T-759-08
REPUBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-759/08
ACCION DE TUTELA-Presupuestos procesales
ACCION DE TUTELA-Defensa de derechos fundamentales como
requisito de procedibilidad
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR
ACTIVA EN TUTELA-Presupuesto
procesal
LEGITIMACION EN LA CAUSA POR
ACTIVA-Madre en
representación de su hijo enfermo de leucemia
EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES-Puede ser
sujeto pasivo de acción de tutela
ACCION DE TUTELA-Supuestos excepcionales en los que el
carácter subsidiario no impide su utilización
ACCION DE TUTELA-Inmediatez
TEMERIDAD-Configuración
TEMERIDAD-Ausencia
DERECHO AL TRABAJO DEL
DISCAPACITADO-Despido con
autorización del Ministerio de Protección Social
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DEL DISCAPACITADO-Carencia de efecto de despido sin autorización del
Ministerio de Protección Social
ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA DE DISCAPACITADOS-Sentencia
C-531/00
DESPIDO DE TRABAJADOR
DISCAPACITADO-Reintegro al
cargo
DISCAPACITADO-Integración laboral y social
PROTECCION LABORAL
REFORZADA-Cobija a quienes
sufren una disminución que les dificulta o impide el desempeño normal de sus
funciones
EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES-Definición
Así, se define como empresa de servicios
temporales, a la persona jurídica que contrata la prestación de servicios con
terceros beneficiarios para colaborar de manera temporal en sus actividades, a
través de personas naturales contratadas directamente por tal empresa, que al
efecto adquiere el carácter de empleador respecto de esas personas. La persona
natural o jurídica que contrata los servicios se llama usuario.
EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES-Contratos
individuales de trabajo por el tiempo que dure la obra o por la naturaleza de
la labor contratada
EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES-Normas del CST
aplicables a los trabajadores en misión
A los trabajadores en misión, se les
aplica las normas del C. S. T., en lo pertinente y tienen derecho a un salario
ordinario, equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
desempeñen la misma actividad; también recibirán los mismos beneficios que esta
última tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en
materia de transporte, alimentación y recreación. Tienen derecho igualmente a
compensación monetaria por vacaciones y prima de servicios proporcional al
tiempo laborado, y de su salud ocupacional es responsable la empresa de servicios
temporales.
EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES-Naturaleza
jurídica/EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES-Objeto social
EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES-Trabajador se
encuentra bajo la subordinación del usuario del servicio
EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES-Vinculación
laboral no modifica alcance de los derechos constitucionales fundamentales de
los trabajadores
DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA DEL TRABAJADOR DISCAPACITADO-Protección
DESPIDO DE TRABAJADOR
DISCAPACITADO-Autorización
al Ministerio de Protección Social
DESPIDO DE TRABAJADOR
DISCAPACITADO-Reintegro al
cargo y pago del valor equivalente a 180 días de su salario al tiempo de la
terminación del contrato de trabajo
Referencia: expediente T-1870761
Acción de tutela instaurada por
Ana Espinosa Rivera, contra Comercializadora Internacional Cobres de Colombia
Ltda. y/o Empresa de Servicios Temporales Gentes S.A.
Procedencia: Juzgado 24 Civil
Municipal de Cali
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C.,  julio treinta
(30) de dos mil ocho (2008).
La Sala Séptima de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Humberto
Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión del fallo
adoptado por el Juzgado 24 Civil Municipal de Cali, dentro de la acción de
tutela instaurada por Ana Espinosa Rivera, como agente oficioso de su hijo
Charles Alberto Soto Espinosa, contra Comercializadora Internacional Cobres de
Colombia Ltda. y/o Empresa de Servicios Temporales Gentes S.A.
El expediente llegó a la Corte Constitucional por
remisión que hizo el mencionado juzgado y fue elegido para su revisión en la
Sala de Selección N° 4, el 24 de abril del año en curso.
I. ANTECEDENTES
Ana Espinosa Rivera, en
representación de su hijo Charles Alberto Soto Espinosa, presentó acción de
tutela contra Comercializadora Internacional Cobres de Colombia Ltda. y /o la
Empresa de Servicios Temporales Gentes S.A. reclamando el amparo de sus
derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital, vida, trabajo, protección a
los débiles físicos y síquicos y seguridad social, según los hechos que a
continuación son resumidos.
A. Hechos y narración
efectuada en la demanda
Charles Alberto Soto Espinosa,
hijo de la peticionaria, suscribió contrato de trabajo por el tiempo que dure
la obra o labor contratada con la empresa de servicios temporales Gentes S.A.,
de acuerdo con el cual fue ubicado para laborar en el área de producción de la
empresa Comercializadora Internacional Cobres de Colombia Ltda. a partir del 13
de junio de 2005.
Encontrándose al servicio de la
citada empresa, el 3 de julio de 2005 le fue diagnosticada leucemia linfoide
aguda, con tratamiento de quimioterapia, razón por la cual a partir de esa
fecha se le otorgó incapacidad de 180 días, que por cuestiones de salud fue
extendida hasta el 23 de enero de 2007.
Debido a su delicado estado de
salud, solicitó prórroga por incapacidad temporal superior a 180 días,  que fue
concedida por el Fondo de Pensiones Porvenir S. A., con base en el dictamen del
Grupo Interdisciplinario de Calificación, otorgándole una incapacidad de 360
días más a partir del 29 de diciembre de 2006, con la obligación de tramitar
ante Porvenir S.A. la incapacidad avalada por la EPS, el estado actualizado de
su situación clínica y pronóstico de su reincorporación laboral.
Siguiendo esas instrucciones,
el 19 de enero de 2007 presentó derecho de petición ante la EPS Servicio
Occidental de Salud, SOS, el cual le fue respondido informándole que las
recomendaciones de los médicos tratantes, avaladas por la unidad de medicina
del trabajo de la EPS, son de carácter clínico ocupacional y constituyen aviso
al empleador para que éste con la asesoría de la Administradora de Riesgos
Profesionales, ARP, implemente acciones para obtener la adaptación, reubicación
o reconversión del trabajador a la empresa.
La peticionaria expresa que con
base en esa respuesta entiende que su hijo debe ser reubicado en un puesto de
acuerdo con su estado de salud, “ya sea de mensajería o archivador, o en su
defecto un puesto que ellos estimen conveniente”.
Afirma que el 23 de enero ese
año su hijo se presentó a laborar a la empresa Comercializadora Internacional
Cobres de Colombia Ltda. y allí le manifestaron que no tenían puesto de trabajo
donde ubicarlo, por lo cual se dirigió a la empresa Gentes S. A. donde recibió
la misma respuesta, indicándole que sin embargo le continuaría pagando los
aportes para salud, pensión y ARP, “sin cancelarle sueldo o salario alguno”.
Señala que en agosto de 2007 su
hijo recibió de Gentes S.A. una carta en la que le informa que la labor para la
cual fue contratado como trabajador en misión para la empresa CI Cobres de
Colombia Ltda., “finalizó el 30 de diciembre de 2006, según informe recibido
de dicha empresa”, razón por la cual el contrato por la duración de la obra
o labor contratada celebrado con él  había “dejado de tener la causa
o motivo por el cual fue realizado”.
Indica que en esa misma
comunicación la empresa manifestó que como la EPS no le había  vuelto a expedir
incapacidades, “Gentes S.A. en un acto de solidaridad” con él continuó
efectuando los aportes a la seguridad social, los cuales le fueron suspendidos
a partir de la fecha.
Expresa que de acuerdo con
testigos y compañeros de trabajo de su hijo, la labor operativa que desempeñaba
en el área de producción se sigue realizando en la mencionada empresa CI Cobres
de Colombia Ltda.
B. Pretensiones de la
demanda de tutela
A partir de estos hechos, la accionante
solicita el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital, vida,
trabajo, protección a los débiles físicos y síquicos y seguridad social de su
hijo Charles Alberto Soto Espinosa, derivados del despido injusto y, en
consecuencia, se ordene a las empresas CI Cobres de Colombia Ltda. y/o Gentes
S.A. el reintegro inmediato “en las mismas condiciones que venía
desempeñando al momento del despido”. También solicita que a partir de la
fecha del fallo de tutela y hasta tanto no se resuelva definitivamente la
situación médica de su hijo, se ordene al empleador la cancelación de los
salarios dejados de percibir y sus correspondientes prestaciones sociales a que
tiene derecho, desde enero de 2007.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
El Juzgado 24 Civil Municipal
de Cali, por auto de octubre 16 de 2007 admitió la demanda de tutela presentada
por Ana Espinosa Rivera en representación de su joven hijo y ordenó escucharla
en declaración juramentada, “para establecer los hechos de la acción y el
motivo de la agencia oficiosa”. Así mismo, notificó a las empresas
accionadas, a las que solicitó enviar la documentación relacionada con la
vinculación laboral de Charles Alberto Soto Espinosa y las razones del despido.
A. Respuesta de Gentes S. A.
La Gerente y representante
legal de esa empresa accionada admite que el hijo de la accionante fue
vinculado por contrato laboral, “para la ejecución de actividades temporales
bajo la modalidad de trabajador en misión en la empresa CI Cobres de Colombia
Ltda.”, en labores relacionadas con los procesos de producción, “que la
ley permite ejecutar a las empresas de servicios temporales”.
Advierte que la modalidad de
contrato celebrado entre las partes fue por la duración de la obra o labor
contratada, “lo que significa que el contrato estaba vigente mientras
subsistieran las causas o motivos que dieron origen, sin contravenir la
duración máxima prevista en el artículo 77 de la Ley 50 de 1990, para los
contratos de trabajo de las empresas de servicios temporales con sus
trabajadores en misión”.
Reconoce que a Charles Alberto
Soto Espinosa se le diagnosticó leucemia linfoide aguda, pero aclara que según
dictamen de la Junta Central de Calificaciones de Invalidez del Valle del
Cauca, esa enfermedad no conlleva impedimento alguno para trabajar, pues no
constituye ninguna disminución de su capacidad laboral y no es factor de
invalidez o limitación física.
Sostiene que la empresa lo
mantuvo vinculado a EPS, ARP y Fondo de Pensiones durante todo el tiempo de su
vinculación laboral y cumplió en debida forma con sus obligaciones, pagando los
respectivos aportes, razón por la cual “corresponde a la entidad de
seguridad social a la cual se encontraba afiliado el trabajador, en este caso
SOS Occidental de Salud, brindar los servicios médico asistenciales y
hospitalarios requeridos y pagar las prestaciones económicas”.
Afirma que en enero de 2007 SOS
emitió concepto según el cual el joven Soto Espinosa se encontraba en capacidad
de trabajar, pues su enfermedad no le generaba limitación laboral y tampoco era
condición para declararlo inválido y agrega que si bien se recomendó reubicarlo
en labores distintas a las que dieron origen al contrato de trabajo, esta
solicitud de la EPS hay que entenderla dentro de las condiciones laborales en
que él estaba vinculado a Gentes S.A., “especialmente teniendo en cuenta que
la empresa presta sus servicios como empresa en misión, según está definido en
el artículo 71 de la Ley 50 de 1990”, cuyo texto trascribe.
Asegura que considerando esas
circunstancias, “no siempre es legalmente posible la reubicación de un
trabajador en misión, en razón de la temporalidad que ordena la ley para las
empresas de servicios temporales (sic) y las actividades restringidas
que la ley permite para este tipo de empresas”.
Indica que habiendo finalizado el
30 de diciembre la actividad temporal para la cual fue vinculado el accionante,
la empresa “en un acto de humanidad y solidaridad con esta persona, a pesar
de que no se encontraba laborando, continuó pagando los aportes a la EPS hasta
agosto de 2007, con el fin de que esta entidad le continuara prestando los
servicios asistenciales que él requería hasta ese momento”. Agrega, que
como la causa que dio lugar al contrato de trabajo finalizó en esa fecha, la
empresa tuvo que suspender los aportes que venía haciendo en forma voluntaria y
por razones de humanidad, de lo cual se informó al demandante.
Considera que el hecho de que
la empresa CI Cobres de Colombia Ltda. continúe realizando las actividades
industriales que son su objeto, no significa que las labores temporales para
las cuales se vinculó a Charles Alberto Soto Espinosa continúen en el tiempo en
forma indefinida y concluye que aún en el caso de subsistir las necesidades de
una empresa para las cuales fue contratada la de servicios temporales, existe
un límite de 6 meses más, impuesto por el artículo 77 de la Ley 50 de 1990.
Se opone a que se tutelen los
derechos del accionante, porque en su parecer el reintegro y pago de salarios
caídos típicamente son derechos discutibles en la jurisdicción ordinaria
laboral y además en razón de que no existe perjuicio irremediable, ya que el
señor Soto Espinosa recibió pronóstico de curación y se encuentra en capacidad
de trabajar.
Finalmente, manifiesta que
podría existir temeridad en la tutela, toda vez que por los mismos hechos el
actor presentó anteriormente otra tutela contra la Junta de Calificación de Invalidez,
la cual le fue denegada.
2. Respuesta de CI Cobres de
Colombia Ltda.
A través de apoderada, se opuso
a la acción de tutela expresando que su representada no es responsable del
quebranto a los derechos del actor, ya que como usuaria de los servicios de
Gentes S.A., aquel no era trabajador directo de la compañía CI Cobres de Colombia
Ltda. sino de la citada empresa de servicios temporales, que lo tenía vinculado
con un contrato de trabajo y le sufragaba los pagos de la seguridad social.
Sostiene que en esas
condiciones, el accionante fue un trabajador en misión para cumplir una labor
específica en el área de producción, “que culminó el 30 de diciembre de 2006
debido a sus quebrantos de salud, fue incapacitado superando 180 días, tiempo
durante el cual la ley permite a su empleador, en este caso Gentes S.A. la
terminación del contrato”.
Advierte que la EPS Servicio
Occidental de Salud, SOS, emitió concepto indicando que el señor Soto Espinosa
no estaba impedido para trabajar, recomendando su reubicación para que
realizara labores diferentes a las contratadas inicialmente, lo cual no pudo
llevarse a cabo porque “no habían medios disponibles”, dado el vínculo
contractual de la empresa de servicios temporales con su apoderada y además “nadie
está obligado a lo imposible”.
Afirma que en caso de cumplirse
los requisitos para obtener la pensión de invalidez en cualquiera de sus
grados, esa prestación debe reconocerla la ARP a la que estaba afiliado el
accionante, además porque Gentes S.A. era la obligada a cancelarle sus salarios,
prestaciones sociales y efectuar los aportes correspondientes para cubrir los
riesgos de vejez, invalidez y muerte, “desde el mismo momento de la
vinculación del señor mencionado como trabajador en misión”.
Estima que no existe
legitimación por pasiva, pues la acción de tutela fue dirigida contra Cobres de
Colombia Limitada, razón social que no corresponde a la empresa que representa
y tampoco debe prosperar el amparo, porque para solucionar el problema
planteado el actor cuenta con otros medios de defensa judicial.
B. Sentencia del Juzgado 24
Civil Municipal de Cali
Mediante sentencia del 26 de octubre de 2007, dicho
juzgado negó la tutela de los derechos fundamentales invocados por la
accionante, al considerar que no hay perjuicio irremediable y porque existen
otros mecanismos para acceder a las pretensiones de reintegro y pago de
salarios caídos, respecto de las empresas accionadas. En palabras de ese
despacho:
“…la acción de tutela no es
el mecanismo adecuado para obtener el pago que la parte actora pretende, pues
como lo tiene establecido la jurisprudencia sólo en casos excepcionales es
viable su procedencia en  tratándose de prestaciones laborales. A pesar de
ello, el señor Charles Alberto Soto Espinosa ha manifestado que tiene un
problema de salud y que viene padeciendo desde hace mucho tiempo y que se
encuentra sin pago de salarios y demás desde el mes de enero de 2007, es decir,
que la invocada urgencia o perjuicio no es tan evidente como para analizarse en
una acción de tutela, pues de contera el proceso laboral definirá todos esos
aspectos.”
III. CONSIDERACIONES DE LA
CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
Esta corporación es competente
para examinar en Sala de Revisión la decisión de la referencia, al tenor de lo
dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política y 31
a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2. El asunto en discusión
Corresponde en esta
oportunidad a esta Sala de Revisión determinar si los derechos invocados por la
progenitora del señor Charles Alberto Soto Espinosa han sido vulnerados por las
empresas IC Cobres de Colombia Ltda. y Gentes S. A., al dar por terminado el
contrato de trabajo cuando en ese momento se encontraba bajo incapacidad
laboral por padecer leucemia linfoide, y con concepto favorable sobre
reubicación laboral.
Con el fin de
despejar ese interrogante, será necesario establecer previamente si en el
asunto en revisión se cumplen los presupuestos procesales para el ejercicio de
la acción de tutela. Abordado este punto, la Sala se referirá (i) a la
procedencia excepcional del amparo constitucional para reclamar reintegro
laboral, por parte del trabajador limitado o discapacitado y (ii) a la relaciones
jurídicas y efectos que surgen en desarrollo de los contratos celebrados con
empresas de servicios temporales. Efectuadas estas consideraciones, entrará a
decidir de fondo en relación con la demanda en referencia.
3. Presupuestos  procesales de la acción de tutela
Como cuestión previa, debe la Sala establecer
si se cumplen los requisitos generales para que el juez constitucional pueda
entrar a estudiar y decidir de fondo una acción de tutela, es decir, si se
cumplen los presupuestos procesales de la acción.
3.1 El primer presupuesto procesal consiste en que haya
sido interpuesta para la defensa de un derecho fundamental y no de otra
categoría de derechos, lo que en el caso en revisión se cumple a satisfacción,
pues al revisar el escrito de tutela se advierte que los invocados por la
accionante efectivamente corresponden a derechos fundamentales reconocidos como
tales por la propia Constitución y por reiterada jurisprudencia de esta
corporación, a saber:  igualdad
(art. 13 Const.); vida (art. 11 ib.);  trabajo (25 ib.), protección a los
débiles físicos y síquicos  (art. 47 ib.);  seguridad social (48 ib.) y mínimo
vital (artículo 53 y desarrollos jurisprudenciales).
3.2. El segundo presupuesto procesal de la
acción de tutela es la legitimación en la causa por activa, es decir, que el
derecho para cuya protección se interpone la acción sea fundamental, propio del
demandante y no de otra persona[1], requisito que también se
encuentra satisfecho, puesto que el señor Charles Alberto Soto Espinosa es
titular de los derechos cuya protección solicita mediante tutela su progenitora
la señora Ana Espinosa Rivera, quien en declaración rendida ante el juez de
tutela también explicó porqué actuaba en representación de su hijo. Al ser
interrogada sobre el particular manifestó:
“… cuando yo la presenté estaba
hospitalizado, él tiene una leucemia linfoblástica aguda, él tuvo una recaída
temprana a su edad, el cuenta con 21 años de edad, motivo por el cual no pudo
él en forma personal instaurar la presente acción de tutela.”
Como por el precario estado de salud, el
señor Soto Espinosa no estaba en condiciones de promover su propia defensa y
ese hecho fue manifestado expresamente por la accionante, es procedente en el
presente caso reconocerle legitimidad para actuar, dado que el agenciamiento de
derechos ajenos cumple las exigencias del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
3.3 El tercer presupuesto procesal de la acción de
tutela es la legitimación en la causa por pasiva, exigencia que implica que la persona
contra quien se interpone la acción sea la autoridad o el particular que
vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental.
Cuando se trata de particulares, el artículo 42 del
Decreto 2591 de 1991, exige para que puedan ser sujetos de la acción de tutela,
que estén a cargo de la  prestación de un servicio público; que su conducta
ponga en grave riesgo el interés colectivo; o también respecto de quienes el
accionante se halle en estado de subordinación o indefensión.
En el presente caso también esa exigencia
también está satisfecha, pues la demanda se dirige contra las empresas privadas
CI Cobres de Colombia Ltda. (sin que en una acción como ésta tenga
trascendencia alguna inexactitud en el nombre de la empresa llamada a
responder, mientras no haya duda de que de ella se trata) y Gentes S.A., que en
escrito de contestación a la tutela reconocieron haber sostenido una relación
laboral con el señor Soto Espinosa, la primera, al haberlo vinculado como trabajador en misión y la
segunda, en su condición de empresa de servicios temporales. Es así mismo evidente,
que en razón de esa relación laboral el trabajador, además de hallarse en
circunstancias de debilidad manifiesta, se encontraba en situación de
subordinación jurídica, que es uno de los elementos inmanentes del contrato de
trabajo. [2]
3.4. Otro presupuesto procesal que debe verificar la
Sala para determinar la procedencia de la presente acción, es la inexistencia
de otro medio de defensa judicial. Al respecto, debe considerarse que de
acuerdo con el inciso tercero del artículo 86 superior, la acción de tutela “sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.” La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo a las circunstancias en que se
encuentra el solicitante (art. 6-1 D. 2591 de 1991).
Según la jurisprudencia, existen dos supuestos
excepcionales en los cuales el carácter subsidiario de la acción de tutela no
impide su utilización, a pesar de existir mecanismos alternos de defensa
judicial al alcance de los interesados. La primera, prevista directamente en el
artículo 86 de la Constitución  trascrito, surge cuando se ha interpuesto como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; y la segunda,
cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para
amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca.[3]
En el asunto bajo revisión el Juzgado de
instancia negó el amparo, porque estimó que Charles Alberto Soto Espinosa debía
reclamar su pretensión ante la justicia laboral, dado que la solicitud de
amparo se refiere a la declaración de despido injusto, reintegro y pago de
salarios caídos, asuntos de carácter litigioso cuya definición no compete al
juez constitucional. Por su parte, la accionante en su declaración manifiesta
que su situación económica es muy difícil, pues su hijo Charles Alberto ayudaba
al sostenimiento del hogar y afirma que son una familia de escasos recursos,
que sólo cuentan para el “diario vivir” con lo que devenga su esposo como
taxista.
Para la Sala, la manifestación de la accionante, que
no fue desvirtuada por las empresas demandadas, hace evidente la existencia de
un perjuicio irremediable en el caso del señor Soto Espinosa, ya que la
terminación de su contrato de trabajo cuando se encontraba recuperándose de
leucemia linfoide aguda y en momentos en que había obtenido concepto favorable
de reubicación laboral, representa para él un daño inminente, cierto, evidente y de tal magnitud, que
hace viable la presentación de la tutela como mecanismo principal y directo de defensa
judicial.
Además, si bien la acción ordinaria laboral es un
mecanismo adecuado para obtener el restablecimiento del derecho, la determinación
judicial en ese sentido se produciría tardíamente, agravando aún más la
situación de vulnerabilidad del demandante.
3.5 Para la
procedencia de la acción de tutela, también es menester verificar que el
accionante haya acudido oportuna y prontamente a solicitar salvaguarda de sus
derechos fundamentales, pues aun cuando no existe un término de caducidad para
el ejercicio de la acción, sí es necesario que sea presentada en un plazo
razonable, que el juez de tutela debe ponderar, ya que el amparo ha sido
consagrado para la “protección inmediata” de derechos constitucionales.
En el asunto en
estudio también se satisface esa exigencia, por cuanto la acción de tutela fue
presentada el 12 de octubre de 2007 y la notificación sobre la terminación del
contrato de trabajo a Charles Alberto Soto Espinosa se le comunicó en agosto
del mismo año (aunque anotando que “finalizó el 30 de diciembre de 2006”),
habiendo trascurrido entonces para la presentación de la solicitud de amparo un
término razonable, además porque desde que fue desvinculado fue diligente en la
defensa de sus derechos, presentando distintas peticiones ante su empleador, la
empresa usuaria y la EPS a la cual estaba afiliado.
3.6. Por último, la
Sala debe establecer si  existió temeridad en el ejercicio de la acción de
tutela, ya que según la afirmación hecha por las empresas accionadas, Charles
Alberto Soto Espinosa habría hecho uso del amparo en anterior oportunidad, con
resultados desfavorables.
Con tal fin debe
recordarse que para que se configure temeridad en el uso de la acción de tutela
(art. 38 D. 2591 de 1991) deben concurrir, (i) identidad fáctica en relación con una acción de
tutela presentada previamente; (ii) identidad de demandante, en cuanto la nueva
tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto accionado, (iv) falta de justificación para interponer la
nueva acción.[4]
Revisado el
expediente se observa que obra copia de la sentencia dictada el 17 de agosto de
2007 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Cali, que negó la solicitud de
tutela de Charles Alberto Soto Espinosa contra las Juntas Regional y Nacional
de Calificación de Invalidez, que valoraron como normal la condición física del
accionante, sin lugar a pensión de invalidez.
Con base en tal información, ha
de concluirse que en el asunto que se revisa no existe temeridad de la acción
de tutela, pues es evidente que no hay identidad del sujeto accionado, ya que
en la presente oportunidad el amparo se dirige contra las empresas CI Cobres de
Colombia Ltda. y Gentes S. A.; además, el motivo de la acción actual es
distinto al otrora invocado, pues en la presente acción el actor no pretende
cuestionar la calificación de su estado de salud, sino obtener el reintegro a
su puesto de trabajo con el pago de salarios caídos, por considerar que fue
despedido injustamente por la accionada.
4. Procedencia excepcional de
la acción de tutela para obtener reintegro laboral por parte del trabajador limitado
o discapacitado. Reiteración de jurisprudencia.
Esta Corporación tiene
establecido que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el
reintegro laboral, sin miramientos a la causa que generó la terminación de la
vinculación respectiva, al existir como mecanismos establecidos la jurisdicción
ordinaria laboral o la contencioso administrativa, según la forma de
vinculación del interesado, salvo que se trate de sujetos en condición de
debilidad manifiesta, como aquéllos a quienes constitucionalmente se les
protege con una estabilidad laboral reforzada[5], entre
quienes figura el trabajador discapacitado.
Al efecto, la Ley
361 de 1997, que fue expedida con fundamento en los artículos 13, 47, 54 y 68
de la Carta Política, en consideración “a la dignidad que le es propia a las
personas con limitación”, protege los derechos fundamentales, económicos,
sociales y culturales de dichas personas, en procura de su completa realización
personal y total integración social (art. 1º L. 361 de 1997).
El artículo 26 de
la referida ley dispone que “en ningún caso la limitación de una persona,
podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha
limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo
que se va a desempeñar”; además, prohíbe que esas personas sean despedidas
o su contrato laboral terminado por razón de su limitación, “salvo que
medie autorización de la Oficina de Trabajo” (no está en negrilla en el
texto original). Además, el inciso 2º ibidem señala que aquellas
personas que resultaren despedidas o su contrato terminado por razón de su
limitación, sin la previa autorización del hoy Ministerio de la Protección
Social, tendrán derecho a una indemnización equivalente a los 180 días de
salario, “sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que
hubiere lugar según el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo
modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
Tal disposición fue
declarada condicionalmente exequible por esta corporación en sentencia C-531 de
2000, bajo el entendido de que en dichos eventos el despido o la terminación
del contrato de trabajo por razón de la limitación del trabajador “no
produce efectos jurídicos y sólo es eficaz en la medida en que se obtenga la
respectiva autorización” (no está en negrilla en el texto original). Al
tenor de esas consideraciones, concluyó que la indemnización a la que alude el
artículo 26 citado no otorga per se eficacia al despido o terminación
del contrato, que se efectúe sin autorización previa del Ministerio de la
Protección Social, sino que constituye una sanción “adicional a todas las
demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar según la normatividad
sustancial laboral”, para el empleador que contraviene la norma
que desarrolla la protección laboral reforzada (no está en negrilla en el texto
original).
Existe entonces a
favor de tales personas un “derecho a la protección laboral reforzada”
que, entre otros, cobija tanto a los trabajadores que se considera discapacitados,
como a quienes padecen un deterioro en su salud que limite la ejecución de sus
funciones, amparándolos del trato discriminatorio que comporte su despido o la terminación
del contrato de trabajo sin la previa autorización del Ministerio de la
Protección Social, garantía que es trasunto  del deber del Estado (art. 2º Const.)
de procurar la efectividad de sus derechos a la a la igualdad (art. 13 ib.) y
al trabajo (art. 25 ib.), como formas de lograr su adecuada integración social
(art. 47 ib.).
En el caso específico de
trabajadores discapacitados, la garantía de estabilidad reforzada consiste,
entonces, en que no pueden ser despedidos sin la autorización previa del
Ministerio de la Protección Social, de modo que si el retiro se produce
obviando ese requisito podrán ejercer la acción de tutela para obtener el
reintegro[6]. Al respecto
esta Corte ha expresado:
“Otro tanto sucede en materia de la
regulación de un trámite expedito que permita a los trabajadores
discapacitados, despedidos sin la autorización del Ministerio de la Protección
Social, ejercer el derecho a la estabilidad reforzada y obtener de manera
inmediata el restablecimiento de sus condiciones laborales, en cuanto tampoco
las normas procesales prevén un procedimiento acorde con la premura que el
asunto comporta, conminando al trabajador a adelantar procesos engorrosos que
no restablecen su dignidad y nada hacen por ‘romper esquemas
injustamente arraigados en nuestro medio, como aquel de que un limitado físico,
sensorial o psíquico es ‘una carga’ para la sociedad’[7].
… En armonía con lo expuesto, la
jurisprudencia constitucional considera la acción de tutela procedente para
ordenar el reintegro al trabajo de la mujer que va a ser madre o acaba de
serlo, sin la necesaria confrontación de las razones esgrimidas por el
empleador ante el Inspector del Trabajo[8] y en la
misma línea se estima que al juez de amparo compete disponer el reintegro de
los trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, despedidos
sin autorización de la oficina del trabajo, así mediare una indemnización[9].” (No está en negrilla en el texto
original.)
Ante tales eventos,
la acción constitucional aventaja al mecanismo ordinario de defensa judicial,
por resultar eficaz en medida y oportunidad, frente a las circunstancias
particulares del actor para cada caso concreto[10].
Esta
corporación admite que el concepto de discapacidad no ha tenido desarrollo
pacífico[11]; sin embargo, reconoce
que en materia laboral “la protección especial de quienes por su condición
física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las
personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les
impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa
que acredite su condición de discapacitados”[12]
(no está en negrilla en el texto original).
Bajo tales
supuestos, el amparo cobijaría a quienes sufren una disminución que les
dificulta o impide el desempeño normal de sus funciones, por padecer una i) deficiencia,
entendida como una pérdida o anormalidad permanente o transitoria, sea psicológica,
fisiológica o anatómica de estructura o función; ii) discapacidad,
esto es, cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una
actividad, ocasionados por una deficiencia o dentro del ámbito considerado
normal para el ser humano; o, iii) minusvalidez, que constituye
una desventaja humana, al limitar o impedir el cumplimiento de una función que
es normal para la persona, acorde con la edad, sexo o factores sociales o
culturales[13].
No obstante,
para esta corporación la protección laboral reforzada sólo es inaplicable en
los casos de invalidez, pues al haberse perdido el 50% o más de la capacidad
laboral, la persona no estaría en condiciones aptas para realizar actividades
laborales, siendo imperativa en los casos de discapacidad, entendida como el
género que abarca aquellas deficiencias “de la facultad de realizar una
actividad en la forma y dentro del margen que se considera normal” para el
ser humano en su contexto social, que puedan desarrollarse en el campo laboral,
“toda vez que lo que se busca es permitir y fomentar la integración de este
grupo a la vida cotidiana, incluyendo el aspecto laboral”.
Entonces, el
trabajador que presenta una de las limitaciones señaladas tiene el derecho
constitucional a una estabilidad laboral reforzada, semejante a como ocurre con
las mujeres embarazadas o lactantes, los menores de edad y los trabajadores
aforados[14], para lo
cual podrá hacer uso de la acción de tutela, siempre que se cumplan los
requisitos generales de procedibilidad analizados anteriormente.
6. Relaciones
laborales en las empresas de servicios temporales
Otro asunto que
debe abordar la Sala antes de decidir, es el relacionado con el significado y
efectos de las relaciones laborales que se presentan en casos como el que se
analiza, donde el trabajador es contratado por una empresa de servicios
temporales (Gentes S.A.) para laborar en otra empresa (CI Cobres de Colombia
Ltda.), que se beneficia de su trabajo.
Con tal fin, se recordará que la actividad
de las empresas de servicios temporales fue reglamentada inicialmente en el
Decreto 1433 de 1983 y posteriormente su estructura y funcionamiento fue
regulada por la Ley 50 de 1990 (arts. 71 a 94).
Así, se define como empresa de servicios
temporales, a la persona jurídica que contrata la prestación de servicios con
terceros beneficiarios para colaborar de manera temporal en sus actividades, a
través de personas naturales contratadas directamente por tal empresa, que al
efecto adquiere el carácter de empleador respecto de esas personas. La
persona natural o jurídica que contrata los servicios se llama usuario.
Los trabajadores de dichas empresas son de
dos clases: los “de planta”, que desarrollan labores en las propias
dependencias de la empresa y los de “misión”, que son los enviados a las
dependencias de los usuarios con el fin de cumplir la tarea o el servicio
contratado con ella.
Los servicios que pueden contratar los
usuarios se refieren a labores ocasionales, accidentales o transitorias, de que
trata el artículo 60 del Código  Sustantivo del Trabajo; cuando sea menester
reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad; para atender incrementos en la producción, el
transporte, las ventas de productos o mercancías, los periodos estacionales en
cosechas o en la prestación de servicios, por un término de 6 meses prorrogable
hasta por 6 meses más.
A los trabajadores en misión, se les
aplica las normas del C. S. T., en lo pertinente y tienen derecho a un salario
ordinario, equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que
desempeñen la misma actividad; también recibirán los mismos beneficios que esta
última tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en
materia de transporte, alimentación y recreación. Tienen derecho igualmente a
compensación monetaria por vacaciones y prima de servicios proporcional al
tiempo laborado, y de su salud ocupacional es responsable la empresa de servicios
temporales.
Los contratos celebrados entre las empresas
de servicios temporales y sus usuarios deben constar por escrito y sujetarse a
las especificaciones de que da cuenta el artículo 81 de la Ley 50 de 1990. Corresponde
al Ministerio de la Protección Social aprobar las solicitudes de autorización
de funcionamiento de tales empresas; del mismo modo sus reformas y la
aprobación de su reglamento interno de trabajo, ya que el mencionado Ministerio
tiene a su cargo el control y vigilancia de esas empresas, pudiendo al efecto
suspender o cancelar autorizaciones de funcionamiento.
Del anterior recorrido normativo se puede
colegir, para los fines del presente pronunciamiento, que quienes celebran contrato
de trabajo con una empresa de servicios temporales establecen una relación
laboral de carácter subordinado con ella, que para todos los efectos legales
será su empleador. Esa relación difiere por completo de la que establece dicha empresa con el usuario, en la que a
cambio de un precio determinado se compromete a remitirle personal, para lo
cual ha de enganchar trabajadores mediante la modalidad contractual laboral que
se acomode a la necesidad del servicio y duración de la misión.
En múltiples
pronunciamientos la Corte ha reconocido el carácter laboral de la relación
jurídica entre el trabajador y la empresa de servicios temporales[15], precisando que
subsiste mientras el usuario necesite de los servicios del trabajador o haya
finalizado la obra para la cual fue contratado. Así mismo, ha expresado que si
la necesidad del usuario amerita la contratación permanente del servicio de los
trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de contratación distinta a la
que se cumple a través de las empresas de servicios temporales. [16]
Igualmente, la
Corte ha advertido que la
vinculación laboral en las empresas de servicios temporales “no modifica el
alcance de los derechos constitucionales fundamentales de los trabajadores”[17],
como quiera que el principio de estabilidad en el empleo se predica de todos
los trabajadores, sin distingo de la naturaleza del vínculo contractual, “en
tanto lo que se busca es asegurar al empleado la certeza mínima de que el
vínculo laboral contraído no se romperá de manera abrupta y sorpresiva, de
manera que el mismo no quede expuesto en forma permanente a perder su trabajo y
con él los ingresos que permiten su propio sustento y el de su familia, por la
decisión arbitraria del empleador”[18].
Finalmente, la jurisprudencia
constitucional también ha hecho hincapié en que la calidad de empleador de que
se reviste a la empresa de servicios temporales respecto de los trabajadores
que destaca en misión a terceros beneficiarios, “brinda la debida seguridad
jurídica a una y otros y principalmente en beneficio de la clase asalariada,
pues, como la vinculación en primer término se hace directamente con la
empresa, la cual posteriormente remite al trabajador al usuario, era menester
precisar responsabilidades y por lo tanto identificar al patrono, quien se incorpora
a la categoría jurídica de contratista independiente prevista en el artículo 34
del C. S. T., lo cual no obsta para que a su vez surja la responsabilidad
solidaria de los beneficiarios del servicio” [19]
(no está en negrilla en el texto original).
7. Análisis del caso concreto
En el asunto bajo
revisión está demostrado que el hijo de la accionante, Charles Alberto Soto
Espinosa, fue vinculado desde el 2 de enero de 2006 mediante contrato de
trabajo por la empresa Gentes S.A. (f. 81 cd. incicial), con domicilio
principal en la ciudad de Cali, cuyo objeto social, según certificación que
obra en el expediente (f. 75 cd. inicial) consiste en  “la prestación de
servicios temporales con terceros beneficiarios, para el desarrollo de sus
actividades ordinarias, inherentes o conexas, mediante la labor desarrollada
por personas naturales, contratadas directamente, en la cual se asume con
respecto de éstas el carácter de empleador”.
También está
acreditado que durante el tiempo de la contratación tuvo la calidad de
trabajador “en misión”, pues fue enviado por su empleador a las
dependencias de la empresa usuaria CI Cobres de Colombia Ltda. con el fin de
cumplir allí el servicio contratado, relacionado con labores en el área de
producción que, según manifestación del Gerente de dicha compañía, culminaron
el 30 de diciembre de 2006, “debido a sus quebrantos de salud” (f. 97
cd. inicial).
Otro hecho
debidamente probado es que estando en ejecución el contrato de trabajo, el 7 de
julio de 2006 le fue diagnosticada al joven Soto Espinosa una “leucemia
linfoide aguda”, que dio lugar a que se le otorgara incapacidad laboral inicial
de 180 días por parte de Seguros de Vida Alfa, prorrogada por 360 días a partir
del 29 de diciembre de 2006 (f. 19 y 20 cd. inicial).
De acuerdo con certificación
del médico tratante allegada al expediente, de fecha diciembre 26 de 2006, el
paciente recibió tratamiento y obtuvo remisión completa de su enfermedad, pero debe
continuar con quimioterapia por dos años más, “tiempo que debe permanecer
incapacitado por la depresión inmunológica de la misma”, según dictaminó el
Grupo Interdisciplinario de  Pérdida de la Calificación Laboral de Seguros Alfa
(f. 21 cd. inicial).
En escrito del 4 de
enero de 2007 (f. 49 cd. inicial), el joven Soto Espinosa manifestó su
inconformidad  con la calificación y solicitó el traslado de la misma a la
Junta Regional de Calificación de Invalidez, que en dictamen del 28 de febrero
del mismo año estableció que no había lugar a pensionarlo por invalidez, al no
encontrar pérdida de la capacidad laboral, pues la evolución de su enfermedad
era satisfactoria.
Atendiendo su petición,
e1 19 de febrero de 2007 la EPS SOS informa a Gentes S.A. que el interesado está
bajo plan de manejo del evento de salud con secuelas definitivas; no le expide
incapacidad, ya que al ser valorado por Medicina del Trabajo “el trabajador
se encuentra apto para su reintegro laboral con limitaciones, para la toma de
decisiones al interior del Programa de Salud Ocupacional en la empresa y
proteger la salud e integridad física” (se resalta). Además, hace
recomendaciones sobre la reubicación en labores que no demanden gran esfuerzo
físico, alto consumo calórico, alta carga mental ni horario nocturno, entre
otras.
En comunicación de
agosto de 2007, dirigida al señor Soto Espinosa, el Gerente de Gentes S.A., le
informa que la labor para la cual fue contratado como trabajador en misión en
la empresa CI Cobres de Colombia, finalizó el 30 de diciembre de 2006, según
informe recibido por dicha empresa, razón por la cual el contrato celebrado con
él “ha dejado de tener la causa o motivo por el cual fue realizado”.
Además le expresa que como la EPS no le ha vuelto a expedir incapacidades, “Gentes
S.A. en un acto de solidaridad con usted continuó efectuando los aportes a la
seguridad social hasta ahora, los cuales serán suspendidos a partir de la
fecha”. Por último, le advierte que tanto la Junta Regional de Invalidez
como la EPS a la cual está afiliado, deben asumir la responsabilidad respecto
de su enfermedad.
De los hechos
relatados y probados se colige que la desvinculación de Charles Alberto Soto
Espinosa, por parte de su empleador, la empresa Gentes S.A., constituye un
grave desconocimiento de los derechos fundamentales reclamados, por cuanto (i)
desatendió el concepto favorable sobre la reubicación laboral del accionante y
no hizo gestión alguna para procurar su rehabilitación y reintegración laboral;
(ii) el despido se produjo estando aún vigente la incapacidad decretada por
Seguros de Vida Alfa, que le otorgó una prórroga por 360 días a partir del 29
de diciembre de 2006; (iii) hasta el momento del retiro dejó de pagarle su
salario y (iv) a partir del despido le suspendió los pagos a la seguridad
social, pese a que no había concluido el término de incapacidad.
Para la Sala
resulta reprochable que la empresa accionada Gentes S.A. considere el pago de
las cotizaciones a la seguridad social del señor Soto Espinosa como un gesto de
“solidaridad”, pues era su deber cumplir con esa obligación
constitucional y legal, como también lo era haber buscado la forma de hacer
efectiva la recomendación de su reubicación laboral, bien en la planta de
personal de esa empresa o en la de alguna de los usuarios con los que tuviera
contrato vigente, siguiendo las instrucciones de la EPS SOS.
Adicionalmente censurable,
es que conociendo la enfermedad del señor Soto Espinosa la empresa accionada lo
haya despedido sin la autorización previa de la oficina del trabajo, de que
trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, privándolo además de la
indemnización equivalente a los 180 días de salario y de las demás prestaciones
e indemnizaciones a que hubiere lugar, de conformidad con el Código Sustantivo
del Trabajo.
Según se ha
establecido, el despido producido en esas condiciones no produce efectos
jurídicos y por lo tanto el trabajador tiene derecho a ser reintegrado a su
lugar de trabajo, para lo cual puede acudir a la acción de tutela a fin de
hacer efectivo el derecho a la estabilidad laboral reforzada, como lo hizo en
este caso la progenitora del señor Soto Espinosa, a quien se le concederá el
amparo solicitado, como lo ha venido haciendo esta corporación en situaciones
semejantes.
Esta Sala Revisión en sentencia
T-361 de 2008 (abril 17), M. P. Nilson Pinilla Pinilla, ordenó reintegrar a un
trabajador a quien su empleador dio por terminado
unilateralmente el contrato a término indefinido, a pesar de padecer una
limitación física como consecuencia de la pérdida de su ojo izquierdo, aunque
fue indemnizado por dicho despido y le fueron cubiertas las prestaciones
sociales a que tenía derecho. [20]
En aquella
oportunidad señaló que “resulta procedente en sede de tutela ordenar el
reintegro de aquellas personas que gozan del derecho a una estabilidad laboral
reforzada al padecer una limitación física como en el presente evento, cuando
para el despido el empleador no solicitó autorización al Ministerio de la
Protección Social, que es precisamente un medio expedito para proteger sus
derechos a la igualdad y al trabajo”.
Siguiendo ese precedente y las demás consideraciones
expuestas, la Sala de Revisión revocará el fallo proferido en octubre 26 de
2007 por el Juzgado 24 Civil Municipal de Cali, por medio del cual negó el
amparo solicitado a nombre de Charles Alberto Soto Espinosa y, en su lugar,
concederá la tutela para proteger los derechos fundamentales invocados en la demanda.
Con tal fin ordenará al
representante legal de la empresa Gentes S. A. o quien haga sus veces, que, si
no lo ha efectuado, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a reintegrar,
sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones, con el pago
retroactivo de los salarios y todas sus prestaciones sociales e indemnizaciones
dejadas de percibir, al señor Charles Alberto Soto Espinosa, a la labor que
venía desempeñando al momento de dar unilateralmente por terminado el contrato o
a otra similar, donde pueda desarrollar funciones al alcance de un enfermo como
él, bien sea en la planta de personal de la misma empresa o en la de alguno de
sus usuarios, entre ellos, CI Cobres de Colombia Ltda., empresa que es responsable
en forma solidaria del pago de tales emolumentos.
Esa actividad que se le
encomiende al reintegrado deberá ser evaluada por los respectivos médicos de
salud ocupacional, para lo cual el representante legal de la empresa accionada
adoptará las medidas necesarias y cumplirá las recomendaciones que se señalen,
entre otras para capacitar al señor Soto Espinosa, de ser ello necesario, para
un mejor desempeño en las labores a desarrollar. Lo anterior, en cumplimiento
del artículo 54 de la Carta que “impone al Estado y a los empleadores la
obligación de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a los
trabajadores que la requieran, con miras a hacer posible la ubicación laboral
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho
a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”[21].
Además, atendiendo lo
estipulado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la compañía accionada
deberá pagarle al señor Soto Espinosa, en un término máximo de diez (10) días,
contados a partir del mismo acto de notificación y si no lo ha realizado, el
equivalente de 180 días de su salario al tiempo de la terminación del contrato
de trabajo, traído a valor presente, por el hecho de haberlo despedido sin la
autorización del Ministerio de la Protección Social.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la
Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero. REVOCAR el fallo proferido en octubre 26 de 2007
por el Juzgado 24 Civil Municipal de Cali, por medio del cual negó el amparo
solicitado a nombre de Charles Alberto Soto Espinosa. En su lugar, se dispone  CONCEDER
la protección de los derechos a la igualdad y al trabajo, dada la especial
protección a los disminuidos por enfermedad que merece el accionante.
Segundo. ORDENAR al representante legal de la empresa Gentes
S.A., o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a
reintegrar, sin solución de continuidad y en iguales o superiores condiciones,
con el pago retroactivo de los salarios y todas sus prestaciones sociales e
indemnizaciones dejadas de percibir, al señor Charles Alberto Soto Espinosa a
la labor que venía desempeñando al momento de darse unilateralmente por
terminado su contrato de trabajo, o a otra similar, donde pueda desarrollar
funciones compatibles con su enfermedad, bien sea en la planta de personal de
la misma empresa o en la de alguno de sus usuarios, entre ellos CI Cobres de
Colombia Ltda., empresa que es responsable en forma solidaria del pago de tales
emolumentos, de acuerdo con lo expuesto al final del punto 6 de las
consideraciones.
Tales actividades deben ser evaluadas
por los respectivos médicos de salud ocupacional, para lo cual la empresa
accionada adoptará las medidas necesarias y cumplirá las recomendaciones que se
señalen, entre otras para capacitarlo, de ser ello necesario.
Tercero. Gentes S.A. también pagará al señor Charles
Alberto Soto Espinosa, en un término máximo de diez (10) días, contados a
partir del mismo acto de notificación y si no lo ha realizado, el equivalente
de 180 días de su salario al tiempo de la terminación del contrato de trabajo,
traído a valor presente, por el hecho de haberlo despedido sin la autorización
del Ministerio de la Protección Social.
Cuarto.- Por Secretaría General, LÍBRESE la
comunicación a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese,
comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON PINILLA
PINILLA
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO
SIERRA PORTO
Magistrado
CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Magistrada
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1]
T-1191 de 2004,  M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[2]
En sentencia T-1280 de 2001 (noviembre 30), M. P. Clara Inés
Vargas Hernández, la Corte consideró que tanto la empresa de servicios
temporales como la usuaria, pueden ser sujeto pasivo de la acción de tutela.
[3] Cfr. T-414 de 1992 y
SU-961 de 1999, entre otras.
[4]
T-883 de 2001 (agosto  9), M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[5]
Cfr. T-011 de enero 17 de 2008 y T-198 de marzo 16 de 2006, M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra y T-661 de agosto 10 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis, entre
otras.
[6] T-661
de agosto 10 de 2006, que acaba de ser citada.
[7] Cita en la cita:“Sentencia C-073 de 2003 M.P.
Alfredo Beltrán Sierra. Examen constitucional del artículo 33, parcial, de la
Ley 361 de 1997 ‘por la cual se
establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se
dictan otras disposiciones’.”
[8] Cita en la
cita: “Sobre la necesidad de contar con la autorización del Inspector del
Trabajo, para proceder al despido de la mujer durante el embarazo y después del
parto, se puede consultar la sentencia C-710 de 1996 y, en materia de procedencia
de la acción de tutela para disponer su reintegro al trabajo, entre muchas
otras, las sentencias T-014, 053 y 217 de 2006 MM. PP. Jaime Córdoba Triviño,
Jaime Araújo Rentería y Álvaro Tafur Galvis respectivamente.”
[9] Cita en la
cita: “Al respecto consultar las Sentencias T-530 de 2005 M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa y T-002 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño.”
[10] T-361
de 2008 (abril 17), M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[11]
En la sentencia T-198 de 2006, previamente citada, la corporación adelantó un
estudio detallado de los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalidez,
con fundamento en las normas internacionales, la preceptiva nacional y los
antecedentes jurisprudenciales.
[12]
T-1040 de septiembre 27 de 2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[13]
Cfr. T-196/06, previamente citada.
[14]
Cfr. C-531 de mayo 10 de 2000, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
[15]  Cfr. entre
otras, T-550 de 2006 (julio 13), M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[16] T-1279
de 2005 (diciembre 6), M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[17]
T-354 de 2007 (mayo 10), M. P. Rodrigo Escobar Gil. En el
mismo sentido, T-761 de 2007 (septiembre 25), M. P. Clara Inés Vargas Hernández
y T-1030 de 2007 (diciembre 3), M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[18]
T-889 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería.
[19] Corte Suprema de Justicia,
Sala Plena, N° 1019 de septiembre 19 de 1991, M
.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
[20] En el mismo sentido,
cfr. T-504 de 2008 (mayo 16), M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[21] Cf. T-661de 2006.