T-007-20
Sentencia T-007/20
ACCION DE TUTELA
CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Caso en que periódico
publica
en varias emisiones y sin consentimiento de la familia,
una fotografía del féretro y la información sobre persona fallecida
LIBERTAD DE
INFORMACION-Alcance/LIBERTAD DE INFORMACION-Límites
La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la libertad
de expresión es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado, que
comprende la garantía fundamental y universal de manifestar pensamientos,
opiniones propias y, a la vez, conocer los de otros. Este presupuesto también
se extiende al derecho de informar y ser informado veraz e imparcialmente, con
el objetivo de que la persona juzgue la realidad con suficiente conocimiento.
Es por lo anterior que este mandato constitucional ha sido considerado como un
derecho fundamental de doble vía porque involucra tanto al emisor como al
receptor de actos comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades
diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad de expresar
pensamientos y opiniones, la libertad de informar y recibir información veraz e
imparcial, la libertad de fundar medios masivos de comunicación y el derecho de
rectificación.
DERECHO A LA HONRA Y
AL BUEN NOMBRE-Núcleo esencial
Los derechos a la honra y el buen nombre ostentan tanto en
instrumentos internacionales como en el ordenamiento constitucional interno, un
reconocimiento expreso. El primero, que busca garantizar la adecuada
consideración o valoración de una persona frente a los demás miembros de la
sociedad, ante la difusión de  información errónea o la emisión de opiniones
tendenciosas que producen daño moral tangible a su titular. El segundo,
dirigido a proteger la reputación o el concepto que de un sujeto tienen las
demás personas, ante expresiones ofensivas e injuriosas, o la propagación de
informaciones falsas o erróneas que distorsionen dicho concepto.
DERECHO A LA HONRA Y
AL BUEN NOMBRE-Diferencias
Aunque el derecho a la honra guarda una relación de interdependencia
material con el derecho al buen nombre, se diferencian en que, mientras el
primero responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su
propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella, el
segundo se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos
relacionales ligados a la conducta que observa en su desempeño dentro de la
sociedad.
DERECHO A LA IMAGEN-Derecho autónomo que puede ser lesionado con los derechos a la
intimidad, a la honra y al buen nombre de su titular
La Corte Constitucional ha señalado que la imagen es un derecho
fundamental y autónomo, que se deriva, además, de la dignidad humana y está
íntimamente relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Así mismo, ha sostenido que corresponde a un concepto amplio que abarca, de un
lado, la autodeterminación de la propia imagen en cabeza de todos los sujetos,
y de otro, el derecho a disponer sobre la utilización y explotación de la
propia imagen por parte de terceros
DERECHO A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Protección
constitucional
DERECHOS A LA HONRA,
AL BUEN NOMBRE, A LA INTIMIDAD Y A LA IMAGEN DE PERSONA FALLECIDA-Alcance
La titularidad de los derechos a la honra, al buen nombre, a la
imagen y a la intimidad recae también sobre una persona fallecida, razón por la
cual los familiares de esta pueden solicitar su protección. Con ello, se busca
proteger la memoria y la dignidad de quien ha fallecido y de su núcleo más
cercano, bienes jurídicos que se ven afectados por acciones de terceros que
invaden la esfera privada, personal y familiar
MEDIOS DE
COMUNICACION-Responsabilidad social
La protección constitucional de la libertad de prensa no es
indiferente a los excesos que su ejercicio pueda acarrear, de ahí que el
constituyente de 1991 haya expresado que los medios de comunicación “tienen
responsabilidad social”. Esta responsabilidad implica que en el ejercicio del
derecho a la libertad de información, los periodistas y medios de comunicación
deben respetar los derechos de terceros, entre ellos, la dignidad humana y la
intimidad personal y familiar. Una intromisión indebida que atente contra estas
u otras garantías fundamentales, puede constituirse en un abuso del derecho a
informar, razón por la cual juega un papel importante la autorregulación y el
cuidado en el ejercicio de obtención de la información.
SOLICITUD DE
RECTIFICACION ANTE MEDIOS DE COMUNICACION NO ES EXIGIBLE PARA PUBLICACIONES QUE AFECTAN DERECHOS A LA
INTIMIDAD Y A LA IMAGEN
Toda persona tiene la posibilidad de solicitar la rectificación de
informaciones inexactas o erróneas que atenten contra sus derechos, para lo
cual deberá presentar la solicitud correspondiente ante el medio de
comunicación o el particular que hizo la publicación, esto, como requisito
previo para acudir a la acción de tutela en caso de no se acceda a esa
rectificación o la misma no se efectúe en condiciones de equidad. Sin embargo,
existen eventos en que la información no es susceptible de rectificación, como
sucede con aquel contenido que lesiona el núcleo de la vida privada y que es
difundido sin consentimiento de su titular; en tales casos, la lesión generada
a la persona o a su familia no puede ser subsanada a través de la rectificación,
razón por la cual la acción de tutela procede sin que aquella sea exigible.
Referencia: expediente T-6.711.632
Acción de tutela instaurada por Gisell Andrea Jiménez Fonseca -quien
actúa en nombre propio, de su madre Bertha Fonseca Arias, y de sus hermanos
Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca- contra el Grupo
Editorial El Periódico S.A.S., propietario del periódico Extra Boyacá.
Magistrado Ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veinte
(2020).
La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José
Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, profiere la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Tunja, en la acción de tutela de la referencia.
I. Antecedentes
Hechos
1.
La señora Gisell Andrea Jiménez Fonseca, quien
actúa en nombre propio, de su madre Bertha Fonseca Arias y de sus hermanos
Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca, instauró acción
de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales a
la intimidad personal y familiar.
2.
Señaló que el 20 de noviembre de 2017, su padre
Jairo Hugo Jiménez Jiménez murió en confusos hechos en el municipio de Paz de
Ariporo, Casanare, “donde al parecer fue asesinado con arma de fuego por
unos sujetos que le hurtaron una suma de dinero que portaba para realizar una
compra de ganado”[1].
3.
Sostuvo que un empleado del periódico Extra
Boyacá llamado “Carlos” se contactó con su cuñada Aura Cristina Arenas Muñoz
para que le facilitara una fotografía con el fin de publicarla en ese medio de
comunicación. Ante esta petición la familia se rehusó y le indicó al periodista
que era una situación difícil, que querían mantener en lo posible en la
intimidad y privacidad de la familia.
4.
Manifestó que el periodista insistió a través de
llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp, hasta que su cuñada se vio en la
necesidad de bloquear el número de celular del que recibía dichas llamadas y
mensajes. A pesar de lo anterior, el empleado del periódico Extra Boyacá
insistió desde diferentes números al punto de “amenazarla con que de no
allegar una fotografía de mi padre, publicarían una foto donde se viera el
estado en el que quedó el cuerpo una vez sucedió el hecho”[2].
5.
Indicó que ante la negativa de suministrar la
fotografía, el empleado o alguno de sus compañeros se acercaron a la funeraria
donde se llevaba a cabo la velación y tomaron una foto al féretro de su padre
resaltando su cara y “de forma abusiva e irrespetuosa el periódico publicó
la foto”[3]
en la emisión del 23 de noviembre de 2017.
6.
Resaltó que en las emisiones del 22 y 23 de
noviembre de 2017, el mismo periódico publicó información relacionada con la
edad de su progenitor, las circunstancias de lo ocurrido el día del homicidio y
la supuesta propiedad de un restaurante, la cual no corresponde con la realidad.
Aclaró que, incluso, ellos como familia no conocían el informe rendido por la
Fiscalía sobre los hechos investigados.
7.
A juicio de la accionante, el periódico
accionado “vulneró los derechos fundamentales tanto de los lectores como de
las personas sobre las que escribe, puesto que no corrobora fuentes e
información, y se vale de la amenaza y el chantaje para lograr una primicia”[4].
8.
Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se
le ordenara al periódico Extra Boyacá: i) suspender la divulgación de la
imagen del rostro de su padre, tanto en medios físicos como virtuales; ii)
no difundir imágenes donde se trasgreda el derecho a la intimidad de las
personas; iii) condenar en abstracto al accionado por los perjuicios
ocasionados a la familia Jiménez Fonseca por la publicación de la fotografía
del cadáver sin autorización; iv) pedir disculpas tanto personales como
a través de una publicación en el mismo periódico y bajo iguales condiciones en
que lo hizo la noticia (primera página, ocupando media hoja de la misma como
información destacada y al interior del periódico), con el fin de que se
abstenga de propiciar situaciones futuras del mismo contenido.
Nulidad de lo
actuado
9.  En un primer momento, el asunto fue decidido por
el Juzgado Segundo Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Tunja, que mediante sentencia del 2 de enero de 2018 declaró improcedente
el amparo invocado[5].
10.  Sin embargo, una vez verificadas las actuaciones
realizadas en el trámite de la tutela, el Despacho del magistrado sustanciador encontró, por un lado, que la señora Gisell
Andrea Jiménez Fonseca actuaba en nombre propio, de su madre y de sus hermanos;
sin embargo, no señaló las razones por las cuales las personas agenciadas no
podían acudir directamente a la acción de tutela, motivo por el que consideró
necesario requerir a la accionante para que explicara por qué interpuso el
amparo como agente oficiosa de sus familiares.
Por otro lado, evidenció que no era posible
establecer la debida notificación a la parte accionada, pues el auto admisorio
de la demanda y la sentencia fueron comunicados a un correo electrónico que no
correspondía a los datos suministrados por la accionante en el escrito de
tutela.
Con fundamento en lo anterior, mediante Auto del 13 de junio de 2018
ordenó[6]: i) a la señora
Gisell Andrea Jiménez Fonseca, explicar los
motivos que justificaran la interposición del amparo constitucional como agente
oficiosa de sus familiares y que le permitieran a la Corte identificar
que los agenciados no se encontraban en condiciones físicas o mentales de
promover su propia defensa; y ii) informar al periódico Extra
Boyacá que la presente acción de tutela se encontraba en esta
Corporación, para que se pronunciara sobre el asunto y,
particularmente, indicara si tuvo conocimiento de este
proceso de tutela.
11.
Surtido el trámite correspondiente, la Oficial Mayor de
la Secretaría General de la Corte Constitucional informó[7] que al indagar por los
datos de notificación del periódico accionado se pudo establecer que el
periódico Extra Boyacá es un producto del Grupo Editorial El Periódico S.A.S.,
ubicado en la ciudad de Pasto, Nariño, lugar al que se enviaron las respectivas
comunicaciones.
12.
El 20 de junio de 2018, el señor Edgar Ríos
Mora, Representante Legal del Grupo Editorial El Periódico S.A.S. allegó la
respuesta al Auto del 13 de junio de 2018[8].
Manifestó que a la fecha no habían sido notificados de la tutela de la
referencia “ni para dar respuesta a la misma y tampoco de la sentencia
emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Tunja”. Así mismo, puso de presente que “los
correos (…) asesorjuridicogep@gmail.com y extraboyaca2012@gmail.com no corresponden a correos electrónicos de notificación judicial, pues
como se puede ver en la cámara de comercio que se adjunta, la dirección física
corresponde a la Calle 20 No. 25-81 en la ciudad de Pasto y correo electrónico tributaria@elperiodico.com.co”. Finalmente, sostuvo que en este caso “hay
una indebida individualización del sujeto pasivo”, teniendo en cuenta que
el diario Extra Boyacá es un producto noticioso del Grupo Editorial El
Periódico S.A.S, persona jurídica habilitada para dar respuesta a este tipo de
acciones y a quien debe notificarse, motivo por el cual “las acciones
adelantadas hasta el momento están viciadas y convocan a una nulidad”.
13.
Por lo anterior, a través del Auto 461 del
24 de julio de 2018[9], la Sala Octava de Revisión dispuso declarar la nulidad de todas las actuaciones
surtidas por el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Tunja, desde el auto admisorio de la demanda, con el fin de
vincular al Grupo Editorial El Periódico S.A.S. y demás partes que considerara
pertinentes, y de verificar la legitimación en la causa por activa. Además,
ordenó a ese despacho judicial reiniciar el proceso de tutela de manera
preferente y expedita, y una vez se dictaran las respectivas sentencias de
instancia, enviar el expediente al despacho del magistrado sustanciador para su
revisión[10].
14.
Inicialmente, mediante Auto del 24 de agosto
de 2018, el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Tunja se abstuvo de avocar
conocimiento por falta de competencia y remitió el expediente a los juzgados
del circuito de Tunja. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
tercer inciso del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del cual “(…)
De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de
comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar”[11].
15.
El asunto le correspondió por reparto al
Juzgado 1º Laboral del Circuito de Tunja, que en proveído del 28 de agosto de
2018 ordenó la devolución del expediente al juzgado remitente. Expuso que la
Corte Constitucional dirigió la providencia del 13 de agosto de 2018 al Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Tunja para rehacer la actuación, motivo por el cual, a su juicio, ese despacho “no puede o no
debe desconocer lo dispuesto por el órgano de cierre en materia constitucional
y debe continuar con el conocimiento de la presente acción de tutela”[12].
16.
En consecuencia, el Juzgado
Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías
de Tunja avocó conocimiento del asunto en Auto del 29 de agosto de 2018[13] y mediante sentencia
del 11 de septiembre de 2018 tuteló los derechos fundamentales al buen nombre,
a la honra y a la intimidad de los accionantes[14].
Esta decisión fue revocada por el Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Tunja en sentencia del 17 de
octubre de 2018, providencia mediante la cual ese despacho judicial declaró la
improcedencia del amparo[15].
Sin embargo, en Auto 214 del 29 de abril de 2019[16] esta Corporación encontró que se había configurado
la nulidad de todo lo actuado a partir del mencionado auto admisorio, pues con ello asumió el conocimiento del asunto una autoridad
judicial que no tenía competencia para el efecto. Lo anterior, de conformidad con el inciso 3° del artículo
37 del Decreto 2591 de 1991, en virtud del cual las acciones dirigidas contra
la prensa y los demás medios de comunicación serán competencia de los jueces de
circuito del lugar, es decir, existe una regla especial de competencia en esos
asuntos, cuyo desconocimiento traía como consecuencia el acaecimiento de una
nulidad insaneable.
En consecuencia, la Sala Octava de
Revisión dispuso i) declarar la nulidad de todas las actuaciones surtidas desde el auto admisorio de la
demanda proferido el 29 de agosto de 2018 por el
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Tunja, salvo las pruebas
recaudadas; y ii) remitir el expediente al Juzgado 1º
Laboral del Circuito de Tunja para que asumiera el conocimiento del asunto, y adoptara
la decisión a que hubiere lugar.
Trámite procesal
17.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 214
de 2019, el Juzgado 1º Laboral del Circuito de Tunja, en Auto del 4 de junio de
2019[17],
avocó conocimiento del asunto y dispuso vincular a las partes para que se
pronunciaran sobre el particular y allegaran los documentos que tuvieran
relación con los hechos[18].
Contestación de la acción de tutela
18.
En escrito allegado el 7 de junio de 2019[19], José
Edilberto Patarroyo Patiño actuando en representación del Grupo Editorial El
Periódico S.A.S., indicó de manera preliminar lo siguiente: “iniciamos con
una indagación interna a fin de establecer si en efecto lo manifestado por la
accionante efectivamente amerita cualquiera de las soluciones legales, vale
decir: corrección o aclaración. Siendo ello así y de acuerdo con lo informado
por el periodista responsable de la nota publicada (…) expresa que lo allí
consignado fue recopilado mediante trabajo periodístico, consultando fuentes
informativas, pues de otra manera es imposible tener conocimiento de los hechos
acontecidos. De manera que el actuar realizado por el periodista informador, en
este asunto ha obrado con buena conciencia y mal haría en este caso el
empleador y la sociedad en sancionarlo por ello”[20].
19.
De otro lado, sostuvo que el derecho a la
intimidad no es absoluto “debido a que mantiene una responsabilidad social
que implica obligaciones y responsabilidades ante los receptores de la
información y los protagonistas de la misma”[21].
20.
Finalmente, destacó que la accionante no
realizó ninguna petición ante el medio de comunicación para hacer efectivas las
pretensiones que ahora plantea a través de la acción de tutela, lo cual, a su
juicio, torna en improcedente dicho mecanismo.
Sentencia
objeto de revisión
21.
En fallo del 12 de junio de 2019, el Juzgado
1º Laboral del Circuito de Tunja negó el amparo
invocado[22].
22.
En primer lugar, señaló que “la inquietud
de la familia JIMÉNEZ FONSECA, radica en el hecho de haberse publicado la
noticia sin el consentimiento de sus familiares, pero a excepción de la
información relacionada con el restaurante no refiere que los hechos no hayan
sucedido o que lo allí informado carezca de veracidad o que la noticia se haya
presentado con un lenguaje o una exposición que conduzca a la confusión o al
error”[23].
23.
En cuanto a la posible vulneración del derecho
a la intimidad, refirió que los actores no acudieron ante el medio de
comunicación de manera previa para solicitar la rectificación de la información
que consideraron como errada. Además, a juicio del juez, “conforme al
desarrollo de los hechos y la petición, discierne que nos encontramos frente a
un hecho consumado (sic), circunstancia que hace impróspera la orden de
protección”[24].
En todo caso, el juzgado consideró que los familiares de la persona fallecida
cuentan con otros mecanismos de defensa judicial como la reparación de los
daños morales ante la jurisdicción ordinaria, mediante un proceso de
responsabilidad extracontractual contra el medio de comunicación, o la acción
penal ante la eventual configuración de los delitos de injuria y calumnia.
Sobre la solicitud de reparación económica concluyó que era
improcedente, pues “la acción de tutela no tasa perjuicios ni físicos ni
morales [además] a estas alturas ya no se
precisa procedente la intervención del juez constitucional [porque] por un lado
se estaría revictimizando a los accionantes y demás allegados del extinto Jairo
Hugo Jiménez Jiménez y de contera también a los familiares y amigos del también
occiso Jhon Wilson Acuña Morales, quien también perdió la vida en los mismos
hechos, y por otro porque cualquier orden caería en el vacío, por cuanto la
foto la fue publicada”[25]. Al respecto, afirmó que el daño consumado impedía hacer cesar la
violación y por ello solo era procedente el resarcimiento del mismo.
Pruebas
que obran en el expediente
24.
Las pruebas que obran en el expediente son las que a continuación se
relacionan:
(i)
Foto de la conversación de whatsapp con el señor llamado “Carlos” del
periódico Extra Boyacá, en la cual este solicita una foto del señor Jairo Hugo
Jiménez Jiménez y se le informa que “la familia no desea que lo publiquen”[26].
(ii)
Portada de la emisión del 22 de noviembre de 2017 del periódico Extra
Boyacá titulada “Los acribillaron a balín” donde aparece la foto del
señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez en ataúd[27].
(iii)
Página 3 de la emisión del 22 de noviembre de 2017 del periódico Extra
Boyacá donde se relatan los hechos bajo los que presuntamente fallecieron los
señores Jhon Acuña y  Jairo Hugo
Jiménez[28].
(iv)
Portada de la emisión del 23 de noviembre de 2017 del periódico Extra
Boyacá titulada “Asesinados con tiros de gracia” donde aparece la foto
del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez en ataúd[29].
(v)
Página 3 de la emisión del 23 de noviembre de 2017 del periódico Extra
Boyacá donde nuevamente aparece la fotografía del féretro y en el que se
relatan los hechos bajo los que presuntamente fallecieron los señores Jhon
Acuña y  Jairo Hugo Jiménez[30].
Actuaciones en sede de
revisión
25.  Luego de constatar que las providencias mediante
las cuales el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Tunja
avocó el conocimiento del asunto y profirió sentencia de primera instancia, no
fueron debidamente notificadas a la parte accionante, el despacho del
magistrado sustanciador, mediante
Auto del 27 de agosto de 2018, dispuso notificar a Gisell Andrea Jiménez
Fonseca, Bertha Fonseca Arias, Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto
Jiménez Fonseca sobre el trámite surtido por el Juzgado 1° Laboral del Circuito
de Tunja, para que se pronunciaran sobre el particular. Así mismo, les advirtió
que si así lo deseaban, podían solicitar la nulidad de lo actuado ante la
indebida notificación y que una vez vencido en silencio dicho plazo la Corte continuaría
con el estudio de este asunto y daría por subsanada toda causal de nulidad
derivada de este acto procesal.
Al respecto, se evidenció
que en el expediente obraban las constancias de devolución por parte de la
empresa de correos 4-72 de los oficios de notificación, lo que indicaba que los
accionantes no habían tenido conocimiento de la decisión adoptada en sede de
instancia. Además, el despacho del magistrado sustanciador también llamó la
atención en cuanto a que el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Tunja no intentó
otra forma de notificación a pesar de contar con información en el expediente
que le permitía hacerlo, por ejemplo, la dirección donde esta Corporación
notificó el Auto 214 de 2019, o el correo electrónico y el número de celular
suministrados por la señora Gisell Andrea Jiménez
Fonseca desde el momento de la interposición de la
acción de tutela.
26.  Una vez transcurrido el término de otorgado en el
Auto del 27 de agosto de 2018 y constatada la efectiva notificación de dicho
proveído, la parte accionante guardó silencio.
27.  De otro lado, con ocasión del Auto del 13 de
junio de 2018 (supra núm. 9) en el que el despacho del magistrado
sustanciador le ordenó a
la señora Gisell Andrea Jiménez
Fonseca, explicar los motivos que justificaran la interposición del
amparo constitucional como agente oficiosa de sus familiares y que le
permitieran a la Corte identificar que los agenciados no se
encontraban en condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa, se recibió comunicación de la accionante en la que se expuso lo
siguiente:
“La acción de tutela fue presentada en mi nombre, y en representación
de mi señora madre y mis hermanos toda vez que para la fecha de presentación de
la misma, por las circunstancias de luto y de profundo dolor no fue posible la
firma por parte de ellos, sin embargo, y teniendo en cuenta que como miembros
de una familia nos sentimos ampliamente afectados con las acciones adelantadas
por el periódico Extra, como se estableció en los fundamentos de la acción
presentada, en tal sentido, adjunto a este oficio de respuesta documento de
confirmación firmado por mi señora madre (…) y mis hermanos (…) con el fin de
ratificar la calidad de accionantes en la tutela interpuesta”[31].
Para el
efecto, la señora Gissell Andrea anexó un escrito firmado por Bertha Fonseca
Arias, Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca en el que
manifestaron lo siguiente: “sintiendo violados nuestros derechos con la
cadena de acciones realizada por el periódico Extra, invocando el principio de
economía procesal propio de la acción de tutela y estando de acuerdo con los
hechos descritos y las pretensiones en ella plasmadas, confirmamos la intención
de presentar tutela conjunta en contra del citado periódico; esto, de
conformidad a la solicitud realizada por su despacho y con el fin de aclarar la
calidad en la que estamos en la mencionada acción”[32].
II.     CONSIDERACIONES
Competencia
1.  La Sala Octava de Revisión de la
Corte Constitucional es competente para revisar las decisiones proferidas
dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y en
concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto Estatutario 2591 de 1991.
Problema jurídico
2.
La Sala Octava de Revisión deberá determinar, de
manera preliminar, si en el asunto objeto de estudio se acreditan los
requisitos de procedencia de la acción de tutela, particularmente, aquel
relacionado con la solicitud de rectificación ante el medio de comunicación.
3.
En caso afirmativo, pasará a establecer si ¿el Grupo Editorial El Periódico S.A.S., propietario del periódico Extra
Boyacá vulneró los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la intimidad
personal y familiar, y a la imagen de una persona
fallecida y su familia, por publicar en las emisiones del 22 y 23 de noviembre de 2017 y sin consentimiento
de la familia i) una fotografía del féretro, y ii) información
sobre el difunto y las circunstancias de lo ocurrido el día del homicidio que
al parecer no corresponde con la realidad?
4.
Para ello,
la Sala se referirá a la jurisprudencia constitucional sobre i) el
derecho fundamental a la libertad de información, alcances y límites; ii)
los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad personal y familiar, así como el alcance de estos
derechos para las personas fallecidas; luego explicará que iii) responsabilidad
social de los medios de comunicación; iv) la
solicitud de rectificación no es exigible para publicaciones que afectan los
derechos a la intimidad y a la imagen; por último, se pronunciará sobre la
figura de la carencia actual de objeto y con fundamento en lo anterior v)
resolverá el caso concreto.
El derecho fundamental a la libertad de información, alcances y
límites. Reiteración de jurisprudencia
5.
El derecho a la libertad de información
encuentra fundamento en diversos instrumentos internacionales vinculantes para
el Estado colombiano[33].
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone que “[t]odo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Así mismo, el artículo 19.1 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “[n]adie podrá
ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la
libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho (…) entraña
deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a
ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por
la Ley”.
En los mismos términos el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere: “[t]oda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho (…) no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la
ley”.
6.
La Constitución Política de 1991 acogió estos
parámetros internacionales y en el artículo 20 estableció la garantía de toda
persona a “la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la
de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación”, los cuales “son libres y tienen
responsabilidad social”.
La
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la libertad de expresión
es uno de los pilares sobre los cuales está fundado el Estado, que comprende la
garantía fundamental y universal de manifestar pensamientos, opiniones propias
y, a la vez, conocer los de otros. Este presupuesto también se extiende al
derecho de informar y ser informado veraz e imparcialmente, con el objetivo de
que la persona juzgue la realidad con suficiente conocimiento[34].
Es por lo anterior que este mandato constitucional ha sido
considerado como un derecho fundamental de doble vía porque involucra tanto al
emisor como al receptor de actos comunicativos, agrupa un conjunto de garantías
y libertades diferenciables en su contenido y alcance, tales como la libertad
de expresar pensamientos y opiniones, la libertad de informar y recibir
información veraz e imparcial, la libertad de fundar medios masivos de
comunicación y el derecho de rectificación[35].
Este Tribunal, al desarrollar la libertad de expresión ha adoptado un doble
sentido, es decir, genérico y estricto:
“Sobre esa base, la Corte ha explicado que
la libertad de expresión en sentido genérico consiste en el ‘el derecho
general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, e [incluye]
no solo la libertad de expresión en sentido estricto, sino también las
libertades de opinión, información y prensa [previstas en el artículo 20 de la
Constitución]’[36].
Entre tanto, la libertad de expresión en sentido estricto se define como
‘el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento,
opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma escogidos por
quien se expresa’[37]. Conlleva el derecho de su titular a no
ser molestado por expresar su pensamiento, opiniones (sic)[38] o
ideas y cuenta, además, con una dimensión individual y una colectiva”. [39]
La Corte también ha explicado que “estas dos libertades también
son sujeto de división en dos aspectos distintos,  el individual y el
colectivo. El primero, hace referencia al sujeto que se expresa, entendiendo
que, además de contar con la garantía de poder manifestarse sin interferencias
injustificadas, este derecho también implica la garantía de poder hacerlo a
través de cualquier medio que se considere apropiado para difundir los
pensamientos y lograr su recepción por el mayor número de destinatarios
posibles, siendo libres de escoger el tono y la manera de expresarse (…) El
aspecto colectivo, por su parte, se va a referir a los derechos de quienes reciben
el mensaje que se divulga”[40].
7.
En la interpretación sobre el alcance de ese
derecho fundamental la Corte Constitucional ha establecido, particularmente,
que la libertad de información reconoce, por un lado, la libre expresión
y difusión de las ideas, conocimientos, juicios u opiniones, y por el otro,
proclama el derecho de acceder o recepcionar una información ajustada a la
verdad objetiva.
Así mismo, ha señalado que este derecho es
consustancial a la democracia, en tanto promueve el intercambio de
ideas, permite la formación de una opinión pública libre, constituye la base
para el ejercicio de los derechos políticos de participación y, a su vez,
permite ejercer control sobre las autoridades[41].
Sin embargo, también ha sido enfática al señalar que dicha
libertad no es absoluta por cuanto implica responsabilidades y deberes
sociales[42].
Al respecto, ha sostenido:
“De ahí que el artículo 20 constitucional consagre el principio
de la responsabilidad social de los medios de comunicación, de manera que
el periodista no es ajeno a las responsabilidades de orden civil y penal a que
está sujeto y se le pueden exigir cuando incurra en afirmaciones inexactas,
calumniosas o injuriosas. Por consiguiente, los medios de comunicación gozan de
libertad y autonomía para expresar y comunicar en forma veraz e imparcial la
información, pero deben hacerlo de manera responsable, de forma que no vulneren
o amenacen los derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del
Estado social de derecho. Dicha responsabilidad consiste en asumir el
compromiso social de divulgar las informaciones para el bien de la
colectividad, de manera que no se atente contra los derechos de los asociados,
el orden público y el interés general.
Según la jurisprudencia vigente de esta Corporación, la
responsabilidad de los medios surge desde el momento mismo en que se inicia el
proceso de obtención, preparación, producción y emisión de la información,
durante el cual los principios de la imparcialidad y la veracidad deben
prevalecer, en orden a garantizar los derechos fundamentales de las personas,
sin que por ello se desconozca el derecho de aquellos a informar libremente,
pero siempre dentro de los límites del bien común, del orden justo y del respeto
a la dignidad y a los demás derechos de las personas[43]”[44]. (Resaltado fuera del texto original).
Entonces, el
derecho a la información debe ser respetado y garantizado por el Estado,
siempre y cuando no afecte valores sustanciales, como los derechos al buen
nombre, a la honra o a la intimidad[45].
Sobre este punto la Corte ha sostenido que a los medios “se impone
fundamentar y contrastar la información antes de entregarla al público; no
confundir la información con la opinión; rectificar, si es del caso, informaciones
falsas o imprecisas; valerse de métodos dignos para obtener información; no
aceptar gratificaciones de terceros, ni utilizar en beneficio propio
informaciones; sólo así contribuirán al fortalecimiento de la democracia y por
ende, a la realización del paradigma propio del Estado social de derecho”[46].
De igual modo, ha manifestado:
“Pero, a
objeto de hacer completo el derecho del conglomerado a la comunicación, es
necesario reconocer en él, como elemento insustituible que contribuye inclusive
a preservarlo, el de la responsabilidad social que el inciso 2º del artículo
20 de la Constitución colombiana señala en cabeza de los medios masivos,
los cuales, no por el hecho de hallarse rodeados de las garantías que para el
desarrollo de su papel ha consagrado el Constituyente, pueden erigirse en entes
omnímodos, del todo sustraídos al ordenamiento positivo y a la deducción de
consecuencias jurídicas por los perjuicios que puedan ocasionar a la sociedad,
al orden público o a las personas individual o colectivamente consideradas, por
causa o con ocasión de sus actividades. (…) Un informe periodístico difundido
irresponsablemente, o manipulado con torcidos fines; falso en cuanto a los
hechos que lo configuran; calumnioso o difamatorio, o erróneo en la presentación
de situaciones y circunstancias; inexacto en el análisis de conceptos
especializados, o perniciosamente orientado a beneficios políticos o a
ambiciones puramente personales, resulta mucho más dañino cuanta mayor es la
cobertura (nivel de circulación o audiencia) del medio que lo difunde, pero en
todo caso, con independencia de ese factor, constituye en sí mismo abuso de la
libertad, lesión muy grave a la dignidad de la persona humana y ofensa
mayúscula a la profesión del periodismo, sin contar con los perjuicios, a veces
irreparables que causa, los cuales no pueden pasar desapercibidos desde el
punto de vista de sus consecuencias jurídicas”.
Bajo ese entendido, se puede decir que existen dos clases de
límites del derecho a informar: uno objetivo, que es la verdad y la
imparcialidad en la información que se emita o publique; y otro subjetivo, que
se refiere a la objetividad como actitud del informador hacia la verdad, para
determinar si se ha realizado una averiguación o indagación por parte del
periodista, honesta y diligente[47].
En efecto, “el derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que
no puede ser utilizado para revelar datos íntimos ni para lesionar la honra y
el buen nombre de las personas; la información, en los términos del
ordenamiento superior, debe corresponder a la verdad, ser veraz e imparcial, pues
no existe derecho a divulgar información que no sea cierta y completa”[48]. Por esa
razón, la labor del juez constitucional es evaluar en cada caso concreto si la
limitación de este derecho es admisible, para lo cual es indispensable
verificar si los derechos fundamentales de las personas resultan vulnerados por
la información que se publica[49].
8.
Con todo, el derecho a la libertad de expresión implica, por un lado, la
facultad de manifestar pensamientos y opiniones propias, y por el otro, el
derecho de informar y ser informado veraz e imparcialmente. Esta garantía
comprende un sentido genérico, que consiste en comunicar cualquier tipo de
contenido e incluye las libertades de opinión, información y
prensa; y un sentido estricto, esto es, expresar y difundir libremente el
propio pensamiento, opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio
y la forma escogidos por quien se expresa.
Particularmente, la libertad de información
ha sido entendida como un mandato consustancial a la democracia, en tanto
promueve el intercambio de ideas y permite la formación de una opinión pública
libre. Esta libertad tiene como límite, entre otros,
la responsabilidad social de los medios de comunicación, de manera que su
actuar se ajuste a los principios de veracidad e imparcialidad, y que la
información que sea publicada por estos no atente contra los derechos humanos,
el orden público y el interés general.
A continuación, la Sala hará referencia a los derechos a la
honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad, como garantías
constitucionales que pueden verse afectadas en el ejercicio del derecho a la
información.
Los derechos a la honra y al buen nombre[50]
9.       El
artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece que: “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques”. Por su parte, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17 señala: “1.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra
y reputación (…)”. En igual sentido, el artículo 11 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, dispone: “1.
Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en
su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni
de ataques ilegales a su honra y reputación (…)” (Resaltado fuera de texto).
10.  A la
par de los instrumentos internacionales señalados, el artículo 2º de la Carta
Política establece como un deber del Estado la garantía de protección de todos
los residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades; asimismo, el artículo 21 consagra la honra como un
derecho fundamental, el cual es inviolable, según lo indicado en artículo 42
Superior[51].
11.  La
jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido a la honra como la
estimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás
miembros de la colectividad, en razón a su dignidad humana. En palabras de esta
Corporación: “[e]s por consiguiente, un
derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el
valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”[52].
Dado su alcance,
este derecho resulta vulnerado tanto por información errónea como por opiniones
tendenciosas que producen daño moral tangible a su titular[53]. Sin
embargo, la Corte ha sostenido que “no todo
concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada
como imputación deshonrosa”, puesto que las afirmaciones que se expresen
deben tener la virtualidad de “generar un daño en el patrimonio moral del
sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le
pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de
una polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella,
sino del margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del
derecho”[54].
12.
De otra parte, el artículo 15 de la Carta Política garantiza
el derecho al buen nombre en los siguientes términos: “Todas las personas
tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y
el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (…)”.
Esta garantía ha sido entendida como “la reputación, o el concepto que de una
persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento
que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o
informaciones falsas o tendenciosas”[55]. En ese sentido, constituye “uno
de los más valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser
reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”[56].
La Corte ha sostenido que “se atenta contra este derecho, cuando sin
justificación ni causa  cierta y real, es decir, sin fundamento, se
propagan  entre el público -bien sea de forma directa o personal, o a
través de los medios de comunicación de masas- informaciones falsas o erróneas
que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo y que por lo
tanto, tienden a socavar el prestigio  o la confianza de los que
disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se
manipula la opinión general  para desdibujar su imagen”[57].
Entonces, aunque el derecho a la honra guarda
una relación de interdependencia material con el derecho al buen nombre, se diferencian en que, mientras el primero responde
a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad
y comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo se refiere a
la apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la
conducta que observa en su desempeño dentro de la sociedad[58].
En palabras de esta Corporación: “tratándose
de la honra, la relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en
que involucra tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como
la valoración de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad
personal y familiar). El buen nombre, por su parte, también tiene una cercana
relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la
reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente
la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo”[59].
13.  En definitiva, los
derechos a la honra y el buen nombre ostentan tanto en instrumentos
internacionales como en el ordenamiento constitucional interno, un
reconocimiento expreso. El primero, que busca garantizar la
adecuada consideración o valoración de una persona frente a los demás miembros
de la sociedad, ante la difusión de  información errónea o la emisión de
opiniones tendenciosas que producen daño moral tangible a su titular. El
segundo, dirigido a proteger la reputación o el concepto que de un sujeto
tienen las demás personas, ante expresiones ofensivas e injuriosas, o la
propagación de informaciones falsas o erróneas que distorsionen dicho concepto.
El derecho a la imagen
14.
El artículo 14 establece que “toda persona tiene derecho al
reconocimiento de su personalidad jurídica”. El derecho a la imagen, se
encuentra amparado en el ámbito de protección del derecho a la personalidad
jurídica y no puede ser sujeto a más limitaciones por parte de terceros que
aquellas derivadas de las exigencias de la sociabilidad
humana, la búsqueda del conocimiento y los intereses públicos superiores[60].
15.
La Corte Constitucional ha señalado que la imagen es un
derecho fundamental y autónomo, que se deriva, además, de la dignidad humana y
está íntimamente relacionado con el derecho al libre desarrollo de la
personalidad. Así mismo, ha sostenido que corresponde a un concepto amplio que
abarca, de un lado, la autodeterminación de la propia imagen en cabeza de todos
los sujetos, y de otro, el derecho a disponer sobre la utilización y
explotación de la propia imagen por parte de terceros[61].
De otra parte, ha explicado que existe un núcleo duro del
derecho a la imagen que comprende “aquellas expresiones que dan cuenta con
claridad del aspecto físico, en general, y de los rasgos del rostro que
permiten identificar a las personas. Por ende, es evidente el uso de la imagen
a través de las fotografías, esculturas, videos y demás soportes que permitan
identificar con precisión al individuo”[62];
y una zona de penumbra en la que no es fácil determinar si la
manifestación concreta abarca el derecho en mención, en tanto “existen
diversas representaciones en las que no resulta claro si está involucrada la
imagen, tal y como sucede con las siluetas, las caracterizaciones, y algunas
expresiones que reproducen el estilo de las personas y que pueden permitir su
identificación”[63].
Bajo ese entendido, ha delimitado esta garantía constitucional
indicando que “una consideración elemental de respeto a la persona y a su
dignidad, impiden que las características externas que conforman su fisonomía o
impronta y que lo identifican más que cualquiera otro signo externo en su
concreta individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación
por terceros”[64].
De igual forma, ha mencionado que el derecho a la imagen es
personalísimo de los sujetos, y “comprende la facultad de
disponer de su apariencia y de su privacidad, autorizando o no la captación y
difusión de ella”[65]; por lo tanto, este derecho se vulnera cuando sin consentimiento del titular
se publica su imagen, la cual puede ser captada a través de cámaras
escondidas o mediante cámaras fotográficas con teleobjetivo y otros medios
electrónicos[66].
En consecuencia, es necesario establecer el uso de la
imagen en cada caso concreto, con base en dos elementos principales: el uso de
aspectos externos del sujeto y la verificación del carácter recognoscible en la
manifestación concreta que se analiza[67].
El derecho a la intimidad personal y
familiar
16.  Diversos
instrumentos internacionales han definido el derecho a la intimidad personal y
familiar. Así, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos establece que “[n]adie será objeto de
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (…)”. Esta misma definición está consignada en el
artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en
similares términos, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, dispone: “1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
ilegales a su honra y reputación (…)”.
17.
La Constitución Política define esta garantía
fundamental en el artículo 15, cuyo tenor dispone lo siguiente: “Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (…)” (Resaltado
fuera de texto).
18.
Esta Corporación ha señalado que el derecho a
la intimidad personal y familiar “busca no dejar que trascienda al
conocimiento del público, aquellos actos de su existencia que legal y
moralmente quiere conservar bajo la absoluta reserva y completo silencio. (…)
La intimidad hace parte de la órbita restringida familiar que por el hecho de
que sólo interesa a quienes integran esta célula social, su conocimiento no
importa o está vedado a los demás miembros de la sociedad. La privacidad así
concebida está relacionada con la privacidad íntima y por lo tanto no puede ser
objeto de  la curiosidad ajena, sino que como un verdadero secreto familiar o
personal, se debe cuidar para que no traspase la barrera de la órbita que por
seguridad individual o familiar se ha asignado”[68].
En la sentencia C-881 de 2014[69], la Corte
indicó que el núcleo esencial del derecho a la intimidad “supone la
existencia y goce de una órbita reservada para cada persona, exenta del poder
de intervención del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad,
que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual
y cultural[70]”.
En esa decisión también expuso que existen al menos las
siguientes formas de vulneración del derecho a la intimidad: i) mediante
la intromisión material en los aspectos de la vida que la persona se ha
reservado para sí mismo, independiente de que lo encontrado sea publicado; ii)
con la divulgación de hechos privados, es decir, de información verídica, pero
no susceptible de ser divulgada; y iii) a través de la presentación
falsa de aparentes hechos íntimos que no corresponden a la realidad.
Bajo esta línea, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que el derecho a la intimidad no
puede ser restringido, salvo que se cuente con el consentimiento del titular,
exista orden emitida por la autoridad competente conforme con la Constitución y
la ley y, únicamente por razones legítimas sustentadas constitucionalmente[71].
De otra parte,
también ha explicado que no se puede establecer una
prevalencia en abstracto del derecho a la información sobre el derecho a la
intimidad, o viceversa, pues el juez de tutela debe tener en cuenta los
aspectos relevantes de cada caso concreto.
Para el efecto, la jurisprudencia ha
establecido unos criterios dirigidos a determinar, de acuerdo con las
circunstancias particulares, la primacía de uno sobre el otro: i) la
posición que tiene dentro de la sociedad la persona cuya intimidad se protege[72];
ii) la noción de interés general: el derecho a la información prevalece
frente al derecho a la intimidad en la medida en que la información sea de
interés general, y por lo tanto sea pertinente su publicación; iii) las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se produjeron los hechos
objeto de decisión, así: a) circunstancias de modo: si una persona
realiza a la vista pública actividades de su íntimo resorte, el ámbito de
protección del derecho a la intimidad se reduce; b) circunstancias de
tiempo: todo individuo tiene derecho a que se respeten sus momentos privados,
por ejemplo, a no estar sometido al escrutinio público en aquellos momentos en
que desarrolla su vida privada; y c) circunstancias de lugar: serán
objeto de protección todas aquellas actividades que se realizan en espacios que
no ostentan el carácter de públicos o de uso común, mientras su titular los
preserve como tales[73].
Alcance de los derechos a la honra, al buen
nombre, a la intimidad y a la imagen de la
persona fallecida
19.
Desde sus primeros pronunciamientos esta
Corporación ha señalado que la protección de los derechos a la honra, al buen
nombre, a la intimidad y a la imagen puede ser invocada por los familiares de
una persona fallecida. Sobre el particular ha destacado que el núcleo familiar
resulta particularmente afectado con los juicios que se emitan públicamente en
relación con la persona fallecida, así como con las exposiciones públicas que
se hagan en torno a su vida privada. Al respecto ha sostenido:
“Así pues,
la familia de la persona directamente concernida goza de legitimidad para
ejercer la acción de tutela en defensa de los enunciados derechos
fundamentales. Desde luego, supuesto necesario de la prosperidad de la acción
en tales casos es el de que las especies divulgadas no correspondan a la
verdad, razón por la cual lesionan de manera infundada e injusta el patrimonio
moral de la familia. (…)
En ese orden de ideas, no se vulneran
los aludidos derechos si las afirmaciones que se hagan están fundadas en
sentencias judiciales o en hechos innegables respecto de los cuales no cabe
ninguna duda. Pero, en cambio, sí se afectan y en grado sumo, cuando se
propalan sin fundamento versiones o informaciones en virtud de las cuales se
juega con la honra, la fama, el buen nombre o el honor de una persona. En
cuanto al derecho a la intimidad, éste se ve afectado de todas maneras, así
resulte verdadero lo que se difunde, cuando toca con la esfera íntima
inalienable de una persona o de su familia, a menos que se cuente con la autorización
de los involucrados” [74].
Bajo ese entendido, ha reconocido la legitimación de
los familiares de una persona fallecida para reclamar la protección de estos
derechos, en tanto el ordenamiento Superior “se funda en el reconocimiento
de la dignidad humana y ha instituido a las autoridades para proteger, entre
otros bienes, la honra y las creencias de todos los residentes en el
territorio, de tal manera que las autoridades están obligadas a respetar la
intimidad de las familias de las personas fallecidas”[75]. Lo anterior, por cuanto la
intimidad de la familia es inviolable, y en consecuencia, “los parientes más
próximos pueden demandar de las autoridades sobre la intimidad de todos, y, en
caso de que graves y comprobados motivos hagan imperativa su divulgación,
objetividad y veracidad sobre las informaciones que publican”[76].
En el mismo sentido, ha mencionado que “en aras de
proteger la dignidad,  la honra, el buen nombre, la intimidad, la memoria
y la imagen del fallecido, los familiares de la persona afectada, pueden
interponer acciones de tutela para asegurar el respeto de tales derechos
frente a las acciones de terceros”[77].
En consecuencia, estos derechos protegen,
además, al núcleo familiar del individuo ante la natural tendencia de las
personas a salvaguardar  su libertad y autonomía, lo que hace que el
ámbito privado no solo se reduzca al individuo en sí, sino que se extienda a su
familia[78].
Particularmente, sobre los derechos a la imagen y la intimidad, la Corte
ha sostenido que la faceta fundamental del derecho a la imagen, en la medida en
que está íntimamente relacionada con la dignidad humana “se extiende más
allá de la muerte y, por ende, el juez de tutela tiene competencia para
establecer [su] vulneración y tomar las medidas de protección correspondientes
a pesar del fallecimiento del titular del derecho”[79].
Así mismo, ha referido que la titularidad de derechos como la intimidad “no se extingue
con el fallecimiento de su titular, sino que se extiende al núcleo familiar que
lo rodeó durante su vida. Esto se debe a que se trata de derechos de una
magnitud personal incuestionable, que tienen una relación intrínseca con el
núcleo social más próximo al ciudadano” y que “cualquier vulneración a
la intimidad causada por la información que perjudique la reputación o la
privacidad de la persona, así haya muerto, se puede extender a su familia,
quienes son los que tienen que soportar el peso moral y social de un reproche
público contra su ser querido”[80].
20.  Ahora bien, la importancia
de este asunto trasciende a tal punto que resulta pertinente hacer mención,
además, al derecho comparado. Para ello, se hará referencia particular al
derecho español, por ser uno de los países con mayor desarrollo sobre los
derechos a la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad de las
personas fallecidas.
En España, la Ley Orgánica 1/1982 reguló
el artículo 18 de la Constitución, en virtud del cual “[s]e garantiza el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. El artículo 4° de esa ley faculta al titular del derecho para
solicitar su protección cuando resulte conculcado, y a falta de este por haber
fallecido, legitima a sus familiares cercanos. Lo anterior, en los siguientes
términos:
“Artículo cuarto.
Uno. El ejercicio de las acciones de
protección civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida
corresponde a quien ésta haya designado a tal efecto en su testamento. La
designación puede recaer en una persona jurídica.
Dos. No existiendo designación o
habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la
protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona
afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento.
Tres. A falta de todos ellos, el ejercicio
de las acciones de protección corresponderá al Ministerio Fiscal, que podrá
actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieren
transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado. El mismo
plazo se observará cuando el ejercicio de las acciones mencionadas corresponda
a una persona jurídica designada en testamento.
Cuatro. En los supuestos de intromisión
ilegítima en los derechos de las víctimas de un delito a que se refiere el
apartado ocho del artículo séptimo, estará legitimado para ejercer las acciones
de protección el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no
ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente. También estará
legitimado en todo caso el Ministerio Fiscal. En los supuestos de fallecimiento,
se estará a lo dispuesto en los apartados anteriores”. (Resaltado fuera de texto).
Por su parte, el artículo 7° establece las situaciones consideradas
“intromisiones legítimas” a los derechos objeto de protección. El inciso
5 de esa disposición hace referencia a “[l]a captación, reproducción o
publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen
de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo
los casos previstos en el artículo octavo, dos”[81].
21.
La doctrina española se ha referido a esta
normatividad, así como las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional
sobre el particular[82].
Por un lado, ha explicado el concepto de “protección
de la personalidad pretérita” o “protección de la personalidad
extinguida” sobre lo cual ha señalado que la muerte no significa la
extinción de todos los derechos, pues existen algunas garantías que ameritan su
protección como una prolongación de la personalidad, lo que trae consigo
proteger no solo los intereses de la familia, sino de la persona fallecida como
ser individual. Al respecto, se destaca lo siguiente:
“[P]arte de la
máxima moral o social del respeto debido a la memoria de la persona fallecida
pero no es equiparable a la protección que el honor, la intimidad y la propia
imagen de la persona merecen durante su vida, ni a la tutela frente al uso de
sus datos de carácter personal en vida. La muerte no es por tanto, excusa o
argumento para negar toda protección al respeto que nos ofrecen otros seres
humanos, cuando sí se la hemos reconocido en vida. No sólo se trata de proteger
los intereses de la familia de la persona fallecida, sino el interés de la
propia persona, como ser humano, a la hora de impedir que su memoria o recuerdo
puedan ser vilipendiados tras su muerte. (…)
Por tanto, estos
derechos sufren una transformación tras el fallecimiento de su titular y lo que
pasa a manos de las personas enunciadas en el art 4 de la LO 1/1982 es
únicamente una facultad defensiva, pero no un derecho subjetivo completo. Eso
sí, la extinción de la personalidad provocada con la muerte no implica que la
personalidad extinguida no pueda proyectarse para alcanzar cierta relevancia
jurídica. (…)
Se habla aquí
de la necesidad de tutelar la ‘personalidad pretérita’, y la regulación de
dicha tutela se contiene en los arts. 4 a 6 de la LO 1/1982. Con ello se admite
que, aunque la personalidad se extinga con el fallecimiento, la memoria del
fallecido constituye una prolongación de la personalidad del difunto que debe
ser tutelada por el Derecho. Por tanto, con la tutela post mortem específica de
los derechos de la personalidad se busca proteger únicamente algunos atributos
afectivos o espirituales del fallecido, de su memoria pretérita.
Consecuentemente, no se trata de una transmisión mortis causa de los derechos
de la personalidad del fallecido, sino únicamente una forma de defensa especial
de algunos de sus atributos para el momento posterior a la muerte y en atención
al buen nombre del difunto”[83]. (Resaltado fuera
texto).
Bajo ese hilo argumentativo, la doctrina ha precisado sobre la
legitimación de las personas para solicitar la protección de la “memoria
pretérita” de la persona, que “no se puede entender ostentada globalmente
por la familia del difunto, esto es, por el conjunto de individuos unidos por
vínculos de parentesco, sino que pertenecerá únicamente a algunos sujetos
allegados”; lo anterior, “sin perjuicio de la posibilidad de que la
persona que deba defender la memoria del fallecido sea o no el sujeto cuyos
derechos de la personalidad propios se han visto, a su vez, afectados”[84].
Uno de los casos más emblemáticos traídos a colación por la doctrina
española es el del torero Paquirri, el cual contiene importantes
consideraciones sobre esta problemática.
La demanda fue interpuesta por la viuda del torero contra las
empresas que “difundieron y comercializaron el video de las últimas imágenes
y conversaciones de su difunto marido en la enfermería de la plaza de toros en
la que se produjo la mortal cogida. Las cintas de vídeo litigiosas dedican la
mayoría de su contenido a actuaciones y comentarios taurinos, así como a
remembranzas del torero por parte de críticos y colaboradores, pero también
contienen imágenes de su boda y de su entierro, así como las escenas de la
agonía del torero en la enfermería de la plaza”[85].
Los jueces de instancia estimaron parcialmente las pretensiones. Sin
embargo, en sentencia del 28 de octubre de 1986, el Tribunal Supremo declaró “que
no había existido atentado contra los derechos al honor y a la intimidad
personal y familiar del torero fallecido [en tanto] la captación y reproducción
de los momentos previos a la muerte del torero no atentaban contra el derecho a
la propia imagen de este, pues constituían parte del espectáculo taurino, hecho
público por excelencia” Por lo anterior, la esposa del torero presentó el recurso de amparo,
argumentando que la demanda “no se basaba únicamente en los derechos de la
personalidad del torero fallecido, sino también del derecho a la intimidad
familiar cuyo titular no era solo el fallecido, sino también su familia, y en
concreto la demandante y sus hijos, que merecen una tutela constitucional”.
En providencia del 2 de diciembre de 1988, el Tribunal
Constitucional Español excluyó expresamente la aplicación del recurso de amparo
para la defensa de la personalidad pretérita, pero sí accedió a la protección
de la intimidad familiar de los demandantes. Dijo la providencia:
“Sin embargo, junto a ella, la demanda de
amparo presenta una segunda perspectiva, la demanda se centra en el carácter
privado que tenía el lugar en que se recogieron determinadas escenas mediante
una cámara de vídeo -la enfermería de la plaza de toros- y el carácter íntimo
de los momentos en que una persona se debate entre la vida y la muerte, parcela
que debe ser respetada por los demás. Y viene a mantenerse que esa intimidad no
solo es propia del directamente afectado, sino que, por su repercusión moral,
es también un derecho de sus familiares.
Pues bien, en esos términos, debe estimarse
que, en principio, el derecho a la intimidad personal y familiar se extiende no
solo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados
aspectos de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y
estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que,  por la relación o vínculo
existente entre ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del
individuo que los
derechos del art. 18 CE protegen. Sin duda, será necesario, en cada caso,
examinar de qué acontecimientos se trata, y cuál es el vínculo que une a las
personas en cuestión; pero al menos, no cabe dudar que ciertos eventos que
pueden ocurrir a padres; o cónyuges o hijos tienen, normalmente, y dentro de
las pautas culturales dentro de nuestra sociedad, tal trascendencia para el
individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la
propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho -propio,
y no ajeno- a la intimidad, constitucionalmente protegible”[86]. (Resaltado fuera texto).
22.
En este punto cobra relevancia lo que la
doctrina ha denominado “intromisiones ilegítimas”. Sobre el particular, ha
sostenido que “no se tendrá por ilegítima la intromisión en la que predomine
un interés histórico, científico o cultural relevante, (art. 8.1.)” como
serían “la captación de la imagen de una persona, su reproducción y su
publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un
cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se
capte durante un acto público o un lugar abierto al público (…), así como, con
independencia del carácter público de la persona, la captación de su imagen
para información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público, siempre que
dicha imagen sea empleada de manera accesoria, y no principal (letra c del art.
8.2)”[87].
Por ejemplo, para valorar si una fotografía tiene carácter accesorio
es posible acudir a elementos como el tamaño de la imagen, el plano desde el
que se toma la foto “y el carácter provisional, fugaz o repentino de las
fotografías”. Además, “se requiere que la utilización de ésta sea
imprescindible o esencial para conseguir la finalidad comunicativa que se
pretende, debiendo analizar si ésta es necesaria o no para los fines
informativos”[88].
También se puede acudir “a la totalidad del texto o documento en el que se
contengan las concretas utilizaciones, siendo obligatorio tomar en
consideración el objeto para el que fue hecha la publicación y la finalidad
perseguida”. En todo caso, la doctrina ha aclarado que “la captación y
la difusión de la imagen del sujeto solo será admisible cuando la propia -y
previa- conducta de aquel o las circunstancias en que se encuentra inmerso,
justifique el descenso de las barreras de reserva para que prevalezca el
interés ajeno o el público que puedan colisionar con aquel’”[89].
23.
En definitiva, la titularidad de los derechos a
la honra, al buen nombre, a la imagen y a la intimidad recae también sobre una
persona fallecida, razón por la cual los familiares de esta pueden solicitar su
protección. Con ello, se busca proteger la memoria y la dignidad de quien ha
fallecido y de su núcleo más cercano, bienes jurídicos que se ven afectados por
acciones de terceros que invaden la esfera privada, personal y familiar.
Responsabilidad social de los medios de comunicación.
Reiteración de jurisprudencia[90]
24.
El artículo 20 de la Constitución consagra, entre otras
garantías, la de fundar medios masivos de comunicación, los
cuales son libres y tienen responsabilidad social.
25.
Esta Corporación ha puesto de presente que, con la
aparición de los medios de comunicación, la internet y sus redes sociales, los
periódicos digitales, las revistas virtuales, entre otros, surgió para la
libertad de expresión una nueva dimensión. Lo anterior significa que la
responsabilidad de los medios se ha incrementado en forma exponencial, pues
aquella que se reclamaba durante los siglos XIX y XX no es la misma que se les
exige en la actualidad por cuanto “en las sociedades contemporáneas una
información sesgada, parcializada o carente de veracidad proveniente de medios
masivos, puede generar conflictos sociales, económicos, militares o políticos
inconmensurables [situaciones que] sólo pueden ser evitadas o al menos
mitigadas en sus efectos a partir de la autorregulación de los medios y del
sometimiento de éstos a reglas jurídicas democráticamente elaboradas”[91].
Precisamente, por el poder social que detentan debido a su
influencia en las actitudes y conductas de la comunidad, “la difusión masiva de informaciones puede llevar aparejados riesgos
implícitos importantes que pueden significar a su vez, la tensión con otros
derechos fundamentales protegidos[92],
que el constitucionalismo moderno exige armonizar”[93]. Por ese motivo, la jurisprudencia constitucional ha sido pacífica
al señalar que la libertad de información tiene como
límite, entre otros, la responsabilidad social de los medios de comunicación de
conformidad con lo señalado en el referido artículo 20, de manera que su actuar
se ajuste a los principios de veracidad e imparcialidad, y que la información
por ellos publicada no atente contra los derechos humanos, el orden público y
el interés general. Al respecto, ha sostenido:
“De ahí que el artículo 20 constitucional consagre el principio
de la responsabilidad social de los medios de comunicación, de manera que
el periodista no es ajeno a las responsabilidades de orden civil y penal a que
está sujeto y se le pueden exigir cuando incurra en afirmaciones inexactas,
calumniosas o injuriosas. Por consiguiente, los medios de comunicación gozan de
libertad y autonomía para expresar y comunicar en forma veraz e imparcial la
información, pero deben hacerlo de manera responsable, de forma que no vulneren
o amenacen los derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del
Estado social de derecho. Dicha responsabilidad consiste en asumir el
compromiso social de divulgar las informaciones para el bien de la
colectividad, de manera que no se atente contra los derechos de los asociados,
el orden público y el interés general.
Según la jurisprudencia vigente de esta Corporación, la
responsabilidad de los medios surge desde el momento mismo en que se inicia el
proceso de obtención, preparación, producción y emisión de la información,
durante el cual los principios de la imparcialidad y la veracidad deben prevalecer,
en orden a garantizar los derechos fundamentales de las personas, sin que por
ello se desconozca el derecho de aquellos a informar libremente, pero siempre
dentro de los límites del bien común, del orden justo y del respeto a la
dignidad y a los demás derechos de las personas[94]”[95]. (Resaltado fuera del texto original).
Entonces, el
derecho a la información debe ser respetado y garantizado por el Estado,
siempre y cuando no afecte valores sustanciales, como los derechos al buen
nombre, a la honra o a la intimidad[96].
Sobre este punto la Corte ha sostenido que a los medios “se impone
fundamentar y contrastar la información antes de entregarla al público; no
confundir la información con la opinión; rectificar, si es del caso,
informaciones falsas o imprecisas; valerse de métodos dignos para obtener
información; no aceptar gratificaciones de terceros, ni utilizar en beneficio
propio informaciones; sólo así contribuirán al fortalecimiento de la democracia
y por ende, a la realización del paradigma propio del Estado social de derecho”[97].
De igual modo, ha manifestado:
“Pero, a
objeto de hacer completo el derecho del conglomerado a la comunicación, es
necesario reconocer en él, como elemento insustituible que contribuye inclusive
a preservarlo, el de la responsabilidad social que el inciso 2º del artículo 20
de la Constitución colombiana señala en cabeza de los medios masivos, los
cuales, no por el hecho de hallarse rodeados de las garantías que para el
desarrollo de su papel ha consagrado el Constituyente, pueden erigirse en entes
omnímodos, del todo sustraídos al ordenamiento positivo y a la deducción de
consecuencias jurídicas por los perjuicios que puedan ocasionar a la sociedad,
al orden público o a las personas individual o colectivamente consideradas, por
causa o con ocasión de sus actividades”[98].
26.
La doctrina también contiene importantes
consideraciones sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación.
Como primera aproximación, se ha señalado que “la visión moderna pone la
libertad [de prensa] al servicio de valores ético-sociales, en función de los
cuales su reconocimiento tiene sentido. Se garantiza la libertad, pero, en su
ejercicio, la prensa asume una responsabilidad con la sociedad que le exige la
preservación de ciertos valores”[99].
Así mismo, ha reconocido la existencia del uso abusivo de la libertad de
información, indicando que ocurre cuando, en el ejercicio de ese derecho, se
exceden los fines por los cuales ha sido reconocido. En otras palabras, el
abuso “no se predica de la veracidad o falsedad de la noticia o información,
sino de haber traspasado el límite externo de la libertad atendiendo a los
fines que, en una sociedad democrática, han conducido a reconocerla y
garantizarla”[100].
Esto sucede, por ejemplo, cuando se invade el ámbito de intimidad de las
personas.
Al respecto, se ha sostenido que la noción de abuso “se hace
evidente en los casos en que la libertad de informar se pretende ejercer
invadiendo el ámbito de los derechos de la intimidad de las personas
individuales. Se trata de la esfera propia y personal, en la cual toda persona
tiene derecho a impedir intrusiones y donde, consecuentemente, cesa el derecho
de los terceros”[101];
así mismo, se ha destacado que “lo típico de las intrusiones a la intimidad
es la injerencia en la vida privada, en los ámbitos personales y familiares que
están sustraídos del conocimiento público. La intrusión o injerencia, en este
caso, escudriña o espía hechos, situaciones, costumbres, etc., (…) que muestra
per se un abuso en el ejercicio de la libertad de prensa”[102].
Una forma de abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de
información, es la intromisión en la vida privada, entendida esta como el
conjunto de “fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona,
que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo
conocimiento por estos puede turbarla moralmente por afectar su pudor o recato,
a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento”[103]. La doctrina ha
puesto de presente que no solo los hechos que ocurren, por ejemplo, dentro del
hogar, pertenecen a la vida privada; existen casos en que una persona ejecuta
un hecho de aquellos que corresponde tener por privados, en un lugar público o
abierto circunstancia en la cual “parece razonable protegerla [la vida
privada] respecto de los que subrepticiamente, o usando de medios que impiden
al interesado precaverse de la indiscreción, buscan inmiscuirse en aspectos
reservados de su vida privada”[104].
Sobre el particular resulta pertinente anotar lo siguiente:
“Jamás podría entenderse
que sea el simple arbitrio de cada cual el que pueda colocar marco a su vida
privada. Como se ha visto, lo concerniente a la vida privada actúa en
permanente contrapunto con las exigencias de la vida social, por lo que el
interés colectivo necesita un criterio objetivo que contribuya a una
delimitación entre lo que puede y no puede ser conocido por los demás. (…)
Es incuestionable que la
protección de la vida privada se basa en el propósito de asegurar la integridad
de la dignidad humana, por medio del amparo de una de las variadas
manifestaciones de la personalidad. El ser humano ha de ser protegido de la
molestia, pesadumbre o desazón que al común de los hombres les ocasiona el que
otros no respeten su intimidad o busquen inmiscuirse indebidamente en ella, en
cuanto de ese modo tomen conocimiento de hechos que él desea mantener ocultos a
otros, en razón de que estima que tal conocimiento vulnera su sentido del
decoro, del pudor natural o de su propia dignidad”[105].
27.
Ahora bien, lo anterior tiene una relación
directa con la autorregulación de los periodistas y medios de comunicación. Algunos
doctrinantes han sostenido que por la influencia y posición que tienen los
medios de comunicación en la sociedad, así como por los riesgos derivados de
una práctica inadecuada de la profesión “resulta crucial que [su actuación]
se ajuste a unos criterios éticos fundamentales: los de la ética comunicativa”[106], que tiene como
objeto “establecer las pautas de una actuación correcta de los medios y de quienes
los hacen”[107].
Una de las funciones de los medios de
comunicación es respetar y promover el bien general, lo cual significa que
deben propender por “evitar la producción de daños y la violación de
derechos o bienes fundamentales de las personas y la sociedad”[108]; esto se garantiza “a
través del respeto de las leyes y los derechos de las personas, así como a
través de la precaución y el cuidado de su labor”[109] y por lo tanto,
afianza la premisa según la cual “debido a su gran proyección e influencia
social tienen un especial deber de responsabilidad y cuidado en este aspecto de
su labor”[110].
A partir de lo anterior, se ha indicado que “aun
siendo incuestionable y crucial la salvaguardia y regulación jurídica de
ciertos aspectos de la comunicación, en el ámbito de la comunicación social la
regulación jurídica debe tender en principio a ser mínima [en tanto] podría
colisionar con la libertad y el margen de acción [inherentes a las libertades
de expresión y opinión]”[111].
Por lo tanto, se ha puesto de presente que “el carácter crucial de las
funciones que cumplen los medios unido a las limitaciones del derecho para
regular su actuación hacen que la ética comunicativa adquiera una relevancia
sin parangón en otros ámbitos”[112],
estableciendo con ello una fórmula normativa propia de la comunicación social,
a saber: “el mínimo del derecho unido al máximo de la ética de la
comunicación”[113].
Ha sostenido la doctrina que el profesional
de la comunicación no debe limitarse a sus habilidades y conocimientos
técnicos, sino que “ha de contar con criterios éticos y una conciencia moral
pronta a hacerlos valer”[114],
aplicando principios, normas y deberes éticos dependiendo de cada caso, o en
otras palabras “requiere no solo conocer las normas sino también evaluar
cuidadosamente las circunstancias específicas de cada caso: valor informativo,
hechos relevantes, características de los implicados o los afectados,
consecuencias previsibles, etc.”[115].
Al respecto, se dijo lo siguiente:
“Conviene
recalcar aquí un aspecto propio de la comunicación: la enorme variabilidad de
las circunstancias de cada caso, que hacen que estos sean prácticamente únicos,
lo que dificulta la aplicación de protocolos o modelos pautados de acción o de
juicio, a diferencia de otras éticas profesionales en las que es más factible,
cada fotografía, cada titular, cada suceso, cada noticia es única y plantea sus
propios retos morales, que el profesional debe apreciar y saber valorar. (…)
No cabe entender
la información y la comunicación social sin ética. Frente a la cultura del todo
vale, los profesionales y los medios deben respetar los valores y normas éticos
derivados de la función social que cumplen, los métodos correctos que pueden
emplear y la responsabilidad sobre las consecuencias de su actividad”[116].
De ahí la importancia de la autorregulación
o autocontrol de los periodistas y medios de comunicación, entendida como “aquella
decisión personal y libre del informador que basándose en su conciencia e
inspirándose en los principios deontológicos de la información, plasmados o no
en un texto, le obliga a actuar éticamente y le permite llevar a cabo su
actividad informativa, estando sujeto a las decisiones éticas que su
comportamiento merezcan a las instituciones de índole deontológico, existentes
en el ámbito de su profesión”[117].
En todo caso, lo anterior no debe confundirse con algún tipo de censura, pues
la autorregulación es una decisión interna del informador; nadie externo a este
se la puede imponer pues es fruto de su libre decisión; es una salvaguardia
para el recto uso de la información; y se mueve en el ámbito de la
responsabilidad ética; mientras que la censura solo se concibe en un régimen de
falta de libertad[118].
28.
Así pues, la protección constitucional de la
libertad de prensa no es indiferente a los excesos que su ejercicio pueda
acarrear, de ahí que el constituyente de 1991 haya expresado que los medios de
comunicación “tienen responsabilidad social”. Esta responsabilidad
implica que en el ejercicio del derecho a la libertad de información, los
periodistas y medios de comunicación deben respetar los derechos de terceros,
entre ellos, la dignidad humana y la intimidad personal y familiar. Una
intromisión indebida que atente contra estas u otras garantías fundamentales,
puede constituirse en un abuso del derecho a informar, razón por la cual juega
un papel importante la autorregulación y el cuidado en el ejercicio de
obtención de la información.
La solicitud de rectificación no es
exigible para publicaciones que afectan los derechos a la intimidad y a la
imagen. Reiteración de jurisprudencia
29.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución, por regla general la acción de tutela procede
contra los actos y omisiones de cualquier autoridad pública. Esa misma
disposición establece de manera excepcional la posibilidad de interponer este
mecanismo contra los particulares en los siguientes casos: i) cuando
tengan a cargo la prestación de un servicio público; ii) cuando su
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; y iii)
respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o
indefensión.
El numeral 7° del artículo 42 del Decreto
2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá contra acciones
u omisiones de particulares, entre otros eventos, cuando se solicite la
rectificación de informaciones inexactas o erróneas, caso en el cual se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma. Esta posibilidad tiene fundamento en el artículo 20 de la
Carta, en virtud del cual se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad.
30.
La rectificación ha sido definida como la garantía de que la información trasgresora sea corregida o
aclarada[119].
Esta Corporación ha señalado que el carácter
excepcional del mencionado artículo 42 hace que su interpretación deba ser
estricta de manera que “si lo que busca el peticionario es que un medio de
comunicación rectifique información inexacta o errónea suministrada al público,
está obligado a solicitarla previamente al medio y únicamente en el evento de
no ser publicada por éste en condiciones de equidad (artículo 20 de la Carta),
podrá acudirse al juez en demanda de tutela”[120]. En la sentencia T-022 de 2017[121],
la Corte señaló las características de este derecho:
“(i)
[C]onstituye un mecanismo menos intimidatorio que la sanción penal y más
cercano en el tiempo a la concreción del daño; (ii) garantiza la protección de
los derechos a la honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea,
los derechos a la libertad de expresión y de información; (iii) no presupone
para su ejercicio que se declare, previamente, la existencia de responsabilidad
civil o penal del comunicador o que se establezca la intención de dañar o la
negligencia al momento de trasmitir la información no veraz o parcial; (iv)
basta con que la persona afectada logre demostrar que la información que se
exteriorizó es falsa; o ha sido objeto de tergiversación; o carece de fundamento,
para que exista el deber correlativo de rectificarla; (v) ofrece una reparación
distinta a la que se deriva a partir de la declaratoria de responsabilidad
civil o penal, pues una rectificación oportuna ‘impide que los efectos
difamatorios se prolonguen en el tiempo como acontecimientos reales’; (vi) no
persigue imponer una sanción o definir una indemnización en cabeza del agresor
por cuanto su objetivo consiste en restablecer el buen nombre y la reputación
de quien ha sido afectado con el mensaje emitido al ofrecer –con igual
despliegue e importancia que el mensaje que produjo la lesión– un espacio
destinado a facilitar que el público conozca la realidad de los hechos que
fueron emitidos de manera errónea, tergiversada o carente de imparcialidad.
(…); (vii) no excluye la posibilidad de obtener reparación patrimonial –penal y
moral–, mediante el uso de otros medios de defensa previstos en el ordenamiento
jurídico”.
31.
Ahora bien, aun cuando la solicitud de
rectificación de la información publicada por medios de comunicación es un
requisito para la procedencia de la acción de tutela, en ciertos eventos no es
posible solicitar el cumplimiento de dicha exigencia, pues la naturaleza de la
afectación no admite una rectificación, como sucede en los casos en que la publicación
cuestionada vulnera los derechos a la intimidad personal y familiar, y a la
imagen. Desde sus primeros pronunciamientos esta Corporación ha fijado el
alcance de la solicitud de rectificación en ese contexto.
32.
En la sentencia T-512 de 1992, estudió
la acción de tutela interpuesta por un ciudadano contra los diarios El Tiempo y
El Espectador, y los noticieros radiales RCN y Caracol, ante la publicación de “informaciones
temerarias que hacían alusión a conductas criminales” imputadas al accionante.
En primera instancia, el juzgado concedió el amparo invocado; pero la decisión
fue revocada porque el actor no presentó la solicitud de rectificación. La
Corte confirmó la decisión de segunda instancia luego de constatar que no se
acreditó dicho requisito; sin embargo, en esa providencia expuso importantes
consideraciones sobre esta problemática.
Mencionó que la actividad informativa de
un medio de comunicación puede afectar no solo derechos como la honra y el buen
nombre, sino también la intimidad personal o familiar, caso en el cual “ya
no se trata de informaciones falsas o inexactas, susceptibles de rectificación,
sino de publicaciones de muy diverso género (caricaturas, fotografías, imágenes
transmitidas por televisión, comentarios radiales, informes periodísticos
‘confidenciales’ ampliamente difundidos, etc.), cuyo contenido lesiona el
núcleo de vida privada al que tiene derecho toda persona, aunque se trate de un
personaje público”. Destacó que los medios de comunicación “no pueden
invocar el derecho a la información para invadir la esfera inalienable de las
situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la persona y de
sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad a
la que todo individuo y toda unidad familiar tienen derecho”. Sobre el
particular, se pronunció en los siguientes términos:
“Así, no es aceptable que un medio de
comunicación, sin el consentimiento de la persona, dé a la publicidad
informaciones sobre hechos pertenecientes al ámbito estrictamente particular,
como son los casos de discrepancias o altercados entre esposos, o entre padres
e hijos sobre asuntos familiares; padecimientos de salud que la familia no
desea que se conozcan públicamente; problemas sentimentales o circunstancias
precarias en el terreno económico, pues todo ello importa únicamente a los
directamente involucrados y, por ende, ninguna razón existe para que sean del
dominio público, a no ser que en realidad, consideradas las repercusiones de la
situación concreta, esté de por medio un interés de la comunidad, el cual
tendría que ser debidamente probado y cierto para dar paso a la información.
Desde
luego, tratándose del derecho a la intimidad, en principio no puede hablarse de
rectificación pues la lesión se produce aunque los hechos sean exactos, salvo
que, además de invadirse la esfera íntima de la persona o la familia, se están
transmitiendo o publicando datos que riñan con la verdad. Allí habría doble
quebranto de la preceptiva constitucional y las consiguientes responsabilidades
civiles y penales, en su caso, además de la obligación de rectificar en
condiciones de equidad (artículo 20 C.N.).” (Resaltado fuera de texto).
En consecuencia, determinó que cuando se
trata de informaciones falsas o erróneas que afectan la honra o el buen nombre
de una persona, procede la acción de tutela como mecanismo inmediato siendo
indispensable agotar previamente el mecanismo de rectificación en condiciones
de equidad, pero esa exigencia “es válida para aquellas informaciones que son
susceptibles de rectificar, puesto que sería un trámite inútil e innecesario el
de pedir rectificación cuando, por su propia naturaleza, el material publicado
no la admite”.
33.
Más adelante, mediante la sentencia T-036
de 2002 revisó la acción de tutela interpuesta por una mujer quien afirmó
que dos sujetos se acercaron a su hogar haciéndose pasar por funcionarios de la
Fiscalía, razón por la cual suministró información sobre la vida y las
circunstancias que rodearon la muerte de su hijo que se había quitado la vida;
no obstante, días después el diario El Espacio publicó un artículo en donde se
divulgaba la información que ella y su familia habían proporcionado. Los jueces
de instancia negaron amparo argumentando que se trataba de un hecho consumado
imposible de retrotraer.
Según esta Corporación, cuando un tercero pone en conocimiento
público lo que compete solo al resorte íntimo de una persona o de su familia,
se configura una lesión que no puede ser subsanada a través de la
rectificación, ya que el daño en este caso no es posible de retrotraerse, pues
ya se divulgó aquello que debía mantenerse en privado. Manifestó que “[p]or
la forma en que ocurren las vulneraciones del derecho a la intimidad, no es
necesaria la solicitud previa de rectificación como requisito de procedencia de
la acción de tutela, puesto que, como se señaló, la vulneración se configura
aunque las informaciones sean exactas.  Por lo tanto, la solicitud de
rectificación previa no puede exigirse como requisito formal para la
procedencia de la acción de tutela”. Así, sostuvo que el juez de tutela
debe analizar en cada caso si lo que se reprocha es únicamente que la
información publicada sea inexacta o errónea caso en el cual el derecho
vulnerado es susceptible de restablecerse mediante rectificación, o si, por el
contrario, también se ha vulnerado la intimidad personal o familiar, evento en
el cual es procedente de manera directa la acción de tutela.
Con fundamento en lo anterior y luego de encontrar acreditada
la conducta arbitraria de los periodistas para publicar información y
fotografías de la vida íntima de la familia de la accionante, revocó las
decisiones de instancia, concedió el amparo del derecho a la intimidad personal
y familiar y condenó en abstracto al periódico El Espacio.
34.
Posteriormente, profirió la sentencia T-439 de
2009 correspondiente a la acción de tutela interpuesta por una ciudadana
que en 1996 concedió una entrevista a un periodista para que esta fuera divulgada
en medios televisivos y solicitó que, con el fin de proteger su intimidad, le
distorsionara su voz  y rostro, petición que fue atendida por el
entrevistador. Sin embargo, 12 años después, la entrevista fue incluida en un
documental publicado por Caracol Televisión S.A., en el cual no
se distorsionó ni su imagen ni su voz. Según expuso la accionante, debió desplazarse
del municipio donde residía con ocasión al rechazo social, y tuvo problemas
familiares, ya que su esposo y sus hijos no conocían la situación narrada en la
entrevista. Los jueces de instancia negaron el amparo porque la accionante no
presentó la solicitud de rectificación ante el medio de comunicación como
requisito de procedencia de la acción de tutela.
En esa decisión, la Corte reiteró que existen eventos en los
cuales no es necesario hacer la solicitud previa de rectificación para que la
tutela sea procedente, esto es, cuando no se trata de rectificar la información
considerada en sí misma, sino de pedir la protección judicial para que no
continúe la lesión a derechos fundamentales que se ha producido por la manera
como la información, aun siendo verdadera, ha sido presentada.
Al respecto, indicó que: “puede haber rectificación si el
medio asume que tergiversó los hechos, pero la solicitud de la misma no siempre
puede erigirse en requisito indispensable para que proceda la tutela, pues ya
hay un daño causado susceptible de seguir produciéndose si la actividad del
medio no es detenida por la orden judicial y por lo tanto es posible acudir a
la tutela para que se ordene al medio cesar la vulneración, corregir hacia el
futuro sus actuaciones y si es del caso, ordenar las indemnizaciones a que haya
lugar”. Concluyó que la inclusión, de paso innecesaria, de la imagen y la
voz de la accionante en la difusión del documento periodístico, vulneró el
derecho a la imagen y a la intimidad de la actora y de sus hijos menores de
edad.
35.
Ese mismo año, a través de la sentencia T-496 de 2009, esta
Corporación estudió la acción de tutela instaurada por una señora al considerar
que el Diario del Huila y La Nación vulneraron sus derechos y los de su nieta a
la honra, el buen nombre y a la intimidad, por publicar sucesos de la vida
privada de su familia relacionados con un abuso sexual contra la menor. En
decisión de única instancia se negó el amparo invocado por no acreditar el requisito
de rectificación.
En esa oportunidad, la Corte indicó que “cuando se trate
de pedir la protección judicial para que no continúe la lesión de derechos
fundamentales que se ha producido por la publicación de hechos ciertos, pero
que divulgan elementos propios de la vida íntima de las personas, no puede
establecerse como indispensable para que proceda la tutela, al no haber nada
que rectificar”. Encontró que las publicaciones se hicieron sin
autorización, vulnerando los derechos a la intimidad familiar y personal de la
menor, razón por la cual concedió el amparo invocado y condenó en abstracto a
los medios de comunicación.
36.
Después, en la sentencia T-904 de 2013 la Corte conoció el caso
de una persona que es figura pública, quien solicitó la protección de los
derechos a la intimidad, a la propia imagen, al buen nombre y a la recreación
de sus hijos menores de edad, en razón de la publicación de unas imágenes y de
datos que facilitaban la identificación de estos, poniendo en riesgo su
seguridad e integridad física. En aquella
oportunidad, reiteró que la solicitud de rectificación de la información como
condición de procedibilidad “sólo es exigible cuando el afectado cuestione
la exactitud o veracidad de la información publicada por el medio, más no
cuando el motivo de reproche consiste en la divulgación de información que, aun
siendo verdadera, pertenece al ámbito protegido por el derecho a la intimidad”.
37.
Poco después, mediante la sentencia T-453 de 2013 conoció la
tutela interpuesta por una persona a nombre propio y en representación de su
hijo menor de edad por la publicación en un medio de comunicación de
información relacionada con un abuso sexual. En decisión de única instancia el
juzgado que conoció el asunto concedió el amparo invocado al considerar que si
bien no se reveló el nombre del niño, sí suministraron datos que permitirían su
identificación.
Esta Corporación recordó que toda persona que resulte
indebidamente afectada con una información, puede solicitar rectificación si
considera que hay falsedad, inexactitud, parcialidad o manipulación de la
información, hallándose el medio obligado a rectificar y/o brindar un espacio
para que el afectado exprese o demuestre lo contrario, procurando garantizar de
manera efectiva y oportuna la reivindicación de quien ha sido quebrantado; sin
embargo, “cuando se trate de pedir la protección judicial para que no
continúe la lesión de derechos fundamentales que se ha producido por la
publicación de hechos reales, pero que divulgan elementos propios de la vida
íntima de las personas, no estaría de por medio una rectificación”.
38.
Recientemente, en la sentencia T-200 de
2018, la Corte estudió dos casos acumulados. En uno de ellos, se solicitó
la protección de los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre y a la
integridad moral por la publicación del periódico QHubo sobre información que
permitía identificar a una menor de edad en un caso de presunto abuso sexual.
Reiteró que la
jurisprudencia constitucional ha dispuesto que no es necesario realizar la
solicitud previa de rectificación para que la tutela sea procedente cuando la
información publicada es veraz, pero expone elementos propios de la vida íntima
de las personas, afectando el derecho a la intimidad, por ejemplo cuando: “(i)
reveló detalles íntimos de la familia del menor de edad que había sido víctima
de una agresión sexual[122];
(ii) divulgó elementos que permitieron la identificación de unos niños en un
proceso policivo[123];
y (iii) publicó datos de una investigación penal seguida en contra de un ex
funcionario público, por abuso sexual en contra de un menor de edad, facilitando la identificación de la víctima[124]”.
39.
En consecuencia, toda persona tiene la
posibilidad de solicitar la rectificación de informaciones inexactas o erróneas
que atenten contra sus derechos, para lo cual deberá presentar la solicitud
correspondiente ante el medio de comunicación o el particular que hizo la publicación,
esto, como requisito previo para acudir a la acción de tutela en caso de no se
acceda a esa rectificación o la misma no se efectúe en condiciones de equidad.
Sin embargo, existen eventos en que la información no es susceptible de rectificación,
como sucede con aquel contenido que lesiona el núcleo de la vida privada y que
es difundido sin consentimiento de su titular; en tales casos, la lesión
generada a la persona o a su familia no puede ser subsanada a través de la
rectificación, razón por la cual la acción de tutela procede sin que aquella
sea exigible.
El fenómeno
de la carencia actual de objeto. Reiteración de jurisprudencia
40.  Esta Corporación, en ejercicio de su labor como intérprete
autorizado de la Constitución, ha determinado en reiterada jurisprudencia[125] que la acción de tutela fue concebida
como un mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que
son objeto de una amenaza o afectación actual, es decir, “el elemento teleológico de la acción de tutela se concreta en garantizar
la protección de los derechos fundamentales”[126].
Por lo tanto, se ha sostenido que, “ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de
los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”[127]
pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual
decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar
para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción[128]. En otras palabras, la materia del amparo constitucional, “se
extingue en el momento en el cual la vulneración o amenaza cesa porque ha
tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción
del derecho o la inocuidad de las pretensiones”[129].
Bajo ese entendido, la doctrina
constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto”
para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material
en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía le ha sido encomendada.
Sobre el particular, se tiene que “éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) hecho superado, (ii) daño
consumado o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la
jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una situación sobreviniente”[130].
El hecho superado, se encuentra regulado en el artículo 26 del
Decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el
momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que,
como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, “tuvo lugar la conducta
solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda
realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en
la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer”[131].
La segunda de las figuras referenciadas consiste en que, “a
partir de la vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma
que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé, en principio, una
orden al respecto”[132].
Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha empezado a
diferenciar una tercera modalidad de eventos en los que la protección
pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es
en aquellos casos en que “como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea porque el actor mismo asumió la
carga que no le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió
interés en el resultado de la Litis”[133].
41.  Con
todo, ante la alteración o desaparición de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales, la solicitud de amparo pierde
sustento y razón de ser como instrumento de protección judicial. La carencia
actual de objeto se puede presentar, entre otros eventos, ante la existencia de
un daño consumado, es decir, que la falta de garantía del derecho se ocasiona
el daño que se pretendía evitar con la orden del juez de tutela. Sin embargo,
ello no es óbice para que el juez constitucional se pronuncie sobre la
vulneración de los derechos y el alcance de los mismos, y emita las órdenes o
sanciones correspondientes; es decir, aunque no sea posible amparar la
protección invocada, el juez debe propender por evitar que estas situaciones se
presenten nuevamente.
Caso concreto
Breve presentación del asunto
42.
La señora Gisell Andrea Jiménez Fonseca
instauró acción de tutela, en nombre propio y como agente oficiosa de su madre
y de dos hermanos contra el periódico Extra Boyacá, por estimar vulnerados sus
derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar ante la publicación
de información detallada sobre las circunstancias del homicidio de su padre y la
divulgación de una fotografía de aquel mientras yacía en el féretro, esto, pese
a conocer la renuencia de la familia a que se transmitiera cualquier
información sobre su ser querido.
43.
El juzgado que conoció el asunto negó el amparo invocado luego de considerar que “la inquietud de la familia JIMÉNEZ
FONSECA, radica en el hecho de haberse publicado la noticia sin el
consentimiento de sus familiares, pero a excepción de la información
relacionada con el restaurante no refiere que los hechos no hayan sucedido o
que lo allí informado carezca de veracidad o que la noticia se haya presentado
con un lenguaje o una exposición que conduzca a la confusión o al error”[134].
El fallador también señaló que los actores no acudieron ante
el medio de comunicación de manera previa para solicitar la rectificación de la
información que consideraron como errada. Además, “conforme al desarrollo de
los hechos y la petición, discierne que nos encontramos frente a un hecho
consumado (sic), circunstancia que hace impróspera la orden de protección”[135].
Sobre la solicitud de reparación económica concluyó que era
improcedente, pues “la acción de tutela no tasa perjuicios ni físicos ni
morales [además] a estas alturas ya no se
precisa procedente la intervención del juez constitucional [porque] por un lado
se estaría revictimizando a los accionantes y demás allegados del extinto Jairo
Hugo Jiménez Jiménez y de contera también a los familiares y amigos del también
occiso Jhon Wilson Acuña Morales, quien también perdió la vida en los mismos
hechos, y por otro porque cualquier orden caería en el vacío, por cuanto la
foto la fue publicada”[136]. Al respecto, afirmó que el daño consumado impedía hacer cesar la
violación y por ello solo era procedente el resarcimiento del mismo.
Cuestión previa
44.  Luego de constatar que las providencias mediante
las cuales el Juzgado 1° Laboral del Circuito de
Tunja avocó el conocimiento del asunto y profirió sentencia de primera
instancia, no fueron debidamente notificadas a la parte accionante[137],
el despacho del magistrado sustanciador, mediante Auto del 27 de agosto de 2018, dispuso notificar a Gisell Andrea
Jiménez Fonseca, Bertha Fonseca Arias, Jairo Steven Jiménez Fonseca y César
Augusto Jiménez Fonseca  sobre el trámite surtido por el Juzgado 1° Laboral del
Circuito de Tunja, para que se pronunciaran sobre el particular. Así mismo, les
advirtió que si así lo deseaban, podían solicitar la nulidad de lo actuado ante
la indebida notificación y que, una vez vencido en silencio dicho plazo, la
Corte continuaría con el estudio de este asunto y daría por subsanada toda
causal de nulidad derivada de este acto procesal[138].
45.  Una vez transcurrido el término de otorgado en el
Auto del 27 de agosto de 2018 y constatada la efectiva notificación de dicho
proveído, la parte accionante guardó silencio. Por lo anterior, esta
Corporación entiende subsanada toda causal de nulidad y continúa con el estudio
del asunto.
Análisis de los
requisitos de procedencia de la acción de tutela
46.
Antes de abordar el fondo del caso objeto de
estudio, la Sala analizará el cumplimiento de los presupuestos de
procedibilidad de la acción de tutela. Para ello, de forma concreta se
establecerá si se cumplen las siguientes exigencias: i) legitimación por
activa y pasiva; ii) inmediatez; y iii) subsidiariedad.
(i)
Legitimación por activa y por pasiva
47.
De conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución, toda persona podrá interponer la acción de
tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre para reclamar la protección
inmediata de sus derechos fundamentales. La legitimidad para acudir a este
mecanismo está prevista en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en virtud
del cual puede ser instaurada i) directamente por el afectado; ii)
a través de su representante legal; iii) por medio de apoderado
judicial; o iv) por medio de un agente oficioso.
La Corte ha establecido ciertos elementos necesarios para que opere
la figura de la agencia oficiosa, así: “(i) que el agente oficioso
manifieste que actúa como tal; (ii) del escrito de tutela se infiera que el
titular del derecho está imposibilitado para ejercer dicha acción, ya sea por
circunstancia físicas o mentales; (iii) el titular del derecho debe ratificar
lo actuado dentro del proceso y (iv) la informalidad de la agencia, es
decir, no requiere que exista relación formal entre el agente y el agenciado.
‘Esta figura se encuentra limitada por la prueba del estado de vulnerabilidad
del agenciado. Esto garantiza la autonomía de la voluntad de la persona que
tiene la capacidad legal para ejercicio sus derechos fundamentales por sí misma’”[139]. Particularmente,
ha señalado que la ratificación por el titular se presenta cuando este realiza
verdaderos actos inequívocos de estar de acuerdo con la acción y esa actitud
sustituye al agente oficioso[140].
En el presente asunto, la señora Gisell
Andrea Jiménez Fonseca interpuso la acción de tutela en nombre propio, de su
madre Bertha Fonseca Arias, y de sus hermanos Jairo Steven Jiménez Fonseca y
César Augusto Jiménez Fonseca. Mediante Auto del 13 de junio de 2018 el despacho del
magistrado sustanciador le ordenó a la accionante explicar los motivos que justificaran la interposición del
amparo constitucional como agente oficiosa de sus familiares y que le
permitieran a la Corte identificar que los agenciados no se
encontraban en condiciones físicas o mentales de promover su propia defensa.
En respuesta a lo anterior, la señora
Gisell Andrea Jiménez Fonseca indicó que “toda vez que para la fecha de
presentación de la misma, por las circunstancias de luto y de profundo dolor no
fue posible la firma por parte de ellos”[141];
sin embargo, adjuntó un documento de confirmación firmado por sus familiares
con el fin de ratificar la calidad de accionantes, en el cual Bertha Fonseca
Arias, Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca señalaron: “Nosotros
(…) sintiendo violados nuestros derechos con la cadena de acciones realizada
por el periódico EXTRA, invocando el principio de economía procesal (…) y
estando de acuerdo con los hechos descritos y las pretensiones, confirmamos la
intención de presentar tutela conjunta en contra del citado periódico”[142].
Bajo ese entendido, la Sala considera que
los accionados cumplieron con la carga de ratificar lo actuado dentro del
proceso, confirmando de ese modo la legitimación en la causa por activa de los
agenciados.
48.
En cuanto a la legitimación por pasiva, el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 establece que
la acción de tutela procede contra toda acción u omisión: i) de las
autoridades públicas; y ii) de los particulares, que se encuentren en
los supuestos establecidos por la misma norma. En este orden, el artículo 42
del decreto referido, dispone que la solicitud de amparo procede contra
particulares cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o
erróneas (núm.7) y respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión (núm.9)[143].
Esta Corporación ha señalado
que el estado de indefensión se puede presentar en la relación que existe entre
el medio de comunicación y la persona involucrada en la noticia que este
divulga, “en razón a que la actividad informativa que desempeñan este tipo
de organizaciones, además de tener un gran alcance, en tanto llevan su mensaje
a diversos sectores de la sociedad, también tiene el poder de impacto social,
comoquiera que puede influir o generar determinada opinión en el conglomerado”[144]. Esa situación de indefensión
no requiere ser probada, precisamente, por el poder de divulgación que ostentan
los medios de comunicación[145].
En el caso que se estudia, la
acción de tutela fue presentada contra el Grupo
Editorial El Periódico S.A.S., propietario del periódico Extra Boyacá, medio de
comunicación por las emisiones del 22 y 23 de noviembre de 2017 que son objeto
de discusión. A juicio de la Sala los familiares del señor Jiménez se
encuentran en una situación de indefensión frente al medio de comunicación,
pues las referidas publicaciones son una decisión autónoma del accionado en la
que no pueden incidir; además, no cuentan con un mecanismo de protección que le
permita restablecer de forma oportuna sus derechos. Por lo anterior, encuentra
acreditado el requisito de la legitimación en la causa por pasiva.
(ii)
Inmediatez
49.   El artículo 86 de la
Constitución Política consagra que cualquier persona podrá interponer acción de
tutela “en todo momento” al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales, expresión que es reiterada en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991. Sin embargo, pese a la informalidad que caracteriza a este mecanismo, la
jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que su interposición debe
hacerse dentro de un plazo oportuno y justo[146],
contado a partir del momento en que ocurre la situación transgresora o que
amenaza los derechos fundamentales.
50.  En este asunto, las
emisiones del periódico Extra Boyacá cuestionadas por los accionantes fueron
publicadas los días 22 y 23 de noviembre de 2017 y la acción de tutela fue
interpuesta el 13 de diciembre de 2017, es decir, aproximadamente 20 días después
del hecho considerado como transgresor de los derechos fundamentales, lapso que
esta Sala considera razonable.
(iv)
Subsidiariedad
51.   Este requisito demanda que
la persona antes de acudir al mecanismo de tutela haya ejercido las
herramientas e instrumentos establecidos en el ordenamiento jurídico para la
protección de sus derechos. El numeral 7° del artículo 42
del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela procederá
contra acciones u omisiones de particulares, entre otros eventos, cuando se
solicite la rectificación de informaciones inexactas o erróneas, caso en el
cual se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en
condiciones que aseguren la eficacia de la misma.
52.  De
conformidad con lo señalado por los accionantes en el escrito de tutela, se
puede establecer que son dos las inconformidades que alegan sobre las emisiones
del 22 y 23 de noviembre de 2017 del periódico Extra Boyacá: la primera, relacionada
con la información publicada sobre la persona fallecida, puntualmente, sobre su
edad, la supuesta propiedad de un restaurante y las circunstancias de lo
ocurrido el día del homicidio que, según afirman, no corresponde con la
realidad; y la segunda, referente a la fotografía del féretro de su familiar. Tal distinción resulta relevante al examinar la procedencia del
mecanismo, pues debe determinarse en qué casos es exigible que el interesado de
forma previa a su interposición haya solicitado la rectificación de la información.
53.  Según se expuso previamente,
la solicitud de rectificación garantiza la protección de los derechos a la
honra y al buen nombre, pero preserva, de manera simultánea, los derechos a la
libertad de expresión y de información; basta con que la persona afectada logre
demostrar que la información que se exteriorizó es falsa, ha sido objeto de
tergiversación, o carece de fundamento, para que exista el deber correlativo de
rectificarla; y su objetivo es restablecer el buen nombre y la reputación de
quien ha sido afectado con el mensaje emitido.
El derecho a la
honra es entendido como la estimación o deferencia con que cada persona debe
ser tenida por los demás miembros de la colectividad, en razón a su dignidad
humana, razón por la cual resulta vulnerado por la publicación de información
errónea o cuando se expresan opiniones que producen un daño moral tangible a su
titular. Por su parte, el buen nombre hace referencia a la reputación o la
imagen que de una persona tienen los demás miembros de la comunidad y
constituye el derecho a que no se presenten expresiones ofensivas, oprobiosas,
denigrantes, falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la pérdida del
respeto de su imagen personal.
Así las cosas, la
protección invocada frente a la publicación sobre los pormenores de la muerte,
la edad, la propiedad del local comercial, entre otros, deviene en
improcedente, porque a pesar de considerar que se trataba de información que no
atendía a la realidad, los accionantes no solicitaron la rectificación de la
misma, desatendiendo con ello el requisito establecido en el numeral 7 del
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
54.  Sin
embargo, otro tratamiento merece la publicación de la mencionada fotografía, en
la medida que sobre esta no resulta oportuno solicitar su corrección por ser
difamatoria, errónea o imprecisa. Al respecto, es preciso recordar que cuando
se alega la vulneración a la intimidad o a la imagen, por ejemplo, ante la
publicación de una imagen como sucede en este caso, ya no se trata de una
información falsa o inexacta que sea susceptible de rectificación, sino de
publicaciones que lesionan el núcleo de vida privada; entonces, tratándose de
estos derechos fundamentales, en principio no es posible hablar de
rectificación pues la transgresión de los mismos se produce aun cuando los
hechos sean ciertos o exactos.
En este punto, es
necesario destacar que la Sala no comparte el análisis que sobre el particular
efectuó el juzgado que conoció el amparo, en tanto exigió el cumplimiento del
requisito de rectificación sin analizar el contenido de la publicación
cuestionada y sin distinguir los derechos involucrados. En efecto, el juzgado
señaló, en cuanto a la posible vulneración del
derecho a la intimidad, que los actores no acudieron ante el medio de
comunicación de manera previa para solicitar la rectificación de la información
que consideraron como errada, desconociendo con ello la
jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional sobre la materia. Bajo ese
entendido, la Sala concluye que la fotografía publicada por el medio de
comunicación está directamente relacionada con el derecho a la intimidad y a la
imagen, situación que legitima la interposición de la acción de tutela y la
intervención del juez constitucional; en consecuencia, considera que sobre este
aspecto el mecanismo de amparo resulta procedente.
55.  Ahora bien,
es preciso señalar que la acción de tutela procede cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo para la garantía
de los derechos fundamentales o, en caso de existir tal recurso judicial, se
ejerza como mecanismo transitorio para evitar el acaecimiento de un perjuicio
irremediable.
Para la protección de derechos como
el buen nombre, la honra o la intimidad personal el ordenamiento jurídico
cuenta con instrumentos diferentes a la tutela, como la acción penal; sin
embargo, esta Corporación ha establecido en reiterados pronunciamientos[147]
que la simple existencia de una conducta típica que permita salvaguardar los
derechos fundamentales, no es un argumento suficiente para deslegitimar por sí
sola la procedencia de la acción de tutela, por las siguientes razones: i)
aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede configurar algún
presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la responsabilidad penal, lo cual
conduciría a la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos del
perjudicado; ii) la víctima no pretenda un castigo penal, sino solamente
su rectificación; y iii) la pronta respuesta de la acción de tutela
impediría que los efectos de una eventual difamación sigan expandiéndose y
prologándose en el tiempo como acontecimientos reales y fidedignos[148].
Así, se ha considerado que la acción penal y la de amparo constitucional
persiguen objetivos diversos, ofrecen reparaciones distintas y manejan
diferentes supuestos de responsabilidad.
En el caso objeto de estudio la acción de
tutela se erige como
mecanismo eficaz, idóneo e inmediato para la protección de los derechos
fundamentales a la intimidad y a la imagen, si se tiene en cuenta que una
eventual responsabilidad penal de la parte accionada no repara por sí misma los
derechos fundamentales invocados. Además, el juez penal no goza de las mismas
facultades que el juez constitucional para impartir las órdenes pertinentes
para lograr que cese la vulneración de los derechos fundamentales infringidos.
Análisis sobre la vulneración de los derechos a la
intimidad y a la imagen
56.  Pasa esta Sala de
Revisión a realizar la valoración de fondo del asunto, con el fin de determinar
si se vulneraron los derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen del
señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D), y de su familia por la publicación de la fotografía del féretro
que realizó el periódico Extra Boyacá en la emisión del
23 de noviembre de 2017.
(i) La accionante Gisell
Andrea Jiménez Fonseca aportó como prueba una impresión de la conversación
sostenida 21 de noviembre de 2017 a través de la aplicación Whatsapp entre su
cuñada Aura Cristina Arenas Muñoz y alguien identificado en su celular como “Carlos
Extra”, en los siguientes términos[149]:
“[Carlos] Me podrias (sic) colaborar con la foto del señor en vida
11:59 A.M.
me podría (sic) por favor confirmar si es el (sic) 12:05 P.M.[150]
Don Jairo 12:06
[Aura] El (sic) no es 12:07 P.M.
Y la familia no desea que lo publiquen gracias 12:07 P.M.
[Carlos] La Pecosa González Arango 12:16 P.M.
es una periodista de otro medio 12:16 P.M.
y ya estpá (sic) circulando a (sic) información en otros medios 12:16
P.M.”
(ii) Así mismo, allegó
la portada y la página 3 de la emisión del miércoles 22 de noviembre de 2017
del periódico Extra Boyacá. La página 3 contiene el relato sobre los homicidios
con detalles sobre la edad de las víctimas, el lugar, el vehículo, el tipo de
arma y la forma en que ocurrieron los hechos[151].
(iii) Finalmente, anexó
la portada y la página 3 de la emisión del jueves 23 de noviembre de 2017 del
periódico Extra Boyacá. En la portada aparecen dos fotografías a color, una de
ellas, del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D) en el ataúd[152]. La página 3 contiene
un nuevo relato sobre los homicidios con más detalles respecto de la edad de
las víctimas y su ocupación, así como el lugar y la hora de las velaciones.
Junto con la nota periodística aparecen las mismas imágenes de la portada, pero
de menor tamaño, y a blanco y negro[153].
(iv) Por su parte, el Grupo Editorial El Periódico S.A.S., expuso lo
siguiente: “iniciamos con una indagación interna a fin de establecer si en
efecto lo manifestado por la accionante efectivamente amerita cualquiera de las
soluciones legales, vale decir: corrección o aclaración. Siendo ello así y de
acuerdo con lo informado por el periodista responsable de la nota publicada (…)
expresa que lo allí consignado fue recopilado mediante trabajo periodístico,
consultando fuentes informativas, pues de otra manera es imposible tener
conocimiento de los hechos acontecidos. De manera que el actuar realizado por
el periodista informador, en este asunto ha obrado con buena conciencia y mal
haría en este caso el empleador y la sociedad en sancionarlo por ello”[154].
También manifestó que
el derecho a la intimidad no es absoluto “debido a que mantiene una
responsabilidad social que implica obligaciones y responsabilidades ante los
receptores de la información y los protagonistas de la misma”[155].
(v) El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja consideró que “la
inquietud de la familia JIMÉNEZ FONSECA, radica en el hecho de haberse
publicado la noticia sin el consentimiento de sus familiares, pero a excepción
de la información relacionada con el restaurante no refiere que los hechos no
hayan sucedido o que lo allí informado carezca de veracidad o que la noticia se
haya presentado con un lenguaje o una exposición que conduzca a la confusión o
al error”[156].
Señaló que “conforme
al desarrollo de los hechos y la petición, discierne que nos encontramos frente
a un hecho consumado (sic), circunstancia que hace impróspera la orden de
protección”[157] y afirmó que el daño consumado impedía hacer cesar la violación y
por ello solo era procedente el resarcimiento del mismo.
57.  Luego
de revisar las pruebas que obran en el expediente, y de analizar lo manifestado
por el medio de comunicación y por el juez de instancia, la Sala estima
pertinente aclarar que no comparte ninguna de estas apreciaciones, y contrario
a lo concluido por el juzgado, considera que en esta oportunidad se vulneraron
los derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen de Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D), de su
esposa Bertha Fonseca Arias, y de sus hijos Gisell Andrea Jiménez Fonseca,
Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca, por las razones que se explican a continuación:
(i) A pesar de la
manifestación de los accionantes de no querer que se publicara ningún tipo de
información sobre su ser querido, el medio de comunicación decidió incluir en la
emisión del 23 de noviembre una fotografía del féretro, exponiendo el rostro de
la persona fallecida.
Por un lado, según se
indicó en el escrito de tutela, el periodista insistió en obtener la
información al punto de “amenazarla con que de no allegar una fotografía,
publicarían una foto donde se viera el estado en el que quedó el cuerpo una vez
sucedió el hecho”[158];
por el otro, de la conversación de whatsapp referida previamente se
desprende que cuando la familia manifestó no querer una publicación, ese
periodista indicó: “la Pecosa González Arango, es una periodista de otro
medio y ya estpá (sic) circulando a (sic) información en otros medios” [159].
Para la Sala, este
comportamiento no puede ser calificado como un acto “con
buena conciencia”, como lo señaló el Grupo Editorial El Periódico S.A.S., y
tampoco se trató de un proceder amparado por el respeto del derecho a la
libertad de prensa. Todo lo contrario, es una conducta reprochable
que le resta toda credibilidad a la labor periodística efectuada por el medio
de comunicación, pues utilizó la presión en un momento de profundo dolor para
la familia.
De igual forma,
resulta cuestionable para esta Corporación la indagación del medio de
comunicación accionado, que en la contestación de la acción de tutela se
preguntó si “lo manifestado por la accionante efectivamente amerita
cualquiera de las soluciones legales, vale decir: corrección o aclaración”, pues
aunque con ese interrogante se busque minimizar la afectación de la familia
Jiménez Fonseca, a juicio de la Sala de Revisión sucede todo lo contrario y,
como se verá más adelante, la conducta del medio sí amerita varios remedios
constitucionales.
Al respecto, es preciso
recordar que el principio de responsabilidad social de los medios de
comunicación consiste en que estos adquieren un compromiso social de divulgar
las informaciones sin atentar contra la dignidad y los derechos de los
asociados, el orden público y el interés general; este deber surge desde el
momento en que se inicia el proceso de obtención, preparación, producción y
emisión de la información. Entonces, la labor periodística no puede ser
utilizada, so pretexto del ejercicio del derecho a la información y de la
libertad de prensa, para publicar contenido de manera irresponsable, revelando
datos íntimos de las personas y de sus seres queridos, y atentando con ello
contra su dignidad.
(ii) De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, existe un núcleo duro del derecho a la imagen que comprende
aquellas expresiones que dan cuenta con claridad del aspecto físico, en
general, y de los rasgos del rostro que permiten identificar a las personas. Para
esta Corporación, una consideración elemental del
respeto a la dignidad de la persona es impedir que esas características
externas que conforman su fisionomía y que lo identifican, pueden ser objeto de
libre disposición y manipulación por parte de terceros sin su consentimiento[160].
En esta oportunidad, la
Sala encuentra que el periódico accionado transgredió el derecho a la imagen
del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D).
Recuérdese que, según ha explicado este Tribunal, la faceta fundamental
del derecho a la imagen, en la medida en que está íntimamente relacionada con
la dignidad humana “se extiende más allá de la muerte y, por ende, el juez
de tutela tiene competencia para establecer [su] vulneración y tomar las
medidas de protección correspondientes a pesar del fallecimiento del titular
del derecho”[161].
También ha referido que la titularidad de ese derecho no se extingue con el
fallecimiento de su titular, sino que se extiende, además, al núcleo familiar
que lo rodeó durante su vida[162].
En la emisión del 23 de noviembre de 2017, el periódico Extra Boyacá
publicó una imagen del féretro cuando Jairo Hugo
Jiménez Jiménez estaba siendo velado por su familia -en la portada y en la
página 3-; la cual permite identificar claramente los rasgos distintivos de esa
persona, pues es una fotografía del rostro, a color y de un tamaño que permite
observarla de manera nítida (9x6 cm); además, esta publicación se hizo sin el consentimiento
de la familia.
Al respecto, es preciso
recordar que la muerte de las personas no convierte a la imagen en un bien de
dominio público, por lo que persiste en cabeza de la persona autorizada o de su
familia autorizar su reproducción, con mayor razón si la foto corresponde a un
momento privado y de gran sensibilidad como el funeral de un familiar.
(iii) Como lo ha
determinado la Corte, con la garantía del derecho a la intimidad personal y
familiar se busca impedir que ciertos actos que legal y moralmente se quieren
mantener bajo absoluta reserva, trasciendan al conocimiento público. Es por eso
que la intimidad hace parte de la órbita restringida que solo interesa al
ámbito familiar, sin que pueda ser objeto de curiosidad ajena, salvo que cuente
con la debida autorización.
A juicio de la Sala
dicha protección tiene un mayor alcance, pues como ha sido reconocido por la doctrina
española “[l]a muerte no es por tanto, excusa o argumento para negar toda
protección al respecto que nos ofrecen otros seres humanos, cuando sí se la
hemos reconocido en vida. No sólo se trata de proteger los intereses de la
familia de la persona fallecida, sino el interés de la propia persona, como ser
humano, a la hora de impedir que su memoria o recuerdo puedan ser vilipendiados
tras su muerte”[163].
En el caso que se
estudia, el periódico accionado vulneró el derecho fundamental a la intimidad del
señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D) pues asumió que después del
fallecimiento podía hacer uso de una fotografía de este a su antojo como si se
tratara de cualquier documento público.
Así mismo, el diario
transgredió el derecho a la intimidad de los familiares, pues publicó una fotografía del funeral en total desconocimiento
del dolor que estaba viviendo el núcleo cercano a la persona
fallecida en ese momento, no solo por la pérdida de un ser querido, sino por
las circunstancias que al parecer rodearon la muerte del señor Jiménez. Con
ello, el medio de comunicación invadió un espacio que concernía únicamente a
los allegados del difunto, quienes fueron claros en manifestar su deseo de
mantener ese momento en privado.
(iv) Lo mencionado hasta
el momento resulta aún más gravoso si se tiene en cuenta que la imagen
publicada por el diario accionado era de carácter accesorio, esto es, su
utilización no era necesaria para emitir la noticia sobre los homicidios. La
finalidad de la emisión era informar a los lectores sobre los hechos de los
cuales fueron víctimas dos personas en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare,
objetivo que podría cumplirse sin que necesariamente la nota estuviera
acompañada de una fotografía, muchos menos, con las características de aquella
publicada por el diario Extra Boyacá. En consecuencia, a juicio de la Sala el
medio de comunicación bien podía prescindir de la imagen cuestionada.
58.  Ahora
bien, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de
Tunja estimó que en este caso
se configuraba un “hecho consumado”, luego de lo cual advirtió que el “daño consumado” impedía hacer cesar la
violación y por ello solo era procedente el resarcimiento del mismo. Al
respecto, es preciso hacer una aclaración conceptual.
Según se expuso en la
parte considerativa de la sentencia la figura de la carencia actual de objeto
fue desarrollada por la doctrina constitucional para denotar
la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para
dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos cuya
garantía le ha sido encomendada. Este fenómeno se puede materializar en tres
eventos diferentes: i) hecho superado; ii) daño consumado; y iii)
acaecimiento de una situación sobreviniente.
El hecho superado se
presenta cuando entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el
fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se
eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, es decir, se
superó la afectación. El daño consumado se da porque se ejecutó la afectación
que pretendía evitarse con la acción de tutela. Finalmente, la tercera figura
surge cuando la protección pretendida con la acción de tutela carece de objeto
por el acaecimiento de una situación sobreviniente que no tiene origen en el
obrar de la entidad accionada.
59.  Bajo
ese entendido, es preciso aclarar que no existe la figura del “hecho
consumado”, como lo afirma el juez de instancia. En todo caso, de
entenderse que el juzgado se refería a la configuración de un daño consumado,
la Sala considera necesario hacer un pronunciamiento sobre el particular.
Como se ha destacado
varias veces, esta Corporación ha señalado que el daño consumado es
aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se
pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede
dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir
que se materialice el peligro[164],
por lo cual, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo
único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de
derecho.
Así mismo, la Corte ha indicado que, por
regla general, la acción tutela es improcedente cuando se ha consumado la
vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no
indemnizatoria[165].
No obstante, es preciso señalar que de conformidad con lo
establecido en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991: “La
acción de tutela no procederá: // (…) 4. Cuando sea evidente que la violación del
derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión
violatoria del derecho” (resaltado fuera del texto original).
La acción de tutela fue prevista como un
mecanismo para la protección efectiva de los derechos fundamentales que son
objeto de una amenaza o afectación actual, por lo tanto, solo ante la
alteración o desaparición de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial[166].
En el caso que ahora es objeto de
estudio, la Sala estima necesario diferenciar dos escenarios constitucionales
frente al hecho vulnerador alegado por los accionantes, el cual es la
publicación de la foto del féretro de su familiar fallecido. Un primer
escenario es la divulgación que de dicha imagen se hizo en medios físicos antes
de la presentación de la acción de tutela[167],
y el segundo, es la publicación de la fotografía que continúa apareciendo en
medios virtuales[168].
(i) Esta Corporación encuentra que,
respecto del primer escenario, se originó un daño consumado si se tiene en
cuenta que la acción de tutela nació, precisamente, ante la
afectación generada por la publicación de una fotografía de un féretro sin el
consentimiento de la familia de la persona fallecida. En otras palabras, dicha
figura se concretó en la medida en que se hizo efectiva la publicación de la
foto del difunto en los ejemplares físicos del medio de comunicación difundidos
el 23 de noviembre de 2017.
Bajo ese entendido, la
Sala concluye que con dicha conducta se vulneraron los derechos a la intimidad
y a la imagen de esa persona y de su familia; sin embargo, teniendo en cuenta
que se materializó la difusión de la fotografía, se configuró una carencia
actual de objeto por el daño consumado a tales garantías fundamentales.
(ii) Ahora bien, no
sucede lo mismo en cuanto al segundo escenario planteado, pues la Corte
evidencia que la búsqueda de los registros virtuales de las emisiones del 23 de
noviembre de 2017 sigue arrojando como resultado la publicación de las imágenes
que son objeto de controversia.
Por lo tanto, la
vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y a la imagen, de
acuerdo a lo expuesto en el fundamento 57 supra., se predica desde este
segundo escenario constitucional. Lo anterior, además, de conformidad con lo
establecido en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991[169],
según se señaló previamente.
60.  Con
fundamento en lo anterior, la Sala revocará la decisión del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja. En su
lugar, se dispondrá: i) declarar la carencia actual de objeto por daño
consumado en tanto se concretó la violación de los
derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad, únicamente respecto del
escenario constitucional referente a la divulgación de
la foto del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D) a través de los
ejemplares físicos del periódico Extra Boyacá difundidos el 23
de noviembre de 2017; ii) conceder el amparo de
los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad, respecto del escenario
constitucional concerniente a la publicación de la fotografía que continúa
apareciendo en medios virtuales del medio de comunicación accionado.
Finalmente, declarará
improcedente la acción de tutela respecto de los derechos a la honra y al buen
nombre, en tanto no se acreditó el cumplimiento del requisito de rectificación
previo a acudir al mecanismo constitucional
En consecuencia le ordenará
al Grupo Editorial El Periódico S.A.S., propietario
del periódico Extra Boyacá: i) eliminar la
fotografía del féretro del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez publicada en medios
virtuales sobre la emisión correspondiente al 23 de noviembre de 2017. Así
mismo, suspender la reproducción de dicha fotografía por medios físicos y
virtuales; y ii) pedir disculpas a través de una publicación en ese
periódico y bajo las mismas condiciones de la emisión cuestionada (primera
página, ocupando media hoja de la misma como información destacada y al
interior del periódico), por haber publicado una imagen del señor Jairo Hugo
Jiménez Jiménez en el momento de su velación, aclarando que con ello a)
transgredió los derechos a la intimidad y a la imagen de esa persona y de su
familia, pues no era necesaria para lograr la finalidad de la noticia; b)
invadió un espacio que concernía únicamente a los allegados del difunto y c)
omitió la manifestación de la familia de querer mantener ese momento en privado.
61.  En
cuanto a la solicitud de la parte accionante de condenar en abstracto al medio
de comunicación, la Sala considera que no es procedente acceder a la misma.
La Corte ha señalado que,
siguiendo lo establecido en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, los
requisitos para la procedencia de la condena en abstracto son: i) que la
indemnización sea necesaria para el goce del derecho, ii) que el
afectado no cuente con otro medio de defensa judicial; y iii) que la
violación sea manifiesta y provenga de una acción clara e indiscutiblemente
arbitraria[170].
De igual modo, ha precisado que tratándose del perjuicio debe existir una
prueba mínima sobre su ocurrencia la cual se define conforme al concepto de
daño emergente previsto en el artículo 1614 del Código Civil, a partir de lo
cual se entiende que esa indemnización se limita al perjuicio o pérdida que
proviene de la vulneración del derecho fundamental[171].
En este caso, si bien la
Sala encontró acreditada la actuación arbitraria e injustificada del medio de
comunicación frente a los derechos de una persona fallecida y de sus
familiares, no es claro que la indemnización sea necesaria para el goce
efectivo de los derechos a la imagen y a la intimidad.
Aunque la Corte reconoce
que existió una vulneración y no es ajena al dolor de la familia ante la
reprochable actuación del medio de comunicación accionado, estima que una
condena en abstracto no es indispensable para reparar el daño causado, como lo
sería, por ejemplo, en los casos en que esta Corporación ha accedido a esta
pretensión porque estaban involucrados los derechos de menores de edad respecto
de quienes se efectuaron publicaciones relacionadas con abuso sexual[172].
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Octava de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tunja, en tanto
negó el amparo del derecho fundamental a la intimidad de los accionantes. En su
lugar, CONCEDER el amparo de
los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad de Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D), de su
esposa Bertha Fonseca Arias, y de sus hijos Gisell Andrea Jiménez Fonseca,
Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca, respecto del escenario constitucional concerniente a la publicación
de la fotografía que continúa apareciendo en medios virtuales del medio
de comunicación accionado. Lo anterior, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
Segundo.- DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADO, en tanto se concretó la violación de los derechos fundamentales a la imagen y
a la intimidad, únicamente respecto del escenario constitucional referente a la
divulgación de la foto del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez
(Q.E.P.D) a través de los ejemplares físicos del periódico Extra difundidos el 23 de noviembre de 2017. Lo anterior, conforme lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Tercero.- ORDENAR al Grupo Editorial El Periódico S.A.S.,
propietario del periódico Extra Boyacá que en el término de cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación de esta providencia proceda a eliminar la fotografía del féretro del
señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez publicada en medios virtuales sobre la emisión
correspondiente al 23 de noviembre de 2017. Así mismo, suspender la
reproducción de la fotografía del féretro del señor Jairo Hugo Jiménez Jiménez
por medios físicos y virtuales.
Cuarto.- ORDENAR al Grupo
Editorial El Periódico S.A.S., propietario del periódico Extra Boyacá que en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia proceda a pedir disculpas a través de una
publicación en ese periódico y bajo las mismas condiciones de la emisión
cuestionada (primera página, ocupando media hoja de la misma como información
destacada y al interior del periódico), por haber publicado una imagen de señor
Jairo Hugo Jiménez Jiménez en el momento de su velación, aclarando que con ello
a) transgredió los derechos a la intimidad y a la imagen de esa persona
y de su familia, pues no era necesaria para lograr la finalidad de la noticia; b)
invadió un espacio que concernía únicamente a los
allegados del difunto y c) omitió la manifestación de la familia de
querer mantener ese momento en privado.
Quinto-. DECLARAR IMPROCEDENTE
la acción de tutela respecto de los derechos fundamentales a la honra y al buen
nombre de Jairo Hugo Jiménez Jiménez (Q.E.P.D), de su esposa Bertha Fonseca Arias, y de sus hijos Gisell Andrea
Jiménez Fonseca, Jairo Steven Jiménez Fonseca y César Augusto Jiménez Fonseca,
de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de esta sentencia.
Sexto.- LÍBRENSE
por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del
Decreto ley 2591 de 1991.
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Ponente
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
CARLOS
BERNAL PULIDO
Magistrado
Con salvamento
parcial de voto
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO DEL
MAGISTRADO
CARLOS
BERNAL PULIDO
Expediente:
T-6.711.632
Magistrado
ponente:
JOSÉ FERNANDO
REYES CUARTAS
Con mi acostumbrado respeto por
las decisiones de esta Sala de Revisión, suscribo el presente salvamento
parcial de voto en relación con la sentencia de la referencia. Si bien comparto
la decisión de amparar los derechos a la intimidad y a la imagen de los
accionantes, disiento de las decisiones consistentes en: (i) amparar los
derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad del fallecido Jairo Hugo
Jiménez Jiménez y (ii) declarar la carencia actual de objeto por daño
consumado respecto de la publicación de la foto del féretro en los ejemplares
físicos del periódico Extra Boyacá.
Primero, la Sala de Revisión
no debió amparar los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad del
señor fallecido. Esto es así por dos razones. De un lado, la acción de
tutela se promovió para amparar los derechos de los accionantes, que no los del
fallecido. De otro lado, la presunta violación de “los derechos del
fallecido” no está acreditada en el expediente. Es más, el artículo 94 del
Código Civil prevé que “la existencia de las personas termina con la muerte”,
por lo tanto, difícilmente se podrían amparar los derechos fundamentales de
quien ya no ostenta la condición de “persona”. Por lo anterior, la Sala de
Revisión únicamente debió tutelar los derechos fundamentales a la intimidad y a
la imagen de los accionantes.
Segundo, no hay lugar a
declarar la carencia actual de objeto. Esto, dado que la publicación de la
fotografía del féretro en la edición física del periódico no puede considerarse
como daño consumado respecto de los derechos a la intimidad y a la imagen. Si
esto fuera así, siempre que se produjera la vulneración de estos derechos en un
medio impreso, habría daño consumado, lo cual tornaría inane la acción de
tutela en estos casos. Por lo demás, la mayoría de la Sala señaló que, en el
caso sub examine, “la conducta del medio sí amerita varios remedios constitucionales”,
con lo que de suyo se reconoce la actualidad de la vulneración de los derechos
mencionados, así como la necesidad de disponer los remedios judiciales
necesarios para conjurar dicha vulneración.
Fecha ut supra,
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
[1] Cuaderno de instancias. Folio 4
[2] Ibídem.
[3] Cuaderno de instancias. Folio 5.
[4] Cuaderno de instancias. Folio 5.
[5] Cuaderno de instancias, folios 22 a 24.
[6] Cuaderno de la Corte. Folios 14 a 17.
[7] Cuaderno de la Corte Folio 13.
[8] Cuaderno de la Corte. Folio 27.
[9] Cuaderno de la Corte. Folios 93 a 98.
[10] En ese proveído, la Sala expuso: “(…) En esta oportunidad, es claro que el representante legal del Grupo Editorial El Periódico S.A.S., propuso la nulidad de las
actuaciones surtidas en el expediente de la referencia y expresó que ello se
dio por la indebida individualización del sujeto pasivo. En efecto, explicó que
el diario Extra Boyacá, contra quien se interpuso la acción de tutela, es un
producto noticioso del Grupo Editorial El Periódico S.A.S, persona jurídica
habilitada para dar respuesta a este tipo de acciones. A pesar de ello, indicó
que no habían sido notificados para contestar la demanda ni de la sentencia
proferida por el Juzgado. La Sala estima que le asiste razón al representante
de la mencionada sociedad, pues el Juzgado Segundo Penal Municipal para
Adolescentes con Función de Control de Garantías de Tunja, al enviar la
notificación a un correo que no corresponde con la información que obra en el
expediente y al no constatar la recepción del mismo, consolidó la situación
alegada por el Grupo Editorial El Periódico S.A.S., y continuó con el trámite
de tutela sin percatarse de la inadecuada integración del contradictorio. Como
se señaló, dentro del conjunto de actos y trámites que componen el proceso, la
admisión de la demanda es el acto procesal que permite establecer el contacto inicial
que tienen el juez, las partes y los demás intervinientes con el material que
obra en el proceso, razón por la cual la notificación del auto admisorio
garantiza que cuenten con el conjunto suficiente de oportunidades procesales
para ejercer sus derechos. Al no integrarse a la parte pasiva en debida forma,
se impide el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, generándose una
vulneración del derecho al debido proceso (…)”.
[11] Cuaderno de la Corte. Folios 106 y 107.
[12] Cuaderno de la Corte. Folios 109 y 110.
[13] Cuaderno de la Corte. Folios 112 y 113.
[14] Cuaderno de la Corte. Folios 139 a 145
[15] Cuaderno de la Corte. Folios 169 a 180.
[16] Cuaderno de la Corte. Folios 184 a 193.
[17] Cuaderno 3. Folios 2 y 3. El Juzgado 1º
Laboral del Circuito de Tunja dispuso
[18] En el expediente obran las comunicaciones enviadas a las partes a
folios 4 a 11; sin embargo, más adelante se encuentran la devolución al Juzgado
1° Laboral del Circuito de Tunja de las notificaciones dirigidas a la parte
accionante por parte de la empresa 4-72, con la anotación “conjunto cerrado”,
a folios 51 a 55.
[19] Cuaderno 2. Folios 12 a 15.
[20] Cuaderno 2. Folio 13.
[21] Ibídem.
[22] Cuaderno3. Folios 16 a 33
[23] Cuaderno3. Folio 29.
[24] Ibídem.
[25] Cuaderno 3. Folio 30.
[26] Cuaderno de instancias, folios 10 y 11.
[27] Cuaderno de instancias, folio 17.
[28] Cuaderno de instancias, folio 18.
[29] Cuaderno de instancias, folio 15.
[30] Cuaderno de instancias, folio 16.
[31] Cuaderno de la Corte, folio 120.
[32] Cuaderno de la Corte, folio 121.
[33] En virtud de lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Carta
Política.
[34] Sentencia T-1037 de 2010 y T-117 de 2018. Cfr. Sentencia
T-244 de 2018.
[35] Sentencia T-244 de 2018.
[36] Sentencia T-277 de 2015.
[37] Sentencia C-442 de 2011.
[38] En la cita original se incluye la “informaciones”.
[39] Sentencia T-022 de 2017. Cfr. Sentencia T-244 de 2018.
[40] Ibídem.
[41] Sentencia T-080 de 2003. Reiterada en la sentencia T-439 de 2009.
[42] Sentencia T-090 de 2000.
[43] T-1000
del 3 de agosto de 2000, T- 249 de 2004, entre otras.
[44] Sentencia T-439 de 2009
[45] Sentencia C-488 de 1993.
[46] Sentencia C-350 de 1997.
[47] Sentencia T-439 de 2009.
[48] Sentencia T-131 de 1998.
[49] Sentencia T-439 de 2009.
[50] Sentencia T-695 de 2017. Reiterada en la sentencia SU-274 de 2019.
[51] Artículo  42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un
hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de
conformarla.
El Estado y la sociedad garantizan la
protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la
familia son inviolables (…).
[52] Sentencia T-411 de 1995.
[53] Sentencia T-022 de 2017.
[54] Sentencia T-714 de 2010, siguiendo la providencia C-392 de 2002.
[55] Sentencia C-489 de 2002. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
[56] Sentencia T-977 de 1999. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
[57] Sentencia T-471 de 1994.
[58] Sentencia C-452 de 2016. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
[59] Sentencia T-050 de 2016.
[60] Sentencia T-090 de 1996.
[61] Sentencia T-628 de 2017.
[62] Consideración número 31.
[63] Ibídem.
[64] Sentencia T-090 de 1996.
[65] Sentencia T-094 de 2000. Reiterada en la sentencia T-022 de 2017.
[66] Ibídem.
[67] Sentencia T-628 de 2017.
[68] Sentencia T-603 de 1992.
[69] Por medio de la cual se declara exequible por los cargos
analizados, la expresión “el fiscal que tuviere motivos razonablemente
fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código,
para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir
información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se
someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía
Judicial” contemplada en el artículo 54 de la Ley 1453 de 2011 y el inciso
3º del mismo artículo.
[70] Sentencia de la Corte Constitucional
T-158A de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[71] Sentencia T-634 de 2013. Reiterada en la sentencia T-695 de 2017.
[72] Por ejemplo, cuando se trata de personas públicas, el contenido
protegido por el derecho a la intimidad es más restringido que cuando se trata
de personas que han optado por reducir al mínimo su interacción dentro de la
esfera pública. Cfr. Sentencia T-066 de 1998.
[73] Sentencia T-036 de 2002.
[74] Sentencia T-259 de 1994.
[75] Sentencia T-526 de 2002.
[76] Ibídem.
[77] Sentencia T-478 de 2015.
[78] Sentencia T-628 de 2017. Reiterando la sentencia C-640 de 2010.
[79] Sentencia T-628 de 2017.
[80] Ibídem.
[81] El artículo 8, dos, establece: “En particular, el derecho a la
propia imagen no impedirá:
a) Su captación, reproducción o
publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un
cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se
capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
b) La utilización de la caricatura
de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
c) La información gráfica sobre un
suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada
aparezca como meramente accesoria”.
[82] MINERO ALEJANDRE, Gemma. La protección post mortem de los
derechos al honor, intimidad y propia imagen y la tutela frente al uso de datos
de carácter personal tras el fallecimiento. Editorial Thomson Reuters Aranzadi,
España, 2018.
[83] Op. Cit., páginas 48 a 50.
[84] Op. Cit., página 52.
[85] Op. Cit. Páginas 54 a 56, citas 82 a 84.
[86] Op. Cit. Página 56, cita 84.
[87] Op. Cit. Página 75.
[88] Op. Cit. Página 76, cita 18.
[89] Op. Cit. Página 77. Sobre este punto, citó
el pronunciamiento contenido en la STC 99/1994, de 11 de abril.
[90] La base argumentativa, doctrinal y jurisprudencial de este acápite
se sustenta en las consideraciones de la sentencia SU-274 de 2019.
[91] Sentencia C-592 de 2012.
[92] Cfr. Sentencia T-391 de 2007 (…).
[93] Sentencia T-219 de 2009.
[94] T-1000
del 3 de agosto de 2000, T- 249 de 2004, entre otras.
[95] Sentencia T-439 de 2009.
[96] Sentencia C-488 de 1993.
[97] Sentencia C-350 de 1997.
[98] Sentencia T-512 de 1992.
[99] Zannoni, Eduardo A. y Bíscaro, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 59.
[100] Zannoni, Eduardo A. y Bíscaro, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 89.
[101] Zannoni, Eduardo A. y Bíscaro, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 90.
[102] Zannoni, Eduardo A. y Bíscaro, Beatriz R. Responsabilidad de los
medios de prensa. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo de Pala. Buenos Aires.
1993. Pág. 127.
[103] Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de
información. Un conflicto de derechos. Siglo XXI editores. México, 1981. Pág.
49.
[104] Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de
información. Un conflicto de derechos. Siglo XXI editores. México, 1981. Pág.
51.
[105] Novoa Monreal, Eduardo. Derecho a la vida privada y libertad de
información. Un conflicto de derechos. Siglo XXI editores. México, 1981. Pág.
53 y 54.
[106] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 20: “La
responsabilidad ética en el campo de la información”. Hugo Aznar –
Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 490.
[107] Ibídem.
[108] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 20: “La
responsabilidad ética en el campo de la información”. Hugo Aznar –
Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 494.
[109] Ibídem.
[110] Ibídem.
[111] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 20: “La
responsabilidad ética en el campo de la información”. Hugo Aznar –
Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 500 y 501.
[112] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 20: “La
responsabilidad ética en el campo de la información”. Hugo Aznar –
Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 502.
[113] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 20: “La
responsabilidad ética en el campo de la información”. Hugo Aznar –
Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 503.
[114] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 20: “La
responsabilidad ética en el campo de la información”. Hugo Aznar –
Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 505.
[115] Ibídem.
[116] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 20: “La
responsabilidad ética en el campo de la información”. Hugo Aznar –
Universidad CEU Cardenal Herrera. Madrid, 2015. Pág. 505 y 507.
[117] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 21: “El
autocontrol individual y corporativo de la actividad informativa”. José
Ignacio Bel Mallén – Universidad Complutense. Madrid, 2015. Pág. 514.
[118] Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto. Derecho de la
información: El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Capítulo 21: “El
autocontrol individual y corporativo de la actividad informativa”. José
Ignacio Bel Mallén – Universidad Complutense. Madrid, 2015. Pág. 520.
[119] Sentencia T-312 de 2015.
[120] Sentencia T-512 de 1992.
[121] Siguiendo las principales características resumidas en sentencia T-260 de 2010.
[122] Ver, sentencia T-496 de 2009.
[123] Ver, sentencia T-904 de 2013.
[124] Ver, sentencia T-453 de 2013.
[125] Sentencia. T-152 de 2019. Ver, entre otras, las sentencias T-570 de 1992, T-675 de 1996, T-495 de 2001 y T-317 de
2005.
[126] Sentencia T-721 de 2017.
[127] Sentencia T-449 de 2018
[128] Sentencias T-317 de 2005 y SU-225 de 2013.
[129] Sentencia T-963 de 2010. Cfr. Sentencia T-721 de 2017.
[130] Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.
[131] Sentencia T- 449 de 2018.
[132] Sentencia SU-225 de 2013.
[133] Sentencia T- 449 de 2018.
[134] Cuaderno3. Folio 29.
[135] Ibídem.
[136] Cuaderno 3. Folio 30.
[137] Al respecto, se evidenció que en el
expediente obraban las constancias de devolución por parte de la empresa de
correos 4-72 de los oficios de notificación, lo que indicaba que los
accionantes no habían tenido conocimiento de la decisión adoptada en sede de
instancia. Además, el despacho del magistrado sustanciador también llamó la
atención en cuanto a que el Juzgado 1° Laboral del Circuito de Tunja no intentó
otra forma de notificación a pesar de contar con información en el expediente
que le permitía hacerlo, por ejemplo, la dirección donde esta Corporación
notificó el Auto 214 de 2019, o el correo electrónico y el número de celular
suministrados por la señora Gisell Andrea Jiménez
Fonseca desde el momento de la interposición de la
acción de tutela.
[138] Autos 234 de 2006 y 065 de 2010. Reiterados en el Auto 402 de 2015.
[139] Sentencia T-406 de 2017.
[140] Ibídem.
[141] Cuaderno de la Corte. Folio 120.
[142] Cuaderno de la Corte. Folio 121.
[143] Sentencia T-200 de 2018.
[144] Ibídem.
[145] Ibídem.
[146] Sentencias T-834 de 2005 y T-887 de 2009.
[147] Sentencias T-110 de 2015, T-357 de 2015, T-277 de 2015,  T-693 de
2016, T-695 de 2017, T-117 de 2018, entre otras.
[148] Sentencia T-117 de 2018.
[149] Cuaderno de instancias, folios 10 y 11.
[150] Este mensaje viene acompañado de una foto de un señor montado en un
caballo.
[151] Cuaderno de instancias, folio 18.
[152] Cuaderno de instancias, folio 15.
[153] Cuaderno de instancias, folio 16.
[154] Cuaderno 2. Folio 13.
[155] Ibídem.
[156] Cuaderno 3. Folio 29.
[157] Ibídem.
[158] Cuaderno de instancias, folio 4.
[159] Cuaderno de instancias, folios 10 y 11.
[160] Sentencia T-090 de 1996.
[161] Sentencia T-628 de 2017.
[162] Ibídem.
[163] MINERO ALEJANDRE, Gemma. La protección post mortem de los
derechos al honor, intimidad y propia imagen y la tutela frente al uso de datos
de carácter personal tras el fallecimiento. Editorial Thomson Reuters Aranzadi,
España, 2018. Página 48.
[164] Sentencia SU-225 de 2013.
[165] Sentencia T-038 de 2019.
[166] Sentencia T-168 de 2019.
[167] Cuyo ejemplar fue anexado junto con la acción de tutela.
[168] Al revisar la página web del periódico Extra Boyacá,
puntualmente, las portadas del 23 de noviembre de 2017, permite evidenciar que
en medios virtuales se encuentra publicada la misma portada allegada en medio
físico por los accionantes. Ver https://boyaca.extra.com.co/noticias/multimedia/portadas/portadas-23-de-noviembre-371369.
[169] La acción de tutela no procederá: // (…)
4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”.
[170] Ver sentencias T-095 de 1994, T-496 de 2009 y T-200 de 2018, entre
otras.
[171] Sentencia T-375 de 1993.
[172] Por ejemplo, ver las sentencias T-036 de 2002, T-496 de 2009