C-646-97
Sentencia C-646/97
Sentencia C-646/97
CONVENIO INTERNACIONAL-Celebración por embajador
De conformidad
con el numeral 2o. del artículo 189 de la Carta Política, corresponde al
Presidente de la República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones
internacionales y en desarrollo de las mismas "...celebrar con otros
Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios", para
lo cual, podrá otorgar plenos poderes a plenipotenciarios para que adelanten
las negociaciones y firmen los mencionados instrumentos. Se tiene que el
Presidente de la República confirió plenos poderes al Embajador de Colombia en
Atenas, para que en nombre del Gobierno Nacional suscribiera el Convenio bajo
estudio. En consecuencia, la Sala encuentra que no existe reparo alguno frente
a la circunstancia relacionada con la facultad de representación legítima del
Estado colombiano en la negociación y celebración del mencionado instrumento
internacional.
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo
No existe reparo
en cuanto al trámite legislativo otorgado a la Ley 370 de 1997, toda vez que
cumplió con los requisitos constitucionalmente exigidos, razón por la cual éste
se encuentra ajustado en los aspectos formales a los preceptos superiores.
CONVENIO DE
COOPERACION-Finalidad
La finalidad del
Convenio sub examine es esencialmente la de promover el desarrollo de la
cooperación en tres sectores específicos como son: el económico, el científico
y el tecnológico, en aquellos campos donde existe recíproco interés entre las
Partes Contratantes.
COOPERACION INTERNACIONAL-Fundamento
En el
ordenamiento jurídico nacional, la cooperación internacional en esos términos
se encuentra avalada por la Constitución Política de 1991, encontrándose
principios esenciales que propugnan por una internacionalización de las
relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, así como por la
integración económica, social y política con las demás naciones sobre bases de
equidad, igualdad y reciprocidad.
CONVENIO DE
COOPERACION-Constitucionalidad
Los acuerdos
pactados en el Convenio, desarrollan en consecuencia, los postulados
constitucionales según los cuales es deber del Estado  fomentar la
investigación científica y tecnológica y la promoción y acceso a los demás
bienes y valores de la cultura, la recreación y el deporte, lo cual, sin lugar
a dudas, requiere para su pleno desarrollo del intercambio de conocimiento y de
experiencias con otras naciones del mundo, con aportes recíprocos que
permitirán obtener un mejor aprovechamiento del potencial del recurso humano y
natural con que cuenta nuestro país, revirtiendo en una educación de mejor
calidad y en el desarrollo integral de los individuos.
CONVENIO DE COOPERACION-Contenido material
Examinado el
contenido material del Convenio de Cooperación, se reitera que el mismo se
limita a establecer los lineamientos que han de tenerse en cuenta para la
celebración de futuros convenios entre los dos Estados Partes en materia de
cooperación económica, científica y tecnológica. Sus disposiciones promueven la
ejecución de actividades conjuntas tendientes a la exploración y apertura de
nuevos mercados, la cooperación entre pequeñas y medianas empresas, el
intercambio comercial e incentivos a la inversión, el progreso científico y la
transferencia de tecnología, que facilitan el desarrollo, progreso y bienestar
de ambos países dada la colaboración mutua que se establece entre Colombia y
Grecia, permitiendo que con su ejecución el Estado colombiano pueda cumplir con
los mandatos constitucionales que se relacionan con el proceso de
internacionalización de la economía y la promoción y fomento de la ciencia y la
tecnología, bajo criterios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Referencia:
Expediente L.A.T.-102.
Revisión de
constitucionalidad de la Ley 370 del 16 de mayo de 1997 “Por medio del cual
se somete el “Convenio marco entre el Gobierno de la República de Colombia y el
Gobierno de la República helénica sobre Cooperacion economica, Cientifica y
Tecnológica”, suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1994.”.
Magistrado Ponente:
Dr. HERNANDO HERRERA
VERGARA.
Santafé de Bogotá,
D.C, tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1.997).
I.     ANTECEDENTES.
En cumplimiento de
lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el
Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de
la República, remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 370 del 16
de mayo de 1997 “Por medio del cual se somete el “CONVENIO MARCO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA SOBRE
COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA”, suscrito en Atenas el 16 de
diciembre de 1994.”.
El Magistrado
Ponente, mediante auto del 6 de junio de 1997, avocó el conocimiento del examen
de constitucionalidad de la Ley en referencia así como del Convenio sometido
por ésta, para lo cual ordenó practicar las pruebas pertinentes, fijar el
negocio en lista, dar traslado al señor Procurador General de la Nación para
que rindiera el concepto de rigor, y llevar a cabo las comunicaciones
constitucional y legalmente pertinentes.
Adelantados los
trámites y cumplidos los requisitos requeridos en la Constitución Política y en
el Decreto 2067 de 1.991 para esta clase de procesos, procede la Corte
Constitucional a pronunciarse sobre los actos jurídicos objeto del presente
control de constitucionalidad.
II.    TEXTO
DE LAS NORMAS QUE SE REVISAN.
A continuación, se
transcribe el texto de la Ley 370 del 16 de mayo de 1997 “Por medio del cual
se somete el “CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA SOBRE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA”, suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1994.”, de
conformidad con el ejemplar cuya copia fue remitida a esta Corporación.
“EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
D E C R E T A :
Visto el texto del “CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA SOBRE
COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA”, suscrito en Atenas el 16 de
diciembre de 1994.
CONVENIO MARCO
entre el Gobierno de la República de Colombia y
el Gobierno de la República Helénica
sobre cooperación económica, científica y tecnológica
El Gobierno de la República Helénica y el
Gobierno de la República de Colombia,
En adelante denominados conjuntamente como
“las Partes Contratantes”
Queriendo promover el desarrollo de la
cooperación económica, científica y tecnológica entre ellas, en áreas de común
interés y sobre la base de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad.
Reconociendo la importancia de medidas de
largo plazo que conlleven el éxito en el desarrollo de la cooperación y el
fortalecimiento de los lazos entre ellas a diversos niveles, particularmente a
nivel de sus agentes económicos.
HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
ARTICULO 1
1.     Las
partes contratantes harán todos los esfuerzos, dentro de su respectiva
legislación y de sus correspondientes reglamentos y teniendo en cuenta sus
compromisos internacionales, así como los acuerdos entre la Unión Europea y la
República de Colombia, para desarrollar y fortalecer la cooperación económica,
científica y tecnológica, sobre las bases más amplias posibles en todos los
campos que se consideren de recíproco interés y beneficio
2.      Tal cooperación se dirigirá
especialmente a:
-      Estrechar
y diversificar los vínculos económicos, científicos y tecnológicos entre las
partes contratantes.
-      Explorar
y abrir nuevos mercados.
-      Estimular
la cooperación entre los agentes económicos, incluyendo las pequeñas y medianas
empresas, con el fin de promover los intercambios comerciales, la inversión,
las cuentas en participación (joint ventures), los Acuerdos sobre licencias y
otras formas de cooperación entre ellas.
-      Promover
el progreso científico y tecnológico y la transferencia de tecnología, igual
que la conclusión de los acuerdos apropiados.
3.     Las
partes contratantes, dentro del marco de sus respectivas competencias, pueden
concretar cualquier acuerdo que se considere necesario para el futuro
desarrollo de su cooperación económica, científica y tecnológica.
ARTICULO 2
1.     La
cooperación a que se refiere el artículo 1, se extenderá particularmente a los
siguientes sectores:
-      Ciencia
y tecnología
-      Agricultura,
pesca y silvicultura
-      Agroindustria
y desarrollo rural
-      Energía,
en particular energía solar y eólica
-      Tecnología
marina incluyendo construcción y reparación de buques
-      Construcción
y vivienda
-      Transporte,
incluyendo transporte marítimo
-      Tecnología
antisísmica
-      Banca,
seguros y otros servicios financieros
-      Turismo
-      Adiestramiento
vocacional y gerencial
2.     Las
Partes Contratantes mantendrán consultas para identificar los sectores
prioritarios en su cooperación, igual que nuevos sectores de cooperación
económica, científica y tecnológica.
ARTICULO 3
1.     La
cooperación económica a que se refiere este Acuerdo se llevará a cabo
principalmente sobre la base de acuerdos y contratos entre empresas,
organizaciones y firmas griegas y colombianas, con sujeción a la legislación de
cada parte contratante.
2.     Las
Partes Contratantes harán todo el esfuerzo posible para facilitar esta
actividad creando condiciones favorables para la cooperación económica,
particularmente por los siguientes medios:
-      desarrollando
un clima favorable para la inversión,
-      facilitando
el intercambio de información económica y comercial,
-      facilitando
los intercambios y contactos entre sus agentes económicos,
-      facilitando
la organización de ferias, exhibiciones, simposios, etc.
-      estimulando
las actividades de promoción comercial,
ARTICULO 4
1.     Las
Partes Contratantes crearán condiciones favorables para el desarrollo de la
cooperación científica y tecnológica entre ellas, igual que entre sus
respectivas organizaciones o instituciones públicas o privadas, gubernamentales
y no gubernamentales, conforme a sus prioridades nacionales y con sujeción a su
legislación.
Esta cooperación
podrá darse, entre otras, a través de las siguientes modalidades:
-      intercambio
de científicos, investigadores y expertos,
-      elaboración
de programas conjuntos de investigación,
-      organización
de programas de desarrollo en campos de mutuo interés,
-      provisión
de conocimiento científico y técnico,
-      organización
de simposios y seminarios,
-      intercambio
de información y datos,
-      provisión
de equipos y material necesario para la realización de proyectos específicos,
-      otorgamiento
de becas para especialización.
ARTICULO 5
1.     Se
constituye un Comité Conjunto con el objetivo de asegurar la ejecución de este
Acuerdo.
2.     El
Comité Conjunto estará integrado por representantes de las Partes Contratantes
y se reunirá, a petición de cualquiera de ellas, a través de los canales
diplomáticos, en el lugar y cuando se convenga de común acuerdo.
3.      El Comité Conjunto tendrá las
siguientes funciones:
-      velar
por el funcionamiento adecuado de este Acuerdo
-      coordinar
actividades, proyectos y operaciones específicas relacionadas con los objetivos
del Acuerdo, proponiendo los medios necesarios para su realización y
seguimiento correspondientes,
-      identificar
nuevos sectores de cooperación,
-      buscar
métodos apropiados para resolver problemas que pudieren surgir con relación la
realización del Acuerdo y, si fuere preciso, formular las respectivas
recomendaciones.
ARTICULO 6
1.     Este
Acuerdo entrará en vigencia sesenta (60) días después de la fecha de su última
notificación escrita por una de las Partes Contratantes, a la otra y después de
que los procedimientos internos requeridos para este fin hayan sido cumplidos.
Permanecerá vigente por cinco (5) años.
2.     A
menos que haya aviso de terminación por alguna de las Partes, con anticipación
mínima de seis (6) meses a su expiración, este Acuerdo será prorrogado
tácitamente por períodos sucesivos de un (1) año, reservándose cada parte el
derecho a terminarlo, previo aviso con al menos seis (6) meses de anticipación.
3.     En
relación con los Acuerdos y Contratos a que hayan llegado los agentes
económicos, organizaciones o instituciones de alguna de las dos Partes
Contratantes en base a este Convenio, los artículos precedentes se mantendrán
vigentes hasta la terminación de estos acuerdos y contratos.
Firmado en duplicado, en la ciudad de
Atenas, a los 16 días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro
en idiomas Español, Griego e inglés, siendo los textos igualmente auténticos.
En  caso de divergencia, prevalecerá la interpretación convenida para el texto
en inglés.
POR EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
EMBAJADOR
POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA HELENICA
MINISTRO ADJUNTO DE
ECONOMIA NACIONAL
MARIO CALDERON RIVERA
I. ANTHOPOULUS
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SANTA FE DE BOGOTA D.C. 28 NOV. 1995
APROBADO. SOMETASE A LA CONSIDERACION DEL
HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) RODRIGO PARDO GARCIA PEÑA
D E C R E T A :
ARTICULO 1o. : Apruébase el “CONVENIO
MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA HELENICA SOBRE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA”,
suscrito en Atenas el 16 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro
(1994).
ARTICULO 2o. : De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1º. De la Ley 7ª. De 1944, el “CONVENIO MARCO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA HELENICA
SOBRE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA”, suscrito en Atenas el
16 de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo
1o. de esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTICULO 3º. : La presente Ley rige a
partir de la fecha de su publicación.
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA
LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA
REPUBLICA
PEDRO PUMAREJO VEGA
EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE
REPRESENTANTES
GIOVANNY LAMBOGLIA MAZZILLI
EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE
REPRESENTANTES
DIEGO VIVAS TAFUR
REPUBLICA DE COLOMBIA-GOBIERNO NACIONAL
COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
EJECUTESE previa revisión de la Corte
Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 16
de mayo de 1997
LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES,
MARIA EMMA MEJIA
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO,
ORLANDO JOSE CABRALES MARTINEZ
III.   PRUEBAS
DECRETADAS.
En ejercicio de las
competencias constitucionales y legales, el Magistrado Sustanciador decretó
pruebas con el fin de allegar al proceso copia auténtica del expediente
legislativo y de todos los antecedentes del proyecto de ley que culminó con la
expedición de la Ley 370 del 16 de mayo de 1997.
Para el efecto se
ofició, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a
los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, así como a los de las Comisiones Primeras Constitucionales
Permanentes de ambas células legislativas, para que remitieran la información
solicitada. Sobre ese material probatorio se hará referencia en las
consideraciones que fundamentan la parte resolutiva de esta providencia.
IV.   INTERVENCION
DE AUTORIDADES PUBLICAS.
Según informes de la
Secretaría General de esta Corporación, de los días 18 y 21 de julio de 1997,
intervinieron, dentro del término de fijación en lista, los representantes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, y, en
forma extemporánea, el Ministro del Medio Ambiente, de la siguiente
manera :
1.      Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Por intermedio de
apoderado especial, el Ministerio de Relaciones Exteriores respalda la
exequibilidad tanto del Convenio Marco celebrado entre los gobiernos de las
Repúblicas de Colombia y Helénica sobre cooperación económica, científica y
tecnológica, suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1.994, como de su ley
aprobatoria No. 370 del 16 de mayo de 1.997, manifestando, en primer término,
que dado el proceso de globalización que vive el mundo, las relaciones
internacionales deben desarrollarse dentro de un alto grado de cooperación
bilateral o multilateral de los Estados, a fin de alcanzar las metas y
propósitos fijados, al igual que para afrontar los problemas y conflictos
existentes, por lo que Colombia no puede estar ajena a ese proceso de
integración mundial.
En desarrollo de
dicho proceso de internacionalización y de diversificación de las relaciones,
el interviniente aclara que nuestro país suscribió un nuevo acuerdo marco de
cooperación con la República Helénica, cuya constitucionalidad se revisa, en el
que se establecen condiciones y compromisos recíprocos para la cooperación
bilateral, que procuran el intercambio provechoso y equitativo en beneficio
mutuo para las Partes.
Luego, al referirse
al contenido del articulado del Convenio, el apoderado de la Cancillería lo
encuentra ajustado a la Constitución Política, en particular a su artículo 2o.
que establece como fin del Estado promover la prosperidad general, lo que
constituye objetivo fundamental de la cooperación internacional, aprovechando
el intercambio de experiencias y ventajas entre los países.
De igual forma,
expresa que el Convenio desarrolla lo dispuesto en el artículo 71 de la Carta,
sobre creación estatal de incentivos y ofrecimiento de estímulos por desarrollo
y fomento de la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales,
por cuanto impulsa actividades relacionadas con el intercambio de científicos,
investigadores y expertos, la elaboración de programas conjuntos de
investigación y de mutuo interés, entre otras.
Por último, concluye
que con la suscripción del Convenio se promueve la internacionalización y se
estrecha la integración política, económica, social y ecológica de Colombia con
la República Helénica, tal como lo preceptúan los artículos 226 y 227 de la Ley
Fundamental, razones éstas que sustentan la solicitud de declaratoria de
constitucionalidad elevada ante esta Corporación.
2.     Ministerio
de Justicia y del Derecho.
De igual manera, el
Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante apoderado presenta escrito
justificando la constitucionalidad de los instrumentos internacionales en
estudio.
En forma preliminar,
hace mención del trámite legislativo del proyecto de ley aprobatoria del
Convenio de la referencia y del objeto del mismo. Sobre lo primero, señala que
se hizo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y, en
cuanto a lo segundo, que aquél procura estrechar los lazos económicos de la
República de Colombia con la República de Grecia, ampliando la cooperación y
aumentando así el intercambio de bienes, servicios, tecnología y conocimientos
científicos.
Posteriormente,
puntualiza que dentro de las funciones del Estado colombiano están las de
promover la internacionalización de la economía, la de estrechar los vínculos
con las naciones amigas en los aspectos acordados por el Convenio, conforme a
lo dispuesto por los artículos 226 y 227 de la Carta Política. En su concepto,
estas normas vienen a ser complementadas por los preceptos constitucionales que
le otorgan las facultades de dirigir la economía (art. 334), los deberes de
proteger la propiedad privada (art. 58), la libertad económica, la iniciativa
privada y el derecho a la competencia económica (art. 333).
Por lo tanto, el
Convenio según su criterio refleja el marco constitucional establecido para la
implementación de este tipo de instrumentos, conformado por los artículos 9,
150-16, 189-2, lo que lo hace exequible, así como a su ley aprobatoria.
3.     Ministerio
del Medio Ambiente.
El Ministro del
Medio Ambiente participó en el proceso para defender la constitucionalidad de
la Ley 370 de 1.997 y del Convenio Marco sobre cooperación económica,
científica y tecnológica, suscrito entre la República de Colombia y el Gobierno
de la República Helénica, con base en las siguientes razones :
De un lado,
manifiesta que el artículo 1o. del Convenio está acorde con lo dispuesto en el
artículo 9o. de la Constitución Política de 1.991, por cuanto se acoge al
mandato que ordena que las relaciones del Estado se deben fundamentar en la
soberanía nacional, en el respeto por la autodeterminación de los pueblos y en
los principios de derecho internacional aceptados por Colombia.
Además, estima que a
través del Convenio se promueve la internacionalización de las relaciones sociales
y económicas en materia de cooperación económica, científica y tecnológica con
las demás naciones, sobre la base de equidad, igualdad, reciprocidad, como lo
ordenan los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, con progreso
científico y tecnológico y transferencia de tecnología entre aquellas.
Para concluir,
destaca como principales bondades de la Ley 370 de 1.997, que las Partes
Contratantes se comprometen a crear condiciones favorables para el desarrollo
de la cooperación científica y tecnológica, aún con las respectivas
instituciones públicas o privadas, gubernamentales o no gubernamentales, lo que
facilitaría adelantar actividades que pueden involucrar importantes
consideraciones de tipo ambiental, consideraciones adicionales a las ya enunciadas,
que en su concepto fundamentan un pronunciamiento a favor de la exequibilidad
del Convenio y de su ley aprobatoria.
V.      CONCEPTO DEL
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.
Mediante Concepto
Número 1362, del 11 de agosto de 1.997, el señor Procurador General de la
Nación solicitó a esta Corporación declarar la constitucionalidad del Convenio
Marco celebrado entre los gobiernos de la República de Colombia y de la
República Helénica, sobre cooperación económica, científica y tecnológica,
suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1.994 y de su ley aprobatoria No. 370
de 1.997, con base en las consideraciones que se exponen a continuación:
En primer término,
afirma que la competencia para la suscripción  del instrumento público
internacional se aviene al ordenamiento superior en materia de acreditación de
plenos poderes otorgados por el Presidente de la República, y que el trámite de
su ley aprobatoria se ajusta a los artículos 157,158, y 160 de la Constitución
Política.
De otro lado, en
relación con el análisis material del tratado, el Jefe del Ministerio Público
asegura que el acuerdo es un Convenio Marco de cooperación económica,
científica y tecnológica, cuyo contenido desarrolla las pautas generales para
hacer efectiva esa cooperación, la cual se concreta a través de la celebración
de nuevos acuerdos y contratos entre las empresas, organizaciones y firmas de
ambos países, con observancia de la legislación interna de los mismos.
A continuación,
expone una reseña detallada del articulado del acuerdo, concluyendo, al efecto,
que el mismo no transgrede precepto alguno del Estatuto Superior, ya que se
inscribe en los propósitos trazados por el Constituyente de 1.991,
fundamentalmente en lo que respecta a la promoción de la integración económica
social y política del artículo 227 superior, en aras de fomentar el desarrollo
económico, social, científico y tecnológico de las partes.
Ya para finalizar,
observa que, de igual manera, el contenido de la ley sometida a revisión
tampoco vulnera la Constitución Política, toda vez que se limita a aprobar el
Convenio, a señalar que su texto vincula a nuestro país a partir del
perfeccionamiento del instrumento público internacional y a establecer que la
ley rige a partir de la fecha de publicación, reflexiones que apoyan la
petición presentada a la Corte Constitucional para que se declare la
constitucionalidad de los mismos.
VI.    CONSIDERACIONES
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1.     Competencia.
En los términos del
numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es
competente para pronunciarse, en forma definitiva, sobre la exequibilidad del “CONVENIO
MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA HELENICA SOBRE COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA”,
suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1994.” y de la Ley 370 del 16 de
mayo de 1997 aprobatoria del mismo.
2.     Examen
de constitucionalidad del Convenio y de la ley aprobatoria.
El control de
constitucionalidad que ejerce la Corte respecto de los convenios y de sus leyes
aprobatorias, en virtud del mandato del artículo 241-10 de la Ley Fundamental,
comprende la totalidad del contenido material del instrumento internacional y
de la respectiva ley que lo somete al ordenamiento jurídico nacional vigente,
tanto en sus aspectos de forma como de fondo.
2.1   La
constitucionalidad en los aspectos formales.
La revisión de la
constitucionalidad del Convenio de la referencia en los aspectos de forma así
como de su ley aprobatoria, se hace en lo concerniente a la facultad de
representación del Estado colombiano para la celebración y firma del respectivo
instrumento internacional y respecto del trámite legislativo surtido ante el
Congreso de la República, respectivamente, con sujeción a las requisitos
constitucionalmente establecidos.
2.1.1.  La
representación del Estado colombiano en la celebración del Convenio.
De conformidad con
el numeral 2o. del artículo 189 de la Carta Política, corresponde al Presidente
de la República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y
en desarrollo de las mismas “...celebrar con otros Estados y entidades de
derecho internacional tratados o convenios”, para lo cual, podrá otorgar
plenos poderes a plenipotenciarios para que adelanten las negociaciones y
firmen los mencionados instrumentos.
A partir de los
documentos que reposan en el expediente, en especial de la constancia suscrita
por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
aportada mediante oficio del 24 de junio de 1997 (Fl.576), se tiene que el
Presidente de la República confirió plenos poderes al Embajador de Colombia en
Atenas, para que en nombre del Gobierno Nacional suscribiera el Convenio bajo
estudio (Fl. 578).
Igualmente, consta
en el expediente que una vez suscrito el mencionado instrumento público
internacional, se surtió la aprobación ejecutiva del Convenio por el Presidente
de la República, el día 15 de septiembre de 1995 (folio 577).
En consecuencia, la
Sala encuentra que no existe reparo alguno frente a la circunstancia
relacionada con la facultad de representación legítima del Estado colombiano en
la negociación y celebración del mencionado instrumento internacional.
2.1.2. Trámite legislativo para la formación de la Ley 370
de 1997.
Con fundamento en
las pruebas allegadas al proceso, las certificaciones remitidas a la Corte, los
antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de
la República, se pudo determinar que el trámite surtido en esa Corporación para
la expedición de la Ley No. 370 de 1997, fue el siguiente:
1.     El
día 6 de mayo de 1996, el Gobierno Nacional, a través del Viceministro de
Relaciones Exteriores encargado de las funciones del Despacho del Ministro,
presentó ante la Secretaría General del Senado de la República el proyecto de
ley aprobatorio del Convenio en estudio, el cual fue radicado bajo el No. 268
de 1996-Senado y publicado en la Gaceta del Congreso No. 161 del 7 de mayo del
mismo año, junto con la correspondiente exposición de motivos (Fls. 104,
158,422, 446 y 586).
2.     Ese
mismo día, el Presidente del Senado de la República lo repartió y remitió a la
Comisión Segunda Constitucional Permanente, con el fin de que se iniciará su
trámite en los términos del Reglamento del Congreso de la República (Ley 5a. de
1992).
3.     La
ponencia para dar curso al primer debate, ante dicha Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, estuvo a cargo del
Senador Lorenzo Muelas Hurtado y fue publicada en la Gaceta del Congreso No.
223 del 7 de junio de 1996 (Fl. 92). El proyecto de ley fue considerado y
aprobado por unanimidad en la mencionada Comisión, el día 18 de junio de 1996,
con el quórum deliberatorio y decisorio requerido, según consta en el Acta No.
32 de la misma fecha (Fl. 206).
4.     Para
el segundo debate ante la Plenaria del Senado de la República, se mantuvo como
ponente al Senador citado, quien elaboró la ponencia que fue publicada en la
Gaceta del Congreso No. 385 del 17 de septiembre de 1996 (Fl. 128). En dicha
Plenaria se aprobó debidamente el proyecto de ley, el día 18 de septiembre de
1996, según consta en el Acta No. 13 de esa fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 404 del 25 de septiembre de 1996 (Fl. 634), y en la certificación
remitida por el Secretario General de esa célula congresional (Fl.580).
5.     Posteriormente,
el proyecto de ley en mención fue radicado en la Cámara de Representantes con
el No. 123 de 1996-Cámara, correspondiéndole a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente adelantar el primer debate, la cual, con base en la
ponencia presentada por el Representante José Maya García, publicada en la
Gaceta No. 564 del día 5 de diciembre de 1996 (Fl. 522), aprobó el proyecto de
ley con el quórum deliberatorio y decisorio reglamentario, en la sesión
ordinaria del día 4 de diciembre de 1996, según consta en el Acta No. 012 de
esa misma fecha (Fl. 321) y en la certificación suscrita por el Secretario
General de esta cámara legislativa, de junio 16 de 1997 (Fl. 259).
6.     El
Representante mencionado presentó ponencia para segundo debate ante la Plenaria
de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta No. 605, del día 16 de
diciembre de 1996 (Fl.534), siendo el proyecto de ley aprobado en la sesión del
día 1o. de abril de 1997, con el quórum deliberatorio y decisorio
reglamentario, según consta en la certificación expedida por el Secretario
General de esa cámara legislativa, del 16 de junio de 1997 (Fl. 259)
7.      El
día 16 de mayo de 1997, el Presidente de la República sancionó la ley
aprobatoria del Convenio objeto de revisión, bajo el número 370 de 1997.
8.      Finalmente,
el texto de la Ley 370 de 1997 fue remitido a la Corte Constitucional por el
Gobierno Nacional, el 19 de mayo de 1997, dentro del término máximo de 6 días
señalado para el efecto por el artículo 241, numeral 10, de la Carta Política.
Con base en lo
expuesto, no existe reparo en cuanto al trámite legislativo otorgado a la Ley
370 de 1997, toda vez que cumplió con los requisitos constitucionalmente
exigidos, razón por la cual éste se encuentra ajustado en los aspectos formales
a los preceptos superiores.
2.2.  La
constitucionalidad en los aspectos de fondo.
El análisis material
de las disposiciones jurídicas obtenidas como resultado de las negociaciones
internacionales entre los Estados consiste en la confrontación de aquellas con
los mandatos superiores vigentes, a partir de “criterios eminentemente
jurídicos”[1],
los cuales regirán el presente examen.
2.2.1.  Finalidad
y contenido del Convenio.
Como se desprende de
su texto, la finalidad del Convenio sub examine es esencialmente la de
promover el desarrollo de la cooperación en tres sectores específicos como
son : el económico, el científico y el tecnológico, en aquellos campos
donde existe recíproco interés entre las Partes Contratantes, para lo cual han
adoptado las siguientes disposiciones:
Tanto en el
preámbulo como en el artículo 1o., se señalan expresiones de buena voluntad de
las Partes para propiciar la cooperación bilateral desde el punto de vista de
la normatividad interna y se precisan los aspectos hacia los cuales deberá
dirigirse dicha cooperación, principalmente, orientada a estrechar los vínculos
en las áreas mencionadas.
Así, respecto de la
cooperación en el campo económico se dispone que ésta deberá dirigirse a
explorar y abrir nuevos mercados, estimular la cooperación entre los agentes
económicos, incluyendo las pequeñas y medianas empresas, con el fin de promover
los intercambios comerciales, la inversión, las cuentas en participación y
otras formas de cooperación entre ellas. Por su parte, la cooperación en el
campo científico y tecnológico deberá  dirigirse  a   promover   el  progreso
en  estas  áreas,   así  como  la
transferencia de
tecnología y la conclusión de los acuerdos interinstitucionales que resulten
apropiados para ello.
En el artículo 2o.
se delimitan los sectores en los cuales se hará efectiva tal cooperación, tales
como el de ciencia y tecnología, agricultura, pesca y silvicultura,
agroindustria y desarrollo rural, energía -particularmente la solar y eólica-
tecnología marina, construcción de vivienda, transporte, incluyendo el
marítimo, banca, seguros y otros servicios financieros, turismo y
adiestramiento vocacional y gerencial. Así mismo, se establece que las partes
mantendrán consultas con el fin de identificar cuáles son los sectores
prioritarios de cooperación y en los nuevos sectores donde podrá aplicarse la
misma.
Posteriormente, el
Convenio determina la forma de hacer efectivas sus disposiciones señalando en
su artículo 3o., y para el caso específico de la cooperación en el campo
económico, que la misma se llevará a cabo mediante acuerdos y contratos entre
empresas, organizaciones y firmas griegas y colombianas con sujeción a la
legislación interna. Para el efecto, se estipula que las Partes deberán
facilitar las condiciones que hagan favorable dicha cooperación, desarrollando
un clima favorable para la inversión, propiciando el intercambio de información
económica y comercial, así como los intercambios y contactos entre sus agentes
económicos, organizando ferias, exhibiciones, simposios etc. y estimulando las
actividades de promoción comercial.
Igualmente, se
observa una regulación atinente a la cooperación científica y tecnológica,
disponiendo en el artículo 4o. que las Partes deben crear las condiciones que
favorezcan ese fin, no sólo entre ellas sino también entre sus organizaciones o
instituciones públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales, de
acuerdo con sus prioridades nacionales y su legislación en rigor.
Con ese propósito,
las Partes podrán acudir a la cooperación otorgada a través de distintas
modalidades, como sucede con el intercambio de científicos, investigadores y
expertos, la elaboración de programas conjuntos de investigación, la
organización de programas de desarrollo en campos de mutuo interés, la
provisión de conocimientos técnicos y científicos, así como la elaboración de
simposios y seminarios, el intercambio de información y datos, la provisión de
equipos y el otorgamiento de becas para especialización.
La ejecución del
acuerdo se encuentra asegurada en el artículo 5o. mediante la constitución de
un Comité Conjunto integrado por representantes de las Partes, en donde además
se consagra la forma de reunión y las funciones a desempeñar.
Finalmente, el
artículo 6o. dispone lo atinente a la vigencia, terminación y prórroga del
Convenio .
2.2.2.  Fundamento
de la cooperación en el derecho internacional.
La Constitución de
1991 consagra las bases de las relaciones exteriores del Estado Colombiano, al
disponer que las mismas deben orientarse por los principios fijados en dicho
ordenamiento Superior, los cuales versan sobre el respeto de los Estados
contratantes a la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el
reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por
Colombia, a través de apoyos decididos hacia la integración mundial, en
especial, con Latinoamérica y el Caribe, en busca de la prosperidad general de
sus habitantes, con garantía de sus derechos constitucionales y la protección
de los derechos humanos, así como de las riquezas culturales y naturales de la
Nación, dentro de una convivencia pacífica y un orden político, económico y
social justo, que permita la participación de la gente en las decisiones que
los afecten (C.P., arts. 1o., 2o., 3o., 5o., 7o., 8o. y 9o.)
Uno de los
mecanismos que se orienta hacia el cumplimiento de estos principios es,
precisamente, la cooperación internacional, entendida como una acción conjunta
y eficaz de varios Estados hacia una obra común, de interés mutuo, y cuyo
objetivo esencial es el de estimular el desarrollo de los países que acuden a
ella.
La actividad
económica y social entre las diferentes naciones ha llevado a la unión entre
las mismas, con el fin de obtener mejores condiciones de estabilidad y
bienestar de sus habitantes y de satisfacción de las necesidades básicas, además
de incentivar relaciones pacíficas y amistosas entre los países del mundo,
basadas, desde luego, en el respeto a los principios de soberanía, igualdad de
derechos y de libre determinación de los pueblos, como se ha señalado.
En este campo, un
espacio amplio de cooperación como contribución indispensable a los esfuerzos
de los países en desarrollo por alcanzar la autosuficiencia y satisfacción de
sus necesidades ha suministrado la Organización de las Naciones Unidas -ONU con
miras a promover programas de cooperación como una contribución indispensable a
los esfuerzos de los países en desarrollo, encaminados a alcanzar
autosuficiencia y satisfacción en sus necesidades, para lo cual facilita y
apoya, entre otras cosas, las inversiones, el desarrollo de los recursos
humanos, la investigación y la capacitación.
De conformidad con
la Carta Orgánica de la Organización de las Naciones Unidas[2], a la cooperación
internacional se acude esencialmente con el fin de asegurar niveles de vida más
elevados y trabajo permanente para todos, así como condiciones de progreso y
desarrollo económico y social, pretendiendo solucionar problemas
internacionales de carácter económico, social y sanitario, así como de otros
conexos, con cooperación en el orden cultural y educativo, bajo parámetros de
respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin
distinción de raza, sexo, idioma o religión, garantizando la efectividad misma
de tales derechos y libertades.
En el ordenamiento
jurídico nacional, la cooperación internacional en esos términos se encuentra
avalada por la Constitución Política de 1991, encontrándose principios
esenciales que propugnan por una internacionalización de las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas, así como por la integración
económica, social y política con las demás naciones sobre bases de equidad,
igualdad y reciprocidad tal como lo disponen los artículos 226 y 227 de la
misma. Veámos la aplicación de los mismos en el Convenio que ocupa la atención
de esta Corte.
2.2.3.  La
constitucionalidad del Convenio bajo estudio.
Analizado el
instrumento público internacional objeto de revisión, se deduce la existencia
de un Convenio Marco de Cooperación que, como se había expresado, tiene por
objeto promover el desarrollo de la cooperación económica, científica y
tecnológica entre las Partes Contratantes, en áreas de común interés y sobre la
base de igualdad, beneficio mutuo y reciprocidad.
Se trata, entonces,
de un Convenio Marco pues todas sus disposiciones deberán ser adoptadas por
acuerdos y contratos posteriores, como lo establece el artículo 1o.; es decir,
que se limita a establecer los parámetros generales en virtud de los cuales se
llevará a cabo la cooperación en los campos económico, científico y tecnológico
entre la República Griega y la Colombiana.
Así las cosas, del
estudio efectuado por la Corte acerca del contenido del Convenio se permite
afirmar que no se opone en ninguna de sus partes a la Constitución Política,
por el contrario, se ciñe a sus mandatos, puesto que desarrolla varios de sus
principios generales, de la siguiente manera :
En efecto, se ajusta
a lo previsto por el artículo 9o. de nuestro Estatuto Supremo, que prescribe
que : "Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la
soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el
reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por
Colombia", con plena armonía frente al mandato del artículo 189
numeral 2o. constitucional, que establece que corresponde al Presidente de la
República la dirección de las relaciones internacionales, en virtud de lo cual
podrá celebrar con otros Estados tratados o convenios como el que se revisa.
De otro lado, el
Convenio de Cooperación entre la República Helénica y la de Colombia reproduce
no sólo lo consagrado en el artículo 226 Superior que ordena al Estado promover
"la internacionalización de las relaciones políticas, económicas,
sociales y ecológicas...”, sino también lo dispuesto en el artículo 227 constitucional,
que le impone la misión de promover la integración económica, social y política
con las demás naciones.
El Convenio orienta
la búsqueda de la cooperación hacia el campo económico, para lo cual las partes
contratantes se comprometen de manera recíproca a crear condiciones favorables
para la cooperación económica, desarrollando un clima favorable para la
inversión, facilitando el intercambio de información económica y comercial, los
intercambios y contactos entre sus agentes económicos, la organización de
ferias, exhibiciones, simposios y estimulando las actividades de promoción
comercial.
Las anteriores
medidas lejos de vulnerar nuestro ordenamiento Superior resultan acordes con el
proceso de apertura económica y de internacionalización de la economía que
consagra la Constitución Política, porque, en criterio de esta Corporación[3], el proceso de
globalización económica exige cada vez más el desarrollo de relaciones fluidas
y sin interferencias entre los diferentes países, pues sólo así se podrá
garantizar su modernización, permanencia y competitividad, propósitos que se
logran a través de convenios como el que se analiza, dado que sobre las bases
de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, facilitan y fomentan ese tipo
de compromisos y propósitos (artículos 226 y 227).
La cooperación
regulada en el Convenio también está orientada hacia los campos científico y
tecnológico, la cual operará, según sus disposiciones, mediante el intercambio
de científicos, investigadores y expertos, así como a través de la elaboración
de programas conjuntos de investigación, la organización de programas de
desarrollo en campos de interés común, la provisión de conocimientos técnicos y
científicos, la organización de simposios y seminarios, el intercambio de
información y datos, la provisión de equipos y material necesario para la
realización de proyectos específicos y el otorgamiento de becas para estudios
de especialización.
Dichas actividades
reflejan lo previsto en diversas preceptivas constitucionales, como la
contenida en el artículo 65 que le confiere al Estado la tarea de promover "la
investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y
materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la
productividad", en el inciso 3o. del artículo 69 sobre el
fortalecimiento de la investigación científica en las instituciones oficiales y
privadas y el ofrecimiento de condiciones especiales para su desarrollo, y en
el artículo 70 que consagra el deber del Estado de "promover y fomentar
la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de
la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad
nacional ".
De manera que, los
acuerdos allí pactados, desarrollan en consecuencia, los postulados
constitucionales según los cuales es deber del Estado  fomentar la investigación
científica y tecnológica y la promoción y acceso a los demás bienes y valores
de la cultura, la recreación y el deporte, lo cual, sin lugar a dudas, requiere
para su pleno desarrollo del intercambio de conocimiento y de experiencias con
otras naciones del mundo, con aportes recíprocos que permitirán obtener un
mejor aprovechamiento del potencial del recurso humano y natural con que cuenta
nuestro país, revirtiendo en una educación de mejor calidad y en el desarrollo
integral de los individuos.
En ese sentido ya se
había pronunciado esta Corte[4]
al examinar la constitucionalidad de un convenio de naturaleza similar al que
hoy se estudia, en donde se dijo que:  ”Tales propósitos se ajustan
inequívocamente al espíritu de la Carta Política de 1991, que al consagrar a
Colombia como un Estado Social de Derecho reivindicó el carácter
multidimensional del individuo, el cual requiere para su desarrollo integral,
de una parte fortalecer y consolidar los valores que caracterizan su propia
cultura, fundamento de la nacionalidad (art.70 C.P.), y de otra, a través de
procesos de enseñanza e intercambio nutrirse de aquellos que singularizan e
identifican otras culturas, siendo, sin lugar a dudas, éste el fundamento
esencial de las políticas diseñadas para alcanzar el acercamiento de los
pueblos basado en los principios de respeto a la autonomía, a la identidad y a
la dignidad.”, criterios que son reiterados en el caso en estudio.
Por otra parte,
considera la Corte que la creación del Comité Conjunto (art. 5o.), lejos de
vulnerar la Constitución se encuentra conforme a ella, por cuanto su fin
esencial es asegurar la ejecución del Convenio velando por su adecuado
funcionamiento, mediante el ejercicio de funciones destinadas a la coordinación
de actividades, proyectos y operaciones específicas relacionadas con los
objetivos del Acuerdo, proponiendo los medios necesarios para su realización y
seguimiento correspondientes, identificando nuevos sectores de cooperación y,
buscando métodos apropiados para resolver problemas que pudieren surgir en
relación con la realización del mismo, con la formulación de las respectivas
recomendaciones si fuere preciso.
A su vez, los
mandatos relativos a la entrada en vigencia, prórroga y terminación del Acuerdo
también armonizan con la Constitución Política y con los preceptos que para el
efecto consagra la Convención de Viena para los tratados internacionales.
Así pues, examinado
el contenido material del Convenio de Cooperación sub lite, se reitera
que el mismo se limita a establecer los lineamientos que han de tenerse en
cuenta para la celebración de futuros convenios entre los dos Estados Partes en
materia de cooperación económica, científica y tecnológica. Sus disposiciones
promueven la ejecución de actividades conjuntas tendientes a la exploración y
apertura de nuevos mercados, la cooperación entre pequeñas y medianas empresas,
el intercambio comercial e incentivos a la inversión, el progreso científico y
la transferencia de tecnología, que facilitan el desarrollo, progreso y
bienestar de ambos países dada la colaboración mutua que se establece entre
Colombia y Grecia, permitiendo que con su ejecución el Estado colombiano pueda
cumplir con los mandatos constitucionales que se relacionan con el proceso de
internacionalización de la economía y la promoción y fomento de la ciencia y la
tecnología, bajo criterios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
En conclusión, se
observa que el Convenio de Cooperación Económica, Científica y Tecnológica, objeto
de este examen, se ajusta en su integridad a la Constitución Política, por lo
tanto, se declararán exequibles las disposiciones allí contenidas, al igual que
la Ley 370 de 1997 que lo aprueba y reproduce su articulado, obligando al
Estado colombiano una vez se perfeccione el vínculo internacional y
determinando su entrada en vigencia a partir de la fecha de su publicación,
mandatos que tampoco contradicen el ordenamiento constitucional vigente, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
VII. DECISION
En mérito de lo
expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
R E S U E L V E :
Declarar EXEQUIBLES
el “Convenio Marco Entre El Gobierno de la Republica de Colombia y el
Gobierno de la Republica Helenica sobre Cooperacion economica, Cientifica Y
Tecnologica”, suscrito en Atenas el 16 de diciembre de 1994.”, así como la
Ley 370 del 16 de mayo de 1997 que lo aprobó.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
archívese el expediente.
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Magistrado
JOSE GREGORIO HERNADEZ GALINDO
Magistrado
HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado
FABIO MORON DIAZ
Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA  SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Sentencia
C-333 de 1994, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
[2] Ver    arts. 1o., 55o. y 56o.
[3] Sentencia
No. C-682/96 M.P.Dr. Fabio Morón Díaz.
[4] Sentencia C-682/96 citada.