T-302-98
Sentencia T-302/98
Sentencia T-302/98
LIBERTAD DE
TRABAJO DEL FUTBOLISTA PROFESIONAL-Protección especial
LIBERTAD DE
TRABAJO DEL DEPORTISTA PROFESIONAL-Efectividad a través de la vigilancia estatal
COLDEPORTES-Inspección, vigilancia y control de
relación laboral del jugador profesional
Dentro de los fines del Estado, consagrados
en el artículo 2° de la C. P. se encuentra el de garantizar la efectividad de
los derechos (uno de ellos es la libertad de trabajo) en la búsqueda de un
orden justo. Ese fin del Estado, según el mismo artículo 2º de la C.P., obliga
a las autoridades de la República porque ellas están instituidas para proteger
los derechos de los particulares. Luego, COLDEPORTES debe ser eficaz en la
vigilancia, control e inspección de todo lo que tenga que ver con la relación
laboral del jugador profesional. La labor no puede, entonces, reducirse a
ocasional guardador de información escrita e incompleta, sino que Coldeportes
debe preocuparse porque principios jurídicos constitucionales tengan cabal
cumplimiento. Por ejemplo, un deber, para garantizar la eficacia del principio
de libertad de trabajo, es el de ejercitar vigilancia sobre los derechos
deportivos de los jugadores, y, si el artículo 33 citado, le ordena a
Coldeportes que registre "la totalidad" de los derechos deportivos y
las transferencias, esta obligación apunta no tanto a un planteamiento
simplemente informativo, cuanto a la defensa de la libertad de trabajo, ya que
ese registro facilita un control adecuado sobre los derechos de los deportistas
profesionales.
DERECHOS
DEPORTIVOS-Titularidad en
jugadores
COLDEPORTES-Respeto de los derechos fundamentales de
jugadores/REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE JUGADORES-Procedencia
Es el respeto a los derechos fundamentales,
la razón de ser del control. Coldeportes no puede argumentar que sólo está
obligado a registrar las transferencias comunicadas por los "Clubes"
y no la de los jugadores que directamente son titulares de sus derechos
deportivos. Tiene que ir más allá de la recepción de contratos de trabajo y
cumplir su misión de registrar las transferencias de los jugadores, tener la
organización adecuada para hacerlo, preocuparse por actualizar ese registro y
no ponerle cortapisas a los jugadores que son titulares de sus derechos
deportivos.
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento
por todos los operadores jurídicos/COLDEPORTES-Cumplimiento de fallos de
constitucionalidad
La aplicación de una norma no puede ser
aislada, sino que hay que armonizarla con los principios constitucionales y las
decisiones de la jurisdicción constitucional. Sería absurdo que después de una
sentencia de constitucionalidad, con autoridad de cosa juzgada constitucional,
lo razonado en ella (con características inclusive de cosa juzgada implícita)
no tuviera incidencia en comportamientos de entidades como Coldeportes. Debe
entenderse que después de la C-320/97, se registrará en Coldeportes lo que
envíen los Clubes, lo que presente el jugador propietario de sus derechos
deportivos y lo que oficiosamente Coldeportes exija que se le remita para
cumplir con el deber de registrar. Luego los funcionarios administrativos no
pueden esquivar la aplicación de la Constitución so pretexto de una lectura
recortada de una norma legal, máxime cuando la Corte Constitucional ya había
hecho una precisión conceptual.
ESPECTACULO
DEPORTIVO-Derechos y
deberes constitucionales del trabajador deportista
La Corte ha reconocido los justos derechos
de los deportistas profesionales. Pero esta sería una labor inconclusa, si al
mismo tiempo no se recordara la obligación constitucional que se tiene de no
abusar de los derechos y la exigencia de ceñirse a los postulados de la buena
fe. Esa exigencia  de actuar de buena fe y no abusar de los derechos, se
predica no solamente para las relaciones contractuales, sino también para las
relaciones sociales porque los deportistas profesionales contribuyen con su
talento en la formación del imaginario colectivo, especialmente tratándose
de niños y jóvenes, que, por mandato de la Constitución, merecen una especial
protección del Estado. Tratándose del fútbol, con innegable penetración masiva,
debe ser mas exigente el comportamiento responsable y serio de quienes en una u
otra forma actúan en ese deporte espectáculo. Es por ello que, en competencias
internacionales, de fútbol o de cualquier otro deporte, jugadores y
entrenadores son como embajadores de un país, convirtiéndose ocasionalmente en
símbolos, luego están en la obligación de irradiar una imagen y un ejemplo que
enriquezca en especial la mentalidad de los niños y de los jóvenes. No se
concibe que un deportista que represente al país proyecte ante el mundo una
idea de incultura, violencia o intolerancia, ni mucho menos que, amparado en su
condición de ídolo bien remunerado, pierda el sentido de las proporciones. Si
no está capacitado para desenvolverse en un medio social acorde con su misión,
pues no debe representar a la Nación. Y, si quiere hacerlo, no solamente debe
ser apto para las estrategias, tácticas y técnicas de su oficio, sino que
socialmente tiene que comportarse debidamente. Es preocupante, por decir lo
menos, que un deportista o un entrenador lleven el nombre de una Nación sin
estar preparados cultural, cívica y sicológicamente para ello.
FEDERACION
COLOMBIANA DE FUTBOL-Inaplicabilidad
de normas reglamentarias que atenten contra la Constitución/FEDERACION
COLOMBIANA DE FUTBOL-Presentación por jugadores de litigios ante tribunales
ordinarios
TRANSFERENCIA O
CESION DE DERECHOS DEPORTIVOS-Titularidad
y compensación patrimonial
Resultan inescindibles los conceptos de
titularidad de derechos deportivos con el de compensación patrimonial de los
mismos, debido a que el segundo concepto es consecuencia indispensable del
primero. Esta Corte reconoce que los derechos económicos que tienen los clubes
por la formación y promoción de sus jugadores, les corresponden a dichos clubes
siempre y cuando sean ellos quienes al momento de efectuarse la transferencia
de los referidos derechos, sean titulares de los mismos. Por el contrario, si
es el jugador quien detenta estos derechos, por cuanto el club titular los ha
perdido o los ha cedido al jugador, su valor económico también debe reflejarse
en el activo del patrimonio del jugador, luego el jugador no será simplemente
titular de unos derechos con efectos patrimoniales para dicho jugador.
Referencia:
Expediente T-149996, T-149997, T-149998, T-149999, 152827. (acumulados)
Accionantes:
Alexander Fernández y otros.
Procedencia :
Corte Suprema de Justicia
Temas:
Transferencia de
derechos deportivos.
Libertad de trabajo
Alcance de la tutela
Magistrado Ponente:
Dr. ALEJANDRO
MARTINEZ CABALLERO
Santa Fe de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de
junio de mil novecientos noventa y ocho (1998).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados doctores Fabio Morón Díaz,
Vladimiro Naranjo Mesa y Alejandro Martínez Caballero, quien la preside, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales
EN NOMBRE DEL PUEBLO
Y
POR MANDATO DE LA CONSTITUCION
Ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA
Dentro de las acciones de tutela
instauradas por Alexánder Fernández, Héctor Mario Botero Bedoya, Miller Zurek
Durán Botero, León Dario Atehortúa, mediante su apoderado Francisco González
Puche, contra la Corporación Deportiva Independiente Medellín y contra
Coldeportes, Dimayor y Colfútbol. Y dentro de la tutela presentada por Juan
José Bogado, por intermedio de su apoderado Luis López Ortiz, contra la citada
Corporación Deportiva Independiente Medellín.
ANTECEDENTES EN LAS TUTELAS DE LOS SEÑORES
FERNANDEZ, BOTERO, DURAN Y ATEHORTÚA.
1) Los cuatro solicitantes, antes
indicados, formularon peticiones similares en sus respectivas tutelas:
-Que COLDEPORTES
efectúe el registro y la inscripción de los derechos deportivos de tales
jugadores, por ser titulares de sus derechos deportivos, para que dichos
trabajadores puedan ejercer libremente su profesión de futbolistas. Esta
petición tiene como fundamento lo establecido en la sentencia proferida por la
Corte Constitucional C-320/97 del 3 de Julio de 1997 en cuanto protege
la libertad de trabajo y la dignidad, y de conformidad con los artículos 32,
33, 35 y 61 numeral 8º de la Ley 181 de 1995.
-Que se ordene al
representante legal de la Federación Colombiana de Fútbol (COLFUTBOL) inscribir
y registrar los derechos deportivos de los mencionados jugadores como titulares
de los mismos y que expida las correspondientes cartas de libertad y el
certificado internacional de transferencia en favor dichas personas, reuniendo
los requisitos establecidos por la Federación para que cumpla con los
reglamentos nacional e internacional que la rigen, a fin de que esas cuatro
personas puedan ejercer libremente su profesión. Esta petición tiene como
fundamento lo establecido en la sentencia proferida por la Corte Constitucional
C-320/97 de 3 de Julio de 1997 en cuanto protege la libertad de trabajo y la
dignidad, y de conformidad con los Artículo 28 y 32 de la Ley 181 de 1995 y los
artículo 14 y 15 del Decreto Reglamentario 2845 de 1984.
-Que se ordene al
representante legal de la División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR)
inscribir y registrar en esta entidad los Derechos deportivos de los
mencionados jugadores. Esta petición tiene como fundamento lo establecido en la
sentencia proferida por la Corte Constitucional C-320/97 del 3 de Julio de
1997 en cuanto protege la libertad de trabajo y la dignidad; el Art. 28 de
la Ley 181 de 1995 y en el Parágrafo del Art. 15 del Decreto 2845 de 1984.
-Que se ordene al
representante legal de la Corporación Deportiva Independiente Medellín (DIM)
que expida y entregue las correspondientes cartas de libertad de los derechos
deportivos en favor de los citados señores Alexánder Fernández, Héctor Mario
Botero, Miller Durán y Leonardo Atehortúa, y para que cumpla con los
reglamentos que rigen nacional e internacionalmente, para que dichos
trabajadores puedan ejercer libremente su profesión. Esta petición tiene como
fundamento lo establecido la sentencia proferida por la Corte Constitucional C-320/97
del 3 de Julio de 1997  en cuanto protege el derecho a la libertad de
trabajo, el artículo 33 de la Ley 181 de 1995 y el art. 10 del Decreto
2845 de 1984.
-Que se ordene a la
Federación Colombiana de Fútbol que derogue de manera inmediata los artículos
del Régimen del Jugador que vulneran derechos fundamentales de los jugadores de
fútbol y que expida una nueva reglamentación que de cumplimiento a lo
establecido en la citada Sentencia C-320/97.
2.
Como se aprecia, para los cuatro jugadores se trata
del mismo tema; además, es la misma entidad contra quien se dirige
primordialmente la tutela: la Corporación Deportiva Independiente Medellín; y
son los mismos derechos presuntamente violados los invocados en cada acción,
por eso se ordenó acumular los cuatro expedientes de tutela.
3.
Aspectos fácticos, comunes para Manuel
Alexánder Fernández, Héctor Mario Botero Bedoya, Miller Zurek Durán Botero y
León Dario Atehortúa.
3.1.
El apoderado de los jugadores,
había previamente ejercitado un derecho de petición  ante el Director del
Instituto Colombiano del Deporte, pidiéndole que efectuara el registro e
inscripción de los derechos deportivos de aquellos cuatro jugadores “como
titulares de los mismos”. La jefe de la Oficina Jurídica respondió que “no es
procedente en el momento dar trámite a su petición” porque según la funcionaria
se necesitaba “claridad procedimental sobre el particular”.
Es mas radical la posición del Director de
Coldeportes al negarse a registrar los derechos deportivos. El propio Director
General, el 17 de septiembre de 1997, le comunica a la justicia que “vale la
pena aclarar  que la ley 181 de 1995 en su artículo 33 consagra que ‘los
clubes deberán registrar ante el Instituto Colombiano del Deporte la
totalidad de los derechos deportivos inscritos en sus registros, así como las
transferencias que de los mismos se hagan...’ (Subrayado fuera de texto). A
esto se suma que son también los clubes deportivos los que pueden registrar
ante el organismo deportivo los derechos deportivos, razón por la cual no hay
soporte legal para aceptar la inscripción independiente...”.
Es decir, la intervención de Coldeportes,
en relación con las transferencias, ha sido la de no registrarlas, porque,
según le informa la jefe de la oficina jurídica de dicha institución al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá: “La
reglamentación de carta de libertad y certificado internacional de
transferencias es de manejo autónomo de cada federación deportiva, en razón a
que son por ley, los organismos que técnica y administrativamente manejan su
deporte. En términos generales tienen en cuenta la reglamentación internacional
del organismo superior al que están afiliadas”.
3.2. Similar petición de registro de
derechos deportivos se formuló por el apoderado de los jugadores al Presidente
de la Federación Colombiana de Fútbol. Este respondió: “Brilla por su
ausencia la prueba de que los peticionarios hayan solicitado al Club Deportivo
Independiente Medellín, la expedición de la correspondiente carta de libertad
para proceder en su propio nombre a tramitar su registro o inscripción de sus
derechos deportivos en los registros de Colfútbol, además es evidente la
carencia de pruebas en el sentido de que el Club Corporación Deportiva
Independiente Medellín le hubiese negado a los jugadores petentes la
correspondiente carta de libertad, o en su defecto haber incurrido (sic) en
primera instancia a la Dimayor, permitiendo (sic) así instancias legales establecidas
en la legislación deportiva nacional. Mal haría en acceder a las peticiones
realizadas por los mismos a través de su apoderado omitiendo instancias que han
necesariamente de agotarse y de paso invadiendo esferas que no nos
corresponden”.
3.3. Con posterioridad a las sentencias de
tutela  de primera instancia, el 1º de octubre de 1997, la Dimayor expidió los
certificados de transferencia de los cuatro jugadores, en el sentido de que el
CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE MEDELLIN hace constar que en esta fecha ha
concedido transferencia  DEFINITIVA, a esos cuatro  jugadores de su registro Y
QUE POR LO TANTO HAN QUEDADO A PAZ Y SALVO. Pero, se agregó en las constancias
de cada una de las cuatro transferencias que, por ordenarlo los fallos de
tutela del Tribunal Superior del Distrito de Santafé de Bogotá, el valor o
compensación en que se tasen tales derechos pertenecen al Deportivo
Independiente Medellín, descontada la participación reglamentaria para el
jugador.
3.4.
Dentro de la etapa de la
revisión, en la Corte Constitucional, se ordenaron pruebas de oficio que
arrojaron importantes resultados, algunas de ellas ya relatadas antes; pero
vale la pena resaltar otros aspectos:
3.4.1.
En COLDEPORTES solamente
aparecieron las copias de los contratos laborales de Miller Durán, Juán José
Bogado, Alexánder Fernández y Hector Mario Botero; de León Dario Atehortúa no
se halló referencia alguna. Fuera de las copias de los contratos, en Coldeportes
solamente se ha acostumbrado recibir el listado de los jugadores inscritos para
cada torneo, lista que remite la Dimayor. No hay libro alguno en donde se
registren las transferencias de los jugadores profesionales.  Igualmente se
constató que Coldeportes, mediante Resolución 1663 de 1997 aprobó los estatutos
de la Federación Colombiana de Fútbol, y, en el artículo 59 de dichos estatutos
se establece que “Las divisiones, Ligas, Clubes o miembros de clubes y en
general todos los afiliados NO están autorizados a presentar ante los
Tribunales ordinarios  los litigios que tengan con la Federación o con otros
afiliados, comprometiéndose a someter cada uno de estos litigios a los
Tribunales Deportivos competentes.....lo litigios referidos a la transferencia y
la clasificación de los jugadores, se solucionarán mediante el procedimiento
previsto por la FIFA, que hoy los recoge el artículo 34 de los estatutos FIFA”.
3.4.2.
En la Federación Colombiana de
Fútbol se informó que cuando se produce una transferencia internacional de
cualquier jugador de fútbol, sea aficionado o profesional, se emite un
certificado internacional de transferencia a favor de la asociación nacional
que solicita el jugador, este certificado se envía inicialmente por vía fax a
dicha asociación y por correo certificado de Avianca se remite el original. El
formato del certificado lleva los membretes de la FIFA. A Coldeportes solo se
le mandan copias de los contratos de trabajo y de los derechos deportivos de
los jugadores nacionales en un listado que emite la Dimayor.
3.4.3.
En la División Mayor del
Fútbol Colombiano se constató la existencia de un Acuerdo vigente, expedido por
la Asamblea General de dicha Institución, el 29 de enero del presente año, por
el cual se reglamenta la inscripción de jugadores y miembros del cuerpo técnico
de los equipos para el campeonato “Copa Mustang 1998”. En el artículo 9° de
dicho Acuerdo se distingue entre CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA (cuando ésta se
cumple entre clubes afiliados a la Dimayor y versa sobre jugadores que venían
actuando en la rama profesional) ; TRANSFERENCIA INTERNACIONAL concedida
por la respectiva Asociación o Federación Nacional de Fútbol, si el jugador
pertenece o actuó en un club extranjero) ; y, CARTA DE TRANSFERENCIA (
visado por la  Liga correspondiente y refrendada por la División Aficionada de
Fútbol en caso de jugadores de sus registros). Y, al final del artículo
expresamente se consagra que con los jugadores debe haber:
“CONTRATO DE
TRABAJO en el que se incluya la cláusula compromisoria. En virtud de dicha
estipulación, todas las diferencias originadas en la interpretación y
cumplimiento del contrato serán sometidas al Tribunal de Arbitraje de la
Dimayor, conforme al artículo 45 de los Estatutos de la Entidad”.
4.
Aspectos concretos en el caso de cada uno de los
jugadores :
4.1.
Respecto de Alexánder
Fernández:
Instaura la tutela porque el Deportivo
Independiente Medellín, en el año de 1997, como propietario de los derechos de
transferencia del jugador, lo mantuvo inactivo a partir del 30 de junio de ese
año, cuando Fernández finalizó sus actividades en la Asociación Deportivo Cali
Club al cual llegó en calidad de préstamo. Sobre la desvinculación en la
indicada fecha, expidió certificación el Deportivo Cali y lo ratificó el
Gerente de la DIMAYOR, quien a su vez indicó, el 15 de septiembre de 1997, que
“el club Independiente Medellín figura como titular de los derechos
deportivos del jugador”. A su vez, el Independiente Medellín afirma que a
dicho club le pertenecen los derechos deportivos de Fernández y que no fue
registrado en el segundo semestre de 1997 “debido a negativa del jugador a
aceptar términos económicos y deportivos del nuevo contrato propuesto”. El
30 de enero de 1998, después de los fallos de tutela, Fernández es inscrito por
el Independiente Medellín para la temporada de este año; hay contrato laboral
al respecto. Y, el 1º de octubre de 1991, en la Dimayor, el Independiente
Medellín concedió la transferencia definitiva de los derechos deportivos a
favor de Fernández, con la anotación de que “el valor o compensación en que se
tasen tales derechos pertenece al Deportivo Independiente Medellín.”
4.2. Respecto de
Héctor  Mario Botero Bedoya :
Los derechos deportivos del citado señor
fueron adquiridos por la asociación Deportivo Cali en 1995, mediante
transferencia hecha por el Deportivo Independiente Medellín. Habilitado para
actuar en el Cali, celebró este Club con el jugador un contrato de trabajo que
venció el 30 de julio de 1996. Y, de inmediato, en agosto de ese año, los
derechos deportivos se transfirieron nuevamente a la Corporación Deportiva
Independiente Medellín, recibiendo el jugador la cantidad de ocho millones como
porcentaje del valor de dicha transferencia. Pocos días antes  de instaurarse
la tutela, el Presidente del Deportivo Independiente Medellín le comunicó a
Coldeportes que su Club era el titular de los derechos de Héctor Mario Botero.
La tutela fue instaurada el 10 de septiembre de 1997, y aparece con fecha 3 de
septiembre de 1997, que la Corporación Deportiva Independiente Medellín
suscribe un contrato de trabajo con el jugador Botero.
Con posterioridad al fallo de primera
instancia, en la presente acción de tutela, el 1° de octubre de 1997 se
registró la transferencia del pase al jugador en la División Mayor del Fútbol
Colombiano, advirtiéndose que “El valor o compensación en que se tasen tales
derechos pertenece al Deportivo Independiente Medellín, descontada la
participación reglamentaria para el jugador de conformidad con el fallo
proferido” en la tutela. Es así como el 27 de enero de 1998 se firma un
convenio entre la Corporación Deportiva Independiente Medellín y el Club
Deportivo los Millonarios, mediante el cual el primero cede en calidad de
préstamo al segundo los servicios del jugador Botero, con primera opción de
compra de tales derechos deportivos en favor de Millonarios, convenio que se
celebra no obstante que el 16 de enero de 1998 se había firmado un contrato de
trabajo y un convenio de derechos publicitarios entre el Club Deportivo Los
Millonarios y el jugador Héctor Mario Botero, diciéndose en la cláusula décima
primera : “Se hace constar que los derechos deportivos correspondientes al
pase y transferencia nacional del trabajador pertenecen al jugador”.
4.3. Respecto de
Miller Zurek Durán Botero :
Hasta el 2 de septiembre de 1996 estuvo
vinculado al Deportivo Independiente Medellín, luego fue “prestado” al
Deportivo Pereira y, según indica el Presidente del DIM, “se le ofreció
verbalmente desde el 1º de julio de 1997” contrato por parte del Medellín, sin
que el jugador aceptara. El 16 de septiembre de 1997   el Club le informa al
juez de tutela que los derechos deportivos del citado jugador pertenecen al
Deportivo Independiente Medellín.
Después de fallada la tutela en primera
instancia, en la Dimayor se produjo el certificado de transferencia definitiva
de los derechos deportivos, de parte del Deportivo Independiente Medellín en
favor del jugador, pero, pese a no haberlo ordenado el fallo de primera
instancia, se dejó constancia de que “El valor o compensación en que se tasen
tales derechos pertenece al Deportivo Independiente Medellín descontada la
participación reglamentaria para el jugador de conformidad con el fallo
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá
D. E., Sala de Decisión Laboral (tutela 3117).” El 30 de enero de 1998 el
Medellín le comunica a la Dimayor que Miller Durán está en su nómina de
jugadores, mediante contrato laboral.
4.4. Respecto de
León Dario Atehortúa Vélez
El 15 de septiembre de 1997, se le comunica
al Juez de tutela que los derechos deportivos de León Dario Atehortúa le
pertenecen a la Corporación Deportiva Independiente Medellín, donde estuvo
vinculado hasta el 21 de abril de 1997, ofreciéndosele verbalmente contrato de
trabajo el 1° de julio de ese año, sin aceptación por parte del jugador. La
Dimayor expidió certificado de transferencia el 1º de octubre de 1997 con la
misma adición hecha a sus compañeros sobre que el valor de los derechos deportivos
pertenece al Club.
5.
Decisiones tomadas en primera y segunda
instancia en los cuatro casos
5.1.1. En el caso de Alexánder Fernández, el fallo
de tutela de primera instancia fue proferido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el 23 de septiembre de
1997. Negó la tutela en cuanto estaba dirigida contra Coldeportes, Colfútbol y
la Dimayor, pero la concedió contra la Corporación Deportiva Independiente
Medellín, ordenándole que “en el término máximo de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir al
futbolista profesional Manuel Alexánder Fernández, la titularidad de la carta
de transferencia por los derechos deportivos del jugador, entendiéndose que el
valor o compensación en que se tasen tales derechos deportivos, no pertenecen
al futbolista accionante, sino a la Corporación Deportiva Independiente
Medellín (DIM), cuyo cobro, como lo explicó la Corte Constitucional en
sentencia de tutela T-498/94, en caso de controversia o incumplimiento, puede
hacerse por los medios legales”.
5.1.2. El fallo de segunda instancia lo
profirió la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmando la
decisión impugnada, porque el Deportivo Independiente Medellín ya había
cumplido la orden de hacer la transferencia, señalada por el a-quo. Respecto a
la titularidad del contenido patrimonial de los derechos deportivos indicó que “se
trata de un punto que escapa al ámbito de la acción de tutela, pues no deriva propiamente
de un derecho constitucional fundamental, sino del régimen legal (ley 181 de
1995) o estatutario aplicable al caso. Desde otro enfoque, si el actor
considera que es propietario absoluto del valor de sus derechos deportivos, en
oposición al criterio del Medellín, el conflicto ha de ser planteado ante la
justicia por las vías ordinarias para su solución...” Y, agregó la Corte
Suprema: “En lo que tiene que ver con la segunda petición relativa a que se
ordene a la Dimayor, a Colfútbol y a Coldeportes el registro e inscripción de
la carta de libertad expedida por el Medellín al señor Alexánder Fernández, es
obvio que dichos organismos no podían actuar en tal sentido sin haber conocido
el documento emanado del Club, de suerte que si éste fue expedido el pasado
primero de octubre, el jugador debe iniciar  las gestiones para obtener el
registro, sin que pueda considerarse  a priori que las respuestas de las
entidades serán negativas”.
5.2.1. La decisión de primera instancia en
el caso de Héctor Mario Botero, se profirió el 23 de septiembre de 1997, por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá,
y amparó el derecho a la libertad de trabajo y le ordenó al Club que “en el
término de 48 horas entregue o ceda los derechos deportivos y/o la
transferencia nacional e internacional al señor HECTOR MARIO BOTERO BEDOYA,
para lo cual librará la pertinente comunicación a la División Mayor del Fútbol
Colombiano “DIMAYOR”, a la Federación Colombiana de Fútbol y al Instituto
Colombiano del Deporte “COLDEPORTES” de conformidad con lo analizado en
la parte motiva de esta sentencia”. Igualmente declaró que “a la
Corporación Deportiva Independiente Medellín (DIM), corresponde el valor en que
se tasen tales derechos deportivos y al accionante Héctor Mario Botero Bedoya
el porcentaje determinado por la reglamentación correspondiente”. No
prosperó la tutela contra Coldeportes, ni contra la Dimayor, ni contra la
Federación Colombiana de Fútbol.
5.2.2. En segunda instancia, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de noviembre de 1997,
confirmó la sentencia del a-quo, con argumentos semejantes a los del caso de
Alexánder Fernández.
5.3.1. Las decisión en primera instancia en
el caso de Miller Zurek Durán, se profirió el 24 de septiembre de 1997, por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá.
Tuteló el derecho al trabajo del señor Miller Zurek Durán Botero y “en
consecuencia se ordena a la Corporación Deportiva Independiente Medellín (DIM),
que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de esta providencia, proceda a expedir al mencionado jugador la
carta de transferencia por sus derechos deportivos, de conformidad con lo dicho
en la parte motiva”. Negó la tutela respecto a Coldeportes, Colfútbol y la
Dimayor. No tomó otras determinaciones.
5.3.2. En segunda instancia, la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el 5 de noviembre de 1997,
confirmó la decisión impugnada con argumentación parecida a los dos casos
anteriores.
5.4.1. La decisión de primera instancia en el caso
de León Dario Atehortúa fue proferida por la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el 23 de septiembre de
1997. Tuteló el derecho al trabajo “y en consecuencia ordena a la
Corporación Deportiva Independiente Medellín (DIM) que en el término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
proceda a expedir al futbolista profesional León Darío Atehortúa Vélez la
titularidad de la carta de transferencia  por los derechos deportivos del
jugador, entendiéndose que el valor o compensación  en que se tasen tales
derechos deportivos, no pertenecen al futbolista accionante sino a la Corporación
Deportiva Independiente Medellín  (DIM) cuyo cobro, como lo explicó la Corte
Constitucional  en sentencia de tutela T-498/84 (sic), en caso de controversia
o incumplimiento, puede hacerse por los medios legales” (se refiere a la
T-498/94). No prosperó la tutela contra Colfútbol, Coldeportes, ni la
Dimayor.
5.4.2. La Corte Suprema de Justicia, el 5 de
noviembre de 1997, confirmó la decisión del a-quo, con estos razonamientos:
“…El escrito de
reposición de la Corporación Deportiva Independiente Medellín no puede ser
objeto de estudio por parte de la Corte, pues se trata de controvertir la
decisión del A-aquo de tenerle por no presentado el memorial de impugnación,
situación que naturalmente debió ser resuelta por el Tribunal de acuerdo a lo
que resultara procesalmente procedente.
Por tanto, la
Corte habrá de ocuparse exclusivamente de la impugnación de la accionante, lo
que supone que la decisión de primera instancia se encuentra en firme en lo
favorable al actor.
De acuerdo con
los antecedentes del proceso, la impugnación tiene tres objetivos.
En cuanto al
primero, con el cual pretende que la Corporación Deportiva Independiente
Medellín le expida la Carta de transferencia reconociéndole la titularidad de
sus derechos deportivos, aparece satisfecho plenamente con la documental del
folios 125, repetida al folio 136, que corresponde al certificado de
Transferencia expedido por la referida Corporación Deportiva, en la que hace
constar que por la sentencia de tutela de la primera instancia, concede
transferencia definitiva al accionante para actuar con el Club que el jugador
considere. Después de manifestar que el jugador está a paz y salvo con la
entidad por todo concepto, el certificado tiene consignado que los “Derechos
Deportivos pertenecen a: EL JUGADOR”. Lo consignado en este documento conduce a
que el solicitante pueda ejercitar libremente su derecho al trabajo,
manteniéndose a salvo los derechos económicos que corresponden a él y a la
entidad deportiva (en este caso el DIM) de acuerdo con las reglamentaciones
nacionales e internacionales sobre participación en los valores derivados de la
transferencia.
Respecto a la
segunda inconformidad, aspira la impugnación a obtener la inscripción y
registro del certificado de transferencia  en las demás entidades accionadas.
Al efecto ha de decirse que hasta el momento no se ha observado una conducta
negativa por parte de esas entidades.
La misma
argumentación del impugnante sirve para corroborar esa  aseveración pues en su memorial
de impugnación afirma que el jugador puede directamente acudir ante las
entidades codemandadas en procura de su inscripción y registro.
De manera que si
mediante la presente acción de tutela el actor obtuvo la titularidad de sus
derechos deportivos por parte de la Corporación Deportiva Independiente
Medellín, debe iniciar las gestiones obtener su registro e inscripción en
Coldeportes, Colfutbol y en la Dimayor., de conformidad con las normas internas
de cada una de esas instituciones.….”
“… En relación
con la titularidad de los derechos deportivos de carácter patrimonial ha de
decirse en primer término que transmitidos al jugador los derechos deportivos
referentes a la facultad de contratar por si mismo la vinculación a cualquier
club de fútbol profesional, lo concerniente a la protección del derecho
fundamental al trabajo queda dilucidado. En cuanto a la parte patrimonial de
esos derechos se tiene, que la ley y los estatutos internacionales que
gobiernan esta especialidad deportiva reglamentan la transferencia de los
deportistas de una entidad a otra y también establecen las proporciones del
beneficio económico que dicha transacción genera tanto para el deportista como
persona natural como para las personas jurídicas que detenten los derechos patrimoniales.
En este orden de
ideas, la tutela no es instrumento idóneo para decidir los conflictos de
carácter económico originados en la transferencia de jugadores, puesto que las
condiciones derivadas de esas transacciones no tienen que ver, se reitera, con
el derecho fundamental al trabajo cuyo amparo pretende la acción, sino con una
especial contratación que involucra disposiciones emanadas de FIFA, COLFUTBOL,
DIFUTBOL y  DIMAYOR. Las inconformidades que propone el accionante sobre el
monto que en su criterio debería obtener individualmente del beneficio derivado
de la transferencia, es asunto que compete resolver a la jurisdicción ordinaria
dado lo cual, resulta patente la existencia de otro medio de defensa judicial
situación que como ya se dijo, descarta la tutela como mecanismo para obtener
esta pretrensión. Por lo demás no se observa que la existencia de un derecho
patrimonial en cabeza de la entidad Corporación Deportiva Independiente
Medellín pueda ocasionarle al accionante un perjuicio irremediable en caso de
discutir el derecho ante la jurisdicción ordinaria.”…
6. La discrepancia del apoderado de los
solicitantes, respecto a las sentencias que, en parte, favorecieron las
peticiones de tutela, se fundamentó especialmente en el tema económico. Dijo:
“Que en la
primera parte del numeral segundo  de la parte resolutiva de la tutela
T- 3118,  la cual fue proferida por su despacho Tutela el derecho a la
libertad de trabajo invocado por el recurrente contra la Corporación Deportiva
independiente Medellín (DIM) y se le ordena a ésta, que proceda a expedir la
titularidad de la Carta de Transferencia por los derechos deportivos, al
futbolista profesional señor MANUEL ALEXANDER FERNANDEZ y posteriormente
en la segunda parte del numeral segundo de la parte resolutiva declara
que debe entenderse que el valor o compensación en que se tasen tales derechos
deportivos no pertenecen al accionante sino a la Corporación Deportiva
Independiente Medellín (DIM) cuyo cobro, como lo explicó la Corte
Constitucional en sentencia de tutela  T-498/94, en caso de controversia o
incumplimiento puede hacerse por los medios legales puesto que incurre el
despacho en una contradicción evidente, en razón a que lo que se pide es que el
propio jugador sea titular de sus derechos deportivos puesto que al ser
declarado titular, el propio deportista tendrá la facultad de registrar,
inscribir, o autorizar su actuación (art. 34 ley 181/95), en el entendido
conforme  lo estableció la Corte Constitucional en la parte resolutiva de la
sentencia C-320/97 que no solamente los clubes, ahora también los propios
jugadores o deportistas pueden ser propietarios de sus derechos deportivos y
que por lo tanto, el artículo 34 de la ley 181 de 1995 era exequible así:
“entiéndase por derecho deportivos de los jugadores o deportistas, la facultad
que tienen los clubes deportivos y los propios jugadores o deportistas de
registrar, inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de
transferencia le  corresponde, conforme a las disposiciones de la Federación
respectiva”. Al tener esa facultad (de registrar, inscribir o autorizar
actuación) quien es titular de los derechos deportivos (hasta antes de la
sentencia C-320/97 solamente  los clubes y ahora también los propios jugadores
o deportistas) puede transferir, conforme a lo establecido en el Artículo 35 de
la ley 181 de 1995, en calidad de préstamo a otro club, sin perder la
titularidad de estos derechos, el disfrute de la prestación de esos servicios,
a cambio de una suma de dinero que se acuerde para utilizar esos servicios en
calidad de préstamo, confundiendo en su fallo el Honorable Magistrado,
titularidad de derechos deportivos con  titularidad de la Carta de
Transferencia de los mismos. Por lo tanto, al realizar una interpretación
integral de la citada Sentencia de la Corte,  cuando un club o el propio
jugador son titulares de los derechos  deportivos pueden arrendar esos
servicios a cambio de una suma de dinero sin perder su titularidad. De otra
parte, en los fundamentos 11 y 12 la Sentencia de la Corte Constitucional
C-320/97, que recoge el fallo impugnado analiza los límites constitucionales de
los derechos deportivos admitiendo como legitimo el sistema de compensación
entre los clubes  siempre y cuando no constituya o permita un abuso por parte
de estos, que tienda a desconocer los derechos constitucionales del jugador, a
cosificarlos y a convertirlos en un simple activo de estas asociaciones
advirtiendo que la posibilidad que tiene los clubes de mantener esos derechos
sin contrato de trabajo es inconstitucional y así declaró inexequible esa parte
del artículo 35 de la ley 181 de 1995 en el entendido “de que no puede haber
derechos deportivos sin contrato vigente”.
La razón expuesta en para tomar la decisión
que el apoderado de los jugadores critica, está expresada extensamente en el
caso de León Dario Atehortúa. Se razonó así por el juzgador:
“Se concluye que
un jugador tiene derecho a obtener la titularidad de los derechos deportivos a
través de la carta de transferencia o de libertad como la denomina el
accionante, una vez se haya extinguido el contrato de trabajo y el club
empleador no le ofrezca formalmente uno nuevo o una transferencia temporal sin
vulnerar derechos constitucionales y laborales, para que pueda quedar en
libertad de negociar con otros clubes como lo prevé el artículo 35 de la Ley
181 de 1995 del cual se declaró inexequible la frase “dentro de un plazo no
mayor de seis (6) meses” y que, como consecuencia el nuevo club al ejercer la
facultad que le otorga el artículo 34 de la Ley 181 de 1995, pueda registrar,
inscribir o autorizar la actuación del jugador cuya carta de transferencia que
aquél le presenta, pasa a la titularidad del club a partir de la celebración
del contrato de trabajo, todo ceñido a la disposiciones de la Federación
respectiva siempre y cuando tal reglamentación no atente contra derechos
constitucionales del futbolista, pues debe tenerse presente que la sentencia
C-320/97 al declarar inexequible la palabra “exclusiva” de  la frase inicial
del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, lo hizo respecto de la prohibición que
tácitamente se imponía al jugador de ser titular de los derechos deportivos y
no en cuanto a la facultad del club registrar, inscribir o autorizar la
actuación del jugador una vez adquiera la Carta de Transferencia, facultad que
la Corte encontró acorde con la Constitución para evitar un mercado secundario
de “pases”.
Asimismo se
entiende que el antiguo club tiene derecho a que el nuevo le cancele la
compensación por la transferencia del jugador ya que aquella es una relación
entre los clubes, independiente del contrato de trabajo con el jugador, cuya
celebración y alineación del jugador sin haberse cancelado aún tales derechos
de transferencia, no genera sanción para el club contratante ya que ello vulnera
la libertad laboral del deportista a consecuencia del temor que se generaría
para que un club lo contrate ante la amenaza de sanciones pecuniarias y
deportivas.
La situación litigiosa
de autos se refiere a un futbolista profesional cuyo contrato de trabajo con la
Corporación Deportiva Independiente Medellín (DIM) se extinguió el 30 de junio
de 1997 sin que con posterioridad se haya celebrado nuevo contrato de trabajo
con club alguno.
Lo anterior
indica que para la fecha de notificación de la sentencia C-320/97 de fecha 3 de
julio de 1997, ya se habían consolidado las situaciones jurídicas derivadas de
los contratos suscritos con la DIM, pero dentro de esas situaciones jurídicas consolidadas
no está incluida la regulada por la normatividad legal anterior al fallo de
constitucionalidad que la revisó, respecto de la titularidad y transferencia de
los derechos deportivos que para esa época se mantenían en cabeza exclusiva del
club, ya que estos derechos no se extinguen con el contrato laboral sino que
subsisten a través de la Carta de Transferencia que hasta el fallo C-320/97
radicaba su titularidad mientras el contrato de trabajo esté vigente y por ello
la acción de tutela no está encaminada a controvertir derechos que hubieran
nacido de la circulación laboral, sino precisamente los que subsisten por la
Carta de Transferencia que hasta el fallo C-320/97 radicaba su titularidad
mientras el contrato de trabajo esté vigente y por ello la acción de tutela no
está encaminada a controvertir derechos que hubieran nacido de la vinculación
laboral, sino precisamente los que subsisten por la Carta de Transferencia, y
como para la época de proferir el fallo C-320/97 no estaba vigente contrato laboral
alguno entre el futbolista y la DIM, entonces no puede hablarse de contrato
alguno suscrito con anterioridad a la notificación de la sentencia que haya
generado situaciones jurídicas consolidadas y por consiguiente procede aplicar
la sentencia de la Corte con los efectos ex-nunc fijados por ella al caso
presente, pues no de otra forma podría entenderse la sentencia constitucional
que señaló sus efectos para situaciones jurídicas a partir de su notificación,
ya que la del accionante no está consolidada al no existir contrato de trabajo
al momento de proferirse el fallo, por lo que el futbolista profesional
accionante adquirió los derechos deportivos, quedando el club que los poseía en
la obligación de expedir la Carta de Transferencia al jugador como titular de
aquéllos (no del valor de us compensación que es del Club que transfiere)
mientras esté desvinculado laboralmente.
En consecuencia,
ante la negativa de la Corporación Independiente Medellín (DIM) a otorgar al
accionante la Carta de Transferencia, se está limitando la libertad de trabajo
del mismo, pues ni está contratando no se le permite efectuar otras
negociaciones, situación ésta que no prolonga para el club la titularidad de
los derechos deportivos, pues aquella subsiste mientras exista contrato trabajo
según los términos de la sentencia C-320/97 configurándose la conducta de la
accionada DIM en una decisión que atenta contra el libre desarrollo de la vida
del jugador, su libertad de trabajo y de contratación y su libertad personal,
empleando términos de la sentencia constitucional, con clara violación al
derecho constitucional fundamental al trabajo consagrado en el artículo 25 de
la Carta, que por tanto es objeto de tutela y así se ordenará a dicha
Corporación Deportiva que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a expedir al
futbolista profesional León Dario Atehortúa Velez, la titularidad de la Carta
de Transferencia por los derechos deportivos del jugador, entendiéndose que el
valor o compensación en que se tasen tales derechos deportivos, no pertenecen
al futbolista accionante sino a la Corporación Deportiva Independiente Medellín
(DIM), cuyo cobro como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia de
Tutela T-498/94, en caso de controversia o incumpliendo, puede hacerse por los
medios legales.”
ANTECEDENTES EN LA TUTELA DE JUAN JOSE
BOGADO
7.1.
El señor Juan José Bogado
Brittos instauró acción de tutela en contra de la Corporación  Deportiva
Independiente Medellín. Esta fue su solicitud: Que se tutele el derecho
fundamental al trabajo, “ordenando que la Corporación Deportiva
Independiente Medellín, por intermedio de su presidente el señor Jorge
Castillo, otorgue la libertad del jugador y el consentimiento para la
transferencia de los derechos deportivos internacionales a su país de origen
ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, entidad reguladora de dicho deporte.”
7.2.
Los hechos invocados en la
tutela fueron :
En agosto de 1995 el
jugador celebró un convenio con la Corporación Deportiva Independiente Medellín
para la prestación de  sus servicios profesionales como futbolista. En el
citado convenio, la mencionada Corporación  se comprometió a responder por el
jugador, laboral y económicamente. En virtud de ese documento y de otro
relativo a un convenio de pago de una prima, el jugador cedió, en calidad de
préstamo,  su pase y derechos deportivos, a la Corporación Deportiva
Independiente Medellín,  hasta el 30 de julio de 1996.
Con anterioridad a
la fecha señalada, la Corporación demandada dio por terminado el contrato con
el jugador, sin cancelarle algunos salarios y prestaciones, razón por la cual
Juan José Bogado instauró un  proceso laboral ante la jurisdicción ordinaria.
El actor empezó a
hacer gestiones para vincularse a un nuevo equipo en Uruguay,  pero  la
Asociación de Fútbol de ese país le exigió al jugador  el visto bueno de la
Corporación Deportiva Independiente Medellín, para lograr esa vinculación,
entidad que según aduce el solicitante,  se negó a proceder en ese sentido.
7.2.
Particular importancia para la
situación de Juán José Bogado tuvo la decisión del Tribunal Deportivo de la
División Mayor del Fútbol Colombiano, el 12 de junio de 1997, cuando por
Resolución 014 sancionó al jugador con suspensión de un año por haber
instaurado juicio laboral reclamando sus derechos. Se comunicó la determinación
a la Federación Colombiana de Fútbol para que no se otorgara la transferencia
internacional. La Federación Colombiana de Fútbol determinó que por haber
acudido el jugador Bogado a la justicia ordinaria, esto constituía “impedimento
de fondo para otorgar la transferencia internacional”.
7.3.
Por el hecho de haberse
proferido esa sanción contra Bogado, la FIFA, el 25 de agosto de 1997, le llamó
la atención a la Federación Colombiana de Fútbol y le aclaró:
“A este respecto,
nos permitimos informarle que la FIFA permite a los empresarios o trabajadores
recurrir a un Tribunal de trabajo para los litigios que surjan en materia de derecho
laboral. Por consiguiente, los jugadores que se dirigen a un tribunal de
esta índole no violan el artículo 59 de nuestros Estatutos y pueden elegir
entre un Tribunal de Trabajo o las instancias deportivas de la asociación
nacional correspondiente (sin embargo, una vez se haya optado por una vía, no
se podrá acudir a la otra).”
Nuevamente el señor JOSEPH S. BLATTER
secretario de la FIFA, hoy PRESIDENTE de la misma, en comunicación de 18 de
septiembre de 1997, dirigida a la Federación Colombiana, reitera lo anterior y
agrega:
“Las
Constituciones de la mayoría de Estados garantizan en todo caso a sus
ciudadanos de recurso ante los tribunales ordinarios cuando se trata de
denuncias de índole laboral… En virtud de lo expuesto, la FIFA no puede
intervenir en contra de entrenadores o jugadores, en tanto que los procesos
sean de carácter laboral o penal (disposiciones de orden público).”
El Tribunal Deportivo de la División Mayor
del Fútbol Colombiano, el 7 de octubre de 1997, revocó la sanción impuesta a
Bogado. Se dio el certificado de transferencia.
7.4.1.
En la acción de tutela, la
sentencia de primera instancia fue proferida por el Tribunal Superior de
Medellín el 20 de octubre de 1997. Tuteló tomando en consideración la
jurisprudencia de la Corte Constitucional sentada en la sentencia C-320 de
1997, y por ello razonó que: “el señor Juan José Bogado podrá desempeñarse
en cualquier equipo de fútbol de su país, siempre y cuando se respeten los
derechos deportivos que pueda ostentar el Deportivo Independiente Medellín, o
que si lo hace desconociendo esos posibles derechos, se someta a las decisiones
que puedan impartir las organizaciones  mundiales que reglamentan la actividad
futbolística,  como podría ser la FIFA.”  Pese a esta argumentación,
procedió a negar la acción de tutela incoada.
7.4.2.
En segunda instancia conoció
de la presente acción de tutela la Corte Suprema de Justicia quien confirmó
mediante fallo de 20 de octubre de 1997. La principal razón para la negativa
fue la siguiente:
“Como la actividad
del fútbol profesional no constituye un servicio público, ni puede decirse que
se afecte grave y directamente el interés colectivo  por negarse la Corporación
Deportiva Independiente Medellín a dar “el visto bueno” para la transferencia
de los derechos deportivos internacionales de Juan José  Bogado Brittos ante la
Asociación Uruguaya de fútbol, ni tampoco afirmarse  que éste sencuentre en
estado de subordinación o indefensión frente a dicha persona jurídica, puesto
que la relación laboral que entre ellos terminó el 8 de noviembre de 1995, se
impone concluir  que resulta improcedente la acción de tutela”.
Como se ve, esta posición de la Corte
Suprema de Justicia, es contraria a otros pronunciamientos de esa misma Corte,
en los cuales no había puesto en entredicho la viabilidad de la tutela para
decidir casos de futbolistas.
7.5. La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, el 2 de marzo de 1998, resolvió acumular la tutela 152827 a la
T-149996 se decretaron pruebas y estando para fallo, el apoderado de Juan José
Bogado envió un fax a la Corte Constitucional diciendo que desistía de la
acción porque el Club Deportivo Independiente de Medellín aceptó conceder la
transferencia.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
A.
COMPETENCIA
Es competente esta Sala de Revisión de la
Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de las acciones
de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso 2º y 241
numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33,
34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de
la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, del
reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación
y de las acumulaciones ya decretadas.
B. TEMAS JURIDICOS A TRATAR
Para resolver los cinco casos, la
argumentación jurídica tiene que sustentarse  en una  premisa que es común para
estas tutelas acumuladas: la protección a la libertad de trabajo, que, en
tratándose del trabajo de los deportistas profesionales, está muy ligada a la
viabilidad de la transferencia de los llamados “derechos deportivos”; por
consiguiente, se reiterará la jurisprudencia consignada en el fallo de
constitucionalidad C-320 de 1997 y se acudirá a la argumentación íntegra de la
sentencia T-498/94.
Pero, esa protección a la libertad de
trabajo no solamente debe darse por parte del juez constitucional, sino que
también tiene el deber de hacerla realidad la entidad del Estado encargada de
la vigilancia y control del deporte, es decir, Coldeportes. Como en cuatro de
las sentencias que se revisan no prosperaron las acciones de tutela respecto a
ordenarle a Coldeportes que registrara los derechos de transferencia, entonces,
para examinar este aspecto se adoptará la misma posición jurisprudencial que
esta Sala Séptima de Revisión acogió en el fallo de tutela de Ariel Valenciano,
T-123 de 1998, en la cual se estableció la obligación de Colderportes de
registrar los derechos deportivos reseñados no solamente por los Clubes sino
también por los jugadores que sean  propietarios de sus derechos deportivos,
porque dicho registro contribuye a garantizar en la práctica esa libertad del
trabajo y la correlativa obligación de las organizaciones deportivas para no
entorpecer el normal desenvolvimiento de dicha libertad.
Se analizarán luego los límites de la
reglamentación deportiva, esto permite comprender hasta dónde pueden llegar las
normas legales y las reglamentaciones de las federaciones deportivas. Lo
anterior es indispensable para definir el aspecto discutido sobre si una cosa
son los derechos deportivos y otra los valores económicos de aquellos, y si se
puede sancionar a un jugador por reclamar sus derechos.
Por último, y antes de analizar los casos
concretos, se estudiarán tres aspectos procedimentales: si el juez de tutela es
competente para conocer de situaciones en las cuales ya había terminado el
contrato de trabajo; si puede caber la figura de la reformatio in pejus en la
tutela; y si es viable el desistimiento en la etapa de la revisión.
Especial protección a la libertad de
trabajo
1. El artículo 25 de la C. P. establece que
“El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades , de la especial protección del Estado...”. No puede escapar a
dicha protección, el trabajo de los deportistas profesionales. Además, también
figura, dentro de los Derechos sociales, económicos y culturales, el derecho al
deporte, a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. “El Estado
fomentará estas actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas cuya
estructura y propiedad deberán ser democráticas”. (art. 52 C.P.). Luego, la
protección no se limita a evitar la violación del derecho fundamental al
trabajo, sino que se proyecta hacia medidas de vigilancia y control que
garanticen la libertad de trabajo de los deportistas profesionales.
2. El derecho al trabajo tiene protección
tutelar per se, en virtud del artículo 25 de la C.P.; también puede operar la
protección mediante tutela en conexión con el derecho a la igualdad (lo cual se
aprecia en los casos de a trabajo igual, salario igual); o ligado al derecho de
libertad, tema que se desarrolló en la sentencia C-320 de 1997, así:
“Es claro que
tanto la regulación legal de los derechos deportivos como su ejercicio concreto
por los clubes deben ser compatibles con la protección a la libertad de trabajo
de los jugadores profesionales establecida por la Constitución (CP arts 25, 26
y 53). Además, y tal como esta Corporación ya lo había señalado, esta
“prohibición de afectar la libertad de trabajo del futbolista profesional
mediante su transferencia hacia otro club, no debe interpretarse en sentido
débil”, por lo cual no basta que las normas legales y reglamentarias establezcan
que esa libertad no puede ser afectada, o exijan el consentimiento del jugador
para llevar a cabo la transferencia, ya que “la libertad de trabajo también
puede verse afectada por la negativa de una institución deportiva de permitir
el traspaso del jugador hacia otra institución que le ofrece mayores
oportunidades”[1].
Esta libertad de trabajo, tratándose de
jugadores profesionales de fútbol, para que sea operativa está ligada a la
transferencia de los llamados “pases”, que generalmente controlan los clubes,
planteándose a veces conflictos con los jugadores. Este aspecto también fue
analizado en la sentencia C-320/97:
“Las diferencias
económicas entre los propietarios de los "pases" no pueden colocar al
jugador ante la alternativa de permanecer inactivo en un organismo deportivo en
el que ya no desea laborar, o de retirarse definitivamente del fútbol
profesional.
Ahora bien, se
podría aducir que la negativa de transferir al jugador hacia otro club no
vulnera el derecho al trabajo, ya que no le está impidiendo
"trabajar". Esta argumentación presupone que el derecho fundamental
consagrado en el artículo 25 de la Constitución sólo protege el derecho a un
trabajo in genere y no a un trabajo específico, en esta ocasión, la práctica
profesional del fútbol. No obstante, una interpretación sistemática de las
normas constitucionales que reconocen y garantizan el trabajo (C.P. arts. 1,
25, 26 y 53), permite concluir que la Carta Política también ampara la
estabilidad en un empleo o en una actividad profesional determinada, en
particular si de su ejercicio en concreto depende la autodeterminación, la
realización individual y la dignidad de la persona. Es importante recalcar que
el artículo 25 de la Constitución reconoce el derecho que toda persona tiene a
un trabajo "en condiciones dignas y justas". No es justo ni digno con
el futbolista que el organismo deportivo empleador condicione, por razones
exclusivamente económicas, su desarrollo profesional o su permanencia en la
organización del fútbol asociado. El ejercicio del trabajo de quien ha escogido
el oficio de futbolista no puede válidamente hacerse depender del
reconocimiento y pago de deudas dinerarias, para cuyo cobro existen mecanismos
legales alternativos[2].”
En la misma sentencia C-320/97, antes de
entrarse a argumentar sobre la inconstitucionalidad de algunas expresiones
contenidas en la ley del deporte, la Corte alertó sobre la realidad existente
en 1997 y que en parte varió después por el fallo que se profirió. La
transcripción que a continuación se hace, dibuja lo existente antes de
que la Corte señalara en qué apartes era inconstitucional lo referente a la
“transferencia” de los derechos deportivos:
“Así, la
regulación legal analizada muestra que es posible que un club sea titular de la
carta de transferencia de un jugador, y sin embargo no exista ningún vínculo
laboral entre el deportista y la respectiva asociación deportiva. En efecto, el
artículo 35 de la Ley 181 de 1995 señala que una “vez terminado el contrato de
trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará al club
propietario de su derecho deportivo”, y sólo si después de 6 meses[3], “el
club propietario del derecho deportivo, no ofreciere formalmente un nuevo
contrato laboral o transferencia temporal”, podrá el jugador “negociar con
otros clubes de acuerdo con los reglamentos internacionales”. Ahora bien,
conforme lo señala el artículo 34 de la Ley 181 de 1995,  la titularidad de la
carta de transferencia confiere a la asociación deportiva la posibilidad de no
inscribir, ni autorizar la participación del jugador.  Esto significa que el
club, a pesar de no tener un contrato de trabajo con el jugador, puede sin
embargo tomar decisiones relativas a la actividad laboral del mismo, ya que
tiene la facultad de condenarlo a la total inactividad, sin siquiera ofrecerle
una contraprestación económica, como sería la remuneración laboral. Esta
inmovilidad puede prolongarse al menos hasta por seis meses, según los términos
de la ley, plazo que puede parecer en principio corto, pero que es
desproporcionado, si se tiene en cuenta la muy corta duración de la carrera de
los deportistas profesionales.”
En el fallo, la Corte considera
inconstitucional esa posibilidad que tienen los clubes de mantener los derechos
deportivos de un jugador y controlar su futuro profesional, cuando ni siquiera
son patronos de los mismos. Para la Corte, el no existir relación laboral por
culpa del Club afecta la libertad de trabajo y cosifica al jugador. Por eso
agrega la sentencia C-320/97:
Afirma la Corte:
“la prohibición
de que el deportista pueda jugar o contratar con el nuevo club antes de que
sean resueltas las eventuales diferencias entre las asociaciones deportivas, es
una simple garantía contractual a fin de que el nuevo club cumpla con sus
obligaciones. Sin embargo, para la Corte este criterio es constitucionalmente
inadmisible pues existen otros mecanismos menos lesivos de la libertad laboral
para zanjar esas desaveniencias económicas entre los clubes. Así, el
ordenamiento legal prevé múltiples instrumentos para controvertir las deudas
entre personas jurídicas. Por ello, la Corte concluye que no es
constitucionalmente admisible que se pueda limitar la libertad de trabajo del
deportista, que se encuentra constitucionalmente protegida (CP arts 25 y 53),
debido a conflictos entre los clubes derivados de la transferencia de los
derechos deportivos. En ese orden de ideas, la Corte reitera lo señalado en la
citada sentencia T-498/94, de que es perfectamente factible que “la negativa de
autorizar el traslado hacia otro club por desacuerdo económico, podría dar
lugar a la permanencia forzosa del jugador en el club de origen. La disyuntiva
de renunciar o desafiliarse del club en nada resuelve la situación del jugador,
ya que si desea seguir formando parte del fútbol asociado y practicar
institucionalmente el deporte, debe sujetarse al régimen de transferencias
establecido en sus reglamentos.” Por todo lo anterior, la Corte concluye que no
es compatible con la protección de la libertad de trabajo que un club pueda
poseer los derechos deportivos de un jugador, cuando no existe ninguna relación
laboral entre los mismos, por lo cual es necesario declarar la inexequibilidad
de la expresión “dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses” del aparte final
del artículo 35. Se entiende entonces que si cesa la relación laboral entre el
club y el deportista, el jugador adquiere sus derechos deportivos[4],
siempre y cuando la conducta de este último se haya ceñido al principio
constitucional de la buena fe, al deber constitucional de no abusar de sus
derechos y al principio general del derecho nemo auditur propiam turpitudinem
allegans, con estricta sujeción a las causales de terminación del contrato
previstas en la ley.[5]
En conclusión: el juez constitucional debe
proteger el derecho fundamental a la libertad de trabajo, y, al hacerlo, debe
tener en cuenta la jurisprudencia que se ha citado, porque, en tratándose de
jurisprudencia constitucional, ésta integra interpretativamente la norma a la
cual se ha referido.
Vigilancia  del Estado para lograr una
efectiva libertad de trabajo del deportista profesional
3. La protección a la libertad de trabajo
no se logra solamente por vía de tutela, hay otras expresiones del Estado para
lograrlo. En efecto, la Rama Legislativa expidió la Ley 181 de 1995, para el
fomento del deporte, y dentro de los organismos del Sistema Nacional del
Deporte señaló al Instituto Colombiano del Deporte y a las Federaciones
Deportivas Nacionales (artículo 51).
El objetivo del sistema nacional del
deporte está reseñado en el artículo 47 de la mencionada ley 181 de 1995 :
“generar y brindar a la comunidad oportunidades de participación en procesos
de iniciación, formación, fomento y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre, como contribución al desarrollo integral del
individuo y a la creación de una cultura física para el mejoramiento de la
calidad de vida de los colombianos”.
Este objetivo debe ser coordinado por
COLDEPORTES (artículo 61 numeral 3º) y armónicamente se compagina con la
libertad del trabajo de los deportistas profesionales. Por lo tanto, no puede
Coldeportes eludir su obligación de proteger el fomento y práctica del deporte
que ejercite por ejemplo un futbolista profesional. Tan es así que el artículo
3° de la ley habla del “acceso” del individuo a la práctica del deporte y esto,
tratándose de profesionales, no es únicamente la posibilidad de practicarlo
como ser humano sino de practicarlo como trabajador deportivo, en un espacio de
deporte competitivo y de alto rendimiento. Protección que incluye la función
señalada en el numeral 16 del citado artículo que ordena “fomentar la
adecuada seguridad social de los deportistas y velar por su permanente
aplicación”, seguridad social que, tratándose del deportista profesional,
es inherente a la respectiva relación laboral.
4. Esa función de COLDEPORTES, tiene muchas
manifestaciones concretas, una de ellas es la función de inspección, vigilancia
y control, (establecida en el numeral 8 del artículo 60 de la ley 181 de 1995),
que armoniza con la de registrar los derechos deportivos de los jugadores. El
artículo 33 de dicha ley establece :
“Los clubes
deberán registrar ante el Instituto Colombiano del Deporte la totalidad de los
derechos deportivos de los jugadores o deportistas inscritos en sus registros,
así como las transferencias que de los mismos se hagan, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la realización de éstas. Coldeportes establecerá la
forma como los clubes deberán cumplir este requisito.
“Los clubes con
deportistas profesionales no podrán tener registrados como deportistas
aficionados a prueba a quienes hayan actuado en mas de veinticinco (25) partidos
o competencias en torneos profesionales o hayan formado parte de la plantilla
profesional durante un (1) año o mas”.
No se trata de un mero acto formal de
registro, ni de una simple base documental de datos, sin proyección alguna,
sino que el registro es dinámico en cuanto es el instrumento adecuado para
facilitar las funciones de inspección, vigilancia y control que Coldeportes
debe ejercitar en beneficio del deporte y de quien lo practica. Cuando esa
inspección, vigilancia y control, contribuye a la defensa de un derecho
fundamental, como es el caso de la libertad de trabajo del deportista
profesional, para éste, el deportista, es un derecho a algo que el
Estado no puede esquivar.
En la inspección judicial practicada en
COLDEPORTES, dentro de los expedientes acumulados reseñados en la referencia
del presente fallo, se constató que COLDEPORTES no lleva adecuadamente el
registro de las transferencias.
En otro caso de tutela T-123/98, similar a
los que se definen por esta sentencia, esta Sala de Revisión ya había dicho que
Coldeportes limita su función a archivar las copias de los contratos de trabajo
de los jugadores profesionales que los clubes envían y a recibir de parte de la
Federación Colombiana de Fútbol el informe de los jugadores inscritos para la
respectiva temporada. La Corte dijo que esta es una actitud típicamente
formalista que no se compagina con el artículo 209 de la Constitución
Política que establece:
“La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
“Las autoridades
administrativas deberán coordinar sus actuaciones  para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado....”.
Dentro de los fines del Estado, consagrados
en el artículo 2° de la C. P. se encuentra el de garantizar la efectividad de
los derechos (uno de ellos es la libertad de trabajo) en la búsqueda de un
orden justo. Ese fin del Estado, según el mismo artículo 2º de la C.P., obliga
a las autoridades de la República porque ellas están instituidas para proteger
los derechos de los particulares. Luego, COLDEPORTES debe ser eficaz en la
vigilancia, control e inspección de todo lo que tenga que ver con la relación
laboral del jugador profesional. La labor no puede, entonces, reducirse a
ocasional guardador de información escrita e incompleta, sino que COLDEPORTES
debe preocuparse porque principios jurídicos constitucionales tengan cabal
cumplimiento. Por ejemplo, un  deber, para garantizar la eficacia del principio
de libertad de trabajo, es, se repite, el de ejercitar vigilancia sobre los
derechos deportivos de los jugadores, y, si el artículo 33 ya citado, le ordena
a COLDEPORTES que registre “la totalidad” de los derechos deportivos y las
transferencias, esta obligación apunta no tanto a un planteamiento simplemente
informativo, cuanto a la defensa de la libertad de trabajo, ya que ese registro
facilita un control adecuado sobre los derechos de los deportistas
profesionales.
La protección a la libertad de trabajo
obliga a Coldeportes a registrar las transferencias que hagan los clubes y los
propios jugadores propietarios de sus pases
5. En la sentencia C-320/97 la Corte
Constitucional reconoció que hay ocasiones en las cuales el jugador puede ser
propietario de sus derechos deportivos y se llegó a esa conclusión con
argumentos constitucionales basados en la dignidad de la persona y la libertad
de trabajo. No puede el Estado, a través de Coldeportes, restringir espacio y
garantía para el ejercicio de esos derechos deportivos cuando el titular es
precisamente el propio jugador, porque si lo hace estaría atentando contra la
misma Constitución Colombiana, artículos 16 y 25, y contra el Preámbulo de la
misma que señala que “la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad” son
finalidades que hay que fortalecer.
En la misma sentencia C-320/97, para
argumentar que, en ocasiones, el jugador puede ser propietario de los derechos
deportivos, se dijo:
“Ahora bien, la
Corte encuentra que la prohibición de que los jugadores puedan ser titulares de
sus propios derechos deportivos no sirve ningún propósito constitucionalmente
relevante, pues en nada afecta la transparencia de las transacciones en el
ámbito deportivo que  un deportista adquiera su carta de transferencia, y sea
entonces él mismo el administrador de su carrera profesional. La medida no es
entonces útil a los propósitos de la ley. Además, ella vulnera la protección de
la dignidad, la autonomía y la libertad de los jugadores (CP arts 1º, 16 y 25),
ya que impide, sin ninguna razón aparente, que un deportista, al adquirir su
“pase”, pueda entonces orientar en forma libre y autónoma su futuro
profesional, por lo cual se trata de una restricción que tiende a cosificar al
jugador al convertirlo en un simple activo empresarial.  Por todo lo anterior,
la Corte concluye que la palabra “exclusiva” del artículo 34 de la Ley 181 de
1995 viola la dignidad de los deportistas y será retirada del ordenamiento, en
el entendido de que los propios jugadores pueden ser titulares de sus derechos
deportivos. Por esas razones, un mismo condicionamiento se efectuará en
relación con el citado inciso primero del artículo 32.
El respeto a los derechos fundamentales,
uno de ellos la libertad de trabajo, es la razón de ser del control y
vigilancia por parte de Coldeportes
6. La Corte Constitucional en la sentencia
C-226/97, al referirse a la autonomía de las Federaciones Deportivas, viabilizo
la labor de vigilancia y de control, así:
“No puede, en
este orden de ideas, considerarse arbitraria o desproporcionada la intervención
del Estado dirigida a imponer a las organizaciones deportivas el respeto a los
derechos fundamentales de sus miembros o de terceros lesionados con sus
acciones u abstenciones. Las organizaciones privadas pueden abusar de su
condición y someter a una persona o a una minoría a un tratamiento indigno, y,
en este evento, la autonomía no podría oponerse a la actuación pública. La
carencia de una estructura democrática interna o la presencia de prácticas de
corrupción, son hipótesis, entre otras, en las que se torna legítima la
injerencia del Estado.”
Es, pues, el respeto a los derechos
fundamentales, la razón de ser del control, luego será disculpa decir que
como el artículo 33 de la Ley 181 de 1995 solamente habla de “Clubes”, entonces
no quedan protegidos los jugadores cuando son ellos quienes registran sus
derechos deportivos. Hay que ir más allá del texto gramatical, integrando el
citado artículo 33 con la argumentación y decisión de la sentencia C-320/97 y
de la C-226/97, en cuanto la primera estableció el derecho constitucional de
los jugadores a una libertad de trabajo que permite en ocasiones la propiedad
individual de los derechos deportivos por parte del jugador y en cuanto la
C-226/97 reconoció la función dinámica del control, inspección y vigilancia de
Coldeportes; luego éste tiene la obligación de registrar los derechos
deportivos y transferencias cuando el jugador-propietario lleve a la mencionada
dependencia la prueba adecuada de su titularidad o de la transferencia de sus
derechos deportivos.
En conclusión: Coldeportes no puede
argumentar que sólo está obligado a registrar las transferencias comunicadas
por los “Clubes” y no la de los jugadores que directamente son titulares de sus
derechos deportivos. Tiene que ir más allá de la recepción de contratos de
trabajo y cumplir su misión de registrar las transferencias de los jugadores, tener
la organización adecuada para hacerlo, preocuparse por actualizar ese registro
y no ponerle cortapisas a los jugadores que son titulares de sus derechos
deportivos.
Cumplimiento de los fallos de
constitucionalidad por parte de todos los aperadores jurídicos
7. La aplicación de una norma no puede ser
aislada, sino que hay que armonizarla con los principios constitucionales y las
decisiones de la jurisdicción constitucional. Sería absurdo que después de una
sentencia de constitucionalidad, con autoridad de cosa juzgada constitucional,
lo razonado en ella (con características inclusive de cosa juzgada implícita)
no tuviera incidencia en comportamientos de entidades como Coldeportes. Debe
entenderse que después de la C-320/97, se registrará en Coldeportes lo que
envíen los Clubes, lo que presente el jugador propietario de sus derechos
deportivos y lo que oficiosamente Coldeportes exija que se le remita para
cumplir con el deber de registrar. No se puede aducir que previamente se
requiera la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley 181
de 1995 porque el artículo 4º de la C.P. establece la supremacía de la
Constitución. Luego los funcionarios administrativos no pueden esquivar la
aplicación de la Constitución so pretexto de una lectura recortada de una norma
legal, máxime cuando la Corte Constitucional ya había hecho una precisión
conceptual.
Como una de las funciones del Director
General de Coldeportes es la de “Dirigir e integrar las acciones de todos
los miembros de la organización hacia el logro  eficiente de las políticas,
objetivos, metas y estrategias del Sistema Nacional del Deporte”, entonces,
le corresponderá a dicho Director hacer funcionar la organización y los
procedimientos para que se garantice en la práctica el cabal cumplimiento de la
Constitución Nacional, dentro de la cual se consagra la protección a la
libertad de trabajo, que, para efectos operativos, tratándose de futbolistas
profesionales, se viabiliza por los derechos de transferencia que, deben y así
lo exige la ley, estar registrados en Coldeportes. Como esto no ha ocurrido,
así quedó demostrado en la inspección judicial practicada por orden de la Corte
Constitucional, es indispensable no solo que los Clubes profesionales informen
sobre la titularidad de los derechos deportivos de los jugadores y su
transferencia, sino que Coldeportes debe exigirles la información y no eludir
el registro cuando éste proviene del jugador que sea titular de tales derechos.
Las obligaciones de las Federaciones
Nacionales, en cuanto a los derechos deportivos
8. La información dada por Clubes y
jugadores debe estar también dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol,
porque ello es indispensable para transferencias  nacionales e internacionales
y por ende para la libertad de trabajo del jugador profesional.
Constitucionalmente esto se respalda en el art. 52 C.P. en cuanto a
organizaciones deportivas se refiere. José Rodríguez Ramos, en su libro Cesión
de deportistas profesionales y otras manifestaciones lícitas de prestamismo
laboral, dice (pág. 116) :
“El contrato que
une a cedente y deportista profesional es un contrato atípico que, a decir de
la doctrina italiana, debe ser aprobado por un tercero; puesto que es necesaria
una nueva inscripción -ficha- en la Federación correspondiente. Esto supone
que, aunque a efectos laborales, la relación con el club cedente sólo está en
suspenso, a efectos federativos se trata de una relación distinta entre
cesionario y deportista profesional. Es una de las características que
concurren en el deporte: la inseparabilidad de las normas jurídico-laborales y
de las normas deportivas.”
Considera la Sala que como la Federación
Colombiana de Fútbol es quien expide los certificados internacionales de
transferencia, en formato de la FIFA, debe dicha Federación recoger la
información dada por el Club o por el jugador propietario de sus los derechos
deportivos para que asi la Federación viabilice las transferencias
correspondientes.
Queda así aclarado que tanto Coldeportes
como la Federación y la Dimayor deben registrar las transferencias como se
pidió en las tutelas.
Ahora se analizará la validez o no de la
orden de tutela de que “El valor o compensación en que se tasen tales derechos
(deportivos) pertenece al Deportivo Independiente Medellín”; este condicionamiento
quedó incorporado en los certificados de transferencia de la Dimayor. Para
resolver este asunto es necesario, previamente, hacer varias precisiones.
Los derechos deportivos que da el marco
legal
9. La ley 181 de 1995, se refiere a la
transferencia de los pases de los deportistas profesionales. Antes de
proferirse la sentencia C-320/97, las normas decían lo siguiente:
“Artículo 32. Unicamente los clubes con deportistas
profesionales o aficionados podrán ser poseedores de los derechos deportivos de
los jugadores o deportistas. En consecuencia, queda prohibido a aquéllos
disponer por decisión de sus autoridades que el valor que reciban por tales
derechos pertenezca o sea entregado a persona natural o jurídica distinta del
mismo club poseedor.
Además de los
requisitos exigidos por cada federación, para la inscripción se requiere:
a) Aceptación
expresa y escrita del jugador o deportista;
b) Trámite previo
de la ficha deportiva;
c) Contrato de
trabajo registrado ante la federación deportiva respectiva y el Instituto
Colombiano del Deporte - Coldeportes.
(...)
“Artículo 34. Entiéndese por derechos deportivos de los
jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos
de registrar, inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de
transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación
respectiva. Ningún club profesional podrá transferir más de dos jugadores o
deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo.
(....)
“Artículo 35. Los convenios que se celebren entre
organismos deportivos sobre transferencias de deportistas profesionales, no se
consideran parte de los contratos de trabajo. En razón de estos convenios no se
podrá coartar la libertad de trabajo de los deportistas. Una vez terminado el
contrato de trabajo, el jugador profesional transferido temporalmente regresará
al club propietario de su derecho deportivo. Si el club propietario del derecho
deportivo, no ofreciere formalmente un nuevo contrato laboral o transferencia
temporal al jugador dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses, el jugador
quedará en libertad de negociar con otros clubes de acuerdo con los reglamentos
internacionales, sin perjuicio de las acciones laborales que favorezcan al
jugador.
10. Se decidió en la sentencia C-320/97,
parte resolutiva, numerales 1º a 4º lo siguiente:
“Primero:
Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 32 de la Ley 181 de
1995, en el entendido de que ese mandato no se aplica a los propios jugadores,
quienes pueden ser entonces titulares de sus derechos deportivos, en los
términos de esta sentencia.
Segundo: Declarar
EXEQUIBLE la frase inicial “Entiéndese por derechos deportivos de los
jugadores o deportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos
de registrar, inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de
transferencia le corresponde, conforme a las disposiciones de la federación
respectiva” del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, salvo la expresión
“exclusiva”, que es INEXEQUIBLE, en el entendido de que los propios jugadores
pueden ser titulares de sus derechos deportivos, en los términos de esta
sentencia.
Tercero: Declarar
EXEQUIBLE la frase final “Ningún club profesional podrá transferir más
de dos jugadores o deportistas en préstamo a un mismo club, dentro de un mismo
torneo” del artículo 34 de la Ley 181 de 1995, siempre y cuando se entienda que
se debe contar con el consentimiento del deportista y no se puede desmejorar su
situación laboral, conforme a lo señalado en esta sentencia.
Cuarto:
Declarar EXEQUIBLE el artículo 35 de la Ley 181 de 1995, salvo la
expresión “dentro de un plazo no mayor de seis meses”, que es INEXEQUIBLE, en
el entendido de que no puede haber derechos deportivos sin contrato de trabajo
vigente, en los términos de esta sentencia.”
La decisión de la Corte, como se aprecia,
declaró contrarias a la Constitución algunas expresiones de la ley, y, moduló
otras.
Derechos y deberes correlativos en el marco
del espectáculo deportivo
11.
La Corte ha reconocido los
justos derechos de los deportistas profesionales. Pero esta sería una labor
inconclusa , si al mismo tiempo no se recordara la obligación constitucional
que se tiene de no abusar de los derechos (artículo 95, numeral 1° de la C .
P.) y la exigencia de ceñirse a los postulados de la buena fe (artículo 83
C.P.). Esa exigencia  de actuar de buena fe y no abusar de los derechos, se predica
no solamente para las relaciones contractuales, sino también para las
relaciones sociales porque los deportistas profesionales contribuyen con su
talento en la formación del imaginario colectivo, especialmente
tratándose de niños y jóvenes, que, por mandato de la Constitución, merecen una
especial protección del Estado (artículos 44 y 45 C.P.). Tratándose del fútbol,
con innegable penetración masiva, debe ser mas exigente el comportamiento
responsable y serio de quienes en una u otra forma actúan en ese deporte
espectáculo. Ya la Corte Constitucional en la sentencia C-320/97 había
dicho :
“El fútbol es un
deporte que cumple simultáneamente varias funciones : recrea a los
espectadores, genera una actividad económica y hace posible la realización
personal del jugador. Como juego de competición, el fútbol es un medio de
esparcimiento de multitudes, que gracias a los avances tecnológicos en el área
de las comunicaciones, tiende a universalizarse y a estrechar los vínculos
entre los diferentes países”.
Es por ello que, en competencias
internacionales, de fútbol o de cualquier otro deporte, jugadores y
entrenadores son como embajadores de un país,  convirtiéndose ocasionalmente
en símbolos, luego  están en la obligación de irradiar una imagen y un ejemplo
que enriquezca  en especial la mentalidad de los niños y de los jóvenes. No se
concibe que un deportista que represente al país proyecte ante el mundo una
idea de incultura, violencia o intolerancia, ni mucho menos que, amparado en su
condición de ídolo bién remunerado, pierda el sentido de las proporciones. Si
no está capacitado para desenvolverse en un medio social acorde con su misión,
pues no debe representar a la Nación. Y, si quiere hacerlo, no solamente debe
ser  apto para las estrategias, tácticas y técnicas de su oficio, sino que
socialmente tiene que comportarse debidamente. Es preocupante, por decir lo
menos, que un deportista o un entrenador lleven el nombre de una Nación sin
estar preparados cultural, cívica y sicológicamente para ello.
Se hacen las anteriores reflexiones porque,
así como se protegen los derechos del trabajador deportista, también se debe
contemplar que si éste incumple sus deberes constitucionales y con su mal
comportamiento afecta derechos fundamentales (como sería el caso de influir
negativamente en la formación de los niños y de los jóvenes), entonces, el juez
constitucional tiene que imponer medidas de prevención. Para que estas sean
efectivas, se requiere señalar pautas que ayuden a una indispensable formación
humana de los deportistas, que debe partir de los propios clubes. Por otro
lado, tiene que existir un verdadero control sobre esta formación integral,
esto le corresponde a Coldeportes y a las respectivas Federaciones Nacionales,
organismos que deben tener en cuenta que en la ley 181 de 1995, artículo 15, se
reseña como elemento integrante de la definición del deporte “generar
valores morales, cívicos y sociales”. Esta función de interés público y
social, tanto en el ámbito nacional como en el internacional debe ser coordinada
por el Comité Olímpico Colombiano, por mandato del artículo 72 de la misma ley
del deporte. El artículo 73 de la misma ley señala dentro de los objetivos de
esa coordinación “La formación del recurso humano propio del sector”. Y,
el artículo 75 le exige al Comité Olímpico Colombiano que cumpla determinadas
funciones, entre ellas : “Llevar un registro especial de los
deportistas nacionales en las diferentes disciplinas deportivas que permita
establecer su nivel y posible participación en eventos de carácter
internacional y, velar por el bienestar, educación, salud y desarrollo integral
de estos deportistas”. Esta precisa función se respalda constitucionalmente
en el artículo 366  de la C.P. que señala como finalidades sociales del Estado
“el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”,
luego el Comité Olímpico Colombiano debe armonizar el mandato constitucional
con la norma que le exige establecer entre otras cosas la educación y el
desarrollo integral de los deportistas, a fin de evitar que quienes representen
al país en el exterior, atenten con su mal  comportamiento contra el derecho
fundamental de los niños y jóvenes a una cultura dentro de un desarrollo
armónico e integral.
Autonomía de las Federaciones deportivas
12. En la C-320/97 se dijo al respecto:
“La Constitución
reconoce amplios márgenes de autonomía a las distintas asociaciones deportivas,
las cuáles tienen la facultad de desarrollar distintas reglas relativas a la
práctica del deporte, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado[6]. En
principio es entonces admisible que la ley contemple esas competencias
reguladoras de las federaciones nacionales e internacionales en el campo
deportivo. Sin embargo, es obvio que estas regulaciones no pueden desconocer
los principios constitucionales, ni vulnerar los derechos fundamentales de las
personas (CP art. 5º), ya que la Constitución es norma de normas (CP art. 4º).
No se puede olvidar que los clubes deportivos son verdaderas empresas, por lo
cual, las federaciones deportivas deben ser consideradas asociaciones de
empresas, y sus reglamentos decisiones de empresa. No es pues admisible que los
derechos constitucionales de los jugadores queden supeditados a estas
decisiones empresariales, no sólo porque se desconocería la primacía de la
Constitución y de los derechos de la persona (CP arts 4º y 5º), sino porque se
estaría permitiendo un prohibido abuso de posición dominante de parte de esas
asociaciones (CP art. 334). Además, el inciso final del artículo 53 de la Carta
señala de manera inequívoca que la ley, los contratos, los acuerdos y los
convenios laborales no pueden menoscabar la libertad, la dignidad, ni los
derechos de los trabajadores. Con menor razón son admisibles regulaciones
empresariales que vulneren esos valores.
La Corte
Constitucional considera entonces que la remisión efectuada por la ley a la
regulación de las federaciones de los derechos deportivos puede suscitar
problemas constitucionales, en la medida en que éstas prevean disposiciones
susceptibles de afectar la libertad laboral de los deportistas, si los clubes
no cumplen con sus obligaciones en materia de pago de los derechos por
transferencias. Igualmente considera la Corte inadmisibles aquellas otras
regulaciones que afecten otros derechos constitucionales de los jugadores, como
podrían ser eventuales prohibiciones de acceso a los tribunales o restricciones
injustificadas a la libertad de expresión. Por todo ello, la Corte considera
que, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, y según lo disponen los
artículos 4º, 25 y 53  de la Carta, son inaplicables todas las disposiciones de
las federaciones nacionales e internacionales que afecten los derechos
constitucionales de los jugadores[7].
Pero, la autonomía de las federaciones
deportivas no puede llegar al extremo de obstaculizar el derecho fundamental de
los deportistas a acceder a la justicia, en reclamación de sus derechos
laborales (art. 229 de la C.P.). Y si una federación, en sus reglamentos, como
ha ocurrido con la Federación Colombiana de Fútbol, establece en la Asamblea General
del 17 de julio de 1997 que los jugadores no están autorizados a presentar ante
los Tribunales Ordinarios los litigios que tengan con la Federación o con otros
afiliados (art. 59), dicho pronunciamiento no tiene validez alguna frente a la
Constitución, y, por lo tanto, es obligación de los jueces y de los
funcionarios administrativos inaplicar la norma de inferior categoría en cuanto
atenta contra disposiciones de la Carta Fundamental. Precisamente el actual
Presidente de la FIFA ya había dicho que las Constituciones de la mayoría de
los estados garantizan a sus ciudadanos el recurso de acudir ante los
Tribunales Ordinarios y que la FIFA no podía obstaculizar tal intervención. La
Corte Constitucional en la sentencia C-320/97, había hecho el siguiente pronunciamiento:
“Finalmente, la
experiencia europea en relación con el llamado caso Bosman, y las propias
reglamentaciones de la FIFA expedidas a raíz de esta decisión del tribunal
europeo, muestran que es perfectamente viable armonizar las reglas de estas
federaciones internacionales con la protección nacional y regional de los
derechos de los deportistas. Y en todo caso, si ello no fuera posible, es
indudable que en un Estado social de derecho como el colombiano (C.P. art. 1º)
priman los derechos de las personas y las normas constitucionales sobre esas
regulaciones privadas”.
Tampoco pueden, ni las federaciones ni
ninguna otra autoridad de cualquier índole afectar los derechos fundamentales
de las personas, entre los cuales ocupa lugar preferente el derecho a la libre
expresión de las opiniones ya sea que se encuentren en actividades individuales
o integrando un grupo social. (art. 20 de la C.P. ). La Corte entiende que hay
reglamentos para indicar las conductas de los deportistas en el desarrollo de
las competencias, pero los reglamentos deben ser razonables y conformes a la
dignidad humana, que es generadora de unos derechos constitucionales que el
Estado Colombiano no puede permitir que sean suspendidos en su núcleo esencial
ni por las autoridades ni por los particulares.
Son estos otros elementos de juicio que
servirá para las decisiones que se tomarán en el presente fallo.
La dignidad en el trabajo
13. Además de la inaplicabilidad de normas
reglamentarias de las Federaciones que atenten contra la Constitución es
indispensable para una solución jurídica a los problemas que surjan en materia
deportiva, tener en cuenta la dignidad de la persona y el principio de buena
fe. La tantas veces citada sentencia C-329/97 dice al respecto:
“El artículo 1o
de la Constitución consagra “el respeto de la dignidad humana” como uno de los
fundamentos de nuestro Estado social de derecho. Y no es ese un concepto vano,
sino al revés, lleno de contenido ético y político. Porque el reconocimiento de
la dignidad humana implica la concepción de la persona como un fin en sí misma
y no como un medio para un fin. En otras palabras, como un ser que no es
manipulable, ni utilizable en vista de un fin, así se juzgue éste muy
plausible. El Estado está a su servicio y no a la inversa. Llamar “recursos
humanos” a las personas que han de cumplir ciertas funciones, supone adoptar la
perspectiva opuesta a la descrita, aunque un deplorable uso cada vez más
generalizado pugne por legitimar la expresión.
Es deber de la
Corte preservar el contenido axiológico humanístico que informa a nuestra norma
fundamental, velando aún porque el lenguaje utilizado por el legislador no la
contradiga[8].
Conforme a lo
anterior, el lenguaje de las normas legales revisadas es incompatible con la
Constitución ya que desconoce la dignidad de los deportistas, a quienes
cosifica, y vulnera la terminante prohibición de la esclavitud y de la trata de
personas (CP arts 1º, 18 y 53), pues parece convertir a los clubes en
propietarios de individuos. En tales condiciones, si ese lenguaje legal
corresponde a la realidad jurídica, es evidente que las normas que regulan la
figura de los derechos deportivos son inaceptables y deben ser declaradas
inexequibles. Sin embargo, si a pesar de ese lenguaje, el contenido normativo
de esas disposiciones es constitucionalmente admisible, no sería lógico que  la
Corte declarara la inexequibilidad de los artículos estudiados, puesto que,
debido únicamente a los defectos del lenguaje utilizado por el Legislador, se
estaría retirando del ordenamiento una regulación que es materialmente
legítima. En tal evento, lo procedente es que la Corte aplique el principio de
“conservación del derecho”, según el cual, los tribunales constitucionales deben
siempre buscar preservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador,
en virtud del respeto al principio democrático[9].
Por ello si una disposición admite una interpretación acorde con la Carta, es
deber de esta Corte declararla exequible de manera condicionada, y no retirarla
del ordenamiento. Con mayor razón, si el defecto constitucional de una
regulación no deriva de su contenido normativo sino exclusivamente del lenguaje
empleado, entonces corresponde al juez constitucional mantener la regulación
ajustando el lenguaje legal a los principios y valores constitucionales. Por
ende, la Corte entra a analizar si efectivamente la carta de transferencia y
los derechos deportivos confieren una propiedad a los clubes sobre los
deportistas, caso en el cual las figuras serían incompatibles con la Carta, o
si el contenido de la figura tiene otro alcance jurídico que pueda ser
constitucionalmente aceptable.”
14. Pero, esa dignidad protegible está
ligada a los contratos de trabajo, por eso la propia Corte aclaró:
“El artículo 35
señala que los “convenios que se celebren entre organismos deportivos sobre
transferencias de deportistas profesionales, no se consideran parte de los
contratos de trabajo”. Este artículo indica entonces que las transferencias son
contratos entre los clubes, que son distintos de los contratos laborales de los
jugadores con la respectiva asociación deportiva. Nótese además que el mismo
artículo es terminante en señalar que las transferencias no pueden “coartar la
libertad de trabajo de los deportistas”. Conforme a tal disposición, se
entiende que los pagos por las transferencias no constituyen una venta del
jugador, quien es persona y puede libremente contratar, sino que son
compensaciones económicas que se pagan al club de origen.”
Y, continúa diciendo la Corporación, sobre
el origen de los derechos deportivos:
“Estas
retribuciones cumplen, según sus defensores, una importante función, ya que
están destinadas a mejorar el espectáculo deportivo, tal y como lo señalaron
las federaciones deportivas nacionales e internacionales, cuando defendieron
ante el Tribunal de Justicia Europeo la legitimidad de los derechos deportivos[10]. Así,
de un lado,  estos pagos pretenden resarcir al club de origen los costos en que
incurrió por la formación y promoción del jugador. Son pues una compensación
que, además, estimula la búsqueda de nuevas figuras, pues permite a los clubes
obtener una recompensa económica por el descubrimiento de buenos jugadores.
Finalmente, se considera que el reconocimiento de los derechos de traspaso
tiende a favorecer a muchos clubes pequeños, que en general se especializan en
el hallazgo de nuevos talentos, pues de esa manera se evita que automáticamente
los mejores deportistas sean monopolizados por los grandes clubes, que pueden
ofrecerles los salarios más altos. De esa manera se estimula un mayor equilibrio
entre los clubes, todo lo cual favorece el espectáculo. En efecto, el deporte
profesional tiene una especificidad, y es que los clubes, que son verdaderas
empresas, no pueden fabricar su producto (el partido y el espectáculo)
autónomamente sino que necesitan de su rival, pues las confrontaciones
deportivas son entre varios. Además, la propia calidad de ese producto depende
de un cierto equilibrio deportivo, pues una competición en donde solamente un
equipo pueda llegar a adquirir el título de campeón no suscita interés alguno
entre los espectadores. Un excesivo desequilibrio entre los clubes compromete
entonces la viabilidad financiera del propio deporte profesional y la calidad
del espectáculo, lo cual justifica la existencia de regulaciones destinadas a
preservar el equilibrio competitivo a fin de que haya un reparto adecuado de
los talentos entre los distintos clubes[11].
Así entendidos
los derechos deportivos, esto es, como una relación entre los clubes que en
principio no afecta las posibilidades laborales de los jugadores, la Corte
considera que la figura no pugna con la Constitución, pues nada se puede
objetar a que la ley y los reglamentos de las federaciones prevean mecanismos
para equilibrar la competencia deportiva, y compensar los gastos de formación y
promoción en que haya incurrido un club, en relación con un determinado
deportista.”
Buena fe, no abuso del derecho y ejercicio
razonable de los derechos deportivos
15. Continúa diciendo la C-320/97:
“Sin embargo lo
anterior no significa que la figura de los derechos deportivos sea enteramente
admisible, y no suscite otros problemas constitucionales. Al respecto, esta
Corporación ya había precisado que la “racionalidad económica que orienta las
decisiones de los dueños de los "pases" o derechos deportivos de los
jugadores, en no pocas oportunidades, se opone a su autorealización personal y
a la práctica libre del deporte. De cualquier forma, en la resolución de las
controversias que se susciten en materia del traspaso de futbolistas, los
reglamentos privados y las normas legales respectivas deben interpretarse de
conformidad con la Constitución”[12].
En tales condiciones, la Corte considera que la figura de los derechos
deportivos, como sistema de compensación entre los clubes, es legítima, siempre
y  cuando ella no constituya o permita un abuso de parte de los clubes, que
tienda a desconocer los derechos constitucionales del jugador, a cosificarlo y
a convertirlo en un simple activo de tales asociaciones. Entra pues la Corte a
precisar los límites constitucionales dentro de los cuales puede operar esa
figura, para lo cual simplemente bastará con reiterar la doctrina que esta
Corporación había desarrollado al respecto desde 1994, en particular desde la
sentencia T-498/94, la cual en lo esencial armoniza con las pautas
desarrolladas posteriormente por el Tribunal de Justicia Europeo en el llamado
caso Bosman.”[13]
16. Para el tema que se va a dilucidar,
también es de recibo acudir a la C-320/97, sobre la necesidad de actuar de
buena fé, no abusar del derecho y evitar razonablemente los derechos.
“Por ello la
Corte recuerda que uno de los principios esenciales del ordenamiento colombiano
es la buena fe (CP art. 83), profundamente ligado al deber constitucional de
toda persona de no abusar de sus derechos (CP art. 95 ord. 1º). Este, el
principio de buena fe, como lo señala la Carta, y conforme a la amplia
jurisprudencia de esta Corporación al respecto[14],
rige no sólo las relaciones entre el Estado y los ciudadanos sino que se
proyecta sobre las relaciones entre los particulares.  Esto es así, porque este
principio protege la paz social y la confianza, por lo cual los particulares en
el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, así como las
autoridades en el desarrollo de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos
de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. Por ende,
conforme a tal principio, no pueden los particulares abusar de sus derechos, ni
las autoridades excederse o desviarse en el ejercicio de sus funciones.
Esta referencia
al principio de la buena fe y al deber constitucional de no abusar del derecho
propio (CP arts 83 y 95 ord. 1º) no es puramente retórica sino que tiene
profundas implicaciones jurídicas, pues significa que no es legítimo que los
clubes o los deportistas se aprovechen de algunas de sus facultades
contractuales con el fin de vulnerar los legítimos derechos de su contraparte.
En efecto, conforme a tal principio, las partes en una relación contractual no
están únicamente obligadas a aquello que escuetamente determina el texto, sino
a todo aquello que en cada situación impone la buena fe.  Así, el hecho de que
la Corte, por las razones largamente expuestas en esta sentencia, haya
concluido que los clubes no pueden ser titulares de los derechos deportivos sin
mantener un contrato de trabajo vigente con el jugador respectivo, no puede ser
entendido como una patente de corso para que los deportistas incumplan sus
obligaciones contractuales o disciplinarias, o entren en colusión con otros
clubes a fin de que se pueda evadir el pago de una compensación, siendo que
ésta era legítima. En ese mismo orden de ideas, el mantenimiento de la figura
de los derechos deportivos, mientras subsiste el contrato laboral, tampoco
significa que los clubes tengan una potestad absoluta en este campo, ya que
estas asociaciones tienen el deber de ejercer de buena fe y en forma razonable,
esos derechos.
Es dentro del
marco de esos principios constitucionales que debe ser interpretado el alcance
de la doctrina establecida en esta sentencia. Ahora bien, no corresponde a la
Corte Constitucional resolver en abstracto todos los eventuales conflictos
derivados del ejercicio abusivo de los derechos en estas complejas relaciones
contractuales, ya que su función, cuando controla la constitucionalidad de las
leyes es otra, a saber, señalar los límites constitucionales dentro de los
cuales es admisible una figura como los derechos deportivos, tal y como se hizo
en los numerales anteriores de esta sentencia. Por ello corresponderá a los jueces
laborales resolver en concreto las distintas controversias que puedan
suscitarse en este campo, conforme a los principios constitucionales y
laborales, y a las pautas desarrolladas en esta sentencia. Igualmente, y tal y
como esta Corte ya lo había señalado, las decisiones de las asociaciones
deportivas “que supeditan a razones exclusivamente económicas, el libre
desarrollo de la corta vida deportiva del jugador, su libre escogencia de
profesión u oficio, su libertad de trabajo, de contratación y de asociación y,
en general, su libertad personal”, por lo cual en estos eventos esas
determinaciones “pueden ser impugnadas mediante el ejercicio de la acción de
tutela, si denotan abuso o explotación injustificada de una posición privada de
supremacía”[15].
Se ha hecho transcripción extensa del fallo
C-320 de 1997 porque en él se está indicando que el deportista profesional no
es un esclavo, que la dignidad y que la relación laboral del jugador no puede
ser menoscabada. Luego, si permanece inactivo un jugador porque el Club titular
de sus derechos deportivos no celebra con aquél un contrato del trabajo ni lo
inscribe para la temporada correspondiente, y, además, se le obstaculiza
irrazonablemente cualquier transferencia, entonces, hay un abuso del derecho, y
el jugador queda habilitado como titular de sus derechos deportivos. Son, pues,
la dignidad y la libertad de trabajo los principales derechos fundamentales
afectados, en cuanto el trabajo en condiciones dignas y justas tiene respaldo
constitucional (artículo 25 C.P.); y, ni la ley, ni los contratos, ni los
acuerdos particulares pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana y los
derechos de los trabajadores (artículo 53 C.P.). Pero, al mismo tiempo, hay que
tener en cuenta la autonomía de las asociaciones deportivas, el marco legal, la
recreación y algo indispensable: los efectos de una cesión o transferencia. El
desarrollo de este último tema es básico para definir si son valederas o no las
órdenes  que los jueces de tutela dieron en cuatro de los casos que se estudian
(Fernández, Botero, Atehortúa y Durán), sobre el valor o compensación de los
derechos deportivos que según los fallos le corresponden al Club Deportivo
Independiente Medellín.
Lectura de la sentencia T-498/94.
17. En los cuatro fallos de primera
instancia antes indicados y, materia de la presente revisión, se invocó la
T-498/94 para concluir que el contenido patrimonial de los derechos deportivos
no puede definirse por tutela, sino por la jurisdicción ordinaria. A eso se
responde:
En primer lugar, el propio fallo T-498/94
advirtió que si hay abuso por parte de los clubes deportivos también se pueden
afectar derechos constitucionales, luego de ahí no se deducen exclusiones.
En segundo lugar, la Corte Constitucional
nunca dijo en la T-498/94 que el jugador adquiriría sus derechos deportivos
pero no el valor de los mismos, y, no lo podía decir porque esa tutela que se
definió en la T-498/94 no prosperó, porque ocurrió la cesación de la actuación
impugnada y porque aún no se había proferido la sentencia de constitucionalidad
C-320/97. Exactamente lo dijo el fallo de tutela T-498/94, fue lo siguiente:
“Los conflictos
que se presentan entre el jugador y el club, particularmente en torno a la
transferencia o traspaso de los derechos deportivos, deben resolverse, en
principio, según las normas contractuales, estatutarias y legales. No obstante,
en ciertas circunstancias, el abuso de las facultades estatutarias por parte de
los clubes deportivos no sólo puede lesionar los derechos económicos de los
jugadores, sino igualmente afectar sus derechos constitucionales.
Los derechos
patrimoniales de un club pueden entrar en conflicto con el ejercicio de los
derechos del deportista, profesional o aficionado. La racionalidad económica
que orienta las decisiones de los dueños de los "pases" o derechos
deportivos de los jugadores, en no pocas oportunidades, se opone a su
autorealización personal y a la práctica libre del deporte. De cualquier forma,
en la resolución de las controversias que se susciten en materia del traspaso
de futbolistas, los reglamentos privados y las normas legales respectivas deben
interpretarse de conformidad con la Constitución.
El ejercicio de
las facultades contractuales y reglamentarias por parte del club dueño de los
derechos deportivos del jugador debe hacerse dentro del marco constitucional y
legal, sin olvidar que el jugador de fútbol como persona humana no es objeto
sino sujeto del contrato. En materia de traspaso de los derechos deportivos del
jugador de un club a otro, si bien la ley exige el consentimiento del jugador
para efectuar el traspaso, en la práctica, la negativa de autorizar el traslado
hacia otro club por desacuerdo económico, podría dar lugar a la permanencia
forzosa del jugador en el club de origen. La disyuntiva de renunciar o
desafiliarse del club en nada resuelve la situación del jugador, ya que si
desea seguir formando parte del fútbol asociado y practicar institucionalmente
el deporte, debe sujetarse al régimen de transferencias establecido en sus
reglamentos.”
Como se aprecia, el fallo se refirió al
evento en que los derechos deportivos pertenecen al club y no cuando es el
propio jugador el propietario de aquellos. Y el fallo, en ningún instante dijo,
respecto al jugador como dueño de sus derechos deportivos, que por un lado
estaría el titular de los derechos y por otro lado el contenido económico de
esos derechos.
Es completamente ilógico lo determinado por
las sentencias que motivan la presente revisión, en cuanto en la parte motiva
se dice que mediante tutela no se pueden definir los conflictos de carácter
económico que surgen de la transferencia y, sin embargo, en la parte resolutiva
se define que el valor de esos derechos deportivos pertenece al Club y no al
jugador. Pero, no solamente se trata de un problema lógico sino que la lectura
correcta de otra sentencia (C-320/97), lleva a conclusiones radicalmente
distintas a las expresadas en los fallos de primera instancia que son materia
de la presente revisión.
Contenido jurídico de la transferencia o
cesión de los derechos deportivos
18.
En la ciencia jurídica, bajo la óptica del derecho civil, la cesión de
derechos  es utilizada para radicar en cabeza de otra persona los efectos
jurídicos y económicos de un determinado acto o negocio posible de ser
transferido conforme a la Constitución y la ley. Por otra parte la causa de la
cesión como cualquier otro contrato debe materializarse mediante cualquier
título idóneo y lícito.
Otra
cosa es la cesión de derechos deportivos. En este evento se trata de un negocio
lícito e internacionalmente aceptado. Según el tratadista María José Rodriguez
Ramos:
“La
cesión de mano de obra  como contrato triangular  y como interposición en el
contrato de trabajo, se desarrolla entre cedente, cesionario y trabajadores y
determina la existencia de una pluralidad de relaciones jurídicas cedente-
cesionario, cedente- trabajador y cesionario- trabajador. La cesión de personal
implica la transferencia de los poderes directivos del cedente al cesionario,
que será quien ejerza este poder sobre los trabajadores cedidos durante el
período determinado en el contrato de cesión. Esta transferencia temporal de
facultades empresariales, se articula mediante un acuerdo o contrato de cesión
de personal entre cedente y cesionario”.[16]
Este
tipo concreto y especial de cesión de derechos deportivos es difícil enmarcarlo
dentro de la normatividad civil o comercial colombiana debido a la naturaleza
misma de los derechos que se ceden o están implícitos en el negocio, como lo
es  el control de la actividad de los jugadores, en nuestro caso de los
futbolistas. Es así como el objeto sobre el cual recae la cesión hace
referencia a la actividad humana, enmarcándose como una relación jurídica
atípica.
Si el club tiene la titularidad de los
derechos deportivos del jugador, es aquel quien tiene la facultad de transferir
los mismos, recibiendo lo correspondiente a la indemnización, en reconocimiento
al esfuerzo por la formación y promoción del jugador, y entregando a éste el
porcentaje acostumbrado ( generalmente el 10%) .
En cuanto al punto concreto de la
indemnización que se está discutiendo, el doctor María José Rodriguez Ramos
afirma que: “Por otro lado, ambos clubes, cedente y cesionario, estipularán
una cantidad que éste habrá de pagar a aquél en concepto de cesión definitiva
del deportista profesional, con la que compensa al club cedente por la “pérdida
de los servicios de dicho trabajador”[17].
Podríamos considerar que tal indemnización es una compensación por formación,
sin que el impago de dicha compensación por formación pueda conducir a limitar
la libre circulación del deportista a otros clubs o entidades deportivas.
Pero,
otra cosa muy diferente es cuando el juzgador pasa a ser el titular de sus
derechos deportivos.
La
jurisprudencia constitucional colombiana ha sido enfática en el sentido de que cuando
no hay contrato de trabajo vigente entre el Club y el jugador, los derechos
deportivos los readquiere el jugador, de conformidad con el principio
constitucional de la libertad al trabajo, siempre y cuando no sea por mala fe
del jugador que no se haya llegado a un acuerdo de prórroga. Es que, no puede
confinarse a los jugadores a permanecer de manera indefinida al arbitrio de un
Club que ha dejado de demostrar interés en la formación deportiva, en la
promoción, o en la actividad productiva de un jugador, puesto que esa desidia
del club se vería reflejada básicamente en el contrato de trabajo del jugador,
quien depende de su trabajo y de su remuneración vital. Como ya se ha dicho, el
artículo 25 de la Constitución defiende el derecho de las personas a trabajar
en condiciones dignas y justas, concepto que comprende la libertad de trabajo y
posibilidad efectiva de materializarla. Es de esta manera como los principios
orientadores de la Carta Política no se pueden convertir en simples
abstracciones. Si los efectos económicos de los pases se mantienen en cabeza de
los clubes cuando éstos ya no son titulares de los derechos deportivos de sus
jugadores, se está coartando efectivamente la posibilidad de los jugadores de
disponer de su actividad concretada en una participación deportiva y de gozar
del contenido económico de su actividad como deportista.
En la
sentencia C-320/97, precisamente se explicó que la libertad de trabajo se
menoscaba si el jugador propietario de sus derechos deportivos no pudiera
administrarlos, ya que si esa posibilidad de administración permaneciera en
cabeza del Club, éste, fácilmente podría impedir que otro Club contratara los
servicios profesionales del deportista. Se dijo concretamente en el fallo:
“En ese orden de
ideas, si los reglamentos de las federaciones respectivas prevén que un club
pueda mantener la carta de transferencia de un jugador, a pesar de que haya
cesado el contrato laboral con el mismo, y que el nuevo club con el cual este
jugador haya suscrito un nuevo contrato puede ser sancionado si alinea a este
jugador antes de pagar los derechos de transferencia, aparece claramente una
vulneración de la libertad laboral de los deportistas. En efecto, frente a la
amenaza de sanciones pecuniarias y deportivas previstas por los reglamentos de
las federaciones, ningún club contratará con un deportista, si no se logra un
acuerdo previo sobre el monto de los derechos deportivos. Esto fue claramente
establecido por el Abogado  General y por el propio Tribunal de Justicia
Europeo en el llamado caso Bosman, y fue una de las razones esenciales para que
ese tribunal concluyera que viola la libertad de movimiento para buscar trabajo
del artículo 48 del Tratado de la Comunidad Europea “la aplicación de normas
adoptadas por asociaciones deportivas, con arreglo a las cuales un jugador
profesional de fútbol nacional de un Estado miembro sólo puede, al término del
contrato que le vincula a un club, ser empleado por un club de otro Estado
miembro si éste último ha abonado al club de origen una compensación por
transferencia, formación o promoción.[18]”
Ese tribunal, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente,
señaló entonces al respecto:
En efecto, en la
medida en que (las reglamentaciones de las federaciones deportivas) establecen
que un jugador profesional de fútbol no puede ejercer su actividad en el seno
de un nuevo club establecido en otro Estado miembro si dicho club no ha pagado
al antiguo la compensación por transferencia cuya cuantía haya sido convenida
por los dos clubes o determinada con arreglo a los reglamentos de las
asociaciones deportivas, dichas normas constituyen un obstáculo a la libre
circulación de los trabajadores.
Como señaló
acertadamente el órgano jurisdiccional nacional, esta afirmación no se ve
afectada por la circunstancia de que las normas relativas a las transferencias
adoptadas por la UEFA en 1990 hayan previsto que las relaciones económicas
entre los dos clubes no influirán en la actividad del jugador, que estará en
libertad para jugar para su nuevo club. En efecto, este último club sigue
estando obligado a pagar la compensación de que se trata, so pena de sanciones
que pueden llegar hasta su exclusión por deudas, lo que impide de manera
igualmente eficaz contratar a un jugador procedente de un club de otro Estado
miembro sin satisfacer el importe de dicha compensación[19].”
Resulta
inconcebible que en las sentencias de instancia que definieron las tutelas que
se revisan, se hubiera dicho que en un sujeto recaiga la titularidad de los
derechos, deportivos, y sea otro sujeto totalmente distinto, en nuestro caso el
club, quien resulte favorecidos con el contenido económico de los derechos
deportivos radicados nuevamente en el jugador.  Si se aceptase que el jugador
es el titular de los derechos deportivos, y que quien tiene derecho a la
remuneración consecuencial de estos es su club de origen, conllevaría en la
práctica a restringir el derecho a la libertad de trabajo de los jugadores. Lo
anterior  se afirma porque  es difícil que un club deportivo quiera contratar a
un jugador, con la carga de tener que reconocer un valor económico al  club
anterior  del jugador  y esta circunstancia, en la práctica, conlleva una
restricción a la operatividad del derecho a la libertad de trabajo.
En conclusión resultan inescindibles los
conceptos de titularidad de derechos deportivos con el de compensación
patrimonial de los mismos, debido a que el segundo concepto es consecuencia
indispensable del primero. Esta Corte reconoce que los derechos económicos que
tienen los clubes por la formación y promoción de sus jugadores, les
corresponden a dichos clubes siempre y cuando sean ellos quienes al momento de efectuarse
la transferencia de  los referidos derechos, sean titulares de los mismos. Por
el contrario, si es el jugador quien detenta estos derechos, por cuanto el club
titular los ha perdido o los ha cedido al jugador, su valor económico también
debe reflejarse en el activo del patrimonio del jugador, luego el jugador no
será simplemente titular de unos derechos con efectos patrimoniales para dicho
jugador.
Aclarados los anteriores temas de índole
sustantivo, se pasa ahora a precisar rápidamente tres aspectos procedimentales
planteados en las tutelas.
Condición de subordinación e indefensión
19. La acción de tutela contra
particulares  procede en las situaciones en que el solicitante se halla en
estado de indefensión o de subordinación respecto de la persona natural o
jurídica contra quien dirige la tutela. Esta situación obliga al Estado, por
intermedio del juez constitucional, a acudir en protección de la persona  en
caso de violársele a ésta un derecho constitucional fundamental. Hay
situaciones en las cuales es fácil saber cuándo hay subordinación, ya que la
subordinación alude a una relación de índole jurídica, por ejemplo, cuando
existe una relación laboral, el trabajador está en subordinación respecto al
empleador. Pero, es más difícil conocer cuándo existe la indefensión, ya que
ésta comporta “una dependencia pero derivada de circunstancias fácticas que
colocan a quien lo padece en imposibilidad de defenderse de una agresión” (
auto de 13 de marzo de 1997, M. P. : Fabio Morón Diaz). El juzgador, en
cada caso concreto, estudiará si el solicitante de tutela está o no en
indefensión. Lo que no se puede decir es que la indefensión es lo mismo que la
subordinación, puesto que, se repite, la subordinación tiene una relación de
índole jurídica y la indefensión de índole práctica.
Reformatio in pejus en la segunda instancia
en las acciones de tutela
20. El artículo 31 Superior
constitucionalizó la no reformatio in pejus cuando la apelación se interpone
exclusivamente por el condenado o por su defensor, en cuyo caso el juez de
segunda instancia no puede empeorar la situación agravando la pena impuesta por
el juez de primera instancia (SU-327/95, SU-598/95). Agregó la Corte que la
prohibición de agravar la condena en perjuicio del apelante único se extiende a
la condena por responsabilidad civil o consecuencias civiles del ilícito
(T-400/96, T-643/97). Tiene, pues, el principio de no reformatio in pejus una
relación directa con la “pena impuesta” como expresamente lo señala la
Constitución en su artículo 31.
Tratándose de la segunda instancia en las
acciones de tutela, no tiene cabida la reformatio in pejus por la sencilla
razón de que el fallo de tutela, en primera instancia, contiene “una orden”,
que no se puede equiparar a pena o castigo porque tal orden tiene relación
directa con el cumplimiento de un derecho fundamental. Es más, el artículo 32
del decreto 2591 de 1991, al referirse a la impugnación, señaló cual es el
oficio del juez de segunda instancia, ordenando que si a juicio de dicho juez
el fallo del a-quo carece de fundamento, procederá a revocarlo y si lo
encuentra ajustado a derecho lo confirmará.
Desistimiento
21. El artículo 26 del decreto 2591/91,
dice que “El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará
el expediente, cuando el desistimiento hubiere tenido una satisfacción
extraprocesal de los derechos reclamados por el interesado, el expediente podrá
reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha
resultado incumplida o tardía”. Este desistimiento puede formularse en las
instancias pero no en la revisión por los siguientes motivos :
La revisión no es propiamente un recurso.
La propia Corte Constitucional puede eventualmente escoger una tutela para
revisar las sentencias proferidas dentro de dicha tutela. Varios son los
objetivos que persigue la revisión : unificación de la jurisprudencia,
pedagogía constitucional, fijación del alcance de las normas constitucionales,
y, obviamente, estudio de la providencia o de las providencias proferidas por
los jueces de tutela para revocarlas, modificarlas o confirmarlas. La Corte
Constitucional no es un juez de tutela, es un juez de revisión, luego al
escoger un fallo de tutela para su revisión , lo ha hecho en ejercicio de su
jurisdicción constitucional, y el solicitante de la acción no puede quitar la
competencia que la Corte Constitucional ha adquirido para revisar unos fallos
de tutela.
C A S O S     C O N C R E T O S
1.    En el presente fallo se ha hecho
referencia insistente a la sentencia C-320 de 3 de julio de 1997. En ella se
indicó expresamente que produce efectos hacia el futuro a partir del día
siguiente a su notificación; la notificación finalizó el 24 de julio, luego los
efectos se iniciaron el 25 de julio. En  las tutelas motivo de examen,  (salvo
la del señor Bogado), ocurrió que con anterioridad al mes de julio de 1997
finalizaron los contratos laborales de los jugadores con el Independiente
Medellín y, Alexander Fernández, Miller Durán, Héctor Botero y León Dario
Atehortúa con anterioridad al 25 de julio de 1997 NO tenían contrato vigente
con el Medellín, es mas, dicho club no los registró para que jugaran en el
segundo semestre de 1997, luego con posterioridad al mencionado 25 de julio
estaban inactivos y fue justa la decisión de los jueces de tutela en cuanto
dijeron que los derechos deportivos les corresponden a esos jugadores. No se
puede, en justicia, afirmar que los jugadores que no estaban bajo contrato de
trabajo en tal mes de julio quedaron desprotegidos de los efectos de la
sentencia aludida, todo lo contrario, respecto a los problemas que surjan
dentro de las relaciones jurídicas del Club y el jugador, lo definido en la
C-320/97 es de obligatorio cumplimiento. Si el 25 de julio no había contrato de
trabajo, si el club no los inscribió para que participaran en el torneo a
iniciarse y si no hay prueba alguna de que los jugadores hubieran actuado de
mala fe o con abuso del derecho, entonces se deduce que los jugadores
adquirieron automáticamente sus derechos deportivos en virtud de la sentencia
aludida.
Los jugadores se pudieron convertir en
propietarios de sus deportivos puesto que el Club no había prorrogando el
recién finalizado contrato laboral ni registrado a los jugadores para que
compitieran.
Se diría que respecto a Héctor Mario Botero
se llegó a acuerdo, en un contrato de trabajo que firmaron el jugador y la
Corporación Deportiva Independiente Medellín el 3 de septiembre de 1997, luego
esta fecha sería un indicativo muy importante; pero, la verdad es que en la
relación laboral importa más la realidad que lo formal. Es la propia
Constitución la que apoya esta afirmación; el artículo 53 C.P. contiene un
principio fundamental, el de “la primacía de la realidad sobre las formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”. Una relación laboral
existe, no por el acuerdo abstracto de voluntades sino por la realidad de la
prestación de servicios, porque el hecho mismo del trabajo y no tal acuerdo de
voluntades es lo que determina su existencia.[20]
No hay, pues, complicación en el caso de
Botero Bedoya, porque aunque el 3 de septiembre de 1997 se dice que el jugador
firmó un contrato de trabajo precisamente el Deportivo Independiente Medellín,
de todas maneras hay en el expediente otros elementos de juicio que permiten
colegir que la fecha puesta en el contrato de trabajo no corresponde en la
realidad a una relación laboral existente en tal fecha; en efecto:
a-
El jugador dio poder para instaurar la
tutela el 4 de septiembre. No tendría sentido que autorizara la iniciación de
la acción si hubiera sido cierto que el día anterior había firmado contrato
laboral.
b-
El propio presidente del Deportivo
Independiente Medellín, en comunicación de 15 de septiembre de 1997,
dirigida al Tribunal Superior de Bogotá, (a donde llegó el 17 del mismo mes y
año), expresamente dice:
“Contrato de
trabajo : Se le ofreció verbalmente desde el 1 de julio de 1997, sin
aceptación por parte del jugador (Desde la fecha por ende no tiene)”.
Luego, el 15 de septiembre AUN NO HABIA
relación laboral.
c-    En la solicitud de tutela se afirmó que
Héctor Botero estaba sin contrato de trabajo. Esta afirmación no fue
controvertida por el representante legal de la institución deportiva.
Luego, razonablemente se entiende que
cuando se instauró la tutela, en realidad, la relación laboral no existía.
Significa lo anterior que la determinación del juez de primera instancia (no
impugnada legalmente ni controvertida posteriormente), fue ajustada a derecho y
por lo mismo deberá confirmarse en cuanto a la prosperidad de la tutela por
violación al derecho de libertad de trabajo.
Explicado por qué Botero también queda
amparado por la tutela, eso significa que, para esos jugadores (Fernández,
Botero, Durán y Atehortúa), se mantendrá la orden de tutela dada por los jueces
de primera instancia y confirmadas en segunda instancia, respecto a que se
transfieran los derechos deportivos a los cuatro mencionados jugadores, órdenes
que se cumplieron el 1° de octubre de 1997 cuando la Dimayor certificó la
transferencia.
2.- Pero, como se ha dejado consignado en
el presente fallo, hubo una equivocada lectura de la sentencia C-320 de 1997
por parte de los juzgadores de instancia y eso los llevó a ubicar el contenido
económico de la transferencia en beneficio del Club que ya no era dueño de
tales derechos deportivos. Luego, se impone revocar esa determinación y, por el
contrario determinar que la real protección del derecho fundamental a la
libertad de trabajo, sólo se puede dar en la medida que el contenido económico
de los derechos deportivos  sea inescindible con la propiedad de ellos.
3.- En cuanto al registro de la
transferencia, también se indicó en el texto de la sentencia que  dentro de las
labores de vigilancia y control de Coldeportes, es indispensable que esta
Entidad cumpla con la función de registrar dichos derechos deportivos, bién sea
cuando el Club envíe la información, o cuando sea el mismo jugador propietario
de los mismos quien lo haga, o que Coldeportes oficiosamente, como es su deber,
lo averigüe y lo relacione.
4.- Respecto a la Dimayor y a la
Federación, también se ha indicado en esta sentencia que es indispensable para
efectos nacionales e internacionales el correspondiente registro. Como esto ya
ocurrió a partir del 1° de octubre de 1997, no se dará nueva orden sino que se
confirmará la decidido en primera instancia. Pero, se ordenará que se borre la
anotación de que el valor o compensación de dichos derechos le corresponde al
Club, porque, como está indicado, esto no es cierto para los casos concretos en
que la tutela prosperó.
5.- En la tutela del jugador Juán José
Bogado, no se dirigió la acción contra Coldeportes, la Dimayor y la Federación
Colombiana de Fútbol, solo se instauró la tutela contra el Club, ya se dio cumplimiento
a lo pedido, (aunque la tutela no hubiere prosperado en las instancias). Luego
no se concederá la tutela por sustracción de materia.
Pero, como se trata es de revisar los
fallos, la Corte no puede dejar de anotar que la argumentación consignada en
las sentencias  de primera y de segunda instancia no es aceptable. En efecto,
Sí hubo indefensión del jugador respecto del Club, luego sí era viable la
tutela ; y, sí se  le violó el derecho a la libertad del trabajo al
impedirse el envío del certificado de transferencia a la Asociación Uruguaya de
Fútbol.
Hay algo mas, con posterioridad a la
vigencia de la Constitución Política de 1991, se dijo por parte del organismo
rector del fútbol profesional, que no podría registrarse transferencia alguna
porque el jugador Juán José Bogado había incurrido en falta y  estaba
sancionado por haber instaurado un juicio laboral reclamando sus derechos. Y,
por otro aspecto, Coldeportes le dio el visto bueno al artículo 59 de los
Estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol que no autoriza a acudir a los
Tribunales judiciales. Esta aptitud de Coldeportes fue tomada mediante
resolución 1663 de 1997, es decir estando vigente la actual Constitución
Política que en su artículo 4º establece la excepción de inconstitucionalidad,
luego Coldeportes ha debido no aprobar dicha cláusula reglamentaria; hizo todo
lo contrario, luego Coldeportes debe revisar oficiosamente la resolución que
profirió e inaplicar la parte del artículo 59 del Reglamento de la Federación
Colombiana de Fútbol en cuanto impide el acceso de las personas a la justicia,
este comportamiento viola además el debido proceso y la búsqueda del orden
justo, derechos consagrados en la Constitución actual.
6.- No se acepta el desistimiento formulado
por el apoderado judicial del señor Bogado, ni los criterios de juzgadores de
instancia en el sentido de que cabe la invocación de la no reformatio in pejus
en la tutela, según lo ya expuesto en los considerandos del presente fallo.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por autoridad de la Constitución,
R E SU E L V E :
Primero.- CONFIRMAR PARCIALMENTE las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas en las tutelas de Alexánder
Fernández, Héctor Mario Botero Bedoya, Miller  Zurek Durán y León Dario
Atehortúa, en cuanto reconocieran que se les había violado a dichas personas el
derecho fundamental a la libertad de trabajo y en cuanto se ordenó expedirles
la titularidad de la carta de transferencia por los derechos deportivos
correspondientes.
Segundo.- REVOCAR PARCIALMENTE las
decisiones tomadas en las tutelas instauradas porque dijeron que el valor o
compensación de los derechos deportivos pertenecen al Deportivo Independiente
Medellín, y ORDENAR a la Dimayor que borre de los certificados de
transferencia de los citados Alexander Fernández, Héctor Botero, Miller Durán y
León Dario Atehortúa, las constancias que puso al respecto, ya que el valor o
compensación de los derechos deportivos pertenecen a dichos jugadores por ser
propietarios de tales derechos.
Tercero. REVOCAR las sentencias de
primera y segunda instancia proferidas en las cuatro tutelas incluidas en los
dos puntos anteriores en cuanto no dieron órdenes de registro de transferencia
a Coldeportes, Colfútbol y en su lugar ORDENAR que se registren dichas
transferencias en tales instituciones cuando el Club o el jugador propietario
de los derechos deportivos lo indiquen; no se da la orden a la Dimayor porque
allí ya se registró la transferencia.
Cuarto.- Hacer un llamado  a
prevención a COLDEPORTES para que su labor de inspección y vigilancia no se
limite a recepcionar el informe de jugadores inscritos que para cada temporada
le envía la Federación Colombiana de Fútbol; sino que también se vigile e
inspeccione, mediante el correspondiente registro, la totalidad de los derechos
deportivos y transferencias efectuados en Colombia a partir de la vigencia de
la Ley 181 de 1995, con la finalidad de garantizar la efectividad de los
derechos deportivos. Igualmente se hace un llamado a prevención para que en lo
sucesivo no restrinja el acceso a la justicia cuando los jugadores reclamen
derechos laborales ante los Jueces de la República.
Quinto.- CONFIRMAR la sentencia de
primera instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y de
segunda instancia de la Sala Plena de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, en el caso de JUAN JOSE BOGADO BRITTOS, pero por sustracción
de materia; no por las razones expuestas en las mencionadas sentencias, materia
de la presente revisión.
Sexto.- ORDENAR a Coldeportes que
oficiosamente revise su resolución 1663 de 1997 en cuanto aprobó la parte del
artículo 59 de los Estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol, que no
autorizan a los afiliados de dicha Federación acudir ante los Tribunales
Ordinarios, aspecto este que debe inaplicarse por inconstitucional.
Se enviará copia de esta sentencia a las
mencionadas entidades deportivas y a la FIFA y a la Asociación Uruguaya de
Fútbol.
Séptimo.- HACER UN LLAMADO A PREVENCION a
los clubes deportivos  para que en la formación de los deportistas y
entrenadores no solamente se incluya aspectos propios de su oficio, sino
preparación cultural, cívica y sicológica adecuadas a fin de que representen
dignamente al país y sean un verdadero ejemplo para niños, jóvenes y la
comunidad.
Vigilarán el cumplimiento del anterior
objetivo, COLDEPORTES y las respectivas FEDERACIONES NACIONALES .
El COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO llevará un registro
especial que establecerá, entre otras cosas, la educación y el desarrollo
integral de los deportistas que participen en eventos de carácter
internacional.
Octavo.- Por Secretaría se librará
la comunicación de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991, para los
efectos del caso.
Cópiese, notifíquese y cúmplase, insértese
en la Gaceta de la Corte Constitucional.
ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORÓN DÍAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL HACE CONSTAR QUE:
El Magistrado Doctor Vladimiro Naranjo
Mesa, no firma la presente providencia por encontrarse en comisión oficial en
el exterior, debidamente autorizada por la Sala Plena.
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia T-498/94. Fundamento 7.1
[2] Sentencia T-498/94. Fundamento 7.1
[3]El plazo de 6 meses fue declarado inconstitucional.
[4] En relación con el tema, la circular 616 de 1997 de la FIFA se
refiere a la rescisión anticipada de contratos de trabajo de jugadores
profesionales cuando el contrato que lo vincula a su club actual haya expirado
o expire en 6 meses. En el mismo sentido, la circular 592 de 1996 de la FIFA
señaló que no es obligatorio el pago de indemnizaciones cuando el contrato de
trabajo del jugador ha expirado.
[5] C-320/97, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
[6] Ver en particular la sentencia C-226/97. MP Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[7] La ilegitimidad de esas restricciones a los derechos de los
jugadores debido a controversias entre  los clubes por el pago de de los
derechos deportivos ha sido tácitamente aceptada incluso por las federaciones
internacionales. Por ejemplo, la FIFA ha modificado progresivamente sus
regulaciones a fin de no afectar a los deportistas. Así, el apartado 1º del
artículo 20 del Reglamento de la FIFA vigente desde 1994 señala que los
desacuerdos entre los clubes sobre las transferencias no pueden afectar las
actividades profesionales o deportivas del jugador. Igualmente, la circular No
616 del 4 de junio de 1997 establece un nuevo procedimiento para los clubes que
no cumplen sus obligaciones financieras, el cual no prevé sanciones a los
jugadores.
[8] Sentencia C-037/96. MP Vladimiro Naranjo Mesa.
[9]Ver, entre otras, las sentencias C-100/96. Fundamento Jurídico No
10 y C-065/97.
[10] Ver Asunto C-415/93, Jean Marc Bosman, Conclusiones del Abogado
General presentadas el 20 de septiembre de 1995, Acápites 214 y ss, y Sentencia
del Tribunal de Justicia del 15 de diciembre de 1995, acápites 105 y ss.
[11] Ver, el artículo del profesor Kesenne sobre un análisis económico
del pase en Roger Blanpain y M Mercedes Candela Soriano. El caso Bosman ¿El fin
de la era de los traspasos? Madrid: Civitas, 1997, pp 31 y ss.
[12] Sentencia T-498/94. Fundamento Jurídico No 6
[13] Ver Sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de diciembre de
1995.
[14] Ver, entre otras, las sentencias T-427/92, T-469/92, T-475/92,
T-122/96, T-455/96, T-533/96 y T-548/96.
[15]Sentencia T-498/94.  Fundamento 8
[16] José Rodriguez Ramos, Cesión de deportistas profesionales y otras
manifestaciones lícitas de prestamismo laboral; pág. 106.
[17] Ibídem.
[18] Ver Sentencia del Tribunal de Justicia del 15 de diciembre de
1995, acápite 114.
[19] Ibidem, acápites 100 y 101.
[20] Ver sobre este aspecto de la relación laboral lo dicho por la
Corte Constitucional en la C-154/97 y en la aclaración de voto a la C-03/98.