T-458-94
Sentencia No
Sentencia No. T-458/94
DEBIDO PROCESO-Concepto
Este derecho es
el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadano que ha acudido al
proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida
fundamentación de las resoluciones judiciales.
VIA DE HECHO
Toda actuación,
tanto de funcionarios judiciales como de autoridades administrativas, que
desconozca de manera ostensible y flagrante el ordenamiento jurídico, se constituye
en verdadera vía de hecho y, por tanto, es susceptible de la protección y el
amparo que se otorga a través de la acción de tutela.
COMISION-Concepto
La comisión es
una delegación de competencia de carácter temporal, que se circunscribe
únicamente al cumplimiento de la diligencia delegada, se origina por razones de
economía procesal y auxilio judicial, y su objeto es la realización de algunos
de los actos que no pueden efectuarse directamente por los titulares de la
jurisdicción y de la competencia ya definidas.Se establece entonces dicha
figura, para actos y diligencias que no impliquen juzgamiento, y para la
práctica de pruebas.
PERJUICIO
IRREMEDIABLE-Concepto
La
irremediabilidad del perjuicio, implica que las cosas no puedan retornar a su
estado anterior, y que sólo pueda ser invocada para solicitar al juez la
concesión de la tutela como "mecanismo transitorio" y no como fallo
definitivo, ya que éste se reserva a la decisión del juez o tribunal
competente. Es decir, se trata de un remedio temporal  frente a una actuación
arbitraria de autoridad pública, mientras se resuelve de fondo el asunto por el
juez competente.  En el caso que nos ocupa, la situación que se presenta no es
irremediable, pues como el perjuicio alegado está en posibilidad de desaparecer,
de prosperar el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la
decisión de la Inspección, resulta ilógico considerarlo como irremediable. Por
lo demás, tampoco se observa que dicho perjuicio,  sea grave o inminente.
Ref: Expediente No. 38.768
Peticionario: LUIS AUGUSTO SAENZ DE SAN PELAYO.
Procedencia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil.
Magistrado Ponente: Dr. JORGE ARANGO MEJIA.
Sentencia aprobada en sesión de la Sala
Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días
del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
La Sala Primera (1a.) de Revisión de la
Corte Constitucional, integrada por los magistrados JORGE ARANGO MEJIA, ANTONIO
BARRERA CARBONELL y EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ, decide sobre la sentencia de la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha doce (12) de
mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
I- ANTECEDENTES
A- SOLICITUD
El señor Luis Augusto Sáenz de San Pelayo,
interpuso acción de tutela con el fin de amparar su derecho fundamental al
debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.
B- HECHOS
Afirma el peticionario que, desde el mes de
abril de 1976, tomó posesión del local 2-63 ubicado en la Ciudadela Comercial
"Unicentro" de Santafé de Bogotá, manifestando, igualmente, que de él
deriva el sustento para su familia.
Sobre el mismo local se adelantó, ante el
Juzgado 59 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, proceso de restitución de
inmueble de Jaime Montenegro contra Alicia Sáenz, hermana del actor y quien
aparecía como arrendataria. El juicio concluyó de manera adversa a la
demandada, ordenándose la restitución del bien.
Para cumplir la decisión del Juzgado, se
comisionó a la Inspección 1-A  de Policía de Usaquén, la cual señaló como fecha
para la práctica de la diligencia de lanzamiento, el 14 de febrero de 1994.
Una vez iniciada la diligencia, el señor
Luis Augusto Sáenz de San Pelayo, por intermedio de apoderado, se opuso a la
entrega del bien, alegando la posesión ininterrumpida del local desde el año de
1976 hasta la fecha, para lo cual presentó pruebas documentales y
testimoniales, intentando demostrar que su derecho nunca derivó de la demandada
Alicia Sáenz.
A pesar de lo anterior, la Inspección 1-A
de Policía rechazó la oposición y, en consecuencia, ordenó la restitución del
inmueble, fundamentando su decisión en el hecho de que la sentencia del Juzgado
59 Civil Municipal producía efectos en la persona del peticionario, por cuanto
existía una causahabiencia entre él y la demandada.
Sobre esta determinación, manifestó el
actor que la inspectora 1-A de Policía no tuvo en cuenta su calidad de tercero,
y que, por tanto, desestimó las pruebas aportadas desconociendo su posesión,
por lo cual violó su derecho fundamental al debido proceso.
C- PRETENSIONES
La tutela está encaminada a que se ordene a
la inspección 1-A de Policía de Usaquén, la suspensión del lanzamiento ya
ordenado, o  que se le restituya la posesión sobre el local 2-63 de Unicentro,
único medio con que cuenta para atender su precaria situación física y
económica.
II- DECISIONES JUDICIALES
A- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 6 de abril de 1994, el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Decisión Civil, resolvió,
"NEGAR la tutela solicitada por el ciudadano Luis Augusto Sáenz de San
Pelayo", teniendo en cuenta los siguientes argumentos:
- Que como la decisión que originó la
tutela podía ser apelada según lo establece el artículo 338 del C.P.C., el
peticionario "disponía de otro medio de defensa judicial que se desconoce
si utilizó porque la autoridad involucrada no ha dado respuesta a los
requerimientos del tribunal. No obstante, si el afectado con la decisión
judicial la recurrió, corresponderá al superior del comitente resolver la
legalidad de la decisión y no es la acción de tutela el escenario para debatir
si el rechazo de la oposición estuvo acertado."
- Que "un error de interpretación o de
valoración probatoria, debatible en las instancias naturales del juicio, no se
ajusta a la violación del debido proceso."
B- IMPUGNACION
La decisión anterior fue impugnada por el
peticionario, teniendo en cuenta los siguientes planteamientos:
- Que interpuso la acción de tutela como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, toda vez que el
recurso de apelación que presentó contra la decisión de la Inspección 1-A, fue
concedido en el efecto devolutivo, y esperar hasta que se decida el recurso sin
que se suspenda la decisión, implica la pérdida no sólo de su único medio de
subsistencia, sino también ser despojado de su posesión, suficientemente
acreditada en la diligencia.
- Que, con ponencia del Magistrado José
Gregorio Hernández, la Corte Constitucional ha manifestado "que en las
providencias judiciales sí cabe la tutela cuando el Juez ha cometido atropellos
evidentes contra el debido proceso", y que la Corte ha advertido "que
la tutela procede contra fallos, cuando éstos son producto de la arbitrariedad
y las vías de hecho."
C- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, en sentencia de doce (12) de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro (1994), confirmó el fallo del seis (6) del mismo año, proferido por la
Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, con base en las
siguientes consideraciones:
- Que "la acción de tutela ha sido
consagrada para salvaguardar los derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u
omisión de cualquier autoridad pública, no siendo procedente hacer uso de ella
para dilatar, enervar u obstruir el cumplimiento o ejecución de las decisiones
judiciales."
- Que de acuerdo con lo establecido por el
artículo 34 del C.P.C., "el funcionario comisionado tiene las mismas
facultades del comitente en relación con la práctica de la diligencia que se le
ha delegado, inclusive la de resolver recursos de reposición y conceder
apelaciones contra las providencias por él dictadas y que son susceptibles de
dichos recursos."
- Que el accionante hace recaer la
violación de su derecho en la actuación adelantada por la inspeción 1-A de
Policía de Santafé de Bogotá, que rechazó la oposición presentada en la
diligencia de lanzamiento, a pesar de que en la actuación "no se observa
violación alguna al debido proceso. Por el contrario, de la simple lectura de
las piezas procesales que obran en el expediente, se puede establecer que el
opositor ha contado con todas las garantías consagradas por la ley para la
diligencia de entrega..."
- Que no se ha incurrido en vía de hecho, y
tampoco hay evidencia alguna de la existencia de una situación de riesgo
asociada a la violación o amenaza de un derecho fundamental, que pueda
ocasionar un perjuicio irremediable al accionante.
III- CONSIDERACIONES
A- LA ACCION DE TUTELA ANTE LA VIOLACION
DEL DEBIDO PROCESO  Y FRENTE A PROVIDENCIAS JUDICIALES.
En repetidas ocasiones, esta Corporación se
ha pronunciado sobre el ámbito e importancia del derecho al debido proceso
(artículo 29 de la Constitución Política), y sus implicaciones frente a
actuaciones injustificadas de las autoridades públicas, concluyendo que la
inobservancia de las reglas que rigen para cada proceso, constituye una
violación y un desconocimiento del mismo.
De otra parte, se ha dicho que este derecho
es el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadano que ha acudido al
proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida
fundamentación de las resoluciones judiciales.
Sobre el particular, ha dicho esta
Corporación:
"El debido
proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio del
Estado de Derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra legem o
praeter legem. Como las demás funciones del Estado, la de administrar justicia
está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida dentro de los
términos establecidos con antelación por normas generales y abstractas que
vinculan positiva y negativamente a los servidores públicos. Éstos tienen prohibida
cualquier acción que no esté legalmente prevista, y únicamente pueden actuar
apoyándose en una previa atribución de competencia. El derecho al debido
proceso es el que tiene toda persona a la recta administración de
justicia." (sentencia No. T-001 de 1993, Magistrado Ponente doctor Jaime
Sanín Greiffenstein).
Es claro, entonces, que quien se sienta
amenazado o vulnerado por algún acto u omisión de la autoridad pública, puede
invocar y hacer efectivos sus derechos constitucionales a través de las acciones
y recursos contenidos en el ordenamiento jurídico, incluyendo la acción de
tutela en aquellos casos en que no se cuente con ningún otro medio de defensa
judicial, o, cuando existiendo éste, se interponga como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Así mismo, dada la relación  con el derecho
al debido proceso, la Corte ha sostenido la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales dictadas en el curso de un proceso, en el evento
en que la actuación de la autoridad pública carezca de fundamento objetivo y
obedezca a su solo capricho, teniendo como consecuencia la vulneración de
derechos fundamentales de la persona, e incurriendo, de esa manera, en lo que
se ha denominado como "vías de hecho".
De acuerdo con lo anterior, toda actuación,
tanto de funcionarios judiciales como de autoridades administrativas, que
desconozca de manera ostensible y flagrante el ordenamiento jurídico, se
constituye en verdadera vía de hecho y, por tanto, es susceptible de la protección
y el amparo que se otorga a través de la acción de tutela.
Sobre el particular, algunas providencias
de la Corte Constitucional han expresado:
"(...) La
vulneración de los derechos fundamentales por parte de servidores públicos
que actúan sin fundamento objetivo y razonable, y obedecen a motivaciones
internas, desconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP.
art. 5), la protección constitucional de los derechos fundamentales (CP. art.
86) y la prevalencia del derecho sustancial (CP. art. 228). En caso de
demostrarse su ocurrencia, el juez de tutela deberá examinar la pertenencia al
mundo jurídico y proceder a la defensa de los derechos fundamentales vulnerados
en el curso de una vía de hecho por parte de la autoridad pública"
(negrillas fuera de texto). (sentencia No. T-79 de 26 de febrero de 1993,
Magistrado Ponente doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
"Aunque esta
Corte declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la doctrina
acogida por esta misma Corporación, ha señalado que es procedente la acción de
tutela cuando se ejerce para impedir que las autoridades públicas, mediante
vías de hecho, vulneren o amenacen derechos fundamentales (negrillas fuera
de texto). (sentencia No. T-158 de 26 de abril de 1993,  Magistrado
Ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa).
En síntesis, la
acción de tutela se ha concebido, grosso modo, para solucionar, en forma
eficiente, situaciones de hecho generadas por actos u omisiones de autoridades
públicas, que impliquen necesariamente la violación o la amenaza de un derecho
fundamental. Sin embargo, sólo procede en aquellos casos en los cuales el
sistema jurídico no tiene  previsto otro mecanismo que pueda ser invocado ante
las autoridades con el fin de proteger el derecho, salvo que la acción se
utilize como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,
evento en el cual sus efectos son temporales, quedando supeditados a lo que se
resuelva de fondo por el funcionario competente.
En este orden de ideas, frente al caso
concreto, la Sala entra a considerar la procedencia de la acción de tutela
interpuesta como mecanismo transitorio, ante la supuesta violación del derecho
al debido proceso.
B- ¿CABE EN ESTE CASO LA TUTELA COMO
MECANISMO TRANSITORIO, FRENTE A LA VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO
PROCESO?
De la solicitud de tutela, puede deducirse
que el actor hace recaer la violación de su derecho al debido proceso, en la
actuación de la Inspección 1-A de Policía de Usaquén, que rechazó la oposición
que él, como tercero poseedor, formuló el 14 de febrero de 1994, en la
diligencia de lanzamiento ordenada dentro del proceso de restitución de
inmueble de Jaime Montenegro contra Alicia Sáenz Cortés, sobre el local 2-63
del centro comercial Unicentro.
Según el actor, con dicha actitud la
autoridad administrativa se atribuyó funciones propias del comitente, y
desestimó las pruebas aportadas a la diligencia, desconociendo así su posesión
e incurriendo en una vía de hecho.
Con fundamento en las anteriores afirmaciones,
procede la Sala a analizar, en primer lugar, el ámbito de competencia del
funcionario comisionado y, seguidamente, la supuesta existencia de una vía de
hecho en la interpretación de las pruebas aportadas a la diligencia.
1- LA INSPECCIÓN 1-A DE POLICIA TENIA
COMPETENCIA PARA ADELANTAR LA DILIGENCIA Y  PARA DECIDIR SOBRE LA OPOSICION
PRESENTADA.
La comisión es una delegación de
competencia de carácter temporal, que se circunscribe únicamente al
cumplimiento de la diligencia delegada, se origina por razones de economía
procesal y auxilio judicial, y su objeto es la realización de algunos de los
actos que no pueden efectuarse directamente por los titulares de la
jurisdicción y de la competencia ya definidas.
Se establece entonces dicha figura, para
actos y diligencias que no impliquen juzgamiento, y para la práctica de
pruebas.
Cabe anotar que cuando se trata del
cumplimiento de diligencias de coerción, en las cuales es necesaria la
intervención de la fuerza pública, es de común ocurrencia que se comisione a
los funcionarios de policía.
El Código de Procedimiento Civil regula la
materia, en lo que hace referencia al caso concreto, así:
"ART. 31.- REGLAS
GENERALES. La comisión sólo podrá conferirse para la práctica de pruebas en
los casos que se autorizan en el artículo 181 y para la de otras diligencias
que deban surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento, y para secuestro
y entrega de bienes en dicha sede, en cuanto fuere menester.
"ART. 32.-COMPETENCIA.
La Corte podrá comisionar a las demás autoridades judiciales; los
tribunales superiores y los jueces a las autoridades judiciales de igual o de
inferior categoría. Cuando no se trate de recepción o práctica de pruebas,
podrá comisionarse a los alcaldes y demás funcionarios de policía.
"El
comisionado deberá tener competencia en el lugar de la diligencia que se le
delegue, pero cuando ésta verse sobre inmuebles ubicados en distintas
jurisdicciones territoriales, podrá comisionarse a cualquiera de las
mencionadas autoridades de dichos territorios, la que ejercerá competencia en
ellos para tal efecto.
"El
comisionado que carezca de competencia territorial para la diligencia,
devolverá inmediatamente el despacho al comitente.
"ART. 34.-PODERES
DEL COMISIONADO. El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en
relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver
reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte,
susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se
interpongan se resolverá al final de la diligencia.
"Toda
actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La
nulidad sólo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco
días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho
diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el
comitente, y el auto que la decida sólo será susceptible de reposición.
"Solamente
podrá alegarse la nulidad por falta de competencia territorial del comisionado,
en el momento de iniciarse la práctica de la diligencia.
"ART. 338. -Modificado.
D.E. 2282/89, art. 1o., num 160. OPOSICION A LA ENTREGA.  Las oposiciones
se tramitarán así:
"PAR. 1o.- QUIENES
PUEDEN OPONERSE. Pruebas y recursos:
"1. El
juez rechazará de plano la oposición a la entrega formulada por persona contra
quien produzca efectos la sentencia, o por quien sea tenedor a nombre de
aquélla, mediante auto que será apelable en el efecto devolutivo. Sobre la concesión
de la apelación se resolverá al terminar la diligencia.
"2. Podrá
oponerse la persona en cuyo poder se encuentra el bien y contra quien la
sentencia no produzca efectos, si en cualquier forma alega hechos constitutivos
de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre, o los
acredita mediante testimonios de personas que puedan comparecer de inmediato.
El demandante que solicitó la entrega, podrá también pedir testimonios
relacionados con la posesión del bien, de personas que concurran a la
diligencia. El juez agregará al expediente los documentos que se aduzcan,
siempre que se relacionen con la posesión, y  ordenará el interrogatorio bajo
juramento del opositor, si estuviere presente.
"El
demandante que solicitó la entrega podrá también interrogar en la misma
actuación al opositor.
"El auto
que rechace la oposición, es apelable en el efecto devolutivo y se resolverá
sobre la concesión del recurso al terminar la diligencia. (...)"
(Negrillas
fuera de texto).
En lo que nos ocupa, de la simple lectura
de las piezas procesales, se establece que la autoridad administrativa observó
los lineamientos legales de la comisión, dándole al opositor todas las
garantías consagradas por la ley. Veamos por qué.
La inspección 1-A de Policía de Usaquén,
con base en el artículo 32 del C.P.C., fue comisionada por el Juzgado 59 Civil
Municipal de Santafé de Bogotá, mediante despacho No. 451, para adelantar la
diligencia de entrega del local 2-63 de Unicentro, dentro del proceso de
restitución de inmueble de Jaime Montenegro contra Alicia Sáenz Cortés.
El Señor Luis Augusto Sáenz de San Pelayo,
representado por su apoderado, presentó oposición a la entrega del bien,
alegando posesión ininterrumpida durante 18 años, para lo cual presentó algunas
pruebas, e igualmente solicitó otras que fueron debidamente practicadas e
incorporadas a la diligencia.
La Inspección decidió rechazar de plano la
oposición, con base en el numeral 1o., parágrafo 1o., del artículo 338 ya
citado, considerando que la posesión no se encontraba probada, y que el
opositor era causahabiente de Alicia Sáenz Cortés.
De acuerdo con lo anterior, concedió el
recurso de apelación interpuesto, en el efecto devolutivo,  como lo señala la
misma disposición, ordenando seguir adelante con la diligencia y fijando día y
fecha para su entrega.
No encuentra la Sala, cómo puede afirmarse
que el comitente actuó fuera de su competencia, si procedió siempre dentro de
los límites  que las normas transcritas señalan, pues tenía atribuciones no
sólo para rechazar la oposición, sino también para admitir el recurso de
apelación interpuesto.
Caso distinto es el referente a la
interpretación que la Inspección haya podido dar a las pruebas, y que la llevó
a tomar la decisión de rechazar la oposición, cuestión que no corresponde
propiamente a un aspecto de competencia, y que la Sala estudiará a
continuación.
2- LA INSPECCIÓN 1-A DE POLICIA NO INCURRIO
EN UNA  VIA DE HECHO EN LA INTERPRETACION DE LAS PRUEBAS.
Antes de entrar a evaluar la existencia o
no de una vía de hecho en la actuación de la Inspección, resulta indispensable
reiterar la jurisprudencia de esta Corporación, en el sentido de que la
presencia de la "vía de hecho", para efectos de la acción de tutela,
debe limitarse a la evidente arbitrariedad de una o varias decisiones dentro de
un proceso. Esto implica que dichas decisiones no se hayan tomado con
fundamento en la ley y la justicia, sino de acuerdo con el capricho del
funcionario de turno, ignorando las formas propias de cada juicio.
Ahora bien, el no estar de acuerdo con una
determinada providencia judicial, o el hecho de creer que el funcionario
competente no observó desde cierta perspectiva un aspecto de orden jurídico, no
implica necesariamente que se esté frente a una vía de hecho y que, por lo tanto,
sea procedente la acción de tutela, pues, como se dijo, es necesario demostrar
que la actuación fue arbitraria.
Al respecto ha señalado la Corte:
"(...) La
conducta del juez debe ser de tal gravedad e ilicitud que estructuralmente
pueda calificarse como una "vía de hecho", lo que ocurre cuando el
funcionario decide, o actúa con absoluta falta de competencia o de un modo
completamente arbitrario e irregular que comporta, según la jurisprudencia del
H. Consejo de Estado, una agresión grosera y brutal al ordenamiento jurídico,
hasta el punto de que, como lo anota Jean Rivero, "su actuación no aparece
más como el ejercicio irregular de una de sus atribuciones, sino como un puro
hecho material, desprovisto de toda justificación jurídica", con lo cual,
la actividad del juez o funcionario respectivo, pierde legitimidad y sus actos,
según el mismo Rivero, se han 'desnaturalizado'." (sentencia No. T-442/93,
Magistrado Ponente Antonio Barrera Carbonell).
En el caso que nos ocupa, no puede afirmar
el actor que la Inspección incurrió en una vía de hecho por haber desconocido
su posesión, pues la funcionaria administrativa se limitó a apreciar las
pruebas, de las cuales pudo deducir que dicha posesión no se demostró, ya que
se aportó a la diligencia un contrato de arrendamiento suscrito en el año de
1986, entre el actor, como arrendatario, y el señor Jaime Montenegro, como
arrendador, lo cual, en principio, desvirtúa su afirmación de ser poseedor.
Además, la existencia del mencionado contrato se corrobora con el
interrogatorio de parte del actor, en el cual se le preguntó y contestó lo
siguiente:
"PREGUNTADO:
Sirvase decir al despacho si Usted manifiesta ser el poseedor de este inmueble
y haber conocido al señor Jaime Montenegro Mejía, y si existió presuntamente un
contrato de arrendamiento entre usted y el referido señor. CONTESTO: Entre
nosotros no existió nunca un contrato de arrendamiento, lo que ocurre fue que a
raíz de un viaje que yo tuve a los Estados Unidos, Jaime Montenegro, quien era
en ese momento un amigo, me pidió el favor que hiciéramos algún documento para
el evento de que yo sufriera algún accidente aéreo en ese viaje, y me dijo que
por qué no firmábamos un contrato de arrendamiento y en una hoja Minerva
rápidamente se redactaron algunas cláusulas o se llenó el contrato y creo que
ni siquiera se especificaron los linderos, e incluso puso una suma
irrisoria...".
Para la Sala, prima facie, resulta
confuso entender cómo el señor Luis Augusto Sáenz de San Pelayo, que alega ser
poseedor del local 2-63 de Unicentro, suscribió contrato de arrendamiento
donde  aparece como arrendatario de dicho inmueble.
Por ello, no es descabellado suponer que la
Inspección actuó conforme a derecho al desconocer la posesión y, por tanto,
rechazar la oposición a la entrega presentada por el actor.
Ahora bien, una vez desconocida la
posesión, la Inspección  encontró explicación sobre la presencia del señor
Sáenz de San Pelayo en el inmueble, por el hecho de ser causahabiente de su
hermana Alicia Sáenz Cortés. Esto, con base en el contrato de arrendamiento
suscrito en el año de 1987 por ella, como arrendataria, y el señor Jaime
Montenegro Mejía, como arrendador, con base en el cual la sentencia del Juzgado
59 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, ordenó la entrega del local.
Así las cosas, el señor Sáenz de San Pelayo
actuó y permaneció en el local con la aquiescencia de su hermana, con su
consentimiento,  existiendo, entonces, una causahabiencia, respecto de la cual
no se aportaron pruebas que la desvirtuaran. Ante ello, era razonable dar
aplicación al numeral primero del parágrafo primero del artículo 338 del
C.P.C.
Por las razones expuestas, no encuentra la
Sala que la decisión de la Inspección 1-A de Policía de Usaquén, se haya basado
en consideraciones arbitrarias o descabelladas que lleven a pensar en una vía
de hecho. Por el contrario, su rechazo a la oposición tiene asidero en el hecho
de no haberse probado la posesión en forma satisfactoria.
También, conviene precisar que la acción de
tutela no es, ni puede ser una instancia de revisión de decisiones judiciales
que no resultaron satisfactorias para alguna de las partes, siempre y cuando
éstas se ajusten jurídicamente a realidades procesales que, por lo menos, sean
discutibles. Para este caso, y estando aparentemente ajustada a derecho la
decisión de la Inspección, el actor cuenta con los recursos y acciones
ordinarios para discutir y tratar de proteger los derechos que considera
violados.
Como en el presente caso no se observa que
la decisión impugnada por vía de tutela esté basada en flagrante arbitrariedad,
es claro que aun en el caso de que la Sala no compartiera el criterio de la
Inspección de Policía, éste, como expresión de la competencia del juez
ordinario, debe prevalecer. En consecuencia, corresponde al superior del juez
comitente desatar el recurso de apelación impetrado.
Por esto, se insiste, la protección de los
derechos fundamentales,  en este caso el del debido proceso, no se obtiene
única y exclusivamente a través de la acción de tutela, pues la existencia de
otros recursos y acciones implica que la persona cuenta con mecanismos eficaces
para proteger sus derechos. Además, no debe olvidarse, en el asunto que nos
ocupa el actor puede recurrir a las acciones posesorias, con el objeto de
recuperar o mantener la posesión que afirma tener sobre el local.
3- AUSENCIA DE PERJUICIO IRREMEDIABLE
Señala igualmente el actor, que con la
pérdida de la posesión se le está causando un perjuicio irremediable.
Sin embargo, vale la pena reiterar que la
irremediabilidad del perjuicio, implica que las cosas no puedan retornar a su
estado anterior, y que sólo pueda ser invocada para solicitar al juez la
concesión de la tutela como "mecanismo transitorio" y no como fallo
definitivo, ya que éste se reserva a la decisión del juez o tribunal
competente. Es decir, se trata de un remedio temporal  frente a una actuación
arbitraria de autoridad pública, mientras se resuelve de fondo el asunto por el
juez competente.
En el caso que nos ocupa, la situación que
se presenta no es irremediable, pues como el perjuicio alegado está en
posibilidad de desaparecer, de prosperar el recurso de apelación interpuesto
por el actor contra la decisión de la Inspección, resulta ilógico considerarlo
como irremediable. Por lo demás, tampoco se observa que dicho perjuicio, de
conformidad con la sentencia T-225 del 15 de junio de  1993 ( Magistrado
ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa), sea grave o inminente.
Y aun en el evento de no prosperar el
recurso, no puede afirmarse que el señor Sáenz de San Pelayo haya perdido
definitivamente la posibilidad de recuperar la posesión, circunstancia que al
parecer genera el perjuicio, pues él mismo puede acudir a las acciones
posesorias consagradas en la legislación civil, en aras de probar el derecho
que manifiesta tener sobre el local 2-63 de Unicentro desde hace 18 años.
En resumen, la presente acción de tutela no
debe prosperar por cuanto no se probó la existencia de una vía de hecho, ni la
necesidad de precaver un perjuicio irremediable.
IV- DECISION
En mérito de lo expuesto, la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Civil, de fecha mayo 12 de 1994, que a su vez
confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de
Bogotá, Sala de Decisión Civil, de fecha 6 de abril de 1994.
SEGUNDO. COMUNICAR esta providencia al Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala de Decisión Civil, para los
efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, cópiese, cúmplase
e insértese en la Gaceta de la Corte.
JORGE ARANGO MEJIA
Magistrado Ponente
ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General