T-163-17
REPÚBLICA DE COLOMBIA
Sentencia T-163/17
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Caso en
que se niega inscripción a mujer por cuanto hechos victimizantes padecidos
fueron producto de actividades realizadas por las Bacrim
ACCION DE TUTELA
DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Procedencia excepcional
Cuando la acción de tutela es promovida por
personas que requieren especial protección constitucional, como niños, niñas y
adolescentes, personas cabeza de familia, en situación de discapacidad, de la
tercera edad o población desplazada, entre otros, el examen de procedencia de
la acción de tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis
más amplios, pero no menos rigurosos.
ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA POBLACION DESPLAZADA-Procedencia
Es pertinente señalar que en consideración a la
vulnerabilidad de la población desplazada, esta Corporación ha advertido, en
numerosas ocasiones, que la acción de tutela es el mecanismo judicial idóneo
para garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Este
razonamiento se justifica en que, por una parte, pese a la existencia de otros
medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad suficiente para
dar una respuesta completa, integral y oportuna respecto de las víctimas del
desplazamiento forzado; por la otra, debido a su condición de sujetos de
especial protección, resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar
los recursos ordinarios para garantizar la procedencia del medio de defensa
constitucional, no sólo por la urgencia con que se requiere la protección sino
por la complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia
contencioso administrativa. Además, la Corte Constitucional ha reiterado que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para que las personas en
situación de desplazamiento soliciten su inclusión en el Registro Único de
Víctimas (RUV), en aquellos casos en los cuales su petición fue denegada con
fundamento en que los hechos victimizantes se originaban en actos de delincuencia
común.
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Protección especial
VICTIMAS
DEL CONFLICTO ARMADO-Alcance del concepto contenido en la Ley 1448 de
2011
El artículo
3° de la Ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas, para los efectos de dicho
estatuto legal, a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos o
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno. De igual modo, se especifica en el parágrafo 3° de
dicha disposición que la definición de víctimas allí establecida no cobija a
quienes fueron afectados por actos de delincuencia común.
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO-Aspectos
característicos de su definición
Así, estableció como aspectos
característicos de la definición de víctima que los hechos victimizantes: (i)
hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1985; (ii) se deriven de una
infracción al DIH o de una violación grave y manifiesta a las normas
internacionales de derechos humanos; y (iii) se hayan originado con ocasión del
conflicto armado.
DELINCUENCIA
COMUN-Concepto
CONFLICTO ARMADO
INTERNO-Debe entenderse a partir de una concepción amplia/CONFLICTO
ARMADO INTERNO-Noción estrecha o restrictiva vulnera los derechos de las
víctimas/CONFLICTO ARMADO INTERNO-Hechos atribuidos a grupos
post-desmovilización se han considerado ocurridos en este contexto, siempre que
se logre establecer su relación de conexidad con la confrontación interna
REGISTRO UNICO
DE VICTIMAS CONTENIDO EN LA LEY 1448 DE 2011-Requisito
declarativo y no constitutivo de la condición de víctima de desplazamiento para
acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de protección
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Inscripción
en el Registro Único de Víctimas como derecho fundamental de la población
desplazada al reconocimiento de su especial condición
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Importancia/REGISTRO UNICO DE VICTIMAS-Beneficiarios/REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Reglas jurisprudenciales para inscripción
REGISTRO
UNICO DE VICTIMAS-Jurisprudencia constitucional respecto a la
inscripción de personas víctimas de desplazamiento forzado presuntamente
ocasionado por bandas criminales
ACCION
DE TUTELA EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Orden
a la UARIV inscribir a la accionante y a su grupo familiar en el RUV
Referencia: Expediente T-5.871.483
Acción de tutela presentada por María Luisa contra la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas
-UARIV-.
Procedencia: Sala Única del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ciudad Capital.
Asunto: Inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV)
de persona en situación de desplazamiento forzado, presuntamente ocasionado por
bandas criminales.
Magistrada Ponente:
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
La Sala Quinta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Iván Humberto
Escrucería Mayolo y Aquiles Arrieta Gómez, y la Magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia, proferido
por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad
Capital, el 24 de mayo de 2016, que confirmó la decisión adoptada por el
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Ciudad Capital el 12 de abril de 2016, en el proceso de
tutela promovido por la señora María Luisa contra la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV-.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución
Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número 11 de la
Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, el asunto de la
referencia[1].
ADVERTENCIA PRELIMINAR
Esta Sala ha adoptado como medida de protección a los derechos
fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad y la intimidad de la demandante,
la supresión de los datos que permitan su identificación. Por este motivo, su
nombre será remplazado por el de María Luisa, el de su cónyuge por el de
Pablo y las referencias geográficas también serán modificadas.
Adicionalmente, en la parte resolutiva de esta sentencia se ordenará a la
Secretaría General de esta Corporación y a las autoridades judiciales de
instancia, guardar estricta reserva respecto a la identificación de la
accionante.
De acuerdo con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala
de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente, con fundamento en
los siguientes:
I. ANTECEDENTES
El 29 de marzo de 2016, la señora María
Luisa, obrando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a
las Víctimas -UARIV-, por considerar que la entidad
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica. Lo anterior, en razón
de que la citada entidad negó la inclusión de la actora en el Registro Único de
Víctimas (RUV).
A. Hechos y pretensiones
1.   Relata la accionante, de 46 años de edad[2], que vivía con su cónyuge
Pablo en un predio rural ubicado en la vereda Agua Bonita, del
municipio de Tierrabuena, Departamento de La Cabaña.
2.   Afirma que su esposo recibió amenazas contra
su vida y que, debido a la gravedad de la situación, el 16 de julio
de 2014 aquel presentó una denuncia penal por el delito de extorsión.
3.   En su declaración ante la Fiscalía General de
la Nación (seccional Ciudad Capital), el señor Pablo narró los
siguientes hechos[3]:
3.1.   El día 15 de julio de 2014, se presentaron en
su residencia dos individuos, quienes le pasaron al teléfono a un hombre a quien
se referían como “el patrón.”
3.2.   En la comunicación telefónica que sostuvo con
esta persona, su interlocutor se identificó como integrante de las “Águilas
Negras” y le solicitó “una colaboración” de diez millones de pesos y
le advirtió que “por ahí para arriba ya sabía que la gente había colaborado”.
3.3.   Durante la llamada expresó que carecía del
dinero suficiente para la “contribución” solicitada, ante lo cual el
sujeto le respondió que debía reunir la suma de cinco millones de pesos y que,
en caso contrario, debía abandonar su finca o afrontaría las consecuencias de
no hacerlo.
4.   Asegura la actora que la Fiscalía tomó medidas
para salvaguardar la vida de su esposo. Sin embargo, la protección fue retirada
aproximadamente 15 días después.
5.   El 16 de agosto de 2014, exactamente un mes
después de haber interpuesto la aludida denuncia, el señor Pablo fue
asesinado[4].
6.   Indica la accionante que, tras el deceso de su
cónyuge, ella comenzó a recibir las amenazas y extorsiones. Por tal motivo, la
actora se vio obligada a desplazarse junto con sus hijos de su vivienda rural a
Ciudad Capital[5].
7.   El 6 de febrero de 2015, la actora acudió a la
Fiscalía Seccional URI de Ciudad Capital y presentó una denuncia penal por
las conductas delictivas anteriormente expuestas. En particular, expresó lo
siguiente en relación con la extorsión de la cual ella ha sido víctima[6]:
7.1.   La noche del homicidio del señor Pablo,
la tutelante recibió una llamada en la que su interlocutor señalaba que “sentían
mucho la muerte de su esposo.” Sin embargo, el presunto delincuente asumió
la autoría del homicidio y argumentó que tal crimen se debía a que su cónyuge
no había pagado el dinero requerido por medio de la extorsión y había, en
cambio, denunciado dicha conducta delictiva.
7.2.   A partir de ese momento, recibió llamadas en
las que continuamente se le solicitaba dinero, incluso bajo la amenaza de atentar
contra su vida y la de sus hijos. Por tal motivo, adujo que abandonó su finca y
no ha podido regresar allí.
8.   Debido a lo anterior, la peticionaria acudió ante
la Personería Delegada para las Víctimas de Bogotá y rindió declaración el 21
de noviembre de 2014, con el fin de obtener su inscripción en el Registro Único
de Víctimas (RUV), por los hechos victimizantes de amenaza, desplazamiento
forzado y homicidio. Dicha solicitud fue remitida a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV-[7].
9.   Mediante Resolución No. 2015-XXXXX del
20 de febrero de 2015, la UARIV negó la inclusión de la accionante María
Luisa y de su grupo familiar en el RUV. Dicha decisión se fundamentó en las
siguientes razones[8]:
9.1.   La
entidad esgrimió que, pese a encontrar acreditada la existencia de un homicidio
de acuerdo con la ley, la definición de dicho tipo penal para efectos de la
valoración de la inscripción en el RUV debe enmarcarse en la privación de la
vida en el marco del conflicto armado.
9.2.   En
este orden de ideas, después de analizar los elementos de tiempo, modo y lugar
contenidos en la descripción de los hechos narrados por la actora, la UARIV
determinó que no era posible “tener certeza que (sic) los hechos a los que
hace referencia la deponente hayan tenido la debida ocurrencia y hayan sido
ejecutados por un actor armado ilegal y que estén relacionados con motivos
ideológicos y políticos. En este sentido, no existen suficientes elementos que
permitan establecer que los hechos victimizantes de homicidio, amenazas y desplazamiento
forzado tuvieran lugar y se enmarcan en condiciones de la contienda interna que
vive el país”.
9.3.   Así las cosas, sostuvo que existen ciertas
conductas que, a pesar de desobedecer postulados de convivencia social, no
constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario, no violan derechos
humanos y no siempre se cometen con ocasión del conflicto armado. Por ende, afirmó
que se trata de actos de delincuencia común que deben ser castigados por la
justicia penal ordinaria.
9.4.   Por consiguiente, con fundamento en los
artículos 3º de la Ley 1448 de 2011, y 40, numeral 1º del Decreto 4800 de 2011,
concluyó que no era viable jurídicamente efectuar la inscripción de la
solicitante en el RUV ni reconocer los hechos victimizantes aducidos. No
obstante, se le indicó a la peticionaria que podía interponer los recursos de
reposición y apelación ante la Dirección de la UARIV.
10.   Inconforme con la anterior determinación, la accionante
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación en contra del
mencionado acto administrativo. En su argumentación, la actora señaló que se
desconocían los principios de favorabilidad, debido proceso y buena fe de las
víctimas del conflicto armado, así como el deber del Estado de probar que los
hechos acaecidos no se encontraban asociados a la confrontación armada.
Además, en su impugnación aseveró
que la decisión administrativa desconocía la situación de orden público del municipio
de Tierrabuena (Departamento de La Cabaña), en la medida en que
allí opera el grupo armado al margen de la ley denominado “Águilas Negras”.
En este sentido, explicó que varios de sus vecinos también han sido amenazados,
desplazados y asesinados por esta agrupación ilegal[9].
11.   El 3 de septiembre de 2015, la Dirección
Técnica de Registro y Gestión de la Información de la UARIV resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución de 20 de febrero de 2015 y
decidió confirmar el aludido acto administrativo. En criterio de la entidad,
las evidencias aportadas por la recurrente no eran conducentes para probar que
los hechos se produjeron con ocasión del conflicto armado. Además, observó que
no se configuraban los supuestos que dan lugar a la aplicación de la Ley 1448
de 2011 en tanto norma especial.
Así mismo, consideró que la
presencia de la banda delincuencial en el departamento de La Cabaña para
el momento en que se produjeron los hechos no era alta y que, a partir de los
elementos de contexto, no resultaba factible concluir que el homicidio del
cónyuge de la accionante fuera consecuencia de la confrontación armada interna
que ha tenido lugar en el país.
Finalmente, la UARIV advirtió que
el desplazamiento de la accionante “se ocasionó por la presencia de grupos
de delincuencia común”[10]
y recordó que la peticionaria dispone de las acciones previstas por el derecho
penal, motivo por el cual no se vulnera su debido proceso al negar su
inscripción en el RUV[11].
12.   La actora manifiesta que, tras la pérdida de
su esposo, se encuentra en situación de desplazamiento forzado y es madre
cabeza de hogar y de ella dependen dos hijos menores de edad[12].
13.   Con fundamento en los hechos anteriormente
expuestos, el 29 de marzo de 2016, la señora María Luisa interpuso acción
de tutela en contra de la UARIV por considerar que la negativa de esta entidad
a inscribirla en el RUV vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la seguridad jurídica, a la buena fe y a la vida. Por lo
tanto, solicita que se dejen sin efectos las resoluciones del 20 de febrero y
del 3 de septiembre de 2015, expedidas por la entidad accionada y que, en su
lugar, se incluya a la actora y a su grupo familiar en el citado Registro Único
de Víctimas.
B. Actuación procesal
Mediante auto del 29 de marzo de 2016, el
Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Ciudad Capital admitió la acción de tutela y ordenó
vincular a la Procuraduría Regional de Departamento de La Cabaña y a la
Defensoría del Pueblo Regional Departamento de La Cabaña para que dichas
instituciones brindaran un acompañamiento permanente y continuo en el trámite
de amparo[13].
Respuesta de la Procuraduría Regional de Departamento
de La Cabaña
La entidad solicitó su desvinculación del
trámite de la acción, por considerar que la instancia competente era la
Procuraduría 24 Judicial II Apoyo de Víctimas de Ciudad Capital[14].
Respuesta de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las
Víctimas -UARIV-.
La institución guardó silencio dentro del
término procesal oportuno. Sin embargo, de manera extemporánea, allegó su
contestación y pidió negar las pretensiones formuladas por la accionante[15].
Expresó que la tutela resultaba improcedente
para controvertir el acto administrativo que negó la inscripción de la peticionaria
en el RUV. Al respecto, precisó que la solicitante puede acudir a los recursos
del procedimiento administrativo y, en sede judicial, a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para debatir las violaciones de derechos
fundamentales que alega, habida cuenta del carácter subsidiario del amparo.
Agregó que, en el asunto de la referencia, se
configuró un hecho superado, toda vez que la respuesta brindada a la actora fue
clara, oportuna, precisa, congruente y de fondo.
Defensoría del Pueblo (Regional Departamento
de La Cabaña)
La entidad guardó silencio durante el trámite
de tutela.
C. Decisiones objeto de revisión
Sentencia de primera instancia
El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Ciudad Capital, en sentencia de 12 de abril
de 2016[16], declaró
improcedente el amparo impetrado.
Resaltó que el recurso de apelación interpuesto por la accionante
en el marco del procedimiento administrativo se encontraba aún pendiente de ser
resuelto.
En tal sentido, afirmó que no se había agotado aún la vía
gubernativa[17].
De igual forma, aseveró que la tutela no es el recurso adecuado
para dirimir esta clase de conflictos, dado su carácter residual. Por ende, estimó
que la accionante debe acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para que, por medio de las vías ordinarias, logre dirimir la
controversia suscitada en torno a su inclusión en el RUV. En consecuencia, y
ante la ausencia de un perjuicio irremediable debidamente acreditado, el
fallador declaró improcedente la acción de tutela.
Impugnación
Mediante escrito radicado el 19 de abril de 2016[18],
la actora impugnó la decisión del juez de primera instancia. En su criterio, las
acciones ante la jurisdicción contencioso administrativa no resultaban idóneas
pues sus pretensiones van más allá del pago de una indemnización monetaria. Así
las cosas, considera que de su inscripción en el RUV se derivan muchos otros beneficios
diferentes al interés meramente patrimonial.
Igualmente, en contraste con lo sostenido por el a quo,
manifestó que se configura un perjuicio irremediable dado que en la actualidad
es madre cabeza de hogar con dos hijos menores de edad, se encuentra en situación
de desplazamiento en Ciudad Capital, aún es víctima de amenazas y teme
que pueda sucederle a ella o a algún miembro de su familia lo mismo que a su
esposo. Por otra parte, la solicitante denunció lo que, a su juicio, constituye
un trato desigual puesto que a algunas víctimas se les presta más atención que
a otras y se otorga prevalencia a asuntos formales por encima de sus derechos
fundamentales, los cuales considera que se encuentran en evidente riesgo.
Sentencia de segunda instancia
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Capital,
Sala Única, en providencia del 24 de mayo de 2016,[19]
confirmó la decisión proferida por el juez de primera instancia. En relación
con la falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, compartió
plenamente las consideraciones vertidas en la sentencia impugnada. En efecto,
estimó que resultaba necesario que la apelación ante la UARIV fuera resuelta y
que la tutela no es un mecanismo alterno a los medios ordinarios de defensa. De
igual modo, la Sala Única descartó la existencia de un perjuicio irremediable
que ameritara la intervención transitoria del juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
1. La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional es
competente para conocer los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de
la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral
9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del
Decreto 2591 de 1991.
Asunto objeto de análisis y problema jurídico
2. La señora María
Luisa formuló acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV- con el propósito
de que se protegieran sus derechos fundamentales a la
vida, a la dignidad humana, al debido proceso y a la igualdad. La actora
sostuvo que la afectación de los derechos invocados se produjo como
consecuencia de la negativa de la entidad accionada a inscribirla como víctima
en el Registro Único de Víctimas (RUV).
La accionante
fundamentó su solicitud ante la UARIV en que: (i) su cónyuge fue extorsionado (por
sujetos que se identificaron como miembros de “las Águilas Negras”) y,
posteriormente, asesinado por denunciar la conducta punible de la que fue
víctima; y, (ii) ella también fue víctima de extorsión, desplazamiento forzado
y abandono de tierras, en la medida en que recibió amenazas contra su vida y se
vio obligada a trasladarse a Ciudad Capital con el fin de proteger su
integridad y la de su familia.
Por su parte,
pese a encontrar acreditados los hechos victimizantes denunciados por la
tutelante, la accionada argumentó que los mismos no habían sido ejecutados por
un actor armado ilegal y no estaban relacionados con motivos ideológicos o
políticos, por lo cual no habían ocurrido con ocasión del conflicto armado. En
tal sentido, sostuvo que la solicitante no se enmarcaba en la definición de
víctima contenida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y, por consiguiente,
no resultaba viable jurídicamente inscribirla en el RUV.
En contra de
la anterior decisión administrativa, la tutelante interpuso los recursos de
reposición y, en subsidio, apelación. El primero de estos medios de impugnación
fue negado y el segundo de ellos se encontraba aún pendiente de resolverse al
momento en que se presentó la tutela.
3. En
desacuerdo con la acción de tutela presentada, la UARIV -de manera
extemporánea- allegó su contestación al amparo y pidió que se negaran las
pretensiones de la actora. En su criterio, el mecanismo constitucional era
improcedente para controvertir los actos administrativos que no permitieron la
inscripción de la peticionaria en el RUV. Por tanto, advirtió que se debía
agotar el procedimiento ante la entidad accionada o acudir al juez contencioso
administrativo para discutir la validez de la decisión administrativa.
4. El juez de
primera instancia declaró improcedente el amparo solicitado. En su decisión,
destacó que el recurso de apelación en el procedimiento administrativo estaba
pendiente. Además, estableció que la actora disponía del mecanismo jurisdiccional
para reclamar sus pretensiones ante la autoridad judicial competente.
5. En la
impugnación del fallo de primera instancia, la señora María Luisa adujo
que las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no
resultan idóneas, toda vez que sus pretensiones no se agotan en el aspecto
patrimonial. Así mismo, recalcó que se configura un perjuicio irremediable en
su situación, dada su condición de madre cabeza de hogar, víctima de amenazas y
desplazamiento forzado.
6. Por su
parte, el juez de segunda instancia confirmó la providencia del a quo y
ratificó la mayoría de fundamentos expuestos en el fallo impugnado. De esta
manera, consideró que no se satisfacía el requisito de subsidiariedad puesto
que no se había resuelto el recurso de apelación ante la UARIV.
7. De acuerdo
con los antecedentes resumidos anteriormente, la Sala Quinta de Revisión de la
Corte Constitucional deberá determinar lo siguiente:
¿Se vulneran
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a
la vida digna y al reconocimiento de la condición de víctima de desplazamiento de
una mujer cabeza de familia que alega ser víctima del conflicto armado, cuando
se niega su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) con fundamento
en que los hechos victimizantes de homicidio, amenazas y desplazamiento forzado
que ha padecido supuestamente no sucedieron con ocasión del conflicto armado
toda vez que, presuntamente, fueron cometidos por una banda criminal y por
tanto, ejecutados por un actor armado sin móviles ideológicos o políticos?
Para responder
al problema jurídico anunciado la Sala examinará, inicialmente, la procedencia
general de la acción de tutela. Así, de superarse el análisis de procedibilidad
de la acción, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el concepto de víctima
del conflicto armado establecido por el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011; (ii)
el derecho fundamental a ser incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) y
la importancia del mismo; (iii) el precedente constitucional respecto a la
inscripción en el RUV de personas víctimas de desplazamiento forzado presuntamente
ocasionado por bandas criminales; y finalmente, (iv) el estudio del caso
concreto.
Procedencia de la
acción de tutela[20].
Legitimación
en la causa por activa
8. Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona podrá presentar
acción de tutela ante los jueces para procurar la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular.
9. Por su
parte, el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, regula la legitimación para el
ejercicio de la acción de tutela. La norma en cita establece que la solicitud
de amparo puede ser presentada: (i) a nombre propio; (ii) a través de
representante legal; (iii) por medio de apoderado judicial; o (iv) mediante
agente oficioso.
En
consecuencia, se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de
tutela siempre que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona
actúe a nombre propio, a través de representante legal, por medio de apoderado
judicial o mediante agente oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales.
10. En el
caso objeto de estudio, se encuentra acreditado que María Luisa tiene
legitimación por activa para formular la acción de tutela de la referencia, en
la medida en que es titular de los derechos constitucionales fundamentales cuya
defensa inmediata invoca.
Legitimación en la causa por pasiva
11. La legitimación en la causa
por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal de
quien es el destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está
llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en el
evento en que se acredite la misma en el proceso[21]. Según el artículo
86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente, contra particulares.
12. En el
expediente de la referencia, la acción de tutela se dirige en contra de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas
-UARIV-. Se trata
de una entidad pública de origen legal[22] que tiene capacidad para
ser parte, por lo que se encuentra legitimada en la causa por pasiva para
actuar en este proceso según los artículos 86 Superior y el 5º del Decreto 2591
de 1991.[23]
Subsidiariedad
13.
El principio de subsidiariedad, conforme al
artículo 86 de la Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otras
palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido
de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección.
Esta
Corporación ha señalado que el ordenamiento jurídico dispone de una serie de
recursos y procesos que tienen como propósito la protección de los derechos de
las personas. En este orden de ideas, desconocer el carácter subsidiario de la
acción de tutela vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judicial
que han sido previstos en las normas constitucionales y legales para proteger
los derechos invocados.
Sobre
el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural
de la administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su
competencia[24].
14. De acuerdo con la norma constitucional citada, es
procedente el amparo cuando el actor no cuenta con un mecanismo ordinario de
protección No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia
constitucional, el presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela,
debe analizarse en cada caso en concreto. Por ende, en aquellos eventos en que
existan otros medios de defensa judicial, este Tribunal Constitucional ha
determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad[25]:
(i)
Cuando el medio de defensa judicial dispuesto
por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz
conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia, procede el amparo
como mecanismo definitivo; y,
(ii)
Cuando, a pesar de existir un medio de defensa
judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
Adicionalmente, cuando la acción de tutela es
promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como niños,
niñas y adolescentes, personas cabeza de familia, en situación de discapacidad,
de la tercera edad o población desplazada, entre otros, el examen de
procedencia de la acción de tutela se hace menos estricto, a través de
criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos[26].
15. Las anteriores reglas implican que, de verificarse
la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe realizar una
evaluación de la idoneidad del mecanismo en el caso concreto, para determinar
si dicho medio tiene la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral
los derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no simplemente
formal y debe tener en cuenta que el juez de tutela no puede suplantar al juez
ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la falta de idoneidad del otro
mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva.
16. La Sala estima que, en el caso analizado, se
cumple con el requisito de subsidiariedad. En primer lugar, si bien la accionante
en principio dispone de los mecanismos previstos por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, resulta claro que tales medios judiciales carecen
de la suficiente idoneidad para la protección de los derechos fundamentales reclamados
por la actora.
Al respecto, es pertinente señalar que en consideración
a la vulnerabilidad de la población desplazada[27],
esta Corporación ha advertido, en numerosas ocasiones, que la acción de tutela
es el mecanismo judicial idóneo para garantizar el goce efectivo de sus
derechos fundamentales[28].
Este razonamiento se justifica en que, por una parte, pese a la existencia de
otros medios de defensa judicial, los mismos carecen de la entidad suficiente
para dar una respuesta completa, integral y oportuna respecto de las víctimas
del desplazamiento forzado[29];
por la otra, debido a su condición de sujetos de especial protección,
resultaría desproporcionado imponerles la carga de agotar los recursos
ordinarios para garantizar la procedencia del medio de defensa constitucional,[30]
no sólo por la urgencia con que se requiere la protección sino por la
complejidad técnico jurídica que implica el acceso a la justicia contencioso
administrativa.
Además, la Corte Constitucional ha reiterado que la
acción de tutela es el mecanismo idóneo y procedente para que las
personas en situación de desplazamiento soliciten su inclusión en el Registro
Único de Víctimas (RUV), en aquellos casos en los cuales su petición fue
denegada con fundamento en que los hechos victimizantes se originaban en actos
de delincuencia común[31].
17. En el caso bajo estudio, concurren varias razones
que sustentan la procedencia de la acción de tutela: (i) la accionante ha
acreditado su condición de víctima de desplazamiento forzado mediante varios
medios probatorios[32];
(ii) la actora solicitó su inclusión en el RUV y la UARIV negó dicha petición
con base en  que los hechos victimizantes no se produjeron con ocasión del
conflicto armado; y (iii) la peticionaria es madre cabeza de hogar, condición
que agrava la situación de vulnerabilidad que padece como víctima de desplazamiento.
Por tanto, dada su calidad de sujeto de especial protección constitucional y su
estado de debilidad manifiesta, en tanto mujer desplazada y cabeza de familia[33],
el análisis de procedibilidad debe fundarse en criterios más amplios.
De acuerdo con lo anterior, se verifican los
requisitos que ha establecido la jurisprudencia para determinar la procedencia
de la acción de tutela como mecanismo idóneo para la protección de derechos
fundamentales en el presente caso. Lo anterior, debido a que la accionante es
una mujer cabeza de familia, en condición de desplazamiento que, además, reclama
su inscripción en el RUV, para obtener asistencia y protección del estado ante
su difícil situación. Luego, en su caso concurren los elementos personales y
sustanciales que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado para la
viabilidad del amparo.
18. Finalmente, es necesario advertir que no es de
recibo la argumentación desplegada por los falladores de instancia según la
cual la acción de tutela es improcedente por hallarse pendiente la resolución
de la apelación en el proceso administrativo ante la UARIV. Se debe recordar
que el artículo 86 de la Constitución Política determina que la tutela será
improcedente cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial
lo cual excluye, en principio, la obligación de agotar otros mecanismos de
carácter administrativo. Además, tampoco es válido admitir la procedencia del
proceso contencioso administrativo por su falta de idoneidad para la solución
de este tipo de asuntos.
Inmediatez
19. Esta
Corporación ha reiterado que uno de los principios que rigen la procedencia de
la acción de tutela es la inmediatez. De tal suerte que, si bien la solicitud
de amparo puede formularse en cualquier tiempo, es decir, no tiene término de
caducidad[34], su
interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable, oportuno y justo[35],
habida cuenta de que su razón de ser es la protección inmediata y urgente de
los derechos fundamentales vulnerados o amenazados[36].
En tal sentido, la regla de inmediatez se encuentra orientada a la protección
de la seguridad jurídica y los intereses de terceros[37].
20. En el asunto de
la referencia, el requisito de inmediatez se encuentra verificado toda vez que
entre la fecha en que la UARIV resolvió el recurso de reposición (3 de
septiembre de 2015) y el momento en el cual se interpuso la acción de tutela
(29 de marzo de 2016), transcurrieron seis meses y 26 días.
La Sala estima que el
lapso que existió entre la expedición del acto administrativo más reciente que
se pronunció sobre la solicitud de la actora y la presentación de la tutela es
razonable pues es lógico pensar que la accionante se encontraba pendiente de la
decisión del recurso en segunda instancia y, pese a superar los términos
establecidos en la ley para resolverlo, cuando se presentó la acción de tutela este
aún no se había desatado, lo que permite inferir válidamente que la urgencia
con que debe asumirse este asunto justifique que se hubiere acudido al amparo
aún sin la respuesta de la autoridad administrativa competente.
Así las cosas, el
tiempo transcurrido desde la última decisión administrativa (seis meses y 26
días) exige valorar, no sólo que aún se encontraba pendiente la decisión del
recurso de apelación sino también las condiciones de la demandante: mujer
cabeza de hogar, víctima de amenazas contra su vida y la de su familia, lo que
permitía inferir la razonabilidad del plazo[38]
que, como lo ha determinado la jurisprudencia constitucional, no es un concepto
estático y debe atender a las circunstancias de cada caso concreto.
21. Además, debe tenerse
en cuenta que el amparo constitucional es actual dado que la peticionaria
permanece en una situación de gravedad y urgencia, dada su calidad de víctima
de desplazamiento forzado y en tanto las amenazas contra su vida se mantienen[39].
Por consiguiente, en el presente caso se encuentra satisfecho el
requisito de inmediatez.
22. Con fundamento
en la anterior, se encuentra establecida la procedencia de la acción de tutela
en el presente caso. Por tanto, a continuación se presentarán los aspectos de
fondo anunciados para pasar a la solución del problema jurídico formulado.
El concepto
de víctima del conflicto armado establecido por el artículo 3° de la Ley 1448
de 2011. Reiteración de jurisprudencia.
23. La Ley 1448
de 2011[40]
es el marco jurídico general para lograr la protección y garantía del
derecho fundamental de las víctimas del conflicto armado interno a la
reparación integral[41].
Con el objetivo de establecer límites razonables que permitan su aplicación[42],
esta norma legal define el universo de víctimas que tienen derecho a acceder a
las medidas allí establecidas.
24. Al
respecto, la Corte Constitucional señaló en la sentencia C-069 de
2016 que el artículo 3º de la referida norma legal “no define la
condición fáctica de víctima sino que incorpora un concepto operativo”[43]
de dicho término, toda vez que se encamina a determinar su marco de
aplicación, en relación con los destinatarios de las medidas especiales de
protección previstas en dicho ordenamiento.
Concretamente,
el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 reconoce como víctimas, para los efectos
de dicho estatuto legal, a las personas que individual o colectivamente hayan
sufrido un daño como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos
o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridas con ocasión
del conflicto armado interno[44].
De igual modo, se especifica en el parágrafo 3° de dicha disposición que la
definición de víctimas allí establecida no cobija a quienes fueron afectados
por actos de delincuencia común[45].
25. Para el cabal entendimiento
de esta definición legal, es indispensable resaltar que este Tribunal
Constitucional ha sostenido de forma reiterada que la expresión “con ocasión
del conflicto armado interno”, contenida en la citada norma jurídica, debe
entenderse a partir de un sentido amplio[46],
pues dicha noción cobija diversas situaciones ocurridas en un contexto de
confrontación armada.
Desde este punto de vista, la sentencia
C-253A de 2012[47]
declaró la exequibilidad del parágrafo 3° del artículo 3° de la Ley 1448 de
2011[48]. En este
caso, los demandantes afirmaban que la expresión “delincuencia común”
era excesivamente indeterminada y, por ende, cabía la posibilidad de formular interpretaciones
que excluyeran a ciertas víctimas de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario y graves violaciones a los derechos humanos únicamente con el
pretexto de que tales hechos victimizantes habían sido cometidos por miembros
de grupos catalogados como delincuencia común, particularmente las denominadas “bandas
criminales”[49].
26. En relación con dicho cargo, esta
Corporación determinó que la interpretación de la noción de “delincuencia
común” debía hacerse por oposición al concepto operativo de “víctima”[50]
contenido el inciso primero del artículo 3° de la referida norma legal. Así,
estableció como aspectos característicos de la definición de víctima que los
hechos victimizantes: (i) hayan ocurrido a partir del 1 de enero de 1985; (ii)
se deriven de una infracción al DIH o de una violación grave y manifiesta a las
normas internacionales de derechos humanos; y (iii) se hayan originado con
ocasión del conflicto armado.
En oposición al concepto de
actuaciones en el marco del conflicto armado, concluyó que por actos de “delincuencia
común” deben entenderse “aquellas conductas que no se inscriban dentro
de los anteriores elementos definitorios y, particularmente, que no se
desenvuelvan dentro del conflicto armado interno[51]”.
A partir de ello, la Corte consideró necesario establecer el alcance de la
expresión “conflicto armado interno” con el fin de precisar la adecuada
interpretación de la categoría “delincuencia común” presente en el
parágrafo demandado[52].
27. De este modo, en la sentencia
C-253A de 2012 -que a su vez reiteró las reglas establecidas en la sentencia
C-291 de 2007[53]-,
esta Corporación consideró que la exequibilidad de la expresión “delincuencia
común” se deriva de la comprobación de que su contenido “puede ser
fijado con base en criterios objetivos”. Por consiguiente, advirtió que se
presentan tres posibilidades para la aplicación de la Ley 1448 de 2011 respecto
de la relación de los hechos victimizantes con el conflicto armado interno: (i)
casos en los cuales existen elementos objetivos que permiten encuadrar ciertas
conductas dentro del conflicto armado; (ii) “extremos en los que, por el
contrario, también resulta claro que se está frente a actos de delincuencia
común no cubiertos por las previsiones de la ley[54]“;
y (iii) “zonas grises”, en las cuales no es posible predeterminar de
antemano si existe relación con el conflicto armado, pero tampoco es admisible
excluirlas a priori de la aplicación de la Ley 1448 de 2011 con base en
una calificación meramente formal. En estos supuestos, el análisis de cada situación
debe llevarse a cabo en consonancia con el objetivo mismo de la ley y con un
criterio tendiente a la protección de las víctimas.
En consecuencia, la Corte
Constitucional declaró exequible la exclusión derivada del parágrafo 3° del
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, pero advirtió que, “en la aplicación de
la misma habrá de atenderse a criterios objetivos en orden a establecer si la
conducta a partir de la cual alguien pretende que se le reconozca la condición
de víctima para los efectos de la ley, se encuadra o no en el ámbito del
conflicto armado interno[55]”.
Para rematar, enfatizó en que los daños originados por infracciones al DIH y
violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, “cometidas por
actores armados con estructura militar o dominio territorial, como consecuencia
de acciones que guarden una relación cercana y suficiente con el desarrollo del
conflicto armado, podrán ser invocados por sus víctimas, en los términos de la
Ley 1448 de 2011, para los fines en ella previstos, previa la demostración respectiva[56].”
28. Así mismo,
en la sentencia C-781 de 2012[57]
la Corte Constitucional reiteró la posición jurisprudencial
anteriormente referida. En esta decisión, se estudió una nueva
demanda de inconstitucionalidad, esta vez contra la expresión “con ocasión
del conflicto armado interno”, contenida en el inciso primero del artículo
3° de la Ley 1448 de 2011.
En dicho pronunciamiento, se recordó
que la Corte ha adoptado una concepción amplia del concepto “conflicto
armado[58]”,
a partir de criterios objetivos decantados por la jurisprudencia constitucional
(tanto en sede de revisión como de control abstracto de constitucionalidad), con
el fin de garantizar una atención adecuada y oportuna a las víctimas y asegurar
el goce efectivo de sus derechos. En esta decisión, la Corte afirmó que una
noción amplia del conflicto armado es aquella que “reconoce toda la
complejidad real e histórica que ha caracterizado a la confrontación interna
colombiana[59]”.
En este
sentido, la Corte ha reconocido que el entendimiento del concepto de conflicto
armado desde una perspectiva amplia se contrapone a “una noción
estrecha” de dicho fenómeno, en la cual éste: (i) se limita a un conjunto
específico de acciones y actores armados, (ii) se caracteriza por el uso de
ciertas armas y medios de guerra, o, (iii) se circunscribe a áreas geográficas
específicas. Así, esta Corporación ha determinado que esa concepción estrecha
de conflicto armado vulnera los derechos de las víctimas y, además, “reduce
las posibilidades de cumplimiento del deber de prevención, atención y
protección que deben brindar las autoridades a todos los habitantes del
territorio colombiano frente a actos violentos[60].”
29. Igualmente, la sentencia
C-781 de 2012 destacó las notorias dificultades que presenta, en la
práctica, la distinción entre víctimas de la violencia generada por
delincuencia común y del conflicto armado, pues con frecuencia esta “requiere
de un ejercicio de valoración y ponderación en cada caso concreto, de distintos
factores del contexto del conflicto armado interno para determinar si existe
esa relación cercana y suficiente amparada por la Ley 1448 de 2011.[61]”
Por lo tanto, la Corte sostuvo que resulta indispensable que en cada caso
concreto se evalúe el contexto en que se produce la vulneración de los derechos
de las víctimas y se valoren distintos elementos para determinar la relación de
conexidad con el conflicto armado, habida cuenta de la complejidad de tal
fenómeno.
No obstante lo
anterior, la providencia resaltó que la propia jurisprudencia constitucional ha
esclarecido el asunto, en la medida en que ha reconocido expresamente, como
hechos acaecidos en el marco del conflicto armado: “(i) los desplazamientos
intraurbanos[62],
(ii) el confinamiento de la población[63];
(iii) la violencia sexual contra las mujeres[64];
(iv) la violencia generalizada[65];
(v) las amenazas provenientes de actores armados desmovilizados[66]; (vi) las
acciones legítimas del Estado[67];
(vi) las actuaciones atípicas del Estado[68];
(viii) los hechos atribuibles a bandas criminales[69]; (ix) los
hechos atribuibles a grupos armados no identificados[70], y (x) por
grupos de seguridad privados[71],
entre otros ejemplos[72].”(Resaltado por fuera del texto original).
30. En consideración de lo
anterior, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “con
ocasión del conflicto armado” al constatar que la misma: (i) no conlleva
una lectura restrictiva sino amplia del concepto de “conflicto armado” y
(ii) cobija diversas situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado[73].
Por último, la decisión reiteró que, en caso de duda, debe
aplicarse la interpretación del citado segmento normativo que resulte más
amplia y, por tanto, favorable a los derechos de las víctimas[74].
31. Recientemente, esta Corporación
acogió nuevamente una noción amplia de conflicto armado en la sentencia
C-069 de 2016[75],
en la cual la Sala Plena declaró condicionalmente exequible la expresión “[s]iempre
que cuenten con la certificación de desvinculación de un grupo armado
organizado al margen de la ley expedida por el Comité Operativo de la Dejación
de las Armas” contenida en el artículo 190 de la Ley 1448 de 2011[76],
“en el entendido que la certificación de desvinculación que expide el Comité
Operativo de la Dejación de las Armas (CODA) se debe entregar a todas las
víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que
cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se
hayan desvinculado[77].” La Corte estudió si el aparte acusado establecía un trato
diferenciado y discriminatorio entre víctimas de grupos armados al margen de la
ley y víctimas de grupos armados post desmovilización[78].
32. Para
resolver esta cuestión, esta Corporación, con fundamento en su propia
jurisprudencia y en el derecho internacional, sostuvo que la condición de víctima
de reclutamiento ilícito en el contexto del conflicto armado interno del país “no
puede determinarse con base en la calidad o condición específica del sujeto que
incurrió en el hecho victimizante, sino a partir de la relación existente entre
el grupo armado generador de la violación de los derechos y el marco del
conflicto armado interno[79]”.
Así, de conformidad
con los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han delineado los
conceptos de víctimas (en el marco de la Ley 1448 de 2011) y de conflicto
armado, la sentencia concluyó que “la condición de conflicto armado tiene
lugar cuando los hechos acaecidos guardan una relación de conexidad suficiente
con este, sin que sea posible establecer límites al concepto de conflicto
armado, entre otros factores, a partir de la calidad o condición específica del
sujeto que cometió el hecho victimizante[80]”.
Por lo tanto, la calidad del perpetrador de la acción no es determinante para
establecer si se trata de un hecho sucedido en el contexto del conflicto armado.
33. A juicio de la Corte, la
disposición acusada tiene dos posibles interpretaciones: una amplia,
que incluye a todo niño, niña o adolescente que haya sido víctima de
reclutamiento ilícito en el marco del conflicto armado interno y otra restrictiva,
de conformidad con el marco normativo del Comité Operativo para la Dejación de
las Armas (CODA), de acuerdo con el cual, sólo hacen parte del conflicto armado
los grupos guerrilleros y los paramilitares (artículo 2 del Decreto 1208 de
2013).
34. Este Tribunal Constitucional
consideró que la aludida interpretación restrictiva generaba un trato
discriminatorio, contrario a los derechos a la igualdad y a la reparación toda
vez que, a partir de dicha lectura, la norma excluía injustamente del acceso al
proceso de reintegración social y económica a las víctimas de reclutamiento
ilícito desvinculadas de los denominados grupos ilegales
post-desmovilización[81], es
decir, aquellas organizaciones criminales que, no obstante haber perdido la
condición de actores directos del conflicto armado interno, conservan determinados
aspectos de estructura y modus operandi que permiten establecer una relación
de conexidad cercana con la confrontación armada. Dentro de las características
enunciadas por la sentencia, se encuentran las siguientes: (i) tener una
estructura jerarquizada; (ii) mando único; (iii) cierto control territorial; y (iv)
presencia armada y capacidad disuasiva de efecto continuado. Además, la Corte
destacó que, eventualmente, cabrían dentro de esta descripción “algunas
bandas criminales o algunos grupos armados no identificados[82].”
Finalmente, la
sentencia C-069 de 2016 indicó, en lo pertinente, que “los hechos
atribuidos a los grupos post-desmovilización, se han considerado ocurridos en
el contexto del conflicto armado[83]”, siempre y cuando se logre
establecer su relación de conexidad con la confrontación interna, habida cuenta
del carácter complejo de la misma. Por este motivo, “las víctimas de tales
grupos no pueden ser descalificadas para los efectos del ejercicio de sus
derechos y de los beneficios reconocidos por la Ley 1448 de 2011[84]”.
35. En
síntesis, para la aplicación del concepto de víctima del conflicto armado establecido
por el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, se deben tener en cuenta las
siguientes reglas jurisprudenciales:
(i) Esta norma
contiene una definición operativa del término “víctima”, en la medida en
que no define la condición fáctica de víctima, sino que determina un ámbito de
destinatarios para las medidas especiales de protección contempladas en dicho
estatuto legal.
(ii) La
expresión “conflicto armado interno” debe entenderse a partir de una
concepción amplia, es decir, en contraposición a una noción estrecha o
restrictiva de dicho fenómeno[85], pues esta última vulnera los derechos de las víctimas.
(iii) La
expresión “con ocasión del conflicto armado” cobija diversas situaciones
ocurridas en el contexto del conflicto armado. Por ende, se debe atender a
criterios objetivos para establecer si un hecho victimizante tuvo lugar con
ocasión del conflicto armado interno o si, por el contrario, se halla excluido
del ámbito de aplicación de la norma por haber sido perpetrado por “delincuencia
común”.
(iv) Con todo,
existen “zonas grises”, es decir, supuestos de hecho en los cuales no
resulta clara la ausencia de relación con el conflicto armado. En tales
eventos, es indispensable llevar a cabo una valoración de cada caso concreto y
de su contexto para establecer si existe una relación cercana y suficiente con
la confrontación interna. En estos casos, no es admisible excluir a priori
la aplicación de la Ley 1448 de 2011.
(v) En caso de
duda respecto de si un hecho determinado ocurrió con ocasión del conflicto
armado, debe aplicarse la definición de conflicto armado interno que resulte
más favorable a los derechos de las víctimas.
(vi) La
condición de víctima no puede establecerse únicamente con base en la calidad o
condición específica del sujeto que cometió el hecho victimizante.
(vii) Los
hechos atribuidos a los grupos post-desmovilización se han considerado
ocurridos en el contexto del conflicto armado, siempre que se logre establecer
su relación de conexidad con la confrontación interna.
El derecho
fundamental de las víctimas del conflicto armado interno a la inclusión en el
Registro Único de Víctimas (RUV). Importancia del registro. Reiteración de
jurisprudencia.
36. De
conformidad con los artículos 154 de la Ley 1448 de 2011[86]
y 17 del Decreto 4800 de 2011[87], la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas -UARIV- es la entidad responsable del Registro Único de Víctimas (RUV),
el cual reemplazó al Registro Único para la Población Desplazada (RUPD) [88].
A su turno, el citado
decreto define al RUV como “una herramienta administrativa que soporta el
procedimiento de registro de las víctimas.[89]”
Además, aclara que la condición de víctima es una situación fáctica que no
se encuentra supeditada al reconocimiento oficial a través de la inscripción en
el Registro. “Por lo tanto, el registro no confiere la calidad de víctima,
pues cumple únicamente el propósito de servir de herramienta técnica para la
identificación de la población que ha sufrido un daño en los términos del
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 y de sus necesidades[90]”.
Igualmente, el
artículo 19 del Decreto 4800 de 2011 enuncia, como mandatos
que orientan las normas sobre Registro Único de Víctimas, los principios de
favorabilidad, buena fe, prevalencia del derecho sustancial propio del Estado
Social de Derecho, participación conjunta y confianza legítima, entre otros[91].
37. En
consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha
señalado que el RUV es una herramienta de carácter técnico que no define u
otorga la condición de víctima, sino que la reconoce para efectos de
identificar a los destinatarios de determinadas medidas encaminadas a la protección
específica, prevalente y diferencial de sus derechos[92]. Por ende, ha
sostenido que la condición de víctima del conflicto armado interno genera el
derecho a la inclusión en el RUV de forma individual o con su núcleo familiar[93],
en los términos del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011.
38. Adicionalmente,
esta Corporación ha reconocido la importancia del Registro Único de Víctimas en
múltiples pronunciamientos[94] y ha
resaltado que la inscripción en el RUV constituye un derecho fundamental de
las víctimas específicamente de aquellas que han padecido daños ocasionados
por el desplazamiento forzado[95].
Al respecto, este
Tribunal ha puesto de presente que el registro de las víctimas del
desplazamiento forzado “permite hacer
operativa la atención de esa población por medio de la identificación
de las personas a quienes va dirigida la ayuda; la
actualización de la información de la población atendida y sirve
como instrumento para el diseño, implementación y seguimiento de
las políticas públicas que busquen proteger sus derechos. El registro guarda
una estrecha relación con la obtención de ayudas de carácter
humanitario, el acceso a planes de estabilización económica, y
a los programas de retorno, reasentamiento o reubicación, y
en términos más generales, con el acceso a la oferta estatal[96].”
39. En efecto, la
inclusión de una persona en el Registro Único de Víctimas (RUV) implica, entre
otros beneficios:
(i) La posibilidad
de afiliación al Régimen Subsidiado de salud por el solo hecho de la
inclusión en el RUV, en caso de carecer de capacidad de pago suficiente para
acceder al Régimen Contributivo[97].
(ii) Determina el
momento en el cual se adquiere el derecho a recibir la ayuda humanitaria de
emergencia o de transición (según el caso) y cesa, por lo tanto, la
asistencia humanitaria inmediata[98].
Una vez superadas dichas carencias, permite la priorización para el
acceso a las medidas de reparación y particularmente a la medida de
indemnización, así como a la oferta estatal aplicable para avanzar en la
superación de la situación de vulnerabilidad.
(iii) Implica el envío
de la información relativa a los hechos delictivos que fueron narrados como
victimizantes para que la Fiscalía General de la Nación adelante las
investigaciones necesarias[99].
(iv) Permite el
acceso a los programas de empleo contemplados para la población
desplazada[100].
(v) En general, posibilita
el acceso a las medidas de asistencia y reparación previstas en la Ley
1448 de 2011, las cuales dependerán de la vulneración de derechos y de las
características del hecho victimizante[101].
Particularmente, se observa que las medidas de asistencia y atención en salud, educación
y auxilios funerarios están dirigidas principal y exclusivamente “las
víctimas a que se refiere la presente ley[102]”.
40. De igual forma,
la jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes reglas en
relación con la inscripción en el Registro Único de Víctimas[103]:
(i) La falta de
inscripción en el RUV de una persona que cumple con los requisitos necesarios para
su inclusión, no solo afecta su derecho fundamental a ser reconocido como víctima,
sino que además implica la violación de una multiplicidad de derechos
fundamentales como el mínimo vital, la unidad familiar, la alimentación, la
salud, la educación, la vivienda, entre otros[104].
(ii) Los funcionarios encargados del registro deben
suministrar información pronta, completa y oportuna sobre los derechos
involucrados y el trámite que debe surtirse para exigirlos[105];
(iii) Para la
inscripción en el RUV únicamente pueden solicitarse los requisitos
expresamente previstos por la ley[106];
(iv) Las
declaraciones y pruebas aportadas deben tenerse como ciertas en razón del principio
de buena fe[107],
salvo que se pruebe lo contrario[108]; y,
(v) La evaluación
debe tener en cuenta las condiciones de violencia propias de cada caso y
aplicar el principio de favorabilidad[109],
con arreglo al deber de interpretación pro homine[110].
41. En conclusión, el
Registro Único de Víctimas (RUV) es una herramienta administrativa de gran
importancia pues ella materializa la realización del derecho fundamental de las
víctimas del desplazamiento forzado a ser reconocidas como tales y soporta el
procedimiento de registro de las víctimas, que se encuentra a cargo de la
UARIV. En su labor, dicha institución debe observar los principios de
favorabilidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial, entre otros. Por ende, para la inclusión en el RUV únicamente
pueden exigirse los requisitos que la ley prevé expresamente.
Precedente
constitucional respecto a la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV)
de personas víctimas de desplazamiento forzado presuntamente ocasionado por
bandas criminales. Reiteración de jurisprudencia.
42. De manera
reiterada, la Corte Constitucional ha amparado los derechos fundamentales de
personas víctimas de desplazamiento forzado a quienes la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas --UARIV- les ha negado su
derecho a la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), con fundamento
en que los hechos victimizantes: (i) fueron perpetrados por las denominadas
Bandas Criminales Organizadas (BACRIM); (ii) se originaron en actos de
delincuencia común; (iii) no ocurrieron con ocasión del conflicto armado
interno; o (iv) el peticionario no logró probar su relación con dicho fenómeno.
En forma
invariable, en todas estas situaciones se han amparado los derechos
fundamentales de los accionantes y se ha ordenado su inclusión en el RUV. A
continuación, se presenta una recopilación de algunas decisiones de esta
Corporación que, en sede de revisión, han protegido las garantías
constitucionales de quienes solicitan su inscripción en el RUV con los
fundamentos previamente señalados.
43. Uno
de los primeros pronunciamientos de esta Corporación en relación con el deber
de la UARIV de inscribir en el RUV a las víctimas de violaciones a derechos
humanos ocasionadas por las llamadas bandas criminales fue el auto 119 de
2013[111], proferido por la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia
T-025 de 2004[112]. Allí, la Corte Constitucional advirtió una serie de dificultades
y retrocesos en la implementación del Registro Único de Víctimas.
Particularmente, observó que “las personas desplazadas por las BACRIM
no están siendo inscritas en el Registro de Víctimas por varias razones,
empezando, y de manera preponderante, por el “rótulo” de los actores
catalogados como de delincuencia común[113]”
A partir de lo anterior, la
providencia puntualizó que aspectos como la calificación del actor como grupo
organizado al margen de la ley no deben ser un requisito para considerar que el
daño guarda una relación cercana y suficiente con el conflicto[114].
De esta forma, la Corte consideró vulnerados los derechos fundamentales de las
víctimas de desplazamiento forzado que sufrieron tal conducta debido a la
actuación de las denominadas BACRIM.
44. En consecuencia, declaró que
la práctica de la UARIV, “que consiste en no inscribir en el Registro
Único de Víctimas a las personas que se vieron forzadas a desplazarse por
situaciones de violencia generalizada, como la producida por las acciones de
las BACRIM cuando no se presentan con ocasión del conflicto armado y en
general, en aquellas situaciones en las que el desplazamiento no guarda
una relación cercana ni suficiente con el mismo[115]” era
inconstitucional, toda vez que desconocía el esquema de protección a favor de
la población desplazada por la violencia y los pronunciamientos de esta
Corporación acerca de: (i) la definición operativa de víctima incorporada por
la Ley 1448 de 2011; (ii) los elementos mínimos para adquirir la condición de persona
desplazada; y (iii) el derecho fundamental a ser reconocida mediante el
registro[116].
45. Posteriormente, a través de
la sentencia T-006 de 2014[117],
la Sala Segunda de Revisión estudió el caso de una mujer cabeza de hogar y víctima
de desplazamiento forzado a quien la UARIV le negó su inclusión en el RUV. De
acuerdo con lo expuesto por la entidad, de los hechos narrados por la actora no
se derivaba una conexión cercana y suficiente con el conflicto armado pues
estos habían sido perpetrados por delincuencia común. La Corte Constitucional ordenó
a la UARIV la inclusión de la peticionaria en el citado registro[118]
y señaló que la negativa de la institución a inscribir a la accionante en el
RUV, con base en circunstancias ajenas a los dos elementos que integran la
condición de desplazado[119],
era inconstitucional y se basaba en razones insuficientes.
46. También, la sentencia T-517
de 2014[120]
analizó la decisión de la UARIV consistente en negar la inclusión en el RUV del
accionante y su núcleo familiar en razón de que los hechos victimizantes
correspondían a actos de delincuencia común. La entidad sustentó dicha
aseveración en información de contexto que indicaba que en dicha zona existía
presencia de bandas criminales organizadas, por lo cual esgrimió que la
situación narrada por el solicitante no había tenido lugar “con ocasión del
conflicto armado[121]”.
Sin embargo, la Sala Quinta de
Revisión no compartió los razonamientos de la UARIV y estableció que no era
admisible negar la solicitud del accionante con base en que el desplazamiento
no tuvo lugar con ocasión del conflicto armado sino por actos de delincuencia
común[122].
Finalmente, en la parte resolutiva del fallo, previno a la UARIV acerca de la
inconstitucionalidad de dicha práctica[123].
47. De igual forma, es pertinente
mencionar la sentencia T-689 de 2014[124].
Aunque en este caso una de las accionantes había solicitado únicamente la
entrega de ayuda humanitaria, el juez de tutela de primera instancia entendió
que la pretensión real de la tutelante era su inscripción en el RUV, petición
que desestimó con fundamento en la inexistencia de pruebas suficientes que
acreditaran que el desplazamiento había ocurrido con ocasión del conflicto armado
interno, en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. No obstante,
la Sala rechazó enfáticamente la argumentación expuesta por el juez de
instancia y recalcó que la inclusión en el RUV no puede negarse con base en el
citado argumento[125].
48. En idéntico sentido se
pronunció la Sala Quinta de Revisión mediante la sentencia T-834 de 2014[126],
en la cual se analizó otro caso con similitudes fácticas a los expuestos
anteriormente. La actora y su núcleo familiar fueron obligados a desplazarse de
su lugar de residencia debido a las graves violaciones a derechos humanos de
las cuales fueron víctimas por la actuación de un grupo de hombres armados, presuntamente
pertenecientes a las BACRIM[127].
Ante la solicitud de la
accionante para que fuera incluida en el RUV, la UARIV contestó que “los
hechos ocurrieron por causa diferente a lo dispuesto en el artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011 y que las BACRIM no tienen carácter insurgente, ni ideología
política, razón por la cual no cometen infracciones al Derecho Internacional
Humanitario[128].”
Sin embargo, la Corte estimó que la negativa de la entidad no se fundamentó en
razones constitucionalmente válidas. Al respecto, enfatizó en el carácter de
sujeto de especial protección de la actora (como víctima de desplazamiento
forzado y de violencia sexual), así como en la aplicación del principio de
favorabilidad[129].
49. En esa misma línea, la
sentencia T-556 de 2015[130] estudió las acciones de tutela formuladas por dos víctimas del
desplazamiento forzado. En ambos casos, la UARIV decidió no inscribirlos en el
RUV “por cuanto a su juicio las circunstancias fácticas narradas
correspondían a actos desplegados por delincuencia común[131]”.
No obstante, este Tribunal Constitucional concluyó que la postura asumida
por la UARIV desconoció los lineamientos expuestos en la jurisprudencia sobre
la materia[132].
Por tal motivo, la Sala Primera de Revisión concedió el amparo de los derechos
fundamentales y, nuevamente, previno a la UARIV acerca de la
inconstitucionalidad de negar la inclusión en el RUV con el único fundamento en
que los hechos victimizantes no tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado[133].
50. Por otra parte, la sentencia T-290
de 2016[134] consideró que la UARIV había vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante al negar su inclusión en el RUV con base en que
los hechos narrados por la solicitante no se enmarcaban en los parámetros
establecidos en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011. En este caso, la
peticionaria solicitó su inscripción en el registro por el homicidio de su esposo
el cual, de acuerdo con la sentencia dictada en el respectivo proceso penal, se
produjo por el accionar delictivo de la organización delincuencial denominada “Nueva
Generación de los Rastrojos.”
La Sala Octava de Revisión
encontró acreditado que se trataba de un grupo armado post-desmovilización que
adelantó múltiples actividades ilícitas en la zona durante la época de los
hechos victimizantes objeto de la solicitud, de acuerdo con lo expresado por la
sentencia condenatoria. Así, estimó que existía una relación suficiente entre
tales hechos y el conflicto armado interno. Por tal razón, ordenó a la UARIV la
inscripción de la actora y de su hija en el RUV, aun cuando no se trataba de
una víctima de desplazamiento forzado[135].
51. Finalmente, la sentencia T-417
de 2016[136] es relevante por cuanto en ella se analizó la carga
probatoria que corresponde a las víctimas del conflicto armado para efectos de
su inclusión en el RUV. En esta ocasión, la UARIV negó la inscripción de una
persona que alegaba la desaparición forzada de su cónyuge por cuanto no existía
un documento que acreditara “que la comisión del hecho victimizante… fue
producto del accionar del Grupos Organizados Armados al Margen de la Ley[137]”.
En este caso, la Sala Sexta de Revisión estimó que la exigencia probatoria
requerida por la entidad era desproporcionada e injustificada, pues se invirtió
la carga de la prueba[138] y se desconocieron los principios los principios de buena
fe, pro homine,  prueba de contexto, in dubio pro víctima
y credibilidad del testimonio coherente de la víctima[139].
52. Como se evidencia de la
anterior línea jurisprudencial, esta Corporación ha admitido de manera pacífica
y reiterada que se vulneran los derechos fundamentales de las víctimas de
desplazamiento forzado cuando se niega su inclusión en el Registro Único de
Víctimas con el único fundamento de que los hechos victimizantes no se
dieron con ocasión del conflicto armado interno. De este modo, la afirmación
según la cual tales conductas no ocurrieron con ocasión del conflicto armado porque
fueron perpetrados por las denominadas bandas criminales, no es una razón
objetiva para negar la inscripción de las víctimas de desplazamiento forzado en
el citado registro.
Tal precedente jurisprudencial se
sustenta en varias razones, entre las cuales se enuncian las siguientes: (i) desde
su misma definición, la Ley 387 de 1997 no restringe ni circunscribe la
condición de desplazamiento a la existencia de un conflicto armado interno;
(ii) la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del concepto de
víctima contenido en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y sus distintos
componentes, según la cual se debe atender a una noción amplia de la expresión
“con ocasión del conflicto armado interno”; (iii) las víctimas de
desplazamiento forzado son titulares de un derecho fundamental a ser
reconocidas como tales mediante el registro y, por consiguiente, a acceder al
RUV cuando cumplan las condiciones previstas por la ley; (iv) las víctimas de
desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional que
tienen derecho a medidas particulares de salvaguarda, retorno, reasentamiento y
reubicación así como a un trato urgente, preferente, distinto y excepcional; (v)
el RUV tiene una gran importancia para el goce efectivo de los derechos
fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado; y (vi) la diferencia
de trato entre víctimas por razón de la naturaleza del victimario constituye
una discriminación prohibida en la Constitución.
53. Adicionalmente, es importante
resaltar que las citadas sentencias han enfatizado en la necesidad de aplicar
una noción amplia de conflicto armado en relación con los hechos victimizantes
presuntamente ocasionados por las denominadas bandas criminales o grupos
post-desmovilización.  De este modo, han puesto de presente que el conflicto
armado interno colombiano es un fenómeno altamente complejo y que, tanto para
efectos de la inclusión en el RUV como respecto de la definición de víctima
establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, se debe aplicar una
perspectiva amplia, que tenga en cuenta los diversos escenarios y contextos que
se han derivado o que han ocurrido en el marco del conflicto.
Solución
del caso concreto
54. La señora María
Luisa presentó acción de tutela en contra de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV- con el propósito
de obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, al debido proceso y a la
igualdad, los cuales estimó vulnerados por la negativa de la entidad accionada
a incluirla a ella y a su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas
(RUV).
La accionante
manifestó que su cónyuge fue extorsionado (por sujetos que se identificaron
como miembros de las “Águilas Negras”) y, posteriormente, asesinado por
denunciar la conducta punible que había padecido. Igualmente, expresó que ella
también fue víctima de extorsión, desplazamiento forzado y abandono de tierras,
toda vez que recibió amenazas contra su vida y debió trasladarse a Ciudad
Capital con el fin de proteger su integridad y la de su familia.
No obstante,
pese a encontrar acreditados los hechos victimizantes denunciados por la
tutelante, la accionada argumentó que los mismos no habían sido ejecutados por
un actor armado ilegal y no estaban relacionados con motivos ideológicos o
políticos, por lo cual estimó que no habían tenido lugar con ocasión del
conflicto armado. Por tanto, expresó que la solicitante no se enmarcaba en la
definición de víctima contenida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 2011 y, por
consiguiente, negó su inclusión en el RUV.
55. Durante el
presente trámite de tutela, en sede de instancia la entidad accionada solicitó
que se negaran las pretensiones de la actora. En su criterio, el mecanismo constitucional
era improcedente para controvertir los actos administrativos que negaron la
inscripción de la peticionaria en el RUV. Por tanto, adujo que se debía agotar
el procedimiento ante la entidad accionada o acudir al juez contencioso
administrativo para tal efecto.
56. De
conformidad con lo anterior, en esta oportunidad la Corte Constitucional debe
analizar si la UARIV desconoció los derechos fundamentales de la accionante y
su núcleo familiar al negar su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV)
con base en que los hechos victimizantes presuntamente fueron cometidos por una
banda criminal y, en tal sentido, supuestamente no fueron ejecutados por un
actor armado ilegal ni estaban relacionados con móviles ideológicos o
políticos.
57. La Sala Quinta
de Revisión considera que se encuentran acreditados los siguientes hechos
relevantes para el presente fallo:
(i) La
accionante es víctima de desplazamiento forzado[140], de amenazas[141]
y del homicidio de su esposo[142].
(ii) La actora
es madre cabeza de hogar pues al momento de la presentación del amparo tenía
dos hijos menores que, según sus afirmaciones, dependían económicamente de ella[143].
(iii) La tutelante
solicitó ante la UARIV el 21 de noviembre de 2014 su inclusión al Registro
Único de Víctimas, petición que fue negada mediante resolución del 20 de
febrero de 2015 y confirmada a través de acto administrativo expedido el 3 de
septiembre de 2015. Tal negativa se motivó en lo siguiente: (a) en cuanto al
hecho victimizante de homicidio, se determinó que no podía encuadrarse en una
privación de la vida en el marco del conflicto armado; (b) que no era posible
tener certeza de que los hechos alegados hubieran “tenido la debida
ocurrencia”, se hubiesen ejecutado por un actor armado ilegal y se
relacionaran con móviles políticos o ideológicos; (c) que no existían
suficientes elementos de juicio que permitieran demostrar que los hechos
victimizantes narrados por la peticionaria se enmarcaran en el conflicto armado
que vive el país; (d) que las evidencias aportadas por la solicitante no eran
conducentes para probar que los hechos se produjeron con ocasión del conflicto
armado; (e) que, a partir de los elementos de contexto, no resultaba factible
que el homicidio del cónyuge de la accionante se derivara de la confrontación
armada interna; y, (f) que el desplazamiento de la accionante “se ocasionó
por la presencia de grupos de delincuencia común”.
58. A partir
de lo anterior, la Sala advierte que la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV- vulneró los derechos fundamentales
de la accionante al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida
digna y al reconocimiento mediante el registro de la calidad de víctima de
desplazamiento forzado.
59. En primer
lugar, la accionada desconoció abiertamente los pronunciamientos de
constitucionalidad de esta Corporación que rigen la interpretación y aplicación
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, particularmente las sentencias
C-253A de 2012 y C-781 de 2012. En efecto, la UARIV hizo una lectura de la
expresión “con ocasión del conflicto armado interno” desde una
perspectiva estrecha o restrictiva, la cual se encuentra proscrita
por los fallos de constitucionalidad antes citados.
Por ende, la
entidad incurrió en una omisión de sus deberes legales y constitucionales al
negar la inscripción de la accionante en el Registro Único de Víctimas con
fundamento en que el actor que perpetró los hechos victimizantes alegados no
podía considerarse como parte del conflicto armado interno y que se trataba de
un grupo de “delincuencia común.” De este modo, la UARIV restringió la condición de grupo armado al
margen de la ley a aquellos que tienen “móviles políticos o ideológicos”
lo cual, como fue expuesto anteriormente, responde a una noción estrecha de
conflicto armado que vulnera los derechos fundamentales de las víctimas[144].
60. También,
la UARIV infringió los derechos fundamentales de la tutelante al esgrimir que
las conductas victimizantes padecidas por la actora y su núcleo familiar no se enmarcaban
en el conflicto armado interno lo cual, una vez más, omitió la aplicación
de las reglas vertidas en las decisiones de constitucionalidad de esta
Corporación, que fijaron el ámbito de aplicación del artículo 3° de la Ley 1448
de 2011.
61. En segundo
lugar, la entidad demandada vulneró los principios de buena fe y
favorabilidad que deben regir la actuación de la administración en relación con
el RUV al aducir que las evidencias aportadas por la accionante “no eran
conducentes” para probar que las conductas denunciadas se hubieran
presentado con ocasión del conflicto armado, que  no existía certeza de que los
hechos alegados hubieran “tenido la debida ocurrencia” y que la
peticionaria no había acreditado los elementos de juicio suficientes para demostrarlos.
Tal actuación reviste una gravedad aún mayor debido a que las evidencias
allegadas por la actora eran suficientes, pertinentes, idóneas y relevantes.
Además, se
invirtió la carga de la prueba en la medida en que se exigió a la solicitante
una demostración probatoria que permitiera desvirtuar lo manifestado por la
UARIV, aspecto que resulta desproporcionado e injustificado frente a quienes
solicitan su inscripción en el RUV, especialmente cuando el peticionario se
encuentra en situación de debilidad manifiesta, como sucede en el presente
caso.
A juicio de la
Sala, resulta francamente absurdo imponerle a una persona que tuvo que
abandonar el sitio donde la amenazaron y asesinaron a su esposo, que demuestre
con pruebas más allá de las testimoniales lo sucedido, pues tal exigencia no
solamente la revictimiza sino que, además, la expone a padecer un nuevo hecho
delictivo.
62. Ahora
bien, en relación con el principio de buena fe, se debe señalar que este exigía
que la UARIV tuviera como ciertas las declaraciones y pruebas aportadas, salvo
prueba en contrario. En contraste, la entidad accionada valoró indebidamente los
medios de convicción allegados por la peticionaria.
Igualmente, el
principio de favorabilidad demandaba que, ante las dudas expresadas por la
UARIV en sus actos administrativos, se llevara a cabo la inscripción en el RUV
de la peticionaria, en aplicación de la interpretación pro homine en la
cual se basa el aludido mandato.
63. Por todo
lo anterior, la UARIV desconoció la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación que ha establecido con claridad que negar a las víctimas de
desplazamiento forzado su inscripción en el RUV con el argumento de que los
hechos victimizantes no tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado interno
porque fueron generadas por bandas criminales organizadas, es inconstitucional.
De este modo, cuando la actuación de las denominadas bandas criminales en el
marco del conflicto armado ocasiona un desplazamiento forzado, sus víctimas
tienen derecho a ser inscritas en el RUV. En este punto, resulta necesario
distinguir entre el desplazamiento forzado y las conductas de homicidio y
amenazas.
64. En
relación con el desplazamiento forzado alegado por la accionante, se
observa que cumple con las dos condiciones determinadas por la Ley 387 de 1997,
toda vez que (i) su traslado se hizo necesario por la coacción ejercida, o la
ocurrencia de hechos de carácter violento, y (ii) permaneció dentro de las
fronteras de la propia nación. Por ende, bastaba con que la UARIV corroborara
la existencia de tales circunstancias para que procediera a la inscripción de
la actora en el registro, de conformidad con el precedente constitucional
decantado sobre esta materia[145].
65. Así mismo,
en lo que respecta a las conductas de homicidio y amenazas, se observa
que las razones aducidas por la accionada pueden sintetizarse en una única
motivación: la imposibilidad de probar que los hechos victimizantes alegados
por la actora ocurrieron con ocasión del conflicto armado interno. En este
sentido, se desconocieron los elementos que ha establecido la jurisprudencia de
esta Corporación en relación con: (i) la interpretación de la expresión “con
ocasión del conflicto armado interno” y (ii) los principios de
favorabilidad y buena fe que deben gobernar la conducta de la administración
pública en relación con el RUV.
Conclusiones:
66. A partir
de lo anterior, la Sala concluye que la denegación de la inscripción en el RUV
por parte de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a
las Víctimas -UARIV- vulneró los derechos fundamentales de la accionante al
debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital, a la vida digna y al
reconocimiento mediante el registro de la calidad de víctima de desplazamiento
forzado. Por tal motivo, se revocará la decisión de la Sala Única del
Distrito Judicial de Ciudad Capital que, a su vez, confirmó el fallo de
primera instancia para, en su lugar, conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.
67. En
consecuencia, se ordenará a la UARIV que, en el
término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación
de la presente providencia, si aún no lo ha hecho, incluya a la señora María
Luisa y a su núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas, para que
puedan gozar de los beneficios legales que de ello se derivan, en los términos
de la parte motiva de este fallo.
La Sala considera
pertinente precisar que, en el presente caso, el derecho a la inscripción de la
accionante en el RUV tiene fundamento en la relación cercana y suficiente de
los hechos victimizantes denunciados con el conflicto armado interno. En este
orden de ideas, se insiste en que la UARIV se encuentra siempre obligada a
analizar si se presenta la aludida conexión próxima y suficiente con la confrontación
armada interna. Por ende, resulta inadmisible que la entidad descarte de plano
el carácter de víctima del conflicto armado únicamente con base en que el
posible perpetrador fue una de las denominadas bandas criminales.
Igualmente conviene
resaltar que, en todo caso, las víctimas de desplazamiento forzado y otros
hechos victimizantes presuntamente ejecutados por bandas criminales tienen
derecho a acceder a los beneficios derivados del registro y a las medidas de
reparación administrativa a las que haya lugar, sin discriminación alguna frente
a las demás víctimas del conflicto armado.
68. De igual
forma, en atención a que la actora solicitó a la UARIV su inclusión en el RUV
desde el 21 de noviembre de 2014 y han transcurrido más de dos años y tres meses
desde dicho momento, se ordenará a la accionada, en el término máximo de
ocho (8) días contados a partir de la notificación de la presente decisión,
realizar una evaluación complementaria de las condiciones de la accionante, con
el fin de establecer de la manera más exacta posible su situación actual.
A partir de
dicha valoración y dentro de los ocho (8) días siguientes, la accionada deberá
iniciar las gestiones propias del trámite del Plan de Asistencia, Atención
y Reparación Integral de las Víctimas (PAARI), previa verificación de las
circunstancias alegadas por la señora María Luisa.
También, deberá
establecer las medidas de reparación y beneficios a los que tiene derecho
la accionante en el marco de la Ley 1448 de 2011 y demás normas que la regulan,
así como a las rutas y programas en los que debe ser incluida.
69. Por otra
parte, observa la Corte que la Defensoría del Pueblo (Regional Departamento
de La Cabaña) se encuentra vinculada al presente proceso[146] y que su
labor puede ser de gran importancia para el restablecimiento pleno de ciertas
garantías que, prima facie, podrían estar vulnerados o amenazados como
sus derechos de acceso a la justicia y a la restitución de tierras. Por ende, ordenará
a dicha institución que, en el marco de sus funciones constitucionales y
legales, oriente a la accionante en el ejercicio y
defensa de sus derechos ante las autoridades competentes.
Concretamente, se dispondrá que
la Defensoría del Pueblo asesore a la actora en relación con su facultad de
acudir a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas para presentar la correspondiente solicitud de restitución de
tierras y acerca de los derechos de los cuales eventualmente puede ser titular
con ocasión de dicho procedimiento[147].
De igual manera, se requerirá a la entidad vinculada que instruya a la tutelante
sobre su posibilidad de solicitar medidas de protección para ella y su grupo
familiar ante la Unidad Nacional de Protección.
70. Finalmente,
la Sala advierte que, desde el año 2013, se ha decantado un precedente judicial
que ha amparado invariablemente los derechos fundamentales de las víctimas de
desplazamiento forzado ante la negativa de la UARIV para incluirlos en el RUV[148],
como fue expuesto de forma extensa en el acápite correspondiente de la parte
considerativa de esta sentencia.
Además, desde
esa misma fecha, varias Salas de Revisión de esta Corporación y la Sala
Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 han prevenido a la
entidad accionada acerca de la inconstitucionalidad de las actuaciones
consistentes en negar la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) a
personas que manifiestan ser desplazadas por la violencia con fundamento en que
los hechos victimizantes no tuvieron lugar con ocasión del conflicto armado[149].
71. Sobre este
particular, la Sala Quinta de Revisión considera que la UARIV se encuentra
debidamente advertida y tiene pleno conocimiento de que las referidas prácticas
(como la que se presentó en el asunto de la referencia) son contrarias a la Carta.
Por ende, esta Corporación se abstendrá de prevenir  nuevamente a la
UARIV en relación con dicha circunstancia.
Con todo, al
constatar que existe una conducta reiterada por parte de la entidad demandada
que contradice la jurisprudencia que la Corte Constitucional ha sentado en
numerosos pronunciamientos, la Sala ordenará a la UARIV que, en el término máximo de tres (3) meses, contado a partir de la
notificación de esta providencia, realice las
gestiones administrativas necesarias para capacitar a los funcionarios
encargados de resolver las peticiones y solicitudes relacionadas con la
inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV), en relación con los
parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional (tanto
en sede de control abstracto de constitucionalidad como de revisión de tutelas)
para la interpretación del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.
Particularmente,
se deberán abordar los siguientes asuntos, de acuerdo con lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia: (i) la obligación de incluir en el
citado registro a las víctimas del desplazamiento forzado; (ii) el deber de
analizar si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado en
cada caso concreto, sin importar la identidad del presunto perpetrador; y (iii) el derecho de las víctimas de las actuaciones de las bandas criminales
en el marco del conflicto armado interno a acceder a los beneficios derivados
del registro y a las medidas de reparación administrativa a las que haya lugar,
sin discriminación alguna frente a las demás víctimas del conflicto armado.
En todo caso,
dicha capacitación deberá realizarse y finalizarse dentro de los seis (6) meses
siguientes, contados a partir del vencimiento del término mencionado
anteriormente.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de segunda
instancia, proferida el veinticuatro (24) de mayo de 2016 por la Sala Única del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ciudad Capital que, a su vez,
confirmó el fallo emitido el doce (12) de abril de 2016, por el Juzgado Primero
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de la misma
ciudad. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales de
la señora María Luisa al debido proceso, a la
igualdad, al mínimo vital, a la vida digna y al reconocimiento de la condición
de víctima de desplazamiento mediante el registro, por las razones expuestas en esta decisión.
SEGUNDO.-
ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV- que,
en el término máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación
de esta sentencia, incluya a la señora María Luisa y a su núcleo
familiar en el Registro Único de Víctimas, si aún no lo ha hecho, para que
puedan gozar de los beneficios legales que de ello se derivan.
TERCERO.­- ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación a las Víctimas -UARIV- que, en el término máximo de ocho (8) días contados a partir de la
notificación de la presente decisión, realice una evaluación complementaria de
las condiciones de la accionante, con el fin de establecer de la manera más
exacta posible su situación actual.
A partir de dicha valoración y
dentro de los ocho (8) días siguientes a la misma, la accionada deberá INICIAR
las gestiones propias del trámite del Plan de Asistencia, Atención
y Reparación Integral de las Víctimas (PAARI), previa verificación de las
circunstancias alegadas por la señora María Luisa.
También, deberá establecer las medidas de
reparación y beneficios a los que tiene derecho la accionante en el marco de la
Ley 1448 de 2011 y demás normas que la regulan, así como a las rutas y
programas en los que debe ser incluida.
CUARTO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo (Regional Departamento de La Cabaña)
que, en el término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta sentencia, localice e intente un acercamiento con la
señora María Luisa en el marco de sus funciones constitucionales y
legales, para que la oriente en el ejercicio y defensa de sus derechos
ante las autoridades competentes, en los términos de la parte motiva de esta
providencia (numeral 69). Culminada esta etapa, la entidad
accionada deberá remitir al juez de primera instancia, dentro de los cinco (5)
días siguientes, un informe sobre el cumplimiento de la presente orden.
QUINTO.- ORDENAR a la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación a las Víctimas -UARIV- que, en el término
máximo de tres (3) meses, contados a partir de la notificación de esta
providencia, realice las gestiones administrativas
necesarias para capacitar a los funcionarios encargados de resolver las
peticiones y solicitudes relacionadas con la inscripción en el Registro Único
de Víctimas (RUV), en relación con los parámetros establecidos por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional (tanto en sede de control abstracto
de constitucionalidad como de revisión de tutelas) para la interpretación del
artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.
Particularmente,
se deberán abordar los siguientes asuntos, de acuerdo con lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia: (i) la obligación de incluir en el
citado registro a las víctimas del desplazamiento forzado; (ii) el deber de
analizar si existe una relación cercana y suficiente con el conflicto armado en
cada caso concreto, sin importar la identidad del presunto perpetrador; y (iii) el derecho de las víctimas de las actuaciones de las bandas criminales
en el marco del conflicto armado interno a acceder a los beneficios derivados
del registro y a las medidas de reparación administrativa a las que haya lugar,
sin discriminación alguna frente a las demás víctimas del conflicto armado.
En todo caso, dicha capacitación
deberá realizarse y finalizarse dentro de los seis (6) meses siguientes,
contados a partir del vencimiento del término mencionado anteriormente.
Culminada esta etapa, la entidad
accionada deberá remitir al juez de primera instancia, dentro de los cinco (5)
días siguientes, un informe sobre el cumplimiento de la orden de capacitación
contenida en esta sentencia.
SEXTO.- ORDENAR
a la Secretaría General de la Corte Constitucional que el nombre real de la
accionante sea suprimido de toda publicación del presente fallo. Igualmente, ORDENAR
por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, al Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función
de Conocimiento de Ciudad Capital que se encargue
de salvaguardar la intimidad de la demandante, manteniendo la reserva sobre el
expediente.
SÉPTIMO.-
Por Secretaría
General de esta Corporación, líbrese la comunicación prevista en el artículo 36
del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
AQUILES ARRIETA GOMEZ
Magistrado (E)
IVÁN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO
Magistrado (E)
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
El expediente de la referencia fue seleccionado y repartido a la
Magistrada Sustanciadora por la Sala de Selección Número Once de la Corte
Constitucional, conformada por los Magistrados Jorge Iván Palacio Palacio y
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo el día 25 de noviembre de 2016, de acuerdo con
el criterio orientador del proceso de selección de carácter subjetivo
denominado urgencia de proteger un derecho fundamental.
[2]
A folio 15 del cuaderno de primera instancia (en adelante Cuaderno No. 1)
se encuentra la copia de la cédula de ciudadanía de la accionante.
[3]
A folios 32 a 38 del Cuaderno No. 1 obra copia de la denuncia presentada
por el señor Pablo por el delito de extorsión.
[4]
Como evidencia de este hecho, la actora aporta: (i) copia de una constancia
emitida por el Fiscal Quinto Delegado ante el GAULA, fechada el 21 de octubre
de 2014, en la cual se certifica que en dicho despacho se adelanta la
investigación por el homicidio de su esposo (Folio 28, Cuaderno No. 1); (ii)
copia de un acta de conformidad por los servicios exequiales que recibió su
difunto esposo (Folios 43 y 44, Cuaderno No. 1); (iii) copia de un oficio de la
Fiscalía General de la Nación, en relación con el delito de homicidio en contra
de Pablo, en la cual se solicita a Medicina Legal que el cadáver del
occiso sea entregado a su hijo (Folio 45, Cuaderno No. 1); y, (iv) copia de la
denuncia presentada por la accionante por el homicidio de su esposo (Folios 39
a 42, Cuaderno No. 1).
[5]
El desplazamiento de la actora se encuentra soportado por varios de los medios
probatorios documentales allegados por ella. Así, la accionante aportó, entre
otros: (i) copia de la denuncia que ella misma presentó por los hechos
descritos (Folios 39 a 42, Cuaderno No. 1); y, (ii) un documento titulado “Certificado
de desplazamiento” en el cual la Junta de Acción Comunal de la Vereda Agua
Bonita manifiesta que la peticionaria y sus hijos fueron desplazados de su
vivienda. (Folio 29, Cuaderno No. 1).
[6]
A folios 39 a 42 del Cuaderno No. 1 figura copia de la denuncia
interpuesta por la accionante.
[7]
La Resolución No. 2015-XXXX del 20 de febrero de 2015, expedida por la
UARIV da cuenta de este hecho. (Folios 16 y 17, Cuaderno No. 1).
[8]
A folios 16 y 17 del Cuaderno No. 1 obra la Resolución No. 2015-XXXX del
20 de febrero de 2015 “Por la cual se decide sobre la inscripción en el
Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y
el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011”, proferida por la UARIV.
[9]
Consta a Folios 18 a 20 del Cuaderno No. 1 la impugnación de la
Resolución No. 2015-XXXX del 20 de febrero de 2015.
[10]
Folio 25 del Cuaderno No. 1.
[11]
Resolución No. 2015-45178 del 3 de septiembre de 2015 “Por la cual se decide
el Recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 2015-XXXX del 20
de febrero de 2015 la cual decide sobre la inscripción en el Registro de
Víctimas – RUV”. (Folios 21-27, Cuaderno No. 1).
[12]
Esta afirmación se pone de presente en la impugnación, la cual obra a
folios 87-89 del Cuaderno No. 1.
[13]
Folio 47, Cuaderno No. 1.
[14]
Folio 52, ibídem.
[15]
La contestación de la UARIV, fechada el 15 de abril de 2016, figura a folios
63-67 del Cuaderno No. 1.
[16]
La sentencia de primera instancia obra a folios 53-59,
Cuaderno No. 1.
[17]
Folio 10, Cuaderno No. 1.
[18]
El escrito de impugnación obra a folios 87-89 del Cuaderno
No. 1.
[19]
La sentencia de segunda instancia obra a folios 3-7, del cuaderno de segunda
instancia (En adelante Cuaderno No. 2.)
[20]
Con el objetivo de respetar el precedente constitucional, promover una mayor
eficiencia en la administración de justicia y habida cuenta de que la Corte
Constitucional ha decantado un estándar para resumir de manera detallada las
reglas jurisprudenciales sobre los requisitos de procedencia de la acción de
tutela se tomarán como modelo de reiteración los parámetros fijados por la
Magistrada Sustanciadora en las sentencias T-594 de 2016, T-662 de 2016 y T-400
de 2016.
[21]
Sentencia. T-373 de 2015 M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
[22]
Ley 1448 de 2011. Artículo 166. De la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas. Créase
la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una Unidad
Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía administrativa y
patrimonial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.
[23]
Decreto 2591 de 1991. Artículo 5. Procedencia de la acción de
tutela. La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de
los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley.
[24]
Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; sentencia
T-313 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[25]
Sentencia T-662 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[26]
Sentencias T-328 de 2011 M.P. (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-456 de 2004
(M.P. Jaime Araujo Rentería), T-789 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa),
T-136 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), entre otras.
[27]
“Desde la sentencia T-025 de 2004, la Corte ha sostenido reiteradamente que
las personas en situación de desplazamiento, y en general todas las víctimas
del conflicto armado, son sujetos de especial protección constitucional. La
violación constante de sus derechos lleva a que estas personas se encuentren en
una situación de especial vulnerabilidad, por lo que requieren de la asistencia
del Estado en su conjunto. Esa ayuda debe estar encaminada no sólo al apoyo
necesario para garantizar la subsistencia de las víctimas, sino también a la
estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de esas personas en la
sociedad, del mismo modo se debe buscar garantizar el derecho de retorno de la
población en situación de desplazamiento en un ambiente de paz y seguridad”
(Sentencia T-293 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[28]
Sentencias T-556 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-293 de
2015. (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado); T-834 de 2014 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio); T-598 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); SU-254 de
2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[29]
Sentencias T-707 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez);
T-598 de 2014 (M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez); T-192 de 2010. (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).
[30]
Sentencias T-573 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-374 de
2015 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez); T-192 de 2010 (M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio); T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)-
[31]
Sentencias T-290 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos); T-556 de 2015 (M.P.
María Victoria Calle Correa) T-517 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio);
T-692 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)  T-006 de 2014 (M.P.
Mauricio González Cuervo).
[32]
El desplazamiento de la actora se encuentra soportado por varios de los
medios probatorios documentales allegados por ella. Así, la accionante aportó,
entre otros: (i) copia de la denuncia que ella misma presentó por los hechos
descritos (Folios 39 a 42, Cuaderno No. 1); y, (ii) un documento titulado “Certificado
de desplazamiento” en el cual la Junta de Acción Comunal de la Vereda Agua
Bonita manifiesta que la peticionaria y sus hijos fueron desplazados de su
vivienda. (Folio 29, Cuaderno No. 1).
[33]
Sentencia T-293 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[34]
Sentencia T-805 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.
[35]
Sentencias T-834 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-887 de
2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
[36]
Sentencia T-246 de 2015. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[37]
Sentencia T-662 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[38]
Sentencia T-293 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[39]
Sentencias T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[40]
“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.”
[41]
Sentencia SU-254 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[42]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa; sentencia C-069 de
2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[43]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esta
decisión, se reiteraron varios fallos de la Corte Constitucional que aluden al
carácter operativo de la definición de víctimas contenida en el artículo 3 de
la Ley 1448 de 2011. Ver, entre otras: Sentencia C-781 de 2012. M.P. María
Victoria Calle Correa; Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[44]
“Artículo 3°. Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por
hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno. (…)”
[45]
“Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en
el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido
un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común.” (Negrillas
fuera de texto)
[46]
Sentencia C-781 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa); sentencia C-253A de
2012 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[47]
Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[48]
“Parágrafo 3°. Para los efectos de la definición contenida en
el presente artículo, no serán considerados como víctimas quienes hayan sufrido
un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”.
(Negrillas fuera de texto)
[49]
Los demandantes se refirieron, “en particular, al caso de las llamadas
bandas criminales emergentes, que han sido calificadas por el Gobierno como
delincuencia común, pero que, sin embargo, comparten rasgos estructurales con
los que han sido reconocidos como grupos armados al margen de la ley dentro del
conflicto armado interno, específicamente con los paramilitares” (Sentencia
C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[50]
“La fijación del concepto de delincuencia común, debe hacerse por
oposición a la definición de víctimas que, para efectos operativos, se hace en
el primer inciso del artículo 3º, no sólo porque la expresión acusada es un
desarrollo normativo que hace parte de ese mismo artículo, sino, además, porque
hay una remisión expresa a dicha definición, en la medida en que la referida exclusión
se hace ‘(…) para los efectos de la definición contenida en el presente
artículo’ ” (Sentencia C-253A de
2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).
[51]
Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[52]
Para establecer el alcance y la definición del conflicto armado interno y
determinar los actos que deben entenderse cobijados por las normas que regulan
tales confrontaciones, la Corte citó la sentencia C-291 de 2007 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa). La referida providencia explicó que, “[e]n
términos materiales, para que un determinado hecho o situación que ha ocurrido
en un lugar en el que no se han desarrollado los combates armados quede
cubierto bajo el ámbito de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, es
necesario que tal hecho o situación guarde una relación cercana y suficiente
con el desarrollo del conflicto”. Igualmente, la citada decisión recalcó que
“[l]a jurisprudencia internacional ha proporcionado distintos criterios para
determinar la existencia de un nexo cercano entre un determinado hecho o
situación y el conflicto armado internacional o interno en el que ha tenido
lugar; así, ha señalado que tal relación cercana existe “en la medida en que
el crimen sea moldeado por o dependiente del ambiente en el que se ha cometido –v.g.
el conflicto armado-” Sobre este particular, puso de presente la Corte que,
“[a]l determinar la existencia de dicha relación las cortes internacionales han
tomado en cuenta factores tales como la calidad de combatiente del perpetrador,
la calidad de no combatiente de la víctima, el hecho de que la víctima sea
miembro del bando opuesto, el hecho de que el acto pueda ser visto como un
medio para lograr los fines últimos de una campaña militar, o el hecho de que
el acto haya sido cometido como parte de los deberes oficiales del perpetrador,
o en el contexto de dichos deberes” (Resaltado por fuera del texto
original). Finalmente, la Corte señaló que, en los casos de comisión de
crímenes de guerra, “es suficiente establecer que ‘el perpetrador actuó en
desarrollo o bajo la apariencia del conflicto armado’”, y que “el
conflicto no debe necesariamente haber sido la causa de la comisión del crimen,
sino que la existencia del conflicto debe haber jugado, como mínimo, una parte
sustancial en la capacidad del perpetrador para cometerlo, en su
decisión de cometerlo, en la manera en que fue cometido o en el objetivo para
el que se cometió” (Resaltado por
fuera del texto original).
[53]
Sentencia C-291 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[54]
Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[55]
Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[56]
Sentencia C-253A de 2012. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
[57]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[58]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[59]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[60]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[61]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. Adicionalmente,
el fallo explicó que la noción de conflicto armado “recoge un fenómeno
complejo que no se agota en la ocurrencia confrontaciones armadas, en las
acciones violentas de un determinado actor armado, en el uso de precisos medios
de combate, o en la ocurrencia del hecho en un espacio geográfico específico,
sino que recogen la complejidad de ese fenómeno, en sus distintas
manifestaciones y aún frente a situaciones en donde las actuaciones de los
actores armados se confunden con las de la delincuencia común o con situaciones
de violencia generalizada.”
[62]
Sentencia T-268 de 2003. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[63]
Auto 093 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y sentencia T-402 de 2011.
MP: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo)
[64]
Auto 092 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y sentencia T-611 de 2007.
MP. Nilson Pinilla Pinilla)
[65]
Sentencia T-821 de 2007. M.P. Catalina Botero Marino.
[66]
Sentencia T-895 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[67]
Ver las sentencias T-630 y T-611 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto, T-299 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo, y el Auto 218 de 2006.
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[68]
Sentencia T-318 de 2011. M-P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[69]
Sentencia T-129 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
[70]
Sentencias T-265 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao
Pérez y T-188 de 2007. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[71]
Sentencia T-076 de 2011. M-P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[72]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[73]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. En relación
con las distintas acepciones de la expresión “con ocasión del conflicto
armado”, la Corte sostuvo: “Tanto de la evolución de las
normas que han planteado mecanismos de protección y reparación para las
víctimas del conflicto armado, como de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la expresión “con ocasión del conflicto armado”, ha sido
empleada como sinónimo de “en el contexto del conflicto armado,” “en el marco
del conflicto armado”, o “por razón del conflicto armado”, para señalar un
conjunto de acaecimientos que pueden rodear este fenómeno social, pero que no
se agotan en la confrontación armada, en el accionar de ciertos grupos armados,
a la utilización de ciertos métodos o medios de combate o a ocurridos en
determinadas zonas geográficas.”
[74]
Sentencia C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa. “De
manera que ante la ocurrencia de una afectación grave de derechos humanos o de
una infracción de las normas del derecho humanitario, en caso de duda sobre si
tal hecho ha ocurrido en el marco del conflicto armado interno, debe darse
prevalencia a la interpretación en favor de la víctima.”
[75]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[76]
El artículo 190 de la Ley 1448 de 2011 hace referencia a los derechos de los
niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento ilícito y sus derechos.
En el segundo inciso de dicha norma, se regula la facultad de los menores de
edad para que, una vez cumplan la mayoría de edad, puedan ingresar al proceso
de reintegración social y económica.
[77]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En esta
providencia, la Corte estudió una demanda en contra del artículo 190 de la Ley
1448 de 2011 y se ocupó de “establecer si la regla contenida en la expresión
acusada, al exigirle a los niños, niñas y adolescentes desmovilizados que
cumplen su mayoría de edad, un certificado expedido por el CODA, como requisito
previo para ingresar al programa de reintegración social y económica ofrecido
en favor de las víctimas de reclutamiento ilícito, establece un trato
discriminatorio, en razón a que dicho documento no es entregado a menores de
edad que se han desvinculado de grupos armados ilegales post-desmovilización,
por considerarse que dichas estructuras criminales no forman parte de los
actores del conflicto armado.”
[78]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[79]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[80]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[81]
La sentencia C-069 de 2016 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) entendió como
grupos post-desmovilización a los actores armados ilegales surgidos con
posterioridad al proceso de desmovilización de la Ley 975 de 2005, es decir, “aquellas
organizaciones criminales que, no obstante que han dejado de tener la condición
de actores directos del conflicto armado interno, conservan características de
estructura y modus operandi que permiten establecer una relación de conexidad
cercana con el mismo, como es el de tener una estructura jerarquizada, mando
único, cierto control territorial, presencia armada y capacidad disuasiva de
efecto continuado; situación en la que, eventualmente, podrían estar inmersas
algunas bandas criminales o algunos grupos armados no identificados, en la
medida en que cumplan con las señaladas características”.
[82]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[83]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[84]
Sentencia C-069 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
[85]
Como fue expresado anteriormente, una perspectiva estrecha de conflicto
armado es aquella en la cual este fenómeno (i) se limita a un conjunto
específico de acciones y actores armados, (ii) se caracteriza por el uso de
ciertas armas y medios de guerra, o, (iii) se circunscribe a áreas geográficas
específicas.
[86]
Ley 1448 de 2011. “Artículo 154. Registro Único de Víctimas.
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, será la responsable del funcionamiento del Registro Único de
Víctimas. Este Registro se soportará en el Registro Único de Población
Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional para la atención a la población en situación de
desplazamiento, y que será trasladado a la Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas dentro de un (1) año contado a partir de la
promulgación de la presente Ley”.
[87]
Decreto 4800 de 2011. “Artículo 17. Entidad responsable del manejo del
Registro Único de Víctimas. La Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas será la encargada de la
administración, operación y funcionamiento del Registro Único de Víctimas.”
[88]
En este sentido, la Corte Constitucional ha indicado que las reglas
jurisprudenciales aplicables al Registro Único de Población Desplazada (RUPD)
son trasladables a la inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV)
(sentencia T-067 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada).
[89]
Artículo 16 del Decreto 4800 de 2011.
[90]
Artículo 16 del Decreto 4800 de 2011.
[91]
Artículo 19 del Decreto 4800 de 2011. En consonancia con ello el artículo 61
de la Ley 1448 de 2011 indica que la valoración del funcionario encargado
de recibir la solicitud de registro debe respetar los principios
constitucionales de dignidad, buena fe, confianza legítima y prevalencia del
derecho sustancial.
[92]
Sentencia T-004 de 2014. (M.P. Mauricio González Cuervo). En esta
decisión, la Corte señaló que la inscripción en el Registro Único de Víctimas “es
un requisito meramente declarativo y no constitutivo de la condición de
víctima, en donde, a través de un trámite de carácter administrativo, se
declara la condición de desplazado, a efectos de que las víctimas de este
delito puedan acceder a los beneficios legales y a los diferentes mecanismos de
protección de derechos, con carácter específico, prevalente y diferencial, para
dicha población.” Igualmente, véase, entre otros: Sentencia T-290 de 2016
(M.P. Alberto Rojas Ríos); auto 119 de 2013. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[93]
Ver, entre otros: Sentencia T-290 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos); auto
119 de 2013. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[94]
Sentencias T-004 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo); T-087 de 2014 (M.P.
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub); T-525 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa);
T-573 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-290 de 2016 (M.P. Alberto
Rojas Ríos); entre otras.
[95]
Auto 119 de 2013. (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); Sentencias T-067 de 2013
(M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio);
T-525 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-573 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa); T-692 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo);
T-689 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-834 de 2014 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio); T-556 de 2015 (María Victoria Calle Correa); T-417 de
2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); entre otras.
[96]
Sentencias T-834 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); Auto 119 de 2013
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). El resaltado se encuentra presente dentro del
texto original.
[97]
Artículo 52 de la Ley 1448 de 2011.
[98]
Artículos 62 a 65 de la Ley 1448 de 2011. Decreto 2569 de 2014. De acuerdo con
estas normas, se establecen tres etapas o fases de la atención humanitaria de
las víctimas del desplazamiento forzado: “1. Atención Inmediata, 2. Atención
Humanitaria de Emergencia y 3. Atención Humanitaria de Transición.” La asistencia
humanitaria inmediata es la ayuda “entregada a aquellas personas que
manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de
vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia
alimentaria. Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel
municipal receptora de la población en situación de desplazamiento. Se atenderá
de manera inmediata desde el momento en que se presenta la declaración,
hasta el momento en el cual se realiza la inscripción en el Registro Único de
Víctimas.” Por su parte, la atención humanitaria de emergencia y la
atención humanitaria de transición son las ayudas a las cuales tienen derecho
las víctimas del desplazamiento forzado a partir del momento en el cual se
expide el acto administrativo que ordena su inclusión en el RUV. En este
sentido, mientras que la ayuda humanitaria de transición “es la ayuda
humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de
desplazamiento… y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia
respecto de su subsistencia mínima”, la ayuda humanitaria de emergencia
es aquella “que se entrega a la población en situación de Desplazamiento
incluida en el Registro Único de Víctimas que aún no cuenta con los elementos
necesarios para su subsistencia mínima, pero cuya situación, a la luz de la
valoración hecha por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, no presenta las características de gravedad
y urgencia que los haría destinatarios de la Atención Humanitaria de
Emergencia.”
[99]
Artículo 64 de la Ley 1448 de 2011.
[100]
Artículo 65 de la Ley 1448 de 2011.
[101]
Artículo 156 de la Ley 1448 de 2011.
[102]
Artículos 49 a 59 de la Ley 1448 de 2011.
[103]
En este punto, se reiteran las consideraciones vertidas en las sentencias T-517
de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio) y T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio
Estrada).
[104]
Sentencias T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio); T-556 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-290
de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos)
[105]
Sentencias T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio); T-290 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos)
[106]
Sentencias T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio); T-290 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos)
T-556 de 2015 (María
Victoria Calle Correa); T-417 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); entre
otras.
[107]
Esta interpretación debe acompasarse con lo dispuesto en el artículo 5º de
la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con el cual “[e]l Estado presumirá la
buena fe de las víctimas de que trata la presente ley. La víctima podrá
acreditar el daño sufrido, por cualquier medio legalmente aceptado. En
consecuencia, bastará a la víctima probar de manera sumaria el daño sufrido
ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla de la carga
de la prueba. En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación
administrativa, las autoridades deberán acudir a reglas de prueba que faciliten
a las víctimas la demostración del daño sufrido y aplicarán siempre el
principio de buena fe a favor de estas.”
[108]
Sentencias T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio); T-692 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo);
T-556 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-290 de 2016 (M.P. Alberto
Rojas Ríos).
[109]
Sentencias T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-067 de 2013
(M.P. Alexei Julio Estrada); T-517 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio);
T-692 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-556 de 2015 (M.P. María
Victoria Calle Correa);  T-290 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos). Igualmente,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley 1448 de
2011, con fundamento en el cual se debe observar el principio de
favorabilidad en las actuaciones que se adelanten en relación con el registro
de las víctimas.
[110]
Sentencia T-692 de 2014 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) “Así,
restringir la configuración de la condición de persona desplazada en casos
relacionados con el conflicto armado implicaría una interpretación restrictiva
que iría en contra del principio de favorabilidad en la interpretación de las
normas a favor de esa población.” Del mismo modo, debe tenerse en cuenta lo
preceptuado por el artículo 27 de la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con el
cual “[e]l intérprete de las normas consagradas en la presente ley se
encuentra en el deber de escoger y aplicar la regulación o la interpretación
que más favorezca a la dignidad y libertad de persona humana, así como a la
vigencia de los Derechos Humanos de las víctimas.”
[111]
Auto 119 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[112]
La sentencia T-025 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) declaró “la
existencia de un estado de cosas inconstitucional en la situación de la
población desplazada.”
[113]
Añadió la Corte en el citado auto 119 de 2013 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva) que, “en los casos en los que el desplazamiento fue provocado por
el accionar de las BACRIM las personas no fueron registradas y, en
consecuencia, dejaron de acceder a un conjunto de medidas que son posteriores a
la ayuda inmediata, como la ayuda humanitaria de emergencia y demás  medidas de
atención y reparación integral a las víctimas que dependen de la inscripción en
el registro y que están contempladas en la Ley 1448 de 2011. Sumado a lo
anterior, la decisión de no registrar a las personas desplazadas por las BACRIM
las vuelve invisibles frente a las autoridades locales, incentiva su falta de
respuesta, aumenta su grado de estigmatización, y motiva el accionar de tales
bandas” Igualmente, agregó que aproximadamente el 6% de los casos de
solicitudes para ingresar al registro se fundamentaron en desplazamientos en
los cuales participaron las bandas criminales. Así, la Sala Especial de
Seguimiento concluyó que “el “rótulo” o denominación del actor como parte del
conflicto armado o de la delincuencia común, no puede ser un argumento a priori
y formal para definir de antemano si un determinado daño se enmarca o no dentro
del conflicto armado, para efectos de definir el acceso de las personas
desplazadas por la violencia a los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación
[114]
Auto 119 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. También, la Sala Especial de
Seguimiento expresó que no resulta necesario que confluyan todos los criterios
señalados por la jurisprudencia constitucional respecto a la determinación de
la existencia de un conflicto armado, en el momento de evaluar si determinados
daños ocasionados por el accionar de las BACRIM se presentan en el marco de la
confrontación interna, habida cuenta de que esos parámetros son a título
enunciativo e indicativo.
[115]
Auto 119 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[116]
Auto 119 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En consonancia con lo
anterior, esta Corporación ordenó a la UARIV adoptar las medidas necesarias
para la inscripción en el RUV de toda la población que se ve forzada a
desplazarse, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 387 de
1997, “con independencia de si el desplazamiento forzado se presenta con
ocasión del conflicto armado y sin distinciones en razón de la calidad o
motivos del actor (política, ideológica o común) y de su modo de operar.”
Además, se estableció que dicha orden debía implementarse de manera inmediata e
ininterrumpida desde su comunicación, sin perjuicio de las demás medidas
estructurales que fueron dispuestas por la citada providencia.
[117]
Sentencia T-006 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo.
[118]
Sentencia T-006 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo. En esta
oportunidad, la Sala Segunda de Revisión señaló lo siguiente: “Los
desplazados son víctimas del conflicto armado interno, no por la calidad del
sujeto perpetrador, sino por las circunstancias objetivas. El Estado debe ser
consciente de que existen factores marginales a la situación del conflicto
armado que inciden directamente en la generación del desplazamiento forzado, y
que, independientemente de la causa, constituyen una vulneración múltiple de
derechos humanos. Las personas que han sufrido el desplazamiento forzado, son
víctimas por el sólo hecho de haber sufrido un riesgo tal, ocasionado por el
conflicto armado, que se vieron obligadas a dejar su hogar.”
[119]
Sentencia T-006 de 2014. M.P. Mauricio González Cuervo. “En
conclusión, la condición de persona desplazada por la violencia se adquiere
como consecuencia de la violencia generalizada, sin que se limite a situaciones
de conflicto armado, independiente de los motivos de la violencia y de la
calidad del actor (política, ideológica, común o legitima), puede tener lugar a
nivel rural, urbano, o en una localidad, municipio o región y no es necesario
que se acompañe de amenazas, hostigamientos o ataques, sino que basta que se dé
un temor fundado.”
[120]
Sentencia T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[121]
Sentencia T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[122]
Sentencia T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En tal
sentido, precisó que para la inclusión del actor en el RUV bastaba la
verificación de la configuración de las circunstancias mínimas de hecho que dan
lugar al desplazamiento.
[123]
Sentencia T-517 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En la parte
resolutiva de esta decisión la Corte Constitucional previno a la UARIV en los
siguientes términos “la práctica de negar la inclusión en el Registro Único
de Víctimas a personas que manifiestan ser desplazadas por la violencia, bajo
el único argumento de que los hechos victimizantes no se hayan dado con ocasión
del conflicto armado, es inconstitucional”.
[124]
Sentencia T-689 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. En este
fallo se reiteró la posición fijada por la Corte en las decisiones anteriores
sobre el deber de incluir a las víctimas de desplazamiento forzado en el RUV
sin que pueda negarse tal inscripción con fundamento en que los hechos no
tuvieron relación con el conflicto armado interno.
[125]
Sentencia T-689 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[126]
Sentencia T-834 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[127]
Sentencia T-834 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[128]
Sentencia T-834 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[129]
Sentencia T-834 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En la parte
resolutiva de esta decisión la Corte Constitucional previno a la UARIV en los
siguientes términos “la práctica de negar la inclusión en el Registro Único
de Víctimas a personas que manifiestan ser desplazadas por la violencia, bajo
el único argumento de que los hechos victimizantes no se hayan dado con ocasión
del conflicto armado, es inconstitucional”.
[130]
Sentencia T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[131]
Sentencia T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[132]
Sentencia T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. Del mismo
modo, la providencia estimó que se vulneraron los derechos fundamentales de los
accionantes y se omitió valorar las circunstancias de emergencia y vulnerabilidad
de los actores
[133]
Sentencia T-556 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa.
[134]
Sentencia T-290 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[135]
Sentencia T-290 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos.
[136]
Sentencia T-417 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[137]
Sentencia T-417 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[138]
En estos eventos, la carga de la prueba corresponde a la UARIV según el
artículo 35 del Decreto 4800 de 2011.
[139]
Sentencia T-417 de 2016. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[140]
El desplazamiento de la actora se encuentra soportado por varios de los medios
probatorios documentales allegados por ella. Así, la accionante aportó, entre
otros: (i) copia de la denuncia que ella misma presentó por los hechos
descritos (Folios 39 a 42, Cuaderno No. 1); y, (ii) un documento titulado “Certificado
de desplazamiento” en el cual la Junta de Acción Comunal de la Vereda Agua
Bonita manifiesta que la peticionaria y sus hijos fueron desplazados de su
vivienda. (Folio 29, Cuaderno No. 1).
[141]
A folios 39 a 42 del Cuaderno No. 1 figura copia de la denuncia
interpuesta por la accionante.
[142]
Como evidencia de este hecho, la actora aporta: (i) copia de una constancia
emitida por el Fiscal Quinto Delegado ante el GAULA, fechada el 21 de octubre
de 2014, en la cual se certifica que en dicho despacho se adelanta la
investigación por el homicidio de su esposo (Folio 28, Cuaderno No. 1); (ii)
copia de un acta de conformidad por los servicios exequiales que recibió su
difunto esposo (Folios 43 y 44, Cuaderno No. 1); (iii) copia de un oficio de la
Fiscalía General de la Nación, en relación con el delito de homicidio en contra
de Pablo, en la cual se solicita a Medicina Legal que el cadáver del
occiso sea entregado a su hijo (Folio 45, Cuaderno No. 1); y, (iv) copia de la
denuncia presentada por la accionante por el homicidio de su esposo (Folios 39
a 42, Cuaderno No. 1).
[143]
Esta afirmación se pone de presente en la impugnación, la cual obra a
folios 87-89 del Cuaderno No. 1.
[144] Sentencia
C-781 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
[145]
Como fue explicado anteriormente, la jurisprudencia constitucional
determina que para proceder al registro de las víctimas de desplazamiento
forzado, basta con que se cumplan las dos condiciones citadas. Es menester
recalcar que dicho precedente se compone incluso de pronunciamientos anteriores
a la Ley 1448 de 2011.
[146] La
Defensoría del Pueblo (Regional Departamento de La Cabaña) fue vinculada
mediante el auto admisorio de 29 de marzo de 2016 el cual obra a Folio 47 del
Cuaderno No. 1.
[147]
En tal sentido, se considera especialmente relevante que se instruya a la
tutelante sobre la posibilidad de obtener el decreto de medidas cautelares
sobre su bien y la inscripción del mismo en el registro correspondiente, bien
sea en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) o en el
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
[148]
Ver, entre otras providencias el Auto 119 de 2013 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva); Sentencias T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-004 de
2014 (M.P. Mauricio González Cuervo); T-517 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); T-689 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-692 de 2014
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-834 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); T-556 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[149]
Ver, entre otras providencias el Auto 119 de 2013 (M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva); Sentencias T-067 de 2013 (M.P. Alexei Julio Estrada); T-004 de
2014 (M.P. Mauricio González Cuervo); T-517 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); T-689 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez); T-692 de 2014
(M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); T-834 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio); T-556 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa); T-290 de 2016 (M.P.
Alberto Rojas Ríos) y T-417 de 2016 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).