T-001-16
Sentencia T-001/16
PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
DE LA ACCION DE TUTELA-Debe ponderarse bajo el criterio del plazo
razonable y oportuno
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Concepto
La Corte Constitucional ha
establecido que la “temeridad” consiste en la interposición de tutelas
idénticas, sin motivo expresamente justificado, contrariando el principio de
buena fe previsto en el artículo 83 la Constitución Política;
por lo tanto su prohibición busca garantizar la eficiencia y prontitud en el
funcionamiento del Estado y de la administración de justicia.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Elementos para su configuración
ACTUACION TEMERARIA Y COSA JUZGADA EN MATERIA DE TUTELA-Configuración
Las instituciones de la cosa juzgada
y la temeridad pretenden evitar la presentación sucesiva, además de múltiple de
las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que estos conceptos
cuentan con diferencias claras, que los llevan a configurarse como elementos
disímiles. Sin embargo, ello no es impedimento para que en un caso concreto
confluyan tanto la cosa juzgada como la temeridad. A partir de esa complejidad,
el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración
en cada asunto sometido a su competencia.
ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO
DE PENSION DE JUBILACION Y LA INDEXACION DE LA PRIMERA MESADA-Improcedencia por cuanto existe una
conducta temeraria y no se evidencia razón alguna que habilite a la accionante
para instaurar cuatro acciones con identidad de sujetos y pretensiones
A pesar de que la accionante ha presentado en esta
oportunidad una acción de tutela, con fundamento en los mismos hechos en que ha
basado las acciones de tutela anteriores, en consideración a su desesperación
por el reconocimiento pensional y que no se trata de una profesional del
derecho, su conducta no puede vislumbrarse como de mala fe, razones por las
cuales la Sala considera que no hay lugar a imponerle una sanción pecuniaria,
no obstante se le advertirá que en lo sucesivo se abstenga de presentar
acciones de tutela con fundamento en los hechos que ya han sido debatidos son
pena de las sanciones pecuniarias a las que haya lugar.
Referencia: expediente T- 5.158.521
Acción de Tutela instaurada por Vilma Stella Pinzón
Urbina contra Chevron Petroleum Company.
Derechos fundamentales invocados: Vida en condiciones
dignas, igualdad, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y protección a
la tercera edad.
Temas: Derechos
fundamentales a la vida en
condiciones dignas, igualdad, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y
protección a la tercera edad; reconocimiento de pensión de jubilación e
indexación de la primera mesada. Régimen pensional empresa privada. Celebración
de pacto único de pensión.
Problema jurídico: ¿vulnera la accionada
los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, igualdad, seguridad
social, mínimo vital, debido proceso y protección a la tercera edad, al negar
el reconocimiento y pago de la pensión jubilación e indexación de la primera
mesada a la demandante por haberse celebrado acuerdo conciliatorio entre el
empleador y el empleado para el pago de un pacto único de pensión?
Magistrado Ponente:
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Bogotá D.C., trece (13) de enero de dos
mil dieciséis (2016)
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de
la Corte Constitucional,
conformada por los Magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien la preside,
Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus
competencias constitucionales y legales, y
específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución Política, ha pronunciado la siguiente:
SENTENCIA
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el
veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), la cual confirmó la sentencia del treinta y uno (31) de julio de dos
mil quince (2015) del Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, en
cuanto denegó la tutela incoada por Vilma Stella Pinzón Urbina en contra de
Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company.
1.
ANTECEDENTES
De acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la
Sala de Selección Número Diez de la Corte Constitucional, mediante Auto del
quince (15) de octubre de dos mil quince (2015), escogió, para efectos de su
revisión, la acción de tutela de la referencia.
En consecuencia, y de
conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión
procede a dictar la Sentencia correspondiente.
1.1.
SOLICITUD
La señora Vilma Stella Pinzón Urbina presentó acción de tutela el dieciséis (16) de julio
de dos mil quince (2015), solicitando
al juez constitucional proteger sus derechos fundamentales a la vida en
condiciones dignas, igualdad, seguridad social, mínimo vital, debido proceso y
los derechos de las personas de la tercera edad, presuntamente vulnerados por
la empresa Texas Petroleum Company hoy
Chevron Petroleum Company, al negarle el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y la indexación de la primera
mesada por haber celebrado conciliación ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social mediante el cual se le reconoció una suma de dinero por
concepto de “pacto único de pensión”; adicionalmente por haber interpuesto dos
demandas laborales de las cuales se está en espera de decisión. Sustenta su solicitud en los siguientes:
1.2.
Hechos
y argumentos de derecho
1.2.1.
Relata
que trabajó al servicio de la empresa Texas Petroleum Company hoy Chevron
Petroleum Company, empresa de naturaleza comercial con domicilio en Bogotá
D.C., durante veintiséis (26) años y cuatro (4) meses, comprendidos entre el
nueve (9) de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve (1969) y el treinta
y uno (31) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), fecha en la cual
aceptó la propuesta de desvinculación mediante acuerdo económico entre las
partes.
1.2.2.
Señala
que durante el tiempo que duró la relación laboral con la empresa demandada,
ésta no realizó las cotizaciones para acceder a la pensión de jubilación,
basada en el argumento de estar amparada por un régimen especial, desconociendo
el artículo 2º de la Ley 90 de 1946, derogado por el Decreto 433 de 1971.
1.2.3.  Indica que el primero (1º) de febrero de mil
novecientos noventa y cinco (1995) acudió a la Inspección No.10 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad con el fin de llevar a cabo acuerdo conciliatorio en lo
relacionado con la terminación de la relación laboral entre las partes, sin
embargo en el acta allí suscrita se señaló que su derecho a pensión era controvertible,
incierto y discutible, por tanto se le ofreció una suma de dinero equivalente a
trescientos setenta millones ochocientos cuarenta mil trecientos pesos
($370.840.300.oo) por concepto de “pacto único de pensión”.
1.2.4.  Manifiesta que si bien es cierto aceptó dicha suma de
dinero lo hizo en razón del desconocimiento de los perjuicios que ello le
ocasionaría a futuro, razón por la cual luego de obtener la información
jurídica necesaria, acudió a la empresa para solicitar el reconocimiento y pago
de su pensión de jubilación desde la fecha en que cumplió la edad exigida para
el reconocimiento de éste derecho, es decir, el treinta y uno (31) de marzo de
mil novecientos noventa y seis (1996), o en su defecto el pago del bono
pensional; sin embargo su petición fue negada.
1.2.5.  Refiere que la pensión es un derecho irrenunciable y
por tanto no puede ser objeto de negociaciones; aunado a que el empleador
estaba obligado desde mil novecientos cuarenta y cinco (1945) a entregar al
Instituto de Seguros Sociales la reserva de dineros ordenados por la Ley 90 de
1946.
1.2.6.  Arguye que los Decretos 2663 y 3743 de 1950 dejaron
abierta la posibilidad a los empleadores para que asumieran la pensión de vejez
de sus asalariados y se les autorizó la contratación de empresas o compañías
aseguradoras de reconocida solvencia para el pago de las mismas, permaneciendo
la obligatoriedad de pago en cabeza del patrono; sin embargo, pone de presente
que a pesar de que dichas disposiciones jurídicas fueron derogadas por el Decreto
433 de 1971, también lo es que éste precepto normativo fijó los parámetros para
el cubrimiento de la seguridad social en lo que respecta a pensión de
invalidez, vejez y muerte.
1.2.7.  Narra que el Decreto–Ley 1572 de 1973 al reglamentar
la garantía y pago de las pensiones, en los artículos 6º, 7º y 8º realizó una
concesión a los patronos, otorgándoles un plazo máximo de diez (10) años a
partir de su entrada en vigencia para formar efectivamente, contra su estado de
pérdidas y ganancias, el fondo necesario para el reconocimiento de sus riesgos
actuales o eventualmente por pensiones de jubilación a su cargo, el cual no
podía ser inferior durante los primero 5 años al 5% de su valor actuarial, y
para los siguientes 5 años, la proporción debía ser de un mínimo de 15% anual.
Sin embargo dicha disposición normativa también previó que en el evento de
incurrirse en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 2 del
Decreto 2677 de 1971, las reservas mencionadas debían ser trasladadas por el
patrono o empresa al Instituto de Seguros Sociales - I.S.S.
1.2.8.  Sostiene que no puede ser de recibo la posición
asumida por la empresa demandada al argumentar que se encuentra amparada por un
decreto que le permite un manejo diferente de los valores de las pensiones de
sus empleados, omitiendo realizar las reservas que tienen un carácter
obligatorio para proveer el riesgo de vejez de sus trabajadores, para que en su
lugar se negocien los derechos pensionales a cambio de un “pacto único de
pensión”.
1.2.9.  Finalmente concluye haciendo mención a diversos
pronunciamientos en los que se han estudiado asuntos, a su juicio, similares al
que hoy ocupa la atención de la Sala, entre ellos la Sentencia T-890 de 2011,
T-327 de 2013, T-712 de 2011 y T-774 de 2012.
1.3.
TRASLADO Y
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante Auto del diecisiete (17) de julio de dos mil quince (2015), el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá
avocó el conocimiento de la acción
de tutela y ordenó comunicar la misma a la empresa Chevron Petroleum Company para que rindieran informe sobre los hechos alegados.
Texas Petroleum Company hoy Chevron
Petroleum Company, se
pronunció de forma extemporánea respecto de la acción de tutela pese haber sido
notificados en debida forma.
Sostuvo que la accionante pretende desconocer no solo
el Pacto Único firmado entre las partes el primero (1º) de febrero de mil
novecientos noventa y cinco (1995), sino también los fallos de tutela
proferidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Juzgado Veintiocho
Civil Municipal, Segundo Civil del Circuito y el Juzgado Sesenta y Siete Civil
Municipal de Bogotá, así como también, los fallos proferidos por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Laboral y la Corte Suprema de
Justicia en los procesos adelantados por la accionante, lo que hace
improcedente la presente acción.
Así mismo, los principios constitucionales que
consagran la cosa juzgada y la separación de jurisdicciones hacen imposible que
a través del procedimiento excepcional de la tutela, se puedan modificar
providencias que han hecho tránsito a cosa juzgada y que fueron consecuencia de
procesos donde no se violó ningún derecho a la demandante.
Señala que en el caso de la señora Vilma Stella Pinzón
Urbina, no hay perjuicio irremediable, inminente y grave, puesto que el retiro
de la compañía sucedió hace más de veinte (20) años; aunado a que ya acudió en
dos oportunidades a la jurisdicción ordinaria laboral para que le sea
reconocido su supuesto derecho a la pensión; otro de los requisitos es que
además de ser persona de la tercera edad, se afecte su dignidad, subsistencia,
salud y mínimo vital definido como la suma indispensable para cubrir las
necesidades básicas de educación, alimentación, vestuario y seguridad social,
sin la cual la dignidad humana se ve afectada; ninguna de estas condiciones ha
sido demostrada por la actora, quien alega su afectación al mínimo vital como
consecuencia de la supuesta falta de aportes al sistema de pensiones por parte
de la empresa demandada, pero no acompaña su afirmación de alguna prueba al
menos sumaria que acredite tal afectación al mínimo vital, por el contrario ella
misma confiesa y acepta haber recibido la suma de trescientos setenta millones
ochocientos cuarenta mil trescientos pesos ($370.840.300), el día primero (1º)
de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), fecha en que se realizó
ante la Inspección Décima de Trabajo la diligencia de conciliación, valor este
que en la actualidad representa dos mil nueve millones ciento veintiún mil
novecientos sesenta y un pesos ($2.009.121.961).
Por último, aclara que la actora no fue afiliada al
sistema integral de seguridad social debido a una imposibilidad legal e
insuperable, pues el ISS llamó a inscripción a las empresas petroleras solo
hasta octubre de mil novecientos noventa y tres (1993).
1.4.
PRUEBAS
DOCUMENTALES
En el expediente obran como pruebas,
entre otros, los siguientes documentos:
1.4.1.  Copia del certificado de tiempo de
servicio suscrito a nombre de la señora VILMA STELLA PINZÓN URBINA expedido por
la compañía Texas Petroleum Company en el cual se deja constancia del tiempo
laborado, cargo y salario devengado. (Fl. 26).
1.4.2.  Copia del Acta de Conciliación No. 013
del primero (1º) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995),
celebrada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Inspección No. 10,
en la cual se deja constancia del acuerdo realizado entre la accionante y la
empresa demandada por concepto de liquidación de salario y pacto único de
pensión. (Fls. 20-22).
1.4.3.  Copia del derecho de petición radicado el
veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012) ante la Empresa Texas Petroleum
Company hoy Chevron Petroleum Company, mediante el cual se solicita el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y la indexación de la primera
mesada. (Fls. 23-24).
1.4.4.  Copia de la respuesta dada al derecho de
petición presentado por la señora VILMA STELLA PINZÓN URBINA, mediante el cual
Chevron Petroleum Company le informa a la solicitante que ya ha instaurado dos
demandas laborales que correspondieron a los Juzgados Cuarto y Tercero Laboral
del Circuito de Bogotá, además interpuso una acción de tutela, solicitando lo mismo,
por lo tanto no es procedente acceder a sus requerimientos por cuanto se
acogerán a las decisiones finales adoptadas por las autoridades judiciales.
(Fl. 25).
1.4.5.  Copia de la sentencia proferida el
veintiuno (21) de febrero de dos mil doce (2012) por la Corte Suprema de
Justicia – Sala de Casación Laboral, dentro del expediente No. 38345,
demandante Carlos Arturo Gamboa Pineda en contra de la Empresa Texas Petroleum
Company hoy Chevron Petroleum Company. (Fls. 39-55).
1.4.6.  Copia del Oficio No. PS-2842 de 2014,
proferido por la Presidencia de la Corte Constitucional, dirigido a la Señora
Carmen Elisa Gamboa de Martínez y otros, a través del cual se les informa que
luego de revisada la base de datos de la Corporación se logró advertir, que la
mayoría de los procesos a los que hacía referencia el escrito de amparo no
habían sido seleccionados, como es el caso del Expediente No. T-3.607.733,
demandante Vilma Stella Pinzón Urbina, en contra de Texas Petroleum Company hoy
Chevron Petroleum Company, el cual no fue seleccionado para revisión el trece
(13) de septiembre de dos mil doce (2012), notificado por estado el tres (3) de
octubre de dos mil doce (2012) y devuelto al Juzgado de origen el veintitrés
(23) de noviembre de dos mil doce (2012). (Fl. 57-60).
1.4.7.  Copia del acta de la audiencia de
juzgamiento celebrada dentro del Expediente No. 0001-1999, proceso ordinario de
Vilma Stella Pinzón Urbina en contra de Texas Petroleum Company hoy Chevron
Petroleum Company, el veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008), en el
Juzgado Tercero (3º) Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá. (Fls.
180-196).
1.4.8.  Copia del acta de la audiencia de
juzgamiento proferida el veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009),
suscrita por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, Expediente No.
04199900001-01, demandante Vilma Stella Pinzón Urbina en contra de la Empresa
Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, mediante la cual se
dispuso confirmar la sentencia apelada. (Fls. 197-210).
1.4.9.  Copia de la sentencia proferida por la
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, el veintidós (22) de mayo
de dos mil trece (2013), radicado No. 42033, a través de la cual se desató el
recurso extraordinario de casación interpuesto por Vilma Stella Pinzón Urbina
contra la sentencia del veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009),
proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá, quien dispuso no casar la mencionada providencia y condenar en costas a
la demandante. (Fl. 211-220).
1.4.10. Copia de la audiencia de juzgamiento celebrada dentro
del proceso ordinario No. 2008-0026, de Vilma Stella Pinzón Urbina contra Texas
Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, el diez (10) de noviembre de
dos mil ocho (2008), proferido por el Juzgado Trece (13) Laboral del Circuito
de Bogotá, que absolvió a la demandada. (Fls. 221-227).
1.4.11. Copia de la sentencia proferida por el Tribunal
Superior de Bogotá – Sala Laboral de Descongestión, el dieciséis (16) de
diciembre de dos mil once (2011) dentro del expediente No.
110013105-013-2008-00026-01, demandante Vilma Stella Pinzón Urbina contra Texas
Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, que confirmó la sentencia de
primera instancia. (Fls. 228-236).
1.4.12. Copia de la sentencia proferida por el Juzgado
Veintiocho (28) Civil Municipal de Bogotá el cinco (5) de diciembre de dos mil
once (2011), expediente No. 2011-1031, demandante Vilma Stella Pinzón Urbina
contra Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, mediante la cual
se dispuso declarar improcedente la acción de tutela impetrada. (Fl. 237-251).
1.4.13. Copia de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
(2º) Civil del Circuito de Bogotá, expediente No. 2011-01031, el treinta (30)
de enero de dos mil doce (2012), a través de la cual se resolvió la impugnación
impetrada por la señora Vilma Stella en contra de la decisión proferida en
primera instancia referenciada en precedencia, por utilizar la acción de tutela
como mecanismo paralelo a las acciones ordinarias laborales en curso. (Fls.
252-258).
1.4.14. Copia de la sentencia de tutela proferida el
veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012), por el Juzgado Sesenta y
Siete (67) Civil Municipal de Bogotá, Acción de Tutela No.
110014003-067-2012-00506-00, demandante Vilma Stella Pinzón Urbina contra Texas
Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, la cual se rechazó por
improcedente. (Fls. 259-270).
1.4.15. Copia de la sentencia proferida por la Corte Suprema
de Justicia – Sala de Casación Penal, proferida el dieciséis (16) de enero de
dos mil catorce (2014), mediante la cual se resuelve la acción de tutela
instaurada por Vilma Stella Pinzón Urbina contra la Sala de Casación Laboral de
la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y
el Juzgado Tercero (3º) Laboral del Circuito de Bogotá (descongestión); en
dicha providencia se dispuso negar las pretensiones. (Fls. 271-278).
1.4.16. Copia de la Resolución No. 4250 del veintiocho (28) de
septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993) proferida por el Instituto
de Seguros Sociales “por la cual se llama a inscripción en el Régimen de los
Seguros Sociales Obligatorios a los empleadores y trabajadores de las
actividades extractivas de la industria del petróleo y sus derivados, y gas
natural, su exploración, explotación, refinación, transporte, distribución y
venta y demás labores propias de tales actividades” (Fls. 280-282).
1.4.17. Copia de la Resolución No. 5043 del cinco (5) de
noviembre de mil novecientos ochenta y dos (1982) proferida por el Instituto de
Seguros Sociales, “por la cual se suspende indefinidamente la Resolución No.
3540 del 6 de agosto de 1982” (Fls. 283-284).
1.4.18. Copia de la Resolución No. 3540 del seis (6) de agosto
de mil novecientos ochenta y dos (1982), proferida por el Instituto de Seguros
Sociales, “Por la cual se llama a inscripción en el Seguro Social
obligatorio de enfermedad general y maternidad; accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales; e invalidez, vejez y muerte a las empresas y
trabajadores de las actividades extractivas de la Industria del Petróleo y sus
derivados, y gas natural, su exploración, explotación, refinación, transporte,
distribución y venta.” (Fls. 285-289).
2.       DECISIÓN JUDICIAL
2.1.
DECISIÓN PRIMERA – JUZGADO
SESENTA Y CINCO (65) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
El Juzgado Sesenta y Cinco (65) Civil
Municipal de Bogotá,
mediante sentencia proferida el treinta y uno (31) de julio de dos mil quince
(2015), decidió negar el amparo a los derechos fundamentales invocados
por la  señora Vilma Stella Pinzón Urbina. Con
fundamento en los siguientes argumentos:
2.1.1.
Inicialmente,
destacó que las pretensiones invocadas no están llamadas a prosperar, si se
tiene en cuenta que la accionante cuenta con otro medio judicial idóneo y
efectivo para reclamar los derechos de contenido prestacional presuntamente
vulnerados por la accionada, es decir, acudiendo ante la jurisdicción
ordinaria, para que en ejercicio de la acción ordinaria laboral se debatan los
argumentos de legalidad esgrimidos por la demandada para negar el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.
2.1.2.
Consideró
que estando en presencia de un debate de naturaleza netamente jurídico y de
contenido prestacional, la solución al problema no puede desatarse por la vía
excepcional de la tutela, ni siquiera como mecanismo transitorio toda vez que
no se probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
2.1.3.
Aunado
a lo anterior, señaló que no se evidenció que con ocasión al trámite que ha de
surtirse ante la jurisdicción ordinaria laboral se ponga en peligro el mínimo
vital de la actora, pues las acciones que allí se promueven si constituyen
mecanismos aptos para garantizar la protección de los derechos de contenido prestacional,
máxime que con la implementación de la oralidad, el proceso ordinario laboral
al que debe acudir la actora para demandar sus pretensiones que emanan del
derecho a la seguridad social, si constituye un mecanismo apto y ágil para
dirimir la controversia planteada.
2.1.4.
Por
otra parte, sostuvo que la protección constitucional deviene improcedente por
no configurarse el principio de inmediatez, pues la tutela como mecanismo de
amparo de los derechos fundamentales se debe ejercitar tan pronto se vulnera o
amenaza el derecho fundamental, sin que sea viable su empleo cuando los hechos
que dan origen a la queja constitucional se presentaron mucho tiempo atrás,
como ocurre en el asunto objeto de estudio, pues desde la fecha en que la
accionada aduce cumplió la edad y demás requisitos exigidos para tener derecho
a la pensión de jubilación y la presentación de la acción de tutela,
transcurrieron aproximadamente diecinueve (19) años.
2.1.5.
En
este orden, consideró que la solución al problema planteado por la accionante
no se desata por la vía excepcional de la tutela, máxime que, conforme la misma
actora lo admite, con anterioridad promovió otra acción de tutela contra la
misma accionada en procura del reconocimiento y pago de la prestación
pensional, la que también fue denegada.
2.2.
IMPUGNACIÓN DE
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La accionante manifestó no estar de acuerdo con la
decisión adoptada por el Juez de primera instancia, en cuanto a que debe
esperar que el asunto planteado sea resuelto por la jurisdicción ordinaria,
puesto que debido a su avanzada edad, el tiempo de vida que le queda es muy
corto.
Señaló que el pacto único de jubilación al cual hace
referencia la empresa accionada y que fue celebrado ante el Juzgado Noveno (9)
Laboral del Circuito de Bogotá, fue “declarado inexequible por la Corte
Suprema de Justicia”(sic), mediante sentencia del veintiuno (21) de
febrero de dos mil doce (2012), Expediente No. 200301174-01, Magistrada Ponente
Elsy Del Pilar Cuello Calderón; de igual forma en Sentencia T-890 de 2011,
Magistrado Ponente, Jorge Iván Palacio Palacio, se reconoció pensión de
jubilación a la señora María De Jesús Cuenca Sornosa; caso similar ocurrió con
el señor Jaime Pardo Gaviria, a quien mediante Tutela No. 1620 del veintiocho
(28) de noviembre de dos mil trece (2013), en segunda instancia, el Juzgado
Diecisiete (17) Civil del Circuito de Bogotá D.C., le reconoció el derecho a la
pensión de jubilación.
2.3.
DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA- JUZGADO TRECE (13)
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.
El Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá, mediante
providencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), confirmó la
sentencia de primera instancia que había negado el amparo a los derechos
fundamentales invocados por la señora Vilma Stella Pinzón Urbina. Con fundamento en
los siguientes argumentos:
2.3.1.
Señaló
que los fundamentos de la acción que se impetra, no encajan en ninguno de los
preceptos consagrados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1992, puesto que
cuenta con otros mecanismos de protección ante la justicia laboral ordinaria.
2.3.2.
Aunado
a lo anterior, no se demostró la configuración de algún perjuicio irremediable,
pues no obstante su edad, ya recibió de parte de la empresa demandada la suma
de trescientos setenta millones ochocientos cuarenta mil trecientos pesos
($370.840.300), por concepto de acuerdo conciliatorio entre las partes.
2.3.3.
Finalmente,
señala que no se configura el principio de inmediatez ya que la edad de pensión
la cumplió hace diecinueve (19) años, momento en el cual se concretaría la
presunta vulneración de derechos fundamentales, y solo hasta el año dos mil
quince (2015) acudió en sede de tutela, desconociendo que su reclamación ya ha
sido objeto de estudio por la jurisdicción ordinaria laboral, y resuelta de
forma desfavorable.
3.
CONSIDERACIONES
DE LA CORTE
3.1.
COMPETENCIA Y
OPORTUNIDAD
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte
Constitucional, en desarrollo de las
facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la
Constitución, es competente para revisar el fallo de tutela adoptado en el
proceso de esta referencia. Además, procede la revisión en virtud de la
selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la
forma establecida por el reglamento de la Corporación.
3.2.
PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA JURÍDICO
Manifiesta
la accionante tener derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación y la indexación de la primera mesada, por haber laborado al servicio
de la empresa Texas Petroleum Company Hoy Chevron Pretroleum Company, durante
veintiséis (26) años y cuatro (4) meses, pese a la celebración del acuerdo
conciliatorio suscrito ante la Inspección de Trabajo No. 10, el primero (1º) de
febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995), en el cual se negoció el
pago de una suma de dinero equivalente a trescientos setenta millones
ochocientos cuarenta mil trescientos pesos ($370.840.300), por concepto de
“pacto único de pensión” bajo la manifestación de no tener la empleada ningún
derecho para hacerse acreedora a una pensión de jubilación a cargo de la empresa,
por no cumplir, a la fecha, con las condiciones exigidas por la ley, lo que
haría el derecho pensional incierto y discutible.
Conforme a lo reseñado, corresponde a la Sala
Séptima de Revisión  establecer si en el caso expuesto procede la acción de
tutela para salvaguardar los derechos fundamentales de la accionante,
presuntamente vulnerados por la Empresa Texas Petroleum Company hoy Chevron
Petroleum Company, al negar el reconocimiento y pago de la pensión jubilación e
indexación de la primera mesada por haberse celebrado acuerdo conciliatorio
entre el empleador y el empleado para el pago de un pacto único de pensión.
Ahora
bien, antes de abordar el asunto, la Sala debe resolver previamente tres temas
sobre los cuales se enfocaron los fallos de instancias esto es: (i) el
requisito de inmediatez; (ii) la existencia de temeridad y; (iii) la cosa juzgada
constitucional.
3.3.
REQUISITO
DE INMEDIATEZ. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA.
Tal y como ha sido reiterado en múltiples ocasiones
por esta Corporación[1],
el principio de inmediatez se refiere al tiempo dentro del cual es
racional presentar la acción de tutela, para que sea oportuna la eventual
concesión de la protección de los derechos fundamentales conculcados o en
riesgo. De no cumplirse, suele resultar superfluo acometer el estudio de las
demás circunstancias de las que dependería la prosperidad del amparo.
Este principio encuentra su sustento en el artículo 86
de la Constitución, el cual establece que la acción de tutela tiene por objeto
reclamar ante los jueces “la protección inmediata de los derechos
fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.
Con base en este postulado, esta Corte, ha afirmado
que la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, razón
por la cual la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y
oportuno. Lo anterior, con la finalidad de evitar que este mecanismo de defensa
judicial se emplee como medio que premie la inoportunidad o indiferencia de los
actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Pese a no existir
un plazo específico para ejercer la acción de tutela, por vía jurisprudencial
se ha determinado la necesidad de que sea ejercida en un término razonable,
para así permitir que el juez pueda tomar las medidas urgentes que demanda la
protección del derecho fundamental vulnerado, término que debe ser apreciado
por el juez en cada situación concreta, atendiendo la finalidad de dicha
institución.[2]
En efecto, se justifica la exigencia de dicho término
toda vez que con éste se impide el uso de este mecanismo excepcional como medio
para simular la propia negligencia o como elemento que atente contra los
derechos e intereses de terceros interesados[3],
así como mecanismo que permite garantizar los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que se deprecan de toda providencia judicial.[4]
Es importante precisar que esta Corte, desde sus
inicios ha reconocido a la inmediatez como característica inherente de la
acción de tutela. Sobre el particular, en la sentencia C-543 de 1992[5] expresó:
"(..) la
Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en
el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez:
...la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio
de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la
efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego
no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado
a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento
sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de
los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito
específico de su consagración, expresamente definido en el artículo86 de
la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual
y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales
fundamentales ".
Siguiendo con el mismo lineamiento, la Corte
Constitucional en sentencias como la SU-961 de 1999[6],  indicó que la
inexistencia de un término de caducidad para interponer la acción de tutela no
significa que ésta no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la
tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. Al respecto expresó:
“De acuerdo con los hechos, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo
prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si
bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de
establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que
se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos
fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción.
Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la
protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica
que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su
ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa
de la acción. Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones
ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la
acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para
interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que
no se conceda.
En el caso en que sea la tutela y no otro medio
de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el
principio establecido en la Sentencia (C-543/92), según el cual la falta de
ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de
sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en
que existen derechos de terceros involucrados en la decisión”
Así mismo, en la Sentencia en mención, se
establecieron algunos factores que deben ser verificados por el juez de tutela
para establecer si se cumple o no con el principio de inmediatez, a saber:
“1) si existe un motivo válido para la inactividad de
los accionantes;
2) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión y
3) si existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.”
Ahora bien, con la Sentencia T-530 de 2009[7], esta Corte
reiteró el criterio establecido en Sentencia T-730 de 2003[8] . En dicha ocasión,
se consideró que una estrategia útil para medir la inmediatez es la urgencia
manifiesta para proteger el derecho. Al respecto expresó lo siguiente:
“Por una parte, si la acción de tutela pudiera
interponerse varios años después de ocurrido el agravio a los derechos
fundamentales, carecería de sentido la regulación que el constituyente hizo de
ella. De esa regulación se infiere que el suministro del amparo constitucional
está ligado al principio de inmediatez, es decir, al transcurso de un
prudencial lapso temporal entre la acción u omisión lesiva de los derechos y la
interposición del mecanismo de protección. Nótese que el constituyente, para
evitar dilaciones que prolonguen la vulneración de los derechos invocados y
para propiciar una protección tan inmediata como el ejercicio de la acción,
permite que se interponga directamente por el afectado, es decir, sin necesidad
de otorgar poder a un profesional del derecho; orienta el mecanismo al
suministro de protección inmediata; sujeta su trámite a un procedimiento
preferente y sumario; dispone que la decisión se tome en el preclusivo término
de diez días; ordena que el fallo que se emita es de inmediato cumplimiento y,
cuando se dispone de otro medio de defensa judicial, permite su ejercicio con
carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
De acuerdo con ello, el constituyente asume que la
acción de tutela configura un mecanismo urgente de protección y lo regula como
tal. De allí que choque con esa índole establecida por el constituyente, el
proceder de quien sólo acude a la acción de tutela varios meses, y aún años,
después de acaecida la conducta a la que imputa la vulneración de sus derechos.
Quien así procede, no puede pretender ampararse en un instrumento normativo de
trámite sumario y hacerla con miras a la protección inmediata de una injerencia
a sus derechos fundamentales que data de varios años.”
En resumen, el plazo razonable no se ha
establecido a priori, sino que conforme a los acontecimientos
de cada caso objeto de estudio se determinara. Sin embargo, como se indicó
anteriormente deben tenerse en cuenta algunos factores para analizar la
razonabilidad del término[9],
a saber: i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes;
ii) si esta inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión y, iii) si existe un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados.
Esta Corte ha considerado[10] que algunas acciones de
tutela presentadas después de transcurrido un tiempo entre la vulneración o
puesta en peligro del derecho fundamental, son procedentes debido a su
excepcionalidad, así:
“Un ejemplo de ello es la sentencia T-526 de 2005 en
la que se estimó procedente una acción de tutela impetrada un año después de
que se dejaron de suministrar a una persona de la tercera edad (75 años)
algunos elementos médicos por parte de su Empresa Promotora de Salud. Indicó la
Sala de Revisión que “siendo la accionante una persona de la tercera edad,
que no recibe salario y que el que recibe su cónyuge es mínimo para cubrir el
valor de los elementos, que hasta donde le pudieron colaborar sus hijos lo hicieron
y por cuanto es deber del estado proteger, prestar ayuda y atención a personas
especiales más concretamente a personas de la tercera edad, no puede
argumentarse que por haberse presentado un año después de que le fue negado el
suministro de los citados elementos, cesa la obligación del estado establecida
en el artículo 46 de la Constitución Política. Razón por la cual, los derechos
fundamentales de una persona de la tercera edad deben primar sobre cualquiera
de rango legal, máxime cuando se pone de manifiesto su situación de
inferioridad”.
Del mismo modo procedió
la Sala de Revisión al expedir la sentencia T-692 de 2006 en la que se resolvió
la tutela interpuesta por una mujer de 75 años a quien se le había concedido
una pensión de sobrevivientes en 1961 pero tan sólo por dos años de acuerdo con
la regulación vigente al momento de la muerte de su esposo. Varios años después
–en el 2005- la actora solicitó la aplicación de una nueva regulación que
databa de 1977 la cual convertía en vitalicia la pensión de sobrevivientes.
Explicó la Sala que “para el caso propuesto es claro que la extinción de
la sustitución pensional operó desde febrero de 1963 y, del mismo modo, las
normas que eliminaron los términos de extinción de la pensión de sobrevivientes
a favor del cónyuge fueron promulgadas en 1977.  Desde ese momento, la
actora tuvo a su disposición las acciones ordinarias destinadas a obtener el
reconocimiento de la prestación, habida cuenta la modificación de los supuestos
normativos que le dieron origen. Por lo tanto, para el presente evento no
estaría cumplido el requisito de inmediatez, lo que restaría procedencia a la
acción de tutela interpuesta. No obstante, esta conclusión debe evaluarse a
partir de determinados componentes fácticos presentes en el asunto de la
referencia, que permiten otorgarle un tratamiento excepcional. Es sencillo
advertir que la ausencia de la pensión de sobrevivientes reclamada por la
actora ocasiona un perjuicio actual y concreto, en la medida que la priva de
los recursos necesarios para garantizar su subsistencia digna; de forma tal
que, a la fecha, resultan gravemente vulnerados distintos derechos
constitucionales que dependen del ingreso que financie las condiciones
materiales para su eficacia”.
Conclusión similar se
extrajo en la sentencia T-593 de 2007 mediante la cual se decidió la acción de
tutela interpuesta por una mujer y sus hijos menores de edad contra el antiguo
empleador de su compañero permanente, ya fallecido, por negarse a reconocerles
y pagarles la pensión de sobrevivientes a la que tenían derecho. A pesar de que
el  amparo fue solicitado tres años después del surgimiento del derecho
pensional, la Sala de Revisión consideró que resultaba procedente “sin
reparar en la dilación en su interposición, por cuanto se trata de amparar
derechos fundamentales de sujetos de especial protección como son la
accionante, en calidad de madre cabeza de familia, y sus hijos, en condición de
menores de edad, de suerte que adjudicar la carga de acudir al juez ordinario
resulta abiertamente desproporcionado y desconocedor de los principios
inherentes al Estado Social de Derecho”.
Igualmente, en la
sentencia T-792 de 2007 la Sala de Revisión indicó que era procedente la tutela
interpuesta por un soldado bachiller inválido que exigía capacitación como
profesional aunque la acción fue impetrada un año y ocho meses después de la
negativa del Ministerio de Defensa. Ello porque se encontraba demostrado que la
vulneración del derecho fundamental a la educación permanecía y porque se trataba
de una persona en situación de debilidad debido a su discapacidad física.
Una decisión análoga se
tomó en la sentencia T-783 de 2009 en la que una persona en condición de
discapacidad mental dejó transcurrir un año desde que se profirió el acto
administrativo que negó la pensión de sobrevivientes para acudir a la vía del
amparo. La Sala de Revisión sostuvo que el fallo de instancia, que declaró la
improcedencia de la tutela por falta de inmediatez, partía “de la
consideración de los requisitos de procedencia de la acción, pero los enmarca
en un trasfondo que desconoce que el beneficiario del amparo es un sujeto de
especial protección, que en todo caso, no debe cargar con las consecuencias de
un probable incumplimiento de algún requisito de forma de la acción, que dadas
las circunstancias se presenta como el único medio idóneo para garantizar sus
derechos fundamentales”.
También en la sentencia
T-654 de 2006 se hizo una excepción al requisito de la inmediatez en el caso de
un miembro de la Policía Nacional que había adquirido varias enfermedades
físicas y mentales durante el servicio y a quien se le negaba el servicio
médico. Dijo la Sala de Revisión que, a pesar de que se había instaurado la
tutela diez años después de la fecha en que tuvieron lugar los hechos, “la
inmediatez no puede alegarse como excusa para dejar de amparar los derechos
constitucionales fundamentales cuando frente a quien se pretende hacer valer
este requisito es una persona que sufre un serio deterioro en su salud física y
mental y es incapaz de medir las consecuencias de su acciones u omisiones,
menos aquellas relacionadas con aspectos jurídicos. De admitirse esta
posibilidad, se le estaría negando a una persona colocada en circunstancias de
debilidad manifiesta de manera seria y grave la posibilidad de acceder a la
administración de justicia en defensa de los derechos que le han sido
desconocidos, tanto más cuanto, las consecuencias de esa vulneración han
permanecido en el tiempo y tienden a agudizarse cada día más”.
Así mismo es reiterada la
jurisprudencia de esta Corporación respecto de la flexibilidad en la exigencia
del requisito de inmediatez cuando se trata de acciones de tutela interpuestas
por personas en situación de desplazamiento forzado. En la sentencia T-299 de
2009, en la que los hechos que forzaron el desplazamiento habían ocurrido en el
año 2006, señaló la Sala de Revisión que la acción era procedente ya que “la
vulneración puede haber continuado en el tiempo, pese a que los hechos
ocurrieron en el año 2006. La condición desfavorable de los accionantes es
actual, en tanto no se ha resuelto su situación”. Iguales consideraciones
se hicieron en la sentencia T-468 de 2006 y en la sentencia T-563 de 2005
frente a acciones de tutela incoadas por personas desplazadas por la violencia
respecto de hechos ocurridos en el 2001 y en el 2000, respectivamente.”
3.4.
LA TEMERIDAD
EN LOS PROCESOS DE TUTELA
3.4.1.  Consideraciones generales
Conforme a lo establecido en los
artículos 2, 4 -Inc. 2‑, 83 y 95 -Num. 1 y 7- Superiores, los titulares
de las acciones constitucionales y legales consagradas en el ordenamiento para
garantizar la efectividad de los derechos, deben mostrar una lealtad mínima en
el cumplimiento de los deberes y cargas correlativas, así como respetar los
derechos ajenos y no abusar de los propios.
Es así, como en aras de garantizar los
principios de buena fe y economía procesal y, para evitar el uso desmedido de
la acción de tutela, el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 38[11], previó que
era contrario al Ordenamiento Superior, el uso abusivo e indebido de la acción
de tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio de la acción de
amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el
mismo objeto. Dispone, al respecto, la norma en cita:
“Cuando,
sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela se presente por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes".
En desarrollo del anterior precepto
normativo, la Corte Constitucional ha establecido que la “temeridad” consiste
en la interposición de tutelas idénticas, sin motivo expresamente justificado,
contrariando el principio de buena fe previsto en el artículo 83 la
Constitución Política[12]; por lo tanto su prohibición busca
garantizar la eficiencia y prontitud en el funcionamiento del Estado y de la
administración de justicia.
La sentencia T-009 de 2000[13] describió, la actuación temeraria como:
“(…) aquella contraria al principio
constitucional de la buena fe (C.P., artículo 83). En efecto, dicha actuación,
ha sido descrita por la jurisprudencia como "la actitud de quien demanda o
ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para
hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo
ordenado y ágil del proceso."[14]
En estas circunstancias, la actuación temeraria ha sido calificada por la Corte[15]
como aquella que supone una "actitud torticera",[16]
que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés
individual a toda costa",[17]
que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener
razón, de mala fe se instaura la acción",[18] o, finalmente,
constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores
de justicia".[19]
Esta Corporación ha sido recurrente al
señalar que las actuaciones temerarias contrarían el principio de la buena fe y
constituyen una forma de abuso del derecho, verbi gratia, en la
Sentencia T-1215 de 2003[20]
se expresó:
“(…) la actuación temeraria es aquella que
vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del
derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una
acción de tutela”[21]. (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la valoración de la temeridad no puede
ser una cuestión meramente objetiva que se derive de la simple improcedencia de
la acción o de que el demandante acuda, en reiteradas oportunidades, al juez
constitucional, con los mismos hechos y pretensiones; en la sentencia citada
anteriormente la Corte precisó que una declaración de temeridad requiere un
análisis detallado de la pretensión, los hechos que la fundamentan y los
elementos probatorios que constan en el proceso. La Corte expresó:
(…) Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en
toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas, la temeridad
es una circunstancia que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para
prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe
encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple
improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal
conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los
hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.[22] (Negrillas fuera de texto).
Ahora, al hacerse el análisis minucioso que la Corte
ha exigido en reiterados pronunciamientos, como el anteriormente citado, el
Juez de instancia tendrá la facultad de rechazar o decidir desfavorablemente la
solicitud, “siempre que la presentación de más de una acción de amparo
constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo
objeto (i) envuelva una actuación amañada, reservando para cada acción aquellos
argumentos o pruebas que convaliden sus pretensiones[23]; (ii)
denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual
a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que,
entre varias, pudiera resultar favorable”[24];
(iii) deje al descubierto el "abuso del derecho porque deliberadamente y
sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”[25]; o
finalmente (iv) se pretenda en forma inescrupulosa asaltar la “buena fe de los
administradores de justicia[26]”[27].
La Corte también ha manifestado que el juez de tutela
deberá declarar improcedente la acción, cuando encuentre que la situación bajo
estudio es idéntica en su contenido mínimo a un asunto que ya ha sido fallado o
cuyo fallo está pendiente, y que deberá observar detenidamente la argumentación
de las acciones que se cotejan, ya que habrá temeridad cuando mediante
estrategias argumentales se busque ocultar la identidad entre ellas[28]. Así, en la
Sentencia T-1104 de 2008, precisó esta Corporación:
(...) cuando se interpone una nueva acción de amparo respecto de un
caso que guarda identidad con otro anterior, procurando mediante técnicas y
estrategias argumentales ocultar la mencionada identidad, es presumible prima
facie el uso temerario de la acción de tutela. Esto por cuanto el cambio de
estrategia argumental o la relación de hechos que en realidad ni son nuevos ni
fueron omitidos en el fallo anterior, conlleva la intención de hacer incurrir
en error al juez, y sacar beneficio de ello. Resulta pues inaceptable que con
dicho interés se haga uso del mecanismo judicial de la tutela. Por ello si el
juez de amparo detecta que el caso jurídico que se le presenta, en su contenido
mínimo (pretensión, motivación y partes) guarda identidad con otro pendiente de
fallo o ya fallado, debe declarar improcedente la acción. Aunque, no sólo esto, sino además si
llegase a determinar que por medio de la interposición de la tutela se
persiguen fines fraudulentos, deberá entonces tomar las medidas sancionatorias
que para estos casos dispone el ordenamiento jurídico.[29] (Negrillas fuera de texto).
Sin embargo, en sentencia T-
1103 de 2005[30]
se reiteraron los parámetros ya fijados por esta Corporación a efectos de
demostrar la configuración de la temeridad, dentro del curso de la acción de
tutela, para lo cual se dispuso que era indispensable acreditar[31]:
“(i) La identidad de partes, es decir, que
ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean
propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea
obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales.
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es
lo mismo, que el ejercicio simultáneo de la acción se fundamente en unos mismos
hechos que le sirvan de causa.
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las
demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo
el amparo de un mismo derecho fundamental.
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar
de concurrir en un caso en concreto los tres (3) primeros elementos que
conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez constitucional tiene la
obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo proceso
tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar
la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción. Esta ha sido la posición
reiterada y uniforme de esta Corporación, a partir de la interpretación del
tenor literal de la parte inicial del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991,
conforme al cual: “Cuando sin motivo expresamente justificado[32]
la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes”.
Esta Corporación también ha
señalado que el Juez constitucional no solo tiene la obligación de rechazar las
acciones de tutela cuando se presente multiplicidad en su ejercicio, sino que
además ésta facultado para imponer sanciones pecuniarias a los responsables[33], bien sea
condenando al peticionario al pago de costas, conforme el artículo 25 del
Decreto 2591 de 1991[34],
o dando aplicación a la multa de diez (10) o (20) salarios mínimos mensuales a
los que se refieren los artículos 80[35]
y 81[36]
del Código General del Proceso, siempre y cuando su comportamiento se base en móviles
o motivos manifiéstame contrarios a la moralidad procesal[37].
No obstante, es importante señalar que no se configura la temeridad a pesar de existir
identidad de las partes, identidad de pretensiones e identidad de objeto, si la
actuación se funda “1) en las condiciones del actor que lo coloca en estado
de ignorancia o de especial vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo
insuperable o la necesidad extrema de defender sus derechos, 2) en el
asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho, 3) en nuevos eventos
que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el trámite de
la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir
la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y
4) en la presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia
de unificación de la Corte Constitucional.”[38]
Respecto a la no existencia de temeridad a
pesar de la multiplicidad de acciones de tutela, esta Corte[39] ha señalado:
“(C)oncluye la
Sala que, en los procesos de tutela, cuando en un mismo asunto se han
presentado sucesivas solicitudes de amparo,  se pueden presentar
situaciones en las que hay cosa juzgada y temeridad, como cuando se presenta una
acción de tutela sobre un asunto ya decidido previamente en otro proceso de
tutela, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud;  otras
en las que hay cosa juzgada, pero no temeridad, lo cual puede ocurrir, por
ejemplo, cuando, de buena fe y, usualmente, con expresa manifestación de estar
acudiendo al amparo por segunda vez, se interpone una segunda tutela debido a
la convicción fundada de que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la
cosa juzgada, y, finalmente, casos en los cuales hay temeridad, pero no cosa
juzgada, lo que acontece cuando se presenta simultaneidad entre dos o más
solicitudes de amparo que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido.”
En conclusión, la
presentación de dos o más acciones de tutela no constituye automáticamente una
actuación arbitraria, sino que se hace necesario verificar las circunstancias
que rodean cada caso para inferir que se configura temeridad, razón por la cual
se debe entender esta figura como una alternativa procesal con la que cuenta el
juez constitucional de manera muy excepcional, pues ante todo debe asegurar la
garantía efectiva de los derechos fundamentales. Es decir, que la sola
concurrencia de identidad de los sujetos procesales, el objeto que da lugar a
la controversia y la pretensión, no es suficiente para concluir que se trata de
una actuación judicial amañada o contraria al principio constitucional de buena
fe.
3.5.
LA COSA JUZGADA EN MATERIA
DE TUTELA.
Ahora
bien, esta Corte mediante Sentencia T-661 de 2013[40],
resaltó que en los eventos en los que una misma persona instaura tutelas
de manera sucesiva en las que converge identidad de partes, hechos y
pretensiones, esta Corporación ha precisado que más allá de la declaratoria de temeridad, es
preciso estudiar si ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
sobre la primera de las acciones promovidas, pues cuando ello ocurre, las
tutelas subsiguientes son improcedentes. Al respecto indicó:
“Como regla general,
cuando el juez constitucional resuelve un asunto en concreto y posteriormente
la Corte decide sobre su selección, la decisión judicial sobre el caso se torna
definitiva, inmutable y vinculante[41].
Si la Corte en ejercicio de la facultad discrecional de revisión, decide
seleccionar el caso para su estudio, la cosa juzgada constitucional se produce
con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y cuando no lo selecciona, la
misma opera a partir de la ejecutoria del auto en que se decide la no
selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de
vista formal y material. Por tanto, no es posible que se profiera un nuevo
pronunciamiento sobre el mismo asunto[46],
pues ello desconocería la seguridad jurídica que brinda este principio de
cierre del sistema jurídico.
2.4 En este sentido, la Corte ha
precisado que, en principio, no le es dado a la jurisdicción constitucional
estudiar varias acciones de tutela cuando ellas han sido puestas con el objeto
de defraudar al Estado, pero tampoco está autorizada para estudiar tutelas
relativas a asuntos sobre los cuales pesa ya la cosa juzgada constitucional. En
ambos eventos la tutela debe ser declarada temeraria y/o improcedente, pues en
ellos la acción pierde su carácter de instrumento preferente y sumario de
defensa de derechos fundamentales para convertirse, en una vía de actuación
deshonesta frente al Estado, o bien en una acción que socave los mínimos de
seguridad exigidos a un ordenamiento que pretende dar fin a los conflictos
sociales y a las decisiones sobre los mismos”. (Negrilla y subrayado fuera del
texto)
En síntesis, la Corte
ha concluido que “las instituciones de la cosa juzgada y la temeridad
pretenden evitar la presentación sucesiva, además de múltiple de las acciones
de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que estos conceptos cuentan con
diferencias claras, que los llevan a configurarse como elementos disímiles. Sin
embargo, ello no es impedimento para que en un caso concreto confluyan tanto la
cosa juzgada como la temeridad. A partir de esa complejidad, el juez
constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada
asunto sometido a su competencia.”[42]
4.
CASO CONCRETO
4.1.
RESUMEN
La
señora Vilma Stella Pinzón Urbina en esta oportunidad solicita al juez
de tutela que ampare sus derechos fundamentales a la vida en condiciones
dignas, igualdad, seguridad social, mínimo vital, debido procesos y derechos de
las personas de la tercera edad. En consecuencia pide, se reconozca pensión de
jubilación indexada en la primera mesada, desde el treinta y uno (31) de marzo
de mil novecientos noventa y seis (1996), toda vez que la empresa accionada[43],
negó su reconocimiento por haber celebrado conciliación ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social mediante el cual se le reconoció una suma de dinero
por concepto de “pacto único de pensión”; adicionalmente por haber interpuesto
dos demandas laborales de las cuales se está en espera de decisión.
Del
material probatorio obrante en el expediente, encuentra la Sala que previamente
la señora Vilma Stella Pinzón Urbina interpuso acción de tutela contra Texas
Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, encaminada a obtener la
protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados al no
reconocer su derecho pensional bajo el argumento de haberse celebrado acuerdo
conciliatorio por concepto de “pacto único de pensión” por no cumplir, a la
fecha de su desvinculación de la empresa con los requisitos exigidos para
obtener el derecho pensional.
Mediante
providencia del cinco (5) de diciembre de dos mil once (2011), el Juzgado
Veintiocho (28) Civil Municipal de Bogotá declaró improcedente la acción, por
cuanto la actora no demostró la afectación de su mínimo vital, lo que implica
que es el juez ordinario, dentro de un debate judicial más amplio, quien debe
resolver la cuestión probatoria planteada, que para el presente caso debería
ser la Corte Suprema de Justicia, quien tiene la competencia para desatar el
recurso de casación interpuesto dentro del proceso ordinario que ya se adelanta
por los mismos hechos.
Recurrida
la decisión, el Juzgado Segundo (2º) Civil del Circuito de Bogotá, el treinta
(30) de enero de dos mil doce (2012), la confirmó, haciendo un llamado de
atención a la accionante y su apoderada para que se abstengan de mover el
aparato jurisdiccional con una acción especialísima como la tutela, a sabiendas
de que no es el mecanismo idóneo, más aún cuando el asunto ya está siendo
conocido por el Juez Natural.
Con
posterioridad, la señora Vilma Stella Pinzón Urbina presentó nuevamente acción
de tutela con fundamento en los mismos hechos y pretensiones, la cual fue
conocida por el Juzgado Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, quien
mediante providencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012),
declaró la improcedencia de la acción porque la tutela no es el medio procesal
idóneo para tramitar y decidir las controversias suscitadas alrededor del
reconocimiento de derechos pensionales, además porque a su juicio la accionante
ya conoce la respuesta de la entidad demandada, desde el año dos mil ocho
(2008), y a pesar de ello, abusa de los derechos propios, como el derecho de
petición, y de las acciones judiciales, sin el menor síntoma de respeto hacia
la administración de justicia.
Paralelo
a las acciones de tutela referenciadas en precedencia, la señora Vilma Stella
Pinzón Urbina, por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda laboral,
la cual correspondió por reparto al Juzgado (3º) Tercero Laboral del Circuito
de Bogotá (en descongestión), basada no solamente en el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación sino además en el pago del mayor valor de las
cesantía causadas, teniendo en cuenta las sumas de dinero recibidas por la
actora durante el año mil novecientos noventa y dos (1992), así como los
reajustes de todas las prestaciones sociales, entre otras. Dicha controversia
fue resuelta el veintiocho (28) de marzo de dos mil ocho (2008), declarando
probada la excepción de cosa juzgada, por cuanto el Juez de instancia consideró
que la conciliación celebrada entre las partes, ante la Oficina de Trabajo No.
10 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es válida y produce los
efectos jurídicos determinados por las partes de común acuerdo, y además porque
lo pactado se ha cumplido en su totalidad.
Contra
la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue desatado por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral, el veintisiete
(27) de mayo de dos mil nueve (2009), quien luego de hacer un recuento
jurisprudencial sobre asuntos similares al estudiado, dispuso confirmar la
sentencia de primera instancia.
No
obstante lo anterior, la demandante interpuso recurso extraordinario de
casación, el cual fue resuelto de manera desfavorable por la Corte Suprema de
Justicia – Sala Laboral, el veintidós (22) de mayo de dos mil trece (2013),
concluyendo así todas las instancias dentro del proceso ordinario laboral, pero
la recurrente optó por radicar una nueva acción de tutela, esta vez, en contra
de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, Tribunal Superior de Bogotá –
Sala Laboral, el Juzgado Tercero (3º) Laboral del Circuito de Bogotá en
Descongestión y la empresa Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum
Company, basada en los mismos hechos y pretensiones anteriormente
referenciados, por considerar que las decisiones judiciales adoptadas dentro
del proceso ordinario y la posición asumida por Texas Petroleum Company hoy
Chevron Petroleum Company vulneran sus derechos fundamentales.
Sin
embargo, la señora Vilma Stella Pinzón Urbina, acudió nuevamente al medio
exceptivo de la tutela el dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015),
solicitando el amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados
por la empresa Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, basada en
los mismos hechos y pretensiones de las acciones previamente referenciadas.
El Juzgado Sesenta y Cinco (65) Civil
Municipal de Bogotá,
mediante Sentencia proferida el treinta y uno (31) de julio de dos mil quince
(2015), decidió negar el amparo a los derechos fundamentales, al considerar que
la accionante cuenta con otro medio judicial idóneo y efectivo para reclamar
los derechos de contenido prestacional presuntamente vulnerados por la
accionada. Contra dicha decisión la demandante interpuso recurso de apelación
el cual fue desatado por el Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá, mediante
providencia del veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), quien
confirmó la sentencia de primera instancia. La
cual es ahora objeto de revisión por parte de esta Corporación.
4.2.
ANÁLISIS EN
CUANTO A LA INMEDIATEZ.
Conforme a la jurisprudencia referenciada a lo largo
de esta providencia, es claro que quien interpone una acción de tutela debe
evitar que pase un tiempo excesivo o irrazonable desde que se presentó la
actuación, omisión que amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales, so
pena de que la acción se deniegue por improcedente. No obstante, en diversas
oportunidades esta Corporación ha sido clara en señalar que el análisis de la
procedencia  de la acción de tutela no debe ser tan riguroso cuando la
misma versa sobre sujetos en estado de debilidad manifiesta, encontrándose
dentro de este grupo las personas de la tercera edad[44].
Por lo tanto, a diferencia de lo expresado por los
jueces de instancia en la sentencias que hoy son objeto de revisión, esta Corte
advierte que el tiempo transcurrido entre la negativa del reconocimiento
pensional, por haberse
celebrado acuerdo conciliatorio entre el empleador y el empleado para el pago
de un pacto único de pensión,
y la interposición de la presente acción,
a pesar de ser irrazonable, le resulta aplicable las excepciones a la exigencia
de la inmediatez, por cuanto, en primer lugar,  la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales permanece en el tiempo, ya que a la fecha la actora
continúa sin el pago de la pensión que pretende le sea reconocida y; en segundo
lugar, porque la accionante supera los setenta (70) años de edad, según se
advierte en el escrito de tutela, lo que le otorga la calidad de sujeto de
especial protección.
4.3.
ANÁLISIS DE LA
POSIBLE EXISTENCIA DE TEMERIDAD Y COSA JUZGADA EN EL PRESENTE CASO.
4.3.1.
Tal y como se expresó con anterioridad, cuando una misma persona
instaura diferentes acciones de tutela en las que convergen: (i)
identidad de partes, (ii) hechos y (iii) pretensiones, esta Corte
ha precisado que nos encontramos frente a una conducta temeraria, sin embargo
también ha resaltado que es importante esclarecer si sobre el mencionado asunto
ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues cuando
ello ocurre, las tutelas subsiguientes son improcedentes.
Es importante reiterar que
para esta Corporación si la acción de tutela es seleccionada para su estudio, la cosa juzgada
constitucional se produce con la ejecutoria del fallo de la propia Corte, y
cuando no lo selecciona, la misma opera a partir de la ejecutoria del auto en
que se decide la no selección. Luego de ello, la decisión queda ejecutoriada desde el punto de
vista formal y material.[45].
4.3.2.  Ahora
bien, una situación como la descrita en precedencia se presenta en el caso
objeto de estudio, razón por la cual para la Sala existe una conducta
temeraria. Lo anterior debido a que:
4.3.2.1.   En
primer lugar, la señora Vilma Stella Pinzón Urbina antes de
instaurar la acción objeto de estudio, había presentado otras acciones de
tutela en contra de Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company, con
la finalidad de que se le reconociera pensión de jubilación y la indexación de
la primera mesada; las cuales fueron conocidas por (i) el Juzgado
Veintiocho Civil Municipal de Bogotá, en primera instancia; (ii) Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá, segunda instancia; (iii) Juzgado
Sesenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, primera instancia y; (iv)
Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, primera instancia. Las cuales estaban
encaminadas a:
4.3.2.1.1.
Acción
de tutela No. 2011-1031.
Conocida por el Juzgado Veintiocho (28)
Civil Municipal de Bogotá, en primera instancia y por el Juzgado Segundo
(2) Civil del Circuito de Bogotá, en segunda instancia, pretendía el amparo de
sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, seguridad social y mínimo
vital; como consecuencia de lo anterior, buscaba que se informara al Instituto
de Seguros Sociales el monto del sueldo y prestaciones al momento de su
desvinculación de la empresa Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum
Company, para que ésta procediera a realizar el cálculo actual y así la
accionada realizara el reconocimiento y pago pensional.
4.3.2.1.2.
Acción
de tutela No. 2012-00506.
Conocida por el Juzgado Sesenta y Siete
Civil Municipal de Bogotá, en primera instancia, pretendía el amparo de los
derechos fundamentales al mínimo vital, la vida en condiciones dignas,
seguridad social, derechos adquiridos, pensión de jubilación y debido proceso,
para así obtener el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de vejez
indexada.
4.3.2.1.3.
Acción
de tutela No. 71.217.
Conocida por la Corte Suprema de
Justicia – Sala Penal, mediante la cual se pretendía el amparo de los derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, vida en condiciones dignas,
igualdad y protección al adulto mayo, por negarse el reconocimiento a la
pensión de vejez.
4.3.2.2.
En
segundo lugar, de las pruebas aportadas
se puede observar que entre las acciones de tutela concurren los tres elementos
de identidad, a saber: (i) identidad: las acciones de tutela instauradas
ante el Juzgado Veintiocho (28) Civil Municipal de Bogotá, fallada el cinco (5)
de diciembre de dos mil once, confirmada el treinta (30) de enero de dos mil
doce (2012), por el Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Bogotá; el
Juzgado Sesenta y Siete (67) Civil Municipal de Bogotá, decidida el
veinticuatro (24) de julio de dos mil doce (2012); la Corte Suprema de Justicia
– Sala Penal, resuelta el dieciséis (16) de enero de dos mil catorce (2014) y
la fallada el treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015), objeto hoy
de revisión, fueron promovidas por Vilma Stella Pinzón Urbina, contra la
empresa Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company; (ii) las
circunstancias fácticas de las cuatro tutelas son las mismas: en los cuatro
casos las solicitudes de amparo versan sobre el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación y la indexación de la primera mesada, a pesar de haberse
celebrado acuerdo conciliatorio entre las partes por concepto de pacto único de
pensión, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Inspección 10 de
Trabajo, el primero (1º ) de febrero de mil novecientos noventa y cinco (1995),
pues a su juicio se concilió un derecho que era cierto e indiscutible, abusando
de su estado de subordinación, sin que se advierte la ocurrencia de algún hecho
nuevo que haga viable un nuevo estudio por el Juez de tutela y; (iii)
las pretensiones en los cuatro trámites son idénticas puesto que buscan que se reconozca, por la empresa Texas Petroleum
Company hoy Chevron Petroleum Company, pensión de jubilación indexada en la
primera mesada.
4.3.2.3.
Por último, teniendo como base lo
descrito en anterioridad, se puede constatar que las cuatro solicitudes de
tutela son iguales, pese a que la organización frente algunos hechos varía, el
objeto y la finalidad es la misma. Razón por la cual, la Sala concluye que la
cuarta tutela sometida a revisión de la Corte es improcedente, toda vez que
respecto de las acciones de tutela No. 3.417.162, 3.607.733 y 4.268.227, ya se
produjeron diversos pronunciamientos de la jurisdicción constitucional que
quedaron ejecutoriados luego de que la Corte tomará la decisión de excluirlos
de revisión, mediante autos del diecinueve (19) de abril de dos mil doce
(2012), notificado el veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012); trece
(13) de septiembre de dos mil doce (2012), notificado el tres (3) de octubre de
dos mil doce (2012) y; dieciocho (18) de marzo de dos mil catorce (2014),
notificado el treinta y uno (31) de marzo de dos mil catorce (2014);
respectivamente. Desde ese momento, la decisión negativa de las pretensiones de
la señora Vilma Stella Pinzón Urbina en relación con el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación y la indexación de la primera mesada, está
amparada por la cosa juzgada constitucional y, por tanto, constituye una
decisión definitiva e inmodificable sobre el asunto.
Por lo expuesto, la Sala considera que la acción de
tutela estudiada es temeraria, ya que reúne todos los presupuestos necesarios
para tal declaración, y no se evidencia razón alguna que habilite a la
accionante para instaurar cuatro acciones con identidad de sujetos y
pretensiones.
Sin embargo, a pesar de que la señora Vilma Stella
Pinzón Urbina, ha presentado en esta oportunidad una acción de tutela, con
fundamento en los mismos hechos en que ha basado las acciones de tutela
anteriores, en consideración a su desesperación por el reconocimiento pensional
y que no se trata de una profesional del derecho, su conducta no puede
vislumbrarse como de mala fe, razones por las cuales la Sala considera que no
hay lugar a imponerle una sanción pecuniaria, no obstante se le advertirá que
en lo sucesivo se abstenga de presentar acciones de tutela con fundamento en
los hechos que ya han sido debatidos son pena de las sanciones pecuniarias a
las que haya lugar.
De igual forma, debido a lo establecido en precedencia,
respecto a que la acción de tutela es improcedente no solo por temeridad sino
además por cuanto ya habían sido resueltos otros casos idénticos sobre el que
pesa la cosa juzgada constitucional, no es necesario que la Sala estudie si la acción de tutela es procedente para ordenar el
reconocimiento de un derecho pensional, pues, conforme a las consideraciones descritas, no le es dado a
la Corte entrar a pronunciarse sobre el mismo, así como tampoco puede la Sala
abordar los asuntos de fondo que plantea la accionante en esta cuarta acción de
tutela; por lo tanto no es pertinente, como lo hicieron los jueces de
instancia, negar el amparo de los derechos fundamentales que no han sido objeto
de estudio, más aún cuando la circunstancias fácticas extensamente narradas,
demuestra que no es viable realizar dicho estudio por cuando se configura el
fenómeno de la cosa juzgada.
En consecuencia, la Sala Séptima de Revisión revocará
la sentencia proferida el veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015),
por el Juzgado Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá que confirmó la
sentencia dictada en primera instancia el treinta y uno (31) de julio de dos
mil quince (2015), por el Juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de Bogotá, en
el trámite de la acción de tutela incoada por Vilma Stella Pinzón Urbina en
contra de la empresa Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company. En
su lugar, rechazará por IMPROCEDENTE la acción de tutela, pero por las
razones expuestas en esta providencia.
5.
DECISIÓN
En mérito de
lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte
Constitucional, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato
de la Constitución,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR por las razones expuestas en la presente
providencia, la sentencia de tutela proferida el veintiuno (21) de agosto de dos mil quince (2015), por el Juzgado
Trece (13) Civil del Circuito de Bogotá que confirmó la sentencia dictada en
primera instancia el treinta y uno (31) de julio de dos mil quince (2015) por el juzgado Sesenta y Cinco Civil Municipal de
Bogotá, en el trámite de la acción de tutela incoada
por la señora Vilma Stella Pinzón Urbina en contra de Texas Petroleum
Company hoy Chevron Petroleum Company.
SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción, por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: SE ADVIERTE a la señora Vilma Stella Pinzón Urbina, que en lo
sucesivo se abstenga de presentar acciones de tutela con fundamento en los
hechos que ya han sido debatidos, so pena de las sanciones pecuniarias a las
que haya lugar.
CUARTO:- Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de
1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas
conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y
cúmplase.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
Con salvamento de voto
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
A LA SENTENCIA T-001/16[46]
IRRENUNCIABILIDAD DEL DERECHO A LA PENSION-Caso en que se presenta una relación laboral surgida y transcurrida en su mayor parte
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, durante la cual no hubo
afiliación al Instituto de Seguros Sociales (Salvamento de voto)
El caso resuelto en la providencia de la que me aparto planteaba
un problema relacionado con la irrenunciabilidad del derecho a la pensión, en
el contexto de una relación laboral surgida y transcurrida en su mayor
parte antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, durante la cual no
hubo afiliación al Instituto de Seguros Sociales y la empresa tampoco reconoció
efectos pensionales a ese tiempo de servicio, con el argumento de que, conforme
las normas vigentes de la época, no tenía el deber de afiliar a la peticionara
al sistema de seguridad social, ni de hacer las provisiones correspondientes en
dinero. La empleadora, con todo, llevó a cabo un acuerdo
conciliatorio con la extrabajadora en el año 1995, mediante el cual se
comprometió, y efectivamente pagó, una sola suma de dinero por lo que denominó
«pacto único de pensión». A mi juicio, se trataba de un
asunto de clara trascendencia constitucional y, sin embargo, el fallo no
se ocupó de analizarlo de fondo sino que declaró improcedente el amparo con
base en la cosa juzgada constitucional derivada de tutelas anteriores
interpuestas por la actora, no seleccionadas por la Corte.
DERECHO A LA IGUALDAD EN PENSIONES-Vulneración por cuanto no se aplicó un precedente constitucional
aplicable al caso, mediante el cual se había concedido derecho a la pensión de
jubilación a cargo de la empresa que también es accionada en el presente caso
(Salvamento de voto)
Existía por lo menos un precedente
constitucional aplicable al caso, incluso citado en la demanda de tutela, que
presuntamente le otorgaba razón. La peticionaria era trabajadora de la misma
compañía y se encontraba sustancialmente en las mismas circunstancias de hecho
relevantes que la accionante en la tutela que dio lugar a la Sentencia T-890 de
2011, mediante la cual se concedió el derecho a la pensión de jubilación a la
demandante y a cargo de la empresa que también es  accionada en el
presente caso. Como es evidente, al desconocerse el mencionado precedente, no
solo se ignoró el mandato consustancial al Estado de derecho, de fundar las
decisiones judiciales en reglas universales y predecibles para los ciudadanos y
se dejó de lado la coherencia y racionalidad que debe caracterizar al sistema
jurídico, sino que se lesionó el derecho fundamental a la igualdad de la
accionante, quien no pudo obtener su prerrogativa a la pensión, pese a
encontrarse en similares circunstancias que otra persona a quien la Corte se la
reconoció
Con
el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Séptima de Revisión de la
Corte, me permito exponer las razones por las cuales salvo el voto dentro de la
Sentencia T-001 de 2016.
El
caso resuelto en la providencia de la que me aparto planteaba un problema
relacionado con la irrenunciabilidad del derecho a la pensión, en el contexto
de una relación laboral surgida y transcurrida en su
mayor parte antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, durante la
cual no hubo afiliación al Instituto de Seguros Sociales y la empresa tampoco
reconoció efectos pensionales a ese tiempo de servicio, con el argumento de
que, conforme las normas vigentes de la época, no tenía el deber de afiliar a
la peticionara al sistema de seguridad social, ni de hacer las provisiones
correspondientes en dinero. La empleadora, con todo, llevó a cabo
un acuerdo conciliatorio con la extrabajadora en el año 1995, mediante el cual
se comprometió, y efectivamente pagó, una sola suma de dinero por lo que
denominó «pacto único de pensión».
A
mi juicio, se trataba de un asunto de clara
trascendencia constitucional y, sin embargo, el fallo no se ocupó de analizarlo
de fondo sino que declaró improcedente el amparo con base en la cosa juzgada
constitucional derivada de tutelas anteriores interpuestas por la actora, no
seleccionadas por la Corte. Si bien es cierto que, en términos generales,
razones de seguridad jurídica desaconsejan reabrir debates que han alcanzado
ese carácter en virtud de la no selección del respectivo expediente[47],
como lo advertí en la discusión del proyecto, esta Corporación también ha
sostenido que la cosa juzgada que caracteriza una providencia no se traslada
necesariamente a sus efectos, pues estos se  hallan sujetos a “la prevalencia
de un orden justo, al ideal de justicia y a la pretensión de corrección de los
sistemas jurídicos”[48].
En
mi opinión, la Sala debió haber tomado en cuenta la anterior consideración y
resolver el mérito del asunto, pues la accionante ya había agotado, sin éxito,
los mecanismos ordinarios de defensa judicial y existía por lo menos un
precedente constitucional aplicable al caso, incluso citado en la demanda de
tutela, que presuntamente le otorgaba razón. La peticionaria era trabajadora de
la misma compañía y se encontraba sustancialmente en las mismas circunstancias
de hecho relevantes que la accionante en la tutela que dio lugar a la Sentencia
T-890 de 2011[49],
mediante la cual se concedió el derecho a la pensión de jubilación a la
demandante y a cargo de la empresa que también es  accionada en el presente
caso.
Como es evidente, al desconocerse el mencionado precedente, no
solo se ignoró el mandato consustancial al Estado de derecho, de fundar las
decisiones judiciales en reglas universales y predecibles para los ciudadanos y
se dejó de lado la coherencia y racionalidad que debe caracterizar al sistema
jurídico, sino que se lesionó el derecho fundamental a la igualdad de la
accionante, quien no pudo obtener su prerrogativa a la pensión, pese a
encontrarse en similares circunstancias que otra persona a quien la Corte se la
reconoció.
Fecha
ut supra,
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA
Magistrado
[1] Ver Sentencias T-183 de 2013, MP, Dr. Nilson Pinilla
Pinilla.
[2] Ver entre otras las Sentencias
T-802 y T -633 de 2004 M.P, Dr. Marco
Gerardo Monroy Cabra T-728 de 2003, M.P, Dr. Alfredo
Beltrán Sierra, T-890 y T-1047  de 2006 M.P, Dr. Nilson
Pinilla Pinilla, T-089 de 2008, MP, Dr. Mauricio González
Cuervo.
[3] Ver entre otras las sentencias SU-691 de 1999, T-905 de
2006, T-808 de 2007, T-594 de 2008, T-743 de 2008
[4] Sentencia C-590 de 2005,  T-844 de 2008
[5] M.P. José Gregorio Hernández Galindo
[6] MP, Dr. Vladimiro Naranjo Mesa
[7] MP, Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
[8] MP, Dr. Jaime Córdoba Triviño
[9] En sentencia T-1229 de 2000 se recoge esta línea de
jurisprudencia.
[10] Sentencia T-485 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[11] Esta disposición fue objeto de control constitucional y declarada
exequible mediante sentencia C-054 de 1993,
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[12] T-1014 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia la
Corte señaló, que la presunción de la Buena Fe dentro del proceso y por ende
respecto del juramento, implica a su vez lealtad, buena fe, veracidad, probidad
y seriedad.
[13] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14] Sentencia T-327 de 1993 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[15] Cfr. Sentencia T-655 de 1998 MP Eduardo Cifuentes Muñoz
[16] Sentencia T-149 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[17] Sentencia T-308 de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[18] Sentencia T-443 de 1995 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[19] Sentencia T-001 de 1997 MP. José Gregorio Hernández Galindo.
[20] M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[21] “Ver Sentencias: T-145 del 03 de abril de 1995. MP. Jorge Arango
Mejía, T-308 del 13 de julio de 1995. MP. José Gregorio Hernández Galindo,
T-091 del 06 de marzo de 1996. MP. Vladimiro Naranjo Mesa,  T-001 del 21 de
enero de 1997. MP. José Gregorio Hernández Galindo.”
[22]Cfr. Sentencia T-1215 del 11 de diciembre de 2003. MP. Clara Inés
Vargas Hernández.
[23] Sentencia T-149 de 1995. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[24] Sentencia T-308 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[25] Sentencia T-443 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[26] Sentencia T-001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[27] Sentencia T-1103 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería.
[28] Sentencia  T 741 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[29] Cfr. Sentencia T-1104 del 06 de noviembre de 2008. MP. Humberto
Antonio Sierra Porto.
[30] Sentencia T – 1103 del 28 de octubre de 2005. M.P. Jaime Araújo
Rentería.
[31] Sentencia T-184 del 2 de marzo de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[32] Subrayado por fuera del texto legal.
[33] Sentencia T-443 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
[34]Ibídem.
[35] ARTÍCULO 80. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS PARTES. Cada una de
las partes responderá por los perjuicios que con sus actuaciones procesales
temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes. Cuando en
el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin
perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena
en la sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí
su monto, ordenará que se liquide por incidente.
A la misma
responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros
intervinientes en el proceso o incidente.
Siendo
varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en
proporción a su interés en el proceso o incidente.
[36] ARTÍCULO 81. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE APODERADOS Y
PODERDANTES. Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá la
condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso,
incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales.
Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala
fe.
Copia de
lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que
adelante la investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética
profesional.
[37] Sentencia T-1103 del 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería.
[38] Sentencia T-169 del 2011. M.P. María Victoria Calle Correa.
[39] Sentencia T-560 de 2009. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
[40] MP. Luis Ernesto Vargas Silva
[41] Sentencia SU-1219 de 2001 M.P Manuel
José Cepeda Espinoza.
[42] Sentencia T-185 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[43] Texas Petroleum Company hoy Chevron Petroleum Company
[44] T-276 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[45] MP. Luis Ernesto Vargas Silva
[46] MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[47] Sentencia T-1164 de 2003, MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
[48] Sentencia T-373 de 2014, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
[49] Expediente 3099901, MP Jorge Iván Palacio Palacio.