T-560-10
Sentencia T-560/10
Sentencia T-560/10
DERECHO A LA EDUCACION DEL MENOR-Garantía constitucional/DERECHO A LA EDUCACION DEL
MENOR DISCAPACITADO O CON CAPACIDADES EXCEPCIONALES-Obligación del Estado de
garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad en la
prestación de los servicios educativos, en igualdad y atendiendo sus
condiciones especiales
DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONAS CON LIMITACIONES
PSIQUICAS, FISICAS Y SOCIALES-Factor
edad es un elemento irrelevante para definir titularidad y alcance del derecho
DERECHO A LA EDUCACION DE PERSONA DISCAPACITADA O CON
CAPACIDADES EXCEPCIONALES-Caso en que
existe vulneración a un grupo de personas discapacitadas al ser excluidos de
los servicios de educación formal y/o especial por parte de las entidades
accionadas
Referencia: expediente T-2563450
Acción de tutela instaurada por la
Defensoría del Pueblo (Regional Quindío), en representación del menor Andrés
Peña Calderón y otros, contra el Ministerio de Educación Nacional y otros
Procedencia: Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral
Magistrado Ponente:
Dr. NILSON PINILLA PINILLA
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil diez
(2010).
La
Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los
magistrados Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Humberto
Antonio Sierra Porto, en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
en la revisión del fallo adoptado por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela
instaurada por la Defensora del Pueblo Regional Quindío, Piedad Correal
Rubiano, contra el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Quindío
y la Alcaldía de Armenia.
El expediente arribó a la Corte Constitucional por
remisión efectuada por la  secretaría de la referida Sala de Casación, en
virtud de lo ordenado por el inciso final del artículo 32 del Decreto 2591 de
1991. La Sala Tercera de Selección de Tutelas de esta corporación eligió en marzo
16 de 2010, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
I. ANTECEDENTES.
La Defensora del Pueblo Regional Quindío, Piedad
Correal Rubiano, promovió acción de tutela en octubre 23 de 2009, reclamando la
protección de los derechos a la dignidad humana, a la educación y al desarrollo
integral de los menores de edad Andrés Peña Calderón, John Brayan Páez Sánchez,
Juan Sebastián Ruiz López, Kimberly Dayana Benavides Inga, Juan Esteban
Bustamante, Manuel Alejandro Murcia Ospina, Juan Esteban Carrillo Serna, Laura
Marcela Montes Montes, Kevin Daniel Ríos Osorio, Heiner Daniel Valero Zapata,
Daniela Prada Restrepo, Jefferson Montoya González, Santiago Castaño
Betancourt, Eyder Rubiel Villegas Arias, Carlos Arnobis Obando Blandón, Zully
Valentina Ramírez Ortiz, Laura Alarcón Rayo, Luz Yeraldine Bejarano, Juan
Manuel Guarín Arbeláez, Juan Diego Poveda, Valentina Basto Toro, Ana María
Pareja Castaño, John Edinson Castañeda Cobos, Andrea Osorio Malagón, Elsa Dolly
Patiño Holguín, Laidy Natalia Cardona Morales, Valentina Ospina Álvarez, Daniel
Villegas Villegas, Édgar Herrera Orozco, Francy Elena Arévalo Urrea, Carlos
Alberto Ortiz Duque, Miguel Ángel Aguilar Parra, Francisco López, Brayan Stiven
Ceballos, Johan Stiven Velásquez, Valentina Hernández Londoño, Sebastián Motato
Vásquez, José David Osorio Hernández, Juan Sebastián Rojas Arango, Paola Andrea
Sánchez García, Daniela Gaitán Falla, Edith Nayibe Torres Arbeláez, Daniela
Rendón Yepes, Katherine Vargas Castrillón, Brayan Smith Echavarría Calderón,
Dania Camila Moreno Peña, Miguel Enrique Galeano Garibello, Josué David Galindo
Bustamante, Juan Camilo Osorio Ramírez, Juan David Manco Céspedes, Natalia
Londoño Ospina, William Andrés Murcia Guzmán, Cristian Camilo Torres Álvarez,
Angie Katerine Bueno, Lina María Valencia Guzmán, Mónica Juliana Osorio Ibarra,
Carlos Henao Román, Jeison Andrés Martínez, Karen Dayana Guarín Gutiérrez,
Diego Andrés Espinoza Franco, John Albert Ortiz Ayala, Darío de Jesús Ayala,
Daniel Stiven Montoya Vega, Carlos Alberto Ospina, Erid Yesid Hernández
Grajales, Lina María Echeverri, Luisa Fernanda Fitzyerald, al igual que de los
adultos María Camila Acosta López, Julieth Yeraldine López Galindo, Kelly
Vanessa Ramírez, Alex Dagoberto Reyes Osorio, Juan David Motato Osorio, Alba
Lucy Álvarez Rendón, Juan David Caravalí Valencia, Paula Andrea Camacho
Velasco, Carlos Alberto Cardona Orozco, Jonathan Rincón Ríos, Liberley Botina
Navarro, Lizeth Castillo Bedoya, Jenny Katherine Cardona Marín, Daniel
Alejandro Arias Ceballos, Julio César González Moscos, Carlos Alberto Montoya
García, Katherine Alarcón Velasco, Oscar Fabián Prieto Salazar, Carlos Andrés
Castellanos, Gustavo Orozco Bustamante, Jesús David Martínez Castaño, Luisa
María López Bolívar, Luz Helena Cortés Trujillo, Jessica Cortés Duque, John
Edison Lotero, Yissel Rojas Godoy, Luis Alberto Gómez, Fabián Duque y Paola
Andrea Palacio Quintero; todos en condición de discapacidad y matriculados en
el Instituto Quindiano de Educación Especial, hoy Fundación Quindiana de
Atención Integral.
A. Hechos y narración efectuada en la demanda.
1. La Defensora Regional indicó que mediante
Resolución N° 064 de diciembre 23 de 1968, la Gobernación del Quindío concedió
personería jurídica a la Asociación Colombiana Pro-Niño con Retardo Mental,
seccional Quindío (ACONIRQUI), institución para la educación y formación de
niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Posteriormente, con la Resolución
N° 222 de diciembre 15 de 1980, fue modificada la razón social por Instituto
Quindiano de Educación Especial.
Agregó que mediante Ordenanza N° 005 de noviembre 24
de 1987, la Asamblea “departamentaliza” el referido instituto, siendo
derogada por la Ordenanza N° 0051 de julio 31 de 2009 (f. 7 cd. inicial).
Señaló además que mediante Decreto N° 000465 de
septiembre 30 de 2002, el Gobernador del Quindío convirtió el plantel en una “institución
educativa de carácter especial”. Sin embargo, fue derogado por el Decreto
N° 00898 de septiembre 22 de 2009, como quiera que “por instrucciones del
Ministerio de Educación Nacional no era procedente el funcionamiento de dicho
instituto a cargo del departamento, con recursos del sistema general de
participaciones del sector educativo, debido a que funciona en la ciudad de
Armenia, municipio certificado por el Ministerio para la prestación del
servicio educativo” (f. 7 ib.).
Aseveró que presentado ese inconveniente y luego de
debates en mesas de trabajo presididas por la Gobernación del Quindío, en las
cuales participaron la Alcaldía de Armenia, el Ministerio de Educación
Nacional, la Defensoría del Pueblo, la comunidad educativa y los padres de
familia, se sugirió que el instituto se transformara en “fundación con el
objeto de recibir recursos y realizar convenios para la atención educativa y la
atención integral de los niños, niñas y adolescentes discapacitados” (f. 7
ib.).
2. La demandante afirmó que la institución, hoy
Fundación Quindiana de Atención Integral, matriculó 96 alumnos para la vigencia
del 2009, contando con “un (1) directivo rector, 7 docentes, 3
administrativos y tres celadores, personal que fue retirado de la entidad por
el departamento del Quindío, dada la directriz del Ministerio de Educación
Nacional de trasladar el instituto al municipio y adicionalmente de aplicar la
política de educación inclusiva, donde los niños discapacitados deben
integrarse a la educación formal” (f. 7 ib.).
Adujo que el instituto solicitó al municipio “convertirse
en sede educativa anexa de una institución oficial educativa, con el objeto de
seguir prestando el servicio educativo para cumplir con los requerimientos del
Ministerio de Educación Nacional y para que el municipio asumiera el personal
administrativo y docente con el cual se contaba cuando se tenía la vinculación
de la Gobernación y de esta manera proteger los derechos de los matriculados”
(f. 7 ib.).
Expuso que el municipio realizó un estudio sobre la
necesidad educativa de los matriculados, clasificando a los estudiantes en tres
grupos. El primero con 35 estudiantes menores de edad “susceptibles de
educación”, el segundo de 43 menores y adultos “no susceptibles de
educación por su grado de discapacidad”, clasificados para “habilitación”;
y el tercero compuesto por 15 menores que requieren “rehabilitación”,
acorde con su grado de discapacidad (fs.
7 y 8 ib).
Agregó que debido al referido análisis, el municipio
únicamente atendía educativamente al primer grupo, en “dos aulas
multigraduales, una con 20 estudiantes y otra con 15, con un sólo docente en
cada una de ellas, siguiendo instrucciones del Ministerio de Educación
Nacional, con el propósito de ir incluyendo paulatinamente los estudiantes al
aula regular de algunas instituciones educativas, dejando sin ninguna
posibilidad educativa los otros dos grupos establecidos en su estudio” (f.
8 ib.).
3. La Defensoría del Pueblo realizó una visita a la
institución en octubre 21 de 2009, constatando que el referido proceso de
transformación conculca los derechos de las personas matriculadas.
Así, en una entrevista realizada a las educadoras
asignadas por el municipio para atender las aulas multigraduales de 20 y 15
estudiantes, respectivamente, se afirmó que aquél es un número desbordado de
niños para ser atendidos por un docente e “impartirles una educación
especial”. A su vez, se requiere de una “educación integral” impartida
por un grupo interdisciplinario de profesionales, entre ellos, fonoaudiólogos,
terapeutas de lenguaje y ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales, con
los cuales no se cuenta.
Adicionalmente, en la demanda se indicó que ni el
municipio ni la Gobernación atienden a los grupos restantes de personas
clasificadas por su grado de discapacidad o edad, argumentando que no
superaron los requisitos indispensables para su posible inclusión escolar.
Planteó entonces el interrogante de cómo a infantes de
5 o 6 años, que aún no han recibido apoyo pedagógico o rehabilitación se les
impide el acceso a la educación, o por qué los “niños ‘adultos’ cuya edad
mental” no corresponde a la cronológica también son excluidos de ese
derecho debido a los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación.
Según la demandante, la Defensoría del Pueblo constató
que el grupo conformado por “43 personas de los llamados ‘adultos’”,
recibían la colaboración de un profesor de educación física contratado por el
ICBF, quien aseveró que “muchos saben leer y escribir, realizan operaciones
matemáticas, educación que se debe estar recordando para que no olviden dicha
capacitación y se observa su superación; inclusive un niño manifestó en la
visita que no quiere recibir actividades de rehabilitación o habilitación sino
educación” (f. 8 ib.).
Indicó que la mayoría de los 96 accionantes son niños,
niñas y jóvenes de estratos 1 y 2, por ende, sólo cinco familias están en
capacidad de cancelar el valor de una mensualidad que la institución se vería
abocada a cobrar a los matriculados, “aproximadamente $200.000.oo pesos”,
en caso de no obtener apoyo para su funcionamiento por parte de las entidades
gubernamentales, sea con recursos propios o del Sistema General de
Participaciones.
A su vez, manifestó que se adelantó un convenio con la
organización no gubernamental ONG Gran Fundación, al cual se vinculó la
Gobernación con un aporte de $8’000.000, sin embargo, se trata de un apoyo “únicamente
para procesos de habilitación laboral para 40 niños” (f. 9 ib).
4. La demandante explicó que si bien la educación
inclusiva se encamina a que los menores con discapacidad no sean excluidos de
la formación regular, existen casos que por el grado de limitación requieren de
atención personalizada, interdisciplinaria e integral, como la que necesitan
las 96 personas matriculadas en la Fundación.
Agregó que de acuerdo con una investigación realizada
por la Defensoría del Pueblo sobre la “integración educativa de los niños y
las niñas con discapacidad”, existen “barreras de accesibilidad” en
los establecimientos educativos, por cuanto no se cuenta con las áreas
requeridas para la atención de las necesidades de las personas con discapacidad
y no todas las actividades educativas, deportivas y culturales son accesibles a
ellas. Igualmente, se ha evidenciado discriminación por parte de los distintos
miembros de la comunidad educativa, estudiantes sin discapacidad, padres de
familia, directivos y docentes.
5. Planteó que el municipio de Armenia y el
departamento del Quindío, con el proceso de trasformación del Instituto
Quindiano de Educación Especial, están desconociendo que la educación inclusiva
no puede conllevar la denegación del acceso al servicio público educativo,
cuando esté probada la necesidad de una enseñanza especial. Así, se están
desconociendo las necesidades educativas que tienen las personas matriculadas
en la Fundación Quindiana de Atención Integral.
Censuró además que el municipio pretenda justificar el
presunto cumplimiento de sus obligaciones, únicamente con 35 menores incluidos
en dos aulas multimodales, dirigidas únicamente por dos docentes.
6. Por todo lo expuesto, la Defensoría solicitó la
protección de los derechos invocados y, en consecuencia, ordenar al Ministerio
de Educación Nacional, a la Gobernación del Quindío y a la Alcaldía de Armenia,
asistir y atender a los 96 accionantes en educación, habilitación, salud y
rehabilitación integral.
Para tal efecto, explicó que se deben nombrar suficientes
docentes, personal administrativo y un grupo interdisciplinario de
profesionales, que requiera la institución para la atención integral, con “recursos
del Sistema General de Participaciones del sector educativo, o con recursos
propios o conjuntamente” (f. 12 ib.).
II. ACTUACIÓN PROCESAL.
La Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior
de Armenia, mediante auto de octubre 27 de 2009 (fs. 18 a 22 ib.), admitió la
tutela y ordenó vincular a la Fundación Quindiana de Atención Integral y a las
Secretarías de Educación Departamental y Municipal.
Igualmente, requirió a todas las entidades accionadas
y vinculadas, para que informaran, entre otros aspectos, sobre cuál fue el
motivo para el cambio de razón social de la institución educativa, en qué
consiste la política inclusiva y cómo se desarrolla y cuál era la situación
académica de los accionantes y administrativa de la fundación (fs. 21 y 22
ib.).
A. Respuesta de la Fundación Quindiana de Atención
Integral.
1. En escrito de octubre 28 de 2009 (fs. 45 a 47 ib.),
la representante legal de la referida fundación indicó que si bien la Asamblea
del Quindío departamentalizó el instituto, éste siguió siendo dirigido por un
grupo de mujeres que conformaban la junta directiva, pues el apoyo de la
Gobernación “era exclusivamente con el pago del personal docente y
administrativo, más nunca con el mantenimiento ni las necesidades
institucionales” (f. 45 ib.).
Agregó que en el 2009, la Gobernación informó que se
debía inscribir la institución ante la Cámara de Comercio, donde además se les
indicó que tenían que hacerlo como una fundación; modificación encaminada a
proteger a los menores que acudían al instituto quienes no contaban con
docentes hasta que la Secretaría de Educación de Armenia adoptara las
determinaciones respectivas.
2. Expuso que la educación inclusiva busca que las
personas con alguna discapacidad física, sensorial o cognitiva, tengan acceso a
la enseñanza regular en los establecimientos educativos de los entes
territoriales, es decir, que no existan instituciones “excluyentes”,
como la Fundación Quindiana de Atención Integral. Empero, aclaró que si bien
algunas discapacidades sensoriales pueden manejarse en las aulas regulares, no
acontece lo mismo con la cognoscitiva, pues su déficit no se presenta en el
mismo grado y, por lo general, se asocia con dificultades en la atención, el
lenguaje o el comportamiento, requiriendo un manejo e inclusión más complejo.
Afirmó además que muchos padres de familia no están de
acuerdo en incluir a sus hijos en las aulas regulares, pues según sus propias
experiencias han sido rechazados, padeciendo mofas y maltrato verbal.
3. En el escrito se indicó que la Secretaría de
Educación de Armenia envió dos profesoras adscritas a la Institución Educativa
República de Francia, quienes evaluaron a los estudiantes y conformaron dos
grupos en “aulas multigraduales”, donde se impartía una “metodología
llamada GEEMPA[1], la cual busca
alfabetizar a 40 menores en edad escolar” (f. 47 ib.). A su vez, se aseveró
que la referida Secretaría permitió tener sólo 20 alumnos en cada una y no 35,
como ordenó el Ministerio de Educación.
Adujo que los demás estudiantes en su mayoría son
adultos que padecen un déficit cognitivo severo o asociado, cuyo manejo es
difícil en el aula. En consecuencia, no forman parte del sistema educativo
regular, pues el Ministerio de Educación indicó que “no son ‘problema’ de
ellos, sino del Ministerio de Desarrollo y Protección Social, por ser personas
que requieren habilitación, rehabilitación y entrenamiento laboral. En la actualidad
están siendo atendidos por la fundación con el personal que es pagado por un
convenio de protección de 30 menores con el ICBF” (f. 47 ib.).
Advirtió que muchas personas con déficit cognitivo “educable
o limítrofe”, pueden ser integradas al aula regular, empero las personas
que según el Ministerio de Educación “no son problema de educación sino de
salud”, requieren de docentes especiales y, entre otros profesionales,
psicólogos, terapeutas del lenguaje y ocupacionales, trabajadoras sociales y neurólogos,
que los brinden apoyo en el aprendizaje de destrezas para su desempeño
independiente en la vida diaria.
Explicó además que la educación especial debe
brindarse normalmente a grupos que no excedan los 10 o 12 alumnos, dirigidos
por un docente con una excelente capacidad humana y con terapias diarias o
semanales.
Finalmente, indicó que no hay una cabal atención a los
menores, pues la fundación maneja la parte administrativa desde octubre de 2009
sin exigir pagos a los padres de familia, pues el 90% son personas de escasos
recursos económicos, impidiendo el pago al personal docente y operativo
necesario para el normal funcionamiento de la institución.
B. Respuesta de la Gobernación del Quindío.
1. Mediante escrito de octubre 28 de 2009, la
Directora del Departamento Administrativo, Jurídico y de Contratación de la
Gobernación, indicó que el Instituto cambió a Fundación Quindiana de Atención
Integral habida cuenta que el Ministerio de Educación, previa visita técnica
realizada por la Dirección de Descentralización, solicitó a la autoridad
departamental adoptar las medidas necesarias sobre las labores de la
institución, al no cumplir con los requisitos señalados en la Ley 715 de 2001,
sobre el funcionamiento de establecimientos educativos.
Aseveró que en la referida visita técnica se advirtió
que el Instituto no acataba la normatividad ni las orientaciones expedidas por
el Ministerio de Educación relacionadas con las políticas de educación
inclusiva, la población con discapacidad y la organización y la asignación de
personal docente, acorde con las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, los Decretos
2082 de 1996, 2888 de 2000, 3020 de 2002, 1850 de 2002, 3869 de 2006 y 366 de
2009 y la Resolución 2565 de 2003.
A su vez, advirtió que la transformación de la
institución además de atender a toda la población con discapacidad, permite
brindar respuestas más oportunas mediante programas de habilitación,
rehabilitación y competencias laborales para mejorar la autonomía y por ende su
calidad de vida.
2. Con relación a la educación inclusiva, manifestó
que según el principio de integración social y educativa, consagrado en el
Decreto 2082 de 1996, las personas con limitaciones o con capacidades o
talentos excepcionales se deben incorporar al servicio público educativo del
país, para recibir atención y apoyo especial de carácter pedagógico,
terapéutico y tecnológico necesario.
Advirtió que de acuerdo con el Decreto 2082 de 1996 y la
Resolución 2565 de 2003, se debe organizar la oferta educativa para las
poblaciones con necesidades educativas especiales por su condición de
discapacidad, lo cual no era aplicado en el Instituto Quindiano de Educación
Especial, corrigiéndose con la transformación en Fundación Quindiana de
Atención Integral.
Explicó además que según el principio de integración
social y educativa, no se aplica atención personalizada pues la educación
actual se orienta al desarrollo de políticas de atención a la diversidad en
contextos de inclusión, es decir, busca garantizar el ingreso, la permanencia y
la promoción de las personas en el servicio educativo a través de la
flexibilidad y diversificación de programas, proyectos y currículos y el
desarrollo de modelos educativos. No obstante, la prestación del servicio
educativo cuenta con la intervención del docente de apoyo, que permite el
acompañamiento en los procesos de inclusión.
Agregó que conforme al artículo 2º del Decreto 366 de
2009, que reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la
atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos
excepcionales, los establecimientos de educación formal no cuentan con atención
personalizada, pues brindan respuestas educativas acordes con las
particularidades de cada caso, desde el contexto de inclusión. A manera de
ejemplo, explicó que a un estudiante con discapacidad cognitiva se le adapta el
currículo de forma que le permita avanzar según sus capacidades.
3. Igualmente, aseveró que luego de las mesas de
trabajo con la Alcaldía de Armenia, las Secretarías de Educación Departamental
del Quindío y Municipal de Armenia, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío SUTEQ,
la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Padres de Familia, la Secretaría del
Interior y Desarrollo Social, se acordó que la Secretaría de Educación de
Armenia asumiría la administración de la institución educativa, por ubicarse
dentro de la jurisdicción de esa ciudad.
Así, mediante Ordenanza N° 50 de julio 31 de 2009, el
departamento del Quindío derogó la Ordenanza N° 005 de noviembre 24 de 1987 que
había oficializado o departamentalizado el Instituto Quindiano de Educación
Especial y, en consecuencia, el departamento entregó al municipio el Instituto,
mediante acta de octubre 5 de 2009.
Refirió entonces que todo lo relacionado con esa
institución es competencia de la Secretaría de Educación Municipal, a la cual
le corresponde cumplir las condiciones señaladas en el Decreto 366 de 2009 para
la prestación del servicio de apoyo pedagógico.
4. Con el escrito, se allegaron copias, entre otros,
de los siguientes documentos:
-
Certificado de existencia y
representación de la Fundación Quindiana de Atención Integral, entidad sin
ánimo de lucro (fs. 72 a 75 ib.).
-
Decreto Nº 0398 de septiembre 22
de 2009, suscrito por el Gobernador del Quindío: “Por medio del cual se
deroga el Decreto número 465 del 30 de septiembre de 2002, por medio del cual
se crea una institución educativa de carácter especial en el departamento del
Quindío, y se dictan otras disposiciones” (fs. 76 a 78 ib.).
-
Ordenanza N° 0050 de julio 31 de
2009, mediante la cual la Asamblea Departamental del Quindío derogó la
Ordenanza N° 005 de noviembre 24 de 1987 que “oficializa o departamentaliza
el Instituto Quindiano de Educación Especial” (fs. 80 y 81 ib.).
-
Listado de estudiantes del
Instituto Quindiano de Educación Especial (fs. 93 a 102 ib.).
C. Respuesta del municipio de Armenia.
1. Mediante escrito de octubre 28 de 2009 (fs. 120 a
132 ib.), la apoderada del municipio se opuso a las pretensiones de la demanda
argumentando que se ha garantizado el servicio a los niños, niñas y
adolescentes de la fundación, dentro de sus competencias y con fundamento en la
normatividad vigente.
A su vez, objetó la petición de nombramiento del
personal docente, administrativo y profesional interdisciplinario, por cuanto
no corresponde a las políticas municipales el sostenimiento de entidades sin
animo de lucro, sino la atención de la población mediante programas
establecidos por el municipio o mediante convenios, previa solicitud del ente
interesado (f. 132 ib.).
Igualmente, recalcó que el Decreto 366 de 2009
establece que únicamente se contratará por el Sistema General de
Participaciones con aquellas entidades que tengan idoneidad en educación
exclusiva y que presten un servicio en instituciones de carácter inclusivo.
2. Explicó que según el Ministerio de Educación no es
posible contar con un instituto exclusivo para la atención de la población con
necesidades educativas especiales, dando entonces cumplimiento a la política de
inclusión. Por ende, la institución educativa se cambió a fundación,
transformación recomendada luego de que el departamento resolviera terminar con
la entidad descentralizada y financiada con recursos de la gobernación.
Agregó que el municipio de Armenia presta el servicio
educativo a las personas que de conformidad con la evaluación realizada son
aptos para recibir educación formal, con modelos flexibles aplicables para este
tipo de población vulnerable.
La apoderada del municipio expuso que luego de
acuerdos formulados con la Fundación y la Defensoría del Pueblo, se planteó que
los educandos se matricularían en la Institución Educativa República de Francia
por ser la más cercana. Indicó además que se emplearían las instalaciones físicas
de la Fundación, para no causar traumatismos en la población que allí se
atiende, con dos docentes para la atención de quienes fuesen aptos para la
escolaridad, “contraviniendo lo ordenado por el Ministerio de Educación, el
cual sólo autorizó un docente en un aula multigradual con 35 estudiantes”
(f. 121 ib.).
Explicó que no es posible que la fundación se anexe a
una institución educativa oficial, por cuanto la planta física no es del
municipio. Consideró además tal propuesta inconveniente, pues en ese caso la
educación impartida sería formal inclusiva, resultando imposible ofrecer la
rehabilitación y habilitación requerida por la mayoría de las personas
pertenecientes a la actual Fundación, a quienes no se les puede impartir
educación formal.
3. Aseveró que no es cierto que solamente se atienda a
35 menores, pues se dio inicio a la implementación de aulas multigraduales,
dirigidas por dos docentes de básica primaria capacitadas en didácticas
flexibles. Agregó que se cuenta con el personal de apoyo para iniciar el
proceso de entrevistas con cada estudiante, para ubicarlo en una escala
psicogenética en los procesos de alfabetización y poder así diferenciar en qué
momento puede adquirir, acorde a sus capacidades, la respectiva alfabetización
y el dominio de operaciones matemáticas que le posibiliten herramientas
cognitivas para la vida y algún desempeño laboral.
Afirmó que aunque existen personas cuya discapacidad
requiere de atención especializada, interdisciplinaria e integral, esos casos
específicos no deben ser atendidos por el sistema educativo, sino por entidades
que presten esos servicios. Expuso entonces que aquellas personas que la
institución educativa no atienda adecuadamente y sean estigmatizadas pueden
remitir sus quejas al grupo de inspección y vigilancia, por cuanto se debe
garantizar el derecho a la educación, favoreciendo así la creación de una
cultura inclusiva.
En el escrito se indicó además que el municipio de
Armenia atiende aproximadamente 1800 niñas, niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales en las diferentes instituciones oficiales, tratando de
mejorar de forma permanente la atención. Por ende, negó que se obstaculice la
prestación del servicio educativo, por el contrario, atiende la población que
le corresponde, habida cuenta que los procesos de habilitación y rehabilitación
no son competencia del sector educativo.
4. Explicó que el Instituto Quindiano de Educación
Especial se transformó en la Fundación Quindiana de Atención Integral y en este
momento no tiene el carácter de institución educativa oficial, luego no puede
ser financiada con los recursos del Sistema General de Participaciones.
Manifestó además que con la Ley 115 de 1994 y el
Decreto 2082 de 1996, se estableció que la población con limitaciones físicas,
cognitivas o sensoriales debe estudiar en instituciones oficiales y privadas
que brinden educación formal, es decir, las personas en condiciones de
discapacidad cognitiva que se encontraban en el Instituto Quindiano de
Educación Especial, debieron iniciar un proceso de transformación para recibir
una educación inclusiva en una institución formal.
Igualmente, aclaró que la Resolución N° 2565 de 2003
organiza la oferta educativa y preceptúa que quienes no puedan ser integrados a
la educación formal serán atendidos en instituciones oficiales y privadas, que
desarrollen programas que respondan a sus necesidades, mediante convenios u
otras alternativas de educación que se acuerden con el Ministerio de Protección
Social, el ICBF o los gobiernos locales. A su vez, corresponde a la Secretaría
de Educación de la entidad territorial definir la institución encargada de
determinar la condición de discapacidad o de capacidad o talento excepcional,
con una evaluación psicopedagógica y un diagnóstico interdisciplinario.
Luego del proceso de “caracterización”
realizado por la Secretaría de Educación, se determinó que de la población
estudiantil vinculada al Instituto Quindiano de Educación Especial, 35
estudiantes pueden vincularse a una institución educativa formal. Por el contrario,
quienes se encuentran en condición de discapacidad y no logran iniciar un
proceso escolar, requieren de rehabilitación mediante el desarrollo de
habilidades funcionales básicas para la vida, como lenguaje, percepción,
memoria y psicomotricidad, para lo cual requieren de un equipo
interdisciplinario, incluida una educadora especial, que logre un desarrollo
integral y personalizado.
Igualmente indicó que los menores que se encuentren
con discapacidad cognitiva moderada, severa o múltiple se les remite a la EPS
en que se encuentran vinculados para que les brinden su atención pertinente de
rehabilitación y habilitación.
Agregó que la Fundación Quindiana de Atención Integral
puede establecer convenios con el ICBF, el Ministerio de la Protección Social u
organizaciones no gubernamentales, con el fin de brindar una atención
pertinente a la necesidad de los niños, niñas y jóvenes que por su condición lo
requieran.
5. Respecto de las condiciones en las que se debe dar
la educación a los menores en condición de discapacidad cognitiva, indicó que
en Armenia se están incluyendo en las instituciones educativas formales con el
objeto de asegurar su permanencia y continuidad en el proceso educativo.
Señaló además que las personas con discapacidad
cognitiva pueden acceder a los servicios de educación en sus grados escolares,
después de que se haya realizado una caracterización y evaluación
psicopedagógica con el fin de elaborar el plan educativo institucional, acorde
a su condición individual. Si el estudiante no alcanza los procesos
curriculares en los niveles de secundaria, es remitido a servicios de
habilitación laboral para el trabajo y desarrollo humano, ofrecidos por el
SENA, el programa CRECER, COMFENALCO y la Dependencia de Desarrollo Social de la
Alcaldía.
Con relación a los grupos clasificados en el
Instituto, aseveró que la Secretaría de Educación Municipal concertó con los
representantes de los padres de familia apoyar a las personas con discapacidad
cognitiva en el mismo Instituto Quindiano de Educación Especial, sin
movilizarlos a otra institución educativa. Se realizó además la consulta al
Ministerio de Educación que aceptó aulas multigraduales de 35 estudiantes, de
manera temporal, para después incluir en instituciones educativas formales a
quienes estaban en condiciones de recibir una educación formal.
Así, dadas las necesidades de la población se determinó
vincular a los menores en la institución educativa República de Francia,
mediante aulas multigraduales con una didáctica flexible y alcanzar los
procesos mínimos de alfabetización, para paulatinamente integrarlos en aulas
regulares según la caracterización y evaluación psicopedagógica.
Se explicó que acorde con lo anterior, durante agosto
de 2009 se inició el proceso con cada estudiante, siendo clasificados así (fs.
129 y 130 ib.):
“GRUPO 1: Clase de entrevista
pedagógica, donde quedaron seleccionados 41 niños, niñas y jóvenes que
cumplieron con la condición de completar su proceso lector y escritor. A su
vez, adquirir habilidades y destrezas para continuar en aula regular.
Estos estudiantes fueron seleccionados
por el proceso pedagógico en que se encuentran más no por su tipo de
discapacidad, formando 2 aulas multigraduales de 20 y 21 estudiantes, ya
matriculados en la Institución República de Francia.
Los niños que tuvieron un proceso en el
IQEE (Instituto Quindiano de
Educación Especial), que no hayan sido certificados en un grado escolar, la
Secretaría de Educación Municipal los ubicará en instituciones que puedan
realizar el proceso de validación para asegurar su continuidad en educación de
adultos, ciclo 1, ciclo 2 o ciclo 3.
Y una tercera aula de 21 estudiantes en
proceso de matrícula con docente asignado mediante Resolución 1950 de 2009.
Los niños y jóvenes que se encuentran
en condición educativa inclusiva se les harán traslados pertinentes para la
presentación del servicio educativo de acuerdo con su necesidad: por ejemplo un
joven que esté en condición de vincularse para la educación de adultos, será
trasladado a la institución cercana a su vivienda para continuar su educación.
(Anexo listado)
Grupo 2: Los niños o jóvenes que no
alcanzan competencia curricular para ser ubicados en grados que requieran de
servicios de rehabilitación y habilitación que deberán ser asumidos por las
entidades que corresponden al Ministerio de Protección Social y Políticas de
Desarrollo Social para el alcance de una inclusión social. (Anexo listado)”
6. Con relación al personal administrativo de la fundación,
explicó que el municipio de Armenia, a través de la Secretaría de Educación
Municipal, atiende a los estudiantes que cumplan con las condiciones de
escolaridad con tres docentes en aulas multigraduales, contrariando la orden del
Ministerio de Educación Nacional de hacerlo con un docente, con el fin de
iniciar de manera paulatina la inclusión, no siendo competencia del municipio
asumir el costo del personal administrativo por fuera de las instituciones
educativas oficiales.
Con el referido escrito allegó, entre otros, copia de
los siguientes documentos:
- Comunicación suscrita por la Secretaría de
Desarrollo Social de la Alcaldía de Armenia en octubre 28 de 2009, junto con el
Programa AMA LA CAPACIDAD (fs. 140 a 145 ib.).
- Resolución N° 1950 de 2009, mediante la cual se
realizó el traslado discrecional de una docente de Armenia para “prestar con
calidad y eficiencia el servicio público educativo en la Institución Educativa
República de Francia” (fs. 146 y 147 ib.).
- Lista de 41 menores matriculados en la Institución
Educativa La República de Francia (f. 148 ib.).
- Lista de menores en proceso de matrículas en la
Institución Educativa La República de Francia (f. 149 ib.).
- Lista de menores en servicio de habilitación laboral
(f. 150 ib.).
D. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional.
1. En escrito de octubre 30 de 2009 (fs. 151 a 155
ib.), la Asesora de la Oficina Jurídica de esa cartera solicitó la
desvinculación, como quiera que Armenia es una entidad territorial certificada
en educación, por tanto la competente para atender la educación formal de las
personas con discapacidad en su territorio, por intermedio de sus instituciones
educativas o de aquéllas con las que para el efecto contrate.
Explicó que acorde con la Ley 60 de 1993, el servicio
educativo se descentralizó y el Ministerio de Educación Nacional certificó a
los departamentos que reunían los requisitos exigidos en la ley y les hizo
entrega del personal docente y administrativo, de los establecimientos
educativos y del manejo de los recursos para el pago de los mismos.
Agregó que el Acto Legislativo N° 01 de julio 30 de
2001 modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución, y creó el Sistema
General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios, para
financiar adecuadamente los servicios de educación preescolar, primaria,
secundaria y media, garantizando la prestación y la ampliación de la cobertura.
Igualmente, refirió que la Ley 715 de 2001 establece
como competencia de los distritos y los municipios certificados dirigir,
planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica
y media. Así, el Ministerio de Educación ha dado los lineamientos para atender
específicamente la educación de niños con discapacidad.
Acorde con lo anterior, planteó que la Secretaría de
Educación de Armenia, dentro de la orbita de las competencias que le ha
asignado la ley, es la llamada a atender las necesidades educativas de los
menores representados por la Defensoría del Pueblo. Por ende, no puede endilgársele
a ese Ministerio responsabilidad alguna sobre la posible vulneración de los
derechos fundamentales invocados.
2. Posteriormente mediante escrito de noviembre 4 de
2009 (fs. 171 a 179 ib.), reiteró la solicitud de desvinculación del Ministerio
de Educación, por ser la entidad territorial certificada en educación la
competente para atender la educación formal de las personas con discapacidad en
su territorio, a través de las instituciones que para el efecto contrate.
Señaló además que es la Secretaría de Educación
Municipal la que puede informar sobre las razones que mediaron para que el
Instituto Quindiano de Educación Especial se transformara en la Fundación
Quindiana de Atención Integral, pues en reunión intersectorial realizada con la
presencia del Gobernador y representantes de varias entidades departamentales y
municipales, se acordó reorganizar el Instituto, atendiendo a la normatividad
existente en el ámbito nacional e internacional.
Agregó que el Decreto 2082 de 1996, reglamentario de la
Ley 115 de 1994, establece en el artículo 12 que los departamentos, distritos y
municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de cubrimiento
gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o
con capacidades o talentos excepcionales, el cual hará parte del plan de
desarrollo educativo territorial.
Igualmente, indicó que por ser la Fundación una
institución de carácter privado, que no pertenece al sector educativo formal,
no es competencia del Ministerio de Educación su organización.
E. Intervención de la Secretaría de Salud Municipal de
Armenia.
Mediante escrito de octubre 30 de 2009 (fs. 156 y 157
ib.), la Secretaria de Salud adujo que una funcionaria de esa entidad se
trasladó a la Fundación Quindiana de Atención Integral para verificar
documentalmente la situación de cada menor frente al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, encontrando que de las 96 personas, 31 están
afiliadas al SGSSS a través de una EPS del régimen subsidiado o contributivo,
una “priorizada para afiliación”, 5 retirados de las EPS y los demás sin
afiliación (f. 156 ib.).
Empero, precisó que salvo las personas que se
encuentran afiliadas, “la calidad del dato de las personas es deficiente,
por lo que no nos permite certificar que no pertenezcan a algún régimen de
seguridad social, pues se encontraron datos inconsistentes como es el caso de:
registros civiles con seis dígitos o alfanumérico, mayores de 7 años sin
registro civil, mayores de edad sin cédula de ciudadanía, aclarándose que en
las carpetas no se encontraron los respectivos documentos de identificación, lo
que hace que la fuente de información sea ineficaz. Por ello y con el fin de
procurar la afiliación al SGSS, se requiere que se desarrollen actividades
tendientes a la identificación y/o actualización de los documentos de
identificación de cada estudiante ante la Registraduría General de la Nación”
(f. 156 ib.).
Agregó que una vez se encuentren debidamente
identificadas las personas, deberá tramitarse ante la oficina de Planeación
Municipal la realización de la encuesta del SISBEN con el fin de establecer el
respectivo nivel, puesto que si se encuentran entre los niveles I o II, podrán
ser afiliados al Régimen Subsidiado en Salud.
Finalmente, indicó que si los estudiantes presentan
carnet del SISBEN con niveles I, II o III y no están afiliados al régimen
subsidiado o contributivo , los servicios de salud se encuentran garantizados
con cargo a los recursos de oferta mediante la contratación que el municipio de
Armenia tiene con RedSalud Armenia ESE, en lo relacionado con los servicios de
bajo nivel de complejidad, pues para los servicios de salud de mediano o de
mayor nivel de complejidad, es el Instituto Seccional de Salud del Quindío el
competente para garantizar la prestación, mediante la contratación que tenga
con el Hospital Universitario San Juan de Dios y otras instituciones de salud.
Con el referido libelo allegó un listado de los
estudiantes y su situación frente al Sistema General de Seguridad Social en
Salud (fs. 158 a 161 ib.)
F. Fallo de primera instancia.
La Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal
Superior de Armenia, mediante sentencia de noviembre 2 de 2009 resolvió negar
el amparo, argumentando que revisada la actuación, “no reposa en el
expediente un diagnóstico personalizado y científico respecto de cada una de
las limitaciones de las 96 personas por quienes se incoa la acción, lo que
impone la necesidad de negar las pretensiones invocadas, pues el tutelar el
derecho presuntamente violado conllevaría a aceptar una educación especial, que
según la Corte tiene categoría de excepcional para casos extremos de
discapacidad…” (f. 194 ib.).
Más adelante planteó que “ante la carencia de la
prueba científica que determine la discapacidad de cada una de las personas por
quien (sic) se interpuso la acción, es imposible establecer la clase de
educación que requieren; siendo del caso advertir, que el mismo podrá ser
suplido cuando las necesidades de cada caso concreto se demuestren” (fs.
194 y 195 ib.).
G. Impugnación.
La Defensora del Pueblo Regional Quindío sustentó el
recurso previamente interpuesto, mediante escrito de noviembre 12 de 2009 (fs.
213 y 214 ib.), sintetizando en primer lugar que los derechos invocados han
sido afectados por las determinaciones administrativas de orden departamental y
municipal de no atender la población en condición de discapacidad matriculada
en el Instituto Quindiano de Educación Especial, con recursos de transferencias
nacionales y/o propios, como es obligación de los entes territoriales.
Censuró la argumentación del a quo acerca de la
ausencia de pruebas sobre un diagnóstico personalizado y científico respecto de
los demandantes y explicó que en el libelo se relacionaron los diagnósticos de
cada uno de los estudiantes, entre estos, déficit cognitivo e hiperactividad,
síndrome de Down, déficit cognitivo convulsivo, retardo psicomotor y de
lenguaje.
Planteó que esas discapacidades son un hecho notorio
que no requiere de prueba, máxime cuando en la demanda se hizo referencia al
estudio que adelantó la Secretaría de Educación de Armenia, el cual confirmó la
discapacidad de las personas matriculadas en la institución. Agregó que el
referido estudio sirvió a esa Secretaría para determinar la conformación de
tres grupos, uno de 35 estudiantes “menores de edad” susceptibles de
educación; otro grupo de 43 personas menores y mayores de edad no susceptibles
de educación por su grado de discapacidad, clasificados para habilitación y
otro grupo de 15 menores de edad para rehabilitación.
H. Fallo de segunda instancia.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, mediante sentencia de enero 19 de 2010 (fs. 3 a 12 cd. 2ª inst.),
confirmó la recurrida indicando: “Sin entrar a determinar si por el sólo
hecho de ser la Fundación Quindiana de Atención Integral una entidad sin ánimo
de lucro, debe o no financiar por sí misma los gastos en los que incurra en el
desarrollo de su objeto social, o si es la entidad territorial igualmente
responsable en ello, lo cierto es que impartir una orden como la que pretende
la accionante, implicaría desconocer el principio de la legalidad del gasto
público, pues de todas maneras, la financiación que sus pretensiones implica,
se obtiene con recursos de naturaleza pública, que deben ser destinados por las
autoridades que tengan la competencia legal para ello, asunto que desborda la
órbita de acción del juez de tutela.” (F. 10 ib.).
A renglón seguido indicó: “Por otra parte cumple
decir que no es éste el escenario propicio para discutir la conveniencia de las
políticas educativas, ni de dilucidar si la ‘educación inclusiva’, como
expresión de las mismas, debe o no prevalecer sobre las necesidades de los
individuos que por sus especiales circunstancias, ameriten una particular, la
cual, en todo caso, a nivel público, se brinda de tal manera que cumpla el
propósito de la inclusión educativa, sin que sea dable atender al grupo que
eventualmente requiera otro tipo de servicio interdisciplinario que no cumpla
con los estándares básicos educativos del Ministerio de Educación Nacional.” (F.
8 ib.).
Finalmente, el ad quem reseñó, “no observa
esta Sala de la Corte que con la conducta desplegada por las entidades
accionadas se vulneren los derechos fundamentales de las personas que
representa la accionante, quienes, en su condición de discapacitados, conforman
el grupo de población vulnerable cuyas necesidades de educación y salud
eventualmente podrían ser atendidas por el Municipio de Armenia, sin que el
sólo hecho de que la accionante manifieste inconformidad respecto de ello, se
erija en razón suficiente para impartir una orden que obligue a la entidad
territorial a sufragar los gastos que demanda la continuidad de la prestación
de los servicios que viene prestando la Fundación Quindiana de Educación
Integral” (f. 9 ib.).
I. Intervención de la Defensora del Pueblo Regional
Quindío.
En sede de revisión, la doctora Piedad Correal Rubiano
mediante escrito de mayo 27 de 2010 (fs. 9 a 12 cd. Corte) reiteró la difícil
situación por la cual pasan los niños y jóvenes que asisten a la Fundación
Quindiana de Atención Integral, insistiendo en la necesidad de que reciban la
educación, la habilitación y la rehabilitación integral que requieren y que se
designe el personal docente, administrativo y el grupo de profesionales
interdisciplinario, con recursos del Sistema General de Participaciones para el
sector educativo y con recursos propios para la rehabilitación.
Amplió lo expuesto en el libelo de la demanda
explicando que el Instituto se transformó en Fundación para poder celebrar
convenios con la administración departamental y municipal, decisión que no fue
de recibo para los padres de familia ni para los docentes, pero que debieron
acatar para no llegar al cierre definitivo. Por lo anterior, la Secretaría de
Educación del Quindío retiró el personal oficial que prestaba los servicios en
la institución educativa (1 rectora, 7 docentes y 7 administrativos).
Refirió que de los 96 estudiantes que estaban
matriculados en el Sistema Nacional de Matrículas SIMAT, quienes recibían
educación y entrenamiento en habilidades vocacionales, sólo fueron evaluadas 59
carpetas de las historias clínicas por los profesionales de la Secretaría de
Educación de Armenia.
Al respecto refirió que los estudiantes fueron
clasificados así (fs. 10 y 11 ib.):
“1. 11 estudiantes con necesidades
educativas especiales que fueron incluidos en las instituciones educativas de
Armenia.
2. 15 estudiantes para el programa de
implementación de una didáctica flexible de alfabetización para jóvenes y
adultos iletrados con necesidades educativas especiales.
La mayoría de estos niños se encuentra
actualmente vinculados a actividades vocacionales requeridas por los mismos,
dentro del proyecto con la Granfundación antes Fundación Granahorrar.
3. 33 estudiantes para procesos de
rehabilitación y habilitación. Estos menores no fueron incluidos en aulas
regulares debido a su alto grado de discapacidad y problemas comportamentales,
todos menores de edad entre 7 y 17 años. Estos niños y niñas tuvieron la
problemática que fueron evaluados por la Secretaría de Educación de Armenia,
sin tener en cuenta el proceso que se venía adelantando, ni el equipo
interdisciplinario que realizaba el proceso educativo, ni el personal docente,
ni la experiencia que traía el Instituto de Educación Especial. La Secretaría
envió dos docentes inicialmente para atenderlos y luego otro más por la falta
de manejo y experiencia con la discapacidad cognitiva, los cuales finalmente no
pudieron cumplir con la metodología propuesta por la Secretaría de Educación
Municipal denominada ‘Proyecto Geempa’, proceso con el cual nunca estuvo de
acuerdo el equipo técnico de la fundación.
Adicionalmente, para darle cumplimiento
a las directrices trazadas por el Ministerio de Educación Nacional, la
Secretaría de Educación de Armenia, matriculó para el segundo semestre de 2009
estos 33 niños para su inclusión en la Institución Educativa República de
Francia, cercana a la fundación, pero la actividad académica se realizaba en la
fundación, actividad, que como se dijo, no funcionó por la inexperiencia de los
tres docentes asignados.”
Afirmó que ante la problemática presentada, la
fundación decidió entregar en el mes de enero de 2010 los 33 menores a la
Secretaría de Educación de Armenia, para que los incluyera “realmente” en
las aulas regulares del municipio. Por lo anterior, la Secretaría celebró un
convenio con la fundación para prestar “apoyo a la gestión en la atención
pedagógica a 33 niños y niñas de población escolar con necesidades educativas
especiales, en condición de discapacidad cognitiva” (f. 11 ib.), por valor
de $39’600.000, para el año escolar de 2010.
Manifestó que con el referido convenio se atienden los
33 niños, con 3 docentes especializados en este manejo; no obstante, el dinero
asignado no alcanza para cubrir los gastos, pues se requiere legalizar el
contrato, pagar los impuestos respectivos y el descuento de estampillas,
quedando alrededor de $3’100.000 mensuales para pagar a los educadores que cumplen
la jornada escolar completa, sin que quede dinero para contratar personal
administrativo o de apoyo, ni para la compra de material didáctico.
Aclaró que la Secretaría de Educación de Armenia
únicamente sufraga esos gastos para cumplir con las necesidades educativas de
33 menores, pero no se tiene en cuenta el resto de personas que requieren
rehabilitación, razón por la cual la Fundación ha tenido que celebrar convenios
con entidades privadas y algunas instituciones del orden nacional.
Resaltó que esos convenios obedecen a la mera
liberalidad de la Fundación privada y la institución del orden nacional que
colaboran actualmente, las cuales se han vinculado debido a la excelente labor
que ha desempeñado el Instituto durante 42 años; pero en cualquier momento se
pueden terminar quedando el establecimiento expuesto a la extinción.
Finalmente, indicó que la Fundación acoge actualmente
a 76 niños, niñas y jóvenes, de estratos 1 y 2, quienes no tienen cómo cancelar
el transporte, anteriormente asumido por la Gobernación con el pago del
conductor, razón por la cual quedó sin funcionamiento el bus de la institución.
III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.
Esta corporación es competente para
examinar, en Sala de Revisión, el asunto que ha llegado a su conocimiento, al
tenor de lo dispuesto en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución y
31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.
Segunda. El asunto objeto de discusión.
Corresponde a esta Sala de Revisión
determinar si los derechos invocados por la Defensora Regional del Pueblo,
fueron vulnerados por las entidades accionadas, al adelantar el proceso de
transformación del Instituto Quindiano de Educación Especial a Fundación
Quindiana de Atención Integral, dada la política inclusiva implementada
nacionalmente, manteniéndose impasibles ante la situación de las personas que
allí se encontraban matriculadas.
Tercera. El derecho a la educación de los menores y en
especial de la población con discapacidad o capacidades excepcionales. El
Estado y su obligación de garantizar la disponibilidad, el acceso, la
permanencia y la calidad en la prestación de los servicios educativos, en
igualdad y atendiendo las condiciones especiales de las personas afectadas con
alguna limitación.
3.1. Dentro de los derechos sociales, económicos y
culturales referidos en la Constitución de 1991, el artículo 67 consagra la
educación como una garantía fundamental, inherente, inalienable y esencial de
la persona[2] y un servicio público que
tiene una función social. En concordancia con lo expuesto, se afirma que el
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, al tiempo
que se le exige al primero, además de regular y ejercer la suprema inspección y
vigilancia para que sea de calidad, “garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo”.
Aunado a lo anterior, corresponde a la Nación y a las
entidades territoriales participar en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales.
Igualmente, la erradicación del analfabetismo y la educación
de las personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades
excepcionales, son obligaciones del Estado (art. 68 ib.).
3.2. Tratándose de la niñez, por
mandato constitucional consagrado en el artículo 44, sus derechos prevalecen
sobre las garantías de los demás, siendo entonces sujetos de especial
protección en favor de quienes existe la obligación de la familia, la sociedad
y el Estado de asistirlos y protegerlos para garantizar su desarrollo armónico
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, al tiempo que cualquiera puede
exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la sanción a los
infractores. A su vez, el artículo 45 ibídem señala los derechos
a la protección y a la formación integral de los jóvenes.
3.3. Acorde con el artículo 47 de la Constitución, el
Estado adelantará una política de prevención, rehabilitación e integración
social, para las personas con alguna disminución física, sensorial y
psíquica, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.
A diferencia de las Constituciones anteriores, en la
de 1991 se innovó con la inclusión de las personas con algún tipo de
discapacidad o limitación, es así como en el citado artículo 47 superior se
consagró no sólo la imperiosidad de brindar labores asistenciales, sino también
la necesidad de integrar a los discapacitados, facilitándoles el goce de todos
los derechos.
3.4. Igualmente, existen una serie de instrumentos
internacionales que consagran la garantía y la protección de los derechos de la
niñez, la juventud y la población con alguna clase de discriminación, entre
estas la educación.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
(diciembre 10 de 1948), consagra entre otras las garantías a la igualdad y a la
dignidad (art. 1º y 7º), siendo importante lo referente a la educación (art.
26), la cual debe ser gratuita, al menos durante la obligatoria instrucción
elemental.
En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (abril 30 de 1948), además de reiterarse los derechos a la igualdad
y a la dignidad, en particular respecto de la educación (art. XII) refiere que
ésta debe ser inspirada, entre otros, en los principios de libertad y
solidaridad humanas. Igualmente, toda persona tiene derecho a que se le
capacite para lograr una “digna subsistencia”, en procura de mejorar su
calidad de vida y “ser útil para la sociedad”.
A su vez, el citado artículo XII de la referida
Declaración, además de insistir en la gratuidad de la educación primaria,
preceptúa que ese derecho comprende la igualdad de oportunidades, acorde con “los
dotes naturales” de cada individuo.
De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (marzo 23 de 1976) exhorta a los Estados Partes a respetar
y a garantizar, sin distinción alguna (art. 2º), entre otros, los derechos de
todo niño a que se adopten las medidas de protección necesarias que su
condición de menor requiere. Se consagra además el derecho de todas las
personas a la igualdad, sin distinción, y a la prohibición de cualquier forma
de segregación (art. 26).
Cabe recordar con relación al referido Pacto que en la
Observación General Nº 5 de 1994 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, relacionada con las personas con discapacidad, se aclaró que si
bien allí no se hizo referencia explícita a la población con esa condición, es
claro que también tienen la garantía de todas las prerrogativas en él
reconocidas.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (noviembre 22 de 1969) reiteró la obligación de los Estados americanos
de proteger los derechos de los niños y adoptar las medidas de protección que
su condición de menor requiere (art. 19). Lo propio señala el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (diciembre 16 de
1966) con relación a los derechos de la niñez y de los adolescentes, donde se
reitera que se deben adoptar medidas especiales para su protección, sin
discriminación alguna (art. 10).
En particular acerca del derecho a la educación[3],
el referido Pacto contiene un amplio catálogo de las garantías mínimas que lo
componen (art. 13). Así, se consagra que la educación es un derecho de toda
persona, de modo que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a
todos gratuitamente (lit. a, num. 2º). Se indica además que la enseñanza
secundaria debe ser generalizada y al igual que la superior debe hacerse
accesible a todos, al tiempo que se reitera el respeto a los padres y a los
tutores legales para que puedan escoger el establecimiento educativo que deseen
para sus hijos o pupilos, según el caso.
Aunado a lo anterior, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador de noviembre 17 de 1988),
contiene una serie de innovaciones, pues además de insistir en que se trata de
una garantía de todos (art. 13), proclama el deber de fomentar o intensificar,
en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no
hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria.
El referido Protocolo contiene también avances con
relación a la educación de las personas con alguna clase de discapacidad (art.
13, num. 3º lit. e), preceptuando que deben establecerse programas de enseñanza
diferenciada para los minusválidos, con el fin de que se proporcione una “especial
instrucción y formación a las personas con impedimentos físicos o deficiencias
mentales”.
Igualmente, además de reforzar los derechos de la
niñez, entre ellos, la educación gratuita y obligatoria (art. 16 ib.), se
establece en el Protocolo un especial señalamiento de las medidas para proteger
a los minusválidos (art. 18), de modo que toda persona afectada por una
disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una
atención especial que desarrolle al máximo su personalidad[4].
Para alcanzar esos objetivos, los Estados Partes se
comprometieron a ejecutar programas destinados a que los minusválidos cuenten
con los recursos y el ambiente necesario para ello, que comprendan “programas
laborales adecuados a sus posibilidades”, entre estos, incluir
prioritariamente en los planes de desarrollo urbano soluciones a los
requerimientos específicos propios de esta población, además de estímulos para
la formación de organizaciones sociales en las que puedan desarrollar una vida
plena.
Se exigen además mayores esfuerzos para la protección
de las prerrogativas de la niñez en la Convención sobre los derechos del niño,
pues además de reforzar el derecho a la educación (arts. 28 y 29), se establece
el reconocimiento de los Estados Partes a que todo niño “mental o
físicamente impedido” disfrute de una vida plena en condiciones dignas, que
le permitan valerse por sí mismo y tener una participación activa en la
comunidad (art. 23).
Así, se reconoce a los niños en esas condiciones el
derecho a recibir cuidados especiales, debiéndose alentar y asegurar, con
sujeción a los recursos disponibles, la asistencia requerida, acorde con sus
necesidades especiales, la cual deberá ser gratuita, siempre que sea posible y
atendiendo la situación de sus padres o personas encargadas de su cuidado (num.
2º, art. 23). Se agrega que ese apoyo deberá enfocarse a permitir el acceso
efectivo, entre otras prestaciones, a la educación, la capacitación, los
servicios sanitarios y de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento, todo encaminado a que logre su desarrollo e
integración social en la máxima medida posible.
Cabe recordar que en diciembre 13 de 2006, la ONU
aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad[5],
que reiteró el reconocimiento de la educación como una garantía de los
individuos con limitaciones y exigió a los Estados Partes asegurar un sistema
de educación inclusivo a todos los niveles y  una enseñanza “a lo largo de
la vida” (art. 24, num. 1°).
En la citada Convención se instó a los Estados Partes
a procurar el desarrollo pleno del potencial humano de las personas con alguna
discapacidad, así como su dignidad, autoestima, talento, creatividad y demás
garantías fundamentales (num. 1°, lits. a y b). Para hacer efectivos esos
derechos se prohibió la exclusión del sistema general de educación a los
discapacitados por motivo de su limitación, en especial tratándose de los niños
y las niñas a quienes se les debe garantizar la “enseñanza primaria gratuita
y obligatoria” y la secundaria (num. 2°, lit. a).
El numeral 2° del referido artículo 24 de la
Convención también establece que se debe garantizar el acceso de toda persona
con discapacidad a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y
gratuita, en igualdad de condiciones con las demás personas, en la comunidad
donde residan (lit. b). A su vez, se deben efectuar “ajustes razonables”, acorde
con las necesidades de cada persona (lit. c).
Igualmente ese desarrollo integral implica, entre otros
mecanismos, adoptar y facilitar “medidas de apoyo personalizadas y efectivas
en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de
conformidad con el objetivo de la plena inclusión” (num. 2°, lit. e), y “brindar
la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a
fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad” (num. 3°).
Para hacer efectivo el derecho a la educación, la
citada Convención también compele a los Estados Partes a adoptar las medidas
pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad,
debidamente calificados para comunicarse con los educandos y así formar
profesionales y personal apto en todos los niveles educativos. Se deberá
incluir además en esa formación “la toma de conciencia sobre la discapacidad
y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y
alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a
las personas con discapacidad” (num. 4°).
Igualmente, es una obligación asegurar a las personas
con alguna discapacidad el acceso general a la educación superior, la formación
profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida,
sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, teniendo que
realizar los ajustes razonables[6] para tal fin (num. 5°).
3.5. Visto lo anterior, es evidente que existe un
cúmulo de instrumentos internacionales, muchos de los cuales forman parte del
bloque de constitucional según lo preceptúa el artículo 93 de la Constitución
Política, que imponen obligaciones a la familia, a la sociedad y principalmente
al Estado de garantizar el derecho a la educación inherente a todos, pero en
especial a los niños, niñas, adolescentes y a las personas con alguna clase de
minusvalía, por ende, mayor el compromiso cuando dicho impedimento sea padecido
por un menor de edad.
Resulta entonces del todo censurable que una persona,
en especial un menor, sea discriminado o se le niegue el goce o el ejercicio de
alguno de sus derechos, por tener alguna condición de discapacidad.
Esta corporación ha reiterado que en concordancia con
el artículo 13 superior, está constitucionalmente prohibido establecer
diferencias en contra de las personas por su discapacidad. Al respecto, resulta
oportuno para explicar el problema latente que se cierne sobre la población con
alguna clase de limitación, citar un aparte de las consideraciones contenidas
en la sentencia T-826 de septiembre 1º de 2004, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes (no
está en negrilla en el texto original):
“Así, esta Corte ha indicado que se pueden considerar
sospechosas y potencialmente prohibidas aquellas diferenciaciones (i) que se
fundan en rasgos permanentes de las personas, de las cuales éstas no pueden
prescindir; además (ii) esas características han estado asociadas
históricamente a formas de menosprecio y discriminación; y (iii) esas
categorizaciones no suelen constituir en sí mismos criterios razonables para
efectuar una distribución o reparto racionales y equitativos de bienes,
derechos o cargas sociales. Ahora bien, el caso de los discapacitados es
paradigmático, ya que concurren en él tres de los factores que determinan
criterios diferenciadores como sospechosos: la inmodificabilidad de los rasgos
externos determinada por la manifestación de la propia discapacidad, una
historia de discriminación caracterizada por el aislamiento y la segregación, y
finalmente, una propensión social a desarrollar sentimientos de rechazo, de
temor o de desconfianza ante la manifestación de la diferencia. Y es que en
gran medida, el problema de los discapacitados es el contexto social, pues los
efectos negativos de los impedimentos físicos o síquicos derivan mucho más de
la existencia de entornos sociales intolerantes, que de las afectaciones
síquicas o físicas. En cierto sentido, es la sociedad la que ha sido
minusválida al carecer de la capacidad de integrar a las personas que presentan
algún impedimento físico o psíquico. El gran cambio frente a la discapacidad de
las últimas décadas ha consistido precisamente en reconocer ese hecho
elemental, a saber, que ‘un medio social negativo puede convertir la
discapacidad en invalidez, y que, por el contrario, un ambiente social positivo
e integrador puede contribuir de manera decisiva a facilitar y aliviar la vida
de las personas afectadas con una discapacidad.’ Y la conclusión obvia es
que es entonces necesario transformar esos entornos sociales discriminatorios e
intolerantes en ambientes favorables a la integración y al desarrollo con
dignidad de los discapacitados.”
En la citada providencia se resolvió, entre otros
asuntos, amparar el derecho al acceso y a la calidad en la educación de dos personas
con discapacidades de diversa índole, entre ellas el síndrome de Down y el
autismo, quienes dejaron de recibir educación especial luego de que en vigencia
de la Ley 715 de 2001, un municipio terminó el contrato suscrito con una
organización no gubernamental que capacitaba a algunos estudiantes con
limitaciones, inscritos en ese ente territorial.
Dentro de la referida sentencia se reiteró que las
personas con limitaciones psíquicas y físico sociales, gozan de la especial
protección del Estado, siendo titulares, entre otros, de los derechos a la
educación y a la igualdad, exigiéndose entonces acciones afirmativas dentro de
las políticas públicas de educación. Así, las entidades estatales están en la
obligación de garantizar la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la
calidad en la prestación de los servicios educativos, debiendo suministrarlos
en igualdad y atendiendo las condiciones especiales de las personas afectadas
con alguna limitación.
Así, la acción de tutela es el mecanismo procedente
para proteger los derechos de las personas con discapacidad que son privadas o
no se les brinda oportuna y adecuadamente, el acceso a su derecho fundamental a
la educación[7].
3.6. En la sentencia T-826 de 2004 también se analizó
si un factor como la edad biológica define la titularidad y el alcance del
derecho fundamental a la educación, concluyendo que constituye un elemento “irrelevante”
en el caso de las personas con limitaciones psíquicas o físico sociales. En
esos eventos, particularmente cuando se trate de personas con síndrome de Down
o autismo, la garantía a la educación se extiende sin consideración de la edad,
por tratarse de sujetos de especial protección.
Para arribar a tal conclusión, la Corte consideró tres
aspectos fundamentales: (i) la Constitución no hace distinción alguna de sexo,
edad u otra circunstancia para considerar a las personas con limitaciones
psíquicas, físicas y sensoriales como sujetos de especial protección, es decir,
el deber de protección para los discapacitados es genérico y categórico; (ii)
tratándose del derecho a la educación de las personas con limitaciones, éste
tiene una indiscutible relación inescindible con la dignidad humana, pues de su
calidad depende una verdadera integración a la sociedad; (iii) por último, se
reiteró que científicamente la edad mental de las personas con discapacidad es
asimilable a la de los menores, luego su particular vulnerabilidad, junto con
el deber especial de protección, conllevan un trato igualitario que se debe
predicar entre adultos e infantes en circunstancias de discapacidad[8].
En la sentencia T-826 de 2004, la Corte Constitucional
aclaró además que si bien la Ley 715 de 2001 puede buscar la racionalización en
el reparto de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales,
para mantener el equilibrio macroeconómico, ello no puede traducirse en la
afectación de los derechos de quienes residen en estas últimas, menos aún
cuando gocen de especial protección constitucional, como los discapacitados,
cuyas prerrogativas no puede ser sacrificadas ni afectadas
desproporcionadamente, so pretexto de adelantar políticas públicas o de
reestructuración y ajuste fiscal.
Acorde
con lo anterior, para la Corte Constitucional las políticas de inclusión de la
población con discapacidad requieren, en cada caso particular, de diagnósticos
científicos sobre la limitación y sobre la viabilidad o no de la integración[9].
En consecuencia, el diagnóstico debe ser vinculante para efectos de determinar
si una persona con alguna condición de discapacidad debe ser vinculada al
sistema educativo formal.
Por
resultar oportuno, recuérdese que en la sentencia T-826 de 2004, se indicó que “la
protección especial que debe proveer el Estado frente a las personas con
discapacidad, en términos generales, debe estar mediada por un estudio
suficiente de las condiciones psíquicas, físicas y sociales de cada una de las
personas que se encuentren en situación especial. En términos más
concretos, esta exigencia se incorpora a la política pública de educación
frente a personas con limitaciones, y de hecho constituye un elemento angular
de dicha política. Esta situación es reconocida no sólo por los expertos en el
tratamiento de personas con limitaciones, como quedó plasmado en los informes
rendidos en el presente asunto, sino que hace parte de la normatividad vigente
sobre la materia, como consta en el parágrafo del artículo 3º de la Resolución
2565 de 2003. En conclusión, encuentra la Corte que el derecho a un
diagnóstico apropiado de las personas con limitaciones, previo a la vinculación
formal al sistema ordinario de educación, constituye no sólo uno de los
elementos integrantes del derecho fundamental a la educación de dichas personas
sino, además, un aspecto que debe ser tomado en cuenta en la orden que será
impartida, con el fin de que el remedio judicial sea adecuado” (no está
en negrilla en el texto original).
Empero,
debe aclararse que lo anterior no es óbice para reiterar, como en varias
ocasiones lo ha efectuado la Corte Constitucional[10]
acorde con conceptos de expertos, que la educación especial debe ser un recurso
extremo ante aquellas situaciones en las cuales se concluya que es la única
posibilidad de hacer efectivo el derecho a la educación de una persona con
discapacidad, previa evaluación científica que cuente con el concurso de
versados en el tema y con los familiares del educando.
Lo
anterior, habida cuenta que para esta corporación el dilema entre educación
normal y educación especial, para las personas con alguna minusvalía, y la
ausencia de un criterio uniforme sobre si ésta última promueve una igualdad
real y efectiva o, por el contrario, favorece la discriminación y el
marginamiento de quienes la reciben, ha llevado a que algunos países se
proyecten hacia alternativas de integración escolar, luego de la aprobación de la
Declaración Universal de los Derechos de los Impedidos (diciembre 9 de 1975).
Cuarta. Análisis del caso concreto.
4.1. Corresponde a esta Sala
Sexta de Revisión determinar si las garantías fundamentales de las personas
inscritas en el entonces Instituto Quindiano de Educación Especial, hoy
Fundación Quindiana de Atención Integral, invocadas por la Defensoría del
Pueblo, han sido vulneradas por alguna o algunas de las entidades accionadas,
al excluir de cualquier clase de educación formal o especial a un gran número
de ellos y/o al permitir, sólo con algunos, la existencia de una serie de aulas
multigraduales que no reúnen los requisitos mínimos para una adecuada
prestación del servicio educativo.
4.2. Previo a resolver el asunto
planteado, la Sala procederá a corroborar la legitimación en la causa por
activa del Ministerio Público, en asuntos como el ahora planteado, en procura
de la protección de las garantías fundamentales de los menores y de las
personas en estado de indefensión.
Como ha indicado la jurisprudencia de esta
corporación, en desarrollo de la Constitución Política y otras normas, entre
ellas el Decreto 2591 de 1991 que reglamentó la acción de tutela, la Defensoría
del Pueblo está legitimada para ejercer el amparo cuando el titular de los
derechos conculcados o puestos en peligro se lo solicita, o cuando aquél se
encuentra en situación de desamparo e indefensión[11].
Lo anterior, en cuanto se ha indicado que
al Ministerio Público, integrado por el Procurador General, el Defensor del
Pueblo, los procuradores y agentes del Ministerio Público delegados ante las
autoridades judiciales, los personeros municipales y demás funcionarios que
determine la ley, le corresponde, entre otras funciones, la guarda y promoción
de los derechos humanos y la protección del interés público (art. 118 Const.).
Así, el numeral 3º del artículo 282 ibídem
señala dentro de las funciones del Defensor del Pueblo la de interponer
acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que le asiste a los interesados.
Esa preceptiva tiene también su desarrollo en el Decreto 2591 de 1991, que
legitima al Defensor del Pueblo y a los personeros para su incoación, quedando
en tal caso el primero, junto con el agraviado, como parte en el proceso (arts.
10, 46 y 47).
Para tal efecto, acorde con los pronunciamientos
de la Corte Constitucional referidos, la Defensoría debe obrar (i) a nombre de personas determinadas o determinables, en
cuanto éstas soliciten la defensa de derechos fundamentales y (ii) por
cualquier persona, siempre y cuando ésta se lo solicite o se encuentre en
situación de desamparo o indefensión.
De ese modo, se posibilita que el Estado
colombiano cumpla, entre otras, las obligaciones internacionales adquiridas en
procura del respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de los
habitantes del territorio nacional[12].
Acorde con lo expuesto, encuentra esta
Sala de Revisión de Tutelas que en la presente acción incoada por la Defensora
del Pueblo Regional Quindío, existe legitimación en la causa por activa, habida
cuenta que su ejercicio busca la protección de los derechos de un grupo de 96
personas, perfectamente identificable como se verá a continuación, entre las
que se encuentran menores de edad y adultos que padecen algún grado de
discapacidad o limitación cognitiva, por ende en situación de indefensión.
Como se expuso en la parte considerativa
de esta providencia, los derechos del menor prevalecen sobre las garantías de
los demás, siendo entonces sujetos de especial protección, al tiempo que
cualquier persona puede exigir a la autoridad competente su cumplimiento y la
sanción a los infractores (art. 44 Const.).
Aunado a lo anterior, la parte final del
numeral 9º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, expresamente preceptúa la
existencia de una presunción de indefensión del menor que solicita la tutela[13].
Igualmente, las personas con alguna
discapacidad deben ser consideradas sujetos de especial protección, en
particular cuando la limitación sea de carácter mental dada su “particular vulnerabilidad”[14], encontrándose
entonces en una situación de indefensión. Por tanto resulta, además de
legítimo, plausible, que el Ministerio Público, en este caso la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, actúe por
ese grupo poblacional.
4.3. Establecida la legitimación en la
causa por pasiva, procede esta Sala de Revisión al análisis del asunto de
fondo.
El Instituto Quindiano de Educación
Especial fue creado mediante Decreto Nº 465 de septiembre 30 de 2002[15],
con carácter oficial, para ofrecer servicios educativos básicos en el
aprendizaje académico y de habilidades “adaptativas a personas con
necesidades educativas especiales”, para una óptima integración. En ese
mismo Decreto se indicó que la educación sería en preescolar, básica primaria y
secundaria, acorde con el plan de “estudios especiales” previstos en el
Plan Educativo Institucional.
El Decreto 465 de 2002 fue derogado
mediante Decreto 398 de septiembre 22 de 2009, al considerar que el Instituto
no reunía los requisitos para continuar prestando ese servicio educativo,
acorde con la Ley 715 de 2001 y en especial con la integración de la población
que sea “susceptible de dicho instituto en las aulas regulares” (f. 77
ib.).
Acorde con los documentos
allegados con la demanda de tutela y con las respuestas de algunas de las
entidades accionadas, o intervinientes[16], entre ellas
la Secretaría de Salud Municipal de Armenia, se observa que el grupo de
accionantes se relaciona así:
a. Personas con discapacidad, menores de edad.
N
ALUMNO
EDAD
NACIMIENTO
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA
(DX)/ CONDUCTA A SEGUIR (CX)
EDAD MENTAL
1
Andrés Peña Calderón
9
11/12/2000
Déficit cognitivo e
hiperactividad/Sistema educativo: Educación Integral Especializada
Personalizada
2ª
2
John Brayan Páez Sánchez
10
01/05/2000
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
4ª
3
Juan Sebastián Ruiz López
11
07/07/1999
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
4ª
4
Kimberly Dayana Benavides
I.
9
29/01/2001
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
4ª
5
Juan Esteban Bustamante
8
07/04/2002
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
4ª
6
Manuel Alejandro Murcia
Ospina
11
16/10/1998
Síndrome de Down/ Educación
Integral Especializada Personalizada
5ª
7
Juan Esteban Carrillo
Serna
9
31/02/2001(sic)
Déficit cognitivo
secundario
5ª
8
Laura Marcela Montes M.
9
06/06/2001
Déficit cognitivo, retardo
psicomotor y de lenguaje/ Educación Integral Especializada Personalizada
4ª
9
Kevin Daniel Ríos Osorio
10
11/11/1999
Déficit cognitivo, retardo
psicomotor y de lenguaje/ Educación Integral Especializada Personalizada
4ª
10
Heiner Daniel Valero
Zapata
9
29/01/2001
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
3ª
11
Daniela Prada Restrepo
8
25/06/2002
Déficit cognitivo
secundario
3ª
12
Jefferson Montoya González
8
05/05/2002
Déficit cognitivo y
retraso psicomotor y lenguaje
4ª
13
Santiago Castaño
Betancourt
9
20/11/2000
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
4ª
14
Eyder Rubiel Villegas
Arias
11
01/05/1999
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
5ª
15
Carlos Arnobis Obando
Blandón
13
28/09/1996
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
5ª
16
Zully Valentina Ramírez
Ortiz
9
04/04/2001
Déficit cognitivo, retraso
psicomotor y de lenguaje/ Educación Integral Especializada Personalizada
17
Laura Alarcón Rayo
11
02/02/1999
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
18
Luz Yeraldine Bejarano
10
24/05/2000
Problemas de aprendizaje y
lenguaje  con antecedentes de Meningitis, déficit cognitivo/Educación
Integral Especializada Personalizada
19
Juan Manuel Guarín
Arbeláez
11
29/06/1999
Déficit cognitivo y
retardo psicomotor y de lenguaje/ Educación Integral Especializada
Personalizada
20
Juan Diego Poveda
14
20/01/1996
Síndrome de Down
21
Valentina Basto Toro
10
13/09/1999
22
Ana María Pareja Castaño
11
12/11/1998
23
John Edinson Castañeda
Cobos
10
13/10/1999
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
24
Andrea Osorio Malagón
10
06/09/1999
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
25
Elsa Dolly Patiño Holguín
10
16/08/1999
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
26
Laidy Natalia Cardona
Morales
12
14/01/1998
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
27
Valentina Ospina Álvarez
13
05/05/1997
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
28
Daniel Villegas Villegas
9
15/09/2000
Síndrome convulsivo y
déficit cognitivo/ Educación Integral
29
Édgar Herrera Orozco
16
12/01/1994
Déficit cognitivo y
trastorno del lenguaje/ Educación Integral Especializada Personalizada
30
Francy Elena Arévalo Urrea
16
02/05/1994
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
31
Carlos Alberto Ortiz Duque
10
13/09/1999
Déficit cognitivo
32
Miguel Ángel Aguilar Parra
12
Déficit cognitivo
33
Francisco López
10
13/10/1999
34
Brayan Stiven Ceballos
8
27/02/2002
35
Johan Stiven Velásquez
13
31/08/1996
36
Valentina Hernández
Londoño
11
30/08/1998
Trastornos del lenguaje,
déficit cognitivo/Educación Integral Especializada Personalizada
37
Sebastián Motato Vásquez
10
19/12/1998
Déficit cognitivo,
secuelas Toxoplasmosis (Torch)/Educación Integral Especializada Personalizada
38
José David Osorio Hernández
13
10/02/1997
Déficit cognitivo e
hidrocefalia obstructiva congénita/ Educación Integral Especializada
Personalizada
39
Juan Sebastián Rojas
Arango
14
04/01/1996
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
40
Paola Andrea Sánchez
García
12
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
41
Daniela Gaitán Falla
10
29/03/1999
Déficit cognitivo
42
Edith Nayibe Torres
Arbeláez
13
04/02/1997
Déficit cognitivo
43
Daniela Rendón Yépez
17
17/06/1993
Síndrome de Down/
Educación Integral Especializada Personalizada
44
Katherine Vargas
Castrillón
17
23/12/1992
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
45
Brayan Smith Echavarría
Calderón
14
21/10/1995
Déficit cognitivo y
trastorno del lenguaje/ Educación Integral Especializada Personalizada
46
Dania Camila Moreno Peña
12
16/07/1997
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
47
Miguel Enrique Galeano
Garibello
17
23/03/1993
Problema cognitivo,
deprivación psicoafectiva/ Educación Integral Especializada Personalizada
48
Josué David Galindo
Bustamante
9
13/07/2000
Déficit cognitivo,
deprivación psicoafectiva/ Educación Integral Especializada Personalizada
49
Juan Camilo Osorio Ramírez
15
10/05/1995
Déficit cognitivo
50
Juan David Manco Céspedes
13
22/08/1996
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
51
Natalia Londoño Ospina
16
13/05/1994
Déficit de atención e
hiperactividad, déficit cognitivo/ Educación Integral Especializada
Personalizada
52
William Andrés Murcia
Guzmán
15
14/08/1994
Hiperactividad con déficit
de atención y déficit cognitivo/ Educación Integral Especializada
Personalizada
53
Cristian Camilo Torres
Álvarez
13
23/11/1996
Déficit cognitivo,
deprivación psicoafectiva y dificultades de lenguaje/Educación Integral
Especializada Personalizada
54
Angie Katerine Bueno
11
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
55
Lina María Valencia Guzmán
16
14/03/1994
56
Mónica Juliana Osorio
Ibarra
16
25/05/1994
Déficit cognitivo
57
Carlos Henao Román
15
15/10/1994
Trastorno de
hiparactividad con déficit de atención y déficit cognitivo/ Educación
Integral Especializada Personalizada
58
Jeison Andrés Martínez
16
09/10/1993
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
59
Carlos Alberto Ospina
60
Karen Dayana Guarín
Gutiérrez
17
28/08/1992
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
61
Diego Andrés Espinoza
Franco
17
21/12/1992
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
62
Erid Yesid Hernández
Grajales
17
Retardo mental y
epilepsia/Ubicación familiar
63
John Albert Ortiz Ayala
16
28/05/1994
Síndrome de Down/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
64
Darío de Jesús Ayala
17
05/12/1992
Retardo mental severo
65
Lina María Echeverri
17
Retardo mental
66
Daniel Stiven Montoya Vega
17
19/08/1992
Déficit cognitivo
67
Luisa Fernanda Fitzyerald
17
Déficit cognitivo
b. Personas con discapacidad, mayores de edad.
1
Paola Andrea Palacio
Quintero
18
28/02/1992
Déficit cognitivo
2
Juan David Motato Osorio
18
14/06/1992
Déficit cognitivo
3
María Camila Acosta López
18
23/06/1992
Déficit Cognitivo,
factores genéticos/ Educación Integral Especializada Personalizada
4
Julieth Yeraldine López
Galindo
19
23/08/1990
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
5
Kelly Vanessa Ramírez
25
11/09/1984
Retardo mental con
trastorno disocial de la conducta/Educación en habilidades prelaborales y/o
laborales
6
Alex Dagoberto Reyes
Osorio
19
27/08/1990
Déficit cognitivo/
Educación Integral Especializada Personalizada
7
Juan David Caravalí
Valencia
18
07/11/1991
Déficit cognitivo y
dificultades de aprendizaje
8
Paula Andrea Camacho
Velasco
24
13/12/1985
Déficit cognitivo
9
Carlos Alberto Cardona
Orozco
23
30/05/1986
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
10
Jonathan Rincón Ríos
20
05/06/1989
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
11
Liberley Botina Navarro
19
05/07/1990
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
12
Lizeth Castillo Bedoya
19
06/02/1990
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
13
Jenny Katherine Cardona
Marín
21
17/02/1988
Déficit cognitivo y
síndrome convulsivo/ Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
14
Daniel Alejandro Arias
Ceballos
21
12/02/1988
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
15
Julio César González
Moscos
22
08/09/1987
Déficit cognitivo e
hiperactividad
16
Carlos Alberto Montoya
García
21
17/10/1988
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
17
Katherine Alarcón Velasco
20
08/09/1989
Déficit cognitivo por
deprivación psicoafectiva y ambiental/Educación en habilidades prelaborales
y/o laborales
18
Oscar Fabián Prieto
Salazar
18
29/10/1991
Epilepsia y psicosis
conjuntiva/Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
19
Carlos Andrés Castellanos
25
29/06/1984
Déficit cognitivo,
dificultades en aprendizaje/ Educación en habilidades prelaborales y/o
laborales
20
Gustavo Orozco
Bustamante
23
11/05/1986
Déficit cognitivo
21
Jesús David Martínez
Castaño
19
10/12/1990
Síndrome de Down/ Educación
en habilidades prelaborales y/o laborales
22
Luisa María López Bolívar
18
03/12/1991
Déficit cognitivo/
Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
23
Luz Helena Cortés Trujillo
46
Déficit cognitivo
24
Jessica Cortés Duque
18
11/05/1991
Déficit cognitivo
25
John Edison Lotero
19
10/04/1990
Déficit cognitivo,
secuelas de meningitis/Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
26
Yissel Rojas Godoy
20
24/11/1989
Retardo mental
moderado/Educación en habilidades prelaborales y/o laborales
27
Luis Alberto Gómez
20
Retardo mental/ Educación
en habilidades prelaborales y/o laborales
28
Fabián Duque
30
Retardo mental
29
Alba Lucy Álvarez Rendón
20
01/01/1990
Retardo mental con
trastorno afectivo bipolar/Educación Integral Especializada Personalizada
Reitérese que la presente
acción fue incoada en representación de 96 personas, 67 menores de edad y 29
adultos, todos con alguna clase de disfunción cognitiva o similar, entre ellas
déficit cognitivo, síndrome de Down, retardo psicomotor, transtorno del
lenguaje y/o retardo mental, requiriendo en la mayoría de los casos de una
educación integral, especializada y personalizada, o en habilidades
prelaborales y/o laborales.
Así, se trata de un grupo de
sujetos de especial protección, debido, además de la minoridad de la mayoría, a
las discapacidades que presentan, dadas las diferentes características de los
diagnósticos que han recibido, haciendo entonces procedente la acción de
amparo, atendiendo su evidente situación de indefensión, máxime si se tiene
presente que en su mayoría pertenece a familias de estratos 1 y 2, como quedó
establecido.
Aunado a esa situación de
grave vulnerabilidad, resulta alarmante que según lo informado por la
Secretaría de Salud Municipal de Armenia (fs. 156 a 161 cd. inicial),
únicamente 31 personas de 96 reseñadas, se encuentran afiliadas al Sistema de
Seguridad Social en Salud, ya sea mediante el régimen contributivo o el
subsidiado.
4.4. Durante la actuación, el
Ministerio de Educación Nacional y la Gobernación del Quindío coincidieron en
que la responsabilidad sobre la educación de las personas con discapacidad
recae, exclusivamente, en el municipio de Armenia, por tratarse de un ente
territorial certificado para esos asuntos. Igualmente, insistieron en que las
políticas de inclusión no permiten la existencia de instituciones educativas
que atiendan necesidades especiales, dado su carácter excluyente.
Por su parte, la autoridad
municipal se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que la Fundación
Quindiana de Atención Integral es una institución sin ánimo de lucro que no
posee carácter oficial, por tanto, no puede ser financiada con recursos del
Sistema General de Participaciones.
Indicó además que ese ente ha
velado por el acceso al sistema de menores “clasificados” como aptos
para recibir una educación formal inclusiva.
4.5. Encuentra esta Sala de
Revisión que en el presente asunto la Alcaldía de Armenia ha conculcado los
derechos a la educación, en sus núcleos de acceso y permanencia, y con ello las
garantías a una formación integral y a la dignidad humana de los aquí
accionantes. Ello sin desconocer la falta de aplicación de las políticas
constitucionales de previsión, rehabilitación e integración social por parte de
la Gobernación y del Ministerio de Educación.
Dentro de la actuación quedó
demostrado que desde 2009, aplicando la regla general de integración de los
estudiantes propia de las políticas públicas adoptadas, entre otras autoridades
por el Ministerio de Educación[17], las
personas inscritas en el entonces Instituto Quindiano de Educación Especial,
vieron interrumpidas sus actividades educativas, de habilitación y
rehabilitación, sin mediar su condición de discapacidad.
En primer lugar, algunos
estudiantes considerados aptos para recibir una educación formal en
establecimientos inclusivos, están siendo educados en dos aulas multimodales,
con un docente, lo cual ha generado traumatismos debido al número elevado de
educandos, como expresaron los educadores dentro del seguimiento efectuado por la
Defensoría del Pueblo.
A su vez, gracias a las
gestiones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, otras de las personas
discapacitadas, que no fueron consideradas aptas para ese proceso de
integración, reciben asistencia por un docente en educación física,
desconociéndose que algunos dominan la lectura, la escritura y las matemáticas
(f. 8 cd. inicial).
Además de lo anterior, la
Defensora del Pueblo Regional Quindío manifestó que, aproximadamente, treinta y
tres de las personas que integran la Fundación Quindiana de Educación Especial
fueron evaluadas, sin tener presente la evolución que venían adelantando y sin
contar con un equipo interdisciplinario idóneo que analice su proceso
educativo.
Queda en evidencia que frente
a la situación de los accionantes no se adelantó el diagnóstico idóneo,
necesario y vinculante, como quedó establecido con antelación, para determinar
cuáles de los interesados eran aptos o no para ser adscritos a instituciones
educativas con carácter incluyente; por ende, al no existir ese estudio se
pretermitió la evaluación previa, que constituye un elemento integrante del
derecho fundamental a la educación de los discapacitados.
Igualmente, quienes se presume
que no pueden afrontar dicho lance, no reciben un verdadero proceso de
aprendizaje, habilitación y rehabilitación, como exigen la Constitución
Política y distintos instrumentos internacionales, pese a tratarse de personas
con alguna discapacidad, cuya edad biológica es un factor irrelevante para
efectos del acceso y permanencia en los servicios educativos, dada su situación
de vulnerabilidad.
Así, no puede existir el trato
diferenciado, como pretende la entidad territorial accionada ante menores y
mayores de edad, pues frente a cualquiera de esas condiciones el derecho a la
educación es una garantía de todos, además reforzada por tratarse de personas
discapacitadas.
De ese modo, se ha vulnerado
el derecho a la educación de los menores, jóvenes y adultos accionantes, pues
en todos los casos, se ha dejado de lado el compromiso y obligación que tiene
el Estado de garantizarles el acceso y la permanencia en la educación, no sólo
por tratarse en su mayoría de niños, sino porque el común denominador es su
situación de discapacidad. En consecuencia, se afecta el derecho a la dignidad
humana que, como se señaló, es inescindible con la educación de las personas
con discapacidad, impidiéndoles su desarrollo integral.
Aunado a lo anterior, la
Alcaldía de Armenia, la Gobernación del Quindío y el Ministerio de Educación
dejaron de lado, al mantenerse inanes frente a la situación de los accionantes,
que entre otros instrumentos y acuerdos internacionales, el Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Colombia en 1997, en
concordancia con otros, reitera la necesidad de que exista una enseñanza
diferenciada y una especial instrucción y formación hacia estos sujetos de
especial protección.
Encuentra esta Sala de
Revisión que aunque la Gobernación del Quindío y el Ministerio de Educación,
también accionados, se excusan en las nuevas políticas de inclusión educativa,
para con ello responsabilizar exclusivamente al ente territorial municipal
sobre los supuestos objeto de análisis, cuando lo cierto es que la obligación
de proteger a la niñez, la adolescencia y la población con discapacidad es
exigible a todas las ramas y níveles del poder público, a la sociedad y a la
familia. Por ello, estas entidades deben colaborar en que los accionantes,
incluso aquellos que no puedan ser integrados a la educación formal, sean
atendidos en instituciones oficiales o privadas que respondan a sus
necesidades.
Nótese que la tantas veces
referida Resolución N° 2565 de 2003, en la cual se escudan las entidades
accionadas, impone la celebración de convenios u otras alternativas de
educación que se puedan acordar con el Ministerio de la Protección Social, el
Instituto de Bienestar Familiar o los gobiernos locales.
4.6. Acorde con todo lo expuesto, se revocará la sentencia
de enero 19 de 2010, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia, por medio de la cual confirmó la dictada en noviembre 6 de
2009 por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Armenia, que
denegó el presente amparo. En consecuencia, se concederá el amparo de los
derechos a la dignidad humana, a la educación y al desarrollo integral de los
demandantes.
4.7. Así, se ordenará a la señora Alcaldesa de
Armenia, o quien haga susveces, que con el concurso del Consejo de Política
Social y del Comité Municipal de Discapacidad, efectúe todos los trámites
administrativos necesarios, si aún no lo ha hecho, para que efectivamente se
adelante el análisis y estudio de las condiciones de cada uno de los aquí
demandantes, con el comité interdisciplinario que para el efecto reúna, de
forma que, en relación con cada una de estas personas, pueda establecerse el
diagnóstico correspondiente sobre sus discapacidades y la viabilidad o no de
recibir una educación formal inclusiva.
Posteriormente, si aún no lo ha hecho, deberá disponer
todo lo necesario para que las personas que sean aptas para recibir una
educación inclusiva, puedan adelantar con profesionales idóneos y en número
suficiente su proceso de adaptación para tal fin.
Igualmente, si aún no lo ha hecho, deberá disponer
todo lo necesario para que aquellas personas que no estén en condiciones de
recibir una educación formal inclusiva, continúen realizando las actividades
académicas, de habilitación y rehabilitación para su máxima adaptación posible,
hacia una vida en condiciones dignas.
Todo lo anterior, sin detrimento del acceso o la
continuación en la prestación de los servicios educativos, de habilitación y/o
rehabilitación de quienes en la actualidad ya estén disfrutando de esa
asistencia.
4.8. Como quiera que la obligación de
garantizar el acceso y la permanencia en los servicios educativos, de
habilitación y rehabilitación de menores y adultos es una obligación que atañe
a la familia, a la sociedad y en especial al Estado, se ordenará al Ministerio
de Educación Nacional y a la Gobernación del Quindío, con el concurso de la
Secretaría de Educación Departamental, que adelanten el seguimiento y faciliten
a la Alcaldía de Armenia el cumplimiento de lo ordenado en la presente
providencia.
A su vez y para los mismos fines, se
instará al Concejo Municipal de Armenia y a la Asamblea Departamental de
Quindío para que adopten las medidas necesarias, dentro de sus competencias,
para que en Armenia existan políticas educativas, de rehabilitación y
habilitación a favor de la población con discapacidad, sea ésta menor de edad o
adulta.
4.9. Igualmente, atendiendo la alarmante
situación de las personas que no se encuentran afiliadas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, se ordenará a la Alcaldesa de Armenia, o quien haga
sus veces, si no lo ha realizado aún, que en concurso con la Secretaría de
Salud Municipal, durante el mes siguiente a la notificación de esta sentencia
adelante todos los trámites administrativos necesarios para esclarecer la
situación de los aquí amparados frente al SGSSS y asesoren a quienes no estén
inscritos en el mismo, de modo que, luego de la respectiva evaluación familiar,
sean vinculados, a través del régimen contributivo o subsidiado, según
corresponda, asegurándose de que, en efecto, se cumple lo dispuesto.
4.10. Finalmente, la Corte Constitucional,
además de reconocer los ingentes esfuerzos que ha desplegado la Defensoría del
Pueblo en el presente asunto en procura del respeto y reconocimiento de los
derechos de la población con discapacidad, pedirá a la Personería Municipal de Armenia y a la Defensoría del
Pueblo, como integrantes del Ministerio Público, que dispongan las medidas
necesarias para continuar esclareciendo y mejorando la situación de quienes son
amparados por esta sentencia, promover su bienestar físico y mental, brindar
asistencia a sus familiares para hacer efectivo el cumplimiento de esta
decisión, y realizar el seguimiento necesario para que se garantice el derecho
al acceso y a la continuación en los servicios educativos, y de habilitación y
rehabilitación que requieran.
Así mismo, asesorarán y guiarán a los
amparados que puedan hacerlo por sí mismos, al igual que a sus familiares
cuando a ello haya lugar, para que acudan efectivamente a los procesos que se
adelanten para ser incluidos en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, mediante el régimen contributivo o subsidiado.
IV.- DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de
Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero.- REVOCAR la sentencia de enero 19 de 2010,
proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por
medio de la cual confirmó la dictada en noviembre 6 de 2009 por la Sala Civil,
Familia y Laboral del Tribunal Superior de Armenia, la cual denegó la acción de
tutela incoada por la Defensora del Pueblo Regional Quindío, contra el
Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Quindío y la Alcaldía de
Armenia.
Segundo.- CONCEDER
el amparo de los derechos a la
dignidad humana, a la educación y al desarrollo integral de los menores de edad
Andrés Peña Calderón, John Brayan Páez Sánchez, Juan Sebastián Ruiz López,
Kimberly Dayana Benavides Inga, Juan Esteban Bustamante, Manuel Alejandro
Murcia Ospina, Juan Esteban Carrillo Serna, Laura Marcela Montes Montes, Kevin
Daniel Ríos Osorio, Heiner Daniel Valero Zapata, Daniela Prada Restrepo,
Jefferson Montoya González, Santiago Castaño Betancourt, Eyder Rubiel Villegas
Arias, Carlos Arnobis Obando Blandón, Zully Valentina Ramírez Ortiz, Laura
Alarcón Rayo, Luz Yeraldine Bejarano, Juan Manuel Guarín Arbeláez, Juan Diego
Poveda, Valentina Basto Toro, Ana María Pareja Castaño, John Edinson Castañeda
Cobos, Andrea Osorio Malagón, Elsa Dolly Patiño Holguín, Laidy Natalia Cardona
Morales, Valentina Ospina Álvarez, Daniel Villegas Villegas, Édgar Herrera
Orozco, Francy Elena Arévalo Urrea, Carlos Alberto Ortiz Duque, Miguel Ángel
Aguilar Parra, Francisco López, Brayan Stiven Ceballos, Johan Stiven Velásquez,
Valentina Hernández Londoño, Sebastián Motato Vásquez, José David Osorio
Hernández, Juan Sebastián Rojas Arango, Paola Andrea Sánchez García, Daniela
Gaitán Falla, Edith Nayibe Torres Arbeláez, Daniela Rendón Yepes, Katherine
Vargas Castrillón, Brayan Smith Echavarría Calderón, Dania Camila Moreno Peña,
Miguel Enrique Galeano Garibello, Josué David Galindo Bustamante, Juan Camilo
Osorio Ramírez, Juan David Manco Céspedes, Natalia Londoño Ospina, William
Andrés Murcia Guzmán, Cristian Camilo Torres Álvarez, Angie Katerine Bueno,
Lina María Valencia Guzmán, Mónica Juliana Osorio Ibarra, Carlos Henao Román,
Jeison Andrés Martínez, Karen Dayana Guarín Gutiérrez, Diego Andrés Espinoza
Franco, John Albert Ortiz Ayala, Darío de Jesús Ayala, Daniel Stiven Montoya
Vega, Carlos Alberto Ospina, Erid Yesid Hernández Grajales, Lina María
Echeverri, Luisa Fernanda Fitzyerald y de los adultos María Camila Acosta
López, Julieth Yeraldine López Galindo, Kelly Vanessa Ramírez, Alex Dagoberto
Reyes Osorio, Juan David Motato Osorio, Alba Lucy Álvarez Rendón, Juan David Caravalí
Valencia, Paula Andrea Camacho Velasco, Carlos Alberto Cardona Orozco, Jonathan
Rincón Ríos, Liberley Botina Navarro, Lizeth Castillo Bedoya, Jenny Katherine
Cardona Marín, Daniel Alejandro Arias Ceballos, Julio César González Moscos,
Carlos Alberto Montoya García, Katherine Alarcón Velasco, Oscar Fabián Prieto
Salazar, Carlos Andrés Castellanos, Gustavo Orozco Bustamante, Jesús David Martínez
Castaño, Luisa María López Bolívar, Luz Helena Cortés Trujillo, Jessica Cortés
Duque, John Edison Lotero, Yissel Rojas Godoy, Luis Alberto Gómez, Fabián Duque
y Paola Andrea Palacio Quintero.
Tercero.- ORDENAR a la Alcaldesa de Armenia, o quien haga sus veces,
que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de la
presente providencia, efectúe, si aún no lo ha realizado, todos los trámites
administrativos necesarios, para que efectivamente se adelante el análisis y
estudio de las condiciones de cada uno de los amparados en esta tutela, con el
comité interdisciplinario que para el efecto reúna, de forma que establezca el
diagnóstico correspondiente sobre sus discapacidades y la viabilidad o no de recibir
una educación formal inclusiva.
Posteriormente, si aún no lo hubiere hecho, dentro de
un término igual, deberá disponer todo lo necesario para que las personas que
sean aptas para recibir una educación inclusiva, puedan adelantar con
profesionales idóneos y suficientes su proceso de adaptación para tal fin.
Igualmente, si aún no lo ha hecho, dentro del mismo
término, deberá disponer todo lo necesario para que aquellas personas que no
estén en condiciones de recibir una educación formal inclusiva, continúen
realizando las actividades académicas, de habilitación y rehabilitación, para
su máxima adaptación posible a la vida en condiciones dignas.
Todo lo anterior, sin detrimento del acceso o la
continuación en la prestación de los servicios educativos, de habilitación y
rehabilitación, de quienes en la actualidad ya estén disfrutando de esa
asistencia.
Para efectos del cumplimiento del presente numeral, la
señora Alcaldesa de Armenia, o quien haga sus veces, contará con el concurso
del Consejo de Política Social y del Comité Municipal de Discapacidad.
Cuarto.- ORDENAR a la Alcaldesa de Armenia, o quien haga sus veces, que
si no lo ha realizado aún, en el término
de un mes contado a partir de la notificación de la presente providencia, en
concurso con la Secretaría de Salud Municipal, adelanten todos los trámites
necesarios para constatar la situación de los aquí amparados frente al Sistema
General de Seguridad Social en Salud. Durante el mes siguiente, deberán adoptar
todas las medidas necesarias para asesorar y acompañar a quienes no estén
inscritos en el mismo, de modo que, luego de la respectiva evaluación familiar,
puedan hacerlo a través del régimen contributivo o subsidiado.
Quinto.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional y a la Gobernación
del Quindío, con el concurso de la Secretaría de Educación de ese departamento,
que dentro del ámbito de sus respectivas competencias adelanten el seguimiento
y faciliten a la entidad municipal el cumplimiento de lo ordenado en la
presente providencia.
Sexto.- INSTAR al Concejo Municipal de Armenia y a la Asamblea
Departamental de Quindío para que adopten las medidas necesarias, dentro de sus
competencias, con el fin de que en Armenia y Quindío se implementen políticas
educativas, de rehabilitación y adaptación a favor de la población con discapacidad,
sea esta menor de edad o adulta.
Séptimo.- REQUERIR a la Personería
Municipal de Armenia y a la Defensoría del Pueblo, como integrantes del
Ministerio Público, para que dispongan las medidas tendientes a continuar
determinando la situación de los amparados por esta sentencia, promover su
bienestar físico y mental, brindar asistencia a sus familiares para hacer
efectivo el cumplimiento de esta decisión, cuya copia les será enviada, así
como realizar el seguimiento necesario para que se garantice el derecho al
acceso y a la continuación en los servicios educativos, de habilitación y
rehabilitación que requieran.
Además, para que asesoren y encaminen a
los amparados, al igual que a sus familiares cuando a ello haya lugar, para que
acudan efectivamente a los procesos que se adelanten para ser incluidos en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante el régimen contributivo
o subsidiado.
Octavo.- Por Secretaría General, LÍBRESE la comunicación
a que alude el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e
insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.
NILSON PINILLA PINILLA
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT
CHALJUB
Magistrado
HUMBERTO ANTONIO SIERRA
PORTO
Magistrado
Ausente en comisión
MARTHA VICTORIA SÁCHICA DE
MONCALEANO
Secretaria General
[1]
El Geempa es el Grupo de Estudios en Educación y Metodología de Investigación y
Acción (Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia de Pesquisa e Ação), ONG
privada con sede en Porto Alegre, Brasil, cuya finalidad es el estudio e
investigación para el desenvolvimiento de las ciencias de la educación. Cfr., http://www.geempa.org.br/index2.html,
consultada en junio de 2010.
[2]
Cfr., entre muchas otras, las sentencias T-539 de septiembre 23 de 1992, M. P.
Simón Rodríguez Rodríguez y T-009 de mayo 22 de 1992, M. P. Alejandro Martínez
Caballero.
[3]
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (diciembre 18 de 1979) hace alusión también a la garantía y protección
de su derecho a la educación, sin discriminación alguna y en igualdad de
condiciones al hombre (art. 10).
[4]
De igual manera, con relación a los menores y a las personas con discapacidad, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de julio 4 de 2006,
caso Ximenes Lopes contra Brasil, señaló que también deben tenerse en cuenta,
entre otros, los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el
Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, (adoptados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la Resolución N° 46/119 de diciembre 17 de 1991); las
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidades, (Resolución No. 48/96 de diciembre 20 de 1993); la Organización
Panamericana de Salud, Declaración de Caracas (adoptada por la Conferencia para
la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina en noviembre
14 de 1990). En temas de psiquiatría, la Declaración de Madrid Sobre los Requisitos
Éticos de la Práctica de la Psiquiatría (aprobada por la Asamblea General de la
Asociación Psiquiátrica Mundial APM en agosto 25 de 1996 y revisada en agosto
26 de 2002); los Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la
Salud Mental de 1996 (Organización Mundial de la Salud, División de Salud
Mental y Prevención del Abuso de Sustancias); la Observación General N° 5,
sobre "Personas con Discapacidad” del Comité de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, ya referida; la Declaración de los Derechos del
Retrasado Mental (adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante
Resolución A/8429, de 1971); y el Programa de Acción Mundial para los
Impedidos, (Resolución 37/52 de 3 de diciembre de 1982).
[5]
Convención aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de julio 31 de 2009, ambas
declaradas exequibles mediante la sentencia C-293 de abril 21 de 2010, M. P.
Nilson Pinilla Pinilla, en la cual se indicó que dicho instrumento es una “refrendación
del interés de la comunidad internacional por la protección y efectiva
realización de los desarrollo de las personas discapacitadas a partir del pleno
reconocimiento de su dignidad humana”.
[6]
El artículo 2° de la Convención explica que debe entenderse por ajustes
razonables, “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales”. Al respecto, en la sentencia referida C-293 de
2010 se explicó que ese “concepto referente, así como la trascendental
consideración que en él va envuelta, se acompasan debidamente con los
principios constitucionales que inspiran el diseño y ejecución de las acciones
afirmativas, a través de las cuales el Estado procura el logro de la igualdad
real y efectiva garantizada por la Constitución Política. Por consiguiente, se
considera que su uso y aplicación como medida de las acciones a realizar no
plantea problemas en relación con la exequibilidad de estas normas”.
[7]
Cfr., sentencia T-170 de marzo 9 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[8]
Para tal efecto acudió a un referente jurisprudencial contenido en la sentencia
T-920 de julio 17 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, donde se ampararon
los derechos de 16 personas, la mayoría menores de edad, aquejadas por
parálisis cerebral y retardo mental.
[9]
Los referidos planteamientos fueron incluidos en la sentencia T-826 de 2004,
donde se analizó lo expuesto, entre otras, en las providencias T-440 de mayo 7
de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-920 de 2000, ya referida.
[10] Sentencia T-429 de julio
24 de 1992, M. P. Ciro Angarita Barón, reiterada, entre otras, en la T-513 de
julio 16 de 1999, M. P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano.
[11]
Ver, entre otras, las sentencias T-875 de septiembre 9 de 2008, M. P. Jaime
Córdoba Triviño, donde se reiteró lo expuesto en la T-896A de noviembre 2 de 2006,
M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[12] T-875 de 2008, ya
referida.
[13]
Véase además, entre otras, las sentencias T-331 de julio 15 de 1997, M. P. José
Gregorio Hernández Galindo y T-046 de enero 29 de 1999, M. P. Hernando Herrera
Vergara.
[14]
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de julio 4 de 2006, ya
citada. En aquella oportunidad se expresó: “103. La Corte Interamericana
considera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad
es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo
cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones
generales de respeto y garantía de los derechos humanos. La Corte reitera
que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es
imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las
particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su
condición personal o por la situación específica en que se encuentre, como la
discapacidad.” (No está en negrilla en el texto original)
[15]
Cfr. Decreto Nº 000398 de 2009 de la Gobernación del Quindío, ya referido (fs.
76 y ss. cd. inicial).
[16]
Información suministrada con la demanda (fs. 1 a 6 ib.), la respuesta de la
Gobernación del Quindío (fs. 93 a 102) y allegada por la Secretaría de Salud
Municipal de Armenia (fs. 158 a 161 ib.).
[17] Resolución del
Ministerio de Educación Nacional N° 2565 de octubre 24 de 2003.