T-074-18
Sentencia T-074/18
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
excepcional
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de
procedibilidad
CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL
ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES
De acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, el defecto fáctico se origina por un error excepcional y
protuberante en la valoración de las pruebas recaudadas en el proceso ordinario,
que además de menguar la confiabilidad de las partes en el razonamiento
utilizado por el juzgador, desconoce las garantías constitucionales
relacionadas con el debido proceso. De esta manera, las deficiencias
probatorias que se alegan ante el juez de tutela deben tener la capacidad para
incidir en el sentido de la decisión o, en su defecto, demostrar la distorsión
que, con la omisión o la indebida valoración probatoria, se produjo frente a la
verdad de los hechos.
DEFECTO FACTICO-Dimensión negativa y
positiva
Una positiva, que se presenta cuando el Despacho resuelve el
caso con fundamento en pruebas ilícitas, inconducentes o impertinentes y, por
lo mismo, su actuación se tacha de ilegal. En otras palabras, en su versión
positiva, el debate gira en torno a la actuación judicial (la valoración
realizada por el juzgador) que termina siendo inadecuada, en tanto utiliza
medios de prueba no aptos para tomar una correcta decisión. Sobre la
dimensión negativa del defecto fáctico, por el contrario, la
controversia tiene como eje de discusión las omisiones del funcionario judicial
en la etapa probatoria (lo que dejó de realizar teniendo el deber de hacerlo),
en cuyo caso se cuestiona la falta de una prueba determinante o esencial para
resolver adecuadamente el litigio.
FACULTADES Y PODERES DEL JUEZ-Deber de practicar pruebas de oficio en los
procesos que se surten ante la jurisdicción ordinaria y de lo contencioso
administrativo
FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ-Importancia
JUEZ EN EL
PROCESO CIVIL-Goza de amplias potestades para la recaudación de
pruebas
La legislación nacional, así como la jurisprudencia constitucional
y ordinaria, ha reconocido un rol al juez que lo faculta no solo para la
adopción de una rápida solución al asunto jurídico puesto a su jurisdicción,
sino que, además, en razón de la necesidad de esclarecer la verdad de los
hechos y garantizar una efectiva tutela de las garantías fundamentales, las
autoridades judiciales gozan de amplias potestades para la recaudación de
pruebas.
DECRETO OFICIOSO DE PRUEBAS O DISTRIBUCION DE CARGA PROBATORIA-Dejan de ser potestad del juez y se
erigen como deber funcional
CARGA DINAMICA DE LA PRUEBA-Deberes de las partes y atribuciones del juez como director del
proceso
CARGAS PROCESALES-Principio onus probando/CARGA DE LA PRUEBA-Elemento
característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva/PRINCIPIO
ONUS PROBANDO-Alcance
REDISTRIBUCION DE LA CARGA PROBATORIA-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
REDISTRIBUCION DE LA CARGA PROBATORIA-Jurisprudencia constitucional
CARGA DE LA PRUEBA-Distribución a favor de persona en situación de debilidad o
subordinación frente a otra persona o autoridad/CARGA DE LA PRUEBA-Distribución
cuando existan tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de superiores
jerárquicos
ACCION DE TUTELA CONTRA
PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por defecto fáctico en
proceso de responsabilidad médica a causa de una presunta negligencia
Referencia: Expediente:
T-6.346.931
Asunto: Acción de
tutela instaurada por
Brayan Andrés Perafan Aguilar, contra el Juzgado Once Civil del Circuito de
Bucaramanga (Santander) y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la
misma ciudad.
Magistrado
Ponente:
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Bogotá
D.C., dos (2) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Tercera de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha
pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de la
sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el cinco (5) de julio de dos mil diecisiete (2017), en la
que se resolvió confirmar el fallo emitido, en primera instancia, por la Sala
de Casación Civil de la misma Corporación, el dieciséis (16) de mayo de dos mil
diecisiete (2017), que denegó la acción de tutela presentada por Brayan Andrés
Perafan Aguilar.
I. ANTECEDENTES
Brayan Andrés Perafan Aguilar interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Once Civil del Circuito de
Bucaramanga y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad,
al considerar que las sentencias emitidas dentro del proceso de responsabilidad
civil iniciado por sus progenitores contra la Clínica Chicamocha S.A., COOSALUD
EPSS y el Doctor Luis Fernando Guerra Vásquez, incurrieron en un defecto
fáctico por la omisión en el decreto de pruebas relevantes, la valoración
defectuosa del material probatorio obrante en el expediente y el
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales de asunción de la carga de la
prueba, lo que ocasionó la vulneración de sus  derechos a la vida digna,
a la igualdad y al debido proceso, así como las garantías de acceso a la
administración de justicia.
1.
Hechos[1]
1.1.
Hechos que dieron origen al proceso de responsabilidad civil
1.1.1.
De acuerdo con lo relatado en la demanda de tutela, el 17 de abril de 2003
Brayan Andrés Perafan Aguilar sufrió una caída mientras jugaba con sus hermanos
que le ocasionó una fractura en el antebrazo derecho. Dicha lesión fue tratada
en la Clínica Chicamocha S.A., en la ciudad de Bucaramanga (Santander), por
parte del Doctor Luis Fernando Guerra Vásquez, quien después de diagnosticar
que el actor presentó “una fractura cerrada de cúbito y radio derecho del
tercio medio y proximal”[2],
procedió a inmovilizar la extremidad afectada y colocarle un “yeso braquimetarcarpiano”[3]. Para la
época del suceso, Brayan Andrés tenía 4 años de edad[4].
1.1.2.
Según el accionante, después del procedimiento de inmovilización del brazo, el galeno
se limitó a señalar en la fórmula médica que el control sería dentro de los 10
a 15 días siguientes a la colocación del yeso, sin informarle a sus
progenitores, los señores Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar Barrera,
los cuidados especiales que se requerían o las restricciones del tratamiento
médico. Informa el actor que al no presentarse tales limitaciones, junto con
sus progenitores, viajó al municipio de Morales (Bolívar), lugar de trabajo de
su padre. Sin embargo, dado el mal aspecto que presentaron los dedos de la
extremidad afectada, sus familiares lo llevaron al Hospital San Sebastián de
Morales (Bolívar), lugar en el que se decidió, por la complejidad del caso, remitirlo
a la Clínica Chicamocha S.A., por ser dicha institución la encargada de su
tratamiento médico[5].
1.1.3.
El 24 de abril de 2003, es decir, 7 días después de la colocación del yeso,
Brayan Andrés ingresó nuevamente a la Clínica Chicamocha S.A. Revisado el caso
por su médico tratante, le fue diagnosticado un síndrome compartimental agudo
en su extremidad superior y, con ello, una contractura isquémica de Wolkann. Es
decir, el menor sufrió un daño en los nervios y músculos de la extremidad
enyesada que le ocasionó una pérdida funcional y deformidad de su brazo, con
amputación a nivel del codo[6].
1.1.4.
Por este motivo, al menor le practicaron cinco intervenciones quirúrgicas para
conseguir la cobertura del antebrazo por pérdida cutánea, exposición muscular y
del nervio mediano, así como para disminuir el desequilibrio muscular y mejorar
la presentación del brazo. No obstante lo anterior, Brayan Andrés fue
calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander con
una pérdida de la capacidad laboral del 46.93%, con fecha de estructuración del
17 de abril de 2003, al hallarse “deformidad completa”, “atrofia de
la mano”, “antebrazo y mano no funcionales con amputación a nivel del
codo” [7].
1.1.5.
En dicho momento, los padres de Brayan Andrés acudieron a la Defensoría del
Pueblo de Santander, entidad que procedió a oficiar al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que conceptuara acerca del caso del actor.
Como resultado de lo anterior, a través del Dictamen No. C-02733 del 9 de marzo
de 2004, dicha entidad manifestó que “se [trataba] de un caso de
responsabilidad profesional, por lo cual [debía] ser evaluado por la Junta de
Médicos Forenses”.
1.1.6.
Adicionalmente, los señores Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar Barrera
presentaron queja disciplinaria ante el Tribunal de Ética Médica de la
Seccional de Santander, entidad que, a través del fallo del 14 de junio de
2006, declaró que las instituciones médicas y el galeno actuaron de acuerdo con
la Lex Artis, según la información que reposaba en la historia clínica,
ya que fueron los padres los responsables de la estructuración del síndrome
compartimental, al llevarlo 7 días después de la colocación del yeso[8].
1.2.
Hechos en el marco del proceso de responsabilidad civil en primera instancia y
su impugnación
1.2.1.
El 2 de abril de 2008, los padres de Brayan Andrés radicaron la demanda de
responsabilidad civil contra la Clínica Chicamocha S.A., COOSALUD EPSS y el
médico Luis Fernando Guerra Vásquez, por los daños fisiológicos, morales y de
vida en relación de su hijo y el núcleo familiar, a raíz de los errores en el
tratamiento de la fractura del antebrazo. De un lado, alegaron que la postura
inadecuada del yeso ocasionó “una excesiva presión de una celda facial en la
extremidad derecha”[9],
lo que originó el síndrome compartimental. Dicho de otro modo, el yeso ejerció
una presión desproporcionada sobre la extremidad superior que impidió que las
células y tejidos se oxigenaran, lo que causó su necrosis y, por consiguiente,
la pérdida anatómica y funcional del brazo. Y, de otro lado, afirmaron que el
médico incumplió con los deberes de información, seguimiento y control adecuado
del caso.
1.2.2.
En primera instancia, el caso correspondió al Juez Tercero Civil del Circuito
de Bucaramanga, quien por medio del Auto del 12 de marzo de 2010, abrió a
pruebas el asunto y procedió a decretar “las solicitadas (…) por cada uno de
los extremos de la Litis”[10].
Específicamente, la parte demandante requirió el siguiente dictamen
pericial: “al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Bucaramanga, para que certifiquen si el pronunciamiento expresado en dictamen
médico legal No. C-02733 del 9 de marzo de2004, (…) es de su autoría, y a su
vez se sirvan explicar y dictaminar a la fecha los resultados y pérdida
funcional de la extremidad superior derecha del menor”[11].
1.2.3.
Después de efectuado los alegatos de conclusión, el 20 de marzo de 2015, el
expediente fue trasladado al Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga
para que, por descongestión, fallara el fondo del asunto. De esta manera, a
través de la Sentencia del 29 de febrero de 2016, el Despacho denegó las
pretensiones del extremo demandante, al considerar probadas las excepciones
interpuestas por las instituciones demandadas (ausencia de culpa, inexistencia
de nexo causal, cumplimiento de los deberes legales y profesionales, aplicación
de la Lex Artis y consentimiento informado del paciente)[12].
1.2.4.
Para el A quo, dos circunstancias explicaron la inexistencia de la falla
médica. En primer lugar, el hecho de que los demandantes no acreditaron, “a
través de ningún medio de prueba, que la colocación del vendaje o yeso en la
extremidad del menor se hubiera efectuado de manera errónea por parte del
galeno, como para que de allí se originara el síndrome compartimental” [13].
Es decir, no se demostró la existencia del daño y su nexo causal con el
comportamiento desplegado por las instituciones médicas. Por el contrario, para
el juez de la causa, “[brilló] por su ausencia prueba científica o dictamen
pericial especializado, el cual [pudiera] servir de apoyo (…) para determinar
con precisión la existencia o no de la falla o culpa médica” [14]. En
el mismo sentido, consideró que el dictamen del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses, solicitado por la parte demandante, “no era pertinente
para demostrar la falla médica. Únicamente se recomendaba llevar el caso a la
Junta de Médicos Forenses para su evaluación. Situación que en el curso del
proceso o extraprocesalmente, según lo evidenciado en el plenario, no se dio”[15].
En
segundo lugar, planteó que las secuelas del menor se produjeron por la tardanza
de los progenitores en presentarlo en la institución médica encargada de su
tratamiento[16].
A juicio del juzgado, el síndrome compartimental no se generó por mala praxis
médica, sino por la actuación negligente de sus padres, quienes “no
atendieron activamente la solicitud o recomendación del traslado que le hiciera
el médico adscrito al Hospital de San Sebastián de Morales (Bolívar) y se
retardaron en presentar la solicitud para el tratamiento, en una institución
que pudiera actuar frente a la patología, alegando la escasez de recursos
económicos”[17].
En
consecuencia, para resolver el caso, el Despacho se sujetó a los documentos
aportados por los extremos de la Litis y al cúmulo de testimonios que se
recogieron a lo largo del curso procesal. De forma especial, analizó la
declaración del médico tratante y de los galenos que representaban a la parte
demandada, concluyendo que, de tales declaraciones, “no se [podía] (…)
inferir la presencia de culpa o falla médica atribuible a quienes integran la
parte pasiva”[18].
1.2.5.
El 10 de marzo de 2016, la parte demandante impugnó la decisión proferida
por el juzgado de primera instancia tras considerar que, al momento de emitir
la sentencia, el Despacho incurrió en tres defectos relacionados con el examen
del material probatorio: i) realizó una indebida valoración de las
declaraciones de parte y de los médicos adscritos a las instituciones
demandadas, en la medida que tales medios de prueba también explican cómo el
galeno omitió sus deberes de información, seguimiento y control, desconociendo,
además, el principio de imparcialidad que debe regir el manejo probatorio; ii)
excluyó el dictamen emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, que señalaba la responsabilidad profesional del galeno y, finalmente,
iii) omitió las reglas jurisprudenciales en torno a la carga dinámica de
la prueba en materia de responsabilidad médica.
1.3.
Hechos en el marco del proceso de responsabilidad civil en segunda instancia
1.3.1.
Adicionalmente, el demandante solicitó al Ad quem la práctica del
peritaje por parte de la Junta de Médicos Forenses del Instituto de Medicina
Legal, a causa de las consideraciones del juez de primera instancia que
indicaban la ausencia de una prueba científica. Sin embargo, mediante Auto del
31 de mayo de 2016, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga,
encargada de decidir el recurso de apelación, negó la solicitud por
improcedente, bajo el argumento de que la petición no estaba inmersa en ninguna
de las causales previstas en el artículo 327 del Código General del Proceso. En
todo caso, afirmó que, los elementos probatorios que obraban en el expediente
eran suficientes para emitir una decisión de fondo en el asunto de su
competencia.
1.3.2.
De tal manera que, el 20 de septiembre de 2016, en Audiencia de Sustentación y
Fallo, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga decidió confirmar
la sentencia que denegó la demanda de responsabilidad civil, argumentando
que el extremo demandante no probó la culpa médica ni el nexo causal entre la
conducta del galeno y el daño sufrido por el menor de edad. Por una parte, el
Tribunal enfatizó en que la decisión estuvo motivada en las pruebas obrantes en
el plenario del proceso, las cuales no demostraban la responsabilidad plena de la
parte demandada. Al contrario, la revisión conjunta de los elementos de prueba
dejaban ver que el médico tratante actuó de forma diligente, aplicando la Lex
Artis.
De
otra parte, consideró que el decreto oficioso de pruebas constituye una
prerrogativa del juez no una imposición legal, en los casos que se requiere una
prueba adicional para verificar las circunstancias fácticas que rodean el caso.
Así que, al contrario de endilgarse responsabilidad a los jueces, para el
Tribunal, los padres fueron negligentes en tramitar una prueba que el Instituto
de Medicina Legal había recomendado desde el año 2004.
1.3.3.
Sin embargo, una de las magistradas que integró la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Bucaramanga, al momento de proferirse la sentencia objeto
de cuestionamiento, presentó aclaración de voto, argumentando que por la
desventaja en que se encontraba el menor, al pertenecer a un núcleo familiar de
escasos recursos y baja escolaridad, así como las mejores condiciones en que
estaban los médicos para demostrar su actuación diligente, la Sala debió entrar
a examinar la posibilidad de trasladar la carga de la prueba a la parte
demandada, situación que no se analizó en la sentencia de segunda instancia[19].
Asimismo,
estimó que, si bien en el interrogatorio de parte se expresó una actuación
diligente por parte del galeno, lo cierto era que en la historia clínica,
documento en el que debía reflejarse todo el tratamiento médico, según
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no aparecían elementos
relevantes acerca de los supuestos fácticos alegados por los médicos; a lo que
se sumó, de igual manera, las inconsistencias en el procedimiento médico, como
aduce la literatura especializada en la materia y se refleja en el expediente
del caso.
Por
consiguiente, consideró que al no existir certeza de la culpa médica, sino, por
el contrario, indicios que llevaban a inferir una actuación imprudente y falta
de experticia por parte del médico, la facultad oficiosa resultaba útil para
determinar la realidad acerca de los supuestos de hecho alegados por las
partes. Por eso, el decreto de pruebas, como la del Instituto de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, servirían para esclarecer la verdad del caso examinado.
1.3.4.
Finalmente, estando dentro del término legal, la parte demandante interpuso
recurso extraordinario de casación contra las decisiones proferidas por las
autoridades judiciales atrás referenciadas, petición que fue denegada el 25 de
octubre de 2016, tras considerarse que el recurso no cumplía con el requisito
mínimo de cuantía señalado legalmente para la admisión.
2.
Fundamentos de la tutela
2.1.
Con fundamento en los anteriores hechos, Brayan Andrés, actuando en nombre
propio, radicó la acción de tutela que actualmente se analiza, con la finalidad
de que fueran protegidos sus derechos fundamentales a la vida digna, a la
igualdad y al debido proceso, así como las garantías de acceso a la
administración de justicia, consagradas en el artículo 229 de la Constitución.
Con ese fin, solicitó que se ordenará a las autoridades judiciales demandadas “la
práctica integral de la evaluación o peritaje por parte de la Junta de Médicos
Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, la
cual aun cuando fue solicitada en el desarrollo del proceso ordinario de
responsabilidad civil, desde su punto de vista, no fue practicada correctamente
por los jueces demandados. Por consiguiente, para el accionante, tanto el
Juzgado Once Civil del Circuito, como la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Bucaramanga, deberían emitir un nuevo pronunciamiento que se ajuste
más a la realidad del caso, teniendo en cuenta la información científica.
2.2.
Para sustentar su petición, adujo que las autoridades judiciales demandadas,
por medio de las Sentencias del 29 de febrero y 20 de septiembre de 2016,
incurrieron en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas
allegadas y recolectadas en el curso del proceso de responsabilidad civil
iniciado por sus progenitores contra las instituciones médicas y el galeno
encargados del tratamiento de su fractura.
2.3.
En primer lugar, subrayó que los fallos impugnados fueron resueltos sin una valoración
integral de las pruebas, lo que derivó en la conclusión errónea de que los
supuestos fácticos alegados en la demanda no eran conclusivos de la
responsabilidad médica. Para el actor, en el expediente existían elementos de
prueba que permitían inferir que el médico tratante no cumplió con el protocolo
para la colocación del yeso, ni efectuó la vigilancia del caso durante las 48
horas siguientes al tratamiento, así como tampoco informó a los acudientes del
menor los cuidados y signos de alarma. De hecho, indicó que, contrario a lo
establecido en la normatividad, no se consignó el procedimiento médico ni las
recomendaciones en la historia clínica.
En
el mismo sentido, recalcó el hecho de que los jueces dieron plena credibilidad
a las pruebas aportadas por la parte demandada, en especial, las declaraciones
de médicos que trabajaron en la Clínica Chicamocha S.A., lo que carecería de
imparcialidad y profesionalismo, en la medida que tales pruebas solo buscaron
favorecer a los demandados, no eran conclusivas de una actuación médica, ni
explicaban, de forma unívoca, la causa del síndrome compartimental del que fue
diagnosticado el actor.
2.4.
Un segundo error se asoció a la negativa de los jueces de instancia para
decretar el dictamen médico legal solicitado, así como las pruebas de oficio
que le permitieran a los juzgadores llegar al convencimiento del asunto y, en
consecuencia, tomar una decisión que se acercara a la causa más probable del
origen del síndrome compartimental. Dicho de otro modo, los fallos cuestionados
incurrieron en un defecto fáctico porque ante los vacíos probatorios que tenían
los jueces, los cuales fueron señalados en las mismas providencias judiciales,
dichas autoridades simplemente decidieron denegar las pruebas solicitadas por
la parte demandante y omitieron su deber oficioso.
2.5.
En tercer lugar, el accionante alegó que la carga de la prueba en
materia de responsabilidad médica le corresponde a la parte demandada, con
fundamento en el inciso 4 del artículo 167 del Código General del Proceso. Sin
embargo, en su caso, las autoridades judiciales accionadas omitieron su
carácter dinámico y sin mayor soporte argumentativo, decidieron denegar las
pretensiones de la demanda.
2.6.
Finalmente, como elementos excepcionales del caso, el actor destacó que el
inadecuado tratamiento médico afectó de forma grave y directa su proyecto de
vida, pues desde el momento en que ocurrió la perdida funcional de su brazo,
se
ha visto limitado significativamente, al punto de que sus necesidades más
básicas siguen siendo soportadas por sus padres, quienes son personas que
trabajan como vendedores ambulantes en la Plaza de Mercado de Bucaramanga[20].
3.
Actuaciones adelantadas dentro del trámite de la tutela
3.1.
La acción de tutela fue asignada a la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, quien mediante Auto del 3 de mayo de 2017, procedió a
correr traslado de la demanda a las autoridades judiciales accionadas y
comunicar el inicio del trámite a las partes e intervinientes del proceso
ordinario de responsabilidad civil objeto de cuestionamiento por el accionante[21].
3.2.
Como resultado, cumplido el término para el efecto, el Juzgado Tercero Civil
del Circuito de Bucaramanga aclaró que, si bien en un inicio le correspondió
tramitarlo, fue el Juzgado Once Civil del Circuito quien profirió la sentencia
acusada. No obstante, revisadas las actuaciones adelantadas por el A quo, consideró
que tal decisión se encontraba ajustada a las normas legales, sin que fuera
posible predicar algún desconocimiento del derecho fundamental al debido
proceso[22].
3.3.
En un sentido similar, el 5 de mayo de 2017, el Juez Once Civil del Circuito de
Bucaramanga afirmó que, aunque se posesionó con posterioridad a la emisión del
fallo cuestionado, lo cierto era que la demanda de tutela pretendía crear
nuevos espacios de discusión judicial y reabrir el debate probatorio finalizado
por el Tribunal, aspectos que, si fueran admitidos por los jueces
constitucionales, desbordarían la naturaleza de la acción de tutela[23].
3.4.
Por su parte, el 8 de mayo de 2017, el Magistrado Ponente de la Sentencia
proferida el 20 de septiembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior de Bucaramanga, explicó que una vez examinado el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante, mayoritariamente, la Sala decidió
confirmar el fallo tras advertir, con respaldo en la revisión detallada de las
circunstancias fácticas que rodearon el caso y del material probatorio
allegado, que el extremo demandante de la Litis no demostró una falla
médica o responsabilidad culposa del galeno y las instituciones prestadoras del
servicio médico. Con esto, sostuvo que no incurrió en ninguna afectación de las
garantías iusfundamentales y menos que su decisión fuera caprichosa o
arbitraria. Por el contrario, afirmó que el interés de Brayan Andrés no era
otro que lograr una nueva valoración de los medios probatorios arribados al
proceso ordinario, situación que está por fuera del alcance de la acción de
tutela[24].
4.
Decisión de primera instancia
4.1.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia
del 16 de mayo de 2017, denegó el amparo solicitado, al considerar que las
decisiones judiciales cuestionadas estuvieron sustentadas en el ejercicio de
las atribuciones legales y constitucionales. En particular, expuso que, la
valoración del acervo probatorio es el momento donde se expresa con mayor grado
de intensidad la autonomía e independencia que caracteriza el acceso a la administración
de justicia.
Adicionalmente,
consideró que los fallos acusados surgieron de la revisión de las
circunstancias fácticas del caso y la aplicación de las normas legales vigentes,
por lo que no resultaron decisiones caprichosas ni merecedoras de reproche
constitucional. Bajo ese entendido, para la Sala, resultó evidente que la
finalidad del accionante era utilizar la tutela como un medio extraordinario
para impugnar las providencias que le fueron desfavorables, sin tener en cuenta
la competencia limitada y residual del juez constitucional.
4.2.
Sin embargo, uno de los Magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia salvó voto, luego de examinar el material probatorio, dado
que, desde su punto de vista, resultaba evidente la configuración de un defecto
fáctico en las providencias cuestionadas.
4.2.1.
Al respecto, sostuvo que las decisiones judiciales carecieron de motivación
racional y, por el contrario, estuvieron soportadas en una deficiente
valoración probatoria. Lo anterior, teniendo en cuenta que los jueces
ordinarios defendieron acríticamente la hipótesis menos factible, según la
cual, la responsabilidad se asoció con la tardanza de los padres en llevarlo al
centro médico. De hecho, expuso el magistrado que, según las reglas de la sana
crítica, la experiencia y la ciencia médica, “el hecho de que un menor
ingrese por una fractura simple y sin complicaciones y termine perdiendo el
brazo, es un factor indicativo de que el procedimiento no se efectuó dentro de
los parámetros de normalidad”[25].
De manera que, “si se comprometió el órgano enyesado, al punto que se
produjo su necrosis y pérdida anatómica o perturbación funcional, ello no
ocurre al azar, ni por culpa de la víctima, sino por una mala praxis médica,
como se encuentra descrito en la literatura especializada”[26]. En
consecuencia, el despacho no encontró justificación a la credibilidad que le
dieron los jueces de instancia a los conceptos rendidos por los médicos de las
instituciones demandadas, dadas “las contradicciones en que incurrieron y la
contrariedad de su explicación con los parámetros de la ciencia médica en
materia de ortopedia”[27].
4.2.2.
En relación con la prueba del nexo de causalidad, además, el Magistrado expresó
que no resultaba adecuado exigir la certeza de tal hecho, como lo hicieron los
jueces de instancia, sino la demostración de la causa más probable. De esta
manera, encontró que los jueces dejaron de considerar que “la causa más
probable fueron los errores que cometió el médico al vendar el brazo con una
presión excesiva, y al no tomar las medidas de precaución y seguimiento que
prescribe la Lex Artis para evitar el resultado que se produjo”. Los
magistrados desestimaron la hipótesis indiciaria más factible por medio de meras
suposiciones que ni siquiera alcanzaron el estatus de contradicciones”[28].
4.2.3.
En un sentido similar, planteó que, contrario a lo previsto en la Resolución
No. 199 de 1995, por medio de la cual se fijan las normas para el manejo de las
historias clínicas, el médico tratante no consignó ningún dato relacionado con
la forma como se hizo el diagnóstico, la medición de la presión del yeso o los
cuidados para el menor. Razón por la cual, su conducta evidenció la despreocupación
por la situación del menor de edad, que se agrava en este caso por las
condiciones de vulnerabilidad e indefensión de Brayan Andrés, quien para la
época de los hechos era apenas un niño desplazado por la violencia que
pertenecía a un núcleo familiar de escasa formación y sumido en la pobreza.
4.2.4.
En consecuencia, afirmó que los jueces demandados no tuvieron en cuenta los
elementos de conocimiento que obraban en el expediente y demostraban que los
galenos violaron el deber objetivo de cuidado, al aplicar negligentemente la Lex
Artis. Al respecto, expuso que “el médico tratante no cumplió con el
protocolo de colocación del yeso, pues no midió la presión intracompartimental
que ejerció sobre el brazo fracturado; no mantuvo la extremidad elevada a la
altura del corazón para evitar un edema; no cumplió con la vigilancia dentro de
las 48 horas siguientes a la colocación del yeso; ni explicó a los familiares
del menor los cuidados que debían tener, no les ordenó estar pendientes de los
signos de alarma como dolor, inflamación o cambio en el color de la piel; ni
dio ninguna recomendación al respecto”[29].
5. Impugnación
5.1.
Dentro del término legal previsto para tal efecto, el accionante impugnó la
decisión manifestando que, contrario a lo decidido por el juez de primera
instancia, la acción de tutela resulta procedente para proteger sus
derechos fundamentales, toda vez que los fallos evidencian un vacío probatorio
que le impidió a los propios jueces de causa encontrar la verdad de los hechos.
Con base en lo anterior, reiteró que las autoridades demandadas valoraron
indebidamente las pruebas obrantes en el expediente, pero, en particular,
fallaron en un excesivo ritualismo civil, que les impidió decretar las pruebas
solicitadas por la parte demandante para adoptar una correcta decisión. Enfatizó,
además, en el hecho de que su única pretensión es que se ordene la práctica del
peritaje por parte de la Junta de Médicos Forenses y, con ello, se realice una
valoración integral de los elementos de prueba.
6.
Decisión de segunda instancia
6.1.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante
providencia del 5 de julio de 2017, confirmó en su integridad el fallo
de primera instancia, al considerar que las decisiones judiciales cuestionadas,
es decir, la proferida el  20 de septiembre de 2016 por la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Bucaramanga y el pronunciamiento del Juzgado Once
Civil del mismo Circuito Judicial, de fecha 29 de febrero de 2016, se emitieron
con soporte “en la situación fáctica planteada, el acervo probatorio
recaudado y de conformidad con la normatividad aplicable al tema debatido”[30]. Dicho
de otro modo, la Sala consideró que los fallos eran el “resultado de una
labor hermenéutica propia de las autoridades judiciales que las profirieron,
[apoyándose] en argumentaciones que se soportan en las reglas mínimas de
razonabilidad jurídica”[31].
6.2.
De ahí que, la Sala no advirtiera que las providencias fueron caprichosas o
arbitrarias, sino, por el contrario, encontró que los juzgados accionados
llegaron a la conclusión de que no existía culpa o falla médica atribuible a
las entidades demandadas, a partir del examen de las pruebas recaudadas y las
normas que consideraron aplicables. Para la Sala, los demandantes no lograron
acreditar que la colocación del yeso se hubiera efectuado de manera errónea,
produciendo el síndrome compartimental del que sufrió el actor. En cambio, los
testimonios rendidos por los médicos especialistas en ortopedia y traumatología
eran coincidentes en señalar que tal síndrome “no se da por la colocación de
un yeso, sino por la compresión que va de adentro hacia afuera de la zona
afectada”[32].
6.3.
Adicionalmente, expuso que, si bien el 3 de marzo de 2004 el Instituto de
Medicina Legal conceptuó que se trataba de un caso de responsabilidad médica,
el cual debía ser evaluado por la Junta de Médicos Forenses, lo cierto es que
los interesados no gestionaron oportunamente dicha prueba. Aun así, tal
dictamen fue decretado y practicado por el juez de primera instancia, sin embargo,
para los Despachos acusados no constituyó un verdadero experticio, en la medida
que se limitó a realizar una valoración física del paciente, sin establecer la
responsabilidad médica o la relación causal entre las afectaciones y la
conducta de quienes integraron la parte demandada. Así las cosas, consideró
acertado que negaran la práctica de un nuevo dictamen, pues “el conjunto de elementos
de convicción del proceso eran suficientes para fundamentar las decisiones
tomadas en primera y segunda instancia”.
7.
Pruebas relevantes que obran en el expediente
-
Copia
de la cédula de ciudadanía de Brayan Andrés Perafan Aguilar[33].
-
Reporte
fotográfico de la extremidad superior derecha del actor[34].
-
Copia
del Dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 3 de marzo
de 2004[35].
-
Copia
de la demanda de responsabilidad civil presentada por Carlos Ovidio Perafan y
Ana Azucena Aguilar Barrera el 2 de abril de 2008[36].
-
Copia
del informe pericial de ampliación médico-legal, por parte del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 1 de octubre de 2010[37].
-
Copia
del informe pericial de ampliación médico-legal, por parte del Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 13 de enero de 2011[38].
-
Copia
de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Once Civil del
Circuito de Bucaramanga el 29 de febrero de 2016[39].
-
Copia
del recurso de apelación presentado por el apoderado judicial de los demandantes
en el proceso de responsabilidad civil[40].
-
Copia
de la solicitud de práctica de la prueba de peritaje por parte de la Junta de
Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses[41].
-
Copia
de la decisión proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil
Familia, del 31 de mayo de 2016, por medio de la cual se negó el decreto del
dictamen pericial[42].
-
CD
de la audiencia del 20 de septiembre de 2016, llevada a cabo por la Sala
Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en la que se decidió el
recurso de apelación[43].
-
Copia
del acta de audiencia de sustentación y fallo, del 20 de septiembre de 2016,
dentro del proceso de responsabilidad civil[44].
-
Copia
de la aclaración de voto de la sentencia de segunda instancia proferida por la
Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga[45].
-
Copia
del recurso de casación presentado por los demandantes contra la sentencia de
segunda instancia[46].
-
Copia
del auto del 25 de octubre de 2016, proferido por la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior de Bucaramanga, por medio del cual se niega el recurso extraordinario
de casación[47].
8.
Actuaciones realizadas en sede de revisión
8.1. Escogido
el presente caso por la Sala de Selección Número Nueve de la Corte Constitucional[48] y
después de estudiado los elementos de prueba obrantes en el proceso de tutela
por parte del Magistrado sustanciador, esta Sala consideró que se hacía
indispensable contar con el expediente del proceso ordinario de responsabilidad
civil que era objeto reproche por parte de Brayan Andrés. Lo anterior, en razón
a que, si bien las pruebas daban cuenta de las actuaciones que fueron
adelantadas por la parte actora y las providencias judiciales proferidas por
las autoridades judiciales demandadas, en su conjunto, tales elementos
resultaban insuficientes para adoptar una decisión de fondo, acorde con la
situación fáctica planteada por el actor, en la que se alegaba la omisión en el
decreto de pruebas a lo largo del procedimiento judicial, así como su
defectuosa valoración.
8.2. En
consecuencia, por medio del Auto del 29 de noviembre de 2016, la Sala ofició al
Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander) para que
remitiera, con destino a la Corte Constitucional, la totalidad de cuadernos que
contenían las actuaciones surtidas dentro del proceso ordinario de
responsabilidad civil iniciado por Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena Aguilar
Barrera, en representación de Brayan Andrés Perafan Aguilar, contra la Clínica
Chicamocha S.A., COOSALUD EPSS y el Doctor Luis Fernando Guerra Vásquez.
Adicionalmente, en la misma providencia, se ordenó suspender los términos para
fallar el asunto de la referencia, de conformidad con el artículo 64 del
Acuerdo 02 de 2015[49].
Vencido el término otorgado para tal efecto, el 25 de enero de 2018, fue
finalmente remitido el expediente al despacho del Magistrado Sustanciador.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. Competencia
La Corte Constitucional es competente
para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la
referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Carta Política y
el Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del Auto del catorce (14) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017), proferido por la Sala de Selección
Número Nueve, en el que se escogió el expediente para revisión[50].
2. Cuestión previa: análisis de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
A través de la Sentencia C-590 de 2005,
esta Corte unificó los estándares constitucionales para la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, subreglas que se han
reiterado a lo largo del desarrollo jurisprudencial de esta Corporación y las
cuales, en su conjunto, conforman la doctrina constitucional imperante y en
vigor en la materia[51].
De ahí que, en esta oportunidad, la Sala solo proceda a reseñar los requisitos
generales y especiales fijados por la jurisprudencia, para con posterioridad y,
frente a cada uno, analizar su cumplimiento en el caso concreto.
2.1. Requisitos generales
La Corte Constitucional ha reiterado
que, por regla general, la acción de tutela no procede contra decisiones
proferidas por autoridades jurisdiccionales, dada la necesidad de preservar la
eficacia de los principios de autonomía e independencia judicial, así como las
reglas de seguridad jurídica y cosa juzgada que caracterizan a la
Administración de Justicia. De esta manera, la jurisdicción ordinaria sigue
siendo el escenario natural para resolver las controversias judiciales, de
conformidad con los mandatos de competencia previstos en la Constitución y la
ley[52].
No obstante lo anterior, bajo supuestos
sumamente excepcionales, se ha admitido la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones proferidas por autoridades judiciales, en los eventos que la
sentencia se torne manifiestamente incompatible con la Carta Política y la
materialización de los derechos fundamentales[53],
sin que tal proceder pueda entenderse como un juicio de corrección de los
asuntos que ya fueron definidos por el juez natural[54].
De ahí que, para no invadir de forma
inmensurable la órbita de competencia de la autoridad natural, la Corte ha
asumido la procedencia de la acción de tutela, a partir del cumplimiento de ciertos
requisitos generales, los cuales están asociados a las condiciones fácticas y
de procedimiento del caso. El cumplimiento de tales pautas, en consecuencia, habilita
al juez de tutela para examinar el fondo de la controversia y adoptar una
decisión que, en efecto, logre satisfacer los derechos fundamentales[55]. Bajo este
panorama, dichos criterios se reseñan a continuación:
2.1.1. Relevancia constitucional
2.1.1.1. De conformidad con lo
establecido en la jurisprudencia de esta Corporación, la relevancia
constitucional, como condición de procedencia de la acción de tutela, debe ser examinada
a partir de la clara y ostensible violación de las garantías constitucionales. Al
respecto, se ha reiterado que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra
a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes”[56].
Aunque en la
práctica no resulta sencillo definir qué asunto tiene una marcada importancia
constitucional y cuál no, la Corte ha establecido algunos criterios de
diferenciación que resultan útiles para el caso, entre los que se encuentran
los siguientes: i) en principio, le está vedado al juez inmiscuirse en
asuntos de carácter netamente legal o decidir cuál es la interpretación más
acertada de una norma jurídica, cuando de dichos asuntos no se desprenda una manifiesta
violación de los derechos y deberes constitucionales[57]; ii)
tampoco el juez de tutela pueda interferir cuando de las pruebas obrantes
en el expediente no se advierta así sea someramente, los hechos de los cuales
se predica la supuesta vulneración de los derechos fundamentales[58] y,
finalmente, iii) la relevancia constitucional de un caso judicial puesto
a consideración del juez de tutela, se relaciona con la necesidad de
interpretación del estatuto superior, su aplicación material y la determinación
del alcance de los derechos fundamentales[59].
2.1.1.2. Con
fundamento en lo expuesto, esta Sala considera que la cuestión que se discute
tiene una significativa relevancia constitucional, en la medida que Brayan
Andrés pretende, a través de la acción de tutela, la materialización de
prerrogativas constitucionales tan importantes como la vida digna (art. 11), la
igualdad (art. 13) y el debido proceso (art. 29), las cuales presuntamente
fueron vulneradas con las decisiones judiciales que concluyeron con el procedimiento
de responsabilidad civil iniciado por sus progenitores, como consecuencia de la
pérdida funcional y deformidad de su brazo. De hecho, el accionante formuló
varios cargos respecto de la valoración de los medios de pruebas que, de hallarse
fundados, no solo resultarían las decisiones cuestionadas legalmente
injustificadas, sino además atentatorias de los principios que orientan la
correcta Administración de Justicia y el debido proceso.
En esta medida,
estima la Sala que el asunto planteado presenta una clara relevancia
constitucional, con lo que este requisito aparece cumplido.
2.1.2. Subsidiariedad
2.1.2.2. Cuando se controvierten providencias
judiciales, el requisito de subsidiariedad resulta particularmente exigente
para la persona que alega su ilegalidad, por lo que el juez de tutela tiene la
obligación de verificar, de forma exhaustiva, que la parte accionante agotó “todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance (…), salvo que se trate de evitar la consumación de
un perjuicio iusfundamental
irremediable”[60].
Así las cosas, de forma excepcional,
procede la acción de tutela para proteger derechos fundamentales por la actuación
ilegítima de un despacho judicial: i) cuando la persona desplegó todos
los medios judiciales ordinarios que tenía a su alcance dentro del proceso en
el cual fue proferida la decisión controvertida y ii) en los casos que
la tutela se utiliza como un mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio
irremediable, en cuyo caso el juez de tutela podrá intervenir de manera
provisional, sin que hayan sido surtidas todas las instancias correspondientes[61]. Esta
exigencia, en consecuencia, busca asegurar que la acción de tutela no sea
considerada por los particulares como un medio de defensa adicional al proceso
ordinario con el que se pueda sustituir a la autoridad competente, ni como una
vía judicial paralela para enmendar deficiencias que se suscitaron en el trámite
ordinario, errores procesales o recuperar oportunidades vencidas en el proceso[62].
2.1.2.2. A la
luz de lo expuesto, esta Sala advierte que el requisito de subsidiariedad se
encuentra superado en el asunto objeto de examen, dado que el actor
efectivamente promovió la acción de tutela con posterioridad al agotamiento de
los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que tenía a su alcance
para perseguir el resarcimiento del daño causado por la isquemia que sufrió en
su extremidad superior. Así, de acuerdo con el expediente de tutela, el proceso
de responsabilidad civil fue iniciado por los progenitores del accionante con
el fin de que se declarara la culpa médica de las instituciones y el galeno que
atendieron al menor de edad. Sin embargo, el fallo proferido en primera
instancia por el Juzgado Once Civil del Circuito, el 29 de febrero de 2016,
denegó las pretensiones de la parte demandante, lo que llevó a los peticionarios
a impugnar la decisión. Dicho recurso le correspondió a la Sala Civil-Familia
del Tribunal Superior de Bucaramanga, quien mediante providencia del 20 de
septiembre de 2016, decidió confirmar la decisión del A quo. En vista de
lo anterior, como último medio judicial, presentaron el recurso extraordinario
de casación, el cual también fue rechazado por no cumplir con la cuantía mínima.
En consecuencia,
esta Sala considera que se cumple la exigencia del artículo 86 constitucional,
en el sentido que el actor agotó todos los medios de defensa judicial que tenía
a su alcance frente a la situación controvertida.
2.1.3. Inmediatez
2.1.3.1.
La inmediatez exige que la acción de tutela sea promovida en un plazo
razonable, contado a partir del momento en que se produce la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales. De lo contrario, ha enfatizado esta
Corporación, “esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos”[63]. El
límite temporal se explica porque, de conformidad con el artículo 86 de la
Carta Política, el recurso de amparo tiene como propósito esencial proteger efectiva
e inmediatamente las prerrogativas consagradas en la Constitución de
1991.
Aunque
la inmediatez no se asocia con un término explícito de caducidad para presentar
la demanda de tutela, la Corte ha sostenido que debe ejercerse de forma
oportuna y coherente con las finalidades del propio mecanismo y la urgencia de
protección de los derechos presuntamente quebrantados. De aquí que, este
recurso no pueda ser empleado por las partes como una herramienta para provocar
inseguridad jurídica o recompensar la negligencia o desidia de las personas
vinculadas en su trámite[64].
2.1.3.2. En esta
ocasión, la inmediatez no genera dificultad alguna, pues la acción de tutela se
interpuso dentro de un término razonable, esto es, dentro de los seis meses
posteriores a la ejecutoria de las sentencias que el actor considera
violatorias de sus derechos fundamentales. Así, conforme con los elementos
probatorios allegados al proceso, esta Sala encontró que la demanda de tutela
fue radicada el 21 de abril de 2017[65],
luego de que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, a
través del Auto del 25 de octubre de 2016[66],
decidiera rechazar el recurso extraordinario de casación, última actuación en
el trámite de proceso de responsabilidad civil instaurado por los
representantes legales del aquí accionante.
2.1.4. Pronunciamiento sobre
irregularidades procesales
2.1.4.1. De conformidad con la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, en los casos que la demanda de
tutela alegue la configuración de una irregularidad procesal, “debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”.[67] También
se ha sostenido que, “si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello [habría] lugar a la anulación del juicio”. [68] En otras
palabras, a la hora de examinar la procedibilidad del recurso de amparo, el
juez de tutela debe advertir que, de alegarse una irregularidad procesal, dicha
situación sea de tal magnitud que involucre gravemente garantías
iusfundamentales[69].
2.1.4.2. El presente caso no tiene que
ver con una irregularidad procesal que menguó el derecho del actor a intervenir
en el proceso o que desconoció la legalidad de las formas del trámite de
responsabilidad civil. Por el contrario, como ya se mencionó, lo que se discute
en esta oportunidad es la indebida valoración de los medios de prueba, que de
haberse realizado correctamente, para el actor, derivaría el asunto en una
decisión radicalmente distinta.
2.1.5. Identificación de los
hechos que afectan un derecho fundamental
2.1.5.1. La doctrina constitucional ha sostenido
que para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
la parte accionante debe identificar “tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiera alegado tal vulneración
en el proceso judicial, siempre que hubiere sido posible”[70]. Lo
anterior quiere decir que el actor, al momento de presentar la demanda de
tutela, debe consignar de forma clara y suficiente la información que pretende
hacer valer ante el juez de tutela, explicando los supuestos fácticos que
acontecieron en el curso de la actuación judicial, como sucede con i) las
circunstancias que llevaron a la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales, ii) las garantías que fueron desconocidas por la
actuación ilegítima de los jueces ordinarios y iii) los cuestionamientos
planteados al interior del proceso frente a la presunta afectación de sus derechos
fundamentales.
2.1.5.2. En el caso objeto de examen se
tiene que el actor identificó de forma razonable y suficiente los hechos que
dieron origen a la acción de tutela, en la medida que expuso, en distintas
oportunidades, la presunta ocurrencia de un defecto fáctico en el trámite del
proceso de responsabilidad civil, a causa de la valoración defectuosa de los
medios de prueba, así como la omisión en el decreto y práctica de pruebas que,
a su juicio, resultaban relevantes. Asimismo, expresó con total claridad que
dicha actuación judicial, en su caso, envuelve la vulneración de los derechos
al debido proceso e igualdad, así como las garantías de acceso a la
administración de justicia, por lo que, desde su punto de vista, se estarían
vulnerando derechos y garantías fundamentales. Finalmente, según se observó en
el expediente de tutela, dichas situaciones desde tiempo atrás fueron
planteadas por el actor, mediante la formulación de escritos y recursos
judiciales, por lo que se concluye que este requisito igualmente se encuentra
satisfecho.
2.1.6. Que no verse sobre
sentencias de tutela ni de constitucionalidad
2.1.6.1. Esta Corporación ha precisado
que la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar providencias
judiciales que resuelvan otras decisiones de tutela, de inconstitucionalidad o
de nulidad por inconstitucionalidad, con lo que se evita que los procesos en
los que se debate la protección de los derechos fundamentales estén
indefinidamente expuestos a un control jurisdiccional. En particular, en
materia de tutelas, se ha manifestado que el debate jurídico posterior resulta seriamente
limitado por el proceso de selección de la Corte Constitucional, ya que se
entiende que los casos no fueron escogidos para revisión, por decisión de la
respectiva sala, se tornan definitivos.
2.1.6.2. En consecuencia, este requisito
no genera problema alguno en el presente caso, en atención a que las decisiones
judiciales que se controvierten fueron proferidas en el curso del proceso de
responsabilidad civil iniciado por los padres del actor en el año 2008.
2.2. Requisitos especiales
2.2.1. Una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos generales, esta Corporación ha indicado que el
juez de tutela queda habilitado para examinar la configuración de las causales
especiales de procedibilidad, las cuales han sido fijadas a lo largo del
desarrollo jurisprudencial. Para que ello suceda, en consecuencia, se ha
señalado que el actor debió haber expuesto, o inferirse de la información que
reposa en el expediente de tutela, que las providencias presentan al menos una
de las siguientes causales:
-
Defecto orgánico: “se presenta
cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello”.
-
Defecto procedimental: “se origina
cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido”.
-
Defecto fáctico: “surge cuando el
juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión”.
-
Defecto sustantivo: “como son los
casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión”.
-
Error inducido: “se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese
engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales”.
-
Decisión sin motivación: “implica
el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional”.
-
Desconocimiento del precedente: “se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado”.
-
Violación directa de la Constitución:
“se
estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i)  deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen  de los dictados de la
Constitución”[71].
2.2.2.
En el presente caso, como ya se indicó, contra las decisiones proferidas por el
Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga y la Sala Civil-Familia del
Tribunal Superior, el accionante formuló varios cargos que configuran, en su
conjunto, un defecto fáctico por la indebida recaudación y valoración del
material probatorio allegado en el transcurso del proceso de responsabilidad
civil, por lo que tal aspecto será analizado de fondo por esta Corporación.
Vale la pena indicar que el actor también refiere que la actuación viola
preceptos constitucionales. No obstante, lo cierto es que todos los
cuestionamientos, jurídicos y fácticos, se asocian con la ocurrencia de un
defecto en la apreciación de los elementos probatorios, adelantada en las providencias
judiciales emitidas el 29 de febrero y 20 de septiembre de 2016.
Así las cosas, esta
Sala estima que los requisitos formales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales se encuentran cumplidos en el presente caso, por
lo que la Corte procederá con el estudio de fondo de la demanda de tutela
interpuesta respecto de la posible configuración de un defecto fáctico.
3. Presentación del
caso, planteamiento del problema jurídico y metodología de la decisión
3.1. Para el accionante, las decisiones proferidas
por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, el 29 de febrero de 2016
y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del mismo distrito judicial, el
20 de septiembre de 2016, vulneraron sus derechos a la vida digna, a la
igualdad, al debido proceso, así como el acceso a la administración de
justicia, al incurrir en un defecto fáctico por indebida recaudación y
valoración de los medios de prueba obrantes en el proceso de responsabilidad
civil iniciado por sus progenitores contra el galeno y las instituciones
médicas que trataron su fractura de antebrazo. En particular, el actor expuso
que: i) dichas autoridades omitieron valorar integralmente las pruebas
aportadas al proceso, ii) negaron la práctica de la prueba pericial
solicitada por la parte demandante, así como el decreto oficioso de las pruebas
que les permitirían conocer la causa más probable de la pérdida funcional y
deformidad del brazo y, en ese sentido, si tiene relación con el tratamiento
prestado por las entidades demandadas y, finalmente, iii) desconocieron
el carácter dinámico de la carga de la prueba en materia de responsabilidad
médica, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 del Código General del
Proceso.
En consecuencia, el actor solicitó que
se ordenara a las autoridades judiciales demandadas la “práctica
integral de la evaluación o peritaje por parte de la Junta de Médicos Forenses
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” y, con dicho
soporte, se emita un nuevo pronunciamiento que se ajustara a la realidad del
caso.
Los jueces de tutela,
por el contrario, aseveraron que las decisiones judiciales cuestionadas
estuvieron sustentadas en la situación fáctica planteada, el acervo probatorio
recaudado y la normatividad aplicable, por lo que no constituían sentencias
caprichosas o irrazonables. De hecho, expusieron que eran el resultado de una
labor hermenéutica que respetó las reglas de la razonabilidad jurídica y
experiencia judicial. No obstante lo anterior, el fallo de primera instancia no
fue unánime y uno de los magistrados salvó voto, advirtiendo que las
providencias carecieron de motivación racional y deficiente valoración
probatoria, por lo que resultaba evidente la configuración de un defecto
fáctico.
3.2. De acuerdo
con los antecedentes reseñados, esta Sala observa que, en el fondo, la polémica
se sujeta a establecer si los elementos de prueba obrantes en el proceso de
responsabilidad civil y la valoración que se desprende de los mismos, era
suficiente para llegar al convencimiento de la causa más probable de la pérdida
funcional y deformidad del antebrazo del menor, y sí ésta tenía relación con la
actuación desplegada por el galeno y las instituciones médicas, o tales medios,
per se, resultaban insuficientes y, por lo tanto, el juez omitió
decretar las pruebas solicitadas por el actor, ejercer su facultad oficiosa o
invertir la carga de la prueba, configurándose así un defecto fáctico en las
sentencias proferidas en el curso del proceso ordinario.
3.3. Para
resolver el problema jurídico expuesto, esta Sala comenzará i) fijando
algunas pautas generales respecto de la configuración del defecto fáctico,
luego de lo cual, ii) se reiterará el criterio de la Corte respecto del
rol del juez en la recaudación de las pruebas dentro del proceso civil, para
con estos elementos, finalmente, iii) resolver el caso concreto.
4. Defecto fáctico. Noción y
pautas generales
4.1. De acuerdo con la jurisprudencia de
esta Corporación, el defecto fáctico se origina por un error excepcional y
protuberante en la valoración de las pruebas recaudadas en el proceso ordinario,
que además de menguar la confiabilidad de las partes en el razonamiento
utilizado por el juzgador, desconoce las garantías constitucionales
relacionadas con el debido proceso. De esta manera, las deficiencias
probatorias que se alegan ante el juez de tutela deben tener la capacidad para
incidir en el sentido de la decisión o, en su defecto, demostrar la distorsión
que, con la omisión o la indebida valoración probatoria, se produjo frente a la
verdad de los hechos[72].
4.2. Tales deficiencias, entonces, se
comportan en una doble dimensión, que le corresponde analizar al juez
constitucional. Una positiva, que se presenta cuando el Despacho
resuelve el caso con fundamento en pruebas ilícitas, inconducentes o
impertinentes y, por lo mismo, su actuación se tacha de ilegal. En otras
palabras, en su versión positiva, el debate gira en torno a la actuación
judicial (la valoración realizada por el juzgador) que termina siendo
inadecuada, en tanto utiliza medios de prueba no aptos para tomar una correcta
decisión. Sobre la dimensión negativa del defecto fáctico, por el
contrario, la controversia tiene como eje de discusión las omisiones del
funcionario judicial en la etapa probatoria (lo que dejó de realizar teniendo
el deber de hacerlo), en cuyo caso se cuestiona la falta de una prueba
determinante o esencial para resolver adecuadamente el litigio[73].
4.3. No obstante que se advierta la
presencia de un error fáctico, esta Corporación ha sido enfática en el hecho de
que la intervención del juez de tutela, cuando se cuestiona el manejo
probatorio dado por la autoridad competente, deber ser excepcional, en
razón de la autonomía e independencia de la que goza dicho funcionario en el examen
del material probatorio. En particular, porque es la persona investida por el
legislador para adelantar la discusión jurídica y, por ende, quien tiene la
capacidad para apreciar con mayor grado de certeza los medios de prueba obrantes
en el proceso. De ahí que, la acción de tutela no pueda convertirse en una
instancia revisora, paralela o adicional, del estudio probatorio realizado por
la autoridad competente[74].
4.4. En
consecuencia, para que resulte procedente un caso y el juez de tutela admita la
configuración de un defecto fáctico, la jurisprudencia de esta Corporación ha
decantado algunas pautas útiles para determinar en cuáles circunstancias, aun
cuando el juez goza de un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el
que fundamenta su decisión, utilizó sus facultades de forma irrazonable,
desconociendo así las garantías fijadas en el Estatuto Superior[75]. Entre
aquellas pautas se encuentran las siguientes:
i)  El
error en la valoración probatoria deber ser ostensible, flagrante, manifiesta e
irrazonable. Es decir, el actor debe demostrar que la decisión adoptada por el
juez natural es claramente caprichosa y arbitraria, en cuyo caso no resulta
comprensible, ni siquiera aplicando criterios flexibles, los motivos que
orientaron su hipótesis respecto de la evidencia probatoria[76].
ii) La
argumentación judicial de los hechos, es decir, la construcción de las premisas
fácticas que fundamentan la decisión, a partir de la valoración del material
probatorio, desconoce los cánones de la sana crítica (la lógica, la ciencia y
la experiencia), la objetividad, la legalidad o los parámetros mínimos de la argumentación
judicial, lo que ocasiona que el funcionario adopte la decisión basado en
elementos fácticos o normativos que resultan incomprensibles para los sujetos
procesales involucrados[77].
iii) El
defecto fáctico tiene que superar la simple discrepancia interpretativa
respecto del material probatorio que usualmente surge entre las partes y el
juez al interior del proceso. Dicho de otro modo, si el criterio adoptado por la
autoridad natural a la hora de valorar y resolver el caso resulta razonable, en
tanto respeta la Constitución y la ley, no puede sustentar la intromisión en la
órbita de competencia del funcionario judicial, a partir de una interpretación
alternativa o una hipótesis que para la parte vencida debió haber primado. De
hecho, se ha indicado que, como regla general, “el juez de tutela debe
considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el
juez natural es razonable”[78].
iv) Por
último, en la valoración de los medios de prueba directos, como sucede con las
declaraciones de parte y terceros procesales, el campo de intervención del juez
de tutela es menor, en virtud del principio de inmediación, el cual sostiene
que la persona que está en mejor posición para determinar el alcance de tales
pruebas es el funcionario designado por la ley. Al respecto, ha reiterado la
Corte que: “en estas situaciones no cabe sino afirmar que la persona
más indicada, por regla general, para apreciar tanto a los testigos como a sus
aseveraciones es el juez del proceso, pues él es el único que puede observar el
comportamiento de los declarantes, sus relaciones entre sí o con las partes del
proceso, la forma en que responde al cuestionario judicial, etc”[79].
4.5. Además de
las anteriores pautas, que deberán ser analizadas de forma cuidadosa por el
juez de tutela, para la Corte Constitucional, se deben tener en cuenta tres
supuestos fácticos que constituyen una manifiesta deficiencia en el manejo
probatorio dado por la autoridad competencia, los cuales exigen de algún grado
de intervención para corregirlas. En estos casos, el juez de tutela tiene la obligación
de subsanar los errores probatorios, con el fin de propiciar una visión procesal
que se ajuste a la realidad de los hechos, garantizar los derechos
fundamentales comprometidos y los propósitos de eficiencia e imparcialidad que
caracterizan a la administración de justicia. Los escenarios fijados por la
doctrina constitucional son los siguientes[80]:
i)  El
defecto fáctico se configura por la omisión en el decreto y práctica de pruebas
relevantes, pertinentes y conducentes
Esta Corporación
ha sostenido que la omisión en el decreto de pruebas por parte de la autoridad
judicial competente, impide la recepción y análisis de hechos que resultan
indispensables para la correcta solución del caso debatido[81]. Así,
en los eventos que se rechaza la práctica de una prueba que conduciría a
aclarar las premisas fácticas debatidas, esta Corte ha sostenido que, ante tal
circunstancia, se estarían vulnerando los derechos al debido proceso y a la
defensa[82].
Esta omisión
ocurre, por ejemplo, i) cuando la autoridad judicial no ejerce la
facultad para decretar pruebas de oficio en los casos que faltan elementos para
dirimir adecuadamente el conflicto, o ii) cuando se niega el decreto y
práctica de pruebas pertinentes, conducentes o esenciales para resolver el fondo
del asunto. Si bien, en este último caso, el juez de la causa cuenta con la
autonomía e independencia para denegar una prueba solicitada por los sujetos
procesales, lo cierto es que tal decisión, de conformidad con la jurisprudencia
de esta Corporación, debe estar ligada a la impertinencia, inutilidad y la
ilegalidad del medio requerido. De hecho, se ha sostenido que “la autoridad
judicial que se niegue sin justificación razonable y objetiva, a apreciar y
valorar una prueba en la que obtiene apoyo esencial en forma específica y
necesaria para formar su juicio sin justificación, incurre en una vía de hecho
y contra su decisión procede la acción de tutela, toda vez que desconoce varios
principios y derechos de rango superior para quien la ha solicitado, como son
la igualdad procesal y de acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y defensa y el deber de imparcialidad del juez para el trámite del mismo”[83].
ii) El defecto
fáctico se configura por la no valoración del acervo probatorio, o su examen
parcial
Esta hipótesis
se presenta cuando, al momento de resolver el caso, el juez de la causa omite
medios de prueba que obraban en el expediente, ya sea porque no los percibió o,
de hecho, advirtiéndolos, no los tuvo en cuenta para soportar el sentido de la
decisión. Sin embargo, no debe considerarse que tal omisión se constituye con
cualquier medio probatorio, en razón de la libre valoración de la que goza el
juez y la autónoma para la determinación su pertinencia. Lo que significa que,
para que resulta conducente el cuestionamiento, entonces, debe demostrarse que
de haberse realizado su análisis y valoración completa, evidentemente, la
solución al asunto debatido cambiaría radicalmente.
Bajo este
escenario, para ilustrar, se ha señalado que ocurre un defecto fáctico cuando i)
sin razón aparente, el juez natural excluye pruebas aportadas al proceso
que tienen la capacidad para definir el asunto jurídico debatido, ii) deja
de valorar una realidad probatoria que resulta determinante para el correcto
desenlace del proceso, iii) declara probado un hecho que no emerge con
claridad y suficiencia de los medios de prueba que reposan en el expediente y,
por último, iv) omite la valoración de las pruebas argumentando el
incumplimiento de carga procesales que, al final, resultan arbitrarias y
excesivas[84].
iii)  El
defecto fáctico se configura por la valoración defectuosa del material
probatorio
Cuando se alega
la valoración defectuosa de los medios de prueba que sustentan determinada
hipótesis fáctica, debe demostrarse que el funcionario judicial adoptó la
decisión, desconociendo de forma evidente y manifiesta la evidencia probatoria.
Es decir, se debe acreditar que la decisión se apartó radicalmente de los
hechos probados, resolviendo de manera arbitraria el asunto jurídico debatido[85].
Así las cosas, siguiendo
la jurisprudencia de esta Corporación, se ha sostenido que la valoración
defectuosa se presenta cuando i) la autoridad judicial adopta una
decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es decir, que las pruebas
no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, ii)
realiza una valoración por completo equivocada o contraevidente, iii) fundamenta
la decisión en pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del
hecho objeto de discusión, iv) valora las pruebas desconociendo las
reglas previstas en la Constitución y la ley, v) la decisión presenta
notorias incongruencias entre los hechos probados y lo resuelto, vi) decide
el caso con fundamento en pruebas ilícitas y, finalmente vii) le resta o le da
un alcance a las pruebas no previsto en la ley[86].
5. El rol del
juez en la recaudación de las pruebas dentro del proceso civil
Después de
desarrollar las principales reglas en torno al defecto fáctico, esta Sala
estima necesario, para la correcta resolución del presente caso, exponer
algunos aspectos relacionados con el papel del juez al interior del proceso
civil, en razón a que varios de los cargos por los que se alega la
configuración de un error en la etapa probatoria, se fundamentan en el alcance
de las facultades que le fueron otorgadas al funcionario judicial en la
legislación. De manera que, esta Sala pasará a: i) caracterizar
brevemente el rol judicial en el actual sistema procesal, así como algunos
criterios jurisprudenciales acerca de ii) la facultad para ordenar de
oficio la práctica de pruebas y iii) el traslado de la carga probatoria
al sujeto que está en mejores condiciones para demostrar las premisas fácticas
debatidas.
5.1. El papel
activo del juez en el proceso civil colombiano
5.1.1. La
tendencia extendida en los sistemas procesales del civil law, hasta
finales del siglo XIX, era que el juez debía mantener un rol pasivo en la
conducción del proceso, en particular, en lo que correspondía con la
recaudación de los medios de prueba[87].
Eran las partes las que debían iniciar, impulsar y tramitar las diligencias
judiciales que resultaran necesarias para resolver correctamente el caso, lo
que incluía, naturalmente, la carga de aportar las pruebas relevantes y
pertinentes para la concesión de sus pretensiones[88]. Al juez,
en consecuencia, le concernía solamente decidir el asunto con base en los
elementos de prueba ofrecidos por los sujetos procesales[89]. De
hecho, no tenía la facultad para iniciar actuaciones de oficio, admitir pruebas
que no fueran presentadas por las partes, ni siquiera plantear premisas
fácticas que no se alegaran previamente en el proceso[90].
5.1.2. Este
sistema denominado comúnmente como dispositivo, sufrió cambios
significativos que se reflejan en la actual legislación colombiana y tienen su
causa, según explicación de la doctrina especializada, en complejas razones
históricas y teóricas, varias de las cuales han sido aceptadas previamente por
esta Corporación[91].
Cabe señalar, como muestra, i) el hecho de que el proceso civil, según
la legislación nacional, dejó de ser considerado como un asunto de mera
individualidad entre las partes involucradas, para constituirse en un
instrumento de carácter público, encaminado a la protección de los derechos
constitucionales y legales; ii) en esa vía, adicionalmente, la
jurisprudencia ha sostenido que el juez simbólicamente representa el “longa
manus” del Estado, es decir, la persona autorizada por la institucionalidad
para procurar la resolución del asunto jurídico debatido, a través de la
materialización de las garantías fundamentales y, finalmente, iii) el
reconocimiento en la mayoría de sistemas procesales modernos de la necesidad de
buscar la verdad de los hechos, direccionar el proceso y solucionar las
deficiencias probatorias presentadas[92].
5.1.3. De forma
coincidente con esta tendencia el legislador, de manera progresiva, ha
reconocido al juez ordinario un mayor rol dentro del proceso judicial, sin que tales
facultades representen, por sí mismas, una visión autoritaria del sistema
procesal colombiano[93].
En esta dirección, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de
Justicia han sostenido el carácter mixto del actual procedimiento civil, en
tanto las partes continúan manteniendo la obligación de iniciar el trámite
judicial, allegar los medios de prueba relevantes para la concesión de las
pretensiones y alegar los supuestos fácticos que demuestren su hipótesis
jurídica; y el funcionario judicial, por su parte, tiene el deber de emplear
todos los poderes que legalmente le fueron otorgados para lograr la tutela
jurisdiccional efectiva[94].
5.1.4. Aun
cuando esta perspectiva se estableció desde el Código de Procedimiento Civil (Decreto
1400 de 1970), en el actual Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) se
consolidó la visión de que, si bien el sistema procesal está centrado en las
partes, el funcionario judicial que resuelve la controversia goza de amplias
facultades para direccionar y decidir adecuadamente el asunto controvertido. Así,
por ejemplo, cabe resaltar como el legislador radicó en cabeza del juez el
deber de garantizar, a través del ejercicio de sus facultades legales, la
igualdad real entre las partes (art. 4) y el impulso efectivo del proceso
judicial (art. 8). Así como la obligación de fallar teniendo en cuenta la efectividad
de los derechos reconocidos en la ley sustancial y la aplicación de estándares
constitucionales ante dudas en la aplicación de la ley (art. 11).
Bajo esta misma
lógica, adicionalmente, se consagró el hecho de que la dirección general del
proceso y el decreto de pruebas de oficio para verificar los eventos alegados
por las partes (art. 42) y la potestad para exigirles a las autoridades del
Estado la información que no haya sido suministrada oportunamente, a pesar de los
requerimientos efectuadas por el interesado (art. 43), eran deberes funcionales
a cargo de las autoridades judiciales.
5.1.5. En
términos generales, resulta razonable sostener que, la legislación nacional,
así como la jurisprudencia constitucional y ordinaria, ha reconocido un rol al juez
que lo faculta no solo para la adopción de una rápida solución al asunto
jurídico puesto a su jurisdicción, sino que, además, en razón de la necesidad
de esclarecer la verdad de los hechos y garantizar una efectiva tutela de las
garantías fundamentales, las autoridades judiciales gozan de amplias potestades
para la recaudación de pruebas, como las que a continuación se señalan.
5.2. El
decreto oficioso de pruebas constituye un deber funcional, de conformidad con
la legislación civil y la jurisprudencia constitucional
5.2.1. El
decreto de pruebas de oficio por parte del juez ha sido definido por la Corte
Constitucional como un instrumento práctico y útil para alcanzar la verdad de
los hechos objeto de disputa, en aquellos casos que los medios que obran en el
expediente resultan insuficientes para adoptar una decisión correcta, o cuando
la reconstrucción fáctica realizada por las partes, con la cual, en principio,
se supone se resolvería el asunto debatido, no garantiza la igualdad procesal
ni la protección efectiva de los derechos fundamentales[95].
5.2.2. De igual
forma, esta Corporación ha hecho hincapié en el alcance del decreto oficioso de
pruebas para satisfacer los propósitos del proceso judicial. Tales fines han
estado relacionados con el esclarecimiento de la verdad frente a los intereses
en punga, así como con la materialización de postulados constitucionales, en
particular, la administración de justicia y la vigencia de un orden social
justo[96].
5.2.3. Bajo este panorama, esta
Corporación ha manifestado que la decisión de recaudar oficiosamente
información útil para el proceso judicial no constituye un acto de mera
liberalidad del juez, sino un deber funcional, cuando los medios de prueba
llevarían a adoptar una decisión sustancialmente distinta. Esta interpretación,
además, se ajusta al carácter fijado en el Código General del Proceso, pues el
decreto oficioso de pruebas fue constituido por el legislador como un deber
judicial (art. 42)[97].
Aunque no en todos los casos la
renuencia del juez a decretar pruebas de oficio constituye una decisión
arbitraría o ilegal, según la jurisprudencia de esta Corporación, lo es en los
eventos en que la participación judicial incida directamente en la
materialización de las garantías fundamentales. Por ejemplo, i) cuando
de los elementos probatorios recaudados dentro del proceso surgen aspectos
inciertos de la controversia; ii) la inactividad judicial conllevaría a adoptar
una decisión injusta, desde el punto de vista material y iii) la autoridad
judicial desconoce las reglas que el legislador definió previamente[98].
5.2.4. Así, en distintas oportunidades,
esta Corporación ha analizado cómo la omisión en la práctica y decreto de
pruebas de oficio ocasiona un defecto fáctico en el trámite judicial. En
particular, ha concluido que tal negativa, de forma directa, involucra serias
limitaciones a la dirección general del proceso, la búsqueda de la verdad y el
esclarecimiento de vacíos o deficiencias probatorias que resultan indispensables
para una correcta resolución del litigio.
Para ilustrar lo anterior, en la
Sentencia T-264 de 2009, al analizar la negativa de un juez civil a reconocer
las pretensiones de la demanda por falta de legitimidad por activa,
argumentando que el extremo demandante omitió demostrar la relación de
parentesco con la víctima, esta Corte consideró que se configuró un defecto fáctico,
pues ante la necesidad de esclarecer los hechos en litigio, los jueces de la
causa omitieron el deber de decretar las pruebas relevantes para fallar correctamente
el caso. De esta manera, después de desarrollar las características del proceso
civil, la Corte concluyó que la práctica de pruebas de oficio “en materia civil, no es una atribución
o facultad potestativa del Juez: es un verdadero deber legal. En efecto, el
funcionario deberá decretar pruebas oficiosamente siempre que, a partir de los
hechos narrados por las partes y de los medios de prueba que estas pretendan
hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer espacios
oscuros de la controversia (…)”.
Este criterio se reiteró en la Sentencia SU-915 de 2013, al
examinar un caso de responsabilidad de la Administración, en que los jueces
negaron las pretensiones porque de las pruebas allegadas al proceso no se podía
inferir la culpa de la Sijín en la muerte de su agente. En dicha oportunidad, esta
Corporación nuevamente expuso la ocurrencia de un defecto fáctico por la
omisión en la práctica de una prueba relevante para verificar los supuestos
fácticos alegados, en especial, cuando dicho medio de prueba fue solicitado en
la demanda y decretado por la autoridad judicial. Igualmente, en la Sentencia SU-768
de 2014, frente a una acción de reparación directa, este Tribunal expuso que, “en relación con
las pruebas de oficio, la jurisprudencia constitucional ha respaldado su
legitimidad e incluso sostenido su necesidad, partiendo de la idea de que la búsqueda
de la verdad es un imperativo para el juez y un presupuesto para la obtención
de decisiones justas”.
En
un sentido similar, en el marco de los procesos de pertenencia en los que se
debate la titularidad de bienes inmuebles que, de conformidad con el  artículo
65 de la Ley 160 de 1994, se presumen baldíos, esta Corporación ha sostenido
que el juez ordinario tiene el deber de decretar las pruebas de oficio que
necesite para determinar la naturaleza pública o privada del bien, valorarlas
bajo una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico y como mínimo
vincular al Incoder, hoy Agencia Nacional del Tierras. Al respecto, en la
Sentencia T-488 de 2014, al analizar el caso particular, la Corte sostuvo que “el
Juzgado Promiscuo de Orocué no solo valoró las pruebas sobre la situación
jurídica del predio “El Lindanal” con desconocimiento de las reglas de la sana
crítica, sino que también omitió sus deberes oficiosos para la práctica de las
pruebas conducentes que determinaran si realmente era un bien susceptible de
adquirirse por prescripción”. Lo mismo se presentó en la Sentencia T-293 de
2016, momento en el que se concluyó que el juez civil “omitió su deber de,
así fuera de manera oficiosa, practicar las pruebas que le permitieran
descartar la anterior situación, toda vez que únicamente se basó en
declaraciones de testigos y la práctica de una inspección judicial los cuales,
si bien aportan al esclarecimiento, no son suficientes para determinar la naturaleza
del bien”.
Concretamente,
respecto de procesos en los que se discute la responsabilidad médica, esta
Corte también ha defendido la tesis de la ocurrencia de un defecto fáctico
asociado a la omisión en el decreto oficioso de pruebas conducentes y
relevantes. En la Sentencia T-118A de 2013, por ejemplo, esta Corte confirmó
las sentencias que declararon civilmente responsable a varias EPS e IPS que
diagnosticaron y trataron erradamente a un menor de edad que falleció a raíz de
un choque séptico multi-sistemático. En esa oportunidad, se reiteró que “aunque
el juez es autónomo para valorar los medios probatorios aportados al proceso
como instrumento para lograr la certeza judicial, esa actividad está limitada
por el deber que se impone legal y constitucionalmente de apreciar
razonablemente la prueba”. Con posterioridad, en las Sentencias T-064 de
2015 y T-270 de 2017, aunque se consideró que en los casos particulares no se
configuraba un defecto fáctico, este Tribunal continuó sosteniendo que dicho
error se presenta, en efecto, cuando el juez se abstiene de decretar pruebas de
oficio, en los casos determinantes frente al sentido de la decisión.
5.3. El
traslado de la carga de la prueba es una facultad de la autoridad judicial,
siempre que la carga procesal no resulte irracional o desproporcionada
5.3.1. Por regla
general, la carga de la prueba le corresponde a las partes, quienes deben
acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus pretensiones.
Este deber, conocido bajo el aforismo “onus probandi”, exige la
realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la
demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de
pruebas que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí
que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de
esta Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las pretensiones,
la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos[99].
5.3.2. Esta
regla ha estado prevista en el ordenamiento civil, al establecerse que “incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen” (art. 177 del Código de Procedimiento Civil y
art. 167 del Código General del Proceso). Por lo que, así visto, se puede
concluir que, el incumplimiento de la carga de la prueba no resulta admisible
por la normatividad civil[100].
5.3.3. No
obstante lo anterior, al constatar cómo la aplicación rígida de este postulado
conducía a una real asimetría de las partes y el desconocimiento de las
finalidades del proceso civil, desde el año 2001, la Corte Suprema de Justicia
introdujo criterios de flexibilización de la carga de la prueba, como la teoría
del traslado de la carga de la prueba[101].
De manera más
reciente, la Corte Suprema de Justicia reforzó dicha postura, sosteniendo que,
si bien, por regla general, la parte demandante deberá probar la culpa y su
nexo causal con el daño, ante supuestos excepcionales y atendiendo las
características particulares del caso, como sucede con la complejidad de una
intervención quirúrgica o la falta de medios probatorios disponibles, el juez
tiene la plena facultad para trasladar o distribuir la carga de la prueba entre
los sujetos involucrados en el curso del proceso civil. Así, ha expresado que “en
los casos que resulte evidente la dificultad probatoria para el paciente, en
orden a obtener los medios de prueba que sirvan para acreditar la culpa médica,
y por el contrario, por cercanía o disponibilidad, la demostración de la diligencia
resulte de mayor facilidad para el facultativo o la institución hospitalaria
demandada, ha considerado que obviamente a circunstancias objetivas que develen
la real posibilidad de que una u otra parte sea la llamada a ejercer ese rol”[102].
5.3.4. De hecho,
la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que la anterior subregla se adecúa
de mejor manera al cambio normativo que se introdujo con el Código General del
Proceso que, por primera vez, introdujo legislativamente la teoría de la carga
dinámica de la prueba como una potestad del juez ordinario, que debe ser
adoptada garantizando el derecho a la defensa y contradicción de las partes[103].
Al respecto,
vale la pena precisar que el legislador consagró en el artículo 167 del Código
General del Proceso lo siguiente “según las particularidades del caso, el
juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar
las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de
fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos
controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud
de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente
en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares”.
5.3.5. Finalmente,
resulta útil señalar, para la resolución del presente caso, que este criterio expuesto
por la Corte Suprema de Justicia, además, se encuentra ajustado a la postura
sostenida por esta Corporación desde tiempo atrás, en el sentido de activar la facultad
judicial para distribuir la carga de la prueba entre las partes involucradas en
el proceso judicial, cuando dicha situación represente un acto desproporcionado,
irrazonable e incompatible con la Carta Política.
Dicho de otro
modo, este Tribunal ha sostenido que el principio “onus probandi” admite
excepciones cuando la demostración de las premisas fácticas impone una carga
probatoria a la parte demandante capaz de comprometer el goce efectivo de los
derechos y los postulados constitucionales. Lo anterior significa que,
demostrada la existencia de un trato irrazonable e incompatible con la
Constitución, el juez está facultado para trasladar la carga de la prueba a la
persona que está en mejores condiciones para demostrar los eventos alegados, ya
sea por el alto nivel de tecnicidad, la complejidad del asunto debatido o el
estado de indefensión y vulnerabilidad de la parte.
5.3.6. Distintos
casos se han resuelto utilizando este criterio jurisprudencial. Basta con
señalar cómo en la Sentencia T-909 de 2011, esta Corte, frente a la demostración
de un acto discriminatorio de difícil prueba, sostuvo que  “la carga de probar la inexistencia de discriminación recae en
cabeza de la autoridad que expide o aplica una disposición jurídica, no así en
quien alega la violación de su derecho a la igualdad, especialmente cuando la
clasificación que se hace de una persona es sospechosa por tener relación con
los elementos expresamente señalados como discriminatorios a la luz del derecho
constitucional.” Lo mismo ha ocurrido en el ámbito
laboral, pues esta Corporación ha expresado que, en los casos que una persona se encuentra en posición de debilidad o de
subordinación frente a otra o ante una autoridad de
quien se cuestiona la vulneración de un derecho, es preciso distribuir la carga
de la prueba a favor de la parte menos fuerte de la relación (Sentencia T-447 de 2008).
De la misma manera, en casos en los
que alega la existencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de
superiores jerárquicos en el ámbito castrense, esta Corte ha considerado
razonable el traslado de la carga de la prueba, en atención a la situación de
subordinación, que hace virtualmente imposible para la persona el acceso a materiales
probatorios. En la Sentencia T-741 de 2004, por ejemplo, se manifestó que “la
justificación de esta distribución de la carga de la prueba radica en la
dificultad con la que cuenta la parte débil de una determinada relación para
acceder a los documentos y demás materiales probatorios necesarios para acreditar
que cierta situación le es desfavorable y constituye un desconocimiento de sus
derechos; es de elemental justicia que sea la parte privilegiada y fuerte, por
su fácil acceso a los materiales probatorios en cuestión, quien deba asumir
dicha carga procesal”.
5.3.7. Por último, vale la pena
precisar que, en relación con el traslado de la carga de la prueba, esta Corte
revisó la constitucionalidad del artículo 167 del Código General del Proceso,
que fijó en el sistema procesal actual la posibilidad para distribuir entre las
partes dicha carga, concluyendo que esa actividad constituye una prerrogativa
judicial, en tanto resulta útil para el juez, conforme con los propósitos del
proceso civil previstos en la legislación y las garantías constitucionales. En
particular, se expresó que “desde la perspectiva del derecho a la tutela
judicial efectiva (artículos 2º, 29, 228 y 229 de la Constitución) la Corte no
advierte reparo constitucional alguno al hecho de que el Legislador haya
autorizado al juez a distribuir la carga de la prueba entre las partes, según
las particularidades del caso, para exigir probar determinado hecho a quien se
encuentre en una situación más favorable para hacerlo, sin que le haya impuesto
el inexorable “deber” hacerlo en cada caso”.
III. ANÁLISIS
DEL CASO CONCRETO
Las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en un defecto fáctico por la omisión
en el decreto y práctica de pruebas relevantes y conducentes, dentro del
proceso de responsabilidad civil instaurado por el actor a causa de una
presunta negligencia médica
1. Para esta
Sala, la decisión respecto del litigio civil iniciado ya hace varios años por
los padres del aquí accionante implicaba, como mínimo, superar la incertidumbre
en la que se encontraría cualquier operador judicial al inicio del proceso de
responsabilidad médica, respecto de los hechos principales debatidos y, en
consecuencia, con los medios de prueba recaudados, lograr determinar si la
causa más probable de la pérdida funcional y deformidad de la extremidad
superior, realmente, tenía relación con la actuación desplegada por el galeno y
las instituciones médicas que atendieron la fractura del antebrazo del entonces
menor de edad.
2. Sin embargo,
de la revisión detallada de los expedientes de tutela y del proceso de
responsabilidad civil, solicitado por esta Sala en el transcurso de la presente
acción, no se observó dicha circunstancia, sino que, por el contrario, se advirtieron
varios escenarios fácticos, algunos de los cuales negaban la existencia de un
nexo de causalidad con la conducta adelantada por el médico y las entidades
demandadas, mientras otros sostenían tal relación causal, sin que hubieran
suficientes elementos que soportaran el hecho principal controvertido.
3. En efecto,
para el extremo demandante del proceso de responsabilidad civil y actual
accionante, la causa principal del daño colateral sufrido con posterioridad a
la colocación del yeso fue la actuación negligente del ortopedista y las
entidades médicas encargadas del tratamiento de la fractura del antebrazo. Así,
sostuvo que el incumplimiento del protocolo para la colocación del yeso y de los
deberes de seguimiento y control fue, en esencia, lo que ocasionó la pérdida
anatómica y funcional de su brazo, en una intervención que, según la literatura
especializada, no ofrece mayores riesgos para el paciente. De hecho, en la demanda de tutela el actor
explicó que éste era el suceso principal que se trató de demostrar en el
transcurso del proceso de responsabilidad civil, pero que, desde su punto de
vista, los jueces ordinarios incurrieron en un defecto fáctico que injustamente
negó sus pretensiones[104].
En primer lugar,
porque los jueces se negaron a practicar el dictamen médico legal por parte de
la Junta de Médicos Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, el cual
constituía una prueba relevante para llegar a la verdad de los hechos. En
segundo lugar, porque omitieron su deber de decretar oficiosamente las pruebas
necesarias para superar las deficiencias probatorias. Y, finalmente, porque dejaron
de valorar pruebas allegadas al proceso de las que se infería una actuación
negligente de las entidades demandadas. En todo caso, como último elemento,
expuso que frente a los asuntos de responsabilidad médica, de conformidad con
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, le correspondía al juez
trasladar la carga de la prueba a la persona que estaba en mejores condiciones para
demostrar la ocurrencia de las premisas fácticas debatidas, situación que en su
caso particular no ocurrió.
4. El extremo
demandado aseguró, en cambio, que la causa principal de la lesión no tuvo
relación con la conducta desplegada por el médico tratante y las instituciones
médicas que atendieron la fractura del menor de edad, sino con un riesgo inherente
al golpe, el cual no pudo ser tratado a tiempo debido a la demora en
presentarlo a una institución médica especializada[105].
5. Aparte de las
anteriores causas que resultan connaturales de un debate de responsabilidad
médica, también se indicaron, en el curso del proceso civil, otros hechos que
posiblemente influenciaron en la pérdida funcional y la deformidad de la
extremidad superior del accionante.
Así, por ejemplo,
el Tribunal de Ética Médica, seccional Santander, en el fallo del 14 de junio
de 2006 explicó (aunque sin extenderse en sus consideraciones) que los signos
tardíos que presentaba el menor de edad, referidos en la historia clínica,
debieron ser observados por sus padres a los siete días del síndrome
compartimental, aspecto que resultaba indicativo de un descuido de sus
progenitores[106].
De otro lado, de las declaraciones
rendidas por el médico tratante y de los tres galenos que solicitó la parte
demandada, se sugería que el síndrome compartimental se produce por una presión
interna de la extremidad del paciente, en la que no influye ningún factor exógeno.
Dicho de otro modo, la lesión del actor habría tenido causa en la compresión de
los vasos y partes blandas de la extremidad a raíz de la fractura sufrida en el
antebrazo, descartándose de esta manera algún impacto con la colocación del yeso
braquimetacarpiano[107].
En la declaración de parte también se
mencionó que, frente el daño colateral sufrido por el actor, el hecho de que en
el Hospital de San Sebastián de Morales (Bolívar), lugar a donde acudieron los
padres del menor de urgencias, no se hubiera cortado la totalidad del yeso o
dejado de tal manera que la perfusión de la extremidad hubiera aumentado
considerablemente, cuando es el procedimiento que suele realizarse en casos de
posible diagnóstico compartimental, también es un evento que puedo influir en
la estructuración de la lesión[108].
En esta relación de causas tampoco se
puede omitir el Dictamen Médico-Legal proferido por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, del 9 de marzo de 2004, en el que se expuso
que, por las lesiones presentadas por el menor de edad, el hecho se trataba de
un asunto de responsabilidad profesional, el cual debía ser llevado a
valoración por parte de la Junta de Médicos Forenses de dicha institución.
Dictamen que se mantuvo en su integridad, por medio de las ampliaciones
surtidas los días 1 de octubre de 2010 y el 13 de enero de 2011[109].
6. Bajo un panorama como el que se
presenta en este caso, en el que se debate la configuración de distintas causas
del daño, adjudicar su ocurrencia a una o varias de aquellas, u otras que
resultaran de la valoración de los medios de prueba y, con ello, determinar la
culpa o ausencia de responsabilidad de las instituciones médicas que trataron
la fractura del antebrazo, resultaría para esta Sala razonable y acorde con los
estándares fijados por la Corte Constitucional, indicados ut supra, si
los motivos que orientaron la decisión judicial respecto de la evidencia
probatoria se soportaran de forma suficiente (en particular, despejando las
incertidumbres o contradicciones respecto del hecho principal debatido), como
para sostener que la hipótesis fáctica adoptada por el juez natural resultó
comprensible de cara a los criterios mínimos decantados por la jurisprudencia
de este Tribunal.
7. Sin embargo, esto no sucede en el
caso que se examina, en la medida que los jueces que decidieron el proceso de responsabilidad
civil, en primera y segunda instancia, resolvieron el problema jurídico
manteniendo la incertidumbre frente al hecho principal debatido (existía o no
responsabilidad médica en la pérdida funcional y deformidad del brazo del
menor). Dicho de otro modo, no existió en la presente causa la claridad de los
hechos que se predica jurisprudencialmente para la correcta resolución de un
caso. Al contrario, en las providencias cuestionadas, los propios juzgadores
indicaron su incertidumbre frente a la existencia o no de la falla médica.
Como expuso el propio Juzgado Once Civil
del Circuito de Bucaramanga en la Sentencia del 29 de febrero de 2016 y esta
Sala pudo corroborar con la lectura del expediente ordinario, para una adecuada
resolución del caso “[brilló] por su ausencia prueba científica o
dictamen pericial especializado, el cual [pudiera] servir de apoyo (…) para
determinar con precisión la existencia o no de la falla o culpa médica”[110]. Igualmente, en
segunda instancia, el conjunto de premisas jurídicas y fácticas expuestas en la
Audiencia de Sustentación y Fallo, por la Sala Civil-Familia del Tribunal
Superior, también se dirigieron a señalar que no se podía declarar la
responsabilidad ante la falta de medios de prueba que acreditaran el nexo de
causalidad entre la conducta del médico tratante y la pérdida del brazo.
Es más, esta Sala considera que estas
autoridades judiciales decidieron el caso aplicando un falso dilema respecto de
la recaudación de los medios de prueba y la demostración del nexo de causalidad
que llevó a distorsionar, de forma significativa, la necesidad de claridad
frente al hecho principal controvertido. Lo anterior, en la medida que fallaron
el caso sosteniendo la inexistencia de la relación causal con la conducta del
médico tratante, cuando lo cierto es que tal circunstancia no resultaba fácil
de advertir o rechazar, por la ausencia de pruebas conducentes y relevantes,
según lo manifestado por las propias autoridades judiciales.
8. Las anteriores consideraciones no
buscan cuestionar la autonomía e independencia judicial frente a la
libre valoración de los medios de prueba allegados y recaudados en el proceso
civil, sino solamente quieren llamar la atención en la postura asumida por los
funcionarios judiciales ante vacíos o deficiencias probatorias que ellos mismos
reconocieron y, de hecho, les impidió esclarecer el suceso principal
controvertido.
Bajo este entendido, la Sala coincide
con los magistrados que aclararon y salvaron el voto, tanto en el trámite del
proceso de responsabilidad civil, como en el curso de la acción de tutela, en
que lo adecuado en el presente caso era desplegar cierta actividad probatoria
para despejar la incertidumbre respecto de la culpa del galeno y las
instituciones médicas, de cara a la existencia de indicios que llevaban a
considerar algún grado de responsabilidad de los profesionales de la salud.
Si bien esta Corporación entiende la
dificultad en la que se encuentran los funcionarios judiciales para analizar la
ocurrencia de hechos circunstanciales, en especial, frente a los asuntos de
responsabilidad médica, como el que aquí se debate, tal complejidad no puede
justificar que los jueces civiles desconozcan que la resolución de los
conflictos, según la propia legislación nacional y la jurisprudencia
constitucional, debe encaminarse a la verdad de los hechos, la materialización
de las garantías sustanciales y la correcta administración de la justicia, como
se expuso en detalle en el apartado quinto de esta providencia.
9. Así las cosas, ante las ostensibles
deficiencias probatorias en el proceso de responsabilidad civil, esta Sala
considera que el Juzgado Once Civil del Circuito y la Sala Civil-Familia del
Distrito Judicial de Bucaramanga, al momento de proferir los fallos del 29 de
febrero y 20 de septiembre de 2016, incurrieron en un defecto fáctico asociado
con la omisión en el decreto y práctica de pruebas conducentes y relevantes
para superar las incertidumbres y cuestionamientos frente a la negligencia
médica alegada por el demandante y rechazada por el extremo demandado, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
El proceso de responsabilidad civil
surge a partir del dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
que indica un posible caso de mala práctica médica. De ahí que, el esfuerzo
probatorio de la demanda se orientara a establecer i) la autenticidad
del dictamen y ii) la naturaleza de las lesiones que dieron lugar al
daño.
El dictamen no puntualiza los elementos
que configuran la responsabilidad médica y, por ende, no puede tenerse como
conclusivo sobre el particular. Sin embargo, en el propio dictamen se sugiere
la necesidad de convocar a la Junta de Médicos Forenses para que fuera evaluada
la responsabilidad profesional. Por lo que, así visto, los jueces no podían,
simplemente, ignorar su existencia.
De esta manera, no era posible que los
jueces desconocieran que: i) existió una lesión subsiguiente al accidente
y ulterior al tratamiento médico, ii) hay un dictamen de medicina legal
que apunta a una mala práctica médica, sin ahondar en las razones de la
conclusión y iii) el material probatorio recaudado era por completo
insuficiente para concluir que el carácter irreversible de la lesión es
atribuible a la negligencia de los padres, si se contrasta el valor que para
ese efecto se da al escueto dictamen del Tribunal de Ética Médica.
Por el contrario, era preciso de los
jueces despejaran la incertidumbre de dos aspectos cruciales: i) si la
lesión es atribuible o pudo originarse por un inadecuado manejo de la lesión,
ya sea por el tipo de yeso o el procedimiento efectuado para su colocación y ii)
si la lesión es imputable a un deficiente seguimiento en las primeras horas
o incluso días siguientes a la colocación del yeso. En este segundo punto, a su
vez, surgía la necesidad de establecer, con los medios probatorios conducentes,
si la consecuencia del carácter irreversible del daño es atribuible a la
negligencia de los padres, como se afirma por el juez de primera instancia o si
hubo un déficit en el protocolo de atención para la fase de seguimiento y
control, como lo indicó la parte demandante. En particular, era necesario
analizar si, de acuerdo con los protocolos médicos aplicables, las
recomendaciones debían entregarse por escrito a los responsables del paciente y
debían consignarse en la historia clínica. Y en ese contexto, también, valorar
si la sintomatología era fácilmente advertible para una persona de escasa
formación académica, por lo que podía o debía anticipar las consecuencias de la
demora que, en este caso, fue de cinco a seis días.
Para despejar los anteriores
interrogantes, entonces, era indispensable que todo el material probatorio
obrante en el proceso fuera puesto a consideración de un equipo experto que
pudiese conceptuar sobre el particular, puesto que el juez, a partir de los
elementos normativos y fácticos que reposaban en el proceso, no podía despejar
las incertidumbres planteadas.
Así las cosas, estima la Sala que los
jueces de instancia incurrieron en una omisión en el decreto y práctica de
pruebas conducentes y relevantes que se manifiesta en una doble vía.
10. De una parte, porque dejaron de
practicar una prueba solicitada por el extremo demandante que podría resultar
relevante para determinar, con mayor precisión, como lo requería el propio juez
de primera instancia, si la causa más probable de la pérdida funcional y
deformidad del brazo del actor tuvo relación de causalidad o no con la
actuación desplegada por el médico y las instituciones que trataron su fractura
de antebrazo. Basta con señalar dos aspectos surtidos dentro del proceso de
responsabilidad civil que revelan esta omisión.
El primero, el hecho de que el juez de
primera instancia se abstuvo de ordenar el peritaje médico-legal por parte de
la Junta de Médicos Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal, sin
considerar que dicho medio se integra con la prueba pericial solicitada en la
demanda. Como ya se ha indicado, el concepto proferido en el año 2004 por parte
del Instituto Nacional de Medicina Legal, aportado al inicio del proceso,
sugería la remisión del caso ante la Junta de Médicos Forenses, aspectos que
fue ratificado en el curso del proceso de responsabilidad civil, a través de
los dictámenes de ampliación allegados por el instituto en los años 2010 y
2011. De esta manera, ante la serie de incertidumbres atrás referenciadas y la
posibilidad de que tal dictamen aportara información dirigida a su
esclarecimiento, resulta inadmisible que el juez, sin motivación, prescindiera del
medio de prueba.
El segundo
hecho, correlacionado con el anterior, se origina por la decisión de la Sala
Civil-Familia del Tribunal demandado de negar por improcedente la práctica de
la prueba ante la Junta de Médicos Forenses, por no estar inmersa dentro de las
causales previstas en el artículo 327 del Código General del Proceso. Sin
embargo, las hipótesis fácticas fijadas en la citada norma procedimental se
orientan a establecer los casos en que resulta imperativo para el juez decretar
la práctica de pruebas, sin que lo anterior signifique, de ninguna manera, que
son los únicos supuestos de hecho admisibles para que se efectúe una nueva
valoración probatoria en segunda instancia. De hecho, la norma es bastante
clara en que la aplicación se hace “sin perjuicio de la facultad oficiosa de
decretar pruebas”. Luego, en este caso, resulta insuficiente declarar su
improcedencia bajo este criterio, cuando lo cierto es que la propia regla deja
abierta la posibilidad para practicar pruebas de oficio ante circunstancias,
como la aquí expuesta, donde la información puede ser relevante para superar
las deficiencias probatorias presentadas.
11. De otro lado, esta Sala considera
que el segundo factor que influyó en la configuración del defecto fáctico fue
la omisión de los funcionarios judiciales en decretar de oficio las pruebas que
resultaban conducentes para esclarecer los puntos que ellos mismos, en las
providencias judiciales cuestionadas, advirtieron eran inciertos respecto de la
responsabilidad de los galenos, el tratamiento efectuado y las distintas causas
del daño colateral.
En particular, esta Corporación estima
que el decreto oficioso de pruebas era especialmente relevante en este caso,
teniendo en cuenta que, como lo señalaron los funcionarios judiciales que aclararon
y salvaron voto en esta causa, el hecho de que el médico practicara un
intervención que no ofrece mayores riesgos y, pese a ello, el paciente sufriera
la pérdida funcional absoluta y deformidad de su brazo, requería evaluarse bajo
elementos técnicos y científicos, que podrían recaudarse a través del decreto
de pruebas de oficio, como las periciales.
El decreto oficioso de pruebas, como se
mencionó, no constituye un acto de mera liberalidad del funcionario judicial,
como sostuvo el Tribunal acusado, sino que, de conformidad con el artículo 42
del Código General del Proceso, es un verdadero deber funcional ante vacíos y
deficiencias probatorias, según jurisprudencia reiterada de esta Corporación.  De
hecho, la omisión en el decreto de pruebas conducentes y relevantes resulta
particularmente reprochable en este caso, si se observa que el juez de primera
instancia solo decretó de oficio declaraciones de parte, los cuales no
arrojaron
el conocimiento especializado necesario para determinar la causa más probable
de la pérdida anatómica y funcional del brazo del menor, manteniendo así la
incertidumbre frente a la responsabilidad o ausencia de culpa médica de las
instituciones demandadas.
A lo anterior se
suma la circunstancia de que el proceso de responsabilidad civil se dirigió, en
su mayoría, a recaudar medios de prueba que no eran indicativas frente
del hecho principal controvertido y, por lo mismo, al final, los fallos
terminaron fundados sobre premisas fácticas que no superaban la incertidumbre
respecto de la causa más probable de la pérdida funcional y deformidad del
brazo del menor y si tal daño se relacionaba con el tratamiento médico. Al
respecto, vale la pena indicar que en primera instancia el debate probatorio
giró, de forma sustancial, alrededor de la determinación de los daños morales y
materiales de Brayan Andrés y de sus familiares por la lesión permanente sufrida,
y no la precisión sobre el elemento axial de la responsabilidad médica
cuestionada por los distintos sujetos procesales. Este escenario no solo llevó
a que se concluyera que varias de las pruebas recaudadas en el trámite del
proceso eran inconducentes para resolver el problema jurídico, sino que no
resultaban indicativas de ningún tipo de responsabilidad.
12. Inclusive, ante las evidentes
dificultades en que se encontraron los jueces para determinar con mayor
precisión si las entidades demandadas y el galeno resultaban culpables del daño
colateral sufrido por el actor o, por el contrario, no existía responsabilidad
médica, las autoridades contaban con la facultad para trasladar la carga de la
prueba, prevista desde tiempo atrás por la Jurisprudencia de la Corte Suprema
de Justicia y fijada recientemente en el artículo 167 del Código General del
Proceso. Sin embargo, las autoridades judiciales demandadas no la ejercieron.
Aunque esta Sala no considera que dicha
omisión constituya un defecto fáctico en este caso, de conformidad con la ratio
de la Sentencia C-086 de 2016, tal facultad sí era una herramienta útil con
que contaban las autoridades judiciales de la causa civil para determinar, a
partir de la información aportada por la persona que se encontraba en una
situación más favorable probatoriamente, la verdad más probable de los hechos
principales controvertidos.
13. Finalmente, esta Sala considera que
no procede el cuestionamiento del actor asociado a la valoración defectuosa del
material probatorio, pues se dirige simplemente a confrontar el juicio de
convicción dado por el juez natural a los distintos medios de prueba que fueron
presentados por las partes y recaudados a lo largo del proceso civil, con lo
cual se plantea, más que un error ostensible y grave, una simple discrepancia
interpretativa respecto de la valoración probatoria, la cual surge usualmente
entre las partes y el juez.
A lo anterior se suma el hecho de que el
juez natural, de conformidad con el precedente jurisprudencial reseñado, es la
autoridad judicial investida por el legislador para adelantar la discusión de
los medios de prueba obrantes en el proceso judicial y, por ende, quien tiene la
capacidad para apreciar con mayor grado de certeza los medios de prueba que
existen en el proceso ordinario, por lo que los cuestionamientos presentados
por el actor, a juicio de esta Sala, no buscan más que reprochar la postura del
funcionario respeto de las pruebas existentes en el proceso de responsabilidad
civil.
14. Así las
cosas, esta Sala concluye que, dentro del proceso de responsabilidad civil
instaurado por el actor a causa de una presunta negligencia médica, el Juzgado
Once Civil del Circuito y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del
distrito Judicial de Bucaramanga, por medio de las Sentencias proferidas los
días 29 de febrero y 20 de septiembre de 2016 respectivamente, incurrieron en
un defecto fáctico por omisión en el decreto y práctica de pruebas
conducentes y relevantes para esclarecer el hecho principal controvertido, lo que los llevó
a fallar el fondo del asunto manteniendo la incertidumbre frente a la
existencia o ausencia de responsabilidad médica por la pérdida funcional y
deformidad del brazo del actor.
Para esta Sala, los jueces omitieron,
por una parte, la práctica de una prueba solicitada por el extremo demandante
que resulta relevante para
determinar, con mayor precisión, el hecho principal controvertido y, por la
otra, dejaron de decretar pruebas de oficio que les permitiría esclarecer, con
información especializada, los aspectos inciertos relacionados con la
responsabilidad de los galenos, el tratamiento efectuado y las distintas causas
del daño colateral.
15. En
consecuencia, esta Sala dejará sin efectos las referidas sentencias, para que
el Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga reabra el proceso de
responsabilidad civil de la referencia, con la finalidad de recepcionar los
medios de prueba relevantes y conducentes para despejar las dudas respecto del
grado de responsabilidad médica del galeno y las instituciones que trataron la
fractura del antebrazo de Brayan Andrés, lo que incluye el dictamen ante la  Junta
de Médicos Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, para con posterioridad, adoptar la decisión judicial correspondiente,
ya sea en el mismo sentido u otro.
IV. DECISIÓN
En
mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo de segunda instancia
proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el
dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en el que se
resolvió confirmar
en todas sus partes la sentencia emitida en primera instancia por
la Sala
de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que denegó la acción de
tutela de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo
del derecho al debido proceso de Brayan Andrés Perafan Aguilar.
Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las sentencias proferidas el veintinueve
(29) de febrero de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado Once
Civil del Circuito de Bucaramanga y el (20) veinte de septiembre de dos mil
dieciséis (2016), por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de
Bucaramanga, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de
responsabilidad civil interpuesta por Carlos Ovidio Perafan y Ana Azucena
Aguilar Barrera, en representación de Brayan Andrés Perafan Aguilar,
contra la Clínica
Chicamocha S.A., la A.R.S. COOSALUD y el médico Luis Fernando Guevara Vásquez.
Tercero.-
ORDENAR al
Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga que, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la notificación de esta decisión, reabra el
proceso de responsabilidad civil de la referencia, para que proceda a recepcionar
los medios de prueba relevantes y conducentes para despejar las incertidumbres
respecto del grado de responsabilidad médica del galeno y las instituciones que
trataron la fractura del antebrazo de Brayan Andrés, lo que incluye el dictamen
por parte de la Junta de Médicos Forenses del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, para con posterioridad, adoptar la decisión judicial
que corresponda.
Cuarto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
LUIS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO
LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ
LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
MARTHA VICTORIA
SACHICA MÉNDEZ
Secretaria
General
[1] En esta
sección se relata los hechos descritos por el accionante en la demanda de
tutela, así como los elementos fácticos y jurídicos que obran en los
expedientes de tutela y de responsabilidad civil.
[2] Folios 16 y 17, cuaderno principal del
proceso de responsabilidad civil.
[3] Ibídem.
[4] Según copia de la cédula de ciudadanía, Brayan Andrés nació el
13 de junio de 1998. Folio 28, Cuaderno 1 del expediente de tutela.
[5] Folio 1, cuaderno principal del proceso
ordinario de responsabilidad civil.
[6] Folios 55-61, cuaderno principal del
proceso de responsabilidad civil.
[7] Folios 35 al 39, tercer cuaderno del
proceso de responsabilidad civil.
[8] Folios 103 al 110, cuaderno principal del proceso de
responsabilidad civil.
[9] Folios 55-61, cuaderno principal del
proceso de responsabilidad civil.
[10] Folios 180-185, cuaderno principal del
proceso de responsabilidad civil.
[11] Ibídem.
[12] Folios 489-523, cuaderno principal del
proceso de responsabilidad civil.
[13] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[14] Folio 507, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[15] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[16] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[17] Folio 519, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[18] Folios 517, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[19] Folios 19-25, cuaderno de apelación del
proceso de responsabilidad civil.
[20] Folio 208, cuaderno principal del proceso de responsabilidad
civil.
[21] Folio 121, cuaderno 1 del expediente de tutela.
[22] Folios 135-136, cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[23] Folio 139, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[24] Folios 144-146, cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[25] Folios 178-180, cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[26] Ibídem.
[27] Op. Cit.
[28] Folios 178-180, cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[29] Ibídem,
[30] Folios 3-9, cuaderno 2 del expediente de
tutela.
[31] Ibídem.
[32] Op. Cit.
[33] Folio 28, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[34] Folios 29-33, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[35] Folio 108, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[36] Folios 35-41, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[37] Folio 109, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[38] Folios 110-111, cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[39] Folios 42-76, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[40] Folios 77-87, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[41] Folios 88-90, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[42] Folios 91-93, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[43] Folio 34, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[44] Folios 94-95, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[45] Folios 96-101, cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[46] Folio 102, cuaderno 1 del expediente de
tutela.
[47]  Folios 103-107, cuaderno 1 del expediente
de tutela.
[48] Mediante Auto del 14 de septiembre de
2017.
[49] Ibídem.
[50] Bajo un criterio subjetivo (necesidad de
proteger un derecho fundamental).
[51] Sentencias T-388 de 2006, T-590 de 2009,
SU-817 de 2010, T-363 de 2011, SU-400 de 2012, SU-198 de 2013, SU-946 de 2014,
SU-556 de 2015, SU-416 de 2015, C-086 de 2016, SU-490 de 2016, SU-210 de 2017,
SU-355 de 2017 y SU-396 de 2017, entre otras.
[52] Sentencias C-547 de 1992, T-590 de 2009, SU-946 de 2014,
SU-817 de 2010 y SU-210 de 2017.
[53] Sentencias T-949 de 2003, SU-490 de 2016,
SU-396 de 2017 y SU-355 de 2017.
[54] Sentencia SU-556 de 2015.
[55] Sentencias SU-556 de 2015, SU-210 de 2017 y SU-537 de 2017.
[56] Sentencia C-590 de 2005, reiterado en los
fallos SU-817 de 2010, SU-400 de 2012 y SU-335 de 2017, entre otros.
[57] Sentencias T-114 de 2002 y T-136 de 2005.
[58] Sentencia T-380 de 2012.
[59] Sentencia T-586 de 2012.
[60] Sentencia C-590 de 2005, reiterada en las providencias T-388
de 2006, SU-946 de 2014, SU-537 de 2017.
[61] Sentencia T-388 de 2006.
[62] Ibídem.
[63] Sentencias C-590 de 2005 y SU-537 de 2017.
[64] Sentencia T-122 de 2017.
[65] Cuaderno 1, folio 113 del expediente de tutela.
[66] Cuaderno 1, folios 103 al 107 del expediente de tutela.
[67] Sentencia C-590 de 2005.
[68] Sentencias C-590 de 2005 y T-586 de 2012.
[69] Sentencia SU-537 de 2017.
[70] Sentencia C-590 de 2005, reiterado en las Sentencias SU-335 de
2017,
[71] Sentencia T-704 de 2012.
[72] Sentencias SU-198 de 2013, SU-946 de 2014,
SU-556 de 2015, SU-490 de 2016 y SU-210 de 2017.
[73] Sentencias SU-490 de 2016, SU-210 de 2017,
SU-355 de 2017 y SU-490 de 2016.
[74] Sentencia SU-817 de 2010, SU-946 de 2014,
SU-490 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-537 de 2017.
[75] Sentencia SU-400 de 2012, SU-490 de 2016 y
SU-537 de 2017.
[76] Sentencia SU-537 de 2017 y SU-210 de 2017.
[77] Sentencia SU-210 de 2017.
[78] Sentencia SU-210 de 2017.
[79] Ibídem.
[80] Sentencia SU-537 de 2017.
[81] Sentencias SU-556 de 2015 y SU-537 de
2017.
[82] Sentencias SU-132 de 2002 y T-302 de 2003.
[83]
Sentencia T-488 de 1999, reiterada en el fallo T-160 de 2013.
[84] Sentencias SU-490 de 2016 y SU-537 de
2017.
[85] Sentencia T-302 de 2003, reiterada en las
Sentencias SU-195 de 2012, SU-566 de 2015 y SU-537 de 2017.
[86] Sentencias T-388 de 2006, SU-946 de 2014 y
SU-537 de 2017.
[87] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid,
España: Marcial Pons. Pág. 109.
[88] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid,
España: Marcial Pons. Pág. 110.
[89] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid,
España: Marcial Pons. Pág. 112.
[90] Sentencia C-874 de 2003.
[91] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid,
España: Marcial Pons. Pág. 112. // Al respecto, en varias oportunidades, esta
Corporación ha sostenido que el juez civil, en el marco del Estado Social de
Derecho, le corresponde tareas de trascendencia constitucional como ocurre con
la obtención de la justicia material, la búsqueda de la verdad y la primacía
del derecho sustancial.  Para ilustrar, en la Sentencia C-037 de 1996,
que analizó el proyecto que contenía la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia, esta Corte sostuvo que “en últimas, una tarea que requiere, como
consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como un
Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas
es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la
ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman su protección”.
// En un sentido similar, en la Sentencia C-713 de 2008, al estudiar el
proyecto de reforma a la Ley 270 de 1996, consideró que “los jueces de la
República son los primeros llamados a ejercer una función directiva en la
conducción de los procesos a su cargo, para lo cual el Legislador les ha
otorgado la potestad de asegurar, por todos los medios legítimos a su alcance,
que las diferentes actuaciones se lleven a cabo”. // Con posterioridad, la
Corte ha mantenido dicho criterio, pues en la Sentencia SU-768 de 2014,
se señaló que “el Juez del Estado social de derecho es uno que ha dejado de
ser el frío funcionario que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en
el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas,
para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad
como un servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales”·//
Recientemente, en la Sentencia C-086 de 2016, al analizar la
constitucional del artículo 167 del Código General del Proceso, por ejemplo,
resaltó que “la nueva Carta Política robusteció la misión del juez como
garante del acceso efectivo a la administración de justicia y de la realización
efectiva de los derechos de los ciudadanos. Es así como se demandan de él altas
dosis de sensibilidad y una actitud diligente para corregir las asimetrías
entre las partes, asegurar los derechos fundamentales, entre otros el derecho a
la tutela judicial efectiva, y, en últimas, la vigencia de un orden justo”.
[92] Sentencia C-874 de 2003.
[93] Taruffo, M., (2008), La prueba. Madrid,
España: Marcial Pons. Pág. 115.
[94] Sentencia C-874 de 2003.
[95] Sentencias C-874 de 2003 y T-565 de 2016.
[96] Sentencia T-591 de 2011 y C-086 de 2016.
[97] Sentencia T-599 de 2009.
[98] Sentencia T-565 de 2016.
[99] Sentencia C-086 de 2016.
[100] Ibídem.
[101] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del
15 de septiembre de 2016 //  Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de
mayo de 2017.
[102] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del
15 de septiembre de 2014.
[103] Corte Suprema de Justicia. Sentencia del
15 de septiembre de 2016.
[104] Al respecto, para soportar su hipótesis
fáctica, allegó: i)
algunas fotografías que mostraban el estado del antebrazo, ii) la copia
informal de la historia clínica del menor de edad y iii) del dictamen emitido
por el Instituto Nacional de Medicina Legal, proferido el 9 de marzo de 2004.
Adicionalmente, solicitó el decreto de varios dictámenes periciales en relación
con la responsabilidad profesional de los demandados, los daños psicológicos,
el estado de invalidez y los perjuicios económicos (Folios 59 y 60 del cuaderno
principal del proceso de responsabilidad civil).
[105] Así, para sustentar las excepciones de ausencia de culpa, inexistencia de nexo
causal, cumplimiento de los deberes legales y profesionales, aplicación de la Lex
Artis y consentimiento informado del paciente, en su conjunto, el extremo
demandado presentó como medios de prueba relevantes: i) copia completa de la
historia clínica del menor de edad, ii) declaración del médico tratante y los
familiares de Brayan Andrés, iii) declaraciones de galenos adscritos a la
Clínica Chicamocha S.A., iv) el fallo del Tribunal de Ética Médica que resolvió
la queja, v) la hoja
de vida del médico tratante y v) copias informales de dos libros de ortopedia
(Folios 151-152 y 156-157 del cuaderno principal del proceso de responsabilidad
civil).
[106] Folios 1 al 8 del tercer cuaderno del proceso de
responsabilidad civil.
[107] El doctor Luis Fernando Guerra Vásquez,
médico tratante, señaló al respecto que “es falso que los yesos sean causa
del síndrome compartimental. La causa (...) es la presión dentro del
compartimiento [a raíz] del sangrado que produce la fractura”. “Los síndromes
compartimentales están asociados a fracturas de tejidos blandos, a picaduras de
serpientes, no a yesos” (Folios 129-130 del tercer cuaderno del proceso de
responsabilidad civil). // Por su parte, el doctor Julio Cesar Jaramillo
Varela, profesional
que atendió quirúrgicamente el diagnóstico de la isquemia de Wolkmann en la
Clínica Chicamocha S.A., indicó que “una
de las principales causas del síndrome compartimental, así como las lesiones
inquémicas, es la fractura, siendo su principal causa etiológica”. (Folio 138 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad
civil) // En un sentido similar, el doctor Jesús Enrique Aguilar Quinche, quien
laboró en la Clínica Chicamocha alrededor de 25 años, explicó que “el
síndrome compartimental es una lesión donde hay compresión que va de adentro
hacia afuera. Es decir, existe un edema de las partes blandas de la extremidad
que, al aumentar la presión, hace que los vasos y nervios (…) presenten una
lesión vasculonerviosa. (…) la parte externa no tiene que ver absolutamente
nada para hacer compresión” (Folio 142 del tercer cuaderno del proceso de
responsabilidad civil). // Finalmente, el doctor Cesar Augusto Álzate Moncada
manifestó que “el síndrome compartimental es el aumento de la presión
interna dentro del compartimiento de la extremidad. No implica ningún agente
externo que cause este aumento interno de la presión” (Folio 149 del tercer
cuaderno del proceso de responsabilidad civil).
[108] Al respecto, el doctor Luis Fernando
Guerra Vásquez mencionó que “también es cierto que, lo que se hizo en este
caso, no es lo que se hacer normalmente, que es cortar el yeso, cortar el
algodón, que se llama [vivalvear] el yeso y dejarse completamente abierto”
(Folio 132 del tercer cuaderno del proceso de responsabilidad civil).
[109] Folios 111 al 113 del tercer cuaderno del proceso de
responsabilidad civil.
[110] Folio 507, cuaderno 1 del expediente de tutela.