T-677-11
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-677/11
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Interposición
AGENCIA OFICIOSA EN PROCESOS DE TUTELA-Elementos
AGENCIA OFICIOSA EN PROCESOS DE TUTELA-Principios fundamentales
AGENCIA OFICIOSA PARA CONFIGURAR LEGITIMACION POR
ACTIVA-Hijo en representación de
madre en estado emocional depresivo en razón al desplazamiento sufrido
PERSONAS DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA-Sujetos de especial protección
DESPLAZAMIENTO Y CONFLICTO ARMADO INTERNO-Concepto jurídico de la legislación colombiana y
jurisprudencia de la Corte Constitucional
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Papel de la mujer en el conflicto interno
MUJERES DESPLAZADAS POR EL CONFLICTO ARMADO-Sujetos de especial protección constitucional
DESPLAZAMIENTO INTERNO-Enfoque diferencial estricto de prevención y su
impacto desproporcionado sobre la mujer
REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Inscripción
REGISTRO UNICO DE POBLACION DESPLAZADA-Oposición a la inclusión debe contar con fundamento
probatorio que desvirtúe las declaraciones
DESPLAZAMIENTO FORZADO-Riesgo de violencia sexual contra la mujer
ACCION DE TUTELA-Procedibilidad
PRINCIPIO DE INTERPRETACION FAVORABLE EN MATERIA DE
DESPLAZAMIENTO-Duda sobre hechos debe
ser despejada por quien tiene la carga probatoria
ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION SOCIAL POR AMENAZAS DE
GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY-Inscripción
al RUPD de accionantes y su núcleo familiar como víctimas de desplazamiento
forzado
ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION SOCIAL-Inscripción al RUPD de víctima de violencia sexual y
su hijo menor de edad por relación sentimental con actor del conflicto armado
como víctimas de desplazamiento forzado
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
E INMEDIATEZ-Aplicación por cuanto
vulneración permanece en el tiempo
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ FRENTE A POBLACION DESPLAZADA-Flexibilidad
ACCION DE TUTELA CONTRA ACCION SOCIAL-Traslado de material probatorio para respectivas
investigaciones a la Fiscalía General de la Nación
Referencia: expediente T-3053251. Acción de tutela instaurada por William Marino
Hidalgo, actuando como agente oficioso de la señora Carmen Muñoz de Hidalgo
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional; Expediente T-3058569. Acción de tutela instaurada por Yudi
Astrid Uribe Sánchez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional.
Magistrado Ponente:
JUAN CARLOS HENAO PEREZ
Bogotá,
DC., doce (12) de septiembre de dos mil once (2011)
La
Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Juan
Carlos Henao Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En
el trámite de revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Popayán-Sala Civil y de Familia el 30 de marzo de 2011, dentro de
la acción de tutela instaurada por William Marino Hidalgo, actuando como agente
oficioso de la señora Carmen Muñoz de Hidalgo contra la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional; así como en el trámite de
revisión del fallo dictado por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva el ocho
(8) de abril de 2011, dentro de la acción de tutela instaurada por Yudi Astrid
Uribe Sánchez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de tutela del  Expediente T-3053251
El señor William Hidalgo Muñoz solicita como agente
oficioso de su madre Carmen Muñoz de Hidalgo, en razón de su estado emocional
depresivo, que le sean amparados los derechos a la vida, la paz y la salud en
conexidad con la integridad física, la dignidad humana y el libre desarrollo de
la personalidad, con el fin de que se ordene a la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, su inscripción en el Registro
Único de Población Desplazada y la entrega de las ayudas previstas en estos
casos.
1.1.   Los hechos de la demanda
1.1.1 El día 26 de abril de 2010 la señora Carmen
Muñoz, manifiesta que tuvo que salir de Mocoa a causa de las continuas
presiones contra ella por parte de las FARC. De esta situación, puso en
conocimiento a las autoridades civiles y militares competentes de tal
municipio, específicamente ante la Personería Municipal, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la SIJIN, el DAS, la Fiscalía
38 Seccional  y el CTI. Precisa, que de tiempo atrás venía siendo objeto de
amenazas similares, por las cuales presentó denuncia el día 28 de noviembre de
2008.
1.1.2 El desplazamiento se originó por una amenaza del
frente 13 de las FARC, recibida el día 13 de abril de 2010. En el escrito se le
daba un término de 15 días para salir de la ciudad, de lo contrario se
realizarían actos terroristas contra la vivienda de la accionante. Con una
aparente vinculación a la fuerza pública, de la cual hace parte una de las
hijas de la accionante, de nombre Gladis Omaira Hidalgo Muñoz (integrante de la
Policía Nacional en el departamento del Cauca, como subintendente en la
Seccional de Contrainteligencia SIPOL).
1.1.3 Como consecuencia de las amenazas de las FARC,
la señora Muñoz se movilizó de Mocoa a la ciudad de Popayán, donde realizó el
procedimiento para poder ser incluida en el Registro Único de Población
Desplazada (RUPD). Acción Social por acto administrativo N. 190013247 del 28 de
mayo de 2010 decidió no inscribirla en el registro, con el argumento de que el
reporte de las autoridades civiles y militares que operan en la zona, no daban
cuenta de disturbios o alteraciones de orden público, como tampoco presencia de
grupos armados al margen de la ley. Por ello, Acción Social sostuvo que las
declaraciones de la accionante no correspondían con la situación real de la
zona para la época en la que presuntamente sucedieron los hechos.
1.1.4 La señora Muñoz interpuso recurso de reposición,
argumentando que la respuesta dada por la entidad sobre su desplazamiento, no
obedece a una situación generalizada en Mocoa, sino que corresponde a una
amenaza individual.
1.1.5 Tras el recurso de reposición, Acción Social
confirmó la decisión inicial.
1.2 Respuesta de la entidad demandada en sede de
tutela
La
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Acción Social solicita se deniegue la
tutela referente a la inclusión en el RUPD y al otorgamiento de la ayuda
humanitaria hecha por la accionante. Advierte la entidad que, en el Sistema de
Información de Población Desplazada SIPOD, la señora Carmen Muñoz Hidalgo no se
encuentra incluida en el RUPD. Lo anterior,  por cuanto ésta no cumple con los
supuestos previstos en la Ley 387 de 1997, teniendo en cuenta que sus
declaraciones no son compatibles con los informes de las autoridades civiles y
militares, según los cuales en dicho territorio no se  presentó ningún
disturbio, por la fecha que aparentemente fue desplazada.
Así
mismo, la entidad accionada considera que si bien la señora ya interpuso los
recursos de la vía gubernativa, todavía le queda la vía judicial ordinaria, por
lo que debe dirigirse a ésta, antes de recurrir a la tutela.
Por
último, Acción Social manifiesta que el agente oficioso no justificó la
necesidad de actuar en nombre de la señora Carmen Muñoz, pues no se demostró la
imposibilidad de ésta para interponer la tutela personalmente.
1.3
Fallo de Primera Instancia
El
Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán (Cauca) en sentencia del 28 de
febrero de 2011 denegó la tutela, con base en los siguientes argumentos: (i)
Inexistencia de un perjuicio irremediable por falta de pruebas y, en su
defecto, porque no se evidenció el mismo en el proceso. El A quo
consideró que  para determinar la existencia de un perjuicio irremediable, no
basta con la privación de los derechos de las personas desplazadas, sino que
también debía cumplirse con los requisitos de la Ley 387 de 1997: “1. Haber
declarado los hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría
del Pueblo, las Personerías Municipales o Distritales, o cualquier Despacho
Judicial de acuerdo con el procedimiento de recepción de cada entidad,
PARÁGRAFO. Cuando se establezca que los hechos narrados por esta persona no son
ciertos, esta persona perderá todos los beneficios que otorga la presente ley,
sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar”. (ii) Por otra
parte, al ser Acción Social la encargada de decidir la inscripción en el RUPD,
al juez constitucional no le compete controvertir estos actos administrativos,
cuando el accionante debe acudir es a su juez natural, que está en la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. (iii) Por último, el agente oficioso
no señaló el motivo de la imposibilidad de la señora Carmen Muñoz para presentar
la tutela por sí misma. Esto, por cuanto según el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991, el legislador estableció que la agencia oficiosa se ostenta cuando
quien debe presentar la acción de tutela se encuentra imposibilitado para
promover su propia defensa y se dio a conocer los hechos que lo
imposibilitaron.
1.4 Apelación del tutelante
El
señor William Hidalgo impugnó la sentencia de primera instancia, por considerar
que su madre se encuentra en situación de indefensión y, por tanto, se le están
vulnerando sus derechos fundamentales. Expone el accionante que en las pruebas
allegadas al juez de primera instancia, se le dio a conocer el estado actual de
la señora Carmen Muñoz, en la Historia Clínica, que obra como prueba en el
expediente, donde se le realizó una evaluación psicológica, en la cual se
estableció que la señora Muñoz se encontraba en un “Episodio Depresivo Mayor”,
por los hechos violentos padecidos (el desplazamiento). Además controvierte la
apreciación que hizo Acción Social frente a los hechos expuestos para su
desplazamiento, pues no se desmintieron los hechos sobre las que éste se
sustenta, sino que se presumió la mala fe de la afectada, basándose en informes
sobre la violencia de la región.
1.5
Fallo de Segunda Instancia
Al
atender el recurso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, mediante
providencia del 30 de marzo de 2011 resolvió declarar improcedente la acción,
como quiera que no encontró probada la legitimación por activa, en la medida en
que el señor William Marino Hidalgo Muñoz, al obrar como agente oficioso de la
señora Carmen Muñoz, no acreditó de manera suficiente las razones por las
cuales ésta última no actuó directamente, toda vez que para acreditar la
“situación lamentable” en la que ella se encontraba, sólo presentó la
valoración psicológica realizada por el Departamento de Bienestar Universitario
de la Universidad Cooperativa de Colombia, del 11 de junio de 2011 (en el que
constaba el estado depresivo de la señora Muñoz).
1.6
Pruebas obrantes en el expediente
Obran en el expediente las siguientes pruebas:
a)  Copia del Formato Único de Declaración, versión
dos-hoja uno y tres (Código F-SAD-058-FUD), por medio del cual Acción Social
toma la declaración de la señora Carmen Muñoz sobre las amenazas recibidas por
medio de un panfleto del grupo al margen de la ley las FARC:
“..[m]e daban 15 días para
salir que si no me echaban una bomba en la casa, yo recibí el papel y me lo
eché al bolsillo, y regresé a la casa. Fui y le mostré esos papeles a mi hija,
que le dicen panfletos donde ya nos amenazaban a los tres, donde dice” Para:
Carmela Muñoz”, y nos dicen en resumen que son del frente 13 y que nos daban 15
días para irnos, que conocían la casa, y si no salíamos de la ciudad, hay una
ciudad más pequeña que es el cementerio, que si desobedecíamos nos iban a echar
una bomba y a toda la familia. Volvimos a la SIJIN a poner en conocimiento esta
situación, nos recibieron la denuncia, fuimos a la personería y a defensoría
donde solamente nos dieron las constancias de las cuales dejo copia en esta
declaración. También informé al hospital que debido a las amenazas recibidas y
que nos daban un término para salir de la ciudad; se le dejó constancia al
gerente, jefe de personal, al sindicato; como no teníamos bien claro donde
podíamos llegar, no sabíamos si ir a Pitalito, o para Pasto, y como mi hijo
estudia aquí y mi hija estudió derecho aquí en esta ciudad decidimos después de
esassemanas venirnos para acá, además después de realizar los trámites que
creemos eran los necesarios en la parte laboral mía y de los trabajos que tenía
pendiente mi hija como abogada litigante. Actualmente estamos donde mi hijo en
una habitación donde se le paga arriendo; tengo otros dos hijos que también
viven aquí, ellos ya tienen su familia.”
b)  Copia de la Resolución No. 190013247 de 28 de Mayo de
2010, emitida por Acción Social, por medio de la cual “decide sobre una inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social-“. Se expuso en la mencionada
resolución:
“CONSIDERANDO: 1. La señora CARMEN MUÑOZ DE HIDALGO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 27353778, rindió declaración
juramentada ante la Procuraduría Provincial de Popayán el 28 de Abril de 2010,
para que conforme al artículo 32 de la Ley 962 de 2005 se le inscribiera junto
con los miembros de su hogar en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD.
(…) 3. Una vez valorada la declaración rendida por la señora CARMEN MUÑOZ DE
HIDALGO se encontró que no es viable jurídicamente efectuar la inscripción del
solicitante junto con los miembros de su hogar en el Registro Único de
Población Desplazada, por cuanto: La declaración resulta contraria a la verdad,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000. 4. Con
motivación de lo anterior se expone lo siguiente: La deponente manifiesta que
se vio obligada a desplazarse junto con su familia desde el Barrio Olímpico de la
Ciudad de Mocoa –Putumayo-, lugar en el cual indica haber residido por espacio
de treinta y cinco años hasta el día 25 de abril de 2010, fecha en la que
presuntamente se trasladó hacia la ciudad de Popayán –Cauca-. No obstante,
según lo reportado por las autoridades civiles y militares (Unidad Territorial
de Putumayo y PER Territorial) que operan en la zona refieren que no han
registrado alteraciones de orden público ni presencia de grupos armados
ilegales en la zona urbana de la región para evidenciar desplazamientos, por
tanto su descripción no corresponde con el contexto real de la época en la
zona, de este modo no es posible considerar que los hechos narrados y su
situación se enmarcan dentro de la ley 387 de 1997. Ante esto es necesario
recordar que las declaraciones que se realizan tanto en una actuación judicial
como administrativa se encuentran bajo la gravedad del juramento y esto podría
acarrear un falso testimonio según lo expuesto en el artículo 442 del Código
Penal ‘El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de
juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o
parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años’.En mérito de lo
anteriormente expuesto, este Despacho: RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: No inscribir
a CARMEN MUÑOZ DE HIDALGO identificada con cédula de ciudadanía No.27353778,
junto con los miembros de su hogar en el Registro Único de Población Desplazada
por las razones señaladas en la parte motiva del presente acto. (…)” (fl. 13cdno. 2 tutela).
c)    Copia de la impugnación
de la resolución, presentada por la señora Carmen Muñoz de Hidalgo, ante la
resolución No. 190013247 de 28 de
Mayo de 2010 de Acción Social. En la cual alega la señora
Muñoz que debe ser inscrita porque en la resolución anteriormente mencionada,
se expone como motivo para negar la inscripción, que “según lo reportado por las autoridades civiles y
militares (Unidad Territorial de Putumayo y PER Territorial) que operan en la
zona refieren que no han registrado alteraciones de orden público ni presencia
de grupos armados ilegales en la zona urbana de la región para evidenciar
desplazamientos.[1]” Empero en la Sentencia T-468 de 2006, ella dice, “ha reconocido la condición de desplazado, en tanto
situación de hecho, se adquiere de facto y no depende de la certificación que
de ello hagan las autoridades pertinentes.”(fl. 14cdno. 2 tutela).
d)  Copia de la Resolución No. 190013247R del 24 de Agosto
de 2010, emitida por Acción Social, por medio de la cual “decide sobre el
recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución No. 190013247 de fecha
del 28 de Mayo de2010 de No inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, -Acción Social-.” Se expuso en la mencionada resolución:
“CONSIDERANDO: 1. La señora
CARMEN MUÑOZ DE HIDALGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 27353778,
rindió declaración juramentada ante la Procuraduría Provincial de Popayán el 28
de Abril de 2010, para que conforme al artículo 32 de la Ley 962 de 2005 se le
inscribiera junto con los miembros de su hogar en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD. (…) 3. Una vez valorada la declaración rendida por
la señora CARMEN MUÑOZ DE HIDALGO se encontró que no es viable jurídicamente
efectuar la inscripción del solicitante y su hogar en el Registro Único de Población
Desplazada, por cuanto: ‘La declaración resulta contraria a la verdad, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000’. 4. La señora CARMEN MUÑOZ DE HIDALGO identificada con la C.C. No. 27353778 se notificó
personalmente en debida forma, del contenido de la Resolución No. 190013247
expedida el 28 de mayode2010, conforme al Código Contencioso Administrativo. 5.
El 28 de Junio de 2010, se recibió escrito mediante el cual se interpuso
recurso de reposición contra la Resolución No. 190013247 (…) 7. (…) analizada
nuevamente la declaración rendida por la impugnante, así como los argumentos
expuestos en el recurso interpuesto contra el acto administrativo de la
referencia, se deduce que las razones esbozadas en la mencionada resolución,
están acordes con la conclusión a la que se llegó, ya que una vez analizado y
valorado el testimonio atendiendo las reglas de la sana crítica, así como las
bases de la consulta y los argumentos esgrimidos en la impugnación, se
considera que carecen de asidero jurídico para entrar a variar la decisión. (…)
La recurrente, la señora CARMEN MUÑOZ DE HIDALGO, manifestó que se vio obligada
a desplazarse junto con su familia desde el barrio Olímpico de la ciudad de
Mocoa-Putumayo-, lugar en el cual indica haber residido por espacio de treinta
y cinco años hasta el 25 de Abril de 2010, fecha en laque presuntamente se
trasladó hacia la ciudad de Popayán –Cauca-. No obstante, al analizar
nuevamente las bases de datos y según lo reportado por las autoridades civiles
y militares (Unidad Territorial de Putumayo y PER Territorial) que operan en la
zona refieren que no se ha registrado alteraciones de orden público ni
presencia de grupos armados ilegales en la zona urbana de la región para
evidenciar desplazamientos, por tanto su descripción no corresponde con el
contexto real de la época en la zona, de este modo no es posible considerar que
los hechos narrados y su situación se enmarca dentro de la Ley 387 de 1997. (…)
Lo anterior establece que a pesar de que la persona se haya visto obligada a
abandonar su lugar de residencia, sus actividades por causas diferentes a un conflicto
armado no puede acceder al Registro Único de Población Desplazada, y se hace
imperioso verificar para cada caso, si en efecto en el lugar de desplazamiento
existía conflicto armado. (…)En mérito de lo anteriormente expuesto, este
Despacho: RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida mediante la
Resolución No. 190013247 de fecha 28 de mayo de 2010, por las razones expuestas
en la parte motiva de este acto.”(fl.
21-23 cdno. 2 tutela).
e)   Copia de la Resolución No. 08393 del 25 de Octubre de
2010, emitida por Acción Social, por medio de la cual “decide el recurso de
Apelación interpuesto contra la Resolución  No. 190013247 del 28 de mayo de
2010, de No inscripción en el Registro Único de Población Desplazada”. Se
expuso en la mencionada Resolución:
“CONSIDERANDO: (…) La señora
CARMEN MUÑOZ DE HIDALGO, identificada con cédula de ciudadanía No. 27353778,
rindió declaración juramentada ante la Procuraduría Provincial de Popayán
Cauca, con el fin de ser incluida, junto con su núcleo familiar,  en el
Registro Único de Población Desplazada –RUPD. (…) El 28 de junio de 2010, se
recibió escrito mediante el cual la declarante, interpone recurso de Reposición
y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución que le negó su
inscripción y la de su grupo familiar en el RUPD. Mediante la Resolución No.
190013247R del 24 de agosto de 2010, la Unidad Territorial Cauca desató el
recurso de Reposición interpuesto por ésta, confirmando el acto recurrido. (…)
La recurrente, ha hecho uso de los mecanismos con los que jurídicamente cuenta
para defender sus derechos, ante la entidad; ésta, en sede de Apelación, ha
revisado nuevamente su decisión, la ha confrontado con los argumentos
esgrimidos en el recurso, y ha concluido que su decisión de no inscribirla en
el RUPD, debe ser CONFIRMADA; toda vez que, en su escrito de sustentación del
recurso interpuesto, no logra desvirtuar las razones de su no inclusión;
acogiendo las consideraciones tenidas en cuenta por la Unidad Territorial Cauca
de Acción Social, en los actos administrativos mediante los cuales le negó su
inclusión en el RUPD, y desató el recurso de Reposición interpuesto por ésta,
confirmando el acto recurrido. Que con los hechos así denunciados y ratificados,
no es posible valorar su presunto desplazamiento, como: “Interno Forzado por
causa de la Violencia”, al amparo de la Ley 387 de 1997; ni aplicar, en su
favor, el principio constitucional de la presunción de la Buena Fe. En mérito
de lo expuesto, RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución No.
190013247 del 28 de mayo de 2010, mediante la cual se decidió no inscribir a CARMEN
MUÑOZ de HIDALGO, identificada con la cédula de ciudadanía número 27.353.778,
junto con los miembros de su hogar, en el Registro Único de Población
Desplazada por la Violencia, por las razones señaladas en la parte motiva del
acto recurrido.(fl. 24-27 cdno. 2
tutela).
f)    Copia de la Certificación expedida por la Defensoría
del Pueblo, en la cual se deja constancia de la solicitud de intervención por
parte de esta entidad, por las presuntas amenazas en contra de la señora Carmen
Muñoz y su núcleo familiar, integrado por su hija Maharay Hidalgo Muñoz y su
nieto Juan Camilo Fonseca Hidalgo. (fl. 28 cdno. 2 tutela).
g)  Copia de la certificación de la Personería Municipal
de Mocoa, en la que consta la denuncia presentada por la señora Muñoz, ante
esta entidad, sobre presuntas amenazas contra su vida y la de su núcleo
familiar. (fl. 29 cdno. 2 tutela).
h)  Copia de la historia clínica de la señora Muñoz,
expedida por la Universidad Cooperativa de Colombia- Departamento de Bienestar
Universitario (sede Popayán- Área Psicológica), en la cual se evidencia como
resultado de la evaluación psicológica, que la accionante se encuentra en un “Episodio
Depresivo Mayor”(fl. 62-68 cdno. 2 tutela).
2. Demanda de tutela del  Expediente T-3058569
La señora Yudi Astrid Uribe Sánchez solicita se le
amparen los derechos a la igualdad, al mínimo vital y la vida digna, ordenando
a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
(ACCIÓN SOCIAL) incluirla en el RUPD y, por consiguiente, hacerle entrega de
las ayudas correspondientes.
2.1.
Los hechos de la demanda
2.1.1 La accionante, cuando habitaba en Puerto Berrío,
Antioquia, sostuvo una relación sentimental con alias “Don César”, segundo
hombre al mando del grupo armado ilegal que operaba en la región. Esta
relación, afirma la accionante, se dio en contra de su voluntad. Sin embargo,
indica que en razón de la estricta vigilancia y el peligro que significaba
tener una relación con una persona vinculada a un grupo al margen de la ley,
decidió dar por terminada dicha unión. Al cabo de un tiempo -cuenta la
accionante- ella comenzó una relación con el señor Eider Rojas Motta, la cual sólo
duró un mes, puesto que éste fue asesinado por alias “Don César”.
2.1.2 Después de la muerte del señor Eider Rojas
Motta, empezaron a presentarse diferentes amenazas contra su vida, provenientes
de alias “Don César”, que la obligaron a irse junto con su hijo de Puerto
Berrío hacia Neiva en el mes de marzo de 2005.
2.1.3 El 21 de junio del año 2010, la accionante
rindió declaración ante la Defensoría del Pueblo de Neiva para que, de acuerdo
con el artículo 32 de la Ley 962 de 2005, fuera inscrita en el RUPD.
2.1.4 Su solicitud fue rechazada por Acción Social,
mediante la resolución 410012554 del 24 de agosto de 2010, argumentando que
ella no se encontraba dentro de las causales del artículo 11 del Decreto 2569
de 2000, que a su vez remite al artículo 1 de la Ley 387 de 1997. La anterior
decisión se dio con base en la declaración rendida por la accionante, en la
que, afirma Acción Social, se faltó a la verdad. Según el análisis realizado
por la entidad accionada, el desplazamiento de la accionante no se debió al
conflicto armado de la zona sino a asuntos de su vida personal, los cuales
produjeron amenazas por parte de Alias “Don César”. Esta situación debió
ponerla en conocimiento del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior
y de Justicia, así como de la Policía Nacional y del DAS, para que le brindaran
la seguridad que requería.
2.1.5 La accionante interpuso recurso de reposición,
resuelto y confirmado en resolución número 110011036R el 22 de noviembre de
2010, por la cual se rechazaron sus pretensiones, con base en los mismos
argumentos que se adujeron en la respuesta inicial.
2.2
Respuesta de la entidad demandada en sede de tutela
El
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de ACCIÓN SOCIAL- Bogotá contestó la acción
afirmando que no se había inscrito a la accionante en el RUPD – Registro Único
de la Población Desplazada- por medio de la resolución número 410012554, al
hallar que según el artículo 11 del Decreto 2569 de 2000, no se puede realizar
la inscripción cuando no se encuentren razones objetivas y fundadas para
concluir las circunstancias de hecho previstas en la Ley 387 de 1997, artículo
1[2]. Los
hechos narrados por la accionante, destacan las relaciones sentimentales de
ésta con un comandante de un grupo armado ilegal, hechos que fueron propios de
su vida personal y la obligaron a salir de la zona. Por esto concluye que su
desplazamiento no se dio por motivos políticos, ideológicos o por presiones de
grupos al margen de la ley y así se pronunció tanto en la resolución N.
190013247 del 28 de mayo de 2010, como en la resolución número 11001036R, del
22 de noviembre de 2010.
En
consecuencia, Acción Social solicita al juez de primera instancia denegar la
solicitud no sólo por los argumentos que conllevaron a negar la inscripción en
el RUPD, sino porque este conflicto debe ser dirimido por la jurisdicción
ordinaria- Contencioso Administrativa- y no por el juez constitucional.
2.3
Fallo de Única Instancia
El
Juzgado Cuarto de Familia de Neiva (Huila), mediante providencia del ocho de
abril de 2011, declaró improcedente la tutela, al considerar que no se presentó
vulneración al debido proceso, pues Acción Social respetó las garantías de la
accionante.
Los
argumentos del mencionado Juzgado se basan en que Acción Social, en la
respuesta que dio a la tutela, expuso que la no inclusión de la accionante en
el RUPD se dio conforme con lo estipulado en la Ley 387 de 1997. Por esto, los
motivos por los cuales la querellante declaró su necesidad de movilizarse de la
zona en la que vivía con su hijo, son ajenos a los relacionados con las
alteraciones de orden público y, por tanto, corresponden a asuntos de índole
personal. Por lo anterior, no es posible establecer la relación del
desplazamiento de la señora por motivos políticos, ideológicos o presiones de
grupos subversivos o al margen de la ley. Por último, se consideró que la
accionante contaba con la vía ordinaria –Jurisdicción Contencioso
Administrativa- para debatir su inconformidad con la decisión de Acción Social.
2.4
Pruebas obrantes en el expediente
Obran en el expediente las siguientes pruebas:
a)
Copia de la cédula de ciudadanía de la señora
Yudi Astrid Uribe Sánchez.
b)  Copia de la resolución número 410012554 de 24 de Agosto de 2010, emitida
por Acción Social, por medio de la
cual “decide sobre una inscripción en
el Registro Único de Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción Social-“. Se expuso en
la mencionada resolución:
“CONSIDERANDO: 1. La señora
YUDI ASTRID URIBE SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43656792,
rindió declaración juramentada ante la Defensoría del Pueblo Regional Huila el
21 DE JUNIO DE 2010, para que conforme al artículo 32 de la Ley 962 de 2005 se
le inscribiera junto con los miembros de su hogar en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD. (…) Una vez valorada la declaración rendida por la
señora YUDI ASTRID URIBE SÁNCHEZ se encontró que no es viable jurídicamente
efectuar la inscripción del solicitante junto con los miembros de su hogar en
el Registro Único de Población Desplazada, por cuanto: existen razones
objetivas y fundadas para concluir que de la misma se deducen la existencia de
las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1 de la Ley 387 de 1997,
de acuerdo con lo señalado en el numeral segundo del artículo 11 del Decreto
2569 de 2000. 4. Como motivación de lo anterior se expone lo siguiente: la
declarante afirma que manifiesta que volvió junto a su núcleo familiar, en el
barrio Uribe Uribe del municipio de Puerto Berrío – Antioquia-, en donde
residió por espacio de 24 años y de donde presuntamente se vio forzada a
desplazarse el día 1 de marzo de 2005, por las amenazas de un grupo armado al
margen de la ley. Sin embargo al analizar la narración de los hechos que
motivaron su desplazamiento, la deponente afirma que: “(…) … Yo vivía en el
municipio de Puerto Berrío allí conocí al señor llamado ALIAS DON CESAR quien
era el segundo al mando del grupo…que operaba en la región, con esta persona
establecí una relación sentimental… pues en el 2005 me cansó la supervigilancia
que se ejercía conmigo… estando en Puerto Berrío conocí al joven EIDER ROJAS
MOTTA con quien establecí una relación sentimental, siendo asesinado como al
mes por DON CESAR…(…)”. En relación con los argumentos anteriores, se establece
que las situaciones y los motivos por los cuales la declarante se movilizó son
ajenos a situaciones relacionadas con alteraciones de orden público y
corresponden a asuntos de índole personal, por lo cual no es posible establecer
que su movilización está directamente relacionada con motivos ideológicos o
políticos. Así mismo, no es posible considerar que su salida de la región,
obedezca a hechos contemplados dentro del artículo 1 de la Ley 387 de 199. Por
cuanto, las personas que provocaron su salida forzada de la región no hacen
parte de los grupos armados al margen de la ley, en el entendido que el grupo
armado al margen de la ley, “es aquella organización de personas que bajo la
dirección de un mando responsable, ejerce sobre una parte del territorio un
control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas con el objetivo de desestabilizar el gobierno de un país”. Por lo
anteriormente expuesto no se procederá a inscribir a la deponente ni a su grupo
familiar en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD-. Ya que existe
razones objetivas y fundadas para concluir quede la misma no se deduce la
existencia de las circunstancias de hecho previstas en el Artículo 1 de la Ley
387 de 1997. En mérito de lo expuesto, este Despacho, RESUELVE: ARTÍCULO
PRIMERO: No inscribir a YUDI ASTRID URIBE SÁNCHEZ identificado con cédula de
ciudadanía No. 43656792, junto con los miembros de su hogar en el Registro
Único de Población Desplazada por las razones señaladas en la parte motiva del
presente acto.(fl. 11-12 cdno. 2
Tutela)
c)
Copia de la impugnación de la Resolución,
presentada por la señora Yudi Astrid Uribe Sánchez, ante la Resolución No. 410012554 de 24 de Agosto
de 2010 de Acción Social. En la cual la accionante expone que rindió declaración
juramentada:
“el 21 De Junio de 2010, conforme al Art.32 de la
ley 962 del 2000, resolución 0051 del 22 de agosto de 2005 y Art. 50 y
siguientes del código contencioso, esta reposición la hago con el fin de
aclarar las falencias que existen en la motivación de no inclusión a mi
declaración enviada por la Acción Social los cuales me niegan la inscripción
debido a que en el momento que rendí la declaración igual que me siento en
estos momentos, tengo una presión psicológica puesto que de todo lo que me
rodea me da miedo pues mi desplazamiento se ocasiono debido como lo dije fui
obligada a tener una relación sentimental con un comandante Paramilitar Alias
“Don Cesar”, quien por amenazas contra mí y mi núcleo de familia me toco
acceder a sus pretensiones con tal de que dejara mi familia en paz, más en
estos momentos y por escrito ya que me siento con la suficiente entereza por la
confianza que me han brindado personas que no conozco pero creo en ellos,
porque la presión psicológica a la cual fui sometida el día de mi declaración
puesto que desde mucho más antes he sido amenazada de muerte como me lo han
dicho que si no quiere que me suceda lo que le paso a EIDER ROJASMOTTA
(Asesinado a manos de ellos), tengo que regresar al lugar de origen, ahora la
Acción Social o quienes valoraron mi declaración aseveran que supuestamente son
problemas sentimentales, si salir huyendo abandonándolo todo, eso es
sentimentalismo, a sabiendas de que allí estaba implementado mi futuro y practicante
toda mi vida definida si ustedes asimilan, cuando estuve en Puerto Berrío
conocí a un muchacho quien por estar conmigo fue asesinado, imagínese que me
hubiese pasado a mi si me hubiera quedado, si mi desplazamiento no estuvo
motivado por motivos ideológicos que me querían a la fuerza hacer pertenecer a
un frente de paramilitares entonces dónde queda la libertad de vida en Colombia
y quien valoró mi declaración no se da cuenta de que él nunca ha vivido en la
parte de donde pertenezco como campesinos colombianos que somos y donde
realmente se vive la guerra, puesto que como campesinos no tenemos derecho a la
vida, ni a la libertad, puesto que todo lo que somos y tenemos le pertenece a
ellos hasta la propia vida; por esta razón con el juramento de la buena fe,
reitero que están cometiendo un error al NO calificar la valoración de mi
inclusión puesto que yo si soy realmente desplazada por la violencia donde no
dependo de nada ni de nadie y lo que yo dije y escribo es la verdad de los
hechos para su valoración y mi inclusión en el Registro Único de Población
Desplazada … (…)”
d)    Copia de la resolución número 410012554R del 22 de
Noviembre de 2010, emitida por Acción Social, por medio del cual “se decide
sobre el recurso de Reposición interpuesto contra la resolución No. 410012554
de fecha 24 de Agosto de 2010 de No inscripción en el Registro Único de
Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional, -Acción Social-.” Se expuso en la mencionada
resolución:
“CONSIDERANDO: 1. La señora
YUDI ASTRID URIBE SÁNCHEZ, identificada con C.C. No. 43656792, rindió
declaración juramentada ante la Defensoría del Pueblo de NEIVA-HUILA el 21 de
junio de 2010, para que conforme al artículo 32 de la Ley 962 de 2005 se le
inscribiera junto con los miembros de su hogar en el Registro Único de Población
Desplazada –RUPD.(…) 3. Una vez valorada la declaración rendida por la señora
YUDI ASTRID URIBE SÁNCHEZ,  se encontró que no es viable jurídicamente efectuar
la inscripción del solicitante y su hogar en el Registro Único de la Población
Desplazada, por cuanto: ‘Existen razones objetivas y fundadas para concluir que
de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas
en el artículo 1° de la Ley 387 de 1997, de acuerdo con lo señalado en el
numeral 2 del artículo 11 del Decreto 2569 de 2000’. (…) 5. El 04 de Noviembre de 2010, se recibió escrito mediante el cual se presenta recurso de
reposición contra la Resolución No. 410012554 de fecha 24 de Agosto de 2010, en
el cual se expone lo siguiente: “(…) Fui sometida el día de mi declaración
puesto que desde mucho más antes he sido amenazada de muerte como me lo han
dicho que si no quiere que me suceda lo que le paso  EIDER ROJAS MOTTA
(Asesinado a manos de ellos), tengo que regresar al lugar de origen…aseveran
que supuestamente son problemas sentimentales, sin salir huyendo abandonándolo
todo, eso es sentimentalismo , a sabiendas de que allí estaba implementado mi
futuro y practicante toda mi vida definida si ustedes asimilan, cuando estuve
en Puerto Berrío conocí a un muchacho quien por estar conmigo fue asesinado,
imagínese que me hubiese pasado a mi si me hubiera quedado” En consecuencia,
teniendo en cuenta los argumentos esbozados en el recurso, solicita sea
revocada la resolución de no inclusión y se le inscriba en el Registro Único de
Población Desplazada –RUPD-. (…) 7. Una vez revisados los argumentos
presentados por la solicitante, YUDI ASTRID URIBE SÁNCHEZ, se encontró que no
es viable jurídicamente acceder a su solicitud y, por consiguiente, no es
procedente efectuar la inscripción del solicitante y su hogar en el Registro
Único de Población Desplazada…(…) Una vez revisados los argumentos del solicitante,
se encontró que no es viable jurídicamente acceder a su solicitud y, por
consiguiente, no es procedente efectuar la inscripción del solicitante y su
hogar en el Registro Único de Población Desplazada, por cuanto analizada
nuevamente la declaración rendida por el impugnante, así como los cargos del
acto administrativo de la referencia, se deduce que las razones esbozadas en la
mencionada resolución, están acordes con la conclusión a la que se llegó por
cuanto el testimonio fue valorado atendiendo las reglas de la sana crítica, así
como las bases de consulta y los argumentos esgrimidos en el escrito de
Reposición, se considera que carecen de validez jurídica para entrar a variar
la decisión. (…) Por lo antepuesto se infiere que si realmente se presentó el
traslado éste se debió al conflicto de orden personal narrado por usted en la
exposición de los aparentes sucesos (Declaración rendida el día 21 de Junio de
2010), en la cual es muy clara en afirmar que como consecuencia de la relación
sentimental que mantuvo con el señor alias “DON CESAR”, se derivaron las
amenazas, lo que generó una situación de inseguridad personal, pero dicha
situación debe ser amparada por los diferentes organismos competentes como el
Ministerio de Defensa Nacional o el Ministerio del Interior y de Justicia,
según corresponda; pues dichas entidades coordinan con el Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, y la Policía Nacional, las medidas necesarias
para brindar seguridad a las personas que se encuentren en estas situaciones de
inseguridad personal, familiar y social. (…) Aunando a lo anterior, la entidad
al no inscribir a la señora YUDI ASTRID URIBE SÁNCHEZ y a su grupo familiar,
está actuando bajo el imperio de la normatividad nacional aplicable, a saber,
el Decreto 2569 de 2000; por consiguiente, la decisión adoptada, que se
confirmará en el presente acto, no es caprichosa, pues tiene su soporte en la
facultad que la Ley le dio a la entidad para No inscribir a las personas donde
se observe que Existen razones objetivas y fundadas para concluir que de la
misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas enel
Artículo 1° de la Ley 387 de 1997 o que en todo caso se falte a la verdad, de
acuerdo con lo señalado en el numeral 1 y 2 del artículo 11 del Decreto 2569 de
2000. (…) En mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho, RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida mediante la Resolución No.
410012554 de fecha 24 de Agosto de 2010, por las razones expuestas en la parte
motiva de este acto.(fl. 19-22 cdno.2
tutela)
e)     Copia del informe técnico médico legal de lesiones no
fatales – radicación interna: 2010C-07000407549-, realizado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Sede Neiva.
f)      Copia del informe técnico médico legal de lesiones no
fatales – radicación interna: 2010C-07000400486-, realizado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-Sede Neiva.
g)     Copia de la Resolución No. 04346 de 2 de Julio de
2009, emitida por Acción Social.
h)    Copia de la Resolución No. 06260 de 6 de Agosto de
2010, emitida por Acción Social.
i)       Copia de la Resolución No. 110011036R del 24 de Agosto
de 2010.
j)       Copia de la Resolución No. 110011036R del 22 de Noviembre
de 2010.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
Competencia
1.
Esta Corte es competente para
conocer de los fallos materia de revisión de conformidad con lo establecido en
los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 al 36
del Decreto 2591 de 1991 y en las demás disposiciones pertinentes.
2.
Así mismo, porque esta Corporación
dispuso la revisión del expediente remitido a la Sala de Selección número
Cinco, mediante auto del veinte (20) de mayo de dos mil once (2011), y su
acumulación por el numeral décimo sexto del mismo auto.
Problemas jurídicos
3. A la luz de la Constitución
Política, frente a sus artículos 1, 11, 13 y 29 le corresponde a la Sala
estudiar:
3.1
Expediente T-3053251.
·
¿Se vulneraron los derechos
fundamentales a la vida, integridad física, salud, libre
desarrollo de la personalidad y dignidad humana de la señora Carmen Muñoz al
negar Acción Social su registro en el RUPD, con el argumento de que las
certificaciones emitidas por los organismos civiles y militares dan cuenta de
que en la fecha en la que se registró el desplazamiento no se presentaron
disturbios en la zona indicada por la accionante?; de manera alterna se
revisará si en el presente caso se estructuraron las condiciones para que opere
la agencia oficiosa.
3.3
Expediente T-3058569.
·
¿Se vulneraron los derechos
fundamentales de las mujeres desplazadas, del mínimo vital, de la vida digna y
del debido proceso de la señora  Yudi Astrid Uribe Sánchez
al negar Acción Social su registro en el RUPD, con razón a que su desplazamiento
tuvo origen en una situación de carácter personal, derivada de una relación
sentimental con un actor del conflicto armado interno, que la obligó a huir de
su sitio de habitación?
4.
Para efectos de absolver los anteriores interrogantes, la Corte procederá a
estudiarlo de la siguiente manera: (1) Para el primer caso se revisará la
legitimación por activa de un tercero, para interponer la acción de tutela.
(2)El concepto de persona desplazada por la violencia, como sujeto de especial
protección Constitucional con especial preferencia a la mujer. (3) La
viabilidad de ordenar la inscripción en el RUPD por medio de una acción de
tutela. (4) Violencia sexual, causa de desplazamiento. (5) Desarrollo concreto
de los casos bajo estudio.
La legitimación por activa de un tercero, para interponer la acción de
tutela
5.
La legitimación por activa para la interposición de una acción de tutela
(Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia), está constituida en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 como  aquella que puede realizar quien: (i) del ejercicio
directo, interponga la acción de tutela, por ser el poseedor del derecho
fundamental vulnerado; (ii) por medio de un  representante legal, como en el
caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas; (iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el
apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado, anexando en el
escrito de la acción el poder especial para el caso o en su defecto el poder
general respectivo; y (iv) por medio de agente oficioso.[3]
6. Según el Decreto 2591 de 1991, toda persona puede
hacer uso de la agencia oficiosarespeto de “derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,
deberá manifestarse en la solicitud,”por lo que la jurisprudencia de la Corte expuso cuatro elementos,
según la sentencia T-995 de 2008:
“(i) la manifestación[4] del agente oficioso en el
sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia real, que se desprenda del
escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda
inferir[5], consistente en que el titular del derecho fundamental no está en
condiciones físicas[6] o mentales[7] para promover su propia
defensa; (iii) la existencia de la agencia no implica[8] una relación formal[9] entre el agente y los
agenciados titulares de los derechos; (iv) la ratificación[10]oportuna[11] por parte del agenciado
de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acción de
tutela por el agente.”
De los elementos anteriores los dos primeros son indispensables para
ejercer la agencia oficiosa.
7. Así mismo la Corte ha dicho, que además de tener en cuenta los
elementos que configuran la agencia oficiosa, el análisis siempre debe ir
guiado bajo tres principios fundamentales: (i) el principio de eficacia de los
derechos fundamentales[12],
el cual impone la ampliación de los mecanismos protectores de los derechos
fundamentales para los particulares y autoridades públicas; (ii) el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre la forma[13], que busca
impedir que por diseños artificiales de la norma, se deje de cumplir el fin
último de ésta; y (iii) el principio de solidaridad[14], la
obligación de los miembros de la sociedad de Colombia de velar no sólo por los
derechos fundamentales propios, sino por los del otro, en la imposibilidad  que
tiene éste de propender por la protección de sus derechos.
8. Por último, en la sentencia T-
573 de 2008, frente a los requisitos de manifestar expresamente que se actúa
como agente oficioso y denunciar las razones de la imposibilidad del actor de
ejercer la acción de tutela por sí mismo, se flexibilizó el punto de la
siguiente manera:
“Le corresponde al juez de tutela‘valorar las
circunstancias del caso y determinar si es procedente o no la acción de tutela
cuando no es el titular del derecho quien la ejerce sino un tercero determinado
o indeterminado en su nombre, más aún cuando se trata de personas enfermas de
la tercera edad[15].
En esos casos, la realidad debe primar sobre las formas[16]
y, el juez de tutela debe propender por garantizar los derechos de ese grupo
poblacional que se encuentra en una ‘debilidad manifiesta’, pues tal como lo ha
expresado esta Corte, la figura de la agencia oficiosa ‘es suficientemente
comprehensiva y guarda relación con hechos de cualquier naturaleza o con
situaciones que imposibilitan la comparecencia directa del interesado’; razón
por la que, ‘no puede elaborarse de antemano una lista de circunstancias
justificantes  de la forma en que se ha llegado a los estrados. Empero, en
el marco normativo encajan todas las eventualidades que limitan a quien se
considera afectado para acudir ante el juez, siendo claro que debe tratarse de
circunstancias que lleven razonada y fundadamente al agente oficioso a obrar
sin poder expreso, como debería ocurrir normalmente.”[17]
Concepto de persona desplazada por la violencia, como sujetos de
especial protección con especial referencia a la mujer
9.
Para mayor orden en este punto, se dividirá así: (i) el desplazamiento en
Colombia y el concepto jurídico expuesto por la legislación colombiana y por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional; (ii) La mujer y su papel en el
conflicto armado interno.
(i)
El desplazamiento en
Colombia y el concepto jurídico expuesto por la legislación colombiana y por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
10.
El desplazado en Colombia, en razón del conflicto armado interno, se define por
la Ley 387 de 1997, en el artículo 1° como “toda persona que se ha visto
forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público”, dicho concepto de desplazado se confirma
en el Decreto 2569 de 2000, en su artículo segundo[18].
11.
La Corte en sentencia T-227 de 1997 dejó ver la postura garantista y práctica
frente al desplazamiento, ampliando el concepto de desplazado. Al respecto
señaló: “[s]ea cual fuere la descripción que se adopte sobre desplazados
internos, todas contienen dos elementos cruciales: la coacción que hace
necesario el traslado y la permanencia dentro de las fronteras de la propia
nación. Si estas dos condiciones se dan, como ocurre en el caso motivo de esta
tutela, no hay la menor duda de que se está ante un problema de desplazados.”
12. Esta corporación ha abordado el desplazamiento en
su conjunto, como una consecuencia del conflicto armado interno, refiriéndose a
éste como:
“(a) ‘un problema de humanidad que debe ser
afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico,
por los funcionarios del Estado’[19];
(b) ‘un verdadero estado de emergencia social’, ‘una tragedia nacional, que
afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del
país durante las próximas décadas’ y ‘un serio peligro para la sociedad
política colombiana’[20];
y, más recientemente, (c) un ‘estado de cosas inconstitucional’ que ‘contraría
la racionalidad implícita en el constitucionalismo’,  al causar una
‘evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica
declaración de valores, principios y derechos contenidas en el Texto
Fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo
de millones de colombianos’[21].”[22]
13.
Prosiguiendo, según la interpretación de la definición de desplazado,  en
sentencia C-327 de 2001 la Corte expuso que para:
“realizar una interpretación razonable al artículo 2
inciso 2 del decreto 2569 de 2000, se deben aplicar criterios de interpretación
sistemática, teleológica, y más favorable a la protección de los derechos
humanos. Siendo esto así, al aplicar la interpretación sistemática, se debe
tener muy claro que el decreto contentivo del artículo en estudio es desarrollo
reglamentario de una ley que reconoce el desplazamiento forzado como situación
de hecho; a su vez, esta ley es desarrollo de un sistema constitucional al cual
están incorporadas normas supranacionales como lo son los Principios Rectores
de los Desplazamientos Internos, emanados de la ONU y el artículo 17 del
Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949( como
se dijo en la sentencia T-1635 de 2000), que buscan proteger a los desplazados
y no exigen certificación de tal fenómeno de facto.  Si se hace una
interpretación teleológica de la norma, se observa que el fin de tal artículo
es brindar protección y ayuda frente a una situación que, como se reconoce en
el inciso primero de tal artículo, se da por la ocurrencia de los hechos de una
manera estructurada. No requiere el citado artículo la necesidad del
reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un
caso concreto. Igualmente, realiza una interpretación en el sentido que más
convenga a la finalidad de la norma, se encuentra que frente al tratamiento de
tan grave situación como lo es el desplazamiento forzado,  lo más
razonable es entender que no se puede condicionar la existencia de una realidad
a la afirmación de su configuración por parte de las autoridades. Finalmente,
de acuerdo con el criterio hermenéutico de la interpretación más favorable a la
protección de los derechos humanos. Al  aceptar como válida tal
interpretación, el inciso segundo de la norma en estudio se debe tomar como una
serie de pautas para facilitar una organizada protección de los derechos
fundamentales de los desplazados.”
14.
De igual sentido, en sentencia T-468 de 2006 expuso que:
“no se puede tener como condición sine qua nom para el
ejercicio de derechos fundamentales de los desplazados la certificación de la
‘condición de desplazado’[23],
o, lo que es lo mismo, considerar que las personas que alegan serlo sólo tienen
derecho de protección especial en la medida en que así lo consideren los
funcionarios estatales correspondientes.”
(ii)La mujer y su papel en el conflicto armado interno, frente al
desplazamiento.
15.
La mujer y su rol en el conflicto armado interno, debe estudiarse desde  (a) la
mujer en el desplazamiento forzado y (b) el enfoque diferencial de la mujer en
la guerra.
(a)EL desplazamiento forzado y la mujer.
16.
El desplazamiento forzado en el conflicto armado interno de la mujer a nivel
internacional y nacional debe ser considerado un acto de violencia,
considerándose, desde el enfoque diferencial, como un sujeto de especial
protección[24].
Es por ello que la Corte, según el auto 092 de 2008, expuso que de acuerdo con
el bloque de constitucionalidad en Colombia, a la mujer se le otorgó, por medio
de autoridades estatales un trato preferente, con deberes especiales de
atención y salvaguarda de los derechos fundamentales de la mujer. Es así como
en la sentencia T-025de 2004, se señaló, “que respecto de las mujeres
desplazadas se adopten medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus
condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad e indefensión y propendan, a
través de un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales. El carácter de sujetos de especial protección
constitucional de las mujeres desplazadas tiene su fundamento en múltiples
mandatos constitucionales, así como en diversas obligaciones del Estado
Colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario”
17.
Por lo anterior, el citado Auto 092 de 2008, desarrolló los siguientes puntos:
(i) Mandatos constitucionales específicos, los cuales, se basan en los
argumentos jurídicos establecidos en la Constitución, que obligan a la protección
de la mujer, entre los que se encuentran: el artículo 1°, que trata de la
dignidad humana, según el cual, la confianza que la mujer ha depositado en el
Estado, le debe permitir vivir según sus expectativas de vida; el artículo 2°,
sobre la protección de la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades por parte del Estado; el artículo 5° que da primacía de los derechos
inalienables de la persona; el artículo 13° igualdad y libertad en el
desarrollo del ser, y el deber estatal de luchar por la igualdad y la no
discriminación por ningún factor, entre esos, el género; el artículo 22°, sobre
el derecho a la paz; el artículo 43°, referente  a la igualdad entre hombres y
mujeres, prohibición de discriminación hacia la mujer, en favor de la protección
de la maternidad y las mujeres cabeza de familia.(ii)y las Obligaciones
internacionales en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, que se ha
implementado a través de tratados internacionales, ratificados por el Estado
colombiano, en los que se ha tomado como norma consuetudinaria, la protección
específica a la mujer en el conflicto armado interno, por ser sujeto de
especial protección, aspecto que genera una obligación al Estado colombiano
internacionalmente; y desde la creación de dos principios dirigidos a la mujer
desplazada en el Derecho Internacional Humanitario, principio de distinción,
que es la protección que se le da por el desplazamiento a la mujer que
queda desprotegida por los efectos de la guerra, en los casos de“las mujeres
embarazadas, las madres con hijos pequeños, las mujeres cabeza de familia”[25], un
trato diferencial en su atención y prevención, y el principio humanitario, que
es la protección de las garantías fundamentales del ser humano, característica
no sólo favorable a la mujer, sino a toda persona.
(b)Prevención del desplazamiento interno y su impacto desproporcionado
en la mujer frente al enfoque diferencial estricto.
18.
Según el derecho internacional humanitario y el Derecho Internacional de
Derechos Humanos, el Estado está en la obligación de proteger a la mujer en el
conflicto armado, no sólo como víctima de la guerra, sino desde la prevención
de daños y perjuicios, sobre todo en situación de desplazamiento[26]. El papel de
la mujer en la guerra requiere de políticas públicas guiadas por la
implementación de garantías estatales que eviten el desplazamiento, una
intervención en las zonas del conflicto, para evitar las secuelas del conflicto
armado interno, con el fin de cumplir con la Constitución Política de Colombia,
en su libertad, igualdad, no discriminación, paz, dignidad humana, el derecho
de decidir dónde vivir, crecer, procrear, estudiar, la convivencia pacífica,
entre otros.
19.
Lo anterior, también debe cumplirse porque Colombia se obligó por medio del
artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer, a “adoptar, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (…) (b) actuar con la debida
diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
20.
Ahora bien, la jurisprudencia en Colombia ha ido identificando las diversas
razones del impacto diferencial en el conflicto armado interno. Es así como por
medio de la Sentencia T-496 de 2008 la Corte Constitucional, indicó:
“(I) Por
su condición de género, las mujeres están expuestas a riesgos particulares y
vulnerabilidades específicas dentro del conflicto armado, que explican en su
conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzado sobre las
mujeres[27]
(II) Como víctimas sobrevivientes de actos violentos
que se ven forzadas a asumir roles familiares, económicos y sociales distintos
a los acostumbrados, las mujeres deben sobrellevar cargas materiales y
psicológicas de naturaleza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a
los hombres. (….)”
La Corte constató en esa oportunidad, “que ambas
series de factores causantes del impacto diferencial y agudizado del conflicto
armado sobre las mujeres, se derivan a su turno de la persistencia y
prevalencia de patrones sociales estructurales que fomentan la discriminación,
exclusión y marginalización que de por sí experimentan las mujeres colombianas
en sus vidas diarias, con los alarmantes niveles de violencia y subordinación
que le son consustanciales tanto en espacios públicos como en privados, y que
les ubica en una posición de desventaja en el punto de partida para afrontar el
impacto del conflicto armado en sus vidas”[28]
21. Por último, las cifras sobre el desplazamiento
informan que la mayor población desplazada es de género femenino. Para el año 2009, las cifras del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses mostraba el desplazamiento de la mujer en
altos índices. Según este estudio, en Colombia son 85% las mujeres
sobrevivientes del conflicto armado, y un 80% son desplazadas con su núcleo
familiar.
La inscripción en el RUPD – Registro único de Población Desplazada-
22.
La inscripción en el RUPD, se desarrollará bajo las siguientes premisas: (i)
Definición legal y jurisprudencial del concepto del RUPD. (ii) Principios y
reglas jurisprudenciales para las autoridades encargadas del Registro.
23.
El sistema denominado “Registro Único de Población Desplazada” (RUPD), es un
mecanismo orientado a identificar los sujetos que han sido desplazados por el
conflicto armado interno, para brindarles por parte del Estado una protección
especial, sin que con ello pueda “concebirse como un instrumento político,
ni como un procedimiento formal con bajo impacto sobre la población[29].”[30]. Aquellos
beneficios señalados anteriormente, se desarrollan con la Ley 387, el Decreto
2569 de 2000 y demás normas encaminadas a identificar a los desplazados como
sujetos de especial protección, que requieren a un Estado y a una sociedad
solidaria con su situación.
24.
No obstante, la condición de desplazado se adquiere de facto. Por ende, la
interpretación no puede ser orientada a considerar la inscripción en el RUPD,
como aquel que otorga el carácter de desplazado[31]. Las autoridades
estatales encargadas de la inscripción no pueden exigir más de lo que aquella
persona en situación de indefensión puede entregar como prueba, así sea sólo su
versión[32].
25.
Así, las entidades estatales, encargadas de la inclusión en el RUPD, puedan
realizar la correspondiente oposición, puesto que en el Decreto 2569 de 2000, ésta
se autoriza frente:(i) a quienes falten a la verdad en su
declaración; (ii) a aquellos cuyas afirmaciones no permitan concluir que
han sido desplazadas; y, finalmente, (iii) por hechos ocurridos con más
de un año de antelación[33].
Esta
oposición, por parte de la autoridad administrativa debe contar con fundamento
probatorio que logre desvirtuar las declaraciones rendidas por los sujetos que
solicitan la identificación como desplazados en el RUPD. También, esta
Corporación, ha creído que los razonamientos que se hagan frente a las
declaraciones, deben ser orientados a:
“ (…) tener en cuenta una serie de condiciones
objetivas que suelen rodear el desplazamiento, las cuales acusan el limitado
acceso que las víctimas suelen tener al sistema educativo, la difusión de
erradas concepciones de la administración producto de las cuales la persona
tiene una suerte de ‘temor reverencial’ hacia las autoridades; el impacto
psicológico y la huella afectiva que trae consigo el desplazamiento, las cuales
hacen mella en la espontaneidad y claridad de las declaraciones; el temor a
sufrir represalias por parte de los agentes responsables del desplazamiento,
que, a su vez suscita una comprensible aprensión frente a la idea de poner en
conocimiento de las autoridades la ocurrencia de los hechos.”[34]
26.
Ahora bien, esta Corporación ha buscado que siendo el fin de la Carta Política
y las normas internacionales la protección del desplazado, la identificación de
los afectados no debe ser una barrera para ser reconocidos, razón por la cual
se establecieron unos principios jurisprudenciales para las autoridades
encargadas del Registro a través de la sentencia T-328 de 2007:
“(1) Las disposiciones legales deben interpretarse y
aplicarse a la luz de las normas de derecho internacional que hacen parte del
bloque de constitucionalidad sobre el tema de desplazamiento forzado, en
particular, el artículo 17 del Protocolo Adicional de los Convenios de Ginebra
de 1949[35]
y los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, consagrados en el
Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas
para el Tema de los Desplazamientos Internos de Personas[36]; (2) el
principio de favorabilidad[37];
(3) el principio de buena fe y el derecho a la confianza legítima[38];
y (4) el principio de prevalencia del derecho sustancial propio del Estado
Social de Derecho.[39]”
27.
De lo anterior, del principio de buena fe, esta Corte ha dicho que prima
facie deben tenerse, como ciertas las declaraciones y las pruebas aportadas
por el declarante. Así, si el funcionario considera que la declaración o la
prueba son contrarias a la verdad, se debe demostrar que ello es así. Empero,
cuando existe solamente la afirmación de la accionante de su calidad de
desplazada y ésta se contrapone a las razones de la entidad accionada que
justifican la ausencia de dicha situación en la demandante, se hace necesario
un elemento de juicio adicional que permita inferir que quien dice ser
desplazado por la violencia efectivamente lo es y, así poder trasladar la carga
de la prueba a la entidad demandada en virtud del principio de la buena fe[40].
28.
Así mismo, se establecieron unas reglas para el proceso de inscripción que
realizan los funcionarios,  según se indicó en la Sentencia T-605 de 2008:
“(1) En primer lugar, los servidores públicos
deben informar de manera pronta, completa y oportuna a quien pueda encontrarse
en situación de desplazamiento forzado, sobre la totalidad de sus derechos y el
trámite que deben surtir para exigirlos[41].
(2) En segundo término, los funcionarios que reciben la declaración y
diligencian el registro sólo pueden requerir al solicitante el cumplimiento de
los trámites y requisitos expresamente previstos en la ley para tal fin[42].
(3) En tercer lugar, en virtud del principio de buena fe, deben tenerse como
cierto, prima facie,  las declaraciones y pruebas aportadas por el
declarante[43].
En este sentido, si el funcionario considera que la declaración o la prueba
falta a la verdad, debe demostrar que ello es así[44]; los
indicios deben tenerse como prueba válida[45];
y las contradicciones de la declaración no son prueba suficiente de que el
solicitante falte a la verdad[46].
(4) La declaración sobre los hechos constitutivos de desplazamiento debe
analizarse de tal forma que se tengan en cuenta las condiciones particulares de
los desplazados así como el principio de favorabilidad[47]. (5)
Finalmente, la Corte ha sostenido que en algunos eventos exigir que la
declaración haya sido rendida dentro del término de un año definido en las
normas vigentes puede resultar irrazonable o desproporcionado, en atención a
las razones que condujeron a la tardanza y a la situación que dio lugar el
desplazamiento y en la cual se encuentra la persona afectada[48].”
29.
Respecto de la prueba de la condición de desplazado, esta Corte ha
señalado que la situación de desplazamiento es de muy difícil prueba y por ende
no puede tener un manejo probatorio estricto, debido a la situación de
vulnerabilidad en que se encuentran[49].
Respecto de la carga de la prueba de la
población desplazada en la acción de tutela, esta Corte en sentencia T-600-09
señaló que:
“(…) 9. Ahora bien, cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional los que solicitan el amparo de sus derechos
fundamentales, en este caso, las personas desplazadas por la violencia, esta
Corporación ha determinado[50]
que el actuar de las instituciones encargadas de conjurar los sufrimientos  y
los perjuicios derivados del desplazamiento debe estar guiado por una
interpretación  pro homine y ha señalado que para acceder al registro en el
sistema único para la población desplazada y a los auxilios que de esta
situación se deriva, no se debía exigir una carga probatoria desproporcionada,
“pues …el desplazado no conoce plenamente sus derechos ni el sistema
institucional diseñado para protegerlos y este hecho en lugar de volverse en su
contra debe servir para que el Estado actúe con mayor atención y diligencia”,
requerimiento que es igualmente exigible al juez de tutela, en quien radica con
mayor énfasis la protección de los derechos fundamentales”.
De
este modo, no se le puede exigir a la población desplazada por la violencia,
plena prueba acerca de su situación, sino que basta una prueba sumaria, por
ejemplo, cuando una persona abandona sus bienes y una comunidad. No es
necesario, así, la certeza de los hechos ocurridos como si se tratara de un
juicio ordinario, pues algunas veces la violencia que genera el desplazamiento
es silenciosa y por ende la tarea de probar sería imposible de ejecutar
30.
En conclusión, la finalidad de la inscripción en el RUPD es la identificación
de los sujetos que se encuentran desplazados, para la protección de sus
derechos, la cual se establece a partir de un acto administrativo de naturaleza
declarativa y no constitutiva de derechos.
Violencia sexual, causa de desplazamiento
31. En relación con la violencia sexual, la Corte en el Auto 092 de
2008, indicó lo siguiente:
“[a] nivel del Derecho Internacional Humanitario, la
violencia sexual en el marco de un conflicto armado es un crimen grave que
compromete la responsabilidad penal nacional e internacional de sus
perpetradores, y que dependiendo de las circunstancias de su comisión puede dar
lugar a la configuración de un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad.
La tipificación de la violencia sexual como crimen grave bajo el Derecho
Internacional Humanitario está consagrada tanto en tratados internacionales
vinculantes para Colombia, como en normas consuetudinarias internacionales que
resultan igualmente vinculantes. Varias de estas garantías básicas configuran
normas de iuscogens que, por su naturaleza, imponen a las autoridades deberes
reforzados de prevención y protección de la violencia sexual en el marco de un
conflicto armado. Así, por sólo enumerar las normas internacionales más
importantes que condenan esta forma de criminalidad –y sin que ello implique
que la Corte Constitucional esté afirmando la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en la presente providencia-, se pueden citar (a) el artículo 3
común de los Convenios de Ginebra de 1949 establece en su numeral 1-c que los
ataques contra la dignidad personal de quienes no participan en los combates
estarán prohibidos en cualquier tiempo y lugar; (b) el artículo 4-2-e del
Protocolo Adicional II de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949 incluye,
entre las garantías fundamentales inherentes al principio humanitario, la
prohibición de “los atentados contra la dignidad personal, en especial los
tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y
cualquier forma de atentado al pudor”; y (c) el Estatuto de la Corte Penal
Internacional dispone en su artículo 7-1-g que serán crímenes de lesa
humanidad, cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, la “violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable”; en
su artículo 7-1-h tipifica el crimen de lesa humanidad de persecución, crimen
que también se puede configurar a través de la violencia sexual[51]; en su
artículo 8-2-c-i establece que los ultrajes contra la dignidad personal, en
tanto violaciones graves del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra,
constituyen crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales; y en
su artículo 8-2-e-vi dispone que será, igualmente, un crimen de guerra en
conflictos armados no internacionales el “cometer actos de violación,
esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, (…) esterilización
forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una
violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra”.Por su
parte, los tribunales internacionales –en particular los Tribunales Penales
para Ruanda y la Antigua Yugoslavia- han confirmado que la prohibición de la
violencia sexual en tanto crimen de guerra en conflictos armados no
internacionales, o en tanto crimen de lesa humanidad, constituye una norma
consuetudinaria de Derecho Internacional Humanitario.”[52]
32. Precisamente, en el marco del conflicto armado en Colombia, los
actos de violencia sexual son consideradas prácticas habituales, extendidas,
sistemáticas e invisibles,  por parte de los grupos al margen de la ley y por
agentes individuales de la Fuerza Pública[53].
En el territorio colombiano se presentan estos actos en contra de niñas,
adolescentes, y mujeres, de los cuales, la mayoría son niñas y adolescentes.
Siendo así, que para el año 2008 los estudios señalaron que el 15, 8% de las
mujeres en situación de desplazamiento habían sido víctimas de violencia
sexual, de este número un 18% admitieron que la razón de su desplazamiento se
debió a estos hechos[54].
Así mismo, en el debate de violencia sexual en el conflicto armado,  la
Representante a la Cámara (Partido Verde) por Bogotá, la Dra. Ángela María
Robledo, en su intervención cita los estudios realizados  para el año 2009 por
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se
registraron 114 casos de violencia sexual contra la mujer, encontrándose que el
83% fueron agentes individuales de las fuerza pública, 7% grupos paramilitares
y 9% grupos guerrilleros. Según Acción Social 1534 mujeres solicitaron
reparación por vía administrativa a causa de la violencia sexual. Según el auto
092 de 2008, estos actos violentos tiene un alto porcentaje de impunidad
oficial y extraoficial.
33.
En Colombia, la importancia y el manejo que se le ha dado a los actos de
violencia sexual, se han enmarcado como actos deliberados, indiscriminados, sin
mayor alcance en el marco de acciones violentas, siendo consideradas
actuaciones individuales por los miembros de las partes del conflicto, con una
visión conceptual:
“(i) de estrategias bélicas enfocadas en el
amedrentamiento de la población, (ii) de retaliación contra los auxiliadores
reales o presuntos del bando enemigo a través del ejercicio de la violencia
contra las mujeres de sus familias o comunidades, (iii) de retaliación contra
las mujeres acusadas de ser colaboradoras o informantes de alguno de los grupos
armados enfrentados, (iv) de avance en el control territorial y de recursos,
(v) de coacción para diversos propósitos en el marco de las estrategias de
avance de los grupos armados, (vi) de obtención de información mediante el
secuestro y sometimiento sexual de las víctimas, o (vii) de simple ferocidad.
Estos actos abarcan crímenes tales como la violación colectiva o individual –a
menudo seguida del asesinato de la víctima-, las torturas y mutilaciones
sexuales, la prostitución forzada, la esclavización sexual, la desnudez pública
forzada, la humillación sexual individual y colectiva, el sometimiento a
violencia sexual como medio para obtener información, o la amenaza de violencia
sexual, efectuados contra mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores, a menudo
frente a sus familias o ante la totalidad de sus comunidades, así como su
sometimiento a prácticas crueles, inhumanas y degradantes tales como bailes,
desfiles, entretenimientos o acompañamientos forzados para complacer a los
miembros de los grupos armados, y actos de sevicia cometidos públicamente
contra sus cuerpos o cadáveres –tales como distintos desmembramientos o
empalamientos, en varios casos de mujeres embarazadas y de mujeres vivas”-[55].
34.
En ese orden de ideas, la mujer, como víctima del conflicto armado interno,
padece de un triple proceso[56]de
invisibilidad oficial y extraoficial, silencio por parte de las
víctimas, e impunidad de los perpetradores.[57]Tal
situación genera, entre otras cosas, un obstáculo de la víctima a la justicia,
la verdad, la reparación y no repetición de los actos vulneratorios y  la
re-victimización de ella en el proceso. Por ello, se han identificado factores
que lo ocasionan, descritos en el auto 092 de 2008:
“(i) el
miedo a las represalias por parte de sus victimarios contra ellas o contra sus
familiares, (ii) la desconfianza en el sistema de justicia, (iii) la ignorancia
sobre sus derechos y los mecanismos y procedimientos para hacerlos efectivos,
(iv) la falta de acompañamiento y asesoría estatal durante estos procesos, (v)
la falta de capacitación y sensibilización de los funcionarios encargados de la
administración de justicia frente a la delicada situación de las mujeres
desplazadas en tanto víctimas de la violencia y el delito, y (vi) en general,
la ausencia de garantías de acceso a la justicia para ellas y sus familias,
particularmente en las zonas apartadas geográficamente, afectadas por el
conflicto armado o sin presencia efectiva de las autoridades. A esta situación
también contribuye (vii) el riesgo al que se ven expuestas las mujeres que
optan por organizarse y liderar los procesos sociales y comunitarios de
reivindicación de derechos, tanto antes como después del desplazamiento, según
se describieron en los acápites precedentes de este Auto. Por último, (viii) la
invisibilidad oficial y extraoficial generalizada que se tiende sobre las
distintas violencias y riesgos de género propios del conflicto armado, así como
sobre las facetas de género del desplazamiento y sus gravísimas repercusiones
sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de las víctimas –entre otras
por la falta de sistemas de registro y estadísticas sobre las violaciones de
sus derechos humanos-, que constituye el telón de fondo para la situación de
impunidad y silencio que se ha acreditado ante la Sala.”[58]
Casos concretos
Expediente T-3053251
30.
En virtud de los fundamentos expuestos anteriormente, la Corte Constitucional
pasará a resolver el caso concreto. En el mismose probó la legitimidad por
activa del agente oficioso, de igual forma que la entidad accionada vulneró el
derecho de la señora Carmen Muñoz y el de su núcleo familiar -conformado por su
hija Maharay Hidalgo Muñoz y su nieto
Juan Camilo Fonseca Hidalgo- a ser
reconocidos como personas en situación de desplazamiento forzado y, en
consecuencia a ser inscritos en el RUPD. La aludida violación de derechos por
parte de Acción Social consistió, como se verá, en (i)  la indebida aplicación
de las normas legales y reglamentarias vigentes respecto de la identificación
del sujeto en situación de desplazamiento y de las funciones de registro de sus
autoridades; y (ii) la ausencia de fundamento probatorio de los actos
administrativos que resuelven negativamente la solicitud de inscripción en el
RUPD.
Procedibilidad
de la acción
36.
La procedibilidad es la “calidad que se
refiere a la concurrencia de los requisitos procesales necesarios que ha de
tener la actuación de las partes para iniciar el proceso y que garantiza la
obtención de una resolución de fondo fundada en derecho”[59], es decir, los requisitos procedimentales
fijados para interponer la acción correspondiente.
37. En este caso, la
acción de tutela, según el artículo 86 de la Constitución Política, el decreto
2591 de 1991 exige que para poder hacer uso de ésta: (i) el accionante debe
tener en peligro o en alto riesgo de vulneración un derecho fundamental por
omisión o acción de autoridades públicas y en algunos casos, de particulares; (ii)
que exista legitimación por activa; (iii)  que exista legitimación por pasiva
de la accionada, es decir, que tenga el deber de proteger o realizar  una
acción para la salvaguarda de derechos del accionante; (iv) de igual forma la
inmediatez y que no exista otro mecanismo judicial, por medio del cual el
accionante pueda reclamar el derecho, porque agotó la vía judicial
correspondiente o porque no existe otro mecanismo, para su defensa también
cuando existiendo otro mecanismo judicial, se concede de manera transitoria,
por el riesgo a una vulneración de derechos fundamentales o cuando el medio de
defensa no resulte idóneo para la protección del derecho fundamental.
38. Según esto, el caso
bajo estudio cumple con la primera premisa, en la medida en que el agente
oficioso solicitó que se amparara a la señora Carmen Muñoz, sus derechos a la
vida, integridad física, salud, libre desarrollo de la personalidad y dignidad
humana, pues según el relato de la acción de tutela, la señora Muñoz ha
denunciado amenazas por parte de  grupos armados al margen de la ley, que la
han hecho huir de su residencia habitual, haciendo que con ello todos los
derechos enunciados se vean vulnerados. Es así, que el motivo de la tutela, es
la negativa de Acción Social a identificarla a ella y a su núcleo familiar como
víctimas del desplazamiento, con ocasión al conflicto armado interno, y a
brindarle la protección requerida.
39. Frente a la
legitimación por activa de la agenciada, cabe decir que según el Decreto 2591
de 1991, en su artículo décimo, se estipula que cuando el sujeto en el cual
recae la posibilidad de la acción, por ser aquel al cual se le ha vulnerado el
derecho, se encuentra imposibilitado para interponer la acción de tutela, un
tercero puede hacerlo bajo la agencia oficiosa.
39.1 De esta manera, en
el caso concreto se advierte que en efecto quien actuó como agente oficioso así
lo expresó en la demanda. También se constató la imposibilidad de la titular
del interés de acudir directamente, acompañada de una prueba sumaria. Así el señor William Hidalgo, hijo de la afectada
por el desplazamiento, la señora Carmen Muñoz, presentó acción de tutela como
agente oficioso, argumentando que su madre se encontraba en una “situación
lamentable”, allegando como prueba documental la historia clínica, expedida
por la Universidad Cooperativa de Colombia, en la que se evidenció, según el
médico tratante, un “episodio depresivo mayor[60].
39.2. Con base en lo antes mencionado, esta Corporación ya ha
dicho que frente a la agencia oficiosa la inferencia se debe hacer frente a las
razones por las cuales el sujeto activo de la acción no puede presentarla por
sí misma. De lo cual, primero, el análisis lo debe hacer el juez
constitucional; segundo, la inferencia tomada de las características de la
persona imposibilitada, o con documentos allegados que demuestren una debilidad
manifiesta para así dar como probada la necesidad de realizar la agencia. Por
lo que no se exige un listado de justificaciones o pruebas que logren
identificar los hechos, sólo basta que haya una evidencia clara de la situación
en la que se encuentra el afectado, como se logra demostraren el caso concreto
con la historia clínica de la víctima.
39.3. En este caso, el impedimento para concurrir directamente
está probado, mediante la historia clínica de la señora Muñoz, que da cuenta de
un “episodio depresivo mayor”, en razón del desplazamiento sufrido en el
2010, aspecto que le impidió presentar por sí misma la acción de tutela. El
sólo hecho de que haya una historia clínica que demuestre una situación
depresiva incapacitable, sirve como prueba, para considerar que la persona no puede
presentar por sí misma la acción. Es por ello que la Corte declara la
procedencia de la acción de tutela en cuanto a la legitimación por activa.
39.4. En cuanto al supuesto de inmediatez, este se cumple a
cabalidad en el presente caso. Respecto de la existencia de otro medio de
defensa judicial o que, disponiendo del mismo, se requiere evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, se recuerda que en el presente caso se agotó la
vía gubernativa y se evidenció que la vía judicial sería ineficaz para proteger
la situación de vulnerabilidad de la accionante, por lo cual resulta procedente
la presente acción de tutela.
40. En consecuencia, se puede dar por entendido que la acción más
eficaz y la que le corresponde al caso, según los pronunciamientos de la Corte,
sobre la inscripción en el RUPD, es que siendo un procedimiento administrativo,
éste trata de la identificación y declaración de un status como el
desplazamiento, y que siendo un hecho que genera constantes vulneraciones de
derechos fundamentales, ésta debe pronunciarse para brindar, desde su postura
garantista y práctica la protección del accionante frente al Estado, que tiene
la posición dominante. Es por ello, que la acción de tutela es el medio idóneo
para proteger los derechos fundamentales aquí contemplados.
Consideraciones
sustanciales de la acción de tutela
41.
La Corte Constitucional, en el caso concreto, encontró que Acción Social
realizó; (i)  la indebida aplicación de las normas legales y reglamentarias
vigentes es una palabra de la identificación del sujeto en situación de
desplazamiento y de las funciones de registro de sus autoridades; y (ii) no
contó con fundamento probatorio para resolver negativamente la solicitud de
inscripción en el RUPD, realizada por la accionante.
42.
En desarrollo de lo anterior, se tiene que Acción Social realizó una
interpretación no ajustada a derecho de las normas legales y reglamentarias,
respecto de la identificación del sujeto en situación de desplazamiento. En el
caso concreto, Acción Social interpretó que la condición de desplazamiento debe
originarse en un acto de violencia generalizada (una acción continua, general y
sostenida, que puede ser entendido como disturbios y tensiones internas)[61]. A partir de
esta interpretación, la entidad negó la inscripción en el RUPD, con fundamento
en los informes de las bases de datos, según los cuales para la fecha del
desplazamiento de la accionante, no fueron reportados por las autoridades
civiles y militares (Unidad Territorial de Putumayo y PER Territorial) de la
zona, alteraciones de orden público o la presencia de grupos armados ilegales
de la región en la zona urbana.
43.
Sin embargo, Acción Social, para este caso, no consideró como hecho generador
de violencia las circunstancias descritas en la demanda, es decir, la amenaza
de que fue objeto la actora y su grupo familiar, además de que Mocoa-Putumayo,
según los estudios efectuados para el año del desplazamiento, por la MAPP-OEA[62] está dentro
de las zonas con mayor influencia de estos grupos, de forma que puede
originarse un desplazamiento, sin requerir de un ataque generalizado en toda la
zona.
44.
Además, la Corte en diferentes fallos ha establecido que si bien los informes
de los entes civiles y militares ayudan a conocer la influencia de grupos
armados al margen de la ley en ciertas zonas, para verificar actos de violencia
generalizada, la credibilidad de hechos de desplazamiento no puede someterse
sólo a esas certificaciones, siendo que se tiene como prueba, las denuncias
presentadas por la accionante ante diferentes entidades, sobre las amenazas
sufridas, investigaciones todavía en proceso, sin que se tenga claridad a la
fecha de quiénes fueron los responsables, con lo cual es necesario que frente
al accionado se aplique el principio de la buena fe  y la
interpretación  favorable a la persona en aparente situación de vulnerabilidad.
45.
Es así, como la Corte ha considerado, en aplicación del principio de
interpretación favorable, que cuando unos hechos, que dicen ser causa del
desplazamiento no gozan de total certeza, la duda debe ser despejada por parte
de aquel que tiene la carga probatoria, es decir, las autoridades públicas que
tienen el deber de identificar a los desplazados. La duda debe operar a favor
de la víctima, por lo que las certificaciones por parte de autoridades públicas
sobre las causas del desplazamiento, no pueden ser un obstáculo para aquella.
La afirmación de una autoridad pública no puede convertirse en la condición
para poder obtener la condición de desplazado.
46.
En el caso concreto no existe prueba suficiente para desvirtuar los hechos
narrados por la accionante, los cuales son materia de investigación en la
actualidad, razón por la cual la actora cumple con los requisitos para ser
identificada como desplazada, porque: (i) salió de su lugar de residencia, al
ver en peligro su derecho a la vida, integridad física y demás, debido a las
amenaza presentadas en contra de ella. Y además de ello, (ii) hay denuncias en
las cuales obra prueba de una amenaza escrita, en la que los perpetradores se
hacen llamar del Frente 13 de las FARC. Por ende, hay evidencia sumaria de un
constreñimiento a causa del conflicto armado interno, que la hizo salir de su
casa, para así proteger sus derechos fundamentales, siendo la afirmación de
Acción Social insuficiente para desvirtuar la buena fe del actor y los hechos
generadores del desplazamiento, pues la sola certificación de las autoridades
civiles y militares de la zona, sobre la no presencia de grupos al margen de la
ley y la no presentación de disturbios es insuficiente para superar las dudas
sobre la ocurrencia de los hechos.
47.
En conclusión, al haberse demostrado la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora, se ampararan los derechos de la señora Carmen Muñoz
y, en consecuencia se ordenará la inscripción de la víctima de desplazamiento
en el RUPD y, consecuentemente, en el Sistema Único de Registro de Desplazados.
Además de ello, se ordenará respecto del turno, otorgar la ayuda humanitaria de
emergencia, así como las demás ayudas a que tenga derecho.
Expediente
T-3058569
48.
En virtud de los fundamentos expuestos anteriormente, la Corte Constitucional
considera que la entidad accionada vulneró el derecho de la señora Yudi Astrid
Uribe Sánchez, y el de su menor hijo, a ser reconocidos como personas en
situación de desplazamiento forzado y, en consecuencia, a ser inscritos en el
RUPD. La aludida violación de derechos por parte de Acción Social consistió en:
(i)  la indebida aplicación de las normas legales y reglamentarias vigentes
respecto de la identificación del sujeto en situación de desplazamiento y de
las funciones de registro de sus autoridades; y (ii) la ausencia de fundamento
probatorio de los actos administrativos que resuelven negativamente la
solicitud de inscripción en el RUPD.
Procedibilidad
de la Acción
49.
La procedibilidad de la acción hace referencia al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico para que el juez de
instancia pueda entrar a conocer de fondo el caso concreto.
50.
En el caso bajo estudio hay legitimación por activa, ya que la accionante
solicita la protección de sus propios derechos y la de su hijo menor de edad,
frente a la negativa de Acción Social de realizar la inscripción en el RUPD
(Registro Único de la Población Desplazada), para así poder ser identificada
como víctima de desplazamiento forzado. También existe la legitimidad por
pasiva en cabeza del accionado, Acción Social, porque  es a esa entidad a la
que se le ha endilgado la vulneración de los derechos de éste.
51.
Por otra parte, la puesta en peligro o la vulneración de derechos fundamentales
por parte de autoridades públicas y en algunos casos de particulares, se
verifica en el caso bajo estudio. Puesto que la accionante, Yudi  Astrid Uribe
Sánchez, ha solicitado el amparo de los derechos fundamentales de las mujeres
desplazadas[63],
del mínimo vital, de la vida digna y del debido proceso. Como quiera que la
peticionaria, en el relato presentado por medio de la acción de tutela, afirma
ser víctima de violencia sexual, por constreñimiento de un actor del conflicto
armado interno (miembro de un grupo armado al margen de la ley), con quien ella
manifiesta haber sostenido, en contra de su voluntad, una relación sentimental.
Además, porque afirma que al dar por terminada dicha relación, tuvo que salir
al poco tiempo de Puerto Berrío.
52.
Ahora bien, sobre la idoneidad de la acción, se tomará lo dicho en el caso
anterior, es decir que esta es la acción más eficaz para proteger los derechos
de los desplazados en su identificación como víctima. Es así como la Corte ha
declarado en innumerables casos el deber de proteger a aquellos que siendo
víctimas del conflicto armado interno, el Estado no los inscribe en el RUPD,
dejándolos desprotegidos. Porque si no se hiciera, se seguiría vulnerando los
derechos fundamentales de la Constitución y los derechos establecidos por
tratados y convenios internacionales para la protección de las víctimas de
desplazamiento por el conflicto armado interno.
53.
Por último, la inmediatez de la acción, se hará en este caso, por el tiempo
transcurrido desde la acción y la supuesta vulneración del derecho, ya que la
ocurrencia de los hechos fue  en el año 2005, la solicitud de inclusión en el
RUPD –Registro Único de Población Desplazada- en el año 2010 y la acción de
tutela el día 28 de marzo de 2011, siendo espacios de tiempo extensos, que por
regla general no permitirían estructurar la inmediatez. Empero, la
jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que resulta “admisible que transcurra un extenso
espacio de tiempo entre el hecho que genera la vulneración y la presentación de
la acción de tutela bajo dos circunstancias claramente identificables: la
primera de ellas, cuando se demuestra que la vulneración es permanente en el
tiempo[64]”[65] y,en segundo lugar, cuando se pueda establecer que“(…)
la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus
derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle
la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros”[66].
Por lo anterior, para
este caso, se entiende que puede darse el amparo constitucional aún cuando
exista un tiempo prolongado desde la ocurrencia de los hechos vulneratorios y
la acción, porque como bien se dijo en el punto anterior, si  se demuestra la
permanencia de la vulneración, se debe acceder a la protección. De lo cual, se
evidencia en el presente caso, que la no inscripción en el RUPD, y la
permanencia de la desprotección como víctima de desplazamiento, demuestra que
los hechos generadores de vulneración siguen presentes. Además de ello, la
jurisprudencia ha dicho que el presupuesto de inmediatez frente a los
desplazados debe ser flexible porque “la consideración según la cual, sobre
ellos se predica la titularidad de una especial protección constitucional,
merced a las circunstancias particulares de vulnerabilidad, indefensión y
debilidad manifiesta en la que se encuentran, y a la necesidad de que se les
brinde una protección urgente e inmediata en procura de que les sean
garantizadas unas condiciones mínimas de subsistencia dignas[67].”[68]
Consideraciones sustanciales de la acción de tutela
54. La Corte Constitucional declarará probada en este caso
la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas,[69] el mínimo
vital, la vida digna y el debido proceso y ordenará la inscripción en el
Registro Único de la Población Desplazada (RUPD) de la señora Yudi Astrid Uribe
Sánchez. Todo ello, porque encontró que Acción Social realizó una: (i) indebida
aplicación de las normas legales y reglamentarias vigentes respecto de la
identificación del sujeto en situación de desplazamiento y de las funciones de
registro de sus autoridades; y (ii) la ausencia de fundamento probatorio de los
actos administrativos que resuelven negativamente la solicitud de inscripción
en el RUPD.
55. Por lo que al evaluar
si Acción Social realizó una aplicación equívoca de las normas legales y reglamentarias de la identificación
del sujeto en situación de desplazamiento, y si ejerció adecuadamente su función
de autoridad de registro desde el fin último de la Constitución, se observa lo
siguiente: la señora Yudi Astrid Uribe Sánchez sale desplazada de Puerto Berrío-Antioquia
en el año 2005, en razón a que dio por terminada la relación “sentimental” que
sostenía con un jefe de una grupo armado al margen de la ley en la zona y, dio
inicio a otra, siendo su pareja asesinada por alias “Don Cesar” (con quien
sostuvo una relación sentimental), realizando amenazas contra la accionante,
obligándola a abandonar el municipio. La accionante declaró que la relación que
sostuvo con uno de los jefes del grupo armado al margen de la ley de la zona
donde vivía, no fue consentida, sino obligada. La solicitud de inscripción en
el RUPD, fue negada por Acción social, porque según ésta, se trató de un asunto
de carácter personal.
56.
Por consiguiente, la premisa planteada se desarrollará bajo tres presupuestos:
(i) las características necesarias para ser identificado como desplazado; (ii)
los argumentos de Acción Social para negar la inscripción del RUPD; (iii) la
aplicación de la jurisprudencia sobre violencia sexual; (iv) la vulneración por
parte de Acción Social de los derechos de la accionante y la de su hijo menor
de edad.
56.1. Para comenzar, las
características necesarias para ser identificado como desplazado las ha dado la
ley, a través de una descripción del sujeto desplazado y cuáles son las
situaciones, consideradas según la norma que generan el desplazamiento, para
así poder ser inscrito en el RUPD. En este sentido se ha afirmado:
“toda persona que se ha visto forzada a migrar
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren
drásticamente el orden público”[70]
56.2. Es por tanto indispensable demostrarsolamentedos
elementos cruciales: “la coacción que hace necesario el traslado y la
permanencia dentro de las fronteras de la propia nación.” No obstante,
Acción Social presentó los siguientes argumentos para negar el registro:
“(…)En relación con los argumentos anteriores, se
establece que las situaciones y los motivos por los cuales la declarante se
movilizo son ajenos a situaciones relacionadas  con alteraciones de orden
público y corresponden a asuntos de índole personales, por lo que no es posible
establecer que su movilización esté directamente relacionada con motivos
ideológicos o políticos. Así mismo, no es posible considerar que su salida de
la región obedezca a hechos contemplados dentro del artículo 1 de la ley 387 de
1997. Por cuanto las personas que provocaron su salida forzada de la región no
hace parte de los grupos armados al margen de la ley, “es aquella
organización de personas que bajo la dirección  de un mando responsable, ejerce
sobre una parte del territorio  un control tal que le permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas con el objetivo de
descentralizar el gobierno de un país”.”[71]
En
este orden de ideas, se puede concluir que la negativa de la inscripción en el
RUPD, se debió a que, en términos de Acción Social, el sujeto que causó el
desplazamiento forzado no hacía parte de un grupo al margen de la ley, pues no
obraba prueba alguna sobre la participación o no de alias “Don Cesar” en el
grupo armado al margen de la ley que operaba en la zona y, porque el
desplazamiento se debió a asuntos de índole personal,  es decir, por causas
ajenas a las indicadas por la ley.
56.3.
El estudio del caso concreto debe entonces realizarse en el marco de la
jurisprudencia sobre desplazamiento de la mujer como sujeto de especial
protección y teniendo en cuenta la violencia contra las mujeres.
Así,
de conformidad con lo anterior, como se ha dicho, la Corte ha considerado que
el desplazamiento por violencia contra la mujer es un acto indiscriminado,
deliberado, que genera un triple proceso de “invisibilidad oficial y
extraoficial, silencio por parte de las víctimas, e impunidad de los
perpetradores”.Y en este caso, se visibiliza bajo el factor de “sub-valoración
y distorsión de los crímenes perpetradores por parte de las autoridades
encargadas de su reporte e investigación, clasificándolos como delitos
pasionales”[72].
Porque en vez de hacer una valoración estricta del caso e informar a la víctima
cómo manejar los hechos que estaba denunciando, y proceder a la inscripción en
el RUPD, el accionado lo que hizo fue re-victimizar a la accionante al
desconocer la condición de víctima de desplazamiento.
56.4.
Se verifica que no se está ante una simple relación personal, pues en efecto la
actora, vivía en una zona donde el conflicto armado interno estaba presente y
era posible tener conocimiento de ello por la entidad. Además de ello, se trató
de una relación no consentida por la actora, es decir fue constreñida para
sostenerla con un integrante del grupo armado al margen de la ley, alias “Don
Cesar”. Así, si bien una relación sentimental es un hecho de índole personal,
lo que resulta inaceptable es el constreñimiento y que la terminación de esta
relación traiga como consecuencia el que deba salir de su lugar de residencia,
dejándolo todo, no sólo su vivienda, sino su trabajo, familia, amigos, cultura
y todo lo que hace parte de ese entorno social. A lo anterior se suma el hecho,
narrado por la accionante y no desvirtuado por la accionada, de la muerte del
compañero sentimental que siguió a la relación con “DON CESAR”.
El
desplazamiento deviene así de la posición dominante que tiene  el actor del
conflicto no sólo en el grupo armado, sino en la zona, por ser el segundo al
mando del grupo, según lo afirma la accionante.
57.
Por tanto, los hechos del desplazamiento deben ser considerados actos que hacen
parte del conflicto armado, y que por ende ocasionaron el desplazamiento de la
accionante. Porque hubo coacción, que hizo necesario el traslado de la zona,
que son las amenazas ya enunciadas; ello se dio por un grupo armado al margen
de la ley, porque en la declaración hecha por la accionante hace alusión a los
paramilitares; y además se dio el desplazamiento dentro del territorio
colombiano, que según la sentencia T-227 de 1997, es lo que se requiere para
identificar a alguien como desplazado.  Ahora bien, como Acción Social en los
argumentos del acto administrativo sólo hizo una afirmación negativa, sin
mediar ningún fundamento probatorio que desvirtuara alguno de los hechos
afirmados por la actora, debe operar a su favor el principio de buena fe.
Así,
al aplicarse el principio de interpretación más favorable y el principio de
buena fe, la duda que existe en el caso debe ser tenida a favor de la
accionante, tomando como cierta la declaración rendida, para que se ordene su
inscripción en el RUPD y se le brinde la ayuda de emergencia humanitaria que le
corresponde, además de propender por todos los derechos que se relaciona con
los de los desplazados y las víctimas del conflicto armado interno.
58.
Por último, se correrá traslado de las pruebas allegadas a la Fiscalía General
de la Nación, para que sobre los hechos narrados en la demanda y demás
declaraciones, se hagan las respectivas investigaciones, que logren establecer
si se cometieron las conductas de las que se ha informado a la Corte, y cuáles
fueron sus autores o partícipes. Como también, se comunicará a la Procuraduría
General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que hagan los
respectivos seguimientos con respecto a ello.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución
Política,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR
las decisiones del expediente T-3053251 proferidas por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Popayán-Cauca el 28 de febrero de 2011 y por la Sala
Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán el 30 de
marzo de 2011, que resolvieron la acción de tutela impetrada por William Marino
Hidalgo, quien actuó como agente oficioso de la señora Carmen Muñoz de Hidalgo
contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional (Acción Social), y del expediente T-3058569 proferida por el
Juzgado Cuarto de Familia de Neiva-Huila el 8 de abril de 2011, que resolvió la
acción de tutela impetrada por Yudi Astrid Uribe Sánchez y, en su lugar CONCEDER
la tutela de los derechos fundamentales de la señora Carmen Muñoz de Hidalgo y
su núcleo familiar, conformado por su hija Maharay
Hidalgo Muñoz y su nieto Juan Camilo Fonseca Hidalgo,  y de la señora Yudi Astrid Uribe Sánchez y de su
menor hijo.
Segundo.-
ORDENAR a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, que
inscriba de manera inmediata a la señora Carmen Muñoz de Hidalgo y a su núcleo
familiar-conformado por su hija Maharay
Hidalgo Muñoz y su nieto Juan Camilo Fonseca Hidalgo- en el Registro Único de Población Desplazada y,
consecuentemente, en el Sistema Único de Registro de Desplazados.
Tercero.-
ORDENAR a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional – Acción Social, que
inscriba de manera inmediata a la señora Carmen Yudi Astrid Uribe Sánchez y de
su menor hijo en el Registro Único de Población Desplazada y, consecuentemente,
en el Sistema Único de Registro de Desplazados.
Cuarto.-ORDENAR a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional - Acción Social, que realice todas las gestiones
necesarias para que en un plazo no mayor de ocho (8) días, contados a partir de
la notificación de la presente sentencia, entregue a los accionantes,
efectivamente, si aún no lo ha hecho, la ayuda humanitaria a que tienen
derecho, y los oriente adecuadamente para que accedan a los demás programas de
atención para población desplazada, especialmente en lo que respecta a los
servicios de salud y educación para los menores y el acceso a los programas de
estabilización económica y vivienda.
Quinto.-
ORDENAR a la Defensoría del Pueblo
de  Popayán - Cauca y de Neiva - Huila que verifiquen la inscripción de los
accionantes y sus núcleos familiares en el Registro Único de Población
Desplazada y, consecuentemente, en el Sistema Único de Registro de Desplazados.
Además que se verifique la entrega real de las ayudas humanitarias a que tienen
derecho y se brinde la orientación necesaria para que los accionantes y sus
familias puedan acceder a los demás componentes de la política pública para los
desplazados, como son los servicios de salud, educación, acceso a los programas
de estabilización económica y vivienda.
Sexto.-
ORDENAR, a los jueces de primera
instancia, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán-Cauca para el caso
del señor William Marino Hidalgo, como agente oficioso de la señora Carmen
Muñoz de Hidalgo y el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva - Huila para el caso
de la señora Yudi Astrid Uribe Sánchez, que se ocupen del cumplimiento de la
presente decisión por parte de la entidad accionada, Acción Social, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Séptimo.-
CORRER, traslado del material
probatorio a la Fiscalía General de la Nación, para que sobre los hechos
narrados en la demanda y demás declaraciones rendidas por la señora Yudi Astrid
Uribe Sánchez, se hagan las respectivas investigaciones, que logren establecer
si se cometieron las conductas de las que se ha informado a la Corte, y cuáles
fueron sus autores o partícipes.
Octavo.- COMUNICAR, a la
Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, para que hagan
los respectivos seguimientos de las investigaciones que realice la Fiscalía
General de la Nación.
Noveno.-
CONMINAR,  a la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, para que
la obligación de suministro de la atención humanitaria de emergencia se provea
a los accionantes hasta cuando cese la condición de persona desplazadas por la
violencia, esto es, hasta cuando accedan a programas que garanticen la
satisfacción de sus necesidades básicas a través de sus propios medios o de los
programas que para tal efecto señale el Gobierno Nacional y las autoridades
territoriales
Notifíquese,
comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
JUAN CARLOS HENAO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
JORGE IVAN PALACIO PALACIO
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Secretaria General
[1](fl. 13cdno. 2 tutela).
[2]Artículo 1º.- Del
desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar
dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o
actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad persona]es han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el
orden público.                                            Parágrafo.- El
Gobierno Nacional reglamentará lo que se entiende por desplazado.
[3]Ver las sentencias: T-531 de 2002 y
T-995 de 2008.
[4]Sobre el requisito de
manifestar que se actúa bajo tal condición y que el agenciado  se encuentra
en imposibilidad de promover su defensa, la Corte ha realizado interpretaciones dirigidas a restarle rigidez según las circunstancias del caso.  Por
ejemplo en la Sentencia T-555 de 1996 la Corte resolvió el caso de un agente oficioso (estudiante de consultorio jurídico) que promovió tutela a favor de
una persona para lograr protección de su derecho a la no reformativo in
pejus, y no manifestó la circunstancia de imposibilidad de promover su
propia defensa en la cual aquel se encontraba. En esta oportunidad   la Corte concedió la tutela bajo la idea según la cual los derechos involucrados tenían además
una dimensión objetiva que hacía imperiosa su protección, por lo cual “en
aquellos casos en que, como en el presente, se encuentra de por medio la
efectividad de un derecho fundamental con dimensiones de carácter objetivo y la
violación a este derecho es manifiesta y constatable prima face, el
agente oficioso - en razón de la naturaleza del derecho fundamental cuya
vulneración se debate - actúa, adicionalmente, en nombre de un interés general,
que supera el interés individual de la persona cuyos derechos agencia.”
[5]Ver sentencia T-452de 2001
[6]Ver sentencia T-342 de
1994.
[7]Ver sentencia T-414 de
1999.
[8]En la sentencia T-422 de
1993 según la Corte “No corresponde a la esencia de la agencia oficiosa y
tampoco se aviene a su naturaleza, exigir la configuración de una relación
formal entre el agente y los titulares de los derechos que no están en
condiciones de promover su propia defensa. Por el contrario, se trata de una
relación de hecho que puede reclamar efectos jurídicos válidos y desplegar
eficacia representativa si se cumplen los requisitos previstos en la ley.”
Reiterada en Sentencia T-421 de 2001.
[9]En este predicado, propio
de la agencia oficiosa,  se  concreta el principio constitucional de
solidaridad  de tal forma que la posibilidad de agenciar derechos ajenos
está abierta para cualquiera persona,  en este sentido no se requiere la
existencia de relación  alguna, ya sea con fundamento en la filiación, el
parentesco o en relaciones contractuales específicas. Así por ejemplo en el
caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales de menores en la
sentencia  T-408 de 1995 La Corte  concedió la tutela en un proceso
promovido por la abuela de una menor quien actuaba como agente oficiosa de su
nieta para proteger su derecho fundamental a no ser separada de su madre,
debido a que el padre se negaba a permitirle a su hija visitar a su madre por
encontrarse privada de la libertad.  Frente a la posibilidad  de
presentar acción de tutela como agente oficioso de menores afirmó:
“...cualquiera persona está legitimada para interponer acción de tutela en
nombre de un menor, siempre y cuando en el escrito o petición verbal conste la
inminencia de la violación a los derechos fundamentales del niño, o la ausencia
de representante legal.”  Igualmente ver la sentencia T-029 de 1993
caso de agencia oficiosa de derechos fundamentales del indigente,  o la
sentencia T-422 de 1993 caso de la agencia oficiosa de los derechos de los
vecinos.
[10]El requisito de
ratificación se introduce de una manera incipiente pero determinante en la Sentencia T-044 de 1996 En este caso no se concede la tutela pretendida por un falso agente
debido a que la agenciada no  ratificó ni los hechos ni las pretensiones
de la acción incoada.   En la Sentencia T-277 de 1997 el agente oficioso esposo de la titular del derecho a la salud,
interpone acción de tutela con el fin de que se ordenará una intervención
quirúrgica, la  titular con posterioridad se dirigió al juzgado y ratificó
los hechos y las pretensiones, por lo cual la Corte consideró que se configuraba en el caso la legitimación en la causa, por consiguiente consideró procedente
entrar al examen de fondo sobre los hechos.   Para la Corte en este caso el requisito de ratificación se encuentra implícito en el requisito de
“imposibilidad de promover la propia defensa”  reforzado con los argumentos
del respeto tanto a la autonomía personal  (art., 16)  como a la
dignidad humana (art., 1) sobre estas consideraciones ver sentencia T-503 de
1998
[11]En la sentencia T-088 de
1999 la Corte reiterando jurisprudencia   concluyó que el abogado,
quien actuaba como  apoderado del interesado para obtener
cumplimiento de un fallo de tutela anterior,  carecía de poder especial
para el caso y  no actúo como agente oficioso,  En esta ocasión
resolvió la Corte  que no vale el poder otorgado para  tutela
anterior por lo cual negó el amparo.  Igualmente frente al tema de la
ratificación afirmó que por haberse presentado en sede de revisión, además de
ser improcedente en el caso, la misma era inoportuna.
[12]Sentencia T-011 de 1993 afirmó
que “Cuando la Constitución colombiana habla de la efectividad de los
derechos  (art., 2  C.P.)  se refiere al concepto de
eficacia  en sentido estricto,  esto es,  al hecho de que las
normas determinen la conducta ciudadana por ellas prescrita y , además logren
la realización de sus objetivos, es decir realicen sus contenidos materiales y
su sentido axiológico.”
[13]Sentencia T-044 de 1996 establece que
“Se trata una vez más de asegurar la vigencia efectiva de los derechos por encima
de  formalidades externas, en una manifestación de la prevalencia del
derecho sustancial...”
[14]Ver sentencia T-029 de
1993.
[15]Corte Constitucional. Sentencias T- 095 de 2005 y T- 843 de 2005.
[16]Corte Constitucional. Sentencia T-299 de 2007.
[17]Corte Constitucional. Sentencia T-315 de 2000.
[18]Decreto 2569 de 2000, artículo 2:  "Es desplazado toda persona que se ha visto
forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertades personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias que emanadas
de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el
orden público.
[19]Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP:
Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte tuteló los derechos de un grupo de
desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del
Incora firman un acuerdo con el
gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la ejecución del
acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del
municipio de la Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de
Cundinamarca en donde acusaba a los desplazados
de estar vinculados a la guerrilla, de generar problemas de orden público, y de
ordenar a los alcaldes del departamento tomar medidas para evitar problemas de
orden público, incluida la limitación a la circulación de los campesinos
desplazados, se frustra el proceso de reubicación de los campesinos de
Bellacruz.
[20]Las tres expresiones fueron usadas en la
sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[21]Las tres expresiones fueron usadas en la
sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.
[22]Sentencia T-025 de 2004
[23]Sentencia T-327 de 2001.
[24]Ver Auto 092 de 2008:“El enfoque diferencial estricto de
prevención del desplazamiento forzado que el Estado colombiano está obligado a
adoptar, también implica en términos específicos que las autoridades
colombianas deben actuar resueltamente frente a una situación de violación de
los derechos fundamentales tan grave como la de las mujeres desplazadas del
país en tanto víctimas del conflicto armado. Ello, aunado a las obligaciones
internacionales del Estado en materia de prevención de la violencia contra la
mujer, implica que las autoridades colombianas están en la obligación
constitucional e internacional, imperativa e inmediata, de identificar y
valorar los riesgos específicos a los que están expuestas las mujeres en el
marco del conflicto armado, por ser éstos causa directa del impacto
desproporcionado que tiene sobre ellas el desplazamiento, para así poder actuar
de la manera más enérgica posible para prevenirlos y proteger a sus víctimas.”
[25]Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos- Principio Rector número 4.
[26]Según el Auto 092, el estado tiene  la
obligación de evitar el desplazamiento de la mujer en el conflicto armado
interno, en cumplimiento del deber impuesto por los“Principios Rectores de los Desplazamientos Internos,
consisten en que (a) “Todas
las autoridades y órganos internacionales respetarán y harán respetar las
obligaciones que les impone el derecho internacional, incluidos los derechos
humanos y el derecho humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y
evitar la aparición de condiciones que puedan provocar el desplazamiento de
personas” – Principio 5-; y (b) “Todo ser humano tendrá derecho a la protección
contra desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de su lugar de
residencia habitual” -Principio 6-.”
[27] Esos riesgos particulares y
diferenciados, según la Corte son: (i) el riesgo de violencia sexual,
explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado; (ii) el
riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles
considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de
los actores armados ilegales; (iii) el riesgo de reclutamiento forzado de sus
hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de
amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de
familia; (iv) los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares
o personales -voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de
alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a
posteriori por los bandos ilegales enemigos; (v) los riesgos derivados
de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de
mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en
zonas afectadas por el conflicto armado; (vi) el riesgo de persecución y
asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público
y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en
extensas áreas del territorio nacional; (vii) el riesgo por el asesinato o desaparición
de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de
sus redes de apoyo material y social; (viii) el riesgo de ser despojadas de sus
tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales
dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades
inmuebles rurales; (ix) los riesgos derivados de la condición de discriminación
y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes; y (x)
el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico
durante el proceso de desplazamiento.
[28]Auto 092 de 2008.
[29]Esta afirmación está profundamente
explicada en el estudio que la Oficina para Colombia del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) llevó a cabo en el período de
enero de 2004 a abril de 2007 y cuyos resultados se pueden leer en el documento
intitulado “Balance de la política pública de atención integral al
desplazamiento forzado en Colombia”, publicado en agosto de 2007.
[30]Ver Sentencia T-605 de 2008.
[31]Ver Sentencia T-327 de 2001.
[32]Ver sentencia 327 de 2001.
[33]Ver Sentencia T-458 de 2008.
[34]Sentencia T-458 de 2008
[35] “Artículo 17. Prohibición de los
desplazamientos forzados. 1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la
población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo
exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas. Si
tal desplazamiento tuviera que efectuarse, se tomarán todas las medidas
posibles para que la población civil sea acogida en condiciones satisfactorias
de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y alimentación. 2. No se podrá
forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por razones
relacionadas con el conflicto”.
[36]Naciones Unidas, Doc.
E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial
del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos
Internos de Personas, Sr. Francis Deng.
[37] Sentencia T-025/04
[38]Sobre inversión de la carga de la prueba y
aplicación del principio de buena fe ha dicho la Corte: “De acuerdo a la jurisprudencia resumida, para el caso a resolver es necesario
resaltar que en el proceso de recepción y evaluación de las declaraciones de la
persona que dice ser desplazada, los funcionarios correspondientes deben
presumir la buena fe del declarante y ser sensibles a las condiciones de
especial vulnerabilidad en que éste se encuentra y, por lo tanto, valorarlas en
beneficio del que alega ser desplazado. Adicionalmente, ante hechos iniciales
indicativos de desplazamiento la carga de la prueba acerca de que el declarante
no es realmente un desplazado corresponde a las autoridades, y en caso de duda,
la decisión de incluirlo en el registro debe favorecer al desplazado, sin
perjuicio de que después de abrirle la posibilidad de acceso a los programas de
atención, se revise la situación y se adopten las medidas correspondientes.”.
Sentencia T-1094 de 2004.
[39]Sentencia T-025/04.
[40]En este sentido se ha de ver que esta Corporación en
sentencia de tutela T-397-09 negó la solicitud de inscripción en el Registro
Único de la Población Desplazada cuando sólo existe el dicho del accionante de
su calidad de desplazado y la afirmación de la entidad accionada de que ésta
persona no lo es.
[41]En la sentencia T-563 de 2005 se describen y
explican las etapas de la inscripción en el RUPD. Sobre el derecho de las
personas en situación de desplazamiento a recibir información plena, eficaz y
oportuna ver T-645 de 2003.
[42]Cfr. Sentencia T-1076 de 2005.
[43] Al respecto la Corte ha sostenido que en materia de desplazamiento forzado la carga de probar que las
declaraciones de la persona no corresponden a la verdad corresponde al Estado.
Así por ejemplo, sobre la presunción de validez de las pruebas aportadas, la Corte ha señalado: “si una persona desplazada afirma haber realizado una declaración sobre
los hechos que dieron lugar a su traslado y aporta certificación al respecto
proveniente de una de las autoridades previstas en la ley 387 de 1997 para
realizar tal labor, la Red de Solidaridad debe presumir que el documento es
verdadero y debe dar trámite a la solicitud de inscripción.”. Sentencia T-563
de 2005.
[44]Al respecto la Corte ha señalado: “es a quien desea contradecir la afirmación a quien corresponde  probar la no ocurrencia
del hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad
gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la
inmanejable dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las
entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones
las causas del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la
persona que no está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de
situaciones es inminente la necesidad de la presunción de buena fe si se le
pretende dar protección al desplazado.” Sentencia T-327 de 2001.
[45]Al respecto dijo la Corte: “uno de los elementos que pueden conformar el conjunto probatorio de un desplazamiento
forzado son los indicios y especialmente el hecho de que la persona haya
abandonado sus bienes y comunidad. Es contrario al principio de celeridad y
eficacia de la administración el buscar llegar a la certeza de la ocurrencia de
los hechos, como si se tratara de la tarea de un juez dentro de un proceso, ya
que al hacer esto se está persiguiendo un objetivo en muchas ocasiones
imposible o en extremo complejo, como se ha expresado anteriormente, la
aplicación del principio de buena fe facilita la tarea del funcionario de la
administración y le permite la atención de un número mayor de desplazados.”.
Sentencia  T-327 de 2001.
[46]Para la Corte la inversión de la carga de la prueba se produce en virtud de la aplicación de los principios de buena fe y
favorabilidad y en atención a las especiales circunstancias en las que suelen
encontrarse las personas en situación de desplazamiento forzado. Por estas
mismas circunstancias la Corte ha entendido que las inconsistencias en la
declaración no pueden ser prueba suficiente de su falsedad. Al respecto la Corporación ha dicho que al momento de recibir la correspondiente declaración, los servidores
públicos deben tener en cuenta que: “(i) la mayoría de las personas
desplazadas por la violencia provienen de ambientes donde la educación a la que
tuvieron acceso es exigua -motivo por el cual el grado de analfabetismo es
alto-; (ii) en muchas ocasiones quien es desplazado por la violencia
proviene de contextos en los cuales se ha educado a las personas en una especie
de "temor reverencial" hacia las autoridades públicas; (iii) en
el momento de rendir un testimonio ante las autoridades, el grado de
espontaneidad y claridad con el que podrían hacerlo se reduce
considerablemente; (iv) a las circunstancias del entorno de origen de
los desplazados, se añaden las secuelas de la violencia. No es fácil superar el
trauma causado por los hechos generadores del desplazamiento forzado. Esta
situación puede conllevar traumas sicológicos, heridas físicas y afectivas de
difícil recuperación, además de la inminente violación de derechos humanos que
se da desde que la persona es víctima del delito de desplazamiento que pueden
influir en el desenvolvimiento del desplazado al momento de rendir la
declaración; y (v) el temor de denunciar los hechos que dieron lugar al
desplazamiento hace que no exista espontaneidad en su declaración.”
[47]Ibidem.
[48] Al respecto cabe recordar que en la sentencia C-047 de 2001 la Cortedeclaró exequible el plazo de un año para solicitar
la ayuda humanitaria, bajo el entendido de que el término de un año fijado por
el Legislador para acceder a la ayuda humanitaria comenzará a contarse a partir
del momento en que cese la fuerza mayor o el caso fortuito que
impidieron presentar oportunamente la solicitud.
[49] T-397-09 reitera la sentencia T-468-06.
[50]Sentencia T-476-08.
[51]Así lo explicó el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia en el caso del Fiscal vs. Brdjanin y Zupljanin, fallo de la Sala de Decisión del 1º de septiembre de 2004, al señalar que la violación es un crimen de
lesa humanidad bajo el artículo 5-g del Estatuto de dicho Tribunal, y que como
tal es de suficiente gravedad para constituir el crimen de persecución, así como
los demás ataques sexuales de igual nivel de gravedad, definidos como “todos
los abusos serios de naturaleza sexual infligidos sobre la integridad de una
persona por medio de la coerción, la amenaza de la fuerza o la intimidación en
forma tal que sean humillantes y degradantes para la dignidad de la víctima”
[Traducción informal: “Thisoffence embraces allserious abuses of a sexual
natureinflictedupontheintegrity of a personbymeans of coercion, threat of
forceorintimidation in a waythatishumiliating and
degradingtothevictim’sdignity”.]
[52]El carácter consuetudinario de la prohibición
de la violencia sexual en un conflicto armado, en tanto garantía fundamental
inherente al principio de trato humanitario, fue establecido y explicado así
por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia en el caso del Fiscal v. AntoFurundzija, decisión del 10 de diciembre de 1998: “168. La prohibición de la
violación y de ataques sexuales serios durante conflictos armados también ha
evolucionado en el derecho internacional consuetudinario. Se ha cristalizado
gradualmente con base en la prohibición expresa de la violación del artículo 44
del Código Lieber, y en las disposiciones generales del artículo 46 de las
Regulaciones anexas a la Convención IV de la Haya, leídas en conjunción con la ‘Cláusula Martens’ establecida en el preámbulo de dicha Convención. Si bien la
violación y los ataques sexuales no fueron investigados y juzgados
específicamente por el Tribunal de Nuremberg, la violación se clasificó
expresamente como un crímen de lesa humanidad bajo el artículo II(1)(c) de la Ley No. 10 del Control Council. El Tribunal Militar Internacional de Tokio condenó a
los Generales Toyoda y Matsui por su responsabilidad en tanto comandantes por
violaciones de las leyes y costumbres de la guerra cometidas por sus soldados
en Nanking, que incluian violaciones y ataques sexuales extensivos. El antiguo
primer ministro del Japón, Hirota, también fue condenado por estas atrocidades.
Esta decisión, y la de la Comisión Militar de los Estados Unidos en Yamashita,
junto con la maduración como norma consuetudinaria de la prohibición
fundamental de los ataques contra la dignidad personal establecida en el
artículo 3 común, han contribuido a la evolución de normas de derecho
internacional universalmente aceptadas que prohiben la violación así como los
ataques sexuales graves. Estas normas son aplicables en cualquier conflicto
armado. // 169. Es indisputable que la violación y otros ataques sexuales
serios en un conflicto armado conllevan la responsabilidad penal de los
perpetradores.” [Traducción
informal: “168. The prohibition of rape and serious sexual assault in armed
conflict has also evolved in customary international law. It has gradually
crystallised out of the express prohibition of rape in article 44 of the Lieber
Code193 and the general provisions contained in article 46 of the regulations
annexed to Hague Convention IV, read in conjunction with the ‘Martens clause’
laid down in the preamble to that Convention. While rape and sexual assaults
were not specifically prosecuted by the Nuremberg Tribunal, rape was expressly
classified as a crime against humanity under article II(1)(c) of Control
Council Law No. 10. The Tokyo International Military Tribunal convicted
Generals Toyoda and Matsui of command responsibility for violations of the laws
or customs of war committed by their soldiers in Nanking, which included
widespread rapes and sexual assaults.194 The former Foreign Minister of Japan,
Hirota, was also convicted for these atrocities. This decision and that of the
United States Military Commission in Yamashita, along with the ripening
of the fundamental prohibition of “outrages upon personal dignity” laid down in
common article 3 into customary international law, has contributed to the
evolution of universally accepted norms of international law prohibiting rape
as well as serious sexual assault. These norms are applicable in any armed
conflict. // 169. It is indisputable that rape and other serious sexual
assaults in armed conflict entail the criminal liability of the perpetrators.”]
Ver también los pronunciamientos
de este Tribunal en los casos del Fiscal v. DragoljubKunarac y otros,
sentencias del 22 de febrero de 2001 (Sala de Decisión) y 12 de junio de 2002
(Sala de Apelaciones).
[53]Ver Auto 092 de 2008.
[54] Debate de violencia sexual en el conflicto
armado. Intervención de la Dra. Ángela María Robledo- Representante a la Cámara (Partido Verde) por Bogotá.
[55]Ver Auto 092 de 2008.
[56] la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “los testimonios recabados y los
relatos de las mujeres que habitan en zonas ocupadas por los actores armados y
víctimas del desplazamiento forzado, indican que la violencia sexual es mucho
más frecuente de lo que se cree, de lo que los medios de comunicación difunden
y de lo que las estadísticas y los registros oficiales sugieren”.
[57]Ver Auto 092 de 2008.
[58]Según lo sintetiza el informe de la Comisión Interamericana ante citado, “las mujeres todavía confrontan numerosos obstáculos
de naturaleza legislativa, institucional, cultural y geográfica para acceder a
una justicia efectiva. Entre los desafíos más notables se encuentran
deficiencias en la investigación, juzgamiento y sanción de actos de violencia y
discriminación lo cual lleva a la desconfianza en la administración de
justicia; vacíos en los sistemas para recopilar estadísticas; y la falta de
recursos humanos y financieros para atender los problemas persistentes.
Asimismo, resulta necesario establecer programas sostenibles de capacitación
para operadores de justicia y de entablar iniciativas para sensibilizar a la
población y promover el aumento de denuncias. Por último, (…) las flaquezas de
administración de la justicia en zonas ocupadas por los actores del conflicto
armado, y el empleo de principios y prácticas en los procedimientos penales
aplicables a la violencia contra las mujeres que pueden dificultar el acceso de
las mujeres a la protección y garantías judiciales efectivas”.
[59]Diccionario Jurídico Básico,
Editorial Colex, 2° Edición 2006, Madrid, P. 305.
[60]Ver el expediente T- 3053251, cuaderno dos, folio
cincuenta y cinco.
[61]Principios y criterios para la protección y asistencia a los
refugiados, repatriados y desplazados Centroamericanos en América Latina -Conferencia
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA)(Ciudad de Guatemala,
29 al 31 de mayo de 1989)
[62]Ver página
web:http://www.mapp-oea.net/documentos/ultimo_informe.pdf
[63]Artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer:
la protección a vivir libres de discriminación y violencia
[64]Consultar, entre otras, las Sentencias T- 1110
de 2005 y T-425 de 2009
[65]Sentencia T-792 de 2009.
[66] Sentencia T-158 de 2006.
[67]Consultar, entre otras, la Sentencia T-563 de 2005.
[68]Sentencia T-792 de 2009.
[69](Artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer:
la protección a vivir libres de discriminación y violencia.
[70] Ley 387 de 1997, artículo 1°.
[71]Expediente T-3058569, del cuaderno 2, folio 21.
[72]
Auto 092 de 2008