T-539-01
Sentencia T-539/01
Sentencia T-539/01
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para
reclamar acreencias laborales no reconocidas
Si bien la
procedencia excepcional de la tutela para lograr este tipo de reclamación, ha
procedido, el juez de tutela, ordena el pago de las acreencias reclamadas,
cuando estas ya han sido reconocidas y surgen en cabeza del particular como un
derecho ya adquirido. Pero si la acción de tutela se plantea en los términos
que por esta vía judicial se entre a ordenar el reconocimiento, es
improcedente, pues el juez constitucional estaría extralimitando sus funciones
e invadiendo competencias de otras autoridades.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia contra
derechos inciertos
DERECHO AL MINIMO VITAL-Prueba de la
amenaza
ACCION DE TUTELA-Improcedencia por no
afectación del mínimo vital
DERECHO DE PETICION FRENTE AL SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO-Deber de resolver la solicitud
Reiteración de jurisprudencia
Referencia: expediente T-414435
Acción de tutela
instaurada por Fidelina Ospino de Young, en representación de sus menores hijos
Johnny IV y Stefanny de Jesús Young Ospino contra la E.S.E. Hospital Regional La
Candelaria de El Banco (Magdalena), y el Fondo de Pensiones del Instituto de
Seguros Sociales, Seccional Santa Marta (Magdalena).
Magistrado Ponente:
Dr. ALVARO TAFUR
GALVIS
Bogotá D.C., a los
veintiún (21) día del mes de mayo de dos mil uno (2001).
La Sala Octava de
Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CLARA
INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, JAIME ARAÚJO RENTERÍA y ALVARO TAFUR GALVIS, en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las
previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y
en el Decreto 2591 de 1.991, ha proferido la siguiente,
SENTENCIA
que pone fin al
proceso de revisión de los fallos proferidos por el Juzgado  Único Laboral del
Municipio de El Banco (Magdalena) dentro de la acción de tutela instaurada por
Fidelina Ospino de Young, en representación de sus menores hijos Johnny IV y
Stefanny de Jesús Young Ospino contra la E.S.E. Hospital Regional La Candelaria
de El Banco (Magdalena), y el Fondo de Pensiones del Instituto de Seguros
Sociales, Seccional Santa Marta (Magdalena).
I.  ANTECEDENTES.
Los hechos motivo de
la presente acción de tutela se pueden sintetizar en los siguientes puntos:
1. El señor Félix
Enrique Young Guzmán, se vinculó como médico de planta del Hospital La
Candelaria del municipio de El Banco (Magdalena), desde el 1° de febrero de
1976 hasta el 8 de agosto de 1997 fecha en que fue asesinado por un grupo
guerrillero. Para la fecha de su muerte el doctor Young Guzmán ya había cumplido
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.
2. El doctor Young
Guzmán tenía una familia integrada por su esposa Fidelina de Young y sus hijos
Johnny I, Johnny II, Johnny III, mayores de edad, pero dependientes
económicamente por estar estudiando; Johnny IV y Stefanny Young Ospino, menores
de edad.
3. Al morir el
señor Young Guzmán, su esposa inició el 29 de septiembre de 1997, los trámites
del reconocimiento de  la pensión de sobreviviente ante el Instituto de Seguros
Sociales. Sin embargo, sólo se pudo obtener una respuesta, la cual fue negativa
el día 17 de julio de 2000, previa interposición de otra acción de tutela por
violación del derecho de petición.
4. El I.S.S,
mediante Resolución No. 2371 del 17 de junio de 2000,[1] negó el reconocimiento
de la sustitución pensional, argumentado para ello, el hecho de que si bien la
Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya
había pagado al I.S.S., el correspondiente bono pensional, los aportes que
hiciera en su momento la E.S.E Hospital La Candelaria de El Banco (Magdalena),
había correspondido tan sólo a los aportes o descuentos hechos al señor Young
Guzmán, sin que el Hospital aquí tutelado hubiere hecho el pago de los aportes
a su cargo. Por tal motivo, y ante la mora del empleador en el cumplimiento de
dicha obligación, el Fondo de Pensiones del I.S.S., se encuentra exonerado de
pagar cualquier prestación.
5. En este punto,
la accionante no considera aceptable la posición del I.S.S., pues señala que la
Corte Constitucional reiteradamente ha señalado en sus fallos, que el empleador
no puede asumir las consecuencias negativas que surjan como consecuencia de la
negligencia u omisión del empleador al no cumplir con su obligación de efectuar
los pagos por concepto de seguridad social, no siendo por lo tanto, ni el
trabajador, ni su familia a quienes les toque asumir las consecuencias de dicha
conducta, pues para ello, el I.S.S., dispone de otros mecanismos para lograr la
efectiva cancelación de tales recursos.
6. De esta manera,
y dado que los recursos adeudados por la E.S.E Hospital de La Candelaria, son
ínfimos frente a los recursos que fueron pagados como bono pensional ($ 120.000.000
pesos aproximadamente), debe procederse al reconocimiento de la sustitución
pensional.
Visto los anteriores
hechos, la accionante considera violados sus derechos fundamentales a vida, a
la dignidad, al mínimo vital, fundamental de los niños y a la seguridad social,
pues dicha pensión es su mínimo vital de subsistencia. Por lo tanto, pide se
ordene a la E.S.E. Hospital de La Candelaria de El Banco (Magdalena) y al Fondo
de Pensiones del I.S.S., Seccional Santa Marta, pagar retroactivamente y a la
mayor brevedad posible la pensión de sobreviviente reclamada.
En declaración
rendida el día 22 de noviembre de 2000 ante el Juzgado Único Laboral del
Circuito de El Banco, la señora Fidelina Ospino de Young, señaló que
actualmente se dedica al comercio. Manifestó que su esposo había estado
afiliado inicialmente a Cajanal, pero que posteriormente se pasó al I.S.S., y
anexó copia de los recibos de pago de los aportes hechos al I.S.S., desde el
año de 1995 hasta julio de 1997,[2]
periodo durante el cual su esposo estuvo vinculado al I.S.S. Igualmente, indicó
que en su momento cumplió y aportó todos los documentos requeridos para
solicitar la pensión de sobreviviente. Finalmente, señaló que en su momento
interpuso los recursos de reposición y apelación contra la resolución que le
negó la pensión reclamada, sin que el I.S.S. le haya dado hasta el momento
respuesta a los mismos.
Por otra parte, el
Gerente Encargado de la E.S.E Hospital La Candelaria de El Banco (Magdalena),
certificó que el señor Félix Young Guzmán estuvo vinculado a dicho hospital
como médico de planta, desde el 1° de febrero de 1976 hasta el 8 de agosto de
1997, y siempre se le hicieron los descuentos de ley por concepto de salud y
pensión.[3]
II. DECISIÓN
JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN.
En sentencia del 27
de noviembre de 2000, el Juzgado Único Laboral del Circuito de El Banco
(Magdalena), negó la tutela. Consideró el juez de instancia que la accionante
busca con la tutela, agilizar el trámite de una decisión administrativa,
buscando igualmente obtener una respuesta favorable. Encuentra el juez de
conocimiento que la accionante tiene “expedita la vía ordinaria para la
reclamación y de hecho la está ejerciendo cuando está a la espera de que se
resuelva el recurso de apelación que interpuso contra la resolución,...”.
Finalmente, indica el  a quo que no se encuentra probada ninguna
situación de la cual se pueda colegir la necesidad de una protección
transitoria para evitar un perjuicio irremediable.
III.
CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
1.     Competencia.
De conformidad con
lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y en los
artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1.991, la Corte Constitucional es
competente para revisar la decisión judicial mencionada.
2. Improcedencia
de la acción de tutela para reclamar acreencias laborales no reconocidas aún.
Reiteradamente la
Corte ha señalado que la acción de tutela no es el mecanismo judicial apropiado
para lograr el efectivo pago de una acreencia laboral, pues para ello existen
otras vías judiciales ordinaria creadas para el efecto. Sin embargo, también se
ha considerado, que sólo en casos excepcionales, sí será procedente la acción
de tutela para perseguir el pago de acreencias laborales, sólo cuando con la
omisión en la cancelación de las mismas, se pongan en peligro derechos
fundamentales.
Si bien la
procedencia excepcional de la tutela para lograr este tipo de reclamación, ha
procedido, el juez de tutela, ordena el pago de las acreencias reclamadas,
cuando estas ya han sido reconocidas y surgen en cabeza del particular como un
derecho ya adquirido. Pero si la acción de tutela se plantea en los términos
que por esta vía judicial se entre a ordenar el reconocimiento, es
improcedente, pues el juez constitucional estaría extralimitando sus funciones
e invadiendo competencias de otras autoridades. En casos similares la Corte ha
señalado lo siguiente:
“El juez de
tutela no puede ordenar el pago de un derecho incierto y discutible, pues
aquello escapa de la órbita constitucional para radicarse en una discusión de
rango legal que debe resolverse en la jurisdicción competente.
“En este orden de
ideas, la acción de tutela sólo procede para el pago de derechos económicos,
cuyo carácter cierto e indiscutible evidencia la transgresión de derechos
fundamentales.” (Sentencia
T-1683 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero).
Vistos los
argumentos expuestos por la accionante, según los cuales el I.S.S., a través de
su Fondo de Pensiones dispone de otros medios para hacer efectivo el pago de
aquellos aportes dejados de realizar por parte del empleador, en este caso, la
E.S.E. Hospital La Candelaria de El Banco, no puede negar el reconocimiento de
un derecho frente al cual el causante del mismo cumplió en su momento con todos
los requisitos legalmente establecidos, los cuales están siendo presentados por
la cónyuge superstite en representación de sus menores hijos.
Sin embargo, existen
argumentos jurídicos que hacen inviable la presente acción de tutela, en
relación con los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
Primero. Dentro del
expediente no obra prueba alguna de la cual se pueda inferir que efectivamente
Johnny I, Johnny II, Johnny III, que siendo mayores de edad , dependan
económicamente de sus padres, como así lo afirma la accionante, ya sea que
dicha dependencia obedezca a razones de estudio o de incapacidad física.
Segundo, En ninguna
parte del expediente existe una prueba, así sea sumaria, de la cual el juez de
tutela pueda deducir la afectación del mínimo vital de la tutelante y pueda así
entrar a proteger los derechos fundamentales involucrados. En sentencia T-237
de 20001, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, señaló sobre el particular lo
siguiente:
“Segundo. La
vulneración o afectación del mínimo vital, por la ausencia de los recursos que
permiten materializar y realizar las aspiraciones personales y familiares hacen
que el concepto de vida digna supere la mera expectativa existencialista y
responda al común anhelo de mejoramiento de las condiciones humanas y sociales.
Por ello, el directo afectado debe demostrar la afectación de su mínimo vital,
señalando qué necesidades básicas están quedando insatisfechas, para lograr la
protección y garantía por vía de tutela, pues de no ser así, derechos de mayor
entidad, como la vida y la dignidad humana se pueden ver afectados de manera
irreparable.
“En este punto,
es necesario enfatizar el hecho de que, no sólo basta hacer una
afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital, sino que dicha
aseveración debe venir acompañada de pruebas fehacientes y contundentes de tal
afectación, que le permitan al juez de tutela tener la certeza de tal situación.
Al respecto la sentencia T-1088 de 2000, Magistrado Ponente Alejandro Martínez
Caballero señaló lo siguiente:
‘2. La prueba del mínimo vital
‘En lo tocante a la prueba, se considera que la no cancelación
de salarios es un perjuicio irremediable que afecta el derecho fundamental a la
subsistencia “en todos los casos en los  que no se encuentre debidamente
acreditado que el trabajador cuenta con rentas suficientes y distintas de las
que provienen de su trabajo”. (SU-995/99) Y en la misma sentencia la Corte
recuerda que se debe partir del principio de la buena fe, pero que el
actor no queda exonerado de probar los hechos dentro de las orientaciones del
decreto 2591 de 1991, especialmente de los artículos: 18 (restablecimiento
inmediato si hay medio de prueba), 20 ( presunción de veracidad si se piden
informes y no son rendidos), 21 (información adicional que pida el juez), 22
(convencimiento  del juez que exonera de pruebas adicionales).[4]
O sea que no se exige la prueba diabólica (demostración a plenitud de que no se
tienen otros ingresos), sino que se requiere algo que le permita al juez
deducir que el salario es el único ingreso y que el no pago afecta gravemente
al trabajador, sirve por ejemplo la prueba documental sobre deudas
contraidas, la situación concreta y perjudicial en que han quedado los hijos o
el cónyuge del trabajador, la misma cuantía del salario cuando esta es baja y
hace presumir que quien lo recibe depende de él, pero al menos debe existir un
principio de prueba no basta la sola afirmación, menos la hecha de manera
genérica para varios trabajadores.”
“De esta forma,
medios probatorios con los cuales el tutelante demuestra la afectación de su
mínimo vital, pueden ser los recibos de servicios públicos no pagados,
extractos bancarios, constancias de créditos hipotecarios y demás documentos en
los que consten obligaciones económicas que hacen parte de su mínimo vital y
que se encuentran insolutas por la carencia de una fuente de recursos
económicos.”( Negrilla y
subraya fuera del texto original)
Tercero. La accionante
en declaración rendida ante el juez de conocimiento manifiesta que en la
actualidad se dedica al comercio. De esta afirmación se puede deducir que la
tutelante dispone de otra fuente de ingresos distinta a la que podría ser la
pensión de sobreviviente aún no reconocida, motivo por el cual, la Sala
encuentra que efectivamente, no hay una amenaza cierta y concreta respecto del
derecho al mínimo vital.
Sin embargo, la Sala
de Revisión en desarrollo de su competencia constitucional considera que si bien
el amparo constitucional no resulta viable respecto de los derechos invocados
por la accionante, si encuentra que el derecho de petición ha sido vulnerado
por el Instituto de Seguros Sociales.
A folios 12 a 14 del
expediente, obra fotocopia simple de la Resolución No. 2371 de julio 7 de 2000,
en la cual el Instituto de Seguros Sociales niega la petición de reconocimiento
de la pensión de sobreviviente a la señora Ospino de Young, resolución en la
cual se lee lo siguiente: “Que conforme a lo anterior se establece que el
asegurado no dejo causado el derecho a la pensión de sobrevivientes que se
solicita. No obstante una vez se establezca que los dineros
correspondientes al aporte patronal fueron pagados al ISS, esta decisión podrá
ser modificada.”(Negrilla y subraya fuera del texto original).
Contra dicha resolución fue interpuesto el recurso de reposición y apelación
correspondiente, lo cual se hizo dentro del plazo legalmente señalado, y junto
con el cual la accionante presentó fotocopia de los comprobantes de pago hechos
por el hospital al I.S.S. en lo relativo a los aportes pensionales.[5] No
obstante lo anterior, al parecer no existió ningún pronunciamiento por parte de
la entidad recurrida, tal y como lo afirmara en su momento la misma demandante,
y como se corrobora dentro del expediente objeto de revisión.
De lo anterior,
surgen varias situaciones jurídicas que deben ser analizadas.
Debe recordarse que
a los particulares en uso de su derecho de petición, consagrado
constitucionalmente, les es dable elevar peticiones respetuosas a las
autoridades (art. 23 de la C.P)., las cuales deberán ser resueltas, por regla
general dentro de los quince (15) días siguientes (art.6 del C.C.A). Sin
embargo, si no fuere posible dar dicha respuesta en el plazo anteriormente
indicado, el mismo artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, señala que
la autoridad deberá indicar los motivos de la misma y la fecha en que dicha
petición será efectivamente resuelta. Sin embargo, en el presente caso, ese
primer trámite de evacuar la petición ya se surtió de manera tardía, y ello
sólo bajo el apremio de una orden de tutela impartida en una acción previa. Ya
en este momento, la actora inició el trámite de un recurso de reposición dentro
de la vía administrativa, sin que el mismo le haya sido resuelto hasta el
momento de la interposición de esta tutela. Es así como, esta Sala de Revisión
encuentra que se viola el derecho de petición, y que entendido que no ha habido
pronunciamiento alguno respecto del recurso ya mencionado, el mismo artículo 60
del Código Contencioso Administrativo, plantea el denominado silenció
administrativo negativo.[6]
En este punto debe
la Sala indicar que el que haya operado el silencio administrativo negativo no
comporta la evacuación del derecho de petición, entendido como el derecho a
recibir una respuesta eficaz y oportuna a las pretensiones contenidas en una
petición. En otras palabras, la operancia del silencio administrativo, no puede
entenderse como una manera de “resolver” el derecho fundamental de petición,
sino que se presenta como una garantía en favor del administrado a fin de
entender como agotado el trámite de la vía gubernativa, para dar paso a otras
acciones jurídicas ya de orden judicial. Sobre el particular, la Corte se ha
pronunciado en los siguientes términos:
“...
esta Sala no encuentra razonable que transcurridos cuatro (4) meses desde la
fecha en que se presentó el recurso y la fecha de presentación de la presente
acción, la entidad demandada no haya resuelto el recurso de apelación, toda vez
que se ha dejado transcurrir todo el término de que disponía la administración
para resolver sin pronunciamiento alguno, resultando evidente que con su
conducta dilatoria ha vulnerado el derecho fundamental de petición consagrado
en nuestra Carta Magna.
“Como
claramente lo señala el art. 60 del C.C.A., el que haya transcurrido el término
para que opere el silencio administrativo en este caso negativo, no libera a la
administración de la obligación de resolver, mientras no se haya iniciado la
acción Contenciosa, como tampoco éste hecho la exime de la correspondiente
responsabilidad disciplinaria que se genera con su omisión.
“
(...).
“En
múltiples ocasiones ésta Corporación ha señalado que la interposición de los
recursos para agotar la vía gubernativa previstos en la ley, constituyen
ejercicio del derecho de petición y presuponen el deber para la administración
de resolverlos dentro del término previsto para ello. La ocurrencia del
silencio administrativo no exime del deber de responder, persistiendo la
vulneración al derecho de petición por la omisión o retardo en su resolución.
“Al
respecto, ésta Corporación se pronunció sobre asunto similar al presente, entre
otras, mediante sentencia T 734/99, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz, en los
siguientes términos:
‘(...).
‘Visto
lo anterior, esta Corporación ha señalado[7]
que la autoridad administrativa argumentando el silencio administrativo
negativo, no puede abstenerse de dar respuesta, pues con dicha conducta vulnera
el núcleo esencial del derecho de petición, el cual debe originar una respuesta
clara, pronta y sustancial con relación a lo solicitado. La Corte ha
manifestado de manera reiterada que el silencio es la principal prueba de la
evidente violación del derecho fundamental de petición[8]’.” (Negrilla y subraya fuera del
texto original. Sentencia T-1239 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz).
Vistas las anteriores
consideraciones, y en razón a que se desconoce si al momento de proferirse la
presente acción de tutela, ya se dió respuesta efectiva al recurso interpuesto
por la accionante, esta Sala de Revisión procederá a tutelar el derecho
fundamental de petición, por lo que ordenará al Instituto de Seguros Sociales,
dar respuesta, en uno u otro sentido, es decir, resolviendo favorable o
desfavorablemente las pretensiones expuestas por la señora Ospino de Young
dentro del recurso de reposición por ella interpuesto.
En lo que respecta a
la E.S.E. Hospital La Candelaria, la Sala considera que no se ha presentado
conducta alguna que pueda considerarse como atentatoria de los derechos
fundamentales de la accionante y sus hijos, pues tal como lo certifica a folio
55 del expediente, el Gerente Encargado, señor Héctor Mora Beleño, manifiesta
lo siguiente:
“Que el señor
FELIX ENRIQUE YOUNG GUZMÁN (q.e.p.d) identificado con la C.C. # 13.810.036
expedida en Bucaramanga, laboró en esta Institución desde el día 1° de Febrero
de 1976 hasta el día 7 de Agosto de 1997, fecha esta en que falleció, ocupando
el cargo de MEDICO DE PLANTA de esta institución.
“Que el citado
exfuncionario estuvo afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)
desde el día 1° de Febrero de 1976 hasta el día 30 de Abril de 1995, y desde el
1° de Mayo de 1976 (sic)
hasta el día 7 de agosto de 1997 en el Instituto de los Seguros Sociales
(I.S.), y se le descontaban las cuotas mensuales para Pensión y Salud, y estas
se le cancelaban puntualmente a los distintos Fondos de Pensión en que estaba
afiliado el exfuncionario en mención.”[9]
De esta manera,
tanto la certificación, como las fotocopias de las consignaciones de pago de
aportes hechas por el hospital al Instituto de Seguros Sociales, demuestran que
efectivamente dicha institución hospitalaria cumplió con la obligación legal de
realizar los respectivos aportes, por concepto de cotización en pensiones, por
lo que no es responsable de violación de derecho fundamental alguno, en los
términos de la presente acción de tutela.
IV. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 27 de noviembre
de 2000, por el Juzgado Único Laboral del Circuito de El Banco (Magdalena). En
su lugar, TUTELAR el derecho fundamental de petición de la señora
Fidelina Ospino de Young.
Segundo. ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales, para que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la
notificación de esta sentencia, si aún no lo hubiere hecho, dé respuesta a la
señora Ospino de Young, en uno u otro sentido, es decir, resolviendo favorable
o desfavorablemente las pretensiones expuestas por ella dentro del recurso de
reposición interpuesto.
Tercero. Por Secretaría, líbrese la comunicación
prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y
cúmplase.
ALVARO TAFUR GALVIS
Magistrado Ponente
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
JAIME ARAÚJO RENTERÍA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
[1] Esta resolución indica que con fecha 20
de octubre de 1997, también se presentó a reclamar la misma prestación la
señora Ibeth Morales Ruidíaz en calidad de compañera permanente del doctor
Young Guzmán y en representación de su hija Daysy Viviana Young Morales.
[2] Ver folios 27 a 52 del expediente objeto
de revisión.
[3] Ver folio 55 del expediente objeto de
revisión.
[4] El cuidado sobre la prueba debe ser
tenido en cuenta por quien instaura tutela. Por ejemplo, por no haber prueba
suficiente no prosperó la reclamación de unos profesores universitarios,
T-335/2000
[5]  Ver nuevamente folios 27 a 52 del
expediente objeto de revisión.
[6] El artículo 60 del Código Contencioso
Administrativo dice lo siguiente:
“Silencio
administrativo. Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de
la interposición de los recursos de reposición o de apelación sin que se haya
notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es
negativa.
“El plazo
mencionado se interrumpirá mientras dure la práctica de pruebas.
“La ocurrencia del
silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no exime a la
autoridad de responsabilidad ; ni le impide resolver mientras no se haya
acudido ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo.”
[7] Sentencias T-011 de 1998, T-663, T-369, T-069
de 1997, T-148 de 1996, T-213 de 1996, T-241 de 1996, T-700 de 1996.
[8] Cfr. Sentencias T-242 de 1993 y T-369 de 1997
[9] La certificación aquí transcrita se
encuentra a folio 55 del expediente objeto de revisión.