T-439-01
Sentencia T-439/01
Sentencia T-439/01
ACCION DE TUTELA-Naturaleza
JUEZ
CONSTITUCIONAL-Improcedencia
para sustituir a las autoridades en las competencias asignadas por la
Constitución Política
GOBIERNO NACIONAL-Formulación anual del presupuesto y ley de
apropiaciones/JUEZ DE TUTELA-Imposibilidad de modificar presupuesto para
incremento salarial de servidores públicos
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA-Improcedencia
incremento salarial para servidores públicos
Reiteración de Jurisprudencia
Referencia:
expedientes T-406303, T-406304,              T-406305, T-406306, T-406307,
T-406623,           T-406825, T-407974, T-407976, T-407977,           T-407979
y T-407980.
ACCIONANTES:
Josefina Cecilia Bermúdez de Guette, Betty del Socorro García Peña, María
Teresa Zamora, Gloria Luz Cantillo de Polo, Martha Cecilia Pérez Miranda, Nora
Cuellar Ibáñez, Olivia Concepción Carrera de Salazar, María Elena Miranda de
Rivadeneira, Antonio Constantino Ibarra, Odila del Carmen Erazo Díaz, Gerardo
Daniel Portilla López, Henry Ernesto Escobar Meneses, Dolores Cenayda Alvarado
Cabrera, Leonor del Pilar Maya, Bertha Elisa Ocaña Jurado, Vilma Lucy Rosero
España, Gerardo Mesías Lara Rivas, Edgar Juvenal Insuasti Insuasti, Mary Magola
Maya de Acosta, Aída Ligia Leiva de Salas, Yolanda de Jesús Calpa de Garzón,
Blanca Celina Basante Bastidas, Luis Ignacio Arcos Moncayo, Ana Alicia Guevara
Benavides, Clara Nelly Guerrero Obando, Ana Belén Guzmán Arévalo, María Victoria
Hidalgo Bravo, Lugio Eusebio Benavides Yela, Sandra Felisa Escobar Casanova,
Graciela del Socorro Eraso Cabrera, Héctor Julián Benavides García, Jesús
Hernando Pantoja, Adela Serna Torres, Sandra Isabel Portilla Caicedo, Maritza
del Socorro Quintero Bastidas, Franco Ernesto Botina Jojoa, Flavio Hernando
Trujillo Pozos, Amparo Cecilia Cardenas Estrada, Flavio Hernán Villota
Benavides, Leny Mary Delgado Guerrero, Arnobia Manduvy Gómez Bastidas, Oswaldo
Humberto Rosero Bastidas, Ángel Bayardo Freire F., Alba Lucía Bolaños Ortíz,
Jairo Alfredo Arcos Guerrero, Julia Elvira Egas Villota, Luz Marina Rosero
Narváez, Claudio Arcesio Montilla González, María Jury Elvia Arturo de Pérez,
Esperanza del Socorro Rivas de Chaves, Jorge Luis Torres Unigarro, Hugo Edmundo
Zambrano Recalde, Luis Eduardo Obando, Margarita Patricia Benavides Torres,
Gloria Amparo Villota Gómez, Jaime Guillermo Ruales, Guillermo Horacio Leyton
Delgado, Teresa de Jesús Cardenas Castillo, Gloria de Jesús Díaz Narváez, Lucio
Eliécer Delgado Camues, Melba Luisa del Socorro Arteaga Narváez, María Marina
Gladys Castro de Moncayo, Martha Cecilia Montenegro Narváez, Luis Carlos Rosero
García, Alba Lucy Muñoz Salazar, Alicia López Viveros, Omar Armando Benavides
Narváez, Duby Margoth Arroyo Paz, Elvia Marina Goyes Armero, Eduardo Rolando
Garzón Ortíz, Nelson René Erazo Mendoza, Floralba Bravo Villota, Alba Marina de
la Cruz Rosas, Norberto Ebdulio Zambrano, Ramón Adalberto Hurtado Arias, Nelva
Mariela Ramos Ramos, Judith de Jesús Arroyave Toro, Beatríz Elena Gómez Rosas,
Héctor Alfonso Benavides Aranda, Martha Lucía Cano de Correa, Antonio Rafael,
Ayala Jojoa, Edgar Gilberto Chamorro Ceballos, María Esperanza Ordóñez Córdoba,
María Beatríz Lombana Burgos, Lucy Eraso de Jácome, Liria Ortíz, Alba Lucía Medina
Eraso, Fanny Figueroa Lasso, Ofelia Herrera Córdoba, Cecilia María Carlozama
Sotelo, Beatríz Teresa Llorente Acosta, Rosa Elvira Ceballos Dorado, Amparo
Pasos, Myriam Marina Montufar Ortega, Omaira Crespo de Martínez, Oscar Edmundo
Jojoa Córdoba, Rocio Elizabeth Toro Ríos, Ilia Fanny Guevara de Fajardo,
Armando Miranda Vallejo, Alberto Pludio Melo Paredes, Eduardo Alirio Andrade
Mejía, Fabio Bernardo Chaves Imued, Adriana Valentina Ceballos Cerón, Martha
del Socorro Enríquez de Ibarra, Gloria Esperanza del Socorro Daza Vallejo,
Oscar Arturo Montenegro Coral, Rosa Azeneth Insuasty de Cerón, Amparo del
Carmen Alvarado de Cabrera, Ruth del Carmen Obando Martínez, Alba de Jesús Luna
Ordóñez, Dolores Amanda Martínez de Enríquez,  Pedro Nel Ortíz Cano, Armida Rogelia
Coral Chaves, Mary Esperanza Eraso Eraso, Carlos Humberto Mora García, Harold
Hernán Achicanoy López, Victoria de Jesús Enríquez Guerrero, Hugo Freddy Muñoz
Montenegro, Jorge Arturo Porfirio Melo Delgado, Carlos Alfonso Eraso Pantoja,
Marlene Arellano Montenegro, Claudia Liliana Zambrano Martínez, Segundo Modesto
Rivas Montero, Elsy Imelda del Carmen Rodríguez de Eraso, Aida Alicia Casanova
Flórez, María del Carmen Peña, Gloria Lucia Cárdenas de Pérez, Luis Alfonso
Huertas, Héctor Guillermo Burbano Rodríguez, Mercedes Eloisa Meza Mendoza, Nito
Romeo Ortega Bolaños, Luis Antonio Erazo Pantoja, Luis Carlos Caicedo Ortíz,
Soraya Rengifo López, Bolívar Armando González León, Edmundo Bolívar Cerón
Martínez, Rosario del Carmen Muñoz de Arciniegas, Marlene Torres García, Luz
Mery Caicedo Rivas, Rosa Matilde Portilla Pinzón, Jorge Mario González Gustin,
María Rosa Chaves Rojas, Ana Yaqueline Delgado Benavides, Carmen del Rosario
Pupiales Gomajoa, Guillermo Edelberto Zambrano Acosta, Hermenegildo Enríquez
Rodríguez, María Luisa Calpa Garzón, Irma Leonor Guerrero Guerrero, Edith
Mercedes Villareal Estrella, Yenny Estella del Rosario Estupiñán de Quintero,
Miryam Eunice Morales de Collazos, Yolanda Esperanza Bravo Vallejos, Carmelita
de Jesús Santacruz de Gómez, Isabel Santander de López, Raúl Alvear Realpe,
Ayda Ruth Bravo Silva, Segundo Arcediano Cifuentes Narváez, Hugo Habacuc Eraso
Rodríguez, Agustín Fajardo Acosta, Arnulfo Adalberto Fuertes Fuertes, Oscar
Oswaldo Guerrero Torres, Nelly María Fanny López de Alvarez, Bertha Lidia
Lucero, José Edgar Mora, Cecilia Esperanza Paredes Aguirre, Lucio Nicolás
Portilla Tobar, Manuel Eduardo Velasco Montenegro, Adiela Margoth Romo Romo,
Yaneth del Socorro Insuasti Bolaños,  Gloria Angélica Muñoz Bucheli, Fanny
Margoth Sánchez Torres, Rosa Alcira Cárdenas Estrada, Aydeé Cecilia Saavedra
Casanova, Mercedes del Socorro Bravo Villota, Gloria del Carmen Lora Revelo,
Ruth del Socorro Rodríguez García, Nora Estella Calvache Ocampo, Concepción
Hidalia Delgado de Santacruz, Amparo Lucina Romero de Montenegro, Nelcy de
Jesús López Lasso, Fabiola Realpe de Riascos, Ceneida Margarita Puce Salazar,
Cecilia Judit Narváez de Burbano, Margoth Lasso de Herrera, Beatríz Eutimia
Solarte de Guevara, Graciela Concepción Alvarado de Insuasty, Aura Elisa
Benavides de Chamorro, Concepción de Carmen Martínez Solarte, Geni Marina Melo
Bastidas, María Emilia Mera de López, Elsa Mecías García, María del Socorro
Mora de Pantoja, Gladys Otilia Salazar de López, Paulo Emilio Díaz Montenegro,
Ana del Carmen González de Chávez, Anita del Socorro Pazmiño Timarán, Piedad
Teotiste Delgado Granja, Rosa Alba Chagueza de Mazuera, María Aura Burbano de
Muñoz, Nelly del Socorro Rosero Maya, María Mercedes Ortíz Calvache, Luz Marina
Villareal Arteaga, Cecilia del Socorro Villota de Moreno, Nidia del Carmen
Moncayo Ortega, Mercedes Leonor Córdoba Robby, Olga María Ocaña Yarpaz, Eugenio
Eduardo Flórez Guevara, Rafael Antonio Cueto Corro, Telma Sofía García García,
María Gertrudis Arroyo Ponce, Yolanda de Jesús Leal de Serrano y Margarita
Sofía Borrego Salas.
Magistrado Ponente:
Dr. EDUARDO
MONTEALEGRE LYNETT
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de
dos mil uno (2001).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los
fallos dictados en primera y en segunda instancia por distintos despachos
judiciales en relación con las acciones de tutela impetradas contra la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función
Pública, por los accionantes, servidores públicos de diferentes categorías y
entes del Estado.
I. ANTECEDENTES.
1. Hechos
Los accionantes presentaron acción de
tutela en contra del Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y
Crédito Público, el Ministro de Educación Nacional, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social y contra el Director del Departamento Administrativo de la
Función Pública, al considerar que éstos vulneraron sus derechos fundamentales
al trabajo en condiciones dignas y justas, a la igualdad y al salario vital y
móvil, de conformidad con los siguientes hechos:
Los demandantes en su calidad de docentes
al servicio de los Departamentos de Magdalena y  Nariño, a excepción de la
señora Nora Cuellar Ibañez quien se desempeña como Secretario II en la Fiscalía
General de la Nación, manifiestan que el Gobierno Nacional, por intermedio del
Ministro de Hacienda y Crédito Público, anunció que los servidores públicos que
devengaran más de dos salarios mínimos mensuales vigentes, no tendrían derecho
a ningún tipo de aumento salarial para el año 2000.
Informan que el 11 de febrero 2000, el
Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
expidió el  Decreto 182 de 2000, mediante el cual dispuso congelar los salarios
de los servidores públicos, salvo tres excepciones a saber:
a)
para quienes devenguen el salario mínimo legal, un incremento del 9.23%.
b)
para quienes devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales, un incremento
del 9%.
c)
para quienes devenguen más de cuarenta (40) salarios mínimos legales, se
incrementó el salario en un 15.3%.
Lo anterior ocasionó para los trabajadores
o servidores públicos que devenguen más de dos (2) salarios mínimos y menos de
cuarenta (40) salarios mínimos legales,  la congelación del mismo.
Sin embargo, de conformidad con lo señalado
en el artículo 187 de la Constitución Política y en la Ley 04 de 1992, los
salarios de los Congresistas, de los Magistrados de las Altas Cortes, así como
también la remuneración del Fiscal General de la Nación, del Procurador General
de la Nación, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo,
tuvieron un reajuste del 15.3%.
Por lo expuesto, los demandantes consideran
que existe una discriminación injustificada, que vulnera el principio de
igualdad para aquellos trabajadores que devengan una asignación mensual
superior a dos salarios mínimos mensuales, más aún si se tiene en cuenta que el
Gobierno Nacional no aplicó la citada medida a quienes reciben más de 40
salarios mínimos mensuales y, por el contrario, reajustó sus salarios en un
15.3%. A juicio de los actores, la aplicación del decreto atenta contra sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, y a una
remuneración móvil y vital.
2. Pretensiones
En razón de lo anterior, solicitan el
amparo de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas,
a la igualdad y al salario, y en  tal virtud piden que se ordene a los entes
demandados disponer el reajuste de sus salarios, con retroactividad al 1º de
enero de 2000, de conformidad con el I.P.C., causado a 31 de diciembre de 1999.
II. DECISIONES
JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN.
De conformidad con el cuadro anexo, se
observa que en su mayoría los despachos judiciales que conocieron de los procesos
de tutela, concedieron el amparo solicitado al considerar que el derecho al
trabajo en condiciones dignas y justas goza de especial protección por parte
del Estado, sobre todo en lo referente a la remuneración mínima, vital y móvil
como garantía irrenunciable a favor del trabajador.
En cuanto a la tutela instaurada por la
señora Oliva Concepción Cabrera de Salas y otros, el Juzgado Primero y Segundo
Laboral ad hoc de Pasto, denegó el amparo solicitado al considerar que
la competencia del sistema salarial es compartida entre el Gobierno Nacional y
el legislador y, además porque según nuestra Constitución, frente al gasto
público impera el principio de legalidad como quiera que todo gasto debe estar
incorporado en la ley anual de presupuesto.
Impugnada la decisión, el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Pasto -Sala de Decisión Laboral de Conjueces- revocó
el fallo de instancia y en su lugar decidió tutelar los derechos fundamentales
de igualdad y trabajo en condiciones dignas y justas.
III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente para
conocer del presente caso, de conformidad con lo establecido en los artículos
86 y 241-9 de la Constitución Política y los artículos 31 a 36 del Decreto 2591
de 1991.
2. Consideraciones jurídicas y caso
concreto.
Corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela constituye el instrumento procesal adecuado para que los
demandantes obtengan el incremento salarial que reclaman.
La Sala Plena de la Corte Constitucional,
mediante Sentencia SU-1052 de 10 de agosto de 2000[1], al conocer sobre
diversas acciones de tutela basadas en las mismas situaciones fácticas y
jurídicas del caso sub lite, decidió denegar el amparo solicitado al
señalar que las acciones de tutela incoadas no estaban llamadas a prosperar, al
no ser éste el mecanismo idóneo para lograr la protección de los derechos
invocados, ya que no es posible a través de la tutela controvertir las
decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de gasto público y
política salarial.
Por lo expuesto, esta Sala de Revisión
reiterará[2]
lo señalado en la Sentencia SU-1052 del 10 de agosto de 2000, que dispuso:
“Como quedó
planteado, la decisión en el asunto que ocupa a la Corte, exige establecer si
la acción de tutela es el mecanismo adecuado para ordenar al Gobierno Nacional
el incremento de los salarios de los accionantes, dada su calidad de servidores
públicos, ya que a éstos para el presente año, no se les ha incrementado su
remuneración. Deberá determinarse además, si la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio, para el efecto, habrá de precisarse si la situación
planteada por los invocantes constituye una amenaza a sus derechos
fundamentales o les ha ocasionado un perjuicio irremediable”.
“3.1. Tal como lo
ha sostenido la jurisprudencia de ésta Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, quien se sienta
amenazado o vulnerado en sus derechos fundamentales, por acto u omisión de la
autoridad pública y, en casos excepcionales por un particular, puede invocar el
amparo consagrado en el ordenamiento constitucional, para la protección de
estos especiales y trascendentales derechos”.
“Al respecto se
ha sostenido que la acción de tutela es subsidiaria, en cuanto no procede cuando
el ordenamiento prevé otro mecanismo para la protección del derecho invocado;
también se la ha calificado de residual, en la medida en que complementa
aquellos mecanismos previstos en el ordenamiento que no son suficientes o que
no resultan verdaderamente eficaces en la protección de los derechos
fundamentales y además se ha dicho que es informal, porque se tramitan por esta
vía las violaciones o amenazadas de los derechos fundamentales que dada su
evidencia y simplicidad no requieren la confrontación propia de un proceso ante
la justicia ordinaria.[3]
Debe agregarse además, que la acción de tutela, dada su especificidad, está
destinada a proteger situaciones individuales frente a aquellas actuaciones u
omisiones que constituyan una efectiva amenaza o afrenta concreta a una persona
determinada”.
“Por consiguiente,
al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las
decisiones generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución
Política a otras autoridades estatales, aunque si podría, en defensa de
aquellas situaciones concretas y particulares que le competen, ordenar que se
adopten medidas excepcionales con el propósito de salvaguardar los derechos de
aquellos que, por quedar cubiertos en una decisión general, resultan
discriminados y por tanto desprotegidos”.
“De tal manera
que, tal como lo consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de
tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su gestión de formular y
aplicar la política fiscal del Estado, como tampoco resulta procedente, con el
propósito por demás loable de proteger los derechos fundamentales, cuestionar
las decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen, porque de ser
posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que concluir que el
constituyente le confió al juez constitucional, por vía de tutela, el poder
omnímodo de decidir en todos los asuntos públicos, incluyendo la dirección
económica del Estado lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente
la Constitución Política. Este ordenamiento determina con claridad las
funciones de los diferentes órganos del poder público delimitando las
concurrencias, las cuales se establecen, como mecanismos de control y
cooperación en la consecución de los fines del Estado, pero nunca como
inmisiones o interferencias (Art. 113. C.P.)”.
“Así las cosas,
corresponde al Gobierno Nacional la formulación anual del presupuesto de rentas
y ley de apropiaciones que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 de la Constitución Política
y compete al Congreso Nacional su aprobación. Por su parte, esta Corporación es
la encargada de estudiar y decidir respecto de su constitucionalidad, si en
ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad se llegare a
controvertir”.
“En consecuencia
si como lo expone con claridad el Ministro de Hacienda y Crédito Público y lo
ha sostenido esta Corporación, compete al Gobierno Nacional presentar el
proyecto de presupuesto y la ley de apropiaciones en armonía con su política
económica y fiscal, no le corresponde al juez de tutela ordenar su modificación
con miras a que se incluya un rubro destinado al incremento salarial de los
servidores públicos, porque, de hacerlo, se inmiscuiría por vía de tutela, en
los asuntos que competen a otras autoridades, desbordando así la competencia
constitucional conferida en el artículo 86 de la Constitución Política y deberá
responder por extralimitación de funciones de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 6 del mismo ordenamiento”.
“De otra parte,
debe recordarse que en la contestación a las acciones de tutela cuyas
decisiones se revisan, el Ministro de Hacienda y Crédito Público relaciona la
decisión del Gobierno Nacional de no incluir en el proyecto de presupuesto un
rubro destinado a incrementar la remuneración de los servidores públicos que
devengan más de dos salarios mínimos, con la necesidad de incluir en el
proyecto de ley de presupuesto compromisos que cuenten con los correspondientes
recursos para que puedan efectivamente ser atendidos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 39 del Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico del
Presupuesto”.
“Esta mención del
Ministro de Hacienda no puede pasar inadvertida, porque de conformidad con la
regla de legalidad del gasto que es un desarrollo del principio de legalidad de
la función pública, esta Corporación no podría crear la obligación a cargo del
Estado de reajustar el salario de los servidores públicos en un monto
determinado y para una vigencia específica, como tampoco ordenar que el
Gobierno Nacional lo haga, porque además de transgredir los artículos 6° y 86
de la Constitución Política, como quedó explicado, quebrantaría los artículos
345, 346 y 347 del mismo ordenamiento, como también el artículo 71 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Lo anterior por cuanto, de
conformidad con estas disposiciones no se puede crear una obligación ni tampoco
ordenar un gasto, sin que se cuente para el efecto con la respectiva
disponibilidad presupuestal. Así mismo, no debe olvidarse que el artículo 136
del Código Penal tipifica como peculado comprometer sumas superiores a las
fijadas en “el presupuesto” al igual que invertir las incluidas en éste en
forma diferente a la prevista. De tal suerte que, tanto por la naturaleza de la
acción de tutela como por el principio de legalidad del gasto público, el juez
constitucional no puede por vía de tutela incrementar el salario de los
accionantes como tampoco ordenar al Gobierno Nacional que lo haga”.[4]
“3.2. Los
tutelantes además de estar inconformes con la decisión del Gobierno Nacional
relativa al no incremento de sus salarios, discrepan de los reajustes previstos
en el ordenamiento, tanto para los miembros del Congreso Nacional por el
artículo 187 de la Constitución Política, como para los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado y de otros funcionarios al servicio del Estado,
por el artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Al respecto consideran, que los
incrementos previstos en estas normas desconocen el principio de igualdad
consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Arguyen que la medida
del Gobierno Nacional los discrimina, porque solo algunos servidores públicos
resultarían afectados con el no incremento de sus salarios para el presente
año. Al respecto, precisa reiterar que las anteriores disposiciones no pueden
ser controvertidas por vía de tutela porque tienen previsto en el ordenamiento
un trámite especial que hace de suyo a la tutela improcedente”.
“De lo anterior
se sigue que deben confirmarse las decisiones de instancia porque la acción de
tutela, tal como quedó expuesto, no es el mecanismo pertinente para cuestionar
o modificar las orientaciones o directrices del Gobierno Nacional en materia de
gasto público, en razón a que la política fiscal del Estado se hace realidad en
la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de apropiaciones para una vigencia
determinada, que debe controvertirse, ante esta Corporación, pero en ejercicio
de la acción pública de inconstitucionalidad. Al respecto vale recordar que a
consideración de ésta Corte se encuentran sendas demandas en las cuales se
controvierte la constitucionalidad de la Ley 547 de 1999 - por la cual se
decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones
para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000- radicadas
con los números 2780, 2804, 2922 y 3051”.
“Igualmente,
tampoco la acción de tutela es el procedimiento idóneo para controvertir la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 04 de 1992. Esta disposición, al
igual que las anteriores, debe demandarse ante ésta Corte en ejercicio de la
acción pública de inconstitucionalidad”.
“Así mismo, el
mandato del artículo 187 de la Constitución Política, de conformidad con el cual
la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año, no puede
objetarse por ningún procedimiento, puesto que su incuestionable jerarquía la
hace inmune a las controversias, incluso ante esta Corporación a la cual
corresponde velar por su guarda e integridad. No obstante cabe recordar que las
mismas pueden ser reformadas por los canales previstos para el efecto en el
mismo ordenamiento (Art. 374 a 379 C.P.)”.
De conformidad con lo expuesto y por cuanto
la situación fáctica y jurídica de los fallos objeto de estudio son idénticos a
las revisadas y decididas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en
sentencia de unificación SU- 1052 de 2000, la Sala resuelve reiterar las
directrices señaladas en la citada providencia. En consecuencia, se procederá a
revocar los fallos de instancia que concedieron el amparo solicitado.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero: REVÓCAR las sentencias proferidas por el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Ciénaga en las acciones de tutela de los
expedientes T-406303, T-406304, T-406305, T-406306, T-406307, T-407974,
T-407976, T-407977, T-407979,T-407980 y por el Juzgado Quince Civil del
Circuito de Cali, en el expediente T-406623. En consecuencia, DENEGAR
la tutela a los señores Josefina Cecilia  Bermúdez de Guette, Betty del Socorro
García Peña, María Teresa Zamora, Gloria Luz Cantillo de Polo, Martha Cecilia
Pérez Miranda, Rafael Antonio Cueto Corro, Telma Sofía García García, María
Gertrudis Arroyo Ponce, Yolanda de Jesús Leal de Serrano,  Margarita Sofía Borrego
Salas y Nora Cuellar Ibáñez, concedida en los referidos procesos.
Segundo. REVOCAR el fallo de tutela del expediente T-406835
proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto -Sala Laboral
de Conjueces- y en su lugar CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado
Primero y Segundo Laboral ad hoc del Circuito de Pasto, que DENEGÓ el
amparo solicitado por los señores Olivia Concepción Carrera de Salazar, María
Elena Miranda de Rivadeneira, Antonio Constantino Ibarra, Odila del Carmen Erazo
Díaz, Gerardo Daniel Portilla López, Henry Ernesto Escobar Meneses, Dolores
Cenayda Alvarado Cabrera, Leonor del Pilar Maya, Bertha Elisa Ocaña Jurado,
Vilma Lucy Rosero España, Gerardo Mesías Lara Rivas, Edgar Juvenal Insuasti
Insuasti, Mary Magola Maya de Acosta, Aída Ligia Leiva de Salas, Yolanda de
Jesús Calpa de Garzón, Blanca Celina Basante Bastidas, Luis Ignacio Arcos
Moncayo, Ana Alicia Guevara Benavides, Clara Nelly Guerrero Obando, Ana Belén
Guzmán Arévalo, María Victoria Hidalgo Bravo, Lugio Eusebio Benavides Yela,
Sandra Felisa Escobar Casanova, Graciela del Socorro Eraso Cabrera, Héctor
Julián Benavides García, Jesús Hernando Pantoja, Adela Serna Torres, Sandra
Isabel Portilla Caicedo, Maritza del Socorro Quintero Bastidas, Franco Ernesto Botina
Jojoa, Flavio Hernando Trujillo Pozos, Amparo Cecilia Cardenas Estrada, Flavio
Hernán Villota Benavides, Leny Mary Delgado Guerrero, Arnobia Manduvy Gómez
Bastidas, Oswaldo Humberto Rosero Bastidas, Ángel Bayardo Freire F., Alba Lucía
Bolaños Ortíz, Jairo Alfredo Arcos Guerrero, Julia Elvira Egas Villota, Luz
Marina Rosero Narváez, Claudio Arcesio Montilla González, María Jury Elvia
Arturo de Pérez, Esperanza del Socorro Rivas de Chaves, Jorge Luis Torres
Unigarro, Hugo Edmundo Zambrano Recalde, Luis Eduardo Obando, Margarita
Patricia Benavides Torres, Gloria Amparo Villota Gómez, Jaime Guillermo Ruales,
Guillermo Horacio Leyton Delgado, Teresa de Jesús Cardenas Castillo, Gloria de
Jesús Díaz Narváez, Lucio Eliécer Delgado Camues, Melba Luisa del Socorro
Arteaga Narváez, María Marina Gladys Castro de Moncayo, Martha Cecilia
Montenegro Narváez, Luis Carlos Rosero García, Alba Lucy Muñoz Salazar, Alicia
López Viveros, Omar Armando Benavides Narváez, Duby Margoth Arroyo Paz, Elvia
Marina Goyes Armero, Eduardo Rolando Garzón Ortíz, Nelson René Erazo Mendoza,
Floralba Bravo Villota, Alba Marina de la Cruz Rosas, Norberto Ebdulio
Zambrano, Ramón Adalberto Hurtado Arias, Nelva Mariela Ramos Ramos, Judith de
Jesús Arroyave Toro, Beatríz Elena Gómez Rosas, Héctor Alfonso Benavides
Aranda, Martha Lucía Cano de Correa, Antonio Rafael, Ayala Jojoa, Edgar
Gilberto Chamorro Ceballos, María Esperanza Ordóñez Córdoba, María Beatríz
Lombana Burgos, Lucy Eraso de Jácome, Liria Ortíz, Alba Lucía Medina Eraso,
Fanny Figueroa Lasso, Ofelia Herrera Córdoba, Cecilia María Carlozama Sotelo,
Beatríz Teresa Llorente Acosta, Rosa Elvira Ceballos Dorado, Amparo Pasos,
Myriam Marina Montufar Ortega, Omaira Crespo de Martínez, Oscar Edmundo Jojoa
Córdoba, Rocio Elizabeth Toro Ríos, Ilia Fanny Guevara de Fajardo, Armando
Miranda Vallejo, Alberto Pludio Melo Paredes, Eduardo Alirio Andrade Mejía,
Fabio Bernardo Chaves Imued, Adriana Valentina Ceballos Cerón, Martha del
Socorro Enríquez de Ibarra, Gloria Esperanza del Socorro Daza Vallejo, Oscar
Arturo Montenegro Coral, Rosa Azeneth Insuasty de Cerón, Amparo del Carmen
Alvarado de Cabrera, Ruth del Carmen Obando Martínez, Alba de Jesús Luna
Ordóñez, Dolores Amanda Martínez de Enríquez,  Pedro Nel Ortíz Cano, Armida
Rogelia Coral Chaves, Mary Esperanza Eraso Eraso, Carlos Humberto Mora García,
Harold Hernán Achicanoy López, Victoria de Jesús Enríquez Guerrero, Hugo Freddy
Muñoz Montenegro, Jorge Arturo Porfirio Melo Delgado, Carlos Alfonso Eraso
Pantoja, Marlene Arellano Montenegro, Claudia Liliana Zambrano Martínez,
Segundo Modesto Rivas Montero, Elsy Imelda del Carmen Rodríguez de Eraso, Aida
Alicia Casanova Flórez, María del Carmen Peña, Gloria Lucia Cárdenas de Pérez,
Luis Alfonso Huertas, Héctor Guillermo Burbano Rodríguez, Mercedes Eloisa Meza
Mendoza, Nito Romeo Ortega Bolaños, Luis Antonio Erazo Pantoja, Luis Carlos
Caicedo Ortíz, Soraya Rengifo López, Bolívar Armando González León, Edmundo
Bolívar Cerón Martínez, Rosario del Carmen Muñoz de Arciniegas, Marlene Torres
García, Luz Mery Caicedo Rivas, Rosa Matilde Portilla Pinzón, Jorge Mario
González Gustin, María Rosa Chaves Rojas, Ana Yaqueline Delgado Benavides,
Carmen del Rosario Pupiales Gomajoa, Guillermo Edelberto Zambrano Acosta,
Hermenegildo Enríquez Rodríguez, María Luisa Calpa Garzón, Irma Leonor Guerrero
Guerrero, Edith Mercedes Villareal Estrella, Yenny Estella del Rosario
Estupiñán de Quintero, Miryam Eunice Morales de Collazos, Yolanda Esperanza
Bravo Vallejos, Carmelita de Jesús Santacruz de Gómez, Isabel Santander de López,
Raúl Alvear Realpe, Ayda Ruth Bravo Silva, Segundo Arcediano Cifuentes Narváez,
Hugo Habacuc Eraso Rodríguez, Agustín Fajardo Acosta, Arnulfo Adalberto Fuertes
Fuertes, Oscar Oswaldo Guerrero Torres, Nelly María Fanny López de Alvarez,
Bertha Lidia Lucero, José Edgar Mora, Cecilia Esperanza Paredes Aguirre, Lucio
Nicolás Portilla Tobar, Manuel Eduardo Velasco Montenegro, Adiela Margoth Romo
Romo, Yaneth del Socorro Insuasti Bolaños,  Gloria Angélica Muñoz Bucheli,
Fanny Margoth Sánchez Torres, Rosa Alcira Cárdenas Estrada, Aydeé Cecilia
Saavedra Casanova, Mercedes del Socorro Bravo Villota, Gloria del Carmen Lora
Revelo, Ruth del Socorro Rodríguez García, Nora Estella Calvache Ocampo,
Concepción Hidalia Delgado de Santacruz, Amparo Lucina Romero de Montenegro,
Nelcy de Jesús López Lasso, Fabiola Realpe de Riascos, Ceneida Margarita Puce
Salazar, Cecilia Judit Narváez de Burbano, Margoth Lasso de Herrera, Beatríz
Eutimia Solarte de Guevara, Graciela Concepción Alvarado de Insuasty, Aura
Elisa Benavides de Chamorro, Concepción de Carmen Martínez Solarte, Geni Marina
Melo Bastidas, María Emilia Mera de López, Elsa Mecías García, María del
Socorro Mora de Pantoja, Gladys Otilia Salazar de López, Paulo Emilio Díaz
Montenegro, Ana del Carmen González de Chávez, Anita del Socorro Pazmiño
Timarán, Piedad Teotiste Delgado Granja, Rosa Alba Chagueza de Mazuera, María
Aura Burbano de Muñoz, Nelly del Socorro Rosero Maya, María Mercedes Ortíz
Calvache, Luz Marina Villareal Arteaga, Cecilia del Socorro Villota de Moreno,
Nidia del Carmen Moncayo Ortega, Mercedes Leonor Córdoba Robby, Olga María
Ocaña Yarpaz y Eugenio Eduardo Flórez Guevara.
Tercero. Por Secretaría, LÍBRESE la comunicación de que
trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Magistrado
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
Expediente
Accionante
Primera Instancia
Segunda Instancia
Cargo / Empleo
T-406303
Josefina Cecilia Bermúdez de Guette
Juzgado Primero Penal Municipal de Ciénaga. CONCEDE.
Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga -CONFIRMA
Docente
al servicio del Departamento de Magdalena
T-406304
Betty del Socorro García Peña
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T-406305
María Teresa Zamora
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T-406306
Gloria Luz Cantillo de Polo
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T-406307
Martha Cecilia Pérez Miranda
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T-407974
Rafael Antonio Cuello Corro
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T-407976
Telma Sofía García García
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T-407977
María Gertrudis Arroyo Ponce
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T-407979
Yolanda de Jesús Leal de Serrano
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T-407980
Margarita Sofía Borrego Salas
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T-406825
Olivia Concepción Cabrera de Salazar y otros
Juzgados Primero y Segundo Laboral del Circuito de Pasto ad hoc
. DENEGÓ.
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto -Sala Laboral-
Revoca y CONCEDE
Docentes al Servicio del Departamento de Nariño
T-406623
Nora Cuellar Ibáñez
Juzgado Trece Civil Municipal de Cali CONCEDE
Juzgado Quince Civil del Circuito de Cali -CONFIRMA-
Secretario II de la Fiscalía General de la Nación
[1] M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[2] Ver además las sentencias T-234 de 2001,
M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-211 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
T-228 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[3] Consultar entre otras, las siguientes
sentencias: T-329 de 1996, T-026 de 1997, T-272 de 1997, T-273 de 1997, T-331
de 1997, T-235 de 1998, T-414 de 1998, T-057 de 1999 y.      T-815 de 2000.
[4] Consultar entre otras  C-073 y 555 de
1993; C-018de 1996, T-363 de 1997 y C-054 de 1998.