. Al respecto la Corte ha señalado:
“Cuando los tribunales y jueces enumerados en el inciso
primero del artículo 116 administran justicia, ejercen una función pública cuya
razón de ser está en la existencia misma del Estado: no puede pensarse en un
Estado que no administre justicia a sus súbditos. Los árbitros también ejercen
una función pública, establecida en el inciso cuarto del artículo 116 de la
Constitución, y en las leyes que regulan el arbitramento. Pero en cada caso
concreto tienen que ser "habilitados por las partes para proferir
fallos en derecho o en equidad". Dicho en otros términos: según la
Constitución, las leyes que regulen el arbitramento tienen que partir de la
base de que es la voluntad de las partes en conflicto, potencial o
actual, la que habilita a los árbitros para actuar.”[7]
7. Así las cosas, la
Corte Constitucional comparte plenamente el argumento expuesto por el actor,
según el cual la justicia arbitral sólo está permitida constitucionalmente si
está habilitada por las partes. Sin embargo, resulta equivocado deducir de esta
premisa que el Legislador está impedido para regular el procedimiento que rige
este tipo de mecanismos de solución de conflictos, pues si bien el acceso a la
justicia arbitral es voluntario, la función de administración de justicia por
árbitros deberá desarrollarse “en los términos que determine la ley” (C.P. art.
116).
En este orden de
ideas, el artículo 116 de la Carta debe interpretarse en armonía con el
artículo 29 superior, según el cual toda persona tiene derecho a ser juzgado
ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio”,  lo cual permite concluir que, en situaciones donde
los particulares no acordaron procedimiento especial que los regule, le
corresponde al Legislador fijar las formas procesales de cada juicio, lo que
incluye, el proceso arbitral. Por consiguiente, si los árbitros ejercen la
función pública de administrar justicia, es razonable que el Legislador
configure el marco general y las directrices de la actuación arbitral, dentro
del marco de la Constitución.[8]
8. Expuesto lo
anterior, la Corte entra a estudiar el problema material planteado en la
demanda del artículo 127 de la Ley 446 de 1998. Ahora bien, como lo evidencian
los antecedentes de esta sentencia, el debate sobre la constitucionalidad de la
norma acusada surge a partir de las diversas interpretaciones que los
intervinientes efectúan de ella. Así, el demandante considera que la
disposición impugnada establece una forma obligatoria de vinculación al proceso
arbitral, mientras que para los intervinientes el objetivo de aquella es
simplemente permitir el acceso voluntario de terceros. Por consiguiente, la
Corte debe averiguar el verdadero significado de la norma acusada, para luego
estudiar si la  regulación de la intervención de terceros en el proceso
arbitral que ésta prevé transgrede los artículos 116 y 229 de la Constitución.
Alcance de la
intervención de terceros en el proceso arbitral
9. La intervención
de terceros en el proceso arbitral es una figura reciente en nuestra
legislación procesal. Así, su primer antecedente se encuentra en el artículo 30
del Decreto 2279 de 1989, parcialmente subrogado por el artículo 109 de la Ley
23 de 1991 y por el artículo 126 de la Ley 446 de 1998. Dice la citada norma:
“Cuando por
naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el laudo genere
efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el
tribunal ordenará la citación personal de todas ellas para que adhieran el
arbitramento.  La notificación personal de la providencia que así lo ordene, se
llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su
expedición.
Los citados
deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los
diez (10) días siguientes. En caso contrario se declararan extinguidos los
efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y
los árbitros reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el
caso de declararse la incompetencia del tribunal.
Igual
pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados.
Si los citados
adhieren el pacto arbitral, el tribunal fijará la contribución que a ellos
corresponda en los honorarios y gastos generales”
Como vemos, esta
disposición reguló de manera genérica la posibilidad de que fueran citados al
proceso personas que no habían suscrito los pactos arbitrales y que podían
verse afectados por el laudo. Sin embargo, la disposición generaba cierta
incertidumbre ya que algunos consideraban que ésta no había consagrado la
intervención de terceros en el proceso arbitral sino que había previsto
exclusivamente “una particular forma de integración del contradictorio”, en la
medida en que hacía referencia a los litisconsortes necesarios, esto es, a
aquellas personas para quienes el laudo tendría efectos de cosa juzgada, pero
sin regular la intervención de terceros. Precisamente para aclarar esa
controversia, la Ley 446 de 1998 estableció expresamente las reglas que rigen
la presentación de terceros en los procesos arbitrales. Entra pues la Corte a
examinar el alcance de esa disposición.
10- La norma acusada
dispone, en primer lugar, que la intervención de terceros en el proceso
arbitral se regula por las normas del Código de Procedimiento Civil. Ese
estatuto distingue varias formas de intervención de terceros, las cuales no
siempre serán aplicables a todos los tipos de procesos, pues su consagración es
genérica. Así por ejemplo, resulta obvio que el llamamiento del poseedor
o del tenedor, que sólo se prevé en casos de controversias relacionadas con
bienes, no opera en un proceso de adopción. Por consiguiente, puede ocurrir que
en el proceso arbitral tampoco se apliquen todas las formas de intervención de
terceros que regula el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, la
actuación de personas ajenas a la categoría de parte procesal en la justicia
arbitral está sometida a las formas establecidas en la norma general que sean
aplicables en la jurisdicción arbitral.
De otro lado, la
disposición impugnada señala que “los árbitros fijarán la cantidad a cargo
del tercero por concepto de honorarios y gastos del tribunal… la cual deberá
ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes” . Ahora bien, la
principal diferencia de la hermenéutica que realizan los intervinientes deriva
del significado de la palabra deberá, pues para el actor quiere decir
que, en todos los casos, el tercero debe intervenir en el proceso arbitral.
Por el contrario, los intervinientes consideran que  la norma consagra el deber
del tercero de  pagar si quiere intervenir, pero no significa que sea
imperativa su presencia en el proceso arbitral.
A pesar de sus
deficiencias de redacción, la lectura detenida de la disposición permite
deducir con claridad que la segunda interpretación es la que más se adecua al
texto literal de la misma, y a su finalidad. Por consiguiente, el “deber” se
refiere a la obligatoriedad de consignar oportunamente el monto asignado si se
quiere participar en el laudo arbitral, lo cual se explica por la naturaleza
contractual y remunerada del arbitraje, como quiera que no resultaría
equitativo que un tercero que quiere hacer valer sus derechos en una
jurisdicción remunerada no sufrague los gastos de la misma.  Por ello, si el
tercero no quiere renunciar a la justicia ordinaria, la norma acusada dispone,
en su tercera parte, la continuación del proceso arbitral sin su presentación,
lo cual es razonable pues el laudo arbitral no puede involucrar a quienes no
suscribieron o no se adhirieron al pacto arbitral, pero tampoco se debe
permitir a los terceros bloquear la continuación del proceso arbitral.  En
efecto, lo propio del tercero, a diferencia del litisconsorte necesario, es que
las consecuencias del laudo no lo cubren obligatoriamente, por lo cual resulta
razonable que la ley permita que el proceso arbitral continúe sin su presencia.
Por ende, si el tercero decide no participar en el proceso arbitral, la
correspondiente disputa que tenga con alguna o ambas partes podrá ser resuelta
ulteriormente por las instancias judiciales.
11- En ese orden de
ideas, para la Corte es claro que, contrariamente a lo sostenido por el actor,
el proceso arbitral que no cuente con la intervención del tercero no puede
generar efectos de cosa juzgada para él. Esto deriva en primer término de
elementales consideraciones sobre el alcance del derecho al debido  proceso (CP
art. 29), que se vería desconocido si los efectos del laudo afectaran a un
tercero, que no participó en el juicio arbitral, y no tenía la obligación de
hacerlo. De otro lado, a idénticos resultados conduce un análisis detenido del
artículo 30 del Decreto 2279 de 1989, citado en el fundamento jurídico No 9 de
esta sentencia, y que se refiere a la participación de los litisconsortes
necesarios.  Esa disposición prevé que en caso de que el laudo genere efectos
de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral y ellos no
manifestaran expresamente su adhesión al pacto, entonces “se declararán
extinguidos los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria”
Nótese pues que esa norma precisa que si el litisconsorte necesario no
participa en el proceso arbitral, entonces éste no continúa, precisamente por
cuanto la ley no pretende extender los efectos de un laudo a quien no lo
habilitó voluntariamente.  Por ende, si es claro que la ley no obliga al
litisconsorte necesario a concurrir en el proceso arbitral, ni le extiende los
efectos del laudo en caso de que no participe, con menor razón puede
interpretarse la norma acusada en el sentido de que obliga a un simple tercero
a asistir obligatoriamente a la justicia arbitral, bajo la amenaza de que si no
lo hace, los efectos de la decisión llegarían a afectarlo.
Ahora bien, si se
analiza con detenimiento los artículos 52 a 59 del Código de Procedimiento Civil,
vemos como tampoco en el procedimiento civil se impone la cosa juzgada a una
persona que no quiso intervenir en un litigio donde pudo predicársele el
carácter de tercero. Por consiguiente, mucho menos podrán extenderse los
efectos del laudo a quienes no intervinieron en el proceso arbitral.
En síntesis, la
disposición impugnada no establece una intervención obligatoria de terceros en
el proceso arbitral ni extiende los efectos del laudo a aquellos que no
intervienen, por lo cual los cargos del actor se sustentan en una equivocada
interpretación de la norma acusada.
Intervención de
terceros y aceptación por las partes.
12- Entra la Corte a
examinar el último cargo del actor. Según su parecer, la intervención de
terceros en el proceso arbitral debe estar condicionada a la aceptación de las
partes de resolver el litigio con aquellos a través de esta justicia especial,
pues lo contrario transgrede el principio de habilitación del pacto arbitral.
Esto significa que según el demandante, no sólo los terceros deben
voluntariamente concurrir al proceso arbitral sino que, además, las partes en
el proceso arbitral deben expresamente aceptar esa intervención, a fin de que
no se viole el principio, según el cual la justicia arbitral se funda en el
consentimiento de sus partícipes.
A pesar de la
aparente fuerza del argumento, la Corte tampoco lo considera acertado. En
efecto, si unos particulares suscriben un pacto arbitral en virtud del cual
aceptan someter sus diferencias a la decisión de un árbitro, es razonable
entender que están habilitando a este tercero a que tome todas las medidas
permitidas legal y convencionalmente para la resolución del conflicto
específico. Por lo tanto, las partes facultan expresa o tácitamente la
intervención de terceros en el proceso, pues el principal objetivo de la
instalación del tribunal de arbitramento y de la intención plasmada en el
acuerdo es resolver el litigio. En tales circunstancias, no resulta razonable
suponer que quienes ya aceptaron que su conflicto fuera resuelto por un
tribunal arbitral tengan a su vez la posibilidad de impedir la participación de
un tercero en ese proceso, puesto que la persona ya había habilitado al
tribunal para que resolviera ese conflicto específico.
VII. DECISIÓN
En mérito de lo
expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Declarar EXEQUIBLE
el artículo 127 de la Ley 446 de 1998
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte
Constitucional.
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Presidente
ANTONIO BARRERA
CARBONELL            ALFREDO BELTRAN SIERRA
Magistrado
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DÍAZ            JOSÉ
GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Magistrado                                            Magistrado
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO       ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrada (E)                                          Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ                     VLADIMIRO
NARANJO MESA
Magistrado                                                     Magistrado
PABLO ENRIQUE LEAL
RUIZ
Secretario General (E)
[1] Entre otras, pueden consultarse las sentencias T-572 de 1992 M.P.
Jaime Sanin Greiffenstein, T- T-572 de 1994 y C-059 de 1993 M.P. Alejandro
Martínez Caballero, C-544 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell y T-538 de
1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz,
[2] Sentencia T-268 de 1996 M.P. Antonio Barrera Barbonell
[3] Sentencia T-544 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[4] Sentencia C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
[5] Sentencia C-242 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara.
[6] Sentencia C-294 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía
[7] Corte Constitucional. Sentencia C-294 de 1995 M.P. Jorge Arango
Mejía
[8] Sobre este tema pueden consultarse las sentencias C-226 de 1993,
C-037 de 1996, C-431 de 1995.