T-292-18
Sentencia T-292/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Procedencia excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Solicitud previa de
rectificación al medio informativo como requisito de procedibilidad
La jurisprudencia ha establecido que en materia de tutela
contra medios de comunicación, la solicitud de rectificación se constituye en
un requisito de procedibilidad del referido mecanismo de amparo constitucional.
LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA-Persona natural que actúa a través de apoderado
en defensa de sus propios intereses
LEGITIMACION POR PASIVA EN TUTELA-Medio de
comunicación como responsable de la producción y emisión de programa Los
informantes
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Debe ponderarse bajo el criterio del plazo
razonable y oportuno
ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO AL BUEN
NOMBRE Y A LA HONRA-Procedencia
Aunque el ordenamiento jurídico
cuenta con instrumentos diferentes a la tutela, como la acción penal, para
invocar la protección de los derechos al buen nombre y a la honra, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacifica en reconocer
que la simple existencia de una conducta típica que permita salvaguardar
los referidos derechos fundamentales, no es un argumento suficiente para
deslegitimar por sí sola la procedencia de la acción de tutela, toda vez
que: “(i) aunque la afectación exista y sea antijurídica, se puede
configurar algún presupuesto objetivo o subjetivo que excluya la
responsabilidad penal, lo cual conduciría a la imposibilidad de brindar cabal
protección a los derechos del perjudicado; (ii) la víctima no pretenda un
castigo penal, sino solamente su rectificación; y (iii) la pronta respuesta de
la acción de tutela impediría que los efectos de una eventual difamación sigan
expandiéndose y prologándose en el tiempo como acontecimientos reales y
fidedignos ”.
LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Contenido y alcance/LIBERTAD DE EXPRESION E INFORMACION-Límites
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION Y DERECHO DE OPINION-Diferencias
Esta diferencia
determina que la libertad de opinión tenga por objeto proteger aquellas formas
de comunicación en las que predomina la expresión de la subjetividad del
emisor: de sus valoraciones, sentimientos y apreciaciones personales sobre
determinados hechos, situaciones o personas. Entretanto, la libertad de
información protege aquellas formas de comunicación en las que prevalece la
finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido. Por tal razón, en este
último caso se exige que la información transmitida sea veraz e imparcial, esto
es, que las versiones sobre los hechos o acontecimientos sean verificables y en
lo posible exploren las diversas perspectivas o puntos de vista desde los
cuales un mismo hecho puede ser contemplado. Tal exigencia, está ligada a un
aspecto fundamental, y es que en el caso de la libertad de información no sólo
está involucrado el derecho de quien transmite, sino el de los receptores de la
información, los cuales, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20
constitucional, tienen derecho a que se proteja la veracidad e imparcialidad de
la información que reciben.
LIBERTAD DE INFORMACION-Alcance/LIBERTAD DE INFORMACION-Características
La propia jurisprudencia ha
reconocido que la libertad de información se trata de un derecho
fundamental bilateral o  de “doble vía”, toda vez que
consiste no solo en la facultad de buscar y publicar información
sino también, en la prerrogativa en cabeza de los destinatarios de conocer la
misma. En otras palabras, esta Corporación mediante numerosos
pronunciamientos ha explicado que “(…) existe un derecho de informar,
de recabar y divulgar información y, como correlativo, existe un derecho a
la información, en virtud del cual a toda persona le asiste la atribución de
informarse de la verdad, de juzgar por sí misma sobre la realidad con
conocimiento suficiente”. De allí que esta Corte haya establecido
que “(…) la libertad de información se constituye como un derecho
fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica
obligaciones y responsabilidades. Es pues un derecho- deber, esto es, un
derecho no absoluto sino que tiene una carga que condiciona su realización”.
DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACION-Veracidad e
imparcialidad
VERACIDAD DE LA INFORMACION-Alcance
En cuanto a la veracidad de la
información como límite interno, esta Corporación ha afirmado que la misma
hace referencia a hechos o enunciados de carácter fáctico, que pueden ser
verificados, por lo que no cubre las simples opiniones. Así, la exigencia de
veracidad implica que la nota informativa debe ser lo más descriptiva y
objetiva posible, de manera que la misma pueda ser constatada. No obstante, la
Corte ha precisado que el cumplimiento de este requisito “(…) no implica
la verificación de la verdad absoluta de los hechos que se denuncian, pues esto
haría imposible la actividad periodística es decir que no equivale a una
exigencia de certeza frente a lo informado”.
IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION-Alcance
En cuanto al principio de imparcialidad
de la información, la Corte, desde temprana jurisprudencia ha establecido que la labor
informativa “envuelve una dimensión interpretativa de los hechos, la cual
incluye elementos valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y la opinión”.
Luego la exigencia es que el emisor guarde distancia frente a sus fuentes,
con el propósito de no aceptar de plano y de manera automática todas sus
afirmaciones, sino que pueda aportar variadas posiciones cuando un
acontecimiento así lo requiera. Así, la información que le sea suministrada al
público ha de ser contrastada con versiones diversas sobre los mismos hechos,
por los directamente involucrados o expertos para con ello, poner de presente
ante el receptor todas las aristas del debate. En palabras de la Corte: “(… )
El comunicador está en el deber de cuestionar sus propias impresiones y
preconceptos, con miras a evitar que sus preferencias y prejuicios afecten
también su percepción de los hechos”. Al respecto, también ha destacado que
la intención del Constituyente al incluir el cumplimiento de la
imparcialidad y el equilibrio informativo, guarda directa relación con “el
derecho al público a formarse libremente una opinión, esto es, a no recibir una
versión unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le impida
deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios expuestos
objetivamente”.
VERACIDAD E IMPARCIALIDAD DE LA INFORMACION-Deber de diferenciar
entre información y opinión
DERECHO A LA RECTIFICACION EN CONDICIONES DE EQUIDAD-Alcance
DERECHO AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y A LA IMAGEN-Reiteración de
jurisprudencia
DERECHO A INFORMAR EN MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACION SOBRE DATOS Y PERSONAJES DE RELEVANCIA PUBLICA-Reiteración
de jurisprudencia
EXCEPTIO VERITATIS-Liberadora de responsabilidad en conductas que
afectan los derechos a la honra y al buen nombre
LIBERTAD DE EXPRESION Y DE INFORMACION EN ASUNTOS DE INTERES
PUBLICO-No vulneración del derecho al buen nombre y honra del profesor Manuel Elkin Patarroyo
por emisión de nota periodística “La caza del Musmuqui” en el programa
Los informantes
Se observa que, a pesar de las denuncias presentadas por las
personas que intervinieron en el desarrollo de la emisión “La Caza del Musmuqui”,
lo cierto es que la misma tenía un propósito informativo, en tanto buscaba dar
a conocer al público hechos de interés general que, si bien pudieron ser
interpretados como comprometedores por parte de profesor Patarroyo, se refieren
a circunstancias objetivas reales como es la caza de monos nocturnos Aotus que,
en alguna medida, son utilizados en la experimentación de la vacuna contra la
malaria, y la tala de árboles que supone la captura de dicha especie. Se trató
entonces, de un informe periodístico que más allá  de estar orientado a
lanzar acusaciones en contra de una persona en particular, tuvo como fin
último, presentar a los televidentes no solo una preocupación de interés
general que existe en la selva amazónica en relación con el aumento en la
tala de árboles como consecuencia de la caza de una especie animal en
particular, sino también, incentivar a las autoridades ambientales para que
adopten medidas de protección y conservación de la flora y la fauna en la
región del amazonas. En estos términos, considera la Sala
que en esta oportunidad los derechos al buen nombre, a la honra, a la
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre escogencia
de profesión y oficio y al debido proceso del accionante no fueron
desconocidos por el medio de comunicación demandado, con ocasión del
programa Los Informantes, que el día 17 de septiembre de 2017 a las 8
pm emitió la nota periodística titulada “La Caza del Musmuqui”. En
consecuencia, no hay lugar a la rectificación, comoquiera que la actividad del Canal se llevó a cabo, según quedó
expuesto, bajo el respeto de los límites a la imparcialidad y veracidad que
exige la jurisprudencia para el ejercicio de la labor informativa.
Referencia:
Expediente T- 6656185
Acción de tutela
interpuesta por Manuel Elkin Patarroyo contra Canal Caracol y otros – Programa “Los
Informantes”
Magistrada
Ponente:
CRISTINA PARDO
SCHLESINGER
Bogotá
D.C., veinticuatro (24) de julio dos mil dieciocho (2018)
La
Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional,
conformada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger,
quien la preside, y los magistrados José Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas
Ríos en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución
Política, ha proferido la siguiente:
SENTENCIA
En el
proceso de revisión de los fallos proferidos en primera instancia por el
Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá
el doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) y en segunda instancia
por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el ocho
(8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en el trámite de la acción de
tutela interpuesta por Manuel Elkin Patarroyo contra Canal Caracol Televisión
S.A,  los periodistas María Elvira Arango y Federico Benítez del programa “Los
informantes”, Ángela María Maldonado en su calidad de representante de la Fundación
Entropika y de la Veeduría Ciudadana Ambiental y Protección Animal del municipio
de Leticia del departamento del Amazonas, British Union for Abolition of
Vivisection (BUAV) y los señores Gulfan Rodríguez  y Juan Berdales, integrantes
de la comunidad indígena TIKUNA.
I.
ANTECEDENTES
De
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política (arts. 86 y 241-9), el
Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de
Selección Número Tres de la Corte Constitucional escogió para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia[1]. De
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala procede a
dictar la sentencia correspondiente.
1. De los hechos y las pretensiones
El
señor Manuel Elkin Patarroyo Murillo, actuando mediante apoderada judicial,
interpuso acción de tutela el 28 de noviembre de 2017, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre, a la dignidad
humana, al libre desarrollo de la personalidad,  a la libre escogencia de
profesión y oficio, al debido proceso y a la rectificación con ocasión de la
nota periodística titulada “La Caza del Musmuqui[2]”
la cual fue emitida en el programa Los Informantes del Canal Caracol
donde, aparentemente, se lanzaron “ gravísimas y falsas acusaciones”[3] que
comprometen su calidad como médico científico investigador de la vacuna contra
la malaria y la de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia – en
adelante FIDIC- que dirige.
La
apoderada judicial del actor fundamenta su solicitud de tutela en los
siguientes hechos[4]:
1.1.
El
día 17 de septiembre de 2017 a las 8 pm, en horario triple A[5], el
Canal Caracol trasmitió el programa Los Informantes cuya nota
periodística N º 1 se tituló “La Caza del Musmuqui”. Aduce
que la referida emisión fue dirigida y presentada por la periodista del Canal
Caracol, María Elvira Arango. A su turno, el periodista Federico Benítez del
aludido medio de comunicación, se encargó de la realización y desarrollo del
reportaje.
1.2.
Refiere
que en la referida nota periodística, la presentadora hace mención  directa e
indirecta al nombre del señor Manuel Elkin Patarroyo Murillo y a la FIDIC con “gravísimas
acusaciones en su contra[6]”
entre las cuales destaca las siguientes[7]:
·
En el  minuto
0:34 del programa : “El Musmuqui como lo llaman los indígenas Tikuna en el Amazonas,
es la única especie de monos nocturnos que existe, vive en familia dentro de
árboles que alcanzan hasta los 30 metros de altura pero hasta allá llega
la mano del hombre para atraparlos y venderlos.
·
Minuto 0:49 del
programa: “Entre Colombia y Perú, la cacería de monos nocturnos es un
negocio cruel del que viven comunidades enteras de indígenas
Tikuna, de las selvas terminan en laboratorios científicos para
experimentar con ellos la vacuna contra la malaria, los cazadores hacen
faenas, selva adentro en las madrugadas para atrapar a los musmuqui, como ellos
los llaman pero antes de meterlos en un costal, encerrarlos en las jaulas y
llevarlos hasta Leticia, tumban árboles y arrasan con el medio ambiente.
Federico Benítez se fue a cazar cazadores y comprobó cómo se trafica con esta
especie que ya está amenazada”.
·
Minuto 1:15:
Su mayor desgracia es tener el sistema inmunológico parecido al del
ser humano los compran para experimentar con ellos la vacuna contra la
malaria, un negocio redondo para los cazadores y muy cruel para la especie y el
medio ambiente.
1.3 Agrega que en la emisión se relacionó concretamente a dos
indígenas del pueblo Tikuna, aduciendo que los habitantes de dicha población “viven
de atrapar musmuquis o monos nocturnos; es su principal fuente de ingreso”.
Para efectos de justificar tal señalamiento, el programa entrevistó al primero
de los indígenas identificado con el nombre de Gulfan Rodríguez quien sostuvo,
entre otras cosas, lo siguiente[8]:
·
“En una semana
podemos capturar de 10 a 12 micos, escogemos los más grandes, los que son los
tamaños adecuados para vender”[9].
·
“La intención
de nosotros es capturar los animales y llevarlos a vender”. Sobre el particular, el periodista
encargado de la entrevista preguntó: ¿y a quien se los vende?, a lo cual
el indígena respondió “Manuel Elkin Patarroyo él es el que nos compra
los micos”. Con base en tal señalamiento, el periodista reitera sin
hacer precisión alguna al respecto lo siguiente: “Son utilizados por
la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia para experimentar con ellos
la vacuna contra la malaria”, completa precisando que: “llegan indígenas
como Gulfan, para sacarlos y vendérselos a la fundación inmunología de
Colombia, que contaba con una licencia para capturar 4.000 monos
nocturnos en los últimos 5 años”[10].
(Subrayado en el escrito de tutela).
·
Señala el
indígena “ahorita los estamos vendiendo en 100.000 pesos cada animal”.
Al respecto preguntó el periodista ¿cuándo fue la última vez que usted atrapó
monos?, a lo que el entrevistado respondió “(…) a ver, hacer como dos
semanas, atrapamos 8”[11].
1.4 Precisa la apoderada del tutelante que una vez puestos de
presente los anteriores señalamientos, el periodista encargado de llevar a cabo
la precitada entrevista “(…) describe dramáticamente lo que a su juicio es
la captura de los monos y como se tumban grandes árboles y se devasta el medio
ambiente para atraparlos, al tiempo que se muestran escalofriantes imágenes
tomadas del British
Union for Abolition of Vivisection (BUAV) que muestran a unos indígenas
haciendo tala de árboles y a un mono Aotus chillando desesperadamente (…)”.
Sobre el particular, la parte actora trascribe lo
dicho por el encargado del desarrollo de la emisión, quien para el minuto 6:25 afirma
que:
“Hay 11 monos nocturnos metidos en
jaulas individuales esperando a ser vendidos en Leticia al laboratorio de
la fundación inmunológica de Colombia se menean llenos de angustia e
incertidumbre en los pocos centímetros que tienen de espacio en su celda.
Emiten un suave murmullo cada vez que alguien se les acerca es su manera de
demostrar su desespero por no estar en su nido, por no estar con su familia, en
estas condiciones pueden estar hasta 15 días, antes de ser extraditados
al mundo de la ciencia”. (Subrayado en el escrito de tutela)
1.5 Seguidamente, sostiene que para el minuto 7:32 el
periodista a cargo hizo  mención de la señora Ángela Maldonado Rodríguez afirmando
que ésta[12]
“viene dando la pelea para que el instituto que encabeza el científico
Manuel Elkin Patarroyo, deje de sacar al mono nocturno de su habitat y
lo haga con musmuquis criados en cautiverio pues considera que el daño
que se le está haciendo al medio ambiente es irreparable”. (Subrayado
en el escrito de tutela)
1.6 Respecto de lo anterior, la apoderada del actor señala
que la referida señora Maldonado Rodríguez fue entrevistada en el marco de la
emisión y, en su calidad de representante legal del Fundación Entropika y
presidenta de la Veeduría Ciudadana Ambiental y de Protección Animal del
Municipio de Leticia y del Departamento del Amazonas realizó las siguientes
afirmaciones en detrimento de su representado:
·
“La extracción
de estas especies está afectando no solamente las poblaciones silvestres de los
monos sino los ecosistemas porque existió una tala para la extracción de estos
animales, la investigación en malaria se tiene que adelantar, se tiene que
hacer porque los que vivimos aquí en esta zona de influencia de malaria, los
indígenas, los que estamos aquí necesitamos una vacuna, eso es necesario se
tiene que hacer con monos criados en cautiverio o comprar los animales de un
centro de reproducción certificada  sería la mejor alternativa”.
·
“Colectores
con cedula colombiana, registrados como colectores colombianos, viven en
Comunidades peruanas, capturan los monos en Perú y vienen y los venden al
laboratorio y la autoridad ambiental no hace nada, qué dicen los del
laboratorio… hay es que los monos no tienen pasaporte, es que los monos no, no
ven fronteras, claro, pero es que los monos no se atraviesan el Río Amazonas
desde el lado opuesto de Leticia en un bote para llegar acá”. (Subrayado en
el escrito de tutela)
1.7 Manifiesta el actor que, respecto de los anteriores
señalamientos, el periodista en el minuto 10:00 de la emisión señala sin
previsión alguna lo siguiente:
“Luego de que son llevados al
laboratorio a los musmuqui los meten en jaulas para tomarles muestras
de sangre, e inyectarles el virus de la malaria, luego de meses de estar
encerrados los que sobreviven deben de ser rehabilitados y dejados en libertad
para hacerles un seguimiento y comprobar que se vuelven a adaptar a su hábitat,
pero Ángela Maldonado dice que esto no se cumple”. (Subrayado en el escrito
de tutela)
Sobre el particular, agrega la señora Ángela Maldonado que
los micos “(…) casi siempre se mueren, pues por
infecciones bacterianas según los reportes del laboratorio a Corpoamazonía,
según un estudio que hizo el SINCHI[13]
determinaron que los animales pierden en promedio, creo que es entre 40% de su
peso corporal y son liberados en condiciones no aptas para la liberación.
Que es abrir estos costales sintéticos y liberarlos sin ningún seguimiento”[14].
1.8 Posteriormente, refiere la parte accionante que el
periodista continuó su relato en los siguientes términos:
“A una hora de Leticia por el Río
Amazonas está la comunidad indígena de chinería, es territorio peruano y Juan
Bardales Ex gobernador del lugar cuenta como le botaban los musmuquis
casi moribundos en la orilla del rio”.
Agrega al minuto 11:37 que “Según Corpoamazonía la cuota
de los 4.000 monos ya se cumplió y nadie puede atrapar monos nocturnos en esta
época, pero pese a la prohibición cuando estuvimos en la comunidad de
Gulfan Rodríguez, habían 11 musmuqui enjaulados esperando para ser llevados a
Leticia”.
1.9. Señala la apoderada del tutelante que en
el minuto 12:58 de la nota, mientras simultáneamente se trasmitían imágenes de
archivo del profesor Patarroyo y sus colaboradores en el laboratorio de la
FIDIC en la ciudad de Bogotá, así como también, fotos de monos Aotus en
condiciones deplorables de cautiverio, el periodista afirmó lo siguiente:
“La
fundación instituto de inmunología de Colombia, no es la única que
trabaja con los monos nocturnos en la investigación para encontrar la cura
contra la malaria, En Cali, el centro para la Investigación Científica Cauca Seco,
también hace pruebas con el musmuqui. Estas fotos dan muestra de las
condiciones de su cautiverio, con la cola totalmente pelada, y según la
persona, que tomo las fotos, un ex empleado del laboratorio, los monos son
alimentados con concentrado para perro.
En la frontera entre Colombia, Perú y
Brasil, hay 2 tipos de monos nocturnos el Aoutus vociferans, que tiene el pecho
gris y el Aoutus Nancimae que tiene el pecho color rojo, Corpoamazonía autoriza
que ambas especies sean atrapadas para realizar estudios científicos, pero
según Ángela Maldonado el Aoutus Nancimae el del pecho color rojo, es una
especie considerada actualmente como vulnerable”.
1.10 Aduce el peticionario que la nota periodística en
comento culmina con la intervención de la periodista y directora del programa “Los
informantes”, María Elvira Arango, de la siguiente manera:
“Aunque la fundación
instituto de inmunología de Colombia ya cumplió con la cuota de
monos capturados para los que tenía permiso, solicito autorización para atrapar
otros 4.000 monos nocturnos en los próximos 5 años”.
1.11 Indica el actor que si bien las imágenes[15] que fueron
expuestas a la audiencia televisiva en el curso de la nota periodística “La Caza del Musmuqui” presentan la anotación “IMÁGENES
–BRITISH UNION OF THE ABOLITION OF VEVISECTION”, las mismas le dan a entender
a la opinión pública, “que son imágenes recientes y reales de la forma como
se cazan monos Aotus y se tumban árboles para la investigación biomédica”.[16]
Sobre el particular, advierte el accionante que las referidas fotografías
no son reales, no son recientes, ni tampoco fueron recogidas o evidenciadas
directamente por los periodistas del programa. Precisa que las mismas,  “son
imágenes de archivo, realizadas en el año 2012 que se encontraban publicadas
desde entonces en la página web de la Fundación Entropika”[17].
Al respecto, sostiene el tutelante que la divulgación
inapropiada de las imágenes en mención “indujo a los televidentes a pensar
que todo lo que se muestra en el programa es reciente, real y verídico. Que fue
constatado por ellos y que esa en la forma como trabaja la FIDIC y el profesor
Patarroyo en el Amazonas para la elaboración de la vacuna contra la malaria”[18].
1.12 Estima el accionante que las graves acusaciones
que se hacen dentro del programa se dirigen exclusivamente contra la FIDIC y el
señor Manuel Elkin Patarroyo que es el único científico colombiano que por
décadas se ha dedicado a la investigación y creación de la vacuna sintética
contra la malaria y que, para tales efectos, trabaja con monos en el Amazonas[19].
1.13 Considera la apoderada del actor que a través de
la aludida nota periodística se han increpado un sinnúmero de “improperios,
acusaciones, falsedades e información errónea y tendenciosa” en contra de su
representado. Hechos que, a su juicio, constituyen un desprestigio de la
medicina, la biología y la ciencia.
Agrega que la información presentada en la emisión de Los
Informantes obliga a los televidentes a concluir que el señor Patarroyo y
la FIDIC son “infractores de las normas ambientales relacionadas con el uso,
aprovechamiento sostenible y conservación de la biodiversidad”. Así como
también, lleva a pensar que los mismos “incurrieron en conductas punibles,
tipificadas como delitos en los artículos 328, 331 y 336 del Código Penal[20]”
sin que a la fecha, exista una decisión al respecto por parte de un juez
competente.
1.14 Indica que los periodistas encargados de la
conducción del pluricitado programa de televisión no se ocuparon de contrastar,
corroborar, confirmar o comprobar directamente la veracidad de la información
trasmitida, lo que pone de presente, a su juicio, la falta de veracidad,
imparcialidad y objetividad, así como también, la mala intención con que fue
emitida la nota periodística[21].
1.15 Asegura que si bien es cierto el programa Los
Informantes se comunicó telefónicamente con la FIDIC, previa presentación
de la nota periodística, para hablar con el señor Patarroyo, dicha
interlocución no fue posible comoquiera que el mismo no se encontraba en la
institución. Al respecto, precisó que el programa de televisión no explicó el
alcance, ni el propósito para el cual requería al doctor Patarroyo.
Como consecuencia de lo anterior, afirma que el medio
de comunicación accionado solicitó un correo electrónico para poder remitir “un
cuestionario al profesor Patarroyo”. No obstante, sostiene que el mismo
nunca fue recibido por éste último, ni por nadie de su equipo de trabajo[22].
1.16 Sin perjuicio de lo anterior, expone la abogada
del tutelante que “a pesar de que el programa obtuvo importante información
oficial” acerca de las actividades que desarrolla su representado, la cual
fue suministrada por el Director Territorial Amazonas de la Corporación
Autónoma Regional del Sur de la Amazonía  - CORPOAMAZONÍA- , la misma fue
presentada  “(…) al final de la nota periodística de forma insignificante,
borrosa y descontextualizada”, hecho que no le permitió a los televidentes
conocer con detalle que “ (…) todo lo relacionado a capturas,
rehabilitaciones y seguimiento de los monos está bajo los parámetros que exige
la ley” y que además, la población de los musmuqui hoy en día es similar a
la que había hace 10 años[23].
1.17 Refiere el accionante que el día 20 de septiembre
de 2017,  una vez emitida la nota periodística, de conformidad con lo previsto
en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995, radicó, vía correo electrónico, ante
el Canal Caracol solicitud de rectificación de la emisión titulada “La Caza
del Musmuqui” a través de la cual, allegó las pruebas que demostraban que
la información presentada en el programa había sido “inexacta, injuriosa,
falsa y malintencionada”[24].
1.18 Advierte, que mediante correo electrónico del 5
de octubre de 2017 la mencionada solicitud de rectificación fue negada. Al
respeto, los periodistas indicaron que “supuestamente” enviaron un
cuestionario a la dirección email mepatar@gmail.com, a pesar de que, según lo
indicado por un funcionario de la FIDIC, el correo que les fue proporcionado
telefónicamente era mepatarr@gmail.com[25].
1.19 Afirma que como consecuencia de la información
publicada en la comentada emisión periodística, el señor Patarroyo ha sido, en
diferentes redes sociales (particularmente Facebook y Twitter), víctima de
múltiples ataques, insultos, amenazas de muerte, descalificaciones y
acusaciones.[26]
Adicionalmente, ha recibido varias llamadas y mensajes anónimos que lo llevaron
a presentar denuncia penal por amenazas de muerte, motivo por el que él y su
grupo familiar fueron incorporados en el Programa de Protección y Asistencia de
la Fiscalía General de la Nación[27].
Agrega que la nota periodista, dada su repercusión,
fue comentada en numerosos medios de comunicación del nivel nacional como Blu Radio,
El
Tiempo, la W, Semana, Vanguardia Liberal, RCN Radio, RCN
Noticias, Caracol Radio, entre otros.
1.20 Sostiene que los efectos de la comentada emisión
se hicieron aún más gravosos cuando, el pasado 2 de octubre de 2017 a las 5:00
pm, en la ciudad de Tunja, el señor Manuel Elkin Patarroyo se encontraba
culminando una conferencia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia- UPTC y fue abordado violentamente por un grupo de personas que lo
agredieron física y verbalmente.
1.21 Considera el actor que la trasmisión de la nota
periodística lo ha sometido injustificadamente al escrutinio público,
cuestionando su idoneidad en la labor que desempeña en el campo de la
investigación científica, particularmente en lo que se relaciona con la vacuna
sintética de la malaria. Así mismo, ha puesto en riesgo su vida y la integridad
personal, física y moral de su equipo de trabajo y de su familia.
Añade la apoderada del accionante que toda esta situación ha
llevado a que igualmente, las autoridades ambientales como el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, -CORPOAMAZONIA-, entre otras, indaguen sobre
la aprobación de los permisos que tiene el Doctor Patarroyo y la FIDIC para la
utilización de los monos Aotus en la investigación no solo de la vacuna
de la malaria sino también, de cualquier otro tipo de vacuna para el bienestar
de la humanidad.
1.22 Con fundamento en lo expuesto, el señor Manuel Elkin
Patarroyo solicitó que mediante la presente acción constitucional se amparen
sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a la dignidad humana, al
libre desarrollo de la personalidad, a la libre escogencia de profesión y
oficio, al debido proceso, a la investigación científica y a la rectificación, los
cuales fueron presuntamente vulnerados con ocasión de la trasmisión del programa
Los Informantes – capítulo titulado “La Caza del Musmuqui” en el
Canal Caracol, el día 17 de septiembre de 2017 en la franja de la noche.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó, entre otras
cosas, que: (i) se le ordene a los accionados retirar inmediata y
definitivamente la publicación de la emisión la cual se encuentra en el portal
web de Canal Caracol, (ii) se le ordene a la Fundación ENTROPIKA retirar la
nota periodística de su página web, (iii) se ordene la cancelación de la cuenta
abierta  en charge.org denominada ¡Salvemos URGENTE al Mono Nocturno en Colombia!,
(iv) se le ordene al Canal Caracol la publicación de la decisión de la acción
de tutela de la referencia, a fin de restaurar el perjuicio ocasionado a su
honra, prestigio y buen nombre.
Las referidas pretensiones fueron igualmente solicitadas como
medida provisional.
2.
Traslado y
contestación de la tutela
Mediante auto
del 29 de noviembre de 2017 el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Bogotá admitió la acción de tutela de la referencia
y corrió traslado de la misma a las accionadas[28]
para que en el término de dos (2) días contados a
partir del recibo de la notificación, se pronunciaran respecto de los hechos en
los que se fundamenta la presunta vulneración de los derechos invocados por el actor[29].
En el
mismo auto, la autoridad judicial en mención se pronunció respecto de la medida
provisional deprecada por la apoderada del accionante. Sobre el particular,
resolvió no concederla en tanto consideró que la misma, “(…) conlleva las
mismas pretensiones del amparo tutelar”. Agrego que además, no se acreditó
la urgencia y la necesidad de la solicitud provisional que no diera espera al curso
ordinario del proceso de tutela[30].
2.1 Respuesta
del CANAL CARACOL: Encontrándose dentro del término otorgado por el despacho
judicial, el Canal Caracol S.A. solicitó que se negara el amparo invocado por considerar
que la emisión periodística “La caza del Musmuqui” del capítulo 1 del
programa Los Informantes obedeció únicamente a una investigación en la
cual se ilustraron las preocupaciones ambientales en relación con la caza
indiscriminada y sin autorización de esta especie. Fue así, como para la
elaboración de la mencionada nota se contó con la participación de varias
personas quienes de manera libre hicieron sus declaraciones y aportaron sus
impresiones sobre la materia. Precisó que en el curso de la trasmisión el
programa fue “claro en señalar que la caza es contralada y autorizada, pero
que podría haber personas dedicadas a esta práctica sin estar habilitados para
hacerlo y recurriendo a prácticas que significarían una grave amenaza para la
conservación de esta especie y en general para la protección del ecosistema
amazónico”[31].
Señaló que el
informe se realizó con pleno conocimiento de las obligaciones de la labor
periodística y en cumplimiento de los principios de veracidad, imparcialidad y
diligencia los cuales han sido previstos por la ley y la jurisprudencia. De
allí, destacó la importancia del derecho constitucional a la información y a la
libertad de expresión los cuales gozan de una protección especial y solo podrán
ser censurados en la medida en que se verifique que la información trasmitida
fue falsa, inexacta o injuriosa[32],
lo cual asegura, no ocurrió en el presente caso, razón por la cual, considera que
no le asiste al accionante el derecho a la rectificación ni la protección de
los derechos invocados[33].
Agregó que en el
programa no se hizo señalamiento subjetivo alguno por parte de los periodistas
encargados, ni del Canal en contra del accionante o de la fundación que dirige.
Sobre el particular, resaltó que “la información se presentó siempre en los
términos expresados por los entrevistados, dejando claro que son estas personas
quienes relataron los hechos según sus propias palabras”. Igualmente, adujó
que el lenguaje utilizado “es siempre condicional y dubitativo, utilizado
términos como “según”, “de acuerdo con” para dejar claro que se habla de la
información entregada por los entrevistados”.
Precisó que, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, “no
se le exige al periodista la verdad absoluta a través de una prueba
incontrovertible, sino la diligencia y cuidado en las respectivas
averiguaciones. Así, la diligencia y cuidado en la obtención de la información
es lo que garantiza la veracidad e imparcialidad de la nota”[34].
De acuerdo con
lo anterior, indicó que en la nota se mostró el esfuerzo diligente en ir a
buscar al accionante para obtener sus declaraciones. Al respecto, aclaró que se
realizaron diferentes intentos para lograr contacto directo con el Doctor
Patarroyo o con alguno de sus representantes, sin que ello fuera posible.
Advirtió que la comunicación vía correo electrónico tampoco pudo llevarse a
cabo en tanto “aparentemente” la dirección electrónica suministrada
estaba errada. Hecho del cual solo se notificó hasta cuando conoció del escrito
de tutela presentado por la apoderada del peticionario.
Concluyó reiterando
que la emisión “La Caza del Musmuqui” del programa Los Informantes
cumplió con los requisitos fundamentales de veracidad, imparcialidad y
relevancia pública que se exigen en el ejercicio del derecho a la información y
a la libre expresión. Hizo especial hincapié en que el programa no realizó
señalamientos en contra de la actividad que realiza el señor Manuel Elkin
Patarroyo ni su fundación. Únicamente, le presentó a la teleaudiencia los
testimonios de terceros, luego la acción de tutela no puede ser el mecanismo
para controvertir o censurar sus opiniones[35].
2.2 Respuesta
de Ángela María Maldonado Rodríguez – Representante legal de ENTROPIKA y
presidenta de la Veeduría Ciudadana Ambiental y de Protección Animal del
Municipio de Leticia y del Departamento del Amazonas. Encontrándose
dentro del término otorgado por el Despacho Judicial, la señora Ángela María
Maldonado Rodríguez solicitó que se declarara improcedente la tutela incoada
por el señor Manuel Elkin Patarroyo por considerar que con la emisión
presentada por el programa Los Informantes titulada “La Caza del
Musmuqui”  no se vulneraron los derechos invocados por el actor.
Para efectos de
sustentar su posición señaló que las afirmaciones que realizó en el aludido
programa de televisión no constituyen ningún tipo de improperio, falsedad,
calumnia o falsedad ya que cuenta con las pruebas suficientes para demostrar
que existe un claro fenómeno de desforestación asociado con la captura de los
monos nocturnos que son utilizados para adelantar estudios científicos.
Advirtió que la
información presentada a lo largo de la emisión no se circunscribió únicamente
a sus señalamientos, sino que además, participaron otras personas. Así, precisó
que la parte accionante no puede privar a la sociedad civil de manifestar su
opinión y con ello, coartar el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión. Concluyó que su testimonio cumple con los requisitos de veracidad y
diligencia[36].
2.3 Si bien los
periodistas María Elvira Arango y Federico Benítez fueron correctamente
notificados de la acción de tutela de la referencia, los mismos guardaron
silencio en relación con los hechos que motivaron el presente trámite
constitucional.
3.
Pruebas
relevantes que obran en el expediente[37]
En el expediente obran como pruebas, entre otros,
los siguientes documentos:
·
Copia
del video completo que contiene la nota periodística N°1 del capítulo 186 del
programa Los Informantes[38].
·
Copia
del cuestionario enviado por el programa Los Informantes a
CORPOAMAZONÍA, con cada una de sus respuestas[39].
·
Copia
de un informe presentado por un colaborador del profesor Patarroyo donde se da
cuenta de las llamadas que recibió por parte del programa[40].
·
Copia
de la solicitud de rectificación de la nota periodística presentada por el
señor Patarroyo el día 20 de septiembre de 2017[41].
·
Copia
de la respuesta de la referida solicitud de rectificación con fecha del 5 de
octubre de 2017[42].
·
Copia
de varios de los ataques, descalificaciones y acusaciones de los cuales ha sido
víctima el accionante como consecuencia de la emisión periodística[43].
·
Copia
de la denuncia penal formulada por el actor el 6 de octubre de 2017 por la
amenazas que ha recibo en contra de su vida y la integridad física de su
familia[44].
·
Copia
de las noticias de prensa que le dieron repercusión y despliegue a nivel
nacional a la aludida nota periodística[45].
·
Copia
de los permisos otorgados por INDERENA y CORPOAMAZONÍA desde el año 1984 hasta
el año 2010 para el uso de monos nocturnos en la investigación de la vacuna
contra la malaria[46].
·
Copia
de las resoluciones emitidas por CORPOAMAZONÍA que contienen el permiso de
investigación científica otorgado a la FIDIC y que demuestran que a la fecha el
mismo se encuentra vigente[47].
·
Copia
de la sentencia de tutela del 12 de diciembre de 2014 proferida por el Consejo
de Estado mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales al debido
proceso y a la investigación científica del señor Patarroyo Murillo  y en su
lugar, se anularon los fallos proferidos dentro de un proceso de acción popular
adelantado por la señora Ángela Maldonado y se reanudaron las actividades de
investigación científica con el uso de monos Aotus en los términos y
condiciones establecidas por CORPOAMAZONÍA[48].
·
Copia
de la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 mediante la cual se puede
verificar que los monos Aotus no se consideran una especie silvestre
amenazada[49].
·
Fotocopia
de los informes de valoración de monos Aoutus. Así como las actas del
comité para la protección de animales[50].
·
Copia
de la solicitud de renovación de permiso de investigación presentado por el la
FIDIC, representada por el señor Manuel Elkin Patarroyo Murillo, radicado el
pasado 14 de julio de 2017 ante CORPOAMAZONÑIA[51].
4.  Decisiones
judiciales
4.1 Decisión de primera instancia
El
Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá,
mediante sentencia del doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), resolvió
negar el amparo invocado por el señor Manuel Elkin Patarroyo Murillo.
Para
efectos de sustentar la referida decisión, el Despacho Judicial empezó por
señalar que la nota periodística objeto de inconformidad por parte del actor
versa concretamente sobre la caza del mono musmuqui y que si bien es
cierto en el curso de la misma se realizaron señalamientos en contra del
profesor Manuel Elkin Patarroyo Murillo y la FIDIC, los mismos fueron
efectuados por personas que intervinieron en calidad de entrevistados y NO por
el Canal o su equipo periodístico.
En
cuanto al uso indebido uso de las imágenes proyectadas en la comentada nota periodística
alegado por la apoderada del actor, precisó que “no se evidencia a lo largo
del reportaje, señalamiento alguno ni inducción que conlleve a inferir que
dichos registros fílmicos y fotográficos correspondan a imágenes de labores
desarrolladas por la FIDIC , siendo visibles los créditos “Imágenes British
Union For The Abolition of Vivisection”.En ese sentido, consideró que
no se advierte irregularidad alguna frente al uso del referido material.
Resaltó
que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el
cumplimiento de los presupuestos de veracidad e imparcialidad en el ejercicio
de la labor periodística no implica la exigencia de una prueba irrefutable
acerca de que la información emitida sea cierta, sino un deber de diligencia
razonable. De allí que considerara que conforme con las pruebas allegadas al
proceso, se pudo establecer que el Canal Caracol, a través del equipo
periodístico del programa Los Informantes, se intentó comunicar en
reiteradas oportunidades con el accionante, previa emisión de la nota
periodística, con el propósito de controvertir la credibilidad de las denuncias
formuladas en su contra en relación con la caza de monos nocturnos
En
este orden de ideas, encontró el juez que el comentado programa actuó “sin ánimo
expreso”[52]
de presentar como ciertos hechos falsos, así como tampoco buscó, de “manera
malintencionada y maliciosa”[53],
perjudicar el derecho al honor, a la intimidad y el buen nombre del accionante
y de la Fundación que dirige. Conforme a lo anterior, consideró que la
investigación adelantada por el canal accionado cumple con los requisitos de veracidad
e imparcialidad que se exige de las informaciones presentadas en ejercicio del
derecho a la libre expresión.
Por
último, estimó que el Canal Caracol a través del programa Los Informantes
“no realizó afirmaciones categóricas sino que puso en conocimiento del
público la información suministrada por ciudadanos que han tenido conocimiento
del objeto del reportaje, esto es la caza de los monos nocturnos, lo cual
garantiza el derecho a la libertad de información y la libertad de expresión en
su sentido general”[54].
Concluyó
que en el presente asunto no existe detrimento a la garantía fundamental de
rectificación y que los derechos a la honra y buen nombre no fueron soslayados
por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. No
obstante, advirtió que el actor cuenta con los mecanismos de defensa judicial
ante la vía ordinara para demostrar la materialización de las presuntas
conductas punibles o la responsabilidad civil o administrativa en la que
pudieron incurrir las personas que en el curso de la pluricitada nota
periodística lanzaron acusaciones en su contra.
4.2 Impugnación
La
apoderada del señor Manuel Elkin Patarroyo Murillo impugnó la decisión de
primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:
Inicialmente,
alegó que, contrario a lo considerado por el a quo, los periodistas sí
hicieron señalamientos directos en contra de su representado de manera “virulenta,
mordaz ponzoñosa”[55].
Al respecto, agregó que las afirmaciones realizadas en el curso de la emisión
fueron enfáticas, categóricas y convincentes, lo que indujo al televidente a
pensar que toda la información presentada había sido directamente investigada
por el equipo periodístico encargado de la realización de la nota.
Consideró
que los señalamientos presentados en contra del Doctor Patarroyo y de la FIDIC
denotan la intención “directa y maliciosa de vulnerar sus derechos a la
honra y el buen nombre”. Desconociéndose con ello, la larga trayectoria y
el importante reconocimiento y prestigio que su representado ha obtenido en el
campo de la investigación científica.
Cuestionó
el hecho de que los periodistas del programa y del Canal Caracol no se
encargaron de corroborar la veracidad de las imágenes proyectadas, sino que por
el contrario, “manipularon” las mismas para hacer “parecer como
si ellos hubieran presenciado” los instantes en que los micos eran cazados[56].
Sobre el particular, sostuvo que el medio de comunicación actuó deliberadamente
por el “(…) deseo de dañar la imagen de la FIDIC y del profesor PATARROYO,
actuaron con total falta de objetividad e imparcialidad y trasgredieron el
principio de veracidad de la información que les obliga como mínimo a
contrastar las fuentes”[57].
Conforme
con lo anterior, concluyó que el fallo de primera instancia se alejó de los
supuestos con los cuales debe interpretarse la presunción de veracidad, toda
vez que se ignoró la conducta omisiva de los accionados en relación con la
obligación de contrarrestar la información presentada y guardar la objetividad
e imparcialidad respecto de la emisión de la misma.
4.3. Decisión de segunda instancia
La
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante
Sentencia del ocho (8) de febrero de 2018, confirmó la decisión del a quo
por considerar, entre otras cosas, que contrario a lo alegado por la
impugnante, los periodistas del programa no hicieron acusaciones directas en
contra del doctor Patarroyo Murillo o de la FIDIC, pues los señalamientos que
allí se reprodujeron provinieron de quienes fueron entrevistados en el
reportaje.
Advirtió
que si bien es cierto en algunos apartes de la trasmisión los reporteros
hicieron mención al actor y a la fundación que éste dirige, las afirmaciones
efectuadas “no constituyen señalamientos en su contra”[58].
En
relación con el deber de diligencia razonable que exige la ley y la
jurisprudencia para el desarrollo de la labor periodística indicó que de los
documentos aportados al escrito de tutela se pudo establecer que por lo menos
en tres oportunidades los productores del programa Los Informantes
intentaron comunicarse con el doctor Patarroyo Murillo “para hacerle una
preguntas telefónicamente sobre el uso de los monos en su investigación en el
Amazonas”, no obstante, las llamadas no fueron atendidas, puesto que,
conforme lo indicó un colaborador de la FIDIC “(…) el profesor Patarroyo no
se encontraba en el Instituto”[59].
Precisó que, teniendo en cuenta lo anterior, el Canal Caracol solicitó un
correo electrónico al cual poder enviarle las preguntas, sin embargo, la
recepción de dicho correo no fue posible en tanto la dirección de envío no
coincidía con aquella que le pertenecía al doctor Patarroyo.
Así
las cosas, encontró el ad quem que el programa Los Informantes procuró
establecer contacto con el accionante a efectos de obtener un pronunciamiento
concreto respecto del uso de monos en su investigación científica, cumpliendo
así con el denominado “procesos de verificación razonable”[60].
Agrego
que el programa no tuvo el ánimo de entregar una versión parcializada de los
hechos. De allí que el accionado haya buscado contactarse con Corpoamazonia que
se ocupó de emitir un concepto sobre la materia, el cual fue publicado al final
de la emisión, donde el periodista encargado de la misma señaló que “(…)
todo lo relacionado con capturas, rehabilitación y seguimiento de los monos
está bajo los parámetros que exige la Ley”[61].
De
conformidad con las anteriores consideraciones, coligió que el Canal Caracol a
través de su programa Los Informantes no vulneró los derechos invocados
por el accionante. No obstante, advirtió que, de contar con los elementos
probatorios necesarios, el señor Patarroyo tiene a su disposición las acciones
legales que corresponden para demostrar la presunta comisión de una conducta
punible por parte de los productores del programa.
II.CONSIDERACIONES
1.
Competencia
La
Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional
es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite
de la referencia. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2°
del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política,
en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.
2.
Problema jurídico
En consideración a los
hechos que motivaron la presente acción constitucional, le corresponde a la
Sala de Revisión determinar
si el Canal Caracol, a través de la
nota periodística titulada “La Caza del Musmuqui”, emitida en el
Programa Los Informantes del día 17 de septiembre
de 2017 a las 8:00 pm, en horario triple A, vulneró los derechos fundamentales a la honra, al
buen nombre, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la
libre escogencia de profesión y oficio, al debido proceso y a la rectificación
del señor Manuel Elkin Patarroyo Murillo.
Concretamente, debe la Sala establecer si con la referida emisión se
desconocieron los derechos invocados por el actor, teniendo en cuenta que éste
último es un médico científico reconocido en el ámbito nacional e internacional
por su trabajo investigativo relacionado con el descubrimiento de la vacuna
contra la malaria.
Para tales efectos, la Sala se referirá
a los siguientes puntos: (i) Cumplimiento de los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra medios de comunicación. (ii) El derecho a
libertad de expresión y a la información. Limites a su ejercicio. Reiteración
de jurisprudencia. (iii) Los derechos a la honra, al buen nombre y a la imagen.
Reiteración de jurisprudencia. (iv) El derecho a informar en medios masivos de
comunicación sobre datos y personajes de relevancia pública. Reiteración de
jurisprudencia. (v) La exceptio veritatis liberadora
de responsabilidad, en conductas que afectan los derechos a la honra o al buen
nombre. Reiteración de jurisprudencia. Y, por último, (vi) se abordará la
solución del caso concreto.
2.1.
Examen de procedibilidad de la acción de tutela contra medios de comunicación.
2.1.1.
Del uso previo de la solicitud de rectificación.
La Constitución Política, en el inciso final del artículo 20,
garantiza el derecho de
toda persona “a la rectificación en condiciones de equidad”. En
concordancia con dicho mandato, el numeral 7° del artículo 42 del Decreto 2591
de 1991, establece la procedencia de la acción de tutela contra
particulares “cuando
se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas”, caso en el cual,
dispone la norma, “se deberá anexar la trascripción de la información o la copia de la
publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en
condiciones que aseguren la eficacia de la misma”.
En atención a las referidas disposiciones normativas, la
Corte ha sostenido que el ejercicio del derecho de rectificación “conlleva la obligación de
quien haya difundido información inexacta o errónea de corregir la falta con un
despliegue equitativo”[62] y de “buscar reparar tanto el derecho individual
transgredido como el derecho colectivo a ser informado de forma veraz e
imparcial”[63]. Conforme con ello, la misma jurisprudencia ha establecido que en materia de tutela
contra medios de comunicación, la solicitud de rectificación se constituye en
un requisito de procedibilidad del referido mecanismo de amparo constitucional.[64]
En reiterados pronunciamientos, la Corporación ha resuelto
tensiones entre el derecho a la libertad de información y prensa y los derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad, desarrollando con
ello el contenido y alcance del derecho a la rectificación. Con ese propósito,
ha desatacado la relevancia de la solicitud previa de rectificación como condición
necesaria para activar la acción de tutela contra el medio de comunicación[65]. De ahí que, en el evento en que se pretenda
invocar la protección de los derechos al buen nombre o a la honra, el
interesado deberá, previa interposición del mecanismo de amparo constitucional,
acudir ante medio responsable de rectificar la información que, a su juicio, es
errónea, falsa o inexacta[66].
En punto a la solicitud previa de rectificación, como requisito de
procedibilidad para el ejercicio de la acción de tutela en estos casos, este Tribunal
ha sido claro en señalar que la misma parte de la presunción de buena fe
del emisor del mensaje. Ello, en el entendido que se presume que los hechos que
sustentan sus opiniones o informaciones son verificables y razonablemente
contrastados. No obstante, también ha reconocido que no es posible excluir “la
posibilidad de que [el emisor] pueda caer en error”.[67] Por esta razón, según la propia jurisprudencia,
el requisito de la solicitud de rectificación previa “pretende dar al emisor
de la información la oportunidad de contrastar y verificar por sí mismo si las
aseveraciones de quien solicita la rectificación son ciertas o, por el
contrario, si se mantiene en el contenido de la información por él difundida”[68].
Ahora bien, desde la sentencia T-074
de 1995, esta Corporación reconoció que la rectificación previa es una herramienta indispensable en
la medida en que le ofrece al medio la oportunidad “sobre cuya
información hay inconformidad, para que rectifique o aclarare”, luego si
los medios se niegan a rectificar, el amparo constitucional resulta ser,
entonces, un instrumento de defensa eficaz    -en la medida que se acredite la
violación- e independiente de la protección que pueda perseguirse por la vía
penal o civil, en tanto permite la armonización de derechos como la libertad de
información y el buen nombre y honra de las personas, en el ámbito de los
derechos fundamentales y desde una perspectiva estrictamente constitucional[69]. Al respecto, la Corte en sentencia T-1198
de 2004 sostuvo que:
“(…) el derecho a que se rectifiquen las informaciones
falsas, erróneas o inexactas cuya difusión haya lesionado la honra o el buen
nombre de una persona, es una garantía de rango constitucional establecida para
asegurar la veracidad de la información y para restablecer o atenuar la lesión
a los derechos que puedan ser vulnerados por su inobservancia”[70].
Así las cosas, se requiere que,
previo uso de la acción de tutela, el demandante haya solicitado al medio
informativo la rectificación de los datos publicados[71]. Ello,
por cuanto se parte de la presunción de que el medio ha actuado de buena fe,
lo que, en consecuencia, implica que se le ha de brindar la oportunidad de
corregir la información divulgada[72].
Para el caso objeto de
revisión, se pudo constatar que la emisión de la noticia que el peticionario
señala como lesiva de sus derechos fundamentales tuvo lugar el día 17 de septiembre
de 2017, a las 8:00 pm, en horario triple A,
y que el día 20 de septiembre del mismo año, el señor Manuel
Elkin Patarroyo Murillo solicitó ante el Canal Caracol -programa Los
Informantes, que se retractaran respecto de la información suministrada en
la nota periodística titulada “La Caza del Musmuqui”.  Dicha solicitud
no fue acogida por el Canal tras considerar que la información trasmitida eras
veraz e imparcial.
De esta manera,
encuentra la Sala que en el caso sub judice se verificó que el actor
agotó, previa interposición de la presente acción de tutela, la solicitud de
rectificación y que además, la misma se presentó dentro del término legal
previsto en el artículo 30 de la Ley 182 de 1995[73],
sin que las pretensiones allí contenidas fueran atendidas por la empresa
demandada.
2.1.2.
De la legitimación en la causa y la inmediatez
2.1.2.1 Sobre la legitimación de las
partes
2.1.2.1.1
Legitimación por activa. De acuerdo con
lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene derecho
a interponer acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre[74].
En desarrollo de dicho mandato, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[75]
dispone que la referida acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos”. En esta oportunidad, la acción de tutela de la
referencia fue interpuesta por la apoderada judicial del señor Manuel Elkin
Patarroyo, quien es el titular de los derechos fundamentales presuntamente
violados por el medio de comunicación demandado. Lo anterior, con
ocasión a la nota periodista trasmitida por el programa Los Informantes
del Canal Caracol donde aparentemente él y su fundación, fueron víctimas de
gravísimas y falsas acusaciones.
2.1.2.1.2.
Legitimación por pasiva. El mismo artículo 86 superior dispone que la acción de tutela
procede frente a la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, cuando la
transgresión de los mismos procede de la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares cuando se cumplan las condiciones previstas en
la ley. En el presente caso, advierte la Sala que, en principio, la acción de
tutela se dirige contra distintas personas, públicas y privadas. No obstante, es
claro que el hecho generador que dio origen a la presunta vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante se circunscribe,
concretamente, a la emisión de la noticia periodística titulada “La Caza del
Musmuqui”, la cual fue trasmitida por el programa Los Informantes
del Canal Caracol el pasado 17 de septiembre de 2017 a las 8:00 pm,
en horario triple A.
En
este orden de ideas, sin perjuicio de las distintas responsabilidades que se
puedan derivar como consecuencia de los hechos que se narran en la presente
acción de tutela, para efectos de la solicitud de amparo constitucional la
legitimación por pasiva en el caso sub examine recae, exclusivamente, en
el Canal Caracol quien es el responsable directo de la producción y emisión del
programa Los Informantes, y de la nota periodística en él trasmitida que
el actor considera lesiva a sus derechos.
En
efecto, en la medida en que la vulneración alegada surge directamente del
aludido programa, y que el ámbito de protección de los derechos en sede de
tutela se restringe al aspecto de la rectificación, en el caso de probarse las
graves y falsas imputaciones endilgadas a la
nota periodística, es claro que la responsabilidad constitucional debe recaer
únicamente sobre el productor y emisor del programa.
Así
las cosas, encuentra la Sala que el Canal Caracol
Televisión SA, persona jurídica de naturaleza privada que presta el servicio
público de televisión, es la persona que en este juicio se encuentra legitimada
en la causa por pasiva, previo el cumplimiento de la solicitud de rectificación
presentada por el actor. De allí que en esta ocasión la Corte encuentre superado
el cumplimiento de este requisito de procedibilidad en relación con la misma[76].
2.1.2.2
Sobre la inmediatez
En reiteradas oportunidades, la
jurisprudencia ha sido clara en señalar que la procedencia de la acción de
tutela se encuentra sujeta al cumplimiento del requisito de inmediatez. Al
respecto, ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía
acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno contado
entre la ocurrencia del hecho generador de la transgresión y la interposición
de la acción de tutela. Lo anterior, en procura del principio de seguridad
jurídica y de la preservación de la naturaleza propia de la acción de tutela.
Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha determinado que si bien es cierto la acción de tutela no
tiene un término de caducidad, esto no debe entenderse como una facultad para
presentar la misma en cualquier tiempo. Lo anterior, por cuanto a la luz del
artículo 86 superior el amparo constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de los derechos invocados[77].
En este orden de ideas, le corresponde al juez constitucional
verificar el cumplimiento del principio de inmediatez y al efecto constatar si
el tiempo trascurrido entre la aparente violación o amenaza del derecho y la
interposición de la tutela es oportuno. En el caso sub
examine,  se pudo verificar que la
acción de tutela se interpuso en un término prudencial pues la vulneración o amenaza
de los derechos a la que hace alusión el señor Patarroyo Murillo se presentó el
17
de septiembre de 2017, fecha en que se emitió la nota
periodística y la presentación  de la acción data del 28 de noviembre de 2017,
tan solo un mes después de que el actor constató la negativa del Canal Caracol
en relación  con su solicitud de rectificación[78].
2.1.2.3
Subsidiariedad - Procedencia
de la acción de tutela para la protección constitucional de los derechos a la
honra, al buen nombre. Reiteración jurisprudencial
La
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela le “impone al interesado la
obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios
ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la
protección de sus derechos fundamentales (…) y sólo ante la ausencia de dichas
vías o cuando las mismas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo
constitucional”[79].
En
ese contexto, aunque el ordenamiento jurídico cuenta con instrumentos
diferentes a la tutela, como la acción penal,[80] para invocar la
protección de los derechos al buen nombre y a la honra, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido pacifica en reconocer que [81] la simple
existencia de una conducta típica que permita salvaguardar los referidos
derechos fundamentales, no es un argumento suficiente para deslegitimar por sí
sola la procedencia de la acción de tutela, toda vez que: “(i) aunque la
afectación exista y sea antijurídica, se puede configurar algún presupuesto
objetivo o subjetivo que excluya la responsabilidad penal, lo cual conduciría a
la imposibilidad de brindar cabal protección a los derechos del perjudicado;
(ii) la víctima no pretenda un castigo penal, sino solamente su rectificación;
y (iii) la pronta respuesta de la acción de tutela impediría que los efectos de
una eventual difamación sigan expandiéndose y prologándose en el tiempo como
acontecimientos reales y fidedignos[82] [83]”.
En efecto, la Corte ha determinado la
ineficacia del proceso penal para la salvaguarda de estos derechos desde la
perspectiva constitucional, toda vez que “el elemento central del delito de
injuria está constituido por el animus injuriandi, es decir, por el hecho de
que la persona que hace la imputación tenga conocimiento (1) del carácter
deshonroso de sus afirmaciones, (2) que tales afirmaciones tengan la capacidad
de dañar o menoscabar la honra del sujeto contra quien se dirigen y que con
independencia que exista o no animus injuriandi, en materia constitucional, se
puede producir una lesión”.[84]
(Resaltado propio).
Así las cosas, se ha considerado que
la acción penal y la de amparo constitucional persiguen objetivos diversos comoquiera
que tienen un alcance diferente en los supuestos de responsabilidad que de las
mismas se derivan. De allí que, en el caso bajo estudio, la Sala encuentre,
igualmente, superado el requisito de subsidiariedad en tanto lo que el actor
persigue mediante la presente acción de tutela es la reivindicación de sus
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre por la vía de lograr la
rectificación de la información, sin consideración a la calificación de la
conducta del autor o responsable de la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que
el actor pueda hacer uso de las vías ordinarias que dispone el ordenamiento
jurídico por la presunta configuración de una conducta típica que, del mismo
modo, lesiona los derechos aquí invocados.
Así las cosas,
establecida la procedencia de la presente acción, la Sala continúa con el
desarrollo del problema jurídico planteado.
3.
El derecho a libertad de expresión y a la información. Límites a su ejercicio.
Reiteración de jurisprudencia
De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política “Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación Estos son libres y tienen
responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura”.
En la precitada disposición constitucional encuentra fundamento el
derecho que tiene toda persona de expresar y difundir sus opiniones, ideas,
pensamientos, narrar hechos, noticias, y todo aquello que considere relevante,
y a su vez, el derecho de todos a recibir información veraz e imparcial, lo que,
en consecuencia, conlleva la posibilidad de crear medios de comunicación que tengan
por objeto transmitir al público hechos y noticias de interés general.
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporación ha
precisado que, de acuerdo con previsto el referido artículo 20 superior, la
libertad de expresión comporta dos manifestaciones esenciales con rasgos
específicos[85] y
diferenciados: (i) el primero, se refiere al derecho que tiene toda persona a
expresar y difundir sus pensamientos, opiniones e ideas mediante cualquier
medio sin ser perturbado , a lo que se le denomina libertad de opinión y
(ii) el segundo, el derecho de información que implica no solo la facultad
de informar y  recibir información veraz e imparcial, sino además, de fundar
medios de comunicación, a no ser censurado por sus manifestaciones y a la
rectificación en condiciones de equidad[86]
denominado- la libertad
de información-[87].
En la sentencia T-063A
de 2017, la Corte tuvo la oportunidad de referirse a la diferenciación
entre libertad de opinión y de información, teniendo en cuenta que cada de una de
ellas se encuentra orientada a proteger un distinto objeto.  Al respecto,
precisó que:
“Esta diferencia determina que la libertad de opinión tenga por
objeto proteger aquellas formas de comunicación en las que predomina la
expresión de la subjetividad del emisor: de sus valoraciones, sentimientos y
apreciaciones personales sobre determinados hechos, situaciones o personas.
Entretanto, la libertad de información protege aquellas formas de comunicación
en las que prevalece la finalidad de describir o dar noticia de lo acontecido.
Por tal razón, en este último caso se exige que la información transmitida sea
veraz e imparcial, esto es, que las versiones sobre los hechos o
acontecimientos sean verificables y en lo posible exploren las diversas
perspectivas o puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
contemplado. Tal exigencia, está ligada a un aspecto fundamental, y es que en
el caso de la libertad de información no sólo está involucrado el derecho de
quien transmite, sino el de los receptores de la información, los cuales, de
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 20 constitucional, tienen derecho a que
se proteja la veracidad e imparcialidad de la información que reciben”[88].
Así las cosas, la libertad de
expresión, en sentido estricto, protege la transmisión de todo tipo de
pensamientos, opiniones, e ideas personales de quien se expresa, mientras
que la libertad de información busca salvaguardar la comunicación
de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas,
grupos y en general situaciones, para efectos de que el receptor se entere de
lo que está ocurriendo[89].
En lo que corresponde
concretamente a la libertad de información, esta Corte ha destacado su
importancia en la preservación y estímulo del orden democrático[90]
y pluralista, haciendo especial énfasis en la garantía de los derechos de los
receptores de la información. Así, el ejercicio de este derecho no supone
únicamente una dimensión individual, sino que también, implica ser examinado
desde una perspectiva colectiva[91] si se tiene en cuenta que el
mensaje que pretende ser trasmitido por el informador tiene por objeto ser
llevado a un receptor[92].
Al respecto, la propia jurisprudencia
ha reconocido que la libertad de información se trata de un derecho fundamental bilateral
o  de “doble vía”, toda vez que  consiste no solo en la facultad de
buscar y publicar información  sino también, en la prerrogativa en cabeza de
los destinatarios de conocer la misma.[93] En otras palabras, esta Corporación mediante
numerosos pronunciamientos ha explicado que “(…) existe un derecho de
informar, de recabar y divulgar información y, como correlativo, existe un derecho
a la información, en virtud del cual a toda persona le asiste la atribución
de informarse de la verdad, de juzgar por sí misma sobre la realidad con
conocimiento suficiente”[94]. De
allí que esta Corte haya establecido que “(…) la libertad de información se
constituye como un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección
jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades. Es pues un
derecho- deber, esto es, un derecho no absoluto sino que tiene una carga que condiciona
su realización”[95].
Conforme lo expuesto, el emisor de la
información está obligado a comunicar contenidos ciertos, objetivos y oportunos
y el ejercicio de su derecho encuentra sus límites en el cumplimiento de los
deberes de veracidad, imparcialidad, distinción entre información y opinión
y el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Lo anterior
adquiere mayor relevancia cuando se hace uso de un medio masivo de comunicación
dada su alta capacidad de difusión e influencia. Ante esta situación, el rigor
de la labor profesional que tiene a su cargo el emisor resulta trascendental en
el impactó que la información pueda llegar a tener sobre los receptores.
A
continuación, se profundizarán en cada uno de los límites a los cuales ha hecho
mención este Tribunal para en el ejercicio de la libertad de información:
3.1 En cuanto a la veracidad de
la información como límite interno, esta Corporación ha afirmado
que la misma hace referencia a hechos o enunciados de carácter fáctico, que
pueden ser verificados, por lo que no cubre las simples opiniones.[96]Así,
la exigencia de veracidad implica que la nota informativa debe ser lo más
descriptiva y objetiva posible, de manera que la misma pueda ser constatada. No
obstante, la Corte ha precisado que el cumplimiento de este requisito “(…) no implica la verificación de la verdad
absoluta de los hechos que se denuncian, pues esto haría imposible la actividad
periodística es decir que no equivale a una exigencia de certeza frente a lo
informado”[97].
A su turno, la jurisprudencia interamericana ha establecido que la
exigencia de veracidad no puede “interpretarse de modo tal que se reclame prueba
incontrovertible acerca de que la información publicada o emitida sea verdadera
o imparcial. De ser esto así, el precio de la verdad y de la imparcialidad
sería el silencio y significaría una clara amenaza para la democracia”[98].
Desde esta perspectiva, la carga que
implica para el medio de comunicación la observancia de este requisito no puede
asimilarse al cumplimiento de una obligación de resultado, en el sentido de
exigir que todo lo informado sea en efecto cierto, sino que por el contrario,
se encuentra relacionado con el cumplimiento de una obligación de medio, que se
entenderá satisfecha cuando el proceso para afirmar la veracidad de una
determinada información ha sido razonable y adecuado[99]. En palabras de la Corte:
“(…) el medio satisface el estándar de veracidad cuando la
información ha sido obtenida luego de un proceso razonable de verificación y
cuando no induce a error o confusión al receptor. El medio será responsable
cuando se demuestre que existió una evidente negligencia en la tarea de
verificar la información reportada o cuando sea claro que existe mala fe o
intención de daño al publicarla”[100].
Se trata entonces, de una labor previsiva y cautelosa orientada a
corroborar las situaciones, hechos o circunstancias que el comunicador pretenda
poner en conocimiento público[101],
tomando las precauciones que estén a su alcance para garantizar, en la medida
de lo posible, la certeza respecto de lo que dará a conocer, utilizando los
recursos que estén a su disposición. Todo esto, sin el ánimo de tergiversar,
modificar, manipular o alterar la información hallada.
En todo caso, la jurisprudencia ha sostenido que de
llegar a demostrarse que existió la intención de ocasionar un daño, es decir, se actuó con mala fe,
o que de los hechos se desprende un evidente desprecio por la verdad, lo que
significa negligencia o imprudencia en la investigación de unos hechos que no
tenían por qué merecer credibilidad, el medio, el periodista o el editor
correspondiente, serán responsables. Sin embargo, cabe advertir que  “(…) en
algunos casos el medio puede simplemente limitarse a reproducir denuncias que
le merecen alto grado de credibilidad y que en sí mismas son noticiosas, sin
que del hecho de la denuncia se deduzca una imputación directa originada por el
propio medio o de la cual éste sea responsable”[102].
Ha insistido la Corte en que la carga que se exige al periodista en
el ejercicio de la labor informativa es que haga un esfuerzo (a) previo y (b)
razonable de constatación de los datos que pretende presentar como hechos. Así,
esta Corporación en sentencia T-040 de 2013 precisó que el emisor “solo debe transmitir como hechos,
lo que ha sido objeto de previo contraste con datos objetivos”. El criterio de razonabilidad en el
proceso de verificación previo a la emisión de la información, se concreta en
el deber de diligencia del periodista en pro de encontrar la verdad.
Sobre este punto, la Corte, en reiterada jurisprudencia, ha insistido en que “(…)
la actitud que el periodista asume en el proceso de búsqueda de la verdad
demuestra que el mismo ha sido diligente a lo largo del proceso informativo,
así la información no sea totalmente exacta”[103].
En cuanto al cumplimiento del deber
de diligencia, la Corte se ha referido a los criterios a verificar: (i) que se haya realizado un esfuerzo
por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii) que se haya actuado
sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii) que se
haya obrado sin la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al
honor, a la intimidad y al buen nombre de otras personas[104].
Ahora bien, respecto de las circunstancias que dan lugar al
desconocimiento de la veracidad en materia informativa, la Corte ha señalado
que se materializan de la siguientes manera: (i) Cuando el dato
fáctico es contrario a la realidad y fue publicado por (a) negligencia (soportado
solo en rumores, invenciones) o con (b) mala intención del emisor, (ii) en aquellos casos en que la información obedece a un juicio
de valor y sin embargo, se presenta como un hecho cierto, y (iii) en los
supuestos en que la información, pese a ser literalmente cierta, es presentada de
manera que induce al receptor a conclusiones falsas o erróneas[105]. En
consecuencia, se vulneran, en términos generales, los presupuestos de veracidad
cuando existe mala fe, intención de confundir o causar un daño evidente, y
clara negligencia a la hora de encontrar la verdad, así lo determinó este
Tribunal en sentencia T – 298 de 2009[106].
3.2 En cuanto al principio de
imparcialidad de la información, la Corte, desde temprana jurisprudencia[107] ha establecido
que la labor informativa “envuelve una dimensión interpretativa de los hechos,
la cual incluye elementos valorativos y está a mitad de camino entre el hecho y
la opinión”. Luego la exigencia
es que el emisor guarde distancia frente a sus fuentes, con el propósito de no
aceptar de plano y de manera automática todas sus afirmaciones, sino que pueda
aportar variadas posiciones cuando un acontecimiento así lo requiera. Así, la
información que le sea suministrada al público ha de ser contrastada con
versiones diversas sobre los mismos hechos, por los directamente involucrados o
expertos para con ello, poner de presente ante el receptor todas las aristas
del debate[108]. En
palabras de la Corte:
“(… ) El comunicador está en el
deber de cuestionar sus propias impresiones y preconceptos, con miras a evitar
que sus preferencias y prejuicios afecten también su percepción de los hechos”[109].
Al respecto, también ha destacado que
la intención del Constituyente al incluir el cumplimiento de la
imparcialidad y el equilibrio informativo, guarda directa relación
con “el derecho al público a formarse libremente una opinión, esto es, a no
recibir una versión unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le
impida deliberar y tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios
expuestos objetivamente”[110].
Así
las cosas, el cumplimiento del presupuesto de imparcialidad le impone al emisor
de la información establecer cierta distancia entre la crítica personal de los
hechos relatados, las fuentes y lo que se quiere trasmitir como noticia
objetiva. En ese sentido, cuando un periodista tiene la intención de emitir una
información, ésta debe ser contrastada con diferentes fuentes y confirmada si
es el caso, con expertos en la materia, a fin de que evitar prejuicios y
valoraciones personales[111].
3.3 En cuanto a la distinción entre informaciones y opiniones, conforme fue expuesto, adicional a las
exigencias de veracidad e imparcialidad en el ejercicio de
la libertad de informar, la Corte ha insistido en la importancia de distinguir
los contenidos informativos y las apreciaciones individuales. Al respecto, se
ha hecho especial hincapié en que los dos tipos de discursos  deben ser transmitidos
con una claridad tal que se cumpla con el propósito de  orientar
y generar conocimiento sobre temas de interés público, evitando “(…) la
desinformación derivada de una parcializada y acomodada presentación de los
hechos”[112].
Así pues, quien ejerza su derecho a buscar y divulgar información debe ser lo suficientemente
claro en su narración, a efectos de que el receptor pueda identificar con
claridad cuáles aseveraciones constituyen hechos verificables y controvertibles
y cuáles son producto de su valoración subjetiva. De lo contrario, ha advertido
la Corte, se frustrará el derecho de los destinatarios a recibir información
veraz e imparcial[113].
Sobre el particular, la propia jurisprudencia en la materia ha
considerado que “(….) en todos aquellos eventos en que intencionalmente o de
forma involuntaria el
comunicador no diferencia entre  hechos y opiniones en la presentación de
la información subestima al  público receptor, no brinda la posibilidad a
los lectores u oyentes de escoger y  enjuiciar  libremente los
contenidos y su actitud asume un carácter autoritario,  incompatible con
la función social  que  cumplen  los medios de comunicación
para la  autónoma y responsable formación de la opinión pública”[114].
No obstante lo
anterior, cabe advertir que en muchas ocasiones la línea divisoria entre las
opiniones y los contenidos informativos no logra definirse con claridad, razón
por la cual, le corresponde al juez “(…) determinar, a partir de las
particularidades de cada caso y una apreciación objetiva del reportaje o
relato, de la finalidad perseguida, de las características del medio, así como
de la forma en que es utilizado y presentado a un auditorio, de qué clase de
contenido se trata”[115].
Todo esto, por cuanto, existen diversas circunstancias en las cuales, el
receptor de la información está predispuesto a que el medio presentará exclusivamente datos sobre hechos que
han ocurrido, como en efecto ocurre con el caso de los programas informativos o
los noticieros , donde, la Corte la encontrado que los riesgos de confusión
y engaño son mayores[116].
3.4 En cuanto al derecho a la rectificación en condiciones de equidad, como último límite al ejercicio del
derecho a la información, es preciso recordar que de acuerdo con lo previsto en
el artículo 20 de la Carta Política, los medios de comunicación tienen una
responsabilidad social, luego quien como consecuencia de sus actuaciones se vea
afectado en sus derechos puede solicitar la rectificación de la información
publicada, en condiciones de equidad. Al respecto, esta Corporación ha
dispuesto que dicha solicitud debe ser llevada a cabo bajo específicos estándares de
oportunidad, despliegue, equivalencia y equidad.
Así pues, la propia jurisprudencia ha
reconocido que el mecanismo por excelencia para obtener el restablecimiento del
propio derecho a la información – desde la perspectiva colectiva- o de
otros derechos que resultaren impactados como consecuencia
de la labor informativa, es el de la rectificación, el cual tiene por
objeto el restablecimiento del equilibrio entre un medio de comunicación u la
persona que se encuentra muchas veces indefensa frente a ellos[117].
Ahora bien, para que dicha rectificación se lleve a cabo en
términos de equidad la Corte ha previsto los siguientes requisitos, a saber: (i) que la rectificación
o aclaración se haga por quien la difundió; (ii) que se
haga públicamente, es decir que ante los receptores de la información se
reconozca que hubo un error[118] (iii) que
tenga un despliegue y una relevancia equivalentes al que tuvo la información
inicialmente publicada y (iv) que la rectificación conlleve para el
medio de comunicación el entendimiento de su equivocación, error,
tergiversación o falsedad[119].
Cuando la obligación de rectificar la imponga una autoridad judicial, ésta debe
establecer en la respectiva providencia “los lineamientos precisos bajo los cuales ésta deberá ser
realizada. Lo anterior, con el objeto de proteger efectivamente los derechos
fundamentales de quien fue afectado con la información falsa divulgada y
asegurar su efectivo restablecimiento”[120].
4. Los derechos a
la honra, al buen nombre y a la imagen. Reiteración de jurisprudencia
4.1
El
artículo 15 de la Constitución Política prevé que “todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y su buen nombre, y el Estado debe
respétarlos hacerlos respetar”.
Con
fundamento en la precitada disposición constitucional, esta Corte, desde
temprana jurisprudencia, se ha referido al derecho al buen nombre como “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la
virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas
por él”[121]. En
otras palabras, la reputación de un individuo derivada de la exteriorización de
sus conductas ante la sociedad[122] .
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se he
pronunciado igualmente respecto del derecho al buen nombre al señalar que “es
un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la aceptación
social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su
desempeño dentro de la sociedad”[123]. Bajo
la misma línea, esta Corporación ha reconocido que el buen nombre guarda una
estrecha relación con el principio y derecho a la dignidad humana[124],
toda vez que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra ataques
que restrinjan su proyección en ámbito público o colectivo[125].
Se trata entonces de
un derecho que por sí solo no puede ser objeto de protección, sino que requiere
de una construcción que realiza el propio individuo, quien en razón de sus
propios méritos, acciones y comportamientos ante la sociedad construye o
alcanza la buena reputación o buena fama[126].
En este sentido, la propia jurisprudencia ha sido clara en señalar que la
obligación de Estado en relación con este derecho se circunscribe a proteger el
construido por cada persona, resguardándolo de injerencias arbitrarias e
ilegitimas, de las expresiones ofensivas e injuriosas y de las informaciones
falsas, erróneas que de cualquier manera distorsionen el concepto público que
se tiene de aquél[127].
De este modo, puede decirse que “la afectación al buen nombre se
origina, básicamente, por la emisión de información falsa o errónea y que, a
consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público”[128]. No obstante, ha precisado la Corte que el
reclamo ante la presunta afectación de este derecho no puede ser posible cuando
la actuación del individuo mismo es el que impide a los asociados “considerarla
digna o acreedora de un buen concepto o estimación”.
Al
respecto, la Corte ha sostenido que:
“En suma, el derecho al buen nombre debe ser objeto
de protección constitucional cuando se divulgan públicamente hechos falsos,
tergiversados o tendenciosos sobre una persona, con lo cual se busca socavar su
prestigio o desdibujar su imagen, por consiguiente, para constatar una eventual
vulneración al buen nombre es preciso examinar el contenido de la información,
y evaluar si es falsa o parcializada o si adjudica a determinadas personas
actividades deshonrosas que le son ajenas. Para el mismo efecto resulta
imprescindible establecer si las expresiones cuestionadas corresponden al
ejercicio de la libertad de información o se inscriben en el ámbito de la
libertad de opinión.”[129]
En
consecuencia, en los casos relacionados con la presunta vulneración del derecho
al buen nombre de una persona, le corresponde al juez de tutela analizar la
situación fáctica en concreto, con el fin de establecer si se materializan los
elementos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de esta Corporación,
para con ello, proceder al restablecimiento y protección de este derecho[130].
4.2 En contraste, el derecho fundamental a la honra previsto en el
artículo 21 de la Constitución Política ha sido entendido por este Tribunal
como “(…) la estimación o
deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los
demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su
dignidad humana.  Es por consiguiente, un derecho
que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro
de la colectividad[131]”[132].
Ha agregado la Corte que la honra se refiere a la
valoración del individuo en su calidad independiente de sus actos públicos, es
decir, “(…) a la apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de
su propia personalidad y comportamientos privado directamente ligados con ella”[133],  y se ve
vulnerada cuando se trasmite una información errónea que no obedece a la
realidad, o cuando se realizan “opiniones manifiestamente tendenciosas” sobre
la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma[134].
Sobre el particular, es preciso advertir que la
jurisprudencia de esta Corporación ha hecho especial hincapié en que “(…) tatándose de la
honra, la relación con la dignidad humana es estrecha, en la medida en que
involucra tanto la consideración de la persona (en su valor propio), como la
valoración de las conductas más íntimas (no cubiertas por la intimidad personal
y familiar (…)”[135].
En suma, el derecho a la honra se limita a la consideración y
respeto que, por su condición de ser humano, merece cada persona del resto de
la sociedad. De allí que la afectación a esta prerrogativa, se materialice
cuando se emitan expresiones con ánimo injurioso o divulgue una información que
riñe con los principios de veracidad e imparcialidad.
4.3
Finalmente, en lo que respecta al derecho a la imagen, la Corte Constitucional
ha señalado que este
es “el derecho de toda persona al manejo de su propia imagen” que comprende
“la necesidad de consentimiento para su utilización” y que constituye “una
expresión directa de su individualidad e identidad”.[136] Al
respecto, la propia jurisprudencia ha establecido que la imagen de una persona no
puede ser utilizada o manipulada por terceros sin limitación alguna[137]
sino que por el contrario, se requiere del consentimiento del titular del
derecho. En
cuanto a la disposición de la imagen por terceros, esta Corporación ha
sostenido lo siguiente:
“Una
consideración elemental de respeto a la persona y a su dignidad impiden que las
características externas que conforman su fisonomía o impronta y que la
identifican más que cualquiera otro signo externo en su concreta
individualidad, puedan ser objeto de libre disposición y manipulación de
terceros”[138].
Así
las cosas, todos los aspectos referentes al derecho a la imagen de la persona,
incluyendo su disposición y/o uso, guardan estrecha relación con la garantía
del libre desarrollo de la personalidad, en tanto hacen parte de la
autodeterminación del sujeto y a su vez, con el principio de dignidad humana.
En esa medida,  ha considerado esta Corporación, que este derecho puede verse
afectado cuando se presenta una vulneración en contra de las garantías al buen
nombre, a la intimidad y a la honra[139].
En
palabras de la Corte, “(…) el derecho a la propia imagen, a partir de los
diversos aspectos desarrollados por la jurisprudencia constitucional, (i)
comprende la necesidad de consentimiento para su utilización, (ii) constituye
una garantía para la propia imagen como expresión directa de la individualidad
e identidad de las personas, (iii) constituye una garantía de protección de
raigambre constitucional para que las características externas que conforman
las manifestaciones y expresiones externas de la individualidad corporal no
puedan ser objeto de libre e injustificada disposición y manipulación de
terceros, (iv) es un derecho autónomo que puede ser lesionado junto con los
derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre de su titular, y cuyo
ejercicio está estrechamente vinculado a la dignidad y libertad de la persona,
(v) implica la garantía del manejo sobre la propia imagen cuyo ejercicio se
traduce en una manifestación de la autodeterminación de las personas, y (vi)
exige que las autorizaciones otorgadas para el uso de la propia imagen en el
marco de la libertad en las relaciones contractuales no sean entendidas como
una renuncia al derecho mismo”[140].
Así,
el uso de la imagen requiere de autorización por parte su titular para que un
tercero pueda disponer de ella. En caso contrario, de presentarse
apropiaciones, publicaciones o reproducciones injustificadas se estaría
atentando no solo contra este derecho sino también, contra los derechos al buen
nombre, intimidad y honra.
5.
El derecho a informar en medios masivos de comunicación sobre datos y
personajes de relevancia pública. Reiteración de jurisprudencia
Como
se indicó en precedencia, el ejercicio del derecho a la
libertad de información se encuentra sujeto a la verificación de los
presupuestos de veracidad e imparcialidad de los datos que buscan
ser publicados. En este contexto, la Corte ha reconocido que la debida atención
a los referidos principios ubica en una posición preferente prima facie el derecho a la
información sobre otros derechos fundamentales cuya finalidad está
orientada a resguardar la esfera privada del individuo. De allí, que mediante
sentencia C- 087 de 98[141] esta Corporación haya precisado
que “entre el eventual daño social que
pudiera seguirse de una información inadecuada, consecuencia de la libertad de
informar, y la restricción general de ésta para precaverlo, la sociedad
democrática prefiere afrontar el riesgo del primero”.
Vale la pena recordar que el ejercicio del derecho a la
información a través de medios masivos de comunicación supone, sin lugar a dudas,
una  trascendencia y potencialidad particular en cuanto a sus efectos, razón
por la cual, la jurisprudencia de esta Corte ha insistido en el deber especial
de cuidado, responsabilidad y vigilancia por parte de quien tiene a su cargo la
potestad de informar, buscando siempre presentar ante la audiencia los datos
que se suponen de interés de general de la manera más imparcial y veraz posible;
so pena incurrirse en una intromisión ilegítima de los derechos a la intimidad
y al honor de la persona sobre la que se difunde una información o se emite una
apreciación[142].
5.1
La trasmisión de informaciones e
ideas referentes a cuestiones que suponen un interés general o que son de relevancia
pública es una de las funciones asignadas a los medios de comunicación, donde a
su vez, la sociedad tiene el derecho a recibirlas. Para esos efectos, en el
caso particular de la televisión, la Corte ha señalado que “existe una
amplia gama de posibilidades una de las cuales es la dramatización o en
general, cualquier clase de representaciones artísticas, que están autorizadas
siempre y cuando no se altere sustancialmente el contenido de la información”[143].
Ahora, en lo que corresponde a la emisión de asuntos de
interés general, este Tribunal a través de su jurisprudencia ha precisado que
para calificar una materia con “relevancia pública”[144]
debe tomarse en consideración si el contenido de la información supone un
interés real, serio y actual de conformidad con la trascendencia e impacto en
la sociedad. “Así, la
libertad de información toma ventaja cuando de la magnitud misma de los hechos
surge la necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general”[145].
En este sentido, ha establecido la Corte que cobran importancia dos factores a
tomar en consideración cuando se trasmite este tipo de noticias: (i) el primero
de ellos, se relaciona con la calidad de la persona (subjetivo) y (ii) el
segundo, se refiere al contenido de la información (objetivo).
5.2 En cuanto a la calidad de la persona, esta
Corporación mediante sentencia SU- 1723 de 2000 estableció que “(…) quienes por razón de sus cargos,
actividades y de su desempeño en la sociedad se convierten en centros de
atención con notoriedad pública, inevitablemente tienen la obligación de
aceptar el riesgo de ser afectados por críticas, opiniones o revelaciones
adversas, por cuanto buena parte del interés general ha dirigido la mirada a su
conducta ética y moral”. Agregó que en estos eventos “el derecho a informar se torna más
amplio y su primacía es, en principio, razonable”.
En efecto, ha entendido la jurisprudencia que los personajes
públicos están dispuestos a someterse al escrutinio de su vida pública y de
aquellos aspectos de su fuero privado sobre los cuales le asiste a la
ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por estar referidos: (i) a
las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal
como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la
confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo
público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus
funciones[146].
A su turno, mediante diversos fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos se ha precisado que “el mayor grado de
escrutinio para este grupo de personas se justifica por el carácter de interés
público de las actividades que realizan, porque se han expuesto voluntariamente
a una mayor exposición al ocupar un determinado cargo y porque tienen una
enorme capacidad de controvertir la información a través de su poder de
convocatoria pública”[147].
En todo caso, este Tribunal ha advertido
que para determinados individuos cuyas actuaciones son de público conocimiento,
“el concepto de vida privada con respecto a ellas se relativiza y se integra
al de vida pública”[148].
Sin embargo, esta relativización no puede, en principio, predicarse sobre
cualquier tipo de información relacionada con la persona pública, en tanto el
riesgo de vulnerar sus derechos fundamentales a la intimidad, el honor o el
buen nombre persistiría indefinidamente[149].
El concepto de relevancia pública puede
variar según la condición, pública o privada, de la persona objeto de una noticia
o dependiendo de la proyección pública que ella haya mostrado regularmente en
la sociedad y que debe haber sido previamente constatada, así lo señaló la
Corte mediante sentencia sentencia SU-1723 de 2000. De este modo, las figuras públicas o
quienes por razón de su actividad u oficio proyectan su imagen ante la sociedad,
“(…) deben aceptar el costo de ello (consentimiento tácito), representado en
la posibilidad de una intromisión en su vida privada y en el hecho de ser
susceptibles de críticas, opiniones o revelaciones desfavorables”[150].
En síntesis, este Tribunal ha advertido que, en ocasiones, “resulta
constitucionalmente legítimo permitir que los medios formulen algunos criterios
y asuman posiciones, pues son estos precisamente una derivación de la libertad
de opinión a partir de datos “veraces” que han sido previamente confrontado
(…)”[151].
5.3 Respecto a la calidad de la
información, ha sostenido la Corte que resulta imperativo que el
contenido de la misma obedezca a un verdadero y legítimo interés general de conformidad
con su trascendencia e impacto social. Así, el ejercicio de la libertad de
información a través de medios masivos de comunicación encuentra su principal
trascendencia cuando de la dimensión misma de los datos que se van a trasmitir surge
la necesidad de conocimiento público y se despierta el interés general. De allí
que la calidad del sujeto como
personaje público o privado pierda en
cierta medida importancia. No obstante, ha precisado la propia jurisprudencia
lo siguiente:
“(…) el valor preferente del derecho a la información no
significa dejar vacíos de contenido los derechos fundamentales de las personas
afectadas o perjudicadas por esa información, que ha de sacrificarse sólo en la
medida en que resulte necesario para asegurar una información libre en una
sociedad democrática”[152].
En la sentencia T-322 de 1996, M.P.
Alejandro Martínez Caballero, la Corte acogió este criterio y señaló
expresamente:
“Si las referencias que se hacen a un importante servidor público
o a una persona que es susceptible de ser sujeto de opinión pública,
guardan relación con el problema que interesa a todos, como es el caso de la
paz (…) no puede invocarse de manera generalizada por quien es mencionado en la
crítica, que su intimidad, su honra y su buen nombre le sirven de escudo; por
supuesto que si se traen a colación aspectos de la vida íntima que no vienen al
caso, si la burla grosera supera a la ironía, entonces, ahí si no puede
ubicarse el debate parlamentario en una esfera intocable. Caben en estas
últimas situaciones los controles político, reglamentario, disciplinario, de
tutela y aún penal”.
5.3.1 El presupuesto de relevancia
pública implica la necesidad de un interés legítimo de la sociedad para conocer
información real, seria y actual, que en muchas ocasiones puede guardar relación
con aspectos personales e íntimos de un individuo pero que, contextualmente,
puede llegar a ser trascendentales para desarrollar una noticia en particular. En
este punto, se excluye  del ámbito informativo, todo tipo de difamaciones o
afirmaciones tendenciosas que supongan un intromisión
injustificada a la intimidad o que puedan ir en menoscabo del derecho a la
honra y al buen nombre de cualquier persona[153].
Ahora bien, el esclarecimiento y la
imposición de sanciones por la presunta comisión de hechos delictivos, como
ocurre v.gr. con delitos contra el medio ambiente, tráfico de animales y
maltrato animal, despiertan en la sociedad un interés legítimo por conocer la
verdad sobre una actuación reprochable.Por lo mismo, ha precisado la Corte que
“(…) es válido informar sobre algunos aspectos de la vida privada de una
persona, siempre y cuando estos tengan relación (directa o indirecta) con el
asunto investigado o permitan aclarar puntos al respecto”[154].
6. La
exceptio veritatis liberadora de responsabilidad, en conductas que
afectan los derechos a la honra o al buen nombre. Reiteración de jurisprudencia
La
aplicación de la exceptio veritatis como una figura liberadora de
responsabilidad penal cuando se pruebe la veracidad de las informaciones dentro
del proceso fue, mediante reciente jurisprudencia de esta Corporación[155],
extendida al ámbito del amparo constitucional ante la posible afectación de los
derechos a la honra o al buen nombre.
Sobre este particular, el artículo 224
de la Ley 599 de 2000[156]
señala que “[n]o será responsable de las conductas descritas en los
artículos anteriores [injuria y calumnia][157],
quien probare la veracidad de las imputaciones”. La precitada disposición
normativa guarda estrecha relación con el artículo 20 de la Constitución
Política el cual garantiza el derecho de dar y recibir información veraz e
imparcial, lo que implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación
difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales, pues
de lo contrario, al presentar información sustentada en rumores, invenciones o
malas intenciones, se excedería el ámbito de protección de este derecho vulnerando
con ello los derechos a la honra y al buen nombre de terceros.
En ese contexto, esta Corte, mediante
sentencia
T-695 de 2017[158],
señaló
que ante la presunta trasgresión del derecho a la honra o al buen nombre, la
prueba de la veracidad de las afirmaciones constituye un medio idóneo para
liberar de responsabilidad, ya sea en el proceso penal[159]
o en el constitucional,  pues como se advirtió, “(…) quien certeramente
imputa una conducta punible a su efectivo perpetrador no realiza el tipo de
calumnia, ni trasgrede el derecho a la honra o al buen nombre, quien transmite
información veraz”[160].
No obstante, advirtió en la misma
providencia que mientras que la exceptio veritatis o excepción de
verdad en el ámbito penal requiere de una prueba irrefutable de que la
información es cierta, “(…) para el caso de la acción de tutela solo es
menester demostrar que se obró con la suficiente diligencia al realizar un
esfuerzo serio para constatar las fuentes consultadas”[161].
Así las cosas, es preciso señalar que si
bien la exceptio veritatis es un medio que permite exonerarse de
responsabilidad frente a la presunta trasgresión de los derechos fundamentales
a la honra y al buen nombre tanto en un proceso penal por los
delitos de injuria o calumnia como en la acción de tutela, esta Corporación al
desarrollar el criterio de veracidad, que permite al titular de la libertad de
información ejercer su derecho de manera respetuosa y sin interferir en los
derechos de los demás, no ha exigido que la información sea “indudablemente
verdadera”[162],
sino que se verifique que el emisor  desplegó un esfuerzo diligente por
verificar, constatar y contrastar razonablemente las fuentes, así como también,
exploró los diversos puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
observado[163].
7. Caso concreto
7.1 En el asunto bajo
estudio, el actor solicita la protección de sus derechos fundamentales a la
honra, al buen nombre, a la dignidad humana, al libre desarrollo de la
personalidad, a la libre escogencia de profesión y oficio, al debido proceso y
a la rectificación. Ello, con ocasión de la nota periodística titulada “La
Caza del Musmuqui”, la cual fue emitida en el programa Los Informantes del
Canal Caracol el día 17 de septiembre de 2017 a las 8 pm, en horario triple A.
Considera el accionante que en la referida nota periodística se lanzaron “gravísimas
y falsas acusaciones” que comprometen su imagen como médico científico
investigador de la vacuna contra la malaria y la de la Fundación Instituto de
Inmunología de Colombia –FIDIC- que dirige. Agrega que, como consecuencia de lo
anterior, se
ha visto sometido injustificadamente al escrutinio público, recibiendo
amenazas, que han puesto en riesgo su vida y la integridad personal, física y
moral de su equipo de trabajo y su familia.
7.2 Los jueces que conocieron en primera
y segunda instancia de la acción de tutela de la referencia resolvieron negar
el amparo invocado, por considerar que en la nota periodística que el actor
considera lesiva de sus derechos, el Canal  Caracol y, concretamente, el
programa Los Informantes actuaron “sin ánimo
expreso” de presentar como ciertos hechos falsos, así como tampoco,
buscaron, de “manera malintencionada y maliciosa”, perjudicar el derecho
al honor, ni la intimidad y el buen nombre del señor Patarroyo Murillo y de la
Fundación que dirige. Sin perjuicio de lo anterior, los jueces de instancia
coincidieron en advertir que el accionante tiene a su disposición las acciones
legales que corresponden ante la justicia ordinaria para demostrar la presunta
comisión de una conducta punible por parte de los productores del programa.
En relación con
las razones presentadas por los jueces de instancia para denegar el amparo
invocado, como ya fue señalado en el aparte correspondiente al estudio del
requisito de subsidiariedad, aunque el ordenamiento jurídico cuenta con
instrumentos diferentes a la tutela, como la acción penal, para invocar la
protección de los derechos al buen nombre y a la honra, la jurisprudencia de
esta Corporación ha sido pacífica en reconocer que la
acción de amparo procede por sí sola para proteger los referidos derechos.
7.3 Conforme lo
expuesto, pasa la Sala a establecer si con ocasión de la nota
periodística titulada la “La Caza del Musmuqui”,
trasmitida por el programa Los Informantes del Canal Caracol, se
vulneraron los derechos constitucionales fundamentales invocados por el
accionante.
7.4 Del material probatorio que obra en
el expediente, la Sala pudo constatar lo siguiente:
7.4.1 Que en efecto, el
día 17 de septiembre de 2017, el programa Los Informantes del
Canal Caracol trasmitió la nota periodística titulada la “La
Caza del Musmuqui”, mediante la cual se buscaba hacer públicas las
denuncias y preocupaciones en relación con el impacto ambiental que supone la
aparente caza indiscriminada de la especie de monos nocturnos - Aotus,
que por su similitud inmunológica con el ser humano, son utilizados para
experimentar la vacuna contra la malaria.
7.4.2 Que para
la realización de la comentada nota, el equipo periodístico del programa Los
Informantes contó con la participación de la señora Ángela Maldonado y de
dos miembros de comunidades indígenas que habitan la zona en la cual se realiza
la captura de los monos nocturnos, quienes de manera libre presentaron sus
declaraciones y expusieron sus preocupaciones respecto de la materia.
Que adicionalmente,
el programa tomó en consideración la información remitida por Corpoamazonia,
entidad que si bien no concedió una entrevista, remitió sus comentarios a
través de un comunicado que fue presentado al final del programa[164]
en el cual se señaló que ““(…) todo lo relacionado con capturas,
rehabilitación y seguimiento de los monos está bajo los parámetros que exige la
Ley”[165].
7.4.3
Que previa emisión de la nota “La Caza del Musmuqui”, los periodistas
del programa Los Informantes intentaron contactar vía telefónica
y mediante correo electrónico al señor Manuel Elkin Patarroyo o a algún representante
de la FIDIC, con el objeto de que hicieran públicos sus puntos de vista en
torno a las denuncias presentadas y a la información recolectada en el marco de
la investigación. No obstante, dicha comunicación no fue posible. Inicialmente,
(i) por cuanto el funcionario de la FIDIC que atendió comunicación telefónica
le informó al Canal que el profesor Patarroyo no se encontraba en el Instituto
para ese momento[166].Y,
además, (ii) porque, si bien el Canal Caracol intentó un contacto vía correo
electrónico, mediante el envío de un cuestionario de preguntas, dicho
cuestionario no llego a su destino deseado, en tanto la dirección de correo
utilizada no correspondía a la del referido doctor Patarroyo. Circunstancia que
solo pudo verificarse en el curso del trámite de tutela que se revisa[167].
7.4.4
Que así mismo, de las imágenes proyectadas en el curso de la emisión que hoy es
objeto de controversia, se encontró que dichos registros gráficos fueron
proyectados siendo visible los créditos “imágenes British Union for the
Abolition of Vivisection”.
7.5
En ese contexto, y en aras proceder al análisis del material probatorio reseñado en
precedencia, encuentra la Sala pertinente recordar que, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia, la jurisprudencia
constitucional ha sido clara en señalar que el ejercicio del derecho a la
información le impone al emisor, el deber de “diligencia razonable” a
partir del cual sea posible establecer que “(i)
se realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas; (ii)
se actuó sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos y (iii)
se obró sin la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor,
a la intimidad y al buen nombre de otras personas.”.
En desarrollo de
lo anterior, este Tribunal ha reconocido el cumplimiento de los presupuestos de
imparcialidad y veracidad como límites a
la labor informativa, imponiéndole al medio encargado de la
trasmisión de una noticia, la obligación de realizar no solo los
esfuerzos necesarios para llegar a la verdad, lo que “no significa la
exigencia de un prueba irrefutable sino, un deber de diligencia razonable”, sino también, acudir a las diferentes versiones de
hechos, proporcionándole al receptor mayores elementos de juicio para la
interpretación de la información suministrada. De allí que, ante el
incumplimiento de estos deberes, la protección de los afectados por las
informaciones emitidas se lleve a cabo mediante el derecho a la rectificación.
7.5.1 Acorde con ello, y descendiendo
al caso concreto, cabe precisar que, a juicio del actor, la emisión del
programa que es materia de cuestionamiento en esta causa, trajo como
consecuencia la percepción en el público de los siguientes comportamientos por
parte de él y su fundación:
a)    Una
conducta ilícita de caza y tráfico ilegal de monos nocturnos.
b)     La
trasgresión de la normatividad vigente en materia ambiental.
c)      La
existencia de una problemática de maltrato animal y devastación ambiental, como
consecuencia de las prácticas investigativas en el desarrollo de la vacuna
contra la malaria.
7.6 En
atención a lo expuesto y de acuerdo con un análisis integral del
material probatorio que obra en el expediente y, en particular, de la nota
periodística que dio lugar a la interposición de la presente acción de tutela,
encuentra la Sala que la emisión titulada “La
Caza del Musmuqui” del programa Los Informantes del
Canal Caracol no desconoció los límites de imparcialidad y veracidad
de la información que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, como
será explicado a continuación:
7.6.1
Inicialmente, advierte la Sala que el reportaje del día 17 de septiembre de
2017 a las 8:00 pm del programa Los Informantes del Canal Caracol, tuvo
como propósito darle a conocer a la teleaudiencia una problemática ambiental
surgida de la caza indiscriminada del mono Aotus o Musmuqui. Con esa
finalidad, el equipo periodístico encargado de la nota, en una parte del
programa, hizo públicos los testimonios de quienes denunciaban el mencionado
hecho que involucraban al señor Manuel Elkin Patarroyo Murillo y a la FIDIC.
Siendo ello así,
las acusaciones que el actor reconoce como “injuriosas, falsas, inexactas,
sesgadas y erróneas” no son atribuidas directamente al discurso presentado
por el periodista encargado del cubrimiento de la emisión, sino que, como se ha
dicho, surgieron de las declaraciones de las personas que intervinieron en las
entrevistas como fuente de información.
Ahora bien, de
los testimonios expuestos por los entrevistados que hicieron alusión al
profesor Patarroyo y a la FIDIC en el curso de la emisión se destacan, en
términos generales, los siguientes:
·
El
del señor Gulfan Rodríguez, miembro de la comunidad indígena Tikuna, quien,
reconociendo que miembros de su comunidad se dedican a la caza de mono nocturno
Aotus, puso de presente que: “(…) en una semana podemos capturar de
10 a 12 micos, escogemos los más grandes, los que son los tamaños adecuados
para vender”. En relación con la venta de dichos animales adujó que: “Manuel
Elkin Patarroyo él es el que nos compra los micos”.
·
El testimonio de
la señora Ángela Maldonado Rodríguez, representante legal del Fundación
Entropika y presidenta de la Veeduría Ciudadana Ambiental y de Protección
Animal del Municipio de Leticia y del Departamento del Amazonas, que,
refiriéndose a la misma acción en relación con los monos Aotus manifestó
que “(…) la extracción de estas especies está afectando no solamente las
poblaciones silvestres de los monos sino los ecosistemas porque existió una
tala para la extracción de estos animales, la investigación en malaria
se tiene que adelantar, se tiene que hacer porque los que vivimos aquí en esta
zona de influencia de malaria, los indígenas, los que estamos aquí necesitamos
una vacuna, eso es necesario se tiene que hacer con monos criados en cautiverio
o comprar los animales de un centro de reproducción certificada”. Al
respecto, añadió que: “Colectores con cédula colombiana, registrados
como colectores colombianos, viven en Comunidades peruanas, capturan los monos
en Perú y vienen y los venden  al laboratorio y la autoridad ambiental no
hace nada (…)”.
Adicionalmente,
la misma entrevistada adujo que: “los micos casi siempre se mueren,
pues por infecciones bacterianas según los reportes del laboratorio a Corpoamazonia,
según un estudio que hizo el SINCHI determinaron que los animales pierden en
promedio, creo que es entre 40% de su peso corporal y son liberados en
condiciones no aptas para la liberación”,
Respecto de los
testimonios en comento, la persona encargada de la presentación del programa se
limitó a reiterar la información suministrada por los entrevistados. Así, por
ejemplo, luego de que el señor Gulfan Rodríguez empezó por indicar que los
monos nocturnos eran vendidos al profesor Patarroyo, el periodista se refirió a
tal denuncia en los siguientes términos: “Son utilizados por la
Fundación Instituto de Inmunología de Colombia para experimentar con ellos la
vacuna contra la malaria”, complementando  que de acuerdo con lo dicho por
Corpoamazonia que: “llegan indígenas como Gulfan, para sacarlos y
vendérselos a la fundación inmunología de Colombia, que contaba
con una licencia para capturar 4.000 monos nocturnos en los últimos 5 años.
La misma dinámica
tuvo lugar cuando el periodista, partiendo de los hechos denunciados por la
Veedora Ciudadana Ambiental y de Protección Animal del Municipio de Leticia y
del Departamento del Amazonas, sostuvo que ésta “viene dando la pelea para
que el instituto que encabeza al científico Manuel Elkin Patarroyo,
deje de sacar al mono nocturno de su hábitat y lo haga con musmuquis criados en
cautiverio pues considera que el daño que se le está haciendo al medio
ambiente es irreparable”.
No obstante las
precitadas afirmaciones, denuncias, declaraciones e información suministrada
por los entrevistados al Canal, pudo verificar la Sala que entre el minuto
15:00 y 15:17 del programa se presentó ante los televidentes el escrito
allegado por Corpoamazonia, autoridad ambiental encargada de conceder la
licencia de utilización de la especie monos nocturnos, mientras el periodista
encargado de la emisión narraba lo siguiente:
“La
única autoridad que habló del tema fue CORPOAMAZONIA a través de un comunicado
de 18 páginas, en donde dice acompañar el proceso de inicio a fin y que
todo lo relacionado a capturas, rehabilitación y seguimiento de los monos, está
bajo los parámetros que exige la ley.
En 11 años se atraparon según ellos 6400
monos nocturnos y que la población de musmuqui hoy en día es similar a la que
había hace 10 años.”
Lo anterior, da
cuenta de que el programa, sin perjuicio de las denuncias presentadas por los
entrevistados en contra del señor Patarroyo Murillo y su Fundación, puso de
presente que la autoridad ambiental había sido clara en informarle al Canal que
la captura de los monos nocturnos se estaba haciendo con sujeción a ley y que
la misma no suponía, hasta el momento, un peligro de extinción para la especie.
7.6.2 En cuanto
a las imágenes que, a criterio del accionante, inducen a la audiencia a pensar
que fueron tomadas en el curso de la investigación de la noticia y que además,
suponen un intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales, la Sala no
advierte que de las mismas se pueda inferir un señalamiento concreto en contra
del doctor Patarroyo o de la FIDIC. Lo anterior, por cuanto que,
simultáneamente a la trasmisión del programa, se presentaron los créditos de
dichos registros fílmicos y fotográficos a la “British Union For The
Abolition of Vivisection”, excluyéndose con ello, la posibilidad de pensar
que tales imágenes fueron directamente tomadas en el ejercicio investigativo
que llevo a cabo el programa.
7.6.3 Por
otro lado, tal y como quedó establecido con los elementos de juicio allegados
al expediente, el Canal Caracol, a través del equipo periodístico que
conforma el programa Los Informantes, previa emisión de la nota, buscó,
en reiteradas oportunidades la manera de comunicarse con el accionante en aras
de contrastar la certeza de las denuncias presentadas por los entrevistados en
relación con la caza de los monos nocturnos, concretamente, su utilización en
el desarrollo de su investigación sobre la vacuna contra la malaria. Sobre este
particular, cabe poner de presente que, aun cuando el esfuerzo por contactar al
doctor Patarroyo vía correo electrónico resultó infructuoso, se infiere que
éste tuvo conocimiento, a través de un funcionario de su Fundación, de la
intención del Canal en informarlo sobre la emisión del programa y conocer su
opinión en torno al mismo[168].
En todo caso, si
bien no fue posible la comunicación directa con el profesor Patarroyo, el Canal
Caracol entró en contacto con Corpoamazonia con el propósito de indagar acerca
de los permisos que tenía la FIDIC para el uso de monos nocturnos; así como
también, los protocolos de rehabilitación para esta especie, una vez son
utilizados para fines científicos por dicha Fundación. Al respecto, puede
apreciarse que en la parte final de la nota periodística, el programa presentó
el informe allegado por la autoridad ambiental en mención dejando claro que la
captura de los monos musmuquis se realiza conforme a la normatividad en la
materia y que, además, dicha entidad viene realizando un seguimiento detallado
a la rehabilitación y reincorporación de esta especie a su hábitat.
7.6.4 Así mismo,
estima la Sala que de los datos presentados en el curso de la nota “La Caza
del Musmuqui”, no se advierte la intención del Canal de perjudicar o
vulnerar los derechos al honor y al buen nombre del accionante y de su
Fundación. Lo anterior, por cuanto mediante dicho reportaje, se puso en
conocimiento de la teleaudiencia la información suministrada por ciudadanos
que, en ejercicio de su derecho de libre expresión, se refirieron a una
problemática ambiental relacionada con la caza del mono nocturno, haciendo
mención, necesariamente, en algunos apartes al doctor Patarroyo Murillo
comoquiera que es éste, a través de la Fundación que preside, es la persona
autorizada por las autoridades ambientales para hacer uso de la especie para el
ejercicio de su labor científica encaminada a desarrollar la vacuna contra la
malaria.
En consecuencia,
no encuentra la Sala que la emisión de la nota “La Caza del Musmuqui”
del programa Los Informantes haya desconocido los presupuestos de
veracidad e imparcialidad sino que por el contrario procuró por el cumplimiento
de la “diligencia razonable” a la que se ha referido esta Corte para el
desarrollo de la actividad informativa.
7.7 Por otra parte, conforme ya fue
expuesto, la Corte, adicional al cumplimiento
de los presupuesto de veracidad e imparcialidad en el ejercicio del derecho a
la información, ha insistido en la importancia de distinguir los contenidos
informativos y las apreciaciones individuales. Al respecto, ha señalado este
Tribunal que los dos tipos de discursos deben ser transmitidos con una claridad
tal que se cumpla con el propósito de orientar y generar
conocimiento sobre temas de interés público, evitando “(…) la desinformación
derivada de una parcializada y acomodada presentación de los hechos”[169].
Bajo esta línea,
considera la Sala que, en el caso sub examine, el medio de comunicación
demandado ajustó el contenido de la nota periodística “La Caza del
Musmuqui” al fin propio del discurso informativo, comoquiera que dicha
emisión estaba orientada a hacer pública una situación objetiva que se
relaciona concretamente con los problemas de desforestación que se presentan en
el Amazonas como consecuencia de la captura de los monos nocturnos que en
efecto, de acuerdo con el material probatorio recaudado, son utilizados en el
trabajo de investigación de la vacuna contra la malaria.
Bajo esta perspectiva, es claro para la
Corte que el fin del programa no estaba, en principio, encaminado a presentar
acusaciones en contra del doctor Patarroyo y su equipo de trabajo, menos aún, a
cuestionar su falta de idoneidad en la labor investigativa que realiza. De
allí, que el mismo programa buscó conocer, previa emisión de la nota, la
opinión del doctor Patarroyo respecto a las denuncias presentadas por quienes en
calidad de entrevistados del canal sirvieron como fuente de información en la
investigación adelantada.
Sobre el particular, y como ya fue
anotado, pudo constatar la Sala que la Fundación que dirige el profesor
Patarroyo –FIDIC- tuvo conocimiento previo sobre el tema del programa y su
emisión. Hecho que se prueba con lo dicho por el mismo funcionario de la
Fundación que recibió las llamadas y quien manifestó que: llamaron del
programa Los Informantes del Canal Caracol para hablar telefónicamente
con el doctor Patarroyo “sobre el uso de los monos en su investigación
en el Amazonas”[170].
Además, dentro del propósito de lograr
la objetividad y garantizar la neutralidad de la información el programa logró
contacto con Corpoamazonia, autoridad encargada de la materia, para indagar
sobre la gestión realizada por la FIDIC en cuanto a la captura de los monos
nocturnos, su rehabilitación y reincorporación al hábitat natural.
De la información presentada por la
referida autoridad ambiental, donde se dijo que la caza de la especie de micos
musmuquis se realizaba con arreglo a ley, se hizo expresa alusión, no solo
gráficamente sino también de manera directa por parte del periodista encargado
de la emisión[171].
Luego no es de recibo para esta Sala el argumento de la parte accionante en el
sentido de señalar que lo dicho por Corpoamazonia se trasmitió de forma “insignificante
y descontextualizada”[172].
De cara a lo anterior, se observa que, a
pesar de las denuncias presentadas por las personas que intervinieron en el
desarrollo de la emisión “La Caza del Musmuqui”, lo cierto es que la
misma tenía un propósito informativo, en tanto buscaba dar a conocer al público
hechos de interés general que, si bien pudieron ser interpretados como
comprometedores por parte de profesor Patarroyo, se refieren a circunstancias
objetivas reales como es la caza de monos nocturnos Aotus que, en alguna
medida, son utilizados en la experimentación de la vacuna contra la malaria, y
la tala de árboles que supone la captura de dicha especie.
Se trató entonces, de un informe
periodístico que más allá  de estar orientado a lanzar acusaciones en contra de
una persona en particular, tuvo como fin último, presentar a los televidentes
no solo una preocupación de interés general que existe en la selva
amazónica en relación con el aumento en la tala de árboles como consecuencia de
la caza de una especie animal en particular, sino también, incentivar a las
autoridades ambientales para que adopten medidas de protección y conservación
de la flora y la fauna en la región del amazonas.
7.8 En estos términos, considera la Sala
que en esta oportunidad los derechos al buen nombre, a la honra, a la
dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la libre escogencia
de profesión y oficio y al debido proceso del accionante no fueron desconocidos
por el medio de comunicación demandado, con ocasión del programa Los
Informantes, que el día 17 de septiembre de 2017 a las 8 pm emitió la nota
periodística titulada “La Caza del Musmuqui”. En consecuencia, no hay
lugar a la rectificación, comoquiera que la actividad del Canal se llevó a cabo, según quedó
expuesto, bajo el respeto de los límites a la imparcialidad y veracidad que
exige la jurisprudencia para el ejercicio de la labor informativa.
7.9 Por otro lado, advierte la Sala que, si el actor
considera que las declaraciones presentadas por los entrevistados en el marco
del programa de alguna manera no reflejan la realidad de los hechos en que
tiene lugar la caza y utilización de los monos, está en plena libertad de acudir
a las acciones ordinarias, de tipo penal o civil a fin de obtener la
reivindicación de sus derechos.
7.10 Ahora bien, al margen de las anteriores
consideraciones, encuentra la Sala pertinente recordar que el señor Manuel
Elkin Patarroyo es un científico colombiano reconocido en el ámbito nacional e
internacional por su labor investigativa en relación con el mejoramiento de la
vacuna contra la malaria, que él mismo descubrió por primera vez en 1987. Que
en ese contexto, los fines de su investigación suponen, sin lugar a dudas, un
aporte importante para la salud humana.
Desde esta perspectiva, precisa la Sala que, si bien el
medio de comunicación accionado actuó dentro de los límites que exige la
jurisprudencia para el ejercicio de su labor informativa, en todo caso, la
Corte encuentra pertinente hacer un llamado de atención a los medios de
comunicación para que en desarrollo de su actividad lleven a cabo los mayores
esfuerzos para mantener la neutralidad de la información, contextualizando los
contenidos que serán presentados ante el público. Lo anterior, con el objeto de
evitar que los receptores hagan interpretaciones erróneas de los hechos que
fueron objeto de investigación por parte del emisor.
Así, considera la Sala que los discursos informativos de
los cuales se pueda prever un impacto importante en la sociedad y donde se haga
mención a personajes que por su actividad profesional tienen como propósito la
consecución de un fin loable, como ocurre con el desarrollo de la vacuna contra
la malaria, deben procurar examinar y presentar todos puntos de vista posibles
en torno a la emisión de una determinada noticia.
III.
DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia del ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) proferida por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó
el fallo de primera instancia, proferido el doce (12) de diciembre de dos mil
diecisiete (2017) por el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Bogotá que negó el amparo invocado por el señor Manuel Elkin
Patarroyo Murillo.
SEGUNDO.- LIBRAR
las
comunicaciones -por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como
DISPONER las notificaciones a las partes -a través del Juez de tutela de
primera instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
CRISTINA
PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ
FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
Con
salvamento de voto
ALBERTO
ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA
VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
SENTENCIA T-292/18
Referencia:
Expediente T-6.656.185
Asunto:
Acción de tutela interpuesta por Manuel Elkin Patarroyo contra el Canal Caracol
–programa “Los Informantes”-
Magistrado
Ponente:
Cristina
Pardo Schlensinger.
Con
el respeto acostumbrado por las decisiones que toma esta Corporación, haré
explícitas las consideraciones que me llevaron a apartarme de la posición
adoptada por la mayoría de la Sala en la sentencia T-292 del 24 de julio de
2018.
1. En esta oportunidad le correspondió a
la Corte analizar la acción de tutela interpuesta por el señor Manuel Elkin
Patarroyo y la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (en adelante
FIDIC) representada por él mismo, ante la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana, al libre
desarrollo de la personalidad, a la libre escogencia de profesión, al debido
proceso, “a la investigación científica” y “a la rectificación”.
Lo anterior, toda vez que el Canal Caracol a través del programa “Los
Informantes” transmitió la nota periodística denominada “La Caza del
Musmuqui”, el día 17 de septiembre de 2017 a las 8 pm en horario triple A,[173]
en la que se efectuaron diferentes afirmaciones sobre el uso de monos nocturnos
en procesos de investigación financiados por la FIDIC para el desarrollo de la
vacuna contra la malaria.
Con fundamento
en lo expuesto, los accionantes manifestaron que durante la nota periodística
el programa realizó “gravísimas y falsas acusaciones” que comprometen la
imagen del señor Manuel Elkin Patarroyo, como médico, científico e investigador
de la vacuna contra la malaria, y de la FIDIC.
Por su parte, el
Canal Caracol argumentó que el programa obedeció únicamente a una investigación
que ilustraba las preocupaciones ambientales en relación con la caza
indiscriminada y sin autorización de los “Monos Musmuquis”. En
ese sentido, el reportaje presentó entrevistas de varias personas que de manera
libre hicieron sus declaraciones y expusieron sus impresiones sobre la materia.
El Canal también señaló que el informe fue realizado con pleno conocimiento de
las obligaciones de la labor periodística y, particularmente, en cumplimiento
de los principios de veracidad, imparcialidad y diligencia previstos por la
jurisprudencia constitucional en materia de libertad de información.
Los jueces que
conocieron en primera y segunda instancia resolvieron negar el amparo invocado,
al considerar que el Canal Caracol, en específico el programa “Los
Informantes”, no actuó con ánimo expreso de presentar como ciertos hechos
falsos, ni buscó de manera malintencionada y maliciosa perjudicar los derechos
fundamentales de los accionantes. En suma, concluyeron que la nota periodística
se realizó con el pleno cumplimiento de los límites legales y
jurisprudenciales.
2. Esta
Corporación, mediante sentencia T-292 de 2018 confirmó la decisión de los
jueces de instancia al determinar que, de acuerdo con un análisis integral del
material probatorio que obraba en el expediente y, en particular, de la nota
periodística que dio lugar a la interposición de la presente acción de tutela, la emisión titulada “La Caza del
Musmuqui”
del programa Los Informantes del Canal Caracol no desconoció los límites de imparcialidad y veracidad de la
libertad de información que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional.
2.1
Consideró que el propósito del programa fue darle a conocer a la teleaudiencia
una problemática ambiental surgida de la caza indiscriminada del “Mono
Musmuqui” y, en razón de ello, hizo públicos los testimonios de quienes
denunciaban dicha acción en la que involucraban al señor Manuel
Elkin Patarroyo y a la FIDIC.
En ese sentido,
las acusaciones que el accionante reconoce como lesivas a sus derechos fundamentales
no fueron atribuidas directamente al discurso presentado por el periodista que
realizó el cubrimiento de la emisión, sino que surgieron de las declaraciones
brindadas por las personas que intervinieron en el marco de la nota como fuente
de información.
2.2
Del mismo modo, la sentencia en comento concluyó que sin perjuicio de las
denuncias presentadas por los entrevistados en contra de los accionantes,
durante la transmisión se puso de presente que Corpoamazonia había
informado al canal que la captura de los monos se da con sujeción a la
normativa de la materia y, hasta el momento, no se presenta un peligro de
extinción de la especie. Hecho que, a juicio de la Sala, acreditó el deber de
imparcialidad exigido por esta Corporación.
2.3
Por otro lado, estimó que el canal a través su equipo periodístico del programa
los informantes, buscó en reiteradas oportunidades la manera de
comunicarse con el señor Patarroyo en aras de contrastar la certeza de las
denuncias presentadas por los intervinientes en relación con la caza de monos
nocturnos y su uso en el desarrollo de la vacuna contra la malaria.
Lo
anterior, fue soportado en que pese a que el esfuerzo por
contactar al señor Patarroyo vía correo electrónico resultó ineficaz, se
infiere de manera razonable que este tuvo conocimiento de la intención del
Canal en informarlo sobre la emisión del programa y con ello conocer su opinión
en relación con contenido del mismo, al menos través de un funcionario de su
fundación con ocasión a las llamadas telefónicas realizadas a las instalaciones
de la FIDIC.[174]
Como
consecuencia de lo señalado, la sentencia indicó que la emisión de la
nota “La Caza del Musmuqui” del programa Los Informantes no
desconoció los presupuestos de veracidad e imparcialidad, sino que por el contrario,
procuró por el cumplimiento de la “diligencia razonable” a la que se ha
referido esta Corte para el desarrollo de la actividad informativa.
En ese orden,
aplicó la figura de la “exceptio veritatis” que exime de responsabilidad
penal cuando se comprueba la veracidad de las informaciones dentro del proceso
penal y la cual, mediante sentencia T-695 de 2017, se extendió al ámbito del
amparo constitucional cuando se demuestra, al menos, haber desplegado un deber
de diligencia razonable para su consecución.
3. Ahora bien, disiento de la postura
adoptada toda vez que, a mi juicio, en el presente caso no se advierte el
cumplimiento de los principios de veracidad e imparcialidad que se exigen de la
libertad de información por las razones que a continuación expondré:
Recuérdese que
el límite de la veracidad, como lo reconoce la sentencia de la cual me aparto,
supone que los enunciados fácticos puedan ser verificados razonablemente y no
se trate de simples opiniones, es decir, no exige que la información publicada
sea irrefutablemente cierta, sino que se haya efectuado un deber de
diligencia razonable por parte del emisor. Bajo ese entendido, el juez deberá
verificar si:
1.     Se
realizó un esfuerzo por constatar y contrastar las fuentes consultadas.
Sobre el particular, se advierte que no obstante haberse
concluido por la Sala de Revisión que el Canal Caracol actuó de manera
diligente en lo correspondiente con la emisión de denominada “la caza del
Musmuqui”, ello no se materializaba únicamente con el hecho de que,
previa trasmisión de la nota periodística, el accionado buscará establecer
comunicación telefónica con el señor Patarroyo. Pues en este escenario el deber
de diligencia debía procurarse con mayor rigor teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: (i) que la persona que se pretendía contactar se trata de
una figura pública y que, (ii) dada su profesión y oficio podía verse
eventualmente relacionada con la información que sería suministrada a la
teleaudiencia.
En cuanto al primer punto, cabe destacar que, tomando en
consideración que el señor Patarroyo tiene la calidad de médico científico e
investigador de la vacuna contra la malaria resultaba apenas razonable inferir
el impacto que la información recopilada por el equipo periodístico podía
ocasionar sobre el actor, incluso, sin que el título mismo de la emisión
hiciera alusión específica a su nombre; lo cual cobra mayor relevancia si se
tiene en cuenta la franja en la cual fue trasmitido el programa “los
informantes” el día 17 de septiembre de 2017 a las 8 pm.
Sobre esa base, no comparto la posición adoptada por la Sala
de Revisión al señalar que el medio de comunicación desplegó todas las
actuaciones a su alcance tendientes a obtener la versión de los hechos por
parte del señor Manuel Elkin Patarroyo o algún representante de la FIDIC. Por
ello, cuando mínimo debió garantizar la oportunidad, en cualquier tiempo, de
confirmar o controvertir la información a transmitir.
Si
bien, en la sentencia se indicó que el Canal Caracol intentó
establecer contacto vía correo electrónico con el señor Patarroyo mediante el
envío de un listado de preguntas; dicho cuestionario no llegó a su
destinatario, en razón a que la dirección de correo utilizada no correspondió a
la proporcionada por un funcionario de la FIDIC vía telefónica.
Ahora bien, para el análisis de una situación en la que se
encuentra en entredicho la configuración del deber de diligencia por parte de
un medio de comunicación, el juez constitucional tiene a su cargo la obligación
de estudiar la conducta del emisor de la noticia a partir de que efectivamente
se contrarreste y constate la versión del posible afectado con la información
que será transmitida o, cuando mínimo, con un experto en la materia.
Por lo tanto, no
encuentro motivos suficientes que justifiquen que el medio de comunicación haya
publicado una nota informativa que tendría por consecuencia lógica un impacto
directo sobre el señor Manuel Elkin Patarroyo y la FIDIC sin obtener su versión
o siquiera confirmar la recepción de un correo electrónico para acreditar el
desinterés por parte de estos.
2.     Se
actuó sin un ánimo expreso de presentar como ciertos, hechos falsos
Al respecto, en el
análisis desarrollado en la sentencia, por una parte, no se valoró que el canal
utilizó como fuente de información el testimonio del señor Gulfan Rodríguez,
indígena Tikuna que aseguró que en una semana captura de diez a doce monos y se
los vende al señor Manuel Elkin Patarroyo. No obstante, de acuerdo con el
material probatorio, se evidencia que el señor Rodríguez no se encuentra dentro
del listado de colectores autorizados por la FIDIC para la caza de “Mono
Aotus.”[175]  Por lo tanto, cabe la
posibilidad de cuestionarse la idoneidad de la entrevista y la información
aportada por aquel.
Por otra parte, se omitió examinar que
algunas de las afirmaciones realizadas no corresponden a la realidad según el
informe rendido por Coporamazonia, como por ejemplo, en el minuto 1:15
la conductora afirmó que: “(…) los compran para experimentar con ellos la
vacuna contra la malaria, un negocio redondo para los cazadores y muy cruel
para la especie y el medio ambiente.”
Seguidamente, indicó que: “(…) se
tumban árboles y arrasan con el medio ambiente. Federico Benítez se fue a cazar
cazadores y comprobó cómo se trafica con esta especie, que ya está
amenazada”.
Lo cual, de conformidad con el informe
allegado por la citada entidad, carece de veracidad toda vez que la
cacería que realiza la FIDIC representada por el señor Manuel Elkin Patarroyo
se da con sujeción a la normativa de la materia y bajo autorización de “Corpoamazonia”
órgano que aseguró que hasta el momento, la población de “musmuquis” es
similar a la que había hace diez años.
En el mismo sentido, no se tuvo en
cuenta que el programa presentó como cierta la información aducida por la
señora Ángela Maldonado en calidad de representante de la fundación Entropika
respecto de la captura ilegal de los monos en Perú y Brasil; sin
analizarse integralmente respecto del comunicado emitido por el Resguardo
Indígena de Puerto Nariño “Aticoya” en el que se determinó que la señora
Maldonado “en forma deliberada ha realizado aseguraciones, premisas falsas y
pretensiosas, sobre los procesos administrativos y sociales adelantados por el
Resguardo ATICOYA, ante CORPOAMAZONIA y la FIDIC, en el desarrollo de los
convenidos en el área del Resguardo.”[176]
Por consiguiente, considero que la
certeza de la información brindada en los momentos anteriormente referidos
debió ser constatada con mayor rigor.
3.     Se
obró sin la intención directa y maliciosa de perjudicar el derecho al honor, a
la intimidad y al buen nombre de otras personas[177].
En razón de lo anterior, considero que este límite se
trasgredió en el momento en que el medio de comunicación hizo las aseveraciones
que, por su nivel de relación, comprometieron el buen nombre de la FIDIC y del
señor Manuel Elkin Patarroyo, así como la honra de este último sin la previa
contrastación y/o constatación de la información.
4. En cuanto al límite de imparcialidad,
esta Corporación ha determinado que “envuelve una dimensión
interpretativa de los hechos, la cual incluye elementos valorativos y está a
mitad de camino entre el hecho y la opinión”[178] teniendo por objeto establecer distancia entre la noticia objetiva y la
crítica personal, ya que el público tiene derecho a formar una opinión libre a
partir de la entrega de diferentes puntos de vista de un mismo hecho y no
una versión pre-valorada de estos que impiden deliberar y tomar una posición. [179] De lo anterior se desprende el deber de los medios de comunicación de
no inducir al receptor a conclusiones que pueden ser erróneas o falsas.
En ese sentido, la imparcialidad se
acredita cuando el informante presenta un panorama completo de todas las
apreciaciones posibles de un mismo hecho. Sobre el particular, en el caso concreto
se consideró que el pronunciamiento de “Corpoamazonia” fue suficiente
para confrontar la información que brindaron durante el tiempo previo de la
emisión del programa.
No obstante, lo cierto es que la
presentación de dicho pronunciamiento entre el minuto 15:00 y 15:17 no puede
ser equiparable a las denuncias publicadas durante la emisión previa del
programa, pues estas últimas se desarrollaron de manera amplia y durante un
tiempo superior.
Por el contrario, la mención del informe
que rindió “Corpoamazonia” en la nota periodística se limitó a indicar
que la entidad allegó 18 páginas en las cuales señaló que el proceso de
capturas, rehabilitación y seguimiento de los monos que realizan los
accionantes se da con sujeción a la normativa de la materia. Lo anterior, sin
siquiera, por ejemplo, presentar un estudio suficiente de los elementos de
juicio que permitieran establecer una postura acerca de los permisos concedidos
a la FIDIC para afectar el ecosistema.
Es por ello, que de acuerdo con las
declaraciones que se realizan durante los
minutos 14:00 a 16:00 del programa, se concluye que tanto la FIDIC como el
señor Manuel Elkin Patarroyo hacen uso de los “Monos Aotus” con fines
científicos y, al mismo tiempo, que la caza de esta especie se realiza sin observancia
de la normativa, lo cual, fue controvertido por 17 segundos en los que se
mencionó de manera inequiparable, la legalidad de dicha caza según la autoridad
de la materia.
Así, a simple vista, se enmarca un
desequilibrio informativo y, en consecuencia, una violación del “derecho al
público de formarse libremente una opinión, esto es, a no recibir una versión
unilateral, acabada y pre-valorada de los hechos que le impida deliberar y
tomar posiciones a partir de puntos de vista contrarios expuestos objetivamente.”[180]
En suma, considero que
si bien nadie está obligado a lo imposible, el deber del medio de comunicación
de contrarrestar las diversas fuentes que ofrecen información sobre un mismo
hecho, debió ser acatado buscando asegurar la presentación de todas las
versiones posibles de una manera más amplia, garantizando como mínimo un
espacio equitativo de los argumentos que permitiera al televidente la creación
de un opinión propia sobre los hechos.
Por lo anterior, no
encuentro acreditados los límites constitucionales de veracidad e imparcialidad
que garanticen que la información ofrecida se obtuvo de un proceso razonable de
constatación y contrastación.
5. Finalmente, en la sentencia T-292 de
2018, se dio aplicación de la figura de “exceptio
veritatis” como liberadora de responsabilidad ante la vulneración de los
derechos a la honra y al buen nombre que, en materia penal, se usa ante
situaciones en las que la persona acusada de los delitos de calumnia o injuria
demuestra la verdad de las afirmaciones[181]
y, se expandió hasta el ámbito constitucional en aquellos casos en que
la persona que proporciona la información demuestra el deber de diligencia.
Sobre el particular, en sentencia T-695
de 2017, esta Sala analizó una situación en la cual un concejal divulgó durante
una sesión de plenaria, en el sitio web oficial del concejo y su cuenta
personal de Twitter, unas afirmaciones en las que se vinculó en una
relación a un funcionario público con una persona que fue procesada penalmente
en Estados Unidos en el año 2011.
En esa oportunidad la Corte analizó la
figura de “exceptio veritatis”, por primera vez en materia de tutela, en un escenario
de controversia entre particulares y determinó que:
“(…)
al desarrollar el criterio de veracidad, que permite al titular de la libertad
de información ejercer su derecho de manera respetuosa y sin interferir en los
derechos de los demás, no ha exigido que la información sea indudablemente
verdadera, sino que se haya desplegado un esfuerzo diligente por verificar,
constatar y contrastar razonablemente las fuentes, así como un deber de
explorar los diversos puntos de vista desde los cuales un mismo hecho puede ser
observado.”[182]
En ese sentido, los
particulares que demuestren haber actuado con suficiente diligencia, esto es,
realizando un esfuerzo serio por constatar las fuentes consultadas, se encuentran
exonerados de responsabilidad frente a la trasgresión de los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre en el trámite de la acción de tutela.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esta figura
eximente de responsabilidad no puede ser aplicada de igual manera en aquellos
casos que versan sobre particulares que difunden información en medios con una
recepción limitada, y en aquellos en los que se trata de un medio de comunicación,
pues mientras que en el primer escenario se configura con solo demostrar el
deber de diligencia razonable, el segundo, dado su deber con la sociedad,
necesariamente requiere garantizar que la información a proporcionar sea veraz
e imparcial.[183]
Lo anterior, al concluir que si bien,
con miras a evitar la lesión de derechos ajenos, tanto los particulares como
los medios noticiosos tienen el deber de expresar el pensamiento y proporcionar
la información con responsabilidad, lo cierto es que los medios de comunicación
son los principales canales de circulación de la información y no es lógico
equiparar el impacto que causa en la sociedad una noticia transmitida por ellos
a las afirmaciones realizadas por un particular, puesto que el medio informativo
tiene una recepción mayor que puede generar un perjuicio incalculable al
individuo involucrado si después resulta que lo publicado chocaba con la
realidad o, en otro escenario, se precipitó a presentar públicamente piezas
prevaloradas o con un lenguaje y una exposición que induce a la confusión o al
error.
En razón de
ello, no era procedente aplicar la “exceptio veritatis” al Canal
Caracol, ya que el emisor, de acuerdo con la rigurosidad exigida a estos
medios, no desplegó un esfuerzo razonable y diligente por constatar el
contenido fáctico de las afirmaciones presentadas a la comunidad ni para la
obtención de una versión del principal involucrado en los asuntos concernientes
a la vacuna de la malaria en un escenario nacional.
6. Así, ante la
inobservancia de los límites constitucionales exigidos a los medios de
comunicación, no se podía concluir que el Canal Caracol solo tuvo como
propósito darle a conocer a la teleaudiencia una problemática ambiental surgida
de la caza del “Mono Aotus o Musmuqui”, sino, como una labor
irresponsable que presentó una nota informativa sin el cumplimiento de las
cargas rigurosas de imparcialidad y veracidad.
De ahí que la
Sala, después de un análisis de los hechos que rodearon la emisión del programa
“La Caza de Musmuqui”, debió llegar a una conclusión diferente dirigida
a proteger los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de los
accionantes. Al mismo tiempo, debió encaminar una orden para que el programa
realizara la presentación de la otra perspectiva en igualdad de condiciones; es
decir, entrevistando a los expertos en la materia y definiendo sí efectivamente
los testimonios dados durante todo el programa eran veraces.
Fecha
ut supra,
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
[1] Sala de Selección Número Tres, conformada por los
magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado y Alejandro Linares Cantillo. Auto del
23 de marzo de 2018, notificado el 23 de abril de 2018.
[2] Se refiere a los monos nocturnos (Aotus)
son un género de los primates, pertenecen a la familia Aoitdae y
se distribuyen a lo largo de los bosques tropicales desde el norte de Argentina
hasta el sur de Panamá.
[3] Ver a folio 3 del cuaderno principal.
[4] En el
relato de los hechos se hará mención a los apartes del programa.
[5] Se refiere al horario de máxima audiencia o audiencia estelar, lo
que significa el “prime time” o mayor cantidad de televisores
encendidos.
[6] Ver a
folio 8 del cuaderno principal.
[7] Los
apartes subrayados en negrilla fueron expresamente señalados por la apoderada
del accionante en el escrito de tutela.
[8]
Los
apartes subrayados en negrita fueron expresamente señalados por la apoderada
del accionante en el escrito de tutela.
[9] Entre
el minuto 1:19 – 1:41 de la emisión. Ver a folio 46 CD de pruebas
[10] Entre
el minuto 1:41 a 2:00 de la emisión. Ver a folio 46 CD de pruebas.
[11]
Al
minuto 2:00 de la emisión. Ver a folio 46 CD de pruebas.
[12] Los
apartes subrayados en negrita fueron expresamente señalados por la apoderada
del accionante en el escrito de tutela.
[13] Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas.
[14] Al
minuto 10: 05 de la emisión. Ver a folio 46 CD de pruebas.
[15] Entre las
imágenes divulgadas se destacan entre otras, micos enjaulados, maltratados y
mal alimentados. Todo esto, simultaneo con las imágenes del profesor Patarroyo
en su laboratorio de investigación. Ver entre el minuto 13:07 y 13:23.
[16] Ver a
folio 8 de cuaderno principal.
[17] Se
refiere concretamente al siguiente enlace: https://www.facebook.com/fentropika/videos/127149557437850/
[18] Ver a folio 10 del
cuaderno principal.
[19] Ver a folio 12 del
cuaderno principal.
[20] Ibídem.
[21] Ver a folio 13 del
cuaderno principal.
[22] Ibídem.
[23] Ver a
folio 12 del cuaderno principal.
[24] Ver a
folio 13 del cuaderno principal.
[25]Ver a folio 14
del cuaderno principal, donde se puso de presente que el correo electrónico del
señor Patarroyo era con doble “r” es decir con “rr”.
[26] Dentro
de las diferentes acusaciones la apoderada del actor destaca, entre otras, las
siguientes:
-“siempre lo
dije y lo sostuve este viejo hp *** es un farsante malp***depredador hp*** no
te mereces sino la muerte ojala me dejaran experimentar contigo y sacar el
Mengele que llevo dentro”.
-“grandísimo
hp*** Patarroyo malp*** te deseo la muerte”.
- “hay que matar
indios y Patarroyo.
-“Ese hp***
pseudo científico hay que matarlo”.
- “No te mereces
sino la muerte”.
-“que crueldad
por qué no experimentan con la familia de PATARROYO”.
[27] Ver a
folio 15 del cuaderno principal.
[28] Respecto
a la accionada British Unión for the Abolition of Vivisection el juez se
abstuvo de ordenar su vinculación comoquiera se verificada la naturaleza de la
misma, se pudo establecer que es una organización internacional registrada en
Inglaterra, con domicilio en Londres. En el mismo sentido se procedió en
relación con el señor Juan Bardales, quien habita en la comunidad indígena
Tikuna de Chinería ubicada en la ribera sur del río Amazonas, Departamento de
Loreto – Perú. Ver a folio 49 del cuaderno principal.
[29] Ver a
folio 48 del cuaderno principal.
[30] Ver a
folio 51 del cuaderno principal.
[31] Ver
a folio 66 del cuaderno principal.
[32] Ver
a folio 68 del cuaderno principal.
[33] Ibídem.
[34]
Ver
a folio 70 del cuaderno principal.
[35] Ver a folio 71
del cuaderno principal.
[36] Ver a folio 88
del cuaderno principal.
[37] Todos
los documentos que obran como pruebas relevantes se encuentra en un CD en el
folio 46 del cuaderno principal.
[38] Prueba
Nº4 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[39] Prueba
Nº10 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[40] Prueba
Nº11 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[41] Prueba
Nº12 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[42] Prueba
Nº13 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[43] Prueba
Nº14 Y 15 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno
principal.
[44] Prueba
Nº16 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[45] Prueba
Nº20 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[46] Prueba
Nº22 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[47] Prueba
Nº23 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[48] Prueba
Nº26 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[49] Prueba
Nº29 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[50] Prueba
Nº36 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[51] Prueba
Nº40 dentro del CD de pruebas que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[52] Ver a folio
118  del cuaderno principal
[53] Ibídem.
[54] Ibídem.
[55] Ver a folio 128
del cuaderno principal.
[56] Ver a folio 135
del cuaderno principal.
[57] Ibídem.
[58] Ver a folio 16
del cuaderno 2.
[59] Ver a folio 17
del cuaderno 2.
[60] Ibídem.
[61] Ver a folio 18
del cuaderno 2.
[62] Corte Constitucional, Sentencia
T-263 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez).
[63]
Corte Constitucional, Sentencia T-263 de 2010 (MP Juan Carlos
Henao Pérez).
[64]
Corte Constitucional. Sentencias T-921 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-959
de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil) y T-110 de 2015 (MP Jorge
Iván Palacio Palacio), entre otras.
[65]
Corte Constitucional, Sentencia T-512 de 1992 (MP José Gregorio Hernández
Galindo).
[66]
Esta posición fue reiterada en las sentencias T-369 de 1993 (Antonio Barrera
Carbonell), T-787 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-040 de 2013 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; AV Alexei Julio Estrada), T-256 de 2013 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub) y T-904 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa),
entre otras.
[67]
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[68]
Corte Constitucional, Sentencia T-263 de 2010 (MP
Juan Carlos Henao Pérez)
[69] Corte Constitucional, sentencia t-260 de 2010 (MP Mauricio
González Cuervo).
[70] Corte Constitucional. Sentencia T-1198 de 2004 (MP
Rodrigo Escobar Gil).
[71] Ver, entre otras, las sentencias T-512, T-603 y T-609
del año 1992, T-323 de 1993, T-259 de 1994 y T- 472 de 1996
[72] Tan sólo se
puede acudir a la vía judicial cuando se haya agotado, sin obtener éxito, la
solicitud de rectificación ante el mismo medio (…) Lo que se busca es dar
oportunidad al medio sobre cuya información hay inconformidad, para que
rectifique o aclare.  En este como en otros campos, es preciso partir de
la base de la buena fe y, siendo posible que el medio de comunicación no
hubiese tenido intención o voluntad de agravio, es menester que se le permita
corregir lo dicho o escrito antes de plantearle un conflicto judicial”. “No
parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la
persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos
-analizada la situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de
la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en
el local, tienen el formidable poder del impacto noticioso; cuentan con la
capacidad de la presentación unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de
la ventaja que representa la posibilidad de repetición y ampliación de las
informaciones sin límite alguno; manejan potentes instrumentos que pueden
orientar y condicionar las reacciones psicológicas del público, resaltar u
opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en el momento de cumplir
con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen del
excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación y
contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las "notas de la
Redacción" en el caso de la prensa escrita, ya por conducto de los
comentarios o glosas del periodista en los medios audiovisuales, sin ocasión de
nueva intervención por parte del ofendido // Este conjunto de elementos
confiere a los medios incalculables posibilidades de apabullar al individuo,
dejándolo inerme frente a los ataques de que pueda ser objeto”. Estas subreglas han sido reiteradas por la Corte
Constitucional en repetidas ocasiones. Ver, por ejemplo, T- 611 de 1992; T-094 de 1995; T-066 de
1998; T-368 de 1998; T-1682 de 2000; SU 1721 de 2000; T-213 de 2004; T-1198 de
2004; T-755 de 2005; T-588 de 2006; T-626 de 2007; T-681 de 2007; T-219 de
2009.
[73]
Mediante la sentencia C-162 de 2000, la Corte
declaró la inexequibilidad de algunos apartes de los numerales y de los dos
parágrafos del artículo 30 de la Ley 182 de 1995. Para tales efectos, esta
Corporación realizó un análisis del proceso de rectificación en materia de
equidad a surtirse, indicó que el afectado debe presentar la solicitud ante el
director o responsable del programa dentro de los diez (10) días siguientes a
la transmisión del programa y que el sujeto pasivo de la petición cuenta con un
término de siete (7) días hábiles para hacer las rectificaciones. De no acceder
a la solicitud de rectificación, el medio de comunicación debe justificar la
información revelada en escrito dirigido al afectado, adjuntando las pruebas
que sirvieron como fundamento para la emisión del mensaje. Aparte extraído de
la sentencia T – 725 de 2016 (MP (E) Aquiles Arrieta Gómez).
[74] Constitución Política, artículo 86. “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
[75] “Por el cual se reglamenta la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
[76] En relación con los otros accionados se advierte que la accionada
British Unión for the Abolition of Vivisection fue desvinculada del trámite de
tutela comoquiera que es una organización internacional registrada en
Inglaterra, con domicilio en Londres. En el mismo sentido se procedió en
relación con el señor Juan Bardales, quien habita en la comunidad indígena
Tikuna de Chinería ubicada en la ribera sur del río Amazonas, Departamento de
Loreto – Perú. En cuanto a los periodistas del canal caracol cabe precisar que
el mismo canal actuó en representación de los mismos comoquiera que estos
actuaron conforme a sus funciones dentro del medio de comunicación.
[77]
Sobre la materia revisar la sentencia SU- 391 de 2016 (MP Alejandro Linares
Cantillo).
[78] La respuesta a su solicitud de rectificación por parte del Canal
fue del 5 de octubre de 2017.
[79]
Corte Constitucional, Sentencia SU-037 de 2009 (MP Rodrigo Escobar Gil; AV
Jaime Araujo Rentería), reiterada en le Sentencia T-593 de 2017 (MP Carlos
Bernal Pulido).
[80]Los
delitos de injuria y calumnia permiten preservar la integridad moral de la
víctima.
[81]
Corte Constitucional, Sentencias T-110 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio),
T-357 de 2015 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-277 de 2015 (MP María
Victoria Calle Correa), T-693 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; SV María
Victoria Calle Correa) y T-695 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas), entre
otras.
[82] Sentencia T- 787 de 2004 (MP Rodrigo
Escobar Gil), reiterada en la Sentencia T-110 de 2015 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[83] Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2018 (MP.
Cristina Pardo Schlesinger. SPV. José Fernando Reyes Cuartas).
[84] Corte
Constitucional, Sentencia T-263 de 1998 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz; SV José
Gregorio Hernández Galindo).
[85] Corte
Constitucional, sentencia T-693 de 2916 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[86] Corte Constitucional, sentencia T- 391 de 1991 (M.P José Gregorio
Hernández Galindo), T- 015 de 2015 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva).
[87]
Corte Constitucional, sentencias T-063A de 2017 (MP Jorge Iván Palacio
Palacio), la cual a su vez cita lo establecido en las sentencias T - 015 de
2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-277 de 2015 (MP María Victoria Calle
Correa) y T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella
Ortíz Delgado).
[88] Corte Constitucional, sentencia T-063A de 2017 (MP Jorge Iván
Palacio Palacio).
[89]
Corte Constitucional, sentencia SU-056 de 1995 (MP Antonio Barrera Carbonell).
[90] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
coincidido en manifestar “que una sociedad que no esté bien informada, no es
plenamente libre”. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha
dejado establecido que los medios de comunicación social juegan un rol esencial
como “…vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de
expresión en una sociedad democrática” y la Corte ha sostenido que “es
indispensable que [los medios] recojan las más diversas informaciones y
opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de
pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social
que desarrollan. Extraido de la sentencia T- 260 de 2010 (M.P. Mauricio
González Cuervo).
[91] La Corte Constitucional en la sentencia T-696/1996 señaló: “El derecho a la información
implica el derecho de informar, el de recibir información y el de garantizar,
por parte de quienes informan, la circulación de una información cierta,
objetiva y oportuna, que contribuya a la formación de una opinión pública
libre. En esto se concreta la responsabilidad social a que se refiere el
artículo 20 de la Constitución Política, la cual indudablemente se dirige a que
el comportamiento de los medios de comunicación, garantice el ejercicio pleno
de los derechos fundamentales tanto de los receptores de la información, como
de los sujetos de la misma. Se trata de que exista una convivencia plena entre
los derechos de informar, de recibir información y de respeto a la intimidad,
la honra, el buen nombre y la dignidad de la persona sobre quien se informa”.
[92] Corte Constitucional, sentencia T- 688 de 2015 (M.P (e) Miriam
Ávila Roldán).
[93]Corte
Constitucional, sentencia T-512 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo),
recientemente reiterada en la sentencia T- 693 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva).
[94] Sentencia C-488 de 1993, cit. En la Sentencia SU-1723
de 2000, (M.P. Alejandro Martínez Caballero. Unánime), la Corte indicó: “Recuérdese, sin embargo, que
el derecho a la información es de doble vía, característica trascendental
cuando se trata de definir su exacto alcance: no cobija únicamente a quien
informa (sujeto activo), sino que cubre también a los receptores del mensaje
informativo (sujetos pasivos), quienes pueden y deben reclamar de aquel, con
fundamento en la misma garantía constitucional, una cierta calidad en la
información”. En el mismo sentido, ver las Sentencias T-914 de 2014,
T-256 de 2013, T-040 de 2013, T-219 de 2009, T-391 de 2007, T- 693 de 2016.
[95]
Corte Constitucional, ver entre otras, sentencias C –
033 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero), T-074 de 1995 (MP José Gregorio
Hernández Galindo), T -496 de 2009 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T -731 de 2015
(MP (e) Miriam Ávila Roldán).
[96] Ver
entre otras, Corte Constitucional, Sentencias T-080 de 1993 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz y T-074 de 1995 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
[97] Corte
Constitucional, sentencia T – 298 de 2009 y T – 693 de 2016 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva).
[98] Ibídem.
[99]  Corte
Constitucional, sentencia T – 731 de 2015 (MP (e)
Miriam Ávila Roldán).
[100] Corte Constitucional Sentencia T-298 de 2009 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), y T – 731 de 2015 (MP (e) Miriam Ávila Roldán).
[101] Ibídem.
[102]
Corte Constitucional, sentencia T-298 de 2009 y T -693 de 2016 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva),
[103]
Corte Constitucional, ver entre otras sentencias
T-094 de 993 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-219 de 2009 (MP Mauricio González
Cuervo) T-914 de 2014 (MP Martha Victoria Sáchica Méndez), T-135 de 2014 (MP
Jorge Iván Palacio Palacio).
[104]
Corte Constitucional Sentencia T-260 de 2010, T – 731 de 2015 (MP (e) Miriam Ávila Roldán).
[105] Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[106] MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[107] Corte Constitucional, sentencia T-080 de 1993 (MP Eduardo
Cifuentes Muñoz). T-219
de 2009 (MP Mauricio González Cuervo).
[108] Ibídem.
[109] Ibídem.
[110]
Corte Constitucional, sentencia T- 117 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[111] Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013 (MP Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub).
[112]
Corte Constitucional sentencia T-693-de 2016 (MP Luis Ernesto Cargas Silva).
[113] Corte Constitucional, sentencia Sentencia
T-1198 de 2004 (MP Rodrigo Escobar Gil)
[114]
Corte
Constitucional sentencia T-693-de 2016 (MP Luis Ernesto Cargas Silva).
[115]
Corte Constitucional, ssentencias SU-1723 de 2000 (MP Alejandro Martínez
Caballero), T-135 de 2014 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-693-de
2016 (MP. Luis Ernesto Cargas Silva).
[116]
Corte Constitucional, sentencias C-010 de 2000,
T-135 de 2014, T-693-de 2016, entre otras.
[117]
Corte Constitucional, sentencia T-074 de 1995
(MP. José Gregorio Hernández Galindo)
[118] Ibídem.
[119] Al respecto revisar las siguientes sentencias de la Corte
Constitucional T-332
de1993; T-603 de 1992; T-274 de 1993; T- 332 de 1993; T-479 de 1993; T-595 de
1993; T-259 de 1994; T-381 de 1994; T-074 de 1995; T-472 de 1996; T-066 de
1998; T- 1198 de 2004; T-626 de 2007; T-787 de 2004.
[120] Corte Constitucional, sentencia T-
260 de 2010 (M.P.Mauricio González Cuervo), T –
688 de 2015 (M.P (e) Miriam Ávila Roldán).
[121]
Corte Constitucional, sentencia T-411 de 1995
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[122] Corte Constitucional sentencias C- 442 de 2011 (MP
Humberto Sierra Porto y C- 489 de 2002 (MP Rodrigo
Escobar Gil).
[123] Corte
Interamericana de
Derechos Humanos, caso Fontevecchia y D’Amico vs Argentina. Sentencia del 29 de
noviembre de 2001. Referida en la sentencia T-015 de 2015 de la Corte
Constitucional (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[124] Al respecto, se debe precisar que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado la dignidad humana desde tres dimensiones:
(i) el derecho a vivir como se quiera, que consiste en la posibilidad de
desarrollar un plan de vida de acuerdo a la propia voluntad del individuo; (ii)
el derecho a vivir bien, que comprende el contar con unas condiciones mínimas
de existencia; y (iii) el derecho a vivir sin humillaciones, que se identifica
con las limitaciones del poder de los demás, así, las afectaciones al buen nombre, a la
intimidad y a la honra de las personas, a su vez trasgreden el derecho a la
dignidad humana, desde el ámbito del derecho a vivir sin humillaciones o
ataques a la integridad del individuo. Extraído de la sentencia T- 695 de 2017.
[125] Corte
Constitucional, sentencia T. 731 de 2015 (MP
(e) Miriam Ávila Roldán).
[126] Corte
Constitucional, sentencia T-693 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva).
[127] Corte
Constitucional, sentencias T-411 de 1995 (MP
Alejandro Martínez Caballero), C-442 de 2011 (MP Humberto Sierra
Porto), T-688 de 2015(MP (e) Miriam Ávila Roldán,
T- 693 de 2016 (MP. Luis Ernesto Vargas
Silva).
entre otras.
[128] Corte
Constitucional, sentencias C- 442 de 2011 (MP Humberto Sierra Porto).
[129]
Corte Constitucional, Sentencia T-015 de 2015 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva; AV María Victoria Calle Correa).
[130]Corte
Constitucional, sentencia 117 de 2018, (M.P Cristina Pardo Schlesinger).
[131] Corte Constitucional, sentencias T- 411 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero), T
-110 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-063A de 2017( MP Jorge Iván
Palacio Palacio),
[132] En el contexto
internacional el artículo 12 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.”.
-El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su artículo 17 señala:
“1. Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación.2. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques.”
-La Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, dispone: “Artículo 11. Protección
de la Honra y de la Dignidad.
1. Toda persona tiene derecho al
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”
[133] Corte Constitucional, sentencia C- 442 de 2011 (MP
Humberto Sierra Porto), T-693 de 2016 (MP Luis
Ernesto Vargas Silva).
[134] Corte Constitucional, Sentencias
T- 260 de 2010 (MP Mauricio González Cuervo), C- 442 de 2011 (MP Humberto
Sierra porto), C- 635 de 2014 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T.
731 de 2015 (MP (e) Miriam Avila Roldan).
[135] Corte Constitucional,
sentencia T-063A de 2017( MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[136] Corte
Constitucional, Sentencia T-405 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño).
[137] Corte
Constitucional, Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa),
reiterada en la Sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[138] Corte Constitucional,
Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), la cual cita la
Sentencia T- 090 de 1996 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual la Corte
estudió el caso en el que imágenes de la demandante durante su parto fueron
difundidas sin requerir su consentimiento en programas diferentes al producido
por la sociedad demandada. La Corte amparó los derechos fundamentales a la
identidad y a la propia imagen de la actora y ordenó a la entidad demandada
cesar toda transmisión, exposición, reproducción, publicación, emisión y
divulgación pública de las imágenes de su parto. Igualmente, la Sentencia T-471
de 1999 (MP José Gregorio Hernández), en la que la Corte estudió el caso de una
menor cuya imagen apareció impresa en las etiquetas y la propaganda de los
productos de una empresa de aceites sin la autorización manifiesta de aquélla
ni de sus representantes legales porque las fotografías usadas eran meras
pruebas que no eran susceptibles de comercialización efectiva. La Corte
concedió la tutela y ordenó a la empresa demandada retirar de circulación las
etiquetas y avisos en los que aparecía la imagen de la menor.
[139] Corte Constitucional, Sentencia T-634 de 2013 (MP María Victoria
Calle Correa), reiterada en la Sentencia T-050 de 2016 (MP Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[140]
Corte Constitucional, Sentencia T-634 de 2013 (MP
María Victoria Calle Correa), reiterada en la Sentencia T-050 de 2016 (MP
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; SPV Gloria Stella Ortíz Delgado).
[141] M.P Carlos Gaviria Díaz. Reiterada en la sentencia SU- 1723 de
2000 (M.P Alejandro Martínez Caballero).
[142]
Corte Constitucional, sentencia SU- 1723 de 2000
(MP Alejandro Martínez Caballero).
[143] Ibídem.
[144] La
Corte en sentencia SU- 1723 de 2007 precisó que la relevancia pública “se refiere a la necesidad
de una información que se desenvuelva en el marco del interés general del
asunto a tratar”.
[145]
Corte Constitucional, sentencia SU-1723 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), T- 312 de 2015 y T- 546 de 2016
(MP Jorge Iván Palacio Palacio).
[146] Corte
Constitucional, sentencia T-256 de 2013 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio).
[147] Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2
de mayo de 2008. Serie C No. 177, párrs. 86- 88; Corte I.D.H., Caso Palamara
Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135,
párr. 83; Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y
otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69;
Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de
2001. Serie C No. 74, párrs. 152 y 155, Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs.
Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; Corte
I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004.
Serie C No. 107, párrs. 125 a 129; Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros.
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 87; Corte I.D.H.,
Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 115, cita
extraida de la sentencia -256 de 2013 (M.P Jorge Iván Palacio Palacio).
[148] Corte Constitucional, sentencia SU-56
de 1995 (M.P Antonio Barrera Carbonell).
[149] Ibídem.
[150] Sobre el particular, la sentencia SU- 1723 de 2000, precisó que en
el ámbito internacional el Tribunal Constitucional español, mediante
providencia 171 de 1990 también aceptó este criterio para determinar una
eventual intromisión legítima en el derecho a la intimidad.
[151] Corte Constitucional, sentencia SU- 1723 de 2000 (M.P Alejandro Martínez Caballero).
[152] Ibídem.
[153] Ibídem.
[154] Ibídem.
[155] Corte
Constitucional, sentencias T-695 de 2017 (M.P José Fernando Reyes Cuartas), T-
117 de 2018 (M.P Cristina Pardo Schlesinger).
[156] Ley
599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”.
[157] Se refiere a
las conductas punibles comprendidos en el Título V de los delitos contra la
integridad moral. “Artículo 221: El que impute falsamente a otro una
conducta típica, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de
diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Frente a la injuria se dispone en el artículo 220 “El que haga a otra
persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3)
años y multa de diez (10) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Y en cuanto a la injuria y calumnia indirectas el articulo 222
preceptúa: “A las penas previstas en los artículos anteriores quedará
sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada
por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones
se dice, se asegura u otra semejante.”
[158] M.P
José Fernando Reyes Cuartas.
[159] Salvo que se
trate de conductas que se refieran a la vida sexual, conyugal, marital o de
familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la formación
sexuales, tal como lo establece el inciso del artículo 224 de la Ley 599 de
2000.
[160] Corte
Constitucional, sentencia T-695 de 2017 (M.P José Fernando Reyes
Cuartas).
[161] Corte
Constitucional, sentencia T-695 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
[162] Ibídem,
reiterada en la sentencia T- 117 de 2018 (MP Cristina Pardo Schlesinger).
[163] Ibídem.
[164] Entre
el minuto 15:00 y 15:17 de la emisión.
[165] Ver a
folio 13 del cuaderno principal y prueba Nº 10 del CD de anexos.
[166] Se refiere
concretamente a 4 llamadas. Ver la prueba Nº 11 del CD que obra en el folio 46
del cuaderno principal.
[167] El correo
electrónico del señor Patarroyo era con doble “r” es decir con “rr”. No
obstante, el correo enviado por el Canal Caracol se hizo a un email mepatar@gmail.com.
[168] En el
informe presentado por el mismo funcionario de la FIDIC este señaló: llamaron
del programa Los Informantes del Canal Caracol para hablar telefónicamente con
el Doctor Patarroyo “sobre el uso de los monos en su investigación en el
Amazonas”.
Ver
la prueba Nº 11 del CD que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[169]
Corte Constitucional sentencia T-693-de 2016 (M.P. Luis Ernesto Cargas Silva).
[170] Ver
la prueba Nº 11 del CD que obra en el folio 46 del cuaderno principal.
[171]
Entre el minuto 15:00 y 15:17 de la emisión.
[172] Ver a
folio 13 del cuaderno principal.
[173]
Se refiere al horario de máxima audiencia o audiencia estelar,
lo que significa el “prime time” o mayor cantidad de televisores
encendidos.
[174]
Se advierte que de acuerdo con el informe presentado por el funcionario de la
FIDIC el programa “Los Informantes” del Canal Caracol llamó para hablar
con el señor Manuel Elkin Patarroyo sobre “el uso de los monos en su
investigación en el Amazonas”- prueba n.° 11 del CD de anexos del escrito
de tutela.
[175]
Prueba n.° 30 del CD de anexos del escrito de tutela.
[176]
Prueba n.° 39 del CD de anexos del escrito de tutela.
[177]
Sentencias T-260 de 2010, T-040 de
2013, T-312 de 2015 y T-695 de 2017 entre otras.
[178]
Sentencia T-080 de 1993, reiterado en sentencias T-135 de 2014
y T-695 de 2017.
[179]
Ibídem.
[180]
Sentencia T-117 de 2018.
[181]
Artículo 224 de la Ley 599 de 2000.
[182]
Sentencia T-695 de 2017.
[183]
Ver al respecto sentencias C-087 de 1998, SU-1723 de 2000, T-626 de 2007, T-327
de 2010 y T-725 de 2016.