T-467-15
Sentencia T-467/15
SUSTITUCION PENSIONAL Y CUOTA DE ALIMENTOS A FAVOR DE
PERSONA EN SITUACION DE DEBILIDAD MANIFIESTA
SUSTITUCION PENSIONAL-Caso en que se negó por cuanto se había disuelto la
sociedad conyugal
AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCION
PENSIONAL Y CUOTA DE ALIMENTOS-Procedencia
excepcional
La acción de tutela procede como
mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuando el conflicto está por
ser dirimido por la justicia ordinaria; y como
mecanismo principal cuando a pesar de existir otro medio de defensa judicial,
éste no es idóneo, eficaz o expedito
ASIGNACION DE RETIRO-Naturaleza jurídica
Al
referirse puntualmente a la naturaleza jurídica de la asignación de retiro, la
Sala Plena aseveró que se trata de una prestación social que se asimila a la
pensión de vejez, refutando la posición que al respecto planteó el demandante.
En particular, expresó que se trata de una prestación
económica reconocida en favor del grupo familiar, o bien del pensionado por
vejez o invalidez, o bien del afiliado que fallece, que busca proteger a quien
quedó desamparado, por cuanto antes del deceso dependía económicamente del
causante
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Caso en que acuerdo conciliatorio de divorcio fijó
pago de cuota alimenticia del 38.5% de la asignación mensual y a quien se
sustituyó desconoce ese pago/SUSTITUCION PENSIONAL-Caso en que fue
reconocida a nueva compañera del causante y desconoce el pago de cuota
alimentaria a persona en circunstancias de debilidad manifiesta
VIGENCIA DE CUOTA ALIMENTARIA QUE SE DEBEN POR LEY
ENTRE CONYUGES Y CONYUGES DIVORCIADOS-Eventos
en que fallece el alimentante o deudor de la obligación
DERECHO DE ALIMENTOS DE COMPAÑEROS O COMPAÑERAS PERMANENTES-Obligación de solidaridad y el deber de auxilio mutuo/DERECHO
DE ALIMENTOS DE CONYUGES-Obligación de solidaridad y el deber de auxilio
mutuo
Por una
parte, la sentencia C-1033 de 2002 estudió la presunta violación al derecho a
la igualdad de las disposiciones contenidas en los numerales 1º y 4º del
artículo 411 del Código Civil que no incluyen a los integrantes de la unión
marital de hecho (Ley 54 de 1990) como sujetos pasivos de la obligación
alimentaria. Esto obstaculiza la protección constitucional de la familia
formada por vínculos jurídicos a diferencia de la fundada en vínculos
naturales. Respecto del cargo en relación con el numeral 1º, la Corte estimó
que (i) la jurisprudencia constitucional ha reconocido que las personas que
conforman institución del matrimonio de la unión marital de hecho constituyen
familia a pesar de la diferencia de figuras jurídicas; (ii) la violación del
derecho a la igualdad ocurre cuando se restringe o excluye el ejercicio de los
derechos y libertades de una o varias personas, se les niegue el acceso a un
beneficio o se otorgue un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista
justificación objetiva y razonable; (iii) la obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en
el principio constitucional de la solidaridad, del cual se derivan obligaciones
y cargas susceptibles de ser reclamados coercitivamente y con el apoyo del
Estado, como del principio de equidad, en la medida en que cada miembro de la
pareja – unión marital o matrimonio- es obligado y beneficiario recíprocamente.
En consecuencia, con fundamento en el principio de igualdad determinó que los
compañeros (as) permanentes que forman una unión marital de hecho al igual que
los integrantes de las parejas que han contraído matrimonio, son acreedores y
deudores de alimentos según corresponda el caso, declarando la exequibilidad
del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil
DERECHO DE ALIMENTOS-Se extingue únicamente cuando las circunstancias que
avalan su reclamo se terminan/TRASLADO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA DESPUES
DEL DIVORCIO AL BENEFICIARIO DE LA PENSION DE SUSTITUCION
El
derecho de alimentos se extingue únicamente cuando las circunstancias que
avalan su reclamo se extinguen, esto es, que la situación económica del
alimentado o el alimentante haya variado, en el sentido que el primero haya
adquirido la capacidad económica de costear su subsistencia o que el segundo
haya desmejorado su situación, de tal manera que le sea imposible apoyar al
alimentante sin perjuicio de su propio bienestar. A partir de la premisa de la
vigencia de la obligación alimentaria después del divorcio e inclusive después
de la muerte del alimentante hasta que persistan las condiciones que le dieron
origen, la Corte reconoció la posibilidad de trasladarla a cargo del
beneficiario de la pensión de sustitución como explicaremos a continuación
DIVORCIO-Pago
de alimentos al cónyuge/DIVORCIO-No extingue totalmente obligaciones
legales/DEBER DE ASISTENCIA ALIMENTARIA-Requisitos/ ALIMENTOS-Alcance/OBLIGACIONES
ALIMENTARIAS DEL CONYUGE DIVORCIADO
La obligación de alimentos no se extingue con la
muerte del alimentante ni con la cesación de efectos civiles del matrimonio o
divorcio. De ello, se infiere que la obligación de alimentos a favor de un ex
cónyuge puede ser trasladada al compañero permanente o nuevo cónyuge del
alimentante que es reconocido como beneficiario de la pensión cuando dicha
obligación está a cargo de la pensión y existe previo a la formación de un
patrimonio común con el causante
ACCION DE TUTELA Y PERJUICIO IRREMEDIABLE PARA
EXCONYUGE DE 83 AÑOS-Caso en que se
acordó en la sentencia de divorcio cuota de alimentos pero no se reconoció por
la Caja de Retiro de las Fuerzas, ni por la Compañera que recibió sustitución
pensional
La Caja de Retiros de las Fuerzas
Militares y la señora Acosta desconocieron la orden judicial que decretó el
derecho de la agenciada al pago de la cuota de alimentos con cargo a la pensión
de asignación de retiro sustituida a la señora Acosta por el equivalente al
38.5% y cesaron el pago sin que se hubiera extinguido el derecho de alimentos
de la agenciada. Lo anterior, derivó en la vulneración del mínimo vital de la
agenciada, ya que despojaron de manera injustificada a la agenciada del único
ingreso con el que cuenta y percibe desde julio de 2008 destinado a costear sus
necesidades básicas.   Aunque la agenciada, hubiera
iniciado un proceso ordinario para reclamar su derecho a los alimentos a cargo
de la pensión de su ex cónyuge, la Sala debe adoptar medidas para
proteger su derecho al mínimo vital por las especiales circunstancias del caso.
Esto, sin vulnerar los derechos de la beneficiaria de la sustitución, de manera
que, se le reconoce la sustitución del derecho del causante en las mismas
condiciones que este lo gozaba y continuará percibiendo el 61.5% restante de la
pensión sin tener menores a su cargo. En consecuencia,
revocará la sentencia proferida por el Juzgado Doce (12) Civil
del Circuito el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), mediante la cual se
declaró improcedente el amparo y, en su lugar, concederá
el amparo del derecho a la vida digna y al mínimo vital y ordenará la
deducción del 38.5% de la pensión de asignación de retiro del causante que fue
sustituida a la señora Acosta, por concepto de la cuota alimentaria a que tiene
derecho la agenciada.
PRINCIPIO DE CAUTELA Y APLICACION
POR TRATARSE DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD
Referencia: Expediente T- 4.915.553
Acción
de tutela instaurada por Yolanda González Celedón como
agente oficiosa de Melida María Celedón de González contra la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares y la señora Rosalba Acosta Granados.
Magistrado Ponente:
JORGE IVÁN PALACIO
PALACIO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015).
La Sala Sexta
de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alberto
Rojas Ríos, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Jorge Iván Palacio Palacio, quien
la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución
Política, y 33 y concordantes del Decreto ley 2591 de 1991, profiere la
siguiente:
SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del
fallo proferido por el Juzgado Doce (12) Civil del Circuito de Bogotá, el seis
(6) de marzo del dos mil quince (2015), en el asunto de referencia[1].
I.
ANTECEDENTES.
La señora
Yolanda González Celedón promovió acción de tutela, en calidad de agente
oficiosa de su madre, Melida María Celedón de González, contra
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la señora Rosalba Acosta Granados,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida
digna, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso.
1.     Hechos relevantes.
1.1.
Manifiesta que la agenciada, Melida María
Celedón, estuvo casada con el señor Avelino González Mendoza desde
26 de septiembre de 1952 hasta el 19 de agosto de 2008[2]
y que de dicha unión nacieron Yolanda Sofía (agente oficiosa), Ángela Briceida,
Marco Antonio y Clara Patricia González Celedón[3]. Los contrayentes tuvieron una convivencia aproximada
de 56 años.
1.2.
Refiere que el proceso de divorcio por acuerdo
mutuo o cesación de efectos civiles de sus padres fue decretado en la sentencia
del 19 de agosto de 2008 proferida por el Juzgado Segundo (2)
de Familia de Bogotá.
1.3.
En la citada providencia, el juez correspondiente aprobó
el convenio suscrito entre los contrayentes, donde acordaron que el señor
González Mendoza pagaría por concepto de alimentos a favor de la señora Melida
María Celedón el 38.5% de la asignación de retiro que recibía de
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, monto que
sería consignado en la cuenta bancaria de su hija común, Yolanda González
Celedón, quien se comprometía a hacer entrega del dinero a Melida María
Celedón de González.
1.4.
El señor González Mendoza conformó unión marital
con la señora Rosalba Acosta Granados con quine convivió durante 35 años
(1978-2013) y procrearon tres hijos: Sonia Margoth, Adriana y Avelino González
Acosta[4].
1.5.
Indica que el señor González Mendoza elevó su
testamento a Escritura Pública Núm. 2122 de noviembre 7 de 2002 otorgada en la
Notaría Segunda (2) del Círculo de Sogamoso, donde estipuló en el parágrafo del
numeral segundo que “a mi cónyuge MELIDA CELEDON no le corresponden bienes,
propiedades o porción conyugal de nuestro matrimonio por cuanto se hizo
separación de bienes en la Notaría Cuarta de Bogotá D.C. en el año 1985. Sin
embargo, y de común acuerdo con mi compañera permanente ROSALBA ACOSTA GRANADOS
y la misma en representación de nuestros hijos menores, Adriana y Avelino
González Acosta, hemos decidido en cuanto a mi pensión del Ejército que una vez
se produzca mi fallecimiento, la misma [Melida María Celedón] sigue recibiendo
y usufructuando tal como lo ha hecho hasta ahora mi cónyuge MELIDA CELEDON
MENDOZA DE GONZÁLEZ”[5].
1.6.
Afirma que el 7 de noviembre de 2002, la señora
Rosalba Acosta Granados hizo una declaración ante la Notaría Segunda (2) del
Círculo de Sogamoso donde plasmó su voluntad en el sentido de que “una vez
se produzca la muerte de mi compañero Avelino González M., ceder a favor de la
señora Melida Celedón de González portadora de la cédula de ciudadanía Nº 26.999.123
de San Juan del Cesar (Guajira), para que a partir de ese momento, ella siga
disfrutando de los beneficios de la Pensión de Retiro del Ejercito como hasta
ahora lo vienen haciendo”[6].
1.7.
El señor Avelino González Mendoza falleció el 25 de
febrero de 2013[7],
siendo pensionado de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares[8].
1.8.
Luego del fallecimiento del señor Avelino González Mendoza, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares reconoció como beneficiara de la
sustitución de la asignación de retiro a la señora Rosalba
Acosta Granados, mediante Resolución Nº 1743 del 12 de
abril de 2013[9].
La agente oficiosa afirma que la agenciada no fue vinculada ni notificada de dicho
proceso[10].
1.9.
Dicha Resolución tuvo como fundamento: (i) la
anotación en el expediente del causante sobre la disolución y liquidación de la
sociedad conyugal con Melida María Celedón en Escritura Pública Núm. 1106 del
19 de marzo de 1985 de la Notaría Cuarta (4) de Bogotá
D.C.[11];
(ii) la Escritura Pública Núm. 1536 de 3 de junio de 2008 de declaración de la
unión marital entre la señora Rosalba Acosta Granados y el causante; y, (iii) la
solicitud presentada el 5 de marzo de 2013 por esta última en la que afirmó haber
convivido con el fallecido durante 35 años y aportó el registro de defunción del
señor González.
1.10.
Sostiene que el 7 de octubre de 2007 la agenciada solicitó a través de apoderado a la
Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, mediante un derecho de petición, la
revocatoria directa de la Resolución Nº 1743 del 12 de abril de 2013.
1.11.
Asevera que la Caja de Retiros de las Fuerzas
Militares negó su petición de revocatoria mediante Resolución Nº 9846
del 2 de diciembre de 2014, notificada el 11 de diciembre del mismo año[12],
bajo el argumento que no era procedente el descuento solicitado porque la
pensión había sido sustituida sin gravámenes a la compañera permanente del
causante. En este sentido, la entidad sostuvo que “todas las obligaciones
contraídas por el militar en goce de su asignación de retiro y que hubieren
recaído sobre se prestación cesan al momento de su fallecimiento, razón por la
cual efectivamente la señora ROSALBA ACOSTA GRANADOS se negó a continuar con la
obligación alimentaria contraída por su fallecimiento compañero permanente con
la señora MELIDA MARÍA CELEDON DE GONALEZ, quedando la misma al arbitrio de su
voluntad”[13].
1.12.
Relata que en varias ocasiones de manera
verbal y escrita la señora Melida María Celedón requirió a la señora Rosalba
Acosta Granados el pago de la cuota de alimentos al que se comprometió en la
declaración extra judicial del 7 de noviembre de 2012[14].
1.13.
El 23 de enero 2014 Melida María Celedón
instauró una demanda de restitución de alimentos en contra de la señora Rosalba
Acosta Granados, que fue puesta en conocimiento del Juzgado Quinto (5) del
Circuito – Familia de Bogotá. El 20 de marzo 2014 el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala de Familia negó el recurso de apelación
en contra del auto admisorio[15].
1.14.
La agente interpuso la
presente acción de tutela con el fin de que el juez constitucional acceda a la
protección de los derechos fundamentales a la vida digna, al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso de la agenciada, que estima vulnerados por la negativa del pago
de la cuota de alimentos equivalente al 38.5% de la asignación mensual de
retiro de Avelino González Mendoza por parte de las accionadas y,
en consecuencia, solicita que se ordene revocar la Resolución Nº 1743 de 2013 y
se expida un nuevo acto administrativo reconociendo su derecho en calidad de
beneficiaria.
1.15.
Advierte la existencia de un perjuicio irremediable toda vez que la
cuota de alimentos que percibía la agenciada (83 años)[16] desde el
2008 es un ingreso económico que le ha permitido cubrir y sufragar todos sus
gastos mínimos de subsistencia, por lo que dejar de recibirlo vulnera su mínimo
vital.
2. Contestación de los demandados.
La Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela[17].
En un primer momento, afirmó que la
parte demandante no agotó los mecanismos ordinarios, esto es, la vía
gubernativa respecto de los actos administrativos que reconocieron la
sustitución de la pensión a favor de la compañera permanente.
Luego, argumentó la falta en legitimidad
por pasiva[18].
Para ello, explicó que la naturaleza de la entidad está delimitada por el
Acuerdo Nº 8 del 31 de octubre de 2002, modificado por el Acuerdo Nº 4 de 2004,
cuyo artículo 3º establece que es un establecimiento público del orden
nacional, con personería jurídica autonomía jurídica y patrimonial. A su cargo
está reconocer y pagar las asignaciones de retiro del personal de las Fuerzas
Militares así como la sustitución pensional, de conformidad con los Decretos Ley
3071 de 1968, 2337 de 1971, 612 de 1997, 089 de 1984, 095 de 1989, los Decretos
Reglamentarios 1211 de 1990 y 464 de 2004. Al respecto, excepcionó que “por cuanto el
asunto que genera este proceso [modificación de asignación de beneficiarios] no
es propio del ejercicio de sus funciones legales, las cuales como ya se dijo,
consisten en reconocer y pagar las Asignaciones de Retiro al personal de oficiales
y suboficiales de las Fuerzas Militares que consoliden el derecho a tal
prestación, así como la sustitución de pensional a sus beneficiarios, de
conformidad con los datos contenidos en la hoja de servicios que expida la
fuerza a la que pertenece el militar y apruebe el Ministerio de Defensa[19].”
Luego, enfatizó que la negativa de
reconocer a la agenciada como beneficiaria de la asignación de retiro del
causante se debe a que la sociedad conyugal entre el señor González Mendoza y
la agenciada se encontraba disuelta y liquidada según la anotación en el
expediente del causante: Escritura Pública Nº 1106 de fecha del 19 de marzo de
1985 de la Notaría Cuarta (4) de Bogotá D.C.[20]. Así mismo, aseveró que no
se demostró ni hay evidencia de la causación de un perjuicio irremediable.
De otra parte, la señora Rosalba Acosta
no se pronunció sobre los hechos de esta acción a pesar de haber sido
notificada del proceso en su contra[21].
3. Pruebas documentales obrantes
dentro del expediente.
En el expediente obras las siguientes
pruebas:
·
Copia de la cédula de ciudadanía de Yolanda González Celedón
(Folio 1, cuaderno 1).
·
Copia de la cédula de ciudadanía de Melida María Celedón de
González (Folio 2, cuaderno 1).
·
Copia de carta del 26 de agosto de 2014, dirigida a Rosalba
Acosta Granados y suscrita por Jorge Eliecer Morelo Gómez, abogado de Melida María
Celedón de González, donde se requiere el pago de la cuota de alimentos
equivalente al 38.5% de la mesada de asignación mensual de retiro que recibe
del Ejercito Nacional de Colombia, de la cual es beneficiaria por la muerte del
señor Avelino González Mendoza (Folio 3-4, cuaderno 1).
·
Copia de Resolución Núm. 9846 del 2014 de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, que niega la revocatoria directa de la Resolución Núm.
1743 del 12 de abril de 2013, mediante la cual se ordena el pago de haberes
dejados de cobrar por el causante y el reconocimiento y pago de la pensión del
señor Sargento Primero (r) del Ejercito Avelino González Mendoza a favor de la
señora Rosalba Acosta Granados como beneficiaria (Folio 6 -7, cuaderno 1).
·
Copia de sentencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá D.C. del 20 de marzo de 2014, en la que se niega el recurso de apelación
interpuesto por Rosalba Acosta Granados en contra del auto admisorio del
proceso de restitución de alimentos interpuesto en su contra por Melida Maria
González ( Folio 12-13, cuaderno 1).
·
Copia de la sentencia anticipada del proceso de divorcio entre
Avelino González Mendoza y Melida María Celedón, proferida el 19 de agosto de
2008 por el Juzgado Segundo (2) de Familia de Bogotá D.C., donde se aprobó el
pago por concepto de alimentos a cargo del señor González del 38.5% de la
mesada de asignación mensual de retiro que recibía a favor de la señora Celedón
de González (Folio 14-19, cuaderno 1).
·
Copia de acuerdo conciliatorio en el que Avelino
González Mendoza aceptó cancelar el equivalente al 38.5%
de su mesada de asignación mensual de retiro a la señora Melida
María Celedón de González, por concepto de alimentos, aprobado por el
Juzgado Segundo (2) de Familia de Bogotá D.C. (Folio 20-21, cuaderno 1).
·
Copia del testamento del señor Avelino
González Mendoza elevado a Escritura Pública Núm. 2122 de
noviembre 7 de 2002 otorgada en la Notaría Segunda (2) del Círculo de Sogamoso
(Folio 22-25, cuaderno 1).
·
Copia de la Resolución Núm. 1743 de 2013 de la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares que ordena el pago de haberes dejados de cobrar por el
causante y el reconocimiento y pago de la pensión de beneficiarios del señor
Sargento Primero (r) del Ejercito Avelino González Mendoza a favor de la señora
Rosalba Acosta Granados (Folios 40-42, del cuaderno 1).
4. Trámite de tutela.
En sede de tutela, mediante auto del 26 de febrero de 2015, el Juzgado Doce (12) Civil del Circuito admitió la acción de tutela y corrió traslado la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares[22] y a Rosalba Acosta
Granados[23],
con el fin de que rindieran el informe de que trata el artículo 19 del Decreto
Estatutario 2591 de 1991.
5. Sentencia objeto de revisión constitucional.
En fallo de única instancia proferido el seis (6) de marzo del dos mi quince (2015) el Juzgado Doce (12)
Civil del Circuito de Bogotá negó el amparo por improcedente.
Fundamentó su decisión en las siguientes
consideraciones: (i) la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que la accionante goza de la acción judicial ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y (ii) en el caso concreto, la
tutela no procede como mecanismo transitorio, ya que la parte demandante no sugiere
ni demuestra la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
A pesar de considerar la improcedencia
de la acción, explicó brevemente que la petición de reconocer a la agenciada
como beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro no tiene
vocación de éxito a causa del divorcio del causante[24].
Dicho fallo no fue impugnado.
II.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
1.     Competencia.
Esta Corte es
competente para conocer del fallo materia de revisión, de conformidad con lo
establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución y 31 a 36 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
2.     Planteamientos de la acción y problema jurídico.
2.1.
Yolanda María González Celedón interpuso acción de tutela
como agente oficiosa de su madre Melida María Celedón de González, solicitando
la protección de sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la
vida digna y al mínimo vital que considera vulnerados por la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la señora Rosalba Acosta
Granados, por lo siguiente:
Por una parte, la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares le negó la sustitución parcial de la asignación de retiro que
percibía el señor Avelino González Mendoza, bajo el
argumento que no tenía derecho por haber sido disuelta la sociedad conyugal con
el causante, sin tener en cuenta que la porción que reclama corresponde a la
obligación de la cuota alimentaria a su favor que el causante reconoció en su
testamento y se originó en el acuerdo conciliatorio en el proceso de divorcio
avalado por el Juez Segundo (2) de Familia de Bogotá D.C.
Por otra parte, a pesar
de conocer la orden judicial que ordena el pago de la cuota alimenticia
correspondiente al 38.5% de la asignación mensual de retiro a
cargo de la pensión que le fue sustituida, Rosalba Acosta Granados, a
quien se le reconoció la pensión sustitutiva, dejó de sufragar dicha
obligación.
2.2. Visto lo anterior, el asunto le plantea a la Sala de Revisión los siguientes
problemas jurídicos:
¿Son los derechos fundamentales a la
vida digna y al mínimo vital de una persona que recibía un porcentaje de la
pensión de su excónyuge por concepto de alimentos, vulnerados cuando el fondo
de pensiones se niega a continuar efectuando dicho pago bajo el argumento de que
no tiene derecho a beneficiarse de dicha pensión por haberse disuelto la
sociedad conyugal con el causante y que la pensión había sido sustituida a un
tercero?
¿Son vulnerados los derechos
fundamentales a la vida digna de una persona que recibía un porcentaje de la
pensión del excónyuge por concepto de alimentos cuando la beneficiaria de dicha
pensión (compañera permanente) no continua pagándolo a pesar de conocer la
orden judicial que ordena su pago a cargo de la pensión que le fue sustituida y
reconocerse en escritura pública (testamento)?
Para dar respuesta a lo anterior
la Sala empezara por (i)
exponer la institución de la agencia oficiosa en la acción de tutela y (ii) la
procedencia de la acción de tutela contra particulares. Luego, (iii) se
referirá a la procedencia excepcional de la acción de tutela para
obtener el reconocimiento de la sustitución pensional y cuota de alimentos a
favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en
circunstancias de debilidad manifiesta; a continuación, (iv) explicará la sustitución de la asignación
mensual de retiro y, (v) la vigencia de la cuota alimentaria que se deben por
ley entre cónyuges y cónyuges divorciados en los eventos en que fallece el
alimentante o deudor de la obligación. Finalmente, a partir de lo anterior, (vi)
resolverá el caso concreto.
3. Agencia oficiosa.
El artículo 10° del Decreto Estatutario
2591 de 1991[25]
prevé la interposición de la acción de amparo de distintas maneras:
directamente por la persona afectada, por intermedio de un representante,
mediante agente oficioso -cuando el interesado no se encuentre en condiciones
de promover su propia defensa- y por el defensor del pueblo o por los
personeros municipales.
Respecto de la agencia oficiosa, la
jurisprudencia constitucional ha detallado que ocurre cuando una persona, sin
ser apoderado judicial, ni el titular de los derechos fundamentales
presuntamente afectados o amenazados, presenta la demanda a nombre de otro
individuo que está ausente o impedido para hacerlo directamente[26].
Por tanto, por regla general el agenciado es un sujeto de especial protección[27]:
menores de edad;[28]
personas de la tercera edad;[29] personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad
personal;[30]
individuos en condiciones relevantes de discapacidad física, psíquica o
sensorial;[31]
personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas y culturales[32].
Esta figura se encuentra limitada por
la prueba del estado de vulnerabilidad del agenciado. Esto garantiza la
autonomía de la voluntad de la persona que tiene la capacidad legal para
ejercicio sus derechos fundamentales por sí misma[33].
En sentencia SU-173
de 2015, esta Corte reiteró que la configuración de la agencia oficiosa requiere
necesariamente: (i) la manifestación de actuar en esa calidad de agente
oficioso y (ii) que el titular del derecho fundamental no está en condiciones
físicas o mentales para promover su propia defensa. Al mismo tiempo,
indicó no es imperativo que exista una relación formal entre el agente y los
agenciados titulares de los derechos, ni la ratificación oportuna por parte del
agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de
acción de tutela por el agente, para su configuración y validez.
4. Procedencia de la acción de tutela contra particulares.
La acción de
tutela es un mecanismo constitucional establecido para la protección y defensa
de los derechos fundamentales, se caracteriza por ser expedita y subsidiaria. De conformidad con el Artículo 86 Superior[34],
el amparo podrá solicitarse cuando la presunta vulneración se origine en la
actuación u omisión “cualquier autoridad pública”[35].
Sin embargo, el artículo 42 del Decreto Ley 2191 de 199[36]
extiende la procedencia de la acción contra actuaciones de particulares.
La causal novena del mentado artículo
señala la procedencia de la acción de tutela contra particulares cuando la
solicitud se realiza para defender la vida o integridad de quien se encuentra
bajo una relación de subordinación o indefensión. De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, esta debe ser entendida como la situación en la
cual se está a merced del poder o decisión arbitraria de otro sujeto sin contar
con los medios para superar la relación de jerarquía[37].
Ahora bien, el juez
constitucional debe conferirle valor y peso al término indefensión en
cada caso concreto para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
un particular[38].
5. Procedencia excepcional de la
acción de tutela para obtener la sustitución pensional y cuota de alimentos a
favor de sujetos de especial protección constitucional o personas en
circunstancias de debilidad manifiesta.
5.1. Conforme
al artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6 del Decreto Estatutario
2591 de 1991, esta acción sólo procederá cuando el peticionario no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que no se trata de un
medio para sustituir los recursos ordinarios previstos por el legislador[39].
De él emana el régimen general del sistema de seguridad social regulado por la
Ley 100 de 1993 y el régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional[40],
conformado por la Ley 923 de 2004[41] y el Decreto Reglamentario
4433 de 2004[42].
En este régimen
especial, así como en el régimen común, existen la pensión de vejez denominada
asignación mensual de retiro, de sobreviviente (beneficiario del afiliado que
fallezca que cumplan con los requisitos de cotización), de sustitución
(beneficiarios del pensionado)[43]
e invalidez, de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 923 de 2004[44] y el artículo 4º del Decreto Reglamentario 4433 de
2004[45].
5.2. Sin embargo, la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado el principio de cautela “para asegurar la
vigencia de los derechos de las personas que por sus condiciones físicas no se
encuentran en condiciones de igualdad con la generalidad de la población, está
fundamentada en el carácter prevalente que la propia axiología constitucional
le otorga a la protección de los derechos fundamentales, como soporte y razón
de ser del Estado social de derecho”[46].
De ahí que la acción de tutela adquirió
la virtud de convertirse en el mecanismo idóneo para asegurar el respeto de los
derechos de las personas de especial protección, porque si bien existen otros
medios judiciales para obtener la garantía de sus derechos, éstos son
ineficaces en razón de que no son expeditos haciendo inoperante su derecho y la
tutela judicial efectiva.
En particular, esto ocurre cuando el
peticionario es un adulto mayor (71 años)[47] debido a que este
grupo poblacional se encuentra en el límite de expectativa de vida. Por tanto,
una eventual decisión a favor de sus pretensiones por parte del juez ordinario
haría ilusorio el disfrute del derecho[48]. Es decir,
resulta desproporcionado exigirle someterse a la vía judicial ordinaria, por
cuanto la decisión puede tardar un lapso que no puede soportar el accionante
que requiere una atención inmediata y prioritaria por parte del Estado, en
atención del mandato constitucional de proteger y asistir a las personas de la
tercera edad (art. 46 C.P.).
5.3. Por lo
expuesto, las personas de la tercera edad pueden solicitar prestaciones económicas a través de la
acción de tutela sólo cuando están estrechamente ligadas a derechos
fundamentales tales como la seguridad social y mínimo vital y, además, se
demuestre la generación de un perjuicio irremediable[49].
5.3.1. Por
ejemplo, este es el caso de la solicitud de reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que en principio no debe efectuarse a través de este amparo
constitucional, en razón de que existen mecanismos ordinarios para ello. El
interesado debe acudir en un primer momento a la vía administrativa ante la
entidad o fondo de pensiones correspondiente, y de no ser favorable la decisión
recurra a la vía judicial, esto es, la jurisdicción contencioso administrativa
o en la jurisdicción laboral, según corresponda al caso, de conformidad con el
principio de subsidiariedad[50].
La
jurisprudencia de esta Corporación ha admitido a la procedencia de la acción de
tutela para este tipo de pretensiones, partiendo de la calidad de sujetos de
especial protección, como también la estrecha relación entre el derecho
pensional y el mínimo vital. Concretamente, la Corte ha decantado que el
reclamo pensional tiene una relación intrínseca con su mínimo vital, toda vez
que “la reiterada jurisprudencia constitucional (que) sustenta la
concatenación de la pensión de sobrevivientes, como componente de la seguridad
social, con los derechos al mínimo vital y a la vida digna, realzando el
carácter fundamental que permite su protección vía tutela”[51].
En este
sentido, en sentencia T-558 de 2010[52], la Corte estudió la procedencia
de la acción de tutela cuando se trata de una solicitud de reconocimiento y
pago de las prestaciones sociales. Sobre ello razonó:
“En suma, la acción de tutela
procede de manera excepcional para proteger los derechos fundamentales y, en
particular, los derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales, en los siguientes casos: (i) cuando no existe otro medio de defensa
judicial o, en caso de existir, el mismo no resulta idóneo ni eficaz para
garantizar la protección de los derechos fundamentales del peticionario, evento
en el que la tutela procede como mecanismo principal y definitivo de
defensa, ante la imposibilidad material de solicitar una protección real y
cierta por otra vía y (ii) cuando ésta se promueve como mecanismo
transitorio, siempre y cuando el demandante demuestre la existencia de un
perjuicio irremediable, en cuyo caso la orden de protección tendrá efectos
temporales, sólo hasta el momento en que la autoridad judicial competente
decida en forma definitiva el conflicto planteado.” (Subrayas propias).
Visto lo
expuesto, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, cuando el
conflicto está por ser dirimido por la justicia ordinaria[53]; y como mecanismo principal cuando a pesar de existir
otro medio de defensa judicial, éste no es idóneo, eficaz o expedito.
Sobre este mismo asunto, la sentencia T-485 de 2011 resolvió dos
tutelas presentadas por personas de la tercera edad cuyo alegato se concretó en
una supuesta violación de los derechos fundamentales a la seguridad social,
mínimo vital e igualdad. El primer caso estaba relacionado con la solicitud de
una señora de 83 años de edad, que manifestó encontrarse en extrema pobreza y
sin protección en salud, desde que el al FOPEP y al Ministerio de Protección
Social- Grupo Interno de trabajo para la gestión del pasivo de Puertos de Colombia,
le negaron la pensión de sobreviviente, tras manifestar que la ley no le otorga
ese derecho, entre otras razones, (i) por no haber demostrado convivencia con
el causante en sus últimos años de vida y (ii) no haberse constatado la
dependencia económica. La accionante expresó su inconformidad aseverando haber
probado la convivencia por 40 años con el causante como compañera permanente
(declaraciones extra juicio y 3 hijos).
El segundo caso consistía en la
solicitud de amparo del derecho de petición de una señora de 78 años con mínimo
grado de instrucción educativa, viuda, carente de recursos económicos que
solicitó a la Policía Nacional le fuera reconocida y pagada la pensión de
sobrevivientes a que dice tener derecho luego de la muerte de su compañero de
vida. Sin embargo, esa entidad no respondió en 76 días.
La Sala Novena de Revisión tuvo como
consideración común la protección constitucional a personas de la tercera edad
por parte del Estado y, en consecuencia, de la obligación de proveerles mayores
garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos fundamentales.
Por lo que fundamentó que cuando se trata de un peticionario de la tercera
edad la acción de tutela se convierte en un mecanismo principal a causa que es
desproporcionado someterlo a la demora de la justicia ordinaria[54]:
“Así, ante el amparo de los derechos fundamentales
debe tenerse en cuenta el estado de salud y la edad de la persona que ha
llegado a la tercera edad, pues si bien existen otros medios judiciales
para obtener la protección de los derechos fundamentales, éstos se tornan
ineficaces por no ser expeditos. Incluso, en dicho trámite se estaría
exponiendo la vida del peticionario atendiendo el tiempo extenso que transcurre
en la resolución de dichos conflictos. Por lo que en estos casos se
predicaría, como regla general, la no idoneidad de los medios ordinarios frente
a este grupo de especial protección constitucional si se halla acreditado que someterlas
al trámite de un proceso ordinario podría causar un resultado en exceso gravoso.”
(Subrayas propias)
Este Tribunal estimó que en ambos
casos la negativa de la pensión está involucrado
el mínimo vital que se encuentra afectado y también el derecho a la vida en
condiciones dignas. Esto se debe a que en las circunstancias particulares,
tratándose de personas de la tercera edad con recursos económicos limitados, el
pago de las mesadas pensionales no se trata de un derecho “meramente de
carácter litigioso” al evidenciarse una relación inexorable con el
sostenimiento y subsistencia del peticionario. Lo anterior fue la razón
de la procedencia de ambos casos examinados en esa oportunidad.
En consecuencia, la Corte concedió el
amparo definitivo de los derechos fundamentales de las tutelantes “pues
someterlas a un proceso judicial les impondría una carga desproporcionada por
sus condiciones de debilidad manifiesta, amén del carácter indiscutible de su
derecho pensional. Teniendo en cuenta que en el presente fallo se va a amparar
el derecho al mínimo vital y a la seguridad social de las tutelantes
reconociéndole definitivamente el derecho a la pensión de sobrevivientes, esta
Sala de Revisión señala que los efectos de la presente decisión se surten a
partir de la fecha en que se ha proferido.”
5.3.2. Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha aceptado que al tratarse
de sujetos de especial protección puedan reclamar el
derecho de alimentos a través de la acción de tutela[55].
Sin embargo, no exime al peticionario de cumplir con otros requisitos de
procedencia de la acción de tutela, tal como la subsidiariedad, la inmediatez y
la demostración, si quiera sumaria, del perjuicio irremediable. Lo anterior se fundamenta en la condición inherente al
derecho de alimentos, esto es, la necesidad de peticionario de recibir un
auxilio para lograr el goce y disfrute de su mínimo vital, indistintamente que
sea un menor de edad, personas discapacitadas o un adulto mayor.
Para ilustrar lo descrito, en
sentencia T-506 de 2011, la Corte declaró la improcedencia del amparo de sus
derechos fundamentales invocados por la peticionaria por no encontrar cumplidos
estos requisitos de procedibilidad, a pesar de que se trataba de una accionante
de la cual se infiere que cuenta con aproximadamente 70 años, vive en una
invasión, no tiene trabajo y depende económicamente de su hija, quien es madre
soltera.
En esa oportunidad, se advirtió que si bien la accionante en su escrito de
tutela solicitó la protección de su derecho de petición, en el fondo, la
pretensión estaba encaminada al pago de los alimentos que fueron ordenados a su
favor mediante sentencia judicial por el equivalente al 25% de la pensión de
jubilación y primas que recibía su excónyuge jubilado por Fondo de Pasivo
Social de Puertos de Colombia (Foncolpuertos). Este pago venía siendo
descontado de la pensión previa a la cesación de efectos civiles de su
matrimonio, es decir, previa al fallecimiento del causante y a la formación de
la unión marital con la compañera permanente.
A criterio
de la accionante, la vulneración radicó en la suspensión del pago de la cuota
de alimentos después del fallecimiento del alimentante y la sustitución de la
totalidad de la pensión a la compañera permanente del causante, por cuanto
implicó la supresión de un ingreso vital para su sostenimiento.
No obstante,
la Sala Octava de Revisión fundamentó su decisión en el
hecho que: (i) en el proceso de sucesión del alimentante no se incluyeron los
alimentos como parte del pasivo sucesoral, como efectivamente sucedió, la
acción de tutela no se constituye en el medio idóneo para que la accionante los
solicite, puesto que dentro del proceso tuvo oportunidad para ello (pretende
revivir la oportunidad procesal mediante la acción de tutela); (ii) la acción
no buscaba impedir o conjurar un perjuicio irremediable, porque en la sucesión le
fueron asignados bienes; y, (iii) desde hacía 5 años se habían cesado el pago
de la cuota alimentario que reclama sin que reclamara de manera inmediata.
La Corte resaltó
que la situación de precariedad económica de la accionante habría sido superada
a través de la asignación patrimonial de la sucesión, por lo que no se dejaba
en desprotección a la actora. Además, ponderó que la accionante debía haber
acudido al proceso sucesoral para reclamar su derecho, por cuanto: (i) en
atención al principio de solidaridad, el deber de ayuda mutua entre los
cónyuges se manifiesta en el deber de alimentos que subsiste inclusive al
divorcio cuando uno de la pareja está situación de necesidad y el otro en
capacidad económica de apoyarlo; y, (ii) la cuota de alimentos hace parte del
pasivo sucesoral (arts. 1016[56] y 1227[57]
del Código Civil), por lo que era el medio idóneo para hacerlo valer.
6. Sustitución de la asignación mensual de retiro.
6.1. El artículo 48 de la
Constitución Política es el pilar fundamental del sistema general de salud y
pensiones colombiano que establece el régimen de pensiones, salud, riesgos
profesionales y subsidio familiar[58]
para proteger a las personas de las contingencias que las puedan llegar a
afectar, preservando su calidad de vida en condiciones dignas.
De él emana el régimen general del sistema de seguridad social regulado por la
Ley 100 de 1993 y el régimen especial de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional[59],
conformado por la Ley 923 de 2004[60] y el Decreto Reglamentario
4433 de 2004[61].
En este régimen
especial, así como en el régimen común, existen la pensión de vejez denominada
asignación mensual de retiro, de sobreviviente (beneficiario del afiliado que
fallezca que cumplan con los requisitos de cotización), de sustitución (beneficiarios
del pensionado)[62]
e invalidez, de acuerdo con el
artículo 1º de la Ley 923 de 2004[63] y el artículo 4º del Decreto Reglamentario 4433 de
2004[64].
6.2. En concreto, la asignación mensual de retiro es modalidad de derecho pensional prevista para la fuerza
pública previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3º
de la Ley 923 de 2004 y el Título III “Asignación de retiro y pensión de
sobrevivientes del personal de la policía nacional”, Capítulo I “Asignación de
retiro”, del Decreto 4433 de 2004.
La naturaleza
pensional de este emolumento ha sido acordada por esta Corporación, quien ha
expresado que se trata de “una modalidad de prestación social que se asimila a la pensión de
vejez y que goza de un cierto grado de especialidad (en requisitos), atendiendo
la naturaleza especial del servicio y las funciones que cumplen los servidores
públicos a quienes se les reconoce. Se trata, […], de establecer con la
denominación de “asignación de retiro”, una pensión de vejez o de jubilación para
los miembros de la fuerza pública, en la medida que el resto del ordenamiento
especial de dichos servidores públicos, se limita a regular las pensiones de
invalidez y sobrevivientes.”[65]
Este
pronunciamiento tuvo a lugar en el análisis de constitucionalidad realizado en Sentencia
C-432 de 2004, donde el demandante sostuvo que los artículos 14, 14-1, 14-2,
14-3, parágrafos 1° y 2°; 15, 15-1, 15-2, 15-3, 16 (parcial); 24, 24-1, 24-2, 24-3,
parágrafos 1° y 2°; 25, 25-1, 25-2, 25-3, parágrafos 1° y 2° del Decreto Ley
2070 de 2003, que regulaban la asignación de retiro para los miembros de la
Fuerza Pública, contrarían el principio de igualdad y los artículos 217 y 218
de la Constitución Política que delimitan el régimen especial prestacional.
Esto debido a que establecen un tratamiento preferencial desproporcionado a
favor de los miembros de la Fuerza Pública y en contra de los demás servidores
públicos, y que la asignación por retiro no es una prestación social asimilable
a una pensión, sino un pago por el retiro, asignación que consideró
inconstitucional porque, en su concepto, discrimina a los demás servidores
públicos.
Sin embargo, la Corte declaró
la inexequibilidad de las normas acusadas por un motivo distinto al señalado en
la demanda, esto es, la falta de competencia del poder ejecutivo para
reglamentar asuntos de competencia del poder legislativo. Analizó que el
régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, así como los
requisitos de la asignación de retiro a favor de los miembros de las fuerza
pública sólo podía ser regulado ab initio por el poder legislativo; así
mismo, señaló la imposibilidad de habilitar al Presidente de la República para
regular estos asuntos a través de facultades extraordinarias. Partiendo de lo
anterior, la Sala Plena destacó:
“Conforme a lo expuesto en los fundamentos 3 a 12 de
esta providencia, es claro que al Congreso de la República le corresponde
establecer directamente, por medio de una ley
marco, las normas generales y los objetivos y criterios a que debe sujetarse el
Gobierno Nacional en la fijación del régimen salarial y prestacional de los
miembros de la fuerza pública (C.P. art. 150, num. 19, lit. e). De igual
manera, es innegable que la regulación de dicho régimen prestacional especial
(C.P. arts. 217 y 218), incluye a la asignación
de retiro como una modalidad
particular de pensión de vejez para los miembros de las fuerzas militares y de
la policía nacional, y por ende, su regulación debe realizarse a través de
dicha tipología legal.
Ahora bien, según lo ha sostenido
reiteradamente esta Corporación, es indiscutible que, dicha reserva por expreso
mandato constitucional, impide que las materias propias de una ley marco - como
la referente a la fijación del régimen salarial y prestacional de los miembros de
la fuerza pública - puedan ser expedidas por decreto ley, pues en este punto,
el Congreso no puede conferir facultades extraordinarias al Presidente de la
República (C.P. art. 150, num. 10).”
Posteriormente,
concluyó que la regulación que corresponde al Presidente de la República mediante
el Decreto Reglamentario debe estar circunscrita a la ley marco sobre la
materia a cargo del Congreso de la República. Sin embargo, observó que la norma
estudiada hacía las veces de ésta última, por cuanto al proferir dicha norma se
habría usurpado la competencia del legislador.
No obstante
lo anterior, al referirse puntualmente a la naturaleza jurídica de la
asignación de retiro, la Sala Plena aseveró que se trata de una prestación
social que se asimila a la pensión de vejez, refutando la posición que al
respecto planteó el demandante. En particular, expresó que se trata de una prestación económica reconocida en favor del grupo familiar, o bien del
pensionado por vejez o invalidez, o bien del afiliado que fallece, que busca
proteger a quien quedó desamparado, por cuanto antes del deceso dependía
económicamente del causante.
6.3. Ahora bien, referente a los
requisitos y parámetros de sustitución de la asignación de retiro, el artículo
40 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004 establece:
“Artículo 40. A la muerte de un Oficial, Suboficial, alumno de la
escuela de formación o Soldado de las Fuerzas Militares, Oficial, Suboficial,
miembro del Nivel Ejecutivo, Agente o alumno de la escuela de formación de la
Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o pensión, sus beneficiarios
en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del presente decreto,
tendrán derecho a una pensión mensual que será pagada por la entidad
correspondiente, equivalente a la totalidad de la asignación o pensión que
venía disfrutando el causante.”
En este sentido, la sustitución de la asignación de
retiro depende de la acreditación de la condición de beneficiario de acuerdo
con lo preceptuado en las normas legales y reglamentarias que regulan el
régimen pensional de los miembros de la Fuerza Pública, esto es, al orden de
beneficiarios y causales de pérdida del derecho fijados respectivamente por los
artículos 11 y 12 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004.
Por una parte, el artículo 11[66] estableció
la prelación y la proporción asignada a beneficiarios de pensiones por muerte del
personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de
la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo:
En primer orden:
Por mitades entre el cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente y los hijos menores de 18 años o dependientes
económicamente del causante al momento de su muerte hasta los 25 años;
En segundo orden:
Por el valor total a los hijos, si no hay cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente;
En tercer orden:
Por mitades entre los padres del causante que
dependieran económicamente del causante y el cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente, a falta de hijos.
En cuarto orden:
Por mitades entre padres siempre que dependieran
económicamente del causante, a falta de pareja e hijos.
En quinto orden:
A falta de todos los anteriores, por el valor
total a hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos que demuestren su
total dependencia económica del causante.
Sobre el particular, el primer
orden se encuentra reglamentado de manera más detallada en el parágrafo 2º del
artículo 11, donde se determinan los parámetros que se deben observar para la
sustitución de la asignación mensual de la asignación de retiro cuando el
causante dejó un (ex) cónyuge y compañero (a) permanente supérstite, en los
siguientes términos:
“Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en
servicio activo. (…)
Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o
compañera permanente, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la
compañera o compañero permanente o supérstite. En caso de que la
sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por
muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años
continuos inmediatamente anteriores a su muerte[67];
b) En forma temporal, el cónyuge o la
compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de treinta (30) años de edad,
y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de retiro o
de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá
cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha
sustitución. Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.
Si respecto de un titular de asignación de
retiro o pensionado por invalidez hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a y b del presente parágrafo,
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los
últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge o
compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la
sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de la
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le
corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.[68]”
Al aplicar la disposición antes
mencionada, el excónyuge del causante que solicite
la sustitución de la asignación mensual de retiro sólo tendrá derecho a ello si
el vínculo conyugal se encuentra vigente, es decir, si se separaron de hecho sin
disolver y liquidar la sociedad conyugal.
6.4. Por otra parte, el artículo 12[69] estipula
cinco circunstancias bajo las cuales el cónyuge o compañero(a) permanente
pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez: (i) su muerte real o
presunta, (ii) nulidad del matrimonio entre el beneficiario y el causante,
(iii) divorcio o disolución de la sociedad de hecho, (iv) separación legal de
cuerpos, (v) cinco (5) o más años de separación de hecho[70].
Esta
Corporación ha estudiado múltiples casos en los que se discute el derecho
pensional del cónyuge y excónyuge supérstite. Por ejemplo, en sentencia T-802
de 2011, conoció la tutela interpuesta por una mujer que solicitó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares reconocerle la sustitución
de la asignación de retiro que percibía su excónyuge, de quien recibía una
cuota alimentaria y a la cual el causante se comprometió a sufragar incluso
después de su fallecimiento.
A fin de estimar si tal actuación vulneró los derechos fundamentales
a la seguridad social, a la vida, a la igualdad, a la salud y a
la protección especial de las personas de la tercera edad que aduce la peticionaria,
la Corte analizó los requisitos exigidos para ser beneficiario (a) de la
prestación. En dicho examen encontró que el divorcio es una causal de
pérdida de dicho beneficio de acuerdo con el artículo 12 del Decreto Reglamentario
4433 de 2004. Por tanto, resolvió que la entidad accionada no vulneró ningún
derecho, por cuanto justificó de manera razonada en las normas que regulan los
derechos pensionales de los miembros de las fuerzas públicas la negativa y la
prueba de la disolución del vínculo conyugal (providencia judicial) por lo que
no se demostró la vulneración del derecho a la seguridad social.
Por el contrario, en sentencia T-578 de 2012, la
Sala Octava de Revisión decidió una tutela interpuesta por una
mujer que solicitó que se le otorgue la pensión de sobreviviente de manera
proporcional al tiempo convivido con el excónyuge, con quien se separó de hecho
pero no liquidó la sociedad conyugal, ya que afirmó no contar con recursos para
su supervivencia, diferente a aquellos que recibía de su cónyuge.
En aquella oportunidad, la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares reconoció únicamente como beneficiarias a la
compañera permanente e hija discapacitada del causante, porque
la peticionaria presuntamente no acreditó convivencia durante los últimos 5
años anteriores al fallecimiento del causante.
Con motivo de la vigencia del vínculo conyugal al
no haberse disuelto la sociedad conyugal, sostuvo la Corte que, en el caso
concreto, “la consecuencia (en el caso concreto) no
puede ser otra que la distribución del cincuenta por ciento de la pensión, de
manera proporcional tiempo convivido, entre la compañera permanente, (…) y la
cónyuge (…). La primera de ellas adquiere el derecho en aplicación del literal a
del parágrafo 2 del artículo 11 y, la segunda, en virtud del último inciso del
mismo parágrafo, pues a pesar de no existir convivencia con esta última, no se
disolvió el vínculo matrimonial existente”. Por
consiguiente, concedió el amparo de manera definitiva porque la
peticionaria era un sujeto especial de protección (82 años). Ahora bien, el 50%
restante de la pensión fue asignado a la hija del causante en estado de
discapacidad.
En sentencia T-502 de 2013, la Sala
Segunda de Revisión resolvió el caso de una
mujer de 84 años de edad con un estado de salud que presentó una acción de
tutela en contra de CASUR, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
a la seguridad social, vida digna y mínimo vital, por cuanto dicha entidad
suspendió el trámite de reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro como cónyuge supérstite, debido a que según la demandada se presenta una
controversia en la reclamación del derecho, entre aquella y quien alega haber
sido la compañera permanente del causante durante los últimos cinco años de su
vida.
En ese
entonces, el juzgado de segunda instancia negó el amparo porque la actora no probó la concreción del
perjuicio irremediable, puesto que solo enunció que la mesada pensional que
percibía fuera su único ingreso o que aquellos que por ley estuvieren obligados
a socorrerla no pudieran o estuvieran incapacitados para hacerlo. Sin embargo,
la Sala tuvo una postura contraria, debido a que “los requisitos o
condiciones para que se estructure tal perjuicio se hacen más flexibles cuando
la acción es promovida por un sujeto de especial protección o que se encuentre
en situación de debilidad manifiesta, a saber, discapacitados, madres cabeza de
familia o las personas de la tercera edad, es decir, que hayan cumplido, por lo
menos 70 años de edad”. Por ello, el juez de instancia debía aplicar el
principio de veracidad.
Con base en lo expuesto y en consideración que el
vínculo matrimonial entre la peticionaria y el causante no se encontraba disuelto
a la fecha del deceso del alimentante, se ordenó de manera transitoria
reconocer una parte de la pensión del sustitución por un valor proporcional a
la convivencia entre la peticionaria y la compañera permanente, hasta que se
dirimiera la controversia sobre la convivencia con el causante en la
jurisdicción ordinaria.
6.5. Conforme a lo expuesto, el (ex) cónyuge y el
compañero(a) permanente supérstite tienen derecho a recibir la sustitución de
la asignación de retiro de su pareja. Para ello, deben demostrar la convivencia
en los últimos cinco (5) años previos al fallecimiento del causante. Sin
embargo, el cónyuge pierde el derecho a ser reconocido como beneficiario de la
sustitución de la asignación de retiro cuando el vínculo matrimonial con el alimentante
se ha disuelto.
7. La vigencia de la cuota
alimentaria que se deben por ley entre cónyuges y cónyuges divorciados en los
eventos en que fallece el alimentante o deudor de la obligación. Reiteración de
jurisprudencia.
7.1. El
derecho de alimentos instituido por el artículo 411 del Código Civil[71] corresponde a la facultad que
tiene una persona de exigir un monto de dinero para cubrir los gastos
necesarios para su subsistencia, cuando no se encuentre en las condiciones para
procurárselos por sí misma, a quien esté legalmente en la obligación de
suministrarlos[72].
7.2. De
conformidad con el numeral 1º de la norma citada, los cónyuges tienen derecho a
alimentos. Sobre este punto, vale la pena recordar que la jurisprudencia de la
Corte ha sido pacífica sobre el derecho de alimentos de los compañeros (as)
permanentes bajo el principio de igualdad respecto de las parejas que han
contraído matrimonio, ya que en ambos vínculos asiste la obligación de solidaridad
y el deber de auxilio mutuo entre quienes libremente
deciden formar una familia[73].
7.2.1.1. Por
una parte, la sentencia C-1033 de 2002 estudió la presunta violación al derecho
a la igualdad de las disposiciones contenidas en los numerales 1º y 4º del
artículo 411 del Código Civil que no incluyen a los integrantes de la unión
marital de hecho (Ley 54 de 1990) como sujetos pasivos de la obligación
alimentaria. Esto obstaculiza la protección constitucional de la familia
formada por vínculos jurídicos a diferencia de la fundada en vínculos
naturales.
Respecto del
cargo en relación con el numeral 1º, la Corte estimó que (i) la jurisprudencia
constitucional ha reconocido que las personas que conforman institución del
matrimonio de la unión marital de hecho constituyen familia a pesar de la
diferencia de figuras jurídicas; (ii) la violación del derecho a la igualdad
ocurre cuando se restringe o excluye el ejercicio de los derechos y libertades
de una o varias personas, se les niegue el acceso a un beneficio o se otorgue
un privilegio sólo a algunas de ellas, sin que exista justificación objetiva y
razonable; (iii) la
obligación alimentaria tiene su fundamento tanto en el principio constitucional
de la solidaridad, del cual se derivan obligaciones y cargas susceptibles de
ser reclamados coercitivamente y con el apoyo del Estado, como del principio de
equidad, en la medida en que cada miembro de la pareja – unión marital o
matrimonio- es obligado y beneficiario recíprocamente.
En
consecuencia, con fundamento en el principio de igualdad determinó que los
compañeros (as) permanentes que forman una unión marital de hecho al igual que
los integrantes de las parejas que han contraído matrimonio, son acreedores y
deudores de alimentos según corresponda el caso, declarando la exequibilidad
del numeral 1º del artículo 411 del Código Civil.
Ahora bien,
la Corte se declaró inhibida para hacer el análisis del test de igualdad
respecto del numeral 4º, porque el cargo no cumplió con el requisito de
explicar la coherencia lógica o correspondencia jurídica que existe entre la
disposición y el reproche que contra ella se formulan en su contra : “excedió
los contornos regulativos del numeral acusado al atribuirle a dicha norma una
consecuencia jurídica ajena a su redacción, puesto que por esa vía pretende
extender la sanción al cónyuge culpable que dio origen al divorcio o a la
separación de cuerpos, a uno de los integrantes de la unión marital de hecho,
lo cual viola el principio de legalidad y desconoce que la interpretación en
materia de sanciones es de carácter restrictivo”[74].
7.2.1.2. De
otra parte, en sentencia C-029 de 2009[75]
se estudió si el numeral 1º del artículo 411 del Código Civil viola los
artículos 1, 13 y 16 de la Constitución, al crear un déficit de protección que
compromete los derechos a la igualdad, la dignidad humana y el libre desarrollo
de la personalidad, en la medida en que del ámbito de la disposición se excluye
a los integrantes de las parejas homosexuales.
En esa
ocasión este Tribunal consideró que (i) previamente la Corte interpretó que el régimen civil de alimentos
hace parte de los efectos patrimoniales en relación con los cuales debía darse
el mismo trato a los integrantes de la unión marital de hecho y a los de una
pareja homosexual ( sentencias C-798 de 2008 y C-075 de 2008); (ii) “ en
sentencia C-1033 de 2002, la Corte señaló que el objetivo de la disposición es
la protección a la familia y, para hacer extensiva la protección a los
compañeros permanentes, puso de presente que el origen del vínculo familiar no
constituye criterio razonable ni proporcional para establecer una diferencia de
trato, máxime si se tiene en cuenta que la propia Constitución dispone que la
familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos”; (iii) la
obligación de alimentos establecida en la norma demandada obedece a la
necesidad de asegurar a los integrantes de la pareja su subsistencia cuando no
estén en condiciones de garantizarla por sí mismos.
Con
fundamento en lo anterior, la Corte desestimó el cargo analizado por cuanto la
expresión “cónyuge” contenida en el numeral 1º del artículo 411 del Código
Civil comprende en igualdad de condiciones a los integrantes de las parejas del
mismo sexo y a parejas heterosexuales.
7.3. Ahora,
los requisitos para acceder al derecho de alimentos fueron delineados en la sentencia
C-237 de 1997, donde la Corte analizó el artículo 263 del Código Penal,
modificado por el artículo 270 del Código del Menor, sobre el delito de la
inasistencia alimentaria que fue demandado por contrariar presuntamente los
artículos 13 y 28 superiores. Así las cosas, el análisis versó sobre el
cuestionamiento de si la norma acusada que atribuye una sanción penal al
incumplimiento de una deuda y castiga la incapacidad económica del deudor y
sustrae al Estado de su deber de proteger a las personas que por sus
condiciones económicas, se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta.
En esa
oportunidad concluyó que la norma demandada no vulneraba el artículo 28 porque
consideró que éste que prohíbe la sanción privativa de la libertad "por
deudas"; se refiere a las obligaciones meramente patrimoniales, en las que
el obligado que insatisface un crédito, vulnera los bienes materiales del
acreedor, por lo que excluye la deuda por alimentos. Lo anterior debido a que “el
fundamento de la obligación alimentaria es el deber de solidaridad que une a
los miembros más cercanos de una familia, y su finalidad es la subsistencia de
los beneficiarios. El bien jurídico protegido por la norma acusada es la
familia y no el patrimonio”.
Ahora bien,
con ocasión de la revisión de la institución de la obligación alimentaria,
decantó que “(E)l deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos
requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del
deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello
implique el sacrificio de su propia existencia.”
De lo
expuesto hasta el momento se infiere que el solicitante de alimentos que sea cónyuge
o compañero (a) permanente (cumplimiento del supuesto del numeral 1º del
artículo 411 del Código Civil) de la persona a quien solicita la cuota
alimentaria, debe demostrar: (i) la necesidad de los alimentos que el
peticionario demanda y (ii) la
capacidad económica de la persona a quien se le piden alimentos para
proporcionarlos.
7.4. En relación con la extinción
de la obligación alimentaria entre cónyuges o compañeros permanentes, se debe
tener de presente la duración de la obligación alimentaria: el artículo 160 del Código Civil indica que
a pesar de que el vínculo del matrimonio civil se disuelva o cesen los efectos
civiles del matrimonio religioso la obligación de alimentos no se extingue:
“Artículo 160. Modificado por la
Ley 1 de 1976, artículo 10 y por la Ley 25 de 1992, artículo 11. Ejecutoriada
la Sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio
civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. Asimismo, se
disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las
partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes
alimentarios de los cónyuges entre sí.”(Subrayas propias).
Por su parte, el artículo 422 del Código Civil prescribe:
“Los alimentos que se deben
por ley, se entienden concedidos para toda la vida del alimentario,
continuando las circunstancias que legitimaron la demanda.
Con todo, ningún varón
de aquellos a quienes sólo se debe alimentos necesarios, podrán pedirlos
después que haya cumplido veintiún años, salvo que por algún impedimento
corporal o mental, se halle inhabilitado para subsistir de su trabajo; pero si
posteriormente inhabilitare, revivirá la obligación de alimentarle.[76]”
Así las
cosas, el derecho de alimentos y extingue únicamente cuando las circunstancias
que avalan su reclamo se extinguen, esto es, que la situación económica del
alimentado o el alimentante haya variado, en el sentido que el primero haya
adquirido la capacidad económica de costear su subsistencia o que el segundo
haya desmejorado su situación, de tal manera que le sea imposible apoyar al
alimentante sin perjuicio de su propio bienestar.
7.5. A
partir de la premisa de la vigencia de la obligación alimentaria después del
divorcio e inclusive después de la muerte del alimentante hasta que persistan
las condiciones que le dieron origen, la Corte reconoció la posibilidad de
trasladarla a cargo del beneficiario de la pensión de sustitución como
explicaremos a continuación.
7.5.1. La
Sala Novena de Revisión decidió, en sentencia T-1096 de 2008, la tutela
interpuesta por una mujer que por su condición de salud no podía desarrollar
actividad productiva y había sido abandonada por su cónyuge, a quien un juez de
familia ordenó pagarle una cuota alimentaria por el equivalente al 20% de la
pensión de invalidez que percibía. La actora estimó vulnerados sus derechos
fundamentales a la vida, a la igualdad, a la dignidad humana porque el
Ministerio de Defensa dejó de solventar la cuota de alimentos ignorando la
orden judicial, bajo el argumento que la pensión había sido sustituida a otra
persona quien quedaba exenta de dicha obligación.
Al ocuparse
del caso en concreto, la Sala concluyó que la suspensión del pago de la cuota
alimentaria fijada mediante sentencia judicial por un valor proporcional a la
pensión de invalidez que el alimentante disfrutaba cuando su cónyuge estaba en
vida vulneró los derechos de la accionante. Por tanto, resolvió ordenar la
continuación del cumplimiento del fallo judicial y, por contera, continuar
suministrando la cuota alimentaria a favor de la actora sobre el 20% de la
sustitución pensional del excónyuge.
Lo anterior
encontró asidero en la apreciación que las circunstancias específicas de
necesidad de la peticionaria de la cuota de alimentos y la posibilidad de apoyo
del excónyuge a través de su patrimonio aún se encontraban vigentes al momento
del reclamo por el amparo constitucional, por lo que dicha obligación subsistía
a cargo del patrimonio este último. En otras palabras, la Corte estimó “que
los derechos alimentarios que se establecieron mediante sentencia judicial
sobre el 20% de la pensión de invalidez que en vida tenía el señor YY,
repercuten necesariamente en la sustitución de dicha prestación, dado que esta
última renta puede garantizar derechos reconocidos en una decisión judicial,
máxime cuando las circunstancias que legitimaron los alimentos aún permanecen
en el tiempo, sin que ello signifique, el reconocimiento, a la demandante, de
beneficiaria de la sustitución pensional del señor YY”.
7.5.2. Esta
regla fue reiterada en la sentencia T-177 de 2013. La Sala Primera de Revisión estudió
si la muerte del alimentante era causal de extinción del derecho/obligación
alimentaria. En esa oportunidad, la accionante recibía alimentos de su
excónyuge debido a que así se decretó en la sentencia de divorcio y era pagada
por el ISS a quien una orden judicial le ordenó descontar la porción reconocida
a la peticionaria por concepto de alimentos. Ahora, cuando el alimentante
falleció el ISS se negó a pagarle la cuota alimentaria a cargo de la pensión de
su excónyuge fallecido, bajo el argumento que la sustitución de la pensión ya
había sido reconocida a una tercera persona que no estaba obligada a dicho pago,
por lo que estimó vulnerados sus derechos al mínimo vital, la vida digna y al
debido.
Con
fundamento en el artículo 160 y 422 del Código Civil, la Corte dilucidó que el
derecho a los alimentos no se extinguió con la muerte del excónyuge, toda vez
que las circunstancias de necesidad que le dieron origen permanecen, esto es,
la necesidad de la actora (basada en la falta de ingresos debido a la
dificultad para desarrollar actividades productivas debido a su avanzada edad
(74 años) y condición de salud (osteoartritis degenerativa), y la posibilidad
que el patrimonio del alimentante soporte la obligación que perdura incluso
después del divorcio. Concluyó que el ISS vulneró el derecho al debido proceso
porque el ISS desconoció la orden de pago de los alimentos a la actora que
había recibido como resultado del proceso ejecutivo de alimentos.
Al mismo
tiempo, estableció que la cuota alimentaria podía reconocerse a cargo de la beneficiaria
de la pensión de sustitución porque el principio de solidaridad irradia toda la
institución de alimentos, por lo que subsiste a cargo del patrimonio del
alimentante fallecido. Así mismo, concluyó no se afectan los derechos
fundamentales de la compañera permanente a quien se sustituye la pensión, por
cuanto la cuota alimentaria se venía pagando inclusive desde antes que el
difunto confundiera su patrimonio con ella y, por contera, no se estaría
gravando la pensión de manera desacertada.
7.5.3. De modo similar, como en la sentencia
T-095 de 2014, los hechos y circunstancias descritas corresponden a la presunta
vulneración de los derechos al debido proceso y al mínimo vital de una mujer de la tercera edad que padece quebrantos
de salud, siendo que la suspensión del pago de la cuota alimentaria que era
acreedora a cargo de la pensión de vejez que devengaba de su excónyuge por el
20% de su valor, suma acordada y reconocida judicialmente en proceso de
divorcio y representaba su único ingreso para subsistir, que según el fondo de
pensiones se extinguió con la muerte del causante y la actora no cumple con los
requisitos para acceder a la sustitución pensional, contrario a lo que ocurre
con la compañera permanente.
Para
resolver si la actora tenía derecho al pago de la cuota alimentaria a cargo de
la pensión que había sido sustituida a la compañera permanente del excónyuge,
la Sala Novena de Revisión consideró que los alimentos no se extinguen con la
muerte del causante alimentante, en la medida que dicha obligación se extiende
por la vida del acreedor, siempre que mantengan las circunstancia que lo
originan. Así mismo, estimó que ordenar el pago de la cuota alimentaria a cargo
de una pensión que fue sustituida no vulnera los derechos del beneficiario,
comoquiera que este la recibe en igual derecho que la percibía el causante,
esto es, con la deducción de la cuota alimentaria.
Con base en
ello, concluyó que los derechos al debido proceso y al mínimo vital habían sido
vulnerados “porque (la entidad accionada) cesó el pago de una cuota
alimentaria que se cargaba a la pensión de vejez del señor (…) que no se había
extinguido y sin que mediara notificación alguna de esa determinación. Al mismo
tiempo, la entidad accionada desconoció que la obligación de alimentos fue
ordenada por un juez de la república. Tal conclusión no implica que se vulnere
el mínimo vital de (la compañera permanente), al deducir de la pensión de
sobrevivientes que le fue reconocida la cuota alimentaria de la accionante,
dado que ella sustituyó el derecho del causante, el cual se encontraba
restringido por la acreencia familiar.”
7.6. De lo expuesto, la obligación de
alimentos no se extingue con la muerte del alimentante ni con la cesación de
efectos civiles del matrimonio o divorcio. De ello, se infiere que la obligación
de alimentos a favor de un excónyuge puede ser trasladada al compañero
permanente o nuevo conyúge del alimentante que es reconocido como beneficiario
de la pensión cuando dicha obligación está a cargo de la pensión y existe
previo a la formación de un patrimonio común con el causante.
8. Caso Concreto.
8.1. La Sala encuentra que en el caso bajo
estudio procede la agencia oficiosa y la acción de tutela contra
particular. Por una parte, la acción se presentó a
favor de Melida María Celedón, quien por su avanzada edad (83 años de edad)[77]
se le dificulta la reclamación de sus derechos y la intervención judicial para
solicitar el pago de la cuota alimentaria para su subsistencia.
Es decir, se encuentra acreditado que la agenciada es una persona de especial
protección por ser de la tercera edad, de conformidad con la
jurisprudencia constitucional.
Por otra parte, la accionante puede
superar la situación de indefensión respecto de la señora Rosalba
Acosta Granados, cuya voluntad determina actualmente el pago de la cuota
alimentaria, toda vez que desde el 2013 recibe el 100% de la asignación de
retiro sustituida.
8.2. En el
presente asunto, la Sala encuentra que la acción de tutela es procedente porque
el mecanismo ordinario es ineficaz, teniendo en cuenta que la agenciada tiene
83 años y pertenece al grupo de protección especial. Además, carece de ingresos
para satisfacer sus necesidades básicas de forma autónoma y el único ingreso
que devengaba era la cuota alimentaria que reclama, lo cual no fue desvirtuado
en el proceso.
8.2.1. La Sala de Revisión no
comparte el argumento expuesto por el juez de instancia, toda vez que desconoció
que la petente había iniciado un proceso ordinario para la restitución de
alimentos en contra de Rosalba Acosta Granados desde el 23 de enero de 2014 que
aún se encuentra en curso[78].
De ello, es posible afirmar que bajo estar circunstancias la acción de tutela
fue utilizado como una herramienta subsidiaria.
De igual manera, para esta Sala no es de recibo la
afirmación del juez de instancia sobre la inexistencia de prueba o indicio del
perjuicio irremediable que causa la cesación del pago de la cuota de alimentos
a la agenciada. Esto se debe a que se encuentran probadas la precariedad
económica y la relevancia del ingreso reclamado que es único ingreso fijo de la
agenciada y consustancial para su subsistencia según asevera en el escrito de
tutela[79].
Esto, en concordancia con el artículo 20 del Decreto-Ley 2591 de 1991, que
consagra la presunción de veracidad como un instrumento para sancionar el
desinterés o negligencia de la autoridad pública o el particular contra quien
se ha interpuesto la acción de tutela y no responde, toda vez que ninguno de
los accionados rebatió estos hechos. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
no se pronunció sobre este aspecto y de la señora Rosalba Acosta Granados no
respondió en absoluto al proceso judicial, lo que tiene como consecuencia que
los hechos narrados por el accionante en la demanda de tutela sean tenidos como
ciertos.
En este orden de ideas, la Sala sí
advierte un perjuicio irremediable en la medida que el propósito de las pretensiones
de contenido económico, ser reconocida como beneficiaria de la sustitución de
la pensión de su excónyuge y la cuota de alimentos, tienen como único fin
último cubrir las expensas necesarias de la agenciada. Por ello, se
infiere que la acción de tutela se interpuso para evitar un perjuicio
irremediable.
8.2.2. Adicionalmente, para esta Sala es ineludible la
aplicación del principio de cautela, ya que la agenciada supera la edad que la
Corte ha definido como base para la población de tercera edad, esto es, los 71
años, como está acreditado en el expediente con su cédula de ciudadanía, se
debe otorgar un trato preferencial. Esto no significa que no desconoce
que el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro y el derecho
de alimentos que pretende la demandante son discusiones de naturaleza legal que
debe ventilarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y
Civil-Familia, porque dichas controversias suscitadas entre la cónyuge y la
compañera permanente y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tienen un
procedimiento por la vía ordinaria.
Sin embargo, estima que se trata de vías judiciales
ineficaces en el caso concreto puesto que, por una parte, el
proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa no tiene la virtualidad
de restablecer la cuota alimentaria con la nulidad del acto que negó esa
prestación, pues implicaría acudir a normas de derecho de familia que están
fuera de su examen. Por otra parte, el proceso ordinario de familia de
restitución de cuota alimentaria no es un mecanismo expedito para el goce de
dicho derecho, lo que lo convierte en inoperable. Por lo tanto, se requiere el
mecanismo constitucional para proteger a la petente, en calidad de sujeto de
especial protección, para que pueda acceder al pago de un emolumento
asociado estrechamente al goce de su mínimo vital, como lo ha establecido la
jurisprudencia de esta Corporación.
8.3. Ahora, para resolver lo
referente a la sustitución de un derecho prestacional de un sargento retirado
del ejército, como es el caso, se debe partir de la normatividad aplicable contenida
en los artículos 40, 11 y 12 del Decreto Reglamentario 4433 de 2004. De dichas
normas se extrae que el excónyuge del causante que solicite la
sustitución de la asignación mensual de retiro sólo tendrá derecho a ello si la
unión conyugal se encuentra vigente, es decir, si se separaron de hecho sin
disolver y liquidar la sociedad conyugal.
En el caso que ocupa nuestra atención se encuentra
acreditado que la señora Melida María Celedón estuvo casada con el señor Avelino
González Mendoza. Sin embargo, también se encuentra acreditado que este vínculo
conyugal se liquidó mediante Escritura Pública Núm. 1536 de 1985 de la Notaría
Cuarta de Bogotá D.C. y, además, cesaron todos los efectos civiles de su
matrimonio de manera definitiva mediante providencia del del 9 de
agosto de 2008 proferida por el Juzgado Segundo (2) de Familia de Bogotá.
En otras palabras, 38 años antes al fallecimiento del señor González, la
agenciada habría perdido la posibilidad de adquirir la calidad de beneficiaria
de cualquier modalidad de pensión de su excónyuge.
En este orden de ideas, para esta Sala de Revisión
la negativa de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de conceder la
sustitución de la asignación de retiro a la peticionaria y reconocerla a favor
de la señora Rosalba Acosta Granados estuvo justificada razonadamente en las
normas que regulan los derechos pensionales de los miembros de la fuerza
pública y en los hechos debidamente acreditados en el proceso administrativo.
Por lo expuesto, no se concederá el
amparo solicitado por la parte actora en lo referente al reconocimiento de su
calidad de beneficiaria de la asignación y pago de la asignación mensual de la
asignación mensual de retiro, ya que la agenciada perdió dicho derecho al haber
liquidado la sociedad conyugal con el causante de la pensión.
8.4. Precisado lo anterior, procede
la Sala a estudiar lo referente a la solicitud de recibir la cuota de alimentos.
La agente argumentó que la señora Melida María Celedón de González tiene
derecho a sustitución del 38.5% de la asignación de retiro que recibía el señor
Avelino González Mendoza porque en el acuerdo conciliatorio por medio
del cual estipularon la terminación del vínculo conyugal, este se comprometió a
suministrarle alimentos incluso después de que falleciera. Esta obligación fue
consignada en la sentencia del 19 de agosto de 2008 que aprobó dicho acuerdo. Así
mismo, fue reiterada en el testamento del alimentante, el señor
González, obligación que la compañera permanente aceptó de manera unilateral
subrogar desde ese entonces.
Como quedo expuesto en la parte
motiva, en particular de la jurisprudencia de esta Corporación, la obligación
de alimentos subsiste a cargo del patrimonio del alimentante cuando fallece.
Así mismo, la obligación de pagar una cuota alimentaria por parte de un excónyuge
puede ser trasladada al compañero permanente o nuevo conyúge del alimentante
que es reconocido como beneficiario de la pensión cuando dicha obligación existe
previo a la formación de un patrimonio común con el causante.
Pues bien, en el caso particular, la
obligación de alimentos nace en el año 2008 con la sentencia del proceso de
divorcio entre Avelino González Mendoza y Melida María Celedón, proferida el 19
de agosto por el Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Bogotá D.C, momento
a partir del cual el causante podría confundir su patrimonio con su nueva compañera.
En este orden de ideas, la sustitución de la obligación de alimentos con el
descuento que se venía haciendo desde julio de 2008 por el equivalente al 38.5%
por concepto de alimentos a favor de la agenciada, no implica ninguna
disminución o afectación desproporcionada o injustificada al derecho de la
señora Rosalba Acosta Granados, en calidad de beneficiaria de la asignación de
retiro del señor Avelino González. No es posible sostener que la beneficiaria
de la pensión debe recibir un derecho más allá del que disfrutaba el causante
porque aquella reemplaza al pensionado en toda su prestación, ocupando el mismo
lugar sin que sea procedente que se acreciente el monto, salvo se extinga el
derecho de alimentos a su cargo.
Además, las circunstancias bajo las
cuales nació la obligación de alimentos aún perduran, esto es: (i) la
existencia del patrimonio de causante que puede soportar el deber de
solidaridad entre exconyuges y, (ii) la necesidad de la agenciada/alimentante
de recibir el pago de la cuota alimentaria para solventar sus gastos básicos,
como se asevera en el escrito de tutela, ya que es su único ingreso fijo. En
efecto, la Sala no encuentra motivo alguno para pensar que el estado de
necesidad que dio origen a la obligación alimentaria ha disminuido o
desaparecido en la actualidad.
Ahora bien, la señora Rosalba Acosta
Granados conocía la obligación de alimentos que estaba a cargo de la pensión
inclusive desde antes que su patrimonio se confundiera con el del causante, originada
en la sentencia judicial del proceso de divorcio que ordenó el pago por
concepto de alimentos por el equivalente al 38.5% de la pensión del señor
González. Tanto así que lo manifestó el 7 de noviembre de 2002 en la
declaración que realizó ante la Notaría Segunda (2) del Círculo de Sogamoso,
donde expresó “ De común acuerdo hemos resuelto que una vez se produzca la
muerte de mi compañero permanente Avelino González M., de ceder a favor de la
señora Melida Maria Celedón de González portadora de la cédula de ciudadanía Nº
26.999.123 de San Juan del cesar (Guajira), para que a partir de ese momento,
ella siga disfrutando de los beneficios de la Pensión de Retiro del Ejercito
como hasta ahora lo ha venido haciendo”[80].
Así las cosas, la Sala observa que la
accionada tenía conocimiento de la situación de debilidad manifiesta de la
agenciada y de la existencia de la orden judicial que reconoce el derecho de la
cuota de alimentos que la agenciada reclama. Esto es de su conocimiento al
menos desde el 26 de agosto de 2014, fecha en la que le fue enviada mediante
una carta donde así se relató en los puntos 1 y 2 y se hizo referencia expresa
a la sentencia del 19 de diciembre de 2008 proferida por el Juzgado Segundo de
Familia de Bogotá D.C que aprobó el acuerdo conciliatorio del proceso de
divorcio Nº 2007/0679, en el que se determinó el derecho de Melida María
Celedón a recibir una cuota de alimentos equivalente al 38.5% de la mesada de
asignación de retiro que percibía el señor Avelino González Mendoza del
Ejercito Nacional.
A pesar de lo anterior, la señora
Rosalba Acosta Granados se negó de manera deliberada a realizar el pago de la
cuota alimentaria. Al respecto, la Sala advierte que a pesar de recibir el 100%
de la pensión causada y, al mismo tiempo, conocer la necesidad y el derecho de
la agenciada, no realizó el desembolso correspondiente. Esto quiere decir que
actuó de manera consciente pudiendo prever la afectación del mínimo vital de la
agenciada.  De igual manera, es notorio el abandono por parte de la señora
Acosta Granados sobre este asunto, ni siquiera en instancias judiciales
presentó argumento o defensa alguna para justificar su negativa al pago de
dicho emolumento e incumplimiento de dicha orden judicial.
De lo anterior, la Caja de Retiros de
las Fuerzas Militares y la señora Rosalba Acosta Granados desconocieron la
orden judicial que decretó el derecho de la señora Melida María Celedón al pago
de la cuota de alimentos con cargo a la pensión de asignación de retiro
sustituida a la señora Acosta por el equivalente al 38.5% y cesaron el pago sin
que se hubiera extinguido el derecho de alimentos de la agenciada. Lo anterior,
derivó en la vulneración del mínimo vital de la agenciada, ya que despojaron de
manera injustificada a la señora Melida María Celedón del único ingreso con el
que cuenta y percibe desde julio de 2008 destinado a costear sus necesidades
básicas[81].
Aunque la agenciada, Melida
María Celedón, hubiera iniciado un proceso ordinario para
reclamar su derecho a los alimentos a cargo de la pensión de su excónyuge, la
Sala debe adoptar medidas para proteger su derecho al mínimo vital por
las especiales circunstancias del caso. Esto, sin vulnerar los derechos de la
beneficiaria de la sustitución, la señora Rosalba Acosta Granados, de manera
que, se le reconoce la sustitución del derecho del causante en las mismas
condiciones que este lo gozaba y continuará percibiendo el 61.5% restante de la
pensión sin tener menores a su cargo[82].
En consecuencia, revocará
la sentencia proferida por el Juzgado Doce (12) Civil del Circuito de
Bogotá el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), mediante la cual se
declaró improcedente el amparo y, en su lugar, concederá el
amparo del derecho a la vida digna y al mínimo vital y ordenará la
deducción del 38.5% de la pensión de asignación de retiro del señor González
que fue sustituida a Rosalba Acosta Granados, por concepto de la cuota
alimentaria a que tiene derecho la señora Melida María Celedón.
III.    DECISIÓN.
En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de
Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la
Constitución Política,
RESUELVE:
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Doce (12) Civil del
Circuito de Bogotá el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015) y
en consecuencia, CONCEDER EL AMPARO del derecho fundamental a la vida
digna y al mínimo vital de la señora Melida María Celedón de González.
Segundo.- ORDENAR a la Caja de Retiro de
Fuerzas Militares que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
de esta sentencia modifique la Resolución N° 1743 del doce (12) de abril de dos
mil trece (2013), por la cual le reconoció a Rosalba Acosta Granados la
sustitución de la asignación mensual de retiro del señor Avelino González Mendoza,
en el sentido de establecer la deducción del 38.5% de dicha pensión por
concepto de la cuota alimentaria a que tiene derecho la señora Melida María
Celedón.
Tercero.- Por Secretaría General de la
Corte, LÍBRENSE las
comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese,
comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO
Magistrado
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] El proceso de referencia fue seleccionado por
la Sala de Selección Número Cinco (5) de la Corte constitucional, mediante Auto
del veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), notificado por estado el
4 de junio de 2015.
[2] En el expediente obra copia de la sentencia
anticipada del proceso de divorcio entre Avelino González Mendoza y Melida
María Celedón, proferida el 19 de agosto de 2008 por el Juzgado Segundo de
Familia de Bogotá D.C, en la cual se indica que la fecha del divorcio (Folio 14, cuaderno 1).
[3] En el expediente obra copia del testamento
del señor Avelino González Mendoza elevado a Escritura Pública Núm. 2122 de
noviembre 7 de 2002 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Sogamoso, en
la cual se indica que estuvo casado con Melida María Celedón con quien tuvo
dichos hijos (Folio, 23, cuaderno 1).
[4] En el expediente obra copia del testamento
del señor Avelino González Mendoza elevado a Escritura Pública Núm. 2122 de
noviembre 7 de 2002 otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Sogamoso, en
la cual se indica que declaró la unión marital de hecho con la Rosalba Acosta
Granados mediante Escritura Pública Núm. 1536 de fecha de 3 de julio de 2008,
en la que manifestó haber convivido desde hacía 30 años y tener los hijos
llamados Margoth, Adriana y Avelino González Acosta. (Folio 23, cuaderno 1).
[5] Folio
22-24, cuaderno 1.
[6] Folio
25, cuaderno 1.
[7] En el expediente obra copia de la Resolución
Núm. 9846 del 2014 de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en la cual se
indica que el causante “falleció el 25 de febrero de 2013, según consta en
el Registro Civil de Defunción” Folio
6, cuaderno 1.
[8] En el expediente obra la contestación de la Caja de Retiros de las Fuerzas Militares, en la cual se indica que mediante acuerdo 395
del 19 de septiembre de 2963, le reconoció y pago la Asignación de retiro al
señora Avelino González Mendoza” (Folio
50, cuaderno 1.)
[9] Folio 40-42, cuaderno 1.
[10] Folio
26, cuaderno 1.
[11] Folios
40-42, cuaderno 1.
[12] Folio
6-10, cuaderno 1.
[13] Folios
6-9. Copia de la Resolución Nº 9846 del 2 de diciembre de 2014.
[14] Folio
3-4. Carta de la accionante enviada mediante apoderado a la señora Rosalba
Acosta Granados, fechada del 26 de agosto de 2014.
[15] Para efectos de aclarar el sentido de la copia
de la sentencia del veinte (20) de marzo del Tribunal Superior de Distrito Sala
Familia de Bogotá D.C., se realizó la consulta del proceso de referencia
11001311000500340034-6209, de restitución de cuota alimentaria incoado por
Melida Maria Celedón en contra de Rosalba Acosta Granados.
http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/
[16] Folio
2, Cédula de ciudadanía.
[17] Folio
50-54, cuaderno 1.
[18] Folio
54.
[19] Folio
51, cuaderno 1.
[20] Folio
53, cuaderno 1.
[21] Folio
35 y 36, cuaderno 1. Copia de telegrama de fecha el 27 de febrero de 2015
comunicando la existencia del proceso de tutela de referencia y oficio núm. 685
notificando la parte resolutiva del auto admisorio del proceso, de fecha del 26
de febrero de 2015.
[22] Folio
38, cuaderno 1. Notificación del auto admisorio de la tutela y traslado a la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
[23] Folio 36,
cuaderno 1. Notificación del auto admisorio de la tutela y
traslado a la Rosalba Acosta Granados.
[24] Folio
60, cuaderno 1.
[25] “Artículo 10.- Legitimidad e interés. La
acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.//También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.// También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
[26] Aunque el número de pronunciamientos en los que la Corte
se ha referido a la agencia oficiosa es muy amplio, estos son algunos sobre su
fundamento constitucional, elementos normativos, finalidad y efectos: T-397 de
2014 T-094 de 2013, T-388 de 2012, T-312 de 2009, T-898 de 2003, T-301 de 2003,
T-531 de 2002, T-451 de 2001, SU-707 de 1996.
[27] Sentencia SU-055 de 2015.
[28] Sentencia T-439 de 2007.
[29] Sentencias T-961 de 2009 y T-095 de 2005.
[30] Sentencia T-786 de 2003.
[31] Sentencias T-443 de 2007 y T-223 de 2005.
[32]Sentencia T-113 de 2009.
[33]Sentencias T-700 de 2014 y T-503 de 1998, entre otras.
[34] “Artículo 86. C.P: Toda persona tendrá acción de tutela
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública. (…)”.
[35] Sentencias C-590 de 2005, SU-195 de 2012,
SU-769 de 2014 y SU-054 de 2015, entre otras.
[36] “Articulo 42.-Procedencia. La acción
de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los
siguientes casos: 1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este
encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los
derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38
de la Constitución. / 2. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este
encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los
derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. / 3. Cuando
aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la
prestación de servicios públicos domiciliarios.
(Expresión subrayada declarada
inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-378 de 2010)
/4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización
privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de
la situación que motivo la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una
relación de subordinación o indefensión con tal organización. / 5. Cuando
contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el artículo 17 de la
Constitución. / 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se
hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas corpus, de conformidad con
lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. / 7. Cuando se solicite
rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la
rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la
eficacia de la misma. / 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en
ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que
a las autoridades públicas. / 9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o
la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión
respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la
indefensión del menor que solicite la tutela.
[37] Sentencias T-611 de 2001, T-905 de
2002, T-869 de 2002, entre otras.
[38] Sentencia T-689 de 2013. En sentencia
sentencia T-277
de 1999, la Corte identificó algunas situaciones de indefensión: “El estado
de indefensión, para efectos de la procedencia de la acción de tutela, debe ser
analizado por el juez constitucional atendiendo las circunstancias propias del
caso sometido a estudio. No existe definición ni circunstancia única que
permita delimitar el contenido de este concepto, pues, como lo ha reconocido la
jurisprudencia, éste puede consistir, entre otros en: i) la falta, ausencia o
ineficacia de medios de defensa de carácter legal, material o físico, que le
permitan al particular que instaura la acción, contrarrestar los ataques o
agravios que, contra sus derechos constitucionales fundamentales, sean
inferidos por el particular contra el cual se impetra la acción -sentencias
T-573 de 1992; 190 de 1994 y 498 de 1994, entre otras-. ii) la imposibilidad
del particular de  satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma
irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o
pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular -sentencias
T-605 de 1992; T-036; T-379 de 1995; T-375 de 1996 y T-801 de 1998, entre
otras- iii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual,
que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de
derechos fundamentales de una de las partes  v.gr. la relación entre padres e
hijos, entre cónyuges, entre coopropietarios, entre socios, etc. - sentencias
174 de 1994; T-529 de 1992; T-; T-233 de 1994, T-351 de 1997. iv) El uso de
medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su
utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro.
v.gr. la publicación de la condición de deudor de una persona por parte de su
acreedor en un diario de amplia circulación -sentencia 411 de 1995- la
utilización de personas con determinadas características -chepitos- para
efectuar el cobro de acreencias -sentencia 412 de 1992-; etc.”
[39] Sentencias
T-1033 de 2010, T-304 de 2009, SU 544 de 2001, entre otras.
[40] “Artículo 279 de la Ley
100 de 1993. Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en
la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la
Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con
excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley,
ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. (…)”
[41] “Mediante la cual se
señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno
Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.”
[42] “Por medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
Dicho decreto fue expedido en desarrollo de la Ley 923 de 30 de diciembre de
2004 mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
[43] En este punto, es conveniente aclarar la diferencia de la pensión
sustitutiva y de sobreviviente, distinción hecha por la sentencia T-431
de 2014. Allí, la Corte explicó que la primera se origina en la pretensión de ser reconocido como beneficiario
de una causante que ya había sido pensionado; la segunda, se causa cuando se reclama la calidad
de beneficiario de un causante que cumplía con los requisitos para la pensión
sin que hubiera sido solicitada u otorgada al momento del fallecimiento.
[44] Ley 923 de 2004, artículo 1°
“Alcance. El Gobierno Nacional con sujeción a las normas, criterios y
objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen de la asignación de retiro,
la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y
los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública.”.
La anterior norma fue reiterada en el artículo 4° del Decreto 4433 de 2004, en
lo siguientes términos: “Alcance. El régimen especial de asignación de
retiro y de pensiones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, regula
los derechos a las prestaciones económicas periódicas de quienes prestan sus
servicios a la Nación como miembros de la Fuerza Pública que comprende la asignación
de retiro, la pensión de invalidez, y su sustitución, así como la pensión de
sobrevivencia”.
[45] “Artículo 4°. Alcance. El
régimen especial de asignación de retiro y de pensiones de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional, regula los derechos a las prestaciones
económicas periódicas de quienes prestan sus servicios a la Nación como
miembros de la Fuerza Pública que comprende la asignación de retiro, la pensión
de invalidez, y su sustitución, así como la pensión de sobrevivencia.”
[46] Sentencia
T-1752 de 2000.
[47] Sentencias
T-083 de 2007, T-158 de 2006, T-446 de 2004.
[48] Sentencias T-558 de 2014, T-802 de 2011,
T-485 de 2011, T- 236 de 2010, T-304 de 2008, T-083 de 2004.
[49] Sentencias
T-354 de 2014 y T-326
de 2013, T-646 de 2007, T-1036 de 2003, T-029
de 2001, T-1752 de 2000, T-426 de 1992, T-471 de 1992, entre muchas otras.
[50] Pueden consultarse, entre otras, las
sentencias T-620 de 2002, T-1049 de 2006, T-406 de 2001.
[51] Sentencia T-354 de 2014. En este mismo sentido la sentencia T-030 de 2013,
sostuvo que “la seguridad social no es un simple derecho prestacional o
programático, pues es, además, el resultado de la idea de progreso universal de
las sociedades y del desarrollo internacional de valores jurídicos de gran
trascendencia, como la igualdad, la dignidad humana y la solidaridad, todos
ellos presentes en la carta política de la República de Colombia.”
[52] En esta oportunidad la Corte amparó los
derechos fundamentales de la seguridad social, al pago oportuno de las
pensiones, a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana de la actora de 53
años y precariedad económica demostrada en curso del proceso, que estimó
vulnerados por la negativa de CASUR a reconocer a su favor la sustitución de la
asignación de retiro como compañera permanente del fallecido agente pensionado.
Esto debido a que se infirió del acervo probatorio la necesidad de este pago y
que al tratarse de un derecho pensional imprescriptible su reclamo puede
hacerse en cualquier momento, por lo que se revocó la decisión de segunda
instancia, que negaba el amparo por falta de inmediatez.
[53] Sentencias T-211 de 2009, T-336 de 2009, T-436 de 2009,
T-785 de 2009, T-799 de 2009, T-123 de 2010, T-130 de 2010, T-136 de 2010,
T-916 de 2012, T-024 de 2013, T-884 de 2013, T-066 de 2014, T-398 de 2014,
T-458 de 2014, SU-377 de 2014.
[54] Así mismo, en consideración de la situación
particular del sujeto de especial protección en esa oportunidad se estableció
que los casos en los cuales quien demanda es una persona de la tercera edad,
sujeto de especial protección, en condiciones de debilidad manifiesta, dicha
circunstancia puede excepcionar la exigencia de la inmediatez como supuesto
procesal.
[55] Sentencias
T-095 de 2014, T-177 de 2013, T 802 de 2011, T506 de 2011, T-1096 de 2008,
T-656 de 2006, T 435 de 2006, entre muchas otras.
[56] “Artículo 1016.
Deducciones. En toda sucesión por causa de
muerte, para llevar a efecto las disposiciones del difunto o de la ley, se
deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado, incluso los
créditos hereditarios: 1o.) Las costas de la publicación del testamento, si lo
hubiere, y las demás anexas a la apertura de la sucesión.// 2o.) Las deudas
hereditarias.// 3o.) Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa
hereditaria. // 4o.) Las asignaciones alimenticias forzosas. // 5o.) La porción
conyugal a que hubiere lugar, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de
los descendientes legítimos.
El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley.” (NOTA 1. Texto subrayado
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-105 de
1994; NOTA2: Declarado exequible de manera condicionada por la Corte
Constitucional mediante sentencia C-283 de 2011, siempre y cuando se entienda
que la porción conyugal en ellos regulada, también tienen derecho el compañero
o compañera permanente y la pareja del mismo sexo.)
[57] “Artículo 1227.
Obligaciones alimentarias del testador. Los alimentos que el difunto ha debido
por ley a ciertas personas, gravan la masa hereditaria, menos cuando el
testador haya impuesto esa obligación a uno o más partícipes de la sucesión.”
[58] Sentencia T-662 de 2011.
[59] “Artículo 279 de la Ley 100 de 1993.
Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente
ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción
de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los
miembros no remunerados de las corporaciones públicas. (…)”
[60] “Mediante la cual se señalan las
normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral
19, literal e) de la Constitución Política.”
[61] “Por medio del cual se fija el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
Dicho decreto fue expedido en desarrollo de la Ley 923 de 30 de diciembre de
2004 mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política.
[62] En este punto,
es conveniente aclarar la diferencia de la pensión sustitutiva y de
sobreviviente, distinción hecha por la sentencia T-431 de 2014. Allí, la
Corte explicó que la primera se origina en la pretensión de ser reconocido como beneficiario
de una causante que ya había sido pensionado; la segunda, se causa cuando se reclama la calidad
de beneficiario de un causante que cumplía con los requisitos para la pensión
sin que hubiera sido solicitada u otorgada al momento del fallecimiento.
[63] Ley 923 de 2004, artículo 1° “Alcance. El
Gobierno Nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos
en esta Ley, fijará el régimen de la asignación de retiro, la pensión de
invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública.”. La anterior
norma fue reiterada en el artículo 4° del Decreto 4433 de 2004, en lo
siguientes términos: “Alcance. El régimen especial de asignación de retiro y
de pensiones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, regula los
derechos a las prestaciones económicas periódicas de quienes prestan sus
servicios a la Nación como miembros de la Fuerza Pública que comprende la
asignación de retiro, la pensión de invalidez, y su sustitución, así como la
pensión de sobrevivencia”.
[64] “Artículo 4°. Alcance. El régimen especial
de asignación de retiro y de pensiones de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, regula los derechos a las prestaciones económicas periódicas de
quienes prestan sus servicios a la Nación como miembros de la Fuerza Pública
que comprende la asignación de retiro, la pensión de invalidez, y su
sustitución, así como la pensión de sobrevivencia.”
[65] Sentencia C-432 de 2004.
[66] “Artículo 11. Orden
de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo. Las pensiones causadas por la muerte del personal de
Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares,
Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía
Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en servicio activo, serán
reconocidas y pagadas en el siguiente orden:// 11.1 La mitad al cónyuge o
compañero (a) permanente sobreviviente y la otra mitad a los hijos menores de
18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten
debidamente su condición de estudiantes y a los hijos inválidos si dependían
económicamente del causante.// 11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente, la pensión corresponderá íntegramente a los hijos
menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y hasta los 25 años,
siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a los
hijos inválidos, si dependían económicamente del causante // 11.3 Si no hubiere
hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que dependían
económicamente del causante. // 11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a)
permanente sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres,
siempre y cuando dependieran económicamente del causante.// 11.5 Si no hubiere
cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni hijos, ni padres, la
pensión le corresponderá previa comprobación de que el causante era su único
sostén, a los hermanos menores de dieciocho (18) años o inválidos.//La porción
del cónyuge acrecerá a la de los hijos y la de estos entre sí y a la del
cónyuge, y la de los padres entre sí y a la del cónyuge. En los demás casos no
habrá lugar a acrecimiento.”
[67] Esta
norma replica la disposición del literal (a) del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificada por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Respecto de aquél
literal, la Corte Constitucional declaró exequibles condicionalmente los
apartes señalados en negrilla y subrayados en este literal en la Sentencia
C-336 de 2008, de manera que también son beneficiarias de la pensión de
sobrevivientes las parejas permanentes del mismo sexo; y, las expresiones
señaladas únicamente en negrilla fueron declaradas exequibles en la Sentencia
C-1094 de 2003. En la actualidad se encuentra demandado ante la Corte
Constitucional (D-10206 de abril 8 de 2014).
[68] Esta
norma replica la disposición del literal (b) del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificada por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Respecto de aquél
literal, la Corte Constitucional ha declarado el aparte señalado en negrilla exequible condicionalmente en la
Sentencia C-1035 de 2008, en el entendido de que además de la esposa o
esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que
dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido. Así mismo, este literal fue declarado exequible
en la Sentencia C-1094 de 2003. Por otra parte, la expresión señalada en
negrilla y subrayada fue declarada exequible en la Sentencia C-336 de 2014. Actualmente, se encuentra demandado ante la
Corte Constitucional (D-10601 de diciembre 10 de 2014).
[69] “Artículo 12. Pérdida de la condición de
beneficiario. Se entiende que falta el cónyuge o compañero (a) permanente y por
lo tanto se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes o a la sustitución
de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez, en cualquiera de las
siguientes circunstancias, según el caso: // 12.1 Muerte real o presunta. //
12.2 Nulidad del matrimonio.// 12.3 Divorcio o disolución de la sociedad de hecho//
12.4 Separación legal de cuerpos.// 12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de
separación de hecho.”
[70] En sentencia C-464 de 2004 se declaró la inexequibilidad del artículo
52 de la Ley 5 e 1995, el artículo 16 de la Ley 82 de 1947, el artículo 140 del
Decreto 3220 de 1951, el artículo 109 de la Ley 126 de 1958, el artículo 136
del Decreto 3071 de 1968, el artículo 140 del Decreto 2337 de 1971, el artículo
156 del Decreto 612 de 1977, el artículo 180 del Decreto 89 de 1984 y el
artículo 183 del Decreto 85 de 1989. Lo anterior debido a que las disposiciones
demandadas establecían la pérdida del derecho prestacional del cónyuge
supérstite cuando contraía nuevas nupcias o iniciaba nueva vida marital y
contenían la misma condición resolutoria que fue encontrada inexequible en
varios pronunciamientos anteriores (Sentencias C-309/09, C-182/96, C-182/97,
C-683/97, C-1050/00), por desconocimiento del derecho a la igualdad y al libre
desarrollo de la personalidad.
[71] “Artículo 411. Se deben alimentos: 1. Al cónyuge. (Nota
1: Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-1033 de 2002, en el sentido que comprende las parejas del
mismo sexo.). // 2. A los descendientes // 3. A los ascendientes // 4. Modificado
por la Ley 1 de 1976, artículo 23. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado
o separado de cuerpos sin su culpa. (Demandado ante la Corte Constitucional.
D-10805 de mayo 19 de 2015) // 5. Modificado por la Ley 75 de 1968, artículo 31. A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos
naturales. // 6. Modificado por la Ley 75 de 1968, artículo 31. A los ascendientes naturales. //7. A los hijos adoptivos. // 8. A los padres adoptantes. //9. A los
hermanos legítimos. (La expresión en negrillas fue declarada
exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-105 de 1994). // 10. Al que hizo una donación cuantiosa si no
hubiere sido rescindida o revocada. // La acción del donante se dirigirá contra
el donatario.// No se deben alimentos a las personas aquí designadas en los
casos en que una ley se los niegue.”
[72] Sentencia C-919 de 2001.
[73] Sobre
el deber de reciprocidad y solidaridad consultar sentencia T-506 de 2011.
[74] En
consideración de esta decisión y de los hechos particulares del caso, la
subregla que funda la decisión de esta providencia se circunscribe al derecho
de alimentos del excónyuge.
[75] Para
efectos del objeto de estudio y resolución del caso examinado sólo se hace
referencia al cargo relacionado con el numeral 1º del artículo 411 del Código
Civil, a pesar de que el estudio de control abstracto fue mucho más extenso ya
que se realizó sobre los artículos 2 y 3 del Decreto 2762 de 1991; el artículo
24 - literales a, b y d del Decreto 1795 de 2000; los artículos 411 y 457 del
Código Civil; el artículo 4 de la Ley 70 de 1931; los artículos 1 y 27 de la
Ley 21 de 1982; el artículo 7 de la Ley 3 de 1991; los artículos 283 - numeral
2 y 286 de la Ley 5 de 1992; el artículo 5 de la Ley 43 de 1993; el artículo 8
- numeral 1 literal g y numeral 2 literales c y d de la Ley 80 de 1993; el
artículo 244 de la Ley 100 de 1993; los artículos 14 - numerales 2 y 8, y 52 de
la Ley 190 de 1995; los artículos 1 y 12 de la Ley 258 de 1996; el artículo 2
de la Ley 294 de 1996, el artículo 2 de la Ley 387 de 1997; los artículos 222,
431 y 495 de la Ley 522 de 1999; los artículos 10 y 11 de la Ley 589 de 2000;
los artículos 34, 104 - numeral 1, 170 - numeral 4, 179 - numerales 1 y 4, 188
b - numeral 3, 229, 233, 236, 245 - numeral 1 y 454 a de la Ley 599 de 2000;
los artículos 40, 71 y 84 - numerales 1, 2, 3, 6, 7, y 9 de la Ley 734 de 2002;
los artículos 8 - literal b, 282, 303, y 385 de la Ley 906 de 2004; el artículo
3 - numerales 3.7.1 y 3.7.2 de la Ley 923 de 2004; los artículos 14 y 15 de la
Ley 971 de 2005; los artículos 5, 7, 15, 47, 48 y 58 de la Ley 975 de 2005; los
artículos 2 y 26 de la Ley 986 de 2005; el artículo 1 de la Ley 1148 de 2007;
los artículos 61, 62, 80, 159, 161 y 172 - numerales 2, 4, 6, 7, 8 y 9 de la
Ley 1152 de 2007; y el artículo 18 de la Ley 1153 de 2007.
[76] El aparte subrayado de la norma transcrita
fue estudiado por esta Corporación en sentencia C-875 de 2003 por contrariar
presuntamente el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la
Carta Política, además de los artículos 42 y 43. En esa ocasión, con fundamento
en el principio de igualdad de género concluyó que la norma demandada no debe
ser interpretada en su sentido literal, que resulta claramente inconstitucional
pues establece una diferencia de trato basada exclusivamente en el género de su
destinatario. Por el contrario, estimó que “La interpretación - consistente
y constante- de que los mayores de edad, sean hombres o mujeres, pueden
reclamar alimentos siempre y cuando persistan las causas que han dado origen a
su reclamo, se encuentren inhabilitados para subsistir por su propio trabajo y
se encuentren realizando estudios, conduce a la necesidad de declarar la
exequibilidad de la norma acusada en lugar de optar por su
inconstitucionalidad, no sin aclarar que la expresión “ningún varón” también se
refiere a ninguna mujer”.
[77] Folio 2, cuaderno 1.
[78] Folio
12-13, cuaderno 1.
[79] Folio
26, cuaderno 1.
[80] Folio
25, cuaderno 1.
[81] Esta es
la fecha de la primera cuota de alimentos según se acordó en el acuerdo
suscrito en el proceso de divorcio rad. 2007-00679, entre Avelino González
Mendoza y Melida María Celedón, que cursó ante el Juzgado Segundo Civil de
Familia de Bogotá D.C.
[82] En la
declaración que efectuó en noviembre de 2002 en la Notaría Segunda del Circuito
de Sogamoso, manifestó que para esa época sólo dos de sus tres hijos eran
menores, 15 y 17 años, por lo que actualmente serían mayores de edad. (Folio
25, cuaderno 1).