C-186-19
Sentencia C-186/19
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS
INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Competencia de la Corte Constitucional
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Aspectos formales
CONTROL CONSTITUCIONAL DE ACUERDO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Reglas y subreglas jurisprudenciales
TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento
de requisitos
TRATADO INTERNACIONAL-Representación del Estado colombiano en
proceso de negociación, celebración y suscripción
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS
INTERNACIONALES Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Verificación de la realización de la consulta previa a
las comunidades étnicas
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO
INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Suscripción del tratado y aprobación presidencial
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Inicio de trámite en el Senado/LEY
APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de requisito de inicio de
trámite por aprobación en primer debate sesión conjunta de comisiones de Senado
y Cámara
LEY APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción presidencial/LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Remisión a la Corte Constitucional
CONSTITUCIONALIDAD DEL TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO Y
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Elemento material
CONSTITUCION ECOLOGICA-Jurisprudencia constitucional
TRATADO ANTARTICO SOBRE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE-Aspectos
generales
TRATADO ANTARTICO SOBRE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE-Aspectos
normativos
TRATADO
ANTARTICO SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Contenido
El
Tratado Antártico es la base originaria de un sistema o conjunto de normas y
acuerdos internacionales relacionados con la Antártida, conocido como el
Sistema del Tratado Antártico. Este sistema se conforma principalmente por
cinco instrumentos internacionales, a saber: (i) El Tratado Antártico, de 1959;
(ii) La Convención para la Conservación de Focas Antárticas, de 1972; (iii). La
Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, de 1980;
(iv) Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos
Minerales Antárticos, de 1988, y; (v) El Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, de 1991.
TRATADO ANTARTICO SOBRE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE-Participación
de Colombia
TRATADO ANTARTICO SOBRE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE-Protocolo
complementario
PROTOCOLO DE MADRID-Vigencia
PROTOCOLO DE MADRID-Creación del Comité para la protección del
medio ambiente/PROTOCOLO DE MADRID-Objetivo
Para
tal efecto, el Protocolo crea un Comité para la Protección del Medio Ambiente
(CPA), como grupo de expertos para proveer asesoramiento y formular
recomendaciones en la RCTA sobre la implementación del Protocolo, y se reúne
todos los años en ocasión de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, con
periodos de actividades para preparar y socializar la información actual que
cada país lleva al evento consultivo. El objetivo principal del Protocolo de
Madrid es proteger el medio ambiente Antártico y sus ecosistemas dependientes y
asociados. Para la consecución de este objetivo, este instrumento internacional
consagra una amplia gama de disposiciones que van desde la prohibición de
actividades extractivas de recursos minerales, hasta el requerimiento de la
elaboración de evaluaciones de impacto ambiental para cualquier actividad que
se acometa en la zona de influencia del Tratado Antártico
PROTOCOLO AL TRATADO ANTARTICO SOBRE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Disposiciones específicas
PROTOCOLO AL TRATADO ANTARTICO SOBRE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Contenido
PROTOCOLO AL TRATADO ANTARTICO SOBRE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Disposiciones generales
A
juicio de la Corte, las disposiciones descritas en precedencia son relevantes
para el cumplimiento de los fines enunciados en el Protocolo al Tratado
Antártico, pues crean un marco de responsabilidad, a la vez que materializan
las formas de actuar frente a las emergencias ambientales que se generen en
dicho territorio. Es de resaltar las funciones preventivas y los medios
vinculantes que se establecen en el Anexo, pues dichas actividades se
constituyen y desarrollan en el marco del principio de planeación frente a las
zonas de influencia del Tratado, conforme a la voluntad de la Comunidad
Internacional
RELACIONES INTERNACIONALES-Régimen constitucional
(…)
Los artículos 3, 9, 226 y 227 de la Constitución constituyen, conjuntamente, el
referente jurídico del desarrollo de las relaciones internacionales del Estado
colombiano. De estos cuatro parámetros de constitucionalidad se deriva: (i)
el mandato de fundar dichas relaciones en la soberanía nacional, (ii)
en la autodeterminación y en el reconocimiento de los principios de derecho
internacional aceptados por Colombia, y (iii) la promoción de la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas sociales y
ecológicas, a partir de una triple exigencia de equidad, reciprocidad y conveniencia
nacional.
PROTOCOLO AL TRATADO ANTARTICO SOBRE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Principios medioambientales
(…)
la Corte encontró que el Protocolo fue diseñado en torno a un conjunto de
principios medioambientales, con una serie de anexos que establecen reglas y
disposiciones más detalladas. Así, verificó que los principios centrales del
Protocolo son los siguientes: (i) La designación de la Antártida como una
“reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia”; (ii) La prohibición de la
minería y las actividades relativas a los recursos minerales en el Área del
Tratado Antártico; (iii) La protección del medioambiente como consideración
esencial requerida en la planificación y realización de todas las actividades
antárticas; (iv) Un marco integral para evaluar los impactos ambientales en la
Antártida, lo que incluye la evaluación previa de todas las actividades; (v) El
requisito de establecer planes de contingencia y responder de forma rápida y
efectiva ante emergencias ambientales en la Antártida; y, (vi) La creación del
Comité para la Protección del Medio Ambiente
PROTOCOLO AL TRATADO ANTARTICO SOBRE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE-Exequibilidad
En
relación con todos los anexos, la Sala Plena determinó que el contenido de
estos se ajusta de manera sistemática al ordenamiento superior, toda vez que la
Constitución en los artículos 79, 80, 82, 268.7, 333, 334, 339 y 366
transversalmente contempla el medio ambiente como un elemento esencial para el
desarrollo humano y, por consiguiente, la defensa del mismo es un objetivo del
Estado Social de Derecho, de la internacionalización de las relaciones
ecológicas, del principio de precaución y del principio “quien contamina paga”
Referencia: Expediente LAT-449
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1880
del 9 de enero de 2018, “Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus
Anexos I, II, III y IV», hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su «ANEXO V»,
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su «ANEXO VI», adoptado en
Estocolmo, el 17 de junio de 2005”
Magistrado Sustanciador:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de
dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los
Magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, quien la preside, Carlos Bernal
Pulido, Diana Fajardo Rivera, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares
Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Cristina Pardo Schlesinger, José
Fernando Reyes Cuartas y Alberto Rojas Ríos, en cumplimiento de sus
atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el
Decreto Ley 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley
1880 de 2018, “Por medio de la cual se aprueba el
«Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su
Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV», hecho en Madrid el 4 de octubre de
1991, su «ANEXO V», adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su «ANEXO
VI», adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005”.
I. ANTECEDENTES
1. La
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido
el 12 de enero del 2018[1]
en la Secretaría General de esta Corporación, remitió copia auténtica de la Ley
1880 del 9 de enero de 2018, “Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus
Anexos I, II, III y IV», hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su «ANEXO V»,
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su «ANEXO VI», adoptado en
Estocolmo, el 17 de junio de 2005”.
2. De
conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241[2]
de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional decidir de
manera definitiva sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de
las leyes que los aprueban, razón por la cual, mediante Auto del siete (7) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), el suscrito magistrado sustanciador: (i) avocó
el examen de constitucionalidad de la Ley 1880 del 9 de enero de 2018, (ii)
decretó la práctica de pruebas, y (iii) según lo ordenado en el Auto 305
de 2017, suspendió los términos en el presente asunto, hasta que
se ordene el levantamiento de dicha medida, en los siguientes términos:
“PRIMERO.- AVOCAR el examen de
constitucionalidad de la Ley 1880 del 9 de enero de 2018: “Por medio de la
cual se aprueba el «Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV», hecho en Madrid el 4 de
octubre de 1991, su «ANEXO V», adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su
«ANEXO VI», adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005”.
SEGUNDO. DECRETAR la
práctica de las siguientes pruebas:
2.1. OFICIAR al
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que dentro del término máximo de diez
(10) días contados a partir del día siguiente a la notificación de esta
providencia, certifique quiénes suscribieron a nombre de Colombia el
instrumento internacional objeto de control, cuáles eran sus poderes y si sus actos
fueron confirmados por el Presidente de la República, de ello ser necesario.
2.2. OFICIAR a los
Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que dentro del término máximo de diez (10) días contados a
partir de la notificación de este proveído, envíen a esta Corte copia íntegra
del expediente legislativo correspondiente, incluyendo los siguientes
documentos:
a) Copia de la Gaceta
del Congreso de la República en donde fue publicado el texto original, junto
con la respectiva exposición de motivos, del proyecto de ley que culminó con la
aprobación de la Ley 1880 de 2018.
b) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fueron publicadas las ponencias para
primer debate, en las respectivas Comisiones, del proyecto de ley que culminó
con la aprobación de la Ley 1880 de 2018.
c) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fueron publicadas las ponencias para
segundo debate, en las respectivas Plenarias, del proyecto de ley que culminó
con la aprobación de la Ley 1880 de 2018.
d) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fueron publicadas las actas de las
sesiones de las Comisiones en las que, de conformidad con el artículo 8° del
Acto Legislativo 01 de 2003, fue anunciado el debate y la votación del proyecto
de ley que culminó con la aprobación de la Ley 1880 de 2018.
e) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fueron publicadas las actas de las
sesiones Plenarias en las que, de conformidad con el artículo 8° del Acto
Legislativo 01 de 2003, fue anunciado el debate y la votación del proyecto de
ley que culminó con la aprobación de la Ley 1880 de 2018.
f) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fueron publicadas las actas de las sesiones
de las Comisiones en las que fue debatido y votado el proyecto de ley que
culminó con la aprobación de la Ley 1880 de 2018.
g) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fueron publicadas las actas de las
sesiones Plenarias en las que fue debatido y votado el proyecto de ley que
culminó con la aprobación de la Ley 1880 de 2018.
h) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fue publicado el texto completo del
proyecto de ley aprobado en Comisiones.
i) Copia de las Gacetas
del Congreso de la República en donde fue publicado el texto completo del
proyecto de ley aprobado en Plenarias.
j) En caso de que haya
habido discrepancias entre lo aprobado en una y otra Cámara: (i) copia de la
Gaceta del Congreso de la República en donde fue publicado el informe de
conciliación; (ii) copia de la Gaceta del Congreso de la República en donde fue
publicada el acta de la sesión Plenaria en la que, de conformidad con el
artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, se anunció el debate y votación
del informe de conciliación; (iii) copia de la Gaceta del Congreso de la
República en donde fue publicada el acta de sesión Plenaria en la que se votó
el informe de conciliación, y (iv) copia de la Gaceta del Congreso de la
República en donde fue publicado el texto completo del proyecto de ley aprobado
en Plenaria, luego de aprobado el informe de conciliación.
2.3. OFICIAR a los
Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes, para que dentro del término de diez (10) días contados a partir
del día siguiente a la notificación de este proveído, remitan a esta Corte
certificación sobre los siguientes trámites:
a) La fecha de
publicación en la Gaceta del Congreso de la República del texto original, junto
con la correspondiente exposición de motivos, del proyecto que culminó con la
aprobación de la Ley 1880 de 2018, conforme al artículo 144 de la Ley 5ª de
1992.
b) La fecha de la
publicación en la Gaceta del Congreso de la República de la ponencia para
primer debate, según lo establecido en el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.
c) En caso de que se
haya dado aplicación al inciso 2° del artículo 156 de la Ley 5ª de 1992,
allegar constancia de que la ponencia fotocopiada fue distribuida antes de la
iniciación de los debates y fue recibida por los congresistas.
d) El cumplimiento del
anuncio de votación previsto en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003.
Con este fin, se deberá indicar claramente el día en que se efectuaron todos
los anuncios, el día en que se realizaron todas las votaciones, así como el
número y la fecha de las actas y Gacetas del Congreso donde consten dichas
actuaciones.
e) En caso de que haya
habido discrepancias entre lo aprobado en una y otra Cámara, el cumplimiento de
la publicación de que trata el artículo 161 de la Constitución Política, para
lo cual indicarán de manera expresa el día en que se efectuó la publicación y
los números y fechas de las actas y Gacetas del Congreso correspondientes.
f) El desarrollo de los
debates que se llevaron a cabo para la discusión y aprobación del proyecto de
ley, especificando la fecha de las sesiones correspondientes; el quórum
deliberatorio y decisorio, indicando el número de integrantes que lo
conformaron al votar el proyecto en las distintas etapas, así como las mayorías
y las votaciones públicas y nominales con las cuales se discutió y aprobó el
proyecto de ley en Comisiones y Plenarias.
g) El tiempo
transcurrido entre el primer debate en la Comisión y el segundo debate en la
Plenaria, así como entre la aprobación del proyecto en el Senado de la
República y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes.
Para cumplir con lo ordenado en los numerales 2.2 y
2.3, los señores Secretarios Generales solicitarán información pertinente a los
Secretarios de las Comisiones Segundas de las respectivas corporaciones
legislativas.
TERCERO. Vencido el
periodo probatorio y calificadas las pruebas solicitadas, FIJAR en lista
el proceso de revisión de la ley y el acuerdo bilateral de la referencia, en la
Secretaría General de la Corte Constitucional, por el término de diez (10)
días, para los fines previstos en los artículos 242.1 de la Constitución
Política y el inciso 2° del artículo 7 del Decreto 2067 de 1991.
CUARTO. Simultáneamente
a la fijación en la lista, CORRER TRASLADO al señor Procurador General
de la Nación por el término de treinta (30) días, para que rinda el concepto de
rigor.
QUINTO. En cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 244 de la Constitución Política, en armonía con
el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, COMUNICAR la iniciación del
presente proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso;
así mismo al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, para los efectos legales pertinentes.
SEXTO. De conformidad
con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, INVITAR para
que realicen intervenciones sobre la constitucionalidad de la Ley 1880 de 2018
a las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad
Externado de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Javeriana de Cali,
Universidad del Norte, Universidad Libre sede Bogotá, Universidad de Cartagena,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad del Cauca, así
como al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, la Academia Colombiana de Derecho Internacional y a la Academia
Colombiana de Jurisprudencia.
SÉPTIMO. SUSPENDER los
términos en el presente asunto, según lo ordenado en el Auto 305 de 2017, y
hasta que la Sala Plena ordene el levantamiento de dicha medida.
OCTAVO. ADVERTIR al
Procurador General de la Nación y a los demás intervinientes que pueden radicar
su concepto y escritos de intervención en la Secretaría General de esta Corte,
durante la suspensión de términos señalada en el numeral anterior.”
3. El Secretario General del Senado
de la República, en cumplimiento de dicha providencia, mediante oficio SGE-CS-0391-2018
del 14 de febrero de 2018 allegó la documentación relativa al trámite del
mencionado proyecto de ley. Sin embargo, no se encontró la certificación de lo
relacionado en el numeral 2.3. literales d) y f) respecto del trámite dado en
la Comisión Segunda del Senado, ni la certificación relativa al tiempo tomado
entre el primer debate en la Comisión Segunda y el segundo debate en la
Plenaria del Senado, razón por la cual, mediante Auto del 22 de mayo de 2018,
el magistrado sustanciador efectuó requerimiento, en los siguientes términos:
“Primero.- OFICIAR al señor Secretario General
del Senado de la República, para que en el término de tres (3) días contados a
partir del día siguiente a la notificación del presente proveído remita a
esta Corte certificación sobre los siguientes trámites:
a)     El cumplimiento del anuncio de votación en la Comisión Segunda del
Senado, previsto en el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003. Con este
fin, se deberá indicar claramente el día en que se efectuaron todos los
anuncios, el día en que se realizaron todas las votaciones, así como el número
y la fecha de las actas y Gacetas del Congreso donde consten dichas
actuaciones.
b)    El trámite en el seno de la Comisión Segunda del Senado para la
discusión y aprobación del primer debate del proyecto de ley, especificando la
fecha de las sesiones correspondientes; el quórum deliberatorio y decisorio,
indicando el número de integrantes que lo conformaron al votar el proyecto, así
como las mayorías y las votaciones públicas y nominales con las cuales se
discutió y aprobó el proyecto de ley en dicha Comisión.
c)     El tiempo transcurrido entre el primer debate en la Comisión y el
segundo debate en la Plenaria.”
4. Mediante
oficio recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 15 de
junio de 2018, el Secretario General del Senado de la República atendió el
precitado requerimiento, con lo cual fueron incorporados al proceso todos los
elementos de juicio requeridos al Congreso de la República, así como a la
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
5. Cumplido
lo anterior, por Auto del 20 de septiembre de 2018, se levantó la suspensión de
términos decretada por la Sala Plena mediante Auto 305 de 2018 y, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 244 de la Constitución, se comunicó el
proceso de constitucionalidad al Presidente de la República, al Presidente del
Congreso de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; así mismo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 242.2 de la Constitución, se dio traslado al Procurador General
de la Nación para que rindiera el concepto a su cargo, se invitó a los
intervinientes y se fijó en lista para las intervenciones ciudadanas a que
hubiere lugar.
Cumplidos los trámites constitucionales
y legales propios de esta clase de juicios, y previo concepto del Procurador
General de la Nación, procede la Corte a realizar el estudio de constitucionalidad
del señalado instrumento internacional y de su ley aprobatoria el cual está
conformado por un protocolo, un apéndice y seis anexos.
II. TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN
LEY 1880 DE 2018
(enero 9)
Diario Oficial No. 50.471 de 9 de enero
de 2018
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo al
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos
I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”,
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en
Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
Visto el texto del “Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su apéndice y sus Anexos I, II,
III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”, adoptado en
Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17
de junio de 2005.
Para ser transcrito: Se adjunta copia fiel y
completa de la copia certificada en español del precitado instrumento
internacional, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, documento que reposa en el Archivo del Grupo de Trabajo
de Tratados y consta de cuarenta y seis (46) folios.
El presente proyecto de ley consta de sesenta y
cinco (65) folios.
PROYECTO DE LEY N°...
por medio de la cual se aprueba el “Protocolo al
Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos
I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”,
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en
Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
El Congreso de la República
Visto el texto del “Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su apéndice y sus Anexos I, II,
III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”, adoptado en
Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17
de junio de 2005.
Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y
completa de la copia certificada en español del precitado instrumento
internacional, certificado por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de
Tratados de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, documento que reposa en el Archivo del Grupo Interno de
Trabajo de Tratados y consta en cuarenta y seis (46) folios.
El presente proyecto de ley consta de sesenta y
cinco (65) folios.
PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE
PREÁMBULO
Los Estados Parte de este Protocolo al Tratado
Antártico, en adelante denominados las Partes,
Convencidos de la necesidad de incrementar la
protección del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y
asociados;
Convencidos de la necesidad de reforzar el sistema
del Tratado Antártico para garantizar que la Antártida siga utilizándose
siempre exclusivamente para fines pacíficos y no se convierta en escenario u
objeto de discordia internacional;
Teniendo en cuenta la especial situación jurídica y
política de la Antártida y la especial responsabilidad de las Partes
Consultivas del Tratado Antártico de garantizar que todas las actividades que
se desarrollen en la Antártida sean compatibles con los propósitos y principios
del Tratado Antártico;
Recordando la designación de la Antártida como Área
de Conservación Especial y otras medidas adoptadas con arreglo al sistema del
Tratado Antártico para proteger el medio ambiente antártico y los ecosistemas
dependientes y asociados;
Reconociendo además las oportunidades únicas que
ofrece la Antártida para la observación científica y la investigación de
procesos de importancia global y regional;
Reafirmando los principios de conservación de la
Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos;
Convencidos de que el desarrollo de un sistema
global de protección del medio ambiente de la Antártida y de los ecosistemas
dependientes y asociados interesa a la humanidad en su conjunto;
Deseando complementar con este fin el Tratado
Antártico;
Acuerdan lo siguiente:
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES.
Para los fines de este Protocolo:
a) "El Tratado Antártico" significa el
Tratado Antártico hecho en Washington el 1 de diciembre de 1959;
b) "Área del Tratado Antártico" significa
el área a que se aplican las disposiciones del Tratado Antártico de acuerdo con
el Artículo VI de ese Tratado;
c) "Reuniones Consultivas del Tratado
Antártico" significa las reuniones a las que se refiere el Artículo IX del
Tratado Antártico;
d) "Partes Consultivas del Tratado
Antártico" significa las Partes Contratantes del Tratado Antártico con
derecho a designar representantes para participar en las reuniones a las cuales
se refiere el Artículo IX de ese Tratado;
e) "Sistema del Tratado Antártico"
significa el Tratado Antártico, las medidas en vigor según ese Tratado, sus
instrumentos internacionales asociados separados en vigor y las medidas en
vigor según esos instrumentos;
f) "Tribunal Arbitral" significa el
Tribunal Arbitral establecido de acuerdo con el Apéndice a este Protocolo que
forma parte integrante del mismo;
g) "Comité" significa el Comité para la
Protección del Medio Ambiente establecido de acuerdo con el Artículo 11.
ARTÍCULO 2. OBJETIVO
Y DESIGNACIÓN.
Las Partes se comprometen a la protección global
del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados y,
mediante el presente Protocolo, designan a la Antártida como reserva natural,
consagrada a la paz y a la ciencia
ARTÍCULO 3. PRINCIPIOS
MEDIOAMBIENTALES.
1.
La protección del medio ambiente
antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, así como del valor
intrínseco de la Antártida, incluyendo sus valores de vida silvestre y
estéticos y su valor como área para la realización de investigaciones
científicas, en especial las esenciales para la comprensión del medio ambiente
global, deberán ser consideraciones fundamentales para la planificación y
realización de todas las actividades que se desarrollen en el área del Tratado
Antártico.
2. Con este fin:
a) las actividades en el área del Tratado Antártico
serán planificadas y realizadas de tal manera que se limite el impacto
perjudicial sobre el medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y
asociados;
b) las actividades en el área del Tratado Antártico
serán planificadas y realizadas de tal manera que se eviten:
i) efectos perjudiciales sobre las características
climáticas y meteorológicas;
ii) efectos perjudiciales significativos en la
calidad del agua y del aire;
iii) cambios significativos en el medio ambiente
atmosférico, terrestre (incluyendo el acuático), glacial y marino;
iv) cambios perjudiciales en la distribución,
cantidad o capacidad de reproducción de las especies o poblaciones de especies
de la fauna y la flora;
v) peligros adicionales para las especies o
poblaciones de tales especies en peligro de extinción o amenazadas;
vi) la degradación o el riesgo sustancial de
degradación de áreas de importancia biológica, científica, histórica, estética
o de vida silvestre;
c) las actividades en el área del Tratado Antártico
deberán ser planificadas y realizadas sobre la base de una información
suficiente, que permita evaluaciones previas y un juicio razonado sobre su
posible impacto en el medio ambiente antártico y en sus ecosistemas
dependientes y asociados, así como sobre el valor de la Antártida para la
realización de investigaciones científicas; tales juicios deberán tomar
plenamente en cuenta:
i) el alcance de la actividad, incluida su área,
duración e intensidad;
ii) el impacto acumulativo de la actividad, tanto
por sí misma como en combinación con otras actividades en el área del Tratado
Antártico;
iii) si la actividad afectará perjudicialmente a
cualquier otra actividad en el área del Tratado Antártico;
iv) si se dispone de medios tecnológicos y
procedimientos adecuados para realizar operaciones que no perjudiquen el medio
ambiente;
v) si existe la capacidad de observar los
parámetros medioambientales y los elementos del ecosistema que sean claves, de
tal manera que sea posible identificar y prevenir con suficiente antelación
cualquier efecto perjudicial de la actividad, y la de disponer modificaciones
de los procedimientos operativos que sean necesarios a la luz de los resultados
de la observación o el mayor conocimiento sobre el medio ambiente antártico y
los ecosistemas dependientes y asociados; y
vi) si existe capacidad de responder con prontitud
y eficacia a los accidentes, especialmente a aquellos que pudieran causar
efectos sobre el medio ambiente;
d) se llevará a cabo una observación regular y
eficaz que permita la evaluación del impacto de las actividades en curso,
incluyendo la verificación de los impactos previstos.
e) se llevará a cabo una observación regular y
efectiva para facilitar una detección precoz de los posibles efectos
imprevistos de las actividades sobre el medio ambiente antártico y los
ecosistemas dependientes y asociados, ya se realicen dentro o fuera del área
del Tratado Antártico.
3. Las actividades deberán ser planificadas y
realizadas en el área del Tratado Antártico de tal manera que se otorgue
prioridad a la investigación científica y se preserve el valor de la Antártida
como una zona para la realización de tales investigaciones, incluyendo las
investigaciones esenciales para la comprensión del medio ambiente global.
4. Tanto las actividades emprendidas en el área del
Tratado Antártico de conformidad con los programas de investigación científica,
con el turismo y con todas las otras actividades gubernamentales y no
gubernamentales en el área del Tratado Antártico para las cuales se requiere
notificación previa de acuerdo con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico,
incluyendo las actividades asociadas de apoyo logístico, deberán:
a) Llevarse a cabo de forma coherente con los
principios de este Artículo; y
b) modificarse, suspenderse o cancelarse si
provocan o amenazan con provocar repercusiones en el medio ambiente antártico o
en sus ecosistemas dependientes o asociados que sean incompatibles con estos
principios.
ARTÍCULO 4. RELACIONES
CON LOS OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO.
1. Este Protocolo complementará el Tratado
Antártico y no lo modificará ni enmendará.
2. Nada en el presente Protocolo afectará a los
derechos y obligaciones de las Partes en este Protocolo, derivados de los otros
instrumentos internacionales en vigor dentro del sistema del Tratado Antártico.
ARTÍCULO 5. COMPATIBILIDAD
CON LOS OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO.
Las Partes consultarán y cooperarán con las Partes
Contratantes de otros instrumentos internacionales en vigor dentro del sistema
del Tratado Antártico y sus respectivas instituciones, con el fin de asegurar
la realización de los objetivos y principios de este Protocolo y de evitar
cualquier impedimento para el logro de los objetivos y principios de aquellos
instrumentos o cualquier incoherencia entre la aplicación de esos instrumentos
y del presente Protocolo.
ARTÍCULO 6. COOPERACIÓN.
1. Las Partes cooperarán en la planificación y
realización de las actividades en el área del Tratado Antártico. Con este fin,
cada Parte se esforzará en:
a) promover programas de cooperación de valor
científico, técnico y educativo, relativos a la protección del medio ambiente
antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados;
b) proporcionar una adecuada asistencia a las demás
Partes en la preparación de las evaluaciones del impacto medioambiental;
c) proporcionar a otras Partes cuando lo requieran
información relativa a cualquier riesgo potencial para el medio ambiente y
asistencia para minimizar los efectos de accidentes que puedan perjudicar al
medio ambiente antártico o a los ecosistemas dependientes y asociados;
d) celebrar consultas con las demás Partes respecto
a la selección de los emplazamientos de posibles estaciones y otras
instalaciones, a fin de evitar el impacto acumulativo ocasionado por su
excesiva concentración en una localización determinada;
e) cuando sea apropiado, emprender expediciones
conjuntas y compartir el uso de estaciones y demás instalaciones; y
f) llevar a cabo aquellas medidas que puedan ser
acordadas durante las reuniones Consultivas del Tratado Antártico.
2. Cada Parte se compromete, en la medida de lo
posible, a compartir información de utilidad para otras Partes en la
planificación y la realización de sus actividades en el área del Tratado
Antártico con el fin de proteger el medio ambiente de la Antártida y los
ecosistemas dependientes y asociados.
3. Las Partes cooperarán con aquellas otras Partes
que puedan ejercer jurisdicción en zonas adyacentes al área del Tratado
Antártico, con vistas a asegurar que las actividades en el área del Tratado
Antártico no tengan impactos perjudiciales para el medio ambiente en tales
zonas.
ARTÍCULO 7. PROHIBICIÓN
DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS MINERALES.
Cualquier actividad relacionada con los recursos
minerales, salvo la investigación científica, estará prohibida.
ARTÍCULO 8. EVALUACIÓN
DEL IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.
1. Las actividades propuestas, citadas en el
párrafo (2) de este artículo, estarán sujetas a los procedimientos establecidos
en el Anexo I sobre la evaluación previa del impacto de dichas actividades
sobre el medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes o
asociados, según se considere que dichas actividades tengan:
a) menos que un impacto mínimo o transitorio;
b) un impacto mínimo o transitorio; o
c) más que un impacto mínimo o transitorio.
2. Cada Parte asegurará que los procedimientos de
evaluación establecidos en el Anexo I se apliquen a los procesos de
planificación que conduzcan a tomar decisiones sobre cualquier actividad
emprendida en el área del Tratado Antártico, de conformidad con los programas
de investigación científica, con el turismo y con todas las demás actividades
gubernamentales y no gubernamentales en el área del Tratado Antártico, para las
cuales se requiere notificación previa, de acuerdo con el Artículo VII (5) del
Tratado Antártico, incluyendo las actividades asociadas de apoyo logístico.
3. Los procedimientos de evaluación previstos en el
Anexo I se aplicarán a todos los cambios de actividad, bien porque el cambio se
deba a un aumento o una disminución de la intensidad de una actividad ya
existente, bien a otra actividad añadida, al cierre de una instalación, o a
otras causas.
4. Cuando las actividades sean planificadas
conjuntamente por más de una Parte, las Partes involucradas nombrarán a una de
ellas para coordinar la aplicación de los procedimientos de evaluación del
impacto sobre el medio ambiente que figura en el Anexo I.
ARTÍCULO 9. ANEXOS.
1. Los Anexos a este Protocolo constituirán parte
integrante del mismo.
2. Otros Anexos, adicionales a los Anexos I-IV,
podrán ser adoptados y entrar en vigor de conformidad con el Artículo IX del
Tratado Antártico.
3. Las enmiendas y modificaciones a los Anexos
podrán ser adoptadas y entrar en vigor de acuerdo con el Artículo IX del
Tratado Antártico, a menos que los Anexos contengan disposiciones para que las
enmiendas y las modificaciones entren en vigor en forma acelerada.
4. Los Anexos y las enmiendas y modificaciones de
los mismos que hayan entrado en vigor de acuerdo con los párrafos 2 y 3
anteriores entrarán en vigor para la Parte Contratante del Tratado Antártico
que no sea Parte Consultiva del Tratado Antártico, o que fuera Parte Consultiva
del Tratado Antártico en el momento de su adopción, cuando el Depositario haya
recibido notificación de aprobación de esa Parte Contratante, a menos que el
propio Anexo establezca lo contrario con relación a la entrada en vigor de
cualquier enmienda o modificación al mismo.
5. Los Anexos, excepto en la medida en que un Anexo
especifique lo contrario, estarán sujetos a los procedimientos para la solución
de controversias establecidos en los Artículos 18 a 20.
ARTÍCULO 10. REUNIONES
CONSULTIVAS DEL TRATADO ANTÁRTICO.
1. Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico,
basadas en el mejor asesoramiento científico y técnico disponible:
a) definirán, de acuerdo con las disposiciones de
este Protocolo, la política general para la protección global del medio
ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, y
b) adoptarán medidas para la ejecución de este
Protocolo de conformidad con el Artículo IX del Tratado Antártico.
2. Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico
examinarán el trabajo del Comité y tomarán plenamente en cuenta su
asesoramiento y sus recomendaciones para realizar las tareas a que se refiere
el párrafo 1 de este artículo, así como el asesoramiento del Comité Científico
para las Investigaciones Antárticas.
ARTÍCULO 11. COMITÉ
PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
1. Por el presente Protocolo se establece el Comité
para la Protección del Medio Ambiente.
2. Cada Parte tendrá derecho a participar como
miembro del Comité y a nombrar un representante que podrá estar acompañado por
expertos y asesores.
3. El estatuto de observador en este Comité será
accesible a cualquier Parte Contratante del Tratado Antártico que no sea Parte
de este Protocolo.
4. El Comité invitará al Presidente del Comité
Científico para las Investigaciones Antárticas y al Presidente del Comité
Científico para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos a
participar como observadores en sus sesiones. El Comité también podrá invitar,
con la aprobación de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, a participar
como observadores en sus sesiones a otras organizaciones científicas,
medioambientales y técnicas pertinentes que puedan contribuir a sus trabajos.
5. El Comité presentará un informe de cada una de
sus sesiones a las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico. El informe
abarcará todas aquellas materias consideradas durante la sesión y reflejará las
opiniones expresadas. El informe será enviado a las Partes y a los observadores
presentes en la sesión, y quedará posteriormente a disposición del público.
6. El Comité adoptará sus reglas de procedimiento,
las cuales estarán sujetas a la aprobación de una Reunión Consultiva del
Tratado Antártico.
ARTÍCULO 12. FUNCIONES
DEL COMITÉ.
1. Las funciones del Comité consistirán en
proporcionar asesoramiento y formular recomendaciones a las Partes en relación
con la aplicación de este Protocolo, incluyendo el funcionamiento de sus
Anexos, para que sean consideradas en las Reuniones Consultivas del Tratado
Antártico, y en realizar las demás funciones que le puedan ser asignadas por las
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico. En especial, proporcionará
asesoramiento sobre:
a) La eficacia de las medidas adoptadas de
conformidad con este Protocolo;
b) la necesidad de actualizar, reforzar o
perfeccionar de cualquier otro modo estas medidas;
c) la necesidad de adoptar medidas adicionales,
incluyendo la necesidad de establecer otros Anexos cuando resulte adecuado;
d) la aplicación y ejecución de los procedimientos
de evaluación del impacto sobre el medio ambiente, establecidos en el Artículo
8 y en el Anexo I;
e) los medios para minimizar o mitigar el impacto
medioambiental de las actividades en el área del Tratado Antártico;
f) los procedimientos aplicables a situaciones que
requieren una respuesta urgente, incluyendo las acciones de respuesta en
emergencias medioambientales;
g) la gestión y ulterior desarrollo del Sistema de
Áreas Antárticas Protegidas;
h) los procedimientos de inspección, incluyendo los
modelos para los informes de las inspecciones y las listas de control para la
realización de las inspecciones;
i) el acopio, archivo, intercambio y evaluación de
la información relacionada con la protección medioambiental;
j) el estado del medio ambiente antártico; y
k) la necesidad de realizar investigaciones
científicas, incluyendo la observación medioambiental, relacionadas con la
aplicación de este Protocolo;
2. En el cumplimiento de sus funciones, el Comité
consultará, cuando resulte apropiado, al Comité Científico para las
Investigaciones Antárticas y al Comité Científico para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos y a otras organizaciones científicas,
medioambientales y técnicas pertinentes.
ARTÍCULO 13. CUMPLIMIENTO
DE ESTE PROTOCOLO.
1. Cada Parte tomará medidas adecuadas en el ámbito
de su competencia para asegurar el cumplimiento de este Protocolo, incluyendo
la adopción de leyes y reglamentos, actos administrativos y medidas
coercitivas.
2. Cada Parte llevará a cabo los esfuerzos
necesarios, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas, para que nadie
emprenda ninguna actividad contraria a este Protocolo.
3. Cada Parte notificará a las demás Partes las
medidas que adopte de conformidad con los párrafos 1 y 2 citados anteriormente.
4. Cada Parte llamará la atención de todas las
demás Partes sobre cualquier actividad que, en su opinión, afecte a la
aplicación de los objetivos y principios de este Protocolo.
5. Las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico
llamarán la atención de cualquier Estado que no sea Parte de este Protocolo
sobre cualquier actividad emprendida por aquel Estado, sus agencias,
organismos, personas naturales o jurídicas, buques, aeronaves u otros medios de
transporte que afecten a la aplicación de los objetivos y principios de este
Protocolo.
ARTÍCULO 14. INSPECCIÓN.
1. Con el fin de promover la protección del medio
ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados, y para
asegurar el cumplimiento de este Protocolo, las Partes Consultivas del Tratado
Antártico tomarán medidas, individual o colectivamente, para la realización de inspecciones
por observadores, de conformidad con el Artículo VII del Tratado Antártico.
2. Son observadores:
a) los observadores designados por cualquier Parte
Consultiva del Tratado Antártico, que serán nacionales de esa Parte; y
b) cualquier observador designado durante las
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico para realizar inspecciones según
los procedimientos que se establezcan mediante una Reunión Consultiva del
Tratado Antártico.
3. Las Partes cooperarán plenamente con los
observadores que lleven a cabo las inspecciones, y deberán asegurar que durante
las mismas tengan acceso a cualquier lugar de las estaciones, instalaciones,
equipos, buques y aeronaves abiertos a inspección bajo el Artículo VII (3) del
Tratado Antártico, así como a todos los registros que ahí se conserven y sean
exigibles de conformidad con este Protocolo.
4. Los informes de inspección serán remitidos a las
Partes cuyas estaciones, instalaciones, equipos, buques o aeronaves estén
comprendidos en los informes. Después que aquellas Partes hayan tenido la
oportunidad de comentarlos, los informes y todos los comentarios de que hayan
sido objeto serán remitidos a todas las Partes y al Comité, estudiados en la
siguiente Reunión Consultiva del Tratado Antártico y puestos posteriormente a
disposición del público.
ARTÍCULO 15. ACCIONES
DE RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA.
1. Con el fin de actuar en casos de emergencias
medioambientales en el área del Tratado Antártico cada Parte acuerda:
a) disponer una respuesta rápida y efectiva en los
casos de emergencia que puedan surgir de la realización de programas de
investigación científica, del turismo y de todas las demás actividades
gubernamentales y no gubernamentales para las cuales se requiere notificación
previa de acuerdo con el Artículo VII (5) del Tratado Antártico, incluyendo las
actividades asociadas de apoyo logístico; y
b) establecer planes de emergencia para responder a
los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente
antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados.
2. A este efecto, las Partes deberán:
a) cooperar en la formulación y aplicación de
dichos planes de emergencia; y
b) establecer un procedimiento para la notificación
inmediata de emergencias medioambientales y la acción conjunta ante las mismas.
3. Al aplicar este Artículo, las Partes deberán
recurrir al asesoramiento de los organismos internacionales pertinentes.
ARTÍCULO 16. RESPONSABILIDAD.
De conformidad con los objetivos de este Protocolo
para la protección global del medio ambiente antártico y de los ecosistemas
dependientes y asociados, las Partes se comprometen a elaborar normas y
procedimientos relacionados con la responsabilidad derivada de daños provocados
por actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico y cubiertas
por este Protocolo. Estas normas y procedimientos se incluirán en uno o más
Anexos que se adopten de conformidad con el Artículo 9 (2).
ARTÍCULO 17. INFORME
ANUAL DE LAS PARTES.
1. Cada Parte informará anualmente de las medidas
adoptadas para dar cumplimiento a este Protocolo. Dichos informes incluirán las
notificaciones hechas de conformidad con el Artículo 13 (3), los planes de
emergencia establecidos de acuerdo con el Artículo 15 y cualquier otra
notificación e información reconocida por este Protocolo y respecto de las
cuales no existe otra disposición sobre la comunicación e intercambio de
información.
2. Los informes elaborados de conformidad con el
párrafo 1 anterior serán distribuidos a todas las Partes Contratantes y al
Comité, considerados en la siguiente Reunión Consultiva del Tratado Antártico,
y puestos a disposición del público.
ARTÍCULO 18. SOLUCIÓN
DE CONTROVERSIAS.
En caso de controversia relativa a la
interpretación o aplicación de este Protocolo, las partes en controversia
deberán, a requerimiento de cualquiera de ellas, consultarse entre sí con la
mayor brevedad posible con el fin de resolver la controversia mediante
negociación, investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo
judicial u otros medios pacíficos que las partes en la controversia acuerden.
ARTÍCULO 19. ELECCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Las Partes en el momento de firmar, ratificar,
aceptar, aprobar o adherirse a este Protocolo, o en cualquier momento
posterior, pueden elegir, mediante declaración escrita, uno o ambos de los
siguientes medios para la solución de controversias relacionadas con la
interpretación o aplicación de los Artículos 7, 8 y 15 y, excepto en el caso de
que un Anexo establezca lo contrario, las disposiciones de dicho Anexo y, en la
medida en que esté relacionado con estos Artículos y disposiciones, el Artículo
13:
a) La Corte Internacional de Justicia;
b) el Tribunal Arbitral.
2. Las declaraciones efectuadas al amparo del
párrafo 1 precedente no afectarán a la aplicación de los Artículos 18 y 20 (2).
3. Se considerará que una Parte que no haya
formulado una declaración acogiéndose al párrafo 1 precedente o con respecto a
la cual una declaración ha dejado de tener vigor, ha aceptado la competencia
del Tribunal Arbitral.
4. Si las partes en una controversia han aceptado
el mismo medio para la solución de controversias, la controversia sólo podrá
ser sometida a ese procedimiento, salvo que las partes acuerden lo contrario.
5. Si las partes en una controversia no han aceptado
el mismo medio para la solución de controversias, o si ambas han aceptado ambos
medios, la controversia sólo puede ser sometida al Tribunal Arbitral, salvo que
las partes acuerden lo contrario.
6. Las declaraciones formuladas al amparo del
párrafo 1 precedente seguirán en vigor hasta su expiración de conformidad con
sus términos, o hasta tres meses después del depósito de la notificación por
escrito de su revocación ante el Depositario.
7. Las nuevas declaraciones, las notificaciones de
revocación o la expiración de una declaración no afectarán en modo alguno los
procesos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia o ante el Tribunal
Arbitral, salvo que las Partes en la controversia acuerden lo contrario.
8. Las declaraciones y notificaciones mencionadas
en este Artículo serán depositadas ante el Depositario, que se encargará de
transmitir copias a todas las Partes.
ARTÍCULO 20. PROCEDIMIENTO
PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
1. Si las partes en una controversia relativa a la
interpretación o aplicación de los Artículos 7, 8 o 15 o, excepto en el caso de
que un Anexo establezca lo contrario, las disposiciones de cualquier Anexo o,
en la medida en que se relacionen con estos artículos y disposiciones, el
Artículo 13, no han acordado el medio para resolverla en un plazo de 12 meses
después de la solicitud de consultas de conformidad con el Artículo 18, la
controversia será remitida, a solicitud de cualquiera de las partes en la
controversia, para que sea resuelta de conformidad con el procedimiento
determinado por el Artículo 19 (4) y (5).
2. El Tribunal Arbitral no tendrá competencia para
decidir o emitir laudo sobre ningún asunto dentro del ámbito del Artículo IV
del Tratado Antártico. Además, nada en este Protocolo será interpretado como
susceptible de otorgar competencia o jurisdicción a la Corte Internacional de
Justicia o a cualquier otro tribunal establecido con el fin de solucionar
controversias entre Partes para decidir o emitir laudo sobre ningún asunto
dentro del ámbito del Artículo IV del Tratado Antártico.
ARTÍCULO 21. FIRMA.
Este Protocolo quedará abierto a la firma de
cualquier Estado que sea Parte Contratante del Tratado Antártico en Madrid el 4
de octubre de 1991 y posteriormente en Washington hasta el 3 de octubre de
1992.
ARTÍCULO 22. RATIFICACIÓN,
ACEPTACIÓN, APROBACIÓN O ADHESIÓN.
1. Este Protocolo queda sometido a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados signatarios.
2. Con posterioridad al 3 de octubre de 1992 este
Protocolo estará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea Parte
Contratante del Tratado Antártico.
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión serán depositados ante el Gobierno de los Estados Unidos
de América, que queda designado como Depositario.
4. Con posterioridad a la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo, las Partes Consultivas del Tratado Antártico no
actuarán ante una notificación relativa al derecho de una Parte Contratante del
Tratado Antártico a designar a los representantes que participen en las
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico conforme al Artículo IX (2) del
Tratado Antártico, a menos que, con anterioridad, ésta Parte Contratante haya
ratificado, aceptado, aprobado este Protocolo o se haya adherido a él.
ARTÍCULO 23. ENTRADA
EN VIGOR.
1. El presente Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día siguiente a la fecha de depósito de los instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de todos los Estados que sean
Partes Consultivas del Tratado Antártico en la fecha en que se adopte este
Protocolo.
2. Este Protocolo entrará en vigor para cada una de
las Partes Contratantes del Tratado Antártico que deposite un instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión después de la fecha en que haya
entrado en vigor este Protocolo, el trigésimo día siguiente a la fecha en que
se deposite dicho instrumento.
ARTÍCULO 24.
RESERVAS.
No se permitirán reservas a este Protocolo.
ARTÍCULO 25. MODIFICACIÓN O ENMIENDA.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9,
este Protocolo puede ser modificado o enmendado en cualquier momento de acuerdo
con el procedimiento establecido en el Artículo XII, (1) (a) y (b) del Tratado
Antártico.
2. Si después de transcurridos cincuenta años
después de la fecha de entrada en vigor de este Protocolo, cualquiera de las
Partes Consultivas del Tratado Antártico así lo solicitara por medio de una
comunicación dirigida al Depositario, se celebrará una conferencia con la mayor
brevedad posible a fin de revisar la aplicación de este Protocolo.
3. Toda modificación o enmienda propuesta en
cualquier Conferencia de Revisión solicitada en virtud del anterior párrafo 2
se adoptará por mayoría de las Partes, incluyendo las tres cuartas partes de
los Estados que eran Partes Consultivas del Tratado Antártico en el momento de
la adopción de este Protocolo.
4. Toda modificación o enmienda adoptada en virtud
del párrafo 3 de este Artículo entrará en vigor después de la ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión por tres cuartas de las Partes Consultivas, incluyendo
las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones de todos los
Estados que eran Partes Consultivas en el momento de la adopción de este
Protocolo.
5. a) Con respecto al Artículo 7, continuará la
prohibición sobre las actividades que se refieran a los recursos minerales,
contenida en el mismo, a menos que esté en vigor un régimen jurídicamente
obligatorio sobre las actividades relativas a los recursos minerales antárticos
que incluya modalidades acordadas para determinar si dichas actividades podrían
aceptarse, y, si así fuera, en qué condiciones. Este régimen salvaguardará
completamente los intereses de todos los Estados a los que alude el Artículo IV
del Tratado Antártico y aplicará los principios del mismo. Por lo tanto, si se
propone una modificación o enmienda al Artículo 7 en la Conferencia de Revisión
mencionada en el anterior párrafo 2, ésta deberá incluir tal régimen
jurídicamente obligatorio.
b) Si dichas modificaciones o enmiendas no hubieran
entrado en vigor dentro del plazo de tres años a partir de la fecha de su
adopción, cualquier Parte podrá notificar al Estado Depositario, en cualquier
momento posterior a dicha fecha, su retirada de este Protocolo, y dicha
retirada entrará en vigor dos años después de la recepción de la notificación
por el Depositario.
ARTÍCULO 26. NOTIFICACIONES
POR EL DEPOSITARIO.
El Depositario notificará a todas las Partes
Contratantes del Tratado Antártico lo siguiente:
a) Las firmas de este Protocolo y el depósito de
los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
b) la fecha de entrada en vigor de este Protocolo y
de cualquier Anexo adicional al mismo;
c) la fecha de entrada en vigor de cualquier
modificación o enmienda a este Protocolo; y
d) el depósito de las declaraciones y notificaciones
de conformidad con el Artículo 19; y
e) toda notificación recibida de conformidad con el
Artículo 25 (5) (b).
ARTÍCULO 27. TEXTOS
AUTÉNTICOS Y REGISTRO EN NACIONES UNIDAS.
1. El presente Protocolo redactado en español,
francés, inglés y ruso, siendo cada versión igualmente auténtica, será
depositado en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América, que
enviará copias debidamente certificadas del mismo a todas las Partes
Contratantes del Tratado Antártico.
2. Este Protocolo será registrado por el
Depositario de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las
Naciones Unidas.
APÉNDICE DEL PROTOCOLO.
ARBITRAJE.
ARTÍCULO 1.
1. El Tribunal Arbitral se constituirá y funcionará
de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo, incluyendo este Apéndice.
2. El Secretario al cual se hace referencia en este
Apéndice es el Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje.
ARTÍCULO 2.
1. Cada Parte tendrá el derecho a designar hasta
tres Árbitros, de los cuales por lo menos uno será designado dentro del plazo
de tres meses siguientes a la entrada en vigor del Protocolo para esa Parte.
Cada Árbitro deberá ser experto en asuntos antárticos, tener un profundo
conocimiento del derecho internacional y gozar de la más alta reputación por su
equidad, capacidad e integridad. Los nombres de las personas así designadas
constituirán la lista de Árbitros. Cada Parte mantendrá en todo momento el
nombre de por lo menos un Árbitro en la lista.
2. De acuerdo con lo estipulado en el párrafo 3 siguiente,
un Árbitro designado por una Parte permanecerá en la lista durante un período
de cinco años y podrá ser designado nuevamente por dicha Parte por períodos
adicionales de cinco años.
3. La Parte que haya designado un Árbitro tendrá
derecho a retirar de la lista el nombre de ese Árbitro. En caso de
fallecimiento de un Árbitro, o en el caso de que una Parte por cualquier motivo
retirara de la lista el nombre del Árbitro que ha designado, la Parte que
designó al Árbitro en cuestión lo notificará al Secretario con la mayor
brevedad. El Árbitro cuyo nombre haya sido retirado de la lista continuará
actuando en el Tribunal Arbitral para el que haya sido designado hasta la
conclusión de los procesos que se estén tramitando ante el Tribunal Arbitral.
4. El Secretario asegurará que se mantenga una
lista actualizada de los Árbitros designados de acuerdo con lo dispuesto en
este Artículo.
ARTÍCULO 3.
1. El Tribunal Arbitral estará formado por tres
Árbitros que serán designados en la forma siguiente:
a) La parte en la controversia que inicie el
proceso designará a un Árbitro, que podrá ser de su misma nacionalidad, de la
lista a la que se refiere el Artículo 2 párrafo 2 anterior. Esta designación se
incluirá en la notificación a la que se refiere el Artículo 4.
b) Dentro de los 40 días siguientes a la recepción
de dicha notificación, la otra parte en la controversia designará al segundo
Árbitro, quien podrá ser de su nacionalidad, elegido de la lista mencionada en
el Artículo 2.
c) Dentro del plazo de 60 días contados desde la
designación del segundo Árbitro, las partes en la controversia designarán de
común acuerdo al tercer Árbitro elegido de la lista que menciona el Artículo 2.
El tercer Árbitro no podrá ser de la misma nacionalidad de ninguna de las
partes en controversia, ni podrá ser una persona designada para la lista
mencionada en el Artículo 2 por una de dichas partes, ni podrá tener la misma
nacionalidad que los dos primeros Árbitros. El tercer Árbitro presidirá el
Tribunal Arbitral.
d) Si el segundo Árbitro no hubiera sido designado
dentro del período estipulado, o si las partes en la controversia no hubieran
llegado a un acuerdo dentro del plazo estipulado respecto a la elección del
tercer Árbitro, el o los Árbitros serán designados por el Presidente de la Corte
Internacional de Justicia a solicitud de cualquiera de las partes en la
controversia dentro del plazo de 30 días desde la recepción de tal solicitud,
siendo éste elegido de la lista a que se refiere el Artículo 2 y sujeto a las
condiciones enumeradas en los incisos (b) y (c) anteriores. En el desempeño de
las funciones que se le han atribuido en el presente inciso, el Presidente del
Tribunal consultará a las Partes en controversia.
e) Si el presidente de la Corte Internacional de
Justicia no pudiera ejercer las funciones atribuidas de acuerdo a lo dispuesto
en el apartado (d) anterior, o si fuera de la misma nacionalidad de alguna de
las partes en controversia, sus funciones serán desempeñadas por el
Vicepresidente de la Corte, excepto en el caso en que dicho Vicepresidente
estuviera impedido para ejercer sus funciones, o si fuera de la misma
nacionalidad de una de las Partes en controversia, estas funciones deberán ser
ejercidas por el miembro de la Corte que le siga en antigüedad y que esté
disponible para ello y no sea de la misma nacionalidad de alguna de las Partes
en controversia.
2. Cualquier vacante que se produzca será cubierta
en la forma dispuesta para la designación inicial.
3. En cualquier controversia que involucre a más de
dos Partes, aquellas Partes que defiendan los mismos intereses designarán un
Árbitro de común acuerdo dentro del plazo especificado en el párrafo 1 (b)
anterior.
ARTÍCULO 4.
La parte en controversia que inicie el proceso lo
notificará a la parte o partes contrarias en la controversia y al Secretario
por escrito. Tal notificación incluirá una exposición de la demanda y los
fundamentos en que se basa. La notificación será remitida por el Secretario a
todas las Partes.
ARTÍCULO 5.
1. A menos que las Partes en controversia convengan
de otra manera, el arbitraje se realizará en La Haya, donde se guardarán los
archivos del Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral adoptará sus propias
reglas de procedimiento. Tales reglas garantizarán que cada una de las partes
en controversia tenga plena oportunidad de ser escuchada y de presentar sus
argumentos, y también asegurarán que los procesos se realicen en forma
expedita.
2. El Tribunal Arbitral podrá conocer de las
reconvenciones que surjan de la controversia y fallar sobre ellas.
ARTÍCULO 6.
1. Cuando el Tribunal Arbitral considere que, prima
facie, tiene jurisdicción con arreglo al Protocolo, podrá:
a) indicar, a solicitud de cualquiera de las partes
en la controversia, medidas provisionales que estime necesarias para preservar
los respectivos derechos de las partes en disputa;
b) dictar cualquier medida provisional que
considere apropiada según las circunstancias, para prevenir daños graves en el
medio ambiente antártico o en los ecosistemas dependientes y asociados.
2. Las partes en controversia cumplirán prontamente
cualquier medida provisional decretada con arreglo al párrafo 1 (b) anterior,
hasta tanto se dicte un laudo de acuerdo con el Artículo 9.
3. No obstante el período de tiempo a que hace
referencia el Artículo 20 del Protocolo, una de las partes en controversia
podrá en todo momento, mediante notificación a la otra parte o partes en
controversia y al Secretario, y de acuerdo con el Artículo 4, solicitar que el
Tribunal Arbitral se constituya con carácter de urgencia excepcional, para
indicar o dictar medidas provisionales urgentes según lo dispuesto en este
Artículo. En tal caso, el Tribunal Arbitral se constituirá tan pronto como sea
posible, de acuerdo con el Artículo 3, con la excepción de que los plazos
indicados en el Artículo 3, 1), b), c) y d) se reducirán a 14 días en cada
caso. El Tribunal Arbitral decidirá sobre la solicitud de medidas provisionales
urgentes en el plazo de dos meses desde la designación de su Presidente.
4. Una vez que el Tribunal Arbitral haya adoptado
decisión respecto a una solicitud de medidas provisionales urgentes de acuerdo
con el párrafo 3 anterior, la solución de la controversia proseguirá de acuerdo
con lo dispuesto en los Artículos 18, 19 y 20 del Protocolo.
ARTÍCULO 7.
Cualquier parte que crea tener un interés jurídico,
general o particular, que pudiera ser afectado de manera sustancial por el
laudo de un Tribunal Arbitral, podrá intervenir en el proceso, salvo que el
Tribunal Arbitral decida lo contrario.
ARTÍCULO 8.
Las Partes en la controversia facilitarán el
trabajo del Tribunal Arbitral y, en especial, de acuerdo con sus leyes y
empleando todos los medios a su disposición, le proporcionarán todos los
documentos y la información pertinentes y le permitirán, cuando sea necesario,
citar testigos o expertos y recibir su declaración.
ARTÍCULO 9.
Si una de las partes en la controversia no
comparece ante el Tribunal Arbitral, o se abstiene de defender su caso,
cualquier otra parte en la controversia podrá solicitar al Tribunal Arbitral
que continúe el curso del proceso y que dicte laudo.
ARTÍCULO 10.
1. El Tribunal Arbitral decidirá, sobre la base del
Protocolo y de otras normas y principios de derecho internacional aplicables
que no sean incompatibles con el Protocolo, todas las controversias que le sean
sometidas.
2. El Tribunal Arbitral podrá decidir, ex aequo et
bono, sobre una controversia que le sea sometida, si las partes en controversia
así lo convinieran.
ARTÍCULO 11.
1. Antes de dictar su laudo, el Tribunal Arbitral
se asegurará de que tiene competencia para conocer de la controversia y que la
demanda o la reconvención estén bien fundadas en los hechos y en derecho.
2. El laudo será acompañado de una exposición de
los fundamentos de la decisión, y será comunicado al Secretario, quien lo
transmitirá a todas las Partes.
3. El laudo será definitivo y obligatorio para las
partes en la controversia y para toda parte que haya intervenido en el proceso,
y deberá ser cumplido sin dilación. El Tribunal Arbitral interpretará el laudo
a petición de una parte en la controversia o de cualquier parte interviniente.
4. El laudo sólo será obligatorio respecto de ese
caso particular.
5. Las partes en controversia sufragarán por partes
iguales los gastos del Tribunal Arbitral, incluida la remuneración de los
Árbitros, a menos que el propio Tribunal decida lo contrario.
ARTÍCULO 12.
Todas las decisiones del Tribunal Arbitral,
incluyendo aquellas mencionadas en los Artículos 5, 6, y 11 anteriores, serán
adoptadas por la mayoría de los Árbitros, quienes no podrán abstenerse de
votar.
ARTÍCULO 13.
1. Este Apéndice puede ser enmendado o modificado
por una medida adoptada en conformidad con el Artículo IX (1) del Tratado
Antártico. A menos que la medida especifique lo contrario, se considerará que
tal enmienda o modificación ha sido aprobada y entrará en vigor un año después
de la clausura de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en la cual fue
adoptada, salvo que una o más Partes Consultivas del Tratado Antártico
notificasen al Depositario, dentro de dicho plazo, que desean una prórroga de
tal plazo o que no están en condiciones de aprobar tal medida.
2. Toda enmienda o modificación de este Apéndice
que entre en vigor de conformidad con el párrafo 1 anterior, entrará en vigor
en lo sucesivo para cualquier otra Parte cuando el Depositario haya recibido
notificación de aprobación de dicha Parte.
ANEXO I AL PROTOCOLO AL TRATADO
ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL
MEDIO AMBIENTE.
ARTÍCULO 1. FASE
PRELIMINAR.
1. El impacto medioambiental de las actividades
propuestas, mencionadas en el Artículo 8 del Protocolo, tendrá que ser
considerado, antes de su inicio, de acuerdo con los procedimientos nacionales
apropiados.
2. Si se determina que una actividad provocará
menos que un impacto mínimo o transitorio, dicha actividad podrá iniciarse sin
dilación.
ARTÍCULO 2.
EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL INICIAL.
1. A menos que se haya determinado que una
actividad tendrá menos que un impacto mínimo o transitorio o que se esté
preparando una Evaluación Medioambiental Global, de acuerdo con el Artículo 3,
deberá prepararse una Evaluación Medioambiental Inicial. Esta contendrá datos
suficientes para evaluar si la actividad propuesta puede tener un impacto más
que mínimo o transitorio, y comprenderá:
a) Una descripción de la actividad propuesta
incluyendo su objetivo, localización, duración e intensidad; y
b) la consideración de las alternativas a la
actividad propuesta y de las de cualquier impacto que la actividad pueda
producir, incluyendo los impactos acumulativos a la luz de las actividades
existentes o de cuya proyectada realización se tenga conocimiento.
2. Si una Evaluación Medioambiental Inicial
indicara que una actividad propuesta no tendrá, previsiblemente, más que un
impacto mínimo o transitorio, la actividad se podrá iniciar, siempre que se
establezcan procedimientos apropiados, que pueden incluir la observación, para
evaluar y verificar el impacto de la actividad.
ARTÍCULO 3. EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL GLOBAL.
1. Si una Evaluación Medioambiental Inicial
indicara, o si de otro modo se determinara, que una actividad propuesta tendrá,
probablemente, un impacto más que mínimo o transitorio, se preparará una
Evaluación Medioambiental Global.
2. Una Evaluación Medioambiental Global deberá
comprender:
a) Una descripción de la actividad propuesta,
incluyendo su objetivo, ubicación, duración e intensidad, así como posibles
alternativas a la actividad, incluyendo la de su no realización, así como las
consecuencias de dichas alternativas;
b) una descripción del estado de referencia inicial
del medio ambiente, con la cual se compararán los cambios previstos, y un
pronóstico del estado de referencia futuro del medio ambiente, en ausencia de
la actividad propuesta;
c) una descripción de los métodos y datos
utilizados para predecir los impactos de la actividad propuesta;
d) una estimación de la naturaleza, magnitud,
duración e intensidad de los probables impactos directos de la actividad
propuesta;
e) una consideración de los posibles impactos indirectos
o de segundo orden de la actividad propuesta;
f) la consideración de los impactos acumulativos de
la actividad propuesta, teniendo en cuenta las actividades existentes y otras
actividades de cuya proyectada realización se tenga conocimiento;
g) la identificación de las medidas, incluyendo
programas de observación, que puedan ser adoptadas para minimizar o atenuar los
impactos de la actividad propuesta y detectar impactos imprevistos y que
podrían, tanto prevenir con suficiente antelación cualquier impacto negativo de
la actividad, como facilitar la pronta y eficaz resolución de accidentes;
h) la identificación de los impactos inevitables de
la actividad propuesta;
i) la consideración de los efectos de la actividad
propuesta sobre el desarrollo de la investigación científica y sobre otros usos
y valores existentes;
j) identificación de las lagunas de conocimiento e
incertidumbres halladas durante el acopio de información necesaria conforme a
este párrafo;
k) un resumen no técnico de la información proporcionada
con arreglo a este párrafo; y
l) nombre y dirección de la persona u organización
que preparó la Evaluación Medioambiental Global y la dirección a la cual se
deberán dirigir los comentarios posteriores.
3. El proyecto de la Evaluación Medioambiental
Global se pondrá a disposición pública y será enviado a todas las Partes, que
también lo harán público, para ser comentado. Se concederá un plazo de 90 días
para la recepción de comentarios.
4. El proyecto de la Evaluación Medioambiental
Global se enviará al Comité al mismo tiempo que es distribuido a las Partes, y,
al menos, 120 días antes de la próxima Reunión Consultiva del Tratado
Antártico, para su consideración, según resulte apropiado.
5. No se adoptará una decisión definitiva de
iniciar la actividad propuesta en el área del Tratado Antártico a menos que la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico haya tenido la oportunidad de
considerar el proyecto de Evaluación Medioambiental Global a instancias del
Comité y siempre que la decisión de iniciar la actividad propuesta no se
retrase, debido a la aplicación de este párrafo, más de 15 meses desde la
comunicación del proyecto de Evaluación Medioambiental Global.
6. Una Evaluación Medioambiental Global definitiva
examinará e incluirá o resumirá los comentarios recibidos sobre el proyecto de
Evaluación Medioambiental Global. La Evaluación Medioambiental Global
definitiva, junto al anuncio de cualquier decisión tomada relativa a ella y a
cualquier evaluación sobre la importancia de los impactos previstos en relación
con las ventajas de la actividad propuesta, será enviada a todas las Partes
que, a su vez, los pondrán a disposición pública, al menos 60 días antes del
comienzo de la actividad propuesta en el área del Tratado Antártico.
ARTÍCULO 4. UTILIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN GLOBAL EN LA TOMA DE DECISIONES.
Cualquier decisión acerca de si una actividad
propuesta, a la cual se aplique el Artículo 3, debe realizarse y, en este caso,
si debe realizarse en su forma original o modificada, se basará en la
Evaluación Medioambiental Global, así como en otras consideraciones
pertinentes.
ARTÍCULO 5. OBSERVACIÓN.
1. Se establecerán procedimientos, incluyendo la
observación apropiada de los indicadores medioambientales fundamentales, para
evaluar y verificar el impacto de cualquier actividad que se lleve a cabo
después de la conclusión de una Evaluación Medioambiental Global.
2. Los procedimientos a los que se refiere el
párrafo (1) anterior y el Artículo 2 (2) serán diseñados para proveer un
registro regular y verificable de los impactos de la actividad, entre otras
cosas, con el fin de:
a) permitir evaluaciones de la medida en que tales
impactos son compatibles con este Protocolo; y
b) proporcionar información útil para minimizar o
atenuar los impactos, y cuando sea apropiado, información sobre la necesidad de
suspender, cancelar o modificar la actividad.
ARTÍCULO 6. COMUNICACIÓN
DE INFORMACIÓN.
1. La siguiente información se comunicará a las
Partes, se enviará al Comité y se pondrá a disposición pública:
a) una descripción de los procedimientos
mencionados en el Artículo 1;
b) una lista anual de las Evaluaciones
Medioambientales Iniciales preparadas conforme al Artículo 2 y todas las
decisiones adoptadas en consecuencia;
c) información significativa, así como cualquier acción
realizada en consecuencia, obtenida en base a los procedimientos establecidos
con arreglo a los Artículos 2 (2) y 5; y
d) información mencionada en el Artículo 3 (6).
2. Las Evaluaciones Medioambientales Iniciales,
preparadas conforme al Artículo 2, estarán disponibles previa petición.
ARTÍCULO 7. SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
1. Este Anexo no se aplicará en situaciones de
emergencia relacionadas con la seguridad de la vida humana o de buques,
aeronaves o equipos e instalaciones de alto valor o con la protección del medio
ambiente, que requieran emprender una actividad sin dar cumplimiento a los
procedimientos establecidos en este Anexo.
2. La notificación de las actividades emprendidas
en situaciones de emergencia, que en otras circunstancias habrían requerido la
preparación de una Evaluación Medioambiental Global, se enviará de inmediato a
las Partes y al Comité y, asimismo, se proporcionará, dentro de los 90 días
siguientes a dichas actividades, una completa explicación de las mismas.
ARTICULO 8. ENMIENDAS
0 MODIFICACIONES.
1. Este Anexo puede ser enmendado o modificado por
una medida adoptada de conformidad con el Artículo IX (1) del Tratado
Antártico. A menos que la medida especifique lo contrario, la enmienda o
modificación se considerará aprobada y entrará en vigor un año después de la
clausura de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en la cual fue
adoptada, salvo que una o más Partes Consultivas del Tratado Antártico
notificasen al Depositario, dentro de dicho plazo, que desean una prórroga de
ese plazo o que no están en condiciones de aprobar la medida.
2. Toda enmienda o modificación de este Anexo que
entre en vigor de conformidad con el anterior párrafo 1 entrará en vigor a
partir de entonces para cualquier otra Parte, cuando el Depositario haya
recibido notificación de aprobación de dicha Parte.
ANEXO II DEL PROTOCOLO AL TRATADO
ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA
ANTÁRTICAS.
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES.
Para los fines de este Anexo:
a) “mamífero autóctono” significa cualquier miembro
de cualquier especie perteneciente a la clase de los mamíferos, autóctona del
Área del Tratado Antártico o presente allí naturalmente debido a migraciones;
b) “ave autóctona” significa cualquier miembro de
cualquier especie perteneciente a la clase de las aves, en cualquier etapa de
su ciclo vital (incluido el huevo), autóctona del Área del Tratado Antártico o
presente allí naturalmente debido a migraciones;
c) “planta autóctona” significa cualquier miembro
de cualquier especie de vegetación terrestre o de agua dulce, incluidos
briofitas, líquenes, hongos y algas en cualquier etapa de su ciclo vital
(incluidas las semillas y otros propágulos), autóctona del Área del Tratado
Antártico;
d) “invertebrado autóctono” significa cualquier
miembro de cualquier especie de invertebrado terrestre o de agua dulce en
cualquier etapa de su ciclo vital, autóctono del Área del Tratado Antártico;
e) “autoridad competente” significa cualquier
persona u organismo facultado por una Parte para expedir permisos según lo
establecido en este Anexo;
f) “autorización” significa una autorización formal
por escrito expedida por una autoridad competente;
g) “tomar” o “toma” significa matar, herir,
atrapar, manipular o molestar a un mamífero o ave autóctonos o retirar o dañar
una cantidad tal de plantas autóctonas o de invertebrados autóctonos que ello
afecte significativamente a su distribución local o a su abundancia;
h) “intromisión perjudicial” significa:
i) el vuelo o el aterrizaje de helicópteros o de
otras aeronaves de tal manera que perturben las concentraciones de aves o focas
autóctonas;
ii) la utilización de vehículos o embarcaciones,
incluidos los aerodeslizadores y barcos pequeños, de manera que perturben la
concentración de aves o focas autóctonas;
iii) la utilización de explosivos o armas de fuego
de manera que perturben las concentraciones de aves o focas autóctonas;
iv) la perturbación intencional de aves autóctonas
durante la reproducción o el cambio de plumaje o de concentraciones de aves o
focas autóctonas por personas a pie;
v) un daño significativo de las concentraciones de
plantas terrestres autóctonas con el aterrizaje de aeronaves o la conducción de
vehículos, al pisar dichas plantas o por cualquier otro medio; y
vi) toda actividad que produzca una importante
modificación adversa del hábitat de cualquier especie o población de mamíferos,
aves, plantas o invertebrados autóctonos.
i) “Convención Internacional para la Reglamentación
de la Caza de Ballenas” significa la Convención celebrada en Washington el 2 de
diciembre de 1946.
j) “Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y
Petreles” significa el Acuerdo celebrado en Canberra el 19 de junio de 2001.
ARTÍCULO 2. SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
1. Este Anexo no se aplicará en situaciones de
emergencia relacionadas con la seguridad de la vida humana o de buques,
aeronaves o equipos e instalaciones de gran valor o con la protección del medio
ambiente.
2. Se deberá avisar de inmediato a todas las Partes
y al Comité sobre las actividades emprendidas en situaciones de emergencia que
resulten en cualquier toma o intromisión perjudicial.
ARTÍCULO 3. PROTECCIÓN
DE LA FAUNA Y LA FLORA AUTÓCTONAS.
1. Se prohíbe la toma o intromisión perjudicial,
salvo que se cuente con un permiso.
2. Dichos permisos deberán especificar la actividad
autorizada, incluso cuándo, dónde y quién la lleva a cabo, y se concederán sólo
en las siguientes circunstancias:
a) con el propósito de proporcionar especímenes
para estudios científicos o información científica;
b) con el propósito de proporcionar especímenes
para museos, herbarios y jardines botánicos u otras instituciones o usos
educativos;
c) con el propósito de proporcionar especímenes
para jardines zoológicos, pero en relación con mamíferos o aves autóctonos sólo
si tales especímenes no pueden obtenerse de colecciones en cautiverio en otros
lugares o si existe una necesidad de conservación apremiante; y
d) para hacer frente a las consecuencias
inevitables de actividades científicas no autorizadas de acuerdo con los apartados
a), b) o c) anteriores o de la construcción y operación de instalaciones de
apoyo científico.
3. Se deberá limitar la concesión de dichos
permisos para que:
a) no se tomen más mamíferos, aves, plantas o
invertebrados autóctonos de los estrictamente necesarios para cumplir los
objetivos establecidos en el párrafo 2 anterior;
b) solo se mate un pequeño número de mamíferos,
aves o invertebrados autóctonos y que, en ningún caso, se maten más de las
poblaciones locales de los que, en combinación con otras tomas permitidas,
puedan ser reemplazados de forma normal por reproducción natural en la
temporada siguiente; y
c) se conserve la diversidad de las especies, así
como el hábitat esencial para su existencia, y el equilibrio de los sistemas
ecológicos existentes en el Área del Tratado Antártico.
4. Las Partes concederán protección especial a las
especies de mamíferos, aves, plantas e invertebrados autóctonos que figuran en
el apéndice A del presente Anexo, que serán designadas “especies especialmente
protegidas”.
5. La designación de una especie como “especie
especialmente protegida” se efectuará de acuerdo con los procedimientos y
criterios convenidos que adopte la RCTA.
6. El Comité examinará los criterios para proponer
la designación de mamíferos, aves, plantas o invertebrados autóctonos como
especies especialmente protegidas y proporcionará asesoramiento al respecto.
7. Cualquier Parte, el Comité, el Comité Científico
de Investigación Antártica o la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos puede proponer que una especie sea designada especie
especialmente protegida presentando a la RCTA una propuesta con su
correspondiente justificación.
8. No deberá concederse ningún permiso para tomar
una especie especialmente protegida, salvo si dicha acción:
a) sirve a un fin científico urgente; y
b) no pone en peligro la supervivencia o la
recuperación de esa especie ni de la población local.
9. El uso de técnicas mortíferas con especies
especialmente protegidas se permitirá únicamente en los casos en que no se
disponga de otra técnica apropiada.
10. Las propuestas relativas a la designación de
una especie como especie especialmente protegida se remitirán al Comité, el
Comité Científico de Investigación Antártica y, en lo que concierne a mamíferos
y aves autóctonos, a la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos
Vivos Antárticos y, si corresponde, a la Reunión de las Partes del Acuerdo
sobre la Conservación de Albatros y Petreles y otras organizaciones. Al
formular su asesoramiento a la RCTA con respecto a si una especie debería ser
designada especie especialmente protegida, el Comité deberá tener en cuenta los
comentarios del Comité Científico de Investigación Antártica y, en lo que
concierne a mamíferos y aves autóctonos, de la Comisión para la Conservación de
los Recursos Marinos Vivos Antárticos y, si corresponde, de la Reunión de las
Partes del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles y otras
organizaciones.
11. Toda toma de mamíferos y aves autóctonos se
llevará a cabo de forma que les produzca el menor dolor y sufrimiento posibles.
ARTÍCULO 4. INTRODUCCIÓN
DE ESPECIES Y ENFERMEDADES NO AUTÓCTONAS.
1. No se introducirá en tierra, en las barreras de
hielo ni en el agua del Área del Tratado Antártico ninguna especie de organismo
vivo que no sea autóctona del Área del Tratado Antártico, salvo de conformidad
con un permiso.
2. No se introducirán perros en tierra, en las
barreras de hielo o en el hielo marino.
3. Los permisos mencionados en el anterior párrafo
1:
a) serán concedidos para permitir solamente la
importación de plantas cultivadas y sus propágulos reproductivos para uso
controlado y de especies de organismos vivos para uso experimental controlado;
y
b) especificarán las especies, el número y, si
corresponde, la edad y el sexo de las especies que se introducirán, así como la
justificación de la introducción y las precauciones a adoptar para prevenir su
escape o contacto con la fauna o la flora.
4. Cualquier especie para la cual se haya concedido
un permiso de conformidad con los párrafos 1 y 3 anteriores será retirada del
Área del Tratado Antártico o será destruida por incineración o por un medio
igualmente efectivo que elimine el riesgo para la fauna y la flora autóctonas,
antes del vencimiento del permiso. Esta obligación se especificará en la
autorización.
5. Cualquier especie, incluida cualquier
descendencia, que no sea autóctona del Área del Tratado Antártico y que se
introduzca en dicha Área sin un permiso expedido de conformidad con los
párrafos 1 y 3 precedentes será retirada o destruida cuando sea posible, a
menos que el retiro o la destrucción produzca un efecto adverso mayor para el
medio ambiente. El retiro o la destrucción podrá efectuarse por incineración o
por un medio igualmente efectivo para que se produzca su esterilidad, a menos
que se determine que no implica riesgos para la flora y fauna autóctonas.
Además, se tomarán todas las medidas que sean razonables para controlar las
consecuencias de dicha introducción a fin de evitar los daños a la fauna o la
flora autóctonas.
6. Ninguna disposición de este artículo se aplicará
a la importación de alimentos en el Área del Tratado Antártico siempre que no
se importen animales vivos con ese fin y que todas las plantas, así como
productos y partes de origen animal, se guarden en condiciones cuidadosamente
controladas y se eliminen de acuerdo con el Anexo III del Protocolo.
7. Cada Parte requerirá que se tomen precauciones a
fin de evitar la introducción accidental de microorganismos (por ejemplo,
virus, bacterias, levaduras y hongos) que no estén presentes de forma natural
en el Área del Tratado Antártico.
8. No se introducirán aves de corral u otras aves
vivas en el Área del Tratado Antártico. Se tomarán todas las medidas apropiadas
a fin de que los productos avícolas o aviares que se importen en la Antártida
no estén contaminados con enfermedades (como la enfermedad de Newcastle,
tuberculosis y candidiasis) que puedan ser perjudiciales para la flora y la
fauna autóctonas. Todos los productos avícolas o aviares que no se consuman se
retirarán del Área del Tratado Antártico o se destruirán por incineración o
medio equivalente que elimine el riesgo de introducción de microorganismos (por
ejemplo, virus, bacterias, levaduras, hongos) en la flora y la fauna autóctonas.
9. Se prohíbe la importación deliberada de suelo no
estéril en el Área del Tratado Antártico. Las Partes deberán, en la mayor
medida de lo posible, cerciorarse de que no se importe accidentalmente suelo no
estéril en el Área del Tratado Antártico.
ARTÍCULO 5. INFORMACIÓN.
Cada Parte pondrá a disposición del público
información sobre actividades prohibidas y especies especialmente protegidas y
la facilitará a todas las personas presentes en el Área del Tratado Antártico o
que tengan la intención de entrar en ella, con el fin de que tales personas
comprendan y cumplan las disposiciones de este Anexo.
ARTÍCULO 6. INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN.
1. Las Partes deberán efectuar arreglos para:
a) recopilar e intercambiar anualmente documentos
(incluidos los expedientes de los permisos) y estadísticas relativos a los
números o las cantidades de cada especie de mamíferos, aves, plantas o
invertebrados autóctonos tomados en el área del Tratado Antártico; y
b) obtener e intercambiar información relativa al
estado de mamíferos, aves, plantas e invertebrados autóctonos en el Área
del Tratado Antártico y la medida en que cualquier especie o población necesite
protección.
2. Cuanto antes al finalizar cada temporada de
verano austral, pero en todos los casos antes del 1 de octubre de cada año, las
Partes deberán informar a las otras Partes y al Comité acerca de las medidas
que se hayan adoptado en conformidad con el párrafo 1 anterior y sobre el
número y la naturaleza de los permisos concedidos según lo establecido en este
Anexo en el período precedente comprendido entre el 1 de abril y el 31 de
marzo.
ARTÍCULO 7. RELACIÓN
CON OTROS ACUERDOS FUERA DEL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO.
Ninguna disposición de este Anexo afectará a los
derechos y las obligaciones de las Partes derivados de la Convención
Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballenas.
ARTÍCULO 8. REVISIÓN.
Las Partes deberán mantener en continua revisión
las medidas para la conservación de la fauna y la flora antárticas, teniendo en
cuenta cualquier recomendación del Comité.
ARTÍCULO 9. ENMIENDAS
O MODIFICACIONES.
1. Este Anexo puede ser enmendado o modificado por
una medida adoptada de conformidad con el artículo IX (I) del Tratado
Antártico. A menos que la medida especifique lo contrario, la enmienda o
modificación se considerará aprobada y entrará en vigor un año después de la
clausura de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en la cual haya sido
adoptada, salvo que una o más Partes Consultivas del Tratado Antártico
notifiquen al depositario, dentro de dicho plazo, que desean una prórroga de
ese plazo o que no están en condiciones de aprobar la medida.
2. Toda enmienda o modificación de este Anexo que
entre en vigor de conformidad con el anterior párrafo 1 entrará en vigor a
partir de entonces para cualquier otra Parte cuando el depositario reciba la
notificación de la aprobación por dicha Parte.
APÉNDICES AL ANEXO
APÉNDICE A:
ESPECIES ESPECIALMENTE PROTEGIDAS
Ommatophoca rossii, foca de Ross.
ANEXO III AL
PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE
RESIDUOS.
ARTÍCULO 1. OBLIGACIONES
GENERALES.
1. Este Anexo se aplicará a las actividades que se
realicen en el área del Tratado Antártico de conformidad con los programas de
investigación científica, el turismo y a todas las demás actividades
gubernamentales y no gubernamentales en el área del Tratado Antártico para las
cuales es necesaria la notificación previa según establece el Artículo VII (5)
del Tratado Antártico, incluidas las actividades asociadas de apoyo logístico.
2. Se reducirá, en la medida de lo posible, la
cantidad de residuos producidos o eliminados en el área del Tratado Antártico,
con el fin de minimizar su repercusión en el medio ambiente antártico y de
minimizar las interferencias con los valores naturales de la Antártica, con la
investigación científica o con los otros usos de la Antártica que sean
compatibles con el Tratado Antártico.
3. El almacenamiento, eliminación y remoción de
residuos del área del Tratado, al igual que la reutilización y la reducción de
las fuentes de donde proceden, serán consideraciones esenciales para la
planificación y realización de las actividades en el área del Tratado
Antártico.
4. En la mayor medida posible, los residuos
removidos del área del Tratado Antártico serán devueltos al país desde donde se
organizaron las actividades que generaron los residuos o a cualquier otro país
donde se hayan alcanzado entendimientos para la eliminación de dichos residuos
de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes.
5. Los sitios terrestres de eliminación de residuos
tanto pasados como actuales y los sitios de trabajo de actividades antárticas
abandonados serán limpiados por el generador de tales residuos y por el usuario
de dichos sitios. No se interpretará que esta obligación supone:
a) retirar cualquier estructura designada como
sitio o monumento histórico, o
b) retirar cualquier estructura o material de
desecho en circunstancias tales que la remoción por medio de cualquier
procedimiento produjera un impacto negativo en el medio ambiente mayor que el
dejar la estructura o material de desecho en el lugar en que se encuentra.
ARTÍCULO 2. ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS MEDIANTE SU REMOCIÓN DEL ÁREA DEL TRATADO ANTÁRTICO.
1. Los siguientes residuos, si se generan después
de la entrada en vigor de este Anexo, serán removidos del área del Tratado
Antártico por los generadores de dichos residuos:
a) los materiales radioactivos;
b) las baterías eléctricas;
c) los combustibles, tanto líquidos como sólidos;
d) los residuos que contengan niveles peligrosos de
metales pesados o compuestos persistentes altamente tóxicos o nocivos;
e) el cloruro de polivinilo (PCV), la espuma de
poliuretano, la espuma de poliestireno, el caucho y los aceites lubricantes,
las maderas tratadas y otros productos que contengan aditivos que puedan
producir emanaciones peligrosas si se incineran;
f) todos los demás residuos plásticos, excepto los
recipientes de polietileno de baja densidad (como las bolsas para
almacenamiento de residuos), siempre que dichos recipientes se incineren de
acuerdo con el Artículo 3 (1);
g) los bidones y tambores para combustible, y
h) otros residuos sólidos, incombustibles;
siempre que la obligación de remover los bidones y
tambores y los residuos sólidos incombustibles citados en los apartados (g) y
(h) anteriores no se aplique en circunstancias en que la remoción de dichos
residuos, por cualquier procedimiento práctico, pueda causar una mayor
alteración del medio ambiente de la que se ocasionaría dejándolos en sus
actuales emplazamientos.
2. Los residuos líquidos no incluidos en el párrafo
1 anterior, las aguas residuales y los residuos líquidos domésticos, serán
removidos del área del Tratado Antártico en la mayor medida posible por los
generadores de dichos residuos.
3. Los residuos citados a continuación serán
removidos del área del Tratado Antártico por el generador de esos residuos, a
menos que sean incinerados, tratados en autoclave o esterilizados de cualquier
otra manera:
a) residuos de despojos de los animales importados,
b) cultivos de laboratorio de microorganismos y
plantas patógenas, y
c) productos avícolas introducidos.
ARTÍCULO 3. ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS POR INCINERACIÓN.
1. Según establece el párrafo 2 siguiente, los
residuos combustibles, que no sean los que regula el Artículo 2 (1), no
removidos del área del Tratado Antártico, se quemarán en incineradores que
reduzcan, en la mayor medida posible, las emanaciones peligrosas. Se tendrán en
cuenta las normas sobre emisiones y sobre equipos que puedan recomendar, entre
otros, el Comité y el Comité Científico para la Investigación Antártica. Los
residuos sólidos resultantes de dicha incineración deberán removerse del área
del Tratado Antártico.
2. Deberá abandonarse tan pronto como sea posible,
y en ningún caso prolongarse después de la finalización de la temporada
1998/1999, toda incineración de residuos al aire libre. Hasta la finalización
de dicha práctica, cuando sea necesario eliminar residuos mediante su
incineración al aire libre, deberá tenerse en cuenta la dirección y velocidad
del viento y el tipo de residuos que se van a quemar, para reducir los
depósitos de partículas y para evitar tales depósitos sobre zonas de especial
interés biológico, científico, histórico, estético o de vida silvestre, incluyendo,
en particular, aquellas áreas para las que se ha acordado protección en virtud
del Tratado Antártico.
ARTÍCULO 4. OTROS
TIPOS DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN TIERRA.
1. Los residuos no eliminados o removidos según lo
dispuesto en los Artículos 2 y 3 no serán depositados en áreas libres de hielo
o en sistemas de agua dulce.
2. En la mayor medida posible, las aguas
residuales, los residuos líquidos domésticos y otros residuos líquidos no
removidos del área del Tratado Antártico, según lo dispuesto en el Artículo 2,
no serán depositados en el hielo marino, en plataformas de hielo o en la capa
de hielo terrestre, siempre que tales residuos generados por estaciones
situadas tierra adentro sobre plataformas de hielo o sobre la capa de hielo
terrestre puedan ser depositados en pozos profundos en el hielo, cuando tal
forma de depósito sea la única opción posible. Los pozos mencionados no estarán
situados en líneas de corrimiento de hielo conocidas que desemboquen en áreas
libres de hielo o en áreas de elevada ablación.
3. Los residuos generados en campamentos de base
serán retirados, en la mayor medida posible, por los generadores de tales
residuos y llevados a estaciones de apoyo, o a buques para su eliminación de
conformidad con este Anexo.
ARTÍCULO 5. ELIMINACIÓN
DE RESIDUOS EN EL MAR.
1. Las aguas residuales y los residuos líquidos
domésticos podrán descargarse directamente en el mar, tomando en consideración
la capacidad de asimilación del medio marino receptor y siempre que:
a) dicha descarga se realice, si es posible, allí
donde existan condiciones para su dilución inicial y su rápida dispersión; y
b) las grandes cantidades de tales residuos
(originados en una estación donde la ocupación semanal media durante el verano
austral sea aproximadamente de 30 personas o más) sean tratadas, como mínimo,
por maceración.
2. Los subproductos del tratamiento de aguas
residuales mediante el proceso del Interruptor Biológico Giratorio u otros
procesos similares podrán depositarse en el mar siempre que dicha eliminación
no afecte perjudicialmente al medio ambiente local, y siempre que tal
eliminación en el mar se realice de acuerdo con el Anexo IV del Protocolo.
ARTÍCULO 6. ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS.
Todos los residuos que vayan a ser retirados del
área del Tratado Antártico o eliminados de cualquier otra forma deberán
almacenarse de manera tal que se impida su dispersión en el medio ambiente.
ARTÍCULO 7. PRODUCTOS
PROHIBIDOS.
Ni en tierra, ni en las plataformas de hielo, ni en
el agua, no se introducirán en el área del Tratado Antártico difenilos
policlorurados (PCB), tierra no estéril, gránulos o virutas de poliestireno u
otras formas similares de embalaje, o pesticidas (aparte de aquellos que sean
necesarios para fines científicos, médicos o higiénicos).
ARTÍCULO 8. PLANIFICACIÓN
DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
1. Cada Parte que realice actividades en el área
del Tratado Antártico deberá establecer, respecto de esos artículos, un sistema
de clasificación de la eliminación de los residuos resultantes de dichas
actividades que sirva de base para llevar el registro de los residuos y para
facilitar los estudios dirigidos a evaluar los impactos en el medio ambiente de
las actividades científicas y de apoyo logístico asociado. Para ese fin, los
residuos que se generen se clasificarán como:
a) aguas residuales y residuos líquidos domésticos
(Grupo 1);
b) otros residuos líquidos y químicos, incluidos
los combustibles y lubricantes (Grupo 2);
c) residuos sólidos para incinerar (Grupo 3);
d) otros residuos sólidos (Grupo 4); y
e) material radioactivo (Grupo 5).
2. Con el fin de reducir aún más el impacto de los
residuos en el medio ambiente antártico, cada Parte preparará, revisará y
actualizará anualmente sus planes de tratamiento de residuos (incluyendo la
reducción, almacenamiento y eliminación de residuos) especificando para cada
sitio fijo, para los campamentos en general y para cada buque (a excepción de
las embarcaciones pequeñas que forman parte de las operaciones de sitios fijos
o de buques y teniendo en cuenta los planes de tratamiento existentes para
buques):
a) programas para limpiar los sitios de eliminación
de residuos actualmente existentes y los sitios de trabajo abandonados;
b) las disposiciones para el tratamiento de
residuos tanto actuales como previstos, incluyendo su eliminación final;
c) las disposiciones actuales y planificadas para
analizar el impacto en el medio ambiente de los residuos y del tratamiento de
residuos; y
d) otras medidas para minimizar cualquier efecto
medioambiental producido por los residuos y por el tratamiento de residuos.
3. Cada Parte preparará también un inventario de
los emplazamientos de actividades anteriores (como travesías, depósitos de
combustible, campamentos de base, aeronaves accidentadas) en la medida de lo
posible y antes de que se pierda esa información, de modo que se puedan tener
en cuenta tales emplazamientos en la planificación de programas científicos
futuros (como los referentes a la química de la nieve, los contaminantes en los
líquenes, o las perforaciones en hielo profundo).
ARTÍCULO 9. COMUNICACIÓN
Y EXAMEN DE LOS PLANES DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
1. Los planes de tratamiento de residuos elaborados
de acuerdo con el Artículo 8, los informes sobre su ejecución y los inventarios
mencionados en el Artículo 8 (3) deberán incluirse en los intercambios anuales
de información realizados de conformidad con los Artículos III y VII del
Tratado Antártico y Recomendaciones pertinentes de acuerdo con lo previsto en
el Artículo IX del Tratado Antártico.
2. Las Partes enviarán al Comité copias de los
planes de tratamiento de residuos e informes sobre su ejecución y examen.
3. El Comité podrá examinar los planes de
tratamiento de residuos y los informes sobre los mismos y podrá formular
comentarios para la consideración de las Partes, incluyendo sugerencias para
minimizar los impactos así como modificaciones y mejoras de los planes.
4. Las Partes podrán intercambiarse información y
proporcionar asesoramiento, entre otras materias, sobre las tecnologías
disponibles de baja generación de residuos, reconvención de las instalaciones
existentes, requisitos especiales para efluentes y métodos adecuados de
eliminación y descarga de residuos.
ARTÍCULO 10. PROCEDIMIENTO
DEL TRATAMIENTO.
Cada Parte deberá:
a) designar a un responsable del tratamiento de
residuos para que desarrolle y supervise la ejecución de los planes de
tratamiento de residuos; sobre el terreno esta responsabilidad se delegará en
una persona adecuada en cada sitio.
b) asegurar que los miembros de sus expediciones
reciban una formación destinada a limitar el impacto de sus operaciones en el
medio ambiente antártico y a informarles sobre las exigencias de este Anexo; y
c) desalentar la utilización de productos de
cloruro de polivinilo (PVC) y asegurar que sus expediciones al área del Tratado
Antártico estén informadas respecto de cualquier producto de PVC que ellas
introduzcan en el área del Tratado Antártico, de manera que estos productos
puedan ser después removidos de conformidad con este Anexo.
ARTÍCULO 11. REVISIÓN.
Este Anexo estará sujeto a revisiones periódicas
con el fin de asegurar su actualización, de modo que refleje los avances en la
tecnología y en los procedimientos de eliminación de residuos, y asegurar de
este modo la máxima protección del medio ambiente antártico.
ARTÍCULO 12. SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
1. Este Anexo no se aplicará en situaciones de
emergencia relacionadas con la seguridad de la vida humana o de los buques,
aeronaves o equipos e instalaciones de alto valor, o con la protección del
medio ambiente.
2. La notificación de las actividades llevadas a
cabo en situaciones de emergencia se enviará de inmediato a todas las Partes.
ARTÍCULO 13. ENMIENDA
O MODIFICACIÓN.
1. Este Anexo puede ser enmendado o modificado por
una medida adoptada de conformidad con el Artículo IX (1) del Tratado
Antártico. A menos que la medida especifique lo contrario, la enmienda o
modificación se considerará aprobada y entrará en vigor un año después de la
clausura de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en la cual fue adoptada,
salvo que una o más Partes Consultivas del Tratado Antártico notificasen al
Depositario, dentro de dicho plazo, que desean una prórroga de ese plazo o que
no están en condiciones de aprobar la medida.
2. Toda enmienda o modificación de este Anexo que entre
en vigor de conformidad con el anterior párrafo 1 entrará en vigor a partir de
entonces para cualquier otra Parte, cuando el Depositario haya recibido
notificación de aprobación de dicha Parte.
ANEXO IV AL PROTOCOLO AL TRATADO
ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
MARINA.
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES.
Para los fines de este Anexo:
a) Por «descarga» se entiende cualquier fuga
procedente de un buque y comprende todo tipo de escape, evacuación, derrame,
fuga, achique, emisión o vaciamiento;
b) por «basuras» se entiende toda clase de restos
de víveres, salvo el pescado fresco y cualesquiera porciones del mismo, así
como los residuos resultantes de las faenas domésticas y del trabajo rutinario
del buque en condiciones normales de servicio, exceptuando aquellas sustancias
enumeradas en los Artículos 3 y 4;
c) por «MARPOL 73/78» se entiende el Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, enmendado
por el Protocolo de 1978 y por las posteriores enmiendas en vigor;
d) por «sustancia nociva líquida» se entiende toda
sustancia nociva líquida definida en el Anexo II de MARPOL 73/78;
e) por «hidrocarburos petrolíferos» se entiende el
petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el
fuel-oil, los fangos, residuos petrolíferos y los productos de refino
(distintos de los de tipo petroquímico que están sujetos a las disposiciones
del Artículo 4);
f) por «mezcla petrolífera» se entiende cualquier
mezcla que contenga hidrocarburos petrolíferos; y
g) por «buque» se entiende una embarcación de
cualquier tipo que opere en el medio marino, incluidos los aliscafos, los
aerodeslizadores, los sumergibles, las naves flotantes y las plataformas fijas
o flotantes.
ARTÍCULO 2. ÁMBITO
DE APLICACIÓN.
Este Anexo se aplica, con respecto a cada Parte, a
los buques con derecho a enarbolar su pabellón y a cualquier otro buque que
participe en sus operaciones antárticas o las apoye en el área del Tratado
Antártico.
ARTÍCULO 3. DESCARGA
DE HIDROCARBUROS PETROLÍFEROS.
1. Cualquier descarga en el mar de hidrocarburos
petrolíferos o mezclas petrolíferas estará prohibida, excepto en los casos
autorizados por el Anexo I del MARPOL 73/78. Mientras estén operando en el área
del Tratado Antártico, los buques retendrán a bordo los fangos, lastres
contaminados, aguas de lavado de tanques y cualquier otro residuo y mezcla
petrolíferos que no puedan descargarse en el mar. Los buques sólo descargarán
dichos residuos en instalaciones de recepción situadas fuera del área del
Tratado Antártico o según lo permita el Anexo I del MARPOL 73/78.
2. Este Artículo no se aplicará:
a) a la descarga en el mar de hidrocarburos
petrolíferos o de mezclas petrolíferas resultantes de averías sufridas por un
buque o por sus equipos:
i) siempre que después de producirse la avería o de
descubrirse la descarga se hayan tomado todas las precauciones razonables para
prevenir o reducir a un mínimo tal descarga; y
ii) salvo que el propietario o el Capitán haya
actuado ya sea con la intención de causar la avería o con imprudencia temeraria
y a sabiendas de que era muy probable que se produjera la avería; o
b) a la descarga en el mar de sustancias que
contengan hidrocarburos petrolíferos cuando sean empleados para combatir casos
concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal
contaminación.
ARTÍCULO 4. DESCARGA
DE SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS.
Estará prohibida la descarga en el mar de cualquier
sustancia nociva líquida; asimismo, la de cualquier otra sustancia química o de
otras sustancias, en cantidades o concentraciones perjudiciales para el medio
marino.
ARTÍCULO 5. ELIMINACIÓN
DE BASURAS.
1. Estará prohibida la eliminación en el mar de
cualquier material plástico, incluidos, pero no exclusivamente, la cabuyería
sintética, redes de pesca sintéticas y bolsas de plástico para la basura.
2. Estará prohibida la eliminación en el mar de
cualquier otro tipo de basura, incluidos los productos de papel, trapos,
vidrios, metales, botellas, loza doméstica, ceniza de incineración, material de
estiba, envoltorios y material de embalaje.
3. Podrán ser eliminados en el mar los restos de
comida siempre que se hayan triturado o molido, y siempre que ello se efectúe,
excepto en los casos en que esté permitido de acuerdo con el Anexo V de MARPOL
73/78, tan lejos como sea prácticamente posible de la tierra y de las
plataformas de hielo y en ningún caso a menos de 12 millas náuticas de tierra o
de las plataformas de hielo más cercanas. Tales restos de comida triturados o
molidos deberán poder pasar a través de cribas con agujeros no menores de 25
milímetros.
4. Cuando una sustancia o material incluido en este
artículo se mezcle con otras sustancias o materiales para los que rijan
distintos requisitos de descarga o eliminación, se aplicarán a la mezcla los
requisitos más rigurosos.
5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2
anteriores no se aplicarán:
a) al escape de basuras resultantes de averías
sufridas por un buque o por sus equipos, siempre que antes y después de
producirse la avería se hubieran tomado todas las precauciones razonables para
prevenir o reducir a un mínimo tal escape; o
b) a la pérdida accidental de redes de pesca
sintéticas, siempre que se hubieran tomado todas las precauciones razonables
para evitar tal pérdida.
6. Las Partes requerirán, cuando sea oportuno, la
utilización de libros de registro de basuras.
ARTÍULO 6. DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES.
1. Excepto cuando perjudiquen indebidamente las
operaciones antárticas:
a) las Partes suprimirán toda descarga en el mar de
aguas residuales sin tratar (entendiendo por «aguas residuales» la definición
del Anexo IV de MARPOL 73/78) dentro de las 12 millas náuticas de tierra o de
las plataformas de hielo;
b) más allá de esa distancia, las aguas residuales
almacenadas en un depósito no se descargarán instantáneamente, sino a un
régimen moderado y, siempre que sea prácticamente posible, mientras que el
buque se encuentre navegando a una velocidad no menor de cuatro nudos.
Este párrafo no se aplica a los buques certificados
para transportar a un máximo de 10 personas.
2. Las Partes requerirán, cuando sea apropiado, la
utilización de libros de registro de aguas residuales.
ARTÍCULO 7. SITUACIONES
DE EMERGENCIA.
1. Los Artículos 3, 4, 5 y 6 de este Anexo no se
aplicarán en situaciones de emergencia relativas a la seguridad de un buque y a
la de las personas a bordo, ni en caso de salvamento de vidas en el mar.
2. Las actividades llevadas a cabo en situaciones
de emergencia serán notificadas de inmediato a las Partes y al Comité.
ARTÍCULO 8. EFECTO
SOBRE ECOSISTEMAS DEPENDIENTES Y ASOCIADOS.
En la aplicación de las disposiciones de este Anexo
se presentará la debida consideración a la necesidad de evitar los efectos
perjudiciales en los ecosistemas dependientes y asociados, fuera del área del
Tratado Antártico.
ARTÍCULO 9. CAPACIDAD
DE RETENCIÓN DE LOS BUQUES E INSTALACIONES DE RECEPCIÓN.
1. Las Partes tomarán todas las medidas necesarias
para asegurar que todos los buques con derecho a enarbolar su pabellón y
cualquier otro buque que participe en sus operaciones antárticas o las apoye,
antes de entrar en el área del Tratado Antártico, estén provistos de un tanque
o tanques con suficiente capacidad para la retención a bordo de todos los
fangos, los lastres contaminados, el agua del lavado de tanques y otros
residuos y mezclas petrolíferos, y tengan suficiente capacidad para la
retención a bordo de basura mientras estén operando en el área del Tratado
Antártico y que hayan concluido acuerdos para descargar dichos residuos
petrolíferos y basuras en una instalación de recepción después de abandonar
dicha área. Los buques también deberán tener capacidad suficiente para la
retención a bordo de sustancias nocivas líquidas.
2. Las Partes desde cuyos puertos zarpen buques
hacia el área del Tratado Antártico o desde ella arriben, se comprometen a
asegurar el establecimiento, tan pronto como sea prácticamente posible, de
instalaciones adecuadas para la recepción de todo fango, lastre contaminado,
agua del lavado de tanques y cualquier otro residuo y mezcla petrolífera y
basura de los buques, sin causar retrasos indebidos y de acuerdo con las
necesidades de los buques que las utilicen.
3. Las Partes que operen buques que zarpen hacia el
área del Tratado Antártico o desde ella arriben a puertos de otras Partes
consultarán con estas Partes para asegurar que el establecimiento de
instalaciones portuarias de recepción no imponga una carga injusta sobre las
Partes contiguas al área del Tratado Antártico.
ARTÍCULO 10. DISEÑO,
CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS BUQUES.
Las Partes tomarán en consideración los objetivos
de este Anexo al diseñar, construir, dotar y equipar los buques que participen
en operaciones antárticas o las apoyen.
ARTÍCULO 11. INMUNIDAD
SOBERANA.
1. El presente Anexo no se aplicará a los buques de
guerra ni a las unidades navales auxiliares, ni a los buques que, siendo
propiedad de un Estado o estando a su servicio, sólo le presten en ese momento
servicios gubernamentales de carácter no comercial. No obstante, cada Parte
asegurará mediante la adopción de medidas oportunas que tales buques de su
propiedad o a su servicio actúen de manera compatible con este Anexo, dentro de
lo razonable y practicable, sin que ello perjudique las operaciones o la
capacidad operativa de dichos buques.
2. En la aplicación del párrafo 1 anterior a las
Partes tomarán en consideración la importancia de la protección del medio
ambiente antártico.
3. Cada Parte informará a las demás Partes sobre la
forma en que aplica esta disposición.
4. El procedimiento de solución de controversias
establecido en los Artículos 18 a 20 del Protocolo no será aplicable a este
Artículo.
ARTÍCULO 12. MEDIDAS
PREVENTIVAS Y DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.
1. Las Partes, de acuerdo con el Artículo 15 del
Protocolo, para responder más eficazmente ante las emergencias de contaminación
marina o a su posible amenaza sobre el área del Tratado Antártico,
desarrollarán planes de contingencia en respuesta a la contaminación marina en
el área del Tratado Antártico, incluyendo planes de contingencia para los
buques (excepto botes pequeños que formen parte de las operaciones de bases
fijas o de buques) que operen en el área del Tratado Antártico, especialmente
buques que transporten hidrocarburos petrolíferos como carga y para derrames de
hidrocarburos originados en instalaciones costeras y que afecten el medio
marino. Con este fin las Partes:
a) cooperarán en la formulación y aplicación de
dichos planes; y
b) tendrán en cuenta el asesoramiento del Comité,
de la Organización Marítima Internacional y de otras organizaciones
internacionales.
2. Las Partes establecerán también procedimientos
para cooperar en la respuesta ante las emergencias de contaminación y
emprenderán las acciones de respuesta adecuadas de acuerdo con tales procedimientos.
ARTÍCULO 13. REVISIÓN.
Las Partes mantendrán bajo continua revisión las
disposiciones de este Anexo y las otras medidas para prevenir y reducir la
contaminación del medio marino antártico y actuar ante ella, incluyendo
cualesquiera enmiendas y normativas nuevas adoptadas en virtud del MARPOL
73/78, con el fin de alcanzar los objetivos de este Anexo.
ARTÍCULO 14. RELACIÓN
CON MARPOL 73/78.
Con respecto a aquellas Partes que también lo son
del MARPOL 73/78, nada de este Anexo afectará a los derechos y obligaciones
específicos de él derivados.
ARTÍCULO 15. ENMIENDAS
O MODIFICACIONES.
1. Este Anexo puede ser enmendado o modificado por
una medida adoptada de conformidad con el Artículo IX (1) del Tratado
Antártico. A menos que la medida especifique lo contrario, la enmienda o
modificación se considerará aprobada, y entrará en vigor un año después de la
clausura de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en la cual fue
adoptada, salvo que una o más Partes Consultivas del Tratado Antártico
notificasen al Depositario, dentro de dicho plazo, que desean una prórroga de
ese plazo o que no están en condiciones de aprobar la medida.
2. Toda enmienda o modificación de este Anexo que
entre en vigor de conformidad con el anterior párrafo 1 entrará en vigor a partir
de entonces para cualquier otra Parte, cuando el Depositario haya recibido
notificación de aprobación de dicha Parte.
ANEXO A LA RECOMENDACIÓN XVI - 10
ANEXO V DEL
PROTOCOLO AL TRATADO ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE ZONAS.
ARTÍCULO 1. DEFINICIONES.
A efectos del presente Anexo:
a) por "autoridad competente" se entiende
cualquier persona u organismo autorizado por una Parte para expedir permisos de
conformidad con el presente Anexo;
b) por "permiso" se entiende un permiso
oficial por escrito expedido por una autoridad competente;
c) por "Plan de Gestión" se entiende un
plan destinado a administrar las actividades y proteger el valor o los valores
especiales de una Zona Antártica Especialmente Protegida o de una Zona
Antártica Especialmente Administrada.
ARTÍCULO 2. OBJETIVOS.
Para los fines establecidos en el presente Anexo,
cualquier zona, incluyendo una zona marina, podrá designarse como Zona
Antártica Especialmente Protegida o como Zona Antártica Especialmente Administrada.
En dichas Zonas las actividades se prohibirán, se restringirán o se
administrarán en conformidad con los Planes de Gestión adoptados según las
disposiciones del presente Anexo.
ARTÍCULO 3. ZONAS ANTÁRTICAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS.
1. Cualquier zona, incluyendo las zonas marinas,
puede ser designada como Zona Antártica Especialmente Protegida a fin de
proteger sobresalientes valores científicos, estéticos, históricos o naturales,
cualquier combinación de estos valores, o las investigaciones científicas en
curso o previstas.
2. Las Partes procurarán identificar, con un
criterio ambiental y geográfico sistemático, e incluir entre las Zonas
Antárticas Especialmente Protegidas:
(a) las zonas que han permanecido libres de toda
interferencia humana y que por ello puedan servir de comparación con otras
localidades afectadas por las actividades humanas;
(b) los ejemplos representativos de los principales
ecosistemas terrestres, incluidos glaciales y acuáticos, y marinos;
(c) las zonas con conjuntos importantes o
inhabituales de especies, entre ellos las principales colonias de reproducción
de aves y mamíferos indígenas;
(d) la localidad tipo o el único hábitat conocido
de cualquier especie;
(e) las zonas de especial interés para las
investigaciones científicas en curso o previstas;
(f) los ejemplos de características geológicas,
glaciológicas o geomorfológicas sobresalientes;
(g) las zonas de excepcional valor estético o
natural;
(h) los sitios o monumentos de reconocido valor
histórico; y
(i) cualquier otra zona en donde convenga proteger
los valores expuestos en el párrafo 1 supra.
3. Las Zonas Especialmente Protegidas y los Sitios
de Especial Interés Científico designados como tales por anteriores reuniones
consultivas del Tratado Antártico se designarán en adelante como Zonas
Antárticas Especialmente Protegidas y se las volverá a titular y a numerar en
consecuencia.
4. Quedará terminantemente prohibido ingresar en
una Zona Antártica Especialmente Protegida, salvo en conformidad con un permiso
expedido según lo dispuesto en el Artículo 7 infra.
ARTÍCULO 4. ZONAS
ANTÁRTICAS ESPECIALMENTE ADMINISTRADAS.
1. Cualquier zona, inclusive las zonas marinas, en
que se lleven a cabo actividades o puedan llevarse a cabo en el futuro, podrá
designarse como Zona Antártica Especialmente Administrada para coadyuvar al
planeamiento y la coordinación de las actividades, evitar los posibles
conflictos, mejorar la cooperación entre las Partes y reducir al mínimo los
impactos ambientales.
2. Las Zonas Antárticas Especialmente Administradas
pueden comprender:
(a) las zonas donde las actividades corran el
riesgo de crear interferencias mutuas o impactos ambientales acumulativos; y
(b) los sitios o monumentos de reconocido valor
histórico.
3. No se requerirá un permiso para ingresar en una
Zona Antártica Especialmente Administrada.
4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 supra,
una Zona Antártica Especialmente Administrada puede comprender una o varias
Zonas Antárticas Especialmente Protegidas, a las que queda prohibido ingresar,
salvo en conformidad con un permiso expedido según lo estipulado en el Artículo
7 infra.
ARTÍCULO 5. PLANES
DE GESTIÓN.
1. Cualquier Parte, el Comité, el Comité Científico
de Investigación Antártica o la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos
Marinos Antárticos pueden proponer que se designe una zona como Zona Antártica
Especialmente Protegida o como Zona Antártica Especialmente Administrada,
presentando un proyecto de Plan de Gestión a la Reunión Consultiva del Tratado
Antártico.
2. La zona cuya designación se propone deberá tener
un tamaño suficiente para proteger los valores para los cuales se requiere la
protección o la gestión especial.
3. Los Planes de Gestión propuestos incluirán,
según proceda:
(a) una descripción del valor o los valores que
requieren una protección o administración especial;
(b) una declaración de las finalidades y objetivos
del Plan de Gestión destinado a proteger o administrar dichos valores;
(c) las actividades de gestión que han de
emprenderse para proteger los valores que requieren una protección o
administración especial;
(d) un período de designación, si procede;
(e) una descripción de la zona que comprenda:
(i) las coordenadas geográficas, las indicaciones
de límites y los rasgos naturales que delimitan la zona;
(ii) el acceso a la zona por tierra, por mar o por
aire, inclusive los puntos marinos de aproximación o anclaje, las rutas para
peatones y vehículos dentro de la zona, las rutas de navegación aéreas y las
zonas de aterrizaje;
(iii) la ubicación de las estructuras, inclusive
las estaciones científicas, los locales de investigación o de refugio, tanto en
la zona como en sus inmediaciones; y
(iv) la ubicación en la zona o cerca de ella de
otras Zonas Antárticas Especialmente Protegidas o de Zonas Antárticas
Especialmente Administradas designadas de conformidad con el presente Anexo, u
otras zonas protegidas designadas en conformidad con las medidas adoptadas en
el marco de otros componentes del Sistema del Tratado Antártico;
(f) la identificación de zonas dentro del área en
que las actividades estarán prohibidas, limitadas o administradas con objeto de
alcanzar los objetivos y finalidades mencionados en el inciso (b) supra;
(g) mapas y fotografías que muestren claramente los
límites del área con respecto a los rasgos circundantes y las características
principales de la zona;
(h) documentación de apoyo;
(i) tratándose de una zona propuesta para
designarse como Zona Antártica Especialmente Protegida, una exposición clara de
las condiciones que justifiquen la expedición de un permiso por parte de la
autoridad competente, con respecto a:
(i) el acceso a la zona y los desplazamientos en su
interior o sobre ella;
(ii) las actividades que se llevan o que puedan
llevarse a cabo en la zona, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y
lugar;
(iii) la instalación, modificación o
desmantelamiento de estructuras;
(iv) la ubicación de los campamentos;
(v) las restricciones relativas a los materiales y
organismos que puedan introducirse en la zona;
(vi) la recolección de flora y fauna indígenas o
los daños que puedan sufrir éstas;
(vii) la toma o traslado de cualquier cosa que no
haya sido traída a la zona por el titular del permiso;
(viii) la eliminación de desechos;
(ix) las medidas que puedan requerirse para
garantizar que los objetivos y las finalidades se pueden seguir persiguiendo; y
(x) los requisitos relativos a los informes que han
de presentarse a la autoridad competente acerca de las visitas a la zona;
(j) con respecto a una zona propuesta para su
designación como Zona Antártica Especialmente Administrada, un código de
conducta relativo a:
(i) el acceso a la zona y los desplazamientos en su
interior o sobre ella;
(ii) las actividades que se llevan o que puedan
llevarse a cabo en la zona, teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y
lugar;
(iii) la instalación, modificación o
desmantelamiento de construcciones;
(iv) la ubicación de los campamentos;
(v) la recolección de flora y fauna indígenas o los
daños que puedan sufrir éstas;
(vi) la toma o traslado de cualquier cosa que no
haya sido traída a la zona por el visitante;
(vii) la eliminación de desechos; y
(viii) los requisitos relativos a los informes que
han de presentarse a la autoridad competente acerca de las visitas a la zona;
(k) las disposiciones relativas a las
circunstancias en que las Partes deberían procurar intercambiar información
antes de que se emprendan las actividades propuestas.
ARTÍCULO 6. PROCEDIMIENTOS
DE DESIGNACIÓN.
1. Los Planes de Gestión se transmitirán al Comité,
al Comité Científico de Investigación Antártica y, cuando proceda, a la
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Al
formular el dictamen que presentará a la Reunión Consultiva del Tratado
Antártico, el Comité tendrá en cuenta los eventuales comentarios hechos por el
Comité Científico de Investigación Antártica y, cuando proceda, por la Comisión
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Ulteriormente,
los Planes de Gestión podrán ser aprobados por las Partes Consultivas del Tratado
Antártico en virtud de una medida adoptada durante una Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, de conformidad con el Artículo IX (1) del Tratado Antártico.
Si la medida no especifica lo contrario, se estimará que el Plan habrá quedado
aprobado 90 días después de la clausura de la Reunión Consultiva del Tratado
Antártico en que se adoptó, a menos que una o más de las Partes Consultivas
notifique al Depositario, dentro de ese plazo, que desea una prórroga del mismo
o que no puede aprobar la medida.
2. En consideración a las disposiciones de los
Artículos 4 y 5 del Protocolo, ninguna zona marina se designará como Zona
Antártica Especialmente Protegida o como Zona Antártica Especialmente
Administrada sin aprobación previa de la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos.
3. La designación de una Zona Antártica
Especialmente Protegida o de una Zona Antártica Especialmente Administrada
tendrá vigencia indefinidamente, a menos que el Plan de Gestión estipule otra
cosa. El Plan de Gestión se revisará cada cinco años y se actualizará cuando se
considere conveniente.
4. Los Planes de Gestión podrán enmendarse o
revocarse, de conformidad con el párrafo 1 supra.
5. Una vez aprobados los Planes de Gestión, el
Depositario los comunicará rápidamente a todas las Partes. El Depositario
llevará un registro de todos los Planes de Gestión aprobados y en vigor.
ARTÍCULO 7. PERMISOS.
1. Cada Parte designará una autoridad competente
que expedirá los permisos que autoricen ingresar y emprender actividades en una
Zona Antártica Especialmente Protegida en conformidad con las disposiciones del
Plan de Gestión relativo a dicha zona. El permiso irá acompañado de los
párrafos pertinentes del Plan de Gestión y especificará la extensión y la
ubicación de la zona, las actividades autorizadas y cuándo, dónde y por quién
están autorizadas las actividades o cualquier otra condición impuesta por el
Plan de Gestión.
2. En caso de que una Zona Especialmente Protegida
designada como tal por anteriores reuniones consultivas del Tratado Antártico
carezca de Plan de Gestión, la autoridad competente podrá expedir un permiso
para un propósito científico apremiante que no pueda conseguirse en otra parte
y que no ponga en peligro el ecosistema natural de la zona.
3. Cada Parte exigirá que el titular de un permiso
lleve consigo una copia de éste mientras se encuentre en la Zona Antártica
Especialmente Protegida concernida.
ARTÍCULO 8. SITIOS
Y MONUMENTOS HISTÓRICOS.
1. Los sitios o monumentos de reconocido valor
histórico que se hayan designado como Zonas Antárticas Especialmente Protegidas
o como Zonas Antárticas Especialmente Administradas, o que estén situados en
tales zonas, deberán clasificarse como Sitios y Monumentos Históricos.
2. Cualquier Parte Consultiva del Tratado Antártico
podrá proponer que un sitio o monumento de reconocido valor histórico que no se
haya designado como Zona Antártica Especialmente Protegida o Zona Antártica
Especialmente Administrada, o que no esté situado dentro de una de estas zonas,
se clasifique como Sitio o Monumento Histórico. Esta propuesta de clasificación
puede ser aprobada por las Partes Consultivas al Tratado Antártico por una
medida adoptada durante una Reunión Consultiva del Tratado Antártico, de
conformidad con el Artículo IX (1) del Tratado Antártico. Si la medida no
especifica lo contrario, se estimará que el Plan habrá quedado aprobado 90 días
después de la clausura de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en que se
adoptó, a menos que una o más de las Partes Consultivas notifique al
Depositario, dentro de ese plazo, que desea una prórroga del mismo o que no
puede aprobar la medida.
3. Los Sitios y Monumentos Históricos que hayan
sido designados como tales en anteriores reuniones consultivas del Tratado
Antártico se incluirán en la lista de Sitios y Monumentos Históricos mencionada
en el presente artículo.
4. Los Sitios y Monumentos Históricos no deberán
dañarse, trasladarse ni destruirse.
5. Se puede enmendar la lista de Sitios y
Monumentos Históricos de conformidad con el párrafo 2 supra. El Depositario
llevará una lista actualizada de los Sitios y Monumentos Históricos.
ARTÍCULO 9. INFORMACIÓN
Y PUBLICIDAD.
1. Para garantizar que todas las personas que
visitan o se proponen visitar la Antártida comprendan y acaten las disposiciones
del presente Anexo, cada Parte preparará y distribuirá información sobre:
(a) la ubicación de las Zonas Antárticas
Especialmente Protegidas y las Zonas Antárticas Especialmente Administradas;
(b) las listas y los mapas de dichas zonas;
(c) los Planes de Gestión, con la mención de las
prohibiciones correspondientes a cada zona;
(d) la ubicación de los Sitios y Monumentos
Históricos, con las correspondientes prohibiciones o restricciones.
2. Cada Parte verificará que la ubicación y, en lo
posible, los límites de las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas, de las
Zonas Antárticas Especialmente Administradas y de los Sitios y Monumentos
Históricos figuran en los mapas topográficos, las cartas hidrográficas y en
otras publicaciones pertinentes.
3. Las Partes cooperarán para garantizar que,
cuando proceda, se marquen visiblemente en el lugar los límites de las Zonas
Antárticas Especialmente Protegidas, de las Zonas Antárticas Especialmente
Administradas y de los Sitios y Monumentos Históricos.
ARTÍCULO 10. INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN.
1. Las Partes adoptarán disposiciones para:
(a) reunir e intercambiar registros, en particular
los registros de los permisos y los informes de las visitas e inspecciones
efectuadas en las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas y las Zonas
Antárticas Especialmente Administradas;
(b) obtener e intercambiar información sobre
cualquier cambio o daño significativo registrado en cualquier Zona Antártica
Especialmente Administrada, cualquier Zona Antártica Especialmente Protegida o
cualquier Sitio o Monumento Histórico; y
(c) preparar formularios normalizados para que las
Partes comuniquen los registros e informaciones, de conformidad con el párrafo
2 infra.
2. Cada Parte informará a las demás y al Comité
antes de finales de noviembre de cada año, el número y la índole de permisos
expedidos de conformidad con el presente Anexo durante el anterior período del
1 de julio al 30 de junio.
3. Toda Parte que lleve a cabo, financie o autorice
actividades de investigación o de otro tipo en Zonas Antárticas Especialmente
Protegidas o Zonas Antárticas Especialmente Administradas llevará un registro
de éstas y, con motivo del intercambio anual de información previsto por el
Tratado, proporcionará descripciones resumidas de las actividades llevadas a
cabo por personas sujetas a su jurisdicción en dichas zonas durante el año
transcurrido.
4. Cada Parte informará a las demás y al Comité,
antes de finales de noviembre de cada año, de las medidas que ha adoptado para
aplicar las disposiciones del presente Anexo, en particular las inspecciones de
los sitios, y de las medidas que ha tomado para señalar a las autoridades
competentes cualquier actividad que haya contravenido las disposiciones del
Plan de Gestión aprobado para una Zona Antártica Especialmente Protegida o una
Zona Antártica Especialmente Administrada.
ARTÍCULO 11. CASOS
DE EMERGENCIA.
1. Las restricciones establecidas y autorizadas por
el presente Anexo no se aplicarán en casos de emergencia en los que esté en
juego la seguridad de vidas humanas o de buques, de aeronaves o equipos e
instalaciones de gran valor o la protección del medio ambiente.
2. Las actividades realizadas en casos de
emergencia se notificarán rápidamente a todas las Partes y al Comité.
ARTÍCULO 12. ENMIENDAS
O MODIFICACIONES.
1. El presente Anexo podrá enmendarse o modificarse
por una medida adoptada en conformidad con el párrafo 1 del Artículo IX del
Tratado Antártico. Si la medida no especifica lo contrario, se estimará que la
enmienda o modificación habrá sido aprobada, y entrará en vigor, un año después
de la clausura de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico en que se adoptó,
a menos que una o más de las Partes Consultivas notifique al Depositario,
dentro de ese plazo, que desea una prórroga del mismo o que no puede aprobar la
medida.
2. Cualquier enmienda o modificación del presente
Anexo que entre en vigor en conformidad con el párrafo 1 supra, entrará en
vigor para cualquier otra Parte cuando el Depositario haya recibido la
notificación de que dicha Parte la aprueba.
ANEXO VI AL PROTOCOLO AL TRATADO
ANTÁRTICO SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
RESPONSABILIDAD EMANADA DE
EMERGENCIAS AMBIENTALES.
Preámbulo
Las Partes,
Reconociendo la importancia de prevenir, reducir al
mínimo y contener el impacto de las emergencias ambientales en el medio
ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y asociados;
Recordando el artículo 3 del Protocolo, en
particular que las actividades deberán ser planificadas y realizadas en la zona
del Tratado Antártico de tal manera que se otorgue prioridad a la investigación
científica y se preserve el valor de la Antártida como una zona para la
realización de tales investigaciones;
Recordando la obligación establecida en el artículo
15 del Protocolo de disponer una acción de respuesta rápida y efectiva en los
casos de emergencia ambiental y establecer planes de contingencia para
responder a los incidentes que puedan tener efectos adversos para el medio
ambiente antártico o sus ecosistemas dependientes y asociados;
Recordando el artículo 16 del Protocolo, en virtud
del cual, de conformidad con los objetivos del Protocolo para la protección
global del medio ambiente antártico y de los ecosistemas dependientes y
asociados, las Partes se comprometieron a elaborar, en uno o más anexos del Protocolo,
normas y procedimientos relacionados con la responsabilidad derivada de daños
provocados por actividades que se desarrollen en la zona del Tratado Antártico
y cubiertas por el Protocolo;
Tomando nota de la Decisión 3 (2001) de la XXIV
Reunión Consultiva del Tratado Antártico relativa a la elaboración de un anexo
sobre los aspectos de las emergencias ambientales relativos a la
responsabilidad, como una etapa en el establecimiento de un régimen sobre
responsabilidad de conformidad con el Artículo 16 del Protocolo;
Teniendo en cuenta el artículo IV del Tratado
Antártico y el artículo 8 del Protocolo,
Han acordado lo siguiente:
ARTÍCULO 1. ALCANCE.
El presente Anexo se aplicará a las emergencias
ambientales en la zona del Tratado Antártico relacionadas con los programas de
investigación científica, el turismo y las demás actividades gubernamentales y
no gubernamentales en la zona del Tratado Antártico para las cuales se requiera
informar por adelantado de conformidad con el artículo VII (5) del Tratado
Antártico, incluidas las actividades de apoyo logístico asociadas. El presente
anexo incluye también medidas y planes para prevenir tales emergencias y
responder a ellas. Se aplicará a todas las naves de turismo que ingresen en la
zona del Tratado Antártico. Se aplicará también a las emergencias ambientales
en la zona del Tratado Antártico relacionadas con otras naves y actividades
según se decida de conformidad con el artículo 13.
ARTÍCULO 2. DEFINICIONES.
A efectos del presente Anexo:
a) “Decisión” significa una Decisión aprobada de
conformidad con las Reglas de Procedimiento de la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico y a la que se refiere la Decisión 1 (1995) de la XIX Reunión
Consultiva del Tratado Antártico;
b) “Emergencia ambiental” significa todo suceso
accidental que ha ocurrido, habiendo tenido lugar después de la entrada en
vigor del presente Anexo, y que resulta, o inminentemente amenaza con resultar,
en cualquier impacto importante y perjudicial en el medio ambiente antártico;
c) “Operador” significa toda persona natural o
jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza actividades a ser realizadas
en la zona del Tratado Antártico. Un operador no incluye una persona natural
que sea empleada, contratista, subcontratista o agente o que esté al servicio
de una persona natural o jurídica, sea estatal o no estatal, que organiza
actividades a ser realizadas en la zona del Tratado Antártico, y no incluye una
persona jurídica que sea contratista o subcontratista que trabaje por cuenta y
orden de un operador estatal;
d) “Operador de la Parte” significa un operador que
organiza, en el territorio de esa Parte, actividades a ser realizadas en la
zona del Tratado Antártico, y:
(i) dichas actividades están sujetas a autorización
por esa Parte para la zona del Tratado Antártico; o
(ii) en el caso de una Parte que no autoriza
formalmente actividades para la zona del Tratado Antártico, dichas actividades
están sujetas a un proceso regulatorio comparable por esa Parte.
Los términos “su operador”, “Parte del operador” y
“Parte de ese operador” se interpretarán de conformidad con la presente
definición;
e) “Razonable”, aplicado a las medidas preventivas
y la acción de respuesta, significa las medidas o acciones que sean apropiadas,
practicables, proporcionadas y basadas en la disponibilidad de criterios e
información objetivos, incluidos los siguientes:
(i) los riesgos para el medio ambiente antártico y
el ritmo de su recuperación natural; (ii) los riesgos para la vida y la
seguridad humanas; y
(iii) la factibilidad tecnológica y económica.
f) “Acción de respuesta” significa las medidas
razonables adoptadas después que haya ocurrido una emergencia ambiental para
evitar, reducir al mínimo o contener el impacto de esa emergencia ambiental,
que a tal efecto pueden comprender la limpieza en circunstancias adecuadas, e
incluye la determinación de la magnitud de dicha emergencia y su impacto;
g) “Las Partes” significa los Estados para los
cuales el presente Anexo ha entrado en vigor de conformidad con el artículo 9
del Protocolo.
ARTÍCULO 3. MEDIDAS
PREVENTIVAS.
1. Cada Parte requerirá que sus operadores adopten
medidas preventivas razonables concebidas para reducir el riesgo de emergencias
ambientales y el impacto adverso que puedan tener.
2. Las medidas preventivas podrán comprender:
a) estructuras o equipos especializados
incorporados en el diseño y la construcción de instalaciones y medios de
transporte;
b) procedimientos especializados incorporados en el
funcionamiento o mantenimiento de instalaciones y medios de transporte; y
c) capacitación especializada del personal.
ARTÍCULO 4. PLANES
DE CONTINGENCIA.
1. Cada Parte requerirá que sus operadores:
a) establezcan planes de contingencia para
responder a incidentes que puedan tener impactos adversos en el medio ambiente antártico
o sus ecosistemas dependientes y asociados; y
b) cooperen en la formulación y ejecución de dichos
planes de contingencia.
2. Los planes de contingencia incluirán, según
corresponda, los siguientes componentes:
a) procedimientos para realizar una evaluación de
la naturaleza del incidente;
b) procedimientos de notificación;
c) identificación y movilización de los recursos;
d) planes de respuesta;
e) capacitación;
f) documentación; y
g) desmovilización.
3. Cada Parte establecerá y aplicará procedimientos
para la inmediata notificación de las emergencias ambientales y una respuesta
cooperativa a las mismas, y promoverá el uso de los procedimientos de
notificación y de respuesta cooperativa por sus operadores que causen
emergencias ambientales.
ARTÍCULO 5. ACCIÓN DE
RESPUESTA.
1. Cada Parte requerirá que cada uno de sus
operadores realice una acción de respuesta rápida y efectiva ante las
emergencias ambientales emanadas de las actividades de ese operador.
2. En caso de que un operador no realice una acción
de respuesta rápida y efectiva, se insta a la Parte de ese operador y a otras
Partes a realizar dicha acción, incluso por medio de sus agentes y operadores
específicamente autorizados por ellos para realizar tal acción en su nombre.
3.
a) Otras Partes que deseen realizar una acción de
respuesta frente a una emergencia ambiental de conformidad con el párrafo 2
supra deberán comunicar su intención a la Parte del operador y a la Secretaría
del Tratado Antártico con antelación a fin de que la Parte del operador realice
ella misma una acción de respuesta, excepto en los casos en que la amenaza de
un impacto importante y perjudicial en el medio ambiente antártico sea
inminente y sea razonable en todas las circunstancias realizar una acción de
respuesta inmediata, en cuyo caso notificarán a la Parte del operador y a la
Secretaría del Tratado Antártico cuanto antes.
b) Tales otras Partes no realizarán una acción de
respuesta ante una emergencia ambiental de conformidad con el párrafo 2 supra a
menos que una amenaza de un impacto importante y perjudicial en el medio
ambiente antártico sea inminente y que sea razonable en todas las
circunstancias realizar una acción de respuesta inmediata, que la Parte del
operador no haya notificado en un plazo razonable a la Secretaría del Tratado
Antártico que realizará la acción de respuesta ella misma o que tal acción de
respuesta no haya sido realizada en un plazo razonable después de dicha
notificación.
c) En caso de que la Parte del operador realice
ella misma la acción de respuesta pero esté dispuesta a recibir asistencia de
otra Parte u otras Partes, la Parte del operador coordinará la acción de
respuesta.
4. No obstante, si no queda claro cuál Parte, si la
hubiere, es la Parte del operador o si parece que podría haber más de una Parte
del operador, toda Parte que realice una acción de respuesta hará todo lo
posible para efectuar las consultas pertinentes y, cuando sea factible,
notificará las circunstancias a la Secretaría del Tratado Antártico.
5. Las Partes que realicen una acción de respuesta
consultarán y coordinarán su acción con las demás Partes que realicen una
acción de respuesta, que lleven a cabo actividades en las proximidades de la
emergencia ambiental o que se vean afectadas de otra forma por la emergencia
ambiental y, cuando sea factible, tendrán en cuenta todos los consejos
pertinentes de expertos dados por delegaciones de observadores permanentes en
la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, por otras organizaciones o por
otros expertos pertinentes.
ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDAD.
1. Un operador que no realice una acción de
respuesta rápida y eficaz ante emergencias ambientales emanadas de sus
actividades será responsable del pago de los costos de la acción de respuesta
que realicen las Partes de conformidad con el artículo 5(2) a dichas Partes.
2.
a) Cuando un operador estatal debería haber
realizado una acción de respuesta rápida y eficaz pero no lo hizo, y ninguna
Parte realizó una acción de respuesta, el operador estatal será responsable del
pago al fondo al que se refiere el artículo 12 de los costos de la acción de
respuesta que debería haberse realizado.
b) Cuando un operador no estatal debería haber
realizado una acción de respuesta rápida y eficaz pero no lo hizo, y ninguna
Parte realizó una acción de respuesta, el operador no estatal será responsable
del pago de una suma de dinero que refleje en la mayor medida de lo posible los
costos de la acción de respuesta que debería haberse realizado. Tal suma deberá
pagarse directamente al fondo al que se refiere el artículo 12, a la Parte de
ese operador o a la Parte que aplique el mecanismo al que se refiere el
artículo 7(3). La Parte que reciba esa suma hará todo lo posible para realizar
una contribución al fondo al que se refiere el artículo 12 que equivalga por lo
menos a la suma recibida del operador.
3. La responsabilidad será estricta.
4. Cuando una emergencia ambiental emane de las
actividades de dos o más operadores, los mismos serán mancomunada y
solidariamente responsables, salvo que un operador demuestre que sólo una parte
de la emergencia ambiental resulta de sus actividades, en cuyo caso será
responsable únicamente por esa parte.
5. Sin perjuicio de que, de conformidad con el
presente artículo, una Parte es responsable por no disponer la realización de
una acción de respuesta rápida y eficaz ante emergencias ambientales causadas
por sus buques de guerra, auxiliares navales u otros buques o aeronaves de su
propiedad u operados por ella y utilizados, de momento, únicamente en tareas
gubernamentales no comerciales, ninguna de las disposiciones del presente anexo
tiene la intención de afectar a la inmunidad soberana, conforme al derecho
internacional, de dichos buques de guerra, auxiliares navales u otros buques o
aeronaves.
ARTÍCULO 7. ACCIONES.
1. Solamente una Parte que haya realizado una
acción de respuesta de conformidad con el artículo 5(2) podrá entablar una
acción por responsabilidad contra un operador no estatal de conformidad con el
artículo 6(1) y dicha acción podrá entablarse en los tribunales de no más de
una Parte en cuyo territorio el operador se haya constituido o tenga su
principal centro de actividad o su lugar de residencia habitual. No obstante,
si el operador no se ha constituido en el territorio de una Parte o no tiene su
principal centro de actividad o su lugar de residencia habitual en el
territorio de una Parte, la acción podrá entablarse en los tribunales de la
Parte del operador en el sentido del artículo 2(d). Dichas acciones de
indemnización deberán entablarse dentro de los tres años siguientes al inicio
de la acción de respuesta o dentro de los tres años siguientes a la fecha en
que la Parte que entable la acción haya conocido o hubiera sido razonable que
conociera la identidad del operador, de ambas situaciones la que se produzca
más tarde. En ningún caso se entablará una acción contra un operador no estatal
después que hayan transcurrido 15 años desde la fecha de inicio de la acción de
respuesta.
2. Cada Parte se cerciorará de que sus tribunales
tengan la competencia necesaria para entender en dichas acciones de conformidad
con el párrafo 1 supra.
3. Cada Parte se cerciorará de que exista un
mecanismo en su legislación nacional para aplicar el artículo 6(2)(b) con
respecto a cualquiera de sus operadores no estatales en el sentido del artículo
2(d) y, si es posible, con respecto a cualquier operador no estatal que se haya
constituido o tenga su principal centro de actividad o su lugar de residencia
habitual en el territorio de dicha Parte. Cada Parte deberá informar a las demás
Partes sobre este mecanismo de conformidad con el artículo 13(3) del Protocolo.
Si hubiera múltiples Partes en condiciones de aplicar el artículo 6(2)(b)
contra un operador no estatal determinado de conformidad con el presente
párrafo, tales Partes deberán consultar entre ellas para determinar qué Parte
deberá entablar la acción a fin de hacer cumplir las disposiciones. El
mecanismo al que se refiere este párrafo no será invocado después que hayan
transcurrido 15 años desde la fecha en que la Parte que pretende invocar el
mecanismo haya tomado conocimiento de la emergencia ambiental.
4. La responsabilidad de una Parte como operador
estatal de conformidad con el artículo 6(1) se resolverá únicamente de
conformidad con cualquier procedimiento de investigación que las Partes
establezcan, con las disposiciones de los artículos 18, 19 y 20 del Protocolo
y, si procede, con el apéndice del Protocolo sobre arbitraje.
5.
a) La responsabilidad de una Parte como operador
estatal de conformidad con el artículo 6(2) será resuelta únicamente por la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico y, si la cuestión sigue sin
resolverse, únicamente de conformidad con cualquier procedimiento de
investigación que las Partes establezcan, con las disposiciones de los
artículos 18, 19 y 20 del Protocolo y, si procede, con el apéndice del
Protocolo sobre arbitraje.
b) Los costos de la acción de respuesta que debería
haberse realizado pero no se realizó que deberá pagar un operador estatal al
fondo al que se refiere el artículo 12 serán aprobados mediante una Decisión.
La Reunión Consultiva del Tratado Antártico solicitará el asesoramiento del
Comité para la Protección del Medio ambiente, según corresponda.
6. En el presente Anexo, las disposiciones de los
artículos 19(4), 19(5) y 20(1) del Protocolo y, según corresponda, el apéndice
del Protocolo sobre arbitraje se aplicarán solamente a la responsabilidad de
una Parte como operador estatal por la indemnización por la acción de respuesta
realizada ante una emergencia ambiental o por el pago al fondo.
ARTÍCULO 8. EXENCIONES
DE RESPONSABILIDAD.
1. Un operador no será responsable de conformidad
con el artículo 6 si demuestra que la emergencia ambiental fue causada por:
a) un acto u omisión necesaria para proteger la
vida o la seguridad humanas;
b) un suceso que constituye en las circunstancias
de la Antártida un desastre natural de índole excepcional, que no podría
haberse previsto razonablemente, ya sea en general o en ese caso en particular,
siempre que se hayan tomado todas las medidas preventivas razonables para
reducir el riesgo de emergencias ambientales y el impacto adverso que pudieran
tener;
c) un acto de terrorismo; o
d) un acto de beligerancia contra las actividades
del operador.
2. Una Parte, o sus agentes u operadores
específicamente autorizados por ella para realizar tal acción en su nombre no
será responsable por una emergencia ambiental resultante de una acción de
respuesta realizada por ella de conformidad con el artículo 5(2) en la medida
en que tal acción de respuesta fuese razonable en toda circunstancia.
ARTÍCULO 9. LÍMITES
DE LA RESPONSABILIDAD.
1. El monto máximo por el cual cada operador podrá
ser responsable de conformidad con el artículo 6(1) o el artículo 6(2) con
respecto a cada emergencia ambiental será el siguiente:
a) para una emergencia ambiental emanada de un
suceso que involucre una nave:
(i) un millón de DEG para una nave con un arqueo
que no exceda de 2.000 toneladas;
(ii) para una nave con un arqueo que exceda del
antedicho, el monto siguiente además del monto al que se refiere en el párrafo
(i) supra:
- por cada tonelada de 2.001 a 30.000 toneladas,
400 DEG;
- por cada tonelada de 30.001 a 70.000 toneladas,
300 DEG; y - por cada tonelada que exceda de 70.000 toneladas, 200 DEG;
b) para una emergencia ambiental emanada de un
suceso que no involucre una nave, tres millones de DEG.
2.
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1(a)
supra, el presente Anexo no afectará a:
(i) la responsabilidad o el derecho de limitar la
responsabilidad en virtud de cualquier tratado internacional aplicable sobre
limitación de la responsabilidad; o
(ii) la aplicación de una reserva formulada de
conformidad con cualquier tratado de ese tipo para excluir la aplicación de los
límites establecidos en ellos para ciertos reclamos; siempre que los límites
aplicables sean por lo menos los siguientes: para una nave con un arqueo que no
exceda de 2.000 toneladas, un millón de DEG; y para una nave con un arqueo que
exceda del antedicho, la siguiente suma adicional: para una nave con un arqueo
de 2.001 a 30.000 toneladas, 400 DEG por cada tonelada; para una nave con un
arqueo de 30.001 a 70.000 toneladas, 300 DEG por cada tonelada; y por cada
tonelada en exceso de 70.000, 200 DEG.
b) Ninguna de las disposiciones del inciso (a)
supra afectará a los límites de la responsabilidad establecidos en el párrafo
1(a) supra que se aplican a una Parte en calidad de operador estatal, ni a los
derechos y las obligaciones de las Partes que no sean partes de ninguno de
dichos tratados, ni a la aplicación del artículo 7(1) y el artículo 7(2).
3. La responsabilidad no será limitada si se
demuestra que la emergencia ambiental fue el resultado de un acto u omisión del
operador cometido con la intención de causar dicha emergencia o temerariamente
y a sabiendas de que probablemente resultaría dicha emergencia.
4. La Reunión Consultiva del Tratado Antártico
revisará los límites indicados en los párrafos 1(a) y 1(b) supra cada tres
años, o antes a pedido de cualquiera de las Partes. Toda enmienda a estos
límites, que se determinará después que se efectúen consultas entre las Partes
y sobre la base de asesoramiento, incluido asesoramiento científico y técnico,
se hará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 13(2).
5. A efectos del presente artículo:
a) “nave” significa una embarcación de cualquier
tipo que opere en el medio marino e incluye los aliscafos, los
aerodeslizadores, los sumergibles, las naves flotantes y las plataformas fijas
o flotantes;
b) “DEG” significa derechos especiales de giro tal como
los define el Fondo Monetario Internacional;
c) el tonelaje de una nave será el arqueo bruto
calculado de conformidad con las reglas de cálculo de tonelaje contenidas en el
Anexo I de la Convención Internacional Sobre Medición del Tonelaje de Barcos, de
1969.
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO.
Una Parte no será responsable por el hecho de que
un operador, que no sea uno de sus operadores estatales, no realice una acción
de respuesta en la medida en que dicha Parte haya tomado medidas apropiadas en
el marco de su competencia, incluida la aprobación de leyes y reglamentos,
acciones administrativas y medidas para aplicar las disposiciones, a fin de
asegurar el cumplimiento del presente Anexo.
ARTÍCULO 11. SEGURO
Y OTRAS GARANTÍAS FINANCIERAS.
1. Cada Parte requerirá que sus operadores tengan
un seguro suficiente u otras garantías financieras, como la garantía de un
banco o institución financiera similar, para cubrir la responsabilidad de
conformidad con el artículo 6(1) hasta los límites aplicables establecidos en
el artículo 9(1) y el artículo 9(2).
2. Cada Parte podrá requerir que sus operadores
tengan un seguro suficiente u otras garantías financieras, como la garantía de
un banco o institución financiera similar, para cubrir la responsabilidad de
conformidad con el artículo 6(2) hasta los límites aplicables establecidos en
el artículo 9(1) y el artículo 9(2).
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1
y 2 supra, una Parte podrá tener autoseguro con respecto a sus operadores
estatales, incluidos aquellos que realicen actividades en respaldo de la
investigación científica.
ARTÍCULO 12. EL
FONDO.
1. La Secretaría del Tratado Antártico mantendrá y
administrará un fondo, de conformidad con Decisiones que incluyan mandatos
aprobados por las Partes, con el propósito de facilitar los medios necesarios
para, entre otras cosas, el reembolso de los costos razonables y justificados
incurridos por una Parte o más de una al realizar una acción de respuesta de
conformidad con el artículo 5(2).
2. Cualquier Parte o cualesquiera Partes podrán
presentar una propuesta a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico para que
se efectúe un reembolso con recursos del fondo. Dicha propuesta podrá ser
aprobada por la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, en cuyo caso será
aprobada mediante una Decisión. La Reunión Consultiva del Tratado Antártico
podrá solicitar el asesoramiento del Comité para la Protección del Medio
ambiente acerca de dicha propuesta, según corresponda.
3. Al aplicar lo dispuesto en el párrafo 2, la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico deberá tomar debidamente en cuenta
circunstancias y criterios especiales, como el hecho de que el operador
responsable sea un operador de la Parte que solicita el reembolso, que se
desconozca la identidad del operador responsable o que dicho operador no esté
sujeto a las disposiciones del presente Anexo, la quiebra imprevista de la
compañía de seguros o la entidad financiera pertinente o la aplicación de una
exención prevista en el artículo 8.
4. Cualquier Estado o persona podrá hacer
contribuciones voluntarias al Fondo.
ARTÍCULO 13. ENMIENDA
O MODIFICACIÓN.
1. El presente Anexo podrá ser enmendado o
modificado por una Medida adoptada de conformidad con el artículo IX (1) del
Tratado Antártico.
2. En el caso de una Medida conforme al artículo
9(4) y en cualquier otro caso a menos que la Medida en cuestión especifique lo
contrario, se considerará que la enmienda o modificación ha sido aprobada, y
entrará en vigor, un año después de la clausura de la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico en la que haya sido adoptada, a menos que una o más Partes
Consultivas del Tratado Antártico notifiquen al Depositario, dentro de ese
plazo, que desean una prórroga o que no están en condiciones de aprobar dicha
Medida.
3. Toda enmienda o modificación del presente Anexo
que entre en vigor de conformidad con el párrafo 1 o 2 supra entrará en vigor
con posterioridad para cualquier otra Parte cuando el Depositario haya recibido
la notificación de la aprobación.
III. INTERVENCIONES
1.
Ministerio de Relaciones Exteriores
Mediante escrito radicado en la Secretaría General
de esta Corporación el 18 de octubre de 2018,[3] Alejandra Valencia
Gärtner, actuando en calidad de Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicó las razones por las cuales
considera que la Corte Constitucional debe declarar exequible la Ley 1880 del 9
de enero de 2018, aprobatoria del instrumento internacional en cuestión.
En primer término, resaltó que “La Antártida, es
una zona que comprende el 26 por ciento de todas las zonas silvestres del
mundo, representa el 90 por ciento de todo el hielo terrestre, el 70 por ciento
de toda el agua dulce en la tierra, y abarca 36 millones de kilómetros
cuadrados adicionales de océano, cuyas aguas albergan el sistema marino más
productivo del planeta.”[4]
Seguidamente, expuso el proceso de regulación de la
Antártida, su avance histórico, e indicó los 4 convenios principales por los
que está compuesto actualmente el sistema del Tratado Antártico, dentro de los
cuales se enmarca la norma objeto de estudio.
En ese contexto, precisó que el Protocolo consta de
27 artículos y 6 anexos, de los cuales destaca que su contenido tiene como
propósito darle a la Antártida un estatus de “…reserva natural, consagrada
por la paz y la ciencia” y tiene como pilar principal que “cualquier
actividad relacionada con los recursos minerales, salvo la investigación
científica, estará prohibida.”[5]
Es decir, que la ratificación del acuerdo internacional por parte del
Estado colombiano es fundamental, pues “…el continente Antártico representa
una zona de especial interés, en tanto juega el papel regulador del clima
mundial, es punto de inicio de innumerables cadenas tróficas y además se erige
como un insuperable laboratorio para entender los fenómenos climáticos y sus
efectos.”[6]
A partir de lo anterior, sostiene que el
descongelamiento total de las capas del hielo de la Antártida representaría un
aumento del nivel del mar de al menos 60 metros, por lo que las comunidades
costeras serían las más afectadas, incluyendo las colombianas.
Por esta razón, resaltó que Colombia no puede ser
ajena a este tipo de escenarios internacionales dado que “no tomar parte en
estos foros equivaldría a negarse la posibilidad de prevenir y mitigar los
efectos adversos que causa la actividad humana en nuestro espacio vital” y
expuso que “la ratificación de este Protocolo es un paso necesario para la
eventual consolidación de Colombia como Estado Consultivo del Tratado
Antártico”.[7]
Para concluir, agregó que el instrumento
internacional debe ser declarado exequible, ya que cumplió con los requisitos
formales previstos por la Constitución para la suscripción y aprobación
legislativa, cuyo contenido refleja los principios y postulados que gobiernan
al Estado colombiano.
2.
Academia Colombiana de Jurisprudencia
Por
escrito radicado en la Secretaría General el 25 de octubre de 2018,[8]
Ricardo Abello, actuando como miembro de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia, se pronunció sobre la revisión de la Ley 1880 de 2018,
aprobatoria del Protocolo al Tratado Antártico sobre la protección del medio
ambiente, solicitando que se declare la exequibilidad, con base en las
siguientes razones:
En primer lugar, señaló que los tratados
internacionales en estudio siguen los lineamientos y complementan otras normas
internacionales en materia del medio ambiente: “Por un lado, retoma los
principios de la Declaración de Río de 1992, que fueron consagrados en el
derecho interno colombiano mediante  la ley 99 de 1993” y, por otro,
comparten una misma filosofía de protección al ambiente sano conforme con lo
manifestado por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en su Opinión
Consultiva No. 23 de 2017.[9]
En segundo lugar, afirmó que el Tratado fomenta las
labores de investigación en la zona antártida por parte del Estado. Además,
manifiesta que los diferentes instrumentos que conforman la Ley 1880 de 2018
consagran principios medioambientales regulados en otros convenios y decisiones
de tribunales internacionales, puesto que se trata de obligaciones para cada
uno de los Estados parte y, en ese sentido, es claro que las cargas que genera
el Acuerdo se encuentran en consonancia con la Carta Política, por tal razón,
no hay impedimento alguno para que sea ratificado.
Por último, consideró que la Corte Constitucional
puede pronunciarse de forma favorable para que el Estado colombiano ratifique
el Protocolo, pues no prevé norma alguna contraria al espíritu o al tenor
literal de la Constitución Política de 1991.
3.
Universidad Externado de Colombia
Por escrito presentado el 16 de octubre de 2018,[10]
el Grupo de Investigación en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad
Externado de Colombia solicitó a la Corte declarar exequible la Ley 1880 del 9
de enero de 2018.
Para tal efecto, resaltó la importancia del
instrumento internacional objeto de control, como mecanismo creado para el
fortalecimiento y conservación de los ecosistemas ubicados en la zona
antártica. En particular, sostuvo que, de acuerdo con el Protocolo, las actividades
en el área del Tratado Antártico deben ser planificadas y realizadas de tal
modo que se limite el impacto perjudicial, sobre el medio ambiente antártico,[11]
razón por la cual sus previsiones son conformes a los principios contenidos en
la Carta Política que consagran la obligación del Estado y de las personas de
proteger las riquezas ambientales. En palabras el interviniente: “el
Protocolo se ajusta a dicho propósito, puesto que, reconoce la importancia de
esta zona geográfica para la regulación y determinación de los procesos
climáticos y ambientales.”[12]
Agregó, que el instrumento internacional desarrolla
lo dispuesto en el artículo 80 Superior, que impone al Estado el deber de
garantizar el desarrollo sostenible y, en ese sentido, es exequible, ya que en
su conjunto desarrolla las medidas pertinentes para atender las necesidades
actuales de conservación del espacio antártico y reconocer que el cuidado de
dicha zona debe adelantarse de manera urgente.[13]
4.
Universidad Libre- Bogotá
Mediante escrito radicado en la Secretaría General
el 18 de octubre de 2018[14],
Javier Enrique Santander Díaz, coordinador del Observatorio de Intervención
Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de
Bogotá, y Camila Alejandra Rozo Ladino, abogada de la Facultad de Derecho de la
Universidad Libre, solicitaron a la Corte Constitucional declarar la
exequibilidad total del tratado, al considerar que se ajusta a la Constitución
Política y al bloque de constitucionalidad.
Inicialmente, en lo que concierne al Protocolo
Adicional al Tratado Antártico sobre protección ambiental sostuvieron que “reconoce
la necesidad de reforzar e incrementar la protección del medio ambiente
antártico para garantizar exclusivamente los fines pacíficos, científicos e investigativos.
Los objetivos y principios que se contemplan constituyen la justificación y las
herramientas para interpretar las disposiciones del protocolo y las medias
particulares que se adoptan.”[15]
Seguidamente, explicaron que el Protocolo al
establecer las materias contentivas de: (1) definiciones, (2) cooperación entre
las partes, (3) evaluación del impacto sobre el medio ambiente, (4) reuniones
consultivas del tratado, (5) creación de un Comité de protección, (6)
cumplimiento e inspección, (7) acciones de emergencia, (8) responsabilidad, (9)
procedimientos para la solución de controversias, (10) ratificación, adhesión y
vigencia, y (10) reservas prohibidas, modificaciones y enmiendas[16],
armoniza plenamente con los fines esenciales del Estado Social de Derecho y de
los derechos colectivos y del ambiente contenidos en el Título 2-capítulo 3 de
la Constitución Política.[17]
A pesar de lo anterior, de manera puntual le
solicitaron a la Corte examinar el alcance del artículo 24 del Protocolo de
análisis junto con los anexos II, III, IV, y V, con el propósito de realizar un
estudio completo de la constitucionalidad “sobre las excepciones que
posibilitan realizar las actividades prohibidas, con el fin de determinar si se
cumplen con los principios rectores del derecho ambiental.”[18]
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242
‒numeral 2‒ y 278 ‒numeral 5‒ del texto constitucional,
en concordancia con el artículo 7 del Decreto Ley 2067 de 1991, el señor
Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, presentó concepto
número 6480 dentro del trámite de la referencia, en el cual solicita a la Corte
declarar la exequibilidad de la norma objeto de estudio.
En cuanto al trámite del proyecto de la
ley aprobatoria, la Vista Fiscal, luego de realizar un
recuento de la etapa pre legislativa y legislativa de la misma, advirtió que se
ajustó a los cánones constitucionales, legales y reglamentarios. Sobre el
particular, señaló que el proyecto de ley cumplió
con los requisitos de presentación y publicación antes de darle trámite en la
comisión respectiva, surtió los debates
reglamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, y se
aprobó conforme a las normas legales.
Con respecto al análisis material del
tratado internacional, la Procuraduría destacó que el mismo busca desarrollar
los objetivos trazados en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, ratificado por Colombia mediante la Ley 164 de 1993 y
declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-073 de 1995,
referentes a hacer frente y reforzar la respuesta mundial a los efectos
adversos del cambio climático. De manera explícita, se pronunció en los
siguientes términos:
“A través de las normas estudiadas se desarrollan
valores, principios, derechos y deberes superiores relacionados con la
soberanía del Estado y la llamada ‘constitución ecológica’, como (i) la
conservación de los recursos naturales y su relación con la paz y el desarrollo
científico; (ii) la internacionalización del derecho ambiental; (iii) la
solución pacífica de las controversias internacionales; y (iv) el principio de
la autodeterminación de los pueblos en las relaciones internacionales.”[19]
En cuanto al contenido detallado
indicó que, a través del preámbulo del Protocolo, los Estados Parte manifiestan
la necesidad de emprender acciones de protección del medio ambiente Antártico,
de tal forma que dicha área tenga como único propósito fines pacíficos, como la
observación científica y la investigación de procesos de importancia mundial;
de allí la prohibición tácita de adelantar cualquier explotación minera.
También indicó que el tratado
internacional contiene 5 anexos que abordan temas como la protección a la fauna
y flora nativa, las indicaciones para prevenir la introducción de
microorganismos, la eliminación y tratamiento de residuos, en donde incluye
obligaciones generales a cargo de cada Estado,[20] lo cual “…se
ajusta a la visión constitucional de la conservación del ambiente, la
preservación de la paz, el desarrollo científico y la intervención del Estado
en la economía para salvaguardar el ambiente.”[21]
En ese contexto, realizó un
recuento del contenido normativo del Acuerdo señalando que en su totalidad se
encuentra ajustado a las disposiciones constitucionales, pues consideró que
dicho instrumento internacional desarrolla lo contemplado en el artículo 80 de
la Carta Política, sobre los principios de planeación, prevención y mitigación
siguiendo el modelo de desarrollo sostenible que ha venido exponiendo en sus
providencias la Corte[22]
con fundamento en los pilares de una “Constitución ecológica”, debido a
que centra su atención en evitar efectos nocivos sobre el medio ambiente y en
las acciones de respuesta en casos de emergencia.
En esa misma orientación, señaló
que el Protocolo, sus Anexos y Apéndice se ajustan a la Constitución, en tanto
promueven la internacionalización de las relaciones ecológicas, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 9 y 226 de la Constitución Política, de modo que
la norma bajo estudio “…incluye medidas de cooperación, cumplimiento de
buena fe de las obligaciones internacionales y deberes de información a las
Partes y a organismos internacionales.”[23].
A modo de conclusión, solicita a
la Corte declarar exequible la Ley 1880 de 2018, aprobatoria del Protocolo al
Tratado Antártico sobre la protección del Medio Ambiente, sus Anexos y
Apéndice, por ajustarse cabalmente a las normas constitucionales y por tratarse
de una ley de especial importancia que propende por la conservación del medio
ambiente global. En ese sentido, anotó:
“…acordar con otros Estados del Sistema de
Naciones Unidas que un lugar fundamental para el equilibrio del planeta y de
interés para toda la humanidad, como el área antártica, sea declarada como
reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, se acompasa plenamente con
los derechos a gozar de un ambiente sano, a la paz, y a contribuir y
beneficiarse del progreso científico, acorde al preámbulo y a los artículos 22,
79, 67, 69, 70, 71, 333, 334 y 361 de la Constitución Política.”[24]
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. COMPETENCIA
De acuerdo con la función prevista en el
numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte
Constitucional es competente para ejercer el control integral de
constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.
La Ley 1880 de 2017, por medio de la
cual se aprueba el “Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”,
hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17
de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de
2005”, es
aprobatoria de un tratado público, por lo cual, tanto desde el punto de vista
formal como material, esta Corporación es competente para adelantar su examen
de constitucionalidad.
Al respecto, esta Corporación ha reiterado[25]
que el control de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus
leyes aprobatorias se supedita a los siguientes aspectos normativos:
(i) Es previo al perfeccionamiento del tratado pero posterior a la
aprobación del Congreso y a la sanción Presidencial;
(ii) Es automático, pues debe ser enviado a la Corte Constitucional
por el Presidente de la República, dentro de los 6 días siguientes a la sanción
gubernamental;
(iii) Es integral, puesto que el análisis de constitucionalidad
recae sobre los aspectos formales, así como los materiales de la ley y el
tratado;
(iv) Una vez efectuado el examen, las determinaciones de la Corte
tienen fuerza de cosa juzgada absoluta;
(v) Es un requisito sine qua non para la ratificación del
Acuerdo; y,
(vi) Tiene una función preventiva, en tanto que, su finalidad es
garantizar la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de los
compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano.
La revisión formal del tratado internacional y de su ley
aprobatoria se dirige a examinar dos aspectos, a saber: (i) la validez de la
representación del Estado Colombiano en las fases de negociación, celebración y
firma del acuerdo internacional; y (ii) el cumplimiento de las reglas de
trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria.
Por su parte, en cuanto al examen de fondo, éste consiste en
confrontar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa
y su ley aprobatoria, con la totalidad del texto constitucional, para de esta
manera determinar si se ajustan o no al ordenamiento superior.
Efectuadas las anteriores precisiones, pasa la Corte a examinar la
constitucionalidad del tratado internacional objeto de estudio y de su ley
aprobatoria, tanto en su aspecto formal como material.
2. ANÁLISIS FORMAL DE LA SUSCRIPCIÓN
Y APROBACIÓN DEL TRATADO
2.1.Reglas
y subreglas jurisprudenciales para el ejercicio de la revisión formal de
constitucionalidad del acuerdo internacional y su ley aprobatoria
La revisión
formal del tratado internacional y su ley aprobatoria comprende dos
dimensiones, a saber: (i) el análisis de la representación del Estado
colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del acuerdo
internacional, de acuerdo con el ordenamiento; y (ii) la plena observancia del
trámite legislativo dispuesto para su ley aprobatoria ante el Congreso de la
República.
En efecto,
esta Corporación en la sentencia C-011 de 2010, reiterada en la C-184 de 2016, explicó
que las leyes aprobatorias de tratados internacionales no disponen de un
procedimiento legislativo especial, por lo que el trámite que debe seguirse es
el de las leyes ordinarias, salvo por dos requisitos especiales, a saber: (i)
el debate debe iniciarse en el Senado de la República, por tratarse de asuntos
relativos a relaciones internacionales[26]; y (ii) una
vez ha sido sancionada la ley por el Presidente, deberá remitirla a la Corte
Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión de
constitucionalidad.
En ese orden,
los requisitos establecidos en las reglas y subreglas jurisprudenciales que
guían la labor de la Sala Plena en el ejercicio de la revisión formal de
constitucionalidad del tratado internacional y su ley aprobatoria son los siguientes:
2.2. Fase
previa gubernamental
2.2.1.
Representación del Estado, suscripción del acuerdo y aprobación presidencial
La Corte en las
sentencias C-582 de 2002, C-933 de 2006 y C-534 de 2008, entre otras, sostuvo
que la revisión constitucional de los tratados internacionales y de sus leyes
aprobatorias, incluye el examen de las facultades dadas al representante del
Estado colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del
respectivo instrumento internacional.
En atención a lo
dispuesto en los artículos 7 al 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, aprobada en Colombia mediante la Ley 32 de 1985,
existe una representación válida del Estado colombiano cuando[27]:
(i)      La persona delegada presenta plenos poderes (7.1-a).
(ii)     De la práctica del Estado o de otras circunstancias,
se presume que existe la intención de considerar a la persona que participa en
la negociación como la representante del Estado para esos efectos, por lo que
se prescinde de la presentación de plenos poderes (7.1-b).
(iii)    Se presume, a partir de las funciones que cumple la
persona delegada, que no tiene que presentar plenos poderes (7.2). En este
evento, por razón de sus funciones, representan a su Estado para los efectos de
negociar y adoptar el texto de un tratado: (a) los jefes de Estado, jefes de
Gobierno y ministros de relaciones exteriores (7.2-a), (b) el jefe de la misión
diplomática ante el Estado con el cual se va a celebrar (7.2-b) y (c) el
representante acreditado por el Estado ante una conferencia internacional o
ante una organización internacional o uno de los órganos de ésta (7.2-c).
El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del 20
de febrero de 2018[28],
firmada por la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales, informó a esta
Corporación que el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4
de octubre de 1991...” fueron suscritos por el entonces Embajador de
Colombia ante el Gobierno de España, William Jaramillo Gómez, quien contaba con
plenos poderes conforme al artículo 7 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados de 1969[29].
Por su parte, “... su “Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17 de
octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005”
fueron acordados de manera posterior a la firma del Protocolo, los cuales
recibieron la aprobación ejecutiva por parte del señor Presidente de la
República, Juan Manuel Santos Calderón,  el día 11 de marzo de 2016, por lo que
no fue necesaria la expedición de plenos poderes, y en el mismo acto ordenó
someterlos a consideración del Congreso de la República.
Lo anterior permite concluir que la representación del Estado fue
válida, de conformidad con el literal a), numeral 1, del artículo 7º de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y el artículo
189.2 de la Carta Política.
En estos términos, la Sala Plena observa que, comoquiera que se
trata de un sistema de tratados que se ha venido desarrollando en varias fases
desde la firma del tratado originario en el año 1959 y del cual Colombia es
parte desde 1987, se debe precisar que el Protocolo, el apéndice y los primeros
cuatro anexos gozaron de plenos poderes conferidos al entonces embajador de
Colombia ante el Gobierno de España, siendo suscrito el poder el 27 de
septiembre de 1991[30] y,
consecuentemente, firmado el Protocolo, su apéndice y sus primeros cuatro
anexos el 4 de octubre de esa misma anualidad, ya que estos son parte
integrante del mismo, de acuerdo con el artículo 9 del Protocolo.
En cuanto la participación de Colombia en la fase de negociación de
los Anexos V y VI, cabe señalar que, de conformidad con la certificación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, obrante a folio 80 del plenario, estos no
fueron abiertos para la firma, sino que están sujetos a aceptación, según lo
dispuesto en el artículo 9 del Protocolo.
La
jurisprudencia constitucional (sentencias C-251 de 1997 y C-829 de 2013) ha precisado
que para definir si una autoridad puede representar válidamente al Estado
colombiano en la negociación, adopción y autenticación de un tratado, de conformidad con el artículo 7º, numeral 2º de la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados “(...) En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos
poderes, se considerará que representan a su Estado: a) los jefes de Estado,
jefes de Gobierno y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de
todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los Jefes de
misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado
acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los
representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o
uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal
conferencia, organización u órgano.(...)”
2.2.2. Necesidad y
realización de consulta previa como expresión del derecho fundamental a la
participación de los grupos étnicos
De acuerdo con la sentencia C-184 de 2016, mediante la cual este
Tribunal reiteró las reglas jurisprudenciales para la procedencia de la
consulta previa frente a los tratados internacionales, “(i) las leyes
aprobatorias de tratados deben ser objeto de consulta previa cuando el texto
afecte de forma directa a las comunidades étnicas; (ii) las medidas
legislativas o administrativas que se adopten en el desarrollo del tratado que
involucren directamente a una población étnica, deben someterse al proceso de
consulta antes de que se presente la norma para su aprobación en el Congreso de
la República; y (iii) prima facie no es necesario someter el instrumento
internacional a dicho procedimiento, si éste se refiere a creación de zonas de
libre comercio, sin embargo se debe hacer consulta cuando las medidas que se
tomen en desarrollo del tratado afecten de forma directa a una comunidad
étnica.”
Al someter el tratado objeto de examen a las precitadas reglas, la
Corte encuentra que en este caso no era obligatorio adelantar el proceso de
consulta previa por las siguientes razones. En primer lugar, se trata de una
ley aprobatoria de un tratado para la protección global del medio ambiente
antártico y los ecosistemas dependientes y asociados, por lo tanto, en
principio, no es necesario adelantar ese procedimiento. En segundo lugar, visto
el contenido material del tratado, es claro que no se refiere de manera directa
y expresa a aquellos elementos que, prima facie, deben ser protegidos a
través de la consulta previa. En efecto, el tratado no pretende redefinir o
alterar el territorio de comunidades indígenas o afrodescendientes, no se
refiere a la explotación de recursos naturales en territorios determinados
donde habiten estas comunidades y tampoco se refiere a temas relacionados con
las entidades locales de las unidades territoriales de dichos pueblos.
De igual forma, observa la Corte que el tratado no está
estableciendo nuevos derechos, obligaciones, restricciones o gravámenes para
los pueblos indígenas y tribales; como tampoco está afectando de manera alguna
su status en tanto pueblos indígenas o grupos étnicos.
En consecuencia, para el Presidente de la República no era
obligatorio adelantar consulta previa en el trámite de la Ley 1880 de 2016, “Por
medio de la cual se aprueba el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid
el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de
1991, y su “Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.”
Con todo, la Sala reitera su posición en cuanto a que esta decisión
no se extiende a las medidas legislativas o administrativas que se adopten para
implementar el “Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de
octubre de 1991, su “Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su
“Anexo VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005, eventos en los
que deberá estudiarse la pertinencia de la consulta previa en cada ocasión en
que se expida un cuerpo normativo y, si las materias reguladas reúnen las
características que hacen obligatoria la consulta, ésta deberá llevarse a cabo
antes de la aprobación de la medida legislativa o administrativa. De lo
contrario, reitera la Sala Plena, quedaría viciada de inconstitucionalidad.
2.2.3. Aprobación
presidencial y orden de someterlo a consideración del Congreso de la República
El 11 de marzo de 2016, el Presidente de la República aprobó el “Protocolo
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus
Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”,
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en
Estocolmo, el 17 de junio de 2005 y ordenó someterlo a consideración del
Congreso de la República, por lo que se cumplió con la obligación contenida en
el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, que establece como
una de sus funciones la celebración de tratados internacionales y el deber de
someterlos a la aprobación del Congreso.
2.3. Fase legislativa
Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas
publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones
remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara
de Representantes, esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado
bajo los números 049 de 2016 Senado y 219 de 2016 Cámara, que finalizó con la
expedición de la Ley 1880 de 2016 “Por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su
Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de
1991, su “Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo
VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005” surtió el siguiente
trámite:
2.3.1. Presentación y publicación del
proyecto de ley aprobatoria ante el Senado de la República por parte del
Gobierno, e iniciación del trámite en la comisión correspondiente
El proyecto de ley correspondiente a la aprobación del “Protocolo
al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus
Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su “Anexo V”,
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo VI”, adoptado en
Estocolmo, el 17 de junio de 2005, fue presentado al Senado de la República
el 26 de julio de 2016[31] por la
Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Ángela Holguín Cuéllar, el Ministro
de Defensa Nacional, doctor Luis Carlos Villegas Echeverri, el Ministro de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia y
el Ministro de Minas y Energía, doctor Germán Arce Zapata[32].
El texto del proyecto de ley y la respectiva exposición de motivos fueron
publicados en la Gaceta del Congreso No. 550 del 29 de julio de 2016[33].
Ese mismo día el Secretario General del Senado de la República,
remitió el Proyecto de Ley 049 de 2016 al Presidente de esa célula legislativa
para que procediera a su reparto, advirtiéndole que por la materia que trata el
proyecto de ley, la competencia correspondía a la Comisión Segunda
Constitucional Permanente. Por tal razón, el mismo día, el entonces Presidente
del Senado de la República repartió el mencionado proyecto de ley a la Comisión
Segunda Constitucional Permanente.
De esta manera, se observa que (i) la presentación del proyecto de
ley por parte del Gobierno Nacional, (ii) el inicio del trámite legislativo en
el Senado de la República, y (iii) la publicación del proyecto de ley aprobatoria junto con su
exposición de motivos, cumplieron los requisitos constitucionales para
iniciar el trámite de una ley aprobatoria de tratado.
2.3.2. Primer
debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República
2.3.2.1. Designación de ponente. La Mesa
Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, mediante oficio CSE-CS-0235-2016 del 3 de agosto de 2016, designó
como ponente del Proyecto de Ley 049 de 2016 al Senador Jimmy Chamorro Cruz[34].
2.3.2.2. Informe de
ponencia. El informe de ponencia para primer debate
en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentado por el
mencionado senador, siendo publicado en la Gaceta del Congreso No. 835 del 4 de
octubre de 2016[35],
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y 160 de la Constitución
Política y artículo 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992.
2.3.2.3. Anuncio previo. El
Proyecto de Ley 049 de 2016 fue anunciado por el Secretario de la Comisión
Segunda del Senado de la República en la sesión del 11 de octubre de 2016[36],
según consta en el Acta No. 08 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 185 del 28 de marzo de 2017, en los siguientes términos:
"El
presidente, Senador Jaime Enrique Durán Barrera:
(...) por
favor anuncie los dos proyectos más los otros que están disponibles para la
próxima sesión de Comisión, señora secretaria.
La señora
Subsecretaria de la Comisión, doctora Claudia Patricia Álzate Rodríguez:
Procede con
el anuncio de proyectos de ley para la siguiente sesión convocada por la
Comisión:
(...)
- Proyecto
de ley número 49 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el
“Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su
Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV”, hecho en Madrid el 4 de octubre de
1991, su “Anexo V”, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su “Anexo
VI”, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
Autores:
Ministerios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente, Defensa y Minas y
Energía.
Ponente: honorable
Senador Jimmy Chamorro Cruz.
Publicaciones:
Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 550 de
2016.
Ponencia
Primer Debate: Gaceta del Congreso número 835 de 2016."[37]
(Negrillas y cursiva originales)
Si bien en la parte
final de la sesión llevada a cabo el 11 de octubre de 2016, se citó a los
senadores integrantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente para la “próxima sesión de Comisión”
‒como se indicó en el anuncio‒, revisando el consecutivo
de actas, dicha sesión tuvo lugar el siguiente 19 de octubre, fecha en la cual
se aprobó el proyecto de ley, por lo cual la Sala evidencia que el anuncio para
discusión y votación del Proyecto de Ley 049 de 2016 se cumplió efectivamente
en la sesión previa a aquella en la cual fue decidido.
En sentencia C-047 de
2017, la Corte precisó que si bien el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de
2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, exige que en
una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en
una sesión posterior, y que se convoque para su aprobación en una fecha futura,
también lo es que esa fecha puede ser prefijada y determinada, o por lo menos, determinable. Justamente
la Corte ha avalado como anuncios con fechas determinables, aquellos que
utilizan expresiones como “próxima sesión” o “siguiente sesión”, entre otras, sin que exista un
vicio de forma que afecte aquella regla constitucional.
Lo anterior, por
cuanto el objeto del anuncio previo es el conocimiento de los proyectos de ley
que serán objeto de decisión, con el fin de no sorprender a los congresistas y
de que éstos preparen la discusión, de tal manera que lo relevante es que del
contexto existan elementos que permitan determinar con claridad cuándo se
realizará la votación. En este caso, como en el anuncio se indicó que la
discusión y aprobación del proyecto de ley se efectuaría en la “próxima sesión de Comisión”,
no cabe duda de que se cumplió plenamente con la exigencia constitucional del
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
2.3.2.4.
Aprobación. De acuerdo con la certificación
suscrita el 12 de mayo de 2018 por el Secretario de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, el proyecto de ley fue discutido, votado
y aprobado en primer debate el 19 de octubre de 2016, según consta en el Acta
N° 9 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 185 del 28 de
marzo de 2017, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 8 de los
13 senadores que conforman esa Comisión, quienes votaron de forma nominal y
pública de la siguiente manera:
VOTACIÓN
SI
NO
La proposición con la que termina el informe de
ponencia del Proyecto de Ley número 49 de 2016 Senado[38].
8
0
Omisión de la lectura del articulado[39].
8
0
Título del proyecto de Ley y el querer de los
Senadores de que pasará a Segundo Debate[40].
8
0
En este contexto, se advierte que
en la “aprobación” de la iniciativa se contó con la mayoría requerida,
como lo exige el Acto Legislativo 01 de 2009, compuesta por un total de 8 de
los 13 integrantes que hacen parte de la citada Comisión; asimismo, se constata
el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 160 de la
Constitución, en el que se establece que la votación del proyecto debe
coincidir con la sesión previamente anunciada, esto es, el 19 de octubre de
2016, y de otro lado, la satisfacción de los requisitos de deliberación y
votación de la iniciativa, mayorías requeridas, sistema y forma de votación.
2.3.2.5.
Publicación. El texto definitivo aprobado en primer
debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de
la República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 1101 del 6 de
diciembre de 2016[41].
2.3.3. Segundo debate en la Plenaria
del Senado de la República
2.3.3.1. Designación de ponente. El
Presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la
República, en la misma sesión del 19 de octubre designó como ponente para
segundo debate al senador Jimmy Chamorro Cruz[42].
2.3.3.2. Informe de
ponencia. El informe de ponencia favorable para
segundo debate ante la Plenaria del Senado de la República fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 1101 del 6 de diciembre de 2016[43],
en cumplimiento de los artículos 157 y 185 de la Ley 5ª
de 1992.
2.3.3.3. Anuncio previo. El
Proyecto de Ley 049 de 2016 fue anunciado por la Secretaría de Plenaria del
Senado de la República en la sesión del 13 de diciembre de 2016, según consta
en el Acta No. 47 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No.
304 del 5 de mayo de 2017[44],
en los siguientes términos:
“II
Anuncio de Proyectos
Por
instrucciones de la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de
2003, por Secretaría se anuncian los proyectos y los ascensos de policías y
militares que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.
Se hace el
anuncio de los Proyectos siguiendo la instrucción del querido Senador Galán y
la Presidenta.
Bueno, entonces,
anuncios. Proyectos de ley y de Actos Legislativos qué serán considerados y
eventualmente votados en la próxima sesión plenaria de la Corporación
senatorial.
(...)
- Proyecto
de ley número 49 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el
"Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su
Apéndice y sus Anexos I, II, III, IV", hecho en Madrid el 4 de octubre de
1991, su "Anexo V", adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su
"Anexo VI", adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
Están hechos
los anuncios para la sesión siguiente a la de hoy, señora Presidenta” [45]
(Negrillas y cursiva originales)
Si bien en la parte
final de la sesión llevada a cabo el 13 de diciembre de 2016 se citó a los
senadores integrantes de la Plenaria para la “próxima sesión” ‒como se indicó en el
anuncio‒, revisando el consecutivo de actas, dicha sesión tuvo lugar el
siguiente 14 de diciembre, fecha en la cual se aprobó el proyecto de ley.
Por lo anterior, la
Sala Plena evidencia que el anuncio para discusión y votación del Proyecto de
Ley 049 de 2016 se cumplió efectivamente en la sesión previa a aquella en la
cual fue decidido.
Como previamente se
señaló, la Corte ha avalado como anuncios con fechas determinables aquellos que
utilizan expresiones como “próxima sesión” o “siguiente sesión”, entre otras, sin que exista un
vicio de forma que afecte aquella regla constitucional, por cuanto el objeto
del anuncio previo es el conocimiento de los proyectos de ley que serán objeto
de decisión, con el fin de no sorprender a los congresistas y de que éstos
preparen la discusión. Para el caso sub examine, el anuncio indicó que
la discusión y aprobación del proyecto de ley se efectuaría en la “próxima sesión de plenaria”,
no cabe duda de que se cumplió plenamente con la exigencia constitucional del
artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003.
2.3.3.4.
Aprobación. De acuerdo con la certificación
suscrita el 14 de febrero de 2018 por el Secretario General del Senado de la
República, el proyecto de ley fue discutido, votado y aprobado en segundo
debate el 14 de diciembre de 2016, según consta en el Acta No. 48 de la misma
fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 305 del 5 de mayo de 2016, con
un quórum decisorio integrado por 67 senadores que conforman la Plenaria de esa
Corporación, quienes votaron en concordancia con lo dispuesto en el numeral 16
del artículo 129 de la Ley 5a de 1992[46]
por unanimidad en los siguientes términos:
“La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y,
cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación por unanimidad
Se abre Segundo Debate
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del
articulado del proyecto y cierra su discusión.
La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado en bloque del
proyecto y, cerrada su discusión, pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado
propuesto? Y esta responde afirmativamente.
La
Presidencia indica a la Secretaría dar lectura al título del Proyecto.
Por
Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 49 de 2016
Senado, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo al Tratado
Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II,
III, IV", hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su "Anexo V",
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su "Anexo VI", adoptado
en Estocolmo, el 17 de junio de 2005".
Leído este,
la Presidencia lo somete a consideración de la plenaria y, cerrada su
discusión, pregunta: ¿Aprueban los miembros de la Corporación el título leído?
Y estos le imparten su aprobación.
Cumplidos los
trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta:
¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado haga tránsito
en la Cámara de Representantes? Y estos respondes afirmativamente."[47]
En este contexto, se advierte que
en la “aprobación” de la iniciativa se contó con la mayoría requerida,
como lo exige el Acto Legislativo 01 de 2009, compuesta por 67 integrantes que
hacen parte de la plenaria; así mismo, se constata el cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso 5º del artículo 160 de la Constitución, en el que se
establece que la votación del proyecto debe coincidir con la sesión previamente
anunciada, esto es, el 14 de diciembre de 2016 y de otra, la satisfacción de
los requisitos de deliberación y votación de la iniciativa, mayorías
requeridas, sistema y forma de votación.
En efecto, se trata de una excepción a la regla
general de votación nominal, ya que de conformidad con la certificación
expedida por el Secretario General del Senado el 7 de febrero de 2018, obrante
a folios 85 y 86 del expediente, la votación en segundo debate (Plenaria del
Senado) se realizó de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 16[48]
del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, el cual dispone que no se requiere
votación nominal en caso de unanimidad, como en efecto ocurrió.
Para que exista total claridad, de conformidad con
el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2009 que reformó el artículo 133 de la
Constitución, en los cuerpos colegiados de elección directa el voto de sus
miembros será “nominal y publico excepto en los casos que determine la ley”,
por lo que esta forma de votación se constituye en la regla general. Sin
embargo, el artículo 2 de la Ley 1431 de 2011 modificó el artículo 130 de la
Ley 5ª de 1992 e introdujo en el artículo 129 las excepciones a la votación
nominal y pública, entre las cuales se encuentra la unanimidad en la respectiva
comisión o plenaria.
2.3.3.5.
Publicación. El texto definitivo aprobado en
segundo debate por la plenaria del Senado de la República fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 1186 del 27 de diciembre de 2016[49].
2.3.3.6. Tránsito entre la aprobación en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente y la aprobación en la Plenaria del Senado de la
República
Según la
certificación emitida por el Secretario General del Senado de la Republica[50],
la aprobación del proyecto de ley en la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República fue dada el 19 de octubre de 2016, y ante
la Plenaria del Senado de la Republica fue aprobada en Segundo Debate el 14 de
diciembre de 2016. Es evidente, entonces, que se realizó en un término superior
a 8 días, en relación con la fecha de aprobación del texto en primer
debate, en aplicación de lo establecido en el artículo 160 de la Constitución
Política.
2.3.4. Tercer
debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes
2.3.4.1. Designación de ponente. La Mesa
Directiva de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, mediante el Acta de Designación de Ponentes No. 19 del 7 de
febrero del 2017, comunicada mediante Oficio No. CSCP. 3.2.2.02.551/17 (IS)
designó como ponentes para el Proyecto de Ley No. 219 de 2016 Cámara, No. 49 de
2016 Senado, a los siguientes congresistas:
Miguel Ángel Barreto Castillo, Ponente Coordinador
Andrés Felipe Villamizar Ortiz, Ponente
Federico Eduardo Hoyos Salazar, Ponente[51].
2.3.4.2. Informe de
ponencia. El informe de ponencia favorable para
tercer debate ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 248 del 21 de abril de 2017[52],
en cumplimiento de los artículos 157 y 160 de la
Constitución Política y artículos 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992. El informe de
ponencia termina con la proposición para “aprobar en primer debate, sin
modificaciones, el Proyecto de ley número 219 de 2016 Cámara, 49 de 2016
Senado…”
2.3.4.3. Anuncio previo. El
Proyecto de Ley 219 de 2016 Cámara, 49 de 2016 Senado, fue anunciado por el
Secretario General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en la
sesión del 31 de mayo de 2017[53],
según consta en el Acta No. 32 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 660 del 8 de agosto de 2017, en los siguientes términos:
"Hace
el uso de la palabra el Secretario General de la Comisión Segunda, el doctor
Benjamín Niño Flórez:
Sí
Presidente. Me permito hacer anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión
de Comisión donde se sometan a discusión y votación. Proyecto de ley dándole
cumplimiento al artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003.
(…)
Proyecto de
ley número 219 de 2016 Cámara, 49 de 2016 Senado.”[54]
Se observa entonces
que en la sesión del 31 de mayo de 2017 se anunció el proyecto de ley en la
cual se citó a los integrantes de la Comisión Segunda Constitucional Permanente
para la “próxima
sesión de Comisión” ‒como se indicó en el anuncio‒. Al
revisar el consecutivo de las actas, la sesión se llevó a cabo el siguiente 6
de junio, fecha en la cual se aprobó el proyecto de ley. De esta manera, la
Sala advierte que el anuncio para discusión y votación del Proyecto de Ley
número 219 de 2016 Cámara, 49 de 2016 Senado, se cumplió efectivamente en la
sesión previa a aquella en la cual fue decidido.
Cómo se mencionó en
precedencia y ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, si bien
el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de
la Constitución Política, exige que en una sesión anterior se anuncien los
proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, y que se
convoque para su aprobación en una fecha futura, también es cierto que esa
fecha puede ser prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.
Justamente la Corte ha avalado como anuncios con fechas determinables aquellos
que utilizan expresiones como “próxima sesión” o “siguiente sesión”, entre otras, sin que exista un
vicio de forma que afecte dicha regla constitucional.
Para el caso sub
examine, en el anuncio se indicó que la discusión y aprobación del
proyecto de ley se efectuaría en la “próxima sesión de Comisión”, no cabe duda de que se
cumplió plenamente con la exigencia constitucional del artículo 8º del Acto
Legislativo 01 de 2003.
2.3.4.4.
Aprobación. De acuerdo con la certificación
referenciada, emitida por el Secretario de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes el 26 de febrero de 2018, el proyecto
de ley fue debatido y votado el 6 de junio de 2017, según consta en el Acta No.
33 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 661 del 8 de
agosto de 2017, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los
18 senadores que conforman esa Comisión, quienes votaron de forma nominal y
pública de la siguiente manera:
VOTACIÓN
SI
NO
La proposición con la que termina el informe de
ponencia del Proyecto de Ley número 19 de 2016 Cámara, 49 de 2016 Senado[55].
12
0
Lectura del articulado propuesta para “primer
debate”[56].
12
0
Título del proyecto de ley y el querer de los
integrantes de la Comisión de que pasará a segundo debate[57].
12
0
De lo anterior se
observa lo siguiente:
“Proposición
Por lo
anteriormente expuesto y por cumplir el proyecto de ley con los requisitos
constitucionales si erales, me permito proponer a la Honorable Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes de la República,
aprobar en primer debate sin modificaciones el proyecto de ley número 219 de
2016 Cámara, 49 de 2016 Senado, por medio de la cual se aprueba el
"Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su
Apéndice y sus Anexos I, II, III, IV", hecho en Madrid el 4 de octubre de
1991, su "Anexo V", adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su
"Anexo VI", adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
(…)
Presidente,
ha sido leído el informe de ponencia, puede usted someterlo a consideración.
Para este
tipo de proyectos de ley debe hacerse votación nominal, Presidente.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
José Luis Pérez Oyuela:
Esta leído el
informe de ponencia, la proposición con la cual termina la ponencia para primer
debate, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.
Sírvase señor
Secretario, llamar a lista para votar la proposición.
(…)
Señor
Presidente, han votado 12 honorables Representantes, los 12 han votado por el SÍ,
en consecuencia, ha sido aprobado el informe de ponencia.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
José Luis Pérez Oyuela:
Articulado,
señor Secretario.
Hace uso
de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño
Flórez:
Sí,
presidente.
Me permito
dar lectura al articulado
(…)
Ha sido leído
el articulado, Presidente, no hay proposiciones que modifiquen, por lo tanto,
puede usted someterlo a consideración en bloque.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
José Luis Pérez Oyuela:
Está en
consideración el articulado leído, se abre la discusión, anuncio que va a
cerrarse.
(…)
Sigue en
discusión el articulado, anuncio que va a cerrar la discusión, queda cerrada.
Sírvase, señor Secretario, por favor llamar a lista.
(…)
Hace uso
de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño
Flórez:
(…)
Señor
Presidente, han votado 12 honorables Representantes, en consecuencia, ha sido
aprobado el articulado.
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
José Luis Pérez Oyuela:
Título y
pregunta, Secretario.
Hace uso
de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño
Flórez:
Sí,
Presidente.
(…)
Hace uso
de la palabra el Presidente de la Comisión Segunda, honorable Representante
José Luis Pérez Oyuela:
Está en
consideración el título y la pregunta leída, se abre la discusión, anuncio que
va cerrarse, queda cerrada.
(…)
Hace uso
de la palabra el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Benjamín Niño
Flórez:
Han votado 12
honorables Representantes, los 12 han votado por el SÍ, en consecuencia, ha
sido aprobado el título y la pregunta del proyecto de ley tal cual como viene
publicado en la Gaceta, señor Presidente.”[58]
De las trascripciones se advierte
que en la “aprobación” de la iniciativa se contó con la mayoría
requerida, como lo exige el Acto Legislativo 01 de 2009, compuesta por
un total de 12 de los 18 integrantes que hacen parte de la citada Comisión; así
mismo, se constata el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo
160 de la Constitución, en el que se establece que la votación del proyecto
debe coincidir con la sesión previamente anunciada, esto es, el 31 de mayo de
2016 y de otra, la satisfacción de los requisitos de deliberación y votación de
la iniciativa, mayorías requeridas, sistema y forma de votación.
2.3.4.5.
Publicación. El texto definitivo aprobado en tercer
debate por parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 649 del 8 de
agosto de 2017[59].
2.3.5. Cuarto debate en la Plenaria
de la Cámara de Representantes
2.3.5.1. Designación de ponente. El
Presidente de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de
Representantes, en la misma sesión del 6 de junio designó a los mismos ponentes
para segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, tal como
se puede observar en la página 29 de la Gaceta del Congreso No. 661 de 2017[60].
2.3.5.2. Informe de
ponencia. El informe de ponencia favorable para
cuarto debate (segundo debate ante la Plenaria de la Cámara de Representantes)
fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 649 del 8 de agosto de 2017[61],
en cumplimiento de los artículos 185 y 157 de la Ley 5ª
de 1992.
El mencionado informe de ponencia termina con una proposición ante
la Plenaria de la Cámara baja de "aprobar en Segundo Debate, sin
modificaciones el Proyecto de ley número 219 de 2016 Cámara, 49 de 2016
Senado..."[62]
2.3.5.3. Anuncio previo. El
Proyecto de Ley No. 219 de 2016 Cámara, 49 de 2016
Senado, fue anunciado por la Secretaría de Plenaria de
la Cámara de Representantes en la sesión del 6 de diciembre de 2017, según
consta en el Acta de Plenaria No. 271 de la misma fecha, publicada en la Gaceta
del Congreso No. 76 del 16 de marzo de 2018[63], en los
siguientes términos:
"Dirección
de la Presidencia, Lina María Barrera Rueda:
Señor
Secretario abra el registro para verificar el quórum.
Anuncie
proyectos y verifique el quórum señor Secretario.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se anuncia
antes de verificar el quórum los siguientes proyectos, para el día martes 12 de
diciembre.
Subsecretaria,
Yolanda Duque Naranjo:
Se anuncian
los siguientes proyectos para la sesión ordinaria del día martes 12 de
diciembre de 2017.
(...)
Para segundo
debate: (...)
Proyecto de
ley número 219 de 2016 Cámara, 49 de 2016 Senado.
(...)
Dirección
de la Presidencia, Lina María Barrera Rueda:
Bueno muy
bien señor Secretario se cita entonces el martes 2:00 de la tarde, día martes
12 de diciembre"[64]
(Negrillas originales)
Como se observa de los
apartes transcritos y en la certificación aportada[65],
la Mesa Directiva anunció el proyecto de ley objeto de control formal para ser
debatido y votado en la sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2017, fecha en
la cual se aprobó el proyecto de ley, por lo cual este Tribunal evidencia que
el anuncio para discusión y votación del Proyecto de ley número 219 de 2016
Cámara, 49 de 2016 Senado, se cumplió efectivamente en la sesión previa a
aquella en la cual fue decidido, conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del
Acto Legislativo 01 de 2003.
2.3.5.4.
Aprobación. De acuerdo con la certificación
suscrita el 23 de febrero de 2018 por el Secretario General de la Cámara de
Representantes[66],
el proyecto de ley fue discutido y aprobado por la Plenaria de dicha cámara en
cuarto debate (segundo de la Cámara) el 12 de diciembre de 2017, según consta
en el Acta de Plenaria No. 272 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso No. 122 del 11 de abril de 2018[67], en la cual
se adoptó la votación de forma nominal y pública en los siguientes términos:
VOTACIÓN
SI
NO
La proposición con la que termina el informe de
ponencia del Proyecto de Ley número 19 de 2016 Cámara, 49 de 2016 Senado[68].
92
0
Lectura del articulado propuesto[69].
86
0
Título del proyecto de ley y el querer de los
integrantes de la plenaria de que el Proyecto se convierta en ley de la
República[70].
87
0
Lo anterior consta
de la siguiente forma:
"Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
(...) la
votación es como sigue:
Por el SÍ 90
votos electrónicos, 2 manuales; para un total por el SÍ de 92.
Por el NO cero
votos electrónicos, 0 votos manual.
Señor
Presidente, ha sido aprobada la ponencia de este tratado, el articulado señor
Presidente consta de tres artículos, sin ninguna proposición, para que abra su
discusión y sea aprobado o negado por la plenaria.
(...)
Dirección
de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Gracias señor
Secretario, muy bien. El articulado, por favor:
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Tres
artículos señor Presidente, sin ninguna proposición.
Dirección
de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Estupendo. Se
abre la discusión entonces del articulado que ya fue publicado. Anuncio que se
va a cerrar, se cierra la discusión del articulado y abra el registro, señor
Secretario, por favor.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el
registro para votar el articulado. El articulado de este tratado sobre
protección del medio ambiente.
(...)
Dirección
de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Muy bien
cierre entonces el registro y anuncie el resultado por favor.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el
registro la votación es como sigue.
Por el SÍ 83
votos electrónicos, 3 manuales, para un total por el SÍ de 86.
Por el NO
cero votos electrónicos, cero votos manuales, para un total por el NO de cero
votos.
(...)
Dirección
de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Sírvase a
leer el título y la pregunta señor Secretario por favor.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Título “por
medio de la cual se aprueba el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección
del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, hecho en Madrid, el 4
de octubre de 1991, su Anexo 5 adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su
Anexo 6, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005, y la pregunta.
Dirección
de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Muy bien,
señor Secretario.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Señor
Presidente, y la pregunta ¿quiere la plenaria que este proyecto sea Ley de la República?
Dirección
de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Aprueba la
plenaria entonces el título y la pregunta, hay que abrir registro, por
supuesto, abra el registro, entonces señor Secretario, anuncio se va a abrir la
discusión, se cierra la discusión, cerrada la discusión abra el registro.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se abre el
registro para votar el título y la pregunta, pueden votar señores
Representantes.
(...)
Se informa
que se va a cerrar la votación, Mauricio Gómez vota SÍ, señor Presidente existe
decisión de la Cámara, Fabio Amín vota SÍ.
Dirección
de la Presidencia, Rodrigo Lara Restrepo:
Muy bien
señor Secretario, entonces cierre el registro y anuncie el resultado por favor.
Secretario
General, Jorge Humberto Mantilla Serrano:
Se cierra el
registro, la votación final es como sigue:
Por el SÍ 85
votos electrónicos, 2 manuales, para un total por el SÍ de 87.
Por NO cero
votos electrónicos, cero votos manuales.
Señor
Presidente han sido aprobados el título y la pregunta de este proyecto de
protocolo hacia el Tratado Antártico sobre el medio ambiente."[71]
(Negrillas originales)
En este contexto, se advierte que
en la aprobación de la iniciativa se contó con la mayoría requerida,
como lo exige el Acto Legislativo 01 de 2009, compuesta por un quórum superior
de los 87 parlamentarios que conforman la Cámara de Representantes, así mismo
se constata el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 160 de
la Constitución, en el que se establece que la votación del proyecto debe
coincidir con la sesión previamente anunciada, esto es, el 12 de diciembre de
2017, y de otra, la satisfacción de los requisitos de deliberación y votación
de la iniciativa, mayorías requeridas, sistema y forma de votación.
2.3.5.5.
Publicación. El texto definitivo aprobado en cuarto
debate por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en
la página 17 de la Gaceta del Congreso No. 13 del 31 de enero de 2018[72].
2.3.5.6.
Tránsito entre la aprobación en la Comisión Segunda Constitucional Permanente y
la aprobación en la Plenaria de la Cámara de Representantes
Según la
certificación emitida por el Secretario General de la Cámara de Representantes[73]
"Se respetaron los términos dispuestos en el artículo 169 de la Constitución
Política, correspondientes al mínimo de ocho días que debe mediar entre la
aprobación en primer y segundo debate de la H. Cámara de Representantes;
Asimismo, transcurrieron más de quince días entre la aprobación del proyecto en
el H. Senado de la República y la iniciación del debate en la Comisión Segunda
de la H. Cámara de Representantes."[74]
Dicha
información se constata pues (i) la fecha de aprobación en primer debate ante
la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes se
dio el 6 de junio de 2017 y la aprobación en segundo debate ante el pleno de la
Cámara se efectuó el 12 de diciembre de 2017, y (ii)
entre la aprobación del proyecto en el Senado de la República ‒14 de
diciembre de 2016‒ y la iniciación del debate en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes ‒6 de junio de
2017‒ transcurrieron más de los ocho y quince días
requeridos respectivamente, tal como lo dispone el
artículo 160 del texto superior[75].
2.3.5.7. Sanción Presidencial y envío a la Corte Constitucional
El 9 de enero de 2018, el Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, sancionó
la Ley 1880 del 9 de enero de 2018, por medio de la
cual se aprueba el instrumento internacional objeto de estudio[76].
El 12 de enero de 2018, fue remitido el texto de la ley por
la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Corte Constitucional,
dando cumplimiento al término de seis días otorgado por el numeral 10 del
artículo 241 de la Constitución.[77]
2.4. CONSTITUCIONALIDAD DEL TRÁMITE DADO A LA LEY 1880 de 2018
Luego del recuento anterior, pasa la Corte a determinar la
constitucionalidad del trámite de aprobación de la Ley 1880 de 2018.
2.4.1. Oportunidad en la radicación del proyecto de ley en el
Senado de la República
La Corte observa que la Aprobación Ejecutiva del Tratado fue
suscrita por el Presidente de la República el día 11 de marzo de 2016[78].
Por otro lado, se verifica que la radicación del proyecto de ley en el Senado
de la República por parte de los Ministros de Relaciones Exteriores, de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa y Minas y Energía, se realizó 11
de marzo de 2016, según consta en la Gaceta del Congreso No. 550 de
esa fecha.[79]
De esta manera, se dio cumplimiento a los requisitos referentes a
la iniciación de esta clase de asuntos en el Senado de la República (artículo
154 Constitucional).
2.4.2. Oportunidad de la publicación del proyecto de ley y
cumplimiento de los requisitos del artículo 157 Superior
El artículo 157 numeral 1 de la Constitución Política establece
que ningún proyecto será ley sin “[h]aber
sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la
comisión respectiva”. Sobre el particular, esta
Corte constata el cumplimiento de este requisito, pues el proyecto de ley fue
publicado el 29 de julio de 2016[80] y se inició
el trámite en la Comisión Segunda del Senado el 3 de
agosto de 2016.[81]
Además, fue aprobado en primer debate en las correspondientes
comisiones de cada cámara, aprobado en segundo debate en las plenarias de cada
cámara y recibió la debida sanción presidencial.
2.4.3. Cumplimiento del primer inciso del artículo 160 Superior
Entre el primer y segundo debate en cada una de las cámaras
transcurrió un tiempo no inferior a ocho días, tal como lo ordena el artículo
160 Constitucional: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del
Senado tuvo lugar el 19 de octubre de 2016,[82] mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 14 de
diciembre de 2016;[83]
del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la
Cámara ocurrió el 6 de junio de 2017,[84] y el segundo
debate tuvo lugar el 12 de diciembre de 2017.[85]
De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (14
de diciembre de 2016) y la iniciación del debate en la Cámara de
Representantes (2 de febrero de 2017) transcurrió un lapso no inferior a
quince días, en cumplimiento del artículo 160 de la Carta Política.
2.4.4. Cumplimiento del quórum decisorio
El proyecto fue discutido y aprobado en cuatro debates, en
Comisiones y Plenarias de ambas Cámaras, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 157 Superior.
Tratándose de la aprobación del proyecto, en cada uno de los debates
adelantados por las mayorías exigidas, la Corte constata que en las
certificaciones remitidas por el Congreso de la República, y en las actas y
gacetas, se acredita el cumplimiento de este requisito y se deja consignado que
la votación fue nominal y pública.
Es necesario tener en cuenta que, de
conformidad con el artículo 5º del Acto Legislativo No. 01 de 2009, que reformó
el artículo 133 de la Constitución, en los cuerpos colegiados de elección
directa, el voto de sus miembros “será nominal y público, excepto en los
casos que determine la ley”, de donde se desprende que en el trámite
legislativo la votación nominal y pública es la regla general, que ha sido
exceptuada mediante la Ley 1431 de 2011, “por la cual se establecen las
excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”.
2.4.5. Cumplimiento del requisito de anuncio del artículo 160
constitucional, tal como fue modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo
01 de 2003
En cuanto al cumplimiento del requisito del anuncio de que trata
el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003,[86]
que adicionó el artículo 160 de la Constitución Política, encuentra la Corte
que dicho requisito también se cumplió.
En efecto, el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 dispone
lo siguiente:
“Ningún proyecto de ley será sometido a votación
en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de
que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara
o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
Según lo establece la jurisprudencia, esta disposición busca
evitar la votación sorpresiva de los proyectos de ley y actos legislativos, en
aras de permitir que los congresistas se enteren de los proyectos que van a ser
discutidos y votados en las sesiones siguientes.[87]
Según la Corte, la finalidad del anuncio es la de“permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos
de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación,
suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean
sorprendidos con votaciones intempestivas”.[88]
La exigencia del anuncio previo es entonces de rango
constitucional, para afianzar el principio democrático, el respeto por las
minorías parlamentarias, y la publicidad y transparencia del proceso
legislativo.
Ahora bien, del texto de la disposición constitucional se
desprende que el anuncio debe cumplir los siguientes requisitos:[89]
“a) El anuncio debe estar presente en la votación
de todo proyecto de ley.
b) El anuncio debe darlo la presidencia de la
cámara o de la comisión en una sesión distinta y previa a aquella en que debe
realizarse la votación del proyecto.
c) La fecha de la votación debe ser cierta, es
decir, determinada o, por lo menos, determinable.
d) Un proyecto de ley no puede votarse en una
sesión distinta a aquella para la cual ha sido anunciado”.
En el caso concreto de la aprobación del proyecto de la Ley 1880 del 9 de enero de 2018, esta
Corporación encuentra lo siguiente:
En el curso del proyecto durante su primer debate en la Comisión
Segunda del Senado, el 11 de octubre de 2016 (Acta No. 08 de esa
fecha), se anunció el proyecto de ley para la próxima sesión y
de la Comisión Segunda, la cual efectivamente se llevó a cabo el 19 de
octubre de 2016 la aprobación (Acta No. 09 de esa fecha).
Igualmente, en el trámite del proyecto en el segundo debate en la
plenaria del Senado, el proyecto se anunció el 13 de diciembre de 2016 (Acta No. 48 de esa fecha) para la próxima sesión, la cual se llevó a cabo el 14
de diciembre de 2016 (Acta 49 de esa fecha).
Por su parte, en cuanto a lo ocurrido en la Cámara de
Representantes, se encontró que el anuncio para primer debate se
realizó el 31 de mayo de 2017 (Acta No. 32 de esa fecha) para la
próxima sesión, la que se realizó el 6 de junio de 2017, donde se
discutió y aprobó el proyecto (Acta No. 33 de esa fecha).
Finalmente, en el segundo debate en la Plenaria de la Cámara de
Representantes, el proyecto de ley se anunció el 6 de
diciembre de 2017 (Acta No. 271 de esa fecha) y fue aprobado el 12
de diciembre de 2017 (Acta No. 272 de esa fecha).
Resalta la Corte que en ninguna de las etapas de formación de este
proyecto se interrumpió la secuencia de anuncios, citaciones y votaciones. Así,
tanto para los Congresistas de la correspondiente cámara legislativa, como para
los ciudadanos interesados en la formación de esta ley, la fecha en que se
haría la votación del proyecto era claramente determinable y futura, lo cual
asegura que los fines de este requisito constitucional se cumplieron a
cabalidad.
2.4.6. Cumplimiento del artículo 162 de la Constitución.
El artículo 162 de la Constitución Política señala que “Los
proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que
hubieren recibido primer debate en alguna de las Cámaras, continuarán su curso
en la siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto de ley
podrá ser considerado en más de dos legislaturas”. (Subrayado fuera de
texto)
Observa la Corte que se le dio cabal cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 162 Superior. Lo anterior, se verifica al observar la fecha en
que el proyecto fue radicado en el Senado de la República y la fecha en que fue
aprobado en cuarto debate. Así, el proyecto fue radicado en el Senado de la
República el 26 de julio de 2016, es decir, en la legislatura que empezó
el 20 de julio de 2016 y que terminó el 20 de junio de 2017. Por su parte, el
proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes el 12
de diciembre de 2017, es decir, se dio dentro de dos legislaturas.
En consecuencia, colige la Corte Constitucional que, desde el
punto de vista formal, la Ley 1880 de 2018 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución
Política de Colombia y en la Ley 5ª de 1992.[90]
Concluido el análisis de forma del procedimiento de aprobación del
proyecto de la ley de la referencia, procede la Corte a realizar el estudio
material del Acuerdo objeto de revisión.
3.
examen material de la Ley 1880 de 2018 y la constitucionalidad del ESTATUTO
3.1. La “Constitución
ecológica” (Reiteración de jurisprudencia)
La jurisprudencia constitucional
ha señalado que la Carta Política de 1991 es una “Constitución ecológica”, ya
que contiene un conjunto de disposiciones que reconocen la importancia del
ambiente sano e imponen una serie de obligaciones al Estado en esa específica
materia. En efecto, desde la sentencia T-411 de1992 la Corte recapituló las
disposiciones que conforman la Constitución ecológica:
“58 (función
ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad ambiental), 67 (educación para la
protección del ambiente), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las
decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales), 82 (deber
de proteger los recursos culturales y naturales del país), 226 (internacionalización
de las relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del
ambiente), 317 y 294 (contribución de
valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los
territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del
Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado
sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la
libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los
recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo),
340 (representación
de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 (solución de
necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del
Estado)”.[91]
Con base en estas disposiciones
constitucionales la jurisprudencia ha señalado que el ambiente sano tiene una
triple dimensión como principio, derecho y obligación a cargo del Estado: “es
un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado
proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional
(fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas
vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad
y los particulares, al implicar deberes calificados de protección. Además, la
Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y
propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores)”.[92]
En materia de las obligaciones a
cargo del Estado, la Corte ha precisado que corresponden las siguientes: “1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las
riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia
ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera”.[93]
Lo anterior implica tomar todas las medidas necesarias y adecuadas, bien sea a
través de la vía legislativa como por medio de políticas públicas, que estén
encaminadas a preservar las riquezas naturales y el entorno ecológico:
En la sentencia C-644 de 2017 la Corte reiteró la línea
jurisprudencial sobre la perspectiva ecológica de la Constitución precisando
que existen tres diversos enfoques, a saber: (i) el antropocéntrico, (ii) el
biocéntrico y (iii) el ecocéntrista. A la luz de esta última concepción, la
Corte ha reconocido el valor de la naturaleza y la necesidad de incentivar su
protección. En palabras de esta Corporación:
“(…) para la Corte que el humano es un ser más en el planeta y
depende del mundo natural, debiendo asumir las consecuencias de sus acciones.
No se trata de un ejercicio ecológico a ultranza, sino de atender la realidad
sociopolítica en la propensión por una transformación respetuosa con la
naturaleza y sus componentes. Hay que aprender a tratar con ella de un modo
respetuoso. La relación medio ambiente y ser humano acogen significación por el
vínculo de interdependencia que se predica de ellos.”[94]
La Corte Constitucional en
ejercicio del control automático de constitucionalidad se ha pronunciado en
torno a las medidas adoptadas por la comunidad internacional en torno a la
preocupación sobre el medio ambiente  reflejadas en la adopción de instrumentos
tales como la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la
Naturaleza de 1982, el Tratado de Montreal de 1987, la Declaración de Río de
1992, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992,
el Protocolo de Kyoto de 1997, la Declaración de Johannesburgo sobre el
Desarrollo Sostenible de 2002, entre otros.[95]
3.2. El Sistema del Tratado de la Antártida
Geográficamente la Antártida es un
territorio que se extiende por más de 14 millones de kilómetros cuadrados los cuales
representa el 90 por ciento de todo el hielo terrestre. En términos
ambientales, constituye el 70 por ciento de toda el agua dulce del planeta y
comprende el 26 por ciento de todas las zonas silvestres del mundo. A esta
riqueza en materia de biodiversidad se debe que durante una década de
discusiones sobre el futuro de la Antártida, el 1 de diciembre de 1959 se
suscribió en Washington el Tratado Antártico, siendo los 12 países
originalmente signatarios Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos
Francia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión de África del Sur (hoy
Sudáfrica), la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (hoy Federación
Rusa), el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En primer término, el artículo IV
del Tratado Antártico suspendió las reclamaciones territoriales de los Estados,
al tiempo de definió esta región como una zona de uso exclusivamente pacífico,
científico y reservado para actividades en beneficio de toda la humanidad.
Algunos de los aspectos normativos
más importantes del Tratado Antártico son los siguientes:
(i)
La Antártida se utilizará exclusivamente para
fines pacíficos, prohibiendo toda medida de carácter militar, el
establecimiento de bases militares, la realización de maniobras militares y los
ensayos de toda clase de armas.
(ii)
Las Partes Contratantes acuerdan intercambiar
observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán
disponibles libremente.
(iii)
Ningún acto o actividad que se lleve a cabo
mientras el Tratado se halle en vigencia, constituirá fundamento para hacer
valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida,
ni para crear derechos de soberanía en esta región.
(iv)
No se harán nuevas reclamaciones de soberanía
territorial en la Antártida, ni se ampliarán las reclamaciones anteriormente
hechas, mientras el Tratado se halle en vigencia.
(v)
A fin de promover los objetivos y procurar la
observancia de las disposiciones del Tratado, todas las regiones de la
Antártida y todas las estaciones, instalaciones y equipos que allí se
encuentren están abiertos en todo momento a la inspección de cualquier otro
país signatario.
El Tratado Antártico entró en
vigor el 23 de junio de 1961 y en la actualidad cuenta con 53 Partes, de las
cuales 29 tienen el estatus de Parte Consultiva con derecho a voz y voto, y las
restantes son Partes no Consultivas, invitadas a participar en las reuniones,
pero sin tomar parte en la toma de decisiones. Es decir, las Partes Consultivas
están facultadas para participar en las reuniones a las que se refiere el
Artículo IX del Tratado Antártico, para formular, considerar y recomendar
acciones a sus Gobiernos en relación con la ejecución del mismo.
El Gobierno de los Estados Unidos
sirve como depositario del Tratado y la Secretaría del Tratado Antártico tiene
sede en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
El Tratado Antártico es la base
originaria de un sistema o conjunto de normas y acuerdos internacionales relacionados
con la Antártida, conocido como el Sistema del Tratado Antártico. Este sistema
se conforma principalmente por cinco instrumentos internacionales, a saber: (i)
El Tratado Antártico, de 1959; (ii) La Convención para la Conservación de Focas
Antárticas, de 1972; (iii). La Convención para la Conservación de Recursos
Vivos Marinos Antárticos, de 1980; (iv) Convención para la Reglamentación de
las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos, de 1988, y; (v) El
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, de 1991.
Cada uno de estos instrumentos establece
mecanismos para llevar a cabo acciones de conservación, investigación
científica, cooperación y protección de los ecosistemas antárticos; todos
regulan la actividad humana en el continente Antártico con el principal
objetivo de prevenir su degradación.
Colombia
se adhirió al Tratado Antártico mediante Ley 67 de 1988 y actualmente tiene el estatus
de observador[96].
Mediante el Decreto 1690 de 1990 fue creada la Comisión Nacional para Asuntos
Antárticos, como órgano intersectorial de carácter permanente del Gobierno, el
cual presta asesoría, planificación, orientación y evaluación respecto de la
ejecución del Programa Antártico Colombiano y de la Agenda Científica Antártica
Colombiana, y cuyo propósito principal es posicionar la participación de
Colombia  en el Sistema del Tratado Antártico, de tal manera que se logre
el cambio de estatus de Colombia a miembro consultivo del Tratado Antártico.
3.3. El Protocolo al Tratado
Antártico Sobre Protección del Medio Ambiente
Debido a la conciencia global de
proteger la Antártida en la Conferencia de Estocolmo de 1972, se determinó
que la protección medioambiental de la Antártida requería una acción coordinada
a nivel internacional. En ese sentido, uno de los principales efectos de la
Conferencia de Estocolmo fue dar los primeros pasos hacia una política
ambiental internacional concertada para atender los efectos del cambio
climático, el aumento del nivel del mar, la contaminación de los recursos del
aire, suelo y agua, la destrucción de los bosques, la escasez de agua para
consumo humano, la extinción de especies, la pérdida de biodiversidad, el mal
manejo de residuos y la sobreexplotación de los recursos naturales.
Posteriormente, en la sesión final
de la XI Reunión[97]
Consultiva Especial del Tratado Antártico (RCETA), celebrada en Madrid el 3 y 4
de octubre de 1991, se suscribió el “Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente”, en el que, además, se adoptaron cuatro Anexos,
los cuales forman parte integrante del mismo, de la siguiente manera: (i) Anexo
I sobre la Evaluación del Impacto sobre el Medio Ambiente; (ii) Anexo II sobre
la Conservación de la Fauna y Flora Antárticas; (iii) Anexo III sobre la
Eliminación y Tratamiento de Residuos; y, (iv) Anexo IV sobre la Prevención de
la Contaminación Marina.
Este protocolo complementario al
Tratado Antártico también denominado “Protocolo de Madrid”, en referencia al
lugar de su adopción, entró en vigor internacional el 14 de enero de 1998. A la
fecha, el Protocolo tiene seis Anexos: los Anexos I a IV, adoptados junto con
el Protocolo y los Anexos V y VI, adoptados en 1991 (posterior a la adopción
del protocolo) y 2005, respectivamente.
Este instrumento de protección
ambiental parte del hecho probado de que la Antártida ejerce una influencia
determinante sobre la circulación oceánica y la regulación atmosférica global,
y en él, las Partes se comprometen a la protección del medio ambiente antártico
y de sus ecosistemas dependientes y asociados, designando a la Antártida como
reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia.
Para tal efecto, el Protocolo crea
un Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA), como grupo de expertos
para proveer asesoramiento y formular recomendaciones en la RCTA sobre la
implementación del Protocolo, y se reúne todos los años en ocasión de la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico, con periodos de actividades para
preparar y socializar la información actual que cada país lleva al evento
consultivo. El objetivo principal del Protocolo de Madrid es proteger el medio
ambiente Antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados. Para la
consecución de este objetivo, este instrumento internacional consagra una
amplia gama de disposiciones que van desde la prohibición de actividades
extractivas de recursos minerales, hasta el requerimiento de la elaboración de
evaluaciones de impacto ambiental para cualquier actividad que se acometa en la
zona de influencia del Tratado Antártico
El Protocolo
de Madrid consta de un Preámbulo, 27 artículos, un apéndice y seis Anexos, distribuidos
así: I. Evaluación del impacto sobre el medio ambiente; II. Conservación de la
fauna y floras antárticas; III. Eliminación y tratamiento de residuos; IV.
Prevención de la contaminación marina; V. Protección y gestión de zonas; y VI.
Responsabilidad emanada de emergencias ambientales.
En el marco de esta creciente
preocupación global por la protección del medio ambiente, diversos Estados
alrededor del mundo reconocieron la necesidad de responder a las amenazas que
enfrenta el medio ambiente Antártico y sus ecosistemas asociados, diseñando
para tales efectos instrumentos internacionales de protección ambiental. El
resultado final es el Protocolo al Tratado Antártico, el cual fue adoptado el 4
de octubre de 1991 en Madrid, y actualmente se erige como el instrumento
internacional principal para la protección ambiental de dicho territorio. Cabe
resaltar que Colombia suscribió este protocolo en la fecha de su apertura para
firma.
Así las cosas, se procede a
describir el instrumento sub examine, en cada uno de sus 27 artículos, apéndice
y 6 anexos que obran de la siguiente manera:
3.4. Disposiciones específicas del tratado
Dada la extensión de los instrumentos internacionales sometidos a
control, la Sala Plena seguirá la siguiente metodología: (i) primero describirá el contenido de cada uno de los 27 artículos del
Protocolo, así como del articulado correspondiente a su apéndice y sus 6 anexos,
(ii) cuando sea oportuno se hará mención a las intervenciones allegadas al
trámite, así como al concepto rendido por el señor Procurador y, finalmente, (ii) se pronunciará frente a la constitucionalidad
de cada disposición.
En
términos generales, todos los intervinientes solicitaron la declaratoria de
exequibilidad del instrumento internacional bajo examen. El señor Procurador
General de la Nación rindió el concepto de constitucionalidad número 6480, a
través del cual pide a esta Corporación declarar la
exequibilidad del precitado instrumento internacional, así como de su ley
aprobatoria, por ajustarse cabalmente a las normas
constitucionales, y por tratarse de una ley de especial importancia que
propende por la conservación del medio ambiente global.
Del
mismo modo, todos los intervinientes que participaron
en el trámite, a saber: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Academia
Colombiana de Jurisprudencia, la Facultad de Derecho de la Universidad
Externado de Colombia, la Facultad de Derecho de la Universidad Libre
(Seccional Bogotá), coinciden en solicitarle a la Corte declarar la
exequibilidad del Protocolo, su Apéndice y sus anexos, fundamentalmente porque están
orientados a desarrollar lo dispuesto en el artículo 80 Superior, que impone al
Estado el deber de garantizar el desarrollo sostenible y, en ese sentido,
defienden su constitucionalidad, por considerar que se trata de un conjunto de
medidas pertinentes para atender las necesidades actuales de conservación del
espacio antártico y reconocer que el cuidado de dicha zona debe adelantarse de
manera urgente por parte de toda la humanidad.
3.4.1. Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del medio ambiente
3.4.1.1. Preámbulo y definiciones
De conformidad con el Preámbulo
del acuerdo, las partes persiguen el cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado
Antártico de Naciones Unidas y se anuncian los objetivos generales que se deben
atender, entre otros: (i) incrementar la protección al medio ambiente antártico
y los ecosistemas que lo componen; (ii) los fines pacíficos de ese territorio;
(iii) las responsabilidades comunes de las partes; (iv) se reitera el
establecimiento de la Antártida como Área de Conservación Especial; (v) el
aporte de la Antártida a la ciencia y a la investigación; y, (vi) el interés de
la humanidad por la protección del ambiente antártico y de los ecosistemas que
lo integran.
De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, las previsiones del preámbulo no constituyen en sí mismas
reglas jurídicas, sino criterios de interpretación del tratado. Al respeto, la
Corte al efectuar el control de constitucionalidad del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, mediante sentencia C-578 de 2002, se pronunció en
los siguientes términos:
“Aun cuando la jurisprudencia y la doctrina
internacionales consideran que el Preámbulo de un tratado carece de fuerza
jurídica vinculante, su texto constituye un conjunto de criterios para la
interpretación del mismo.”
Así las cosas, en el presente caso
el preámbulo del Protocolo expresa con claridad las consideraciones, motivos y
fines que animaron a los Estados a acordar la regulación mediante la cual se
declara a la Antártida como una zona de paz, protección medioambiental e
investigación científica para la humanidad y, por tal razón, se constituye en
criterio de interpretación del tratado que se corresponde con los derechos a la
paz (art. 22 C.P.) y a la protección del ambiente (art. 80 C.P.) consagrados en
la Carta Política.
Aunado a ello, Sala Plena no puede
pasar por alto que la consagración en el preámbulo de la Antártida como un territorio de paz y estudio científico en el que
se previene la explotación de sus riquezas, así como la actividad nuclear, en
procura de evitar la contaminación y el calentamiento global, comportan fines
del más alto valor para la protección del ecosistema, que se corresponden con
el articulado constitucional (arts. 79, 80, 82, 267, 333, 334, 339 y 366 C.P.)
El artículo 1 del Protocolo
precisa algunas definiciones de términos utilizados en el conjunto normativo,
así como en el Tratado Antártico[98].
Al respecto, se observa que se
trata de disposiciones orientadas a aclarar el sentido de los términos
utilizados, lo cual lleva a una mayor claridad de las obligaciones incluidas en
el acuerdo.
Frente a las definiciones
previstas en los tratados internacionales, esta Corporación en las sentencias
C-132 de 2014 y C-184 de 2016 reiteró que estas “…contribuyen a un mejor
entendimiento de sus artículos, permiten su correcta aplicación y mayor
seguridad jurídica; razón por la cual estas disposiciones no suelen vulnerar en
sí mismas la Constitución”, razón por la cual, siguiendo la jurisprudencia
constitucional sobre esta específica materia, la Corte encuentra que se ajustan
al orden constitucional y, por lo tanto, serán declaradas exequibles. Idénticas
consideraciones se hacen con respecto a las definiciones que en el transcurrir
de los 6 anexos se encuentren previstas.
3.4.1.2.
Objetivo, designación y principios
El artículo 2
establece el objetivo del Protocolo y la designación que los contratantes
realizan a la Antártida, en el sentido que se "comprometen a la
protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas dependientes y
asociados y, mediante el presente Protocolo, designan a la Antártida como
reserva natural, consagrada a la paz y a la ciencia", delimitando de
esta manera el alcance del instrumento y reconociendo ese territorio como una
zona de reserva natural para la paz.
Dicho objetivo corresponde
plenamente a los deberes del Estado colombiano en materia de protección del
medio ambiente y de los recursos naturales, consagrados en los artículos 79 y
80 Constitucionales, por lo que se ajusta a la normativa constitucional y,
consecuentemente, será declarado exequible en la parte resolutiva de la
presente providencia.
El artículo 3 del Protocolo
establece los principios medioambientales que orientan las acciones que se
realicen en la Antártida como territorio protegido, esto es, el de planeación y
no afectación del territorio, a efectos de prevenir efectos perjudiciales
frente a: (i) las características climáticas y meteorológicas, (ii) la calidad
del aire y del agua, así como evitar cambios significativos (iii) el medio
ambiente atmosférico, terrestre (incluyendo el acuático), glacial y marino;
(iv) la cantidad o capacidad de reproducción de las especies o poblaciones de
especies de la fauna y la flora; (v) el riesgo de extinción de las especies o
poblaciones; y, (vi) la degradación o riesgo de las áreas de importancia
señaladas en el Tratado Antártico.
El principio de planificación
comprende aspectos de información, enfoque y priorización, y le impone límites
al accionar de los seres humanos sobre ese territorio, en los cuales deberá
tenerse en cuenta el (i) alcance de la actividad, en situaciones de tiempo,
modo y lugar; (ii) el impacto generado por la acción propia así como las demás
que se desarrollan; (iii) la no afectación entre actividades desarrolladas en
el lugar; (iv) la disponibilidad de medios tecnológicos y procedimientos para
la no afectación ambiental; (v) la capacidad de observar parámetros con el fin
de identificar y prevenir los efectos perjudiciales de la actividad; y, (vi) la
capacidad de responder a los accidentes, en especial los que afectaren el
ambiente. Respecto a la prioridad, el Protocolo establece que las actuaciones
en esa zona serán para fines de investigación científica.
A efectos de atender el objeto que
se propone el Protocolo en relación con la protección del medioambiente
Antártico, se dispone que para las acciones de carácter científico, de turismo,
y las actividades gubernamentales y no gubernamentales que requieren
notificación, el Protocolo fija dos condiciones que deben ser tenidas en
cuenta, a saber: (i) las actuaciones se deben desarrollar con sujeción de los
principios mencionados previamente; y, (ii) las acciones se deberán modificar,
suspender o cancelar si provocaren o amenazaren con repercusiones en el medio
ambiente antártico y los ecosistemas que lo componen.
Lo anterior, como lo sostiene el
Ministerio de Relaciones Exteriores en la intervención allegada al presente
trámite de constitucionalidad, es un catálogo de principios básicos aplicables
a las actividades humanas en la Antártida, los cuales son necesarios para
adoptar medidas que procuren la conservación de los diferentes ecosistemas, así
como garantizar los valores ambientales y las finalidades científicas que deben
preponderar en las actuaciones en la Antártida.
La mencionada disposición, a
juicio de la Sala Plena, es acorde a las obligaciones frente al derecho al
ambiente sano previstas en la Carta Política y sobre las cuales la Corte, en
sentencia C-431 de 2000 recapituló, entre otras las siguientes:
1.
Proteger la diversidad e integridad,
2.
Salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación,
3.
Conservar las áreas de especial importancia
ecológica,
4.
Fomentar la educación ambiental,
5.
Planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución,
6.
Prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental,
7.
Imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados al ambiente, y
8.
Cooperar con otras naciones en la protección de
los ecosistemas situados en las zonas de frontera.
De esta manera, para la Sala Plena
los artículos bajo análisis armonizan plenamente con los principios
constitucionales relativos a la conservación de los recursos naturales y su
relación con la paz y el desarrollo científico, y fortalecen la
internacionalización del derecho ambiental y, especialmente, comportan un
desarrollo normativo de los principios de precaución[99] y prevención, reconocidos a nivel internacional
desde la Declaración de Río de 1992 y a nivel interno desde la expedición de la
Ley 99 de 1993.
Sobre la función de estos
principios en el orden jurídico, en sentencia C-703 de 2010, la Corte señaló lo
siguiente:
“La Constitución encarga al Estado de prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, así como de imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados, labor
preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio ambiente,
para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de
los que se destacan los de prevención y precaución, pues dicha labor tiene que
ver tanto con los riesgos o daños cuyo efecto no pueda ser conocido
anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta posible conocer el
efecto antes de su producción.”[100]
Así, los objetivos y los
principios del Protocolo en pro de proteger la Antártida de la contaminación
global son acordes con la jurisprudencia constitucional, la cual ha dado
especial relevancia a los principios de prevención[101] y precaución,[102]
según los cuales se deben implementar acciones para mitigar o prevenir daños al
medio ambiente antes de que estos se ocasionen, cuando quiera que se tenga certeza o aún existiendo
incertidumbre sobre la ocurrencia de los mismos[103].
Con base en lo anterior, las normas
bajo estudio en este acápite de la providencia serán declaradas exequibles.
3.4.1.3.
Relaciones con el Sistema del Tratado
Antártico
El artículo 4 determina que
el Protocolo complementa las disposiciones del Tratado Antártico, sin
modificarlo o enmendarlo en sus partes, ni en sus obligaciones o deberes que se
generaron en el instrumento de 1959.
En atención a que el Protocolo
pertenece a un sistema marco del Tratado Antártico[104], el artículo 5 dispone que las
Partes consultarán y cooperarán con las otras Partes de otros instrumentos
internacionales dentro del mismo sistema, a fin de asegurar la realización de
los objetivos y principios del Protocolo de Madrid y los demás protocolos
internacionales parte del mismo Sistema.
El Protocolo bajo estudio, al ser
un instrumento adicional del plurimencionado sistema del Tratado Antártico, en
el artículo 6 señala una serie de mecanismos diseñados para asegurar la
Cooperación entre los Estados para la consecución de los fines del mismo, entre
estos, se encuentran el intercambio de información, el apoyo para el pleno
ejercicio de la jurisdicción en zonas adyacentes del territorio, y el
establecimiento de programas científicos conjuntos con el fin de minimizar el
impacto en la zona, labores que son necesarias para el cumplimiento del
objetivo previamente analizado.
En tales términos, dicho instrumento
internacional armoniza plenamente con los postulados de la Carta Política de
1991, toda vez que permite al Estado colombiano cumplir con la obligación de
internacionalizar sus relaciones ecológicas, bajo condiciones de respeto a la
soberanía y reciprocidad, conforme lo establecen los artículos 3, 9 y 226 de la
Carta Política, en punto de alcanzar un objetivo común, como es el de proteger
una zona destinada a la paz, la protección del medio ambiente y la
investigación científica.
En la sentencia C-316 de 2012, la
Sala Plena al efectuar el control de constitucionalidad de la Convencion Interamericana para
Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, dirigida a Construir un Modelo
Compartido de Atención Humanitaria Multilateral, se pronunció en los siguientes
términos:
“Las
relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los
principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos
150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del
país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y
227). Finalmente, el ámbito de desarrollo de la integración internacional
comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo
226).  Desde el preámbulo, la Constitución refleja una inequívoca
orientación hacia la participación activa de Colombia en el escenario
internacional y, de manera particular, un énfasis en la integración de Colombia
en la comunidad latinoamericana y del Caribe. Este punto de partida se concreta
(i) en el segundo inciso del artículo 9 que establece que la política exterior
de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe y
(ii) en el artículo 227 al establecer que el Estado promoverá la integración
económica, social y política de manera especial con los países de América
Latina y del Caribe, a tal punto que incluso autoriza la celebración de
tratados encaminados a la creación de organismos supranacionales para conformar
una comunidad latinoamericana de naciones.”
De la consideración
transcrita, la Corte concluye que las disposiciones relativas a las relaciones
del Protocolo con el Sistema del Tratado Antártico son acordes al ordenamiento
constitucional, y cuyo fin está dado por la internacionalización de las
relaciones ecológicas del Estado colombiano, conforme a los parámetros de
equidad, igualdad y reciprocidad previstos en el artículo 227 Superior.
3.4.1.4.
Disposiciones para el cumplimiento del
Protocolo
El artículo 7 reviste
especial relevancia al constituir un pilar esencial del Protocolo, ya que
incluye la motivación principal que dio vida al mismo, consistente en
establecer la prohibición de realizar actividades relacionadas con la
explotación de recursos minerales, salvo las que son propias de las
investigaciones científicas.
Esta Corporación en múltiples
pronunciamientos ha señalado que la protección al medio ambiente no debe
estructurarse a partir de un entendimiento de los ecosistemas como medio para
garantizar a perpetuidad el desarrollo humano, sino que surge del deber de
respetar y garantizar los derechos de la naturaleza como sujeto autónomo. Al
respecto, en sentencia C-449 de 2015, la Corte se pronunció en los siguientes
términos:
“La legislación expedida y la jurisprudencia constitucional
vertida sobre la defensa al medio natural y el entorno ecológico han partido de
un desarrollo histórico y líneas de pensamiento que han desembocado en la
existencia de diversos enfoques jurídicos que vienen a concretarse en visiones:
i) antropocéntricas, ii) biocéntricas y iii) ecocéntricas, entre otras. Una
perspectiva antropocéntrica la constituye la Declaración de Estocolmo para la
Preservación y Mejoramiento del Medio Humano, 1972, al proclamar que “el hombre
es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea” (considerando 1) y “de
cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo más valioso. Un enfoque
ecocéntrico lo constituye la Carta Mundial de la Naturaleza, 1982, al reconocer
que “toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su
utilidad para el hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su
valor intrínseco” (preámbulo) y se “respetará la naturaleza y no se perturbarán
sus procesos esenciales” (principio general 1). La perspectiva ecocéntrica puede
constatarse en algunas decisiones recientes de esta Corporación. La sentencia
C-632 de 2011 expuso que en la actualidad, la naturaleza no se concibe
únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como
un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y
garantizados. En este sentido, la compensación ecosistémica comporta un tipo de
restitución aplicada exclusivamente a la naturaleza. Por su parte la sentencia
C-123 de 2014, al referir a la complejidad que involucra el concepto de medio
ambiente reconoce que sus elementos integrantes pueden protegerse per se y no,
simplemente, porque sean útiles o necesarios para el desarrollo de la vida
humana”, de manera que la protección del ambiente supera la mera noción utilitarista”.
A la luz
de la consideración transcrita, la concepción antropocéntrica y la ecocéntrica se
diferencian en que el primero se basa en la idea de que los seres humanos, al
ser superiores al resto de la naturaleza, se consideran legítimos dueños de
esta y, en esa medida, se le atribuye un valor en función de su contribución a
la sostenibilidad de la vida humana. Por el contrario, la visión ecocéntrica parte
del supuesto según el cual la naturaleza tiene un valor inherente e intrínseco,
independientemente de si es de utilidad o no al ser humano, de tal manera que
adquiere relevancia por sí misma.
En este orden de consideraciones,
para la Corte es claro que la medida prohibitiva para realizar actividades con
los recursos minerales en la Antártida es acorde con el ordenamiento
constitucional y con el objetivo mismo del Protocolo, pues con ello se avala
una visión ecocéntrica que busca prevenir la ocurrencia de posibles impactos o
afectaciones al ambiente y a los ecosistemas que conforman esta zona en protección
de la naturaleza en sí misma considerada.
Cabe resaltar que el Gobierno en
su intervención señaló que “[e]ste artículo impone una prohibición tajante a
cualquier actividad de índole extractiva o de cualquier otra índole, salvo
científica, en relación con los recursos minerales que existen en la
Antártida.”
Por su parte, el artículo 8 del
Protocolo, establece la necesidad de elaborar estudios de impacto ambiental
para la conducción de las actividades permitidas en la zona de aplicación del
instrumento. Esta disposición prevé una remisión al Anexo I del Protocolo, el
cual contiene las especificidades de los estudios requeridos, y que será objeto
de análisis posterior. Sin embargo, desde ya es importante anunciar que a
través de dicho anexo se crea un medio de control de las actividades y la
calificación de sus impactos en la Antártida y sus ecosistemas dependientes y
asociados, aspecto que es acorde con los principios orientadores y el objetivo
del Protocolo, así como al ordenamiento constitucional colombiano.
De otra parte, el artículo 9 del
Protocolo se ocupa de regular lo relacionado con los Anexos al Protocolo, de
los cuales menciona que estos (del I al IV) “constituirán parte integrante
del mismo”, fijando a su vez la forma en que entrarán en vigor, de
conformidad con las disposiciones del Artículo IX del Tratado Antártico y la
relación de estos con la entrada en vigor para Estados Partes que no sean
Partes Consultivas del Tratado.
El artículo 10 del
Protocolo define la forma mediante la cual las Reuniones Consultivas del
tratado Antártico con base en el “mejor” asesoramiento científico y técnico
definirán la política general para la protección global del medio ambiente
antártico y sus ecosistemas, así como les corresponde adoptar las medidas para
la ejecución del Protocolo, conforme a las disposiciones del Tratado Antártico.
El Comité para la Protección del
Medio Ambiente se establece mediante el artículo 11 del Protocolo, a
través del cual se plasman las disposiciones generales sobre la articulación
del trabajo del Comité en el ámbito del Sistema del Tratado Antártico, así como
disposiciones sobre su funcionamiento y composición, el cual está integrado por
partes del Protocolo, y menciona que en su conformación queda abierto para
contar con asesores y expertos en los temas a ser considerados en el Comité.
Concordante con lo anterior, el artículo
12 del Protocolo establece las funciones del Comité, las cuales se centran
en asesorar y formular recomendaciones a las Partes en relación con la aplicación
del Protocolo y el funcionamiento de sus Anexos para consideración en las
Reuniones Consultivas del Tratado Antártico. Al respecto, observa la Corte que
las funciones son, de una parte, necesarias para el correcto desarrollo del
Protocolo y, de otra, no contrarían el ordenamiento interno colombiano, por
cuanto no imponen obligaciones adicionales al Estado y hacen parte de la
sistematicidad para la efectiva aplicación del Protocolo.
El artículo 13 del
Protocolo describe las medidas que se le exigen a los Estados Partes para el
cumplimiento del objetivo del mismo, entre las cuales se encuentra la adopción
de medidas de carácter legal o normativo a nivel interno para evitar
actividades que sean contrarias a dicho instrumento internacional. Así mismo,
se establece la obligación de notificar acerca de las medidas que se adopten y
que las Partes harán los llamados de atención que consideren necesarios cuando
evidencien actuaciones contrarias al Protocolo.
En armonía con la anterior
disposición, el artículo 14 del Protocolo prescribe que, a fin de
promover la protección al medio ambiente Antártico y sus ecosistemas
dependientes y asociados, las Partes Consultivas del Tratado Antártico tomarán
medidas de carácter individual y colectivo para realizar inspecciones a través
de observadores, en atención a lo dispuesto en el Artículo VII del Tratado
Antártico, y establece la definición del término “observadores”. Así mismo,
reitera el deber de cooperación de las Partes dentro del sistema del Tratado
Antártico, y en particular con los observadores, a fin cumplir el objetivo por
el cual fueron creados. Los informes presentados por los observadores serán
objeto de estudio en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico.
Todas estas disposiciones en su
conjunto constituyen mecanismos instrumentales para la efectividad del
Protocolo, el cual tiene por finalidad la protección integral del medio
ambiente antártico, cuestión que en el orden interno es a fin con lo dispuesto
en el artículo 80 de la Carta Política y los principios del derecho
internacional aceptados por Colombia.
En tales términos, serán
declarados conformes al ordenamiento superior.
3.4.1.5.
Acciones de mitigación
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo VII del Tratado Antártico, el artículo 15 del Protocolo
establece los mecanismos de respuesta en casos de emergencia medioambiental en
el área definida en la Antártida, por lo que consagra las obligaciones mínimas
que deben ser cumplidas por las Partes contratantes a fin de mitigar los
efectos de las emergencias que se causen con ocasión de las diversas
actividades desarrolladas por la humanidad.
Ahora bien, con miras a cumplir
los objetivos del Protocolo para la protección global del medio ambiente
antártico y de los ecosistemas dependientes y asociados, el artículo 16
le impone a las Partes la elaboración de normas y procedimientos relacionados
con la responsabilidad derivada de daños provocados por actividades que se
desarrollen en el territorio antártico, las cuales están previstas en los
Anexos del Protocolo y, por consiguiente, serán analizadas más adelante.
En el marco de las acciones
realizadas por las Partes del Protocolo, conforme al artículo 13 (supra),
en el artículo 17 se les requiere a las mismas que rindan informes
anuales que den cuenta de las acciones o actividades desplegadas para el
cumplimiento del Protocolo, los cuales serán sometidos a consideración en las
Reunión Consultiva del Tratado Antártico.
Encuentra la Corte que las
anteriores previsiones del Protocolo son enteramente compatibles con la
Constitución, en tanto buscan garantizar las condiciones del ecosistema
antártico y dotan de efectividad, control y publicidad las acciones y/o
actuaciones de las Partes para el cumplimiento del objetivo del Protocolo, lo
cual también es armónico con los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia.
En particular, al definir el
Protocolo como objetivo que asumen las Partes al adoptar las medidas necesarias
para evitar el deterioro del medio ambiente antártico, que podría derivarse de
las actividades de la humanidad en ese territorio, se respetan los cánones
constitucionales contenidos en los artículos 79, que versa sobre el derecho a
un ambiente sano, y 334, que consagra que la intervención en la economía debe
dirigirse también a preservar los ecosistemas nativos.
3.4.1.6.
Solución de Controversias
El artículo 18 del
Protocolo establece los mecanismos a los que deben acudir las Partes del
Protocolo para dirimir las eventuales controversias que se llegaren a generar
en cuanto a la interpretación o aplicación del instrumento internacional. Los
mecanismos propuestos para la solución de los conflictos son: (i) la
negociación, (ii) la investigación, (iii) la mediación, (iv) la conciliación,
(v) el arbitraje, (vi) el arreglo judicial y (vii) los demás medios pacíficos
que sean acordados por las partes.
Es de anotar que los mecanismos de
solución de controversias enunciados en el Protocolo son idénticos a los
establecidos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, a cuyo
tenor:
“Artículo 33. Las partes en una controversia
cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo,
mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el
arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u
otros medios pacíficos de su elección.
El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario,
instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.”
En desarrollo de lo anterior, el artículo
19 prescribe la forma en que las Partes eligen el procedimiento para la
solución de las controversias, determinando que al momento de firmar,
ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a este Protocolo, o en cualquier
momento posterior, las Partes mediante comunicación escrita pueden elegir entre
la Corte Internacional de Justicia y/o el Tribunal Arbitral para resolver las
controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de los artículos
7, 8 y 15, las disposiciones de algún Anexo y en la medida de la relación,
sobre el artículo 13. Así mismo, fija algunas reglas sobre el procedimiento de
solución de controversias.
En complemento de lo anterior, el artículo
20 fija el término de 12 meses a las Partes para someter las controversias
a un mecanismo de solución, y supletivamente se establece que la solicitud será
resuelta de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19.4 y
19.5. Finalmente, se dispone que a menos que se otorgue competencia a la Corte
Internacional de Justicia, ésta no podrá conocer asuntos del Protocolo.
Sobre este acápite del Protocolo,
la Sala Plena observa que su contenido al ocuparse específicamente sobre la
solución pacífica de controversias que surjan entre las Partes en relación con
la interpretación y aplicación del instrumento internacional, en modo alguno
vulnera la Constitución, por ser estos mecanismos civilizados de dar solución
en forma pacífica y pronta a los conflictos que se presentan entre las partes
contratantes.
En las sentencias C-309 de 2007,
C-150 de 2009, C-337 de 2010 y C-199 de 2012 y C-286 de 2015, la Corte encontró
ajustadas a la Constitución cláusulas muy similares a las relacionadas con la
solución de controversias en el ámbito del derecho internacional público. En
particular, en la sentencia C-337 de 2010 la Corte se pronunció en los
siguientes términos:
“El anterior análisis de constitucionalidad es
aplicable a lo previsto para la solución de controversias entre las Partes,
sobre lo que el Acuerdo establece que, en caso de conflicto entre los dos
Estados contratantes, acerca de la interpretación o aplicación del acuerdo,
éste se resolverá, en lo posible, mediante consultas. Si la controversia no
puede resolverse por medio de consultas, cualquiera de la Partes podrá
presentar la Controversia a un tribunal de arbitraje designado de común acuerdo
para que éste resuelva el asunto.
Si bien existen posiciones según las cuales
establecer como regla general la solución de controversias entre los Estados
Partes a través de un tribunal de arbitramento internacional, vulnera el
principio de soberanía nacional y el artículo 116 Superior, esta Sala considera
que un conflicto sobre la aplicación e interpretación del Acuerdo sale de la
órbita de la jurisdicción interna pues, de lo contrario, no se estaría
asegurando una relación de equidad con la otra Parte como principio de las
relaciones internacionales consagrado en los artículo 226 y 227 de la Carta
Política. Como ya se advertía, esta Corte ha avalado la constitucionalidad de
prever el arbitramento internacional como mecanismo de solución de
controversias y, además, el Acuerdo es muy claro en determinar en su artículo
34 que las únicas controversias entre los Estados Parte que pueden ser
sometidas a arbitramento son aquellas que versen sobre la aplicación o
interpretación del convenio, descartando que puedan ventilarse asuntos que
afecten los derechos de los nacionales o los intereses propios del Estado.”
A la luz de lo expuesto, esta
Corporación ha reiterado que en el ámbito de los Convenios e instrumentos
internacionales que establecen, dentro de sus disposiciones, la búsqueda de
soluciones de controversias a través de mecanismos pacíficos, los mismos
resultan ajustados a la teleología y esencia de una Constitución como la
colombiana, transversalmente estructurada en el principio superior de la paz.
En tales términos, las disposiciones que conforman el acápite para la solución
de controversias se ajustan sistemáticamente al articulado constitucional.
Ahora bien, sobre la solución de controversias cabe precisar
que, si bien debido a circunstancias relacionadas con la soberanía (arts. 3 y 9
C.P.) el 27 de noviembre de
2012 el Estado colombiano denunció el Pacto de Bogotá que estableció la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya en los litigios con otros
países, ello no quiere decir que Colombia prescinda de recurrir a todos los medios de solución pacífica
establecidos por el derecho internacional. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 226 y 227 de la Constitución, las relaciones internacionales de
Colombia se basan en los principios de equidad, igualdad, reciprocidad y
conveniencia nacional.
Sobre este aspecto, se debe analizar
la posibilidad de que mediante la activación de alguno de los mecanismos de
solución de conflictos previstos en el Protocolo, entre los cuales se encuentra
acudir a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de ello
eventualmente se desprendan resultados adversos a los intereses nacionales.
Al respecto, la Corte observa que la posibilidad de
activar la jurisdicción de la
Corte Internacional de Justicia o cualquier otro tribunal establecido con el
fin de solucionar controversias entre las Partes para decidir o emitir laudo
alguno, en los términos del artículo 19 del Protocolo depende de la voluntad de
las partes en cada caso, razón por la cual, al no existir obligación de
sometimiento automático a una u otra jurisdicción, con ello se salvaguarda la
soberanía en la que se fundamentan las relaciones exteriores del Estado (art. 3
y 9 C.P.).
3.4.1.7. Aspectos formales del
Protocolo
Por último, los artículos 21
y siguientes del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente regulan aspectos procedimentales propios de cualquier tratado
internacional que de ninguna manera vulneran la Constitución Política y son
acordes a los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
Así, los artículos 21, 22 y 23
establecen que el Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la
ratificación, aceptación o aprobación de los Estados que sean Parte Contratante
del Tratado Antártico del 4 de octubre de 1991, y posteriormente en Washington
hasta el 3 de octubre de 1992 quedó abierto al depósito en el Gobierno de los
Estados Unidos de América después del 3 de octubre de 1992. Así mismo,
establece la entrada en vigor al trigésimo día siguiente a la fecha de depósito
de los instrumentos de todos los Estados que sean Parte Consultiva del Tratado
Antártico en la fecha que se adopte este Protocolo.
Por su parte, el artículo 24
establece la regla según la cual no se podrán formular reservas al presente
Acuerdo.
Sobre el contenido dispositivo de
esta norma, la Universidad Libre solicita a la Corte examinar su alcance,
en atención a si la prohibición de elevar reservas[105] contraría
postulados constitucionales.
En los términos del artículo 2 de
la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados una reserva es "una
declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha
por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse
a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado"
En sentencia C-829 de 2013, la
Corte se pronunció en el sentido de precisar que la posibilidad de elevar
reservas no constituye un derecho absoluto de los Estados Parte, sino relativo,
que depende del contenido de cada instrumento internacional:
“De conformidad con el artículo 2o., literal
d) la Convención de Viena de 1969, la reserva es un derecho de los Estados que
se ejerce mediante la declaración unilateral que hacen al firmar, ratificar,
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. La
reserva no es un derecho absoluto sino relativo, cuyo ejercicio depende de los
acuerdos alcanzados por las partes en el respectivo instrumento internacional
o de la materia sobre la cual éste se refiera; de ahí que, su prohibición no
apareja una violación de los derechos de los Estados que intervienen en su
formación o posteriormente se adhieren a él, ni un desconocimiento a los
principios de soberanía nacional y autodeterminación de los pueblos para llevar
a cabo sus relaciones exteriores.” (Subrayas y negrillas fuera de texto)
Así las cosas, la posibilidad de
establecer reservas depende de lo pactado en cada instrumento internacional
conforme al principio de derecho internacional “pacta sunt servanda”
reconocido por Colombia y desarrollado por la jurisprudencia constitucional. De
tal manera que al haberse acordado mediante la voluntad libre de los Estados la
restricción para la formulación de reservas, ello en modo alguno se opone a los
preceptos de la Carta Política.
De acuerdo con el artículo 25,
el Protocolo permite la incorporación de modificaciones, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 9 del mismo. Para tal efecto, las modificaciones
deberán ceñirse al procedimiento establecido en el Artículo XII.1.a y b; así
mismo, toda modificación o enmienda entrará en vigor después de la
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por tres cuartas de las Partes
Consultivas del Tratado. Adicionalmente, se reitera la prohibición de las actividades
mineras, sin perjuicio de posteriores reglamentaciones jurídicas diferentes.
En el artículo 26 se
establecen los casos en los cuales el Estado Depositario notificará a las
Partes Contratantes del Tratado Antártico, dando con ello aplicación a la
publicidad de los hechos relevantes para la aplicación del Protocolo.
Finalmente, el artículo 27
establece los idiomas en que estará disponible el Protocolo, siendo estos el
inglés, el español, el francés y el ruso.
Sobre estos últimos aspectos
normativos del Protocolo, la Corte encuentra que las disposiciones relativas a
la firma, la ratificación, la entrada en vigor, el depositario, la prohibición
de formular reservas, así como las disposiciones sobre aprobación de enmiendas,
entre otras, versan sobre aspectos meramente operativos, técnicos e
instrumentales propios de cualquier instrumento internacional multilateral, los
cuales en modo alguno pueden resultar contrarios el ordenamiento constitucional
colombiano y que han sido aceptados por Colombia, conforme a lo dispuesto en la
Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados.
3.4.2. Apéndice del Protocolo (Arbitraje)
El instrumento cuenta con un
apéndice en el que se plasman las disposiciones relativas al funcionamiento del
procedimiento de arbitraje para la solución de las controversias que surjan de
la interpretación o aplicación del Protocolo. Al respecto, el artículo 1 señala
que el Tribunal se constituirá de conformidad con las disposiciones del
Protocolo y el Apéndice.
El artículo 2 establece el
procedimiento de (i) escogencia, (ii) designación, (iii) periodo y (iv) perfil
de los árbitros. El artículo 3 prevé la conformación del Tribunal Arbitral,
el cual se compondrá de tres árbitros, y su forma de elección.
El artículo 4 menciona la
forma en que se realizarán las notificaciones y sus requisitos frente al inicio
del proceso arbitral. El artículo 5 prescribe las reglas de
funcionamiento y competencia del Tribunal.
Por su parte, el artículo 6
señala las facultades que tiene el Tribunal para tomar y/o estudiar solicitudes
de medidas urgentes y/o provisionales para preservar los derechos de las partes
en disputa, así como para prevenir afectaciones al ambiente antártico,
imponiéndole a las partes la obligación de cumplir con las órdenes dadas mientras
se profiere el respectivo laudo.
El artículo 7 prevé la
posibilidad de que una Parte en calidad de tercera intervenga cuando considere afectados
intereses de la misma, salvo que el Tribunal decida lo contrario.
El artículo 8 establece el
principio de colaboración de las Partes en controversia frente al proceso
arbitral para el correcto funcionamiento de éste.
De manera complementaria, el artículo
9 dispone la posibilidad del Tribunal Arbitral de continuar con el
procedimiento cuando una de las Partes en controversia no comparece ante éste o
se abstiene de continuar su caso, previa solicitud de otra de las Partes para
que se prosiga con el proceso y se dicte laudo.
El artículo 10 dispone la
normatividad internacional aplicable para la decisión que se profiera dentro
del proceso arbitral, el cual debe fundarse en las normas del Protocolo y los
principios aplicables de derecho internacional que no sean incompatibles con el
Protocolo. Adicionalmente, precisa que se permiten laudos en equidad cuando las
Partes en controversia lo convengan.
El artículo 11 limita las
decisiones del Tribunal a la competencia que se le confiere para pronunciarse
frente a las controversias que surjan, de igual manera señala los requisitos
formales y materiales del respectivo laudo, los efectos definitivos y
obligatorios para las Partes, la posibilidad de solicitar la aclaración de la
decisión, y la forma cómo se sufragaran los gastos del Tribunal.
El artículo 12 dispone que
las decisiones del Tribunal se adoptarán por el voto de la mayoría de los
árbitros, quienes no podrán abstenerse de votar.
Finalmente, el artículo 13
establece las condiciones bajo las cuales se puede modificar o enmendar el Apéndice,
las cuales se encuentran establecidas en el Tratado Antártico.
En el examen de constitucionalidad
del arbitramento como medio de resolución de conflictos surgidos entre las
Partes del Protocolo frente a la interpretación o aplicación del mismo, es
preciso recordar la definición de arbitraje, precisada por esta Corporación en
la sentencia C-947 de 2014:
“(…) [es] un mecanismo heterocompositivo y
alternativo para componer conflictos. Existen varias teorías que buscan
explicar la naturaleza jurídica de esta institución, entre las que se
encuentran, la voluntarista, que considera que el arbitraje es una institución
de derecho privado, que se fundamenta en el acuerdo de voluntades de las partes
en conflicto. De otra parte, se encuentra la teoría procesalista, que le otorga
al arbitraje una naturaleza de proceso, regido por normas de orden público
contenidas en la ley. También se encuentra la teoría mixta o ecléctica, que se
encuentra en el intermedio de ambas y reconoce su origen a partir del acuerdo
privado de voluntades y considera como pública, la función ejercida por los árbitros.
Esta última postura ha sido adoptada por la jurisprudencia constitucional
nacional.”
La jurisprudencia constitucional,
al examinar las disposiciones de arbitramento contenidas en diversos tratados internacionales,
se ha pronunciado en el sentido que sus preceptos son acordes al contenido de
la Carta Política. Al respecto, cabe recordar que desde la emisión de la sentencia
fundadora C-358 de 1996, mediante la cual se realizó el examen de
constitucionalidad del "Acuerdo entre el gobierno de la República de
Colombia y el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
por el cual se promueven y protegen las inversiones", suscrito en Londres
el 9 de marzo de 1994, así como de su Ley aprobatoria 246 de 1995, la Corte se
pronunció de la siguiente manera:
“(…) Una visión integral de la Carta Política
permite concluir que ésta busca, como uno de sus propósitos fundamentales, la
resolución pacífica de los conflictos. Para el logro de este objetivo consagra
una serie de mecanismos que tienden a desconcentrar la administración de
justicia y a establecer mecanismos alternativos de solución de controversias
tales como las jurisdicciones especiales, los jueces de paz, la conciliación o
el arbitramento.
En razón de la naturaleza de las diferencias que
pueden suscitarse con ocasión de las inversiones a las que se refiere el
Tratado sub examine, puede llegar a ser mucho más conveniente y pacífico
que sea un organismo internacional especializado o un tribunal de arbitraje
quien las solucione.”
Esta postura jurisprudencial en
relación con los mecanismos de solución de diferencias ‒particularmente
del arbitraje en el marco de tratados internacionales‒ fue reiterada por
la Corte en sentencia C-008 de 1997, mediante la cual señaló lo siguiente:
“La Corte considera que el sometimiento de las
diferencias surgidas con ocasión de la ejecución, la interpretación y la
aplicación del presente tratado a la decisión de tribunales de arbitramento
internacionales es coherente con los postulados constitucionales, tal y como lo
señaló en las sentencias C-358/96 y C-379/96.”
En la sentencia C-442 de 1996,
respecto al procedimiento de arbitramento, la Corte precisó: “[c]onsidera
esta Corporación que las normas del Tratado que regulan el procedimiento de
arbitraje no vulneran, en punto alguno, la Carta Política de Colombia. La
constitucionalidad del arbitramento se fundamenta en las mismas razones por las
cuales la Corte estimó ajustadas a la Constitución las normas de la Convención
de Washington relativas al procedimiento de conciliación.”
De esta manera, la Sala Plena
encuentra que los contenidos normativos del Apéndice al Protocolo Antártico
relativos a la solución de controversias se orientan a cumplir el objetivo
principal del Tratado, consistente en el desarrollo del postulado de
proscripción de la guerra y el uso de la fuerza para la resolución de disputas
internacionales, mediante el establecimiento de métodos alternativos de
solución de conflictos internacionales. En ese sentido, sus prescripciones se
ajustan, de una parte, al derecho a la paz (art. 22 C.P.) y a la
administración de justicia  (arts. 116 y 228 C.P.) y, de otra, al respeto de la soberanía (arts. 3 y 9 C.P.) en el
manejo de las relaciones internacionales sobre las bases de equidad,
reciprocidad y conveniencia nacional (art. 226 C.P.)
En virtud de lo anterior, se
declarará la constitucionalidad de los mismos.
Ahora bien, como cuestión previa
al estudio de los anexos y atendiendo lo señalado en la exposición de motivos
del proyecto de ley “Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo al
Tratado Antártico Sobre Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos
I, II, III Y IV», hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991, su «ANEXO V»,
adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su «ANEXO VI», Adoptado en Estocolmo,
el 17 de junio de 2005”, es pertinente anotar que los cuatro primeros
anexos fueron adoptados por parte de la República de Colombia con la firma del
Protocolo y, por consiguiente, entrarán en vigor al mismo tiempo que el
Protocolo. El Anexo V, como se mencionó anteriormente, ya se encuentra en vigor;
sin embargo, deberá notificarse su adhesión al mismo de manera independiente, a
fin de que surta efectos para Colombia. Dado que el anexo VI no ha entrado aún
en vigor, está sujeto a las disposiciones del artículo IX del Tratado Antártico
y, en tanto, deberá ser aprobado por el Estado colombiano a fin de que surta
efectos en nuestro país, una vez entre en vigor internacional. Respecto del
Anexo VI, deberá notificarse su aceptación de manera similar al Anexo V[106].
Efectuadas estas precisiones sobre
la entrada en vigor de los anexos, a continuación se procede al estudio material
de cada uno de estos instrumentos complementarios al Protocolo.
3.4.3. Anexo I al Protocolo al Tratado Antártico
Sobre Protección del Medio Ambiente (Evaluación Del Impacto sobre el Medio
Ambiente)
El Anexo I del Protocolo consta de
8 artículos, en los cuales están consagradas las disposiciones relacionadas con
las acciones que se deberán adelantar para desarrollar las actividades
propuestas en el artículo 8 del Protocolo, en los casos en que se generen
impactos medio ambientales en la Antártica.
Puntualmente, en el artículo 1
se establece que el impacto medio ambiental de las actividades permitidas en el
territorio antártico deberá ser determinado de conformidad con los
procedimientos nacionales apropiados, antes de dar inicio a las acciones. Así
mismo, precisa que si el resultado del impacto es mínimo o transitorio, las
actividades pretendidas se podrán iniciar sin mayores dilaciones.
El artículo 2 determina los
requisitos que debe comprender la Evaluación Medioambiental Inicial frente a si
la actividad propuesta puede tener un impacto más que mínimo o transitorio, al
respecto, se observan los siguientes:
a)
Una descripción de la actividad propuesta
incluyendo su objetivo, localización, duración e intensidad; y
b)    La consideración de las alternativas a la actividad propuesta y de
las de cualquier impacto que la actividad pueda producir, incluyendo los
impactos acumulativos a la luz de las actividades existentes o de cuya
proyectada realización se tenga conocimiento.
En el evento en que la Evaluación
Medioambiental Inicial indicare que una actividad propuesta no tendrá,
previsiblemente, más que un impacto mínimo o transitorio, la actividad se podrá
iniciar siempre y cuando se establezcan los procedimientos apropiados para
evaluar y verificar el impacto de la misma.
El artículo 3 establece que
si la Evaluación Medioambiental Inicial indicara, o si de otro modo se
determinara, que una actividad propuesta tendrá probablemente un impacto más
que mínimo o transitorio, se preparará una Evaluación Medioambiental Global, el
cual es explícito en los requisitos que debe contener. Una vez se cuente con el
proyecto de la Evaluación Medioambiental Global, se pondrá a disposición
pública y se enviará a las Partes, que también lo harán público para ser
comentado dentro de los 90 días siguientes.
Igualmente, el proyecto de
Evaluación se enviará al Comité antes de la próxima Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, para su consideración. Es claro el artículo en señalar que
no se adoptará una decisión definitiva de iniciar la actividad propuesta en el
área del Tratado Antártico a menos que la Reunión Consultiva de Tratado
Antártico haya tenido la oportunidad de considerar el proyecto de Evaluación
Medioambiental Global.
Una vez lo anterior, se realizará
una Evaluación Medioambiental Global definitiva, la cual examinará y reunirá
los comentarios recibidos sobre el proyecto de Evaluación Medioambiental Global
y será enviada a las partes y hecha pública antes de iniciar las actividades
propuestas.
Conforme a la Evaluación
Medioambiental Global se tomarán las decisiones acerca de si una actividad
propuesta sí debe realizarse en su forma original o modificada atendiendo lo
establecido en el artículo 4.
El artículo 5 precisa que
se establecerán procedimientos para evaluar y verificar el impacto de cualquier
actividad que se lleve a cabo después de la conclusión de una Evaluación
Medioambiental Global. Dichos procedimientos serán diseñados para proveer un
registro regular y verificable de los impactos de la actividad, entre otras
cosas, con el fin de: a) permitir evaluaciones de la medida en que tales
impactos son compatibles con este Protocolo; y b) proporcionar información útil
para minimizar o atenuar los impactos, y cuando sea apropiado, información
sobre la necesidad de suspender, cancelar o modificar la actividad.
El artículo 6 establece la
información que se comunicará a las Partes, al Comité y al público. Así mismo
señala que las Evaluaciones Medioambientales Iniciales estarán disponibles a
petición previa.
Destaca la Sala lo consignado en
el artículo 7, el cual establece que en situaciones de emergencia
relacionadas con la seguridad de la vida humana o de buques, aeronaves o
equipos e instalaciones de alto valor o con la protección del medio ambiente no
se aplicarán las disposiciones del Anexo I, lo cual es totalmente ajustado al
orden constitucional por cuanto se priorizan los valores superiores que protege
la Constitución, tales como la vida y la integridad personal en casos de
emergencia.
Se consagra también el deber de
rendir una completa explicación a las Partes y al Comité cuando las actividades
emprendidas en situaciones de emergencia, que en otras situaciones habrían
requerido la preparación de una Evaluación Medioambiental Global.
Frente a las siete disposiciones
reseñadas, la Sala encuentra que las mismas son de carácter técnico y resultan necesarias
para el cumplimiento de los fines del Tratado Antártico, así como del
Protocolo, pues estas se limitan a establecer los requisitos a tener en cuenta
en el marco de las evaluaciones del impacto medioambiental que tienen las
actividades propuestas en el área antártica, razón por la cual no se evidencian
incompatibilidades con la Carta Superior, por lo cual se declararán exequibles
al ser una materialización del concepto de la Constitución ecológica que se
predica del ordenamiento colombiano.
Finalmente, el artículo 8
menciona los requisitos para modificar lo acordado en el Anexo I al Protocolo
al Tratado del Antártico, la cual es una disposición necesaria dentro de los
instrumentos internacionales, por lo cual se declarará exequible.
3.4.4. Anexo II al Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente (Conservación de la Flora y la Fauna
Antárticas)
3.4.4.1
Disposiciones de protección y conservación
El anexo al Protocolo bajo examen
está conformado por nueve artículos y tres Apéndices, los cuales, en términos
generales, versan sobre las medidas encaminadas a la conservación de la fauna y
la flora de la Antártida.
El artículo 1 define los
conceptos necesarios para la implementación del Anexo II al Protocolo. Entre
las definiciones abordadas se encuentran las siguientes: mamífero autóctono,
ave autóctona, planta autóctona, invertebrado autóctono, autoridad competente,
autorización, toma, intromisión perjudicial y Convención Internacional para la
Reglamentación de la Caza de Ballenas.
El artículo 2 establece
disposiciones similares a las señaladas en el artículo 7 del Anexo I,
relacionadas con la exclusión de las disposiciones del Anexo II en casos de
emergencia frente a la seguridad de la vida humana o de buques, aeronaves o
equipos e instalaciones de alto valor, o con la protección del medio ambiente.
El artículo 3 establece (i)
el catálogo de prohibiciones tendientes a garantizar la protección de la fauna
y la flora nativa de la Antártida, (ii) la necesidad de contar con
autorizaciones para las actividades que involucren la flora y la fauna, (iii) el
deber de limitar la concesión de las autorizaciones para garantizar los fines
del Protocolo, (iv) la obligación a las Partes de categorizar algunas especies
como “Especies Especialmente Protegidas” conforme al Apéndice A, y (v) los
requisitos para la procedencia de autorizaciones de toma de Especies
Especialmente Protegidas.
El artículo 4 establece los
requisitos, prohibiciones, deberes y procedimientos para la introducción de
especies, parásitos y enfermedades no autóctonas al área del Tratado Antártico,
las cuales se orientan a la protección de las condiciones propias y naturales
del área.
Para esta Corporación, el objetivo
de las disposiciones señaladas es la protección y conservación de las
condiciones naturales del territorio antártico, lo que se traduce en la
búsqueda de parámetros para controlar las interacciones que pueden afectar la
flora y la fauna, razón que se configura como necesaria para logar el
cumplimiento de lo establecido en el Protocolo, así como en el Tratado
Antártico. En consecuencia, la Corte encuentra que las disposiciones se
encuentran en armonía con lo dispuesto en los artículos 80 y 226 Superiores.
3.4.4.2. Disposiciones relativas a la
información
El artículo 5 dispone la
necesidad de que las Partes difundan información relacionada con las
actividades permitidas en el área del tratado antártico para las personas que
estén o vayan a ingresar al territorio, con el fin de que conozcan y cumplan
las disposiciones del Anexo.
En concordancia con ello, el artículo
6 plasma la importancia de que las Partes acuerden medidas para recopilar e
intercambiar (i) documentos y estadísticas relativas a los números o cantidades
de cada una de las especies de mamíferos, aves o plantas autóctonas tomadas
anualmente, (ii) información relativa al estado y grado de protección necesaria
de la flora y la fauna, y (iii) el establecimiento de un formulario común para
la presentación de la información.
El artículo 7 señala que el
articulado del presente Anexo no afecta los derechos y obligaciones de las
Partes derivados de acuerdos fuera del Sistema del Tratado Antártico.
El artículo 8 determina que
las Partes deberán revisar las medidas para la conservación de la flora y la
fauna antárticas.
Frente a la colaboración entre las
Partes para el cruce y utilización de información de interés de la zona
antártica, la Corte precisa que, de una parte, no se imponen al Estado
colombiano obligaciones con naturaleza diferente a la que el Protocolo y sus
Anexos están orientados y, de otra, las disposiciones se enmarcan dentro de las
negociaciones realizadas por los representantes del Estado.
El artículo 9 fija los
requisitos para enmendar o modificar lo acordado en el Anexo II al Protocolo al
Tratado del Antártico.
Por último, el Apéndice A
determina cuáles son las Especies Especialmente Protegidas, el Apéndice B
establece los animales y plantas que podrán ser ingresados al territorio
Antártico, y el Apéndice C dispone los animales frente a los cuales se
prohíbe el ingreso en el área protegida.
Tanto las normas principales del
anexo como las accesorias de los apéndices son afines a los principios
medioambientales de la Carta Política de 1991 porque están orientadas a la
protección de la flora y la fauna antártica. En especial, este acápite armoniza
con los artículos 79, 80 y 95 del Estatuto Superior.
3.4.5. Anexo III al Protocolo
al Tratado Antártico Sobre la Protección del Medio Ambiente (Eliminación y
tratamiento de Residuos)
El artículo 1 determina la
obligatoriedad de contar con planes de disposición final de los residuos
generados producto de las actividades humanas permitidas en la zona del Tratado
Antártico, considerando el potencial impacto que sobre éste genera la
incorrecta eliminación o tratamiento de los residuos, así como lo relacionado
con la remoción de los desechos existentes.
A su turno, el artículo 2 fija
la obligación de (i) remover del área de Tratado Antártico ciertos desechos considerados
como peligrosos o de alto riego, siempre y cuando su remoción no implique un
impacto negativo para el ambiente, (ii) remover a menos de que se incineren los
residuos de despojo de los animales importados, cultivos de laboratorio de
microorganismos y plantas patógenas y productos avícolas introducidos.
El artículo 3 instituye las
reglas para la eliminación de residuos por incineración. Sobre este aspecto
resalta la Corte la urgencia que se plasmó por parte de los redactores de
eliminar ciertos residuos evitando en todo momento afectaciones al ambiente
antártico y la disposición final de los desechos físicos que resulten de dicho
procedimiento; adicionalmente, se proscriben las incineraciones a aire libre.
Por su parte, el artículo 4
determina que los residuos no eliminados o removidos no serán depositados en
áreas libres de hielo o en sistemas de agua dulce; así mismo, fija el
tratamiento que se debe dar a las aguas residuales producto de las actividades
humanas.
El artículo 5 define la
forma y las reglas para eliminar en el mar las aguas residuales y los residuos
líquidos generados producto de las actividades humanas permitidas en la
Antártida. A su vez, el artículo 6 señala la necesidad de almacenar de
manera segura los residuos que vayan a ser retirados del territorio Antártico,
con el fin de que se impida la dispersión en el medio ambiente.
El artículo 7 proscribe el
ingreso de algunos productos químicos que ponen en alto riesgo las condiciones
naturales de la Antártida, entre ellos se encuentran los siguientes: deifenilos
policlorurados (PCB), tierra no estéril, gránulos o virutas de poliestireno u
otras formas similares de embalaje, o pesticidas (aparte de los que sean
necesarios para los fines científicos, médicos o higiénicos).
Como parte del principio de
planeación que se instituye en el Protocolo, el artículo 8 del Anexo III
le impone los siguientes deberes a las Partes: (i) establecer, respecto a los
residuos que vayan a generar en el marco de las actividades permitidas en el
área, la respectiva clasificación (en 5 grupos) de eliminación de los residuos,
los cuales se tendrán con elementos para la investigación frente al impacto
ambiental que genera su uso en la Antártida; (ii) preparar, revisar y
actualizar los planes de tratamiento de residuos generados; e, (iii)
inventariar los emplazamientos de las acciones descritas. Es decir, se crea la
necesidad de que las Partes cuenten con un Plan de Tratamiento de Residuos
generados en la Antártida.
El artículo 9
enuncia las disposiciones relativas a la comunicación y examen de los Planes de
Tratamiento de Residuos, los cuales se remitirán a las demás Partes y al Comité
para su consideración y eventuales comentarios.
El artículo 10 establece
el procedimiento de tratamiento de residuos, el cual comprende (i) la
designación de responsables para el desarrollo y supervisión de la ejecución de
los planes de tratamiento de residuos; (ii) programas de formación frente a limitar
el impacto de sus operaciones en el ambiente antártico, así como las exigencias
del Anexo III; y, (iii) la disminución en el uso de productos en PVC dentro del
área del Tratado Antártico.
Finalmente, los artículos 11,
12 y 13 disponen lo relacionado con la revisión, situaciones de
emergencia y enmiendas o modificaciones al Anexo III, las cuales guardan
identidad con lo señalado en el Protocolo, el Anexo I y el Anexo II.
Una vez más, encuentra la Corte
que las disposiciones reseñadas son de carácter técnico y operativo en el propósito
de garantizar las condiciones naturales de la Antártica, así como sus
ecosistemas dependientes y asociados. Bajo esta premisa, las disposiciones
analizadas del Anexo III son exequibles, al ser acordes a los mandatos constitucionales
relacionados con la protección medioambiental y el desarrollo sostenible
amparados por la Carta Política y desarrollados por la jurisprudencia
constitucional referenciada en las consideraciones generales de esta
providencia.
3.4.6. Anexo IV al Protocolo al
Tratado Antártico Sobre Protección del Medio Ambiente (Prevención de la
Contaminación Marina)
3.4.6.1.
Disposición de residuos
Como en múltiples instrumentos
internacionales, el Anexo IV al Protocolo establece los mecanismos para la
prevención y mitigación de los efectos nocivos de la contaminación del ambiente
marino. Para tal fin, el Anexo establece las definiciones relativas a basuras,
MARPOL 73/78, sustancia nociva líquida, hidrocarburos petrolíferos, mezcla
petrolífera y buque, las cuales se utilizan en la integridad del Anexo.
Según el artículo 2, el
Anexo, respecto a cada Parte, se aplica a los buques con derecho a enarbolar su
pabellón y a cualquier otro buque que participe en sus operaciones antárticas o
las apoye mientras opere en el área del Tratado Antártico.
El artículo 3 reglamenta
aspectos relacionados con las descargas de hidrocarburos petrolíferos en la
zona antártica por parte de los buques que estén operando en el área, con tal
fin (i) prohíbe la descarga en el mar de hidrocarburos petrolíferos o mezclas
petrolíferas, salvo los casos autorizados en el Anexo I del MARPOL 73/78, (ii)
impone la obligación de retener a bordo los fangos, lastres contaminados, aguas
de lavado de tanques y cualquier otro residuos que no pueda ser descargado en
el mar, los cuales deberán ser tratados conforme a las disposiciones del Anexo
I del MARPOL 73/78.
Se exceptúan de las anteriores
prohibiciones las descargas resultantes de averías sufridas por un buque o por
sus equipos y cuando las descargas se hagan para combatir casos concretos de
contaminación a fin de reducir los daños resultantes de la misma.
El artículo 4 prohíbe la
descarga de sustancias nocivas líquidas, así como la de cualquier sustancia
química o de otras sustancias en cantidades o concentraciones perjudiciales
para el medio marino.
Del mismo modo, el artículo 5
(i) prohíbe la eliminación en el mar de algunos materiales como los plásticos y
basuras, (ii) describe el procedimiento y requisitos para eliminar residuos de
comida en el mar, (iii) prescribe exclusiones del ámbito de aplicación por el
escape de basuras resultantes de averías sufridas por un buque o sus equipos y
la pérdida accidental de redes de pesca.
Frente a la descarga de aguas
residuales, el artículo 6 dispone que las partes suprimirán toda
descarga dentro de las 12 millas náuticas de tierra o de las plataformas de
hielo y después de esa distancia, las aguas residuales serán descargadas de
forma gradual y no instantánea.
Sobre el contenido específico de
las normas recapituladas, la Sala Plena observa que en la medida en que se
ocupan de reglamentar de manera técnica la disposición final de los residuos
generados por la actividad humana en la zona Antártica ‒en especial
causada por los buques que operen dentro del territorio‒, de ninguna
manera se oponen a las previsiones de la Carta Política, razón por la cual serán
declaradas exequibles en la parte resolutiva de la presente providencia.
3.4.6.2.
Intereses superiores
De acuerdo con el artículo 7,
las disposiciones establecidas en los artículos 3, 4, 5 y 6 del presente Anexo
no se aplicarán en situaciones de emergencia relativas a la seguridad de un
buque y a la de las personas a bordo, ni en caso de salvamento de vidas en el
mar. Las acciones que resulten de esas situaciones serán notificadas a las
Partes y al Comité de forma inmediata.
En armonía con el Tratado
Antártico y el Protocolo, el artículo 8 reitera que en la aplicación del
Anexo IV se debe priorizar la necesidad de evitar los efectos perjudiciales en
los ecosistemas dependientes y asociados fuera del territorio antártico.
Como se ha señalado varias veces
en las consideraciones de esta providencia, la priorización de valores e
intereses superiores en el Anexo frente a situaciones de emergencia, son
disposiciones que se ajustan plenamente al ordenamiento constitucional
colombiano, por cuanto son afines los principios de protección de la vida y la
dignidad humana.
3.4.6.3.Buques y procedimientos
Los artículos 9 y 10
reglamentan aspectos técnicos de los buques, relacionados con la capacidad de
retención de residuos y convenios con instalaciones de recepción para la
descarga de los mismos, adicionalmente, las Partes tomarán en consideración los
objetivos del anexo para diseñar, construir, dotar y equipar los buques que
participen en operaciones antárticas o las apoyen.
A efectos de garantizar la
soberanía y no obstruir las operaciones y la capacidad operativa que se ejerce
por parte de los Estados a través de sus buques oficiales y auxiliares, el artículo
11 dispone que el Anexo IV no se aplicará a los buques de guerra ni a las
unidades navales, ni a los buques que, siendo propiedad de un Estado o estando
a su servicio, sólo le presten en ese momento servicios gubernamentales de
carácter no comercial. No obstante, se conmina a las Partes para que adopten
medidas oportunas para que dichos buques actúen de conformidad con el Anexo,
esto es, salvaguardando la protección del medio ambiente antártico.
El artículo 12, concordante
con lo dispuesto en el artículo 15 del Protocolo, establece que las Partes
desarrollarán planes de contingencia que den respuesta a la contaminación
marina en área del Tratado Antártico, en los que se incluyan los buques que
operen en el área antártica. Para tal fin, las Partes (i) deberán cooperar en
la formulación y aplicación de los planes y (ii) tendrán en cuenta el
asesoramiento del Comité, de la Organización Marítima Internacional y de otras
organizaciones internacionales. Así mismo, se dispone que la Partes
establecerán procedimientos para cooperar en la atención de las emergencias de
contaminación y las acciones necesarias, conforme a los procedimientos
establecidos.
Frente a estas disposiciones, la
Corte observa que no se afecten cánones constitucionales con el establecimiento
de requisitos para los buques que operen dentro de la zona protegida. Por el
contrario, encuentra acertada la determinación de la comunidad internacional en
el propósito de brindar mayores garantías para disminuir el riesgo de
actuaciones que impacten negativamente el ambiente antártico.
3.4.6.4. Generales
El artículo 13 dispone el
deber de revisión permanente del Anexo y las medidas para prevenir y reducir la
contaminación del medio marino antártico.
A su turno, el artículo 14
establece que las disposiciones del Anexo IV no afectan en ninguna medida los
derechos y obligaciones señaladas en el MARPOL 73/78 para las Partes.
Finalmente, el artículo 15
prescribe los procedimientos relativos a las enmiendas o modificaciones al
Anexo IV, las cuales guardan identidad de materia con lo previsto en el
Protocolo y los Anexos I, II y III, los cuales previamente se determinó que se
ajustan a la Carta Política y, por ende, idénticas consideraciones realiza la
Corte frente a las normas ahora sometidas a examen.
3.4.7. Anexo V del Protocolo al
Tratado Antártico Sobre Protección del Medio Ambiente (Protección y Gestión de
Zonas)
El Anexo V está conformado por 12
artículos, los cuales de manera general regulan la gestión y uso del territorio
del Tratado Antártico.
Inicialmente, el artículo 1
presenta las definiciones de “autoridad competente”, “permiso” y “Plan de
Gestión”, términos que son ampliamente utilizados en el texto del instrumento
internacional.
Seguidamente, para la protección
del ambiente antártico y el cumplimiento de los fines del Anexo V, el artículo
2 señala que cualquier zona, incluyendo la marina, podrá designarse como
(i) Zona Antártica Especialmente Protegida o (ii) Zona Antártica Especialmente
Administrada, dentro de las cuales se prohibirán, se restringirán o se
administrarán las actividades autorizadas en el Protocolo, de conformidad con
los Planes de Gestión adoptados.
De acuerdo con el artículo 3,
las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas tienen la finalidad de
salvaguardar valores científicos, estéticos, históricos o naturales, cualquier
combinación de estos o las investigaciones científicas en curso o previstas.
Para tal fin, las Partes procurarán
identificar e incluir entre las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas las
siguientes:
“(a) las zonas que han permanecido libres de toda
interferencia humana y que por ello puedan servir de comparación con otras
localidades afectadas por las actividades humanas;
(b) los ejemplos representativos de los principales
ecosistemas terrestres, incluidos glaciales y acuáticos, y marinos;
(c) las zonas con conjuntos importantes o
inhabituales de especies, entre ellos las principales colonias de reproducción
de aves y mamíferos indígenas;
(d) la localidad tipo o el único hábitat conocido
de cualquier especie;
(e) las zonas de especial interés para las
investigaciones científicas en curso o previstas;
(f) los ejemplos de características geológicas,
glaciológicas o geomorfológicas sobresalientes;
(g) las zonas de excepcional valor estético o
natural;
(h) los sitios o monumentos de reconocido valor
histórico; y
(i) cualquier otra zona en donde convenga proteger
los valores expuestos en el párrafo 1 supra.”
Frente a las Zonas Especialmente
Protegidas y los Sitios de Especial Interés Científico designadas antes del
Anexo V, en adelante se denominarán Zonas Antárticas Especialmente Protegidas;
así mismo, prohíbe el ingreso a estas zonas, con excepción de los ingresos que
tengan permisos de conformidad con el artículo 7 del Anexo.
El artículo 4 establece que
las Zonas Antárticas Especialmente Administradas son cualquier zona, inclusive
marinas, en las cuales se lleven a cabo actividades o puedan llevarse a cabo en
el futuro, para la planeación y la coordinación de las actividades, evitar
conflictos, mejorar la cooperación entre las Partes y reducir al mínimo los
impactos ambientales.
Esas zonas pueden comprender los
lugares donde las actividades corran el riesgo de crear interferencias mutuas o
impactos ambientales acumulativos y los sitios o monumentos de reconocido valor
histórico, a los cuales no se necesita permiso para poder ingresar.
Según el artículo 5 del
Anexo, pueden proponer la designación de una Zona Antártica Especialmente
Protegida o de una Zona Antártica Especialmente Administrada, bajo ciertos
requisitos: (i) cualquier parte, (ii) el Comité, (iii) el Comité Científico de
Investigación Antártica, o (iv) la Comisión para la Conservación de los
Recursos Vivos Marinos Antárticos, a través de la presentación de un proyecto
de Plan de Gestión a la Reunión Consultiva del Tratado Antártico. Así mismo,
esta disposición establece los requisitos que deben incluir los Planes de
Gestión, los cuales deben ser observados por los sujetos con capacidad de
proponer la designación de las zonas.
El artículo 6 del Anexo
dispone el procedimiento que se debe seguir para la declaración de una Zona
Antártica Especialmente Protegida o de una Zona Antártica Especialmente
Administrada, la cual tendrá una vigencia indefinida a menos que el Plan de
Gestión disponga otra cosa. Así mismo, la norma establece que ninguna zona
marina se designará como Zona Antártica Especialmente Protegida o como Zona
Antártica Especialmente Administrada sin aprobación previa de la Comisión para
la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.
Frente a los permisos señalados en
precedencia, el artículo 7 reglamenta lo relacionado con el ingreso a
las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas.
Por su parte, el artículo 8
sistematiza el procedimiento para la declaratoria de Sitios y Monumentos
Históricos en las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas y Especialmente
Administradas, y hace precisiones en cuanto a los usos y destinaciones de los
mismos.
El artículo 9 establece las
medidas tendientes a garantizar que las personas que visitan o se proponen
visitar la Antártica comprendan y acaten las disposiciones del Anexo
relacionadas con la ubicación de las Zonas Antárticas Especialmente Protegidas
y Especialmente Administradas, los planes de gestión, los mapas y la ubicación
de los Sitios y Monumentos Históricos; para tal fin, cada Parte se compromete a
preparar y distribuir la correspondiente información.
En desarrollo de lo anterior, el artículo
10 dispone que las Partes reunirán e intercambiarán los registros de los
permisos y los informes de las visitas e inspecciones efectuadas en las Zonas
Antárticas Especialmente Protegidas y las Zonas Antárticas Especialmente
Administradas; obtendrán e intercambiarán información sobre cualquier cambio o
daño significativo registrado en cualquier Zona Antártica Especialmente
Administrada, cualquier Zona Antártica Especialmente Protegida o cualquier
Sitio o Monumento Histórico; y, prepararán formularios normalizados para que
las Partes comuniquen los registros e informaciones pertinentes.
Al tenor del artículo 11,
las restricciones establecidas y autorizadas en el Anexo no se aplicarán en
casos de emergencia relacionadas con la seguridad de vidas humanas o de buques,
de aeronaves o equipos e instalaciones de gran valor o la protección del medio
ambiente. Finalmente, el artículo 12 enuncia lo relacionado con las
enmiendas o modificaciones al Anexo V, las cuales también guardan identidad con
lo señalado frente al Protocolo y los Anexos I, II, III y IV, razón por la cual
la Corte itera sus consideraciones.
De esta manera, en lo concerniente
al Anexo objeto de examen material, observa la Corte que sus contenidos
normativos buscan garantizar condiciones seguras, planeadas, organizadas y
controladas para la protección del ambiente antártico, sin imponerle al Estado
colombiano obligaciones o deberes que afecten los intereses nacionales, por el
contrario materializan aspectos reconocidos por la Constitución Política y la
jurisprudencia consolidada de esta Corporación en relación con el derecho al
ambiente sano y la concepción de la “Constitución ecológica”.
Con fundamento en lo anterior, las
normas contentivas del Anexo V serán declaradas exequibles.
3.4.8. Anexo VI al Protocolo al
Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente (Responsabilidad Emanada
de Emergencias Ambientales)
El Anexo VI está compuesto de 13
disposiciones relacionadas con las emergencias ambientales en el área del
Tratado Antártico que se generen en el marco de actividades de investigación
científica, turismo y demás actividades gubernamentales y no gubernamentales,
incluidas las de apoyo logístico asociado.
Como cuestión previa, el Anexo
establece un Preámbulo a través del cual se reconoce la importancia de
prevenir, reducir y contener el impacto de las emergencias ambientales generadas
en la zona; refuerza los principios de planeación y priorización, la respuesta
rápida y efectiva en casos de emergencia ambiental y los planes de contingencia
establecidos en el Protocolo; y, en particular, desarrolla el artículo 16 del
Protocolo conforme a la Decisión 3 (2001) de la XXIV Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, relativa a la elaboración del anexo sobre responsabilidad en
los casos de emergencias ambientales.
De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 1, el Anexo VI se aplica a: (i) las emergencias ambientales
de la zona del Tratado Antártico relacionadas con los programas de
investigación científica, turismo y demás actividades gubernamentales y no
gubernamentales en las cuales se requiere la información previa, de acuerdo con
lo señalado en el artículo VII del Tratado Antártico, (ii) las naves de turismo
que ingresen en la Zona del Tratado Antártico, y (iii) las emergencias
ambientales en la zona del Tratado Antártico relacionadas con otras naves y
actividades según se decida de conformidad con el artículo 13.
El artículo 2 se ocupa de
las definiciones de los siguientes términos: “Decisión”, “Emergencia
ambiental”, “Operador”, “Operador de la Parte”, “Razonable”, “Acción de
respuesta” y “Las Partes”.
El artículo 3 establece que
cada Parte requerirá a sus operadores para que adopten medidas preventivas
razonables para reducir el riesgo de emergencias ambientales y el impacto
adverso. En ese orden, las medidas preventivas pueden ser las siguientes: (i)
estructuras o equipos especializados incorporados en el diseño y la
construcción de instalaciones y medios de transporte; (ii) procedimientos
especializados incorporados en el funcionamiento o mantenimiento de instalaciones
y medios de transporte; y, (iii) capacitación especializada del personal.
El artículo 4 exige a las Partes
la elaboración de los planes de contingencia frente a incidentes que puedan
tener impactos adversos en el medio ambiente antártico o sus ecosistemas
dependientes y asociados. De manera complementaria, el artículo 5
determina el procedimiento que se debe seguir para ejecutar la acción de
respuesta rápida y oportuna por emergencias ambientales.
Ahora bien, el artículo 6
del Anexo objeto de estudio establece las sanciones que se deben imponer por la
no atención rápida y eficaz o la no atención de las emergencias ambientales
generadas producto de las actividades realizadas en el territorio antártico.
Dada la naturaleza sancionatoria de esta disposición a continuación se
transcriben los términos de la misma:
“1. Un operador que no realice una acción de
respuesta rápida y eficaz ante emergencias ambientales emanadas de sus
actividades será responsable del pago de los costos de la acción de respuesta
que realicen las Partes de conformidad con el artículo 5(2) a dichas Partes.
2.
a) Cuando un operador estatal debería haber
realizado una acción de respuesta rápida y eficaz pero no lo hizo, y ninguna
Parte realizó una acción de respuesta, el operador estatal será responsable del
pago al fondo al que se refiere el artículo 12 de los costos de la acción de
respuesta que debería haberse realizado.
b) Cuando un operador no estatal debería haber
realizado una acción de respuesta rápida y eficaz pero no lo hizo, y ninguna
Parte realizó una acción de respuesta, el operador no estatal será responsable
del pago de una suma de dinero que refleje en la mayor medida de lo posible los
costos de la acción de respuesta que debería haberse realizado. Tal suma deberá
pagarse directamente al fondo al que se refiere el artículo 12, a la Parte de
ese operador o a la Parte que aplique el mecanismo al que se refiere el
artículo 7(3). La Parte que reciba esa suma hará todo lo posible para realizar
una contribución al fondo al que se refiere el artículo 12 que equivalga por lo
menos a la suma recibida del operador.
3.
La responsabilidad será estricta.
4.
Cuando una emergencia ambiental emane de
las actividades de dos o más operadores, los mismos serán mancomunada y
solidariamente responsables, salvo que un operador demuestre que sólo una parte
de la emergencia ambiental resulta de sus actividades, en cuyo caso será
responsable únicamente por esa parte.
5. Sin perjuicio de que, de conformidad con el presente artículo,
una Parte es responsable por no disponer la realización de una acción de respuesta
rápida y eficaz ante emergencias ambientales causadas por sus buques de guerra,
auxiliares navales u otros buques o aeronaves de su propiedad u operados por
ella y utilizados, de momento, únicamente en tareas gubernamentales no
comerciales, ninguna de las disposiciones del presente anexo tiene la intención
de afectar a la inmunidad soberana, conforme al derecho internacional, de
dichos buques de guerra, auxiliares navales u otros buques o aeronaves.”
Como mecanismos de repetición, el
Anexo VI establece las reglas generales de procedimiento para que la Parte que
asumió los costos enunciados en al artículo 6 supra pueda entablar una
acción por responsabilidad frente al operador no estatal que generó la
emergencia. Dada la extensión y complejidad de la norma en estudio, continuación
se transcribe su tenor literal:
“1. Solamente una Parte que haya realizado una
acción de respuesta de conformidad con el artículo 5(2) podrá entablar una
acción por responsabilidad contra un operador no estatal de conformidad con el
artículo 6(1) y dicha acción podrá entablarse en los tribunales de no más de
una Parte en cuyo territorio el operador se haya constituido o tenga su
principal centro de actividad o su lugar de residencia habitual. No obstante,
si el operador no se ha constituido en el territorio de una Parte o no tiene su
principal centro de actividad o su lugar de residencia habitual en el
territorio de una Parte, la acción podrá entablarse en los tribunales de la
Parte del operador en el sentido del artículo 2(d). Dichas acciones de
indemnización deberán entablarse dentro de los tres años siguientes al inicio
de la acción de respuesta o dentro de los tres años siguientes a la fecha en
que la Parte que entable la acción haya conocido o hubiera sido razonable que conociera
la identidad del operador, de ambas situaciones la que se produzca más tarde.
En ningún caso se entablará una acción contra un operador no estatal después
que hayan transcurrido 15 años desde la fecha de inicio de la acción de
respuesta.
2. Cada Parte se cerciorará de que sus tribunales tengan la
competencia necesaria para entender en dichas acciones de conformidad con el
párrafo 1 supra.
3. Cada Parte se cerciorará de que exista un mecanismo en su
legislación nacional para aplicar el artículo 6(2)(b) con respecto a cualquiera
de sus operadores no estatales en el sentido del artículo 2(d) y, si es
posible, con respecto a cualquier operador no estatal que se haya constituido o
tenga su principal centro de actividad o su lugar de residencia habitual en el
territorio de dicha Parte. Cada Parte deberá informar a las demás Partes sobre
este mecanismo de conformidad con el artículo 13(3) del Protocolo. Si hubiera
múltiples Partes en condiciones de aplicar el artículo 6(2)(b) contra un
operador no estatal determinado de conformidad con el presente párrafo, tales
Partes deberán consultar entre ellas para determinar qué Parte deberá entablar
la acción a fin de hacer cumplir las disposiciones. El mecanismo al que se
refiere este párrafo no será invocado después que hayan transcurrido 15 años
desde la fecha en que la Parte que pretende invocar el mecanismo haya tomado
conocimiento de la emergencia ambiental.
4. La responsabilidad de una Parte como
operador estatal de conformidad con el artículo 6(1) se resolverá únicamente de
conformidad con cualquier procedimiento de investigación que las Partes
establezcan, con las disposiciones de los artículos 18, 19 y 20 del Protocolo
y, si procede, con el apéndice del Protocolo sobre arbitraje.
a) La responsabilidad de una Parte como operador
estatal de conformidad con el artículo 6(2) será resuelta únicamente por la
Reunión Consultiva del Tratado Antártico y, si la cuestión sigue sin
resolverse, únicamente de conformidad con cualquier procedimiento de
investigación que las Partes establezcan, con las disposiciones de los
artículos 18, 19 y 20 del Protocolo y, si procede, con el apéndice del
Protocolo sobre arbitraje.
b) Los costos de la acción de respuesta que debería
haberse realizado pero no se realizó que deberá pagar un operador estatal al
fondo al que se refiere el artículo 12 serán aprobados mediante una Decisión.
La Reunión Consultiva del Tratado Antártico solicitará el asesoramiento del
Comité para la Protección del Medio ambiente, según corresponda.
5.
En el presente Anexo, las disposiciones
de los artículos 19(4), 19(5) y 20(1) del Protocolo y, según corresponda, el
apéndice del Protocolo sobre arbitraje se aplicarán solamente a la
responsabilidad de una Parte como operador estatal por la indemnización por la acción
de respuesta realizada ante una emergencia ambiental o por el pago al fondo.”
6.
El artículo 8[107] versa sobre las causales eximentes de responsabilidad
del operador, mientras que los artículos 9[108] y 10[109] regulan, en términos de tonelaje
internacional, los límites de la responsabilidad de cada operador.
El artículo 11 habilita a
las Partes para requerir que sus operadores tengan un seguro suficiente u otras
garantías financieras, como la garantía de un banco o institución financiera
similar, para cubrir la responsabilidad, de conformidad con el artículo 6 y
hasta los límites previstos en el artículo 9 del Anexo.
Por virtud del artículo 12
se crea un fondo administrado por la Secretaría del Tratado, el cual puede
recibir contribuciones de cualquier Estado o persona.
A juicio de la Corte, las
disposiciones descritas en precedencia son relevantes para el cumplimiento de
los fines enunciados en el Protocolo al Tratado Antártico, pues crean un marco
de responsabilidad, a la vez que materializan las formas de actuar frente a las
emergencias ambientales que se generen en dicho territorio. Es de resaltar las
funciones preventivas y los medios vinculantes que se establecen en el Anexo,
pues dichas actividades se constituyen y desarrollan en el marco del principio de
planeación frente a las zonas de influencia del Tratado, conforme a la voluntad
de la Comunidad Internacional.
Adicionalmente, contribuyen de
manera efectiva a garantizar que ciertas zonas adquieran mayores garantías para
su conservación y protección, todo lo cual se constituye en un fin legítimo compatible
con la orientación ecológica de la Carta Política y, en especial, con el
principio desarrollado por la jurisprudencia constitucional, según el cual
“quien contamina paga”[110].
Aunado a
lo anterior, los artículos 3, 9, 226 y 227 de la Constitución constituyen,
conjuntamente, el referente jurídico del desarrollo de las relaciones
internacionales del Estado colombiano. De estos cuatro parámetros de
constitucionalidad se deriva: (i) el mandato de fundar dichas relaciones en la soberanía
nacional, (ii) en la autodeterminación y en el reconocimiento de los principios
de derecho internacional aceptados por Colombia, y (iii) la promoción de la internacionalización
de las relaciones políticas, económicas sociales y ecológicas, a partir de una
triple exigencia de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Al
confrontar las normas relativas al régimen de responsabilidad de emergencias
ambientales contenido en el anexo VI al Protocolo con los precitados parámetros
constitucionales, la Sala Plena encuentra que en modo alguno resultan
quebrantados, precisamente porque todos apuntan a articular esfuerzos
encaminados a atender de manera efectiva los incidentes
que puedan tener efectos adversos para el medio ambiente antártico o sus
ecosistemas dependientes.
Finalmente, el artículo 13 señala
que el presente anexo podrá ser enmendado o modificado por una Medida adoptada
de conformidad con el artículo IX (1) del Tratado Antártico; así mismo, señala
la entrada en vigor de las enmiendas o modificaciones, las cuales guardan
identidad con lo señalado en el Protocolo y los Anexos I, II, III, IV y V, los
cuales ya fueron objeto de pronunciamiento y, por tal razón, son aplicables las
mismas consideraciones.
4. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
En esta oportunidad, la Corte se
ocupó de realizar el control de constitucionalidad de la Ley 1880 de 2018,
“Por medio de la cual se aprueba el «Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV», hecho
en Madrid el 4 de octubre de 1991, su «ANEXO V», adoptado en Bonn, el 17 de
octubre de 1991, y su «ANEXO VI», adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de
2005”.
4.1. Control formal
Para llevar a cabo
dicha función, la Corte, en primer término, señaló
que desde el punto de vista formal, la Ley 1880 de 2018 cumplió el procedimiento legislativo previsto en la Constitución
Política de Colombia, en concordancia con la Ley 5ª de 1992. Esto, luego de realizar un recuento de la etapa prelegislativa y legislativa
de la misma, a través del cual concluyó que el proyecto de ley cumplió con los requisitos de presentación y publicación antes de
darle trámite en la comisión respectiva, surtió los
debates reglamentarios, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes,
y, de esta manera, se aprobó conforme a las normas legales y, así mismo, se
ajustó a los cánones constitucionales.
4.2. Control material
Superado lo anterior, al efectuar
el control material, la Corte sostuvo que la Constitución de 1991 establece la
obligación del Estado de asegurar el derecho al ambiente sano, deber que
encuentra correlación con la preocupación constante de los Estados a nivel
mundial de proteger los ecosistemas, toda vez que de éstos depende el ejercicio
de los derechos humanos[111].
Sobre este aspecto, reiteró
que la Carta Política de 1991 es una Constitución ecológica[112], pues integra un conjunto de
disposiciones mediante las cuales se reconoce la importancia de un ambiente
sano y se imponen precisas obligaciones al Estado.
A la luz del enfoque ecocentrista[113] de la Constitución, a través del cual
se reconoce el valor autónomo e intrínseco de la naturaleza y la necesidad de
incentivar una defensa y protección más rigurosa en favor del ambiente y todos
sus componentes, la Corte resaltó que la Antártida es
un territorio geográficamente extendido por más de 14 millones de kilómetros
cuadrados, en los cuales se encuentra el 90 por ciento de todo el hielo
terrestre, aspecto que en términos ambientales constituye el 70 por ciento de
toda el agua dulce del planeta y comprende el 26 por ciento de todas las zonas
silvestres del mundo.
Precisamente, en atención a esa
riqueza en materia de biodiversidad, la Corte recapituló que tras una década de
discusiones sobre el futuro de la Antártida, el 1º de diciembre de 1959 se
suscribió en Washington el Tratado Antártico[114],
matriz del Protocolo objeto de control. El artículo IV del Tratado Antártico
suspendió las reclamaciones territoriales de los Estados, al tiempo que definió
esta región como una zona de uso exclusivamente pacífico, científico y
reservado para actividades en beneficio de toda la humanidad[115]. Dicho instrumento internacional entró en
vigor el 23 de junio de 1961 y en la actualidad cuenta con 53 Partes, de las
cuales 29 tienen el estatus de Parte Consultiva con derecho a voz y voto, y las
restantes son Partes no Consultivas, invitadas a participar en las reuniones,
pero sin tomar parte en la toma de decisiones[116]. Colombia se adhirió al Tratado Antártico
mediante Ley 67 de 1988 y en la actualidad es miembro con voz sin voto. Sobre
la participación de Colombia en el seno del tratado, la Corte se pronunció en
el sentido que las decisiones de los estados parte con voz y voto, de
conformidad con los artículos 9, 224 y 226 de la Carta Política no comprometen
a Colombia salvo que exista consentimiento expreso por parte del Estado.
De esta manera, el Tratado
Antártico es la base originaria de un sistema o conjunto de normas y acuerdos
internacionales relacionados con la Antártida, conocido como el Sistema del
Tratado Antártico. Este sistema está conformado principalmente por cinco
instrumentos internacionales, a saber: (i) El Tratado Antártico de 1959; (ii)
La Convención para la Conservación de Focas Antárticas de 1972; (iii) La
Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos de 1980;
(iv) La Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos
Minerales Antárticos de 1988; y, (v) El Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente de 1991.
Cada uno de estos instrumentos
establece mecanismos para llevar a cabo acciones de conservación, investigación
científica, cooperación y protección de los ecosistemas antárticos; todos
regulan la actividad humana en el continente Antártico con el principal
objetivo de prevenir su degradación en protección de la humanidad.
En ese contexto, al efectuar el
examen de constitucionalidad del Protocolo al Tratado Antártico, su Apéndice y
sus Anexos I, II, III IV, V y VI la Sala Plena encontró que estos conforman un
conjunto de instrumentos multilaterales, mediante los cuales se designa a la
Antártida como una “reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”
(Art. 2) y se constituye como el acuerdo internacional que establece un marco
de protección integral para el medioambiente antártico. A su vez, constató que
la aprobación del Protocolo de Madrid incluye una prohibición por tiempo
indefinido de toda actividad relativa a los recursos minerales que no sea para
la investigación científica.
De esta manera, la Corte encontró
que el Protocolo fue diseñado en torno a un conjunto de principios
medioambientales, con una serie de anexos que establecen reglas y disposiciones
más detalladas. Así, verificó que los principios centrales del Protocolo son
los siguientes: (i) La designación de la Antártida como una “reserva natural
consagrada a la paz y a la ciencia”; (ii) La prohibición de la minería y las
actividades relativas a los recursos minerales en el Área del Tratado
Antártico; (iii) La protección del medioambiente como consideración esencial
requerida en la planificación y realización de todas las actividades
antárticas; (iv) Un marco integral para evaluar los impactos ambientales en la
Antártida, lo que incluye la evaluación previa de todas las actividades; (v) El
requisito de establecer planes de contingencia y responder de forma rápida y
efectiva ante emergencias ambientales en la Antártida; y, (vi) La creación del
Comité para la Protección del Medio Ambiente.
4.3. El articulado del protocolo
Con respecto al contenido
específico del Protocolo, la Sala Plena encontró que el artículo 1 establece
algunas definiciones importantes en la compresión del instrumento
internacional, todas orientadas a aclarar el sentido de los términos
utilizados. El artículo 2 consagra el objetivo del Protocolo el cual consiste
en la “protección global del medio ambiente antártico y los ecosistemas
dependientes y asociados y, mediante el presente Protocolo, designan a la
Antártida como reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia”. A su
vez, el artículo 3 contempla los principios medioambientales que rigen el
Protocolo y determina las acciones concretas que deben realizar los Estados
Parte para respetar esos principios. En términos generales, se establece que la
protección del medio ambiente antártico y el valor intrínseco de la Antártida
deben ser consideraciones fundamentales para la planificación y realización de
todas las actividades que se desarrollen en dicha zona.
Los artículos 4, 5 y 6 establecen
que el Protocolo es complemento del Tratado Antártico y que los Estados Parte
deberán cooperar con las partes contratantes de otros instrumentos
internacionales en vigor dentro del sistema del Tratado Antártico y sus
respectivas instituciones. Ello, con el fin de asegurar la realización de los
objetivos y principios del Protocolo.
El artículo 7 establece una
prohibición en relación con la utilización de los recursos minerales, salvo en
lo atinente a la investigación científica.
El artículo 8 prevé la obligación
de hacer un estudio de impacto ambiental de todas las actividades que se vayan
a llevar a cabo en la Antártida, incluido el turismo.
El artículo 10 es una previsión
relativa a las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico, en las cuales se
definirá la política general para la protección global del medio ambiente
antártico y sus ecosistemas.
El artículo 11 crea el Comité de
Protección Ambiental para el Continente, y el artículo 12 establece las
funciones de este, entre las cuales se encuentran: (i) proporcionar asesoramiento,
y (ii) formular recomendaciones a las Partes en relación con la aplicación del
Protocolo.
Los artículos 13 y 14 comprenden
acciones y medidas de cumplimiento e inspección del Protocolo, con el fin de
promover la protección del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas.
La inspección medioambiental
constituye un instrumento indispensable para la comprobación del cumplimiento
de la normativa en materia medioambiental que se aplica a las actividades que
pueden causar efectos negativos sobre el medio ambiente. En ese sentido, la
deficiente efectividad del Derecho ambiental hoy en día supone el reto de: (i)
la necesidad de una regulación integral sobre esta materia; (ii) el
reforzamiento de los instrumentos de control; (iii) la intensificación de los mecanismos
de colaboración  y de coordinación interadministrativa; (iv) el incremento de
los medios técnicos y económicos destinados a la labor inspectora; (v) el
mejoramiento de la regulación y la potencialización de la utilización de
instrumentos de planificación; y, (vi) la potencialización de la transparencia
y la participación en los procedimientos de inspección.
Sobre estos aspectos, la Corte
observa que las disposiciones del Protocolo están encaminadas a una aplicación
efectiva del derecho al medio ambiente que compagina con el carácter vinculante
de todo tratado internacional, cuyo fin está dado por garantizar un adecuado
nivel de comprobación del cumplimiento ambiental.
El artículo 15 hace un llamado a
los Estados miembros para que estén preparados para las acciones de respuesta
en casos de emergencia en la zona.
Finalmente, el artículo 16
consagra que los Estados Parte se comprometen a elaborar normas y
procedimientos relacionados con la responsabilidad derivada de daños provocados
por actividades que se desarrollen en el área del Tratado Antártico y que se
encuentren cubiertas por el Protocolo.
Los artículos 17 al 27 del
Protocolo de Madrid regulan aspectos procedimentales propios de cualquier
tratado. El artículo 17 contempla un informe anual que debe elaborar
cada una de las Partes del tratado y en el cual se informarán las medidas
adoptadas por los Estados para el cumplimiento del Protocolo. Por su parte, los
artículos 18 y 19 son normas de solución de controversias. De esto, la Sala Plena
puso en relieve que los Estados, al momento de expresar su consentimiento para
obligarse a cumplir las provisiones del tratado, tienen la posibilidad de
elegir si desean someter las controversias que surjan de dicho instrumento
internacional ante la Corte Internacional de Justicia o a un tribunal de
arbitraje.
En los artículos 21 y 22 se
establece que el Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la
ratificación, aceptación o aprobación de los Estados que sean Partes en la
Convención, y quedará abierto a adhesión a partir del 4 de octubre de 1992.
En complemento de lo anterior, el
artículo 23 prevé que el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día siguiente
a la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión de todos los Estados que sean Partes Consultivas del
Tratado Antártico en la fecha en que se adopte el Protocolo.
De conformidad con el artículo 24,
el Protocolo no admite reserva alguna. Adicionalmente, en virtud del artículo
25 el mismo podrá ser modificado en cualquier momento de conformidad con el
procedimiento establecido en el Tratado Antártico.
El artículo 26 establece las
funciones del depositario y, finalmente, en el artículo 27 se indica que el
Protocolo se redactó en español, francés, inglés y ruso, y cada una de esas
versiones es igualmente auténtica.
Sobre el contenido dispositivo del
articulado descrito, la Corte encontró, de una parte, que todas sus previsiones
velan por la protección medioambiental de la Antártida, interés que se encuentra
contemplado también a nivel nacional en el artículo 80 de la Constitución
Política y ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, la
cual ha reconocido la importancia de ese concepto en tanto que “admite el
aprovechamiento de recursos en el presente, siempre que ello no implique que
las generaciones futuras sean privadas de esa oportunidad.”[117]
Dicha concepción se constituye como piedra angular del derecho internacional de
los derechos humanos en materia ambiental, toda vez que parte de la relación
intrínseca que existe entre el ser humano y la naturaleza.
Y, de otra, la Corte
Constitucional advirtió que las disposiciones que regulan aspectos como la
firma, la ratificación, la entrada en vigor, el depositario, la prohibición de
hacer reservas, así como las disposiciones sobre aprobación de enmiendas, entre
otras, son aspectos meramente operativos y propios de cualquier instrumento
internacional multilateral y que de ninguna manera son contrarias a la
Constitución.
4.4. El Apéndice
El Apéndice del Protocolo contiene
trece previsiones relacionadas con el procedimiento de arbitraje. Sobre el
particular, se dispone que cada Parte tendrá derecho a designar tres árbitros,
los cuales deberán ser expertos en asuntos antárticos. A su vez, el Tribunal
Arbitral estará formado por tres árbitros designados de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 del Apéndice. Al respecto, la Corte señaló que la
determinación de mecanismos que faciliten la implementación, promoción y
cumplimiento del Protocolo es una medida necesaria para asegurar la efectividad
de los compromisos internacionales, y que además contribuye a la consecución
pacífica del objetivo de dicho instrumento, cuestión que es completamente
acorde a los principios de derecho internacional aceptados por Colombia,
específicamente el de buena fe y el pacta sunt servanda.
4.5. Los anexos
El artículo 9 establece que los
anexos al Protocolo hacen parte integrante del mismo y que se rigen por las
normas de procedimiento que contemple el mismo. El Protocolo de Madrid cuenta
con seis anexos, los cuales constituyen parte fundamental e integral de aquel.
Los Anexos 1 a 4 fueron adoptados en 1991 y entraron en vigor en 1998. El Anexo
5 fue aprobado en 1991 y entró en vigor en el 2002. Finalmente, el anexo 6 fue
adoptado en 2005 y entrará en vigor al momento de ser aprobado por todas las
Partes Consultivas. Sobre los mismos, la Sala Plena realizó las siguientes
constataciones:
Anexo 1. Evaluación del impacto
sobre el medio ambiente.
Este anexo contentivo de ocho
artículos, en términos generales determina que el impacto sobre el medio
ambiente de todas las actividades propuestas en la Antártida deberá ser
evaluado previo inicio de estas, con el fin de detectar cualquier factor que
pueda afectar al medioambiente. La Corte encontró que esta medida es útil en el
propósito de identificar acciones menos perjudiciales para el medio ambiente de
esta zona. Resaltó que el Anexo contempla que los efectos previstos deben
causar “menos que, no más que” un impacto mínimo o transitorio.
Anexo 2. Conservación de la
fauna y flora antárticas.
En este Anexo conformado por nueve
artículos se incluyen las reglas y el marco necesarios para la protección de
las plantas y los animales que se encuentren en la Antártida. En consecuencia,
se prescribe que para realizar cualquier actividad que pueda poner en peligro a
las especies autóctonas de la Antártida se requieren permisos y se prohíbe la
introducción de especies no autóctonas de la zona.
Anexo 3. Eliminación y tratamiento
de residuos.
El Anexo 3 contentivo de trece
artículos, incluye un principio según el cual la cantidad de residuos
producidos o eliminados en la Antártida se debe reducir para proteger el medio
ambiente. También establece el marco para limpiar los vertederos terrestres
creados antes de la firma del Protocolo, así como las reglas para la
eliminación de desechos de origen humano y la utilización de incineradores,
junto con la obligación de desarrollar planes de gestión de residuos.
Anexo 4. Prevención de la
contaminación marina.
En Anexo 4 mediante una regulación
contentiva de quince artículos, en términos generales se contempla la
prohibición de descargar al mar sustancias nocivas líquidas, plásticos y otros
tipos de basura provenientes de buques y exige a las Partes del Tratado
proponer planes de contingencia en caso de emergencias de contaminación marina
en la zona Antártica.
Anexo 5. Protección y gestión
de zonas.
El anexo prevé quince artículos a
través de los cuales se establecen dos tipos de zonas protegidas, a saber: (i)
Zonas Antárticas Especialmente Protegidas (ZAEP) y Zonas Antárticas
Especialmente Administradas (ZAEA). A la vez, prevé la designación de sitios o
monumentos históricos con el fin de proteger y conservar los sitios de reconocido
valor histórico.
Anexo 6. Responsabilidad
emanada de emergencias ambientales.
Finalmente, el Anexo 6 en trece
diversas disposiciones describe los acuerdos adoptados para prevenir y atender
las emergencias ambientales ocasionadas por la aplicación de los programas de
investigación científica, el turismo y otras actividades gubernamentales y no
gubernamentales. Consecuentemente, consagra las normas que rigen la
responsabilidad emanada de emergencias ambientales y prescribe que se podrá
exigir a los contaminadores pagar multas en caso de no haber respondido de
forma efectiva.
En relación con todos los anexos,
la Sala Plena determinó que el contenido de estos se ajusta de manera
sistemática al ordenamiento superior, toda vez que la Constitución en los
artículos 79, 80, 82, 268.7, 333, 334, 339 y 366 transversalmente contempla el
medio ambiente como un elemento esencial para el desarrollo humano y, por
consiguiente, la defensa del mismo es un objetivo del Estado Social de Derecho,
de la internacionalización de las relaciones ecológicas, del principio de
precaución y del principio “quien contamina paga”.
4.6. Conclusión
A partir de lo anterior, la Sala
Plena concluyó que el conjunto de disposiciones contenidas en Protocolo, el
apéndice y sus anexos al tener como fundamento el desarrollo de compromisos
entre los Estados Parte, así como el reconocimiento de la Antártida como una
reserva especial de paz destinada a la investigación científica, es acorde a la
Constitución y a los principios de derecho internacional público aceptados por
Colombia.
De conformidad con lo expuesto, la
Corte Constitucional declaró exequibles el Protocolo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, su apéndice y sus anexos, así como su ley
aprobatoria 1880 de 2018.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio
Ambiente, su Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV, hecho en Madrid el 4 de
octubre de 1991, su Anexo V, adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su
Anexo VI, adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005.
SEGUNDO.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1880 de 2018, “Por medio de la cual se aprueba el
«Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, su
Apéndice y sus Anexos I, II, III y IV», hecho en Madrid el 4 de octubre de
1991, su «ANEXO V», adoptado en Bonn, el 17 de octubre de 1991, y su «ANEXO
VI», adoptado en Estocolmo, el 17 de junio de 2005”.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO CAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Expediente LAT-449, folio 1.
[2]
El tenor constitucional dispone: “Art. 241. (…) 10. Decidir
definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las
leyes que los aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte,
dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano
podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte
los declara constitucionales, el Gobierno podrá efectuar el canje de notas; en
caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de un tratado
multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el
Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando
la correspondiente reserva.”
[3]
Folios 270-276, cuaderno 1
[4]
Folio 270, cuaderno 1
[5]
Folio 271, cuaderno 1
[6]
Folio 272, cuaderno 1
[7]
Íbidem.
[8]
Folios 278-285, cuaderno 1
[9]
Folio 284, cuaderno 1
[10]
Folios 265-267 cuaderno 1
[11]
Folio 265, cuaderno1.
[12]
Íbidem.
[13]
Folio 266, cuaderno 1.
[14]
Folios 268-269, cuaderno 1.
[15]
Folio 268, cuaderno1
[16]
Íbidem.
[17]
Íbidem.
[18]
Folio 269, cuaderno 1.
[19]
Folio 296, cuaderno 1
[20]
Íbidem.
[21]
Folio 300, cuaderno 1
[22]
Sentencia T-606 de 2015
[23]
Folios 307-308, cuaderno 1
[24]
Folio 300-301, cuaderno 1
[25]
Ver entre otras las sentencias C–468 de 1997, C-378 de 1996,
C-682 de 1996, C-400 de 1998, C-924 de 2000, C–576 de 2006, C-184 de 2016.
[26]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 154 Superior.
[27]
Ver Sentencias C–582 de 2002, C–933 de 2006, C–534 de 2008, C–537
de 2008, C–039 de 2009, C–378 de 2009,
C-184 de 2016.
[28]
Recibida en la Secretaría General de esta Corporación el 21 de
febrero de 2018, folio 80 del Expediente.
[29]
Plenos poderes obrantes a folio 81 del Expediente.
[30] Folios 80 y 81.
[31] Folio 66 del Cuaderno de pruebas.
[32]
Folios 49 a 65 del cuaderno de pruebas.
[33]
Página 11 a la 51 de la gaceta, aportada en medio magnético,
mediante el Oficio SGE-CS-0391-2018 del 14 de febrero de 2018, radiado en la
Secretaría General el 22 de febrero de 2018, obrante a folio 83 - 86 del
cuaderno principal.
[34]
Folio 111 del cuaderno de pruebas.
[35]
Páginas 2 a la 14 de la Gaceta. Ibídem ut supra 7.
[36]
Es de anotar la disparidad existente entre la fecha
certificada por el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República, remitida mediante Oficio CSE-CS-149-2018
del 12 de mayo de 2018, recibido en la Secretaría General de esta Corporación
el 12 de junio de 2018, en el cual señala la fecha de la sesión del 10 de
octubre de 2016, cuando la Gaceta en cita documentó el 11 de octubre de la misma
anualidad.
[37]
Página 6 de la Gaceta del Congreso No. 185 de 2017, remitida a
esta Corporación mediante Oficio CSE-CS-149-2018 del 12 de mayo de 2018,
obrante a folio 212 del cuaderno principal.
[38]
Folio 215 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[39]
Ibidem.
[40]
Ibidem.
[41]
Obrante en la página 14 de la Gaceta del Congreso, aportado en
medio digital mediante Oficio SGE-CS-0391-2018 del 14 de febrero de 2018.
[42]
Obrante a folio 215 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[43]
Páginas 1 a la 14 de la Gaceta del Congreso No. 1101 del 2016,
aportada en medio magnético mediante el Oficio SGE-CS-0391-2018 del 14 de
febrero de 2018.
[44]
Remitida mediante Oficio SGE-CS-0391-2018 del 14 de febrero de
2018.
[45]
Página 55 de la Gaceta del Congreso No. 304 de 2017, ibídem.
[46]
Por existir "unanimidad por parte de la
respectiva...plenaria para aprobar...todo".
[47]
Página 81 de la Gaceta del Congreso No. 305 del 2017.
[48]
“16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en
el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva
comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un
proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus
miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a
votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos
respecto de los cuales existan discrepancias.
[49]
Obrante en las páginas 3 y 4 de la Gaceta del Congreso,
aportado en medio digital mediante Oficio SGE-CS-0391-2018 del 14 de febrero de
2018.
[50]
Allegada mediante Oficio No. SLE-CS-478-2018 del 8 de junio de
2018.
[51]
Folio 275 a 277 del Cuaderno 2 del Expediente LAT-449.
[52]
Páginas 24 a la 42 de la Gaceta del Congreso No. 248 del 2017,
aportada mediante Oficio CSCP 3.22.03.590/18 (IS) del 26 febrero de 2018
obrante en el Cuaderno No. 1 del Expediente a folios 96 a 117.
[53]
Remitida mediante Oficio CSCP 3.2 2.03.590/18 (IS) del 26 de
febrero de 2018, recibido en la Secretaría General de esta Corporación el 27 de
febrero de 2018.
[54]
Página 31 de la Gaceta del Congreso No. 660 de 2017, obrante a
folio 136 del cuaderno principal.
[55]
Folio 94 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[56]
Folio 95 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[57]
Ibidem.
[58]
Folios 167 y 168 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[59]
Obrante a folio 199 del Cuaderno No. 1 del Expediente LAT-449.
[60]
Obrante a folio 168 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[61]
Obrante en las páginas 5 a 26 de la Gaceta, aportada en medio
magnético mediante Oficio S.G.2-0208/2018 fechado del 23 de febrero del 2018,
allegado a esta Corporación el mismo día.
[62]
Página 26 de la Gaceta del Congreso No. 649 de 2018.
[63]
Remitida a la Secretaría General de esta Corte mediante Oficio
S.G.2-0388/2018 del 6 de abril de 2018.
[64]
Páginas 30 y 31 de la Gaceta del Congreso No. 76 de 2018,
ibídem.
[65]
Folios 89 y 90 del Cuaderno No. 1 del Expediente.
[66]
Oficio SG.CERTI-0057/2018.
[67]
Allegada a este Tribunal mediante Oficio S.G.2-0468/2018 del
16 de abril de 2018, radicada en la Secretaría General de esta Corte el 17 de
abril del corriente.
[68]
Folio 94 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[69]
Folio 95 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[70]
Ibídem.
[71]
Páginas 28 a 37 de la Gaceta del Congreso No. 122 de 2018.
[72]
Gaceta aportada en medio digital mediante Oficio
S.G.2-0208/2018 del 23 de febrero de 2018.
SGE-CS-0391-2018
del 14 de febrero de 2018.
[73]
Oficio SG.CERTI-0057/2018.
[74]
Folio 1 del cuaderno No. 1 del Expediente.
[75]
"Artículo 160: Entre el primero y el segundo debate
deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, y entre la aprobación del
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, deberán
transcurrir por lo menos quince días..."
[76]
Folio 35 del cuaderno de pruebas No. 1.
[77]
Folio 1 del cuaderno de pruebas No. 1.
[78]
Folio 66 del cuaderno de pruebas No. 2
[79]
Ver folio 180 del cuaderno de pruebas No. 2.
[80]Gaceta
del Congreso No. 550 de 2016.
[81]
Folios 67 y 68 cuaderno 2.
[82]
Según consta en el Acta No. 09 de esta fecha.
[83]
Según consta en el Acta No. 49 de esa fecha.
[84] Según consta en el Acta No. 32 de esa
fecha.
[85]
Según consta en el Acta de Plenaria No. 272 de esa fecha.
[86]“Por
el cual se adopta una Reforma Política constitucional y se dictan otras
disposiciones”
[87]
Cfr. Sentencia C-644 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil
[88]
Cfr. Auto 038 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Sentencia C-533 de 2004
M.P. Álvaro Tafur Galvis
[89]Sentencia
C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
[90]“Por
la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de
Representantes”
[91]
Corte Constitucional, Sentencia T-411 de 1992. Esta concepción ecológica de la
Constitución de 1991 ha sido reiterada de manera pacífica por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-431
de 2003; C-750 de 2008; C-595 de 2010; C-123 de 2014; C-449 de 2015 y C-644 de
2017.
[92]
Corte Constitucional, sentencias C-449 de 2015, C-389 de
2016, C-041 de 2017, C-644 de 2017.
[93] Corte
Constitucional, Sentencias C-431 de 2000. Reiterado en la sentencia C-041 de.
[94]
Corte Constitucional, Sentencia C-449 de 2015.
[95]
Específicamente, como antecedentes directos del Acuerdo de París (2015) se
encuentra la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático de 1992 y el
Protocolo de Kyoto de 1997. Estos dos instrumentos reconocen que existe un
aumento en la temperatura mundial, y, en consecuencia, comprometen a los
Estados a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Para ver
información histórica de estos tratados: ONU. Cambio Climático. http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php
[96] https://www.cancilleria.gov.co/en/politica/asuntos-antarticos. Consulta realizada el 30 de abril de 2019.
[97] A esta reunión asistieron representantes de las Partes Consultivas del
Tratado Antártico (Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile,
China, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, India,
Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino
Unido, República de Corea, Sudáfrica, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, y Uruguay). También asistieron delegaciones de las Partes
Contratantes del Tratado Antártico que no son Partes Consultivas (Austria,
Bulgaria, Canadá, Checo-Eslovaquia, Colombia, Cuba, Dinamarca, Grecia, Hungría,
República Democrática Popular de Corea, Rumania y Suiza), y observadores
representantes de Organizaciones Internacionales Gubernamentales y No
Gubernamentales (Coalición de la Antártida y del Océano Austral, Comité
Científico de Investigación Antártica, Co misión para la Conservación de los
Recursos Marinos Vivos Antárticos, Comisión de las Comunidades Europeas,
Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Organización Meteorológica Mundial y
Unión Internacional para la Conservación para la Naturaleza y los Recursos
Naturales).
[98]
Es de observar que la República de Colombia ratificó el Tratado Antártico el 31
de enero de 1989, de la siguiente forma: Confirmación del Presidente de la
República el 27 de octubre de 1987, Aprobado por la Ley 67 del 19 de diciembre
de 1988, publicado en el Diario Oficial número 38.624 del 22 de diciembre de
1988. La ratificación se depositó ante el Gobierno de los Estados Unidos de
América el 31 de enero de 1989, fecha a partir de la cual rige para Colombia.
[99]
El principio número 15 de la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, en los siguientes
términos: “con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán
aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del
medio ambiente”.
[100]
También desarrollado en las sentencias c-073/95, C-860/01 C-293/02, entre
otras.
[101]
Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 760012331000200050427101 (37603).
[102] El
principio número 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992, en los siguientes términos: “con el fin de proteger el medio
ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible,
la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir
la degradación del medio ambiente”.
[103]
Sobre los elementos del principio de precaución la Corte en sentencia C-703 de
2010 señaló los siguientes: “La Corte ha advertido que la adopción de medidas
fundadas en el principio de precaución debe contar con los siguientes
elementos: (i) que exista peligro de daño, (ii) que éste sea grave e irreversible,
(iii) que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta absoluta,
(iv) que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la
degradación del medio ambiente y (v) que el acto en que se adopte la decisión
sea motivado.”
[104]
Como lo cita la Academia Colombiana de Jurisprudencia de la Exposición de
Motivos del Proyecto de Ley que es objeto hoy de revisión, para el tratadista
Malcolm Shaw “El tratado ha servido de base primigenia para la estructuración
de un sistema dinámico de normas y acuerdos internacionales en relación con la
Antártida, conocido como el Sistema del Tratado Antártico”
[105]
Folio 269, cuaderno 1.
[106]
Ver folio 62 del cuaderno No. 1 del expediente.
[107] “Artículo
8. (i) El operador no será
responsable de conformidad con el artículo 6 si demuestra que la emergencia
ambiental fue causada por: a) un acto u omisión necesaria para proteger la vida
o la seguridad humanas; b) un suceso que constituye en las circunstancias de la
Antártida un desastre natural de índole excepcional, que no podría haberse
previsto razonablemente, ya sea en general o en ese caso en particular, siempre
que se hayan tomado todas las medidas preventivas razonables para reducir el
riesgo de emergencias ambientales y el impacto adverso que pudieran tener; c)
un acto de terrorismo; o d) un acto de beligerancia contra las actividades del
operador.(ii) Una Parte, o sus agentes u operadores específicamente autorizados
por ella para realizar tal acción en su nombre no será responsable por una
emergencia ambiental resultante de una acción de respuesta realizada por ella
de conformidad con el artículo 5(2) en la medida en que tal acción de respuesta
fuese razonable en toda circunstancia.”
[108] “Artículo 9 Límites de la responsabilidad 1. El monto máximo por el
cual cada operador podrá ser responsable de conformidad con el artículo 6(1) o
el artículo 6(2) con respecto a cada emergencia ambiental será el siguiente: a)
para una emergencia ambiental emanada de un suceso que involucre una nave: (i)
un millón de DEG para una nave con un arqueo que no exceda de 2.000 toneladas;
(ii) para una nave con un arqueo que exceda del antedicho, el monto siguiente
además del monto al que se refiere en el párrafo (i) supra: - por cada tonelada
de 2.001 a 30.000 toneladas, 400 DEG; - por cada tonelada de 30.001 a 70.000
toneladas, 300 DEG; y - por cada tonelada que exceda de 70.000 toneladas, 200
DEG;
b) para
una emergencia ambiental emanada de un suceso que no involucre una nave, tres
millones de DEG. 2. a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1(a) supra,
el presente Anexo no afectará a: (i) la responsabilidad o el derecho de limitar
la responsabilidad en virtud de cualquier tratado internacional aplicable sobre
limitación de la responsabilidad; o (ii) la aplicación de una reserva formulada
de conformidad con cualquier tratado de ese tipo para excluir la aplicación de
los límites establecidos en ellos para ciertos reclamos; siempre que los
límites aplicables sean por lo menos los siguientes: para una nave con un
arqueo que no exceda de 2.000 toneladas, un millón de DEG; y para una nave con
un arqueo que exceda del antedicho, la siguiente suma adicional: para una nave
con un arqueo de 2.001 a 30.000 toneladas, 400 DEG por cada tonelada; para una
nave con un arqueo de 30.001 a 70.000 toneladas, 300 DEG por cada tonelada; y
por cada tonelada en exceso de 70.000, 200 DEG. b) Ninguna de las disposiciones
del inciso (a) supra afectará a los límites de la responsabilidad establecidos
en el párrafo 1(a) supra que se aplican a una Parte en calidad de operador
estatal, ni a los derechos y las obligaciones de las Partes que no sean partes
de ninguno de dichos tratados, ni a la aplicación del artículo 7(1) y el
artículo 7(2). 3. La responsabilidad no será limitada si se demuestra que la
emergencia ambiental fue el resultado de un acto u omisión del operador
cometido con la intención de causar dicha emergencia o temerariamente y a
sabiendas de que probablemente resultaría dicha emergencia. 4. La Reunión
Consultiva del Tratado Antártico revisará los límites indicados en los párrafos
1(a) y 1(b) supra cada tres años, o antes a pedido de cualquiera de las Partes.
Toda enmienda a estos límites, que se determinará después que se efectúen
consultas entre las Partes y sobre la base de asesoramiento, incluido
asesoramiento científico y técnico, se hará de conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 13(2). 5. A efectos del presente artículo: a) “nave”
significa una embarcación de cualquier tipo que opere en el medio marino e
incluye los aliscafos, los aerodeslizadores, los sumergibles, las naves
flotantes y las plataformas fijas o flotantes; b) “DEG” significa derechos
especiales de giro tal como los define el Fondo Monetario Internacional; c) el
tonelaje de una nave será el arqueo bruto calculado de conformidad con las
reglas de cálculo de tonelaje contenidas en el Anexo I de la Convención
Internacional Sobre Medición del Tonelaje de Barcos, de 1969.”
[109] “Artículo 10 Responsabilidad del Estado. Una Parte no será
responsable por el hecho de que un operador, que no sea uno de sus operadores
estatales, no realice una acción de respuesta en la medida en que dicha Parte
haya tomado medidas apropiadas en el marco de su competencia, incluida la
aprobación de leyes y reglamentos, acciones administrativas y medidas para
aplicar las disposiciones, a fin de asegurar el cumplimiento del presente
Anexo.”
[110]
Sentencia C-449 de 2015.
[111] Sentencia T-528 de 1992.
[112] En relación con los artículos que conforman la
Constitución ecológica se pueden ver los siguientes: 58 (función ecológica de la
propiedad), 66 (créditos agropecuarios por calamidad
ambiental), 67 (educación para la protección del ambiente), 79 (derecho a
un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación
del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 82 (deber de
proteger los recursos culturales y naturales del
país), 226 (internacionalización de las relaciones
ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del
ambiente), 317 y 294(contribución de valorización para
conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos
de los territorios indígenas y preservación de los recursos
naturales), 331 (Corporación del Río Grande de la Magdalena y
preservación del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo
y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la
libertad económica por razones del medio ambiente), 334 (intervención
estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339(política
ambiental en el plan nacional de desarrollo), 340 (representación de
los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de
Planeación), 366 (solución de necesidades del saneamiento ambiental y
de agua potable como finalidad del Estado).
[113] Sentencia C-048 de 2018.
[114] Los 12 países originalmente signatarios Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos Francia, Japón, Nueva Zelandia,
Noruega, la Unión de África del Sur (hoy Sudáfrica), la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (hoy Federación Rusa), el Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte.
[115] Algunos de los aspectos normativos más importantes del Tratado
Antártico son los siguientes: (i) La Antártida se utilizará exclusivamente para
fines pacíficos, prohibiendo toda medida de carácter militar, el
establecimiento de bases militares, la realización de maniobras militares y los
ensayos de toda clase de armas; (ii) Las Partes Contratantes acuerdan
intercambiar observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los
cuales estarán disponibles libremente; (iii) Ningún acto o actividad que se
lleve a cabo mientras el Tratado se halle en vigencia, constituirá fundamento
para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la
Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región; (iv) No se harán
nuevas reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, ni se ampliarán
las reclamaciones anteriormente hechas, mientras el Tratado se halle en
vigencia, y; (v) A fin de promover los objetivos y procurar la observancia de
las disposiciones del Tratado, todas las regiones de la Antártida y todas las
estaciones, instalaciones y equipos que allí se encuentren están abiertos en
todo momento a la inspección de cualquier otro país signatario.
[116] El Gobierno de los Estados Unidos sirve como depositario del Tratado y
la Secretaría del Tratado Antártico tiene sede en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
[117] Sentencia C-389 de 2016.