C-910-13
Sentencia C-223/13
Sentencia C-910 DE 2013
CONVENCION SOBRE PROHIBICION
DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Se
ajusta a la Constitución Política, tanto en su aspecto formal como en su
contenido material
La Sala llevó a cabo según lo previsto en el artículo 241 numeral
10 constitucional, un control de constitucionalidad automático, previo e
integral, de la Ley 1604 de 2012 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en
Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008. Este control se
dividió en dos partes: una primera que atendió a la revisión formal de la
capacidad del representante del Estado Colombiano que suscribió la Convención y
del trámite legislativo que surtió en el Congreso de la República su ley
aprobatoria. La segunda parte, correspondió al análisis  del contenido material
del tratado, en contraste con la Constitución Nacional, con el fin de
determinar si existía alguna contradicción de la norma de normas que tornara el
acuerdo o una parte del mismo inexequibles. Del análisis de la competencia de la
funcionaria que suscribió la Convención en representación del Estado
colombiano, se pudo concluir que el Presidente de la República le otorgó plenos
poderes a la Embajadora Forero Ucrós, para representar los intereses nacionales
en las fases de negociación y celebración del Acuerdo, por lo cual la capacidad
de esta funcionaria para celebrar el tratado era válida. En
cuanto al análisis del trámite legislativo realizado por la Corte
Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244
de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de los
requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del
Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales. En consecuencia,
la Ley 1604 de 2012 resulta exequible en lo que se refiere a su examen de
forma. En el análisis material de la
Convención sobre Municiones en Racimo, la Sala hizo un recuento de sus
antecedentes, resaltando su proceso de construcción a través de múltiples
conferencias mundiales y regionales, en las que los Estados resaltaron la
importancia de este instrumento, como un medio para lograr la erradicación de
un tipo de arma que genera graves violaciones a los derechos de la población
civil, tanto en tiempo de paz como en el marco de un conflicto. Después del recuento de los antecedentes, la Sala
consideró la forma en que, derivada de su parte motiva, la Convención
contribuye al desarrollo de los principios del Derecho Internacional
Humanitario, en especial los de distinción, prohibición de ataques
indiscriminados, proporcionalidad, precaución en el ataque y los principios
generales sobre el empleo de armas, concluyendo que la importancia que tiene el
Derecho Internacional Humanitario para el Estado colombiano, demuestran la
relevancia que tiene el instrumento sometido a control. Dio paso la Sala a un
análisis detallado del articulado de la Convención, en especial lo relacionado
con su objeto y fin, las obligaciones específicas que en virtud de la finalidad
perseguida deberá cumplir el Estado colombiano como Estado Parte, las
obligaciones tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones
principales y los mecanismos de solución pacífica de controversias. En ese
examen, la Sala encontró que todas las disposiciones en la Convención están
encaminadas hacia el propósito de este instrumento que es la prohibición
de emplear, producir, transferir y almacenar, municiones en racimo, en virtud
del perjuicio que estas causan en la población civil, lo cual se encuentra en
plena sintonía con las disposiciones de la Carta Política de Colombia y
aquellas que integran el bloque de constitucionalidad.
CONTROL CONSTITUCIONAL EN
MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Competencia
de la Corte Constitucional/CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEY APROBATORIA DE
TRATADO-Características
Esta Corporación es competente para efectuar la
revisión constitucional de la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en
Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008, y de la ley 1604
de 2012 que la aprueba de conformidad con lo previsto en el artículo 241,
numeral 10, de la Constitución Política. Como se
mencionó anteriormente, según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la
Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de
constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta
Corporación en estos casos es además de automático, previo e integral, en la
medida en que versa tanto sobre el contenido material del instrumento internacional
y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite
legislativo y las normas constitucionales aplicables. Dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del
tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción
gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte
debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el
tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v)es una
condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
LEY APROBATORIA DE TRATADO
INTERNACIONAL-Trámite de ley
ordinaria
Es
preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado de la
República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art.
154 C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte
Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva
(numeral 10 Art. 241 C.N.). En tal sentido, en razón del trámite ordinario de
la ley, se requiere: (i) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión
constitucional correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación
oficial del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates
de las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y que
entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.N.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la
sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes, (numeral 10 Art. 241C.N.)
CONVENCION SOBRE PROHIBICION
DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Revisión
formal
CONVENCION SOBRE PROHIBICION
DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Suscripción
por funcionario con plenos poderes
CONVENCION SOBRE PROHIBICION
DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Trámite
legislativo
CONVENCION SOBRE PROHIBICION
DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Revisión
material/CONVENCION SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Contenido
CONVENCION SOBRE PROHIBICION
DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Antecedentes/CONVENCION
SOBRE PROHIBICION DE EMPLEO DE MUNICIONES EN RACIMO-Principios del derecho
internacional humanitario
Referencia: expediente LAT-408
Revisión constitucional de la
Ley 1604 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre
Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de
mayo de 2008.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre
de dos mil trece (2013)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en
cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites
establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, atendiendo a lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la
Constitución, envió fotocopia auténtica de la Ley 1604 del 21 de diciembre de
2012, “Por medio de la cua lse aprueba la ‘Convención sobre Municiones en
Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008”.
En auto del 8 de febrero de 2013, el despacho del
Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento del presente asunto.
Adicionalmente, en dicha providencia, también solicitó a las Secretarías
Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la
remisión de los antecedentes legislativos de la Ley en revisión y la
certificación del quórum y del desarrollo exacto y detallado de las votaciones.
En el mismo auto, se ordenó la fijación en lista para efectos de permitir la
intervención ciudadana y se dispuso la comunicación de la presente demanda al
Presidente de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y al
Ministerio de Defensa Nacional, al Programa Presidencial de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República,
Jefatura de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos del Ejército
Nacional de Colombia, Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja
Colombiana, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-
DeJusticia-, Fundación Ideas para la Paz, Comisión Colombiana de Juristas,
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CERAC (Centro de Recursos para el
Análisis de Conflictos), Pastoral Social, JUSTAPAZ, REDEPAZ, y a las Facultades
de Derecho de las Universidades Andes, Externado, Javeriana, Libre, Nacional,
Jorge Tadeo Lozano, Santo Tomás, Rosario y de Cartagena, para que, si lo
consideraban oportuno, intervinieran en el presente proceso con el propósito de
impugnar o defender las disposiciones sometidas a control. Por último, se dio
traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto
de su competencia, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 2067
de 1991.
Con posterioridad, en auto del 23 de abril de 2013,
requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores la certificación de los plenos
poderes de la persona que intervino en la suscripción de los citados
instrumentos internacionales.
Una vez cumplidos los trámites consagrados en el
citado Decreto, la Corte procede a decidir sobre la exequibilidad de la
Convención sobre Municiones en Racimo y de la Ley que lo aprueba.
II. TEXTO DE LA LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN OBJETO
DE REVISIÓN
A continuación se trascribe el texto sometido a
control conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 48.651 del 21 de
diciembre de 2012:
LEY 1604 DE 2012
(21 de diciembre de 2012)
Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre
Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de
2008
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Visto el texto la Convención sobre Municiones en
Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008.
(Para ser trascrito: Se
adjunta fotocopia fiel y completa en castellano de la Convención, la cual
consta de veintiséis (26) folios, certificada por el Secretario General Adjunto
para Asuntos Jurídicos de la Organización de las Naciones, documento que reposa
en el Archivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores).
CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO
Los
Estados Parte de la presente Convención,
Profundamente preocupados porque las poblaciones civiles y los civiles
individualmente considerados continúan siendo los más afectados por los
conflictos armados,
Decididos a poner fin definitivamente al sufrimiento y a las
muertes causadas por las municiones en racimo en el momento de su uso, cuando
no funcionan como se esperaba o cuando son abandonadas,
Preocupados porque los restos de municiones en racimo matan o
mutilan a civiles, incluidos mujeres y niños, obstruyen el desarrollo económico
y social, debido, entre otras razones, a la pérdida del sustento, impiden la
rehabilitación post-conflicto y la reconstrucción, retrasan o impiden el
regreso de refugiados y personas internamente desplazadas, pueden impactar
negativamente en los esfuerzos nacionales e internacionales de construcción de
la paz y asistencia humanitaria, además de tener otras graves consecuencias que
pueden perdurar muchos años después de su uso,
Profundamente preocupados también por los peligros presentados por los grandes
arsenales nacionales de municiones en racimo conservados para uso operacional,
y decididos a asegurar su pronta destrucción,
Creyendo en la necesidad de contribuir realmente de manera
eficiente y coordinada a resolver el desafío de eliminar los restos de
municiones en racimo localizados en todo el mundo y asegurar su destrucción,
Decididos también a asegurar la plena realización de los
derechos de todas las víctimas de municiones en racimo y reconociendo su
inherente dignidad,
Resueltos a hacer todo lo posible para proporcionar asistencia a
las víctimas de municiones en racimo, incluida atención médica, rehabilitación
y apoyo psicológico, así como para proveer los medios para lograr su inclusión
social y económica,
Reconociendo la necesidad de proporcionar a las víctimas de
municiones en racimo asistencia que responda a la edad y al género y de abordar
las necesidades especiales de los grupos vulnerables,
Teniendo presente la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad, que, inter alia, exige que los Estados parte de esa Convención se
comprometan a garantizar y promover la plena realización de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad sin
discriminación de ningún tipo por motivos de la misma,
Conscientes de la necesidad de coordinar adecuadamente los
esfuerzos emprendidos en varios foros para abordar los derechos y las
necesidades de las víctimas de diferentes tipos de armas, y resueltos a evitar
la discriminación entre las víctimas de diferentes tipos de armas,
Reafirmando que, en los casos no previstos en la presente
Convención o en otros acuerdos internacionales, las personas civiles y los
combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del
Derecho Internacional derivados de los usos establecidos, de los principios de
humanidad y de los dictados de la conciencia pública,
Resueltos también a que a los grupos armados que no pertenezcan
a las Fuerzas Armadas de un Estado no se les permita, en circunstancia alguna,
participar en actividad alguna prohibida a un Estado Parte de la presente
Convención,
Acogiendo con satisfacción el amplísimo apoyo internacional a
la norma internacional que prohíbe el empleo de minas antipersonal, contenida
en la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción de 1997,
Acogiendo también con beneplácito la adopción del Protocolo
sobre restos explosivos de guerra, anexo a la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y su entrada
en vigor el 12 de noviembre de 2006, y con el deseo de aumentar la protección
de los civiles de los efectos de los restos de municiones en racimo en
ambientes post-conflicto,
Teniendo
presente también la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y
la seguridad, y la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas sobre los niños y los conflictos armados,
Dando además la bienvenida a las medidas tomadas en años recientes a nivel
nacional, regional y global, dirigidas a prohibir, restringir o suspender el
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de municiones en racimo,
Poniendo de relieve el papel desempeñado por la conciencia pública en el
fomento de los principios humanitarios, como ha puesto de manifiesto el
llamamiento global para poner fin al sufrimiento de los civiles causado por las
municiones en racimo, y reconociendo el esfuerzo que a tal fin han realizado
las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Coalición
contra las Municiones en Racimo y otras numerosas organizaciones no
gubernamentales de todo el mundo,
Reafirmando la Declaración de la Conferencia de Oslo sobre
municiones en racimo, por la que, inter alia, los Estados reconocieron las
graves consecuencias del uso de las municiones en racimo y se comprometieron a
concluir para 2008 un instrumento jurídicamente vinculante que prohibiera el
empleo, producción, transferencia y almacenamiento de municiones en racimo que
causan daños inaceptables a civiles, y a establecer un marco de cooperación y
asistencia que garantizara la adecuada prestación de atención y rehabilitación
para las víctimas, la limpieza de áreas contaminadas, la educación sobre
reducción de riesgos y la destrucción de los arsenales,
Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la vinculación de todos los
Estados a la presente Convención, y decididos a trabajar enérgicamente hacia la
promoción de su universalización y su plena implementación,
Basándose en los principios y las normas del Derecho
Internacional Humanitario, y particularmente en el principio según el cual el
derecho de las partes participantes en un conflicto armado a elegir los métodos
o medios de combate no es ilimitado, y en las normas que establecen que las
partes de un conflicto deben en todo momento distinguir entre la población
civil y los combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares
y dirigir, por consiguiente, sus operaciones solamente contra objetivos
militares; que en la realización de operaciones militares se prestará atención
constante para salvaguardar a la población civil, a sus miembros y los bienes
de carácter civil, y que la población civil y los civiles individualmente
considerados disfrutan de protección general de los peligros derivados de las
operaciones militares,
HAN CONVENIDO en lo siguiente:
Artículo 1
Obligaciones generales y ámbito de aplicación
1. Cada Estado Parte se
compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:
(a) Emplear municiones en
racimo;
(b) Desarrollar, producir,
adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a nadie, directa
o indirectamente, municiones en racimo;
(c) Ayudar, alentar o
inducir a nadie a participar en una actividad prohibida a un Estado Parte según
lo establecido en la presente Convención.
2. El apartado primero de
este Artículo se aplica, mutatis mutandis, a bombetas explosivas que están
específicamente diseñadas para ser dispersadas o liberadas de dispositivos
emisores fijados a aeronaves.
3. La presente Convención no
se aplica a las minas.
Artículo 2
Definiciones
Para efectos de la presente
Convención:
1. Por “víctimas de
municiones en racimo” se entiende todas las personas que han perdido la vida o
han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación
social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo
de municiones en racimo. La definición incluye a aquellas personas directamente
afectadas por las municiones en racimo, así como a los familiares y comunidades
perjudicados;
2. Por “munición en racimo”
se entiende una munición convencional que ha sido diseñada para dispersar o
liberar submuniciones explosivas, cada una de ellas de un peso inferior a 20 kilogramos, y que incluye estas submuniciones explosivas. La definición no incluye:
(a) Una munición o
submunición diseñada para emitir bengalas, humo, efectos de pirotecnia o
contramedidas de radar (“chaff”); o una munición diseñada exclusivamente con
una función de defensa aérea;
(b) Una munición o
submunición diseñada para producir efectos eléctricos o electrónicos;
(c) Una munición que, a fin
de evitar efectos indiscriminados en una zona, así como los riesgos que
entrañan las submuniciones sin estallar, reúne todas las características
siguientes:
(i) Cada munición contiene
menos de diez submuniciones explosivas;
(ii) Cada submunición
explosiva pesa más de cuatro kilogramos;
(iii) Cada submunición
explosiva está diseñada para detectar y
atacar un objeto que
constituya un blanco único;
(iv) Cada submunición
explosiva está equipada con un mecanismo de autodestrucción electrónico;
(v) Cada submunición
explosiva está equipada con un dispositivo de autodesactivación electrónico;
3. Por “submunición
explosiva” se entiende una munición convencional que, para desarrollar su función,
es dispersada o liberada por una munición en racimo y está diseñada para
funcionar mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de
manera simultánea al impacto o con posterioridad al mismo;
4. Por “munición en racimo
fallida” se entiende una munición en racimo que ha sido disparada, soltada,
lanzada, proyectada o arrojada de otro modo y que debería haber dispersado o
liberado sus submuniciones explosivas pero no lo hizo;
5. Por “submunición sin
estallar” se entiende una submunición explosiva que ha sido dispersada o
liberada, o que se ha separado de otro modo, de una munición en racimo, y no ha
estallado como se esperaba;
6. Por “municiones en racimo
abandonadas” se entiende aquellas municiones en racimo o submuniciones explosivas
que no han sido usadas y que han sido abandonadas o desechadas y ya no se
encuentran bajo el control de la Parte que las abandonó o desechó. Pueden o no
haber sido preparadas para su empleo;
7. Por “restos de municiones
en racimo” se entiende municiones en racimo fallidas, municiones en racimo
abandonadas, submuniciones sin estallar y bombetas sin estallar;
8. “Transferencia” supone,
además del traslado físico de municiones en racimo dentro o fuera de un
territorio nacional, la transferencia del dominio y control sobre municiones en
racimo, pero no incluye la transferencia del territorio que contenga restos de
municiones en racimo;
9. Por “mecanismo de
autodestrucción” se entiende un mecanismo de funcionamiento automático
incorporado que es adicional al mecanismo iniciador primario de la munición y
que asegura la destrucción de la munición en la que está incorporado;
10. Por “autodesactivación”
se entiende el hacer inactiva, de manera automática, una munición por medio del
agotamiento irreversible de un componente, como, por ejemplo, una batería, que
es esencial para el funcionamiento de la munición;
11. Por “área contaminada
con municiones en racimo” se entiende un área que se sabe o se sospecha que
contiene restos de municiones en racimo;
12. Por “mina” se entiende
toda munición diseñada para colocarse debajo, sobre o cerca de la superficie
del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para detonar o explotar
por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un vehículo;
13. Por “bombeta explosiva”
se entiende una munición convencional, de menos de 20 kilogramos de peso, que no es autopropulsada y que, para realizar su función, debe ser dispersada
o liberada por un dispositivo emisor, y que está diseñada para funcionar
mediante la detonación de una carga explosiva antes del impacto, de manera
simultánea al impacto o con posterioridad al mismo;
14. Por “dispositivo emisor”
se entiende un contenedor que está diseñado para dispersar o liberar bombetas
explosivas y que está fijado a una aeronave en el momento de la dispersión o
liberación;
15. Por “bombeta sin
estallar” se entiende una bombeta explosiva que ha sido dispersada, liberada o
separada de otro modo de un emisor y no ha estallado como se esperaba.
Artículo 3
Almacenamiento y destrucción de reservas
1. Cada Estado Parte deberá,
de conformidad con la legislación nacional, separar todas las municiones en
racimo bajo su jurisdicción y control de las municiones conservadas para uso
operacional y marcarlas para su destrucción.
2. Cada Estado Parte se
compromete a destruir, o a asegurar la destrucción, de todas las municiones en
racimo a las que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo lo antes
posible y, a más tardar, en un plazo de ocho años a partir de la entrada en
vigor de la presente Convención para ese Estado Parte. Cada Estado Parte se
compromete a asegurar que los métodos de destrucción cumplan las normas
internacionales aplicables para la protección de la salud pública y el medio
ambiente.
3. Si un Estado Parte
considera que no le será posible destruir o asegurar la destrucción de todas
las municiones en racimo a las que se hace referencia en el apartado 1 de este
Artículo dentro de un plazo de ocho años a partir de la entrada en vigor de la
presente Convención para ese Estado, podrá presentar una solicitud a una
Reunión de Estados Parte o a una Conferencia de Examen con el objeto de que se
prorrogue hasta un máximo de cuatro años el plazo para completar la destrucción
de dichas municiones en racimo. Un Estado Parte podrá, en circunstancias
excepcionales, solicitar prórrogas adicionales de hasta cuatro años. Las
prórrogas solicitadas no excederán el número de años estrictamente necesario
para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Parte conforme a lo
establecido en el apartado 2 de este Artículo.
4. Cada solicitud de
prórroga establecerá:
(a) La duración de la
prórroga propuesta;
(b) Una explicación
detallada de la prórroga propuesta, que incluirá los medios financieros y
técnicos disponibles o requeridos por el Estado Parte para la destrucción de
todas las municiones previstas en el apartado 1 de este Artículo y, de ser el
caso, de las circunstancias excepcionales que la justifican;
(c) Un plan sobre cómo y
cuándo será completada la destrucción de las reservas;
(d) La cantidad y tipo de
municiones en racimo y submuniciones explosivas que el Estado Parte conserve en
la fecha de entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado y
cualesquiera municiones en racimo o submuniciones explosivas adicionales
descubiertas después de dicha entrada en vigor;
(e) La cantidad y tipo de
municiones en racimo y submuniciones explosivas destruidas durante el plazo al
que se hace referencia en el apartado 2 de este Artículo; y
(f) La cantidad y tipo de
municiones en racimo y submuniciones explosivas restantes a destruir durante la
prórroga propuesta y la tasa anual de destrucción que se espere lograr.
5. La Reunión de Estados
Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta los factores
citados en el apartado 4 de este Artículo, evaluar la solicitud y decidir por
mayoría de votos de los Estados Parte presentes y votantes si se concede la
prórroga del plazo. Los Estados Parte podrán resolver conceder una prórroga
menos extensa que la solicitada y podrán proponer puntos de referencia para la
prórroga, si procede. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse como
mínimo nueve meses antes de la Reunión de Estados Parte o la Conferencia de
Examen en la que será considerada.
6. Sin detrimento de lo
previsto en el Artículo 1 de la presente Convención, la retención o adquisición
de un número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas para
el desarrollo de y entrenamiento en técnicas de detección, limpieza y
destrucción de municiones en racimo y submuniciones explosivas, o para el
desarrollo de contramedidas, está permitido. La cantidad de submuniciones
explosivas retenidas o adquiridas no excederá el número mínimo absolutamente
necesario para estos fines.
7. Sin detrimento de lo
previsto en el Artículo 1 de la presente Convención, la transferencia de
municiones en racimo a otro Estado Parte para su destrucción, así como para los
fines descritos en el apartado 6 de este Artículo, está permitida.
8. Los Estados Parte que
retengan, adquieran o transfieran municiones en racimo o submuniciones
explosivas para los fines descritos en los apartados 6 y 7 de este Artículo presentarán
un informe detallado sobre el uso que se planea hacer y el uso fáctico de estas
municiones en racimo y submuniciones explosivas, su tipo, cantidad y números de
lote. Si las municiones en racimo o submuniciones explosivas se transfieren a
otro Estado Parte con estos fines, el informe incluirá una referencia a la
Parte receptora. Dicho informe se preparará para cada año durante el cual un
Estado Parte haya retenido, adquirido o transferido municiones en racimo o
submuniciones explosivas y se entregará al Secretario General de las Naciones
Unidas a más tardar el 30 de abril del año siguiente.
Artículo 4
Limpieza y destrucción de restos de municiones en
racimo y educación sobre reducción de riesgos
1. Cada Estado Parte se
compromete a limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción de los
restos de municiones en racimo ubicados en las áreas que se encuentren bajo su
jurisdicción o control, de la siguiente manera:
(a) Cuando los restos de
municiones en racimo estén ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control en
el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado
Parte, dicha limpieza y destrucción deberá completarse lo antes posible, y, a
más tardar, en un plazo de diez años a partir de ese día;
(b) Cuando, después de la
entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, las
municiones en racimo se hayan convertido en restos de municiones en racimo
ubicados en áreas bajo su jurisdicción o control, la limpieza y destrucción
deberá ser completada tan pronto como sea posible, y, a más tardar, diez años
después del cese de las hostilidades activas durante las cuales tales
municiones en racimo se convirtieran en restos de municiones en racimo; y
(c) Una vez cumplida cualquiera
de las obligaciones establecidas en los subapartados (a) y (b) de este
apartado, el Estado Parte correspondiente hará una declaración de cumplimiento
a la siguiente Reunión de Estados Parte.
2. En el cumplimiento de sus
obligaciones conforme al apartado 1 de este Artículo, cada Estado Parte, tan
pronto como le sea posible, tomará las siguientes medidas, tomando en
consideración las disposiciones del Artículo 6 de la presente Convención en
materia de cooperación y asistencia internacional:
(a) Examinar, evaluar y
registrar la amenaza que representan los restos de municiones en racimo,
haciendo todos los esfuerzos posibles por identificar todas las áreas
contaminadas con municiones en racimo bajo su jurisdicción o control;
(b) Evaluar y priorizar las
necesidades en términos de marcaje, protección de civiles, limpieza y
destrucción, y adoptar medidas para movilizar recursos y elaborar un plan
nacional para realizar estas actividades, reforzando, cuando proceda, las
estructuras, experiencias y metodologías existentes;
(c) Adoptar todas las
medidas factibles para asegurar que todas las áreas contaminadas con municiones
en racimo bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado,
controlado y protegido con cercas o cualquier otro medio que permita asegurar
la efectiva exclusión de civiles. Para señalizar las zonas de presunto peligro
se utilizarán señales de advertencia basadas en métodos de señalización
fácilmente reconocibles por la comunidad afectada. Las señales y otras
indicaciones de los límites de la zona de peligro deberán ser, en la medida de
lo posible, visibles, legibles, duraderas y resistentes a los efectos
ambientales, e indicar claramente qué lado del límite señalado se considera
dentro del área contaminada con municiones en racimo y qué lado se considera
seguro;
(d) Limpiar y destruir todos
los restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo su jurisdicción o
control; y
(e) Impartir educación sobre
reducción de riesgos entre los civiles que viven dentro o en los alrededores de
áreas contaminadas con municiones en racimo, encaminada a asegurar la
sensibilización sobre los riesgos que representan dichos restos.
3. En el desarrollo de las
actividades a las que se hace referencia en el apartado 2 de este Artículo,
cada Estado Parte tendrá en cuenta las normas internacionales, incluidas las
Normas internacionales sobre acción contra las minas (IMAS, International Mine
ActionStandards).
4. Este apartado se aplicará
en los casos en los cuales las municiones en racimo hayan sido empleadas o
abandonadas por un Estado Parte antes de la entrada en vigor de la presente
Convención para ese Estado Parte y se hayan convertido en restos de municiones
en racimo ubicados en áreas bajo la jurisdicción o control de otro Estado Parte
en el momento de la entrada en vigor de la presente Convención para éste
último.
(a) En esos casos, después
de la entrada en vigor de la presente Convención para ambos Estados Parte, se
alienta fervientemente al primero a proveer, inter alia, asistencia técnica,
financiera, material o de recursos humanos al otro Estado Parte, ya sea de
manera bilateral o a través de una tercera parte mutuamente acordada, que podrá
incluir el Sistema de las Naciones Unidas o a otras organizaciones pertinentes,
para facilitar el marcaje, limpieza y destrucción de dichos restos de
municiones en racimo.
(b) Dicha asistencia
incluirá, si estuviera disponible, información sobre los tipos y cantidades de
municiones en racimo empleadas, la localización precisa de los ataques en los
que fueron empleadas las municiones en racimo y las áreas en las que se sepa
que están situados los restos de municiones en racimo.
5. Si un Estado Parte
considera que no le será posible limpiar y destruir o asegurar la limpieza y destrucción
de todos los restos de municiones en racimo a los que se hace referencia en el
apartado 1 de este Artículo dentro de un período de diez años a partir de la
entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte, podrá presentar una
solicitud a una Reunión de Estados Parte o a una Conferencia de Examen con
objeto de que se prorrogue hasta un máximo de cinco años el plazo para
completar la limpieza y destrucción de dichos restos de municiones en racimo.
La prórroga solicitada no excederá el número de años estrictamente necesario
para el cumplimiento de las obligaciones del Estado Parte conforme al apartado
1 de este Artículo.
6. Toda solicitud de
prórroga será sometida a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de
Examen antes de que expire el periodo de tiempo estipulado en el apartado 1 de
este Artículo para ese Estado Parte. Cada solicitud de prórroga deberá
presentarse como mínimo nueve meses antes de la Reunión de Estados Parte o la
Conferencia de Examen en la que será considerada. Cada solicitud establecerá:
(a) La duración de la
prórroga propuesta;
(b) Una explicación
detallada de las razones por las que se solicita la prórroga propuesta, que
incluirá los medios financieros y técnicos disponibles para y requeridos por el
Estado Parte para la limpieza y destrucción de todos los restos de municiones
en racimo durante la prórroga propuesta;
(c) La preparación del
trabajo futuro y la situación del trabajo ya realizado al amparo de los
programas nacionales de limpieza y desminado durante el período inicial de diez
años al que se hace referencia en el apartado 1 de este Artículo y en prórrogas
subsiguientes;
(d) El área total que
contenga restos de municiones en racimo en el momento de la entrada en vigor de
la presente Convención para ese Estado Parte y cualquier área adicional que
contenga restos de municiones en racimo descubierta con posterioridad a dicha
entrada en vigor;
(e) El área total que
contenga restos de municiones en racimo limpiada desde la entrada en vigor de
la presente Convención;
(f) El área total que
contenga restos de municiones en racimo que quede por limpiar durante la
prórroga propuesta;
(g) Las circunstancias que
hayan mermado la capacidad del Estado Parte de destruir todos los restos de
municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción o control
durante el período inicial de diez años establecido en el apartado 1 de este
Artículo y las circunstancias que hayan mermado esta capacidad durante la
prórroga propuesta;
(h) Las implicaciones
humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la prórroga propuesta;
y
(i) Cualquier otra
información pertinente a la solicitud de la prórroga propuesta.
7. La Reunión de los Estados
Parte o la Conferencia de Examen deberá, teniendo en cuenta los factores a los
que se hace referencia en el apartado 6 de este Artículo, incluyendo, inter
alia, las cantidades de restos de municiones en racimo de las que se haya dado
parte, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte
presentes y votantes si se concede la ampliación del plazo. Los Estados Parte
podrán resolver conferir una prórroga menos extensa que la solicitada y podrán
proponer puntos de referencia para la prórroga, según sea apropiado.
8. Dicha prórroga podrá ser
renovada por un período de hasta cinco años con la presentación de una nueva
solicitud, de conformidad con los apartados 5, 6 y 7 de este Artículo. Al
solicitar una nueva prórroga, el Estado Parte deberá presentar información
adicional pertinente sobre lo efectuado durante el previo período de prórroga
concedido en virtud de este Artículo.
Artículo 5
Asistencia a las víctimas
1. Cada Estado Parte, con
respecto a las víctimas de las municiones en racimo en áreas bajo su jurisdicción
o control, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y el de
Derecho Internacional de Derechos Humanos aplicables, proporcionará
adecuadamente asistencia que responda a la edad y género, incluida atención
médica, rehabilitación, y apoyo psicológico, además de proveer los medios para
lograr su inclusión social y económica. Cada Estado Parte hará todo lo posible
por recopilar datos pertinentes y fiables relativos a las víctimas de
municiones en racimo.
2. En cumplimiento de sus obligaciones
conforme al apartado 1 de este Artículo, cada Estado Parte deberá:
(a) Evaluar las necesidades
de las víctimas de municiones en racimo;
(b) Desarrollar, implementar
y hacer cumplir todas las leyes y políticas nacionales necesarias;
(c) Desarrollar un plan
nacional y un presupuesto, incluidas estimaciones del tiempo necesario para
llevar a cabo estas actividades, con vistas a incorporarlos en los marcos y
mecanismos nacionales existentes de discapacidad, desarrollo y derechos humanos,
siempre respetando el papel y contribución específicos de los actores
pertinentes;
(d) Adoptar medidas para
movilizar recursos nacionales e internacionales;
(e) No discriminar a las
víctimas de municiones en racimo, ni establecer diferencias entre ellas, ni
discriminar entre víctimas de municiones en racimo y aquéllos que han sufrido
lesiones o discapacidades por otras causas; las diferencias en el trato deberán
basarse únicamente en las necesidades médicas, de rehabilitación, psicológicas
o socioeconómicas;
(f) Consultar estrechamente
e involucrar activamente a las víctimas de municiones en racimo y a las
organizaciones que las representan;
(g) Designar un punto de
contacto dentro del Gobierno para coordinar los asuntos relativos a la
implementación de este Artículo;
(h) Esforzarse por
incorporar directrices pertinentes y mejores prácticas en las áreas de atención
médica, rehabilitación y apoyo psicológico, así como inclusión social y
económica, entre otras.
Artículo 6
Cooperación y asistencia internacional
1. En cumplimiento de sus
obligaciones conforme a la presente Convención, cada Estado Parte tiene derecho
a solicitar y recibir asistencia.
2. Cada Estado Parte que
esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia técnica, material y
financiera a los Estados Parte afectados por las municiones en racimo, con el
objetivo de implementar las obligaciones de la presente Convención. Esta
asistencia podrá ser otorgada, inter alia, a través del sistema de las Naciones
Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o
nacionales, de organizaciones o instituciones no gubernamentales, o de manera
bilateral.
3. Cada Estado Parte se
compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo,
información científica y tecnológica en relación con la implementación de la
presente Convención, y tendrá derecho a participar en el mismo. Los Estados
Parte no impondrán restricciones indebidas al suministro y recepción de equipos
de remoción o equipos similares y de la correspondiente información tecnológica
con fines humanitarios.
4. Además de cualquier
obligación que pudiera tener de conformidad con el apartado 4 del Artículo 4 de
la presente Convención, cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo
proporcionará asistencia para la limpieza y destrucción de restos de municiones
en racimo e información relativa a diversos medios y tecnologías relacionados
con la remoción de municiones en racimo, así como listas de expertos, agencias
especializadas o puntos de contacto nacionales vinculados con la limpieza y
destrucción de restos de municiones en racimo y actividades relacionadas.
5. Cada Estado Parte que
esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la destrucción de
las reservas de municiones en racimo y también proporcionará asistencia para
identificar, evaluar y priorizar necesidades y medidas prácticas en términos de
marcaje, educación sobre reducción de riesgos, protección de civiles y limpieza
y destrucción de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 de la presente
Convención.
6. Cuando, después de la
entrada en vigor de la presente Convención, las municiones en racimo se hayan
convertido en restos de municiones en racimo ubicados en áreas bajo la
jurisdicción o control de un Estado Parte, cada Estado Parte que esté en
condiciones de hacerlo proporcionará de manera urgente asistencia de emergencia
al Estado Parte afectado.
7. Cada Estado Parte que
esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para la implementación
de las obligaciones a las que se hace referencia en el Artículo 5 de la
presente Convención, relativas a proporcionar adecuadamente asistencia que
responda a la edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo
psicológico, y a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica
de las víctimas de municiones en racimo. Esta asistencia puede ser otorgada,
inter alia, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o
instituciones internacionales, regionales o nacionales, del Comité Internacional
de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja y su Federación Internacional, de organizaciones no gubernamentales, o de
manera bilateral.
8. Cada Estado Parte que
esté en condiciones de hacerlo proporcionará asistencia para contribuir a la
recuperación económica y social necesaria resultante del empleo de municiones
en racimo en los Estados Parte afectados.
9. Cada Estado Parte que
esté en condiciones de hacerlo podrá realizar contribuciones a fondos
fiduciarios pertinentes, para facilitar la prestación de la asistencia prevista
en este Artículo.
10. Cada Estado Parte que
solicite y reciba asistencia deberá adoptar todas las medidas para facilitar la
implementación eficaz y oportuna de la presente Convención, incluyendo la
facilitación de la entrada y salida de personal, material y equipo, de
conformidad con la legislación y normas nacionales, tomando en consideración
las mejores prácticas internacionales.
11. Cada Estado Parte podrá,
con el fin de elaborar un plan de acción nacional, solicitar a las Naciones
Unidas, a las organizaciones regionales, a otros Estados Parte o a otras
instituciones intergubernamentales o no gubernamentales competentes que presten
asistencia a sus autoridades para determinar, inter alia:
(a) La naturaleza y alcance
de los restos de municiones en racimo localizados en áreas bajo su jurisdicción
o control;
(b) Los recursos financieros,
tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del plan;
(c) El tiempo que se estime
necesario para limpiar y destruir todos los restos de municiones en racimo
localizados en áreas bajo su jurisdicción o control;
(d) Programas de educación
sobre reducción de riesgos y actividades de sensibilización para reducir la
incidencia de las lesiones o muertes causadas por los restos de municiones en
racimo;
(e) Asistencia a las
víctimas de municiones en racimo; y
(f) La relación de
coordinación entre el Gobierno del Estado Parte en cuestión y las entidades
gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales pertinentes que
hayan de trabajar en la ejecución del plan.
12. Los Estados Parte que
proporcionen y reciban asistencia de conformidad con las disposiciones de este
Artículo deberán cooperar con el objeto de garantizar la completa y rápida
puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.
Artículo 7
Medidas de Transparencia
1. Cada Estado Parte
informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto como sea
posible y, en cualquier caso, no más tarde de 180 días a partir de la entrada
en vigor de la presente Convención para ese Estado Parte, sobre:
(a) Las medidas de
implementación a nivel nacional a las que se hace referencia en el Artículo 9
de la presente Convención;
(b) El total de todas las
municiones en racimo, incluidas las submuniciones explosivas, a las que se hace
referencia en el apartado 1 del Artículo 3 de la presente Convención, con un
desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible, los números de lote de cada
tipo;
(c) Las características
técnicas de cada tipo de munición en racimo producida por ese Estado Parte con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención para ese Estado,
hasta donde se conozcan, y de aquéllas que pertenezcan actualmente a dicho
Estado o que éste posea, dándose a conocer, cuando fuera razonablemente
posible, las categorías de información que puedan facilitar la identificación y
remoción de las municiones en racimo; como mínimo, la información incluirá las
dimensiones, espoletas, contenido explosivo, contenido metálico, fotografías en
color y cualquier otra información que pueda facilitar la remoción de los
restos de municiones en racimo;
(d) La situación y el avance
de los programas de reconversión o cierre definitivo de las instalaciones de
producción de municiones en racimo;
(e) La situación y el avance
de los programas de destrucción, de conformidad con el Artículo 3 de la
presente Convención, de las municiones en racimo, incluidas las submuniciones
explosivas, con detalles de los métodos que se utilizarán en la destrucción, la
ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la destrucción y las normas
aplicables que hayan de observarse en materia de seguridad y medio ambiente;
(f) Los tipos y cantidades
de municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, destruidas de
conformidad con el Artículo 3 de la presente Convención, con detalles de los
métodos de destrucción utilizados, la ubicación de los lugares de destrucción,
así como las normas aplicables que en materia de seguridad y medio ambiente
hayan sido observadas;
(g) Las reservas de
municiones en racimo, incluidas submuniciones explosivas, descubiertas luego de
haber informado de la conclusión del programa al que se hace referencia en el
subapartado (e) de este apartado, y los planes de destrucción de las mismas
conforme al Artículo 3 de la presente Convención;
(h) En la medida de lo
posible, la ubicación de todas las áreas contaminadas con municiones en racimo
que se encuentren bajo su jurisdicción o control, con la mayor cantidad posible
de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de resto de munición en
racimo en cada área afectada y cuándo fueron empleadas;
(i) La situación y el avance
de los programas de limpieza y destrucción de todos los tipos y cantidades de
restos de municiones en racimo removidos y destruidos de conformidad con el
Artículo 4 de la presente Convención, incluido el tamaño y la ubicación del
área contaminada con municiones en racimo limpiada y un desglose de la cantidad
de cada tipo de restos de municiones en racimo limpiado y destruido;
(j) Las medidas adoptadas
para impartir educación sobre reducción de riesgos y, en especial, una advertencia
inmediata y eficaz a los civiles que viven en las áreas bajo su jurisdicción o
control que se encuentren contaminadas con municiones en racimo;
(k) La situación y el avance
de la implementación de sus obligaciones conforme al Artículo 5 de la presente
Convención, relativas a proporcionar adecuadamente asistencia que responda a la
edad y género, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico,
así como a proveer los medios para lograr la inclusión social y económica de
las víctimas de municiones en racimo, y de reunir información fiable y
pertinente respecto a las víctimas de municiones en racimo;
(l) El nombre y los datos de
contacto de las instituciones con el mandato de proporcionar información y
llevar a cabo las medidas descritas en este apartado;
(m) La cantidad de recursos
nacionales, incluidos los financieros, materiales o en especie, asignados a la
implementación de los Artículos 3, 4 y 5 de la presente Convención; y
(n) Las cantidades, tipos y
destinos de la cooperación y asistencia internacionales proporcionadas conforme
al Artículo 6 de la presente Convención.
2. La información
proporcionada de conformidad con el apartado 1 de este Artículo se actualizará
anualmente por cada Estado Parte respecto al año calendario precedente, y
deberá ser presentada al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar
el 30 de abril de cada año.
3. El Secretario General de
las Naciones Unidas transmitirá los informes recibidos a los Estados Parte.
Artículo 8
Facilitación y aclaración de cumplimiento
1. Los Estados Parte
acuerdan consultarse y cooperar entre sí con respecto a la aplicación de las
disposiciones de la presente Convención, y trabajar conjuntamente con espíritu
de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados Parte de
sus obligaciones conforme a la presente Convención.
2. Si uno o más Estados
Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas con un asunto de
cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención por parte de otro
Estado Parte, pueden presentar, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de dicho asunto a ese Estado
Parte. La solicitud deberá estar acompañada de toda la información que
corresponda. Cada Estado Parte se abstendrá de presentar solicitudes de
Aclaración infundadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte
que reciba una Solicitud de Aclaración entregará, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, en un plazo de 28 días, al Estado Parte
solicitante toda la información necesaria para aclarar el asunto.
3. Si el Estado Parte
solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas dentro del plazo mencionado, o considera que ésta no es
satisfactoria, podrá someter, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados Parte. El
Secretario General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la
solicitud presentada, acompañada de toda información pertinente a la Solicitud
de Aclaración. Toda esa información se presentará al Estado Parte del que se
solicita la aclaración, el cual tendrá el derecho de réplica.
4. Mientras esté pendiente
la convocatoria de la Reunión de Estados Parte, cualquiera de los Estados Parte
interesados puede solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas
ejercer sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada.
5. Cuando, según lo
estipulado en el apartado 3 de este Artículo, se haya presentado un asunto
específico para ser tratado en la Reunión de los Estados Parte, ésta deberá
determinar en primer lugar si ha de proseguir con la consideración del asunto,
teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte
interesados. En caso de que se determine que sí, la Reunión de Estados Parte
puede sugerir a los Estados Parte interesados formas y medios para aclarar o
resolver el asunto en consideración, incluido el inicio de los procedimientos
pertinentes de conformidad con el Derecho Internacional. En caso de que se
determine que el tema en cuestión es originado por circunstancias que escapan
al control del Estado Parte al que se ha solicitado la aclaración, la Reunión
de Estados Parte podrá recomendar las medidas apropiadas, incluido el uso de
medidas cooperativas a las que se hace referencia en el Artículo 6 de la
presente Convención.
6. Adicionalmente a los
procedimientos establecidos en los apartados del 2 al 5 de este Artículo, la
Reunión de Estados Parte podrá decidir adoptar otros procedimientos generales o
mecanismos específicos para la aclaración de cumplimiento, incluidos hechos, y
la resolución de situaciones de incumplimiento de las disposiciones de la
Convención, según considere apropiado.
Artículo 9
Medidas de implementación a nivel nacional
Cada Estado Parte adoptará
todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan para
implementar la presente Convención, incluida la imposición de sanciones penales
para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida a los Estados Parte
conforme a la presente Convención que haya sido cometida por personas o en
territorio bajo su jurisdicción o control.
Artículo 10
Solución de controversias
1. En caso de surgir alguna controversia
entre dos o más Estados Parte en relación a la interpretación o aplicación de
la presente Convención, los Estados Parte interesados se consultarán mutuamente
con el propósito de obtener una pronta solución a la controversia a través de
la negociación o por algún otro medio pacífico de su elección, incluido el
recurso a la Reunión de los Estados Parte y la sumisión de la controversia a la
Corte Internacional de Justicia de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. La Reunión de los Estados
Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por cualesquiera
medios que considere apropiados, incluido el ofrecimiento de sus buenos
oficios, instando a los Estados Parte interesados a que comiencen los
procedimientos de resolución de su elección y recomendando un plazo para
cualquier procedimiento acordado.
Artículo 11
Reuniones de los Estados Parte
1. Los Estados Parte se
reunirán regularmente para considerar y, cuando sea necesario, tomar decisiones
en relación a algún asunto relativo a la aplicación o implementación de la
presente Convención, incluidos:
(a) El funcionamiento y el
estado de aplicación de la presente Convención;
(b) Los asuntos relacionados
con los informes presentados conforme a las disposiciones de la presente
Convención;
(c) La cooperación y la
asistencia internacionales según lo previsto en el Artículo 6 de la presente
Convención;
(d) El desarrollo de
tecnologías para la remoción de los restos de municiones en racimo;
(e) Las solicitudes de los
Estados Parte a las que se refieren los Artículos 8 y 10 de la presente
Convención; y
(f) Las solicitudes de los
Estados Parte de acuerdo con lo previsto en los Artículos 3 y 4 de la presente
Convención.
2. La primera Reunión de los
Estados Parte será convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas
en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente
Convención. Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el
Secretario General de las Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de
Examen.
3. Los Estados no Parte de
la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o
instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales
pertinentes podrán ser invitados a asistir a estas reuniones en calidad de
observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas.
Artículo 12
Conferencias de Examen
1. El Secretario General de
las Naciones Unidas convocará una Conferencia de Examen transcurridos cinco
años desde la entrada en vigor de la presente Convención. El Secretario General
de las Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si así lo
solicitan uno o más Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no
sea menor de cinco años. Todos los Estados Parte de la presente Convención
serán invitados a todas las Conferencias de Examen.
2. La finalidad de la
Conferencia de Examen será:
(a) Evaluar el funcionamiento y el estado de aplicación de la presente
Convención;
(b) Considerar la necesidad de celebrar Reuniones adicionales de los Estados
Parte, a las que se refiere el apartado 2 del Artículo 11 de la presente
Convención, así como el intervalo que haya de existir entre ellas; y (c) Tomar
decisiones sobre las solicitudes de los Estados Parte previstas en los
Artículos 3 y 4 de la presente Convención.
3. Los Estados no Parte de
la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o
instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales
pertinentes podrán ser invitados a asistir a las Conferencias de Examen en
calidad de observadores, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas.
Artículo 13
Enmiendas
1. Todo Estado Parte podrá,
en cualquier momento después de la entrada en vigor de la presente Convención,
proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se comunicará al
Secretario General de las Naciones Unidas, quien la hará circular entre todos
los Estados Parte y pedirá su opinión sobre si se debe convocar una Conferencia
de Enmienda para considerar la propuesta. Si una mayoría de los Estados Parte
notifica al Secretario General, a más tardar 90 días después de su circulación,
que está a favor de proseguir con la consideración de la propuesta, el
Secretario General convocará una Conferencia de Enmienda a la cual se invitará
a todos los Estados Parte.
2. Los Estados no Parte de
la presente Convención, así como las Naciones Unidas, otras organizaciones o
instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y organizaciones no gubernamentales
pertinentes podrán ser invitados a asistir a cada Conferencia de Enmienda en
calidad de observadores de conformidad con las reglas
de procedimiento acordadas.
3. La Conferencia de
Enmienda se celebrará inmediatamente después de una Reunión de los Estados
Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los Estados Parte
solicite que se celebre antes.
4. Toda enmienda a la
presente Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los Estados
Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El Depositario comunicará
toda enmienda así adoptada a todos los Estados.
5. Toda enmienda a la
presente Convención entrará en vigor para los Estados Parte que hayan aceptado
la enmienda en la fecha de depósito de las aceptaciones por una mayoría de los
Estados que eran Parte en la fecha de adopción de la enmienda. En adelante,
entrará en vigor para los demás Estados Parte en la fecha en que depositen su
instrumento de aceptación.
Artículo 14
Costos y tareas administrativas
1. Los costos de las
Reuniones de los Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de
Enmienda serán sufragados por los Estados Parte y por los Estados no Parte de
la presente Convención que participen en ellas, de acuerdo con la escala de
cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
2. Los costos en que incurra
el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a los Artículos 7 y 8
de la presente Convención serán sufragados por los Estados Parte de conformidad
con la escala de cuotas de las Naciones Unidas adecuadamente ajustada.
3. La ejecución por parte
del Secretario General de las Naciones Unidas de las tareas administrativas que
se le asignan en virtud de la presente Convención se encuentra sujeta al
mandato correspondiente de las Naciones Unidas.
Artículo 15
Firma
La presente Convención,
hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008, estará abierta a todos los Estados para
su firma en Oslo el 3 de diciembre de 2008 y después de esa fecha en la Sede de
las Naciones Unidas, en Nueva York, hasta su entrada en vigor.
Artículo 16
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
1. La presente Convención
está sujeta a la ratificación, la aceptación o la aprobación de los
Signatarios.
2. La Convención estará
abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya firmado.
3. Los instrumentos de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante el
Depositario.
Artículo 17
Entrada en vigor
1. La presente Convención
entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito
del trigésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de
adhesión.
2. Para cualquier Estado que
deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de
adhesión a partir de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de
ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, la presente
Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de
depósito por parte de ese Estado de su instrumento de ratificación, de
aceptación, de aprobación o de adhesión.
Artículo 18
Aplicación provisional
Cualquier Estado podrá, en
el momento de ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a la presente Convención,
declarar que aplicará provisionalmente el Artículo 1 de la misma mientras esté
pendiente su entrada en vigor para tal Estado.
Artículo 19
Reservas
Los
Artículos de la presente Convención no estarán sujetos a reservas.
Artículo 20
Duración y denuncia
1. La presente Convención
tendrá duración ilimitada.
2. Cada Estado Parte tendrá,
en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de denunciar la presente
Convención. Comunicará dicha denuncia a todos los Estados Parte, al Depositario
y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de denuncia
deberá incluir una explicación completa de las razones que motivan la denuncia.
3. Tal denuncia sólo surtirá
efecto seis meses después de la recepción del instrumento de denuncia por parte
del Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el
Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia
no surtirá efecto antes del final del conflicto armado.
Artículo 21
Relaciones con Estados no Parte de la presente
Convención
1. Cada Estado Parte
alentará a los Estados no Parte a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a la
presente Convención, con el objetivo de lograr la vinculación de todos los
Estados a la presente Convención.
2. Cada Estado Parte
notificará a los gobiernos de los Estados no Parte de la presente Convención, a
los que se hace referencia en el apartado 3 de este Artículo, de sus
obligaciones conforme a la presente Convención, promoverá las normas que ésta
establece y hará todos los esfuerzos posibles por desalentar a los Estados no
Parte de la presente Convención de utilizar municiones en racimo.
3. Sin detrimento de lo
previsto en el Artículo 1 de la presente Convención y de conformidad con el
Derecho Internacional, los Estados Parte, su personal militar o sus nacionales
podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con Estados no Parte
de la presente Convención que pudieran desarrollar actividades que estén prohibidas
a un Estado Parte.
4.
Nada de lo dispuesto en el apartado 3 de este Artículo autorizará a un Estado
Parte a:
(a) Desarrollar, producir o
adquirir de un modo u otro, municiones en racimo;
(b) Almacenar él mismo o
transferir municiones en racimo;
(c) Utilizar él mismo
municiones en racimo; o
(d) Solicitar expresamente
el uso de municiones en racimo en casos en los que la elección de las
municiones utilizadas se encuentre bajo su control exclusivo.
Artículo 22
Depositario
El Secretario General de las
Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.
Artículo 23
Textos auténticos
Los
textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente
Convención serán igualmente auténticos.
RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 17 de noviembre de 2009
Autorizado. Sométase a consideración del Honorable
Congreso de la República para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Jaime Bermúdez Merizalde.
DECRETA:
Artículo 1º. Apruébense la “Convención sobre Municiones en
Racimo”, suscrita en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de
la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre Municiones en Racimo”, suscrita en
Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008, que por el artículo 1º de
esta Ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su
publicación.
Dada en Bogotá DC, a los 17
días del mes de noviembre de 2009.
Presentado al Honorable
Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro
de Defensa Nacional.
La Ministra de Relaciones
Exteriores,
María Ángela Holguín
Cuéllar.
El Ministro de Defensa
Nacional,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
III. INTERVENCIONES
3.1. Intervención del Ministerio del Interior
3.1.1. El apoderado del Ministerio del Interior solicita
a la Corte declarar la exequibilidad de la Convención y de la ley sometida a
revisión. En primer lugar, el interviniente se refiere a los antecedentes del
citado instrumento del cual subyace la preocupación compartida de los Estados
por los efectos humanitarios de las Municiones en Racimo. Para tal efecto, pone
de presente que tras la firma de la Convención, Colombia inició el proceso de
bombas en poder de la fuerza aérea, empleadas para destruir pistas clandestinas
y campamentos terroristas, que serían reemplazadas por bombas convencionales de
mayor precisión que reducen los daños colaterales.
En desarrollo de lo anterior, el interviniente afirma
que la ratificación de la Convención sobre Municiones en Racimo “no afectaría
la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, toda vez que las municiones en
racimo no ofrecen una ventaja táctica respecto a otro tipo de bombas
convencionales”.
3.1.2. En segundo término, en lo referente al debate
internacional y las consideraciones de humanidad, el interviniente considera
que las municiones en racimo violan los principios de distinción y
proporcionalidad. Afirma que independientemente de la prohibición internacional
de armas con efecto indiscriminado, el Derecho consuetudinario internacional
obliga a su no utilización.
En consecuencia, a pesar de la destrucción de las
bombas racimo, es fundamental garantizar la existencia de una norma jurídica
vinculante que proscriba la utilización de estas armas a futuro, que sólo se
puede lograr mediante la ratificación de la Convención, que la incorporaría al
bloque de constitucionalidad.
Concluye que el instrumento busca la misma línea de
protección que ha seguido el Estado Colombiano en materia de protección de las
personas y respeto de los principios de Derecho Internacional Humanitario, la
cual ase  orienta que el  Estado colombiano se articule en la adopción de este
tipo de instrumentos en la búsqueda de una homogeneidad frente a este tipo de
instrumentos que tienen total armonía con la Carta de Derechos frente a la
restricción en el uso de este tipo de armas.
3.2. Intervención Ministerio de Relaciones
Internacionales
3.2.1.El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales
del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita a esta Corporación declarar la
exequibilidad de la Convención por cuanto constituye el primer instrumento
internacional vinculante que prohíbe el uso, desarrollo, producción y
adquisición de munición en racimo y asigna a los Estados Partes la obligación
de destruir las provisiones bélicas.
A criterio del interviniente, la Convención fomenta y
facilita la cooperación y asistencia en la materia y exhorta a los Estados
Parte a adoptar mecanismos de ayuda a las víctimas en consideración a los
efectos que estas armas generan en los ciudadanos.
Adicional a esto, el Gobierno Nacional ha procedido a
la destrucción de su arsenal de municiones en racimo, antes de la entrada en
vigor de la Convención como muestra de compromiso en la materia.
3.2.2. En segundo término, en lo referente a los
aspectos de trámite, manifiesta que se cumplieron a cabalidad con los
requisitos previstos en el Texto Superior, en virtud de lo consagrado en el
artículo 150, numeral 16, de la Constitución Política.
3.3 Intervención del Ministerio de Defensa
3.3.1. La apoderada del Ministerio de Defensa solicita
a la Corte que se declare la constitucionalidad de la norma objeto de estudio.
En primer lugar, en lo respectivo al trámite legislativo, se hace un recuento
sobre el procedimiento, alusivo a la aprobación del protocolo conforme a su
materia, y el trámite según el tipo de ley, como una ley ordinaria, además de
un extenso análisis sobre la exposición de motivos.
3.3.2. Segundo, respecto de la constitucionalidad de la
Convención se afirma que no contraviene la Carta Política y por el contrario,
se debe entender en armonía con otros instrumentos internacionales suscritos
por Colombia en la misma materia, de modo que las obligaciones que asume el
Estado no limita libertades ciudadanas y por el contrario se ajustan
perfectamente a los fines del Estado Social de Derecho y a los principios de
reciprocidad e integración del Estado Colombiano al orden internacional (Art.
226 CP).
3.4. Intervención del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
3.4.1. La Directora del Programa Presidencial de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario solicita a esta
Corporación que se declare la exequibilidad de las normas objeto de estudio. Se
hace un recuento sobre el procedimiento que se siguió para enviar al Congreso
la ley, afirmando que actualmente se están surtiendo los trámites
correspondientes a la ratificación del instrumento, conforme a las disposiciones
del ordenamiento jurídico interno.
Manifiesta que hay voluntad por parte del Estado pues
se han tomado medidas de cumplimiento y están en el bloque de
constitucionalidad otros tratados encaminados a regular el uso de armas y
municiones que pueden tener un efecto desproporcionado en la población, lo que
refleja la voluntad y compromiso del Estado.
3.5. Intervención de la Cruz Roja Colombiana
3.5.1. El Presidente de la Sociedad Nacional de la
Cruz Roja Colombiana solicita a la Corte se declare la constitucionalidad de
ley aprobatoria de la Convención sobre Municiones en Racimo. Tras un recuente
histórico de los antecedentes de la Convención sobre Municiones en Racimo, se
destaca la importancia del Derecho Internacional Humanitaria como medio de
humanizar la guerra y proteger a la sociedad civil. Se hace un recuento del
marco conceptual técnico respecto de las armas prohibidas y se cataloga la
naturaleza jurídica de la Convención como una adición al Derecho Internacional
Humanitario y un recuento de normas pertinentes en materia de Derecho
Internacional Humanitario.
Se concluye con la solicitud de constitucionalidad de
la norma como una regulación en materia de Derecho Internacional Humanitario
para la protección de los ciudadanos.
3.6. Intervención de la Universidad Santo Tomás
3.6.1 El coordinador de acciones constitucionales del
Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás de Bogotá solicitaron a esta
Corporación que se declare exequible la ley aprobatoria de la Convención sobre
Municiones en Racimo. Se hace referencia a las normas internacionales sobre la
prohibición del uso de la fuerza y a la regulación histórica que ha tenido la
guerra. Respecto de la ley aprobatoria del tratado afirman que cumple el marco
de trámite constitucional respecto de las normas aprobatorias de tratados, que
además sirve como mecanismo para cumplir los principios de la Carta de Naciones
Unidas y permite cumplir con derechos fundamentales de los colombianos bajo el
Estado Social de Derecho.
3.7. Intervención de la Corporación Colectivo de
Abogados José Alvear Restrepo
3.7.1 El Representante Legal del Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo solicitó a la Corte la declaratoria de exequibilidad de
los instrumentos sometidos a control. En primer término, se consideró que es un
instrumento que permitirá la mayor protección de la población civil, al
prohibir el uso de armas que pueden causar daños graves a la vida (CP art. 11),
integridad personal (CP art. 12) o en los bienes de las personas. En criterio
del interviniente, el tratado establece una limitación al uso de la fuerza que
pueda ocasionar daños indiscriminados y que pueden causar efectos al permanecer
activas, convirtiéndose en una amenaza para la población.
3.7.2. Para el interviniente, la Convención objeto de
estudio está acorde a las obligaciones del Estado en materia de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por esta razón, sostiene que la
incorporación de la Convención al ordenamiento jurídico interno complementa las
normas consuetudinarias y positivas parte del iuscogens, concernientes
al Derecho Internacional Humanitario.
IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
4.1. El Procurador General de la Nación solicita a la
Corte declarar la exequibilidad de la Convención sobre Municiones en Racimo,
tras  un análisis minucioso del procedimiento legislativo que se surtió para la
aprobación de la Ley 1604 de 2012, luego de lo cual concluye que: “no
advierte la existencia de vicio alguno”.
4.2. Con posterioridad, en lo referente al contenido
de la Convención sobre Municiones en Racimo se hace un análisis sobre  los
efectos negativos de estas armas y una descripción sobre los contenidos de la
Convención. Como tiende a regular la guerra, la Convención es acorde con los
derechos y garantías constitucionales.
En conclusión, en criterio de la Vista Fiscal, los
textos sometidos a control se ajustan al ordenamiento superior y deben ser
declarados exequibles por esta Corporación, pues no presentan ningún tipo de
vicio que los invalide.
V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE
5.1. Competencia
Esta Corporación es competente para efectuar la
revisión constitucional de la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha
en Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008, y de la ley
1604 de 2012 que la aprueba de conformidad con lo previsto en el artículo 241,
numeral 10, de la Constitución Política.
5.2. Objeto y generalidades del control de
constitucionalidad de Acuerdos Internacionales y las leyes que los aprueban.
1.-
Como se mencionó anteriormente, según lo previsto en el artículo 241 numeral 10
de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de
constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los
aprueban. Sobre el particular cabe resaltar que el control confiado a esta
Corporación en estos casos es además de automático, previo e integral, en la
medida en que versa tanto sobre el contenido material del instrumento
internacional y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su
trámite legislativo y las normas constitucionales aplicables.
En
ese sentido se ha pronunciado este Tribunal Constitucional en reiterada
jurisprudencia:
“[D]icho control se caracteriza por ser (i) previo
al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y
a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviado
directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro
de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte
debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el
tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene
fuerza de cosa juzgada; (v)es una
condición sine qua non para la ratificación del
correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su
finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el
cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”.[1]
En
relación con el aspecto formal, la Corte ha entendido que se encuentra llamada
a examinar la validez de la representación del Estado colombiano durante el
proceso de negociación, y celebración y suscripción del tratado, conformado por
la fases de: adopción del texto del convenio, autenticación del texto y
finalmente la manifestación del consentimiento en vincularse por el acuerdo, fase,
esta última, que adelantará el Gobierno con posterioridad al ejercicio del Control
de Constitucionalidad, si el mismo resulta satisfactorio. De igual forma,
corresponderá verificar la observancia de las reglas del trámite legislativo
que precedieron la aprobación de la ley sujeta a análisis.
Es
preciso advertir que el texto constitucional no dispone un procedimiento
legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado
internacional, razón por la cual debe seguir, en términos generales, el mismo
trámite de una ley ordinaria. Empero, esta previsión opera salvo las
obligaciones de (i) iniciación del debate en el Senado
de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales
(Art. 154 C.N.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la
Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión
definitiva (numeral 10 Art. 241 C.N.).
2.-
En tal sentido, en razón del trámite ordinario de la ley, se requiere: (i)
el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional
correspondiente del Senado de la República; (ii) la publicación oficial
del proyecto de ley; (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de
las comisiones y plenarias de cada una de las Cámaras (Art. 157 C.N.); (iv) que entre el primer y segundo debates medie un lapso no inferior a ocho días y
que entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la iniciación del
debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.N.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi)
la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional
dentro de los seis días siguientes, (numeral 10 Art. 241C.N.)
Ahora
bien, en cuanto al elemento material del control de constitucionalidad, la
labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento
internacional y, a su vez, las de la ley aprobatoria con la totalidad de los
preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no al Texto
Fundamental.
3.- De acuerdo con lo anterior, esta Corporación
procederá a la revisión integral, formal y de fondo, de la “Convención sobre
Municiones en Racimo” y su correspondiente Ley aprobatoria 1604 de 2012.
5.3. Revisión formal
5.3.1. Competencia de la funcionaria que suscribió la
Convención
Se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia este
Tribunal Constitucional, señalando que parte del control de constitucionalidad
al que se debe someter un Tratado Internacional suscrito por el Gobierno
Nacional, implica la revisión de la competencia del funcionario que representó
los intereses de la Nación, en el proceso de negociación y suscripción del
acuerdo internacional sometido al análisis de la Corte. En ese sentido ha
sostenido la Corte Constitucional que:
“(…) [A]ntes del sometimiento del tratado al Congreso de la República para su
aprobación, tienen lugar la negociación y suscripción de aquél, fases que
configuran el ejercicio de la soberanía estatal, y al mismo tiempo, los
compromisos asumidos internacionalmente constituyen límites al ejercicio de
aquélla. En nuestro caso, el Presidente de la República “dirige las relaciones
internacionales” (art. 189.2 Superior), lo cual implica que adelante la
correspondiente negociación y suscripción del tratado internacional, bien sea
directamente o mediante un representante con plenos poderes, en los términos de
los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
entre Estados de 1969”.[2]
El literal c) del artículo 2 de la citada Convención
de Viena sobre el Derecho de los tratados, incorporada en nuestro ordenamiento
jurídico a través de la Ley 406 de 1997, establece lo que se entiende por
plenos poderes de la siguiente forma:
“se entiende por "plenos poderes" un documento que emana de la
autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias
personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la
autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con
respecto a un tratado”.
En
ese sentido, como regla general, tanto para la adopción y autenticación del
texto, así como para la manifestación del consentimiento, se considera que
representan al Estado (i) quienes se encuentren provistos de plenos poderes; o
(ii) cuando en la práctica, o de otras circunstancias, se deduzca que los
Estados han considerado a determinado funcionario como su representante, sin
necesidad de acreditar plenos poderes.[3]
En el presente caso, como se observa en Folio No. 54
del cuaderno principal, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con
el objetivo de llevar a cabo la suscripción de la “Convención Sobre Municiones
en Racimo” celebrado en la ciudad de Oslo, Noruega del 2 al 4 de diciembre de
2008;en documento de fecha 24 de noviembre de 2008, le fueron conferidos Plenos
Poderes por el otrora Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a la
Embajadora Clemencia Forero Ucrós, Representante Permanente de Colombia ante la
Oficina de Naciones unidas y Organismos Internacionales con sede en Ginebra,
para que en nombre del Gobierno Nacional procediera a la suscripción de dicho
instrumento.
A través de dicho documento, la Corte puede verificar
la competencia de la funcionaria que intervino en el proceso de adopción de la
Convención sometida a control, debido a que el Estado colombiano suscribió la
misma.
5.3.2. Aprobación presidencial
El 17 de noviembre de 2009, el Presidente de la
República impartió la respectiva aprobación ejecutiva de la Convención sobre
Municiones en Racimo y, a su vez, ordenó someterlos al conocimiento y trámite
del Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
189, numeral 2°, de la Constitución Política. Este decreto también fue suscrito
por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde. (Folio
No. 18)
5.3.3. Trámite del Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado
de la República, 244 de 2012 de la Cámara de Representantes
De conformidad con
los lineamientos del artículo 150 numeral 16 de la Carta, corresponde al
Congreso aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros
Estados o con entidades de derecho internacional. Estos instrumentos para su
validez, requieren entonces de la aprobación del Congreso, según el artículo
224 de la Constitución.
Ahora bien, tal y
como lo ha señalado esta Corporación en múltiples oportunidades, las leyes
aprobatorias de tratados internacionales, en atención a los artículos 157, 158
y 160 de la Constitución – se reitera- tienen en general el mismo trámite de
cualquier ley ordinaria salvo dos aspectos específicos: a) el artículo 154 de
la carta exige, por tratarse de un asunto referido a las relaciones internacionales,
que su trámite se inicie en el Senado de la República, y b) el Gobierno, en
atención al artículo 241 numeral 10 de la Carta, debe remitir a la Corte
Constitucional el tratado y la ley que lo aprueba, dentro de los seis días
siguientes a la sanción presidencial, para que ésta efectúe su revisión
constitucional.
En
ese orden de ideas y de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
el trámite que se dio al proyecto de ley 174 de 2011 Senado – 244 Cámara, hoy
Ley 1604 de 2012, fue el siguiente:
En cumplimiento de lo
establecido en el inciso cuarto del artículo 154 de la Constitución,[4]el Proyecto de Ley No. 174 de 2011 fue presentado al
Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de
Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y el Ministro de Defensa
Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno, el día 23 de noviembre de 2011.
En cumplimiento de lo establecido en el numeral 1º del
artículo 157 superior, según el cual: “Ningún proyecto será ley sin (…)
[h]aber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la
comisión respectiva”, el texto fue publicado en la Gaceta del Congreso No.
894 del 25 de noviembre de 2011.
A.
Primer Debate: Comisión
Segunda del Senado de la República
1.
En atención al contenido del
articulado, la iniciativa fue remitida a la Comisión Segunda Constitucional
Permanente del Senado de la República. La ponencia para primer debate fue
presentada por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del
Congreso No. 937 del 6 de diciembre de 2011. En este orden de ideas, se dio
cumplimiento al artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, en armonía con lo previsto
en los artículos 142 y 160 de la Constitución Política, los cuales exigen dar
primer debate a los proyectos de ley en comisiones y publicar el informe de
ponencia en la Gaceta del Congreso.
2.
En lo relacionado con el
anuncio previo del proyecto, éste se llevó a cabo en la sesión del 28 de marzo
de 2012, según consta en el Acta No. 18 de la misma fecha publicada en la
Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012 (p. 28).
En relación con el contenido del anuncio, según se
observa en la referida Acta, se utilizó la siguiente fórmula: “Por
instrucciones de la Presidente de la Comisión Segunda del
Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de
ley para la próxima sesión: (…)5. Proyecto de ley número 174 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba la convención sobre municiones en
racimo, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos
mil ocho (2008)”. Cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 8° del
Acto Legislativo No. 01 de 2003, según el cual “[n]ingún proyecto de ley
será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya
anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la
presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual
se realizará la votación”.
3.
En cumplimiento de lo
anunciado, el Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones
en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado
del 10 de abril de 2012, como consta en el Acta No. 19 de esa Sesión, publicada
en  la Gaceta del Congreso No. 233 del 15 de mayo de 2012. (p. 34 y 35), con un
quórum de 13 de 18 senadores, el cual se infiere del llamado a lista llevado a
cabo al inicio de la sesión, en el que consta la presencia de seis (6)
senadores (p. 29), sumado a la constancia que deja el Secretario de la Comisión
en el Acta de la llegada durante el transcurso de la sesión de otros siete (7)
senadores (p. 30). Con relación a la aprobación, reza en el Acta:
“Lectura del articulado. || El Secretario informa al Presidente que el Senador Vírguez,
ha solicitado la omisión de lectura del articulado. || El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga someta a
consideración de la Comisión la omisión de lectura del articulado.
Lo aprueban los miembros de la
Comisión. || El Secretario informa a la Presidencia, que sí se aprueba por
los miembros de la Comisión, la
omisión de lectura del articulado del Proyecto
de ley número 174 de 2011 Senado. || El Presidente,
Senador Carlos Emiro Barriga, somete a consideración de los Senadores el
articulado del proyecto. Aprueban el articulado del Proyecto de ley número 174 de 2011
Senado, los miembros de la
Comisión. || El Secretario le informa al Presidente que sí se aprueba el
articulado del proyecto. || Lectura del título del proyecto: || Nota: Preguntarle al doctor Diego cómo se
coloca aquí el título del proyecto, porque él lo lee así: “por medio de la cual
se aprueba el convenio sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín, el treinta
(30) de mayo de dos mil ocho (2008). || El título original tal como aparece
está así: Lectura del título del Proyecto
de ley número 174 de 2011 Senado, por
medio de la cual se aprueba la convención sobre municiones en racimo, hecha en
Dublín, República de Irlanda el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008). ||
El señor Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, informa que está en
consideración el título del Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado que fue leído por el Secretario. || El
Secretario, doctor Diego González González, le informa al Presidente que los
Senadores de la Comisión, sí
aprueban el título del Proyecto
de ley número 174 de 2011 leído.
|| El Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, pregunta a los miembros de la Comisión, si quieren que este
proyecto de ley tenga segundo debate en la
Plenaria del Senado. || El
Secretario, doctor Diego González González, le informa que los Senadores sí
quieren que el proyecto tenga segundo debate. || En consecuencia, el
Presidente, Senador Carlos Emiro Barriga, nombra como ponente para el segundo
debate al mismo Senador Juan Lozano Ramírez. || Se continúa con el siguiente
proyecto del Orden del Día”.
Por lo
anterior concluye la Corte que el proyecto fue votado favorablemente por todos
los asistentes al primer debate en el Senado, como se deduce del aparte
transcrito del Acta de la sesión.
En conclusión, la Sala observa
que se cumplió con el quórum y la mayoría requeridos. Así mismo, que las
votaciones en cada uno de los debates, en cuanto se alcanzó unanimidad, se
realizaron conforme a lo dispuesto en los
numerales 16, 17 y 18 del artículo 129 de
la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1º la Ley 1431 de 2011.
El acuerdo unánime en la
votación a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 en la Comisión Segunda del
Senado, se deduce del acta transcrita, y adicionalmente de los siguientes
criterios[5]:
a) en el debate no se
presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del
proyecto;
b) se aceptó la omisión de
lectura del articulado del, entonces, proyecto de ley;
c) no se registraron votos en
contra del, entonces, proyecto de ley;
d) en el debate ninguno de los miembros de la
Comisión manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto que se
discutía;
4.
El
texto definitivo aprobado en primer debate en la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado de la República, fue publicado en la
Gaceta del Congreso No. 191 del 2 de mayo de 2012, dejando constancia de ello la
Presidenta, el Vicepresidente y el Secretario de dicha Comisión: “El texto
transcrito fue el aprobado en primer debate en Sesión Ordinaria de la Comisión
Segunda del Senado de la República, el día diez (10) de abril del año dos mil
doce (2012), según consta en el Acta número 19 de esa fecha”.
B.
Segundo debate: Plenaria
del Senado de la República
Posteriormente, el trámite adelantado en la
Plenaria del Senado de la República fue el siguiente:
1.
La ponencia para
segundo debate en el Senado de la República fue presentada por el Senador Juan
Francisco Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 191 del 2 de
mayo de 2012.
2.
El anuncio previo
del proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del 22 de mayo de 2012,
como consta en el Acta número 48 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del
Congreso número 414 del 10 de julio de 2012. Se señaló expresamente:
“Por instrucciones de
la Presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2003, por
Secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la
próxima sesión. || Señor Presidente, para la próxima sesión, los siguientes son
los proyectos a debatir y votar. (…) || Proyecto de ley número 174 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en
Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el (30) de mayo de dos mil ocho
(2008)”.[6]
En la parte final del Acta se indicó el momento en el
que se levantó la Sesión y se convoca a la siguiente, en los siguientes
términos: “Siendo las 11:40 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca
para el día miércoles 23 de mayo de 2012, a las 3:00 p.m”.
3.
En cumplimiento de lo
anunciado, y de acuerdo con certificación del Secretario General del Senado
radicada en la Secretaría de esta Corporación el 27 de febrero de 2013, el
Proyecto de Ley en mención fue debatido y aprobado sin modificaciones en
segundo debate en la Sesión Ordinaria de la Plenaria del Senado del 23 de mayo
de 2012, como consta en el Acta número 49 de esa Sesión, publicada en la Gaceta
del Congreso número 415 del 10 de julio de 2012 (p.18), mediante votación ordinaria
conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por
el artículo 1º la Ley 1431 de 2011, con un quórum de 93 de 100 senadores. Según
reza en el Acta:
“La
Presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y
cerrada su discusión pregunta, ¿adopta la plenaria el articulado propuesto? Y
esta responde afirmativamente. || La Presidencia indica a la Secretaría dar
lectura al título del proyecto. Por Secretaría se da lectura al título del
Proyecto de ley número 174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la
“Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda,
el (30) de mayo de dos mil ocho (2008). || Leído este, la Presidencia lo somete
a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta, ¿aprueban los
miembros de la Corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.
|| Cumplido los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la
Presidencia pregunta, ¿quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley
aprobado surta su tránsito en la honorable Cámara de Representantes? Y estos
responden afirmativamente. || La Presidencia indica a la Secretaría continuar
con el siguiente punto del Orden del Día”.
En conclusión, la Sala observa
que la votación en el debate en la plenaria del Senado, en cuanto se alcanzó
unanimidad, se realizó conforme a lo dispuesto en los numerales 16, 17 y 18 del artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el
artículo 1º la Ley 1431 de 2011. Así mismo, se cumplió con el quórum y la
mayoría requeridos.
El acuerdo unánime en la votación
a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 se deduce del acta transcrita, de la
certificación del secretario y adicionalmente de los siguientes criterios: (a)
en el debate no se presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra de
la aprobación del proyecto; (b) se aceptó la omisión de lectura del articulado
del, entonces, proyecto de ley; (c) no se registraron votos en contra del,
entonces, proyecto de ley; y (d) en el debate ninguno de los miembros de la
plenaria manifestó su desacuerdo con la aprobación del proyecto que se
discutía.
En consecuencia, como se infiere de lo expuesto, no
sólo se cumplieron con los requisitos de anuncio previo (CP art. 160), quórum
(CP arts. 145 y 146) y modalidades de votación permitidas por el Texto Superior
(CP art. 133), sino también con el término de ocho (8) días que debe mediar
entre la aprobación de un proyecto de ley en la comisión constitucional
respectiva y en la plenaria correspondiente (CP art. 160). En efecto, en el
presente caso, la votación en primer debate tuvo lugar el 10 de abril de 2012,
mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 23 de mayo del mismo año.
Finalmente, el texto definitivo del Proyecto de Ley aprobado por la plenaria
del Senado y fue publicado en la Gaceta del Congreso número 292 del 31 de mayo
de 2012, según dejó constancia el Secretario General del Senado: “El
presente texto fue aprobado en Plenaria de Senado el 23 de mayo de 2012 según
texto propuesto para segundo debate”. [7]
C.
Primer debate: Comisión
Segunda Cámara de Representantes
A continuación, se surtió el siguiente trámite en la
Cámara de Representantes del Proyecto de Ley identificado en esta corporación
con el número 244:
1.
Después de haberse puesto el
Proyecto de Ley en conocimiento de la Comisión Segunda Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, se presentó la ponencia para primer
debate por parte del Representante Pedro Pablo Pérez Puerta, la cual fue
publicada en la Gaceta del Congreso número 559 del 28 de agosto de 2012.[8]
2.
El anuncio previo del
Proyecto, tuvo lugar el 3 de octubre de 2012, como consta en el Acta número 14
de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, publicada en la Gaceta
del Congreso número 17 del 6 de febrero de 2013. Para realizar el anuncio, se
siguió la siguiente fórmula: “(…) Anuncio de proyectos de ley para ser
discutidos y votados en la próxima sesión donde haya proyectos de ley, para dar
cumplimiento al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003. (…) ||
Segundo proyecto. Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011
Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en
Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el 30 de mayo de 2008 (…)”.
(GC 17 de 2013, 6 de febrero de 2013, p. 21). Al final del Acta, se cita para
la siguiente sesión: “Se cita para el próximo martes a las 10 de la mañana,
tal como lo ha ordenado el señor Presidente. Se levanta la sesión siendo las
10:50 a. m.”.[9]
3. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º
del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó un inciso al artículo 160 de la
Constitución Nacional, y de acuerdo con lo establecido en el anuncio hecho en
la sesión anterior, se produjo el debate y la aprobación de este proyecto en la
sesión del 9 de octubre de 2013, como consta en el Acta número 15 de esa fecha,
consignada en la Gaceta del Congreso No. 18 del 6 de febrero de 2013. En el
marco de lo establecido en artículo 145 Superior en concordancia con el 116 de la
Ley 5ª de 1992, la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes
inició el debate con la configuración de un quórum deliberatorio de seis (6)
Representantes. Consta en el Acta de la sesión, que nueve (9) de los
Representantes miembros de la Comisión “se hicieron presentes durante la
sesión”, los tres Representantes restantes presentaron excusa, dos de ellos
por escrito.[10]
En el Acta número 15 de 2013, se deja constancia que
los Representantes presentes en la Comisión, aprobaron el articulado del
Proyecto de Ley 244 de 2012 Cámara, 174 de 2011 Senado, el titulo del Proyecto
y la decisión que el Proyecto fuera Ley de la República y pasara a segundo
debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes.[11]
Fue designado como ponente para segundo debate el Representante Pedro
Pablo Pérez Puerta:
“Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable
Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración la proposición leída con que termina el informe de
ponencia, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada,
¿aprueba la Comisión la proposición leída? || Hace uso
de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar
Rodríguez Arias: || Ha sido aprobada la proposición con que termina el
informe de ponencia señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor
Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo : ||
Continuamos, señora Secretaria.|| Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: ||Articulado del proyecto
señor Presidente. Le informo que son 3 artículos debidamente publicados en la Gaceta correspondiente, no hay ninguna
proposición modificatoria, aditiva, ni nada al respecto, señor Presidente. || Hace
uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José
Castañeda Murillo: || En consideración el articulado leído, se abre la
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿aprueba la Comisión el articulado leído? || Hace uso de
la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Ha sido aprobado el
articulado leído, señor Presidente. || Hace uso de la palabra el señor
Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Continuamos
con el Orden del Día, señora Secretaria. || Hace uso de la palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor Presidente nos
falta aprobar el título del proyecto y preguntarles a los honorables
Representantes si quieren que este proyecto sea ley de la República. || Hace uso de la
palabra el señor Presidente (E), honorable Representante Eduardo José Castañeda
Murillo: || En consideración el título del proyecto. || Hace uso de la
palabra la Secretaria General de la
Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias: || Señor Presidente
procedo a leer el título del proyecto, por
medio de la cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha
en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho
(2008). || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable
Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || En consideración el título
del proyecto leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda
cerrada, ¿aprueba la Comisión el
título leído? || Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar
Rodríguez Arias: || Ha sido aprobado el título del proyecto leído señor
Presidente. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable
Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Continuamos, señora
Secretaria. || Hace uso de la palabra la
Secretaria General de la Comisión Segunda, doctora Pilar
Rodríguez Arias: || Señor Presidente debemos preguntarles a los honorables
Representantes si ellos quieren que este proyecto sea ley de la República y pase a segundo debate en Plenaria de
Cámara. || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable
Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || ¿Quieren los honorables
Representantes que este proyecto sea ley de la
República y pase a segundo debate
en la Plenaria de la
Cámara? se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo
aprueba la Comisión? || Hace
uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión Segunda, doctora Pilar
Rodríguez Arias: || Sí lo quieren, señor Presidente. Señor Presidente como
ponente para segundo debate, ¿usted designa al Representante Pedro Pablo Pérez
Puerta? || Hace uso de la palabra el señor Presidente (E), honorable
Representante Eduardo José Castañeda Murillo: || Queda designado como
ponente para segundo debate el Representante Pedro Pablo Pérez Puerta. || Hace
uso de la palabra la Secretaria
General de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez
Arias: || Así se hará señor Presidente.|| Hace uso de la palabra el
Presidente de la Comisión (E), doctor Eduardo José Castañeda
Murillo: || Continúe con el Orden del Día, señora Secretaria”. (Negrilla en el texto original).
El acuerdo unánime en la
votación a que fue sometida la Ley 1604 de 2012 se deduce del acta transcrita,
y de los siguientes criterios: (a) en el debate no se presentaron informes de
ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del proyecto; (b) se aceptó
la omisión de lectura del articulado del, entonces, proyecto de ley; (c) no se
registraron votos en contra del, entonces, proyecto de ley; y (d) en el debate
ninguno de los miembros de la Comisión manifestó su desacuerdo con la
aprobación del proyecto que se discutía;
Adicionalmente, la
Secretaria General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes, en certificación del 9 de octubre de 2012 que reposa
en el folio No. 167; indicó que el primer debate en la Cámara de Representantes
(tercero del trámite legislativo), “se aprobó por unanimidad en votación
ordinaria de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, (…) con la presencia de 15
Honorables Representantes”.
Igualmente, se cumplió con el requisito previsto en el
inciso 1° del artículo 160 constitucional que reza, “(…) entre la aprobación
del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra,
deberá transcurrir por lo menos quince días”. En el caso sometido a
control, El proyecto de Ley 174 de 2012 fue aprobado en la plenaria del Senado
el 23 de mayo de 2012, mientras que la discusión y aprobación de esta
iniciativa en la Comisión Segunda permanente constitucional de la Cámara el 9
de octubre de 2012.
3.
El texto definitivo aprobado
en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara
de Representantes, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2 de
noviembre de 2012, dejando constancia de ello el Presidente, y la Secretaria
General de dicha Comisión: “El texto trascrito correspondiente el(sic)
Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011 Senado, por medio de la
cual se aprueba la “Convención sobre municiones en racimo”, hecha en Dublín,
República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos mil ocho (2008) fue el
aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara en Sesión del día 9 de octubre de
2012, Acta número 15”.[12]
D.
Segundo debate: Plenaria de
la Cámara de Representantes
Trámite adelantado ante la plenaria de la Cámara de
Representantes:
1.
La ponencia para segundo
debate en la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante Pedro
Pablo Pérez Puerta y publicada en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2de
noviembre de 2012.
2.
El anuncio previo
del Proyecto tuvo lugar durante la sesión ordinaria del  14 de noviembre de
2012, como consta en el Acta número 171 de esa misma fecha, publicada en la
Gaceta del Congreso número 73 del 28 de febrero de 2013. Se señaló
expresamente:
“Señor Presidente, se
anuncian los siguientes proyectos de ley y de acto legislativo para la próxima
sesión del día jueves 15 de noviembre o para la siguiente sesión Plenaria en la
cual se debatan proyectos de ley o Actos Legislativos de acuerdo al Acto
Legislativo 01 de 2003. (…) || Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara,
174 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre
Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30)
de mayo de dos mil ocho (2008)”.[13] (Negrilla en el texto original).
3.
En cumplimiento a lo anunciado
y de acuerdo con la certificación expedida por el Secretario General de la
Cámara de Representantes el 18 de febrero de 2013, en la Sesión Plenaria de esa
Corporación del 15 de noviembre de 2012, a la cual se hicieron presentes ciento once (111) Representantes, como consta en el Acta número 172 de esa Sesión
publicada en la Gaceta del Congreso número 54 del 15 de febrero de 2013, “fueron
considerados y aprobados por unanimidad en votación  ordinaria, la ponencia
para segundo debate, el articulado, el título y la pregunta “Quiere la Plenaria
que este proyecto sea Ley de la República” del Proyecto de Ley No. 224/2012
Cámara -174/2011 Senado”.[14]
De acuerdo con el Acta de la plenaria de la Cámara de
Representantes, la aprobación del Proyecto de Ley, se adelantó de la siguiente
forma:
“Señor Presidente puede poner a consideración el informe. ||
Dirección de la Presidencia,
doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora Secretaria en
consideración el informe de ponencia del proyecto mención anuncio que va a
cerrarse, queda cerrado aprueba la
Cámara. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: ||
Aprobado Presidente. || Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Articulado del proyecto
señora Secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez,
informa: || Señor Presidente este proyecto tiene tres artículos sin
proposiciones. || Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración con el
articulado del proyecto el mención, anuncio que va a cerrase, queda cerrado,
aprueba la Cámara el articulado. || Secretaria (e),
doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado el articulado señor
Presidente. || Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Título y pregunta del
proyecto si la Plenaria quiere que este proyecto se convierta
en Ley de la Republica, lea el
título señora Secretaria. || Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza
Ramírez, informa: || Titulo por medio de la cual se aprueba la Convención sobre municiones en racimo hecha en
Dublín República de Irlanda el 30 de mayo de 2008. || Señor Presidente ha sido
leído el título. || Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y
la pregunta, anuncio que va a cerrarse, ¿aprueba la Plenaria de la
Cámara el título y la pregunta?
|| Secretaria (e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí
Presidente, así lo quiere, ha sido aprobado”.[15]
El Acta de la sesión, registra
la intención de algunos Representantes de votar en contra del Proyecto de Ley,
razón por la que se hacía necesario abrir el sistema de registro de le
votación. Sin embargo, como se mostrará a continuación, el Representante
Heriberto Sanabria Astudillo retiró su voto negativo anunciando su voto
positivo:
“Dirección de la
Presidencia, doctora Augusto Posada Sánchez:
|| Señora Secretaria por favor abra el registro. || Secretaria (e), doctora
Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Sí señor Presidente se abre el
registro. || Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Hay algunos Colegas que
desean votar en contra del articulado, del título y de la pregunta, necesitamos
abrir el registro. En consideración el título y la pregunta, doctor Bérner
Zambrano tiene el uso de la palabra. || Intervención del honorable
Representante Bérner León Zambrano Erazo: || Presidente, si me permite mi
intervención no es para este proyecto. || Dirección de la Presidencia, doctor Augusto Posada
Sánchez: || Doctor Bérner evacuemos el proyecto e inmediatamente tendrá
usted el uso de la palabra. || Intervención del honorable Representante Bérner
León Zambrano Erazo. || Gracias.
(…)
Intervención
del honorable Representante Heriberto Sanabria Astudillo: || Gracias Presidente, yo he anunciado mi
voto negativo al título y al proyecto de ley y lo había anunciado simplemente
porque no conocía ni el contenido ni el alcance del proyecto, el doctor Óscar
Marín aquí hoy a fungido como un excelente Ministro de Relaciones Exteriores y
después de la explicación del doctor Marín retiro mi voto negativo y anuncio mi
voto positivo, (…) || Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || En consideración el título y
la pregunta, ¿aprueba la Plenaria el título y la pregunta? || Secretaria
(e), doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa: || Aprobado señor
Presidente. || Dirección de la
Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez: || Gracias señora Secretaria,
(…)”.[16]
Igualmente, en
el debate intervino el Representante Iván Darío Agudelo Zapata, para aclarar
que por un error en el sistema él aparecía registrado como el único Congresista
que votó en contra del Proyecto de Ley 244 Cámara, lo cual no era cierto,
evidenciando con esto la existencia de la unanimidad a favor del Proyecto
sometido a análisis:
“Intervención del honorable Representante Iván Darío Agudelo
Zapata: || Muchas
gracias doctor Augusto y discúlpeme por no aceptarle su solicitud; pero es que
me parece que es muy delicado y le agradezco al doctor Salamanca que me llama
la atención y en esto quiero que quede constancia y que se verifique o que
revisen el equipo porque en el Proyecto de ley 244 de 2012 sobre las municiones
en racimo aparece que yo soy el único Congresista que voto en contra del
proyecto y quiero llamar la atención; pues fui profesor de Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario, capacité en Antioquia todas las Fuerzas
Armadas, mis principios liberales me prohíben votar en contra de un proyecto de
esta naturaleza. || Entonces por eso no pude dejar que pasara el
siguiente doctor Augusto, qué pena y le agradezco al doctor Salamanca porque nunca
en mis principios liberales me permitirían estar en contra de un proyecto de
tal naturaleza, enemigos invisibles, enemigos que nunca se ven, todavía
sabemos que hay armas de más de cuarenta, cincuenta años todavía esperando para
asechar a su enemigo que nunca ha tenido nada que ver. || Entonces
por favor que quede constancia de que nunca acompañaré o nunca estaré en contra
de este proyecto y que por favor mi voto desaparezca de ahí de manera negativa
y mi voto siempre será en favor de la vida. Muchas gracias señor Presidente.
|| Dirección de la Presidencia,
doctor Augusto Posada Sánchez: || A usted doctor Iván y muy de acuerdo con
la precisión que usted hace, señora Secretaria que quede registrado el voto
positivo a favor del proyecto de ley número 244 del doctor Iván Darío Agudelo,
no sé por algún motivo en el sistema registró su voto negativo y no es
negativo, es positivo, continúe con la lectura de informe de ponencia”.[17]
A pesar de que el debate llevado a acabo en la
plenaria de la Cámara podría concluir que se presentó un votación nominal y pública,
no se hace registro en Acta de esa votación, toda vez que se deduce de lo
arriba transcrito que la votación fue unánime a favor de la aprobación del
Proyecto de Ley. Esta actuación es acorde con lo dispuesto por el numeral 16
del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, según el cual ante la existencia de
unanimidad no era necesaria la votación nominal y pública. Por lo anterior, la
Sala considera que la actuación se realizó de acuerdo con las norma parámetro
de control de la misma.
El acuerdo unánime en la votación a que fue sometida la
Ley 1604 de 2012 se deduce del acta transcrita, de la certificación del
secretario y adicionalmente de los siguientes criterios: (a) en el debate no se
presentaron informes de ponencia disidentes, o en contra de la aprobación del
proyecto; (b) se aceptó la omisión de lectura del articulado del, entonces,
proyecto de ley; (c) no se registraron votos en contra del, entonces, proyecto
de ley; y (d) en el debate ninguno de los miembros de la plenaria manifestó su
desacuerdo con la aprobación del proyecto que se discutía.
Considera este Tribunal, que se cumplieron con los
requisitos de anuncio previo contenido en el artículo 160 Superior, quórum de
acuerdo con los artículos 145 y 146 de la Constitución y a las modalidades de
votación permitidas según lo establecido en el artículo 129 de la Ley 5ª de
1992 modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, en desarrollo del
artículo 133 constitucional.
Igualmente, se cumplió con el requisito establecido en
el artículo 160 constitucional, según el cual, “[e]ntre el primero y el
segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días”. El Proyecto
de Ley fue debatido y aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara el 9 de
octubre de 2012, mientras que en segundo debate se llevó a cabo el 15 de
noviembre del mismo año.
4.
Finalmente, el texto
definitivo aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes, fue
publicado en la Gaceta del Congreso No. 756 del 2 de noviembre de 2012, dejando
constancia de ello la Secretaria General encargada:
“En sesión plenaria del día
15 de noviembre de 2012, fue aprobado en segundo debate el texto definitivo sin
modificaciones del Proyecto de ley número 244 de 2012 Cámara y 174 de 2011
Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención sobre Municiones en
Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda, el treinta (30) de mayo de dos
mil ocho (2008). Esto con el fin de que el citado Proyecto de Ley siga su curso
legal y reglamentario y de esta manera dar cumplimiento con lo establecido en
el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en el Acta de
Sesión Plenaria número 172 del 15 de noviembre de 2012, previo anuncio el día
14 de noviembre de los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria número 171”.[18]
5.3.4. Sanción Presidencial
Enviado al Presidente de la República el Proyecto de
Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara, éste sancionó el 21 de
diciembre de 2012 la Ley 1604 del mismo año, por medio de la cual se aprueba la
Convención internacional objeto de este control, la cual fue publicada en el
Diario Oficial No. 48.651 del 21 de diciembre de 2012.
5.3.5. Remisión a la Corte Constitucional
La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la
República, remitió el 26 de diciembre de 2012 a la Presidencia de la Corte Constitucional el texto de la Ley 1604 de 2012, el cual fue recibido por la Secretaría
General de esta Corporación el 11 de enero de 2013. Teniendo en cuenta el lapso
correspondiente a la vacancia judicial (20 de diciembre de 2012 a 10 de enero de 2013), concluye este Tribunal que el término de los seis (6) días que prevé el
numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política, fue cumplido.
5.3.6. Conclusión
Del análisis del trámite legislativo realizado por la
Corte Constitucional, se concluye que el Proyecto de Ley No. 174 de 2011
Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera satisfactoria con la totalidad de
los requisitos y exigencias previstas en la Constitución y en el reglamento del
Congreso para una Ley Aprobatoria de Tratados Internacionales, pues, como ya se
dijo: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República (art. 154 CN); (ii)
fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo (numeral 1 art. 157
CN); (iii) las ponencias –tanto en comisiones como en plenarias – fueron
divulgadas antes de dar curso a los respectivos debates (numeral 4 art. 160
CN); (iv) se verificó el cumplimiento del requisito del anuncio previo, en los
términos expuestos por la jurisprudencia de esta Corporación (numeral 5 art.
160); (v) fue aprobado tanto en primer como en segundo debate en cada una de
las cámaras que integran el órgano legislativo, con el quórum y las mayorías
exigidas (arts. 145 y 146 CN); (iv) entre el primero y segundo debate realizado
en cada cámara, así como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del
Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes
transcurrieron los plazos mínimos previstos en la Constitución (numeral 1 art.
160 CN); (v) su aprobación no superó el término de dos legislaturas, tal y como
se dispone en el artículo 162 constitucional; (vi) fue sancionado por el
Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; y
finalmente, (vii) fue enviado para su revisión a esta Corporación dentro de los
seis (6) días siguientes a su sanción.
En consecuencia, como se deriva de lo expuesto, la Ley
1604 de 2012 debe ser declarada exequible, en lo que se refiere a su examen de
forma.
5.4. Revisión material
A continuación, la Corte realizará el control de
constitucionalidad de la Convención sobre Municiones en Racimo, haciendo
inicialmente un recuento de sus antecedentes, planteando la relación que este
instrumento tiene con los principios relevantes del Derecho Internacional
Humanitario y haciendo un análisis de la exequibilidad de las obligaciones
desarrolladas en su articulado.
5.4.1. Antecedentes
Las municiones en racimo han sido
definidas por el Comité internacional de la Cruz Roja, como aquellas armas que
pueden ser lanzadas desde un avión, con artillería o con misiles, que se
agrupan en un contenedor que se abre en el aire y dispersa grandes cantidades
de submuniciones explosivas o “bombetas” sobre un área amplia. Dependiendo del
modelo, el número de submuniciones puede variar desde varias decenas hasta más
de 600.[19]
Este tipo de armas, fueron empleadas
por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, y desde ese entonces la
población civil se ha visto afectada por sus nefastos resultados. Se trata de
un tipo de armamento impreciso, que al estar sometida a factores como las
condiciones climáticas y tener un efecto zonal, pueden afectar dramáticamente a
la población civil y objetivos militares, generando daños colaterales que ha
todas luces resultan desproporcionados.
Otra dificultad que surge por la
utilización de Municiones en Racimo, es que un buen número de las armas
dispersadas no estallan, lo que genera un riesgo permanente para la población
civil, especialmente aquellos en estado de vulneración, como pueden ser los
niños, personas de la tercera edad o personas que se encuentren en estado de
discapacidad. Esto causa que el impacto negativo de este tipo de armas se presente
durante el conflicto al igual que en la etapa del post-conflicto.[20]
Reiterando el daño humanitario irreparable que causan
estas armas, el Gobierno del Reino de Noruega ejerció desde  el 2001 el
liderazgo mundial en la lucha contra las municiones en racimo en el marco de la
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW). Buscando llevar esa lucha
un paso más adelante y volverla más específica, en el año 2006, Noruega decidió
convocar a otros países para desarrollar un proceso que concluyera en la
construcción de un instrumento internacional que prohibiera el uso de este tipo
de armas, previniera su proliferación y proveyera de asistencia a sus víctimas.[21]
Esa convocatoria del Primer Ministro Noruego, dio
inicio al denominado Proceso de Oslo, en el cual participaron de forma activa
representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el Comité Internacional de la
Cruz Roja y las Naciones Unidas. El punto de partida de ese proceso, fue la
Conferencia de Oslo, celebrada en esta ciudad el 22 y 23 de febrero de 2007. En
ella 46 Estados adoptaron la Declaración de Oslo, en la cual se comprometían a
celebrar en el 2008 un instrumento internacional legalmente vinculante, que:
(i) prohibiera el uso, la producción, transferencia y almacenamiento de
municiones en racimo que causan un perjuicio inaceptable a los civiles, y (ii)
establecer un marco de cooperación y asistencia que garantice el adecuado
cuidado y la rehabilitación a los sobrevivientes y sus comunidades, la limpieza
de áreas contaminadas, educación sobre el riesgo y la destrucción de
inventarios de municiones en racimo prohibidas.
A la Conferencia de Oslo siguieron la Conferencia de
Lima en mayo de 2007, la de Viena en diciembre de 2007, la de Wellington en
febrero de 2008 y finalmente la de Dublín en mayo de 2008. Así mismo, en el
marco del Proceso Oslo, también se realizaron reuniones regionales. En el caso
de América Latina, se llevaron a cabo dos reuniones, una en Costa Rica del 4 al
5 de septiembre de 2007, y otra en México del 16 al 17 de abril de 2008.[22]
La Convención sometida a examen de constitucionalidad
fue adoptada por 107 Estados durante la Conferencia Diplomática de Dublín sobre
Municiones en Racimo, llevada a cabo en la República de Irlanda entre el 18 y
30 de mayo de 2008. Finalmente, la Convención fue abierta para su firma en Oslo
del 2 al 4 de diciembre de 2008 y fue suscrita por 94 Estados, entre ellos
Colombia.
Dando cumplimiento a lo establecido en su artículo 17,
la Convención sobre Municiones en Racimo, entró en vigor el 1 de agosto de 2010,
momento ha partir del cual ha sido un instrumento vinculante de derecho
internacional para aquellos Estados que expresaron su consentimiento en
obligarse por el. Actualmente la Convención cuenta con 113 Estados signatarios
– Colombia uno de ellos, de los cuales 84 ya son Estados Parte.
5.4.2. La Convención y los Principios del Derecho Internacional
Humanitario.
A.  Las preocupaciones que motivaron la Convención.
El preámbulo de la Convención sobre Municiones en
Racimo, deja ver las cuatro principales preocupaciones que motivaron su
creación y a las que brevemente hizo referencia este Proyecto en el recuento de
los antecedentes. La primera de estas preocupaciones hace referencia al hecho
general de que “las poblaciones civiles y los civiles individualmente
considerados, siguen siendo los más afectados por los conflictos armados”,
preocupación que se encuentra concordante con la del ordenamiento jurídico
colombiano, que entiende la paz como un fin y como un derecho fundamental.[23]
La segunda preocupación, se centra en el sufrimiento y
muerte que causan las municiones en racimo en tres momentos distintos: cuando
se utilizan, cuando no funcionan como se esperaba y cuando son abandonadas sin
que hayan estallado, generando con ello un riesgo para la población.
Derivada de esa última circunstancia, la tercera
preocupación que motiva la celebración de este tratado, obedece a los restos de
municiones en racimo que “matan o mutilan a civiles, incluidos mujeres y
niños, (…) impiden la rehabilitación post-conflicto y la reconstrucción,
retrasan o impiden el regreso de refugiados y personas internamente
desplazadas, pueden impactar negativamente en los esfuerzos nacionales (…) de
construcción de la paz y asistencia humanitaria (…)”. Esta debe ser una
preocupación no sólo que comparta el Estado colombiano, sino que debe ser
puesto en el marco de implementación de esta Convención, como una de sus
principales preocupaciones, en aras de garantizar los derechos fundamentales de
las víctimas del conflicto armado, de manera especial las garantías de no
repetición.
La última preocupación planteada por la parte motiva
de la Convención, hace referencia a los peligros que representan “los
grandes arsenales nacionales de municiones en racimo conservados para uso
operacional”, frente a lo cual el Gobierno colombiano ya ha tomado
efectivas medidas, según lo expuesto en la exposición de motivos del Proyecto
de Ley aprobatoria, medidas que se analizarán mas adelante.
B. La adecuación de la Convención al Derecho
Internacional Humanitario.
Como se puede observar desde el último párrafo del
preámbulo, la Convención se encuentra basada en los Principios y normas del
Derecho Internacional Humanitario, particularmente en los principios de
distinción,  prohibición de ataques indiscriminados, proporcionalidad,
precaución en el ataque y los principios generales sobre el empleo de armas.
Sobre la importancia del valor jurídico que tienen
para el ordenamiento colombiano estas normas del DIH, se pronunció la Corte
Constitucional, al analizar la exequibilidad de la Ley 554 de 2000, por la cual
se aprobó la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencia de minas antipersonal y sobre su Destrucción,
instrumento internacional que si bien persigue fines específicos diferentes,
comparte gran similitud estructural y de objetivos generales con el instrumento
sometido análisis en este Proyecto. En cuanto a los principios de DIH establece
la Sentencia C-991 de 2000 que:
“Dichos principios, en
nuestro ordenamiento jurídico no pueden reducirse a simples enunciados teóricos
de propósitos loables de la comunidad internacional. Según lo ordena
expresamente el numeral 2o. del artículo 214 de la Carta Política, las reglas
del derecho internacional humanitario deben respetarse y se encuentran
incorporadas al derecho interno sin necesidad de ratificación previa o sin
expedición de norma reglamentaria, puesto que se fundamentan en el respeto a la
dignidad humana, valor constitucionalmente protegido.  || No se puede olvidar
que tales normas forman parte integrante del derecho consuetudinario (…) y por
ello las mismas presentan una fuerza vinculante internacional, en la medida en
que expresan un código ético y axiológico aplicable en los conflictos armados
con aquiescencia universal y subordinante para todos los actores del mismo”.[24]
El derecho internacional humanitario consuetudinario
ha establecido en que consisten los principios mencionados, de cuyo concepto se
puede deducir una estrecha relación con la Convención sobre Municiones en
Racimo y con la Constitución Política.
El principio de distinción entre civiles y
combatientes, implica que “las Partes en un conflicto tienen la obligación
de distinguir en todas las circunstancias entre objetivos militares y personas
o bienes civiles dirigir los ataques solo contra objetivos militares no dirigir
los ataques contra personas o bienes civiles”.[25]
En el marco de conflictos armados no internacionales,
este principio de naturaleza consuetudinaria ha sido cristalizado en numerosos
instrumentos del DIH, como consta en el trabajo recopilatorio realizado por el
Comité Internacional de la Cruz Roja[26]:
“El párrafo 2 del artículo
13 del Protocolo adicional II prohíbe que tanto las personas civiles como la
población civil como tal sean objeto de ataques.[[27]] La prohibición  de dirigir ataques contra la
población civil se expresa asimismo en el Protocolo II  enmendado de la
Convención sobre ciertas armas convencionales.[[28]] También se establece en el Protocolo III de esta
misma convención, que es aplicable a los conflictos  no internacionales a raíz
de una enmienda de su artículo 1, aprobada por consenso en  2001.[[29]] En la Convención de Ottawa que prohíbe las minas
terrestres antipersonal se  afirma, entre otras cosas, que esta convención se
basa “en el principio de que se debe  hacer una distinción entre civiles y
combatientes”.
En cuanto a la prohibición de ataques indiscriminados,
si bien no existe una disposición expresa en el Protocolo Adicional II de 1977,
su aplicación se ha entendido derivada de su artículo 13 referenciado en el
párrafo anterior. Esta norma consuetudinaria ha sido cristalizada en el
Protocolo II de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que en el
párrafo 8 de su artículo 3º establece que, “Queda prohibido el empleo
indiscriminado de las armas a las que se aplica el presente artículo”.
La definición de ataque indiscriminado se encuentra en
el derecho internacional humanitario consuetudinario, y ha sido cristalizado en
la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Se consideran “indiscriminados
los ataques: a) que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto; ||
b) en los que se emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse
contra un objetivo militar concreto; o || c) en los que se emplean métodos o
medios de combate cuyos efectos no sea posible limitar como exige el derecho
internacional humanitario; || y que, en consecuencia pueden alcanzar
indistintamente, en cualquiera de tales casos, tanto a objetivos militares como
a personas civiles o bienes de carácter civil”.[30]
En cuanto al principio de proporcionalidad del ataque,
esta norma del DIH establece una prohibición expresa cuando se pueda afectar la
población civil, en los siguientes términos: “[q]ueda prohibido lanzar un
ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre
la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean
excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.[31]
Otro principio del DIH relevante en el marco de la
Convención sobre Municiones en Racimo, es el de Precaución en el ataque, que
impone una obligación de cuidado previa a las fuerzas en conflicto, con el fin
de no vulnerar los derechos de la población civil. Según las normas de derecho
consuetudinario, el principio de precaución implica que: “Las operaciones
militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población
civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas
las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el
número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a
bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente”.[32]
Finalmente, como es planteado en el preámbulo de la
Convención “(…) el derecho de las partes participantes en un conflicto
armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado”, por el
contrario en el marco de los principios generales sobre el empleo de las armas,
se ha establecido como norma consuetudinaria de DIH que, “[q]ueda prohibido
el empleo de medios y métodos de guerra de tal índole que causen males
superfluos o sufrimientos innecesarios”.[33]
Esta norma ha sido cristalizada en la Convención de Ottawa de 1997
relativa a minas antipersonales y en la ya mencionada Convención sobre Ciertas
Armas Convencionales, instrumentos internacionales que presentan una estrecha
relación con el tratado sometido a control de constitucionalidad.
En conclusión, derivada de lo que son las municiones
en racimo y de las consecuencias que ellas tienen en la población civil, tal y
como se deja claro en el preámbulo de la Convención, la misma se encuentra
adecuada y sirve como instrumento de desarrollo de principios básicos del DIH
reconocidos como normas generales de costumbre internacional y en ese sentido,
como lo ha reconocido la citada jurisprudencia de la Corte Constitucional,
vinculantes para el Estado colombiano.
Esta Corte al analizar la constitucionalidad de la
Convención de Ottawa, la cual comparte una gran similitud con la Convención
sobre municiones en racimo, determinó que:
“En esos términos, la
Convención en estudio emerge como un instrumento eficaz en el manejo de varias
situaciones, como por ejemplo: -la prevención de la guerra y la consecución de
la paz y de condiciones pacíficas de convivencia, - la preservación del orden
público, -la extinción de armas salvajes e inhumanas con destrucción
indiscriminada, -la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la
integridad física y mental, a la circulación libre, a la paz y a gozar de un
ambiente sano de los ciudadanos (C.P., arts. 49, 12, 24 y 79)”[34].
5.4.3. La naturaleza, objeto y fin de la Convención
(Artículos 1 y 2)
Como se deduce del análisis hasta ahora realizado y
del articulado de la Convención sobre Municiones en Racimo, ésta resulta
aplicable en circunstancias de conflicto armado, ya sea este de carácter
internacional o interno, por este motivo se trata de un instrumento
perteneciente al Derecho Internacional Humanitario.
En su artículo 1º la Convención establece las
obligaciones generales a las cuales se comprometen los Estados parte. Se trata
de obligaciones negativas de “nunca, y bajo ninguna circunstancia”:
emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar o transferir
municiones en racimo o bombetas explosivas diseñadas para ser dispersadas o
liberadas por aeronaves.
La inclusión de los términos “nunca y “bajo ninguna
circunstancia”, implica que aunque la naturaleza de la Convención es la de un
instrumento de DIH, las obligaciones específicas a las que hace referencia el artículo
1º, no se limitan a escenarios de conflicto armado, sino que también se pueden
aplicar en tiempos de paz.
Finalmente, podemos concluir que del artículo primero
se desprende que el objeto y fin de la Convención, es la prohibición de
emplear, producir, transferir y almacenar, municiones en racimo, en virtud del
perjuicio que estas causan en la población civil, lo cual resulta coherente con
el compromiso adquirido por los Estados firmantes de la Declaración de Oslo
antes referenciada.
Por otra parte, el artículo 2 contiene una serie de
definiciones que contribuyen a dar claridad a la Convención, explicando de
forma técnica lo que significan los conceptos “munición en racimo”, “submunición
explosiva”, “munición en racimo fallida”, “submunición sin
estallar”, “municiones en racimo abandonadas”, “restos de
municiones en racimo”, “transferencia”, “mecanismo de
autodestrucción”, “autodesactivación”, “área contaminada con
municiones en racimo”, “mina”, “bombeta explosiva”, “dispositivo
emisor”  y “bombeta sin estallar”.
Considera esta Sala que las obligaciones a las que
hace referencia el artículo 1 de la Convención, responden al objeto y fin de la
misma y no resultan contrarios a la Constitución. En el mismo sentido, que las
definiciones técnicas otorgadas en el artículo 2, tienen como propósito la
correcta implementación de la Convención, así como la materialización de las
obligaciones sustanciales. No encuentra la Sala que esta definiciones sean
contrarias a la Norma Superior.
En el numeral 1 del artículo 2 de la Convención, se
adoptó una definición de “víctimas de municiones en racimo” en los
siguientes términos: “se entiende todas las personas que han perdido la vida
o han sufrido un daño físico o psicológico, una pérdida económica, marginación
social o un daño substancial en la realización de sus derechos debido al empleo
de municiones en racimo. La definición incluye a aquellas personas directamente
afectadas por las municiones en racimo, así como a los familiares y comunidades
perjudicados”.
Si bien el concepto de víctima recogido por la
Convención es amplio y no riñe con la Constitución debido a que al igual que el
alcance que le ha dado esta Corte, el contenido en la Convención se centra en
el daño sufrido; es importante que este concepto se entienda interpretado a la
luz de lo que ha establecido la jurisprudencia:
“se reconoce como víctimas a todas las personas que hubieren
sufrido un daño, como consecuencia de los hechos que el mismo
precepto determina a continuación. Así, pese a que existen también otros
criterios relevantes, el concepto de daño es el más significativo de todos,
pues es de la acreditación de su ocurrencia que depende que las personas
interesadas logren ser reconocidas como víctimas y accedan a los importantes
beneficios establecidos en esta normativa. || Ahora bien, es importante destacar que el concepto de daño
es amplio y comprehensivo, pues abarca todos los distintos fenómenos usualmente
aceptados como fuente generadora de responsabilidad, entre ellos el daño
emergente, el lucro cesante, el daño moral en sus diversas formas, el daño en
la vida de relación, el desamparo derivado de la dependencia económica que
hubiere existido frente a la persona principalmente afectada, así como todas
las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como por la
jurisprudencia, ahora o en el futuro. || Según
encuentra la Corte, la noción de daño comprende entonces incluso
eventos en los que un determinado sujeto resulta personalmente afectado como
resultado de hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otras
personas, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a
los familiares de los directamente lesionados, siempre que por causa de esa
agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente relevante”.[35]
(Negrilla en el texto
original).
Del análisis hecho, se concluye que existe coherencia
entre lo dispuesto en la Convención y lo desarrollado en la jurisprudencia de
esta Corte, por esa razón no resulta en ningún punto viciada la exequibilidad de
la definición de víctima derivada del instrumento internacional.
5.4.4. Las obligaciones operativas
En el marco del desarrollo de su objeto y fin, los
Estados parte de la Convención se comprometen a cumplir una serie de
obligaciones operativas, reunidas en cinco disposiciones que resultan ser el
núcleo del Acuerdo:
A. Almacenamiento y destrucción de reservas (Artículo
3).
A la luz de lo establecido en el artículo 3 de la
Convención los Estados parte se comprometen a separar y marcar todas las
municiones en racimo bajo su jurisdicción y control, a más tardar, en un plazo
de ocho años, contados a partir del momento en que la Convención entre en vigor
para ese Estado. Los Estados podrán solicitar, ante una Reunión de Estado Parte
o una Conferencia de Examen, una prorroga de hasta cuatro años, si encuentran
que no les es posible destruir o asegurar la destrucción de de las municiones
de racimo.
En los numerales 6 y 7 de este artículo de la
convención se establecen las únicas excepciones legítimas a las obligaciones
establecidas en el artículo 1.
De acuerdo con el numeral 6 del artículo 3 de la
Convención, se le permite a los Estados Parte la retención o adquisición de un
número limitado de municiones en racimo y submuniciones explosivas, dejando
claro que las mismas tendrán una destinación específica: (i) desarrollo de y técnicas
de detección, limpieza y destrucción de municiones en racimo, (ii) o el
desarrollo de contramedidas. Si bien no establece un número específico de
municiones en racimo que se pueden retener, es claro al establecer que esa
cantidad no podrá exceder “el número mínimo absolutamente necesario para
estos fines”.
El numeral 7 permite la transferencia a otro Estado de
municiones en racimo, para su destrucción o para los fines descritos en el
numeral 6.
De las
disposiciones reseñadas de la Convención no se puede deducir ninguna
contradicción con lo dispuesto en la Constitución Nacional, por el contrario,
encuentra esta Sala que el cumplimiento de la obligación de destruir las
municiones en racimo, contribuye al desarrollo de los fines no sólo de la
convención sino del Estado colombiano, como lo son la consecución de la paz,[36]
la preservación del orden público,[37] la extinción
de armas salvajes e inhumanas con destrucción indiscriminada,[38]
la protección de los derechos a la vida,[39]
a la salud,[40] a la integridad
física y mental, [41] a
la libertad de circulación,[42] y a gozar de
un ambiente sano de los ciudadanos.[43]
La única advertencia que considera prudente realizar
este Tribunal, como lo hizo al analizar la constitucionalidad de una obligación
similar en el caso de la Convención de Ottawa antes referenciada, es que la
destrucción de las Municiones en Racimo “debe realizarse en condiciones que
garanticen la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente,
pues sólo así se daría cumplimiento de los deberes a cargo del Estado (C.P.,
arts. 2o., 13 y 79)”.
B.
Limpieza y destrucción de
restos de municiones en racimo y educación sobre reducción de riesgos.
(Artículo 4).
Contenida en al artículo 4 de la Convención, esta
obligación compromete a los Estados a limpiar y destruir o asegurar la limpieza
y destrucción, en un término máximo de 10 años desde la entrada en vigor del
tratado, de los restos de municiones en racimo que se encuentran en su
jurisdicción o control.
En el litera (e) del numeral 2 de este artículo, se
establece el compromiso de los Estados Partes de “[i]mpartir educación sobre
reducción de riesgos entre los civiles que viven  dentro o en los alrededores
de áreas contaminadas con municiones en racimo, encaminada a asegurar la
sensibilización sobre los riesgos que representan dichos restos”.
Al igual que en el caso de la obligación anterior
considera la Sala que no existe en el artículo 4 de la convención sometida a
análisis, ningún elemento que sea contrario a la Carta Política y por el
contrario, de esta norma se derivan disposiciones que contribuyen al
cumplimiento del objeto del tratado. Se realiza la misma advertencia frente al
cuidado que debe tener el proceso de limpieza de las zonas, para evitar la
vulneración de los derechos de la población civil asentada en la zona.
C.
Asistencia a las víctimas
(Artículo 5)
El artículo 5 de la Convención hace una remisión
directa a los estándares establecidos en el Derecho Internacional Humanitario y
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para establecer la
obligación en los Estados parte de proporcionar una adecuada asistencia a las
víctimas de municiones en racimo que responda a criterios de edad y género. De
acuerdo con lo dispuesto en la norma convencional, conforma la asistencia: la atención
médica, rehabilitación y apoyo psicológico. Igualmente los Estados se
comprometen a recopilar datos pertinentes y fiables de las víctimas, y a
proveer los medios para lograr su inclusión social y económica.
La obligación de asistir
a las víctimas de municiones en racimo, concuerda con la obligación general de
las autoridades estatales, consignados en el artículo 2 de la Carta Política,
de proteger a todos los residentes en el territorio nacional, en su vida,
honra, bienes y demás derechos y libertades y asegurar de esta forma el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares,
contribuyendo con esta asistencia a la consecución y mantenimiento de la paz.
La Corte Constitucional,
reconociendo que si bien la asistencia humanitaria a las víctimas no se
encuentra consignada en la Constitución, esta “(…) posee carácter
fundamental[21] y representa la forma
de satisfacer las garantías mínimas que necesita la persona víctima de la
violencia para superar las consecuencias mediatas e inmediatas del hecho
vulnerador de sus derechos (…)”.[44]
La asistencia humanitaria
a las víctimas, encuentra fundamento en el principio de solidaridad,[45] propia de nuestro
Estado Social de Derecho, como un medio de búsqueda de la satisfacción de los
derechos humanos de todos los ciudadanos, si importar sus circunstancias. En
ese sentido ha sostenido la Corte, que la asistencia humanitaria “encuentran
su fundamento en principios constitucionales tales como el Estado Social de
Derecho, la dignidad humana, y en derechos fundamentales que se encuentran
íntimamente ligados como la vida, la dignidad humana, mínimo vital, la salud,
la vivienda, entre otros”.[46]
Por lo anterior, concluye
la Sala que la asistencia a las víctimas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5 de la Convención, no contradice lo establecido en la Constitución
Nacional y por el contrario complementa y desarrolla en un contexto específico
la misma.
D.
Cooperación y asistencia
internacional (Artículo 6).
El artículo 6 de la Convención, prevé la asistencia
técnica, material y financiera entre los Estados Parte, con el objetivo de que
puedan ser correctamente implementadas las obligaciones contenidas en el
Tratado, en los Estados afectados por las municiones en racimo. Esta asistencia
podrá ser otorgada, inter alia, a través del Sistema de Naciones Unidas,
de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de
organizaciones no gubernamentales o de manera bilateral.
El articulado, reconoce el derecho de los Estados
parte a solicitar y recibir asistencia con el fin de dar cabal cumplimiento a
sus obligaciones, y el compromiso de los Estados Parte que estén en condiciones
de hacerlo, de proporcionar asistencia para la limpieza y destrucción de restos
de municiones en racimo, destrucción de las reservas y brindar asistencia a las
víctimas de este tipo de armas. Esta asistencia, se complementa con el
compromiso de cada Estado Parte a facilitar el intercambio de equipos e
información científica y tecnología.
La cooperación prevista en la Convención, resulta
esencial para que el Estado colombiano pueda lograr en los términos
establecidos, el cumplimiento de los objetivos convencionales que lleven a la
destrucción de todas las municiones en racimo, a la limpieza del territorio
nacional de restos de estos artefactos y a la efectiva asistencia humanitaria a
las víctimas, que en el caso concreto de Colombia, debido a situación de
violencia que vive, puede ser cuantiosa.
Se observa de la lectura del texto de la Convención,
que la cooperación internacional a la que hace referencia, respeta la
obligación contenida en el artículo 9º, según el cual “las relaciones
exteriores del Estado se fundamentan el la soberanía nacional, la
autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de
derecho internacional aceptados por Colombia”, así como los criterios de
equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, que enmarcan nuestras
relaciones internacionales de acuerdo con los artículos 226 y 227 de la Carta.
Por lo anterior, se puede concluir que el artículo examinado, es acorde con la
Constitución Nacional.
5.4.5. Medidas de transparencia,  y Medidas de implementación
a nivel nacional (Artículos 7 y 9).
Estas obligaciones específicas contenidas en los artículos
7 y 9 de la Convención, respectivamente, buscan hacer seguimiento al
cumplimiento de los compromisos que cada uno de los Estados ha adquirido en
virtud de su manifestación voluntaria de querer hacer parte de ella.
De acuerdo con el artículo 7, no mas tarde de 180 días
a partir de la entrada en vigor de la Convención, cada Estado Parte debe
informar al Secretario General de las Naciones Unidas: (a) las medidas de
implementación a nivel nacional que ha tomado; (b) el total de las municiones
en racimo bajo su jurisdicción o control; (c) las características técnicas de
cada tipo de munición en racimo producida por el Estado Parte antes de la
entrada en vigor, con la información que pueda facilitar su identificación y
remoción, así como la remoción de los restos de municiones en racimo; (d) la
situación y avance de los programas de cierre o reconversión de instalaciones
de producción de municiones en racimo; (e) la situación y avance de los
programas de destrucción; (f) los tipos y cantidades de municiones en racimo
destruidas y los detalles del procedimiento de destrucción; (g) las reservas de
municiones en racimo descubiertas después de concluido el programa de
destrucción; (h) la ubicación detallada de todas la áreas contaminadas con
municiones en racimo; (i) la situación y el avance de los programas de limpieza
y destrucción de restos de municiones en racimo; (j) las medidas adoptadas para
impartir educación sobre reducción de riesgos y una advertencia a los civiles
que viven en áreas contaminadas con municiones en racimo; (k) la situación y
avance del cumplimiento de la obligación de asistencia a las víctimas; (l) el
contacto de las instituciones encargadas de dar información y llevar a cabo las
medidas descritas; (m) la cantidad de recursos financieros, materiales o en
especie, asignados al cumplimiento de las obligaciones contenidas en los
artículos 3, 4 y 5 de la Convención; y (n) las cantidades, tipos y destinos de
la cooperación y asistencia internacionales proporcionada.
Esta información se actualizará cada año y deberá ser
presentada al Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de
abril de cada año, quien los transmitirá a los Estados Parte.
El artículo 9 por su parte, establece la obligación de
que cada Estado vinculado por la Convención, deberá adoptar todas las medidas
legales, administrativas y de otra índole, para su implementación.
La Corte considera estas medidas resultan necesarias
para garantizar la efectividad del la Convención y el cumplimiento de todos los
Estado partes. Corresponden a un desarrollo del principio de derecho
internacional Pacta Sunt Servanda, en virtud del cual “[t]odo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”,[47] reconocido por el
artículo 9º de la Constitución, por lo que la disposición es acorde con la
Carta Política.
5.4.5. Facilitación y aclaración de cumplimiento, y solución
de controversias (Artículo 8 y 10).
El artículo 8 establece el mecanismo de “facilitación
y aclaración de cumplimento”, a la luz del cual, partiendo del acuerdo entre
las partes de consultarse, cooperar entre sí y trabajar conjuntamente para
facilitar la aplicación de las disposiciones de la Convención, si uno o más
Estados Parte desean aclarar y resolver cuestiones relacionadas con un asunto
de cumplimiento por parte de otro Estado Parte, podrán presentar por intermedio
del Secretario General de las Naciones Unidas, una Solicitud de Aclaración de dicho
asunto a ese Estado Parte.
Por su parte, el Estado que reciba una Solicitud de
Aclaración entregará en un plazo de 28 días, por intermedio del Secretario
General de las Naciones Unidas, toda la información necesaria para aclarar el
asunto. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta o considera que esta
no es satisfactoria, podrá someter el asunto por intermedio del Secretario
General de las Naciones Unidas, a la siguiente Reunión de Estados Parte. En el
lapso mientras tiene lugar la Reunión de los  Estados, aquellas parte
interesadas podrán solicitar al Secretario General que ejerza sus buenos
oficios para facilitar la aclaración.
Frente a las controversias que puedan surgir entre dos
o más Estados Parte en relación con la interpretación y aplicación de la
Convención, el artículo 10 de la misma prevé la utilización de medios pacíficos
para dar una pronta solución al problema, incluyendo dentro de ellos la
negociación entre las partes, los buenos oficios de la Reunión de los Estados
Parte y la sumisión de la controversia a la Corte Internacional de Justicia de
conformidad con su Estatuto.
Estas dos cláusula buscan por un lado, lograr el
cumplimiento de las obligaciones convencionales en cabeza de los Estados
Partes, utilizando a los mismos Estados como agentes de control y supervisión
de ese cumplimiento y,  por otro lado, ofrecer medios de solución pacífica
frente a las controversias que puedan surgir entre ellos, en el marco de la
ejecución de lo dispuesto en el instrumento internacional.
La Sala aclara que lo previsto en el artículo 10 de la
Convención en concordancia con el artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, aplica como una cláusula compromisoria que le otorga competencia al
órgano judicial de las Naciones Unidas para resolver las controversias que se
generen entre Colombia y otro u otros Estados Parte de la Convención sobre
Municiones en Racimo, en virtud de la interpretación o aplicación de la misma.[48]
Los artículos analizados se encuentran en concordancia
con la obligación internacional de “arreglo pacífico de controversias”,
recogida  en el tercer principio de las Naciones Unidas, que reza: “[l]os Miembros de la Organización arreglarán sus
controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se
pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia” y en el capítulo VI de la Carta de las
Naciones Unidas, que concretamente en su artículo 33 dispone: “[l]as partes en una controversia cuya continuación sea
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la
negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el
arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios
pacíficos de su elección”.
La consecución de la paz es uno de los fines
principales del estado, en virtud de los establecido en el preámbulo y en el
artículo 9º de la Constitución, razón por la que la Sala concluye que los
artículos 8 y 10 de la Convención sobre Municiones en Racimo, que consignan
mecanismos de solución de controversias y de cooperación entre los Estados
Parte, no contradicen la norma de normas y por el contrario, contribuyen a la
aplicación del Acuerdo.
5.4.6.  Reuniones de los Estados Parte, Conferencia de Examen,
y Costos Artículos (11, 12 y 14).
Los artículos 11 y 12 de la Convención establecen dos organismos
de seguimiento, vigilancia y control con funciones similares, pero con
periodicidades diferentes: la Reunión de los Estados Parte y las Conferencias
de Examen. En el marco del primero de ellos, y como su nombre lo indica, se
reúnen los Estados Parte anualmente desde la entrada en vigor de la Convención,
convocados por el Secretario General de las Naciones Unidas, con la finalidad
de considerar y tomar decisiones frente a asuntos relativos a la aplicación o
implementación de la Convención. Puntualmente, en esta reunión se llevan
asuntos sobre el funcionamiento y estado de aplicación de la Convención, los
informes que presentan los Estados, asuntos de cooperación y asistencia
internacionales, el desarrollo de tecnologías para la moción de los restos de
municiones en racimo, las Solicitudes de Aclaración no resueltas
satisfactoriamente y las solicitudes relacionadas con los artículos 3 y 4.
La Conferencia de Examen se reúne con una periodicidad
de 5 años desde la entrada en vigor de la Convención, convocados por el
Secretario General de las Naciones Unidas. La finalidad de la Conferencia es:
evaluar el funcionamiento y el estado de aplicación de la Convención,
considerar la necesidad de celebrar Reuniones adicionales de los Estados Parte
y tomar decisiones frente a las solicitudes de los Estado en el marco de los
artículos 3 y 4.
Tanto a  las Reuniones como a las Conferencias, podrán
ser invitados a asistir en calidad de observadores, Estados no parte de la
Convención y organizaciones internacionales intergubernamentales y
no-gubernamentales. Los Costos de las reuniones, según lo dispuesto en el
artículo 14 de la Convención, serán sufragados por los Estado Parte y los Estados
no Parte que participen en ellas.
En contenido de los artículos analizados no contradice
la Constitución, pues lo dispuesto en ellos, corresponde a medidas y mecanismos
de seguimiento, vigilancia y control, necesarios para el correcto desarrollo
del objeto y fin de la Convención sobre Municiones en Racimo.
5.4.7.  Enmiendas (Artículo 13)
El artículo 13 de la Convención, establece el
procedimiento para su enmienda. Todos los Estados Parte podrán proponer
enmiendas, las cuales serán circuladas entre ellos por el Secretario General de
las Naciones Unidas. Si la opinión de los Estados es positiva, se podrá convocar
a una Conferencia de Enmienda, la cual se celebrará inmediatamente después de
una Reunión de Estado Partes o de una Conferencia de Examen, a menos que una
mayoría de los Estados Parte solicite que se celebre antes. Las enmiendas serán
adoptadas con una mayoría de dos tercios de los Estados Parte, y entrará en
vigor en la fecha en que se deposite el instrumento de aceptación.
En virtud del numeral 10 del artículo 241 de la
Constitución, a la Corte Constitucional le corresponde determinar la
exequibilidad de los tratados internacionales suscritos por el Gobierno, con la
finalidad de evitar que incurra en obligaciones que puedan ir en contra de la
Constitución como norma de normas. Para dar cumplimiento a esa función de
control sobre los acuerdos intencionales, la Corte ha entendido que su
competencia se extiende también a las enmiendas de los tratados ratificados por
el Estado colombiano. En ese sentido se ha pronunciado este Tribunal en su
jurisprudencia:
“(...)
cuando la Carta habla de tratados también hace referencia a las enmiendas. En
tales condiciones, mutatis mutandi, las enmiendas están sometidas al mismo
procedimiento de aprobación y control constitucional que los tratados, por lo
cual la Corte, conforme al numeral 10 del artículo 241 superior, es competente
para pronunciarse de manera automática y previa sobre las leyes que aprueban
enmiendas a un tratado. Y, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta
Corporación, éste es un control completo de constitucionalidad, por razones de
fondo y también de forma”.[49]
Hecha la anterior advertencia, queda claro que lo
dispuesto en la Convención relativo a enmiendas resulta acorde con la Carta
Política. Debido a que para los Estados Parte la enmienda no entrará en vigor
sino a partir de la fecha en que se deposite el respectivo instrumento de
aceptación, esa condición permite que se lleve a cabo el control interno de constitucionalidad
de la enmienda, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico
colombiano.
5.4.8.  Relación con Estados no Parte de la presente
Convención (Artículo 21)
En su artículo 21 la Convención hace referencia a la
relación que deben tener los Estados Parte con Estados que no lo son, buscando
que los últimos suscriban el tratado. Parte de sus compromisos implica realizar
esfuerzos para desalentar el uso de las Municiones en Racimo por parte de los
Estados que no se encuentran vinculados por el instrumento internacional.
De acuerdo con el numeral 3 de artículo 21, “Sin
detrimento de lo previsto en el Artículo 1 de la presente Convención y de
conformidad con el Derecho Internacional, los Estados Parte, personal militar o
sus  nacionales podrán cooperar militarmente y participar en operaciones con
Estados no Parte de la presente Convención que pudieran desarrollar actividades
que estén prohibidas a un Estado Parte”. Si bien la Sala no encuentra
ninguna razón de inconstitucionalidad en contra de esa disposición, resalta que
la misma aplica sin perjuicio de la aplicación del principio de reciprocidad en
las relaciones internacionales contenido en el artículo 226 de la Constitución
Nacional,[50] el cual obliga a que en el marco de una relación
bilateral o multilateral, las obligaciones sean análogas.[51]
En conclusión, después de analizar el contenido del
artículo y con la aclaración pertinente en materia de reciprocidad, la Corte
estima que es acorde a la Carta Política y en ese sentido debe ser declarado
exequible.
5.4.9.  Otras disposiciones de la Convención sobre Municiones
en Racimo
En los artículos 15 al 23 de la Convención, con
excepción del artículo 21 analizado anteriormente, se establecen las cláusulas
correspondientes al trámite de la Convención, así: Firma (artículo 15),
Ratificación, aceptación, aprobación y adhesión (artículo 16), Entrada en vigor
(artículo 17), Aplicación provisional (artículo 18), Reservas (artículo 19),
Duración y denuncia (artículo 20), Depositario (artículo 22), y Textos
auténticos (artículo 23).
De acuerdo con el análisis realizado por la Sala, las
mencionadas disposiciones no contienen obligaciones puntuales del Estado y
debido a que están encaminadas a establecer pautas del proceso que a nivel
internacional surte la Convención, no contradicen la Constitución Nacional,
hará una aclaración frente a la prohibición de realizar reservas, establecida
en el artículo 19 del instrumento sometido a examen.
La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
de 1969 define en su artículo 2º literal d) Reserva como “(…) una declaración unilateral, cualquiera que
sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar,
aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o
modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su
aplicación a ese Estado”.
El artículo 19 de la
Convención de Viena, reconoce tres circunstancias en que los Estados, a pesar
de estar facultados para presentar Reservas, no pueden hacerlo: cuando la
reserva esté prohibida por el tratado; el tratado permita que exclusivamente se
pueden hacer cierto tipo de reservas dentro de las cuales no se encuentra la
que pretende hacer el Estado y que la reserva sea incompatible con le objeto y
fin del Estado.
Con el planteamiento de
esos tres casos en los cuales los Estado no pueden presentar reservas, la
Convención de Viena permite concluir que las Reservas no constituyen un derecho
absoluto de los Estados,[52]
sino que por el contrario, el permitir o no las reservas dependerá del sentido
que los Estados quisieron darle al instrumento internacional que construyeron,
considerando el objeto y fin que el mismo persigue.
En ese orden de ideas, la
cláusula incluida en el artículo 19 de la Convención sobre Municiones en Racimo,
en virtud de la cual sus artículos “no estarán sujetos a reservas”, es válida y
no contraría los Derechos del Estado Colombiano, la Convención de Viena o norma
constitucional alguna.
5.5.
Síntesis
1.
La Sala llevó a
cabo según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 constitucional, un control
de constitucionalidad automático, previo e integral, de la Ley 1604 de 2012 “Por
medio de la cual se aprueba la
“Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República de Irlanda,
el treinta 30 de mayo de 2008. Este
control se dividió en dos partes: una primera que atendió a la revisión formal
de la capacidad del representante del Estado Colombiano que suscribió la
Convención y del trámite legislativo que surtió en el Congreso de la República
su ley aprobatoria. La segunda parte, correspondió al análisis  del contenido
material del tratado, en contraste con la Constitución Nacional, con el fin de
determinar si existía alguna contradicción de la norma de normas que tornara el
acuerdo o una parte del mismo inexequibles.
2.
Del análisis de la
competencia de la funcionaria que suscribió la Convención en representación del
Estado colombiano, se pudo concluir que el Presidente de la República le otorgó
plenos poderes a la Embajadora Forero Ucrós, para representar los intereses
nacionales en las fases de negociación y celebración del Acuerdo, por lo cual
la capacidad de esta funcionaria para celebrar el tratado era válida.
3.
En cuanto al análisis del
trámite legislativo realizado por la Corte Constitucional, se concluye que el
Proyecto de Ley No. 174 de 2011 Senado, 244 de 2012 Cámara cumplió de manera
satisfactoria con la totalidad de los requisitos y exigencias previstas en la
Constitución y en el reglamento del Congreso para una Ley Aprobatoria de
Tratados Internacionales. En consecuencia, la Ley 1604 de 2012 resulta
exequible en lo que se refiere a su examen de forma.
4.
En el análisis material de la
Convención sobre Municiones en Racimo, la Sala hizo un recuento de sus
antecedentes, resaltando su proceso de construcción a través de múltiples
conferencias mundiales y regionales, en las que los Estados resaltaron la
importancia de este instrumento, como un medio para lograr la erradicación de
un tipo de arma que genera graves violaciones a los derechos de la población
civil, tanto en tiempo de paz como en el marco de un conflicto.
5.
Después del
recuento de los antecedentes, la Sala consideró la forma en que, derivada de su
parte motiva, la Convención contribuye al desarrollo de los principios del
Derecho Internacional Humanitario, en especial los de distinción, prohibición
de ataques indiscriminados, proporcionalidad, precaución en el ataque y los
principios generales sobre el empleo de armas, concluyendo que la importancia
que tiene el Derecho Internacional Humanitario para el Estado colombiano,
demuestran la relevancia que tiene el instrumento sometido a control.
6.
Dio paso la Sala a
un análisis detallado del articulado de la Convención, en especial lo
relacionado con su objeto y fin, las obligaciones específicas que en virtud de
la finalidad perseguida deberá cumplir el Estado colombiano como Estado Parte,
las obligaciones tendientes a lograr el cumplimiento de las obligaciones
principales y los mecanismos de solución pacífica de controversias. En ese
examen, la Sala encontró que todas las disposiciones en la Convención están
encaminadas hacia el propósito de este instrumento que es la prohibición de emplear, producir, transferir y
almacenar, municiones en racimo, en virtud del perjuicio que estas causan en la
población civil, lo cual se encuentra en plena sintonía con las disposiciones
de la Carta Política de Colombia y aquellas que integran el bloque de
constitucionalidad.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte
Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre
del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- Declarar
EXEQUIBLE la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en
Dublín, República de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008.
Segundo.-
Declarar EXEQUIBLE la Ley 1604 de 2012, “Por medio de la cual se
aprueba la “Convención sobre Municiones en Racimo”, hecha en Dublín, República
de Irlanda, el treinta 30 de mayo de 2008.
Notifíquese, comuníquese,
publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y
archívese el expediente.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Presidente
MARÍA VICTORIA CALLE CORREA
Magistrada
MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Magistrado
Ausente con excusa
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Corte
Constitucional, Sentencia C-767 de 2012, M.P. Maria Victoria Calle Correa, 3 de octubre de 2012. Reiterando: Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia C-376 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero; Corte Constitucional, Sentencia
C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; Corte Constitucional, Sentencia C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
[2]Corte Constitucional,
Sentencia C-615 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto, 2 de septiembre de 2009.
[3]En este último sentido, ver el artículo 7º de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados: “Plenos poderes. 1. Para la adopción la
autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del
Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a
un Estado: || a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o || b) si se
deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. o de otras
circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa
persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la
presentación de plenos poderes. || 2. En virtud de sus funciones, y sin tener
que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado: | a)
los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno y Ministros de relaciones exteriores,
para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado;
| |b) los Jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un
tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran
acreditados; || c) los representantes acreditados por los Estados ante una
conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus
órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia.
Organización u órgano.
[4] Constitución Política De Colombia: “Articulo
154. (…)Los proyectos de
ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se
refieran a relaciones internacionales, en el Senado”. (Subrayado fuera
del texto)
[5] Ante la inexistencia
en el Acta en la que se consigna el debate del Proyecto en estudio, de una
manifestación expresa e inequívoca de la aprobación por votación unánime del
mismo, estos serán los criterios tenidos en cuenta por la  Sala en el análisis del trámite legislativo adelantado en los debates posteriores.
[6]Gaceta del Congreso
414 del 10 de julio de 2012, Acta número 48 de la Sesión Ordinaria de la Plenaria del Senado, 22 de mayo de 2012, p.17
[7]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 293 de 2012, p. 28
[8]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 559 de 2012, 28 de agosto de 2012, p. 10
[9]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 17 de 2013, 6 de febrero de 2013, p. 23
[10]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 18 de 2013, pp.1 y 2.
[11]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 18 de 2013, p. 18
[12]Congreso de la República de Colombia, Gaceta No.  756 de 2012, 02 de noviembre de 2012, pp. 15 y 16
[13] Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 73 de 2013, 28 de febrero de 2013, Acta 171 del 14 de
noviembre de 2012, p. 41
[14] Ver Folio No.
29 del Cuaderno Principal.
[15] Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 54 de 2013, 15 de febrero de 2013, Acta 172 del 15 de
noviembre de 2012, p. 37 y 38
[16] Ibid, p. 38.
[17] Ibid, pp. 39 y 40.
[18] Congreso de la República de Colombia, Gaceta No. 826 de 2012, 21 de noviembre de 2012, pp. 13 y 14.
[19]Comité Internacional
de La Cruz Roja, Municiones de Racimo ¿Qué son y que problema plantean?, 23 de
septiembre de 2010. Disponible en: http://www.cicr.org/spa/assets/files/other/sp-fact-sheet-3-2010.pdf
[20] Para mayor
ilustración sobre el impacto de las Municiones en Racimo en la Población civil ver: United Nations Institute for Disarmament Research, The Humanitarian
Impact of Cluster Munitions, United Nations, Geneva, 2008. UNIDIR/2008/1.
[21] Cfr. Exposición de motivos del
Proyecto de Ley por medio del cual se aprueba la “Convención sobre Municiones
en Racimo”, hecha en Dublín el 30 de mayo de 2008,  p. 1. En: Cuaderno de
Pruebas OPC-027/13, Folio No. 394.
[22] Ibidem.
[23] Ver: Corte
Constitucional, Sentencia C-370 de 2006; Corte Constitucional, Sentencia C-048
de 2001; Corte Constitucional, Sentencia T-439 de 1992.
[24] Corte
Constitucional, Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 2 de agosto de 2000. Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-225 de 1995; Corte
Constitucional, Sentencia C-574 de 1992.
[25] Dominique
Love, Municiones en Racimo desde la perspectiva del Derecho Internacional
Humanitario, Reunión Regional  Latinoamericana sobre Municiones en Racimo, San
José de Costa Rica, 4-5 de septiembre de 2007, Comité Internacional de la Cruz Roja – Ginebra.
[26] Jean-Marie Henckaerts
y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario,
Vol. I: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires, 2007.
[27] Protocolo II adicional a
los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de
los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, Título IV - Población
Civil  Artículo 13. Protección de la población civil, (…) “2. No serán objeto de ataque la población civil como
tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de
violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”.
[28] Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que
puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados.
Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas Trampa
y Otros Artefactos según fue enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II según
fue enmendado el 3 de mayo de 1996). Artículo 3 Restricciones generales del
empleo de minas, armas trampa y otros artefactos.  (…) “7. Queda prohibido,
en todas las circunstancias, emplear las armas a las que se aplica el presente
artículo, sea como medio de ataque, como medio de defensa o a título de
represalia, contra la población civil propiamente dicha o contra personas
civiles o bienes de carácter civil”.
[29] Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que
puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados.
Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias
(Protocolo III) _ Artículo 2 Protección de las personas civiles y los bienes de
carácter civil. “1. Queda prohibido en todas las circunstancias atacar con
armas incendiarias a la población civil como tal, a personas civiles o a bienes
de carácter civil.  (…)”.
[30] Jean-Marie
Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario
consuetudinario, Vol. I: Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires, 2007, p. 46.
[31] Ibid, p.
53 y ss.
[32] Ibid, p.
59 y ss.
[33] Ibid, p.
265 y ss.
[34] Corte
Constitucional, Sentencia C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis, 2 de agosto de 2000.
[35] Corte
Constitucional, Sentencia C-052 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 8 de febrero de 2012.
[36] Constitución
Política de Colombia de 1991, Preámbulo, y artículos 22 y 95.
[37] Constitución
Política de Colombia de 1991, artículos 189, 213, 251, 296, 303, 315 y 330.
[38] Principios
derivados del Derecho Internacional Humanitario, desarrollados en detalle en la
parte 5.4.2. de este Proyecto.
[39] Constitución
Política de Colombia de 1991, artículo 11.
[40] Constitución Política de Colombia
de 1991, artículo 49.
[41] Constitución Política de Colombia
de 1991, artículo 12.
[42] Constitución Política de Colombia
de 1991, artículo 24.
[43] Constitución Política de Colombia
de 1991, artículo 79.
[44] Corte
Constitucional, Sentencia C-914 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 16 de noviembre de 2010. Ver: Corte Constitucional, Sentencia C-278 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, 18 de abril de 2007; Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2004, Corte Constitucional,
Sentencia T-572 de 2008, Corte Constitucional, Sentencia T-922A de 2008 y Corte
Constitucional, Sentencia T-1001-08.
[45] Constitución
Política de Colombia de 1991, artículo 1.
[46] Corte Constitucional, Sentencia T-1094 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 4 de noviembre de 2004 y Corte Constitucional, Sentencia
T-922A de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 18 de septiembre de 2008.
[47] Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969,
artículo 26 Pacta sunt Servanda, “Todo tratado en vigor
obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Aprobada mediante la Ley 32 del 29 de enero de 1985.
[48] Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 36 “1.
La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le
sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. || 2. Los Estados
partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que
reconocen como obligatoria ipso
facto y sin convenio especial,
respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la
jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que
versen sobre: ||a. la interpretación de un tratado; || b. cualquier cuestión de
derecho internacional; || c. la existencia de todo hecho que, si fuere
establecido, constituiría violación de una obligación internacional; || d. la
naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el
quebrantamiento de una obligación internacional. || 3. La declaración a que se
refiere este Artículo podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de
reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por determinado
tiempo. || 4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al
Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a
las partes en este Estatuto y al Secretario de la Corte. || 5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas,
respecto de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la
jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones.
|| 6. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá”.
[49] Corte
Constitucional, Sentencia C-692 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, 2 de octubre de 2013; Corte Constitucional Sentencia C-
012 de 2004; Corte Constitucional, Sentencia C-991 de 2000; Corte
Constitucional, Sentencias C-176 de 1997.
[50] Constitución
Política de Colombia: “Artículo 226. El Estado promoverá la
internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas
sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional”.
[51] Sobre el Principio de Reciprocidad Ver: Corte Constitucional,
Sentencia C-221 de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, 17 de abril de 2013;
Corte Constitucional, Sentencia  C-295 de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, 18 de abril de 2012; y Corte Constitucional, Sentencia C-577 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 26 de agosto de 2009; entre otras.
[52] Ver: Corte
Constitucional, Sentencia C-361 de 2013; Corte Constitucional, C-712 de 2012;
Corte Constitucional, C-534 de 2012; Corte Constitucional, Sentencia C-991 de
2000.