T-579-06
Sentencia T-
Sentencia
T-579/06
ACCION DE
TUTELA CONTRA ACCIONES U OMISIONES
JUDICIALES-Procedencia excepcional
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Procedencia excepcional
SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Obligatoriedad/SENTENCIA DE
CONSTITUCIONALIDAD-Efectos erga
omnes
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA LEGAL-Interpretación de
la ley por el juez constitucional
DERECHO
VIVIENTE-Observancia en providencias judiciales
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR VIA DE HECHO-Defectos
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reemplazo de la expresión "vía de hecho" por la de
"causales genéricas de procedibilidad"
SENTENCIA DE
CASACION PENAL-Procedencia de la acción de tutela
LEGISLADOR-No puede excluir procedencia de acción de tutela contra toda acción
u omisión de cualquier autoridad publica
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia
por no ejercicio oportuno de medio de defensa judicial/ACCION DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por existir
otro medio de defensa judicial
DEFECTO
PROCEDIMENTAL-Configuración cuando autoridad
pública actúa al margen de procedimiento establecido
ERROR GRAVE EN
DICTAMEN PERICIAL Y VIA DE HECHO POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-No todo error la configura
TERMINO
JUDICIAL-Importancia
TERMINO
JUDICIAL-Medio
para reforzar efectiva garantía del derecho de defensa de las partes
VIA DE HECHO
POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-No todo incumplimiento de
término procesal es suficiente para que se configure
VIA DE HECHO
POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Configuración implica que
derecho de defensa se haya visto efectivamente afectado
VIA DE HECHO-Defecto procedimental
por ejecutar providencia que da lugar a apertura de etapa probatoria y
decreta pruebas antes que haya sido notificada
PERITO AVALUADOR-Necesidad de diligencia de posesión según
normatividad vigente
ACCION DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR INTERPRETACION
JUDICIAL-Improcedencia
SALA DE REVISION DE TUTELA-Incompetencia para
definir controversias interpretativas de orden infraconstitucional/JUEZ
ORDINARIO-Competencia para definir controversias interpretativas de orden
infraconstitucional
NOTIFICACION DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Elemento estructural del debido
proceso para garantizar los derechos de defensa y contradicción
PRUEBAS-Importancia para el juez
VIA DE HECHO-Análisis y valoración de pruebas por jueces/DEBIDO PROCESO-Análisis
y valoración de pruebas por jueces
VIA DE HECHO
POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Prueba debe ser
determinante para las resultas del proceso
VIA DE HECHO
POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-No se surtió práctica de
prueba pericial de acuerdo con trámite legalmente previsto
VIA DE HECHO
POR DEFECTO PROCEDIMENTAL-Tramite en incidente de
liquidación de perjuicios
VIA DE
HECHO POR DICTAMEN PERICIAL EN PROCESO
EJECUTIVO-Configuración
Referencia: expediente T-1298264
Acción de tutela
instaurada por el BBVA COLOMBIA S.A. contra la Sala Civil – Familia – Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería
Magistrado
Ponente:
Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDA ESPINOSA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de
dos mil seis (2006).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA,
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Y RODRIGO ESCOBAR GIL (con impedimento aceptado), en
ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la
siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo
proferido el veinticinco (25) de noviembre de 2005 en primera instancia por la
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y del fallo proferido el diez (10)
de febrero de 2006 en segunda instancia por la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia, dentro de la acción de tutela instaurada por el BBVA COLOMBIA
S.A., antes Banco Ganadero, contra la Sala Civil – Familia – Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
I. ANTECEDENTES
1.
Hechos
1.1.
La Sala de Casación Penal Corte Suprema de
Justicia mediante sentencia del 11 de agosto de 2004 determinó que el Banco
Ganadero, hoy en día BBVA COLOMBIA S.A., a través de sus representantes había
actuado dolosamente al debitar de la cuenta del cliente Luis Miguel
Berrocal Canabal la suma aproximada de $50’000,000, situación que generó que
éste cliente dejará de cumplir otras obligaciones que había contratado con el
Banco[1].
1.2.
El Banco Ganadero demandó al señor Luis
Miguel Berrocal Canabal mediante proceso ejecutivo con acción mixta ante el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería por el pago de las obligaciones
que el señor Berrocal había dejado de cumplir, proceso dentro del cual se libró
mandamiento de pago el 1 de febrero de 1996 y se ordenó el embargo y secuestro
de la finca “Pasolento”[2].
1.3.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería profirió sentencia desfavorable a las pretensiones del demandante el
primero de junio de 2005[3] al considerar que “fue
el propio acreedor [BBVA] quien colocó al deudor en imposibilidad de
cumplir, generándose con ello la “culpa del acreedor” que consecuencialmente
exonera al deudor Luis Miguel Berrocal”. En consecuencia, al encontrar
probadas todas las excepciones propuestas por el señor Berrocal se ordenó la
terminación del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares.
1.4.
El señor Luis Miguel Berrocal Canabal,
actuando a través de apoderado, dentro de la oportunidad procesal prevista para
el efecto presentó el 12 de julio de 2005 una liquidación de los perjuicios que
se ocasionaron como consecuencia de la práctica de las medidas cautelares por
un valor aproximado de 23 mil millones de pesos y propuso el incidente de
liquidación de perjuicios[4].
1.5.
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de
Montería dentro del incidente de regulación de perjuicios a través de auto del
11 de agosto de 2005[5] condenó al BBVA al pago
de la suma de aproximadamente 16 mil millones de pesos por concepto de daño
emergente ($340’649.147) y lucro cesante ($15,479’972.430), y mil (1000) gramos
oro por concepto de daño moral.
1.6.
La Sala Civil – Familia – Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería mediante el auto del
primero de noviembre de 2005 confirmó la decisión tomada por el Juzgado Cuarto[6],
fijando la condena por daño moral en la suma ($15’000.000)[7].
2.
Acción de tutela[8]
El apoderado judicial del BBVA Colombia
S.A., por medio de escrito radicado el nueve (9) de noviembre de 2005,
interpuso acción de tutela contra la Sala Civil – Familia – Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, al estimar que dicho
despacho judicial incurrió en una vía de hecho al proferir el auto del
primero de noviembre de 2005, con base en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, hace residir la vía de
hecho en que el Tribunal al referirse al dictamen pericial que sirvió de base
para la condena de perjuicios no expuso razonadamente el valor del mismo, de
forma concreta, conforme a lo ordenado en el inciso segundo del artículo 187
del CPC, en el cual se ordena “el juez expondrá siempre razonadamente el
mérito que le asigne a cada prueba”.
Igualmente cita apartes del salvamento de
voto del magistrado Cruz Antonio Yanez Arrieta, resaltando la parte en la cual
este magistrado pone en entredicho los fundamentos del dictamen pericial, y que
en su concepto “lo único acreditado dentro del proceso es que la suma
apropiada corresponde a $49’500.000, que fueron debitados de la cuenta del
señor Berrocal Canabal”.
En este sentido, estima el apoderado de la
entidad financiera que a través de la providencia cuestionada se ha violado el
derecho del BBVA a una “justicia pautada y reglada”, en la medida en que
en su criterio el juez no apreció debidamente el dictamen pericial obrante en
el incidente. Estima que “no se puede hablar de estudio de la prueba, cuando
se hace en abstracto y sin decir el por qué, sin revisar la irregular manera
como fue practicada, como ya quedó reseñado, porque se viola el artículo 29 de
la CN”.
De la misma forma cuestiona el dictamen
pericial rendido por el señor Libardo Ramos Gutiérrez por haberse basado en un
dictamen pericial realizado por el CTI en el curso del proceso penal ante el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería, ya que en su criterio si bien
dicho dictamen fue practicado en debida forma las conclusiones en él plasmadas
no han sido avaladas por la Corte Suprema de Justicia, como parte de suponer
erradamente el perito Ramos.
2.1.
En segundo lugar, manifiesta el apoderado
del BBVA que el juez al liquidar el lucro cesante vulneró un número plural de
derechos de su representado “el debido proceso, el que dispone ajustar la
actuación de las autoridades a la ley, la prelación del derecho sustancial que
se arrasó con la condena del Tribunal y la prohibición de inferir injuria al
patrimonio de las personas naturales o jurídicas que sin ninguna razonabilidad
se intenta afectar con la forma ilegal de liquidación del lucro cesante”.
En efecto, el BBVA aduce que los supuestos
tomados por el perito para calcular el lucro cesante no son ciertos. Afirma que
dentro del peritazgo se expresa “SOLO TENDRÉ EN CUENTA LAS 130 [reses]
QUE PASTABAN EN EL MOMENTO DEL SECUESTRO” (negrilla y mayúsculas
en el texto original), punto sobre el cual expresa: “EN FORMA ROTUNDA ESE
SUPUESTO NO ES CIERTO, ES SUFICIENTE LEER lo que se dice en la diligencia
practicada el día 13 de marzo de 1996” , según la cual – en su concepto- no
se vislumbra que a la fecha de la diligencia en el predio embargado se
encontraran dichos semovientes.
Igualmente, señala que la formula de
indexación utilizada por el perito para calcular el lucro cesante[9]
“viola escandalosamente la ley”, puesto que (i) es contraria a la
jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, según la cual las
actualizaciones de sumas de dineros se hacen con base en las variaciones del
IPC; de forma que “cualquier providencia judicial que desconozca estos
precedentes comporta la inaplicación de las reglas jurisprudenciales citadas”;
(ii) en el contexto colombiano, 340 millones de 1996 traídos a valor presente
no generan en ningún caso un lucro cesante de 16 mil millones de pesos, que en
su concepto resulta contrario “a los beneficios lógicos del negocio
agropecuario”; y (iii) al liquidarse sobre una misma suma de dinero
intereses moratorios, los cuales remuneran al capitalista por la pérdida del
poder adquisitivo del dinero y por su lucro cesante, y la corrección monetaria
equivale a liquidar ésta doblemente “lo cual, además de violar la ley, daría
lugar a indemnizaciones confiscatorias para el demandado”.
A partir de lo anterior concluye que de ser
procedente la condena y aplicando las fórmulas señaladas por la jurisprudencia,
el daño emergente y el lucro cesante  no sumarían más de mil millones de pesos,
por tanto se pregunta el apoderado del Banco “si la fórmula legal no llega a
mil millones de pesos, ¿cómo es posible que  el “perito” de Montería haya
llegado a la escandalosa e insólita suma de $15,479’972.430.oo y el Tribunal de
Montería haya avalado esta arbitrariedad?”[10].
Expone cuales fueron los criterios del juez
para decidir, equivocadamente a juicio del BBVA, acoger la estimación de
perjuicios realizada por el perito zootecnista. Al respecto, afirma que
“ (...) corrobora
además que el dictamen no haya sido AVALADO por la Corte en su Sala  Penal, que
la misma Corporación en referencia a los demás ítems del dictamen (...) afirmó
que estos perjuicios no son producto del comportamiento ilícito atribuido al
procesado, que no fueron consecuencia directa e inmediata de su conducta. (...)
De tal manera que, todas esas observaciones que la Honorable Corte Suprema de
Justicia en su sala Penal hiciera al dictamen pericial, nos llevan a concluir
fácilmente que la Corte Sala Penal no avaló ningún dictamen y por tanto el juez
y el Tribunal de Montería en forma errada han interpretado la providencia de la
Corte, distorsionando su contenido y consideraciones”.
2.2.
En tercer lugar, describe las actuaciones
surtidas ante el Juzgado Cuarto con ocasión del incidente de regulación de
perjuicios, a partir de lo cual concluye el BBVA que se ha configurado una
violación al debido proceso, y concretamente el derecho a la prueba, el cual se
manifiesta en “el derecho que tiene toda persona a que la prueba sea
practicada según los ritos legales y valorada en concreto y con mayor razón
cuando de ella se deriva una condena. Además a que las condenas se liquiden
según los parámetros legales, debidamente explicados por la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia”.  De la misma manera, con base en los
antecedentes relacionados, estima el BBVA que se ha vulnerado el derecho a la
igualdad de la entidad financiera, ya que “sin estudiar el dictamen
pericial, sustento de la condena en primera instancia, lo avala con
generalizaciones pretendiendo enriquecer a una parte injustamente en desmedro
de la otra y llegar a condenar por la escandalosa suma de cerca de DIECISÉIS
MIL MILLONES DE PESOS($ 16,000’000.000)” (negrilla y mayúsculas en el
texto original).
En su concepto está “carrera judicial”
implicó que no existiera una real oportunidad de objetar el dictamen judicial
para ejercer el derecho de defensa del Banco frente al mismo, ya que a causa de
“la inusitada celeridad
a la que hemos hecho mención, el dictamen se practicó y se presentó sin que
siquiera estuviera en firme el auto que lo ordenó y sin que se fijara fecha y
hora para la diligencia de posesión del perito como lo ordena tajantemente el
numeral 3 del artículo 236 del CPC, cercenando el derecho a recusar al perito
de acuerdo con el artículo 235 ibídem y también violando el derecho de mi
representado para ampliar puntos de acuerdo con el numeral 4 del artículo 236.
“El Juzgado y el
Tribunal, en su aturdido afán, olvidaron que en Colombia son nulas las pruebas
que practican contrariando el debido proceso y también, al argumentar que este
dictamen, por no haber sido objetado es plena prueba, desconociendo que ni
siquiera en la época en donde rigió “la tarifa legal” la prueba pericial
fue tarifada  y se puede afirmar que en casi ningún país del mundo ese sistema
de valoración existe, menos referido a pruebas irregularmente rituadas”.
En su criterio, el juez está en la
obligación de valorar y contemplar objetivamente la prueba, para lo cual cita
jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia según la cual el simple
hecho de obrar una prueba pericial en un expediente no obliga el juez a adoptar
su contenido.
2.3.
De acuerdo con los anteriores fundamentos
solicita que se deje sin efecto la providencia del primero de noviembre de 2005
proferida por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, y en consecuencia se ordene a dicho despacho el
estudio de la prueba pericial que sirvió de base para la condena de perjuicios.
De manera subsidiaria, solicita el apoderado del Banco que si una vez efectuado
el estudio de la prueba se decide condenar al BBVA al pago de perjuicios, estos
sean liquidados con base en los parámetros establecidos en la ley y la
jurisprudencia para la liquidación del lucro cesante con base en el IPC más los
intereses legales.
2.4.
Finalmente agrega que al haberse surtido la
apelación en contra del auto dictado por el Tribunal dentro del incidente del
proceso ejecutivo no procede la casación ni ningún otro medio de defensa, y que
el BBVA ha hecho uso de todos los mecanismos judiciales a su disposición.
3.
Posición de los
magistrados que profirieron el auto del primero de noviembre de 2005[11] y del señor Luis Miguel Berrocal
A través de escrito del 17 de noviembre de
2005[12], el doctor Gustavo
Manuel Jiménez Peralta, magistrado de la Sala Civil – Familia – Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, se manifestó acerca de la
acción de tutela interpuesta por el BBVA, la cual consideró improcedente por
tratarse de una acción a través de la cual se busca revivir oportunidades
procesales. Al respecto afirma que
“(...) presentado el
incidente, éste fue admitido y dado en traslado a las partes por el término de
3 días, sin que hubiese sido contestado.
“De igual manera el
juez a-quo para confirmar o establecer la liquidación de los perjuicios
contenidos en el escrito de incidente, haciendo uso de la facultad establecida
en los artículos 179 y 180 del CPC, decreta un dictamen pericial y por actuar
de forma inadvertida lo dictó de NOTIFÍQUESE, cuando era de CÚMPLASE, razón por
la cual se le ha criticado la ligereza con que actuó en este caso y como si lo
anterior fuera poco el dictamen pericial fue rendido con el lleno  de los
requisitos establecidos  en el artículo 237 numeral 6 del CPC, dándose traslado
a las partes para su correspondiente contradicción de conformidad con lo
establecido en el artículo 238 ibídem y el aquí tutelante guardó silencio al
respecto, es decir, no pidió complementación, aclaración, ni lo objetó por
error grave” (Mayúsculas en el texto original).
El día 24 de noviembre de 2005, el señor
Luis Miguel Berrocal Canabal se pronunció acerca de la acción de tutela
interpuesta por el BBVA, y consideró que la misma era improcedente porque el
Banco no hizo uso de los medios procesales para controvertir el peritazgo. De
otra parte, afirmó que la Corte Suprema de Justicia encontró que la prueba
había sido bien rituada  y que
“estos perjuicios no
adolecían de vicio en cuanto a su incorporación al proceso. Es decir, que los
perjuicios estaban de conformidad con la ley PERO que estos perjuicios no se
podían cobrar en el proceso penal porque estos se originaron en las acciones
civiles que el Banco Ganadero impetró en mi contra” (Mayúsculas en el texto
original).
Por último manifiesta el señor Berrocal
que los perjuicios se regulan con base en las pruebas obrantes en el proceso
penal y no sólo en las que se practican en el curso del incidente de
perjuicios. Respecto de la falta de ejecutoria del auto que designó al perito,
señala que contra el mismo no cabía recurso alguno y que por lo tanto la
providencia quedó ejecutoriada el mismo día en que fue dictada, por lo cual no
se vulneró el debido proceso cuando al día siguiente el perito se posesionó.
4.
Sentencias de tutela objeto de revisión
4.1
Sentencia de primera instancia
El veinticinco (25) de noviembre de 2005 en
primera instancia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia[13]
concedió la tutela de los derechos fundamentales invocados por el BBVA. Las
razones de su decisión fueron las siguientes:
En primer lugar, la Sala Civil señala que
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales se da
cuando se trata de “una decisión arbitraria, caprichosa y marginada del
ordenamiento jurídico”,
“Y es eso, justamente,
lo que se evidencia en el caso sometido al escrutinio de la Corte, pues el auto
que profirió el Tribunal para confirmar la providencia del juez de primer grado
que liquidó los perjuicios materiales en la suma de $15,820’621,597.oo y los
morales en $15’000,000.oo - esta última fijada por el ad quem-, tuvo
como respaldo central un medio probatorio en cuya producción no se observaron
las disposiciones del Código de Procedimiento Civil que regulan la materia y,
en general, las reglas que le dan contenido al debido proceso,
circunstancia que provocó una grave lesión del derecho a la prueba de la entidad
accionante” (Subraya por fuera del texto original).
En su concepto, la vía de hecho se
configura porque el perito se posesionó sin haber sido notificado el auto que
ordenaba la prueba, y el peritazgo fue rendido sin haber estado en firme la
mencionada decisión:
“Quiere ello significar
que la posesión del perito fue un acto procesal que se surtió a espaldas de los
litigantes, quienes no tuvieron oportunidad, para esa fecha (26 de julio), de
conocer que la diligencia tendría lugar en tal día. Dicha particularidad de la
actuación enunciada que, por esencia, debe ser pública – nunca secreta - ,
impidió que las partes pudieran recusar al experto, gestión que, es sabido,
debe impulsarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto
que designe al perito (art. 235 CPC); también se afectó el derecho que ellas
tenían de que el dictamen se extendiera a otros puntos, solicitud que debe
presentarse “desde la notificación del auto que decrete el peritaje,
hasta la diligencia de posesión de los peritos y durante esta” (art. 236, num.
4, ib.). Pero además, como el dictamen se rindió cuando el auto que lo ordenó
no había causado ejecutoria, es incontestable que se impidió la contradicción
del mismo, pues aún en los casos de singular diligencia procesal, ninguno de
los litigantes, en línea de principio, podía imaginar que para la fecha en que
causa firmeza el auto que decreta una prueba como la ordenada, esta ya se
encuentra practicada” (Negrilla en el texto original).
A partir de lo cual concluye la Sala Civil
que se vulneró el derecho a la prueba, el cual hace parte del derecho
fundamental al debido proceso. En este mismo orden de ideas sostiene la Sala
que no es aceptable argumentar la falta de objeción del dictamen pericial para
predicar la improcedibilidad de la tutela, toda vez que
“(...) el banco, en
rigor, fue sorprendido por la manera como se practicó la prueba, máxime cuando
nadie puede ser obligado en un proceso judicial a ejecutar actos de
contradicción respecto de actuaciones inesperadas. Flaco favor se le hace a la
administración de justicia si se le da validez a una prueba que presentó
algunos defectos de publicidad, por el hecho de no haber sido confutada por la
parte a quien no se le posibilitó el enterramiento de ciertas actuaciones vinculadas
a su práctica”.
En consecuencia, la Sala Civil ordenó dejar
sin efectos el auto del primero de noviembre de 2005 y adoptar las medidas
pertinentes para encausar la prueba en los términos previstos por el CPC.
Adicionalmente, dispuso compulsar copias de las actuaciones surtidas al Consejo
Superior de la Judicatura para que este ente adopte las medidas necesarias en
relación con los magistrados Gustavo Manuel Jiménez Peralta y Manuel Francisco
Tuiran Lander, y el juez Juan Carlos Oviedo Gómez.
4.2
Escritos de impugnación contra la sentencia de
primera instancia
El señor Luis Miguel Berrocal Canabal
impugnó la decisión de la Sala Civil, exponiendo para el efecto los mismos
argumentos previamente presentados, al afirmar que “se puede advertir que al
accionante no se la ha violado la prueba, sino que él vivió en forma permanente
un descuido total relacionado con el proceso que lo tiene muerto
procesalmente”. Agregó que en su decisión la Sala Civil estaba
contradiciendo abiertamente su jurisprudencia, según la cual la tutela es
improcedente contra providencias judiciales, más cuando se trata de reabrir
oportunidades procesales dejadas de utilizar por las partes. Igualmente expresó
que la actuación del auxiliar del perito designado antes que catalogarse de
acelerada debe considerarse respetuosa del principio de economía procesal.
En otra oportunidad, el día 23 de enero
de este año, el señor Luis Miguel Berrocal, actuando a través de apoderado,
presentó escrito de impugnación en el cual manifestó que la actuación del
auxiliar de la justicia (perito) antes que catalogarse de acelerada debe
tenerse como respetuosa del principio de economía procesal. Asimismo que el
perito actualizó las cifras de un dictamen anterior que fue estudiado por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso ordinario, concluyendo
que éste había sido legalmente practicado por personas idóneas.
Agrega que el Banco por medio de la
acción de tutela ha aducido la vulneración de sus derechos al debido proceso y
defensa, cuando lo que ocurrió en realidad fue el descuido y abandono del
proceso por parte de su abogado, quien no se enteró de las instancias y pruebas
que estaban siendo practicadas dentro del proceso civil.
Indica además que no es cierto que el
Banco no tuvo oportunidad de hacer uso de los mecanismos de defensa reconocidos
en la ley, tal como se demuestra en las copias de autos y certificaciones
adjuntas.
Asevera que frente a la liquidación del
lucro cesante, la Sala Civil de la Corte sólo tuvo en cuenta el argumento del
actor, en cuanto afirmó que no es cierto el supuesto de la existencia de 130
reses, pues en la diligencia de secuestro no se mencionan dichos semovientes.
Para el impugnante existen otros medios de prueba que sí indican la existencia
de esas reses, como los son los testimonios del secuestre y del gestor de
fomento, éste último encargado de hacer las proyecciones necesarias para poder
aprobar los créditos solicitados al BBVA, testimonios no tachados por la
entidad financiera.
Por su parte, los magistrados Gustavo
Manuel Jiménez Peralta y Manuel Francisco Tuiran impugnaron la decisión de la
Sala Civil[14] al considerar que la
argumentación estaba basada en el artículo 236 del CPC, norma modificada por el
artículo 2 de la Ley 446 de 1998, según la cual no es necesario que se dé a
conocer el día y hora de la diligencia de posesión del perito. En este sentido,
consideran los magistrados en mención que el perito podía tomar posesión a
partir del momento mismo de su designación, esto es, a partir del 25 de julio
de 2005, por lo cual al haberse posesionado el día 26 de julio no se incurrió
en ninguna irregularidad procesal. En consecuencia, al estar debidamente
posesionado el auxiliar de la justicia designado los términos para rendir el
peritazgo comenzaban a correr y dentro de ellos podía presentar el dictamen
pericial, que fue lo que efectivamente  acaeció el día primero de agosto de
2005.
Igualmente, consideran que se dio
cumplimiento al debido proceso en tanto que el auto que ordenaba el peritazgo
fue debidamente notificado el 27 de julio de 2005, así como todos los demás
actos procesales.
De igual manera el juez Juan Carlos Oviedo
Gómez apeló la sentencia de la Sala Civil[15] al considerar
que en la actuación procesal no hubo ningún error, y que si en gracia de
discusión se admite su existencia “ellos en su esencia a lo sumo
constituirían una simple irregularidad procesal, que de existir la parte
interesada debió alegarlo o manifestar su inconformidad en la actuación
siguiente”. Agrega que las partes tuvieron la oportunidad para recusar al
perito los días 28 y 29 de julio, y 1 de agosto de 2005; y que
“la supuesta irregularidad
de premura del perito en su posesión, debió en su oportunidad ser motivo de
repulsa o inconformidad, entendiendo que su ejecutoria se dio el día 1° de
agosto de 2005. Y por si fuera poco pasaron por alto otra oportunidad de
pronunciamiento al momento de darse el traslado de la prueba”.
Al igual que en la apelación interpuesta
por los magistrados, el juez Oviedo señala que la Sala Civil fundó su
argumentación en el artículo 236 del CPC, norma que en su concepto fue
modificada sustancialmente por el artículo 2 de la Ley 446 de 1998, según lo
cual hoy en día
“no hay impedimento
para que su posesión [la del perito] se surta al día siguiente de su
nombramiento, cómo fácilmente se puede dar en nuestro medio, que por tratarse
de provincia, ser pocos los despachos judiciales (4 civiles de circuito) se
facilita la visita regular y diaria de los auxiliares de la justicia”.
Respecto del momento para rendir el
dictamen pericial, el señor Juan Carlos Oviedo Gómez sostiene que la norma
procesal establece que el juez señalara el término para rendirlo, el cuál
comienza a correr a partir de la fecha de la posesión. Así, si la posesión se
realizó el 26 de julio, y si se señalaron cinco días para rendirlo “el
término para rendir el dictamen eran los días 27 de julio a 2 de agosto”,
por lo cual “donde se puede enrostrar celeridad en la presentación del
dictamen por parte del perito cuando en verdad está cumpliendo con el término
establecido por el despacho, habiéndose presentado un día antes de vencerse”.
El apoderado del Banco, con ocasión de
las impugnaciones antes relacionadas, en escrito dirigido a la Sala Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, a quien le correspondió conocer en segunda
instancia la acción de tutela de la referencia, manifiesta que de llegar dicha
Sala a considerar que no es procedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, se sirva dictar fallo inhibitorio, toda vez que si su argumento es
la improcedencia del amparo contra las decisiones de los jueces mal haría en
revocar el fallo del a-quo, pues tal decisión implicaría conocer de fondo el
asunto entrando en abierta contradicción con la citada posición.
Por medio de auto del dos de diciembre de
2005[16], la Sala Civil – Familia
– Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela de primera instancia
proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dispuso
“queda sin efecto no
sólo el auto de  fecha 1° de noviembre del año en curso, sino también el
trámite de la prueba pericial, a partir de la posesión del señor perito Libardo
Ramos Gutiérrez”.
4.3
Sentencia de segunda instancia
La Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia mediante sentencia del 10 de febrero de 2006 decidió revocar la
sentencia proferida por la Sala Civil en primera instancia y en consecuencia
negó el amparo solicitado por el actor.
En primer lugar, en relación con la
petición solicitada por el BVVA, según la cual de encontrase improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales el fallo de la Sala debe ser
inhibitorio sostiene la Sala Civil que esta figura procesal fue proscrita del
trámite de la acción de tutela, de acuerdo con el parágrafo del artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991.
En segundo lugar, recuerda la Sala el
concepto esgrimido por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 sobre
la posibilidad de no acierto del juez, queriendo significar con ello que los
errores cometidos en virtud de la función judicial deben ser minimizados por
medio de los procedimientos que busquen su anulabilidad y reitera su
jurisprudencia relativa a la autonomía del juez, en los siguientes términos:
“Reiteradamente ha
sostenido esta Sala de la Corte que en virtud de los principios de autonomía e
independencia de la administración de justicia, columna vertebral de todo
Estado Social de Derecho, no puede un juez, por muy encumbrado que sea,
injerirse en la resolución de conflictos jurídicos sometidos a instancias propias
que el legislador ha consagrado, a menor que con ocasión de los recursos de
apelación, casación o revisión tenga atribuida competencia específica para
entrar a reexaminar la actuación de los funcionarios judiciales que conocieron
del asunto”.
Y agrega que
“El instituto de las
nulidad procesales es la materialización legal para garantizar el derecho
constitucional al debido proceso. De manera que el legislador ha previsto con
sabiduría la posibilidad de que se cometa algún error, como de hecho sucede a
diario. Pero, igualmente, ha impuesto a los interesados términos y cargas
correlativas que de incumplirse conducen al saneamiento de la irregularidad en
que se ha podido incurrir.
“Los procedimientos con
la posibilidad de su anulabilidad en caso de que no se cumplan y sea oportuno
solicitarlo, son el mecanismo natural para minimizar los errores y reducir
aceptablemente los peligros de la arbitrariedad (…)”.
Señala que el recto entendimiento del
artículo 86 Superior excluye la posibilidad de que por vía de tutela “los
órganos del Estado, incluidas las Altas Cortes, se injieran en la decisión
asumida dentro de un proceso judicial, por más bajo que sea el rango de quien
la profirió”, argumento éste que encuentra sustento en el principio de
independencia del juez. Y concluye afirmando que
“Sólo cabe agregar que
para enmendar los errores judiciales, cuando ellos se presenten, existen
múltiples mecanismos consagrados en la ley, dentro o fuera del proceso mismo,
razón adicionales que descarta el uso de la acción de tutela para inmiscuirse
indebidamente en las tramitaciones que surten en los juicios ordinarios”.
Afirma la Sala que no es posible
desconocer la sentencia C-543 de 1992 proferida por la Corte Constitucional, en
la que se declaró inexequible los artículos que permitían la interposición de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Agrega que las sentencias
proferidas por la Corte en sede de constitucionalidad hacen tránsito a cosa
juzgada, de acuerdo al artículo 243 Superior, por lo que considerar procedente
la acción de tutela contra las decisiones de los jueces equivaldría a
desconocer el fallo de la Corte Constitucional, con lo cual se incurriría en
una vía de hecho.
La Sala concluye la parte motiva de la
sentencia aseverando que “para enmendar errores judiciales, cuando ellos se
presenten, existen múltiples mecanismos consagrados en la ley, dentro o fuera
del proceso mismo, razón adicional que descarta el uso de la acción de tutela
para inmiscuirse indebidamente en las tramitaciones que surten en los juicios
ordinarios”.
4.4
Escritos dirigidos por las partes en el trámite
de la revisión de tutela
A través de escrito radicado en la
secretaria de la Corte el 10 de marzo de 2006[17], el señor
Luis Miguel Berrocal Caníbal, actuando a través de apoderado judicial, sobre la
actuación del Juzgado Cuarto y del Tribunal señala que
“obedeció estrictamente
a lo ordenado por el Código de Procedimiento Civil, según lo ordenado por la
reforma de la Ley 446 de 1998, situación legal inexplicablemente omitida en
sus consideraciones por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, tal como lo destacaron los magistrados del Tribunal cuando se les
permitió con retardo dar sus explicaciones”(Negrilla en el texto original).
En su concepto, lo que sucedió en el
proceso ejecutivo mixto adelantado ante el Juzgado Cuarto, en particular en el
trámite del incidente de regulación de perjuicios fue que
“el Banco no estuvo
atento a intervenir en el correspondiente ejecutivo adelantado en el Juzgado 2°
(sic) de Montería, debiendo estarlo porque fue un proceso promovido por él que
debía reiniciarse luego de la casación fallada por la Sala ídem de la Corte
Suprema de Justicia, según lo advirtió y lo ordenó esta Corporación. Ese
descuido, negligencia, ineptitud, etc. no puede invocarse como falta al debido
proceso u ofensa al derecho de defensa, etc., derechos que se materializan y
desarrollan conforme a las normas procedimentales que regulan la naturaleza de
cada proceso judicial”.
En el mismo orden de ideas, en relación con
el fallo de la Sala de Casación  Civil, expresa que
“Resulta inadmisible
una protección brindada a expensa de forzar el concepto de vía de hecho que
tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han considerado
de excepcional aplicación al punto que solo se da ese atributo a lo ostensible,
insoportable y que de cuajo cercena la estructura básica de los procedimientos.
Tampoco se compadece lo delicado por la Sala de Casación Civil con los
precedentes que al respecto ha defendido a ultranza la Corte Constitucional,
para darle valor al principio constitucional de la prevalencia de los
sustancial sobre lo formal, evitar que irregularidades o discrepancias
conceptuales conformen la importante noción insalvable de la vía de hecho,
impedir que se convierta el desacierto, torpeza o desidia de las partes en
defectos y falencias imputables a los operadores de justicia. Revísese el
trámite impartido en la primera instancia y tendrá que concluirse rotundamente
que lo ordenado por el C. de Procedimiento Civil en cuanto a diligenciamiento
armónicos, concertados en perfecto orden, y procurando el conocimiento e intervención
del Banco, se cumplieron de manera cabal”.
A partir de los anterior argumentos,
concluye que
“La protección mediante
tutela al Banco Ganadero (BBVA), resulta indebida e inmerecida como se deja
establecido. Pero lo más grave es que ella se ha otorgado a costa de un
perjudicado en ruina que lleva diez años en que no ha logrado la reparación de
ley pese a haber demostrado que la única causa de sus desastres económicos
provinieron del delito cometido por los directivos del Banco Ganadero  y recibido,
durante este largo tiempo, el respaldo de todas las peritaciones producidas,
rendidas por competente funcionarios oficiales, especializados en la materia”.
En relación con la decisión de segunda
instancia proferida por la Sala de Casación  Laboral de la Corte Suprema,
considera el señor Berrocal que la misma sentó la pauta general de no
intromisión en las decisiones judiciales y en consecuencia la no prosperidad de
la acción de tutela cuando se trata de atacarlas, no obstante, en su criterio,
en los casos en los cuales la Sala Laboral encuentra una vía de hecho “incontrovertible,
visible, fundada y objetiva, no simples discrepancias de criterio, interviene
de fondo u establece las correcciones y enmiendas pertinentes”.  Por tanto,
en su concepto la lectura que debe dársele a la segunda instancia es que “si
la Sala Laboral tomó la determinación comentada fue porque no encontró vías de
hecho que afectaran al debido proceso, el derecho de defensa, la facultad
probatoria o los factores competencias”.
Por medio de escrito de junio 5 de 2006[18],
el apoderado judicial del señor Luis Miguel Berrocal Caníbal, presentó
nuevamente los argumentos por los cuales el amparo invocado por el BBVA debe
ser negado, y en consecuencia la decisión de la Sala de Casación Laboral debe
ser confirmada.
En primer lugar, señala el poderdante del
accionado que las decisiones del Juzgado Cuarto y  del Tribunal Superior, en
las cuales se acoge el contenido del dictamen pericial practicado en la etapa
probatoria del incidente de regulación de perjuicios, están basadas en la
reforma del artículo 236 del CPC, introducida por el artículo 2 de la Ley 446
de 1998. Sobre el particular expresa:
“El quid de este
asunto, y perdónese el énfasis, estriba en saber si la reforma del C. de P.
Civil (Ley 446/98), obedecida estrictamente por el juzgador de la primera
instancia y refrendada por los magistrados que atendieron la segunda, se
constituye o no en rito de obligado acatamiento. Si lo primero, la actuación
tomada como vía de hecho, como violatoria del derecho de defensa, la igualdad
debida a las partes, la publicidad de los actos procesales, el descubrimiento
idóneo de la verdad, la lealtad absoluta del trámite, no se da, inexiste y
apenas es vana y desorientadora réplica del defensor del Banganadero o BBVA.
Eso era lo que tenía que hacerse, en cuanto a su situación, y se hizo en forma
mandada por la normatividad, la misma que el Magistrado del Tribunal disidente
cuyo salvamento de voto ha avivado la controversia y ha servido como base de la
tutela, aplicó cuando fungía como juez civil del circuito de Montería, materia
sobre la cual se hará posterior comentario y se exhibirá posterior
comprobación. Si lo segundo, pues habrá que aceptar la violación de las reglas
esenciales del procedimiento, con la consiguiente reposición de lo actuado,
enseñándose así que las reformas y modificaciones legales se emiten por el
legislador pero se destacan por los operadores de la justicia que deben seguir
manejando el proceso con las normas parcialmente sustituidas. Insistimos que la
acatada y vinculante reforma del código de procedimiento civil obliga a
rechazar quebrantos procedimentales generadores de la acción de tutela”.
En segundo lugar, indica que el Banco
abandonó el proceso judicial y que a través de la acción de tutela lo que se
pretende es abrir oportunidades procesales que se dejaron de utilizar por los
apoderados de la institución financiera, puesto que en su concepto se
realizaron todas las notificaciones exigidas por la ley para esta clase de
incidentes y no era necesario realizar ningún tipo de notificación personal.
Así, concluye el apoderado del accionado
que no es dable conceder el amparo constitucional solicitado, más si se tiene
en cuenta que los perjuicios que se le causaron al señor Berrocal son producto
del embargo y secuestro de la finca Pasolento, medidas que se tomaron en
el curso de un proceso penal en donde el Banco BBVA fue condenado como tercero
civilmente responsable del delito cometido por sus funcionarios.
En el mismo orden de ideas que los
argumentos anteriormente expuestos, el señor Berrocal a través de escrito de
junio 5 de 2006[19] sostiene que
“(…) la Sala Civil de
la Corte Suprema de Justicia se dedica a descalificar la actuación del perito
designado y de ese despacho [Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería],
acusándolos de actuar de manera apresurada y de violar la ritualidad de la
prueba, lo cual a la luz de lo establecido en el artículo 2 numeral 8 de la Ley
446 de 1998, no es cierto”.
Bajo el anterior entendido, estima el señor
Berrocal que
“(…) no se puede
aceptar que la Sala Civil de la Corte, sin ningún reparo, afirme que el Banco
BBVA:
“- “No le fue permitido
hacer uso de los mecanismo de defensa reconocidos en la Ley”
“- “Que la posesión del
perito fue un acto procesal que se surtió a espaldas de los litigantes”,
calificándola como una “actuación secreta” que impidió que se recusara a este
auxiliar de la justicia, sin conocerse hasta el momento la causal que iba a
alegar el banco”
“-“Se impido la
contradicción del dictamen pericial” ya que “el banco fue sorprendido en la
práctica de la prueba”
“Todas estas
aseveraciones se contradicen con la misma afirmación de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia cuando acepta que en ese incidente, del cual el
abogado del banco no se percató dejando PRECLUIR LAS OPORTUNIDADES PROCESALES
otorgadas por la ley, existiendo todas las NOTIFICACIONES Y TRASLADOS QUE
ORDENA LA LEY PROCESAL CIVIL”.
De otra parte, estima el señor Luis Miguel
Berrocal que la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional no coincide
con la de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo
cual de revocarse la decisión de la Sala Laboral correspondería a la Sala Plena
de la Corte Constitucional avocar el conocimiento del expediente de la
referencia.
5.
Copias solicitadas en el trámite de revisión
El doctor Gustavo Gómez Velásquez solicitó
mediante escrito radicado en la Corporación el 28 de abril de 2006 la
expedición de copias de diferentes apartes del expediente. De acuerdo con los
documentos obrantes en el expediente, el señor Luis Miguel Berrocal Canabal
otorgó poder especial al señor Diego Fernando Trujillo Marín para adelantar las
diligencias tendientes a la defensa de sus intereses en el proceso de la
referencia[20], quien presentó escrito
contentivo de los argumentos de la impugnación el día 23 de enero de 2006.
En consideración a que con la solicitud de
expedición de copias no se aportó copia del poder otorgado por el señor Luis
Miguel Berrocal Canabal al doctor Gustavo Gómez Velásquez y -en consecuencia-
no se encontró estar debidamente acreditada su representación de conformidad
con las normas pertinentes, por no reposar en el expediente copia del
mencionado poder, mediante auto del 18 de mayo de 2006 se denegó la expedición
de copias de todo o parte del proceso a favor del señor Gustavo Gómez
Velásquez,  dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo
para darle respuesta al derecho de petición formulado por el doctor Gustavo
Gómez.
Posteriormente, el 23 de mayo de 2006 el
doctor Diego Fernando Trujillo Marín solicitó la expedición de copias de
diferentes apartes del expediente de la referencia[21],
las cuales se ordenaron a cargo del solicitante mediante autos del 31 de mayo
de 2006[22] y del 13 de junio del
mismo año[23].
II.      CONSIDERACIONES DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
1.
Competencia y trámite
Esta Corte es competente para conocer de
las sentencias materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 y el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política y en
los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema Jurídico
El apoderado del BBVA considera vulnerado
el derecho fundamental al debido proceso de la entidad financiera por parte del
Tribunal accionado, al estimar que se configuró una vía de hecho en el auto del
primero de noviembre de 2005 proferido por dicho despacho judicial, en el cual
se confirmó la condena impuesta al Banco por parte del Juzgado Cuarto sin
exponer razonadamente el mérito que le asignó a la prueba pericial base de la
condena y al haber acogido unas conclusiones de dicho dictamen que en su concepto
no son aceptables. Además, en su concepto la vía de hecho se configura por no
haberse surtido la práctica de la prueba pericial de acuerdo con el trámite
legalmente previsto.
Los magistrados Gustavo Manuel Jiménez
Peralta y Manuel Francisco Tuiran de la Sala del Tribunal accionado estiman que
la acción de tutela se torna improcedente por tratarse de una acción a través
de la cual se busca revivir oportunidades procesales. Igual concepto expresa el
señor Luis Miguel Berrocal Canabal sobre la acción interpuesta por el BBVA.
Adicionalmente, sostienen que no se configura una vía de hecho en la decisión
del Tribunal del primero de noviembre de 2005, toda vez que el debido proceso
se cumplió de acuerdo con las reglas que lo informan y se dieron todas las oportunidades
procesales al BBVA para ejercer la defensa de sus intereses.
La Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia, como juez de primera instancia, decidió conceder el amparo de los
derechos fundamentales al considerar que al confirmarse la condena de perjuicios
en el auto del primero de noviembre se tuvo en cuenta un dictamen pericial en
cuya práctica se desconocieron las disposiciones del CPC, vulnerándose el
derecho al debido proceso y el derecho de defensa del BBVA. Empero, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia revocó la decisión anterior pues a su
juicio la acción de tutela es improcedente contra decisiones judiciales, sumado
a que los yerros del juez deben enmendarse con los mecanismos ordinarios
consagrados en la ley.
A partir de los anteriores antecedentes,
esta Sala de Revisión entrará a determinar si en el asunto de la referencia es
procedente la acción de tutela contra el auto del primero de noviembre de 2005
proferido por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería, en el cual se decidió en segunda instancia el incidente
de regulación de perjuicios promovido por el señor Luis Berrocal contra el
BBVA, confirmándose la condena impuesta por la primera instancia (Juzgado
Cuarto).
En caso de encontrarse que, en efecto, la
acción de tutela es procedente de manera excepcional en el presente caso, la
Sala entrará a resolver el siguiente problema jurídico
¿Se presentó un defecto procedimental en el
trámite del incidente de liquidación de perjuicios que de lugar a la
configuración de una vía de hecho en el auto del primero de noviembre de 2005
proferido por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, en el cual se confirmó la condena inicialmente
impuesta por el Juzgado Cuarto?.
3.
Reiteración de jurisprudencia: procedencia
excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones judiciales.
Vistos los antecedentes, la Sala de
Revisión considera que el caso plantea un problema jurídico que ya ha sido
abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la
acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia
judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales?. Es
necesario abordarlo en éste caso dado que la Sala Laboral de la Corte Suprema
de Justicia fundamentó su decisión de segunda instancia en que, a su juicio, la
acción de tutela es improcedente contra decisiones judiciales.
3.1.
Como ya fue dicho por esta Sala en otra
ocasión[24], la sentencia C-543 de 1992[25] estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto
2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra
sentencias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar inexequibles las
disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las reglas de
competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de
seguridad jurídica.
No obstante, la decisión de la Sala Plena
de la Corte Constitucional no se adoptó en términos absolutos, pues matizó sus
efectos al prever casos en los cuales, de forma excepcional, la acción de
tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia estuvieran
revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de hecho.
Al respecto dijo la Sala Plena en la sentencia C-543 de 1992:
“(…) nada obsta para
que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación
injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o
que observe con diligencia los térmi­nos judiciales, ni riñe con los preceptos
constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho
imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los
derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio
irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela
pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es
puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez
ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto
2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno
contra  la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer
realidad los fines que persigue la justicia.”
Esta decisión ha sido interpretada por la
jurisprudencia constitucional, que desde entonces ha venido desarrollando el
tema. Así, en la sentencia T-079 de 1993[26] se consideró, con base en la sentencia C-543 de 1992[27] lo siguiente:
“Una actuación de la
autoridad pública se torna en una vía de hecho susceptible del control constitucional
de la acción de tutela cuando la conducta del agente carece de fundamento
objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la
vulneración de los derechos fundamentales de la persona.
“Carece de fundamento
objetivo la actuación manifiestamente contraria a la Constitución y a la Ley.
La legitimidad de las decisiones estatales depende de su fundamentación
objetiva y razonable. El principio de legalidad rige el ejercicio de las
funciones públicas (CP Art. 121), es condición de existencia de los empleos
públicos (CP Art. 122) y su desconocimiento genera la responsabilidad de los
servidores públicos (CP Arts. 6, 90). Una decisión de la autoridad no es
constitucional solamente por el hecho de adoptarse en ejercicio de las funciones
del cargo. Ella debe respetar la igualdad de todos ante la ley (CP Art. 13),
principio que le imprime a la actuación estatal su carácter razonable. Se trata
de un verdadero límite sustancial a la discrecionalidad de los servidores
públicos, quienes, en el desempeño de sus funciones, no pueden interpretar y
aplicar arbitrariamente las normas, so pena de abandonar el ámbito del derecho
y pasar a patrocinar simple y llanamente actuaciones de hecho contrarias al
Estado de Derecho que les da su legitimidad”[28].
Las distintas Salas de Revisión de la Corte
Constitucional, atendiendo a la fuerza vinculante de los fallos de
constitucionalidad erga omnes, han decidido aplicar en los casos
concretos el precedente establecido por la Sala Plena en la sentencia C-543 de
1992. Así, por ejemplo, puede citarse la sentencia T-158 de 1993, en la que la
Sala Novena de Revisión de la Corte decidió confirmar la decisión de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Popayán de conceder el amparo solicitado por el
accionante en razón a que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, se quebrantó el derecho fundamental del debido proceso al negar el
recurso de apelación exigiéndose un requisito inexistente en el Código de
Procedimiento Civil[29]. Al respecto también es preciso citar la sentencia T-173 de 1993,
en la que, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –ponente
de la sentencia C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente,
“Siendo providencias
judiciales los actos contra los cuales se intentó la acción, se impone
verificar la procedencia de ésta, que no es general sino excepcional, a la
luz de las normas fundamentales.
“(…)
“Según la doctrina de
la Corte, expresada en varias de sus decisiones, particularmente en la
Sentencia No. C-543 proferida por la Sala Plena el 1º de octubre de 1992, la
acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión
o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema
jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los
jueces a objeto de lograr la protección que haga efectivos los mandatos constitucionales
en defensa de la persona.
“(…)
"Así, pues -ha
concluido la Corte-, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas
por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela
porque siempre prevalece -con la excepción dicha- la acción ordinaria".
“Ha agregado que, por
tanto, "...en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción
la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros
llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos,
es decir, constituyen otros medios de defensa judicial" que, a la luz del
artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de
tutela".
“(…)
“No obstante, la regla
general de la que se viene tratando no es absoluta y, por tanto, admite excepciones
que han sido reconocidas y precisadas por la Corte Constitucional en la
misma sentencia referida y en fallos posteriores.
“(…)
“En ese orden de ideas,
la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque
pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser
atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los
presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro
medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.” (Subraya por
fuera del texto original).
Esta doctrina constitucional ha sido
precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la
Sala Plena de la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia SU-1184 de
2001[30] se afirmó
“La Corte
Constitucional ha construido una nutrida línea de precedentes en materia de
tutela contra providencias judiciales, bajo las condiciones particulares de lo
que se ha denominado la vía de hecho. No es de interés para este proceso en
particular hacer un recuento de dicha línea de precedentes. Baste considerar
que sus elementos básicos fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[31], en la que se señaló que existe vía de
hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico,
fáctico y procedimental.”
3.2.
Por lo tanto, coincide parcialmente esta
Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en
reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las
sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992,
pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que
era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de
tutela contra una actuación judicial, incluso cuando ésta configure una vía
de hecho.
En cambio, coincide plenamente esta Sala de
Revisión con la decisión adoptada por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia dentro del proceso, la cual, en lugar de descartar de
manera absoluta la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, verificó si en el caso concreto ésta era procedente. La diferencia
entre la posición adoptada por la Sala de Casación  Laboral, por un lado, y la
Sala de Casación Civil, por otro, estriba en que mientras la primera sostiene
que la acción de tutela nunca procede contra providencias judiciales, la
segunda estima que en ciertos casos excepcionales, cuando se reúnen estrictos
requisitos, ella sí procede contra providencias judiciales[32], acogiendo
entonces la jurisprudencia reiterada de esta Corporación.
3.3.
El artículo 86 de la Constitución dice que
la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los
jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal
forma de acción. Además, como se dijo, la Corte Constitucional en sus salas de
revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra
providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha
proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el
mismo sentido[33].
No desconoce esta Sala de Revisión que una
sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, quien
interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la propia
Corte Constitucional, así como esta Corporación ha reconocido que quién
interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la
propia Corte Suprema de Justicia, en razón a que su doctrina relativa al
alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de
la jurisdicción ordinaria” (artículo 234 CP), constituye un derecho
viviente[34].
3.4.
Ahora bien, la jurisprudencia ha indicado en
varias oportunidades los casos excepcionales en que procede la acción de
tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al
menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una
norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre
cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio
suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la
decisión (dimensión negativa) o cuando juez aprecia pruebas esenciales y
determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido
admitir ni valorar (dimensión positiva); (3) defecto orgánico, se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente,
de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido. En criterio de la Corte “esta sustancial carencia de poder o de
desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta
desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial,
aparejará su descalificación como acto judicial[35].
3.5.
De igual forma, antes de pasar a analizar
cada uno de los alegatos del accionante en contra del proveído de la Sala Civil
– Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería que
se acusa, la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de
hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en
la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de
capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la
noción de vía de hecho. Actualmente no
“(…) sólo se trata de
los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el
ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los
precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad
interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los
asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que
toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales
(a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del
juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera
medida, por el respeto a la Constitución.”[36]
En este caso (T-1031 de 2001) la Corte
decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que
omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando “su
discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos
fundamentales de los asociados”.
Este avance jurisprudencial ha llevado a la
Corte a remplazar “(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho
por la de causales genéricas de procedibilidad.” Así, la regla
jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,
“Por lo anterior, todo
pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual
afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de
los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i)
defecto sustantivo, orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico;  (iii)
error inducido;  (iv) decisión sin motivación,  (v)
desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la
Constitución”[37].
Esta posición fue reiterada recientemente
en la sentencia T-200 de 2004[38], caso en el que se confirmó la decisión de la Sala Civil de la
Corte Suprema de Justicia de conceder una tutela por haberse incurrido en una vía
de hecho[39].
3.6.
Adicionalmente, la sentencia C–590 de 2005[40], declaró
inconstitucional la expresión “ni acción” que hacía parte del artículo
185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Dicha
expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el principio de
supremacía de la Constitución (Art. 4º CP), al restringir el alcance de un
mecanismo constitucional que como la acción de tutela fue diseñado para la
protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier autoridad
pública” (artículo 86 CP). La Corte distinguió en este fallo que tiene
efectos erga omnes que una cosa es que el legislador no permita la
utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso
extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de
configuración, y otra muy distinta es que excluya la procedencia de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de
los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad
pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades
judiciales.
De esta manera, en una sentencia que
produce efectos erga omnes, se reafirmó la posición que ha venido
adoptando la Corte Constitucional desde 1993, la cual reitera la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales en casos excepcionales y
estima contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la
interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidas
las proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.
3.7.
La Sala estima pertinente recordar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional según la cual la procedencia
excepcional de la tutela contra providencias judiciales supone verificar que el
accionante ha hecho uso de las oportunidades procesales previstas en el curso
de la respectiva actuación judicial, de forma que la acción de tutela no se
convierta en un mecanismo para reabrir oportunidades judiciales que por falta
de diligencia se hayan dejado de utilizar.
Así, la acción de tutela
contra providencias judiciales procede cuando el accionante ha ejercido los
recursos legales disponibles dentro de la oportunidad procesal prevista para el
efecto y siempre que no exista otra vía de defensa
judicial. La Corte encuentra que cuando se trata de
tutelas contra providencias judiciales, antes de analizar la cuestión de fondo,
esto es, si la providencia que se ataca constituye una vía de hecho, es
preciso verificar que el accionante hubiese ejercido los recursos legales
disponibles oportunamente, de forma tal que la acción de tutela no se convierta
en un mecanismo para revivir términos u oportunidades procesales, o para suplir
la inactividad de las partes.
En relación con no la procedibilidad de
la acción de tutela cuando el accionante no ha ejercido los recursos previstos
en el respectivo proceso judicial, la Corte ha afirmado:
“De manera reiterada, la
Corte ha sostenido que la acción de tutela es improcedente cuando, con ella, se
pretenden sustituir mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia,
descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron
utilizados a su debido tiempo. (...) la integridad de la función estatal de
administrar justicia resultaría gravemente comprometida si se permitiera que un
mecanismo especial y extraordinario como la acción de tutela, dirigido
exclusivamente a la protección de los derechos fundamentales, pudiera suplir
los instrumentos y recursos ordinarios que el ordenamiento pone a disposición
de aquellas personas que persiguen la definición de alguna situación jurídica
mediante un proceso judicial” (Subraya por fuera del texto original)[41].
Por su parte, la Sala Novena de Revisión
en sentencia T-598 de 2003 reiteró la improcedencia de la acción de tutela
cuando el accionante no ha hecho uso de los mecanismos ordinarios para la
defensa de los sus derechos, así:
“En cuanto a los
requisitos formales, la procedibilidad de la acción está condicionada a una de
las siguientes hipótesis: a) Es necesario que la persona haya agotado todos
los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida
la decisión que se pretende controvertir mediante tutela. Con ello se busca
prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta
el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos
observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta
la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar
oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial. b) Sin embargo,
puede ocurrir que bajo circunstancias espacialísimas, por causas extrañas y no
imputables a la persona, ésta se haya visto privada de la posibilidad de
utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial, en
cuyo caso la rigidez descrita se atempera para permitir la procedencia de la
acción. c) Finalmente, existe la opción de acudir a la tutela contra
providencias judiciales como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable.  Dicha eventualidad se configura cuando para la época de
presentación del amparo aún está pendiente alguna diligencia o no han sido
surtidas las correspondientes instancias, pero donde es urgente la adopción de
alguna medida de protección, en cuyo caso el juez constitucional solamente
podrá intervenir de manera provisional” (Subraya por fuera del texto
original) [42].
4.
La acción de tutela es procedente en este caso
por haberse utilizado las oportunidades procesales respectivas y no disponerse
de otros medios de defensa judicial para la protección del derecho fundamental
al debido proceso.
Resulta claro para esta Sala de Revisión
que el BBVA, demandante dentro del proceso ejecutivo con acción mixta
adelantado ante Juzgado Cuarto Civil de Circuito de Montería, hizo uso de los
medios de defensa procesales a su alcance para controvertir las actuaciones del
despacho judicial en lo que se refiere a la condena producida en el incidente
de perjuicios, y que la entidad financiera en la actualidad carece de medios judiciales
para la defensa de sus derechos fundamentales, como se pasa a analizar.
4.1.
El apoderado del BBVA solicitó la
declaratoria de nulidad de la totalidad de las actuaciones surtidas en el curso
del incidente de regulación de perjuicios promovido por el señor Berrocal
Canabal, ya que en su concepto era necesario correr traslado a la entidad
financiera del escrito por medio del cual se solicitó la liquidación de
perjuicios, acto procesal que nunca se realizó[43]. El juez declaró no probada la nulidad planteada, mediante auto del
8 de septiembre de 2005[44]. Contra este auto fue interpuesto recurso de reposición y apelación
por parte del BBVA[45], los cuales fueron negados mediante providencias del 26 de
septiembre de 2005 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería[46] y del primero de
noviembre de 2005 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala
de Decisión Civil – Familia – Laboral.
4.2.
Contra el auto del 11 de agosto de 2005[47] del Juzgado
Cuarto Civil del Circuito de Montería , en el que se decidió sobre el incidente
de perjuicios y se condenó al BBVA al pago de la suma de aproximadamente 16 mil
millones de pesos, el apoderado del BBVA interpuso recurso de apelación[48], el cual fue
resuelto mediante auto del primero de noviembre de 2005 y en el que se confirmó
la decisión tomada por el Juzgado Cuarto[49], fijando la condena por daño moral en la suma ($15’000.000).
4.3.
Se acusa al BBVA que éste no hizo uso de la
oportunidad de solicitar la aclaración o complementación del dictamen pericial
rendido por el señor Libardo Ramos, o de objetarlo, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 238 del CPC, que “guardó silencio”, y que en consecuencia
“abandonó el proceso”. Sobre el particular, la Sala estima que el debate
central de la presente acción de tutela gira en torno a la ocurrencia o no de
un defecto procedimental en el trámite del incidente y la práctica del
experticio, de lo cual se ocupará al efectuar el análisis de fondo. Por tanto,
para entrar a analizar la procedibilidad de la acción de tutela no tendrá en
cuenta este argumento, ya que se repite este es el asunto de fondo que
analizará la Sala.
4.4.
Con base en las anteriores consideraciones,
encuentra la Corte que la decisión de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia en el sentido de considerar que se reúnen las exigencias
para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
reitera la jurisprudencia de esta Corporación. En efecto, como fue considerado
por la mencionada Sala en el caso bajo estudio fueron interpuestos los
respectivos recursos y en consecuencia la acción de tutela no está siendo
utilizada para otorgar al accionante oportunidades procesales de las que debió
servirse. Así las cosas, concluye la Sala que el BBVA está acudiendo a la
acción de tutela habiendo agotado en su oportunidad los recursos previstos en
la ley.
En atención a estas razones, la Sala no
comparte la apreciación del señor Berrocal Canabal según la cual confirmar la
decisión de la Sala de Casación Civil en cuanto a la procedibilidad de la
acción de tutela respecta significa un cambio en la jurisprudencia de la Corte,
que en consecuencia implica que la decisión sobre la revisión del presente
expediente deba ser tomada por la Sala Plena de la Corporación.
4.5.
Asimismo, la Sala considera que como en este
caso no es procedente el recurso de casación, ya que en los artículos 365 y 366
del CPC éste sólo está previsto contra sentencias, ni por la misma razón el
recurso de extraordinario de revisión, según lo previsto en el artículo 379 del
CPC, la entidad accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa para la
protección de su derecho fundamental al debido proceso.
Por lo tanto, la Corte considera que en el
presente caso se reúnen las condiciones de procedibilidad de la acción, y por
lo tanto, entrará a estudiar el asunto de fondo.
5.
El defecto procedimental aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
La Corte ha expresado sobre el defecto
procedimental que
“Cuando el juez se
desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a
determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con
fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. El
defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el
juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o
cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo, omite la
notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando
pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando
el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no
permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación,
con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la
violación a los derechos fundamentales”.[50]
Sin perjuicio de lo anterior, la
jurisprudencia ha destacado que el incumplimiento de las formalidades debe
estar revestido de suficiente entidad para que el mismo pueda considerarse como
una vía de hecho. Al respecto, en la sentencia T-920 de 2004, se afirmó que
“si bien existe un
sistema de normas que establece las formalidades y etapas a seguir en los
diferentes asuntos litigiosos que deben ser respetadas por los jueces o
particulares que administren justicia, no todo desconocimiento de éstas permite
la procedencia de la tutela. Sólo cuando quien administre justicia haya
actuado completamente por fuera del procedimiento establecido se configura una
vía de hecho de carácter procedimental” Subraya por fuera del texto original)[51].
Un aspecto fundamental del procedimiento es
el atinente al tiempo con el cual cuentan las partes para ejercer su derecho de
defensa. Sobre la importancia de los términos judiciales establecidos por el
legislador, la Corporación tuvo la oportunidad de pronunciarse en la sentencia
C-416 de 1994[52], así:
“El proceso es una
institución de satisfacción de pretensiones esencialmente dinámica; en tal virtud,
el proceso se proyecta y desenvuelve en el tiempo, a través de la sucesión de
una serie de actos o de etapas dirigidas a una finalidad, cual es la
constatación de una situación jurídica en un caso concreto mediante una
sentencia. El proceso se encuentra regido, entre otros, por los principios de
celeridad y eficacia los cuales buscan que los trámites procesales se
desarrollen con sujeción a los precisos términos señalados en la ley procesal y
que el proceso concluya dentro del menor término posible y logre su finalidad,
a través del pronunciamiento de la correspondiente sentencia.
“El impulso de la
actuación procesal esta diseñada en relación con el tiempo, que es factor
esencial para su celeridad y eficacia, entendida esta última en función del
logro del objetivo del proceso.
“En función
del tiempo no sólo se crean y modifican los derechos procesales concretos, sino
que también se los extingue, por lo cual se hace necesario que la ley procesal
establezca unos plazos o términos, con el fin de que el proceso se realice
dentro de una secuencia lógica ordenada y con la oportunidad y celeridad que de
conformidad con los artículos 29 y 228 de la Constitución Política demanda el
ejercicio de la función de administrar justicia. Aunque es de anotar, que los
principios de eficacia y celeridad que informan el proceso judicial y que se
infieren de los preceptos aludidos, igualmente tienen su fundamento en el
artículo 209 de la Carta Política, pues los postulados rectores de la función
administrativa también tienen operancia en el desarrollo de la función
jurisdiccional, como manifestaciones que son del poder del Estado.
“Los términos
judiciales constituyen el espacio o medida del tiempo establecido por la ley o
por el juez, con arreglo a esta, para que las partes que intervienen en un
proceso o los auxiliares de la justicia realicen determinados actos procesales.
Esta es la idea que fluye del artículo 118 del CPC, según el cual "los
términos y oportunidades señalados en este código para la realización de los
actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia son perentorios
e improrrogables, salvo disposición en contrario".
“La consagración de
los términos judiciales por el legislador y la perentoria exigencia de su
cumplimiento, tienen intima relación con el núcleo esencial del derecho al
acceso a la justicia y al debido proceso, pues la indeterminación de los
términos para adelantar las actuaciones procesales o el incumplimiento de éstos
por las autoridades judiciales, puede configurar una denegación de justicia o
una dilación indebida e injustificada del proceso, ambas proscritas por el
Constituyente.
“El señalamiento de
términos procesales da certeza y, por lo mismo, confianza a las actuaciones de
las partes y del funcionario judicial; por consiguiente, los términos
procesales contribuyen a garantizar la seguridad jurídica que es principio
constitucional que se deduce de diferentes normas de la Carta, especialmente
del preámbulo y de los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6°” (Subraya por fuera del texto original).
En la misma línea del anterior
pronunciamiento, con ocasión del estudio la constitucionalidad del artículo 4
de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996)[53], la Corte expresó
sobre la relevancia constitucional de observar los términos procesales que:
“(…) el derecho
fundamental de acceder a la administración de justicia implica necesariamente
que el juez resuelva en forma imparcial, efectiva y prudente las diversas
situaciones que las personas someten a su conocimiento. Para lograr lo
anterior, es requisito indispensable que el juez propugne la vigencia del
principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de
resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos dentro de
los plazos que define el legislador. Por ello, esta Corporación ha calificado,
como parte integrante del derecho al debido proceso y de acceder a la
administración de justicia, el “derecho fundamental de las personas a tener un
proceso ágil y sin retrasos indebidos”[54]””[55].
No obstante la importancia que se le debe
dar al cumplimiento de los términos procesales, tanto en el sentido de no
alargarlos como de no acortarlos de manera injustificada y al margen de lo
dispuesto en las normas aplicables, so pretexto de la celeridad que debe acompañar
a las actuaciones judiciales, la Sala destaca que el conjunto de normas
procesales no puede concebirse como un fin en sí mismo sino como un medio para
reforzar la efectiva garantía del derecho de defensa de las partes, lo que
indica que los mismos no puedan abandonarse bajo el argumento de la realización
de otros derechos sustanciales pues ello desconocería un aspecto fundamental
del derecho de defensa. Sobre el particular, la Sala Cuarta de Revisión expresó:
“Las formas procesales
no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial al que
propende la administración de justicia. Pero debe dejarse en claro que el
enunciado principio constitucional que rige las actuaciones judiciales no
implica la inexistencia, la laxitud o la ineficacia de toda norma legal
obligatoria para quienes participan en los procesos, o la eliminación, per
se, de las formas indispensables para que los juicios lleguen a su
culminación -pues allí está comprometido el derecho sustancial de acceso a la
administración de justicia-, ni puede significar la absoluta pérdida del
carácter perentorio de los términos procesales. Todos estos elementos
integran la "plenitud de las formas propias de cada juicio",
contemplada como factor esencial del debido proceso y por lo tanto no
constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido sino instrumentos
necesarios para que el Derecho material se realice objetivamente y en su
oportunidad. (Negrilla en el texto original. Subraya por fuera del texto
original) [56]
En este orden de ideas, la Sala reitera la
jurisprudencia de la Corte según la cual no todo incumplimiento de un término
procesal o de una norma que establece una etapa es suficiente para que se
incurra en vía de hecho por defecto procedimental, pues además del
desconocimiento mismo se requiere que el ejercicio del derecho de defensa se
haya visto efectivamente afectado[57]. Recientemente, sobre el particular la Sala Sexta de Revisión
insistió en la Sentencia T-289 de 2005[58] que:
“En el ejercicio de la
protección del debido proceso, armonizada con el respeto a la autonomía
judicial, la Corte considera que sólo se constituye una vía de hecho por defecto
procedimental cuando el juez ignora completamente el procedimiento
establecido, escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables en
el caso concreto o hace caso omiso de los principios mínimos del debido proceso
contenidos en la Constitución, señalados, principalmente, en los artículos 29 y
228 constitucionales”.
5.1.
Ejecutar una providencia que da lugar a la
apertura de la etapa probatoria y decreta pruebas antes de que haya sido
efectivamente notificada constituye un grave defecto procesal.
En criterio de la Sala sí se incurrió en un
grave defecto procedimental en el trámite del incidente de liquidación de
perjuicios, que impidió al apoderado del BBVA hacer uso de las oportunidades
procesales para la protección de los intereses de la entidad financiera,
vulnerándose en consecuencia sus derechos fundamentales a la defensa, al debido
proceso y al acceso a  la administración de justicia. En este sentido,
considera esta Corporación que en el auto del primero de noviembre se incurrió
en una vía de hecho al haber decidido en segunda instancia el incidente de
perjuicios que estuvo precedido de un desvío grosero y evidente del cauce
procesal, desvío este que tuvo su origen en la ejecución de la providencia del
25 de julio de 2005 sin que se hubiera producido su notificación y su firmeza,
lo cual no permitió a una de las partes ejercer el derecho de defensa.
Pasa la Sala ha explicar en qué consistió
el grave defecto procesal antes referido:
5.1.1.  El
apoderado del señor Luis Miguel Berrocal Canabal propuso mediante escrito del
12 de julio de 2005 el incidente de liquidación de perjuicios[59], con base en la
sentencia del nueve de junio del mismo año.
5.1.2.  El
Juzgado Cuarto ordenó a través de auto del 14 de julio de 2005[60], notificado el 18
de julio, tramitar el incidente de perjuicios y dio traslado a la parte actora
por el término de tres (3) días, de conformidad con lo ordenado en el inciso 2
del artículo 137 del CPC[61].
Sobre la forma en que deben producirse los
traslados, el artículo 108 del CPC señala:
“Artículo 108.
Traslados. <Artículo
modificado por el artículo 1, numeral 57 del Decreto 2282 de 1989 > Los
traslados de un escrito no requieren auto, ni constancia en el expediente,
salvo norma en contrario. El secretario lo agregará a éste y lo mantendrá en la
secretaría por el término respectivo. Estos traslados se harán constar en una
lista que se fijará en lugar visible de la secretaría, por un día, y correrán
desde el siguiente.
“Los traslados correrán
en la secretaría, y allí se mantendrá el expediente sin solución de continuidad
por el respectivo término, salvo los que se otorgan en el trámite del recurso
de casación para los cuales podrá retirarse el expediente”.
Debe recordarse que el apoderado del BBVA
invocó la nulidad del incidente de regulación de perjuicios con base en que, en
su concepto, el escrito presentado por el apoderado del señor Berrocal no fue
trasladado y no se fijó en lista, según lo ordenado por los artículos 107 y 108
del CPC. Sobre este argumento se pronunció el Juzgado Cuarto en providencia del
8 de septiembre de 2005 y del 26 de septiembre de 2005, y la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería en auto del primero de
noviembre de 2005, en los cuales se declaró no probada la nulidad planteada.
5.1.3.  Mediante
auto del 25 de julio de 2005[62], notificado el 27 de julio[63], se dio apertura al período probatorio y se decretó la práctica de
un dictamen pericial, para lo cual en el mismo auto se designó como perito al
señor Libardo Ramos.
Dice el mencionado auto:
“En el presente
incidente de regulación de perjuicios, se encuentra vencido el traslado a la
parte actora. || Considera esta judicatura que se hace necesario decretar una
prueba de oficio, por lo que se abre el período probatorio por el término de
diez (10) días, y se ordena lo siguiente: || Nómbrese como perito en este
incidente, al señor Libardo Ramos Gutiérrez con el fin de que dictamine los
posibles perjuicios materiales que se hayan podido ocasionar en este proceso,
para lo cual se le concede un término de cinco (5) días, para que se presente
el dictamen”.
(i)
Sea lo primero señalar que el anterior auto
debía ser notificado antes de que se produjeran sus efectos, en tanto que
contiene tres decisiones importantes para el curso del incidente, a saber: (a)
se dispuso la apertura del período probatorio por 10 días; (b) se decretó la práctica
del dictamen pericial, para lo cual se fijó un término de 5 días; (c) se
designó como perito al señor Libardo Ramos.
La ley expresamente establece los eventos
en los cuales no se requiere la notificación del auto, a saber:
“Artículo
328. Autos que no requieren notificación. No requieren notificación los autos que contengan
órdenes dirigidas exclusivamente al secretario, y los demás que expresamente
señala este Código. Al final de ellos se incluirá la orden
"cúmplase"”.
Encuentra la Corte que por la clase de
decisiones contenidas en el auto del 25 de julio de 2005 éste no se enmarca
bajo los casos contemplados en el artículo 328 del CPC. En efecto, ninguna de
las tres decisiones es una orden dirigida al secretario y tampoco se trata de decisiones
que hayan de tomarse mediante un auto de cúmplase[64].
Además, el artículo 235 del CPC reza “dentro
de los tres días siguientes a la notificación del auto que designe los
peritos"  podrán ser estos recusados, por lo cual no queda duda que el
auto del 25 de julio en la medida en que contenía una decisión sobre este tema
debía notificarse antes de producir sus efectos.
En este sentido, la Sala no comparte la
apreciación del magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Montería según la
cual el auto por el cual se designa al perito es un auto de CÚMPLASE y por ende
no se requería su notificación, y que en éste sentido se está acusando al
Juzgado Cuarto de incurrir en una vía de hecho al tratarse meramente de una ligereza[65]. Y no puede
compartir esta posición por cuanto, se repite, la decisión de la designación
del perito se insertó en un auto que contenía otras decisiones igualmente
notificables.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que
para este tipo de autos, la notificación debe realizarse por estado, la
providencia se entiende notificada en el momento de la desfijación del mismo[66], desfijación que
en el caso del auto del 25 de julio se produjo el 27 de julio de 2005.
(ii)
El inciso segundo del artículo 313 del CPC
dispone que “salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia
producirá efectos antes de haberse notificado”. Y nótese que en relación
con las providencias en las cuales (a) se da lugar a la apertura del período
probatorio, (b) se decreta la práctica de una prueba; (c) se designa un perito,
la ley no ha dispuesto que las mismas producen efectos previamente a su
notificación. En este sentido, sólo en la medida en que el auto esté
debidamente notificado genera sus consecuencias en el mundo jurídico.
Por tanto, para dar lugar al cumplimiento
de una o varias de las decisiones contenidas en el auto del 25 de julio de 2005
era necesario que el mismo se hubiera notificado, notificación que por el tipo
de auto se realizó por estado del 27 de julio. En consecuencia, sólo a partir
del 28 de julio, esto es, un día después a que dicho auto fue insertado en el
estado, era posible que se empezarán a producir sus efectos, pero resulta que
para la fecha en que el auto se notificó ya se había cumplido con gran parte de
lo que en el mismo se ordenaba, como que ya se había posesionado el perito y se
había rendido el dictamen.
La Sala encuentra que el defecto radica no
en la ausencia de notificación, pues la notificación sí se realizó, sino en que
antes de producirse dicha notificación ya gran parte de los efectos del auto
del 25 de julio se habían ejecutado. En concepto de la Sala lo anterior
constituye un desvío grosero del procedimiento. Pero además, como más adelante
en extenso expondrá la Sala, el mencionado desvió está revestido de tal entidad
que por sí mismo obstaculizó el ejercicio del derecho de defensa y
contradicción de una de las partes.
5.2.
La ejecución de la providencia del 25 de julio
de 2005, en la cual se dio apertura a la etapa probatoria, se decretó la
práctica de un peritazgo judicial y se designó al auxiliar de la justicia debió
efectuarse una vez ésta hubiera cobrado firmeza.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala
encuentra que para la concreción de los efectos emanados del auto del 25 de
julio de 2005 era necesaria la notificación, pero, además, era preciso que el
auto se encontrara en firme, circunstancia sobre la cual establece, en lo
pertinente, el artículo 331 del CPC:
“Artículo
331. Ejecutoria.
<Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 794 de 2003. > Las
providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida
aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá
una vez ejecutoriada la que la resuelva”.
Y en este mismo orden de ideas, dispone el
artículo 337 del CPC:
“Artículo
334. Procedencia.
<Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 156 del Decreto 2282
de 1989> Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez
ejecutoriadas, o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de
obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando
contra ella se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.
“Si en la providencia
se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, éste sólo
empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquélla, o de la notificación
del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso.
La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición, sólo podrá
ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de ésta”.
A partir de la lectura conjunta de ambas
normas, y en el caso del cual se ocupa la Sala se tiene que el Juzgado Cuarto
le dio efectos al auto del 25 de julio antes de estuviera en firme y el auto
del Tribunal del primero de noviembre de 2006 – acusado mediante la presente
acción de tutela- admitió que ello sucediera a pesar del manifiesto
desconocimiento del cause procesal.
5.2.1.   Desde
el 28 de julio y hasta el primero de agosto era posible que las partes
propusieran los recursos pertinentes contra las decisiones contenidas en auto
del 25 de julio de 2005. Por tanto, bajo la hipótesis de que al primero (1°) de
agosto estos no se hubieran propuesto, el proveído hubiera quedado en firme en
dicha fecha. En caso contrario, esto es, de haberse propuesto recursos, la
ejecutoria acaecería una vez producidas las notificaciones de los autos que
resuelven los recursos.
5.2.2.  En
firme el auto del 25 de julio se daba lugar a la apertura del respectivo
período procesal. En éste sentido, los diez (10) días fijados en el mismo para
el período probatorio empezarían a correr con posterioridad a la ejecutoria del
auto. Por lo tanto, cuando el 11 de agosto se declaró cerrada la etapa
probatoria y se procedió a decidir sobre el incidente aún no se había
completado el período probatorio fijado por el propio juez, ya que bajo la
hipótesis de haber quedado en firme el auto del 25 de julio el día primero de
agosto, los diez (10) días señalados por el juez vencerían con posterioridad al
11 de agosto.
5.2.3.  En
firme el auto del 25 de julio, se daba lugar a la práctica de la prueba en él
ordenada. En éste sentido, los cinco (5) días fijados en el mismo para que el
perito rindiera su dictamen empezarían a correr con posterioridad a la ejecutoria
del auto. Se tiene que el peritazgo se rindió el 27 de julio, es decir, el día
en que el auto fue insertado en el estado, esto es, sin siquiera haberse
notificado el mismo y por ende sin que el mismo estuviese en firme.
Si bien la Sala estima como un elemento
esencial para la correcta administración de justicia la celeridad de las
actuaciones judiciales, ello no debe implicar que las partes procesales de
facto carezcan de la posibilidad de ejercer sus derechos, como se vislumbra
con claridad del trámite que se le dio a la práctica de la prueba en el
presente caso.
5.2.4.  En
firme el auto del 25 de julio, se daba lugar a la posesión del perito
designado. En el caso de la referencia, el perito Libardo Ramos tomó posesión
del cargo el 26 de julio de 2005, esto es, sin siquiera haberse insertado el
auto en el estado del día 27 de julio[67].
5.2.5.  El
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería puso fin al incidente de
regulación de perjuicios mediante el auto el 11 de agosto de 2005 en el cual se
condenó a la entidad demandante. Sí, como se ha dicho, el Juzgado debió esperar
la firmeza del auto no podía por lo tanto el Juzgado decidir sobre los
perjuicios en la fecha en que lo hizo.
En efecto, a la luz de las normas del CPC,
el Juzgado ha debido darle cumplimiento a lo ordenado en el auto del 25 de
julio una vez el mismo estuviera en firme. No obstante, se tiene que el juez
previamente a la ejecutoria le dio efectos a dos de las decisiones contenidas
en la mencionada providencia, esto es, a la práctica de la prueba y a la
posesión del perito. Igualmente el Juez Cuarto tomó la decisión final del
incidente en el término en el que de haberse adelantado adecuadamente las
notificaciones estarían corriendo los diez días del período probatorio.
5.3.
La producción de efectos jurídicos de la
providencia del 25 de julio de 2005 dio lugar a que la práctica del dictamen
pericial se efectuara al margen de las normas que rigen el procedimiento lo que
impidió a una de las partes ejercer oportunamente su derecho de defensa.
La Sala entrará a analizar en concreto los
aspectos procedimentales de la práctica del dictamen pericial.
5.3.1.  Sobre
la posesión del perito, el artículo 9 del CPC[68] , en lo pertinente, estatuye “los peritos deberán posesionarse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación”[69]. El perito tomó
posesión del cargo el 26 de julio de 2005, esto es, un día después a que se
hubiera proferido el auto que lo designó. De acuerdo con el análisis efectuado
en el numeral 5.1, este auto cobró firmeza el primero de agosto. Por lo cual
sólo hasta el día 2 de agosto era posible darle alcance a las decisiones
contenidas en el auto del 25 de julio.
(i)
Al respecto, en los sendos memoriales enviados
por las partes del proceso ejecutivo mixto con ocasión del incidente de
regulación de perjuicios así como de los intervinientes en la presente acción
de tutela, se plantean dos posiciones.
La primera indica que la reforma
introducida por el artículo segundo de la Ley 446 de 1998 al artículo 9 del
CPC, posteriormente modificado por el artículo 3 de
la Ley 794 de 2003, señaló que la aceptación de la designación del auxiliar de
la justicia es obligatoria dentro de los cinco (5) días siguientes a su
designación. Por tanto, la diligencia de aceptación del cargo por parte del
auxiliar de la justicia, para la cual era necesario fijar fecha y hora, fue
eliminada, y en consecuencia el perito deberá tomar posesión del cargo dentro
del término de los (5) días antes señalado.
La tesis contraria sostiene que la reforma
introducida por la ley 794 de 2003 eliminó el requisito de la aceptación del
cargo, pues se entiende que esta se produce de manera automática una vez
transcurridos los cinco (5) días siguientes a la designación del auxiliar de la
justicia, si éste último dentro de dicho plazo no presenta ante el respectivo
despacho judicial excusa que le impida su aceptación. Ahora bien, la eliminación
de la diligencia de aceptación, bajo esta tesis, no elimina la necesidad de que
se lleve a cabo la posesión del auxiliar de la justicia en la fecha y hora
previamente designada por el juez, y que por tanto no es válida la posesión del
perito que se lleve a cabo sin haber cumplido con dicho requisito.
Sobre el particular, la Sala constata que
esta discusión interpretativa no fue asumida por el Juzgado Cuarto o por el
Tribunal Superior en la toma de sus decisiones, de forma tal que se omitió
cualquier referencia al respecto. A partir de lo anterior, la Corte colige que
para dichos despachos judiciales el tema no tenía una trascendencia evidente,
pues de haberlo sido así lo hubieran manifestado en los respectivos proveídos.
De igual manera, la Sala resalta que el
fallo de tutela  de la Sala de Casación Civil en primera instancia, en el cual
se concedió el amparo solicitado, tampoco se basó en una interpretación
relativa al punto de la necesidad de fijar fecha y hora para la posesión del
perito. En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema no
asumió el estudio del asunto al considerar que la tutela era siempre
improcedente contra decisiones judiciales.
De otra parte, y como de manera reiterada
lo ha expresado esta Corporación, la Sala denota que en principio no le
corresponde definir controversias interpretativas de orden infraconstitucional,
pues tal función es propia de los jueces ordinarios[70]. Bajo este entendido, la Sala no entrará a definir el alcance de la
reforma introducida al CPC en cuanto a la diligencia de posesión del perito
corresponde.
En todo caso, la Sala estima que al margen
de la controversia suscitada con ocasión de la interpretación de la reforma
introducida por la ley 446 de 1998 y posteriormente por la ley 794 de 2003
sobre la necesidad o no de la diligencia de posesión del perito, el defecto
procedimental subsiste, por lo cual la decisión que se tome en relación con la
protección invocada va más allá de un asunto interpretativo atinente al alcance
de las reformas procedimentales. Esto por cuanto el perito se posesionó el 26
de julio de 2005, es decir, antes de haberse producido la notificación a las
partes del auto que lo designa y -como ya se ha tratado en el anterior numeral
- el auto del 25 de julio no podía producir efectos sin haberse llevado a cabo
su notificación, la cual se produjo el 27 de julio. Así, la Sala estima que el
centro del debate no se refiere a la vigencia de la necesidad de fijar fecha y
hora para la diligencia de posesión del auxiliar de la justicia, puesto que
como anteriormente quedó demostrado la violación del debido proceso se produjo
por haberle dado efectos a un auto que ni siquiera había sido notificado de
manera efectiva para el momento de la posesión del perito.
(ii)
Obsérvese que el perito asumió su cargo sin
que las partes hubieren tenido oportunidad para recusarlo, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 235 del CPC[71]. Los días 28 y 29 de julio, y primero de agosto ha debido correr el
término para la recusación del perito, pero se tiene que para dichas fechas no
sólo el perito ya había tomado posesión sino que además ya había rendido su
dictamen. La rapidez con la que actuó el despacho de primera instancia impidió
de manera evidente que el apoderado del accionante hiciera uso de esta
oportunidad.
5.3.2.  Una
vez rendido el dictamen pericial, el artículo 238 establece la posibilidad de
contradicción mediante la presentación de objeciones y el artículo 240 la
posibilidad de que sobre aquél se solicite aclaración o complementación.
En el caso bajo estudio el primero de
agosto de 2005 fue rendido el dictamen pericial en el cual se estima el
perjuicio en aproximadamente 16 mil millones de pesos, cuyo traslado se surtió
mediante auto del 2 de agosto de 2005[72]. Para dicha fecha las partes no presentaron objeciones al dictamen,
o solicitud de aclaración y/o complementación, lo cual se explica por el hecho
de que de haberse surtido el cauce previsto en las leyes sólo hasta el primero
de agosto habría cobrado ejecutoria el auto que designó al auxiliar de la
justicia, en el evento de que contra el mismo no se hubieran interpuesto
recursos.
El Juzgado Cuarto el 11 de agosto de 2005,
al considerar agotado el período probatorio, impuso condena de perjuicios al
BBVA por un valor aproximado de 16 mil millones de pesos teniendo en cuenta que
“el dictamen pericial no fue objetado por las partes, dentro del término de
traslado del mismo y es más meticuloso que la liquidación que trae el
incidentalista, por manera, que el despacho no comparte la liquidación y acoge
la tasación que realizó el perito”.
No obstante, en realidad las partes no
tuvieron la posibilidad de conocer, según los términos de ley, el nombre del
auxiliar de la justicia designado para rendir el peritazgo, recusar al auxiliar
designado, pedir ampliación de los puntos sobre los que habría de ser rendido
el dictamen, o controvertir el dictamen pericial. Si el Banco careció de todas
las oportunidades antes mencionadas, no pudo ejercer el derecho de defensa.
5.4.
Consecuencias del defecto procedimental
en el presente caso
La Sala observa que la consecuencia
principal de haberle dado efectos al auto del 25 de julio sin haberse producido
su notificación es la grave afectación del derecho de defensa y de
contradicción de las partes en relación con el dictamen pericial, esto sin
perjuicio de otros negativos efectos que más adelante serán señalados. Y dicha
gravedad deriva, entre otras razones, de que el mencionado dictamen fue la
única prueba practicada en la etapa probatoria del incidente de perjuicios y
que sirvió de base para la decisión de los despachos judiciales en relación con
el monto de los mismos.
En diversas sentencias esta Corporación,
tanto en sede de tutela como de constitucionalidad, se ha pronunciado sobre la
importancia de que las pruebas se practiquen de acuerdo a lo establecido por la
ley, como una expresión más del derecho de defensa, de contradicción, del
debido proceso y del acceso a la administración de justicia, de forma que “la
vía de hecho por defecto procedimental se ha relacionado con el recaudo de
medios probatorios en el proceso” [73].
Así, en sentencia T-100 de 1998[74] la Sala Quinta de
Revisión afirmó que
“[l]a prueba, examinada
por el juez en todos sus aspectos, escudriñada en cuanto a su validez e
idoneidad, comparada y medida en su valor frente a las demás que obran en el
plenario, sopesada en cuanto a su relación con los hechos materia de litigio y
con las normas generales y abstractas que corresponde aplicar en el caso,
complementada con aquellas adicionales que el juez estime necesarias para
llegar a una auténtica convicción sobre la verdad y, en fin, evaluada,
analizada y criticada a la luz del Derecho y con miras a la realización de la
justicia, es elemento esencial de la sentencia, supuesto necesario de las
conclusiones en ella consignadas y base imprescindible para reconocer en el
fallo la objetividad y la imparcialidad de quien lo profiere. La práctica de
todas las pruebas que sean menester para ilustrar el criterio del juez y su
pleno conocimiento, ponderación y estudio, así como las posibilidades ciertas
de objetarlas, contradecirlas y completarlas en el curso del trámite procesal,
son elementos inherentes al derecho de defensa y constituyen garantía de la
idoneidad del proceso para cumplir las finalidades que le han sido señaladas en
el Estado Social de Derecho. De allí resulta, sin duda, que los defectos
del análisis probatorio, o la ausencia total del mismo, no menos que la falta
de relación entre lo probado y lo decidido, vulneran de manera ostensible el
debido proceso y constituyen irregularidades de tal magnitud que representan
vías de hecho. Tal expresión encaja en los indicados supuestos como ninguna
otra, ya que el fallador que se aparta del material probatorio, que no lo
evalúa en su integridad, o que lo ignora, plasma en su sentencia su propia voluntad
y no la de la justicia ni la de la ley. Decide de facto y quebranta, en
consecuencia, los fundamentos esenciales del orden jurídico” (Subraya por fuera
del texto original).
Para que se incurra en una vía de hecho, el
defecto procedimental relativo a la prueba debe ser además de protuberante,
determinante para las resultas del proceso. En el caso bajo estudio, cuestiona
el BBVA que la prueba que sirvió de base para las decisiones del Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Montería y de la Sala del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Montería en relación con la condena de perjuicios fue el dictamen
pericial rendido por el señor Libardo Ramos el 20 de julio de 2005.
De la lectura de los autos del 11 de agosto
de 2005 y del primero de noviembre de 2005, proferidos por los mencionados
despachos respectivamente, queda claro que la condena de perjuicios
efectivamente se basó en el dictamen pericial rendido por el señor Ramos, de
donde se obtuvieron los valores por concepto de daño emergente ($340’649.147),
lucro cesante ($15,479’972.430) y daño moral ($15’000.000)[75].
En efecto, el monto de la condena proferida
por el Juzgado Cuarto se sustentó en los valores calculados por el perito
Ramos. Por su parte, el Tribunal tuvo en cuenta para confirmar la condena por
valor de 16 mil millones que el Juzgado Cuarto se basó en el dictamen pericial
aportado al proceso sobre el cual ambas partes no se pronunciaron. Sobre este
aspecto, afirma el Tribunal:
“(...) es bueno
precisar que el a-quo, para imponer la condena tuvo en cuenta el dictamen
pericial que rindieron los auxiliares de la justicia,  el cual no fue
cuestionado por las partes a pesar de haberse dado traslado.
“Para tal apreciación
el a-quo, tuvo en cuenta la idoneidad de los peritos; la firmeza y la claridad
del mismo, su precisión, sus fundamentaciones. También tuvo en cuenta sus
requisitos correlativos de: a) su conducencia con respecto a los hechos a
probar (Ej. La existencia o no de una cosa u objetos, predios, huellas, etc.).
b) La competencia e idoneidad de los peritos para el desempeño de su cargo. C)
Su fundamentación, es decir, que aparece la razón de su ciencia, al explicar
los motivos o razones que los condujeron a su conclusión. d) Por ser sus
conclusiones claras, firmes y obviamente, por ser consecuencia lógica de sus
fundamentaciones. e) Este fue dado en traslado a las partes y f) Las partes
guardaron silencio, nada dijeron sobre el contenido del  mismo”.
Como puede apreciarse, no queda duda que
tanto el Juzgado Cuarto como el Tribunal basaron sus decisiones única y
exclusivamente en el dictamen pericial rendido por el señor Ramos.
La vía de hecho en el auto del
primero de noviembre de 2005 proferido por el Tribunal radica en que la
decisión de confirmar la condena, impuesta en  primera instancia, se basa en
asumir que el proceso se surtió de acuerdo con lo  previsto en la ley, de forma
tal que las partes contaron con la totalidad de oportunidades procesales para
hacer uso del derecho de defensa.
En efecto, el Tribunal estima que es
necesario confirmar la condena aduciendo lo siguiente:
“(...) es bueno
precisar que el a-quo, para imponer la condena tuvo en cuenta el dictamen
pericial que rindieron los auxiliares de la justicia el cual no fue
cuestionado por las partes a pesar de haberse dado en traslado.
“Para tal apreciación,
el a-quo tuvo en cuenta la idoneidad de los peritos, la firmeza y claridad del
mismo, su precisión, sus fundamentaciones. También tuvo en cuenta los
requisitos correlativos de a) Su conducencia respecto a los hechos a
probar (Ej. La existencia o no de una cosa u objetos, predios, huellas, etc.). b)
la competencia e idoneidad de los peritos para el desempeño de su cargo. c)
Su fundamentación, es decir, que aparece la razón de su ciencia, al explicar
los motivos o razones que los condujeron a su conclusión. d) por ser sus
conclusiones claras, firmas y obviamente, por ser consecuencia lógica de sus
fundamentaciones. e) Este fue dado en traslado a las partes y f)
Las partes guardaron silencio, nada dijeron sobre el contenido del mismo”
(Subraya por fuera del original).
Es decir, el Tribunal parte del presupuesto
de que las partes tuvieron la posibilidad real de ejercer el derecho de
defensa, cuando como ha quedado expuesto esa posibilidad le fue cercenada a las
partes, en especial al BBVA.
Estima la Sala que el Tribunal ha debido
considerar al decidir el recurso de apelación interpuesto por el BBVA que en el
trámite del incidente se inaplicaron las normas procedimentales que lo
informan, en una flagrante violación de la ley, desconociéndose tanto el debido
proceso como el derecho de defensa.
En la presente ocasión, la Sala Tercera de
revisión concederá la tutela al debido proceso del BBVA, por considerar que se
configuró un defecto procedimental, al habérsele dado efectos a un auto sin
haberse producido su notificación, y consecuentemente sin firmeza, lo cual
afecta desde el punto de vista procedimental la práctica del dictamen pericial.
6.
Ordenes a impartir en el presente proceso
En la parte motiva de la sentencia de
primera instancia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
se expresa:
“(…) se dejará sin
valor ni efecto el auto que profirió el Tribunal Superior de Montería el
primero de noviembre de 2005, emitido para resolver el recurso de apelación que
interpuso el Banco BBVA Colombia dentro del incidente de regulación de
perjuicios, para que dicha Corporación adopte las medidas que considere
necesarias en relación con la prueba pericial que se practicó irregularmente en
ese trámite, prueba que deberá ser encauzada en los términos que precisa el
Código de Procedimiento Civil, desde la posesión misma del perito – con todo lo
que ella trae consigo -, hasta la contradicción del dictamen que se rinda,
luego de lo cual proferirá la decisión que resuelve el recurso de apelación”.
“No está de mas agregar,
que al momento de valorar el dictamen que rinda el auxiliar de la justicia, el
Tribunal deberá analizar con especial atención, si el concepto es claro,
preciso y detallado; si explica suficientemente las investigaciones
adelantadas; si los hechos en los que se soporta están acreditados; si tiene la
debida fundamentación técnica o científica; si es explicativo; cuál es la
firmeza de los argumentos; cuál su mérito y precisión y, desde luego, valorarlo
en armonía con todos los elementos de juicio que obren en el proceso, con el
fin de otorgarle a la prueba el mérito que le corresponda (...)”
En concordancia con lo anterior, la Sala de
Casación Civil resolvió lo siguiente:
“1. Dejar sin valor ni
efecto el auto del primero de noviembre de 2005, proferido por el Tribunal
Superior de montería para resolver el recurso de apelación que interpuso el
Banco BVVA Colombia, dentro del incidente de regulación de perjuicios que se
tramita en el interior del proceso ejecutivo que dicha entidad gestionó contra
el señor Luis Miguel Berrocal, para que dicha Corporación, en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, adopte las medidas que considere necesarias en
relación con la prueba irregularmente practicada, en un todo con lo señalado en
la parte motiva de esta sentencia”.
La Sala confirmará, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, la decisión de la Sala de
Casación Civil, sin perjuicio de lo cual considera pertinente hacer algunas
precisiones en relación con la orden impartida por dicha Sala:
Las determinaciones que habrá de tomar el
Tribunal para conducir el trámite del incidente de perjuicios en un todo de
acuerdo con la ley, pueden comprender todas las que dicha Corporación estime
pertinentes para que se pueda ejercer efectivamente el derecho de defensa de
las partes.
La Sala no se pronunciará sobre las
providencias que no fueron atacadas por el accionante, y sobre las cuales el
Tribunal podrá adoptar las medidas que estime necesarias.
En el mismo orden de ideas, sobre las
afirmaciones relativas a los errores sustanciales del dictamen pericial en la
estimación del perjuicio, sobre los cuales no se ha pronunciado la Sala en
ningún lugar de esta providencia, será el Tribunal el que deba decidir.
En consecuencia, la decisión en el presente
caso debe ser asumida por esta Sala de Revisión.
III.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO.– CONCEDER el amparo del derecho al debido proceso del BBVA.
En
consecuencia, REVOCAR la sentencia proferida el diez (10) de febrero de
2006 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en segunda
instancia, dentro de la acción de tutela instaurada por el BBVA contra la Sala
Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, y en su lugar, CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco
(25) de noviembre de 2005 en primera instancia por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con las precisiones efectuadas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- Por
Secretaria General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese,
publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MANUEL
JOSÉ CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME
CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO
ESCOBAR GIL
Magistrado
IMPEDIMENTO
ACEPTADO
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria
General
[1] Dentro del proceso penal,
que llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Casación, se
declaró al BBVA como tercero civilmente responsable. La sentencia de la Corte
Suprema de Justicia obra a Folios 265 a 362 del cuaderno principal de la
tutela.
[2] El 20 de febrero de 1996
la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cereté informó sobre el
embargo del inmueble (Folios 4 al 18 del cuaderno principal de la tutela), de
una extensión de 267 hectáreas. La diligencia de secuestro de este inmueble se
llevó a cabo el día 13 de marzo de 1996, la cual obra a folios 363 a 364 del
cuaderno principal de la tutela.
[3] Folios 485 a 496 del cuaderno principal de la
tutela.
[4] Folios 1 al 17 del segundo cuaderno sobre el
incidente de perjuicios.
[5] Folios 4 al 18 del
cuaderno principal de la tutela.
[6] El magistrado Cruz
Antonio Yanez Arrieta salvó su voto en la decisión, con base en los siguientes
argumentos: Aduce el disidente que el a-quo cometió diversas irregularidades
dentro del proceso, como por ejemplo no haber fijado fecha y hora para la
posesión del perito tal como lo exige la ley procesal civil, además que lo
posesionó antes de la notificación por estado del auto que lo nombró. Sumado a
lo anterior, advierte el magistrado que el perito rindió dictamen antes de que
estuviera ejecutoriado el auto que lo designó como tal. Afirma que “por haberse
presentado un dictamen pericial cuando aún no estaba en firme la providencia
que lo había decretado, el mismo no podía ser objeto de valoración, así éste no
hubiese sido objetado por cuanto las decisiones judiciales deben fundarse en
las pruebas regular y oportunamente alegadas al proceso, como expresamente lo
dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y, al ser ésta la
única prueba en que se fundamenta la decisión apelada, no era procedente
imponer condena en contra de la entidad bancaria demandada”. De otro lado,
indica el magistrado Yanez que, si en gracia de discusión, se acepta que el
anterior trámite sí cumplió con las formalidades de ley, no puede afirmarse que
estén probados cabalmente los perjuicios aducidos por el incidentalista, pues
su argumento se basó en una prueba traslada del proceso penal sobre el cual
afirmó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema la había avalado,
cuando lo cierto es que en dicha oportunidad la Sala expresó que el peritazgo
surtió el trámite de rigor de conformidad con las normas vigentes, y que de ser
ciertos dichos perjuicios podía ir a la vía respectiva para que se le
indemnizara.  Por otro lado, señala el disidente que en la diligencia de
secuestro no se refirieron a la existencia de los 130 semovientes, animales
sobre los que se basó el cálculo del lucro cesante. Se cuestiona además sobre
cómo el perito podía establecer que cada semoviente ganaba 12 Kilos de peso por
mes, 144 al año, sin especificar la raza de éstos, si eran de levante, cría,
lechería, ganada bravío, la edad con la que contaban, sino aparece en el
expediente ninguna prueba al respecto. Agrega que el perito usó un interés del
4.88% mes vencido para actualizar el lucro cesante, sin existir soporte alguno
para que se usara dicha tasa, pues ésta incluso está por encima de la tasa de
usura. Concluye el magistrado aduciendo su extrañeza por la celeridad en el
trámite incidental de regulación de perjuicios en primera instancia (Folios 38
al 49 del cuaderno principal de la tutela).
[7] En la parte resolutiva de
dicho auto se lee: “Confirmar el auto apelado [el auto del 11 de agosto de 2005
proferido por el Juzgado Cuarto], con la modificación de que la condena por
perjuicios morales no puede ser en gramos oro, sino en la suma de
$15’000,000.oo de pesos. Por todo lo dicho en la parte considerativa de este
proveído”.
[8] Folios 444 a 470 del
cuaderno principal de la tutela.
[9] S = C (1-0.0488)n
. Donde S = valor presente, C el valor inicial, 0.0048 la tasa de interés
mensual que se tiene en cuenta para actualizar el monto y n el número de
meses en que el valor debe actualizarse.
[10] Sobre este mismo punto agrega el BBVA: “Como las formulas matemáticas son exactas,
no puede pensarse que una misma fórmula arroje cifras dispares. ¿Qué fue lo
ocurrido?; simplemente que el perito – zootecnista aplicó una fórmula traída de
los cabellos, que expresada como S = C (1-0.0488)n, no puede
conllevar a menos que a incurrir en los tres errores de bulto que acabo de
señalar: se hizo el cálculo de los intereses sobre una suma actualizada, se
tomó una tasa fija usuruaria y se incurrió en anatocismo al liquidar intereses
compuestos mes a mes. Este procedimiento lo rechaza el sentido común, y, por lo
tanto, ab initio debe calificarse de absurdo, equivocado y caprichoso y
constitutivo de una vía de hecho.  || Habrá alguien sensato que crea que
una finca ubicada en una zona de orden público en la cual para su dueño,
supuestamente (y utilizo este giro por que nunca fueron halladas ni
secuestradas las reses que dice el perito que pastaban en “Pasolento”), recibió
un daño emergente de 340 millones, pudo producir en nueve años 16.000 millones
de lucro cesante?”.
[11] Se debe señalar que el
magistrado Cruz Antonio Yanez Arrieta salvó su voto en esta decisión.
[12] Folios 479 a 481 del cuaderno principal de la tutela.
[13] Folios 506 al 516 del cuaderno principal de la
tutela. Con ponencia del Doctor Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.
[14] Folios 553 al 555 del cuaderno principal de la
tutela.
[15] Folios 543 al 550 del cuaderno principal de la
tutela.
[16] Folios 543 al 550 del cuaderno principal de la
tutela.
[17] Folios 41 al 57 del
cuaderno principal de la tutela.
[18] Folios 27 al 40 del
cuaderno principal de la tutela.
[19] Folios 228 al 239 del
cuaderno principal de la tutela.
[20] Folio 73 del cuaderno de
impugnaciones de la tutela.
[21] Debe señalarse que la
solicitud coincide con la inicialmente presentada por el doctor Gustavo Gómez
Velásquez.
[22] En el artículo 1 de la
parte resolutiva del auto en mención se ordenó la expedición a cargo del
solicitante de copia del escrito de insistencia suscrito por
el Doctor Alfredo Beltrán Sierra y del auto del 20 de abril de 2006 de la Sala
de Selección Número Cuatro, mediante al cual se aceptó la insistencia para la
revisión de las sentencias correspondiente al expediente de la referencia.
[23] En el artículo 2 de la
parte resolutiva del auto en mención se ordenó la expedición a cargo del
solicitante de copia del escrito de insistencia presentado por
el Procurador General dela Nación el día 6 de abril de 2006.
[24] Corte Constitucional, sentencia C-800A de 2002 (M.P.:
Manuel José Cepeda Espinosa). En este caso se reitera la jurisprudencia
constitucional sobre vía de hecho, en especial las sentencias T-231 de
1994 y T-983 de 2001.
[25] M.P.:
José Gregorio Hernández Galindo.
[26] M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[27] M.P.: José Gregorio
Hernández Galindo.
[28] En la sentencia T-079 de 1993 la Sala Tercera de
Revisión de la Corte Constitucional decidió confirmar el fallo proferido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de
acción de tutela estudiado, mediante el cual confirmó la decisión que había
adoptado el juez de tutela de primera instancia (Sala Civil del Tribunal
Superior de Cartagena). Para la Sala de Casación Civil fue evidente la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante, ya que
las declaraciones allegadas al expediente del proceso acusado, no podían ser
fundamento de la decisión por haber sido rendidas como versiones libres y
espontáneas y no bajo la gravedad del juramento, según las exigencias de los
artículos 175 CPC y 55 del Código del Menor. La Corte Suprema agregó, además,
que las pruebas testimoniales debían ser ordenadas mediante auto del
funcionario instructor, con el fin que contra ellas fuera posible ejercer el
derecho de contradicción.
[29] En la sentencia T-158 de
1993 (M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa) se consideró: “Aunque esta Corte declaró
inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la doctrina acogida por
esta misma Corporación, ha señalado que es procedente la acción de tutela
cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante vías de
hecho vulneren o amenacen derechos fundamentales. El caso que nos ocupa
enmarca cabalmente dentro de los parámetros de esta excepción, por cuanto
existe en él evidencia de una flagrante violación de la ley, constitutiva de
una vía de hecho, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso. (…)
El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y
como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para
que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la
justicia;  Segunda, que proceda de la autoridad competente;  Tercera, que se
profiera  de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se
coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente
el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas
que no están regladas por la ley, ni exija, asimismo, requisitos extralegales.
Siempre que faltaren estas condiciones,  o alguna de ellas, el juicio será
vicioso e ilícito: en primer lugar, porque es contrario a la rectitud de
justicia el impedir el derecho natural a la defensa; en segundo lugar, porque
si el juez impone requisitos que no están autorizados por la ley, estaría
extralimitándose en sus funciones; en tercer lugar, porque falta la rectitud de
la razón jurídica.”
[30] M.P.: Eduardo
Montealegre Lynett.
[31] M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.
[32] En efecto, sobre este
punto afirma la Sala de Casación Civil que “De tiempo atrás la jurisprudencia
de esta Sala ha precisado, que en tratándose de providencias judiciales
proferidas por los jueces de instancia, la acción de tutela tiene cabida
excepcional cuando el respectivo pronunciamiento califica como vía de hecho,
esto es, cuando se trata de una decisión arbitraria, caprichosa y marginada del
ordenamiento jurídico, a condición de acreditar que sus nocivos efectos no
pudieron ser evitados al interior del respectivo proceso, bien porque
interpuestos los respectivos recursos, los funcionarios judiciales competentes
preservaron en la irregularidad bien porque, por obra de ellos mismos, no le
fue permitido a la parte agraviada hacer uso de los mecanismos de defensa
reconocidos en la ley. || Y es eso, justamente, lo que evidencia en el caso
sometido a escrutinio de las Corte, pues el auto que profirió el Tribunal para
confirmar la providencia del juez de primer grado que liquidó los perjuicios
materiales en la suma de $15,820’621.597.oo y los morales en $15’000,000.oo –
ésta última fijada por el ad quem -, tuvo como respaldo central un medio
probatorio en cuya producción no se observaron las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil que regulan la materia y, en general, las reglas que dan
contenido al debido proceso, circunstancia que provocó una grave lesión del
derecho ala prueba del accionante”.
[33] Ver por ejemplo las sentencias C-037 de 1996 (M.P.:
Vladimiro Naranjo Mesa) que declaró exequible de manera condicionada el
artículo 66 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y C-384 de
2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) en la que la Corte condicionó la
exequibilidad de las normas acusadas a que se admitiera la procedencia de la
tutela contra providencias judiciales.
[34] En la sentencia C-557 de 2001 (M.P.: Manuel José
Cepeda Espinosa) se consideró al respecto lo siguiente: “Si bien el control de
constitucionalidad de las normas es un control abstracto porque no surge de su
aplicación en un proceso particular, ello no significa que el juicio de
exequibilidad deba efectuarse sin tener en cuenta el contexto dentro del cual
la norma fue creada (i.e. su nacimiento), y dentro del cual ha
sido interpretada (i.e. ha vi­vido). En fin: en buena medida, el sentido
de toda norma jurídica depende del contexto dentro del cual es aplicada. ||
Ahora, dentro de las múltiples dimensiones de ese contexto –bien sea la
lingüística, que permite fijar su sentido natural, o bien la sociológica, que
hace posible apreciar sus funciones reales- se destaca la actividad de los
expertos que han interpretado los conceptos técnicos que ella contiene y que
los han aplicado a casos concretos. Obviamente, esos expertos son los jueces y
los doctrinantes especializados en la materia tratada en la norma; dentro de
ellos, una posición preeminente la ocupan los órganos judiciales colegiados que
se encuentran en la cima de una jurisdicción. Así lo ha establecido la
Constitución al definir al Consejo de Estado como “tribunal supremo de lo
contencioso administrativo” (Art. 237- 1 de la CP) y a la Corte Suprema de
Justicia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (Art. 234 de la
CP). Por lo tanto, la jurisprudencia de ambos órganos es un referente
indispensable para apreciar el significado viviente de las normas demandadas.
Al prestarles la atención que su ubicación institucional exige, la Corte
Constitucional está valorando su labor hermenéutica dentro de un mismo sistema
jurídico. Obviamente, cuando no exista jurisprudencia sobre las normas objeto
del control constitucional, la Corte Constitucional tendrá que acudir a otras
fuentes del derecho para interpretar los artículos demandados.”
[35] Sentencia T-231 de 1994. M.P.: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
[36] Corte
Constitucional, sentencia T-1031 de 2001 (M.P.: Eduardo Montealegre Lynett) En
este caso se decidió que “(…) el
pretermitir la utilización de los medios ordinarios de defensa, torna en
improcedente la acción de tutela. Empero, la adopción rigurosa de éste postura
llevaría, en el caso concreto, a una desproporcionada afectación de un derecho
fundamental. En efecto, habiéndose establecido de manera fehaciente que la
interpretación de una norma se ha hecho con violación de la Constitución, lo
que llevó a la condena del procesado y a una reducción punitiva, no puede la
forma imperar sobre lo sustancial (CP Art. 228). De ahí que, en este caso, ante
la evidente violación de los derechos constitucionales fundamentales del
demandado, la Corte entiende que ha de primar la obligación estatal de
garantizar la efectividad de los derechos, por encima de la exigencia de agotar
los medios judiciales de defensa.”
[37] Corte Constitucional, sentencia T-949 de 2003 (M.P.
Eduardo Montealegre Lynett). En este caso la Corte decidió que “(…) la
infracción del deber de identificar correctamente la persona sometida al
proceso penal, sumada a la desafortunada suplantación, constituye un claro
defecto fáctico, lo que implica que está satisfecho el requisito de
procedibilidad exigido por la Jurisprudencia para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales”. Sobre la evolución que se ha
presentado en éste punto se puede consultar la sentencia T-774 de 2004 (M.P.:
Manuel José Cepeda Espinosa).
[38] M.P.: Clara Inés Vargas.
[39] Dijo la Corte Suprema de Justicia: “resulta evidente
que la Superintendencia accionada incurrió en un defecto procedimental
constitutivo de vía de hecho, porque dejando de lado el procedimiento que debe
agotar cuando realiza actos de carácter jurisdiccional, no sólo no resolvió
sobre el recurso de apelación que se interpuso contra la Resolución No. 04729,
sino que ante el requerimiento de la interesada para que realizara el
respectivo pronunciamiento, decide hacerlo por medio de “oficio”, situación que
posteriormente utilizó para denegar el recurso de reposición y las copias que
de manera subsidiaria se habían solicitado para recurrir en queja, argumentado,
contrario a la realidad que muestra el proceso, que mediante el mencionado
oficio se había resuelto un derecho de petición, arbitrariedades que
remata con la decisión adoptada mediante la Resolución 30359 de 20 de
septiembre del año anterior, en cuanto se abstuvo de dar trámite al recurso de
queja propuesto en legal forma y ordenó la expedición de copias no con base en
lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 378 del Código de Procedimiento
Civil, conforme se le había solicitado, sino con estribo en lo dispuesto en el
C.C.A. relativo al derecho de petición”.
[40] M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
[41] Sentencia T-083 de 1998.
M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz. la Corte negó el amparo solicitado, al
considerar que el accionante pretendía mediante la acción de tutela que se
declarara la existencia de una vía de hecho configurada con base en la
ocurrencia de irregularidades dentro de un proceso laboral. La Corte consideró
que el mecanismo idóneo para la defensa de sus intereses era el recurso de
apelación, el cual no había sido utilizado por el accionante.
[42] Sentencia T-598 de 2003
(M.P.: Clara Inés Vargas Hernández). En este caso el accionante detentaba la
condición de propietario de una cosecha de plátano ubicada dentro de un predio
embargado dentro de un proceso ejecutivo singular, en el cual se libró
mandamiento de pago y se decretó el embargo y secuestro del bien inmueble en el
cual se encontraba la cosecha. En el curso de la diligencia de secuestro no se
presentó ninguna oposición y posteriormente no se propuso el incidente de
desembargo previsto en el numeral 8 del artículo 687 del Código de
Procedimiento Civil. En igual sentido, en la sentencia T-702 de 2003 (M.P.:
Clara Inés Vargas Hernández), la Corte sostuvo que “al margen de una posible
falta de diligencia del apoderado, no puede olvidarse que la acción de tutela
no fue diseñada para enmendar errores o descuidos, ni constituye una forma de
recuperar oportunidades dejadas de utilizar en el curso de un proceso judicial,
debiendo la Corte reiterar la posición asumida en la citada sentencia T-598 de
2003. Así las cosas, desde esta perspectiva resulta improcedente acudir a la
tutela para controvertir la decisión del juzgado en el sentido de no tramitar
el incidente de desembargo”.
[43] Folios 590 a 591 del
cuaderno sobre el incidente de perjuicios. El apoderado del BBVA interpuso
incidente de nulidad con relación al incidente de regulación de perjuicios
promovido por el señor Berrocal Canabal (folios 590 a 591 del cuaderno sobre el
incidente de perjuicios), la cual fue rechazada por el Juzgado Cuarto y el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala de Decisión Civil –
Familia – Laboral. El apoderado del BBVA para ese entonces, doctor Néstor
Orlando Prieto Ballén, sobre el particular afirmó: “De conformidad con el artículo
137 numeral del CPC, el incidente de regulación de perjuicios aludido en este
escrito debe ser trasladado, para este caso, a la entidad que represento, acto
procesal que no se evidencia en el proceso. || De igual manera, el artículo
108 del mencionado estatuto instruye como debe darse traslado del incidente de
perjuicios que nos ocupa, lo que implica que el mismo deba ser fijado en lista
a expensas de la secretaría del despacho por el término de un día y correr
traslado a partir del día siguiente”. (Subraya por fuera del texto original”.
[44] Folios 15 al 27 del
cuaderno sobre el incidente de perjuicios. Insertado en el estado número 00139
del 12 de septiembre de 2005.
[45] Presentado ante el
despacho el día 15 de septiembre de 2005. Folios 29 al 31 del cuaderno sobre el
incidente de perjuicios.
[46] Folios 37 al 45 del
cuaderno sobre el incidente de perjuicios. Insertado en el estado número 0145
del 28 de septiembre de 2005.
[47] Folios 4 al 18 del
cuaderno principal de la tutela.
[48] Folios 369 al 443 del
cuaderno principal de la tutela.
[49] El magistrado Cruz
Antonio Yanez Arrieta salvó su voto en la decisión, con base en los siguientes
argumentos: Aduce el disidente que el a-quo cometió diversas irregularidades
dentro del proceso, como por ejemplo no haber fijado fecha y hora para la
posesión del perito tal como lo exige la ley procesal civil, además que lo
posesionó antes de la notificación por estado del auto que lo nombró. Sumado a
lo anterior, advierte el magistrado que el perito rindió dictamen antes de que
estuviera ejecutoriado el auto que lo designó como tal. Afirma que “por haberse
presentado un dictamen pericial cuando aún no estaba en firme la providencia
que lo había decretado, el mismo no podía ser objeto de valoración, así éste no
hubiese sido objetado por cuanto las decisiones judiciales deben fundarse en
las pruebas regular y oportunamente alegadas al proceso, como expresamente lo
dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil y, al ser ésta la
única prueba en que se fundamenta la decisión apelada, no era procedente
imponer condena en contra de la entidad bancaria demandada”. Por otro lado
indica el magistrado Yanez que si en gracia de discusión se acepta que el
anterior trámite sí cumplió con las formalidades de ley, no puede afirmarse que
estén probados cabalmente los perjuicios aducidos por el incidentalista, pues
su argumento lo basó en una prueba traslada del proceso penal sobre el cual
afirmó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema la había avalado,
cuando lo cierto es que en dicha oportunidad la Sala expresó que el peritazgo
surtió el trámite de rigor de conformidad con las normas vigentes, y que de
ser ciertos dichos perjuicios podía ir a la vía respectiva para que se le
indemnizara.  Por otro lado, señala el disidente que en la diligencia de
secuestro no se refirieron a la existencia de los 130 semovientes, animales
sobre los que se basó el cálculo del lucro cesante. Se cuestiona además sobre
cómo el perito podía establecer que cada semoviente ganaba 12 Kilos de peso por
mes, 144 al año, sin especificar la raza de éstos, si eran de levante, cría,
lechería, ganada bravío, la edad con la que contaban, sino aparece en el expediente
ninguna prueba al respecto. Agrega que el perito usó un interés del 4.88% mes
vencido para actualizar el lucro cesante, sin existir soporte alguno para que
se usara dicha tasa, pues ésta incluso está por encima de la de usura. Concluye
el magistrado, aduciendo su extrañeza por la celeridad en el trámite incidental
de regulación de perjuicios en primera instancia. (Folios 38 al 49 del cuaderno
principal de la tutela) .
[50] Sentencia T-996 de 2003. M.P.:
Clara Inés Vargas.
[51] M.P.:
Marco Gerardo Monroy Cabra.
[52] M.P.: Antonio Barrera
Carbonell. Demanda de inconstitucionalidad contra los
artículos 88, 183, 212, 213, 215 y 234 (todos parcialmente) del Decreto 01 de
1984 (Código Contencioso Administrativo), y 137, 238, 348 y 378 (todos
parcialmente) del Decreto 1400 de 1970 (Código de Procedimiento Civil).
[53] “ARTICULO 4º CELERIDAD.
La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos
procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los
funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará
respecto de los titulares de la función disciplinaria”.
[54] Corte Constitucional.
Sentencia No. T-006/92, citada.
[55] Sentencia C-37 de 1996.
M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa.
[56] Sentencia
T-323 de 1999. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo. S.V.: Carlos Gaviria
Díaz.
[57] Sobre este punto puede
consultarse la sentencia T-1062 de 2002 (M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra).
[58] M.P.: Marco Gerardo
Monroy Cabra.
[59] Folios 1 al 17 del segundo cuaderno sobre el
incidente de perjuicios. En este escrito, el apoderado del señor Berrocal
señala: “De la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso
penal contra MANUEL GIRALDO MONTERROZA que se surtió en el Juzgado 4 Penal del
Circuito de Montería y que culminó con sentencia condenatoria contra el
sindicado y donde se declaró al Banco Ganadero, hoy BBVA Ganadero como tercero
civilmente responsable y que llegó a la máxima instancia, se puede concluir,
sin lugar a duda alguna, que la responsabilidad del Banco en los perjuicios
causados a mi cliente, son de exclusiva responsabilidad del banco y que estos
se liquidarán en cada proceso en particular” y extracta de la sentencia el
siguiente apartado: “Los restantes perjuicios materiales se originaron en su
mayoría en las medidas cautelares decretadas sobre los citados precios dentro
de los procesos ejecutivos que el banco Ganadero promovió en contra del señor
BERROCAL CANABAL, no sólo por el cobro de esa suma de dinero sino también de
otras obligaciones adquiridas por el afectado” (Mayúsculas en el texto
original). Se observa que en la liquidación presentada, el perjuicio se liquidó
e indexó con base en la siguiente fórmula: S = C (1+ 0.0488)n.
[60] Folio 263 del cuaderno
principal de la tutela. Insertado en el estado 0108 del 18 de julio de 2005. De
acuerdo con el artículo 107 del CPC, modificado por el artículo 12 de la Ley 794 de
2003 la presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y
comunicaciones, en lo pertinente, deberá hacerse de la siguiente manera: “El
secretario hará constar la fecha de presentación de los memoriales que reciba,
pero solo pasará al despacho de modo inmediato y con el respectivo expediente,
aquellos que requieran decisión o los agregará a este si se encuentra allí para
que resuelva simultáneamente todas las peticiones pendientes. Los demás
escritos y comunicaciones que no contengan una solicitud o no requieran de un
pronunciamiento se agregarán al expediente por el secretario sin necesidad de
auto que lo ordene. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o
de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá
esperar a que este transcurra en relación con todas las partes”.
[61] Este inciso dispone
“Artículo 137. Proposición, trámite y efecto de los incidentes. Modificado por
el artículo 1, numeral 73 del Decreto 2282 de 1989. || 2. Del escrito se dará
traslado a la otra parte por tres días, quien en la contestación pedirá las
pruebas que pretenda hacer valer y acompañará los documentos y pruebas
anticipadas que se encuentren en su poder, en caso de que no obren en el
expediente”.
[62] Folio 264 del cuaderno
principal de la tutela.
[63] Insertado en el estado
01121 del 27 de julio de 2005.
[64] Dentro de las
excepciones previstas para la no notificación de autos, se encuentran cuando el
mismo se trata de autos de cúmplase, entre los cuales se encuentran los que a
continuación se relacionan “Artículo 115. Copias de actuaciones judiciales.
<Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 63 del Decreto 2282 de
1989>.  4. La expedición de copias de la totalidad de un proceso terminado,
en el cual no esté pendiente ningún trámite previsto por la ley, se ordenará
mediante auto de cúmplase. || “Artículo 117. Desgloses. 6.
Los desgloses en los procesos terminados se ordenarán mediante auto de
"cúmplase", a menos que se trate de documentos en que se hagan
constar obligaciones”. || “Artículo 436. Demanda, admisión,
notificación y traslado. <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 240 del
Decreto 2282 de 1989.> Inciso 4. Si faltare algún requisito o documento, el
juez ordenará por auto de cúmplase que se subsane o que se allegue, lo cual la
parte podrá hacer verbalmente si se trata de asunto de mínima cuantía, en cuyo
caso se extenderá acta adicional”.
[65] Al respecto, manifiesta
el Magistrado en mención que “De igual manera el juez a-quo para confirmar o
establecer la liquidación de los perjuicios contenidos en el escrito de
Incidente, haciendo uso de la facultad establecida en los artículos 179 y 180
del CPC, decreta un dictamen pericial y por actuar de forma inadvertida lo
dictó de NOTIFÍQUESE, cuando era de CÚMPLASE, razón por la cual se le ha
criticado la ligereza con que actuó en este caso y como si lo anterior fuera
poco el dictamen pericial fue rendido con el lleno  de los requisitos
establecidos en el artículo 237 numeral 6 del CPC, dándose traslado a las
partes para su correspondiente contradicción de conformidad con lo establecido
en el artículo 238 ibídem y el aquí tutelante guardó silencio al respecto, es
decir, no pidió complementación, aclaración, ni lo objetó por error grave”.
Folios 479 a 481 del cuaderno principal de la tutela.
[66] Al respecto, el artículo
324 del CPC estatuye: “Artículo 324. Fijación y desfijación de
edictos y estados. Los secretarios fijarán los edictos y los estados al
comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y los desfijarán al
finalizar la última hora de trabajo de aquel en que termina la notificación. De
todo edicto se dejará copia en papel común en el archivo de la secretaría”.
[67] El artículo 321 del CPC,
en lo pertinente establece que “Artículo 321. Notificaciones por
estado. <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 150 del
Decreto 2282 de 1989 > (…) La inserción en el
estado se hará pasado un día de la fecha del auto”.
[68] Artículo modificado por
el artículo 3 de la Ley 794 de 2003.
[69] Sobre la aceptación del
cargo el artículo 9 del CPC, en lo pertinente, establece: “Artículo 9.
Designación, aceptación del cargo, calidades y exclusión de la lista.
<Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 794 de 2003> (…) 2.
Aceptación del cargo. Todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a
la dirección que figure en la lista oficial, y en éste se indicará el día y la
hora de la diligencia a la cual deban concurrir. Copia debidamente sellada por
la oficina de telégrafo respectiva, se agregará al expediente. Lo anterior, sin
perjuicio de que dicha notificación se pueda realizar por otro medio más
expedito, de lo cual deberá quedar constancia en el expediente. En la misma
forma se hará cualquiera otra notificación. || El cargo de auxiliar de la
justicia es de obligatoria aceptación dentro de los cinco (5) días siguientes a
l envío del telegrama correspondiente o a la notificación realizada por
cualquier otro medio, so pena de que sea excluido de la lista, salvo
justificación aceptada”.
[70] Al respecto, ver la sentencia C-1255 de 2001. M.P.: Rodrigo Uprimny Yepes.
[71] Al
respecto, este artículo dispone “Artículo 235. Impedimentos y recusaciones. <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral
108 del Decreto 2282 de 1989 > Dentro de los tres días siguientes a la
notificación del auto que designe los peritos, las partes podrán recusarlos por
escrito en el que pedirán las pruebas que para tal fin estimen procedentes. El
escrito quedará en la secretaría a disposición del perito y de la otra parte, hasta
la fecha señalada para la diligencia de posesión, término en el cual podrán
solicitar pruebas relacionadas con la recusación. || Si antes de tomar posesión
el perito acepta la causal alegada por el recusante o manifiesta otra
prevista por la ley, se procederá a reemplazarlo y a fijar nueva fecha y hora
para la diligencia de posesión. En caso contrario se decretarán las
pruebas, que deberán practicarse dentro de los cinco días siguientes. Si el
término probatorio de la instancia o del incidente en el cual se decretó la
peritación hubiere vencido o fuere insuficiente, el juez concederá uno
adicional que no podrá exceder del indicado, y resolverá sobre la recusación.
||En el auto que acepta la recusación se designará el nuevo perito y se
fijará fecha y hora para la diligencia de posesión, a la que deberá
concurrir el otro perito, si la peritación fuere plural” (Subraya por fuera del
texto original).
[72] Notificado mediante
estado del 4 de agosto de 2005. Insertado en el estado número 0116 de la misma
fecha.
[73] Sentencia
T-920 de 2004. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[74] M.P.: José
Gregorio Hernández Galindo.
[75] Este
último valor fue modificado por el Tribunal, al considerar que “por tratarse de
un asunto eminentemente civil, debemos seguir las orientaciones dadas por la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que señala un tope de
$15’000,000.oo para la correspondiente indemnización. Dejando el patrón de
gramo oro, y, para evitar el desborde o el abuso que se puede presentar con ese
arbitrio, por lo que ha pretendido buscar o establecer algunos límites.  Por
eso fijó inicialmente como límite la suma máxima de $30,000.oo. Después antes
las presiones por la pérdida del valor adquisitivo del peso colombiano aceptó
hasta $100,000.oo por perjudicado, en sentencia de agosto de 1981, y así
sucesivamente lo ha ido incrementando hasta llegar hoy al tope de
$15’000,000.oo. || En consecuencia, se modificará este punto en que la condena
de perjuicios morales no debe ser de 1,000 gramos oro, sino de $15’000,000.oo
de pesos. Pues recuérdese que el a-quo debió tasar como ya se dijo, por la
causa pertinente en pesos, como que con el incremento dispuesto por el juez, la
condena “quedaría establecida en una suma muy superior a la que usualmente ha
señalado la jurisprudencia como perjuicios morales en este tipo de casos; que
el arbitrio judicial para tasar los perjuicios morales no era ilimitado y que,
al no obrar de conformidad, el juzgado a- quo propiciaría “un enriquecimiento
injustificado de lo demandado” transgrediendo “los más elementales principios
de justicia””.