T-657-01
Sentencia T-657/01
Sentencia
T-657/01
DERECHO A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA-Alcance
MUJER TRABAJADORA
EMBARAZADA-Protección
laboral
ACCION DE TUTELA
TRANSITORIA DE MUJER EMBARAZADA-Elementos fácticos que deben demostrarse
MUJER EMBARAZADA
EN CONTRATO A TERMINO FIJO-Terminación
de labor contratada/ACCION DE TUTELA-Improcedencia por inexistencia de
despido
Referencia:
expediente T- 457.150
Acción de tutela
instaurada por Silvana Dorotea Torres Torres contra el sacerdote Manuel
Santamaría Urbiena, representante legal del establecimiento educativo, Liceo de
Cervantes de Barranquilla.
Procedencia:
Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral
Magistrado Ponente:
Dr. ALFREDO BELTRÁN
SIERRA
Sentencia aprobada en Bogotá D.C., a los
veintiún (21) días del mes de junio de dos mil uno (2001).
La Sala Segunda de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los Magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Manuel
José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en el proceso de revisión del fallo
adoptado el seis (6) de abril de dos mil uno (2001), por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, dentro de la acción de
tutela instaurada por la señora Silvana Dorotea Torres Torres contra el
sacerdote Manuel Santamaría Urbiena, representante legal del establecimiento
educativo Liceo de Cervantes de Barranquilla.
La Sala de Selección No. 5 de la Corte
Constitucional, por auto del veintinueve (29) de mayo del año en curso, eligió,
para efectos de su revisión, el fallo de la referencia.  El expediente llegó a
la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, en virtud de lo ordenado por el artículo 31
del decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES.
La demanda de tutela la interpuso el
apoderado de la actora ante los jueces Laborales del Circuito -reparto-,
correspondió su conocimiento al Juzgado 5 Laboral del Circuito de Barranquilla,
quien remitió el expediente a los juzgados Civiles Municipales -reparto-.  El
Juzgado 12 Civil Municipal de Barranquilla, dando aplicación a la decisión
tomada por la Corte Constitucional, en Auto ICC 118 del 26 de septiembre de
2000, proferido por el doctor Alfredo Beltrán Sierra, remite nuevamente el
expediente al Juzgado 5 Laboral del Circuito de Barranquilla para su
conocimiento.
1. Hechos.
Los hechos que dieron origen a la presente
acción de tutela fueron los siguientes:
1. La actora interpone como mecanismo
transitorio, acción de tutela por medio de apoderado judicial, contra el señor
Manuel Santamaría Urbiena representante legal del centro educativo Liceo de
Cervantes de Barranquilla.
2. Comenta la actora que el 15 de enero de
2000, celebró contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, que terminó
el 15 de diciembre del mismo año, con el centro educativo Liceo de Cervantes de
Barranquilla, como docente en básica primaria, con una asignación mensual de
$492.575 pesos.
3. Durante el cumplimiento del contrato, la
actora quedó en estado de embarazo, tal como consta en el certificado anexo al
expediente, otorgado por el Centro de Diagnóstico Ultrasonografico e Imágenes
(fl. 4), donde se comprueba que para el 6 de diciembre de 2000, la actora
contaba con 28.3 semanas, es decir, aproximadamente siete meses.
4. Pese a que para esta época (15 de
diciembre de 2000), el embarazo era un hecho notorio, la actora comunicó su
estado de gravidez al empleador, el 14 de diciembre de 2000.
5. Sin consideración a lo anterior, el
empleador finalizó el contrato pactado, y se negó a renovarlo. Como dice el
apoderado de la actora, a pesar de que las causas que lo originaron subsistían,
pues el establecimiento educativo continuó la labor educativa.
6. Aduce la actora que el 15 de enero de
2001, acudió junto con el empleador al Ministerio del Trabajo y Seguridad
Social a celebrar audiencia de conciliación, sin que se llegara a ningún
acuerdo.
2. Pretensiones y derechos presuntamente
vulnerados.
La actora solicita como mecanismo
transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital y estabilidad laboral
reforzada.
3. Trámite procesal.
Con la demanda de tutela, la actora allegó
poder, copia del contrato de trabajo, certificación de embarazo y la fallida
acta de conciliación, realizada ante el Inspector del Trabajo y Seguridad
Social del Atlántico.
El Juzgado 5 Laboral del Circuito de
Barranquilla asumió el conocimiento de la acción de tutela y ordenó notificar
al señor Manuel Santamaría Urbiena, para que rindiera informe sobre los hechos
que dieron origen a la tutela.  De lo anterior, se obtuvo lo siguiente:
Por medio de apoderado, el demandado
presenta informe el 23 de febrero de 2001, donde manifiesta no aceptar ninguno
de los hechos que expone la actora, argumentando que la acción de tutela va
dirigida contra el señor Manuel Santamaría Urbiena como persona natural y no
como representante legal del centro educativo Liceo de Cervantes de
Barranquilla.
La señora Torres en su condición de
docente, firmó contrato de trabajo por término definido, lo cual esta
contemplado en el capitulo 5° del C.S. del T. y en la ley de educación,
concluyendo que el término de duración es por el año escolar.
Añade que durante el transcurso del
contrato, la actora no dio aviso del estado de embarazo en que se encontraba.
Al respecto, el apoderado del establecimiento demandado considera que el estado
notorio no es prueba suficiente para acreditar la gravidez.
Finalmente, la parte demandada comenta que
no se llega acuerdo conciliatorio ante el Ministerio del Trabajo, en lo que
respecta a la indemnización por despido injusto, en vista de que no hubo
despido sino terminación normal del contrato.  Por otra parte, con el fin de
garantizar el derecho a la atención médica, el señor Santamaría ofreció
protección a la seguridad social y continuó cotizando en salud a favor de la
actora.
4. Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia del dos (2) de marzo de
2001, el Juzgado 5 Laboral del Circuito de Barranquilla, declara improcedente
la acción de la referencia.
El despacho judicial se apoya en varias
sentencias de la Corte Constitucional respecto a la protección de la mujer en
estado de embarazo.  Comenta que no existe prueba en el expediente de que la
actora haya dado aviso de su estado de embarazo al empleador o que éste fuera
notorio para la época en que se le notificó el vencimiento del contrato.
Tampoco se demostró que el mínimo vital de la actora o el hijo que está por
nacer se encuentre comprometido, para que permitiera conceder la tutela como
mecanismo transitorio, más aún, cuando se ha continuado cotizando a Colseguros
E.P.S. (fls. 28 y 29).  En consecuencia, considera que la actora puede acudir a
la jurisdicción ordinaria laboral, para que se establezca si la terminación del
contrato se dio con sujeción a los parámetros legales.
5. Impugnación.
El apoderado de la actora en escrito del 12
de marzo de 2001, presentó impugnación contra la sentencia del a quo, haciendo
la siguiente pregunta: ¿Por qué el accionado mantuvo afiliada a la accionante a
una E.P.S. cotizando en salud, incluido el mes de febrero de la presente
anualidad, cuando legalmente no estaba obligado, ya que el contrato de trabajo,
suscrito entre la actora y el empleador, finalizó el pasado 15 de diciembre de
2000?. Y se responde diciendo, que era porque conocía el estado de gravidez de
la actora y quería hacer menos gravosa una posible sanción judicial.  Concluye
diciendo que la actora no tuvo la precaución de informar su estado de embarazo
por escrito, pero que cuando avisó verbalmente del hecho, presentó el
certificado del centro médico.
6. Sentencia de segunda instancia.
El Tribunal Superior Sala Laboral de
Barranquilla, por medio de sentencia proferida el 6 de abril de 2001, confirma
el fallo del a quo, al considerar que efectivamente no obra prueba dentro del
expediente, que acredite que la actora haya dado aviso de su estado de gravidez
al empleador y no aprueba, el hecho de que tal estado debía presumirse, además,
corrobora que existe otro medio de defensa judicial ante la vía ordinaria
laboral.
II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
La Sala Segunda de Revisión es competente
para decidir sobre el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 241, numeral 9°, de la Constitución, y 33 y 34 del decreto
2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de discusión.
La Sala de Revisión debe decidir si la
presente acción de tutela es procedente para ordenar protección a la mujer en
estado de embarazo y al hijo por nacer, cuando ha finalizado el contrato a
término definido o si por el contrario, existen otros medios de defensa
judicial.
Tercera. ¿La estabilidad laboral reforzada
de la mujer embarazada debe ser siempre reconocida?
La señora Silvana
Torres presenta acción de tutela como mecanismo transitorio y por tanto,
solicita se le proteja su mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada, tema
que hace referencia al despido sin justa causa o sin permiso judicial a una
mujer que se encuentra en estado de embarazo, de ahí que la actora inste para
que se le asegure la posibilidad de trabajar.  Efectivamente, la estabilidad
laboral reforzada se refiere a la posibilidad que tiene una trabajadora de
acceder nuevamente al trabajo que ocupaba antes de quedar en estado de
embarazo; tal como lo expresa la Corte Constitucional en la sentencia C-470 de
1997 M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero así; “...el derecho a la estabilidad laboral consiste en la
garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los
correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la
voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el
despido. La doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad
laboral configura, en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico
de resistencia al despido[1], el cual es
expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen exclusivamente
por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en juego otros
valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador y la búsqueda de una mayor igualdad entre
patrono y empleado. Por ello, en función del principio de la estabilidad
laboral, y de la especial protección al trabajo (CP arts 25 y 53), no basta el
deseo empresarial para que pueda cesar una relación de trabajo sino que es
necesario que se configure una justa causa, en los términos señalados por la
ley, y en armonía con los valores constitucionales.
Ahora bien, una estabilidad reforzada
implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva al derecho
constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, en ningún
caso, por razón de la maternidad. La protección tiene entonces que ser eficaz,
por lo cual su regulación y aplicación está sometida a un control
constitucional más estricto pues, como ya se explicó en esta sentencia, la
Constitución ordena un amparo especial a la estabilidad laboral de las mujeres
que se encuentran en estado de gravidez, por lo cual no es suficiente que el
ordenamiento legal asegure unos ingresos monetarios a esas trabajadoras, sino
que es necesario protegerles eficazmente su derecho efectivo a trabajar.”.  Situación que en efecto no hace
referencia al caso de la actora, porque ésta no fue despedida en razón de su
estado de embarazo, sino por la terminación del contrato de trabajo.
Cuando se habla de la mujer trabajadora y
embarazada, el ordenamiento constitucional le ha brindado mecanismos para
proteger el derecho a la maternidad y los derechos del hijo por nacer.  Esa
protección se hace evidente por medio de tutela, luego del estudio que se hace
a cada caso, para determinar si los elementos que lo constituyen deben ser
protegidos por este medio o no, estos puntos han sido tratados en varios
pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellas está la sentencia
T-174 de 1999 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra “No obstante, el carácter subsidiario de la acción de
tutela, obliga al juez constitucional a evaluar en cada caso concreto las
condiciones objetivas que dieron lugar al despido de la mujer embarazada y, en
ese orden de ideas, esta Corporación ha señalado, que para la procedencia del
amparo transitorio del derecho a la estabilidad reforzada, una vez analizados
los supuestos fácticos aducidos, estos deben evidenciar lo siguiente : “a) que
el despido se ocasione durante el período amparado por el ‘fuero de
maternidad’, esto es, que se produce en la época del embarazo o dentro de los
tres meses siguientes al parto (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo)
b) que a la fecha del despido el empleador conocía o debía conocer la
existencia del estado de gravidez, pues la trabajadora notificó su estado
oportunamente y en las condiciones que establece la ley c) que el despido sea
una consecuencia del embarazo, por ende que el despido no está directamente
relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique. En este
sentido el Convenio 103 de la OIT, relativo a la protección de la maternidad
dispone la prohibición de despedir de su empleo a una mujer por su estado de
embarazo d) que no medie autorización expresa del inspector del trabajo si se
trata de trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del
respectivo organismo si se trata de empleada pública e) que el despido amenace
el mínimo vital de la actora o del niño por nacer” (Sent. T-426 de 1998).  Además se pueden observar las sentencias T-911, T-1025, T-1033,
T-1126. T-1242, T-1244, T-1247, T-1562 y T-1566 de 2000, entre otras.
Es así como, no puede existir
discriminación por razones de sexo para acceder a cargos públicos o privados,
situación que permite a la mujer libremente decidir ser madre y a su vez desenvolverse
en el campo laboral que haya escogido.
También se considera como garantía laboral
a la mujer que, en contratos a término fijo, se permita la renovación del
contrato, si subsisten las causas que originaron la labor para la cual fue
contratada, lo anterior, con el fin de proteger la estabilidad laboral.  En el
presente caso, dice el apoderado del demandado que la terminación del contrato,
no se debió al estado de gravidez en que se encontraba la actora, sino a la
terminación del contrato de trabajo, motivo por el cual no se llegó a ningún
acuerdo conciliatorio.
De acuerdo a lo anterior y teniendo
presente que todos los conflictos por maternidad no constituyen violación a los
derechos de la mujer en embarazo, se tiene que en éste caso, el vínculo laboral
terminó, sin que con ello se predique vulneración al trabajo
Tampoco hubo violación al mínimo vital,
como lo asegura la actora, ya que ésta y su hijo están aparados en seguridad
social, hasta el punto que la solicitud de tutela no se extendió al
reconocimiento de la licencia de maternidad ni a la falta de atención médica.
La Sala considera que hay eventos como el
presente, en los que la acción de tutela no es procedente para la
reivindicación de derechos a la maternidad por inexistencia de despido y donde
no es posible reintegro, sino que existen otros medios de defensa judicial ante
la vía ordinaria laboral o administrativa laboral según sea el caso.
No es necesario examinar, como lo hizo el a
quo, si la actora notificó o no su estado de gravidez al empleador, ya que para
la fecha en que finalizó el contrato de trabajo, ella tenía siete meses y medio
de gestación, razón por la cual, el demandado, Manuel Santamaría, no renovó el
contrato pero continuó con el pago de salud a la E.P.S. Colseguros, que la ha
estado asistiendo, para proteger la atención médica que requieren la actora y
su hijo.
III. DECISIÓN.
En mérito de lo
expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando
justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero. CONFIRMAR el fallo proferido el seis (6) de
abril de dos mil uno (2001), por el Tribunal Superior Sala Laboral de
Barranquilla, dentro de la acción de tutela instaurado por la señora Silvana
Dorotea Torres Torres en contra del señor Manuel Santamaría Urbiena, por las razones
expuestas en la parte motiva de este fallo.
Segundo:  Por Secretaria General, líbrense las
comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
Cópiese,
notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Magistrado Ponente
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
orial, 1983, pp 15 y ss.
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M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Ibídem.
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Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz
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Sentencia T-1035/00, M.P. Alejandr