T-928-13
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia
T-928/13
(Bogotá,
D.C., diciembre 6)
ACCION DE TUTELA Y REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD-Agotamiento previo de medios específicos de defensa
previstos en la regulación común
INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Improcedencia por no afectar derechos fundamentales y por no haber
agotado los medios ordinarios de defensa/INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DE LA PENSION DE VEJEZ-Improcedencia de tutela por falta de legitimación por
pasiva
La
acción de tutela es improcedente cuando se dirige la demanda en contra de una
persona diferente a la obligada a responder por la pretensión y cuando
existiendo un medio judicial de defensa idóneo y eficaz, no es empleado por el
tutelante, pues no se cumple con los requisitos de legitimidad en la causa por
pasiva y de subsidiaridad para la admisión de la demanda. Y en virtud del
carácter excepcional y residual de esta acción constitucional, se imposibilita su
ejercicio injustificado como un instrumento de desplazamiento de los medios
ordinarios consagrados en el ordenamiento jurídico.
Referencia: expediente
T-3.988.471.
Fallo de tutela objeto revisión: sentencia
del Juzgado Segundo Laboral de Pereira del 24 de enero de 2013 que declaró improcedente la demanda de tutela.
Accionante: Consuelo
Restrepo Ortiz.
Accionada: Departamento de Risaralda.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo
Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Magistrado ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
I. ANTECEDENTES.
1. Elementos y pretensiones[1].
1.1. Derechos fundamentales invocados:
derecho a la seguridad social, mínimo vital, debido proceso, igualdad ante la
ley, principio de favorabilidad e inescindibilidad normativa.
1.2. Conducta
que causa la vulneración: negar el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
1.3. Pretensión:
reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de
vejez.
2. Fundamentos de la pretensión.
2.1. Indica la
demandante que, el 18 de octubre de 2012, solicitó mediante escrito al
Departamento de Risaralda el reconocimiento y pago de la indemnización
sustitutiva de la pensión de vejez.
2.1.1. Mediante
Resolución No. 1530 del 6 de noviembre de 2012, la Secretaria Administrativa del Departamento de Risaralda, negó la petición argumentando que la Ley 100 de 1993 establece que el reconocimiento de la indemnización sustitutiva recae sobre
las cotizaciones realizadas en vigencia de la mencionada ley y dado que la
peticionaria laboró para el ente territorial hasta el 30 de enero de 1982, no
procede su reconocimiento.
2.1.2.
Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 0025 del 24 de
enero de 2013, confirmando el acto administrativo que negó la solicitud.
2.2.
Respuesta de la entidad accionada.
2.2.1. El
Departamento de Risaralda[2]
fue notificado del auto admisorio mediante Oficio No. 1017 del 10 de abril de
2013, reiterando en la contestación de la demanda de tutela, que no le asiste
el derecho a la indemnización sustitutiva, por cuanto el vínculo laboral con el
Departamento finalizó antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
2.3. Decisión de tutela objeto de revisión:
Sentencia del Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Pereira, del 24 de abril de 2013 (única instancia)[3].
El juez de instancia, negó la demanda por
improcedente al considerar que: (i) la accionante no es una persona de la
tercera edad de conformidad con la sentencia T-138 de 2010[4] proferida por
la Sala Segunda de Revisión; (ii) no se demostró la afectación del mínimo
vital, pues su sola invocación no lo acredita; (iii) no ha intentado resolver su
conflicto por las vías judiciales (iv) y ni siquiera acreditó sumariamente las
razones por las cuales el medio judicial es ineficaz para lograr la protección
de sus derechos. Vencido el término de ejecutoria la sentencia no fue
impugnada.
II. CONSIDERACIONES.
1. Competencia.
La Corte Constitucional es competente para
revisar las decisiones judiciales mencionadas, con base en la Constitución Política -artículos 86 y 241.9- y lo desarrollado en el Decreto 2591 de 1991
-artículos 31 a 36-[5].
2. Procedencia
de la demanda de tutela.
2.1. Alegación de afectación de un
derecho fundamental. En el presente
proceso de tutela se discute la posible afectación de los derechos fundamentales
a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, al debido
proceso y al principio de favorabilidad e inescindibilidad normativa.
2.2. Legitimación por pasiva. El Departamento de Risaralda es una
autoridad pública del orden territorial con la cual la demandante sostuvo una
relación laboral y, en principio, susceptible de demanda de tutela. No
obstante, encuentra la Sala que la accionada no está legitimada legalmente para
resolver las pretensiones planteadas, por cuanto le corresponde a las
administradoras de pensiones realizar esta labor y, tal y como obra a folio 12
del cuaderno principal, se indica que durante la relación laboral la accionante
fue afiliada a: (i) Cajanal – en liquidación, del 10 de mayo de 1974 al 31 de enero de 1977 y (ii) a la Caja de Seguridad Social del Departamento de Risaralda -
Caseris por el periodo del 01 de febrero de 1997 al 30 de enero de 1982.
2.3.
Legitimación por activa. La demanda de tutela fue interpuesta
a través de apoderado judicial en representación de la titular de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados[6].
Lo anterior encuentra su fundamento constitucional en el artículo 86[7]
de la Carta, el cual establece que toda persona
que considere que sus derechos fundamentales han sido vulnerados o se
encuentran amenazados, podrá interponer acción de tutela en nombre propio o a
través de representante legal. (artículo 10 del Decreto
2195 de 1994).
2.4. Inmediatez. El recurso de apelación contra el
auto que negó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva fue resuelto
mediante Resolución No. 0025 del 24 de enero de 2013 y la demanda de tutela fue interpuesta el 10 de abril de
2013. Término oportuno para el ejercicio de la acción.
2.5. Subsidiariedad. Reiteración
de Jurisprudencia.
2.5.1. Por mandato del artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un
mecanismo judicial preferente y sumario para la protección de los derechos
fundamentales cuando éstos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión
de una autoridad pública o de un particular. Disponiendo que esta acción de
protección constitucional procede en el evento en que el afectado no disponga
de otro medio judicial ordinario para la defensa de su pretensión o cuando se
interponga como mecanismo transitorio con la finalidad de impedir la
consumación de un perjuicio irremediable.
2.5.2.
La Sala Segunda de Revisión en la sentencia T-958 de 2012, indicó sobre éste
requisito de procedibilidad lo siguiente:
“La jurisprudencia constitucional ha señalado que si el
afectado tuviera a su disposición otros mecanismos judiciales que resultaren
eficaces para la protección que reclama, es su deber acudir a ellos antes de
pretender el amparo por vía de tutela. Así las cosas, la subsidiaridad implica
que el accionante agote previamente los medios de defensa legalmente disponibles
para proteger los derechos, pues la tutela no puede desplazar los mecanismos
ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico, ni tampoco servir
de herramienta procesal extraordinaria y adicional de los diferentes procesos
judiciales, cuando al interior de éstos, las oportunidades para interponer los
recursos ya prescribieron.
De esta forma, la Corte recalcó en la sentencia C-543 de
1992, que el carácter subsidiario de la acción de tutela declara el respeto por
los mecanismos ordinarios de defensa judicial, dado que éstos son idóneos y
eficaces, por regla general, para garantizar la satisfacción de las
pretensiones y la protección de los derechos que invoque el afectado.
3.1.4. En conclusión, existe por mandato de la Constitución y la ley, el deber, por parte de los ciudadanos, de usar los mecanismos
judiciales en forma oportuna, por ejemplo, evitando que la acción judicial
ordinaria prescriba por el paso del tiempo. También deben ser agotados de
manera adecuada, es decir, procurando ejercer la acción judicial pertinente
cumpliendo los deberes mínimos de diligencia dentro del proceso, toda vez que
la acción de tutela no puede ser considerada como una tercera instancia o un
medio adicional al proceso judicial ordinario, que permita subsanar o corregir
los errores de las partes procesales.”
3. Verificación de la procedencia de la demanda en el
caso en concreto.
Con base en lo expuesto, concluye la Sala de Revisión que la demanda interpuesta por la señora Consuelo Restrepo Ortiz no cumple
con los requisitos de procedibilidad de legitimación en la causa por pasiva y
subsidiaridad, con base en las siguientes consideraciones:
3.1. Legitimidad en la causa por pasiva.
3.1.1. Con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le corresponde a la administradora de pensiones elegida por el afiliado
hacer los cobros a favor de sus afiliados, tal y como lo indica el literal d)
del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 al disponer sobre el
cómputo de las semanas de cotización lo siguiente:
“b) El
tiempo de servicio como servidores públicos remunerados,
incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
(…)
e)
El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que
antes de la Ley 100 de
1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.
En
los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será
procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen,
con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se
afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará
representado por un bono o título pensional.”
En ese sentido, no reposa prueba en el expediente, ni
manifiesta la actora que haya solicitado a su administradora de pensiones la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o el recobro de los aportes
efectuados a Cajanal –en liquidación- o a la Caja de Seguridad Social del Departamento de
Risaralda – Caseris.
3.2. Subsidiariedad.
3.2.1. Adicional al trámite extrajudicial antes mencionado,
la actora cuenta con un medio judicial idóneo y eficaz para la protección de su
pretensión, consistente en el proceso ordinario de la jurisdicción laboral y de
seguridad social, el cual, desde que cumplió en el 11 de noviembre de 2007 con
el requisito de edad para acceder a la pensión -55 años de edad-, pudo ser válidamente
interpuesto. No obstante, han transcurrido cinco años desde que el derecho es
exigible sin que haya sido reclamado judicialmente, lapso que además es indicio
de la ausencia de un perjuicio irremediable, en tanto que ha transcurrido un
período bastante amplio sin que se haya exigido la prestación económica.
3.2.2. Por otra parte, no expresa la demandante cuales son
los motivos por los cuales la justicia ordinaria no sería idónea o eficaz para
la solución de su conflicto económico, tan solo afirma que por ser un adulto
mayor -60 años- requiere la protección inmediata de su derecho a la seguridad
social. Con respecto al reconocimiento de prestaciones económicas a través de
la acción de tutela, si bien es cierto que excepcionalmente es procedente
tratándose de adultos mayores, no por el solo hecho de pertenecer al grupo
etáreo prosperará la demanda, en tanto que se requiere la concurrencia de
ciertas situaciones que ameriten la procedencia del mecanismo constitucional. Al
respecto la Sala Quinta de Revisión en la sentencia T-308 de 2013 precisó lo
siguiente:
“Procedencia excepcional de la acción de tutela
para solicitar el reconocimiento de la indemnización sustitutiva
La Corte
ha reiterado que, en principio, la acción de tutela no procede cuando lo que se
busca es alcanzar el reconocimiento de los derechos en materia de seguridad
social, ya que por regla general la competencia para solucionar este tipo de
controversias fue asignada a la jurisdicción laboral o de lo contencioso
administrativo, dependiendo del caso, cuyo trámite requiere el análisis de
aspectos litigiosos de naturaleza legal que escapan del ámbito de competencia
del juez constitucional.
Empero, de manera excepcional este tribunal ha admitido la
viabilidad de la acción, a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial,
siempre y cuando se logre evidenciar que los otros medios no son idóneos ni
expeditos para proteger de manera inmediata e integral los derechos
fundamentales comprometidos, situación que debe verificarse en cada evento,
teniendo en cuenta, además, si quien solicita el amparo es un sujeto de
especial protección, acreedor de acciones afirmativas por parte del Estado en
razón a las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentre[8].
(subraya fuera de texto).
Así que por vía de tutela es posible el reconocimiento de
la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, ya que la situación
especial en la que se encuentra el individuo (sujeto de la tercera edad), que
ante la negativa del reconocimiento del pago de una prestación social ve
transgredido su mínimo vital, y someterlo a dirimir esta controversia a través
de las acciones ordinarias podría superar la expectativa de vida del accionante[9].”
3.3 En conclusión, es improcedente la acción de tutela para
subsanar o remediar la inactividad de la tutelante para reclamar el derecho, en
tanto que desde hace cinco años es exigible y no ha sido solicitado a las
entidades de seguridad social competentes o reclamado por vía judicial. Así las
cosas, la demanda no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional
como lo son la subsidiariedad y la legitimación en la causa por pasiva, razón
por la cual se declarará improcedente.
4. Razón de la decisión.
La
acción de tutela es improcedente cuando se dirige la demanda en contra de una
persona diferente a la obligada a responder por la pretensión y cuando existiendo
un medio judicial de defensa idóneo y eficaz, no es empleado por el tutelante,
pues no se cumple con los requisitos de legitimidad en la causa por pasiva y de
subsidiaridad para la admisión de la demanda. Y en virtud del carácter
excepcional y residual de esta acción constitucional, se imposibilita su ejercicio
injustificado como un instrumento de desplazamiento de los medios ordinarios
consagrados en el ordenamiento jurídico.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo
y por mandato de la Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- CONFIRMAR
la sentencia proferida en única instancia por el Juzgado Segundo Laboral
del Circuito de Pereira del 24 de abril de 2013 que  DECLARÓ IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora Consuelo Restrepo Ortiz contra el Departamento de Risaralda, por no
cumplir con los requisitos de procedibilidad de legitimación
en la causa por pasiva y subsidiariedad.
SEGUNDO.- LÍBRESE por Secretaría General la comunicación
prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
MAURICIO GONZÁLEZ
CUERVO
Magistrado
LUÍS GUILLERMO
GUERRERO PÉREZ
Magistrado
GABRIEL EDUARDO
MENDOZA MARTELO
Magistrado
Con aclaración de
voto
MARTHA VICTORIA
SÁCHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO
GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
A LA SENTENCIA T-928/13
Magistrado
Ponente:
Mauricio González
Cuervo
Con el respeto
acostumbrado, asumo pertinente manifestar que ciertamente las particularidades
de este caso dan para adoptar la decisión desestimatoria que la mayoría acoge,
debido a que la demandante no aduce circunstancias específicas que la coloquen
en una situación que amerite una especial protección, que a su vez conlleve que
se le libere de satisfacer el presupuesto de-subsidiariedad.
Vale esta aclaración, en la medida en que
esta Corte y, en particular, la Sala Cuarta de Revisión, ha concedido el amparo
consistente en ordenar el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez, aun cuando los aportes no se hubieren realizado en
vigencia de la Ley 100 de 1993, pero sobre la base de que en su oportunidad se
demostró que quien solicitaba la prestación estaba inmerso en condición de
notoria vulnerabilidad, por lo que no debía ser sometido a acudir a la
jurisdicción ordinaria con el objetivo de reclamar los derechos vulnerados.
Fecha ut supra,
GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
Magistrado
[1]
Acción de tutela presentada el 10 de abril de 2013, a través de apoderado judicial en nombre de la titular de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.(Folios 1 a 17 del cuaderno No. 1).
[2] Contestación de la demanda obrante a folios 21-23
del cuaderno No.1.
[3] Folios 28 a 34 del cuaderno No.1.
[4]
“De conformidad con el documento de Proyecciones de Población elaborado por el
DANE, de septiembre de 2007, -que constituye el documento oficial estatal
vigente para efectos de determinar el indicador de expectativa de vida al
nacer-, para el quinquenio 2010-2015, la esperanza de vida al nacer para
hombres es de 72.1 años y para mujeres de 78.5 años.”
[5] En Auto del treinta (30) de julio de 2013 de la Sala de Selección de tutela No 7 de la Corte Constitucional, dispuso la revisión del expediente T-3.3.988.471 y  procedió a su reparto.
[6] Poder especial obrante a
folio 6 del Cuaderno No. 1.
[7] Constitución Política, Artículo 86 “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”
[8]
En sentencia T-829 de 2011 el actor interpuso acción de tutela
solicitando la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la
seguridad social, toda vez que Cajanal negó el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez con el argumento de que el
accionante no acreditó cotizaciones al Sistema General de Pensiones con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. La Sala Quinta de Revisión amparó los derechos incoados y ordenó a dicha entidad el reconocimiento y pago de la mencionada
prestación.
[9]
Sentencia de T-099 de 2008.