T-686-07
El presente caso plantea a la Corte varios problemas jurídicos:
Sentencia T-686/07
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES-Características
del defecto sustantivo
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Doctrina
jurisprudencial de procedibilidad por defecto sustantivo cuando la autoridad
deja de aplicar normas relevantes
MENSAJE DE DATOS POR PARTE DE LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Marco normativo
SISTEMA DE INFORMACION-El historial de los procesos tiene
carácter de “mensaje de datos”
De acuerdo a las definiciones establecidas
en el artículo 2 de la Ley 527, no cabe duda que la información sobre el
historial de los procesos que aparece registrada en los computadores de los
juzgados tiene el carácter de un “mensaje de datos”, por cuanto se trata de
información comunicada a través de un medio electrónico, en este caso la
pantalla de un computador que opera como dispositivo de salida.
SISTEMA DE INFORMACION-Mensaje de datos sobre procesos
registrados en computadores de los Despachos judiciales tiene carácter de acto
de comunicación procesal
Asimismo, la emisión de este tipo de
mensajes de datos puede considerarse un “acto de comunicación procesal”, por
cuanto a través de ella se pone en conocimiento de las partes, de terceros o de
otras autoridades judiciales o administrativas las providencias y órdenes de
jueces y fiscales en relación con los procesos sometidos a su conocimiento.
Finalmente, es claro que los sistemas informáticos utilizados por los despachos
judiciales para generar, enviar, archivar o procesar tales mensajes de datos
configuran un “sistema de información” para los efectos de la Ley 527.
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Finalidad
La progresiva implementación de este tipo
de mecanismos por parte de la rama judicial responde a la finalidad de hacer
más eficiente el cumplimiento de sus funciones, racionalizando el uso del
tiempo por parte de los empleados y funcionarios judiciales, pues con ayuda de
aquellas herramientas se espera disminuir el volumen de usuarios que demanda el
acceso directo a los expedientes. Igualmente contribuye a la publicidad de las
actuaciones judiciales, al disponer de un sistema de información que permite
conocer a los ciudadanos la evolución de los procesos en cuyo seguimiento estén
interesados. En definitiva, el recurso a estos sistemas de información
constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el
cumplimiento eficiente de sus cometidos, en particular de su deber de dar
publicidad a las actuaciones judiciales, a la vez que facilita a los ciudadanos
el acceso a la administración de justicia.
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Carácter de
información oficial de los datos registrados
Tan loables propósitos sólo se satisfacen
si los datos registrados en dichos sistemas computarizados tienen carácter de
información oficial, de modo tal que puedan generar confianza legítima en los
usuarios de la administración de justicia. De lo contrario, la implementación
de tales sistemas además de no contribuir a lograr mayores niveles de
eficiencia, publicidad y acceso a la administración de justicia, puede incluso
resultar contraproducente para alcanzar tales fines.
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Justificación
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Requisitos que
deben reunir los mensajes de datos
MENSAJE DE DATOS-Equivalencia al escrito según
artículo 5 del Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura
MENSAJE DE DATOS-Casos de equivalencia
funcional según artículo 5 del Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura
La disposición transcrita circunscribe el ámbito de
aplicación de esta regla de equivalencia funcional a dos casos muy precisos:
(i) actos de comunicación procesal que se realicen por correo electrónico y
(ii) documentos que pueden ser presentados como mensajes de datos en términos
de la ley procesal, entendidos estos últimos como los documentos llamados a ser
tenidos como pruebas para respaldar o desvirtuar las pretensiones de las partes
en un proceso.
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Riesgos
Pero existen otras razones que soportan esta conclusión, relacionadas, en primer lugar, con el mayor riesgo al que se expone la información que se transmite a través del córreo electrónico, debido a las mayores mediaciones y a los riesgos de suplantación a los que está expuesta al viajar a través de la Internet; mediaciones que se presentan en menor medida en el caso de bases de datos, alimentadas por los propios empleados del despacho judicial, y destinadas a ser consultadas en los terminales situados en las sedes de los despachos. En efecto, mientras los actos de comunicación procesal que se realizan por córreo electrónico o a través de sitios web se efectúan remotamente, aquellos que se realizan a través de la consulta de los computadores de los despachos judiciales tienen carácter local, pues se efectúan a través de una pantalla que actúa como una terminal de salida del sistema de información, pero que no permite a los usuarios ningún nivel de procesamiento o interacción con dicha información. En este último caso, la información se transmite a través de una terminal bruta que es configurada y controlada directamente por los administradores del sistema, con lo cual la amenaza y el riesgo a que está sometido el sistema de procesamiento de información es ostensiblemente menor que en el caso de datos que se comuniquen a través de sistemas remotos como el correo electrónico o la Internet.
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Diferencia entre el tipo
de información que se transmite y la finalidad que con ella se cumple
Existen diferencias entre el tipo de
información que se transmite y la finalidad que con ella se cumple. Los actos
de comunicación procesal a los que se refiere el Acuerdo de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura No. PSAA06-3334 de 2006 son los actos a través de los
cuales se realizan notificaciones por correo electrónico o se da a conocer el
contenido íntegro de providencias judiciales, más no, como ocurre en este caso,
actos de comunicación en los que simplemente se da a conocer el historial y la
fecha de las actuaciones surtidas en un proceso. Por tal razón, tiene sentido
exigir de los primeros el que en ellos se utilice firma electrónica avalada por
una entidad de certificación autorizada conforme a la ley.
PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES-Diferencia entre las
manifestaciones del principio de publicidad
Es preciso llamar la atención sobre la diferencia que
se establece en esta sentencia entre las dos manifestaciones del principio de
publicidad: la primera, que asegura el conocimiento de las decisiones
judiciales por las partes interesadas a través de los mecanismos de
notificación; la segunda, que tutela el derecho de los ciudadanos a conocer las
actuaciones de las autoridades públicas, como una garantía de transparencia en
la actuación de los poderes públicos y un mecanismo que facilita su control por
parte de la comunidad. Los mensajes de datos que se transmiten a través de las
pantallas de los computadores de los despachos judiciales son, ante todo,
instrumentos para hacer efectiva esta segunda manifestación del principio de
publicidad. Constituyen mecanismos orientados a proveer más y mejores
herramientas para que, tanto las partes dentro de los procesos, como la
comunidad en general puedan conocer y controlar la actuación de las autoridades
judiciales. No son, en cambio, en su desarrollo actual, instrumentos destinados
a suplir los mecanismos de notificación previstos en la ley para asegurar el
conocimiento de las decisiones judiciales por parte de los interesados, a fin
de que puedan ejercer frente a ellas su derecho de defensa. Naturalmente, las
partes dentro de un proceso pueden - en igualdad de condiciones, dado que todas
ellas tienen acceso a estos sistemas - valerse de ellos para seguir el curso de
los procesos, pero sin que ello reemplace los actos de notificación de las
providencias, dotados de mayores exigencias en atención a la finalidad que
cumplen.
MENSAJES DE DATOS QUE INFORMAN SOBRE EL
HISTORIAL DE LOS PROCESOS Y LA FECHA DE ACTUACIONES JUDICIALES-Equivalente funcional a la información
escrita en los expedientes
Puede concluirse que, de acuerdo a la legislación
vigente y a la interpretación que ha hecho de ella la jurisprudencia
constitucional en sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes, los
mensajes de datos que informan sobre el historial de los procesos y la fecha de
las actuaciones judiciales, a través de las pantallas de los computadores
dispuestos en los despachos judiciales para consulta de los usuarios, pueden
operar como equivalente funcional a la información escrita en los expedientes,
en relación con aquellos datos que consten en tales sistemas computarizados de
información.
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia
por defecto sustantivo por inaplicación de norma aplicable
ABOGADO-Carencia de falta del
deber de vigilancia de las actuaciones judiciales cuando se fía de la información
que le suministra el computador de las dependencias de los Juzgados
El abogado no faltó a su deber de vigilancia de las
actuaciones judiciales al tener por cierta la fecha de notificación del auto
admisorio de la demanda consignada en la pantalla del computador del juzgado,
razón por la cual no cabe trasladarle las consecuencias del error que se
presentó en el registro de dicha información. Queda entonces por establecer si
en este caso se configuran los presupuestos que permitan hablar de un error
judicial o de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y
si cabe extender a este supuesto la doctrina consolidada por esta Corte en
relación con los errores cometidos por los secretarios de los despachos
judiciales en las constancias que dejan consignadas en los expedientes.
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Responsabilidad de los empleados y
funcionarios judiciales por los errores cometidos en el registro de datos
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Deber de las
autoridades judiciales de asumir la responsabilidad generada por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia
La segunda irregularidad tuvo lugar cuando, advertido
del error en la información registrada en la pantalla, el titular del Juzgado
6º Civil Municipal de Bogotá no aplicó, ni justificó la inaplicación, de las
normas legales contenidas en el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, en la Ley
527 de 1999 y en la jurisprudencia constitucional sobre el tema, que permitían
atribuir a la información suministrada en el computador del juzgado acerca de
la fecha de las actuaciones judiciales el carácter de equivalente funcional del
escrito; en este caso, de la constancia de notificación del auto admisorio de
la demanda obrante en el expediente. Esta segunda irregularidad configuró un
error judicial, en los términos del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, que se
manifestó en una providencia contraria a la ley, a saber, el auto del 6 de
julio de 2006, que dispuso no tener en cuenta ni tramitar, por extemporáneas,
las excepciones formuladas por el apoderado del señor en su escrito de
contestación de la demanda.
SISTEMA DE INFORMACION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES-Vulneración de derechos fundamentales
cuando se niega toda relevancia de los errores, declarando fuera del término
las actuaciones realizadas por las partes que confiaron en la información
suministrada por la administración de justicia
Caso de los yerros cometidos en el registro de datos
en los sistemas de información computarizados de los despachos judiciales.
También se vulnera el derecho de defensa y se desconocen los principios
constitucionales de buena fe y prevalencia del derecho sustancial en las
actuaciones judiciales, cuando las autoridades judiciales pretenden negar toda
relevancia a dichos errores, declarando fuera de término las actuaciones
realizadas por las partes que confiaron en la información suministrada por la
administración de justicia. El hecho de que esta información errónea no se
plasme en una constancia secretarial escrita en el expediente sino en un
mensaje de datos comunicado a través de la pantalla del computador carece de
relevancia, siempre y cuando se verifiquen las condiciones establecidas en la
ley para considerar a éste último como equivalente funcional de la información
escrita en el expediente.
Referencia: expediente T-1620094
Acción de tutela interpuesta por José Luis
Morales Parra contra los Juzgados 6 Civil Municipal y 43 Civil del Circuito de
Bogotá.
Magistrado Ponente:
Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de
agosto de dos mil siete (2007).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte
Constitucional, integrada por los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo
Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, en ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y
241 numeral 9 de la Constitución y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del trámite de revisión de los
fallos de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron en
primera y segunda instancia, respectivamente, la acción de tutela promovida por
el señor José Luis Morales Parra contra los Juzgados 6
Civil Municipal y 43 Civil del Circuito de Bogotá.
I.
ANTECEDENTES
Hechos
Los hechos que dieron lugar a interponer
la acción de tutela objeto de revisión son los siguientes:
1.
La Sociedad Comercializadora Inmobiliaria Rojas
y Vásquez Abogados Asociados Ltda., “CIRVAS LTDA.”, por intermedio de su
representante legal, formuló demanda en contra del señor José Luis Morales
Parra, con el fin de declarar terminado el contrato de arrendamiento suscrito
entre ambas partes, respecto de la oficina 401 del edificio ubicado en la calle
67 No. 8-12, antes 8-16, de Bogotá, y, en consecuencia, obtener la restitución
de dicho inmueble.
2.
Efectuado el reparto, correspondió al Juzgado 6
Civil Municipal de Bogotá dar trámite a la demanda.
3.
La notificación personal del auto admisorio de
la demanda se realizó el 3 de mayo de 2006.  Sin embargo, en el sistema de
información del juzgado dicha actuación aparece registrada con fecha 4 de mayo
de 2006.
4.
Una vez notificado del auto admisorio de la
demanda, el señor Morales Parra acudió al abogado Germán Acosta Romero para que
lo representara en el proceso judicial que se iniciaba en su contra.  Este
último consultó el historial del proceso en la pantalla del computador del
Juzgado 6 Civil Municipal de Bogotá y allí encontró, bajo la columna titulada “Actuación”,
el texto “Diligencia de notificación personal”, frente a la cual aparecía, en
la columna titulada “Fecha actuación”, la fecha “04/05/2006”, la cual
tomó como cierta.
5.
Con base en esta información, el apoderado del
señor Morales Parra contabilizó el término de traslado de diez (10) días que la
ley concede al demandado para responder a la demanda y formular las
excepciones.  De acuerdo a la fecha de notificación registrada en la pantalla
del computador, y teniendo en cuenta la suspensión de términos judiciales que
tuvo lugar entre el 11 de mayo y el 6 de junio – debido al cese de actividades
judiciales acaecido en esas fechas - el término para contestar la demanda
vencía el 14 de junio de 2006, fecha en la cual el abogado presentó el escrito
correspondiente, donde formulaba como excepción de mérito el cumplimiento total
de la obligación.
6.
Mediante auto del 6 de julio de 2006, el Juzgado
de conocimiento dispuso “No se tienen en cuenta ni se las da trámite a las
anteriores excepciones, por EXTEMPORÁNEAS”.
7.
En contra de tal decisión, el abogado del señor
Morales Parra interpuso y sustentó los recursos de reposición y, en subsidio,
apelación.  El primero fue negado por el Juzgado argumentando la
extemporaneidad de las excepciones formuladas, toda vez que el término para
presentarlas, contabilizado a partir de la fecha en que se surtió la
notificación personal al demandado (3 de mayo de 2006), vencía el 13 de junio
de 2006.  Por su parte, el recurso de apelación fue negado por considerarlo
improcedente.
8.
En contra de esta última decisión, el apoderado
interpuso los recursos de reposición y de queja.  El primero fue negado y el
segundo concedido.  La decisión del recurso de queja correspondió por reparto
al Juzgado 43 Civil del Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto del 11 de
diciembre de 2006, dispuso que “…el recurso de Apelación estuvo bien
denegado por el Juzgado de conocimiento…”, sin hacer consideración alguna
respecto a la discusión de fondo sobre la extemporaneidad de las excepciones
formuladas por el demandado.
Acción de tutela interpuesta
Agotados los mecanismos ordinarios de
defensa judicial, el señor Morales Parra, a través de su apoderado, interpuso
acción de tutela en contra de los Juzgados 6 Civil Municipal y 43 Civil del
Circuito de Bogotá.  En ella solicita que se amparen sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la buena fe, y al acceso a la administración de justicia.
Para ello argumenta que, al declarar extemporáneas
las excepciones formuladas en la contestación de la demanda, se pasó al señor
Morales Parra “una factura de cobro del ERROR cometido por el propio
Juzgado”, al ingresar en el sistema de información computarizado una fecha
de la diligencia de notificación personal del demandado que no correspondía a
la que constaba en el expediente.  Dicho error, abstracción hecha de quien lo
cometa, “configura finalmente una falla institucional, que compromete al
Juzgado como un todo, esto es, se traduce en un ERROR JUDICIAL de orden
INSTITUCIONAL”.  Sostiene el señor Morales Parra que, al tener por
extemporánea la contestación de la demanda y no dar trámite a la excepción de
cumplimiento total de la obligación, se vulneró su derecho de defensa, y con él
el derecho al debido proceso, “ya que no fuimos oídos en juicio por un ERROR
al que nos indujo el Juzgado, cuyo computador fue alimentado o accesado por uno
de los funcionarios judiciales del propio Despacho”.  Tal actuación
conlleva además una vulneración del derecho fundamental de acceder a la
administración de justicia, derecho que consiste “no sólo en poder demandar,
sino también en poder defenderse ante los jueces”, posibilidad que le fue
negada en este caso.
Finalmente considera que la actuación de
las autoridades judiciales resulta violatoria del principio de la buena fe,
según el cual “hay que creer y confiar en la palabra dada, bien en forma
oral o bien en forma escrita”.  Sostiene el peticionario que la información
digitada en los computadores de los juzgados no sólo da cuenta del esfuerzo de
modernización emprendido por la Administración de Justicia, “sino que nos
genera toda la confianza en la actuación judicial, en donde se presume que el
DERECHO DE DEFENSA se encuentra preservado y a salvo”.  Sin embargo, “fuimos
asaltados en nuestra buena fe y en la confianza legítima, ya que la
Administración Judicial nos sorprendió con una decisión inesperada e
inconsecuente con las fechas que ella misma había generado entre los usuarios
de la rama judicial”.
Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Correspondió conocer de la acción de tutela a la Sala
de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Durante el trámite presentaron sus argumentos el representante legal de la
sociedad demandante en el proceso de restitución y el titular de uno de los
juzgados frente a los que se interpuso la tutela.
El señor Rafael Alberto Rojas Echeverri, representante
legal de la sociedad “CIRVAS LTDA”, expone las siguientes razones para denegar
el amparo solicitado por el señor Morales Parra.  En primer lugar, señala que
el Tribunal no es competente para conocer la acción, pues le corresponde
hacerlo al inmediatamente superior, esto es, a los Jueces Civiles del
Circuito.  En segundo lugar, advierte que la tutela interpuesta sólo tiene como
finalidad entorpecer el trámite normal del proceso, para lo cual se alega una
vulneración del debido proceso y del derecho de defensa que se sustenta en una
pobre argumentación, toda vez que “es de conocimiento que las normas
procesales son de orden público y hasta el estudiante de primer año de derecho
conoce que quien marca la pauta para aplicar el procedimiento dentro de los
procesos judiciales es el código correspondiente, quien determina que a través
de los estados se contabilizan los términos y no por un computador que es un
mecanismo de simple ayuda”.
Por su parte, el titular del Juzgado Sexto Civil
Municipal de Bogotá allega un escrito en el cual se precisa que la notificación
al señor Morales Parra “se surtió en el juzgado con fecha 3 de mayo de 2006
y fue ingresada en el sistema al día siguiente por el empleado que realizó la
notificación, razón por la cual figura en pantalla el 4 de mayo de 2006”.
Tras explicitar la manera en que fueron contabilizados los términos por parte
del juzgado, señala que “el hecho de que en el sistema aparezca como fecha
de notificación el día 4 de mayo no da lugar a que se deje de pasar por alto la
fecha en que se suscribió el acta de notificación.  Por lo cual los términos
para contestar son estrictos y específicos”.
Decisión de la acción de tutela en primera instancia
En sentencia del 15 de febrero de 2007, la Sala Civil
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá deniega el amparo
solicitado por el accionante con fundamento en las siguientes consideraciones:
En relación con la actuación del Juzgado 43 Civil del
Circuito, la tutela resulta improcedente, pues éste se limitó a estudiar el
recurso de queja que se interpuso frente a la negativa del a-quo a
conceder la apelación frente al auto que negaba dar trámite a las excepciones
formuladas por el demandado.  La competencia de este Juzgado al decidir el
recurso de queja se limitaba a determinar si la providencia sometida a
consideración era o no apelable, y así lo hizo.
Respecto a la actuación del Juzgado 6 Civil Municipal,
el juez de tutela considera que no incurrió en violación de los derechos
fundamentales invocados por el accionante.  Para ello señala que si el Juzgado
consideró extemporáneas las excepciones formuladas por el apoderado del señor
Morales Parra, fue porque en realidad se presentaron tardíamente.  Sostiene que
la divergencia entre la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda
registrada en el computador del Juzgado y la fecha consignada en el expediente
carece de relevancia por cuanto “la falla que se presenta es de carácter
humana no atribuible al funcionario judicial, pues bien es sabido por los usuarios
de la justicia, que los medios tecnológicos con que se cuenta en la Rama
Judicial, aún presentan serios inconvenientes, razón que obliga al usuario a
consultar no sólo el sistema, sino mejor aún, el propio expediente.  Si el
interesado hubiese efectuado esa operación sencilla, se había enterado que su
prohijado se notificó el 3 de mayo y no en otra fecha, por lo que en
consecuencia, sabía hasta cuando llegaba el término para contestar y formular
excepciones”.  A juicio del juez de tutela, la omisión de consultar
directamente el expediente sólo denota descuido en la vigilancia de las
actuaciones procesales por parte del apoderado del señor Morales Parra.  En
este orden de ideas, considera además que, así se hubiese registrado la
anotación en un día posterior, el abogado del demandado tuvo la posibilidad de
contestar la demanda y formular excepciones dentro del mes en que los juzgados
permanecieron en huelga, en lugar de presentarla a última hora, como en efecto
lo hizo.
Decisión de la acción de tutela en
segunda instancia
El fallo de primera instancia fue
impugnado por el accionante, reiterando su tesis respecto a la existencia de un
error judicial.  En sentencia del 29 de marzo de 2007, la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió en segunda instancia esta acción
de tutela, confirmando la decisión impugnada reiterando los argumentos
expuestos por el a-quo .
Pruebas decretadas en sede de revisión
Con el objeto de contar con mayores elementos de
juicio para decidir el asunto de la referencia, el Magistrado sustanciador,
mediante auto del 13 de agosto de 2007, ordenó la práctica de las siguientes
pruebas:
1.  Oficiar al Juzgado 6 Civil Municipal de Bogotá
para solicitarle informar a la Corte acerca del estado actual del proceso abreviado
de restitución de inmueble promovido por la sociedad “CIRVAS LTDA” contra el
señor José Luis Morales Parra, radicado bajo el número  05-1394, e igualmente
para enviar copia de las actuaciones adelantadas con posterioridad al auto del
6 de julio de 2006, en el cual se niega dar trámite, por extemporáneas, a las
excepciones formuladas en la contestación de la demanda.
Atendiendo a esta solicitud, el Juzgado 6 Civil
Municipal remitió, mediante oficio No. 2054 del 16 de agosto de 2007, un
cuaderno de 25 folios con copias de las actuaciones adelantadas en el proceso
de la referencia, entre las cuales se destacan:
·
Constancia de
notificación personal del auto admisorio de la demanda suscrita el 3 de mayo de
2006 (fol. 1).
·
Auto del 18 de agosto
de 2006 en el que el titular de ese despacho decide NO REPONER el auto del 6 de
julio de 2006 (fol. 11 y 12).
·
Fotocopia de una
fotografía de la pantalla del computador del juzgado en la que aparece el
04/05/2006 como fecha de la diligencia de notificación personal (fol. 13).
·
Auto del 23 de octubre
de 2006 en el que el titular de ese despacho decide NO REPONER el auto del 18
de agosto de 2006 y CONCEDER el recurso de queja (fol. 18 y 19).
·
Sentencia del 5 de
febrero de 2007, en la que el Juzgado 6 Civil Municipal declara la terminación
del contrato de arrendamiento suscrito entre la sociedad “CIRVAS LTDA” y JOSÉ
LUIS MORALES PARRA, ordena a este último la restitución del inmueble arrendado
y le condena en costas (fol.21 a 23).
·
Despacho comisorio No.
123 del 11 de abril de 2007, en el que se comisiona al Inspector de Policía de
la zona respectiva para practicar la diligencia de entrega del inmueble ubicado
en la calle 67 No. 8-12, antes 8-16 de la ciudad de Bogotá (fol. 25).
2.  Oficiar a la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura para solicitarle que se sirva informar si a la fecha
ha sido expedida la reglamentación relacionada con el uso de los medios
tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia a los que se refiere
el artículo 95 de la Ley 270 de 1996.  Igualmente, si dentro de la
reglamentación antes mencionada se ha regulado la creación y funcionamiento de
los sistemas computarizados que permiten a los ciudadanos consultar el
historial de los expedientes en los despachos judiciales, así como el valor
probatorio de dicha información.
En respuesta a esta solicitud, el 28 de agosto de 2006
se recibió una comunicación procedente de la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial, Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, suscrita por el doctor Juan Carlos Yepes Alzate, en la que se
informa que, en desarrollo del artículo 95 de la Ley 270 de 1996, se han
elaborado planes de modernización tecnológica de la Rama Judicial para los
períodos 2003-2006 y 2007 a 2010, los cuales fueron aprobados por la Honorable
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  Asimismo, señala
que “en cuanto a la consulta del historial de los expedientes a través de la
página web de la Rama Judicial, dicho servicio es brindado al ciudadano, con
fundamento en la información registrada directamente por los empleados de cada
uno de los despachos judiciales que cuentan con el sistema de gestión,
denominado Justicia XXI.  Estos datos que se encuentran en la página web son de
carácter informativo y por tal motivo los usuarios deben acercarse a la
Secretaría del despacho respectivo para verificar información, tal como se
informa en la página de consulta de procesos en Internet: “Por favor verificar
la información con la secretaría correspondiente”.
Adjunto a dicha comunicación, se envía copia de 23
Acuerdos expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura en relación con la implementación de medios tecnológicos para
cumplir diversas tareas en la administración de justicia: reparto en los
despachos pertenecientes a las diferentes jurisdicciones, depósitos judiciales,
etc.  Entre dichos acuerdos, merece destacarse el No. 1591 de 2002, “por el
cual se establece el sistema de información y gestión de procesos y manejo
documental (Justicia XXI)”.
3.  Oficiar al representante legal de sociedad “CIRVAS
LTDA”  para que informe a la Corte si a la fecha existe contrato de
arrendamiento vigente respecto de la oficina 401 del edificio ubicado en la
calle 67 No. 8-12, antes 8-16 de la ciudad de Bogotá.  Como respuesta, el 16 de
agosto de 2007, se recibió un escrito firmado por el señor Rafael Alberto Rojas
Echeverri en el que se afirma que “de conformidad con lo ordenado en
sentencia judicial debidamente ejecutoriada, el contrato de arrendamiento
suscrito con el tutelante, se encuentra terminado”.  Sin embargo, dado que
en dicha comunicación no se aclaró si a la fecha dicho inmueble es objeto de
contrato de arrendamiento vigente suscrito con alguna otra persona, en
conversación telefónica sostenida el 21 de agosto de 2007, el señor Rojas
Echeverri manifestó a una auxiliar del despacho del Magistrado sustanciador que
a la fecha no existía ningún contrato de arrendamiento vigente, ni con el señor
Morales Parra ni con ninguna otra persona.  Que el señor Morales Parra mantenía
la tenencia del inmueble objeto de controversia pues, aunque ya se había fijado
fecha para la diligencia de restitución, ésta no se había practicado aún.
4.  Mediante auto del 28 de agosto de 2007, el
Magistrado sustanciador comisionó a dos funcionarios de su despacho para
efectuar una inspección judicial a las instalaciones de los Juzgados Civiles de
Bogotá, situadas en la carrera 10 No. 14 – 33 de Bogotá, con el fin de obtener
mayor información sobre el funcionamiento del sistema de información
computarizado que opera en estas dependencias, las medidas de seguridad
implementadas para garantizar la fiabilidad de la información y la existencia
de anuncios que adviertan a los usuarios sobre la necesidad de verificar los
datos registrados en dicho sistema con la consulta directa de los expedientes.
En el desarrollo de esta inspección se logró
establecer que, ni en las pantallas, ni en los alrededores del lugar donde
están situados los  36 computadores dispuestos para consulta del público en la
primera planta del edificio, ni en los computadores situados en los despachos
visitados, entre ellos el Juzgado 6 Civil Municipal, existían avisos que
advirtieran a los usuarios sobre la necesidad de verificar los datos
registrados en dicho sistema con la consulta directa de los expedientes.  En la
sede de este despacho tan sólo consta un aviso en que se señala que: “La
notificación personal está prohibida sin autorización del secretario del
juzgado.”
Con el fin de indagar sobre el funcionamiento de este
sistema de información, se entrevistó al titular del Juzgado 26 Civil Municipal
de Bogotá, Fabio Máximo Mena Gil, y a la secretaria del mismo despacho, Yenny
Stella Martínez Arenas.  Esta última manifestó que tal sistema de información
comenzó a implementarse en las dependencias de los Juzgados Civiles situados en
la carrera 10 desde finales de 2003.  Señala que en él se registra todo tipo de
actuación surtida en el proceso.  En relación con ellas, en el sistema se
informa sobre la fecha, el tipo de actuación y, en algunos casos, cuando el
sistema ofrece la opción para ello, como ocurre en el caso de las providencias
judiciales, se introduce un breve resumen donde se informa del sentido en que
se resolvió.  Sin embargo, debido a la limitación de los caracteres, no alcanza
a registrarse de manera completa la parte resolutiva, ni a informar nada sobre
la parte motiva de las decisiones.
Igualmente la señora Yenny Martínez manifestó que, en
el despacho donde labora, cada empleado está encargado de ingresar diariamente
al sistema las actuaciones que realiza, para lo cual dispone de una clave de
acceso personal.  Que a ella además, en calidad de secretaria, le corresponde
ingresar las providencias firmadas por el juez.  Señala que, en su caso, la
tarea de alimentar el sistema le ocupa entre 4 y 5 horas diarias.  Sostiene que
tal labor en ningún caso es confiada a empleados judiciales ajenos al despacho
ni a particulares contratados para tal fin.  Igualmente explica que, como
medida de seguridad, la información relacionada con las actuaciones de
secretaría sólo puede ser modificada por la secretaria del juzgado, mientras
que los datos sobre actuaciones del despacho sólo pueden ser modificados por el
propio juez. El sistema no permite que cualquier empleado del juzgado, con su
clave, pueda modificar la información que en él se registra.
Tanto el titular como la secretaria del Juzgado 26
Civil Municipal de Bogotá manifestaron que en este despacho es costumbre
solicitar a los usuarios que consulten en la pantalla el estado del proceso con
el fin de facilitar la ubicación del expediente, pero que en ningún caso se les
niega la consulta directa del expediente ni se condiciona su acceso al mismo al
registro de nuevas actuaciones procesales en la pantalla del computador.
Finalmente, el juez Mena Gil explicó que el sistema
operativo actualmente empleado en las bases de datos de los despachos
judiciales fija de manera automática la fecha que aparece en la columna “Fecha
Actuación”, a partir del día en que se introduce la información
sobre ésta al sistema.  Es por esta razón que los empleados de su despacho
tienen la obligación de introducir en el sistema los datos de las actuaciones
el mismo día en que éstas se realizan, para así evitar que la fecha registrada
en el sistema no coincida con la fecha real de la actuación. Sin embargo, como
en ocasiones el tiempo no alcanza, algunas actuaciones son registradas el día
siguiente al que se produce la actuación. No obstante, se cuida que ello no
suceda con las actuaciones de las que depende el cómputo de términos y de las
providencias, donde se trata que la fecha  registrada en el sistema coincida
con la fecha de su realización que aparece en el expediente. Señala este
funcionario que, hasta donde tiene entendido, esta misma norma se aplica a
todos los juzgados de esta especialidad.
II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Competencia.
1.  Esta Corte es competente de conformidad
con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el Decreto 2591 de
1991, para revisar el fallo de tutela seleccionado.
Problemas
jurídicos.
2.  El presente caso plantea los siguientes problemas
jurídicos:
2.1.  El primero de ellos es la procedibilidad de la
acción de tutela, pues debe la Corte entrar a resolver si en este caso
concurren los requisitos establecidos en la jurisprudencia constitucional para
que pueda instaurarse la acción de tutela contra providencias judiciales.
Para resolver esta cuestión se abordarán los
siguientes aspectos:  en primer lugar, se examinará si en el caso se verifican
las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales.  En segundo lugar, se revisará la doctrina
desarrollada por esta Corporación sobre las causales específicas de
procedibilidad de la tutela frente a decisiones judiciales, en particular la
relacionada con la existencia de un defecto sustantivo por inaplicación de
norma relevante para el caso.  En tercer lugar, se establecerá si la decisión
judicial que motiva la presente acción de tutela adolece de un defecto
sustantivo por inaplicación de norma aplicable.
2.2.  Si llegare a concluirse que en este caso procede
la acción de tutela, la Corte deberá determinar si se violaron los derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia del señor José Luis Morales Parra, e igualmente si se infringió el
principio constitucional de buena fe, al desatender, por extemporáneas, las
excepciones formuladas por su apoderado, sin tener en cuenta que éste último
había efectuado el cómputo de los términos sobre la base de una información
errónea, acerca de la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda,
suministrada por el computador del juzgado.
Reiteración de jurisprudencia sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.  La doctrina constitucional vigente en materia de
tutela contra providencias judiciales se enuncia en la sentencia C-590 de 2005[1].  En ella se establece
que la procedibilidad de la acción de tutela en estos casos está condicionada a
la verificación de dos tipos de requisitos: los primeros, de carácter general,
habilitan la interposición de la tutela frente a actuaciones u omisiones de las
autoridades judiciales; los segundos, de carácter específico, condicionan
propiamente la posibilidad de otorgar el amparo contra decisiones judiciales.
A continuación se examinará si en el presente caso concurren ambas clases de
exigencias.
Examen de los requisitos genéricos de procedibilidad
de la acción de tutela.
4.  En la sentencia C-590/2005 se establecen una serie
de requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, que bien
pueden ser considerados como una concreción de las causales de procedibilidad
de la tutela establecidas tanto en el artículo 86 de la constitución como en el
decreto 2591 de 1991, en relación con las acciones u omisiones de las
autoridades judiciales.  Se procede a continuación a señalar cuáles son tales
exigencias y si se satisfacen en el presente caso.
4.1.  Relevancia constitucional de la cuestión
discutida.  El asunto que se decide en este caso posee innegable relevancia
constitucional por cuanto se discute la vulneración de los derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, así como el desconocimiento del principio constitucional de buena fe.
4.2.  Que se hayan agotado todos los medios de defensa
judicial, salvo cuando la tutela se interpone para evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable[2].
En este caso la parte actora hizo uso de todos los medios de defensa de los que
disponía para tratar de revertir la decisión del Juzgado 6 Civil Municipal de
Bogotá, como quedó reseñado en los antecedentes de esta sentencia.
4.3.  Inmediatez, esto es, que la tutela se
interponga en un plazo razonable a partir del hecho que determinó la
vulneración.  Para el caso que en esta ocasión ocupa a la Corte, bien puede
afirmarse que se satisface la exigencia de inmediatez, toda vez que entre la
fecha de la providencia que resuelve el recurso de queja, con la cual se agotan
los mecanismos ordinarios de defensa judicial, proferida el 11 de diciembre de
2006, y la fecha de presentación de la tutela, 2 de febrero de 2007, apenas
transcurren unas cuantas semanas, lo que permite afirmar que el demandante
actuó dentro de un plazo razonable[3].
4.4.  Cuando se trate de una irregularidad procesal,
que ella tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna y afecte los
derechos fundamentales del actor.  En el presente caso, tanto el error en el
registro de la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda en el
sistema de información computarizado del juzgado, como la providencia que niega
dar trámite, por extemporáneas, a las excepciones formuladas por el demandado,
constituyen actuaciones surtidas en el curso de un procedimiento judicial.  La
primera de ellas es claramente irregular.  La irregularidad de la segunda es
precisamente lo que se debate en esta ocasión.  En cualquier caso, ambas
actuaciones comprometieron el ejercicio del derecho de defensa del actor y
determinaron la decisión de fondo del Juzgado 6 Civil Municipal, de declarar la
terminación del contrato de arrendamiento suscrito entre la sociedad “CIRVAS
LTDA” y el señor José Luis Morales Parra, y ordenar a este último la restitución
del inmueble que ocupaba en calidad de arrendatario.
4.5.  Que la parte actora identifique de manera
razonable los hechos que dieron lugar a la vulneración y los derechos
fundamentales vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del
proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.  Exigencia que se
satisface en este caso, puesto que el solicitante ha identificado de manera
clara tanto los derechos fundamentales que considera violados, como los hechos
que, en su sentir, han dado lugar a tal vulneración.  Igualmente intentó hacer
valer estos derechos ante la jurisdicción ordinaria, a través de la
interposición de los recursos en contra de la decisión judicial que declaró
extemporánea la contestación de la demanda.
4.6.  Que no se trate de sentencias de tutela.
Situación que claramente no es el caso, ya que la decisión judicial objeto de
controversia en esta acción de tutela es el auto del Juzgado 6 Civil Municipal
que negó el trámite, por extemporáneas, a las excepciones formuladas en la
contestación de la demanda.
Examen de los requisitos específicos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
5.  Una vez verificada la concurrencia de los
requisitos que habilitan la interposición de la tutela en contra de decisiones
judiciales, debe la Corte establecer si se presenta al menos uno de los
requisitos específicos que hagan posible otorgar el amparo en estos casos.
Estos últimos aluden a la presencia en la decisión judicial de una serie de
vicios o defectos que esta Corporación sintetizó en la sentencia C-590/2005 y
ha ratificado en ulteriores pronunciamientos[4].
Son ellos: a) defecto orgánico; b) defecto procedimental absoluto; c) defecto
fáctico; d) defecto material o sustantivo; e) error inducido; f) decisión sin
motivación; g) desconocimiento del precedente; h) violación directa de la
constitución.
Como ha señalado la Corte, a través de la doctrina que
distingue entre causales generales y específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales se ha querido afinar el concepto de
vías de hecho, así como redefinir los supuestos en los que cabe ejercitar la
acción de tutela frente a este tipo de decisiones, con el fin de dar cabida a
aquellos eventos que, aunque no representen una burda trasgresión de la
Constitución, si constituyen decisiones ilegítimas violatorias de derechos
fundamentales[5].
A continuación, la Corte emprenderá el análisis del
requisito específico de procedibilidad señalado en el literal d), con el fin de
precisar su alcance y establecer si la actuación judicial que es objeto de
controversia en el presente caso queda o no comprendida dentro del ámbito de
aplicación de dicha causal.
La existencia de un “defecto material o sustantivo”.
6.  La Corte ha señalado que una decisión judicial
adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos:
a.       “Cuando se aplica una norma inaplicable a
las circunstancias fácticas del asunto”.  En reiterados pronunciamientos, la Corte ha señalado
que tal situación tiene lugar cuando la norma aplicada: “(i) ha sido
derogada y no produce efectos en el ordenamiento jurídico; (ii) porque resulte
claramente inconstitucional y ante ello no se aplicó la excepción de
inconstitucionalidad; (iii) porque la aplicación al caso concreto es inconstitucional;
(iv) porque ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, o (v)
porque a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la
circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada por
ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el
legislador”[6].
b.
“Cuando la norma
aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el
fallador”.
c.
“Cuando a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación
contraevidente[7] (interpretación contra legem) o claramente perjudicial
para los intereses legítimos de una de las partes[8]
(irrazonable o desproporcionada)”.
d.
“Cuando el fallador desconoce las
sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva.”[9]
Atendiendo a su especial pertinencia para el problema
que se debate, a continuación se hará un recuento de la doctrina constitucional
relacionada con la hipótesis de defecto sustantivo referida en el literal b).
Posteriormente, se examinará si existían normas relevantes que dejaron de
aplicarse en el caso que ahora ocupa a la Corte.
Defecto sustantivo por inaplicación de normas
relevantes para el caso.
7.  En diversas ocasiones esta Corporación ha señalado
que la acción de tutela contra decisiones judiciales procede cuando la
autoridad judicial omite pronunciarse en relación con normas que resultan
aplicables al caso que debe decidir.
7.1.  Un primer paso en esta dirección se encuentra en
la sentencia T-573/1997.  En ella, la Corte decide la tutela interpuesta contra
una sentencia en la que un juez penal se abstuvo de aplicar la rebaja de penas
consagrada en el artículo 374 del Código Penal de la época, sin justificar los
motivos de la inaplicación, pese a que el actor cumplía con los requisitos para
su otorgamiento.  En esta ocasión señaló que: “(e)n este caso, la vía de
hecho la constituyó la omisión en que incurrió el juez  acusado al no hacer
consideración alguna sobre la procedencia o improcedencia del artículo  374  el
Código Penal. Más aún, cuando no se requería solicitud expresa de la parte
procesada para su reconocimiento”.
7.2.  Este pronunciamiento inicial se consolida luego
en una serie de sentencias más recientes, en las que se decanta la doctrina del
defecto sustantivo por inaplicación de norma claramente aplicable.  Así, en la
sentencia T-778/2005, la Corte se pronunció sobre la tutela interpuesta en
contra de la providencia judicial que declaró la nulidad de la elección de Ati
Seygundiba Quigua como concejala de Bogotá.  En esta ocasión se afirmó la
existencia de una violación al debido proceso por defecto sustantivo, toda vez
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió la aplicación directa de
los artículos 7 y 70 de la constitución, preceptos que imponían efectuar una
excepción etnocultural a la norma que establece el requisito de edad para ser
concejal de Bogotá, excepción necesaria para garantizar el goce efectivo del
derecho a la identidad cultural.
7.3.  En la sentencia T-485/2006, al resolver la
tutela interpuesta en contra de una decisión judicial que desconoce la calidad
de trabajador oficial del demandante, la Corte consideró que la sentencia
cuestionada adolecía de un defecto sustantivo por cuanto:“(n)o podía la Sala
Laboral del Tribunal Superior ignorar lo que preveían las normas legales
vigentes que regulan las plantas de personal de las empresas sociales del
estado del nivel territorial y concluir de manera contraria a lo que ellas
establecen, que los celadores, porteros y vigilantes no eran trabajadores
oficiales, puesto que todas ellas clasifican esa labor como una actividad
propia de servicios generales, y asignan a dichos trabajadores el carácter de
oficiales”.
7.4.  Igualmente, en la sentencia T-657/2006 se
resuelve la tutela interpuesta contra una sentencia de segunda instancia,
proferida en un proceso ejecutivo de sentencia judicial, en la que se revoca un
mandamiento de pago argumentando la falta de personería jurídica de la entidad
demandada.  En esta ocasión la Corte concluyó que: “se presentó un defecto
sustantivo en el Auto del 27 de mayo de 2004, proferido el Tribunal Superior de
Ibagué, toda vez, que el Despacho no dio aplicación al numeral 2 del artículo
509 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia la norma aplicable
al caso fue claramente desconocida y no tenida en cuenta por el fallador”.
7.5.  Por su parte, en la sentencia T-966/2006, al
examinar un conjunto de decisiones judiciales en las que se negó a varias
personas condenadas por sentencia anticipada la aplicación de una norma
posterior que consagraba una rebaja de penas mayor por aceptación de cargos a
la establecida en las normas vigentes al tiempo de ser condenados, la Corte
consideró que tales providencias judiciales incurrían en un defecto sustantivo
por inaplicación de la norma penal más favorable.
El recuento de estas decisiones confirma así la
existencia de una doctrina jurisprudencial consolidada en torno a la
procedibilidad de la acción de tutela por defecto sustantivo, en aquellos
eventos en los que la autoridad judicial deja de aplicar normas relevantes.
Corresponde a continuación precisar si tal omisión se verificó en el presente
caso.
Examen del caso concreto.  La no atribución de
carácter oficial a los datos registrados en el sistema de información
computarizada de los juzgados desconoce la existencia de normas legales que
regulan la materia.
8.  En el caso que ahora ocupa a la Corte, es
necesario establecer si la providencia emitida por el Juez 6 Civil Municipal de
Bogotá, donde se niega a tramitar, por extemporáneas, las excepciones
formuladas por el apoderado del señor Morales Parra, adolece de un vicio
sustantivo que haga procedente la acción de tutela.
La decisión que se examina se fundamenta en el
siguiente razonamiento: (i) la información que aparece en la pantalla del
computador del Despacho no tiene carácter oficial, con lo cual (ii) cualquier
error que ella contenga carece de relevancia y (iii) no altera los criterios
tenidos en cuenta para contabilizar los términos judiciales, en este caso el
término de traslado para dar respuesta a la demanda.
En efecto, así lo manifiesta el titular del Juzgado 6
Civil Municipal en la providencia del 23 de octubre de 2006, mediante la cual
resuelve los recursos de reposición y queja propuestos por el apoderado del
demandado: “si bien el Software es una ayuda tecnológica actual para todos y
cada uno de los usuarios de la administración de Justicia, es el expediente el
que permite determinar y confrontar sin el más mínimo asomo de duda el
acontecer y discurrir procesal”.  Esta idea es reiterada en el Oficio No.
186 del 7 de febrero de 2007, dirigido por el mismo funcionario al Tribunal
encargado de resolver en primera instancia esta acción de tutela,  cuando
afirma que: “(e)l hecho que en el sistema aparezca como fecha de
notificación el día 4 de mayo no da lugar a que se deje pasar por alto la fecha
en que se suscribió el acta de notificación.  Por lo cual los términos para
contestar son estrictos y específicos”.
La pregunta es si tal fundamentación desconoce las
normas que regulan el valor que debe otorgarse a los datos consignados en los
sistemas de información de los despachos judiciales.
La regulación del uso de mensajes de datos en la
administración de justicia.
9.  Para reconstruir el conjunto de disposiciones de
las que pueden extraerse las normas que disciplinan el uso de medios
electrónicos e informáticos en la administración de justicia es necesario
considerar, en primer lugar, el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, donde se
establece que:
ARTÍCULO 95. TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Consejo Superior de la
Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al
servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará
principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación
y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a
garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.
Los juzgados, tribunales y
corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos,
electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus
funciones.
Los documentos emitidos por los
citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia
de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad,
integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes
procesales.
Los procesos que se tramiten
con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la
función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la
confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan en los términos que establezca la ley.
En la sentencia C-037/1996, la Corte Constitucional
declaró condicionalmente exequible este artículo señalando que:
“(E)esta disposición busca que la
administración de justicia cuente con la infraestructura técnica y la logística
informática necesaria para el recto cumplimiento de las atribuciones y
responsabilidades que la Constitución le asigna. Naturalmente, el uso de los
medios que se encuentran a disposición de juzgados, tribunales y corporaciones
judiciales exige una utilización adecuada tanto de parte del funcionario como
de los particulares que los requieran. Para ello, será indispensable entonces
que el reglamento interno de cada corporación o el que expida la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para los demás casos,
regule el acceso y uso de los medios en mención y garantice, como lo impone la
norma que se revisa, el ejercicio del derecho a la intimidad y a la reserva de
los datos personales y confidenciales que por una u otra razón pudiesen ser de
conocimiento público (Art. 15 C.P.). Adicionalmente conviene advertir que el
valor probatorio de los documentos a que se refiere la norma bajo examen,
deberá ser determinado por cada código de procedimiento, es decir, por las
respectivas disposiciones de carácter ordinario que expida el legislador”.
10.  Con posterioridad a este pronunciamiento se
expide la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales, se establecen las entidades de certificación
y se dictan otras disposiciones.  En sentencia C-831/2001, al examinar
si el ámbito de aplicación de dicha ley se restringe a la regulación del
comercio electrónico o si ella fija de manera general el régimen de los
mensajes de datos, la Corte señaló que:
“(L)a ley 527 de 1999 no se restringe  a
las operaciones comerciales sino que hace referencia en forma genérica al
acceso y uso de los mensajes de datos, lo que obliga a una comprensión
sistemática de sus disposiciones con el conjunto de normas que se refieren a
este tema dentro de nuestro ordenamiento jurídico y en particular con las
disposiciones que como el artículo 95 de la Ley Estatutaria de administración
de Justicia se han ocupado de esta materia”.
Así pues, conforme a esta sentencia y al ámbito de
aplicación definido en la propia Ley 527[10],
ésta constituye un desarrollo efectuado por el propio legislador del mandato
acerca del uso de medios electrónicos e informáticos por parte de la Rama
Judicial establecido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
Por tal razón, sus disposiciones resultan relevantes cuándo se trata de
establecer cuál es el valor de los datos registrados en los sistemas de información
computarizados que, desde hace algunos años, se han venido instalando en los
despachos judiciales del país.
En el artículo 2, literal a),  de la Ley 527 se
definen los “mensajes de datos” como “la
información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el
telegrama, el télex o el telefax”.  Por su
parte, en el literal j) del mismo artículo se establece que por “sistema de
información” se entenderá “todo sistema utilizado para generar, enviar,
recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos”.   A
su vez, los artículos 5, 6, 10 y 11 de la citada ley regulan lo relacionado con
el reconocimiento jurídico[11],
la equivalencia funcional a los documentos escritos[12], la
admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos[13], así como
los criterios para su valoración probatoria[14].
11.  La Corte Constitucional ha tenido
ocasión de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas contenidas en
estas  disposiciones.  Así, en la C-662/2000, al declarar exequibles las normas que confieren a los mensajes de datos el
valor probatorio de un documento y establecen criterios para su valoración,
esta Corporación señaló que:
“Al hacer referencia a la definición de
documentos del Código de Procedimiento Civil, le otorga al mensaje de datos la
calidad de prueba, permitiendo coordinar el sistema telemático con el sistema
manual o documentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o
discusión jurídica, teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios
como: confiabilidad, integridad de la información e identificación del autor”.
Entre tanto, en sentencia C-831/2001, al
declarar exequible el artículo 6 de la ley 527[15], esta Corporación advirtió que:
“(P)ara que al mensaje de datos, reconocido
como equivalente del escrito por la norma atacada, se le pueda dar valor dentro
de una actuación judicial, como la que invoca el demandante, no basta que la
información que el mensaje de datos contiene sea accesible para su posterior
consulta, sino que se hace necesario el respeto de todos los demás requisitos a
que alude el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia.
….
Es decir, siempre que puedan garantizarse
la fiabilidad sobre el origen del mensaje, la integridad del mismo, la
identificación de la función jurisdiccional, además del cumplimiento de los
demás requisitos exigidos por las leyes procesales respectivas y en este caso
las del C.P.P., dirigidos a hacer efectivos el debido proceso y el derecho de
defensa (artículo 29 C.P.)”.
Este pronunciamiento reviste especial importancia para
el tema que ahora ocupa a la Corte, por cuanto en él se admite la validez de
los mensajes de datos, como equivalente funcional de los escritos, en el ámbito
de las actuaciones judiciales - incluso en materias tan sensibles como la
expedición de órdenes de capturas y allanamientos - siempre que se cumplan
ciertas exigencias, que resultan de una interpretación sistemática de las
disposiciones de la Ley 527, del artículo 95 de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia y de las sentencias que han revisado la
constitucionalidad de tales preceptos.  Tales requisitos son:  (i) la
información contenida en el mensaje de datos debe ser accesible para su
posterior consulta; además de ello se debe garantizar (ii) la fiabilidad sobre
el origen del mensaje; (iii) la integridad del  mensaje; (iv) la identificación y el
ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce; (v) la
confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que
contengan tales mensajes de datos; (vi) el cumplimiento de los requisitos
exigidos por las leyes procesales respectivas orientados a hacer efectivos el
debido proceso y el derecho de defensa[16].
12.  Por su parte, la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura ha expedido dos Acuerdos relevantes en
relación con el tema.  El primero de ellos es el No. 1591 del 24 de octubre de
2002, por el cual se establece el sistema de información de gestión de procesos
y manejo documental denominado Justicia XXI.  En su artículo 1º se acuerda
adoptar dicho sistema para los despachos judiciales del país, el cual “será
suministrado e implementado por la Unidad de Informática de la Dirección
Ejecutiva de la Administración Judicial, responsable de su mantenimiento
técnico y actualizaciones”.  Asimismo se establece el orden en que dicho
sistema sería progresivamente implementado en los despachos judiciales,
teniendo como prioridad los radicados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y
Bucaramanga.  Finalmente, en su artículo 5º se establece que, una vez instalado
el sistema, “su utilización será obligatoria para los servidores judiciales,
so pena de las sanciones disciplinarias y administrativas a que haya lugar”.
El segundo es el Acuerdo No. PSAA06-3334
del 2 de marzo de 2006, por el cual reglamenta la utilización de medios electrónicos
e informáticos en el cumplimiento de las funciones de la administración de
justicia.  A continuación se establecerá si tal regulación es aplicable al
presente caso.
13.  Una vez reconstruido en sus aspectos relevantes
el marco normativo que regula el uso de mensajes de datos por parte de la
administración de justicia, debe la Corte examinar qué aspectos de esta
regulación resultan aplicables a la cuestión que se debate en la presente
acción de tutela.  En particular, esta Corporación
debe precisar si las anteriores normas autorizan, y bajo qué condiciones, a
considerar la información sobre el historial de los procesos y las fechas de
las actuaciones registradas en los computadores dispuestos en los despachos
judiciales para la consulta del público, como un equivalente funcional de los
escritos, que pueda reemplazar la revisión directa del expediente en relación
con los datos que se comunican a través de aquellos sistemas de información.
El valor de los mensajes de datos
relativos al historial de los procesos registrados en los sistemas de
información computarizada de los despachos judiciales.
14.  De acuerdo a las definiciones
establecidas en el artículo 2 de la Ley 527[17], no cabe duda que la información
sobre el historial de los procesos que aparece registrada en los computadores
de los juzgados tiene el carácter de un “mensaje de datos”, por cuanto se trata
de información comunicada a través de un medio electrónico, en este caso la
pantalla de un computador que opera como dispositivo de salida.  Asimismo, la
emisión de este tipo de mensajes de datos puede considerarse un “acto de
comunicación procesal”, por cuanto a través de ella se pone en conocimiento de
las partes, de terceros o de otras autoridades judiciales o administrativas las
providencias y órdenes de jueces y fiscales en relación con los procesos
sometidos a su conocimiento[18].
Finalmente, es claro que los sistemas informáticos utilizados por los despachos
judiciales para generar, enviar, archivar o procesar tales mensajes de datos
configuran un “sistema de información” para los efectos de la Ley 527.
15.  La progresiva implementación de este
tipo de mecanismos por parte de la rama judicial responde a la finalidad de
hacer más eficiente el cumplimiento de sus funciones, racionalizando el uso del
tiempo por parte de los empleados y funcionarios judiciales, pues con ayuda de
aquellas herramientas se espera disminuir el volumen de usuarios que demanda el
acceso directo a los expedientes.  Igualmente contribuye a la publicidad de las
actuaciones judiciales, al disponer de un sistema de información que permite
conocer a los ciudadanos la evolución de los procesos en cuyo seguimiento estén
interesados.  En definitiva, el recurso a estos sistemas de información
constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el
cumplimiento eficiente de sus cometidos, en particular de su deber de dar
publicidad a las actuaciones judiciales, a la vez que facilita a los ciudadanos
el acceso a la administración de justicia.
16.  Tan loables propósitos sólo se
satisfacen si los datos registrados en dichos sistemas computarizados tienen
carácter de información oficial, de modo tal que puedan generar confianza
legítima en los usuarios de la administración de justicia.  De lo contrario, la
implementación de tales sistemas además de no contribuir a lograr mayores
niveles de eficiencia, publicidad y acceso a la administración de justicia,
puede incluso resultar contraproducente  para alcanzar tales fines.
Si, no obstante destinar recursos
financieros y tiempo de trabajo de los empleados judiciales encargados de
alimentar el sistema que contiene el historial de los procesos, se considera
que su consulta no releva a los usuarios de la administración de justicia de la
revisión directa de los expedientes, es evidente entonces que la implementación
de tales medios tecnológicos no sólo pierde su razón de ser, sino que además
entorpece el logro de las finalidades que con ellas se persiguen:  por un lado,
torna ineficiente la utilización de los recursos financieros y del tiempo de
trabajo de los funcionarios.  Por otra parte, representa un obstáculo adicional
para los usuarios de la administración de justicia, al aumentar el tiempo que
han de invertir y los filtros que deben sortear para acceder a la información y
revisar los procesos de su interés.  Como puede constatar quien acude a los
despachos judiciales de las principales ciudades del país para indagar por la
suerte de un proceso, tras la implementación de estos sistemas de información,
ahora los ciudadanos deben esperar el turno para consultar los computadores;
deben esperar además para ser atendidos por los empleados judiciales encargados
de mostrarles el expediente, quienes en ocasiones condicionan el acceso al
mismo a que aparezca alguna nueva actuación en la pantalla del computador.
Si a todo lo anterior se añade el que
dicha información puede ser una potencial fuente de error, porque las
autoridades judiciales no se hacen cargo de la veracidad de los datos
registrados en los computadores de sus despachos, relacionados con el historial
de los procesos sometidos a su conocimiento, la consulta de tales sistemas de
información ya no sólo deviene inútil sino incluso peligrosa para los usuarios
de la administración de justicia, pues en caso de que decidan acudir a las
pantallas deben asumir la tarea adicional de constatar la veracidad de la
información en ella suministrada.  Bajo estas condiciones, no cabe duda que
resulta más racional para los ciudadanos ahorrarse el tiempo de filas y de
consulta de los sistemas computarizados de los juzgados y volver, como antes, a
congestionar las barras para requerir de los empleados judiciales el acceso
directo a los expedientes.  Siendo así, se habrán dilapidado recursos valiosos
y escasos sin haber ganado nada en términos de eficacia, publicidad y facilidad
en el acceso a la administración de justicia.
En definitiva, la utilización de los
sistemas de información sobre el historial de los procesos y la fecha de las
actuaciones judiciales sólo se justifica si los ciudadanos pueden confiar en
los datos que en ellos se registran.  Y ello puede ocurrir siempre y cuando dichos
mensajes de datos puedan ser considerados como equivalentes funcionales de la
información escrita en los expedientes.
17.  Ahora bien, ¿qué requisitos deben
reunir este tipo de mensajes de datos para operar como equivalentes funcionales
de la información escrita en los expedientes?
Conforme a la regulación específica
contenida en el artículo 5 del Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura No. PSAA06-3334 de 2006, “los actos de comunicación procesal que se realicen
por correo electrónico, así como los documentos que pueden ser
presentados como mensajes de datos en los términos de la ley procesal,
tendrán el mismo valor probatorio que la información que conste por escrito,
siempre y cuando el firmante utilice una firma electrónica avalada por una
entidad de certificación autorizada conforme a la ley y la información que
contienen sea accesible para su posterior consulta” (subrayas añadidas).
La disposición transcrita circunscribe el ámbito de
aplicación de esta regla de equivalencia funcional a dos casos muy precisos:
(i) actos de comunicación procesal que se realicen por correo electrónico y
(ii) documentos que pueden ser presentados como mensajes de datos en términos
de la ley procesal, entendidos estos últimos como los documentos llamados a ser
tenidos como pruebas para respaldar o desvirtuar las pretensiones de las partes
en un proceso.
18.  Como antes se explicitó, la
comunicación de datos relacionados con el historial de los procesos y la fecha
de las actuaciones judiciales a través de la pantalla de los computadores de
los juzgados tiene el carácter de un “acto de comunicación procesal”,  por
cuanto a través de ella se da noticia a los usuarios de la administración de
justicia de la existencia de providencias y órdenes de jueces y fiscales en
relación con los procesos sometidos a su conocimiento.  Sin embargo, este tipo
de actos de comunicación procesal no se realiza a través del correo
electrónico, sino de un dispositivo informático distinto, cual es una base de
datos cuya información se da a conocer a través de la pantalla de un computador
instalado en la propia sede de los despachos judiciales.  Este sólo argumento,
de índole literal, bastaría para concluir que la norma contenida en la
disposición que se transcribe no resulta aplicable al caso que ahora ocupa a la
Corte.
19.  Pero existen otras razones que soportan esta conclusión, relacionadas, en primer lugar, con el mayor riesgo al que se expone la información que se transmite a través del correo electrónico, debido a las mayores mediaciones y a los riesgos de suplantación a los que está expuesta al viajar a través de la Internet; mediaciones que se presentan en menor medida en el caso de bases de datos, alimentadas por los propios empleados del despacho judicial, y destinadas a ser consultadas en los terminales situados en las sedes de los despachos[19].  En efecto, mientras los actos de comunicación procesal que se realizan por correo electrónico o a través de sitios web se efectúan remotamente, aquellos que se realizan a través de la consulta de los computadores de los despachos judiciales tienen carácter local, pues se efectúan a través de una pantalla que actúa como una terminal de salida del sistema de información, pero que no permite a los usuarios ningún nivel de procesamiento o interacción con dicha información.  En este último caso, la información se transmite a través de una terminal bruta que es configurada y controlada directamente por los administradores del sistema, con lo cual la amenaza y el riesgo a que está sometido el sistema de procesamiento de información es ostensiblemente menor que en el caso de datos que se comuniquen a través de sistemas remotos como el correo electrónico o la Internet.
20.  En segundo lugar, existen diferencias
entre el tipo de información que se transmite y la finalidad que con ella se
cumple.  Los actos de comunicación procesal a los que se refiere el Acuerdo de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura No. PSAA06-3334 de 2006 son los actos a través de los
cuales se realizan notificaciones por correo electrónico o se da a conocer el
contenido íntegro de providencias judiciales[20], más no, como ocurre en este caso, actos
de comunicación en los que simplemente se da a conocer el historial y la fecha
de las actuaciones surtidas en un proceso.  Por tal razón, tiene sentido exigir
de los primeros el que en ellos se utilice firma electrónica avalada por una
entidad de certificación autorizada conforme a la ley.
21.  De la lectura íntegra de dicho
Acuerdo se infiere que su finalidad es dar un paso adelante en la regulación y
disciplinar los mecanismos de notificación electrónica que progresivamente se
irán implementando en la rama judicial.  Conclusión que se confirma con las
disposiciones que se refieren a la gradualidad de esta regulación[21], al igual
que con aquellas que imponen al Consejo Superior de la Judicatura mandatos de
implementación de estos medios electrónicos aún novedosos en nuestra praxis
judicial[22].
Pero en él nada se dice acerca de estos otros actos de comunicación procesal,
más simples desde el punto de vista técnico e informático, que desde hace
algunos años se llevan a cabo en aquellos despachos que disponen de
computadores para la consulta del historial de los procesos y la fecha de las
actuaciones judiciales, tras la implementación del sistema denominado Justicia
XXI.  El citado Acuerdo, y en particular su artículo 5, no se ocupa de este
tipo de actos, ni para negar su equivalencia funcional a los escritos, ni para
establecer las condiciones bajo las cuales se puede afirmar tal equivalencia[23].
22.  Dado que la regulación especial
expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no
aborda el caso específico que ahora ocupa a esta Corte, para establecer cuáles
son las condiciones de equivalencia funcional que deben satisfacer los mensajes
de datos que, a través de las pantallas de los computadores de los juzgados,
dan a conocer al público el historial de los procesos y la fecha de las
actuaciones judiciales, es preciso remitirse a la regulación general del uso de
los mensajes de datos en la administración de justicia establecida en el
artículo 95 de la Ley 270 de 1996, en la ley 527 de 1999 y sintetizada por esta
Corporación en la sentencia C-831/2001.
Como quedó dicho antes, una interpretación sistemática
de dichas fuentes lleva a entender que los criterios de equivalencia funcional
que deben satisfacer los mensajes son los siguientes:  (i) la información
contenida en el mensaje de datos debe ser accesible para su posterior consulta;
además de ello se debe garantizar (ii) la fiabilidad sobre el origen del
mensaje; (iii) la integridad del  mensaje; (iv) la identificación y el ejercicio de la
función jurisdiccional por el órgano que la ejerce; (v) la confidencialidad,
privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan tales
mensajes de datos; (vi) el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales respectivas orientados a hacer efectivos el debido proceso y
el derecho de defensa.
23.  A continuación se examinará si los mensajes de
datos que informan acerca del historial de los procesos y la fecha de las
actuaciones judiciales satisfacen estas exigencias, de modo tal que la consulta
de los computadores situados en la sede de los juzgados pueda operar como
equivalente a la revisión directa de los expedientes, en relación con la
información que aparece en los primeros.
23.1.  El primero de los requisitos se satisface, toda
vez que los datos registrados en la base de datos de los computadores de los
despachos judiciales permanecen indefinidamente almacenados en ellos y son
accesibles para consultas posteriores.
23.2.  En relación con la fiabilidad sobre el origen
del mensaje, ésta se garantiza razonablemente en este caso ya que, por un lado,
los sistemas de información que contienen el historial de las actuaciones
judiciales surtidas en los procesos son alimentados por los propios empleados
de los despachos judiciales a cargo de dichos procesos.  Tal labor no es
encomendada a terceros ni contratada por la administración de justicia con
particulares.  Según explicó la secretaria del Juzgado 26 Civil Municipal de
Bogotá, en la inspección judicial practicada como prueba en el trámite de esta
acción de tutela, a cada empleado del juzgado se le asigna una clave con la que
sólo él puede ingresar al sistema; cada empleado tiene la función de alimentar
el sistema con la información de las actuaciones que le corresponde elaborar;
al secretario del juzgado le corresponde ingresar los actos que efectúe el
despacho, esto es, las providencias suscritas por el juez.  Los empleados de
cada juzgado sólo tienen acceso a los módulos de registro de actuaciones de los
procesos que se surten en dicho juzgado, pero no en otros.
Por otra parte, se cumplen las exigencias relativas a
la conservación de la información en su forma original establecidas en el
artículo 8 de la Ley 527 como un mecanismo para verificar la fiabilidad del
dato[24],
ya que el propio expediente opera como una garantía confiable, susceptible de
ser consultada por los interesados, de que se ha conservado la integridad de la
información a partir del momento en que se generó por primera vez.
23.3. La exigencia de integridad del mensaje de datos,
según lo establece el artículo 9 de la Ley 527, se refiere a que pueda
garantizarse que la información que contiene ha permanecido completa e
inalterada, salvo la adición de modificaciones que sean inherentes al proceso
de comunicación, archivo o presentación[25].
Para el caso específico de los mensajes de datos relativos al historial de los
expedientes, la finalidad que con ellos se persigue es dar noticia de la existencia
y de la fecha de actuaciones al interior de un determinado proceso, no
la de informar del contenido íntegro de las providencias que se emitan ni la de
servir como mecanismos de notificación.  Bajo estas condiciones, es inherente a
la finalidad de estos mensajes de datos el registrar sólo parcialmente la
información que aparece en los expedientes.  Ahora bien, una vez seleccionada
la información que ha de aparecer en estos mensajes de datos, relacionada con
el tipo y la fecha de las actuaciones llevadas a cabo en los procesos, la
integridad de los datos que ingresan al sistema de información se puede
garantizar razonablemente.
Como lo explicó la secretaria del Juzgado 26 Civil
Municipal de Bogotá, en la inspección judicial practicada como prueba durante
el trámite de revisión de esta acción de tutela, para efectos de establecer qué
empleados del juzgado pueden modificar la información contenida en el sistema,
las actuaciones en él registradas se clasifican en dos tipos: por un lado, las
actuaciones del despacho, es decir, las providencias suscritas por el juez,
cuyo registro en el sistema sólo puede ser modificado por el propio juez; por otra
parte, las actuaciones de secretaría, es decir, los informes secretariales,
oficios, actas de notificación y demás actuaciones surtidas en el trámite de
los procesos, que sólo pueden ser modificados por el secretario del juzgado.
Además del registro de actuaciones del juzgado (del despacho o secretariales),
también el sistema cuenta con un módulo de radicación, alimentado por los
empleados del juzgado, en el cual se registran las comunicaciones que llegan
con destino a los diferentes procesos.  De este modo, si algún empleado del
juzgado comete un error en el registro de alguna actuación de secretaría, éste
sólo puede ser corregido por el secretario del juzgado; a su vez, si el
secretario comete alguna equivocación en el registro de las actuaciones del
despacho, ésta sólo puede ser corregida por el propio juez.   Con estas
cautelas, resulta posible garantizar la integridad de los datos del sistema y
detectar al responsable de algún error o alteración fraudulenta de dicha
información.
23.4.  Por las razones anteriores, también cabe
predicar que en este caso se satisface el requisito que alude a la posibilidad
de garantizar la
identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la
ejerce, en tanto, se reitera, son los propios empleados judiciales los
encargados de suministrar la información relacionada con los procesos que se
surten en los despachos en los que se desempeñan.
23.5.  En cuanto a la confidencialidad, privacidad, y
seguridad de los datos de carácter personal que contengan tales mensajes de
datos, ella queda garantizada toda vez que a través de estos sistemas de
información no se da cuenta del contenido completo de las providencias
judiciales, ni se divulga información sometida a reserva de sumario, sino que
tan sólo se informa de la existencia y de la fecha de las actuaciones
judiciales.
23.6.  Finalmente, en lo que respecta al
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales respectivas
orientados a hacer efectivos el debido proceso y el derecho de defensa, tampoco
se ven conculcados por el uso de tales sistemas de información, ni por la
equivalencia funcional que pueda llegar a establecerse entre los mensajes de
datos que a través de ellos se comunican y los datos que obran por escrito en
los expedientes.  Y ello es así porque, en lugar de una amenaza, los mensajes
de datos que aparecen en estos sistemas de información se orientan a hacer
efectivo uno de los contenidos del derecho fundamental al debido proceso, cual
es garantizar la publicidad de las actuaciones judiciales.
En relación con la publicidad de las
actuaciones judiciales, valga recordar las consideraciones efectuadas por esta
Corte en sentencia C-1114/2003, donde se afirma que:
“Uno de los contenidos del derecho
fundamental al debido proceso es el principio de publicidad.  Éste (…) plantea
el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, tanto por los
directamente interesados en ellas como por la comunidad en general.
En el primer caso, el principio de
publicidad se realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación
procesal; es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones judiciales o
administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una
situación jurídica o a la imposición de una sanción.
…
Y en el segundo caso, el principio de
publicidad se realiza mediante el reconocimiento del derecho que tiene la
comunidad a conocer las actuaciones de las autoridades públicas y, a través de
ese conocimiento, a exigir que ellas se surtan con total sometimiento a la
ley.  Es decir, aparte de las notificaciones como actos de comunicación
procesal, el principio de publicidad comporta también el reconocimiento del
derecho ciudadano a enterarse de las decisiones tomadas por la administración y
la jurisdicción, aunque, desde luego, con las limitaciones impuestas por el
ordenamiento jurídico.  En este último evento, el principio de publicidad
constituye una garantía de transparencia en la actuación de los poderes
públicos y un recurso que permite las condiciones necesarias para el
reconocimiento del derecho a controlar el ejercicio del poder”.
Es preciso llamar la atención sobre la diferencia que
se establece en esta sentencia entre las dos manifestaciones del principio de
publicidad: la primera, que asegura el conocimiento de las decisiones
judiciales por las partes interesadas a través de los mecanismos de
notificación; la segunda, que tutela el derecho de los ciudadanos a conocer las
actuaciones de las autoridades públicas, como una garantía de transparencia en
la actuación de los poderes públicos y un mecanismo que facilita su control por
parte de la comunidad.  Los mensajes de datos que se transmiten a través de las
pantallas de los computadores de los despachos judiciales son, ante todo,
instrumentos para hacer efectiva esta segunda manifestación del principio de
publicidad.  Constituyen mecanismos orientados a proveer más y mejores
herramientas para que, tanto las partes dentro de los procesos, como la
comunidad en general puedan conocer y controlar la actuación de las autoridades
judiciales. No son, en cambio, en su desarrollo actual, instrumentos destinados
a suplir los mecanismos de notificación previstos en la ley para asegurar el
conocimiento de las decisiones judiciales por parte de los interesados, a fin
de que puedan ejercer frente a ellas su derecho de defensa.  Naturalmente, las
partes dentro de un proceso pueden - en igualdad de condiciones, dado que todas
ellas tienen acceso a estos sistemas - valerse de ellos para seguir el curso de
los procesos, pero sin que ello reemplace los actos de notificación de las
providencias, dotados de mayores exigencias en atención a la finalidad que
cumplen.
24.  Del examen anterior puede concluirse que, de
acuerdo a la legislación vigente y a la interpretación que ha hecho de ella la
jurisprudencia constitucional en sentencias de constitucionalidad con efectos erga
omnes, los mensajes de datos que informan sobre el historial de los
procesos y la fecha de las actuaciones judiciales, a través de las pantallas de
los computadores dispuestos en los despachos judiciales para consulta de los
usuarios, pueden operar como equivalente funcional a la información escrita en
los expedientes, en relación con aquellos datos que consten en tales sistemas
computarizados de información.
25. Es preciso introducir este último matiz, dado que
no toda la información contenida en los expedientes se refleja en los
historiales que aparecen en los  sistemas de información computarizada de los
despachos.  Por tanto, los mensajes de datos registrados en estos últimos sólo
operan como equivalentes funcionales respecto de los datos que aparecen consignados
en ellos.  En relación con la información que no aparece es claro que no se da
tal equivalencia funcional, y por eso para consultarlos las partes deben
dirigirse directamente al expediente. Así, en el historial de un expediente que
aparece en el computador del juzgado puede registrarse que en una fecha
determinada se profirió sentencia, o se expidió un auto que ordena la práctica
de pruebas.  Para enterarse del sentido de la decisión adoptada en la
sentencia, o de las pruebas ordenadas en el auto, es claro que las partes deben
acudir directamente al expediente, puesto que el historial que aparece en los
computadores del juzgado sólo serviría como equivalente funcional de tales
providencias si registrara su contenido completo.  Si el adelanto en la implementación
de medios tecnológicos en la administración de justicia lleva en el futuro a
una completa sistematización de la información contenida en los expedientes, no
existiría razón para dejar de considerar tales mensajes de datos como
equivalentes funcionales que reemplacen por completo la revisión directa de los
expedientes o de los órganos tradicionales de publicidad oficial de dicha
información, siempre que se adopten las debidas medidas de seguridad, de manera
similar a como ocurre en la actualidad con las bases de datos de jurisprudencia
de las Altas Cortes, los cuales han suplido de manera eficiente el recurso a la
lectura de las Gacetas Judiciales.
26.  En el caso que ocupa a la Corte se presentó una
discrepancia entre la fecha de una actuación procesal, a saber, la notificación
del auto admisorio de la demanda al demandado, registrada en el acta de
notificación que obra en el expediente, donde aparece fechada el 3 de mayo de
2006, y la fecha consignada para la misma actuación en el sistema de información
computarizado del juzgado, en el que aparece fechada el 4 de mayo del mismo
año.  Una de las partes pretende hacer valer el mensaje de datos que contiene
esta última fecha como un equivalente funcional del acta de notificación que
consta por escrito en el expediente, para efectos de contabilizar el término de
traslado para contestar la demanda y proponer excepciones establecido en la
ley.
Como quedó establecido, conforme a la legislación
colombiana es posible considerar que tales mensajes de datos son un equivalente
funcional de la información escrita en el expediente.  Por tanto, en el
presente caso puede afirmarse que el titular del Juzgado 6 Civil Municipal de
Bogotá, al desestimar por extemporáneas las excepciones formuladas por el
apoderado del señor Morales Parra y al denegar los recursos interpuestos frente
a tal decisión, dejó de aplicar normas vigentes relevantes para el caso a
decidir, sin justificar en modo alguno el por qué de esta omisión.  Normas cuya
consideración habría llevado a esta autoridad judicial, si no a emitir
providencias con contenido distinto, si al menos a plantearse la existencia de
un problema importante respecto a la contabilización de los términos en este
caso; problemática que fue ignorada por completo en sus decisiones.
Tal situación torna procedente esta acción de tutela,
debido a la existencia de un defecto sustantivo por inaplicación de norma
aplicable y, por ende, abre el camino para la consideración del segundo de los
problemas jurídicos planteados al comienzo de esta providencia.
Vulneración de los derechos fundamentales derivada del
no reconocimiento de equivalencia funcional entre los mensajes de datos
registrados en el sistema de información computarizado de los juzgados y los
mismos datos escritos en el expediente.
27.  En este punto la Corte debe determinar si, además
de omitir la aplicación de normas relevantes para el caso, la decisión judicial
cuestionada en la presente acción de tutela comporta igualmente la violación de
derechos fundamentales.  En concreto, corresponde establecer si se
desconocieron los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del señor José Luis Morales Parra, e igualmente si
se infringió el principio constitucional de buena fe, al desatender, por
extemporáneas, las excepciones formuladas por su apoderado, sin tener en cuenta
que éste último había efectuado el cómputo de los términos sobre la base de una
información errónea, acerca de la fecha de notificación del auto admisorio de
la demanda, suministrada por el computador del juzgado.
Para resolver esta cuestión, es necesario retomar la
conclusión formulada en el epígrafe anterior, relativa al carácter de
equivalente funcional que ostentan los datos sobre el historial de los procesos
y la fecha de las actuaciones judiciales registrados en los sistemas
computarizados de los despachos judiciales, y los mismos datos escritos en el
expediente.  Sobre esta base, la Corte se detendrá en el examen de las
siguientes cuestiones:
¿Infringió el apoderado del accionante su deber de
vigilancia de las actuaciones judiciales al no verificar en el expediente la
información aparecida en la pantalla del computador del juzgado?
¿Deben responder los empleados y funcionarios
judiciales por los errores cometidos en el registro de datos en los sistemas de
información computarizados de sus despachos?
¿Es aplicable la doctrina constitucional sobre las
consecuencias de los errores consignados en constancias secretariales, al caso
de los errores cometidos en el registro de datos en los sistemas de información
computarizados de los despachos judiciales?
Sobre el deber de vigilancia de las actuaciones
judiciales por los apoderados de las partes.
28. Es necesario que la Corte se ocupe de establecer
si, dada la equivalencia funcional que cabe establecer entre los datos
registrados en el sistema de información del juzgado relativos al historial del
proceso y la fecha de las actuaciones judiciales y los datos que, en relación
con estos mismos aspectos, constan por escrito en los expedientes, puede
afirmarse que las partes y sus apoderados satisfacen su deber de vigilancia
respecto de dicha información con la consulta de la pantalla del computador del
despacho judicial, o si es preciso que además cotejen los datos que allí
aparecen con los registrados en el expediente.
Definir este punto es relevante para el caso que ahora
ocupa a la Corte, dado que uno de los argumentos principales invocados, tanto
por los jueces ordinarios como por los jueces de tutela que han conocido del
mismo, es que el apoderado del señor Morales Parra descuidó su deber de
revisión del proceso y, por tanto, que la presentación extemporánea de la
respuesta a la demanda obedece en exclusiva a la falta de diligencia en el
cumplimiento de sus deberes de abogado.
29.  En relación con el deber de vigilancia de las
actuaciones judiciales a cargo de los apoderados de quienes toman parte en un
proceso, el Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007) no define
expresamente los alcances de dicho deber.  Tan sólo se limita a señalar, en su
artículo 28 numeral 10, que es deber de los abogados “(a)tender con celosa
diligencia sus encargos profesionales…” y en el artículo 37, numeral 1, que
constituyen faltas a la debida diligencia profesional, “…dejar de hacer
oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas
o abandonarlas”.
Así pues, es claro que una de las obligaciones propias
de los abogados que actúan como apoderados en un proceso es estar al tanto de
las actuaciones judiciales que se surtan en el mismo para así poder intervenir
de manera oportuna en defensa de los intereses de sus representados.  Para
cumplir con este deber de vigilancia los abogados reconocidos como apoderados
en un proceso pueden acudir por sí mismos a los despachos judiciales para
consultar el estado de los procesos, o delegar esta función en abogados
suplentes o en dependientes, en todo caso asumiendo los primeros la
responsabilidad por los actos de sus delegados, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 28, numeral 10, del Código Disciplinario del Abogado.
30.  Lo que no aparece determinado es si este deber de
vigilancia de las actuaciones judiciales sólo se satisface con la lectura
directa de los expedientes, o si puede cumplirse mediante la consulta de los
demás mecanismos de información que utilizan los despachos judiciales para
publicitar sus actuaciones.
Si, como quedó establecido antes, los datos relativos
al historial de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales
registrados en los sistemas de información computarizada de los juzgados,
constituyen equivalentes funcionales de la información escrita que reposa en
los expedientes en relación con estos mismos datos, cabe concluir que los
abogados satisfacen su deber de vigilancia, sólo en relación con estos datos,
se insiste en ello, a través de su consulta en las pantallas de los
computadores de los despachos judiciales.
31.  Así, para el caso que ocupa a la Corte, si la
fecha en la que se surtió la notificación personal del auto admisorio de la
demanda, se comunica a través de la pantalla del computador del juzgado, y si
en la actualidad existen suficientes garantías para asegurar la posibilidad de
consulta posterior, así como la fiabilidad, la integridad y el respeto al debido
proceso y al derecho de defensa, no existe ninguna razón para considerar que el
abogado que se fía de la información que le suministra el computador actúa de
manera negligente.  Máxime cuando quienes acuden a las dependencias de los
juzgados, en particular a las de los Juzgados Civiles de Bogotá, y más
específicamente, a la sede del Juzgado 6 Civil Municipal de esta ciudad, no
encuentran ni en la pantalla de los computadores ni en las paredes de los
despachos ninguna advertencia sobre “los inconvenientes” o la falta de
fiabilidad de la información que en ellos se ofrece.
32.  Puede concluirse, entonces, que el abogado del
señor Morales Parra no faltó a su deber de vigilancia de las actuaciones
judiciales al tener por cierta la fecha de notificación del auto admisorio de
la demanda consignada en la pantalla del computador del juzgado, razón por la
cual no cabe trasladarle las consecuencias del error que se presentó en el
registro de dicha información.  Queda entonces por establecer si en este caso
se configuran los presupuestos que permitan hablar de un error judicial o de un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y si cabe extender a
este supuesto la doctrina consolidada por esta Corte en relación con los
errores cometidos por los secretarios de los despachos judiciales en las
constancias que dejan consignadas en los expedientes.
33.  Finalmente, en relación con la falta de
diligencia que se alega en el presente caso, tanto el juez ordinario, como los
jueces que han conocido de esta acción de tutela, y el representante legal del
demandante en el proceso de restitución de inmueble, han esgrimido
reiteradamente el argumento según el cual, el abogado contó con tiempo más que
suficiente para contestar oportunamente la demanda, debido a que el cese de
actividades judiciales que se registró para la época dilató los términos más
allá de lo ordinario.  Valga señalar que esta circunstancia es irrelevante para
el problema que se plantea en la presente acción de tutela, que no es otro que
establecer las consecuencias de un error en el registro de datos en el sistema
de información computarizada del juzgado, para la contabilización de los
términos judiciales.  El que haya habido o no para la época un cese de
actividades en la rama judicial no cambia la situación, pues de no haber
mediado tal cese, igualmente existiría una discrepancia entre la
contabilización de los términos que realiza el juzgado, a partir de la fecha
del acta de notificación obrante en el expediente, y la que realizó el
apoderado del demandado, con base en la fecha de tal actuación registrada en el
computador del despacho.  La única diferencia es que, de no haber tenido lugar
tal cese de actividades, la discusión sería si el término para proponer
excepciones vencía el 17 o el 18 de mayo de 2006 y no si vencía el 13 o 14 de
junio del mismo año, como se discute ahora.  Por lo demás, el lapso
transcurrido durante el paro judicial no habría servido para que el apoderado
del señor Morales Parra hubiese tenido más tiempo para enmendar su error, dado
que durante ese tiempo estaba vedado el acceso del público a las instalaciones
de los despachos judiciales para consultar los expedientes.
Sobre la responsabilidad de los empleados y
funcionarios judiciales por los errores cometidos en el registro de datos en
los sistemas de información computarizados de sus despachos.
34.  El artículo 65 de la Ley 270 de 1996 establece
que “el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y
por la privación injusta de la libertad”.
A su vez, el artículo 66 del mismo
Estatuto define el error jurisdiccional como “aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la
ley”.  A continuación, la misma ley señala que, para que haya lugar a
reparación en los casos de error jurisdiccional, el afectado deberá haber
interpuesto los recursos de ley y la providencia contentiva del error deberá
estar en firme.  Por su parte, en el artículo 69 se establece que, además de
los supuestos de error judicial o privación injusta de libertad, quien haya
sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional,
tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.
35.  Esta normatividad consagra tres fuentes
generadoras de responsabilidad, diferentes y autónomas, a saber: i) el error
judicial; ii) la privación injusta de la libertad, y iii) el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.  Para el caso que ahora ocupa
a la Corte es importante destacar que, conforme a lo establecido en la propia
ley y según la jurisprudencia del Consejo de Estado, mientras el error judicial
se predica únicamente de quien tiene la facultad jurisdiccional y está sometido
a un régimen de responsabilidad objetiva, el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia se deriva de la acción u omisión de los empleados
judiciales y está sometido a un régimen de responsabilidad subjetiva.
36. En el presente caso se presentó, en primer lugar,
un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al ingresar en
el sistema de información la fecha de notificación del auto admisorio de la
demanda.  Diligencia que tuvo lugar el 3 de mayo, de acuerdo con el acta de
notificación que obra en el expediente, y no el 4 de mayo, como aparece en la
pantalla del computador.  Según explicó el titular del Juzgado 6º Civil Municipal,
tal discrepancia obedece a que el empleado que realizó la notificación,
encargado a su vez de reportar este dato en el sistema, no lo hizo el mismo día
en que se realizó la diligencia sino al día siguiente[26].  Cabe señalar que, a
través de la inspección judicial practicada como prueba en el trámite de
revisión de esta acción de tutela, fue posible establecer que el sistema operativo
actualmente empleado en las bases de datos de los despachos judiciales fija de
manera automática la fecha que aparece en la columna “Fecha Actuación”,
a partir del día en que se introduce la información sobre ésta al sistema.
Por tal motivo, como lo explicaron los empleados y funcionarios entrevistados
durante la inspección judicial, existe la obligación de introducir las
actuaciones en el sistema el mismo día en que se realizan para evitar la
ocurrencia de este tipo de errores.  Fue esta obligación la que dejó de cumplir
en el presente caso el empleado del juzgado encargado de introducir el dato de
la diligencia de notificación del auto admisorio de la demanda el mismo día en
que esta se produjo; omisión que dio lugar a un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
No corresponde a esta Corte entrar a establecer si,
además, en el presente caso concurrieron los requisitos que dan lugar a derivar
responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del artículo 90
constitucional.  Lo que importa destacar es que, de la misma manera que existe
un deber de los empleados judiciales de garantizar la fiabilidad de la
información contenida en los expedientes, una vez se ha emprendido la
utilización de medios tecnológicos para hacer más eficiente y facilitar a los
ciudadanos el acceso a la administración de justicia, a este deber se suma el
de garantizar igualmente la veracidad de los datos que a través de ellos se
suministran y el de responder por los errores que se cometan al procesar y
comunicar dicha información.
37.  La segunda irregularidad tuvo lugar cuando,
advertido del error en la información registrada en la pantalla, el titular del
Juzgado 6º Civil Municipal de Bogotá no aplicó, ni justificó la inaplicación,
de las normas legales contenidas en el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, en la
Ley 527 de 1999 y en la jurisprudencia constitucional sobre el tema, que
permitían atribuir a la información suministrada en el computador del juzgado
acerca de la fecha de las actuaciones judiciales el carácter de equivalente
funcional del escrito; en este caso, de la constancia de notificación del auto
admisorio de la demanda obrante en el expediente.  Esta segunda irregularidad
configuró un error judicial, en los términos del artículo 66 de la Ley 270 de
1996, que se manifestó en una providencia contraria a la ley, a saber, el auto
del 6 de julio de 2006, que dispuso no tener en cuenta ni tramitar, por
extemporáneas, las excepciones formuladas por el apoderado del señor Morales
Parra en su escrito de contestación de la demanda.
38.  Fue este error cometido por el juez el que generó
la afectación de derechos fundamentales que se discute en la presente acción de
tutela.  Ello por cuanto la consideración de las herramientas legales y
jurisprudenciales a las que se ha hecho mención, le habría permitido al juez
enmendar las consecuencias negativas derivadas del error cometido por uno de
sus empleados, sin detrimento de los derechos constitucionales de las partes,
al otorgar a la información suministrada a través de la pantalla del computador
el carácter de equivalente funcional de los escritos.  En efecto, dado que
existía una divergencia entre el dato de la pantalla y el dato escrito en el
expediente, ante la duda de cuál de las dos fechas de notificación del auto
admisorio de la demanda debía ser tenida en cuenta para contabilizar el término
de traslado de diez (10) días previsto en la ley para contestarla y proponer
excepciones, el juez debió considerar cuál de las dos alternativas comportaba
un menor sacrificio para los derechos de las partes.
39.  La primera alternativa, contabilizar el término
teniendo en cuenta la fecha de notificación del auto admisorio registrada en el
expediente, como en efecto se hizo, sacrificó el derecho de defensa de la parte
demandada.  Igualmente contravino las exigencias derivadas del principio
constitucional de buena fe, al defraudar la legítima confianza que una de las
partes había depositado en la información sobre la fecha de una actuación
judicial que había sido comunicada por la propia administración de justicia.
Finalmente, tampoco fue una solución conforme al principio pro actione (CP
arts. 29, 228 y 229), en virtud del cual, en caso de duda, se debe preferir
aquella solución que tenga un efecto favorable en el desarrollo del proceso,
como lo es en este caso la que permitía a ambas partes ser escuchadas antes de
proferir sentencia, pues con ella se hacía efectiva la bilateralidad y el
carácter contradictorio que son inherentes a este mecanismo judicial de
solución de conflictos.
40.  Todos estos efectos negativos se habrían evitado
de haber optado el juez por la segunda de las alternativas disponibles, esto
es, contabilizar el término de traslado teniendo en cuenta la fecha de
notificación registrada en la pantalla.  Esta solución permitía tener por
contestada la demanda, garantizando así el derecho de defensa del demandado,
sin sacrificar a su vez ningún derecho de la parte demandante.  Es verdad que
ésta última tenía derecho a esperar que, transcurridos 10 días a partir de la
notificación del auto admisorio al demandado, si este guardaba silencio, se
aplicara la consecuencia procesal de tener por no contestada la demanda y
proferir sentencia ordenando al demandado restituir el inmueble.  Pero tal
derecho no se desconocía con esta segunda alternativa, toda vez que el término
de 10 días se respetaba igualmente, sólo que se contabilizaba a partir de la
fecha de la notificación del auto admisorio consignada en la pantalla del computador
del juzgado (4 de mayo), en lugar de la fecha que aparecía en el expediente (3
de mayo).  Y no cabría objetar que a la parte demandante le asiste derecho a
que el término se contabilice teniendo en cuenta la fecha escrita en el
expediente, dado que la ley confiere a los datos que se comunican a través de
la pantalla del computador del juzgado - a la que también tienen acceso ambas
partes en igualdad de condiciones, así como el resto de los usuarios de la
administración de justicia - el carácter de equivalente funcional a la
información escrita en el expediente.  Así las cosas, no existía razón para
privilegiar a toda costa el dato del expediente si ello además conducía, como
en efecto sucedió, a sacrificar derechos fundamentales para una de las partes.
41.  En definitiva, en el presente caso tuvo lugar un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al registrarse un
error en el sistema de información computarizado del Juzgado 6º Civil Municipal
de Bogotá, acerca de la fecha de notificación del auto admisorio de una
demanda, dato del cual dependía la contabilización del término de traslado para
contestar y proponer excepciones.  Correspondía a las autoridades judiciales
asumir la responsabilidad por dicho error y, en todo caso, evitar que con él se
afectara la buena marcha del proceso y los derechos fundamentales de las
partes.  El ordenamiento jurídico ofrecía las herramientas legales para ello,
al autorizar tener como equivalente funcional de los escritos los mensajes de
datos comunicados a través del computador del juzgado.  En lugar de lo
anterior, el juez añadió a la anterior irregularidad un segundo error, esta vez
un error judicial, al expedir una providencia en la que se negaba a dar
trámite, por extemporáneas, a las excepciones formuladas en la contestación de
la demanda.  Providencia que, como ya se explicó al fundamentar la
procedibilidad de esta acción de tutela, resulta contraria a la ley, en tanto
omite dar aplicación a normas relevantes para el caso, además lesiona el derecho
a la defensa de una de las partes y desconoce el principio constitucional de
buena fe.
Finalmente, la Corte pasará a examinar si resulta
aplicable al presente caso la regla de decisión establecida por esta
Corporación para el caso de los errores sobre el cómputo de términos
consignados en las constancias secretariales.
Doctrina constitucional sobre las consecuencias del
error en la expedición de constancias secretariales.
42.  La Corte Constitucional ha consolidado una línea
jurisprudencial donde establece que los errores cometidos por los secretarios
de los despachos judiciales al computar los términos para la interposición de
recursos, no pueden ser corregidos a costa de afectar el ejercicio de defensa
de las partes que depositan su confianza legítima en la actuación de las
autoridades judiciales.
Esta línea se inaugura con la sentencia T-538/1994,
donde se resuelve favorablemente la tutela interpuesta por una persona
procesada penalmente quien, para sustentar el recurso de apelación contra la
sentencia condenatoria, se basó en una constancia secretarial en la que se
efectuaba el cómputo de los términos para presentar el escrito de
sustentación.  El juez de segunda instancia declaró desierto el recurso por
considerar que la contabilización efectuada por el secretario del juzgado a-quo
descansaba en una interpretación equivocada de las normas de procedimiento
penal, las cuales, por su carácter de orden público, no podían ser modificadas
en virtud de una actuación judicial equivocada.  La Corte consideró que, con
tal proceder, la autoridad judicial vulneró el derecho de defensa y actuó en
contra de los principios constitucionales de buena fe y prevalencia del derecho
sustancial en las actuaciones judiciales.  Como fundamento de su decisión
sostuvo que:
“(E)l Secretario del Juzgado hace parte del
despacho judicial y sus actuaciones comprometen a la administración de
justicia, hasta el extremo de que por sus errores puede deducirse
responsabilidad contra el Estado por falla en la prestación del servicio (CP
art. 90). No se discierne la razón que lleva a la Sala de Decisión Penal
demandada a sustraer relevancia al presunto error cometido por el Secretario
del Juzgado y a imputarle, en cambio, el desconocimiento de los términos de ley
a la parte que se acogió a la interpretación del referido servidor público,
luego corroborada por el Juez de la causa mediante auto del siete (7) de abril
de 1994. La decisión analizada es, por lo tanto, en extremo inequitativa, pues,
castiga la confianza legítima del particular en las autoridades y sacrifica el
derecho de defensa. En lugar de asumir la responsabilidad de los actos propios
de la administración de justicia, traslada íntegramente a la parte las
consecuencias del error judicial y hace nugatorio su derecho fundamental a
impugnar la sentencia condenatoria.
…
La administración de justicia, a través de
las diferentes instancias, debe corregir sus propios errores, pero no a costa
del sacrificio del legítimo derecho de defensa de los sindicados y menos escarmentando
la buena fe que ellos razonadamente hayan puesto en los actos de las
autoridades. Los dictados de la buena fe se ignoran al obrar con tan máxima
severidad y dar lugar a iniquidad manifiesta. En definitiva, para corregir el
error judicial - falencia interna del servicio de administración de justicia -
no era necesario sacrificar de manera tan palmaria el derecho de defensa del
sindicado (CP art. 29) y considerar falta suya el haber confiado razonadamente
en la autoridad pública (CP art. 83).
…
El debido proceso y el acceso a la justicia
(CP arts. 29, 228 y 229) son derechos fundamentales que obligan a interpretar
las normas procesales como instrumentos puestos al servicio del derecho
sustancial y a las soluciones que permitan resolver el fondo de los asuntos
sometidos a consideración de los jueces (principio pro actione). Si bien los
derechos mencionados no se vulneran cuando se inadmite un recurso o acción por
no concurrir los presupuestos legales para su aceptación, la decisión judicial
no debe ser arbitraria ni irrazonable. Se impone, por lo tanto, adoptar la
interpretación que tome en cuenta el espíritu y finalidad de la norma y que sea
más favorable para la efectividad del derecho fundamental. No son pocos los
casos en que el juez, primer garante del debido proceso, sin proponérselo
conscientemente, patrocina situaciones de absoluta indefensión de los
sindicados y condenados, al prohijar interpretaciones ajustadas al tenor
literal del texto, pero contrarias a su espíritu y finalidad.
La tesis de la Sala Penal, según la cual el
contenido de los actos secretariales, refrendados por los jueces, es
irrelevante para el desarrollo del proceso, supone y exige la desconfianza de
las partes en las autoridades como intérpretes y aplicadores autorizados de la
ley. Los principios de la buena fe y de la seguridad jurídica se verían
sustituidos por la desconfianza y la incertidumbre cuando se impone al
particular el deber agobiante de poner en duda los pronunciamientos judiciales
que actualizan el sentido de la ley, aún en los casos en que ellos sean la
cabal expresión de una interpretación razonable de una norma legal, en cuya
inteligencia igualmente coincide la parte…”.
43.  Estas consideraciones son reiteradas
posteriormente como fundamento de las decisiones adoptadas en las sentencias
T-077/2002, T-1217/2004, T-744/2005 y T-1295/2005.  Los casos que en ellas se
deciden tienen en común el tratarse de supuestos en los que: (i) se desestima
por extemporáneo un recurso de apelación; (ii) interpuesto contra una sentencia
penal condenatoria; (iii) existe una constancia secretarial en virtud de la
cual puede considerarse que el recurso se presentó o se sustentó de manera
oportuna; (iv) el remedio adoptado por el juez ad-quem, declarar
desierto el recurso, sacrifica con carácter definitivo el derecho de defensa.
44.  El supuesto que en esta oportunidad ocupa a la
Corte, aunque no es idéntico, si  presenta similitudes relevantes con aquél
grupo de casos, pues se está frente a una providencia judicial en la que (i) se
desestiman, por extemporáneas las excepciones; (ii) formuladas en un escrito de
contestación a una demanda civil de restitución de inmueble; (iii) existe un
dato, comunicado a través de la pantalla del computador del juzgado, sobre la
fecha de notificación del auto admisorio de la demanda, sobre cuya base podría
considerarse que las excepciones fueron presentadas dentro del término legal;
(iv) el remedio adoptado por el juez para enmendar el error  en la información
dada a conocer a través de la pantalla del computador del juzgado -
contabilizar los términos de traslado a partir de la fecha registrada en el
expediente y, en consecuencia, declarar extemporáneas las excepciones
propuestas por el demandado – sacrifica con carácter definitivo el derecho de defensa
de este último.
45.  Las semejanzas que permiten establecer una
analogía entre ambos casos son las siguientes: (1) En ambas situaciones se está
frente a providencias judiciales que impiden el ejercicio del derecho de
defensa; en un caso la impugnación de una sentencia penal condenatoria, en otro
la contestación a una demanda formulada en un proceso civil.  (2) En los dos
supuestos el argumento para negar a una de las partes su derecho a la defensa
tiene su origen en la existencia de una información errónea dada a conocer por
los empleados del despacho judicial, en un caso a través de una constancia
secretarial, en el otro a través de la pantalla del computador del juzgado.
(3) En ambos eventos el error se pretende enmendar imputando el desconocimiento
de los términos de ley a la parte que depositó su confianza en la información
suministrada por los empleados judiciales.
46. Tales similitudes permiten extender la solución
establecida en la jurisprudencia constitucional sobre los casos de errores en
el cómputo de términos consignados en las constancias secretariales, al caso de
los yerros cometidos en el registro de datos en los sistemas de información
computarizados de los despachos judiciales.  En consecuencia, cabe considerar
que también en estos casos se vulnera el derecho de defensa y se desconocen los
principios constitucionales de buena fe y prevalencia del derecho sustancial en
las actuaciones judiciales, cuando las autoridades judiciales pretenden negar
toda relevancia a dichos errores, declarando fuera de término las actuaciones
realizadas por las partes que confiaron en la información suministrada por la
administración de justicia.  El hecho de que esta información errónea no se
plasme en una constancia secretarial escrita en el expediente sino en un
mensaje de datos comunicado a través de la pantalla del computador carece de
relevancia, siempre y cuando se verifiquen las condiciones establecidas en la
ley para considerar a éste último como equivalente funcional de la información
escrita en el expediente.
Conclusiones
47.  La decisión del Juzgado 6 Civil Municipal de
negar el trámite, por extemporáneas, a las excepciones formuladas por el
apoderado del señor José Luis Morales Parra en el escrito de contestación a la
demanda de restitución interpuesta por el representante legal de la sociedad
“CIRVAS LTDA.”, adolece de un defecto sustantivo por cuanto no fueron
consideradas, ni para ser aplicadas ni para justificar su inaplicación, normas
relevantes para decidir el caso.  En concreto, se omitió tener en cuenta las
normas establecidas en el artículo 95 de la Ley 270
de 1996, en la ley 527 de 1999, e interpretadas por esta Corte en la sentencia
C-831/2001, que establecen las condiciones bajo las cuales los mensajes
de datos utilizados para dar a conocer las actuaciones judiciales pueden ser
tenidos como equivalente funcional de los escritos.  Tal defecto hace que
proceda la acción de tutela en el presente caso.
48.  Pero además con esta decisión se materializa una
vulneración del derecho de defensa, componente fundamental del debido proceso,
así como el desconocimiento de los principios constitucionales de buena fe y
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.  Todo ello
por cuanto uno de los empleados del Juzgado 6 Civil Municipal cometió una falla
en el servicio al ingresar tardíamente en el sistema de información
computarizado del juzgado la fecha de notificación del auto admisorio de la
demanda.  Debido a esta dilación, la fecha registrada en el computador (04/05/
2006) no coincide con la consignada en el acta de notificación que obra en el
expediente (03/05/2006).  Como consecuencia de tal discrepancia se planteaba en
este caso la cuestión de establecer cuál de las dos fechas – la del expediente
o la de la pantalla – debía tomarse como base para contabilizar el término de
traslado.
49.  La solución acogida por el juez fue atenerse a la
fecha del expediente, negar toda relevancia al error cometido por los empleados
de su despacho e imputar sus consecuencias al descuido en la revisión de las
actuaciones procesales por parte del apoderado del señor Morales Parra.
Negligencia que no cabe afirmar a la luz de las normas - ignoradas por el juez
- que permitían atribuir a los mensajes de datos comunicados a través del
sistema de información computarizado del juzgado el carácter de equivalente
funcional a los escritos y, por ende, considerar satisfecho el deber de
vigilancia del proceso, respecto a la fecha de notificación del auto admisorio
de la demanda, consultando dicha información a través de la pantalla del
computador del juzgado.
Con esta solución se defrauda la confianza legítima
que, atendiendo al principio constitucional de buena fe, los ciudadanos han de
poder depositar en la información suministrada por las autoridades judiciales a
través de los diversos medios que éstas utilicen para dar a conocer sus
actuaciones y decisiones, máxime cuando dichas autoridades no realizaron
ninguna advertencia previa en sentido contrario.  Confianza sin la cual la
implementación de estos nuevos medios informáticos, con la considerable
inversión de dinero y tiempo de trabajo de los funcionarios encargados de
alimentarlos,  pierde su razón de ser.     Pero además esta decisión judicial
impidió de manera definitiva al señor José Luis Morales Parra ejercitar su
derecho de defensa, toda vez que la excepción de cumplimiento total de la
obligación, formulada en el escrito de contestación de la demanda, no fue
considerada.  En su lugar, aplicando la consecuencia establecida en la
legislación procesal civil para los casos de no contestación de la demanda en
término oportuno, se procedió a dictar sentencia declarando la terminación del
contrato de arrendamiento y el lanzamiento del demandado del inmueble objeto de
dicho contrato.  Tan funestas consecuencias para los derechos fundamentales se
habrían evitado de haber optado el juez por la segunda de las alternativas
disponibles, esto es, contabilizar el término de traslado teniendo en cuenta la
fecha de notificación del auto admisorio de la demanda registrada en la
pantalla del computador del Juzgado.
50.  Con fundamento en las anteriores consideraciones,
esta Sala procede a revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia para, en su lugar, tutelar los derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, que fueron vulnerados al actor.  En consecuencia, se anulará el auto
proferido por el Juzgado 6 Civil Municipal de Bogotá el 6 de julio de 2006,
donde se decide no tener en cuenta ni dar trámite, por extemporáneas, a las
excepciones formuladas por el apoderado del señor José Luis Morales Parra en su
escrito de contestación a la demanda de restitución de inmueble interpuesta por
el representante legal de la sociedad “CIRVAS LTDA”, así como de todas las
actuaciones surtidas con posterioridad en dicho proceso.  Igualmente ordenará a
este Juzgado reparar el error cometido en este caso, contabilizando el término
de traslado para contestar a la demanda teniendo en cuenta la fecha de
notificación del auto admisorio registrada en la pantalla del computador del
Juzgado, esto es, el 4 de mayo de 2006.
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera
de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
Pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia el 29 de marzo de 2007, donde resuelve en segunda
instancia sobre la acción de tutela interpuesta por José Luis Morales Parra
contra los Juzgados 6 Civil Municipal y 43 Civil del Circuito de Bogotá.
En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos
fundamentales a la defensa, al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, que fueron vulnerados al actor.
Segundo. DECLARAR la nulidad del auto proferido por el Juzgado 6 Civil
Municipal de Bogotá el 6 de julio de 2006, donde se decide no tener en cuenta
ni dar trámite, por extemporáneas, a las excepciones formuladas por el
apoderado del señor José Luis Morales Parra en su escrito de contestación a la
demanda de restitución de inmueble interpuesta por el representante legal de la
sociedad “CIRVAS LTDA”, así como de todas las actuaciones surtidas con
posterioridad en dicho proceso.
Tercero.- ORDENAR al Juzgado 6 Civil Municipal de Bogotá que compute el
término de traslado para contestar a la demanda en el proceso de la referencia,
teniendo en cuenta la fecha de notificación del auto admisorio de la demanda
registrada en la pantalla del computador del juzgado, esto es, el 4 de mayo de
2006.
Cuarto.- LÍBRESE, por Secretaría, la
comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado Ponente
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
AUSENTE EN COMISION
MARCO GERARDO MONROY CABRA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1]
Doctrina que ha sido reiterada posteriormente en diversos
pronunciamientos, tales como las sentencias T-016/2006; T-091/2006;
T-1084/2006; T-1078/2006, entre otras.
[2]
Sobre el carácter subsidiario de la acción de tutela se ha pronunciado la Corte
en sentencias T-504/2000; T-698/1998; T-316/2005; T-713/2005; T-225/2006;
T-950/2006, entre otras.
[3]
Aunque la Corte no ha establecido un límite temporal expreso para la
interposición de la acción de tutela, en algunas decisiones si se ha ocupado de
concretar el requisito de la inmediatez en relación con supuestos específicos.
Así, en la sentencia T-1084/2006 se hace un recuento de algunos
pronunciamientos en relación con la inmediatez en la tutela contra providencias
judiciales, señalando que:
“(L)a Corte ha declarado la improcedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuando el peticionario ha desconocido el principio de
inmediatez, tal como ocurrió en los casos analizados en las sentencias T-951 de
2005 (la acción de tutela fue instaurada más de dos años después de proferida
la providencia cuestionada); T-1021 de 2005 (la tutela se instauró siete años
después de la sentencia cuestionada); T-1140 de 2005 (la acción de tutela se
instauró más de dos años después de haberse dictado la providencia atacada);
T-016 de 2006 (la tutela se instauró dos años y tres meses después de proferido
el fallo cuestionado); T-222 de 2006 (se instauró la tutela un año y diez meses
después de proferida la sentencia cuestionada); T-294 de 2006 (entre la demanda
de tutela y la sentencia cuestionada pasaron 6 meses); T-539 de 2006 (la tutela
se instauró 9 años después de proferida la sentencia cuestionada).
[4]
El fragmento citado a continuación corresponde a las sentencias T-1078/2006 y
T-1084/2006.
[5]
Sobre la evolución de la anterior doctrina de las vías de
hecho a la actual doctrina de las causales genéricas y específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales véanse,
entre otras, las sentencias T-1031/2001; T-949/2003; T-200/2004; T-774/2004;
T-453/2005; C-590/2005; T-091/2006; T-1078/2006; T-1084/2006.
[6]
Sobre la existencia de un defecto sustantivo por aplicación de norma
inaplicable al caso, véanse las sentencias SU-159/2002; T-043/2005; T-295/2005; T-657/2006.
[7]
Cfr. Sentencia T-567 de 1998.
[8]
Cfr. Sentencia T-001 de 1999.
[9]
Sobre los eventos que configuran un defecto sustantivo como causal de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales véanse las
sentencias T-462/2003; T-295/2005; T-657/2006.
[10] Cuyo
artículo 1 establece su ámbito de aplicación en los siguientes términos:
“La presente ley será aplicable a todo tipo de información en forma
de mensaje de datos, salvo en los siguientes casos:
a) En las obligaciones contraídas por el
Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacionales;
b) En las advertencias escritas que por
disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos
en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo”.
[11]
“ARTICULO 5o. RECONOCIMIENTO JURIDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS. No se negarán
efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por
la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”.
[12]
“ARTICULO 6o. ESCRITO. Cuando cualquier norma requiera que la información conste
por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la
información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.
Lo
dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en
cualquier norma constituye una obligación, como si las normas prevén
consecuencias en el caso de que la información no conste por escrito”.
[13] “ARTICULO 10. ADMISIBILIDAD Y FUERZA PROBATORIA DE
LOS MENSAJES DE DATOS.
Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza
probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título
XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.
En
toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o
fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un
mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en
razón de no haber sido presentado en su forma original”.
[14]
“ARTICULO 11. CRITERIO PARA VALORAR PROBATORIAMENTE UN MENSAJE DE DATOS.
Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se
refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás
criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por
consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la
que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la
forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la
que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente”.
[15]
La norma contenida en esta disposición fue demandada porque, a
juicio del impugnante, la equivalencia funcional que ella establece entre el
mensaje de datos y el documento escrito, deja abierta la posibilidad de expedir
órdenes de captura no escritas, a través de mensajes de datos, contraviniendo
de este modo la exigencia de mandamiento escrito establecida en el artículo 28
de la constitución como uno de los requisitos para privar a una persona de la
libertad.  La Corte Consideró que, si bien puede llegar a entenderse
válidamente que la mención que se hace del escrito en el artículo 28 de
la constitución se puede llegar a cumplir con un mensaje de datos, la
equivalencia funcional establecida en la norma demandada no
era inconstitucional, entre otras razones, porque “(i)la exigencia
del escrito no es el único requisito necesario  para  proceder a privar de la
libertad a una persona o a registrar su domicilio; (ii)  de acuerdo con una
comprensión sistemática de la disposición atacada con el artículo 95 de la Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia  la simple accesibilidad del
documento para su posterior consulta no es el único requisito para reconocer
validez jurídica al mensaje de datos  dentro de una actuación judicial”.
[16]
Con posterioridad a esta sentencia la Corte ha reiterado su doctrina sobre el
valor probatorio de los mensajes de datos y la utilización de los mismos en el
ámbito de la administración de justicia.  Así, en sentencia
C-833/2006, al resolver sobre la constitucionalidad de la norma que atribuye a
la Superintendencia de Sociedades competencia para conocer la impugnación de actos o decisiones de Asamblea de
Accionistas o Juntas de Socios y de Juntas Directivas de Sociedades vigiladas
por  dicha Superintendencia, la Corte declaró exequible esta atribución de
función jurisdiccional, señalando, a manera de obiter, que “La
Superintendencia de Sociedades en el ejercicio de la citada función, al igual
que las personas que acudan a ella para tal efecto, pueden  hacer uso de los
recursos tecnológicos modernos, en particular los servicios de telefax y de
correo electrónico, que permiten la comunicación escrita inmediata a distancia,
como lo autoriza la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y
de las firmas digitales, se establecen las entidades de certificación y se
dictan otras disposiciones[16]”.
Por otra parte, en varias
sentencias la Corte se ha referido a la aplicabilidad de las normas de la Ley
527 a los más diversos ámbitos:  en la C-1147/2001 estableció que la regulación
contenida en dicha ley sobre el origen de los mensajes de datos era aplicable
para determinar respecto de cuáles páginas web y sitios de Internet se
predicaba las obligaciones de inscripción en el registro mercantil y de
suministro de información a la DIAN establecidas en las normas demandadas.  En
la C-008/2003 avaló la constitucionalidad de las normas de un decreto
legislativo que establecía la incorporación de los avances tecnológicos en
telecomunicaciones para garantizar el adecuado funcionamiento de los Concejos
Municipales, dadas las condiciones de alteración del orden público.  En la
sentencia C-1114/2003 la Corte declaró exequible el artículo 5 de la ley
778/2002 que establece la posibilidad de realizar notificaciones por correo
electrónico en los procedimientos tributarios.
[17]
Recogidas en el artículo 1, literales i) y j) del Acuerdo de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura No. PSAA06-3334
de 2006, en los siguientes términos: Mensaje de
Datos: Es la información generada, enviada,
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares,
como  el correo electrónico e Internet.  Para efectos de la aplicación de este
acuerdo la noción de mensaje de datos no aplica a documentos enviados vía fax.
Sistema de Información: Es todo sistema utilizado para generar, enviar, recibir,
archivar, conservar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.
[18]
El artículo 1, literal a) del Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura No. PSAA06-3334 de 2006,
define los “Actos de Comunicación Procesal” como “todos aquellos actos o
actividades de comunicación definidas en la ley, que ponen en conocimiento de
las partes, terceros o de otras autoridades judiciales o administrativas, las
providencias y órdenes del juez o del fiscal, relacionadas con el proceso, así
como de éstos con aquellos”.
[19]
No ocurre igual con la aplicación para la consulta de procesos que en la actualidad
implementa la Rama Judicial a través de la Internet y a la que se puede acceder
a través del vínculo http://www.ramajudicial.gov.co/csj_portal/jsp/frames/index.jsp?idsitio=6&ruta=../procesos/procesos.jsp
Dicha aplicación está aún
en prueba y, por tanto, la información que en ella aparece debe ser verificada
con la respectiva secretaría, como bien lo advierte la inscripción que aparece
en esta página web.  Advertencia que, por el contrario, no aparece en los
computadores situados en la sede de los despachos judiciales, como se verificó
en la inspección judicial practicada en la sede de los Juzgados Civiles
situados en la carrera 10 No. 14 – 33 de Bogotá.
[20] Dicho Acuerdo determina su ámbito de aplicación en
sus artículos 2 y 17 a 19, del siguiente modo:
“ARTÍCULO SEGUNDO.- AMBITO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo se
aplicará en lo pertinente, a los procedimientos civil, contencioso
administrativo, laboral, penal y disciplinario, respecto de los actos de
comunicación procesal, susceptibles de realizarse a través de mensajes de datos
y método de firma electrónica, así como en lo relacionado con los documentos
contenidos en medios electrónicos y su presentación, en los términos de los
respectivos códigos de procedimiento”.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO – EN EL
PROCEDIMIENTO CIVIL y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. El presente Acuerdo se aplicará en el
procedimiento civil, en el procedimiento laboral, así como en el contencioso
administrativo, a las comunicaciones que envíen los Despachos Judiciales; a las
citaciones que para efectos de notificación personal, deban hacerse a los
comerciantes inscritos en el registro mercantil y a las personas jurídicas de
derecho privado domiciliadas en Colombia; a las notificaciones del auto
admisorio de la demanda, que por aviso deba efectuarse a las personas jurídicas
de derecho privado con domicilio en Colombia y a la presentación y recepción de
memoriales.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. El
presente Acuerdo se aplicará en el nuevo proceso penal, tratándose de las
notificaciones que deban surtirse mediante correo electrónico; de las
citaciones que deban surtirse en los términos de los artículos 171 y 172 de la
Ley 906 de 2004.
ARTÍCULO
DÉCIMO NOVENO – EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. El presente Acuerdo se aplicará en el procedimiento disciplinario,
en materia de las notificaciones que pueden surtirse a través de medios
electrónicos, tal como se encuentran reguladas en su artículo 10 y en el
artículo 102 de la Ley 734 de 2002.
[21]
ARTÍCULO TERCERO – GRADUALIDAD. Las previsiones de este Acuerdo, se aplicarán a los despachos que
cuenten con la infraestructura tecnológica, iniciando en las ciudades de
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga en los Despachos del Equipo
de Cambio Judicial del Proyecto de Mejoramiento en la Resolución de Conflictos
Judiciales.
[22]
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO –
REMISIÓN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN PROCESAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Las autoridades judiciales sujetas al
presente Acuerdo podrán remitir actos de comunicación procesal, a través del
correo electrónico, siempre y cuando se encuentran avaladas por una entidad
certificadora autorizada en los términos de la ley, para lo cual en el ámbito
de su competencia, el Consejo Superior de la Judicatura llevará a cabo las
contrataciones que se requieran para tal fin. La autoridad judicial remitirá los actos de
comunicación procesal, a la dirección de correo electrónico suministrada por la
parte o a la que aparezca inscrita en la Cámara de Comercio donde este
registrado el destinatario del acto de comunicación procesal, o en la dirección
aportada bajo juramento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO - APLICACIÓN DEL
ACUERDO. El Consejo
Superior de la Judicatura, una vez haya implementado la firma electrónica para
los despachos judiciales en los términos de la ley y del reglamento, a través
del CENDOJ, definirá los procedimientos técnicos referidos a la
interoperabilidad de los sistemas de información de las autoridades judiciales,
a las normas técnicas que deben observar los usuarios, a la implementación de
los métodos de firma electrónica en los despachos judiciales, a la seguridad de
los mensajes de datos que se utilicen en la gestión las autoridades judiciales
y a la privacidad de los datos e información de los usuarios.
[23]
Un argumento adicional para respaldar esta conclusión es que,
entre los 23 Acuerdos enviados por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura como respuesta al oficio enviado durante el trámite de
revisión de esta acción de tutela - donde se solicitaba enviar copia de los
Acuerdos que regulan la creación y funcionamiento de los sistemas computarizados
que permiten a los ciudadanos consultar el historial de los expedientes en los
despachos judiciales, así como el valor probatorio de dicha información - no se
incluyó el mencionado Acuerdo PSAA06-3334 de
2006.
[24]
“ARTICULO 8o. ORIGINAL. Cuando cualquier
norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma
original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si:
a)
Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la
información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma
definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma;
b)
De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser
mostrada a la persona que se deba presentar.
Lo dispuesto en este
artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma
constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias
en el caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma
original”.
[25]
En relación con esta exigencia, la Ley 527 dispone lo siguiente:
“ARTICULO 9o. INTEGRIDAD
DE UN MENSAJE DE DATOS. Para efectos del artículo
anterior, se considerará que la información consignada en un mensaje de datos
es íntegra, si ésta ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición de
algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación,
archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido, será determinado a
la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las
circunstancias relevantes del caso.”
[26]
Ello de acuerdo a la información suministrada en el Oficio No.
186 del 7 de febrero de 2007, que obra en el expediente.