T-351-96
Sentencia T-351/96
Sentencia
T-351/96
SERVICIO MILITAR-Naturaleza
La obligación de
prestar el servicio militar es de orígen constitucional y se halla ligada a la
necesidad de que los nacionales presten su concurso para la defensa de la
soberanía, para mantener la integridad del territorio y para salvaguardar la
paz pública y la efectiva vigencia de las instituciones, dentro del
ordenamiento jurídico y bajo el mando de la autoridad civil.
SERVICIO MILITAR-Límites a ejercicios físicos
Las exigencias de
orden físico, inherentes al servicio militar, no pueden llevarse hasta extremos
lesivos de los derechos fundamentales de la persona, los cuales prevalecen
sobre las obligaciones de los militares subalternos, de modo que ellas los
tienen por límite. Si el cumplimiento de las segundas lleva a desconocer o a
violentar los primeros, se impone la revisión judicial acerca del alcance del
ordenamiento militar y de su aplicación, con miras al efectivo imperio de las
garantías constitucionales, de las cuales no están excluídos quienes, por
mandato de la propia Constitución, prestan sus obligados servicios a la Patria.
DERECHO A LA
SALUD DEL CONSCRIPTO-Interrupción
ejercicios físicos
En casos en los
que aparece de bulto o resulta probado de manera fehaciente que, dadas las
condiciones particulares del soldado, físicas o fisiológicas, circunstanciales
o permanentes, la práctica de ciertos ejercicios físicos puede ocasionar
perturbaciones graves en su salud o comportar serias repercusiones en su
integridad física, o inminente peligro para su vida, las competentes
autoridades militares deben tomar las medidas y adoptar las providencias necesarias
para su interrupción y para que la actividad del conscripto se sustituya por
una que no le cause daño.
SERVICIO MILITAR-Aptitud
El acto de
aceptación de una persona por parte de la autoridad militar para que ingrese a
filas, al declarar que aquélla es "apta", no implica que el
correspondiente dictamen médico excluya toda enfermedad o afección, sino
únicamente que, aun con las deficiencias que pudiera presentar el recluta, goza
de unas condiciones físicas y de salud que, hasta el momento de la evaluación
previa, le permiten en general ingresar al respectivo cuerpo militar.
DERECHO A LA
SALUD DEL CONSCRIPTO-Responsabilidad
La institución
militar y el propio afectado tienen la obligación de propiciar la pronta y
eficiente recuperación de la salud quebrantada, aquélla disponiendo los
elementos médicos, asistenciales y quirúrgicos necesarios y el enfermo
sometiéndose a los tratamientos, exámenes, operaciones y terapias que los
facultativos autorizados encuentren aplicables. Ni el Estado, a través del Ejército,
puede negar al conscripto los cuidados que su salud y subsistencia reclaman, ni
la persona aquejada por padecimientos que le impiden prestar adecuadamente el
servicio militar puede resistirse a las prescripciones y terapéuticas
científicas pertinentes, con el objeto de permanecer al margen de sus
obligaciones dentro de las filas, obviamente siempre que los procedimientos
médicos y clínicos que se le ofrecen no lesionen en sí mismos su integridad
personal.
Referencia:
Expediente T-95883
Acción de tutela
instaurada por Oswaldo Llanos Padilla, a nombre de su hijo, Cristian Alberto
Llanos Guzman, contra El Comandante de la II Brigada A.S.P.C.2. del Ejército
Nacional
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO
HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada
en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de mil
novecientos noventa y seis (1996).
Se revisan los
fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Trece Penal del
Circuito y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla.
I. INFORMACION
PRELIMINAR
CRISTIAN ALBERTO
LLANOS GUZMAN, a cuyo nombre ejerció la acción de tutela su padre, OSWALDO
LLANOS PADILLA, es un joven de diecisiete años que viene prestando el servicio
militar desde el 7 de diciembre de 1995 en la Brigada II A.S.P.C.2 del Ejército
Nacional.
Según la demanda,
desde el primer examen médico practicado al conscripto se le detectó una hidrocele
inguinal bilateral, es decir, una hernia en los dos testículos,
cuyas secuelas consisten en epididimitis  y orquitis.
Pese a reconocer
que, en razón de dicho padecimiento, se hace necesario someter a su hijo a una
intervención quirúrgica, su padre acudió a la protección contemplada en el
artículo 86 de la Carta para solicitar que se ordenara, como medida provisoria,
"la suspensión de cualquier intervención quirúrgica, hasta tanto no se
profiera la correspondiente decisión judicial".
La petición de fondo
formulada por el demandante consistió en la separación o baja de su hijo en la
prestación del servicio militar.
Con ello, estimó, se
salvaguardarían los derechos del adolescente a la vida, a la integridad física
y personal y a su salud.
Cabe anotar -dijo el
peticionario- que inicialmente mi menor hijo tuvo que realizar todos los
ejercicios físicos que demanda la formación militar; al incrementársele las
dolencias, se le asignaron turnos de guardia por varias horas, de pie, lo cual
también contribuyó a que el problema aumentara.
Ultimamente -añadió-
fue enviado a la enfermería por cuanto su estado de salud es incompatible con
la actividad militar integral y "efectivamente está alejado de las tareas
militares".
En el sentir del
actor, no se entienden las razones por las cuales su hijo fue considerado apto
cuando en el corto tiempo que lleva prestando servicios se ha demostrado lo
contrario.
En la demanda se
puso de presente la desconfianza de los padres en los médicos del Ejército,
toda vez que uno de ellos declaró a su hijo apto sin serlo, motivo por el cual,
a su juicio, no lo deben intervenir.
Terminó diciendo:
"El servicio
militar de bachiller es de 12 meses y las consecuencias de la enfermedad de mi
menor hijo, Cristian Alberto Llanos Guzmán, son imprevisibles, lo cual quiere
decir que la mayor parte de su tiempo permanecerá sin ocupación significativa
para su vida, y es lógico que ese tiempo sea utilizado para continuar estudios
superiores y desarrollar su personalidad. Lo contrario implicaría aceptar
delante de sus compañeros de fila la incapacidad para tareas militares y
afectaría su proceso de formación, al verse como un ser inferior".
II. DECISIONES JUDICIALES
En primera
instancia, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Barranquilla negó por
improcedente la tutela impetrada, pues consideró que el supuesto sobre el cual
descansaba la acción -la violación de los derechos fundamentales de Cristian
Alberto Llanos Guzman- no correspondía a hechos reales.
Se constató -expresa
la sentencia del 12 de marzo de 1996- que, hasta el momento de resolver, la
vida del joven no se encuentra en peligro por razón de su estado de salud. Este
"no es precario, aun cuando sí de cuidado", pero se evidencia que ha
sido tratado médicamente en el Batallón, donde se programó su intervención
quirúrgica, la cual no fue practicada por culpa confesada del propio soldado.
Consideró el Juez
que acceder a la petición del padre, en el sentido de ordenar que fuera
suspendida la operación, constituiría alto riesgo para la salud o la vida de
LLANOS GUZMAN.
Por otra parte
-concluyó-, "no encontrándose el soldado CRISTIAN ALBERTO LLANOS GUZMAN
dentro de ninguna de las causales de exención, aplazamiento o
desacuartelamiento contempladas en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, tampoco
es procedente impartir tal orden".
Impugnado el fallo,
fue confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Barranquilla, mediante providencia del 9 de abril de 1996.
Las razones del
superior jerárquico coincidieron en lo esencial con las expuestas en primera
instancia.
El Tribunal dijo no
entender la actitud negativa del accionante en el sentido de oponerse a la
operación de su menor hijo, "si salta a la vista que hasta el momento le
han brindado atención médica, suministro de drogas, y además, el personal y
centro médico escogido para tal fin cuenta con los medios apropiados para
realizar la intervención quirúrgica.
III.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1. Competencia
La Corte es
competente para estudiar el caso expuesto, merced a la revisión de las
sentencias enunciadas, que fueron escogidas por la correspondiente Sala de
Selección, de conformidad con lo estatuído en los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución Política, y siguiendo los trámites previstos en el
Decreto 2591 de 1991.
2. La
obligación de prestar el servicio militar. Sentido limitado de las excepciones.
Responsabilidad del Estado por la salud del conscripto
La obligación de
prestar el servicio militar es de orígen constitucional (artículos 95 y 216
C.P.) y se halla ligada a la necesidad de que los nacionales presten su
concurso para la defensa de la soberanía, para mantener la integridad del
territorio y para salvaguardar la paz pública y la efectiva vigencia de las
instituciones, dentro del ordenamiento jurídico y bajo el mando de la autoridad
civil.
Para cumplir su
cometido, el servicio militar, en lo que concierne a su prestación concreta por
una persona determinada, no puede quedar sometido a la voluntad de ella ni a la
de su familia, ni tampoco a la de los mandos castrenses, sino que ha de
sujetarse de manera estricta a las prescripciones de la ley, autorizada por la
Constitución para definir los casos en que pueda admitirse que alguien está
exento de dicha imposición, los cuales, por supuesto, son de carácter taxativo.
Ahora bien, es claro
que, sometido ya el conscripto a las reglas propias de la actividad militar,
necesarias para la disciplina interna de la institución armada, no le es
posible evadirlas ni desconocer la línea de mando, salvo el caso de órdenes
flagrantemente violatorias de los derechos humanos (Cfr. Sentencias T-209 del 8
de junio de 1992, Sala Tercera de Revisión, y C-561 del 30 de noviembre de
1995, Sala Plena de la Corte), pues tales elementos son inherentes a la milicia
y corresponden a los fines de preparación y formación que se esperan de quienes
se incorporan a filas.
Entre dichas reglas
se puede enunciar, entre otras, la de la práctica de ejercicios físicos,
indispensable para el fortalecimiento material y espiritual de los soldados y
para su adecuada educación corporal, que debe estar acompañada de la formación
del temple y el carácter.
La pertenencia a uno
de los cuerpos armados del Estado exige de sus miembros la sujeción a este tipo
de actividades y el rendimiento correspondiente.
Pero, claro está,
como acontece en todos los campos de la convivencia social, la que tiene lugar
en el seno de las instituciones militares y policiales debe responder a un
mínimo de consideración y preservación de la dignidad humana, la vida y la
integridad personal -física y moral- de quienes deben obediencia.
Para la Corte
Constitucional es claro que las exigencias de orden físico, inherentes al
servicio militar, no pueden llevarse hasta extremos lesivos de los derechos
fundamentales de la persona, los cuales prevalecen sobre las obligaciones de
los militares subalternos, de modo que ellas los tienen por límite. Si el
cumplimiento de las segundas lleva a desconocer o a violentar los primeros, se
impone la revisión judicial acerca del alcance del ordenamiento militar y de su
aplicación, con miras al efectivo imperio de las garantías constitucionales, de
las cuales no están excluídos quienes, por mandato de la propia Constitución,
prestan sus obligados servicios a la Patria.
Así, en casos como
el examinado, en los que aparece de bulto o resulta probado de manera
fehaciente que, dadas las condiciones particulares del soldado, físicas o
fisiológicas, circunstanciales o permanentes, la práctica de ciertos ejercicios
físicos puede ocasionar perturbaciones graves en su salud o comportar serias
repercusiones en su integridad física, o inminente peligro para su vida, las
competentes autoridades militares deben tomar las medidas y adoptar las
providencias necesarias para su interrupción y para que la actividad del
conscripto se sustituya por una que no le cause daño.
Obviamente, no se
trata de males menores o de indisposiciones superficiales o fácilmente
superables, sino de situaciones de salud probadas o evidentes, graves, que
hagan irrazonable y peligroso someter al soldado enfermo a las mismas
exigencias aplicables a los demás.
Si, dándose una de
ellas, las respectivas jerarquías castrenses deciden que el soldado
incapacitado o afectado debe continuar la rutina física impuesta a sus
compañeros, no obstante haberse establecido que no goza de condiciones de salud
que se lo permitan, según dictamen médico, quebrantan los derechos
fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la igualdad
real y material (que exige trato distinto para quienes se encuentran en
circunstancias diversas) y, por tanto, son susceptibles de amparo
constitucional.
Considera la Corte
que el acto de aceptación de una persona por parte de la autoridad militar para
que ingrese a filas, al declarar que aquélla es "apta", no implica,
como lo estima el demandante, que el correspondiente dictamen médico excluya
toda enfermedad o afección, sino únicamente que, aun con las deficiencias que
pudiera presentar el recluta, goza de unas condiciones físicas y de salud que,
hasta el momento de la evaluación previa, le permiten en general ingresar al
respectivo cuerpo militar. Ya se verá, en cada caso concreto y de acuerdo con
las condiciones particulares del soldado si tal condición fundamental de
aptitud puede sufrir excepciones para ciertas prácticas o exigencias propias
del servicio, lo que deberá poner en conocimiento de sus superiores con el
objeto de que, practicados los conducentes exámenes médicos, se apliquen los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad que permitan alcanzar los
objetivos inherentes a la prestación del servicio sin ocasionar perjuicios a la
salud integral del obligado.
Ahora bien, la
institución militar y el propio afectado tienen la obligación de propiciar la
pronta y eficiente recuperación de la salud quebrantada, aquélla disponiendo
los elementos médicos, asistenciales y quirúrgicos necesarios y el enfermo
sometiéndose a los tratamientos, exámenes, operaciones y terapias que los
facultativos autorizados encuentren aplicables.
No cabe duda de que
ni el Estado, a través del Ejército, puede negar al conscripto los cuidados que
su salud y subsistencia reclaman, ni la persona aquejada por padecimientos que
le impiden prestar adecuadamente el servicio militar puede resistirse a las
prescripciones y terapéuticas científicas pertinentes, con el objeto de
permanecer al margen de sus obligaciones dentro de las filas, obviamente
siempre que los procedimientos médicos y clínicos que se le ofrecen no lesionen
en sí mismos su integridad personal.
El presente caso
debe ser resuelto con base en las siguientes indicaciones, que serán adoptadas
con carácter obligatorio en la parte motiva de la sentencia:
a) No se accederá a
la exclusión del soldado de su obligación de prestar el servicio militar, ni a
su desacuartelamiento, toda vez que, a juicio de la Corte, no se configura
causal alguna de exención, según lo preceptuado por la Ley 48 de 1993 (artículo
28).
b) No se accederá a
ordenar, como lo pide el demandante, la suspensión de todo procedimiento médico
o quirúrgico en relación con las dolencias del conscripto, pues si, según los
respectivos dictámenes médicos, necesita ser operado o tratado, a ello debe
procederse, en guarda de su salud y de su vida.
c) Se impartirá sí
una orden de índole cautelar en lo que respecta a la obligada práctica de
actividades y ejercicios contraindicados para sus quebrantos de salud, los
cuales no deberán exigirse al soldado mientras las afecciones, según dictamen
médico del Ejército, subsistan.
Debe aclararse que
la decisión que en este sentido se adopta no corresponde a la concesión de la
tutela, pues tiene dicho la Corte que la protección judicial extraordinaria
consagrada en el artículo 86 de la Constitución únicamente es viable cuando se
corrobora por el juez que existen o han existido acciones u omisiones del
sujeto demandado que inciden de manera directa y probada en la violación o en
la amenaza de derechos fundamentales.
No siendo ello así,
la tutela carece de motivo y la condena resulta del todo injusta.
En el presente caso,
no ha establecido la Corte que las autoridades militares hayan forzado la
práctica de ejercicios peligrosos o comprometedores para la salud, la
integridad o la vida del soldado LLANOS y, por el contrario, su propio padre
declara en la demanda que en la actualidad el menor ha sido enviado a la
enfermería y recibe atención médica, estando separado del ejercicio de
actividades militares.
No prospera,
entonces, la solicitud de tutela, si bien la orden en referencia se impartirá
con miras a la preservación futura de los derechos del menor.
La medida preventiva
que ordenará la Corte implica, para el Ejército, la obligación de no forzar la
práctica de acciones  físicas que puedan contribuir, propiciar o desencadenar
el estrangulamiento de la hernia, por lo cual será responsable si,
desatendiendo lo ordenado en este fallo, obliga al soldado en términos tales
que, como consecuencia de la actividad forzada, sean las órdenes militares
causa eficiente del daño que aquél sufra en su salud. Pero, como la afección
que padece LLANOS GUZMAN, dadas sus características, podría agravarse por
causas ajenas al servicio militar, no deberá entenderse que todo quebranto
relativo a la dolencia en cuestión sea imputable a la autoridad militar mientras
ésta obedezca las prescripciones judiciales aquí plasmadas.
Serán confirmados
los fallos de instancia.
DECISION
Con base en las
expuestas consideraciones, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución,
RESUELVE:
Primero.- Por
las razones que anteceden, CONFIRMANSE las sentencias proferidas en el
asunto de la referencia por el Juzgado Trece Penal del Circuito y por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con las
siguientes precisiones:
a) SE NIEGA la
tutela impetrada en cuanto a la solicitud de exclusión del servicio militar y
el desacuartelamiento de CRISTIAN ALBERTO LLANOS GUZMAN, por cuanto su
situación no encaja en ninguna de las causales de exención previstas en el
artículo 28 de la Ley 48 de 1993.
b) SE NIEGA la
tutela impetrada en cuanto a la suspensión de toda intervención quirúrgica del
conscripto.
c) Para prevenir
eventuales daños o perturbaciones en la salud e integridad personal de CRISTIAN
ALBERTO LLANOS GUZMAN, se ordena al Comandante de la Segunda Brigada A.S.P.C.2
del Ejército Nacional impartir instrucciones precisas a los superiores
militares de CRISTIAN ALBERTO LLANOS GUZMAN para que se abstengan de obligarlo
a la práctica de actividades y ejercicios contraindicados para su actual estado
de salud, mientras éste permanezca, según dictamen médico de la propia
Institución.
Segundo.- El Juez de primera
instancia vigilará el estricto cumplimiento de lo ordenado en esta providencia.
Tercero.-
Notifíquese según lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la
Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado Ponente
Presidente de la Sala
HERNANDO HERRERA
VERGARA            ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO
Magistrado                      Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General